Pienso que es sumamente importante que la Comisión intente equilibrar este expediente, porque ahora hablamos de la televisión sin fronteras, ahora nos hallamos ante la cuestión de dónde hemos de clasificar exactamente los nuevos servidores y la cuestión de las licencias, sin saber exactamente cómo actuar. 
Pienso asimismo que es necesario lograr un marco general para interrelacionar los diferentes temas que hay ahora en el ámbito de las telecomunicaciones. 
En la directiva de interconexión se regula la financiación de una prestación de servicios universal. 
Sin embargo, la definición de prestación de servicios universal se regula en la directiva ORA de telefonía vocal. 
Se trata simplemente de un ejemplo de que necesitamos un marco. 
El segundo ejemplo es I+D. El Consejo pone muchas pegas a la financiación adicional del cuarto programa marco, y el Parlamento Europeo ya ha expresado en varias ocasiones su deseo de que se apruebe la financiación. 
Está claro que es uno de los principales instrumentos para el empleo a nivel de la Unión Europea. 
Por ello pienso que es de suma importancia que la Comisión haga pronto una comunicación sobre la relación entre empleo e I+D a nivel de la Unión Europea. Entonces creo que, en la preparación del quinto programa marco, también podremos convencer a los gobiernos de por qué es necesario este dinero. 
La tercera cuestión es la fiscalidad. 
Se subestima por completo el expediente de la «fiscalidad». 
Me atrevo a afirmar que sin una mayor armonización, sobre todo en el ámbito fiscal, surgirán grandes problemas en relación con el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Esto se subestima por completo. 
Por ejemplo, los diferentes sistemas de determinación de beneficios que imperan actualmente en los Estados miembros implicarán grandes riesgos para la Unión Económica y Monetaria. 
La Presidencia neerlandesa intenta otorgar un lugar destacado a la fiscalidad en el calendario, y entre otras cosas examina el IVA, quiere presentar de nuevo una tasa sobre la energía y, por ejemplo, quiere regular adecuadamente la transferencia de royalties para las empresas. 
Pido a la Comisión que utilice expresamente el desarrollo del euro para otorgar un lugar destacado a la fiscalidad en el calendario político. 
El último ejemplo es la energía. 
Todos nos enfrentamos a unas centrales nucleares todavía inseguras. 
Ha sido aprobado el Libro Blanco de la Comisión sobre política energética. 
Por ello, el Parlamento ha aceptado una resolución según la cual la Comisión ha de desempeñar un papel protagonista para ocuparse de que por fin llegue un programa de acción contra todas las centrales nucleares inseguras. 
Vuelvo a hacer un llamamiento urgente a la Comisión, y concretamente al Presidente Santer, para que aborde este problema con energía. 
Es muy conveniente que la Comisión desempeñe una función coordinadora en este terreno, pues los ciudadanos también necesitan seguridad en este ámbito. 
Las prioridades políticas de la Comisión para 1997 se recogen en el documento con unas palabras impresionantes: crecimiento y empleo, el modelo de sociedad europeo basado en la solidaridad, etcétera. 
Se nos informa que la Comisión se mantendrá atenta a la calidad de vida, al papel de los consumidores, y que vigilará de cerca el sector de los productos alimenticios; son todas ellas palabras maravillosas. 
También en el ámbito de medio ambiente se utilizan términos igual de valientes: aquí la consigna es la integración. 
No se hace ninguna mención a la salud, y me gustaría saber por qué. 
Pero los manifiestos políticos o los programas de trabajo sólo pueden medirse en términos de la trayectoria de aquellos que se encargan de ponerlos en marcha, y es aquí donde quiero garantías. 
A veces se dice que la Comisión no es más que un conjunto de personas que representan sus intereses nacionales y no los intereses de la Comunidad, y me gustaría que el Presidente de la Comisión nos garantizara que la Comisión no avanza por el camino de la nacionalización, sino que, en realidad, se preocupa por los ciudadanos europeos, y no sólo por el país de origen de los Comisarios. 
Me gustaría que la Comisión nos ofreciera garantías de que todas sus propuestas se medirán en relación con la salud y el bienestar de los consumidores de toda Europa y por el impacto que aquéllas tengan sobre el medio ambiente y la explotación de los recursos naturales, y que no sean sencillamente el reflejo de las actividades de los grupos de interés que actúan entre bastidores. 
Me gustaría que la Comisión prometiera que las propuestas que se presentan ahora en diciembre de 1996 así como aquellas otras que están sobre la mesa desde hace bastante tiempo no serán abandonadas, aplazadas, olvidadas, trastrocadas o pasadas por agua como consecuencia de la acción de los grupos de interés que actúan entre bastidores en Bruselas o Estrasburgo. 
Me gustaría que la Comisión se uniera al Parlamento Europeo en el deseo de que la Europa de los ciudadanos- con la que espero que sigamos comprometidos- signifique seguir avanzando en base al honroso legado de la época de Delors y a su aceptación de una Europa de los ciudadanos, y que no dé la impresión de que elude sus responsabilidades o incluso que, en ocasiones, parezca querer negar que haya existido alguna vez. 
Porque al leer el programa y estudiar la trayectoria, encuentro pruebas de que la Comisión se está retirando de la firme posición que le corresponde en la defensa de una Europa cada vez más integrada, y que está retrocediendo hasta convertirse en una organización intergubernamental. 
Quisiera que el Presidente de la Comisión nos garantice hoy que todo eso no es cierto, y que la Comisión sigue siendo el fiel guardián del Tratado en todos los sentidos. 
Señor Presidente, en la presentación del programa anual para 1997 durante la sesión plenaria de octubre, el Presidente de la Comisión, Sr. Santer, entre las cuatro prioridades esenciales mencionó como la número 1 la siguiente: » el crecimiento y el empleo tienen que ascender de nuevo». 
Sin duda, tiene razón, pues 18 millones de parados son un problema que amenaza a la cohesión social de cada Estado miembro y de toda la Unión. 
Es un desafío para toda la Unión aunque la responsabilidad principal en la política de empleo radique en los Estados miembros y ante todo en los interlocutores sociales. 
Los éxitos logrados hasta hoy por las estrategias de empleo europeas son pequeños. 
Los Estados miembros no apoyan suficientemente los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
En lo tocante a las redes transeuropeas, una propuesta de la Comisión de Presupuestos podría permitir dar los primeros pasos para su realización. 
Una parte del proyecto debe ser llevada de la categoría 3 del presupuesto a la categoría 4. 
Saludo que la Comisión quiera impulsar en 1997 las medidas previstas en el pacto de confianza, la reforma de los regímenes de empleo, la adaptación de la política estructural así como la conclusión de pactos territoriales de empleo. 
La Unión Monetaria es un medio para lograr más empleo. 
Para su realización, 1997 es un año clave en el que se verá claramente quién puede participar. 
El cumplimiento del calendario es tan importante como el de los criterios de una sólida política económica y financiera. 
Sólo ella crea puestos de trabajo duraderos. 
La Comisión ha anunciado además para 1997 que va a desbloquear algunos proyectos legislativos europeos bloqueados por el Consejo. 
Menciono solamente el proyecto de sociedad anónima europea. 
Según los cálculos del Grupo Chiampi para la reactivación de la competitividad europea, la ausencia de un status de este tipo cuesta anualmente a la economía europea unos 30.000 millones de ecus. 
El Grupo del PPE indica en su propuesta de resolución que en este contexto los derechos de participación y codecisión de los trabajadores en todas las sociedades de derecho europeo deben ser regulados de mutuo acuerdo por los interlocutores sociales. 
Espero que la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno aclare hasta mediados del próximo año la dimensión social de la Unión Europea, por ejemplo, recogiendo el pacto social en el Tratado de la UE así como un capítulo sobre el empleo, si bien no cuento con competencias adicionales para la Comunidad. Espero asimismo la inclusión de una prohibición general de discriminación y, en consecuencia, el equiparamiento de la mujer; también es este aspecto la Comisión puede realizar una importante aportación en 1997. 
Señor Presidente, el año 1997 será un año crucial para la Unión Europea. 
Hoy, toda la atención y el debate se centran en la moneda única. 
Si este objetivo, a pesar de su utilidad e importancia, seguirá siendo la única política o la política dominante, la Unión Europea nacerá mal. Nacerá con un desequilibrio de poderes en beneficio de los bancos centrales y de algunos Gobiernos y con un alejamiento de los ciudadanos de Europa, porque la moneda única, pese a su importancia, no calienta los corazones de los ciudadanos e incluso, en un primer momento, se considera como la causa de algunas restricciones. 
Por ello, es preciso que con urgencia y firmeza volvamos a reequilibrar este proceso, dando fuerza, visibilidad e importancia a otro objetivo alrededor del cual debe construirse Europa: el desarrollo, el empleo, la cohesión económica y social, la solidaridad hacia los territorios y sectores sociales más desfavorecidos. 
Ésta debe ser la preocupación prioritaria del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Hace falta otorgar a la misma una coherencia, pero no sólo a través de las palabras. 
Digamos la verdad: el Pacto de confianza que usted propuso, señor Presidente, y respecto al cual estamos de acuerdo, los pactos territoriales pare el empleo basados en el Pacto de confianza corren el peligro de acabar como acabó el Libro Blanco de Jacques Delors. 
Hay que evitar que los mismos sólo se invoquen, citen como literatura y aparquen en las bibliotecas, así como que no sean aplicados y no se transformen en prioridades reales. 
Es preciso aclarar este punto y debemos reflexionar sobre el hecho de que en estos años, a pesar de que en cierto modo las distancias entre los Estados se han reducido, no se han reducido, sino que se han reforzado, las diferencias y disparidades entre las regiones menos favorecidas y las más fuertes y ha aumentado la marginación. 
Esto significa que la cohesión debe seguir siendo la mayor preocupación para todos nosotros. 
No sólo los Fondos estructurales, sino todas las políticas de la Unión Europea- política agrícola, política de investigación, redes transeuropeas y transportes -, así como las políticas nacionales deben orientarse mayormente a este fin. 
Debemos pretender esta elección y ser coherentes. 
También el Parlamento Europeo debe ser coherente, ya que cuando, por ejemplo, durante la primera lectura del presupuesto no encontró la mayoría necesaria para rechazar los recortes propuestos por el Consejo, empezando por los que afectan a los Fondos estructurales, cometió- según mi punto de vista- un error político, porque precisamente en materia de presupuesto se ató de pies y manos frente al Consejo y porque, de alguna forma, aceptó la señal negativa que provenía del Consejo y según la cual éste no es el momento del desarrollo, el empleo, la cohesión económica y social. 
Por el contrario, debemos hacer hincapié en que éste será el problema prioritario en 1997 y que es preciso reequilibrar las políticas. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, en lo tocante a la política estructural de la Comunidad, la Comisión concede una considerable importancia al año 1997. 
Considerable, pues por un lado, el próximo año se va a realizar una revisión intermedia de los programas del objetivo I y, por otro, en la planificación de los programas para el nuevo período de aplicación 1997-99 para los campos del objetivo II se quiere proponer una adaptación de estas políticas. 
Esperamos que se pueda utilizar y difundir la gran variedad de experiencias que tienen las regiones afectadas en lo tocante a los fondos estructurales que entretanto existen. 
Son experiencias positivas y negativas, por ejemplo, en lo tocante al flujo de créditos o a la eficacia. Los retrasos al respecto, tanto si son ocasionados in situ o por la Comisión, se pueden explicar muy difícilmente a los beneficiarios. 
Esto afecta tanto a la orientación del contenido de los programas de ayuda como a la simplificación de los procedimientos y modalidades de gestión. 
No obstante, a pesar de que el debate al respecto está ya en plena marcha, echamos de menos un importante punto en el programa de trabajo de la Comisión, a saber, el anuncio de un informe para 1999 sobre la revisión de los fondos estructurales en el próximo período de planificación del año 2.000 al 2.005. 
Las asociaciones, las organizaciones y algunas regiones han tomado ya postura al respecto. 
Señor Presidente de la Comisión, aparte de las declaraciones orales realizadas hasta ahora por la Comisión, en 1997 esperamos también una clara exposición de las ideas de su gremio. 
Quiero decir que el presente informe de cohesión solamente cumple y puede cumplir a modo indicativo estas directrices. 
Hay que recapacitar a tiempo y sin trabas ideológicas de ningún tipo sobre el futuro de los fondos estructurales. La participación del Parlamento Europeo debe ser diferente y más efectiva que en el último período para que no haya que aprobarlos otra vez a toda prisa, por así decirlo, mediante el procedimiento de urgencia, como ocurrió en 1993. 
La evaluación de los programas y la exposición de los criterios de autorización son importantes tareas también de este Parlamento y, en especial, de la Comisión de Política Regional. 
Al fin y al cabo, en este informe se trata nada más y nada menos que de una tercera parte de la totalidad del volumen presupuestario. 
Señor Presidente de la Comisión, incluya este importante punto en el programa de trabajo para 1997, para que podamos debatir sobre sus perspectivas e incluir a tiempo los resultados en la decisión común. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, no creo que haya alguien en esta Asamblea que no lamente el fracaso o la ausencia de respaldo de los esfuerzos que usted ha realizado para lograr que haya más empleo en Europa. Nosotros le apoyamos en este aspecto. 
Pero la política de empleo está sin duda también relacionada con la política de liberalización y la Comisión es la portaestandarte de la liberalización en Europa, lo que tiene también unos buenos motivos. 
Sin embargo, en todos los esfuerzos de liberalización, debemos tener también en cuenta qué consecuencias problemáticas o negativas pueden derivarse. 
Sin duda se van a crear puestos de trabajo adicionales, pero también se van a destruir. 
Vengo de un pequeño país, muy fuertemente integrado en Europa, en el que quizás se pueda ver esto con mayor claridad que en otro mayor. 
Es fundamental que, en todas sus consideraciones, la Comisión mantenga un diálogo con los empleados, con los afectados y que haga de este diálogo un elemento esencial de la estrategia de liberalización y modernización. 
Lo hemos debatido hace poco con motivo del Libro Blanco sobre los ferrocarriles y estoy muy satisfecho de que el Comisario Kinnock haya prometido dicho diálogo. 
Algo similar va a ser necesario en el caso de los servicios postales aunque la decisión definitiva al respecto haya sido aplazada. 
Pero, naturalmente, existen muchos temores y es muy importante que tanto la Comisión como la Unión Europea en su globalidad digan que esta modernización se va a llevar a cabo lo más de acuerdo posible con los empleados y no contra ellos. 
El diálogo social debe ser un elemento esencial, además más que hasta ahora, del trabajo de la Comisión también en 1997. 
Me voy a referir a un segundo tema muy diferente. 
La Comisión, al igual que el Parlamento Europeo, ha colocado más intensamente que hasta ahora a los derechos humanos en el punto central de sus consideraciones de política exterior y de política de comercio exterior. 
En este contexto, en 1997 el papel de los derechos humanos y la política relativa a la situación de los derechos humanos en Turquía va a representar un elemento esencial. 
A muchos de nosotros no nos parece muy satisfactorio el modo cómo la Comisión ha reaccionado ante los esfuerzos del Parlamento para que ejerza una mayor presión sobre Turquía. 
Señor Presidente, independientemente de cómo sea la regulación de detalle, le ruego que tome nota de que no nos vamos a dejar que se nos toree. 
Solamente podremos cumplir los justificados deseos de Turquía si sus gobernantes prestan más atención a los derechos humanos y los van imponiendo paulatinamente, no sólo mediante leyes sino también en la realidad. 
Señor Presidente, estoy convencido de que este tema, que a menudo se convierte en secundario a lo largo del debate, debería desarrollarse, porque representa uno de los motivos de mayor conflicto tanto entre los Estados miembros de la Unión Europea como entre estos últimos y los terceros países. 
La pesca es una cuestión tan peliaguda que, según algunos autorizados comentaristas internacionales, puede convertirse en la causa de conflictos internacionales, tal como lo demostró el conflicto entre Canadá y España. 
Por consiguiente, es necesaria una propuesta de la Comisión que sea adecuada a la gravedad de la situación. 
Los planes implementados hasta el momento por la Unión Europea se han demostrado a veces inviables y burocráticos, así como de difícil aplicación. 
En consecuencia, se ha producido una quiebra en cuanto a la credibilidad de las Instituciones europeas en este sector. 
Asimismo, y en mi opinión, se aprecian fenómenos de ilegalidad manifiesta, no sólo en la pesca de grandes dimensiones, sino también en la de pequeñas dimensiones. 
La crisis del sector implica asimismo el aumento del uso ilícito de los barcos que se emplean también para otras prácticas. 
Tal vez, ustedes saben que los barcos de pesca se utilizan, por ejemplo, para el tráfico de estupefacientes y de armas, el transporte ilegal de personas y el vertido de residuos tóxicos y nocivos. 
Por ello, es preciso un profundo cambio de rumbo y es necesario conservar el equilibrio biológico y medioambiental, encarando, al mismo tiempo, el mantenimiento de los stock y los problemas sociales, que son la causa de la crisis del sector. 
En los últimos años, el número de operadores en el sector pesquero ha ido disminuyendo de forma muy notable y ni siquiera su reconversión en actividades colaterales parece ser una solución adecuada. 
Por lo tanto, hace falta promover su relanzamiento a través de una actividad de pesca sostenible. Señor Presidente, la reforma de la Política Común de Pesca es hoy por hoy una cuestión ineludible. 
No es suficiente incentivar la piscicultura y prever planes que, por otra parte, ya fueron objeto de debate en el seno del Parlamento, sino que hay que seguir una línea de conducta más firme y marcada. 
Hay que promover unos programas especiales que permitan la implicación real de las cofradías de pescadores al efecto de que se sientan responsables de la gestión de los recursos e implicar plenamente a las autoridades regionales. 
Muy a menudo, la Política Común de Pesca se considera como una política burocrática, no vinculada a las autoridades regionales y los pescadores locales. 
En este sector es de fundamental importancia fomentar el principio de subsidiariedad, un principio que muy a menudo se proclama a los cuatro vientos, aunque en la práctica no se aplica, hecho que provoca una profunda desconfianza. 
También hay que pensar en un concepto de desarrollo global de la actividad pesquera. De la misma forma que con respecto a la agricultura se ha pensado en el desarrollo rural, del mismo modo se debería concebir un desarrollo de la actividad marítima que incluya asimismo la actividad de pesca. 
Habría que incentivar formas de ayuda a la renta de los pescadores, al igual que consideramos oportuna una forma de set aside para la parada biológica, así como preciso lograr que los pescadores se conviertan en guardianes del mar. 
Me he querido limitar solamente a formular algunas sugerencias a la Comisión y ofrecer una contribución al debate que la misma celebrará con el Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Proyecto de presupuesto general de las Comunidades para 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-404/96 del Sr. Brinkhorst, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997 Sección III- Comisión en su versión modificada por el Consejo (C4-0600/96) -A4-0403/96 del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las modificaciones aportadas por el Consejo a las enmiendas del Parlamento a Sección I- Parlamento Europeo, Anexo Defensor del Pueblo Sección II- Consejo Sección IV- Tribunal de Justicia Sección V- Tribunal de Cuentas Sección VI- Comité Económico y Social- Comité de las Regiones del proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997 (C4-0600/96) Tiene la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión de no ha lugar a deliberar. 
Señor Presidente, quisiera presentar a mis colegas una cuestión de no ha lugar a deliberar, que tiene por objeto rechazar el debate sobre la segunda lectura del presupuesto por razón de inadmisibilidad. 
Esta segunda lectura está presidida por la preocupación del Parlamento por no alinearse con las tesis del Consejo que, con toda razón, está guiado a su vez por la necesidad de hacer ahorros al presupuesto europeo. 
Con este fin la Comisión de Presupuestos nos propone una enmienda, que es el cuerpo mismo de esta segunda lectura, en este caso la enmienda 4521, que tiene por objeto principalmente financiar una parte de los fondos estructurales en la categoría 4 y no en la 3, hasta un importe de 100 millones de ecus. 
Ahora bien, esta enmienda no es admisible, señor Presidente, lo que vicia de inadmisibilidad todo el conjunto de esta segunda lectura; y esta enmienda no es admisible porque pretende modificar las bases jurídicas. 
En su exposición de motivos figura, en lo que respecta al aspecto jurídico, que la línea citada está dotada de una base legal adecuada. 
Es importante recordar que esta línea opera ya un vínculo entre los fondos estructurales y los países del Este, unas bases legales que prevén que este vínculo pueda ampliarse a la red transeuropea. 
Esta afirmación es puramente gratuita, no es una motivación jurídica. 
La decisión a la que se ha hecho referencia ayer en la Comisión de Presupuestos, la nº 1692 del Consejo y del Parlamento Europeo de 23 de julio de 1996, no tuvo por objeto, y no hubiera tenido, el de modificar la base jurídica. 
Todo el mundo comprenderá, por otra parte, que cuando se habla de redes europeas, no se entiende evidentemente aquello que depende de la cooperación transfronteriza. 
Si votamos el presupuesto con esta enmienda, la Comisión tendrá sin duda la posibilidad de no aplicar el presupuesto tal como lo hemos votado. 
Se trata por tanto de un efecto globo sonda, de un artificio. 
Por esta razón pido a sus Señorías que voten la cuestión de no ha lugar a deliberar. 
Señor Presidente, la exposición que acaba de realizar el colega Fabre-Aubrespy no corresponde en absoluto a lo que ayer se votó en la Comisión de Presupuestos. 
En primer lugar, no se trata de créditos para los Fondos estructurales. 
Estuvo presente pero si hubiese escuchado sabría que no decidimos sobre créditos de Fondos estructurales que se van a distribuir entre otras categorías, sino que debatimos sobre los créditos ahorrados en la categoría 4 en la primera lectura del presupuesto de 1997, que se habían colocado allí en una reserva global, ayer se distribuyeron en una enmienda global del ponente. 
Se puede discutir sobre si se desea esto políticamente, pero, por favor, que no se haga mediante formalismos que no son adecuados. 
Por ello, no existe ningún fundamento para esta intervención del colega Fabre-Aubrespy y les ruego que rechacen la propuesta que ha realizado y que comencemos con el debate sobre la segunda lectura del presupuesto. 
Queridos colegas, considero no pertinente la cuestión planteada por el Sr. Fabre-Aubrespy. 
De hecho, invoca la inadmisibilidad del presupuesto a partir de una supuesta inadmisibilidad de una enmienda. 
Ahora bien, de conformidad con el apartado 3 del artículo 125, compete al Presidente decidir sobre la admisibilidad de las enmiendas. 
Dicha decisión se debe adoptar, en caso de recurso, en el momento de la votación y no ahora. 
Por tanto, desde el punto de vista de la Presidencia, estamos en perfectas condiciones para continuar con nuestro debate. 
Y sobre la cuestión planteada por el Sr. Fabre-Aubrespy no hay debate, de conformidad con el artículo 128, por lo que voy a conceder la palabra al primer orador inscrito, que es el Sr. Brinkhorst, ponente. 
Señor Presidente, nos disponemos a iniciar el debate definitivo sobre el presupuesto para 1997 por lo que, en cierto modo, es hora de hacer balance. 
El presupuesto para 1997 se caracteriza por una serie de paradojas y contrastes en las esferas financiera, presupuestaria e institucional. 
En primer lugar, desde un comienzo y como refleja su resolución sobre las orientaciones, el Parlamento Europeo ha sido consciente del carácter especial del presupuesto para el ejercicio de 1997 y de la necesidad de que sea riguroso. 
Hemos seguido esta línea. Hemos demostrado una enorme autodisciplina y me gustaría rendir homenaje aquí a todos mis colegas de las distintas comisiones que tanto han contribuido y que han hecho auténticos sacrificios, porque ha sido necesario sopesar entre sí las prioridades reales. 
A pesar de todo, hemos presentado un proyecto de presupuesto que- en el supuesto de que se apruebe el juevesno tiene precedentes, porque será el primer presupuesto desde 1979 que se sitúa por debajo de las estimaciones preliminares de la Comisión. 
Lo más curioso es el contraste con el Consejo. 
Mientras que el Parlamento ha introducido auténticos recortes en sus prioridades, el Consejo ha realizado recortes que son sólo aparentes en los ámbitos de su competencia. 
Es evidente que los 1.000 millones de ecus destinados a la agricultura no representan ningún recorte. 
En ejercicios anteriores, las sobrestimaciones de la Comisión y del Consejo dieron lugar a devoluciones abultadas a los ministros de Economía, y los 1.000 millones de ecus en créditos al Fondo regional, en una situación en la que la infrautilización de fondos fue de aproximadamente de 25.000 millones de ecus, no pueden considerarse realmente un recorte. 
Es la primera paradoja. 
La segunda es relativa a las prioridades. 
El Consejo y el Consejo Europeo han establecido reiteradamente sus prioridades, pero las palabras son siempre más fuertes que las obras. 
En lo relativo a investigación y desarrollo, las redes transeuropeas e Irlanda del Norte, el Consejo Europeo ha dicho en repetidas ocasiones que debemos incrementar las cantidades, pero cuando nos disponemos a hacerlo, no hay fondos. 
En cambio, el Parlamento ha financiado prioridades establecidas por el Consejo. 
Recuerdo un debate con nuestros colegas de Irlanda del Norte en el que si el Parlamento no restablece la financiación y recurre a su propio presupuesto, no habríamos podido financiar las tres prioridades mencionadas. 
Existe una tercera paradoja importante- la institucional. 
Desde un comienzo, y porque estábamos a favor de un debate riguroso y de un presupuesto riguroso, el Parlamento tenía derecho a esperar un diálogo con el Consejo de Presupuestos. 
Pero no ha habido nada de eso durante este último año. 
El Consejo me recuerda a menudo a los tres monos; no oye nada, no dice nada y no ve nada. 
Al 19 de noviembre no se había podido avanzar realmente en ninguno de los puntos institucionales importantes que han caracterizado este presupuesto, a saber, el fundamento jurídico, el acuerdo de pesca y algunas pequeñas modificaciones de las categorías dentro de los distintos ámbitos financieros. 
Solamente tras ejercer una enorme presión pudimos, por fin, conseguir algo en materia de pesca. 
El Consejo de Presupuestos no es un Consejo propiamente dicho, y en la propuesta de resolución pedimos al Presidente del Parlamento que, junto con el Presidente de la Comisión- y aprovecho para agradecer al Presidente Santer que se encuentre aquí presente- trataran sobre este punto con el Presidente de Ecofin. 
Si queremos avanzar, sobre todo, en lo relativo a la Conferencia Intergubernamental y a la necesidad de corregir el déficit democrático, necesitamos un interlocutor que no sea el actual. 
En este sentido, el apartado 14 de la propuesta de resolución dice que el Parlamento no puede considerar al Consejo de Presupuestos como un interlocutor fiable y eficaz. 
En cierto sentido, esto significa que hemos llegado al final del camino en lo que se refiere al Consejo de Presupuestos. 
Volveré muy brevemente sobre algunos puntos específicos. 
Pido a la Comisión que aplique algunas líneas presupuestarias nuevas dentro del programa legislativo de 1997. 
He escuchado con interés al Presidente Santer cuando hablaba de la prioridad del tercer pilar, y espero que lea detenidamente el apartado 20 de la propuesta de resolución. 
Hemos utilizado la reserva en una serie de ámbitos. 
En lo relativo al programa MEDA, la hemos utilizado no para penalizar ni para perjudicar a los países MEDA, sino para dejar perfectamente claro que el Parlamento habla en serio en lo que se refiere a su resolución de 19 de septiembre sobre Turquía. 
La propuesta consiste en asignar a la reserva 100 millones de ecus para acciones específicas en Turquía. 
Lamentablemente, la respuesta del Presidente Santer al escrito del Presidente Hänsch no ha convencido en absoluto a la Comisión de Presupuestos de la justicia de todo ello. 
Lo sentimos, pero creemos que es así como debe hacerse. 
Votaremos sobre la asignación de fondos adicionales para la investigación y el desarrollo, ámbito para el que existe una pequeña reserva. 
Necesitamos hablar con la Comisión sobre las prioridades de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Uno de los puntos importantes es la energía no nuclear. 
Por último, debemos entablar un nuevo diálogo sobre agricultura para el próximo año. 
Hemos iniciado conversaciones en este sentido con nuestros colegas que trabajan en el ámbito de la agricultura, pero está muy claro que las reservas en ese ámbito suponen un paso adelante- no para destruir la agricultura, sino para situarla en el lugar que le corresponde dentro de las prioridades de la Comunidad. 
La política de la información es la última reserva, y en este sentido debo felicitar al Sr. Oreja, que ha hecho posible que avancemos considerablemente, aunque espero que en el transcurso del próximo año podamos seguir avanzando sobre la esencia dentro de nuestro distintos marcos institucionales. 
Señor Presidente, cuando en la sesión de octubre presentamos el presupuesto del 97 en primera lectura éramos conscientes de las limitaciones de las que éste adolecía. 
Limitaciones algunas de ellas generales, en cuanto al conjunto de las instituciones, y algunas muy concretas, como es el caso del Tribunal de Cuentas, que tenía una necesidad importante de más auditores, teniendo en cuenta la ampliación y el aumento de actividad de la Unión Europea, así como su ampliación geográfica, lo que exigía que se ampliase el número de personas. 
Por otro lado, había también un caso concreto, el Comité de las Regiones, en cuanto a los consejeros especiales. 
A pesar de estas limitaciones, nos sentíamos satisfechos de haber cumplido las exigencias que nos marcaba el diálogo tripartito, celebrado el 3 de abril de este mismo año, en el que Consejo, Comisión y Parlamento llegamos a un acuerdo en cuanto al esfuerzo de homologación que había que hacer en materia de normativa financiera, en cuanto al rigor, la transparencia, el crecimiento cero del organigrama y, sobre todo, estábamos satisfechos del importanto ahorro que íbamos a conseguir en el presupuesto del 97 gracias a la cooperación interinstitucional. 
La verdad es que llegamos a abrigar la esperanza de que iba a ser el primer presupuesto que se aprobase en primera lectura, pero esta esperanza no se ha cumplido. 
El Consejo ha rechazado una serie de enmiendas; pero después de revisar ese rechazo, después de ver que las enmiendas estaban de acuerdo con el diálogo tripartito, después de que el Consejo no diese argumento alguno para este rechazo, en la Comisión de Presupuestos llegamos a la conclusión- y por unanimidad- de que íbamos a presentar de nuevo esas enmiendas rechazadas. 
Como enmienda nueva, señor Presidente, solamente va a haber un apoyo a los cursos de idiomas para asegurar su permanencia, ya que creemos que es necesario continuar facilitando la posibilidad de relación entre nosotros mismos. 
Tenemos una barrera importante que es el idioma, tenemos una gran ayuda que son los intérpretes, pero cada uno de nosotros no puede llevar consigo, en el bolsillo, un intérprete para que nos ayude en nuestras relaciones. 
Yo no sé si habrá alguna más, ya que todavía no se ha cerrado el plazo de enmiendas y puede haber alguna nueva. 
De todas formas, señor Presidente, quiero explicar aquí nuestra falta de comprensión, nuestra incapacidad de asimilar la razón del rechazo de ciertas enmiendas, cuando vemos- y lo digo con todo respeto- una cierta falta de coherencia. 
Esta falta de coherencia se manifiesta en el hecho de que una misma enmienda que ha sido aceptada en una institución, haya sido rechazada en otra. 
Por otro lado, se rechaza la aceptación de enmiendas que no tienen ninguna incidencia financiera; se rechazan enmiendas cuyo único objetivo es una mayor transparencia. 
Se ha rechazado incluso una enmienda en contra de lo que establece el Reglamento financiero. 
Tenemos el caso del Tribunal de Justicia: pedíamos una mayor transparencia sobre los alquileres (el breve tiempo transcurrido, desde que esto se discutía hasta hoy, nos ha dado la razón: vemos cuál es la situación del Palacio del Tribunal de Justicia) ; se han negado 18 revalorizaciones: si estábamos en una situación de crecimiento cero, creo que no podemos negar a los funcionarios la posibilidad de seguir ascendiendo en su carrera y, por tanto, creo que eran importantes estas revalorizaciones, teniendo en cuenta por otro lado que en otras instituciones sí se han aceptado-. 
En cuanto al Comité Económico y Social, se vuelven a presentar enmiendas que tienen que ver con sus reuniones, sus convocatorias y sus publicaciones. 
En cuanto a la estructura organizativa común del Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones se ha rechazado una enmienda que considero importante y que tiene que ver con la contabilidad analítica para homologar la contabilidad dentro de todas las instituciones. 
Así pues, señor Presidente, acabo ya diciendo que, por unanimidad, la Comisión de Presupuestos ha decidido y pide el voto a favor de las enmiendas presentadas para mejorar la relación coste-eficacia, para mejorar el funcionamiento de las instituciones, para mejorar la transparencia y el control de las mismas, y todo ello, señor Presidente, de acuerdo con el diálogo tripartito del 16 de abril. 
Señor Presidente, acabamos de escuchar en este Pleno como el Presidente Santer reiteraba la necesidad de desarrollar una Europa económica y social, y volvía a proponer el Pacto de confianza, a fin de que, sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros, exista a nivel de la Unión Europea un trabajo coordinado de apoyo con respecto a los temas del empleo y la política social. 
No cabe duda de que el Parlamento Europeo está de acuerdo respecto a todo esto y no ha dejado de pedirlo. 
Sin embargo, el Consejo al parecer no presta atención a estas demandas y en su segunda lectura del presupuesto rechazó todas las propuestas del Parlamento Europeo. 
Con una gran coherencia, el Parlamento vuelve a proponer sus elecciones y la Comisión de Presupuestos mañana pedirá al Pleno que vuelva a votar sus elecciones en favor del empleo y de las clases menos favorecidas- personas de edad avanzada y minusválidospara fomentar el diálogo social. 
Proponemos asimismo una línea específica que desarrolle proyectos piloto respecto al tercer sector «empleos». 
De acuerdo con esto, deseo recordar otro punto que nos preocupa, es decir, la incomprensible posición del Consejo con relación a los fundamentos jurídicos. 
Señor Presidente de Consejo, permítame decir que ésta es una posición bastante miope del Consejo que convierte en todavía más difícil la relación entre los ciudadanos y Europa. 
No deja de ser una señal muy negativa para los ciudadanos europeos. 
Considero que estamos asistiendo a un pulso absurdo con el Parlamento Europeo. 
El Parlamento propone una solución muy razonable que no trastoca la política de rigor y presupuestaria que, por el contrario, comparte. 
Pensamos asimismo que se trata de una respuesta aunque mínima a las necesidades de los ciudadanos europeos, una respuesta para acercar Europa a los ciudadanos. 
¿Qué quiere demostrar el Consejo con esta posición- admitámoslo- incomprensible? 
En consecuencia, ruego al Consejo que reconsidere su posición. 
Nunca es demasiado tarde para hacerlo. 
En la Cumbre de Dublín se hablará del Pacto de confianza y el acuerdo sobre las bases jurídicas ofrece una ocasión para demostrar coherencia. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el hecho de que el Consejo haya estimado oportuno respetar la petición del Parlamento de asignar fondos adicionales a las iniciativas comunitarias para los sectores del carbón y el textil en nombre de la Comisión de Política Regional. 
Esto supondrá un alivio para aquellas regiones que esperaban con ansiedad informes del Consejo dando a conocer que se asignarían fondos adicionales a estas líneas presupuestarias. 
Quisiera decir también, en nombre de la Comisión de Política Regional, que acogemos con satisfacción la solución a la que se ha llegado en el Programa para la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte, pero quisiera reiterar la opinión de nuestro ponente de que, en realidad, ha sido el Parlamento el que ha dado con la solución en lo que respecta a encontrar los 100 millones de ecus adicionales. 
No obstante, la creación de una reserva negativa, tal y como el Parlamento lo entiende, se tomará cuando el rendimiento quede probado; la infrautilización de los créditos y otros programas serán los que realmente paguen el programa de paz para Irlanda del Norte. 
Lo que se está haciendo realmente es desnudar a un santo para vestir a otro. 
Debemos tener muy claro que el Consejo no ha cumplido con sus obligaciones en este ámbito. 
Por ello quisiera decir que el Parlamento Europeo insiste en que se le consulte antes de que esos fondos sean asignados a fondos adicionales para el programa de paz. 
Sería una gran ironía si termináramos financiando el programa de paz con cargo a la infrautilización de los créditos para el programa de paz para Irlanda del Norte para 1997 y 1998. 
Quisiera también hacer una observación relativa a la estrategia de crecimiento cero y a la decisión de recortar 1.000 millones de ecus de los créditos para los Fondos estructurales. 
El Sr. Brinkhorst tiene razón: no se trata de un ahorro. 
Técnicamente no es la forma de proceder, porque originará mayores retrasos. 
Algunas regiones y algunos proyectos no recibieron sus pagos en 1994/95, y terminaremos agravando la situación de una aplicación deficiente y de la posible infrautilización de los créditos. 
Si el Consejo hubiera querido ser valiente, podría haber separado a aquellos Estados miembros que no tienen ningún compromiso con los programas regionales, y recortar sus créditos e, incluso, sus compromisos. 
Esa medida habría supuesto un ahorro general. 
Políticamente es indefendible que el Consejo condicione ahora el pago de los Fondos estructurales al cumplimiento de los criterios de convergencia de la UEM. 
En ese sentido, el Consejo no está siendo consecuente. 
Apenas la semana pasada obtuvimos bellas declaraciones del Consejo sobre la necesidad de mantener los esfuerzos de inversión a nivel nacional con objeto de promover el crecimiento, la competitiviad y la creación de empleo estable, y ahora descubrimos que está recortando fondos para que cumplan los criterios de convergencia de la UEM. 
Por último, permítame decir que éste no es un presupuesto para una campaña de «Ciudadanos de Europa». 
Es un presupuesto para satisfacer a los ministros de Finanzas. 
Es un presupuesto para la disciplina y el rigor, y creo que tendrá una mala acogida en nuestras regiones. 
Señor Presidente, aunque hablo en nombre del Grupo Socialista, quisiera hacer un comentario a título personal. 
De los siete años que llevo participando en el proceso presupuestario, éste ha sido el menos satisfactorio de todos. 
Debo decir esto a título personal. 
Y ha sido así por varios motivos, de los que me gustaría destacar dos. 
En primer lugar, las dos estrategias que recibieron el respaldo de nuestro Grupo no fueron aprobadas por el Parlamento en su conjunto, lo que nos sitúa en una posición muy débil a la hora de negociar con el Consejo. 
Acudimos a negociar con el Consejo con las manos vacías. 
Y en segundo lugar, la actitud del Consejo no ha facilitado las cosas en absoluto. 
La mejor forma de resumirlo es a través de la enmienda a la resolución que el Sr. Colom i Naval presentó anoche en la Comisión de Presupuestos y que dice así: » el Parlamento lamenta que el Consejo se haya negado a una revisión menor de las previsiones financieras para dar cabida a las prioridades expresadas por la autoridad presupuestaria, en el marco de la concertación, al contrario de lo decidido de común acuerdo en varias ocasiones precedentes». 
Eso lo resume todo. 
Pero además, el Consejo se ha mostrado intransigente en temas como llegar a un acuerdo sobre el fundamento jurídico, lo que ha dejado a mucha gente con mal sabor de boca. 
Actualmente existen tres prioridades para la Unión que nosotros hemos estado dispuestos a apoyar desde un comienzo. 
Supongo que tendremos que conformarnos con las soluciones de que disponemos. 
La Sra. McCarthy ha explicado muy bien la cuestión de la reserva negativa de la Categoría 2. 
Podría decirse que sí, que tenemos una solución para el proceso de paz irlandés, pero a la que se ha llegado por un camino que no es el que nosotros deseábamos. 
Parece ser que el último recurso es aquello que se hace cuando se ha agotado el debate racional, o cuando se ha perdido el debate racional. 
En lo relativo a investigación y desarrollo, tenemos una reserva negativa en el Categoría 3, lo que significa que precisamente en la categoría en la que tenemos nuestras prioridades, sólo nos queda esperar que no se cumplan o se utilicen algunas de dichas prioridades para que podamos financiar la reserva negativa. 
Después tenemos las redes transeuropeas en la Categoría 4, que esperamos que la Comisión transfiera a la Categoría 3 en algún momento. 
Como decía, no es la situación que estábamos dispuestos a apoyar en un comienzo. 
A nuestro Grupo sólo le queda una elección: o lo tomamos o lo dejamos. 
Con objeto de conseguir esos 314 votos en el Parlamento, no pondremos en peligro los fondos adicionales para investigación y desarrollo, ni tampoco pondremos en peligro los fondos para las redes transnacionales si existe la posibilidad de que éstas sean transferidas a la Categoría 3. 
Por ello optamos por tomarlo, en vez de dejarlo. 
Pero como decía al comienzo, no ha sido un proceso satisfactorio. 
Es un pequeño desastre. 
Debemos aspirar a que el próximo año exista una concertación mucho mejor entre nosotros y el Consejo para asegurarnos de que no volvemos a pasar por este procedimiento. 
Sería de desear que en el futuro, el Parlamento se mantenga unido, algo que, sin duda, no ha ocurrido en esta ocasión. 
Señor Presidente, deseo felicitar a los dos ponentes, los Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés, por la excelente labor que han desarrollado durante este año. 
Como ha dicho el Sr. Wynn, no ha sido un año fácil; de hecho ha sido un año doloroso y difícil porque, básicamente, hemos tenido que elegir entre respetar los acuerdos contraídos por el Parlamento, incluido el acuerdo interinstitucional, que me complace ver confirmado como resultado de nuestro debate de hoy y nuestro procedimiento del jueves, o bien votar a favor de los fondos para las redes transeuropeas o la investigación y desarrollo, lo que nos haría sobrepasar los límites. 
Nuestro Grupo siempre ha sostenido que debemos respetar los acuerdos que hemos contraído. 
Naturalmente que nuestro procedimiento presupuestario no podía ser satisfactorio porque, yo diría, señor Wynn, cuando se ha acordado en principio elaborar un presupuesto austero, hay muy poco que discutir, porque todos debemos mantenernos dentro de un margen de acción similar- tanto el Parlamento, como el Consejo. 
En este año, en particular, hay tres aspectos sobre los que me gustaría tratar, resumiendo así el punto de vista del Partido Popular Europeo. 
En primer lugar, hemos comenzado a depurar el modo en que utilizamos la reserva para lograr los objetivos del Parlamento. 
Lo hemos hecho en términos de política de la información, ámbito en el que hemos presenciado un notable cambio de la Comisión, si se me permite decirlo, en cuanto a su voluntad de tomar algunas decisiones radicales sobre el modo en que debe desarrollarse la política de la información. 
Aún no hemos llegado al final de ese proceso. 
Estamos a favor de que el 25 % de los fondos se mantengan en la reserva para que en el grupo de trabajo institucional, que ya ha quedado bien establecido tanto por motivos generales, como específicos, podamos llegar a una decisión adecuada entre el Parlamento y la Comisión sobre cómo deben gestionarse los fondos. 
Asimismo, en lo relativo a las pequeñas y medianas empresas, al turismo y a la DG XIII, también hemos observado un cierto cambio una vez que el Parlamento asignó los fondos a la reserva en la primera lectura y cuando iniciamos la segunda lectura. 
Puede que la Comisión piense que no es más que una coincidencia, pero en lo que al Parlamento se refiere, es probable que las decisiones no se habrían tomado con tanta rapidez, si el Parlamento no hubiera asignado los fondos a la reserva. 
Una vez más, estamos consiguiendo hacer un mejor uso de la reserva. 
Evidentemente, el tercer ejemplo, Turquía, es una cuestión mucho más delicada, y aún no hemos conseguido el equilibrio de confianza necesario entre las instituciones: por un lado, entre la opinión que tiene la Comisión del código de conducta y, por consiguiente, su deseo de tener libertad de acción y, por otro, aquélla del Parlamento, que aún no tiene la certeza de que la Comisión haga aquello que le pide el Parlamento. 
Es el primer punto- que continuaremos utilizando este instrumento para asegurarnos de que las prioridades del Parlamento se hacen valer debidamente en el proceso presupuestario y legislativo. 
En segundo lugar, esto me lleva a la conexión que realmente no hemos podido establecer en este proceso presupuestario, y que está en la Conferencia Intergubernamental, en la que el Consejo puede ver que tiene un interlocutor responsable, racional y disciplinado en el proceso presupuestario con el que ejecutar las prioridades de la Unión Europea. 
Me gustaría que se avance en la eliminación de la distinción entre el gasto obligatorio y el no obligatorio, una vez que lleguemos a una conclusión, ya sea en Amsterdam o, un poco más tarde, el próximo año en la Conferencia Intergubernamental. 
Por último, está la cuestión de que si el Consejo Europeo piensa continuar emitiendo declaraciones en el sentido de que desea incrementar los fondos para las redes transeuropeas, o que desea poder asignar más fondos a la investigación y desarrollo sin que luego facilite nuevos fondos, está claro que nos encontraremos una y otra vez en la misma situación por la que hemos atravesado durante este proceso presupuestario. 
Por ello, quiero apoyar firmemente el punto de la resolución del Sr. Brinkhorst- de hecho, se trata de una sugerencia del PPE- donde dice que debemos recibir una declaración financiera del Consejo Europeo que recoja cada una de las iniciativas en las que asigne fondos, con objeto de saber de dónde deben proceder los mismos. 
En caso contrario, creo que esta Asamblea adoptará la opinión de que cuando llegue el momento de la revisión de las perspectivas financieras, de la ampliación y todas esas grandes cuestiones que se nos avecinan, sólo habrá problemas en el futuro entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria. 
Señor Presidente, Señorías, nos encontramos en segunda lectura para examinar un presupuesto que, a pesar de sus lagunas, cuenta con la adhesión del grupo UPE, pues se inscribe finalmente en la misma dirección de lo que hemos preconizado, es decir, ninguna retención fiscal suplementaria sobre los presupuestos nacionales en 1997, en razón al Tratado de Maastricht. 
Cualesquiera que sean los sentimientos que podamos tener con respecto a este Tratado, creo que nuestro Parlamento no debería hacer nada que pudiera poner trabas a la acción de aquellos gobiernos obligados a velar, en 1997, por que su presupuesto anual tenga un efecto positivo respecto de los criterios. 
La opción cero, ampliamente apoyada por este Parlamento en primera lectura, gozará, esperamos, de un apoyo decidido en la votación del jueves. 
Efectivamente, creo que esta interrupción en el incremento de los créditos de pago constituye un esfuerzo excepcional para 1997, pero que el aumento significativo de las autorizaciones de programas preserva el futuro y respeta las perspectivas financieras. 
Creo también que la votación de este presupuesto permitirá preservar el acuerdo interinstitucional, incluso aunque tengamos que convenir en que la presidencia en ejercicio del Consejo no ha hecho nada (es lo menos que se puede decir) para que el diálogo, después el diálogo tripartito del 19 de noviembre, sea fructífero. 
Debo añadir que la Comisión de Presupuestos ha dado prueba de una prudencia colectiva digna de elogio pues, mayoritariamente, ha triunfado la razón. 
Finalmente, deseo expresar a nuestros colegas Samland y Brinkhorst mi más sincero afecto por el trabajo que han realizado, incluso aunque éste pueda parecer un poco vano. 
En este sentido, repetiré las palabras de la antigüedad clásica, pronunciadas por nuestro ponente ayer hacia las doce de la noche: » dura lex, sed lex». 
El mes que acaba de terminar podría titularse «batalla por 300 millones de ecus» , que se dividían en tres partidas de 100 millones. 
E incluso si esta cantidad puede parecer modesta con respecto a los 88.000 millones de nuestro presupuesto, es necesario saber que ha sido duramente disputada y, por mi parte, me alegro de la conclusión positiva del debate sobre los 100 millones de ecus destinados al proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Al ser insular yo mismo, creo que la paz no debe tener precio, con tal de que los fondos que atribuimos tengan un destino positivo y provoquen realmente el sentimiento de que Europa es para cada país un factor de paz. 
El hecho de asignar igualmente 100 millones a RECHAR Y RETEX permitirá en esos dos sectores desbloquear una situación que algunos consideran muy comprometida. 
Sólo cabe desear el éxito de estos dos programas. 
Quedan 100 millones destinados a las redes. 
Muchos colegas piensan que su desbloqueo en virtud del título IV es un artificio que permite ayudar a las relaciones con los PECO, evitando al mismo tiempo la supresión del límite máximo en aplicación del título III. 
No lo creo así, pues como máximo, se puede lamentar que resultado final no parezca a muchos un truco de magia cuando lo esencial era salvar el acuerdo interinstitucional. 
Por tanto este Parlamento se pronunciará el jueves sobre un presupuesto cuya incertidumbre se debía más a cuestiones de principio que a sumas de créditos. 
Debemos estar satisfechos del arreglo satisfactorio de las cuestiones de principio. 
Quisiera mencionar ahora las medidas positivas desde el punto de vista financiero. 
Al desbloquear inmediatamente el 50 % de los créditos no asignados en primera lectura para el canal Euronews y con el compromiso de volver a examinar a finales del mes de marzo el plan de financiación de este medio de comunicación, la Comisión de Presupuestos ha dado prueba de prudencia y comprensión. 
Esta misma comprensión ha posibilitado corregir los efectos en la opinión pública del asunto de las vacas locas. 
Así, 20 millones para la promoción de la carne de bovino de calidad, es lo menos que se puede hacer para recordar a los consumidores europeos que animales alimentados según métodos tradicionales y controlados no pueden confundirse con animales víctimas, antes que de la locura de las vacas, de la locura de los hombres. 
Finalmente, desde mi punto de vista, hay una sombra en el cuadro y esta sombra afecta al programa MEDA. 
Quisiera, en este caso, recordar un viejo dicho: » dar y retener no puede ser». 
Al reservar 100 millones para el programa MEDA, con el pretexto de que estos créditos podrían ser destinados a Turquía, se prejuzga una asignación previa de los créditos no prevista en ningún documento y, en cierto modo, se tira al bebé con el agua del baño. 
Esta selección nocturna, evaluada de manera tosca, sin estudio financiero previo, se parece un poco a esos sacrificios expiatorios que proporcionan buena conciencia a cambio de unos gastos mínimos y nos permiten recordar que, como cualquier tribu primitiva, la Comisión de Presupuestos puede así navegar entre totems y tabúes, por retomar el título de un famoso trabajo de sociología. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, el procedimiento presupuestario de este año deja un regusto algo insípido entre todos los afectados, pues ¿qué puede significar este mensaje para las ciudadanas y ciudadanos? 
¿Ahorrar para la Unión Monetaria? 
Todos sabemos muy bien que independientemente de la Unión Monetaria hay que reducir drásticamente las deudas de los presupuestos nacionales para poder tener en el futuro un margen de actuación. 
Pero echar las culpas de todos los fallos económicos al cumplimiento de los criterios de Maastricht no solamente es falaz sino además peligroso pues contribuye a crear un sentimiento antieuropeo cuyas consecuencias no se pueden aún prever. 
Pero es que además la intención de ahorro tampoco es tan clara. 
Los recortes de 1.000 millones de ecus en los gastos agrícolas y estructurales son sencillamente préstamos para los años 1998 y 1999. 
Naturalmente, olvido que también existen prioridades positivas que deben ser financiadas con este presupuesto. 
Dicho sinceramente, este tira y afloja por los 300 millones de ecus solamente puede provocar vergüenza, pues ¿quién puede comprender esta pugna de cortas miras por la llamada revisión de las previsiones financieras o hacer creer que los 100 millones de ecus para las redes transeuropeas son la iniciativa de empleo por excelencia? 
Por cierto, esta suma se coloca en la categoría IV mediante un malabarismo financiero, por no decir un simple truco. Quisiera ver además cómo gastamos los 100 millones de ecus y para qué los gastamos. 
Este presupuesto no puede convencer a los ciudadanos de la Unión Europea. Más bien es una gestión de un status quo que no llega siquiera a un mínimo denominador común. 
El único aspecto positivo es que en el paquete que se ha confeccionado al final, 100 millones de ecus se destinan al proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Es lamentable que hayamos tenido que obligar a atender nuestras exigencias al Sr. Van den Broeck mediante una reserva de 100 millones de ecus para Turquía. 
Finalmente, quiero rogar al Sr. Liikanen que tome las medidas necesarias para que nuestros esfuerzos dirigidos a garantizar las pensiones de los Comisarios y demás empleados de la Comisión en los próximos años, arrojen un resultado positivo el próximo año mediante una buena cooperación. 
Señor Presidente, el año pasado, los no inscritos franceses y flamencos protestaron contra el importante incremento del presupuesto comunitario. 
Este año, podríamos alegrarnos de un presupuesto que ahorra mucho al contribuyente. 
Sin embargo, la opción cero, de la que no deberíamos terminar demasiado alejados, no afecta más que a los créditos de pago y unas economías reales no permiten acercarse a dicha opción tanto como un ajuste de los créditos a los consumos realizados. 
A veces tenemos la impresión de que los ahorros inciden sobre unos gastos que, de cualquier manera, no se habrían hecho. 
En algún sentido lo que se nos hace votar no es más que una economía virtual. 
Este presupuesto sólo es riguroso en apariencia pues en compromisos (y con el compromiso debemos quedarnos) los créditos van a continuar progresando en torno a un 2 %. 
Por tanto, siempre hay una dinámica de progresión de los gastos, pues éstos continúan progresando en créditos de compromiso. 
Así pues, para los gastos comparables, los gastos de intervención, los de inversiones, los presupuestos de los Estados y de los entes territoriales de la Unión no progresan sino que retroceden. 
Es decir, que hay más esfuerzos de rigor y economía en el presupuesto de los Estados incluso de los entes territoriales, que en el de la propia Unión Europea. 
En otras palabras, aún queda mucho camino por recorrer en la defensa del contribuyente europeo y para pasar del rigor virtual que conocemos hoy a un rigor más real y a una mejor protección del contribuyente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero comenzar con una cita de Albert Einstein que acabo de encontrar en mi agenda. 
Bien muy bien al caso: » Nunca pienso en el futuro, pues éste llega lo suficientemente pronto». 
Así se podría describir el presupuesto de este año. 
No responde en ningún punto a los futuros desafíos y ninguna institución, incluida la nuestra, se ha cubierto de gloria al dar estas respuestas. 
Realmente, Sra. Müller, es el resumen de 314 votos necesarios si no se quiere aceptar la resolución del Consejo en segunda lectura. 
No hemos tenido ni siquiera el valor de decir que las condiciones marco organizativas dirigidas a mejorar en su generalidad el procedimiento presupuestario son eso, solamente condiciones marco organizativas y solamente tienen sentido si mejoran realmente el procedimiento pero no si impiden que se pueda hacer una política de futuro para las personas en Europa. 
El procedimiento político es un certificado de propia incapacidad de primer rango. 
El Consejo lo ha reconocido así entretanto. 
Saludo que la Presidencia del Consejo no plantee la segunda lectura pues no hay nada que debatir en ella. 
Lo mismo ocurrió en la primera lectura, en el período intermedio y también antes. 
Pero esto no se debe exclusivamente a los irlandeses; es igual quién esté allí, los holandeses, irlandeses o quién sea. 
Se debe a que el último Consejo de Ministros de Hacienda se encuentra en toda la Asamblea y a que no tiene nada que decir ni decidir, por lo que no se ha producido ningún debate político con el Consejo, todavía ni uno solo. 
Es un certificado de propia incapacidad que sea el brazo prolongado de los funcionarios quien dicte a los ministros el guión que les impide hacer lo que antes han prometido y que ni siquiera se encuentra en dicho guión. 
Esto no tiene nada que ver con política. 
Este es el auténtico certificado de propia incapacidad que la clase política se autoextiende en esta Unión Europea cuando se trata de contribuir a la solución de problemas en Europa de un modo imaginativo. 
Quiero decirles aún otra cosa: solamente puedo sonreirme cuando oigo que se dice que todo va a mejorar cuando se celebre la Conferencia Intergubernamental- lamentablemente, el Sr. Elles no se encuentra en la Sala cuando se quiere debatir con él al respecto. 
Cuando veo lo que se dice en el anexo del documento irlandés que se va a tratar en el curso de este fin de semana, constato que no va a mejorar sino empeorar, pues la experiencia de que el procedimiento actual no funciona conduce a que éste no solamente se practique en la política agraria sino en el futuro además en los pilares II y III, es decir, la política interior y exterior. 
Se quiere establecer aquí también aspectos obligatorios, es decir, gastos obligatorios. 
Estimadas damas y caballeros de la escribanía, de la clase técnica del Consejo: si creen que sus maestros se lo van a hacer creer a la opinión pública- la democracia por el momento no es suficiente pero en el futuro va a mejorar introduciendo otra vez dos grupos de gastos en los gastos obligatorios -, puedo decirles que nos lo vamos a pasar muy bien. 
Vamos a montar tal debate aquí en el Parlamento sobre esta propuesta que ustedes preparan que no se les olvidará. 
Señor Presidente, una última observación. 
Señor Elles, ahorrar no es igual a ahorrar. 
Nos hemos puesto de acuerdo en ahorrar, pero queremos hacerlo y al mismo tiempo servir a los objetivos de la Unión Europea y de los ciudadanos. 
Habría que recapacitar muy exactamente cuando se hace política desde el punto de vista de un político de la oposición o del Gobierno de su país de origen y no como diputado del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, con las solicitudes de contener el gasto, éste no podía ser nunca un procedimiento muy dichoso y, sin embargo, deseo felicitar a los ponentes, Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés, y también a la Presidencia irlandesa por haber conseguido lo que parecía imposible, respetar nuestros antiguos compromisos y resolver los problemas inmediatos de hoy. 
Deseo llamar la atención, en particular, sobre la cuestión de la crisis de la EEB, que ha provocado un aumento del 50 % del gasto, hasta situarlo en 7.000 millones de ecus para el sector. 
Creo que los agricultores, especialmente aquéllos de las zonas periféricas de Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia, se sentirán agradecidos a la Comisión, al Parlamento y al Consejo por la rapidez con que se ha atendido este problema y por los recursos que se han destinado a solucionar la peor crisis a la que esas personas se han enfrentado en toda una generación. 
Quiero reconocer también que, a pesar de la necesidad de contener el gasto, hemos respetado nuestros compromisos en el ámbito de la política regional y hemos incluso asumido compromisos para los Fondos estructurales que suponen un aumento del 8, 05 %. 
Una vez más, ello demuestra la voluntad de la Comunidad de hacer honor a sus compromisos con las regiones más pobres. 
Quiero también referirme brevemente al desacuerdo sobre la pesca, y agradecer al Consejo irlandés sus sinceros esfuerzos para hacer posible, al menos, un cierto acercamiento de las posiciones del Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre el modo en que deben tomarse las decisiones. 
Los fondos que asignamos a esos acuerdos son cuantiosos, del orden de 300 millones anuales. 
Es importante que logremos un mejor entendimiento entre las instituciones, pero quiero subrayar que, en este caso, se trata apenas de un acuerdo provisional. 
Creo que en el caso de los acuerdos internacionales, en los que están en juego grandes sumas de dinero, el Parlamento tiene derecho a un procedimiento completo de dictamen conforme, en virtud del artículo 228 del Tratado de Maastricht. 
El Parlamento se confunde respecto de lo que es obligatorio y lo que no lo es. 
Si el Tratado es ratificado como es debido, si el Parlamento es consultado como es debido y éste emite su dictamen conforme, entonces, naturalmente, tenemos la obligación de correr con los gastos. 
Pero desde el punto de vista del Parlamento, hay que hacer hincapié en que se respete la letra de la ley en lo que respecta a la conclusión de dichos acuerdos. 
Por último, quiero decir que a pesar de todo lo que se ha hablado sobre la necesidad de introducir recortes, este presupuesto representa el 1, 22 % del PIB de la Unión Europea. 
Se trata de una suma muy pequeña, y el Sr. Samland así lo subraya. 
La importancia de contener el gasto y de mostrarse cautelosos no tiene nada que ver con negar las necesidades de la Comunidad en lo que a los recursos presupuestarios se refiere. 
Nos disponemos a incrementar nuestro presupuesto hasta llegar al 1, 27 % de aquí al año 1999. 
No debemos fingir que estos recursos bastarán para hacer frente a la ampliación de la Unión Europea y cubrir las necesidades de los Estados que aspiran a convertirse en miembros de pleno derecho. 
No obstante, la cantidad de fondos que utilicemos tendrá un impacto mínimo sobre la política monetaria o económica en el seno de esta Comunidad, mientras los gobiernos nacionales no recorten sus gastos. 
Pero lo que ellos están haciendo es reducir la tasa de crecimiento y debemos subrayarlo. 
Si contemplamos las cifras, incluso los presupuestos más rigurosos de la Comunidad lo único que están haciendo es frenar la tasa de crecimiento; no están reduciendo gastos. 
Este año lo hemos hecho, pero no podemos continuar haciéndolo eternamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los ponentes por la presentación de sus informes, y aprovechar la ocasión que me brinda este debate presupuestario para hacer referencia al creciente número de informes que apuntan a que los procedimientos necesarios para solicitar financiación comunitaria se hacen cada vez más difíciles, más burocráticos y más exigentes en lo relativo a la necesidad de rendir cuentas. 
Eso no quiere decir que considere que no debe existir un control financiero: el control financiero es necesario. 
No obstante, debe existir también un equilibrio entre el deseo de los solicitantes de participar en los programas de la UE y la cantidad de datos que se exigen actualmente. 
El papeleo, los trámites necesarios para solicitar una subvención de, digamos, 5.000 ecus, son totalmente desproporcionados en relación con el beneficio. 
Muchos de aquellos que tienen derecho solicitarían la subvención si los detalles y la burocracia fueran menos pesados, y me atrevería a decir que son muchos en la Unión los que cumplen los requisitos, pero es posible que los trámites resulten demasiado caros y que el esfuerzo necesario sea desproporcionado. 
La Comisión debe distinguir entre, digamos, sumas de 5.000 ecus y aquellas otras de 50.000 ecus o más para subvenciones a pequeña escala a las PYME- y reconocemos la importancia de las PYME y el importante papel que pueden desempeñar en la creación de puestos de trabajo. 
A las empresas pequeñas no se les debe exigir el equivalente a un título universitario en gestión financiera para poder solicitar una subvención a la Comisión. 
Existe la necesidad urgente de establecer un equilibrio, la necesidad urgente de que se supervisen las solicitudes que recibe la UE. 
Creo que todos los aspectos a los que me he referido son un disuasivo para las pequeñas empresas. 
Me atrevería a decir que eso va totalmente en contra de las intenciones manifiestas de la UE. 
Muy pronto obtendremos la comunicación sobre la moneda única, el ciudadano y la CIG. 
Debemos garantizar cuanto antes que dichos proyectos contarán con la financiación necesaria. 
Para terminar, quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de que el tema relativo al proceso de paz y reconciliación haya quedado resuelto. 
Creo que todos los compromisos serán atendidos antes de que finalice el año. 
El fondo se verá reducido, esperemos que el año próximo debatamos un aumento del mismo. 
Señor Presidente, sólo quiero hacer dos observaciones. 
En este presupuesto, en este juego de ajedrez que es el procedimiento presupuestario, el Parlamento Europeo sacrificó sus mejores piezas ante el Consejo en la primera lectura, y nos encontramos ahora, en la segunda lectura, sin dama, ni torres, ni caballos, ni alfiles, y con un Consejo, enrocado en ese rigor y austeridad, con sus piezas intactas. 
En esa desigual posición sobre el tablero, resultan patéticos los esfuerzos por pedir tablas cuando el Consejo está a punto de darnos el «jaque mate». 
Es el primer presupuesto de crecimiento cero. 
Hubiera sido deseable no haber recortado los fondos destinados a la creación de empleo, los objetivos 2, 3 y 4 de los Fondos estructurales y las políticas internas. 
Es una pésima señal política, puesto que el ahorro se produce justo en aquellas políticas en las que el ciudadano percibe con mayor intensidad la presencia de la Unión. 
Y otra mala señal política es la falta de garantía de que este crecimiento cero será un hecho excepcional y no la pauta hasta, por lo menos, 1999. 
Segunda observación: la prevista reestructuración de las llamadas «líneas A» , especialmente en el ámbito de la cultura, juventud y educación, debería volver a plantearse para 1998, pero- ¡eso sí! -desde un punto de vista objetivo, valorando la eficacia y el efecto multiplicador de las acciones. 
En estas líneas se encuentran iniciativas muy positivas, como, por ejemplo, el movimiento europeo o la asociación interuniversitaria E.S.S.T. Sin embargo, hay una variedad de iniciativas que responden simplemente a un shopping list de los diputados, sin control de su eficacia ni de su necesidad. 
Concluyo. 
Este presupuesto, en su conjunto, muestra una falta de ambición nada conveniente para la dificultad de los retos a los que debe enfrentarse la Unión Europea. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se felicita de haber podido colaborar más estrechamente con la Comisión de Presupuestos del Parlamento, con la Comisión y el Consejo. 
Hemos participado plenamente en el procedimiento ad hoc y deseamos felicitar, en particular, al ponente, Sr. Brinkhorst. 
No obstante, nos sentimos profundamente decepcionados cuando la Comisión de Presupuestos se negó a estudiar las enmiendas a las líneas B1 del informe sobre el presupuesto que proponíamos en nuestra opinión. 
Entre dichas líneas se incluía la promoción de la carne de vacuno- la línea «coma más carne de vacuno». 
Más tarde fue presentada por la Comisión y aprobada en el diálogo a tres bandas, así como por el Consejo. 
Nosotros sostenemos que una promoción de la carne de vacuno por valor de 50 millones de ecus aumentará el consumo en un 1 %, lo que equivaldría a sacar de las cámaras frigoríficas 60.000 toneladas, lo cual nos aportaría unos beneficios del orden de los 70 millones de ecus. 
Creemos que es un negocio bueno e razonable, y esperamos sinceramente que el Parlamento le dé su voto favorable. 
Lamentamos profundamente que el Consejo haya rechazado un línea presupuestaria para la miel. 
Producimos menos de la mitad de la miel que consumimos, a pesar de que tenemos un clima excelente para la apicultura y la producción de miel. 
Espero sinceramente que demos nuestra aprobación a la asignación de fondos para la investigación en apicultura y la producción de miel con cargo a la reserva que hemos aprobado. 
Quizá lo logremos con un poco de buena voluntad. 
Desde hace muchos años venimos defendiendo las ayudas al sector apícola y la producción de miel, pero no hemos asignado fondos a nuestras creencias. 
Habríamos preferido que los fondos para corregir el problema de la superproducción apícola se hubieran sumado al presupuesto, en vez de que se tomen de los ahorros previstos. 
Pero como tenemos garantías de que se cumplirán todos los compromisos relativos a los precios y los costes de las políticas, creemos que nuestros intereses han sido protegidos. 
En definitiva pensamos que se han cumplido nuestros deseos. 
Hemos hecho de enlace, creemos que hemos sido nobles en el debate sobre el presupuesto de este año, aunque, lamentablemente, no hemos establecido una relación de confianza con la Comisión de Presupuestos del Parlamento. 
Señor Presidente, en materia de Fondos estructurales este presupuesto ha significado una muestra de responsabilidad por parte de las diferentes instituciones y, especialmente, por parte del Parlamento Europeo. 
Es cierto que las tasas de ejecución de los Fondos han sido muy diversas. 
El objetivo 1 demostró una tasa muy alta y los objetivos 2 y 5b han incrementado notablemente las suyas, si bien se observa aún una deficiente ejecución, especialmente en el seno de los países más prósperos, que son quienes no deberían tener estas dificultades presupuestarias. 
El ligar la evolución de la categoría 2 a la evolución de las tasas de ejecución es apostar por una mayor eficacia en la gestión y un mayor rigor presupuestario en los Estados miembros. 
Por eso, y a pesar de que resulta difícil para un Parlamento aceptar un recorte- aunque sea contable- en los Fondos estructurales, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y trasladamos ahora a los Estados miembros la obligación de gastar bien, de ejecutar bien los Fondos estructurales, evitando así que en presupuestos venideros los recortes pudieran ser mayores. 
Es preciso recordar a todos que el presupuesto de la Unión Europea es también un instrumento para asegurar la cohesión económica y social. 
Este principio debe inspirar el procedimiento presupuestario desde su comienzo. 
Por tanto, y a pesar de que el Parlamento Europeo haya aceptado este recorte contable en la categoría 2, no debe ser tomado como un abandono de la búsqueda de la cohesión económica y social. 
Si algún día- y esperamos que no llegue- alguien toma una iniciativa que signifique un recorte real en la categoría 2, sepa que el Parlamento Europeo estará en contra. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre di mi Grupo, deseo ante todo felicitar a los dos ponentes por haber llevado a cabo esta difícilisima tarea, es decir, el presupuesto general para 1997. 
Hasta este año nunca nos encontramos ante un presupuesto tan difícil, incluso en el ámbito de los recortes, a veces algo mezquinos, con vistas a 1999. Hasta este año nunca nos encontramos ante un interlocutor tan sordo como el Consejo a las justas, necesarias y obligadas reivindicaciones del Parlamento. 
El Consejo es incapaz de definir una política propia en materia de presupuesto; es incapaz de plasmar sus declaraciones, cuando en Florencia adquirió compromisos precisos que después y de forma deliberada no cumple tanto por lo que atañe al Pacto de confianza como con respecto a la refinanciación, al menos, de las prioridades que el mismo definió; es incapaz de llegar a un acuerdo con el Parlamento sobre la cuestión de los fundamentos jurídicos y, en consecuencia, de conferirles fuerza y de ofrecer también a la Comisión la posibilidad de ejecutar el presupuesto con conocimiento de causa. 
De hecho, por contra, el Consejo se somete al capricho de un Estado miembro que, precisamente en cuanto a los fundamentos jurídicos, está intentando en realidad impedir el correcto funcionamiento de las Instituciones; en materia de pesca, asimismo, da largas a un compromiso aceptado desde hace mucho tiempo; en definitiva, hace de todo para poner en duda la existencia misma de las Instituciones y su capacidad de trabajar. 
En consecuencia, el Parlamento hará muy bien en contestar con firmeza a todo esto a través del presupuesto que se someterá a votación el próximo jueves. 
Señor Presidente, Señorías, el 19 de noviembre de 1996, el Consejo aprobó en la segunda lectura un presupuesto de crecimiento cero en relación con el presupuesto de 1996. 
Quiero recordar que el Parlamento Europeo aceptó en la primera lectura la idea de un crecimiento cero, reduciendo los gastos de agricultura en mil millones de ecus y los importes destinados a los Fondos estructurales, igualmente, en mil millones de ecus. 
En la segunda lectura, el Consejo aprobó que se incluyera en el presupuesto para 1997 el programa de apoyo a los productores de carne de vacuno con mil millones de ecus, aprobando sólo lo que había aprobado en la primera lectura. 
El Parlamento Europeo, Señorías, se ha desvestido solo y ahora descubre atónito que va por las calles totalmente desnudo. 
Este presupuesto es la personificación de la pobreza, es un presupuesto hecho para la minoría de los poderosos y no para la mayoría de los débiles. 
Es un presupuesto que hará más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. 
Es un presupuesto contraproducente para el desarrollo y socialmente insensible. 
Los pueblos de Europa, Señorías, están despertando. 
Los trabajadores y la clase media-baja está echándose a la calle. 
La explosión social se acerca, mientras el Parlamento Europeo, lamentablemente, se pliega una vez más a las presiones del Consejo. 
Si no nos damos cuenta de esto y no transmitimos el mensaje de que detrás de los números hay personas, llegará la hora en que nosotros también despertemos, pero será muy tarde. 
Me complace dar mi voto desfavorable a este presupuesto de la pobreza y la austeridad. 
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto para 1997 no ha sido un procedimiento presupuestario satisfactorio. 
Para mí ha sido más bien frustrante. 
Voy, y creo que puedo decirlo en nombre de muchos de nosotros, a votar a favor de la propuesta de la Comisión de Presupuestos con un alto grado de resignación. 
También, sin duda, por sentido de la responsabilidad. 
Pero no es éste el presupuesto que algunos hubiéramos deseado y que considerábamos posible en el respeto del Acuerdo interinstitucional, pero también conforme a las necesidades de la Unión para el año que viene. 
Señorías, se ha dicho- se ha publicado incluso- que éste ha sido un procedimiento presupuestario innovador en muchos campos y que ésta será la primera ocasión en que el presupuesto será inferior al anteproyecto presentado en primavera por la Comisión. 
Cierto sin duda, pero también será la primera vez que el Parlamento vote el presupuesto soñado por el Consejo, y ello sin obtener nada a cambio. 
No hemos avanzado en la resolución del sempiterno problema de la clasificación de gastos obligatorios y no obligatorios. 
Hemos hablado bastante, pero no hemos avanzado un palmo en materia de bases legales. 
Ni tan siquiera hemos logrado una revisión menor- menor, insisto- de las perspectivas financieras para cumplir las prioridades que hemos fijado el Consejo y el Parlamento. 
Y la prepotencia del Consejo ha llevado a algunos de nuestros colegas a proponer la ruptura del Acuerdo interinstitucional. 
Incluso el funcionamiento del programa MEDA estuvo en peligro hasta ayer noche. 
No es un balance satisfactorio, Señorías. 
También, Señorías- y permítanme que les recuerde que será por primera vez -, el Parlamento se dividió casi por mitades en una cuestión estratégica en el curso de la primera lectura, y una minoría de bloqueo- pero sin duda minoría, al fin y al cabo- impuso su punto de vista a la mayoría en el recorte del millardo de ecus en los Fondos estructurales- en los créditos de pago, por supuesto- en los programas de reconversión industrial y de lucha contra el paro. 
Una minoría impuso esta política. 
Es una cuestión que va mucho más allá de las cifras y los tecnicismos e incluso del apoyo a las políticas nacionales de austeridad. 
Detrás del recorte, yo veo el ánimo de respaldar ideológicamente los recortes nacionales de las políticas sociales y de bienestar social decididas en aras de Maastricht. 
Veo un intento de desprestigiar la política de cohesión, que ya es la segunda política de la Comunidad, y veo también- me atrevo a aventurar- el deseo de algunos de rebajar de antemano las bases de cálculo de los costes estructurales de la ampliación que deseamos al Este. 
Esto es lo que yo veo detrás de este presupuesto y de este recorte, no una política de austeridad y rigor. 
Por lo tanto, malos mensajes para los ciudadanos europeos y unos malos mensajes y unos malos procedimientos de trabajo que nos han de hacer reflexionar sobre nuestra propia institución. 
Señor Presidente, quisiera decir que no debemos creer que hemos sufrido una derrota. 
Por otro lado, se ha dicho siempre que el Parlamento ha sufrido una derrota, y creo que decididamente no es cierto. Hemos logrado establecer nuestras prioridades en el actual presupuesto. 
Es un hecho. 
Teníamos 400 millones con los que no sabíamos qué hacer, y hemos podido colocar 375 de los 400 millones. 
Por consiguiente, todos aquellos que digan que hemos sufrido una derrota, se equivocan. 
Esta era la primera cuestión, señor Presidente. 
La segunda cuestión que quisiera señalar al Sr. Samland es que hacemos un presupuesto para un año, no para diez. 
El año que viene, la situación será diferente, y por ello quiero avisar al Consejo. 
El Acuerdo Interinstitucional no está garantizado para un período 10 años, sino sólo para este año. 
Este año no había ninguna razón para cancelar el Acuerdo Interinstitucional. Hemos logrado dar a nuestras prioridades el lugar que se merecen y a fin de cuentas, de eso se trata. 
Señor Presidente, se pueden reprochar muchas cosas al Consejo, pero no se puede reprochar al Consejo en sí, sobre todo no al Consejo de Presupuestos, de que no esté dispuesto a asumir esta perspectiva. 
Sabemos que a más alto nivel se han tomado decisiones en esa dirección, y entonces no se pueden hacer reproches al Consejo de Presupuestos. 
Lo que sí podemos reprochar al Consejo de Presupuestos es la manera, y debo decir, la manera bastante pueril, en que trata la categoría 3. 
Señor Presidente, es que parece un parvulario. 
Cada propuesta procedente del Parlamento y de la Comisión es rechazada, y al mismo tiempo hay ministros de Estados miembros que dicen al Parlamento: por favor, ocúpense de que se dé dinero para mi sector en la categoría 3. 
Pero sería muy sensato que el Consejo de Presupuestos mantuviera más contactos con sus propios ministros, para que funcionaran como una autoridad presupuestaria real en el ámbito de la categoría 3. 
Señor Presidente, la principal cuestión que queda todavía es la base legal. 
Si el Consejo sigue por este camino, pienso que en efecto está dinamitando el Acuerdo Interinstitucional. 
Que el Consejo se apresure a lograr un acuerdo sobre la base de las sensatas propuestas del Sr. Christodoulou y que trabaje más sensatamente en toda la categoría 3, y quizás entonces consigamos salir adelante. 
Señor Presidente, el Parlamento mantiene una red de oficinas de información en las capitales de cada uno de los Estados miembros. 
Los gastos considerables que supone la financiación de dichas oficinas y del personal asignado a las mismas corren a cargo del presupuesto anual del Parlamento. 
Su función, según tengo entendido, es difundir información y velar por los intereses de esta institución de forma imparcial en el país en que se encuentren. 
Desde hace algún tiempo, esta institución ha sido el blanco de ataques hostiles en algunos Estados miembros- no en base a las políticas que persigue el Parlamento, sino mediante insinuaciones insidiosas sobre la administración interna del Parlamento. 
Dichos ataques han culminado recientemente en el típico programa de descalificaciones realizado por una compañía de televisión inglesa que se ha emitido en tres o cuatro Estados miembros. 
¿Qué han hecho las oficinas de información para rebatir los alegatos que hacía dicho programa de televisión? 
Por lo que he podido ver, los funcionarios destinados a dichas oficinas rara vez, si acaso, se esfuerzan realmente por defender los intereses del Parlamento y de sus diputados cuando se producen ataques de este tipo. 
Cuando alguna vez hacen algún esfuerzo, éste suele ser demasiado tímido y decididamente llega demasiado tarde. 
La mayoría de las organizaciones que operan a nivel multinacional han desarrollado una política de rotación del personal ejecutivo. 
Lo que pido hoy, señor Presidente y Señorías, es que apliquemos un proceso de rotación en dichas oficinas para que cada cuatro años se produzca una rotación de los grados «A» en las oficinas con objeto de que se familiaricen unos con otros y con el trabajo de este Parlamento y de sus diputados. 
Hay otro asunto que me gustaría plantear. 
Es relativo al apartado 8 del informe, al que hemos presentado propuestas relativas a las dietas, los gastos y las condiciones de trabajo de los diputados, incluido el estatuto único para los diputados al PE. 
Teniendo en cuenta que hemos nombrado una comisión, una subcomisión y una comisión ad hoc para que se ocupen de este asunto, creo que es un craso error que el Presidente y la Mesa salientes tengan las manos atadas, ahora y en el futuro, en lo relativo a este tema de máxima importancia. 
Estoy pidiendo, como enmienda, que se presente a la Mesa un informe lo antes posible, en vez de que ésta lo reciba cuando se inicia el examen de los proyectos de estimaciones para 1998. 
Para que dicha comisión funcione como es debido es fundamental que disponga de tiempo para realizar su trabajo correctamente. 
Queda aplazado el presente debate para dar paso a la votación. 
El debate se reanudará a las 15.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, con la propuesta de la Comisión se intenta una vez más homogeneizar a nivel de la Unión Europea la homologación de los tractores agrícolas o forestales. 
El objetivo que se persigue es un mejor funcionamiento del mercado interior. 
La actualización de los requisitos se llevará a cabo aumentando la velocidad máxima permitida en la actualidad de 30 km/h a la de 40 km/h. 
Como ponente, desearía señalar que me resulta muy difícil aceptar la enmienda nº 4, presentada por los grupos del PPE y del PSE. 
Los dos primeros párrafos de dicha enmienda se han tomado ya en consideración en las directivas modificadas por la presente directiva, y no puedo aceptar la segunda frase del tercer párrafo, ya que lo que no recae dentro de las competencias de esta directiva corresponde en cualquier caso a un ámbito de decisión de carácter nacional. 
Así pues, los Estados miembros podrán seguir decidiendo libremente en el futuro la concesión de una homologación nacional a aquellos tractores cuya velocidad máxima por construcción supere los 40 km/h. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, solicité formular esta explicación de voto, habida cuenta de que voté en contra del informe del Sr. Burtone, después de las afirmaciones vertidas ayer por el ponente. 
Deseo leerles las que el mismo recalcó como prioridades del informe: » tratamiento del toxicómano como enfermo y no como criminal; compromiso en cuanto a los aspectos sociales; alcance del programa para todos los tipos de droga; estudio del ambiente carcelario; acciones de formación; intervenciones in situ; diálogo con los jóvenes; papel de la familia; reducción de los riesgos; cooperación con las ONG; coherencia con los demás programas; interés especial hacia los grupos de riesgo». 
Esto es lo que escribe el Sr. Burtone. En este informe nunca se trata de un problema de legalización o no legalización. 
Por lo tanto, al presentar el informe, como hizo ayer, como si fuera un informe definitivo sobre el tema de la legalización o del fracaso del prohibicionismo, que todavía ha de ser debatido en su totalidad, el Sr. Burtone cometió un acto que yo considero grave, habida cuenta de que no respetó los que son los contenidos que figuran en el informe. 
Por estos motivos, he manifestado mi voto en contra que he querido motivar a través de mi explicación de voto. 
Como ya manifesté en primera y segunda lectura, apoyo el serio trabajo del Sr. Burtone, en tema de tanta importancia- sobre todo para los jóvenes- como es este programa de acción comunitario relativo a la prevención de la toxicomanía. 
La posición común del Consejo no ha seguido ni la propuesta original de la Comisión ni todas las modificaciones del Parlamento en campos tan necesarios como son la prevención, las terapias sustitutivas, las ayudas a familiares o tutores de toxicodependientes, la información en los ámbitos de jóvenes, etc... 
Ello me lleva a apoyar, de nuevo, al ponente y a suscribir con él: » que los toxicómanos son, ante todo, personas que padecen un problema de salud» ; a pesar del rechazo del Consejo en aceptar enmiendas que reforzaban con hechos esta postura. 
La droga es una lacra que no solamente mata poco a poco a las personas, con frecuencia jóvenes, sino que destruye familias enteras, desestructurando así la sociedad. 
Por desgracia, ya no se trata de un fenómeno reservado a algunos medios sociales, a algunos intelectuales en busca de evasión, sino de un tráfico organizado a escala mundial. 
La venta libre de drogas, aun limitada a las llamadas blandas, no resolverá el problema sino que, antes al contrario, lo agravará. 
Un joven que no se vea tentado podrá evitar la trampa de la adicción. 
Por el contrario, si se vende este producto a la salida de los colegios, aun sin el atractivo de lo prohibido, su consumo aumentará de forma inevitable. 
Esto es lo que prueba la experiencia iniciada por algunos países, sobre todo Suecia, hace algunos años. 
Por otra parte, sabemos que, en este caso, se produce inevitablemente el paso de las drogas blandas a las duras. 
En mi región, por ejemplo, se percibe un repunte del éxtasis y de la heroína. 
La lucha contra la toxicomanía sobrepasa los medios de cualquier Estado. 
Debe ser organizada como mínimo a nivel comunitario. 
Me alegro por tanto de que se haya alcanzado un acuerdo sobre este programa comunitario en materia de prevención de la toxicomanía. 
Las medidas previstas parecen ir por el buen camino. 
Por tanto, la política de lucha contra la droga debe ser global. 
La represión es necesaria pero insuficiente. 
Es preciso que desarrollemos paralelamente otros tres aspectos capitales. 
El primero, la prevención; es indispensable informar y educar a todos los grupos sociales afectados. 
A continuación, el tratamiento a los enfermos para evitar que contraigan otras enfermedades y ayudarles a salir de la dependencia. 
Finalmente, la promoción de productos de sustitución para evitar principalmente la propagación del sida. 
Juntos podremos combatir eficazmente el problema. 
Espero que este programa de acción tenga un gran éxito y sea el preludio de una mejor cooperación entre los Estados miembros. 
Es necesario que la lucha contra los narcóticos se lleve a todos los niveles. 
Por eso es positivo que la UE dé primacía a esta cuestión, pero su programa invita a que se hagan diversas interpretaciones por lo que yo, que represento una alternativa de política restrictiva en torno a la droga, he decidido abstenerme de votar. 
Es necesario que la lucha contra los estupefacientes se lleve a todos los niveles, local, nacional e internacional. 
Por tanto, es positivo que también la UE dé primacía a esta cuestión. 
Hay muchos aspectos de gran calidad en el programa, por ejemplo, la inversión en trabajos de información, de intercambio de experiencias y de formación. 
Los diputados suecos en favor del medio ambiente, que representamos una alternativa de política restrictiva en torno a la droga, no podemos, no obstante, votar a favor del programa de acción por los siguientes motivos: 
No se dice explícitamente si el programa de acción apoya una política liberal o restrictiva en torno a la droga.-El objetivo es «coordinar las políticas de los Estados miembros» (artículo 1). 
La cuestión es qué política se prevé aplicar, el modelo restrictivo sueco o, lo que es más probable, el liberal holandés? 
Pensamos que la política en torno a la droga es de competencia nacional.-Se considera a las personas adictas como enfermas, o sea que se despenaliza el consumo personal. 
Esto va en contra de la opinión y la legislación suecas.-La ayuda económica se concederá también a proyectos drogoliberales, como ciudades piloto y organizaciones no gubernamentales, lo cual no aceptamos.-El programa induce a muchas y diversas interpretaciones y desviaciones, lo que se observó además en el debate celebrado en el Pleno. 
Varios oradores hicieron referencia al proyecto irlandés de revisión del Tratado de Maastricht, donde figura como artículo que la UE «llevará a cabo unas acciones uniformes en lo referente a ciertos aspectos del comercio ilegal de narcóticos» , y han dicho que el informe Burtone constituye un paso importante en esta dirección. 
Es nuestra firme convicción que la legislación en torno a la droga no puede, bajo ninguna circunstancia, ser un asunto que se decida a nivel de la UE. 
Durante el debate ya cerrado sobre el programa de acción relativo a la prevención de la toxicomanía, el Parlamento Europeo ha contribuido activamente a garantizar que todos los aspectos importantes de esta cuestión y sus causas sean incluidos en el programa. 
Después, el Parlamento ha señalado la necesidad de adopción de una serie de medidas que van desde la información general a los ciudadanos hasta un esfuerzo especial dirigido a los grupos de riesgo. 
El programa permite, además, la aplicación de iniciativas en apoyo de los ex-toxicómanos (incluida la formación) y la adopción de medidas para limitar los daños y consecuencias sociales negativas para las personas que son o han sido toxicómanos. 
Debido al alcance de la toxicomanía, es importante apoyar el programa de acción. 
Me parece muy positivo que la Comisión tenga la intención de presentar propuestas relativas a la participación en la aplicación concreta del programa de órganos públicos y privados, incluidas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de ayuda voluntaria y comunidades de tratamiento y de convivencia. 
Informe Schnellhardt (A4-0406/96) 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha votado a favor del informe Schnellhardt a pesar de que tenemos graves objeciones ya que la Comisión ha suprimido sencillamente en la propuesta la parte relativa al etiquetado del alcohol. 
Nuestra posición sigue siendo muy débil. 
Dependemos de la benevolencia de la Comisión, quien ha declarado que va a realizar una propuesta. 
Creo que todos estábamos de acuerdo en esta Asamblea en que tiene que existir una propuesta sobre el etiquetado del alcohol, no solamente porque este es el deseo de las consumidoras y consumidores sino también porque existen otras consideraciones que así lo exigen. 
Por ejemplo, existen grupos de personas que necesitan un etiquetado pues no pueden tomar alcohol por motivos de salud. 
Por ello, no es en absoluto comprensible porqué se ha cedido a la presión del lobby del alcohol. 
En el futuro deberemos estar muy atentos y comprobar si la Comisión cumple realmente su promesa. 
El Parlamento debe tomarlo muy en serio. 
No nos tomaríamos en serio a nosotros mismos si no instásemos la Comisión para que presente muy rápidamente una propuesta de etiquetado. 
Esto fue lo acordado en el Comité de Conciliación y la Comisión no puede eludir este compromiso. 
Es nuestra tarea como Parlamento vigilar que se realice esta propuesta, que sea aplicable en concreto y que no haya lagunas o posibilidades de eludir dicha obligación de etiquetado. 
Nuestro grupo político va a estar muy vigilante para que la Comisión presente muy pronto una propuesta sobre el etiquetado del alcohol. 
Este es el perentorio deseo de los consumidores y debemos tenerlo en cuenta. 
Informe von Wogau (A4-0390/96) 
Precisamente como hicimos ya con ocasión de la segunda tramitación de este informe, presentamos esta declaración al tiempo que votamos en su favor: 
Suponemos que el programa Aduana 2000 trata de llegar a un acuerdo a nivel comunitario sobre los criterios para la amplitud mínima de los controles que se realizarán. 
Puesto que los Estados miembros se gobiernan hoy por hoy según legislaciones distintas dentro de, por poner un ejemplo, el ámbito del control del tráfico de armas y de estupefacientes, no creemos que pueda hacerse una interpretación común de las competencias de sus autoridades aduaneras. 
En nuestra opinión, cada país miembro debe poder decidir sobre el alcance de los controles que desea realizar en sus fronteras con otros países de la UE. 
Por tercera vez vuelve al Parlamento Europeo el programa de acción «Aduana 2000» , conforme al proceso ordinario del procedimiento de codecisión, después de que las divergencias entre el Consejo y este Parlamento se hayan reducido y de que el Comité de Conciliación haya aprobado un proyecto común. 
Este programa, del que sólo se puede aprobar su principio mismo puesto que pretende perfeccionar la formación de los agentes de aduanas nacionales y facilitar la cooperación entre sus administraciones, ha experimentado por desgracia durante el debate varias transformaciones en sentido negativo. 
Vamos a examinar un ejemplo que dará nueva luz al funcionamiento concreto del procedimiento de codecisión. 
Muestra que tal procedimiento permite al Parlamento, con el pretexto de una «democracia europea» que no existe, hacer prevalecer los puntos de vista más integracionistas. 
Después de haber estudiado el ejemplo se comprende mejor por qué los federalistas alaban la codecisión y les gustaría, con ocasión de la CIG, ampliarla a todas las materias de «naturaleza legislativa». 
En este expediente de hoy, el procedimiento de codecisión ha permitido al Parlamento Europeo inscribir el programa Aduana 2000 en la perspectiva de una unificación progresiva de las aduanas nacionales y de «la evolución del mercado interior hacia un auténtico mercado doméstico europeo» , según los términos del segundo considerando de la decisión. 
Esta noción de «mercado doméstico» de la que yo ya denuncié su aparición durante mi primera intervención sobre Aduana 2000, el 25 de octubre de 1995, se encuentra así legitimada por primera vez, con el aval del Consejo de Ministros, en una decisión oficial y común de las diferentes instituciones. 
Así, se encuentra aprobada al más alto nivel una deriva del mercado interior hacia la unificación integral de los países miembros, que la mayoría de los gobiernos que apoya este texto tendría muchas dificultades para defender de manera clara y transparente ante sus electores. 
Efectivamente, la expresión «mercado doméstico» apareció por primera vez en la comunicación de la Comisión del 8 de mayo de 1992 relativa a la supresión de controles en las fronteras. 
En ella se decía que para que el mercado (interior) funcione en las condiciones de un mercado doméstico, es necesario llevar a cabo la supresión de las fronteras físicas, es decir, la supresión de todo tipo de controles... al igual que ocurre entre las regiones dentro de un mercado nacional. 
Este objetivo que, en aquellos momentos, el Consejo se había cuidado de ratificar directamente, se encuentra ahora confirmado oficialmente por el considerando 2, e incluso definido con precisión como la supresión de las diferencias entre el mercado interior y los mercados domésticos de los Estados miembros. 
No es ocioso recordar que ha sido el propio Parlamento quien, en la primera lectura de codecisión, introdujo este objetivo en el texto presentado por el Consejo, que este último lo retiró posteriormente, que el Parlamento lo reintrodujo en segunda lectura y, finalmente, que el Comité de Conciliación permitió que el Parlamento obtuviera una victoria total. 
¡Viva la codecisión! , gritan los federalistas y se comprende por qué. 
Pero, en el fondo, no nos parece que esta profundización del mercado interior hasta su unificación total se corresponda con la voluntad de los pueblos afectados, que pretenden conservar su identidad y capacidad para diferenciarse. 
Además, sus ventajas económicas y sociales son dudosas, como yo mismo expuse aquí en mi intervención del pasado 26 de noviembre sobre el informe relativo al mercado único en 1995. 
De hecho, esta carrera frenética hacia la unificación tiene como objetivo ante todo allanar las diferencias que pudieran constituir otras tantas dificultades para el funcionamiento de la moneda única. 
El engranaje a integrar (o más bien a desintegrar) está en marcha. 
Acojo con satisfacción el programa de acciones plurianuales en el ámbito de la aduana comunitaria. 
Creo que ayudará a fortalecer la eficacia operativa de nuestro sistema de aduanas en las fronteras exteriores de la Unión. 
Los servicios de aduanas tienen que desempeñar una función determinante no sólo en lo relativo al buen funcionamiento del mercado interior, sino también en lo relativo a la lucha contra el narcotráfico, un problema especialmente importante en nuestras fronteras este-oeste. 
Además, si queremos asegurarnos el éxito en la lucha contra los señores de la droga, cada Estado miembro debe tener un equipo mixto antidroga que esté formado por policías y aduaneros y que opere bajo una única dirección. 
Si dichos equipos operan bajo una Europol fuerte, habremos dado un gran paso en la lucha contra las drogas. 
(DA) Hoy hemos votado en contra del programa de acción para las aduanas de la Comunidad (Aduana 2000) , ya que, en nuestra opinión, en él no se respeta la soberanía de los Estados miembros. 
Cada Estado miembro debería seguir decidiendo cómo quiere controlar sus fronteras, formar su personal, etc. 
La idea de que en adelante el personal de aduanas lleve una insignia de la Unión nos parece muy extraña. 
Es otro símbolo vacío de la Unión y un intento de llamar la atención sobre sí misma. 
Los aduaneros y los otros empleados no son responsables ante la Unión, sino ante las autoridades nacionales. 
La legislación actual de los Estados miembros sobre la importación de diferentes tipos de mercancías, como las drogas y las armas, varía mucho de un país a otro, y así debe seguir en el futuro, por lo que no vemos ningún motivo para armonizar la legislación en este ámbito. 
El programa alienta, además, la conversión de las aduanas nacionales en un asunto comunitario y fomenta el objetivo de un mercado aún más estandarizado que el actual mercado interior, que prácticamente despoja a los Estados miembros de cualquier forma de individualidad en su legislación. 
En el Comité de Conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros Europeo se ha llegado por fin a un acuerdo en lo tocante al programa de acción para el sector aduanero de la Comunidad. 
Saludo que en el programa «Aduana 2000» se haya incluido una serie de elementos a favor de los cuales se pronunció el Parlamento Europeo en diversas ocasiones. 
Me parece importante en especial la medida «psicológica» de que en el futuro los funcionarios de aduanas deban llevar junto a sus distintivos nacionales el símbolo de las doce estrellas en su uniforme. 
Esto señaliza que los funcionarios de aduanas están también al servicio de Europa y que deben cumplir importantes tareas europeas. 
Para poder cumplir óptimamente estas tareas, el Parlamento Europeo ha marcado otros objetivos centrales. 
En el programa «Aduana 2000» se quiere 
mejorar la formación conjunta de los funcionarios de aduanas en el sentido de una cooperación a nivel europeo, además para todas las categorías de funcionarios, -mejorar la informatización de todas las administraciones de aduanas y la armonización de los datos y programas-y fomentar la movilidad de los funcionarios mediante un intercambio a largo plazo entre las administraciones nacionales.Pero estos positivos elementos solamente surtirán efectos si los Estados miembros están dispuestos a utilizar concretamente las posibilidades de cooperación a nivel europeo en el ámbito aduanero. 
En cualquier caso, los diputados europeos no van a escatimar esfuerzos para que el programa «Aduana 2000» se aplique en la práctica en cooperación con la «Unión del personal financiero en Europa» así como con los sindicatos aduaneros nacionales. 
Sólo así será posible fortalecer la lucha contra la delincuencia fiscal, las infracciones de tránsito y el tráfico de drogas (sólo por mencionar estos ejemplos) en interés de los ciudadanos de Europa. 
En un gran mercado interior europeo, es absolutamente necesaria la cooperación de los funcionarios aduaneros a nivel europeo. 
Para mí supone una gran alegría que, después de largos debates entre el Parlamento Europeo y el Consejo, se haya alcanzado un acuerdo sobre el programa de acción propuesto por la Comisión (Aduana 2000). 
Es conveniente recordar que este programa tiene por finalidad el desarrollo y la modernización de los sistemas aduaneros de los 15 Estados miembros con el objetivo de garantizar un control eficaz en las fronteras exteriores de la Unión y, por lo tanto, una mejor gestión del mercado interior. 
Durante el examen de la propuesta, el Parlamento Europeo ha concedido especial importancia a la necesidad de un sistema de datos común y de una cooperación más estrecha entre los Estados miembros de la Unión para luchar contra el fraude. 
En relación con ello, no hay que olvidar la promesa de la Comisión de investigar en estrecha cooperación con los Estados miembros, teniendo en cuenta el principio de subsidiaridad, la posibilidad de un intercambio a largo plazo de los funcionarios de aduana como parte de su formación profesional, y los esfuerzos generales para reforzar el intercambio de experiencias entre las administraciones nacionales de los Estados miembros. 
Un mercado interior con 15 administraciones de aduanas diferentes parece a primera vista una paradoja. 
Quizás se deba a que nuestro modo de pensar está aún muy vinculado a las estructuras del clásico Estado nacional tal como se formó en la Edad Moderna europea. 
No se trata aquí de símbolos del poder del Estado o de anticiparse a un «Estado nacional europeo unitario» sino de problemas muy prácticos de funcionamiento del mercado interior de la CE. 
Una comunitarización del procedimiento de cooperación entre las autoridades aduaneras nos parecía la solución más elegante. 
Pero, por lo visto, esto no ha sido posible. 
El compromiso incompleto que hoy se ha presentado quizás sea un buen enfoque para lograr una nueva creatividad que nos ayude a encontrar soluciones que hagan del mercado interior un auténtico «mercado patrio» que sea controlable y regulable democráticamente sin que quede sometido a un Estado unitario. 
Informe Tsatsos (A4-0342/96) 
He votado a favor del informe Tsatsos. 
En calidad de antigua presidenta de la Alianza Libre Europea (Partido Democrático Popular Europeo) que ha evolucionado de una humilde fundación en 1981 hasta convertirse en una asociación que aúna en la actualidad a más de 20 partidos regionales, nacionales y autonómicos de la Unión Europea, estoy convencida de los beneficios que aportan los esfuerzos para fomentar los contactos internacionales entre los partidos políticos. 
Creo que, en su momento, deberán destinarse recursos con cargo al presupuesto europeo para dar el apoyo técnico y material que facilite este tipo de cooperación, y espero con interés el día en que la Alianza Libre Europea obtenga el mismo reconocimiento que otros movimientos políticos europeos. 
Los socialdemócratas daneses se han abstenido en la votación del informe del Sr. Tsatsos por los siguientes motivos: 
En Dinamarca no existe ninguna legislación sobre la fundación de partidos políticos. 
No tenemos disposiciones que definan las asociaciones políticas de forma que puedan ser reconocidas como partidos. 
No obstante, existen en la Constitución danesa preceptos que permiten la prohibición de los partidos que hagan uso de la violencia, dado que son inaceptables. 
Desde el punto de vista danés, es un problema la atribución al concepto de ciudadanía de la Unión de una función principal en el informe. 
Con los acuerdos de Edimburgo, Dinamarca dejó claro que la ciudadanía de la Unión no sustituye a la ciudadanía nacional. 
Al mismo tiempo, nos vemos obligados a precisar que los partidos no representan la voluntad política de los ciudadanos, sino de sus miembros. 
Es obvio que cualquier representante elegido directamente por el pueblo ha sido elegido por su propia voluntad política. 
Así lo declara, por ejemplo, la Constitución danesa. 
En el informe se preven normas sobre «ciertos derechos de los partidos políticos europeos» , tales como el derecho a presentarse como candidato en las elecciones. 
No lo entendemos. 
No existe ninguna ley electoral común, por lo que los candidatos no se pueden presentar a nivel europeo. 
Hoy las asociaciones políticas reciben ayudas financieras a través de una partida presupuestaria. 
Somos partidarios de que, en relación con el artículo 138A, los partidos políticos europeos puedan recibir ayudas a través de una partida presupuestaria en las mismas condiciones que estas asociaciones. 
Por eso, no estamos de acuerdo con el razonamiento de que las ayudas a los partidos políticos exijan un fundamento jurídico independiente para cumplir los criterios de transparencia y credibilidad. 
Hoy en día el presupuesto se controla de tal forma que no es posible cometer fraudes o estafas sin que sean descubiertos. 
Por eso, no vemos ningún motivo para aplicar el artículo 235 del Tratado de la Unión en relación con las ayudas financieras a los partidos políticos europeos y rechazamos la propuesta de aplicar el artículo 235 en relación con este tema. 
He votado en contra de la aprobación del informe Tsatsos ya que considero que la tarea de los partidos es ante todo unir a los ciudadanos a nivel nacional con el fin de influir en las cuestiones relativas a la sociedad, para lo cual el mejor canal que existe lo constituyen los parlamentos nacionales. 
La cooperación entre los partidos nacionales es positiva y merecedora de todo apoyo, y también aquí, en el Parlamento Europeo, tenemos buenas experiencias de este tipo de cooperación. 
En el marco de la cooperación entre distintos partidos nacionales también tienen cabida las opiniones de los representantes de países pequeños. 
Por el contrario, en los partidos a escala europea, sobre los que trata el informe Tsatsos de cara a la consolidación de su situación, se pierde la voz de los ciudadanos de estos países más pequeños. 
Los partidos europeos gozarán de una implantación que inspire confianza únicamente cuando los propios ciudadanos europeos se manifiesten a favor de los mismos. 
No puedo aceptar la financiación de los partidos europeos que se propone en el informe. 
En cambio, continúa siendo tarea del Parlamento Europeo ofrecer las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de sus grupos políticos. 
La transparencia que se propone en el informe para dicha financiación constituye un punto excelente, si bien también es posible- si así se desea- lograr esta transparencia en el marco que ofrece el sistema actual. 
Esta explicación de voto es también, y sobre todo, una afirmación inequívocamente política de principios y valores políticos. 
La «construcción europea» ha estado caracterizada, desde nuestro punto de vista, por la intención primordial de servir a intereses económicos a partir de presupuestos políticos que como mínimo se deben- consideramosdiscutir. 
En esa «construcción europea» aparecen ahora, como elementos integrados, los «partidos europeos». 
Así como impugnamos los presupuestos políticos que fundamentan la «construcción europea» al servicio de los intereses que sirve, con mayor razón tenemos toda clase de reservas sobre una construcción de órganos políticopartidarios, forjados en ese marco y resultantes de acuerdos entre cúpulas o creados en «laboratorio». 
Nos parece significativo que el debate sobre este tema se haga al final de un año en que hay partidos políticos que conmemoran sus 75 años de existencia y, muy en particular, que coincida con el final del congreso del partido por el que nos presentamos candidatos, nacido en 1921 y fortalecido en un largo recorrido que le formó una identidad, confirmada una vez más en ese congreso. 
De modo que rechazamos los acuerdos prefabricados, los modelos y las fórmulas notariales, todo el oportunismo compensado por grandes beneficios materiales, pero no nos excluimos de procesos de negociación política que adecuen las estructuras político-partidarias a las situaciones reales siempre en transformación y no nos oponemos a formas de cooperación y organización interpartidaria sin ningún tipo de concepción preconcebida, siempre que no pongan en entredicho identidades resultantes de vivencias colectivas que transcienden coyunturas y reflejan expresiones populares profundas. 
Del presente informe del diputado Sr. Tsatsos se desprende clarísimamente una cuestión: las dos familias numéricamente grandes de este Parlamento, los socialistas y los cristianodemócratas, vuelven a tener hambre de dinero, mucha hambre de dinero. 
¿Cuál puede ser la causa? 
¿Un control más rígido de la financiación de los partidos en los Estados nacionales? ¿El hecho de que en todos los países de Europa un número cada vez mayor de políticos sea acusado de corrupción y estafa? 
El hecho es que en este Parlamento hay una unanimidad casi total para volver a hurgar en los bolsillos del contribuyente. 
Por lo visto, los políticos de los partidos poderosos no tienen nunca suficiente dinero. 
El ciudadano de a pie de cualquier país europeo tendrá que cargar con la megalomanía de una casta de políticos aprovechados. 
En Flandes, uno de los parlamentarios de mi partido ha dicho en el parlamento que los políticos son parásitos casi por definición, que se enriquecen casi por definición a costa de la sociedad. 
Sé que no es el caso de todos los políticos. Pero también sé que es el caso de la política en este Parlamento Europeo, una política que incluso es casi sinónimo de abuso. 
Aparte de estas consideraciones, no obstante fundamentales, ni que decir tiene que en sí también rechazo la idea de «partidos políticos europeos». Es el enésimo atentado contra la soberanía nacional, y el enésimo paso hacia una Europa inodora e incolora, donde desaparecen o se borran al máximo las diferencias nacionales. 
Naturalmente, es preciso que haya una cooperación transnacional entre los partidos políticos europeos. Pero estos partidos han de preservar su identidad nacional y su capacidad de decisión. 
En realidad, el presente informe no es más que una oda al dinero como instrumento de poder contra el mantenimiento de la identidad política y nacional de los pueblos europeos. 
Lo que caracteriza a los sistemas políticos dentro de los Estados miembros es que los partidos políticos se han desarrollado como fenómenos sociales recientes en sentido amplio. No sólo en lo que respecta al modo en que surgieron y a su estructura organizativa, sino también a su base legal y las funciones sociales que desempeñan. 
Esto está estrechamente relacionado con los diferentes regímenes electorales que operan en los países de Europa. 
Además, los partidos políticos suelen estar profundamente arraigados en la historia y la cultura de un determinado país. 
Lamentablemente, ello no se reconoce en el informe del ponente Tsatsos. 
Se parte demasiado de la existencia de un pueblo europeo y una amplia conciencia europea. 
Aunque no se puede negar la existencia de formaciones partidarias europeas, no es plausible que los partidos políticos europeos acerquen más la política europea al ciudadano, porque los ciudadanos se orientan ante todo hacia los partidos políticos nacionales. 
Ello se desprende también del hecho de que los diputados al Parlamento Europeo sean elegidos según los procedimientos electorales nacionales y sean reclutados a través de los partidos políticos nacionales en cada Estado miembro. 
Además, impugnamos la tesis de que el Artículo 138 A del Tratado formula el mandato de crear partidos políticos europeos. 
El artículo no es más que una constatación de la existencia de formaciones políticas y su importancia para el proceso de integración y el desarrollo de una ciudadanía europea. 
Sea como fuere, el artículo 138 A no constituye ninguna base legal para una mayor elaboración jurídica de los partidos políticos europeos ni para ofrecer apoyo económico a sus organizaciones. 
En vista de ello, tampoco puede utilizarse el artículo 235 como base jurídica. 
La creación de partidos políticos supranacionales es cosa de los ciudadanos. 
Al mismo tiempo, el Estado ha de inmiscuirse lo menos posible en la formación de partidos en base al principio, reconocido en todos los Estados miembros, de la liberad de asociación. 
La injerencia de la administración europea en la formación de partidos puede suponer fácilmente una influencia indeseable. 
Así tenemos objeciones contra el resultado jurídico de la posición legal de los partidos políticos europeos en el informe Tsatsos. 
Asimismo rechazamos las propuestas de subvención de los partidos políticos europeos. 
Con la subvención directa y general, los partidos políticos dependerían de la administración europea. 
En los Países Bajos, el Estado se limita por ello al apoyo indirecto por medio de la subvención de las instituciones científicas, las actividades de formación sociocultural y las actividades socioculturales para jóvenes de los partidos políticos. 
Esto conecta con el hecho de que en los Países Bajos se ha prescindido conscientemente de la regulación legal de la posición de los partidos políticos. 
Somos conscientes de que en algunos países de la Unión existen otras normas, pero una normativa europea supondría indirectamente un obstáculo para la situación neerlandesa. 
El argumento de más peso contra la propuesta es que la formación de partidos europeos refleja de hecho la opción política por una Europa federal, y su apoyo financiero implica que se favorece esta idea frente a grupos que se distancian de ella y no abogan por la formación de partidos políticos europeos. 
En base a estas objeciones hemos votado en contra del informe Tsatsos. 
El problema central de legitimidad de la Unión Europea radica en la cuestión de la democracia. 
La democracia general, tal como es entendida en las sociedades modernas por la mayoría de la población, no es pensable sin un entramado de asociaciones en las que los partidos políticos desempeñen un papel central. 
Sólo las aristocracias elitistas no necesitan estas formas de organización y de participación política colectiva. 
A nivel europeo, la tarea a realizar consiste en fortalecer y desarrollar la dimensión europea de los partidos existentes de modo que se libere de la dependencia de las concentraciones de poder económicas y de comunicaciones sin convertirse en una «correa de transmisión» de un poder del Estado centralizado en si mismo. 
Este es sin duda un largo y difícil camino pero, al mismo tiempo, un camino de transcendental importancia. 
Informe Herzog (A4-0338/96) 
El informe Herzog sobre la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea anuncia la voluntad de instaurar la información veraz, la transparencia, el derecho a la evaluación, a la concertación, a la participación y a la consulta, todas ellas excelentes intenciones, pero cuyas aplicaciones concretas siguen siendo definidas de manera insuficiente, en nuestra opinión, para ser verdaderamente operativas. 
Peor aún, la imprecisión que rodea, en el informe, a la aplicación de estos principios correría el riesgo, si no se tiene cuidado, de enturbiar los procedimientos democráticos. 
Por ejemplo, el informe nos propone proclamar a nivel europeo un derecho general de cualquier ciudadano y organización representativa a formular y hacer oír su opinión, así como a recibir respuesta directa o indirectamente. 
Pero, ¿cómo se ejercería este derecho (que podría provocar, en las instituciones europeas, un trabajo de respuesta de dimensiones titánicas) de forma concreta? 
No lo sabemos. 
Nos hubiera gustado en todo caso que se nos dijera cómo funcionan las consultas que ya existen en muchos comités de gestión o de reglamentación y en los numerosos grupos de trabajo que gravitan en torno a la Comisión. 
¿Como se designan las organizaciones participantes? ¿Cómo trabajan? ¿De qué forma se tiene en cuenta su opinión? 
Hubiera sido necesario hacer un balance sobre estos puntos antes de poner en marcha nuevas iniciativas. 
Además, tememos que la proclamación universal de un derecho de consulta sirva realmente para promover organizaciones insuficientemente representativas que distorsionarían los procedimientos en lugar de mejorarlos. 
También tememos que algunas conclusiones conseguidas a nivel nacional por cauces democráticos se vean puestas en tela de juicio a nivel europeo en la confusión de consultas generales en las que el grupo de presión más ágil y experimentado pudiera sin embargo hacer prevalecer opiniones totalmente minoritarias. 
Por ello hemos presentado tres enmiendas, que tienen como objetivo mostrar en qué dirección desearíamos se orientara la reflexión: no deberían ejercerse las consultas más que en un nivel determinado por el principio de subsidiariedad; sería el Estado nacional el que se ocupara de determinar cuáles asociaciones son representativas y cuáles no; ninguna asociación podría ser definida como representativa a nivel de la Unión mientras no lo fuera a nivel de los Estados miembros; ninguna asociación debería ser consultada a nivel europeo, en un grupo de trabajo o una audición general si las subvenciones comunitarias fueran demasiado importantes en sus recursos, por ejemplo, si éstas sobrepasaran el 10 %. 
Pero, en estas enmiendas sólo hay que ver indicaciones orientativas. 
En realidad, hubiéramos preferido que se hubiera realizado un estudio previo y profundo que mostrara cómo son designados actualmente los colaboradores externos que participan en los diferentes grupos de trabajo de la Unión, y cómo se podría mejorar el sistema respetando todas las etapas del procedimiento de decisión democrática. 
He votado en favor del informe Herzog porque expresa críticas razonadas de las carencias democráticas del sistema institucional de la UE y de la débil posición de los ciudadanos en relación con la adopción de decisiones. 
No obstante, me decepcionan varios de los compromisos a que han llegado el Sr. Herzog y el grupo PPE/PSE, en especial el apartado sobre las consultas a nivel nacional que podrían influir sobre la toma de decisiones. 
También quiero hacer hincapié en que yo no he votado por que se refuerce la posición del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, ni por que la Unión tenga un sistema impositivo. 
También estoy en contra de que se incluya el protocolo social en el Tratado; fortalece ante todo los órganos que funcionan a nivel federal, que son la Comisión y el Tribunal de Justicia. 
Simpatizamos en general con el informe del Sr. Herzog en lo referente a la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión y en la Conferencia Intergubernamental. 
El trabajo efectuado por el Sr. Herzog es de calidad, ya que aborda el problema del déficit democrático y de la falta de apertura. 
No obstante, no se dan unas fórmulas claras y explícitas sobre cómo van a participar los ciudadanos, ni sobre cómo van a efectuarse las consultas sobre el «desarrollo» de la Unión, el paso al euro, Europol, etc. El mejor instrumento para que se dé una influencia real por parte del ciudadano es la celebración de unos referenda, precedida de un debate a fondo. 
No va a aumentar la participación democrática ampliando las competencias del Parlamento Europeo, como sugiere el Sr. Herzog. 
No es necesaria ni deseable una amplia reglamentación comunitaria para que se produzca la participación del ciudadano. 
No debería introducirse un mecanismo común de imposición fiscal, ni tampoco centros de inspección. 
Estamos directamente en contra de la propuesta de «mejorar» la información sobre la integración europea a través de acuerdos entre los medios de comunicación, la UE y los países miembros. 
Estos medios no deben verse atados por compromisos, convenios, acuerdos o cosas por el estilo, si quieren conservar su credibilidad. 
La condición previa para una democracia real es además el acceso a la información, además de la apertura y la transparencia, en pocas palabras, el principio de la información. 
En el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales para la adopción de una resolución se propone un número de acciones con el fin de reforzar la confianza del ciudadano y su participación en el funcionamiento de la Unión. 
El objetivo es, según el ponente Philippe Herzog, contribuir «al avance de la democracia en Europa». 
Se invita a la Comisión y a los Estados miembros a que presenten propuestas concretas con ocasión de la Conferencia Intergubernamental. 
Es naturalmente central destacar la necesidad de que se pongan de relieve las cuestiones sociales y relativas al empleo, así como las de carácter económico, pero las decisiones en torno a estos importantes asuntos deben tomarse a nivel nacional. 
Naturalmente, los gobiernos de los países miembros tienen que cooperar en estos ámbitos. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Proyecto de presupuesto general de las Comunidades para 1997 (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1997. 
Señor Presidente, esta mañana ya hemos hablado extensamente de las dificultades del Parlamento con el Consejo en este procedimiento, sobre la falta de voluntad del Consejo como parte de la autoridad presupuestaria de llegar a una solución conjunta con el Parlamento. 
Casi tengo la impresión de que el Consejo se está olvidando de que la autoridad presupuestaria tiene dos brazos y que piensa que sólo tiene uno, a saber, el Consejo. A la larga, esto será pernicioso. 
Este año todavía no ha sido el caso, porque el Parlamento no ha sabido ofrecer suficiente contrapeso frente a la actitud del Consejo. 
Sobre la base de las posibilidades que se presentaron en la primera lectura, habríamos podido mantener a flote el pacto de confianza de la Comisión, o por lo menos sus elementos financieros. 
No nos hemos atrevido. 
Habríamos podido mantener a flote una parte sustancial en la segunda lectura. También esto está a punto de no ocurrir. 
Por lo tanto, en el Parlamento hay un problema, en el sentido de que ya no se pueden movilizar 314 votos para una política que se atreva a enfrentarse al Consejo, para lograr un resultado aceptable, un resultado del procedimiento presupuestario como deseaba esta mañana en el debate el Comisario Liikanen. 
La cuestión es por consiguiente cómo hemos de organizarnos para el futuro. 
Pienso que es preciso realizar una intensa consulta interna para no repetir en 1997 y 1998 lo que sucedió de nuestro lado en 1996. 
Si todo va tal como prevé la Comisión de Presupuestos, el jueves próximo se decidirá poner en reserva dinero en relación con Turquía y el programa MEDA. Esto es consecuencia de las decisiones aprobadas aquí por mayoría de votos, con 420 votos, en la primera lectura. 
Me complace sobremanera que ello pueda lograrse. 
A quienes consideran injusto que se trate a Turquía de forma diferente que otros países MEDA, quisiera decirles que Turquía es un país diferente de los demás países MEDA, y que quiere serlo. 
Turquía es el único miembro del club MEDA que es miembro del Consejo de Europa, que se ha adherido al Convenio Europeo de derechos humanos. 
Turquía tiene con nosotros una Unión aduanera, sobre la cual votamos el año pasado. 
Turquía quiere adherirse a la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea incluye tal posibilidad. 
En resumidas cuentas, Turquía es un fenómeno especial en el grupo de los países MEDA y por ello, como fenómeno especial, es preciso tratar a Turquía como un país que está más cerca de Europa que los demás. 
Y a mi entender, dada la situación de los derechos humanos en Turquía, en estos momentos es posible y aceptable que optemos por este enfoque adoptado por la mayoría de la Comisión de Presupuestos. 
Es todavía más aceptable porque en estos momentos estamos celebrando una consulta con los redactores jefe de los cinco principales periódicos turcos. Los redactores jefe han viajado hasta aquí para movilizarnos contra la amenaza de una limitación de la libertad de prensa en estos momentos en Turquía. 
Indicio suficiente de que existe una relación entre este Parlamento y lo que está sucediendo en Turquía. 
Por último, una observación. Me congratulo de que en la resolución Fabre Vallés hayamos incluido una frase sobre la necesidad de que se complete a tiempo la investigación sobre nuestras remuneraciones, antes de que se inicie el procedimiento presupuestario de 1998. 
Me congratulo porque en lo referente a los Países Bajos, y pienso que también es válido para otros Estados miembros, me temo que si no ponemos orden en los asuntos, el tema de nuestra campaña electoral de 1999 no será Europa, sino el dinero que los diputados se meten en el bolsillo, y el Parlamento está aquí para ocuparse de que ello no suceda. 
Señor Presidente, el cumplimiento de los criterios de Maastricht para la Unión Monetaria por parte de los Estados miembros tiene para nosotros la misma importancia que para los Estados miembros. 
No solamente por ello es necesario ahorrar en el presupuesto de la UE al igual que en los presupuestos nacionales. 
Pero ahorrar no significa únicamente recortar sino ante todo emplear razonablemente los créditos disponibles. 
Aunque el presupuesto de 1997 experimente un crecimiento cero, queremos mantener nuestras prioridades: un mayor apoyo a la pacificación en Irlanda del Norte, a la investigación y al desarrollo tecnológico así como unos 100 millones de ecus adicionales para las redes transeuropeas. 
Como, lamentablemente, la financiación de estos gastos adicionales no se puede realizar con el Consejo mediante una modificación del Acuerdo Interinstitucional, hay que encontrar nuevas soluciones, como una reserva negativa en la Categoría II. Esto es posible para Irlanda del Norte. 
Se puede aceptar un ligero aumento para la investigación más una reserva negativa. 
Mi grupo político rechaza una confrontación con el Consejo a causa del incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional en lo tocante a las RTE. 
Se fomentan solamente proyectos pero no la construcción de los mismos. 
Por contra, en la Categoría IV se encuentran fondos para las RTE en los países PHARE y es allí donde necesitamos en cualquier caso la unión. 
Muchas gracias al Comisario Liikanen por sus palabras al respecto. 
Señorías, el Consejo solamente ha aceptado una cuarta parte de las enmiendas de la primera lectura del Parlamento sobre los proyectos en detalle. 
Esto parece arbitrario y en parte incluso contradictorio, tal como se ve en especial en la cuestión de «ningún dinero para acciones sin fundamento jurídico». 
Es urgentemente necesario llegar a una declaración conjunta constructiva. 
Pero por de pronto, tenemos que reclamar los créditos de ayuda expuestos en la primera lectura, en especial en los campos del empleo y de la lucha contra el paro juvenil, la formación inicial y continuada, la igualdad de trato de hombres y mujeres, la protección del medio ambiente y de la salud así como el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
No obstante, antes del próximo presupuesto, el Parlamento debería realizar un trabajo de clareo de las partidas relevantes para evitar una disgregación de los créditos y alcanzar una mayor transparencia y control sobre su empleo. 
Lo mismo es aplicable a los órganos satélites. 
Quiero expresar mis felicitaciones a los dos ponentes por su informe y también mi agradecimiento a la Secretaría de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, como quizá espere la Comisión, limitaré mis comentarios exclusivamente a la cuestión de las agencias satélites. 
Permítame, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Comisión por haber atendido a la solicitud que hicimos con ocasión del presupuesto para 1996, en la que pedíamos a la Comisión que presentara propuestas para que fueran estudiadas por la Comisión de Presupuestos y el Parlamento sobre la armonización y la modificación de los reglamentos financieros de las agencias; sobre la cuestión de consignar en el presupuesto los ingresos de las agencias, sobre la cuestión de una política inmobiliaria, sobre la cuestión de la situación fiscal de las agencias y, lo que es más importante, sobre la cuestión de la armonización de los procedimientos para la aprobación de la gestión. 
Permítame felicitar a la Comisión por haber hecho concesiones en estos ámbitos. 
Pero para el presupuesto para 1998 necesitamos abordar las cuestiones generales que quedan pendientes de resolver, que son: consignación en el presupuesto de los ingresos de recursos propios, la cuestión inmobiliaria, la cuestión fiscal y, la más importante, la cuestión de la aprobación de la gestión. 
A continuación deseo referirme a los temas que quedan pendientes de resolver entre la primera y la segunda lectura. 
Me gustaría pensar que la Comisión de Presupuestos ha hecho algo más que concesiones para respetar el espíritu de los deseos de la Comisión. 
En primer lugar, sobre la cuestión del CEDEFOP en la línea B3-1026, seguimos apoyando la asignación de 1, 72 millones de ecus a la reserva hasta que se inicien las obras en Salónica. 
No vemos ningún problema en ello, ya que el tercer pago no deberá hacerse efectivo hasta septiembre de 1997. 
En segundo lugar, sobre la cuestión de Bilbao. 
En esa agencia continúa habiendo problemas, y la Comisión de Presupuestos recomienda que asignemos a la línea 3 millones de ecus, con 1 millón de ecus en la reserva. 
Ahora sabemos que la agencia tiene un director y un programa de trabajo, y he pedido al ponente, Sr. Brinkhorst, que considere la posibilidad de incluir una enmienda a las observaciones de la línea presupuestaria, en el sentido de que Bilbao podrá solicitar asignaciones adicionales en el marco de un PRS, siempre que esté justificado y que existan recursos disponibles, para permitir a la agencia llevar a cabo su programa. 
En tercer lugar está la cuestión del Observatorio de la Droga y las Toxicomanías de Lisboa. 
Veo que el Sr. Mingasson ha sido admitido como nuevo miembro del Consejo de Administración. 
¿Para qué me necesitan a mí, si tienen al Sr. Mingasson? 
Esperamos que con la transferencia de fondos de la línea Reitox a esa agencia, con objeto de hacer operativa la línea Reitox, podamos satisfacer los deseos de la Comisión. 
Creo que es un buen modo de avanzar. 
Por último, sobre la cuestión de la Fundación Europea para la Formación, solicitamos a la Comisión que tome los créditos de operaciones para esa línea del programa Tempus para cubrir la labor que realiza dicha agencia. 
Permítame hacer una observación sobre los comentarios que hizo el Sr. Liikanen la semana pasada en la audición de la Comisión de Presupuestos. 
No estamos en contra de la creación de nuevas agencias, de hecho no tenemos nada en contra de ellas. 
Pero es necesario estandarizar y armonizar los procedimientos antes de crear nuevas agencias. 
Espero que la Comisión se muestre ahora dispuesta a aceptar nuestras recomendaciones. 
Señor Presidente, aunque adecuado en las actuales circunstancias, el presupuesto de este año ha revelado las numerosas deficiencias del procedimiento, no sólo en el seno de esta Asamblea, sino también en otras instituciones, sobre todo, naturalmente, en lo que se refiere a la conducta del Consejo como una de las ramas de la autoridad presupuestaria- un Consejo que se ha mostrado inflexible, irresponsable, contradictorio y, en ocasiones, ajeno a lo largo de todo este procedimiento presupuestario. 
Quisiera expresar brevemente mi desacuerdo con el Sr. Samland cuando esta mañana criticó al Consejo por dejarse influenciar por los ministros. 
Es de sobra conocido que con demasiada frecuencia, los ministros se dejan influenciar por los funcionarios y que los políticos acatan órdenes de funcionarios nacionales que carecen de experiencia política y que no reaccionan ante los impulsos democráticos, sino que, en gran medida, son funcionarios que obedecen las órdenes de los ministros de Economía de recortar el gasto, incrementar las devoluciones a los Estados miembros y de arrodillarse ante los criterios de convergencia de Maastricht. 
A pesar de que el presupuesto europeo necesita tener una base sólida, conviene recordar a veces que en un país como el Reino Unido, de cada 20 libras del gasto público- soy un hombre rico, les estoy mostrando un billete de 20 libras- el Gobierno británico continúa utilizando 19, 94 libras de esa suma. 
Seis peniques de cada 20 libras del gasto público neto van a parar al presupuesto europeo. 
El Reino Unido consume 1.000 millones de libras de los 300.000 millones de libras del gasto público, y pensar que ese presupuesto cubre las exigencias de los criterios de convergencia de Maastricht es absurdo. 
Creo que nuestros ponentes han hecho un buen trabajo teniendo en cuenta las circunstancias, y merecen nuestro agradecimiento. 
No obstante, las cosas no pueden seguir así. 
Estamos llegando a una situación en la que la Unión Europea se enfrenta a una posible mordaza presupuestaria. 
Tenemos unos recursos propios que son fijos, pero las solicitudes con cargo a esos fondos aumentan constantemente. 
Nuestros comités de gastos presentan cada vez mayores solicitudes sobre dichos fondos, al igual que el Consejo, y la suma se ha quedado demasiado pequeña para las solicitudes que se presentan. 
Eso significa que o bien conseguimos más fondos, o asumimos la realidad; o sea que si no podemos obtener más recursos- y no veo que eso vaya a ser posible- debemos hacer una mejor evaluación de los proyectos, una mejor utilización de la evaluación de los beneficios, una mejor utilización en la Comisión del presupuesto base cero y recurrir más a la Comisión para que elimine aquellos programas que en un comienzo se consideraron que tenían una vida útil finita o una duración limitada o aquellos otros que, en base a un análisis de la relación costebeneficios, se considere que han quedado desfasados. 
Creo que es a eso a lo que se refería el Comisario Liikanen esta mañana, cuando decía que el procedimiento presupuestario atraviesa por una crisis. 
Si es eso lo que quería decir, estoy completamente de acuerdo con él. 
Señor Presidente, sólo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que han dicho el Sr. Tomlinson y la Sra. Theato sobre el riesgo de esparcir demasiado el gasto comunitario. 
Alabo a la Comisión de Presupuestos por su intento de reducir el número de acciones a las más importantes. 
Si la Comunidad se propone seriamente acometer la ampliación- y el debate no ha hecho más que empezar -, debemos poder centrarnos en los grandes proyectos, aquellos que tengan una masa crítica y se extiendan durante un determinado período de tiempo. 
Aunque un programa haya tenido éxito, podemos ponerle fin y lanzar otro nuevo. 
La tradición comunitaria tiende a que una vez que se ha puesto en marcha algo, eso debe continuar para siempre. 
Espero que cuando la Comisión discuta el presupuesto en enero, se lleve a cabo un debate a fondo sobre las prioridades, y cuando sabemos que existen unos límites máximos de gastos- y en ese sentido no se ha producido ningún cambio drástico -, hay que tener el valor político de eliminar las actividades que han perdido su utilidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Financiación de la ampliación 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0353/96) del Sr. Christodoulou, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la financiación de la ampliación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, antes de empezar, quisiera dar las gracias a los miembros de los distintos grupos de trabajo de la Comisión de Presupuestos que han ayudado y han redactado en su esencia este informe, a los Sres. Bösch, Di Prima y Miranda, a la Sra. Müller y a los Sres. 
Señoras y señores diputados, señor Presidente, cabe señalar, en primer lugar, que el presente informe constituye un primer acercamiento al tema y no puede examinar todos los aspectos presupuestarios y económicos de la ampliación. 
Por lo tanto, no aspira a emitir juicios definitivos, sino que se limita a presentar datos relativos a la magnitud del coste en los principales sectores. 
Será posible establecer datos más detallados sobre los gastos cuando se disponga de información suficiente al respecto en virtud de estudios que tengan un carácter dinámico, es decir, que no sean estáticos, como ha sido el caso hasta la fecha, y que se basen en supuestos más realistas. 
Por esta misma razón, en nuestro informe solicitamos a la Comisión que proceda a un análisis y estudio con estas características, para que podamos saber cuál será, concretamente, el marco presupuestario y económico en el que nos moveremos. 
Por consiguiente, este informe tiene carácter provisional y sobre esta base quiero pedir al Parlamento que tome su decisión al respecto. 
Cabe señalar que el análisis del coste y de las repercusiones financieras de la ampliación no apunta a obstaculizar ni a dificultar ésta. 
Tiene como objetivo arrojar luz sobre la parte presupuestaria de la ampliación, que a menudo se olvida, permitiendo una toma de decisiones consecuentes para garantizar las mejores condiciones posibles de ingreso de los nuevos Estados miembros. 
Siempre bajo la influencia de cierto exceso de entusiasmo político, señor Presidente, se tiende a hacer declaraciones políticas que a posteriori se revocan, porque resulta que no se ha examinado suficientemente el aspecto económico. 
Es precisamente lo que intentamos hacer ahora, es decir, poner énfasis en los aspectos económicos del problema para que las decisiones políticas se apoyen en bases firmes evitando revocaciones, que, como todos comprendemos, perjudican enormemente la credibilidad de la Unión Europea. 
Ante todo, conviene señalar que las razones geopolíticas generales que imponen la adhesión de los PECO a la UE y que constituyen un factor de seguridad para la región representan una decisión básica y fundamental de la Unión Europea. No se ponen en entredicho; existen y son las que son. 
Ahora bien, debemos tener en cuenta que un ingreso apresurado sin la preparación necesaria tendría consecuencias negativas, no sólo económicas, sino también políticas; es decir, por un lado, se correría el riesgo de que los nuevos países no participaran en las principales políticas de la Unión durante un largo período de tiempo (lo cual supondría muchas exclusiones y aplazamientos, que equivaldrían al ingreso de los nuevos miembros como socios de segunda categoría, no como plenos miembros con la posibilidad de participar en los sucesos comunitarios de Europa) y, por otro lado, se perjudicaría en gran medida el funcionamiento del mercado interior, ya que los que entrasen con divergencias tendrían como principal objetivo de su política eliminar tales divergencias. 
Por lo tanto, se exige que los requisitos que los países candidatos tengan que cumplir sean los mismos que se fijaron a partir del Consejo Europeo. 
Sobre éstos no hay nada que discutir; son requisitos que se refieren a la estructura social, económica y política de los Estados candidatos. 
No obstante, cabe señalar que, desde el punto de vista puramente económico, las reformas estructurales en cada país candidato constituyen un factor determinante para el éxito de la ampliación. 
Por consiguiente, se subraya la necesidad de fomentar el carácter estructural de las intervenciones comunitarias europeas en los países candidatos y, por lo tanto, o el programa PHARE adquiera un carácter claramente estructural, o, aún mejor, se cree un nuevo medio financiero. 
Además, no hay que olvidar que la Unión Europea no la única fuente de financiación; hay otras entidades financieras, y, en consecuencia, la coordinación entre ellas es imprescindible para tratar de manera correcta los asuntos económicos. 
La correcta preparación, pues, requiere tiempo y ayudas económicas que implican un alto coste para la Unión Europea, que, paralelamente, debe continuar su esfuerzo de profundización, que no se puede abandonar. 
Por esta razón, la evaluación del coste, como ya he dicho, no es un asunto fácil. 
Además, más allá de las repercusiones presupuestarias directas, es decir, las de la financiación destinada a los países candidatos, sea en el marco de su preparación para el ingreso, sea después de su ingreso (por ejemplo, la participación en las políticas de la Unión o los gastos administrativos relativos a la remuneración del personal y a todo tipo de instalaciones) , no debemos subestimar las repercusiones presupuestarias indirectas, es decir, los gastos para el fomento de la cohesión y la convergencia y las posibles adaptaciones a las políticas de la Unión: política común agraria, políticas estructurales, etc. Estas son inevitables, se llevarán a cabo de todos modos, pero a partir de ahora se tendrán que examinar bajo el aspecto del posible ingreso de los nuevos Estados miembros, de manera que sean realistas y tengan una lógica interna. 
La ampliación, pues, será beneficiosa si todas las partes interesadas la preparan bien. 
Por esta misma razón, señor Presidente, aparte de los criterios, debemos considerar como un elemento básico de la estrategia la adopción de un período de preadhesión ajustado a las necesidades específicas de cada país candidato. 
El ingreso conjunto de distintos países con pocos elementos comunes entre ellos y que no entren en un marco económico general puede crear problemas, así como diferencias respecto a la cuestión de quién es el primero o el segundo en el rango. 
Un período de preadhesión largo o corto, según las características de cada país, que tenga como meta final, segura y legalmente establecida, la adhesión a la Unión Europea, con intervenciones financieras que fomenten el esfuerzo de desarrollo realizado, es la mejor solución y constituye, precisamente, el elemento político fundamental que este informe viene a apoyar. 
No cabe duda de que el tema reviste una importancia histórico-estratégica, pero, por desgracia, disponemos de poco tiempo para abordarlo. 
En consecuencia, ruego a sus Señorías que respeten el tiempo que tienen a su disposición. 
Durante la tramitación en la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Asuntos Exteriores ya presentó una serie de enmiendas que había aprobado unánimemente. 
No han quedado muchas en pie, tras la votación en la Comisión de Presupuestos, y a pesar de las conversaciones con el ponente, el Sr. Christodoulou, a quien respeto como un gran experto en este ámbito, no nos hemos puesto del todo de acuerdo, aunque por fortuna en algunas cuestiones sí. 
En relación con el presente informe de la Comisión de Presupuestos nos llama la atención, y es algo que se ha repetido varias veces en los debates de la Comisión de Presupuestos, entre otros por el ponente, que en realidad no disponemos de suficientes datos para ofrecer un buena visión de los efectos presupuestarios de la ampliación. El Sr. Christodoulou lo ha repetido antes. 
Es decir, que en lo concerniente a esta cuestión importante no hemos progresado mucho en comparación con hace medio año. 
Yo, y la Comisión de Asuntos Exteriores, habríamos preferido esperar un poco con este informe hasta disponer de una base estadística fiable y comparable, para poder contar con un informe presupuestario de categoría. 
La Comisión de Presupuestos lo ha reconocido al proponer el título de informe interino, lo cual indica que la propia Comisión de Presupuestos no está satisfecha con este informe y abre las puertas a otros informes futuros en que se pueda decir más cosas en el ámbito presupuestario. 
En vista de ello, lamento mucho que el presente informe, tal como se presenta, suponga un enfoque algo negativo hacia Europa Central. No es necesario. 
Aunque sí considero que hemos de ser cautelosos y hemos de especificar los problemas que ya vemos claramente, pero hemos de tratar de no preocupar innecesariamente a Europa Central con nuestra actitud, pues allí empiezan a cuestionar si realmente queremos la ampliación. 
Me parece una mala reacción que provocamos en Europa Central. 
Por supuesto, nunca se ha pretendido que la Comisión de Asuntos Exteriores fuera la única en hablar de esta cuestión. 
Siempre he esperado que llegara el turno a la Comisión de Agricultura, y también las comisiones que se ocupan de la política estructural, las libertades públicas, la Comisión REX y la de presupuestos. 
Es decir, que nunca se ha pretendido olvidarlas, aunque por desgracia en nuestro informe de hace medio año no recibiéramos un dictamen de la Comisión de Presupuestos, a pesar de haberlo pedido. 
Por consiguiente, nunca hemos pretendido olvidar los aspectos presupuestarios, pero, tratándose de este tipo de cuestiones concretas, queremos tener cifras concretas que expliquen qué estamos haciendo realmente. 
Considero importante dejar bien claro a Europa Central que la ampliación no implica tan sólo cuestiones cuantitativas y pecunarias, sino sobre todo una cuestión cualitativa y estructural, como ya ha dicho el ponente. 
Por consiguiente, nada de hipótesis terroríficas en un informe como este, y hay que dejar claro que no es la última palabra y que todo lo que contiene no tiene un significado negativo y que también en este sentido se revisará sobre la base de datos fiables que esperamos poder ver en el futuro. 
Señor Presidente, el ponente, Sr. Christodoulou ha podido recoger relativamente poco de la opinión emitida por la Comisión de Política Regional, lo que puedo comprender. 
Ambos hemos hablado al respecto y llegado a la conclusión de que es oportuno que la Comisión de Política Regional presente un informe propio sobre este complicado tema. 
Creo que cualquiera que se ocupe del tema tratado por el Sr. Christodoulou, lo va a tener muy difícil pues las cifras son irrefutables. 
Si se habla en cifras de este tema y el momento de hacerlo es algo pronto, puede ocasionar más bien fricciones que entusiasmo. 
No obstante, creo que no hay motivo para caer en el pánico o la desazón pues los aspectos financieros de la ampliación hacia el Este son solamente una parte. 
El Sr. Christodoulou se ha centrado muy conscientemente en este aspecto pues se trata de su campo. 
No creemos que el informe Christodoulou deba tratar la totalidad del tema de la ampliación hacia el Este. 
El pánico está además totalmente injustificado pues los Estados aspirantes con seguridad no van a entrar en bloc. 
No quiero establecer un orden pues no es mi tarea, pero si los polacos, checos, eslovenos, húngaros, estonios y otros van a ingresar, entre el ingreso de cada uno de ellos va a existir un determinado período de tiempo. 
Tras cada ingreso, la Unión Europea se modificará cualitativa y no sólo cuantitativamente. 
Probablemente, nos admiraremos- creo que en sentido positivo- de lo que resulta de la Unión Europea si estos dinámicos países, altamente motivados, ingresan. 
En lo que se refiere a los aspectos financieros, sólo puedo indicar que la Comisaria competente, la Sra. WulfMathies, es de la opinión de que es posible una ampliación hacia el Este sin elevar los recursos propios y sin ampliar la proporción del PIB de las ayudas estructurales. 
Para finalizar, quiero seguir el hilo de lo expuesto por el Sr. Oostlander. 
Comparado con la ganancia que va a experimentar la Unión Europea con el ingreso de los países de la Europa Central y Oriental, todas las cifras, todas las cargas que se nos van a plantear- las cargas son siempre relativas- son realmente una magnitud despreciable. 
Las ganancias para Europa derivadas de una ampliación hacia el Este van a ser tan grandes que deseo que todos impulsemos con gran dinamismo y rapidez este proceso. 
, ponente para opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. (DE) Señor Presidente, Señorías, yo también podría lamentar en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación la ausencia de cifras concretas. 
No podemos decir nada concreto que podamos tratar en este informe, si bien lo veo como un informe provisional al que tendrán que seguir otros, tal como ha dicho el Sr. Christodoulou. 
En las diferentes cumbres siempre se ha confirmado el importante papel de la política cultural, de formación y de los medios de comunicación en lo tocante al desarrollo del Estado de derecho y de la democracia en los países de la Europa Central y Oriental aunque en la ampliación hacia el Este siempre se ha considerado como el punto central la adaptación de la economía y la equiparación de las normas jurídicas. 
No se debe infravalorar este importante aspecto de la formación y de la cultura. 
Una intensa ayuda financiera en el ámbito de la formación es importante pues, según la Comisión, en los países de la Europa Central y Oriental se puede notar un sensible retroceso. 
No hay que tener dotes proféticas para predecir que esto va a conducir a medio plazo también a un estancamiento de la economía y a consecuencias negativas para la adhesión ya que las diferencias se van a ir agrandando. 
¿Qué podemos hacer como Comunidad para que los créditos financieros se dediquen no solamente a la modernización de sectores económicos sino también a la formación, cultura y medios audiovisuales? 
Mientras los países que quieren ingresar sean considerados como extranjero, el Tratado de Maastricht no permite la ejecución de proyectos de formación inicial y continuada mediante los Fondos estructurales. 
Según la Comisión, no existe ninguna posibilidad para ello por razones jurídicas. 
Sin embargo, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación es de la opinión de que los países de la Europa central y oriental deben tener la posibilidad de dedicar autónomamente el 10 % de los créditos PHARE que les corresponden a la cofinanciación de los correspondientes programas de la UE. 
Pero, como he dicho, esto sólo es posible si se responde a la cuestión de fondo: ¿consideramos jurídicamente a estos países candidatos a la adhesión como extranjero o no? 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación está a favor de proceder pragmáticamente en este contexto y de dedicar los créditos PHARE de un modo más flexible hasta la adhesión para que estos países tengan una mayor libertad de decisión al respecto. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación está asimismo a favor de elevar la parte de PHARE destinada a la cofinanciación- subrayo lo de la parte de PHARE -, como una vía factible para no desatender a la cultura y a la formación y que no se conviertan en un obstáculo para una pronta adhesión. 
Señor Presidente, pienso que hoy el Parlamento vuelve a debatir una cuestión muy importante. 
Pienso que en sí era una idea ambiciosa por parte de la Comisión de Presupuestos querer tratar ya ahora esta cuestión. 
El carácter de la cuestión da pie a muchas conjeturas, lo cual confunde el debate sobre la deseada ampliación, repito: sobre la deseada ampliación. 
La ampliación es una opción política, y no financiera. 
La ampliación cuesta dinero, pero también produce ventajas, entre otras, financieras. 
Cuánto costará la ampliación depende de lo que haga la Unión interna y externamente en los próximos años. 
Cuando digo internamente me refiero a qué reformas estructurales y financieras se llevarán a cabo, y la cuestión primordial es por supuesto qué principios aplicaremos entonces. 
Para la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, uno de los principios importantes es mantener la solidaridad y la cohesión necesaria, inclusive en la Unión ampliada. 
Pero más importante aún es la cuestión de qué esfuerzos hace la Unión por ayudar en los próximos años a los países candidatos a realizar la adhesión. 
Por supuesto, a ello va vinculada la pregunta de qué harán estos países hasta el momento de convertirse en miembros de la Unión. 
Cuantos más frutos dé esta estrategia, menos costará la ampliación, y se trata de una estrategia de país por país, amén de una adhesión de país por país. 
También esto repercute en los costes finales. 
En mi modesta opinión, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, recalco los esfuerzos previos a la adhesión. A través de PHARE y el BERD, por medio de la cooperación comercial, incluso en sectores sensibles, por medio de la reforma del mercado, y, en lo que a nosotros respecta, una prioridad también en el ámbito de la política social. 
Mediante las inversiones en la administración y en infraestructuras, fomentando la conexión con la UE en todos los ámbitos, sin olvidarse por supuesto de la moneda única. 
Los costes pueden ser muy elevados si esta estrategia fracasa, y no me refiero únicamente a los costes para el presupuesto de la UE. 
La preparación de la ampliación es un proceso dinámico y exige un enfoque dinámico. 
Por consiguiente, no hay que estar a la expectativa, sino que hay que ponerse enseguida manos a la obra para la ampliación. Esto determinará finalmente sobre todo el nivel de gastos y en realidad no deberíamos hablar de la financiación de la ampliación, sino de los costes de la adhesión. 
Señor Presidente, comienzo felicitando al Sr. Christodoulou por un informe en que ha conseguido encontrar un equilibrio correcto entre diferentes elementos dignos de consideración en la adhesión de los próximos países miembros. 
Suscita el mayor entusiasmo la adhesión de países en relación con los cuales, aún hace poco más de ocho años, los caminos de progreso democrático que hoy están recorriendo no serían más que un sueño. 
Pero, en pro de su interés y del conjunto comunitario, hay que adoptar con realismo medidas básicas en diferentes ámbitos. 
Uno de ellos es el de la política agraria, que no se puede dejar de adaptar a un mayor funcionamiento del mercado, pues sólo así se evitarán precios demasiado gravosos para los consumidores de esos países y un peso insoportable en el presupuesto de la Unión. 
No podemos dejarnos «encantar» con previsiones optimistas, pero no realistas, que exigirían, de hecho, asignaciones insoportables para la aplicación de la PAC actual. 
El presupuesto ha de estar preparado, fundamentalmente, para que apoyemos las políticas estructurales indispensables para la adaptación de las economías de los países candidatos a un mercado más abierto y mucho más exigente. 
Por otro lado, so pena de comprometer el propio proceso de integración, conviene mantener e incluso fortalecer las políticas estructurales en los actuales países miembros. 
No por que descienda la media de la Unión dejarán de necesitar muchas regiones de esos países apoyos de esa naturaleza. 
Por lo demás, una Europa fuerte es, indispensable para las economías de los candidatos a la adhesión, al crear nuevas demandas y proporcionar medios de inversión. 
Por último, como subrayé en el informe que elaboré para la Comisión de Presupuestos, la adhesión de los países ahora candidatos vuelve aún más apremiante la adopción de medidas en la esfera presupuestaria en particular en lo que respecta a su dimensión y a los ingresos que deberán alimentarla. 
Como no se puede cambiar la política agraria de un momento para otro (pues requiere, en cualquier caso, recursos importantes para su adaptación) , como debe haber un nuevo fortalecimiento de las políticas estructurales y los demás gastos son mucho menos importantes y en gran medida irreducibles, no nos parece posible la integración de los nuevos miembros sin un refuerzo porcentual del presupuesto de la Unión (así lo espero) por encima del escaso 1, 27 % previsto para 1999, pues, de lo contrario, ante la realidad de las cifras, habrá que dudar de la «seriedad» de las manifestaciones de voluntad de aceptación de miembros nuevos. 
Por otro lado, no se puede aceptar que la tributación del consumo siga teniendo un peso predominante en los recursos propios comunitarios. 
Una tributación directa, de acuerdo con la capacidad contributiva de los ciudadanos, sería un modo deseable, indispensable incluso, de identificarlos mejor con el proceso de integración y hacer que pasen a ser más exigentes en el control del uso de los recursos. 
Pero, además de eso, no se podría aceptar una situación de regresividad como la actual, agravada con los nuevos miembros, en que los ciudadanos más pobres pagan a la Unión porcentajes más elevados de sus rentas por habitante. 
Es una situación inaceptable en el plano interno, que no puede dejar de serlo también en una Europa que pretende ser justa y contar con la participación de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías, el informe tan interesante de nuestro colega Christodoulou es un trabajo que ha movilizado muchas energías, como el propio ponente ha señalado, pero que no puede ser considerado como una contribución probatoria en el debate sobre la ampliación. 
Si todo el mundo en este hemiciclo está convencido de lo incuestionable de la ampliación, yo, por el contrario, no estoy seguro de que la financiación adecuada se vea de la misma manera desde el punto de vista del ponente o desde el de los contribuyentes. 
Debo señalar principalmente que la estrategia que consistiría en reducir los créditos de la política agrícola común es una visión de corto alcance que no considera el hecho de que la PAC es un sistema económico de mercado que no encuentra más que una traducción a nivel presupuestario en el presupuesto de la Unión Europea. 
Ésta es la razón por la que soy de los que han considerado ayer que algunas semanas más hubieran sido útiles para plantear otras hipótesis. 
En efecto, creo que un examen de todas las consecuencias del paso a la moneda única, que va a necesitar una nivelación costosa de la adaptación entre los «in» y los «pre in» , tendrá una incidencia muy importante en los recursos comunitarios. 
Así pues, hoy nada permite pensar que, más allá del año 2000, se pueda superar una retención sobre el producto interior bruto por encima del límite del 1, 27 % previsto en la actualidad por los tratados. 
Además, no creo que el período tan delicado, entre el año 1999 y el 2000, y cuando toda la energía de los Quince se vea ampliamente absorbida por el paso del euro virtual al euro real, se revele como algo fácil para dar satisfacción a lo que desea el ponente, es decir, una refundición del sistema de los recursos propios que la CIG podía estudiar. 
Por mi parte, no creo que la CIG, que debe hacer frente a un gran número de asuntos que la actualidad convertirá en apremiantes, esté en condiciones de estudiar un tema de este calado. 
Repito que ello no disminuye el valor del trabajo del ponente, pero su flagrante desfase con respecto a las obligaciones presupuestarias de los Estados despierta, al menos, el escepticismo del grupo UPE. 
Señor Presidente, el debate hasta ahora refleja que estamos con el tiempo justo en lo que respecta a este informe provisional. 
Ni que decir tiene que la cuestión de la ampliación es una opción política, y el Grupo de los Liberales Demócratas la ha apoyado siempre. 
Pero, al mismo tiempo, también está claro que las palabras deben ir acompañadas de obras. 
Es el principal significado del debate sobre el presente informe que celebramos en estos momentos. 
No se puede negar que la próxima ampliación tendrá implicaciones fundamentales, tanto institucionales como financieras, para la misma esencia de la Unión Europea. 
La magnitud de estos cambios es mayor que todo lo que hemos conocido hasta ahora. 
En esta ocasión no bastará con que nos concentremos simplemente en el objetivo político global, por muy deseable que éste pueda ser. 
Y precisamente por ese motivo debemos abordar el quid de la cuestión; aunque a veces sea contemplado como una mera cuestión técnica. 
Como indica el ponente, Sr. Christodoulou, debemos tener una imagen precisa de lo que ello implica realmente con el fin de poder determinar cuál es la mejor estrategia a seguir para lograr dichos objetivos. 
En esta ocasión, las incógnitas son incluso mayores y, por ello, debemos prepararnos lo mejor que podamos. 
No será posible trazar una imagen precisa y completa de las implicaciones, pero deberemos tenerlas presente a cada paso del proceso. 
Eso es lo que ha llevado a mi Grupo a presentar sus enmiendas. 
Deseamos que la resolución del Sr. Christodoulou ponga de relieve las implicaciones de las elecciones fundamentales que está tomando la Unión con objeto de ofrecer una imagen clara de qué es exactamente lo que está en juego y cuáles son las necesidades a las que hay que atender en términos concretos para llevar a buen puerto la próxima ampliación. 
Existen tres puntos esenciales que mis colegas y yo desearíamos exponer en este sentido y que están reflejados en las enmiendas. 
Esta vez, la ampliación propiamente dicha deberá ir precedida de una profundización de la Unión. 
Sólo así podrán los candidatos tener una idea precisa de la Unión en la que se integran. 
No es posible, como demuestra todo el asunto de la CIG, reajustar el proceso de integración una vez que han dado el paso. 
En segundo lugar tenemos la cuestión de las repercusiones económicas. 
O los Estados miembros incrementan el presupuesto y las asignaciones a los Fondos estructurales y demás políticas distributivas, o de lo contrario nuestra actual solidaridad financiera se verá afectada. 
No hay otra alternativa. 
Es una elección básica la que hay que hacer. 
Ya percibo de los colegas situados a mi derecha y a mi izquierda cómo emiten señales muy diferentes en este respecto. 
En tercer lugar, la ampliación tiene implicaciones para el programa PHARE, que deberá someterse a una racionalización de sus objetivos. 
El informe Christodoulou recoge algunos puntos muy importantes sobre este aspecto. 
Si queremos que dicho programa se convierta en una herramienta cada vez más eficaz a disposición de los países candidatos- el Sr. Wiersma ha expuesto este aspecto con toda claridad -, es mucho lo que deberemos hacer en esta fase, y no podemos esperar hasta que se haya dado el paso. 
Señor Presidente, Señorías, cuando en el año 2009, es decir, 20 años después de la caída del muro, nos sentemos en esta Asamblea con nuestros colegas polacos, húngaros, eslovenos, estonios y quizás otros más de la Europa oriental y nos rompamos conjuntamente la cabeza sobre Europa y el mundo, sólo entonces habrá finalizado realmente la guerra fría y tendremos una Europa unida y organizada pacíficamente. 
Recordaremos como en 1996 debatimos sobre el informe Christodoulou y lo enjuiciaremos como realista y previsor. 
Previsor porque el informe tiene en su punto de mira el horizonte de este cambio de milenio y no deja duda alguna de que la ampliación de la Unión Europea va a llegar y se podrá financiar. 
Realista porque muestra sin adornos la profundidad de las modificaciones que se exigen tanto a los países candidatos como a los Estados miembros. 
También muestra que el entramado de intereses establecidos en la antigua Unión deberá romperse y reordenarse en el marco de unas prioridades paneuropeas. 
No se trata pues de una nueva variante de ahorro para Europa, en concreto para la Europa oriental, sino de transmitir a las ciudadanas y ciudadanos de Europa una nueva situación, la idea de un orden de paz institucional, y de mostrar vías para una participación activa. 
En este proceso se incluye una mayor participación democrática así como la ponderación de las prestaciones de transferencias. 
Para impulsar la ampliación hacia el Este y cumplir, por otro lado, con nuestra creciente responsabilidad en el Tercer Mundo, los créditos para las transferencias estructurales y agrícolas se van a reducir en algunos miles de millones de ecus a pesar de la ampliación del margen financiero global, por lo que deberán emplearse de un modo más dirigido. 
Aquí se incluye en primer lugar la expiración de los Fondos de cohesión hasta finales del milenio. 
La ampliación hacia el este es financiable. 
No atreverse a hacerla nos saldría más cara. 
Realizarla lo más sólida y rápidamente posible será una ganancia de inapreciable valor para todos. 
Señor Presidente, como tuve ocasión de decir ayer cuando pedí que el informe del Sr. Christodoulou fuera retirado del orden del día, me parece que este informe llega en un momento inoportuno. 
En efecto, es prematuro evaluar el coste de la ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa Central y Oriental pues nos encontramos en un proceso dinámico y evolutivo. 
Por otra parte, el propio ponente constata que las informaciones de que dispone no permiten ser preciso. 
Por otra parte, el hecho de hacer hincapié hoy en el aspecto financiero de las consecuencias de la ampliación puede dar una imagen negativa de la Unión en los países implicados. 
La Unión corre el riesgo de parecer únicamente preocupada por asuntos presupuestarios y contables y, en definitiva, poco favorable a la llegada de nuevos miembros. 
Hubiera sido preferible presentar este informe con ocasión de un debate conjunto sobre la ampliación, en el que todos los aspectos políticos y financieros se hubieran presentado conjuntamente. 
Todo hubiera sido más equilibrado, y el mensaje político dirigido a los PECO más positivo y estimulante. 
Votaremos aquellas enmiendas encaminadas a completar el informe dándole una orientación más política, más positiva y, naturalmente, reservaríamos nuestro voto si las principales enmiendas fueran rechazadas. 
Señor Presidente, no cabe duda de que la ampliación de la Unión es, más que un problema de presupuesto que, de hecho, existe y tiene un alcance considerable, una cuestión fundamentalmente política, habida cuenta de que el proyecto de resolución que nos fue presentado se preocupa de instar a la Comisión a elaborar un estudio pormenorizado sobre la futura reforma de la PAC y de los Fondos estructurales, a fin de constituir una base fiable para la toma de decisiones con respecto a la ampliación. 
En otras palabras, esto significa que la cuestión política de la ampliación es prioritaria respecto a las consecuencias económicas que afectarán al sector agrícola y la gestión de los Fondos estructurales y de cohesión. 
El alcance de la ampliación a doce nuevos miembros debe contemplarse en todos sus aspectos, incluido el de la modificación de una serie de políticas, una modificación que podría plantear grandes riesgos para la Unión y acabar por desvirtuarla. 
Las estimaciones presupuestarias pueden llevarse a cabo como un ejercicio de prospección, sin embargo, las mismas serán válidas sólo si se conoce la política en los distintos sectores o si es posible partir- tal como afirma la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa- de determinadas previsiones políticas alternativas. 
De hecho, por lo que respecta al futuro de la Unión, las posibilidades de ampliación no dependerán de las barreras presupuestarias, sino de las institucionales, que se identifican en la composición de las distintas Instituciones, la naturaleza del proceso decisorio en el seno del Consejo, las competencias de la Comisión y los poderes de control del Parlamento. 
Sin la solución de dichas cuestiones, no podrá haber una ampliación que garantice la continuidad de la Unión y, sin el establecimiento del Estado de derecho y de la democracia plena en todos los PECO, la prioridad política de la ampliación se verá perjudicada. 
El coste de esta ampliación, según una estimación algo benévola, girará en torno a unos tres millardos de ecus anuales. 
Con relación al sector agrícola, un sector que reviste una importancia prioritaria y no sólo para los PECO, la ampliación supondrá una serie de gastos complementarios de adaptación que superan los 12.020 mecus anuales, que equivalen a 12.200 millones de ecus desde el 2000 hasta el 2010, sin contar los gastos necesarios para adaptar y modernizar las producciones y, en el mejor de los casos, mejorar las infraestructuras existentes. 
En consecuencia, la PAC que ya muy difícilmente se ajusta a los Quince en cuanto al principio de subsidiariedad, la solidaridad financiera, las preferencias comunitarias y la unicidad del mercado, se verá muy debilitada por la ampliación y este fenómeno no tendrá consecuencias en el sector agrícola comunitario, sino que conllevará repercusiones negativas sobre la mano de obra agrícola de los PECO que encontrará muy fácil su migración hacia un sector agrícola más rico. 
Sólo después de una renovación radical de la Unión que no podrá confiarse únicamente a la Conferencia Intergubernamental, sino que va a depender de la voluntad política de unión efectiva, las nuevas adhesiones de los países PECO podrán llevarse a cabo con suficientes probabilidades de éxito para ambas partes. 
La Unión política representa el único supuesto válido para debatir en torno a la ampliación: antes es preciso decidir las reglas para estar juntos, lo que significa reformar la estructura institucional y reequilibrar los poderes y, sólo entonces, se podrá hablar de ampliación y de su financiación. 
La prisa no es nunca una buena consejera. 
Para evitar daños irreparables en contra el acervo y el progreso de la Unión, hay que confiar en que la Conferencia Intergubernamental concluya sus trabajos dando un nuevo impulso a la realización de la Unión política. Si esto no sucede, habrá que resignarse a prorrogar la duración de los acuerdos de asociación. 
El informe de la Comisión de Presupuestos parece prematuro, en particular, porque no pone el acento sobre la necesidad prioritaria de la actuación de la Unión política. 
Deseo subrayar que en la mayoría de las intervenciones anteriores se ha puesto precisamente en evidencia la necesidad de una Unión política anterior a la ampliación, es decir, la necesidad de que la Unión política sea prioritaria respecto a la misma Unión económica y, por ello, que se demuestre la capacidad de esta Unión política, en cuanto se logre, de funcionar para poder después y sólo después, llevar a cabo una posible ampliación. 
De hecho, si no se profundiza y logra la Unión política, la ampliación conllevará para nuestros pueblos- los pueblos de los actuales quince Estados miembros de la Unión- un aumento del desempleo y la pobreza y, al mismo tiempo, condenará a los propios PECO a más pobreza e incapacidad de ingresar de forma efectiva en la Unión. 
Nos hallamos ante una elección: Unión política o zona de libre cambio. 
Por lo que nos atañe, somos partidarios de la Unión política. 
Señor Presidente, aparte de felicitar al ponente, permítame que inicie mi intervención con una reflexión desde un plano distinto del presupuestario. 
Quisiera subrayar que aquellos que hemos vivido cuarenta años bajo una dictadura fascista, aquellos que recordamos todavía que la primera petición española de adhesión a la Comunidad Económica Europea, la de 1962, fue rechazada porque no se daban las condiciones democráticas exigidas, y sabemos, por tanto, lo que es vivir sin libertades y aislados, nosotros- digo- estamos, me parece, especialmente cualificados para comprender los anhelos de nuestros vecinos del Este europeo. 
Quisiera también decir, en nombre de los socialistas españoles, que, igual que en su día apoyamos sin titubeos la unidad alemana, estaremos en su momento dispuestos a apoyar también sin titubeos la unión de Europa. 
Sólo deberán quedar fuera aquellos que se autoexcluyan. 
Señor Presidente, estoy fundamentalmente de acuerdo con el informe del Sr. Christodoulou y quisiera hacer algunas observaciones. 
En primer lugar, no es prematuro. 
Lo sería si, como algunos están confundiendo aquí, se tratara de un informe contable. 
Lo que estamos haciendo aquí es plantear los problemas financieros del futuro- y este planteamiento no es prematuro porque las cuestiones serán muy complejas-. 
Segundo: la Unión no puede permitirse el lujo de no ampliarse, y deberá tener en cuenta, también en sus costes, los de la no ampliación, si queremos hacer un balance justo. 
Tercero: la ampliación a los PECO es importante e interesante para los ciudadanos de la Unión, sus trabajadores, sus empresas, para los de los países candidatos e incluso, me atrevería a decir, para los de los terceros países, pero no será gratis. 
Es ridículo, en mi opinión, pensar que la incorporación de una docena de países, cuya renta por habitante no alcanza el 50 % de la media comunitaria actual, pueda hacerse al amparo del 1, 27 % del producto interior bruto de una Comunidad cuyo producto interior bruto por habitante se verá rebajado por la propia ampliación. 
Por lo tanto, creo que aquí deberemos tener en cuenta nuevas necesidades. 
Señor Presidente, quisiera señalar- y con esto acabo- que, en nuestras perspectivas financieras, deberemos considerar quizás la necesidad de contar con una categoría específica para la ampliación. 
Sólo con eso, creo, podremos contemplar debidamente todos los aspectos: desde la Unión Monetaria a las políticas estructurales, pasando por la reforma agrícola de todos, comunitarios y extracomunitarios, que deberemos llevar a cabo a comienzos del siglo que viene. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones al ponente, Sr. Christodoulou, por este informe. 
Tiene un efecto catalizador en lo que se refiere al debate público en esta Asamblea sobre la ampliación hacia el Este, si bien debo advertir que surge la impresión de que la tarta es cada vez más pequeña y que estamos comenzando a pelearnos por el mejor trozo. 
En segundo lugar, habría que impedir que con la próxima fusión Este-Oeste- y en esto consiste la ampliación hacia el Este de la Unión Europea- surja una división Note-Sur. 
Para mi país la ampliación hacia el Este es un tema de la mayor trascendencia, pues Austria limita con cuatro candidatos potenciales a la adhesión- Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Eslovenia -, que conjuntamente con Polonia, serán muy probablemente los primeros en ser acogidos. 
En segundo lugar, a lo largo de estas fronteras transcurría el telón de acero, la línea que dividía a Europa. 
Los austríacos comprendemos la ampliación hacia el Este como una oportunidad para superar esa ruptura y culminar la unificación europea, si bien la política va siempre a la zaga de la economía. 
Ya hoy el entrelazamiento económico de Austria con la Europa central es grande. 
El 13 % de nuestras exportaciones va a ese área. 
Una tercera parte de todas las inversiones se ha realizado allí y 56.000 puestos de trabajo son el resultado de esta relación con el Este. 
Naturalmente, frente al Haber se encuentra también un Debe. 
El traslado de empresas a países del Este, donde los trabajadores perciben una décima parte de nuestro salario y las ansias por venir a países de altos salarios, hace que la ampliación hacia el Este sea para muchos de nuestros ciudadanos una pesadilla. 
Por ello, al contrario que el ponente, Sr. Christodoulou, estoy a favor de una integración diferenciada, con reglamentaciones de excepción y largos plazos de transición, sobre todo en lo que se refiere a la libre circulación de personas. 
El segundo problema principal es la agricultura. 
En caso de una adhesión simultánea de todos los países de la Europa central, si bien no es de esperar que ocurra así, la superficie agrícola útil de Europa se elevaría en un 55 %. 
Estoy por ello a favor de una reforma de la PAC pero advierto frente a una adaptación precipitada de los precios agrícolas al nivel del mercado occidental. 
No lo soportarían nuestros agricultores. 
Las estructuras económicas en el centro de Europa tienen que fomentarse en el marco de PHARE. 
Este programa debería revaluarse mediante una elevación de créditos. 
Como austríaca, la ampliación hacia el Este debe ir vinculada para mí a condiciones, como el abandono a largo plazo de la energía nuclear en la Europa central y si esto no fuese posible, el aseguramiento de las centrales nucleares y la adaptación a nuestros estándares medioambientales. 
Solamente la adaptación a la directiva sobre el agua de la UE costaría en los PECO 702.000 millones de chelines. 
Elevar los estándares medioambientales radica en interés de una competencia leal para todos. 
Last not least en todos estos países se deben respetar los derechos humanos pues la UE es también una Comunidad de valores. 
Todo esto tiene su precio. 
Insto a este Parlamento para que vea en este precio la inversión para el aseguramiento del futuro de Europa. 
Señor Presidente, al tratar sobre la ampliación de la Unión Europea, debemos tener presente que el principal objetivo de la misma es el reforzamiento de la paz y la seguridad en Europa. 
Por este motivo, dicho objetivo está relacionado también con una mayor cooperación con Rusia. 
Para nosotros, los finlandeses, reviste una especial importancia el desarrollo de la cooperación, tanto en la región del mar Báltico, como en la región ártica del mar de Barents. 
Tal como ya ha señalado en este foro el señor Miranda, el defecto del informe que ahora se somete a debate, un informe de por sí minucioso y bastante meritorio, estriba en el hecho de que no presta la suficiente atención a las repercusiones económicas y sociales relacionadas con la ampliación. 
Cuando se abordan las posibilidades con que cuentan los actuales Estados miembros para financiar la ampliación, la situación del empleo reviste una importancia decisiva. 
Igualmente, se debería prestar atención a los niveles de desempleo de los países candidatos, los cuales son catastróficos en un gran número de ellos. 
El cumplimiento de una estricta disciplina económica y de los criterios de la UEM dificultan aún más las posibilidades de los países candidatos para mejorar su situación en materia de creación de empleo y de seguridad social. 
Señor Presidente, el informe que ahora nos ocupa es un informe provisional; espero que en el futuro se haga un mayor hincapié en estos aspectos sociales. 
Señor Presidente, ¿qué es nuestra Unión Europea? 
Seguramente es el mayor experimento internacional en democracia que jamás ha visto el mundo. 
Es además una reacción a los siglos de sangrientas guerras que ha padecido Europa. 
Fui una niña de la guerra y en mi calidad de diputada más antigua a este Parlamento, he sido testigo de tres ampliaciones. 
Resulta muy conmovedor oír lo que han dicho el Sr. Colom i Nadal y la Sra. Stenzel. 
Grecia, España, Portugal, Suecia, Austria y Finlandia: cada ampliación ha enriquecido a esta Asamblea y ha intensificado las vidas de la población de nuestro continente. 
Hemos presenciado la caída del Muro de Berlín, hemos asistido a la desaparición del Telón de Acero. 
Y la gran pregunta que ahora se nos plantea es aquella que ha formulado el Sr. Christodoulou: ¿seremos capaces de extender nuestro paraguas para cubrir a esos nuevos países candidatos? 
Existe diversidad de opiniones, naturalmente. 
Alemania- quizá, el mejor ciudadano de nuestra Comunidad- desea profundizar y ampliar; el Reino Unido- quizá, el peor Estado miembro- desea ampliar, pero no profundizar; Francia desea profundizar, pero no ampliar. 
Tenemos pues opiniones diferentes. 
El Sr. Christodoulou no ha sido simplista; ha expuesto detalladamente las dificultades financieras. 
Pero lo más importante es que la bienvenida consta en Acta. 
Con el presente informe y, espero, con esta votación, diremos: » queremos que se unan a nosotros». 
Señor Presidente, el informe que se nos ha presentado parte de un dogma, como es que ha de llevarse a cabo la ampliación cualesquiera que sean las consecuencias financieras o humanas. 
Ahora bien, éstas son considerables pues se trata de que coexistan, en el mismo conjunto económico y administrativo, Estados y pueblos con unas tradiciones y unos niveles de actividad y desarrollo radicalmente diferentes. 
A partir de ahí, y para intentar atenuar por medios presupuestarios las consecuencias económicas y sociales de la ampliación, el informe plantea aumentar los gastos, al menos en un 30 %, en concepto de fondos estructurales. 
El mismo informe concluye que será necesario aumentar los recursos propios de la Unión, es decir, los impuestos que pagan los contribuyentes. 
Este informe aparece así como una triple huida hacia adelante. 
Huida en la ampliación, sin ver que la competencia salvaje entre economías diferentes provoca alteraciones brutales, de consecuencias sociales y humanas que pueden llegar a ser insoportables, tanto para los 15 países de acogida como para los países que entrarían en la Unión Europea. 
El informe concluye también que será necesario aumentar los recursos propios de la Unión, es decir, los impuestos que pagan los contribuyentes, como si éstos fueran extensibles hasta el infinito. 
Es por tanto una huida hacia adelante en los gastos y también en la fiscalidad, cuando el exceso de fiscalidad está cada vez menos aceptado. 
Tengan ustedes cuidado para que un exceso de precipitación en la realización de la utopía federalista no desencadene la cólera de los pueblos y la rebelión de los contribuyentes. 
Señor Presidente, Señorías, creo que con este informe se ve muy claramente que en el tema de la ampliación hacia el Este no se trata del «si» sino exclusivamente del «cómo» y del «cuándo». 
En este debate se debe ser muy sincero. 
Señora Lalumière, me alegraría si me prestase atención. 
Lamentablemente, la Sra. Stenzel ha abandonado ya la sala. 
Repito, hay que ser muy sincero pero este debate sobre la ampliación hacia el Este se está manteniendo con una falta de sinceridad tal como apenas en ningún otro debate, además tanto aquí en la Asamblea como fuera de ella y en los Estados miembros. 
Ya se ha dicho aquí que unos utilizan este debate para impedir el futuro desarrollo de la Unión Europea. 
Unos quieren profundizar y otros quieren impedir esta profundización. 
Para ello se utiliza el instrumento de la ampliación hacia el Este. 
Otros quieren poner en peligro la Unión Europea porque descansa en las antiguas políticas del pasado que han sobrevivido desde hace mucho tiempo en la Unión existente, es decir, la política agraria y la actual política estructural. 
Como no quieren cambiarlas o porque quieren cambiarlas, por un lado argumentan en contra y luego de nuevo a favor de un cambio. 
En tercer lugar, no son creíbles aquellos que cuentan a sus ciudadanos lo siguiente: queremos la ampliación hacia el Este, queremos las políticas a nivel comunitario pero para lograr eso que paguen otros. 
La Unión debe convertirse en una Caja de Ahorros en la que todos metan algo y todos obtengan más de lo que han metido. 
Hay que acabar con esta falta de sinceridad y a ello contribuye un poco el informe Christodoulou si bien reconozco gustosamente que también en nuestra comisión ha sido difícil llevar la sinceridad a la plataforma. 
Pero contribuye a ello pues describe claramente una cosa: o bien somos lo suficientemente fuertes como Comunidad para determinar las nuevas políticas y, en consecuencia, para modificarlas, o bien no lo somos. Entonces existirá una ampliación hacia el Este pero será sensiblemente más cara y los actuales Estados miembros tendrán que pagarla. 
Señor Presidente, quiero felicitar encarecidamente al ponente, Sr. Christodoulou, por el informe presentado. 
Estimadas y estimados colegas, cualquier Estado de la Europa Central y Oriental que así lo desee, puede convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Lo hemos acordado así en el Parlamento. 
Entretanto se han presentado diez solicitudes de adhesión de dichos Estados pero el grado de desarrollo de los diez candidatos para cumplir las condiciones de ingreso son muy diferentes, por lo que es muy improbable una adhesión en grupo. 
La adhesión de los Estados de la Europa Central y Oriental finalizaría la división de Europa modificando muy profundamente a la Unión. 
La ampliación es una oportunidad y un desafío para la Unión pero también para los Estados solicitantes. 
El informe Christodoulou es un informe de propia iniciativa de este Parlamento y quiere dar una respuesta a las repercusiones financieras de una ampliación de la Unión. 
En el momento actual, solamente puede ser un intento, por lo que es también un informe provisional. 
Los debates y discusiones sobre este informe reflejan todas las tensiones que existen sobre este tema. 
Este informe pretende ser una llamada de advertencia para todos- también para la Unión- y mostrar las consecuencias que tendría aferrarse a la actual política agraria y estructural. 
También pretende mostrar a los Estados solicitantes los esfuerzos que esperamos que hagan en su camino hacia la integración en la Unión Europea. 
Nadie debe creer que este informe es un instrumento para impedir el ingreso de nuevos Estados miembros. 
Pero tampoco nadie debe creer que este informe es un instrumento para afianzar el sistema actual como un status quo para la eternidad. 
Por el contrario, de este informe sale el mensaje de que la ampliación es algo ya acordado. 
Ahora tenemos que buscar las vías y medios para ver cómo lo hacemos junto con los Estados de la Europa Central y Oriental. 
Creo que no hay nadie que tenga interés en pertenecer a una Europa sin futuro. 
Nuestra responsabilidad como políticos del Parlamento Europeo es buscar vías para el futuro de una Unión ampliada. 
Este informe provisional intenta cumplir con esta tarea, no más pero tampoco menos. 
Señor Presidente, permítame que felicite a nuestro colega Christodoulou por haber realizado un inventario exhaustivo y objetivo de las dificultades económicas y financieras que provocará la ampliación de la Unión Europea, en especial a los países de la Europa Central y Oriental. 
Soy de los que piensan (algo que no se discute en el informe) que la voluntad política de reunir a los pueblos de Europa en una casa común debe ganar cueste lo que cueste. 
Ampliar Europa consolidando sus bases, éste es el proyecto ambicioso y magnífico a plantear a los jóvenes europeos hoy. 
Un proyecto realista, cuya puesta en práctica impone dos condiciones: la voluntad de hacerlo y el sentido común en su realización. 
La Europa que queremos sólo será viable económicamente si tenemos el valor y la fuerza para asegurar su autarquía e imponer, por fin, medidas proteccionistas con relación a países de fuera de Europa. 
Ésta es la buena dirección. 
Más claro, el futuro del pueblo eslovaco nos afecta más que los beneficios de los «trusts» americanos o el estado de salud de las grandes empresas de Extremo Oriente. 
Señor Presidente, el debate que mantenemos hoy sobre los costes de la ampliación constituye ya de por si una señal positiva. 
Señalizamos que nuestra Asamblea se va a ocupar también de la difícil cuestión de los costes derivados de la ampliación, por lo que expresamos nuestras felicitaciones al ponente. 
Sobre lo que sí se puede discutir es si ha sido inteligente comenzar con esta peliaguda cuestión de la financiación antes de que existan unos supuestos suficientemente seguros para apreciar los costes. 
El informe de propia iniciativa de la Comisión de Presupuestos así como el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que está relacionado con el anterior y sobre el que se va a debatir a continuación, plantean más preguntas de las que responden. 
Existe, por ello, el peligro de que sea considerado como una actitud de rechazo por parte de nuestra Asamblea. Por ello, hay que decir con toda claridad- y yo lo hago aquí expresamente en nombre de mi grupo político- que queremos lo antes posible y del mejor modo posible el nuevo orden en Europa orientado hacia un nuevo desarrollo conjunto y una compensación de intereses en toda Europa. 
A las cuestiones abiertas encontraremos respuestas, espero junto con los países asociados. 
Hay muchas diversas apreciaciones sobre los costes de la ampliación. 
Los escépticos realizan apreciaciones máximas y los partidarios apreciaciones mínimas. 
Hasta hoy no he visto apreciaciones sobre los costes de la no ampliación. 
Creo que la tendencia del informe Christodoulou va en la dirección primeramente indicada. 
Por ejemplo, en el informe se realiza una suposición de adhesión simultánea de diez países. 
Esto es tan irreal que solamente existen dos explicaciones: o se quiere influir negativamente sobre el debate o no se sabe de qué se trata realmente aquí. 
Los costes se pueden apreciar con alguna seguridad si se sabe qué países, en qué orden y en qué momento van a ingresar en la Unión. 
Otro factor es el desarrollo económico en los países de la Europa central y oriental. 
Recomiendo encarecidamente que se estudien las estadísticas comerciales y los datos económicos. 
Respecto a la ampliación en si, se va a realizar gradualmente. Por lo tanto, no nos atrincheremos en la muralla de objeciones. 
Esto no es propio de nosotros, el único Parlamento internacional votado directamente. 
Encontraremos nuevos márgenes de financiación con el desarrollo económico en los países de la Europa central y oriental. 
Ninguna otra tarea debería ser más importante e interesante para nosotros, el Parlamento Europeo, que la de contribuir tras la guerra fría y el final de la confrontación de bloques, a que el siglo XXI sea un siglo europeo en el mejor sentido de la palabra. 
Señor Presidente, la Unión Europea se ha planteado para el próximo decenio dos grandes objetivos políticos y económicos: la creación de la Unión Económica y Monetaria así como preparar y llevar a cabo su ampliación. 
Ambos objetivos van unidos a unos gigantescos esfuerzos financieros para los Estados miembros. 
Las medidas que se están ejecutando actualmente en los diversos Estados para cumplir a tiempo los criterios de Maastricht están teniendo ya el efecto de reducir el nivel de vida de amplias capas de la población y de provocar en muchos ciudadanos una creciente irritación frente a la Unión Europea y, lamentablemente, también frente a la idea europea. 
El presente informe realiza un trabajo muy ponderado si bien creo que parte de la ficción de que la profundización y ampliación pueden o incluso tienen que realizarse al mismo tiempo. 
Más bien parece ser que la realización de la Unión Monetaria hace irrealizable a largo plazo la ampliación hacia el Este. 
Algunos países miembros no se encuentran sencillamente en situación de soportar más cargas presupuestarias. 
Solamente el hecho de que los países de la Europa Central y Oriental con 106 millones de habitantes representan el 29 % de la población pero que su producto interior bruto actualmente representa solamente el 4 % del producto interior bruto de los 15 países de la UE, demuestra qué inimaginables esfuerzos son necesarios. 
El objetivo fundamental de la Unión, la ampliación, es de saludar por motivos económicos y políticos, pero hay que hacer todo lo posible para llevar a cabo a tiempo las necesarias medidas de adaptación y de reforma, tanto en los países miembros como en los candidatos a la adhesión, debiéndose además tener muy en cuenta la compatibilidad social. 
En lo que se refiere a la estrategia de la ampliación, es absolutamente necesario que sea muy flexible, dados los muy diferentes niveles de desarrollo. 
Para cada país hay que elaborar una fase propia de acercamiento, adaptada a su situación y necesidades. 
Señor Presidente, con la ampliación nos encontramos ante una posibilidad única de reconciliar Europa. 
Esta es una oportunidad de asegurarnos la paz y la seguridad en el continente, pero también de enriquecer la cooperación europea con nuevos impulsos. 
Sin embargo, una ampliación no se produce de un día para otro. 
Los países solicitantes deben convertirse en estados democráticos de derecho con economías de mercado eficaces, pero también la UE actual debe cambiar. 
Se está llevando a cabo, como sabemos, una revisión de los procedimientos de trabajo en la Conferencia Intergubernamental, pero es importante someter a debate los medios para la financiación de la ampliación. 
No propongo que escondamos la cabeza bajo el ala, sino que examinemos minuciosamente lo que va a costar la ampliación. 
El informe del Sr. Christodoulou es precisamente un eslabón que contribuye a ampliar el debate y a someter a discusión las cuestiones financieras. Esto es excelente. 
Una conclusión importante, la idea de fondo del informe, es que hay que reformar la política agrícola de la UE. 
Actualmente ya constituye el 50 % del presupuesto. 
Si no se produce una reforma, este porcentaje aumentará marcadamente en una UE ampliada. Esto no va a encajar con el coste de la ampliación, ni tampoco con las necesidades que hay que cubrir con respecto a la cooperación dentro de la UE. 
Independientemente de la ampliación, existen además motivos de principio para reformar la política agrícola; es demasiado costosa y consta de un exceso de reglamentos minimalistas. 
Por eso deben acelerarse los trabajos con objeto de reformar esta política, no solamente para facilitar con ello el proceso de ampliación hacia el este, sino también para mejorar la cooperación actual dentro de la propia UE. 
Señor Presidente, por razones de solidaridad y de defensa de la estabilidad política en Europa, la ampliación de la Unión a los PECO tendrá que ser un objetivo prioritario. 
Naturalmente, los países candidatos tendrán que cumplir unas condiciones mínimas en el ámbito político y socioeconómico, y habrán de desarrollar en suficiente medida la democracia y el Estado de derecho. 
Pero no hemos de suscitar la idea, como hace el informe Christodoulou, de que la fecha de la adhesión haya de aplazarse hasta que ya no se necesiten plazos de transición ni medidas de excepción para estos países. 
No cabe duda de que la ampliación de la Unión conllevará importantes costes. Para empezar, en la agricultura. 
Al margen de la ampliación, este sector tendrá que adaptarse en los próximos años a las exigencias ecológicas y de calidad, y asimismo habrá que tener en cuenta una nueva ronda comercial en la OMC. 
Pero no basta decir ahora que será preciso reducir fuertemente el apoyo financiero a la agricultura y que los precios tendrán que rebajarse hasta el nivel internacional, como hace el informe. 
Otro importante factor de costes es la política estructural, que es preciso revisar, incluso sin la ampliación. 
La infrautilización de los recursos disponibles demuestra que se ha alcanzado desde hace tiempo la capacidad máxima de absorción de la Unión. 
Hemos de salir de una situación en que cerca del 50 % de la población de la Unión entra dentro de uno u otro objetivo de los fondos estructurales. 
La asignación de los fondos estructurales debe ir vinculada a su eficacia, y sólo debe aplicarse a las zonas realmente problemáticas, como serán los PECO. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Christodoulou por el excelente trabajo que nos ha presentado. 
Con ocasión del debate quiero hacer algunas observaciones generales. 
La ampliación quizá represente el mayor reto para la Unión Europea desde el comienzo del esfuerzo de la unificación europea. 
Si Europa, quiere desempeñar realmente un papel político a nivel internacional y constituir una potencia política esencial, debe aprovechar este reto y, a la vez, esta oportunidad. 
La ampliación a los nuevos países candidatos no debe conducir, simplemente, a un gran mercado, sino que debe aspirar a la integración de los nuevos países con el objetivo de elevar su nivel de vida, modernizar sus estructuras y democratizar sus sistemas políticos, para conducirlos a la necesaria cohesión económica y social. 
La ampliación se debe dirigir al ciudadano. 
Tiene un coste y este coste debe ser repartido entre todos nosotros de manera justa. 
Es casi seguro que los países económicamente más fuertes se lleven mayores beneficios que los países más débiles, cuyas economías posiblemente se vean perjudicadas por la competencia de los nuevos miembros. 
Habrá que realizar los estudios y las evaluaciones oportunas. 
No cabe duda de la necesidad de racionalizar y revisar tanto la PAC como las políticas estructurales. 
El objetivo, sin embargo, debe ser su modernización y no su abolición. 
Debemos tomar conciencia todos de que, si queremos que la ampliación se lleve a cabo, el presupuesto de la Unión Europea ha de aumentar. 
La ampliación tiene consecuencias institucionales. 
Los cambios necesarios deben realizarse en la Conferencia Intergubernamental, para que no se socave la eficacia de la Unión, ni su mayor profundización. 
La ampliación, cuyas negociaciones deben dar comienzo inmediatamente después de la Conferencia Intergubernamental, afecta además a los países de Europa Oriental, incluyendo los países balcánicos, así como a Chipre, en el espacio mediterráneo. 
La ampliación de la Unión Europea tiene una lógica y asociación internas. 
La ampliación hacia el Este y hacia el Sur. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con los que afirman que éste es uno de los mayores ejercicios en tiempos de paz de la historia de Europa. 
Por ello debemos abordarlo con la máxima seriedad. 
Felicito al Sr. Christodoulou por su informe, que presenta un análisis serio y exhaustivo de los problemas. 
Deseo hacer cinco comentarios sobre el debate. 
En primer lugar, debemos tener siempre presente que la feliz conclusión de la Conferencia Intergubernamental es un requisito previo para la ampliación. 
Los países de la Europa Central y Oriental no desean integrarse en una Unión que sea considerablemente más débil de lo que es en la actualidad. 
Por ello, la conclusión con éxito es un requisito previo. 
Si los Estados miembros son incapaces de conseguirlo, no podrán hacer frente al colosal desafío de la ampliación. 
En segundo lugar, es sumamente importante que cada país candidato sea juzgado por sus propios méritos, sin ningún prejuicio. 
Por ello, la Comisión se esforzará en juzgar a cada país candidato en base a las condiciones políticas y económicas que reúna y a su capacidad de asumir el acervo comunitario relativo al sistema administrativo y al sistema judicial, imprescindibles para el buen funcionamiento del mercado interior. 
Las opiniones se harán públicas una vez concluida la Conferencia Intergubernamental, el próximo otoño. 
En tercer lugar, la Comisión está elaborando un documento- también para el próximo otoño- sobre el impacto que tendrá la ampliación sobre todas las políticas comunitarias. 
Como muchos oradores han dicho aquí hoy, el impacto de la ampliación sobre las políticas agrícola y estructural es importante. 
En cuarto lugar, la Comisión ha prometido, para el próximo otoño, la primera comunicación sobre el marco financiero después del año 2000, incluida la ampliación. 
En política agrícola, el factor clave es que los precios subirán en los nuevos países miembros, lo que conllevará un incremento de los ingresos agrícolas. Por ello no existe ninguna justificación real para la compensación. 
Pero, al mismo tiempo, si seguimos adelante con la reforma de la PAC, puede que se endurezcan los requisitos para poder recibir compensaciones en la parte occidental. 
Puede decirse que podemos solucionar el problema durante el período de transición, pero necesitaremos también una solución una vez que haya transcurrido el período de transición, que haga posible una política agrícola coherente. 
Es un enorme reto. 
En cuanto a los Fondos estructurales, si, como parece, no existe un gran entusiasmo por incrementar los antiguos límites máximos de los recursos- no he encontrado prácticamente a nadie fuera de esta Asamblea, que esté a favor del aumento -, deberemos intentar simulaciones de ampliación con el 1, 27 % del PIB, lo que significa que un 0, 46 % será para los Fondos estructurales. 
También es cierto que el crecimiento aportará nuevos recursos, pero no serán suficientes para atender a todo. 
Por tanto necesitaremos ajustes en los actuales Estados miembros. 
No será fácil. 
Pero, el próximo otoño presentaremos una comunicación sobre todo este marco financiero para que el Parlamento pueda estudiar los temas en base a tres documentos de la Comisión. 
Por último, la ampliación será un ejercicio sumamente difícil pero, si se cumplen ciertas condiciones, puede que no resulte imposible en términos presupuestarios. 
Pero si la CIG no tiene éxito y la Unión no se profundiza, la ampliación no será posible. 
Éste es el motivo por el que debemos presionar fuertemente para que la CIG logre la profundización de la Unión y un sistema de toma de decisiones más eficiente. 
Nos encontramos en un camino muy estrecho en estas negociaciones. 
Por un lado, debemos alentar a esos diez países en sus esfuerzos para fortalecer la democracia, establecer una economía de mercado y para aceptar la legislación comunitaria. 
Pero, al mismo tiempo, no podemos hacer falsas promesas de que el proceso será fácil: es una empresa ardua y difícil. 
Sin embargo, debemos alentar a dichos países a seguir avanzando, porque si logramos llevar a cabo con éxito la ampliación, la paz y la seguridad europeas se verán fortalecidas considerablemente, y el potencial económico será enorme. 
Pero que nadie piense que podremos hacerlo de la noche a la mañana. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0384/96) del Sr. Rehder, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el estudio de la Comisión sobre estrategias alternativas para el establecimiento de relaciones en materia de agricultura entre la UE y los países asociados con vistas a la futura adhesión de estos últimos (documento estratégico de agricultura) (CSE (95) 0607- C4-0023/96) 
, ponente. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Parlamento no carece de cabeza pero nos falta un importante interlocutor: el Comisario competente. 
Pido esperar a que esté presente el Sr. Comisario pues, de lo contrario, hablaríamos inútilmente. 
Proseguiré cuando esté presente. 
Nos dicen que está llegando. 
Esperaremos un momento la llegada del Comisario porque, al parecer, está a punto de llegar. 
(DE) Señor Presidente, no quiero repetir el famoso dicho del llegar demasiado tarde y de la historia. No quiero que las y los colegas esperen más tiempo y me voy a imaginar que el Sr. Comisario Fischler está presente en espíritu. 
Señoras y señores, estimadas y estimados colegas, el debate sobre el futuro del área rural en Europa y la prosecución de la reforma agraria no solamente es de importancia de cara a la integración acordada de los Estados de la Europa central y oriental. 
Este debate es más que necesario porque el barco de la política agraria de la Unión Europea que más o menos podía navegar desde 1992, entretanto está haciendo aguas por todos lados poniendo en peligro a toda la tripulación europea y sirviendo solamente a un pequeño porcentaje de los que trabajan en el área rural. 
El 80 % de las explotaciones agrícolas tienen que contemplar con creciente amargura que los principales beneficiarios son con frecuencia los grandes comerciantes, los exportadores, los almacenistas y last not least los defraudadores de subvenciones, que el campo se arruina en muchos lugares y que los cultivos practicados desde hace siglos en las regiones rurales de Europa, que representan el 80 % de la superficie, mueren lenta pero inexorablemente. 
Quien hoy exija esperar aún más a una reforma en profundidad o asevere que solamente es necesario trazar unas líneas muy generales de reforma, está metiendo la cabeza en la arena para ignorar los escándalos cotidianos y las protestas de los consumidores o bien se expone a que se le achaque que su modo de actuar favorece al 20 % de los agricultores que son los que se llevan los trozos más importantes de la gran tarta de las subvenciones. 
También en la política para las áreas rurales tiene que aplicarse en el futuro de un modo más decidido que hasta ahora el principio de que con el dinero del contribuyente europeo no se puede hacer una política para millonarios sino una política para millones de personas en el área rural, quienes tienen derecho a una política social y democrática que les asegure la existencia. 
Quien afirme que ahora solamente se trata del marco de la ampliación hacia el Este no quiere darse cuenta de que la renovación de la Unión en este sector es una de las condiciones previas más importantes para la integración de esos Estados o bien asume tácitamente que se retrase la reforma agraria en la Unión para aplazar así este tema hasta el Día del Juicio Final. 
No podemos ofrecer este viejo barco de la política agraria europea que hace aguas por todas partes como barco común para un futuro común a nuestros interlocutores en los países candidatos a la adhesión. 
Señor Comisario Fischler, le saludo efusivamente. 
Acabo de decir que usted está presente en espíritu y ahora voy a proseguir. 
Hay que decir a tiempo y con toda franqueza a nuestros interlocutores en los países candidatos a la adhesión que debido a las negativas experiencias del pasado, en el futuro vamos a apostar por un apolítica integrada para la totalidad del área rural y que solamente este modelo puede tener también futuro en la Europa oriental. 
La política agraria deberá vincularse necesariamente a una política estructural, medioambiental y social concentrada y regional que no sea dictada por una burocracia lejana sino que vincule a los afectados e interesados a todos los niveles. 
En la Unión y en la Europa oriental han surgido algunas confusiones pues se han elaborado cálculos aproximativos que en el fondo no son más que elucubraciones sin sentido sobre los costes. 
Pues nadie sabe hasta ahora qué es lo que va a costar realmente esta ampliación, esta integración. 
Solamente cuando establezcamos las líneas maestras de una nueva política para el área rural, podremos preguntar qué costes van a surgir aquí. 
Quiero pronunciarme también aquí en favor de aquellos que se ven asimismo afectados, a los que hemos maltratado con frecuencia. 
La disposición de muchas personas en Europa para aceptar una política común en el área rural y para poner a disposición los necesarios fondos fiscales no solamente depende de si configuramos una política social y compatible con el medio ambiente. 
En Europa se espera también de nosotros que no produzcamos animales, los consumamos o, en caso de que no los consumamos, los eliminemos, como si se tratase de una materia prima industrial. 
Esperan también que realicemos una nueva política en la que las subvenciones a la exportación no se empleen para transportar por todo el globo a los animales en unas condiciones indignas. 
Tras los últimos escándalos, miles de personas han exigido espontáneamente con su firma que se acabe con estos transportes. Si ahora les presento 3.182 firmas, les pido que no lo consideren como un ruego sino como una clara e inequívoca exigencia de los ciudadanos para que se prohíba inmediatamente la tortura legalizada de los animales. 
También en este caso es válido lo dicho anteriormente: se ha hablado suficientemente, ahora hay que actuar por fin. 
Señor Presidente, considero que el informe del Sr. Rehder hace algunas elecciones y, según mi opinión, lleva mucho más allá y a un grado de mayor perfeccionamiento las innovaciones del documento estratégico, aprobado por la Comisión en diciembre de 1995 en Madrid. 
Estimo que va a ser muy importante conseguir este apoyo del Parlamento, habida cuenta de que una y otra vez se vuelve a plantear de forma dramática y desmesurada el problema de los costes de la ampliación. 
Creo que esta tesis induce a engaño. 
Hoy por hoy, es muy irresponsable plantear a los ciudadanos, los Estados miembros y los contribuyentes de la Unión Europea, evaluaciones respecto a los costes de la PAC después de la ampliación que, a mi juicio, carecen en absoluto de fundamento. 
Creo que ninguno de nosotros puede imaginar realmente que la PAC, tal como es en la actualidad, puede ampliarse a los PECO y permanecer inalterada. 
Por otra parte, estimo que el informe del Sr. Rehder tiene el mérito de demostrar que precisamente las necesidades más auténticas de los países que estaban detrás del muro de Berlín, no plantean ninguna contradicción respecto a la exigencia de reforzar, ya desde ahora y de forma prioritaria, la política de desarrollo rural de las estructuras en lugar de la de los mercados a través del tradicional sistema de apoyos y subvenciones. 
Tras la Conferencia de Cork, considero que es preciso seguir avanzando con decisión y coraje por este camino. 
Señor Comisario, deseo pedir dos cosas: primero, que se ponga en marcha un mecanismo de seguimiento y control permanente de la situación de la agricultura en los PECO, a fin de seguir de cerca el impacto de la PAC con respecto a la evolución de los mismos; segundo, que se presente cuanto antes un documento orgánico de reforma de la Política Agrícola Común, así como que se deje de actuar de forma discontinua e irreflexiva y se evalúe orgánicamente la realidad y, sobre esta base, se plantee un debate en toda regla. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el Sr. Rehder ha presentado un amplio documento sobre la ampliación hacia el Este así como sobre la situación actual de la agricultura. 
En 1992 hicimos una reforma agraria que tiene validez hasta 1999 y en el período intermedio realizamos adaptaciones y mantenemos nuevos debates. 
No estoy de acuerdo es que en base al informe Rehder modifiquemos de repente la política agraria. 
Señor Comisario, esto no sería compatible con lo que dijo solemnemente en Cork y que apoyo totalmente en el sentido de que debemos volver al principio de la sostenibilidad. 
Siempre se lo recordaré pues este principio me parece muy positivo. 
Quien quiera modificar hoy la política agraria debe tener claro que despierta tres necesidades. 
Los expertos en presupuestos piensan que si se modifica la política agraria se podrá ahorrar dinero. 
Los agricultores dicen: si se modifica la política agraria queremos mejores ingresos y los consumidores: queremos tener unos alimentos aún más baratos. 
Es así de sencillo. 
Por ello, hay que saber exactamente qué es lo que se quiere. 
Los consumidores saben qué es lo que quieren y los agricultores también. 
Pero si hemos realizado una política o reforma agraria durante cinco o seis años, deberíamos extraer balance y analizar qué es lo que hemos logrado con ella. 
Señor Comisario, después de que usted fue tan amable en comunicarme la evolución de los precios de la leche de los últimos años que yo le solicité, constato que los precios de la leche han retrocedido en los países de moneda fuerte, estimado colega Samland, y en los países de moneda débil se han producido considerables subidas. 
Esto no me parece correcto a largo plazo pues en los países de moneda fuerte los agricultores tienen en parte unos costes superiores que en los demás países. 
Señor Comisario, usted dijo en Cork que actualmente financiamos 62 programas en el objetivo 1, 82 en el objetivo 5 b- en mi campo ni uno solo- 101 programas Leader, 130 programas en el marco del reglamento sobre el medio ambiente agrícola, 36 programas en el objetivo 5 a y numerosos programas para repoblación forestal y jubilación anticipada. 
En aquella ocasión dijo que no se podía mantener todo esto. 
Coincido con usted. 
Tenemos que realizar una operación de aclarado en el sentido más auténtico de la palabra y recapacitar adónde va a parar el dinero. 
Aún más claro es su Director General Legras quien ha dicho que tenemos que solucionar problemas de mercado, de precios y estructurales y que hay muchas cosas que no concuerdan. 
Ha dicho que se deberían reducir los precios agrícolas y las subvenciones a la exportación así como mejorar la competitividad de la agricultura sin que se produzca una renacionalización de la política agrícola. 
Yo digo al respecto lo siguiente: creo que los agricultores no quieren docenas de programas. 
Los agricultores quieren una base sólida para unos ingresos seguros sobre el que se pueda desarrollar el nuevo enfoque de la sostenibilidad. 
Hay que hacerlo. 
La Comisión de Investigación muestra claramente que necesarias e importantes decisiones se quedan atascadas en su paso por las numerosas instancias y que no llevan a ningún resultado si no regulamos mejor las competencias para el futuro para que se sepa quién es competente y para qué. 
De este modo, hemos arrastrado importantes decisiones, por ejemplo, en el caso de la EEB y los transportes de animales. 
Creo que hay que mejorar en el futuro la cooperación entre la UE, los Estados y las regiones. 
Señor Comisario, usted lo ha anunciado así, por lo que le expreso mi agradecimiento, pero le estaría aún más agradecido si lo lograse, pues este es el objetivo. 
Señor Presidente, el primer proyecto de texto sometido a la Comisión de Agricultura preconizaba una revisión muy global de la PAC. 
Las enmiendas presentadas por el Grupo UPE tienen como objetivo esencial poner de relieve los aspectos fundamentales de la PAC, a saber, las garantías que se dan a los agricultores europeos y la consideración de las estructuras y potenciales propios de cada uno de los países de la Europa Central y Oriental en el ámbito de la agricultura, y velar porque la ampliación en cuestión no ponga en crisis el actual nivel de ayudas concedidas al sector de la agricultura desde la firma de la Ronda Uruguay. 
Señorías, saben ustedes que Francia apoya decididamente la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea, que debe permitir la construcción de un conjunto geográfico coherente de 470 millones de habitantes. 
La agricultura constituirá uno de los principales desafíos de esta nueva ampliación, habida cuenta de la importancia de este sector en la economía de los países de la Europa Central. 
Es normal que el Parlamento Europeo se interese de forma especial por esta cuestión y sus consecuencias para la PAC. 
Sin embargo, la evolución de esta política, esencial a ojos de Francia, será progresiva y deberá integrar una serie de factores, y entre ellos la adhesión de los PECO. 
Como conclusión, señor Presidente, estas adhesiones no pueden justificar una revisión global de la PAC que es, y debe seguir siendo, uno de los fundamentos de las políticas internas de la Unión Europea. 
Este es el primer debate que celebramos sobre la adhesión de los PECO y sus consecuencias en el ámbito agrícola. Pienso que, en función de las circunstancias, tampoco será el último. 
Asimismo pienso que el informe Rehder incluye importantes temas de reflexión. 
Sin duda, la agricultura no es el aspecto principal, aunque sí uno de los más importantes. 
El principal aspecto de la adhesión de los PECO es garantizar la paz y la estabilidad en Europa. Y la agricultura es uno de los medios para lograrlo. 
Las consecuencias son conocidas. 
Cuando se adhieran los PECO, la población aumentará un tercio, pero la superficie de tierras cultivadas aumentará un 55 %. 
¿Cuáles serán las consecuencias aproximadas para la actual política agrícola? 
En primer lugar, ¿podemos aplicar la política de precios? 
De diversos lados se ha dicho, y estoy de acuerdo con ello, que no es posible. 
Aquí, los precios son aproximadamente dos veces más altos que en los PECO, y si los aplicáramos a consumidores que destinan del 30 al 60 % de sus ingresos diarios a la alimentación, provocaría una agitación social a gran escala. 
Por consiguiente, no es posible. 
Tampoco es conveniente aplicar una política de ingresos. 
Es una compensación por los ingresos perdidos aquí, en Occidente, algo que en el Este no ha sucedido, y por tanto dicha compensación no es necesaria. 
Por ello pienso que hemos de lograr un acercamiento progresivo hacia estos países y a ello pueden contribuir los efectos de los actuales acuerdos del GATT. 
¿Qué podemos hacer? 
A mi entender, podemos aplicar a gran escala el tercer componente de la actual política agrícola, a saber, la política estructural agraria, o si se quiere, la política rural. Generalmente se hace a través de los gobiernos, a través de cooperativas, a través de todo tipo de agrupaciones. 
Y yo quisiera añadir otro elemento: el apoyo de la iniciativa privada en todas las formas posibles. 
¿No podemos considerar la posibilidad de otorgar ahora subvenciones a la inversión, subvenciones a los tipos de interés o algo por el estilo a través de los fondos PHARE? 
Generalmente, el comercio redunda en interés de ambas partes y hemos de estimularlo al máximo. 
Señor Presidente, agradeciendo al Sr. Rehder el trabajo realizado- y yo soy consciente de lo mucho que ha trabajado durante muchas horas -, hay que decir que el resultado final del documento, después de la votación en comisión, no responde, desde nuestro punto de vista, al rigor y responsabilidad que son exigibles a nuestros trabajos. 
Sigo haciendo la diferencia entre los desvelos del Sr. Rehder y el resultado final de la votación en la Comisión de Agricultura. 
En este sentido, me parece que el resultado final no profundiza; ni siquiera tiene en cuenta muchas veces los debates mantenidos en la Comisión de Agricultura y creo que el resultado del informe final no trabaja lo suficientemente el informe de la Comisión ni desarrolla una visión crítica de este documento. 
Esto me parece muy importante ya que el documento de la Comisión se apunta como la alternativa elegida, como la profundización del enfoque de la reforma del 92. 
Esta reforma- y si la Comisión dice que no tiene todavía estudios serios sobre esta cuestión puede utilizarse el caso de Francia, donde sí hay buenos estudios- ha llevado a una enorme concentración del gasto agrario en determinadas producciones de cultivos herbáceos, a la desaparición del 10 % de las explotaciones agrarias y a la concentración, cada vez menor en manos de agricultores, de la mayoría de las ayudas. 
Yo creo que eso es fundamental a la hora de empezar a hablar de los problemas de la ampliación. 
Pero, curiosa paradoja, la simplificación que nos propone el documento de la Comisión, si a ella se añade el análisis crítico que hace mi Grupo de la aplicación de la reforma del 92, no debería llevar al desmantelamiento de la Política Agrícola Común, cosa que está encima de la mesa y representa un enorme peligro. 
Dicho esto, a mí me parece que sería necesario simplificar el documento, reorganizarlo, y creo que el informe de la Comisión REX, que presentó el Sr. Novo, da pistas sencillas de métodos para abordar estos temas. 
En este sentido, yo quiero recordar aquí lo siguiente: primero, hay que darse cuenta de que los PECO no son homogéneos; segundo, hay que analizar el impacto de la aplicación de la reforma de la PAC del 92, de los acuerdos de libre comercio y de los impactos sobre los PECO para adoptar medidas, en el período de preadhesión, que no causen distorsión en los mercados de los PECO. 
Y, por último, señor Presidente, quiero señalar dos elementos, que hace falta profundizar: la simplificación de la PAC no puede llevar a la renacionalización y, como antes incluso el Sr. Likkanen reconocía, es necesario explorar pistas serias sobre la posible evolución de los recursos financieros. 
Señor Presidente, la política agrícola no es demasiado cara sino que el dinero fluye en la dirección errónea y en los instrumentos erróneos. 
Los precios de los productos agrícolas no son demasiado elevados sino demasiado bajos para una producción ecológica y de calidad de alimentos sanos. 
Apoyamos el informe Rehder, lo apoyamos en su totalidad. 
En la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural se le ha recortado. 
Señor Funk, no se trata de la determinación de una nueva política agrícola y de la superación de la PAC sino de una dirección que hay que tomar si no queremos que se produzca un desastre en la ampliación de los países de la Europa central y oriental. 
Se ha dicho acertadamente que el objetivo de nuestros esfuerzos no debe ser el mercado mundial sino el mercado interior y los mercados regionales. 
El mercado aportará lo que el Sr. Samland no quiere dar de los fondos públicos. 
Pues ambas cosas no pueden ser al mismo tiempo: recortar los fondos públicos y bajar los precios trae como consecuencia que el área rural muera. 
Estoy a favor de reducir las subvenciones donde sean erróneas pero que, en el marco de una política orientada a la calidad, exijamos a los consumidores a pagar unos precios dignos por unos alimentos sanos. 
Señor Presidente, en vistas de las enormes diferencias existentes entre la Comunidad y los países candidatos de la Europa Central y Oriental, después de la fecha de adhesión serán necesarios unos plazos de transición bastante largos en el ámbito agrícola. 
Desde el punto de vista económico es importante que se mantenga el régimen de primas salariales en los países de la Unión, mientras que no es necesario ofrecerlas a los productores de los países candidatos. 
Por otra parte, el incremento de los precios de los alimentos sería socialmente inaceptable dada la elevada proporción que suponen los gastos de alimentación en el presupuesto familiar. 
Por ello, el apoyo de la Unión tendrá que orientarse a la reestructuración y la modernización del sector agrícola en estos países. 
En relación con el tráfico comercial entre ambos, es preciso mantener un enfoque cauteloso que haga posible una ampliación controlada y diferenciada del acceso al mercado de la UE sin que las importaciones causen perturbaciones en el mercado interior. 
En el debate sobre las reformas de la política agrícola común se suele partir de la premisa de que es inevitable una mayor liberalización del mercado agrícola. 
Con ello se satifacen los deseos de nuestros socios en las negociaciones de la OMC y se facilita la adhesión de los PECO. 
Pero a la vez tendrá que imponerse la condición de que estas reformas no vayan a costa de una política agrícola coherente y que la PAC mantenga sus funciones esenciales. 
Además, en relación con la adhesión de nuevos países habrá que analizar previamente a fondo las consecuencias de las medidas de reforma de 1992, y habrá que implicar también la acumulación de concesiones en los acuerdos de libre comercio con los países de la cuenca mediterránea, Mercosur y Sudáfrica. 
A mi entender, el enfoque horizontal por el que opta la Comisión para fomentar una política rural integrada no es el adecuado. 
Las adaptaciones de la PAC tendrán que efectuarse por sector o por producto. 
Para algunos productos, un buen funcionamiento del mercado no supone ningún problema. 
Para otros productos, como los productos lácteos y el azúcar, será necesaria la intervención y medidas de apoyo. 
Para evitar las perturbaciones de la competencia, en el informe de la Comisión de Agricultura se rechaza con razón la renacionalización de la política. 
Lo mismo puede decirse en general de la política de precios y de la política salarial. 
La cosa cambia cuando se trata de la conservación de la naturaleza y los valores paisajísticos, que son específicos de las regiones y resultan difíciles de administrar centralmente. 
Asimismo es impracticable vincular las subvenciones comunitarias a condiciones en este ámbito, tal y como propone la Comisión. 
Si se vinculan programas nacionales a directivas marco europeas, la financiación nacional de la política paisajística y de la naturaleza no tiene por qué perturbar la competencia. 
Con ello puede evitarse el continuo trasiego de dinero, como sucede actualmente en los fondos estructurales. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Rehder por su informe, que acojo con satisfacción, y felicitarlo por el gran esfuerzo que ha dedicado a su elaboración. 
Es un informe muy gratificante. 
El futuro de la política agrícola europea constituye una de las prioridades de nuestra agenda, no sólo porque su presupuesto continúa consumiendo una parte muy grande del presupuesto global de la Unión, aunque sin conseguir garantizar muchas de las condiciones ni colmar las necesidades que los ciudadanos de Europa merecen, sino también por los compromisos internacionales contraídos por la Unión Europea, como el que contrajo en la Cumbre de Copenhague en 1993; a saber, ampliar la Unión para dar cabida a los países de la Europa Central y Oriental. 
Es evidente que la Política Agrícola Común no puede mantenerse en su forma actual. 
Eso es así tanto si somos una comunidad de seis, quince o de veinticinco. 
Durante los últimos 30 años, la agricultura ha cambiado en el contexto general europeo. 
El ponente apunta acertadamente a la necesidad de regionalizar la Política Agrícola Común para corregir dichas diferencias. 
También es evidente que el actual sistema de pagos compensatorios es caro y distorsiona el mercado. 
Las reformas de 1992 debían haber llegado antes y, como reconoce ahora la Comisión, hacen falta más reformas. 
En el sector de los cereales, por ejemplo, el éxito ha sido efímero. 
Actualmente hemos alcanzado los niveles de producción de antes de 1992, pero al doble de coste para el presupuesto de la UE. 
Quizá el mayor fracaso de la Política Agrícola Común haya sido el limitado beneficio que aporta a las comunidades rurales en su conjunto y, en algunos casos, que haya dado lugar a prácticas agrícolas perjudiciales. 
Todos debemos reconocer que al cabo de 30 años, la economía rural necesita un nuevo enfoque, y que también hace falta desarrollar una política para mantener todas nuestras zonas rurales y no sólo un sector. 
Sólo una política rural integrada puede garantizar la prosperidad de nuestras comunidades rurales. 
Las medidas complementarias de las reformas de 1992 deben ser ahora incorporadas plenamente en la política de la Unión. 
Recientes acontecimientos han demostrado que la salud pública y la protección de nuestro medio ambiente deben desempeñar una función central y no periférica. 
En la Conferencia de Cork, la Comisión expuso su compromiso con el cambio. 
Debemos demostrar nuestro compromiso también, dando nuestro apoyo al ponente, cuyo trabajo allanará el camino para la agricultura europea y facilitará el acceso de los países de la Europa Central y Oriental. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que todos ustedes se dan cuenta del momento que estamos viviendo, ya que se trata de uno de esos momentos a través del cual, probablemente, los historiadores del futuro juzgarán nuestra capacidad de clarividencia. 
Tras las caída del muro de Berlín en 1989, hoy por hoy la adhesión a la Europa occidental de las antiguas Repúblicas Socialistas Soviéticas representa, sin duda, un momento histórico digno de ser tomado en cuenta y que, por esto mismo, ha de encararse con extrema prudencia. 
De ahí, la sensación de que le falta algo a este informe, a pesar de que lo sustenta la gran voluntad demostrada por el ponente. 
Hubo tal vez demasiada prisa, se abarcaron demasiado temas a la vez, inclusive un intento de reforma de la PAC, que sin lugar a dudas es necesario, pero que ha de llevarse a cabo en otro foro, otra ocasión y otro momento. 
Esto se demuestra a través del gran número de enmiendas, 131 exactamente, muchas de las cuales se refieren a los puntos numerados del 8 al 35 del texto. 
La PAC de 1992 está ajustando sus cuentas con su corto alcance programático y, ante todo, con la urgencia de una reforma que ya no puede aplazarse. 
Pues bien, ahora hay que imaginarla muy comprometida ante la novedad de una agricultura como la de los países del Este, tan desequilibrada y diferente de región a región y, sobre todo, con respecto a la agricultura occidental. 
¿Qué se puede proponer desde el punto de vista de la competitividad, la calidad de los productos y la exigencia de incorporar un valor añadido a través de la transformación? 
¿Cómo enlazar la propuesta de conceder mayor autonomía operativa a los Estados miembros, las regiones y las realidades regionales? 
Todo ha de ser reexaminado y evaluado y faltó tiempo para prever procedimientos y plazos para ello. 
Todos sabemos que las vías para actuar esta reforma son tres: mantener el statu quo, emprender una reforma radical o profundizar la reforma de 1992. 
Pues bien, el informe opta por esta tercera vía, sin profundizar, no obstante, sus términos, sin indicar las pautas de conducta respecto a las obligaciones adquiridas a raíz de la Ronda Uruguay, los acuerdos bilaterales y las zonas de libre cambio, sin mencionar la necesidad de modificar el sistema de los precios de apoyo y la compensación de la renta, con los correspondientes riesgos de orden estructural y social. 
Parece oportuna, aunque una vez más prematura, la referencia al procedimiento de codecisión en materia de agricultura, que se debe decidir y debatir en un momento más oportuno. 
En definitiva, y una vez más: ¿por qué tanta prisa? 
¿A quién beneficia? 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe Rehder es un buen reflejo de los problemas que acucian actualmente a la política agrícola y de la necesidad de desarrollo de la misma que se plantea de cara a la ampliación hacia el Este. 
Las condiciones de funcionamiento de la producción agrícola en el territorio de la Unión difieren mucho entre sí. 
Esta divergencia ha de tomarse en cuenta con motivo de la reforma de la política agrícola, atendiendo a las necesidades de las negociaciones en el ámbito del comercio mundial y a la ampliación de la Unión Europea hacia el Este. 
La existencia de la Unión se fundamenta en el principio de que, a la hora de adoptar conjuntamente las decisiones, se toman en consideración de la mejor y más justa manera posible las distintas necesidades de sus Estados miembros. 
El objetivo de la Unión no puede ser la destrucción de las condiciones necesarias para lograr la producción agrícola de alguno de sus Estados miembros. 
El informe Rehder hace el adecuado hincapié precisamente en la importancia que reviste la regionalización de la política agrícola y, de este modo, también en la aplicación práctica del principio de subsidiariedad. 
A la hora de reformar la política agrícola, se deberán concretar la regionalización y el principio de subsidiariedad. 
Se está procediendo a reformar la política agrícola mediante la aproximación de los precios de producción a los precios del mercado mundial. 
Esta circunstancia implicaría que la producción agrícola de los países con peores condiciones de producción, como es el caso de Finlandia, presentaría una mayor necesidad de subvenciones, con lo cual se perdería completamente el carácter empresarial de este sector económico. 
Este aspecto habrá de tomarse seriamente en consideración a la hora de llevar a cabo reformas de la política agrícola, ya que se debe poder conservar el aspecto empresarial de la actividad económica. 
La ampliación hacia el Este supondrá que la superficie de cultivo de la Unión crecerá en más de un 55 %. 
Hay que adaptar las condiciones para la ampliación de manera que se garantice a cada uno de los Estados miembros su derecho a conservar su propia producción agrícola independientemente de las distintas condiciones. 
En tal caso, los períodos de transición deberán ser lo suficientemente largos y se deberán establecer cuotas a la producción de los nuevos Estados miembros a niveles similares a los precedentes a su adhesión con el fin de evitar un desequilibrio del mercado. 
Cuando Finlandia se incorporó a la Unión Europea, se fijaron cuotas a su producción que correspondían a los niveles precedentes a su adhesión. 
En mi opinión, y por lo que respecta a este tema, se trata también de que todos los Estados miembros reciban un trato justo y equitativo. 
Señor Presidente, sinceramente, quisiera expresar mi asombro ante la provisionalidad y superficialidad- posiblemente encubran alguna finalidad deshonesta- con la que tratamos este importante tema. ¿De qué se trata? 
Una Comunidad que, políticamente hablando, es un enano, tanto en el escenario internacional como en su propio campo- véase la crisis en Yugoslavia -, una Comunidad con una política agraria que va de una crisis a otra, adopta todas las semanas, todos los días, medidas para restringir la producción, reducir los precios, imponer multas a los agricultores, obligarles a abandonar sus cultivos y forzarles a desplazarse a las ciudades sin empleo, hasta tal punto que éstos llegan al extremo de organizar sublevaciones, como la que está teniendo lugar en Grecia desde hace ya 11 días mientras estamos deliberando, señor Presidente. 
Centenares de miles de agricultores han cerrado con miles de tractores todos los nudos de comunicaciones básicos, exigiendo recibir algo a cambio de su ímprobo trabajo para subsistir, y el gobierno les contesta: » Imposible, éstas son las órdenes de la Comisión, ésta es la PAC y éstos son los requisitos del GATT». 
¡De modo que una Comunidad con esta política agraria, emprende ahora la aventura de ayudar y crear relaciones en el sector agrario con los PECO! 
No cuento, señor Presidente, ni soy capaz de calcular cuántos ecus costará, pero sí cuento, como ya lo han mencionado el Sr. Christodoulou y todos los diputados, así como el Sr. Rehder, las terribles consecuencias socioeconómicas que se van a producir. 
La tierra cultivable de la Comunidad se incrementará con la adhesión en un 55 %. 
¿Qué harán ustedes entonces? 
Habrá productos mucho más baratos que invadirán la Comunidad, mientras ustedes los seguirán restringiendo. 
No se ha hecho ninguna reflexión al respecto. 
Señor Presidente, teniendo esto presente, cuando se deliberó sobre nuestro tema en la Comisión de Agricultura recordé un dicho popular: » El ratón no cabía en su ratonera, pero arrastraba calabacines.» 
Es lo que están haciendo. 
Retiren, pues, su informe, que se devuelva a la Comisión de Agricultura, y aporten un informe más serio proponiendo lo que quieran, siempre que sea realista y no aventurero, ni oculte toscos intereses sucios encaminados a una reorientación de influencias políticas, económicas y comerciales en los diez PECO. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, comienzo felicitando al Sr. Rehder por su informe. 
Es el inventario exhaustivo de las consecuencias de la futura ampliación de la Unión en el ámbito de la PAC. 
Dicha ampliación va a obligar a hacer una modificación profunda de esa política, que nosotros acogemos con beneplácito. 
La PAC actual es hoy el instrumento más arcaico, injusto y destructivo de empleo existente en la Unión. 
Casi la mitad del presupuesto de esta institución se derrocha en nombre de los agricultores, pues hay un 20 % de privilegiados que absorben cerca del 80 % de esa tajada presupuestaria. 
Por otro lado, la PAC financia prioritariamente todas las producciones que más contribuyen a la desertización y al desempleo en el mundo rural. 
La producción de cereales, vinculada en gran parte a los grandes agricultores que viven en las ciudades y que menos empleo absorben, es la más apoyada, pues abarca el 43 % de todas las ayudas. 
En mi país, el desempleo hoy existente es idéntico al número de personas que se vieron obligadas a abandonar el mundo rural después de la integración de Portugal en la CEE. 
Así, pues, la ampliación debe imponer una nueva política agraria basada en la solidaridad y en la lucha contra los privilegios; en el control de la calidad, al hacer frente al productivismo destructor de la salud pública, de la sanidad animal y del medio ambiente; en la creación de empleo vinculado con la ordenación del territorio, que contrarresta el desempleo y la desertización; en la vinculación del hombre a la tierra y a la naturaleza, en vez del fomento de su alejamiento y su destrucción. 
La ampliación de la Unión es una oportunidad única para transformar una PAC arcaica y digna de figurar en un museo en una política dinámica y dirigida hacia el futuro. 
Espero, señor Comisario Fischler, que tenga el valor suficiente para crear una nueva política dirigida hacia el futuro. 
Señor Presidente, una de las tareas más importantes y estimulantes de la Unión Europea es la realización de la ampliación con los nuevos Estados del este y centro de Europa. 
No obstante, también este tipo de trabajos ha de prepararse cuidadosamente. 
Por eso me satisface dar la bienvenida a los informes del los Sres. Christodoulou y Rehder. 
Ambos son, en mi opinión, positivos en general, pero señalan la existencia de una serie de problemas que hay que tener en cuenta. 
Independientemente de la inmiente ampliación, va a resultar por fuerza necesario efectuar unas modificaciones en la política agrícola de la UE. 
El resultado de continuar obstinadamente con la actual PAC sería desolador. 
Por ejemplo, no podemos seguir con una producción láctica encadenada a un sistema permanente de cuotas. 
Tenemos todo tipo de motivos para continuar en la dirección actual de la PAC, adaptando sucesivamente los precios agrícolas, y hago hincapié en la palabra sucesivamente, a los del mercado mundial. 
La mayoría de los expertos en economía predicen que los precios aumentarán en el futuro. 
La enmienda dos del grupo PPE refleja precisamente esta circunstancia. 
Este proceso de reforma debe iniciarse el año 1999, cuando comiencen las negociaciones del GATT. 
En mi opinión, Europa saldrá ganando con esta continuación lógica de la PAC. 
A largo plazo, cabría abandonar las subvenciones a la exportación y la protección fronteriza, y aumentar las compensaciones a los agricultores en concepto de acciones que los ciudadanos valorarán, en el ámbito de la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. 
Además, una reforma de este tipo facilitará la ampliación. 
Pero, al igual que la continuación de la reforma de la PAC requiere un plazo para su arraigo, es conveniente que en las negociaciones con los países solicitantes se consigan unos plazos correspondientes de adaptación y una normativa para la transición de dichos países. 
Con respecto a esto, pienso que se exageran las repercusiones presupuestarias de la ampliación. 
Además es evidente, en relación con el gran abismo existente en términos de producto nacional bruto entre los países de la UE y los solicitantes, que hay que ir con cuidado al transferir los programas estructurales a los nuevos países. 
Sencillamente, existen unos límites para sus posibilidades de absorber grandes programas, y esto se aplica también a la política agrícola. 
Me satisface la propuesta de que se dote a las restituciones por superficie no cultivada, y a otras de tipo fijo de la PAC, de una nueva orientación. 
Pienso que dichas restituciones constituyen realmente una gran parte del ámbito que tradicionalmente se asocia a la política regional. 
También es importante observar que las acciones realizadas por la UE en el este y centro de Europa durante el periodo 1990-1994 han ascendido aproximadamente a la cantidad de 8 mil millones de ecus anuales. 
Si se compara esta cifra con los cálculos de la Comisión de la PAC global para el total de los diez nuevos países miembros, llegamos a una cifra aproximada de 9 mil millones de ecus para el año 2000; con ello creo que podemos tener una perspectiva favorable de lo que nos supondrá la ampliación. 
Creo que la agricultura europea puede mirar hacia el futuro con plena confianza tras la ampliación. 
Con las acciones correctas, podemos lograr un buen poder competitivo y un mayor porcentaje del mercado mundial. 
Señor Presidente, en primer lugar querría expresar mi agradecimiento al Sr. Rehder por su trabajo. 
Me produce gran satisfacción escuchar aquí hoy tantas referencias a la Declaración de Cork. 
El Comisario es ciertamente un pionero en su enfoque práctico de la agricultura y el desarrollo rural. 
La futura ampliación de la Unión Europea para incorporar a los diez países de la Europa Central y Oriental es el acontecimiento más dramático jamás contemplado o emprendido por la Unión. 
Las dificultades por las que están atravesando los actuales Estados miembros para llegar a un acuerdo sobre la moneda única no son nada en comparación con la amplia gama de problemas que supone la futura ampliación hacia el Este, de los que el futuro de la Política Agrícola Común y la revisión de los Fondos estructurales son apenas dos de ellos. 
Las implicaciones para cada uno de los Estados miembros actuales sólo en política agrícola son profundas, sobre todo para un país como Irlanda. 
El número de ideas y las propuestas que presenta el estudio de la Comisión tendrán serias repercusiones para los agricultores irlandeses y para el sector agrícola irlandés. 
La creación de una Comunidad de 25 países supondrá, en su momento, un aumento cercano al 30 % y afectará seriamente al presupuesto anual. 
Cometer errores sería catastrófico no sólo para los actuales Estados miembros, sino también para los países que desean unirse a nosotros. 
La cuestión de la «renacionalización» de la Política Agrícola Común, por ejemplo, en base a que dicho desarrollo es consecuencia de un proceso de simplificación de la Política Agrícola Común, en realidad significa su desmantelamiento y, ciertamente, no sería aceptable. 
La tercera opción presentada por la Comisión, desarrollando el enfoque de 1992, tiene elementos positivos ya que incluye el desarrollo de una política rural integrada. 
Incluso con un enfoque gradual de la ampliación y largos períodos de transición que reduzcan los costes generales, seguirá siendo necesario un aumento del volumen del presupuesto. 
La necesidad de un debate a fondo y de una revisión de las perspectivas financieras de la UE para el período posterior a 1999 es de vital importancia, y los recursos presupuestarios deberán incrementarse de manera espectacular. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea- no si se lleva a cabo o no, sino cómo se llevará a cabo- es el mayor reto al que se enfrentará Europa en el próximo decenio. 
Es un gran cumplido para la UE el hecho de que su hazaña de evolucionar de un Mercado Común de seis países hasta una Unión de 15 Estados democráticos, haya llevado a los Estados de la Europa Central y Oriental, una vez que han conseguido la libertad de elección, a solicitar su integración en la UE. 
La respuesta de la Unión actual y su capacidad de adaptación para facilitar esta expansión, que permitirá a los Estados candidatos desarrollar y fortalecer sus instituciones democráticas recientemente establecidas o restablecidas, y su transformación económica, serán el baremo por el que se juzgue la historia de Europa en esta década y la siguiente. 
Este proceso exige la reforma y la adaptación de la PAC para que ésta pueda atender a las futuras necesidades de una Europa más amplia en el siglo XXI. 
Actualmente la PAC sigue absorbiendo la mitad del presupuesto de la UE. 
Su antigua razón de ser, hacer frente a la gran escasez de alimentos tras la II Guerra Mundial, es cosa del pasado. 
Ahora se impone un cambio para afrontar los nuevos imperativos medioambientales y sociales en el campo, y distribuir mejor las enormes subvenciones públicas, apartándolas de los agricultores que ya gozan de una buena situación económica para destinarlas a las regiones europeas más marginales y a la producción de los alimentos que realmente necesitamos. 
Además, el GATT exige el desmantelamiento del sistema de impuestos a las importaciones y ayudas a las exportaciones. 
Nuestro colega el Sr. Rehder ha elaborado un excelente informe en el que subraya los cambios necesarios para lograr una Política Agrícola Común apropiada para una Europa ampliada en el siglo XXI, y también para liberar las sumas necesarias para los programas de ámbito regional y social en dicha Europa ampliada. 
Lamento que los colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no se hayan mostrado dispuestos a afrontar estas realidades, y que una mayoría, perteneciente a la derecha, haya votado a favor de suprimir algunos apartados fundamentales del informe Rehder. 
Hago un llamamiento a esta Asamblea para que en la votación de mañana restablezca su posición sobre el compromiso de que se acometerán las reformas adecuadas de la PAC; unas reformas que son imprescindibles, incluso sin la ampliación, y de las que depende el futuro de nuestra agricultura, nuestro medio ambiente y el proceso de lograr una Unión Europea estable, socialmente coherente y que abarque a todo el continente. 
Señor Presidente, señor Comisario, en portugués se dice que adivinar está prohibido. 
Adivinar lo que va a suceder con la ampliación, que es una realidad política que todos deseamos, es, de hecho, difícil. 
El Sr. Rehder se ha esforzado mucho para prever cuáles han de ser las modificaciones de la PAC. 
Yo habría preferido que hubiera previsto cuáles serán las modificaciones de la política agraria, de la especulación con los precios agrícolas y lo que nos van a costar los productos agrícolas en el nivel mundial. 
Porque de eso va a depender la futura PAC o el futuro éxito, o fracaso, de la ampliación. 
Eso es lo que yo sé. 
Después, por mi experiencia personal sé otra cosa: la experiencia de adhesión de Portugal, país muy estatizado, que vivió una revolución, vivió el colectivismo, y que aún hoy no ha conseguido adaptarse a las reglas del mercado, ni siquiera a la PAC actual; por otro lado, el estudio que se hizo en Múnich sobre la adhesión y la reunificación de la llamada Alemania Oriental, los errores que se cometieron, pese a hablar la misma lengua, las consecuencias negativas que no se previeron: todo nos aconseja, por tanto, estudiar la situación con más cuidado y no ser como Alejandro Magno, que quiso conquistar el resto del mundo a toda prisa. 
Señor Presidente, desde el punto de vista político habría sido correcto tratar este informe después de la revisión del Tratado de Maastricht. 
A diferencia de lo que pretende el ponente, ahora, con las prisas, nos arriesgamos a lanzar una señal equivocada. 
Seamos sinceros, la reforma de la política agrícola dentro de la Unión no hace más que empezar. 
La relación norte-sur es difícil. Aún tienen que llegar los golpes duros. 
Antes de iniciar una ronda de conversaciones con nuevos interlocutores, considero necesario equilibrar en gran medida nuestra política agrícola. 
Se piden fondos adicionales al ciudadano. Quizás esté dispuesto a darlos si se determina y se garantiza el vínculo del agricultor europeo con el campo y su función en el desarrollo rural dentro de una política agrícola coherente y visible. 
En los nuevos países, el número de personas que dependen de la agricultura es mayor, y por ello tenemos una mayor responsabilidad para apoyarlos material y democráticamente, una vez que hayamos completado nuestra revisión. 
Este informe supone el comienzo de una estrategia, pero es un comienzo muy pequeño. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-1226/96). 
Señor Presidente, señoras y señores, respecto a la pregunta relativa a la situación de los niños en el Irak, la Comisión comparte en cualquier caso la preocupación del Parlamento Europeo sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en el Irak y, en especial, en lo tocante a las dificultades a las que se ve expuesta el grupo más vulnerable de la población, es decir, los niños. 
El 25 de septiembre de este año, la Comisión ha recibido del Department of Humanitarian Affairs (DHA) , que asegura la coordinación de la ayuda humanitaria en el Irak, una llamada para un programa de ayuda humanitaria por un importe de 31, 7 millones de ecus. 
En un futuro próximo, la Comisión va a acordar un plan global para ayuda humanitaria por un importe de 20 millones de ecus. 
Con este programa, la Comisión va a poder cubrir de facto dos terceras partes del importe mencionado en esta llamada del DHA. 
Este plan global va a ser ejecutado por el World Food Program, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, El Comisariado de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados así como por el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras cinco ONG europeas. 
Desde 1991 la Comisión proporciona a la población iraquí una importante ayuda humanitaria. 
Para el período 1991 a 1995, la suma global de esta ayuda ascendió a 185, 4 millones de ecus. 
En 1996, hasta el momento en que Turquía negó el paso por su territorio de la ayuda humanitaria y antes de la invasión del norte por parte del ejército iraquí el 31 de agosto de este año, la suma de las prestaciones fue de 9, 5 millones de ecus. 
Independientemente de ello, los aportaciones de la Comunidad para proyectos de rehabilitación en el norte del Irak ascendieron a 8 millones de ecus para el período 1994-1995. 
La ayuda humanitaria se realizó tanto en el norte como en el sur, de acuerdo con las correspondientes necesidades y sin realizar diferenciaciones conscientes. 
Se concedió preferencia al suministro de alimentos y medicamentos destinados en especial a niños menores de cinco años, a mujeres embarazadas, viudas y personas mayores. 
Por lo demás, en nombre de la Comisión puedo constatar con satisfacción que ayer se llegó a un acuerdo entre el Gobierno iraquí y las Naciones Unidas que tiene por objeto el inicio de la venta de petróleo de acuerdo con la resolución 986 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Esto permite esperar que la aplicación del principio «petróleo por alimentos y medicinas» contribuya con rapidez y eficacia a mejorar la situación humanitaria de la población iraquí. 
Al no estar acostumbrados a recibir respuestas rápidas- y, a menudo, a no recibir ninguna sobre las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades de todo tipo cuando éstas son perpetradas por los Estados Unidos de América -, nos sentimos realmente aliviados por las declaraciones que acabamos de escuchar. 
Pero no podemos dejar de observar que dichas declaraciones llegan a esta Asamblea demasiado tarde, es decir, el mismo día en que han vuelto a abrirse los grifos para que Iraq venda una cantidad limitada de petróleo a cambio de alimentos y medicinas. 
Esperemos que la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Sr. Butros Gali dé los frutos deseados en los próximos meses. 
Esperemos que no se adopten nuevas medidas de intervención ni nuevas consideraciones de carácter geopolítico como pretexto para poner fin a esta mínima ayuda humanitaria. 
Hemos oído muchas cifras del Sr. Comisario y nos preguntamos por qué los fondos facilitados por Europa no han dado hasta ahora los frutos deseados. 
El hecho se mantiene y pesará para siempre sobre nuestras conciencias que 4.500 niños iraquíes hayan muerto cada mes a causa de nuestra inacción, como ha declarado UNICEF. 
Más de 300.000 niños han sido asesinados durante cinco años por la desnutrición, las enfermedades, la falta de antibióticos y otras medicinas como consecuencia de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas. 
Se mantiene el hecho de que la Comisión ha tolerado durante demasiado tiempo la matanza de inocentes, y la culpa pesa sobre todos nosotros. 
En primer lugar, quiero indicar algo: sin duda, su Señoría puede decir que la ayuda llega tarde pero creo que es importante que llegue. Además he enumerado una serie de acciones de ayuda que se han realizado ya desde 1991 en favor del Irak, pues se comenzó tras la guerra del Golfo. 
En aquella ocasión se concedieron y se pusieron a disposición 100 millones de ecus pare el Irak. 
Naturalmente, la Comisión no va a modificar su política solamente porque ayer se haya llegado al acuerdo mencionado. 
Vamos a seguir prestando la ayuda prometida, por lo que aquí no va a cambiar nada. 
Coincido con su Señoría en que actualmente solamente podemos esperar que estas medidas alcancen conjuntamente el efecto que todos deseamos. 
Pero también quiero dejar claro que lo que proporciona la Unión Europea es la mayor parte en comparación con lo que proporcionan otros. 
No debemos siempre autocriticarnos y decir que deberíamos hacer aún más, sino compararnos con los demás y reclamar también su ayuda. 
Pregunta nº 37 formulada por Gerardo Galeote Quecedo (H-1027/96): 
Asunto: Cuba 
¿Podría la Comisión hacer una evaluación de la Posición Común sobre Cuba, aprobada por unanimidad por el Consejo de Asuntos Generales, sobre la base del artículo J.2 del TUE, en su reunión del pasado día 25 de noviembre de 1996? 
El señor diputado desea en su pregunta que la Comisión emita una opinión valorativa sobre la posición común relativa a Cuba. 
Quiero aclarar que la Comisión se identifica plenamente con la posición común. Esta se encuentra en la misma línea y prosigue posiciones anteriores de la Unión Europea, como por ejemplo, las declaraciones realizadas por el Consejo Europeo en Madrid y Florencia. 
La posición común adopta una vía intermedia entre la vigilancia en el campo de los derechos humanos y el fomento del proceso de modernización en el sector de la economía y de la sociedad. 
Hay que llamar además la atención sobre el hecho de que la posición común es un instrumento muy útil ya que allí se exponen en detalle y sistemáticamente los campos de nuestra cooperación con Cuba. 
Se mencionan en detalle las condiciones previas bajo las que sería posible una intensificación de la cooperación con Cuba. 
Esta claridad en la exposición debería ser ventajosa tanto para la Unión Europea como para Cuba. 
Visto de un modo global, la posición común tiene la ventaja de subrayar el carácter específico de la línea política seguida por Europa frente a Cuba y de recordar expresamente que la UE rechaza provocar cambios en Cuba mediante represalias económicas y presiones sobre la población. 
Señor Comisario, le agradezco su respuesta y me complace comprobar que la Comisión comparte la posición común del Consejo que, como usted menciona, es coherente con la evolución de los acontecimientos producidos entre los Consejos Europeos de Madrid y Florencia. 
Hay que recordar que, en ese intervalo de tiempo, la Comisión, a través del Vicepresidente Sr. Marín, constató in situ el inmovilismo del régimen cubano y, consecuentemente, renunció a presentar el proyecto de mandato. 
Y al ofrecer ahora el Consejo negociaciones- si se emprende el camino de las reformas para garantizar el respeto de los derechos humanos e iniciar la transición hacia la democracia- la Unión Europea abre las puertas a la esperanza, lo que a buen seguro le agradecerá el pueblo cubano. 
Pero permítame, señor Comisario, que le felicite también por esta mención que ha hecho del carácter específico de la posición común sobre Cuba, porque este Parlamento, y ciertamente mi Grupo parlamentario, se ha opuesto a la política de embargo del Gobierno de los Estados Unidos y, en concreto, a la ley Helms-Burton. 
Y como consecuencia de esta pregunta y de su exposición, es obvio que yo le pregunte a usted qué acciones concretas piensa adoptar la Comisión para desarrollar las líneas directrices contenidas en esa posición común y, en concreto, cómo piensa asegurar que la ejecución de las ayudas se haga a través de Organizaciones No Gubernamentales no vinculadas al régimen, como establece la posición común. 
Señor diputado, la posición común representa claramente la continuidad que queremos tener y se basa en las declaraciones del Consejo Europeo de Florencia y Madrid. 
En la posición común se subraya también de modo inequívoco el rechazo de las represalias económicas. 
Pero la continuidad no es lineal ya que en la posición común se exige una mejora de la situación de los derechos humanos y una mayor libertad política. 
Este criterio de enjuiciamiento se aplica adicionalmente a nuestro modo de comportamiento. 
Naturalmente, se trata de tomar las medidas necesarias para que el dinero que pagamos llegue realmente allí adónde debe ir. 
Por así decirlo, la ayuda es llevada por ONG europeas al lugar de destino y dichas ONG tienen que ocuparse de que los productos lleguen a su destino. 
En lo tocante a la ayuda humanitaria, quiero indicar que los terms of reference acordados por la Comisión y las autoridades cubanas exigen que las ONG sean propietarias de los productos hasta su entrega a los beneficiarios finales, por lo que tienen también su control. 
De este modo, queremos garantizar que funcione también realmente así. 
Señor Presidente, deseo rendirle homenaje por ejercer la Presidencia con tanta imparcialidad durante el turno de preguntas. 
Supongo que esta será la última vez que lo haga, y lamento verle partir. 
Espero que no descuente esto del minuto que me corresponde. 
Apruebo la respuesta del Sr. Comisario sobre la cuestión de la Posición Común sobre Cuba, pero espero que no nos sintamos tan desconcertados por la cuestión de los derechos humanos que nos haga olvidar lo esencial de nuestra posición hacia Cuba, que es la de oponernos a la Ley Helms-Burton y al intento por parte de los Estados Unidos de chantajear al pueblo de Cuba y al pueblo del mundo, debido a unos compromisos ideológicos de los EE.UU. 
Deseo decir que he visitado Cuba y los Estados Unidos en varias ocasiones, y que la situación de los derechos humanos en Cuba es, a menudo, mejor que en los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a los derechos a una sanidad gratuita, una educación gratuita y a un sistema que intenta proteger a la población. 
De hecho, la tasa de mortandad infantil de Cuba es bastante más baja que la de la ciudad de Washington. 
Ésos son los derechos humanos que el pueblo de Cuba desea mantener, y aunque, naturalmente, nosotros exigimos y respetamos la democracia, la concepción más amplia de los derechos humanos es compartida por este Parlamento, y sé que es compartida también por el Sr. Comisario. 
Señor diputado, lo vemos tal como usted ha expuesto. 
Naturalmente, el modo de proceder o estrategia propuesta en lo tocante a las ayudas a Cuba no debe conducir a que no se reclame el respeto de los derechos humanos. 
Pero por otro lado, no debe conducir a que la población afectada, que es la que padece el que no se respeten plenamente los derechos humanos, no reciba la ayuda que necesita tan urgentemente. 
Precisamente por ello necesitamos el correspondiente contrapeso. 
En cualquier caso, estoy convencido de que la estrategia desarrollada conjuntamente con el Consejo puede tener los correspondientes efectos. 
Señor Comisario, efectivamente, estoy de acuerdo en que hay que llegar a una cierta posición de equilibrio, pero celebro que la Comisión piense que no hay dignidad individual sin la libertad de cada hombre y de cada mujer de poder elegir, que no se puede imponer a los individuos ni a los pueblos su porvenir sin contar con ellos y que ninguna generación puede, desde luego, hipotecar el futuro de las siguientes. 
La democracia consiste precisamente en otorgar a los ciudadanos la capacidad de determinar su futuro colectivo mediante el derecho de la libertad de expresión, mediante elecciones periódicas, mediante la desacralización de las personas y mediante la supresión de los dogmas políticos. 
Y ésta es la doctrina que establece la posición común, que vincula muy claramente todo progreso de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba con un respeto escrupuloso y una mejora de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Señor diputado, le doy toda la razón en que esto es necesario y que es uno de los principios básicos cuando establecemos con otros Estados los correspondientes contactos. 
Coincido también con usted en que estos principios de dignidad humana, de libre expresión de pensamiento y los principios básicos de la democracia deben aplicarse. 
Pero también debemos tener claro y ser muy realistas al respecto en que todo esto no podemos imponerlo mediante la concesión o no concesión de tales ayudas. 
Podemos reclamarlo, exigirlo, pero no imponerlo automáticamente en cada caso. 
Esta es la realidad que conocemos también de otras muchas situaciones. 
Pregunta nº 38 formulada por Freddy Blak (H-0960/96): 
Asunto: Malos tratos a los animales durante el transporte 
¿Puede la Comisión informar de la manera concreta en que se propone intervenir ante los Estados miembros que infringen las normas sobre transporte de animales para el sacrificio? 
Existen pruebas documentales de la infracción de estas normas, proporcionadas, por ejemplo, por las televisiones alemana e italiana. 
Señor Presidente, señor diputado, en base a la subsidiariedad y al Tratado, los Estados miembros son competentes y responsables de la aplicación práctica de la directiva sobre el transporte de animales en los Estados miembros así como de la vigilancia y control diarios de que los transportistas de animales respeten realmente las normas. 
La tarea de la Comisión es comprobar si todos los Estados miembros convierten las disposiciones comunitarias en derecho nacional y si cumplen estas tareas de vigilancia y control. 
Con esta finalidad, la Comisión puede controlar la aplicación práctica de la directiva mediante inspecciones aleatorias in situ. 
En julio de 1995, el Consejo de Ministros acordó una modificación de la directiva sobre el transporte de animales con la que se mejoraron sensiblemente las condiciones bajo las que se puede realizar el transporte de animales. 
Para poder controlar en el futuro de un modo más eficiente el respeto de la directiva, el Consejo prometió a la Comisión 12 inspectores adicionales, si bien debo decirles que hasta ahora no ha recibido ninguno de ellos. 
Estas nuevas normas aprobadas en julio de 1995 entrarán en vigor el 1-1-1997, lo que supondrá una mejora. 
Pero también tengo que decirles que, sin estos inspectores adicionales, la Comisión difícilmente podrá comprobar si todos los Estados miembros controlan y aplican realmente las directivas. 
En lo que se refiere a algunas emisiones de la televisión alemana sobre el transporte de animales desde la Unión a terceros países, le puedo confirmar que la Comisión no solamente está informada al respecto sino que además ha intervenido ante las autoridades de los Estados miembros afectados para obtener información adicional sobre estos hechos y para impedir que se repitan. 
Este es el procedimiento que tenemos que respetar siempre en tales casos. 
Si como consecuencia de propias investigaciones o en base a quejas suficientemente documentadas, la Comisión tiene noticia de que las autoridades de un Estado miembro no convierten adecuadamente en derecho nacional una directiva o de que no adoptan las medidas necesarias para su aplicación práctica, se interviene primero ante el Estado miembro en cuestión. 
Si las autoridades no adoptan entonces las medidas necesarias para evitar una repetición de las infracciones, normalmente la Comisión inicia el procedimiento de infracción del artículo 169. 
Por ejemplo, en el caso del transporte de caballos de la Europa oriental a Italia, hace poco se han comenzado las pesquisas previas que pueden conducir a un procedimiento ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
También quiero indicar aquí claramente que nuestros medios para imponer el respeto del derecho comunitario son muy limitados pues, exceptuando el procedimiento de infracción del Tratado, actualmente no disponemos de ningún otro instrumento. 
En lo que se refiere a la observancia de la directiva sobre el transporte de animales cuando se trata del transporte a terceros Estados, la Comisión está estudiando actualmente el modo de vincular los reembolsos por exportación de animales vivos al respeto de la directiva, también cuando se trata de transportes fuera de la Unión Europea. 
A este respecto debemos solucionar ante todo un problema de control; pero confío en que la Comisión apruebe próximamente una propuesta de este tipo. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Contenía muchos aspectos buenos, pero negativos, según mi parecer. Está usted un poco a la defensiva. 
Se ha dicho que usted es el mejor Comisario, la persona más enérgica, y, por eso, su respuesta ha sido demasiado débil y defensiva. 
¡Los países que no cumplen las normas deben ser llevados ante el Tribunal de Justicia para ser condenados! 
¡Encárguese usted de que estos países no reciban subvenciones de restitución y ayudas de la UE! 
¡Es inaceptable! 
Los ciudadanos se sienten realmente afectados e indignados por este tema. 
En su opinión, es un tontería tener una Comunidad que acepta algo así. 
¡Señor Fischler, sé que lo puede hacer! 
¡Sé que es usted una persona muy competente! 
Dé un escarmiento y encárguese de que no volvamos a ver este tipo de atrocidades. 
Si los Estados miembros no cumplen las normas, hay que llevarles ante el Tribunal de Justicia. 
Así debe ser. 
¡Demuéstrenos que es capaz de llevarlo a cabo y le aplaudiré con entusiasmo, cuando lo haya hecho! 
Señor diputado, para que no surja ningún malentendido: puedo llevar a un Estado miembro ante el Tribunal Europeo de Justicia si éste no cumple sus obligaciones. 
Pero para castigar o llevar ante los Tribunales de un país miembro a un transportista individual que haya infringido las normas, es competente en exclusiva el Estado miembro. 
No puedo inmiscuirme en sus competencias. 
Subrayo de nuevo lo que le he dicho antes: si no se me entregan instrumentos adicionales para actuar contra tales infracciones, excepto el procedimiento normal de infracción, sólo podré aplicar éste. 
Si se quiere otra cosa, se me deberán proporcionar otros medios. 
Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Comisario en que es deplorable que a la Comisión no se le hayan asignado los inspectores adicionales que necesita. 
Aunque, probablemente, esta carencia podría paliarse permitiendo a las ONG correspondientes que supervisen el cumplimiento de las normas por parte de los Estados miembros. 
El tema fue abordado en el turno de preguntas del mes pasado por la Sra. Bonino, quien, creo recordar, dijo que los Estados miembros pueden delegar autoridad sobre las ONG, pero que la Comisión no puede exigirles que lo hagan. 
Si la Comisión está estudiando las denuncias que han hecho los programas televisivos, podría estudiar igualmente las denuncias de incumplimiento de las normas que hacen las ONG que operan en los Estados miembros. 
Si usted no puede conseguir los inspectores veterinarios adicionales que necesita- aunque son muchas las personas de toda Europa que están dispuestas a llevar a cabo las inspecciones, incluidos muchos organismos responsables -, probablemente la Comisión debería exigir a los Estados miembros que tomen nota de dichas inspecciones. 
Señor Presidente, señor diputado, la idea que ha expuesto no es totalmente nueva para mí. 
Estoy a favor de utilizar este medio si es posible jurídicamente. 
Sin embargo, primero debemos aclarar la cuestión jurídica pues no puede ser que una ONG tenga que procurarse, por así decirlo, de modo ilegal, el acceso para realizar in situ un control. 
Debemos proporcionar a una ONG de este tipo o a un representante la correspondiente autorización, pues no puede ser que una persona sea posiblemente castigada por trabajar en favor de la protección de los animales. 
Hay que aclarar jurídicamente esta cuestión. 
Si encontramos una solución, estoy muy a favor de utilizar también esta vía. 
Pero, por otro lado, creo que vamos a necesitar inspectores profesionales. 
Mantengo, por ello, mi petición de que se nos entreguen los inspectores prometidos o, al menos, una parte de ellos. Quizás pudiésemos compartirlo con las ONG. 
Pregunta nº 39 formulada por Marie-Paule Kestelijn-Sierens (H-0949/96): 
Asunto: Antidumping 
La Comisión Europea se propone decretar medidas antidumping, en forma de tasas más elevadas, para la importación de calzado barato procedente de China, Indonesia y Tailandia. 
Las medidas previstas tendrán graves consecuencias tanto para los importadores y distribuidores europeos de zapatos baratos procedentes de esos países como para los consumidores. 
Con la excepción de los casos extremadamente urgentes, la Comisión consulta a los Estados miembros antes de decretar medidas protectoras provisionales. 
¿Puede indicar la Comisión si ya ha adoptado una posición oficial al respecto? 
¿Considera la Comisión que ha habido dumping de zapatos procedentes de China, Indonesia y Tailandia? 
¿Es cierto que la importación de zapatos baratos procedentes de esos países perjudica de tal forma a la Comunidad que hace necesaria la adopción de medidas antidumping? 
¿Ha consultado la Comisión a los Estados miembros a este respecto? 
Actualmente, la Comisión está examinando dos procedimientos antidumping en materia de calzado. 
Uno es relativo a un cierto tipo de calzado con palas de piel y de plástico, procedente de la República Popular China, Indonesia y Tailandia. 
El otro es relativo a un tipo de calzado con palas textiles procedente de la República Popular China e Indonesia. 
Los Estados miembros fueron consultados sobre los resultados de las deliberaciones de la Comisión durante la reunión del comité consultivo antidumping celebrada el 17 de septiembre de 1996. 
Los resultados son aún confidenciales. 
En lo relativo al caso de las palas de textil, se espera una decisión antes de finales de año. 
En cuanto al procedimiento de las palas de piel y de plástico continúa la investigación, y se prevé que la decisión tardará aún algún tiempo. 
En virtud de las disposiciones del Reglamento básico antidumping, la Comisión sólo adoptará medidas provisionales en aquellos casos en que se demuestre que las importaciones han tenido un efecto de dumping en el mercado, y que dicho dumping ha ocasionado daños materiales a las empresas comunitarias del sector. 
Además, deberá adoptarse una decisión positiva en el sentido de que los intereses de la Comunidad hacen necesaria la intervención. 
En sus deliberaciones sobre si las medidas obedecen a los interés de la Comunidad, la Comisión no puede limitarse únicamente a los posibles efectos de las medidas para determinados grupos de interés, ni para un Estado miembro en particular. 
Deberá basar sus apreciaciones en todos los distintos intereses contemplados en su conjunto y sobre una base a nivel comunitario, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el artículo 21 del Reglamento fundamental antidumping. 
Quiero dar las gracias a la Comisaria por su respuesta, que contiene algunas novedades que todavía no he visto en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita de la Sra. Maij-Weggen, concretamente que están en marcha dos procedimientos antidumping. 
Habría querido que la Comisaria me dijera cuándo empezó la investigación, porque el procedimiento tiene un plazo. El plazo máximo es de un año, y en circunstancias especiales de 15 meses. 
Por consiguiente, quisiera saber cuándo se inició dicho procedimiento para saber cuándo tendrá que acabar. 
Una segunda pregunta que quisiera formular es la siguiente: ¿ha sopesado la Comisión todos los intereses de los diferentes grupos o de las diferentes personas implicadas en esta cuestión, concretamente los consumidores, importadores y productores? 
Usted ha dicho que se ha celebrado una consulta con los diferentes Estados miembros. 
He sabido que 7 Estados miembros han dictaminado negativamente sobre esta cuestión y que sólo los Estados miembros del sur están de acuerdo con la medida, pero hay países, como los Países Bajos y Bélgica, que no tienen industria del calzado y tampoco se benefician de la protección de este sector. 
Este procedimiento se inició el 22 de febrero de 1995. 
Como he dicho, ha habido consultas en el seno del comité consultivo antidumping. 
Lamentablemente, los resultados se mantienen confidenciales en esta fase. 
Como también he dicho, en lo relativo al caso de las palas de material textil, se espera que la decisión se tomará antes de que finalice el año. 
Pero en el segundo caso, hará falta más tiempo para determinar si se han producido daños a nuestras industrias comunitarias o no. 
Quisiera felicitar a la autora de la pregunta. 
Es una pregunta muy acertada que, sin duda, afecta a mi circunscripción, Northamptonshire y, en particular, a Blady, donde tenemos un gran número de empresas de calzado. 
Deseo ampliar el debate. 
Quiero saber si la Comisión acoge con satisfacción la postura que han adoptado las tres principales empresas de artículos deportivos de Europa- Adidas, Reebok y Nike- que se están preocupando de que se paguen salarios justos en los países de los que importan sus productos. 
Éste es, sin duda, el enfoque ético que nos gustaría que copiaran otras compañías importadoras, porque permite evitar algunos de los efectos más nocivos de las medidas antidumping, tal y como las que tenemos ante nosotros. 
Puedo comprender el interés de su Señoría por su circunscripción. 
Pero al mismo tiempo, debemos ser muy cuidadosos a la hora de analizar si en estos casos puede realmente hablarse de dumping. 
Por ello, espero que las decisiones se tomen en el mejor interés del comercio exterior y de nuestros trabajadores de Europa. 
Gracias por su respuesta, señora Comisaria. 
Estoy interesado en ese criterio del daño material que se está ocasionando a la industria de la Unión Europea. 
Me gustaría que profundizara un poco más. 
Si, como supongo, el motivo por el que usted utiliza ese criterio es para determinar si una empresa se ha visto materialmente perjudicada, quizá mediante el cierre de fábricas o el despido del personal, ¿no es, en ese caso, un poco tarde para afirmar que se han ocasionado daños materiales, toda vez que el personal ya ha sido despedido y se han cerrado las fábricas? 
¿Qué importancia atribuye a las necesidades y a los intereses de los trabajadores en situaciones semejantes? 
Como he dicho en mi respuesta, debemos examinarlo desde todos los ángulos. 
No podemos limitarnos a analizar el caso de un Estado miembro o de un grupo que pueda verse afectado por este asunto, debemos adoptar una visión general cuando estudiamos los casos de antidumping. 
Si realmente queremos hacer honor a nuestros ideales de libre comercio con países de todo el mundo, debemos ser imparciales a la hora de examinar este tipo de casos. 
Debemos tener presente los intereses de los trabajadores de la Unión Europea, pero también la situación de los países con los que mantenemos relaciones comerciales. 
Pregunta nº 40 formulada por Rui Vieira (H-0822/96): 
Asunto: Corrupción 
Varias entidades responsables, especialmente las vinculadas al sector judicial, denuncian la extrema gravedad de la corrupción que se propaga por el mundo (paralelamente a otros males terribles como la droga, el terrorismo, las bandas armadas, el tráfico de menores y de mujeres y otras actividades más o menos mafiosas vinculadas a la delincuencia organizada, de la que no ha podido substraerse la Europa comunitaria) y hacen un llamamiento a las conciencias de los gobernantes para que establezcan una cooperación internacional más fuerte, más eficaz, más profunda, más lúcida y, asimismo, mucho más urgente. 
Habida cuenta de la dificultad, la complejidad y el carácter transnacional y progresivamente «gangrenoso» de este problema, la investigación del mismo debe llevarse a cabo desde sus orígenes, próximos o remotos, y la UE debería atreverse, junto con los Estados miembros y también con países de otros continentes, a realizar un estudio meticuloso, con objeto de encontrar una solución adecuada que conduzca, quizá únicamente a largo plazo, a su desaparición. 
¿Cuándo piensa la Comisión llevar a cabo este estudio y tomar medidas en el ámbito de la corrupción que le den credibilidad ante la opinión pública? 
Señor Presidente, la Comisión es consciente de la necesidad de que se produzcan unas acciones contra la corrupción dentro de la propia Comisión Europea y a nivel de la Unión. 
También se necesitan unas iniciativas a nivel global. 
La Comisión ya ha efectuado muchos trabajos en este sentido, por ejemplo en lo referente a las normas para las adquisiciones públicas y las ayudas a países terceros, para de este modo crear una mayor apertura y transparencia. 
La respuesta de la Comisión a la resolución del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 1995 sobre la corrupción da detallada cuenta de las acciones ya adoptadas. 
Se están llevando a cabo trabajos dentro del tercer pilar para penalizar la corrupción de funcionarios de las instituciones de la UE y de los países miembros. 
También hemos colaborado en la presentación de un proyecto de convenio sobre asistencia judicial. 
Además, la Comisión realiza un seguimiento de los trabajos que se están llevando a cabo dentro de la OCDE y del Consejo de Europa en estas cuestiones. 
Estos dos organismos han adoptado unas acciones concretas con miras a combatir la corrupción en sus diversas modalidades. 
También participamos en los trabajos de la OMC con el fin de crear una mayor transparencia y apertura en lo relativo a las adquisiciones públicas. 
Actualmente estamos revisando nuestra actividad en este ámbito para ver cómo podemos hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. 
Estos trabajos darán como resultado en el futuro un comunicado al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo en el transcurso de la primavera. 
Ya existe material pormenorizado sobre la corrupción, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Por tanto, la Comisión no está convencida de que la propuesta del honorable miembro del Parlamento de llevar a término un nuevo estudio constituya el mejor modo de emplear nuestros recursos. 
Muchas gracias por sus respuestas, señora Comisaria, aunque, por lo que a mí respecta, no suficientemente concretadas, porque quisiera que entre la Comisión y los Estados miembros hubiera una cooperación eficaz, sobre todo al formular medidas y acciones, ya sea por parte de la Comisión o por parte de cada uno de los Estados miembros. 
El problema, como sabe la Comisaria, se está extendiendo, no es común sólo a la Unión Europea, es transnacional, por lo que considero que toda la política de cooperación con otros Estados, además de la Unión, tendría el mayor sentido, ya que la corrupción tiene varios aspectos y cada vez se extiende más por toda Europa. 
Por tanto, este aspecto de la cooperación internacional, como en otros asuntos que transcienden el ámbito de los Estados miembros y de la propia Unión, considero que se debería aplicar a fin de que tuviéramos, no digo resultados palpables, pero al menos esbozos y comienzos de resolución, porque eso daría un aspecto francamente más positivo a la actuación de la Comisión y a nosotros, los ciudadanos, nos daría un poco más de confianza en las instituciones comunitarias. 
Pregunta nº 41 formulada por Bernd Posselt (H-0922/96): 
Asunto: Política de asilo 
Según EUROSTAT, sigue aumentando el porcentaje de Alemania dentro del conjunto de solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea, a lo que viene a sumarse un ingente flujo de refugiados que huyen de las guerras o las guerras civiles. 
¿Qué propone la Comisión para conseguir un reparto más justo de esta carga entre todos los Estados miembros de la Unión Europea? 
Señor Presidente, es cierto que en el transcurso de los últimos diez años Alemania ha tramitado aproximadamente la mitad del total de solicitudes de asilo que se han recibido en la Unión Europea. 
En algunos años la cifra ha sido aún más elevada. 
Por ejemplo, durante 1992 Alemania se encargó de aproximadamente el 60 por ciento del total de personas que solicitaron asilo en la UE. 
Esta cifra corresponde a 438.191 solicitudes. 
Desde esta fecha, el número total de personas que solicitan asilo ha disminuido notablemente. En 1994, 127.210 personas solicitaron asilo en Alemania. 
La cifra corresponde al 41, 5 por ciento del total de solicitantes dentro de la Unión Europea. En 1995, la cifra se incrementó un poco y Alemania se encargó del 47 por ciento aproximado del total. 
En términos absolutos, Alemania ha sido sin punto de comparación el país que más refugiados ha aceptado. 
Alemania ha cargado con una gran responsabilidad, también cara a las personas que huían de la guerra procedentes de Bosnia. 
Teniendo en cuenta el número de solicitantes en relación con el PNB o la población, hay otros países que también han contribuido de un modo encomiable. 
Pienso, por ejemplo, en Austria y Suecia. 
En lo referente a la distribución de la responsabilidad sobre el trámite de solicitudes, me permito recordar que el Consejo de Ministros ha adoptado dos acuerdos de importancia para esta cuestión. 
Uno es la resolución de septiembre de 1995 sobre la distribución de la responsabilidad en cuanto a los países receptores y los permisos de residencia temporales. 
El otro trata de una decisión de noviembre de 1995 relativa al procedimiento de declaración de estado de alarma y emergencia. 
Los Estados miembros tienen hoy por hoy la posibilidad de ofrecer protección temporal en caso de un éxodo masivo. 
Esto puede suceder. El sistema es parecido de un país a otro. 
Por eso he iniciado un debate en el Consejo de Ministros sobre la necesidad de que tengamos una normativa más uniforme para la concesión de asilo provisional. 
Con ocasión de la reunión informal del Consejo de setiembre, presenté un documento de trabajo en el que planteaba una serie de cuestiones concretas. 
Entre otras, deseaba debatir las diferencias existentes entre nuestros sistemas institucionales por lo que respecta a los derechos y deberes que hay que aplicar en caso de concesión del permiso de residencia temporal. 
A modo de seguimiento de esta iniciativa, me propongo proseguir estos debates durante la Presidencia holandesa, presentando una propuesta de acción comunitaria en este ámbito. 
Señora Comisaria, muchas gracias por la muy precisa respuesta y por haber diferenciado entre solicitantes de asilo y refugiados de guerras civiles, que en Alemania vienen a sumarse a las cifras mencionadas por usted. 
Mi pregunta es doble: primera, ¿cree usted que en un tiempo previsible se va presentar una iniciativa formal para acordarlo y regularlo en el Consejo? 
Segunda: ¿se ve usted en situación de presentar en un tiempo previsible al Parlamento documentos de los que se deduzca cómo está regulada la situación jurídica y material de los solicitantes de asilo en los diversos Estados miembros y en dónde radican las diferencias? 
En lo concerniente al permiso de residencia temporal, el documento de trabajo que presenté al Consejo de Ministros contiene una descripción de la situación actual en los quince países miembros. 
Con motivo de las deliberaciones mantenidas recientemente con la Presidencia holandesa, también hemos acordado presentar una propuesta de acción conjunta en este ámbito durante la primavera. 
Asunto: Registro de Europol de personas que se buscan 
¿Considera la Comisión que hay alguna justifición para introduccir en este registro datos relativos a la raza, la orientación sexual y la pertenencia a organizaciones políticas o religiosas? 
Señor Presidente, el Convenio Europol se firmó en julio de 1995 y deben ratificarlo ahora los Parlamentos de todos los Estados miembros para que pueda entrar en vigor. 
El punto de partida para lo establecido en el ámbito de la protección de datos del Convenio Europol es el Convenio del Consejo de Europa de 1981 sobre tratamiento de datos personales, con su recomendación sobre el registro de datos personales en los archivos policiales. 
El Convenio Europol supone, no obstante, una protección más amplia de la integridad y la seguridad jurídica de las personas. 
Se trata, por ejemplo, de cómo han de efectuarse las correcciones, de cómo y cuándo hay que eliminar cierta información personal, de en qué circunstancias puede informarse a la persona de que se la ha registrado, etc. El Convenio también estipula que hay que establecer una autoridad de vigilancia comunitaria para que vele por que Europol utilice sus bases de datos del modo acordado. 
Es cierto que Europol, una vez se haya ratificado el Convenio, podrá almacenar información sobre personas que no hayan sido juzgadas ni sean sospechosas de haber infringido la ley. El motivo es que en la práctica resulta normalmente imposible decidir de antemano qué papel juega una persona involucrada en una investigación policial. 
Sólo cuando se ha finalizado la investigación podemos pronunciarnos con seguridad sobre si se trata de un informador, un testigo, un cómplice pasivo o un infractor activo. 
Esto es especialmente problemático en lo relativo al comercio de drogas y la trata de personas. 
La norma más que la excepción acostumbra a ser que las personas que en un principio se creía eran testigos o informadores, en realidad resultan ser cómplices en la infracción objeto de la investigación. 
La Comisión comparte, por tanto, la idea de los Estados miembros de que es necesario registrar también en las bases de datos de Europol a personas que no sean delincuentes. 
Por lo que respecta a qué tipo de información se puede almacenar, el Convenio contiene una serie de mecanismos de protección. 
Para poder registrar la información, se requiere que sea estrictamente necesaria y que los datos completen otro tipo de información. 
Está además explícitamente prohibido realizar investigaciones en las bases de datos con la única ayuda de información de este carácter. 
También en este punto comparte la Comisión la opinión de los Estados miembros de que es necesario registrar información personal para así poder asistir a las autoridades judiciales nacionales en su trabajo. 
La Comisión se congratula de que también en estos aspectos se le haya dado al Convenio Europol una configuración que significa que avanza más que la normativa del Consejo de Europa en beneficio de la integridad y la seguridad jurídica del ciudadano. 
Le agradezco a la Comisaria su respuesta, pero no comparto su opinión de que la seguridad jurídica sea satisfactoria. 
Para ello me baso en el documento de la propuesta sobre disposiciones de aplicación del artículo 10.1 del Convenio Europol. En él observo un fundamento muy mal definido para qué cosas hay que registrar y a quién. 
Según este documento, es posible registrar la afiliación política de personas que no sean sospechosas de haber cometido ningún acto delictivo. 
También sucede que el manual que se utiliza según la normativa sobre el procedimiento para el registro de datos es confidencial, y no tenemos acceso a él. 
En general existe muy poco control democrático por parte de los Parlamentos nacionales sobre estos grandes registros que van a contener informes muy delicados sobre personas que ni siquiera son sospechosas de haber cometido actos delictivos. 
Por consiguiente, pienso que esto debería ponerse en conocimiento del ciudadano, y someterse a un debate abierto en los países miembros, antes de adoptar la decisión sobre el almacenamiento de información sobre los ciudadanos de la Unión. 
De la respuesta de la Sra. Comisaria no ha quedado muy claro exactamente qué tipo de reparación legal tiene un ciudadano en el caso de que información sobre su persona vaya a parar, por error, a los archivos de Europol. 
La Sra. Comisaria ha hablado de un comité que examinará el convenio, pero no ha dicho qué facultades jurídicas tiene dicho comité. 
¿Qué sucede si mi nombre es introducido por error, y soy acusado de un crimen que no he cometido? 
¿A quién puedo apelar o de quién recibiré reparación? 
Si el nombre del honorable diputado fuese a parar por error al registro, puede dirigirse a la autoridad de inspección nacional que se establecerá para que garantice que Europol utiliza sus bases de datos del modo acordado. 
Señora Comisaria, este debate sobre el registro amenaza desplazar la urgencia de Europol en el debate público. 
Quisiera preguntarle en qué estado se encuentra el proceso de ratificación de Europol y cuál es el calendario para ponerla por fin en marcha. 
Es decir, no solamente es importante el debate sobre el registro sino también el calendario en general para Europol. 
Gracias por su pregunta. 
Me preocupa que el proceso de ratificación de Europol avance tan lentamente. 
Por eso se celebró un debate intenso sobre el tema con ocasión de la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior. 
El presidente del comité instó al conjunto de países miembros a que ratificase el Convenio en el transcurso de 1997, porque hasta la fecha ningún país lo ha hecho. 
Pregunta nº 43 formulada por Maj Theorin (H-1000/96): 
Asunto: Lucha contra la delincuencia en la UE 
El ministro de Justicia sueco ha declarado que la lucha contra la delincuencia internacional puede hacerse más eficaz sin necesidad de modificar el Tratado de la Unión. 
Por el contrario, la Comisión considera que hay que reforzar el carácter superestatal, mediante la eliminación del derecho de veto de los Estados miembros, para luchar mejor contra la delincuencia. 
¿No considera la Comisión que la iniciativa sueca de, por ejemplo, un programa plurianual de lucha contra la delincuencia, y la iniciativa de incluir nuevos ámbitos de acción, como el trabajo de prevención, son ejemplos claros de que estas cuestiones se pueden solucionar de forma eficaz mediante la colaboración interestatal entre Estados libres? 
¿No considera la Comisión, al examinar la contribución de Suecia al programa de acción de la UE de lucha contra la droga, que Suecia tiene razón al oponerse al refuerzo del carácter superestatal de la colaboración? 
Este plan de acción incluye una disposición en el sentido de que la legalización de las drogas es contraria a la política europea sobre drogas, adoptada por iniciativa sueca 
Señor Presidente, la opinión de la Comisión es que la cooperación en el ámbito de justicia e interior debe someterse a una revisión radical. 
También debe mejorarse notablemente la cooperación en lo relativo a la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional. 
Todos los estudios demuestran que los ciudadanos consideran la lucha contra el crimen como de absoluta prioridad. De esto se deduce que los esfuerzos de la UE en este ámbito vital deben ser lo más eficaces posibles. 
Deben producirse bajo control democrático y en modalidades que den a nuestros ciudadanos un nivel satisfactorio de protección jurídica. 
Este no es el caso actualmente, y por eso la Comisión ha presentado una serie de propuestas dentro de la Conferencia Intergubernamental que se está celebrando, y que tienen el propósito de mejorar la cooperación en estos aspectos. 
La idea de la Comisión de establecer unos programas de trabajo plurianuales significa que ahora se puede poner en funcionamiento una cooperación en la práctica y en una serie de ámbitos diversos. 
La idea que ha inspirado estos programas es facilitar una conexión más estrecha entre la ejecución del presupuesto y las prioridades políticas que se encuentran dentro del ámbito del tercer pilar. 
Como ejemplo puedo mencionar que los ministros de Justicia e Interior decidieron, con ocasión de su reunión en Bruselas de hace dos semanas, reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra la explotación sexual de la infancia. Esto es altamente satisfactorio. 
En estos asuntos la UE puede y debe jugar un papel importante. 
Además, los ministros llegaron a un acuerdo sobre un programa plurianual llamado STOP, lo que significa que se pondrá en funcionamiento un intercambio concreto de experiencias. 
La honorable diputada hace referencia a las iniciativas constructivas de Suecia en el campo de la cooperación para la prevención del crimen, y pregunta sobre la opinión de la Comisión sobre el valor de la colaboración interestatal entre estados independientes. 
Doy la bienvenida más entusiasta a los esfuerzos llevados a cabo en Suecia por situar las cuestiones relativas a la prevención del crimen en la agenda de la UE. 
La iniciativa adoptada por el ministro sueco de Justicia es muy valiosa. 
Al mismo tiempo, lamento que no haya entrado en vigor ninguno de los acuerdos jurídicamente vinculantes concluidos dentro del marco de la cooperación interestatal. 
Lo cierto es que ninguno de los convenios acordados en el seno del Consejo de Ministros ha sido ratificado. 
La honorable diputada sabrá seguramente que ciertos convenios concluidos datan de hace cinco años. 
La Comisión no puede calificar este procedimiento de trabajo de eficaz. 
Agradezco a la Comisaria su respuesta. 
El crimen organizado a nivel internacional está aumentando en Europa y hay que combatirlo. 
En esto estamos de acuerdo. 
No obstante, es evidente que tenemos distintos puntos de vista en cuanto a los métodos adecuados para hacerlo. 
La decisión que se ha adoptado sobre el órgano de Europol, por medio del cual los Estados miembros promoverán el intercambio de información, representa un paso importante a nivel interestatal para combatir el crimen. 
Esta cooperación debe evaluarse, una vez entre en vigor, y si se demuestra que el intercambio de información no es suficiente, el próximo paso puede ser que se lleven a cabo unas acciones operativas comunitarias a nivel interestatal como ya ha sucedido entre la policía sueca y la danesa. 
Pero es un paso enorme ir de este tipo de cooperación interestatal a la creación de unas fuerzas policiales comunitarias, un FBI europeo, que significaría que fuerzas policíacas extranjeras podrían realizar acciones en otro país, algo que resulta completamente impensable desde el punto de vista de la legislación sueca. 
Lo que me pregunto, Comisaria Gradin, es hasta dónde está dispuesta a llegar la Comisión en su propuesta de unas fuerzas policiales operativas a nivel europeo. 
He sentido un profundo alivio cuando he leido hoy en el periódico que el Canciller Kohl y el Presidente Chirac, según un comunicado posterior a su reunión conjunta, han expresado su deseo de situar la cooperación entre las fuerzas policiales y en el ámbito de la justicia en un lugar destacado de la agenda política. 
No queremos un FBI europeo, sino una cooperación intensa que se convierta en una actividad dentro del marco del primer pilar. 
Creo que esto es necesario si queremos responder al reto que se nos presenta. 
Asunto: Nuevas condiciones generales para la cofinanciación de las ONG de desarrollo 
Hace muchos años que la colaboración entre la Unión Europea y las organizaciones no gubernamentales de Desarrollo se ha convertido e uno de los pilares de las políticas europeas de cooperación internacional. 
En particular, el instrumento de cofinanciación de la acción de las ONG para el desarrollo ha adquirido una importancia cualitativa y cuantitativa cada vez mayor. 
Sin embargo, el aumento de la carga de trabajo ha planteado problemas para la realización del examen adecuado de los proyectos y para el seguimiento de su gestión. 
¿Qué medidas de organización piensa adoptar la Comisión para hacer frente a estas crecientes necesidades? 
¿En qué fase se encuentra la elaboración de las nuevas condiciones generales de cofinanciación o, en cualquier caso, la experimentación de los nuevos métodos de trabajo? 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en lo inmediato la Comisión ha tomado una serie de medidas de organización interna para acelerar y mejorar la gestión del presupuesto de cofinanciación de las ONG. 
Una de estas medidas, el refuerzo de la unidad que gestiona el presupuesto de cofinanciación de las ONG con algunos agentes auxiliares, ha tenido ya efectos este año. 
Ello se traduce, por una parte en el hecho de que la totalidad de los fondos disponibles habrá sido utilizada este año para las cofinanciaciones de las ONG y, por otra, por una recuperación del retraso en el seguimiento de los proyectos financiados. 
Además, la Comisión acaba de poner en marcha una auditoría organizativa a través de un despacho externo y ha dirigido un análisis de los procedimientos de gestión existentes y unas propuestas de mejora de éstos con el fin de responder mejor a un volumen de trabajo creciente. 
Está en proceso de examen, en el seno de la Comisión, un esquema de revisión de las condiciones generales de cofinanciación. 
En este marco se ha previsto un debate de fondo para 1997 sobre el refuerzo de los vínculos y del papel de las ONG y de la Comisión en el ámbito de la cofinanciación. 
Señor Comisario, su respuesta, por una parte, me tranquiliza, habida cuenta de que demuestra que se está haciendo algo y está en curso un proceso de reflexión y, por otra, sin embargo, me lleva a manifestar que no difiere mucho de las respuestas que sus predecesores me ofrecieron durante los últimos siete años. 
A lo largo del tiempo, la línea de cofinanciación de las ONG, gracias sobre todo al apoyo del Parlamento Europeo, ha ido aumentando y en la actualidad asciende a casi cien veces más respecto a la de 1976. Los problemas de personal han surgido en repetidas ocasiones, y los mismos no son de calidad- todos los funcionarios que hemos visto trabajar en la unidad de «Cofinanciación» son excelentes- sino de cantidad, pues, los funcionarios son pocos y cada uno de ellos ha de estudiar centenares de proyectos cada año. 
Bajo mi punto de vista, se trata de un problema de procedimiento, ya que los procedimientos que se idearon cuando habían pocos proyectos o, de alguna forma, pocos recursos, han empeorando en los últimos años a causa del control financiero. 
Asimismo, considero que se trata de un problema que estriba en la dificultad para controlar y seguir los proyectos en concreto y su impacto en la realidad. 
Ahora bien, a pesar de tener en cuenta que, en general, la opinión que se tiene respecto a los proyectos de cofinanciación de las ONG es una opinión positiva, sin embargo, considero necesario- y aquí me permito plantearle una pregunta complementaria- entender qué orientación se va a tomar con respecto a las nuevas condiciones de cofinanciación. 
En particular, ¿qué piensa la Comisión acerca de la posibilidad de proceder a la adopción de contratos marco, al menos con una parte de las ONG y para una parte de los recursos, que pueda permitir celebrar con algunas ONG contratos marco plurianuales y multiproyectos de apoyo? 
Señor Presidente, es totalmente cierto que gracias al apoyo del Parlamento Europeo hemos conseguido más que doblar los créditos disponibles para la cofinanciación de las ONG. 
Debo decir que el año pasado, ante una pregunta que se me planteó en este mismo hemiciclo, ya manifesté mis preocupaciones en lo que respecta a la cuestión del personal. 
Afortunadamente, este año puedo decirles que no solamente hemos agotado todos los créditos disponibles sino que también hemos recuperado un cierto retraso y hemos mejorado en mucho el seguimiento de los proyectos cofinanciados. 
Pero no estamos satisfechos de ello y ésta es la razón por la que nos hemos comprometido en dos vías paralelas. 
Por un lado, auditorías externas, para ayudarnos a identificar mejor lo que se podría hacer en otra parte, desde el punto de vista mecánico, con el fin de liberar las energías para el seguimiento, y digamos el debate pedagógico con las ONG. 
Por otro lado, nos hemos comprometido, con el comité de enlace de las ONG, a un debate en profundidad sobre las formas prácticas y pragmáticas, para aumentar nuestra eficacia mutua, tanto de la Comisión como de las ONG. 
Entre las opciones de estudio, podría decir que hay que buscar un consenso para contratos de programa, sobre todo con las ONG que trabajan con la Comisión desde hace décadas y que han demostrado su capacidad de gestión y rigor en lo que respecta a los créditos disponibles. 
Esto es todo lo que puedo decir en este sentido por el momento, pero les aseguro que el próximo año tendremos muchas más preguntas para discutir en este mismo sentido. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 45, 46, 47, 48, 49 y 50 se contestarán simultáneamente. 
Pregunta nº 45 formulada por Gary Titley (H-0954/96): 
Asunto: Propuesta de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Sudáfrica 
¿Puede decir la Comisión qué avances se han realizado hacia la consecución de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Sudáfrica? 
Pregunta nº 46 formulada por Alex Smith (H-1007/96): 
Asunto: Comercio con Sudáfrica 
¿Cómo valora la Comisión los costes económicos que pueden suponer la exclusión de los productos agrícolas que figuran actualmente en las listas del mandato comunitario, con respecto a la plena liberalización del comercio de dichos productos? 
¿Tiene intención la Comisión de presentar al Consejo nuevas propuestas para la revisión de dichas listas, en caso de que resultaran ser un obstáculo importante para el buen éxito de las negociaciones? Pregunta nº 47 formulada por Angela Billingham (H-1019/96): 
Asunto: Estatuto de los terceros países durante las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica 
¿Qué estatuto concederá la Comisión a los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, además de las consultas que ya se celebran con ellos como países ACP, en la próxima ronda de negociaciones sobre la propuesta comunitaria de establecer un Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica, habida cuenta de las importantes repercusiones que dicha cuestión tendrá en el comercio, los ingresos aduaneros y los controles fronterizos de dichos países? Pregunta nº 48 formulada por Shaun Spiers (H-1020/96): 
Asunto: Repercusiones económicas del posible Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica 
¿En cuánto calcula la Comisión el posible coste económico de la propuesta comunitaria de establecer una Zona de Libre Comercio UE/Sudáfrica para los demás países pertenecientes a la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, especialmente Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia? Pregunta nº 49 formulada por Patrick Cox (H-1021/96): 
¿Tiene intención la Comisión de proponer la inclusión en el Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica de disposiciones específicas que garanticen que los países pertenecientes a la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, especialmente Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia, no sufran pérdidas económicas como resultado de la aplicación de dicho Acuerdo? Pregunta nº 50 formulada por Ria Oomen-Ruijten (H-1022/96): 
Asunto: Compensaciones a los países pertenecientes a la SACU tras la propuesta de un Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica 
¿Ha considerado la Comisión la posibilidad de tomar medidas para compensar a los países pertenecientes a la Unión Aduanera del África Austral (SACU) , especialmente Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia, por las pérdidas en ingresos aduaneros y por los costes que se deriven del establecimiento de controles fronterizos como consecuencia de la posible celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica? 
El 22 de marzo de 1996, el Consejo aprobó las directivas complementarias que permiten a la Comisión iniciar negociaciones con Sudáfrica sobre comercio y cooperación. 
Desde entonces, la Comisión y sus interlocutores sudafricanos se han reunido en varias ocasiones. 
La Comisión presentó su posición negociadora y puso los requisitos para el acuerdo a petición de la parte sudafricana. 
Al mismo tiempo, la Comisión ha venido preparando la base técnica necesaria para el buen desarrollo de las futuras negociaciones. 
En cuanto a Sudáfrica, actualmente está elaborando su propio mandato de negociación, que deberá estar listo en las próximas semanas. 
Tan pronto como dicho mandato sea facilitado a la Comisión, se reanudarán las negociaciones entre ambas partes. 
A pesar de los constreñimientos en el sector agrícola, las directivas del Consejo ofrecen una excelente posición de partida para las negociaciones comerciales. 
Entre las intenciones de la Comisión no figura la de evaluar los costes económicos que, hipotéticamente, deberá soportar Sudáfrica, ni volver a recurrir al Consejo antes de que comiencen las auténticas negociaciones. 
En el transcurso de las negociaciones, la Comisión podrá volver a dirigirse al Consejo, en caso necesario, para pedir directivas adicionales que hagan posible concluir un acuerdo que satisfaga las aspiraciones y los intereses de ambas partes. 
En lo que respecta a las repercusiones más amplias del acuerdo propuesto, la Comisión reconoce que los intereses de los países vecinos de Sudáfrica y del grupo de países ACP exigen especial consideración. 
La Comisión se esforzará en consultar a fondo a dichos interlocutores en el transcurso de las negociaciones. 
Atendiendo a su solicitud, la Comisión está ofreciendo ayuda técnica y financiera a Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia (países BLNS) en la evaluación de los posibles efectos que tendrá el acuerdo propuesto con Sudáfrica sobre sus economías, y en la elaboración de recomendaciones a las partes negociadoras relativas a proyectos especialmente sensibles para los países BLNS, que tal vez deban quedar excluidos del Acuerdo de Libre Comercio. 
Se espera que los estudios que se están llevando a cabo sobre estos asuntos concluirán a comienzos del año próximo. 
Las negociaciones para el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y Sudáfrica son entre esas dos partes, y no entre la Unión Europea y el África Austral. 
No hay intención de utilizar este acuerdo como modelo a imponer a otros países de la zona. 
La cooperación de la Unión Europea con los países vecinos de Sudáfrica ya está teniendo lugar en virtud de las disposiciones del Convenio de Lomé. 
Las consecuencias finales para los países BLNS de un acuerdo con Sudáfrica deberán ser discutidas y abordadas, en caso necesario, en el marco de dicho convenio. 
No obstante, la Comisión ha descartado las denominadas medidas de compensación por las pérdidas en ingresos aduaneros. 
Sólo deseo añadir que en la reunión que mantuve recientemente con el vicepresidente Thabo Mbeki en Bruselas, llegamos a un acuerdo sobre la conveniencia de ampliar, en su momento, el alcance de nuestras conversaciones para incluir la posibilidad de tener en cuenta algunas de las cuestiones que preocupan a los países de la zona en lo relativo a un posible equilibrio para el comercio con Sudáfrica a través de la inversión y otros aspectos complementarios. 
Debo decir que a estas alturas no hay lugar para el pesimismo. 
Hay indicios esperanzadores, aunque debo reconocer la complejidad de las negociaciones y no excluyo en absoluto la posibilidad de que en un momento determinado debamos retroceder a lo elemental y estudiar si los objetivos políticos que nos hemos fijado- es decir, ayudar a la nueva Sudáfrica a obtener un mayor acceso al mercado europeo y a mejorar el comercio con Europa- no se pierden de vista entre los detalles de un exceso de aspectos sectoriales de las negociaciones. 
Es todo lo que puedo decir en estos momentos al Parlamento. 
Agradezco al Sr. Comisario su extensa respuesta y, en particular, las observaciones ad hoc que ha hecho al final. 
Quisiera preguntarle si, a estas alturas, puede adelantarnos alguna información sobre el punto preciso en que se encuentran las negociaciones sobre el mandato de la parte sudafricana. 
¿Podría asimismo darnos su parecer sobre los rumores de que las multinacionales europeas radicadas en Sudáfrica, que han gozado de la protección de su régimen industrial, se proponen restringir el alcance del libre comercio industrial en el contexto de este acuerdo? 
En lo que respecta a la actitud actual, la parte sudafricana siempre ha mostrado un gran interés por sus países vecinos. 
Desde un comienzo ha afirmado que no quiere convertirse en un país próspero rodeado de pobreza. 
Quiere tener en cuenta las preocupaciones y el afán de desarrollo de sus vecinos. 
Como ya saben, los países de la SADC (Comunidad para el Desarrollo del África Austral) firmaron hace dos o tres meses un acuerdo sobre una zona de libre comercio entre dichos países que entrará en vigor dentro de ocho años. 
No debemos ignorarlo. 
Es una realidad y debe ser tenida en cuenta en las negociaciones con Sudáfrica. 
El mandato de Sudáfrica ha sufrido retrasos y ha sido difícil ponerlo sobre la mesa. 
Sin embargo, por lo que he podido saber hace algunas semanas, es posible que tengamos el mandato en diciembre y que, por tanto, podamos iniciar una evaluación con nuestros interlocutores sudafricanos a comienzos de enero. 
En lo relativo al proteccionismo de que gozaron algunas empresas de Sudáfrica durante el período del apartheid, es evidente que no se aceptarán medidas proteccionistas, a pesar del hecho de que existirá cierta asimetría en muchos casos. 
No obstante, de algo no hay duda. Habrá que proteger las empresas de nueva creación que se debaten por salir adelante tanto en Sudáfrica como en los países vecinos. 
De lo contrario no podrán hacer frente a la repentina competencia del exterior. 
En estos momentos, las mayores dificultades aparecerán en el sector agrícola, en el que la Unión Europea ha solicitado muchas exenciones, y algunos productos para los que se ha solicitado la exclusión son de gran importancia para nuestros interlocutores sudafricanos. 
Pero por el momento, estamos esperando la señal de salida, el mandato sudafricano, y al igual que en cualquier otra negociación deberemos intentar salvar el vacío. 
Estoy bastante seguro de que con el apoyo del Parlamento Europeo podremos concluir un buen acuerdo para ambas partes. 
Agradezco al Sr. Comisario su tono alentador. 
Observo también con interés que en su respuesta original utilizó un eufemismo. 
Dijo «constreñimientos en la agricultura» cuando quería decir «productos excluidos». 
Hace aproximadamente treinta minutos, señor Comisario, usted estaba sentado ahí, al igual que yo, escuchando a su colega, la Sra. Gradin, hablar sobre los ideales en materia de libre comercio de la Unión Europea. 
¿No considera que es más bien hipócrita que nos apropiemos de forma exclusiva de una sesión negociadora imponiendo una lista de productos que deben excluirse? 
¿Qué señal estamos enviando con eso a los otros países? 
¿Deben ellos hacer lo propio? 
¿No obedece esto realmente a que el Consejo ha dado instrucciones a la Comisión para que obtenga el libre comercio únicamente cuando convenga a la Unión Europea? 
El Consejo debe velar por los intereses de la Unión Europea y por ello intenta alcanzar las mejores condiciones posibles en todos sus acuerdos. 
Mi deber es intentar demostrar la importancia que Europa atribuye al mantenimiento de buenas relaciones con el mundo exterior, en este caso, con Sudáfrica y la SADC. 
A veces hablamos como si esto fuera sólo por el bien de dichos países, pero no es cierto. 
Si hay nuevas zonas emergentes en el tercer milenio, en mi opinión, éstas estarán en Sudáfrica y, posiblemente, en el África occidental. 
Por ello- aun dejando de lado nuestras responsabilidades históricas y demás- realmente nos interesa establecer relaciones sólidas con dichos países. 
He pasado nueve años al otro lado de la valla y sé que el mandato es siempre muy estricto. 
Quizá algunos de ustedes recuerden el mandato de mi anterior colega Sr. Andriessen cuando acudió a la Ronda Uruguay. 
En un momento dado le dijo al Consejo que prefería vestir la chaqueta de su hijo que le quedaba muy estrecha, que presentar el mandato que había recibido en las negociaciones; no tenía margen de acción. 
Al final se buscó algo de flexibilidad, tuvieron lugar algunas negociaciones, y creo que eso mismo es aplicable a Sudáfrica. 
Debo repetir que el principal objetivo de proponer un Acuerdo de Libre Comercio con Sudáfrica es el de ayudar al nuevo Sudáfrica y a la región. 
Ése fue el principal motivo de nuestra propuesta, y no perderemos de vista el objetivo principal. 
En cada fase de las negociaciones debemos evaluar si lo que proponemos es justo, aunque eso dependerá también de la respuesta que nos den nuestros interlocutores sudafricanos. 
En estos momentos creo que los negociadores de ambas partes tienen gran confianza en la otra parte. 
No existe ninguna agenda secreta. 
Mantendremos unas conversaciones muy abiertas y transparentes y será un modelo de negociaciones europeas y de comercio mundial. 
Espero sinceramente que se concluyan lo antes posible, porque estamos perdiendo oportunidades. 
Quisiera, en primer lugar, agradecer al Sr. Comisario que nos haya ofrecido unas respuestas tan completas y francas. 
En septiembre visité Sudáfrica junto con algunos de los diputados que se encuentran aquí esta noche, y hace dos semanas tuve ocasión de reunirme en Londres con el vicepresidente sudafricano. 
El mensaje que transcendió de ambas reuniones fue de máxima preocupación. La preocupación de que, a menos que en la Unión Europea nos mostremos condescendientes con la ya frágil situación de la economía sudafricana, un marco comercial desfavorable infligiría enormes daños al país. 
Es en ese contexto, señor Comisario, en el que sitúo mi pregunta, porque he podido saber que el principal negociador de la Unión Europea en las conversaciones comerciales con Sudáfrica abandonará su cargo en breve. 
Quiero preguntarle si ello es causa de preocupación, y puedo asegurarle que las negociaciones deben continuarse y concluirse de la forma más positiva y constructiva posible, de hecho, en sus propias palabras- las he anotado -, » para un acuerdo que satisfaga las aspiraciones y los intereses de ambas partes» , y que refleje la opinión de que, ciertamente, Sudáfrica merece una consideración especial en este asunto. 
No podría estar más de acuerdo, y en lo que respecta al principal negociador, permítame asegurarle que será sustituido debidamente. 
Como ya he dicho, me mantendré en estrecho contacto durante las negociaciones no sólo con mi personal, sino también con el ministro Erwin y el vicepresidente Mbeki. 
Lo hemos acordado así con el fin de intentar eliminar malentendidos e intentar engrasar la maquinaria aquí y allá. 
Por ello espero que no se produzca ninguna interrupción. 
Estoy seguro de que ése no será el caso, a pesar de que Steffen Smidt será trasladado a otra DG. 
Me siento alentado por el tono del Sr. Comisario y, en particular, por su reconocimiento de que la complejidad del problema y del hecho de que el doble objetivo de alcanzar un acuerdo de libre comercio y ayudar a los países del África Austral puede resultar incompatible. 
El Sr. Comisario conocerá el estudio, financiado por la Comisión, sobre el impacto que tendrá la zona de libre comercio sobre Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia, y que indica que dichos países saldrán perdiendo si quedan fuera del acuerdo de libre comercio y que saldrán perdiendo igualmente si el acuerdo se lleva a cabo y se integran en el mismo. 
Saldrán perdiendo en cualquier caso. 
Por ello me siento bastante insatisfecho con la respuesta del Sr. Comisario en el sentido de que la Comisión no se plantea ofrecer una compensación por la pérdida de ingresos aduaneros en caso de que el acuerdo de libre comercio siga adelante. 
Me pregunto si el Sr. Comisario aprueba las conclusiones del estudio financiado por la Comisión y, en su caso, si piensa reconsiderar el tema de la compensación para dichos países. 
Permítame que lo exponga como sigue: la revisión de la SACU que se está estudiando y que se avecina ha demostrado que los ingresos aduaneros no pueden constituir la base para el presupuesto de los países BLNS en el futuro. 
Existe pues una cierta preocupación en ese sentido, con o sin zonas de libre comercio. 
Lo que hemos dicho siempre en el pasado es que no podemos hacer algo que sea considerado una compensación propiamente dicha. 
Lo que podemos hacer, y deberíamos hacer porque ya lo hemos hecho en otros casos, es intentar ayudar a dichos países en los períodos denominados de transición mediante medidas que correspondan al cambio radical que supone sustituir las fuentes de ingresos de las aduanas por otros medios más normales, tradicionales y desarrollados de obtener ingresos. 
Lo hemos hecho en muchos otros países. 
Lo estamos haciendo en los países de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental) , a los que hemos propuesto el sistema Pari, por lo que no existe ninguna razón por la que no debamos considerar esa posibilidad. 
Pero es algo que se sabrá al final de las negociaciones. 
Si llegamos a la conclusión de que dichos países se verán seriamente perjudicados, naturalmente estamos dispuestos a considerar dichas medidas. 
De ninguna manera cumpliremos nuestro mandato si al final de las negociaciones llegamos a la conclusión de que el acuerdo sería en detrimento de los países vecinos, porque el mandato dice claramente que debe beneficiar a Sudáfrica y a la región. 
Por tanto, en ese sentido no excluyo ninguna posibilidad, pero me gustaría estudiarlas de antemano antes de que entremos de lleno en las negociaciones de los diferentes sectores y productos. 
Francamente, en lo relativo al asunto que nos ocupa, creo que el Sr. Comisario ha indicado cuál será, al menos en principio, la dirección de su respuesta. 
No sé si quiero presionarle en este asunto. 
Quisiera simplemente hacer hincapié en el objetivo de la pregunta; es decir, que se reconozca el anhelo de garantías de los pequeños Estados del África Austral, en los que se producirán costes económicos, y que los costes que se identifiquen sean abordados específica y expresamente en cualquier acuerdo que se concluya. 
Creo que he respondido ampliamente a su pregunta pero, como queda una pregunta más sobre este asunto, me reservaré mis comentarios para la última pregunta. 
Yo también doy las gracias al Comisario por sus respuestas. 
Por tercera vez quisiera preguntar algo sobre la compensación, pues el Comisario ha dicho que el interés de los vecinos merece una atención especial. 
Quiere determinar la repercusión y otorga una ayuda especial para poder determinarla. 
En tal caso parece lógico pagar una indemnización si hay daños y hay que compensarlos. 
Se trata de una cuestión sumamente difícil. 
Esto se desprende también de las respuestas del Comisario a diferentes preguntas, y ello me lleva a la última pregunta: si se quiere ayudar a Sudáfrica y a los vecinos, ¿no sería más sensato ampliar el acuerdo de libre comercio con Sudáfrica a la South African Customs Union? 
Señoría, ha formulado la pregunta del millón de dólares, en el sentido de que estamos intentando establecer una zona de libre comercio con Sudáfrica y Sudáfrica está intentando establecer una zona de libre comercio con sus países vecinos; por ello, el triángulo implica lógicamente que, de un modo u otro, deberemos ocuparnos de una zona de libre comercio en la región. 
Comparto su planteamiento, porque sería estúpido por nuestra parte no tener en cuenta los hechos que se están produciendo en la región. 
Por ello, nuestro acuerdo con Sudáfrica, cualquiera que sea su formato definitivo, deberá incluir una cláusula sobre el avance de la marcha del propio acuerdo que tenga en cuenta una integración más estrecha en la región. 
Una de las cosas en las que estamos de acuerdo el vicepresidente Mbeki y yo es en la necesidad de incluir una cláusula evolutiva, así como una cláusula de seguridad que contemple la posibilidad de que descarrile el tren. 
En portugués, mi nombre significa Dios, pero no es más que un nombre, no una capacidad, por lo que no podemos predecir con exactitud qué ocurrirá, y debemos asegurarnos de que si las cosas se apartan de nuestros objetivos, tenemos la capacidad de devolverlas a su camino. 
En ese sentido, deseo asegurarles que es una de nuestras preocupaciones. 
Es una de las dificultades técnicas, pero somos conscientes de ella y la tendremos en cuenta en el acuerdo final que concluyamos con Sudáfrica. 
Señor Presidente, mi último comentario es para rogarle que siga presionando sobre este asunto. 
Pregunta nº 54 formulada por Arlene McCarthy (H-0912/96): 
Asunto: Pactos territoriales de empleo a escala local y regional 
Teniendo en cuenta que, a pesar de que el Reino Unido se unió a la estrategia de empleo en las cumbres de Essen, Madrid y Florencia, tanto el Primer Ministro, John Major, como el Ministro de Empleo, Gillian Shephard, se han dirigido al Presidente Santer y al Comisario Flynn respectivamente, con objeto de poner de manifiesto su reticencia a la hora de aplicar la iniciativa relativa a los pactos territoriales de empleo a escala local y regional, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para persuadir al Reino Unido de que inicie uno de estos programas piloto? 
En caso de que el Reino Unido decida desvincularse, piensa la Comisión reembolsar al Gobierno de este país los Fondos estructurales a partir del deflactor proporcional? 
¿Quiere decir esto que, en la cumbre de Dublín, el Reino Unido será el único Estado miembro que no disponga de programas piloto para los pactos territoriales de empleo a escala local y regional? 
La Comisión ha mantenido conversaciones con los Estados miembros sobre la naturaleza y la composición de los pactos territoriales de empleo y los tipos de apoyo que pueden recibir a nivel europeo. 
El Gobierno del Reino Unido ha expresado sus reservas sobre la presentación de pactos propiamente dichos, aunque cree que la experiencia del Reino Unido será valiosa para los demás Estados miembros y está interesado en compartirla, especialmente a nivel europeo. 
Tras la Cumbre de Dublín, la Comisión se mantendrá en contacto con todos los Estados miembros para establecer las condiciones para seleccionar los proyectos que podrán formar parte de la red europea de intercambio de experiencias. 
Tengo grandes esperanzas de que dichos contactos conducirán a un consenso con el Reino Unido sobre la utilidad de la red, y de que el Reino Unido participará en la misma. 
No se plantea la cuestión de reembolsar parte de los Fondos estructurales a partir del deflactor anual en el caso de que los Estados miembros decidan desvincularse de la iniciativa. 
Los recursos adicionales generados por la indización no se verán condicionados por el cumplimiento de los pactos: los comités supervisores asignarán los recursos a las medidas contempladas en los programas actuales. 
Señor Comisario, creo que ha respondido a mi pregunta. 
El problema es que existe la opción de exclusión y es perfectamente previsible que el Reino Unido tenga reservas, como usted decía en su escrito. 
De hecho, estoy segura de que se habrá dado cuenta de que el actual Gobierno está dedicando más tiempo a reorganizar las butacas de cubierta del Titanic que a desarrollar enfoques innovadores del empleo. 
Deseo citar algo de lo que Gillian Shephard decía en la carta que le remitió a usted: » No deseamos seguir por el camino propuesto por la Comisión.» 
De dicha carta podemos deducir claramente que el Gobierno del Reino Unido no desea la participación de los interlocutores sociales ni plantearse el tema de la asociación social. 
Señor Comisario, ¿qué valor tiene un pacto territorial sin interlocutores sociales, y vamos a aceptar proyectos reciclados que no se ajustan al espíritu del pacto de confianza? 
¿Cómo puede la Comisión ayudar a los interlocutores sociales, a la patronal y a los sindicatos a integrarse y a llevar a cabo estos programas de acción piloto? 
Sólo quisiera decir que, en realidad, usted misma ha respondido a la pregunta, y que usted conoce exactamente la razón por la que el Reino Unido no desea participar en este área. 
Tiene un problema con la etiqueta cuando se trata de pactos. 
La cuestión suscita preguntas sobre el diálogo social y el Gobierno británico no desea verse envuelto por ese motivo. 
El Gobierno del Reino Unido parece estar especialmente interesado en compartir la experiencia positiva que ha acumulado hasta ahora en lo relativo a este tipo de iniciativas de comunidades locales. 
Aún no he descartado la posibilidad de que se le pueda persuadir para que participe en estos asuntos. 
Pero comprenderá que no es la Comisión la que debe seleccionar los pactos. Eso corresponde a los Estados miembros. 
Los Estados miembros deben seleccionar los pactos e informar a la Comisión. 
Nosotros apoyaremos los pactos de la red en lo relativo a la asistencia técnica, y el número de pactos será considerable. 
Pero serán los Estados miembros los que decidan si desean participan o no. 
No podemos forzar a ningún Estado miembro a participar. 
Lamentablemente, la situación no es esperanzadora en estos momentos en lo que se refiere al Reino Unido, pero nadie puede prever qué sucederá. 
Señor Comisario, ¿qué medidas concretas contra el desempleo juvenil proyecta usted para un futuro próximo y qué apoyo espera del Parlamento? 
Su Señoría tiene razón. 
Creo que para la integración de Europa es muy importante que se comprenda la dimensión social. 
Me preocupa, en particular, el nivel que ha alcanzado el paro juvenil. 
En la actualidad hay aproximadamente cinco millones de personas menores de 25 años que no tienen el pasaporte que podría permitirles acceder al mercado laboral como es una buena cualificación o, incluso, el graduado escolar o una buena formación. 
Debemos recordar que aproximadamente el 30 % de la población total de jóvenes abandona el sistema de enseñanza, por lo que tenemos aquí un auténtico problema. 
Ése es el motivo por el que en Florencia y en todas las cumbres recientes hemos buscado el compromiso de que se establezcan tres grupos para que reciban una atención especial. 
También en la Cumbre de Essen se habló de dichos grupos, a saber: los jóvenes en paro, los desempleados de larga duración y la cuestión de la igualdad de oportunidades. 
La aprobación del informe conjunto tiene una enorme importancia. 
Ecofin dio su visto bueno la semana pasada, al igual que hizo el Consejo de Asuntos Sociales. 
En el informe, que avanza hacia la Cumbre de Dublín, destacan dos aspectos específicos: las empresas deben invertir ahora, porque los indicadores económicos son muy fuertes en la Unión; y también hay que invertir en recursos humanos. 
Me gustaría que se hiciera una inversión mucho mayor en el desarrollo de los recursos humanos para los jóvenes. 
Pregunta nº 55 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0915/96): 
Asunto: Medidas destinadas a reducir el consumo de bebidas alcohólicas 
La libre circulación de mercancías en el mercado interior afecta también, en cierta medida, a las bebidas alcohólicas. 
Como es sabido, el alcance de la libre circulación de las bebidas alcohólicas destinadas al consumo privado y sus repercusiones sobre el consumo son cuestiones que Suecia discute en la actualidad con la Comisión por razones de salud pública. 
Resulta muy importante que los Estados miembros de la UE adopten una serie de medidas coordinadas a nivel nacional para reducir el consumo de bebidas alcohólicas. 
¿Qué medidas adopta la Comisión para instar a los Estados miembros a que actúen en este ámbito? 
¿Qué medidas han adoptado la Comisión y los Estados miembros con vistas a la reducción del consumo de bebidas alcohólicas en un 25 % entre 1980 y el año 2000, de conformidad con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)? 
A nivel de la Unión Europea se ha identificado el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y sus repercusiones sociales y sanitarias como un grave problema de salud pública. 
No obstante, de conformidad con la Resolución del Consejo de 29 de mayo de 1986 sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la Comisión debe sopesar cuidadosamente los intereses relativos a la producción, distribución y promoción de bebidas alcohólicas con los intereses para la salud pública, y aplicar una política equilibrada en ese sentido. 
Los programas europeos sobre la salud pública, especialmente el programa de acción sobre la promoción, información, educación y formación en materia de salud, identifica las bebidas alcohólicas como un problema para la salud, y permite la adopción de medidas en este sentido siempre que se estime oportuno. 
La coordinación con otras medidas ya adoptadas por la Organización Mundial de la Salud estará garantizada. 
La Comisión, evidentemente, sigue con gran interés la aplicación de las campañas de la Organización Mundial de la Salud, como la de Salud para todos antes del año 2000 y el plan de acción europeo sobre el alcohol destinado a reducir el consumo general de bebidas alcohólicas. 
Tanto los Estados miembros como la Organización Mundial de la Salud tienen el deber de evaluar en qué medida se han alcanzado o se alcanzarán dichos objetivos. 
Gracias por su respuesta, Comisario Flynn. 
No hace falta demostrar la relación que existe entre el nivel de consumo de alcohol y los daños que éste produce; ya se ha hecho en repetidas ocasiones y desde ángulos diversos. 
Reduciendo su consumo liberaríamos grandes medios económicos en la sociedad. 
Haciendo cálculos globales, existen grandes recursos latentes en la reducción del consumo de alcohol. 
Podríamos destinar estos medios a acciones que favoreciesen el empleo, y con ello ofrecer a los ciudadanos una mayor calidad de vida. 
La cuestión del alcohol es una cuestión de salud, lo cual ha apuntado también correctamente el Sr. Flynn en su respuesta. 
¿No cree el Comisario Flynn que sería conveniente seguir una política como la que tenemos en Suecia de reducción del acceso a las bebidas alcohólicas? 
Sólo quisiera decir a su Señoría que, como señala muy acertadamente, existe una relación muy estrecha entre el consumo de bebidas alcohólicas y la salud pública, y que este aspecto se incluye en nuestro nuevo programa marco. 
He oído todo lo que su Señoría ha dicho en ese sentido, y observo que se refiere al caso de Suecia. 
Este asunto también se está estudiando en lo que respecta a la situación de la salud pública en general. 
Nos regimos por la resolución de 1986 que sigue vigente y que debe ser fuertemente apoyada. 
Señor Presidente, quiero apelar al Sr. Comisario ya que viene de un país en el que se produce una de las mejores bebidas alcohólicas, es decir, un excelente whisky, si bien debo ser un poco precavido pues mi mujer proviene de Escocia y no puedo hacer publicidad en favor del whisky irlandés. 
Pero en este contexto, quiero indicar lo mucho que ha contribuido a nuestra cultura europea la producción y el consumo de bebidas de alta calidad, ante todo, el vino, la cerveza o el whisky. 
Como el consumo de estas bebidas es con frecuencia un acontecimiento social o se consumen con motivo de acontecimientos sociales, protesto decididamente contra cualquier generalización en la que se hable de modo genérico de consumo de alcohol y lo antes mencionado no se diferencie de francachelas o borracheras destructivas. 
Creo que radica también en interés de la Comisión difundir la cultura y la diversidad. 
Quiero indicar que precisamente en Austria se produce una enorme variedad de vinos y cervezas que solamente se pueden hacer condicionalmente responsables de lo que se rechaza en las bebidas alcohólicas. 
Me opongo por ello vehementemente a cualquier discriminación genérica, especialmente, del vino y de la cerveza, tal como es importada actualmente los EE.UU y es expuesta siempre por la OMS que está dominada ideológicamente. 
Su Señoría tiene toda la razón, es una cuestión de moderación. 
El problema surge cuando las bebidas alcohólicas se consumen en exceso. 
La falta de datos comparables en lo relativo a los problemas sociales y sanitarios derivados del consumo y del abuso de bebidas alcohólicas plantea un problema importante para la elaboración de una política coordinada. 
Por ello, el programa de vigilancia de la salud, al que me he referido anteriormente, se propone recopilar todos los datos y permitir un acceso más fácil a los mismos con el fin de obtener mejores conocimientos sobre cómo debemos abordar este asunto. 
Tengo una pregunta programada para más adelante, a la que seguramente no se va a dar respuesta. 
Por eso aprovecho ahora la ocasión. 
Pienso que las dos personas que hemos oido demuestran que existe un abismo cultural, reflejado en la cuestión del alcohol, dentro de la Unión Europea. 
Esta cuestión debe evidentemente seguir siendo de competencia nacional, pero existe también una responsabilidad y unos intereses comunes en que yo creo que deberíamos estar de acuerdo. 
Me gustaría que el Comisario me confirmase que el consumo de alcohol y la conducción de vehículos no son compatibles, que el consumo de alcohol y la gestancia no son compatibles, y que tampoco lo son el alcohol y los menores de veinte años. 
Esto no tiene nada que ver con las diferencias culturales. 
En esto tenemos una responsabilidad común, teniendo en consideración el aumento de movilidad de personas y productos que se registra actualmente en Europa. 
Su Señoría tiene razón, naturalmente. 
La cuestión de conducir tras haber consumido bebidas alcohólicas es un problema generalizado en toda la Unión, y en muchos Estados miembros se están adoptando medidas muy severas para atajar el problema. 
El límite permitido de alcohol en la sangre se ha reducido drásticamente en muchos Estados miembros. 
Naturalmente, como su Señoría dice muy acertadamente, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas durante el embarazo es un problema muy grave. 
Todos estos aspectos han sido contemplados en nuestro programa de salud, en el que he incluido el mensaje que sus Señorías están transmitiendo. 
Esta pregunta en particular es relativa al Reglamento 1408 para la coordinación de los planes de la seguridad social para trabajadores emigrantes, y contiene las normas por las que se determina en casos complejos, como a los que se refiere su Señoría, en qué Estado miembro debe estar afiliado a la seguridad social el trabajador, así como qué Estado miembro debe pagarle el subsidio de desempleo si se quedará en el paro. 
Uno de los principios básicos del reglamento es que un trabajador estará afiliado en el Estado miembro en que ejerza su actividad profesional. 
Existen, sin embargo, normas especiales para determinar en qué país deberá afiliarse una persona que trabaje en dos o más Estados miembros para una empresa internacional de transportes, como es el caso de la empresa de transportes por carretera. 
En ese caso, el trabajador se afiliará, normalmente, en el Estado miembro en el que la empresa tenga registrada su sede. 
Pero si la empresa tiene una sucursal en otro Estado miembro, las personas que hayan sido contratadas por dicha sucursal estarán afiliadas en dicho Estado, de conformidad con el párrafo A del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 1408. 
En base a los hechos expuestos en el caso presentado por el Sr. Anderson, y de conformidad con las normas mencionadas más arriba, el conductor estará sujeto al sistema de seguridad social alemán, ya que al parecer ha sido contratado por la oficina alemana de la empresa. Si, en realidad, el conductor ha sido contratado por la oficina de Dinamarca, aquél estará sujeto al sistema de la seguridad social danés. 
Normalmente, una persona desempleada tiene derecho a percibir el subsidio de la seguridad social en el país el que dicha persona ha estado asegurada por última vez. 
No obstante, pueden aplicarse normas especiales en el caso de una persona que durante su último empleo tuviera su residencia en un Estados distinto de aquel de su afiliación. 
En el que nos ocupa, si el conductor del camión continúa teniendo su residencia en Suecia, a pesar de que ejercía en Alemania, entonces se aplicarán las disposiciones especiales que recoge el párrafo B del artículo 71 del Reglamento 1408. 
En consecuencia y de conformidad con dichas disposiciones, en el caso que nos ocupa, el conductor desempleado que tiene su residencia en Suecia y que regresa a dicho país cuando se queda sin empleo tendrá derecho a recibir un subsidio de desempleo en Suecia, como si su último empleo hubiera sido en Suecia. 
Agradezco su respuesta. 
Parece que el Comisario Flynn conoce detalladamente la normativa vigente, al contrario que la Dirección General de Trabajo sueca, que no ha solucionado este caso. 
Por tanto, invito al Comisario a que, de modo puntual y sencillo, recopile esta normativa y remita la información a los Estados nacionales, puesto que es evidente, a pesar de lo dicho por el Comisario, que reina una gran confusión entre trabajadores y empresarios en cuanto a estas normas. 
Sí, podemos hacer eso si resultara de utilidad. 
No hemos recibido ninguna queja en este asunto del Estado miembro. 
Cuando recibimos quejas de esa naturaleza, se reúne una comisión consultiva formada por expertos de todos los Estados miembros, y realizan una interpretación. 
No es legalmente vinculante, pero siempre se ha acatado. 
Pero, en este caso en particular, no hemos recibido ninguna queja. 
Yo también deseo agradecer al Comisario Flynn su excelente y detallada respuesta. 
Estas preguntas nos han sido remitidas por un sindicato sueco, que no ha recibido una respuesta satisfactoria a estas preguntas algo complicadas. 
No es una labor sencilla la de armonizar los sistemas de seguridad social cuando existen personas que viven en un lugar, trabajan en otro y viajan de un país a otro. 
La respuesta del Comisario Flynn es, no obstante, la más clara que hemos recibido, y la remitiremos a Suecia para que les llegue a las personas que se encuentran en esta situación. 
Muchas gracias por su respuesta. 
He intentado exponer el caso de la forma más simple que me ha sido posible. 
Si puedo ser de mayor ayuda, mi oficina le proporcionará información más detallada si su Señoría así lo desea, y estará encantada en ayudarle en estas circunstancias en particular. 
Asunto: Acción de la Unión Europea contra la «tembladera» del ganado ovino 
Teniendo en cuenta la reciente alarma sanitaria pública en relación con el ganado vacuno, ¿qué medidas ha tomado o se propone tomar la Comisión para estudiar las causas de la «tembladera» en el ganado ovino? 
¿Puede indicar la Comisión si existen pruebas científicas de un nexo entre dicha enfermedad del ganado ovino y la enfermedad de Creutzfeld-Jacob en el ser humano? 
Desde 1990, la Unión Europea apoya financieramente actividades de investigación sobre encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) a través de sus programas específicos de I+DT que se incluyen en los programas marco tercero y cuarto- es decir, BIOMED, BIOTECH y FAIR- que abarcan la investigación sobre la enfermedad Creutzfeld-Jakob (ECJ) y la encefalopatía espongiforme bobina, además de la «tembladera». 
En vista del peligro que encierran las EET para la salud humana, la Comisión ha aprobado un plan de acción para la investigación sobre todas las EET, entre las que se incluye la «tembladera» en el ganado ovino. 
Dicho plan de acción ha sido comunicado al Parlamento Europeo y al Consejo, y fue examinado en el marco de una reunión del Consejo de Investigación del día 5 de diciembre de 1996, en la que se llegó a un acuerdo. 
La «tembladera» es una EET que afecta al ganado ovino y caprino y que fue descrita por primera vez allá por 1732. 
Está ampliamente extendida por todo el mundo con una incidencia variada, y se han emprendido estudios a largo plazo en el pasado para estudiar la posible relación que existe entre la «tembladera» que se produce en el ganado ovino y la ECJ en los humanos. 
Tengo que decir que dichos estudios no han aportado ninguna prueba de que exista peligro de transmisión, incluso entre la población que consume material con un alto potencial de infección, como son los sesos y las asaduras de la oveja. 
¿Podría comentar el Sr. Comisario si como resultado de alguno de los programas que ha apoyado la Unión Europea o de otros programas de los que haya tenido conocimiento la Comisión, nos encontramos más cerca de conocer las causas de la «tembladera» del ganado ovino? Es mi primera pregunta. 
En segundo lugar, ¿está la Comisión en condiciones de declarar categóricamente, como han demostrado los estudios de Oxford en el Reino Unido, que aún no existe ninguna prueba concluyente del riesgo de transmisión del ganado a los humanos? 
Me inquieta que la conclusión sacada por el Sr. Comisario sea tan categórica en relación con el ganado ovino, y no lo sea tanto en lo relativo al ganado bovino. 
Ése es el motivo por el que quisiera decir a su Señoría que el Consejo de Investigación tomó una decisión, como he dicho, el pasado día cinco de este mes. 
Se ha aprobado el programa de investigación, al que se han asignado fondos por un valor muy considerable. 
El programa estudiará todas las EET, entre las que se incluye la «tembladera». 
También llevara a cabo estudios epidemiológicos para intentar determinar cuál es finalmente la situación. 
No puedo afirmar categóricamente que conozcamos cómo se origina la «tembladera» en el ganado ovino. 
La enfermedad puede ser inducida artificialmente. 
Continuamente se están llevando a cabo experimentos sobre este asunto y precisamente hoy, la Comisión ha discutido sobre toda la cuestión relativa al material de riesgo y sobre la posibilidad de imponer una prohibición a nivel comunitario tanto para el ganado bovino, como para los ovino y caprino. 
Deberemos esperar a los resultados de investigaciones adicionales antes de poder determinar categóricamente, o así lo esperamos, la relación que existe entre dichas enfermedades. 
Pregunta nº 59 formulada por Veronica Hardstaff (H-0927/96): 
Asunto: Condiciones de trabajo de profesores en el Reino Unido 
¿Tiene conocimiento la Comisión de que, desde que en abril de 1993 se arrebató a las administraciones locales el control de las Escuelas de Formación del Profesorado, se ha denegado a los miles de profesores que continuaron en ellas, con sus condiciones de trabajo transferidas, aumentos salariales, promociones y posibilidades de avance en sus carreras, con lo que se han vuelto por ello más vulnerables al despido y al paro? 
¿No considera que es ésta una flagrante violación del Derecho comunitario? ¿Tiene intención de hacer un seguimiento de las peticiones oficiales que se le han formulado para que investigue esta destrucción de los derechos contractuales de los trabajadores? 
La pregunta que formula su Señoría trata sobre un problema relativo a la aplicación de la Directiva 77/187 sobre la transposición de las disposiciones a la legislación nacional en un caso específico, y no de una transposición incorrecta de la directiva en el Derecho nacional. 
Eso significa que serán los tribunales nacionales competentes los que deban emprender una acción en este asunto en particular. 
El objetivo de la directiva es el de salvaguardar los derechos de los empleados en el caso de que cambie el patrón, y permitir que puedan continuar trabajando para el cesionario en las mismas condiciones que acordaron con el cesionista. 
En todo caso, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con la directiva mencionada más arriba y según la interpretación que de ella hace el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- me estoy refiriendo al Caso 324/86 relativo al «Salón de baile Daddy's» -, los derechos y obligaciones según el contrato de trabajo o la relación laboral pueden, en el contexto de una transferencia, ser modificados con respecto al cesionario en la misma proporción en la que lo hayan podido ser con respecto al cesionista, a condición de que la transferencia de la empresa en sí no constituya el motivo de la modificación. 
Habida cuenta de que, según ha podido saber la Comisión, ya se ha emprendido acción legal sobre este asunto ante los tribunales del Reino Unido, la Comisión considera que debe esperar al resultado de la misma antes de llevar a cabo un examen minucioso de todas las implicaciones de la correcta aplicación del Derecho comunitario que pudieran resultar de este caso en particular. 
Me siento algo confundida por su respuesta en lo que se refiere a algunos aspectos. 
Los cambios obligatorios del contrato que muchos miles de profesores de enseñanza superior se han visto obligados a aceptar bajo coacción han tenido como resultado que dichos profesores deban impartir muchas más horas lectivas a unas clases mucho más llenas. 
En muchos casos, si se han mostrado reacios a aceptar dichos cambios o han apoyado a algún colega que se ha negado a aceptar la nueva situación, han descubierto que se les ha retenido la denominada paga relacionada con el rendimiento y que no les han pagado los aumentos normales que esperaban de acuerdo con las antiguas condiciones de trabajo. 
Como telón de fondo está la amenaza de que el Gobierno retire las subvenciones a los colegios. 
Esta situación está obligando a los directores a seguir por este camino, a pesar de que en realidad preferirían concentrarse en satisfacer las necesidades lectivas de sus estudiantes. 
¿Tiene la Comisión la voluntad política, una vez que el caso haya salido de los tribunales, de abordar realmente este asunto y de garantizar que este gran número de empleados no siga sufriendo el gravísimo deterioro de sus condiciones de trabajo? 
Sólo quisiera decir a su Señoría que la cuestión que se planteó en un principio fue la transposición de la directiva, y el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en lo relativo a ese asunto. 
Dichos dictámenes vinieron a confirmar entonces que se trataba de un caso de transposición incorrecta de la Directiva 77/187 en el Derecho nacional. 
A raíz de ello, se aprobaron algunas leyes en el Reino Unido en un intento de adaptar la legislación al Derecho comunitario. 
Al parecer ya no existe ningún problema en lo que respecta a la cuestión que se plantea en la pregunta. 
Queda una cuestión pendiente sobre la interpretación en lo que respecta a la representación de los trabajadores, y en ese caso se ha añadido una letra al artículo 169, aunque ésta no hace referencia al aspecto que ha planteado su Señoría. 
Los conocimientos de que ahora dispongo apuntan a que la transposición en ese aspecto ha sido correcta. 
Cuando estos asuntos sean estudiados en los tribunales nacionales y en función del dictamen que se emita, tengo intención de llevar a cabo un estudio del caso y del aspecto que usted ha planteado. 
Podremos volver a tratar sobre el asunto en un debate posterior. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Las preguntas que no se han formulado por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.35 horas, se reanuda a las 21 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A4-0380/96) del Sr. Desama, elaborada en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0457/96-00/0384 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 
Señora Presidenta, quisiera en primer lugar- y permítame utilizar algunos instantes de mi tiempo de uso de la palabra para ello- que se tome nota de mi protesta en calidad de ponente por el modo en que la burocracia del Parlamento Europeo ha organizado las cosas. 
Debatir a las 21 horas delante de unos escaños vacíos uno de los actos legislativos más importantes desde hace dos años es, francamente, indigno de un Parlamento y me gustaría que lo comunicara a nuestro Presidente. 
Dicho esto, no voy a trazar aquí en unos pocos minutos la historia de la larga odisea de la Directiva sobre el mercado interno de la energía. 
Simplemente quería decir que la posición común del Consejo es, en su forma actual, el resultado de una larga y fructífera, aunque a veces difícil y conflictiva cooperación entre el Parlamento, la Comisión y también, por último, el Consejo. 
Las posturas al principio estaban muy encontradas. 
Actualmente examinamos una posición común que recoge no menos del 80 % de las enmiendas votadas en primera lectura por el Parlamento, además de una posición modificada de la Comisión entre las dos lecturas. 
Esto demuestra que hemos realizado entre todos una tarea legislativa muy seria y cuidada. 
En cualquier caso, quiero dar las gracias a mis colegas del Parlamento Europeo y, en particular, a los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, a la Comisión Europea y a los distintos comisarios que se han ocupado del asunto, desde el Sr. Cardoso al Sr. Papoutsis. 
Por último, quisiera darle las gracias al Consejo que, en la recta final, ha sabido encontrar en sí mismo- y sabemos que esto no siempre es fácil para el Consejo- la fuerza necesaria para alcanzar un compromiso que ha costado mucho a numerosos países. 
Así pues, tal como está, esta posición común le conviene ampliamente al Parlamento Europeo. 
En efecto, encontramos en ella cierto número de elementos esenciales sobre los cuales habíamos insistido en la primera lectura, y, entre éstos, me gustaría citar prioritariamente las obligaciones de servicio público. 
Esta directiva sobre el mercado interno va a ser, efectivamente, el primer acto de derecho derivado que plasme de manera eficaz las obligaciones de servicio público. 
En este ámbito podríamos decir que vamos más allá de lo que se ha hecho hasta la fecha. 
Creo que ésta es una buena vía, una buena manera de actuar. 
Considero que si cada uno de los socios se ciñese a este modo de proceder en lo tocante a las directivas que van a sucederse sobre el mercado interno, se podría llegar con bastante facilidad a puntos de equilibrio entre la voluntad de la Comisión y la del Parlamento. 
El segundo motivo de satisfacción es que esta directiva va a abrir los mercados, sin que por ello los distintos Estados miembros liberalicen el sistema. 
La apertura de mercados es positiva y todos la deseamos. 
La liberalización, al menos durante el período transitorio, será evaluada por cada Estado miembro gracias a la aplicación de una subsidiariedad bien entendida. 
Destaquemos también, de paso, algunos puntos que proceden directamente de las sugerencias del Parlamento Europeo. 
Me refiero a las licitaciones públicas, por ejemplo, en materia de nuevas capacidades productivas. 
Me refiero a la posibilidad de que se dé prioridad a las centrales que utilizan energías renovables para suministrar a la red. 
Podría citar más ejemplos, como la paulatina apertura de los mercados, que va totalmente en el sentido deseado por la Comisión de Energía y, por último, ese famoso «acceso negociado a la red» , que es en realidad una especie de invento que han encontrado conjuntamente la Comisión y el Parlamento para evitar el acceso generalizado de terceros a la red. 
Podría citar otros ejemplos, como la transparencia de la cuentas y, en definitiva, toda una serie de puntos respecto a los cuales el Parlamento está, básicamente, satisfecho. 
Esta Directiva, esta posición común es una buena posición común. 
Dicho esto, ¿por qué el Parlamento Europeo no se limita a aprobarla tal cual? 
Pues porque como diría Perogrullo, si el 80 % de las enmiendas se recogen en la posición común, esto quiere decir que hay un 20 % que, por definición, no están ahí. 
Sin duda no son las más importantes, pero hay dos puntos en los que confieso que sentimos, no obstante, cierta desazón. 
En primer lugar, no se ha generalizado la elegibilidad de los distribuidores, y lo comprendemos perfectamente. 
Generalizar la elegibilidad chocaba, efectivamente, con importantes dificultades políticas y, por consiguiente, era preferible que dependiera de la subsidiariedad y de la apreciación de los Estados miembros. 
Pero creo que deberemos volver a hablar de esto más tarde. 
En segundo lugar, y aquí nuestra desazón es todavía mayor, la Directiva no incluye suficientes precisiones en lo relativo a la armonización. 
En este sentido quisiera hacer un llamamiento a la Comisión: si mañana según creo- por no decir, según temo -, la mayoría de las enmiendas, incluso todas las enmiendas, no obtienen la mayoría cualificada de esta Asamblea, desearía que la Comisión pudiera iniciar un diálogo con el Parlamento Europeo sobre la armonización, diálogo que podría concretarse en una comunicación en la que la Comisión definiese, de algún modo, las grandes líneas de lo que serán las futuras directivas sobre armonización que va a reclamar el Consejo en los próximos dos años. 
En lo relativo al conjunto de las enmiendas, les diré que el ponente va a apoyar exclusivamente las que hayan sido aprobadas por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y más concretamente, y esto es algo que no les sorprenderá, la enmienda que se refiere a la armonización. 
Estando así las cosas, no apoyaré las demás enmiendas, que podría aprobar a título personal y al margen de la simpatía que me inspiran, en primer lugar, porque no las ha aprobado la Comisión de Energía, y, después, porque sin duda no obtendrán el voto mayoritario de la Asamblea. 
Quisiera dar las gracias también a todos aquellos que han permitido elaborar esta Directiva, y creo que si mañana se aprueba una u otra enmienda, será ése entonces el momento de pedirle a la Comisión que se pronuncie sobre dichas enmiendas. 
Lo pondré en conocimiento del Presidente, Sr. Hänsch. 
Sin embargo, debo decir que esta es la queja que siempre se repite los martes y miércoles por la tarde. 
Siempre tenemos cosas importantes en el orden del día; pero esto es asunto de los Presidentes de los grupos políticos, quienes debaten y acuerdan el orden del día. 
Pero siempre surge este fastidioso tema y comprendo que se plantee hoy de nuevo. 
Señora Presidenta, Señorías, el lenguaje popular dice que lo que perdura mucho tiempo al final es bueno. 
Quizás pudiésemos decir lo mismo sobre este tema o quizás no. 
Lo veremos. 
¿De qué se trata aquí? 
Se trata de entrelazar algo más estrechamente el suministro energético en Europa, hacer posible lentamente unas estructuras de mercado y que los consumidores tengan más derechos de los que ahora tienen. 
Ha durado mucho tiempo, nueve años, y aún tiene que pasar más, otros ocho años, inclusive la conversión en derecho nacional. 
En primer lugar, quiero enviar un cumplido a los ponentes por el enorme trabajo realizado y por los considerables éxitos y también al Consejo por el artístico compromiso logrado. 
Muy sencillo: había que coordinar posiciones de partida realmente diferentes en los 15 Estados miembros; una parte tiene una regulación muy liberal, una segunda es variada pero monopolística, como en mi país, y la tercera está estructurada de una manera totalmente diferente. 
¿Cómo que artística? 
Porque cada uno da algo y toma algo. 
Este es el principio del compromiso. 
Se está moviendo algo en lo que se refiere a los derechos de los consumidores y a la apertura del mercado. 
Según los Tratados, ya existen, pero ahora, por así decirlo, se imponen de oficio en dosis homeopáticas que llegan de una cuarta hasta una tercera parte del mercado. 
Luego, se palican a los servicios de interés público general que se reconocen pero ahora son más transparentes y comprobables. 
Se deben limitar allí donde su cumplimiento es imposible mediante la competencia y en cualquier caso los Estados miembros tienen que alcanzar la cuota de apertura del mercado. 
El tercer punto importante es al acceso a la red. 
Se ha realizado la sabia propuesta de elegir entre dos modelos. 
Se introduce el single buyer con el que se logra hacer concordar la propiedad y la obligación de competencia. 
Quiero mencionar que aquí se respeta, por ejemplo, la difícil situación del suministro en el Este de Alemania, donde se ha logrado realizar elevadas inversiones a corto plazo y mantener al mismo tiempo la concordancia con la directiva. 
El cuarto punto es la libertad de los Estados miembros para avanzar en el aspecto de la liberalización. 
No se impide sino que se posibilita mediante una cláusula de protección, la llamada reciprocidad negativa. 
También se hace mucho en favor de la protección del medio ambiente. 
La directiva va a provocar una presión innovadora y fomentar en consecuencia unas instalaciones más eficientes. 
Fomenta además las energías renovables, la generación combinada de calor y electricidad y de residuos. 
En la concesión de autorizaciones, se trata con preferencia a los productores de energía de fuentes renovables. 
La directiva es también muy razonable en lo referente a la subsidiariedad, los dos sistemas de acceso a la red, los dos sistemas de adquisición de instalaciones generadoras y la compra. 
En su conjunto, significa algo más de competencia, de consciencia de los costes, de sentido colectivo europeo, es decir, un paso en la dirección correcta. 
Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de las enmiendas. 
Estas se pueden clasificar en cuatro grupos: las innecesarias, las que se basan en malentendidos, la destructivas y las que no pertenecen a este tema pues no tienen nada que ver con el proyecto legislativo. 
Por motivos de tiempo, me voy a referir solamente al tercer grupo, las destructivas según mi definición, que muestran claramente las diferentes direcciones con las que se ha elaborado un compromiso. 
Esto es aplicable, por ejemplo, a la enmienda relativa a los distribuidores. 
La he apoyado y he batallado por ella durante años, pero no la apoyo en esta cuestión concreta pues destruye el compromiso. 
Lo mismo es aplicable a la enmienda que pretende permitir sólo parcialmente la apertura del mercado. 
Es inaceptable porque destruye el compromiso. 
Lo mismo es aplicable a la desmedida ampliación del concepto «servicio en interés público». 
También en este caso se produce la misma situación. 
Por todos estos motivos, mi grupo político ha acordado no presentar enmiendas ni apoyar ninguna sino solamente el compromiso del Consejo. 
Señora Presidenta, la posición común que hoy examinamos en segunda lectura representa, a la vez, un éxito y un fracaso comunitario. 
La fecha límite para el establecimiento del mercado único era el 1 de enero de 1993 y en el Tratado no se previeron excepciones con relación al sector económico de la energía. 
Tal como se ha manifestado, no debemos olvidar que, con respecto a la energía eléctrica, la posición común trajo consigo años de propuestas y dudas, así como arduas negociaciones, cuyo resultado fue una apertura paulatina y prudente del mercado por tramos, a lo largo de todo este laborioso proceso de negociación y equilibrios. 
Si no queremos que el futuro se presente difícil, es preciso tener en cuenta que, en definitiva, el Consejo llegó a un acuerdo y la existencia de dicho acuerdo es de cualquier modo mejor que seguir manteniendo las cosas como hasta ahora. 
Por último, el conjunto de las disposiciones comunitarias relativas a la energía constituye de por sí una política energética comunitaria, a la que sólo haría falta darle un título. El Consejo ya se encuentra ante este conjunto de disposiciones y si a esto se añade la actual posición común, de hecho, ya no se podrá negar su existencia. 
Ante esta oportunidad histórica y ante el éxito que representa el haber alcanzado una posición común, el Parlamento no ha de intentar perfeccionar los detalles, lo que haría correr el riesgo de destruir lo que hemos logrado. 
Poner en jaque mate la posición común, conscientes del coste político que representa el equilibrio alcanzado, sería como renegar de ella. 
Nadie pone en duda que los elementos complementarios, en los que confía nuestra comisión, relativos a la armonización, la transparencia de las cuentas, la protección del sector laboral y la cogeneración- sólo para citar algunos de ellos- podrían aportar una mejora substancial del texto de la posición común, sin embargo, no hay que olvidar que la posición común deja un gran margen de maniobra a la subsidiariedad y, por consiguiente, será en la aplicación de la normativa por parte de los Estados miembros que se reflejarán mejor estos detalles. 
Por ello, pedimos que se apruebe el texto de la posición común, a fin de que no haya más retrasos y de evitar que nos acusen de haberlos provocado nosotros en el momento de la entrada en funcionamiento del mercado interior de la energía que representa uno de los factores fundamentales de la política común. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, hoy debatimos en segunda lectura la directiva de la electricidad con objeto de crear un mercado interior para la electricidad. 
El Grupo de los Liberales se complace por este impulso para abrir el mercado. 
Sin embargo, es curioso que algunos gobiernos se empeñen en retrasar la creación de un mercado interior, no uno o dos años, sino nueve años. 
Asimismo es curioso que el Consejo pida al Parlamento que no utilice, repito, que no utilice su competencia legislativa, cuando el Parlamento y el Consejo siguen el procedimiento de codecisión en este expediente. 
Pero si no utilizamos nuestra competencia en una cuestión tan crucial para la empresa europea, ¿no seremos el tigre desdentado que tantas veces se nos reprocha ser? 
El Grupo de los Liberales ha decidido no dejarse manipular en esta posición. 
El Consejo niega las competencias del Parlamento, pero la historia nos enseña que hay que luchar por la democracia. 
Por consiguiente, el Grupo de los Liberales apoya las dos enmiendas que implican una mejora del contenido de la posición común del Consejo. 
En primer lugar, la enmienda nº 12 presentada por mi Grupo, relacionada con la posición de los distribuidores en el mercado de la electricidad. 
Para un buen funcionamiento del mercado interior es preciso que todos los actores tengan los mismos derechos. 
Son precisamente los distribuidores quienes pueden estimular iniciativas descentralizadas, por ejemplo la generación de electricidad con fuentes de energía renovables, la producción combinada de calor y electricidad. 
Todos mis compañeros, al margen de su color político, de izquierda a derecha de este Parlamento, han expresado recientemente su apoyo a la producción de energías renovables en el debate sobre el Libro Blanco de la Energía. 
Pero cuando se trata de votar y cuando se trata de legislar, todos los grandes Grupos se escabullen. 
Pasemos del dicho al hecho ahora que se trata de la legislación. 
Luego la enmienda nº 5, de la Comisión de Energía, en que se propone que al producir electricidad se dé prioridad tanto a las fuentes alternativas como a la cogeneración. 
El Grupo de los Liberales apoyará esta enmienda. 
Las centrales de calefacción y electricidad contribuyen innegablemente a un uso más eficiente de la energía. Esto ahorra costos y mejora la competitividad de nuestra industria y, además, es ecológico. 
Señora Presidenta, los que se oponen a la liberalización del mercado de la electricidad olvidan que sólo una buena competencia garantiza que los medios de producción se utilizarán de forma eficiente. 
Como factor de producción, y por tanto como capítulo de gastos, la energía desempeña un papel importante en la competitividad de las empresas. También en comparación con Estados Unidos. 
La energía no puede ser un factor perturbador para el funcionamiento del mercado. 
El Grupo de los Liberales destaca la importancia del consumo sostenible de las fuentes de energía existentes y la introducción de fuentes alternativas. 
Estamos convencidos de que, bajo la influencia de la disciplina del mercado, un mercado de protagonistas que operan en igualdad de condiciones en toda la Unión, se hará un consumo equilibrado de las diversas fuentes de energía y también se daría una oportunidad justa a la energía alternativa. 
El Sr. Van Velzen, del PPE, pidió en un periódico neerlandés que el Grupo de los Liberales acepte sin modificaciones la posición del Consejo. 
Me parece que esto no funciona muy bien como postillón del amor. 
Señora Presidenta, deseo alabar en primer lugar el excelente trabajo hecho por el Sr. Desama, pero, a continuación, hay que hacer constar que uno de los problemas que presenta la construcción del actual modelo económico europeo, bajo los auspicios del neoliberalismo de Maastricht, es la gran cantidad de contradicciones que alberga. 
De esta forma, la propuesta de armonización y liberalización del sector eléctrico puede ser bienintencionada pero, al no tener en cuenta los importantes aspectos sociales y políticos que implica, desencadena consecuencias graves. 
Las tres más significativas son las siguientes: 
Primero, la amenaza a los puestos de trabajo y a la estructura productiva del sector en los países que contribuyen con un suministro elevado de energía autónoma- como pasa en España con la aportación de la minería del carbón de las cuencas leonesa, palentina, asturiana, gallega, andaluza, etc.-. De ahí nuestra enmienda para que ese porcentaje pase del 15 % propuesto al 30 %. 
En segundo lugar, la amenaza a la consideración de servicio público que debe tener el suministro de electricidad al dejar su distribución, en un porcentaje importante, en manos de las fuerzas del mercado, con lo que sectores de población que están en peores condiciones pueden verse muy perjudicados. 
Y en tercer lugar, la paradoja que se produce al propiciar que bajen los precios de la electricidad, puesto que automáticamente aumentará su consumo y, con ello, contribuiremos a la contaminación atmosférica en gran escala, en contra de lo suscrito en la Conferencia de Río, alejándonos así del modelo de desarrollo sostenible que tanto pregonamos. 
Por estas razones, pensamos que lo más sensato sería proceder a una reconsideración global de esta propuesta. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, señores Comisarios, la competencia es buena si conduce a una mayor eficiencia y no daña el medio ambiente. 
Nadie quiere el status quo, las estructuras monopolísticas en el suministro de energía. 
Los Verdes estamos a favor de la competencia entre los suministros de energías más compatibles con el medio ambiente. 
Pero el Parlamento Europeo no ha aprovechado hasta ahora las oportunidades de que dispone para iniciar la transformación ecológica del mercado interior de la energía. 
Lamentablemente, la directiva no va a quebrar las estructuras monopolísticas e iniciar una competencia compatible con el medio ambiente. 
Por el contrario. La directiva crea un monopolio light, un monopolio soft y los procesos de concentración en el suministro de energía van a seguir aumentando. 
Existe el grave peligro de que los proveedores regionales y locales de energía se queden en el camino y se conviertan en marionetas de los grandes monopolios. 
En el camino se van a quedar también las consumidoras y las pequeñas y medianas empresas, pues la propuesta de directiva permite la subvención transversal y las consumidoras y las PYME van a tener que pagar unos elevados precios por la energía mientras que la gran industria se va a ver subvencionada con precios dumping. 
Pero la competencia vive precisamente de la variedad. 
Esto es lo que intentamos expresar mediante nuestra enmienda sobre las empresas distribuidoras, como también han hecho muchos grupos políticos. 
El punto principal de nuestra crítica es la ausencia de unos criterios de protección ecológicos. 
Nuestro mensaje político debe ser el de crear unas condiciones marco ecológicas para la competencia en el mercado interior de la energía. 
La propuesta de directiva conducirá a unos precios dumping en la energía, lo que elevará la demanda y el derroche. 
Erraremos nuestro objetivo político y nos veremos abocados a un desastre. 
Para impedirlo, es urgentemente necesario introducir una compensación mediante un impuesto sobre la energía, tal como recomienda el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. 
Saludamos que la propuesta de directiva conceda a los Estados miembros márgenes de actuación que deben llenarse en un sentido ecológico. 
Dinamarca nos ha mostrado de un modo ejemplar cómo se puede configurar en un sentido ecológico la directiva. 
La ley alemana sobre el suministro de corriente es apoyada también claramente por la propuesta de directiva pero no se han determinado con claridad estos márgenes de actuación ecológicos de modo que pueda aguantar la presión de la industria. 
El Parlamento Europeo debe marcar las pautas para una reforma ecológica de la energía. 
Por ello, es lamentable que no se conceda una clara preferencia a la generación combinada de calor y electricidad y a las energías renovables, pues estas formas de generación de energía son las que tienen futuro. 
Un estudio realizado por encargo del Gobierno de los Países Bajos demuestra que como consecuencia de la no utilización del potencial de ahorro de energía y de las energías renovables se pierden anualmente en la UE entre 45.000 y 80.000 millones de ecus. 
Por ello sería y es tan importante que establezcamos nuestro integrated ressource planning. 
Estas cifras muestran claramente que necesitamos mandar un mensaje político: ningún monopolio light sino la transformación ecológica del mercado interior europeo, una competencia entre las formas de energía más compatibles con el medio ambiente y una política energética sostenible. 
El Parlamento Europeo debe hacer uso de estas oportunidades. 
Tenemos que mandar un claro mensaje. 
Un nuevo orden europeo de la competencia en el sector de los servicios de la energía debe perseguir tres objetivos: la protección del clima, un suministro ecológico de energía y una estrategia de eficacia energética. 
Señora Presidenta, la posición común que hoy se nos presenta es el resultado de un difícil compromiso en el seno de la Unión Europea que, en éste como en otros ámbitos, refleja una enorme heterogeneidad. 
Mi Grupo reconoce y aprecia el trabajo notable de nuestro colega Claude Desama que, en los últimos meses, se ha esforzado en aproximar los distintos puntos de vista en torno a la energía eléctrica. 
Es éste el resultado de una dura batalla llevada a cabo por el Parlamento Europeo, que como mínimo ha permitido alcanzar el menos malo de los compromisos, aunque en Francia a algunos les pueda resultar amargo. 
Nos preguntamos efectivamente si el frágil equilibrio que se nos propone no supone, a largo plazo, un auténtico peligro de poner en tela de juicio una concepción a la que nos sentimos profundamente vinculados, esto es, la de un verdadero servicio público europeo en el sector clave de la energía eléctrica. 
Consideramos que hay sectores, especialmente el de la energía, en que la Unión debe apartarse de un enfoque ultraliberal. 
La energía es la base de todo desarrollo económico e industrial. 
Resulta esencial para los progresos de la vida social; es una fuente que no puede reducirse a la mera ley del mercado. 
En esta materia hemos alcanzado en Europa el nivel límite de lo que se puede soportar. 
La competencia en el sector eléctrico sólo puede concebirse en dosis homeopáticas, controladas y reguladas. 
No sería bueno, por ejemplo, que en los próximos meses el Gobierno francés, sobre la base de esta directiva, pusiera en entredicho e iniciara un desmantelamiento de Électricité de France, empresa pública que, a lo largo de cincuenta años de historia, ha dado amplias muestras de su dinamismo y competencia. 
Mi país, señora Presidenta, se siente hoy inquieto. 
¿Por qué, en nombre de qué, debido a qué capricho ideológico debe cambiarse un sistema que funciona y produce una de las electricidades menos caras de Europa? 
¿Cómo vamos a explicarles a los asalariados europeos del sector que la liberalización es un valor añadido, cuando en todas partes está acarreando reducciones de personal, precariedad en el empleo y un descenso en la calidad de los servicios? 
Tales son las preguntas políticas que todos, por encima de nuestros Grupos, deberemos plantearnos en nuestros países, y éstas serán mis preocupaciones en Francia cuando se trate de incorporar la directiva que hoy examinamos. 
Por consiguiente, estaré naturalmente pendiente de que el servicio público de electricidad pueda seguir siendo en Francia y en Europa un modelo de desarrollo económico y social. 
Señora Presidenta, el azar ha querido que esta semana, además de debatir el informe Desama también debatamos el informe del Sr. Herman relativo a las telecomunicaciones. 
Al margen de esta casualidad- de hecho, podría haberse añadido el asunto de los fondos de pensión -, resulta que todos estos temas están relacionados entre sí, porque constituyen extraordinarias fuentes de beneficios y, evidentemente, las multinacionales de la industria, de los servicios y de los seguros quieren adueñarse de esta mina, amparándose en la desregulación, la eficacia, la privatización y otras cortinas de humo ideológicas. 
En el sector eléctrico esto ha dado lugar a una guerra de ocho años para que en nueve años se abra el mercado entre un 30 y un 35 %. 
Sabemos que dos eran las tesis contrapuestas: o bien la banalización de la electricidad con un derecho de acceso para todos, o bien la electricidad se consideraba un producto específico- lo decía el Sr. Sainjon hace un momento- merecedor de reglas diferentes. 
Señor Desama, se podría hablar de técnica, de comprador único, de apertura del mercado por tramos, de acceso a terceros, incluso de la elegibilidad de los suministradores, rechazada por dos votos en comisión, como también ocurrió, de hecho, con el conjunto del texto. 
Sólo debido a un golpe de mano del Presidente de la Comisión de Energía estamos debatiendo ahora este texto, puesto que había sido rechazado por 12 votos contra 12. 
Dicho esto, la cuestión ha de abordarse en términos de política, de política energética y de política de independencia energética europea. 
¿Queremos o no queremos que dentro de veinte años la energía eléctrica funcione integramente a base de gas, de gas argelino o de gas ruso, porque financieramente resulta más rentable? 
La duración de la amortización de una central nuclear es de 30 a 40 años, como el plazo de amortización de una central hidroeléctrica o de una central de carbón. 
Los costes portuarios de transporte son los mismos, mientras que una central de gas se amortiza, en cambio, con mucha mayor rapidez y supone unas inversiones mucho menos importantes. 
De ahí, evidentemente, la multiplicación de este tipo de centrales. 
El mismo razonamiento es válido para la estructura de los costes: 100 ecus de electricidad a base de gas representan un 20 % de inversiones para un 80 % de combustible, mientras que para las otras formas la proporción es la inversa. 
Por último, las razones financieras harán que Europa se dote únicamente de centrales de gas, cosa que ya ocurre en Gran Bretaña. 
De este modo, Francia en especial perderá la independencia energética que ha conquistado tras numerosas dificultades. 
Y lo digo también por los ecologistas: habrá que renunciar a las electricidades tradicionales, mareomotrices, eólicas u otras. 
Dicho de otro modo, la electricidad es un bien común y prácticamente un patrimonio común de la humanidad. 
Esto es lo que traduce la idea de servicio público, esto no es producto de la privatización. 
Ya lo he dicho en otra ocasión: no se privatiza a las hadas, las hadas son de todo el mundo. 
Señora Presidenta, Señorías, al contrario que el orador anterior soy de la opinión de que esta directiva es más que necesaria pues si no encontramos un compromiso político, decidirá el Tribunal de Justicia y entonces muchos de los que se han pronunciado aquí en contra de ella quedarán en una situación bastante desairada. 
Quiero expresar en especial mis felicitaciones a Claude Desama, quien ha trabajado durante muchos años en este compromiso que es muy razonable, tal como él mismo ha dicho y otros muchos antes que él. 
Pero la directiva es sólo un primer paso. 
Creo que la transformación tecnológica va a acelerar la liberalización en el futuro. 
En cinco o diez años, cuando haya en el mercado pilas de combustibles, cuando el transporte de la energía eléctrica sufra menores pérdidas a lo largo de grandes distancias o quizás cuando una u otra fuente de energía renovable sea más competitiva, hablaremos sobre el acceso a la red de un modo muy diferente a como hoy lo hacemos. 
Posiblemente experimentemos una evolución como en las telecomunicaciones, donde la técnica ha impuesto realmente una modificación de las estructuras. 
También hay que decir que la directiva va a tener considerables repercusiones de las que no vamos a alegrarnos tanto. 
La necesidad de reducir costes va a acelerar la concentración y las grandes empresas absorberán a las pequeñas. 
Estas deberán unirse para reducir los costes y el gas natural va a seguir penetrando en el mercado de la corriente eléctrica, tal como se ha dicho acertadamente. 
En algunos Estados miembros se va a tomar la directiva como motivo para ampliar la competencia aunque la misma directiva no lo exija, si bien deja a los Estados miembros un margen de actuación bastante amplio. 
Para finalizar, vuelvo a la cuestión de los clientes autorizados. 
Por cierto, es muy extraño que haya que autorizar a un cliente. 
Creo que la filosofía de nuestro Tratado dice que un cliente siempre está autorizado. 
Pero en este asunto, la directiva es algo diferente. 
Solamente permite empresas distribuidoras si los Estados miembros así lo quieren. 
Hemos presentado una enmienda al respecto y les ruego que la apoyen. 
Los motivos ya se han indicado. 
Sólo quiero hacer una observación al Sr. Mombaur quien ha dicho que la enmienda es razonable pero quizás inadecuada por razones tácticas. 
El compromiso no surge mediante una decisión individual del Consejo sino al final entre el Parlamento y el Consejo. 
Si aceptamos como norma los compromisos alcanzados en el Consejo tras unos difíciles debates, no necesitamos luchar por una ampliación del artículo 189b a otros campos. 
Por ello, les ruego que recapaciten si no deben votar en favor de esta enmienda, ya que estamos de acuerdo en el fondo del asunto. 
Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Desama. 
Después de la primera lectura, el Consejo ha aceptado muchas de las sugerencias del Parlamento Europeo, e incluso ha ido más lejos en algunas cuestiones importantes. 
El Sr. Desama puede congratularse del resultado. 
Además, su tarea en la segunda lectura no era nada fácil y sé cuánta energía ha dedicado a la preparación de este informe. 
Una característica de los compromisos es que nadie está satisfecho con el resultado. 
También mi Grupo ha dudado mucho sobre si debía presentar enmiendas, y finalmente ha decidido que prefiere que se promulgue una directiva para lograr ordenar el mercado de la electricidad después de siete años, y por consiguiente acepta ahora el frágil compromiso con todos sus defectos. 
Más vale algo que nada. A fin de cuentas, ¿qué cabe esperar si mañana no se acepta la posición común del Consejo? 
En primer lugar, nos encontraremos en un procedimiento de mediación cuyo resultado es muy inseguro, con el riesgo de que finalmente sea rechazado por el Consejo. 
¿Qué sucede entonces? 
Las tendencias liberalizadoras de diversos Estados miembros seguirán adelante. Los agentes que dominan el mercado tendrán demasiadas oportunidades. 
Los inversores privados, entre otros los bancos, desempeñarán un papel cada vez más importante en el mercado de la electricidad. 
Se crearán joint ventures transfronterizas. 
Además, el Tribunal Europeo dictará sentencias. 
A corto plazo no habrá ninguna forma de ordenación de mercado a nivel europeo. 
El riesgo para nuestros ciudadanos de que peligre la seguridad de suministro es considerable en esta hipótesis, por no hablar de nuestros bonitos y ambiciosos planes para prestar más atención a la energía renovable en el suministro de electricidad que actualmente es demasiado cara. 
Podemos despedirnos de todo esto. 
Esta noche quiero que el Comisario me diga claramente que sigue apoyando plenamente la posición común y mantiene alta la cabeza, y por consiguiente no dejará que se socave el frágil compromiso que hemos alcanzado. 
No puedo por menos que decir, aunque siempre valoro mucho la iniciativa del Sr. Desama, que hay varias enmiendas que son prematuras. 
También las enmiendas núms. 3 y 8, relacionadas con la obligatoriedad del servicio universal, van demasiado lejos y no podemos apoyarlas. 
Sobre la enmienda nº 12, de la Sra. Plooij, parece estar muy sistematizada en el contexto neerlandés, pero el Grupo de los Liberales ha de saber que es una bomba de relojería en el marco del frágil compromiso. 
¿Acaso se quiere cargar ya a la Presidencia holandesa con un enorme problema? 
En tal caso espero con interés las constructivas conversaciones entre su Grupo y el ministro de Asuntos Económicos. 
Con ello ya podemos olvidarnos de la directiva del gas, que es una prioridad de la Presidencia neerlandesa, pues se basa en gran medida en los mismos principios que la directiva de la electricidad. 
Esta directiva es comparable al frasco de ketchup. 
Al principio se tarda mucho en sacar algo del contenido. Hay que sacudirla bien y tener paciencia. 
Lo hemos hecho durante siete años. Pero después todo sale de golpe. 
Señora Presidenta, Señorías, la directiva sobre el mercado interno de la electricidad marca el inicio de la liberalización del mercado, pero debe aplicarse respetando un principio fundamental, que es la obligación de servicio publico, es decir el suministro y la distribución de la electricidad para todos los ciudadanos, estén donde estén y a un mismo precio. 
Además, el sector de la electricidad constituye una importante fuente de empleo, cuyo mantenimiento es tomado en consideración por la posición común. 
En el acceso a la red, la posición común retoma, básicamente, los resultados obtenidos en el transcurso de la negociación entre el Parlamento y la Comisión, y el Parlamento sólo puede alegrarse por este éxito. 
Para la liberalización por tramos y la elegibilidad de los distribuidores, la fórmula por la que se ha optado se basa en la progresividad y en la repercusión de las experiencias. 
En efecto, querer unificar de un solo golpe el conjunto del sistema representa unos riesgos que sólo podrá eludir el mercado de la electricidad gracias a una puesta en funcionamiento progresiva y controlada. 
Sea como sea, la actual posición da la posibilidad de apoyarse en una auténtica seguridad jurídica que permite elaborar la estrategia futura al tiempo que garantiza la perennidad de la política de inversiones. 
Quisiera, pues, agradecer el trabajo especialmente equilibrado y el enfoque pragmático y cartesiano del ponente Claude Desama. 
Sin embargo, nuestro Grupo votará en contra de las enmiendas propuestas. 
Consideramos efectivamente inoportuno en esta fase volver a abrir un debate que, tras largas discusiones, ha permitido alcanzar un compromiso que toma en consideración la posición inicial del Parlamento. 
El hecho de no volver a abrir la conciliación no pone en entredicho el poder de codecisión del Parlamento, en la medida en que su contribución ya ha sido muy significativa. 
De todos modos, más tarde será necesario proseguir con la reflexión y la acción respetando la subsidiariedad y, en particular, las distintas culturas de los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente, fiscalidad y política social. 
A falta de esto, la competencia se efectuaría en condiciones desiguales para los distintos Estados miembros y amenazaría la cohesión de la política energética de la Unión Europea así como el equilibrio que, necesariamente, debe alcanzarse entre estos diferentes actores. 
Señora Presidenta, hay que constatar que desde la instauración del mercado único, reforzado por el Tratado de Maastricht, las empresas públicas están en el punto de mira de la Comisión Europea y de los gobiernos de los Estados miembros. 
En efecto, éstas constituyen polos de resistencia incontestables frente a la liberalización y la desregulación, las cuales dependen de una opción social que prima a la competencia y la búsqueda del beneficio en detrimento del interés general y de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 
Así pues, el sector eléctrico no se librará de ello con la aprobación de la posición común del Consejo sobre la directiva, que abrirá a la competencia el mercado eléctrico hasta un 32 % en el año 2003, lo que supondría en Francia el fin de Électricité de France, que ha dado muestras de su eficacia. 
Los únicos beneficiarios serían los grandes consumidores, sobre todo las grandes empresas industriales, y ello en detrimento de las pequeñas empresas y de los usuarios domésticos, siguiendo el ejemplo de lo que se ha hecho en Gran Bretaña. 
Esta forma de competencia podría, además, acarrear despidos masivos, agravar las desigualdades regionales, comprometer la seguridad del suministro limitando la capacidad de los Estados a la hora de invertir a largo plazo y de intervenir en las opciones energéticas. 
Al privilegiar el corto plazo, las inversiones más rápidamente rentables saldrán beneficiadas, es decir, las centrales de gas en detrimento de otras fuentes de energía. 
Ahora bien, en el sector de la energía, una visión a corto plazo puede convertirse rápidamente en algo muy preocupante y plantear problemas graves en materia medioambiental y de agotamiento de las reservas existentes. 
La directiva menoscaba la voluntad de los Estados de garantizar su independencia energética e, incluso, puede limitar arbitrariamente las posibilidades de disponer de sus propios recursos energéticos. 
Asimismo abre la posibilidad de poner en tela de juicio algunas obligaciones de servicio público, sobre todo, la veracidad de los precios, la garantía de suministro, la igualdad de trato de los usuarios y la perecuación de las tarifas. 
Todos estos elementos han hecho que nuestro Grupo propusiera el rechazo de la posición común del Consejo, un rechazo que se basa tanto en el artículo 92.2 del Tratado, que reconoce a cada Estado la posibilidad de organizar sus servicios de interés general con excepciones a las reglas de la competencia, como también en el principio de subsidiariedad. 
Éste debería, en efecto, permitir tomar en consideración la especificidad de la electricidad, que no es una mercancía como las demás sino un recurso que pertenece a toda la humanidad, y que por lo tanto no debe quedar expuesta a la libre competencia. 
Nuestro Grupo, conjuntamente con las organizaciones sindicales, los asalariados y las asociaciones de usuarios tiene la voluntad de contribuir a que fracase este proyecto de directiva, así como de contribuir a la defensa y a la renovación de las empresas públicas para que puedan garantizar plenamente su misión de servicio público que responda a los intereses de los usuarios y del personal, que permita una ordenación territorial armoniosa y que favorezca las cooperaciones en el seno de la Unión Europea y en el plano internacional. 
Señora Presidenta, puede que la liberalización del mercado interior de la electricidad suene estupendamente. 
Pero ¿cómo se puede hablar de competencia si se excluye de antemano y no se deja participar a una parte, en concreto, a los pequeños productores? 
¿Cómo se puede hablar de competencia con igualdad de derechos con unos sistemas fiscales diferentes? 
Solamente quiero llamar la atención sobre Suecia, Finlandia y Dinamarca. 
En nuestra opinión, esto es un ataque frontal a las energías renovables y a la eficiencia energética. 
En el ámbito de las cargas reales- lo que no va a representar más que la guinda de la tarta- vamos a ser testigos de un comercio a precios dumping y esto es exactamente lo contrario de lo que deseamos, es decir, ahorrar energía. 
Va a existir una gran diferencia en el precio de la energía entre la ciudad y el campo, lo que va a suponer grandes pérdidas para las pequeñas y medianas empresas, a las que queremos ayudar. 
Esta propuesta, tal como está, sin conceder preferencia a las energías renovables ni a al ahorro de energía, es inaceptable. 
Tampoco veo cómo vamos a poder cumplir con esta directiva los objetivos que nos marcamos en torno a Río, Berlín y al empleo de energías renovables. 
Alcanzaremos exactamente lo contrario. 
En su redacción actual, la directiva es improductiva. 
Señora Presidenta, hay que felicitar al Sr. Comisario por el hecho de que esta posición común incluya finalmente garantías de cumplimiento del servicio público y de la cohesión social y territorial, como han venido exigiendo el Parlamento y su ponente, Claude Desama, a quien felicito sinceramente. 
Sin embargo, muchos seguimos dudando de que estas medidas realmente contribuyan a reducciones de precios para todos y a la creación de empleo. 
En el caso español, al socaire del anuncio de esta directiva, el Gobierno está justificando la práctica desaparición del carbón nacional y, por lo tanto, la desertización, el aumento del desempleo y el empobrecimiento de las comarcas mineras españolas. 
Con el pretexto de esta directiva y el argumento del coste de transición a un mercado competitivo, las compañías eléctricas han conseguido un acuerdo costosísimo para los consumidores que ha marginado al resto de los agentes del mercado y que les permite eliminar costes financieros y mantener los beneficios de inversiones ineficientes como si fueran realmente rentables, en un clarísimo caso de abuso de posición dominante y exclusiva reforzada por la actuación del Gobierno, ante lo cual la Comisión Europea debe preguntar qué sucede. 
Se refuerza el oligopolio español- compañías y bancos- al que curiosamente le sobran beneficios para adquirir, con motivo de las privatizaciones que se anuncian, lo que queda en manos del Estado en el sector energético y en el de las telecomunicaciones. 
Pierden los consumidores, que tendrán que pagar la operación aunque les anuncien una pequeña reducción de tarifa como cortina de humo. 
Pierde el conjunto de los habitantes de las comarcas mineras. 
Señor Comisario, señora Presidenta, en fechas de Navidad, debemos ser generosos también en el Parlamento Europeo. 
Por eso pido a todos los Grupos, especialmente al Partido Popular Europeo, que voten a favor de las enmiendas que piden elevar la utilización de fuentes energéticas autónomas, aunque sólo sea para dejar sin justificación al señor ministro de Industria de España, que se está amparando en esta directiva para aumentar el desempleo en muchas zonas de la geografía española. 
Así nos lo han solicitado los ayuntamientos, encabezados por cierto por el de Fuenteovejuna, y los señores diputados del Partido Popular español saben bien lo que Fuenteovejuna significa. 
Señora Presidenta, ¿acaso nuestro colega Claude Desama me permitirá que, de entrada, añada mi modesto homenaje a la magnífica corona de elogios que ya reposa a sus pies? 
Considero que, efectivamente, se ha hecho un buen trabajo, y para empezar diré que el proyecto de directiva que se somete a nuestra aprobación es satisfactorio por varios motivos. 
En primer lugar, hay que situar este texto en una perspectiva histórica y metodológica. 
Se trataba de encontrar un compromiso entre intereses nacionales, comerciales y sociales particularmente complejos. 
Y resulta que se ha llegado a un texto aprobado por quince países, es decir, por la Unión en su totalidad. 
Así pues, harían falta motivos poderosos para que, mediante modificaciones, decidiéramos echar por tierra o desmantelar este edificio construido con paciencia durante tres años, y como decía hace un rato Rolf Linkohr, meternos en tribulaciones jurídicas o bien renunciar al texto. 
¿Quién saldría ganando con ello? 
No lo sé, ¡pero imagino qué buen fermento de descomposición del mercado único sería! 
¿Cómo concebir, en efecto, un mercado abierto al conjunto de los productos manufacturados y de los servicios que estuviera cerrado a uno de los factores más decisivos del crecimiento, es decir, a la energía? 
Tal como nos enseña la historia de las naciones y de los continentes, no se pueden convertir el repliegue y las restricciones en ley para que haya un crecimiento de las sociedades, ya que esto engendra desgracia y no prosperidad. 
Por el contrario, la supresión de las barreras aduaneras, la desaparición de las concesiones, la extensión del mercado físico han permitido que Europa haya progresado desde la declaración de Schuman de 1950. 
Pero a los que sienten inquietudes, avivadas a veces por motivos partidistas, hay que decirles que esta nueva etapa en la edificación de una auténtica Unión Europea respeta los intereses colectivos y sociales invocados por varios Estados entre los que se encuentra Francia. 
Y nadie puede decirle con franqueza a la opinión pública que se trata de una liberalización desenfrenada o de un acceso incontrolado y desmesurado de los productores al conjunto del mercado, con el riesgo de que un torrente devastador acabe con sectores enteros de nuestra economía. 
Se han tomado precauciones, y sobre todo dentro de nueve años se celebrará de nuevo un debate para hacer balance y juzgar de modo razonable los ajustes que conviene introducir aquí y allá, ampliando en tal o cual punto la directiva en el ámbito de la protección de los consumidores. 
No se trata pues de un cambio radical sino de una evolución. 
Tenemos aquí un deber, que es el de hacer todo lo posible para que Europa pueda seguir su marcha y velar para que no se produzca con ello un factor de trastorno en nuestro continente, y sin duda en el resto del mundo. 
Al igual que mi Grupo, el Partido Popular Europeo, aprobaré esta directiva ne varietur. 
Señora Presidenta, yo también tengo que felicitar forzosamente al Sr. Desama, precisamente porque he sido testigo, testigo muy directo, de los esfuerzos que él ha hecho para que tengamos esta posición común. 
Y, como él ha dicho muy bien, esta posición común es buena. 
Y es buena por la labor de mucha gente en esta Asamblea. 
Es verdad, señor Comisario, y es verdad, Señorías, que a todos nos gustaría seguramente otro contenido, pero es un primer paso, un primer paso muy importante que hace un año, Señorías, habríamos firmado porque no estábamos seguros de llegar a él. 
Es verdad que nos gustaría que, poco a poco, se fuera integrando la protección del medio ambiente- ausente actualmente en el sector eléctrico- y mejorara la eficiencia energética, de la que hablamos constantemente sin que a las palabras sigan hechos. 
Pero yo estoy convencida de que, en próximos pasos, se llegará a ello. 
He oído a la Sra. García Arias y me parece que se ha equivocado de Asamblea y de país, porque no he entendido nada de lo que ha dicho. 
Me ha parecido una fantasía- y no heroica precisamente- y lo siento porque la considero amiga mía y tiene una gran cabeza, pero no sé a qué se refería. 
Quizás a que ha sido el Gobierno socialista, a cuyo partido pertenece, el que ha hecho que en España se perdieran 25.000 empleos en la minería del carbón y que el ministro de Industria actual pretende salvar lo que se pueda de todo ese desastre que ha sido la política energética del Gobierno socialista. 
Pero como aquí no estamos para hablar de las políticas nacionales sino en un proyecto ilusionante que es la Unión, el mercado de la Unión en el área eléctrica, quiero decir que mi Grupo no va a apoyar ninguna enmienda, salvo las que se refieren a la utilización del carbón. 
La directiva señala que se le puede dar preferencia económica porque se puede usar todo el carbón que los Estados tengan y quieran en una cantidad del 15 % de la energía primaria. 
En España, el carbón representa en estos momentos el 18 % de la energía primaria; de este porcentaje el 10 % es carbón nacional y el 8 % carbón de importación. 
Con lo cual, con el 15 % todavía hay un colchón del 50 % al que puede darse preferencia económica. 
Pero es que además hemos previsto que nos apoyen- por lo menos así lo pido- en que la cantidad sea del 25 %. 
¿Con qué objeto? 
Simplemente con el de tranquilizar a personas a las que se ha excitado innecesariamente. 
Hemos añadido a una enmienda que habla del 25 % -que cubriría dos veces y media el carbón nacional que España utiliza en este momento- que los Estados miembros podrán llegar a aplicar, de acuerdo con un régimen transitorio, estas medidas en función de sus necesidades. 
Solamente apoyaremos esas enmiendas, el resto no, porque queremos que entre en funcionamiento rápidamente el mercado único eléctrico. 
Señora Presidenta, deseo comenzar haciendo hincapié en el hecho de que si, por un lado, la apertura y la parcial liberalización del mercado interior de la energía eléctrica representan un paso fundamental para el pleno establecimiento del mercado único, por el otro, sin embargo, es preciso ser muy conscientes del hecho de que la posición común aprobada por el Consejo, supone un punto de referencia que debe considerarse, según lo que acaban de subrayar los demás colegas, como punto de referencia para posteriores desarrollos más que una solución definitiva para este importantísimo sector. 
Los demás colegas pertenecientes al Grupo del Partido Popular Europeo ya pusieron de manifiesto los motivos por los que estamos a favor de este texto sin ninguna modificación, a pesar de que en muchos ámbitos habríamos preferido progresos más consistentes. 
Esto atañe, por ejemplo, al papel de los distribuidores, como las compañías municipales, para citar el caso italiano; las modalidades específicas para el acceso al mercado liberalizado de los consorcios y las pequeñas y medianas empresas, que representa otro aspecto sumamente importante que no se tomó en cuenta; la evaluación del papel de los autoproductores y productores independientes y, por último, para mencionar otro aspecto muy significativo, la ulterior liberalización de los intercambios transfronterizos de electricidad. 
A pesar de que en esta etapa la introducción de modificaciones en la directiva podría conllevar el riesgo de convertir en inútil el trabajo de ocho años, el Parlamento Europeo, en el próximo futuro, deberá trabajar con ahínco en esta materia e instar al Consejo y a la Comisión a fin de que, una vez aprobada la directiva, se proceda cuando antes a adoptar más medidas de liberalización del mercado, lo que supone evidentes ventajas para la competitividad del sistema productivo europeo y para los usuarios en general. 
Por último, deseo recalcar que la rápida adopción de la directiva reviste asimismo una importancia especial para algunos Estados miembros como, por ejemplo, Italia, donde el mercado eléctrico, hasta ahora prácticamente inexistente como mercado propiamente dicho, está a punto de emprender una profunda reorganización. 
De hecho, sin un marco jurídico estable, aunque sea reducido como el que ofrece la directiva- que, así y todo, puede ser transpuesta en Italia con las mejoras a las que acabo de referirme- no será posible comenzar a implementar de forma satisfactoria la autoridad reguladora del sector, creada hace pocas fechas, ni mucho menos llevar a cabo una eficaz y satisfactoria privatización de ENEL, Ente Nacional de la Energía Eléctrica, medidas que son indispensables, al igual que el saneamiento financiero, para que Italia se sitúe a la par con el resto de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Señorías, la propuesta sobre la que deliberamos hoy en segunda lectura, relativa a la realización del mercado interior de la electricidad, concluye un proceso realmente largo.Tras ocho años de debates, tanto en Consejo como en el Parlamento, por fin parece posible encontrar una solución que cuente con la aprobación de todos los interesados. 
Quisiera, pues, destacar, en primer lugar, el trabajo de peso que ha presentado el Sr. Desama, a quien quiero dar mis sinceras gracias por la excelente labor realizada, si bien recuerdo, durante seis años en el Parlamento Europeo. 
Creo, pues, que siguiendo sus orientaciones y su propio trabajo personal, y tras las decisiones de la Comisión de Energía del Parlamento Europeo, hemos podido llegar hoy a reunirnos en el Pleno para tratar en segunda lectura esta importantísima directiva. 
Esta posición común del Consejo expresa el alto grado de consenso y compromiso obtenido entre los Estados miembros, como ha subrayado el Sr. van Velzen en su intervención, así como el compromiso logrado entre los órganos institucionales de la Unión Europea. 
Representa un acuerdo importante que abre nuevos caminos para la política energética en Europa, como hace unos instantes ha subrayado el Sr. Soulier con insistencia. 
Además, como ustedes habrán comprobado, la posición común acoge la mayor parte de las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en su primera lectura, como nos ha recordado el Sr. Desama, al afirmar que el 80 % de las enmiendas del Parlamento Europeo fueron aprobadas y figuran en la posición común. 
La posición común se basa en el establecimiento de normas comunes, es decir, en principios fundamentales para el mercado interior de la electricidad, que todos los Estados miembros tendrán que incorporar y cumplir en sus respectivos sistemas nacionales. 
La directiva no impone un sistema homogéneo a la totalidad de los países europeos, sino que prevé cierto grado de subsidiaridad y flexiblidad en cuanto a la aplicación de las normas, evitando, al mismo tiempo, una normativa excesivamente reglamentarista. 
Esto se ve reflejado en la directiva en la posibilidad que concede a los Estados miembros de elegir entre diferentes modelos y varias soluciones alternativas. 
Ahora, para contestar al Sr. Pompidou, quisiera subrayar que las diferencias nacionales en cuanto a las políticas ejercidas se harán menos importantes. 
La directiva, una vez aprobada y aplicada, establece un nivel mínimo, pero común, de liberalización y competencia en todos los sistemas de electricidad de la Unión Europea, que se deberá cumplir por todos los Estados miembros. 
La directiva permitirá a las fuerzas del mercado actuar sobre la industria eléctrica. 
Personalmente, estoy convencido de que mejorará esencialmente la posición de la industria europea de cara a la competencia internacional, como el Sr. Scapagnini ha señalado en su intervención. 
Además, constituye un paso muy importante en esa dirección, como muchos diputados han destacado, y ante todos el Sr. Linkohr y la Sra. Estevan Bolea. 
El mercado de la electricidad y todos los sectores relacionados, tal como se regulan en la directiva, pueden estar sujetos a obligaciones de servicio público que los Estados miembros pueden imponer a las compañías de electricidad en su mercado a favor del interés económico general. 
Estas obligaciones pueden ser determinadas por cada uno de los Estados miembros, en un marco comunitario. 
Los Estados miembros deben definir las obligaciones de servicio público claramente. Estas deben ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y controlables. 
Se establecerán haciendo referencia a uno de los cinco conceptos acordados a nivel comunitario, a saber: la seguridad del abastecimiento, la regularidad, calidad y el precio de los suministros de electricidad, así como la protección del medio ambiente. 
Serán comunicadas a la Comisión, que comprobará su compatibilidad con el derecho comunitario. 
Este mecanismo permitirá a los Estados miembros equilibrar la competencia con el sector público, en los casos que se considere necesario para el interés general de la sociedad. 
Es a este equilibrio al que, como quisiera recordar, se refirió el Sr. Gordon Adam durante nuestro debate, destacando su necesidad. 
La versión presente, aprobada unánimamente por el Consejo, es resultado de las negociaciones del Consejo durante varios años. 
También quisiera recalcar que en la redacción de la posición común cada palabra elegida se ha medido con sumo cuidado. 
Finalmente, las decisiones se han adoptado al máximo nivel político posible. 
Llegar a acuerdos con respecto a este tema ha sido, realmente, un proceso muy difícil y, para contestar a la Sra. Ludivina García Arias y al Sr. Marset Campos, así como al Sr. Sainjon, quiero subrayar que el artículo 3 de la propuesta de directiva logra el justo equilibrio entre las exigencias de la competencia, por un lado, y las obligaciones derivadas del concepto de servicio público, por el otro. 
Por lo tanto, les quisiera pedir que no alteren el sutil equilibrio que hemos logrado. 
Algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo pretenden reforzar la dimensión social. 
Todos ustedes saben que la Comisión fomenta activamente la dimensión social en la Unión Europea. 
En este asunto en concreto, sin embargo, necesitamos un enfoque amplio y no por sectores. 
No deberíamos aspirar a una armonización sectorial de las condiciones comunitarias de la industria eléctrica. 
En nuestra opinión, estas cuestiones exigen solución a un nivel más amplio. 
Quisiera señalar que se dará la oportunidad para el debate de los temas sociales y de otros relativos a la aplicación de la directiva en el Comité consultivo para la energía, convocado por la Comisión con los agentes del sector de la energía, incluidos, naturalmente, los sindicatos. 
No olvidemos que uno de los principales objetivos de la propuesta de directiva es mejorar la competitividad internacional de nuestra industria, de manera que se dé un nuevo y fuerte impulso a la creación de puestos de trabajo. 
Otras enmiendas del Parlamento aspiran a destacar la dimensión medioambiental. 
Insistiendo en la eficiencia energética y en las fuentes de energía renovables, comparto la opinión de que debemos fomentar más las fuentes de energía renovables, como han señalado la Sra. Plooij-van Gorsel y la Sra. Breyer. 
Contestando, también, a la Sra. Bloch von Blottnitz, quisiera comentar que, como saben, la Comisión aprobó recientemente el Libro Verde sobre las fuentes de energía renovables, que, además, hemos presentado al Parlamento Europeo. 
Es esta iniciativa la que, en nuestra opinión, debe ofrecer el marco para establecer una estrategia adecuada respecto al fomento de las fuentes de energía renovables, y no la propuesta de directiva sobre el mercado interior de la electricidad. 
Les invito, por tanto, a que siga tal enfoque. En cualquier caso, la base de esa iniciativa nuestra fueron sus propias propuestas, del Parlamento Europeo, tal como las expuso el Sr. Mombaur en su excelente informe sobre las fuentes de energía renovables. 
Algunas otras enmiendas se refieren a propuestas de ampliación de la armonización al sector de la electricidad, que es necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior de ésta. 
Señora Presidenta, la Comisión comparte la opinión de que posiblemente sea necesario ampliar la armonización, sobre todo en los ámbitos del medio ambiente y de los impuestos. 
Mis servicios ya han iniciado el trabajo al respecto y está avanzado un primer estudio para localizar las posibles necesidades de armonización. 
Además, en contestación a la pregunta que me ha dirigido el Sr. Desama, quisiera asegurarles que sí existe la voluntad política de la Comisión de conseguir progresos en este tema, y la Comisión presentará con la mayor brevedad posible una comunicación correspondiente al Parlamento y al Consejo, como nos ha sido pedido. 
Por lo tanto, les pediría que esperáramos los resultados de este análisis y que no nos adelantáramos a las futuras propuestas, ya que podría perjudicarse el derecho de iniciativa de la Comisión. En vistas del gran debate que se está llevando a cabo en la actualidad en la Conferencia Intergubernamental, creo que el Parlamento tampoco desearía que se restringiera el derecho de iniciativa de la Comisión. 
Por este motivo, pues, quisiera pedirles de nuevo que no insistan. 
Señora Presidenta, la Comisión ha aprobado la posición común del Consejo porque, primero, creemos que refleja los problemas expuestos por el Parlamento Europeo y, segundo, que el acuerdo obtenido salvaguarda los intereses de la Unión de la mejor manera posible. 
Por lo tanto, la Comisión desearía que el Parlamento adoptase la posición común tal como está, evitando que se perturbe el frágil equilibrio obtenido tras unas largas y difíciles negociaciones, y, además, porque creemos que es prioritario promover una rápida publicación final de la directiva, eliminando la inseguridad que pesa sobre nuestra industria y liberando los beneficios para los ciudadanos europeos, tal como esperan ansiosamente los sectores de la producción y del consumo de la electricidad. 
En el caso de que el Parlamento Europeo- y aquí quisiera reafirmar una vez más nuestra voluntad política y nuestra disposición a ver la posición común aprobada tal y como está, sin enmiendas- finalmente adoptara algunas enmiendas, la Comisión las examinará detenidamente y, tras la votación de mañana, emitiremos nuestro dictamen. 
Asimismo, les quisiera confirmar que estaré presente durante la votación. 
Señorías, su voto sobre la electricidad repercutirá sustancialmente en la evolución de la apertura del mercado interior, tanto en el ámbito de la electricidad como del gas natural. 
Espero, pues, que esta repercusión sea positiva y que, mañana, el Parlamento Europeo dé un mensaje positivo, que permita seguir avanzando con los debates sobre la directiva relativa al mercado interior del gas natural. 
Para finalizar, quiero agradecer una vez más al Sr. Desama y a todos los diputados al Parlamento que se han dedicado a este tema la constructiva colaboración que hemos tenido durante todos estos meses y durante los años anteriores con mis antecesores responsables del sector de la energía. 
Si mañana se aprueba la posición común, pienso que será un gran éxito, tanto para el Parlamento Europeo como para la Comisión, porque juntos hemos llegado hasta aquí después de un esfuerzo común de varios, yo diría de muchos, años. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Competencia en el sector de las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A4-0402/96) del Sr. Herman, elaborada en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y de Consejo por la que se modifican las Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones. 
Señora Presidenta, Señorías, mi tarea ha sido mucho más fácil que la del Sr. Desama ya que el Parlamento y la Comisión se han puesto de acuerdo muy rápidamente sobre una orientación que, por lo demás, estaba ampliamente dictada por las evoluciones técnicas extraordinariamente rápidas que han debido arrostrar nuestros operadores nacionales. 
Han debido reconocer sin tardanza que el mantenimiento de los monopolios era insostenible. 
Esto no ocurre en el caso de Électricité de France u otros monopolios públicos. 
Aquí no existía otra vía si no queríamos quedar sencillamente marginados y desaparecer. 
Me alegra constatar que en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial no haya habido disensiones cuando se trató de volver a presentar en la primera lectura una serie de enmiendas que fueron parcialmente rechazadas por la Comisión, aunque ésta las tuvo en cuenta en gran medida. 
Quisiera pasar revista rápidamente a los cinco puntos en los que todavía existen algunas mínimas divergencias. 
El primero es la enmienda nº 5 sobre la definición de líneas alquiladas. 
Me parece que después de haber tenido en cuenta las objeciones de la Comisión en la primera lectura, hemos reformulado esta enmienda de modo tal que se suprimiera toda ambigüedad. 
El segundo punto es la transportabilidad de los números. 
Hemos podido experimentar que en dos países en donde se ha establecido la competencia, la función de portabilidad de los números constituye un problema fundamental, en el sentido de que aunque un competidor tenga tarifas inferiores o más atractivas, los consumidores dudan en cambiar porque ello supone cambiar de número, lo cual no plantea problemas excesivos a un particular, pero representa, en cambio, una operación costosa para empresas que distribuyen numerosos impresos, publican anuncios, y ya poseen toda una serie de documentos en los cuales está inscrito su número. 
Por ello la transportabilidad de los números es un elemento importante. 
Nosotros insistimos mucho sobre un problema más político, que es el de la independencia de las autoridades respecto a reglamentaciones que han seguido siendo nacionales. 
Una vez que se ha optado por esta vía, más peligrosa y menos segura que la otra, hay que asegurarse al menos de que estas autoridades reglamentarias sean independientes y que no sean simplemente la hoja de parra colocada para apaciguar la mirada airada de los comisarios pero que, de hecho, constituye un mero disfraz del operador nacional. 
No daré ejemplos, pero todos- y veo por su sonrisa que usted misma también- han comprendido mi alusión. 
Segundo problema que se plantea: la financiación del servicio universal. 
Todos estamos de acuerdo en que es preciso que exista un servicio universal. 
La Comisión ha realizado al respecto interesantes propuestas, que algunos de nuestros amigos consideran que no van lo bastante lejos. 
Por nuestra parte, nos parece que la propuesta que hacen ustedes es relativamente moderada y capaz de reunir un amplio consenso, pero no basta por supuesto con declarar que un servicio es «universal» , sino que también hay que poder decir quién lo paga. 
Vemos actualmente, como por casualidad, que una serie de países le dan al servicio universal un alcance máximo porque saben perfectamente que ello impedirá enfrentarse a la competencia, convencidos los unos de poder contar con el apoyo de su Estado, y los otros, sus competidores, teniendo que arreglárselas solos. 
Esto reduciría el alcance de la operación de liberalización y es imperativo, a mi modo de ver, que la Comisión elabore una directiva o quizá un reglamento sobre la financiación del servicio universal. 
Por último, sin hacernos demasiadas ilusiones, ya que la Comisión no tiene la valentía de otros tiempos, pedimos que haya una autoridad supranacional europea que garantice una jurisprudencia reiterada de estas autoridades nacionales de reglamentación. 
Poco nos importa que sea la Comisión o una institución bajo la autoridad de la Comisión, pero si no se instaura una autoridad europea encargada de velar por que estas autoridades de reglamentación no actúen cada una a su manera, acabaremos cayendo en lo que queremos evitar, es decir, quince mercados separados. 
Por lo tanto, es necesaria una reglamentación uniforme, esto es algo que me parece evidente o, por lo menos, es precisa una supervisión uniforme de la reglamentación. 
Señora Presidenta, mis felicitaciones al ponente, Sr. Herman, por su informe que contará con el apoyo del Grupo Socialista. 
Quiero subrayar y reiterar algunos de los puntos del informe. 
La cuestión de la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación es un tema sobre el que este Parlamento se ha pronunciado en muchas ocasiones. 
Creo que el Sr. Comisario recordará probablemente que el anterior informe sobre telefonía vocal, que fue el primero que se sometió al procedimiento de conciliación post-Maastricht, planteó el tema de la independencia y de los recursos de que disponen dichas autoridades de reglamentación, y que las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo hicieron zozobrar. 
Parece evidente que a menos que los organismos sean independientes- y podría repetir la observación del Sr. Herman de que, en realidad, es más fácil encontrar casos de falta de independencia que de independencia, no nos engañemos -, y que a menos que dispongan de los recursos necesarios para realizar la tarea que la Comisión acertadamente les encomienda, crearemos una legislación que prácticamente está abocada a no funcionar. 
Agradecería que el Sr. Comisario nos ofreciera sus comentarios sobre cuáles son las intenciones de la Comisión en lo relativo a la autoridad europea de reglamentación y cómo ve él la interconexión que existe entre la propuesta autoridad europea de reglamentación y los organismos nacionales de reglamentación. 
Es cierto que en el pasado no hemos conseguido crear la legislación correcta en este importante ámbito. 
Existen motivos comprensibles por los que no fue posible. 
Lo que se deduce con toda claridad de esta propuesta y de muchas otras es que cada vez disponemos de menos tiempo, no sólo por el plazo que nosotros mismos nos hemos fijado para la liberalización, sino porque además cada vez queda menos tiempo para que este sector europeo pueda sobrevivir y competir con los Estados Unidos de América y Japón. 
Antes de venir aquí he asistido a una reunión de representantes del sector de la tecnología de la información europeo. 
Puedo comprender sus sentimientos de aprensión y frustración. 
Quisiera preguntar a la Comisión- aunque sé que quizá no esté en condiciones responder ahora, pero pienso enviarle una carta sobre esta cuestión, si me lo permite- si puede indicar al Parlamento qué proporción de la actual legislación en materia de telecomunicaciones ha sido transpuesta formalmente por los Estados miembros, y también cuántos son los Estados miembros que realmente aplican dicha legislación y qué medidas han tomado las autoridades nacionales de reglamentación. 
Si pudiera ofrecernos algún dato sobre las respuestas a esas preguntas, y los diputados que participan en este ámbito conocen algunas de las respuestas, nos permitiría dar un gran paso en la defensa de una autoridad europea de reglamentación. 
Permítame decirle, señor Comisario, que no me parece acertado- es posible que otros diputados de esta Asamblea tengan una opinión diferente- que se cree una autoridad europea de reglamentación sólo porque la reglamentación nacional no funciona. 
Parece que existen unas tareas muy claras que deberían llevarse a cabo a nivel nacional y otras que deben llevarse a cabo a nivel europeo. 
Los comentarios del Sr. Comisario sobre este aspecto y sobre el excelente informe del Sr. Herman serán muy esclarecedores para esta Asamblea. 
Señora Presidenta, a partir del día 1 de enero de 1998, tendrá vigor la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 
Por parte del Grupo liberal ya se destacó, con ocasión del primer debate celebrado el 31 de mayo de este año, la importancia de que existan unas disposiciones y una legislación que hagan más fácil el funcionamiento óptimo del nuevo gran mercado. Esto ha sido posible también gracias a la Directiva marco de 1990. 
Pero para que el mercado funcione, es necesario que los distintos actores conserven sus papeles. 
Por consiguiente, la autoridad de reglamentación nacional debe ser en primer lugar competente, pero también libre e independiente. 
Tiene que ser independiente con respecto a todas las organizaciones y empresas que suministran redes, equipamiento y servicios dentro del sector de las telecomunicaciones. 
Nuestro grupo apoya todo lo esencial que se incluye en el informe, y desea subrayar especialmente la propuesta de creación de un telecomité de consulta con representantes de las autoridades nacionales de reglamentación. 
Es importante que los usuarios, los consumidores, se vean bien representados en este comité. 
Partimos del supuesto de que las reuniones serán a puerta abierta. 
La Comisión y el comité consultivo deben realizar una labor de seguimiento, e informar de la evolución ante las autoridades nacionales de reglamentación y los actores del mercado. 
Si esto se hace correctamente, no creo que sea necesaria una autoridad especial de reglamentación a nivel europeo. 
Con ocasión del debate anterior, el Parlamento adoptó la mayoría de las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos sobre modificaciones de la legislación, precisiones de requisitos para el servicio universal, etc. La Comisión aprobó también la mayoría de las modificaciones. 
La información no es un asunto de carácter estrictamente técnico- se trata en igual medida de una cuestión de democracia y de que todos los grupos sociales tengan las mismas oportunidades. 
Para que así sea se necesita educación, pero también que las empresas de telecomunicaciones y las autoridades se ocupen de cubrir las regiones periféricas y las áreas más despobladas de los países miembros. 
Señora Presidenta, el Sr. Maher tiene razón, tenemos que ocuparnos muy rápidamente de las modificaciones de las directivas que aprobamos hace pocos años. 
La directiva marco ONP se aprobó en 1990 y la directiva sobre la líneas arrendadas incluso en 1992. 
Pero esto es algo que nos va a acompañar probablemente durante los próximos años. 
El único consuelo que puedo extraer de esta situación es que con frecuencia tengo el placer de leer informes del Sr. Herman. 
Es cierto: el desarrollo tecnológico avanza a tal velocidad que una gran parte de lo que hemos aprobado durante los últimos años va a quedar obsoleto próximamente. 
Voy a mencionar solamente un concepto que nos va a seguir ocupando durante los próximos meses, la convergencia, es decir, la unificación de las diversas prestaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, lo que se ve favorecido por las posibilidades técnicas. 
Las diferenciaciones que aceptamos aún como algo evidente, como entre servicios telefónicos, televisión o radio y otras aplicaciones, van a ir quedando paulatinamente obsoletas y las condiciones jurídicas que se han creado para tratar por separado estos servicios van a modificarse de modo muy sustancial. 
Por desgracia o gracias a Dios, dependiendo de cómo se quiera ver, en los próximos años nos vamos a tener que ocupar de modificaciones. 
No existen aquí unas graves diferencias entre nosotros. 
De las siete enmiendas del Parlamento, la Comisión puede recoger cuatro y tres no. 
Voy a decir enseguida el porqué no, pero permítanme que antes diga algo sobre las enmiendas que aceptamos. 
Me refiero ante todo a las enmiendas nº 4 y 6, al menos partes de ellas, en las que se plantean exigencias a la autoridad de control. 
El Sr. Herman sabe que no nos falta valor sino que somos conscientes de la realidad que consiste en que hasta ahora ni un solo país miembro ha recogido esta idea. 
Aunque la Comisión puede mover algo, sin embargo no podemos sustituir plenamente al Consejo si no lo quiere. 
Todo el mundo lo comprenderá. 
No obstante, hemos tomado las medidas necesarias para que no surja el caos en la situación actual. 
Hemos planteado principios que exigen la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación. 
Hemos planteado principios para sus decisiones, por un lado en un sentido general- transparencia, no discriminación, etc -, hasta normas concretas cuando se trata de problemas concretos, por ejemplo, concesión de licencias y similares. 
Esto significa que la situación actual en que están trabajando estas autoridades nacionales no va a ser sin un marco europeo. Señora Read, naturalmente lo vamos a vigilar, pues, cuando se aprueba una legislación europea, la Comisión tiene que controlar la aplicación de esas leyes e intervenir si fuese necesario. 
Tenemos también una relación exacta sobre quién ha convertido algo en derecho nacional y qué se ha convertido. 
No puedo repetirlo de memoria, pues lo he visto por primera vez esta tarde, pero en general el porcentaje de conversión es bastante elevado. 
Como siempre, hay algunos que van a la zaga pero estoy seguro de que van a recuperar el terreno perdido. 
Pero si no lo recuperan, esto no supone una desventaja para los participantes. 
Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, una directiva que se ha aprobado pero que no se ha convertido en derecho nacional es fundamento jurídico suficiente para reclamaciones de terceros. 
Por ejemplo, si alguien no obtiene una licencia porque en un país miembro determinado no se ha convertido aún en derecho nacional una determinada directiva, tiene un derecho que puede reclamar judicialmente si fuese necesario. 
Esto significa que incluso allí donde existe un cierto retraso en la conversión en derecho nacional, esto no supone una catástrofe para los afectados. 
Con las experiencias que vamos a tener en los próximos años- lo que se puede predecir ya perfectamente -, a más tardar en el año 2000 vamos a tener una especie de Agencia europea, o como quieran llamarla, pues es totalmente cierto lo que han dicho aquí todos los oradores: hay algunas cosas que se pueden regular a nivel nacional y otras no, pues el alcance de una decisión de este tipo desborda las fronteras nacionales. 
Cuantas más experiencias negativas experimenten los países miembros, tanto menos podrán achacar a la Comisión y al Parlamento que estamos otra vez a la caza de nuevas competencias. 
No es realmente nuestro problema. 
El problema consiste en que tenemos que elaborar unas soluciones objetivas. 
Ya hemos tratado esta cuestión del servicio universal y de su cálculo así como la de su financiación. 
Hemos publicado una comunicación al respecto, por lo que no queremos tratar ahora este problema en el marco de esta modificación de las directivas sobre la ONP. 
Se trata de un problema general. 
Surge en la ONP, en la interconexión, etc., por lo que es mejor que tengamos una norma general para el servicio universal. 
Ya conocen nuestra opinión al respecto: queremos abrir a los países miembros posibilidades de financiación si creen que la necesitan. 
Personalmente, estoy convencido de que algunos países miembros no tendrán que financiar el servicio universal con fondos públicos o extraordinarios. 
Podremos hablar enseguida en otro contexto sobre los detalles y les diré otras cosas al respecto, pues la comunicación se encuentra inmediatamente a continuación en el orden del día. 
Veo con gran simpatía la idea de un único texto jurídico consolidado, a lo que se refieren partes de las enmiendas nº 4 y 6. 
He pensado con mis colaboradores si no podemos introducir el principio de la codificación en el sector de las telecomunicaciones, es decir, aprobar una recopilación de textos legales ya aprobados para que sólo lo que aparezca en esa recopilación sea texto jurídico válido. 
Para todos los usuarios sería de gran ayuda si pudiesen encontrar en la codificación el correspondiente texto jurídico en su forma en vigor. 
Hasta ahora, nuestros juristas no han logrado ponerse de acuerdo para recoger esta idea, pues, si así lo quieren, significa una doble decisión legislativa. 
Por un lado, se aprueba el texto y luego se decide que se recoja en la codificación, lo que significa un nuevo procedimiento. 
Debemos recapacitar cómo lo podemos hacer. 
Como alternativa, queremos publicar una especie de libro de la selva, es decir, sin fuerza normativa, incluyendo en una recopilación todo lo que está en vigor. 
Probablemente tendremos que hacerlo en cualquier caso cuando nos ocupemos de la problemática de la convergencia, pues nos va a obligar a revisar y posiblemente a modificar prácticamente todo lo que hemos aprobado hasta ahora sobre las telecomunicaciones. 
Creo que estos son los problemas que debemos tratar aquí. 
Muchas gracias por la positiva cooperación mostrada, también en el caso de la enmienda. Creo que antes de mediados de 1997 podremos celebrar la aprobación definitiva con el enérgico impulso de la Presidencia holandesa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Servicio universal de las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0389/96) de la Sra. Berès, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (COM (96) 0073) -C4-0205/96) , al Parlamento Europeo y al Comité de las Regiones: » El servicio universal de telecomunicaciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado». 
Señora Presidenta, señor Comisario, me temo que el espíritu de cooperación entre la Comisión y el Parlamento, que ha marcado la primera mitad de esta velada, acabe degradándose en el transcurso de su segunda mitad. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y en dos minutos, abordaré sólo una cuestión: la subsidiariedad. 
Qué duda cabe de que se halla en el centro del razonamiento harto discutible que ustedes nos proponen. 
En un primer momento, ustedes proponen una definición mínima del servicio universal, minimum, minimorum. 
Lo admiten ustedes mismos, al comparar esta definición con aquella fijada en Estados Unidos, que incluye obligaciones relativas a los servicios públicos de la educación, a los servicios públicos sociales o a la ordenación territorial. 
La segunda fase de su demostración consiste en que esta concepción de mínimos la justifican ustedes en nombre de la subsidiariedad, con unos Estados miembros que tienen la libertad de añadir a este servicio universal de base las obligaciones complementarias que consideren útiles. 
Hasta aquí, se puede aceptar la argumentación. 
Sin embargo, y ésta es la tercera fase, ustedes precisan que estas obligaciones complementarias, y cito «no podrán en ningún caso financiarse a través de mecanismos creados para asegurar el servicio universal» y que, por lo tanto, dependen de la solidaridad nacional, es decir del impuesto. 
Es ésta una subsidiariedad de lo más singular, que traslada la definición de obligación complementaria a los Estados miembros, pero que rechaza la correspondiente financiación. 
La verdad, señor Comisario, es que usted pretende imponer una concepción ultraliberal del servicio universal y niega cualquier tipo de consistencia a la obligación de servicio público. 
Está en su derecho si quiere tener una concepción estrecha de la solidaridad y sacrificar alegremente la noción de servicio universal a la sacrosanta ley del mercado. 
Pero no se oculte detrás del argumento de la subsidiariedad. 
Este subterfugio jurídico no es digno de la Comisión. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar a la colega Berès, quien se ha esforzado mucho con este informe. 
Sin duda, es cierto que un servicio universal de telecomunicaciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado representa uno de los pilares básicos de la sociedad de la información. 
Para ello, en toda la UE deben existir a nivel regional las mismas oportunidades para los clientes tanto en lo que al acceso como a los precios de las ofertas se refiere. 
La asequibilidad debe orientarse a los grupos y regiones de menores ingresos y los costes no cubiertos deben repartirse entre todos los operadores de las instalaciones de telecomunicaciones. 
Por todo ello, preferiría que enfrente se encontrase no el Comisario Bangemann sino el Comisario Flynn. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, quiero llamar la atención sobre los siguientes aspectos. En primer lugar, el servicio universal no satisface las exigencias de los minusválidos y de los usuarios con necesidades especiales. 
Por esta causa, pido a la Comisión que incluya en el servicio universal servicios especiales para los grupos mencionados y que los procedimientos necesarios sean lo más simples posibles. 
En segundo lugar, la liberalización y la introducción de nuevas tecnologías de la información no sólo aporta nuevos puestos de trabajo sino que también destruye otros allí donde las mujeres representan un elevado porcentaje de los mismos, por lo que hay que prestar una atención particular a la compatibilidad social. 
En tercer lugar, hay que garantizar el acceso a las medidas de formación inicial y continuada en el ámbito de las tecnologías de la información a los trabajadores y, en especial, a las mujeres. 
En cuarto lugar, señor Comisario, las reducciones de los costes deben trasladarse a los usuarios finales y no tratarse como shareholder value. 
Por ello, la Comisión debe vigilar continuamente la evolución de los precios en el sector de las telecomunicaciones. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, no hablo en nombre de la Comisión de Cultura, según tengo entendido, sino en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Protección del Consumidor. 
Y esta comisión quiere apoyar a la Sra. Peijs cuando aboga por una interpretación amplia del concepto de servicio universal. 
En nuestra opinión, así se evita una nueva dualización entre grupos de la población y regiones, y de este modo se logrará que un mayor número posible de europeos puedan gozar- a precios asequibles- de la infraestructura, la tecnología y los canales de información. 
Un acceso garantizado a escuelas, centros de salud, bibliotecas, etc. reducirá el umbral y contribuirá a que menos personas queden rezagadas en la autopista de la información. 
Nuestra comisión aboga por que todos los operadores del mercado de las telecomunicaciones contribuyan a la financiación del servicio universal, y en este sentido nos remitimos a la resolución de este Parlamento, votada en mayo de 1995, que dice: » Todos los explotadores de infraestructuras y servicios han de contribuir proporcionalmente, según su participación en el mercado y sus ganancias brutas, a la financiación de un fondo para el servicio universal». 
Algunas de sus Señorías desean eximir a los proveedores de información de esta contribución porque supuestamente ello les perjudicaría frente a los proveedores de fuera de la Unión. 
Lo dudamos. 
Simplemente depende de la manera en que se determina esta contribución. 
Por cierto que un acceso amplio a las nuevas posibilidades de comunicación, a ser posible, y si es necesario con tarifas preferenciales para los grupos de riesgo, conllevará a la larga un mayor volumen de ventas para todos los operadores, porque un mayor número de personas utilizarán estas nuevas técnicas. 
Por consiguiente, apoyamos plenamente la enmienda a favor de una estrategia para el acceso público, pero queremos pedir a la Comisión que, en este marco, no se limite a fundar sus actividades en lo que dicen los operadores, sino que escuche también a las asociaciones de consumidores y asimismo al sindicato del sector. 
Señora Presidenta, el continuo descenso de los costes de la tecnología en el sector de las telecomunicaciones, combinado con los enormes avances dinámicos de este sector, hace que no resulte sencillo adoptar una postura sobre el contenido del servicio universal a largo plazo. 
No hemos de olvidar que en algunos países ya liberalizados, el servicio universal se ha ampliado mucho como consecuencia de la liberalización. 
Por ello, bajo ningún concepto puede abusarse del servicio universal para proteger a los sectores dominantes del mercado. 
Se trata de encontrar un equilibrio adecuado entre, por un lado, la condición de que el mercado ha de poder desarrollarse de forma sana y sin demasiados reglamentos rígidos y costosos, y por otro lado, la garantía justa de que se ofrezca a cada ciudadano un paquete de servicios de telecomunicaciones a un precio asequible. 
Este equilibrio es el motivo por el cual el Partido Popular Europeo ha decidido apoyar en estos momentos el nivel de servicio universal que propone la Comisión en la revisión de la directiva de telefonía vocal. 
Debemos ser conscientes de lo que implica este nivel en estos momentos. 
Implica mucho, pues cada ciudadano recibirá una línea telefónica y una línea de fax y la posibilidad de conectarse a Internet. 
Asimismo nos complace que la Comisión preste atención a nuestros conciudadanos minusválidos, aunque le pedimos un sistema de revisión periódica de la lista base. 
A fin de cuentas, cabe esperar que en un momento dado las nuevas tecnologías estén tan ampliamente distribuidas en el mercado y sean tan baratas que sea justo que se las incorpore a la lista base. 
Pero se ha de seguir recalcando que cada nivel de servicio universal también tiene su precio. 
Desarrollando modelos de costes objetivos podremos mantener claro el debate, y pido al Comisario que preste atención a esta cuestión. 
El equilibrio antes mencionado implica que el Grupo del PPE considera que en esta fase, los nuevos servidores y los proveedores de guías telefónicas no tienen por qué pagar el servicio universal. 
Pedimos a la Comisión que estudie cuándo parece justificado dar este paso, dado el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. 
Hacerles pagar ahora perjudicaría mucho a empresas jóvenes que se mueven en el mercado de las telecomunicaciones y en el mercado de los nuevos servicios electrónicos. 
Consideramos que actualmente los proveedores de servicios móviles no han de ser excluidos del pago del servicio universal, algo que también considera la Comisión. 
La UE ha de ocuparse de que los ciudadanos tengan acceso a los nuevos servicios avanzados. 
Es responsabilidad de todos nosotros y afecta también a la política de enseñanza y la política social. 
Hacer que paguen ahora todas las empresas de telecomunicaciones por su conexión a los servicios avanzados en escuelas, bibliotecas, etc., supondría una gran desventaja para las empresas de telecomunicaciones europeas frente a la competencia norteamericana, que no se enfrenta a tales exigencias en su mercado nacional. 
A fin de cuentas, cada obligación conlleva un coste. Coste que sobre todo las empresas de telecomunicaciones pequeñas y nuevas, en Europa, y los nuevos servidores con mucho personal joven, no pueden afrontar en estos momentos. 
Es una responsabilidad que el Grupo Popular Europeo no puede asumir. 
Señora Presidenta, la tecnología no puede ser nunca mejor que el uso que quieran darle las personas. 
La sociedad de la información ofrece a las personas grandes posibilidades de cumplir sus deseos y sus más profundas necesidades de hablar, expresarse y comunicarse con otras personas y con el mundo que les rodea. 
La televisión, la radio, la telefonía móvil, el correo electrónico e Internet se han desarrollado a una velocidad y hasta unos límites increibles, y la evolución continua. 
No obstante, existen riesgos, riesgos de división social entre los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden, los que pueden permitirse cosas y los que no, existe el riesgo de que las personas que viven en regiones periféricas o despobladas tengan unos servicios de peor calidad. 
Muchas de estas cuestiones son nacionales, pero las comunicaciones son internacionales, y en este sector son necesarias unas normas a nivel nacional, europeo e internacional, si queremos estar a la altura del objetivo esencial de dar a todos los seres humanos las mismas oportunidades de aprovechar las posibilidades que les ofrece la sociedad de la información. 
Los Estados miembros deben tener la mayor parte de la responsabilidad en cuanto al logro de estos objetivos, pero esto debe suceder en cooperación con los órganos de la UE, los organismos europeos, las empresas y organismos internacionales. 
El grupo liberal apoya naturalmente el principio general de un servicio universal para todos a un coste asequible. 
Lo más importante es que se apliquen unas tarifas bajas a la comunicación diaria a base de llamadas locales. 
Personalmente, soy escéptico en cuanto a la creación de nuevos órganos de control, modelos y fondos a nivel de la UE. 
Se puede llegar lejos a través de consultas y colaboración, y estos instrumentos constituyen, a mi modo de ver, un camino mejor. 
Si se necesita un sistema de fondos para cubrir los costes de los servicios sociales, esto debería decidirse y gestionarse a nivel nacional. 
Señora Presidenta, yo desearía también resaltar la importancia que revestirá a corto plazo la solución relativa a la prestación de servicios universales. 
Tal como se señala en el meritorio informe de la señora Berès, parece que, a largo plazo, dichos servicios se encaminarán hacia un abaratamiento de sus precios, por lo que también a los ciudadanos les resultará entonces más fácil acceder a los mismos. 
No es posible extenderse mucho en una intervención tan breve, pero desearía hacer especial hincapié en el último apartado del informe de la señora Berès, en el que se propone que también las instituciones de la Unión Europea deberían aprovechar la posibilidad de hacer uso de las redes de información e incrementar de este modo la transparencia en sus actividades. 
Me gustaría saber si el señor Bangemann ha reflexionado en qué modo la utilización de las redes de información podría aumentar la transparencia de las instituciones de la Unión Europea. 
Aquí ya se ha señalado que, en principio, todos los ciudadanos deberían tener acceso gratuito a través de Internet a los documentos oficiales de las instituciones. 
Se trata de una excelente idea que, a su manera, se relaciona con el principio por el que se deben garantizar los servicios universales a todos. 
Señora Presidenta, tal como ya han destacado otros oradores, la liberalización de las telecomunicaciones no es sólo un problema económico sino también un problema profundamente social y cultural. 
Lamentablemente, en Europa se ha dejado de lado este aspecto. 
Si se piensa que en los EE.UU más del 60 % de los escolares y más del 90 % de los estudiantes universitarios utilizan durante sus estudios las telecomunicaciones y que sin éstas probablemente no podrían preparar su trabajo, uno se puede imaginar qué significa para los escolares de Austria o de otros países europeos esta desigualdad en el uso de las telecomunicaciones. 
La liberalización de las telecomunicaciones significa que de repente ya no exista el sistema de formación en Europa que hemos creado y configurado con esfuerzo para que sea igual para todos. 
Hay alumnos y estudiantes de familias acomodadas que tienen las máximas facilidades para el acceso y otros de otras familias que, debido a los elevados costes de teléfono, no tienen dichas facilidades. 
Si se prosigue por esta vía, se van a producir desigualdades que en la próxima generación nos van a arrojar cien años atrás en lo tocante a la formación. 
Un problema especial lo representa el hecho de que sobre todo en Austria se han utilizado durante los últimos decenios los beneficios de las telecomunicaciones para tapar otros agujeros presupuestarios. 
La consecuencia es que hoy tenemos en Austria un sistema telefónico totalmente anticuado y que una empresa que tiene miles de millones de deudas se quede atrasada. 
Actualmente, en Austria es más fácil telefonear a través de una red internacional de comunicaciones que emplear la propia red estatal. 
Apelo por ello a todos los responsables para que se impulse y apoye lo antes posible la modernización y para que se facilite el acceso a las comunicaciones sobre todo a la próxima generación. 
Señora Presidenta, deseo comenzar felicitando a la Sra. Berès por su informe, que es muy completo y el resultado de un excelente trabajo. 
Deseo referirme brevemente a tres aspectos: en primer lugar, la agenda de la liberalización, que establece la necesidad de un servicio universal; en segundo lugar, el propio servicio universal; y en tercer lugar, deseo decir algo más sobre la definición y cómo ésta debe evolucionar. 
Los motivos son obvios: el precio, la competencia y el deseo de reducir los costes para la industria para conseguir que Europa sea más competitiva en relación con nuestros competidores de Norteamérica y Asia. 
También está claro que los gobiernos no pueden encargarse de todo, por lo que hace falta una agenda para la liberalización que nos permita combinar el capital público y el privado con el fin de mejorar la sociedad de la información que estamos desarrollando aquí en Europa. 
Está claro que donde existe competencia, los precios adquieren importancia. 
Pero, está igualmente claro que habrá servicios que no son rentables y la cuestión es cómo podemos garantizar que los niveles de los servicios se mantienen e, incluso, se mejoran. 
La definición de servicio universal a la que ha llegado la Comisión es un buen punto de partida, pero no es el final de este asunto. 
Necesitamos los servicios básicos actuales, pero también necesitamos calidad, a la que también se hace referencia, y sobre todo necesitamos que dichos servicios sean asequibles, habida cuenta de los problemas a los que nos enfrentamos en la Unión Europea en materia de exclusión social. 
Coincido con la ponente en que necesitamos una definición europea del carácter asequible de las tarifas, y eso significa, en lo que a mí respecta, una fórmula que podamos aplicar a cada Estado miembro a la luz de su situación económica en un momento determinado. 
También debemos tener en cuenta el avance tecnológico y cuál puede ser la norma en los diferentes Estados miembros: lo que constituye la norma en Suecia no coincide necesariamente con la situación de Grecia o Portugal. 
Por consiguiente, necesitamos adoptar un calendario- quizá un calendario distinto para cada Estado miembro- que se ajuste al nivel tecnológico del país, al nivel del servicio universal que pueden alcanzar. 
A estas alturas deseo hacer una distinción entre el servicio universal y el acceso universal. 
Cuando apareció el teléfono, todo el mundo tenía la opción de salir a la calle y utilizar un teléfono público, y eso era todo de lo que se disponía hasta que el mercado se saturó y casi todo el mundo tuvo un teléfono en casa. 
Lo que tenemos en Europa en estos momentos son zonas que tienen acceso universal y servicio universal, sobre todo en los Estados más desarrollados, pero también existen zonas en la Unión en las que seguimos sin tener acceso universal. 
Por eso hay que establecer un calendario en cada Estado miembro, y la Comisión, previa consulta al Parlamento, debe elaborar uno. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que la definición debe ser amplia. 
También estoy de acuerdo con lo que dice sobre los lugares de interés colectivo; pero también debemos estudiar el caso de las instituciones privadas que se ocupan de las personas que padecen la exclusión social- como es el caso de las cárceles y de los centros de acogida privados- con objeto de garantizar también a esas personas el acceso universal. 
Una vez más, estoy totalmente de acuerdo con la ponente en que necesitamos garantizar que las definiciones y las soluciones tecnológicas que adoptemos serán de utilidad para los usuarios desfavorecidos, aquellos que padecen la exclusión geográfica o social. 
Estoy de acuerdo con la ponente sobre el tema de los ricos y los pobres. 
Queremos garantizar que éste sea un servicio universal para todos. 
Recomiendo a la Asamblea el informe de la Sra. Berès. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la liberalización de la competencia en el sector de las telecomunicaciones constituye un elemento importante a la hora de fortalecer el desarrollo de la competitividad y la tecnología europeas. 
Al mismo tiempo, es imprescindible garantizar a todos las mismas oportunidades de obtener unos servicios fundamentales a precios razonables y con una calidad satisfactoria. 
La libre competencia no es suficiente por sí misma para garantizar los servicios universales en este sector. 
Por este motivo, se han de especificar por separado y con claridad cuáles son dichos servicios, que deberán ser costeados de forma conjunta. 
Sin embargo, es importante desde el punto de vista de la competencia que se provean estos servicios universales de una manera imparcial, sin distorsionar la competencia. 
No se pueden mantener las obligaciones de un modo parcial para que las asuman solamente unos pocos operadores, sino que necesitamos un sistema común que equilibre el mercado. 
La cuestión de los servicios universales se examina frecuentemente sólo desde el punto de vista de algunos grupos específicos. 
Los poderosos monopolios del sector y el poco desarrollo que se registra en general en el mismo han propiciado un concepto demasiado rígido de los servicios universales. 
En este ámbito existen grandes diferencias entre los países de la Unión Europea. 
Atendiendo al vertiginoso desarrollo del sector, se debe pensar también en los problemas que surgirán en el futuro. 
Los servicios universales no van a perder importancia, sino que la importancia de dichos servicios experimentará una muy rápida transformación. 
Un buen ejemplo de ello lo constituye el acceso a la información pública, así como a la información sobre la Unión Europea, a través de las bibliotecas y de las redes informáticas. 
Por este motivo, resulta imprescindible dotar a los servicios públicos de un sistema estable y flexible de financiación, lo cual representa una difícil tarea. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la utilización de las vías de comunicación va a modificarse profundamente en el futuro. 
Hoy, más de mil millones de personas emplean el teléfono durante algunos minutos al día. 
Mañana, más de mil millones de personas van a emplear Internet durante una hora o más como entretenimiento, para adquirir conocimientos o realizar negocios. 
Esto exige una amplia y profunda adaptación de la política de comunicaciones y de la correspondiente política de precios a nivel de la Unión Europea; a pesar del modelo existente de servicio universal, los precios para la transmisión de datos en el ámbito de llamadas locales es aún demasiado elevado. 
Los ciudadanos y empresas de la Unión no pueden utilizar suficientemente las posibilidades de las nuevas telecomunicaciones. 
Señor Bangemann, los precios tienen que caer dramáticamente. 
El concepto de asequibilidad es lo que más me preocupa en el presente proyecto sobre el servicio universal. No es en absoluto suficiente en la forma actual. 
Además, debemos reformar el concepto de telefonía vocal, es urgentemente necesario completarlo en el sentido de la transmisión de datos. 
El concepto provoca confusiones porque tenemos que explicar continuamente que aparte de la telefonía vocal también se incluye la transmisión de datos por fax y módem. 
Mi colega Mark Hendrich ha llamado la atención sobre el hecho de que necesitamos un nuevo concepto como complemento al servicio universal, según el cual todos los ciudadanos puedan tener acceso a la red. 
Necesitamos una integración en las bibliotecas y en las administraciones públicas. 
Todas las escuelas deben estar conectadas a la red para que los alumnos puedan utilizar el potencial de la sociedad de la información. 
El próximo año vamos a necesitar un nuevo concepto y un modelo de financiación a nivel europeo. 
Coincido con la Comisión en que el existente para el universal service no se puede ampliar en este aspecto. 
Por otro lado, deberemos crear un modelo a nivel europeo pues no podemos dejarlo exclusivamente en manos de los Estados. 
Una observación: los norteamericanos se han marcado como objetivo conectar todas las escuelas a la red hasta el año 2000. 
Creo que este debería ser también el nuestro. 
Señora Presidenta, intervengo en apoyo del informe de la Sra. Berès y deseo referirme a dos o tres puntos del mismo. 
Pero para situar este debate en un contexto global, creo que es importante que recordemos que, a nivel mundial, la inmensa mayoría de los ciudadanos no han hecho jamás una llamada telefónica y no la harán en su vida, y es importante no olvidar las carencias de información que existen a esa escala. 
La Sra. Berès tiene razón al incluir en su informe referencias a una modificación del Tratado en lo relativo al reconocimiento del servicio público. 
En unos momentos en que muchos ciudadanos están dando muestras de perder la fe en la Unión Europea, éste es un ejemplo muy claro de cómo podemos demostrar que realmente existe algo en Europa para cada hombre, mujer y niño que vive en ella. 
El servicio universal es asimismo importante, cada vez menos en términos de privación geográfica, pero cada vez más para aquellos ciudadanos que viven en las zonas más desfavorecidas de nuestras ciudades, donde las compañías telefónicas se muestran cada vez más reacias a proporcionar teléfonos y servicios telefónicos. 
Este asunto tiene muchas repercusiones, sobre todo porque en la sociedad moderna el poder utilizar y tener acceso al teléfono es una necesidad. 
Buscar trabajo, participar en la sociedad cívica, vivir en democracia; todo ello requiere tener acceso y hacer uso del teléfono. 
El servicio universal también es importante porque es uno de los escasos medios de que disponen las instituciones de la Unión Europea para ejercer algo de control real sobre este sector de la industria tan enormemente rentable. 
Existe el acceso universal y la demanda universal. 
No debemos nunca perder de vista hasta qué punto los avances económicos de este sector se ven libres de la obligación de rendir cuentas sobre su política o sobre los controles a los que están sujetos. 
Mi última observación: otros oradores se han referido a la importancia de que se revisen los derechos de los ciudadanos. 
La diferencia que existe entre las telecomunicaciones y el agua, el gas o la electricidad es que la tecnología permitirá ampliar muy considerablemente el abanico de posibilidades, y desconocemos el plazo en el que se producirá dicho aumento. 
Por ello creo que es muy importante, tanto para la Comisión como para el Parlamento, que reconozcamos la necesidad de incorporar no sólo al presente informe, sino a la legislación- soy ponente del informe sobre telefonía vocal y servicio universal- unas revisiones periódicas de los derechos que sean realistas y factibles. 
Señora Presidenta, me voy a limitar a hablar sobre lo que diferencia a la Comisión de lo que se ha dicho aquí en el debate. 
En primer lugar, las telecomunicaciones hoy son algo más que el teléfono en el pasado. 
Las telecomunicaciones son un factor económico y de producción. 
Naturalmente, tiene importancia para los ciudadanos pero no debemos olvidar que la competitividad de la industria europea será la que decida la cuestión de en qué volumen y a qué costes se pueden utilizar. 
Por ejemplo, cuando comparamos nuestra situación con la de los EE.UU, el punto más negativo del que nos percatamos hace pocos años fue la enorme diferencia de costes, diez veces superior, en la transmisión de datos. 
Hace poco, presentamos un informe sobre la competitividad de la industria europea. 
Debido al input, a las elevadas cargas del input en las telecomunicaciones- por cierto, también en la energía y en los servicios -, nos hemos ido quedando atrasados. 
Esto se debe a una interpretación demasiado clásica del concepto de política social. Lo digo de un modo muy precavido porque el Sr. Caudron ha criticado que la última vez me expresé con demasiada claridad. 
No excluyo que el Sr. Caudron pueda tener razón en alguna ocasión, por lo que lo voy a intentar decir ahora con mucho cuidado. 
El concepto clásico que se trasluce en la ponente, en Jean-Pierre Cot y en otros, incluyendo parte del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, es el siguiente: tenemos problemas sociales y estos problemas solamente los podemos financiar mediante prestaciones financieras del Estado, y para financiar esto hay que gravar a su vez un ramo de la economía. 
Esta es exactamente la concepción clásica. 
La concepción moderna es muy diferente y voy a decir porqué. 
En primer lugar, comienza ya con el concepto de service public. 
La Comisión acaba de reconocer hace poco en una propuesta que existe service public, pero no todo lo que se ha aportado en el pasado y también hoy en el ámbito del service public tiene que coincidir con los requerimientos del servicio universal. 
La ponente y otros hablan, como si se tratase de algo evidente, de una especie de coincidencia de estos dos conceptos: service public y servicio universal son lo mismo. 
Esto es totalmente erróneo. 
El acceso de cada ciudadano a las prestaciones de las telecomunicaciones se podría organizar en un caso extremo sin service public. 
Me sorprende que ministros suecos y finlandeses se alineen en el mismo bando pues ambos países son un ejemplo de que tales prestaciones y el universal acces pueden darse perfectamente en un sistema de competencia. 
Y ¿porqué «chèr» Jean-Pierre, es aún más factible en el presente caso? 
Voy a intentar mostrarlo en base a las leyes especiales que rigen en este ramo de la economía: el oferente de prestaciones vive de que sus prestaciones sean utilizadas por el mayor número posible de personas. 
Por ello, tiene un interés propio- totalmente egoísta pero que tiene repercusiones sociales- en que el mayor número posible de personas tenga acceso a las mismas. 
Lo pueden ver en todas partes. 
Por cierto, queridas y queridos... -casi habría dicho hermanas y hermanos de este clásico grupo político- ¿cuándo han bajado los precios? 
La Sra. Mann me dice: ¡los precios tienen que caer! 
Solamente han caído cuando hemos liberalizado, cuando hemos suprimido los monopolios y cuando hemos introducido la competencia. 
No soy de aquellos que exigen todo del mercado. 
Lo que a mí me gusta no me lo proporciona el mercado, pero sé perfectamente una cosa: la competencia y el mercado son mucho mejor- también para el suministro de servicios universales- que un monopolio. 
Ese es exactamente el quid de la cuestión. 
Por lo demás, hemos mantenido un amplio debate sobre esta comunicación con los sindicatos y grupos de consumidores produciéndose un consenso bastante amplio, por cierto, también en el Consejo. 
El consenso sobre nuestras propuestas es considerablemente mayor en el Consejo que aquí en el Parlamento. 
Esto no tiene porqué significar nada. 
También puede ser que coincidir con el Consejo sea una señal de que se está defendiendo una mala posición; lo reconozco, pero no es siempre así. 
Me voy a referir ahora a la determinación del concepto del servicio universal. 
Si leen la comunicación verán que hemos reconocido la posición correcta de Parlamento en el sentido de que es un concepto que se va a mover. 
Es decir, lo que hoy quizás se define solamente bajo los aspectos de un simple acceso- Hendricks lo ha dicho así acertadamente -, quizás mañana o pasado mañana deba abarcar servicios completos. 
Lo reconocemos, es decir, esta definición del servicio universal deberá revisarse siempre. 
Se trata de un concepto dinámico que evoluciona. 
Me voy a referir ahora a la asequibilidad y a la financiación. Podrán decir que se trata de una subsidiariedad exagerada, pero hemos elegido este enfoque por dos motivos. 
Primero, la situación en los diversos países miembros es realmente muy diferente e intentar imponer ahora una regulación europea general sería totalmente erróneo. 
En segundo lugar, precisamente porque queremos evitar gravar en demasía a los proveedores de esta prestación, que es urgentemente necesaria, hemos propuesto un modelo de financiación con dos variantes. Pero al mismo tiempo, hemos limitado las prestaciones que pueden entrar en dicho modelo. 
No sé porqué una escuela que es equipada mediante los presupuestos públicos con pupitres y sillas y otras muchas más cosas, no debe poder obtener además una conexión y varios ordenadores. 
No lo puedo entender. 
Se puede exigir que una escuela moderna sea así. 
¿Porqué hay que imponérselo a los operadores? 
Al fin y al cabo, es una prestación originaria que debería lograrse de un presupuesto. 
Esta es nuestra posición y creo que si la seguimos veremos que este asunto del servicio universal se reduce a un pequeño problema. 
En lo que sí va a existir un problema en lo que se refiere a las posibilidades técnicas para los minusválidos. 
Tenemos que aclarar algunas cuestiones especiales, por ejemplo, relativas a los documentos públicos. No sé quién ha preguntado al respecto. 
La Comisión tiene ya en Internet una homepage. 
Nos gustaría crear junto con el Parlamento y el Consejo un servicio de información común. 
Pero siempre ha fracasado porque, lamentablemente, cada uno tiene sus propias ideas. 
Hay que decirlo. 
Estamos dispuestos a ponernos de acuerdo con el Parlamento y el Consejo sobre un sistema aunque no sea el nuestro, pero hasta ahora no hemos logrado ningún avance en estos grupos de trabajo. 
Resumiendo: esto supone hoy un importante problema. 
Estamos convencidos de que con nuestra definición se puede dominar el problema y que va a dejar de serlo en pocos años pues todos los oferentes tienen un gran interés en cubrir todo al 100 %. 
Pueden verlo en todos sitios, por ejemplo, en el asunto de los decodificadores que tanto nos ha perseguido- no tanto porque se trate de las telecomunicaciones sino porque se trata de los medios de comunicación- y que se ha disuelto en la nada cuando se ha ejercido presión. 
Todo el mundo sabe que cuando se quiere llegar a todos incluso se regala un decodificador al usuario, pues lo que aporta dinero es el uso de esos servicios y no el hardware. 
¡Si recapacitasen al respecto! 
Siempre piden a la Comisión que recapacite. 
Lo hacemos continuamente y por ello estamos tan pálidos. 
No, yo les rogaría que recapacitasen un poco sobre sus llamadas posiciones clásicas. 
Ya veo que el Sr. Caudron empieza a recapacitar pues muestra una expresión mucho más abierta de lo normal. 
No debemos aplicar los conceptos del pasado a una moderna tecnología de este tipo y en los tiempos actuales. 
Si lo hiciésemos, sin duda fracasaríamos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Normas de competencia en el sector postal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0388/96) del Sr. Brémond d ' Ars, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el proyecto de comunicación de la Comisión al Consejo sobre la aplicación de las normas de competencia al servicio postal y en particular sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales. 
Me gustaría saber porqué el Comisario competente para los servicios postales no se queda aquí. 
No se trata de un menosprecio del Parlamento o de una infravaloración de la importancia de este tema, pero hoy se trata exclusivamente de la comunicación de la que es responsable el colega van Miert. 
He defendido en tres ocasiones dicha comunicación en este Parlamento. 
He sido yo quien la ha defendido. 
No lo ha hecho el colega van Miert y ahora quiero proporcionarle la alegría de ser él mismo quien explique cuál es su opinión. 
El Sr. Bangemann tiene razón, esta noche esto es competencia del Sr. van Miert. 
Señora Presidenta, señor Comisario, habrán tenido que transcurrir más o menos siete años desde las primeras solicitudes del Parlamento Europeo y del Consejo para que la Comisión formule, por fin, propuestas relativas al sector postal. 
Este hecho es revelador de la gran complejidad del tema. 
Se trata de uno de los servicios públicos más desarrollados en algunos Estados miembros y que, más allá de su vocación natural, cumple otras funciones, sobre todo en el ámbito social y en materia de ordenación territorial. 
Por ello escapa en gran parte a las leyes de la competencia, habida cuenta del carácter no rentable del suministro en las zonas de baja densidad de población. 
Sin embargo, será necesaria una armonización, ya que se está desarrollando una competencia salvaje que convierte en deficitaria la actividad de algunos servicios postales amenazados, además, por la evolución técnica. 
En diciembre de 1995, el Parlamento se ocupó de dos textos: una propuesta de directiva sobre la que se pronunció el Parlamento en primera lectura el pasado mes de mayo, sobre la base de un informe del Sr. Simpson, en nombre de la Comisión de Transportes, y un proyecto de comunicación sobre la aplicación de las reglas de la competencia en el sector postal. 
El debate actual se refiere a este segundo texto. 
Dos textos es algo que el Parlamento no esperaba. 
Durante tiempo reclamó una directiva para el sector postal, sobre la base del artículo 100 A, y eso le habría bastado ampliamente. 
La publicación simultánea de estos dos textos es, por lo demás, extraña y constituye un hecho sin precedentes. 
Lo lógico habría sido, en su caso, prever tal comunicación una vez aprobada la directiva. 
Por cierto, en el caso de las telecomunicaciones, la comunicación de la Comisión vino después de dos directivas previas. 
¿Por qué no ha sido así en este caso? 
En el asunto que nos ocupa, en repetidas ocasiones la Comisión amenazó con aprobar su proyecto de comunicación, al margen de lo avanzado que estuviese el procedimiento legislativo de la directiva. 
De persistir en esa vía, crearían un problema institucional con el legislador de la Unión, es decir con el Consejo y el Parlamento, Parlamento que desde 1988 ha reclamado, lo diré una vez más, una directiva sobre la base del artículo 100 A. 
La opinión de la Comisión de Asuntos Económicos es, sin embargo, más matizada. 
De alguna manera es la síntesis de las opiniones del Sr. Jean-Pierre Cot en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Sr. Marcus Ferber en nombre de la Comisión de Transportes. 
La Comisión de Asuntos Económicos, al igual que las dos comisiones cuya opinión ha sido solicitada, no se pronuncia sobre las disposiciones recogidas en el proyecto de comunicación, sino sólo sobre su oportunidad y su naturaleza jurídica. 
La Comisión de Asuntos Económicos le pide, señor Comisario, que retire provisionalmente su proyecto de comunicación. «Provisionalmente» significa que esta comisión le pide que espere al resultado del procedimiento legislativo en curso. 
Paralelamente, pide al Consejo que se pronuncie rápidamente- todavía han de celebrarse otras reuniones- y que fije su posición común sobre el proyecto de directiva. 
Señor Comisario, desearía que la Comisión estuviera actualmente más atenta a los deseos del Parlamento Europeo de lo que lo ha estado hasta la fecha, sobre todo al no aceptar más que un número limitado de enmiendas del Parlamento sobre el proyecto de directiva. 
Esta actitud no facilitará, por su propia índole, el acuerdo en el seno del Consejo. 
Si han sido necesarios siete años para formular propuestas, la Comisión debería poder esperar el tiempo necesario para que el Consejo y el Parlamento legislen sobre una cuestión tan sensible y compleja. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estábamos frente a un problema de coordinación de una directiva y de una comunicación relativa al mismo tema: los servicios postales. 
Desde el fracaso del Consejo de ministros de telecomunicaciones del 28 de noviembre, nos hallamos frente a un problema institucional. 
¿Acaso la Comisión tiene derecho a aprobar tal como está la comunicación que tenemos que debatir a falta de directiva? 
Responderé con un «no» por razones jurídicas y políticas. 
Jurídicamente, la Comisión no puede dar una de cal y otra de arena. 
No puede a la vez considerar que procede armonizar las legislaciones a través de una directiva basada en el artículo 100 A y recurrir a la potestad que confiere el artículo 90.3 para alcanzar el mismo resultado. 
Existe un principio general común a nuestros derechos internos: » electa una via». 
Si son posibles dos procedimientos, hay que escoger uno de ellos, pero no se puede pasar impunemente de un procedimiento al otro y todavía menos amenazar con uno para presionar al otro. 
Sería un caso flagrante de abuso de procedimiento. 
A partir del momento en que se ha considerado necesaria la directiva, hay que ceñirse a la vía que indica la directiva. 
La comunicación y las decisiones particulares tomadas en virtud del Tratado sólo pueden ser decisiones de aplicación, no una vía sustitutoria. 
Cualquier otro modo de proceder sería políticamente inaceptable. 
Estamos en el ámbito de la política de la competencia. 
Cuando se habla de política, se habla de oportunidad en las decisiones, de poder de apreciación. 
Ustedes mismos necesitaron treinta años para decidir aplicar las reglas de la competencia al servicio público. 
Las modalidades, el calendario de aplicación del Tratado no tienen nada de automático. 
El Parlamento modificó por una gran mayoría la propuesta de directiva de la Comisión sobre estos puntos. 
La Comisión ha rechazado todas nuestras enmiendas, y ha contribuido de este modo a bloquear la situación en el Consejo de ministros. 
El Consejo está dividido, aunque una mayoría cualificada hubiera podido sin duda respaldar nuestras posturas. 
¡Y hoy la Comisión querría aprovecharse de esta parálisis que ha organizado ella misma para hacer su voluntad! 
De este modo generarían un conflicto institucional cuyas consecuencias y oportunidad les pido que evalúen en vísperas de la Conferencia Intergubernamental. 
Al obstinarse sobre este tema delicado y sin apoyo político, dan ustedes argumentos a los que desean reducir las atribuciones de la Comisión. 
Por mi parte, no quisiera a mi pesar tener que darles la razón. 
Señora Presidenta, uno de los principales problemas actuales de la Unión Europea tiene que ver con la aproximación de los ciudadanos a sus instituciones, hacerlos sentir que son el fulcro de nuestras preocupaciones, que trabajamos para ellos, que a ellos es a quienes representamos según los principios básicos de la democracia y de la transparencia. 
En un momento en que tantos esfuerzos hacemos para que el ciudadano europeo se sienta parte integrante de esta Unión que estamos construyendo, en que se lanzan programas especiales- como CITIZENS FIRST- para ilustrar, aproximar y cautivar a los europeos, la Comisión Europea nos propone que, a espaldas de las instituciones representativas- el Parlamento y el Consejo -, se decida el proceso de liberalización de uno de los sectores que más cerca está de las poblaciones, que éstas más sienten como propio, como son los servicios postales. 
Yo sé que, jurídicamente, la Comisión puede hacerlo. 
No obstante, resulta políticamente inaceptable esa actuación de avanzar sola hacia la liberalización del sector postal. 
Considero que hacerlo en el momento en que trabajamos en el proyecto de directiva es un acto de hostilidad, de arrogancia y de falta de respeto por la voluntad de los pueblos, que en nada contribuirá a fortalecer y a volver atrayente este nuevo modelo europeo, en el que el liberalismo y el tecnicismo prevalecen sobre la solidaridad y el espíritu de cohesión. 
Tanto el Parlamento como el Consejo están a favor de la liberalización de los servicios postales, pero no aceptamos los términos de la comunicación que la Comisión presenta. 
Trabajemos en conjunto el proyecto de directiva que la Comisión ha elaborado y sobre el cual el Parlamento ha aprobado ya un informe excelente. 
No siga la Comisión procesos no transparentes, autoritarios y sin apoyo popular. 
Dialoguemos y encontremos las soluciones adecuadas. 
Si los principios del servicio universal y del control democrático que ahora estamos examinando llegan, en su versión final, a contener esos principios, merecerá, desde luego, nuestro apoyo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, tengo en mi mano una carta que ha tardado cinco días en llegar de Bélgica a los Países Bajos. 
Esta sigue siendo una realidad de los servicios postales en algunas partes de Europa. 
Lo lamento, pero por desgracia el expediente postal en el Consejo está atascado. 
En el último Consejo de telecomunicaciones, del pasado 17 de noviembre, los Estados miembros no lograron ponerse de acuerdo en torno al proyecto de directiva. 
Esto significa que la liberalización del mercado postal vuelve a aplazarse por un tiempo y que nada se mueve en el principal sector de apoyo a la competitividad de la Unión Europea. 
Lo lamento, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que el clima social en determinados Estados miembros de la Unión, en estos momentos, es tenso, y que hemos de tener cuidado de no tensar excesivamente la cuerda en estos momentos. 
El sector postal desempeña una función especial en algunos Estados miembros de la Unión, por ejemplo en las zonas rurales, y no podemos ignorarlo así como así. 
También estoy plenamente de acuerdo con mi colega Bremond d ' Ars de que se acepte sin más el proyecto de comunicación que examinamos hoy, en parte teniendo en cuenta la base jurídica. 
Al fin y al cabo, una comunicación no es una decisión vinculante, sino que pretende únicamente exponer un derecho del Tratado. 
Por un lado hemos de reconocer que el Consejo y el Parlamento tienen juntos la legitimación democrática para tomar decisiones en el ámbito postal. 
Por otro lado, hemos de reconocer que la Comisión tiene su propia responsabilidad sobre la base de los artículos 85, 86 y 90 del Tratado de la CE. 
Es un hecho que en estos momentos algunas empresas postales abusan de su posición de poder y aplican condiciones innecesarias y calculan precios excesivos, como también se desprende de las numerosas reclamaciones que se presentan a la Comisión. 
El estancamiento del expediente postal obliga a algunas empresas postales de nuestro continente a centrar sus inversiones en otras zonas del mundo. 
Esto es malo para nuestra competitividad, para el clima de inversión en Europa y para el empleo. 
Por ello quisiera preguntar al Comisario qué tiene previsto hacer después del Consejo de telecomunicaciones del pasado noviembre. 
¿Piensa presentar una nueva propuesta o utilizar el artículo 90 del Tratado? 
Considero que en estos momentos nos hemos colocado en una posición difícil, pero no obstante creo que no debemos perder de vista el objetivo final de todo el debate. Este es concretamente que hemos de crear un mercado postal armonizado y altamente liberalizado, garantizando un servicio asequible y cualitativamente alto para todos los ciudadanos. 
Los ciudadanos europeos merecen que la Unión lo haga. 
Esta es la nueva entrega de la never ending story sobre los servicios postales. 
¿Qué queremos en este Parlamento? 
¿Queremos que la Comisión incumpla su tarea? 
Señor Cot, conteste de una vez a esta pregunta. 
Lo que pide usted es totalmente imposible. Lo que usted quiere es que la Comisión incumpla su tarea. 
Cuando la Comisión tiene la delicadeza de decir que está dispuesta a hacerlo de acuerdo con nuestro mandato, lo que usted hace es decir: sí, pero no queremos saberlo. 
¿Quiere usted realmente que la Comisión no cumpla su mandato conforme al Tratado? 
Yo quiero que sí cumpla. 
Considero que los ciudadanos europeos tienen derecho a recibir unos servicios adecuados, como acaba de decir el Sr. Van Velzen. 
Considero que es totalmente inaceptable que haya seis reclamaciones, que ya haya una sentencia del Tribunal sobre La Poste en Francia que ha realizado una competencia totalmente desleal y que ha sido condenada; la Comisión tiene el derecho y el deber de realizar su tarea de acuerdo con el Tratado. 
Si el Parlamento y el Consejo dicen que no lo quieren, iremos por mal camino. 
Esto es lo que al parecer quiere usted. 
Para mí está clarísimo que la Comisión tiene que hacer lo que debe hacer según el Tratado. 
El Sr. Van Miert se lo ha dicho en Bruselas. 
El Sr. Van Miert está aquí esta noche para defender que la Comisión tiene un mandato. Si quiere usted hacer cambiar de opinión al Sr. Van Miert, tendrá que decirlo sinceramente, y no tiene que escribir usted en el informe: la Comisión ha de retirar su comunicación, pues este es el camino equivocado. 
Lo que tiene usted que decir entonces es que no quiere que la Comisión realice su tarea. 
Ninguno de nosotros se atrevería a decirlo. 
Estoy a favor de lo que hace la Comisión. 
Señora Presidenta, es importante señalar que el Consejo de telecomunicaciones del 28 de noviembre no ha llegado a un acuerdo sobre la directiva relativa a los servicios postales. 
Es indudable que la movilización de las organizaciones sindicales y del personal, de la que nuestro Grupo se ha hecho gustosamente portavoz ante las instancias gubernamentales y europeas, ha desempeñado una función importante en este hecho. 
La liberalización ha fracasado de este modo una vez más, pero subsiste la amenaza ya que, en el fondo, los Estados miembros tienen más desacuerdos sobre las modalidades de aplicación que sobre la propia liberalización. 
El fracaso del 28 de noviembre no ha logrado calmar, sin embargo, el frenesí de la Comisión en materia de desregulación, y ésta sigue enarbolando su proyecto de comunicación como una espada de Damocles con la que amenaza atacar en caso de ausencia eventual de directiva. 
Esta comunicación, basada en el apartado 3 del artículo 90 del Tratado permitiría imponer al servicio postal las reglas de la competencia sin consultar al Parlamento Europeo o al Consejo, lo que es inadmisible. 
Este procedimiento totalmente antidemocrático socavaría la autoridad del Parlamento Europeo y no haría más que aumentar el famoso déficit democrático de la actual construcción europea. 
Como ha subrayado el comunicado paritario de los servicios de correos de la Unión Europea, esta comunicación abre la vía a una desregulación perjudicial para los intereses de la mayoría de los ciudadanos europeos, y ello en beneficio de grupos de presión económica que quieren apropiarse de los segmentos más rentables del mercado postal. 
Estos grupos ya ejercen presiones difícilmente admisibles. 
De este modo, la empresa postal estadounidense UPS concede al personal de la Comisión un descuento del 50 % en los envíos privados. 
Tengo aquí la nota que precisa cuáles son las modalidades de este trato de favor. 
Además, desde hace año y medio, los servicios de correos neerlandeses, KPM, han destacado ante la Comisión a su especialista en tráfico postal internacional. 
Durante tres años este especialista participará también en la legislación sobre la liberalización del mercado postal. 
Este es el tipo de experto que la Comisión consulta para elaborar su directiva. 
Esto da pie a todo tipo de inquietudes, que sólo podrán aumentar cuando accedan a la Presidencia del Consejo los Países Bajos, ya que desde hace años son el paladín de la desregulación en el sector postal. 
Al confirmar la votación mayoritaria del Parlamento Europeo en octubre de 1995, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial pide a la Comisión europea que retire su proyecto de comunicación, que está en total contradicción con las enmiendas aprobadas por nuestra Asamblea el pasado 9 de mayo para frenar seriamente el proceso de liberalización. 
Nuestro Grupo se felicita por esta postura de la Comisión Económica, pero lamenta que la aprobación de ciertas enmiendas haya reducido su alcance y activado el mecanismo de la liberalización. 
Por este motivo, nosotros presentaremos unas enmiendas para reforzar el texto y llegar a una condena firme de la postura de la Comisión europea. 
Al mismo tiempo, se trata de estar atentos a los Estados miembros, con el fin de impedir que los gobiernos pongan en práctica medidas anticipatorias de la aplicación de la directiva. 
Estamos decididos a proseguir con nuestra acción conjuntamente con las organizaciones sindicales del sector, los asalariados y las asociaciones de usuarios con tal de alcanzar una armonización al alza de los servicios postales, que respete el estatuto del personal, asegure el mantenimiento y el desarrollo de un servicio de calidad, basado en la igualdad de trato de los usuarios, y que favorezca la cooperación entre los operadores nacionales. 
Estimados colegas, el camino correcto o el camino erróneo- el colega Wijsenbeek ya no se encuentra presente -, la política no consiste en reaccionar simplemente ante los imperativos. 
El papel de la Comisión no se puede debatir al margen de una concepción política básica. 
El objetivo tiene que ser tener unos servicios flexibles, modernos y efectivos para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos y no abrir nuevos campos para el capital donde algunas empresas privadas puedan obtener sus beneficios. 
Ante ese trasfondo, comparto la posición del Sr. Bremond d ' Ars. 
Necesitamos una directiva y no el proyecto de la Comisión que se nos ha presentado. 
Necesitamos un claro fundamento jurídico tal como ha exigido el Sr. Ferber, el artículo 100a y no el apartado 3 del artículo 90. 
Mañana tenemos que rechazar las inaceptables enmiendas, en especial la nº 1, pues transformaría el informe exactamente en lo contrario. 
Señora Presidenta, al examinar el informe del Sr. de Brémond d ' Ars nos enfretamos de nuevo a las dificultades del problema principal de los servicios postales. 
Sin duda alguna y en lo relativo a estos servicios postales, la Comisión es de lo más coherente. 
Sería bueno si, una vez aplicadas, estas ideas no llegaran a desmantelar, por su naturaleza, el servicio público. 
El Parlamento ha tenido que utilizar toda su relativa autoridad para obtener que la Comisión le presente una directiva sobre los servicios postales. 
El ponente nos ha recordado que han hecho falta cerca de siete años. 
La directiva fue aprobada por el Parlamento Europeo con algunas enmiendas, ninguna de las cuales fue aceptada por la Comisión. 
Actualmente sabemos no sólo que la Comisión desestimó las enmiendas, sino que, además, propone una comunicación cuyo texto se aleja totalmente del de la directiva y, por si fuera poco, tiene como finalidad iniciar un proceso de liberalización irreversible e incontrolado del que no podrían recuperarse los usuarios y los asalariados del sector. 
Por lo tanto, es esencial que este proyecto de comunicación se retire pura y simplemente. 
Y si no procede negarle a la Comisión la posibilidad de elaborar una comunicación, habría que recordarle, no obstante, que el texto ha de ser coherente con el de la directiva. 
Estas incoherencias las atribuyo personalmente a la repentina precipitación con que la Comisión pretende ahora liberalizar los servicios postales. 
El ultraliberalismo campa actualmente por sus respetos y el servicio público está en peligro. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Brémond d ' Ars por su informe. 
Es una buena base para el posterior desarrollo de una política postal europea coherente. 
Todos queremos unos servicios postales para las ciudadanas y ciudadanos de Europa que funcione, a unos precios asequibles, con unas prestaciones cualitativamente elevadas y una garantía de servicio universal. 
En el debate y resolución del Parlamento sobre la propuesta de directiva- voy a citar fielmente el título- «sobre las reglas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio en la Comunidad» hemos constatado que la comunicación dada a conocer paralelamente sobre las reglas de competencia no es aceptable y es totalmente superflua. 
No solamente contradice el título sino además en muchos puntos la misma propuesta de directiva proveniente de la Comisión. 
Nos reafirmamos en la exigencia de que se retire. 
Una directiva significa ley y una comunicación sólo puede complementar pero no sustituir o introducir normas que contradigan la directiva. 
La comunicación no tiene en absoluto en cuenta la necesidad de un servicio universal. 
Parece como si la Comisión desease introducir una liberalización por mera ideología, una liberalización que ya no se puede volver a echar atrás y que no tiene en cuenta las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos europeos. 
Desde agosto la Comisión tiene en sus manos el estudio exigido por el Parlamento sobre la situación de los puestos de trabajo en los servicios de correos. 
Se ha mantenido en secreto hasta hoy pues allí se dice con toda claridad que si entran en vigor las reglas de competencia, entre el 20 y el 40 %, es decir, entre 300.000 y 600.000 puestos de trabajo se perderán en toda Europa. 
Ya se ha dicho antes que la presión de tiempo que la Comisión ejerce sobre el Consejo y el Parlamento en lo tocante a la redacción de la resolución sobre la directiva es totalmente inaceptable. 
Se ha concedido a si misma siete años de tiempo hasta salir por fin a la luz pública con la propuesta de directiva. 
Sin duda, es irritante que el Consejo no se haya podido poner hasta hoy de acuerdo sobre una posición común, por lo que le instamos para que se ponga de acuerdo lo más rápidamente posible teniendo en cuenta la opinión del Parlamento. Exigimos además a la Comisión que retire la comunicación. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, no es momento ahora de volver a plantear el debate institucional, y además Jean-Pierre Cot ya lo ha hecho con mucho brío. 
Sin embargo, quisiera insistir, por mi parte, en la gravedad de la situación, con un proyecto de directiva bloqueado por el Consejo, que da lugar a una comunicación de la Comisión muy alejada de las posturas expresadas por el Parlamento en relación con el sector postal. 
Existen en mi opinión riesgos graves e irreversibles de desregulación, que muchos de los aquí presentes condenamos. 
Sobre todo, en dos minutos, quisiera hacer hincapié en tres puntos. 
El primer punto es la ausencia de acuerdo en el Consejo, que es la ausencia de posibilidad de que haya un auténtico servicio universal; esto supone el riesgo intolerable de que deje de existir un servicio postal europeo, de que no haya servicio universal en toda la Unión, un servicio equivalente para todas las empresas sean de las regiones que fueran, un servicio universal para todos los consumidores cualquiera que sea su situación y nivel de riqueza, un servicio postal sencillamente correcto, intracomunitario. 
El segundo punto es que no es normal, y se lo digo a usted, Sr. van Miert, que Europa se abra al resto del mundo, y especialmente a Estados Unidos sin que haya reciprocidad. 
No olvidemos que en los Estados Unidos existe un monopolio postal. 
Por último y tercer punto, está el problema del empleo. 
Parece que la Comisión lanzó un estudio hace algún tiempo. 
Por nuestra parte, nos tememos una pérdida de 300.000 a 600.000 puestos de trabajo. 
Me gustaría equivocarme, pero hoy las cosas están así. 
Así pues, señor Comisario, Señorías, esta noche quisiera saludar el trabajo importante y coherente del Sr. de Brémond d ' Ars, pero también quisiera expresar mi preocupación. 
Me gustaría que se me dieran motivos para estar tranquilo, pero sobre todo querría que el Consejo de Ministros escuchara muy pronto al Parlamento Europeo y adoptara una posición común que se ajustase a nuestros deseos. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera darle las gracias al ponente, que ha tenido la difícil tarea de intentar que converjan puntos de vista bastante conflictivos. 
Es ésta una situación que ya se conoce desde hace años, ya sea en el Parlamento, en el Consejo, o en el seno de las demás instituciones europeas, lo que explica, por cierto, por qué han tenido que pasar años antes de poderse elaborar propuestas. 
Por lo tanto, cuando insistían ustedes para que la Comisión hiciera propuestas ustedes sabían que se trataba de una tarea casi sobrehumana, vistas las contradicciones que ya existían en aquella época y que siguen existiendo en el seno de la Unión Europea. 
Por lo demás, hoy debatimos sobre un documento que no es una directiva, y buena parte de los argumentos no sólo denotan ambigüedad sino, todavía peor, cierto malentendido. 
Se trata en este caso, quiero precisarlo, de un texto que sólo pretende hacer transparente la aplicación de las reglas en materia de competencia en el sector postal y nada más que eso. 
Ustedes reclaman sin cesar transparencia. 
Pues bien, por una vez, ¡que se aplique esta transparencia! 
Se nos critica y ustedes nos piden que retiremos el documento. 
Yo declaro que, desde el punto de vista institucional, esto es inaceptable porque se trata de un caso en el que la Comisión ejerce su responsabilidad en el sector en que esta responsabilidad está clara y confirmada por sentencias del Tribunal de Justicia. 
Si ustedes piden que se retire este documento y pretenden, entonces, que se cambie el Tratado- y esto es precisamente lo que ustedes quieren: que ya no se apliquen las reglas del juego en materia de competencia -, entonces ustedes están pidiendo algo imposible, y como el Sr. Wijsenbeek ha dicho, esto equivale en definitiva a pedirle a la Comisión que ya no haga su trabajo. 
¡De esto es de lo que se trata! 
Ahora bien, es efectivamente lamentable que el Consejo no haya podido ponerse de acuerdo sobre estas directivas, pero lamento tener que decirles, señoras y señores, que nadie de ustedes ha actuado de modo correcto respecto a la Comisión. 
¿Acaso hemos propuesto nosotros una plena liberalización? 
¿Verdad que no? 
Aunque esta situación se da en varios Estados miembros, hemos propuesto en nuestra directiva que los Estados miembros que lo deseen puedan mantener la actividad de base de correos bajo forma de monopolio. 
¿Es esto cierto o no lo es? 
En el Consejo de ministros también se debate en torno a saber si se podrá efectivamente en los años venideros liberalizar algunas actividades como el mailing, en qué momento será conveniente hacerlo y quién lo realizará. 
De hecho, el conflicto del Consejo gira en torno a esto. 
¡Así que les ruego que no digan que la Comisión propone que se privaticen los servicios de correos, y una plena liberalización para mañana mismo, porque no es cierto, no es correcto y no es digno que el Parlamento tergiverse tanto un debate! 
Ahora bien, en lo referente a esta notificación, se trata, lo repetiré, de un esfuerzo de transparencia- y no, Sr. Cot, de recurrir al artículo 90; en esto se equivoca usted, esto es inexacto-. 
Se trata sencillamente de describir cómo actuará la Comisión sobre la base de casos concretos. 
Debo recordarles que en el sector postal ya hemos recibido numerosas quejas de este tipo, que la Comisión tiene la obligación de tramitar. 
¡Entonces no me pidan que retire una notificación que trata de aclarar el debate y de precisar las modalidades de aplicación de las reglas del juego sobre la base de casos concretos! 
Desgraciadamente, debido a que no hay acuerdo en el seno del Consejo, espero todavía más quejas, pues hay países que ya han liberalizado algunas actividades, como el mailing. 
En siete Estados miembros ya hay una liberalización completa o parcial, y no porque lo haya impuesto la Comisión sino porque estos gobiernos lo han decidido así. 
Ésta es la realidad. 
En lo relativo a la notificación, claro está que tomaremos en consideración el debate del Consejo. 
Puesto que no se ha conseguido un acuerdo sobre los plazos de la liberalización del mailing y del correo entrante, ni por cierto, acerca de las modalidades y el calendario, vamos a retirar de la notificación todo lo relativo a los plazos, porque efectivamente, mientras no exista acuerdo sobre este punto tampoco podremos referirnos a ello a la hora de aplicar las reglas en materia de competencia. 
Así lo hicimos en su momento, puesto que armonizamos la notificación con la propuesta de la Comisión tal como estaba, pero la lógica pide que se retire de la notificación la cuestión de los plazos. 
Nos limitaremos pues a explicar en una serie de hipótesis y de casos individuales de qué modo entendemos que han de aplicarse las reglas en materia de competencia. 
Aquí, Sr. Cot, no puedo descartar que lleguen quejas sobre la base del artículo 90. 
Esto actualmente ya se está produciendo y saben ustedes lo anacrónica que es, a veces, la situación en el sector postal. 
Los gastos finales son tan distintos que esto da pie a situaciones totalmente inverosímiles. 
Mandamos envíos postales a países terceros, los recibimos y todavía hay quien que hace negocio con ello. 
¡Existen situaciones completamente aberrantes en el sector postal! 
¡Acepten, por favor, esta situación y esta realidad! 
Vamos a tratar de corregir todo esto, pero vista la situación ya hay muchas quejas y habrá más. 
Por lo tanto, la Comisión tiene que darles cauce porque de lo contrario los reclamantes pueden demandarnos ante el Tribunal de Justicia. 
Ya hemos perdido tiempo porque hasta ahora he aceptado que la Comisión aplazara la aprobación de esta notificación de mis servicios hasta finales de año para tratar de ver las cosas con mayor claridad en este debate. 
Las cosas se han aclarado un poco pero, desgraciadamente, no lo suficiente, aunque tomaremos en consideración algunos elementos surgidos en el curso del debate. 
Actualmente, mis servicios están preparando, ajustando o modificando el texto, reduciéndolo de alguna manera, pero explicando de qué modo tratará la Comisión los casos individuales desde el punto de vista de la política de la competencia en una serie de hipótesis. 
Por ejemplo, en los subsidios cruzados. 
Ya hemos recibido quejas en Francia, Sr. Cot, como sabe usted perfectamente. 
Los aseguradores privados se han quejado ante la Comisión por el hecho de que Correos se haya lanzado al sector de los seguros, sector liberalizado desde hace muchísimo tiempo, gracias a una serie de ventajas que la autoridad pública le ha concedido a Correos, evidentemente. 
El Sr. Wijsenbeek ha recordado, en efecto, una sentencia reciente dictada por el Tribunal de Justicia en contra de una situación que beneficiaba a los servicios postales franceses. 
Así que seguimos estando en una comunidad de derecho en la que deben respetarse las reglas del juego tal como éstas se dan. 
Por esta razón y aunque aceptemos toda una serie de modificaciones, señor ponente, y aunque aceptemos, por cierto, una serie de enmiendas suyas, vamos a volver a hacer nuestro trabajo pero no retiraremos la notificación. 
Tenemos que ser claros ante todos los operadores del sector en lo relativo a la aplicación de las reglas del juego en la materia. 
Ésta es nuestra responsabilidad, y me alegra haber podido hablar de ello esta noche ante ustedes. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se cierra la sesión a las 00.04 horas) 
Señor Presidente, me parece recordar que, a raíz de unas transmisiones televisivas poco prudentes, por así decirlo, la Mesa decidió, entre otras medidas, prohibir que se tomaran imágenes mientras firmamos en la lista de asistencia. 
Deseo informarle que fuera hay un equipo de la televisión sueca que está haciendo precisamente esto último. 
En consecuencia, me pregunto qué finalidad tiene la decisión adoptada. 
Hemos pedido a los periodistas que se abstengan de instalar cámaras de televisión. 
Los servicios competentes se ocuparán de aclarar este asunto, Sr. Dell ' Alba. 
Señor Presidente, desde hace tres días una exposición de pintura que podría titularse «sabrá usted todo, todo, todo sobre el falo» agrede literalmente a los compañeros que tienen su despacho en el IPE II y tienen que pasar varias veces al día ante esta colección de «sexos» que ni siquiera tienen el mérito de ser pornográficos. 
Si el Parlamento es realmente el lugar adecuado en el que deben expresar su libido mal asumida, pienso que en ese caso lo mismo da exponer estas pinturas en el hemiciclo. 
Señoría, si se trata de arte no es pornografía y si se trata de pornografía no es arte. 
Señor Presidente, he intentado volver al Acta, antes de que pasara usted a otro asunto, pero, igual que ayer, cuando intervine, he sido el último orador antes de la votación y en esta Asamblea había un jaleo tremendo con diputados entrando y saliendo. 
En mi intervención hice una propuesta que no se registró, porque no me había dado cuenta de que el Vicepresidente había pedido silencio y seguí hablando. 
Quisiera que constara en el Acta la propuesta. 
Se refiere a los dos últimos párrafos. 
Por la razón de que yo presenté la enmienda a la propuesta de resolución del informe del Sr. Fabra Vallés en la que se pide la rotación de todos los nombramientos de funcionarios encargados de la información del nivel A en las oficinas del Parlamento de las capitales nacionales. Pedí al Secretario General, al Presidente entrante y al Vicepresidente que examinaran la posibilidad de rotar al personal de la categoría A por las ciudades de Europa durante períodos de cuatro años. 
Es una parte fundamental de mi contribución, pero, con todo el ruido que había en el Parlamento, se perdió. 
Por último, creo que los Cuestores le pidieron que introdujera dentro del Parlamento las hojas en que firman los diputados, pero usted se negó. 
Tal vez como última medida, podría usted adoptarla antes de abandonar la Presidencia. 
Nos ocuparemos del asunto que usted ha señalado. 
El Secretario General está examinando la cuestión y no se ha tomado aún ninguna decisión al respecto. 
En cualquier caso, la propuesta de trasladar las hojas de asistencia no es nueva. 
Señor Presidente, mi intervención se refiere a una cuestión de orden en el sentido más amplio. 
Yo quisiera solicitarle una última intervención, como broche final, por decirlo así, de su exitoso mandato. 
¿Podría actuar usted a fin de que en todas las cafeterías del Parlamento se instale un mostrador donde se sirvan alimentos biológicos, que son mejores y más sanos? 
Sería una medida beneficiosa para todos nosotros y también para los productores de estos alimentos, que constituiría sin duda un gesto importante. 
Señoría, puesto que estamos en vísperas de Navidad, incluiré su solicitud en la lista de peticiones. 
El Sr. Cornelissen también quiere formular seguramente una petición, ¿o acaso ya está usted satisfecho y no desea nada? 
Señor Presidente, ayer recibimos dos actas literales. Una de la sesión del lunes, muy bien, y otra de la sesión del 27 de noviembre, en Bruselas. 
Es decir, señor Presidente, doce días después de la sesión. Tras recabar información, me enteré de que las actas de la sesión de Bruselas suelen tardar por lo menos una semana en publicarse. 
Mi pregunta, señor Presidente, es si quiere usted investigarlo y tomar medidas para que las actas literales de nuestras sesiones de Bruselas se publiquen con la misma prontitud que las de nuestras sesiones de Estrasburgo. 
Nos ocuparemos de que así se haga. 
Tiene usted razón, Señoría. 
Señor Presidente, era una cuestión de orden respecto de algo anterior. 
Varios diputados estaban poniendo objeciones a que se filme a los diputados en el momento de firmar. 
Quiero decir que, por lo que a mí y a varios otros diputados respecta, no tenemos la menor objeción a que se nos filme en el momento de firmar. 
Ésta debe ser una Asamblea abierta, por lo que no ponemos objeción a eso. 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
De conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 del Reglamento, he recibido los siguientes escritos de objeción a la lista de asuntos del próximo debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Después de la votación de los escritos de objeción sobre el punto V- Armas nucleares- 
Señor Presidente, lamento profundamente que la mayoría de esta cámara no haya comprendido lo importante que era que el Parlamento Europeo dejase oir su voz antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptase por una gran mayoría de votos la decisión sobre el inicio de negociaciones con el fin de eliminar las armas nucleares. 
Opino que es vergonzoso que el Parlamento Europeo no haya sido lo suficientemente maduro como para dejar constancia de que deseaba hacerse oir. 
Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín y la situación en Serbia 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los trabajos preparatorios de la reunión del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín, incluida la situación en Serbia. 
Señor Presidente, dentro de dos días el Consejo Europeo se reunirá en Dublín por segunda vez en los seis últimos meses. 
Han sido, naturalmente, los seis meses de la Presidencia irlandesa del Consejo de Ministros y han sido a un tiempo ajetreados y llenos de acontecimientos. 
Al mismo tiempo, los ministros irlandeses que han participado en el Consejo de Ministros, incluido yo, han tenido que atender a sus obligaciones nacionales. 
Dichas obligaciones nacionales han hecho que deba comenzar esta mañana disculpándome. 
Debo informar a Sus Señorías de que los apremiantes asuntos de gobierno en Irlanda, entre los cuales figura la asistencia a los preparativos del Consejo Europeo, me obligan, por desgracia, a abandonar esta Asamblea inmediatamente después de mi intervención de esta mañana. 
Mi colega el ministro Gay Mitchell permanecerá en la Asamblea hasta el final del debate. 
En el discurso que pronuncié ante esta Asamblea el pasado mes de julio, expuse en líneas generales las prioridades para la Presidencia irlandesa. 
Entre ellas figuraban la Unión Económica y Monetaria, el empleo, la Conferencia Intergubernamental, la seguridad interior y la gestión de las relaciones exteriores de la Unión. 
Ésas serán las cuestiones principales del Consejo Europeo. 
Pero tenemos también otra prioridad. Era la de ser eficientes y eficaces en nuestra dirección de los asuntos de la Unión. 
La prueba final y más importante de dicha prioridad comenzará a las 10 de la mañana del viernes, cuando se inicie en Dublín el Consejo Europeo. 
El impulso para el avance hacia la tercera fase de la UEM se ha mantenido durante toda la Presidencia irlandesa. 
Nuestro objetivo es el de presentar conclusiones substantivas en el Consejo Europeo sobre tres cuestiones- el propuesto pacto de estabilidad, el nuevo mecanismo de tipos de cambio y el euro- y que ese resultado apuntale aún más la confianza en que la tercera fase de la UEM comenzará en el momento previsto. 
Ahora hay consenso en que los Estados miembros estarán obligados a presentar programas de estabilidad o de conversión. 
Los Estados miembros que participen en la UEM presentarán programas de estabilidad encaminados a velar por que los Estados miembros respeten los criterios de déficit establecidos en el Tratado de Maastricht durante todo el ciclo económico. 
Los Estados miembros que no estén en la UEM habrán de presentar programas de conversión. 
Dichos programas garantizarán que haya una mayor convergencia de los resultados económicos dentro de la UE y que las tendencias de los tipos de cambio no desbaraten el desarrollo económico. 
A ese respecto se han logrado avances muy substanciales, pero, como saben Sus Señorías, aún no se han zanjado todos los detalles. 
Los ministros del Ecofin se reunirán en Dublín mañana para examinar de nuevo la posibilidad de concluir ese asunto. 
El Consejo Ecofin ha informado de que los elementos principales para el nuevo mecanismo de tipos de cambio están acordados, si bien la ultimación de ese proceso ha de esperar hasta la creación del Banco Central Europeo en 1988. 
Por lo que se refiere a la legislación relativa al euro, los avances logrados por la Presidencia han superado los pedidos en plan para el paso al euro acordado en Madrid. 
Eso es importante porque los ciudadanos necesitan que se los tranquilice sobre asuntos como, por ejemplo, la continuidad de los contratos. 
El Consejo Europeo podrá hacer constar la conclusión virtual de esa labor, aun cuando la aprobación del reglamento deba esperar hasta la creación del Banco Central Europeo en 1998. 
Todos tenemos un interés compartido en la creación de empleo y dicho interés se ha reconocido en la prioridad que sucesivas presidencias y reuniones del Consejo Europeo han concedido a esa cuestión. 
Ahora se reconoce que la acción en el nivel de la Unión debe complementar las medidas adoptadas en el nivel nacional para abordar los niveles, inaceptablemente altos, de desempleo existentes en todos los Estados miembros. 
El Consejo Europeo examinará los avances logrados en la Estrategia de Essen, el conjunto de medidas reestructuradoras encaminadas a aumentar la capacidad de la economía europea para crear empleo, a partir de un informe sobre el empleo elaborado conjuntamente por el Ecofin, el Consejo de Asuntos Sociales y la Comisión. 
El Consejo Europeo tendrá también la oportunidad de tomar nota de las novedades relativas al pacto de confianza sobre el empleo propuesto por el Presidente Santer. 
Como sabe esta Asamblea, algunos elementos del pacto, en particular los que entrañaban grandes gastos suplementarios, no recibieron apoyo, dada la actual necesidad de restricción fiscal. 
No obstante, se han desarrollado algunos elementos y ésos son los que examinaremos durante el Consejo Europeo. 
Una prioridad fundamental de la Presidencia irlandesa ha sido la presidencia de la Conferencia Intergubernamental. 
En Florencia el Consejo Europeo indicó que esperaba que en su reunión de Dublín de este mes se hubieran logrado avances decisivos para la conclusión de la Conferencia Intergubernamental a mediados de 1997. 
Para ese fin, pidió a la Presidencia que preparara un esbozo general para un proyecto de revisión de los Tratados. 
Hemos organizado la labor de la Conferencia con vistas a cumplir ese ambicioso mandato. 
La Conferencia se ha reunido mensualmente en el nivel de los Ministros de Asuntos Exteriores y la labor de los Ministros de Asuntos Exteriores ha sido preparada por un grupo de representantes que se han reunido casi semanalmente desde el pasado mes de agosto. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más la esencial aportación constante que el Parlamento Europeo está haciendo a la labor de la Conferencia. 
El esbozo de proyecto de Tratado, cuya preparación ha corrido a cargo de la Presidencia, refleja dicha aportación y las aspiraciones para Europa que el Parlamento Europeo está exponiendo en las negociaciones. 
En el Consejo Europeo que se celebrará en Dublín esta semana se presentará el esbozo de Tratado, que refleja de forma equilibrada los debates que se han celebrado en la Conferencia, así como la necesidad de mantener un nivel adecuado de ambición en relación con los objetivos fijados por el Consejo Europeo. 
Podríamos decir que el proyecto presentado por la Presidencia aborda cinco imperativos principales. 
Primero, el desarrollo de una Unión en la que los derechos fundamentales de las personas sean respetados plenamente y en la que puedan vivir sin miedo a amenazas a su seguridad personal. 
A ese respecto hemos propuesto fortalecer en muy gran medida los medios de que dispone la Unión para luchar contra la delincuencia internacional, incluidos el terrorismo, el tráfico de droga y los delitos contra los niños. 
También hemos propuesto la introducción de métodos comunitarios apropiados en los sectores de la libre circulación, el asilo y la inmigración y hemos propuesto la fecha del 1º de enero de 2001 para concluir el establecimiento de una zona de libertad, seguridad y justicia, en la que estaría garantizada la libre circulación de las personas. 
Por lo que se refiere a los derechos fundamentales, hemos propuesto textos que reafirmen que el fundamento de la Unión son los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el imperio de la ley. 
Hemos hecho propuestas que permitirán al Consejo adoptar medidas para prohibir la discriminación por razones como el sexo, la raza, la edad y la discapacidad. 
También hemos propuesto el fortalecimiento del Tratado en gran medida con vistas a garantizar el respeto del principio de igualdad entre hombres y mujeres y hemos propuesto que se utilice en el Tratado un lenguaje imparcial a ese respecto. 
En segundo lugar, disposiciones del Tratado fortalecidas en gran medida en relación con varias cuestiones que afectan a los ciudadanos en su vida cotidiana y en cómo ven la Unión y sus instituciones, incluidos el empleo, el medio ambiente, la protección del consumidor, la transparencia y la subsidiariedad. 
En tercer lugar, la formulación de una política exterior coherente y eficaz para la Unión en todos sus aspectos: la política exterior y de seguridad común, incluida su dimensión de seguridad y defensa, y el fortalecimiento de la capacidad de la Unión para actuar en las relaciones económicas exteriores. 
En cuarto lugar, el fomento de instituciones eficientes y eficaces que sean patentemente democráticas y estén firmemente enraizadas en la aceptación pública. 
Hemos propuesto una simplificación del procedimiento de codecisión y que se coloque al Parlamento en pie de igualdad en dicho procedimiento. 
Hemos propugnado una ampliación el procedimiento de codecisión haciendo referencia a criterios aceptados y propuestos por la Comisión y el propio Parlamento. 
En quinto lugar, una consideración de cómo se debería modificar el Tratado para permitir el desarrollo de lo que se ha llamado flexibilidad o aumento de la cooperación, que es sin lugar a dudas una de las cuestiones más importantes en la Conferencia. 
En casi todos los casos nuestras propuestas revisten la forma de proyectos de textos del Tratado, exceptuados los sectores en que hemos aceptado la opinión general de que sería preferible no proponer textos del Tratado en esta fase. 
En esos casos hemos subrayado la importancia de las cuestiones y las hemos abordado detalladamente e incluso hemos expuesto opciones con vistas a la labor suplementaria de la Conferencia. 
El proyecto de esbozo del Tratado es un documento de la Presidencia. 
No se pide a las delegaciones que lo rubriquen en todos sus detalles. 
En opinión de la Presidencia, representa una buena base para una labor suplementaria con vistas a la consecución del acuerdo final bajo la Presidencia holandesa en el Consejo Europeo de Amsterdam sobre un tratado que capacite a la Unión para abordar los imperativos futuros y atender las aspiraciones de los ciudadanos. 
Nos ha alentado mucho la reacción positiva del Parlamento ante nuestro documento y sus ambiciones para Europa. 
La seguridad de los ciudadanos y, en particular, la seguridad personal es un asunto de importancia decisiva. 
Nos dimos cuenta cabal de ello de forma horrenda, cuando todos nosotros conocimos hechos terribles sucedidos en Bélgica. 
A veces lo incalificable puede acelerar una rápida adopción de medidas y, como Presidencia, hemos tenido la determinación de formular disposiciones que permitan la cooperación eficaz entre los Estados miembros y una más amplia cooperación internacional para prevenir la trata de personas y que contribuyan a la lucha contra el mal trato de niños. 
Los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior adoptaron medidas en seguida y se llegó rápidamente a un acuerdo sobre varias acciones comunes para intensificar la cooperación policial y judicial en la lucha contra la pedofilia organizada y la trata de blancas para fines de explotación sexual. 
La Presidencia irlandesa subrayó enérgicamente la lucha contra el tráfico de droga y la toxicomanía. 
El Consejo Europeo podrá registrar avances muy substanciales respecto del programa de acción sobre la droga, incluidas medidas para proteger las fronteras exteriores contra el tráfico de droga y la aprobación del programa comunitario contra la toxicomanía. 
La Presidencia ha procurado también fomentar una sensación de objetivo común en la lucha contra la droga dentro de la Unión Europea y entre sus interlocutores internacionales. 
Confío en que el Consejo Europeo de Dublín dé pruebas claras de esa voluntad compartida. 
También examinará la intensificación de la lucha contra la delincuencia organizada y procurará dar impulso a la cooperación entre los Estados miembros en esa lucha decisiva. 
También espero que pida la pronta ratificación del Convenio Europol por los Estados miembros al final de 1997, a más tardar. 
Además, el imperativo común de luchar contra la delincuencia organizada internacional, en particular en relación con el tráfico de drogas y la trata de personas, será el centro de los debates con los países asociados de la Europa central y oriental, junto con Chipre, en su reunión con el Consejo Europeo el 14 de diciembre. 
Cada presidencia tiene un papel particular que desempeñar en la dirección de las relaciones exteriores de la Unión. 
Los imperativos y cometidos exteriores que la Unión debe abordar han pasado a ser cada vez más complejos y absorbentes con el tiempo y cada presidencia ha de hacerles frente. 
También es la tarea más difícil de planificar. 
Si bien durante nuestra Presidencia ha actuado en relación con muchas cuestiones en ese sector, tres asuntos determinados serán el centro del debate en el Consejo Europeo y a ellas voy a referirme ahora. 
En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo en Dublín el 5 de octubre se examinó cómo podía el Consejo Europeo intensificar su papel en el proceso de paz y su apoyo en un momento de aumento de la tensión en el Oriente Medio. 
Entretanto, la Unión ha intensificado en gran medida sus gestiones al respecto. 
Yo viajé a esa región justo después de la reunión de octubre en Dublín y del 10 al 12 de noviembre hubo una visita de la troika completa. 
Se ha nombrado al embajador Moratinos enviado especial a la región con un amplio mandato para reunirse con las partes y ya ha tomado posesión de su cargo. 
La Presidencia ha acogido también al Presidente Arafat y al Primer Ministro Netanyahu para celebrar conversaciones sobre los avances logrados en el proceso de paz. 
Esta semana los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán en Dublín la oportunidad de examinar la evolución reciente de la situación en esa región y mantener el claro impulso en pro de un papel constructivo y substantivo de la Unión en la búsqueda de la paz en el Oriente Medio. 
Durante la Presidencia actual la comunidad internacional afrontó una nueva crisis en la región de los Grandes Lagos, esa vez en el Zaire occidental. 
El subsiguiente regreso de centenares de miles de refugiados rwandeses a su patria provocó un cambio radical en la naturaleza de la crisis y en los parámetros para el despliegue de la asistencia humanitaria con el apropiado apoyo militar de conformidad con la resolución 1080, de 15 de noviembre, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La Unión reaccionó ante todas las fases de la crisis en total cooperación con las Naciones Unidas, la OUA, los dirigentes regionales y otros miembros de la comunidad internacional. 
En este momento, la situación sigue evolucionando. 
La fuerza multinacional temporal para fines humanitarios sancionada por la resolución de las Naciones Unidas y encabezada por el Canadá está estableciendo su cuartel general en Kampala (Uganda). 
Los países participantes han elaborado y acordado un plan escalonado, progresivo y flexible para el despliegue. 
Con arreglo a dicho plan, el papel de la fuerza multinacional irá adaptándose a la evolución de las circunstancias en el Zaire oriental y su despliegue se hará paso a paso en el marco del objetivo global de facilitar la prestación de la asistencia humanitaria y la repatriación ordenada y voluntaria de los refugiados y los desplazados. 
La fuerza multinacional mantiene una estrecha coordinación con los organismos humanitarios internacionales bajo la dirección del coordinador de los asuntos humanitarios de las Naciones Unidas a fin de desempeñar plenamente su papel en la asistencia a los organismos y su labor en el Zaire oriental. 
El imperativo decisivo sigue siendo el de garantizar la prestación de asistencia sanitaria de la forma mejor y más eficaz posible a quienes aún la necesitan en el Zaire oriental y facilitar la repatriación ordenada y voluntaria de los refugiados y los desplazados. 
A la luz de la rápida evolución de la situación sobre el terreno, es adecuado que reevalúen de forma permanente los medios para la prestación de dicha ayuda. 
La Unión Europea procurará desempeñar plenamente su papel en las tareas humanitarias futuras, en particular por mediación de ECHO. 
A ese respecto, quisiera recordar la acción común relativa a la contribución que la UE podría hacer a las gestiones que las Naciones Unidas han hecho para resolver la crisis en esa región y a la decisión del Consejo en que se pedía a la UEO que elaborara y aplicase ciertos aspectos de dicha acción común. 
Otros importantes imperativos futuros se plantean en la región de los Grandes Lagos. 
Entre ellos figuran los siguientes: la reintegración de centenares de miles de refugiados que regresan a Rwanda, la rehabilitación y el fomento de la reconciliación en ese país, la continuación del proceso de transición democrática en el Zaire, el desarrollo del proceso de paz en Burundi y la rehabilitación de las zonas, incluida Tanzania, que han albergado a refugiados en tan gran número durante los dos últimos años. 
La Unión Europea desempeñará su papel para abordar esos dos enormes imperativos. 
A ese respecto, acojo con beneplácito la iniciativa de la Comisión al emprender la formulación de un plan de acción estratégico y completo para la asistencia de la UE a la región de los Grandes Lagos, que abarca una gran diversidad de sectores. 
Acojo con beneplácito y alabo también las continuas gestiones de nuestro enviado especial a la región de los Grandes Lagos, Sr. Ajelle, que está desempeñando un papel importante en nombre de la Unión en esa región, en particular a la hora de transmitir el apoyo de la Unión a las gestiones de la propia región para resolver sus problemas. 
En el marco de la región de los Grandes Lagos existe amplio consenso respecto de que la reacción humanitaria por sí sola no representa una solución para sus problemas. 
Es necesario un planteamiento amplio. 
Por esa razón, junto con las medidas adoptadas para atender las necesidades humanitarias inmediatas, la Unión ha apoyado la pronta convocación de una conferencia internacional con los auspicios de las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana que mediante un planteamiento global aborde las causas primordiales de la crisis. 
Ése es el planteamiento idóneo para resolver de forma duradera los problemas que han agobiado la región de los Grandes Lagos durante demasiado tiempo. 
El Consejo Europeo de Dublín se celebrará un año después exactamente de la firma en París del acuerdo de paz para Bosnia-Herzegovina. 
Resulta oportuno, en este importante aniversario, que los Jefes de Estado y de Gobierno examinen el proceso de paz hasta ahora. 
Se han logrado avances importantes con vistas a la aplicación del acuerdo de paz, si bien subsisten obstáculos difíciles. 
La reciente reunión en Londres de la conferencia para la aplicación de la paz ha establecido un detallado programa de acción encaminado en particular a acelerar el proceso de aplicación en zonas en las que se ha avanzado despacio. 
También habrá una oportunidad de examinar la evolución de la situación en los otros países de esa región, en particular la preocupante situación en la República Federativa de Yugoslavia. 
Se ha mantenido y fortalecido la dinámica de las relaciones de la Unión con los países candidatos de la Europa central y oriental y con Chipre durante los últimos meses en los niveles multilateral y bilateral. 
La reunión del Consejo Europeo en Dublín brindará una oportunidad valiosa para examinar los avances logrados respecto de los preparativos en marcha de la Comisión con vistas a la ampliación. 
En este momento, continúa la celebración de la conferencia ministerial de la OMC en Singapur. 
Esa reunión es un importante hito en el camino hacia una mayor mundialización del comercio y atribuimos importancia a que concluya con éxito. 
Debo decir también que el 16 de diciembre se celebrará en Washington una cumbre UE/EEUU. 
Se espera que en esa reunión se evalúen los avances logrados en la aplicación de las prioridades principales con arreglo al plan de acción UE/EEUU y el desarrollo global de las relaciones UE/EEUU. 
Cuando me dirigí a esta Asamblea el pasado 1º de julio dije que la Presidencia irlandesa coincidía con un momento de importantes imperativos para la Unión Europea. 
Dichos imperativos siguen existiendo. 
El Consejo Europeo que se celebrará en Dublín el viernes y el sábado próximo será un paso adelante con vistas a afrontar dicho imperativo. 
Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al Parlamento Europeo su constructivo compromiso con la Presidencia irlandesa del Consejo de Ministros durante nuestro período. 
Justo es decir que nuestras dos instituciones más importantes, el Consejo y el Parlamento, están empeñadas en el mismo proceso. 
Nuestro objetivo con arreglo al Tratado es el de velar por una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa. 
Mediante nuestro constructivo compromiso conjunto contribuimos a la consecución de dicho objetivo. 
Rindo homenaje en particular a usted, señor Presidente, que ha velado por que se llevara a cabo nuestra labor de forma muy constructiva. 
Antes he dicho que, en el marco de los debates de los Ministros de Asuntos Exteriores en el Consejo Europeo de Dublín, está previsto un intercambio de opiniones sobre la preocupante situación existente en Serbia, en la República Federativa de Yugoslavia. 
Conozco la petición por parte del Parlamento de que se haga una declaración a este respecto y puede informar a Sus Señorías al respecto de que la Presidencia ha hecho públicas, en nombre de la Unión, tres declaraciones sobre la situación en ese país, la más reciente de ellas en el 4 de diciembre, en las que se expresaba nuestra preocupación por la antidemocrática anulación de algunos resultados de las elecciones locales por las autoridades y se deploraban las medidas adoptadas por las autoridades con vistas a silenciar las emisoras de radio independientes, se pedía que Serbia respetara los derechos de los ciudadanos a protestar pacíficamente y se instaba a que se actuara con moderación. 
El 6 de diciembre, el Consejo de Asuntos Generales decidió, a la luz de la evolución de la situación en ese país, aplazar la ampliación del régimen autónomo de importaciones a la República Federativa de Yugoslavia. 
El Consejo cree firmemente que la República Federativa de Yugoslavia debe ocupar en su momento un lugar en la comunidad internacional de naciones en pro de la estabilidad y la prosperidad en la región, pero, si no observa normas básicas de democracia y derechos humanos, no podrá hacerlo. 
Quisiera reiterar una vez más hoy que, a juicio del Consejo, la actitud de la República Federativa de Yugoslavia para con las cuestiones del respeto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías y la observancia de las normas democráticas serán los factores fundamentales para determinar la futura relación de la Unión con ese país. 
(Aplausos prolongados) 
Señor Presidente, Señorías, las reuniones del Consejo Europeo representan, por definición, un hito en la vida de la Unión Europea. 
El Consejo Europeo de Dublín lo representa por más de una razón. 
En su orden del día, ha inscrito el empleo, la moneda única, la reforma de la Unión en el marco de la Conferencia Intergubernamental, es decir, temas importantes que nos interpelan respecto a nuestras intenciones en lo relativo al porvenir de nuestra Unión. 
Por ende, las señales que proporcionen los Jefes de Estado y de Gobierno en esta ocasión revestirán la mayor importancia. 
La reunión de Dublín debe enviar mensajes de confianza y dinamismo. 
En efecto, ya es hora de dejar atrás esta morosidad que, a mi gusto, ha estado demasiado presente en la escena europea durante este año. 
Morosidad fuera de lugar ya que es totalmente injustificada habida cuenta de los buenos resultados económicos y fundamentales, en contraste patente con los progresos realizados. 
El Consejo Europeo de Dublín puede representar un viraje decisivo y encarrilarnos en la última recta hacia la conclusión de la Conferencia Intergubernamental y el establecimiento definitivo de la moneda única. 
En lo relativo a la lucha contra el paro, el Consejo Europeo debe dar un nuevo impulso. 
Señor Presidente, en Dublín deberá ser posible llegar a un acuerdo político sobre todos los elementos técnicos necesarios para el establecimiento de la moneda única. 
El Consejo «Ecofin» ha prácticamente regulado las cuestiones relativas al estatuto jurídico del euro y las relaciones entre los ins y los pre-ins o los outs. 
En cuanto al Pacto de Estabilidad, me parece que tenemos al alcance de la mano un acuerdo en el Consejo «Ecofin» , mañana en Dublín. 
Las diferencias versan en un solo punto capital: ¿en qué medida es preciso cifrar la recesión grave que exentaría a un Estado miembro de sanciones en el caso de que su déficit sobrepasará el 3 % del producto interior bruto? 
En su propuesta, la Comisión había dejado abierta esta posibilidad, sin excluirla en el marco de un compromiso de conjunto que garantice la estabilidad y la solidez en cualquier circunstancia. 
No puede perderse esta ocasión. 
Queda por decidir, a principios de 1998, cuáles son los Estados miembros que participarán, desde el 1 de enero de 1999, en la moneda única. 
Creo, con toda confianza, que la moneda única estará presente en la cita en un buen número de nuestros Estados miembros, ya que las perspectivas económicas han mejorado, los datos fundamentales siguen siendo sólidos, la confianza de los empresarios es más fuerte y la determinación política de los Estados miembros nunca ha sido tan evidente. 
No, no se trata de un optimismo ingenuo ni, por lo demás, de una actitud habitual de los operadores financieros. 
¡Observen su reacción, observen la de los mercados y la de nuestros socios internacionales! 
Los bancos y las instituciones financieras se preparan. 
Los operadores financieros se disponen a explotar las ventajas y las posibilidades de diversificación del mercado del euro. 
Ya se anuncian los primeros productos financieros expresados en euros. 
Los Estados miembros reciben su rating, su cota de solidez, en relación con el euro e incluso en los Estados miembros a los que el Tratado no obliga a introducirla, el mundo de los negocios se posiciona para no desengancharse de la moneda única. 
Los Estados Unidos, Japón, las instituciones de Bretton Woods esperan, ellos también, y seriamente, la llegada del euro a los mercados financieros internacionales. El euro desempeñará allí un papel prominente. 
Estas son, señor Presidente, otras tantas razones suplementarias- dictadas por la realidad de los mercados- para esperar que pueda superarse, este fin de semana, el último obstáculo técnico. 
Y yo añado una más. 
La moneda única no es un fin en sí misma: sin ella todo el potencial del mercado interior no podría ser explotado y sin el funcionamiento óptimo de este mercado, no sacaremos provecho de todas sus ventajas en materia de crecimiento y creación de empleo. 
Esta observación me lleva al segundo gran tema de Dublín «el Pacto de confianza para el empleo». 
Señor Presidente, Señorías, el paro continúa haciendo estragos. Esa es la razón por la que insistí ante los miembros del Consejo Europeo para que el mensaje de Dublín no presente ambigüedades, es decir, que se continuará sin tregua la lucha contra el paro. 
El Consejo Europeo de Florencia retuvo algunas orientaciones de mi Pacto de confianza y me pidió hacer un primer balance en Dublín. 
En este balance se perciben numerosos progresos, pero también algunos puntos negros. 
En el plano macroeconómico- el primer capítulo del Pacto de confianza- constato los considerables esfuerzos de saneamiento realizados por todos los Estados miembros así como una recuperación del crecimiento. 
En relación con el segundo capítulo, es decir, la explotación del potencial del mercado interior, también cabe felicitarse por los progresos registrados. 
Así, en el sector de la electricidad y de las telecomunicaciones, presentamos planes de acción para la sociedad de la información y la innovación. 
En su calidad de primer exportador del mundo, la Unión tiene, pues, todavía un enorme potencial de reserva, y la base de datos de la Comisión sobre el acceso a los mercados terceros experimenta un éxito fulgurante: instaurada hace un mes, registra 20.000 consultas diarias. 
Sin embargo, todavía puede hacerse más, debe hacerse más para beneficiar del aporte del mercado único. 
Ciertamente, la tasa de paro sigue siendo demasiado elevada, pero qué haríamos sin los cientos de miles de empleos creados gracias al dinamismo de este mercado, el más grande del mundo. 
Entonces, llevemos la lógica hasta su extremo: pongamos punto final al estatuto de la sociedad europea, desbloqueemos las posibilidades de nuestras industrias biotecnológicas, movilicemos el enorme potencial del sector de servicios, avancemos en las cuestiones fiscales y llevemos más lejos la simplificación reguladora. 
Estoy convencido de que debemos fijarnos un nuevo objetivo y ese nuevo objetivo ha de ser movilizador. 
Por ello, en el Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997, presentaré con todo detalle las propuestas que permitirán concluir el mercado interior, propuestas que deberían entrar en vigor al mismo tiempo que la moneda única, el 1 de enero de 1999. 
En esta misma lógica, por qué privarse más tiempo de todas las ventajas, en términos de dinamismo y creación de empleo, que puede ofrecer un mercado interior que funcione verdaderamente como un mercado interior integrado. 
En relación con el tercer capítulo del Pacto de confianza- la reforma de los sistemas de empleo- las cosas también van por mejora camino. 
Las iniciativas se multiplican para acrecentar la flexibilidad administrativa y simplificar aún más la reglamentación en materia de empleo. 
Se abre paso la idea de un esfuerzo solidario de todos los protagonistas. 
Me felicito por ello, en particular, por la contribución común de los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos, en el Consejo Europeo. 
De ahora en adelante, ya se han comprometido en la negociación de un marco convencional europeo en materia de organización del trabajo y flexibilidad. 
Se trata de una notable contribución a la realización del Pacto. 
Por último, el Consejo Europeo acometerá unos sesenta proyectos experimentales de pactos territoriales para el empleo, lo que constituye una concresión importante del último capítulo del Pacto de confianza, es decir, la puesta en servicio del empleo de las políticas estructurales de la Unión. 
Todos estos elementos, señor Presidente, muestran que el Pacto se concreta paulatinamente y que sólo puede hacerse frente al desafío del desempleo mediante una multitud de acciones vinculadas entre sí. 
En los Estados miembros, ya se han puesto en práctica numerosas acciones: la acción de la Unión comienza a tomar cuerpo. 
A veces me sorprende el poco hincapié que se hace en la necesidad de una estrategia de conjunto, coherente y durable, que sólo puede tener éxito a escala de la Unión. 
Pido al Consejo Europeo que haga suyo este mensaje, que lo haga escuchar claramente y movilice así todas las fuerzas en la dimensión dinámica que ofrece la Unión. 
No trato de hacer una labor de convencimiento, ya que, intelectualmente, todo el mundo está convencido. 
Pero pido que se actúe en consecuencia, plenamente, y sin titubeos. 
Señor Presidente, permítame abordar ahora el tercer gran tema del orden del día del Consejo Europeo, a saber, la Conferencia Intergubernamental. 
El documento marco que la Presidencia presentó para la revisión del Tratado sobre la Unión, tiene mucho mérito. 
Contribuye, con su claridad y su comprensibilidad, a la transparencia del debate. 
Al presentar textos precisos, permite a los negociadores concentrarse en lo esencial y avanzar de manera concreta. 
Además, este documento concede gran atención a los ciudadanos, e insiste en la necesidad de una Unión más próxima de su vida cotidiana y más atenta a sus preocupaciones. 
Derechos fundamentales, antidiscriminación, libre circulación, seguridad, empleo, derechos sociales, medio ambiente, etc... otros tantos enunciados de capítulos que indican que el ciudadano se encuentra en el centro de esta reforma del Tratado. 
Lo mismo ocurre con los demás temas destinados a hacer la Unión más visible, más comprensible, más eficaz y, por tanto, más creíble tanto en el plano interno como externo. 
Para la Comisión, este texto es la base apropiada para la continuación de las negociaciones. 
Allí encuentra un buen número de estas ideas, especialmente sobre temas difíciles tales como la justicia y los asuntos interiores, la política exterior y de seguridad común, la representación exterior de la Unión. 
¿Nos satisface este texto plenamente? 
La pregunta es prematura habida cuenta de que no representa, en esta etapa, un acuerdo entre los Estados miembros. 
Por lo demás, no está completa. 
La Presidencia ha optado por dejar para luego un determinado número de temas delicados, especialmente las cuestiones institucionales. 
Esta estrategia, sin duda comprensible, se explica por la situación en la que se encuentran las negociaciones y el deseo de los Estados miembros de aplazar la parte más difícil a la fase final de la negociación. 
Sin embargo, esta estrategia también implica riesgos. 
Hoy reitero la impaciencia que expresé ante ustedes el mes de septiembre. 
Hay que actuar rápido y bien. 
El Consejo Europeo decidió que la Conferencia Intergubernamental se concluiría en Amsterdam en seis meses. 
Es poco tiempo para una tarea tan laboriosa como la reforma institucional, para tratar algunos de los temas más delicados de la Conferencia Intergubernamental. 
No obstante, es preciso conseguirlo, no solamente para asegurar la eficacia de la Unión y su aceptación entre los ciudadanos, sino también para que podamos cumplir con nuestros compromisos hacia los países candidatos. 
No olvidemos que uno de los grandes objetivos de esta Conferencia Intergubernamental es preparar la Unión a nuevas adhesiones, y asegurar que se mantendrá operativa cuando cuente con veinte o más Estados miembros. 
En el marco de este contexto, compruebo que aquellos que hasta ahora han opuesto mayor resistencia a las ideas de reforma institucionales son los más ardientes partidarios de la ampliación. 
Trátase de actitudes incompatibles. 
Quien se opone a las reformas, retrasa inevitablemente las primeras nuevas adhesiones. 
Bajo la Presidencia neerlandesa, será preciso trabajar a marchas forzadas. 
Dejemos de lado los argumentos erróneos- intencionalmente o no- que oponen Bruselas a la salvaguardia de la soberanía nacional. 
Bruselas, son los Estados miembros reunidos en el Consejo de Ministros. 
Salvaguardar la soberanía nacional es darse los medios para hacer valer eficaz y efectivamente los intereses nacionales ante la globalización, imparable tanto en el plano económico como político. 
Ya ninguno de nuestros Estados miembros tiene la capacidad para actuar solo. 
La Unión no pudo hacerlo de manera satisfactoria con el Tratado en su versión actual y aquellos que piensan que sería posible hacerlo volviendo a ideas ya superadas- tales como la zona de libre comercio- tienen una percepción sumamente curiosa de las realidades de este mundo. 
No hay alternativa a una reforma ambiciosa del Tratado. 
La Unión Europea no es enemiga de la soberanía nacional; por el contrario, aquellos que quieran hacerla valer en el mundo de hoy y en el mundo de mañana, sólo pueden hacerlo a través de una Unión fuerte, una Unión influyente. 
Sería prematuro esperar en el Consejo Europeo una discusión profunda sobre el texto de la Presidencia. 
No obstante, me parece deseable que los Jefes de Estado y de Gobierno confirmen de nuevo, sin ambigüedades, el calendario y sobre todo las ambiciones de la Conferencia Intergubernamental. 
Es un mensaje necesario tanto como obligación de resultados para los negociadores, como señal de esperanza para los ciudadanos, como prueba de credibilidad respecto a los países candidatos. 
Señor Presidente, me he limitado a los tres grandes temas que figuran en el orden del día del Consejo Europeo de Dublín; respecto a cada uno de ellos, he expresado los deseos que considero realistas habida cuenta los progresos importantes que han podido realizarse gracias a la Presidencia irlandesa. 
El Presidente del Consejo de Ministros acaba, con toda razón, de poner de relieve los enormes progresos que Irlanda puede inscribir a su favor en la lucha contra las drogas y el crimen. 
El Taoiseach y su equipo han hecho un excelente trabajo, inteligente, asiduo y han fijado objetivos precisos. 
El éxito del próximo Consejo Europeo se deberá en gran medida a la calidad de la Presidencia irlandesa. 
En nombre de la Comisión, se lo agradezco. 
(Vivos aplausos) 
Muchas gracias, Sr. Santer. 
A continuación, se procede al debate. 
Señor Presidente, si alguien dudó en algún momento que un pequeño Estado miembro de la Unión Europea pudiese llevar a cabo una labor de primera, la Presidencia irlandesa ha despejado esa duda. 
El Gobierno irlandés ha desempeñado una tarea que muchos consideraban imposible: ha preparado un proyecto de Tratado a tiempo para la reunión en la Cumbre de Dublín II de esta semana. 
No sólo ha preparado un proyecto de documento, sino que, además, éste es lúcido y persuasivo y expone con claridad los argumentos en pro de una integración europea más estrecha con un lenguaje y un estilo que resulta accesible a los pueblos de la Unión Europea y tiene resonancias para ellos. 
Mi Grupo felicita a la Presidencia irlandesa por sus importantísima labor. 
Este Parlamento debe ahora pasar un tiempo examinando y analizando las 140 páginas que componen el proyecto de propuesta y que serán presentadas oficialmente a nuestros dirigentes gubernamentales el viernes, teniendo en cuenta, naturalmente, los resultados de esa reunión. 
Quiero decir con claridad que cualquier observación que haga mi Grupo hoy se debe considerar una reacción política inmediata ante ese documento. 
La hago sin perjuicio de la crítica detallada que seguirá en las próximas semanas. 
Tras haber acogido con beneplácito la publicación del proyecto, permítaseme instar a las presidencias posteriores a que imiten la atractiva forma como viene presentado. 
Es evidente que la Presidencia irlandesa ha tenido en cuenta las enseñanzas del fracaso del debate público sobre el Tratado de Maastricht. 
Con cada uno de los cambios propuestos en el Tratado hay una justificación por escrito como introducción y, sobre todo, está escrita en lenguaje claro y fácil de entender. 
Ha desaparecido el estilo acartonado, pesado, legalista, de Maastricht. 
Los socialistas lo acogemos con satisfacción y lo aplaudimos, pues contribuirá infaliblemente a la comprensión pública de las razones por las que son necesarios y se proponen cambios. 
Mi Grupo quiere también expresar su beneplácito ante los elementos positivos de la propuesta de proyecto. 
Señalamos en concreto a la atención de Sus Señorías la inclusión de un capítulo sobre el empleo encaminado a conceder la misma prioridad política a la cuestión de la creación de puestos de trabajo en el Tratado Europeo que el Tratado de Maastricht concedía a la UEM y a la moneda única. 
Naturalmente, queremos velar por que esa competencia tenga contenido y no sean meras palabras piadosas. 
La verdad es que ya ha habido demasiadas. 
Pero nos resulta alentador que la idea de un capítulo aparte sobre el empleo haya arraigado y goce de un apoyo abrumadoramente mayoritario. 
Acogemos con particular beneplácito la definición omnicomprensiva de no discriminación. 
Eso es lo que queremos y resulta una firme declaración de intenciones la de que esta Unión Europea no permitirá ni tolerará las acciones de quienes fomentan la política del odio. 
Este Parlamento ha encabezado la campaña contra el resurgimiento del racismo y el antisemitismo. 
Un primer mensaje positivo de lo más convincente en pro de la reforma del Tratado sería el de que la cumbre de Dublín II llegara inmediatamente a un acuerdo sobre esa nueva competencia, encaminada a demostrar que nuestra Europa respeta a los ciudadanos o residentes, ya sean blancos o negros, cristianos, judíos o musulmanes. 
Hemos aprendido las enseñanzas de nuestra historia y creemos que todas las personas de Europa con una mentalidad decente comparten ese deseo de tolerancia con nosotros. 
Señor Presidente en ejercicio, estoy segura de que esperará que en esta Asamblea expresemos una opinión equilibrada del proyecto de propuestas y no voy a decepcionarlo. 
Al expresar una profunda crítica en relación con lo que no figura en el proyecto, quiero que quede claro que no equivale a denigrar la considerable hazaña de haberlo elaborado en realidad. 
Sentimos más bien tristeza, al reconocer que, pese a la energía que se le ha dedicado, el proyecto de tratado demuestra en sus omisiones las dificultades con que tropieza la Unión. 
En primer lugar, mi Grupo sinceramente lamenta que no se mencionen las reformas institucionales a fondo, tan necesarias para hacer que la labor de la Unión sea más eficaz y eficiente. 
¿A qué se ha debido la necesidad de esta CIG? 
No a un arrogante deseo de someter a cada uno de los países a otro tortuoso debate sobre hacia dónde va exactamente Europa, no a una servil devoción a una irreflexiva precipitación hacia el eurofederalismo, como los euroescépticos quisieran hacernos creer, sino al absoluto imperativo de ampliar la Unión para acoger a los países de la Europa central y oriental. Chipre y, en última instancia, los Estados balcánicos. 
No es otra cosa que el fundamento subyacente a las vidas de millones de nuestros ciudadanos, es decir, la paz y la estabilidad en nuestro continente. 
Si somos serios, hemos de velar por que nuestra Unión esté preparada para la ampliación. 
Eso significa velar por que se simplifiquen las cuestiones institucionales que rigen la adopción de decisiones en la Unión y estén preparadas para una Unión mayor en un futuro relativamente próximo. 
Que el Consejo no pueda lograr consenso serio alguno sobre esa cuestión nueve meses después del comienzo de la GIC es motivo de gran preocupación. 
Hay pocas referencias a cuestiones de importancia práctica para nuestros ciudadanos: el medio ambiente, los servicios públicos, el desarrollo real de la ciudadanía europea y una mayor transparencia. 
Sospechamos que la ambigüedad de que adolecen actualmente el segundo y el tercer pilares, desde el punto de vista de la rendición de cuentas democrática, aumentará, en lugar de disminuir, con las propuestas que figuran en el proyecto de documento. 
No sólo no se amplía en el proyecto el derecho al control democrático, que ejercen los parlamentos elegidos en todo el mundo, sino que, además, la lógica del texto parece debilitar los derechos presupuestarios del Parlamento en el segundo pilar relativo a una política exterior y de seguridad común y, mediante las propuestas de una disposición híbrida sobre el tercer pilar relativo a la Justicia y los Asuntos de Interior, confunde, en lugar de aclarar y simplificar, los procesos de adopción de decisiones. 
Esperamos que en Dublín nuestros Gobiernos lleguen a un acuerdo y abriguen un nivel mayor de ambición para la Unión Europea y su futuro. 
Téngase la bondad de perdonar mi acento en alemán, pero no me atrevo a citar a Bismark en inglés. 
Si la política fuera una ciencia exacta, los Estados Unidos de Europa existirían ya como culminación lógica de los objetivos de los Padres Fundadores de la Unión Europea, lo que brindaría seguridad y prosperidad a sus ciudadanos y ejercería una influencia benigna, pero intensa, en la escena mundial. 
Lamentablemente, la política no es exacta y aquí estamos debatiendo una medida que es más práctica que ideal. 
Las propuestas de la Presidencia irlandesa tituladas «Esbozo de proyecto de revisión de los Tratados» son la decantación de opiniones acopiadas en una miríada de debates y seminarios en el nivel político y oficial con representantes del mundo académico, ONG e interlocutores sociales, proceso que se inició durante la Presidencia italiana y ha cobrado impulso durante los seis últimos meses. 
Así, pues, ese documento debe merecer un consenso, si es un reflejo final de dichas opiniones. 
En teoría, nadie debería estar en contra, pero sospecho que hay muchas disparidades en algunos sectores, en particular en lo relativo al tercer pilar. 
Así, pues, puede ser difícil lograr el consenso. 
Sin embargo, el principio del consenso no debe significar nunca un abandono, por lo que elogio a la Presidencia por esforzarse en lograr avances en sectores como los del estatuto en el Tratado de la lucha contra el desempleo y por el crecimiento, la lucha contra el tráfico de droga, con la ampliación del cometido y las competencias de Europol, las medidas para luchar contra la delincuencia grave, la ampliación de la PESC, la simplificación del proceso de adopción de decisiones y transparencia, los derechos fundamentales, el medio ambiente sostenible y la libertad para viajar. 
La primera prioridad- la difícil situación de los desempleados- es también nuestra primera prioridad. 
El Consejo Europeo debe abordar de nuevo esa cuestión en Dublín. 
Comunidades enteras de nuestros países están resultando destruidas por la generalización del desempleo. 
Es necesaria una reacción enérgica. 
Creo que Dublín debe aportarnos una declaración amplia sobre la estrategia del Consejo Europeo para fortalecer la lucha en pro del crecimiento y del empleo. 
En general, se puede dividir a los políticos en pragmáticos e idealistas. 
Los pragmáticos son los que saben lo que se puede alcanzar y tienen que soportar la frustración, cuando resulta inferior a lo que deseaban. 
La Presidencia irlandesa y los miembros de los Gobiernos forman parte, por lo general, de esta categoría. 
No me cabe duda de que la Presidencia irlandesa sabe perfectamente que su proyecto de documento presenta deficiencias desconcertantes respecto de la batallona cuestión del veto y la votación por mayoría cualificada. 
Sé que comparte plenamente las opiniones de este Parlamento, pero considera el proyecto de documento un reconocimiento realista y pragmático de lo que es políticamente alcanzable en esta fase. 
Saber cuándo debatir un asunto delicado- cuándo atribuirle máxima importancia- siempre es prueba de fino juicio para el político pragmático, pero para los políticos que pueden permitirse el lujo de ser idealistas- y muchos de los diputados a este Parlamento pertenecen a esa categoría- no existen esas inhibiciones. 
Nuestra función es siempre la de perseguir la meta inalcanzable arrastrando lo más posible a nuestros colegas pragmáticos hacia dicha meta. 
Ésa es la razón por la que debemos pedir el fin del veto. 
El veto es un obstáculo que bloquea nuestro camino hacia la Unión. 
Si no se elimina, nuestro gran movimiento se interrumpirá, porque cualquier Estado miembro puede decir: hasta aquí y no más. 
Si eso sucede, Europa se estancará y acabará desmembrándose, al perseguir los Estados miembros sus aspiraciones particulares y carecer ya de una meta común. 
Estamos acercándonos- si es que no hemos llegado ya- al momento decisivo de la historia de la Unión. 
Los que no creen en la Unión federal prevista por nuestros Padres Fundadores deben considerar si tienen derecho a paralizar este movimiento y en última instancia hundirse o si ellos mismos deben marcharse. 
Tal vez sea una lástima que este proyecto de la Presidencia irlandesa no plantee esta cuestión, pues hay que afrontarla y- me atrevo a decir- cuanto antes mejor. 
Así, pues, creo, junto con el Parlamento Europeo, que el veto debe desaparecer y rápidamente. 
También hay que acabar con el déficit democrático. 
Queremos una ampliación de la codecisión y un tercer pilar más democrático y eficaz. 
También apruebo la utilización de la votación por mayoría cualificada para lograr una política exterior y de seguridad común eficaz y la incorporación de la UEO al pilar europeo. 
A quienes digan que se trata de un planteamiento excesivo- y algunos habrá -, permítaseme citarles una muestra de la sabiduría de un compatriota mío irlandés: George Bernard Shaw. «El hombre razonable se adapta al mundo; el que no lo es persiste en intentar adaptar el mundo a sí mismo. 
Así, pues, todo el progreso depende del hombre que no es razonable.» 
Me gustaría que este Parlamento militara firmemente en el bando del hombre no razonable. 
Permítaseme concluir agradeciendo calurosamente a la Presidencia irlandesa la cortesía que ha tenido para con los Grupos de este Parlamento y con el propio Parlamento y que haya aceptado las preocupaciones de este Parlamento. 
Le deseo sinceramente todo el éxito en Dublín y en los últimos días de su mandato. 
Señor Presidente, Señorías, en el momento en que va a iniciarse la Cumbre de Dublín, la situación de Europa es un tanto paradójica. 
Por un lado la Unión Europea, la Europa de los Quince, continúa ejerciendo un fuerte poder de atracción sobre los pueblos europeos que todavía no la integran y que aspiran a hacerlo. 
Señorías, ¿no tiene un gran simbolismo que los manifestantes pacíficos y silenciosos que desfilan masivamente, en medio del frío y la nieve de Belgrado, para hacer respetar los valores de la democracia, razón de ser de nuestra Unión, agiten la bandera de las doce estrellas doradas? 
¿Sabremos escuchar su llamamiento y responder con generosidad? 
Por otra parte, los pueblos europeos miembros de la Unión se ven asaltados por la duda. 
Mientras que la plaga del paro no deja de extenderse, agravando las fracturas sociales que amenazan a nuestras sociedades, mientras los actos de terrorismo continúan ensangrentando nuestras ciudades, en Francia, en España, en Irlanda del Norte, mientras los traficantes de drogas, las redes de pederastia, el crimen organizado no paran de extender, debido a una falta de coordinación suficiente de nuestros aparatos judiciales y policiacos, su tejido mortífero, los ciudadanos de la Europa de los Quince se ponen a dudar sobre la propia fidelidad de la Unión. 
Europa atraviesa una especie de crisis de postración y amenaza con hundirse en debates demasiado técnicos, tales como la mejor paridad de cambio entre la futura moneda única y sus componentes, o el debate más críptico todavía sobre el futuro Pacto de Estabilidad monetaria. 
Nuestros conciudadanos están cansados de las querellas de expertos, ya que se huelen que en realidad no sirven sino de pretexto para evitar ver las realidades de frente, especialmente evitar la solidaridad, sin la que toda unión no es más que mera aparencia. 
Nuestros conciudadanos esperan de los Jefes de Estado y de Gobierno que van a reunirse en Dublín, sencillamente den un nuevo aliento a la Unión. 
Es más necesario que nunca reafirmar los grandes objetivos, es decir, más prosperidad, más empleo, más seguridad, más atención a la preservación de nuestro medio ambiente y a los valores de libertad y democracia que sientan las bases de nuestra sociedad. 
El Consejo Europeo, como se lo ha pedido la carta común Kohl-Chirac, debe recurrir a los medios necesarios para la realización de estos objetivos y comprometerse, como ya supo hacerlo antes, cuando se trazaron las perspectivas del gran mercado y de la Unión Económica y Monetaria, así como la cohesión reforzada, sin la cual no hay unión. 
En el fondo, lo que esperamos de los Jefes de Estado y de Gobierno que integran el Consejo Europeo, instancia que detenta la mayor legitimidad democrática en Europa, es que tracen las perspectivas de una Europa democrática, generosa y próspera, garante de la seguridad interior y de la paz en el mundo, que corresponda a la visión que tienen los pueblos que aspiran a unirse a nosotros. 
Precisamente porque estos pueblos han estado demasiado tiempo privados de lo que hoy fundamenta nuestro Pacto y nuestros valores, debemos preservar y reforzar estos logros para mañana poder compartirlos mejor con ellos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, la Presidencia irlandesa, señor Ministro, ha logrado un hazaña- y es preciso felicitarla calurosamente por ello- al redactar un texto tanto más correcto cuanto que traduce una situación insatisfactoria. 
Los avances son raros y el examen de los puntos importantes se aplaza para más tarde. 
Quisiera mencionar la cuestión de los objetivos de la política exterior y de seguridad común y la cooperación reforzada. 
¿Cómo puede esperarse la adhesión de los ciudadanos de Europa sin recordarles que la Conferencia Intergubernamental está destinada a redactar un Tratado que debe representar el soporte jurídico de un objetivo que hay que lograr? 
El objetivo del Tratado de Roma era asegurar la paz gracias a una comunidad económica que reagrupaba a los vencedores y a los vencidos de ayer. 
El Acta Única profundizaba las instituciones y organizaba el mercado único. 
El Tratado de Maastricht, a pesar de sus debilidades, organizaba las etapas y la puesta en marcha de la moneda única y pedía, en su artículo que se refiere al artículo B, conservar íntegramente los logros comunitarios y desarrollarlos. 
Acaso los ministros de los quince Estados miembros no podrían encontrar ese famoso consenso para recordar que la construcción europea se encuentra en un punto de confrontación importante de su historia, que se mostrará digna de las esperanzas que todavía suscita en la opinión pública, organizando una sociedad justa, solidaria y democrática, que en nombre de estos principios debe abrirse a los países que piden su adhesión, que los instrumentos necesarios para lograr este gran proyecto son instituciones eficaces y democráticas. 
En efecto, la política exterior y de seguridad común no será posible sin la flexibilidad suficiente de la regla de unanimidad, es decir, la supresión del veto. 
Sin ello, seguiremos siendo los aportadores más generosos, dejando a otros el beneficio político de su acción. 
Cuál será, en estas condiciones, la misión de visibilidad de un señor o señora PESC. 
La cooperación reforzada, tal como lo recuerda su texto, señor Ministro, es una de las cuestiones más importantes de la Conferencia. 
El Parlamento Europeo comparte, en su mayoría, su opinión. 
No obstante, es importante esclarecer las condiciones, so pena de que se produzcan ambigüedades. 
Estas condiciones son- y lo cito a usted- el mantenimiento de la coherencia interior y exterior de la acción de la Unión, la salvaguardia de todo logro comunitario, el respeto de los objetivos de la Unión y su apertura, en las mismas condiciones a todos los Estados miembros que lo deseen. 
Yo añado una: su puesta en práctica no podrá someterse a la unanimidad. 
Me queda apenas el tiempo, señor Ministro, de agradecerle una vez más por la calidad de su Presidencia, pese a las dificultades que encontró y desearle buena suerte en la acción que no dejará de seguir realizando en el futuro. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, compuesto de diputados del tipo escasamente pragmático, manifiesta su gran preocupación ante el próximo Consejo Europeo de Dublín. 
Reconocemos el esfuerzo y el buen hacer de la Presidencia irlandesa a lo largo del semestre, pero hemos quedado decepcionados por el extenso documento sobre la revisión del Tratado que se presenta a la cumbre. 
Sin duda, hay planteamientos novedosos y positivos, como el aumento de la cooperación judicial y policial, la lucha contra el racismo y la discriminación, nuevos requisitos de protección del medio ambiente en las políticas comunitarias o el incremento de la transparencia del Consejo cuando legisla. 
Pero hay muchas deficiencias y silencios. 
En la propuesta no se plantea el objetivo del pleno empleo ni se hace referencia a los medios necesarios para la aplicación de políticas comunes de creación de empleo. 
Tampoco se menciona la defensa de los servicios públicos y, para nuestra sorpresa, no se propone la introducción en el Tratado del protocolo sobre política social y se aplaza al año 2001 la consolidación del derecho a la libre circulación de las personas sin que se mencione la deseable adhesión de la Unión a la Convención europea de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Se intenta progresar en el ámbito de la defensa y de la integración militar sin que se haga un progreso simultáneo en política exterior. 
Con todo lo dicho, lo más inquietante es el bloqueo en materia institucional, con el peligro de que las decisiones se tomen en el último minuto, sin ninguna transparencia y sin información previa a los ciudadanos. 
La opinión pública europea ha reaccionado negativamente ante esta situación, que no mejora con el decisionismo conjunto del Presidente de la República francesa y el Canciller alemán. 
Por encima de sus propuestas, aparece la imagen de un núcleo duro y hegemónico, capaz de imponer decisiones más que de impulsar el desarrollo de la Conferencia intergubernamental. 
Respecto a los otros puntos de la agenda de Dublín, nuestro Grupo apoya la lucha contra la criminalidad y el tráfico de drogas, pero rechaza con firmeza la adopción del «pacto de estabilidad» , que va más allá de las actuales exigencias de la Unión Económica y Monetaria y el sistema derivado de posibles sanciones a los Estados miembros, que agravarían, sin duda, la situación económica y social de los países que ya tienen más dificultades. 
Criticamos también la confirmación del modelo y los plazos de la moneda única y pedimos al Consejo Europeo que se abra un debate público y contradictorio con las diferentes posiciones y un diálogo sobre este modelo de moneda única y sus consecuencias, especialmente sobre el empleo. 
El propio Sr. Santer nos hablaba de los estragos que hay en el empleo. 
Podríamos definir las políticas sobre el empleo con aquel viejo lema de «derrota en derrota hasta la victoria final». 
Por ahora, estamos en la fase de las derrotas en las políticas sobre el empleo. 
Señor Presidente, no es posible que estos debates sigan manteniéndose de forma elitista entre directivos de los Bancos Centrales, o a través de opiniones en la prensa de ex Presidentes de Gobierno o ex Presidentes de la Comisión. 
Es imperativo que sean establecidas las condiciones necesarias para una intensa información a los ciudadanos y su participación en el sistema institucional. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estamos en tiempo de Adviento, el momento en que se escriben las cartas al Niño Jesús. 
El momento adecuado para imaginar el siguiente cuadro: es Nochebuena, al pie del árbol de Navidad hay un gran paquete, un paquete de aspecto atractivo que despierta grandes expectativas, un paquete tan grande que podría acomodar todos nuestros deseos. 
Luego empezamos a desenvolverlo, retiramos el papel, retiramos nuevas capas de papel. 
Dentro de una caja encontramos otra caja y seguimos deshaciendo el paquete, cada vez más desconcertados, mientras comienza a ser cada vez más evidente que el paquete está vacío, que no contiene nada. 
El paquete consiste sólo en una gran cantidad de envoltorios. Esta es la pesadilla de cualquier niño y lo que está ocurriendo con la revisión del Tratado de Maastricht es una pesadilla análoga. 
Mi reacción al leer las propuestas del Consejo para la conferencia de Dublín es idéntica a la del niño que acabo de describirles. 
Sus proyectos e intenciones no satisfacen nuestros deseos. 
En nuestra carta de peticiones solicitamos: más transparencia, más democracia, más competencias para el Parlamento Europeo, ¿y qué se ha hecho? 
Todo lo contrario. En efecto, los documentos de Dublín no ofrecen más, sino menos transparencia, puesto que el Consejo sigue empeñado en reinar, más indiscutiblemente que antes, desde su posición de autoridad y ocultismo absolutistas. 
No ofrecen más, sino menos democracia, puesto que reducen los derechos de los ciudadanos a la categoría de deseos, puesto que si bien se habla de combatir la discriminación, se acentúa no obstante la jerarquización de las personas, puesto que la seguridad no se entiende nunca como seguridad jurídica. En efecto, ¿cómo se explica de lo contrario que la libre circulación se posponga hasta el próximo siglo y que se dote a Europol de competencias operativas sin ningún control? 
No ofrecen más, sino menos competencias para el Parlamento, puesto que acentúan visiblemente el abismo entre la parte correspondiente al mercado interior y el segundo y tercer pilares, puesto que en la propuesta relativa a la política exterior no se menciona en ningún momento al Parlamento Europeo y en cambio se cita a menudo la UEO, y puesto que se propone retirar al Parlamento Europeo las competencias presupuestarias en el ámbito de la política exterior e interior. 
Las propuestas no ofrecen más, sino menos Europa. 
El paquete no está meramente vacío sino que- y esto es mucho más grave- trae desgracias. La responsabilidad de que así sea no es de la Presidencia irlandesa del Consejo. 
¡Yo les deseo felices Navidades a todos y un año nuevo más favorable, así lo espero! 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, quisiera agradecer a la Presidencia irlandesa por haber cumplido, en plazos muy razonables, el mandato que recibió durante el Consejo Europeo informal del 5 de octubre, y haber elaborado un documento comprensible, bien articulado y que hace el balance de la negociación. 
Por lo demás, aprovecho la ocasión para sublevarme en contra del cinismo con el que han reaccionado eminentes representantes de ciertos Gobiernos, y no pocos, que criticaron enérgicamente el documento de la Presidencia irlandesa cuando comparten la responsabilidad de la lamentable situación en la que se encuentra la Conferencia Intergubernamental. 
Una vez dicho esto, el documento deja mucho que desear, incluso si la Presidencia irlandesa hace propuestas valientes en materia de empleo, de medio ambiente y trata incluso de proponer la supresión de la tercera lectura en el procedimiento de codecisión, lo que equivale a poner al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo. 
En el plano institucional, en primer lugar, es el bloqueo total, lo que es un mal augurio para la preparación de la ampliación. 
Ninguna propuesta concreta sobre la extensión de la votación por mayoría, ni sobre la extensión del procedimiento de codecisión. 
Lo mismo ocurre con la composición de la Comisión y la ponderación de los votos en el seno del Consejo. 
Si el gran conjunto de medidas institucionales que debe permitir a la Unión decidir eficazmente y funcionar después de la próxima ampliación se aplaza hasta el fin de las negociaciones, ¿no vamos hacia una catástrofe con todos los peligros que puede engendrar un gran regateo final de último minuto? 
Y luego, está la PESC, nuestra pobre PESC. 
¿Creen sinceramente los Estados miembros que la Unión ganará en credibilidad haciendo de un funcionario, a pesar del alto cargo que tenga, el centro de la política exterior de la Unión Europea? 
Las propuestas destinadas a reforzar el estatuto del Secretario General del Consejo son manifiestamente inaceptables, a menos que queramos que en materia de representación exterior la Unión sea tratada de la misma manera por nuestros socios, y que nuestros comisarios y miembros de la Troïka sean igualmente recibidos a nivel de un funcionario. 
Por otra parte, ¿es aceptable que se introduzca una nueva modalidad de veto, ligada a razones políticas nacionales en los ámbitos donde ya es posible la votación por mayoría? 
Manifiestamente, las propuestas en materia de política exterior se encuentran en franco retroceso. 
Ello contrasta con la evidente voluntad política de progresar concretamente, en el ámbito de la defensa, voluntad que nosotros apreciamos. 
Sin embargo, permítame interrogarme sobre las implicaciones que acarrearía un desarrollo rápido de la integración militar y de defensa sin que se realicen progresos simultáneos en materia de política exterior. 
En conclusión, señor Presidente, estoy personalmente satisfecho de comprobar- y sobre ese punto estoy de acuerdo con el Presidente Santer- que la cuestión de la cooperación reforzada se encuentra desde ahora en el centro del debate de la Conferencia, lo que de ningún modo era el caso cuando mi Grupo comenzó a librar una batalla en este sentido, ya con ocasión del informe Martin Bourlanges. 
Estoy convencido de que la posibilidad de cooperación reforzada deberá, no obstante, mantenerse permanentemente abierta, siendo compatible con los objetivos de la Unión, respetando los logros comunitario así como el marco institucional único. 
Señor Presidente, Señorías, los seis meses de Presidencia neerlandesa que concluirán con la Cumbre de Amsterdam revestirán una importancia capital para la Unión. 
Toca a nuestros gobiernos decidir si dotan a la Unión de instituciones capaces de funcionamiento una comunidad ampliada o, por el contrario, condenan a Europa a la parálisis. 
Y toca al Parlamento el honor de recordarlo a la Presidencia y a los Gobiernos. 
Señor Presidente, no voy a hablarle de un problema del desempleo que es, me imagino, motivo de algunos de sus insomnios. 
Tampoco voy a hablarle de la Conferencia Intergubernamental, ni de la ampliación hacia el Este, ni de la necesidad del veto- estando personalmente convencido de lo contrario- ni del derecho de secesión. 
De lo que voy a hablarle es del pacto de rigidez presupuestaria. 
Este pacto prevé mecanismos destinados a sancionar a los pueblos debido a una mala conducta presupuestaria. 
Un Estado como Francia tendrá que cumplir con una penalidad de 30.000 millones de francos, suma que le permitiría, por ejemplo, aumentar 30.000 francos a la remuneración de la totalidad de sus profesores. 
No me detendré a analizar lo bien fundado de este mecanismo. 
Me limitaré a comprobar que durante cincuenta años usted mismo practicó con fortuna los déficits keynesianos. 
No puede uno dejar de preguntarse por qué cambia ahora. 
Lo que es seguro, es que con este pacto de rigidez presupuestaria cura usted la neurosis alemana. 
Alemania, que conoció la República de Weimar, tiene miedo de la inflación. 
Sin embargo, no porque en una familia la abuela tiene diabetes, es preciso privar a todos los niños de azúcar. 
No se puede aplicar a todo el mundo el tratamiento destinado a curar la enfermedad de uno. 
Con este pacto de rigidez presupuestaria, gracias al cual quiere usted crear una moneda única, una política presupuestaria única, vamos a acabar en una situación en la que no podrán compensarse las diferencias de nivel económico entre los Estados ni mediante los respiraderos presupuestarios, ni por los respiraderos monetarios. 
No quedará, por tanto, poniendo aparte el paro, más que el respiradero fiscal, el cual llevará a los Estados a practicar desgravaciones fiscales competitivas, a las que, por los demás, ya recurre Luxemburgo en materia de rentas de capital. 
Y eso es lo que Alemania se dispone a hacer, suprimiendo su impuesto sobre el capital y disminuyendo su tasa marginal de impuesto sobre la renta. 
Se lo dije, se lo repito, hay que alinearse con Alemania. 
Tenemos un fallo del Tribunal de Karlsruhe de junio de 1995 que se basa sobre la libertad de acción del contribuyente para determinar si uno u otro impuesto es demasiado elevado. 
Inscriba moneda única, política presupuestaria única, inscriba en su Tratado de Maastricht refundido un tope de deducciones obligatorias, tal como está haciéndolo el Tribunal de Karlsruhe para Alemania. 
Así, por lo menos, la Conferencia Intergubernamental habrá servido de algo. 
He recibido catorce propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento: siete propuestas de resolución sobre el Consejo Europeo y otras siete propuestas de resolución sobre la situación política en Serbia. 
Señor Presidente, los ciudadanos europeos con sorpresa constatan que muchas de sus esperanzas no se cumplen. 
Muchas de las dudas surgidas a partir del Tratado de Maastricht no han encontrado respuesta ninguna y hemos llegado hoy al punto de que entre los ciudadanos europeos exista una crisis de confianza con respecto a la misma idea europea. 
A no ser que se produzca un cambio de este clima, esta desconfianza creará problemas más generales que pondrán en peligro las visiones de aquellos que crearon este experimento realmente único denominado Unión Europea. 
El mandato que la Presidencia irlandesa recibió en Florencia fue el de presentar en la Conferencia Intergubernamental un primer proyecto general de tratado. 
Cabe destacar desde el principio que los irlandeses cumplieron con esto de manera eficaz, por lo que todos nosotros en el Parlamento les debemos las gracias sin duda. 
Teniendo en cuenta la forma y las condiciones en las cuales trabajaron los irlandeses, es natural que existan imperfecciones y discrepancias. 
Sin embargo, nos encontramos a la mitad de la Conferencia Intergubernamental y nos queda mucho camino que recorrer hasta la Cumbre de Amsterdam. 
Un elemento básico para que la Conferencia Intergubernamental sea un éxito es que el nuevo Tratado sea bien acogido por el ciudadano europeo; que se disipen las dudas creadas a partir del Tratado de Maastricht; que las aspiraciones e inquietudes de los pueblos de Europa encuentren una respuesta. 
Nuestros pueblos desean la profundización y el desarrollo de la Unión. 
Necesitamos un modelo basado en los principios de la democracia y de la igualdad entre todas las personas y todos los países, pequeños y grandes, y que aspire a combatir el desempleo, la marginación social, el racismo y la xenofobia. 
Una Europa sin discriminación, sin diferentes velocidades de desarrollo, será una Europa que respete al ciudadano europeo. 
Es necesario que logremos ampliar la legitimidad del marco institucional de la Unión. 
La revalorización del Parlamento Europeo, así como el fomento de su papel en un mayor número de ámbitos de actividad comunitaria son objetivos que asegurarán una intervención más eficiente del ciudadano en los acontecimientos. 
Ahora bien, debemos prevenir ante el hecho de que cualquier coste producido por las reformas institucionales vaya a cargo de los países pequeños, exclusivamente. 
Antes de terminar, quiero referirme al desarrollo por etapas de la identidad europea en materia de defensa y seguridad. 
La garantía de la soberanía territorial y la protección de las fronteras exteriores darán un impulso a la PESC, intensificando los principios de colaboración en este ámbito. 
Sin embargo, no podemos avanzar todos juntos, si algunos ciudadanos europeos tienen la sensación que la Unión no estaría con ellos en caso de que estuvieran en peligro. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer las palabras del señor Presidente Santer y del Presidente en funciones del Consejo, pero también los esfuerzos que se han realizado para hacer avanzar la Conferencia Intergubernamental hasta la fase presente. 
Sólo podremos valorar con justicia el documento irlandés si no esperamos encontrar en él ya el resultado, sino un sabio reflejo de las negociaciones desarrolladas hasta el momento y debo reconocer que incluso un poco más de lo alcanzado en las negociaciones en algunos aspectos de particular interés para el Parlamento Europeo. 
En particular, son muy importantes, a mi parecer, las palabras de la Presidencia irlandesa sobre el tema del poder de codecisión del Parlamento Europeo. 
En el documento se dice claramente que en futuro sólo se mantendrán tres procedimientos de decisión y que en la actividad legislativa se aplicará como norma general el procedimiento de codecisión. 
Es evidente que todavía quedan pendientes algunas cuestiones de definición y delimitación, que deberán aclararse en el marco de las posteriores negociaciones. 
No obstante, en el aspecto posiblemente más esencial para el Parlamento Europeo, se ha creado una buena base para continuar las negociaciones durante la Presidencia neerlandesa del Consejo. 
También se ha hecho referencia a la necesidad de ampliar la aplicación del procedimiento de decisión por mayoría cualificada. 
Yo acojo con especial satisfacción que la decisión por mayoría cualificada aparezca citada en las cartas del Presidente Chirac y del Canciller federal Kohl como norma general, con la posibilidad de que se establezcan algunas excepciones, pero de modo que la decisión mayoritaria constituya la norma general. 
Si entendemos que estos son los aspectos esenciales para alcanzar más democracia, más transparencia y más competencias y los concebimos como preparación para la ampliación, esta combinación nos ofrece, a mi parecer, una oportunidad que nos permitirá avanzar realmente en este ámbito en el contexto de la Conferencia Intergubernamental. 
Desde el Parlamento también debemos manifestar, no obstante, que subsisten una serie de puntos que no podemos considerar en modo alguno satisfactorios. 
Todo el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad resulta, a mi parecer, muy poco consistente hasta el momento, también por lo que respecta al papel del procedimiento de codecisión; la abstención constructiva es sólo una coartada y no resuelve el tema de una posible acción de bloqueo por parte de un país destructivo. 
Luego está el tema del doble mecanismo de votación: la política general se decide por unanimidad, la aplicación, por mayoría. El Tratado de Maastricht ya lo establecía así y no dio resultado. 
Es decir que debemos pensar nuevas propuestas en el ámbito del procedimiento de decisión y de la Política Exterior y de Seguridad, más allá de las que se desprenden de los documentos elaborados y las conversaciones desarrolladas hasta el momento. 
También debemos manifestar, no obstante, que para el Parlamento no sería aceptable que los nuevos ámbitos traspasados del tercer pilar al primer pilar- desgajados, a Dios gracias, del tercer pilar- no pudiesen ser tratados por las instituciones exactamente del mismo modo que los ámbitos incluidos tradicionalmente en el primer pilar. 
Debemos rechazar, por lo tanto, la creación de un pilar 1B, o comoquiera que se llame, y exigir la plena participación de la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia Europeo en estas cuestiones, a fin de introducir un auténtico control jurídico y democrático. 
Es intolerable, a mi parecer, que no se haya conseguido hasta el momento ningún progreso en el aspecto presupuestario. 
El Parlamento Europeo directamente elegido no tiene ninguna influencia directa sobre un 50 % del Presupuesto. 
Si se llega al extremo de calificar también, contra toda lógica, como obligatorios los gastos correspondientes a los ámbitos del segundo y tercer pilar, a fin de recortar así las competencias decisorias del Parlamento o ni siquiera contemplarlas, yo debo manifestar a los Estados miembros que, en relación con este punto, yo pienso que la Conferencia Intergubernamental no habrá concluido de manera satisfactoria para el Parlamento Europeo si se cierra con dicho resultado. 
La Presidencia irlandesa del Consejo ha presentado proyectos relevantes en los ámbitos el empleo, el comercio exterior, la acción integradora de la política de protección de los consumidores y el medio ambiente. 
Desde aquí deberíamos pedir a la Cumbre de Dublín que otorgue a la Presidencia neerlandesa un mandato especial con vistas a la simplificación de los Tratados. 
La Presidencia irlandesa ha establecido una buena base estructural para continuar las negociaciones y yo quiero expresarle personalmente mi agradecimiento. 
También quiero manifestar mi agradecimiento al Sr. Noel Dorr, quien dirigió el grupo de delegados con un excelente estilo profesional y humano. 
Mi deseo es que podamos seguir trabajando sobre esta base con el fin de conseguir lo mejor para la Unión. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al Presidente en ejercicio y al Presidente de la Comisión las contribuciones que han hecho hoy aquí. 
Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Presidencia por el proyecto de documento para la CIG, que es excelente. 
Será una base sólida y valiosa para la continuación de los debates en la CIG que concluirá en Amsterdam. 
La cumbre que se celebrará este fin de semana en Dublín debe abordar las cuestiones fundamentales que afronta la Unión en el momento actual y formular orientaciones para la labor de las instituciones sobre esas cuestiones en 1997. 
En primer lugar, debe formular de nuevo los compromisos respecto del establecimiento de una moneda única en 1999 y las ventajas que dicha moneda aportará a la mayoría de los ciudadanos de Europa. 
En este año los que se oponen a la moneda única han logrado importantes avances al infundir a muchos ciudadanos profundas preocupaciones sobre los efectos de una moneda única. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno deben, antes que nada, disipar los temores que se han infundido y a ese respecto son dignas de beneplácito las gestiones en pro de la formulación de un pacto de estabilidad. 
Espero que dicho pacto tranquilice a quienes están preocupados por los efectos de una moneda única para sus puestos de trabajo, empresas y sus ahorros. 
Los dirigentes europeos deben aceptar que resulta perfectamente razonable que los ciudadanos estén preocupados por las posibles repercusiones que tendrá en sus circunstancias personales la abolición de la moneda que llevan en los bolsillos y su substitución por un desconocido y hasta ahora inexistente euro. 
En 1997 se deben abordar ampliamente dichas preocupaciones, porque no habrá moneda única alguna, a no ser que cuente con el apoyo popular en todos los países cuyos gobiernos aspiran ahora a incorporarse a la eurozona desde el primer día. 
Los gobiernos deben recordar el mensaje lanzado durante el debate sobre la ratificación del Tratado de Maastricht: el de que el público en general, mediante el voto depositado en las urnas, es el encargado en última instancia de adoptar las decisiones sobre el ritmo y la amplitud de la integración europea en todos los sectores de formulación de políticas, incluida la política monetaria. 
El electorado de casi todos los países europeos está cada vez más preocupado por la seguridad personal y gran parte de los delitos de los que tenemos conocimiento por la prensa están relacionados- correctamente, en mi opinión- con el consumo de drogas ilegales. 
El comercio con esas drogas es de naturaleza internacional, como lo es el blanqueo de las vastas sumas de dinero que entraña y, sin embargo, la respuesta de la organización multinacional mejor situada para abordar ese problema- la Unión Europea- resulta virtualmente inexistente. 
El Tratado de Maastricht permitió la creación de Europol, como organismo de recogida de información secreta sobre el comercio de drogas ilegales. 
Dicho organismo debe estar dotado con los recursos para llevar a cabo esa tarea. 
En la CIG se están presentando propuestas para eliminar los controles en las fronteras interiores de la Unión. 
Para que así sea, se debe formular el compromiso de aumentar los recursos disponibles con vistas a proteger las fronteras exteriores contra las actividades de los traficantes de drogas. 
Para atender las necesidades y los motivos de preocupación de sus ciudadanos, la Unión debe orientar sus actividades hacia iniciativas de esa clase. 
La creación de un mercado único europeo ha eliminado en gran medida las restricciones a la libre circulación de capitales, bienes y servicios en toda la Unión. 
Sin embargo, por lo que se refiere a la libre circulación de personas, hasta la fecha ha habido pocos avances o ninguno en la eliminación de las restricciones en las fronteras. 
Señor Presidente, Señorías, el ministro Hervé de Charrette habló de la medianía del proyecto irlandés. 
Pienso que el Ministro debería poner a remojar sus barbas: el documento francoalemán no brilla, por su parte, por su ambición. 
Sobre todo, todos pueden comprobar la ausencia total de respuesta a las expectativas de la sociedad, especialmente en lo relativo al empleo y la cohesión social. 
Así, las declaraciones del Estado francés sobre el modelo social europeo y la defensa del servicio público parecen baladronadas. 
En realidad, la Presidencia irlandesa hizo lo que pudo en el marco de un mandato imposible. 
La Conferencia Intergubernamental no llega a encontrar un sentido, ya que no examina los objetivos de sociedad, ni los objetivos que construirían una ambición para Europa en el mundo. 
Y esta Conferencia carece de sentido porque los gobiernos se plantan en su posición de poder, se encierran en su privilegio de poder y tienen la intención de continuar dirigiendo Europa sin los ciudadanos. 
En estas condiciones, las reformas institucionales se rebajan a meras modificaciones de procedimientos y redistribuciones de las prerrogativas de poder. 
Ir al encuentro de los ciudadanos es responder a los problemas del empleo, de la seguridad, de la solidaridad. 
Tenemos un capítulo empleo insignificante. 
Necesitaríamos políticas de desarrollo durable y un poder económico común en la Unión Europea. 
En cuanto a la seguridad, debe ser objeto de una comunitarización y apruebo lo que dice el texto irlandés sobre este tema. 
Sin embargo, para que esta comunitarización adquiera toda su fuerza, debemos anteponer los derechos fundamentales, civiles y sociales, en este espacio de libertad de circulación. 
Por último, la cohesión: la Unión Monetaria de núcleo duro divide a los pueblos europeos. 
Las cooperaciones reforzadas corren el riesgo de situarse en la misma óptica. 
Nosotros queremos a España e Italia en la comunidad de unión monetaria, y las cooperaciones reforzadas deben ser las cooperaciones de aquellos que quieren avanzar en la vía del progreso de la sociedad y la civilización, sin ser obstaculizados por los adeptos a la competencia más agresiva y al desprecio de la solidaridad. 
Señorías, yo voy a referirme al tema de Serbia, que también está previsto tratar dentro del presente debate. 
En mi opinión, la Unión Europea- tanto la Comisión como también el Consejo y el Parlamento- puede y debe desempeñar un papel decisivo en la democratización de Serbia. 
Debemos hacer entender claramente a la oposición y al Gobierno serbios que la única posibilidad de llegar a establecer un acuerdo de asociación con la Unión Europea es a través de un proceso de democratización que vaya acompañado de una reconciliación tanto con Bosnia como en relación con Kosovo. 
Debemos conseguir que el proyecto europeo resplandezca en Belgrado con toda su fuerza. 
Serbia no puede aspirar a un futuro democrático sin una reconciliación con Bosnia y Croacia, sin unas estructuras civiles democráticas y sin el reconocimiento de los derechos de todas las minorías en Serbia. 
Cuando la oposición y el Gobierno así lo comprendan, la región podrá aspirar a un futuro que no esté dominado por la guerra y el odio, sino por la cooperación y el respeto mutuo. 
En este contexto es importante que en Dublín se encuentren palabras claras que eviten cualquier posible malentendido en dicha región, tan marcada por la guerra. 
En este sentido, yo espero que el Consejo Europeo desarrolle en su sesión de Dublín alguna propuesta más adecuada que cuanto nos ha ofrecido hasta ahora como prolongación del Tratado de Maastricht. 
Señor Presidente, en este mi vigésimo primer año como diputada al Parlamento Europeo, descubro un talante optimista muy pronunciado. 
Eso es bastante nuevo y creo que se lo debemos en gran parte a la Presidencia irlandesa. 
Si alguna vez alguien personificó la filosofía de «lo pequeño es hermoso» , ha debido de ser la Presidencia irlandesa. 
Aquí tenemos el tigre económico de Europa, con una enorme tasa de crecimiento, por lo que resulta apropiado, cuando celebremos el debate sobre la UEM, que sea Irlanda la que nos haya dirigido durante seis meses. 
En el Reino Unido, el Estado al que a regañadientes pertenezco, hay una actitud tremendamente negativa. 
Va en aumento, es peligrosa y no suele estar basada en el razonamiento. 
Sobre la UEM los pesimistas hablan de la pérdida de puestos de trabajo sin explicar nunca qué puestos de trabajo se perderán. 
Yo creo que aumentarán. 
Felicitamos al Sr. Spring por sus gestiones en materia de política exterior, por introducir el empleo en el Tratado y por la excepcional transparencia de su documento, gracias a la cual toda Europa sabe adónde nos dirigimos desde aquí. 
Señor Presidente, tras cuatro semanas de protestas populares, manifestaciones, sentadas y huelgas de estudiantes y trabajadores, después de cuatro semanas de movilizaciones y protestas de todo un país que vio sus plazas y calles llenas de gente de todas las clases sociales y edades, parece que un fantasma aletea y planea sobre toda Serbia: el fantasma del comunismo, al parecer, ha desaparecido definitivamente, según las crónicas periodísticas y televisivas que al menos en Italia tenemos el gusto y el disgusto de leer y escuchar. 
Al parecer, estas grandes protestas masivas se realizan para reclamar la anulación de las elecciones administrativas y los serbios se echan a la calle tan sólo para que se respeten tales resultados. 
Por otra parte, nuestros ministros de Exteriores, los jefes de Estado y los líderes de los partidos de centro y de izquierdas al referirse a la situación serbia utilizan todas las palabras, todos los términos, todos los rodeos y todas las analogías a fin de no pronunciar una palabra, esa palabra, un término, ese término, una definición, esa definición que convertiría las cosas en más claras y evidentes para todo el mundo. 
Esa palabra que no consiguen pronunciar, porque la lengua se traba, la salivación es insuficiente y se hace difícil mover los labios, seré yo quien la desvele y espero que no se lo tomen a mal todos los hipócritas y bizantinos de este mundo: comunismo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, ¿vamos o no vamos a admitir que los serbios protestan contra el régimen comunista, que desean que el comunista Milosevic se quite de en medio, que confían en que las libertades más fundamentales conculcadas por el régimen comunista lleguen a ser patrimonio de todo el pueblo serbio? 
¿O quizás consideran ustedes poco elegante ensañarse contra una ideología desautorizada por esos mismos procesos históricos que, según las utopías del cientificismo marxista, tenían que uniformar y colectivizar al mundo entero. 
Según el Grupo de Alianza Nacional, por el contrario, es necesario llamar las cosas por su nombre, a fin de evitar confusiones y malentendidos y decir a las generaciones más jóvenes que la palabra «libertad» no cabe en la ideología comunista, por su naturaleza totalitaria y represiva de las individualidades no homologadas y no homologables. 
Aclarado esto, es preciso que la Unión Europea envíe un mensaje claro y inequívoco al régimen comunista de Belgrado, tan claro como los que se enviaron en su momento al Gobierno sudafricano del apartheid o al régimen dictatorial chileno, así como que se interrumpa toda relación comercial, hasta que no se reconozcan los derechos de la oposición y no se restablezcan las libertades democráticas fundamentales. 
Señor Presidente, deseo agradecer al Presidente Santer el discurso que ha pronunciado hoy aquí y también dar las gracias al Sr. Mitchell y al Sr. Spring. 
Yo he tenido un conocimiento de primera mano de la labor positiva y sólida que la Presidencia irlandesa ha llevado a cabo y quiero unirme a los otros oradores que han felicitado a la Presidencia irlandesa- y con razón- por su denonado trabajo, resultado del cual es el proyecto de Tratado que tenemos ahora ante nosotros, un Tratado que se ha preparado a tiempo. 
En él hay muchas cosas con las que, desde luego, estoy de acuerdo y conozco las dificultades que han tenido sus autores, en particular al abordar la política obstruccionista del actual Gobierno de un Estado miembro. 
Me encanta la inclusión de un capítulo sobre el empleo en el proyecto, pero me ha decepcionado mucho que dicho capítulo sólo hable de un alto nivel de empleo: no habla de pleno empleo y eso, para mí, resulta muy significativo. Parece que el concepto de pleno empleo, trabajo u oportunidades de empleo a disposición de todos los que quieran trabajar, debe seguir siendo el centro de la política europea. 
En Irlanda hemos visto los beneficios que se han desprendido de la observancia de los criterios de Maastricht en las finanzas de nuestro sector público. 
Un conjunto similar de criterios sobre la política en materia de empleo ha de ser por fuerza positivo para Irlanda y para Europa. Debemos procurar que el capítulo sobre el empleo del Tratado sea de verdad efectivo y obtenga resultados en realidad. 
También me gustaría saber- tal vez el Ministro pueda darnos alguna idea, cuando intervenga para recapitularpor qué ciertos gobiernos se han mostrado tan reacios a intensificar la cooperación europea en la lucha contra la delincuencia organizada y las drogas. 
¿Es que no se dan cuenta de que se trata de un combate en el que sólo podemos vencer juntos? 
¿Acaso podemos darnos el lujo de esperar y permitir que las drogas y la delincuencia hagan estragos en la estructura de la sociedad europea? 
También me inquietan las escasas referencias en todo el documento a la pobreza y la exclusión social. 
Sólo he podido encontrar una referencia, en la página 46 del Capítulo 5, a la exclusión social. 
Comprendo que el documento debe haber insistido lo suficiente- y así lo hace- en la seguridad del ciudadano, pero también necesitamos políticas sociales correctas en el nivel europeo para aliviar los sufrimientos cotidianos de muchos de nuestros ciudadanos. 
John Cushnahan ha hablado de Bismarck. 
Pues yo puedo citar a un gran dirigente contemporáneo que dice: » Debemos ser enérgicos no sólo con la delincuencia, sino también con las causas de la delincuencia.» 
De modo que hemos de esperar que en el proyecto final- que se va a transmitir ahora a la Presidencia holandesa- el mensaje de Dublín sea- como ha dicho el Sr. Santer que debería ser- el siguiente: la lucha contra el desempleo, la privación social y la pobreza debe continuar y constituir la prioridad del Tratado final. 
Señor Presidente, Señorías, yo voy a referirme sólo al tema de Serbia. 
Mis colegas ya han dicho cuanto había que decir con respecto a todo lo demás. 
En estos momentos estamos viendo cómo un interlocutor muy buscado por todos los Gobiernos occidentales se arroga con toda desvergüenza el derecho a anular unos resultados electorales que no son de su agrado. 
También los jueces acomodan en Serbia sus decisiones a los deseos del Sr. Milosevi. 
Con esta manipulación ha quedado claro para todos que Serbia no es un Estado de derecho. 
El amordazamiento de los medios de comunicación y la difamación de los manifestantes pacíficos constituyen otras pruebas adicionales de que la arbitrariedad comunista de dicho Gobierno es públicamente notoria. 
Serbia no debe seguir siendo la empresa familiar de Milosevi y Markovi. 
En contraste con Estados Unidos, el Consejo se mostró muy vacilante en su reacción. 
¿Por qué temía tomar claramente partido en favor de la democracia y los derechos fundamentales, a pesar de que nuestras banderas ondean en esas manifestaciones? 
En Serbia se pagan ahora las consecuencias de que en su momento no se viera obligada a cumplir los criterios Badinter de 1991- como todos los restantes Estados poscomunistas- para obtener su reconocimiento. 
La resolución de la cuestión de Kosovo debería haber sido otro requisito previo adicional y desde luego debería haberse incluido también en el orden del día de Dayton. 
Estas negligentes omisiones han tenido funestas consecuencias. 
Los dirigentes de Yugoslavia no ofrecen ni siquiera el más tímido inicio de reformas democráticas. 
Los habitantes de ese país se sienten privados de libertad, se sienten defraudados en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 
Durante mi última visita a Belgrado en el mes de junio, muchos serbios me dijeron: Ustedes se preocupan por los derechos de los albaneses de Kosovo. Adelante. 
Pero también nosotros necesitamos ayuda. ¿Quién nos ayuda a hacer valer nuestros derechos fundamentales? 
Los tres dirigentes de oposición de Sajetno viajaron a finales de octubre a Bruselas, respondiendo a mi invitación, para comparecer ante la Delegación para las relaciones con la Europa Sudoriental. 
Las ideas y declaraciones políticas de los Sres. Draskovic y Djindji han tenido, desde luego, un carácter indudablemente nacionalista y a favor de la Gran Serbia en los últimos años. 
Karadzic siguió contando con su aquiescencia cuando Milosevi le abandonó a su suerte bajo la presión de Occidente. 
Su alianza con el partido de Vesnapesi, la única fuerza política auténticamente democrática de Serbia, permite abrigar sin embargo la esperanza de que la oposición desea un progreso democrático. 
Por esto es nuestro deber de condenar el proceder antidemocrático de Milosevi y solidarizarnos con los manifestantes pacíficos de la oposición, pero también es, sobre todo, el deber de sus interlocutores occidentales. 
La coalición opositora es frágil y un apoyo exterior para sus objetivos podría convencer a la población de que un cambio de gobierno podría significar un paso hacia una mayor democracia. 
Esperamos que los dirigentes de Serbia, el Gobierno y la oposición encuentren una pronta solución para la cuestión de Kosovo, sin la cual no será posible la paz en la región. 
El proceso de instauración de la democracia en Bosnia también depende de que prevalezcan unas condiciones democráticas en Belgrado. 
Yo le pido al Consejo que persiga con mayor insistencia e inflexibilidad estos objetivos europeos y que por fin emita una señal en este sentido en Dublín. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Dublín se va a celebrar en un clima de grandes expectativas para el futuro de la Unión Europea. 
Acabamos de recibir el borrador del proyecto del Tratado de la Unión Europea presentado por la Presidencia irlandesa y los ministerios nacionales ya se han puesto en marcha para ir más allá y dar ese ímpetu adicional y tan necesario, a fin de obtener de la Cumbre de Dublín unos resultados concretos y eficaces, imprescindibles para la construcción europea. 
Coincidimos plenamente con las conclusiones de la Cumbre franco-alemana del pasado lunes que, en su declaración común, volvió a manifestar la voluntad de dar un impulso decisivo a los trabajos del Consejo Europeo. 
Los asuntos que están sobre el tapete siguen siendo muchos y prioritarios, sin embargo, deseo recordar que es preciso concentrarse en las reformas institucionales y la seguridad interior y exterior. 
Y no tan sólo en esto. 
La Cumbre debe demostrar que por fin es capaz de adoptar esas decisiones necesarias para dar un nuevo impulso a la creación de las condiciones sociales, políticas y económicas, esenciales para acercar la Unión a sus ciudadanos, para muchos de los cuales deberá solucionarse de forma prioritaria el gran azote del desempleo. 
Si bien es cierto que la ampliación de la integración débil no puede ni debe ser obstaculizada, también es cierto que si se mejora substancialmente la eficacia del proceso decisorio, podremos presentar una Unión más dinámica y coherente con su funcionamiento. 
Asimismo, subrayamos la necesidad de adoptar cuanto antes las disposiciones legislativas necesarias para la emisión del euro, así como un reglamento que garantice, dentro de la zona de la moneda única, la convergencia económica y la estabilidad monetaria que permitan a la Unión Europea contar con una política económica coherente y global. 
Señor Presidente, Dublín puede y debe representar la clave sobre la que construir definitivamente la arquitectura europea del siglo XXI. 
Y entonces, el gran proyecto de fin de siglo- la moneda única y la cooperación entre los pueblos unidos tan anhelada por Jean Monnet- podrá realizarse finalmente. 
Para que esto sea así, es preciso que todos nosotros nos dotemos de ese ímpetu adicional, al que acabo de referirme, que por fin permitirá que la Unión Europea se consolide. 
Señor Presidente, ¿para qué Dublín, si ya hubo Nürenberg? 
¿Para que se saque la fotografía sonriente de 16, o 17, si se tolera en ella la presencia del Presidente del Parlamento? 
¿Para qué un informe de la Presidencia de un país pequeño, si hay un documento de dos presidentes enormes y motores? 
¿Para qué continuar con ministros, diplomacia, cooperación, si el Sr. PESC puede hacer todo el trabajo? 
¿Para qué afirmar siglas, si la NATO sobrevive y crece? 
¿Para qué abordar las causas, si un espacio jurídico común y una Europol musculosa velan por las consecuencias? 
¿Para qué tanta palabra sobre lo que es nominal, pacto, estabilidad, mayor o menor flexibilidad de criterios y sanciones, si no se calla lo que es real, lo que es social, lo que es desempleo, lo que es la vida que no cabe en monedas únicas y bancos centrales? 
¿Para qué gastar un minuto, señor Presidente, si bastan 51 segundos para formular preguntas cuyo comentario y debate requerirían horas? 
Señor Presidente, en este momento en que se presenta un proyecto de Tratado sobre la CIG, ¿vamos a descubrir una vez más que, en contra de las garantías que se nos han dado esta mañana sobre la ciudadanía y la democracia, se ha pasado por alto una revisión del Tratado Euratom? 
El Tratado Euratom es uno de los Tratados fundacionales de la Unión, junto con el Tratado de Roma. 
Resulta increíble que no se actualice y revise para proteger a los ciudadanos de los efectos de la radiación y no para promover la energía nuclear. 
Esta mañana hemos oído hablar a admiradores de Jean Monnet: yo también soy una admiradora de Jean Monnet. 
Su biógrafo ha dicho respecto del Tratado Euratom que consideraba que la energía nuclear tenía un gran futuro y no pasado y ninguna de esas afirmaciones era cierta. 
Sin embargo, se han presentado enmiendas al Tratado Euratom y, respecto de la CIG, ¿hará el Consejo en su reunión de Dublín una declaración sobre la seguridad nuclear en respuesta a la generalizada preocupación pública? 
Concretamente, ¿se han acordado enmiendas al Tratado Euratom, que establezcan disposiciones para permitir un examen riguroso de la seguridad de las instalaciones nucleares? 
El Tratado Euratom no establece disposiciones para la formulación o aplicación de normas de seguridad relativas al funcionamiento de las instalaciones nucleares. 
¿Se han acordado disposiciones relativas a las instalaciones nucleares que afecten al territorio de otro Estado miembro, en particular respecto de cualquier efecto acumulativo de los peligros para la salud y el medio ambiente de poblaciones vecinas? 
¿Declarará el Consejo concretamente que se van a cerrar los reactores nucleares existentes que no cumplan con las normas? 
Señor Presidente, el minuto de que dispongo no me deja lamentablemente tiempo para felicitar a la Presidencia irlandesa tal como yo habría deseado. 
Los intensos esfuerzos de los Estados miembros para cumplir los criterios de Maastricht comienzan a dar lugar a un incremento masivo del desempleo y una reducción de la protección social. 
Esta situación se ve agravada por el hecho de que la información de los ciudadanos sobre el tema de la introducción del euro es absolutamente insuficiente, puesto que la campaña de información sobre la introducción de la moneda única se ha llevado a cabo hasta ahora de manera notablemente unilateral. 
Así, hasta la fecha se han ocultado de hecho- consciente o inconscientemente- sus consecuencias sociales y en el ámbito de la política de empleo. 
Las masivas repercusiones que tendrá la introducción del euro en todos los ámbitos de la vida de las ciudadanas y ciudadanos europeos exigen precisamente por esto que las poblaciones de los Estados miembros tengan la oportunidad de participar en las decisiones. 
En este sentido, desde una perspectiva política democrática, parece imprescindible someter la instauración de la Unión Monetaria a la consulta de la población de los Estados miembros por medio de referéndums. 
¡Una Unión Monetaria instaurada en contra de la voluntad de la población, en contra de la voluntad de los ciudadanos, estará condenada con toda seguridad al fracaso! 
Señor Presidente, hace unas semanas, cuando nuestro ministro de Asuntos Exteriores presentó los planes para la Presidencia neerlandesa, nos sentimos muy decepcionados. 
Aun valorando la modestia y el realismo, considerábamos que el nivel de ambición de la Presidencia neerlandesa era muy bajo. 
Pero ahora que vemos los puntos de partida de la Cumbre de Dublín, comprendemos más la toma de posición neerlandesa. 
Es un hecho que la que se recibe del predecesor es decisivo para lo que uno puede lograr en medio año, y lo que reciben los Países Bajos es por desgracia poca cosa. 
No puede achacarse a la Presidencia irlandesa, pues a fin de cuentas es la voluntad de todos los gobiernos juntos lo que determina el resultado. 
La evaluación está relacionada con el marco de referencia del Parlamento Europeo. Se trata de los informes Martin/Bourlanges y Dury/Maij-Weggen. 
En este contexto no podemos sino constatar que existe un abismo entre lo que quiere el Parlamento y lo que se ha logrado hasta ahora. Ello tiene que ver, por nombrar sólo algunas cuestiones relevantes, con la concreción de la cuestión del empleo y la política social. 
No basta con limitarse a decir que estas cuestiones son importantes. 
Ya va siendo hora de pensar qué instrumentos se utilizarán para abordar estas cuestiones de gran importancia. 
El esfuerzo en torno a la UEM exige precisamente un esfuerzo adicional en el ámbito del empleo. 
Consideramos que ese equilibrio es imprescindible. 
Y luego el tercer pilar, la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. 
Allí no se han estado quietos. Pero, por lo visto, no han oído lo que quiere el Parlamento: comunitarización, participación del Parlamento Europeo. 
Siguen por el camino, que en diversas ocasiones hemos calificado de no democrático, de la cooperación intergubernamental, una especie de pilar intermedio que, al igual que el Sr. Brok, quien aludió a ello, consideramos inaceptable, pero no sólo en este ámbito. 
También en sentido general no se avanza realmente con la reforma del mecanismo de toma de decisiones que defendemos, y aún menos el papel que tendría que desempeñar el Parlamento Europeo en este proceso. 
Esto no quiere decir que no valoremos lo que ha conseguido la Presidencia irlandesa gracias a un duro trabajo. Es sumamente importante que los derechos humanos, la igualdad de trato, tengan cabida en el nuevo Tratado. 
Es importante para la interpretación de la Europa del ciudadano, y nuestro papel, señor Presidente, es ocuparnos de que la Presidencia neerlandesa se inspire en los avances que sí se han logrado y que se reduzca el abismo entre lo que deseamos y lo que el Consejo quiere llevar a cabo. 
Señores Presidentes, ante todo yo quisiera expresar mis respetos a la Presidencia irlandesa de la Conferencia y manifestar que la maestría con que ha ejercido Irlanda esta difícil tarea será sin duda un modelo para Austria, que deberá asumir la Presidencia en el segundo semestre de 1998. 
Yo espero que sabremos trabajar con la misma eficacia que ha demostrado la República de Irlanda. 
Los objetivos de la Unión Europea son ambiciosos. 
Moneda común, política exterior común, una casa común con capacidad para acomodar a un mayor número de inquilinos, protegida en la medida de lo posible contra robos, con un procedimiento de diálogo y codecisión adecuados entre los inquilinos. 
Este último punto también es urgentemente necesario, pues la Unión Europea sólo podrá alcanzar sus objetivos si los ciudadanos participan adecuadamente en las decisiones por intermedio del Parlamento Europeo y también de los Parlamentos nacionales, en el sentido de la subsidiariedad. 
Yo abogo, por lo tanto- al igual que toda Austria- por que en Dublín se apruebe un protocolo anexo al Tratado sobre la transposición del principio de subsidiariedad y el fortalecimiento del Comité de las Regiones. 
Respaldamos asimismo todos los esfuerzos encaminados a fortalecer la seguridad interior y exterior. 
Austria, que debe proteger una extensa frontera exterior de la UE, conoce precisamente muy bien la importancia de la Europol y del Convenio de Schengen y reclama un procedimiento común en el ámbito de la política de asilo e inmigración. 
Para nosotros también es esencial que la PESC tome cuerpo y que puedan adoptarse decisiones por mayoría en el ámbito no militar. 
Justamente la ausencia de una Política Exterior y de Seguridad Común ha tenido repercusiones negativas, sobre todo en la antigua Yugoslavia. 
Por lo tanto, es urgente, a mi parecer, que el Parlamento Europeo haga oír su voz en apoyo de la oposición democrática serbia. 
Yo respaldo asimismo la iniciativa austriaca en favor de que en la Conferencia de Dublín se adopte una posición análoga ante esta cuestión. 
En efecto, sólo la consolidación de unas estructuras democráticas en la antigua Yugoslavia permitirá garantizar la frágil paz de Dayton. 
Gracias a los presidentes del Consejo y de la Comisión. 
Mucho de lo que se ha dicho me agrada, entre otras cosas el pacto de confianza. 
Por fin un planteamiento en la zona de los Grandes Lagos y la indicación a la Presidencia neerlandesa en relación con la soberanía. 
Pero echo en falta medidas concretas relacionadas con la seguridad y la política de drogas. 
Si estamos de acuerdo en que es preciso frenar la criminalidad, el tráfico de drogas, espero medidas concretas de la Cumbre de Dublín. 
Por último, recientemente se ha visto paralizada la circulación en Europa debido a ciertas acciones. Francia, Dinamarca, Grecia. 
¿Qué harán la Comisión y el Consejo para garantizar el principio de libre circulación? 
La Cumbre de Dublín ha de demostrar que la Unión se toma en serio las preocupaciones cotidianas del ciudadano. 
Y sobre todo ha de respaldar las exigencias serbias de democracia, como tan apasionadamente han defendido el Sr. Cohn Bendit y la Sra. Pack. 
Gracias, señor Presidente, por el esfuerzo irlandés, que constituye una buena base para un posible tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, a pesar de que todavía no se han debatido en la Conferencia Intergubernamental las cuestiones relativas al poder institucional, el documento de proyecto de Tratado de la Presidencia demuestra que se tiene la intención de transferir más poder de los países miembros a la UE en aspectos muy decisivos. 
El proyecto significa que habrá más fuerzas comunitarias de policía, más armonización de la política en torno a los refugiados y de la relativa a los controles fronterizos. 
Se ampliará la política comunitaria en asuntos de exterior, y su objetivo, el de una política común de defensa, queda firmemente establecido en el proyecto. 
El documento modifica el estatuto de los países miembros de un modo tan inaceptable, que es natural que un proyecto tan ambicioso se decida por medio de unos referenda nacionales. 
En el ámbito del medio ambiente, el proyecto supone un deterioro. No se han realizado progresos en lo referente al derecho de los Estados miembros de conservar e introducir unos requisitos más rigurosos que los de la UE en cuanto a los productos. 
El artículo propuesto sobre la apertura representa un paso mínimo. 
No tendremos reuniones abiertas en el Consejo, y se permitirá a cada institución que configure su normativa sobre el acceso a los documentos. 
Esto es inaceptable. 
En el sector del empleo, el comité propuesto y sus recomendaciones van a tener un peso específico demasiado bajo, en comparación con la férrea política de convergencia que está aumentando actualmente el paro en la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Tratado marco presentado en Dublín y, por lo demás, la carta común francoalemana esquivan los verdaderos problemas y no hacen sino adentrar a la Conferencia Intergubernamental en una vía federalista que no resuelve nada y que los ciudadanos no desean. 
Ante todo, estos textos evitan una vez más mencionar la geometría variable que, sin embargo, es necesaria a la ampliación, porque temen volver a poner en tela de juicio la unidad institucional. 
Evitan mencionar la moneda única, cuando la cuestión de los complementos institucionales se debate todos los días en las columnas de los diarios. 
Ciertamente, abordan las cuestiones de seguridad y del tercer pilar, pero con el objetivo, particularmente perverso en las circunstancias actuales, de la abolición total de los controles en las fronteras internas. 
Una eutanasia mediante la extensión de la votación por mayoría cualificada en el Consejo, que retira todo poder a los parlamentos nacionales de los países minoritarios. Una eEutanasia para la transferencia de las competencias intergubernamentales hacia el primer pilar, que va disminuir considerablemente los poderes de los parlamentos nacionales sobre temas sumamente delicados. 
A cambio, se les dan migajas ridículas. Supongo que lo recordarán en el momento en que usted, señor Presidente del Consejo, les presente el Tratado que han de ratificar. 
Señor Presidente, ante todo, quisiera rendir homenaje a la Presidencia irlandesa por el trabajo que ha realizado en el seno de la Conferencia Intergubernamental. 
El texto que propone al Consejo Europeo de Dublín ha permitido desglosar las cuestiones planteadas, las posiciones presentes y las opciones posibles. 
El proyecto irlandés permite también algunos progresos en ámbitos que hasta ahora no habían sido abordados. 
Prevé, según los votos de este Parlamento, un capítulo sobre el empleo y menciona el imperativo de la lucha contra la exclusión social. 
Recomienda reconocer la personalidad jurídica internacional de la Unión, lo que permitirá simplificar el Tratado, y asimismo marca la voluntad de comunitarizar el tercer pilar. 
Se afirma la protección de los derechos fundamentales y con toda razón se prevé una cláusula de sanción para la violación de estos derechos. 
No obstante, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia, que no puede tenerse como responsable, la Conferencia está estancada. 
No ha habido hasta ahora ningún impulso vigoroso y debemos ser conscientes, en este Parlamento, de que los trabajos de la Conferencia Intergubernamental no están a la altura de los elementos que se encuentran en juego. Ello se debe en primer lugar a un problema de método. 
La negociación no evolucionará mientras los ministros de Asuntos Exteriores no se impliquen personalmente. 
Para zanjar las cuestiones difíciles y avanzar en la negociación hace falta tiempo. 
Una discusión de dos horas y media, como la que tuvo lugar en cónclave el viernes pasado, concede únicamente ocho minutos de intervención a cada uno y no permite ninguna verdadera discusión. 
Se objetará que no puede concluirse nada antes de las elecciones británicas. 
Claro está, pero nada impide a los demás gobiernos avanzar mientras tanto. 
La verdad es que el Gobierno británico sirve de pretexto a la inercia de los demás gobiernos y que el Gobierno británico no tiene nada que bloquear puesto que nada avanza. 
Me refiero ahora a las cuestiones de fondo. 
El Canciller Kohl y el Presidente Chirac tenían tomar una iniciativa en este debate tan importante para el porvenir de la Unión Europea. 
Lo hicieron. 
Es positivo. 
Su carta común, que acaban de dirigir a la Presidencia irlandesa, presenta intenciones loables. 
Lamentablemente, sin embargo, habida cuenta de la situación, la ambición de esta carta francoalemana no es suficiente. 
Anuncia objetivos, intenciones, pero se mantiene demasiado vaga respecto a los medios institucionales necesarios para realizarlos. 
Afirmar la voluntad de avanzar en el plano de la política exterior y de seguridad común, así como en el de la cooperación policiaca y judicial, es positivo. 
No obstante, es sumamente lamentable que la reforma de las instituciones sólo quede bosquejada, todavía de manera demasiado vaga y que los demás grandes ejes de la Conferencia Intergubernamental no se aborden en lo más mínimo. 
Así, nada, ni una palabra sobre el empleo ni sobre este elemento capital que está en juego, a saber, la coordinación de las políticas económicas para conseguir un mayor crecimiento en Europa y dar así una base más sólida a las políticas nacionales del empleo. 
La carta Chirac-Kohl expresa la voluntad de ampliar el voto por mayoría y la codecisión para el Parlamento Europeo. 
Pero no se da ninguna precisión sobre el campo de aplicación de estas dos reformas y, sobre todo, se conserva la mayor imprecisión respecto a la codecisión para el Parlamento Europeo. 
Por lo demás, se nos presenta la idea de un comité de parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, pero sin precisar el papel que tendría este comité en relación con la COSAC, y menos todavía cuáles serían sus competencias. 
¿Interferiría este comité en el control democrático de la Unión o no, lo que sería, a nuestro juicio, un aspecto sumamente negativo? 
No sabemos nada. 
En suma, esta carta no nos parece suficiente para sacar a la Conferencia del callejón sin salida en el que se encuentra la víspera de la Cumbre de Dublín. 
Incluso si siempre es bueno que los Jefes de Estado y de Gobierno se hagan cargo, a su nivel, de los trabajos de la Conferencia, las expectativas de los ciudadanos respecto a Europa se verán decepcionadas de nuevo. 
Me temo que los progresos sean todavía demasiado débiles y que los Quince tengan que contentarse con tomar acta de los trabajos realizados hasta ahora y del informe de la Presidencia. 
Por tanto, la Presidencia neerlandesa reanudará en enero sus trabajos sin un verdadero mandato político y, en estos momentos, es muy difícil prever cómo llegará a dinamizar y a hacer avanzar la negociación. 
Por supuesto, si no logra concluirse en Amsterdam, no será una catástrofe. 
Más valdrá prever unas semanas o unos meses adicionales para llegar a una conclusión. 
Pero si la negociación no despega durante la Presidencia neerlandesa, se corre el riesgo de que acabe finalmente acordándose un proyecto mínimo de Tratado. 
Ahora bien, saben cuán grave sería esto. 
Efectivamente, se cree ingenuamente que la moneda única por sí sola logrará reactivar la construcción europea. Yo pienso que es falso. 
Creo que si no se llega a reducir la diferencia entre la moneda única y los dos otros grandes temas que son la lucha contra el paro y los progresos políticos de la Conferencia Intergubernamental, que si no se logra mostrar hasta qué punto estos temas están vinculados, que si- no nos engañemos- la Conferencia obtiene un resultado mínimo, que si no progresamos suficientemente hacia la integración política, se corre el riesgo de comprometer el éxito de la propia moneda única. 
Y yo quisiera repetir aquí lo que digo una y otra vez: si nos contentamos con un compromiso mínimo al final de esta Conferencia, porque consideremos que estamos apurados por el tiempo, porque la negociación no haya despegado, entonces, creo que con la ampliación, acabaremos siendo definitivamente una zona de libre comercio, siendo una Europa que los ciudadanos, precisamente, no quieren. 
Señor Presidente, en el marco del presente debate quisiera formular una pregunta concreta al Presidente de la Comisión Europea. 
Al inicio de esta legislatura acordamos un código de conducta entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que es sumamente importante para una buena cooperación. 
En los últimos días, el Presidente de la Comisión y la Conferencia de presidentes del Parlamento Europeo han mantenido una consulta sobre la financiación del programa MEDA. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Piensa la Comisión respetar y aplicar al pie de la letra la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 1996 sobre la situación política en Turquía? 
Señor Presidente, deseo agradecer vivamente a la Presidencia irlandesa el esfuerzo que ha realizado en una situación tan difícil. 
Ya se han apuntado muchas cosas positivas, sin embargo, hay que decir con franqueza que el resultado global que hoy tenemos ante nosotros, no es todavía satisfactorio. 
Por ello, y después de casi un año de trabajos de la Conferencia Intergubernamental, no cabe duda de que nos sentimos preocupados. 
Existe la sensación- lo decía hace unos momentos la Sra. Guigou- de una Conferencia Intergubernamental que al parecer se orienta hacia una mínima reforma en espera de la Unión Monetaria. 
Creo que ésta es la pregunta política fundamental: ¿la Conferencia Intergubernamental logrará construir un contrapeso político a la Unión Monetaria? 
La integración europea es un hecho irreversible. 
El verdadero problema estriba en evitar que se prosiga hacia una integración de hecho, donde la soberanía monetaria, en la práctica, queda en manos del Banco central. 
Éste es el verdadero problema. 
La moneda única constituye la más masiva transferencia de soberanía política desde la creación de la Comunidad. 
El riesgo es que dicha transferencia se lleve a cabo desde los Estados nacionales hacia órganos democrática y políticamente no responsables. 
En dicho caso, la democracia en Europa se verá abocada a reducirse en lugar de aumentar. 
Por consiguiente, la cuestión que nos debemos plantear es si el borrador del Tratado da o no da la impresión de representar un impulso convincente hacia esta dirección. 
Nuestras perplejidades se centran fundamentalmente en la debilidad de la ciudadanía política, aunque se ha apreciado la condena por la violación de los derechos humanos y la atención deparada al espacio de seguridad y libertad. 
Sin embargo, y ante todo, nos llama la atención el hecho de que la cuestión de las Instituciones esté tan atrasada, ya que el texto la menciona muy poco y según se dice se abordará más tarde. 
Pero ¿como, cuándo y de qué forma se va a abordar? 
Es absolutamente necesario restablecer el equilibrio institucional para una nueva democratización, habida cuenta de que la reforma de las Instituciones implica asimismo la construcción de la Unión política y el reequilibrio entre las Instituciones de la Unión, así como el incremento del papel de control y del papel legislativo del Parlamento Europeo. 
Por último, está la flexibilidad, un tema sumamente prioritario. 
Todos sabemos que Europa dependerá de cómo se va interpretar la flexibilidad. 
Con respecto a esto, no creo que haya dudas y es importante que el documento lo contemple. 
Es evidente que éste es un punto decisivo, tal como lo demostró la reciente declaración francoalemana. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que si la flexibilidad va a ser una flexibilidad constitucional, regla y no excepción, existirá un riesgo de ruptura en la construcción material de Europa. 
Estos son los problemas que se van acumulando y, aunque volvemos a dar las gracias a la Presidencia en ejercicio por su esfuerzo, seguimos estando preocupados por el desarrollo de la situación. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Cumbre de Dublín del viernes y sábado próximos se celebra en un momento política y psicológicamente muy difícil para la Unión Europea. 
Es necesario, por lo tanto, que desde Dublín se emita una señal de confianza. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno deben volver a transmitir optimismo y confianza a las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea, sobre todo en los dos ámbitos siguientes. En primer lugar, desde Dublín debe emitirse una clara señal que indique que la Unión Europea está dispuesta a emprender reformas fundamentales. 
Necesitamos el procedimiento de decisión mayoritaria en el Consejo. 
Este es un requisito previo para hacer posible la ampliación- política, económica y éticamente necesaria- de la Unión Europea. 
La carta del Canciller federal Kohl y del Presidente Chirac resulta, por lo tanto, muy alentadora. 
La segunda condición es que los Jefes de Estado y de Gobierno se adelanten a emitir ya en la reunión de los Ministros de Finanzas del jueves una clara señal en favor de la introducción de una moneda europea estable el 1º de enero de 1999, de manera que Europa pueda consolidar su posición en la economía mundial globalizada. 
¡La cumbre de Dublín será un éxito si se emiten estas dos señales! 
Señor Presidente, si dentro de dos años la Unión Europea tendrá una moneda común, una política monetaria única y un Banco central supranacional, por el contrario, no cabe duda de que la política fiscal y, en particular, el ámbito tributario van a ser menos coordinados y quizás menos homogéneos. 
Esto conllevará problemas sumamente serios: un desequilibrio en el plano político y un equilibrio de poderes entre política monetaria y política fiscal, a tenor de lo que acaban de manifestar otros colegas; riesgos para el éxito de la moneda única y el buen funcionamiento de mercado interior; la subsistencia de situaciones de competencia desleal en materia fiscal con efectos negativos en los flujos de los bienes, los servicios y los factores de producción; repercusiones negativas sobre el empleo, habida cuenta de que el peso de la imposición fiscal se irá desplazando desde los factores móviles- el capital- hacia los factores menos móviles, como el trabajo. 
En consecuencia, se comparten plenamente los recientes esfuerzos y las nuevas orientaciones de la Comisión en materia tributaria. 
Considero, también en nombre de mi Grupo, que ha de pedirse con firmeza al Consejo que los apoye y, en particular, que manifieste de forma expresa su apoyo a dicho enfoque, así como que evalúe y haga avanzar los trabajos del Grupo de Altos Representantes de los ministros de Finanzas a fin de llevar a cabo el estudio global de la políticas tributarias también en relación con las demás políticas comunitarias. 
A pesar de que el objetivo inmediato es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior- condición previa e indispensable para el éxito de la moneda única- y reducir los efectos negativos de la competencia desleal en materia fiscal con nuevos instrumentos de coordinación como, por ejemplo, un código de conducta, el momento parece oportuno para dar un salto de calidad con respecto a superar el principio de la unanimidad en materia fiscal en favor de los procesos de toma de decisiones más simplificados. 
Sobre todo en los Países Bajos, la próxima Cumbre de Dublín será examinada desde el punto de vista de la CIG y desde el punto de vista de la action commune en materia de tráfico y consumo de drogas. 
En lo que respecta a la CIG, quiero expresar mi aprecio por el modo en que la Presidencia irlandesa ha tratado este expediente. 
Creo que es un gran logro que ahora se presente la primera prueba de un nuevo Tratado. 
Que yo lo considere criticable no tiene que ver con los logros de la Presidencia irlandesa, sino con el hecho de que diversos Estados miembros no querían sumarse a cuestiones que Irlanda sí quería. 
La primera parte, los derechos de los ciudadanos, es a mi entender positiva. 
Concretamente, el excelente artículo sobre la antidiscriminación es un buen comienzo, también, del Año Europeo contra el racismo. 
Les felicito por ello. 
También las propuestas en el ámbito de la apertura y la transparencia son buenas. 
Una cuestión que no se trata es la de la apertura en el Consejo. Pienso que en este ámbito no basta con presentar declaraciones de voto y los resultados de las votaciones. 
Más grave es la situación en relación con la reforma de las instituciones. 
En este sentido se han hecho muy pocas propuestas, y estoy plenamente de acuerdo con lo que ha señalado el Sr. Brok, de que aquí no se defienden debidamente los intereses del Parlamento. 
También estamos preocupados por el pilar de la seguridad interior, que ciertamente se comunitariza, pero que al mismo tiempo sigue siendo intergubernamental en lo que respecta a la toma de decisiones. Esto puede entrañar un grave peligro. 
Y en lo que respecta a la política exterior, todavía han de suceder muchas cosas. 
Y luego la action commune en materia de drogas. 
En los Países Bajos se cuestiona cada vez más la política liberal de tolerancia del actual gobierno en relación con las drogas. 
Espero de todo corazón que en Dublín se vote sobre una action commune y espero sobre todo que se pueda acordar una política europea común en la lucha contra las drogas. Todos lo estamos esperando, incluso en los Países Bajos. 
Señor Presidente, en estos días se está viendo que Europa está condenada a seguir su construcción europea entre el trabajo complejo pero ordenado que están haciendo las instituciones. 
Y el informe del Consejo así lo ha demostrado. 
Pero, al mismo tiempo, estamos viviendo una campaña permanente de carácter sensacionalista, donde únicamente se destacan- en los medios de comunicación- los fracasos, las anécdotas y los aspectos negativos. 
Creo que todas las instituciones han de reaccionar contra esto. 
Hay que enviar mensajes claros. 
La opinión pública debe tener muy claro que todas las propuestas que vayan en el sentido de la integración son propuestas que marcan progreso, que marcan avance, mientras que todas aquellas orientadas a la simple cooperación únicamente conducen a la ineficacia y a la paralización. 
Creo que en este ámbito también tenemos que reaccionar contra ciertas propuestas que tienden a desnaturalizar el modelo institucional. 
Y entre ellas hay que recordar aquí, y de una forma enérgica, que este Parlamento siempre se opondrá a que la Comisión pierda su poder de iniciativa total y absoluto. 
Este es un fundamento de nuestras instituciones. 
Asimismo, cualquier desnaturalización de las funciones respectivas del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales transmitiría una imagen negativa. 
Y el tercer elemento que quiero destacar, señor Presidente, es que en estos últimos días- yo diría años- el Consejo Europeo, que tiene un importantísimo papel que desempeñar, está intentando disminuir y anular, en cierta forma, el papel del Consejo de Ministros. 
Creo que esta es otra señal negativa a la que este Parlamento debe reaccionar. 
Señor Presidente, en el ámbito judicial la Presidencia irlandesa deja un rastro claro, y esto es importante. 
La realidad es dura, amenazante. 
El crimen internacional obtiene unas ganancias que se cifran en miles de millones. 
Se explota a las personas, se las hace drogodependientes. 
Se explota sexualmentea a la infancia. 
Se considera los refugiados objetos con los que se puede comerciar. 
Si el crimen ha dado el paso de convertirse en organismo internacional, los políticos debemos dar el paso correspondiente. 
Tenemos la responsabilidad de crear los instrumentos jurídicos que puedan acabar con el crimen internacional que afecta a los ciudadanos en su vida diaria, en muchas ocasiones de un modo trágico. 
¿Quién es responsable de que se permita que sigan existiendo los actuales obstáculos políticos dentro de la cooperación judicial europea, y de que se permita que el crimen organizado coseche nuevos laureles? 
La Presidencia irlandesa se ha esforzado especialmente en lo relativo a la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la criminalidad. 
Es merecedora de elogio. Habría resultado más inteligente que la resolución del Parlamento, igual que la del PPE, hubiera incluido un título sobre el tercer pilar, y más de un apartado con miras a apoyar esta lucha. 
Es insuficiente incluir un apartado para las cuestiones judiciales de un total de 28. 
Falta equilibrio, pero se compensa porque el contenido de dicho apartado es más avanzado que el resto. 
Esperemos que esto sea una buena señal de que las cuestiones relativas a la seguridad interna saldrán ganando con la Conferencia Intergubernamental. 
Lamento que las propuestas del PPE relativas a la lucha contra el crimen no hayan influido más en la resolución adoptada por el Parlamento con vistas a promover la creación de unos mecanismos más eficaces para así garantizar al ciudadano europeo seguridad, información y control democrático. 
Esta responsabilidad recae ahora sobre los gobiernos de los Estados miembros. 
Bienvenida 
Antes de dar brevemente la palabra al Consejo y a la Comisión, tengo el placer de saludar a una delegación del Reino de Nepal que se encuentra en la Tribuna oficial y que viene presidida por Su Excelencia el Sr. Ram Chandra Poudel, Presidente de la Cámara de Representantes. 
Esta delegación nos hace el honor de visitarnos con motivo del cuarto encuentro interparlamentario con la delegación competente del Parlamento Europeo. 
Las relaciones entre Nepal y la Unión Europea son excelentes y los contactos que tenemos a nivel parlamentario demuestran la voluntad común de cooperar en un gran número de sectores. 
Voto por que este cuarto encuentro marque una nueva etapa en el acercamiento necesario de los países y de los pueblos que representamos y deseo a esta delegación un trabajo fructuoso y una excelente estancia en Estrasburgo. 
Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín y la situación en Serbia (continuación) 
Voy a ser muy breve al responder al debate. 
En primer lugar, permítanme Sus Señorías que les agradezca sus contribuciones y sus amables comentarios sobre la labor de la Presidencia irlandesa. 
En particular, en relación con la Conferencia Intergubernamental, quisiera reiterar que sólo puede llegar hasta donde los 15 Estados miembros acuerden que debe llegar. 
Pero creo que debemos ser ambiciosos. 
Por desgracia, no comenzamos, como nuestros colegas de los Estados Unidos, con una página en blanco, al redactar esta constitución. 
Tenemos que tener presente, en nuestra ambición, que lo que suceda tiene que ser ratificado en los 15 Estados miembros, en algunos casos por los parlamentos nacionales, en otros por referéndum. 
De modo que hemos de tener en cuenta la realidad de la situación. 
Pero, como dijo el autor del informe de la Presidencia irlandesa, Sr. Noel Dorr, este informe corresponde a un realismo elevado y es- creo yo- ambicioso. 
La Unión Europea, en mi opinión, estriba enteramente en la paz y la estabilidad y la prosperidad que se desprende de ellas al construirse la interdependencia. 
La Conferencia Intergubernamental establece cómo vamos a dirigir esa interdependencia en el futuro. 
La cooperación que ha resultado de dicha interdependencia ha permitido a los Estados miembros de la Unión disfrutar de beneficios materiales sin precedentes. 
Pero, si somos serios sobre la paz y la estabilidad en la Unión, debemos velar también por que la misma concepción sea aplicable en los Estados miembros, en las zonas rurales, en las zonas urbanas de la Unión. 
Estoy de acuerdo con los diputados que hoy han planteado aquí la cuestión de la exclusión social y el desempleo. 
No es cierto que estemos haciendo todo los posible para luchar contra el desempleo. 
Podemos hacer más y podemos lograr niveles superiores de empleo. 
Me gustaría mencionar en particular el programa irlandés en pro del desarrollo local, es el único con el que estoy familiarizado. 
Estoy seguro de que en cada uno de los Estados miembros hay ejemplos de los que cada uno de nosotros podría beneficiarse gracias a cierta cooperación europea. 
Pero el plan de desarrollo local de Irlanda, que debatimos recientemente como una conferencia a la que se dirigió el Presidente Santer y el Taoiseach, Sr. Burton, para mostrar el grado de compromiso que tenemos con esa concepción, examina las causas subyacentes de desempleo en conjunto intentando introducir educación suplementaria: en particular, en el sector del desempleo de larga duración. 
¿Quiénes llegan a ser los desempleados de larga duración? 
Son personas que abandonan la escuela sin haber obtenido conocimientos. 
No pueden adoptar un oficio ni una profesión ni ir a la Universidad. 
Instrucción suplementaria para prestar asistencia particular a personas que viven en comunidades que padecen el desempleo de larga duración, formación suplementaria para esas personas, financiación para empresas que creen de uno a cinco puestos de trabajo en esas zonas, gestión estatal- a causa de las condiciones de vida de las personas que viven en dichas zonas, con frecuencia en altos bloques de pisos propiedad de la administración local- y mejora del medio ambiente: es como los cinco dedos que ajustan en un guante. 
Si adoptamos ese planteamiento integrado para abordar las causas de la situación de los desfavorecidos, podemos lograr una repercusión en el empleo de larga duración. 
Creo que es importante, en particular para aquellos de nosotros en esta Asamblea- ya seamos socialistas, demócratas cristianos o de cualquier otro credo político- que creemos en el fomento de la empresa, pero también de la justicia social. 
No creo que se hable bastante de justicia social. 
Debemos fomentar la empresa, pero también debemos fomentar y crear un mayor sentido de la justicia social. 
Estamos empeñados en crear más eficiencia y más transparencia efectiva en la Unión y en velar por que la Unión tenga más que ver con las preocupaciones del ciudadano. 
¿Qué mejor forma de hacerlo que mediante una cooperación más estrecha en el sector de la Justicia y los Asuntos de Interior? 
Los ciudadanos están preocupados por la cuestión de la droga. 
Están preocupados por la cuestión de la delincuencia. 
No es una preocupación exclusiva de los Estados miembros. 
La delincuencia no se detiene en las fronteras de los Estados miembros. 
De hecho, el origen del problema de la droga radica en los países en los que se cultivan drogas en gran número y algunos países producen más drogas ilegales para exportarlas a nuestros Estados miembros que todos sus productos legales juntos. 
El empleo es una cuestión que constituye el mayor motivo de preocupación. 
Cuando yo era niño- tal vez sea algo anticuado ahora hablar del diablo -, mi madre me decía: » El diablo da trabajo a las manos ociosas». 
¿Estamos siendo en modo alguno realistas cuando nos preocupamos por la delincuencia y por el problema de las drogas? 
Tenemos 18 millones de desempleados. 
(Aplausos) A no ser que hagamos algo para abordar ese problema, el problema de las drogas seguirá acompañándonos. 
La delincuencia y el desempleo no son asuntos exclusivos de los Estados miembros. 
Es como decir en los Estados Unidos: » En fin, es sólo una cuestión de California o es sólo una cuestión de Nueva York». 
Es también un problema federal. 
Esas cuestiones son primordialmente asuntos de los Estados miembros, pero a la Unión Europea corresponde desempeñar un papel para abordar esos problemas también. 
Debemos tener éxito al abordar las preocupaciones del ciudadano en el nivel comunitario. 
Eso está en el centro de la CIG. 
No debemos ocuparnos sólo de instituciones y constituciones, debemos ocuparnos también de las cuestiones que preocupan a nuestros ciudadanos. 
Para eso han sido elegidos Sus Señorías; para eso he sido elegido yo. 
Si logramos avances sobre todas esas cuestiones, consideraré un éxito el Consejo de Dublín II. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, no tengo ninguna intención de reanudar el debate, incluso si el hemiciclo tiene mucho más gente que hace rato, cuando el Presidente del Consejo dio su informe y presentó los trabajos del Consejo Europeo de Dublín. 
Me limitaré a abordar dos temas relativos a las relaciones internacionales, que sin duda alguna también se discutirán en Dublín, a nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a nivel de los ministros de Asuntos Exteriores. 
El primer tema mencionado por varios oradores hace un momento se refiere a Serbia. 
La Comisión- no es necesario subrayarlo- sigue estando sumamente preocupada por la deterioración de la situación en Serbia después de la anulación del resultado de las elecciones locales en varias ciudades serbias. 
En este contexto, la opinión europea debe mantener su presión sobre las autoridades serbias para que se conformen a los principios fundamentales de la democracia. 
Mientras no se dé a este asunto una solución justa y democrática, una mejora de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y este país parece excluida. 
En estas circunstancias, queda entendido que la Comisión propondrá al Consejo un régimen de importación autónoma preferencial para los países de la antigua Yugoslavia para 1997, sin incluir en ellas a la República Federal de Yugoslavia. 
Asimismo, debo decir que la Comisión sigue sumamente preocupada por la ausencia de progresos reales respecto a Kosovo. 
A pesar del acuerdo concluido recientemente entre Belgrado y las autoridades albanesas de Kosovo, sobre una reintegración de los alumnos albaneses en las estructuras del sistema educativo- acuerdo que hasta ahora no ha sido aplicado- no se vislumbra ningún indicio de flexibilidad en la actitud de las autoridades serbias. 
Belgrado continúa insistiendo en el hecho de que este es un problema meramente interno y rechaza una mediación cualquiera de las instancias internacionales. 
La Unión Europea tampoco ha recibido una respuesta favorable a su petición de estar presente en Kosovo, conforme se acordó en Estados Unidos este año. 
Sin embargo, Kosovo sigue siendo una de las cuestiones centrales y, mientras no se haya solucionado, no será posible una normalización total de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la República Federal de Yugoslavia. 
Estos son, Señorías, los puntos que quería señalar a propósito de Serbia. 
El Sr. Martens planteó otra cuestión en relación con la resolución del 19 de septiembre sobre Turquía. 
A este respecto, para responder brevemente al Sr. Martens, diré sencillamente que evidentemente, la Comisión se siente comprometida con el código de conducta que negociamos con el Parlamento. 
Yo adhiero personalmente a éste y los comisarios también. 
En cuanto a la resolución del 19 de septiembre de 1995 sobre Turquía, ésta será respetada por la Comisión, tanto en la letra como en su espíritu. 
Asumo este compromiso ante el Pleno, ante ustedes. 
Por tanto, no puede haber ninguna apreciación divergente en cuanto al fondo entre su Parlamento y la actitud de la Comisión a este respecto. 
Señor Presidente, el Sr. Santer acaba de hacer una declaración muy importante. 
Quiero estar absolutamente segura de lo que ha querido decir, porque tendrá repercusiones en la votación de mañana sobre el presupuesto. 
Él lo sabe, por eso la ha hecho. 
Quiero estar segura por mi Grupo de lo que ha querido decir. 
¿Podría decirnos que lo que acaba de decir significa categóricamente que, si los diputados a este Parlamento discrepan respecto de algunos proyectos presentados por la Comisión sobre Turquía, la Comisión los retirará? 
«Sí» o «no» : eso es lo que necesitamos saber. 
A este respecto, responderé con toda claridad que, así como lo declaré anteriormente, estamos ligados por un código de conducta que fue negociado y aprobado por su Parlamento y la Comisión. 
Es importante para mí, al igual que para la Comisión. 
Una vez dicho esto, nos mantenemos en nuestro ámbito de competencia, tal como, por lo demás, lo declaré- y fue usted testigo, Sra. Green- ante la Conferencia de Presidentes de los Grupos parlamentarios. 
No me queda sino reiterar el compromiso que contraje ante esta Conferencia. 
Señor Presidente, agradezco profundamente al Sr. Santer lo que dijo en la Conferencia de Presidentes. 
Él ha de saber también que su colega el Comisario Sr. Van den Broek dijo con categórica claridad que, si el Parlamento discrepaba, no retiraría las propuestas. 
Por eso necesitamos claridad y por eso se la pido al Sr. Santer. 
Señor Presidente, yo quisiera pedirle una nueva aclaración al Sr. Santer. 
Realmente no me ha quedado claro el sentido de su respuesta. 
En efecto, el Parlamento Europeo aprobó en su última sesión que se examinarán los proyectos concretos. 
En el texto se dice que si no se llega a un acuerdo, la Comisión se compromete a retirar dichos proyectos concretos. 
Yo le pido que responda simplemente si se hará así o no. 
Con toda mi buena voluntad, no alcanzo a comprender el sentido de sus palabras. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente de la Comisión por haber declarado expresamente que la Comisión Europea respetará y aplicará la pie de la letra la resolución del 16 de septiembre de 1996. 
Responderé muy brevemente. 
Si declaro que no hay ninguna divergencia de fondo entre la Comisión y su Parlamento en cuanto a la resolución del 19 de septiembre de 1995 sobre Turquía, no es necesario precisar que la Comisión no presentará ante ustedes proyectos que no correspondan al espíritu y a la letra de dicha resolución. 
¡Es preciso que reine cierta confianza entre su Parlamento y el Presidente de la Comisión a este respecto! 
El debate queda cerrado. 
A continuación, tendrá lugar la votación sobre las resoluciones correspondientes. 
Votaciones 
Señora Presidenta, antes de pasar a las votaciones, quisiera aportar, en mi calidad de ponente, algunas precisiones en relación con varias enmiendas. 
En primer lugar, pido que se rechace la propuesta de intención de rechazo de la posición común de la directiva. 
Supongo que todos estarán de acuerdo. 
Enseguida, en mi calidad de ponente, no apoyo las enmiendas del 1 al 10, es decir aquellas que han sido aprobadas por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Por tanto, no apoyaré todas las demás enmiendas, cualquiera que sea mi opinión personal a este respecto. 
Por último, quisiera decirle, respecto a las enmiendas aprobadas en Comisión, que sólo tres de ellas fueron aprobadas por una gran mayoría. 
Se trata de las enmiendas 1, 5 y 10. 
Lo digo para que todos los parlamentarios estén claramente informados, puesto que son más numerosos hoy que ayer por la tarde, durante el debate. 
Para terminar, quisiera señalarle, señora Presidenta, que un determinado número de enmiendas no son procedentes de conformidad con el artíclo 72 del Reglamento. 
Sin embargo, como han sido puestas a votación, le propongo sencillamente intervenir sobre este punto en caso en el que una u otra de estas enmiendas sea efectivamente aprobada, para no suscitar un debate inútil. 
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada) 
Señora Presidenta, no quisiera que el rechazo en bloque de las enmiendas haga creer a la Asamblea que se trata de una derrota del Parlamento o de un ala del hemiciclo. 
Quisiera recordar que la posición común es una excelente posición común, puesto que retoma el 80 % de las enmiendas del Parlamento. 
Por tanto, en mi calidad de ponente, yo mismo estoy sumamente satisfecho del resultado. 
Por lo demás, recordaré que en primera lectura se obtuvo la aprobación por una mayoría en la que no figuraba el Partido Popular Europeo. 
Señora Presidenta, yo quiero apoyar las palabras del ponente. 
El Parlamento ya consiguió sus resultados en la primera lectura. 
¡Muchísimas gracias! 
Señora Presidenta, quisiera constatar que este momento es histórico para el desarrollo del mercado interior europeo, dado que abre nuevas grandes perspectivas para la política energética y para la economía europea en general. 
Quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo por aprobar la posición común del Consejo sobre el mercado interior de la electricidad. 
Lo considero un éxito muy grande y muy significativo para nuestro esfuerzo común que, por fin, ha dado resultado tras muchos años de negociaciones. 
Igualmente, representa un éxito muy grande para el Parlamento el hecho de que el 80 % de las enmiendas que este presentó en la primera lectura hayan sido acogidas en la posición común. 
Además, quisiera dar las gracias especialmente al Sr. Desama por la labor realizada durante muchos años y con gran éxito, así como por su importante contribución a lo largo de todas la negociaciones. 
Quiero agradecer igualmente a todos los diputados al Parlamento Europeo, y a los miembros de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología, su importante aportación durante los debates sobre la posición común. 
También quiero asegurar al Parlamento que la Comisión Europea ha recibido los mensajes de su debate de ayer y que los atenderá al aplicar la directiva. 
Espero que ésta sea adoptada ahora en su versión final por el Consejo la próxima semana, con lo cual podrá entrar en vigor a principios de 1997. 
En el futuro, la industria productora de electricidad contará con un marco bien definido en el cual adoptar sus decisiones comerciales. 
Una nueva etapa en el desarrollo del mercado de la electricidad comienza hoy en Europa y creo que supondrá un mensaje positivo muy importante para el inminente mercado interior del gas natural en los próximos meses. 
Señora Presidenta, yo quisiera rectificar mi voto en la enmienda nº 14. 
Quisiera votar «sí» en vez de «no». 
Creo que en la exposición que se ha hecho ha habido una cierta confusión. 
Reconozco que no tiene ninguna incidencia en el resultado final de la votación, pero quisiera que constara en acta la modificación de mi voto. 
Señora Presidenta, creo que ha estado bastante clara la importancia del voto de la enmienda nº 14, puesto que nuestro Grupo había pedido votación nominal. 
Entonces, lamento mucho que haya habido este despiste u olvido de los diputados españoles del Partido Popular respecto a este tema que afectaba seriamente al sector del carbón en España. 
Señora Presidenta, usted en la votación ha dicho enmienda nº 11 y nosotros en nuestra lista de votación la teníamos como nº 14. 
Y ésa ha sido la confusión. 
Hemos entendido que era la enmienda nº 11 cuando realmente era también la 14. 
Todos los diputados españoles del Grupo del PPE han votado afirmativamente la enmienda nº 14, que usted ha llamado 11, que es la de la Sra. García Arias. 
Si puede, por favor, rectifíquelo. 
Quizás haya un problema en la lista de votación del Partido Popular Europeo, sin embargo, en lo que a mi concierne, mi anuncio fue muy claro. 
Yo anuncié claramente la enmienda que se sometía a votación. 
Yo quisiera también, lo mismo que el Sr. Galeote, modificar mi voto porque ha habido un error entre las enmiendas 11 y 14. 
Por lo tanto, estoy a favor de la nº 14. 
Si hay otros errores, les pido que tengan la amabilidad de venir a señalarlo a la Presidencia para ganar tiempo. 
Nuestras reservas son sobre el apartado 11, donde se menciona la posibilidad de conferir a Europol unas competencias operativas. 
Esto se entiende forzosamente como si Europol pudiera operar en los Estados miembros como autoridad independiente. 
Esto, no obstante, significaría una seria modificación del sistema jurídico de nuestro país, y no está previsto en la ley sueca. 
Si se adopta este apartado, no podemos votar favorablemente sobre la resolución, a pesar de que consideramos excelente el resto de su contenido. 
En su intervención de esta mañana relativa a los trabajos preparatorios del Consejo Europeo de Dublín, el Presidente de la Comisión se felicitó por las disposiciones previstas en el proyecto del Tratado marco, precisando que la Comisión encuentra en éste un buen número de sus ideas. 
Concluyó que se precisaba una Unión fuerte para defender las soberanías nacionales. 
Sin embargo, cuando se examinan los textos en gestación, cabe preguntarse si el Presidente Santer no hablaba por antífrasis y si no quería decir en realidad: » para matar mejor las soberanías nacionales». 
En efecto, el proyecto de Tratado que va a ser presentado en Dublín denota una fuerte voluntad de doblegar a las naciones. 
Se les maniata cada vez más en las políticas comunitarias unificadas, dotadas de vigilancias multilaterales diversas; se limitan sus capacidades de defensa mediante la multiplicación de votaciones por mayoría cualificada; se rebaja sistemáticamente a los parlamentos nacionales; se instala un control de subsidiariedad como mera fachada; trata de que el Tratado parezca una constitución, enunciando derechos fundamentales de los ciudadanos; por último, se retira a las naciones el dominio de su territorio proclamando oficialmente el objetivo de supresión de todos los controles en las fronteras internas, trátese de mercancías o de personas, de ciudadanos de la Unión o de nacionales de países terceros. 
Estas orientaciones son odiosas. 
Al aprobarlas definitivamente, los gobiernos de los Estados miembros mostrarían que están dispuestos a renunciar a las libertades seculares de sus países para dar gusto a grupos de presión microscópicos. 
No es así como se construirá la Europa de los pueblos. 
Quisiera que constara en acta el aprecio del Partido Laborista del Parlamento Europeo por la excelente labor de la Presidencia irlandesa. 
Han sido seis meses de mucho trabajo y el esbozo general para la revisión de los Tratados es un documento de trabajo impresionante, que constituye un claro reflejo de la laboriosidad de la Presidencia irlandesa. 
La resolución del Parlamento es en general equilibrada y moderada en tono y contenido. 
En particular, los diputados laboristas al Parlamento Europeo acogen con beneplácito la insistencia del proyecto de revisión en la creación del empleo. 
Nos gustaría que se diera a la lucha contra el desempleo el mismo relieve en el nuevo Tratado que se dio a la UEM en el Tratado de Maastricht. 
Sin embargo, ha habido un párrafo en la resolución, en contra de la cual ha votado el Partido Laborista en el Parlamento Europeo. 
Ha sido el párrafo 11. 
Hemos votado en contra porque dicho párrafo es la negación del sentido común y de la política, ya muy antigua, del Partido Laborista. 
En opinión del Partido Laborista, al Gobierno del Reino Unido y al Parlamento británico corresponde decidir las políticas relativas a la emigración, los controles fronterizos y el asilo, de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
La cooperación en esos sectores debe seguir siendo intergubernamental. 
El Parlamento se manifiesta a favor de una fuerte política exterior y de seguridad con un derecho al veto menoscabado. 
Se van a transferir más cuestiones del ámbito de la cooperación interestatal al de las decisiones supraestatales. Esto se aplica a cuestiones relacionadas con aduanas, estupefacientes, asilo, visados y policía, que van a pasar del tercer pilar al primero. 
Las acciones militares y bélicas serán competencia de la UE, ya que la alianza de defensa, la UEO, va a pasar a ser aún más que antes la rama de la política de defensa de la UE. 
Simultáneamente con el «fundamento de la UE» ampliado, entrará en vigor la unión monetaria, la UEM. 
Las decisiones sobre tipos de interés, moneda, mercado de trabajo y política regional, y a la larga también las concercientes a la política fnanciera e impositiva, se adoptarán en el Banco Central Europeo de Frankfurt. 
Aumentan el centralismo y el federalismo. He votado en contra de la resolución. 
Y aun así se mueve, la política. 
Los enfrentamiento innecesarios por el reparto de competencias entre el ámbito europeo y el nacional no contribuyeron a hacer avanzar ni un milímetro el desarrollo de un programa eficaz para combatir el desempleo. 
¿Qué nos decía hace un momento el Presidente de la Comisión Sr. Santer? 
«¡El Consejo de Dublín debe iniciar un viraje decisivo!» 
El objetivo de las medidas comunitarias no debe ser poner en entredicho las competencias de los Estados miembros. 
El pacto en favor del empleo de Jacques Santer, que ha conseguido que algo se mueva como puede demostrarse, sería impensable sin tomar en consideración el principio de subsidiariedad. 
Mediante acciones concertadas- impulsadas conjuntamente por los Gobiernos y los interlocutores sociales- se propone agrupar fuerzas, garantizar los puestos de trabajo manteniendo el nivel de protección social, crear nuevos puestos de trabajo estables y redefinir los sistemas de empleo para responder a las exigencias de la globalización. 
Este pacto de confianza está obteniendo sus primeros éxitos, tras una serie de conferencias y «mesas redondas» sobre el empleo, una vez iniciada la creación y ampliación de las redes de información, y después de la «gira» por las capitales de los Estados miembros y los centros de actividad de los interlocutores sociales. 
Una estrategia coherente a largo plazo a escala europea ofrece la posibilidad de obtener un valor añadido. 
Desde luego, los Estados miembros deberían ser capaces de impulsar una política activa de empleo con la misma aplicación que demuestran en sus intentos de alcanzar los criterios de convergencia para acceder al euro. 
La transformación del marco de condiciones macroeconómicas, en aspectos como la moderación salarial, la reducción de los costes salariales complementarios y la rebaja de los tipos de interés, sólo puede constituir una parte del esfuerzo para mejorar la situación del mercado laboral en Europa a largo plazo. 
También es al menos igualmente importante la inversión en nuestro capital más importante, que son las personas, en su formación inicial y continua y en la movilización de las reservas intelectuales. 
No obstante, se requieren asimismo inversiones en un ámbito en el que Europa debe recuperar un enorme retraso, esto es, en la investigación y desarrollo, con vistas a mejorar significativamente las oportunidades de innovación. 
La iniciativa de la Comisión en favor de las accciones de ámbito regional y local- desde proyectos piloto hasta iniciativas de empleo- es particularmente significativa porque no requiere fondos adicionales, sino que reparte los fondos disponibles de manera más favorable para la creación de empleo, en la línea de la Cumbre de Essen. 
Y porque tiene un impacto directo. 
Con estos requisitos concretos, está justificada la inclusión de un capítulo separado en el nuevo Tratado de la UE, que se situaría en el polo opuesto de la mera palabrería vacía capaz de despertar sólo falsas expectativas. 
El objetivo de garantizar un nivel más alto de empleo podrá alcanzarse si los Estados miembros lo incorporan al Tratado como una cuestión de interés común. 
Si se suscribe el compromiso de mantener una coordinación periódica y de supervisar los programas plurianuales de los Estados miembros, ya nada impedirá que los trabajadores y trabajadoras puedan tener la seguridad de que la Unión Europea también podrá actuar en el ámbito de la política de empleo. 
Los líderes de los Estados y gobiernos de la UE, en lugar de enfrentarse a los grandes problemas de los pueblos de Europa, en lugar de corresponder positivamente a las justas demandas de los trabajadores, intentan atrincherarse detrás de las muros del castillo de Dublín para promover la segregación de los pueblos de Europa en una primera, segunda y tercera categorías, para condenar definitivamente a los trabajadores al desempleo y la marginación social, y para fortalecer los poderes del Directorio de Bruselas y el autoritarismo de las estructuras de la Unión. 
Tienen prisa, porque temen que su sistema pueda ser derrumbado por las barricadas de los agricultores, las persianas bajadas de las PYME y los mítines de los trabajadores y empleados huelguistas, que en todos los países europeos manifiestan su resistencia a las consecuencias del Tratado de Maastricht, al inminente pacto de estabilidad, a los nuevos programas de convergencia y a la nueva y peor versión de las decisiones de Essen sobre el empleo. 
La resolución del Parlamento Europeo, que se presenta más papista que el Papa al exigir la aceleración y mayor estabilidad en la aplicación de las orientaciones antipopulares y autoritarias de Maastricht, muestra la evidente falta de correspondencia entre las fuerzas liberales, socialdemócratas y otras fuerzas conservadoras, por un lado, y los pueblos europeos en lucha, por el otro. 
Esta es una razón más que refuerza la demanda de que se exprese el veredicto popular mediante referéndum en todos los Estados miembros de la Unión; es decir, la necesidad de que los pueblos de Europa decidan sobre su futuro. 
Por una Europa de la paz, de la amistad y de la igualdad entre los pueblos, una Europa de la democracia donde se mejore el nivel de vida de los ciudadanos y centrada en la persona, no en el beneficio. 
Situación en Serbia 
Derechos humanos en el mundo en 1995/1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual (A4-0400/96) de la Sra. Lalumière, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre los derechos humanos en el mundo en 1995/1996 y la política de la Unión en materia de derechos humanos. 
Señor Presidente, esta mañana entregamos el Premio Sakharov, esta tarde tenemos un debate sobre los derechos humanos. 
Cumpliendo con nuestros deseos, hemos dedicado la jornada a los derechos humanos. 
Como cada año, el Parlamento examina, por tanto, un informe sobre la política europea en los países terceros, en materia de derechos humanos. 
Como cada año, tenemos ante nosotros, innumerables violaciones de los derechos humanos perpetradas en un número demasiado importante de países; el horror de esos prisioneros políticos torturados, de esos millones de niños transformados en esclavos, de esas mujeres tratadas como seres inferiores, de esos periodistas amordazados, etc., etc. 
Este año, teniendo en cuenta la actualidad y lo que me parece serán las prioridades en los años futuros, he orientado deliberadamente mi informe sobre las reformas que han de aplicarse si la Unión quiere pasar de una acción espontánea y bastante empírica a una política estructurada, permanente y ambiciosa. 
Desde hace mucho tiempo, el Parlamento Europeo ha multiplicado las iniciativas para mejorar el respeto de los derechos humanos en todos los lugares del mundo. 
Nuestras resoluciones votadas en cada sesión, 139 desde enero de 1995, la inclusión de cláusulas sobre los derechos humanos en la mayor parte de los acuerdos con los países terceros, la insistencia con la que pedimos a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta los derechos humanos en sus acciones y sus políticas, todo ello representan un esfuerzo notable y alentador. 
No obstante, en numerosos países del mundo, la situación está muy lejos de estar satisfactoria y la pregunta que se nos plantea hoy, es la de saber ¿qué más puede hacer la Unión? 
Para ello, debe procederse a un determinado número de reformas, cuyas grandes líneas están esbozadas en el informe que nos ocupa. 
Una primera serie de reformas es de orden jurídico. 
La Comunidad, luego la Unión, tuvieron, de hecho, que improvisar una política de derechos humanos, sin tener, en los Tratados, un fundamento jurídico sólido. 
El Tratado de Roma era mudo al respecto. 
El Tratado de Maastricht trata los derechos humanos, pero como un objetivo filosófico. 
Sin embargo, la Unión carece de competencia precisa en la materia y el hecho de que todavía no posea la personalidad jurídica, le impide incluso adherir al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
Deben paliarse estas lagunas. 
Además, la Unión necesita definir claramente lo que entiende detrás del concepto tan amplio de derechos humanos, que evidentemente va bastante más allá de las meras acciones humanitarias. 
Necesita precisar la fuerza jurídica de estos derechos de los que habla. 
Necesita precisar las garantías, los controles y las sanciones, incluido- cuando es preciso- el recurso a la fuerza militar. 
Todos los elementos sin los cuales, en palabras de Robert Badinder, los derechos humanos corren el riesgo de ser un juego académico. 
Una segunda serie de reformas se refiere a los servicios administrativos especializados de los que ha de dotarse la Unión si se quiere adquirir la especialización y el profesionalismo necesario para hacer autoridad en un ámbito tan complejo como los derechos humanos. 
Hoy día, la Comisión y el Parlamento dependen de los análisis e informaciones que proceden de las ONG y la prensa. 
Sin poner en tela de juicio su excelente trabajo, es preciso admitir que una organización tan importante como la Unión Europea debe tener la capacidad de apoyar sus tomas de posición a través de conocimientos de primera mano, de alta calidad y rigurosos métodos de trabajo. 
Sin embargo, claro está, la más importante es la tercera serie de reformas. 
Nada puede hacerse si no se cuenta con la voluntad política. 
Ahora bien, es preciso constatar que la Unión- pienso sobre todo en el Consejo, aunque, en este plano, la Presidencia irlandesa escapa ampliamente a esta crítica- pero de manera general, la Unión y en particular el Consejo, no siempre han manifestado una voluntad clara de defender los derechos humanos cuando la Unión se ha visto confrontada a una situación concreta. 
Los titubeos en Bosnia, en Chechenia, en Ruanda, en Zaire, pero también en Turquía, en China o en otros lugares, muestran hasta qué punto es difícil actuar, ya sea para prevenir o para solucionar. 
Estas dificultades no son sorprendentes. 
La política exterior siempre ha sido la expresión de los intereses de los Estados y el resultado de la relación de fuerzas en el ámbito económico, financiero, político o militar. 
La inclusión de preocupaciones morales, en este caso los derechos humanos, en una política exterior que, por naturaleza, está fuera del ámbito de la moral, no puede ser fácil. 
Para lograr superar los obstáculos, la Unión requiere en primer lugar de una verdadera política exterior común. 
Este es el requisito previo para una acción realmente eficaz. 
Además, la Unión necesita estar totalmente convencida de la importancia vital de la lucha en favor de los derechos humanos. 
Importancia vital primero para Europa misma. 
En este fin de siglo, Europa duda de ella misma. 
La gente tiene dudas respecto al sentido de la construcción europea. 
Debería comprenderse que lo que se encuentra en tela de juicio hoy día es el porvenir de nuestra civilización y de sus valores humanistas. 
Ciertamente, esta civilización no ha tenido sólo lados buenos. 
Europa a veces ha engendrado el horror, pero también ha sido el lugar, el crisol, en el que se gestó esta noción fundamental: la dignidad de cada ser humano. 
Desde la Segunda Guerra Mundial, señor Presidente, los derechos humanos son la base fundamental sobre la que construimos Europa. 
Si no los defendemos con una voluntad política sumamente vigorosa, lo que corre es riesgo de desmoronarse es toda la base del edificio europeo. 
Señor Presidente, los derechos humanos forman parte de nuestra identidad europea. 
Pero no es sólo para defender nuestro modelo de sociedad, como es legítimo y como es nuestro deber, para lo que la Unión debe exigir su respeto universal. 
Defender los derechos humanos en el mundo significa luchar por la dignidad de cada persona y garantizar que puedan ser los pueblos y no sus verdugos o sus explotadores los que se beneficien de los frutos del trabajo y del esfuerzo colectivos. 
En este marco, el informe de la Sra. Lalumière señala los progresos habidos en la afirmación universal de los derechos humanos, en particular por la acción de la Unión Europea, que, entre otras iniciativas, ha hecho incluir cláusulas de garantía de los derechos humanos en los acuerdos celebrados con terceros países. 
Como eso es innegable, no podemos por menos de hacer constar las dificultades para introducir en las relaciones internacionales, ya sean comerciales, económicas, políticas o militares, los valores morales que, por fuerza de nuestra cultura, deberían regir la comunidad internacional. 
Ahora bien, la Unión Europea no siempre se muestra consecuente con sus principios y tolera violaciones muy graves a ciertos interlocutores, o incluso en su interior, como lo demuestran los fenómenos racistas y xenófobos contra las cuales se alza la conciencia democrática. 
El informe de la Sra. Lalumière reclama más coherencia, más coordinación, mejor conjugación de las diferentes instituciones de la Unión Europea en la definición de la doctrina y en la aplicación, en la práctica, de los derechos humanos. 
Eso es algo que exige una auténtica reforma de fondo en la Conferencia Intergubernamental, para incluir los derechos humanos en el Tratado y sobre todo para dotar a la Unión Europea de una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común, que pueda hacer de la democracia política, de los derechos, libertades y garantías, de los derechos sociales, económicos y culturales, el núcleo que dé coherencia a toda la acción exterior de la Unión Europea. 
Felicito a la ponente por su trabajo, así como por su buena disposición para con las posturas del Grupo del PSE y otros, que han hecho de su contribución, que es la de una verdadera especialista, un patrimonio común del Parlamento Europeo. 
Hoy, un día después de que Ramos Horta y D. Ximenes Belo recibieran el premio Noble de la Paz, en Oslo, quiero decir que deberemos seguir alerta contra la política de dos pesos y dos medidas. 
No es digno de nuestros principios practicarla. 
No es digno de nuestros principios olvidar los derechos humanos, en nombre de ventajas económicas, o en nombre de ventajas ligadas a las políticas comerciales o de otra índole, en particular, cuando se trata de pueblos débiles que luchan contra opresores muy poderosos, como lo es Indonesia. 
Señor Presidente, en esta encrucijada de la historia de nuestro tiempo, con el fin del milenio, ante los avances de la conciencia democrática y solidaria universal, junto a recaídas dramáticas en la barbarie, hagamos de los derechos humanos una marca distintiva de civilización, esperanza de dignidad de las personas y de los pueblos y factor, en sí mismo, de desarrollo. 
Proclamemos (es la propuesta del Grupo del PSE, aceptado por la ponente) el año 2000 como año universal de los derechos humanos y preparémoslo, desde ahora mismo, en la educación de nuestra juventud y en la vida diaria. 
Señor Presidente, éste es un informe muy serio. 
Es más que una relación de las muchas violaciones de los derechos humanos en países de todo el mundo, porque hace una contribución sería al desarrollo constante de nuestra concepción al respecto en el Parlamento Europeo. 
Felicito a la ponente de la forma más sincera por su exhaustivo estudio. 
Quienes formamos parte de la Subcomisión de Derechos Humanos y participamos plenamente en los debates sobre las urgencias conocemos muy bien la magnitud de esta tarea nuestra. 
Lamentablemente, nos vemos inundados con informes sobre actos criminales perpetrados por Gobiernos y quienes actúan a sus órdenes. 
Mediante nuestros debates podemos dar publicidad a esos actos y ejercer de vez en cuando una misericordiosa influencia en los Gobiernos- tarea nada fácil -, sobre todo porque cuando nuestra acción va acompañada de las presiones económicas tenemos alguna fuerza al menos. 
Con frecuencia cito el ejemplo de Siria, donde hace unos años interrumpimos la ayuda para el desarrollo durante un par de años. 
No me cabe duda de que la liberación de presos políticos de las cárceles sirias se debió a la presión económica que ejercimos en aquella ocasión. 
La cuestión es cómo vamos a llevar adelante nuestra labor. 
La Sra. Lalumière tiene dos propuestas concretas que hacer: una por los cauces jurídicos y, por otra parte, la posición política. 
Como es lógico, aprovecha su experiencia en el Consejo de Europa y ésa podría muy bien ser una vía que seguir y convendría explorarla más. 
La posición política está, como ella dice, plagada de dificultades, pero merece mayor consideración. 
Lamentablemente, en mi larga experiencia he visto que la Comisión casi nunca usa toda su fuerza al tratar con terceros países, pero tengo el gusto de decir que al menos su comportamiento no es nada en comparación con el del Consejo de Ministros, donde los Estados miembros dan prelación a los intereses comerciales y nacionales y se limitan a quitar importancia a las cuestiones relativas a los derechos humanos en todos menos los más extremos casos. 
De modo que al menos podemos decir que los derechos humanos se están perfilando como una cuestión importante y debemos abundar en ello. 
Felizmente, como Parlamento Europeo, tenemos la libertad de acción necesaria y debemos continuar con nuestro papel de hablar claro contra lo inaceptable. 
Señor Presidente, este Parlamento es conocido fuera de la Unión sobre todo por su defensa de los derechos humanos. 
El informe de la Sra. Lalumière refiere la manera en que el Parlamento Europeo quiere denunciar la violación de los derechos humanos en una política coordinada de las instituciones. 
Se trata de sanciones de carácter político, jurídico y financiero que han de tener un efecto curativo, pero también preventivo. 
La ponente ni siquiera excluye, en determinadas situaciones, las intervenciones armadas, aunque bajo el mandato de la ONU. 
Señor Presidente, este informe es la expresión de un desarrollo y un criterio que se han formado en Europa desde la dos guerras mundiales y que están profundamente arraigados. 
La defensa de los derechos humanos no es una nueva arrogancia colonial, es más bien un enfoque pragmático con una tendencia humanitaria, que se centra precisamente en el fomento de la estabilidad internacional, la humanidad, una parte esencial de la política exterior europea en ciernes, un buen paso en vísperas de la Conferencia Intergubernamental y del siglo XXI. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Lalumière es un buen informe, la felicito. 
En lugar de prestar atención a los casos individuales de violación de los derechos humanos, se pide una atención sistemática para organizar la política de la Unión. 
La Sra. Lalumière hace bien en centrarse en la manera en que la Unión puede actuar de la forma más eficaz en materia de política exterior de derechos humanos. 
El día en que Wei Jingsheng recibe el premio Sajarov por parte del Parlamento, hacemos bien en reflexionar sobre la política de derechos humanos de la Unión. 
En su comunicación sobre la política a largo plazo en relación con China, la Comisión dice con razón que lo más importante ha de ser la eficacia. 
Pero esta eficacia no se logra con modestia. 
Antes bien, la Unión logrará la mayor eficacia con coherencia, energía y transparencia. 
Coherencia significa que los derechos humanos han de ser un elemento de todas nuestras actuaciones internacionales. 
La reunión ministerial de la OMC en Singapur es sin duda una buena ocasión para incluir en el orden del día el respeto de los derechos humanos fundamentales en los acuerdos comerciales multilaterales. 
Por ello, en Singapur también hay que tratar la cláusula social. 
Además, coherencia significa que el empresariado de la Unión, en sus negocios internacionales, ha de imponerse un código de conducta comparable a las reglas de la Unión. 
También ellos representan a Europa. 
Por ejemplo, la presencia en Nigeria no es carta blanca para la violación de los derechos humanos. 
Energía significa que tenemos una política orientada al respeto de la democracia y los derechos humanos. 
Lo podremos lograr por medio de la diplomacia preventiva, la intervención humanitaria. El fomento de la libertad de prensa y la democracia en todo el mundo y nuestra lucha constante contra el problema humanitario de las minas terrestres. 
Además, el Consejo ha de poder aprobar por mayoría cualificada el aplazamiento de los Tratados debido a las violaciones de los derechos humanos. 
Por supuesto, es trabajo para la CIG. 
Por último, señor Presidente, la transparencia. 
Nuestros criterios de política de derechos humanos y su aplicación han de ser unánimes. 
Sólo entonces podremos esperar que los tengan en cuenta terceros países. 
Los intereses económicos no han de ser determinantes. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Quiero felicitar, por lo menos en nombre del Grupo de los Liberales, y quizás de todos los diputados, al Comisario por su cumpleaños. 
Tiene mi misma edad y en el vademécum podrá usted comprobar cuál es. 
Señor Presidente, hoy hemos otorgado el premio Sajarov a Wei Jingsheng. 
Hace exactamente un año le otorgamos el mismo premio a Leila Zana, una diputada de la Asamblea Nacional Turca de origen kurdo. 
En un país que mantiene múltiples acuerdos con la Unión Europea, esta diputada sigue presa y casi nos hemos olvidado de ella, mientras la Unión Europea, y en concreto el Consejo de Ministros, no escatima esfuerzos para potenciar sus relaciones con Turquía. Lo mismo podemos ver en el procedimiento para el presupuesto, donde se descartan un gran número de enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo que vinculaban la ayuda a Turquía a la situación de los derechos humanos. 
Creo, pues, que éste es un ejemplo muy característico de la gran contradicción, mencionada precisamente por la Sra. Lalumière en su excelente informe, entre los intereses comerciales, económicos y estratégicos y los valores éticos elementales a los que la Unión Europea debería servir sin hipocresía. 
Digo «sin hipocresía» , porque se extiende también a otra región vecina, al menos vecina de nuestro país, a la antigua Yugoslavia. 
La Unión Europea, con razón, protesta contra la vulneración de los derechos democráticos por el régimen de Miloseviç, pero calla ante situaciones equivalentes en el país vecino, Croacia. 
Creo que debemos dar pasos hacia adelante. 
Lamentablemente, la intervención del Parlamento Europeo es necesaria, y lo será por mucho tiempo. 
En este sentido, al menos algunas reformas, como la inclusión de una referencia a los derechos humanos en la revisión del Tratado de Maastricht y de una cláusula referente a los derechos humanos en los acuerdos en materia de relaciones exteriores, son sumamente importantes. 
Señor Presidente, Señorías, nosotros también acogemos con satisfacción el informe. 
No obstante, creemos que es de lamentar que los importantes temas relativos a los derechos humanos se diluyan en un debate a menudo absurdo entre izquierda y derecha. 
Los temas que afectan a los derechos humanos son demasiado importantes, a nuestro parecer, para admitir que se abuse de ellos y se los degrade utilizándolos como argumento para un enfrentamiento vinculado con frecuencia a la política cotidiana. 
La historia europea de nuestro siglo demuestra que ningún partido político puede exhibir un historial sin mácula por lo que respecta a los derechos humanos. 
Por consiguiente, dirigimos un llamamiento a todos los grupos para que abordemos conjuntamente este problema, con la esperanza de que en esta Asamblea no se divida continuamente a los diferentes Grupos políticos en El bueno, el feo y el malo, como en la vieja película del Oeste, para atribuirse a continuación el papel del personaje respetable. 
Señor Presidente, deseo invitar al señor Comisario a seguir con atención la propuesta que figura en el apartado 69 del informe de la Sra. Lalumière para ver si, por una vez, lo que se propone logra un compromiso conjunto de las Instituciones, esto es el Parlamento, la Comisión, el Consejo y el Consejo Europeo. 
Se trata de una propuesta que se basa en la idea de que el año 2000 sea declarado el año de los derechos humanos y de elaborar un programa trienal (1998-2000) dedicado a la educación en materia de derechos humanos. 
Considero que el informe de la Sra. Lalumière merece nuestra aprobación. 
Si ha de hacerse una crítica, la misma debe dividirse por 628, porque, como de costumbre, el informe se ha vuelto algo largo a causa de la insistencia con la que cada diputado aporta sus correctivos. 
Quisiera señalar tan sólo una dificultad que seguimos teniendo a la hora de abordar estos temas. 
Incluso nuestra cultura, que es la más avanzada que existe, es una cultura en sentido negativo. Esto significa que definimos la paz como ausencia de guerra, la democracia como ausencia de dictadura, la vida como ausencia de muerte, los derechos humanos como ausencia de violación de los derechos humanos. 
Todo esto demuestra una cultura que no es capaz de afirmar los aspectos positivos sin la falta de un enemigo, sin la oposición a lo negativo. 
Estimo que una premisa positiva para superar esta dificultad, podría consistir en la referencia a tres aspectos fundamentales de nuestra existencia. 
En primer lugar, ningún ser humano y ninguna autoridad pueden legalmente obligar a quitar la vida a otro ser humano. 
Si lográramos afirmar este principio, daríamos un significativo paso adelante. 
En segundo lugar, la humanidad no puede en absoluto partirse en dos, estableciendo que por motivos religiosos o de otro tipo, una persona- de sexo femenino- es inferior a otra de sexo masculino. 
En tercer lugar, existen los derechos de la infancia que son personales e irrenunciables, lo que significa que nadie, ni padres ni ninguna autoridad de otro tipo, puede negar el derecho de la infancia no sólo a la vida, sino también a una vida digna de ser vivida. 
Si lográramos progresos con respecto a estos tres puntos, a lo mejor lograremos concebir los derechos humanos de forma positiva. 
Señor Presidente, se puede afirmar con toda rotundidad que hoy casi todos los países del mundo parecen aceptar los derechos humanos fundamentales como valor de referencia y, sin embargo, siguen produciéndose múltiples y flagrantes violaciones de estos derechos en todo el mundo. 
La lista de actos de violencia ejercida por el hombre contra el hombre sigue aumentando- como nos recuerda muy bien en su excelente informe la Sra. Lalumière, conocedora de excepción del tema. 
De ahí que mi Grupo, convencido de que la defensa de los derechos humanos es una condición indispensable para la conquista de una paz verdadera entre los pueblos, comparta los planteamientos formulados por la Sra. Lalumière en su informe. 
En efecto, la Unión Europea, que ha hecho de la defensa de los derechos humanos el punto neurálgico de su política, no puede permanecer impasible ante las violaciones de la dignidad suprema de la persona que tienen lugar en tantos y tantos países. 
Pero tampoco puede limitarse a la simple denuncia de estas violaciones. 
La Unión Europea debe ser capaz de asumir las responsabilidades que entraña su compromiso con la paz y la defensa de los derechos humanos. 
Por ello, también compartimos las medidas que en este sentido propone el informe para mejorar precisamente el sistema de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de la Unión Europea y para llevar a cabo una diplomacia preventiva al servicio de la paz y de los derechos humanos. 
Preferiríamos, sin embargo, que, junto a los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales y los derechos culturales, se incluyeran los derechos de las minorías nacionales. 
Si en la Declaración de Copenhague y en la Carta de París de la CSCE, si en el Convenio marco del Consejo de Europa se defiende la protección de las minorías nacionales, ello significa que se reconoce implícitamente la existencia de unos derechos colectivos que hay que proteger. 
De ahí que consideremos que en el informe deben también reconocerse y garantizarse de manera explícita estos derechos, desde el respeto, evidentemente, de la preeminencia de los derechos humanos universales. 
La defensa de la inalienable dignidad de la persona- de cada persona y de la suma de personas que se sienten formando una comunidad- es un imperativo político que nos concierne a todos y que la Unión Europea, pero también cada uno de los Estados miembros, debe ser capaz de asumir en su plenitud si quiere ser fiel al espíritu de los padres fundadores y cumplir, gracias a esta fidelidad, sus responsabilidades con la historia. 
El informe Lalumière marca, en este sentido, el camino a seguir. 
Es cuestión simplemente de tener la voluntad política de adentrarse en él. 
Señor Presidente, en su informe, la Sra. Catherine Lalumière trata las múltiples facetas de la problemática de los derechos humanos con el tacto que le es habitual, pero también con la firmeza requerida que corresponde a los principios esenciales que están en juego. 
No sirve de mucho continuar disertando sobre este tema tan serio. 
Lo que importa es dotarse de un instrumento coherente y eficaz, tanto jurídico como político, apto a hacer seguir una profesión de fe, a veces gratuita, de actos consecuentes, que estén a la altura de los valores respecto a los que nos declaramos intransigentes. 
Esto atañe en especial a las relaciones exteriores de la Unión Europea, ámbito en el que nuestra determinación de defender los principios que nos son entrañables adopta valor de prueba. 
El informe de la Sra. Lalumière detalla el abanico de instrumentos utilizados hasta ahora con más o menos éxito. 
Observo con satisfacción que nos pide, en la propuesta de resolución legislativa, completar el dispositivo existente mediante un nuevo instrumento, en este caso un código de buena conducta destinada a las empresas europeas activas en los países terceros que prescribiría a dichas empresas no hacerse cómplices de violaciones graves de los derechos humanos. 
Ya se han formulado propuestas correspondientes, en el marco de la OCDE, que lamentablemente han sido letra muerta hasta ahora. 
La incorporación de consideraciones éticas en la conducta de los negocios sería, por lo demás, una respuesta típicamente europea a la problemática de la globalización y la mundialización. 
Apostamos que llevará a los países recalcitrantes a reflexionar dos veces antes de burlar más o menos impunemente los principios y los valores que nos son entrañables. 
Señor Presidente, año tras año, informe tras informe, se esperan de Europa no solamente señales, sino actos políticos vigorosos y firmes con el fin de que los derechos humanos ganen terreno en todos los lugares del mundo. 
Lamentablemente, los años pasan y se suman, a veces incluso asistimos a regresiones allí donde más esperanzas teníamos. 
¿Qué decir de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Israel, que legaliza la tortura en la cárcel? 
Ya no basta con denunciar, actuemos suspendiendo el acuerdo provisional con Israel hasta que se respeten los derechos humanos. 
Lo mismo para Turquía, que todavía no ha liberado a Leyla Zana, Premio Sakharov 1995, ni a sus compañeros, antiguos diputados de origen kurdo, y que propone una ley antiterrorista, una terrible censura de la prensa, ya enlutada por los impunes asesinatos de periodistas. 
Allí también, suspendamos las ayudas financieras y condicionemos nuestra cooperación al respeto de los derechos humanos. 
La lista sería larga y figura en el informe de Catherine Lalumière, funesta lista de resoluciones en contra de las violaciones de los derechos fundamentales, violaciones arrogantes y que desprecian los acuerdos internacionales. 
Quisiera terminar denunciando una vez más los crímenes de los grupos paramilitares colombianos, que atacan a las poblaciones civiles, a los campesinos y que todavía mataron ayer a cuatro miembros de una misma familia, cuatro hermanos, gracias a la complicidad pasiva del Gobierno colombiano. 
Si no quiere decepcionar amargamente al resto del mundo, Europa debe jugar las bazas que tiene en la mano- y que son numerosas- dondequiera que cuente con ellas. 
Señor Presidente, en la política exterior de la Unión Europea los derechos humanos ocupan un lugar cada vez más importante. Esto se desprende del hecho de que en los acuerdos de cooperación con terceros países se incluyan siempre cláusulas sobre los derechos humanos. 
Es positivo que con ello se reconozcan más ampliamente los derechos humanos. 
Al mismo tiempo, la larga y triste lista de resoluciones del informe de la Sra. Lalumière indica qué cosas van mal en innumerables países. 
A veces debido a los regímenes dictatoriales, otras a las tradiciones culturales o a las difíciles circunstancias socioeconómicas y, por desgracia, también como consecuencia del fanatismo religioso. 
Los derechos humanos constituyen una problemática tenaz en que se pone duramente a prueba cualquier fe en el progreso. 
Entre el ideal y la, a menudo amarga, realidad, en que se confirma la verdad bíblica de que el ser humano se inclina hacia el mal, existe un tira y afloja permanente. 
No obstante, siempre que podamos, tendremos que ejercer una presión y una influencia incansables para mejorar las situaciones o evitar lo peor. 
Pero en este sentido no esperamos mucho de todo tipo de cambios institucionales en la forma de comunitarización de la política exterior o el nombramiento de un comisario para los derechos humanos. 
Por lo visto, las consideraciones que hay que hacer en materia de derechos humanos no pueden imponerse a los Estados. Ello ha quedado claro una vez más en las recientes negociaciones de la OMC, y las grandes potencias como China no se dejan llamar al orden. 
Las nuevas instituciones no podrán añadir mucho más a las actividades que emprenden ya la Unión, la ONU, la OSCE o el Consejo de Europa, y por supuesto Ammesty International y otras ONG. 
Señor Presidente, yo también deseo elogiar a la Sra. Lalumière por su excelente informe. 
Resulta oportuno que estemos debatiendo esto ahora, en el día en que hemos entregado el Premio Sajarov al Sr. Wei Jingsheng. 
El informe subraya atinadamente el vínculo entre la democracia y los derechos humanos y la necesidad de una concepción universal que abarque los derechos de las minorías nacionales, los refugiados, las mujeres y los niños y el derecho a un medio ambiente saludable. 
También acojo con beneplácito las cláusulas sociales mínimas en los acuerdos comerciales para proteger los derechos de los niños, los presos u otras formas de trabajo esclavo. 
Semejante explotación de seres humanos debe ser inaceptable, cuando nos acercamos al nuevo milenio. 
Tampoco debe la UE concertar alegremente acuerdos con países que están violando descaradamente los derechos humanos. 
Se debe poner fin a esa tendencia, pues socava la labor de la UE y de este Parlamento. 
La UE no debe seguir haciendo la vista gorda ante dichas violaciones. 
Se deben respetar las normas mínimas y se deben suspender los acuerdos en los casos en que haya pruebas claras de violaciones generalizadas de los derechos humanos. 
La Unión Aduanera con Turquía demuestra que los acuerdos con regímenes que maltratan a sus ciudadanos no propician mejoras en materia de derechos humanos. 
La ayuda de la UE debe estar condicionada a que los beneficiarios adopten medidas sostenibles para mejorar su conducta. 
También es oportuno que la UE supervise el comercio de armas y presione para que se apruebe un código de conducta vinculante a fin de que al menos la UE no respalde a regímenes que infringen las libertades civiles de su población. 
Si bien es acertado que la UE fortalezca su política exterior y de seguridad común, Gran Bretaña no comparte la posición de que se comunitarice la PESC. 
La PESC debe seguir siendo intergubernamental, pero se debe reformar. 
Por último, acojo con beneplácito la petición de la Sra. Lalumière de que exista un Comisario de Derechos Humanos y un Centro de Prevención Activa de los Conflictos, que hace mucho que se debería haber creado. 
Espero que este informe reciba el total y merecido apoyo de esta Asamblea. 
Señor Presidente, a pesar de que me felicito con la Sra. Lalumière, me veo obligado a denunciar graves contradicciones con respecto a algunas de nuestras decisiones. 
Por ejemplo, en el considerando K, que trata del resurgimiento del fanatismo y la intolerancia política y religiosa, se cita precisamente a Irán, olvidando, sin embargo, que en la anterior sesión y en una resolución de urgencia relativa a Oriente Próximo, el Parlamento Europeo solicitó la mediación del propio Irán que viola los derechos humanos una y otra vez. 
En cuanto al noble compromiso adquirido por la Unión Europea en materia de derechos humanos, no ha de soslayarse la pequeña contradicción que se manifiesta en el Grupo de los Liberales de este hemiciclo. 
Me refiero al hecho de que dicha delegación acoge en sus filas a un grupúsculo italiano- el de la Liga del Norte- que centra su acción y predica la discriminación entre los italianos del Norte y los italianos del Sur. 
Asimismo, el Congreso Judío Europeo hace pocas fechas denunció que Bossi, jefe de la Liga del Norte, siempre ha rechazado condenar episodios de racismo. 
Por último, la Liga del Norte pretende la expulsión de los magistrados y profesores del Sur y ahora ataca hasta la unidad de la Iglesia católica. 
¿Hasta cuándo el Grupo de los Liberales seguirá siendo tan poco respetuoso de su honorable origen y mantendrá relaciones con semejante grupúsculo racista? 
¿Cuáles son los motivos? 
¿Para mantener un Grupo político más numeroso? 
Pero ¿a qué precio? 
Al precio de dejar por los suelos la dignidad y el honor de Malagodi, Einaudi, Ugo La Malfa que ya no pueden rebelarse. 
Señor Presidente, ante todo quiero saludar el excelente informe de la Sra. Lalumière sobre la política europea en el terreno de los derechos humanos en el que, fiel a su larga trayectoria, desarrolla uno de los aspectos fundamentales de nuestra identidad. 
Yo querría destacar dos aspectos que me parecen fundamentales, y sobre los que debemos reflexionar incluso en nuestro trabajo en el Parlamento y en nuestra relación con las demás instituciones. 
El primer aspecto se refiere a la afirmación que se hace en el apartado decimotercero en relación con la valoración del carácter evolutivo de los derechos humanos. 
Los derechos humanos no se consolidan- y bien lo sabemos los europeos- de la noche a la mañana. 
Tienen un carácter evolutivo, y tenemos que aplicar esta doctrina, es decir: ir valorando los progresos que se producen en el respeto de los derechos humanos no solamente en nuestros países, sino también en los terceros países con los que mantenemos relaciones. 
Y esta idea se complementa muy bien con la del diálogo crítico, debiendo aplicar ambas ideas a todos aquellos programas en curso, como PHARE, TACIS y MEDA y otros relacionados con Turquía, Israel, Argelia, Bielorrusia o Irán. 
Y el segundo aspecto- la idea de la cláusula democrática- se relaciona de una manera muy directa con esta idea del carácter evolutivo, es decir, no debemos entender la cláusula democrática como un elemento sancionador, sino precisamente como un elemento para extender y ayudar a que se consolide algo que es una planta muy rara en la historia de la humanidad, que es la democracia y el respeto a los derechos humanos. 
Entiendo, por lo tanto, que estos avances doctrinales que contiene el excelente informe- repito- de la Sra. Lalumière, deben ser madurados por nosotros y deben ser aplicados sistemáticamente a todos los acuerdos a que lleguemos. 
Es decir, tenemos que valorar la cláusula democrática de acuerdo con el carácter evolutivo y con el carácter de diálogo crítico que tenemos que dar a nuestra política exterior. 
Agradezco a la Sra. Lalumière su magnífico informe, que espero reciba el apoyo de la Cámara. 
Mi enhorabuena por la iniciativa de que, en este informe sobre los derechos humanos a nivel internacional, se haga hincapié en que cabe incluir en el tema los derechos cívicos y políticos y los económicos y sociales. 
Tomo nota con satisfacción de que la Sra. Lalumière ha aceptado mis enmiendas, también la cuestión de considerar las violaciones sistemáticas como crimen de guerra. 
Consecuentemente, debe presentarse la solicitud de que se completen las definiciones de crímenes de guerra graves del protocolo anejo II del IV Convenio de Ginebra con las palabras violaciones sistemáticas. 
En el año 1994 voté en contra del Acuerdo de unión aduanera entre la UE y Turquía. 
No se cumplían los requisitos del Parlamento en el terreno de los derechos humanos. 
La mayoría de diputados del Parlamento pensó que la Unión Aduanera mejoraría la situación de los derechos humanos en Turquía. Igual que en los acuerdos contraidos con países terceros, se introdujo una claúsula sobre la democracia y los derechos humanos, y se pensó que con ello favoreceríamos una evolución positiva en este ámbito. 
Lamentablemente, no ha sido este el caso. 
Los derechos humanos no han mejorado en Turquía desde la celebración del Acuerdo de unión aduanera, sino que han empeorado. 
Ayer comparecienron cinco redactores de los periódicos de mayor tirada en Turquía y dieron la señal de alarma sobre las propuestas legislativas que se están presentando y que menoscaban gravemente la libertad de expresión. 
La UE tiene a su disposición instrumentos políticos, económicos y diplomáticos. Debería aplicarlos y completarlos con unas acciones vinculantes si continuan las infracciones de los derechos humanos. 
Tenemos que elaborar unos mecanismos políticos, económicos y jurídicos para las garantías del cumplimiento de estos derechos, el control y las sanciones posibles, ya que sin estos mecanismos, las claúsulas sobre el respeto de los derechos humanos y la democracia no sirven de nada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Protección de menores- Adopción de menores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0393/96 del Sr. Zimmermann, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre medidas de protección de menores en la Unión Europea; -A4-0392/96 del Sr. Carlo Casini, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la mejora del derecho y de la cooperación entre los Estados miembros en materia de adopción de menores. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en mi calidad de ponente del informe sobre medidas de protección de menores en la Unión Europea, es una especial satisfacción para mí que podamos debatirlo dentro del orden del día del quincuagésimo aniversario de la fundación del UNICEF. 
Esta Cámara demuestra así que también se preocupa de los problemas, reivindicaciones e intereses de alrededor de 80 millones de habitantes de la Unión Europea. 
Citaré algunos ejemplos de los problemas que afectan a los niños y niñas. 
No todos los niños y niñas de la Unión tienen las mismas oportunidades de acceso a los sistemas educativos. 
Muchos viven por debajo del umbral de la pobreza. 
2, 2 millones de ellos en Alemania. 
No todos los niños y niñas se benefician de la misma atención sanitaria. 
Los niños y niñas son víctimas de abusos, malos tratos y explotación comercial de carácter sexual. 
En la Unión hay también muchos niños y niñas que trabajan. 
La mayor parte de los hijos de refugiados tienen vedado el acceso a nuestro territorio. 
Un número pavoroso de niños y niñas son adictos a las drogas, al alcohol, a la nicotina y a ciertos medicamentos. 
No debemos olvidar, por otra parte, los muchísimos niños y niñas que además sufren presiones psíquicas, en un grado sencillamente inconcebible. 
Una gran parte de los niños y niñas ve obstaculizado de este modo su desarrollo desde el primer momento. 
Para prestarles ayuda es necesario adoptar numerosas medidas. 
Debe considerarse prioritario que todos los Estados miembros ratifiquen la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la incorporen a su legislación. 
Es preciso que los niños y los adultos están mejor informados sobre los derechos que consagra dicha Convención, puesto que para poder hacerlos valer es preciso que primero los conozcan. 
Todos los Tratados vigentes persiguen el bienestar de los ciudadanos. 
Por definición, éstos se consideran en primer lugar como trabajadores, empresarios y consumidores. 
Por lo tanto, los niños son también en primer lugar hijos de padres trabajadores. 
Sin embargo, para garantizar a los niños un estatuto que corresponda a las exigencias de esta sociedad transformada se requiere algo más que las citadas reformas legislativas. 
Por consiguiente, instamos al Consejo a que en la revisión del Tratado de Maastricht se incluya a los niños como un grupo de personas independiente. 
Los derechos del niño deben convertirse en un principio fundamental de actuación europea. 
Simultáneamente debe incorporarse una política en favor de los derechos del niño en todos los ámbitos, que contemple los aspectos que afectan específicamente a los niños en todos las iniciativas y actos legislativos. 
La formulación y aplicación de una política que tenga por objeto la protección de los derechos del niño debe recibir prioridad más allá de las consideraciones presupuestarias. 
Instamos asimismo a los Estados miembros a que amplíen el Convenio Europeo de los Derechos Humanos con la adopción de un protocolo adicional que responda a las necesidades de los niños. 
Pedimos igualmente que se cree una dirección general o una sección específica de la Comisión competente en materia de los derechos del niño y que se designe a un delegado de los derechos del niño en el Parlamento Europeo. 
Por otra parte, yo propongo asimismo que el Parlamento cree una comisión que se ocupe de los intereses de los niños. 
La votación y aprobación del presente informe el día en que se celebra el quincuagésimo aniversario de la fundación del UNICEF puede constituir una garantía de que en el futuro se prestará especial atención a los problemas de los niños y a las acciones del Parlamento Europeo. 
Con objeto de promover la participación política de los niños, pedimos a los Estados miembros que constituyan parlamentos juveniles representativos de ámbito local, regional y nacional. 
La participación social debería fomentarse sobre todo mediante la designación de representantes de los niños en los Estados miembros. 
También debe apoyarse la creación de líneas telefónicas S.O.S. de ayuda a la infancia, como las que ya existen en algunos Estados miembros. 
El proceso de integración europea también ha tenido repercusiones para la situación de los niños. 
Puesto que todavía no sabemos cuáles son, como tampoco las conocemos en el caso de los adultos, pedimos a la Comisión que examine esta situación y encargue un estudio al respecto. 
El informe pide asimismo que se preste apoyo y asistencia psicológica a los niños que hayan sido víctimas o testigos de actos violentos. 
También se insta a los Estados miembros a que en su derecho penal den prioridad a la rehabilitación y la formación de los delincuentes menores por encima del cumplimiento de la pena, de modo que tengan una auténtica oportunidad ser acogidos de nuevo en la sociedad. 
Pedimos asimismo al Consejo la creación de un centro europeo de niños desaparecidos, como viene solicitando la Sra. Banotti desde hace ya largo tiempo. 
También debe concederse una protección adecuada y ayuda humanitaria a los refugiados menores de edad procedentes de terceros Estados. 
En este caso, no deben establecerse diferencias ente refugiados políticos y económicos. 
Esperamos asimismo que la Comisión agote todas sus posibilidades para luchar contra el turismo sexual y la pornografía infantiles. 
Tengo noticia de que la Sra. Gradin se está ocupando intensamente de este tema, tal como ya manifestó en la Conferencia de Estocolmo, a la cual yo asistí, y también ante esta Cámara. 
Las instancias nacionales de los Estados miembros también deben actuar paralelamente contra los delitos de este tipo cometidos contra niños en el extranjero, dotándose de las disposiciones legales adecuadas. 
Todas las peticiones de mi informe parten de la constatación de un hecho esencial: los niños destacan, frente a otros grupos de la sociedad que también merecen protección, porque el futuro les pertenece y deben participar a nuestro lado con igualdad de derechos en la construcción de este futuro. 
Una formación adecuada, al alcance de todos los niños que residan en el territorio de la Unión Europea, independientemente de su origen social y su nacionalidad, deberá capacitarles para ello. 
La sociedad de mañana pertenece a los niños de hoy y la construiremos respetando la dignidad de los niños y ofreciéndoles la oportunidad de desarrollarse y adquirir una personalidad autónoma. 
El debate de hoy significa también en primer lugar que todos nosotros debemos asumir la responsabilidad del futuro de los niños y el compromiso de actuar en favor de los niños, de convertirnos en sus defensores y promover de este modo un cambio de mentalidad en la sociedad, que responda a las transformaciones sociales, económicas y políticas y que conceda a los niños una importancia acorde con sus necesidades. 
Los niños deben poder participar como asociados con igualdad de derechos en este proceso. 
Antes de acabar, quisiera citar unas frases que pronunciaron los niños en la Conferencia de Río de Janeiro: » Es nuestro futuro y queremos opinar al respecto. 
Queremos ser educados de forma que tengamos valor para expresarnos. 
¡Queremos solidaridad!» 
Señor Presidente, Señorías, es muy significativo que este Parlamento hable de los niños en vísperas de Navidad, fiesta en la que se celebra el misterio de la vida y la infancia, así como que se aborde precisamente en el día en que se celebra el 50º aniversario de la UNICEF. 
Reconocer los derechos de los niños, contrariamente a lo que puede pensarse, es un hecho político de primera magnitud. 
Se ha dicho que el trato que se reserva a los niños manifiesta lo que la sociedad piensa con respecto a todo ser humano. 
En efectos, cuando justamente se repite que el niño es un sujeto independiente, se quiere decir que el principio de igualdad ha de ser aplicado de forma inflexible en beneficio de los más débiles, los más pequeños y los que son dependientes, así como de quienes no tienen voz ni plena autonomía, ni tampoco capacidad de pensar y de obrar. 
Asimismo, cuando se dice que los derechos y los intereses del niño deben prevalecer sobre los de los adultos, intentamos aplicar el principio de solidaridad, en cuya virtud, la sociedad debe ofrecer una fuerza adicional a los más débiles. 
Los recientes sucesos de crónica negra muestran la innoble explotación de los niños por parte de los adultos, deseosos de satisfacer a cualquier precio su hambre de placer y de dinero. 
En consecuencia, es preciso decir un «no» rotundo a toda violencia sobre los niños y un «sí» claro y rotundo a los derechos de los niños, de todos los niños de cualquier raza y color- les recuerdo que el año 1997 será el Año Europeo contra el Racismo- en cualquier condición en que se encuentren y a lo largo de toda su vida. 
La moderna figura de la adopción es el instrumento para realizar uno de los primeros derechos del niño, es decir, el derecho a la familia. 
No lograremos comprender su verdadero significado y, por el contrario, cambiaríamos su sentido y nos remontaríamos al antiguo Derecho romano, si afirmáramos el derecho de los adultos a la adopción y si atribuyéramos un interés prioritario al adulto. 
Me doy perfectamente cuenta de que el concepto mismo de familia ha quedado obsoleto, aunque debe admitirse que, normalmente, lo mejor para un niño es crecer con el afecto y el cuidado de un padre y una madre, en un contexto de probada estabilidad y serenidad. 
Si nos situamos en el lugar del niño, las cosas son sencillas. 
Como es obvio, existen casos en los que en interés del niño es preferible la adopción- deseo recordar mi calidad de ponente en cuanto al tema específico de la adopción- por parte de una sola persona. 
Piénsese, por ejemplo, en un niño que, habiendo perdido a sus padres, tiene un abuelo, una abuela y un tío con quien convivir. Piénsese asimismo en la persona que se casa con una mujer, viuda o no viuda, que ya tiene un niño. 
Deseo precisar que otra solución distinta que afirmara el derecho a la adopción del adulto como tal, o de una comunidad diferente de la familiar que acabo de describir, trastocaría la figura de la adopción y mi propio informe y, en consecuencia, me obligaría a apartarme de alguna forma del mismo. 
Por otra parte, no existe problema en la práctica, porque la fuerte disminución de la natalidad en nuestros Estados implica que hayan alrededor de diez solicitudes de adopción por cada niño en situación de abandono. 
Este fenómeno es el motivo de la fuerte difusión en todos nuestros Estados de la adopción internacional, que presenta mayores dificultades tanto para los padres adoptantes como con respecto a la transparencia de los procedimientos, por el riesgo de degeneraciones incluso graves y, lo que más importancia tiene, para el crecimiento normal de los niños afectados. 
Por otra parte, la adopción internacional es una materia que interesa a la Unión Europea directamente. 
En síntesis, el contenido de mi informe sobre la adopción, afirma que la adopción implica ofrecer una familia al menor que carece de ella y que el bienestar del menor debe anteponerse a todo. Pide que el Convenio de La Haya sea ratificado tanto por los Estados miembros como por los demás países; pide la armonización en cuanto a los requisitos de edad para adoptar; pide el mutuo reconocimiento de las adopciones realizadas en los Estados miembros; indica la preferencia por una familia compuesta por un padre y una madre para la adopción; admite la adopción individual sólo cuando lo requiera el interés del menor; considera la adopción internacional como subsidiaria, habida cuenta de que antes que nada hay que permitir al menor seguir conviviendo con su familia y facilitar los medios necesarios a través de la cooperación económica. 
En el caso de adopción, deben respetarse reglas rigurosas con respecto a la declaración de abandono. 
Hay que decir «no» a las formas contractuales de adopción, así como es preciso que la mediación en materia de adopción internacional se lleve a cabo sólo por organismos autorizados. 
Espero que el voto sea lo más posible unánime, los niños deben unirnos y no separarnos. 
Por esto, hemos intentando obtener un resultado que pueda ser compartido por la más amplia mayoría. 
Confío en que las horas que faltan hasta la votación final, nos permitan alcanzar el objetivo de un voto unánime. 
Señor Presidente, Señorías, el tema de la protección de menores en nuestros países de Europa implica un aspecto jurídico y un aspecto mucho más amplio que traté de desarrollar en mi opinión para la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Como primer punto, la protección jurídica. Me permitiré recordar algo que me parece, a mi juicio, una evidencia, pero que aparentemente no lo es de suficientemente, y es que buscando- con toda razón- medios para proteger jurídicamente a los menores en peligro, se tiende a olvidar un poco a una institución que, en Europa, desde hace siglos, tiene como vocación esencial proteger a los niños: la institución familiar. 
Por ende, el matrimonio- dejo de lado el matrimonio religioso- el matrimonio civil, en tanto que compromiso entre un hombre y una mujer que no dan solamente la vida física a los niños, sino que se comprometen ante la sociedad, con responsabilidades y con cuentas que rendir, también ante esta sociedad, tienen la obligación de educar los hijos a los que han dado vida. 
Me parece que hay allí una institución de protección de los jóvenes que tenemos un poco tendencia a olvidar. 
Y, Sra. Zimmermann, me refiero a sus palabras, cuando dice, en el excelente punto 6 de su exposición de motivos: » En la gran mayoría de los casos, el ser atendido por sus padres beneficia al propio niño. 
La estructura de una familia amante es el ámbito óptimo para que el niño se familiarice con sus derechos y sus deberes». 
Ahora bien, precisamente, esta estructura familiar tradicional está sometida a una fuerte presión. 
Se observa un aumento constante del número de familias monoparentales, a veces con parejas alternas, que asumen o no asumen el papel de padre o madre. 
La estructura familiar continúa desintegrándose. 
Me parece que ese es un análisis excelente, pero del que sería preciso sacar las conclusiones lógicas. 
¿Sómos pesimistas? 
¿Vamos a decidir que, lamentablemente, es así, es una situación dada contra la que no podemos hacer nada? 
No, creo que tenemos respecto a las nuevas generaciones, y especialmente en el momento de la adolescencia, una obligación, que es la de ayudar a adquirir una verdadera cultura jurídica, y a adquirirla en todos los ámbitos- trátese de la manera de ejercer sus responsabilidades de ciudadano, pero también en este acto de ciudadanía primero que es el primer compromiso social de los hombres y las mujeres, es decir la fundación de un hogar. 
Hay cierta contradicción, a mi juicio, al asustarse por la desaparición de la cohesión social, a buscar un alto nivel de protección social para los asalariados de las empresas, y luego descuidar lo que constituye, a mi entender, la base de la cohesión social, la cohesión familiar. 
Que se adapten medidas para la seguridad social, pero que no se descuide por ello la seguridad familiar, ya que la privatización y la precaridad creciente de las condiciones en las que crecen la mayoría de los niños me parece un atentado fundamental a sus derechos esenciales. 
Señor Presidente, Señorías, con un considerable retraso estamos cumpliendo con el compromiso que la organización de la sociedad europea tiene con sus miembros más jóvenes y débiles: los niños. 
Ha sido necesario que la opinión pública internacional se estremezca ante la revelación de terribles crímenes cometidos en un país para que nos preguntemos si se está ofreciendo bastante protección a las personas de tierna edad aún indefensas. 
Aun así, los eternos debates y llamamientos y la profusión de grandes conferencias celebradas desde el año pasado quedarón reducidas a bellas palabras si no se adoptan determinadas medidas institucionales de inmediato y se impone su aplicación práctica. 
Sólo así se podrá contener la siniestra y cruel explotación de los menores, que no consiste sólo en la explotación sexual practicada por organizaciones de trata de blancas, sino también en la explotación económica debida a empresarios sin escrupulos y a consumidores indiferentes. 
Los informes sometidos hoy a debate y elaborados por las comisiones competentes contienen un gran número de propuestas. 
Tienen la máxima prioridad la fijación de los derechos del menor, es decir, su reconocimiento, en la revisión del Tratado de la Unión, la armonización de las legislaciones nacionales y la colaboración más estrecha de las autoridades judiciales, así como la plena disposición de Europol. 
Permítanme que en el limitado tiempo de que dispongo agrege un aspecto que se suele mantener en silencio: la tolerancia del denominado turismo sexual. 
En relación con esta lucrativa actividad sólo hablamos de las víctimas, de los niños, dejando de lado a los verdugos que mantienen este abominable negocio, los clientes adultos. 
Creo que existen los medios y son fáciles de reconocer los métodos para desarticular el turismo sexual, que oprobia no tanto a los países lejanos como a los países civilizados de los clientes. 
Solamente con una concepción sincera de los problemas, podrá Europa contribuir decisivamente a la protección de los menores en una época de internacionalización no sólo de la economía, sino también de los valores de la civilización. 
Los menores de edad siguen siendo niños y niñas, como todos nosotros sabemos, y por desgracia sigue ocurriendo que, tanto en la educación como en la sociedad, en la enseñanza como en cualquier otro lugar, se da un trato diferente a las niñas que a los niños, y desde el primer momento se les inculca a qué sexo pertenecen. 
Si queremos romper los estereotipos de nuestra sociedad, tendremos que ponernos manos a la obra e intentar cambiarlo. 
Aquí he oído demasiada retórica sobre la protección de los menores de edad y la importancia de la familia. 
He de decir que en la Comisión de Derechos de la Mujer, en los últimos años hemos hablado varias veces del peligro que corren los menores de edad no sólo fuera de la familia, sino también dentro de la familia. 
Los casos de incesto son a menudo estremecedores, y ahora no quiero considerar si son menos o más estremecedores que el caso Dutroux, al que por lo visto se refería el Sr. Lambrias, pero, sinceramente, la familia no es por definición un lugar seguro para los niños y, si queremos dar igualdad de oportunidades, igualdad de trato a hombres y mujeres en la sociedad, deberíamos aceptar que la familia tradicional no seguirá existiendo y que sin duda puede haber otras formas de convivencia, también entre hombres y mujeres, y no sólo entre personas del mismo sexo, pero otras formas de convivencia que también pueden formar un ambiente muy bueno para la educación de los niños, de niños pequeños y de niños mayores. 
No hay nada de malo en eso y a mi entender es incluso una condición para dar una oportunidad real a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
La sociedad tendrá que adaptarse a ello y no al revés. 
No podemos desear el regreso de la familia tradicional porque en ciertos lugares se produzcan demasiados excesos, pues estos también tienen lugar en la familia tradicional. 
Señor Presidente, tengo el honor de presentar las reflexiones y propuestas de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores relativas a los problemas formulados por la adopción internacional. 
Primeramente, es preciso ponerse de acuerdo sobre un principio fundamental, a saber, que son los niños los que tienen derecho a una familia y no los adultos los que podrían hacer valer el derecho a tener un niño. 
Toda decisión política debe fundarse en este principio. 
El segundo principio que hay que poner de relieve es que es preferible dejar al niño evolucionar en su entorno propio. 
Sólo ha de preverse una adopción internacional si este principio no puede traducirse en los hechos. 
También es preciso que las condiciones de esta adopción sean óptimas y que todo tráfico ilícito y toda venta de niños mediante la compra, el consentimiento obtenido por fraude o por coacción y el rapto de niños, se hagan imposibles. 
La lucha contra estos actos criminales requiere varias medidas, comenzando por la ratificación y la puesta en práctica, por los países europeos y los países terceros de donde provienen los niños con fines de adopción, del Convenio de La Haya sobre la cooperación en materia de adopción internacional. 
La segunda medida consiste en prever en las legislaciones nacionales la regla en virtud de la cual toda persona moral, de derecho público o privado, que proporcione niños para la adopción, deberá recibir previamente la autorización del organismo de tutela nacional. 
Tercera medida: toda adopción plena debe proporcionar la prueba formal de abandono legal del niño que desea adoptarse. 
Cuarta medida: debe combatirse todo entrada ilegal de niños mediante una colaboración muy estrecha entre las fuerzas del orden y la utilización sistemática de los medios existentes, entre otros el Sistema de Información de Schengen y Europol. 
Al luchar contra el tráfico criminal y ayudando a las familias adoptivas a dar al niño amor y protección, haremos de la adopción internacional una formidable acción de solidaridad hacia los niños que carecen de una familia. 
Señor Presidente, quisiera comenzar refiriéndome a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño e instar a la Unión Europea a que acepte que debe ser algo más que un compromiso sobre el papel por su parte, sino que debe ser, en realidad, la obligación jurídica- que claramente es- de reconocer derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos a nuestros niños. 
Es la convención internacional más ampliamente ratificada en la Historia e impone obligaciones muy claras e inequívocas con las que debemos cumplir. 
Pero, naturalmente, dondequiera que miremos, vemos que en todo el mundo se utiliza, maltrata, explota y posterga a los niños. 
Hoy el UNICEF publica su informe sobre el Estado Mundial de la Infancia, que aborda el trabajo infantil. 
Nueve millones de niños en todo el mundo mueren de causas que se podrían eliminar muy fácilmente con soluciones muy baratas que en esta parte del mundo llevamos medio siglo utilizando. 
De modo que lo que estamos pidiendo aquí es lo que deberíamos tener, no las buenas intenciones, sino la voluntad política, en realidad, de cumplir con lo prometido a los niños de Europa y del mundo. 
Debemos transferir recursos a nuestros niños y también transferir nuestro interés a los niños en todas nuestras sociedades, ricas y pobres. 
También quisiera referirme al Convenio de La Haya y al caso concreto- en mi circunscripción- de Adam y Nathan, dos niños raptados por su padre, tunecino, ciudadano de un país que no ha ratificado el Convenio de La Haya. 
Como se me dijo recientemente en respuesta a una pregunta mía, disponemos de pocas opciones en el caso de un país que no haya ratificado el Convenio de La Haya. 
Ese padre trató a sus hijos como si fueran su propiedad, los engañó y se los llevó para colocarlos en una situación muy desconcertante en un país y una familia que apenas pueden entender. 
Quisiera preguntar a la Comisión qué se puede hacer en este caso. 
¿Qué presiones puede ejercer en este caso? 
Túnez es un país que recibe gran cantidad de ayuda de la Unión Europea y la Comisión me dice en su respuesta que ese país debería respetar en este momento las obligaciones que le impone el derecho internacional. 
Quisiera preguntar a la Comisión si se incluirán dichas obligaciones internacionales, en particular el Convenio de La Haya, en cualesquiera futuras conversaciones con Túnez ¿Y podría la Comisión hacer el favor de decirme qué palabras de aliento puedo dar a una madre que en estas precisas semanas anteriores a Navidad está acongojada y suspira por la vuelta de sus hijos, Adam y Nathan, a casa con ella en el sur de Gales, donde deben estar? 
Señor Presidente, Señorías, el informe Zimmermann sobre la protección de menores tiene como objetivo establecer un marco jurídico lo más homogéneo posible. 
La premisa fundamental del informe, esto es, el propósito de mejorar la protección de menores, merece nuestro pleno apoyo. 
Sin embargo, un análisis más detenido del mismo revela una serie de puntos que requieren un examen diferenciado. 
La mejor protección, como ya ha señalado la Sra. Sellier, consiste en que los niños tengan la posibilidad de criarse en el seno de una familia intacta. 
Ésta es la célula fundamental de nuestra sociedad, una circunstancia que sin embargo no se menciona en ninguno de los puntos de la resolución que propone el informe. 
Una importante omisión, a mi parecer. 
El requisito inicial más adecuado para garantizar la protección efectiva de los menores es y seguirá siendo la familia. 
En circunstancias normales- ya sé que en la realidad muchas veces no ocurre así -, los intereses de los niños y de las familias suelen coincidir. 
Por consiguiente, la protección debe tener como primer objetivo la familia misma y deben estudiarse sus intereses. 
En este contexto topamos, sin embargo, con muchos problemas sociales, con un egoísmo y una despreocupación estructural crecientes. 
En las grandes ciudades podemos encontrar barrios en los que ya sólo un 10 % de las familias tienen hijos. 
No es de extrañar, por lo tanto, que cada vez se tengan menos presentes las necesidades de los niños. 
Sólo en segundo lugar debe plantearse la protección de menores en términos de derechos. 
Los derechos de los niños se encuentran formulados ante todo en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
Ésta garantiza unas normas jurídicas mínimas y ha logrado una amplia aceptación. 180 Estados de todo el mundo la han suscrito. 
Una cifra inigualada, según creo, por cualquier otra convención. 
Dicha Convención ha significado un valioso impulso y constituye un verdadero hito histórico para el ulterior desarrollo de los derechos del niño, si bien se limita a establecer las obligaciones de los Estados sin formular unos auténticos derechos del niño. 
El presente informe debería constituir una aportación en este último sentido. 
Los principales ámbitos problemáticos- tal como ya se ha señalado desde diversas perspectivas y sin duda no es preciso abundar más en ello- aparecen asociados a los problemas que plantean los medios de comunicación, los problemas derivados del aumento de los delitos sexuales, de la pederastia, la violencia, la prostitución, la drogadicción, la pobreza, el trabajo infantil. 
Debemos defender el derecho de los niños a un desarrollo físico y psíquico sano. 
Debemos encontrar respuestas para los problemas que acabo de citar. 
El Consejo de «Justicia e Interior» ha manifestado su voluntad y su compromiso de promover una cooperación más estrecha en el ámbito policial y judicial. 
Las peticiones de que se cree una nueva dirección general y se constituyan parlamentos infantiles y comisiones especiales, que plantea el informe en este contexto, ciertamente no son negativas. Sin embargo, es preciso preguntarse cuál será su utilidad. 
¿No supondrán tal vez sólo un incremento de la burocracia, no puede ocurrir incluso que en parte cumplan sólo una función de coartada tranquilizadora? 
Es una gran satisfacción para mí poder señalar una aportación concreta, a saber, la acción emprendida por propia iniciativa por nuestra colega de Grupo político, la Sra. Banotti, quien ha contribuido por sus propios medios, sin disponer de instituciones y servicios de apoyo, a la recuperación de niños desaparecidos. 
En el informe se señala que es preciso conseguir que los derechos del niño queden consagrados en el Tratado de Maastricht. 
Nadie se opondrá a que así se haga, pero también en este caso es preciso preguntarse qué se ganará con ello en la práctica. 
¿Lo que interesa no es acaso ofrecer una ayuda muy práctica a los niños? 
Finalmente y no en último término, necesitamos unas normas de adopción equilibradas, como las que ha propuesto el Sr. Casini. 
Todas las energías y posibilidades son necesarias y debemos agruparlas. 
Necesitamos un compromiso, necesitamos energía y perseverancia para hacer realidad una protección más adecuada para los niños. 
Señor Presidente, los dos ponentes presentaron propuestas interesantes para hacer de la protección del niño una prioridad de las políticas comunitarias, intentando acabar con la ley del silencio, del turismo sexual, etc. Este es un tema que habría debido, a mi juicio, ser acogido por unanimidad por este recinto. 
Lamentablemente, se comprueba que la política ha hecho irrupción en este ámbito. 
Algunos se sirven de esta noble causa como de un caballo de Troya para intentar hacer pasar su propia ideología por encima del interés de los niños. 
Cómo no darse cuenta que, ante la realidad cotidiana de abusos y desviaciones de toda naturaleza de las que son víctimas los niños y los jóvenes adolescentes, que toda tentativa de proyectar las prácticas sexuales de los adultos en un ámbito tan sensible no es solamente una provocación, sino una verdadera incitación a la corrupción de menores. 
Espero que nuestro Parlamento tenga un arranque de dignidad, de lo contrario, perderá toda legitimidad para indignarse como lo hizo en septiembre en Bruselas, a consecuencia de la terrible actualidad de este verano. 
El voto de mi Grupo sobre estos textos dependerá de las enmiendas que sean aprobadas. 
No obstante, no puedo sino felicitarme por la decisión del último Consejo «Justicia» , que anticipaba el deseo de un determinado número de nosotros adoptando una acción común para reforzar la lucha contra la trata de los seres humanos y la explotación sexual de los menores y ampliando el mandato de la Unidad Droga de Europol a los hechos de pederastia. 
La infancia es frágil, la infancia es por esencia fugitiva. 
Schiller decía: » Aprended a respetar siempre los sueños de los niños». 
¿Cómo un Parlamento que quiere ser responsable podría imaginar defender el interés de los ciudadanos del que es representante adoptando algunas de las enmiendas a estos textos? 
¿Cómo cada uno de nosotros podría tratar de justificar tales propuestas ante la opinión pública de su país, ante los electores de su circunscripción? 
¿Cómo seguir mirando los niños a los ojos para descubrir en ellos sus sueños? 
Señor Presidente, me voy a referir particularmente al informe sobre la adopción internacional. 
Lo primero que hay que decir sobre el informe del Sr. Casini, cuya sensibilidad sobre estas cuestiones ha quedado sobradamente acreditada, es que es muy oportuno. 
Se formula cuando el tráfico de menores y el uso de éstos para fines ilícitos hacen peligrar la figura de la adopción internacional. 
Lo segundo es que instrumenta garantías imprescindibles para prevenir la utilización del menor con fines delictivos. Al mismo tiempo resalta- coherente con el espíritu tuitivo que lo inspira- el valor social de otras formas jurídicas para paliar el abandono de menores, tales como la acogida temporal y la tutela. 
Pero siendo un informe presidido por una exquisita cautela jurídica, echo en falta que no se haya tomado una cautela más, que a mi juicio sería precisa, como exigir que los organismos internacionales velen por que los niños sean adoptados, preferentemente, por familias de su entorno geográfico y cultural. 
También echo en falta que no se pronuncie sobre una cuestión de notables repercusiones sociales, a saber, la discriminación que sufren los homosexuales a la hora de la adopción. 
Creo que es una cuestión que merece especial atención en una sociedad libre y tolerante como pretende ser la nuestra. 
Por último, quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a la Sra. Zimmermann por su informe, cuyo espíritu abierto no ha sido incompatible con la prudencia. 
Señor Presidente, Señorías, todos sabemos que el paso más decisivo en favor de la protección de menores sería la aplicación sin restricciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU de 1989. 
Ambos informes se remiten justificadamente a la misma. 
No obstante, por otra parte también conocemos las reservas que existen contra dicha Convención, reservas condicionadas por el individualismo y el egoísmo individuales, colectivos y estatales incluso, también en mi propio país. 
Incluso el Convenio europeo sobre los derechos del niño aprobado este año se sitúa por debajo de los criterios establecidos en la Convención de la ONU. 
Todavía queda muchísimo por hacer. 
Por consiguiente, yo me congratulo de que ambos informes contengan propuestas sobre lo que ya es posible empezar a hacer. 
Uno es que se excluya cualquier discriminación contra las unidades de convivencia de nuevo tipo, entre las cuales figuran también las parejas homosexuales, como la que se propone en el punto 2 del informe Casini. Para mi Grupo político es igualmente importante que se utilice un lenguaje libre de ambigüedades y que no se hable del derecho a la vida, cuando de lo que se trata es de la inviolabilidad de la dignidad humana de las personas vivas. 
El caso de los niños nos revela el paso que aún nos falta dar en nuestra concepción de los derechos humanos, esto es, su desarrollo desde el concepto de la persona autónoma y, por lo tanto, también egoísta a la noción de reciprocidad de las relaciones entre las personas. 
Señor Presidente, en esta jornada dedicada a los derechos humanos, me parece positivo que se asocie al derecho del niño. 
Se trata de un ámbito en el que la Unión Europea se ha mostrado tímida durante mucho tiempo. 
Es verdad que en la materia, el fundamento jurídico era frágil. 
Sin embargo, los niños europeos son nacionales como los demás y debemos preocuparnos por su bienestar, su dignidad, su porvenir. 
Por ello me alegro de que este Parlamento Europeo haya tomado la iniciativa de estos dos informes, y quisiera felicitar expresivamente a la Sra. Zimmermann y al Sr. Casini por la calidad de sus trabajos. 
La primera necesidad es armonizar las legislaciones y hacer aplicar los convenios internacionales. 
Ciertamente, hay tal abundancia de convenios que es preciso encontrar un marco jurídico común que permita elaborar, en el seno de la Unión Europea, una protección universal y dinámica de los derechos del niño. 
A este respecto, la Convención de las Naciones Unidas me parece una buena referencia. 
En todo caso, es necesario prever en los Tratados esta voluntad de defensa de los derechos del niño. 
No obstante, no progresaremos de manera significativa a este respecto si la Unión Europea no refuerza sus competencias en materia de educación, de sanidad, de política familiar. 
Ya que más allá de los problemas de maltrato, de explotación económica o sexual, tenemos la obligación de reafirmar el derecho a la educación, una educación que permita alcanzar su pleno desarrollo y permita una verdadera lucha contra las desigualdades y el fracaso escolar. 
Por lo demás, debemos promover una política familiar abierta, que tome en cuenta la evolución de la familia hoy, y una política social coherente y voluntarista para luchar eficazmente contra la pobreza y la exclusión, cuyos estragos conocemos entre los jóvenes. 
Por último, más allá de los remedios propuestos, creo que sería positivo que nuestras sociedades acepten reflexionar sobre el estatuto que reservan a sus niños. 
Lo más a menudo son considerados como objeto de codicia, o un blanco comercial más que como los ciudadanos en devenir, a los que será urgente transmitir los valores que son los nuestros. 
Señor Presidente, ya es sobradamente tiempo de tomar en consideración al niño en tanto que sujeto de derecho. 
La sociedad parece tomar consciencia de la existencia, en diferentes países de la propia Unión Europea, de los malos tratos a los niños, de las redes de pederastia o incluso de la pornografía infantil. Tiene la intención de tomar diferentes medidas- como en este informe, en los apartados 7, 8, 9 y 10- de gran interés para proteger a los niños, y me felicito por ello. 
No obstante, no hay que equivocarse de debate. 
Se trata de defender los derechos legítimos del niño y de protegerlo, y no de predicar los principios cuya vocación no es en realidad sino la puesta en tela de juicio, por algunos, de nuestras sociedades supuestamente moral y sexualmente arcaicas- dicen siempre los mismosporque no son bastante liberales y permisivas en materia de sexualidad. 
En efecto, el informe, en ciertos apartados, U y V entre otros, denuncia la falta de información y debates respecto a la sexualidad. 
Debo decir que estoy sorprendida. 
Pienso que la Sra. Zimmermann no ve nunca la televisión, no lee jamás los diarios ni tampoco va a las escuelas, ya que se habla de ello con toda libertad. 
El informe es favorable a la defensa de la preferencia sexual y de la libertad de desarrollarse plenamente, de la supresión de toda diferencia del estatuto jurídico entre los niños nacidos fuera del matrimonio y los niños nacidos dentro del matrimonio, o incluso está a favor de la libre circulación de los hijos de nacionales de Estados terceros, lo que es sumamente peligroso, ya que ello permitirá a familias enteras venir a instalarse en el país. 
Debo decir que, también a ese respecto, estoy sorprendida. 
La aparente disolución del concepto mismo de la familia, en este informe, es totalmente sorprendente. 
Cuando el desarrollo pleno y la protección del niño- todo el mundo lo reconoce- parecen ser los objetivos confesados de este informe, deja totalmente a un lado, incluso suprime, el marco familiar, que es el marco privilegiado para la inserción y el desarrollo de los niños. 
Cómo, entonces, querer proteger a los niños, cuando se trata de destruir su entorno natural y sus puntos de referencia afectivos. 
Esta deriva, totalmente libertaria, vuelve a encontrarse en el informe, Sr. Casini, relativo a la adopción de menores. 
En efecto, prevé pedir a los Estados miembros abolir las discriminaciones de las que son víctimas los homosexuales en el plano legal en el ámbito de la adopción. 
Es totalmente paradójico y de ninguna manera coherente. 
¿Es esa una manera de defender la célula familiar en el sentido tradicional del término, es decir una madre, un padre y los hijos? 
Ciertamente no. 
¿Es también un medio de proteger al niño contra todos los defectos de la sociedad despojándolo de toda oportunidad de aprovechar un medio familiar sano, en el que puede alcanzar su pleno desarrollo? 
Ciertamente no. 
Por ende, nosotros nos pronunciamos en contra de este informe, y me parece muy peligroso, señor Presidente, que la voluntad persistente de la Comunidad sea siempre la de regirlo todo, de reglamentarlo todo. 
Con ello se corre el riesgo de acabar, mañana, con la destrucción de los valores morales que son los valores que fundan nuestras sociedades. 
Señor Presidente, este Parlamento hace mucho que reconoció su deber de tener en cuenta la protección de los niños en el marco de su labor. 
La presentación de los informes de hoy demuestra una vez más nuestro compromiso, ya antiguo, con los jóvenes. 
Quisiera unirme a quienes ya han felicitado a los ponentes por su dedicación y su labor. 
De hecho, quisiera decir al Sr. Zimmermann que ha sido muy interesante esta mañana la reunión con el grupo de Focus on Children y participar en su presentación. 
El debate es oportuno, porque no sólo es el 50º aniversario del UNICEF, sino que, además, coincide con el debate que hemos celebrado aquí esta mañana sobre el nuevo Tratado revisado, presentado por la Presidencia irlandesa. 
Como saben Sus Señorías, los ponentes comenzaron su labor mucho antes de que se conocieran los horrores de ese caso Dutroux. 
Asimismo, la Presidencia irlandesa, desde el principio mismo, vio la necesidad de conceder prioridad a la lucha contra la delincuencia organizada y la trata de personas. 
A ese respecto me complace mucho ver la referencia expresada en el artículo K.1 del proyecto de Tratado a la acción común entre los Estados miembros para luchar contra la trata de personas y los delitos contra los niños. 
Sin embargo, junto con la mayoría de diputados a esta Asamblea, espero que el resultado de la CIG sea una competencia compartida en ese sector entre el Parlamento y el Consejo correspondiente al pilar de la Comunidad y la inclusión de una disposición concreta en el Tratado que verse expresamente sobre los derechos de los niños. 
Ahora resulta claro que muchos Estados miembros no cumplen con sus obligaciones internacionales ni con los instrumentos europeos de protección de los niños. 
Me inquietó escuchar el testimonio de los expertos que hablaron en una reciente audiencia pública del Parlamento sobre los derechos de los niños. 
Señalaron el triste hecho de que muchos Estados miembros no hayan transpuesto en su legislación nacional mandatos tales como los instrumentos internacionales con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a la que se han hecho muchas referencias hoy aquí. 
En resumen, si bien los niños tienen, en teoría, amplios derechos nacionales e internacionales, el ejercicio de dichos derechos resulta inútil a menudo a consecuencia de las deficiencias de la legislación y los procedimientos nacionales. 
Así, pues, estoy convencida de la necesidad de un planteamiento doble: es necesaria la acción en el nivel comunitario en los casos en que sea apropiada, pero la reglamentación suplementaria- ya sea supranacional o en cualquier otro nivel- no significa protección suplementaria en la práctica. 
Lo que necesitamos es que, como parlamentarios, tengamos la voluntad política de aportar las mejoras necesarias a las legislaciones nacionales. 
Lamento haberme extendido tanto, pero se trata de un asunto muy importante y delicado. 
Tan sólo quisiera añadir lo siguiente: en el debate hay un predominio de mujeres. 
Lamento que así sea. 
Señor Presidente, varios colegas se han referido al éxito del reciente Consejo de Ministros de Justicia y a los avances logrados respecto de las cuestiones que estamos debatiendo hoy aquí. 
Quisiera unirme a todos en los elogios a los ponentes. 
La razón por la que se han logrado esos avances es la de que ahora, en particular a raíz de los acontecimientos habidos en agosto en Bélgica, por fin existe claramente una voluntad política de hacer algo para mejorar los derechos de los niños dentro de la Comunidad. 
Yo opino, junto con muchos otros colegas, que sólo cuando exista una referencia específica a este asunto en el Tratado podremos empezar a lograr avances reales. 
En el protocolo del Tratado de Maastricht reconocemos los derechos de los animales y, si podemos hacer eso, no cabe duda de que podemos hacer algo por los niños de nuestra comunidad. 
No pretendo menoscabar la importancia de dicho protocolo, sino simplemente decir que un grupo de presión bien organizado y bien financiado puede conseguir mucho. 
Por desgracia, no se han destinado los mismos recursos a la cuestión de la salvaguardia de los derechos de nuestros niños. 
Quisiera referirme a un par de aspectos del informe de la Sra. Zimmermann. 
Pide que una DG se ocupe de los derechos de los niños. 
Me parece que eso es probablemente demasiado ambicioso. 
Indudablemente, necesitamos una unidad especializada que los diputados utilicen como recurso, que sea el elemento correspondiente en la estructura del Parlamento, una unidad a la que podamos recurrir en busca de asesoramiento y ayuda y en la que recoger también información sobre los derechos de los niños o tal vez la ausencia de ellos, según los casos. 
La adopción es una cuestión muy delicada en todos nuestros países y en algunos de ellos tiene consecuencias constitucionales muy claras. 
De modo que, al tiempo que acogemos con beneplácito el informe del Sr. Casini, hemos de reconocer que en algunos países hay problemas constitucionales específicos en relación con algunas de las observaciones que ha hecho. 
También quisiera decir que hemos de empezar a aceptar los numerosos convenios existentes y aplicarlos. 
Existe el Convenio de La Haya, en el que yo trabajé, y, naturalmente, la Convención de las Naciones Unidas. 
Están ahí, pero hasta ahora no hemos tenido la voluntad política para aplicarlos y quisiera que Sus Señorías reconozcan la necesidad de que lo hagamos ahora. 
Señor Presidente, los dos informes que hoy nos ocupan tienen un punto en común: dar prioridad a los intereses del niño. 
Añadiría incluso que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial. 
Los informes Casini y Zimmermann tienen el mérito de existir y de poner de relieve las problemáticas de la adopción, de la protección de los derechos de los menores y de los derechos legítimos del niño. 
Después de los acontecimientos que sacudieron Bélgica, mi país, el Parlamento Europeo ha asumido sus responsabilidades. 
El Consejo y la Comisión por fin han establecido los primeros actos concretos destinados a conseguir una mayor protección del niño. 
Debemos estar a la altura de nuestras ambiciones y de las expectativas de nuestros ciudadanos y hacer hincapié en el carácter prioritario que el Consejo y la Comisión deben conferir a la lucha contra el turismo sexual. 
Señor Presidente, Señorías, la lucha contra la trata de los seres humanos y más especialmente la de los niños, compete de ahora en adelante no solamente a los Estados sino también a la Unión Europea. 
Sólo una cooperación reforzada podría poner un alto al escándalo de la infancia violada o explotada. 
Hace apenas unos días, la policía romana detuvo a un camboyano provisto de papeles falsos y acompañado de cuatro niños. 
Pero, cuántos otros traficantes de niños, señor Presidente, circulan con toda libertad. 
Trátese del arresto de un eslabón de la red internacional de pederastia o de la red de adopción ilegal o, aún peor, de un tráfico de órganos, la actualidad nos demuestra que la Unión Europea debe involucrarse más que nunca en esta materia. 
Europol debería sin duda alguna ayudarnos a desmantelar estas redes que gangrenan sin escrúpulos el porvenir de nuestras sociedades. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar al Sr. Casini por su informe sobre la mejora de la legislación en materia de adopción. 
En particular, porque reitera de forma eficaz el principio en virtud del cual la adopción debe contemplarse en última instancia como una forma importante de protección de la infancia más desfavorecida y, por consiguiente, como derecho de todo menor de tener una familia, más que un sistema para dar únicamente un hijo a quien no lo tiene. 
En el ámbito de esta orientación, dirigida en su conjunto al bienestar de los niños, se aprecia asimismo la claridad en cuanto a identificar en la familia tradicional el ambiente ideal para el menor adoptado y el único capaz de ofrecerle las condiciones más naturales y preferibles para su crecimiento equilibrado y su educación. 
No cabe duda de que, incluso en una familia tradicional, pueden suceder episodios desagradables, por ejemplo, casos de incesto y de malos tratos, sin embargo, al igual que sucede en otras situaciones, se trata de una excepción que debe perseguirse penalmente, y no de una regla. 
Por el contrario, la adopción del niño en el ámbito de los modelos familiares alternativos- familias de hecho y, en particular, parejas homosexuales- independientemente de cualquier evaluación, no protege en absoluto al menor, sino que representa sólo la egoísta afirmación del interés de dos adultos y esto nada tiene que ver con la tolerancia y la igualdad. 
Es distinto, a mi entender, el caso de la adopción por parte de una persona sola. 
En efecto, si existen las condiciones morales, económicas y sociales a las que se ha referido el ponente, es preferible la adopción por parte de una persona sola, más que el abandono del menor o su acogida en un centro. 
Sin embargo, para hacer más funcional y efectiva la adopción al servicio de los menores, es preciso, ante todo, que los procedimientos legislativos sean más transparentes y ágiles tanto para evitar dificultades excesivas y retrasos burocráticos en los Estados miembros, como para reglamentar el sistema de las adopciones internacionales que, en algunos casos, esconde tras de sí el tráfico de menores propiamente dicho. 
Tal como contempla el informe, sería sumamente oportuno y urgente crear dentro de cada Estado miembro, con arreglo a lo previsto en el Convenio de La Haya, un organismo de coordinación de las adopciones a nivel nacional, a fin de favorecer, ante todo, la circulación de los niños a nivel europeo y para desalentar cualquier forma de tráfico ilegal de menores, destinado a menudo no sólo a las adopciones, sino más tristemente al turismo sexual y a otras formas de explotación de los menores. 
Señor Presidente, Europa abandona a los niños, abandonamos a los niños. 
No quiero decir con eso que otros ciudadanos y familias europeos abandonen a los 120 millones de niños de Europa- aunque también -, ya se hable de rapto de niños, prostitución infantil o pobreza, que afecta con mayor virulencia a los niños que no comen lo suficiente. 
En ningún momento del año se siente con mayor intensidad que en Navidad. 
La de exclusión es una palabra que la mayoría de los niños no conocen, simplemente la experimentan y la sienten: exclusión de familia, amigos, atención sanitaria y educación y los medios para criarse decentemente y llevar vías productivas. 
¡No! 
Quiero decir que nosotros hemos abandonado a los niños. 
Nosotros- los políticos europeos -, con nuestra negligencia, hemos abandonado a los niños. 
Pese a nuestras exclamaciones de «Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo» , no hemos aportado un pesebre caliente para recibir a los niños excluidos de Europa. 
Permítaseme citar dos ejemplos de ello. 
En primer lugar, en los Tratados no se menciona a los niños; tampoco en el proyecto irlandés de revisión para la CIG proponemos la concesión a los niños de su estatuto idóneo. 
Son refugiados en su propio país: se los ve, pero no se los oye. 
Ya es hora de que acabemos con la ambigüedad de la ciudadanía y confirmemos su condición plena de ciudadanos en la CIG. 
En segundo lugar, el Mercado Único europeo. 
Todos votamos a favor de su rápida realización... y con toda razón, además. 
Un mercado único productivo del siglo XXI será la herencia de nuestros hijos, sus puestos de trabajo y prosperidad. 
Pero, al hacer ese mercado, al afianzar sus cimientos, no debemos olvidar a los niños. 
Un solo ejemplo: la libre circulación de los trabajadores- piedra angular del mercado- significa también la libre circulación de las familias, con los consiguientes problemas de adaptación a una nueva sociedad para los niños. 
La libre circulación de los trabajadores significa también la libre circulación de los pedófilos a través de las fronteras estatales. 
Ha llegado la hora de actuar, de conceder a los niños el estatuto en la CIG y protegerlos en la mayor empresa de Europa: el Mercado Único. 
Hay que apoyar el informe Zimmermann. 
Señor Presidente, una persona prácticamente ignorada por la prensa, porque trataba una cuestión que no está de moda, como la de los valores, invitaba a los representantes de las principales religiones y a los hombres pertenecientes al mundo de la cultura a debatir acerca de una cuestión simple: ¿en la actualidad, qué valor tiene el niño en las religiones y la cultura? 
¿Representa un valor fundamental o sigue siendo un valor instrumental? 
Ciertamente, el debate dependía del tema de la conferencia, siendo fácil identificar en la explotación sexual de los niños una instrumentalización y siendo asimismo fácil considerar al niño como un instrumento del adulto en la prostitución infantil. 
También es fácil, a pesar de que ya no es obvio, identificar esta instrumentalización del valor del niño en los casos de pederastia. 
No todos tenemos la misma legislación. 
Todavía menos obvia es la instrumentalización del niño en la pornografía, habida cuenta de que algunos consideran que la misma se limita a la explotación del niño y no a la posesión del material, mediante una diferenciación muy discutible, al ser en el fondo la posesión una forma de responsabilidad compartida en un tipo de delito consumado. 
A pesar de la solemne declaración del reconocimiento de sus derechos, a veces el niño se contempla, incluso en la mentalidad normal, desde un punto de vista muy distinto y como algo que debe utilizarse, un recurso para los padres, la publicidad, el mercado laboral y la criminalidad organizada. 
En consecuencia, se pierde la idea del niño entendido como valor por sí mismo. El niño se mide con relación al deseo y las necesidades de los demás y las simples expectativas de los adultos se convierten incluso en derechos más importantes que el derecho del niño. 
Considero que la adopción es la prueba para demostrar cuán importante es el derecho del niño. 
Los requisitos y las normas que el informe del Sr. Casini pide están orientados a este fin, sin embargo, se contradicen sólo en el apartado en el que se invoca un derecho a la adopción. 
No existe, de hecho, un derecho a la adopción. 
Existe, mejor dicho puede existir quizás, una disponibilidad. Si se parte únicamente del derecho de las personas y no del derecho del niño, serán cada vez menos rigurosos los requisitos legislativos que se exigen en la actualidad, unos requisitos que imponen a los padres una mayor capacidad de afecto y estabilidad. 
Pido a los dos ponentes que han llevado a cabo un buen trabajo con respecto a este tema, que se pongan de acuerdo entre sí. 
Señor Presidente, en el curso de casi treinta años de práctica médica, he tenido muchas veces la ocasión de encargarme de la salud y el seguimiento psicológico de niños adoptados desde su más tierna infancia, hasta la edad adulta. 
Una observación constante en esos niños es que a partir de la adolescencia se manifiestan problemas de orden psíquico, con grados variables según la capacidad de acogida de las familias adoptivas, pero siempre en relación con las diferencias culturales profundas cuando se trata de niños procedentes de países lejanos. 
El desgarramiento entre dos civilizaciones que viven esos niños, ya sean coreanos, srilankeses o zaireños es real, incluso si no tienen de su país de origen sino una visión imaginaria. 
Es importante, a mi juicio, que nuestro Parlamento incite a los países de la Unión, pero también a los demás países europeos, a facilitar la adopción de sus nacionales y hagan que cese el comercio de los niños, practicado por un número creciente de países del Tercer Mundo. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Libertades Civiles y de Asuntos Interiores, acojo con beneplácito el informe de la Sra. Zimmermann sobre las medidas de protección de los menores en la UE. 
Está claro que la sociedad europea no ha reconocido hasta hace muy poco la verdadera amplitud, las ocho novenas partes ocultas, del iceberg del abuso sexual, como lo han revelado los acontecimientos trágicamente descubiertos en el Reino Unido y en Bélgica. 
Hay maltrato de niños. 
Todos lo sabemos. 
También hay maltrato organizado de niños. 
Los pedófilos actúan allende las fronteras nacionales de los Estados. 
Por eso tenemos que utilizar todos los medios posibles para luchar contra sus actividades. 
Acojo con beneplácito las propuestas que figuran en el informe encaminada a fortalecer las legislaciones contra la explotación sexual, a luchar contra la proliferación del sexo, pero hemos de hacer algo más. 
Tenemos que utilizar los medios de que disponemos, organizaciones como Europol, para mantener registros de quienes hayan sido condenados por pedofilia y poner esa información a disposición de todos los Estados. 
Tenemos que utilizar la tecnología de que disponemos para luchar contra la pornografía infantil: por ejemplo, en Internet y en otros sitios. 
También acojo con beneplácito el párrafo 32 del informe, que pide a los Estados miembros que eliminen todas las diferencias entre la situación jurídica de los niños nacidos de parejas solteras y las nacidos de parejas casadas. 
Acojo con beneplácito el párrafo 36, que pide la libre circulación de los niños cuya nacionalidad no corresponda a ninguno de los Estados miembros. 
Todos conocemos ejemplos de niños de terceros países en visitas escolares a los que no se permite cruzar las fronteras de los Estados miembros, situación absolutamente ridícula. 
Por último, quisiera decir lo mucho que me ha impresionado que la Sra. Stirbois haya sido capaz de exhibir el dogma racista de su partido incluso a propósito de un informe sobre los niños. 
Sus horribles e intolerantes observaciones racistas sobre la adopción van a recibir una paliza. 
Señor Presidente, hoy celebra UNICEF su cincuenta aniversario, y la Sra. Zimmermann ha presentado su informe sobre las acciones a realizar para la protección de los menores. 
Mi enhorabuena a ambos. 
No obstante, es importante que no nos limitemos a debatir y poner de relieve hoy la situación de la infancia, sino que lo hagamos todos los días del año. 
Hay especialmente un sector en el que voy a centrarme, y que afecta a la educación y el cuidado de los niños. 
La infancia tiene derecho a relacionarse con unos representantes femeninos y masculinos válidos en su vida diaria. Por tanto, los escándalos sexuales que se han producido recientemente, y que todos condenamos, no deben impedir que los hombres trabajen en empleos que supongan un contacto con la infancia. 
En la actualidad, son a menudo las mujeres las que tienen el derecho y la obligación de hacerlo. 
Por ello, cabe recomendar a los hombres europeos que se involucren en mayor medida en el cuidado y la educación de la infancia. 
Nuestros hijos deben experimentar un desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral y social que se vea influido por personas del sexo femenino y masculino. 
En lo concerniente a los derechos de la infancia es importante decir que, cuando exigimos el respeto de los derechos humanos en nuestros acuerdos comerciales, se da por descontado que se incluye a la población menor de edad. 
Si este no es el caso, deberíamos inscribir en el nuevo Tratado las cosas que muchos oradores han mencionado y señalado hoy. 
El Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño debe formar parte del marco de refencia democrático. 
Señor Presidente, ante todo, deseo felicitar al Sr. Casini y decir que estoy plenamente de acuerdo con lo manifestado en su informe, en particular, por lo que respecta al hecho de que la adopción debe tener como finalidad dar una familia al menor que no la tiene. 
Me es grato constatar que a lo largo del debate de esta tarde, todo el mundo se ha mostrado de acuerdo con este principio y confío en que, después y en la práctica, en cada uno de los Estados miembros dicho principio se persiga realmente. 
De aquí se deriva toda una serie de consideraciones sobre la adopción por parte de las personas solas. Una vez más, nuestra atención debe centrarse fundamentalmente en el bienestar del niño, teniendo también en cuenta la cultura de origen de los menores adoptados y la cultura de la familia de acogida. 
El bienestar del niño, asimismo, puede lograrse a través del llamado método de adopción «a distancia» que se está practicando en muchos de nuestros países y permite hacer frente a los problemas más graves de los menores, sobre todo en los países más pobres, sin desarraigarlos de su entorno social y cultural de origen. 
Con referencia al informe de la Sra. Zimmermann, deseo hacer hincapié en algunas de las enmiendas que presentó nuestro Grupo de Unión por Europa. En primer lugar, una enmienda oral que vamos a plantear mañana mismo y que se refiere al apartado 4, en el que se insta a los Estados miembros a que, al modificar el Tratado, incluyan un apartado relativo a los niños que constituyen una grupo de personas independiente y se pide a la Unión Europea que, en el ínterin, convierta los derechos del niño en un principio fundamental de su actuación. 
Asimismo, deseo llamar la atención con respecto a una enmienda, incluida en el apartado 24 del informe de la Sra. Zimmermann, en cuya virtud se pide a los Estados miembros que actúen en favor de una colaboración más estrecha entre las autoridades judiciales, los servicios policiales, los servicios de asistencia social y las organizaciones no gubernamentales, incluso mediante la creación de específicos bancos de datos relativos a las personas consideradas culpables de actos de pederastia, a fin de garantizar la posibilidad de que en los plazos más cortos posibles todos los Estados miembros puedan conocer quiénes son culpables de actos de pederastia y, en consecuencia, puedan llevar a cabo el seguimiento de estas personas. 
La Sra. Zimmermann se ha referido a la hipótesis de un teléfono gratuito a escala europea. 
Deseo reiterar que en Italia, tal como apuntó la Sra. Zimmermann, el «teléfono azul» lleva funcionando desde hace diez años y en 1997 se celebrará el 10º aniversario de su actividad. 
Se trata de una experiencia extremadamente positiva que, no cabe duda, debe someterse a la atención de todos los Estados miembros, a fin de garantizar la posibilidad de un sistema de telefonía común para todos los países de la Unión. 
Señor Presidente, ¿es cierto que la Sra. Todini ha hablado en nombre de la Comisión de Cultura, pues lo he visto en la pantalla, y de ser así, ¿es cierto que ha defendido al mismo tiempo las enmiendas de su Grupo? 
Quisiera formular una segunda pregunta: la Sra. Todini tiene fama en este Parlamento de llegar a la conclusión de que todo el mundo está de acuerdo con ella. 
Ahora ha sacado la conclusión de que todo el mundo está de acuerdo con ella en que la adopción sólo es posible en las familias tradicionales. 
En tal caso, o se ha perdido parte del debate, o no ha escuchado, pues he oído decir varias veces que la adopción tendría que poder tener lugar en formas menos tradicionales de convivencia. 
Por consiguiente, que la Sra. Todini no saque conclusiones tan precipitadas. 
Sra. van Dijk, la Sra. Todini ha hablado en su función de ponente para opinión de la Comisión de Juventud. 
Examinar lo que la ponente ha dicho corresponde a la Comisión de Juventud. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0367/96) del Sr. Kerr, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (94) 0300- C4-0151/94-94/0203 (CNS) ) sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad. 
Señor Presidente, parece haber pasado mucho tiempo desde que debatimos por primera vez este informe en el Parlamento. 
De hecho, fue una de las cinco primeras tareas que se me asignaron como nuevo diputado en septiembre de 1994, cuando la Comisión presentó la directiva revisada. 
Resulta muy oportuno que lo estemos debatiendo hoy, cuando se están haciendo los preparativos para la reunión del Consejo en Dublín. 
En dicha reunión se hablará del futuro de Europa, la CIG, y me atrevo a afirmar que la directiva sobre los derechos adquiridos de los trabajadores es uno de los elementos fundamentales para la construcción de la Europa social, parte importante de la dimensión que se reafirmará- espero- en esos debates que se celebrarán en Dublín en el fin de semana. 
Se trata de una directiva de 1977 con la que se intentó asegurar a los empleados de la Unión Europea que la Unión estaba interesada en proteger sus derechos en un momento de cambio económico debido a las fusiones, absorciones y privatización del sector público al privado. 
Fue un intento de asegurarles que se protegerían sus condiciones y salarios en el momento de la absorción. 
La directiva fue aprobada en 1977, pero fue impugnada durante muchos años en los tribunales, hasta llegar al Tribunal de Justicia. 
Muchos de los fallos de éste revelaron claramente que la directiva era aplicable en todos los Estados miembros y en casi todas las situaciones relativas a las absorciones, fusiones y traspasos de empresas. 
Pasó a ser una parte muy importante de la Europa social. 
No constituye un secreto que varios Estados miembros, en particular el Reino Unido, estaban deseosos de cambiar esa situación y menoscabar la directiva y la Comisión se vio sometida a presiones para que presentara una directiva revisada. 
De hecho, vale la pena recordar que el entonces Ministro de Trabajo británico, Michael Portillo, al que el Sr. Flynn recordará- estoy seguro- con cariño, escribió una carta a su colega, el Ministro de Asuntos Exteriores, en la que decía: » Es una directiva revisada que nos gusta mucho, pero no debemos decirlo; si no, alarmaremos a los demás miembros de la Unión Europea, si ven que nos gusta mucho». 
De modo que la Comisión presentó la directiva en septiembre de 1994 y llegó al Parlamento para su primer debate en octubre de 1994. 
Vale la pena recordar que en los debates que celebramos en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y, por último, en el propio Parlamento- y para prepararme para el debate de hoy he estado repasando el debate del pasado mes de enero -, se indicó muy claramente la posición de que la directiva original revisada, en particular el apartado 1 del artículo 1, y el menoscabo, a nuestro juicio, representado por la exclusión de la subcontratación de la directiva, constituía un importante motivo de preocupación para la comisión y para todo el Parlamento. 
Después del debate en el Parlamento, el Comisario Flynn volvió a la Comisión y obtuvo garantías de que la Comisión aceptaría su supresión y la recuperación del texto original de la directiva en cuanto a las definiciones de empresa. 
Nos alegramos mucho de que lo hiciera y consiguiese obtener el acuerdo de la Comisión. 
Posteriormente, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos han estado examinando el resto de la directiva y éste es el resultado final del informe que tenemos ante nosotros. 
Hay varias enmiendas, pero no voy a repasarlas en detalle en este momento. 
Hemos tropezado con algunos problemas con las enmiendas relativas a la liquidación y a la quiebra. 
En nuestras conversaciones con la Comisión- y hemos tenido muy buenas relaciones con los funcionarios de la Comisión a propósito de este informe- hemos intentado aclarar la legislación, armonizar la legislación, para que tenga un punto de referencia común en toda Europa Hemos intentado abordarlo en varias de las enmiendas. 
Sé que en el último minuto algunos miembros de la comisión abrigaron alguna preocupación al respecto, por lo que retiramos esas enmiendas en la comisión para presentárselas en conjunto a Sus Señorías esta noche. 
Sin embargo, no vamos a adoptar una actitud totalmente inflexible al respecto, por lo que estoy dispuesto a celebrar conversaciones sobre dichas enmiendas con Sus Señorías antes de que votemos sobre el informe mañana. 
Existe la necesidad urgente de aclarar la situación, de distinguir claramente entre liquidación y quiebra, cuando las empresas se encuentran en dificultades y eso es lo que intentan hacer. 
Quiero referirme brevemente a la enmienda relativa a las pensiones. 
Tengo entendido que la Comisión no va a poder aceptarla, pero es importante señalar la cuestión de la transferencia de los derechos de pensión. 
Se trata de una cuestión que está cobrando cada vez mayor importancia en la Unión Europea. 
Muchos trabajadores están viendo acumularse sus pensiones laborales. 
Algunos las han visto amenazadas en el pasado por absorciones, fusiones y traspasos. 
Sé que la opinión de la Comisión es la de que se trata de una cuestión de subsidiariedad, pero es un toro que habrá que coger por los cuernos. 
Tan sólo en el Reino Unido hay 750.000 millones de ecus de derechos de pensión y muchos miles de millones más en el resto de Europa afectados. 
Debemos abordar también eso. 
Por último, termino rindiendo homenaje a las personas que han trabajado conmigo en este informe: Stephen Hughes, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, que está en Singapur representándonos en la OMC; Sue Waddington, de la Comisión de Derechos de la Mujer; 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Kerr, por sus esfuerzos para hacer ver a la Comisión las múltiples consecuencias negativas para los derechos de los trabajadores que tendrían determinadas propuestas básicas de la misma, así como por su trabajo en conjunto. 
Quisiera referirme en concreto a las enmiendas núms. 4 y 9 del ponente para solicitar, yo también, que sean aprobadas unánimamente por el Parlamento y, por supuesto, por el Consejo y la Comisión. 
Estas enmiendas coinciden de lleno con el espíritu de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, redactada por mí. 
La figura jurídica en virtud de la cual el traspaso de una función del centro de actividad o parte del centro de actividad no constituye en sí un traspaso, y en consecuencia no se protegen ni se conservan los derechos de los trabajadores, resulta extremadamente peligrosa y puede conducir a una proliferación de traspasos ficticios cuyo único objetivo sea pasar por alto los derechos adquiridos de los trabajadores. 
Igualmente, al otorgar, aunque sea a la autoridad judicial, la facultad de modificar o rescindir los contratos de trabajo o las relaciones laborales a fin de garantizar la supervivencia de la empresa en caso de insolvencia del empleador, puede inducirse del mismo modo una proliferación de quiebras ficticias con el mismo objetivo. 
La directiva debe definir con total claridad el concepto de traspaso y aplicar las disposiciones protectoras en cualquier operación de este tipo que afecte a los derechos del trabajador. 
En lo que se refiere a los casos de insolvencia, debe quedar claro que no se podrán rescindir o modificar contratos laborales sin el consentimiento de los trabajadores y sus representantes. 
En una época en la que los trabajadores están bajo la presión, concretamente, de pactos de estabilidad, programas de convergencia y políticas de empleo basadas en el desmantelamiento de sus derechos, no nos hacen falta regulaciones como las propuestas, supuestamente destinadas a conservar, que no a erradicar, los derechos de los trabajadores. 
Señor Presidente, Señorías, ¿podemos seguir hablando de protección de los trabajadores cuando, aunque sea posible defender una parte de los puestos de trabajo ya ocupados, al mismo tiempo corren peligro o se pierden definitivamente muchos otros? 
¿Podemos contentarnos con proteger a quienes tienen un empleo, mientras para los parados siguen deteriorándose las oportunidades de acceder a un puesto de trabajo? 
En mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, me encuentro en una posición difícil, puesto que no he conseguido un apoyo mayoritario para algunos puntos que yo considero sumamente importantes. 
En resumen, éstos son dos. 
El primero es la respuesta a la pregunta de qué constituye un traspaso. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se manifestó a favor de que se conserve la formulación propuesta por la Comisión, esto es, la que contempla el traspaso de una actividad que se vea acompañado del traspaso de una entidad económica que mantenga su identidad. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo aboga ahora por que se mantenga la definición de 1977. Esto último no es aceptable a mi parecer. 
A la vista de la jurisprudencia casuística del Tribunal de Justicia Europeo, se requiere una formulación clara e inequívoca, que excluya en particular la posibilidad de que el mero traspaso de una función- recuérdese el Asunto Christel Schmidt- determine la aplicación de la Directiva. 
Mantener esta situación tendrá graves consecuencias para la economía e incrementará todavía más la tasa de desempleo en los Estados miembros. 
Yo habría preferido que se mantuviese la precisión, de conformidad con mi propuesta. 
El segundo punto importante se refiere al procedimiento de insolvencia. 
Éste se ha incorporado, pero dentro del mismo se establece una distinción entre procedimiento de saneamiento y procedimiento de liquidación. 
A mi parecer, también este punto resulta desventajoso para el trabajador. 
En vez de optar por un procedimiento de saneamiento en el marco de un procedimiento de insolvencia no encaminado a la liquidación, conservando las partes viables de la empresa y evitando una considerable destrucción de empleo, se recurrirá más bien a un procedimiento encaminado a la liquidación, en el cual, como muestra la experiencia, se pierden más puestos de trabajo. 
Por consiguiente, yo sólo puedo finalizar mi intervención recordando una vez más las preguntas que he formulado al principio. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al Sr. Kerr por este informe. 
Ha representado una cantidad tremenda de trabajo y, cuando examinamos este asunto en esta Asamblea en enero de 1996, la preocupación principal del Parlamento fue la de convencer a la Comisión de la necesidad de eliminar de la propuesta de revisión de la directiva la nueva definición de traspaso, es decir, el apartado 1 del artículo 1, ya que la nueva definición habría excluido del campo de aplicación de la directiva la subcontratación de servicios. 
Al intervenir en aquel debate como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer, expliqué cómo afectaría negativamente la revisión a las trabajadoras en particular. 
Cité investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Reino Unido, que había examinado las diferencias de las repercusiones del traspaso de las actividades en los hombres y en las mujeres. 
Según dicha investigación, cuando la directiva no se aplicaba al sector público, las trabajadoras tenían más probabilidades que los hombres de perder sus empleos o de que se les redujeran el salario y los derechos de pensión. 
Así, pues, me complace mucho que el Comisario Flynn haya accedido a eliminar de la directiva revisada esa nueva definición. 
Pero la Comisión de Derechos de la Mujer ha propuesto otra enmienda que ha obtenido el apoyo de la Comisión de Asuntos Sociales, que, a la luz de la experiencia, consideramos muy importante. 
Se trata de la enmienda nº 15, que obliga a los Estados miembros a prohibir cualquier discriminación en la aplicación de las disposiciones de la directiva. 
Digo «a la luz de la experiencia» con conocimiento de causa, porque somos conscientes de la vulnerabilidad de ciertos grupos de trabajadores cuando se producen traspasos. 
Son los grupos que hacen trabajos relativamente poco considerados, pero esenciales, como las tareas de limpieza, conserjería y prestación de asistencia. 
Suelen desempeñarlas principalmente mujeres. 
Quiero señalar a la atención de Sus Señorías un ejemplo actual que me ha transmitido el sindicato de los servicios públicos, Unison. 
Actualmente, en Irlanda del Norte, a consecuencia de la subcontratación de los servicios nacionales de salud a una compañía privada, más de 500 trabajadores, la mayoría mujeres, se declararon en huelga durante dos semanas en octubre de este año, porque los nuevos contratistas les han reducido el salario, han introducido diferencias salariales entre hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo, han introducido tasas diferenciales de sueldo para los trabajadores en diferentes zonas de Irlanda del Norte y han recurrido a personas que buscaban trabajo para romper la huelga. 
Esos asuntos tal vez tengan que zanjarse en los tribunales, porque los contratistas pueden estar violando la legislación nacional y europea, pero ilustra la necesidad de una directiva para proteger a los trabajadores contra la discriminación y brindarles alguna seguridad para los casos de traspaso. 
El debate del informe del Sr. Kerr queda interrumpido y se reanudará a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-1226/96) , dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Arlene McCarthy (H-0911/96): 
Asunto: Pactos territoriales de empleo a escala local y regional 
Teniendo en cuenta que, a pesar de que el Reino Unido se unió a la estrategia de empleo en las cumbres de Essen, Madrid y Florencia, tanto el Primer Ministro, John Major, como el Ministro de Empleo, Gillian Shephard, se han dirigido al Presidente Santer y al Comisario Flynn respectivamente, con objeto de poner de manifiesto su reticencia a la hora de aplicar la iniciativa relativa a los pactos territoriales de empleo a escala local y regional, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para persuadir al Reino Unido del valor de unirse a estos programas piloto y convencer a sus autoridades de que no se desentiendan de dichos pactos de empleo? 
¿Quiere decir esto que, en la cumbre de Dublín, el Reino Unido será el único Estado miembro que no disponga de programas piloto para los pactos territoriales de empleo a escala local y regional? 
A raíz de la iniciativa de la Comisión sobre desarrollo local y empleo y las conclusiones de los Consejos Europeos de Cannes y de Madrid, el Consejo Europeo de Florencia pidió a los Estados miembros que seleccionaran, en los casos en que fuera posible, regiones o ciudades como candidatas para participar en proyectos experimentales relativos a pactos territoriales y locales sobre el empleo con vistas a aplicarlos durante 1997. 
Como anunció en el Consejo Europeo de Florencia, la Presidencia irlandesa organizó en Dublín los días 11 y 12 de noviembre una conferencia sobre iniciativas locales en materia de empleo. 
Ese asunto se examinó también en la conferencia ministerial que se celebró en Ballyconnel los días 14 y 15 de noviembre. 
Dicha conferencia versó sobre las repercusiones en el empleo de los Fondos estructurales, los pactos territoriales sobre empleo y el informe de la Comisión sobre la cohesión. 
Hubo amplio consenso sobre el planteamiento propuesto por la Comisión, que es el de establecer pactos en los niveles regional o local con carácter experimental. 
También hubo acuerdo sobre que los pactos territoriales sobre empleo deben reflejar las instituciones y tradiciones de los diferentes Estados miembros. 
Si bien hay muchos ejemplos útiles en los Estados miembros, en particular el mío, de estrategias encaminadas a movilizar el apoyo para el desarrollo económico local y la creación de empleo, en este momento corresponde a los Estados miembros juzgar si es deseable promover dichos proyectos. 
Le agradezco Sr. Mitchell, y también al Presidente en ejercicio, que me invitara al seminario de Ballyconnel. 
He podido escuchar las observaciones hechas, pero lamento que no haya respondido usted a mi pregunta. 
Quería saber si nos acogemos a una cláusula de exención y si el Gobierno del Reino Unido le ha dicho oficialmente que no presentará proyectos experimentales para ese Consejo determinado. 
Quería preguntarle: ¿no significa que los interlocutores locales y regionales deben poder presentar sus proyectos a la Comisión? 
Hablo como representante de una región que ha pasado algún tiempo, en vista de esas reuniones del Consejo, preparando su pacto para el empleo. 
Ahora habrá que decirle que no puede presentarlo. 
¿No se siente defraudado de que el Gobierno del Reino Unido no recoja la iniciativa que ha propuesto usted? 
En primer lugar, he de señalar que en ningún momento se ha pedido al Consejo que abordara la cuestión concreta planteada en la pregunta de Su Señoría, pues corresponde a la Comisión y no al Consejo aplicar las políticas, los textos legislativos y otras decisiones adoptadas en el nivel de la Unión. 
Da la causalidad de que yo soy el Ministro encargado del desarrollo local en Irlanda. 
Tenemos un planteamiento muy avanzado para el desarrollo local en Irlanda, basado en 12 planes experimentales. 
Se trata de un planteamiento basado en las características particulares de cada zona, muy similar al planteamiento de los pactos territoriales que está adoptando en este momento el Consejo. 
De hecho, el Consejo se está basando en gran medida en la experiencia irlandesa para llevar a cabo su labor. 
Hemos pasado de 12 a 38 planes experimentales en todas las zonas desfavorecidas de Irlanda seleccionadas. 
Se trata de un planteamiento integrado para abordar las causas subyacentes del desempleo de larga duración: educación complementaria, formación complementaria, mejoras medioambientales. Se dispone de fondos para la creación de puestos de trabajo en empresas de una a cinco personas y calculamos que así se crearán unos 8.000 puestos de trabajo. 
También tenemos en cuenta las condiciones de vida. 
Las condiciones en que viven las personas afectan a sus posibilidades de encontrar empleo, en particular si viven en bloques de pisos atestados, obscuros y húmedos, gestionados por las autoridades locales. 
La gestión de esos bloques de pisos forma parte del plan: cinco dedos en un guante. 
Siento tal entusiasmo al respecto, que creo en verdad que es algo que debería existir en todos los Estados miembros y no sólo eso, sino que, además, es aplicable a los 11 Estados candidatos. 
De modo que me gustaría que hubiera un centro modelo y, desde luego, me gustaría que se compartiera la experiencia que tenemos en Irlanda con otros Estados miembros. 
Me siento decepcionado de que no haya habido más Estados miembros que hayan recurrido aún a las iniciativas locales de desarrollo, porque se las ha mencionado en todos los Consejos Europeos desde el de Essen, inclusive. 
No me corresponde a mí dar lecciones a los otros Estados miembros sobre cómo deben ocuparse de sus asuntos, pero existe un informe de la OCDE sobre el desarrollo local en Irlanda y quisiera recomendar su lectura a todos los Estados miembros. 
Es semejante, en cierto modo, al movimiento de Unión Crediticia: no sé si hay algo similar en todos los Estados miembros. 
Al comienzo, puede que hubiera personas que intentaran desecharlo por considerarlo un sistema de préstamo organizado y hay personas que desechan el desarrollo local como un simple plan más de entre una serie numerosa. 
No es tal cosa. 
Se trata de un planteamiento integrado destinado a zonas muy necesitadas, está adaptado a las necesidades de la zona y, en mi opinión, tiene aplicación en todas las zonas desfavorecidas- rurales y urbanas- de toda la Unión. 
Recomiendo el informe de la OCDE sobre el desarrollo local en Irlanda como un estudio que podría resultar provechoso para todos los Estados miembros. 
Agradezco al Ministro sus observaciones, pero quiero abundar en un par de observaciones hechas por la Sra. McCarthy. 
¿Cree que el del Reino Unido va a ser el único Gobierno en la Cumbre de Dublín que no presentará pactos territoriales y locales por el empleo para esos proyectos experimentales? 
Si es así, ¿tendría a bien el Ministro decir si estará en condiciones de intentar convencer al Gobierno británico para que cambie de actitud y participe en realidad en 1997? 
Puedo decirle, como la Sra. McCarthy, que hay muchas propuestas amplias que podrían presentar mi región y que reunirían los requisitos para participar en esos pactos territoriales y locales, en particular una formulada por una de las autoridades locales de mi zona, el Ayuntamiento de Sandwell. 
Es un plan tan excelente, que podría reunir los requisitos e iniciar inmediatamente la tramitación. 
Me gustaría saber si tendría a bien hacerme un par de observaciones sobre mis preguntas y una observación general sobre la preparación del Reino Unido. 
No corresponde al Consejo decir a los Estados miembros lo que deben hacer, pero me siento tan entusiasta sobre todo el sector del desarrollo local y los pactos territoriales, que, personalmente, estaría dispuesto a intentar convencer a los demás de su interés. 
Debemos hacer lo que podamos para abordar los problemas de las comunidades más desfavorecidas y a las personas que viven en las comunidades más desfavorecidas- ya sean rurales o urbanas- y podemos, en pro de la Unión y de los ciudadanos, basarnos en la experiencia mutua. 
No sé si el Reino Unido será el único Estado miembro. 
Y algunos Estados miembros que tal vez no estén en condiciones de hacerlo en Dublín podrían perfectamente decidir en fecha posterior presentar propuestas. 
Pero, desde luego, he planteado esta cuestión a determinados ministros del Reino Unido. 
Invitamos a un ministro del Gobierno británico a la conferencia celebrada en Dublín y creo recordar que un representante suyo asistió a la conferencia. 
Comprendo que no quiera usted dar lecciones a otros Estados miembros, pero no sé si sabrá usted que, según la Comisión Europea, la próxima semana va a haber en Dublín por lo menos 60 propuestas de pactos territoriales por el empleo de al menos 12 Estados miembros. 
Ha recibido una carta de la Sra. Gillian Shephard, ministra de Educación del Reino Unido, en la que dice que Gran Bretaña no aplicará esas propuestas, porque serían simples repeticiones de los partenariados en pro del empleo existentes en el Reino Unido. 
Ahora bien, las entusiastas observaciones que ha hecho usted me hacen pensar que no está usted de acuerdo con ella. 
Permítame hacerle la siguiente pregunta, respecto de algo que la Comisión ya me ha confirmado: si el Gobierno británico cambia de opinión en fecha posterior o, de hecho, si cambia el propio Gobierno británico, ¿podrá entonces Gran Bretaña presentar planes con arreglo a los pactos territoriales en pro del empleo en fecha posterior? 
¿Lo acogería el Consejo con beneplácito? 
Tengo entendido que, si el Gobierno británico cambiara de opinión en una fase posterior, podría participar en los pactos territoriales como otros Estados miembros. 
Personalmente, sí, comparto la decepción al respecto, porque creo que en todos los Estados miembros. 
Aunque hay programas similares en los Estados miembros hay muchas posibilidades de desarrollo local, el planteamiento basado en el partenariado en el que se ha hecho hincapié en el conjunto de propuestas Santer- que se basa en gran medida, no me cabe duda, en la experiencia irlandesa- es excepcional, en el sentido de que da el poder de decisión a las comunidades y- lo que resulta decisivo- obliga a las comunidades a hacerse responsables. 
Es un planteamiento que infunde responsabilidad y espíritu de empresa para abordar los problemas reales de la comunidad, al dar a ésta el derecho de decisión para que afronte por sí misma dichos problemas. 
Creo, en verdad, que ese nuevo planteamiento debe interesar a todos los Estados miembros. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 2 no se formula. 
Pregunta nº 3 formulada por Bernd Posselt (H-0921/96): 
Asunto: Situación en el Cáucaso Septentrional 
¿Como evalúa el Consejo la situación política actual en Chechenia, Ingushetia y Daguestán y qué ayuda humanitaria se prevé para 1997? 
El Consejo cree que se han logrado considerables avances con vistas a una solución pacífica del conflicto en Chechenia. 
El 25 de noviembre, el Consejo de Asuntos Generales acogió con beneplácito los acuerdos concertados el 23 de noviembre entre el Primer Ministro ruso Chernomirdin y el dirigente del Gobierno checheno Masjadov. 
También es importante la decisión del Presidente Yeltsin, adoptada también el 23 de noviembre, de retirar todas las tropas rusas de Chechenia. 
El Consejo ha tomado nota también de la intención de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en enero del año próximo. 
Al mismo tiempo, el Consejo reconoce que queda mucho por hacer y espera que las dos partes sigan respetando los compromisos susbcritos. 
A lo largo de todo ese conflicto, el Consejo ha subrayado su convencimiento de que las negociaciones políticas constituyen el único medio de alcanzar una solución política duradera en Chechenia. 
El Consejo está convencido de que el grupo de asistencia de la OSCE en Grozni puede hacer una contribución valiosa al mantenimiento del diálogo establecido entre las partes, promover el respeto pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria internacional. 
El apoyo de las dos partes al papel de la OSCE es digno de beneplácito. 
El Consejo no ha examinado la situación en Ingushetia o Daguestán. 
No obstante, preocuparía al Consejo que la situación de Chechenia afectara a la estabilidad de la región. 
ECHO, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, ha asignado más de 7, 4 millones de ecus durante 1996 a los organismos internacionales de ayuda y a las ONG en Chechenia y el Cáucaso septentrional. 
En total, se han desembolsado más de 33, 7 millones de ecus para apoyar las actividades humanitarias en la región desde 1994. 
En la tercera reunión del comité de ayuda humanitaria celebrada el 31 de octubre de 1996, los Estados miembros aprobaron la asignación de 2, 2 millones de ecus, que representa la última fase del plan global de ECHO para 1996. 
La última asignación para asistencia se desembolsará al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las ONG para que faciliten alimentos, agua, saneamiento y suministros médicos. 
El plan global abarcará un período de cuatro meses hasta el final de febrero de 1997. 
Yo le agradezco la precisión de su respuesta y quisiera hacer dos breves preguntas complementarias. 
En primer lugar: ¿Tiene previsto organizar el Consejo una observación de las elección del 25 de enero en Chechenia? 
En segundo lugar: ¿Cuál es la valoración del Consejo con respecto a la situación en la vecina Georgia, donde vuelven a producirse cada vez con mayor frecuencia graves atentados contra los derechos humanos? 
En relación con Georgia, no creo que el Consejo haya examinado la situación en ese país en el pasado reciente, pero comentaré ese asunto con mis colegas y comunicaré los resultados a Su Señoría. 
En relación con los observadores, la Unión Europea normalmente hace observaciones de elecciones, cuando se le solicita. 
Hasta ahora no se ha recibido solicitud alguna de observar las elecciones chechenas. 
Si se recibiera, se examinará detenida y favorablemente. 
Pregunta nº 4 formulada por Anne McIntosh (H-0925/96): 
Asunto: Abolición del comercio libre de impuestos 
Teniendo en cuenta el compromiso del Consejo de abolir a largo plazo el comercio libre de impuestos (» duty free» ), ¿se ha realizado algún estudio para evaluar la incidencia de semejante medida para los empleados del sector de transportes, en particular, en aeropuertos y puertos? 
¿No estima la Presidencia en ejercicio que la abolición del comercio libre de impuestos hará peligrar puestos de trabajo en el sector del transporte de pasajeros? 
¿Qué medidas propone el Consejo para compensar la incidencia negativa en el empleo? 
Cuando aprobó la directiva por la que se abolían las fronteras fiscales a partir del 1º de enero de 1993, el Consejo decidió poner fin a las ventas libres de impuestos a los viajeros intracomunitarios. 
Le parecía que en un mercado interior sin fronteras fiscales ya no había razón alguna para que se hicieran ventas libres de impuestos a las personas que viajaran dentro de esa zona sin fronteras. 
Sin embargo, quisiera señalar a la atención de Su Señoría que los viajeros que abandonan el territorio de la Comunidad siguen teniendo derecho a hacer compras libres de impuestos. 
El Consejo era consciente de las dificultades y las repercusiones sociales que podían haberse producido en los sectores interesados cuando se abolieran las ventas libres de impuestos para los viajeros intracomunitarios. 
Por esa razón, autorizó la continuación de dichas ventas durante un período transitorio que concluirá el 30 de junio de 1999. 
En la reunión del Consejo Ecofin celebrada el 11 de diciembre de 1996, la Presidencia pidió a la Comisión que hiciera un estudio de las repercusiones económicas y sociales del fin de las ventas libres de impuestos en la UE, pero algunos Estados miembros no apoyaron esa propuesta. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Entiendo los problemas que plantea la realización de ese estudio. 
Sin embargo, como complemento de mi pregunta sobre las medidas que va a proponer el Consejo, si se producen repercusiones negativas en el empleo, he de decir que necesitamos claramente un estudio que lo evalúe. 
¿Convendrá el Presidente en ejercicio en que su país y el mío, por ser islas, van a soportar costos mayores que se dejarán de subvencionar mediante las ventas libres de impuestos? 
En particular, como dejará de estar subvencionado a partir de 1999, el costo de los viajes en autocar o en automóvil aumentará, pues no se podrá seguir subvencionándolo mediante las ventas libres de impuestos. 
¿Podría evaluar también las consecuencias en el turismo de los Estados de la Europa meridional, si, en lugar de ir a España, Portugal, Italia y Grecia, los turistas británicos e irlandeses deciden visitar el Africa septentrional, Turquía o cualesquiera otros países de fuera de la Unión? 
¿Convendrá también en que la eliminación de las ventas libres de impuestos encarecerán los viajes, lo que constituirá una violación del espíritu del Tratado, que pide una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa? 
Esta pregunta concreta resulta pertinente para los Estados miembros que son islas. 
Según una cifra de que he tenido conocimiento recientemente, unos 140.000 puestos de trabajo en toda la Unión están relacionados directa o indirectamente, total o parcialmente, con esas ventas libres de impuestos. 
Otra consecuencia para los Estados insulares es la de que podría aumentar el costo de los viajes aéreos. 
Muchas compañías aéreas, por ejemplo, se benefician de las ventas libres de impuestos, gracias a las cuales funcionan con menos costos. 
De modo que se trata de algo que afecta directamente a varios Estados miembros, entre ellos- y no en poca medida- el mío. 
Quisiera que, antes de que se adopte decisión alguna, se realizara lo antes posible un estudio imparcial. 
Por desgracia, cuando la Presidencia lo propuso recientemente, no recibió suficiente apoyo, pero seguiremos intentando conseguirlo, porque creo que, antes de que se adopte decisión conclusiva alguna, se debe al menos realizar un estudio. 
Hay Estados miembros que creen que, como tenemos un mercado interno, se debe poner fin a las ventas libres de impuestos, pero en todas las decisiones que adoptemos debemos tener en cuenta sus consecuencias. 
Quisiera que se hiciese un estudio para que dispongamos de los datos y las cifras completos cuando adoptemos una decisión. 
Como probablemente sepa usted, en junio de este año me puse en contacto con sus colegas del Gobierno, los ministros Quinn y Michael Lowry, para instarlos a que la Presidencia irlandesa abordara esta cuestión. 
Acojo con el mayor beneplácito la iniciativa adoptada por el Ministro Sr. Quinn, pese a que no tuvo éxito. 
Tiene usted razón en decir que, según los cálculos hechos, se perderían 140.000 puestos de trabajo directa e indirectamente, lo que representaría una pérdida de unos 4.000 millones de libras en cifra de negocios. 
Y, naturalmente, la otra cifra es un aumento en las tasas de aterrizaje o desembarco y en los precios de los billetes de avión, lo que tendrá una repercusión muy negativa en la viabilidad de los aeropuertos regionales. 
Me gustaría saber si estaría dispuesto el Consejo a examinar, en el tiempo que le queda, formas de evitar esa fecha límite y posibles políticas susbtitutivas para compensar cualesquiera repercusiones negativas en el sector regional y en el sector turístico. 
Pero la verdad es que resulta contradictorio que el Consejo, por una parte, hable de iniciativas para crear empleo y, por otra, continúe con una política que provocará la pérdida de unos 140.000 puestos de trabajo. 
Sé que el Sr. John Cushnahan ha planteado esa cuestión a los ministros que ha citado y, gracias a las presiones ejercidas por mí y otros diputados al Parlamento Europeo, incluidos otros diputados irlandeses, el Ministro de Hacienda irlandés, como Presidente en ejercicio del Consejo, ha planteado esa cuestión en el Ecofin. 
Desde luego, me gustaría que se hiciera un estudio y seguiremos presionando, de todas las formas posibles, para que se haga y procurando el necesario acuerdo en el Consejo de Ministros para que así sea. 
Creo que debemos ser prácticos en nuestro planteamiento de la labor de la Unión y debemos tener en cuenta las consecuencias prácticas de semejante estudio. 
Más adelante, en el turno de preguntas, voy a responder a preguntas relacionadas con las bebidas alcohólicas en otros Estados miembros en los que ha habido una prórroga de la exención y la posibilidad de celebrar conversaciones con un Estado miembro que tropieza con dificultades particulares. 
Creo que en todos esos procedimientos de adopción de decisiones debemos tener en cuenta las consecuencias prácticas de las decisiones que adoptamos y para ello se debe hacer un estudio y seguiremos presionando para intentar conseguirlo. 
Acojo con beneplácito su insistencia en que se realice un estudio, pero, para conseguirlo, tiene que haber acuerdo en el Consejo y el Ministro ha dicho que hace unas semanas la Presidencia irlandesa lo planteó, pero sin éxito. 
Permítaseme pedir al Minsitro que confirme si es o no cierto que sólo dos Estados miembros dieron una respuesta positiva a esa iniciativa. 
Si es así, al menos indica la amplitud de la batalla política que habría que reñir para lograr la mínima concesión- a mi juicio- de realizar ese estudio, que es, a su vez, una condición previa para la cuestión real de luchar por alguna forma de mantenimiento de la posibilidad de ventas libres de impuestos. 
No tengo en mis notas el número de Estados miembros que apoyaron o no esa iniciativa. 
En aquella ocasión no hubo mayoría en apoyo de la propuesta. 
Tengo entendido que necesitaríamos al menos una mayoría cualificada en la votación del Ecofin para examinar y llevar a cabo el informe en el sentido que he indicado y no se consiguió cuando el Presidente en ejercicio lo planteó. 
Sin embargo, seguiremos intentando lograr el consenso necesario al respecto, porque constituye un motivo de preocupación para varios Estados miembros. 
Creo que lo mínimo que podemos hacer es encargar un estudio para poder basar nuestra decisión en los datos sobre las consecuencias para los ciudadanos de la Unión. 
La pregunta nº 5 ha sido retirada por su autor. 
Pregunta nº 6 formulada por Otto von Habsburg (H-0933/96): 
Asunto: Libre circulación entre la Unión Europea y los Estados asociados 
Es difícil entender que todavía hoy- especialmente en las relaciones de los países bálticos con la Unión Europea- exista la obligación de visado, que obstaculiza el desarrollo económico y político de dichos países. 
Ha llegado la hora de suprimir la obligación de visado para los ciudadanos de los países asociados a la UE y de que también éstos gocen de la libre circulación. 
¿Ha concebido el Consejo un plan al respecto? ¿Está dispuesto el Consejo a dar los pasos decisivos en esa dirección? 
¿Para cuándo se podrá contar con una clara decisión sobre este asunto? 
En respuesta a la pregunta de Su Señoría, quisiera señalar que el 25 de septiembre de 1995 el Consejo aprobó un reglamento en el que se determinaban los terceros países cuyos ciudadanos debían estar en posesión de visados al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. 
Ninguno de los Estados bálticos figura en la lista aneja a dicho reglamento. 
Eso no significa que los ciudadanos de esos países no necesiten visados para entrar en ciertos Estados miembros. 
De conformidad con el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento, los Estados miembros determinarán los requisitos relativos a los visados para los ciudadanos de terceros países que no figuren en la lista común. 
Algunos Estados miembros, por razones propias, que no están sujetas a supervisión del Consejo, aún exigen a los ciudadanos de los Estados bálticos que cuenten con visados al entrar en ellos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿no opina usted que esa actitud de algunos Estados es totalmente contraria al espíritu de nuestra Unión y, en particular, al espíritu de los acuerdos de asociación celebrados con esos Estados bálticos, que están ahora en la fase de preparación para pasar a ser miembros de nuestra Unión? 
¿Acaso no es, pues, misión del Consejo hacer todo lo posible para velar por que los Estados bálticos sean incluidos pronto en la lista de los países cuyos ciudadanos pueden entran en otros países de la Unión Europa sin visado, lo que sería totalmente coherente con la evolución europea que estamos intentando conseguir? 
Ya he dicho que, de conformidad con el reglamento del Consejo citado, los Estados miembros tienen la facultad, si lo consideran necesario, de exigir visados a los ciudadanos de los Estados bálticos que entren en su territorio. 
La presidencia espera, por su parte, que los ciudadanos de Estonia, Letonia y Lituania puedan viajar libremente por todo el territorio de la Unión Europea y que así sea lo antes posihle. 
Personalmente, reconozco que el espíritu de los acuerdos de asociación que hemos subscrito con esos Estados debe permitir viajar a sus ciudadanos y algunos Estados miembros así lo hacen ya. 
Pregunta nº 7 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0934/96): 
Asunto: Registro Eurodac 
La respuesta escrita del Consejo a la pregunta sobre Eurodac (H-0815/96) presentada para el período parcial de sesiones de octubre es muy inconcreta en lo que se refiere al contenido del registro. 
Me parece probable que el Consejo tenga una opinión clara con respecto a su propia propuesta de Convenio. 
En este contexto, ¿podría señalar el Consejo si se ha introducido alguna modificación a la propuesta de Convenio que modifique la edad a partir de la cual se registrarán los datos de las personas o que estipule que estos datos se borrarán del mismo cuando a la persona a la que refieran se le haya concedido permiso de residencia en uno de los Estados miembros? 
Lamento que Su Señoría haya considerado evasiva la respuesta a su pregunta anterior. 
Puede asegurarle que la intención era, al contrario, aportar una descripción franca y exacta de la situación actual en relación con las cuestiones que planteó. 
Debo señalar que los debates sobre el proyecto de Convenio Eurodac se encuentran en una fase relativamente temprana y, por desgracia, eso significa que no puedo dar a Sus Señoría información concreta sobre las dos cuestiones planteadas en la pregunta. 
Puede ser útil que aclare el estado actual de la labor relativa al proyecto de convenio. 
Después de que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior hiciese constar en noviembre de 1995 que era técnicamente viable crear un sistema automatizado de intercambio y comparación de huellas dactilares de los solicitantes de asilo, la Presidencia italiana presentó un proyecto de convenio preliminar en marzo de 1996 sobre el establecimiento de Eurodac. 
Desde entonces, el Consejo no ha iniciado el examen del proyecto de convenio, pero en sus sesiones de mayo y junio de 1996 dio instrucciones para que los órganos preparatorios pertinentes prosiguieran su labor. 
La labor está en marcha y ha requerido el estudio de muchos problemas jurídicos y técnicos, incluida la protección de datos. 
Sin embargo, el grupo de trabajo no ha sacado conclusiones, y menos aún el propio Consejo de Ministros, sobre límite de edad determinado alguno por debajo del cual no se tomarían las huellas de los jóvenes para almacenarlas en Eurodac ni sobre si deben borrar de Eurodac los datos, una vez que se haya permitido a la persona interesada establecerse en un Estado miembro. 
Como dije en mi respuesta anterior, sería prematuro en esta fase adelantar el resultado probable de los debates en curso. 
Agradezco la respuesta del Consejo. 
Quiero subrayar que existe material pertinente para el debate sobre estas cuestiones; lo tengo aquí, en mi mano. 
Se trata del borrador del proyecto para el Convenio Eurodac. 
En él figura una propuesta de edad, es la de 14 años, para empezar a efectuar el registro de menores refugiados a base de huellas dactilares. 
Si entiendo bien la redacción del texto, hay una propuesta de que no se eliminen automáticamente los informes sobre los refugiados una vez conseguido el permiso de residencia. 
Creo que sería lógico que se eliminasen los informes cuando ya no se considera que el refugiado vaya a solicitar de nuevo la entrada en la Unión. 
Pienso que esta circunstancia es un ejemplo de la falta de democracia que se produce en estos debates sobre convenios, en los que primero se dice que es demasiado pronto para debatir, y luego demasiado tarde, porque se ha tramitado el material y no se puede modificar. 
No hay información ni transparencia en los proyectos que sabemos que existen, ni posibilidad de que los parlamentos nacionales los debatan antes de que se concluya su tramitación. 
Mi pregunta es: ¿Presentará usted una propuesta para que se elimine la información sobre refugiados, una vez hayan conseguido permiso de residencia? 
Creo que muchos aspectos de la pregunta formulada por Su Señoría son dignos de alabanza. 
Personalmente, no veo por qué, si se concede a una persona el derecho de residencia, deban figurar esos datos en Eurodac indefinidamente; tal vez durante algún tiempo después, pero no indefinidamente. 
Como ya he indicado, no se han alcanzado conclusiones sobre la cuestión de la edad mínima a partir de la cual se deben tomar las huellas dactilares de los solicitantes de asilo. 
Resulta difícil prever cuándo de la labor de los órganos especializados del Consejo resultará un texto para someterlo a la aprobación de todas las delegaciones. 
Un grupo de trabajo del Consejo está examinando esa cuestión. 
Se está haciendo, naturalmente, con arreglo al uso actual de tomar huellas dactilares de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. 
Ese uso oscila entre una edad mínima de 12 años en algunos Estados hasta una edad mínima de 18 años en otros. 
He de decir que la edad de 14 años coincide con el uso de la mayoría de los países. 
Pero quisiera subrayar en esta fase que es simplemente eso. 
Es el uso general en la mayoría de los países, pero no se ha fijado un límite de edad. 
Comprendo la orientación fundamental de la pregunta de Su Señoría, con la que estoy de acuerdo en gran medida. 
Es difícil conseguir una respuesta concreta. 
Esto lo entiendo, no todo está clarificado. 
Pero no es la primera vez que se formula la pregunta. 
Haré otra sobre el mismo tema: ¿Quién será el responsable de los informes de este registro que resulten ser erróneos más adelante, o que no se hayan recogido en calidad de información con el fin de eliminar la criminalidad o con fines similares? 
¿Quién responde de este registro, y quién acepta la responsabilidad de que se registren informes erróneos, y de que con ello se perjudique a determinadas personas? 
Como he señalado en mi respuesta a la pregunta, el Consejo no ha iniciado un examen detallado del proyecto de convenio, por lo que aún no ha examinado esa clase de detalles. 
Como ya he indicado, no se han alcanzado conclusiones sobre la cuestión de la edad mínima a partir de la cual se deben tomar las huellas dactilares de los solicitantes de asilo y resulta difícil prever cuándo de la labor de los órganos especializados del Consejo resultará un texto que se someterá a la aprobación de todas las delegaciones. 
De modo que la mayoría de esas cuestiones están en sus fases embrionarias y aún no han llegado a la fase en la que el Consejo las estudie. 
Pero las opiniones y preocupaciones expresadas aquí por los diputados serán planteadas- puedo asegurárselo a Sus Señorías- en el Consejo en cuanto tengamos, como Estado miembro, la oportunidad de plantearlas. 
Son cuestiones que no sólo preocupan a los diputados a esta Asamblea, sino que preocuparán también a todos los miembros del Consejo de Ministros. 
Tengo mucho interés en velar por que cualquier registro Eurodac sea justo, razonable y comprensivo en su aplicación. 
Pregunta nº 8 formulada por Gerard Collins (H-0937/96): 
Asunto: Los criterios establecidos para la concesión de ayudas de los Fondos estructurales 
¿Ha estudiado el Consejo la posibilidad de ampliar el abanico de los criterios establecidos para definir las regiones del objetivo 1 a efectos de la concesión de ayudas con cargo a los Fondos estructurales y de incluir entre estos criterios el índice de desempleo? 
En caso negativo, ¿procederá el Consejo ahora a estudiar esta posibilidad? 
Al aprobar los reglamentos sobre los Fondos estructurales en julio de 1993 el Consejo determinó los criterios que se utilizarían para determinar qué regiones reunirían los requisitos para acogerse al objetivo 1, el de las regiones más subdesarrolladas de la Unión. 
Dichos reglamentos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1999. 
Además, el Consejo encomendó la gestión de los Fondos a la Comisión, por lo que no interviene en ese sector. 
En esta fase sería prematuro hacer elucubraciones sobre los detalles de las normas que regirán la aplicación de los Fondos estructurales a partir de 1999. 
El Consejo volverá a examinar con tiempo el reglamento a partir de una propuesta de la Comisión antes de que expire el actual conjunto de reglamentos. 
Si bien esto no está relacionado directamente con la pregunta de Su Señoría, recordará que la Comisión, en su comunicación a las otras instituciones de la Unión, incluido el Parlamento, sobre los Fondos estructurales y el empleo, de 20 de marzo de 1996, indicó, de conformidad con los reglamentos vigentes que rigen la aplicación de los Fondos estructurales, su intención de tener en cuenta los aspectos relativos a la creación de empleo de las políticas estructurales con arreglo a todos los objetivos. 
Agradezco al Presidente en ejercicio la informativa respuesta que ha dado. 
Me gustaría saber si ahora- teniendo en cuenta que ya ha habido declaraciones públicas de la Comisaria WulfMathies y del Presidente Santer sobre la necesidad de conceder prioridad al desempleo y a las medidas encaminadas a eliminarlo, en particular el de larga duración, en los Estados miembros- convendrá en que en esta fase el Consejo debería pedir tal vez al Presidente de la Comisión que presente propuestas para iniciar la formulación de las directrices que serán necesarias a partir de 1999. 
Incluso en los casos en que se han gastado los fondos de forma juiciosa, adecuada y correcta, no hemos resuelto el cáncer que representa ese problema en nuestra Comunidad y ya es hora de empezar a formular nuevas directrices que nos ayuden a librarnos de él. 
Apoyo el objetivo subyacente a la pregunta formulada por Su Señoría. 
Pero, como ya he indicado a la Asamblea, las normas que rigen actualmente los Fondos estructurales expirarán al final de 1999. 
Así, pues, faltan aún más de tres años hasta que haga falta un nuevo conjunto de normas. 
En esta fase sería prematuro que nos ocupáramos por los detalles concretos de las normas que regirán los Fondos estructurales, entrado el próximo milenio. 
El Consejo ha acordado revisar esas normas antes del 31 de diciembre de 1999 a partir de una propuesta de la Comisión que ésta habrá elaborado- estoy seguro- mucho antes de esa fecha. 
La cuestión que Su Señoría plantea en su pregunta será interesante sin duda cuando llegue el momento de examinar la nueva estructura de los Fondos. 
Tengo entendido que el Sr. Collins ha preparado un informe sobre los Fondos que se publicará en breve y que, desde luego, leeré con gran interés. 
Una de las cosas que me interesarían y desearía es que se alcanzara el objetivo planteado por Su Señoría de hacer hincapié en las zonas más necesitadas en la lucha contra el desempleo mediante la máxima utilización de los Fondos estructurales. 
Pero, al convertir el desempleo por sí solo en un criterio, se podría dar acceso a la financiación a otros sectores, con lo que tal vez no se lograra el objetivo que Su Señoría querría necesariamente alcanzar en ciertas regiones. 
Acojo con beneplácito la declaración del Presidente en ejercicio, porque, como portavoz del Grupo Socialista para asuntos regionales, creo que no debemos internarnos por la vía de considerar como nuestra meta exclusiva la lucha contra el desempleo. 
Espero que podamos tener en cuenta el PIB, por ejemplo, porque una baja tasa de desempleo no es un indicador de la riqueza de una región. 
De hecho, en el Reino Unido tenemos la tasa más alta de creación de empleo, pero también la tasa más alta de pobreza de la UE. 
Así, pues, me inclino a pensar que un nivel bajo de desempleo no debe ser un criterio para no recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales. 
Quisiera decir al Presidente en ejercicio que nos gustaría saber algo sobre el calendario para la aplicación de esos reglamentos y cuándo examinaremos esos criterios de la Comisión y del Consejo. 
Se puede tardar tres años, pero tres años es poco tiempo. 
No tengo ante mí un calendario detallado, pero se lo comunicaré a Su Señoría por escrito. 
En relación con la otra pregunta que ha planteado en relación con el PNB por habitante en lugar del PIB por habitante, no es algo que haya decidido el Consejo, por razones evidentes. 
Pero el reglamento para el período posterior a 1999 se debatirá en el Consejo en su momento a partir de una propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, como Ministro irlandés, quisiera partir de la premisa de que el PIB mide la producción, no las rentas. 
El PNB, como tiene en cuenta el beneficio, la repatriación y también los pagos de los intereses de la deuda exterior, es una medida mejor de la renta disponible en un país o región. 
En el caso de Irlanda, por ejemplo, el PNB es una medida mejor de la renta realmente disponible en el país. 
El desfase entre el PIB y el PNB es mayor en Irlanda que en otros Estados miembros de la Unión Europea. 
En particular, Irlanda tiene un importante efluente neto de pagos por concepto de los factores, por lo que la medición del PIB exagera la renta relativa del país en nuestro caso. 
Así, pues, se trata de problemas relativos que se deben tener en cuenta. 
Pregunta nº 9 formulada por Pat Gallagher (H-0938/96): 
Asunto: Regiones del objetivo 1 
Habida cuenta del riesgo de que algunos países que antes cumplían los requisitos para beneficiarse de las ayudas del objetivo 1 dejen de poder aspirar al tipo máximo de ayudas con cargo a los Fondos estructurales después de 1999, ¿no considera el Consejo oportuno proceder a una subdivisión regional de estos países para así permitir que regiones que siguen cumpliendo los mencionados criterios puedan seguir beneficiándose después de 1999 de las aportaciones de mayor nivel de los Fondos estructurales? 
Como he indicado en mi respuesta a una pregunta anterior del Sr. Collins, los reglamentos actuales que rigen la aplicación de los Fondos estructurales que se aplican a todas las regiones, incluidas las del objetivo 1, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1999. 
El Consejo volverá a examinar con tiempo los reglamentos a partir de una propuesta de la Comisión antes de que expire el conjunto actual de reglamentos. 
En esta fase sería prematuro hacer elucubraciones sobre los detalles de las normas que regirán los Fondos estructurales a partir de 1999. 
La propuesta formulada en la pregunta de Su Señoría se abordará sin lugar a dudas tan pronto como se intensifique el debate sobre la nueva estructura de los Fondos en el período anterior a 1999. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta, pero, ¿convendrá conmigo en que hay regiones dentro de la Unión y, en particular, en Irlanda, tales como mi circunscripción de Connaught-Ulster, el norte y el noroeste de Irlanda, que van rezagadas del resto de Europa en crecimiento y producción económicos tanto si se miden con el PIB como con el PNB? 
¿Reconocerá que no se han beneficiado de los Fondos estructurales tanto como otros zonas de la Unión y, de hecho, otras zonas de Irlanda, que no se pueden beneficiar en la misma medida por lo que se refiere a las infraestructuras y, por tanto, si carecen de las infraestructuras, no propician la inversión, consecuencia de lo cual es un menor crecimiento económico de la producción, lo que, a su vez, da como resultado menos puestos de trabajo y más desempleo? 
Si bien ha declarado que hasta diciembre de 1999 no se cambiarán los criterios vigentes en este momento, convengo con los diputados que creen que tres años es un período muy corto en términos europeos. 
¿Tendría a bien el Consejo examinar la posibilidad de realizar un estudio completo con vistas a determinar el PIB y el PNB de ciertas regiones del actual objetivo 1 y, en caso mecesario, basarse en el precedente del norte de Escocia, que es muy similar a mi zona del oeste y del noroeste de Irlanda y, de hecho, al sur de Italia? 
Reconozco que hay regiones del objetivo 1 y subregiones dentro de ellas que no han progresado tanto como otras. 
De hecho, parte de mi circunscripción de Dublín, que algunos podrían considerar que es una región favorecida, es una de ellas. 
En algunas zonas hay niveles muy altos de desempleo, de hasta el 75 % tal vez. 
Recuerdo- y cito de memoria- que se lanzó un documento sobre los condados fronterizos, según el cual en el futuro previsible la proporción de los condados fronterizos, la participación por habitante en particular, en el gasto actual con cargo a los diversos fondos regionales, incluido el conjunto de medidas Delors, será muy superior a la de ninguna otra región. 
Pero con ello no pretendo quitar mérito a la observación general hecha por Su Señoría. 
Tal vez un estudio como el que propone Su Señoría resultara muy útil. 
Sospecho que el Departamento de Hacienda de mi país tendrá algunos datos a ese respecto. 
El Gobierno irlandés está- y seguirá- supervisando todos los aspectos de la posición de Irlanda en relación con el cumplimiento de los requisitos para recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales, en particular a consecuencia de un aumento del PIB de Irlanda por habitante como porcentaje de la media de la Unión Europea. 
La mejora de la posición de Irlanda es digna de beneplácito y acredita el éxito en la aplicación de nuestras políticas de estabilización por parte de varios Gobiernos y la productiva utilización que se ha hecho de los Fondos estructurales de la UE, que nos han permitido hacer crecer nuestra economía. 
Pero es demasiado pronto para decir con precisión hacia dónde nos dirigiremos a partir de 1999. 
Evidentemente, quiero que toda Irlanda cumpla con los requisitos. 
Espero que los criterios elegidos lo permitan, dada la periférica posición en que se encuentra Irlanda. 
Pregunta nº 10 formulada por Brian Crowley (H-0939/96): 
Asunto: El carácter secreto de las deliberaciones del Consejo 
Habida cuenta del objetivo prioritario de la Presidencia de acelerar la aplicación de los procedimientos acordados para lograr que el proceso de decisiones de la Unión sea más transparente para los ciudadanos, ¿está dispuesto el Consejo ahora a facilitar a los diputados del Parlamento Europeo, a las partes interesadas y al público en general todas las propuestas de transacción promovidas por la Presidencia en relación con los textos legislativos en fase de examen ante el Consejo? 
Como Presidencia en ejercicio del Consejo, estamos deseosos de que se respeten las medidas existentes relativas a la transparencia. 
En particular, se ha fomentado la transparencia mediante la organización sistemática de conferencias de prensa por la Presidencia junto con la Secretaría General del Consejo antes que éste celebre sus reuniones. 
Dichas conferencias brindan una importante oportunidad para informar al público sobre aspectos pertinentes de los textos, incluidos aspectos de los textos de transacción presentados por la Presidencia, cuando procede. 
Además, se han celebrado diez debates abiertos en las reuniones del Consejo durante la Presidencia irlandesa. 
Con arreglo a la aplicación del código de conducta de 2 de octubre de 1995, que dispone el acceso público a las Actas y las declaraciones en las Actas del Consejo en funciones legislativas y la decisión del Consejo de 20 de diciembre de 1993 relativa al acceso público a los documentos del Consejo, la Presidencia seguirá velando por que se examinen detenidamente todas las solicitudes de documentos. 
El Consejo está examinando actualmente la aplicación del código de conducta con el fin de garantizar la máxima eficacia del sistema en el futuro. 
Además, la Conferencia Intergubernamental está examinando la cuestión de la transparencia. 
Sin embargo, de conformidad con las normas vigentes que rigen el acceso a los documentos, el Consejo no puede poner a disposición del Parlamento Europeo o de terceros todas las propuestas de transacción sobre los textos legislativos que se están examinando. 
Por último, respecto de los contactos entre el Consejo y el Parlamento, Su Señoría ha de conocer el número de comparecencias hechas por representantes del Consejo ante comisiones del Parlamento- unas 40 hasta la fecha, así como la asidua asistencia de la Presidencia a los Plenos del Parlamento. 
Esas ocasiones brindan a ambas partes la oportunidad de celebrar un debate constructivo sobre las cuestiones de mayor importancia y velar por que se mantengan informados de sus opiniones respectivas sobre una gran diversidad de asuntos. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Antes de pasar a mi pregunta complementaria, como ésta es la última ocasión en que estará en la Asamblea ocupando su actual cargo, quisiera agradecerle- y felicitarlo por ello- su actitud informativa para con este Parlamento y, en particular, su buena disposición para entablar debates y conservaciones con los diputados a este Parlamento. 
Sin embargo, sea como fuere, su respuesta a mi pregunta concreta deja muchísimo que desear, porque al principio ha enumerado usted los deseos: lo que quiere que suceda y aquello en lo que se hará hincapié- según cree usted- con vistas al futuro. 
Pero después añade una salvedad, al decir que, de conformidad con las normas vigentes, el Consejo no puede hacer públicos los textos legislativos o los documentos de transacción. 
Quisiera simplemente señalar un ejemplo concreto. 
Recientemente, se dio el caso de que el Presidente irlandés del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones hizo una propuesta de transacción sobre la desreglamentación y la liberalización de los servicios postales. 
Francia y Alemania la rechazaron. 
El ministro sueco la puso a disposición del público y, sin embargo, yo, que soy un diputado irlandés al Parlamento Europeo y preparé dos informes para el Parlamento sobre esa cuestión, no he podido conseguir una copia de ese documento. 
¿Podría dársenos alguna garantía de que va a haber más cooperación y más transparencia entre el Parlamento y el Consejo como órganos legislativos para superar esos problemas? 
Agradezco a Su Señoría su generosísima felicitación, que aprecio mucho. 
El Consejo está examinando la aplicación del código de conducta y la Conferencia Intergubernamental está examinando toda la cuestión de la transparencia, conque tal vez será ese un sector en el que podamos lograr avances durante esos dos exámenes. 
Si un Estado miembro puso a disposición del público la documentación, lo hizo por su propia cuenta e independientemente del código de conducta. 
Según tengo entendido, las normas vigentes que rigen el acceso a los documentos sólo se pueden modificar por unanimidad en el Consejo. 
No compete a la Presidencia ni a un Estado miembro dar a conocer propuestas de transacción por su propia cuenta. 
Ésas son las disposiciones vigentes y, según tengo entendido, sólo se pueden cambiar por unanimidad. 
Las propuestas de transacción son esencialmente posturas de negociación de los Estados miembros. 
Actualmente no hay disposición alguna que permita darlas a conocer. 
Haría falta un cambio por unanimidad para hacerlo. 
Sin embargo, estamos examinando la situación y la Conferencia Intergubernamental está examinando la cuestión de la transparencia. 
De modo que yo no descartaría la posibilidad de que haya algún cambio en el futuro, pero requeriría una decisión unánime del Consejo para hacerlo. 
Aunque, sin duda, ha habido un intento de dar una respuesta, no se ha dado. Por lo tanto, me veo obligado a hacer una pregunta complementaria. 
El hecho de que no hay transparencia lo ha admitido el Sr. Mitchell al decir que es necesario modificar el código de conducta y que el tema está, también, en debate en la Conferencia Intergubernamental. 
Si la hubiera, no sería necesaria ni la modificación ni el debate en la Conferencia Intergubernamental. 
Pero ya ha aparecido «la cola de la serpiente» , pues se ha dicho que hay asuntos que no se pueden entregar al público, es decir, que el Consejo declara por primera vez que no quiere legislar pública y abiertamente. 
Habrá asuntos que mantendrá en secreto; es un órgano «ocultista». 
¡Que nos conteste, por lo tanto! ¿Insistirán ustedes en celebrar la Conferencia Intergubernamental completamente en público? 
¿Con qué derecho retendrán ciertos temas si éstos afectan a la vida del ciudadano europeo? 
¿De dónde sacan este derecho de practicar el ocultismo? 
En primer lugar, he de corregir a Su Señoría. 
Ha dicho que no ha recibido una respuesta a su pregunta. 
Puede que no le haya gustado la respuesta, pero sí que ha recibido una respuesta sincera y directa en la que se exponía la situación, tal como es, en respuesta a la pregunta del Sr. Crowley, con la indicación de que se están haciendo dos exámenes. 
No puedo hacer más y no, no voy a prometer nada en nombre de la Presidencia. 
Como ha de comprender claramente, se trata de un asunto que ha de decidir por unanimidad el Consejo de Ministros y corresponde al Consejo adoptar esa decisión. 
Señor Presidente, nos disponemos a iniciar una ronda de ampliaciones y yo sólo quisiera preguntar si el Consejo y la República de Irlanda aprobarían la adhesión a la Unión Europea de un Estado que desarrolla en secreto su actividad legislativa. 
Si se formulara esa pregunta en un tribunal, la respuesta sería la de que se trata de una pregunta capciosa. 
En la propia legislación de mi país se hace presentando un proyecto de ley al Parlamento, con frecuencia después de que haya habido intercambios secretos entre funcionarios y ministros. 
De modo que no es infrecuente que, en las fases preliminares en las que se está examinando la futura legislación, no se hagan públicos los documentos. 
Sin embargo, se trata en conjunto de una cuestión delicada que deben acordar los Estados miembros. 
Un importante paso con vistas a una mayor transparencia fue el acuerdo del nuevo código de conducta de 2 de octubre de 1995, que dispone el acceso público a las actas y las declaraciones que figuran en las actas del Consejo cuando actúa como legislador. 
Dicho código se suma a las medidas que el Consejo había adoptado ya para aumentar la transparencia de sus procedimientos legislativos. 
Quisiera recordar a Sus Señorías que el corresponsal para asuntos europeos de The Guardian, el Sr. James Carvel, al que Sus Señorías han de conocer, está particularmente interesado en este sector y, al hablar del acuerdo sobre ese código de conducta, reconoció que Irlanda era uno de los Estados miembros que tenían una posición relativamente avanzada sobre la cuestión de la transparencia. 
También quisiera mencionar la publicación sistemática de los resultados de las votaciones celebradas en el Consejo cuando actúa como legislador y la decisión de 20 de diciembre de 1993 sobre el acceso público a los documentos del Consejo. 
Pero es evidente que aún no se ha logrado satisfactoriamente todo lo que se debe en el sector de la transparencia. 
Si así fuera, no estaríamos examinando la situación. 
Si así fuese, la Conferencia Intergubernamental no estaría examinando la situación. 
Desde luego, tendré en cuenta las preocupaciones expresadas por Sus Señorías cuando intentemos impulsar más toda la causa de la transparencia en el proceso legislativo. 
Asunto: Iniciativas políticas para la paz en Somalia 
Cinco años después de la caída del régimen dictatorial de Siad Barre, Somalia sigue sin encontrar un nuevo orden político y jurídico que le permita construir un futuro para el pueblo somalí. 
Algunas facciones político-militares, concretamente, siguen teniendo un enorme poder en diversas zonas del país. 
¿Tiene intención el Consejo de promover, ya sea directamente o a través de uno o más Gobiernos de países de la Unión Europea, una iniciativa política destinada a la pacificación y el logro de un «acuerdo nacional» en Somalia? 
La Unión Europea sigue profundamente preocupada por la situación en Somalia. 
Junto con otros miembros de la comunidad internacional, está procurando velar por que existan las condiciones necesarias para que las facciones en Somalia lleguen a un acuerdo de paz sobre el establecimiento de nuevo de un Gobierno nacional. 
Así, pues, la Unión apoya vigorosamente las gestiones de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana para alentar a las partes interesadas a comprometerse plenamente a resolver sus diferencias mediante negociaciones pacíficas. 
Considero que un acuerdo negociado es el medio óptimo para resolver el conflicto actual en Somalia y garantizar la paz, la reconciliación, la seguridad y un regreso a la vida normal para el pueblo somalí. 
En su actitud, la Unión Europea mantiene una estricta neutralidad para con las facciones, pues está convencida de que Somalia no podrá ocupar el lugar que le corresponde en la comunidad internacional hasta que surja un gobierno que sea ampliamente representativo de todas sus facciones y entidades. 
Pese a la existencia de un conflicto permanente en algunas partes de Somalia, se han logrado algunos avances más hacia la consolidación del proceso de paz en la reunión, de los dirigentes somalíes celebrada en Nairobi del 9 al 15 de octubre y en la que el Presidente Moi de Kenya hizo de anfitrión. 
En esa reunión los dirigentes de las tres facciones mayores a) prometieron que continuarían el diálogo en Somalia en pro de un proceso de paz y que preservarían la unidad, la soberanía y la integridad nacionales del país, b) acordaron un cese de las hostilidades, incluida la propaganda en los medios de comunicación, que entró en vigor inmediatamente, c) acordaron permitir la libre circulación en la capital, Mogadishu, y retirar los bloqueos de calles y carreteras, d) prometieron facilitar la entrega de ayuda al pueblo de Somalia, e) instaron al Presidente Moi a que continuara con su mediación y f) pidieron apoyo internacional. 
La Unión Europea acoge con beneplácito la valiosa contribución hecha por el Presidente Moi, que es otro paso hacia la consolidación del frágil proceso de paz en Somalia. 
La Unión Europea se ha comprometido a dar su apoyo continuo al proceso de paz y a las gestiones combinadas de los interlocutores de la UE, las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, el Presidente Moi, los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional en apoyo de un resultado positivo. 
La UE no considera que la creación de otro cauce de negociación fuera útil en este momento, si bien los Estados Unidos tienen un enviado especial que está actuando en esa región. 
Junto con sus continuas gestiones en apoyo de una solución política duradera para el conflicto actual, la Unión Europea mantiene su compromiso de contribuir, como principal donante internacional que es, al proceso permanente de reconciliación y reconstrucción en Somalia. 
La Unión ha hecho una contribución total de 60 millones de ecus a Somalia desde 1993 y ha contraído un nuevo compromiso mediante ese segundo programa de rehabilitación para Somalia de aportar 60 millones de dólares a lo largo de los dos próximos años. 
La Unión Europea sigue dispuesta a apoyar el desarrollo y la recuperación económicos en Somalia, una vez que se restablezcan la paz y el gobierno representantivo. 
Señor Presidente, deseo agradecerle su respuesta. 
Sin embargo, he de confesar que, a pesar del importante esfuerzo económico y financiero de esta operación con Somalia- un esfuerzo que la Unión ha seguido llevando a cabo a lo largo de los últimos años y que consideramos de forma positiva y al que ha contribuido también el Parlamento Europeo- creo que sigue existiendo un gran problema y una gran carencia por lo que respecta a la iniciativa política de la Unión en relación con Somalia. 
Hace unos días, en Addis Abeba, se celebró una importante reunión, en la que participaron casi todas las más importantes facciones, partidos o partes implicadas somalíes y en la que, al parecer y según las noticias que tenemos, se ha logrado el primer borrador del proyecto de acuerdo nacional. 
Considero que, especialmente en esta etapa, para convencer aún más, si cabe, a las últimas facciones, en particular las que se encuentran cercanas al entorno del hijo del ex-general Aidid, a que cooperen en la construcción de un futuro contexto territorial de Somalia, es sumamente importante mostrar que la Unión Europea está presente, sigue de cerca la cuestión y tiene su propia propuesta política y de asociación con dicho país. 
Por desgracia, me parece que todavía no es así. Confío en que la Unión Europea y el Consejo de la Unión Europea, directamente o a través de uno o más Estados miembros, desempeñen un papel positivo. 
Su Señoría plantea una cuestión que, naturalmente, preocupa al Consejo de Ministros y a los Estados miembros. 
No queremos encontrarnos en una situación en la que demasiados cocineros estropeen el caldo, pero tenemos un enviado allí. 
Hemos hecho una contribución financiera. 
Estamos comprometidos con contribuir financieramente de nuevo y, si se establece un gobierno representativo en ese país, volveremos a examinar la situación. 
Como he dicho en mi primera respuesta, la UE sigue preocupada por la incapacidad de las diferentes facciones para alcanzar un acuerdo de paz y establecer un gobierno nacional. 
La UE acoge con beneplácito los avances logrados en la cumbre de Nairobi y seguirá alentando y apoyando las iniciativas de las Naciones Unidas y de la OUA. 
La Unión no considera que la creación de otro cauce de negociación sea útil en este momento. 
Sin embargo, continuará siguiendo de cerca la situación y contribuiremos de todas las formas que podamos a la consecución del objetivo que Su Señoría propugna. 
Pregunta nº 12 formulada por Sören Wibe (H-0944/96): 
Asunto: Unanimidad en el seno del Consejo con respecto a las cuestiones relacionadas con las bebidas alcohólicas 
¿Considera el Consejo que debe adoptar sus decisiones por unanimidad en el caso de las cuestiones relacionadas con la política en materia de bebidas alcohólicas y, en particular, la importación a un Estado miembro de bebidas alcohólicas destinadas al consumo personal? 
¿Es necesario que el Consejo adopte una decisión unánime para modificar las disposiciones vigentes en la actualidad en Suecia relativas a la importación a este país de bebidas alcohólicas destinadas al consumo personal? 
En primer lugar, quisiera recordar que la legislación sueca actual sobre la importación de licores es una exención de uno de los principios del Mercado Interior. 
Ya me referí a ello en la respuesta a una pregunta anterior. 
El Consejo ha permitido esa exención y otras similares en Dinamarca y Finlandia, porque, a falta de suficiente armonización de los impuestos sobre el consumo de licores, la abolición de los controles en las fronteras interiores de la Comunidad podía perjudicar a esos Estados miembros, cuyos impuestos sobre el consumo de licores son superiores a la media de la Comunidad. 
Para evitar una desorganización demasiado marcada de la reglamentación en vigor, fue necesario limitar el alcance de la exención al mínimo necesario. 
El Consejo autorizó medidas transitorias hasta el 31 de diciembre de 1996, excepto en caso de que se aplique un mecanismo de revisión. 
El Consejo decidió que cualquier prórroga de esa fecha requeriría la unanimidad. 
A este respecto, quisiera recordar a Sus Señorías que la Comisión presentó recientemente al Consejo una propuesta de prórroga de la exención del 31 de diciembre de 1996 al 30 de junio de 2002. 
El argumento en que se basaba dicha propuesta era el de que los países nórdicos podían experimentar dificultades presupuestarias y sociales, si la exención vigente concluía este año. 
El Consejo no pudo llegar a un acuerdo al respecto. 
En su reunión del pasado 2 de diciembre, el Consejo llegó a una solución que permitiría a Suecia mantener su exención hasta el 30 de junio de 2000, con la posibilidad de revisión de esa fecha, y para Dinamarca y Finlandia mantener su exención hasta el 31 de diciembre de 2003, sin la posibilidad de más revisiones. 
El Consejo quisiera adoptar una decisión a ese respecto antes de que concluya este año. 
Por eso se pidió al Parlamento que emitiera su dictamen por el procedimiento de urgencia. 
Agradezco su respuesta al representante del Consejo. 
El motivo es en parte el malestar que existe en Suecia por las repercusiones sociales del aumento de la importación de alcohol, en parte que con ocasión del referéndum se destacó en términos muy categóricos que era necesaria la unanimidad del Consejo para modificar las normas de introducción de alcohol en el país. 
De la respuesta de su representante deduzco, no obstante, que ahora es precisamente lo contrario, que se necesita la unanimidad para que se nos conceda la claúsula que hemos solicitado. 
También deseo preguntar si el Consejo no opina que el artículo 36 del Tratado es aplicable en este caso, es decir, el artículo que dispone que si se trata de productos que afecten a la salud general, los países miembros tienen derecho a introducir restricciones a su importación. 
Está demostrado más allá de cualquier duda que, en segundo lugar después de la nicotina, el alcohol es la mayor amenaza que existe a la salud de la humanidad. 
¿No es aplicable, en opinión del Consejo, el artículo 36? 
No creo que el apartado 36 sea aplicable en este caso. 
Creo que esa reglamentación relativa a las consecuencias para la salud de la venta de bebidas alcohólicas es primordialmente un asunto que los Estados miembros deben abordar por su cuenta. 
Quisiera señalar que el Consejo decidió que cualquier prórroga de la fecha habría de adoptarse por unanimidad y, al hacerlo, concedió una nueva exención a Suecia hasta el 30 de junio de 2000, con la posibilidad de una revisión de dicha fecha en una fase posterior. 
Las disposiciones adoptadas mediante transacción en el Consejo de Ministros son muy generosas para con Suecia. 
Pregunta nº 13 formulada por Jan Andersson (H-0945/96): 
Asunto: Los derechos de los minusválidos 
Las Naciones Unidas han adoptado una serie de disposiciones relativas a las condiciones de vida de los minusválidos en una serie de ámbitos. 
¿Podría indicar el Consejo qué estrategia piensa adoptar con vistas a la aplicación de estas disposiciones de las Naciones Unidas en la totalidad de los Estados miembros de la UE? 
El 2 de agosto de 1996 la Comisión presentó una comunicación sobre la igualdad de oportunidades para los minusválidos, junto con un proyecto de resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo sobre la igualdad de oportunidades para los minusválidos. 
El Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo indicaron su conformidad con esa resolución durante su reunión de 2 de diciembre de 1996. 
En dicha resolución reafirman, entre otras cosas, su compromiso con los principios y valores en que se basan las normas de las Naciones Unidas en materia de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades. 
El proyecto de resolución será aprobado oficialmente en una reunión del Consejo antes de que concluya 1996. 
Agradezco su respuesta al Consejo. 
Se trata de la normativa adoptada por las Naciones Unidas hace unos años, y que afecta a todos los ámbitos sociales, por ejemplo, el ocio, la formación y el empleo. 
No se ha adoptado solamente para ayudar a las personas discapacitadas, sino para darles unas condiciones de vida lo más igualitarias posibles. 
Los quince Estados miembros de la UE se cuentan entre los más ricos del mundo. 
Debería resultar evidente para ellos que es posible poner en práctica las normas de las Naciones Unidas, y constituirse así en un ejemplo a seguir para el resto del mundo. 
Por eso me pregunto si el Consejo ha debatido alguna estrategia posible para comprobar si los Estados miembros de la UE ponen verdaderamente en práctica la normativa de las Naciones Unidas. 
En la resolución que aprobarán el Consejo y los representantes de los Gobiernos reunidos en el Consejo, los Estados miembros reafirman su compromiso con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1993 sobre las normas en materia de igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas. 
Como las atribuciones primordiales con vistas a la acción en esa esfera corresponden a los Estados miembros, la resolución pide a todos los Estados miembros que adapten las políticas nacionales según proceda, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de facultar a las personas discapacitadas, integrar la perspectiva de las personas discapacitadas en todos los sectores pertinentes de la formulación de políticas y eliminar las barreras a su participación plena. 
Un aspecto importante del proyecto de resolución es la petición a los Estados miembros de que procuren que representantes de los minusválidos participen en la aplicación y el seguimiento de las políticas comunitarias pertinentes y de las medidas adoptadas a su favor. 
Además, en relación con la Conferencia Intergubernamental, el esbozo general de un proyecto de revisión de los Tratados propuesto por la Presidencia refleja un amplio apoyo, aunque en esta fase no es un apoyo unánime, a la inclusión de una disposición general en pro de la no discriminación por razones de discapacidad. 
El texto de la Presidencia propone un nuevo artículo 6 A en el TUE que constituiría un fundamento legislativo para que el Consejo adoptara medidas encaminadas a prohibir la discriminación por razones concretas y entre las categorías abarcadas en el texto propuesto figura la discriminación por razones de discapacidad. 
El documento de la Presidencia refleja también las propuestas de modificación de las disposiciones relativas al Mercado Único del Tratado de la CE para que tengan en cuenta en particular a las personas discapacitadas. 
En ese documento se indica que esas referencias se podrían hacer, por ejemplo, en el artículo 127 o en el artículo 100 A del TUE. 
Al examinar posibles modificaciones del Tratado, hay que tener presente que todas sus modificaciones requieren el acuerdo unánime de los Estados miembros, pero la Presidencia es, desde luego, receptiva a los argumentos aducidos por Su Señoría. 
Pregunta nº 14 formulada por Tommy Waidelich (H-0946/96): 
Asunto: Las redes transeuropeas y las posibilidades futuras de financiación 
Los proyectos incluidos en las redes transeuropeas se enfrentan a serios problemas de financiación. 
Es necesario encontrar lo más rápidamente posible nuevas posibilidades alternativas de financiación ya que, en caso contrario, se corre el riesgo de que estos proyectos se retrasen de forma importante. 
La UE ha estudiado distintas formas para completar esta financiación. 
Por ejemplo, el Fondo Europeo de Inversiones intenta adaptar sus préstamos a las necesidades de los proyectos recogidos en las redes transeuropeas. 
Si bien los esfuerzos del Fondo Europeo de Inversiones constituyen un paso en la dirección adecuada también son necesarias formas alternativas de financiación que estimulen los esfuerzos que realizan los sectores público y privado. 
Una solución en este sentido podría ser la emisión de bonos, los llamados «eurobonos» , a la que se opone el Consejo. 
¿Podría indicar el Consejo qué opinión le merecen las formas alternativas de financiación de las redes de transeuropeas así como la razón por la que se opone a la posibilidad de emitir los «eurobonos» ?. 
Como sabe Su Señoría, el papel de la Comunidad en la financiación de las redes transeuropeas, según lo dispuesto en el artículo 129 C del Tratado, es subsidiario. 
Según dicho artículo, la Comunidad sólo está autorizada a apoyar las medidas financieras de los Estados miembros mediante estudios de viabilidad, garantías de préstamos y subvenciones relacionadas con los tipos de interés. 
Conviene recordar que ya se ha asignado la financiación de la UE para esas medidas, que asciende a 2.400 millones de ecus, a lo largo del período 1995-1999. 
El Consejo no ha examinado propuesta oficial alguna de emisión de bonos de la Comunidad o eurobonos. 
Dadas las medidas adoptadas actualmente por los Estados miembros para controlar el endeudamiento público, no es probable que una iniciativa en la dirección opuesta por parte de la Unión cuente fácilmente con su conformidad. 
Como ha señalado Su Señoría, se puede conseguir financiación del Banco Europeo de Inversiones, mediante el Fondo Europeo de Inversiones, que ya ha concedido importantes ayudas para proyectos de TEN prioritarias. 
Gracias al Consejo de Ministros por su respuesta. 
Es cierto que se trata de una cuestión relacionada con la subsidiariedad, pero el problema hoy por hoy es que algunos países miembros tienen una economía tan débil que no pueden financiar las redes. 
La pregunta es: ¿Puede la UE ayudarles? 
Tenemos las ayudas que existen actualmente. 
Son sólo una pequeña parte, pero representan un importante instrumento estimulante. 
Sé que se ha debatido la cuestión en el seno del Consejo, y que se incluye en los trabajos de la Comisión. 
¿Existe algún otro modo en que la UE pueda ayudar? 
Lo que sería interesante, en mi opinión, es que se intentase involucrar al capital privado para que invirtiese en estos proyectos públicos. Se trata de todo tipo de actividad, desde el transporte hasta el suministro energético. 
Es posible que los catorce proyectos TEN de mayor prioridad se realicen, pero existe el riesgo de que se retrasen y de que con ello se retrasen también futuros proyectos. 
Dado la naturaleza de estos trabajos y el riesgo existente, me gustaría que el Consejo se mostrara más abierto ante la posibilidad de experimentar con diversas iniciativas en cuanto a la financiación, por ejemplo los «eurobonos». 
Esto es asimismo central teniendo en cuenta la ampliación, ya que sabemos que los países solicitantes necesitan renovar urgentemente su infraestructura. 
No soy un experto en financiación de las TEN, pero tengo entendido que el endeudamiento que Su Señoría propone no deja de ser endeudamiento y tendría consecuencias en el endeudamiento global de la Unión o en el de los Estados miembros de la Unión. 
Quisiera señalar que los promotores de la actuación de la Comunidad en materia de financiación de las redes transeuropeas las consideran un simple complemento de las medidas adoptadas por los Estados miembros y la consigna es el respeto de la subsidiariedad. 
El Consejo tiene que contrapesar la necesidad de una financiación suplementaria con la necesidad de rigor presupuestario en los niveles comunitarios y nacional. 
La financiación suplementaria siempre contribuirá a que los proyectos avancen con mayor rapidez. 
Sin embargo, ya se están aportando fondos importantes y confío en que se logren avances importantes en la ejecución de los proyectos. 
Algunos proyectos que ya se están tramitando podrían retrasarse ligeramente, pero el Consejo cree que, como prioridades que son, seguirán adelante. 
Pregunta nº 15 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0956/96): 
Asunto: Violación de los derechos humanos fundamentales de las personas que viven en los enclaves de la parte ocupada de Chipre 
Según informaciones de que dispongo, las autoridades turcas de ocupación de Chipre continúan impidiendo que las personas que viven en los enclaves mantengan la comunicación con las zonas libres, por una parte, y privan a sus hijos del derecho elemental a la educación, por otra. 
Algunos casos recientes son: la negativa de las autoridades turcas de ocupación a permitir al matrimonio Chatzigiannis- que había pasado a las zonas libres para bautizar a uno de sus ocho hijos- que regrese a su pueblo, lo que provoca que sus cuatro hijos menores de edad permanezcan en la parte ocupada privados de la tutela paterna, o la denegación de autorizar la sustitución de una de las tres maestras grecochipriotas de la parte ocupada, que se ha jubilado. 
A la vista de todo esto, ¿puede informarnos el Consejo de qué acciones tiene intención de realizar para dar una solución inmediata a estos problemas y para garantizar, en un plano más general, el respeto de los derechos humanos de los ya escasos centenares de grecochipriotas que viven en los enclaves de la parte ocupada? 
El Consejo no ha abordado el caso concreto a que se refiere la pregunta de Su Señoría. 
Sin embargo, el Consejo ha declarado con claridad en ocasiones anteriores, y seguirá haciéndolo, que se deben respetar las libertades democráticas y los derechos humanos fundamentales de las dos comunidades de la isla. 
Cree que se deben levantar todas las restricciones que subsisten de las libertades básicas de las comunidades grecochipriota y maronita en el norte de Chipre. 
También cree que existe la urgente necesidad de intensificar las medidas encaminadas a promover una solución política completa en Chipre con el patrocinio de las Naciones Unidas y ha pedido a las dos comunidades que inicien constructivamente ese proceso. 
La Unión Europea está apoyando activamente las gestiones del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para ese fin. 
He encargado una investigación del caso concreto a que se refiere Su Señoría y señalaré a la atención del Consejo el resultado de dicha investigación. 
Señor Presidente, quizás el Ministro, que viene de un país del otro extremo de Europa, haya pensado que este eurodiputado le entretiene con el asunto de una familia a la que las autoridades turcas no dejan regresar al territorio ocupado de Chipre. 
Es mucho más que esto. 
Es el problema de un grupo de población que se manifiesta esporádicamente de diferentes maneras. 
Eran 20.000, señor Presidente, los grecochipriotas encerrados en el territorio ocupado en 1974 y después de 22 años quedan sólo 400, a causa de la inercia, creo yo, de nuestra sociedad europea, y en general, de las Naciones Unidas. 
Hay declaraciones, también hemos escuchado las suyas, que se repiten y que suenan bien; pero, ¿no cree usted que alguna vez esas declaraciones deben convertirse en acciones y los compromisos que asumimos oralmente traducirse en una política concreta? 
Los hechos que yo denuncio en mi pregunta son completamente verídicos; no obstante, tengo la impresión que no existe ninguna acción concreta al respecto. 
Permítaseme en primer lugar decir que no estoy tan lejos de Chipre como para no entender que Su Señoría esté preocupado por otras personas. 
Podría recordar a la Asamblea que la Presidencia irlandesa nombró a un embajador irlandés como enviado especial de la UE para intentar contribuir a la resolución de los problemas a que se refiere Su Señoría. 
En segundo lugar, Su Señoría tiene, naturalmente, toda la razón en formular preguntas de esta forma y presionar al Consejo de Ministros. 
Pero, aparte de las declaraciones, una de las cosas que tenemos que hacer, como Unión, es equiparnos para pegar políticamente con la misma contundencia que en el sentido económico. 
La realidad es que la Unión Europea no se ha dotado de los medios con los que hacerlo. 
Todo el sector de la política exterior y de seguridad común está en examen en la Conferencia Intergubernamental y espero que permita a la Unión ser más eficaz y disponer de los instrumentos necesarios para actuar como una Unión, al intentar resolver problemas de este tipo. 
Otras organizaciones actúan en esa zona, como las Naciones Unidas, y no han tenido éxito hasta la fecha. 
Se trata de un problema complicado y difícil. 
Puedo asegurar a Su Señoría que se trata de un problema que ha preocupado mucho a esta Presidencia y, de hecho, el enviado designado por Irlanda seguirá en ese cargo durante la Presidencia holandesa. 
Así se ha confirmado ya y seguiremos intentando hacer todo lo que podamos para lograr una solución satisfactoria para ese problema. 
En relación con el caso individual mencionado, la razón por la que he dicho que me ocuparía de este caso es la de que no tenía información sobre él y se mencionaba en la pregunta. 
Habría sido una negligencia por mi parte pasar por alto un caso concreto que se había mencionado. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 16 y 17 no se formulan. 
Pregunta nº 18 formulada por Per Gahrton (H-0967/96): 
Asunto: La política en materia de armamento y el comercio de armas 
De conformidad con el artículo 223 del Tratado de la Unión la política en materia de armamento es competencia exclusiva de los Estados miembros. 
No obstante, en una intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores realizada el 17 de septiembre, el Comisario Bangemann señaló que la Comisión no considerara el comercio de armas como cualquier otro aspecto del mercado interior por «razones de naturaleza política» y afirmó que distintas sentencias del Tribunal de Justicia se situaban por encima del Tratado y que éstas habían conferido a la UE competencias en los ámbitos de la política en materia de armamento y del comercio de armas. 
En este contexto, ¿podría señalar el Consejo si el Derecho comunitario vigente concede a los órganos de la UE competencias en estos ámbitos? En caso positivo, ¿podría señalar en qué sentido, en qué medida y con qué objetivo? 
En caso negativo, ¿podría señalar el Consejo si sigue siendo partidario de una interpretación estricta del artículo 223 en virtud de la cual la política en materia de armamento queda fuera del ámbito de competencias de la instituciones de la UE?. 
Las disposiciones del artículo 223 no constituyen, como señala Su Señoría, una reserva de competencia a favor de los Estados miembros, sino una cláusula de salvaguardia. 
El artículo 223- y, en particular, la letra b del apartado 1 del artículo 223- establece que el Tratado no impedirá a un Estado miembro adoptar las medidas que considere necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra. 
De conformidad con el apartado 2 de dicho artículo, el 11 de abril de 1958 el Consejo aprobó por unanimidad una lista de productos que pueden estar sujetos a dichas disposiciones. 
Desde entonces no se ha modificado la lista. 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 223, el Consejo puede modificar las listas por unanimidad y a propuesta de la Comisión. 
Las medidas que los Estados miembros pueden adoptar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 no deben menoscabar las condiciones de competencia en el Mercado Común respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares: las llamadas mercancías de doble uso. 
Existe una legislación de la Unión Europea vigente para las mercancías de doble uso, que comprende disposiciones comunitarias y de la política exterior y de seguridad común. 
Las cuestiones relativas a la política de armamento son ya objeto de examen por dos grupos de trabajo del Consejo POLARM (Grupo de Trabajo sobre la Política Europea de Armamentos) y COARM (Grupo de Expertos sobre Armas Convencionales). 
Cualesquiera medidas adoptadas por el Consejo en ese sector no pueden menoscabar la salvaguardia que figura en el artículo 223 y que un Estado miembro puede invocar en cualquier momento. 
Agradezco al representante del Consejo su respuesta. 
Es verdaderamente muy interesante. 
Por cierto, he escrito una carta al Comisario Bangemann, inmediatamente después de las manifestaciones a las que hago referencia. 
Le escribí en sueco, y aún no he recibido respuesta. 
Lo que me interesaba es esta información, y lo interesante de la respuesta que ahora recibo es que se puede interpretar como si el representante del Consejo no aprobase las manifestaciones del Sr. Bangemann con ocasión de su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del PE, en cuya ocasión dijo que él daba el mismo tratamiento al comercio de armas que a cualquier otro tipo de actividad comercial, haciendo referencia a ciertos fallos del Tribunal de la UE. 
Si entiendo bien al representante del Consejo, no ha ocurrido nada en los últimos tiempos que haga posible un alejamiento de los requisitos fijados por el artículo 223, y esto debería comunicársele encarecidamente el Comisario Bangemann. 
Estoy seguro de que Su Señoría puede hacer eso exactamente en el turno de preguntas dirigidas a la Comisión, pero permítaseme decir que, que yo sepa y según el asesoramiento que he recibido, la situación es la que he expuesto. 
Las disposiciones del artículo 223 no constituyen una reserva de competencias a favor de los Estados miembros, sino que son una cláusula de salvaguardia para los Estados miembros, que las pueden invocar por razones de seguridad. 
Su Señoría ha interpretado correctamente mi declaración a ese respecto. 
Asunto: Disposiciones relativas a la salud y la seguridad para los trabajadores de la construcción 
¿Qué medidas está adoptando el Consejo para asegurar que dentro de la Unión Europea se cumplen la Directiva 92/57/CEE y otros textos legislativos en materia de salud y seguridad relativos a las obras de construcción? 
El Consejo atribuye la mayor importancia a la transposición completa y exacta de la legislación comunitaria por parte de cada uno de los Estados miembros y a la aplicación efectiva de la legislación nacional en la que se haya transpuesto la legislación comunitaria. 
Así lo dispone claramente la Resolución del Consejo de 27 de marzo de 1995 sobre la transposición y la aplicación de la legislación social comunitaria. 
Quisiera añadir también que, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, la Comisión tiene la obligación de velar por que los Estados miembros apliquen la legislación comunitaria. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
He presentado esta pregunta porque me preocupa el caso de un hombre de Hayes, en mi circunscripción del norte de Londres, el Sr. Stacey, que murió hace dos años en una obra de un edificio alemán. 
Fui a Leipzig a ver las obras a averiguar lo que había sucedido y me resultó evidente que en esa parte de la antigua Alemania Oriental no se estaba aplicando esta directiva. 
Estoy seguro de que habrá circunstancias o situaciones similares en otras partes de la Unión Europea. 
Lo que pregunto en realidad es lo siguiente: ¡qué medidas serias está adoptando el Consejo para cerciorarse de que los Estados miembros imponen la aplicación de la legislación y qué medidas está adoptando contra cualesquiera Estados miembros que tal vez no estén imponiendo el cumplimiento de la legislación relativa a la salud como deberían a fin de que en el futuro se pueda evitar ese tipo de muertes innecesarias? 
Lamento mucho enterarme de las trágicas circunstancias padecidas por ese ciudadano de la circunscripción de Su Señoría. 
Desde luego, opino que la legislación establecida debería aplicarse a circunstancias de ese tipo. 
Sin embargo, el Consejo no tiene competencias en relación con la aplicación de la legislación comunitaria: es asunto de la Comisión, por lo que Su Señoría podría formular esa pregunta a la Comisión. 
Pregunta nº 20 formulada por Nuala Ahern (H-0976/96): 
Asunto: Prohibición del transporte de plutonio sobre el territorio de Estados miembros de la Unión Europea desnuclearizados 
El transporte aéreo de plutonio o de crudo entre plantas de reprocesamiento y plantas de producción de combustible de óxidos mixta MOX y plantas nucleares que utilizan MOX da lugar al transporte por vía aérea de materiales nucleares por encima del territorio de varios Estados miembros de la Unión Europea, algunos de los cuales han renunciado a la opción nuclear. 
¿Considera el Consejo que cada Estado miembro tiene derecho a prohibir dichos vuelos sobre su territorio? 
El Consejo quisiera recordar a Su Señoría que el transporte de materiales radiactivos está regido en el nivel internacional por la reglamentación del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el OIEA, va encaminada a velar por un nivel idóneo de seguridad para el transporte de todos los materiales radiactivos. 
En septiembre de 1996 se aprobó una reglamentación revisada del transporte, que refuerza las disposiciones que se deben aplicar en ese ámbito. 
Dichas reglamentaciones están integradas en las instrucciones técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional, la ICAO, que son vinculantes para las partes contratantes. 
En el marco de la aplicación de dichas instrucciones, son posibles exenciones no discriminatorias. 
Además, el Consejo quisiera subrayar que las disposiciones del capítulo 3 del Tratado Euratom sobre la salud y la seguridad y la directiva que establece normas básicas de seguridad para la protección de la salud de los trabajadores y el público en general contra los peligros derivados de la radiación ionizante, que ha reforzado la protección de la salud estableciendo límites más estrictos para las dosis, se aplican en todo el territorio de la Unión Europea. 
Existe cierta confusión sobre las nuevas directrices del OIEA, porque no se tienen en cuenta las propias directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional y esa Organización está muy preocupada. 
He presentado esta pregunta porque las nuevas directrices del OIEA parecen destinadas concretamente a adaptarse al transporte áereo de combustible MOX y éste no ha sido definido como material con pocas fugas o poca dispersión, como ha declarado la propia Comisión. 
Hasta que podamos aclarar esa confusión e incluir adecuadamente las directrices y requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿procurará el Consejo prohibir el transporte de ese material por los territorios de los Estados miembros y obligar a organizaciones como British Nuclear Fuels Ltd a no hacer pública la afirmación de que ha sido designado oficialmente material de poca dispersión, cosa que no ayuda, sino que resulta, de hecho, extraordinariamente engañosa en ese marco? 
¿Tendrá a bien aclarar la situación en relación con los Estados miembros desnuclearizados y por encima de cuyos territorios se transporta ese material por vía aérea? 
¿Pueden declarar una prohibición unilateral? 
Como comprenderá Su Señoría, no puedo darle una respuesta clara en relación con una parte de su pregunta, ya que las normas que se aplican al transporte de materiales fisionables competen, como ya he señalado, a la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo no vinculado con la Unión Europea y al que acceden los Estados miembros con carácter individual. 
También quisiera decir a Su Señoría que, si la cuestión entrañara la competencia comunitaria, correspondería a la Comisión, como garante que es de los Tratados, velar por el cumplimiento de la legislación comunitaria. 
Sin embargo, tengo entendido que un Estado miembro puede derogar las instrucciones de la ICAO, lo que significa que puede denegar la autorización de los transportes por vía aérea sobre su territorio sin el permiso de su organismo encargado de la aviación. 
Tengo entendido que un Estado miembro de la Unión ha modificado su posición en ese mismo sentido. 
De modo que, según tengo entendido, esa exención es posible. 
Hay normas mínimas, pero es posible que un Estado miembro imponga normas más estrictas por su cuenta. 
Ese asunto es competencia de los Estados miembros. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 21 no se formula. 
Pregunta nº 22 formulada por Hadar Cars (H-0983/96/rev. 1): 
Asunto: Ayuda de la UE a la antigua Yugoslavia 
En su dictamen de 17 de julio dirigido al Consejo y relativo a la ayuda de la Unión a la antigua Yugoslavia, el Parlamento solicitaba, entre otras cosas, que los contratos de compra convocados en el marco de este proyecto también estuviesen abiertos a los países de la Europa central y oriental que han solicitado la adhesión a la Unión. 
El Consejo accedió en cierta medida a los deseos del Parlamento y, en este contexto, ha permitido que los países de la Europa central y oriental puedan presentar, dentro de ciertos límites, ofertas en el marco del programa de ayuda. 
¿Podría señalar el Consejo cuáles son los avances realizados desde esa fecha? 
¿Qué proporción de los créditos previstos se ha pagado ya? 
¿Cuándo se atribuirá la totalidad de los créditos previstos para la reconstrucción? 
¿En qué medida se ha dado a los países a los que se destina el Programa PHARE la posibilidad de presentar ofertas? ¿Podría señalar el Consejo cuántas han sido las ofertas presentadas y aceptadas procedentes de estos países, así como las cantidades alas que ascienden éstas? 
El Consejo dio un importante paso adelante en materia de ayuda a la reconstrucción para la antigua Yugoslavia al aprobar el Reglamento nº 1628/96, de 25 de julio de 1996, que establece un nuevo marco para la financiación de las actividades de reconstrucción en esos países en medida superior a la que posibilitaban los reglamentos existentes de PHARE. 
Como han de saber sin duda Sus Señorías, la idea de permitir a personas de los Estados beneficiarios de PHARE presentar ofertas para proyectos comunitarios en pro de la antigua Yugoslavia está reflejada en este nuevo reglamento. 
Según el apartado 2 del artículo 9 del reglamento, la Comisión puede autorizar, caso por caso, la participación de personas físicas y jurídicas de esos Estados. 
En el apartado 3 de dicho artículo se define con mayor precisión lo que se entiende por personas jurídicas de un Estado beneficiario del programa PHARE. 
Ese tipo de operación se podría llevar a cabo ya con arreglo al reglamento de PHARE, a saber, en el marco del programa de ayuda esencial, formulado después de la primera conferencia de donantes sobre BosniaHerzegovina, celebrada en diciembre de 1995. 
Respecto de las otras cuestiones planteadas por Su Señoría, la Comisión, que es la encargada de la gestión inmediata del reglamento, ha de estar en condiciones de facilitar la información solicitada. 
Muchas gracias por su respuesta. 
Como todos sabemos en esta cámara, una parte de la cantidad destinada a los países del Este de Europa dentro del programa Phare se destinó al programa de ayuda para la reconstrucción de Yugoslavia. 
Esto fue lo que motivó la resuelta decisión del Parlamento de que estos países pudieran contribuir presentando ofertas en lo concerniente a la ayuda que se brindaría a Yugoslavia. 
No nos ha dado cifras, señor Ministro, de la magnitud de las posibilidades que han tenido estos países, y no nos ha informado de si han conseguido contratos. 
Supongo que durante el periodo de Presidencia sus Señorías habrán facilitado a todos los niveles que estos países participasen en los trabajos de reconstrucción de Yugoslavia. 
De este modo se devuelve a los países del este de Europa algo de lo que se les negó al transferir los recursos del programa Phare a la reconstrucción mencionada. 
Además, esto les proporciona la oportunidad de desarrollarse por sí mismos. 
Señor Presidente, para terminar deseo expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento por el modo en que el ministro Mitchell y sus colegas han dirigido los trabajos del Consejo durante el medio año en que Irlanda ha estado a cargo de la Presidencia. 
Agradezco a Su Señoría sus amables observaciones finales. 
En relación con esta cuestión concreta, sé que ha desempeñado un papel destacado en la campaña encaminada a lograr los cambios que se han hecho. 
Constituye una clara muestra de que el Consejo atiende las opiniones del Parlamento Europeo. 
En relación con los detalles de la pregunta formulada por Su Señoría, estoy seguro de que, si formula una pregunta a la Comisión, recibirá detalles sobre la gestión inmediata del reglamento, pero constituye un avance real y la labor relativa a esas disposiciones de PHARE ha sido muy provechosa. 
Señor Presidente, yo también quiero agradecer la prolija valoración que ha realizado el Presidente en funciones del Consejo. 
Por mi parte, yo quisiera preguntarle si está prevista alguna acción especial para la región de Kosovo. 
En efecto, hace algunos días le oímos declarar al Ministro de Asuntos Exteriores serbio que dicha región ha quedado plenamente incorporada al territorio de la actual Yugoslavia y, por lo tanto, no puede contemplarse ningún estatuto especial para esta región oprimida. 
Yo desearía saber si el Consejo puede adoptar alguna medida especial en relación con esta cuestión. 
Lamento no disponer de esa información en mis notas, pero comprendo que se trata de un asunto muy preocupante. 
Examinaré ese asunto y comunicaré el resultado directamente a Sus Señoría. 
Quisiera agradecer al Sr. Mitchell la forma como ha atendido a las preguntas. 
Hemos apreciado mucho su compañía y las respuestas que ha dado personalmente y en nombre del Consejo. 
(La sesión, interrumpida a las 19.15 horas, se reanuda a las 21 horas) 
Derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40367/96) del Sr. Kerr, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (94) 0300- C4-0151/94-94/0203 (CNS) ) sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ya quedamos muy pocos aquí esta noche, pero esto era de esperar. 
Aun así, yo quiero manifestar mi sincero agradecimiento al ponente, Hugh Kerr, por su informe y por las difíciles negociaciones que ha llevado a cabo. 
Yo creo que el Parlamento ha debatido pocas veces un tema tan complejo, pero a la vez tan importante en sus detalles y con consecuencias de tan vasto alcance para la vida laboral en Europa. 
También quiero darle las gracias al Comisario Flynn por su disposición a incorporar, ya después del primer debate del mes de enero y a lo largo de las numerosas negociaciones, nuestra perspectiva sobre la definición del traspaso de empresas. 
Éste es el factor decisivo para mi Grupo político del Partido Socialista Europeo, puesto que permitirá una mejora cualitativa por lo que respecta a los derechos de los trabajadores en Europa. 
Un hecho particularmente importante en un momento en que desde Bruselas, lamentablemente también desde la Comisión y sobre todo desde el Consejo, sólo parecen emitirse señales asociadas a regulaciones en favor de la liberalización y la desregulación con el único objetivo de maximizar los beneficios. 
Según he tenido noticia, ya se ha alcanzado o está en vías de alcanzarse un compromiso sobre el espinoso tema de la insolvencia o la liquidación. 
Aun así, yo quiero recordar que en la audiencia todos los expertos destacaron que al inicio del procedimiento todavía no se sabe con certeza cuál será el resultado final. 
Desde luego, todos coincidimos en que debe procurarse conservar el mayor número posible de empresas y, por lo tanto, también de puestos de trabajo y, por consiguiente, obviamente también estamos a favor de unas normas flexibles. 
Sencillamente no es cierto- lamento que la colega de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ya no esté presente- que excluir la liquidación favorezca la salvación de las empresas. 
Todas las experiencias, las de los Países Bajos por ejemplo, revelan un cuadro muy distinto. 
Antes de acabar, yo quisiera dirigir aún tres breves peticiones al señor Comisario. 
En primer lugar, ésta no será sin duda la última vez que se revise la presente Directiva. 
Por lo tanto, yo le ruego que contemple la posibilidad de incluir a los Estados de la Europa central y oriental. 
Esto es particularmente urgente para nosotros, sobre todo en Alemania, pero también en Austria, dado que cada vez son más los traslados de empresas que no tienen lugar en el interior de la UE, sino en dirección a Polonia, Chequia y Hungría. 
El segundo punto se refiere a los regímenes complementarios de previsión para la vejez, a las cuales ya se ha hecho referencia esta noche. 
Yo quiero pedirle que también en este aspecto se busque una norma que garantice los derechos adquiridos y que sea adecuada no sólo para Gran Bretaña sino también para los restantes Estados miembros. 
También este aspecto es de particular importancia, dado que en la mayoría de los Estados miembros se está produciendo un recorte en las pensiones solidarias. 
De ahí la necesidad de afianzar el puntal de los regímenes complementarios de previsión. 
Finalmente, como último punto, en mi intervención del mes de enero yo ya mencioné que había tenido noticias de que usted estaba preparando un informe. 
¿Para cuándo podemos prever que estará disponible y nos permitirá contar con más datos y hechos probados? 
Es mucho lo que está en juego, incluida la aceptación de Europa entre los trabajadores. 
Señor Comisario, yo le deseo, lo mismo que al ponente Hugh Kerr, que tengan ustedes mucho éxito en sus negociaciones con el Consejo. 
Señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los dos años transcurridos indican cuán difíciles han sido las negociaciones sobre el tema de la aproximación de las legislaciones relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas. 
En el interín la Comisión retiró, tras intensas deliberaciones en la Comisión de Asuntos Sociales, la propuesta inicial de una nueva directiva y la sustituyó por una propuesta de modificación de la Directiva 77/187/CEE. Con ello ha dado muestras de una notable flexibilidad, incluido también el señor Comisario. 
El problema más difícil es mantener un equilibrio entre los intereses de los trabajadores afectados y los intereses del empresario que adquiere la empresa. 
Si se hace excesivo hincapié en los derechos de los asalariados, al empresario ya no le interesará la compra de la empresa. 
Esta situación desemboca en una declaración de insolvencia y la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo, sobre todo cuando la empresa tiene problemas financieros. 
Con lo cual no se hace, sin embargo, ningún servicio a los trabajadores afectados. 
Por lo tanto, también a éstos les interesa que se mantenga un cierto incentivo para el empresario que adquiere la empresa. 
Tras dos años de forcejeos logró alcanzarse este equilibrio, con una ligera ventaja en favor de los derechos de los trabajadores. 
Otra dificultad resulta de las diferentes situaciones jurídicas de las que parten los Estados miembros. 
Por este motivo, el Grupo del Partido Popular Europeo, considera imprescindible que se contemple la posibilidad de una declaración de quiebra en caso de insolvencia, así como la intervención de un síndico de la quiebra en tales casos. 
Por lo tanto, tras largas negociaciones con el ponente, el Sr. Kerr, hemos llegado a un acuerdo para que retire su enmienda 18, que hasta ahora se oponía a ello. 
El Partido Popular Europeo podrá votar en tal caso afirmativamente el informe, a mi parecer, un informe que me ha costado mucho tiempo y energía conseguir en mi calidad de «ponente en la sombra». 
Yo espero que de este modo pueda quedar expedito, después de dos años, el camino para alcanzar una solución razonable. 
En interés de los trabajadores afectados y de los empresarios, debemos aprobar la modificación de la Directiva. 
Visto que el ponente sólo ha dado las gracias a sus colegas del Partido Socialista Europeo, espero no ofenderle si en mi calidad de miembro del Partido Popular Europeo, acabo mi intervención agradeciéndole sinceramente el esfuerzo que ha realizado durante estos dos años, ¡aunque pertenezca al Partido Socialista Europeo! 
Señor Presidente, tal vez podría informar a la Comisión, sobre todo antes de que intervenga, de que, como ha dicho el Sr. Scheiedermeier, hemos celebrado conversaciones desde que inicié el debate y he accedido a retirar la enmienda nº 18 para la votación de mañana. 
Tal vez eso ayude al Comisario en sus observaciones de esta noche. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias al Sr. Kerr por el ingente trabajo que ha realizado para llegar a un resultado aceptable. 
No obstante, sigue habiendo algunos puntos poco claros, que tienen que ver con el alcance de la directiva. 
Quisiera que el Comisario me dijera si en el artículo 1, con la enmienda actual, hemos de entender que cuando una empresa tiene un contrato con otra empresa y quiere cambiarlo, si los trabajadores de la otra empresa entran en esta directiva o si sólo se trata de servicios y de asuntos tratados a nivel de dirección de la empresa y que luego se encargan a otra empresa. 
Considero necesario que haya mayor claridad. 
Quiero mayor claridad en relación con el contracting out. 
Una segunda cuestión que quiero plantear, señor Comisario, es la de las pensiones. 
Tengo entendido que la Sra. Veil ha acabado su trabajo y que en su informe se dice, entre otras cosas, que en todas las situaciones deben garantizarse los derechos de los trabajadores. 
Pienso que no es aceptable que no se garanticen los derechos de pensión cotizados y los fondos asociados. 
El Sr. Kerr ya ha señalado esta cuestión. 
Creo firmemente que hay que garantizar los derechos de pensiones de los trabajadores en caso de traspaso de empresas. 
Por último, quiero contestar a lo que ha dicho el Sr. Garosci. 
Según él, la participación de los trabajadores no es tan conveniente, y cree que ello frena la flexibilización del mercado laboral en una economía globalizadora. 
En mi país han sido a menudo los trabajadores quienes, en las suspensiones de pagos y las quiebras, han desempeñado un papel muy positivo al intentar salvar las empresas o parte de las empresas. 
Por esta razón no votaremos contra la participación de los trabajadores. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias sin rodeos al Sr. Kerr por su informe. 
Ahora me atrevo a hacerlo. 
Creo que el Sr. Kerr lo estará pasando mal hoy, pues ha estado paseándose tanto tiempo con su informe que casi parece que hoy condujera a su hija al altar. 
En realidad, siempre he creído que el Sr. Kerr llegaría a su segunda legislativa con este informe, pues era muy difícil, pero no ha sido el caso. 
Hemos conseguido llegar hasta aquí. Esto da respuesta a una serie de problemas. 
Se trata de una directiva realmente difícil. 
Ya era difícil antes, y se ha complicado más por el hecho de que el Tribunal haya pronunciado algunas sentencias que han tenido consecuencias importantes, y si luego se considera que las consecuencias son excesivas, resulta sumamente difícil volver a enderezarlo. 
En lo que a esto respecta, la Comisión tenía una difícil misión. 
En un principio considerábamos que la propuesta de la Comisión iba demasiado en la dirección de lo que quería el gobierno inglés, y no sólo nosotros, también otros miembros del Consejo sentían mucho placer al decir al gobierno inglés: no, no, porque el gobierno inglés siempre dice: no, no. 
De ahí que quiera decir a todo aquel que tenga críticas, que este ha sido un acto político sumamente difícil. 
Ha sido sumamente difícil equilibrar los diferentes intereses y me complace que sobre todo nuestros dos Grupos hayan logrado una solución aceptable junto con la Comisión. 
Pues, ¿qué es necesario? 
Que logremos una gran mayoría en este Parlamento para las enmiendas que son aceptables. 
Y en segundo lugar, que la Comisión pueda aceptar dichas enmiendas. 
Oiremos el juicio definitivo, pero de antemano hemos tenido la clara impresión de que lo esencial de esta cuestión es aceptable para la Comisión. 
De no ser así, por supuesto surgirá otra situación. 
De eso se trata. Esto es lo que hemos logrado y por ello no sólo debemos felicitar al Sr. Kerr, sino que también debemos felicitar a la Comisión y a todos nosotros por haberlo logrado. 
(NL) Señor Presidente, lamento que los cristianodemócratas digan: nuestros dos Grupos. 
Ciertamente he dicho «sobre todo» , pero he de decir que, en efecto, en lo que a esto respecta, quiero aplaudir a la Sra. Boogerd-Quaak, pues tiene razón. 
Señor Presidente, en primer lugar permítaseme dar las gracias al ponente, Sr. Kerr, y a todos los que han hecho contribuciones a este debate desde todos los sectores de la Asamblea. 
Ésta es una de las más importantes cuestiones de la legislación laboral que se han presentado a esta Asamblea desde hace bastante tiempo. 
Lo coloco en la misma categoría que el Consejo de Obras Públicas. 
También quisiera dar las gracias a quienes han colaborado con el Sr. Kerr en las comisiones, la Sra. Waddington, la Sra. MosiekUrbahn y el Sr. Thomas. También me uno al agradecimiento expresado por el Sr. Kerr al Sr. Stephen Hughes, que no puede estar hoy con nosotros, y a todos Sus Señorías por la extraordinaria labor que se ha llevado a cabo en los dos últimos años. 
Resulta digna de elogio la excelente calidad de este informe. 
Como saben todos Sus Señorías, en septiembre de 1994 la Comisión aprobó una propuesta de directiva del Consejo con vistas a revisar y substituir la Directiva 77/187/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad. 
La revisión tenía un objetivo triple: reformar y aclarar el alcance y las definiciones de la directiva a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Justicia, permitir una mayor flexibilidad en caso de traspasos en el marco de los procedimientos relativos a la insolvencia con vistas a garantizar la supervivencia de las empresas afectadas, mejorar los requisitos de información y consulta, en particular en situaciones transnacionales, y fortalecer el estatuto de los representantes de los empleados. 
La propuesta va encaminada a conciliar la necesidad de garantizar unas mejores normas de protección de los empleados en casos de reestructuración de empresas con el objetivo fundamental de prevenir cierres de empresas y mantener los niveles actuales de empleo en el marco de una mayor flexibilidad, una mayor autonomía para las partes interesadas y una mayor certeza jurídica. 
De modo que me complace profundamente que la Asamblea no haya puesto en entredicho ese triple objetivo y que gran número de las disposiciones revisadas de la Comisión hayan recibido pleno respaldo de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Entre ellas figuran la definición de traspaso en el primer inciso del apartado 1 del artículo 1, la ampliación del alcance de la directiva a los buques que navegan por alta mar, al empleo especial y a las empresas sin fines de lucro, las disposiciones relativas a los traspasos transnacionales, el fortalecimiento de los derechos adquiridos de los representantes de los empleados, la necesidad de establecer la responsabilidad conjunta del cedente y del cesionario y ciertas disposiciones varias. 
Sin embargo, no voy a ocultar que ha habido diferencias importantes, aunque conciliables, entre la Asamblea y la Comisión respecto del alcance y del contenido de algunas de las disposiciones revisadas. 
Tengo mucho gusto en anunciar ahora que, después de un debate fructífero y conversaciones muy prolongadas y detalladas, la Comisión está dispuesta a aceptar, total o parcialmente, catorce de las diecisiete enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Sociales y que puedo proponer a la Comisión que adoptemos también una de las siete enmiendas presentadas a la Asamblea. 
Estas cifras hablan por sí solas y el consenso constituye un logro considerable, pues hemos avanzado mucho con vistas a la consecución del objetivo de la Comunidad de modernizar un instrumento legislativo- la directiva relativa a los derechos adquiridos- que corresponde al centro mismo del Derecho y los sistemas laborales de la Comunidad. 
Quisiera analizar las enmiendas propuestas una por una en el marco de los tres objetivos principales perseguidos por la Comisión. 
En primer lugar, reformar y aclarar el alcance y las definiciones de la directiva. 
Respecto de la no aplicación de la directiva al traspaso de actividades y funciones exclusivamente, que ha resultado el punto más polémico para las dos instituciones, la Comisión cumplirá su decisión de 7 de febrero de 1996, adoptada a raíz de la resolución del Parlamento de 18 de enero de 1996. 
Así, pues, suprimirá el segundo inciso del apartado 1 del artículo 1 y presentará el texto futuro como una propuesta que modifica, no substituye, la actual Directiva 77/187. 
Así, pues, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 1 (el título) , 2 (el primer considerando) y 4 (el segundo inciso del apartado 1 del artículo 1). 
La Comisión acoge también con beneplácito el principio de la responsabilidad conjuntamente y por separado entre el cedente y el cesionario propuesta en el segundo inciso del apartado 1 del artículo 3 de la enmienda nº 5. 
Sin embargo, para mejorar la certeza jurídica y evitar controversias jurídicas innecesarias, dicha responsabilidad quedará limitada a las obligaciones que se desprenden y expiran antes del traspaso. 
Sin embargo, no se puede aceptar el apartado 3 del artículo 3 de la enmienda nº 6. 
La ampliación del alcance material de la directiva a los planes de seguridad social suplementarios de las empresas o entre varias empresas obstaculizaría, en lugar de facilitar, el traspaso de empresas en pleno funcionamiento. 
También afectaría a las legislaciones relativas a la seguridad social y, en particular, a la gran diversidad de sistemas complementarios de seguridad social existentes en los Estados miembros. 
Sin embargo, la Comisión considera que las repercusiones de los procesos de reestructuración en los planes complementarios de seguridad social deben ser objeto de una investigación suplementaria, por lo que se propone llevar a cabo un estudio completo de esa cuestión concreta. 
Espero que la Asamblea lo apoye, 
También quisiera hacer referencia al apartado 3 del artículo 3, según el cual los Estados miembros pueden adoptar medidas para garantizar los intereses de sus trabajadores también a ese respecto. 
Parece abarcarlo en alguna medida, por lo que vamos a hacer un estudio completo sobre toda esa cuestión. 
La letra a del apartado 4 del artículo 3, que es nueva, introduce una necesaria cláusula de salvaguardia para descartar cualesquiera procedimientos perjudiciales para los intereses de los empleados. Así, pues, es aceptable. 
El apartado 3 del artículo 4 de la enmienda nº 7, que mejora el texto de la Comisión, puede ser aceptado. 
Sin embargo, se considera innecesaria la expresión «jurídicamente vinculante» , por lo que se ha suprimido. 
El apartado 4 del artículo 4 de la enmienda nº 8, que aclara el texto de la Comisión, nos parece totalmente aceptable. 
El apartado 5 del artículo 4 de la enmienda nº 9 suprime el apartado 5 del artículo 4 con el argumento de que las facultades que en él se conceden a las autoridades judiciales, en particular la de modificar o poner fin a las relaciones laborales, son ajenas a los sistemas jurídicos de la mayoría de los Estados miembros y la Comisión está de acuerdo, por lo que suprimirá dicho apartado de su futura propuesta, mejorará los requisitos en materia de información y consulta y reforzará el estatuto de los representantes de los empleados. 
El apartado 1 del artículo 6 de la enmienda nº 10 es nuevo. 
Establece explícitamente, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, las obligaciones de los Estados miembros de establecer la designación de representantes de los empleados. 
También dispone que dichos representantes deben ser independientes del empleador. 
Acojo con beneplácito una aclaración en ese sentido, coherente con las facultades negociadoras concedidas a los representantes de los empleados por el apartado 3 del artículo 4, en su forma revisada. 
Así, pues, el próximo texto establecerá explícitamente que se garantizará a los representantes de los empleados, ya sean representantes sindicales o representantes elegidos entre sus miembros por los empleados, la necesaria independencia para permitirles cumplir con sus obligaciones. 
No podemos aceptar enteramente la enmienda nº 11, es decir, los apartados 1 y 2 del artículo 6. La Comisión considera que su propuesta es más clara y más coherente. 
Sin embargo, la Comisión está dispuesta a modificar su texto para que quede claro que las obligaciones de informar por parte de los cedentes y los cesionarios es aplicable desde el momento en que se proyecte el traspaso de que se trate. 
La Comisión hace suyos el espíritu y el objetivo de la enmienda nº 12, la letra a del apartado 4 del artículo 6- también nuevo -, que tienen en cuenta las situaciones en las que la decisión de la que se derive el traspaso sean adoptadas por una persona física o jurídica que no sea ni un empleador ni una empresa que ejerza el control. 
Así, pues, se hará una nueva redacción del texto para que quede claro que, al examinar las alegaciones de violaciones de los requisitos en materia de información y consulta, no se debe tener en cuenta el hecho de que la persona física o jurídica que adoptara la decisión de la que se derive el traspaso no facilitara la información pertinente al empleador. 
El apartado 5 del artículo 6 de la enmienda nº 13 rechaza el umbral de 50 empleados, introducido por la propuesta de la Comisión, y mantiene el texto actual. 
En la enmienda nº 3, que introdujo un considerando para justificar esa iniciativa, se argumenta que, hasta que se haga la futura armonización en la esfera de la información y la consulta de los empleados en las empresas nacionales, se debe abordar esa cuestión mediante el futuro instrumento marco. 
No se me escapa la coherencia de este argumento, por lo que pediré a la Comisión que lo haga suyo. 
Sin embargo, si se mantiene el texto actual, no pide la introducción del considerando propuesto por la enmienda nº 3, que, en consecuencia, resulta superflua. 
Sobre algunas de las disposiciones varias: se puede aceptar la enmienda nº 14- es decir, el artículo 8 -, no para substituir el artículo 8 de la propuesta, sino como nueva disposición independiente, a fin de que esté plenamente en consonancia con las medidas relativas a la aplicación propuestas en mi programa de acción social 1995-1997. 
Sin embargo, la segunda frase resulta superflua, a la luz del artículo 9 de la propuesta de la Comisión. 
Acojo con el mayor beneplácito la enmienda nº 15- artículo 8 bis, que es nuevo- a raíz de la comunicación de la Comisión sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo de 13 de diciembre de 1995. 
Constituirá un importante valor añadido para la directiva relativa al traspaso de empresas. 
16 y 17 son coherentes con las enmiendas núms. 1 y 2, razón por la cual se debe aceptarlas. 
Se rechazarán las enmiendas núms. 20, 21, 22, 23, 24 y 25, pues no son incompatibles con ciertas enmiendas que estamos dispuestos a aceptar o introducen cláusulas de exención que ponen en peligro los fines y objetivos de la directiva. 
Resumiendo en este momento, la Comisión puede aceptar total o parcialmente 15 enmiendas: las núms. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 y rechaza otras nueve, una relativa a un nuevo considerando y ocho relativas a la parte dispositiva. 
Junto con la nueva propuesta modificada, me propongo presentar a mis colegas en las próximas semanas un memorando sobre la interpretación de la actual directiva relativa al traspaso con vistas a dar orientación a los empleados, sus representantes, los empleadores y los ciudadanos europeos en general sobre la interpretación y aplicación correctas de este decisivo instrumento legislativo. 
Antes de concluir, quisiera decir simplemente a la Sra. Weiler que considero toda la cuestión de la reforma de los sistemas de seguridad social sumamente importante. 
En este momento estoy celebrando consultas en el marco del debate sobre el futuro de la seguridad social y sus disposiciones. 
En la primavera presentaré una comunicación de seguimiento en la que se abordarán los asuntos que ha planteado. 
Me ha complacido mucho que el Sr. Schiedermeier haya podido unirse al consenso sobre esta directiva concreta. Resulta revelador del consenso que existe en la Asamblea esta noche. 
Quisiera decir al Sr. Garosci que apoyo el punto de vista que ha expuesto en lo relativo a que se deben dar las máximas garantías a todos los empleados, pero no puedo aceptar la observación que ha hecho sobre la confidencialidad. 
Mi posición es muy fácil de exponer: la de que, una vez que se ha decidido hacer un traspaso, se debe informar a los empleados. 
La Sra. Boogerd-Quaak ha hecho una observación muy válida sobre la cuestión de las pensiones. 
Ya he respondido antes a ese respecto. Debo decir a Su Señoría que el Parlamento Europeo no necesitó esa definición. 
Ésa es la razón por la que retiramos ese punto del apartado 1 del artículo 1. 
Así, pues, se consideró cada caso según sus méritos. En principio, puede tener en cuenta la subcontratación que tanto preocupa a Su Señoría y la jurisprudencia se aplicará en todas esas situaciones. 
Está evolucionando muy bien a ese respecto también. 
Por último, quisiera subrayar la importancia de los trabajos que se están llevando a cabo aquí hoy. Son importantes para todo el futuro de la política social y la modernización en un nuevo marco de adecuada flexibilidad y normas de protección mejoradas. 
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Asamblea por este hito histórico que se está produciendo aquí en relación con la legislación laboral de la Comunidad Europea. 
Es un auténtico paso adelante y felicito a la Asamblea por su labor. 
Comisario Flynn, permítame expresarle mi pesar por no poder dirigirme a usted con su nombre gáelico idóneo como dirigente de una tribu en gaélico. 
He intentando averiguar, después de Taoiseach y Tánaiste, cuál sería el nombre idóneo para usted, pero la verdad es que hasta ahora no lo he conseguido. 
Continúo con mi búsqueda, pero eso no indica mi falta de voluntad de honrarlo a usted como debemos y queremos. 
Permítame añadir algo más, con todo respeto. 
Si alguien abrigaba alguna duda sobre la importancia que atribuye usted a la cuestión que se ha debatido, creo que su exhaustiva respuesta no nos ha dejado margen alguno para que sigamos abrigándola. 
El único problema es el de que, por desgracia, ha empleado usted unos 14 minutos, en lugar de los cinco minutos establecidos para las respuestas de la Comisión. 
Si seguimos así, yo no tendría inconveniente en permanecer hasta la 1.30 de la mañana, pero no estoy seguro de que a los intérpretes les hiciera demasiada gracia. 
Tan sólo quiero expresar mi agradecimiento al Comisario por su completa respuesta y en particular la idea de enviar un memorando de aclaración, que es muy necesario, en particular para los tribunales, a fin de aclarar exactamente cuál es la posición de la Comisión. 
Creo que éste ha sido un ejemplo excelente de la colaboración entre el Parlamento y la Comisión y espero que el Consejo así lo entienda. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana por la mañana. 
Acuerdo que modifica el Cuarto Convenio ACP-CE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A4-0387/96) del Sr. Wurtz, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Colaboración, sobre el proyecto de decisión del Consejo (COM (95) 707-6075/96- C4-0278/96-96/0023 (AVC) ) relativo a la celebración del acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995. 
Señor Presidente, señor Comisario, para poder entrar en vigor, Lomé IV revisado y su partida financiera deben ser ratificados por todos los parlamentos nacionales y lograr asimismo el dictamen conforme del Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, el acto político que estamos llamados a realizar tiene un gran alcance. 
El significado que le demos será seguido con atención, tanto por los países ACP como por las fracciones de nuestras opiniones públicas que tienen conciencia de la apuesta de civilización que representa el futuro de las relaciones Norte-Sur para el mundo del siglo XXI, así como el envite que constituye para la sociedad de nuestros propios países. 
Ya saben ustedes que estas relaciones atraviesan un período muy difícil, si no crítico. 
Lo que ilustra esta evolución dramática es la situación de la ayuda pública al desarrollo. 
Lejos de acercarse al objetivo del 0, 07 % de la riqueza producida en los países industrializados, está en caída libre, a penas el 0, 27 %, es decir, la proporción más pobre desde hace un cuarto de siglo. Este asunto deshonra de forma muy particular al G7. 
Francia disminuye su ayuda en un 12 %, Alemania y Gran Bretaña todavía hacen menos esfuerzos. 
En cuanto a los Estados Unidos, baten todos los récords haciendo retroceder su contribución en un 28 % en el período de un año para alcanzar el 0, 1 de su PIB. 
Por otra parte, este descenso de la ayuda no es sino la parte más visible de la repugnante y peligrosa degradación de las relaciones Norte/Sur. 
Es especialmente sensible para África que, según Naciones Unidas, gasta cuatro veces más dinero para pagar la deuda que por los servicios de salud. 
Como lo ha subrayado la Sra. Carol Bellamy, Directora general de la UNICEF, nuestra época está esencialmente preocupada por la rentabilidad y animada por un cinismo respecto de los esfuerzos de desarrollo. 
Es éste el contexto en el que nos hemos esforzado, en la Comisión de Desarrollo y Cooperación de esta Asamblea, en medir los logros y las carencias de Lomé IV. 
No voy a volver al análisis detallado de las modificaciones aportadas al Convenio, con motivo de las últimas negociaciones, que figuran en mi informe escrito. 
Les invito a que se remitan asimismo al documento de trabajo, anexo al informe, en el que evoco una serie de pistas de reflexión sobre los grandes logros de Lomé que, en mi opinión, habrán de preservarse y hacer que fructifiquen en el futuro. 
Por el contrario, desearía insistir ante ustedes en tres ideas firmes que nuestra Comisión de Desarrollo ha hecho suyas y que dan su verdadero significado a la posición que les recomendamos adopten en el momento de votar Lomé IV. 
La primera idea es que los resultados de esta revisión del Convenio y del laborioso compromiso logrado entre los Quince sobre su protocolo financiero, son decepcionantes. 
Es la opinión general. 
Por lo tanto, el «sí» que les proponemos expresen no debe entenderse como un satisfecit a Lomé IV. 
Por una parte, trata de responder a la llamada acuciante y unánime de los países ACP por una ratificación rápida del Convenio ya que, satisfechos o no, lo necesitan. 
Por otra parte, en el contexto actual tan desfavorable, nuestro sí trata de pensar que más vale pájaro en mano que ciento volando y afirmar nuestra adhesión a los logros de Lomé, gravemente amenazados hoy. 
Este les propone que, con motivo de dicha votación, lancen solemnemente un grito de alarma. Es preciso saber y dar a conocer que el cuarto Convenio de Lomé será muy probablemente el último. 
Por consiguiente, nos parece imperativo expresar a tiempo las exigencias claras para el después de Lomé porque el futuro se decide ahora. 
Así pues, nuestro sí será exigente con la preservación y el refuerzo de lo que a veces se llama «el espíritu de Lomé» que el gran viento ultraliberal actual erosiona hasta negarlo. 
¿Cuáles son estos logros fundamentales de la relación Unión Europea-ACP sobre los que nos proponemos apoyarnos para- como decimos nosotros- superar Lomé por lo alto? 
Tal es el tercer eje de nuestro informe. 
A tal fin, evocamos esta noción fundadora de Lomé que es la asociación, dando a este concepto un contenido nuevo y vigoroso, en contraposición a la condicionalidad asfixiante y unilateral, impuesta por las instituciones financieras internacionales. 
Subrayamos asimismo la necesidad de garantizar a nuestros socios la previsibilidad de la ayuda al desarrollo. 
Dicho de otro modo, una cooperación que se enmarque en el medio y largo plazo para responder realmente a las grandes prioridades del desarrollo. 
Por último, la seguridad de la relación de la Unión europea-ACP debe afirmarse con fuerza, no sólo en los textos, sino a través de actos significativos; en particular, en un mundo cada vez más inestable, la Unión Europea debe intervenir en las grandes instancias internacionales para frenar la mundialización excluyente que se practica hoy, y rehabilitar una lógica y una ética del codesarrollo. 
Señor Presidente, al basar su relación con el Sur en dichos principios, de forma duradera, Europa contribuiría al mismo tiempo a hacer renacer la esperanza entre sus socios y recobrar para sí misma, este gran designio del que tan cruelmente carece hoy. 
Señor Wurtz, le agradezco sus palabras de presentación. 
Señor Presidente, comienzo felicitando al Sr. Wurtz por su informe, así como al Comisario João de Deus Pinheiro por la conclusión del acuerdo que modifica el Cuarto Convenio de Lomé. 
Por tratarse de países con especiales vínculos históricos y actuales, con los países de la Unión Europea, tenemos para con ellos responsabilidades que no podemos eludir, pues debemos preocuparnos por todas las dimensiones de su desarrollo. 
Así, está justificado el refuerzo de la exigencia de la cláusula democrática y la ampliación del diálogo político, al estar definitivamente «enterrada» la idea de que hubiera un trade-off entre democracia y crecimiento económico. 
En todos los países, incluso en los menos desarrollados, el respeto democrático por las personas, valor intocable por sí solo, es condición de crecimiento en un mundo abierto y exigente como aquel en que ahora vivimos. 
Por haber sido ponente para la opinión aprobada en la Comisión REX, considero que debo subrayar aquí, en particular, que la perspectiva correcta para esos países no puede ser el proteccionismo. 
Con nuestra ayuda, pero fundamentalmente con su esfuerzo, según una de las conclusiones, conviene asegurar su «competitividad en una economía mundial abierta». 
Por otro lado, debemos acompañar la ayuda proporcionada con la apertura del mercado a producciones importantes de esos países. 
La apertura no puede dejar de ser gradual de parte a parte, con el cumplimiento de los plazos acordados y la promoción previa de reestructuraciones indispensables (por lo que constituye un mal ejemplo lo que se pretendió hacer recientemente con la anticipación de plazos acordados en la Ronda Uruguay para la importación libre de productos textiles). 
En la cooperación que se debe proporcionar a los países ACP, son dignos de beneplácito también otros avances logrados con el acuerdo que estamos analizando, al garantizarse en un difícil momento de restricciones, el aumento global del apoyo financiero (sin paralelo con otros países ricos del mundo) , así como una mayor eficacia de la intervención, con una mayor coherencia, una mejor coordinación y una más estrecha complementaridad entre las políticas de desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señorías, el Convenio de Lomé es el instrumento de ayuda al desarrollo por excelencia de la Unión Europea. 
Durante mucho tiempo, se ha dado prioridad a la agricultura y al autoabastecimiento, en detrimento del sector de los transportes. Por consiguiente, la infraestructura se ha degradado de manera considerable. 
Afortunadamente, el transporte experimenta ahora un renuevo de interés y constituye, en efecto, un factor determinante de desarrollo, sobre todo para los países rodeados e insulares. 
El eslabón marítimo del comercio exterior se convierte así en una baza estratégica para la competitividad de los países ACP. 
Los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo aprobaron, pues, por unanimidad, las disposiciones en materia de transportes que contiene el texto revisado del IV Convenio de Lomé. 
En primer lugar, nuestra comisión se alegra de que este capítulo cubra todos los aspectos del transporte, en particular, el de las infraestructuras y de la prioridad que se concederá a los transportes aéreo y marítimo, sectores fundamentales para los países insulares. 
A este respecto, suscribimos el principio afirmado en el Convenio de llegar a una liberalización del transporte marítimo y la necesidad de que los armadores africanos trabajen a medio plazo en un marco tan próximo como sea posible de la competencia libre y leal. 
No obstante, para ello, es preciso dejar a los países ACP un plazo de tiempo suficiente para adaptarse a las condiciones de competencia, a fin de no desestabilizar el sector, ni eliminar las compañías africanas. 
La formación de las personas será pues muy importante. 
En segundo lugar, aprobamos las modificaciones realizadas al artículo 129 del Convenio que permiten a los Estados ACP presentar demandas de intervención ante el BEI. 
Por último, permítanme insistir en el fuerte potencial turístico de estos países y en la necesidad de desarrollar este sector generador de empleo. 
La Comisión de Transportes y Turismo comparte la opinión del ponente sobre la conveniencia de que el Parlamento Europeo emita un dictamen conforme a este convenio revisado. 
Señor Presidente, con razón, nuestro ponente ha aprovechado la ocasión de este procedimiento de dictamen conforme para lanzar un auténtico grito de alarma ante la degradación del proceso de Lomé. En efecto, dicho convenio está perdiendo su coherencia. 
Está erosionado por la multiplicación anárquica de los acuerdos de libre cambio que lo vacían de su sustancia comercial y que se han negociado sin preocuparse de sus efectos en nuestros socios ACP. Está erosionado por los fraudes en el origen de los productos ACP, que permiten que cualquier producto que transite por un país ACP se aproveche de las ventajas del Convenio. 
La Comisión de Pesca ha aprovechado asimismo esta ocasión para afirmar su viva preocupación ante esta situación. 
El sector de la pesca es esencial para el desarrollo de nuestros socios del Sur. Constituye, sobre todo, uno de los elementos de estabilidad de las poblaciones rurales. 
El dictamen que aprobó nuestra comisión subraya los puntos que juzga esenciales. 
En primer lugar, subraya el interés que tiene para el sector de la pesca el principio de la cooperación descentralizada tal como lo propone el texto de la Comisión y desea que, en este nuevo marco, se estudie la posibilidad de individualizar un programa de cooperación descentralizada en materia de pesca. 
Se felicita por la inserción, con motivo de dicha revisión, de medidas que tienen en consideración la protección de las producciones locales en el marco de la ayuda alimentaria de la Unión. 
Es importante que nuestra ayuda no entre en competencia con las nacientes producciones locales. 
La Comisión de Pesca recuerda a la Comisión su preocupación relativa a la garantía de origen de los productos. Pide que la responsabilidad de dicha garantía se transfiera a los servicios emisores de los certificados EUR 1 y que no siga perteneciendo a los importadores comunitarios, como ocurre con la garantía de calidad sanitaria de los productos. 
Por último, la Comisión de Pesca está muy inquieta por el impacto de la multiplicación de los acuerdos de libre cambio o de SPG especializados, cuyas disposiciones son a veces contrarias a los intereses de nuestros socios ACP. 
Señor Presidente, la cuestión es la difícil situación de los más pobres el mundo, que viven en 70 países en desarrollo. 
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de este año pone de relieve lo siguiente: los haberes de los 400 billonarios del mundo exceden las rentas anuales combinadas de países que representan el 50 % de la población del mundo. 
Hoy los ingresos medios en 43 países son inferiores a los de 1970. 
La participación de los países más pobres, que tienen el 20 % de la población del mundo, en el comercio mundial ha bajado del 4 % en 1960 al 1 % en 1990. 
Respecto de las repercusiones del SIDA en África, por ejemplo, las proyecciones muestran que en el año 2000 la esperanza de vida habrá descendido de 62 a 47 años. 
Todos los años unos 15 millones de personas, 1.700 seres humanos por hora, mueren por causas relacionadas con la pobreza. 
Al mismo tiempo, mientras que la proporción de la participación de los ingresos globales del 20 % más rico respecto del 20 % más pobre se ha duplicado y ha pasado de 30 a 1 a 60 a 6, la ayuda oficial para el desarrollo como porcentaje de la renta por habitante ha disminuido de 0, 54 %, hace 15 años, a 0, 27 % hoy. 
De hecho, mientras que la desigualdad global se ha duplicado, la solidaridad internacional se ha reducido a la mitad. 
El Sr. Wurtz señala en su declaración que, por lo que se refiere a la propuesta de financiación para el octavo Fondo Europeo de Desarrollo, no hemos alcanzado nuestro objetivo de preservar la contribución de la Unión Europea en el nivel que alcanzó hace cinco años en términos reales. 
Ésa es la cuestión, por lo que resulta evidente que la propuesta de financiación de Lomé IV es absolutamente vergonzosa y un increíble reflejo de las prioridades y la falta de solidaridad. 
Permítaseme decir también que presentar este informe, esta iniciativa, al Parlamento Europeo, cuando no tenemos la menor capacidad de decisión en el presupuesto, es una repetición del absurdo y de la farsa. 
Nosotros, junto con la Comisión, queremos, naturalmente, un cambio que propicie la elaboración de un presupuesto idóneo. 
Permítaseme decir que el importante principio de partenariado, que está en el centro del Acuerdo de Lomé, es muy desigual. 
En relación con los derechos humanos, vemos que los europeos dan por sentado generalmente que las violaciones de los derechos humanos sólo se producen en los países ACP y no dentro de la Unión Europea. 
No obstante, estamos al final de una era, estamos participando en un debate valioso. 
Esperamos que se prepare un trato mejor para los países en desarrollo, que se avance con las prioridades idóneas. 
Pese a ello, tenemos que recomendar que, en pro de los intereses y los deseos de los países ACP, digamos que sí, a regañadientes, a la aprobación de este acuerdo. 
Señor Presidente, permítaseme comenzar agradeciendo al Comisario la enorme labor que ha llevado a cabo para conseguir el acuerdo sobre Lomé IV en unas circunstancias muy difíciles. 
Permítaseme también felicitar al Sr. Wurtz por su excelente informe, que tan claramente pone de relieve los éxitos y fracasos del Acuerdo de Lomé IV entre la UE y los países ACP. 
Recomienda un voto afirmativo sobre la versión revisada de Lomé IV y su protocolo financiero, aunque, al hacerlo, abriga fundadas reservas. 
Tiene toda la razón al señalar que los países ACP quieren que todos los Estados miembros firmen y ratifiquen lo antes posible este acuerdo y que esos países en desarrollo cuentan con una pronta entrada en vigor del convenio modificado. 
Satisfechos o no, necesitan Lomé y ésa es la realidad que este Parlamento no puede pasar por alto. 
El Acuerdo ACP/UE se basó en un partenariado de igualdad entre los socios, pero en los países ACP ha ido en aumento la sensación de que el partenariado se está volviendo un asunto muy unilateral, al imponer la UE su voluntad a las naciones ACP mediante reducciones de la ayuda financiera en los niveles multinacional y binacional. 
Así, pues, debemos todos acoger con beneplácito el Libro Verde de la Comisión, en busca de una dirección clara para el futuro de las relaciones UE/ACP. 
Espero que las naciones ACP hagan una aportación importante a ese documento y estoy seguro de que la cooperación nacional desempeñará un papel fundamental. 
Lo que comenzó como un examen a mitad de período se ha convertido en un cambio bastante importante en el funcionamiento de Lomé. 
Se han añadido nuevas exigencias y criterios. 
Naturalmente, se considera que el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el imperio de la ley son la piedra angular de la cooperación ACP/UE, pero he de decir que, personalmente, empiezo a preguntarme si no serán más importantes el buen gobierno, la paz y la estabilidad que la democracia pura de estilo occidental para algunas de nuestras naciones en desarrollo más frágiles. 
Si queremos que la inversión extranjera y las empresas mixtas de los países en desarrollo mejoren sus economías, solo lo conseguiremos si tienen estabilidad política. 
El castigo a países como Zambia retirándoles la ayuda, porque han cambiado su Constitución, podría propiciar la desestabilización de uno de los Estados más estables del continente africano. 
Sus elecciones parecen ser libres, justas y pacíficas. 
Lamento tener que comunicar que yo, que he participado en la labor relativa a Lomé desde 1978, nunca he visto tan profunda insatisfacción en las naciones ACP respecto de su relación con la UE. 
En muchos casos las naciones ACP deben hacer más para ayudarse a sí mismas. 
La ayuda es sólo una parte de la solución, el comercio es un elemento decisivo. 
Señor Presidente, durante años, en las diferentes fases de la celebración del convenio, se dijo todo sobre el alcance efectivo del Convenio de Lomé, pero no puedo por menos de recordar algunos puntos esenciales que deben sensibilizarnos sobre el Lomé del año 2000. 
Es preciso recordar que los 70 Estados ACP cuentan 600 millones de habitantes y que el último protocolo financiero fijado en 13 millardos de ecus permite que cada habitante se beneficie durante cinco años sólo de 20 ecus. 
Que el aumento de las desigualdades y la marginación de los países más necesitados es el resultado de una pauperización que provoca nuevas fracturas económicas, sociales y medioambientales. Que la futura ampliación a los PECO constituye un riesgo seguro de reducción sensible del montante del FED, que, por consiguiente, en estas condiciones, resulta imposible hacer que despegue la economía de los países con dificultades. 
No obstante, sería injusto imputar al Convenio de Lomé la responsabilidad de la pobreza endémica que caracteriza a algunos países ACP. 
Incluso se reconoce unánimemente que la ayuda al desarrollo de la Unión es un modelo inigualado a nivel mundial. 
Los objetivos establecidos en el Convenio de Lomé, a pesar de las ambiciones pregonadas y la voluntad expresada, sólo se alcanzarán si la Unión se proporciona los medios financieros y de control adecuados, dotándose también a nivel institucional de competencias en materia política exterior común, en aras de un mejor diálogo político con los países ACP, con el fin de definir un nuevo enfoque de la asociación. 
Por lo que respecta a la cooperación descentralizada definida por el título 3 del Convenio de Lomé, desearía que esta apostilla fuera más explícita, en particular, sobre la competencia material, orgánica, formal y financiera de los departamentos de ultramar, regiones integradas de la Unión Europea que pueden celebrar acuerdos con los países ACP por su situación geográfica. 
Asimismo, una vez más, reclamo enérgicamente que los departamentos franceses de ultramar se asocien a todas las fases de la celebración de los convenios entre la Unión y los países ACP de su zona geográfica, consecuencia lógica de su integración en la Unión y de que tienen en consideración su situación muy específica. 
Señor Presidente, el Grupo de Alianza Radical Europea está de perfecto acuerdo con la opinión de nuestro compañero el Sr. Wurtz sobre las modificaciones aportadas al IV Convenio de Lomé. 
En cuanto a los principios, las modificaciones relativas al marco político institucional y a las normas comerciales y financieras nos parece que van mejorando. 
Pero, ¿en qué se convierte esta mejora cuando se considera la concretización de estos excelentes principios, es decir, el importe del octavo Fondo Europeo de Desarrollo y nuestros compromisos con la deuda? 
Es preciso reconocer que los que creen que el proyecto de dictamen apela a «una lógica y una ética de codesarrollo» no pueden sino decepcionarse. 
Solicitada fuera, atenta a sus propias dificultades sociales, la Unión Europea no llega a aumentar, ni siquiera a mantener, el volumen global de su ayuda. 
Sin embargo, éste sería su interés bien comprendido y los Estados miembros, al tiempo que hacen que el Consejo represente los egoísmos nacionales, no se comprometen de forma significativa en la vía de la anulación de la deuda, sin la cual, no encontraremos el detonante del desarrollo. 
En efecto, tendríamos toda la razón para negar el dictamen conforme, pero comprendemos las razones: esperas de nuestros socios y riesgos de lo peor que piden que lo votemos. 
Nos queda esperar que, en la reflexión sobre los próximos vencimientos, es decir, Lomé 2000, se produzca una verdadera concienciación de la evidencia siguiente: si la Unión Europea quiere salvaguardar una civilización fundada sobre valores humanistas, si quiere negar al mismo tiempo la ideología del libre cambio y el desencadenamiento de una materialismo sin principios, su destino estará más que nunca ligado al de los países ACP. 
Lamento verme obligado a presionarle porque ha sobrepasado, con mucho, su tiempo de intervención. 
Me avergüenza hacerlo cuando no tiene usted más que un minuto de tiempo para intervenir. 
Señor Presidente, el debate relativo al dictamen conforme del Parlamento Europeo sobre las modificaciones del Cuarto Convenio de Lomé, se celebra en un momento sumamente delicado para las políticas de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Precisamente en estos días, y sobre la base del Libro Verde de la Comisión Europea, ha comenzado el debate sobre el futuro del Convenio de Lomé. 
Paralelamente, sigue la tendencia de la mayoría de los países industrializados a reducir su compromiso con respecto a los países menos avanzados. 
El Convenio de Lomé sigue siendo, por el momento, el más importante instrumento de cooperación Norte-Sur a escala mundial. 
A pesar de sus contradicciones, las novedades, introducidas a través de la revisión de 1995, son en su conjunto positivas, aunque el protocolo financiero previsto para el quinquenio 1995-1999 está muy por debajo de nuestras solicitudes. 
Hoy debemos aprobar dichas modificaciones, habida cuenta de que el procedimiento del dictamen conforme no facilita al Parlamento Europeo posibilidad alguna de enmendarlo. 
Sin embargo, es preciso lanzar una fuerte señal para el futuro. 
Hay que evitar toda actitud de simple conservación de lo que ya existe. 
El Convenio de Lomé deberá transformarse profundamente, manteniendo y fortaleciendo los conceptos de asociación, diálogo político y cooperación global. 
Por el contrario, será necesario innovar con profundidad los instrumentos y objetivos, poniendo realmente en un lugar preponderante el concepto de promoción del desarrollo humano sostenible, los derechos humanos y la democracia, el desarrollo de los potenciales económicos locales. 
El impacto de la globalización en los países más pobres ha de gestionarse con arreglo a un nuevo compromiso en pro de la igualdad y la justicia a nivel mundial. 
Ya desde hoy, es preciso poner las bases para una implicación directa de la sociedad civil en la gestión de lo público y de los procesos de desarrollo. 
África representa el futuro de Europa y Europa representa el futuro de África. 
En la programación y gestión concreta de los instrumentos de Lomé debe aflorar un compromiso nuevo y coherente para facilitar la solución de los grandes problemas sociales, económicos y políticos que amenazan el presente y el futuro de toda la humanidad, pero que en los países ACP se manifiestan con especial gravedad. 
Señor Presidente, ante todo yo quiero agradecer tanto a la Comisión como al ponente la documentación recibida. 
En el marco de la política de desarrollo es habitual, por desgracia, tener que deplorar que no haya sido posible conseguir lo suficiente. 
No obstante, yo pienso que por una vez deberíamos aprovechar la revisión de mitad de ejecución para considerar los aspectos positivos que quizás también puedan señalarse. 
Me tranquiliza que el artículo 366 a nos permita contar ahora con un sólido instrumento para la defensa de los derechos humanos. 
Esperamos que en adelante se aplique también sin recortes y que abra una vía para inducir a los países a respetar los derechos humanos en la práctica, y que no lo hagan sólo bajo la amenaza de un perjuicio pecuniario, sino que lleguen a interiorizarlos en cierto modo. 
La política de desarrollo siempre debe contemplarse, sin embargo, además en el contexto de la política exterior, la política económica y otros ámbitos y, por lo tanto, yo agradezco también muchísimo las opiniones de los colegas de las demás comisiones consultadas. 
Otro aspecto que vuelve a salir a la luz en esta revisión de mitad de ejecución es el tema de la protección del medio ambiente, un aspecto en el cual, precisamente en el contexto de las negociaciones de Singapur en el marco de la OMC, yo quiero desear todo el éxito a la Comisión en su negociación. 
Este aspecto medioambiental también es, no obstante, inseparable del tema de la evolución de la población. 
En este aspecto a veces vamos a la zaga de su crecimiento númerico. 
Hoy acabamos de tener noticia, por otra parte, a través de los documentos más recientes de la ONU, de que el crecimiento de la población mundial, que se concentra sobre todo en los países en desarrollo, al menos no es tan acelerado como se temía. 
La revisión del Convenio de Lomé será, sin duda, una empresa difícil, pero como dijo en cierta ocasión un filósofo alemán: » En una situación precaria, tener confianza es un deber». ¡Con este ánimo deberíamos abordar esta tarea! 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, he traído conmigo- y tengo aquí mismo- veinte páginas de notas sobre un asunto que, como comprenderán, representa para mí un elemento del mayor relieve. 
Pero quiero comenzar rindiendo un homenaje a este Parlamento, al ponente Wurtz y a los diputados que han tomado la palabra en este debate diciéndoles que hago mías, en su virtual totalidad, las opiniones que han expresado y sobre todo las preocupaciones que han mencionado con vistas al futuro. 
En materia de cooperación para el desarrollo, el Parlamento Europeo ha estado siempre en la primera línea y ha apoyado siempre a la Comisión. 
El Parlamento Europeo ha sabido ser innovador en todas las propuestas que ha presentado, en todas las exigencias que ha mantenido, en todas las alertas que ha lanzado. 
Y puedo decir a Sus Señorías que ésa fue una de las razones por las que la Comisión decidió elaborar el Libro Verde sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y nuestros interlocutores ACP. 
No es posible aceptar por más tiempo que sea la Comisión la que haga propuestas y que después el debate quede circunscrito tan sólo a un grupo de interesados, sin que muchos otros agentes del desarrollo puedan participar y ayudar a formular sus propuestas básicas. 
Considero que los trabajos para la revisión del Acuerdo de Lomé han mostrado que era necesario un debate para que las raíces que hemos creado lleguen a ser más profundas, para que se pueda aumentar la eficacia que hemos perseguido, para que nunca más puedan aducirse en el futuro ciertos argumentos utilizados en el debate sobre la revisión de Lomé IV, incluso dentro de la Unión Europea. 
Este momento es importante, pero tal vez el momento decisivo sea dentro de algún tiempo, cuando tengamos que presentar la propuestas para el futuro. 
Por eso, señoras y señores diputados, permítanme que les agradezca, en nombre de los países ACP, el esfuerzo que han hecho para mejorar esa cooperación y les diga que la Comisión una vez más, y cada vez más, estará siempre muy atenta a sus propuestas y a sus preocupaciones al respecto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Calidad del agua 
(A4-0395/96) del Sr. Eisma sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (94) 0036- C4-0036/94-94/0006 (SYN) ) relativa a la calidad de las aguas de baño; - (A4-0394/96) del Sr. Collins sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (94) 0612- C4-0199/95-95/0010 (SYN) ) relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
Señor Presidente, hace unos dos años y medio que empecé mi labor como ponente para esta directiva de las aguas de baño y por fin tengo oportunidad de presentar mi informe. 
Casi se podría decir que se trata de la obra de toda una vida, pero la razón ha sido por supuesto que en estos dos años y medio hemos procedido a una revisión completa de toda la política europea en materia de aguas y es por este retraso, o por una de las causas del retraso, por lo que hemos tardado tanto en presentar la directiva. 
Esta noche hablamos de una directiva que interesa a todos los ciudadanos de Europa. 
A fin de cuentas, muchos van de vacaciones a destinos con aguas de baño y muchos supeditan su elección a ello, y el ciudadano de Europa necesita tener la seguridad de que hay muy pocas posibilidades de que enferme al nadar en el agua, un agua que ha sido aprobada por la Comisión. 
El aspecto de la salud pública ha sido mi principal punto de partida a la hora de elaborar el informe. 
Por ello no estoy de acuerdo con el criterio de la Comisión, de la Sra. Bjerregaard, de que esta directiva no ha de suponer costes adicionales. 
A fin de cuentas, si existe una gran posibilidad de que la gente enferme debido a las aguas de baño, es que algo falla en las normas vigentes y vale la pena gastar dinero para mejorarlo. 
Quiero comentar algunos cambios importantes en mi informe. 
En primer lugar, la ampliación a otros deportistas acuáticos, aparte de los nadadores. Los surfistas y los buceadores, por ejemplo, están a menudo en el agua. 
¿Por qué proteger a los bañistas y no a personas que practican otros deportes acuáticos? 
Si la Comisión cree que no se pueden aplicar las mismas normas a estos deportistas acuáticos, quisiera que la Comisión me dijera cómo piensa solucionarlo, y espero por ello que la Comisaria me dé una respuesta amplia. 
Una enmienda esencial es la de la definición de las aguas de baño. 
En el pasado se vio que los Estados miembros sabían manipular de forma muy creativa la vieja definición. 
Me refiero por ejemplo al Reino Unido, y a la Sra. Jackson, que no está en la sala, pero que es responsable de que el Reino Unido, por ejemplo, no haya inscrito como balneario un balneario como Brighton, y en una zona de agua dulce no haya especificado la existencia de aguas de baño. 
Sí, señor Presidente, si esto no se hace, luego, cuando haya que cumplir todas las obligaciones, va ha resultar muy caro. 
Considero muy importante que la definición de aguas de baño se formule con mayor claridad que lo que ha hecho la Comisión. Lo mismo puede decirse de la definición de temporadas de baño. 
En el pasado, en las zonas cálidas de la Unión, la temporada de baño se mantenía sólo unas cuantas semanas, y eso supone una aplicación incorrecta de las directivas. 
Por ello hemos introducido cambios. 
Esto me lleva a la espina dorsal de la directiva, el anexo con los parámetros. 
Adaptada a los nuevos criterios científicos, puedo apoyar en gran medida la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, en algunos aspectos se proponen enmiendas, y la principal de ellas es el parámetro de los estreptococos fecales. 
No es extraño que la propuesta de la Comisión, que data de 1994, en realidad ya haya sido superada por los nuevos criterios científicos, y los resultados derivados de los estudios más recientes se expresan en la enmienda nº 36. 
Se trata de una norma rígida, y muchas aguas de baño que cumplían la antiguas normas, tendrán problemas con esta, pero recordemos que estamos hablando de la salud pública. 
En relación con ello, quiero empalmar con las declaraciones de la Sra. Jackson, que ahora se encuentra en la sala, en torno a los enormes costes que pueden conllevar las directivas de aguas de baño y agua potable. 
Simplemente, las cifras que usted maneja, Sra. Jackson, no cuadran. 
Usted calcula que la aplicación de la directiva de aguas de baño en el Reino Unido costará 4 millardos de libras esterlinas. 
No sólo los costes serán mucho menores, porque muchas medidas encaminadas a reducir los residuos han de llevarse a cabo en el marco de otras directivas, como por ejemplo las directivas de aguas residuales urbanas y cada una de las directivas PC, sino que además en el mercado han aparecido nuevas técnicas que abaratan mucho el tratamiento de las aguas residuales. 
Un buen ejemplo de ello es la isla de Jersey, en su propio país, donde el tratamiento de las aguas residuales con rayos ultravioleta cuesta 2 millones de libras, frente a anteriores costes valorados en 11 millones de libras. 
No obstante, quisiera que la Comisaria Bjerregaard me explicará algo más con respecto a los costes de esta directiva. 
Por último, señor Presidente, quisiera pedir a la Comisaria que me explicara cómo cree que tendrá que integrarse esta directiva en el futuro en la directiva marco de aguas. 
Yo mismo he expresado mis propias ideas al respecto en la enmienda nº 14, pero tengo curiosidad por conocer la respuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, otro aspecto en un asunto conexo es el de lograr un agua potable de gran calidad. 
Consideramos que se trata de una prioridad a escala europea y ésa es la razón por la que hubimos de tener en cuenta los avances científicos habidos desde la última directiva de 1980 y por la que aprobamos la idea general de que se haga una nueva propuesta mejorada. 
He de decir que la directiva de 1980 no se aplicó bien, porque era excesivamente compleja y confusa, por lo que ahora tenemos nuevas normas. 
La antigua combinación de formas diferentes de medición ha quedado substituida por valores paramétricos que los Estados miembros deben alcanzar. 
Dichos valores son más claros y están en consonancia con los conocimientos científicos actuales. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha dedicado mucho tiempo a esta directiva. 
La cooperación entre la mayoría de los diputados fue muy intensa y todas las enmiendas que aprobamos siguen algunos principios muy importantes, algunos de los cuales voy a exponer ahora en líneas generales. 
Había una presión inmensa en pro de la mejora de las normas sanitarias y medioambientales, por lo que no se aceptaron enmiendas que debilitaran la protección de la salud pública propia de la directiva de 1980. 
Hemos hecho recomendaciones para volver más rigurosos varios parámetros, los más importantes de los cuales son los requisitos en materia de plomo y plaguicidas. 
Hemos reducido el tiempo de que disponen los Estados miembros para aplicar el parámetro relativo al plomo: de los 15 años que propone la Comisión a 10 años. 
Hay algunos marginales diputados al Parlamento que quieren que sean cinco años o cuatro años o tal vez la semana pasada, pero son marginales y suponemos que seguirán siéndolo. 
Al mismo tiempo, hemos formulado la condición de que los Estados miembros formulen un plan en el plazo de cinco años sobre cómo erradicar el plomo del suministro de agua. 
Ninguna persona responsable de la Unión Europea considera que deba haber cantidad alguna de plomo en el agua potable. 
Por lo que se refiere a los plaguicidas, hemos vuelto a introducir el parámetro del total de plaguicidas, porque es la forma mejor y más segura de garantizar la protección de la salud contra la posibilidad de que los plaguicidas reaccionen unos con otros como cócteles. 
He dicho que había presiones en pro de la mejora de la salud, pero lo más importante es que esas presiones son realistas. 
Los miembros de la comisión se reunieron para elaborar transacciones sobre algunas materias muy difíciles y técnicas, como el tricloroetano, el tetracloroetano y los trihalometanos. 
No voy a entrar en detalles aquí, porque ya es demasiado tarde y seguro que esta noche Sus Señorías han tomado otros cócteles por el camino. 
Pero el caso es que hemos encontrado formas susbtanciales y realistas de hacer más rigurosos esos parámetros para la mayoría de los Estados miembros. 
Debo subrayar que Finlandia, Suecia y los países mediterráneos y demás no tienen los mismos problemas que Dinamarca y Alemania. 
Hemos tenido que buscar una vía intermedia. 
Reconozco que hay quienes no quieren buscar una vía intermedia, pero, en pro de los intereses de todos los ciudadanos de Europa, y no sólo de unos pocos favorecidos, tenemos que hacerlo. 
De modo que hemos introducido otros parámetros, en los casos necesarios, respecto del problema de los productos que producen trastornos en el sistema endocrino, por ejemplo. 
Las niveles que hemos utilizado se basan en información pública disponible y en los datos científicos más recientes y fiables. 
La mayoría de los parámetros están en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
Creemos en la transparencia y la democracia, por lo que se han presentado varias enmiendas para hacer más rigurosos los requisitos en materia de presentación de informes y para velar por que se mantenga informados a los consumidores y al Parlamento Europeo. 
En conclusión, las enmiendas que vamos a presentar indican que queremos una propuesta en consonancia con el estilo propio del Parlamento. Queremos abandonar la comitología. 
Queremos fortalecer los parámetros sanitarios. Queremos una mejor información para los consumidores e insistimos en la prevención y el principio precautorio. 
Se trata de una propuesta importante, porque su alcance es amplio. 
Si bien todo el mundo puede estar interesado en el plomo y los plaguicidas, hay otras cuestiones técnicas en juego. 
Hemos intentado dar cabida a una gran diversidad de opiniones y ha habido algunos debates acalorados a lo largo del camino, pero en conjunto estoy satisfecho de la cooperación y los avances que hemos logrado entre nosotros y- he de reconocerlo- con la Comisión. 
Redundará en beneficio nuestro, pues queremos mejorar la ejecutoria menos que brillante en materia de aplicación de las directivas relativas al agua potable. 
Una observación final: hay quienes en este Parlamento han publicado una interpretación inmoderada, incierta e irrealista de este informe. Han dicho que está simplemente al servicio del Gobierno del Reino Unido. 
Quienes así mienten no parecen reconocer que, mientras ellos dicen eso, el Gobierno del Reino Unido ha dicho que soy algo así como un extremista medioambiental. 
Si he logrado una vía intermedia entre los fanáticos de opiniones contrapuestas, he actuado con el auténtico espíritu de consenso europeo, por lo que no vacilo en recomendar el informe. 
Señor Presidente, la buena calidad de las aguas de baño es importante para la salud pública, el medio ambiente y el turismo, y esta propuesta significa un paso adelante. 
Es bueno para el turismo. Quiero dar las gracias al ponente por haber aceptado diversas propuestas de la Comisión de Transportes y Turismo, como la ampliación del término «aguas de baño» a «aguas recreativas» en el segundo considerando. 
Por otra parte, sería más coherente y más claro que el ponente adaptara también en consecuencia el apartado 1 del artículo 2. 
Asimismo agradezco que se haya aceptado la bandera azul como símbolo de la calidad excelente de las aguas. Un símbolo que los ciudadanos reconocerán fácilmente. 
Pero lamento que el ponente no haya aceptado nuestra propuesta de fijar el 31 de enero como fecha límite para la publicación de la calidad de las aguas. 
¿Por qué? 
Los consumidores tienen derecho a ser informados a tiempo sobre la calidad de las aguas de baño y las aguas recreativas en el destino previsto de sus vacaciones. 
Más de 200 millones de europeos eligen para sus vacaciones de verano un destino con aguas recreativas. La mayoría reservan temprano sus vacaciones para asegurarse un lugar en los agitados meses de verano. 
Reservar temprano es importante para el turismo, y el 15 de mayo, tal como propone el ponente, es simplemente demasiado tarde. 
Señora Comisaria, todos los expertos que he consultado me han asegurado que, habiendo realizado mediciones de la calidad del agua en otoño, es posible tener los resultados el 31 de enero, es decir, al cabo de cuatro meses. 
El 15 de mayo me parece un típico ejemplo de enfoque burocrático, que no conecta con la realidad, y por tanto una oportunidad perdida. 
Quisiera que la Comisaria me diera un argumento claro de por qué se supone que los expertos se equivocan. 
Por último, quiero expresar mi aprecio por los esfuerzos realizados en mi propio país, los Países Bajos, donde el gobierno y las organizaciones de deportes acuáticos aúnan esfuerzos para reducir los vertidos del deporte acuático en los mares. 
Quisiera pedir a sus Señorías que sus ayudantes no se sienten en los escaños, sino en los asientos de atrás previstos para ellos. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en nombre del Grupo Socialista quisiera felicitar a los Sres. Eisma y Collins por el excelente documento que han entregado. 
En mi intervención me limitaré a la directiva sobre las aguas de baño. 
Otros compañeros de Grupo examinarán la directiva tratada en el informe del Sr. Collins. 
Por fin es posible relacionar mejor la directiva sobre la calidad de las aguas de baño con la actualidad. 
En primer lugar, esto se produce al ampliar el ámbito de aplicación de la directiva a todas las zonas donde no está prohibido bañarse. 
Además, es necesario que el agua destinada a los deportes acuáticos entre también en la directiva. 
No sólo los bañistas, sino también los deportistas acuáticos entran en contacto con el agua, y por consiguiente también se necesitan normas de calidad para estos casos. 
En la batalla por el turista, la calidad de las aguas de baño desempeña un papel cada vez más importante. Y a la larga será un triunfo económico conseguir una normas de calidad rígidas. 
Por ello también va en interés del consumidor que las aguas de baño sean controladas de igual modo en todas partes y que los resultados se den a conocer de una manera comprensible y uniforme. 
Para combatir todo tipo de manipulaciones consideramos necesario someter de inmediato las nuevas zonas de baño a las disposiciones de esta directiva. 
No es cuestión de conceder prórrogas. Ello equivaldría a que en los primeros años se pudiera experimentar con la salud de los bañistas. 
Los Estados miembros han de ocuparse de que todas las zonas de baño abiertas al público cumplan las normas establecidas y que las cumplan de inmediato. 
Si las mediciones demuestran que la contaminación supone una amenaza para la salud pública, los Estados miembros han de prohibir el baño en la zona en cuestión. 
Pero es preciso dar una amplia resonancia a esta prohibición. No basta con colocar un letrero de «prohibido bañarse» junto a la orilla. 
Al mismo tiempo, es preciso informar a la población por medio de la prensa, la radio y la televisión. 
Por último, también se ha visto que es necesario hacer más rígidas las normas del parámetro de los estreptococos fecales, al tiempo que incluimos nuevos parámetros, concretamente los de los pesticidas, pero también los de los nitratos y fosfatos. 
Todo ello con miras a una protección suficiente de la salud pública. Una consideración que ha de anteponerse a todo interés turístico de vía estrecha. 
Por otra parte, queremos que los Estados miembros incluyan en sus informes a la Comisión los documentos acreditativos necesarios. 
Hasta hoy, no es posible realizar ningún control de los informes, dado que se trata de declaraciones unilaterales sin documentos acreditativos, y es algo que también hemos de mejorar urgentemente. 
Más tarde, mis compañeros de Grupo tratarán el informe del Sr. Collins. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño, aprobada en el ya lejano 1976, aparece hoy obviamente superada y, por consiguiente, es oportuna su actualización. 
Con respecto a su efectiva aplicación, por desgracia, ha quedado patente que algunos Estados miembros encontraron muchas dificultades, tanto es así que, tras varias modificaciones, sólo en 1990 fue transpuesta por todos los Estados miembros. 
En consecuencia, es preciso simplificar las normas, siendo ello posible gracias a los considerables progresos en el ámbito de los análisis físico-químicos y, especialmente, microbiológicos que se han ido sucediendo desde el año 1976 en adelante. 
Según la Comisión, esto permitirá reducir el número de análisis y, por ende, también los costes. 
Por lo tanto, el complejo y delicado problema que debemos abordar es el de hallar un justo equilibrio entre las exigencias de simplificación de los análisis, a fin de que todos los Estados miembros puedan realizarlos, y la prioritaria exigencia de no reducir el nivel de protección de los bañistas, debilitando la directiva. 
También se ha planteado el problema de una más amplia y transparente información de los ciudadanos sobre el estado de seguridad de las aguas de baño, utilizando asimismo los medios de radio y televisión, a fin de que se facilite a todo el mundo datos comprensibles y exhaustivos. 
Nuestras enmiendas y las de los demás Grupos que el Partido Popular Europeo apoyó en su mayoría, están dirigidas a solucionar dichos problemas. 
Otro punto delicado es la identificación de las zonas en donde deben efectuarse los controles. 
La Directiva de 1976 se refería a las zonas frecuentadas por un número importante de bañistas y este concepto permitió contemplar 16.000 zonas de baño en la Unión. 
Pueden parecer muchas, sin embargo, es preciso tener en cuenta que en los países como Italia y España hay 8.000 kilómetros de costas, que incluyen un gran número de zonas de baño, muchas de las cuales suelen ser frecuentadas por los turistas y ciudadanos del lugar. 
La introducción por parte de la Comisión de la nueva definición de aguas de baño, consideradas como aguas en las que bañarse no está prohibido y suelen hacerlo un gran número de bañistas, reduce el número de las zonas que deben controlarse. 
Piénsese, en efecto, que de esta forma quedarían excluidas del control todas las zonas donde se baña un número medio de bañistas. 
No vamos a votar la enmienda 16 formulada por el Grupo del Partido Socialista Europeo, habida cuenta de que si se aprobara, ampliaría el control y los análisis a todos los miles de kilómetros de costas de la Unión, incluso a las que nadie frecuenta. 
Por consiguiente, este problema merece una reflexión por parte de la Comisión, del Consejo y del propio Parlamento, que a lo mejor podrá proponer una solución de compromiso con ocasión de la segunda lectura. 
Sin perjuicio de otras consideraciones, el Grupo del Partido Popular Europeo estima que la directiva objeto de examen merece ser aprobada. 
Señor Presidente, Señorías, en el ámbito de la revisión de la legislación comunitaria en materia de aguas y con arreglo a las conclusiones del Consejo de diciembre de 1993, la actual propuesta de directiva presenta substanciales modificaciones respecto a la Directiva 80/778 actualmente en vigor. 
La misma está orientada a garantizar una mayor protección de la salud humana y, por vez primera, establece una serie de requisitos mínimos de calidad del agua potable en toda la Comunidad. 
Si, por un lado, es oportuno afirmar que esta propuesta está dirigida a simplificar la actual directiva adaptando los parámetros de referencia relativos al contenido de plomo, boro, cobre, etcétera, por el otro, es preciso subrayar la escasa atención que, con ocasión del debate en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, se deparó a algunos aspectos fundamentales y de prioritaria importancia. 
En efecto, es sorprendente que no se haya debatido suficientemente el problema del cobre que, en la propuesta de la Comisión, fue incluido en la tabla relativa a los parámetros químicos en la que se relacionan venenos como, por ejemplo, el arsénico, cianuro, mercurio, plomo, etcétera, en lugar de figurar en la tabla relativa a los parámetros indicadores que sirven para controlar y simplificar los estudios respecto a posibles cambios de la calidad del agua, cuyas beneficiosas propiedades quedaron reflejadas en el informe enviado por la Organización Mundial de la Salud en el mes de octubre de 1996. 
Deseo recalcar que esta carencia ha suscitado muchas sospechas que, por otra parte, se han agravado a resultas de un estudio de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidor. A título de ejemplo, voy a referirme a la enmienda al Considerando 14, en la que se pide a la Comisión que encargue la elaboración de normas europeas sobre los materiales utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua potable. 
¿Cuales serán estos nuevos materiales y cuáles intereses silencian los Estados? 
Asimismo, deseo recordar que si, al menos desde un punto de vista sanitario, se justifican la reducción del contenido máximo de plomo y la consiguiente reducción de las canalizaciones de plomo, no hay que olvidar que el coste de dichas inversiones hace que la mayoría de los Estados miembros tengan dudas al respecto. 
Sólo con referencia a Italia se ha calculado un importe que asciende a 30.000 millardos de liras, de los cuales el 80 % corresponde el cambio de cañerías de las viviendas, que debe realizarse en un plazo de 15 años. 
Habida cuenta de que el agua es el elemento más difundido, es importante que la cuestión quede muy clara a efectos de la protección del consumidor. 
Señor Presidente, la modificación tanto de la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño como de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano que estamos debatiendo tiene su raiz en las decisiones relativas al principio de subsidiaridad adoptadas en la cumbre de Edimburgo en 1992. 
Ambas modificaciones dan lugar a preguntar si era este tipo de principio de subsidiaridad el que el Consejo tenía presente. 
Siempre hay motivos para recelar de simplificaciones repentinas de las directivas relativas al medio ambiente, ya que las simplificaciones conllevan a menudo deterioros, y también en este caso hemos visto tendencias en tal sentido. 
Obviamente, hemos de preguntarnos si el corte está correctamente aplicado y si recibiremos suficiente a cambio del dinero, y, lógicamente, hacernos esta pregunta una y otra vez es una tarea nuestra en calidad de diputados. 
El problema de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano es que se trata de una norma de mínimos, al mismo tiempo que se considera el agua como una mercancía. 
Por eso, sería totalmente inaceptable no mantener los valores límite propuestos, por ejemplo, del plomo, por mucho que esto implique grandes gastos en algunos países- tal como ha sido reconocido -, ya que, si los valores límite no se mantienen, no podremos garantizar ninguna protección a los ciudadanos que deseen un contenido de plomo más bajo. 
Como consecuencia, quedará fuera de lugar la pregunta de si realmente se trata de una directiva de mínimos. 
Opino, por lo tanto, que hay que ver esta Directiva como una directiva de mínimos, al mismo tiempo que se considera el agua como una mercancía. 
Son excelentes en relación con la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, pero van demasiado lejos en el caso de las aguas de baño. En cuanto a la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, deseamos una continuación del debate sobre los gastos en juego, pero bajo ninguna circunstancia podemos aceptar el incumplimiento de los valores límite, ya que está suficientemente documentado que el exceso de ingestión de plomo supone un peligro para mujeres y niños. 
Señor Presidente, con motivo del debate sobre el informe del Sr. Florenz, en octubre pasado, acerca de la posibilidad y necesidad de una directiva marco sobre las aguas en Europa, ya se vio que del 15 al 20 % de las aguas europeas no tienen la calidad suficiente. 
De las dos directivas, cuya revisión se debate hoy, una tiene 21 años y la otra 16. 
A nosotros nos parece que debería aceptarse la mayoría de las enmiendas presentadas y aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor para hacer que la aplicación de las directivas sea la que debe ser. 
Hasta 1990, por lo que se refiere a la Directiva sobre las aguas de baño, no había ningún Estado que la hubiera trasladado de forma correcta y aceptable a su normativa nacional y había múltiples problemas de aplicación. 
Por eso, a la luz de las nuevas posibilidades que dan los análisis físico-químicos hoy en día y a la luz también de la directiva sobre la información del consumidor, es imprescindible la revisión. 
Es necesario también tener una visión general del problema. 
En la audiencia celebrada en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hace un año o año y medio, ya se vio la necesidad no sólo de tener en cuenta la calidad, sino también la cantidad de las aguas. 
También quisiera recordar aquí que no hace mucho tiempo, en mi propio país, la bacteria legionella, a través del agua, produjo más de 20 muertos y más de 200 enfermos. 
Por lo tanto, es imprescindible que se revisen las directivas para garantizar esa calidad del agua en Europa, que hoy se ve gravemente amenazada. 
Señor Presidente, existen dos tipos de argumentación consistente para cambiar la directiva de 1980 relativa a las aguas destinadas al consumo humano. 
El primer tipo de argumentos concierne al conocimiento científico de la toxicidad de los contaminantes para la salud humana. 
Este conocimiento ha evolucionado mucho. 
En segundo lugar, en las aguas destinadas al consumo humano se encuentran ahora contaminantes que no existían hace quince años o que se encontraban en cantidades muy pequeñas. 
¿Cuál es la situación actual de la calidad de las aguas de superficie y de las aguas subterráneas? 
Va decreciendo. 
La propia Comisión lo reconoce en su último informe. 
Sobre todo, existen problemas muy graves ligados a la presencia de nitratos y pesticidas, pero también a organoclorados. 
Hay dos actitudes posibles. 
O se refuerza la directiva para proteger la salud de la mejor manera posible, o se flexibiliza la directiva adaptándose a la realidad, y todo ello en nombre del realismo. 
Desgracidamente, la Comisión ha elegido la segunda vía, a excepción de un parámetro relativo al plomo. 
Por lo que respecta a algunos parámetros esenciales como los plaguicidas, los disolventes clorados y los trihalometanos, hay manifiestamente una respuesta totalmente insuficiente cuando, a menudo, se trata de sustancias cancerígenas. 
Por lo que respecta a un parámetro particular, o más bien a una familia de parámetros, la radioactividad, no se ha fijado ningún valor límite, y aquí señalo a la atención de nuestros compañeros que, contrariamente a lo que se ha dicho en comisión, tampoco existe en la directiva Euratom correspondiente, un valor límite para los elementos radioactivos. 
Es la razón por la cual, a sabiendas de que muchas aguas de superficie están contaminadas por la radioactividad, hemos introducido una enmienda a este respecto, así como otras enmiendas, por supuesto, sobre los parámetros que acabo de citar. 
Espero que estas propuestas no se interpreten como un signo de radicalismo agudo, sino simplemente como preocupación por mejorar la salud de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, quiero hablar de las aguas de baño, del informe del Sr. Eisma. 
En su exposición de motivos, la Comisión ha indicado las razones de la propuesta de modificación de la directiva de calidad de las aguas de baño. 
Sin embargo, no ha mencionado el hecho de que, después de 21 años, esta directiva sigue aplicándose de formas muy diferentes. 
No sólo hay una gran diferencia entre los países en cuanto a la definición de las aguas de baño, sino que además el mantenimiento de la calidad de las aguas deja mucho que desear. 
Por ello es preciso que tengamos una directiva clara sobre la calidad de las aguas de baño, cuya interpretación ofrezca poco margen a los ejecutores. 
El agua es menos móvil que el aire, pero sigue siendo transfronteriza. 
Por ello es imprescindible tener una buena serie de indicadores, provistos de valores límite. 
La presente propuesta es un buen punto de partida. 
El ponente ha incorporado una serie de añadidos útiles. 
Sin embargo, aún tengo dudas con respecto a dos puntos. 
En primer lugar, el ámbito de aplicación. 
La Comisión quería limitarlo de forma estricta a los lugares de baño. 
La Comisión de Medio Ambiente aceptó enmiendas para que se ampliara a todas las aguas recreativas. 
Tal ampliación tiene importantes consecuencias. 
Será preciso tomar muestras de muchas más aguas, y eso durante un período mucho más largo. 
¿Qué piensa la Comisión de la ampliación del ámbito de aplicación? 
Quisiera que la Comisión me dijera cómo ve la relación entre la directiva de las aguas de baño y la futura directiva marco de calidad de las aguas. 
¿Cómo evalúa la Comisión en este sentido la enmienda nº 14? 
Señor Presidente, en este caso, tomo la palabra inmediatamente, y permítame que le diga que intervengo de manera más especial sobre el informe del Sr. Collins relativo al agua potable. 
Puesto que se han dicho ya algunas cosas, en particular, desearía dirigirme a la Comisión porque me extraña que ésta se permita proponer una norma que me parece totalmente irreal, es decir, especialmente baja- 10 ìg de plomo por litro de agua- pero para aplicar en un plazo de quince años. 
Ahora bien, si de verdad existe un problema para la salud pública, no veo la necesidad de esperar quince años para arreglarlo. 
Esta propuesta carece de coherencia. 
Mi coherencia, es la de proponer que lo hagamos mejor, es decir, que reduzcamos la tasa de contenido de plomo del agua potable, que es de 50 ìg por litro actualmente, a 25 ìg por litro, en un plazo de cinco años. 
Pienso que ya supone un progreso. 
Y al cabo de cinco años, revisamos la directiva. 
¿Por qué revisar la directiva al cabo de cinco años? 
Sencillamente porque hoy no tenemos conocimiento de los estudios toxicológicos sobre la plombemia en la sangre. 
Por consiguiente, me interesaría saber si la Comisión Europea está decidida a iniciar este tipo de estudio. 
Asimismo, desearía saber si está decidida a iniciar estudios sobre las consecuencias de la utilización de este plástico en el campo de la endocrinología. 
También aquí, carecemos de conocimientos científicos. 
Tal vez podamos esperar a tenerlos dentro de cinco años, si la Comisión Europea se dedica a ello. 
Por último, desearía precisar que es particularmente importante armonizar los métodos de muestreo y control de la concentración de plomo; de hecho, en la actualidad, los métodos de control de la concentración de plomo en el agua no están armonizados. 
Esto mismo sucede con los métodos de muestreo que varían de un país a otro, lo que dificulta especialmente la elección de una norma. 
Me extraña asimismo la nueva posición de la Comisión con respecto al cobre. 
En efecto, no disponemos de elementos que defiendan un endurecimiento semejante de la Comisión por lo que respecta al cobre. 
Por lo tanto, conviene relativizar estos problemas del cobre o del plomo en el agua potable. 
Todos sabemos que la norma OMS de 10 ìg por litro es una norma aplicable a los bebés. 
Ahora bien, sabemos también que los habitantes de los países de la Unión Europea ya no utilizan, desde hace décadas, el agua potable, el agua de grifo como se dice, para los bebés. 
Todas las madres jóvenes saben muy bien que hay que utilizar agua mineral para preparar los biberones de sus bebés. 
Por lo tanto, no es necesario aplicar a toda una población una norma OMS destinada a una población determinada de bebés. 
Éstas son las preguntas que deseaba hacer a la señora Comisaria. 
Señor Presidente, las aguas destinadas al consumo humano han de ser puras, no únicamente sanas, ya que en este caso nos encontraríamos con una valoración de lo que la gente puede tomar antes de contraer una enfermedad. 
Por eso, el agua potable ha de ser pura, y éste es el punto de partida de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano vigente hoy, pero que muchos países no han tenido en cuenta en absoluto durante años. 
La industria comparte el descontento de los gobiernos con la actual Directiva. 
El hecho es que sustancias aprobadas pueden filtrarse hasta el agua potable, incluso la procedente de capas subterráneas. 
El agua se deteriora más aún si es transportada por tubos de plomo que los gobiernos no han sustituido para ahorrarse dinero. 
El agua destinada al consumo humano está contaminada en casi todos los Estados miembros, pero no protegemos la salud humana ni el medio ambiente si relajamos los valores límite, con objeto de que sea más fácil para los Estados miembros cumplir la Directiva. 
La protección se logra fijando valores límite estrictos. 
Como la Comisión sabe, el Parlamento ha defendido con éxito los requisitos de pureza de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano ante la Comisión y ante el Consejo de Ministros de Agricultura cuando éstos han tratado de aprobar nuevas plaguicidas que se sabía que podían contaminar el agua potable. 
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente logró el apoyo del Tribunal de Justicia y la autorización hubo de ser retirada. 
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, puede constituir el marco de referencia, ya que de todos es conocido que no fija requisitos imposibles en nombre de la salud. 
Y si hasta la OMS opina que el tetracloroetano y el tricloroetano producen cáncer, es obvio que estas sustancias no deben encontrarse en el agua destinada al consumo humano. 
Es posible que tales compuestos químicos peligrosos ya se encuentren en ella, pero en ese caso es culpa nuestra y debemos esforzarnos para cambiar la situación. 
Los valores límite propuestos por la Comisión son demasiado altos. 
Las normas medioambientales de la UE deben tener su punto de partida en un nivel elevado de protección y en el principio de cautela, aun en el caso de las normas mínimas, y esta Directiva es precisamente una Directiva de mínimos. 
Entiendo que en un momento dado el ponente se haya sentido tentado de cambiar el fundamento jurídico al artículo 100 A. La propia propuesta de Directiva predispone a ello, ya que prevé que la Comisión decida sobre los deseos de los Estados miembros de tener un nivel de protección ambiental más elevado. 
Esta es la misma clase de garantía condicional en materia de medio ambiente que el Gobierno danés negó haber obtenido a mitad del decenio de 1980, pero que de todas formas parece que obtuvimos. 
Afortunadamente, hemos acordado que se trata de una directiva medioambiental y de normas mínimas. 
No obstante, en este caso no es suficiente considerar el fundamento jurídico. 
La redacción de la Directiva ha de seguir las mismas pautas. 
El ponente ha preparado para ello. 
Es importante que la Comisión esté de acuerdo con estas ideas. 
Hay que volver a introducir el valor límite total para las plaguicidas. 
El valor límite total significa que no pueden existir plaguicidas en el agua destinada al consumo humano. 
Desgraciadamente, encontramos en Dinamarca todas las plaguicidas que buscamos. 
El valor límite total es nuestra garantía de un techo sobre la contaminación total. 
Sabemos muy poco sobre la interacción entre las sustancias y sobre las sustancias que las pueden destruir. 
Ha de prevalecer el principio de cautela. 
Señor Presidente, señorías, una de nuestras directivas había establecido ya, por primera vez, las exigencias mínimas de calidad del agua destinada al consumo humano. 
La Comisión Europea presentó una propuesta de modificación de la directiva destinada a garantizar una mayor protección de la salud de los consumidores. 
Es ésta la propuesta que estudiamos ahora. 
Para mejorar la calidad del agua se prevén dos acciones esenciales: una reducción del contenido de plomo y una disminución del nivel de los plaguicidas. 
En el corto espacio de tiempo que se me concede, hablaré únicamente de los plaguicidas. 
A este respecto, un valor único de 0, 1 ìg por litro por cada sustancia, cualesquiera que sean las sustancias, no corresponde a las normas de la Organización Mundial de la Salud. 
A mayor abundamiento, la norma de 0, 5 ìg por litro para el cúmulo de todas las sustancias no tiene ningún fundamento en materia de salud pública y además es inaplicable. 
En efecto, habida cuenta de la diversidad de los plaguicidas orgánicos: insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas, acaricidas y alguicidas, es más importante respetar, como lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, un valor específico para cada sustancia, al tiempo que se establece un valor de 0, 1 ìg por litro como umbral de alerta o valor paramétrico de calidad del agua para cada uno de los plaguicidas. 
Es la razón por la cual, pido a nuestra Asamblea que apruebe las enmiendas 104 y 105 que he presentado en nombre del Grupo Unión por Europa. 
En efecto, estas enmiendas dan toda su importancia a los datos verdaderamente científicos y evitan normas que sin ello parecerían arbitrarias. 
La Comisión ha aguado la directiva actuando directamente en contra de la voluntad de los consumidores y consumidoras, que exigen con toda claridad unas normas más rigurosas para el agua potable. 
Como ya se ha señalado, necesitamos una mayor protección y, sobre todo, un mayor nivel de prevención. 
La Comisión tiene la tarea de garantizar este nivel de prevención; no puede permitir que nuestro primera fuente de subsistencia se convierta en un cóctel tóxico. 
Por consiguiente, yo insto explícitamente una vez más a la señora Comisaria a que respalde el afianzamiento del valor límite total mediante su incorporación a la posición común. 
En efecto, si dicho valor límite total no queda bien afianzado, estaremos abriendo precisamente las puertas a la posibilidad de que ese peligrosísimo cóctel tóxico se incorpore a nuestro primera fuente de subsistencia. 
Yo creo que el Parlamento Europeo también debe emitir una clara señal al respecto. 
Nosotros no somos partidarios de que se adopte la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente de duplicar el valor límite para los THM cancerígenos hasta los 110 microgramos por litro, por encima incluso de la propuesta de la Comisión. 
La normativa alemana en materia de agua potable establece un valor límite total de 10 microgramos para estas sustancias cancerígenas. 
Sin duda, debemos aspirar, creo yo, a aumentar la protección frente a dichas sustancias. 
Debemos instar asimismo a la Comisión a que formule una propuesta vinculante con respecto a las sustancias endocrinas. 
Tenemos pruebas de que es posible detectar la presencia de estas sustancias y de que éstas son peligrosas. 
Finalmente, yo quisiera manifestar una vez más cuán importante es para nosotros que se adopte nuestra enmienda por la que se establece un valor límite para la presencia de radiactividad en el agua. 
Los valores límite responden siempre también, a mi parecer, a una decisión política y esta decisión política es la que hoy debemos adoptar. 
Señor Presidente, el artículo 1 de la propuesta de la Comisión de nueva Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano dice, entre otras cosas, que el objetivo es garantizar la salubridad del agua. 
El Parlamento ha propuesto añadir «y pureza» , pero ¿qué queremos decir con «salubridad y pureza»? 
¿Estamos hablando del aspecto toxicológico, es decir, lo que es científicamente aceptable, o deseamos el nivel ecológico sostenible? 
Tomo en serio el principio de cautela y opino lo último. 
Para mí, el agua pura es el agua no contaminada. 
Al parecer, la opinión de la Comisión es otra. 
La Comisión ha aplicado las normas de la OMS, pero considerando que la OMS es una organización que trabaja a nivel mundial y principalmente en los países en desarrollo más pobres, el nivel a ambicionar por la UE debe ser considerablemente más alto. 
Como ya se ha dicho, éste es el caso sobre todo de las dos sustancias TRI y PER. 
En ambos casos han sido aumentados, es decir, reducidos, los valores existentes a 40 y 70 ìg/l. Y ello a pesar de que el comité científico de la Comisión haya dicho que es probable que el TRI produzca cáncer, lo que, al parecer, ahora también opina el Centro de Investigación del Cáncer de la OMS. 
Falta también por aclarar un problema jurídico serio. 
El fundamento jurídico es el artículo 130 S, lo que es totalmente correcto, pero el artículo 13 de la Directiva dice al mismo tiempo que no se puede prohibir o limitar la importación de agua o de alimentos para cuya fabricación se haya utilizado agua si estos cumplen las normas mínimas. 
¿Cómo armoniza esto con el fundamento jurídico de la Directiva que permite mantener normas nacionales más estrictas? 
Tal monstruosidad debe desaparecer. 
Para finalizar, quiero hacer un elogio. 
Con gran satisfacción he leído en la prensa danesa que la Comisaria de Medio Ambiente está dispuesta a reintroducir el valor límite total, lo que me gustaría que confirmase esta noche. 
Señor Presidente, la importancia de las directivas que estamos debatiendo conjuntamente es extraordinaria, especialmente la relacionada con el agua de consumo. 
La necesidad tan universal del producto agua o el impacto que el agua produce en la especie humana, en su salud, pero también en su cultura o en su bienestar, son conocidas. 
Por eso, es extraordinario el impacto económico que cualquier revisión de la directiva tiene y, por eso, creo que debo felicitar, en primer lugar, a la Comisión por su iniciativa; también al ponente, Sr. Collins, por la firmeza que ha tenido en el examen de la directiva, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que ha respondido a su nombre y que ha debatido esta directiva con criterios exclusivamente de salud y de protección del consumidor, dejando en segundo plano para los aspectos económicos. 
Quiero hacer finalmente dos comentarios brevísimos. 
En primer lugar, sobre el cobre. 
Creemos que ha tenido un tratamiento injusto; creemos que su inclusión entre las sustancias no deseadas en cantidad excesiva hubiera sido lo lógico, y no entre los parámetros químicos, y por tanto no nos explicamos la rigidez del ponente en este sentido, que no ha tenido en cuenta criterios estrictamente científicos y sanitarios para tratar del cobre, que sigue siendo, a nuestro juicio, inocuo en cantidades moderadas y un excelente material para las conducciones de agua. 
Y en segundo lugar, el plomo: sin duda, hemos sido tan rígidos como nuestra conciencia nos obligaba, sin tener en cuenta el impacto económico que el plomo tiene. 
No obstante, este Parlamento debe velar por que en su día se ayude económicamente a los países a cambiar sus tuberías de plomo dando incluso un enfoque estructural a esta ayuda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el plomo no debe beberse. 
El plomo es una sustancia tóxica que los seres humanos no pueden eliminar una vez que la han absorbido. 
El plomo causa graves daños para la salud humana, con consecuencias particularmente dramáticas en el caso de los niños y de las mujeres encintas. 
Por lo tanto, es muy natural que la OMS haya reducido de 50 a 10 microgramos su valor indicativo para el parámetro de concentración de plomo en el agua potable. 
Lo cual no significa que aun así no siga subsistiendo un pequeño factor de riesgo, aunque sea muy reducido. 
No obstante, desde luego significa que todos los Estados deben procurar alcanzar lo más pronto posible dicho valor. 
La OMS, hoy ya se ha dicho, no destaca precisamente por su defensa de unos valores indicativos muy rigurosos. 
Los valores indicativos de la OMS representan valores mínimos más que máximos. 
Por lo tanto, ciertamente no existe ninguna alternativa que permita evitar la sustitución de las tuberías y conexiones de plomo si queremos alcanzar dicho valor de 10 microgramos de plomo. 
Esto costará caro, muy caro. 
En el ámbito del medio ambiente y la salud nos enfrentamos continuamente con la necesidad de reparar y enmendar los daños cometidos en el pasado. 
En otro tiempo se utilizó el plomo sin ánimo de causar ningún daño. 
Actualmente conocemos su peligrosidad y ya no tenemos excusa para no actuar. 
La Comisión propone un plazo de transición de quince años, el ponente, que lamentablemente no se encuentra presente en este momento, propone diez años. 
Yo me congratularé si los Estados miembros pueden completarla tan rápido. 
En cualquier caso, deben tener la oportunidad, y la tendrán, de realizar las inversiones necesarias. 
Europa resulta verdaderamente fascinante por su diversidad. 
Los daneses no prevén ningún coste, pues al parecer no tienen cañerías de plomo. 
Los franceses calculan unos costes muy elevados. 
La directiva no obligará a los propietarios individuales de viviendas a sustituir sus cañerías, pero ¿de qué servirá renovar el sistema de distribución si las instalaciones domésticas vuelven a incorporar plomo al agua? 
Una tarea obvia que deberían emprender los Estados miembros sería establecer programas de renovación, ofrecer incentivos fiscales y financieros y conceder también ayudas financieras a los propietarios que deseen realizar la sustitución en sus viviendas. 
La Unión Europea debe prestar, evidentemente, ayuda y elaborar un plan que le permita otorgar ayudas financieras. 
Los ciudadanos también pueden protegerse. 
Yo creo que si en el futuro los ciudadanos, además de considerar el tamaño, la situación y el precio de una vivienda, también se interesan por la calidad del agua, el mercado se acomodará muy pronto a esta situación y una vivienda con cañerías de plomo tendrá un valor de mercado muy inferior al de una vivienda con agua clara de calidad para el consumo. 
El agua es la vida y si mañana aprobamos una buena directiva sobre las aguas destinadas al consumo habremos contribuido un poco a que así sea. 
Muchas gracias, Sra. Flemming. 
Ha sido su primera intervención en el Pleno y yo deseo darle la enhorabuena. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo, tal como anunciaron los colegas que me han precedido, estima de forma favorable los principios que inspiraron la propuesta de modificación de la directiva relativa a las aguas potables. 
Asimismo, los colegas que me han precedido formularon algunas observaciones con respecto a la propuesta presentada, hecho que nos obliga a plantear varias enmiendas. 
No quiero detenerme en el aspecto científico que ya abordaron sus Señorías, en particular el que se refiere a la inclusión del cobre en el ámbito de la directiva. 
Deseo, por el contrario, recordar que esta directiva tendrá un impacto económico muy fuerte y que nuestro Grupo propuso una prórroga de cinco años con respecto al último plazo para la adaptación, así como crear al mismo tiempo un sistema de incentivos que premie a los primeros que transpongan las nuevas normas y los nuevos parámetros previstos en la directiva. 
Consideramos que ésta es una forma inteligente para que estos considerables costes económicos no incidan demasiado rápidamente en los contribuyentes europeos que- deseo recordarlo- van a suponer en toda Europa unos 100 millardos de ecus en los presupuestos de todos los contribuyentes. 
Señor Presidente, podríamos decir que el Parlamento Europeo se pronuncia hoy a favor de una revolución saludable, que tiene que ver con la calidad de vida, en este caso la del agua destinada al consumo humano. 
Sin dejar de subrayar la iniciativa de la Comisión, quiero acoger con beneplácito el trabajo del ponente, el presidente Kenneth Collins. 
Es verdad que estas felicitaciones son ya un tic parlamentario. 
De todos modos, quiero felicitar al autor de este trabajo, aunque disiento en una cuestión concreta, de la posición adoptada por el Sr. Kenneth Collins, porque creo que ha encabezado una posición justa a favor del aumento de los niveles de calidad del agua y porque su informe refleja un planteamiento correcto en ese sentido. 
En la perspectiva portuguesa, tenemos el reciente y triste caso del aluminio en el agua en un hospital de Évora. 
En Inglaterra, en 1988, hubo una situación semejante en Cornualles. 
Repetidas veces se dan situaciones de exceso de nitratos y de pesticidas en el agua. 
Son múltiples las situaciones que justifican y refuerzan la importancia de esta directiva, 
Quiero destacar varios puntos muy claros. 
En primer lugar, si ésta es la directiva de la lucha contra el plomo en el agua, conviene aclarar cuáles son los materiales substitutivos y, en particular, qué estudios hay sobre ellos. 
¿Qué consecuencias tienen los PVC? 
¿Qué vamos a substituir? 
¿Qué vamos a utilizar? 
En segundo lugar, los costos. 
Esta directiva representa un año del presupuesto comunitario. 
Así, pues, es necesario posibilitar la asignación de fondos comunitarios, estructurales y de otra índole, para la prosecución de esta directiva. 
En tercer lugar, seguimos, y aplaudimos, una línea de mayor restricción en el uso de plaguicidas. 
La explotación agrícola intensiva y el uso de plaguicidas son nocivos para los suelos, deterioran los recursos subterráneos, contaminan el agua y, en el fondo, ponen en entredicho un bien cada vez más escaso. 
Por último, somos partidarios del paso del cobre de parámetro químico a parámetro indicativo, con un límite de 2mg/litro, o sea, 2.000 microgramos/litro, con lo que se reducen los parámetros constantes de la directiva de 1980. 
El marco previsto es suficientemente limitado y, a mi juicio, tiene más sentido integrar el cobre en los parámetros indicativos que en los químicos, junto al arsénico, entre otros productos. 
Señor Presidente, no hay discusión posible: el agua es el fundamento de nuestra vida. 
Esta afirmación es válida para los seres humanos, para los animales y para el ecosistema. 
Por lo tanto, debemos proceder por orden, esto es, a través de la prevención, la profilaxis, el control en las fuentes y el principio de causalidad, todos los parámetros con que hemos completado el texto de la Comisión. 
A usted le corresponde, señora Comisaria, velar para que estos parámetros, es decir los parámetros relativos a la calidad y las emisiones, se apliquen con todo rigor en Europa en el futuro. 
La reacción de Doeke Eisma, el hecho de que algunos colegas quieran incluir cláusulas de exclusión para el caso en que una norma resulte demasiado cara una vez aprobada, indica claramente que los puntos débiles de la política europea en relación con el agua residen en este aspecto. 
Contaminar primero los ríos y depurarlos luego por medios técnicos es ciertamente un mal camino. 
Permítanme añadir una observación sobre las aguas para el baño, y en este aspecto seré muy crítico con mis amigos verdes, sobre todo los de Alemania. 
Ustedes empiezan por tirar el niño con el agua del baño. 
¡Quien crea que es posible aplicar a los millones de zonas de agua de baño de Europa los parámetros de calidad del agua potable, pone una baza en las manos de los enemigos comunes de nuestro medio ambiente! 
Si quieren alcanzar un valor de 0, 1 microgramos de pesticidas en las reservas protegidas de agua para el consumo- que nosotros también deseamos encarecidamente, al igual que naturalmente también el parámetro global -, no pueden establecer ese parámetro para las aguas de baño, ni siquiera podrán controlar que se cumpla, no podrán verificarlo, no conseguirán nada, ¡con ello sólo demuestran que en este ámbito han perdido pie! 
Yo quiere repetir una vez más que el tema de los costes es sin duda importante, pero ¡por favor, una cuestión de costes no puede convertirse en un parámetro de exclusión! 
Me asusta que algunos colegas lo debatan seriamente aquí y ahora. 
Yo estoy a favor del 0, 1, del 0, 5, de un agua saludable. 
La pureza del agua es necesaria y es preciso que se proceda a la transposición del principio de prevención y de la norma de minimización. 
¡Si lo conseguimos, llevaremos buen camino! 
Señor Presidente, en la Directiva 80/778 relativa al agua potable, se fijaron por primera vez una serie de parámetros obligatorios con relación a la calidad de las aguas potables, válidos en todos los Estados de la Comunidad, y es justo reconocer que dicha directiva supuso el origen y la mejora global de la calidad de las aguas que se ha registrado en Europa en los últimos diez años. 
Sin embargo, todo envejece, incluso las directivas. 
En el año 1993, el Consejo Europeo de Bruselas instó a la Comisión a implementar una revisión radical de la normativa relativa a las aguas destinadas al consumo humano. La propuesta actual, sin embargo, y a tenor de lo manifestado por la Comisión, es sólo un elemento del proceso de simplificación, consolidación y actualización de la legislación comunitaria en materia de aguas. 
Su objetivo no es proteger los recursos, sino tan sólo garantizar la calidad de las aguas suministradas al consumidor. 
No en vano, un aspecto fundamental de la nueva directiva es la reducción de la concentración máxima de plomo de 50 a 10 micrógramos por litro- aunque en un período de tiempo razonablemente largo- ya que dicho elemento es tóxico. 
No se puede decir lo mismo en cuanto al cobre, respecto al cual no sólo se ha demostrado su inocuidad, sino que se sabe que, en pequeñas cantidades, es incluso necesario para la salud humana. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha abordado la cuestión de la financiación de la sustitución de las canalizaciones, así como el problema, no irrelevante para los Estados miembros, de las cañerías de agua de las viviendas. 
Sería oportuno, no obstante, que la Comisión nos demostrara que sustituir las canalizaciones de plomo o de cobre por las de plástico es mucho mejor para la salud humana. 
¡Esperamos que nos lo demuestren en el Parlamento! 
Señor Presidente, quiero volver a la cuestión del costo. 
Creo que es muy importante observar que la Comisión Europea no ha hecho declaración alguna sobre el costo de ninguna de las directivas. 
Cuando se preguntó al representante de la Comisión cuánto costaría la directiva sobre las aguas de baño, dijo que sería una cantidad insignificante, ya que se añadiría a la directiva de 1976 y ésta representaba el costo mayor. 
Eso no es cierto. 
Es falso según las cifras ofrecidas por el Gobierno británico; es falso según las cifras ofrecidas por quienes administran los servicios de agua en el Reino Unido. 
Constituye un fallo consternador por parte de la Comisión que no haya declaración alguna sobre las repercusiones en materia de costos de la directiva relativa a las aguas destinadas al consumo humano, de la que tanto se ha hablado. 
Sé que se puede decir: » Lo dice sólo porque quiere saber el costo para utilizarlo contra la directiva». 
No es así. 
Quiero saber el costo porque creo que nosotros, en nombre de los ciudadanos de Europa, debemos poder legislar con los ojos abiertos, sabiendo lo que va a costar aproximadamente. 
El Sr. Collins ha tenido visos de probidad, al recomendar que, para sufragar el costo de la cuestión del «plomo en el agua» , se establezca un objetivo 7 de los Fondos estructurales. 
Me gustaría saber qué piensa la Comisaria al respecto. 
Sobre la directiva relativa a las aguas balnearias, hay personas aquí en las tribunas que han venido de Torbay, en Devon. 
Son- o, posiblemente, eran- liberales. 
Desde luego, el Grupo Liberal no habla en su nombre. 
Representan una parte de mi país que está gastando- o gastando en parte- unos 3 millones de libras en todo el país para que las aguas de baño cumplan con las normas de la directiva de 1976. 
Además, se calcula que la puesta en práctica de las propuestas de la Comisión sobre las aguas de baño costaría entre 1.600 millones y 4.000 millones de libras. 
Además de eso, el Sr. Eisma, que es liberal, quisiera hacer extensiva la directiva relativa a las aguas de baño a todas las aguas utilizadas para los deportes acuáticos y para fines recreativos. ¿Qué es un fin recreativo? 
Si lo es la vela- y creo que debe serlo -, ¿cómo se concilia con la existencia de una carrera de yates en torno a Gran Bretaña? Si esa carrera rodea Gran Bretaña, todas las aguas costeras del Reino Unido entrarían dentro del ámbito de esa directiva relativa a las aguas de baño. 
El Sr. Eisma dice que las cifras que he ido ofreciendo no son exactas. 
¿Cómo demonios se atreve un diputado holandés al Parlamento Europeo a hacer observaciones sobre las cifras ofrecidas por las autoridades de otro Estado miembro? 
No lo acepto. 
Creo que es importante que este Parlamento sea honrado con los ciudadanos de Europa y les diga sinceramente el costo de lo que estamos recomendando. 
No somos honrados y debemos serlo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, puesto que se ha hablado tanto de costes, yo empezaré por un punto que, de hecho, me proponía mencionar al final, a saber, el del contenido de plomo en el agua potable. 
Conocemos la particular amenaza que representa el plomo contenido en el agua para la salud de las futuras madres y para los niños de corta edad, ¡y hablamos de costes! 
Yo diría que deben compararse los costes de la renovación de las conducciones de agua con los costes del cuidado de las personas enfermas. 
Precisamente en un momento en que los costes de la sanidad están aumentando en todos los países, debemos pensar qué podemos hacer para preservar la salud de las ciudadanas y ciudadanos europeos. 
No debemos ahorrar algunos costes por un lado y permitir que aumenten espectacularmente por el otro lado los costes de la sanidad. 
Yo quiero dar las gracias al ponente por el trabajo realizado en relación con la presente directiva y quisiera aprovechar la ocasión para agradecerle también que me brindara la oportunidad de colaborar durante varios años con sus esfuerzos para mejorar la situación medioambiental en Europa antes de ser diputada de esta Cámara. 
Yo creo que el agua debe ser limpia y pura; es nuestra fuente de subsistencia más importante. 
Es la base de cuanto cocinamos y comemos y las sustancias nocivas deben eliminarse por principio, en mi opinión; esto vale tanto para las sustancias largo tiempo conocidas, como los nitratos, los pesticidas, los productos químicos y los cloruros orgánicos, como para aquellas cuyos efectos perjudiciales sólo ahora empiezan a comprobarse. 
Yo espero que pronto podamos disponer de un estudio de la Comisión al respecto y también de propuestas para eliminar del agua potable sustancias nocivas que afectan a las funciones endocrinas. 
Una frase de un destacado físico europeo, en el sentido de que el agua es el espejo de nuestro futuro, podría servir, a mi parecer, como lema de nuestra labor. ¡La Comisión y el Consejo deben hacer suya la propuesta del Parlamento para que se mantenga límpido este espejo! 
Señor Presidente, tras una larga espera, finalmente se presentan a debate del Parlamento las directivas sobre el agua. 
No podré nunca hacer suficiente hincapié en la importancia que reviste la reforma de las directivas para los países que han venido aplicando ya durante años métodos más avanzados desde el punto de vista científico. 
Si no se aprobaran las nuevas directivas, nos veríamos obligados a retroceder casi veinte años, lo cual resultaría imposible de explicar a nuestros ciudadanos. 
Como en todas las cuestiones que afectan directamente a la salud y a la seguridad de los ciudadanos, la Unión ha de mostrarse ambiciosa también en las cuestiones relativas al agua. 
Se debe presionar a los países miembros para que aprueben y apliquen las normas más elevadas en la medida de lo posible. 
El trabajo genera sus frutos. 
Por ejemplo, Finlandia se ha enfrentado al problema provocado por los altos valores de trihalometano en el agua potable. 
En la actualidad, y como resultado de los numerosos esfuerzos realizados, la situación está bajo control y se ha logrado reducir dichos valores a niveles medios en la Unión Europea. 
La futura directiva marco sobre protección de las aguas ofrecerá también la posibilidad de abordar de nuevo este tema desde un punto de vista medioambiental. 
En este orden de cosas, espero que el Parlamento Europeo consiga presionar al Consejo para que actúe de una manera más enérgica que la que ha mostrado en el caso de las directivas que ahora nos ocupan. 
Señor Presidente, me veo obligada a dividir mi respuesta en dos partes, ya que se han presentado una serie de enmiendas que estoy obligada a contestar, así que primero haré algunos comentarios sobre la propuesta relativa a las aguas de baño. 
Ante todo, quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Transportes y Turismo por el trabajo que han realizado y en especial a los ponentes, Doeke Eisma y Petrus Cornelissen. 
Siendo la Directiva 76/160 sobre la calidad de las aguas de baño uno de los actos más antiguos- lo que también ha sido mencionado durante el debate de esta noche -, ha surgido un debate sobre este tema en los últimos años, debido sobre todo a que la Directiva no está adaptada a los avances técnicos y científicos. 
Estos avances han facilitado la definición de los indicadores de contaminación con objeto de poder predecir la existencia de sustancias causantes de enfermedades. 
El baño y la calidad de las aguas de baño son, asimismo, un aspecto importante del turismo, y a la industria turística le hace falta criterios comunes en toda la Unión Europea para que los turistas puedan elegir sobre una base comparable. 
Se ve de las enmiendas que las comisiones han tenido este tema en cuenta. 
El motivo principal de esta propuesta es simplificar y mejorar la Directiva vigente tanto por el bien de los ciudadanos como por el de las autoridades de los Estados miembros. 
Garantizará a los ciudadanos un alto nivel de las normas en concordancia con los conocimientos científicos más recientes y que mediante mayor transparencia serán informados con regularidad y exhaustivamente sobre la calidad de las aguas de baño en su propio país y en sus lugares de vacaciones. 
Las autoridades tendrán menos parámetros que vigilar y tendrán la posibilidad de detectar incidencias y de reaccionar ante los casos en que la calidad de las aguas no cumpla temporalmente del todo las normas. 
La Comisión está de acuerdo con una serie de aspectos de las enmiendas presentadas. Las enmiendas núms. 
4, 9, 10, 11, 12 y 14, que mereció especial mención por parte del Sr. Eisma, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35 y 36, que asimismo fue destacada, 37 y 40 pueden ser aprobadas total o parcialmente. La redacción de las enmiendas núms. 
6, 17, 22, 27 y 29 ha de ser modificada ligeramente, por lo que sólo las podemos aprobar parcialmente. 
Sin embargo, la Comisión no puede aprobar las enmiendas núms. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 19, 20, 25, 30, 32, 38 y 39. 
Obviamente, en este momento del debate no es posible explicar el motivo de cada rechazo. 
No obstante, haré una serie de comentarios sobre algunas de ellas. 
El motivo de no poder aceptar las enmiendas núms. 2, 3 y 8 es que modificarían el objetivo principal de la Directiva al transferirlo del medio ambiente y el ámbito de la salud al turismo. 
No podemos aceptar el segundo punto de la enmienda nº 6 ni el cuarto apartado de la enmienda nº 22, puesto que introducirían demasiados símbolos, y otro símbolo al estilo de la bandera azul ya conocida podría confundir a los ciudadanos. 
Quiero añadir que comparto los comentarios positivos hechos por varios oradores sobre el uso de la bandera azul. 
La Comisión ha tomado nota de la solicitud de una garantía de la calidad de las zonas recreativas de aguas de baño. 
No obstante, opina que una ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre las aguas de baño a las zonas recreativas de aguas de baño no sería una solución satisfactoria. 
Por eso, no podemos aprobar las enmiendas núms. 
1, 5 y 15, pero, como ya he dicho, hemos tomado nota del tema e investigaremos, si es posible aprobar medidas para las zonas recreativas de aguas de baño. 
Finalmente llegamos a la enmienda nº 14, encaminada a integrar la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño en una directiva marco relativa a una política de aguas. 
Estamos de acuerdo con la intención de no debilitar la Directiva, pero en este momento no tenemos planes de integrar la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño directamente en la futura directiva marco. 
El deseo de tener una directiva marco relativa a las aguas quedó claro en el verano de 1996 después de una audiencia sobre la posibilidad de integración de toda la legislación de aguas en una política coherente. 
La Comisión ha llegado a la conclusión de que la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño constituye una aportación independiente a la integración de la política de sanidad, de la de medio ambiente y realmente también de la de turismo. 
Nos parece beneficioso para la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño que tenga una identidad clara e independiente. 
Aunque esta Directiva no formará parte directa de la directiva marco relativa al agua, habrá una coordinación estrecha con ella, ya que las aguas de baño y las disposiciones relacionadas con las mismas serán integradas en los planes de gestión de las aguas que serán elaborados dentro del marco de la nueva directiva marco. 
Asimismo, ha habido un amplio debate sobre el fundamento científico de ciertos parámetros, como los estreptococos fecales y los virus intestinales. 
Recientes investigaciones científicas han demostrado, por un lado, que la propuesta de la Comisión sobre los estreptococos fecales como el indicador más apropiado para la contaminación fecal ha resultado correcta. 
Por otro lado, estas investigaciones han demostrado la necesidad de una normativa más estricta para fijar un nivel de riesgo aceptable para la salud. 
Una investigación en curso en la OMS relativa a la calidad de las zonas recreativas de aguas de baño proporciona resultados parecidos. 
Por eso, la Comisión aprueba la enmienda nº 36 del Parlamento. 
Podría hacer otros muchos comentarios sobre la propuesta, pero me limito a lo que ya he dicho y doy las gracias por el debate. 
Espero haber cubierto los puntos principales de lo dicho durante el mismo y ahora pasaré a comentar la propuesta sobre el agua potable y la revisión de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
También en este caso quiero dar las gracias a los ponentes y especialmente al Sr. Collins, así como a aquellos de sus colaboradores que han trabajado en la propuesta. 
Agradezco el esfuerzo realizado y todos los detalles que se han comentado en relación con esta propuesta que tiene un contenido político amplio e importante, pero que, al mismo tiempo, es una propuesta muy técnica. 
El objetivo principal de la propuesta es simplificar, actualizar y mejorar la Directiva actual tanto por el bien de los ciudadanos como por el bien de las autoridades de los Estados miembros. 
Garantizará a los ciudadanos un elevado nivel de las normas de acuerdo con los conocimientos científicos más recientes y como consecuencia de una mayor transparencia éstos serán informados con regularidad sobre la calidad del agua potable que reciben. 
Las autoridades tendrán menos parámetros que vigilar y podrán reaccionar ante situaciones en que la calidad de las aguas no cumpla temporalmente del todo las normas. 
La Comisión ha trabajado duramente para elaborar una propuesta en mi opinión buena y bien documentada que corrige los defectos existentes en la Directiva, a la vez que conserva y, en muchos casos, mejora el elevado nivel de protección. 
De las- según creo- 124 enmiendas, aprobamos 22 totalmente, 13 en principio y 1 parcialmente, pero no podemos aceptar las restantes 89. 
Al repasarlas, al igual que al elaborar la propuesta inicial, la Comisión ha tenido muchísimo cuidado en garantizar que, conforme al comunicado aprobado recientemente sobre la aplicación de la legislación en materia de medio ambiente de la Unión, tan sólo se presenten propuestas que puedan funcionar y ser aplicadas. 
Obviamente, como guardián del Tratado, la Comisión ha de garantizar que las Directivas sean aplicadas de forma justa y homogénea. 
La Comisión acepta sin reparos las enmiendas núms. 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 25, 28 a 33, 36, 38, 40 y 42 que se refiere a la pregunta formulada por varios oradores sobre el valor límite total, 48, 49, 50 y 64. 
Todas contribuyen a mejorar el texto, ya que añaden información complementaria o requisitos razonables y lógicos, eliminan posibilidades de interpretaciones erróneas, proporcionan mayor transparencia y algunas de ellas elevan el nivel de protección. 
Hay 13 enmiendas que la Comisión puede aceptar en principio, es decir, las enmiendas núms. 6, 10, 17, 19, 26, 39, 41, 44, 45, 47, 58, 65 y 77. 
En cuanto a los trihalometanos, la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas núms. 41 y 45 del ponente, como ya he dicho. 
Significan un reforzamiento importante de las normas de la propuesta. 
La nueva enmienda nº 121 busca otra acentuación más. 
Comprendo los motivos de esta propuesta, pero no la puedo aceptar sin más. 
No obstante, prometo que la investigaré a fondo. 
La Comisión puede aceptar una enmienda parcialmente, la nº 7, pero no las restantes, y no las mencionaré todas. 
Se puede deducir de las que ya he mencionado antes cuáles son. 
Abordaré unas pocas para explicar porqué la Comisión no las puede aceptar. 
Obviamente, estaré encantada de explicar nuestros motivos para rechazar las otras, si alguien lo pide a esta tardía hora. 
En general, la Comisión no puede aceptar las enmiendas que en su opinión no funcionarían o que dificultarían la aplicación de la Directiva. 
Como ya he dicho, uno de los objetivos de la propuesta es corregir algunas de las deficiencias de la Directiva actual, sobre todo las medidas que no han funcionado en la práctica. 
Por eso, no aprobamos las enmiendas núms. 8 y 9, que requieren una garantía de que las zonas de captación y de las aguas en general estén protegidas contra las plaguicidas y los nitratos. 
Ni con la mejor voluntad del mundo es posible garantizar tal protección. 
Con la aprobación de enmiendas como éstas sería prácticamente imposible lograr una aplicación total y correcta de la Directiva. 
Las enmiendas núms. 22, 23 y 24 pretenden eliminar el procedimiento de comunicación si un Estado miembro desea adoptar normas más estrictas o parámetros adicionales. 
He de admitir que la propuesta de suprimir estas disposiciones es tentadora. 
No obstante, la Comisión opina que no puede aprobar estas enmiendas en la primera lectura, aunque no por eso ha descartado la posibilidad de aceptarlas en la segunda lectura. 
Quiero dejar totalmente claro que la intención del procedimiento de comunicación no es impedir la adopción de normas más estrictas o normas complementarias, sino simplemente garantizar que tales normas no sean utilizadas de modo que actúen como un obstáculo para el comercio y así dificultar el funcionamiento del mercado interior. 
Las enmiendas núms. 12 y 34 pretenden introducir un nuevo aspecto y un nuevo artículo con disposiciones sobre los materiales que entran en contacto con el agua. 
La Comisión está de acuerdo en que los materiales utilizados para las tuberías son decisivos para la calidad del agua potable que sale del grifo, como varios oradores han mencionado. 
No obstante, este tema pertenece a la Directiva 89/106, la llamada Directiva sobre materiales de construcción, si bien tendremos que definir de un modo más claro las relaciones precisas entre estas dos Directivas en otro momento. 
El procedimiento en comisión propuesto por la Comisión es el procedimiento II. Con la enmienda nº 37 se suprimiría totalmente el procedimiento en comisión. 
Durante la elaboración de la propuesta, la Comisión ha cuidado con gran esmero de que las modificaciones del Anexo I, de los parámetros y de los valores de los parámetros pasen por todo el procedimiento legislativo, incluso por el Parlamento. 
Sin embargo, la puesta al día del Anexo II, control, y del Anexo III, métodos de medición, se hará a través de la comisión. 
Esta es, en opinión de la Comisión, la forma más eficaz de tratar temas muy técnicos. 
Tengo algunos comentarios más a las enmiendas núms. 43, 51 y 46 y a unas pocas más. 
Si nadie insiste en recibir una respuesta a ellas en el día de hoy, cerraré el debate dando las gracias por la recepción positiva de la propuesta y por el gran número de enmiendas. 
Señora Comisaria, quisiera agradecerle su esfuerzo de contestar a bastantes de las cuestiones planteadas. 
Quiero constatar esto porque he solicitado reiteradamente a la Presidencia y a los servicios del Parlamento que calcule el promedio de las intervenciones de los Comisarios, que equivale más o menos a diez minutos, y que no calcule cinco minutos para una programación del orden del día que nos lleva a equivocaciones en la programación. 
Señor Presidente, estoy muy satisfecho con las respuestas de la Comisión, y luego llega el funcionario de ayuda. 
Tengo una pregunta. La Comisaria dice que no puede aceptar la enmienda nº 3, la ampliación de las aguas de baño a las aguas recreativas, pero que está dispuesta a hacer algo al respecto. 
¿Podría decirnos la Comisaria cuándo tiene previsto ponernos al corriente del modo en que piensa incluir otros deportes acuáticos, surf, etc., y si piensa introducir normas al respecto? 
Le agradecería que nos diera más información. 
La Sra. Jackson, compañera de los bancos de atrás, se pregunta cómo me atrevo a cuestionar sus cálculos sobre la cuantía de los costes. 
Pues bien, ya he dado mis argumentos y no pienso repetirlos ahora. 
Pero Sra. Jackson, le ruego amistosamente que profundice en mis argumentos y que sobre esta base entable un debate conmigo. 
Por favor, limítese a hacer preguntas a la Comisaria y absténgase de hacer comentarios sobre diputados que no están presentes en este momento. 
Le he dicho a mi compañera de los bancos de atrás, la Sra. Jackson, que por qué no quiere creerme cuando critico su cálculo de los costes que conllevan estas directivas. 
Le he dado mis argumentos, señor Presidente, y no los voy a repetir, pero pido amistosamente a la Sra. Jackson que profundice en estos argumentos y que sobre esta base entable un debate conmigo. 
Señor Presidente, naturalmente soy muy sensible a las encantadoras palabras de aprecio que nos ha dirigido la Comisaria al ponente Eisma y a mí. 
Pero esto no quita que como diputado al Parlamento quiera recibir una respuesta a la pregunta que he formulado. 
¿Cuáles son las objeciones concretas de la Comisaria a la fijación del 21 de enero como fecha límite para la publicación de la calidad de las aguas en interés del consumidor y del turismo? 
¿Está dispuesta la Comisaria a exponer sus objeciones, si es necesario por escrito, dada la hora que es? 
Señor Presidente, supongo que, tendrá en cuenta que todavía hay un informe pendiente para el debate, pero ya son las 12 menos 12 minutos. 
Es mi deber exponer mi informe y también deben tener la oportunidad de hablar los diputados. 
La asignación del tiempo debe ser justa. 
No es aceptable que en perjuicio de mi informe, que es un tema muy importante, nos eternicemos deliberando sobre otros asuntos. 
Señor Presidente, sólo quería preguntar si podría usted decirnos dónde está la Sra. Jackson. 
No puedo creer que no haya tenido la cortesía de quedarse a escuchar la respuesta de la Comisaria. 
Ha venido aquí, ha hecho una declaración en la que no ha hecho propuestas positivas, sino que se ha limitado a atacar al partido de la oposición de su país, y no ha tenido la cortesía de quedarse a escuchar la respuesta de la Comisaria. 
Se debería investigar. 
Señor Presidente, lamento naturalmente haber tardado 18 minutos, pero el Parlamento deseaba conocer nuestra reacción ante gran número de enmiendas, por lo que me fue imposible hacer la intervención más breve. 
Con respecto a la pregunta que se ha repetido muchas veces sobre el adelantamiento de la fecha del informe sobre la calidad de las aguas de baño, sólo diré que, hasta que se establezca otro tipo de cooperación entre los Estados miembros, no será posible. 
Este año han aparecido errores muy lamentables en el informe sobre la calidad de aguas de baño que presentamos, debido a que, al recibir la información tan tarde, no tuvimos tiempo para adaptar los datos. 
Por eso, hemos fijado un procedimiento que ya era muy riguroso antes, pero que algunas veces puede dar lugar a información errónea. 
Ampliaremos con mucho gusto esta respuesta por escrito, porque, obviamente, también nosotros deseamos facilitar las cifras lo antes posible, pero no lo podemos hacer como consecuencia del procedimiento actual. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Conservación de las zonas húmedas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0238/96) de la Sra. Kokkola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (95) 0189- C4-0224/95) sobre uso prudente y conservación de las zonas húmedas. 
Señor Presidente, siento la intervención, y en esto pienso, sobre todo, en los intérpretes, que no quiero tener trabajando fuera de su horario. 
No se trata de mí. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con la Comunicación de la Comisión sobre uso prudente y conservación de las zonas húmedas, la Unión Europea se dota de su propia política, y, a continuación, espero que se dote de la necesaria legislación para la salvación y conservación de las zonas húmedas que aún existen. 
Las zonas húmedas están reconocidas como ecosistemas de gran importancia; por ello son objeto de un tratado internacional, el Convenio de Ramsar. 
Aun cuando la Unión Europea en sí no es parte firmante, la acción comunitaria para la conservación de las zonas húmedas tiene su arranque en el primer programa de acción para el medio ambiente. 
Quisiera, pues, explicar con unas pocas palabras porqué los humedales son importantes para el medio ambiente y para los seres humanos. 
Las zonas húmedas forman parte de los ecosistemas más productivos del planeta, porque ofrecen una biodiversidad extraordinaria. 
Actúan como reguladores del agua y reducen las inundaciones. 
Protegen las costas frente a la erosión. 
Retienen las sustancias contaminantes y tóxicas y, recientemente, se ha comprobado la capacidad de determinados tipos de humedales para almacenar el dióxido de carbono, contribuyendo así a la reducción del efecto invernadero. 
Contribuyen sustancialmente a la riqueza marítima, por lo que su destrucción conlleva serias repercusiones en la pesca. 
Pero no profundizaré más en este tema; tan sólo quiere subrayar la importancia que tiene el que se apliquen los medios comunitarios ya existentes en materia de protección y conservación de las zonas húmedas, a saber: 
la implantación de Natura 2000, -el cumplimiento de las obligaciones que incumben a la Unión Europea en virtud de su adhesión a los convenios internacionales, -la integración de la política de uso prudente de las zonas húmedas-en las otras políticas y acciones de la Unión Europea.Permítanme, señor Presidente y señora Comisaria, que señale algunos puntos más que considero complementarios y muy necesarios para que logremos salvar los «charcos» que hasta hace unos pocos años, debido a la falta de correcta información y de conocimientos, considerábamos portadores de «males» para la salud y el medio ambiente. 
Señor Presidente y señora Comisaria, teniendo en cuenta que las políticas aplicadas hasta la fecha no han logrado limitar su pérdida y degradación, se considera un paso importante para su protección, la creación de un régimen específico para las zonas húmedas, que cuente con los recursos correspondientes. 
Es decir, deben incluirse automáticamente las zonas húmedas de importancia internacional de conformidad con el Convenio de Ramsar y las denominadas zonas de protección especial en la red Natura 2000 y la Comisión debe adoptar lo antes posible medidas para el registro de todos los humedales europeos y para su localización. 
Con el registro reconoceremos zonas húmedas que antes ignorábamos, para que puedan ser protegidas. 
El procedimiento de registro nos ayudará asimismo a dar a conocer el valor de las zonas húmedas como patrimonio natural y cultural y a sensibilizar al público. 
Hay que crear un banco de datos para permitir la recopilación y el intercambio de información. 
Deben multiplicarse y reforzarse los programas de formación profesional para garantizar la actuación adecuada de las personas cuyas decisiones y actividades afectan a las zonas húmedas. 
La Unión Europea ha de presentar un programa global de gestión de recursos acuáticos y de su ahorro. 
Debe haber una colaboración en materia de zonas húmedas con los demás países con las que la Unión Europea mantiene algún vínculo. 
Ha de reconocerse y fomentarse el papel de las ONG que han contribuido y pueden contribuir mucho más a la causa de la protección de las zonas húmedas. 
Para terminar, señor Presidente y señora Comisaria, Señorías, después de haber expuesto algunos de los aspectos del informe que considero más importantes, espero que éste reciba su aprobación. Creo que no es tarde para que la Unión Europea adopte medidas para conservar y proteger estas extensiones de agua, fango, pantanos y cañaveral, que, sin embargo, son de tanta importancia para el equilibrio ecológico. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, todos sabemos, aunque sólo sea por haberlas atravesado al menos una vez en la vida, que en toda Europa, existen zonas húmedas y que por suerte, no se parecen entre sí. 
Todos sabemos asimismo que estas zonas húmedas tienen un alma, una sensibilidad, una cultura y, por supuesto, una vocación económica, ecológica, medioambiental y científica. 
Resumiendo, tienen una historia, incluida una historia política, y forman parte, en todos los Estados, de nuestro territorio nacional y nuestro patrimonio. 
La responsabilidad de su utilización y de su conservación pertenece exclusivamente a los que la componen y la utilizan y, por lo tanto, naturalmente, conviene protegerlas no sólo por el interés general de los Estados, sino también en el marco de los intereses particulares de los que las mantienen y viven de ellas. 
Ningún texto, ninguna legislación, ninguna directiva, ninguna ley con mayor motivo arbitraria, sustituirán a los hombres y a las mujeres que han moldeado con su corazón, su cabeza y sus manos, este territorio excepcional. 
Sólo la concertación de los diferentes socios es una garantía de eficacia, garantía tanto más eficaz cuanto que los objetivos de unos y otros son diferentes. 
Su vocación agrícola, piscícola y silvícola, el interés cinegético, el respeto por la propiedad y las cualidades turísticas son criterios más importantes que los que se traducen en algunas directivas o convenios, del tipo Ramsar, Habitat, Natura 2000 etc., excesivamente apremiantes. 
Los instrumentos de la PAC, incluso mejorados en el contexto de excepción a las zonas húmedas, no serán sino medidas puntuales y complejas en su explicación y en su gestión, y tal vez sin ninguna perennidad. 
Queda, pues, el estatuto especial de las zonas húmedas del que hablaba, hace algunos instantes, la señora ponente. 
Tratándose de espacios excepcionales que necesitan una gestión racional, conviene prever financiaciones específicas, adaptadas a esta situación, que merecen más que buenas intenciones, sin efecto, y darán a los usuarios, un sentido significativo a una mejor gestión. 
Es la razón por la cual, en el sentido mismo de esta resolución, votaremos de las misma manera. 
Nuestra comisión, señor Presidente, ha comprobado que, en numerosas regiones, importantes actividades de pesca y de conchilicultura están directamente vinculadas al mantenimiento, en Europa, de zonas húmedas bien gestionadas. 
Impedir su desertificación es, por consiguiente, una prioridad. 
El futuro de las zonas húmedas está vinculado a la presencia del hombre que las ha moldeado. 
Si ya no hay hombres para hacerlas vivir, mantenerlas y administrar el agua, ya no habrá zonas húmedas en Europa de aquí a una generación. 
De ahí la necesidad y la urgencia de definir, para estas zonas fácilmente identificables y que sobrepasan con frecuencia las fronteras administrativas, un régimen específico del mismo tipo que el que ha logrado frenar el éxodo rural en las zonas de montaña. 
Por consiguiente, es preciso concebir un régimen y un instrumento financiero especiales que permitan el mantenimiento de actividades rentables a pesar de los costes excesivos ligados a las dificultades propias de estos medios ecológicamente sensibles y frágiles. 
Para llegar a ello, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha seleccionado la mayor parte de nuestras propuestas y se lo agradezco. Una política específica, adaptada a la diversidad de las zonas húmedas, y duradera, donde las compensaciones equilibren las dificultades, un apartado «zonas húmedas» en el marco del programa PESCA, la incorporación a los programas PHARE y TACIS de un componente «zonas húmedas» y la gestión de las zonas húmedas de Europa en sociedad con las de África a las que están ecológicamente ligadas, como lo ha recomendado la Asamblea paritaria Unión Europea-ACP de Windhoek. 
Pero nuestra comisión ha insistido especialmente en la necesidad de asociar, con anterioridad a la definición de instrumentos de gestión y de conservación de las zonas húmedas, a los propios gestores del terreno: sindicatos y asociaciones de marismas, pescadores, piscicultores, conchilicultores, agricultores, propietarios, cazadores y otros usuarios de las zonas húmedas. 
El Comité de enlace de los gestores europeos de las zonas húmedas será un interlocutor particularmente competente, al que pronto parecerá indispensable consultar, como lo recomienda unánimemente nuestra comisión. 
Nuestra comisión ha subrayado asimismo la necesidad de extraer la lección de los experimentos positivos ya llevados a cabo, en particular, en Gran Bretaña y Francia, en le marco de los OGAF- agricultura- medio ambiente, que es absolutamente preciso perpetuar sacando los medios financieros necesarios. 
De lo contrario, los cultivadores actuales se marcharán y los jóvenes no se instalarán. 
La investigación llevada a cabo actualmente bajo la égida de la Dirección de Estudios del Parlamento Europeo, en particular, a partir de la experiencia de la marisma del Poitou, podría aportar, señor Presidente, una contribución importante a la búsqueda de una solución de futuro duradera para preservar las zonas húmedas de Europa que constituyen un patrimonio natural y humano que es indispensable preservar. 
Ésta debe ser una prioridad para nosotros y debemos actuar con rapidez. 
Señor Presidente, lo primero que hay que decir, en nombre del Grupo Socialista, tras felicitar, por supuesto, a la ponente por su excelente trabajo, es la dramática reducción o desaparición de las zonas húmedas costeras de nuestro litoral europeo y que la única manera de proteger y gestionar este fragilísimo patrimonio común es la cooperación y la solidaridad comunitarias, es decir, la perentoria necesidad de establecer un plan para un desarrollo sostenible e integrado de nuestras costas, como se anunciaba y se prometía en el V programa de acción sobre la materia. 
CORINE, en su momento, fue enormemente eficaz para suministrar datos sintéticos con criterios análogos para las zonas húmedas seleccionadas y poder así efectuar un diagnóstico preciso de su situación. 
Por ello, el texto de la Comisión, aunque adecuado y necesario ya que la conservación de estos fágiles ecosistemas requiere una evaluación y gestión del litoral que tenga en cuenta la interdependencia de las zonas húmedas, como ponen de relieve las aves migratorias, resulta insuficiente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las graves transformaciones debidas a alteraciones tanto físicas como químicas, polders, drenajes, sequía, desecación agrícola, turismo- lamento que no esté el Sr. Cornelissen -, vertidos, contaminación de las aguas, etc., debido a un desarrollo mal entendido, contrario incluso, si me lo permiten, al Tratado de la Unión, está llevando a la destrucción de estas hermosas zonas húmedas y, como consecuencia, atentando gravemente contra nuestras aves migratorias, que les aportan, en sus escalas, zonas de reproducción, de invernada y de descanso. 
No repitamos una vez más esta terrible destrucción humana para no caer en aquella dramática primavera silenciosa, que tan bien describió hace años Raquel Carson, y demos cumplimiento, de una vez, por favor, al V programa de acción en la materia. 
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sra. Kokkola por su excelente informe. 
Todos sabemos que se han perdido la mayoría de las zonas húmedas y lo que queda corre el riesgo de sufrir daños y de ser destruido, y eso a pesar de que las zonas húmedas tienen un gran valor en el ecosistema. 
La Comisión Europea afirma con razón que hay que poner coto a la desaparición de las zonas húmedas, pero por desgracia la Comisión se olvida de facilitar fondos adicionales. 
Tampoco comprendo del todo cómo la Comisión y los Estados miembros piensan asegurar la conservación y la protección de las zonas húmedas sin fondos adicionales. 
Por desgracia, la falta de fondos específicos se traducirá en falta de acción. 
La exigencia de la Comisión de restaurar las zonas húmedas o de crear nuevas zonas, me parece poco eficaz. 
La sustitución artificial no puede ser una alternativa real a las actuales zonas húmedas naturales. 
Por desgracia, los humedales no se consideran todavía una parte inseparable de una cuenca o de la costa. 
Si queremos conservar las zonas húmedas, creo que sólo lo conseguiremos integrando esta aspiración en otros ámbitos políticos. 
En este sentido, convendría prestar atención especial a la agricultura, la pesca, el transporte y la política regional. En estos momentos, la integración es muy deficiente. 
Falta una legislación coherente en este ámbito. Pido a la Comisión que no se detenga en esta comunicación, sino que pase cuanto antes del dicho al hecho y presente una propuesta legislativa que garantice la conservación de las zonas húmedas en Europa. 
Señor Presidente, hay que dar las gracias a la ponente, Sra. Kokkola, como a todos los demás compañeros, por el trabajo que ha realizado. 
Ella, en su informe, habla de los diferentes convenios que la Comunidad Europea ha firmado- Bonn, Berna, Brasil etc.- y de la necesidad de cumplirlos. 
Habla también de las diferentes directivas que tienen que ver con la protección de las zonas naturales, de las zonas húmedas, como son la Directiva 79/409/CEE sobre la conservación de las aves silvestres o la Directiva «Hábitats 43». 
Yo creo que, si se cumpliera con lo que se firma y con las directivas que se aprueban, probablemente defenderíamos mejor las zonas húmedas. 
Pero es a veces la propia Unión Europea la que incurre en contradicciones. 
La pasada semana una delegación de la Comisión de Medio Ambiente visitó Grecia y tuvimos una entrevista con organizaciones no gubernamentales de medio ambiente. 
Y la preocupación básica expresada por dichas organizaciones se refiere a un gran proyecto faraónico que hay en Grecia financiado con fondos de la Unión Europea: el desvío del río Aqueloos. 
Es un debate planteado en Grecia, en el que unos están a favor y otros en contra, porque consideran que debe haber agua en el valle de Tesalia y que hay que explotar allí los recursos agrícolas. 
Pero no cabe duda de que ese desvío, si se lleva a efecto, va a afectar gravísimamente al delta de los ríos Severino y Aqueloos. 
¿Quiere esto decir que sólo Grecia vulnera claramente, con esos fondos que vienen de la Unión Europea, las directivas y los convenios que se firman? 
No. 
En España también. 
En España se han visto gravemente afectados humedales, como las marismas de Santoña o la ría del Eo- la frontera entre Galicia y Asturias, muy cerca de donde yo vivo-. También aquí se ha contado con fondos europeos. 
Por lo tanto, una cuestión fundamental para intentar evitar la degradación de las zonas húmedas es que la Unión Europea controle muy bien los fondos que concede a los diferentes países para que no se utilicen precisamente para lo contrario de lo que nosotros hoy defendemos aquí. 
Señor Presidente, al felicitar y apoyar entusiásticamente a la Sra. Kokkola por su informe, quisiera ilustrar la necesidad apremiante de actuar para conservar los humedales hablando de las marismas de la desembocadura del Támesis en mi circunscripción del Reino Unido. 
Las marismas de West Canvey, Bowers, Pitsea, Fobbing y Mucking juntas forman una extensa zona intercomunicada de humedales que abarca más de mil hectáreas. 
Albergan grandes poblaciones de aves, que allí hibernan, incluidas unas 300 a 400 agachadizas de cola negra, y constituyen hábitats para plantas raras, como la «lechuga menor» , que, además de allí, sólo se encuentra en otro punto del Reino Unido. 
Raros insectos que viven en las miríadas de acequias y riachuelos de agua salobre allí existentes, cuya importancia sólo es comparable en todo el país con los llanos de Somerset. 
Y, sin embargo, en 50 años más de la mitad de esos raros humedales han desaparecido. 
La agricultura ha destruido las marismas dedicadas al pasto, mientras que el incesante aumento del nivel del mar está eliminado los habitats de las zonas regadas por la marea. 
Vertederos de basuras cercanos pueden contribuir ahora económicamente a la gestión de los humedales, pero vertederos abandonados desde hace mucho como los de Westwick at Canvey siguen siendo una cicatriz en el medio ambiente, mientras que los residuos de la lixiviación y los plaguicidas agrícolas constituyen una amenaza omnipresente para la calidad del agua. 
Durante los 15 últimos años nuestras autoridades locales han actuado para detener el deterioro, pero no tienen recursos para hacer más. 
Tal vez porque los humedales no cuentan con el conocimiento y el apoyo públicos, nunca se les ha concedido oficialmente el estatuto de parajes de especial interés científico. 
Esta noche decimos que semejante paraje requiere una protección internacional, además de la nacional. 
Alentamos iniciativas como la de Thurrock, Basildon y Castle Point Councils, que cooperan juntos en la protección de la tierra, gran parte de la cual está ocupada por un solo humedal. 
En nuestras propuestas para los Fondos estructurales, incluido el estatuto con arreglo a PESCA con que cuenta ya mi zona, pedimos que se asigne financiación europea para proteger y mejorar los humedales. 
Como 10.000 escolares al año hacen visitas educativas al Parque Natural de Wat Tyler en Pitsea March, estamos buscando formas nuevas de permitir un mayor acceso y conocimiento públicos sin comprometer la protección medioambiental ofrecida. 
Los humedales de ese tipo son en verdad la tierra olvidada por el tiempo. 
Son hábitats vírgenes, que no han cambiado durante siglos y, por tanto, literalmente insubstituíbles. 
Esta noche indicamos nuestra determinación de poner fin a la pérdida y degradación de los humedales de una vez por todas. 
Señor Presidente, para empezar, mi enhorabuena a la Sra. Kokkola por su excelente informe. 
Voy a concentrarme en un aspecto de las zonas húmedas. 
Es la posibilidad de que funcionen a modo de coto para las sales nutritivas, y que de este modo protejan los océanos contra el exceso de abono. 
El exceso de abono amenaza la reproducción de las especies. 
En algunos programas para la mejora del medio ambiente en la agricultura, según el reglamento nº 2078/92, se incluyen estímulos para que se establezcan zonas húmedas, pero se trata sólo del área destinada a este objetivo. 
Pienso que esta iniciativa debe completarse con ayudas para las inversiones necesarias para establecer zonas húmedas que puedan utilizarse como cotos para el nitrógeno. 
Necesitamos, por tanto, otro sistema de normas; esto constituiría una acción magnífica respecto al medio ambiente. 
Espero que la Comisión proponga las enmiendas necesarias del reglamento nº 2078/92. Esto puede tener como beneficio adicional una repercusión excelente sobre el empleo. 
Las inversiones en las zonas húmedas, que se convertirán sobre todo en zonas de acotamiento para el fósforo y el nitrógeno, deberían constituir todo un punto de referencia para realizar inversiones del mismo tipo en Polonia y los Estados bálticos, por ejemplo a través del programa Phare. Esto representaría una acción decisiva en favor del ecosistema del mar Báltico. 
Espero, por consiguiente, que se produzca una colaboración provechosa entre la Comisaria Bjerregård y el Comisario Franz Fischler en beneficio del medio ambiente y para disminuir los efectos que la actividad agrícola ejerce sobre él. 
Señor Presidente, Europa debe adoptar medidas para proteger sus humedales. 
Ya es hora de que la Unión Europea y los Estados miembros adopten una nueva actitud. 
Así, pues, acojo con beneplácito la comunicación de la Comisión Europea y este informe. 
En mi país, la Real Sociedad para la Protección de las Aves ha señalado 354 humedales cuyo futuro está amenazado por la cantidad de agua que de ellos se extrae. 
Entre ellos figuran más de 100 ríos y 200 humedales principales. 
Además, hay otros 130 lugares amenazados por planes futuros. 
En los llanos de Somerset y Moors de mi circunscripción, tenemos algunos de los mejores humedales del país. 
Entre los lugares señalados por su situación de riesgo figuran Berrow Dune y el río Yeo. 
Debemos actuar ahora para salvaguardar su futuro. 
El primer paso debería ser incluir los llanos septentrionales de Somerset y Moors en la zona medioambientalmente delicada. 
El origen de la amenaza es claro: la agroindustria y la industria hídrica están tomando grandes cantidades de agua de nuestros ríos y humedales. 
Comprendo su necesidad de garantizar el suministro de agua. Pero tenemos que introducir medidas para velar por que lo hagan de forma responsable y sostenible. 
Dos cambios fundamentales son urgentemente necesarios. 
Los Gobiernos deben ir introduciendo progresivamente el cobro del agua que se toma de nuestros ríos. 
Eso alentaría pronto a las empresas de suministro de agua a adoptar una actitud más responsable. 
También debemos obligar a que se tengan en cuenta los recursos hídricos cuando se estudie la concesión de permisos para la construcción de viviendas o de instalaciones industriales. 
En todo nuestro continente tenemos metas ambiciosas para la protección de la fauna y la flora en peligro, pero, si no adoptamos medidas para proteger nuestros humedales, no tendremos la menor posibilidad de alcanzar dichas metas. 
Ya es hora de que abandonemos nuestra autocomplacencia y adoptemos medidas. 
Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y en especial a la ponente, Sra. Kokkola, el gran trabajo realizado en relación con el examen de la Comunicación de la Comisión, la cooperación con las otras comisiones del Parlamento y los comentarios hechos por los oradores esta noche. 
La conservación de las zonas húmedas nos pone ante un gran reto. 
Por un lado, hemos sido conscientes durante bastante tiempo de la importancia ecológica, económica y recreativa de estas zonas. 
Ya se han tomado varias medidas a distintos niveles para su conservación. 
Como ha mencionado la Sra. Kokkola, entre otras cosas, el Convenio de Ramsar fue aprobado ya en 1971. 
Por otro lado- y éste ha sido el tema central del debate de hoy- hemos sido testigos de la desaparición o degradación gradual de muchas zonas húmedas. 
Eso quiere decir que las buenas intenciones no han sido seguidas por acciones. 
Más de la mitad de las zonas húmedas han desaparecido en los últimos tiempos o han sido dañadas, en parte por el proceso de urbanización y en parte debido a usos mal planteados, pero también debido a atropellos al medio ambiente. 
Su importancia decisiva para la biodiversidad es obvia. 
Lo mismo pasa con su función económica y social. 
No nos hacen falta más inundaciones catastróficas como las que sufrieron varios Estados miembros en 1995 para darnos cuenta de que las zonas húmedas desempeñan un importante papel regulador. 
Tampoco nos hace falta mayor deterioro de la riqueza pesquera para entender la función decisiva de las zonas húmedas como lugar de desove. 
La pregunta principal es qué podemos hacer para cambiar esta tendencia. 
La Comunicación de la Comisión subraya algunas de las medidas más importantes que se pueden tomar para garantizar la conservación tanto de las zonas húmedas como de la riqueza biológica. 
Los objetivos generales de la Comunidad para estas zonas son sencillos, pero al mismo tiempo ambiciosos. 
Deseamos evitar más pérdidas de zonas húmedas y más destrucción y al mismo tiempo garantizar un uso prudente. 
La Comisión ha comprobado con satisfacción que la propuesta de decisión del Parlamento apoya estos objetivos generales. 
La política de las zonas húmedas debe ser integrada en las políticas de los diferentes ámbitos de acción. 
Varios oradores han subrayado esta noche su interrelación con la política de pesca y con la de agricultura y que es necesario coordinarlas utilizando nuevos instrumentos. 
En cuanto a los actos, atribuimos mucha importancia a la aplicación de las Directivas sobre las aves y los hábitats. 
Me parece importante subrayar esta noche que nos falta mucho por hacer, antes de que se puedan dar por aplicadas en los Estados miembros. 
Atribuimos, asimismo, mucha importancia al examen y a la aprobación de los actos relativos a la calidad de las aguas y de la propuesta recientemente aprobada relativa a la valoración ecológica de los planes y los programas. 
Estos tres elementos complementarios de la legislación comunitaria formarán la base de la aplicación de los objetivos fijados para la conservación de las zonas húmedas. 
La Comisión continuará, asimismo, valorando los planes y programas que reciben ayudas a través de los Fondos estructurales. 
Básandose en esta experiencia, participará activamente en la preparación de la modificación del régimen de los Fondos estructurales planificada para antes de 1999. 
Es necesario tener mayor cuidado con el medio ambiente en general y con los animales y las plantas en general. 
La conservación de las zonas húmedas es una prueba que demostrará, si nuestros intentos de integrar el medio ambiente en, sobre todo, la política de agricultura, la de pesca y la de transporte son un éxito. 
Por último, quiero decir que he apreciado especialmente que la propuesta de decisión sea el resultado de la cooperación entre cuatro de las comisiones del Parlamento. 
Lo veo como un impulso claro para fomentar la integración del medio ambiente en las otras políticas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.25 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, ayer todos fuimos testigos de la ceremonia de entrega del premio Sajarov a Jingsheng en esta Asamblea. 
Fue conmovedor el momento en que lo recibió su hermana, ya que él continúa en prisión. 
Recordé que tuvimos la misma experiencia el año pasado con Leila Zana, que continúa en prisión. 
Creo que el Parlamento Europeo debe manifestar públicamente que no se olvida, dirigiéndose a Leila Zana personalmente y pidiendo al régimen de Turquía que respete la posición del Parlamento Europeo. 
Estimado colega, puedo entender su deseo, pero no es una cuestión relativa al Acta. 
Señor Presidente, ayer olvidé firmar la lista de asistencia y quiero disculparme por ello, pero participé en el debate y también voté. 
Estimado señor Martens, todos nosotros podemos atestiguar y en el futuro lo atestiguaremos ante cualquier emisora de televisión que usted estuvo presente y realizó su trabajo. 
Señor Presidente, sobre el tema de las empresas televisivas, últimamente me ha dado por firmar dos listas, la de la derecha y la de la izquierda. 
Tengo que comunicar a la Asamblea un triste caso de discriminación porque aún no me han filmado nunca y estas cosas me dan pena. 
¿Será porque los productores de estas películas sólo están sacando a los guapos de la Cámara y dejan a un lado a los no fotogénicos? 
Estimados colegas, tengo la impresión de que esta mañana va a ser agradable, pero no puedo permitir que procedamos de esta manera, pues tenemos que realizar hoy una serie de difíciles y tediosas votaciones. 
Hemos de volver poco a poco a nuestro auténtico trabajo. 
Tiene la palabra la Sra. Roth para una cuestión relativa al Reglamento. 
Señor Presidente, quiero intervenir a tenor del artículo 127 sobre una cuestión relativa al Reglamento y deseo expresar en nombre de mi grupo y de muchos colegas de esta Asamblea nuestro sentimiento, pues, tal como se me ha comunicado, ésta es la última vez que usted ejerce la función que está desempeñando ahora. 
Creo que es necesario expresar el pesar y un poco el sentimiento de despedida, pero también el agradecimiento por el trabajo que usted ha realizado. 
En los últimos días nos hemos ocupado un tanto con «Mister PESC». 
Tengo dudas acerca del sentido de esta propuesta, pero creo que usted ha logrado realmente dar a este Parlamento Europeo, también como Presidente, una imagen de combativo y de inteligente. 
Quisiera darle muy cordialmente las gracias por ello en nombre de nuestro grupo y también en nombre de muchos colegas de la Asamblea. 
(Aplausos prolongados) 
(La Sra. Roth entrega al Sr. Presidente Hänsch un ramo de flores.) 
Queridos colegas, estoy, naturalmente, conmovido y agradezco también mucho las palabras. 
Pero debo advertir que ahora he de conducir la votación durante una hora y todavía puedo cometer una media docena o más de errores. 
Por consiguiente, aguarden ustedes, por favor. 
Estimado colega, acepto gustosamente su sugerencia y la convertiré en una de mis últimas acciones. 
Señor Presidente, quiero hacer un comentario sobre el Acta. 
Tengo una corrección que creo concierne al punto que usted quería tratar, esto es, el punto 2 del Acta de ayer: informe Izquierdo Collado. 
Supongo que debería ser el informe Izquierdo Rojo. 
En segundo lugar, la última frase del apartado dice que estaba previsto que el informe se tratara el viernes. 
Lo que deseo proponer es que cojamos el tiempo de intervención del viernes y lo añadamos al tiempo de hoy para el debate sobre la pesca. 
Éste es un tema sumamente importante y aunque los diputados estén más interesados en las fiestas navideñas, los pescadores de Europa están esperando al 1 de enero. 
Quisiera solicitar apoyo para que se añada una hora al debate sobre la pesca de modo que podamos hacer justicia a este tema de suma importancia. 
Señor McCartney, en lo que respecta a su primera puntualización, modificaremos pertinentemente el Acta. 
El lo tocante a su segunda puntualización, se deben respetar los acuerdos que hemos adoptado. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Bienvenida 
Señoras y señores, estimados colegas, en nombre de nuestra Asamblea quiero saludar a la delegación de la Duma rusa y del Consejo Federal, encabezada por el Sr. Alexander Shokhin, presidente de la delegación de la Duma para las relaciones con el Parlamento Europeo, que se encuentra en la tribuna oficial. 
Esta visita se produce dentro del marco del quinto encuentro interparlamentario del Parlamento Europeo y de la Duma rusa. 
El Parlamento Europeo atribuye una gran importancia a las relaciones con Rusia y esperamos una cooperación constructiva y llena de éxitos. 
En nombre de nuestra Asamblea les reitero la bienvenida y les deseo una buena, interesante y agradable estancia en Estrasburgo. 
Votaciones 
Señor Presidente, después de la reunión de la Comisión de Presupuestos se hizo un esfuerzo por encontrar una solución a este tema y deseo leer la siguiente enmienda oral para que se añada a los comentarios de esta línea presupuestaria concreta: » Se puede desbloquear la reserva durante el ejercicio presupuestario si la agencia aporta pruebas a la autoridad presupuestaria de que se han ejecutado enteramente los créditos disponibles según las condiciones prescritas en el programa de trabajo y de que son necesarios nuevos créditos con fines operacionales. 
La agencia puede, además, solicitar créditos suplementarios en el marco de un presupuesto rectificativo y suplementario si la solicitud está justificada y si hay créditos disponibles.» 
Espero que esto permita a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, que ha solicitado una votación separada, votar a favor de esta enmienda. 
Ante todo, debo preguntar a la Asamblea si está de acuerdo con que aceptemos esta enmienda adicional, con que aceptemos esta formulación oral. 
¿Hay objeciones en contra? 
No es el caso. Entonces podemos proceder así y pasamos a votar los comentarios, tal como los acaba de exponer el Sr. Binkhorst. 
Señor Presidente, creo que esta es una votación sumamente importante. 
¡Espero que el mundo exterior sea consciente de que algunas personas de la derecha de esta Cámara, sometidas a una intensa presión de personas ajenas a la institución, en concreto de algunos elementos de la Comisión ,... 
... han dado la espalda a la gente que lucha por la democracia y los derechos humanos en Turquía! 
(Grandes aplausos) 
Estimados colegas, sabemos que ésta ha sido una votación importante. 
Cada uno de nosotros lo sabe. 
Cada uno de nosotros sabe también que ha sido políticamente controvertida. 
He dado ahora la palabra a la Sra. Green, doy también la palabra al Sr. Martens, pero, por favor, no nos hagan entrar ahora en un debate. 
Después no admitiré más peticiones de palabra. 
Señor Presidente, el miércoles pasado formulé una pregunta muy concreta al Presidente de la Comisión Europea. Le pregunté si la Comisión Europea ejecutaría al pie de la letra la resolución que aprobamos en el Parlamento el 19 de septiembre de 1996. 
El Presidente de la Comisión Europea contestó afirmativamente. Esto es para nosotros garantía suficiente para no poner estos créditos en la reserva. 
Pensamos que nos interesa creer que la Comisión ejecutará de buena fe nuestra resolución del 19 de setiembre. 
Señoras y señores, este Parlamento ha adoptado una decisión que se puede lamentar o celebrar. 
No tiene absolutamente ningún sentido- escúchenme bien- iniciar ahora un debate. 
¿Con qué objeto? 
Sin embargo, señora Roth, si usted pide la palabra por una cuestión relativa al Reglamento debo atenderle, naturalmente. 
Señor Presidente, aquí no se trata de un debate, se trata de un derecho igual para todos. 
Usted era el garante de ello. 
Si usted reconoce al Presidente del Grupo Socialista y a nuestro colega, el Sr. Martens, el derecho a comentar esta votación, entonces debe reconocérselo también a los presidentes de otros grupos. 
Esto no tiene nada que ver con un debate sino que tiene que ver con la democracia. 
Yo quisiera poder comentar también este asunto. 
Ha sido una mala votación porque por medio de ella se ha perdido una gran parte de la credibilidad de esta Asamblea. 
Con 30 votos en contra pusimos en claro el 19 de septiembre qué defendíamos en esta Asamblea. 
En octubre confirmamos una vez más esta votación. 
Decir ahora que confiamos en lo que dice el Sr. Santer, me parece un argumento falso. 
Lo que el Sr. Santer dice es una cosa y lo que hace el Comisario van der Broek es otra. 
Y esto lo sabe usted. 
(Vivos aplausos) 
Como era de esperar, ahora hay una serie de otras peticiones de palabra. 
En el intento de dejar que reine la justicia en una situación difícil, les hago ahora la propuesta de conceder un turno de palabra de un minuto a cada uno de los que la han pedido hasta ahora: al Sr. Fabre-Aubrespy, al Sr. Cox, al Sr. Pasty y al Sr. Alavanos. 
Pero luego proseguiremos, por favor, la votación. 
Señor Presidente, en relación con la trascendencia de la votación, quiero expresar en nombre del Grupo Liberal lo decepcionados que estamos por que no se haya dejado en manos del Parlamento la capacidad de que saliera votado por una gran mayoría aquello en lo que el Parlamento cree realmente. 
La Comisión Europea, con la que compartimos un código de conducta y de la que esperamos que haga honor a dicho código de conducta, se ha dirigido al Parlamento con dos voces distintas: la voz de la razón del Presidente y la firme resolución del Comisario van der Broek de no aceptar nuestros ruegos sobre Turquía. 
Por eso nuestra Asamblea tenía que situar el tema más allá de toda duda votando a favor de la reserva, y lamentamos la decisión de hoy. 
Señor Presidente, seré muy breve y recordaré simplemente que los créditos MEDA no conciernen sólo a Turquía, sino al conjunto de los países mediterráneos con los cuales hemos celebrado la Conferencia de Barcelona. 
Es porque no queríamos que los créditos MEDA se tomaran como rehenes- es un problema que concierne únicamente a las relaciones entre la Unión Europea y Turquía- por lo que nos hemos opuesto al bloqueo de dichos créditos. 
Señor Presidente, antes de votar el bloque 7, desearía intervenir sobre el fundamento del artículo 125, para pedirle que declare inadmisible una de las enmiendas de dicho bloque. Debo hablar de la enmienda 253. 
En efecto, bajo la rúbrica «cooperación transfronteriza en el ámbito estructural» se trata de colocar cien millones de ecus en concepto de fondos estructurales. 
La Comisión de Presupuestos ha procedido, en efecto, a un artificio cuando no era posible anotar estos créditos en la rúbrica 3, sin sobrepasar el techo de las perspectivas financieras. 
Dichos créditos se han colocado en el bloque 4. 
Ahora bien, al hacerlo así, no se respetan las bases legales. 
Se invoca una decisión del 23 de julio de 1996 adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo, pero esta decisión no ha tenido por objeto y no podría haber tenido como efecto la modificación de la base jurídica. 
Si adoptamos dicha enmienda, en realidad, damos a la Comisión el poder de no ejecutar lo que vamos a votar. 
Por consiguiente, se trata simplemente de un procedimiento y de un artificio político. 
La mayoría del Parlamento puede hacer muchas cosas, pero debe hacerlas respetando las reglas que nos rigen. 
Señor Presidente, afirmo con toda claridad en esta Asamblea que el voto adoptado sobre esto se encontraba dentro del acuerdo interinstitucional y está totalmente de acuerdo con las perspectivas financieras. 
Así que me opongo formalmente a lo que ha dicho el Sr. Fabre-Aubrespy y le dejo a usted que decida qué hacer al respecto, pero no tenemos absolutamente ninguna razón para pensar que se ha producido alguna ilegalidad sobre este punto. 
Estimados colegas, he hecho verificar esto. 
A tenor del Reglamento me corresponde a mí la última decisión sobre la admisibilidad. 
Tras su examen he decidido autorizar estas enmiendas. 
Señor Presidente del Consejo, le ruego que comunique al Parlamento la posición del Consejo sobre los resultados de las votaciones sobre el presupuesto para 1997. 
El Parlamento acaba de aprobar el presupuesto de la Comunidad para 1997, dando fin a un procedimiento presupuestario que a veces se ha revelado especialmente arduo. 
Supongo que difícilmente podría ser de otro modo, dado que los debates presupuestarios son actualmente igual de dificultosos en la mayoría de nuestros Estados miembros. 
Me hago cargo de que el presente procedimiento presupuestario ha ocasionado al Parlamento problemas considerables. 
Puedo asegurarles que ha sucedido exactamente lo mismo en el Consejo. 
Por lo tanto, podemos considerar que la Comunidad ha salido ilesa de un ejercicio que bien podría haber enfrentado a las dos ramas de la autoridad presupuestaria sin producir beneficios tangibles para ninguna de ellas. 
Permítanme que me limite a lo esencial y que sea breve. 
El presupuesto de la Unión satisface las exigencias de rigor presupuestario, aplicables a todos los Estados miembros. 
Al mismo tiempo hemos sido capaces de tener en cuenta una serie de prioridades compartidas por ambas ramas de la autoridad presupuestaria, entre ellas, concretamente, la investigación y el proceso de paz en Irlanda del Norte. 
En conjunto, puede considerarse que este presupuesto, en el actual clima financiero, es satisfactorio y, en nombre del Consejo, puedo admitir el nuevo porcentaje máximo para los gastos no obligatorios que de él se deriva. 
El presupuesto ha sido aprobado de plena conformidad con el Acuerdo Interinstitucional y con el techo fijado para los epígrafes de las perspectivas financieras. 
Obviamente, deberá ejecutarse del mismo modo. 
Su resolución expresa desilusión con el proceso de diálogo de este año. 
Quisiera ser un poco menos pesimista al respecto. 
De hecho, en algunas de las disposiciones cruciales del presupuesto que ustedes acaban de aprobar han influido de forma significativa y directa las conversaciones que mantuvo el Consejo con su delegación antes de las dos lecturas del presupuesto. 
También se hizo posible el acuerdo en el procedimiento de información sobre las pesquerías, que no fue sencillo. 
Hay que admitir que el viejo problema del fundamento jurídico no se ha resuelto, y lo lamento. 
Pero no hay duda de que nuestras posturas están algo más próximas de lo que lo estaban. 
Debemos trabajar todos juntos para mejorar el proceso de diálogo presupuestario que, por su propia naturaleza, seguirá siendo tan difícil como imprescindible. 
Sólo quisiera hacer un par de comentarios personales sobre dicho procedimiento. 
No creo que el difícil presupuesto de 1997 sea un ejercicio de una vez y no más. 
Con la llegada de la UEM, del pacto de estabilidad y de la futura ampliación, el rigor en la disciplina financiera y el escaso incremento de los presupuestos van a ser más la norma que la excepción. 
En estas circunstancias, aumentarán inevitablemente, en lugar de disminuir, las tensiones entre las tres ramas de la autoridad presupuestaria y, en particular, entre el Consejo y el Parlamento. 
Creo que las estructuras y las relaciones, tal y como están ahora, quizá no sean capaces de resistir la tensión. 
Pero esto será en el futuro y serán otros quienes deban solucionarlo. 
Sólo me queda darles las gracias a ustedes y a todos los que, tanto en el Parlamento como en la Comisión, han hecho todo lo que ha estado en su mano para llevar el presupuesto de la Unión a buen término. 
En particular, quiero elogiar la formidable habilidad negociadora de los Sres. Brinkhorst, Samland y Fabra Vallés. 
El Parlamento está bien representado por estos tres caballeros. 
También quiero dar las gracias al Sr. Comisario. 
El Sr. Liikanen ha sido de inestimable ayuda, tanto por su profunda experiencia como por la calidad de su consejo, al permitir que este procedimiento haya concluido con éxito en unas circunstancias muy difíciles. 
(Aplausos) Ahora sólo me queda, pese a todas las dificultades que hemos tenido, desearles a ustedes y a sus familias unas muy felices Navidades y un próspero Año Nuevo. 
(Grandes aplausos) 
Señor Presidente del Consejo, le doy las gracias por sus explicaciones y por la aclaración y estudiaré el asunto en relación con las atribuciones que se me transfieren a través del apartado 7 del artículo 203. 
Señor Presidente, habría sido mejor que el representante de la Presidencia del Consejo hubiera estado presente el martes en el debate político, pues entonces habría podido contestar estas preguntas. 
Así pues, quisiera sostener en nombre de la Comisión de Presupuestos que el artículo 203 concede a la Presidencia del Consejo el derecho de decidir si se ha respetado el tipo máximo en el procedimiento presupuestario después de la segunda lectura del presupuesto en el Parlamento Europeo. 
El Presidente del Consejo ha hecho una declaración al respecto y ha confirmado que la cantidad total aprobada por el Consejo será aceptada por el Consejo. 
No obstante, ha declarado también que la ejecución del presupuesto debe hacerse con arreglo al Acuerdo interinstitucional. 
Este derecho no le asiste al Presidente del Consejo en esta declaración. 
Por esta razón, quiero afirmar en nombre de la Asamblea que la ejecución del presupuesto en el marco del procedimiento presupuestario debe hacerse con arreglo al artículo 203, tal como se ha hecho en los casi 40 últimos años de la Comunidad. 
Señor Presidente, había pedido la palabra antes de esta votación. 
Sé que nuestro Parlamento tiene mucho poder, muchas competencias y que desea ampliarlas. 
No creo que tenga la posibilidad de avanzar sobre el calendario y anticiparse a las decisiones que no se han tomado. 
En el considerando D, al mencionar los resultados del Consejo «Ecofin» del 14 de diciembre, estimo que se apela a un método por lo menos cómodo. 
(El Parlamento aprueba la resolución.) 
Señor Presidente, antes de que pase a la resolución del Sr. Fabra Vallés, a propósito de lo que hemos votado sobre la resolución Brinkhorst y sobre el presupuesto, desearía hacer una precisión. 
En los comentarios del presupuesto, hemos votado asimismo un reparto sobre los cien millones de la reserva «investigación». 
Desearía subrayar que se trata de un reparto indicativo. 
En efecto, esta decisión de refinanciación depende de la codecisión y corresponderá al Parlamento, en segunda lectura, establecer los repartos definitivos. 
Señor Presidente, la enmienda 2 del Sr. Killilea es totalmente superflua: no hace más que repetir el informe del Sr. Anastassopoulos, el documento de trabajo del Sr. Miranda sobre el presupuesto del 96 y el documento del estado provisional presentado por mí mismo para el año 97. 
En estos momentos, lo único que hace falta- dado que existe la voluntad y existe la decisión- es un informe de la Secretaría General en el que se cuantifiquen las posibilidades de esa rotación. 
Por tanto, en mi opinión hay que votar en contra. 
(El Parlamento aprueba la resolución.) 
Con esto terminamos las votaciones sobre el presupuesto. 
El Sr. Brinkhorst, como ponente, desea una vez más el uso de la palabra. 
Señor Presidente, como ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, habiendo llegado al final de un año difícil pero importante, quisiera en primer lugar dar las gracias a los diputados de las comisiones con los que he tenido la oportunidad de trabajar. 
Hemos trabajado juntos mano a mano y deseo agradecérselo. 
Algunas veces han tenido que tomar decisiones muy difíciles. 
Me gustaría dar las gracias en particular a la secretaría de presupuestos. 
Declaración del Presidente 
Estimados colegas, esto ha sido todo. 
Dentro de pocos minutos volaré con destino a la Conferencia Europea de Dublin. 
Cuando ustedes me eligieron Presidente hace dos años y medio, me hicieron ustedes el más grande honor y me encomendaron ustedes, al mismo tiempo, la tarea más difícil que puede confiar nuestro Parlamento. 
Hoy dejo de nuevo en manos de ustedes el honor y la tarea. 
Como Presidente de nuestro Parlamento he tenido ocasión de vivir experiencias inestimables. 
La primera es la siguiente: tenemos una Secretaría General y tenemos funcionarias y funcionarios, colaboradoras y colaboradores, que están dispuestos a emplear su alta cualificación y toda su energía en favor de nuestro Parlamento. 
Esta disposición, estimados colegas, es frecuentemente mucho mayor de lo que imaginamos y cometemos un error si no aprovechamos mejor esto. 
Quiero dar las gracias al Secretario General, el Sr. Vinci, y a todas sus colaboradoras y colaboradores de los servicios del Parlamento por su gran lealtad personal, por la elevada entrega y por el convencimiento con que trabajan por la causa europea. 
Al comienzo de mi mandato- algunos se acordarán- prometí representar al Parlamento no sólo en las capitales de la Unión Europea, sino también en las regiones. 
En el cumplimiento de esta promesa- o permítanme decir más exactamente, en el intento de dar cumplimiento a esta promesa- he podido conocer toda la variedad de nuestra Unión. 
Esta variedad no es nuestra debilidad, esta variedad constituye nuestra fortaleza en Europa. 
(Aplausos) He realizado más de 40 visitas regionales y con ocasión de las mismas he conocido a muchos colegas en sus circunscripciones electorales y en su trabajo en sus organizaciones regionales. 
He tenido ocasión de hablar con muchos, con muchos cientos de ciudadanas y de ciudadanos. 
Y he experimentado una cosa: las esperanzas que las personas asocian con Europa y con el Parlamento Europeo son mucho mayores que el escepticismo que se dirige contra Europa. 
Lo que las personas esperan son convicciones firmes y mensajes claros, y esto es lo que hemos de transmitirles. 
(Aplausos) Y, a fin de cuentas, nosotros, como Parlamento Europeo, controlador de la Comisión, colegislador de la Unión, foro de los pueblos, representación elegida por 370 millones de ciudadanas y ciudadanos, nosotros tenemos razones para una autoconciencia más serena. 
No se trata de expresar lamentos y quejas sobre los derechos que nos faltan, sino de aprovechar de manera consecuente y esforzada los derechos existentes hasta el último reducto y de trabajar incansablemente con entusiasmo y prudencia en pro del fortalecimiento de la democracia parlamentaria en la Unión. 
(Aplausos) No somos un Parlamento nacional a nivel europeo, no somos una copia de cualquiera de nuestros Parlamentos nacionales, somos otra cosa. 
Y ser diferente no significa ser peor. 
Tenemos nuestras propias ventajas y tenemos también nuestros propios defectos. 
Somos singulares. 
Protejamos esta singularidad, ella es nuestra fortaleza. 
(Aplausos) Ustedes me han mostrado una gran confianza durante dos años y medio. 
Me la han hecho sentir de manera constante. 
Les doy las gracias por ello a todos ustedes. 
La confianza de ustedes me ha servido de apoyo. 
Me ha dado ánimos también para adoptar decisiones difíciles, desagradables, impopulares. 
Pido disculpas si acaso a alguno de ustedes lo he tratado de manera injusta o desconsiderada. 
En todo lo que he hecho en los dos años y medio pasados puede que haya cosas acertadas y equivocadas, pero se ha hecho siempre con la intención de servir a la cooperación de nuestros pueblos en la Unión Europea y en nuestro Parlamento. 
Hoy les doy las gracias, de todo corazón. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Señorías, tras esta intervención del presidente Kalus Hänsch, imaginarán fácilmente ustedes que me resulta muy emocionante tomar el relevo de la presidencia de la sesión plenaria. 
Voy a ceder la palabra a todos los presidentes de grupo que deseen intervenir, pidiéndoles que limiten su intervención a un minuto. 
Además, es lo que había propuesto antes el presidente, para que no consumiéramos nuestro tiempo de votación. 
Señor Presidente, quisiera felicitarle en nombre de nuestro Grupo por el modo en que ha asumido en los últimos dos años y medio la Presidencia de este Parlamento con gran autoridad y también con mucho estilo. 
Ayer me sentí emocionado cuando escuché su discurso en la entrega del premio Sajarov. 
La Sra. Green ha recordado otros discursos, eran grandes discursos, y ha presidido y representado usted a este Parlamento muy dignamente. 
Asimismo ha realizado reformas para recuperar la credibilidad de este Parlamento, que es objeto de fuertes ataques. 
Estas reformas eran necesarias, es preciso continuarlas. 
Usted ha sido el promotor. Por ello le doy las gracias de todo corazón. 
Representa usted a nuestro Parlamento con gran autoridad. Más tarde irá usted al Consejo Europeo. 
No es un ambiente fácil, lo sé por experiencia, pero también allí ha representado usted a nuestro Parlamento de forma excelente. Lo volverá a hacer, hoy, mañana y pasado mañana. 
Espero de verdad que siga usted activo en este Parlamento. 
Nunca ha agotado usted su fe en Europa, la ha predicado con gran estilo, tal como ha recordado usted mismo, incluso en las regiones, en los distritos electorales de los disputados a este Parlamento, no sólo en las capitales. 
Pienso que ha sido usted un gran Presidente de este Parlamento. 
Muchas gracias. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Liberal, quisiera decir a Klaus Hänsch, cuando su mandato de dos años y medio llega a su fin, que creemos que ha llevado los asuntos de esta Asamblea con firmeza pero con gran imparcialidad. 
Creemos que ha representado al Parlamento en los Consejos Europeos y en todas las regiones de esta Unión con autoridad y distinción. 
Klaus- si me permites llamarte así -, has dado más valor a la presidencia de esta Asamblea. 
Te felicitamos por un trabajo muy bien hecho. 
Permíteme desearte de nuestra parte unas muy Felices Navidades, pero también un muy próspero y políticamente activo Año Nuevo. 
Gracias por todo el trabajo que has hecho en nuestro nombre. 
Señora Presidenta, querido Presidente Hänsch, en ausencia de nuestro presidente de Grupo, Alonso Puerta, permítame agradecerle su labor en estos dos años y medio. 
Algunos creemos que, por encima de las diferencias políticas, han de mantenerse las buenas relaciones personales. 
Se evitarían así conflictos innecesarios. 
Y nosotros creemos que nuestras relaciones- la de nuestro Grupo con ustedhan sido cordiales y afectuosas. 
Por eso también le damos las gracias. 
Le deseamos un gran futuro y deseamos también que, junto con muchos otros diputados de esta Asamblea, podamos seguir trabajando por una Europa diferente, solidaria, justa, que sea reflejo de la aspiración de todos los europeos. 
Estimado señor Hänsch, usted ha recibido ya las flores antes de la votación. 
A pesar del enfado yo se las habría entregado ahora una vez más, pero dos veces habría sido exagerado. 
Usted ha logrado politizar el debate en esta Asamblea. 
Creo que esto es importantísimo. 
Por esta razón, tampoco quisiera hacer una suerte de discurso solemne de despedida. 
Usted estará ahí y le anuncio que seguiremos peleando con usted, sea aquí, sea en Renania del Norte-Wesfalia, donde la lucha, en nuestro sentido, es amargamente necesaria. 
Lo que he encontrado especialmente bueno en usted, si me permite decirlo, es que ha pronunciado aquí grandes e importantes discursos. 
Pero usted ha pronunciado también grandes discursos, inteligentes discursos, en ocasiones aparentemente pequeñas. 
Se ha esforzado también en dar también a las pequeñas ocasiones una gran importancia política como, por ejemplo, esta semana en la inaguración de una exposición, aquí en la Asamblea. Se trataba de una exposición imágenes del campo de concentración de Auschwitz, realizadas por jóvenes. 
Una pequeña ocasión que se convirtió en un momento importante gracias a su presencia y a su discurso. 
Le doy las gracias por ello. 
Pero tengo que terminar de hablar. 
Sólo me pregunto lo siguiente: ¿por qué no puede imponerse a sí mismo el Parlamento el principio, que, por otro lado, es tan acertado, de never change a winning team? 
Señora Presidenta, no deseo que por mi culpa el Presidente Hänsch pierda el avión, ni tampoco hacer perder el tiempo a sus Señorías que todavía han de seguir trabajando. 
En nombre del Grupo Unión por Europea, sólo una palabra: gracias. 
Gracias por este mensaje claro y conciso. 
Queridos compañeros, todos ustedes han comprendido bien que se trataba de circunstancias totalmente excepcionales. 
Ahora, a continuación del orden del día, vamos a pasar a las votaciones. Son muy largas. 
Las interrumpiremos hacia las 12.15 horas para poder debatir sobre el informe de la Sra. Lindeperg. 
Esta tarde, tras las votaciones sobre las urgencias, que como de costumbre tendrán lugar de las 17.30 a las 18.00 horas, reanudaremos la votación de los informes que no se hayan podido votar esta mañana. 
Espero que esto quede claro para todos. 
Votaciones (continuación) 
Señora Presidenta, me congratulo del debate sobre el informe de mi compañera Michèle Lindeperg, que tendrá lugar a las 12.15 horas. 
Simplemente, me parece que tal vez haya ahí una disfunción y habría que dar prioridad a las votaciones. 
Por otra parte, me extraña que los informes que estaban inscritos para el período de votaciones de ayer se hayan aplazado concediendo prioridad a cuatro de ellos sin que esta inversión se justifique por una necesidad de mayoría cualificada. 
Señora Berès, voy a responderle dos cosas. 
La primera es que se trata de procedimientos legislativos y es el motivo por el cual procedemos así. 
La segunda, son las 12.15 horas. 
Le recuerdo que el informe de la Sra. Lindeperg debe llevar cuarenta minutos aproximadamente y que si comenzamos en torno a las 12.40 horas, podríamos terminarlo a las 13.15 horas. Ello nos permitiría votar hasta las 12.40 horas. 
Por lo tanto, disponemos todavía de una buena media hora por delante y vamos a tratar de ir lo más rápido posible. 
Señora Presidenta, en el orden del día figuran también el informe de la Sra. Zimmermann sobre la protección de menores, así como el informe que presenté sobre la adopción. 
Me parece que las circunstancias impiden que se celebre la votación esta mañana, habida cuenta de que los informes figuran el último y penúltimo lugar. Por otra parte, creo que se trata de unos informes importantes y, además, se previeron precisamente con vistas al 50º aniversario de la UNICEF. 
En consecuencia, pido que la votación se aplace hasta el período parcial de sesiones de enero, a fin de que puedan estar presentes todos los colegas y el debate tenga el peso y la importancia que se merece. 
Señora Presidenta, considero muy triste que no logremos pasar a la votación de este informe. 
En efecto, nuestra aspiración, la de la comisión y también la del Parlamento, era la de tener un voto del Parlamento Europeo para estos dos informes precisamente en el quincuagésimo aniversario de la UNICEF. 
Estos eran realmente el planteamiento y la razón de que ahora figuren en el orden del día. 
Es muy triste que, debido a otros puntos importantes, los volvamos a aplazar ahora. 
Ha sido importante, sin duda, que hayamos despedido en la mañana de hoy al Sr. Hänsch, pero con ello se siguen retrasando informes que representan de hecho un input muy importante en la política en pro de los ciudadanos de Europa, sobre todo, en pro de aquellos que no tienen voz. 
He de decir, sinceramente, que se me revuelven un poco las entrañas, si no podemos realizar la votación hasta enero, pues entonces estaremos más alejados aún del cincuenta aniversario y tendremos más dificultades para interesar en esto a la opinión pública. 
Efectivamente, queremos llevar también hasta la opinión pública esto que vamos a votar. 
Señorías, tengo la impresión de que estamos perdiendo el tiempo. 
No estoy segura de que el Sr. Casini me haya oído cuando he precisado claramente, esta mañana, que se votarían hoy todos los informes, y no mañana por la mañana. 
Los informes que no se voten ahora se votarán esta tarde a las 18.00 horas. 
Les propongo, pues, que mantengan las cosas tal como están y que prosigamos las votaciones. 
Señora Presidente, me parece que todos los Grupos políticos están de acuerdo en considerar los informes Zimmermann y Casini sumamente importantes en este momento. 
Deseo proponer, si el Pleno está de acuerdo, que se traten de inmediato, anteponiéndolos a otros informes. 
Me parece extremadamente importante y no podemos permitir que se hable de niños y de adopción esta tarde a las 18.00 horas, cuando no habrá una mayoría adecuada a un tema tan importante. 
Señora Todini, de antemano, doy las gracias a todas sus señorías que estarán presentes esta tarde para votar sobre estos informes que, en efecto, son muy importantes. 
He intentado que se me concediese la palabra antes de que empezásemos a votar sobre el informe, pero no ha sido posible. 
El caso es que falta la versión sueca del informe Kerr; sólo el 30 % aproximado del texto está redactado en sueco. 
Lo mismo pasa con las enmiendas. 
El documento de la Comisión tampoco está en sueco, por lo que no puedo votar sobre él. 
En realidad opino que no deberíamos votar hoy sobre el informe. 
Puedo asegurarle que yo tengo el informe en sueco. 
Así pues, se trata de un problema de distribución y no de traducción, puesto que el texto existe en sueco. 
Siendo así, soy muy consciente de que la situación es difícil. 
Acabo de someter a votación dos informes redactados en alemán. 
Si de verdad no hubiera habido traducción al sueco, les preguntaría si desean ustedes aplazar la votación. 
Puesto que no es el caso, creo que podemos continuar con la votación. 
El caso es que una parte del texto está en sueco, pero la mayor parte no está en sueco. 
Como se trata de un texto legislativo, la totalidad del texto debería estar en sueco. 
Por lo que me dice mi camarada de partido, la Sra. Hautala, existe el mismo problema con el texto finlandés. 
Quizá el Sr. Andersson también tenga la versión finlandesa. 
Señora Presidenta, le pido disculpas a la Sra. Lindholm. 
Tiene razón, una parte del texto está en inglés. 
Señorías, en efecto, pienso que no es posible. 
No podemos votar un texto que no comprendemos suficientemente. 
Señora Presidenta, el presente problema se debe al hecho de que el informe original se elaboró cuando Finlandia y Suecia no eran aún miembros de la Unión Europea. 
El informe original data de 1994. 
También yo soy consciente de que no existe una versión completa en finés, a pesar de lo cual estamos desde luego dispuestos a... 
Me dirijo a la Asamblea. 
¿Está de acuerdo en aplazar esta votación hasta que se hayan hecho todas las traducciones? 
Señora Presidenta, tengo que decir que Su Señoría tiene bastante razón. 
Este texto fue redactado en septiembre de 1994, cuando Suecia no pertenecía a la Unión Europea. 
Es una circunstancia desafortunada que no esté en sueco. 
Sin embargo, he de decir que han tardado dos años en descubrirlo y no tendrían que haberlo descubierto a estas alturas del debate. 
Se trata de un debate sumamente importante para el futuro de la Europa social y ahora deberíamos continuar con la votación. 
Me dirijo, pues, a la Asamblea y me remito a su prudencia. 
¿Quiénes son los que están a favor de que prosigamos esta votación a pesar de las dificultades que acaban de señalársenos desafortunadamente? 
(La Asamblea decide el aplazamiento de la votación) 
La votación queda, pues, aplazada hasta que dispongamos de todas las traducciones. 
Señorías, creo que es una muestra de respeto por el pluralismo lingüístico de esta Asamblea. 
Personalmente, pienso que hemos optado por la mejor solución, pero lamentamos que no se nos hayan señalado antes estas dificultades. 
Si se volviera a dar el caso, habría que indicarlo a la secretaría antes de la votación. 
Señora Presidenta, me alegro de que la Asamblea haya tomado esa decisión, pero corre usted el peligro de sentar un precedente bastante grave, porque si la Asamblea hubiera votado a favor de continuar con el informe estaría invalidando sus propias normas. 
El documento debe estar disponible en las lenguas de los diputados presentes. 
Hemos entrado en terreno peligroso al usar usted a la mayoría para aplastar la opinión de una minoría. 
Señorías, hemos visto que la situación era muy particular. 
Se trata de un informe que se preparó en el momento en que nuestros amigos suecos no estaban todavía en la Unión y ha habido un problema técnico. 
Evidentemente, lamento que nuestros compañeros no lo hayan señalado al servicio de secretaría antes de la votación, lo cual hubiera permitido ganar tiempo. 
Señora Presidenta, ha formulado usted un principio muy interesante. 
Ha dicho que esta Asamblea no debería votar nunca sobre algo que no comprenda. 
Este es un principio fascinante. 
Quizás debiera usted transmitirlo al Sr. Fayot como Presidente de la Comisión de Reglamento para ver si puede hacer algo al respecto. 
Señora Presidenta, la pregunta que quiero formularle es la siguiente: ¿Qué sucede con los votos que se han emitido sobre este informe? 
En mi opinión se han realizado las votaciones, y por consiguiente el resultado sigue siendo válido, y la próxima vez seguiremos donde lo hemos dejado ahora, pero esto se cuestiona ahora. 
Señorías, créanme que lamento profundamente que no se nos haya señalado esto antes de la votación. 
Acabo de manifestarlo. 
En primer lugar, hemos perdido tiempo. 
Luego, ello nos pone en una situación totalmente incómoda. 
Pienso que a partir del momento en que la Asamblea soberana ha decidido, por una amplia mayoría, que debíamos aplazar esta votación, les propongo que consideren que vale para el conjunto de la votación. 
No tendría mucho sentido reanudar una votación interrumpida. 
Creo que en el espíritu de lo que la Asamblea acaba de votar, en efecto, lo que ha deseado la Asamblea es el aplazamiento de la votación sobre el conjunto del informe, votación que se realizará cuando dispongamos de todas las traducciones. 
Pido que votemos inmediatamente los informes de la Sra. Zimmermann y del Sr. Casini. 
Antes hemos rechazado el aplazamiento a enero. 
Pido ahora la votación inmediata de estos dos informes. 
(La Asamblea rechaza la petición) 
Señor Presidente, quisiera hacer un llamamiento a la Asamblea acerca del informe Brémond d ' Ars porque es un tema en el que tenemos un conflicto importante con la Comisión Europea. 
Si votamos esta tarde podríamos no alcanzar un resultado concluyente. 
Puede que nos falten diputados para adoptar una decisión adecuada sobre el tema, cuando es necesario que nos manifestemos claramente ante la Comisión. 
Quisiera pedirle que someta a votación si votamos o no sobre el informe Brémond d ' Ars porque es un tema primordial que afecta a los trabajadores de correos de la Unión Europea. 
Señorías, debo decirles que estoy un tanto perplejo de oírles, porque se tiene casi la impresión de que la sesión cesa el jueves a las 13.00 horas. 
Si lo deciden ustedes así, entonces, que cada cual asuma sus responsabilidades. 
Señora Presidenta, no se trata de que los diputados quieran que la sesión finalice el jueves a las 13.00 horas. Nosotros quisiéramos, y ésta es la cuestión, que el Gobierno francés dispusiera las conexiones entre los Estados miembros y Estrasburgo, habida cuenta de que existe un contencioso en este sentido. 
Ahora bien, es inútil que informes que revisten mucha importancia figuren en horas menos importantes en función de la presencia de los diputados, mientras que otros que revisten notable o suma importancia se debatan cuando hay muchos diputados en el Pleno. 
¡Ésta es una maniobra política! 
Señora Presidenta, me refiero a ello, precisamente. 
Tenemos que debatir este informe que es un informe institucional: se trata de un debate anual previsto por el artículo K6. 
La presidencia del Consejo está presente, ha sido invitada a asistir a este debate en este momento del orden del día. 
Tuvimos ya un incidente el año pasado porque no respetamos nuestro orden del día. 
Deseo, simplemente, que este año nos atengamos al orden del día. 
Al igual que todo mi grupo, voto en contra del presupuesto 1997 y la resolución correspondiente, porque: 
Primero, supone una marcha atrás desde la primera lectura en lo que respecta a la financiación MEDA para Turquía, ya que da la luz verde para la financiación a este país independientemente de la vulneración de los derechos humanos, del problema kurdo, de la cuestión chipriota y de la agresividad contra Grecia.-Segundo, se trata de un presupuesto dominado por la moneda única y el enfoque financiero parcial, que llega al curioso extremo de que el Parlamento haya apoyado un recorte de los presupuestos propuesto por la misma Comisión.-Tercero, procede a la aplicación de una política restrictiva con respecto a los Fondos estructurales.-Cuarto, señala las pautas para un práctico abandono de las redes transeuropeas y de la lógica de desarrollo que éstas inspiran. 
El informe del Sr. Brinkhorst sobre el proyecto de presupuesto implica orientaciones fundamentales sobre las cuales deseo expresamente manifestar mi acuerdo. 
El principio de crecimiento cero del presupuesto me parece a la vez oportuno y prudente. 
Oportuno, porque manifiesta la preocupación del Parlamento Europeo de aplicar a la Unión los principios de rigor presupuestario que el Tratado de Maastricht hace aplicables a los Estados miembros para la realización de la Unión Económica y Monetaria. 
Prudente, porque un análisis realista de los gastos que se realizarán realmente permite entrever un margen apreciable de reajuste. 
En segundo lugar, me parece que el Parlamento Europeo tiene razón al introducir de nuevo en el presupuesto algunas enmiendas que tratan de reforzar la cohesión interna de la Unión: ; iniciativas en favor de los desempleados jóvenes; refuerzo de la igualdad entre hombres y mujeres; apoyo al respeto de los derechos humanos; ayuda a los refugiados y a las personas desplazadas... 
Por lo que respecta a la aplicación del programa MEDA a Turquía, he votado en favor de la enmienda 279 propuesta por la comisión de presupuestos. 
La respuesta del presidente de la Comisión ejecutiva no me ha dado la garantía de que ésta desea respetar íntegramente el espíritu y la letra de la resolución votada por el Parlamento Europeo el 19 de septiembre pasado. 
Por último, me congratulo de la votación del Parlamento respecto de la enmienda 45 relativa a las medidas encaminadas a combatir la violencia que se ejerce contra los niños, los adolescentes y las mujeres. 
La protección de los niños y los débiles debe ser una prioridad de la Unión, so pena de fracasar en su vocación que es la de ser un foco de civilización. 
La parte derecha de este Parlamento ha cedido a la presión política, entre otros, de la Comisión Europea, que en relación con Turquía nos ha hablado siempre con un doble lenguaje. 
La mayoría del Parlamento quería recalcar un compromiso en relación con la democracia y el respeto de los derechos humanos en Turquía; por ello he abogado por poner en reserva los recursos financieros del MEDA para Turquía. 
La actitud de la mayoría de los miembros del PPE (afortunadamente, también allí hay parlamentarios sensatos) y de la UPE es totalmente incomprensible y mezquina, dado que tanto el Presidente Santer como el Comisario Van den Broek han demostrado que se reservan el derecho de tener una opinión diferente de la del Parlamento en relación con los proyectos en Turquía. 
Así no se respeta en modo alguno el espíritu de la letra de la resolución del 19 de septiembre de 1996. 
La derecha de este Parlamento ha tirado por la ventana la credibilidad del Parlamento y al mismo tiempo ha hecho añicos nuestra estrategia de defensa de los derechos humanos en Turquía. 
Damos la bienvenida a la revisión de las restituciones a los diputados parlamentarios que ha iniciado el grupo de trabajo especial nombrado por el Parlamento Europeo. 
Ya presentamos anteriormente una propuesta a la Mesa del Parlamento, que consistía en la utilización de una tarjeta de viajes para los diputados. 
Esta propuesta ha inspirado la revisión del grupo de trabajo, además de las ideas ya presentadas por Klaus Hänsch. 
Estamos intentando encontrar unas soluciones reales dentro del sistema institucional, que cubran todas las eventualidades. 
Defendemos unas soluciones constructivas que obtengan el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo, no unas propuestas fuera de contexto y poco elaboradas. 
Informe Eisma 
Lo primero felicitar al Sr. Eisma por su trabajo y a la Comisión por actualizar la Directiva 76/160 de conformidad con lo establecido por el Quinto programa de acción en materia de medio ambiente. 
Los mares, los lagos, los ríos o el turismo son transfronterizos, aunque el Consejo y la Comisión no siempre recuerden este aspecto, sobre todo cuando se trata del turismo y la calidad de las aguas de baño, que es prioritaria en este ámbito. 
Me voy a centrar especialmente en las enmiendas referidas a la evaluación de contaminación o de peligrosidad de ciertos deportes acuáticos, porque de donde yo procedo, en la temporada turística, corre uno el riesgo de perder una pierna, mano o pie con las dichosas motos acuáticas, o con los esquiadores que no respetan para nada los metros reglamentarios desde la costa o con las lanchas y embarcaciones que no controlan la calidad del combustible empleado ni de sus vertidos fecales. 
Todo ello a costa de la salud de los pobres bañistas y de la población autóctona que durante todo el resto del año cuida aquellos lugares, que caen bajo el ámbito de la directiva debatida. 
Ruido, peligro, porquería, grasa, plásticos, basura y olor, ya que muchos turistas abandonan, lamentablemente, su preocupación ambiental en sus países de origen durante sus vacaciones. 
Por ello, celebro las enmiendas, salvo las referidas a la bandera azul, cuyo lugar no es aquí. 
Hecha esta salvedad, mi voto será positivo. 
Votaré a favor del informe Eisma sobre una directiva del Consejo relativa a la calidad de las aguas de baño. 
Este informe hace tres cosas. 
En primer lugar, amplía la definición de las aguas de baño para que incluya todas las aguas utilizadas con fines recreativos. 
En segundo lugar, pone las normativas en relación directa con los riesgos para la salud, de modo que vincula directamente la seguridad al grado de contaminación. 
En tercer lugar, creará así un nuevo recurso de aguas seguras para la industria turística de toda Europa, gracias a lo cual los beneficios económicos potenciales superarán en mucho los costes de ejecución, incluso tomando como base las caprichosas cifras de OFWAT. 
Este informe presenta una oportunidad para la inversión, no una carga financiera que haya que afrontar. 
Una de las razones fundamentales para que el informe sea clamorosamente aprobado son los esfuerzos de organizaciones como Surfers Against Sewage, que han demostrado extensamente que la presente directiva y su poco estricta aplicación por parte del Gobierno Británico ha costado cientos de millones de libras en atención sanitaria, costes sociales y costes por pérdida de producción en el Reino Unido. 
Les agradezco sus esfuerzos. 
Informe Kenneth D. Collins (A4-394/96) 
Declaro que los socialistas portugueses en el Parlamento Europeo han votado a favor de la enmienda nº 13, en la que se pide la fijación de un objetivo 7 en los Fondos estructurales para la coparticipación y la asistencia financiera con vistas a la substitución de las canalizaciones y redes prediales, proceso indispensable para la reducción del contenido de plomo en el agua de consumo y cuyos costos globales son elevadísimos: un año de presupuesto comunitario en el nivel europeo, 200.000 millones de escudos en el caso de Portugal. 
Esta enmienda ha sido rechazada por el Pleno (189 votos en contra y 179 a favor) , con el voto contrario unánime de los diputados del PPE, hecho que no podemos dejar de subrayar. 
En el marco de los trabajos subsiguientes a la preparación de esta directiva, esperamos ahora que la iniciativa de la Comisión Europea y el debate en el Consejo permitan la corrección de esa incoherencia. 
Señor Presidente, han transcurrido dieciséis años desde la aprobación de la última directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
La propuesta de directiva que se nos ha presentado tiene en cuenta los cambios ocurridos, ya sean de orden técnico o científico. 
Asimismo, estoy alarmado por un triste informe, el de la Agencia Europea del Medio Ambiente: aumento de nitratos en más del 60 % de los ríos, degradación de la capa freática, aumento de la cantidad de plaguicidas en el agua... 
¿Quiere esto decir que la primera directiva era ineficaz? 
Respeta bastante ligera, si nos atenemos al respeto de su transposición en los Estados miembros. 
Por último, uno mi voto a los de mis compañeros socialistas franceses en lo relativo a las canalizaciones de plomo, pidiendo un período de adaptación. 
La Directiva 80/778/CEE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano ha establecido, por vez primera, una serie de exigencias de calidad para el agua potable en el conjunto de la Comunidad. 
Habida cuenta de los progresos tecnológicos y científicos realizados desde entonces, y de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 1993, convenía revisar dicha directiva, de ahí nuestra discusión y nuestro voto de hoy. 
Si suscribimos totalmente el objetivo del ponente, a saber, la garantía de un nivel elevado de protección de la salud de las personas, y por consiguiente, de un abastecimiento de agua potable de calidad, no podemos aceptar determinadas enmiendas propuestas por el Sr. Collins y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Se trata principalmente de las enmiendas 46 y 47 (Anexo I, parte B, nota 3). 
En efecto, si parece necesario seguir las recomendaciones de la OMS sobre la calidad del agua y, por lo tanto, apuntar al objetivo de 25 ìg/l de concentración máxima de plomo autorizada en el agua potable, es inaceptable querer reducir los plazos de cumplimiento de las normas, y ello habida cuenta en particular de los envites financieros que esto implica. 
(Los 15 años propuestos por la Comisión son convenientes). 
La Comisión declara que la única forma de llegar a 10 ìg de plomo por litro es eliminando el plomo de las redes de distribución y de las instalaciones sanitarias domésticas. 
Entre el 75 y el 95 % de los gastos que deben realizarse a tal fin afectarán a la sustitución de las canalizaciones de las viviendas e incumben, por lo tanto, a los propietarios. 
El resto correrá a cargo de los poderes públicos y de los distribuidores de agua, por consiguiente in fine, de los consumidores. 
Ni que decir tiene que si se aplicaran estas disposiciones, acarrearían inevitablemente un aumento del precio del agua, aumento que, en el caso de Francia, sería evidentemente perjudicial para las colectividades locales ya al borde de la asfixia financiera. 
Por otra parte, nada prueba en la actualidad, que los nuevos materiales propuestos en sustitución de las canalizaciones de plomo (PVC) sean de una fiabilidad a toda prueba. 
Se impone realizar estudios científicos más profundos si no queremos cambiar de nuevo todo el sistema dentro de diez años, y ello a costa de los contribuyentes europeos y de su salud. 
Resulta escandaloso que ningún Estado miembro haya sumistrado los datos requeridos sobre las infracciones a la directiva objeto del debate de anoche cuando, además, se refiere a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
No cabe duda de que no resulta sencillo el dictaminar cuál es el estado de calidad del agua potable en la Unión, aunque la obligación de suministrar a los ciudadanos agua saludable es un acto primordial e inexcusable de los citados Estados. 
En la anterior legislatura ya introduje, y fue adoptada, una enmienda para sustituir las cañerías de plomo a través del instrumento financiero «LIFE» , por lo que apoyo la enmienda nº 13 que solicita que se añada un nuevo objetivo 7 a los Fondos estructurales, considerando el enorme coste de esta situación. 
Finalmente, es indispensable adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la calidad de las aguas destinadas al consumo no entrañen plaguicidas. 
Concluyo, como concluí en el debate de la comisión parlamentaria: el agua, por favor, no es una «mercancía» , es mucho más que eso. 
Al menos llamémosla recurso si queremos ignorar el debate de la Grecia clásica en torno al agua como uno de los elementos del origen de la vida. 
Mi voto, obviamente, ha sido positivo. 
Señor Presidente, deploro profundamente que el informe relativo a la propuesta de directiva referente a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano se haya aprobado en esos términos. 
En primer lugar, por lo que se refiere al plomo y al cobre, todo el mundo sabe que las situaciones son muy diferentes de un Estado miembro a otro, y subrayo que es indispensable tener en cuenta dichas diversidades. 
Por otra parte, resulta de todos modos muy contradictorio por parte de la Comisión Europea proponer un texto que, por una parte, prevea un valor paramétrico muy bajo, y paralelamente un plazo muy largo para respetarlo. 
El valor seleccionado es alarmista y el plazo de aplicación es laxista. 
Un mensaje así, en términos de salud pública, no es serio. 
Además, lamento que las implicaciones financieras de esta propuesta no se hayan tomado suficientemente en consideración. 
Para respetar este valor propuesto por la Comisión Europea, los Estados miembros que tengan una red de distribución de agua compuesta por canalizaciones de plomo deberán hacer un esfuerzo financiero enorme, cuando, en la actualidad, no sabemos cuál sería el mejor material de sustitución par la salud a largo plazo. 
En efecto, los plásticos mayoritariamente utilizados plantean graves problemas, relativos sobre todo a trastornos endocrinos. 
Deploro, pues, vivamente que la enmienda que prevé un período de cinco años al cabo del cual los Estados miembros deberían respetar un valor paramétrico de plomo en el agua potable de 25 ìg/l no haya sido aprobada. 
Por supuesto, la Comisión, de acuerdo con esta lógica, debería iniciar los estudios científicos y, en particular, toxicológicos que faltan para permitir revisar el valor paramétrico seleccionado, al término de este período de cinco años. 
Quiero referirme, fundamentalmente, al informe de la calidad del agua potable. 
Ante todo deseo felicitar al Sr. Collins por el trabajo realizado. 
No obstante hay que hacer una autocrítica del trabajo en nuestro Parlamento. 
No es lógico que lleguen 50 enmiendas de una comisión especializada y que después, en el plenario, se presenten otras 100 enmiendas. 
Esto hace un trabajo difícil al plenario y todo un riesgo para el resultado final de esta votación. 
Habría que haberse centrado en sólo algunas enmiendas fundamentales que visualizaran una orientación política clara de este Parlamento. 
Tampoco se puede olvidar que es sólo una revisión de la directiva existente. 
Las propuestas de la Comisión deberían haber sido mucho más precisas y documentadas, bajo el punto de vista técnico y legal. 
Han tenido años para elaborar un buen texto, con la colaboracón de los múltiples grupos de trabajo. 
No se ha hecho así. 
Hay que preguntarse sobre qué control interno de evaluación de los trabajos tiene montado la Comisión.-Estas indefiniciones han conducido a que los miembros del Parlamento Europeo intenten cientos de fórmulas para cubrir estas indefiniciones, con el resultado evidente de una muy difícil coordinación. 
Nosotros tampoco hemos sido muy disciplinados y hemos hecho gala de mucha imaginación y voluntarismo.-A los ciudadanos se ha de transmitir la seguridad de que la Unión Europea protege su salud.-En cuanto a los diversos materiales que se pueden utilizar en las conducciones no está justificado ningún tipo de alarmismo. 
El riesgo cero no existe. 
La vida misma es un riesgo permanente. 
Tenemos la obligación de ir introduciendo medidas de mejora paulatina. 
Es lo que hacemos con las enmiendas que presentamos el Grupo del PPE respecto al parámetro del plomo y del cobre. 
Sobre el cobre hay recientes trabajos científicos que confirman que este material no conlleva riesgos para la salud y que sólo hay que controlar su uso generalizado, de forma local, cuando la calidad del agua no es buena, bajo el punto de vista del pH y contenido elevado de sales.-En cuanto a las aguas de baño, es muy importante asegurar a nuestros ciudadanos y a los millones de turistas que visitan nuestros países que las playas y otras aguas de baño son, en Europa, de excelente calidad y lo asegura una legislación comunitaria exigente, eficaz y aplicada, con escrupulosidad, en todos nuestros pueblos y ciudades.- Informe Wurtz (A4-0387/96) 
La mayoría de los países ACP firmantes del Convenio de Lomé son, casi en su totalidad, países en los que se ha ejercido durante decenios o siglos la presencia europea. 
Dicho Convenio ha sido el instrumento de aproximación y de presencia europea en esas zonas del mundo. 
En un momento en que se acerca el fin de la vigencia de ese instrumento, me parece que se debe iniciar el gran debate sobre la cooperación a partir del año 2000. 
Sería intolerable que Europa, en nombre de meros intereses económicos inmediatos, diera preferencia a las relaciones con los grandes mercados de Oriente o de América Latina y olvidara a los países de África o a las pequeñas naciones del Pacífico, donde muchas veces las condiciones de vida se degradan de año en año. 
El Convenio de Lomé debe continuar para que persista una plataforma de diálogo entre el Norte y el Sur, entre los países ricos y los más pobres. 
Creo que ésa será la forma de promover la defensa de los derechos humanos en el mundo. 
Informe Christodoulou (A4-0353/96) 
Es de vital importancia que los Estados europeos que deseen formar parte de la Unión Europea lo consigan si adoptan una decisión democrática sobre la adhesión. 
También Rusia, Belarús, Ucrania y Moldavia deben poder tener un lugar dentro de la UE, si lo desean. 
Pero en cambio, los países europeos que se abstengan de entrar a formar parte de la UE no deben recibir un tratamiento seco o poco amigable en los trabajos de cooperación europea. 
Para negociar la ampliación de la UE hacia el este, hay que tener una mayor flexibilidad y unos amplios periodos de transición cara a los nuevos países miembros. 
Hay que conceder excepciones dentro del sector de la libre circulación en el mercado interno. 
Es importante conceder a los países solicitantes la adhesión formal lo más rápidamente posible. 
Los problemas prácticos en relación con la ampliación pueden resolverse a largo plazo. 
Pero, para evitar la división de Europa, es importante que no rechacemos a ningún país solicitante. 
También deseo señalar que es necesario que se produzca con la mayor celeridad posible una reforma de la política agrícola y de la política regional de fondos estructurales. 
Mi propuesta principal es, como de costumbre, que la política agrícola y regional vuelva a ser de competencia nacional. 
Los PECO tiene vocación de asociarse lo antes posible a la Unión Europea. 
Sin embargo, en esta fase, un enfoque estrictamente presupuestario conduce a ignorar las cuestiones previas. Y sin embargo, son esenciales. 
La Unión Europea debe estar en marcha para acoger a nuevos países si no queremos transformarla en una simple zona de libre cambio, simple mercado en donde, en el peor de los casos, sólo reina lo financiero, y en el mejor lo económico, en detrimento de un modelo político y social europeo. 
Debemos desear la ampliación para reforzar la cohesión del grupo en torno a los valores democráticos comunes, no sólo por la búsqueda de una unión económica cada vez más amplia y más liberal. 
La ampliación no podría concebirse únicamente en términos de paso de los países candidatos a la economía de mercado. 
Otra cuestión previa: la profundización de las instituciones europeas, ya que la integración de los PECO en la UE no depende sólo del éxito de las reformas emprendidas en estos países, sino también, y tal vez sobre todo, de la capacidad de los Quince de reformar las instituciones con motivo de la CIG. 
Las señales que nos llegan, en vísperas del Consejo Europeo de Dublín, no son alentadoras. 
Algunos Estados miembros parecen olvidar que la ampliación está, por su voluntad, inscrita en un calendario establecido. 
Ahora bien, hoy, las cuestiones institucionales se han dejado para el final de la negociación. 
¿Para qué sirve la CIG en estas condiciones? 
¿Es bueno el método? 
Por último, la experiencia adquirida en materia de ampliación nos enseña que para tener éxito, debe acompañarse de una larga transición cuando es necesario en le terreno económico. 
Estas precauciones son tanto más necesarias cuanto que el «acervo comunitario» es mucho más pesado que al inicio de las ampliaciones anteriores. 
Hoy, la Unión Europea no está en condiciones de decir sí a los países candidatos, y, desgraciadamente, no sólo por razones estrictamente presupuestarias. 
Es urgente tratar las cuestiones previas. 
Es una responsabilidad histórica. 
En mi condición de alguien que apoya con entusiasmo la ampliación de la UE hacia el este, me parece obsceno que el debate se centre fundamentalmente en el coste que supone. 
Si ésta hubiera sido la preocupación en el pasado, entonces habría países como Irlanda, Grecia, España y Portugal que podrían no haber sido admitidos. 
Estos países se han beneficiado pródigamente de su pertenencia a la UE. 
Las sumas que han recibido les han sido de gran utilidad para mejorar sus economías e infraestructuras. 
No obstante, también hay que decir que han dado mucho a cambio a la UE. 
Todos ellos han hecho sacrificios y aportaciones significativas para ayudar al proceso de la integración europea. 
Sin embargo, un debate sobre la expansión no debiera ser únicamente sobre aspectos financieros. 
Debe ser sobre filosofía, sobre responsabilidad y, por encima de todo, una visión sobre la configuración final de la arquitectura europea. 
Los países de Europa central y oriental son democracias en ciernes. 
Es nuestra obligación ayudarles a realizar una transición completa. 
Además, si la visión europea consiste en asentar la paz y la reconciliación en Europa, ¡qué mejor modo de lograrlo que extendiéndose hacia el este! , acabando con ello con la herencia de la Guerra Fría y creando una Europa más grande, en paz consigo misma y que contribuya a un orden mundial pacífico. 
El informe del Sr. Christodoulou contiene unas explicaciones aclaradoras sobre las posibilidades realistas de ampliación, algo que nos ha faltado hasta la fecha en el debate sobre las repercusiones de la ampliación hacia el este. 
No es posible la ampliación si la UE no lleva a cabo una reforma de su política agrícola y de los fondos estructurales. 
Continuar en el mismo camino trillado es imposible por varios motivos, en parte por la opinión contraria al incremento de las contribuciones por miembro, en parte por los compromisos contraidos y los que se contraerán en el marco de las negociaciones de la OMC. 
Los puntos discutibles del informe son las exigencias estrictas de adaptación de carácter capitalista y neoliberalista. 
La Unión no debe exigir una adaptación unilateral de los países solicitantes en cuanto a su política económica y social. 
La Unión también tiene la responsabilidad de aceptar su libertad de elección en cuanto a modelos sociales. 
Lo que, en cambio, sí debe dejar bien claro la Unión ante los países solicitantes, es el requisito de que éstos respeten los derechos y las libertades democráticas. 
El informe describe los problemas relacionados con la ampliación. 
Son demasiado generales las exigencias de adaptación a la UEM y de privatizaciones. 
No obstante, es de gran calidad el análisis de los problemas financieros y de otro tipo que surgirán en conexión con la PAC, la política agrícola común, y los fondos estructurales. 
En el informe se comprueba que no es posible financiar la ampliación sin reducir las ayudas a la política regional y la actividad agrícola que actualmente se conceden a Suecia y a otros países de la UE. 
Es una información vital para los países solicitantes y los actuales miembros, y que no se menciona en la medida suficiente en el debate sobre la ampliación. 
Este es el motivo de que haya votado favorablemente al informe. 
Permítanme aclarar por anticipado que en nuestro grupo han existido grandes dudas acerca de si deberíamos dar nuestra conformidad a este informe. 
El informe esta impregnado del temor de los países del sur que ven en la ampliación hacia el este una amenaza al mantenimiento de la cohesión social y económica de la UE. 
Sin duda, las condiciones bajo las que se va a producir la ampliación hacia el este proporcionan, lamentablemente, una base justificada a tales temores. 
Sin embargo, la primacía de la unión económica y monetaria y la subordinación de todas la tareas y objetivos políticos a las denominadas urgencias económicas socavan no sólo ahora, y no sólo a causa de la ampliación de la UE hacia el este, uno de los más importantes objetivos políticos de la UE, es decir, el principio de la cohesión económica y social. 
A este respecto, el ponente se encuentra también bajo la presión de las cifras, de los balances y de las previsiones de costes y pierde de vista la oportunidad única, histórica y políticamente pacificadora, de una ampliación hacia el este. 
Tras esto se esconde también, sin duda, la voluntad de dar largas a esta ampliación y se corresponde también con esto a los gobiernos de los Estados miembros que no están dispuestos a contrarrestar y compartir las consecuencias sociales de la ampliación del mercado interior. 
Creo que todavía no es demasiado tarde para garantizar también a los nuevos Estados miembros, a través de una reforma básica de los Fondos estructurales en el sentido de una mayor flexibilidad y eficacia, la participación en el principio de la cohesión económica y social y de permitirles disfrutar así de las ventajas políticas de una Unión paneuropea. 
La creación de un orden paneuropeo que garantice la paz y un desarrollo sostenible para todas las personas de esta región del mundo constituye el desafío central al se enfrenta la política europea desde el hundimiento de los sistemas de socialismo real de la Europa central y oriental. 
Sin embargo, el fracaso de la perestroika, del que es también corresponsable la política europea, debe servir también de ocasión para una reflexión crítica, así como también el desvanecimiento de las ilusiones neoliberales de esta época de cambio histórico, que, por ejemplo, servían de base a la declaración de la CSCE de Bonn de abril de 1990. 
La destrucción de las estructuras existentes del orden económico, la apertura del mercado y las inversiones extranjeras directas no se han evidenciado como el mejor camino hacia la productividad, el bienestar y la orientación hacia el futuro. 
La comisión económica de la ONU para Europa ha advertido recientemente respecto de las pertinentes ilusiones de cara a la ampliación hacia el este. 
No obstante, en esta situación la llamada del Sr. Christodoulous a la sensatez va en la dirección equivocada o no va suficientemente lejos: el problema principal no son los efectos sobre la actual Unión sino los efectos sobre los países candidatos (y los efectos indirectos sobre las relaciones con otros países vecinos, que no son candidatos a ingresar en la UE). 
Esto es cierto tanto hacia el este como hacia el sur. 
Si el informe del Sr. Christodoulous constituye aquí el comienzo de una nueva reflexión, es bueno. 
Pero no sería bueno que esto fuera el comienzo de un repliegue de la UE hacia sí misma. 
Cooperación en los ámbitos de justicia y de los asuntos interiores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate anual basándonos en las preguntas orales de la Sra. Lindeperg, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, en el Consejo (B4-1227/96-0-0217/96) y en la Comisión (B4-1228/96-0-0218/96) sobre los progresos realizados en el establecimiento de la cooperación en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos Interiores (Título VI del Tratado de la Unión Europea) 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, señorías, esta tercera cita anual para debatir el funcionamiento del tercer pilar reviste un carácter particularmente importante y es la razón por la cual estimo que es una pena mantener este debate en estas condiciones, pero es un paréntesis. 
El tercer pilar está ahora organizado y sus disfunciones no pueden seguir atribuyéndose al período de rodaje. 
Por otra parte, la discusión de hoy precede en algunos días a una fecha importante para la CIG. 
Este año, podemos establecer un balance más positivo por lo que respecta al número de decisiones tomadas y a los instrumentos jurídicos utilizados. 
Asuntos importantes han llegado a su fin, aun cuando no siempre en la forma en que hubiéramos deseado. 
Citaré, en particular, la competencia del Tribunal de Justicia en tres convenios, entre ellos Europol: el convenio de «extradición» , la acción común «racismo y xenofobia» , así como las acciones en materia de lucha contra el tráfico de droga, de seres humanos y la explotación sexual de los niños. 
Este informe demuestra con toda evidencia que el título VI tenía potencialidades que no habían sido exploradas- lo que afirmábamos los años anteriores- que cuando existe voluntad política, podemos encontrar recursos por explotar en el seno de las instituciones actuales y que las presidencias de que se trata tenían esta voluntad política. 
A título de miembro encargado de seguir estos problemas, puedo atestiguar la buena acogida que tuvieron mis peticiones de cita y de informaciones, y agradezco muy especialmente a la presidencia italiana por la diligencia con la que me transmitió todos los documentos útiles para mis trabajos. 
Pero estas buenas disposiciones aumentan mi pesimismo sobre el balance global del título VI, puesto que la buena voluntad de las presidencias no se pone en entredicho. 
Esto significa que las derivas que seguimos denunciando vienen de la estructura misma del tercer pilar. 
Recordaré los principales problemas. 
Uno, la falta de objetivos políticos claros. 
El programa de trabajo no puede ocupar su lugar porque este catálogo, establecido sin consultar al Parlamento, no distingue ninguna prioridad. 
La interesante, de la presidencia española, del año pasado, de ir hacia un espacio jurídico europeo, ha fracasado. 
Dos, los estragos del voto por unanimidad han seguido produciéndose todavía este año, puesto que, por razones ajenas al tercer pilar, el Reino Unido bloqueó todas las decisiones del Consejo de junio. 
Aunque éstas se adoptaron finalmente adoptadas, esta posibilidad de chantaje que se ofrece a los Estados miembros es malsana e inaceptable, e incluso cuando se expresa de forma menos brutal, produce efectos perversos desastrosos. 
Las decisiones, después de haber sufrido las exigencias y los rechazos de cada Estado miembro, se toman finalmente a minima, y se parecen a menudo mucho más a un estado de prácticas y disposiciones comunes que a avances dinámicos y positivos hacia un dispositivo legislativo común, respetuoso con los derechos humanos. 
Tres, los convenios previstos en el artículo K3 son de una pesadez desesperante. 
Podemos preguntarnos cuándo entrará en vigor el Convenio de «extradición» adoptado este año, cuando vemos que el de Dublín sigue sin aplicarse. 
Cuatro, el reparto discutible y ambiguo de las competencias en el primer y tercer pilar se ha ilustrado una vez más este año con la iniciativa de la presidencia de presentar una acción común en materia de libre circulación en el momento en que el Parlamento estudiaba las tres propuestas llamadas Monti, en el marco del primer pilar. 
Cinco, en cuanto al déficit democrático, abundantemente denunciado los años anteriores, sigue siendo patente: falta de transparencia aunque se ha progresado en materia de publicidad de los actos relativos al asilo y la inmigración, proyectos elaborados en el secreto de los grupos de trabajo de funcionarios nacionales, sin derecho de fiscalización por parte del Parlamento Europeo o de los parlamentos nacionales. Falta de consulta del Parlamento Europeo sobre temas sin embargo esenciales y, por regla general, interpretación muy restrictiva del artículo K6. 
A este respecto, no podemos por menos de lamentar la negativa del presidente del comité K4 a responder a la invitación de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores tras la Cumbre de Dublín. 
Por último, la última observación se dirige a la Comisión, pero es inherente al funcionamiento del tercer pilar. 
La Comisión no tiene la iniciativa, y además no exclusiva, más que en algunos ámbitos. 
Este problema jurídico y el de la falta de personal, explican sin duda en parte la desaparición de la Comisión. 
Las principales informaciones de la Sra. Gradin el año pasado todavía no han visto la luz, ya se trate de la iniciativa sobre el reagrupamiento de los textos relativos a la inmigración, al asilo, o de la protección temporal. 
Es, pues, la estructura institucional del tercer pilar la que debe modificarse durante la CIG. 
Recordamos los deseos expresados a este respecto por el Parlamento en marzo de 1996. 
Saludamos el trabajo realizado por la presidencia irlandesa así como su voluntad de comunitarizar una parte del tercer pilar, No obstante, a pesar de estos esfuerzos, el documento preparatorio para el Consejo Europeo parece preparar para algunas renuncias. 
El problema del control democrático sólo se trata en él de forma incidental y las reservas anunciadas por algunos Estados miembros auguran malos resultados. 
Éstos, en nombre de la defensa de las soberanías nacionales ilusorias, van a seguir accionando la palanca de la unanimidad para obligar al parto de los montes cuando llegue el momento de las decisiones. 
Si así fuera, señora Presidenta, nuestras próximas citas anuales sobre los progresos en materia de justicia y de asuntos interiores corren el riesgo de transformarse en sesión ritual de lamentaciones, sin beneficio concreto para la vida cotidiana del ciudadano europeo, en un ámbito que sin embargo le afecta muy de cerca. 
Señora Presidenta, me alegra que, al igual que a dos de mis predecesores, se me haya invitado al debate anual del Parlamento Europeo, previsto en el Artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea, sobre los progresos realizados en el desarrollo de la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. 
Al igual que anteriormente la Presidencia italiana, la Presidencia irlandesa ha concedido y sigue concediendo gran importancia a las relaciones con el Parlamento Europeo y acoge con agrado que en el proyecto de resolución presentado por la Sra. Lindeperg en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores se reconozca que la Presidencia se ha mostrado cooperativa con el Parlamento a lo largo de 1996 y se ponga de relieve que se ha consultado al Parlamento Europeo en varios casos. 
También acojo con satisfacción el hecho de que el Parlamento Europeo señale que se han hecho progresos en 1996 en cuanto a los procedimientos de decisión previstos en el Artículo K.3 y que se ha avanzado en la cooperación con los EEUU, con los PECO, con los países mediterráneos y con Rusia. 
Sin embargo, también observo que el Parlamento Europeo, como en años anteriores, se muestra crítica en su proyecto de resolución hacia una serie de aspectos relacionados con el tercer pilar. 
Estas críticas se deben en parte a las disposiciones del Tratado relativas al funcionamiento del tercer pilar y tienen que ver con la regla de unanimidad en la toma de decisiones, las estructuras y otras cuestiones. 
Los que afirman que el tercer pilar no está funcionando no tienen en cuenta: (a) los logros reales que ya se han alcanzado y (b) el hecho de que el tercer pilar lleva sólo tres años funcionando- las condiciones en las que opera. 
Creo que los que critican el tercer pilar no tienen una visión realista de lo que puede hacerse y lo rápido que podemos hacerlo. 
Es erróneo comparar el tercer pilar con el primero. 
Los problemas de justicia y de asuntos de interior son genuinamente diferenciables de muchos de los temas de los que se ocupa el primer pilar. 
Los temas del tercer pilar tienen una sensibilidad que justifica plenamente el enfoque algo diferente. 
Cuando nos referimos a la cooperación en materia policial y judicial estamos tocando el mismo centro de la soberanía del Estado. 
Los gobiernos, fundamentalmente, desean que estos temas sean tratados de una forma que no contradiga sus valores constitucionales y tradiciones jurídicas. 
Esto no excluye una cooperación muy intensa que puede y debe desarrollarse entre los miembros de la Unión Europea, en particular en áreas relacionadas con los temas básicos que más afectan a los ciudadanos. 
Me estoy refiriendo en particular a la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada y a la cooperación policial y judicial en general. 
Aquí los ciudadanos tienen un interés legítimo al esperar de sus gobiernos adopten medidas eficaces para protegerlos de la plaga de la delincuencia, y nosotros, como políticos, estamos obligados a responder a esas peticiones. 
En estas áreas, la Unión ha realizado avances considerables durante las presidencias italiana e irlandesa y deseo expresar mi reconocimiento por el tremendo trabajo de mi predecesor durante la primera mitad de 1996. 
En su reunión de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre de 1995, el Consejo Europeo pidió que las futuras actividades en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior se centraran en un programa de áreas prioritarias. 
El 14 de octubre de 1996, el Consejo aprobó una resolución por la que se establecían las prioridades en materia de cooperación para el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1998. 
El trabajo desarrollado en 1996 se ha organizado en torno a esas prioridades. 
1996 ha estado marcado por la resolución de una serie de cuestiones institucionales de carácter esencial, por ejemplo, la determinación del poder del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para aplicar e interpretar tres convenios y el establecimiento de programas financieros plurianuales acompañados de un procedimiento específico de toma de decisiones. 
El Consejo, interesado en asegurar la transparencia de sus procedimientos, también ha adoptado la decisión de publicar en el Diario Oficial los actos legislativos y otros textos aprobados sobre cuestiones de asilo e inmigración. 
Es necesario progresar más en este área. 
Reconozco que el Consejo ha aprobado algunos instrumentos jurídicos que no se mencionan específicamente en el Artículo K, tales como algunas resoluciones o recomendaciones. 
No obstante, este año el Consejo ha aprobado varios convenios de vital importancia para los ciudadanos y para la Unión y algunas acciones comunes en temas relacionados con la lucha contra delitos graves: el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas y la explotación sexual infantil, y otras formas de delito organizado. 
En los últimos doce meses se han aprobado 23 instrumentos jurídicos, entre ellos cinco convenios, once acciones comunes, dos decisiones, dos posiciones comunes y tres resoluciones. 
Entre los logros más significativos se encuentran la aprobación oficial del Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, del Protocolo relativo a la interpretación, a título prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre el establecimiento de una agencia europea de policía, del Protocolo al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y del Convenio sobre el uso de la tecnología de la información con fines aduaneros. 
Sin extenderme sobre todos los logros en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior en 1996, quisiera mencionar algunos. 
En el campo de las drogas: en 1996 una parte importante de las actividades contempladas en el Título VI se ha dedicado a medidas para combatirlas. 
Esto formaba parte de un enfoque integrado que abarcaba los tres pilares. 
La creciente importancia refleja la extensión del problema de las drogas en toda la Comunidad y la aceptación de su gravedad, como ha quedado demostrado con toda claridad por el continuo hincapié que se ha hecho en él en sucesivos Consejos Europeos. 
A lo largo de 1996 los organismos competentes han comenzado a poner en práctica las 66 medidas que se mencionan en el informe del Grupo de expertos sobre drogas aprobado por el Consejo Europeo de Madrid. 
Se han hecho grandes progresos, sobre todo en actividades relacionadas con el Título VI. 
Las drogas han sido un tema prioritario para la Presidencia irlandesa. 
En julio de 1996 se lanzó un ambicioso programa, que se apoyó en iniciativas de la Presidencia italiana acerca de los funcionarios de enlace y del blanqueo de capitales y en el proyecto sobre organizaciones delictivas turcas, de todo lo cual se hizo una valoración en el Consejo Europeo de Florencia. 
El plan se centraba principalmente en diversas actuaciones en materia de ejecución de la ley: se decidieron una acción común sobre cooperación entre las autoridades aduaneras y las organizaciones de empresas para la protección de las fronteras exteriores contra la importación de drogas y una resolución relativa a la conclusión de acuerdos entre la policía y las administraciones de aduana en materia de lucha contra la droga; en breve se aprobará una acción común para frenar el tráfico de drogas en las rutas balcánicas. 
En cuanto a medidas dirigidas al interior de la UE, se han hecho progresos gracias a la resolución y el informe sobre la prevención y detección del cultivo y la producción ilícitos de drogas y a la resolución y el informe sobre el narcoturismo. 
También en este terreno se ha intensificado la cooperación práctica. 
La lucha contra las drogas ha producido asimismo medidas en el ámbito de la cooperación judicial, entre las que se cuenta en particular la resolución sobre la condena del narcotráfico de gran escala. 
Entre las acciones comunes decididas pueden citarse además las relativas a la determinación de las características químicas, al intercambio de información y a un marco para las iniciativas sobre funcionarios de enlace. 
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior alcanzó un amplio acuerdo político sobre una acción común en relación con temas como el compromiso de intensificar nuestra cooperación en la lucha contra la toxicomanía y el compromiso de aproximar nuestras respectivas leyes y los métodos para hacerlas cumplir en la medida necesaria para combatir el tráfico ilícito de drogas. 
Se está elaborando un informe para el Consejo Europeo de Dublín que tratará, entre otras cosas, del grado en que la armonización legislativa podría contribuir a reducir el consumo y el tráfico de drogas ilegales y del mandato respecto a Latinoamérica y el Caribe para que mejore la cooperación en el campo de la lucha contra las drogas. 
En la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 19 y 20 de marzo de 1996, se hizo constar el acuerdo de todas las delegaciones, con la excepción de una que adujo una reserva parlamentaria, acerca del proyecto de declaración sobre la delincuencia organizada. 
Además del convenio sobre la extradición, al que ya me he referido, el Consejo aprobó el 22 de abril de 1996 una acción común para la creación de un marco de intercambio de magistrados de enlace que permita mejorar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 28 de noviembre mantuvo un debate en profundidad sobre formas y medios de intensificar la lucha contra la delincuencia organizada. 
La Presidencia va a presentar un documento de debate al Consejo Europeo de Dublín acerca del aumento de la capacidad de la Unión para combatir la delincuencia organizada. 
Paso ahora a la trata de personas y la explotación sexual de menores. 
Cuando hicimos de la trata de personas un tema prioritario de nuestra Presidencia, no podíamos anticipar los trágicos sucesos que iban a producirse en Bélgica el pasado mes de agosto. 
No obstante, hemos respondido a dichos acontecimientos haciendo si cabe más intensa y decidida nuestra atención hacia el tema. 
Hemos conseguido un acuerdo político sobre varias medidas. 
La primera fue una propuesta de la Presidencia irlandesa de ampliar las competencias de la Unidad Europea Antidroga para que incluyera la trata de seres humanos. 
Este instrumento conferirá inmediatamente a la Unidad responsabilidades en relación con la trata de seres humanos, facilitará la cooperación y el intercambio de información entre las fuerzas policiales y permitirá que la Unidad ofrezca toda la ayuda que pueda en relación con estos crímenes detestables. 
Asimismo, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de noviembre acordamos un enfoque común para definir los delitos de explotación sexual de niños y de trata de personas. 
Quisiera señalar que éste es un logro muy significativo conseguido bajo la Presidencia irlandesa y quisiera reconocer aquí públicamente el trabajo de mi colega belga, el Ministro de Justicia De Clerck, que ha hecho grandes esfuerzos para que se alcanzara un acuerdo político sobre esta importantísima medida. 
En gran parte esta acción común se ha inspirado también en la resolución del Parlamento Europeo sobre el mismo tema y quiero rendir homenaje a los diputados del Parlamento Europeo que tan enérgicamente han resaltado este tipo de crímenes y tan eficazmente han presionado para que se tomaran medidas. 
La acción común implicará una revisión de primer orden de la legislación en este área, revisión que supondrá que todos los Estados miembros tipificarán como delitos el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de menores y los castigarán en consecuencia. 
De primera importancia es el acuerdo de los Estados miembros de convertir en delito la explotación pornográfica de los niños. 
Se trata de un delito muy amplio que abarcará la posesión de pornografía infantil, así como su producción, distribución, venta u otras formas de tráfico ilegal. 
También reviste importancia el compromiso de los Estados miembros de castigar dichos delitos sin importar donde se cometan. 
Esto garantizará un enfoque uniforme frente al turismo sexual pedofílico. 
Los Estados miembros se han comprometido asimismo a fortalecer la cooperación y prestar apoyo adecuado a las víctimas de estos delitos. 
Hemos establecido igualmente, partiendo de una iniciativa conjunta de la Presidencia belga, una guía de competencias y especializaciones en la lucha contra delitos específicos de esta naturaleza y contra el tráfico de estupefacientes, al que ya me he referido antes. 
Estas propuestas contribuirán notablemente a la cooperación internacional entre fuerzas policiales operativas. 
La acción común sobre el racismo y la xenofobia fue aprobada en julio de 1996. 
El Consejo evaluará hacia finales de junio de 1998 el cumplimiento por parte de los miembros de sus obligaciones en virtud de la acción común. 
El primer Protocolo al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas fue redactado por el Consejo y firmado por los representantes de los Estados miembros el 27 de septiembre de 1996. 
El convenio se refiere más específicamente al fraude que daña los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 
El protocolo marca una segunda etapa en este desarrollo y se dirige en particular contra la corrupción que lesiona o puede lesionar esos intereses, ya estén involucrados en ella funcionarios nacionales o de la Comunidad, funcionarios de otros Estados miembros, miembros de la Comisión, diputados del Parlamento Europeo, miembros del Tribunal de Justicia o miembros del Tribunal de Cuentas. 
El grupo de trabajo sobre Derecho penal y comunitario está examinando actualmente un segundo proyecto de protocolo al convenio, que se centra en la responsabilidad de las personas jurídicas en relación con los actos de fraude y corrupción cometidos en su nombre, la confiscación y blanqueo de las ganancias derivadas del fraude y la asistencia mutua, todo ello en conexión con la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 
El proyecto de Convenio relativo a la lucha contra los actos de cohecho en los que estén involucrados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea fue remitido al Consejo por la Presidencia italiana en enero de 1996. 
El proyecto se redactó a partir del primer Protocolo al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, antes citado. 
No obstante, el proyecto de convenio tiene un mayor ámbito de actuación que el protocolo, ya que incluye la corrupción activa y pasiva también en casos en los que no estén en juego intereses financieros de la Comunidad Europea. 
La única cuestión pendiente en lo referente al proyecto es si el Tribunal de Justicia tendrá atribuciones respecto al convenio, y en qué medida. 
En el marco de la libre circulación de personas, la imagen de las actividades desarrolladas dentro del tercer pilar en 1996 estaría incompleta si no mencionara, por lo menos, los logros más importantes en materia de fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración. 
En marzo se dio un importante paso de cara a una mayor integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en algún Estado miembro gracias a una resolución sobre el estatuto jurídico de dichas personas. 
Por otra parte, a fin de ejercer una mayor control sobre la inmigración ilegal, en marzo se aprobó una acción común sobre el régimen del tránsito aeroportuario. 
En junio, el Consejo aprobó la Recomendación sobre la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros Estados. 
De especial importancia es el acuerdo político al que llegó el Consejo acerca de la acción común relativa a un modelo uniforme de permisos de residencia. 
En materia de asilo y refugiados debo mencionar, en concreto, la posición común relativa a la aplicación armonizada de la definición del término «refugiado» conforme al artículo 1 (A) de la Convención de Ginebra, que aumentará la seguridad jurídica en un campo tan difícil como éste. 
Por otro lado, bajo la Presidencia italiana se empezó a trabajar en un convenio relativo al establecimiento de un sistema de recopilación, archivo, intercambio y comparación de huellas dactilares de solicitantes de asilo, EURODAC, y el trabajo ha avanzado considerablemente bajo la Presidencia irlandesa. 
Como ustedes saben, un instrumento así facilitará de manera considerable la aplicación del Convenio de Dublín, que deberá ser ratificado próximamente por el último Estado miembro. 
Por último, quisiera llamar la atención de ustedes acerca de la decisión del Consejo sobre un procedimiento de alerta y urgencia para el reparto de cargas en relación con la acogida y la estancia, con carácter temporal, de las personas desplazadas, aprobada en marzo. 
Permítanme decir brevemente unas palabras sobre la financiación de las actividades del Título VI en 1996. 
Respondiendo a las críticas formuladas por su institución durante la votación del presupuesto de 1996, según las cuales los créditos disponibles en 1995 se dispersaron entre un número demasiado amplio de proyectos de importancia variable, carentes de coherencia y de una orientación política clara, el Consejo ha acordado que los créditos se concentren en un número limitado de programas de cooperación plurianuales que se correspondan con las prioridades políticas de la cooperación en materia de Justicia y Asuntos de Interior, siendo objeto cada uno de ellos de una acción común específica que defina los procedimientos adecuados para su ejecución. 
El Consejo ha aprobado tres programas: GROTIUS, que prevé el intercambio de magistrados, SHERLOCK, dedicado a la formación sobre identificación de documentos de identidad falsos, y STOP, destinado a combatir el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de menores. 
Antes de finales de este año se aprobará un cuarto programa, OISIN, este último referido a la formación y al intercambio de funcionarios de justicia. 
Si se compara el nuevo sistema con el anterior, se comprobará que se ha respondido a todas las críticas de su institución. 
La reunión del Consejo Europeo de mañana se dedicará a temas como la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada, que son de crucial importancia para los ciudadanos europeos, con miras a hallar soluciones prácticas y viables para el futuro, en cooperación con la Comisión y el Parlamento Europeo. 
El Consejo debatirá el camino a seguir, incluida la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, sobre el que ha presentado propuestas la Presidencia irlandesa. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, lo que marcha mal puede, no obstante, ser alabado incluso a través de tantos bellos discursos de muchas diferentes presidencias del Consejo. 
El tercer pilar está mal construido en el Tratado de Maastricht y reconozco que el Consejo mismo y la Comisión tampoco van a salir del dilema que la propia Sra. Owen ha descrito correctamente mientras los gobiernos nacionales de la Unión Europea se acurruquen inactivos, como un conejo ante la serpiente, ante la vaca sagrada de la soberanía nacional y no estén dispuestos a ceder un solo milímetro de esta soberanía nacional para solucionar problemas europeos. 
En tanto esto ocurra no se solucionarán estos problemas. 
¿Qué avances se han producido en la realización de la cooperación en el ámbito de la justicia y en el ámbito policial? 
Este es precisamente el tema de nuestro debate. 
¿Dónde están los avances en la libertad de circulación en el seno de la Unión Europea? 
Respuesta negativa, no los hay. 
¿Qué pasa con el acuerdo sobre las fronteras exteriores? 
Respuesta negativa, no está ratificado. 
¿Qué hay de la armonización del asilo en un mínimo denominador común? 
Respuesta negativa, no existe. 
¿Qué pasa con la armonización de la política contra las drogas en el seno de la Unión Europea? 
También tenemos que callar ante esta tragedia de la política contra la droga en la Unión Europea. 
En este punto se ha puesto en marcha el tren de la renacionalización. 
¿Qué hay de la cooperación en materia de justicia en la Unión Europea? 
No existe, no existe siquiera en rudimentos. 
¿Qué hay realmente de Europol? 
En cada cumbre, también en la cumbre de Dublín, se habla sin ambages de cuán importante es Europol en la lucha contra el crimen organizado. 
Esto es cierto. 
Sería necesaria la creación de una oficina europea de policía y sería necesario un trabajo eficaz de esta oficina europea en apoyo de la policía nacional que trabajase in situ. 
¿Por qué no existe, realmente, esta oficina de policía? 
¿Por qué estamos discutiendo sobre esto desde hace cinco años y no se hace nada salvo que en La Haya hay un par de funcionarios sentados ante ordenadores que no pueden utilizar? 
Les puedo decir por qué: por la falta de disposición de los gobiernos de la Unión Europeo a renunciar a un solo milímetro de la soberanía nacional en aras de la lucha contra la criminalidad de ámbito europeo. 
Nuestro colega, el Sr. Leoluca Orlando, afirma con toda razón lo siguiente: » Existe la Unión Europea del delito, no existe la Unión Europea de la lucha contra el delito». 
¿Por qué no existe? 
Por las reservas nacionales de soberanía. 
Por esta razón, quiero decirles lo siguiente: de esta manera no vamos a lograr hacer nada realmente serio con lo que ha de ser este tercer pilar. 
No quiero hablar, en absoluto, de la inclusión del Parlamento Europeo; acerca de esto ha hablado ya suficientemente nuestra colega, la Sra. Lindeperg. 
En el considerando H está muy claro cómo somos dejados fuera. 
El programa del Consejo para los próximos dos años ni siquiera ha sido comunicado al Parlamento. 
Esta es la realidad. 
Pero si queremos avanzar al menos a nivel intergubernamental, entonces hay que eliminar el principio de la unanimidad, y luego hay que lograr realmente una cosa: la seria voluntad de los gobiernos de poner fin a que los domingos se proclame la unidad europea, de que los domingos se venda en los discursos la armonización, y el lunes se practique lo contrario, es decir, se ostente la soberanía nacional como si fuera una custodia. 
Si no cambiamos esto, no obtendremos ningún progreso en materia de cooperación en el ámbito policial y de la justicia. 
Señora Presidenta, la situación en el ámbito de la justicia es insostenible. 
Los ciudadanos exigen que la Unión se convierta en un lugar donde se pueda circular con libertad, un lugar que se caracterice por la libertad, la seguridad, la justicia y las normas de un estado de Derecho. 
Las cuestiones jurídicas figuran en lugar privilegiado en la agenda europea, en parte gracias a la ministra Owen. 
No obstante, el sector del tercer pilar no funciona satisfactoriamente. En él existe un vacío jurídico que abona el terreno para que se propague la criminalidad. 
Los ciudadanos esperan unas propuestas, pero el derecho de veto del Consejo inutiliza los instrumentos de que disponemos, y pone trabas a los trabajos y los avances. 
A menudo falta la comunicación necesaria con los representantes electos, y el sector jurídico se mantiene en la oscuridad. 
Falta seguridad jurídica, apertura y eficacia. 
Florece la burocracia, pero también el crimen, la inmigración ilegal y la trata de personas. 
El Consejo debe organizarse mejor con menos burocracia, más apertura y más transparencia. 
No debe permitirse que el sistema democrático se quede corto en la lucha contra el terror y la criminalidad. 
Es deplorable que los Estados miembros no hayan ratificado todavía el Convenio Europol. 
¿Hay para llorar o reir, si pensamos que el país más contrario a la integración parece ser el más partidario de que las cuestiones policiales reciban el respaldo nacional? 
La Conferencia Intergubernamental debe clarificar los objetivos y dar al Consejo y la Comisión los instrumentos jurídicos necesarios. 
La Comisión debería organizarse internamente para que se dotase a las cuestiones jurídicas de mejores recursos, también humanos, si se necesitan para su mayor eficacia. 
El Presidente de la Comisión debería adoptar un papel de líder político, tomarlo en serio, y dar un apoyo muy distinto a las cuestiones del tercer pilar y a la lucha contra el tráfico de alucinógenos. 
El tráfico internacional de narcóticos no es un juguete para comisarios de diversos credos políticos con sed de controversia. 
Es conveniente que la Comisión presione el desarrollo de la Conferencia Intergubernamental continuando en sus explicaciones sobre la inviabilidad del artículo K 9. 
La contribución de la Comisión y la Presidencia para que se establezca una nueva corriente en la Conferencia Intergubernamental, y así llegar a unas acciones comunes en partes del ámbito del tercer pilar constituye un progreso encomiable, pero, ¿es suficiente? 
Deberíamos tener transparencia en las cuestiones de interior, incluso con los actuales instrumentos imperfectos. La Presidencia irlandesa ha demostrado que esto es posible. 
Se podía haber profundizado en el intercambio de experiencias entre la Comisión de Asuntos jurídicos y de Derechos del Ciudadano y la Comisión. 
Eso lo demuestra también el debate que estamos celebrando. 
El PPE ha intentado comprometerse y equilibrar sus puntos de vista con anterioridad al debate. 
Lamentablemente, el ponente ha cometido el error de presentar al Pleno nuevas enmiendas no debatidas en comisión. 
Este comportamiento antiparlamentario debe eliminarse si queremos que aumenten nuestras competencias democráticas. 
Por consiguiente, nuestra acogida a dichas enmiends a la hora de votar será más rigurosa de lo que habría sido el caso si se hubieran presentado en comisión. 
Consciente de las dificultades, deseo dar las gracias antes de que comience el nuevo año por lo que se ha logrado en 1996, e invitar a la Comisión y al Consejo a que mantengan el nivel más alto en sus objetivos por lo que respecta a la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la criminalidad, para que podamos alcanzar el nivel de seguridad necesario en Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, a tenor de lo manifestado por la Sra. Lindeperg, no cabe duda de que se han realizado unos pequeños progresos en el ámbito del tercer pilar, sin embargo, y tal como dijeron los colegas que han intervenido antes que yo, lo que ha faltado en concreto han sido los objetivos políticos que, según las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo, llevaron los egoísmos nacionales a comprometer lo que es el corazón mismo de la soberanía nacional. 
Señora Presidenta, Señorías, los objetivos políticos son claros: la libertad, la seguridad, la justicia y la legalidad de la Unión Europea. 
Entonces, si esto es evidente y es evidente que el Tratado de Maastricht no puede resolver todos los problemas, también es cierto que, hasta hoy, la «pasarela» se ha utilizado exactamente con el objetivo contrario al previsto en el Tratado de Maastricht: no del tercer al primer pilar, sino del primer al tercer pilar. 
También es verdad que el principio de la unanimidad sólo ha servido para mantener esta ilusoria soberanía nacional, habida cuenta de que, de hecho y tal como se ha dicho, la criminalidad organizada se ha convertido desde hace tiempo en transnacional e internacional, mucho más que nuestras obsoletas fronteras interiores. Del mismo modo, es cierto que todavía existe una clara carencia de garantías democráticas y jurisdiccionales en favor de los ciudadanos, como lo demuestra el hecho de que el Tribunal de Justicia Europeo carece todavía de una verdadera función en este sentido y que los controles parlamentarios, tanto el del Parlamento Europeo como de los diputados nacionales, son muy reducidos. 
Todo queda en manos de pequeños funcionarios que, como es obvio, no tienen la capacidad necesaria y a los que, por otra parte, tampoco podemos exigirles que garanticen los progresos hacia la cooperación. 
Ni siquiera la comunitarización puede, a mi juicio, conllevar progresos, sino el riesgo de un caos jurídico que tendríamos que evitar encaminándonos hacia un espacio judicial europeo, un espacio judicial europeo propiamente dicho. 
Señora Presidenta, a pesar de todas las buenas palabras por parte del Consejo de Ministros y la Comisión Europea, hemos de constatar- no podemos negarlo- que la Unión Europea en este ámbito es una especie de Estado de funcionarios. 
No hay apertura, los medios políticos son deficientes, se habla de recomendaciones, resoluciones, como acaba de decirse. Cosas que no son controlables por un parlamento como el nuestro. 
Señora Presidenta, por supuesto, para nosotros está claro que se debe a la estructura, la estructura del tercer pilar tal como se establece en el Tratado de Maastricht, la estructura de la toma de decisiones. 
Pero por mi parte quiero constatar que un gran número de ámbitos políticos no llega a ponerse en marcha a tiempo y no lo hace con suficiente rapidez. 
¿Por qué han de hacerlo todos los Grupos? 
Todos los Grupos han de hacerlo para demostrar que en este Parlamento una gran mayoría, de izquierda a derecha, está insatisfecha con la marcha de las cosas. 
La comunitarización de la política de asilo se pone en marcha con excesiva lentitud y de forma deficiente. 
El control de las fronteras exteriores lleva años estancado. 
La lucha contra el fraude es demasiado lenta y la lucha contra la toxicomanía y el tráfico de estupefacientes ha de armonizarse, y le digo en calidad de diputado de los Países Bajos que espero que se acepte la actuación comunitaria que se examina estos días en Dublín. 
Señora Presidenta, la Comisión Europea alega que no hay suficientes funcionarios. 
No me parece una excusa válida. 
En tal caso la Comisión Europea tiene que formular otras prioridades, y para serle sincero estoy de acuerdo con el texto de esta resolución: es preciso que cambien muchas cosas en este ámbito si queremos gozar de credibilidad entre los ciudadanos. 
Señora Presidenta, como lo ha subrayado Michèle Lindeperg en su informe, es evidente que hay que dirigirse a la Conferencia Intergubernamental para que desaparezcan las incoherencias y las distorsiones sobre las cuestiones relacionadas con el paso de las fronteras, el control de los flujos migratorios y el derecho de asilo. 
Pero es preciso que dicha Conferencia se acuerde de que son los pequeños, los pobres y los desfavorecidos los que pagan el precio caro de esta incoherencia. 
Evidentemente, todo esto se debe a la comunitarización. 
Por supuesto, la exigencia de la unanimidad, la multiplicación de los instrumentos jurídicos que no forman parte del Tratado de la Unión, sobre todo, cuando estos instrumentos los acomodan los pinches de la cocina intergubernamental, son obstáculos importantes para un progreso en el terreno de la coherencia. 
Por último, es preciso que los participantes en la Conferencia comprendan bien que estos temas son del ámbito de la voluntad popular, que ésta se expresa mediante los parlamentos y que sólo éstos son sus depositarios. 
Señora Presidenta, voy a emplear el minuto que me corresponde para hacer referencia a un aspecto especial de la sociedad de Derecho que no han mencionado muchos de los oradores de hoy, que es la apertura y la transparencia. 
La corrupción es esencialmente deleznable, pero también al crimen organizado le resultan las cosas más fáciles en una sociedad corrupta. 
El aumento de la apertura y la transparencia no son sólo un requisito democrático normal, sino también elementos que disminuyen la corrupción en la sociedad. 
Por eso también constituyen unas iniciativas eficaces para el logro de una sociedad más honesta. 
No sé decir con precisión si se puede hablar de un aumento de apertura y transparencia en la Unión o en sus Estados miembros durante el año que ha transcurrido, pero como mínimo tengo grandes expectativas en cuanto a los resultados de la Conferencia Intergubernamental. 
Solamente 50 segundos, señora Presidenta. 
Señora Presidenta, ante la amenaza del crimen organizado los ciudadanos de la Unión Europea enjuician, en definitiva, la Unión por el hecho de si, y hasta qué punto, está en condiciones de desarrollar instrumentos eficaces contra el crimen internacional organizado. 
En consecuencia, la crítica constructiva que se contiene en el Informe Lindeperg debería servir de ocasión para sacar las consecuencias necesarias que luego han de ser puestas en práctica por el Consejo y por la Comisión. 
A este respecto nosotros vemos dos posibilidades fundamentales: la primera consiste en que las posibilidades del tercer pilar se optimicen de acuerdo con el artículo K.1 y se utilicen realmente; que se haga política europea y se dejen a un lado los intereses nacionales. La segunda posibilidad consiste en que se atienda a las exigencias del Parlamento y haya comunitarización, en lugar de legislaciones nacionales, donde sea necesario, como, por ejemplo, en la política de asilo y en el control de las fronteras exteriores. 
Quisiera destacar tres puntos importantes entre el conjunto de medidas: en primer lugar la armonización de la situación jurídica. 
Este es un requisito absoluto para que pueda producirse realmente una utilización eficaz de la unidad europea antidroga, por ejemplo, en la lucha contra el abuso sexual, contra la explotación de los niños y contra el tráfico con seres humanos, pues actualmente ello no es posible así. 
El segundo punto es que se deberían realizar unos esfuerzos mayores para regular comunitariamente la afluencia de trabajadores procedentes de terceros países y la política de asilo, pues una afluencia ilimitada incontrolada y las migraciones en masa, tal como las estamos viviendo ahora, suscitan temores, preocupaciones por el puesto de trabajo, y en definitiva podrían conducir a la pérdida de puestos de trabajo y a la xenofobia. 
El tercer punto es que busquemos contactos más intensos con los países de origen del crimen organizado- me refiero aquí especialmente a los países del este -, desarrollemos la cooperación entre Europol y estos países, a fin de poder lograr una seguridad mayor en provecho de la Unión. 
Señora Presidenta, los trabajos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior avanzan pesadamente. 
No obstante, giran en torno a un ámbito que incluye cuestiones aduaneras, policiales, de Derecho penal civil, controles fronterizos, drogas, asilo, visados y cuestiones de inmigración. 
Son estos unos ámbitos delicados que afectan a los asuntos internos de cada nación, a su soberanía y control sobre el propio país. 
Son ámbitos políticos directamente decisivos para que un Estado pueda calificarse como tal. 
En este sentido, en mi opinión, es de la mayor importancia que la cooperación se produzca en primer lugar a nivel interestatal, y que se adopten las decisiones por unanimidad. 
No hay argumentos que demuestren, por lo que yo sé, que aumenta la eficacia en la lucha contra el crimen y el fraude de modo automático si se toman las decisiones por mayoría cualificada. 
Hay que tener una distribución de refugiados más equitativa, necesitamos una lucha más eficaz contra el crimen, y hay que aplicar unas penas más duras a las actividades de tráfico de estupefacientes y trata de personas. 
No obstante, esto debe hacerse en colaboración con los Estados miembros y dentro del marco de un programa de trabajo eficaz, como ha mencionado recientemente la Comisaria Gradin. 
Desearía agradecer a mis compañeros su contribución al debate y agradecer asimismo a la Sra. Presidenta del Consejo y a la Sra. Gradin el haber respondido a la invitación del Parlamento a una hora que no me parecía indicada para un debate de esta importancia. 
Permítame, señora Presidenta, que llame su atención sobre este punto. 
El próximo año no tendré nada que ver con esta resolución porque después de haberla preparado durante tres años consecutivos, la confío ahora a un compañero. 
En el período de sesiones de diciembre en el que este informe deberá presentarse en la sesión, convendría velar por que no se programe más este debate, tan importante, a la hora y en el lugar donde lo ha sido los tres años anteriores, para evitar que sea tratado de manera forzosamente un tanto impertinente. 
Si pudiera usted llamar la atención de la presidencia sobre este punto el próximo año, se lo agradecería. 
Gracias, señora Lindeperg. 
Lo haré con mucho gusto si tengo la posibilidad de hacerlo. 
Señorías, el debate queda cerrado. 
Para concluir, he recibido una propuesta de resolución de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores (B4-1333/96) y anuncio que la votación tendrá lugar, esta tarde, a las 18.00 horas. 
Por otra parte, deseo agradecer muy calurosamente a los intérpretes que han aceptado quedarse más tiempo con nosotros y cedo la palabra, para la última intervención a la Sra. Ministra. 
Gracias, señora Ministra. 
Si sus señorías lo aceptan, no será exactamente la última palabra del final de este debate, porque el Sr. Elliot ha hecho el gran esfuerzo de unirse a nosotros a esta hora tan tardía. 
Así pues, voy a cederle la palabra. 
Señora Presidenta, estoy muy agradecido por ello. 
Ha coincidido que estaba presidiendo otra reunión en otra parte del edificio. 
Estaba observando la pantalla, pero no he sido suficientemente rápido. 
Sólo voy a decir que quisiera felicitar a la Sra. Lindeperg por lo que resulta ser un informe magnífico y exhaustivo. 
Gran parte del mismo debiera recibir el más sólido apoyo de este Parlamento. 
Tengo que decir que a los diputados del Partido Laborista británico nos será muy difícil apoyarlo y que probablemente nos abstendremos debido al muy firme compromiso de tres de los párrafos (nos. 19 a 21) con la comunitarización de los temas del tercer pilar. 
Va mucho más lejos de lo que nosotros podemos apoyar. 
Quisiera recordar a todo el mundo lo que ha dicho la Presidencia irlandesa en la presentación: esto no algo que la mayoría de los gobiernos pueda apoyar en la medida en que lo pide el presente informe en estos momentos, aunque diría a la Presidencia que espero fervientemente que, aunque no pueda admitir una comunitarización completa del tercer pilar, si admita una mayor apertura en la forma en que estos asuntos son abordados dentro del tercer pilar, así como una participación adecuada del Parlamento. 
Gracias, una vez más, a los intérpretes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde, a las 18.00 horas. 
La sesión, interrumpida a las 13.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señora Colombo Svevo, tiene la palabra para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, voy a intervenir únicamente para denunciar el caso de Joseph O ' Dell, un condenado a muerte por el que se están interesando no sólo el Parlamento de mi país, sino muchas organizaciones humanitarias. 
Señor Presidente, aquí no se trata de plantear un debate en torno a la cuestión de la pena de muerte, respecto a la que podemos tener opiniones diferentes, sino que se trata simplemente de pedir que, con relación a este caso en particular, se lleve a cabo una revisión de la condena, ya que han aparecido unos elementos completamente nuevos como el hecho de que un testigo se ha retractado y, ante todo, que no se tomaron en cuenta algunas pruebas como la del ADN. 
Pedimos que todos estos hechos sean tomados en consideración y, en consecuencia, se vuelva a examinar el asunto. 
Lo pedimos por motivos humanitarios y rogamos que usted, señor Presidente, en nombre del Parlamento, haga todo lo que esté en su mano para lograr esta nueva revisión del proceso. 
Muchas gracias, señora Colombo Svevo. 
No se ha tratado de una cuestión de orden, pero como es una cuestión humanitaria se tomará nota de ella y se pasará al Presidente para que pueda, en su caso, intervenir con una carta correspondiente. 
Señorías, el Parlamento ha decidido proseguir las votaciones de esta mañana a las 18.00 horas, después de la votación sobre el debate de actualidad y urgencias. 
Les propongo por tanto a sus Señorías, con el fin de avanzar en nuestros trabajos, prolongar la sesión de esta tarde hasta las 21.00 horas. 
¿Hay alguna observación? 
Parece que no la hay. 
Entiendo, por tanto, aprobada la propuesta y la sesión se prolongará esta tarde hasta las 21.00 horas. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1354/96 del Sr. Hallam y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el trabajo en domingo; -B4-1368/96 del Sr. Andrews y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el trabajo en domingo y la semana de 48 horas; -B4-1395/96 de la Sra. Elmalan y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el trabajo en domingo; -B4-1413/96 del Sr. Gillis y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el trabajo en domingo; -B4-1433/96 del Sr. Wolf y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el descanso semanal. 
Señor Presidente, hace cuatro semanas tuvimos noticia de que el Tribunal de Justicia Europeo había dicho, en respuesta a un asunto con el Gobierno británico, que el domingo no tenía que ser un día especial por razones de salud y seguridad. 
Hace cuatro semanas estaba convencido de que debíamos hacer un debate urgente precisamente sobre este tema. 
Hace cuatro semanas muy pocos de mis colegas decían que este debate se llevaría a cabo. 
El hecho de que se esté llevando a cabo el día de hoy demuestra la preocupación de todos los grupos políticos y de todas las naciones representados en este Parlamento por la forma en que la liberalización de nuestro domingo ha influido en la vida de la gente corriente. 
Puede que haya supuesto ventajas para muchas personas, pero a muchas otras les ha causado grandes trastornos. 
Las familias no pueden estar juntas en domingo. 
Los trabajadores con sueldos bajos con frecuencia se ven obligados a trabajar muchas horas muy mal retribuidas sin ningún suplemento especial por trabajar en domingo. 
Se produce una repercusión adicional sobre el entorno y una presión adicional sobre los ciudadanos. 
Pagamos millones de libras por terapias de relajación y, sin embargo, una de las mejores terapias de relajación es simplemente tener un día de descanso a la semana. 
La presente resolución recuerda a los habitantes de Europa que el domingo ocupa un lugar especial. 
Reconoce que algunas personas no desean trabajar el domingo por razones de conciencia y reconoce asimismo la especial posición de algunas de nuestras comunidades minoritarias. 
No he hablado de los aspectos religiosos del domingo. 
Como leo la Biblia todos los días, una de las cosas que he descubierto es que mucho de lo que aparece en ella coincide con el sentido común. 
Me parece increíble que un Gobierno del Reino Unido acuda al Tribunal de Justicia Europeo e intente situar el domingo en la misma categoría que cualquier otro día. 
Tengamos un descanso, un buen descanso, al menos una vez a la semana en domingo. 
Señor Presidente, me opongo a la decisión del Tribunal de Justicia Europeo de anular la segunda oración del artículo 5 de la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, en la que se señala expresamente el domingo como día de descanso. 
Técnicamente, la especificación de un día concreto no está relacionada con la salud y la seguridad en el trabajo. 
Sin embargo, en la práctica, el domingo es el único día de la semana en el que la mayoría de la gente de nuestra sociedad no se encuentra en el lugar de trabajo o de estudio o bien ocupada de cualquier otra forma. 
En el PPE hemos situado a la familia en el centro de nuestro modo de pensar. 
Eliminar el domingo como día de descanso coloca otro obstáculo más en el camino hacia una vida familiar satisfactoria. 
El domingo como día semanal de descanso es una tradición que respeta una gran mayoría de los pueblos de Europa, y un aspecto social y cultural más en la vida de casi todos los habitantes de la Unión Europea. 
Además de ser un día reservado para la observancia religiosa, el domingo es también un día dedicado a las obligaciones familiares y al ocio. 
Es un día en el que a los padres les gusta estar con sus hijos, en el que los hijos mayores visitan a sus padres; y en comunidades estrechamente unidas es el día en el que la gente puede sacar tiempo para visitar a los enfermos, a las personas mayores y a los que no tienen a nadie. 
Si quitamos el domingo como día de descanso, perderemos gran parte de la riqueza de la vida en comunidad tal y como la han vivido los europeos desde hace siglos. 
Hay algo especial en el domingo como día de descanso común a todas las ocupaciones y lugares en el mundo occidental. 
Mi resolución ha sido incorporada a la resolución conjunta y quisiera pedir a la Asamblea que le dé todo su apoyo. 
Muchas gracias, señor Presidente, sin duda es indiscutible, estimados colegas, que el descanso dominical no tiene nada que ver con la seguridad en el puesto de trabajo. 
Mucho menos cierto es que se pueda decir lo mismo respecto de la salud. 
En cualquier caso, una cosa es cierta: un mundo laboral sin un día completo de descanso es inhumano. 
La aspiración a un día de descanso debe garantizarse como un derecho y debe poder hacerse valer. 
En segundo lugar: dónde haya de colocarse este día festivo es una cuestión del calendario, de la pauta fundamental de nuestra cultura, de nuestras culturas. 
Por consiguiente, no hemos de perder esto de vista. Vivimos en una misma cronología, pero con muchos calendarios. 
El año eclesiástico, el judío, el islámico y otros calendarios de fiestas son totalmente diferentes y deben coexistir y deben ser vividos. 
Hay que garantizar la libertad de coexistencia de estos calendarios tanto como el derecho al día de descanso entre las semanas laborales. 
Dilucidar y respetar ambas cosas es la única reacción adecuada ante la situación que ha surgido a causa de la decisión del Tribunal Europeo de Justicia. 
En este sentido creo que puede recomendarse a la asamblea la adopción del texto transaccional. 
Señor Presidente, creo que no es necesario, para defender esta resolución común, gastar dos minutos de esta tarde. 
Entonces, precisamente por provenir de un país cuya cultura defiende el domingo como día de descanso después de las jornadas de trabajo y teniendo en cuenta también otras culturas y religiones que también prefieren el domingo como jornada de descanso, a nosotros nos parece que esta resolución común puede ser aceptada en el Pleno por unanimidad. 
Por lo tanto, y para decirlo brevemente, pediría a todos los compañeros del Pleno que voten a favor de esta resolución común. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo lamenta la sentencia. 
Precisamente los demócratas cristianos habíamos logrado en las discusiones parlamentarias de la directiva que se estableciera por regla general el domingo como día libre de la semana. 
El Grupo del Partido Popular Europeo insta ahora a los Estados miembros a que a la hora de la traslación de la directiva a la legislación nacional reconozcan de acuerdo con el principio el domingo como día de descanso. 
No sólo debe ser sacralizado por razones de tradición religiosa, en un mundo de trabajo flexible el domingo constituye con frecuencia el único hueco común de descanso, en sentido cultural y social, de la familia en el que es posible reunirse y recobrar fuerzas. 
En este sentido, tiene mucho que ver con la salud de los trabajadores. 
El domingo constituye una de los manantiales principales de Europa. 
Con la renuncia al principio del descanso dominical se destruiría una de las bases de la cultura europea. 
Señor Presidente, estoy muy agradecido a los Sres. Hallam y Pronk por haber reaccionado tan rápido a la sentencia del Tribunal sobre el domingo. 
Para los cristianos, el domingo tiene un significado especial de día de descanso instaurado por Dios, que se remonta a la resurrección de Cristo. 
Como tal, este día está profundamente arraigado en la cultura europea. 
A lo largo de la historia, el Estado ha reconocido siempre el carácter especial de este día. 
Pero el domingo es importante, no sólo desde el punto de vista religioso, sino que también tiene un significado incalculable por razones sociales. 
Renunciar a él tendrá profundas consecuencias sociales. 
Establecer un día de descanso en días variables no es una alternativa aceptable. 
Con ello se tendrá un día de descanso, pero dentro de un esquema de tiempos de trabajo variables dentro de la familia y la sociedad. 
Es posible que esto se ajuste bien a una economía de 24 horas, pero socava a la sociedad y deja menos espacio para que la gente pueda compartir vivencias. Ello no hará más que fomentar la individualización de la sociedad, y por ello es un fenómeno antisocial. 
El sentido de la vida va más allá de trabajar y producir. 
Por todas estas razones, defiendo que se mantenga el domingo como día de descanso público. 
Con ello obedecemos al mandamiento y con ello seguimos las mejores tradiciones de la cultura y la historia europeas. 
Señor Presidente, en la urgencia de hoy sobre las jornadas públicas de descanso se trata de algo más esencial que lo que denota un título tan discreto. 
Se trata de unos esfuerzos por disputarnos uno de los logros de nuestra civilización y de nuestra cultura. 
El descanso dominical no sólo es un factor absolutamente previsible en la vida de un gran porcentaje de nuestra población, sino también un elemento importante en nuestra vida laboral y familiar. 
Quisiera hacer notar también que las autoridades nazis en el Tercer Reich pensaron- que yo sepa, fue ésta la última vez en suelo europeo- modificar el contenido y los efectos del domingo, por consiguiente esto no pertenece, sin duda, a la tradición en la que quisiéramos vernos en la Unión Europea. 
Sencillamente, junto a su contenido familiar y social el domingo debe conservar también su contenido religioso. 
En consecuencia, en la medida que podamos, hemos de tener en cuenta la costumbre de otras religiones importantes de Europa. 
Finalmente, el próximo domingo quisiera poder cumplir sin obstáculos mis deberes religiosos de católico. 
Señor Presidente, naturalmente respaldo plenamente la posición expresada aquí en nombre de mi Grupo. 
Sólo quiero añadir que el descanso dominical no sólo ha de aplicarse a los trabajadores, sino también a los pequeños empresarios y a sus familias. 
También ellos necesitan tiempo para sus familias y para otras actividades que no sean las profesionales. 
De ahí que hagamos un llamamiento, en la enmienda nº 1, para que se tenga en cuenta esta premisa a la hora de regular los horarios de los comercios. 
Según la filosofía más liberal, estos tienen total libertad para decidir cuándo abren. 
Sin embargo, nosotros consideramos que se trata de una libertad limitada. 
Muchos autónomos se ven obligados a abrir en domingo debido a la competencia transfronteriza o nacional. 
Aunque la competencia es uno de los cimientos de nuestro mercado interior, también los cimientos tienen sus límites. 
Cuando la ley sobre el trabajo y el horario comercial estén mejor ajustados con respecto al descanso dominical, los trabajadores y los empresarios podrán descansar en domingo para así poder ponerse a trabajar con ganas el lunes. 
Señor Presidente, me temo que voy a ser la oveja negra del Grupo del PPE, ya que creo que estamos ante un asunto con dos lecturas. 
En primer lugar, es una cuestión de principio. 
Y me remitiré a la intervención de Klaus Hänsch del día de hoy: el papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es distinto. 
Conviene tener esta circunstancia presente también en la práctica a la hora de tomar decisiones. 
Si la Unión concede un mínimo de respeto al principio de subsidiariedad mencionado en el Tratado, deberá permitir que el establecimiento de los días de descanso se lleve a cabo de acuerdo con las legislaciones laborales nacionales en este ámbito. 
No es incumbencia de la Unión establecer los horarios de apertura de, por ejemplo, los comercios de Finlandia. 
Pasemos, pues, a la lectura práctica. 
Creo que es un acto de mojigatería afirmar que la aprobación de un principio relativo al trabajo en domingo perjudica la salud y la vida social de las personas. 
Es preferible hablar de, pongamos por ejemplo, la libertad de cada individuo para elegir sus días de trabajo y sus días libres. 
Por ejemplo, los estudiantes no disponen de ninguna otra posibilidad de trabajar si no es durante los fines de semana. 
Con un desempleo como el actual, todos y cada uno de los puestos de trabajo son importantes, y los horarios de trabajo dominicales también crean empleo. 
Resulta anticuado simplificar la vida de las personas de acuerdo con el mismo ritmo semanal. 
Dejemos elegir a cada cual sus propios días libres, para ello no se necesita ninguna decisión de este Parlamento. 
No puedo aceptar las propuestas de resolución, así que insto a mis colegas, independientemente de las opiniones que puedan tener al respecto, a respetar ahora el principio de subsidiariedad mientras meditan su intención de voto. 
Muchas gracias, señora Piha. 
Si esta Presidencia no está mal informada, ha sido su primera intervención y quisiera dirigirle un saludo, aunque no me pueda escuchar en este momento por no tener los auriculares puestos, pero alguien se lo dirá. 
Quiero que, de todas maneras, conste el saludo de esta Asamblea a su primera intervención. 
Señor Presidente, todos estos proyectos de resolución se refieren a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en la que éste desestima la objeción del Reino Unido a la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo. 
Los diputados recordarán que el Tribunal anuló la disposición de que el período mínimo de descanso semanal al que tienen derecho los trabajadores según la normativa incluyera en principio el domingo. 
Quisiera explicar brevemente que la inclusión o anulación de esta disposición en el texto de la directiva no supone diferencias en la práctica. 
Ello se debe a que la disposición en sí era esencialmente declaratoria, de manera que, según la directiva sobre ordenación del tiempo trabajo, los trabajadores siguen teniendo derecho a un período ininterrumpido mínimo de descanso de 24 horas por período de siete días, además de las 11 horas de descanso diarias. 
Pero del mismo modo que la directiva no exige a los Estados miembros que contemplen disposiciones especiales en cuanto al descanso dominical, tampoco les impide que lo hagan. 
Sin embargo, a raíz de la sentencia del Tribunal, ha quedado absolutamente claro que la decisión sobre si legislar o no en la materia debe tomarla cada Estado miembro teniendo en cuenta las circunstancias que imperen en él. 
Observo que en todos los proyectos de resolución se invita a los Estados miembros a que tomen las medidas pertinentes y que no se solicita ninguna actuación por parte de la Comisión. 
No obstante, esta última prestará mucha atención a las resoluciones que ustedes decidan aprobar a la hora de formular sus futuras políticas; me gustaría además unirme a la felicitación a la Sra. Piha por su primer discurso en la Cámara. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales no ha participado en este debate, por la misma razón que acaba de indicar el Comisario Flynn. 
Ahora pedimos a los Estados miembros que reaccionen, y no es una razón para presentar una cuestión de urgencia. 
Habría preferido mucho más una buena discusión en la comisión competente, dado que tampoco participaremos en la votación. 
Señora Boogerd-Quaak, esto no es una cuestión de orden; es una manifestación de una posición política que no puede hacerse de esta forma. 
Su Grupo podría haber pedido la palabra en el turno oportuno y no utilizar este procedimiento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1347/96 del Sr. Cars y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Belarús; -B4-1360/96 de la Sra. Hoff y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Belarús; -B4-1410/96 del Sr. von Habsburg y Sr. Cassidy, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Belarús; -B4-1435/96 de la Sra. Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Belarús. 
Señor Presidente, después de la tranquilidad dominical, la constante intranquilidad en Belarús. 
El referéndum celebrado en este país ha acabado en farsa, y el Presidente Lukashenko se ha declarado vencedor. 
Pero la victoria ha dejado un mal sabor de boca en todo el mundo. 
La opresión de los medios de comunicación libres, el silenciamiento de la oposición y el fraude durante el referéndum tenían que llevar a este terrible resultado. 
El despido del Presidente de la comisión electoral y la declaración unilateral de Lukashenko, de que el resultado es vinculante, deterioran aún más el panorama. 
Con la enorme ampliación del poder autoritario del presidente, la perspectiva para la democracia en Belarús es desoladora. 
El Presidente Lukashenko tendrá que comprender que en Europa no podemos aceptar semejante muestra de actuación autoritaria y antidemocrática. 
La violación de los principios democráticos nos obliga a bloquear el acuerdo de asociación con Belarús y congelar el dinero de TACIS, a excepción de los programa de democratización. 
Por otro lado, debemos seguir otorgando nuestro apoyo a la democratización, y nosotros, este Parlamento, hacemos un llamamiento a los embajadores de la UE en Belarús para que refuercen los vínculos con la oposición. 
Señor Presidente, quisiera tocar lo que quizá sea una nota tranquilizadora en este debate, por supuesto no para condonar en modo alguno la actuación del Presidente dictatorial de Bielorrusia. 
El Grupo Socialista apoya plenamente la naturaleza condenatoria de las observaciones que se han formulado. 
Sin embargo, en este debate hay más de una insinuación de mano dura para un país que es suficientemente pequeño como para no tener que mantenerlo contento porque no es ni política ni económicamente importante para la Unión Europea. 
Quisiéramos que hubiera una cierta coherencia. 
Los poderes que tiene el Presidente no difieren mucho de los que disfruta el presidente Yeltsin y, sin embargo, Yeltsin es la persona a la que más frecuentemente hay que tener contento. 
Esta mañana, una vez más, la Asamblea ha votado créditos para Turquía, un país que sustenta desde hace décadas una historia de falta de respeto a los derechos humanos. 
Al igual que mi grupo, abogo por la coherencia cuando se trata de mostrar desaprobación moral. 
En las noticias de ayer en la televisión salían imágenes de cientos de bielorrusos haciendo cola fuera del nuevo restaurante McDonalds en Minsk, con un frío polar. 
A los 1.000 primeros en entrar se les daba una comida gratis. 
Cuando se le entrevistó, un joven dijo que él no estaba haciendo cola porque le impresionaran la democracia o el estilo de vida occidental; estaba haciendo cola porque tenía hambre. 
Bielorrusia sufrió más daños por el accidente de Chernobyl que cualquier otro país. 
Estamos hablando de un país muy pobre, muy dañado. 
Nos unimos en la condena de la dictadura allá donde se encuentre. Pero esperamos que la actitud de la Comisión hacia este país también esté motivada por el interés de infundir ánimos y no se base únicamente en el castigo. 
Señor Presidente, fui uno de los seleccionados con muy poca antelación para asistir como miembro de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo a observar el referéndum y las elecciones parciales al Parlamento de Bielorrusia que se celebraban al mismo tiempo. 
Fui allí con la Sra. Schroedter, del Grupo Verde, y con el Sr. Bösch, del Grupo Socialista. 
La experiencia nos pareció muy deprimente, en primer lugar porque era del todo evidente que el referéndum no se había organizado de forma especialmente democrática. 
A esto añadiría, como puntilla, que los colegios electorales para el referéndum estaban abiertos desde al menos dos semanas antes del 24 de noviembre, que fue cuando tuvo lugar el sufragio. 
En segundo lugar, y algo poco común, porque es la tercera vez que he estado en Europa oriental como observador de unas elecciones, no se nos permitió presenciar la apertura de las urnas y el importantísimo proceso de comprobar si el número de papeletas en las urnas coincide con el número de personas que han votado. 
Es una garantía contra lo que en inglés llamamos «stuffing» (» relleno» ). 
La tercera cosa que nos chocó fue que, aunque el Presidente Lukashenka parece estar decidido a reunificar su país con Rusia, este tema no aparecía en ninguna de las preguntas del referéndum y no está claro que la población de Bielorrusia vaya a ser invitada a dar su opinión sobre si desea o no dicha reunificación. 
Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Hindley. 
Bielorrusia es un país muy pobre. 
Digamos que tiene una desafortunada posición entre el Este y el Oeste. 
Ha estado directamente en el camino de varias invasiones entre Europa occidental y Rusia. 
En la última guerra, de hecho, murió más de la tercera parte de su población. 
Creo que es obligado que el Parlamento Europeo haga llegar su solidaridad al pueblo de Bielorrusia por la situación en la que se encuentra. 
Señor Presidente, quiero sumarme a las opiniones del Sr. Bertens. 
En vista de los hechos es necesario adoptar medidas. 
El referéndum que sirve de base ahora en Bielorrusia al Presidente Lukaschenko y a partir del cual se ha fabricado una estructura política de su poder, no ha respondido en ningún momento de su preparación y de su realización a los usos del estado de derecho. 
Ha sido una propaganda electoral unilateral basada en la fuerte manipulación de la prensa. 
En definitiva, es una mezcla de transgresiones jurídicas, de indoctrinaciones y de manipulaciones. 
En contra de la propia constitución el Presidente ha formado una Cámara baja y ha disuelto el Parlamento democráticamente elegido. 
Nuestro colega, el Presidente del Parlamento, el Sr. Scharetzki, y otros diputados que con un gran compromiso intentaron hasta el último minuto salvar de una dictadura al país, están ahora en sus casas. 
No pueden utilizar más su sala de reuniones, no pueden utilizar más sus despachos, y el personal que nos ayudó todavía el día 24 de diciembre se encuentra ahora en su casa. 
Necesitamos una profunda solidaridad de nuestra parte para con nuestros colegas y en esto me encuentro muy decepcionada de que en la cumbre de la OSCE Europa se haya escindido ya en dos campos: de una parte, figura una gran cantidad de estados que por razones diversas comienzan a practicar un larvado reconocimiento de estos hechos. 
No debemos caer en esto. 
Hemos de continuar criticándolo, pues para nosotros el interlocutor es el Parlamento democráticamente elegido y ningún otro. 
Pero, ante todo, no hemos de aislar a Bielorrusia junto con sus ciudadanos. 
Aquí existe solamente una posibilidad: se insta a los partidos políticos a que mantengan un contacto muy estrecho con sus colegas y, a pesar de la dificultad de no conseguir eventualmente pasaportes, a que se esfuercen en visitar este país e inviten a estas personas para no aniquilar totalmente la posibilidad de un futuro desarrollo democrático. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera subrayar a sus Señorías que la Comisión Europea está seriamente preocupada por el grave deterioro que ha sufrido la situación política en Bielorrusia y que coincidimos con el análisis de los hechos que, en términos generales, se plantean en esta cuestión. 
Y aunque el aislamiento de Bielorrusia no es deseable, cabe preguntarse legítimamente qué tipo de medidas podrían incidir en la evolución de este país. 
Hay que saber que la oposición interna se limita a una élite política reducida y que el Presidente Lukashenko sigue gozando de una gran popularidad y ha logrado también captar a un gran número de miembros del Parlamento. 
En este contexto difícil, complicado, la Comisión ha tomado ya medidas en el marco de sus competencias. 
Quiero recordarles que se ha procedido a la suspensión del pago del segundo tramo de un préstamo, para la balanza de pagos, de 25 millones de ecus. 
Por otra parte, se han anulado también todas las misiones de programación en el marco del programa TACIS. 
Simultáneamente, el Comisario van der Broek ha pedido que, en adelante, se dé efectivamente prioridad a los proyectos encaminados a consolidar la democracia y a aquellos proyectos de tipo social. 
La Presidencia en ejercicio- la Presidencia irlandesa -, con el apoyo de la Comisión, ha tomado también la iniciativa de enviar una misión de información a Bielorrusia. 
Las condiciones prácticas de esta misión se definirán en breve y la Comisión opina que esta misión debería ser objeto de reuniones políticas de alto nivel por ambas partes. 
Por otra parte, recientemente, la Comisión fue asociada a una reunión de la troika, precisamente con el Presidente Lukashenko- solicitada por él mismo- con ocasión de la Cumbre de la OSCE que tuvo lugar recientemente en Lisboa. 
Como ustedes pueden imaginar, se aprovechó esta ocasión para transmitir un mensaje que- como ustedes pueden imaginar- fue muy crítico y muy claro a propósito de la situación interna que está viviendo Bielorrusia. 
Muchas gracias, señor Marín. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, el presidente Reina de Honduras lleva casi tres años aplicando una política centrada en la democratización, la reducción del papel de los militares y el fomento de la economía. 
Ha logrado enormes éxitos, pero el abismo entre pobres y ricos sigue abierto, y la criminalidad aumenta rápidamente. 
En parte debido a la instigación del complejo militar se aboga por una reintroducción de la pena de muerte y el endurecimiento de las medidas de castigo. 
Con razón, muchas ONG se oponen al encarcelamiento de menores de edad en cárceles para adultos. 
No obstante, se trata de una práctica que sigue existiendo a pesar de la legislación. 
Es preciso apoyar al Gobierno hondureño- que merece todo mi elogio- en sus esfuerzos por poner fin a estas prácticas. 
Es preciso ejecutar rápidamente los programas conjuntos entre la Comisión y el Gobierno hondureño para poner fin a estos abusos. 
La lucha contra el crimen y los capos de la droga ha de librarse con medios democráticos. De lo contrario se sembrarán las simientes para una nueva criminalidad, conductas no democráticas y los tiempos pasados, de revolución, guerra civil y violación de los derechos humanos. 
Señor Presidente, durante algún tiempo algunos de nosotros hemos estado recibiendo información de la ONG Casa Alianza, que se ocupa de los niños de la calle de Honduras, que ha llamado nuestra atención sobre el encarcelamiento, los malos tratos y la tortura de jóvenes en prisiones de adultos. 
De todas formas, yo había hablado de ello en el pasado con las autoridades hondureñas. 
La presente resolución es señal de nuestro continuo interés, pero está claro que el presidente Reina y el Gobierno han realizado algunos avances en el tratamiento del problema y que Casa Alianza, de hecho, lo ha reconocido. 
El Congreso de Honduras ha aprobado un código de conducta y se ha derogado la ley que autorizaba el encarcelamiento de menores. 
Además, entre la Comisión Europea y las autoridades hondureñas se ha avanzado en un proyecto que ayudará a los jóvenes de Honduras en situación de riesgo. 
En octubre fue acusado uno de los jueces, Vianey Cruz, que era responsable del encarcelamiento ilícito de menores, y fue cesado el director del Centro Penitenciario Humberto Domínguez, donde se habían encontrado drogas, alcohol y corrupción. 
Todo esto demuestra que las autoridades hondureñas están intentando poner fin a los abusos en las cárceles y salvaguardar la posición de los niños y jóvenes menores de edad, pero es muy importante que la presión ejercida se mantenga. 
Los problemas se derivan fundamentalmente de la extrema pobreza que existe en algunos sectores de la población de Honduras y de otros países en desarrollo, entre ellos numerosos estados latinoamericanos. 
Los niños están en peligro en muchos de esos estados y todo ello pone de relieve la imperiosa necesidad de que se apliquen políticas económicas que alivien la pobreza y no la acentúen. 
Señor Presidente, las diferentes resoluciones que se presentan sobre la prisión de niños con personas mayores en Honduras hacen referencia a los diferentes convenios de las Naciones Unidas que buscan el bienestar de los niños. 
Todos hemos oído estos días que aquellos que debieran cuidarlos los violan, o que, según informes de la OIT, cerca de 200 millones de niños trabajan en el mundo. 
Yo creo que estos niños, que están presos en Honduras en condiciones inhumanas, no son sino una manifestación más de una situación de pobreza y marginación que se está dando en el mundo entero. 
Nosotros tenemos que saludar, en primer lugar, que el Gobierno de Honduras haya derogado el decreto que permitía la prisión de los niños con los adultos. 
También tenemos que saludar el convenio de la Comisión con el Gobierno de Honduras para un trato especial de estos niños. 
Pero, así y todo, a nosotros nos parece que, como decía el Sr. Newens, si no hay un cambio de política económica que permita a estos muchachos crecer y educarse en un ambiente familiar normal, van a seguir produciéndose hechos que continuaremos denunciando aquí. 
Por lo tanto, creo que debemos aprovechar esta coyuntura para denunciar, una vez más, los estragos de la pobreza, la marginación y la desigualdad en el mundo. 
Señor Presidente, en un mundo donde no faltan los abusos cometidos contra los menores, y es reciente la denuncia de UNICEF con el dato escalofriante de que, ahora mismo, trabajan en el mundo 250 millones de niños, o, lo que es mucho peor, la repugnante escalada de los abusos sexuales perpetrados contra menores, resulta gratificante analizar con detenimiento el convenio de financiación entre la Comunidad Europea y la República de Honduras en relación con el programa de atención a menores infractores y el riesgo social en aquel país centroamericano. 
¿Por qué? 
Porque entre los objetivos específicos figura fortalecer las instituciones públicas directamente ligadas a la atención de los niños amenazados por el riesgo social; porque intenta promover la aplicación de los principios de la atención integrada al niño, entre otras cosas, a través de la aplicación del código de la niñez, dando un especial énfasis a los niños infractores; y porque intenta capacitar a los jueces, al personal institucional, a la policía y a los educadores en temas como la protección integral del niño. 
Intenta también- y subrayo lo de «intenta» porque desearíamos que ya estuviera conseguido- promover la agilización de los procedimientos administrativos en esa misma dirección, que concierne a los niños, y ampliar la capacidad de cobertura de las Organizaciones No Gubernamentales, como las que han actuado hasta ahora, que trabajan de forma preventiva en el ámbito de la niñez, así como su capacidad de recepción de niños en situación de riesgo. 
Por todo esto, y expresando nuestro deseo de que se llegue cuanto antes a la solución de este problema- candente todavía en Honduras -, apoyamos esta propuesta de resolución común. 
Señor Presidente, prescindiendo de la situación, totalmente insatisfactoria, de Honduras, el trato que se da a los menores de edad en las prisiones representa un caso muy especial. 
Los miembros de Casa Alianza que denuncian la situación de estos niños y jóvenes en las prisiones han sido amenazados ya con atentados con bomba. 
La resolución que se presenta aquí me resulta, sencillamente, demasiado débil y sin garra, pues no hace alusión a las interrelaciones entre la situación del reparto de la riqueza en Honduras y una cierta criminalidad que necesariamente se deriva de la misma y se pasa luego a tratar de las personas, en especial de niños y jóvenes. 
Aquí no hay nada sobre una auténtica resocialización, aquí no se pide que se cambie la situación social, sino que se sigue adelante rutinariamente, aunque se pueden reconocer planteamientos dignos de elogio, no modificamos la política económica, seguimos pactando con las oligarquías de estos países. 
Hoy hemos tenido un buen ejemplo sobre Turquía. 
Aquí se aprueban ayudas económicas contra nuestros votos, allí incluso se tortura a los niños y a los jóvenes. 
En consecuencia, no sirve de mucho defender el precepto dominical, ir a la iglesia y rezar, si en los seis días restantes no cumplo estas reglas. 
Señor Presidente, ayer por la tarde, precisamente, hablábamos en este hemiciclo de los menores. 
Hablábamos de equiparar los niveles de educación y de formación, hablábamos del acceso a la misma, de su calidad y de equiparar ésta a la calidad sanitaria. 
Hablábamos también de la preocupación que suscita el hecho de que muchos de nuestros menores en Europa vivan por debajo de los umbrales de pobreza. 
Hoy tenemos otro expediente completamente distinto, pero relacionado con el de ayer. 
Debemos intentar que la protesta que hoy, de alguna manera, está manifestando esta Asamblea contra la violación del derecho de los menores y la enérgica defensa que debemos realizar en defensa de los mismos transpasen las fronteras europeas. 
Ayer por la tarde, la Comisión manifestó estar dispuesta a acabar con este tipo de situaciones y he aquí que hoy tiene una buena oportunidad para ello. 
En Honduras se ofrece una buena oportunidad para acabar con la situación que ayer denunciábamos. 
También la Comisión- y lógicamente el Gobierno hondureño- debe lograr superar definitivamente esta situación. 
La reacción de esta Asamblea y la tramitación de esta resolución por su Presidencia deben servir para que situaciones y hechos como éstos no se produzcan en ningún lugar del mundo. 
Acabo ya manifestando lógicamente nuestro apoyo más decidido a la resolución que a continuación votaremos. 
Rumania 
Señor Presidente, estas Navidades hará siete años desde la caída del presidente Ceaucescu en Rumanía. 
Desde los exaltados días de la revolución no ha duda de que en el país se han producido progresos, pero han sido dolorosamente lentos. 
Uno de las herencias más crueles del régimen de Ceaucescu han sido los espantosos orfanatos, que siguen siendo un estigma para Rumanía, y los cientos de niños de la calle que se ven en las calles de los pueblos y ciudades del país. 
Ceaucescu es responsable de muchos actos espantosos, pero nada fue peor que su política demográfica pronatalista. 
Con la elección de un nuevo Gobierno en Rumanía ahora hay una mayor esperanza de que se produzca un cambio radical. 
Hay que borrar del mapa los tentáculos asfixiantes del aparato estatal de Ceaucescu y reemplazarlos por estructuras de apoyo modernas que ayuden a los más necesitados de la sociedad rumana. 
Pero no debemos autoengañarnos sobre la idea de que los problemas sociales de Rumanía pueden resolverse de la noche a la mañana. Sencillamente no es posible. 
De acuerdo con los criterios de la Europa occidental, Rumanía es un país muy, muy pobre. 
Para que se produzca un cambio real, el pueblo de Rumanía necesita nuestra ayuda y muy especialmente los jóvenes. 
Dentro del programa PHARE, la Unión Europea está proporcionando, en efecto, una ayuda modesta para desarrollar un programa de protección de la infancia. 
Pese a los obstáculos muy reales que siguen impidiendo el uso eficaz de los recursos, en mi reciente visita a Rumanía pude ver muy claramente que dichos programas son sumamente útiles y beneficiosos. 
El debate de hoy es muy oportuno debido a los recientes cambios políticos en Rumanía. 
Espero que el Parlamento envíe hoy un mensaje claro de solidaridad con los jóvenes y los niños de este país. 
Espero, también, que la Comisión Europea encuentre algún modo de aumentar el apoyo a los programas destinados a ayudar a los niños y jóvenes cuando Rumanía comienza a progresar en serio hacia una relación más estrecha con la Unión Europea. 
Señor Presidente, me sumo sin demora a lo que se ha dicho anteriormente. 
Estamos tratando ahora de la horrorosa herencia de los regímenes de Ceaucescu y de Iliescu, que fueron realmente crueles con los niños. 
Pero quizá sea éste el momento adecuado en el que podemos manifestar nuestra esperanza de que ésta sea la última vez que nos tenemos que enfrentar de manera fundamental con este problema. 
Existe un nuevo gobierno y en Rumanía existe hoy una nueva esperanza para el futuro. 
No puedo menos que poner de manifiesto la esperanza de este Parlamento de que Rumanía emprenda ahora una vía en la que tenga un régimen humano, un régimen social y, también, un régimen que sea justo con sus minorías. 
Entonces podremos abrir de hecho con buena conciencia la puerta de Europa a Rumanía. 
Señor Presidente, señoras y señores, mientras observamos en Eslovaquia una derrota de la democracia, podemos celebrar con gran satisfacción el cambio político en Rumanía. 
El nuevo gabinete representa precisamente lo que nuestra Asamblea ha pedido durante todos estos años. 
Por primera vez hay en el gobierno un representante de la minoría húngara; ésta es una prueba de la voluntad decidida de aminorar los conflictos entre los rumanos y la minoría húngara. 
Yo me alegro enormemente de que mi amigo, el artista Ion Caramitru, sea ministro de cultura. 
Este, que durante años ha puesto en marcha de una manera tan excelente proyectos para niños huérfanos, será, y esto puedo asegurarlo en esta Asamblea, nuestro aliado más importante para llevar a cabo el programa de protección a la infancia. 
Ayudémosle con todas nuestras posibilidades y ruego al Sr. Comisario Marín que comunique al Sr. van der Broek que espero que en este caso trabajemos más consecuentemente que en el caso de Turquía. 
Señor Presidente, la situación de los niños y de los adolescentes rumanos sigue siendo preocupante a pesar de los innegables progresos realizados estos últimos años. 
Se necesitarán años para desembarazarse de este legado explosivo del antiguo régimen. 
Demasiados niños han sido abandonados a su suerte y la colectividad debe tomarlos a su cargo. 
Además, los procedimientos de adopción, necesariamente lentos y selectivos, no permiten pararse al más apresurado y desdramatizar una situación un tanto explosiva. 
Debe concederse prioridad a los niños y a los adolescentes, desgraciadamente, demasiado numeroso, que no tienen ninguna esperanza de encontrar un nuevo hogar y siguen, por lo tanto, abandonados a su triste suerte. 
Nuestra resolución común, y que pretende ser constructiva, por desgracia, sigue estando de actualidad aunque es preciso felicitarse porque la nueva mayoría que emerge de las recientes elecciones, ha hecho de la mejora de la suerte de la infancia rumana, una de sus primeras prioridades. 
Las autoridades rumanas merecen que les alentemos y les ayudemos para cumplir esta tarea tan considerable como urgente. 
Turquía 
Señor Presidente, pienso que esta mañana, en este Parlamento, hemos desperdiciado la ocasión cuando, durante las votaciones sobre el presupuesto, la parte derecha del Parlamento votó en contra de la enmienda que pretendía dejar de financiar a Turquía con cargo al programa MEDA, si Turquía fallaba en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito de la libertad de expresión. 
Una oportunidad desperdiciada, señor Presidente, pues aquí estamos otra vez esta tarde. Hay visitantes de países europeos que acaban en la cárcel en virtud de una lista negra, y son expulsados del país. 
Tengo en mi poder una de estas listas con representantes del parlamento danés. Puedo enseñarle la lista negra. 
Además, la limitación de la libertad de prensa. 
No voy a repetirlo aquí, pues la resolución ya explica cómo se recorta la libertad de prensa, un derecho democrático fundamental. 
Esta tarde, una mayoría de este Parlamento se mostrará indignada. 
A mi entender, habría sido más convincente que esta mañana hubiéramos aprovechado la oportunidad de no limitarnos a una indignación verbal. 
Señor Presidente, lamentablemente me veo obligado a continuar con la misma reflexión de la Sra. d´Ancona, y es de las pocas veces que me siento avergonzado de hablar sobre derechos humanos en el Parlamento Europeo. 
Me siento avergonzado, como diputado a este Parlamento, de hablar sobre derechos humanos en Turquía, porque considero que es una hipocresía y hasta cierto punto un engaño a la opinión pública europea que esta tarde nos reunamos para votar de nuevo una resolución de severa condena del gobierno turco por la vulneración de los derechos humanos, y en concreto, los derechos de la libertad de expresión, y la libertad de la prensa, poco después de que esta mañana, hace unas horas, hayamos votado precisamante en contra del mecanismo que podría constituir un instrumento de presión sobre Turquía para que ésta cumpliera los derechos humanos. 
Lamento, igualmente, que nos hayamos visto empujados y obligados a proceder así ante la postura asumida por los Grupos PPE y UPE, al mismo tiempo que, naturalmente, reconozco y veo aquí a diputados de estos grupos que, como sabemos, luchan por la causa de los derechos humanos. 
Lamentablemente, en la segunda lectura hemos quedado muy por detrás de la primera, ya que no sólo se dejarán de congelar y traspasar al fondo de reserva las rúbricas de MEDA destinadas a Turquía, sino que ni siquiera habrá ningún comentario al respecto, como ocurrió en la primera lectura del presupuesto. 
Desde este punto de vista, el Parlamento Europeo cumple la función de una ducha fría, se podría decir, para los demócratas, los luchadores y los periodistas de Turquía, algunos de los cuales están en prisión, otros sufren censura oficial dentro del marco institucional y otros persecuciones diversas. 
Señor Presidente, no pasa una semana sin que mi oficina reciba nuevas noticias de Turquía sobre violaciones de los derechos humanos o civiles en dicho país. 
Es un aspecto triste y perturbador de nuestra vida política con la que hemos aprendido a convivir. 
Por lo tanto, por mucho que el Gobierno turco pueda tomárselo a mal, una resolución como la estamos debatiendo hoy aquí es bastante inevitable. 
No habría sido así hace unos pocos años, pero hoy en día, con la difusión de la televisión y de las comunicaciones inmediatas, vivimos en un mundo nuevo. 
La forma en que un gobierno trata a sus ciudadanos es un asunto de legítimo interés público e internacional. 
Acepto la opinión de otros oradores sobre el resultado de la anterior votación, y tengo que decir a título estrictamente personal que es un tema que personalmente me causa gran malestar, pero así están las cosas. 
Señor Presidente, esto empieza a cansar. 
Cada mes, Turquía figura en lugar destacado para las urgencias y, cada mes, nos vemos interpelados por nuevas violaciones por parte de Turquía, ya sea de los derechos humanos o de sus compromisos internacionales, violaciones que provocan nuestra indignación, sin que ello acarree consecuencias. 
El vaso comienza a estar lleno y conviene que nos preguntemos en serio acerca de nuestras relaciones con este país, en particular, acerca del carácter institucional y contractual de estas relaciones. 
En efecto, estamos obligados a comprobar que la indignación que manifestamos de forma regular desde hace meses, al igual que las sanciones más o menos tajantes que adoptamos, apenas tienen efecto en el comportamiento de las autoridades turcas. 
Siendo el efecto disuasorio de nuestras declaraciones y acciones el que es, y no estando Turquía manifiestamente dispuesta a adoptar un comportamiento civilizado, se nos plantea un verdadero problema. 
Habrá que cambiar de registro y endurecer nuestra respuesta lo que presupone una voluntad política netamente más intransigente y consecuente que la manifestada hasta ahora por la mayoría de los gobiernos. 
En ello nos va la credibilidad y la seriedad de nuestro compromiso con la causa de los derechos humanos. 
Hace dos días, este Parlamento recibió la visita de tres editores de Turquía, que juntos representan el 65 % de la prensa diaria. 
Como expresa claramente la resolución, manifestaron su preocupación por el proyecto de la Sra. Çiller y su esposo de tapar la boca ahora también a la prensa clásica, pues la prensa de izquierdas hace ya tiempo que fue proscrita. 
Esto está estrechamente relacionado con los escándalos que la prensa turca ha hecho bien en publicar en relación con un fraude de la Sra. Çiller y también con los peligrosos vínculos que ha puesto de manifiesto el accidente de Sussuluk entre la mafia, la seguridad del Estado y una determinada clase política. 
Es sumamente importante que este Parlamento haga oír su voz, pero que también emprenda acciones. 
En este sentido, quiero sumarme a quienes se han quejado de la increíble cobardía de este Parlamento al no poner en reserva los fondos MEDA. Es el único control real que estaba en nuestras manos, y ahora se lo entregamos. 
Croacia 
Señor Presidente, no sólo en Serbia salen cientos de miles de personas a la calle, sino también en Croacia. El 23 de noviembre tuvo lugar la mayor manifestación desde la independencia. 
Cientos de miles de personas salieron a la calle para exigir la libertad de prensa y a favor de la emisora Radio 101. 
La reacción de Tudjman parece indicar una vuelta a la época comunista. 
Tacha a los críticos de traidores y enemigos nacionales que supuestamente están bajo la influencia de las potencias secretas y malvadas fuerzas de Occidente. 
Es preciso seguir ejerciendo presión desde la Unión sobre la base de los derechos humanos universales y la aplicación correcta de los acuerdos del Consejo de Europa en materia de pluralismo de los medios de comunicación. 
La prórroga temporal de la licencia de emisión de Radio 101 ha de convertirse en una licencia definitiva. 
Croacia se lo debe a su población y las organizaciones europeas de las que es miembro, o con las que mantiene lazos. 
Si Croacia pretende ser realmente una democracia, tendrá que respetar los resultados de las votaciones municipales y nombrar a un alcalde para Zagreb. 
En efecto, es curioso lo marcados que son los paralelismos entre los desarrollos en Croacia y en Serbia. 
No se trata de democracias, sino de sistemas que presentan claramente los rasgos de una dictadura. Como mucho podrían calificarse de «democraduras». 
Por consiguiente, considero ejemplar lo que está sucediendo ahora con Radio 101. 
Si la gente no hubiera salido masivamente a la calle, no se le habría permitido emitir y, por supuesto, en este sentido es de suma importancia que Europa se haga oír claramente ante las autoridades croatas. 
El Consejo de Europa ha aceptado a Croacia como miembro, pero al mismo tiempo ha vinculado a ello ciertas exigencias de pluralismo. 
Habría que ver qué acciones va a emprender el Consejo de Europa para conseguir que la exigencia de pluralismo de los medios de comunicación se cumpla realmente, y por último quiero terminar haciendo un llamamiento para que se mantenga en suspenso el apoyo financiero de Europa a Croacia. 
Señor Presidente, no creo haber hecho jamás la comparación entre el régimen de Belgrado y el de Zagreb. 
Pienso que se trata de dos realidades muy distintas. 
Es indudable que hoy, en Zagreb, existe una dialéctica entre la oposición y el poder. 
Dicho esto, jamás he sido de los que han cerrado los ojos ante las carencias y los errores del régimen en el poder de Zagreb, tanto menos cuanto que hoy no pesa ninguna amenaza sobre Croacia. 
Por lo tanto, éstas son las razones por las que pedimos a la Comisión y al Consejo que den pruebas del máximo rigor y de la máxima determinación con respecto a Croacia, para que ésta respete la libertad de expresión y renueve la autorización de emitir a la Radio 101. 
Señor Presidente, señoras y señores, la decisión contra radio 101 ha sido retirada, porque aquellos a los que se había asignado la frecuencia la han devuelto, pero seguramente también porque era patente la gran solidaridad de la población con Radio 101, porque los partidos de la oposición, grupos del partido gobernante y componentes del Gobierno se habían manifestado a favor. 
No entiendo, en absoluto, por qué se ha armado este teatro en torno a estas frecuencias pues en Zagreb se podrían conceder varias frecuencias. 
Se podría atender a Radio 101 y a otros. 
¿Por qué no se hace esto? 
Espero que en adelante sea de otra manera. 
La composición del Consejo de Telecomunicación, que concede esta frecuencia no garantiza seguramente la representación de la civil society en Croacia. 
Sin embargo, lamentablemente, el Parlamento de Croacia ha aceptado con los votos de la oposición esta propuesta del gobierno. 
Quizá se ha supuesto por ignorancia que entre los que han sido propuestos están representados todos, es decir, no están representados los grupos socialmente relevantes de Croacia sino solamente los propuestos. 
Creo que esto ha sucedido por ignorancia y pienso que podemos contribuir mucho a mejorar esto. 
Sobre la situación de los medios de prensa en Croacia quisiera decir solamente que en los medios impresos hay una gran variedad, pero que estoy muy preocupada, y mi crítica se basa en que no se debe consentir por más tiempo la fuerte carga gubernamental de la televisión croata. 
Aunque hay doce pequeñas emisoras de televisión en el país, sólo HTV, es decir, la televisión estatal croata, tiene la posibilidad de emitir a todo el país. 
Creo que por esta razón la emisora debería garantizar, por fin, pluralidad y cumplir también así el mandato democrático respecto de la información. 
Existe en esta HTV una comisión de programación de la cual forman parte también miembros de la oposición, pero justamente solamente tantos, como tiene también el Sabor, es decir, proporcionalmente un número muy reducido. 
Por esta razón, creo que deberíamos influir para que en esta comisión de programas haya también representantes de los grupos sociales de Croacia, para que pueda garantizarse realmente la pluralidad, y la Unión Europea puede prestar una gran ayuda a través de la transferencia de know-how dentro del marco del programa PHARE-Democracia. 
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional va a votar la resolución conjunta sobre la libertad de los medios de comunicación en Croacia y desea expresar su solidaridad hacia los periodistas y técnicos de la emisora Radio 101 que están obligados a sufrir las transgresiones y arrogancias de un sistema de poder que utiliza los mismos métodos en auge en la Yugoslavia de Tito. 
Es triste comprobar que los derechos fundamentales como, por ejemplo, la difusión de las noticias y la obtención de las mismas, que en nuestros Estados se dan por descontado y se consideran imprescindibles para que una sociedad pueda definirse libre y civilizada, se nieguen en un país con el cual mantenemos estrechas relaciones económicas y que limita con la Unión Europea y es miembro efectivo del Consejo de Europa. 
Es evidente que la burocracia estatal y el aparato gubernamental croata estimaron que un ligero maquillaje, alguna que otra frase bonita y de efecto, así como una formal aceptación del papel de la oposición, bastarían para poder llamar democráticos a un Gobierno y un sistema de poder. 
Pues bien, señor Tudjiam, todo esto no es suficiente, y usted lo sabe muy bien. 
La oposición y su papel no se reconocen sólo formalmente, sino ante todo y fundamentalmente permitiendo que las elecciones sean una real y leal confrontación entre posiciones incluso antitéticas, así como ofreciendo a la oposición la posibilidad de divulgar y hacer propaganda de sus ideas. 
Cerrar una radio o un periódico, prohibir a las minorías étnicas y lingüísticas que afirmen sus derechos y signos de identidad y falsear las reglas del juego electoral, demuestran que el Gobierno croata tiene aún mucho camino por delante antes de poder considerarse democrático. 
Deseo recordar, en particular, las dificultades a las que de enfrentan los representantes de la Dieta de Istria, en cuyas filas hay una fuerte minoría italiana, que son víctimas de continuas amenazas y presiones que les impiden desarrollar su tarea en pro de la defensa de esos intereses y de esa identidad en cuya virtud fueron elegidos. 
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional espera que la confianza que Europa ha depositado en Croacia, así como en Eslovenia, no sea traicionada por actitudes de abuso, inaceptables en unos países que pretenden llamarse europeos y aspiran a entrar a formar parte de la Unión Europea. 
Señor Presidente, por ser uno de los pocos que están realmente con frecuencia en Croacia, estoy muy sorprendido de que se haya manifestado aquí una ignorancia tan enorme, excepción hecha de la Sra. Pack. 
Sólo quisiera referirme aquí a una cosa: soy colaborador libre- ya que menciona mi columna- del diario Globus en Croacia. 
Por consiguiente, leo este diario, y creo que hay muchos periódicos que no se atreven a atacar a sus gobiernos en la forma en que lo hace el Globus. 
Existen también otros periódicos. En lo que respecta a Radio 101, la concesión se realizó por una comisión sobre la que no tiene influencia el gobierno y, por cierto, en favor del propietario del Globus que es uno de los más encarnizados opositores en Croacia. 
Este devolvió después la concesión. 
Ahora se decidirá, seguramente, algo, y espero que sea una buena decisión. 
Pero sería un error condenar a Croacia como hasta ahora se ha hecho. 
Eslovaquia 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los colegas de esta Asamblea porque tenemos la posibilidad de hablar hoy sobre este punto y, en concreto, como acto de solidaridad para con un diputado elegido de Eslovaquia al que los gobernantes por razones de política de poder quieren despojar, sencillamente, de su mandato. 
Al contrario del Sr. von Habsburg, soy de la opinión de que no podemos pasar de esta manera por encima de las cosas. 
Tenemos que reconocer y que ver que se acumulan los casos. 
Serbia constituye un caso palmario. 
En Croacia tenemos un caso manifiesto con el cargo de alcalde de Zagreb, y en Eslovaquia hay situaciones de las que el Parlamento Europeo ha tenido que ocuparse repetidas veces. 
Considero sencillamente insostenible que tengamos que tolerar que la normal alternancia democrática en el poder a través de las elecciones se vea pisoteada de esta manera. 
Por consiguiente, espero que en interés del futuro democrático de Europa prestemos apoyo con esta decisión a las fuerzas democráticas de Eslovaquia que luchan por sus derechos constitucionales enteramente normales. 
Señor Presidente, no quisiera mezclar peras con manzanas, como nuestro colega Frischenschlager, sino referirme a la cuestión concreta de Eslovaquia. 
El problema en Eslovaquia es que las presidencias de las comisiones del Parlamento y todos los puestos de las comisiones de investigación están monopolizadas por el partido en el gobierno, cosa que no sucede en Croacia, sino totalmente al contrario. 
Esta monopolización en Eslovaquia ha conducido a que, por ejemplo, la Comisión de investigación sobre los servicios secretos haya sido completamente manipulada por el gobierno, es decir, el propio gobierno se ha controlado a sí mismo en el caso del hijo del Presidente, Kovac. 
En dicho caso un miembro del partido del gobierno, en concreto, el Sr. Gaulieder, ha dicho la verdad valientemente apartándose de la línea del gobierno. 
Por ello se le ha castigado despojándole ilegalmente del mandato, aunque previamente había declarado por escrito que sabía que ahora habría una falsificación y que no deseaba dimitir. 
Esto constituye una violación crasa de la ley y de la constitución y, naturalmente, pone en cuestión de forma masiva el futuro de la asociación de Eslovaquia con la Unión Europea. 
En esta Asamblea pertenezco a los que, como nuestro colega, el Sr. Bösch, y otros, argumentan siempre de forma diferenciada en el caso de Eslovaquia. 
Sigo opinando que Eslovaquia se encuentra en la primera línea de candidatos a la adhesión, pero la posibilidad mengua de día en día y el Sr. Meciar está a punto de desperdiciarla definitivamente. 
Cuando se ha visto lo que sucedió ayer en el Parlamento eslovaco, que el partido del gobierno abandonó la sala, porque el Presidente del Gobierno dijo que se había interrumpido su discurso con una amenaza de bomba, así como la explosión de una bomba delante de la vivienda del Sr. Gaulieder, entonces se hace patente que este juego indigno prosigue. 
Así no entrará Eslovaquia en la Unión Europea y esto hay que decirlo precisamente desde la amistad con el pueblo eslovaco. 
Por supuesto, estoy impresionada por esta apasionada intervención, pero no obstante no me parece correcto plantear esta cuestión por medio de una resolución. 
¿Por qué no? 
En efecto, es cierto que se han constatado irregularidades en la destitución del Sr. Gaulieder de su cargo parlamentario, después de que abandonara el partido en el poder. Concretamente se esgrimieron cartas falsificadas o inexistentes. 
Asimismo he oído que el Sr. Gaulieder recibió amenazas anónimas. 
Todo ello es muy deplorable y molesto. 
Por ello, el Sr. Bösch, presidente de la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Eslovaquia, ha enviado una carta a sus colegas eslovacos en la que se denuncian estos hechos. 
Y por ello consideramos que el modo en que aquí se aborda el problema en general no es el correcto y no votaremos. 
Señor Presidente, sentimos gran preocupación por los últimos sucesos en la República Eslovaca. 
A pesar de todas las promesas por parte del gobierno en el sentido de que se ocupará realmente de una mayor democratización, seguimos recibiendo pruebas de los contrario. 
Y lo que ha sucedido en el Parlamento de Eslovaquia con nuestro colega el Sr. Gaulieder es, por supuesto, inaceptable. 
Todavía más grave es el atentado con bomba, que se acaba de mencionar, perpetrado después junto a su casa. 
Todo ello se incluye en la resolución que esperamos sea aceptada por el Parlamento. 
Pero hay insistentes rumores de que el partido en el poder quiere destituir a otros diputados que no están de acuerdo con la línea del partido. 
La única forma de detener esta tendencia es reaccionando rápido a la cuestión Gaulieder. 
Y que lo haya hecho el presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta me parece bueno- se lo digo a la Sra. d ' Ancona -, pero también es preciso que como Parlamento tomemos una postura y pidamos a la Comisión y al Consejo que llamen la atención de las autoridades eslovacas sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Eisma, soy miembro de la Delegación de la UE para Eslovaquia, la Comisión parlamentaria mixta, y acabo de recibir una copia de la carta de nuestro presidente el Sr. Bösch a su homónimo, el Sr. Huska, en la que se expresa una gran preocupación por los acontecimientos que han tenido lugar. 
No creo que ninguna persona de esta Cámara pueda verlo de otro modo. 
La cuestión es si apoyamos la postura de la Sra. d ' Ancona y decimos que sí, que vamos a investigar y a expresar una opinión firme, pero sin prejuzgar. 
Por ejemplo, el Sr. Posselt- que tenía mucha razón al decir que no había que mezclar las churras con las merinas- sin embargo hizo unas afirmaciones de que todas las comisiones del Parlamento eslovaco estaban controladas por el Gobierno, sin miembros de la oposición. 
Este es un cambio que ya hemos conseguido que se haga: la oposición está ahora presente en todas esas comisiones. 
Así que a veces es contraproducente medir a todos con el mismo rasero, porque ahora hay resentimiento en Bratislava, con razón, por la ignorancia en la que se basan muchas de esas afirmaciones. 
No quiero que el Parlamento apruebe resoluciones basadas en la ignorancia o en afirmaciones sin fundamento. 
Esta es la razón por la que, según tengo entendido, el Grupo Socialista va a abstenerse en este tema, y lo mismo haremos nosotros. 
Queremos tener un diálogo adecuado y positivo con Eslovaquia, porque queremos que entren en la Unión Europea y no queremos que se les rechace como parias. 
Señorías, tengo la impresión de que he oído algunas manifestaciones desde la tribuna de visitantes. 
De ser así, permítanme que les advierta que nuestro Reglamento prohíbe taxativamente cualquier manifestación en la tribuna de visitantes. 
Les ruego por lo tanto que se mantengan en silencio pues, en caso contrario, me vería obligado a pedir a los servicios de la Asamblea que desalojaran la tribuna de visitantes. 
Dicho esto, Señorías, también debo advertirles que, con la intervención del Sr. Macartney, hemos agotado el turno de palabra referido a estas diecisiete propuestas de resolución sobre derechos humanos. 
Por lo tanto, invito al Comisario Sr. Marín a que tome la palabra. 
Señor Presidente, responderé a las distintas resoluciones sobre derechos humanos siguiendo el orden por el cual han sido debatidas en el Parlamento. 
En primer lugar, la resolución relativa a Honduras. 
Naturalmente, la Comisión agradece al Parlamento la resolución en la que se pone de manifiesto el esfuerzo que están realizando las autoridades hondureñas con el fin de garantizar que los niños privados de libertad permanezcan separados de los adultos en las cárceles del país. 
Pensamos que el encarcelamiento de los niños junto con los adultos constituyó ciertamente un problema en este país. 
No obstante, las autoridades hondureñas, conscientes del problema, solicitaron ayuda a la Comisión para poder resolver esta situación. 
La misión de expertos que visitó el país a principios de 1996 para estudiar las posibilidades de ayuda pudo comprobar la voluntad del Gobierno de tomar las medidas oportunas para separar a los niños de los adultos en las cárceles y de disponer de instituciones especializadas que permitieran preservar la integridad física de estos niños. 
Naturalmente, una vez obtenidas estas garantías, la Comisión aprobó un proyecto específico sobre este asunto, que prevé un refuerzo institucional tanto de las autoridades responsables de los problemas de los menores en Honduras como de las ONG que protegen a los niños, con el fin de abordar de una manera global este problema. 
La Comisión confía en que la administración del Presidente Reina siga buscando soluciones a esta situación y adoptando las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones de reclusión de menores con adultos. 
Además, la Comisión seguirá apoyando los esfuerzos y las medidas legales que se están llevando a cabo. 
En este punto quiero señalar que el Gobierno de Honduras ha aprobado recientemente un código del niño y que el proyecto, entre otras cosas, va a facilitar de forma directa no sólo la difusión sino la aplicación de este código de protección del niño. 
En lo que concierne a Rumania, la Comisión es plenamente consciente de los recientes problemas por los que atraviesan los niños de la calle rumanos. 
Se trata de una situación relativamente nueva en Rumania que se inició hace cuatro o cinco años, pero no es, naturalmente, exclusiva de este país como precisamente esta semana ha puesto de manifiesto el último informe de UNICEF. 
La Comisión, para responder a este problema de los niños de la calle, lo ha incluido ya en el programa indicativo multianual para Rumania y, naturalmente, está decidida a prestar una ayuda específica sobre esta cuestión. 
Vamos a seguir suministrando apoyo para la mejora y la reforma del sistema de protección de la infancia en Rumania a través de fondos de contrapartida, a los que ya se han asignado 21 millones de ecus procedentes de la venta de ayuda alimentaria entre 1990 y 1996. 
La Comisión, por otra parte, ha instado, como no podía ser menos, a las autoridades rumanas a que sigan dedicando fondos de contrapartida con este fin. 
Respecto de Turquía y como sabe su Señoría, el informe de la Comisión del pasado 9 de octubre sobre la evolución de las relaciones con Turquía, desde la entrada en vigor de la Unión Aduanera, ya señaló el deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía a lo largo de 1996. 
La conclusión de este informe hace un claro llamamiento a las autoridades turcas para que vuelvan a tomar medidas positivas, con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos y a profundizar en el proceso democrático. 
Con motivo de su reciente entrevista con la Sra. Çiller, el Comisario van den Broek reiteró una vez más la necesidad de que Turquía progrese en el sentido que acabo de citar. 
Por lo que se refiere concretamente a la adopción de una ley sobre la prensa, es importante señalar que el Gobierno todavía está debatiendo un proyecto de ley, por lo que aún no ha sido remitido al Parlamento turco. 
Al parecer, se han dado a conocer algunas de las disposiciones de este proyecto de ley, que están suscitando fuertes protestas en Turquía, como ya ha sido señalado. 
Otro problema específico es la reciente expulsión de Turquía del súbdito danés Sr. Sondergaard, miembro del Folketing. 
En principio, la información a la que ha podido tener acceso la Comisión indica que la razón oficial de la expulsión- la que ha sido aducida por las autoridades turcas- es la falta de documentación administrativa en regla. 
Concretamente, el Sr. Sondergaard tenía el pasaporte caducado y, además, no tenía visado de entrada en el territorio turco. 
Este aspecto formal, que naturalmente depende de la información que ha sido suministrada por la autoridad turca, no nos debe hacer olvidar sin embargo el motivo que pensamos ha llevado a las autoridades turcas a expulsar al Sr. Sondergaard de Turquía. 
Sospechamos que la prohibición era debida a la idea de este parlamentario danés de mantener contactos con el jefe del PKK, Sr. Ocanan. 
Si bien la Comisión ha condenado siempre al PKK, de acuerdo con la política de la Unión Europea y de varios Estados miembros que, además, han prohibido en su territorio las actividades de dicha organización, no por ello dejamos de lamentar que Turquía se oponga a la entrada en su territorio de parlamentarios de los Estados miembros por razones de este tipo. 
Respecto de la resolución sobre Croacia, me gustaría reiterar lo que se ha dicho en la reciente Conferencia sobre la función de los medios de comunicación en favor del proceso de paz en la antigua Yugoslavia. 
Radio 101 estuvo representada en dicha conferencia, celebrada en Bruselas el 29 de noviembre, y estuvo representada, además, por su director. 
En los últimos dos años la Comisión ha contribuido, con un total de 9 millones de ecus, a distintos proyectos en favor de los medios de comunicación. 
En 1996 se asignaron 200.000 ecus a Radio 101 para la adquisición de nuevos equipos. 
Esta ayuda a los medios de comunicación independientes en la antigua Yugoslavia continuará también en 1997 con una dotación de 10 millones de ecus. 
En Croacia se ha elaborado un marco legal en cooperación con el Consejo de Europa, pero los cambios acaecidos últimamente en relación a Radio 101 ponen en evidencia que aún queda mucho por hacer. 
Croacia- entendemos- tendrá que cumplir con las obligaciones derivadas de su adhesión al Consejo de Europa. 
El establecimiento de relaciones futuras entre Croacia y la Unión estará ligada, entre otras cosas, al respeto de la libertad de los medios de comunicación, y ahora que la Unión Europea se esfuerza por establecer relaciones con los países del sureste de Europa en el contexto del enfoque regional, se tendrá muy en cuenta la situación de los medios de comunicación en dichos países. 
La libertad de los medios de comunicación, la libertad de expresión, es uno de los elementos fundamentales para poder desarrollar ulteriormente dichas relaciones. 
Y a este respecto se espera la confirmación de la licencia temporal a esta emisora por parte de las autoridades croatas, lo que significa, en nuestra opinión, que se debería conceder un permiso permanente a dicha emisora. 
Termino con la resolución sobre Eslovaquia. 
La Comisión apoya la iniciativa del Parlamento Europeo de debatir las actuales deficiencias de la democracia en la República eslovaca, condenando en particular la expulsión del Sr. Gaulieder del Parlamento eslovaco y pidiendo su reincorporación inmediata. 
Quisiera informar al Parlamento Europeo de que durante la reunión del comité de asociación Unión Europea-Eslovaquia, precisamente de ayer, se hizo una declaración en nombre de la Unión Europea sobre este caso. 
El texto de la declaración emitida ayer reza de la siguiente forma: » La Unión Europea ha tomado nota de los acontecimientos del 4 de diciembre en el Consejo Nacional de la República eslovaca, que culminaron con la expulsión de un miembro del Consejo contra su voluntad. 
Esta acción parece que es contraria a la Constitución eslovaca y estaría en contradicción con los Parlamentos de los miembros asociados. 
El comité de asociación recuerda, una vez más, los criterios de asociación establecidos en la declaración de Copenhague y en el acuerdo europeo entre la Unión y la República eslovaca, y espera que el Consejo Nacional de la República eslovaca tome nota de las inquietudes de la Unión Europea». 
La Comisión ha sido informada también de que el caso se ha remitido al Tribunal Constitucional eslovaco, que deberá dictaminar sobre la constitucionalidad de la decisión del Parlamento eslovaco. 
La Comisión opina que- en espera de la decisión del Tribunal Constitucional, que resolverá sobre este asunto de manera soberana e independiente- se debería tomar una decisión inmediata y volver a acreditar de nuevo como parlamentario al Sr. Gaulieder. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1375/96 del Sr. Dary y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Argelia; -B4-1385/96 de la Sra. André y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Argelia; -B4-1393/96 de los Sres. Colajanni y Pons Grau, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Argelia; -B4-1404/96 de la Sra. Sierra González y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Argelia; -B4-1421/96 del Sr. Cohn-Bendit, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación política en Argelia. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, condeno de la manera más firme el terrorismo que se practica en Argelia y el que se exporta desde allí, especialmente en dirección a mi país, como hemos podido deplorar una vez más estos últimos días. 
Es preciso que las cosas queden claras: nada, absolutamente nada puede justificar, ni tan siquiera explicar, este terror ciego y la violencia que ejerce contra las personas y los ánimos. 
Dicho esto, no estoy seguro de que sea justo no dar la razón a ninguna de las dos partes, como lo hace nuestra resolución común, al terrorismo y al poder argelinos.En efecto, deploramos los fallos democráticos, las limitaciones de algunas libertades o la organización de un referéndum de circunstancias, pero no creo que este drama pueda resolverse positivamente a puerta cerrada en Argelia. 
Los valores humanistas sobre los que se basa nuestro derecho internacional sufren agresiones cotidianas en ese país. 
Por lo tanto, deseo que los europeos, y con ellos todos los que se interesan por el futuro de Argelia, aumenten su presencia física en ese país a través de la prensa, las ONG o incluso, por lo que respecta a la Unión Europea, en el momento de la negociación del acuerdo con Argelia, y se interpongan entre el terrorismo y su inevitable represión. 
Señor Presidente, lo sabemos todos, la situación argelina es gravemente preocupante. 
Tanto en las ciudades como en el campo, la violencia está siempre presente, con su cortejo de ajustes de cuentas y de terror. 
Estos últimos meses, los atentados han costado la vida de centenares de civiles, sin perdonar a las mujeres, los niños y los intelectuales. 
El atentado del RER parisino es sin duda obra del GIA y da testimonio de una escalada de la barbarie más odiosa y más condenable y abyecta. 
Por sus llamamientos a la intolerancia, numeroso dirigentes integristas son responsables del terrorismo argelino. 
El gobierno argelino no debe limitarse a la erradicación de la violencia por las fuerzas del orden. 
En efecto, no es el resultado del referéndum el que contribuirá a ello aunque el sí obtuviera el 85 %. 
Pero, ¿cómo se ha logrado dicho resultado? 
Y no podemos esperar una mejora de la situación prohibiendo a los partidarios islamistas y musulmanes, amordazando totalmente al parlamento y estableciendo condiciones para solicitar la nomenklatura. 
Con una participación inferior al 30 % -estamos lejos del 85 %- y un no que arrastró al 70 %, Kabilia constituye sin duda el ejemplo más flagrante de fractura étnica y, desgraciadamente, no es el único. 
La dictadura institucional establecida por Amin Zéroual, corre más bien el riesgo de provocar el desencanto general y la desesperanza, conduciendo inexorablemente a la espiral de violencia. 
Señor Presidente, quiero expresar el apoyo del Grupo Socialista a la resolución común ante un tema tan complejo como es el tema de Argelia. 
El tema de Argelia nos crea a todos nosotros angustia y preocupación, porque el integrismo radical está destruyendo el tejido social y la convivencia en ese país, con unas dosis de intolerancia que lo arrojan a un abismo de negrura. 
Pero, al mismo tiempo, nos preocupan las medidas que las autoridades están adoptando para la erradicación de este terrorismo. 
Sabemos que la lucha contra este ciego terrorismo es tremendamente complicada y difícil, pero eso no debe hacernos olvidar que ciertos métodos, que se alejan de forma total y absoluta del respeto de los más elementales derechos humanos, no solamente no erradican el terrorismo, sino que le dan alas para mantenerse y crecer. 
También nos preocupan los términos en que ha sido aprobado el último referéndum celebrado en este país. 
Hay aspectos que afectan de manera determinante a la democracia y a los derechos humanos. 
La misma imposición del árabe como única lengua oficial, en contra de una minoría importante de bereberes, o los grandes poderes presidenciales, hacen que nos temamos la instauración de una dictadura por un método seudodemocrático. 
Sabemos que los problemas de Argelia tienen que ser solucionados por los propios argelinos, pero, en las relaciones que la Unión Europea mantiene con Argelia y en el nuevo marco de las relaciones, Europa no debe olvidar cuáles son las bases de su propia esencia, que es la democracia y el respeto de los derechos humanos y no hacer oídos sordos ante una situación que escapa a lo que es la más elemental norma de democracia universal. 
Señor Presidente, el referéndum sobre la revisión constitucional que acaba de realizarse el 28 de noviembre en Argelia debe abrir la vía para las elecciones legislativas. 
Sin querer inmiscuirnos en los asuntos internos argelinos, de todos modos, se plantean muchas preguntas en torno a este referéndum, que refuerza los poderes del presidente, que prohíbe la constitución de partidos políticos sobre una base religiosa o regional y que no aporta ninguna modificación al código de la familia, manteniendo éste las discriminaciones con respecto de las mujeres. 
Los medios de comunicación oficiales han practicado una censura deliberada contra los opositores al referéndum y numerosos partidos lo han boicoteado, denunciando sus irregularidades e impugnando los resultados. 
Lamentablemente, el referéndum no ha puesto fin a la violencia terrorista que ha seguido provocando víctimas cerca de Blida. 
Mi grupo renueva con la mayor firmeza su condena de los autores e instigadores de estos atentados terroristas que no cesan en nuestro país. 
¿Cómo aceptar en estas condiciones, que los responsables de movimientos terroristas continúen encontrando refugio en el territorio de algunos Estados miembros, donde crean redes de apoyo logístico y financiero al terrorismo? 
Es urgente tomar medidas en todos los Estados miembros y reforzar la cooperación para desmantelar estas redes. 
Si el gobierno argelino ha tomado medidas para luchar contra el terrorismo, que dan algunos resultados, debe evitar los errores y velar por garantizar el respeto de las libertades democráticas y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
La lucha contra el terrorismo por parte de las fuerzas del orden debe ir acompañada de iniciativas que favorezcan la apertura de un verdadero diálogo con el conjunto de las fuerzas democráticas, a fin de llegar a una solución política que permita al pueblo argelino construir la paz en un Estado de derecho democrático. 
Mi grupo se felicita por el inicio de las negociaciones entre la Unión Europea y Argelia con vistas a un acuerdo de asociación. 
Para evitar que dicho acuerdo se base únicamente en el librecambismo y la competencia de las economías, por una parte, debe respetar las opciones económicas y sociales de Argelia y, por otra parte, debe tener en cuenta la opinión de las organizaciones políticas, sindicales y profesionales. 
Señor Presidente, tengo la impresión de que este Parlamento valora la situación en Argelia de forma diferente que la Comisión Europea. 
En un prestigioso periódico holandés leo que nuestro Comisario Marín, en una visita a Argelia, no sólo ha prometido mucho dinero para mejorar la estructura económica, sino que además ha dicho que el referéndum ha supuesto un atisbo de esperanza y que la respuesta del pueblo ha sido clara. 
Me pregunto, señor Comisario, si sabe usted que la participación en el referéndum ha sido del 30 ó 35 %, por lo menos de acuerdo con diferentes agencias de prensa de Europa Occidental. 
Me pregunto si sabe usted que en Argelia, por lo menos para los ciudadanos, no había disponible ningún ejemplar de la nueva constitución, sobre la que debían emitir su juicio en el referéndum. 
Me pregunto, señor Comisario, si está usted al corriente del hecho de que los partidos en la oposición no pudieron expresarse en forma alguna a través de los medios de comunicación argelinos en relación con el referéndum. 
Pienso que es muy importante que no nos limitemos a condenar el terrorismo del FIS, que por supuesto es absolutamente inaceptable, sino que también hemos de reconocer expresamente que este referéndum no ha hecho más que reforzar el poder de Zerual, y no acercar más la democracia. 
Considero que Europa y la Comisión Europea, en su acuerdo de asociación euromediterránea, han de ocuparse de que siga garantizándose la cláusula de derechos humanos y que no sean palabras vacías. 
A fin de cuentas, sabemos que el diálogo con Argelia es muy necesario y considero que hemos de trabajar en ello, pero no se puede excluir que si se entablara el diálogo y por ejemplo los fundamentalistas participaran en el gobierno, la primera víctima serían los derechos de la mujer. 
Considero que la Unión ha de vigilar que esto no suceda. 
Señor Presidente, hace casi cinco años, en enero de 1992, que se impidieron las primeras elecciones parlamentarias democráticas en Argelia en nombre de la democracia mediante un golpe de Estado militar. 
Desde entonces, el país está atrapado en una espiral de terror por ambas partes. 
Pienso que la prohibición de los partidos de inspiración religiosa y el terror contra los pueblos bereberes no mejorará la cuestión, incluso todo lo contrario. 
Y me temo que ni siquiera la aprobación de una resolución completa en el Parlamento Europeo solucione los problemas en Argelia. 
Sólo deseo aprovechar la ocasión, y lo hago sin hacerme ilusiones, para hacer dos observaciones. 
Después de la descolonización, la dictadura socialista del FLN en Argelia contó con montones de ayuda de Francia y Europa. 
A pesar de este apoyo, en 30 años Argelia pasó de ser un país relativamente rico y próspero, a ser un país atrasado y en vías de desarrollo. 
El sentimiento de culpabilidad europeo después de la descolonización ha tenido consecuencias nefastas, no sólo en Argelia. También Zaire y Ruanda, en lo que respecta a mi propio país, han sufrido lo suyo. 
En segundo lugar, constato que quienes a principios de la década de los sesenta dejaron la opción a los europeos entre la valise ou le cerceuil, partir o morir, son los mismos que ahora buscan masivamente asilo en Europa, y los hechos han demostrado que con ello se está importando la guerra argelina al territorio europeo. 
Pero las bombas que explotan en Francia son pequeñas en comparación con la gigantesca bomba de relojería demográfica, cultural y política que representan millones de extranjeros no europeos en nuestro continente. 
En este Parlamento no podremos detener la guerra en Argelia, ni siquiera con una resolución. 
Pero quizás podríamos esforzarnos por aportar nuestro granito de arena para desactivar la bomba de la inmigración en Europa, ahora que todavía es posible. 
Señor Presidente, naturalmente que la Comisión, como el Parlamento Europeo, sigue muy atentamente la evolución de la situación política en Argelia. 
Desde las elecciones presidenciales de noviembre de 1995, la Unión Europea se ha esforzado por alentar a las autoridades argelinas hacia la normalización política, mediante el diálogo entre todos los partidos contrarios a la violencia. 
Este objetivo de diálogo pacífico sigue siendo nuestra prioridad principal. 
Las cinco resoluciones que ha presentado el Parlamento muestran la importancia que ustedes atribuyen al tema del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Argelia. 
Se trata de una preocupación que compartimos, tanto en el marco general de la nueva política mediterránea como en el Acuerdo de asociación que estamos negociando con Argelia. 
Permítanme, en este sentido, tres observaciones. 
En el plano multilateral, los compromisos políticos adoptados en la Conferencia de Barcelona comprenden en particular la voluntad de desarrollar el Estado de derecho y la democracia, y de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
En el plano bilateral, la Comisión, cuando comencemos las próximas negociaciones con las autoridades argelinas con vistas a la celebración de un nuevo acuerdo de asociación sobre la base del mandato impartido por el Consejo de Ministros, tendrá que hablar también de respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, porque se trata de un aspecto central de la nueva política euromediterránea. 
Quisiera señalarles que vamos a enfrentarnos a una tarea muy difícil ya que, como ha señalado la mayoría de los parlamentarios, la situación en Argelia es complicada, es difícil y nuestra posición- y les confirmo lo que han señalado algunos de los parlamentarios que han intervenido anteriormente -, en nuestra opinión, después del referéndum y con independencia de los juicios que se puedan emitir sobre su valoración, después de las elecciones presidenciales y ante las elecciones generales al Parlamento nacional en el primer semestre y las elecciones municipales en el segundo semestre, es que, a través del diálogo nacional, se puede llegar efectivamente el año que viene a crear un momento de esperanza que nos lleve a la normalización definitiva de Argelia. 
Por los comentarios que han hecho ustedes, entiendo que, desde el punto de vista del Parlamento Europeo, reclamen ustedes una votación ideal, una votación abierta, una votación participativa, una votación clara y transparente en todos y cada uno de los lugares del planeta. 
Pero la situación en Argelia, como he dicho, es sumamente difícil y compleja. 
Los derechos democráticos son, en este momento, objeto de amenaza permanente por parte del terrorismo y a partir de ahí hay que tener- creo yo -, un cierto grado de comprensión para permitir esta evolución y para que, a ser posible y gracias al diálogo nacional, se llegue el año que viene a una situación en que las elecciones generales puedan ser y representar este motivo de esperanza para Argelia. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Permítame que le diga desde mi convicción laica: » Dios le oiga». 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al final del debate. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1346/96 de la Sra. André y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la crisis en el Este del Zaire; -B4-1367/96 de la Sra. Baldi y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en el Zaire; -B4-1392/96 de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco y el Sr. Pons Grau, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el proceso de paz entre Rwanda y Zaire; -B4-1405/96 del Sr. Carnero González y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en el Este del Zaire; -B4-1417/96 de la Sra. Günther y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en el Este del Zaire; -B4-1428/96 de la Sra. Aelvoet y el Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en el Este del Zaire. 
Señor Presidente, la crisis en el este del Zaire está lejos de arreglarse. 
El mundo entero trata de persuadirse de que el regreso de unos quinientos mil refugiados rwandeses a su país de origen pondrá fin al conflicto. 
Los combates que se desarrollan en Kivu y en sus alrededores constituyen una fuente tal de anarquía que podrían tener repercusiones en toda la región de los Grandes Lagos. 
Hace exactamente un mes, aquí mismo, hacíamos hincapié en la incapacidad de la comunidad internacional para impedir la terrible tragedia de los refugiados y de los desplazados. 
La incapacidad para actuar demuestra la profunda crisis de que son objeto las Naciones Unidas. 
Puesto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único en poder decidir el envío de una fuerza de intervención, el Consejo Europeo debe continuar utilizando su influencia para que se haga dicho envío sin demora. 
Cualquier retraso corre el riesgo de agravar la situación ya explosiva. 
En esta región polvorín, las esperanzas no son vanas. 
Es preciso proseguir los esfuerzos de reintegración de los refugiados, restablecer y rehabilitar los sistemas judiciales haciéndolos independientes y justos y, por último, intensificar los esfuerzos de diálogo dando oportunidades para llevar a buen término el proceso de paz. 
Señor Presidente, Señorías, la tragedia y el recrudecimiento de los combates en el este de Zaire, escenario de continuos y violentos enfrentamientos entre los rebeldes y los ejércitos, no parece que vayan a terminar. 
Es preciso que toda la comunidad internacional actúe de forma coordinada y coherente, implicando a todas las partes que en estos momentos tienen intereses específicos en la región de los Grandes Lagos y desean llegar a un proceso de paz. 
Los esfuerzos solicitados por la Organización para la Unidad Africana deben hallar en la Unión Europea un activo interlocutor que permita solucionar esta grave crisis mediante medidas y acciones adecuadas. 
Sólo una sinergia de intervenciones de la Unión Europea y la Organización para la Unidad Africana puede lograr una solución. 
La ayuda humanitaria debe facilitarse a quien la necesite, en cualquier parte de la región, sin discriminaciones ni tampoco interrupciones. Hay que actuar enseguida, especialmente por lo que se refiere a la reinstalación de los desplazados en Ruanda, que muy pronto alcanzarán una cifra cercana al millón. 
Éste es un problema grave, ya que además debemos tener en cuenta que el proceso de reconciliación en dicho país es muy difícil por las evidentes implicaciones debidas a la convivencia entre hutus y tutsis que están traumatizados por la tragedia que han vivido a lo largo de estos años, y viven en un clima de gran tensión. 
Es necesario identificar y procesar cuanto antes a los responsables del genocidio de 1994, así como a los responsables de las últimas masacres. 
La Unión debe intensificar sus esfuerzos financieros y técnicos, a fin de apoyar el restablecimiento y la reforma del sistema judicial ruandés. 
Es probable que en estos días comiencen los procesos, sin embargo, existe una carencia tanto de jueces como de personal formado jurídicamente y capaz de actuar y aplicar la nueva ley penal, aprobada el 30 de agosto de este año por la Asamblea Nacional de Transición, que introduce varios principios que deberán, lo esperamos, garantizar prioritariamente el respeto de los derechos humanos y la justicia. 
Es muy importante que los 83.000 detenidos, actualmente hacinados en las superpobladas cárceles de Ruanda, sean sometidos a un juicio regular y justo. 
Si esto no sucede, se corre el riesgo de instaurar un clima de odio y venganza que puede eternizar esta crisis. 
El Tribunal Internacional de Arusa debe estar en condiciones de desempeñar sus competencias, a fin de que los autores de crímenes contra la humanidad sean entregados a la justicia. 
Para lograr la estabilidad del país es preciso reconstruir cuanto antes las viviendas destruidas por la guerra, el sistema sanitario debe llegar a ser eficaz y operativo, habida cuenta de la falta de personal médico y paramédico, y los hospitales necesitan una intervención con apoyo logístico para su rápida reconstrucción. 
Les recuerdo que las epidemias y el sida están aumentando en esta parte del mundo. 
Las infraestructuras básicas necesitan asimismo una intervención inmediata. 
Esta situación que pude comprobar personalmente in situ la semana pasada, precisa acciones rápidas, específicas y coordinadas para devolver la estabilidad y la paz al país. 
Deseo lanzar un llamamiento a sus Señorías a fin de que se empleen a fondo para resolver esta crisis, incluso promoviendo una conferencia internacional en la región de los Grandes Lagos que implique a todos los países. 
Así y todo, ha de existir un firme y consciente compromiso para resolver realmente este problema. 
Señor Presidente, en la historia del parto de los montes, la montaña, entre estertores y movimientos de tierra, da a luz a un ratoncito. 
Algo así, nos está pasando a la comunidad internacional en relación con el conflicto de los Grandes Lagos. 
Nos encontramos con un ratoncito de 300 soldados, inoperantes a efectos de los refugiados, después de conseguir una autorización del Consejo de Seguridad para llevar a cabo una intervención humanitaria, después de obtener una posición común del Consejo de Ministros apoyando esa intervención, después de que, por primera vez en la historia, ECHO se coordine con la PESC aportando los medios necesarios- concretamente el desbloqueo de 10 millones de ecus el mismo día en que se adoptó la posición común. 
Felicito a la Comisario Bonino por ello. 
Pero también quiero mostrarle mi inquietud porque aún no se haya puesto en marcha la decisión de contribuir con 2, 5 millones de ecus al fondo especial de Naciones Unidas para financiar la participación de Estados africanos en la fuerza multinacional. 
La situación continúa degradándose con la extensión de la guerra en el interior del Zaire, la expulsión de refugiados de Tanzania y Uganda, la matanza de los refugiados perdidos en los campos de batalla y las oleadas de desplazados zaireños que huyen de la guerra. 
A pesar de este telón de fondo, ayer, el representante del Consejo, Sr. Spring, parecía Alicia en el país de las maravillas, hablando del retorno voluntario de los refugiados, de su reinstalación pacífica y de la democratización en Zaire, cuando parece ser que ni siquiera hay intención por algún Estado de tratar este tema en la Cumbre de Dublín. 
La realidad es otra. 
La realidad requiere la ejecución de dos tipos de medidas. 
Primero, las medidas humanitarias para atajar la crisis humana- para las que contamos con los medios necesarios- se cifra en hacer llegar la ayuda a la población civil y en diseñar operaciones de reconstrucción y rehabilitación para los retornados. 
Posteriormente, poner en marcha proyectos de desarrollo. 
Las ONG están dispuestas a todo ello; es función del Consejo y de la Comisión facilitar su tarea. 
Segundo, las medidas políticas que corresponde llevar a cabo al Consejo de Ministros: promover una conferencia de paz regional, apoyar procesos democráticos en aquellos Estados que siguen teniendo un régimen antidemocrático... 
(Interrupción del Presidente) 
Señora Sauquillo, no le quito la palabra, lo que le digo es que no se precipite usted. 
Yo le advierto que usted ha agotado su tiempo, pero si usted se precipita, entonces pone en peligro la salud de las cabinas de interpretación, que pueden morir ahogados. 
Acabe, señora Sauquillo. 
Acabe, pero tranquila. 
Señor Presidente, espero que este tiempo en el que usted ha intervenido me lo permita para que yo pueda continuar. 
Repito, las medidas políticas que corresponde llevar a cabo al Consejo de Ministros: promover una conferencia de paz regional, apoyar procesos democráticos en todos los países de la zona- y ello significa retirar el apoyo a los regímenes antidemocráticos que durante años han sido respaldados por nuestros propios Estados. 
También requiere contribuir a asentar las bases de un reparto equilibrado del poder entre las diferentes etnias, con un sistema de protección de las minorías, el control de las ventas de armas en la región, el fomento de la cooperación de la Unión Europea con un control de eficacia de las mismas. 
Y quiero, por último, pedir al Presidente de la Comisión y al Presidente del Parlamento que evoquen este tema en sus intervenciones ante el Consejo Europeo, que va a tener lugar en Dublín este fin de semana. 
Gracias, pero permítame que le dé un consejo más: después de tanto pedir, pida también a su Grupo que le dé más tiempo. 
Señor Presidente, voy a resistir la tentación de recitar todo el catálogo de exigencias, como mi predecesora en el uso de la palabra. 
Sobre todo, esto resulta un tanto insatisfactorio si se hace en subjuntivo. 
Pero en el Zaire nos encontramos ante la situación algo rara de que las ayudas humanitarias han conducido en último término a una catástrofe humanitaria. 
Hemos permitido enormes concentraciones de personas, hemos destinado diariamente hasta 1 millón de dólares en alimentación, pero ello no ha conducido, en definitiva, a lo que hemos pedido, es decir, que se lleve a efecto sin demora el desarme de las milicias y de los soldados en estas zonas. 
Hace un año advertimos ya que el Gobierno de Zaire no parece tener voluntad de efectuar aquí una desmilitarización, lo cual ha conducido después a esta catástrofe, tanto más cuanto que los jefes militares no han ocultado que quieren volver a conquistar el poder en Ruanda y en Burundi por medio de la violencia. 
Por otro lado- y esto se ha dicho también aquí- quizá no hayamos reflexionado con suficiente detenimiento, señora Comisaria, acerca de si entre el regreso absolutamente voluntario y el reproche que usted me hacía el mes pasado con la pregunta de si yo estaba a favor de dejar morir de hambre a los refugiados en los campos no habrá otras posibilidades de descentralizar con más presión estas concentraciones de refugiados. 
Quizá debería servir de advertencia esto para el futuro. 
También ahora vuelve a darse el peligro de que abastezcamos con lo más preciso sólo a las personas que se hallan en las grandes concentraciones. 
Señora Comisaria, Señorías, la resolución de hoy es una repetición, y en lugar de hablar durante un minuto, quisiera pedir un minuto de silencio por las miles de personas que han muerto en Kivu por la negligencia de Estados Unidos en primer lugar y de la Unión en segundo lugar. 
(La Asamblea observa un minuto de silencio) 
La primera es la del fracaso de la política preventiva de la Unión Europea. 
Si no me equivoco, a lo largo de este año, hemos adoptado 23 resoluciones de urgencia, anunciando y denunciando lo que iba a ocurrir en Rwanda y en la zona los Grandes Lagos. 
Esto era previsible. 
Lo tenían que saber todos aquellos que tenían la obligación de saberlo. 
Realmente, las medidas adoptadas no han tenido ningún efecto. 
Pero lo más curioso es que también estamos viendo el fracaso de algo para lo que siempre habíamos sido bastante hábiles: la política de ejecución. 
Contamos con los medios materiales, contamos con las instituciones, pero somos incapaces de solucionar el problema. 
Por lo tanto, es evidente que es necesaria una reforma de las instituciones. 
Nada resulta tan caro como la falta de política. 
Y la falta de política tiene que llenarla algo. 
También hay que solucionar otra cosa, a la que han aludido anteriormente otros oradores: el sentimiento de impunidad. 
Si no se acaba con el sentimiento de impunidad, este problema seguirá reverdeciendo año tras año. 
Existe el Tribunal Internacional de Arusa. 
Conviene, pues, dotar a este tribunal de los medios necesarios para que pueda actuar. 
Contamos con una resolución de las Naciones Unidas y somos incapaces de desplegar los 10.000 soldados que esa resolución permitía. 
En lugar de ello, cargamos sobre las espaldas de los humanitarios la responsabilidad de ejercer una función humanitaria y militar. 
Creo que no se puede pedir ya más por un mismo sueldo. 
Es necesario, pues, un plan para la zona. 
Hay que saber que, en estos momentos, la mayor parte de refugiados están en Rwanda, que Rwanda tiene un Gobierno, y que hay que hablar y coordinarse con este Gobierno. 
Por último, señor Presidente, nos encontramos ya de lleno dentro de otro problema, que es la guerra civil en el Zaire. 
Mucho me temo que alguien tenga otra vez tentaciones de desarrollar una política neocolonial. 
Este Parlamento debería estar muy vigilante para que esto no suceda. 
Señor Presidente, Señorías, en efecto, como ya se ha dicho, hace meses que desde aquí advertimos y que hacemos oír nuestra voz para que la Comisión y el Consejo lo oigan. 
Dijimos que, después del genocidio en Ruanda, en África Central estallarían nuevos y gravísimos conflictos armados. 
Por desgracia, hasta el día de hoy nuestras palabras, nuestras intervenciones, han dado escasos resultados. 
Sin embargo, el mes pasado aprobamos un texto excelente. De esto ya hace un mes, y en los círculos diplomáticos era considerado como el mejor que se había publicado hasta entonces. 
Pero hoy nos sentimos obligados a intervenir de nuevo, pues lo que sucede ahora, la guerra, la caza de refugiados al Este de Kivu y que avanza en dirección al interior de Zaire, nos obliga a tomar de nuevo la palabra. 
Esta guerra empieza a adquirir aires de una empresa imperialista y van apareciendo figuras de la Guerra Fría, que creíamos olvidadas desde hace tiempo. 
Creo que, con el Acta final de Helsinki de 1975, en Europa aceptamos un principio excelente: nada de modificación armada de las fronteras; no aceptar que por medio de las armas se desplacen o violen las fronteras, o se produzcan invasiones. 
Se trata de un principio sagrado, que tendríamos que defender en todo el mundo como Unión Europea. 
Pero ahora se están realizando invasiones y cambios de fronteras. 
Por consiguiente, hago un llamamiento a todos aquellos que crean de algún modo en la diplomacia preventiva en estos tiempos, para que se esfuercen por crear un programa completo; para que no se extienda el conflicto de Kivu a todo Zaire; para que se declare el alto el fuego, que se abandonen los territorios ocupados, que se cree una fuerza multinacional que acuda al lugar; para que hagamos todo lo posible por que los países de los Grande Lagos acepten las fuerzas armadas para el mantenimiento de la paz y se convoque una conferencia sobre los Grandes Lagos, para determinar las responsabilidades de cada parte, en el tribunal de Arusa, y para que las naciones Unidas y Europa- y me dirijo a los Estados miembros de la Unión- hagan por fin todo lo posible por que en esta África lóbrega reine la paz, la tolerancia y quizás también un poco más de prosperidad. 
Señora Comisaria, no me dirijo a usted, sino sobre todo al Consejo y a los Estados miembros, pues son ellos quienes han de tomar las decisiones. 
Señora Comisaria, me complace que esté usted presente. 
No tenemos quejas contra usted, al contrario, en los últimos meses ha hecho usted gala de valor y buen criterio. 
Se encontraba usted en la línea del Parlamento Europeo. 
No sólo era peligroso, sino también ridículo pensar que las cosas se arreglarían por sí solas en Ruanda, así como en Burundi y en el Este de Zaire. 
Por supuesto, la intervención internacional era totalmente necesaria, era una obligación, y no lo hemos hecho. 
Por ello me complace que nuevamente el Parlamento Europeo haga un llamamiento para que se envíe algún tipo de fuerza internacional. 
Hemos de intentar hacerlo realmente, para encontrar una solución a los problemas humanitarios en el Este de Zaire y llevar por buen camino el regreso de los refugiados. 
Asimismo es preciso reforzar el Tribunal Internacional en Arusa, como ya ha dicho el Sr. Pons Grau, para que haya una justicia duradera en la zona de los Grandes Lagos. 
Desde hace más de dos años, este Parlamento pide una diplomacia preventiva, algo que entretanto se ha convertido en una palabra tan curiosa, que hemos de consultar el diccionario para saber qué queremos decir con ello. 
Diplomacia preventiva e intervención humanitaria en la zona de los Grande Lagos. En estos momentos nos mostramos quizás como buenos organizadores en teoría, pero en realidad, este Parlamento, que sigue viéndose impedido por el Consejo, lo intenta a pesar de todo. 
Espero y rezo por que en Navidad nazca un niño Jesús en forma de intervención internacional preventiva en la zona de los Grandes Lagos. 
Señor Presidente, ante todo, deseo felicitarle por la tolerancia que muestra hacia los oradores, una tolerancia que espero pueda caracterizar la segunda parte de nuestra legislatura. 
Señor Presidente, Señorías, yo también deseo unirme al agradecimiento del Parlamento por la presencia en el Pleno de la Comisaria, señora Bonino, que con su coraje, perseverancia y determinación ha dado un perfil y una presencia a la Unión Europea que, por desgracia, otras Instituciones no han sabido garantizar en esta crisis. 
Desde este punto de vista, estoy muy satisfecho de que, hoy, sea usted señora Comisaria, nuestra interlocutora respecto a una cuestión angustiosa y, políticamente, muy grave. 
Por fin, hace un mes, se aprobó una decisión política del Parlamento, no sin enormes dificultades y gracias al esfuerzo de la Comisión y de su representante, Sra. Bonino, sin embargo, la misma no se lleva a la práctica. 
Por ello, nuestro Grupo ha presentado una enmienda específica- que ruego encarecidamente a sus Señorías que examinen y, a ser posible, voten- que pide de forma muy clara que mañana, en el Consejo Europeo de Dublín, nuestros jefes de Estado y de Gobierno puedan hablar y tengan tiempo de hablar desde el punto de vista político y al máximo nivel, de la situación en Zaire. 
Espero realmente que esta enmienda corone y complete esta excelente resolución, que voy a votar sin falta. 
Señor Presidente, estimados colegas, en un debate como el de hoy es muy difícil hablar porque en el fondo los argumentos ya se han intercambiado. 
Les ruego comprensión, si ahora por esta razón me permito añadir dos puntos que no tienen que ver directamente con la resolución. 
Ante todo, se han dado las gracias varias veces a la Sra. Bonino. 
Quiero sumarme a este agradecimiento e incluso lo quisiera ampliar. 
Creo, señora Bonino, que el modo en que usted ha tratado el tema, le da a uno ánimo por el hecho de que haya aún en el mundo gente que no capitula ante situaciones políticas desesperadas ni tampoco capitula ante la táctica diplomática que reina en las capitales y, entretanto, también en las organizaciones internacionales. 
Efectivamente, la degradación del debate se muestra en que últimamente incluso en instituciones supranacionales, como en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sólo juegan un papel los elementos tácticos y no los argumentos políticos de principios. 
Sin embargo, quien en vez de practicar una diplomacia preventiva se dedique a las tácticas dilatorias se entrega a las vilezas de la política cotidiana y carece realmente de la fuerza visionaria que se necesita para dar una solución a un mundo cada vez más complicado y a sus problemas. 
Creo que éste es uno de los grandes problemas que tenemos que denunciar tanto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como en el Consejo de la Unión Europea. 
Quisiera añadir un segundo elemento. 
Podemos discutir mucho aquí. 
Nosotros, los europeos, y una gran parte de los Estados miembros de la Unión Europea hemos de tener presente que las causas de la situación que estamos lamentando hoy no están lejos de nosotros. 
Efectivamente, el drama africano, no sólo el de los Grandes Lagos, sino también el de muchos otros lugares, tiene su origen en la política de una parte de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por esta razón tenemos una responsabilidad especial y este Parlamento ha formulado más de una vez esta responsabilidad y la ha invocado más de una vez. 
La Comisión, representada por su Comisaria, asume su responsabilidad. 
Que el Consejo de Ministros no lo hace se ve realmente en cuán lamentable se ha vuelto últimamente la actitud de los gobiernos de la Unión Europea. 
Creo que, en consecuencia, este Parlamento- tal como estamos haciendo con esta resolución- no debe quedarse mudo, debe acusar y debe decir que los gobiernos de nuestros Estados miembros se están haciendo también culpables, en parte, de lo que está sucediendo en Africa. 
Señorías, con la intervención del Sr. Schulz hemos terminado el turno de oradores y voy a invitar a la Sra. Bonino a que tome la palabra, pero antes quiero agradecerle el esfuerzo que sé que ha hecho para estar hoy aquí entre nosotros. 
Señor Presidente, señorías, en primer lugar, y sin desear en absoluto poner en tela de juicio la utilidad de este debate, compruebo que se trata de una repetición de los debates que hemos tenido hace algunas semanas. 
No sé si era el 8, el 10 o el 12 de noviembre pasado, pero admito que, desde entonces no ha ocurrido nada. 
De donde deduzco que aquí no ha pasado nada. 
En efecto, desgraciadamente han sucedido muchas cosas in situ. 
Si es verdad que centenares de miles de refugiados han podido volver a Rwanda- y es evidente que vamos a ayudarles, que estaremos presentes en el lugar, además, lo estamos desde hace dos años -, me permito señalarles que, en Kivu, hay algunos centenares de miles de refugiados perdidos a los que no podemos ayudar. 
Tengo la impresión de que la prensa y las propias intervenciones nos hacen olvidar algunas cosas. 
Deseo, en efecto, que haya artículos sobre la dificultad del regreso, lo que no extrañará en absoluto, dado que, en el espacio de 24 horas, se ha repatriado a 400.000 ó 500.000 personas- además, nadie las ha contado- y se ha decidido hacer volver a otras 500.000 que estaban en Tanzania. 
A este respecto, acabo de ser informada de que varios miles de estos refugiados, que supuestamente volvían a Rwanda, están escapándose al interior de Tanzania. 
Quiero asimismo reconocer que el hecho de que nadie está autorizado a volver a Kivu, ya sean los humanitarios o los periodistas, plantea un problema porque, como todos saben, sin imágenes no hay noticias, sin noticias, no hay titulares en los periódicos, y es así cómo la opinión pública se desliza poco a poco hacia la indiferencia. 
Por lo tanto, los proyectores apuntan hacia Rwanda. Y está muy bien así. 
En lo que no estoy de acuerdo, es cuando se nos acusa, a nosotros los humanitarios, de inflar las cifras. 
A este respecto, les señalo que existe una tendencia inversa que consiste en minimizar las cifras para tranquilizar las conciencias. 
Pero, ¿quién las minimiza? 
Gente seria. 
Porque se sobreentiende que nosotros no somos serios: no hace más que dos años que estamos en el lugar. 
No, los que dicen esas cosas no estaban allí para comprobarlo. 
Y ahora, de repente, nos dicen: » ¿Saben ustedes? apenas hay 200.000 personas perdidas en Kivu». 
¿Significa eso que existe una nueva regla, un nuevo criterio en las convenciones humanas que estipulan que en lo sucesivo el umbral de tolerancia se establece en 200.000, 300.000, 400.000? 
Me inquieta ver que nadie discute seriamente pero que, por el contrario, como acaban de informarme, mañana, viernes, habrá una nueva reunión de 14 países que se supone participan en una fuerza multinacional, 14 países que pasan el tiempo preguntándose sobre las modalidades de su participación, y que siguen sin moverse. 
A fuerza de reflexionar, acabarán por estar en condiciones de poner en pie una expedición perfecta bajo todos los aspectos y puntos de vista. 
Por mi parte, temo que lleguen demasiado tarde. 
En segundo lugar, señorías, la Comisión está claramente convencida de la necesidad de una fuerza multinacional, sin la cual no hay ayuda posible. 
Me felicito, además, de oír un debate sobre lo humanitario, muy útil en sí, puesto que puede contribuir a mejorar nuestras acciones y nuestra eficacia. 
Por otra parte, hace dos años que no dejamos de poner de manifiesto la complejidad de esta crisis. 
Esta complejidad llama a otra: la de los actores y las voluntades políticas. 
Sin embargo, es forzoso constatar que los únicos actores presentes en el lugar eran efectivamente los humanitarios. 
Que sus señorías se tranquilicen; no hemos sido nosotros los que hemos creado la crisis, porque la crisis estaba ya allí. 
En efecto, los humanitarios no pueden resolver la crisis de origen político. 
Pero, salvar vidas, señora Günther, nunca es una acción inútil. 
Otro elemento que no hay que perder de vista; hemos tratado de salvar vidas para permitir que otros encontraran soluciones políticas. 
Ahora bien, ¿qué constatamos? 
Efectivamente, hemos salvado vidas pero nadie ha tenido la valentía de buscar soluciones políticas. 
Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, francamente, me extraña que se acuse a la Comunidad: a) de haberse quedado en el lugar, b) de haber salvado a la gente y haber creado la crisis. 
Es éste un debate que se sitúa al nivel de los valores y no al de la Realpolitik. 
Qué ingratitud para con las ONG que, a pesar de sus innegables defectos, al menos han tenido la honestidad de estar en el lugar cuando otros- ciertamente mejores- no estaban desgraciadamente allí, y si he comprendido bien, siguen sin estar. 
Gracias, señora Bonino. 
Usted comprenderá que cuando le digo gracias no lo digo como una formalidad. 
Yo no le he reprochado que usted debería haber permanecido allí prestando ayuda humanitaria, sino que he planteado la pregunta- y esto se puede deducir también de una información de Oxfam- de si la ONU, por ejemplo, y otros que tenían que haber actuado aquí han omitido también realizar el desarme allí. 
Esto no tiene nada que ver con lo que usted ha realizado aquí, sino que hemos caído también en esta catástrofe porque en los campamentos se han hallado estas acumulaciones de armas. 
Señor Presidente, tal vez se trate de un problema diferente, pero, evidentemente, compartimos la misma opinión. 
Además, creo poder decir que, durante dos años, hemos denunciado este estado de cosas e insistido precisamente en la necesidad de desarmar, separar, etc... 
Pero, efectivamente, no es a los humanitarios a quienes corresponde separar o detener a la gente. 
Por lo que respecta a la impunidad de la que he oído hablar, sepan que el problema del tribunal ad hoc, cuyo mandato además sólo es válido para 1994, y por lo tanto, no cubre las nuevas matanzas, no es la falta de recursos o de fondos. 
Su verdadero problema es que se han dado 21 órdenes de detención, y que no hay nadie para detener a los criminales inculpados, ni nadie para extraditarles. 
Y, estoy segura de que estarán ustedes de acuerdo en la dificultad que existe para hacer funcionar a un tribunal sin inculpados. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Como faltan 6 minutos para las 17.30 horas y hemos concluido nuestros debates, les propongo que suspendamos la sesión durante 6 minutos. 
(La sesión queda interrumpida durante 6 minutos) 
Señora Presidenta, Señorías, quiero señalar a este Parlamento que el tiempo para las resoluciones sobre cuestiones actuales, urgentes y especialmente importantes ha de utilizarse para cuestiones realmente urgentes y hay muchas. 
El debate de hoy ha demostrado, como era previsible, que la resolución urgente sobre el descanso dominical apenas puede calificarse como tal, y por ello nuestro Grupo no votará sobre esta cuestión. 
Señorías les señalo que la Asamblea ha decidido así y, como ustedes saben, el Reglamento prevé un procedimiento de impugnación si se estima que debe recurrirse a él. 
Votaciones 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, que en esta Asamblea utilizamos más tiempo para la votación que para el debate es un hecho suficientemente conocido, pero lo que ha pasado en el último cuarto de hora no favorece, en mi opinión, a la eficacia de nuestra Asamblea. 
Por consiguiente, quisiera hacerles una propuesta de procedimiento que quizá pudiéramos tomar en consideración en la segunda mitad de nuestro período electoral. 
Si en el programa de trabajo de los jueves hacemos figurar que inmediatamente después de las votaciones de las cuestiones de urgencia se proseguirá con las votaciones que no pudieron concluirse a mediodía, entonces todos los colegas sabrán que inmediatamente después se procederá a votar. 
No perderíamos tanto tiempo como ahora. 
Señor Schultz, pienso que se trata verdaderamente de una excelente propuesta. 
En realidad, mi apuro se debía al hecho de que está escrito con todas sus letras en el orden del día: » reanudación de la votación a las 18.00 horas». 
En estas condiciones, es evidente que un compañero hubiera tenido el derecho a quejarse, si las votaciones se hubieran producido antes. 
Señor Schultz, pienso que tiene usted toda la razón y aceptamos su sugerencia. 
La próxima vez, indicaremos en el orden del día: » reanudación de las votaciones mañana, después de las votaciones sobre las resoluciones de urgencia». 
Ello nos evitará perder el tiempo. 
Le agradezco su sugerencia constructiva. 
Señorías, deseaba decirles, para que las cosas queden claras, que en el momento en que terminemos las votaciones, proseguiremos sin necesidad de interrumpir la sesión, los debates sobre los informes del Sr. Megahy y de la Sra. Banotti. 
Señora Presidenta, quiero referirme a la sesión de esta mañana, que no quiero realmente calificar de caótica, pero que nos ha parecido una sesión caótica, en primer lugar, a consecuencia de las traducciones. 
Hemos entendido a la Sra. Presidenta que tenía sus papeles en alemán. 
Es increíble que a la Presidenta le impongan un idioma que no domina. 
Esto no debe repetirse. 
Ni debe repetirse en esta Asamblea que, por falta de traductores o de tiempo, no se distribuyan todas las traducciones de todos los informes en todas las lenguas admitidas en esta Asamblea. 
Dicho esto, y dado que la votación sobre este informe ha sido aplazada por no estar disponible su traducción al finés y al sueco, pregunto a la Sra. Presidenta: ¿es válida la votación de esta mañana sobre este informe? 
Y en caso de que no sea válida, ¿en qué artículo del Reglamento nos basamos? 
Señora Presidenta, coherentes con la iniciativa adoptada aquí en el Parlamento el primer día de reunión, cuando solicitamos que se excluyera este informe del orden del día, pedimos ahora que este informe sea devuelto a comisión por las mismas razones, que se han visto reforzadas por el tono que asumió el debate sobre el mismo. 
Manifestamos que el informe, por un exceso de celo del ponente y no ciertamente por su falta de buena voluntad, ha creado una situación tan sumamente confusa que no indica la forma de encarrilar a los PECOS hacia la Unión Europea. 
Existen, al contrario, peligros para la protección de la preferencia comunitaria, la correcta aplicación del principio de subsidiariedad, así como para los criterios, que se anticipan, de una reforma global de la PAC que no puede abordarse ahora. 
Por consiguiente, coherentes con esa propuesta, pedimos que el informe sea devuelto a la Comisión de Agricultura para ulteriores profundizaciones. 
Señora Presidenta, estimados colegas, quizá se haya debido a la confusión de los últimos meses que usted no haya encontrado la comisión en la que podíamos haber hablado sobre esto. 
Durante casi un año hemos discutido sobre ello de una manera muy abierta, muy colaboradora y también muy propicia al compromiso. 
En realidad, no veo ninguna razón para que ahora no logremos adoptar un acuerdo y, en consecuencia, propongo que prosigamos el trabajo y seamos creativos. 
Señora Presidenta, aprecio al Sr. Santini, pero en este caso soy de otra opinión. 
Hemos discutido suficientemente, hemos tenido un buen debate en el Pleno y ahora debemos adoptar una decisión para que podamos influir sobre la Comisión. 
En la cuestión del ingreso de los estados de la Europa central y oriental las vías han de colocarse temprano. 
Lo hemos de hacer ahora. 
Sospecho, señor Santini, que usted teme que lo que se rechazó en la votación de la comisión, va a ser reintroducido ahora. 
Sin embargo, para mí ésta es precisamente una razón para votar ahora, porque estos artículos que en la votación de la comisión se han quedado fuera, me parecen muy importantes. 
Espero que podamos imponernos ahora aquí en el Pleno, cosa que no pudimos hacer en la comisión. 
(El Parlamento rechaza la petición de devolución a la comisión) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, por una cuestión de orden. 
En esta votación se acaba de votar desde el escaño nº 425, que está vacío. 
La votación está cerrada... 
Pero, señora Presidenta, insisto, el nº 425 acaba de votar. 
La luz se ha encendido. 
Hay algún problema con nuestro sistema de votación electrónico. 
Vamos a comprobar. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, ha dicho usted muy amablemente que iba a comprobar el supuesto abuso del principio de «una persona, un voto». 
Entiendo que ha tenido tiempo suficiente para hacerlo. 
¿Puede informarnos ahora? 
En caso contrario, ¿podría decirnos cuánto va a tardar en informarnos, porque la tarjeta que estaba en el dispositivo de votación cuyo número se ha mencionado fue retirada de hecho por el Sr. Pasty hace unos dos minutos. 
Quisiera que usted supiese exactamente cuando va a informar al pleno sobre esto porque es una violación muy grave del Reglamento y puede dar lugar a la expulsión de diputados por unos días. 
Estoy seguro de que querrá informar con carácter urgente. 
Señor McGovan, debo decirle que todos las presidencias del Parlamento han prohibido estas prácticas. 
¡Que quede claro! 
En este momento estamos procediendo a las necesarias comprobaciones con los técnicos y antes de finalizar esta sesión de votaciones estarán ustedes informados al respecto. 
Señora Presidenta, uno de los éxitos de la Presidencia del Sr. Hänsch ha sido eliminar este abuso por parte de algunos miembros que votan más de una vez en un procedimiento que alguien me ha descrito como «tocar el piano». 
Usted estaba de acuerdo en que hubiera una investigación. 
De nada sirve hacerla e informar sobre ella en enero o febrero del próximo año. 
El culpable está ahora ocupando su escaño y quisiera saber que va usted a hacer al respecto. 
La comprobación deben hacerla los servicios técnicos. 
Además, repito al Sr. McGovan que los resultados de la comprobación a la que estamos procediendo se conocerán antes de esta noche. 
Señora Presidenta, lo siento mucho, pero se está produciendo un abuso. 
Vi personalmente cómo el Sr. Pasty ponía una tarjeta en el asiento 493 detrás suyo hace un minuto. 
Fui testigo de ello y ahora lo hago constar en acta. 
Señora Presidenta, lo lamento pero ya no quedan tarjetas. 
¡El Sr. Pasty se ha convertido en prestidigitador! 
Les aseguro que estamos haciendo comprobaciones. 
Señora Presidenta, quizá contribuya a la dignidad de la Asamblea que el diputado que está al lado pueda explicar lo sucedido. 
Tenemos derecho a más de un intento en un truco con tres cartas. 
Señorías, tenemos la posibilidad de efectuar una comprobación técnica para saber si hay una papeleta que ha votado sola, porque es de eso de lo que se trata. 
Les prometo que tendrán ustedes el resultado de esta comprobación técnica antes de que termine la sesión de esta noche y les pido, por favor, que prosigamos nuestras votaciones porque no hemos terminado todavía. 
Señora Presidenta, creo que los miembros no deberían ser tan mezquinos, deberían felicitar al Sr. Pasty por estar aún tan ágil a su avanzada edad. 
Informe (A4-0392/96) del Sr. Casini, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el refuerzo del derecho y de la cooperación entre los Estados miembros en materia de adopción de menores 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Pronto estaré condiciones de darles los resultados de la comprobación técnica. 
Señora Presidenta, desearía hacer una comprobación. No hay nadie al lado de la Sra. Hardstaff, a su derecha, y su máquina ha votado. 
Pero está presente, ahí. 
Señora Presidenta, todos nos estamos cansando de esto, pero ¿podría simplemente pedir a los servicios que identifiquen la tarjeta que hay encima del dispositivo de votación del asiento 555, que está ahora a la izquierda del Sr. Andrews? La hemos visto pasar del Sr. Pasty al Sr. Andrews. 
¿Podríamos tan sólo comprobar la identidad de esa tarjeta ahora mismo y entonces podrá usted finalizar su investigación? 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, antes de iniciar la votación, deseaba dar mi opinión sobre el conjunto de las enmiendas propuestas por el Sr. Caccavale, en nombre del grupo UPE. 
Si dichas enmiendas se hubieran propuesto con antelación a la votación en comisión, hubiera podido seleccionar algunas de ellas, de hecho, todas las que no cambiaban la filosofía del texto, e integrarlas en las enmiendas de compromiso que he propuesto en comisión. 
Pero hoy, me resulta extremadamente difícil hacer lo mismo y ésta es la razón por la que propondré que se rechacen las enmiendas del Sr. Caccavale, para no romper el equilibrio que habíamos encontrado en comisión con los demás grupos. 
Señora Presidenta, espero su informe con impaciencia porque al ocupante del escaño 424 le afecta lo que resulte del mismo. 
¿Podría usted solicitarle que no abandone la Cámara antes de que tengamos el informe? 
Creo que le he visto apresurarse hacia la puerta. 
Señora Presidenta, le agradecería mucho que leyera el nombre de la tarjeta con la que se me acusó de votar dos veces y que hiciera comprobar a los servicios si se han emitido votos con esa tarjeta. 
Si usted lee el nombre a la Asamblea, entonces confío y espero que los que me están acusando de votar dos veces pidan disculpas y retiren lo dicho. 
La pepeleta que se me ha remitido lleva el nombre del Sr. Hyland. 
Tal vez mi pronunciación no sea la correcta. 
De cualquier modo, en efecto, hay un problema. 
Después de esta votación, daré los resultados de la comprobación técnica. 
En efecto, hay un problema pero voy a mentener todavía un momento el suspense. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Votaré a favor del informe si se aprueba la enmienda del Sr. Rehder. 
Ciertamente pienso que debería reformarse la política agrícola común con más rapidez de la que propone esta propuesta de documento. 
Pero sl Sr. Rehder tine razón en su enmienda en el sentido de que no es aceptable que el 80 por ciento de los recursos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía para la Agricultura se destine al 20 por ciento de los productores de la Unión. 
La propuesta del Sr. Rehder representa en todo caso un pequeño paso en el buen camino por lo que respecta a la reforma de la PAC. 
Debe continuar la reforma llevada a cabo en 1992 y ampliarse con la mayor prontitud posible. 
Debe reformarse radicalmente la PAC con vistas a la ampliación de la Unión Europea. 
Mi propuesta principal es que la PAC (como la política regional) vuelva al nivel nacional. 
La política agrícola común es demasiado costosa y burocrática. 
Voto a favor del informe del Sr. Rehder porque con su método analítico destaca los problemas relacionados con la ampliación de la UE hacia el este, especialmente por lo que se refiere a la política agrícola común y los fondos estructurales. 
Es importante que se incluyan estos aspectos cuando se someta a debate la ampliación, sobre todo si queremos llevarla a cabo de un modo serio y sin frases propagandísticas. 
El informe hace hincapié en que deben modificarse la actual política agrícola y de fondos estructurales en caso de que los Estados del centro y este de Europa se adhieran a la UE, en lo que estoy de acuerdo. 
El informe destaca además aspectos importantes del medio ambiente y el empleo que considero de gran valor. 
No obstante, quiero reafirmarme en mi posición de principio, que consiste en que cada país de los Estados de la Europa central y oriental tiene que decidir por sí mismo si desea formar parte de la UE. 
En este contexto los referenda juegan un papel central. 
Nuestro colega, el Sr. Rehder, afirma en su informe que en la UE el 80 % de las subvenciones van a parar sólo al 20 % de las empresas agrícolas. 
Espero que el Sr. Rehder nos presente la prueba de esta desmesurada afirmación. 
En Baden-Württenberg, de donde procedo, esto no sucede. 
Acabo de recibir los resultados más recientes de la contabilidad de los grandes agricultores. Estos datos se han elaborado con arreglo a criterios objetivos. 
A tenor de los mismos, las rentas brutas por trabajador en 1995/1996 en 3.000 explotaciones asciende: 
en las explotaciones de frutas para el mercado a 41.465 DM-en las explotaciones de cultivo de forrajes a 30.465 DM-en las explotaciones de engorde (cerdos) a 42.359 DM-en las explotaciones mixtas a 37.792 DM.En las explotaciones de cultivo de cereales el 90 % de las rentas proceden de las prestaciones por compensación de hectáreas por retirada de superficies de cultivo, por cultivo de cereales y por cultivo de oleaginosas. 
En este punto las primas por superficies se establecieron en el Acuerdo Blair-House. 
Nunca se habló de subvenciones. 
Previamente se redujeron los precios en más del 30 %. 
A causa de la caída de los precios en la carne de bovino (STB) y el descenso de los precios de los lácteos las rentas de las explotaciones forrajeras han descendido hasta un nivel muy reducido. 
La prima por toros se paga sólo por 90 animales y también aquí la causa ha sido una notable reducción de los precios de intervención. 
Un agricultor que tenga en explotación 80 hectáreas debe pagar una cuota de seguro de enfermedad que equivale al doble de la cuota pagada por una explotación de 20 hectáreas. 
Sin tomar en consideración las rentas. 
Esta afirmación no diferenciada constituye una ofensa para los agricultores de mi país. 
No puede ser que se emita semejante juicio sobre todo un sector profesional sin efectuar distinciones. 
El informe del Sr. Rehder realiza, en líneas generales, diversas propuestas para afrontar la reforma de la PAC, dejando de lado el planteamiento de una verdadera línea estratégica y política para la preadhesión y futura adhesión de los PECO. 
No tiene en cuenta las diferencias agrícolas, económicas y sociales existentes entre los distintos países PECO ni entre éstos y los países miembros de la UE, diferencias que deben ser valoradas a la hora de afrontar la reforma de la PAC. 
No define el impacto económico y social, tanto a nivel regional como global, que conllevará la integración de los PECO y la reforma de la PAC, con el valor añadido que supone la zona de libre mercado con el Magreb y Mercosur. 
No sólo hay que conceder ayudas a los PECO para la reestructuración, modernización y diversificación de su producción agraria; también hay que considerar su incidencia en la agricultura interior de la UE, que, tras la integración de dichos países, conllevará un empobrecimiento medio de la UE, afectando, así, al actual acceso a los fondos comunitarios para el desarrollo. 
Reconociendo el trabajo realizado por el Sr. Rehder, y en función de las enmiendas aprobadas, respaldamos el contenido de dicho informe. 
Mis colegas y yo mismo estamos de acuerdo con el amplio informe del Sr. Rehder con las siguientes reservas: 
Soy partidario de la renacionalización bajo la condición de que, en contrapartida, se reduzcan las aportaciones nacionales de los Estados miembros, para propiciar así la posibilidad de practicar in situ y en la región correspondiente, tomando en cuenta todas las condiciones naturales dadas y bajo el aspecto de la durabilidad y de la eficacia, una política de precios y de rentas y de modificar o de prolongar los mecanismos de apoyo y de intervención. 
Quisiera que se añadiera también que por esta vía numerosos casos de fraude y otras deficiencias podrían hacerse accesibles a un mejor control y, por ende, a una lucha eficaz contra los mismos. 
Sobre el informe Berès (A4-0389/96) 
Señor Presidente, seré muy breve. 
Había solicitado una explicación de voto para el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas sobre dos informes. 
Acerca del informe de la Sra. Beres sobre un servicio universal de telecomunicaciones, el Grupo Liberal se abstuvo porque la definición de servicio universal era demasiado imprecisa y demasiado amplia y las referencias a las necesidades de financiación para dichos servicios no previstas en presupuesto eran también demasiado vagas. 
En cuanto al informe Brémond d ' Ars, votamos en contra porque en la práctica iba a obstaculizar por completo la posibilidad de liberalizar los servicios postales, lo cual no beneficia a los intereses de los consumidores ni a los del mercado interior. 
Por ahorrar tiempo no insistiré en dar más explicaciones. 
Al pronunciarse sobre el excelente informe de mi compañera Pervenche Bérès, nuestro Parlamento muestra una señal clara a la Comisión Europea sobre la definición del servicio universal, más especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones. 
No repetiré los puntos técnicos, muy bien puestos de relieve por mi compañera. 
Compartiendo su misma preocupación sobre una delimitación justa y equitativa del contenido del servicio universal, condeno la falta de acción de la Comisión. 
Necesitamos una definición lo más amplia posible que pueda reflejar verdaderamente un modelo de sociedad para cada ciudadano europeo; esto es más que una necesidad en el momento en que la Comisión presenta su comunicación sobre los servicios de interés general, punto de partida de una reflexión sobre el futuro de los servicios públicos. 
A través de una noción fuerte de servicio universal, llegaremos a mentener principios que nos son queridos, tales como la perecuación tarifaria, la accesibilidad de todos al servicio. 
Por último, para terminar, apoyo firmemente la propuesta del ponente relativa el establecimiento de un fondo de servicio universal, la solución más justa para la financiación de las actividades del servicio universal. 
La liberalización programada de las telecomunicaciones el 1 de enero de 1998 se acompaña, como todas las liberalizaciones iniciadas, de un temor relativo al acceso de todos a las redes y de una demanda de garantía de justicia en la utilización del servicio, el servicio universal. 
Nuestra compañera Bérès, a quien deseo rendir homenaje, presenta aquí una recomendación esencial: si debe producirse la liberalización, que se refuerce al mismo tiempo el servicio universal con garantía de financiación de este servicio. 
En efecto, la Unión debe hacer cuanto esté en sus manos para garantizar, en el ámbito de las telecomunicaciones, como en el resto de los ámbitos, que en el mercado liberalizado de mañana, cada cual, allá donde esté, cualquiera que sea su nivel de equipamiento, pueda beneficarse de condiciones equitativas de acceso al servicio de telecomunicación por un precio de compra razonable, a reserva de que sea regulado. 
El progreso tiene ese precio. 
En los albores de la sociedad de la información, no podemos sacrificar la igualdad de trato frente a las telecomunicaciones. 
El riesgo es real, todos lo sabemos. 
Es indispensable que el Parlamento sepa expresar claramente su vinculación a los reglamentos políticos de la ley del mercado, competencial y liberalizado. 
Es esencial que la Comisión tenga en cuenta estas observaciones y establezca en el futuro propuestas de directiva, cuyo interés primordial irá, no sólo a los industriales o a los promotores, sino a los consumidores. 
Esto es así en el ámbito de las telecomunicaciones y en muchos otros. 
Este informe sobre las telecomunicaciones afirma con fuerza la necesidad del refuerzo del servicio de interés general a nivel europeo para acompañar la liberalización de las telecomunicaciones en nuestra sociedad de la información. 
Permítanme que añada que la medida suscitará muchas protestas relativas a la financiación del servicio universal. 
Pedimos el establecimiento de un fondo al que deberían contribuir todos los proveedores de servicio de teléfono móvil, vocal, interconectado... con el que inquietar a muchas capitales europeas y provocar otro pulso con la Comisión y el Consejo. 
«Telecomunicación es más que teléfono.» 
Donde él tiene razón, tiene razón... 
Pero mi viejo amigo, Bangemann, pasa por alto una cosa decisiva: la telecomunicación no es solamente un factor económico, sino precisamente también un factor de primer rango de cultura y de democracia, es decir, en ella se trata siempre también de la producción de bienes y de servicios públicos. 
Por esta razón, este ámbito necesita una regulación clara que en cualquier caso lo vincule de manera obligatoria a objetivos tales como igualdad, libertad y solidaridad. 
Esto no excluye que promotores privados puedan y deban moverse aquí. 
Pero, igualmente, debe haber espacio para promotores públicos que sean capaces de producir de manera rentable y competitiva a la luz de estos objetivos vinculantes. 
A este respecto, la garantía de un servicio universal no debe ser minimalizada hasta una magnitud residual en desaparición. 
En consecuencia, es preciso describir no sólo su planteamiento, sino también su financiación mediante conceptos dinámicos, susceptibles de desarrollarse ulteriormente. 
Por lo demás, la oposición entre servicio público, eficiencia y flexibilidad, que se ha dado por supuesta varias veces en el debate, no se basa más que en un a priori doctrinario. 
Deberían haber quedado atrás los tiempos en que nos facilitábamos de esta manera la toma de posición: una política real debe estar referida a la realidad histórica, y de cara a la práctica política no es suficientemente definible a través a priori alguno, que se puede traducir también, en alemán, como pre-juicio. 
Sobre el informe de Brémond d ' Ars (A4-0388/96) 
Compartimos plenamente la opinión de que la Comisión debería retirar su propuesta. 
No obstante, también pensamos que, en relación con el apartado 2, se podía haber destacado lo que figura en la enmienda 10, que el Tribunal de la UE también ha hecho hincapié en que las empresas que sean de interés económico general pueden estar exentas de la libre competencia que menciona el Tratado. 
Como de costumbre, nuestra opinión es que se han exagerado excesivamente las ventajas de la desreglamentación. 
El proyecto de comunicado de la Comisión sobre la aplicación de las disposiciones en torno a la competencia en el sector de los servicios postales significa que todos los países de la UE han de abrir las puertas del sector a la libre competencia. 
Esto es encomiable. 
La situación actual, en que sólo algunos países tienen un sector de correos expuesto a la competencia, no es satisfactoria. 
Lo mejor sería, no obstante, que se aplicase la posición anterior del Consejo, que establecía un periodo para la exposición de dicho sector a la libre competencia. 
Tras la toma de posición del Parlamento en el primer debate, y la imposibilidad de que el Consejo llegara a un acuerdo sobre una nueva posición común, parece que va resultar difícil llegar a un compromiso en este sentido. 
Teniendo en cuenta la situación surgida, y ya que estamos a favor de que se exponga a la libre competencia a los servicios postales de todos los países miembros, hemos decidido abstenernos en la votación. 
Me atrevo a esperar que nuestro Parlamento aprovechará la ocasión- a través del informe de mi colega Georges de Bremond d ' Ars- de oponerse a la Comisión Europea contra un intento de utilización del apartado 3 del artículo 90 del Tratado en un ámbito eminentemente sensible: la actividad postal. 
¡Qué ejemplo tan perfecto de doble lenguaje el mantenido por el ejecutivo europeo! 
Por una parte, tenemos una propuesta de directiva sobre la cual hemos presentado enmiendas a una fuerte mayoría en mayo pasado, forzando al Consejo a la adopción de una posición común equilibrada, y, por otra parte, un chantaje por parte de la Comisión con esta «nota» autorizándole a actuar de forma unilateral. 
¿Qué solución escoger entre la acción concertada y la acción solitaria? 
Los operadores postales, los asalariados de este sector y los ciudadanos europeos non pueden quedar satisfechos con un método semejante. 
Por mi parte, analizo esta gestión como un auténtico «casus belli». 
¿No pasa la democracia por el respeto de los derechos de su asamblea? 
Esta nota no conviene a nadie, ni siquiera a la Comisión Europea puesto que contradice los términos de la propuesta de directiva. 
Es forzoso comprobar que el sector postal deberá conocer su fervor de liberalismo, ello debe hacerse en la concertación. 
Se ha iniciado un procedimiento de codecisión, dejemos que llegue a su fin. 
Esta nota no debe ser la espada de Damocles para el Parlamento Europeo. 
Los servicios postales nacionales han funcionado durante mucho tiempo en una situación de monopolio. 
Pero también en este sector existe actualmente un espíritu de empresa que es importante desarrollar. 
Pocas cuestiones son tan importantes hoy por hoy como la apertura de los servicios a la libre competencia. 
Todas las experiencias registradas en los diversos ámbitos demuestran que este es el mejor modo de aumentar la eficacia, crear nuevos empleos y rebajar precios. 
Esta es la evolución que se ha experimentado en los ámbitos que se han desregulado y liberalizado. 
Es también la evolución registrada en los países donde se ha estimulado la libre competencia en los servicios postales. 
Es vital que se continue en esta línea, y que se amplíe al conjunto de los países miembros de la UE. 
El informe que el Parlamento Europeo tramita da, no obstante, un paso en una dirección que nos arriesga a que se no se impulse la libre competencia. 
El informe del Sr. Brémond D ' Ars merece ser apoyado porque pone de manifiesto la oposición del Parlamento a la actitud despótica de la Comisión con respecto a los servicios postales y en particular, a la continuación del servicio postal universal. 
El Parlamento ha dado su opinión en varias ocasiones, en las que ha tratado de mostrar la diferencia entre un servicio público y actividades de otro tipo y, en particular, la repercusión económica y social que tienen las oficinas de correos en las áreas periféricas, rurales, suburbanas o urbanas. 
Me parece absurdo que, en un momento en el que la UE y la Comisión están dirigiendo recursos al desarrollo rural y urbano, promoviendo «pactos por el empleo» y otras iniciativas, sostengan además propuestas que conducirán al cierre de servicios básicos para las comunidades y a pérdidas significativas de puestos de trabajo- todo ello en nombre de la competencia y el mercado único. 
Una parte del pulso se compromete de nuevo por la defensa de los servicios postales entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el consejo. 
Recuerden nuestra acción, el 9 de mayo de 1996. 
Enmendamos profundamente la directiva propuesta, permitiendo así el mantenimiento del publicorreo y del correo transfronterizo bajo monopolio de correos. 
Los servicios postales que asumen misiones de servicio público deben mantener sectores lucrativos que les permitan equilibrar sus actividades deficitarias. 
Asimismo, hemos rechazado la apertura a la competencia después del 2003, previa adopción de una nueva directiva... 
Pero estas decisiones han molestado a la mayoría de nuestros gobiernos. 
Hénos aquí, hoy, ante una segunda propuesta, una «comunicación» que consideramos incompatible con nuestra votación anterior. 
Pedimos a la Comisión que retire su texto. 
A nivel europeo son adecuadas las privatizaciones, cuando se trata de empresas de servicios cuyas tareas pueden ser asumidas igualmente bien por promotores privados. 
Pero Correos no es un sector económico como los demás: presta servicios específicos que tienen que redundar en beneficio de todos los ciudadanos, sean rentables o no estos servicios. 
Por esta razón, no me sorprende que el Consejo de Ministros de la UE haya fracasado hasta ahora en lo que respecta a las modalidades de liberalizar el sector de correos. 
Los textos que ha presentado la Comisión de la UE son de hecho tan extremos que no ha sido posible encontrar una mayoría cualificada para la adopción de los mismos. 
Los pequeños países, en especial, se defienden (con razón) contra las tendencias de liberalización absoluta que pondrían a las pequeñas empresas en manos de la competencia de las grandes empresas, financieramente más fuertes. 
Efectivamente, la privatización no debe conducir a que negocios lucrativos pasen a manos privadas, mientras el reparto básico costoso fuera de los centros de población se sigue reservando a las empresas nacionales de correos. 
En este sentido se plantea también la pregunta, si se debe abrir o no el lucrativo ámbito de los envíos de publicidad directa. 
Por lo demás, para los pequeños estados es importante en qué volumen ha de ser desregulada la circulación postal transfronteriza. 
En este punto la propuesta de transacción irlandesa en el Consejo preveía que con un volumen global de más del 20 % de circulación postal transfronteriza en un Estado miembro no abrir inmediatamente este sector a la competencia (cosa que sería importante, entre otros, para Luxemburgo, Irlanda, y Grecia). 
Por consiguiente, es preciso resolver todavía muchos problemas antes de que se pueda abordar la privatización. 
Fijar ya plazos vinculantes ahora (como desean la Comisión de la UE, Holanda, Finlandia y Suecia) sería prematuro. 
En consecuencia, no lamento que se haya congelado por ahora el procedimiento legislativo. 
Esto no es una catástrofe, sino una oportunidad para buscar soluciones bien pensadas y que tengan en cuenta también los problemas de las naciones pequeñas. 
Sobre el informe Lalumière (A4-0400/96) 
Los socialdemócratas del Parlamento Europeo han votado a favor del informe Lalumière. 
Compartimos la preocupación de la ponente por las violaciones masivas de los derechos humanos que tienen lugar continuamente a escala mundial. 
Compartimos, asimismo, su frustración por el hecho de que la UE no dé un ejemplo suficientemente bueno en este sentido. 
Los derechos humanos son de actualidad en cualquier tipo de comunicación con los terceros países. 
Las dudas relacionadas con este tema han de ser formuladas y contestadas cada vez. 
Los créditos del programa MEDIA a Turquía es el ejemplo más reciente de que el Parlamento ha tenido que actuar como la mala conciencia de la Comunidad. 
Lo hacemos con mucho gusto. 
Por eso, hemos votado a favor de este informe, que está en concordancia con la actitud progresiva que el Parlamento Europeo adopta generalmente en relación con los derechos humanos. 
No obstante, rechazamos la parte del informe que subordina una política de los derechos humanos decente al desarrollo masivo de la política exterior y de seguridad de la UE. 
Ya con las competencias actuales, la UE tiene muchas cosas que corregir. 
En este informe, de tan central importancia en el trabajo del Parlamento, se mide la actividad de la Comisión en lo que respecta a la valoración que da a los derechos humanos. 
Esto se agudiza en la cuestión de si en la PESC la Comisión subordina las relaciones económicas al reconocimiento y al respeto de los derechos humanos. 
El informe de la Sra. Lalumière es muy completo en lo que respecta a los acontecimientos del pasado año, pero mediante la enmienda relativa a la conclusión nº 12 se le quita contundencia al informe, lo cual ya no lo hace tan merecedor de la aprobación de todos como lo era antes. 
La primacía del respeto a los derechos humanos se subordina a otras consideraciones de importancia. 
Esta fórmula de ablandamiento se puede utilizar ahora fácilmente para concertar también acuerdos económicos y comerciales con países a los que se critica de forma masiva por violaciones de los derechos humanos. 
Esto es precisamente lo que necesita la Comisión para construir rápidamente la zona de libre comercio con todos los estados de la CEI, aunque toda una serie de violaciones de los derechos humanos se opongan en cada uno de estos países a este favorecimiento económico. 
Ahora queda libre el camino para la ratificación del PCA para los estados transcaucásicos en el Parlamento, aunque sabemos que Armenia y Azerbayán, a pesar del alto el fuego, se encuentran en estado de guerra. 
En muchas situaciones se ha demostrado que diferir la celebración de un acuerdo económico surte efectos en la política interior, lo cual en uno u otro caso puede impulsar avances en lo que respecta a la situación de los derechos humanos. 
Con la adopción de la enmienda nos hemos puesto en una situación poco clara y hemos perdido también tales posibilidades de control, pues el proyecto de protocolo para la puesta en práctica de la cláusula sobre los derechos humanos está desde hace un año en las profundidades de las mesas de despacho de la Comisión y no se ha vuelto a tocar. 
Mientras la Comisión retroceda ante una posible suspensión de los acuerdos, seguirá siendo una ilusión querer influir decisivamente por la vía de los acuerdos económicos en la mejora de la situación de los derechos humanos en los estados del este que se hallan en transformación y en los estados del área mediterránea. 
Sobre el informe Zimmermann (A4-0393/96) 
La Comisión carga con una gran responsabilidad por la inercia de la Unión en lo que atañe a la protección de los menores, porque hasta hace pocos meses contestaba a las preguntas de diputados al Parlamento Europeo diciendo, que el problema excedía sus competencias. 
El informe Zimmermann, después de los dramáticos acontecimientos de Bélgica, que probablemente sólo sean la punta del iceberg, prevé una serie de acciones importantes. 
Entre otras, es necesario: 
incluir los derechos de los menores en la revisión del Tratado, -que la Comisión proponga acciones específicas para combatir el turismo sexual infantil y la pornografía infantil, -tratar el problema de la protección de los menores contra las tecnologías de la información, -que la Unión Europea contribuya a la creación de un Centro Europeo para niños desaparecidos, -crear una acción especial con atención a los menores procedentes de terceros países, -adoptar un paquete de medidas de apoyo a la familia, -ofrecer a los menores que hayan cometido alguna falta una formación y reintegración profesionales en lugar de encerrarles en prisiones, que les convierten en elementos activos antisocialmente, -abolir la discriminación contra los hijos extramatrimoniales, en los países en que exista, reconociéndoles la misma posición jurídica que a los demás. 
Los recientes acontecimientos de Bélgica, así como los de Francia, han relanzado con fuerza un debate con demasiada frecuencia timorato, en el seno de la Unión Europea. 
El recrudecimiento de las redes transnacionales de pedofilia, acentuada hoy por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, representa un verdadero peligro para nuestras sociedades. 
Demasiado a menudo, las terribles atrocidades denunciadas demuestran la incapacidad de una verdadera cooperación judicial en materia de lucha contra la pedofilia. 
Al exhortar al Consejo a prever acciones de cooperación judicial, y a establecer un Centro europeo de niños desaparecidos, el informe va por el buen camino. 
La violación de los derechos del niño es el ataque más grande a la dignidad de la persona. 
Tomemos conciencia de ello hoy, porque no nos lo perdonarán mañana. 
Hablar de niños es realmente fácil, por el contrario, tratar con niños (en el actual entorno social) es realmente difícil. 
Y esto, especialmente, porque la relación entre adultos y niños ha cambiado básicamente: el respeto automático hacia los adultos se ha resquebrajado, la sociedad permisiva ha agrietado las barreras de la decencia y de la moral. 
Faltan las directrices sociales por las que puedan orientar su conducta los adultos y los menores de edad; desviaciones de todo tipo (por ejemplo, jóvenes violentos, adultos pedófilos) son la consecuencia. 
¿Puede afrontarse todo esto mediante el activismo político, intentando instrumentalizar a los niños, proponiendo una serie de instrumentos técnicos (entre otras cosas, la creación de parlamentos infantiles y de teléfonos de ayuda, como hace el Informe Zimmermann? 
En mi opinión, no. 
Con el activismo político se puede hacer poco, si falta lo esencial. 
Lo esencial (que apenas aparece en el Informe Zimmermann) es el derecho de los niños a tener padres, a gozar de un entorno familiar que transmita calor, amor, comprensión y seguridad. 
Como todos los seres vivos, los niños necesitan calor de nido para el desarrollo armónico de su personalidad. 
Por consiguiente, hacer política en interés de los niños significa adoptar medidas a nivel nacional para que el «nido» pueda darse y perdurar. 
Ayudar a los padres en su difícil tarea educativa, posibilitarles prodigar calor y comprensión- en especial, en los muchos casos en que la cohesión de la familia se encuentra amenazada o destruida, ésta es una política infantil acertada. 
Lamentablemente, el Informe Zimmermann ofrece todo un revoltijo de trivialidades y desatinos. 
¿No son más apropiados los parlamentos infantiles y los defensores del niño para tranquilizar a la opinión pública y para desviar la atención respecto de lo esencial, que a veces es también lo más difícil? 
En lo que respecta a la lucha contra la criminalidad que afecta a los niños, se ofrecen análisis generales pero se hacen pocas propuestas concretas. 
La propuesta de creación de un centro europeo de búsqueda de niños extraviados es seguramente un buen planteamiento. 
Pero, aparte de esto es imprescindible 
al abordar el tema del turismo sexual, la pornografía y la pedofilia, anteponer la dignidad de los niños al derecho de los adultos a la libertad de expresión y a la sexualidad, -combatir a nivel europeo la criminalidad contra los niños con un instrumentario, aún por crear, encaminado a una eficaz actuación policial y judicial.Estas pequeñas puntualizaciones muestran que encuentro realmente decepcionante el Informe Zimmermann. 
Sin embargo, puesto que con su rechazo tampoco se ayuda a los niños, daré sin entusiasmo mi conformidad al informe. 
Señor Presidente, no podemos resignarnos, como si de una fatalidad de la evolución social se tratara, a la degradación de la condición física, afectiva y moral de numerosos niños menores en Europa. 
En particular, la inconsciencia, o el egoísmo, del mundo adulto hacen vivir a los niños de nuestros diferentes países en situaciones familiares cada vez más precarias, fuentes de sufrimiento, de angustia, de falta de confianza en la vida, cuando un niño está privado de la presencia cariñosa y educadora de su padre y de su madre. 
Por otra parte, ¿no tienen los niños derecho a ser protegidos de un conocimiento prematuro, por consiguiente traumático, de los dramas y violencias que afectan al mundo de los adultos, sin que éstos hagan pesar sobre ellos problemas que deben resolver entre ellos? 
El derecho más violado de los niños en la Europa de hoy es, sin duda, el derecho a nacer, el segundo no sería simplemente el derecho a la Infancia? 
Si votamos a favor de conceder a las parejas homosexuales el derecho a solicitar la adopción en pie de igualdad con las parejas heterosexuales, es tras una profunda reflexión. 
La llamada «familia nuclear tradicional» -madre, padre e hijo- no es más antigua que la sociedad industrial. 
En la sociedad agrícola la familia habitual era más extensa. 
La familia nuclear se ve escindida actualmente por el aumento de divorcios y la falta de tiempo por el trabajo y el transporte al hogar. 
En la sociedad aumenta el número de familias «atípicas». 
Lo cual hace que nuevos patrones familiares, por ejemplo el de una pareja homosexual con un hijo adoptado, ya no se vean afectadas por el mismo tipo de exclusión social que existía anteriormente. 
El hijo adoptivo seguramente no será ridiculizado en la escuela por causa de su situación familiar. 
Esto se ha demostrado en unos estudios realizados en instituciones psicológicas de Göteborg. 
Tampoco hay entre estos niños un porcentaje que llegue a ser homosexual de mayor que sobrepase el que se observa entre otros niños. 
Estamos convencidos de que es la naturaleza de la persona como individuo la que hace que resulte un progenitor bueno o malo, y no únicamente sus inclinaciones sexuales. 
No existe motivo para creer que dos progenitores del mismo sexo pueden menoscabar el desarrrollo psicológico del niño. 
También está de acuerdo en esto el Parlamento de Islandia el cual, al contrario que los de los otros países nórdicos, ha permitido que las leyes sobre parejas de hecho incluyan el derecho a la paternidad compartida sobre los hijos. 
La discriminación es corrupción. 
Por consiguiente, siempre que sea posible hay que trabajar por eliminarla. 
Señor Presidente, señorías, las transformaciones sociales nacidas de la «modernidad» tales como la procreación artificial y el aumento de las familias monoparentales piden que hagamos un replanteamiento de la legislación sobre la adopción de menores. 
El nuevo marco de esta legislación debe resituar al niño en el corazón del principio mismo de la adopción. 
Mientras que centenares de miles de niños esperan la adopción, los problemas burocráticos hacen el proceso de adopción ineficaz. 
Por otra parte, numerosas parejas y personas que viven solas no pueden adoptar a estos niños. 
El informe Casini sobre el refuerzo del derecho y de la cooperación entre los Estados en materia de adopción de los menores preconiza una simplificación de los procesos de adopción. 
En efecto, conviene adaptar el marco jurídico a las conmociones que sufre nuestra sociedad, para permitir a los niños que encuentren un hogar, al tiempo que se les protege. 
Es naturalmente importante y correcto proteger los intereses del niño en casos de adopción. 
Por eso este informe es central como eslabón en el debates sobre la cooperación con objeto de mejorar los mecanismos de adopción de menores. 
No obstante, no pensamos que se necesite ningún tipo de legislación a nivel de la UE en este ámbito. 
Estos asuntos pueden decidirlos los propios Estados miembros, lo cual no excluye la posibilidad de una cooperación internacional en torno a estas cuestiones. 
La UE no es el órgano adecuado para resolverlas. 
Respaldamos enérgicamente la propuesta de que las personas solas y las parejas de hecho tengan derecho a adoptar, además de la enmienda nº1, que defiende el derecho de los homosexuales a adoptar niños. 
No hay material que demuestre que las parejas homosexuales sean peores padres que las demás. 
Lo importante para los niños es crecer en un hogar estable y solícito. 
Esto pueden dárselo las personas solas, las parejas de hecho, o los hogares de heterosexuales y homosexuales. 
Hay muchos aspectos del informe sobre la adopción que son positivos, sobre todo que, en estos asuntos, el punto de partida debe ser la situación del niño y su futuro. 
No obstante no puedo apoyarlo, ya que en muchos de sus apartados defiende la armonización, y pienso que son los propios Estados miembros los que tienen que decidir qué normas aplican en materia de adopción. 
. por escrito. (NL) El informe Casini es un informe compacto, que se centra en la mejora del derecho y de la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la adopción de menores de edad. 
En el considerando A se dice con razón que es preciso anteponer los intereses del niño a adoptar. 
Esto significa que las reglas que se apliquen tendrán que centrarse sobre todo en el interés de los niños y sólo en segundo lugar en los derechos de los padres que deseen adoptar al niño. 
Por consiguiente, los futuros padres han de ser sometidos a un profundo examen y hay que procurar siempre que sea posible colocar al niño en una familia de su país de origen. 
La tarea que vemos en este contexto para la Unión es sólo limitada. 
Por supuesto, la adopción entre países tiene lugar más allá de las fronteras, a escala internacional y dentro de Europa. 
Con la libre circulación de personas en la Unión es importante para los Estados miembros cooperar en este ámbito político. 
Es preciso tener cierta coordinación. 
La legislación nacional ha de adaptarse cuando sea necesario. 
No es necesario tener una política totalmente comunitarizada, y esta no tiene base en el Tratado. 
Afortunadamente, el informe no pide esto. 
Se insta a una cooperación y coordinación de la legislación entre los Estados miembros cuando lo haga necesario la libre circulación. Apoyamos este enfoque. 
Una cuestión que ha sido objeto de mucho debate es la de si la adopción ha se limitarse a las familias, o ha de permitirse también a los solteros, las comunidades de personas que conviven o las parejas homosexuales. 
De hecho esta es una de las cuestiones con las que el Parlamento Europeo no tiene nada que ver; es el legislador nacional quien ha de decidir al respecto. 
Esta cuestión se debate ampliamente en los Estados miembros, y sería prematuro que el Parlamento Europeo se pronunciara al respecto. 
Sin embargo, queremos dar nuestra opinión con respecto al contenido, porque consideramos muy importante esta cuestión. 
Para nosotros, en este sentido es determinante la norma bíblica que habla de la familia, compuesta por hombre y mujer, unidos en matrimonio, como la norma justa. 
La norma justa también para la adopción de niños, precisamente porque una familia de este tipo pueden ofrecer la estabilidad y el amor que tanto necesitan y el marco en que pueden convertirse en adultos responsables. 
Como se ha dicho anteriormente, estamos de acuerdo con la postura de que la adopción ha de ser en interés del niño. El interés del niño exige una familia estable, en que hombre y mujer asuman la tarea de ser padres para ofrecer a estos niños un nuevo futuro. 
Por ello apoyamos la enmienda 10 de Casini. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y considerando el resultado de la votación sobre las diversas enmiendas, hemos votado a favor de este informe. 
Sobre el informe Kokkola (A4-0238/96) 
Señor Presidente, las zonas húmedas constituyen claramente uno de los patrimonios naturales más ricos y diversificados de la Unión Europea. 
Estas zonas cumplen múltiples funciones ecológicas, entre las cuales la producción importante de recursos naturales (flora y fauna) y de biomasa vegetal, tradicionalmente consumidos por los animales domésticos. 
Las zonas húmedas han experimentado una gran regresión en la Unión, en parte debido al drenaje y a la expansión territorial de modos de producción intensivos. De ello se derivan numerosos conflictos agricultura/medio ambiente. 
Ya es hora de superarlos. Sí, sigo estando convencida de que una buena protección de las zonas húmedas va pareja a su gestión ecológica y agrícola, conservando sus características fundamentales. 
La buena gestión de los espacios vegetales húmedos puede asegurarse, en beneficio recíproco del medio ambiente y de la cría extensiva (terrestre o acuática) , basándose en el consumo dominante de su producción vegetal. 
En el contexto actual de la crisis de la EEB, ya es hora de volver a concebir una valorización de las zonas húmedas mediante la cría, que permite a la vez su valorización agrícola, el mantenimiento de la calidad de las producciones animales, su gestión ecológica, y tantas acciones que van por el camino de la política global de desarrollo duradero de las zonas rurales desfavorecidas. 
Como diputado oriundo de una de las mayores zonas húmedas de Europa, llamada Ría de Aveiro, en el litoral portugués, acojo con beneplácito la comunicación de la Comisión por su oportunidad y su importancia. 
Se trata de una vasta zona particularmente delicada desde el punto de vista paisajístico y ecológico, sujeta hace varios años a presiones múltiples, de la pesca a la actividad inmobiliaria, el ocio y la producción de sal y los efectos de una acentuada contaminación industrial y agrícola. 
Apoyo la idea expresada en el informe de que se formule un estatuto jurídico para esas zonas, por considerarlas de interés internacional y, por tanto, de interés europeo. 
Proceder al levantamiento europeo de esas zonas y formular programas para su mantenimiento y valoración es también una forma de construir Europa y preservar su patrimonio. 
El informe de la Sra. Kokkola ha incorporado en gran parte las conclusiones aprobadas en mi informe por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Deseo subrayar que la Comisión de Pesca, por intermedio de mi colega Dominique Souchet, también había aprobado las mismas conclusiones. 
En efecto, el ser humano ha creado las zonas húmedas para ser explotadas, valorizadas y habitadas por él. 
Forman parte de nuestro patrimonio rural. 
Es necesario proteger, conservar las zonas húmedas. 
La comunicación de la Comisión hace un excelente análisis de los problemas que afectan a estas zonas denominadas «sensibles». 
En cambio, no se ha presentado ninguna propuesta concreta. 
Es preciso crear una categoría de zonas húmedas a partir de la cual es necesario aplicar una política que se adapte realmente a las limitaciones específicas de dichas zonas. 
En el informe de la Sra. Kokkola he votado en contra del punto 7, que integra las zonas húmedas en directivas discutibles, como la Directiva «Hábitat» , la Directiva «Natura 2000». 
Ciertamente, he votado contra la enmienda 1, presentada por mis colegas del Grupo UPE, puesto que refuerza esta integración, cuando «Natura 2000» es rechazada por los agricultores, los pescadores, los pisicultores, las colectividades territoriales, los propietarios, los cazadores, es decir, en una palabra, los operadores económicos que valorizan las zonas húmedas. 
Las propuestas que hemos presentado, en lugar de dividir tienen por objeto permitir un desarrollo armonizado de dichas zonas «sensibles». 
Estas zonas se encuentran, con frecuencia, escasamente pobladas (aparte, por supuesto, de zonas como los Países Bajos, Flandes, etcétera) y el único tipo de economía «sostenible» posible es el de una economía agrícola, acuícola y basada en un turismo rural capaz de incorporar, desde luego, actividades de ocio como la pesca y la caza. 
Dejemos de oponer actividad económica y medio ambiente. 
Las zonas húmedas no perdurarán si no siguen estando habitadas. 
La falta de conservación de estas zonas provocaría una vuelta a su estado natural y, por tanto, una pérdida de nuestro patrimonio rural. 
Felicito a la autora de este informe por el exhaustivo análisis realizado de la comunicación presentada por el ejecutivo comunitario sobre la protección de zonas húmedas. 
El estudio elaborado subraya la importancia que tiene la protección de las zonas húmedas como parte de una política global de humedales. 
Creemos que esta política debe ejercerse de una forma coherente y, sobre todo, que pueda dar resultados reales. Esto no puede llevarse a cabo si sólo nos movemos en el terreno de las recomendaciones. 
Únicamente con la elaboración de una directiva que trate de todos y cada uno de los múltiples aspectos y ámbitos que abarcan las zonas húmedas se podrá hablar de eficacia. 
La progresiva y rápida degradación de los humedales se debe tanto a la falta de información y a la ignorancia sobre su importancia medioambiental como a intereses creados, principalmente en zonas costeras de interés turístico. 
Es labor de los países miembros hacer el registro de humedales siguiendo los principios recogidos en el Convenio de Ramsar. 
Garantizar su realización objetiva, ateniéndose a criterios meramente ambientales, es responsabilidad de los gobiernos, así como de la Unión Europea, que debe velar por el cumplimiento de sus propias disposiciones. 
Con las consideraciones arriba apuntadas, mi voto es favorable al informe Kokkola. 
He votado a favor del informe presentado por la Sra. Kokkola, con excepción del punto 7, sobre «Natura 2000» , punto que se ve reforzado por la enmienda 1 del Grupo UPE, que evidentemente he votado en contra. 
Como ponente de la Comisión de Pesca he podido comprobar con satisfacción que mis principales conclusiones han sido incorporadas tanto en la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, elaborada por mi colega Edouard des Places, como en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
¿Qué pretende la Comisión de Pesca? 
En primer término, es necesario, ya que existe un interés común, que la Comisión proponga una verdadera política comunitaria de zonas húmedas y no un conjunto de medidas contenidas en una serie de directivas, en una serie de programas europeos que ya existen: esta orientación de la Comisión no está a la altura de las necesidades. 
Las zonas húmedas son zonas trabajadas por los seres humanos- y, por lo tanto, frágiles -, que deben estar protegidas y habitadas. 
La agricultura, la pisicultura y la acuicultura, el turismo rural, deben estar encaminadas a proteger una actividad económica viable en estas zonas «sensibles». 
Las delimitaciones geográficas de las zonas húmedas no guardan relación alguna con las demarcaciones administrativas. 
Por consiguiente, es preciso establecer una política específica de zonas húmedas basada en sus áreas geográficas. 
La Comisión de Pesca ha propuesto la creación de un capítulo sobre las zonas húmedas en el marco del programa «Pesca». 
En efecto, la importancia de las exigencias que plantea la conservación de las zonas húmedas debe contrarrestarse a través de una política voluntarista. 
Mi colega Edouard des Places y yo hemos presentado una enmienda (enmienda 3) que recoge parcialmente las conclusiones de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Pesca. 
En efecto, es imprescindible crear un comité de enlace de las zonas húmedas compuesto por representantes de los agricultores, de los pisicultores, de los proprietarios y del conjunto de operadores, un órgano de consulta obligatoria, con objeto de elaborar y aplicar una política lo más realista posible con objeto de unir el conjunto de intereses económicos, turísticos, medioambientales de la población que reside y vive en estas zonas que es indispensable conservar. 
Sólo podrán conservarse si están habitadas. Y sólo podrán estar habitadas si dejamos de oponer artificialmente intereses agrícolas e intereses comunitarios. 
Por el contrario, nosotros hemos elaborado estas propuestas con miras a armonizarlos. 
Sobre el informe Lindeperg (B4-1333/96) 
Nunca se ha visto tan claramente como esta mañana hasta qué punto la reivindicación de integrar los asuntos intergubernamentales de justicia y de policía (tercer pilar) en los mecanismos puramente comunitarios (primer pilar) corría el riesgo, no ya de reforzar, sino por el contrario, de desestabilizar nuestras defensas, en particular, contra la inmigración. 
Esta orientación parece tanto más peligrosa cuanto que se disimula tras la pantalla de una mejor contribución a la construcción de Europa. 
La resolución que acaba de votar el Parlamento critica una vez más el procedimiento de decisión por unanimidad en el Consejo, acusada de favorecer los bloqueos, y pide en consecuencia, por pretendidas razones de eficacia, que transfiera la mayor parte del tercer pilar hacia el primero, con voto por mayoría, control del Parlamento Europeo y competencia del Tribunal de Justicia. 
Evidentemente, la Comisión abunda en el mismo sentido. 
Desgraciadamente, el propio texto de la resolución desmiente la constatación pesimista que basa su razonamiento, puesto que dos páginas enteras están consagradas a la lista de las decisiones tomadas por el Consejo, en 1996, para la cooperación en materia de policía y de justicia. 
De ello se desprende claramente que cuando se siente verdaderamente una necesidad en el Consejo, todos los gobiernos se ponen de acuerdo, e incluso a veces muy rápidamente, como lo ha mostrado la firma del convenio de extradición. 
Los gobiernos están tanto menos tentados de bloquear tales textos por gusto cuanto que, en general, se ven muy aguijoneados por sus opiniones públicas, muy sensibles en todas partes sobre las cuestiones de seguridad. 
En realidad, cuando no se logra la unanimidad, es que no todos sienten la urgencia, y se plantea un problema político. 
Por ejemplo, ¿se puede considerar que cuando los gobiernos no están de acuerdo entre ellos sobre un proyecto de texto que proclama la libre circulación en la Unión de nacionales de terceros países, este bloqueo muestra el mal funcionamiento del tercer pilar? 
No, ¡yo diría que más bien muestra su buen funcionamiento!. 
Ahora bien, la resolución que el Parlamento Europeo acaba de votar da exactamente pábulo a esta crítica, porque detrás de la voluntad de comunitarizar todo, se descubre el deseo de utilizar este futuro poder en el sentido más laxista. 
Por ejemplo, en el punto 20 leemos que nuestra Asamblea opina que hay que comunitarizar «la política para con los nacionales de terceros países» ; luego, en otro lugar, se descubre que desea aplicar el principio de la libre circulación «a los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión». 
La aproximación de las dos orientaciones muestra bastante claramente en qué sentido desearían gobernar la Comisión y el Parlamento Europeo, si se les concediera más poderes. 
Hemos dado fundamentalmente nuestra conformidad a la propuesta de resolución de la Sra. Lindeperg y a su contenido crítico respecto de las deficiencias que existen en el ámbito del tercer pilar. 
Sin embargo, en los ámbitos en los que la autora atribuye la falta de progresos al principio de la unanimidad, mis colegas y yo rechazamos la propuesta. 
En efecto, la causa de los problemas que existen en el tercer pilar no reside en la exigencia requisito de la unanimidad sino en la falta de propuestas sustantivas. 
Hay que rechazar enérgicamente el hecho de que ahora se intente encontrar una base semejante para suprimir la unanimidad. 
Mi enhorabuena por la crítica que hace la resolución de la falta de apertura que caracteriza a las reuniones informales del Consejo de Ministros. 
El informe gira no obstante en torno a la transferencia de las cuestiones de justicia e interior al nivel comunitario. Esto no puedo respaldarlo. 
Con motivo de la decisión sobre su adhesión a la UE, Suecia entró a formar parte de una cooperación interestatal. 
Pienso que la propuesta sueca de un programa de trabajo plurianual para la lucha contra el crimen, y la contribución de Suecia al programa de acción de la UE contra el tráfico de droga demuestran perfectamente que es posible resolver a nivel interestatal los problemas que presenta la cooperación en cuestiones de justicia e interior. 
No puedo dar mi apoyo a unas iniciativas que conlleven una mayor supraestatalidad, y, por consiguiente, voto en contra de la resolución. 
Hemos terminado nuestras votaciones de esta noche. 
Normalmente, mi compañero el Sr. Avgerinos debe sucederme en la presidencia, pero antes deseo comunicarles los resultados de la averiguación. 
Según me han dicho sobre la enmienda 13 del informe de la Sra. Zimmermann, se emitió un voto en el escaño 425, desocupado, con la papeleta 0148, en nombre de la Sra. Baldi. 
De acuerdo con la interpretación del artículo 117, una infracción así se considerará como una grave perturbación de la sesión en virtud del apartado 1 del artículo 110. 
Pero como estamos en vísperas de Navidad... 
No obstante les leo lo siguiente: » El Presidente, previa amonestación formal al diputado, podrá proponer al Parlamento, en el acto o a más tardar durante la siguiente sesión- conviene consultar con la almohada -, un voto de reprobación, que llevará aparejada la expulsión inmediata del salón de sesiones y la prohibición de asistencia durante un período de dos a cinco días. 
El Parlamento se pronunciará sobre esta medida disciplinaria en el momento en que el Presidente determine, bien sea durante la sesión en que se hayan producido los acontecimientos que constituyan su causa o bien durante una de las tres sesiones siguientes. 
El diputado en cuestión tendrá derecho a ser oído por el Parlamento antes de la votación. 
La votación se realizará mediante el sistema electrónico y sin debate. 
La petición de quorum y la votación nominal no serán admisibles». 
Señora Presidenta, usted ha conducido con gran seguridad la sesión de esta tarde a través de las difíciles votaciones ,... 
... aunque, según me han contado, ha habido aquí en la Sala, varias veces, no sólo en un caso, infracciones graves en las votaciones. 
Creo que deberíamos tomar en serio el asunto con la aplicación del artículo 110 y tomando en cuenta el artículo 117, ambos acaban de ser citados ya oralmente por usted. 
Para tales casos disponemos de un Reglamento. 
No podemos permitir- ni siquiera con el pretexto de la próxima fiesta de Navidadque se trate esto con ligereza. 
En efecto, en los cuatro últimos informes se han producido resultados muy precarios; con frecuencia, la diferencia ha consistido en uno o dos votos. No voy a pormenorizarlos. 
No obstante, soy de la opinión, de que no debatamos esto aquí así. 
Por consiguiente, yo pediría que encarguemos de esto a nuestra comisión competente, es decir, a la Comisión de Reglamento, o al Presidente, o a ambos, y que en el próximo período parcial de sesiones en enero- antes no tiene sentido, porque sabemos qué aspecto va a tener esto mañana- nos ocupemos una vez más de este asunto. 
Infligiríamos graves daños a nuestra Asamblea si permitiéramos, sin más, que esto ocurra y nos lo echásemos a la espalda. 
Si nos pudiéramos poner de acuerdo, ésta constituiría una buena solución. 
Entendámonos bien, señora Hoff. 
No he dicho que eso no tenía importancia. 
Digamos que he apelado a su clemencia recordando que estamos en vísperas de Navidad. 
Dicho esto, sé que es un problema importante, estamos totalmente de acuerdo. 
Señora Presidenta, recuerdo que no se trataba de una votación nominal sino de una comprobación. 
Efectivamente, se ha podido producir un error de manipulación, porque hemos tenido muchas votaciones hoy, hemos votado muchísimo, y nuestras máquinas tenían dificultades para funcionar. 
Con toda la naturalidad, he creído que no había votado la primera vez y se ha producido una votación doble. 
Pero no había intención delictiva alguna por mi parte porque, una vez más, lo han podido ustedes comprobar, nuestras máquinas funcionaban lentamente y creía, con toda la buena fe, que no había votado. 
Se trataba, quiero recordarlo, de una comprobación electrónica y no de una votación nominal. 
Ello no cambia pues el resultado de la votación. 
Ésta es, pues, la situación. 
El Sr. Pasty se declara culpable. 
Señora Presidenta, retiro mi petición de una cuestión de orden. 
Creo que usted debería remitir todo el asunto a la próxima Mesa como sabiamente ha sugerido y ver qué propone ésta. 
Quizás tengamos que cambiar la forma del hemiciclo si es tan sencillo poner las manos simultáneamente en dos dispositivos de votación. 
Ésa es la explicación del Sr. Pasty y no voy a cuestionarla. 
Pero realmente pone a prueba nuestra credulidad incluso en esta época del año. 
Gracias, señor Tomlinson. 
En cualquier caso, creo que es bueno que se haya suscitado el tema, todos somos muy conscientes de su importancia. 
Señora Presidenta, también en relación con mi informe ha habido una votación que ha resultado realmente muy escasa, y ahora he vuelto a repasar de nuevo. 
En esta enmienda 13, de la que estamos tratando, se pidió una votación nominal. 
Por consiguiente, no es verdad, como dice el Sr. Pasty, que sólo hubiera una verificación. 
Fue una votación nominal. 
En mis notas figura que sobre la enmienda 13 se votó nominalmente. 
Se trataba de un informe muy importante, esto lo sabíamos todos, y yo comprendo que haya diferentes opiniones. 
Esto lo hemos notado también en la discusión de ayer. 
Pero justo entonces, cuando discutimos informes sobre niños, hacer manipulaciones y justificar además esto con semejante argumentación, en concreto, con el comentario de que nos hallamos cerca de la Navidad, con esto tengo mis problemas. 
Lo tengo que decir con toda franqueza. 
Considero muy triste que tengamos que hacer manipulaciones precisamente en este ámbito, en el que los propios afectados no pueden hablar ni pueden comparecer. 
Lo lamento, pero lo considero muy triste. 
Señora Zimmermann, he propuesto que se recurra a la Mesa sobre este asunto, en el mes de enero próximo. 
Creo que esta propuesta recoge el consenso de nuestra Asamblea. 
Es la sensación que tengo. En lo inmediato, no puedo hacer nada mejor. 
Por otra parte, hemos escuchado las explicaciones del Sr. Pasty. 
La Mesa podrá, pues, pronunciarse con conocimiento de causa sobre este incidente y actuar de forma que no pueda volver a ocurrir. 
Esto es lo que les propongo. 
Señora Presidenta, no quiero entrar en detalles sobre el incidente, pero la cuestión debe remitirse a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, tal vez en lugar de a la Mesa y, desde luego, además de a la Mesa. 
Éste es claramente una cuestión de Reglamento y no compete sólo a la Mesa. 
Propongo formalmente que se remita además a la Comisión de Reglamento. 
En efecto, pienso que es la Mesa la que podrá decidir sobre la devolución a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Señora Presidenta, lamento que no se esté imponiendo el espíritu navideño. 
Me refiero a la forma en que se está tratando al Sr. Pasty. 
Quisiera pedir a las dos personas que me han acusado de votar con la tarjeta del Sr. Hyland que retiren sus acusaciones y se disculpen. 
No quieren hacerlo. 
Creo que esto debiera remitirse a la Mesa. 
Señora Presidenta, usted es consciente de que algunos de nosotros nos tomamos verdaderamente en serio este Parlamento y su compromiso con los valores y prácticas democráticos. 
Sé que usted lo hace y sé que también lo hace la mayoría de los que están aquí. 
Los valores democráticos incluyen un compromiso, en lo que al voto y las elecciones se refiere, con el principio básico de «una persona, un voto». 
Esta noche se ha visto un ejemplo y yo he nombrado a la persona- al igual que lo vengo haciendo desde hace diez años- que ha abusado de este principio. 
Estoy de acuerdo con su recomendación de tomar esto en serio y no dejar que el asunto quede así. 
Añadiría que en la comunidad internacional se nos toma tan en serio que se nos invita a enviar delegados a muchas partes del mundo como observadores en elecciones. 
Entre éste y el próximo período parcial de sesiones de enero he sido invitado, como otros, a actuar de observador de elecciones en parte de África para velar por que se respete el principio de la democracia y de «una persona, un voto». 
Por eso le doy todo mi apoyo y digo que, en lugar de ser frívolos, debemos proseguir y erradicar de una vez por todas la práctica de «tocar el piano» , que es una práctica antigua en este Parlamento. 
Se han visto comprometidos en ella diputados veteranos de este Parlamento, incluido un antiguo presidente. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Encuentro esta discusión muy descorazonadora y es una pena que haya estropeado lo que de otro modo habría sido un magnífico día en el Parlamento: todo el mundo estaba de buen humor. 
Sin embargo sería de ayuda, cuando investiguemos este asunto, que se determinara en qué momento abandonó realmente la Sra. Baldi el Parlamento, para que podamos estar seguros de que todas las votaciones realizadas hoy aquí, a excepción de la votación sobre la enmienda nº 13, han sido legítimas. 
Tarjeta de estacionamiento para minusválidos- Derechos de los minusválidos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A4-0227/96) del Sr. Megahy, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el proyecto de recomendación del Consejo (COM (95) 0696- C4-0082/96-95/0353 (SYN) ) sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para minusválidos; - (A4-0391/96) de la Sra. Banotti, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre los derechos de las personas discapacitadas. 
Señor Presidente, llevo mucho tiempo en esta Cámara; de hecho llevaba esperando unos seis meses a que este informe llegara al pleno, y no quiero perdérmelo a estas alturas. 
Al presentar el informe sobre las tarjetas de estacionamiento para minusválidos en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo deseo declarar un interés personal. 
Soy titular de lo que en el Reino Unido se denomina «adhesivo naranja» , que se verá afectado por cualquier cambio que pueda hacerse como resultado de esta recomendación que está a punto de ver la luz. 
El objetivo de la recomendación es conseguir el reconocimiento mutuo de las tarjetas de estacionamiento para minusválidos en toda la Unión Europea. 
Ya existen tarjetas especiales de estacionamiento en los Estados miembros, pero su falta de uniformidad crea confusión e incertidumbre, tanto para el usuario cuando viaja a otros países como para los funcionarios locales. 
La propuesta recomienda una tarjeta normalizada que sería instantáneamente reconocible y cumpliría todos los requisitos en todos los países de la UE. 
Cabe señalar, sin embargo, que la propuesta no se refiere a la normalización de las facilidades ofrecidas a los conductores discapacitados, sino que se centra en el reconocimiento mutuo de las normas ya en vigor en los diversos Estados miembros. 
Esto fue objeto de una recomendación, ya en 1977, de la Conferencia Europea de Ministros de Transporte; de modo que, en sí mismo, el principio parece gozar de un amplio consenso tanto dentro como fuera de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Como en tantas otras cosas, el problema está en los detalles. 
Me cuesta poco imaginar la respuesta de un trabajador de un aparcamiento de Bruselas ante mi opinión de que en todos los Estados miembros se están reconociendo las tarjetas de los demás. 
No me fiaría mucho de aparcar allí. 
Por ello acojo con gran satisfacción las propuestas de la Comisión con las que se pretende introducir un esquema eficaz que permita a muchos discapacitados viajar libremente a través de las fronteras y disponer de las facilidades de estacionamiento para minusválidos en Estados miembros distintos al suyo. 
No obstante, en mi opinión y en la de la Comisión de Transportes y Turismo, son necesarias algunas enmiendas a las propuestas. 
En primer lugar, para garantizar que todos los Estados miembros admitan la nueva tarjeta, nuestra comisión propone que se emita paralelamente a las tarjetas de estacionamiento para minusválidos que ya existen en cada país. 
Ello responde a que a algunos Estados miembros les puede parecer demasiado costoso sustituir no sólo las tarjetas sino también las señalizaciones, etc., y podrían aducir que sería un despilfarro deshacerse de unas tarjetas de estacionamiento que poco a poco han pasado a ser reconocidas y respetadas. 
La propuesta de la comisión parlamentaria es que la tarjeta europea y las tarjetas nacionales existentes puedan usarse paralelamente. 
Ello tendría la ventaja adicional de facilitar el trabajo de los vigilantes de los estacionamientos, que sólo tendrían que reconocer la tarjeta europea además de su propia tarjeta nacional, en lugar de tener vérselas con multitud de tarjetas de toda la Unión Europea. 
En lo que se refiere a la información que debe incluirse en la tarjeta, la comisión parlamentaria ha intentado garantizar que haya suficiente información sobre el usuario como para evitar los abusos pero, al mismo tiempo, que se deje fuera toda información innecesaria que pudiera dar lugar a que una persona discapacitada fuera elegida como objeto de una agresión o de un robo en su domicilio. 
Por este motivo, hemos propuesto que se incluya una fotografía a efectos de comprobación, pero colocada de tal modo que no puedan verla los que pasen por allí. 
Otro cambio que hemos hecho en respuesta a las abrumadoras críticas de grupos de minusválidos de toda la UE es suprimir la dirección del titular del documento por razones de seguridad. 
También hemos suprimido de la tarjeta el número de matrícula del vehículo. 
Ello es para que la tarjeta se relacione con el titular y no con un vehículo determinado. 
Es importante para personas discapacitadas a las que quizá lleven diferentes personas en varios vehículos distintos, y especialmente importante cuando se va a otros países: es razonablemente frecuente ir a un destino en avión y usar después un vehículo alquilado. 
Por último, la Comisión afirma que tiene intención de publicar información sobre las facilidades especiales de estacionamiento de las que se dispone, para que se exponga en cada Estado miembro. 
En nuestras enmiendas, la comisión parlamentaria propone que dicha información se entregue a los usuarios al mismo tiempo que la tarjeta. 
Para concluir, aunque sea bajo la forma de una recomendación y no de una directiva, es sin embargo una propuesta importante que, de promulgarse, constituirá un paso más para que los minusválidos puedan beneficiarse de la libertad de circulación de la que gozan otros ciudadanos europeos. 
Espero que la Comisión pueda aceptar las propuestas del Parlamento para mejorar una iniciativa bien recibida y que los Estados miembros, por una vez, actúen con rapidez en acordar y poner en práctica esta recomendación, que será un paso muy útil en el desarrollo de una Europa de los ciudadanos. 
Señor Presidente, como miembro veterano de la Comisión de Peticiones, fue para mí un gran honor ser designado ponente para el presente informe. 
Durante muchos años las personas con discapacidades han dirigido peticiones al Parlamento y este informe se basa en dichas peticiones. 
Es también el resultado directo de un ingente esfuerzo de consulta a diputados del Parlamento, a ONG que trabajan con y para personas con discapacidades, a los propios discapacitados, a la Comisión de Peticiones, a la Comisión de Asuntos Sociales, Empleo y Condiciones de Trabajo y al Intergrupo para personas con discapacidades. 
En este sentido, no puedo afirmar que sea mi informe. 
Yo soy simplemente un mensajero. 
Despegándose también de los procedimientos más habituales, el informe estará disponible, y de hecho está disponible- aquí tengo una copia -, en caracteres de gran tamaño para los que tengan dificultades para ver, además de en disquete. 
Yo recomendaría que todos los informes del Parlamento estuvieran disponibles en dicho formato. 
El acceso es uno de los principales temas del informe: el acceso físico que se niega a demasiadas personas debido a las estructuras, edificios y transportes públicos comunes en todos nuestros países; el acceso al mundo del trabajo, al mundo de la actividad política, a una vivienda digna y a una atención adecuada. 
Por encima de todo está el clamor por acceder a la autoexpresión, a estar libres de discriminación y a los derechos humanos fundamentales. 
Para hacer realidad estas aspiraciones perfectamente legítimas habrá que incorporar estos derechos al Tratado. 
Habrá que darles en éste el reconocimiento que merecen en el contexto de la CIG. 
Durante muchos años el inmenso presupuesto que se dedica a las discapacidades, estimado en unos 2.600 millones de ecus, ha dado lugar a un enorme número de puestos de trabajo para personas sin discapacidades físicas y a una lamentable falta de acceso real a dichos puestos de trabajo por parte de las personas con discapacidades. 
Ya hablamos de ello en relación con el informe HELIOS y las estadísticas que muestran que un número lastimosamente bajo de los que han ejecutado y tenido acceso a HELIOS han sido personas discapacitadas. 
Sabemos que hay un compromiso de la Comisión de mejorar esta situación. 
Esperamos con esperanza e impaciencia, señor Comisario. 
Hay aproximadamente 37 millones de personas discapacitadas en la UE, en torno al 10 % de la población de ésta. 
Las personas discapacitadas sufren una discriminación directa e indirecta en todas las áreas de su vida cotidiana. 
Como ya he dicho, muchos lugares llamados públicos son totalmente inaccesibles para personas con minusvalías físicas. 
Esto pese al hecho de que dicho acceso a veces está garantizado por ley. 
Las personas con deficiencias visuales rara vez pueden obtener material impreso en un formato que les sea accesible; esto es, en braille o en cinta. 
Las personas sordas con frecuencia no tienen derecho a utilizar y ser atendidas en su lengua materna, que es el lenguaje de signos. 
Las personas con trastornos psíquicos son las únicas dentro de las personas con discapacidades que pueden verse privadas de su libertad, esto es, ser hospitalizadas en contra de su voluntad o que se les administre una terapia de electrochoque sin que intervengan los tribunales. 
Las personas con problemas de aprendizaje son excluidas a menudo de los lugares públicos dado que algunas personas objetan a su presencia, y a algunas personas se les priva de su derecho al voto. 
Por supuesto me hago cargo de que la responsabilidad de la política en materia de discapacidades recae en su mayor parte en los Estados miembros. 
Sin embargo, la UE puede aportar un valor añadido a través de programas de intercambio y tiene una función propia cuando la competencia legislativa se sitúa a nivel de la Unión. 
Las personas discapacitadas están, en teoría, incluidas en las disposiciones para todos los ciudadanos del Tratado de la Unión Europea. 
Sin embargo, no disfrutan de los plenos derechos asociados con la ciudadanía de la Unión. 
Esto deberá tratarse, como ya he dicho, mediante su inclusión en el Tratado. 
Una cláusula de no discriminación no transferiría nuevas competencias al nivel europeo pero supondría que, cuando la competencia de legislar sea a nivel europeo, se respetaría plenamente el principio de no discriminación por razones de discapacidad. 
En la actualidad, a la hora de debatir la armonización y normalización de la legislación dentro del proceso de creación del mercado único, no tenemos la obligación legal de tener en cuenta las necesidades de las personas discapacitadas. 
Cada vez más, el proceso de liberalización deja de incluir a éstas. 
Significa que muchos proyectos de directiva en el ámbito de la armonización del mercado único se publican inicialmente sin tener en cuenta las necesidades de acceso de las personas discapacitadas. 
Las normas sobre diseño de productos que los hacen inaccesibles situarán a la larga a la UE en una posición de desventaja competitiva a escala internacional frente a países como los EEUU, cuyos productos responden a unas normas más estrictas en materia de acceso debido a las disposiciones legislativas. 
Incorporar la posibilidad de acceso por parte de los discapacitados en la fase de diseño del producto no añade costes suplementarios o añade como mucho entre un 2 % y un 5 % a los costes totales, mientras que crear un producto y un mercado específico resulta caro. 
Esto se vio claramente cuando apareció el programa Windows 95: era accesible desde el principio a personas con discapacidades visuales, y ello como resultado directo de una excelente campaña en casi todos nuestros países, pero sobre todo en los Estados Unidos. 
El artículo 8 B del Tratado de la Unión Europea define los derechos políticos y de voto de los ciudadanos de la UE. 
Sin embargo, muchas personas discapacitadas denuncian la exclusión del proceso político y la privación de los derechos civiles en el aspecto más fundamental de una sociedad democrática: el derecho a votar en persona sobre la base de una información común. 
En algunos Estados miembros las leyes dificultan, o incluso imposibilitan, que algunas personas discapacitadas puedan votar. 
Los colegios electorales son con frecuencia inaccesibles y el transporte a las mismas es inexistente o inaccesible, siendo esto último lo que más priva del derecho al voto a las personas discapacitadas de las zonas rurales. 
Las personas discapacitadas en edad de trabajar experimentan tasas de desempleo al menos tres veces superiores a las de las personas no discapacitadas. 
Ello se debe en parte a actitudes discriminatorias pero también a la incapacidad o a la falta de voluntad de adaptar los hábitos laborales y el entorno de trabajo. 
Es interesante observar que el planteamiento adoptado en la Ley estadounidense sobre discapacitados (» American Disability Act» ), que obliga a los empresarios a hacer adaptaciones razonables para los empleados discapacitados cualificados, no ha resultado onerosa para las empresas: la mayor parte de las adaptaciones se realizan a muy bajo coste. 
Las peticiones que he recibido ponen de manifiesto abusos y violencia contra las personas discapacitadas, niños incluidos, especialmente en marcos institucionales. 
La propia institucionalización constituye un abuso contra los derechos humanos. 
La violencia incluye malos tratos tanto físicos como psíquicos. 
Espero que mis demás compañeros se ocupen de los últimos pocos puntos que aún me quedaban por comentar. 
Señor Presidente, permítame que comience con una apreciación muy personal. 
Desde que mi esposa perdió la vista en el año 1975 me resulta demasiado bien conocida por experiencia propia la vida diaria de la discriminación de los minusválidos. 
En este motivo cabe medir cuán agradecido estoy al Parlamento Europeo por haber incluido esta cuestión en el orden del día, y más todavía por el modo con que la ponente, la Sra. Banotti, ha tratado este tema. 
No obstante, como redactor de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, tengo que aludir a dos dificultades que tenemos que solucionar en relación con esto. 
La primera es el problema de la subsidiariedad. 
La señora ponente ha aludido ya a que la no discriminación de los minusválidos es prioritariamente objeto del Derecho constitucional y de la legislación ordinaria de los países miembros. 
Poner esto en cuestión no redundaría, seguramente, en provecho de los minusválidos. 
Pero ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea pertenecen también a los minusválidos. 
En este sentido es comprensible que en el documento de Dublín-II se proponga un nuevo artículo 6a para el Tratado de la Unión, el cual contiene una prohibición general de la discriminación que incluye también a los minusválidos. 
Quisiera hacerle un llamamiento, señor Comisario, para que en la Conferencia Intergubernamental apoye también al Parlamento Europeo en su defensa de la importancia de este objetivo. 
Al mismo tiempo, en el contexto de esta propuesta se advierte la dolorosa insuficiencia de los preceptos de Derecho fundamental del Tratado de la Unión. 
Necesitamos urgentemente una carta de derechos fundamentales de la Unión, pues sólo semejante carta permite determinar qué cosa sea discriminación y porqué ha de ser prohibida. 
Señor Presidente, tenemos una discusión conjunta sobre dos informes de dos comisiones diferentes, porque ambos se refieren a los derechos de las personas con minusvalías, y por esta razón tiene sentido este debate conjunto. 
Por lo demás ambos informes han sido aprobados por unanimidad en las respectivas comisiones, y yo quisiera felicitar al Sr. Megahy y a la Sra. Banotti por su excelente trabajo, pues durante la redacción de sus informes ambos se han informado en las organizaciones de minusválidos, se han puesto en contacto con las mismas y han trabajado con las opiniones y deseos de los minusválidos. 
En primer lugar, me referiré al proyecto de una recomendación del Consejo sobre una tarjeta de aparcamiento para minusválidos, como reza el título. 
Hay un refrán alemán que dice: » lo que aguarda largo tiempo, acaba siendo bueno». 
Esto no puede decirse precisamente de estas recomendaciones sobre la tarjeta de aparcamiento. 
Ya en 1977, es decir, hace veinte años, los Ministros de Transporte se pronunciaron a favor del reconocimiento mutuo de las tarjetas de aparcamiento. 
Pero no hicieron nada en tal sentido. 
Las personas con minusvalías de la Unión Europea han de sufrir las consecuencias, pues sin una regulación europea se ven afectadas masivamente en su libertad de movimientos. 
Después de veinte años la Comisión ha puesto sobre la mesa una recomendación que no comporta ningún efecto vinculante para los Estados miembros. 
Por lo demás, sólo se garantiza la facilidad de aparcamiento, concedida nacional o regionalmente, del respectivo Estado miembro en el que desee aparcar la persona con minusvalía. 
Si yo quisiera expresar esto con una expresión fuerte, diría que todo esto es un engaño. 
Sin embargo, prefiero expresarlo suavemente y calificar esto como un comienzo, como un primer paso en la dirección acertada. 
Si la Comisión toma en consideración las modificaciones del Parlamento, es decir, de añadir también a la entrega de la tarjeta de aparcamiento la entrega de un catálogo de las normas de los estados particulares, no vincular la tarjeta a un vehículo determinado, eliminar en ella la dirección y la fecha de nacimiento del poseedor y en lugar de ello poner una fotografía en el reverso de la misma, y si además propone a los Estados miembros que se utilice la tarjeta como complemento de la tarjeta nacional, entonces las autoridades se acostumbrarán con el tiempo a que todos nosotros somos ciudadanos y ciudadanas europeos y que en todas partes debe haber para todos el mismo acceso. 
Quiero referirme ahora al Informe Banotti sobre los derechos de las personas minusválidas. 
La Comisión de Peticiones había iniciado este informe a causa de numerosas peticiones ante casos de violación de los derechos de los minusválidos. 
Es patente que en la Unión Europea se discrimina de manera directa o indirecta a 37 millones de minusválidos en todos los ámbitos de la vida diaria. 
Así se sigue de las peticiones y de los casos expuestos por las organizaciones de minusválidos. 
Hoy puede leerse en la prensa alemana un ejemplo de denegación de igualdad de derechos. 
A un niño con síndrome de Down se le denegó la participación en la escuela normal y los padres acudieron a los tribunales. 
La sentencia es la siguiente: El niño no tiene derecho a acudir a la escuela ordinaria, puede acudir a la escuela especial y lo que reclaman los padres constituye una reestructuración de la legislación escolar bávara y ello no es procedente. 
Creo que esto casa maravillosamente con la discusión de hoy. 
No podemos adoptar la posición de que evitar las discriminaciones es asunto que compete a los estados nacionales. 
Es un asunto de los estados nacionales pero es también un asunto que compete a Europa. 
El mercado interior implica muchos problemas para los minusválidos en Europa; la Sra. Banotti ya los ha enumerado antes y creo que precisamente para posibilitar la protección y la libertad de circulación se debe mantener o fomentar el diálogo entre las instituciones europeas y las organizaciones de minusválidos. 
Pedimos de la Comisión y del Consejo medidas activas, proyectos piloto, estudios, estadísticas y programas encaminados al fomento de las condiciones existenciales y laborales de los minusválidos; pedimos medios y formas de consulta adecuados para organizaciones representativas europeas y nacionales de minusválidos, un marco jurídico para una formación adecuada para los minusválidos, empleo, tecnología, prestación de productos y de servicios, normas y servicios públicos, así como en la sociedad de la información la toma en consideración de los deseos de los minusválidos. 
Pedimos que se eliminen cuanto antes los obstáculos a la libre circulación, a la movilidad y al acceso a los edificios públicos y como punto principal una cláusula de no discriminación en el Tratado de Maastricht. 
El base de esta política debe ser la codecisión de los afectados y el planteamiento de los derechos humanos tal como está expresado en los criterios de las Naciones Unidas. 
Los minusválidos no necesitan caridad, ni compasión, los minusválidos necesitan derechos. 
Señor Presidente, pienso que sus Señorías han abordado una cuestión importante y han hecho una serie de propuestas que merecen nuestra atención y algo más que cierta atención. 
La Sra. Banotti ha dicho: el acceso es importante. 
El acceso relacionado con el empleo, la sociedad de la información, la vivienda, el transporte y, por supuesto, en este sentido también es importante una tarjeta de estacionamiento. 
Desde luego, es cierto que muchas de estas cuestiones entran en el ámbito de la subsidiariedad. 
No obstante, la Comisión Europea puede someter varias cuestiones a examen, sobre todo si tienen por objeto garantizar la libre circulación. 
Y me refiero también a la libre circulación de los subsidios. Los minusválidos tienen a menudo un subsidio de invalidez. 
La Sra. Banotti ha aludido a la Americans with disabilities act. Pienso que es un ejemplo muy importante de cómo puede crearse legislación a favor de los minusválidos. 
Sus señorías se han remitido al artículo de no discriminación. 
Por supuesto, todos nosotros esperamos que en la próxima CIG se incluya un artículo como este, aunque pienso que hemos de tener cuidado de no categorizar y nombrar personas en todos los frentes. 
Lo que necesitamos es un artículo general que abarque estas personas. 
No quiero alargar más mi intervención. 
Pienso que sus Señorías han señalado cuestiones muy importantes y pienso también que la Comisión de Asuntos Sociales, en el informe de la Sra. Schmidbauer, ha de recurrir de nuevo a estos importantes informes y ha de seguir prestando atención a esta cuestión en un especie de proceso continuo. 
Quiero felicitar a la Sra. Banotti por el modo en que ha abordado la cuestión. 
Señor Presidente, nuestro Grupo está totalmente de acuerdo con los informes del Sr. Megahy y de la Sra. Banotti sobre discapacitados. 
Hay que señalar que el contexto socioeconómico en el que nos estamos desenvolviendo supone un grave aumento del paro y también una disminución de recursos públicos para satisfacer necesidades de esta población. 
En el caso de España, el 24 % del paro de la población sube a un 70 % del paro entre discapacitados. 
Hay que tener en cuenta que la iniciativa privada sólo da un 0, 2 % de puestos de trabajo a discapacitados, mientras que la pública se limita a un 2 %. 
De ahí que sea urgente una revisión del Tratado de Maastricht para que el modelo neoliberal, que está creando una situación tan grave, se revise y se favorezcan las necesidades de la población. 
Señor Presidente, creo que la opinión pública espera de la Conferencia Intergubernamental una clara afirmación del principio de ciudadanía europea que no se base tan sólo en la idea de una construcción de Europa referida a la libre circulación de los bienes o la libertad de los mercados, sino, especialmente, en el reconocimiento de los derechos humanos. 
Dicho concepto de ciudadanía europea que debe construirse para afianzar a la Unión Europea debe, ante todo, partir de la idea de garantizar los mismos derechos y la plena posibilidad de acceder a dicha ciudadanía a las personas que hoy por hoy se discriminan. 
Por ello, en nombre del Grupo de los Verdes, considero necesaria una cláusula de no discriminación por motivos de discapacidad, así como estimo que la misma debe incluirse en la revisión del Tratado de la Unión Europea, a fin de otorgar un fundamento jurídico a los programas sociales y a las medidas de lucha contra la discriminación. 
Por estos motivos, en nombre del Grupo de los Verdes, deseo expresar mi pleno agrado y satisfacción por el informe de la Sra. Banotti, así como mi plena satisfacción por el proyecto de recomendación del Consejo relativo al tema de los estacionamientos y, por último, por el informe del Sr. Megahy. 
Creo que este conjunto de propuestas ofrece unas perspectivas que no son, repito, únicamente de una Europa mercantil, sino de una Europa que protege antes que nada a los ciudadanos y sus derechos. 
Señor Presidente, las personas discapacitadas experimentan dificultades para ejercer sus derechos civiles y políticos, tanto a nivel de los Estados miembros como de la Unión Europea; encuentran barreras y discriminación en todas las actividades e instalaciones, en todos los aspectos de sus vidas. 
Los testimonios de personas discapacitadas demuestran que se les niegan derechos que los ciudadanos no discapacitados dan por sentados, tales como la libertad de circulación, el acceso a bienes y servicios y, en algunos casos, incluso el derecho fundamental al voto. 
Hay muchos ejemplos de leyes nacionales que directamente discriminan a las personas discapacitadas. 
Por ejemplo, en el Reino Unido, la Ley sobre Discriminación de los Discapacitados de 1995 ni siquiera otorga a todas las personas discapacitadas el derecho básico a la no discriminación en el trabajo, el transporte o la educación. 
Las disposiciones que existen actualmente, en el trabajo por ejemplo, comienzan a parecer algo inoperantes cuando uno se da cuenta de que no son aplicables al 96 % de las empresas, las que emplean a menos de 20 trabajadores. 
Los derechos de las personas discapacitadas estarán mejor atendidos en el contexto europeo con la inclusión de una cláusula de no discriminación en el nuevo Tratado y abordando explícitamente el tema de los derechos de los discapacitados en todas las deliberaciones y propuestas legislativas. 
Habría que consultar plenamente a las personas discapacitadas en el desarrollo de todas las propuestas que les afecten. 
Es importante que esto se lleve a cabo primordialmente a través de organizaciones realmente compuestas y dirigidas por discapacitados en lugar de sólo a través de aquellas que dan a entender que actúan en nombre de los mismos. 
Para concluir, deseo felicitar tanto al Sr. Megahy como a la Sra. Banotti, y decir que me complace que la Comisión de Peticiones haya podido ser un vehículo útil para que el Parlamento exprese la opinión de muchas personas- discapacitadas y no discapacitadas- que han firmado peticiones sobre este tema, dando lugar al informe de la Sra. Banotti. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, actualmente no existe de hecho ninguna tarjeta de aparcamiento para minusválidos, que tenga validez para toda la UE. 
Esto limita considerablemente la movilidad de los mismos. 
Ahora ha llegado el momento: apenas unos pocos días después de la celebración de este año del día europeo de los minusválidos nos ocupamos, por fin, de este tema que es tan importante en un doble sentido. 
La introducción de un modelo comunitario de tarjetas de aparcamiento para minusválidos posee una dimensión muy personal con efectos directos en la calidad de vida de cada uno de los afectados. 
Pero también tiene una dimensión indirecta, una dimensión económica en el sentido de fomentar el sector del turismo, tan generador de empleo, una de las pocas industrias en crecimiento que conocemos hoy. 
Por estas dos razones hay que celebrar de veras la introducción de la tarjeta de aparcamiento con validez en toda la UE. 
Lamentablemente, el instrumento jurídico elegido- la recomendación- carece de efectos vinculantes para los Estados miembros, es decir, el modelo comunitario existirá paralelamente, complementariamente, por decirlo así, a las tarjetas nacionales de aparcamiento que seguirán existiendo. 
En este aspecto no nos debemos llamar a engaño. 
La presente recomendación conduce en el mejor de los casos a una forma y configuración externa casi única, lo cual no quiere decir aún que los poseedores de estas tarjetas puedan reclamar iguales derechos o confiar en iguales derechos por doquier en la UE. 
Al contrario, Estados miembros e incluso regiones particulares pueden establecer normas específicas sobre facilidades de aparcamiento para los poseedores de las tarjetas. 
Lamentablemente, la recomendación tampoco armoniza las condiciones de acceso a semejante tarjeta de aparcamiento para minusválidos. 
No obstante, constituye un paso limitado en la dirección correcta, de suerte que el Grupo del Partido Popular Europeo da su conformidad al informe con todas sus enmiendas. 
Muchas gracias, señor Megahy, por su trabajo. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Megahy, a la Sra. Banotti, a la Comisión de Peticiones y a su presidente, Sr. Newman, por el trabajo creativo que han realizado. 
Dado que el informe hace también referencia a las personas con problemas psíquicos, quisiera plantear una cuestión ante el Sr. Flynn, porque en algunas ocasiones hay una colaboración entre Estado y Comisión en lo que se refiere a la denegación o privación de derechos del ciudadano. 
Existe el permiso de conducir europeo; sobre esta base existen casos de privación del carnet de conducir, como en casos de epilepsia o trastornos psíquicos graves. 
En aplicación de esta directiva, en Grecia sucede que, cuando alguien está en tratamiento, aunque sea por solo un día, en una clínica psiquiátrica, ésta tiene la obligación de informar a la policía, y la policía, a su vez, al Ministerio de Tráfico, lo cual lleva a la privación inmediata del permiso. 
Creo que esto representa una especie de racismo contra personas que sufren problemas psíquicos, aunque sólo sean temporales, cosa que no sucede en ninguna otra parte de Europa. 
He presentado una pregunta a la Comisión exponiendo exhaustivamente esta práctica en Grecia. 
Quisiera oír un comentario sobre este asunto del Sr. Flynn. 
Señor Presidente, el informe de esta noche de la Comisión de Peticiones responde a nueve peticiones distintas recibidas en este Parlamento, con un total de 43.000 firmas, todas ellas pidiendo la igualdad de derechos para las personas discapacitadas. 
Lo que ahora se conoce como «movimiento de los discapacitados» se está extendiendo por nuestro continente para trabajar por el día en el que los 37 millones de europeos con discapacidades puedan disfrutar de plenos derechos de ciudadanía dentro de nuestra Unión Europea. 
En el marco de los poderes de que disponemos, este Parlamento está actuando: creando nuevas facilidades de acceso, apoyando el código de conducta para la contratación de discapacitados y haciendo campaña a favor de un nuevo programa europeo en la materia que apoye verdaderamente la igualdad de derechos y la integración. 
Pero lo cierto es que ni este Parlamento ni la Unión Europea pueden legislar hoy en día a favor de la igualdad de derechos de las personas discapacitadas, porque no tenemos fundamento jurídico en que basarnos para hacerlo. 
Esta es la razón de que la campaña del movimiento de los discapacitados a favor de que se inserte una cláusula de no discriminación en la revisión del Tratado de Maastricht y otra que contemple el derecho de apelación ante el Tribunal Europeo sea la petición más urgente y el deber más importante durante los próximos seis meses para todos los que apoyamos los derechos humanos de las personas discapacitadas. 
La no discriminación de los discapacitados se ha descrito como el último gran movimiento por los derechos civiles. 
Esta noche, estamos con ustedes y lo seguiremos estando hasta que sus peticiones sean justamente atendidas. 
Señor Presidente, quisiera sinceramente dar las gracias a todos los que se han quedado al debate, y por sus contribuciones. 
Quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Megahy, por su informe. 
La experiencia ha demostrado que a pesar de la recomendación del Consejo de Ministros de Transporte enunciada en la Conferencia Europea de Ministros de Transporte de diciembre de 1977, en la práctica siguen surgiendo diversos problemas. 
Los problemas proceden sobre todo del distinto formato de la tarjeta de estacionamiento de un país a otro, dificultades relacionadas con el lenguaje y la incertidumbre entre los titulares de tarjetas sobre si sus tarjetas serán reconocidas y aceptadas en todos los Estados miembros. 
También hay una falta de conocimiento sobre las facilidades que otorgan otros Estados miembros en relación con dichas tarjetas y, por lo tanto, el objetivo del proyecto de recomendación es normalizar el formato de las tarjetas de estacionamiento de las personas discapacitadas y que sean reconocidas por los Estados miembros sobre una base de reciprocidad, ayudando con ello a mejorar la seguridad viaria y facilitando la libertad de movimientos de los discapacitados en vehículos privados. 
Éste es el punto principal al que se ha referido el Sr. Megahy aquí esta noche. 
El modelo de tarjeta de estacionamiento comunitaria para personas discapacitadas que se describe en la recomendación tiene en cuenta las principales características de las tarjetas nacionales existentes, de forma similar que en el modelo del carnet de conducir comunitario. 
Como en el caso del carnet de conducir, la tarjeta de estacionamiento seguirá siendo una tarjeta nacional o regional pero con el diseño del modelo comunitario. 
Las normas nacionales para la expedición de tarjetas de estacionamiento a personas con discapacidades y las facilidades de estacionamiento a las que dan derecho no están contempladas en la recomendación. 
Tras un proceso de consulta de amplio alcance entre los Estados miembros y ONG de personas discapacitadas y para personas discapacitadas, la idea de que se presente una recomendación así ha recibido una calurosa acogida. 
Más adelante, la Comisión redactará en todos la lenguas de la Comunidad, y con la ayuda de los Estados miembros y de las ONG competentes, un folleto en el que se expondrán en detalle las facilidades de estacionamiento concedidas en los distintos Estados miembros y fomentará que se distribuya a la vez que se expida la tarjeta de estacionamiento. 
El folleto deberá estar disponible al mismo tiempo que se empiece a expedir en todos los Estados miembros la tarjeta de estacionamiento según el modelo de la Comunidad. 
Éste es el tipo de tarjeta que tenemos en mente en lo que a modelo se refiere. 
Creo que la encontrarán muy aceptable. 
En lo que respecta a las enmiendas propuestas en el informe, la Comisión respaldaría las seis enmiendas siguientes: nos. 
1, 2, 6, 8, 9 y 10. Creemos que esas enmiendas en general aclaran y mejoran bastante el texto. 
Pero no aceptaríamos las cuatro enmiendas siguientes: nos. 3, 4, 5 y 7. 
La razón es que el término «tarjeta comunitaria de estacionamiento» , tal y como se propone de idéntica forma en la primera parte de la enmienda nº 3 y en las enmiendas 4 y 7 no es correcto. 
La tarjeta no será una tarjeta comunitaria. 
Será un documento nacional o regional expedido por las autoridades nacionales, regionales o locales pero diseñado según un modelo comunitario normalizado. 
Así es como se hace en lo que a los carnets de conducir se refiere. 
La segunda parte de la enmienda nº 3 no sería aceptable en su forma actual. 
Pero podría ser útil emplear paralelamente las nuevas tarjetas y las existentes hasta ahora, como ha sugerido el ponente, durante una fase de transición. 
Pero no sería práctico introducir una obligación de dicho paralelismo sin limitaciones. 
Así pues, he pedido a mis servicios que consideren cómo podría reformularse la enmienda para aclarar la postura. 
La Asamblea y Sus Señorías tienen asegurado mi apoyo personal en todo esto. 
Voy a intentar una vez más que los ministros muestren la voluntad política de realizar los ajustes necesarios. 
Eso es todo lo que hace falta. 
Me parece extraordinario que desde 1977 no hayamos podido reunirnos y llegar a un acuerdo sobre la materia. 
Podemos tener el euro, podemos tener carnets de conducir, pasaportes y muchas otras cosas pero esto aún se nos escapa. 
De modo que tendré una conversación con la Presidencia holandesa acerca de este aspecto concreto y confiamos en que podremos lograrlo finalmente. 
Paso ahora al informe Banotti y la correspondiente resolución. 
Quiero dar las gracias a la Sra. Banotti por su contribución. 
Es un informe que refleja muy bien las situación, muy bien estructurado y que confirma lo que ya se sabe de la Sra. Banotti: está muy bien informada sobre todo lo referente a la discapacidad. 
Agradezco mucho la intervención que ha tenido esta noche y, por supuesto, las de todos sus colegas. 
Está claro que a la idea de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades le ha llegado su momento. 
El informe Banotti y la resolución que lo acompaña complementan el variado conjunto de iniciativas que están surgiendo ahora tanto dentro de los Estados miembros como en todas las instituciones comunitarias. 
Entre todas, esas iniciativas contribuyen a dar un girar al pensamiento y a la política desde la caridad hacia la igualdad de derechos. 
Este es el punto que tan claro ha dejado la Sra. Schmidbauer. 
Es una cuestión de derechos, no de compasión. 
Así pues, el informe Banotti es bastante especial en este sentido por estar basado en situaciones reales de mucha gente que presentó sus propias peticiones al Parlamento. 
Dichas peticiones individuales son un testimonio muy significativo y ponen un rostro humano a la situación a la que se enfrentan diariamente las personas con discapacidades. 
Me interesaba mucho saber cuántas de esas peticiones se referían a los derechos y libertades garantizados por el Derecho de los Tratados y que casi todos nosotros damos por sentados, incluida la libertad de circulación, el acceso a bienes y servicios, el acceso al empleo y, por supuesto, el acceso al transporte. 
Les agradará saber que estamos haciendo auténticos progresos en este área concreta. 
Hablaremos más de ello cuando tengamos la oportunidad de hablar sobre mi comunicación de la que es ponente la Sra. Schmidbauer. 
Lo que esto pone de manifiesto, desde luego, es que aunque la responsabilidad principal recaiga en los Estados miembros, como ha dicho la Sra. Banotti, la Unión también tiene su esfera de intereses legítimos en este campo y debe actuar. 
Por eso en esta resolución hay muchas cosas que para mi personalmente tienen gran interés. 
En ella se hace un llamamiento a los Estados miembros para que modifiquen la disposición sobre no discriminación del Tratado y hagan referencia a la discapacidad. 
Es un llamamiento que ahora todos hemos aceptado y espero que en lo que a la revisión del Tratado y a la cláusula de no discriminación se refiere tenga un final feliz. 
A todos lo que puedan influir en ello, tanto los diputados en sus países como las ONG, les invito a que se ocupen activamente de que los Estados miembros reconozcan la seriedad con la que el Parlamento ha tomado el tema. 
Reitero mi propio punto de vista y el de la Comisión. 
Es necesario. 
La Comisión lo propuso explícitamente en su dictamen sobre la revisión del Tratado de Maastricht y apoya que se pase a un enfoque basado en los derechos que, como he dicho, es en realidad la piedra angular de la comunicación de la Comisión sobre la estrategia para los discapacitados. 
Aunque en la resolución se reconozca que la primera responsabilidad recae en los Estados miembros, se señalan, sin embargo, distintas formas prácticas de que la Comunidad, dentro de su propia esfera, pueda aplicar este enfoque basado en los derechos. 
Estas sugerencias prácticas me parecen muy útiles. 
Les aseguro que los servicios que de mí dependen van a estudiar cada una de ellas. 
Para finalizar, permítanme aprovechar la ocasión para dar las gracias a la Sra. Banotti por su propia iniciativa de elaborar un informe al Parlamento y por presentar esta importante, oportuna y muy práctica resolución. 
Mirando estos dos informes, junto con la comunicación de la Comisión y la resolución del Consejo, tengo la sensación de que hay una complementariedad cada vez mayor en las ideas de las tres principales instituciones de la Unión con respecto a las personas con discapacidades. 
Podemos decir que todos caminamos al mismo paso. 
Esto sólo puede redundar en beneficio de los discapacitados y en beneficio de la idea de una Europa de los ciudadanos, que dé un trato equitativo e iguales oportunidades a todos sus ciudadanos. 
Señor Presidente, simplemente, he esperado una respuesta del Comisario, Sr. Flynn, que explique en qué medida los principios anunciados por él están conformes con la práctica según la cual una estancia de un día en una clínica psiquiátrica es automáticamente motivo para la privación del permiso de conducir y si esto es compatible tanto con los principios expresados por él, que todos compartimos, como con la Directiva de la Unión Europea sobre el permiso de conducir. 
Tengo aún una pregunta. 
Respecto de las enmiendas al Informe Megahy, que ustedes no aceptan, tengo un ruego adicional, pues no sólo se ha modificado el contenido sino también algo de tipo redaccional, es decir, que suena a redaccional pero que pertenece al contenido. 
En el texto de la Comisión, al menos en la versión alemana, se habla reiteradas veces de minusválidos y no de personas minusválidas. 
Por consiguiente, pido que en su versión definitiva la Comisión hable de personas y no de cosas. 
Quisiera comentar en primer lugar el último punto. 
He hablado de esto con muchas ONG y con personas que diariamente están en relación con discapacitados. 
Hay opiniones divergentes, pero lo que he estado recomendando es que a este respecto debiéramos remitirnos a las personas con discapacidades y que toda la documentación se exprese de esta manera. 
Se lo he planteado a algunas personas que están muy estrechamente relacionadas con discapacitados y dicen que no importa. 
Pero quizá si pudiéramos ponernos de acuerdo en esto podría ser una buena orientación sobre cómo debieran desarrollarse las cosas. 
En segundo lugar, quería decirle, señor Alavanos, que mi deseo era responderle, pero usted me ha pedido que lo estudie. 
Ésta es la razón de que no le haya respondido esta noche. 
Pero tenga presente una sola cosa: de lo que aquí se trata es de capacidad para conducir. 
Yo tendría que considerarlo en ese contexto en lo referente a la subsidiariedad. 
Pero usted me ha pedido que lo compruebe con las autoridades griegas y eso es lo que me propongo hacer. 
Señor Alavanos, yo pienso que no es tan importante que una persona haya permanecido un día en una clínica psiquiátrica como porqué ha permanecido un día. 
Se trata de un asunto algo complejo. 
Señor Presidente, sólo una última palabra. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias al Comisario por su respuesta. 
Usted, señor Comisario, me ha felicitado por mi iniciativa, pero quisiera decir que el informe se redactó en gran medida a iniciativa de la Comisión de Peticiones. 
Quisiera elogiar el apoyo prestado por el presidente de la comisión, el Sr. Newman. 
En lo referente al enunciado y a la terminología, nos tomamos grandes molestias, cuando el informe se tradujo, para que tuviera el título correcto en cada lengua. 
Esto es importante. 
Algunas personas podrán decir que no lo es, pero casi todo el mundo piensa, como nosotros mismos sabemos en cuanto a derechos civiles y terminología, que el lenguaje sí que importa en este área. 
En todas las traducciones del informe hemos puesto mucho cuidado en vigilar cómo se hacían. 
He presentado al Sr. Comisario una copia del informe impresa en caracteres de gran tamaño y quisiera recordar a los Sres. diputados que está disponible en este formato en diversos idiomas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 21.15 horas) 
Aprobación del Acta 
Señora Presidenta, deseo efectuar una observación respecto al Acta de ayer, y si me permite plantearé una cuestión reglamentaria. 
Con ocasión del homenaje que se rindió ayer al Presidente Hänsch, la Sra. Green, en nombre del Grupo Socialista, dijo que había descubierto cualidades radicales en el Sr. Hänsch, de lo cual personalmente no puedo felicitarme; pero dijo, además, algo que me intrigó. 
Mencionó un debate celebrado la noche anterior en el seno de su Grupo sobre la personalidad del «sucesor» del Sr. Hänsch. 
Esto me sorprendió mucho. 
Desearía recordar que, con arreglo al artículo 14 del Reglamento, el Presidente es elegido por el Parlamento y que esta elección no es el resultado de un nombramiento o de una designación. 
Tomo nota de estas manifestaciones, señor Hory. 
Señora Presidenta, Señorías, debo recordarle al distinguido colega que todo grupo político tiene perfecto derecho a entrevistarse con un candidato a la presidencia y a debatir, naturalmente, también con él sus planteamientos con respecto a su futura labor. 
Quizás también usted tenga oportunidad de mantener una conversación con Gil Robles. 
El Grupo del Partido Socialista Europeo no renunciará, en cualquier caso, a entrevistarse con los futuros candidatos. 
Señora Presidenta, me fijé muy especialmente en esa parte de la sesión. 
La Sra. Green se refirió a «un sucesor potencial» , no al Presidente electo. 
Señora Presidenta, me remito a la página 16 de la versión inglesa del Acta en relación con la votación de mi informe ayer. 
En primer lugar, quisiera corregir el Acta. 
Hay una ligera subestimación: fue de 111 votos a favor y 184 en contra. 
Sé que perdimos la votación, pero no fue tan malo. 
En segundo lugar, quisiera pedirle, señora Presidenta, al igual que al Presidente y a la Mesa entrantes, que examinen la situación que plantea la interrupción de una votación en curso por el motivo técnico de que falten versiones lingüísticas. 
Éste es un problema grave que podría paralizar el trabajo del Parlamento, por lo que la Mesa, y quizás también la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, debiera examinarlo. 
En tercer lugar, quisiera que los servicios del Parlamento y de la Comisión acometieran con la mayor rapidez la traducción de la directiva original al sueco y al finés, que es lo que dio origen a la queja, a fin de que podamos tratar el informe cuanto antes en el Parlamento, así como este importante tema de legislación laboral. 
Finalmente, quisiera decir a la Sra. Lindholm, como ya le dije entonces, que por supuesto respeto el principio de acceso en todas las lenguas. 
He sabido que ella no sólo habla inglés a la perfección, sino que de hecho lo enseña. 
Ha leído el informe y lo apoya plenamente; tan sólo estaba defendiendo una cuestión de principios. 
He de decir que fue desafortunado que eligiese mi informe para hacerlo. 
Señora Presidenta, quisiera señalar que el Acta sólo menciona- se lo digo al Sr. Hory- que hablan los diputados Green, presidente del Grupo del PSE, y otros jefes de Grupo para rendir homenaje al llorado Presidente y dar las gracias por la labor realizada. 
La observación del Sr. Hory no guarda ninguna relación con el contenido del Acta de la sesión de ayer. 
Se trata de una cuestión de sentido común. 
Dicha intervención no se refería a la aprobación del Acta, pero tenemos la costumbre de escuchar las observaciones de Sus Señorías durante tres o cuatro minutos. 
Señora Presidenta, desearía especialmente dar la bienvenida a la Sra. Baldi y a su «sustituto». 
(Risas y reacciones diversas) 
Señora Presidenta, no voy a prolongar este rato de charla, pero se da la circunstancia de que yo no he intentado sabotear de ningún modo el desarrollo de los trabajos. 
Es cierto que hablo inglés correctamente y que doy clases de inglés, pero no soy abogado. 
El inglés que se usa en las escuelas no es comparable el de los textos legales- y es de esto de lo que estamos hablando. 
Señora Presidenta, yo quisiera añadir una aclaración con respecto a la votación de ayer. 
El Acta señala que yo participé ayer en la votación del informe del Sr. Collins. Según se desprende del Acta, mi nombre no figura precisamente en la votación nominal de la enmienda 42, que es de la máxima importancia para nosotros. 
A sabiendas de que esto no puede alterar, obviamente, el resultado de la votación, quiero manifestar para que conste en el Acta que mi intención era votar a favor de la enmienda, pero seguramente debido a la confusión reinante durante la votación de ayer- la propia señora Presidenta calificó de caóticas algunas fases de la votación -, accioné demasiado tarde el dispositivo o se produjo algún problema técnico. 
Hago extensiva esta aclaración al caso de mis colegas Hager, Raschhofer y Lukas. 
Señora Presidenta, en la página 24 del Acta de ayer, turno de votaciones por la tarde, se lee «Valdivielso de Cué... se pregunta igualmente por la validez de una votación al no estar disponibles determinadas versiones del informe». 
Me refería al informe Kerr, pues entendí que se repetiría la votación. 
Mi pregunta era, sencillamente, si lo que se votó ayer era válido o no y, en el caso de que no fuera válido, en qué nos basábamos para invalidar lo que ya se había discutido y votado. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden del día 
Señora Presidenta, a la vista de lo cargado del orden del día y de que la Comisaria Bonino no está entre nosotros, le puedo proponer, en base al artículo 99 del Reglamento, que los tres informes (Kofoed, Izquierdo Rojo y Souchet) sean votados sin debate y que, sin embargo, haya una declaración de la Comisión sobre estos puntos en el mes de enero, el jueves por la mañana. 
Señora Presidenta, el Grupo Socialista manifiesta su acuerdo con la propuesta del presidente de la Comisión de Pesca. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
No tengo absolutamente ninguna objeción a la propuesta que ha hecho el presidente de la Comisión de Pesca. 
Sin embargo, querría señalar que, al igual que otros diputados, llevo esperando desde la mitad de la tarde de ayer por un precioso único minuto de tiempo de intervención sobre estos temas tan importantes. 
Si esta Asamblea no puede manejar sus propios asuntos, comó demonios espera que realmente se le escuche fuera? 
Si alguna Señoría desea manifestarse en contra de esta propuesta, le concederé la palabra. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo de los Verdes, deseo manifestar que no estoy de acuerdo con esta petición, habida cuenta de que estimo que estos informes son algunos de los más importantes para la futura programación de la pesca en Europa y considero que de esta forma es imposible expresar las diferentes posiciones que se plantearon en la comisión y se presentan en el Pleno. 
Por ello, pido que el debate y la votación se aplacen hasta enero o que, sobre la base del artículo 131, se pueda llevar a cabo un debate en enero para aclarar, incluso a través de una resolución, los distintos aspectos que no se examinarán en el debate que hoy va a anularse. 
Ha intervenido un orador a favor y otro en contra de la propuesta. 
Comunicaré esta propuesta al presidente de la Comisión de Pesca, el Sr. Arias Cañete, y propondré una votación a nuestra Asamblea. 
Todos lamentamos que ayer no tuviera lugar este debate extremadamente importante, ya que concierne globalmente a la política pesquera hasta el año 2002. 
Por lo tanto, someto a votación la propuesta del presidente Arias Cañete. 
Votaremos estos informes, sin debate, simplemente porque no disponemos del tiempo suficiente para celebrar dicho debate sobre la pesca. 
Así pues, votaremos hoy estos informes y procuraremos que se incluya una declaración de la Comisión, seguida de debate, en el orden del día del período parcial de sesiones de enero, lo que nos permitirá presentar luego una propuesta de resolución. 
Se procede a la votación de esta propuesta. 
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la propuesta) 
Señora Presidenta, por una cuestión de orden. Me da la sensación de que esta mañana tengo que adoptar una postura a favor de los partidos minoritarios. 
En esta Cámara se ha hecho caso omiso de mí durante toda la mañana. 
¿Es porque soy de un grupo pequeño? 
¿Es porque quiero representar los intereses de los pescadores, a los que se les ha dado muy poca prioridad en este Parlamento? 
Por lo tanto, ¡abandono la Cámara como protesta y en apoyo de los pescadores a los que represento! 
El Sr. Gallagher ha abandonado el hemiciclo; pido que un miembro de su Grupo le transmita el siguiente comentario. 
Como colega suya en la Comisión de Pesca debo reconocer, y dejo constancia de ello, que el Sr. Gallagher es un miembro muy activo y que defiende muy bien a sus pescadores. 
En mi calidad de Presidenta debía aplicar nuestro Reglamento: un orador a favor de la propuesta, otro en contra, y a continuación proceder a la votación. 
No hubo ninguna voluntad de impedir que el Sr. Gallagher se expresara. 
Señora Presidenta, hay que tener en cuenta este incidente con el Sr. Gallagher. 
Yo recomiendo a todos los diputados que tengan que coger un avión el viernes por la mañana temprano que aleguen que se van en protesta por cualquier decisión del Parlamento. 
Señora Presidenta, deseo saludar al Sr. Wijsenbeek y a este respetable Pleno para hacer constar que no he faltado, que estoy presente. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista quiero recordar que ayer tuvimos un incidente que no quedó resuelto y que fue una de las razones del retraso del trabajo de ayer. 
Concretamente, la violación del artículo 117 sobre el derecho de voto, en virtud del cual los diputados votarán individual y personalmente. 
Como hubo un voto con la tarjeta de la Sra. Baldi sin estar ella presente, esto da lugar a la aplicación del apartado 1 del artículo 110. 
El Parlamento tendrá que pronunciarse en el momento en que el Presidente determine. 
Quisiera saber qué medidas ha tomado la Presidencia a este respecto. 
Ayer, el tema no quedó resuelto. 
Con respecto a este punto, la Presidencia de sesión propuso en una declaración remitir esta cuestión a la Mesa del Parlamento para que ésta la estudiara. 
Así se hizo constar en el Acta. 
Votaciones 
Señora Presidenta, la señora Comisaria Bonino deseaba decir ayer lo que hoy voy a manifestar, en su nombre, en este Pleno. 
Habida cuenta del avanzado estado de la propuesta que va a ser examinada de forma pormenorizada con ocasión del Consejo de los ministros de Pesca del próximo 20 de diciembre, la Comisión prefiere no pronunciarse por el momento con respecto a esta solicitud. 
Les puedo confirmar que la señora Comisaria Bonino estará encantada de participar en un debate sobre la cuestión en el próximo mes de enero, así como que me rogó que dijera muy claramente que confía en que el debate no se celebre durante la noche. 
Señor Comisario, puede usted garantizar a la Sra. Bonino que la Presidencia de sesión se compromete a que tanto este debate como la Comisaria reciban el trato más favorable posible, en el mes de enero. 
Señora Presidenta, quisiera señalar, como ponente, que he escuchado la comunicación de la Comisión y creo que, en el fondo, estamos de acuerdo y así deseo expresarlo, porque el sentido de nuestro voto, que ha sido de rechazo a esa propuesta, lo ha sido sobre todo de rechazo hacia el método de trabajo con que nos urgía el Consejo. 
Por tanto, creo que esta comunicación de la Comisión está de acuerdo en el fondo con nosotros y nos permitirá debatir serenamente esta u otra propuesta en el mes de enero. 
La enmienda oral que propongo sería una aclaración, en el apartado 2 del artículo 3, al concepto «posición geográfica». 
Concretamente, el texto diría lo siguiente: » Para guardar la confidencialidad profesional de los datos, se entenderá por 'posición geográfica' la zona o subzona, en su caso, en la que se encuentra el barco pesquero. 
A tal efecto, se incorporará al sistema informático del barco un programa que convierta las coordenadas geográficas en valor de zona o subzona, información ésta que será la transmitida». 
Señor Imaz San Miguel, pido a Su Señoría y a los demás colegas tengan un poco de paciencia, puesto que este asunto no concuerda con el contenido de mis documentos. 
Trataremos de proceder de la mejor manera posible. 
Señora Presidenta, entiendo la propuesta y el esfuerzo del Sr. Imaz San Miguel para mejorar la propuesta legislativa, sin embargo, en este momento no es posible. Por consiguiente, y en nombre del Grupo Socialista, estoy en contra de la enmienda oral. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, querría señalar que el Sr. Malerba, que esta mañana debía presentar un informe, fue víctima la semana pasada de un accidente, que afortunadamente no revistió gravedad, aunque debió ser hospitalizado. 
Él informó de ello a la administración. 
Desearía que le formuláramos nuestros votos por un pronto restablecimiento. 
Le doy las gracias, señor Pasty. 
Nos asociamos gustosamente a los votos por un pronto restablecimiento. 
Las propuestas de la Comisión de que se reduzca en un 40 % el esfuerzo pesquero ejercido sobre las poblaciones sensibles ha conseguido el notable resultado de granjearse la oposición absoluta del sector pesquero y de los gobiernos nacionales; y ahora se están sumando los grupos de oposición dentro de la Comisión de Pesca. 
Lo que resulta tremendamente inquietante es que la Comisión haya actuado sin asegurarse la comprensión de los pescadores de la Comunidad. 
Sin embargo, todos sabemos que sin el apoyo de los pescadores es sencillamente imposible eliminar las tensiones que existen en el sector. 
Las propuestas de la Comisión también han dado argumentos a los euroescépticos, a quienes no hay nada que más les guste que meterse con Bruselas. 
Sé que la Comisión ha hecho esfuerzos en varios seminarios a los que los diputados del PE han podido asistir. 
Pero, ¿qué sucede? : se produce una montaña de informes. 
La Comisión habla, pero ¿escucha acaso? 
Hay demasiados intercambios generales de puntos de vista, pero no un examen suficiente de las cuestiones punto por punto. 
Ésta es la única manera en la que es posible avanzar. 
A menudo se nos dice que el 40 % de todos los peces capturados se devuelven al mar, ¡muertos! 
Quisiera formular dos simples preguntas a la Comisión. 
¿Esta cifra va en aumento o en descenso? 
¿A qué «poblaciones sensibles» afecta más la tasa de descartes? 
El camino a seguir a partir de este debate debe basarse en una serie de puntos claros: 
acuerdo sobre las definiciones: ¿qué entendemos por «capacidad» ? ¿qué entendemos por «poblaciones sensibles» ? -aceptación de que el esfuerzo pesquero no puede disociarse de las medidas técnicas; -resolución de la disputa sobre los traspasos de cuotas no autorizados; -reducción masiva de la cantidad de descartes; -método más sencillo de control; -sistema más sólido de consultas a los pescadores acerca de las cuotas anuales.El debate de este informe en comisión no fue sencillo y no ha habido una conclusión unánime. 
De todas formas, yo defendería decididamente que el informe sí aborda los aspectos que he enumerado. 
Unilever, una importante empresa de procesamiento de pescado, junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, pretende establecer un Consejo Marítimo, que intentaría dictar al mercado qué pescado puede pescarse y dónde. 
Me parece inaceptable que un tema sensible como éste se maneje así. 
La Comisión, por lo tanto, debe responder a este debate garantizando que antes de la Conferencia de Bergen prevista para el mes de marzo próximo, que reunirá a los ministros de Pesca y Medio Ambiente, se hayan presentado nuevas propuestas que reflejen las preocupaciones expresadas en el presente debate. 
En nombre del Grupo del PPE quiero resaltar el gran trabajo realizado por el Sr. Kofoed, trabajo no exento de dificultades al ser esta una materia muy controvertida, como lo demuestran los debates a los que estamos asistiendo no sólo en el PE sino también en el Consejo de Ministros y, por supuesto en el seno del propio sector. 
Por todo ello, el compromiso obtenido en el seno de la Comisión de Pesca tiene el mérito de subrayar los principios básicos sobre los que debe apoyarse la cuarta generación de programas de orientación plurianual de las flotas pesqueras comunitarias. 
Nuestro Grupo nunca ha ocultado su gran preocupación por el grado de deterioro que sufren algunas poblaciones de peces en determinadas pesquerías comunitarias, lo que hace necesario una política seria y firme encaminada a la reestructuración de la flota pesquera que propicie la recuperación biológica de las especies. 
En este sentido, somos partidarios de una reducción de la capacidad pesquera, reducción que está justificada no sólo por razones biológicas, sino también como elemento de mejora de la viabilidad de la actividad, de la rentabilidad empresarial y, en definitva, de la competitividad sectorial. 
También mostramos nuestro apoyo a las medidas alternativas propuestas por la Comisión, por lo que suponen de flexibilización, siempre y cuando estas medidas estén principalmente dirigidas a aquellas flotas que han cumplido con los objetivos de reducción de los anteriores POPs. 
Lo que debe quedar muy claro es que en el futuro no podemos seguir con la política actual; dicha política se ha traducido en un incumplimiento mayoritario y manifiesto por parte de numerosos Estados miembros. 
El último balance realizado por la Comisión es totalmente desalentador: de un total de trece Estados miembros, solamente cuatro cumplen con los objetivos asignados para su ajuste de flotas. 
Con ello, en el seno de los Estados cumplidores se fomenta la sensación de inutilidad de sus esfuerzos y sacrificios para alcanzar los objetivos comunes. 
Y como todos sabemos, estas tensiones se están manifestando en los actuales debates en el seno del Consejo. 
Es también importante señalar que una política orientada a la reducción de capacidad tendrá indudablemente, y eso es innegable, efectos negativos en el empleo; este es el reverso de la moneda al que tenemos que enfrentarnos seriamente con medidas socioeconómicas de acompañamiento que hasta el momento, Sra. Comisaria, brillan por su ausencia. 
Este ha sido el gran fallo de la propuesta de la Comisión; por tanto, tenemos que volver a plantear este tema que es además el de máxima preocupación para el sector; porque sólo enfrentándonos seriamente al problema social se podrá conseguir que los Estados miembros y el sector estén dispuestos a colaborar en la resolución de la sobrecapacidad existente. 
Por último, es importante que la Comisión matice, en el sentido en que lo ha hecho este PE, el artículo 5 de su propuesta, debido a que la política de gestión y conservación de recursos fuera de las aguas comunitarias no es competencia de la UE y a que las flotas que faenan sobre recursos externos se ven sometidas a la concurrencia de otro tipo de factores, como los intereses comerciales, económicos e incluso políticos, los cuales juegan un papel protagonista en la adaptación de la capacidad pesquera de este tipo de flota comunitaria. 
El pescado es un recurso natural limitado. 
Toda actividad pesquera ha de realizarse teniendo en cuenta que deben conservarse a largo plazo los recursos naturales, de modo que las generaciones futuras también puedan beneficiarse de esta actividad. 
Es necesario reducir la pesca y establecer unas medidas compensatorias para conservar los recursos naturales y las especies. 
Es vital que todos respeten las normas y que no se adopten más disposiciones contra los pescadores, medidas que ya han reducido la actividad pesquera. 
El informe va en el buen camino y por eso he votado afirmativamente. 
Es necesario oponerse a las propuestas sobre el POP para permitir en primer lugar que se analicen detenidamente las consecuencias para el sector a largo plazo; y, en segundo lugar, por dar solución a las fastidiosas cuestiones de los traspasos irregulares de cuotas, los pabellones de conveniencia y el tamaño de la región pesquera del Reino Unido. 
Por ello voto por rechazar el informe en su totalidad. 
Era igualmente necesario que el Parlamento desechara las propuestas sobre medidas técnicas (informe Izquierdo Rojo) y por razones similares al del informe Kofoed. 
El informe Izquierdo Rojo y las enmiendas llegaron traducidos a la Comisión de Pesca a ultimísima hora. 
Y, sin embargo, éste es un tema enormemente técnico, con efectos en cadena a partir de cada cambio propuesto. 
Por eso presenté la enmienda de rechazo y me alegró mucho que la Comisión de Pesca la aprobara por unanimidad. 
Estoy muy satisfecho de que el Parlamento haya hecho lo propio. 
Ahora tendremos la oportunidad de un debate en condiciones sobre las propuestas revisadas en enero y tiempo para realizar consultas al sector. 
Ya en 1991, la Comisión Europea, en un informe a este Parlamento sobre los recursos pesqueros, calculaba que los caladeros de la Unión Europea podrían producir anualmente una cantidad extra de pescado por valor de 2.500 millones de libras anuales si los recursos se gestionaban adecuadamente. 
Esto significa que la producción pesquera en un año dado podría ser un 50 % superior a la actual. 
En otras palabras, nuestras comunidades pesqueras podrían ser mucho más prósperas de lo que lo son hoy en día si conseguimos juntar un conjunto aceptable de medidas que permitan una gestión eficaz de los recursos y un incremento de la producción en lo posible. 
La Comisión propone ahora reducir la flota y mejorar los controles. 
Es necesaria una reforma, pero la Comisión sólo ha dado una solución parcial. 
Aunque las propuestas de la Comisión fueran todas aceptadas, lo cual es poco probable, habría suficiente capacidad pesquera disponible para que siguiera habiendo una sobreexplotación. 
Necesitamos la cooperación y la buena voluntad del sector pesquero para que pueda cualquier plan pueda tener éxito. 
Creo que necesitamos un plan decenal que prevea mayores compensaciones por la reducción de capacidad, tanto para propietarios de barcos pequeños como para aquéllos que pierdan sus empleos. 
El programa PESCA está infrafinanciado y debería centrarse más en las comunidades pesqueras y en los que de hecho están perdiendo sus puestos de trabajos en la industria pesquera. 
Es necesario un presupuesto mucho mayor para poder ganar el apoyo del sector. 
Desde mi punto de vista, se necesitaría un incremento del 30 % para establecer un programa que pueda hacerse cumplir y que sea aceptable para el sector pesquero. 
La aplicación de dicha estrategia aumentaría al máximo las reservas y mantendría la capacidad y puestos de trabajo necesarios para capturar y procesar una pesca sostenible. 
Entonces el sector sería rentable, tendría un futuro seguro y podría funcionar sin más subvenciones. 
Desgraciadamente, nuestro presupuesto actual es insuficiente para alcanzar este objetivo. 
Hemos votado a favor del informe Nields Kofoed por las cuatro razones siguientes: 
1.Constituye una rechazo de la propuesta de la Comisión en lo que tenía de imposición de una reducción rígida de capacidades (esto es, de fomento de nuevas eliminaciones de barcos o de reducción de esfuerzos de pesca que llegaban a alcanzar el 40 % de la sardina en Portugal).2.Por otro lado, quedan claros los consensos sobre la exigüidad de recursos y el acompañamiento permanente de su evolución, sobre controles imparciales y eficaces de los esfuerzos de pesca, sobre una gestión de actividades y de técnicas, sobre la necesidad de defender la pesca costera artesanal o sobre la atención que prestar a quien haya cumplido, o no, con las reducciones previstas en el POP III.3.Queda claro también que una gestión renovada de la actividad de pesca exige una evaluación de las repercusiones sociales y los medios financieros suplementarios, comunitarios y nacionales, para afrontar la pérdida de rentas que resulte de la disponibilidad de los pescadores para introducir nuevos métodos.4.Por último, queda claro que es posible gestionar, sin por ello afectar a los puestos de trabajo, sin poner en peligro la estabilidad social de ciertas comunidades y sin afectar a las capacidades productivas. 
¿Cuál será la futura flota pesquera? 
Este es el objetivo del cuarto plan de reestructuración, bautizado «POP IV». Dicho plan propone, con la ayuda de estudios científicos, reducir el esfuerzo pesquero en una media del 40 %, de aquí al año 2000, para permitir la conservación de los recursos. 
¿Este objetivo puede lograrse mediante una reducción en idénticas proporciones de nuestras flotas? 
Todos sabemos que eso es impensable a la vista de las consecuencias económicas y sociales que repercutirán en nuestros pescadores y en todo el sector pesquero. 
Pescar menos en ciertos casos, pero también pescar mejor, y fijar unos precios de mercado razonables para los productos de calidad: este es el pacto de confianza que podríamos proponer a nuestros pescadores si nos dotamos de los medios para ello. 
Es contradictorio ver como los precios bajan cada año, cuando se pretende reducir el nivel de las capturas. 
Reducción de las capacidades y reducción de los precios: es pedir demasiado a este sector profesional. 
Sus Señorías conocen mis opiniones al respecto. 
Pescar mejor para conseguir una gestión duradera de la explotación de los recursos. 
Ello significa exigir un control por satélite, herramientas de trabajo selectivas, la protección de los juveniles, la reducción de las actividades de pesca para mantener una flota pesquera europea; volver a centrar nuestras preocupaciones políticas en el empleo: estos son los principios prioritarios que deben guiarnos. 
Dentro de esta lógica, yo suscribo su propuesta de mantener la pequeña flota de pesca artesanal para los barcos de menos de 7 metros de eslora, señora Comisaria, mientras que el Parlamento pide que se amplíe a 12 metros. 
Este plan de reestructuración debe tener en cuenta las especificidades nacionales y regionales; por ejemplo, la polivalencia de las actividades de pesca en mi país. 
Lo que es bueno para el Mar del Norte, no lo es necesariamente para el Golfo de Vizcaya. 
Este cuarto plan de reestructuración supone medios presupuestarios importantes para financiar las medidas sociales y estructurales de solidaridad. 
Podemos proponer este pacto al sector pesquero hasta 1999. A este último corresponde asumir y compartir esta responsabilidad. 
Tal como dice la Comisión en su introducción a la propuesta de decisión del Consejo relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, la flota pesquera de la Comunidad no es responsable de la sobreexplotación de las reservas pesqueras, sino la política pesquera de la Comunidad. 
Es, sobre todo, necesario reducir el tamaño de la flota pesquera de cada zona pesquera y de cada categoría de buques pesqueros a niveles que puedan garantizar actividades pesqueras sostenibles. 
En cuanto a las relaciones de la Comunidad con terceros países, sería oportuno garantizar que no hay ninguna coherencia entre las limitaciones previstas en las categorías de los buques pesqueros y las categorías de los buques, cuyas posibilidades de pesca se está intentando aumentar en una serie de negociaciones con países en desarrollo relativas a nuevos acuerdos pesqueros que la Comisión está realizando o a punto de realizar. 
Para expresarlo de otra forma, es necesario garantizar que la UE no exporte la sobreexplotación de los buques pesqueros de la UE a las aguas de terceros países. 
Hay que garantizar actividades pesqueras sostenibles en las aguas comunitarias, pero esto mismo es necesario en el caso de los pequeños pescadores que realizan sus actividades cerca de la costa en muchos países en desarrollo. 
He decidido no votar a favor del informe Kofoed, ya que hemos de garantizar lo antes posible una población de pesca sostenible. 
Ante las medidas técnicas, que la Comisión de Pesca consideró inaceptables, la Comisión ejecutiva nos propone en este texto un programa de reestructuración, también inaceptable, en el que se establece una reducción en cinco años del 40 % de la flota pesquera europea. 
¿Que profesión podría aceptar un enfoque tan destructivo, tan frío y tecnocrático? 
No puede jugarse de esta manera, incluso tácticamente, con el futuro del conjunto de una categoría profesional. 
La Comisión de Pesca aprobó 42 enmiendas. Es decir que ha cambiado profundamente el contenido del texto presentado por la Comisión. 
Deseo agradecer a nuestro ponente, así como al presidente Arias Cañete, quienes han permitido introducir mejoras muy importantes a la propuesta inicial. 
A través de las enmiendas que yo había presentado, se han integrado cuatro puntos esenciales en el informe: 
limitación del programa al 31.12.99 en lugar de la fecha del año 2000; -toma en cuenta de las dificultades relativas a las pesquerías pluriespecíficas y a la flota polivalente; -supresión de la discriminación entre los artes fijos y los artes de arrastre; -toma en cuenta de las repercusiones sociales del plan a la vez en los puestos de trabajo a bordo y en los puestos de trabajo en tierra.También considero importantes las enmiendas 43 y 44, que tienen en cuenta el porcentaje de utilización de las cuotas de cada Estado miembro y que recogen las enmiendas que yo había presentado en comisión. 
En efecto, el hecho de tomar en consideración este parámetro evitaría cualquier tipo de especulación vinculada con la compra de barcos entre Estados miembros, con el fin de efectuar transferencias no oficiales de cuotas. 
Lamento que dichas enmiendas no se hayan aprobado. 
Así pues, a pesar de la gran cantidad de enmiendas incorporadas, la propuesta de la Comisión sigue siendo inaceptable. 
Por eso me he opuesto, con mi Grupo, a la propuesta modificada y a la resolución legislativa. 
La política pesquera común no debe concebirse en una perspectiva paliativa o «eutanásica». 
Por el contrario, debe tender a garantizar la continuidad de una profesión y de un sector, que son esenciales para el futuro de nuestros países y de nuestras sociedades. 
En nombre del Grupo de los Verdes, deseo manifestar mi apoyo a la propuesta elaborada por la Comisión relativa a los objetivos y las bases para la restructuración del sector pesquero durante el período 1997-2002 (POP IV). 
En efecto, el programa POP III no logró los objetivos establecidos, porque el compromiso que se alcanzó en su día, limitaba ya desde el principio su alcance, así como porque varios Estados miembros no respetaron los compromisos adquiridos. 
Las reducciones propuestas por la Comisión con respecto al POP IV suponen el mínimo indispensable para el restablecimiento de las reservas de pesca. Si no se llevan a la práctica dichas indicaciones, la dramática situación de los pescadores de muchas regiones está destinada a empeorar a largo plazo. 
En este momento, ante las reducciones de pesca propuestas, es preciso definir compensaciones adecuadas en favor de los pescadores. 
Por todo ello, los Verdes se oponen a las propuestas de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y proponen que se rechace el informe Kofoed. 
No compartimos tampoco la elección de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo en cuanto a rechazar la propuesta legislativa relativa al reglamento por el que se establecen medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros (informe Izquierdo Rojo). 
Por último, anunciamos el voto favorable al informe Souchet, habida cuenta de que consideramos oportuno el control constante de los barcos de pesca por vía satélite, aunque compartimos también las preocupaciones expresadas por la ponente en lo relativo a la fecha de entrada en vigor del reglamento y los aspectos económicos relacionados con dicha decisión. 
El objetivo más importante de la política pesquera común debe ser administrar las existencias de pescado de un modo responsable. 
Por eso es central que las medidas para reducir la flota pesquera europea se apliquen cuando resulte verdaderamente necesario desde el punto de vista ecológico. 
No obstante, si los recortes se basan en unas categorías demasiado generales, como propone la Comisión, resultará fuertemente perjudicada la flexible flota pesquera sueca. 
Una proporción relativamente grande de la flota sueca entra dentro del grupo al que se plantean los requisitos de reducción más duros, a pesar de que no hay razones ecológicas que lo motiven, dado que además se pesca otro tipo de especies. 
Es de la mayor importancia también que los recortes se produzcan teniendo en cuenta las reducciones ya efectuadas hasta la fecha por los países miembros, y que no se perjudique a aquellos países que han cumplido con sus anteriores compromisos. 
Finalmente, deseo hacer hincapié en que la compensación que se propone para amortiguar las repercusiones socioeconómicas de la necesaria reestructuración del sector de la pesca debe naturalmente realizarse a través de una redistribución, dentro del marco presupuestario existente. 
Para evitar la sobreexplotación de los recursos pesqueros precisamos medidas de gestión europeas. 
La premisa ha de ser determinar la cantidad que puede pescarse. 
Con ayuda de los Programas de Orientación Plurianuales (POP) se estimula a los pescadores a ajustar sus actividades a estas cuotas. 
Por consiguiente, los POP no son un objetivo en sí, sino sólo un medio para permitir a la flota adaptarse a las posibilidades de captura. 
Esto significa que la rentabilidad de las diferentes flotas es un aspecto central a la hora de elaborar los POP. 
Para algunas flotas, una reducción del número de buques es la única posibilidad de mantener la rentabilidad. 
Otras flotas son económicamente capaces de cumplir las limitaciones de captura a través de una reducción. 
En este sentido, la norma holandesa sobre los días de faena constituye un buen ejemplo. 
Es positivo que la Comisión, en sus propuestas para el POP IV, deje espacio para este tipo de normas. 
Sin embargo, es incomprensible que, a la hora de evaluar el POP III, la Comisaria no esté dispuesta a tener en cuenta los éxitos que han logrado los Países Bajos con su propio sistema de gestión. 
Además, lamento que la Comisión, a la hora de determinar los porcentajes de reducción para los próximos seis años, se haya dejado guiar principalmente por la cifras de los biólogos. 
Es preciso tener en cuenta también las consecuencias sociales y económicas. 
Por ello, apoyo la propuesta del ponente de esperar el dictamen del Comité Científico, Técnico y Económico para la Pesca antes de tomar una decisión sobre los porcentajes de reducción. 
También tengo dificultades con la propuesta de la Comisión de mantener la pesca a pequeña escala exenta de las reducciones. 
No hemos de olvidar que todos estos pescadores pescan en las guarderías marinas. Es preciso ofrecer una protección adicional a estas zonas de cría. 
Si la longitud máxima de los barcos que no necesitan participar en el saneamiento se incrementa de 7 a 12 metros, como propone el ponente, las obligaciones de reducción serán excesivas para los grandes buques. 
Por último, estoy de acuerdo con el ponente en que es preciso poner fin cuanto antes a la subvención de la construcción de nuevos buques. 
En este sentido también es preciso ajustar los programas existentes hasta el año 1999 inclusive. 
Lo que se quita de un lado con subvenciones, se vuelve a poner con dinero del mismo pote europeo. 
Es totalmente inaceptable. 
Informe Souchet (A4-0366/96) 
Se somete a nuestro Parlamento una propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un sistema de localización de los buques pesqueros comunitarios por vía satélite, en el marco del régimen de control aplicable a la política pesquera común, así como una propuesta de calendario concerniente a las etapas de la aplicación del nuevo dispositivo. 
La Comisión de Pesca comprobó, primeramente, que el método aplicado esta vez era el correcto, ya que se ha asociado a los pescadores, con respecto a todas las decisiones de carácter general, a la definición de las disposiciones de gestión del nuevo régimen. 
Proyectos piloto de una duración lo suficientemente larga en el tiempo, que gozan de una financiación comunitaria, han permitido a 350 buques experimentar los diferentes sistemas y comprobar su fiabilidad. 
Habida cuenta que los dispositivos de posicionamiento Argos, Immarsat y Eutelsat han resultado satisfactorios en opinión de los usuarios y en particular de los pescadores, nuestra comisión considera que es posible generalizar el sistema, con la condición, naturalmente, de tomar algunas precauciones indispensables. 
A estas precauciones se refieren las enmiendas aprobadas por unanimidad en nuestra comisión. 
1) Para la Comisión de Pesca es esencial que el nuevo dispositivo sea considerado por los profesionales de la pesca como lo que realmente es. 
Se trata de un progreso técnico que permitirá a la vez efectuar un control fiable, incuestionable y, por tanto, equitativo del esfuerzo pesquero, que favorecerá una reducción de las cargas administrativas de los pescadores y que contribuirá a mejorar la seguridad en el mar. 
En cambio, no se trata en modo alguno de una nueva exigencia, de un control suplementario que se sobreañadiría a la ya larga lista de las obligaciones que repercuten en los pescadores. 
Nuestra comisión pide, por lo tanto, que la aplicación del nuevo sistema esté acompañada paralelamente de una eliminación efectiva de todos los procedimientos administrativos actuales que dicho sistema puede sustituir convenientemente, sobre todo en materia de notificación de entrada y salida de la zona de pesca. 
Habrá que procurar atajar seriamente la desviación burocrática que lleva naturalmente a los órganos de control a multiplicar exageramente las duplicaciones inútiles. 
2) Como el proyecto de reglamento nada dice, por otra parte, sobre el problema de la financiación, no nos ha parecido normal no precisar esta importante cuestión. 
Por eso nuestra comisión ha recomendado que la Unión participara financieramente para cubrir los costes de inversión y de renovación. 
Esta exigencia parece normal teniendo en cuenta la nueva obligación que supone para los pescadores y los Estados miembros la creación de los centros de vigilancia de las pesquerías. 
Es importante que los pescadores, de por sí muy afectados por las limitaciones de mercado- que la política pesquera común les ayuda poco a afrontar -, no perciban la aplicación del nuevo dispositivo como una sobrecarga financiera suplementaria: ésta debe ser, por consiguiente, financieramente neutra para ellos. 
3) Nuestra comisión ha considerado asimismo indispensable elevar el umbral de aplicación del nuevo dispositivo, para que éste sea realmente útil y evitar aplicarlo a los pequeños barcos de pesca artesanal, cuyas salidas son muy breves, y también para armonizar las disposiciones sobre el esfuerzo pesquero en el conjunto de los reglamentos comunitarios. 
Por lo tanto, hemos aceptado el límite de 20 metros (20 metros de eslora entre perpendiculares o 18 metros de eslora total) , en lugar de 15 como establecía la propuesta de la Comisión. 
4) También nos ha parecido útil orientar prioritariamente el control del esfuerzo pesquero por satélite a las especies declaradas «sensibles» , a menudo afectadas por la sobrepesca, como ocurre en determinadas zonas con la merluza, e incluir, por consiguiente, los buques que pescan estas especies en la primera fase de aplicación del nuevo dispositivo. 
Dichas especies «sensibles» pueden variar en el tiempo. 
Por eso nuestra comisión propone que el Comité de gestión establezca regularmente una lista de las mismas, con arreglo al procedimiento del artículo 36. 
5) La garantía de la confidencialidad de los datos condiciona, evidentemente, el éxito del nuevo sistema. 
En efecto, los profesionales defienden legítimamente el estricto respeto de la confidencialidad de sus posiciones de pesca, lo cual es prioritario en su profesión. 
Si bien es evidentemente necesario que la Comisión pueda tener acceso al conjunto de los datos recogidos por los diferentes centros de vigilancia de las pesquerías, es igualmente esencial que las reglamentaciones comunitarias y nacionales en materia de protección de los datos informáticos se respeten rigurosamente y que se persiga a quienes las infrinjan. 
6) Finalmente, conviene garantizar la equidad de trato entre pescadores comunitarios y pescadores de terceros países, frente al nuevo sistema. 
Nuestros pescadores no entenderían que éste se aplicara de manera diferente a los pescadores de los Estados miembros y a los pescadores de terceros países que faenan en aguas comunitarias. 
Por ello hemos propuesto una estricta reciprocidad, respecto a los terceros países, de la normativa establecida. 
Dentro de este espíritu hemos propuesto evitar cualquier tipo de discriminación entre buques que se dedican a las mismas pesquerías. 
7) En relación con la fecha de aplicación del nuevo reglamento, nuestra comisión ha propuesto aplazarla al 1 de enero de 1999 para las cinco categorías de buques enumerados en el artículo 1 de la propuesta legislativa y al 1 de enero de 2000 para los demás buques de pesca comunitarios que superen los 20 metros de largo (18 metros de eslora total). 
Este aplazamiento se explica por la exigencia de tener en cuenta a la vez los imperativos presupuestarios, así como también los imperativos téccnicos relativos al desarrollo industrial de un proyecto piloto. 
Estos son los diferentes ajustes que la Comisión de Pesca ha considerado indispensables para la correcta aplicación del nuevo sistema de localización vía satélite, cuya finalidad es a la vez facilitar el ejercicio de la profesión de pescador y mejorar los controles. 
La Comisión ha presentado una costosa propuesta de sistema de control por satélite de la actividad pesquera. 
La Comisión de Pesca y el Parlamento Europeo han decidido no intentar hacer entrar en razón a la Comisión. 
En cambio, se va a incrementar aún más el coste que supone la Unión. 
Soy perfectamente consciente de las ganancias que representa el sistema propuesto, pero dudo mucho de que estas ganancias compensen los costes gigantescos que traerán consigo. 
En lugar de poner en marcha este ambicioso proyecto, habría que empezar con una prueba a pequeña escala. 
Después de efectuar una evaluación de los resultados, se podría decidir seguir adelante. 
Por los motivos aducidos, he decidido no votar en favor de la propuesta. 
Informe Banotti (A4-0391/96) 
Sin pretender negar la importancia de otros derechos, con motivo de este informe quisiera examinar sobre todo el derecho al trabajo, concretamente para nuestros conciudadanos minusválidos. 
No sólo porque el trabajo sea una fuente importante de ingresos, sino sobre todo porque el trabajo da sentido. 
Trabajando la gente se sitúa en el tiempo y el espacio.-Trabajando la persona se define en relación con otros.-El trabajo ofrece posibilidades para mantener y ampliar las habilidades. 
Una por una, posibilidades que pueden beneficiar a los minusválidos.Sin embargo, en relación con el papel de los minusválidos en el mercado laboral, existe una doble dificultad. No es el hecho de ser minusválidos, sino la minusvalía del mercado laboral lo que impide que las personas con habilidades limitadas o diferentes de las normales desempeñen un papel en la agricultura, la industria, el comercio o los servicios. 
Por un lado está la incorporación al proceso productivo, a través de un empleo adecuado en el circuito normal. 
Por desgracia, sólo parte de los minusválidos puede optar a un trabajo en las empresas «normales» o un trabajo de funcionario «normal». Pero incluso este grupo tiene graves problemas. 
Los costes para hacer accesible el puesto de trabajo se consideran excesivos, y ello podría mermar los beneficios de la empresa.-Se considera que la productividad de los implicados es insuficiente, y la empresa ha de alcanzar sus normas de competitividad y preferiblemente mejorar su competitividad.-Y sobre todo, al igual que el trabajador válido, el minusválido ha de encajar los golpes del desempleo.El cierre de empresas, el traslado de empresas, los despidos debido a la reorganización, las reducciones debido a la automatización. 
Conservar el puesto de trabajo no es tarea fácil. Buscar y encontrar trabajo como minusválido es sin duda una cuestión penosa. 
Por otra parte, el porcentaje de desempleo en la Unión Europea es del 11 %. 
Y el trabajador minusválido tiene tres veces más posibilidades de quedar desempleado. 
Pues bien, si «minusválido» se convierte en sinónimo de «desempleado» , no sólo existe una inaceptable discriminación, sino también una injusticia social. 
Para evitarlo es preciso ocuparse de un mercado accesible a los minusválidos. 
Los apartados 6, 8, 17 y 27 del proyecto de resolución reconocen claramente esta preocupación. 
Por otro lado, hay una participación indirecta en el proceso de producción por el empleo adaptado en el sector especial o desde las iniciativas orientadas a los minusválidos dentro de la economía social. 
También en este caso se experimenta y se sufre la influencia del escaso crecimiento, el menor poder adquisitivo, los pedidos insuficientes y el alto desempleo. 
Además hay que añadir que entre los grupos con pocas posibilidades empieza a desarrollarse una especie de rivalidad. 
Los talleres protegidos tienen que enfrentarse a la competencia de los países de bajos salarios, que tienen precios más bajos debido a los bajos costes salariales. 
Los trabajadores de los talleres protegidos ven amenazado su salario y, a la larga, incluso su puesto de trabajo. 
Precisamente porque se trata de talleres protegidos, es preciso amparar suficientemente a los trabajadores, no sólo frente a las leyes del mercado libre dentro de la Unión Europea, sino también frente a las amenazas procedentes de fuera de la Unión Europea, como el dumping social. 
Por otra parte, el rendimiento, la rentabilidad, la productividad y la competitividad no pueden ser las principales ni, naturalmente, las únicas medidas para valorar la utilidad de dichos talleres. 
Por desgracia, para no limitarnos a hablar, y convertir en hechos el derecho al trabajo para los minusválidos, no podemos utilizar el HELIOS II ni apelar al HELIOS III, pero podemos incitar a la Comisión a que fomente desde HORIZON, o bien sobre la base de diversos proyectos experimentales, la accesibilidad del mercado laboral para los minusválidos, tanto en el sector regular como en el circuito alternativo. 
Acojo con beneplácito la iniciativa de la Comisión de Peticiones y el informe de la Sra. Banotti, así como la excelente cooperación entre los miembros del Intergrupo sobre las personas discapacitadas, en el que los dos participamos y que ha mejorado mucho este informe. 
El considerando A y los puntos 4 y 8 fueron propuestos, por mediación mía, por ONG portuguesas que así han participado en la elaboración del informe. 
Subrayo el punto crucial de la consagración en el Tratado de una prohibición de discriminación por motivos de discapacidad y lamento las objeciones de ciertos Gobiernos a la hora de aceptar que esa cláusula surta efectos concretos- con repercusión económico-financiera- en el nivel de la UE. 
Propongo que continuemos por la vía de una estrecha participación de las ONG de las personas discapacitadas en la formulación de las políticas europeas que les afecten. 
Se trata de una exigencia de igualdad de oportunidades, de ciudadanía y de democracia. 
El hecho de que en los países de la Unión Europea existan alrededor de 37 millones de personas discapacitadas, es decir el 10 % de su población, debe incitarnos a una reflexión profunda sobre los problemas que se plantean, con objeto, fundamentalmente, de llevar a cabo una acción rápida y eficaz para eliminar todo tipo de perjuicios que afectan a ciudadanos como nosotros. 
En efecto, la discapacidad no debe ni puede tener como corolario la discriminación, la negación de los derechos fundamentales. 
Subrayemos, en este sentido, que no bastan las grandes declaraciones, los convenios y demás instrumentos jurídicos, sin duda importantes en el plano de los principios, para resolver los problemas concretos y cotidianos de estas personas. 
No obstante, el informe Banotti tiene el mérito de llamar la atención sobre la manera de proceder a la creación de un marco regulador, de establecer una serie de principios y de proponer medidas capaces de contribuir a remediar este drama. 
El hecho de ser discapacitado es de por sí una desgracia. 
Si se añaden las barreras a la libertad de circulación, la falta de acceso a la información, a los bienes, a los servicios y al ocio, las dificultades de acceso a los edificios y a los transportes, la falta de acceso al proceso político, al empleo y a la educación, los problemas derivados de la violencia y de los malos tratos, en una palabra, la discriminación, la discapacidad se convierte entonces en un drama. 
Estas son las cuestiones de las que debemos ocuparnos. 
En este contexto, atento a los principios, pero consciente de que es importante actuar, nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas que expresan sus preocupaciones. 
El hecho de enfocar los derechos de las personas discapacitadas como un problema que afecta a los derechos cívicos es una buena fórmula para dar un contenido a medidas no discriminatorias, y estoy convencido de que, también en este ámbito, la Unión Europea deberá dar los primeros pasos. 
Con respecto a las acciones concretas, me permito recordarles que, en el marco de la Directiva sobre la aproximación de las legislaciones en materia de ascensores, nuestro Parlamento consiguió hacer adoptar una enmienda por la que se garantiza la accesibilidad de las personas discapacitadas a las cabinas de los ascensores, lo cual merece subrayarse puesto que hasta ahora nunca se había incorporado a la legislación sobre un producto industrial ninguna norma de este tipo destinada a las personas discapacitadas. 
Si cito este ejemplo sacado de una enmienda al informe que debatimos es también para ilustrar que sólo con medidas concretas y útiles como esta se puede mejorar y facilitar la vida de aquellos conciudadanos nuestros desfavorecidos por la suerte, y que debemos ayudar apelando al sentimiento de compasión. 
Felicito al ponente por su excelente trabajo. 
No lo digo por cortesía, sino por convicción- estén seguros de ello-. y también felicito al Consejo por el reciente acuerdo sobre la Resolución relativa a la igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas. 
Lo que está en juego son los derechos humanos. 
Y es una causa a la que nunca nos esforzaremos lo suficiente por servir. 
Productos objeto de impuestos especiales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0408/96) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0548- C4-0619/96- CNS 96/0266) por la que se modifica la Directiva 92/12/CEE relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero referirme brevemente a las exenciones de impuestos en el marco del turismo con los países escandinavos y, en particular, a la limitación de las cantidades de alcohol. 
Ante todo, quiero señalar que se nos ha consultado con sumo retraso sobre este tema. 
Ya sé que se requirieron difíciles negociaciones entre los Estados miembros, pero también debo manifestar que este no es el único caso en que se ha consultado sumamente tarde al Parlamento en los últimos tiempos. 
Debo señalar que sólo aceptamos la urgencia porque en verdad se trata de un tema importante y en caso contrario se crearía un vacío legal, pero también esperamos que el próximo año se contemplen más adecuadamente los derechos del Parlamento. 
Voy a referirme ahora un segundo aspecto que creemos importante de la propuesta y que es el tema de la supresión de los controles dentro de la Unión Europea. 
Esta semana hemos adoptado importantes decisiones para mejorar los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea y nos reafirmamos en la necesidad de que se supriman definitivamente los controles en sus fronteras interiores. 
Consideramos especialmente importante este aspecto de la propuesta. 
En tercer lugar, yo también quiero señalar, no obstante, que este es un tema en el cual intervienen las peculiaridades regionales. 
En efecto, los hábitos en relación con el consumo de alcohol son sumamente distintos en cada país de la Unión Europea. 
Un colega finlandés lo expuso muy claramente en las deliberaciones mantenidas en la comisión. 
Manifestó que él mismo ha trabajado alguna vez en los bosques y que en ese medio los finlandeses acostumbran a comer tocino y a acompañarlo con vodka. 
Señaló que entretanto empiezan a ser conscientes de que las ensaladas y el vino son en realidad más sanos, pero el cambio es un poco lento. 
En esta Asamblea nos hemos manifestado siempre dispuestos- y lo digo con toda seriedad- a tomar en consideración las peculiaridades regionales de los diferentes países de la Unión. 
Por consiguiente, yo pienso que deberíamos proceder de igual modo en el presente caso y, por lo tanto, propongo que se apruebe la propuesta de la Comisión. 
Señora Presidenta, me hago eco de las observaciones del presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, Sr. von Wogau, en lo que respecta al procedimiento seguido en este tema. 
Es sumamente insatisfactorio desde el punto de vista parlamentario vernos impulsados, a estas alturas del año y con tan poco tiempo para tratar el tema, a una posición que, en la práctica, constituye un fait accompli. 
Desde luego, invitaría a la Comisión a que garantice que de un modo u otro el Parlamento participe más de cerca, cuando podamos anticipar cambios como éste, sin, por supuesto, invadir la función propia de la Comisión respecto a las decisiones ejecutivas y a las negociaciones con los distintos Estados miembros sobre los pormenores de las propuestas. 
En segundo lugar, ya sabemos que el voto que estamos a punto de emitir a favor de la propuesta de la Comisión de hecho ya ha sido soslayado por un acuerdo político dentro del Ecofin. 
En efecto, aquello por lo que estamos votando en realidad no será ley después de que el Ecofin haya realizado sus cambios. 
Hago este llamamiento para que conste en acta: aunque esto no sea más que una opinión, el Ecofin podría mostrar alguna deferencia hacia el Parlamento reuniéndose con nosotros para que también podamos comunicarles nuestro interés en que se nos consulte adecuadamente. 
Por último, me satisface mucho que el Sr. von Wogau haya demostrado, como presidente, con cuánta atención escucha a la gente que ha trabajado en los bosques finlandeses y ha tenido que beber vodka y esas cosas. 
Estoy seguro de que cuando yo exponga las preocupaciones de Irlanda y de mi circunscripción, puedo confiar en que hará gala de su gran capacidad de escucha y demostrará la misma solidaridad. 
Señor presidente, los representantes centristas finlandeses nos mostramos satisfechos por que se haya llegado a un acuerdo entre nuestro país y la Unión Europea sobre la prórroga hasta finales del año 2003 de las actuales limitaciones relativas a la importación de bebidas alcohólicas. 
Espero que en las negociaciones que tendrán lugar con Suecia en el año 2000 se alcance un régimen de excepciones por una duración aún mayor, el cual, de conformidad con el acuerdo al que ahora se ha llegado, redundaría también en beneficio de Finlandia y Dinamarca. 
Siempre he pensado, y lo sigo aún haciendo, que la política en materia fiscal y de productos alcohólicos corresponde a los Estados miembros, y no a la Unión. 
Sin embargo, dado que en un futuro próximo van a ampliarse de manera considerable las limitaciones a la importación de bebidas alcohólicas en los países nórdicos, estamos obligados a relanzar el debate en torno a la imposición fiscal sobre estos productos en la Unión Europea. 
Creo que el nórdico es un buen modelo. 
La imposición fiscal sobre las bebidas alcohólicas en nuestros países es relativamente elevada, por lo que el Estado obtiene considerables ingresos fiscales al mismo tiempo que limita el consumo excesivo de alcohol. 
Si nos vemos obligados a renunciar a estos ingresos, nos será imposible encontrar otros ingresos fiscales para sustituirlos, y todo ello en una situación en la que deberíamos, por el contrario, poder reducir otros muchos impuestos. 
Así pues, una reducción de los ingresos daría lugar a nuevos recortes presupuestarios en ámbitos como el de la seguridad social o la sanidad, e incrementarían inevitablemente el desempleo. 
Por todo ello, propongo que la Unión emprenda medidas encaminadas a lograr una presión fiscal considerablemente mayor que la que actualmente grava los productos alcohólicos. 
Con ello, los países donde la presión fiscal es más baja obtendrían más ingresos, que podrían utilizarse, por ejemplo, para aliviar el gravamen de los otros impuestos. 
Simultáneamente, se podrían reducir los perjuicios causados por el alcohol y los gastos que éstos ocasionan en concepto de servicios sanitarios y sociales en toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, ante todo, deseo dar las gracias al Parlamento por haber aceptado nuestra sugerencia de tratar la presente propuesta como una cuestión urgente. En particular, deseo expresar mi agradecimiento a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, así como a su presidente, Sr. von Wogau. 
Me doy cuenta, tal como manifestó el Sr. Cox, de las dificultades que el Parlamento debió afrontar a la hora de elaborar su informe en un plazo tan corto. 
La intención de la Comisión de presentar una propuesta en relación con esta materia, fue anunciada en el programa para 1996. 
Antes de presentar su propuesta, la Comisión llevó a cabo negociaciones con los Países Nórdicos, a fin de que la prórroga se redujera a los límites estrictamente necesarios. 
La Comisión intentó presentar una propuesta a la que no se opusieran los Estados miembros interesados y, sólo hace pocas fechas, logró un acuerdo respecto a una solución equilibrada con dos de los Estados miembros en cuestión. 
Esto sirve para entender la envergadura de la dificultad- por otra parte, objetiva- que tuvo que afrontar el Parlamento, a quien le renuevo mi gratitud por haberla superado. 
Según la Comisión, la propuesta representa un buen compromiso. 
Por otra parte, la intervención del Sr. Väyrynen ha puesto de manifiesto cuáles son las características y las dificultades de los Estados miembros implicados. 
Se trata de un buen compromiso entre las legítimas expectativas de los ciudadanos a raíz del mercado único y las concretas exigencias de Dinamarca, Suecia y Finlandia a fin de disponer de un mayor margen de tiempo para adaptarse a lo previsto en las disposiciones comunitarias desde un punto de vista global. 
Los motivos que fundamentan la excepción inicialmente concedida son de dominio público y no me parece oportuno volverlos a explicar. 
Al tratarse de excepciones relativas a un derecho fundamental de los ciudadanos europeos, dichas disposiciones tienen unos plazos, a pesar de que el texto del artículo 26 no es muy claro en su redacción y que no existe acuerdo respecto a la correcta interpretación del plazo establecido. 
Así y todo, y prescindiendo de la exacta redacción del artículo 26, los Países Nórdicos precisan de un período de tiempo más amplio para adaptarse a las disposiciones comunitarias. Hay que hacer hincapié en esto, habida cuenta de que no se programó un aumento del importe mínimo de los impuestos especiales, y tampoco se previó en el momento en que se decidieron las excepciones. 
Por consiguiente, propusimos una prórroga del plazo más allá del 31 de diciembre de 1996, y además- y esto es muy importante- una paulatina liberalización, un paulatino phasing out, de las restricciones anuales. 
Confío en que el Parlamento manifieste hoy su voto favorable, a fin de que esta materia pueda quedar regulada antes de finalizar el año y evitar así toda dificultad jurídica. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Apoyo al sector bovino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0407/96) del Sr. Funk, en nombre de la Comisión de Agricultura, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0606- C4-0650/96- CNS 96/0286) por el que se establecen medidas complementarias para el apoyo directo de la renta de los productores o para el sector bovino. 
Señora Presidenta, la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina ha suscitado intensas manifestaciones de rechazo en relación con el mercado de la carne de bovino. 
La regresión del consumo y la caída de los precios constituyen una enorme amenaza para la supervivencia económica de muchos productores de carne de bovino. 
La Comisión y el Consejo han adoptado por ello una serie de medidas encaminadas a proteger a los consumidores, restablecer la confianza en la carne de bovino y sostener el mercado. 
El Consejo acordó en su sesión de los días 28 a 30 de octubre de este año medidas complementarias para el apoyo directo de la renta de los productores o para el sector de la carne de bovino por un importe de 500 millones de ecus, que se distribuirán entre los Estados miembros según una clave de reparto convenida. 
Se pidió a la Comisión que aportara dicho importe de 500 millones de ecus en el marco del Presupuesto agrícola. 
Con la presente propuesta de reglamento, la Comisión satisface el mandato que le dio el Consejo para que materializara este paquete de medidas de apoyo. 
Yo acojo con satisfacción la disposición del Consejo y de la Comisión a ayudar rápidamente a los perjudicados en el marco de medidas de urgencia. 
A ese respecto, reviste una importancia particular el hecho de que se faculte a los Estados miembros a conceder estos pagos complementarios para el apoyo de la renta de los productores o para el sector de la carne de bovino. 
Los Estados miembros han solicitado que se les faculte para poder decidir directamente y conceder indemnizaciones en los casos en que las pérdidas sean más importante, a fin de evitar que el dinero se reparta según el principio de la regadera. 
Yo abogo, por consiguiente, por que se apruebe sin modificaciones la propuesta de la Comisión y yo quiero señalar que dicha propuesta fue aprobada con un solo voto en contra en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Con carácter complementario, quiero señalar que se han sometido asimismo a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo las propuestas de la Comisión para la adopción de una posición con vistas a la financiación de la estabilización del sector de la carne de bovino en 1997 y 1998. 
Sin embargo, la comisión ha pedido a la Comisión que retire sus actuales propuestas y las sustituya en breve por una propuesta que se refiera únicamente a la financiación correspondiente a 1997. 
La razón de esta solicitud es que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en estos momentos no está dispuesta a extender al Consejo, por así decirlo, un cheque en blanco también para las decisiones relativas a la financiación de estas medidas para 1998. 
Estas decisiones deberían adoptarse más bien con la plena participación del Parlamento Europeo en el marco de los debates presupuestarios relativos a 1998. 
Señora Presidenta, en nombre del PSE quisiera dar las gracias al Sr. Funk por la gran rapidez y eficacia con que ha trabajado para elaborar sus dos informes sobre las propuestas para proteger los ingresos de los productores que están en peligro como resultado de la reticencia de los consumidores a comer carne de vaca y ternera a raíz de la declaración que admite la posibilidad de una relación entre la EEB en las vacas y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los seres humanos. 
Tendrá muy buena acogida entre aquellos ganaderos cuyo sustento ha sido muy precario durante los últimos ocho o nueve meses. 
Aún de mayor importancia a largo plazo es la completa erradicación de la EEB. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para expresar mi satisfacción por los rumores- que espero se hagan ciertos- de que el Gobierno del Reino Unido está a punto de aplicar la criba adicional y tomar realmente en serio la necesidad de erradicar por completo la EEB. 
Sólo entonces se recuperará plenamente el mercado de la carne de vaca y ternera y nuestros ganaderos volverán a tener unos ingresos asegurados. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo político apoya el informe del Sr. Funk y yo suscribo las palabras del Sr. Goepel. 
Yo quisiera centrar la atención en otro hecho y éste es que la Comisión de Agricultura parece haber adquirido mayor conciencia de su papel; esta es mi impresión. 
Es posible que la comisión de investigación haya contribuido a ello. 
En efecto, la comisión se ha negado a considerar la propuesta de la Comisión en la que se plantea la posibilidad de conseguir esta financiación introduciendo recortes en otros ámbitos. 
Si hubiésemos rechazado dicha propuesta, tal como proponía el Sr. Funk, el Consejo habría seguido teniendo la posibilidad de decidir, puesto que de conformidad con el artículo 43 sólo somos una instancia consultiva. 
Por consiguiente, no consideramos la propuesta, con lo cual el Consejo tampoco podrá aplicarla ni adoptar otra decisión. 
Nosotros intervendremos también en el procedimiento. 
La Comisión nos presentará una nueva propuesta y entonces examinaremos las posibilidades de desarrollo ulterior de la PAC. 
Señora Presidenta, para compensar una parte de las pérdidas que afectan a los productores debido a la crisis de las «vacas locas» , el Consejo y la Comisión propusieron modificaciones basándose en tres reglamentos. 
El primero concernía a las medidas sobre la carne de bovino, el segundo a la financiación y el tercero a medidas estructurales destinadas a los jóvenes productores. 
El Consejo presentó la solicitud de urgencia para que las medidas fuesen aplicadas rápidamente. 
El Parlamento aceptó únicamente las medidas sobre la carne de bovino, sin pronunciarse respecto a su financiación. 
La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, sin embargo, declaró en su momento, con razón, que era irresponsable votar a favor de las medidas sobre la carne de bovino y rechazar las modalidades de su financiación. 
Nosotros nos opusimos a la idea de que la financiación de las medidas sobre la carne de bovino se compensara íntegramente por el sector de los cereales. 
En efecto, el problema de las «vacas locas» no está ligado a la responsabilidad de los agricultores, sino que afecta a la de otros operadores económicos de ciertos Estados miembros, así como a ciertas disfunciones de la Comisión. 
Me felicito, por lo tanto, de la propuesta que hoy se nos presenta. 
Ésta demuestra que finalmente ha sido posible encontrar 500 millones en el presupuesto sin castigar a los agricultores. 
Señora Presidenta, Señorías, continúa, pues, la novela de las «vacas locas» con el «loco 2ª parte» , como hubo el «Rambo 1ª parte» y el «Rambo 2ª parte». 
Ocurre lo mismo con el «señor loco». 
Tras el primer volumen, escrito por los ingleses, Yo te enveneno, el segundo volumen es ahora Yo te indemnizo. 
En el «loco 2ª parte» se indemnizaba haciendo pagar a los inocentes: se reducían los pagos compensatorios a los productores de cereales, a los productores de oleaginosas, y se reducía la tasa de retirada de tierras. 
Por otra parte, de paso se ponía en entredicho el pacto de la PAC; pero me atrevería a decir que todo eso no tenía mayor importancia. 
Ahora, con el «loco 2ª parte» , se encontraron en el fondo de un cajón 500 millones de ecus. 
Francia recibirá, por lo demás, 117 millones de ecus. 
Tanto mejor, nos alegramos, no estamos en contra. 
El único problema es que en esta cuestión de las «vacas locas» y de la responsabilidad nos andamos con rodeos. Se trata de un problema político y no de un problema de técnica presupuestaria. 
Es un problema vinculado al hecho de exigir responsabilidades a las personas responsables. 
En primer término, a los fabricantes de harina. 
Lo he dicho y lo repito aquí: se sabe quién estaba envenenando a toda Europa. 
Son los hermanos Demulder de Doncaster, en Yorkshire. Además, una reducida delegación de la Comisión de investigación se reunió con ellos. 
Estas personas tendrían que haber ayudado a indemnizar el daño que han provocado. 
En segundo término, se trata de exigir responsabilidades al Gobierno británico que no hizo nada, no dijo nada, que se limitó a prohibir estas harinas en su territorio en 1988, pero no su importación, ¡para que puedan envenenar a los demás! 
Se trata de exigir responsabilidades a los diputados británicos. 
Ayer pudimos darnos cuenta aquí mismo que algunos diputados británicos tienen una agudeza visual excepcional, que son capaces de ver a 40 metros de distancia si un colega vota una, dos, tres veces. 
Con esa vista, ¡cómo no vieron que estaban muriéndose 160.000 bovinos! 
¡El Sr. Ford y los demás no vieron esa montaña de bovinos muertos, envenenados por su propia harina! 
Se trata una vez más de la alegoría de la paja y la viga. 
Así pues, señora Presidenta, Señorías, nosotros estamos a favor de esos 500 millones suplementarios, pero sería necesario, sobre todo a través de la Comisión de investigación, que se negó a pedir explicaciones al Sr. Delors- lo que, además, es todo un «programa» -, que por fin se tuviera la valentía de plantear el problema esencial: ¿quién es responsable? 
¡Y los que envenenan deben ser los que paguen! 
Señora Presidenta, Señorías, como ustedes sin duda saben y también ya se ha señalado, el Consejo adoptó en su sesión de los días 28 a 30 de octubre en Luxemburgo un paquete de medidas de urgencia para el sector de la carne de bovino. 
A la vista de las dificultades persistentes, se consideró justificado acordar asimismo, en el marco del citado paquete de medidas, un apoyo complementario directo para los productores o para el mercado de la carne de bovino por un importe de 500 millones de ecus. 
Con la propuesta de reglamento presentada, la Comisión cumple su mandato de establecer un fundamento jurídico que permita hacer realidad dicho objetivo. 
La propuesta prevé, por lo tanto, un paquete de medidas de apoyo complementarias para el sector de la carne de bovino por un importe de 500 millones de ecus. 
Este paquete de 500 millones de ecus se repartirá entre los Estados miembros según una clave de reparto ya convenida también políticamente en Luxemburgo. 
Los Estados miembros estarán facultados para destinar su parte de la ayuda al apoyo de la renta de los productores o a medidas más concentradas de apoyo al sector de la carne de bovino en general. 
Confiamos que de este modo el apoyo financiero beneficie a los más afectados por la crisis. 
Antes de acabar, yo quiero agradecer al Parlamento que haya considerado esta propuesta por el procedimiento de urgencia, de manera que el Consejo de Ministros de Agricultura que tendrá lugar el lunes y martes de la próxima semana pueda tener conocimiento de su posición. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
OCM en el sector del plátano 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0337/96) del Sr. Santini, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0082- C4-0233/96- CNS 96/0080) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 404/93 por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano. 
Señora Presidenta, 14 meses después volvemos a debatir una propuesta de modificación de la OCM del plátano. 
En realidad, los argumentos aportados en octubre de 1995 siguen siendo válidos. 
Por tanto, apoyamos el informe del Sr. Santini, especialmente en los términos planteados por el Sr. Aldo hace breves momentos y en la línea del informe aprobado por la Comisión de Agricultura, que coincide con la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación en la que fui ponente. 
Hay algunos hechos nuevos a lo largo de 1996. 
Se produjo, como ha dicho el Sr. Aldo, un sobreabastecimiento de plátanos en el mercado europeo que provocó la caída de los precios en algunos Estados miembros, con graves perjuicios para algunas regiones europeas, concretamente las francesas de los DOM y algunos países ACP. 
Esto no debe sorprendernos puesto que ya en este mismo foro se alertó de ello a la Comisión. 
Por otra parte, Ecuador y otros países, entre ellos los Estados Unidos, han presentado una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio. 
Recuerdo que los Estados Unidos no son productores de plátanos y que se han personado en la causa en defensa de los intereses- sin duda legítimos- de las multinacionales americanas que comercializan el plátano-dólar. 
Sin embargo a los países ACP no se les ha permitido personarse en la causa como partes terceras afectadas, por lo que se encuentran en una situación de inferioridad para defender sus legítimos intereses. 
Ésta es una situación que rompe la neutralidad de la comisión de expertos y una cuestión que yo debo señalar claramente. 
Por tanto, Señorías, pido el voto a favor del informe aprobado en la Comisión de Agricultura por entender que así defendemos mejor el Derecho comunitario y los intereses de las producciones europeas y ACP de plátanos. 
Señora Presidenta, esta Comunidad Europea a la que pertenecemos es un poco más compleja de lo que podría parecer a primera vista. 
Acabamos, por ejemplo, de aprobar una reglamentación que permite ayudar a los productores comunitarios continentales afectados por la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Pero aunque la mayor parte de la población europea se encuentra en lo que podríamos llamar la Europa central y el núcleo europeo, la Unión Europea incluye también ciertas regiones que están un poco más alejadas, las regiones de carácter ultraperiférico, y creo que, en función de la solidaridad comunitaria, corresponde también manifestar el apoyo a esas regiones. 
Concretamente, son varios millones de habitantes de la Comunidad Europea los que viven en esas regiones y los que, en este momento, cuentan con una reglamentación en el sector del plátano que protege a ese tipo de productores. 
En segundo lugar, en la reglamentación relativa al plátano se establece la protección de ciertos países de África, el Caribe y el Pacífico con los cuales hemos tenido una relación económica y dependen en gran medida de nuestra protección. 
Por tanto, la reglamentación de la organización común del mercado del plátano no es una reglamentación arbitraria, sino que va dirigida a conseguir un equilibrio entre los productores de regiones ultraperiféricas y el resto de los productores comunitarios. 
Cualquier modificación del estatuto conseguido podría poner en gran peligro la situación de los productores comunitarios o de los productores de los países ACP con los que mantenemos relaciones. 
Por tanto, creo que deberíamos tener mucho cuidado al efectuar ese tipo de modificaciones. 
Una ampliación de los contingentes cada vez que se produce una ampliación comunitaria puede llevar efectivamente a una disolución de la actual protección del sector e incluso a la desaparición del sistema actual. 
Por tanto, al igual que los oradores que me han precedido, el Grupo Socialista apoya el informe de la Comisión de Agricultura y se opone a la ampliación de las cuotas y a cualquier otra modificación que pueda poner en peligro el actual sistema de la reglamentación del sector del plátano. 
Señor Presidente, Señorías, ya he intervenido a menudo ante esta Asamblea sobre el tema de la organización del mercado del plátano y en alguna ocasión he expuesto quizás con cierta dureza mi posición. 
A mi parecer, todos debemos reconocer que sólo un compromiso nos permitirá alcanzar nuestro objetivo en relación con este tema y que debemos renunciar a las posiciones extremas si queremos llegar a un acuerdo. 
Es una satisfacción para mí poder intervenir hoy por primera vez en nombre de mi Grupo político, el Grupo del Partido Popular Europeo, y tener la ocasión de presentar una propuesta de compromiso, cuyo valor deberá contrastarse luego en la votación. 
No es cierto que los plátanos cultivados en los países ACP y en la Unión Europea sean buenos mientras que los procedentes de América Latina son malos. 
En todas partes hay luces y sombras. 
También en América Latina hay pequeños productores que se ven seriamente afectados por la organización del mercado porque, a diferencia de las empresas multinacionales, no tienen acceso a las licencias. 
También debemos tomar en consideración a estos pequeños productores. 
Por consiguiente, yo solicito su voto afirmativo para la enmienda 12, que he presentado junto con varios colegas de muy diversos países. 
Por lo que respecta al contingente arancelario, existen dos posiciones extremas. Por una parte, está la posición que se expresa en las enmiendas 10 y 11, que prevén una ampliación drástica de dicho contingente arancelario, muy superior a la que se contempla en la propuesta de la Comisión. 
Esta posición no es tan descabellada y algunas delegaciones nacionales la defienden también en el Consejo de Ministros. 
La otra posición extrema se expresa en la enmienda 6 de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que propone mantener el contingente arancelario. 
Lo cierto es que nos hallamos ante una nueva situación, puesto que tres nuevos Estados miembros se habían abastecido hasta ahora únicamente con plátanos del área del dólar. 
Por lo tanto, tenemos dos propuestas extremas. 
El Grupo del Partido Popular Europeo votará en contra de la enmienda 6 y los colegas que hemos presentado conjuntamente las enmiendas 10 y 11, retiraremos ambas enmiendas. 
En aras de un compromiso, yo pido a la Asamblea que rechace también la enmienda 6, a fin de que por una vez podamos llegar realmente a un acuerdo sobre estos problemas difíciles. 
Señor Presidente, ya son habituales las propuestas de modificación del reglamento de la OCM (Organización Común de Mercados) en el sector del plátano, que revelan una sistemática permeabilidad a los intereses de ciertas multinacionales americanas y- es necesario decirlo- de algunos grandes importadores comunitarios, sobre todo alemanes. 
De nuevo se pretende así destruir el equilibrio existente en el reparto del contingente anual de importaciones, se vuelve a insistir, aunque de forma subrepticia, en la inclusión de ciertos tipos artificiales de producción y se propone un aumento continuo y desmesurado del nivel de dicho contingente de importaciones. 
En el pasado, se aceptaron 2, 2 millones de toneladas, en vez de los dos millones anteriores; ahora, se pretende pasar a 2.533 millones, valor reducido a 2, 3 millones en el informe Santini (a favor del cual vamos a votar, por lo demás, frente al valor anterior, aunque no nos satisfaga, pues acepta, aunque con valores inferiores, el principio del aumento de dicho contingente). 
Entretanto, no nos parece que haya una respuesta al aumento del consumo interno mediante una política real de promoción de la producción interna que es posible hacer y nada se propone para aumentar las ventas de los productores comunitarios, que también son pobres y viven con grandes dificultades, aunque sean, en su mayoría, originarios de regiones ultraperiféricas de entre las cuales quisiera destacar, por ejemplo, los Departamentos franceses de Ultramar, las Canarias o Madeira. 
De modo que las propuestas de reglamento que ha presentado la Comisión son perjudiciales para los productores comunitarios y de los países ACP y olvidan el principio de la preferencia comunitaria. 
Las enmiendas del informe Santini van encaminadas a evitar dichos perjuicios, aunque no consigan, en nuestra opinión, defender íntegramente los intereses del plátano comunitario. 
Ahora bien, votaremos a favor, a menos que se aprueben las enmiendas 10 o 11, que proponen un aumento enorme e inadmisible del contingente anual de importaciones. 
Estamos seguros de que este Parlamento no va a embarcarse en locuras y no va a aprobar esas enmiendas. 
Señora Presidenta, la propuesta del Sr. Liese para que pensemos también en los pequeños productores de plátanos de América Latina es razonable. 
Nosotros hemos presentado una enmienda en un sentido parecido. 
Lo fundamental no es cuál de las dos se apruebe. 
No obstante, por lo que respecta al tema del contingente, nosotros somos de otro parecer. 
3 millones de toneladas es una absoluta insensatez. 
Yo doy por sentado que se aprobará la propuesta de la Comisión de Agricultura. 
Sin embargo, es muchísimo más importante que no se modifique el reparto de la nueva cantidad. 
En la propuesta de la Comisión se concede un 70 % a los llamados plátanos del área del dólar, a los que antes les correspondía un 66 %, y un 26 % para el otro grupo de plátanos, que antes tenían asignado un 30 %. 
Es importante que el anterior reparto se mantenga, sea cuál sea el contingente acordado. 
Y yo quisiera decirle lo siguiente al presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural: Sr. Jakob, si se aprueba la enmienda con el antiguo reparto, es importante que pregunte usted a la Comisión, en ejercicio de su función, si acepta la propuesta, a fin de que si no la acepta tengamos la posibilidad de solicitar la devolución a comisión, lo cual nos permitirá imponer a la Comisión una negociación sobre este reparto. 
Señor Presidente, a título personal, naturalmente, y también en nombre de nuestro colega, el profesor Castagnède, que es el mejor especialista en lo referente al mercado del plátano, yo desearía expresar nuestro más firme rechazo a las propuestas que nos presenta la Comisión, así como nuestro también firme apoyo a las propuestas sometidas por nuestro ponente. 
Querría recordar los principios básicos de la organización común del mercado del plátano. 
En primer término, la preferencia comunitaria. 
En segundo término, el acceso preferencial para los países ACP. 
Y en tercer término, sólo en tercer término, las normas del GATT, hoy de la OMC, aplicables a las producciones de los terceros países. 
En el actual sistema de cuotas, yo me pregunto incluso si estos principios se respetan, es decir, 850.000 toneladas para la producción europea, 850.000 toneladas para los países ACP y 2.200.000 para el contingente arancelario reducido. 
Ahora bien, se nos propone agravar esta situación. 
Las propuestas de la Comisión pretenden aumentar a 2.550.000 toneladas y pico el contingente arancelario reducido y de cambiar dentro de este contingente la distribución entre los productores comunitarios ACP, por una parte, y los terceros países, por otra. 
La aplicación de estas propuestas- cuando las necesidades de la Comunidad pueden evaluarse en alrededor de 4 millones de toneladas, como lo ha dicho muy bien el Sr. Aldo hace un momento- supondría una reducción brutal y sostenida de los precios, en detrimento de los productores de la Unión y de sus socios de los países ACP. 
Creo que es preciso rechazar categóricamente estas propuestas y tener presente que el debate versa sobre dos concepciones de nuestra Unión Europea. 
Por nuestra parte, nosotros favorecemos a los agricultores, que trabajan los terrenos de cultivo, contra los importadores, que actúan sobre los flujos financieros; nosotros favorecemos a los productores, que crean puestos de trabajo, contra los comerciantes, que viven de la explotación de las condiciones sociales inaceptables dominantes en los terceros países. 
Más allá del propio mercado, lo que está en juego en este debate es, pues, la ideología del libre cambio contra un desarrollo cuya dimensión y objetivo último es el hombre. 
Por eso nosotros apoyaremos plenamente la posición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, comienzo recordando la ausencia de mi colega Mélio Mendonça, de Madeira, que, si no hubiera sido porque ha caído enfermo, estaría aquí hoy interviniendo en mi lugar. 
Le deseo de corazón que vuelva en breve a reunirse con nosotros. 
La actual OCM del plátano constituyó una de las más difíciles negociaciones que se recuerdan en la Unión. 
Se llegó incluso hasta el extremo de que un país interpusiera un recurso ante el Tribunal de Justicia, que, por lo demás, no le dio la razón. 
Con esta OCM se pretendió establecer un equilibrio en tres niveles: 
garantizar el acceso, a precios razonables, al mercado de la Unión de los proveedores tradicionales, sin perjuicio de la salvaguardia de una reserva para los proveedores en ascenso; -garantizar un acceso preferente a los productores ACP, con arreglo, por lo demás, al espíritu y a la letra de los Convenios de Lomé; -garantizar a los productores de la Unión una ayuda a la renta que los compensen por los costes de producción más elevados y les dé garantías para un ajuste a un marco más competitivo.Ahora bien, después de tantas dificultades, de tantas disputas y de tantos compromisos políticos, viene ahora la Comisión, de forma algo abrupta, a pretender destruir este equilibrio, aumentando el contingente del plátano/dólar en un 4 % y reduciendo en la misma cantidad el contingente ACP. 
La ampliación de la Unión Europea a los tres nuevos Estados no justifica en modo alguno un aumento del 16 % del contingente ni debe ser una razón para modificar el criterio de reparto de dicho contingente. 
Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura iban encaminadas precisamente a restablecer dicho equilibrio. 
Por eso hago un llamamiento a Sus Señorías para que apoyen el excelente informe de nuestro colega el Sr. Santini y las enmiendas de la Comisión de Agricultura. 
Señor Presidente, como originario de una región comunitaria productora de plátanos, la Región Autónoma de Madeira, no podría estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión encaminada a modificar el Reglamento (CEE) nº 404/93, que establece la Organización Común de Mercados en el sector del plátano, ya que esta propuesta no tiene en cuenta los intereses de los productores de plátanos comunitarios y de los países ACP, que afrontan, desde hace mucho, excedentes persistentes por culpa del elevado nivel del contingente arancelario anual. 
La propuesta ahora planteada por la Comisión y que en lo esencial va encaminada a aumentar el contingente arancelario anual y el reparto entre las tres categorías de operadores, al destruir el equilibrio existente, contribuirá a la pérdida de más puestos de trabajo, con lo que provocará descontento social y político, con incidencia particular en los países ACP. 
Estaríamos de acuerdo, desde luego, si la Comisión tuviera en cuenta el «principio de la preferencia comunitaria» y se respetaran los compromisos contraídos con los países ACP, en el marco del IV Convenio de Lomé. 
Estaríamos de acuerdo si diera preferencia a los aspectos medioambientales y ecológicos, vinculados con las producciones locales, en particular los que se refieren al mantenimiento del paisaje y del medio ambiente, dado que de esos dos factores depende la industria del turismo, la que mayor peso tiene en la Región Autónoma de Madeira. 
Estaríamos de acuerdo si la Comisión pretendiera modificar el sistema de ayudas a la producción a fin de que las ayudas compensatorias fueran flexibles, dependientes de un cálculo concreto que tuviese en cuenta las producciones de cada región. 
Por no ver recogidas esas propuestas nos oponemos a la propuesta de la Comisión, pues la consideramos, además, prematura, ya que aún no se conocen lso resultados de los trabajos del «Grupo de trabajo del plátano» , que podrían hacer una buena contribución a la futura OCM del plátano. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo también quiero dar las gracias en nombre de la Comisión al Sr. Santini, aunque hoy no se encuentre presente, y a las comisiones que se han ocupado una vez más del tema de la organización común del mercado del plátano. 
De hecho, es la tercera vez en los últimos 18 meses que pedimos al Parlamento que se pronuncie sobre una modificación de la organización común del mercado del plátano. 
La presente propuesta debe considerarse una modificación del proyecto de 1995. 
El Parlamento apoyó entonces globalmente las modificaciones con varias aclaraciones y también algunas enmiendas. 
El proyecto de reglamento incluye, por razones técnicas, varios puntos que ya se propusieron en 1995. 
Uno de ellos es, entre otros, la ampliación del contingente arancelario con motivo de la adhesión de nuevos Estados miembros, que fue aprobada por el Parlamento en junio de 1995. 
El contingente para la Comunidad de los doce estaba fijado en 2, 2 millones de toneladas. 
Una ampliación de sólo 100.000 toneladas no respondería sin duda a la demanda adicional derivada de la adhesión de los tres nuevos Estados miembros y tampoco cubriría los flujos comerciales tradicionales, estimados en 353.000 toneladas. 
Un contingente de 2, 3 millones de toneladas sería, por lo tanto, insuficiente y tampoco estaría justificado, puesto que no responde al comercio tradicional. La Comisión no puede aceptar, por lo tanto, la enmienda 6. 
Por el contrario, con un contingente arancelario de 3 millones de toneladas, tal como se propone en las enmiendas 10 y 11, se produciría un inmediato desplome generalizado de los precios. 
Éste afectaría a los plátanos de todos los países de procedencia y tendría repercusiones particularmente gravosas para los productores más débiles. 
Las enmiendas 10 y 11 son, por lo tanto, tan inaceptables como la enmienda 6. 
Además de la ampliación del contingente arancelario, la Comisión propone asimismo una modificación del reparto entre los grupos de operadores. 
Esta adaptación toma en consideración la estructura de abastecimiento de los tres nuevos Estados miembros, que antes no importaban plátanos comunitarios ni de los países ACP. 
Por lo tanto, no sería lógico elevar las cantidades correspondientes a las licencias para la categoría B a la par con el contingente arancelario. 
La reducción del 30 % al 26 % de la parte del contingente arancelario correspondiente a los operadores que importan plátanos comunitarios y de los países ACP es una mera operación aritmética y mantiene sin reducciones la cifra absoluta de licencias para el grupo B. Por lo tanto, la enmienda 7 no está justificada, a mi parecer, y tampoco puedo aceptar la enmienda 1, que guarda relación con aquélla. 
Las enmiendas 2, 4, 5, 8 y 9 prevén cláusulas especiales para los casos en que los importadores sufran pérdidas debido a situaciones de crisis en los países proveedores ACP. 
Primero: no es fácil acotar con precisión las situaciones de crisis. 
En tales casos resulta preferible apelar al concepto de la fuerza mayor, sobre el cual ya existe además jurisprudencia. 
Segundo: la Comisión ha propuesto medidas para aquellos casos en los que la importación de plátanos ACP se vea alterada por causas de fuerza mayor, con objeto de garantizar tanto el adecuado abastecimiento del mercado como una indemnización para los operadores afectados. 
Tercero: en caso de irregularidades no motivadas por una causa de fuerza mayor- por ejemplo, cuando un Estado ACP no está en condiciones de exportar toda la cantidad anual que tiene asignada- existe la posibilidad de asignarle un nuevo cupo provisional. 
Por lo que respecta a la situación particular de Somalia, yo quiero recordar que sería posible asignarle transitoriamente un nuevo cupo equivalente a las cantidades tradicionales no importadas. 
Las enmiendas 2, 4, 5, 8 y 9 se superponen a propuestas ya existentes y me veo obligado a rechazarlas por los motivos que acabo de exponer. 
Paso a considerar ahora las enmiendas 3 y 12, que se refieren al cultivo en condiciones ejemplares desde el punto de vista ecológico y social. 
El considerando que introduce la enmienda 3 no tiene cabida por razones formales en el presente proyecto de reglamento. 
Su inclusión no sería apropiada. 
Sin embargo, por lo que respecta a su contenido, la Comisión reconoce que este tipo de cultivo merece un apoyo. 
De todos modos, no es posible crear un contingente extraordinario para los llamados plátanos de «comercio justo» , puesto que contravendría las normas de la OMC. 
Por consiguiente, no podemos tomar en consideración las enmiendas 12 y 3. 
Una medida de apoyo más adecuada podría ser, no obstante, el fomento de acciones de promoción de los plátanos de «comercio justo» dirigidas a los consumidores europeos. 
Se han examinando detenidamente las diferentes posibilidades en este ámbito y yo espero que pronto podrán traducirse en medidas concretas. 
Sé que se trata de un tema importante para el Parlamento y, por lo tanto, les mantendré debidamente informados de su futuro desarrollo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Antes de proceder a la votación, me pide la palabra el Sr. Graefe zu Baringdorf para una cuestión de procedimiento. 
Señor Presidente, yo quiero anunciar que antes de que se proceda a la votación final de la resolución legislativa, yo me propongo solicitar la devolución del informe a comisión, puesto que doy por descontado que se aprobará la enmienda 7 y la Comisión ha manifestado que no la aceptará, a menos que una vez aprobada en votación declare que finalmente la acepta. 
Entonces nos encontraremos ante una nueva situación, pero puede ocurrir que todo se desarrolle tan deprisa que no me dé oportunidad de intervenir. 
Por esto lo anuncio ya de antemano. 
Señor Presidente, intervengo para apoyar la propuesta de devolución a comisión, en vista de la negativa del Comisario a aceptar las enmiendas. 
Le agradezco, señor Medina, y al Sr. Graefe zu Baringdorf, que me anuncien con antelación lo que van a hacer, pero ustedes deberán hacerlo en el momento oportuno. 
Por lo tanto, ahora vamos a pasar a la votación de las enmiendas. 
Después de la aprobación de la propuesta de la Comisión 
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento y en nombre de mi Grupo político, solicito la devolución del informe a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, quiero confirmar lo que dije antes y apoyar la propuesta del Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Tiene la palabra ahora el Sr. Fernández Martín para el turno de palabra a favor de la solicitud de devolución a comisión. 
Señor Presidente, estamos ante la misma situación que ocurrió en octubre de 1995, cuando el Parlamento votó en el sentido en que lo hizo y el Comisario rechazó las enmiendas que el Parlamento había votado mayoritariamente. 
Por tanto, coherentemente con aquella posición, vamos a apoyar la devolución a comisión. 
Tiene la palabra el Sr. Liese para el turno de palabra en contra de la solicitud de devolución a comisión. 
Señor Presidente, lamento tener que discrepar de mi colega de Grupo, el Sr. Fernández Martín, pero la decisión de nuestro Grupo político fue que rechazaríamos la problemática enmienda 6. 
Por consiguiente, como es natural, ahora no podemos apoyar la solicitud de devolución a comisión porque la Comisión no acepta dicha enmienda. 
Es razonable que el Sr. Fischler no acepte la enmienda y, por lo tanto, votaremos en contra de la devolución del informe a comisión. 
(El Parlamento aprueba la solicitud de devolución del informe a comisión) 
Me abstengo de votar sobre la modificación de la OCM en el sector de plátanos, ya que opino que todo el debate surgido en consecuencia del régimen europeo de plátanos toma un punto de partida erróneo. 
A) El mercado interior de plátanos de la UE no es un mercado libre, en el que los consumidores deciden que sólo hay demanda de plátanos baratos. 
B) Cada año mueren 250.000 trabajadores agrícolas en los países en desarrollo como consecuencia del uso de plaguicidas (información procedente de la OMS). 
C) La producción de plátanos es uno de los sectores, en los que se emplean plaguicidas más intensivamente, y los productores no reciben ningún incentivo para reducir su consumo. 
La OCM impide la posibilidad de un desarrollo sostenible y de condiciones de trabajo justas para los trabajadores. 
El reglamento comunitario por el que se establece la OCM en el sector del plátano toma en cuenta los compromisos anteriores de la Unión Europea (preferencia comunitaria, acceso preferencial para los plátanos ACP, normas del GATT con respecto a terceros países). 
La OCM comprende, pues, dos capítulos: 
Un capítulo interno, que establece para los productores comunitarios un régimen de indemnización compensatoria destinado a equilibrar las pérdidas netas que se desprenden de la liberalización del mercado. 
Esta indemnización conduce a limitar en 854.000 toneladas las cantidades comercializables para los productores comunitarios, entre los que se encuentran, entre otros, los productores de los departamentos franceses de ultramar.-Un capítulo externo, que establece la asignación de un volumen de 857.700 toneladas libre de derechos a los Estados ACP tradicionales y un contingente arancelario de 2, 2 millones de toneladas con derechos reducidos (plátano-dólar, esencialmente).Por consiguiente, he votado a favor de las enmiendas 3 y 7. 
He votado, naturalmente, en contra de las enmiendas 10, 11, 12 y 13, cuyo único objetivo es favorecer las importaciones de plátanos-dólar, en detrimento de las producciones europeas y de los países ACP, frente a los cuales- me permito recordarlo- tenemos compromisos que dependen de nuestra historia y de nuestras relaciones comerciales tradicionales y preferenciales. 
¿El principio del «acervo» comunitario sería entonces adaptable según las circunstancias? , ¿no deberíamos acaso concederle mayor valor a la hora de tener en cuenta nuestros compromisos contractuales con nuestros socios del Convenio de Lomé? 
El aumento de la cuota aduanera no es de interés para el consumidor sueco. 
Deseamos un comercio más libre para el sector bananero en el mercado mundial. 
Mi objetivo es que el consumidor sueco tenga la posibilidad de elegir cuando adquiere plátanos. 
Tiene el derecho de consumir plátanos de la mejor calidad al precio más bajo posible. 
Espero naturalmente que el consumidor, si así lo desea, decida comprar los plátanos que se producen de un modo óptimo desde un punto de vista ecológico y social. 
Hay toda clase de motivos para protestar contra la actual organización común de mercados de la UE en el sector del plátano. 
Es injusto que su precio haya aumentado en Suecia en un 20 por ciento desde que entramos en la UE. 
La Organización Común de Mercados (OCM) en el sector del plátano, cuyo reglamento se pretende ahora modificar, en pocos aspectos, ha venido prestando a los productores comunitarios una preciosa y justa ayuda que les permite abrigar la esperanza de mantener y mejorar esa producción, con niveles aceptables de renta. 
En este caso, la solidaridad y la cohesión económica y social están bien expresadas mediante la aplicación del principio de la preferencia comunitaria, que tanto nos gustaría ver más generalizado, sobre todo en relación con todas las producciones de calidad, agrarias o no, de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
En mi región, pequeña e insular, de características climáticas subtropicales en parte de su zona agrícola, el cultivo del plátano adquiere particular importancia, no sólo por la participación de más de 8.000 productores y una cosecha anual de más de algunas decenas de millares de toneladas, que significan cerca del 20 % del producto agrario bruto, sino también por el valor paisajístico de las bonitas plantaciones, que favorece francamente la idoneidad turística del territorio. 
Los productores maderenses que, después de la integración en la Unión, aplaudieron la OCM, están hoy preocupados con la idea de posibles aumentos de contingentes de importaciones en el mercado comunitario, que provocarán, evidentemente, una oferta excesiva con repercusiones negativas para sus intereses y han venido pidiendo el fortalecimiento de las ayudas compensatorias y de su complemento a fin de mejorar sus escasas rentas. 
Estamos con ellos y por eso hemos venido defendiendo sus posiciones y seguiremos luchando por sus intereses. 
Y también esperamos que la Comisión apoye el informe del Sr. Santini, que favorece a los productores comunitarios de plátanos y de los ACP, y no aumente el contingente de importaciones de terceros países por encima de las 2.300.000 toneladas, aumento que está justificado sólo por la entrada de los tres más recientes Estados miembros de la Unión. 
Por último, consideramos de justicia que, a diferencia de lo que propone ahora la Comisión, el volumen del contingente arancelario de importación atribuido a países terceros se reparta tal como se aprobó y consta en el Reglamento (CEE) nº 404/93, con la porción del 30 % para los operadores que comercializaron plátanos comunitarios o importaron plátanos suplementarios ACP o ambas cosas (operadores de la categoría B) , ya que nada justifica que éstos pierdan ahora su posición relativa. 
Intervenciones estructurales comunitarias (Objetivo 1) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0284/96) del Sr. G. Collins, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la decisión de la Comisión relativa al establecimiento del marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones de Irlanda del objetivo nº 1, es decir, la totalidad del territorio (C4-0037/96). 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a los miembros de la Comisión de Política Regional por su cooperación a la hora de elaborar de este informe. 
Quisiera dar las gracias a todos los que participaron en la excelente audiencia que tuvimos sobre el tema el 7 de mayo. 
En concreto, doy las gracias por su contribución al Ministro de Hacienda irlandés. 
Me agradó especialmente observar que, al hablar en un reciente seminario europeo en Irlanda, el Sr. Ministro compartía todas las conclusiones básicas de mi informe. 
Tanto el primer como el segundo Marco Comunitario de Apoyo confirman las políticas de los sucesivos gobiernos irlandeses. 
Ambos MCA confirman los esfuerzos que se han hecho para impulsar el desarrollo económico y social a fin de alcanzar la media de la Comunidad y cumplir las condiciones para participar en la UEM. 
Apruebo totalmente las cuatro prioridades establecidas por el segundo Marco Comunitario de Apoyo para el período 19941999. 
Hay que decir que tanto el primer MCA como el actual han sido para Irlanda historias de éxito. 
A lo largo del período casi todos los indicadores económicos, si no todos, han reflejado mejoras concretas. 
El crecimiento económico medio del país fue del 5 % del PNB, el mejor resultado de todos los Estados miembros de la UE. 
El empleo aumentó en cerca del 2 % anual y la balanza de pagos, que estaba ligeramente en déficit en 1989, tuvo un superávit del 8 % del PNB en 1995. 
El déficit presupuestario continuó descendiendo hasta situarse por debajo del 2 %, siguiendo la tendencia de la deuda pública. 
Aunque es innegable que la economía irlandesa tiene varios valores positivos fundamentales, tales como una población joven y activa, un considerable potencial turístico y la aplicación ininterrumpida de una política económica nacional rigurosa y coherente, no debemos olvidar que los diversos problemas derivados sobre todo de la situación periférica de la isla y su escasa densidad de población, la importancia de su sector agrario, la dependencia del país de las empresas de propiedad extranjera y la debilidad de su industria nacional dificultan el desarrollo económico y social del país. 
Debo recalcar que la incidencia actual del desempleo de larga duración en Irlanda es mucho mayor de lo que muestran las estadísticas. 
No puedo recalcar suficientemente la necesidad imperiosa tanto a nivel nacional como comunitario de hacer más incursiones eficaces en el desempleo, sobre todo el de larga duración, durante este período. 
Las autoridades irlandesas deben utilizar la evaluación intermedia para realizar ajustes urgentes. 
Deben atacar el problema del desempleo de frente. 
La evaluación intermedia no debe ser otra oportunidad perdida. 
Hemos de fortalecer las intervenciones tanto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional como del Fondo Social Europeo. Mejorarlos de forma que posibiliten medidas para mejorar la educación y que las cualificaciones estén más en sintonía con la inversión generadora de empleo. 
No puedo recalcar suficientemente la necesidad de reforzar las estructuras de educación y de formación profesional, y de forma considerable, con el propósito de mejorar el nivel de cualificación alcanzado por los jóvenes. 
Soy muy consciente de que sólo los trabajadores más altamente cualificados podrán sacar todo el partido de las nuevas oportunidades creadas gracias a la asistencia del FEDER. 
Algo que me preocupa muy en particular es el alto nivel de abandono escolar y de hombres y mujeres sin ninguna titulación que hay en Irlanda. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a las autoridades irlandesas para que incrementen de forma importante el número de puestos de formación para estos jóvenes. 
Sin una formación educativa y profesional inicial con una buena base, aumentará enormemente el peligro de caer en el desempleo de larga duración. 
No podemos ni debemos permitir que esto suceda. 
Quisiera que hubiera un apoyo financiero mucho mayor para medidas de infraestructura social que abran nuevas oportunidades de educación, formación y empleo para las mujeres, en particular para las mujeres discapacitadas. 
En vista de la fuerte presencia de intereses extranjeros en Irlanda, debemos mejorar la capacidad del mercado nacional. 
En este contexto, son esenciales el desarrollo y la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas. 
En mi informe se destaca también el hecho de que, para el futuro económico y social de Irlanda, es crucial desarrollar y diversificar su sector agrario- de ahí la importancia del programa LEADER II; modernizar el sector pesquero y la acuicultura para que recuperen oportunidades de desarrollo; crear nuevas oportunidades para el desarrollo y la diversificación de una industria turística de alta calidad durante todo el año; y aplicar el principio de un desarrollo a largo plazo ecológicamente aceptable. 
Insisto en que es imprescindible, puesto que Irlanda es una nación insular, que se hagan continuos progresos hacia la finalización de las necesarias infraestructuras de carreteras, vías ferroviarias, puertos y aeropuertos. 
Sin una cohesión económica y social, sabemos que no hay perspectivas de una UEM viable. 
Cuando finalice el actual MCA en 1999, no me cabe duda de que habrá muchas regiones de Irlanda que seguirán necesitando una ayuda significativa. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a la Comisión y a las autoridades irlandesas para que garanticen que cualquier región del país que siga necesitando ayudas en el período posterior a 1999 tenga plenamente asegurados todos los recursos requeridos para reforzar su cohesión económica y social. 
Para el futuro necesitamos un nuevo enfoque de los criterios de selección del FEDER para la Unión Europea en su actual composición de quince Estados miembros. 
Es algo que deben examinar con urgencia todos los interesados. 
Por mi parte, no me cabe duda de que deberán mantener el desempleo como uno de los criterios prioritarios. 
Por último, mi informe es una nueva oportunidad de confirmar nuestro compromiso con la ejecución del programa de paz para Irlanda. 
Subrayo la importancia de la cooperación transfronteriza entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, tanto a nivel económico como político, y no dudo del apoyo de ustedes en este tema. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo me limitaré a examinar la aplicación de las ayudas procedentes de los Fondos estructurales. 
Si hay un caso en el cual puede garantizarse que la aplicación de los recursos de los Fondos estructurales ha sido razonable, éste es- tal como demuestra el informe- el de Irlanda. 
No puedo dejar de destacarlo una vez más ya de antemano. 
Con las ayudas procedentes de los Fondos estructurales, Irlanda ha ofrecido, por ejemplo, a todos los jóvenes la posibilidad de acceder a una formación escolar y profesional adecuadas. 
Por otra parte, también abrió además una oportunidad de acceso al mercado de trabajo para los parados y las personas socialmente desfavorecidas a través de la oferta de medidas de formación continuada y de perfeccionamiento profesional. 
Sin embargo, no hay nada que no pueda mejorarse. 
Una tasa del 15 % de desempleo en Irlanda habla ciertamente por sí sola. 
Como todos sabemos, una buena formación escolar y profesional son los mejores seguros de vida. 
El camino que ha escogido el Gobierno irlandés me parece, por lo tanto, acertado y yo quisiera animarles a continuar avanzando por dicha vía, sobre todo habida cuenta de que más del 20 % de los jóvenes abandonan la escuela antes de finalizar los estudios en Irlanda y por regla general estos jóvenes tampoco encuentran un luego un puesto de trabajo o de aprendizaje. 
Estos jóvenes que abandonan la escuela constituyen posteriormente el grueso de los parados de larga duración. 
Por lo tanto, es doblemente importante que se intensifiquen todavía más los esfuerzos. 
También es imprescindible, tal como ya ha señalado el ponente, que se adopten más medidas de promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres. 
Sólo un 32 % de las mujeres realizan una actividad remunerada. Lo cual representa más de un 10 % menos que la media de la Unión Europea. 
Por lo que respecta a la participación de las mujeres en la formación profesional inicial, poco voy a decir. 
Ésta se sitúa por debajo del 2 % de los puestos de formación profesional y, para ser sincera, resulta francamente ridículo que se destine apenas un 0, 4 % de los recursos procedentes del Fondo Social a medidas especiales de promoción de las mujeres. 
El principio de mainstreaming en favor de la promoción de las mujeres incorporado a los objetivos de los Fondos estructurales en 1994 es sin duda adecuado, pero resulta insuficiente en este caso. 
También se requieren urgentemente programas específicos de promoción de las mujeres. 
Con todos los respetos, dado que tenemos la posibilidad de impulsar una política preventiva en relación con el mercado de trabajo, deberíamos aprovecharla. 
En efecto, la adaptación de los trabajadores a los nuevos perfiles de cualificación profesional y procesos de fabricación permite evitar precisamente que más adelante nos veamos obligados a financiar una vez más el desempleo en lugar del empleo. 
No en vano está previsto, en definitiva, que un 20 % de los recursos del Fondo Social horizontalmente disponibles deben destinarse a políticas preventivas en relación con el mercado de trabajo y esta proporción, a pesar de todo, todavía está muy lejos de alcanzarse en Irlanda. 
Señor Presidente, también deseo dar la enhorabuena al Sr. Collins y a la Sra. Jöns por su excelente trabajo en relación con los fondos estructurales para Irlanda. 
Irlanda, como sabemos, es una historia de éxito a este respecto, con una economía que está teniendo buenos resultados. 
Nuestro PIB per cápita ha aumentado desde el 64 % de la media de la UE en 1983 hasta el 87 % el pasado año. 
La fuerza laboral está creciendo de forma interrumpida y el desempleo está por fin comenzando a descender, desde casi un 16 % en 1993 hasta un poco por encima del 11 % este año. 
Hay algo de confusión sobre las cifras en los informes, pero las estadísticas provienen de distintas áreas: el 11 % es la cifra que ahora me consta. 
Los tres factores a los que yo atribuiría este éxito son: en primer lugar, las sólidas políticas de consenso aplicadas por los gobiernos en los últimos años, pero sobre todo desde 1993; en segundo lugar, la creación del mercado único, que los exportadores y la industria irlandeses han sabido explotar y, en tercer lugar, el funcionamiento de los fondos estructurales desde los últimos años de la década de 1980. 
Esto desmiente el mito simplista y básicamente antieuropeo de que prepararse para la UEM conlleva necesariamente un mayor desempleo y drásticos recortes del gasto público. 
Nuestro ejemplo irlandés muestra que éste, claramente, no es el caso. 
Como señala el Sr. Collins, Irlanda ha hecho un uso absoluto y adecuado de los fondos estructurales, hasta tal punto que si en 1996 los fondos se estuvieran asignando con los actuales criterios, es decir, un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE, no tendríamos derecho a los mismos. 
La financiación estructural en Irlanda, sin embargo, no sufrirá un frenazo brusco a finales de 1999. 
Los criterios para la tercera fase de los fondos, incluida la distribución regional de la financiación, no se decidirá hasta comienzos de 1998. 
Pero si miramos la exposición de motivos, está el pequeño problema de que el Sr. Collins parece estar sugiriendo que Irlanda se divida en dos regiones distintas después de 1999. 
Ello podría suponer la división de Dublín. 
En la actualidad hay en Dublín grandes zonas de pobreza, bolsas de pobreza de las que he hablado aquí a menudo- creo que todos ustedes están familiarizados con mi preocupación por Dublín. 
No deseo que Dublín se vea apartada. 
Hemos de procurar que se siga atendiendo a nuestras necesidades de desarrollo después de 1999. 
Tenemos que luchar para que los fondos estructurales sigan desempeñando un importante papel en conseguir la cohesión económica y social en la que se hace hincapié en el Tratado. 
Nuestro objetivo en este contexto debe ser aumentar al máximo la parte de los fondos estructurales para Irlanda. 
¡Gracias, señor Presidente, y Feliz Navidad! 
Señor Presidente, quisiera transmitir al Sr. Collins mi enhorabuena por la presentación de un excelente informe. 
Este informe no sólo pone de relieve las áreas en las que existen mayores dificultades, sino que también llama la atención hacia la necesidad de introducir cambios necesarios en el futuro. 
Incluso en la actual situación, en la que Irlanda es considerada como una región única, hay algunas partes del país que son mucho más saludables y mucho más competitivas que otras. 
Destaco, y no me disculpo por ello, que los condados de Donegal, Cavan, Monaghan, Sligo, Leitrim, Roscommon, Mayo y Galway- todos los cuales pertenecen a mi circunscripción europea- aún se cuentan entre los más desfavorecidos. 
Es vital, por lo tanto, que continúe la ayuda estructural de la Comunidad a estas regiones después de 1999, cuando finalice el presente programa. 
Tras 1999, la adscripción al Objetivo 1 debería concederse al distrito electoral de Connacht/Ulster. 
La cohesión económica y social no debe quedarse en meras palabras: debe convertirse también en una realidad para el oeste y el noroeste de mi país. 
En conclusión, si la forma para conseguir esto fuera dividir el país en subregiones, entonces ¡adelante! 
La supervivencia económica de muchas partes de mi circunscripción dependerá de dicha subdivisión. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al Sr. Collins por un excelente informe y análisis de los avances realizados hasta la fecha en Irlanda en virtud de los Marcos Comunitarios de Apoyo. 
Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el día de hoy para hacer comprender a la Sra. Comisaria- y, puesto que la Comisión es un órgano colegiado, sé que es del todo apropiado hacerlo a través del Comisario Monti- la elevada proporción en comparación con otros Estados que han representado estos fondos como aporte de la Unión a la economía irlandesa. 
Como podrá entender la Comisaria, a medida que avanzamos hacia la unión económica y monetaria con programas de convergencia a medio plazo, programas de estabilidad, etc., es importante que la Comisión en tanto que órgano colegiado, cuando aborde la evolución de la política regional y de la política de cohesión en el futuro, esboce cuanto antes, y sin esperar a conocer todos los detalles de las perspectivas financieras y el volumen del presupuesto hasta el año 2000 y después, al menos las orientaciones generales con suficiente anticipación para que estados como Irlanda, con un importante aporte neto, puedan incorporarlas en todo su proceso de convergencia. 
Una fuerte discontinuidad en la aportación de fondos sería desastrosa para la evolución sin contratiempos de la política macroeconómica en ese contexto. 
Está claro, como han señalado otros diputados, que de acuerdo con las normas vigentes Irlanda ya no cumpliría las condiciones para poder acogerse a los fondos en la siguiente ronda como país en conjunto, que constituye una única región dentro del Objetivo 1. 
Me gustaría decir a la Sra. Comisaria, como ha señalado el Sr. Collins, que la estructura de la economía irlandesa tiene un sesgo muy pronunciado hacia la industria extranjera, la cual representa más de la mitad de la producción industrial neta del sector, aunque sólo la quinta parte del empleo. 
Es algo que distorsiona profundamente nuestras cifras de PIB y PNB. 
En la mayoría de los países de la UE la diferencia media entre el PNB y el PIB es del 1 % o el 2 %; en Irlanda es del 10 % o el 11 %, debido a la fijación de precios de transferencia, etc., de las multinacionales. 
Quizá para Irlanda haya buenos motivos económicos en defensa de que se tome el PNB en lugar del PIB como índice de medición. 
En realidad, esto no acabaría, en mi opinión, con el problema de «un estado, una región» , pero constituiría una base más realista para la evaluación y, objetivamente, tendría validez frente a otros estados. 
Finalmente, en lo que respecta a la evaluación intermedia, en la República de Irlanda persiste un nivel extraordinariamente alto de desempleo de larga duración, además de un alto nivel de exclusión social. 
Esto deberá ser el centro de atención de cualquier crédito no utilizado que se detecte en el actual MCA o de cualquier nueva dotación de fondos a medio plazo. 
En el contexto de la UEM, el sector de las pequeñas y medianas empresas en Irlanda, como en cualquier otra parte, absorbe mucha mano de obra por unidad de producción. 
En Irlanda está expuesto a un riesgo importante: si Irlanda se une a la UEM y el Reino Unido se queda fuera, serán el sector vulnerable, porque su mercado primordial se sitúa cultural, social y lingüísticamente en la zona Reino Unido-Irlanda. 
Necesitan una atención especial, especialmente a través de los fondos estructurales, como ingrediente clave para el futuro. 
Señor Presidente, voy a referirme primero al tema de Irlanda. 
Es cierto- y me complace que el colega lo haya mencionado- que la Unión Económica y Monetaria será la «contrapartida» de los Fondos estructurales y siempre se nos presenta a Irlanda como el país modelo por lo que respecta al desarrollo con vistas a la Unión Económica y Monetaria. 
Sin embargo, cuando contemplamos la otra cara de la moneda, con un 20 % de desempleo, un 30 % de desempleo juvenil y un 49 % de este último de larga duración, es preciso preguntarse de qué desarrollo nos hablan. 
Por otra parte, Irlanda ha tenido, sin embargo, el valor de elaborar un plan de desarrollo regional sostenible, que constituye una base muy importante para la aplicación de los Fondos estructurales y ofrece una oportunidad para que dichos recursos puedan utilizarse de manera realmente eficiente. 
Es ciertamente apropiado que se conceda prioridad a la lucha contra el desempleo y así debería señalarlo también el informe. 
Sabemos que Irlanda tiene mucha experiencia, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de las iniciativas locales de empleo y sería bueno que pudiera continuar avanzando en este campo. 
Aun así, es preciso señalar algunas mejoras necesarias; por ejemplo, el acceso de las mujeres sigue siendo un gran problema y todavía se presta insuficiente atención a las minorías étnicas. 
Sobre todo, las organizaciones no gubernamentales deberían participar mucho más activamente en el aspecto del control. 
En esto coinciden también el Libro blanco y el Libro verde sobre la Política Social Europea. 
Señor Presidente, la Comisión se alegra por el exhaustivo informe del Sr. Collins, a quien felicito vivamente, al tiempo que me congratulo con la Sra. Jöns. 
A lo largo de estos últimos años, Irlanda ha experimentado un crecimiento económico más rápido que el de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y el producto interior bruto per cápita ha pasado del 64 % en 1983 al 90 % de la media comunitaria en 1995. 
Coincido con las conclusiones del informe, según las cuales estos resultados, realmente notables, se deben a tres factores fundamentales: ante todo, la tendencia hacia políticas nacionales muy coherentes en el ámbito financiero y fiscal; en segundo lugar, una cohesión social propiamente dicha, según palabras del Sr. Malone, y, por último, una decisiva contribución de los Fondos comunitarios al índice de crecimiento de aproximadamente un 1 %. 
Es alentador comprobar que este positivo desarrollo se ha plasmado también en significativas reducciones de la elevada tasa de desempleo. 
Por consiguiente, y en términos generales, la Comisión está satisfecha por las dotaciones de los Fondos estructurales asignadas a Irlanda y no tan sólo en términos de gasto global. 
El informe del Sr. Collins evidencia justamente los progresos conseguidos en términos de indicadores que miden el impacto en los distintos sectores de la economía, aunque pueden seguir registrándose problemas estructurales en determinadas regiones, según recalcó el Sr. Gallagher. 
Deseo congratularme con las autoridades irlandesas por la cooperación con la Comisión para garantizar una constante evaluación respecto a cómo se gasta el dinero de los contribuyentes europeos. 
La evaluación se encuentra en la etapa de revisión de mitad ejecución, que es obligatoria para las intervenciones de los Fondos estructurales. 
Todos los programas operativos y el mismo Marco comunitario de apoyo, son objeto de evaluaciones independientes realizadas por expertos externos. 
Dichas evaluaciones serán debatidas por cada comité de seguimiento, cuyos miembros son los representantes de los interlocutores sociales y de los distintos sectores. 
La Comisión valora muchísimo esta franqueza y transparencia, y está satisfecha por la notable contribución facilitada por las autoridades regionales, que de ahora en adelante estarán representadas en los comités de seguimiento de los programas operativos. 
El informe Collins se presenta en el momento preciso durante la revisión de mitad ejecución y no cabe duda de que va a representar una significativa contribución. 
No es mi intención, porque no hay tiempo, hacer detalladas observaciones con respecto a todos los puntos planteados en el informe, que es totalmente exhaustivo. 
Sin embargo, deseo recalcar algunos aspectos. Ante todo, la necesidad de abordar el problema del desempleo de larga duración en Irlanda y alentar una más amplia participación de las mujeres en la vida laboral, tal como apunta la Sra. Schroedter. 
La Comisión valora asimismo que se reconozca la necesidad de continuar invirtiendo en carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos en Irlanda y suscribe plenamente el compromiso expresado en el informe con relación a la actuación del programa PEACE para Irlanda del Norte y los condados fronterizos de Irlanda. 
La Comisión toma nota de las recomendaciones facilitadas en el informe acerca de la próxima definición de los criterios de admisibilidad para las regiones del objetivo 1, aunque recalca que este problema no será tomado en cuenta antes del final del actual período de programación 1999. 
Señor Presidente, finalmente, y para no extenderme, la Sra. Jöns apuntó que los jóvenes acostumbran a abandonar sus estudios. 
De acuerdo con las autoridades irlandesas, la Comisión se está empleando a fondo para hallar soluciones a fin de aumentar el número de puestos de formación disponibles para los jóvenes sin calificación. 
La cuestión se debatió en el pasado mes de octubre con ocasión de la última reunión del Comité de vigilancia del programa «recursos humanos» y confiamos en que sea posible registrar progresos en un futuro próximo. 
Por último, y con referencia a la intervención del Sr. Cox, he tomado nota de sus consideraciones y, en particular y según recalcó, de la conveniencia de que se definan a tiempo las líneas generales para evitar discontinuidades profundas- sharp discontinuities- en cuanto a los Fondos estructurales. 
Puedo confirmar que, a la luz de las revisión de las perspectivas financieras y con vistas a la ampliación, la Comisión ha implementado desde hace tiempo una profunda reflexión al respecto. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación del informe Collins. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Cooperación transfronteriza CE/PECO 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0359/96) del Sr. Schröder, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el informe de la Comisión (COM (95) 0662- C40142/96) sobre la ejecución de la cooperación transfronteriza entre la Comunidad y los países de Europa Central y Oriental. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la ejecución del programa que nos ocupa, concretamente el programa de cooperación transfronteriza entre la Comunidad y los países de la Europa Central y Oriental en el año 1994, ha sido un éxito imputable al trabajo de la Comisión. 
El programa tenía asignados 150 millones de ecus y, sumada la cofinanciacón, los recursos totales disponibles se elevaban a 350 millones de ecus, que se gastaron adecuadamente. 
La cofinanciación procedió en primer lugar del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y del sector privado. 
¿Cuál era el objetivo del programa de cooperación transfronteriza? 
En primer lugar, se proponía contribuir a la estabilidad de las regiones fronterizas, a su reconstrucción y a reducir las disparidades y, por la otra parte- y este aspecto es al menos igualmente importante- su objetivo era facilitar el proceso de integración de los Estados de la Europa central y oriental. En efecto, jamás debemos olvidar que no son sólo los habitantes de la Europa central y oriental quienes nos necesitan, sino que nosotros también les necesitamos a ellos. 
Por lo que respecta a la pregunta de si aún podrían mejorarse algunos aspectos, yo pienso que siempre es posible introducir mejoras y para ello se requiere una mayor diversificación de las acciones. 
Hasta ahora se han subvencionado ante todo la infraestructura de transporte, las medidas medioambientales y también el sector de la energía. 
Yo propongo que continúen aprovechándose las oportunidades en estos ámbitos. 
Por otra parte, también solicito que se elabore una programación plurianual y que se amplíe la financiación de las iniciativas ECOS, OUVERTURE e INTERREG II. 
Es muy fácil decir que debe incrementarse la financiación sin señalar a la vez de dónde deberán obtenerse los recursos. 
Por lo tanto, yo quisiera presentar dos propuestas, que me limitaré a esbozar aquí. 
Tengo la seguridad de que la Comisión de Política Regional presentará el año próximo un informe en el cual se examinará con mayor profundidad este problema. 
Yo mismo ya hice referencia a ello en el debate sobre el Informe Christodoulou. 
Permítanme que esboce estas dos posibilidades para economizar recursos en el ámbito de la política estructural y destinarlos a la cooperación transfronteriza, y no sólo a ésta, todo sea dicho. 
El primer punto sería que en el futuro puedan otorgarse ayudas no sólo a las regiones subdesarrolladas, sino también a las regiones objetivamente desfavorecidas. 
Será necesario definir con precisión este aspecto en el futuro. 
Yo quisiera enumerar ahora tres aspectos: en primer lugar, las desventajas geográficas- Madeira o las islas griegas continuarán situadas en la periferia de Europa aun después de una ampliación -, los factores climáticos- el norte de Finlandia o de Suecia continuarán siendo zonas frías y afectadas por el frío- y también los factores históricos. 
Pienso en particular en los nuevos Estados federales alemanes, que sufrieron los efectos devastadores de 40 años de socialismo realmente existente y cuya reconstrucción nos está costando ahora un gran esfuerzo. 
Esta sería una posibilidad, a saber, adoptar el criterio de las regiones objetivamente desfavorecidas. 
El segundo punto que quisiera señalar es que deberíamos renunciar totalmente al principio de la regadera y concentrar los recursos financieros en objetivos definidos, o sea ofrecer inyecciones de recursos para fines concretos. 
Por lo tanto, a mi parecer, no podemos seguir subvencionando indiscriminadamente en el futuro a Estados enteros o a grandes regiones, sino que las subvenciones deberían concentrarse en ámbitos concretos, reducidos hasta el nivel de los barrios de las ciudades- tan afinada debe ser, a mi entender, la planificación -, con el objetivo de poder disponer de recursos para la cooperación transfronteriza entre la Unión Europea y los países de la Europa central y oriental, y no sólo para ésta, repito. 
Antes de acabar, yo quiero agradecer una vez más el buen trabajo que ha realizado la Comisión y manifestarle al señor Comisario que esperamos con gran interés el informe correspondiente al año 1995. 
Señor Presidente, del informe de la Comisión REX, sobre el programa 1994 de cooperación transfronteriza que nos ocupa, se desprende que dicha cooperación se ha mostrado como un instrumento especialmente útil de cara a la estrategia de preadhesión de los países de la Europa Central y Oriental. 
En efecto: la cooperación transfronteriza entre estos países y los de la Unión Europea ha servido, a nivel político, para potenciar el contacto entre las regiones fronterizas y aumentar así el grado de confianza y las relaciones de buenas vecindad entre ellas, al tiempo que ha permitido el desarrollo de hábitos de cooperación estables, familiarizar a los PECO con los métodos de gestión de la Unión y, sobre todo, fomentar el sentimiento de los países asociados de pertenencia a un espacio común, acelerando con ello el proceso de adaptación previo a su adhesión. 
A nivel global, podemos decir, por tanto, que el balance del programa ha sido netamente positivo. 
Precisamente por ello, la Comisión REX entiende que debería aumentarse la dotación presupuestaria destinada a acciones de fomento de la cooperación, no sólo transfronteriza sino también interregional, particularmente entre regiones de los países de la Europa Central y Oriental y regiones de la Unión Europea. 
También hay que considerar que, en aras de una mayor eficacia en el futuro, los programas deberían ser plurianuales y deberían intensificarse las acciones encaminadas a fomentar la cooperación en materia de formación, en particular la formación empresarial y la transferencia de tecnología y marketing a las pequeñas y medianas empresas, en la medida en que éstas constituyen un factor insustituible para el desarrollo económico de estos países. 
Junto a ello, la Comisión REX entiende que es de fundamental importancia el establecer mecanismos operativos de coordinación entre los distintos programas realizados por la Unión Europea y el programa PHARE si queremos optimizar el rendimiento de los recursos de la Unión y aumentar así la eficacia y la incidencia de las acciones financiadas por la misma. 
Es un objetivo que la Comisión REX comparte plenamente. 
Muchas gracias, señor Habsburg-Lothringen. 
Puedo asegurarle que la Sra. Ferrer no hubiera mejorado mucho su excelente castellano. 
Pero no tome usted esto como un halago excesivo, porque la Sra. Ferrer y yo mismo habitualmente hablamos en catalán y nuestro castellano no es excesivamente perfecto. 
En todo caso, muchas gracias. 
Señora Presidenta, deseo felicitar al señor Schröder por el presente informe, el cual sienta las bases adecuadas para un debate general sobre la cooperación en el plano interregional y, particularmente, en el ámbito transfronterizo. 
La cooperación transfronteriza ha sido una actividad de la Unión europea especialmente fructífera, si bien lo puede ser indudablemente aún más, en especial por lo que respecta a la futura ampliación de la Unión. 
Desearía resaltar que es posible también integrar la cooperación transfronteriza en la cooperación interregional. 
En mi opinión, ello ofrecería numerosas posibilidades a los países de la Unión Europea, a los futuros Estados miembros, a las administraciones regionales y a las organizaciones locales de ciudadanos de desarrollar la cooperación concreta en el plano interregional y las estructuras administrativas y democráticas. 
De este modo será posible obtener una cooperación concreta y estrecha. 
Para lograr verdaderamente importantes resultados en el plano de la cooperación fronteriza y transfronteriza, se debe poder contar con un mejor seguimiento de la eficacia de los programas actuales. 
El problema reside en encontrar los medios adecuados. 
Mientras que, por un lado, se precisa más normativa en materia de control, por el otro hay que respetar el principio de subsidiariedad. 
Creo que se debería disponer de más facilidades para la cooperación entre los programas de la Unión Europea a fin de lograr resultados apreciables también por lo que respecta a terceros países. 
La Comisión debería llegar a un acuerdo conjuntamente con los responsables de la aplicación de los programas en torno a las prioridades, los objetivos de las actividades y los métodos de evaluación de las mismas. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero comenzar felicitando al colega y amigo, Sr. Schröder, no sólo por su excelente informe sobre la ejecución de los programas de cooperación entre la Unión Europea y los PECO, sino también por su permanente preocupación por los problemas derivados de la ampliación de la Unión hacia la Europa Central y Oriental y, especialmente, por su comprensión global de las repercusiones que la ampliación determina en las regiones menos desarrolladas de la Unión, como queda puesto de manifiesto en su informe. 
Este Parlamento es sumamente sensible a esta cuestión, que se encuentra en el centro mismo de las prioridades de la Unión. Así lo demuestran, por citar algunos ejemplos no recogidos en los considerandos del Sr. Schröder, algunos de los planteamientos del informe Europa 2000 Plus sobre ordenación del territorio europeo- del que yo mismo soy ponente -, y por el informe del Sr. Speciale a propósito del debate sobre el marco financiero de los programas de iniciativa comunitaria para los próximos años. 
La solicitud de mantener el programa INTERREG, mediante un nuevo INTERREG III, es una necesidad dentro de la estrategia propia del sistema de preadhesión de los PECO a través de la cooperación transfronteriza. 
Los buenos resultados de los programas PHARE e INTERREG II, como afirma el Sr. Schröder en su informe, son un estímulo para incrementar los esfuerzos en esa dirección. 
Naturalmente que un incremento del gasto, con nuevos fondos y programas para la financiación de la ampliación, no debe poner en peligro el pacto de estabilidad necesario para garantizar el éxito de la Unión Económica y Monetaria. 
Hay que hacer un esfuerzo de imaginación y de solidaridad para hacer posibles ambas cosas. 
Profundización y ampliación de la Unión no son objetivos excluyentes- no deben serlo -, aunque nadie ha dicho que el reto sea sencillo. 
Señor Presidente, tenemos a nuestras espaldas una semana dura y algo caótica, pero podemos decir que esta semana hemos debatido varias cuestiones histórico-estratégicas que tienen que ver, en vísperas de la CIG, con la ampliación, concretamente los informes Christodoulou y Rehder, y el presente informe del Sr. Schröder es sin duda un complemento práctico de lo que la Unión va a hacer en el futuro con los PECO. 
Es conveniente reducir las contradicciones económicas y sociales en las regiones fronterizas. 
Esto frena la despoblación, pero también fomenta la estabilidad de la región. 
Por lo visto, es tal la necesidad de dinero para este fin que el dinero asignado ya se ha gastado por completo. 
Esto tranquiliza y estimula. 
Evitar que se produzcan duplicidades, diversificar más las acciones, es decir, no sólo la infraestructura y el medio ambiente, y sobre todo garantizar la coherencia. 
Espero que la Comisión siga informándonos como en el pasado y sobre todo siga indicando cómo pueden obtenerse más fondos, más recursos financieros. 
Es importante. 
La cooperación transfronteriza hace que el ciudadano tenga confianza en Europa. 
Es lo que necesitamos dentro de la Unión Europea y también fuera de la Unión, pues a fin de cuentas se trata de la estabilidad en Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar, me dirijo al Sr. Schröder, que además considero un grato representante de su país en el Parlamento, y le agradezco su breve y concreto informe. 
Once países de la Europa central i oriental han solicitado la adhesión a la UE. 
Independientemente del tiempo que les lleve llegar a ser miembros, e independientemente de si este proceso nos va a llevar a su adhesión o a cualquier otra modalidad de cooperación, es muy importante reforzar la cooperación transfronteriza con los países del centro y este de Europa. 
Debe proseguir la orientación seguida en 1994 en los ámbitos de la energía, infraestructura y medio ambiente, pero cabría ampliarla a más sectores, como la vida empresarial, la educación, el intercambio tecnológico y una colaboración mucho más estrecha en el terreno de la cooperación social y política, aspectos en los que cabe ampliar Phare y otros programas. 
El Grupo liberal apoya el programa, que se complete y se refuerce, además de que se haga lo propio con la cooperación interna entre los países de la Europa central y oriental, así como la cooperación entre estos países y Rusia, y el resto de países de la OCDE. 
Señor Presidente, si se logra una cooperación más profunda entre la UE y el centro y este de Europa, esta será una de las acciones más importantes a largo término para la paz y la estabilidad del continente. 
Señor Presidente, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la cooperación transfronteriza dentro de la Unión Europea, todavía no es posible otorgar ayudas para proyectos comunes en las fronteras con los países de la Europa central y oriental. 
En el curso de mis visitas a las regiones europeas he podido constatar que los programas mismos tienen una buena acogida, pero la subvención de proyectos comunes plantea un enorme problema cuando llega el momento de su aplicación concreta. 
Otro ejemplo: se proyecta la construcción de una depuradora en un valle y, por razones geográficas, ésta sólo puede instalarse en el lado checo. 
Todo está listo, pero falta la conducción desde el lado alemán al lado checo. 
Dado que ésta atraviesa la frontera, no es suvencionable y este puede ser el fin del proyecto. 
Es preciso que resolvamos cuanto antes estos problemas. 
No es posible que la cooperación transfronteriza se reduzca a la región de las zonas limítrofes. 
Por esto, yo propongo en una enmienda que al menos intentemos vincular en los proyectos piloto el Reglamento FEDER 10 con el microprograma dentro del programa PHARE y esto requiere que se adopte muy pronto una decisión. 
Yo acojo con satisfacción que también el ponente ofrezca ahora una indicación de que a su parecer debemos aceptar esta enmienda. 
A mi modo de ver, el informe ganará, en cualquier caso, en calidad con ello. 
También es igualmente necesario que se apruebe la segunda enmienda, puesto que las regiones europeas desempeñan un papel clave en relación con el tema de la ampliación. 
Y yo supongo que todos deseamos una pronta ampliación. 
Señor Presidente, nuestro Grupo respalda, por unanimidad, todas las conclusiones que se contienen en el informe del Sr. Schröder sobre la cooperación transfronteriza e interregional con los PECO. 
De esta forma estamos facilitando su integración, mediante la relación y el conocimiento mutuo, y estamos contribuyendo decididamente al desarrollo económico de sus regiones. 
Pero a la vista del informe y de las conclusiones de la Comisión, está claro que deberíamos aumentar la dotación económica a las acciones de cooperación interregional entre los PECO y las regiones de la UE. 
Deberíamos mejorar también, lógicamente, el proceso de ejecución para aumentar la efectividad de los planes de desarrollo de las regiones europeas en cuestiones tan trascendentales como son las infraestructuras de transporte, la protección del medio ambiente y la utilización y distribución de la energía, haciendo también un especial esfuerzo en potenciar acciones de cooperación en formación y desarrollo empresarial para el sector base- así lo concebimos- de la economía futura de esa integración, que son las pequeñas y medianas empresas. 
Con todo ello, estaríamos diseñando una auténtica y eficaz estrategia para las futuras adhesiones de estos países al proyecto comunitario europeo, de forma que dicho proceso sea para ellos menos traumático y más natural, y también para que los Estados miembros vean disminuir las grandes diferencias políticas, económicas y sociales existentes en algunos casos concretos. 
Señor Presidente, debemos reforzar y potenciar programas en esta línea como INTERREG, PHARE y, sobre todo, ECOS/OUVERTURE. 
Fortaleceremos así las relaciones transfronterizas entre las regiones de la Unión Europea y las regiones de los PECO. 
Sin embargo, debemos ser exigentes con nosotros mismos y controlar estrechamente los resultados de dichas actuaciones para evitar graves errores, que en algunos casos se han cometido, y, lógicamente, los intentos de fraude. 
Las conclusiones del año 94 podemos valorarlas globalmente como buenas, pero debemos esperar ahora a tener las del 95 para comprobar que la evolución es favorable en la aplicación y desarrollo de estos programas de colaboración transfronteriza e interregional con los países de la Europa Central y Oriental. 
Señor Presidente, Señorías, es muy significativo que en este último Pleno del año nos estemos pronunciando acerca de tres informes que se refieren a la futura ampliación a los países del centro y el este de Europa: el informe Christodoulou sobre la financiación de la ampliación, el informe Rehder sobre las relaciones agrícolas con los PECO, y el informe Schröder sobre la cooperación transfronteriza entre la Comunidad y los PECO. 
Los tres tratan de preparar el futuro de una Unión ampliada al doble de los países que la forman, a través del establecimiento de unas estrategias de preadhesión rigurosas y adecuadas. 
El informe Schröder analiza la cooperación transfronteriza durante el año 94, un año de transición. 
El balance es positivo, puesto que, de los 150 millones de ecus destinados a financiar acciones estructurales, se comprometió casi la totalidad de los recursos. 
Ello permitió a los países asociados establecer redes y proyectos transfronterizos destinados a poblaciones aisladas dentro de sus propias economías nacionales. 
Esta cooperación estimuló el diálogo y el contacto entre países y personas, y también entre instituciones. 
Pero a pesar de los buenos resultados, coincido con el ponente en que es necesario mejorarlos, diversificando las acciones no sólo en infraestructura, sino contemplando también acciones blandas de educación, de bienestar social, y, a través de una programación plurianual complementaria con la llevada a cabo al otro lado de la frontera, estableciendo una estrategia de desarrollo transfronterizo conjunto. 
Me preocupa, como a mi colega el Sr. Schröder, el que en estos países se pudiese generalizar un desarrollo desigual, que en nada ayudaría a la cohesión económica y social, ni en el seno de los países asociados ni en el de una Unión ampliada. 
Por ello, considero necesario, como el Sr. Schröder, que se amplíe este programa de cooperación del ámbito transfronterizo exclusivamente al más amplio de cooperación interregional. 
Y mi enhorabuena por su informe. 
Señor Presidente, yo felicito al colega Schröder por su excelente informe, ya que en él concede especial importancia a las regiones europeas. 
A éstas les corresponde desempeñar, a mi parecer, un papel cada vez más amplio habida cuenta de que el debate sobre la ampliación está dejando atrás, por decirlo así, la fase de las declaraciones de principios y la lírica para abordar las tareas concretas. 
La cooperación es necesaria no sólo para conseguir que florezca la economía a ambos lados de las fronteras, una zona desfavorecida tanto en uno como en el otro lado durante décadas, y para restablecer las comunicaciones, sino también para restañar heridas históricas. 
Difícilmente podrá encontrarse un medio más adecuado para restañar las heridas históricas que la cooperación entre las regiones europeas. 
El colega Pirker conoce bien el tema de la cooperación entre carintios y eslovenos, entre estirios y eslovenos, en cuyo caso existe el problema de la división de Radkersburg. 
En el debate sobre Eslovenia se planteó el tema de la división de Gorizia/Görz entre Italia y Eslovenia; tenemos el caso de la cooperación en la zona fronteriza entre Baviera y Bohemia y entre Sajonia y Bohemia- yo mismo fui uno de los cofundadores de la región europea de Neisse, entre Polonia, Bohemia y Sajonia- y en todas estas regiones es preciso promover la cooperación cultural. 
En el futuro deberíamos contribuir seguramente más a la promoción de medios de comunicación transfronterizos. 
Existe un amplio campo para la cooperación, también en el ámbito de la protección del medio ambiente, por ejemplo, es decir que no nos encontramos al final, sino en el inicio de un proceso. 
Se equivocan quienes piensan, y se lo oímos repetir continuamente, que en el fondo podemos renunciar a todo esto porque los candidatos más inmediatos a la adhesión ya están suficientemente desarrollados y no necesitan más ayudas. Al contrario, precisamente en esos casos es necesario salvar una enorme brecha, puesto que allí colindaron durante varias décadas una región sumamente pobre y otra relativamente rica. 
Señor Presidente, estamos tratando del informe del Sr. Schröder, al que me atrevo a calificar de excelente. 
Y si no fuera precisamente por su obsesión de austeridad y por su mantenimiento de que la ampliación no tiene por qué suponer aumento de gasto para la Unión Europea, me atrevería a decir que es magnífico. 
Queda, por tanto, esa pequeña diferencia y espero que, en el diálogo futuro, podamos convencer al Sr. Schröder de que hay que hacer un esfuerzo económico complementario, si queremos hablar con realismo de la ampliación. 
Evidentemente, las resonancias del informe del Sr. Schröder van más allá- y ese es otro mérito del informe- del objetivo del mismo, que es analizar la situación del año 1994. 
Aquí suena ya a ampliación. 
Estamos hablando claramente de situación de preadhesión. 
Se queda pequeño INTERREG, se queda pequeño cualquier proyecto concreto, y queremos hablar definitivamente, globalmente, de esos países que tanto esperan de la Unión Europea y cuya rápida adhesión decididamente propugnamos. 
Quiero decirle, Sr. Schröder, que, a partir de su informe, tenemos que hablar ya con más profundidad del futuro; y esa profundidad, si no queremos seguir haciendo lírica- como decía el anterior orador -, debe ir orientada a la propuesta clara del Parlamento de crear un instrumento financiero para los países de la preadhesión, un instrumento específico que incorpore PHARE, que incorpore INTERREG, que incorpore otros programas. 
Hay que contemplar esa colaboración global que necesitan los países que en estos momentos están a punto de integrarse y a los que ojalá pronto demos la bienvenida. 
Grazie tante, signore Monti, anche il suo español è veramente buono. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, también a mi me gustaría felicitar al Sr. Schröder por su informe. 
He sido un ferviente partidario de la cooperación transfronteriza por la necesidad de desarrollar aquellas áreas en decadencia que, a consecuencia de hostilidades anteriores, han tenido siempre una actividad económica muy escasa, y porque la cooperación transfronteriza ofrece un ejemplo muy práctico de la importancia de que los pueblos trabajen juntos. 
Cuantos más ejemplos tengamos, más fácil será garantizar una solución pacífica a largo plazo para los problemas fronterizos. 
Tengo que hacer varias aclaraciones. 
En primer lugar, acojo con satisfacción el párrafo nº 6 y las observaciones del Sr. Monti en el sentido de que podríamos pasar de una infraestructura pesada a una ligera. 
Ésta es la siguiente fase y debemos promoverla. 
Apoyo las otras observaciones del ponente sobre los programas plurianuales y la necesidad de una mayor coordinación. 
Todavía nos preocupa la insuficiente coordinación en este área. 
Una última cuestión, tengo que decir que no mencionada en el informe, es que algunos de los países involucrados son países en los que los sistemas financieros no son tan fuertes como debieran- no diré más. 
Debemos asegurarnos de que esos fondos no sean en modo alguno objeto de fraude porque ello debilitaría la legitimidad de lo que la Unión Europea intenta lograr. 
Ayudas a los productores de determinados cultivos de herbáceos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0378/96) del Sr. Hallam, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0175- C4-0389/96-96/0167 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 1765/92 por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos. 
Señor Presidente, la retirada de tierras es un régimen muy impopular. 
Es impopular entre los agricultores y ante la opinión pública, pero ha tenido mucho éxito en reducir el exceso de producción, y algunas formas de retirada de tierras seguirán con nosotros durante muchos años. 
La presente propuesta tiene el fin de flexibilizar la situación. Ayuda a los productores que han sufrido catástrofes climáticas, concediéndoles la exención total o parcial en el año en cuestión y en la superficie básica en cuestión. 
Permite que los Estados miembros que opten por tratar la totalidad de su territorio como una única superficie básica puedan subdividirlo y concentrar después el excedente en regiones concretas y en una subdivisión concreta de la superficie básica. 
Es una propuesta que permitirá a nuestros Estados miembros ser mucho más flexibles al aplicar las normas del régimen de retirada de tierras. 
Voy a referirme a las dos enmiendas presentadas hoy. 
La del Sr. des Places fue rechazada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Complicaría mucho más las cosas y, por lo tanto, insto a la Cámara a que la rechace de nuevo. 
Me preocupa la enmienda del Sr. Redondo Jiménez, que intenta ampliar las disposiciones especiales recogidas en el presente informe para ayudar a los agricultores españoles durante un segundo año. 
Lamento que esto no se debatiera en la Comisión de Agricultura, pero mi idea es que supondría una duplicación del gasto ya realizado en ese área particular. 
Por lo tanto, de mala gana- porque no me gusta echar enmiendas abajo -, tengo que pedirles que se rechace esta enmienda concreta. 
Como ustedes saben, es Navidad y estamos llegando al final del año. 
Para mí este año no comenzó el 1 de enero: para mí comenzó realmente el 20 de marzo- el Comisario se ríe ante esta afirmación porque creo que su año comenzó también el 20 de marzo. 
El día de Navidad comeré un pavo criado biológicamente, que ha crecido y madurado en mi propio distrito electoral- en realidad el pavo en cuestión está a punto de conocer a su hacedor esta tarde. 
Pero el día después del de Navidad -» Boxing Day» lo llamamos en el Reino Unido, no sé como se llamará en el resto de la Unión Europea- nos sentaremos en torno a nuestra mesa familiar y nos comeremos un buen trozo de vacuno británico. 
Estoy impaciente por que la prohibición a la exportación se levante en algún momento del próximo año y espero que dentro de un año, el próximo Boxing Day, ustedes, los ciudadanos de la Unión Europea, puedan unirse a mí comiendo un buen roast beef británico. 
Doy las gracias al Sr. Comisario por todo el trabajo que ha desarrollado durante el año por ayudarnos a superar esta crisis y esperemos que vengan mejores tiempos para nuestro sector agrario. 
Muchas gracias, señor Hallam. 
Después de escuchar sus palabras prediciendo para usted mismo grandes comidas, nosotros no podemos más que decirle «buen provecho, señor Hallam». 
Señor Presidente, los desajustes estructurales detectados en los sistemas de superficie de base y planes de regionalización de los diferentes Estados miembros determinaron que el Consejo de Agricultura de noviembre adoptara en 1995 un acuerdo por el que se encargaba a la Comisión la elaboración y presentación, en enero de 1996, de una propuesta de modificación del Reglamento 1765/92 del Consejo, tendente a flexibilizar el sistema de sanciones. 
Se establecía, en primer lugar, la posibilidad de que la Comisión eximiera la penalización, total o parcialmente, cuando se superasen las superficies de base, si las condiciones climáticas excepcionales, redujeran de forma importante los rendimientos de los cultivos. 
En segundo lugar se preveía la posibilidad de definir en cada Estado miembro superficies de base nacionales y regionales que permitieran aplicar las penalizaciones con más equidad, limitándolas a las regiones responsables de aquella situación. 
Por razones burocráticas, se ha retrasado la aplicación de este reglamento y, por ello, los diputados españoles del Grupo del Partido Popular Europeo hemos presentado una enmienda para que las disposiciones del mismo se apliquen a la campaña de 1996-1997. 
Los eurodiputados del Grupo del Partido Popular Europeo no apoyamos las enmiendas 2 y 4 presentadas al informe por considerar de mayor rigor técnico el texto propuesto por la Comisión. 
Señor Presidente, desearía ante todo felicitar al Sr. Hallam por su informe. 
He presentado varias enmiendas con mis colegas Jacob y des Places. Una de ellas, la enmienda 4, me parece muy importante. 
Los objetivos de esta enmienda son simples. 
En primer lugar, ésta introduce una mayor flexibilidad con respecto al principio de la retirada obligatoria de tierras. 
Todos deben saber que la agricultura carece de rigor matemático. 
Los agricultores sufren limitaciones que, en gran medida, escapan a su control. 
Me refiero a las limitaciones derivadas de las condiciones climáticas, topográficas, del parcelamiento y de la calidad agronómica de la tierra. 
Así pues, es importante poder efectuar transferencias internas dentro de las referencias regionales o nacionales. 
Esta enmienda tiende asimismo a establecer cierta equidad entre los Estados miembros que han optado por las referencias nacionales frente a las regionales. 
Debe recordarse que la equidad es el principio fundamental de cualquier organización económica. 
Finalmente, deseo precisar que dicha enmienda no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea. Por lo tanto, no existe ningún argumento de orden presupuestario en contra. 
Para concluir, señor Presidente, espero que nuestra Asamblea apruebe esta enmienda 4, en beneficio de la política agrícola europea, pero sobre todo en beneficio de los propios agricultores. 
Señor Presidente, nuestro grupo apoya el informe Hallam. Creo que estas medidas a favor de los productores españoles afectados por la sequía se deben adoptar y que es correcto el principio general de que los Estados miembros se liberen de las sanciones financieras impuestas en caso de rebasamiento cuando éste sea causado por condiciones climáticas excepcionales. 
Aquí, quisiera dirigirle una pregunta al Sr. Fischler, relativa a otra clase de productores afectados por condiciones climáticas excepcionales, en concreto, por catástrofes naturales en el mes de septiembre. Me refiero a los cultivadores de algodón en Grecia. 
El Sr. Fischler sabe que la vida económica en Grecia ha quedado paralizada desde hace 15 días, que la red autoviaria de toda Grecia está cortada y que el núcleo masivo de estas movilizaciones son los productores de determinadas regiones de Carditsa y de Trikala, donde una gran catástrofe supuso la pérdida del 80 % y 90 % de su producción de algodón. 
No obstante, al mismo tiempo, se les exige pagar la tasa de corresponsabilidad, a consecuencia de lo cual han llegado a la desesperación. 
Todos ustedes saben, si ven Euronews, que la primera noticia de cada día es el drama que está viviendo Grecia en la actualidad bajo la desesperación y las duras movilizaciones de los productores de algodón de Carditsa y de Trikala tras la pérdida masiva de sus cultivos. 
Aquí, en el reglamento veo muy bien reflejado dicho principio, es decir, los Estados miembros quedan exentos de las sanciones financieras en caso de rebasamiento cuando éste es consecuencia de condiciones climáticas excepcionales. 
En el caso de los cereales y otros cultivos herbáceos existe el sistema del «set aside» ; en el caso del algodón, el de la tasa de corresponsabilidad. 
Quiero preguntar al Sr. Fischler, y espero la respuesta que, según creo, esperan todos los agricultores. Al mismo tiempo estoy convencido que la toma de postura del Sr. Fischler puede tener cierta importancia para la evolución de los sucesos en Grecia, donde esperamos mucho de la Comisión y, concretamente, del Sr. Fischler, en especial: 
Primero, ¿se ha presentado alguna petición por parte del gobierno griego para que se trate el tema de esta clase de productores, que constituyen el núcleo de esta movilización? y-segundo, independientemente de que se presente o no, ¿cómo ve el Sr. Fischler la posibilidad de una intervención de la Comisión de la Unión Europea orientada a una solución del problema de estas regiones, que han llegado a la desesperación? 
¿Reconoce el principio general (que naturalmente, implica un examen posterior tanto por la Comisión como por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Ministros, y conozco las dificultades) de que exista la posibilidad de adoptar medidas especiales con respecto a las sanciones cuando se dan condiciones climáticas excepcionales, y que este principio pueda valer también para los productores griegos de algodón en las regiones concretadas? 
Señor Presidente, desearía insistir, por mi parte, en el interés de la enmienda 4 que hemos presentado, junto con los Sres. Martens, Jacob y des Places. 
En los Estados miembros que aplican superficies básicas nacionales, la propuesta de la Comisión no resuelve, en efecto, ningún problema. 
No hay razones para hacer discrinaciones entre los Estados miembros, debiéndose permitir compensaciones entre superficies básicas, sean regionales o nacionales. 
El objetivo consiste a la vez en sacar provecho de un eventual incremento de los rendimientos y en establecer una tasa única de retirada extraordinaria de tierras por explotación. 
En efecto, el rebasamiento de varias superficies básicas nacionales podría traducirse en la aplicación de varias tasas de retirada de tierras extraordinaria para una misma explotación: una tasa para el maíz irrigado, una tasa para el maíz desecado, una tasa para los demás cereales desecados y una tasa para los demás cereales irrigados. 
Para resolver estas dificultades nosotros proponemos evaluar el cantidad global del rebasamiento mediante una ponderación de las superficies por el rendimiento de las superficies básicas. 
Subrayo que nuestra enmienda no tiene ninguna consecuencia financiera en el presupuesto de la Unión, en la medida en que la misma pretende evitar compensar una hectárea de una superficie básica de alto rendimiento por una hectárea de una superficie básica de bajo rendimiento. 
En conclusión, esta enmienda permite evitar una discriminación entre Estados miembros; entre aquellos que han optado por superficies básicas regionales y aquellos que han optado por superficies básicas nacionales. 
Dicha enmienda constituye asimismo una medida de simplificación, ya que permitirá aplicar a muchos productores una sola tasa de retirada de tierras extraordinaria por explotación. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo quiero expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Hallam por su informe sobre la propuesta de la Comisión. 
Con la presente propuesta, la Comisión satisface el mandato que le dio el Consejo. 
En su contenido, no rebasa, sin embargo, los límites del mandato recibido, puesto que de lo contrario debilitaríamos los fundamentos de la reforma de 1992, en particular por lo que respecta a la aplicación de los controles sobre la producción. 
La supresión de la retirada extraordinaria de tierras supondría renunciar a un instrumento específico de control de la producción y el posible incremento futuro de la tasa de retirada obligatoria a escala de toda la Unión. 
Lo cual entraría en contradicción con el propósito de reforzar la responsabilidad de los productores expresado en la presente propuesta. 
Una modificación en este sentido podría ser interpretada asimismo por los miembros de la OMC como una oportunidad de atacar la aplicación de la llamada blue box por parte de la Unión. 
La supresión de la retirada extraordinaria de tierras sobre todo tampoco es deseable porque las disposiciones vigentes ya contemplan la posibilidad de suspender su aplicación cuando parezca necesario sobre la base del análisis del mercado, tal como ocurrió en el presente ejercicio, por ejemplo. 
La segunda enmienda del informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural tiene por objeto hacer extensiva al conjunto de la República Federal de Alemania la superficie adicional de 150.000 hectáreas otorgada provisionalmente a los nuevos Estados federales alemanes, que deben hacer frente a los problemas de la reestructuración. 
La Comisión no considera justificada esta medida y opina que esta modificación crearía un precedente infundado en Alemania. 
Tampoco puedo suscribir la enmienda 3, puesto que no me parece que sea apropiada para resolver el problema de España. 
Lo que en realidad se persigue con dicha enmienda es abrir la posibilidad de que se rebasen las superficies de base en los cultivos de regadío. 
En tal caso, las compensaciones superarían la parte del presupuesto asignada a España, con la consiguiente reducción del pago global de compensaciones correspondientes a la cosecha de 1997 para todos los productores españoles. 
Por lo que respecta a la enmienda 4, sólo puedo destacar que ésta favorecería a los cultivos intensivos como el maíz y los cultivos de regadío, lo cual en vez de contribuir al control de la producción, fomentaría su ampliación. 
El sistema propuesto introduciría, además, nuevas complicaciones en un régimen ya muy complejo. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural también comparte este parecer y ha rechazado igualmente dicha enmienda. 
Sr. Alavanos, en relación con lo que usted acaba de manifestar con respecto al algodón, yo quiero señalarle que la producción y cultivo del algodón no están incluidos dentro de las superficies de cultivo ni de los cultivos agrícolas, sino que se trata de un cultivo especial que no puede considerarse, por lo tanto, en este marco. 
En cuanto a su pregunta de si el Gobierno griego ha presentado una petición, yo supongo que el representante griego abordará esta cuestión en el Consejo de Ministros de Agricultura del lunes. 
No quisiera acabar, no obstante, sin haber expresado antes mi agradecimiento a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por la retirada de algunas enmiendas que sólo habrían introducido nuevas dificultades en un reglamento ya de por sí complejo. 
Señor Presidente, yo lo sé, y no le he preguntado al Sr. Comisario si el algodón forma parte de los cultivos herbáceos. 
No forma parte de ellos y, por lo tanto, no se puede tratar de acuerdo con este reglamento. 
Mi pregunta, y me gustaría tener una respuesta del Sr. Comisario, es, si con el mismo razonamiento de atenuar en cierta medida el régimen de sanciones en consideración a condiciones climáticas excepcionales, la Comisión podría contemplar la posibilidad de crear ciertas medidas a favor del algodón fuera de este reglamento, en beneficio de las regiones afligidas y que forman el núcleo de las movilizaciones y del drama que vive Grecia actualmente. 
Señor Presidente, siento que no vayamos a aceptar nuestro informe in toto. 
No obstante, pediría a la Asamblea que respaldara plenamente la aportación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las enmiendas nos. 1 y 2. 
Quisiera manifestar a la Comisión nuestra esperanza de que tenga en consideración nuestras opiniones incluso en esta fase tardía. 
Señor Presidente, Sr. Alavanos, yo sólo puedo añadir a lo que ya he manifestado antes que yo doy por supuesto que el Gobierno griego ya expondrá sus aspiraciones a la Comisión si ese es su deseo. 
Si ese es el caso, examinaremos evidentemente con la debida atención dicha petición. 
Sin embargo, antes de haberla recibido siquiera, no puedo contemplar en modo alguno una decisión sobre una petición que todavía no existe. 
Gracias, señor Fishler. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Regímenes de ayuda comunitarios (» sistema integrado») 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0286/96) del Sr. Garriga Polledo, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM (96) 0174- C4-0313/96-96/0122 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3508/92 por el que se establece un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios (» Sistema Integrado» ). 
Señor Presidente, gracias por su preocupación que agradezco sinceramente. 
Terminamos hoy la tramitación parlamentaria de un informe muy accidentado. 
Para empezar, este informe es una toma de posición del Parlamento Europeo sobre una propuesta de reglamento que modifica los criterios de cofinanciación que ayudan a los Estados miembros a establecer el sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitaria. 
Se pedía a este Parlamento que se prorrogase el plazo de cofinanciación. 
La petición llegó a este Parlamento en el mes de abril, cuatro meses después de que finalizara el plazo en el que este sistema debía, en principio, estar operativo en todos los Estados miembros. 
La Comisión ejecutiva, por tanto, colocó a este Parlamento ante una situación de hecho consumado. 
Y esto no es muy aconsejable, Señorías, cuando estamos hablando de un sistema que debe controlar la mitad de los gastos agrícolas del FEOGA, es decir, alrededor de 18.000 millones de ecus por año. 
El propio Parlamento había ya pedido en 1994 un informe a la Comisión sobre el funcionamiento del sistema integrado de ayudas. Le dimos un año de plazo. 
Pues bien: el informe no llegó. 
Y para evitar hoy que los costes de los ajustes financieros, previstos en el propio Reglamento para el caso de que hubiera Estados miembros que no establecieran a tiempo el sistema, la Comisión coloca a este Parlamento ante la disyuntiva de rechazar la prórroga de la cofinanciación- poniendo así a la Comisión y a los Estados miembros ante un embarazoso problema -, o de transigir con este comportamiento y aceptar, si bien enmendada, la solicitud de prórroga. 
La Comisión de Control Presupuestario y este ponente aceptaron como suficientes las promesas hechas por carta por el Comisario Fischler acerca de que para el 31 de diciembre de este año, es decir un año más tarde de lo que en teoría debía suceder, todos los Estados miembros, salvo los tres nuevos, tendrían plenamente operativo el sistema. 
Sin embargo, y cuando este informe llegó al Pleno de noviembre para su aprobación, el Tribunal de Cuentas, en su informe anual, constató que difícilmente el sistema sería operativo en los quince Estados miembros a lo largo de 1997. 
Especiales problemas tendrían Italia y Grecia. 
Estos retrasos son tanto más graves cuanto mayores son las cifras del FEOGA a controlar, y son origen de posibles irregularidades, incluso fraudes, y, en cualquier caso, perjuicios para el contribuyente europeo. 
Por eso, una de las enmiendas que se propone, la nº 2, pide que, a partir del 1 de enero de 1997, se apliquen reducciones globales de los pagos mensuales anticipados a los Estados miembros en los que el sistema integrado no funcione. 
El propio Consejo, en su Decisión de 31 de octubre de 1994, prevé y avala esta medida. 
Pero, más aún, el Tribunal de Cuentas ha criticado severamente a los Estados miembros y a la Comisión señalando que ni Comisión ni Consejo han asegurado un seguimiento riguroso de las declaraciones de costes concernientes a estos regímenes cofinanciados. 
Señalo a la Asamblea que hablamos de un importe de 16, 6 millones de ecus sobre los cuales el Tribunal de Cuentas ha puesto, por lo menos, un signo de interrogación. 
No hay control suficiente sobre el dinero que se destina a mejorar el propio control. 
Como siempre que se le piden responsabilidades y explicaciones a la Comisión ejecutiva, ésta ha asegurado a este Parlamento que va a efectuar un seguimiento riguroso a partir de ahora. 
Por eso, y sólo por eso, la Comisión de Control Presupuestario da su avis favorable a la proposición de la Comisión y pide al Parlamento Europeo que apruebe las enmiendas que presentamos. 
Finalmente, yo quisiera oír del Comisario Fischler, agradeciéndole además su presencia, que explicara ante esta inmensidad vacía, pero atenta, las razones por las cuales su representante en la Comisión de Control Presupuestario nos dio garantías de que el seguimiento se haría a partir de ahora con más eficacia. 
Si el señor Comisario pudiera ante esta Asamblea garantizar realmente la seriedad del seguimiento sobre este control, creemos que habríamos tenido por lo menos una sesión muy útil. 
Señor Presidente, ante todo yo deseo darle las gracias, Sr. Garriga Polledo, por el trabajo que ha realizado y por su informe, y también quiero agradecer las constructivas sugerencias de las comisiones competentes. 
En relación con las enmiendas debo hacer las siguientes observaciones. 
En primer lugar, por lo que respecta a las enmiendas 1 y 4, relativas a la cofinanciación, la Comisión comparte en este caso la opinión del Parlamento en el sentido de que las subvenciones no utilizados no deben decaer y abogará ante el Consejo por que se permita poner a diposición de otros Estados miembros las subvenciones no utilizadas. 
Por lo que respecta a las enmiendas 2 y 5, en opinión de la Comisión, el hecho de que no se haya completado en parte la transposición del sistema integrado debería considerarse en el marco de la disciplina presupuestaria vigente y de las disposiciones relativas a la liquidación de cuentas. 
Por consiguiente, la Comisión no considera procedentes las citadas enmiendas. 
Con respecto a la enmienda 3, puedo anunciarles que la Comisión ha elaborado una propuesta para instaurar un sistema de identificación y registro de bovinos. 
El reglamento propuesto sustituiría a las disposiciones pertinentes de la Directiva 92/102/CEE, con lo cual la enmienda 3 resulta superflua. 
Yo puedo garantizar, no obstante, a la Asamblea que la propuesta de reglamento se atiene estrechamente a las recomendaciones formuladas en cuanto a su contenido. 
Las propuestas de la Comisión también prevén que en todos los Estados miembros deberá crearse antes del 1º de enero de 1998 un banco de datos en el cual se registrarán los números de identificación de todos los animales, con indicación de su edad, sexo y fecha de nacimiento, y también los datos relativos a la conexión con o entre las empresas agrícolas. 
También se contempla asimismo la introducción de un pasaporte para los animales y la aprobación de normas sobre las marcas de identificación en las orejas. 
Por lo que respecta a la enmienda 6, la Comisión acoge con satisfacción la solicitud del Parlamento de recibir información sobre la eficacia de la aplicación del Sistema Integrado en los Estados miembros. 
Debo señalar, no obstante, que desde 1993 ya está previsto que el informe anual del Fondo Europeo de Compensación y Garantía incluya un apartado al respecto. 
Por consiguiente, en opinión de la Comisión, no es necesario incorporar dicha enmienda. 
En cualquier caso, sería no obstante prematuro elaborar un informe sobre la transposición definitiva del sistema antes de que finalice el primer semestre de 1997, puesto que sólo a finales de 1997 o en 1998 será posible determinar, como muy pronto, si se ha registrado algún incumplimiento en los tres nuevos Estados miembros. 
Señor Presidente, solamente quiero repetir que el ponente mantiene todas sus enmiendas y especialmente el rechazo a la enmienda 2. 
Al Comisario quiero simplemente indicarle que no veo cómo va a evitar correcciones financieras para los Estados miembros en la liquidación de cuentas del FEOGA en el momento en que lleguen. 
No es una cuestión a la que se deba contestar ahora, pero, evidentemente, ahí vamos a tener un punto de desencuentro en la propia Comisión de Control Presupuestario, que es la encargada de analizar la liquidación de cuentas del FEOGA. 
Muchas gracias, señor Garriga Polledo. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Cuentas del Administrador y de la Administración de la UE en Mostar 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0386/96) de la Sra. Müller, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe especial nº 2/96 del Tribunal de Cuentas relativo a las cuentas del Administrador y de la Administración de la Unión Europea en Mostar, acompañado de las respuestas de la Comisión (C4-0513/96) y del Administrador de Mostar. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, permítanme que empiece por citar una cifra que posiblemente es la que mejor caracteriza la situación actual en Mostar. 
Más de 70 personas han sido expulsadas desde principios de año de sus casas y viviendas en la zona oeste de Mostar. 
Estas expulsiones siguen teniendo lugar, igual que ocurría antes, ante los ojos de la policía, que las contempla sin intervenir. 
En los últimos tiempos incluso han vuelto a aumentar. 
Las viviendas de los expulsados son vendidas a cambio de divisas en marcos alemanes por una codiciosa mafia croata. 
Los propietario o arrendatarios legítimos sólo han podido recuperar en seis casos sus viviendas. 
Este triste dato demuestra que la Unión Europea no ha conseguido su objetivo político en Mostar. 
La reunificación efectiva de la ciudad, una administración y una policía comunes eficaces, la plena libertad de movimientos y el retorno de los expulsados siguen siendo en gran parte aspiraciones no cumplidas. 
Muchos temen que la situación se deteriore cuando Sir Martin Garrod concluya su misión como enviado especial de la UE en dicha ciudad poco antes de esta Navidad. 
Darla por terminada es, no obstante, la decisión adecuada después de dos años y medio. 
En estos dos años y medio, la Unión Europea ha destinado casi 150 millones de ecus a Mostar. 
La ciudad goza ahora de una situación ventajosa gracias a esta ayuda. 
La reconstrucción está considerablemente más avanzada que en otros lugares de Bosnia-Herzegovina y en verano ya se celebraron elecciones municipales válidas. 
Ahora depende en gran parte de los responsables políticos de ambas zonas de Mostar que estos progresos sirvan de base para continuar avanzando o vuelvan a dilapidarse. 
Las protesta y manifestaciones de estos días en Belgrado también resultan alentadoras en cierto modo, puesto que indican que también existen sin duda motivos para la esperanza en un cambio favorable. 
¿Qué conclusiones pueden extraerse de esta primera gran acción conjunta en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común? Nuestra meta en Mostar era lograr la reconciliación después de una terrible guerra civil. 
Sin duda no fue un error intentar conseguir lo prácticamente inalcanzable a corto plazo. 
Debemos recordar, no obstante, como un reproche que no se hizo todo lo posible para intentar aproximarnos al máximo a esta meta. 
En particular, se cometió la omisión de no otorgar plenos poder ejecutivos al Administrador. 
Como declaró Hans Koschnick en la audiencia celebrada en la Comisión de Control Presupuestario: » Podía adoptar cualquier decisión, pero no podía ejecutar ninguna.» 
La lista de deficiencias y omisiones que establece el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe especial es larga. 
Los errores decisivos no se cometieron, sin embargo, en Mostar, donde Hans Koschnick y sus sucesores han trabajado junto con su colaboradores con una gran entrega y riesgo personales. 
Los errores de peso tuvieron lugar en Bruselas y en los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros. 
En el momento decisivo, después de que Hans Koschnick estuviese a punto de ser linchado bajo la mirada impasible de una policía que se limitó a contemplar los hechos sin intervenir, no se ejerció la necesaria presión sobre los políticos croatas responsables. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores aceptaron la dimisión de Koschnick a cambio de un oscuro compromiso con dichos dirigentes políticos. 
Pero Koschnick y sus compañeros de lucha también fueron víctimas en Mostar del procedimiento de decisión y ejecución totalmente inadecuado en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común, con un continuo peregrinar de la responsabilidad política. 
En efecto, cada seis meses cambiaban los interlocutores junto con la Presidencia del Consejo. 
El grupo consultivo encargado de asistir a la Presidencia del Consejo aplazaba las decisiones de una sesión a otra. 
Un procedimiento absurdamente complicado de aprobación y liberación de los fondos determinó que la Administración de la Unión Europea tuviera que saldar sus gastos con gran retraso durante meses. 
«Por un lado propósitos indudablemente positivos de todos los que intervinieron por parte de la UE, por otra parte trabas inimaginables que obstaculizaban un trabajo efectivo» , con estas palabra cierra Hans Koschnick el balance de su experiencia. 
¿Se han extraído ahora al menos las debidas conclusiones de todo ello? 
Cabe dudarlo. 
Ya es deplorable que el Consejo haya rechazado tomar parte en el contradictorio procedimiento y haya brillado por su ausencia en las consultas celebradas en la Comisión de Control Presupuestario. 
Ahora presenta en el marco de la Conferencia Intergubernamental unas propuestas que representan- no puedo calificarlas de otro modo- un atentado contra las competencias del Parlamento. 
Se propone transformar en obligatorios los gastos no obligatorios en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común, lo cual tendría como resultado la supresión del único auténtico poder de codecisión y de control en el ámbito de la política exterior. 
Es una mofa que el Consejo hable de mejorar la proximidad a los ciudadanos y la transparencia, mientras al mismo tiempo vuelve a adoptar las maneras de un monarca absoluto en el importantísimo ámbito de la política exterior. 
Señor Presidente, hay una cierta ironía en que éste sea el último debate de 1996 en esta Cámara porque, a finales de 1996, también toca a su fin la administración de la UE en Mostar y sospecho que quizá tengamos que volver a debatir sobre Mostar el próximo año. 
Quisiera felicitar a la ponente por su excelente y amplio informe. 
Hay muchas lecciones que aprender de la administración de la UE en Mostar. La mayoría son lecciones políticas. 
El objetivo principal del informe era examinar las cuestiones presupuestarias y financieras. 
Pero la política establece el marco en el que puede operar la gestión financiera y lo que refleja el presente informe sobre la administración de la UE en Mostar es que hubo una falta de claridad, una falta de coherencia, una falta de lógica y una falta de objetivos claramente definidos. 
Esto, en mi opinión, pone de manifiesto la importancia de llegar a un acuerdo en la Conferencia Intergubernamental sobre la creación de una unidad encargada de la política exterior y de seguridad común cuyo objetivo sea detectar los problemas a largo plazo a los que se enfrenta la Unión Europea y determinar las estrategias y el personal necesarios para resolverlos. 
Como ha señalado la Sra. Müller, uno de los problemas fue que los Estados miembros enviaron gente a Mostar sin considerar si podían hacer el trabajo que se precisaba. 
Éste fue uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente la administración. 
También se careció, claramente, de una línea de mando claramente definida en Mostar. 
Como también ha señalado la Sra. Müller, cada vez que cambiaba la Presidencia, cambiaba también la gente responsable de Mostar en el Consejo de Ministros. 
Por lo tanto, lo que necesitamos es alguien que esté a cargo de la política exterior y de seguridad que no cambie en función de la Presidencia. 
Ello nos permitiría contar con una línea de mando más clara. 
Pero lo que es más importante, el párrafo 9 pone de relieve el hecho de que la estructura en pilares del Tratado de Maastricht ha dejado grandes lagunas y áreas en las que hay dudas de demarcación, de responsabilidad, de coordinación. 
En relación con la política exterior de la UE tenemos que dejar claro verdaderamente quién hace qué, cuándo y cómo, y ante quién ha de rendir cuentas. 
De otro modo repetiremos los errores de Mostar. 
También tendríamos que atraer la atención hacia el artículo J.3 del Tratado de Maastricht, que dice que una vez adoptada por unanimidad una acción común por el Consejo de Ministros, es posible recurrir a la votación por mayoría cualificada para llevar a cabo dicha acción común. 
Uno de los problemas en Mostar fue que en un momento dado parecía que cada decisión, hasta los botones del uniforme de la policía, tenía que remitirse al Consejo de Ministros para una decisión unánime. 
Este tipo de administración no puede funcionar partiendo de esta base. 
La Sra. Müller también ha hecho referencia a la financiación. 
No se puede financiar una actuación pasando la gorra entre los Estados miembros con la esperanza de que van a echar dinero y, aún más importante, que lo echarán cuando dicen que van a echarlo. 
Con demasiada frecuencia el dinero no se materializa. 
Este tipo de actuaciones deberán ser financiadas fuera del presupuesto de la UE, lo que dará entonces al Parlamento Europeo la debida función como autoridad contable. 
No hay duda de que Mostar fue un éxito en lo que se refiere a la reconstrucción física. 
He estado allí y he visto los enormes progresos realizados; pero no fue un éxito en términos de reconstrucción política. 
Debemos aprender las lecciones que se exponen con claridad en el informe de la Sra. Müller. 
Dicha admiración no se hace extensiva a las personas ante las que respondían. 
Terminaré haciendo referencia a un famoso libro en español con el que ustedes estarán familiarizados, escrito por alguien muy estrechamente relacionado con el que podría ser el próximo Presidente del Parlamento Europeo. 
Dice que la paz no era posible. 
Les diré a ustedes, en relación con Mostar, que la reconstrucción política no era posible ni lo será mientras no se especifique con toda claridad quiénes deberán hacer qué cosas, cuándo deberán hacerlas y cómo deberán hacerlas. 
Muchas gracias, señor Habsburg-Lothringen. 
Creo que estas han sido sus dos primeras intervenciones en esta Asamblea. 
Por lo tanto, yo quiero darle la bienvenida a su participación y decirle que estoy seguro de que sus opiniones van a ser una valiosa contribución en nuestros debates. 
Señor Presidente, señoras y caballeros, a modo de compensación quisiera ahora hablar en inglés. 
La Comisión valora enormemente el hecho de que tanto el Parlamento Europeo, en concreto la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario, como el Tribunal de Cuentas Europeo hayan mostrado un temprano, activo y- añadiría yo- alentador interés por esta importante primera acción común de la PESC de la Unión Europea. 
La Comisión y la Administración de la Unión, en su respuesta oficial conjunta al informe del Tribunal de Cuentas, han expresado su acuerdo básico con los hallazgos y recomendaciones que contiene. 
El informe de la Sra. Müller respalda ampliamente tales hallazgos extendiéndose sobre las principales lecciones institucionales que deben sacarse de esta experiencia única. 
Compartimos la conclusión de la propuesta de resolución de que esta acción común estaba justificada y merecía la pena, aunque no se hayan alcanzado todos sus objetivos, y que aporta lecciones valiosas para el futuro. 
No es éste el lugar para comentar en detalle todos los puntos destacados por la resolución, muchos de los cuales están en efecto en el orden del día de la CIG y todos los cuales requieren ser examinados detenidamente. 
No hay duda de que los procedimientos políticos y administrativos deberán perfeccionarse en el futuro. 
Habrá que aclarar la contabilidad financiera. 
Una preparación, un seguimiento y una supervisión adecuados por una estructura permanente podrían aumentar en gran medida la eficacia. 
Lo mismo puede decirse de la financiación exclusiva mediante el presupuesto comunitario. 
La recomendación nº 14 anima a la Comisión a proponer nuevas acciones comunes en la antigua Yugoslavia, en concreto para el regreso de los refugiados y la promoción de medios de comunicación independientes. 
La Comisión, no obstante, es de la opinión de que, exceptuando el apoyo a la Oficina del Alto Representante, cuenta con suficientes instrumentos y recursos presupuestarios dentro del primer pilar para hacer frente a necesidades bien definidas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Me parece muy triste que el último debate tenga que ver con el fracaso de una política de la UE a la que tantas personas han dedicado sus energías y por la que el Sr. Koschnick ha tenido que correr tantos riegos personales. 
Este primer proyecto tenía que convertirse en un ejemplo ideal de política exterior común. 
Pues bien, en la reconstrucción hemos salido más o menos airosos, pero no desde el punto de vista político. Y en parte debido a las competencias poco claras, concretamente en la adjudicación de los recursos en momentos decisivos, y las decisiones del Consejo y de la Comisión que se obstaculizan entre sí. 
No entraré en detalles. El Tribunal de Cuentas y la Sra. Müller han realizado un trabajo excelente. 
Pero está claro que la Unión lucha con su política exterior. 
Por ello, el informe del Tribunal de Cuentas tiene una fuerte carga política, y en el futuro, el Parlamento no puede permitir que ello suceda. 
Esto no puede pasar desapercibido en la próxima Conferencia Intergubernamental. De lo contrario quedaríamos en ridículo en este Parlamento. 
Esto no puede quedar así. 
Feliz Navidad y próspero año. 
Señorías, supongo que todos ustedes se habrán dado cuenta de que soy un vicepresidente afortunado. 
Tengo hoy la posibilidad que me da el Reglamento de decir la última palabra de la sesión de este año, abriendo las perspectivas del futuro, pero también tengo la oportunidad de decir la última palabra de la primera mitad de legislatura, es decir, la última palabra de la vicepresidencia de la cual formo parte. 
Permítanme en primer lugar, por lo tanto, que les desee lo mejor para estas fiestas y para el próximo año. 
Hace aproximadamente un año también tenía la fortuna de cerrar las sesiones del año anterior y lo hacía de común acuerdo con ustedes aprovechando unas palabras que nos unían a creyentes y no creyentes y que tomaba prestadas de la cultura cristiana al decir «Paz en la tierra a las mujeres y a los hombres de buena voluntad». 
Desgraciadamente, durante este año no hemos podido disfrutar de esta paz. 
Ha habido muchos conflictos, sigue habiéndolos, y yo sé que, al desearles a ustedes unos días felices, habrá una cierta nube que nos recordará que, efectivamente, todavía hay muchos conflictos y entre ellos este conflicto sangrante y doloroso en una parte de África. 
Pero, Señorías, las felicitaciones, a todos los colaboradores y a todos los miembros de la Asamblea, deben convertirse en palabras de agradecimiento al terminar la primera mitad de la legislatura: 
Agradecimiento, Señorías- permítanmelo ustedes- en primer lugar a los ujieres de la Asamblea, que con tanta discreción cumplen sus objetivos. 
Agradecimiento también a los funcionarios que, detrás del telón, día a día, van haciendo el Info sesión y el Arc-enciel; los primeros demostrando una capacidad de síntesis envidiable y los segundos- hay que decirlo- como los buenos maquilladores haciendo que nuestras intervenciones pasen por sus manos sin que luego nos demos cuenta casi de que han pasado por ellas. 
Agradecimiento también, Señorías, a las cabinas de interpretación. 
Unas cabinas, Señorías, que sometemos constantemente a la tensión de las intervenciones obligadamente precipitadas para arañar segundos y que les obligan a trabajar à bout de souffle. 
Pero también- permítanme que lo diga- que, muy a menudo- o al menos en algunas ocasiones -, se ven obligados a transformar en comprensibles intervenciones que no lo son en el propio idioma original. 
Señorías, mis palabras de agradecimiento han de ser también para los servicios de la Presidencia. 
Cuando se termina un mandato uno tiene una cierta tendencia a la extrema sinceridad. 
Entonces, debo decirles que cuando en esta Asamblea algo no funciona bien es porque los presidentes estropeamos el buen trabajo de los funcionarios de la Presidencia. 
Por último, Señorías, mi agradecimiento a todos ustedes. 
Yo creo que no hay presidentes buenos y presidentes malos. 
Hay buenas y malas reuniones. 
Yo he tenido la inmensa fortuna de tener siempre buenas reuniones. 
Por lo tanto, como se dice con sobriedad aquellas cosas que nacen de la sinceridad, gracias, muchas gracias. 
(Se levanta la sesión a las 13.05 horas) 
De conformidad con las disposiciones del Reglamento se procede a la elección del Presidente. 
Se han distribuido los sobres y las papeletas de voto. 
De acuerdo con las condiciones previstas en el Reglamento he recibido, como ya se hizo público ayer, las siguientes candidaturas: Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, Sra. Lalumière. 
Quiero recordar que de conformidad con el artículo 14 del Reglamento un candidato, para ser elegido, debe obtener en las tres primeras votaciones la mayoría absoluta de los votos emitidos. 
Las papeletas vacías o nulas son consideradas como no emitidas. 
Se abre la primera votación. 
(Los miembros del Parlamento Europeo se dirigen hacia las urnas.) 
(Se interrumpe la sesión a las 10.30 horas y se reanuda a las 11.45 horas.) 
Ruego a todos que ocupen sus escaños. 
Alta Asamblea, disponemos ya del resultado de la elección del Presidente. 
El resultado de la elección es el siguiente: 
Número de votantes: 548 Votos vacíos o nulos 33 Votos emitidos: 515 
Por consiguiente, la mayoría absoluta es 258. 
Han obtenido: 
Sr. Gil-Robles Gil-Delgado: 338 votos. 
(Vivos y prolongados aplausos) Sra. Lalumière: 177 votos 
(Vivos aplausos) 
Señoras y señores diputados, estimados colegas, antes de cumplir la tradición de dirigirles unas breves palabras de agradecimiento, permítanme sus Señorías destacar el significado de este lazo azul. 
Es un símbolo adoptado por quienes, en el País Vasco, están por la convivencia pacífica y la libertad y rechazan enérgicamente la violencia criminal de ETA. 
Como nuevo Presidente, creo que este lazo refleja, sin duda, la posición de este Parlamento, que viene pronunciándose reiteradamente en favor de quienes se ven, injustamente, privados de libertad, y exigiendo a todos cuantos, en la Unión y fuera de ella, oprimen, asesinan, secuestran y torturan que depongan su actitud. 
No puede ser otro mi primer gran deseo. 
Y dicho esto, Señorías, cumplo con el grato deber de agradecer a quienes me han votado la confianza con que me honran; a quienes no lo han hecho, su participación, y especialmente a la Sra. Lalumière el haber demostrado una vez más, con la elegancia de su actuación y el magnífico resultado que ha conseguido, lo merecido de su prestigio. 
(Aplausos) También agradezco de corazón al Presidente de edad sus emocionantes palabras. 
Procuraré ser digno de ellas. 
Señorías, sería ingrato si no agradeciese asimismo a todas las personas con quienes he tenido ocasión de colaborar en mi vida profesional y política lo mucho que me han enseñado en lo que atañe al cumplimiento del deber. 
Han sido tantas y tan variadas, en esta Asamblea y fuera de ella, que no puedo mencionarlas a todas. 
Pero sería imperdonable que no diese las gracias a mi predecesor, el Presidente Hänsch, por su dedicación al servicio de este Parlamento y por la indefectible cortesía y paciencia con que supo hacer trabajar en equipo a cuantos tuvimos la satisfacción y la honra de acompañarle en la dirección de la Asamblea. 
(Aplausos) Señorías, entre estos agradecimientos, tienen que ocupar un lugar muy preferente mi mujer y mi madre. 
Esposas ambas de políticos, han compartido, como tantos de nuestros cónyuges, alegrías y penas, éxitos y fracasos, dando siempre un impagable ejemplo de rectitud y de prudencia, de fortaleza y de templanza. 
No dejar constancia de ello hubiera sido, por mi parte, también imperdonable. 
(Aplausos) Como lo sería no agradecer el apoyo de familiares y amigos- políticos y personales -, algunos de los cuales han tenido la generosidad de acompañarme en estos momentos de alegría. 
También quiero agradecer a los medios de comunicación la atención con que han seguido esta campaña. 
Y termino agradeciendo el testimonio de los hombres y mujeres que, durante la larga noche de piedra que atravesó mi patria, supieron ser fieles a sus convicciones, oponerse al régimen de Franco y transmitir a mi generación el ideal de una Europa unida y los valores de la democracia y de la justicia social. 
(Grandes aplausos) Hijo y discípulo de uno de esos hombres, testigo directo de los esfuerzos, los riesgos y los sacrificios que para tantos entrañó esa larga lucha, tengan sus Señorías la seguridad de que me esforzaré por desempeñar esta Presidencia con el espíritu de servicio al pueblo que tan hondamente me inculcaron. 
Muchas gracias. 
(Aplausos prolongados) 
Señor Presidente, intervengo en nombre del Grupo Socialista para felicitarlo por su elección a la Presidencia de esta Asamblea. 
Asume usted la Presidencia en un momento de gran responsabilidad, teniendo presente lo que nos espera en la Unión Europea en los próximos años. 
La de usted va a seguir a una actuación muy ilustre de mi buen colega Klaus Hänsch. 
Los medios de comunicación acaban de preguntarme qué espero del Presidente de este Parlamento. 
Quisiera repetir lo que he dicho, porque creo que va usted a poder satisfacer esas esperanzas en gran medida y los que ocupamos los escaños de esta parte de la Asamblea estamos deseando que así sea. 
Mi respuesta ha sido la de que espero que el Presidente de esta Asamblea la presida con integridad. 
Creemos que así será en su caso. 
También he dicho que esperamos que el Presidente de esta Asamblea luche con gran vigor por las reivindicaciones de esta Asamblea, en particular a la luz de la Conferencia Intergubernamental. 
También sabemos y esperamos que así lo hará. 
Lo que espero en tercer lugar de un Presidente de esta Asamblea es que vuelva este Parlamento más pertinente y más accesible a los ciudadanos de la Unión Europea, que lo haga más propicio para sus usuarios y para los ciudadanos. 
Esperamos y sabemos que lo hará. 
Le expresamos nuestros mejores deseos y, si actúa de conformidad con esas tres peticiones, cosa que sé que hará, contará con nuestro absoluto apoyo. 
Esperamos que, en el cumplimiento de sus funciones, se sienta realizado y satisfecho en el puesto que acaba de asumir. 
Señor Presidente, le deseamos lo mejor. 
Señor Presidente, su elección como Presidente del Parlamento Europeo es para nuestro Grupo un momento muy emotivo. 
Siempre hemos admirado su integridad y por ello creemos, estamos convencidos de que será usted un excelente Presidente de este Parlamento Europeo, siguiendo el ejemplo de Klaus Hänsch. 
El Parlamento Europeo asume unas responsabilidades muy concretas en el proceso de integración de Europa, sobre todo después del Acta Única y el Tratado de Maastricht. 
Quienes lo han elegido a usted, y no es ningún secreto que entre el Grupo Socialista y el Grupo del PPE existía un consenso al respeto, lo han elegido porque personificará usted esta voluntad de mayor integración y las responsabilidades del Parlamento en ella. 
Asimismo estamos emocionados porque, como usted mismo ha recordado, contribuyó usted con integridad al establecimiento de la democracia en su país. 
En mitines celebrados en la década de los setenta en Madrid, tuve oportunidad de conocer personalmente a su padre. 
Nos complace sobremanera y también estamos convencidos de que quienes lo han elegido por encima del otro candidato, la Sra. Lalumière, encontrarán en usted a un Presidente honrado, correcto y muy bueno. 
En nombre del Grupo del PPE le deseo mucha suerte y mucho éxito como Presidente de este Parlamento Europeo en los meses cruciales que nos conducen a la Conferencia Intergubernamental y la aplicación- eso espero- de los buenos resultados de dicha conferencia. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Unión por Europa le dirijo mis más sinceras y cordiales felicitaciones por su brillante elección, de la que nos congratulamos muy especialmente. 
Su personalidad, su rectitud, su talla de jurista eminente, el valor personal que supo demostrar en un momento difícil de la historia de su país, son para nosotros una garantía de éxito en las destacadas funciones que ejercerá en adelante. 
Señor Presidente, usted comprenderá que, al hacer uso de la palabra después de la presidenta del Grupo Socialista y del presidente del Grupo del PPE, manifieste con toda firmeza el sentimiento de frustración que experimenta el conjunto de los demás grupos políticos con respecto a la designación de los candidatos a los cargos de responsabilidad de nuestro Parlamento. 
Desde 1989, un acuerdo recíproco entre los dos grupos más importantes del Parlamento Europeo les asegura la elección del Presidente en la primera votación, limitando a las posibles candidaturas procedentes de otros grupos a desempeñar un mero papel simbólico. 
Por consiguiente, la elección real ya no tiene lugar en el conjunto del ámbito parlamentario, sino en el ámbito de cada uno de los dos grupos más importantes, de acuerdo con una alternancia perfectamente regulada. 
Además, dentro de los dos grupos más importantes, las delegaciones más numerosas son las que determinan el resultado de las votaciones, lo que implica una restricción aún mayor del poder electoral efectivo. 
Para colmar la medida, en 1994 este sistema se amplió a la elección de los Cuestores, negándose a los demás grupos políticos la posibilidad de que se elija a un cuestor entre sus miembros. 
Este sistema conduce a dejar fuera de combate, en el sentido balístico del término, a seis de ocho grupos políticos, que reúnen, no obstante, el 40 % de los diputados de este Parlamento. 
(Aplausos) Dicho sistema conduce asimismo a eliminar inexorablemente de los cargos de responsabilidad a los diputados de las nacionalidades menos numerosas en el seno del Parlamento, lo que contradice la ética europea, que confiere igualdad de derechos a cada nación representada en este Parlamento. 
Por eso, señor Presidente, le formulo con insistencia la siguiente petición: investido de la autoridad moral que le confiere su elección, le pido que tome una iniciativa para que, de común acuerdo con el conjunto de los presidentes de grupo, se busque un procedimiento que modifique el sistema actual, que, al querer organizar demasiado bien la democracia interna, ha acabado por asfixiarla. 
Sería paradójico, en efecto, que el Parlamento Europeo, que denuncia incesantemente el déficit democrático que afecta al funcionamiento de las instituciones europeas, contribuya a agravarlo a través de sus procedimientos internos. 
Dentro de este espíritu, señor Presidente, le formulo rápidamente otras dos peticiones para colmar el déficit democrático de nuestras instituciones europeas. 
La primera es que haga todo lo que esté en sus manos para que las decisiones que tomarán los órganos políticos de nuestra Asamblea, es decir la Mesa y la Conferencia de presidentes, sean rigurosa e inmediatamente aplicadas por la administración, lo que no siempre ha ocurrido en el pasado. 
La segunda es que tome la iniciativa de reforzar la cooperación- ya se ha iniciado, pero debería ampliarse aún más- con el conjunto de los Parlamentos nacionales, con los que compartimos la legitimidad democrática que confiere la elección por sufragio universal. 
¿No podrían proyectarse nuevas Conferencias de parlamentos, como las que celebramos hace algunos años en Roma, con los representantes de los Parlamentos nacionales de la Unión? 
Señor Presidente, puedo asegurarle que nuestro Grupo apoyará su acción diaria, y puede contar con nosotros para llevar a cabo las reformas que deseamos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en nombre de la totalidad de mi Grupo le doy la enhorabuena y le felicito por este importante nombramiento. 
Señor Presidente, usted es para nosotros un hombre íntegro, la Sra. Green y el Sr. Martens ya se han referido a ello, y un hombre de gran dedicación. 
Confío plenamente en que, en este nuevo cargo, será usted el Presidente de toda la Asamblea, de todos los diputados, al margen de la nacionalidad o del Grupo al que pertenezcan. 
Cuando vino usted a nuestro Grupo, señor Presidente, dijo usted: soy un hombre libre. No creo, añadió usted entonces, que vuelva a presentarme otra vez como candidato. 
Por lo tanto, soy libre e independiente. Señor Presidente, estas serán dos de sus principales cualidades a la hora de desempeñar su cargo. 
Esta Asamblea necesita que su Presidente tenga la independencia y la fuerza que esta le otorga. 
Europa necesita la independencia y la fuerza de la visión del Presidente del Parlamento. Su cargo, señor Presidente, es uno de los más hermosos que se otorgan aquí en la política europea. 
Pues esta Asamblea y sobre todo usted representa la voluntad de tolerancia y la voluntad de reconciliación de nuestros pueblos. Por tanto, le ruego que sea usted nuestro intérprete entre los jefes de gobierno para expresar mejor la voluntad de reconciliación, la voluntad de tolerancia y la voluntad de cooperación. 
Le pedimos, señor Presidente, que defienda los intereses de nuestros electores que tan a menudo son considerados quantité négligeable en las conferencias gubernamentales. 
Le pedimos que exprese usted las preocupaciones de nuestros ciudadanos, entre los cuales hay 20 millones de desempleados en esta Europa. 
Le pedimos que exprese usted la esperanza de nuestra población de tener una sola Europa, del este y del oeste, una Europa que sepa afrontar unánimemente los azotes de nuestra era: el desempleo, la criminalidad, la contaminación, el racismo, el nacionalismo. 
Pero, señor Presidente, sobre todo le pedimos que tenga el valor de llamar al pan, pan, y al vino, vino, de no limitarse a hacer business as usual, sino que le pedimos que acepte ser una de las dos personas que encarnan a Europa a los ojos del ciudadano: usted y el Presidente de la Comisión, ambos son mister Europe. 
Estoy convencido de que será usted digno de este cargo. 
Quiero finalizar, señor Presidente, con una advertencia, una advertencia a mis amigos y colegas de los dos grandes Grupos. 
Casi un tercio de los diputados al Parlamento emitieron un voto de protesta, por un lado, y por otro rindieron homenaje al valor de la Sra. Lalumière por haber presentado su candidatura. 
Sean conscientes de ello Señorías, sean conscientes de que la esencia de una democracia no es la regla por la que decide la mayoría. La esencia de una democracia reside en cómo la mayoría trata a las minorías y pido a esta Asamblea que sea consciente de esta tradición. 
Señorías, tenemos la responsabilidad de hacer realidad la democracia en este continente, y ello ha de abarcar también el modo en que funciona internamente esta Asamblea. 
Señor Presidente, tenemos puesta nuestra confianza en usted, tenemos puestas nuestras esperanzas en usted, le deseamos una Presidencia llena de humor, sabiduría y valor. 
Señor Presidente, yo quiero trasladarle, ya inicialmente, la felicitación de todo nuestro Grupo y nuestro compromiso para desarrollar los bueno impulsos que ya vienen de la Presidencia anterior del Sr. Hänsch y que hemos valorado positivamente. 
Quizá mis palabras tengan una pequeña pero doble importancia por ser presidente de uno de los Grupos minoritarios que ha escuchado a los dos candidatos: al que ha sido elegido Presidente y también a la excelente candidata que es la Sra. Catherine Lalumière. 
Les hemos escuchado, hemos dialogado con los candidatos y hemos dejado libertad de voto a todas las diputadas y diputados del Grupo. 
Ha sido un voto especialmente en libertad y especialmente reflexivo y me imagino que un voto dividido. 
En nuestro Grupo, algunos hemos votado al candidato que ha sido elegido Presidente, otros han votado a la candidata Catherine Lalumière y, desde este pluralismo, creo que tenemos alguna autoridad para poder criticar el sistema de elección, que ya se ha criticado aquí hoy. 
Es un modelo que predetermina enormemente la capacidad de llegar a ser Presidente o Presidenta del Parlamento. 
Es un modelo de alternancia mecánica entre los dos Grupo mayoritarios de la Asamblea. 
Es una interpretación del artículo 17 sobre la que debemos volver, debemos trabajar, para garantizar al máximo una elección decidida del Presidente del Parlamento Europeo que le respalde al máximo en su condición política de máximo representante de los ciudadanos europeos. 
Pero también tengo que decir, como presidente de este Grupo, que, al final, los diputados y diputadas hemos votado en libertad, con voto secreto, con voto responsable y el candidato elegido ha obtenido mayoría en la primera vuelta. 
Y aquí es donde añado yo mi condición de hablarles en español, de venir de una experiencia española y espero que les parezca bien a mis colegas del Grupo, de tan diversas nacionalidades. 
Aquí hemos tenido muy en cuenta toda la trayectoria vital, política y profesional del Sr. Gil-Robles. 
Desde la izquierda española, doy fe, en este hemiciclo de la máxima representación europea, del compromiso activo del Sr. Gil-Robles contra la dictadura franquista que duró en España 40 años. 
Pero esto no basta para ser elegido Presidente del Parlamento Europeo. 
Como diputado europeo y como presidente del Grupo, puedo testimoniar sobre el trabajo del candidato Gil-Robles como presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, como vicepresidente del Parlamento, que es una dimensión de su compromiso europeísta durante muchos años en el Movimiento federal europeo- creo que con un europeísmo crítico- y que pone al hombre en el centro de la importancia de la construcción europea. 
Y por eso hoy y brevemente ya- porque no se trata de que los presidentes de Grupo hagamos el proyecto político del Presidente recién elegido y le sustituyamos, él mañana nos dará su discurso presidencial -, yo quiero decir que nuestro compromiso y nuestra felicitación van unidos a esa doble petición que yo le quiero hacer: que represente el papel del Parlamento con la mayor dignidad y eficacia frente a otras instituciones. 
Es el momento del Parlamento Europeo en esta difícil construcción europea, donde hay que pagar facturas diversas socioeconómicas y políticas para conseguir armonizar todos los pueblos y todas las instituciones de Europa. 
Y también le pido, finalmente, que defienda la democracia de participación, que acerque el Parlamento a los ciudadanos, que no hagamos propaganda, que hagamos información contradictoria para que podamos tener detrás al pueblo europeo desde todas las visiones de Europa, desde todos los países y desde cualquier compromiso ideológico político. 
Sabiendo que el Sr. Presidente recién elegido no es nada sectario, sé que aceptará el compromiso de los Grupos políticos que piensan de manera diferente a la suya. 
Le felicitamos y nos comprometemos en esta tarea. 
¡Suerte y éxito para el Presidente, para el Parlamento y para la Unión Europea! 
Distinguido señor Presidente, señor Presidente recién elegido, se han dicho ya muchas y acertadas palabras, seré breve para hacer un favor a mi costa a estos poderosos señores. 
En nombre de mi grupo le felicito de todo corazón por su elección. 
Espero que usted logre, en primer lugar, una cosa, en concreto, dar a este Parlamento en estos tiempos de la Conferencia Intergubernamental un perfil específico, un perfil propio, que se diferencie clara y fuertemente de los intereses de los gobiernos nacionales. 
A este respecto le deseo mucha fuerza. 
Cuenta con nuestro apoyo para ello, para que usted represente enérgicamente nuestros intereses, los intereses de este órgano democráticamente elegido, contra la renacionalización de la política, contra el intento del Consejo de acaparar más competencias y contra la clandestinidad que el Consejo gusta de construirse también en esta Unión Europea. 
En segundo lugar, espero, señor Presidente, que impulse realmente las reformas internas que son necesarias en esta Asamblea. 
Sabemos que esto nos es fácil, pero estas reformas son necesarias. 
Tienen algo que ver con nuestra credibilidad y con la transparencia de esta Asamblea. 
Seamos, pues, valientes y emprendedores. 
No tenemos por qué escondernos. 
Tenemos tiempo suficiente en dos años y medio. 
Permita usted que comencemos enseguida. 
En tercer lugar, -algunos colegas lo han mencionado ya- espero que usted respete y aprecie el principio de la democracia interna de esta Asamblea, que usted respete los diferentes grupos políticos y les conceda espacio para manifestar también estas diferencias contra los intentos ocasionales de estos dos bloques influyentes de excluir las demás posiciones políticas, que aunque son pequeñas, no por eso son menos esenciales e importantes. 
En cuarto lugar, -y en esto dirijo ahora mi mirada un poco más lejos de usted- quisiera dar cordialmente las gracias a la Sra. Lalumière por haberse presentado como candidata, por haber tenido la valentía de presentarse. 
Esto ha sido para nosotros y para mí una señal de democracia interna. 
Estoy convencida de que su buen resultado ha sido una expresión del descontento que reina en esta Asamblea sobre el procedimiento elegido, en concreto, el de negociar previamente entre los grandes bloques el cargo de Presidente, considerando a los grupos menores como una especie de figurantes de esta Asamblea. 
Esto no tiene que ver nada con la democracia. 
La democracia ha de significar también en esta Asamblea que las mujeres puedan ocupar también semejante puesto. 
(Aplausos) La democracia en esta Asamblea que miembros de todos los países miembros de la Unión Europea tengan la posibilidad de ocupar este puesto, y la democracia debe significar también que los miembros procedentes de diferentes grupos políticos puedan desempeñar este cargo. 
Doy las gracias una vez más a la Sra. Lalumière por haber dado esta señal. 
Ahora vuelvo a mirarle a usted. 
Le prometo nuestro apoyo. 
Le prometo una relación muy combativa, una relación muy combativa, muy solidaria, muy luchadora en unión de posiciones muy diferentes, pero con el objetivo común de hacer todo lo posible para intervenir contra cualquier forma de racismo, de antisemitismo y de xenofobia y en favor de una mayor democracia en la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, como presidenta del Grupo de Coalición Radical Europea querría también felicitarle por su elección y desearle buena suerte. 
Estoy convencida de que será un Presidente objetivo, abierto y tolerante, así como respetuoso de las minorías en el seno de nuestro Parlamento. 
Pero los votos dirigidos a mi persona y cuyo número supera con mucho, como reconocerá, las dimensiones de mi Grupo, desean expresar un descontento, una protesta, no frente a su persona, señor Presidente, sino frente a un sistema que, a lo largo de los años, se ha vuelto cada vez más rígido, menos ágil e incluso, por qué no decirlo, contrario a las reglas de la democracia. 
Ese era, por otra parte, el sentido de mi candidatura. 
Yo sabía muy bien cual sería el resultado de esta votación, pero creía y sigo creyendo que es necesario reformar las normas, no sólo en los textos, sino también en la práctica que se ha implantado estos últimos años. 
Asimismo, al escuchar al Sr. Pasty, por ejemplo, he comprobado que el descontento también procede de diputados que han votado a favor de usted. 
Es decir que existe realmente un problema; y yo apelo a su buen sentido, señor Presidente, para que nos apliquemos lo antes posible a la reforma de este sistema. 
Hoy por hoy, le deseo mucho éxito, a usted, señor Presidente, al Parlamento Europeo, que necesita consolidar su papel político en el ámbito internacional, y también deseo mucho éxito a la Unión Europea, que necesita representantes que defiendan con autoridad la imagen de ésta en todo el mundo. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones y en el mío propio quiero dar también la enhorabuena al Presidente por su elección. 
Puedo garantizar en parte su apoyo leal a Maastricht, no al Tratado de Maastricht II, sino a un debate democrático sobre el mismo que incorpore todos los puntos de vista del Parlamento y se atenga a las reglas del juego democrático relacionadas con el debate, de forma que tanto los centralistas como los descentralistas, los partidarios del federalismo como los partidarios de la democracia parlamentaria, tengan un debate justo y abierto, con los mismos fondos para los diferentes puntos de vista, y, a continuación, se tome una decisión democrática mediante referéndum en los diferentes países. 
Asimismo, apoyo la regularización de las dietas y los gastos de viaje y el fortalecimiento de la democracia y la justicia en el propio Parlamento, incluida la necesaria reforma del sistema d ' Hondt, para que los dos grandes grupos, el PPE y el PSE, obtengan el número exacto de puestos de presidente y de vicepresidente que les corresponde, en función de su número de diputados, y para que la parte que corresponde a los grupos pequeños en conjunto les sea adjudicada, de manera que ellos, a su vez, la distribuyan. 
El método de los grupos d ' Hondt, con divisiones tan pequeñas que no queda nada para los grupos pequeños, es muy poco democrático y espero que usted, que en el pasado luchó contra la falta de democracia en España, sea la persona capaz de introducir normas más democráticas y justas. 
Lamentablemente, hoy por hoy, la situación es que usted no ha sido elegido únicamente por sus cualidades personales. 
Me hubiera gustado felicitarle por una elección así, pero la forma en que ha sido elegido evoca un mundo que no es el de los parlamentos cuyos representantes son elegidos directamente por el pueblo. 
Este método se conoce en el mundo de los negocios como «empresas holding». 
Se toma el apoyo de los dos subgrupos más importantes de los dos grupos más importantes y, de esta forma, se consigue con una minoría una decisión que no coincide necesariamente con los deseos de la mayoría de los diputados. 
Este modelo de «empresas holding» está fuera de lugar en un parlamento democrático, y espero que la próxima vez tengamos un método electoral democrático, para que usted, por ejemplo, pueda ser elegido por sus cualidades personales. 
Hoy nos vemos obligados a tomar la decisión por sorteo y dejarlo en manos de un notario público, si queremos que cada diputado tenga las mismas oportunidades de ser elegido para su puesto. 
No obstante, le doy la bienvenida como Presidente del Parlamento. 
Entiendo que usted es nuestro defensor del pueblo común y garantizo el apoyo de mi Grupo a su trabajo durante los próximos dos años y medio. 
Señor Presidente, señoras y señores, intervengo como presidente de mi Grupo, que no está reconocido como tal por no tener el número suficiente de diputados. No obstante, desearía expresarles hasta qué punto somos sensibles a los compromisos que ustedes han asumido ante esta Asamblea. 
El gran número de votos obtenidos por la Sra. Lalumière ha marcado, a pesar de todo, como muchos oradores anteriores lo han subrayado, el profundo sentimiento de frustración de nuestra Asamblea. 
Es evidente que la connivencia que se ha establecido entre los dos grandes grupos, que como es natural deberían ser rivales en esta Asamblea, altera la imagen que se pueda tener sobre el buen funcionamiento de nuestra institución. 
Y desearía recordar que cada diputado de esta Asamblea posee la misma dignidad y los mismos derechos en consideración a sus electores, y tiene derecho al mismo respeto que cualquier otro diputado. 
Los grupos parlamentarios son, en el fondo, instrumentos de procedimiento y del buen funcionamiento de esta Asamblea, pero el elevado número de diputados no inscritos les priva del derecho de expresar la opinión de sus electores. 
Por esta razón, a pesar de la estima que usted nos merece, hemos querido marcar nuestra oposición a este método votando a la Sra. Lalumière, habida cuenta de lo que ella misma había manifestado a propósito de su candidatura. 
Debo señalar que, lamentablemente, las esperanzas de que se podían mejorar las condiciones democráticas se ven truncadas por la distribución que nos ha sido anunciada de las delegaciones y de las comisiones. 
Doy simplemente un ejemplo. 
Tenemos en nuestro Grupo a un antiguo decano de facultad, profesor de Civilización japonesa y de Japonés. 
Era miembro de la Delegación del PE para las relaciones con Japón. Acaba de ser excluido. 
No creo que eso sea prueba de un buen funcionamiento ni de la voluntad democrática. 
Sin embargo, señor Presidente, ya que se trata de una tradición de cortesía, le felicitamos por su elección y esperamos que demuestre la misma consideración para con todos los diputados de este Parlamento, independientemente de la nacionalidad y de la opinión política de éstos. 
No es un secreto para nadie que nosotros nos oponemos a la Europa federal y que defendemos la Europa confederal. 
Pensamos que aquí tiene que existir la posibilidad de expresar esta opinión. 
Señor Presidente, señoras y señores, en nombre de la Comisión y en el mío propio, desearía también expresarle mis más sinceras felicitaciones con ocasión de su elección como Presidente del Parlamento Europeo. 
Es usted el sucesor de Klaus Hänsch, un gran Presidente, a quien desearía igualmente rendirle un vibrante y sincero homenaje por haber desempeñado una Presidencia efectiva, eficaz, determinada y valiente. 
Señor Presidente, acaba usted de ser elegido para ejercer sus altas funciones en un momento en que la Unión Europea está llamada a aceptar grandes desafíos. 
Su mandato debe conducirle hasta las próximas elecciones europeas, en 1999, en que todos los ciudadanos de Europa elegirán a sus diputados. 
Una Europa próxima a los ciudadanos: he ahí nuestra ambición y nuestro empeño. 
Y estoy seguro de que, con su impulso, señor Presidente, los ciudadanos de Europa lograrán identificarse con esta institución, que debe ser el centro de una construcción europea democrática. 
Esté usted seguro, señor Presidente, de que en el desempeño de su tarea contará siempre con la ayuda fiel, leal y directa de los miembros y del Presidente de la Comisión, así como con su apoyo y cooperación. 
Señor Presidente, en vista de algunos de los discursos que hemos escuchado aquí, esta mañana, creo que es importante intervenir de nuevo, porque el público de la tribuna y los medios de comunicación han escuchado aquí esta mañana algunas interpretaciones muy extrañas de la democracia representativa. 
He de decirle que, mediante su aceptación de la utilización del sistema D ' Hondt y otras concesiones que hacen voluntariamente a los Grupos más pequeños de esta Asamblea, los dos Grupos mayores de esta Asamblea son... 
(Interrupción) Esperaremos a que cesen los abucheos. 
Señorías, respeto sus opiniones. 
Mantengan ustedes el mismo respeto para las de los demás. 
Continúe, señora Green. 
Los dos Grupos mayores de esta Asamblea ya hacen considerables concesiones a los Grupos más pequeños. 
Me ha decepcionado que en los discursos de los presidentes de los otros Grupos no se haya reconocido ese hecho, después de todos los debates que hemos celebrado en las últimas semanas. 
Quisiera decir también que en cualquier democracia parlamentaria la mayoría de la Asamblea es la que determina quién debe ocupar la Presidencia. 
Eso es lo que ha prevalecido hoy aquí. 
Quisiera concluir diciendo al Sr. Pasty en particular que, cuando ha dado las cifras, muy engañosas, no ha examinado, evidentemente, las candidaturas presentadas, en particular por mi Grupo, porque habría advertido que, de los tres puestos para cuestor con que contamos, hemos cedido uno a un grupo pequeño de esta Asamblea y vamos a apoyar a un candidato del Grupo GUE. 
He de decir también a Su Señoría que, a propósito de delegaciones pequeñas, mi Grupo va a presentar la candidatura de un diputado de una delegación finlandesa compuesta por cuatro personas para cuestor de esta Asamblea. 
De modo que, cuando dice que se están denegando sus derechos a las delegaciones más pequeñas dentro de los Grupos grandes, se equivoca completamente. 
Quisiera decir a Sus Señorías que vamos a presentar la candidatura de un finlandés y de otro diputado para un puesto de cuestor en esta Asamblea. 
En vista de lo que ha dicho el Sr. Pasty en apoyo de las delegaciones pequeñas, supongo que su Grupo y él apoyarán a nuestro candidato finlandés para el puesto de cuestor. 
(Aplausos) 
Señor Martens, no se trata de hacer un debate al respecto. 
Le voy a dar un solo minuto habida cuenta de las alusiones que se han hecho. 
No sabía que fuéramos a celebrar un debate sobre las reglas fundamentales que se aplican en este Parlamento y que no son las reglas de una dictadura de los Grupos mayoritarios, sino todo lo contrario. 
No aplicamos el sistema de the winner takes all, sino que aplicamos el sistema de representación proporcional entre los diferentes Grupos en el reparto de los mandatos, tal y como demuestra el voto que vamos a emitir para elegir a los vicepresidentes de este Parlamento, puesto que los candidatos de Grupos pequeños también tendrán una oportunidad gracias a un acuerdo entre los diferentes Grupos. 
Por consiguiente, creo que no sería oportuno rechazar este principio, este sistema por el que se otorga un lugar a los Grupos más pequeños, y dentro de los Grupos, a las delegaciones más pequeñas. 
Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a aceptar que se adapten las reglas de este Parlamento, pero quisiera hacer hincapié en el hecho de que aquí, en este parlamento multicultural, con representantes de 15 Estados miembros, aplicamos un sistema que es justo, proporcional y que por lo tanto, a mi entender y a diferencia de otros sistemas, es el mejor método para este Parlamento. 
Tradicionalmente se ha hecho uso de esta ronda de intervenciones para una felicitación de cortesía al Presidente electo. 
Naturalmente, este Presidente electo no podía cortar las manifestaciones de quienes discrepaban precisamente de su método de elección y no lo ha hecho. 
Pero sería inaceptable salirnos del orden del día, que ahora nos exige entrar en la elección de vicepresidentes. 
Doy, por tanto, por concluida esta ronda y, con la aprobación de todos, pasamos a la elección de los vicepresidentes. 
Elección de los Vicepresidentes 
De conformidad con el orden del día, se procede a la elección de los vicepresidentes. 
He recibido las candidaturas siguientes: 
Señor Anastassopoulos Señor Avgerinos Señor Capucho Señora Fontaine Señor Gutiérrez Díaz Señor Haarder Señora Hoff Señor Imbeni Señor Marinho Señor Martin Señora Péry Señor Podestà Señora Schleicher Señor Verde i Aldea 
Los candidatos me han comunicado que aceptaban sus respectivas candidaturas. 
(Se efectúa la votación) Se procede al escrutinio de los votos. 
El resultado del escrutinio se anunciará esta tarde a las 15.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
He aquí el resultado del primer escrutinio para la elección de los vicepresidentes: 
Número de votantes: 544 Papeletas blancas o nulas: 51 Votos emitidos: 493 Mayoría absoluta: 247 
Han obtenido: 
Sr. Anastassopoulos: 296 votos Sr. Avgerinos: 198 votos Sr. Capucho: 210 votos Sra. Fontaine: 345 votos Sr. Gutiérrez Díaz: 275 votos Sr. Haarder: 187 votos Sra. Hoff: 241 votos Sr. Imbeni: 258 votos Sr. Marinho: 166 votos Sr. David W. Martin: 298 votos Sra. Péry: 303 votos Sr. Podestà: 173 votos Sra. Schleicher: 261 votos Sr. Verde i Aldea: 205 votos 
Han obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos por este orden la Sra. Fontaine, la Sra. Péry, el Sr. Martin, el Sr. Anastassopoulos, el Sr. Gutiérrez Díaz, la Sra. Schleicher y el Sr. Imbeni. 
Felicito a estos colegas por su elección. 
Siete puestos de vicepresidentes quedan todavía por cubrir por lo que es necesario proceder a una segunda votación. 
Antes de proceder a ella, me ha pedido la palabra el Sr. Falconer para una cuestión de orden. 
Señor Falconer, tiene la palabra. 
Señor Presidente, quisiera felicitarlo por su elección. 
Sobre una cuestión de orden, ¿podría usted velar por que se abran las urnas simultáneamente y no unas antes que otras? 
Esa cuestión ha creado algunos problemas hoy entre algunos miembros del personal y yo y no quiero que se repitan. 
Muchas gracias, señor Falconer. 
Tiene usted toda la razón y le agradezco que nos llame la atención sobre este punto. 
Pido a los cinco escrutadores, responsable cada uno de una urna, que tengan cuidado de no abrirla antes de que el Presidente diga que se abre la votación y, por tanto, en ese momento, se abrirán todas simultáneamente. 
Antes de abrir la votación, les recuerdo que, en caso de que no salieran elegidos los siete vicepresidentes restantes en la segunda votación, evidentemente debería procederse a una tercera. 
Partimos del supuesto de que se mantienen las candidaturas para los cargos restantes. 
Sin embargo, si hubiese algún cambio, les comunico que el plazo de presentación de candidaturas vence a las 16.45 horas. 
En lo que respecta a la elección de los cuestores, propongo a sus Señorías fijar el vencimiento del plazo de las candidaturas para las 16.00 horas de hoy. 
¿Hay alguna objeción? 
Al no haberla, así se acuerda. 
(Se efectúa la votación) Pido a los Sres. escrutadores que se dirijan a la sala 3 en la segunda planta para proceder al escrutinio de los votos. 
(La sesión, interrumpida a las 15.25 horas, se reanuda a las 18.00 horas) 
He aquí el resultado del segundo escrutinio para la elección de los vicepresidentes: 
Número de votantes: 503 Papeletas blancas o nulas: 34 Votos emitidos: 469 Mayoría absoluta: 235 
Han obtenido: 
Sr. Avgerinos: 271 votos Sr. Capucho: 219 votos Sr. Haarder: 205 votos Sra. Hoff: 296 votos Sr. Marinho: 245 votos Sr. Podestà: 199 votos Sr. Verde i Aldea: 275 votos 
Han obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos, por tanto, la Sra. Hoff, el Sr. Verde i Aldea, el Sr. Avgerinos y el Sr. Marinho, a quienes felicito por su elección. 
Quedan todavía por cubrir tres puestos de vicepresidentes. 
Es necesario proceder a una tercera votación. 
Señorías, el artículo 15 del Reglamento exige clara y expresamente para los dos primeros turnos de votación que se haga mediante papeleta. 
No así en cuanto a la tercera votación, para la que se dice simplemente que los cargos restantes se eligirán por mayoría relativa. 
Para ello, yo me permitiría proceder, si sus Señorías están conformes- en caso contrario no lo haríamos así -, por procedimiento electrónico y secreto. 
(Aplausos) Señora Ewing, tiene usted la palabra para una cuestión de orden sobre este tema. 
Señor Presidente, intervengo de conformidad con el apartado 3 del artículo 13, que dice así: » Como regla general, se procurará en la elección de Presidentes, Vicepresidentes y Cuestores la representación equitativa de los Estados miembros y de las fuerzas políticas.» 
Tal como van las cosas, no va a haber representación en la Mesa de los Países Bajos, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Austria. 
Quisiera pedir a todos los diputados a la Asamblea que se pregunten si ésa es una forma razonable de practicar la democracia en Europa. 
¡No es suficiente! 
Señoría, evidentemente, todos los miembros de esta Asamblea conocen el punto 3 del artículo 13 del Reglamento que empieza diciendo «Como regla general ,... ». 
En modo alguno exige que todos y cada uno de los Estados miembros estén representados en la dirección de esta Asamblea. 
Por tanto, es un principio general que luego se lleva a la práctica por un método adoptado por la mayoría de la Asamblea, es decir, según una regla democráticamente aprobada. 
Antes de continuar quiero hacer una pregunta a sus Señorías: ¿hay alguien que se oponga a la utilización de la votación electrónica? 
Parece que no. 
Por tanto, en este momento tenemos tres candidaturas- las de los Sres. Capucho, Haarder y Podestà- y vamos a votar en este orden. 
De conformidad con el 2º párrafo del apartado 1 del artículo 121 del Reglamento, sólo se computarán los votos a favor, es decir, la tecla de la izquierda. 
Ruego a los escrutadores que se dirijan a la Presidencia para supervisar la votación. 
Señor Presidente, si lo he entendido correctamente, cuando ha hablado usted de la votación electrónica, ha dicho que sólo podemos votar a favor. 
En una sociedad democrática al menos podrá uno abstenerse, ¿no? 
Señor Miller, le agradezco su intervención. 
Evidentemente, todos y cada uno de los diputados podrán utilizar cualquiera de las tres teclas. 
Lo que ocurre es que, como se necesita simplemente una mayoría relativa, daremos únicamente cuenta de los votos a favor, puesto que los demás no es necesario computarlos y dar cuenta de ellos. 
Si he sido malinterpretado, con mucho gusto lo aclaro: se puede votar con cualquiera de los tres botones. 
Sólo se computarán los votos a favor, puesto que yo recuerdo a todos y cada uno de los miembros que de lo que se trata es simplemente de establecer un orden de votación. 
Les recuerdo también que si los Grupos políticos se hubiesen puesto de acuerdo para este orden, no necesitaríamos votar puesto que no hay más candidatos que el número existente. 
Es decir, todos están elegidos a partir de esta votación. 
¿Es posible que uno de los candidatos tenga más votos negativos que positivos? 
En este caso no resultará elegido, ya que más votos negativos que positivos no constituyen una mayoría relativa. 
Se trata simplemente de establecer un orden de precedencia entre estos candidatos. 
Por tanto, es absolutamente indiferente cual sea el número de votos relativos. 
Si lo hacemos por papeleta secreta y un candidato tiene 3 votos, otro 2 y otro 1, resultan igualmente elegidos. 
La finalidad de la votación es única y exclusivamente determinar el orden de precedencia. 
Naturalmente, si sus Señorías quieren oponerse, yo les pediría que tuviesen la gallardía de levantarse y de decir «me opongo» , con lo cual, automáticamente, pasamos a la votación por papeleta. 
Pero si nadie se ha opuesto, vamos a ahorrar tiempo a esta Asamblea y, naturalmente, vamos a votar electrónicamente. 
Señor Presidente, ésta no es la primera vez que ha ocurrido esto, pero parece sugerir un procedimiento bastante curioso que hemos adoptado. 
Lo que me parece a mí que sugiere usted es que, mientras todos los candidatos puedan obtener un voto, lo que significa que pueden votarse a sí mismos, van a ser elegidos por fuerza. 
Desde luego, los han presentado Grupos políticos, pero lo que está claro es que no puede ser aceptable una situación en la que un diputado puede ser elegido vicepresidente, cuando una mayoría de los diputados al Parlamento no lo desean. 
Aunque dudo que podamos hacer nada más ahora- y estoy seguro de que se atiene usted al Reglamento estrictamente -, creo que debemos examinar este procedimiento de nuevo para el futuro. 
Con mucho gusto, señor Elliott, consultaré a la Comisión de Reglamento la propuesta que hace usted sobre si conviene cambiar el sistema. 
Señor Presidente, no recuerdo ninguna ocasión en los doce años y medio que llevo aquí en que hayamos utilizado este método para solucionar este problema concreto. 
No lo recuerdo. 
Ésta es la primera observación que quisiera hacer. 
La segunda observación que quisiera hacer es la siguiente: en la última ocasión en que esto ocurrió, que fue la última vez que votamos en esta Asamblea para la elección del Presidente y de los Vicepresidentes, tuvimos que celebrar una votación exhaustiva. 
Así, pues, no veo por qué razón no debemos celebrar una votación exhaustiva en esta ocasión. 
En consecuencia, objeto el principio mismo que propone usted a la Asamblea. 
Señorías, les recuerdo que en un caso tan importante como fue la elección del Defensor del Pueblo Europeo se utilizó, en la última votación, este método. 
Segundo, que hay un artículo del Reglamento que dice en el apartado 1 del artículo 13: » Cuando el número de candidaturas no exceda del número de cargos por cubrir- es éste el caso -, los candidatos podrán ser elegidos por aclamación». 
Es decir, sin voto. 
Si en este momento los Grupos políticos se pusiesen de acuerdo para decidir el orden, automáticamente terminaría cualquier posibilidad de votación. 
Yo les he propuesto a ustedes que, si no hay oposición- y en su momento no se formuló -, procedamos por este sistema. 
Y puesto que, en su momento, nadie se opuso, voy a proceder por ese sistema, con permiso de ustedes, sin más discusiones. 
Se abre la votación. 
Primeramente vamos a votar sobre el Sr. Capucho. 
Les recuerdo que el número de votos totales que cada uno obtenga será el que dé lugar al orden relativo y pediría a todos los miembros, por favor, que se abstengan de hacer indicaciones de voto. 
Estamos en una votación secreta. 
Todo el mundo debe saber suficientemente cuál es el sentido de su voto. 
(Se efectúa la votación) El resultado de esta votación, según han podido comprobar los señores escrutadores presentes aquí detrás, es de 254 votos. 
(Se efectúa la votación) El resultado de la votación es el siguiente: 
Número de votantes: 475 Votantes a favor: 235 
Procedemos a continuación a la tercera y última ronda de esta votación a favor del Sr. Podestà. 
(Se efectúa la votación) El resultado de la votación es el siguiente: 
Número de votantes: 478 Votantes a favor: 211 
(Aplausos) Por tanto, declaro elegidos a los tres señores diputados por el siguiente orden de precedencia: 
Sr. Capucho Sr. Haarder Sr. Podestà 
Señor Telkämper, tiene la palabra para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, creo que a tenor del artículo 13 esta elección que usted ha llevado a cabo ahora no es procedente, pues usted ha influido en la elección. 
Si tenemos una tercera votación podemos hacerla electrónicamente, tal como hemos votado. 
Así lo hemos votado. 
Sin embargo, usted ha dado a conocer siempre en el interim cada uno de los resultados de las votaciones. 
Haciéndolo así, después del primer resultado de la elección, usted ha influido indirectamente sobre el segundo. 
En una votación secreta- y esto lo hemos hecho en la primera votación y también en la segunda- todos los candidatos son elegidos al mismo tiempo y usted dice al final el resultado. 
En este sentido, ésta no ha sido una elección secreta, aunque haya sido electrónica. 
Pienso que usted ha llevado a cabo aquí una manipulación que no podemos tolerar. 
(Aplausos, agitación) 
Señor Telkämper, su observación será tenida en cuenta y transmitida a la Comisión de Reglamento. 
Yo nunca tengo la pretensión de tener la última palabra. 
He tratado de facilitar la expresión de la voluntad de esta Asamblea en cuanto al orden de precedencia de tres vicepresidentes, pero, naturalmente, la interpretación del Presidente siempre es revisable por la Comisión de Reglamento y así será transmitida en su momento. 
Señorías, permítanme decir que no estoy en absoluto de acuerdo con la observación del Sr. Telkämper de que usted ha intentado manipular la votación. 
No es una observación correcta. 
La votación sí ha sido secreta. 
Es cierto que es un hecho sin precedentes y que sería bueno que en estos casos los resultados se anunciaran al final, pero, desde luego, la votación ha sido secreta y no ha habido ninguna manipulación por su parte. 
Señor Presidente, creo que tiene usted razón en someter a la Comisión de Reglamento algunas cuestiones que se plantean con respecto a esta votación. 
Desearía añadir otra cuestión, puesto que guarda relación con un elemento que revela que la votación que estamos realizando para elegir a la vez al Presidente y a los Vicepresidentes no es lo suficientemente democrática. 
Las papeletas de voto no eran idénticas para la elección del Presidente de nuestro Parlamento- es decir, para su elección, señor Presidente- y de los Vicepresidentes. 
Le pido que investigue para averiguar cómo puede explicarse que haya papeletas de voto diferentes, cómo han sido distribuidas, y que someta también este punto a la Comisión de Reglamento. 
Señor Fabre-Aubrespy, lo que usted dice son dos cosas distintas. 
Por un lado, recoge la manifestación de la Presidencia y no voy a insistir. 
Segundo, si efectivamente ha habido papeletas diferentes, yo le agradeceré que facilite a la administración los datos y las pruebas necesarias porque esa es una acusación muy grave que tiene que apoyarse en datos muy concretos. 
Desde luego, si los facilita, se hará la investigación correspondiente. 
Elección de Cuestores 
De conformidad con el orden del día, se procede a la elección de los Cuestores del Parlamento Europeo. 
He recibido las candidaturas siguientes: 
Sr. Balfe Sr. Bardong Sr. Killilea Sr. Paasio Sr. Ribeiro Sr. Viola 
Los candidatos me han comunicado que aceptaban sus candidaturas respectivas. 
Como el número de candidatos excede del número de puestos por cubrir, procedemos a una votación secreta. 
Recuerdo a sus Señorías que, según se indica en el artículo 16 del Reglamento, el número de Cuestores es de 5. 
Los diputados disponen de cinco votos como máximo. 
Las papeletas que contengan más de cinco votos serán nulas. 
Los escrutadores serán los mismos que para las elecciones precedentes y les ruego que se coloquen junto a las urnas. 
(Se efectúa la votación) 
Declaro cerrado el escrutinio. 
(La sesión, interrumpida a las 18.45 horas, se reanuda a las 20 horas) El resultado de la elección de los Cuestores es el siguiente: 
Número de votantes: 507 Votos en blanco o nulos: 29 Votos emitidos: 478 Mayoría absoluta: 240 
Han obtenido: 
Sr. Balfe: 313 votos 
Sr. Bardong: 176 votos Sr. Killilea: 190 votos Sr. Ribeiro: 250 votos Sr. Viola: 181 votos Sr. Paasio: 237 votos 
Por lo tanto, han obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos el Sr. Balfe y el Sr. Ribeiro. 
Declaro a los señores diputados elegidos Cuestores del Parlamento Europeo y les felicito por su elección. 
Vamos a proceder a la segunda votación. 
Se abre la votación. 
(Se efectúa la votación) 
Se cierra la votación. 
El resultado de esta segunda votación se anunciará mañana a las 9.00 horas, al reanudarse la sesión, y se procederá de inmediato a la tercera votación si ésta resultara necesaria. 
(Se levanta la sesión a las 20.45 horas) 
Aprobación del Acta 
Se han distribuido las actas de las sesiones del viernes 13 de diciembre de 1996, lunes 13 de enero y martes 14 de enero de 1997. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en el acta del día 13 no consto en la lista de presentes, seguramente por un despiste propio. 
Muchas gracias, señor Colom i Naval. 
Se verificará. 
Señor Presidente, en el Acta del 13 de enero se dice que se me ha designado como diputado del Parlamento Europeo pero, en realidad, se me ha elegido. 
En el Reino Unido, incluso si se produce una vacante en la mitad del mandato del Parlamento Europeo, no la cubrimos con la próxima persona de la lista de un partido, lo que hacemos es organizar una elección. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Corbett. 
Yo no dudo de que esa observación suya será tenida en cuenta por la Conferencia Intergubernamental si decide abordar el tema, que a nosotros nos afecta tan a fondo, de un procedimiento electoral uniforme. 
Señor Presidente, en el Acta el Sr. Falconer dice que no hubo ninguna elección. 
En realidad, el Acta debía decir «eleccciones» porque yo me referí a las elecciones para las Vicepresidencias. 
En segundo lugar, en el Acta no consta que me opuse al procedimiento, según pidió usted aunque luego se olvidó de mi objeción. 
Muchas gracias, señor Falconer. 
Se toma nota de ello. 
Lo único que indiqué es que usted no formuló la objeción en el momento en que yo hice la pregunta, aunque después, efectivamente, vi esa protesta por su parte. 
Señor Presidente, el acta del lunes no menciona mi nombre en la lista de presencia, aunque sí estaba presente. 
Tomamos nota de ello, señor Herman. 
Supongo por otra parte que usted habrá votado, por tanto este extremo debe figurar en acta. 
Señor Presidente, me permito recordarle que en diciembre se comprobó que un diputado de este Parlamento votó dos veces en una de las votaciones- el propio diputado admitió ante el Parlamento que lo había hecho- utilizando la tarjeta de otro diputado de este mismo Parlamento. 
Seguramente se acordará usted de que, después de debatirla aquí, la cuestión, que constituye una grave falta de conducta, fue trasladada a la Mesa del Parlamento. 
Le agradeceré que nos explique ahora lo que la Mesa de este Parlamento decidió hacer con esa grave falta de conducta. 
Muy bien, señora Green. 
Con mucho gusto, doy lectura, para conocimiento de todos, de los dos últimos párrafos del acta de la Mesa, aunque es conocido de todos que el acta de la Mesa es un documento público que se distribuye a todos los diputados. 
Doy lectura a esos dos últimos párrafos. 
» La Mesa oye una intervención del Presidente, quien recuerda que de conformidad con el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento, la Mesa es competente en los asuntos referentes al desarrollo de las sesiones, que la decisión adoptada en el Pleno por la Sra. Fontaine no permite aplicar ninguna sanción al Sr. Pasty con carácter retroactivo de conformidad con al artículo 110, e informa a la Mesa de su intención de remitir una carta a este último, haciendo hincapié en la gravedad de los hechos y lamentando el incumplimiento de los principios básicos de la democracia parlamentaria que empaña la imagen y afecta a la dignidad de la Cámara; en lo que respecta a una posible comunicación ante el Pleno, la decisión corresponderá al Presidente de sesión; toma nota de la decisión del Presidente, tras escuchar a la Sra. Fontaine, Presidenta de sesión en el momento en que se registró el incidente, y recabar la opinión de los miembros de la mesa, de remitir una carta al Sr. Pasty, recordándole la absoluta necesidad de respetar y hacer respetar las disposiciones de los artículos 117 y 110 del Reglamento.» 
Por tanto, les recuerdo que la decisión de la Mesa dice simplemente: » toma nota de la decisión del Presidente, tras escuchar a la Sra. Fontaine, Presidenta de sesión en el momento en que se registró el incidente, y recabar la opinión de los miembros de la mesa, de remitir una carta al Sr. Pasty, recordándole la absoluta necesidad de respetar y hacer respetar las disposiciones de los artículos 117 y 110 del Reglamento». 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
En primer lugar, me parece que, a la luz de la forma en que la Mesa interpretó lo ocurrido, es evidente que la persona que ocupaba la presidencia en aquel momento interpretó equivocadamente el Reglamento, pues el corolario de una falta de conducta tan grave debería haber consistido en excluir inmediatamente de este Parlamento al culpable. 
Como resultado del traslado de la cuestión a la Mesa y de que la Mesa dijera entonces que no podía obrar retroactivamente, es evidente que ya no puede haber exclusión, pues la persona que ocupaba la Presidencia en aquel momento cometió un error de interpretación. 
Todo esto es sumamente lamentable y, en opinión de mi Grupo, sea cual fuere el sector a que pertenezca un diputado que haga una trampa de esa envergadura- tanto si es de la izquierda como si es de la derecha -, en el futuro mi Grupo pedirá que se excluya inmediatamente al diputado en el momento en que haya ocurrido el incidente. 
Ninguna otra forma de obrar podrá satisfacernos. 
En segundo lugar, le agradeceré que confirme que se envió la carta al diputado de que estamos hablando y que lea esa carta al Parlamento para que todo el mundo sepa exactamente lo que se ha dicho en nombre de este Parlamento a un diputado que cometió aquí una falta de conducta. 
Señor Presidente, quisiera recalcar que, por supuesto, la Mesa de este Parlamento es competente en esta materia. 
Gracias a la iniciativa de la Sra. Green, ha dado usted a conocer las decisiones de la Mesa. Además ha dado a conocer al Parlamento el contenido de la carta que envió la Mesa al Sr. Pasty. 
Pienso que la lectura de dicha carta, es decir, de los dos apartados que he oído, significa que se hace pública la condena del diputado en cuestión y en sí equivale, claro está, a una forma de sanción. 
Señor Presidente, todos los diputados saben que la interpretación del Reglamento es un asunto que siempre suscita grandes debates. 
Lo mismo ocurre a menudo en la Presidencia. 
Tuvimos un debate muy largo sobre este tema. 
No puedo aprobar la observación de la Sra. Pauline Green; ella sabe cuánto la estimo, pero en este caso no estoy de acuerdo con ella. 
Creo que, en honor a la verdad más elemental, hay que decir que la Sra. Nicole Fontaine no interpretó el Reglamento erróneamente. 
El Reglamento ofrecía la posibilidad de aplicar la sanción de expulsión, dejando a su arbitrio la decisión de hacerlo. 
En el Reglamento pone que puede. 
«Puede» , señora Green; no está obligada. 
La Presidenta en ejercicio ese día, en una sesión muy difícil en la que todos estábamos muy cansados, y tras haberlo sometido a debate en la Asamblea, consideró oportuno remitir el asunto a la Mesa. 
No creo que haya aplicado erróneamente el Reglamento, ya que no estaba obligada a expulsar al Sr. Pasty y, en consecuencia, creo que no debemos crear la impresión de que la Sra. Fontaine actuó erróneamente. Tomó la decisión que creía que debía tomar para cerrar ese día. 
Además, el asunto llegó a la Mesa y lo hemos visto, señora Green. No estoy de acuerdo con usted, está equivocada en este punto. 
Pone que se puede, no que esté obligado. Lo verá si repasa usted el Reglamento. 
Estamos manteniendo un largo debate; el Sr. Kerr está a su lado. Después de haber sacado las conclusiones nosotros, el Presidente dirigió una carta al Sr. Pasty, porque ya no quedaba tiempo para un debate sobre la aplicación del artículo de expulsión. 
Es un tema delicado y difícil, que afecta al prestigio de uno de los miembros de esta Asamblea y al prestigio de la propia Asamblea. 
Entiendo que debemos oír a las cinco personas que han solicitado el uso de la palabra. 
Después me ha vuelto a pedir la palabra la Sra. Green. 
Antes de volver a dársela daré la interpretación que hace el Presidente de esta cuestión. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Yo estaba presente en la ocasión de que nos estamos ocupando ahora y he de decir que fue la primera vez en que oí que un diputado admitía abiertamente que había votado incorrectamente y que había votado dos veces, después de lo cual pidió perdón a este Parlamento. 
Es probable que no lo hiciera debidamente, pero lo cierto es que parecía arrepentido. 
No voy a hacer recriminaciones. 
Ahora bien, era una votación muy delicada sobre el informe Zimmerman y los resultados de diversas votaciones eran muy apretados, por lo que habría que saber qué pasa con la validez de la votación sobre el informe. 
¿Tenemos derecho a que haya una segunda votación sobre el informe? No sé de qué forma hubiera votado la Sra. Baldi si hubiera estado presente y tampoco sé si el Sr. Pasty emitió el voto de la Sra. Baldi tal y como ella hubiera deseado. 
Tampoco sabemos con qué frecuencia han tenido lugar este tipo de cosas, ya que sólo se admitió lo sucedido cuando lo denunció el Sr. Tomlinson. 
Muchos de nosotros vimos lo que había sucedido, pero la admisión de lo cometido sólo se hizo después de que se señalara la cuestión a la presidencia. 
Señora Malone, hay una cosa que debe quedar absolutamente clara: el resultado de una votación, una vez proclamado por el Presidente, no se puede modificar. 
Además, en este caso, los servicios de la Asamblea comprobaron que, hubiese sido emitido o no ese voto indebidamente, el resultado hubiera sido el mismo. 
Hubiera cambiado en un voto, pero el resultado hubiera sido el mismo. 
Por tanto, yo les agradeceré que no volvamos a insistir sobre este tema. 
Quedó decidido en su momento y nadie puso en aquel momento en entredicho la validez de la votación. 
Por tanto, una vez proclamado el resultado de la votación por la Sra. Fontaine, dicho resultado permanecerá así. 
Señor Presidente, sobre el resultado de esta votación. 
Quisiera que comunicara usted una vez más al pleno cuál ha sido el resultado de la votación. Si mi información es correcta, esta enmienda era muy controvertida y ha sido aprobada por mayoría con un solo voto de diferencia, con el voto de la Sra. Baldi, que no se encontraba en la sala, lo cual significa que si ese voto no se hubiera emitido, la enmienda no habría sido aceptada, porque no habría obtenido la mayoría. 
Esto, por supuesto, empeora aún más la cuestión. 
Se trataba de una enmienda muy controvertida. No entiendo en absoluto que no se impongan más sanciones al Sr. Pasty a fin de evitar este tipo de excesos en el futuro. 
Quisiera que volviera usted a comunicar claramente el resultado de la votación, para que todos sepamos si realmente tiene usted razón. 
Era una votación individual, así que es posible. 
Señora van Dijk, yo le ruego que tenga en cuenta lo que acaba de decir el Presidente. 
He recordado en primer lugar que los servicios de la Asamblea verificaron que el acto en cuestión no influyó en el resultado de la votación. 
He recordado después una norma reglamentaria: que una vez proclamado el resultado de la votación, ése es invariable. 
Y le ruego que considere también que en el acta del día siguiente no hubo reclamación alguna en relación con esa votación. 
No me gusta tomar la palabra en este tipo de debates, pero se trata de un asunto muy grave por el que está en juego el prestigio de nuestra Asamblea. 
Personalmente no estuve presente en la votación en cuestión y por consiguiente no quiero pronunciarme sobre lo que sucedió el jueves de la anterior sesión. Quiero pronunciarme sobre el reglamento. 
Ni el artículo 117, ni el artículo 110 contemplan que la Mesa desempeñe papel alguno. 
Por consiguiente, toda referencia en este debate al papel de la Mesa no es conforme al Reglamento. El Reglamento habla tan sólo del papel del Presidente. 
Por lo tanto, señor Presidente, deseo formularle una pregunta a usted directamente. 
El artículo 110 del Reglamento dice que en casos como este, el Presidente, después de una amonestación formal, puede proponer al Parlamento expresar su rechazo a la conducta de un diputado. 
Señor Presidente, ¿estoy en lo cierto si interpreto las palabras que acaba usted de pronunciar como una amonestación formal al diputado en cuestión conforme al artículo 110 del Reglamento, y que por consiguiente ha asumido usted la responsabilidad al amparo de nuestro Reglamento? 
Quisiera que me aclarara usted esta cuestión. 
Antes de dar la palabra a la Sra. Fontaine, respondo a la pregunta que me ha formulado directamente el Sr. de Vries. 
Voy a mencionar el artículo 110, puesto que el 117 se remite al 110 y va acompañado de una interpretación que dice precisamente que el caso del 117 hay que tratarlo según el 110. 
El artículo 110 dice: » En caso de que un diputado promueva desórdenes muy graves en la sesión, el Presidente, previa amonestación formal al mismo, podrá proponer al Parlamento- podrá, es decir, el Presidente de sesión está legimitado para hacerlo o no hacerlo- en el acto o a más tardar durante la siguiente sesión- por tanto tiene que ser en el mismo día o en el día siguiente- un voto de reprobación, que llevará aparejada la expulsión inmediata del salón de sesiones y la prohibición de asistencia durante un período de dos o cinco días». 
Por tanto, queda claro que el Presidente de sesión hace uso de sus facultades a la vista de la gravedad del hecho. 
Y yo recuerdo- pues estaba presente- que, por parte de la Asamblea, hubo quien entendió que el asunto debería remitirse a la Comisión de Reglamento, pero no hubo nadie que pidiese en ese momento la expulsión del diputado en cuestión, sino que se consideró que era adecuado someter el caso a la Mesa. 
Quizá los colegas no recordaron esa limitación temporal, pero yo entiendo- y esa es una facultad que corresponde al Presidente o a la Comisión de Reglamento- que, una vez transcurridos esos dos días, es imposible, ajustándose al Reglamento, utilizar el artículo 110 y aplicar esta sanción. 
Y esta interpretación mía coincide con la hecha constar en el acta por el Sr. Hänsch. 
Por tanto, son dos interpretaciones coincidentes. 
No obstante, desde ahora digo que enviaré a la Comisión de Reglamento el acta del día de hoy para que, si lo estima conveniente, examine esta interpretación. 
Pero, hoy por hoy, tanto el Presidente Hänsch como yo mismo entendemos que el artículo 110 establece una limitación temporal clarísima. 
Es más, yo les recuerdo que, según el apartado 2 del artículo 110, » el Parlamento se pronunciará sobre esta medida disciplinaria en el momento que el Presidente determine, bien sea durante la sesión en que se hayan producido los acontecimientos que constituyan su causa o bien durante una de las tres sesiones siguientes». 
Pero, naturalmente, la medida disciplinaria tiene que ser propuesta en ese mismo día o en el siguiente. 
Por eso, ni la Mesa ni el Presidente Hänsch, en uso de sus facultades, pudo establecer la sanción en ese caso. 
Repito que si se entiende que eso tiene que modificarse, se modificará a través de la vía pertinente para ello, que es la Comisión de Reglamento. 
Por tanto, la Mesa estimó- he dado lectura al acta- que el Presidente Hänsch, en uso de sus facultades para velar por el buen orden de las sesiones, estaba plenamente autorizado a dirigirse al diputado en cuestión y enviarle una carta. 
Me dicen ustedes que dé lectura a la carta. 
Yo les quiero recordar que si doy lectura a la carta del Presidente Hänsch, tengo que dar lectura también a la contestación del Sr. Pasty y eso por una razón muy clara: porque cualquiera que es incriminado tiene derecho a ser oído, y naturalmente el Reglamento prevé esta oportunidad de defensa. 
En estas condiciones y puesto que el Reglamento no prevé si se debe dar o no lectura a la carta, someto a la Asamblea la decisión de leer o no las cartas. 
Señor Presidente, al principio indiqué con toda claridad que quería tomar la palabra. 
Me referiré a dos cuestiones importantes. 
En lo que atañe al artículo 110, la situación es absolutamente clara. 
Hay artículos que hemos estado discutiendo durante muchísimo tiempo y de lo que se trata realmente es de la interpretación que ha dado la Mesa a lo que es «la siguiente sesión». 
En realidad, la siguiente sesión es la de hoy, pues hoy es la primera ocasión en que podemos ocuparnos de esta cuestión. 
Por el Reglamento se ve con toda claridad que es el Parlamento el que decide. 
Todos sabemos que el principio de «una persona, un voto» es absolutamente fundamental para la labor de este Parlamento y he de decirle a usted, señor Presidente- y espero que escuche con mucha atención lo que voy a decir -, que es usted el quinto Presidente del Parlamento Europeo ante quien he planteado esta cuestión. 
Durante doce años ha habido una práctica en este Parlamento que algunas personas describen en plan de broma diciendo que equivale a «tocar el piano». 
Esta es la primera vez que la presidencia ha llevado a cabo una investigación que ha permitido identificar a un diputado que ha acabado por admitir de mala gana que era culpable. 
La otra cuestión importante es que este Parlamento Europeo, utilizando una gran cantidad de fondos públicos, envía representantes como observadores internacionales a todas partes del mundo: por ejemplo, a Africa y a la Europa oriental. 
Hace apenas una semana, el Sr. Stasi, del Grupo del Partido Popular Europeo, la Sra. AndréLéonard, del Grupo de los Liberales, y yo mismo, como representante del Grupo Socialista, regresamos de Chad tras actuar como observadores en las primeras elecciones legislativas a las que se presentaban varios partidos. 
Nuestra principal preocupación en calidad de observadores era cerciorarnos de que no se hacían trampas y de que ningún elector votaba más de una vez. 
Si no podemos poner en práctica nuestro propio Reglamento, habrá colegas nuestros de este Parlamento que se dirigirán a la comunidad internacional, incluida la Asamblea Paritaria del Convenio de Lomé, para que investigue las prácticas democráticas de nuestro propio Parlamento. 
Muchas gracias, señor McGowan. 
Pregunto ahora a la Asamblea si debo leer las cartas en cuestión. 
(El Parlamento decide que se proceda a su lectura) Así, pues, daré lectura a las cartas. 
Señor Presidente, me alegra verdaderamente que nos vaya a leer la carta. 
Permítame decirle que, en mi opinión, sería totalmente inadecuado que tuviera usted que leer un canje de cartas. 
Ahora bien, lo que le pedimos, como Presidente de este Parlamento, es que nos lea una carta que ha enviado el Presidente de este Parlamento a un diputado. 
Si se tratara de un canje de cartas entre la Presidencia y ese diputado, la cosa sería totalmente diferente. 
Queremos enterarnos de lo que escribió el Presidente como consecuencia de un incidente que tuvo lugar en una sesión plenaria. 
A continuación será la Mesa la que se ocupe de las consecuencias. 
Señor Presidente, no tengo en absoluto la intención de prolongar este debate, pero al haber tenido la ingrata tarea de resolver esta difícil situación, como Presidenta de sesión, me parece que debo algunas explicaciones a sus Señorías. 
Recuerdo que se trataba de la última sesión del mes de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, cuando tuvimos que afrontar este incidente. 
Algunos de mis colegas solicitaron que se procediese a una verificación, algo que hice inmediatamente, y que reveló lo que ustedes ya saben. 
Como el Sr. Anastassopoulos muy bien ha dicho, la lectura del artículo 110 del Reglamento es meridianamente clara. 
El Presidente puede proceder a la expulsión. 
Eso está claro y creo que, en cualquiera de nuestros idiomas, el verbo «poder» no tiene otro significado. 
Por razones que podrían ser discutibles, no consideré la oportunidad de proceder a la expulsión, en el acto, del diputado en cuestión. 
Y, señor de Vries, simplemente le recuerdo que el punto 3 del artículo 22 del Reglamento estipula que «la Mesa resolverá los asuntos referentes al desarrollo de las sesiones». 
Ésta es la razón por la que me he creído en el deber de dar curso a la sugerencia, que por otra parte había hecho el Sr. Tomlinson, si la memoria no me falla y creo que el acta dará fe de ello, de someter este asunto a la Mesa, una sugerencia por cierto muy oportuna en aquella situación tan delicada. 
Por consiguiente, pedí la intervención inmediata de la Mesa. 
Como pueden ver, se hizo con diligencia, puesto que fue la siguiente reunión de la Mesa, la última presidida por el Presidente Klaus Hänsch, la que examinó el asunto con los resultados que ustedes conocen. 
Ahora, deseo tranquilizar a la Sra. van Dijk. 
Por supuesto, hemos verificado si el resultado de la votación de la enmienda 13 del informe de la Sra. Zimmermann se hubiera visto alterado y, afortunadamente, esa posibilidad no se habría producido. 
Esto es, Señorías, lo que yo tenía que decir sobre este asunto. 
Señor Presidente, quisiera dejar bien sentado que no impugno la forma de actuar ni la decisión de la Sra. Fontaine en la presidencia. 
Es posible que no esté de acuerdo con su interpretación, pero no niego que obró de conformidad con el Reglamento y reconozco que el Sr. Anastassopoulos ha defendido heroicamente a su colega en la Mesa. 
No impugno la actuación de la Sra. Fontaine, aunque es posible que no esté de acuerdo con su interpretación. 
Dicho lo que antecede, reconozco que me consterna la carta del Sr. Pasty que nos acaba de leer. 
Digamos las cosas como son: lo que sucedió en este Parlamento fue observado por muchos diputados. 
No se trata de algo que tuvo lugar en una sala privada en la que quizá se pudiera interpretar de diversas maneras lo sucedido. 
Nadie puede votar en su propio escaño y en el escaño de otra persona y pretender que lo ha hecho sin querer. 
Señor Presidente, eso es completamente inaceptable. 
Se ha cometido una clara infracción del Reglamento. 
Si hubiéramos recibido del diputado en cuestión- al que, como habrá podido comprobar usted, no nombré en mis intervenciones anteriores- una clara expresión de disculpa ante este Parlamento a raíz de la carta del Presidente Hänsch, hubiéramos podido dar por liquidado el incidente, pero no ha sido así y por eso tengo que preguntarle a usted ahora qué es lo que está haciendo como Presidente de este Parlamento para ocuparse de un ataque lanzado contra la presidencia de este Parlamento por un diputado a quien se ha visto hacer trampa en las votaciones que han tenido lugar aquí. 
Su integridad como Presidente y nuestra integridad como diputados están en juego. 
Señora Green, he propuesto a la Asamblea, y la Asamblea lo ha aceptado, leer también la carta del Sr. Pasty como se lee cualquier defensa que hace una persona, y esa defensa no se puede coartar en ningún caso. 
La lectura de dicha carta, por mi parte, no supone la aceptación o aprobación de lo que uno de nuestros miembros dice en su defensa. 
He expresado de una manera muy clara cuáles han sido los acuerdos de la Mesa, que respaldan perfectamente la actuación del Sr. Hänsch, y por tanto no necesito insistir en lo que la Mesa de esta Asamblea ha dicho en su momento. 
Es evidente que nos encontramos ante un problema delicado. 
Cuando el Presidente de sesión, en lugar de tomar una decisión, prefirió enviar el asunto a la Mesa, se suscitó entonces, y se ha vuelto a suscitar, cuál es el órgano competente y cuál es el procedimiento adecuado para solucionar el caso. 
Y para eso, el órgano competente es la Comisión de Reglamento. Luego enviaré este caso a la Comisión de Reglamento para que, a la luz del mismo- que carece de precedentes- dicha comisión pueda perfeccionar, si lo estima pertinente, las normas aplicables. 
Por hoy no hay nada más y considero cerrado el caso. 
Señor Martens, le voy a dar la palabra pero le pido, por favor, que no insista en reabrir el caso. 
Quisiera decir brevemente dos cosas: yo estaba presente en la sala cuando tuvieron lugar los hechos. 
Es cierto que el Sr. Tomlinson propuso exponer la cuestión a la Mesa. 
La Sra. Fontaine lo hizo con la aprobación de esta Asamblea. 
En segundo lugar: su decisión de remitir esta cuestión a la Comisión de Reglamento me parece la correcta. 
Muchas gracias, señor Martens. 
Las actas quedan aprobadas. 
Señor Presidente, hace media hora que solicito intervenir acerca del Reglamento, sin embargo, usted ha seguido concediendo la palabra a la Sra. Green, quien ha empleado más de media hora para hablar de los asuntos que le interesan. 
Ahora, yo también deseo intervenir sobre el Reglamento, habida cuenta que yo también soy una diputada de este Pleno. 
¡Aunque ocupamos los escaños de la derecha, tenemos derecho a intervenir! 
Señora Muscardini, este tema ha quedado cerrado. 
No vamos a volver a reabrirlo con ninguna intervención. 
Señor Presidente, me refiero al funcionario que se sienta a su derecha que quizás no alcanza ver este sector del hemiciclo y que, sin embargo, me ha mirado cinco o seis veces. 
Lo que solicito es poder intervenir en este Pleno al igual que los demás, de lo contrario estaremos en el Pleno y no nos moveremos de aquí. 
Señora Muscardini, en una primera ronda he dado la palabra a todos y cada uno de los oradores que me la han pedido. 
Señor Presidente, no deseo intervenir sobre el debate: deseo hablar sobre el Reglamento y el orden de los trabajos y no sobre al debate. 
Señora Muscardini, los funcionarios informan al Presidente quien, de la forma que cree más oportuna, conduce la sesión. 
Puede equivocarse, como es natural, pero tratando de hacer avanzar el orden del día. 
Elección de Cuestores (continuación) 
He aquí el resultado del segundo escrutinio para la elección de los Cuestores: 
Número de votantes: 449 Papeletas blancas o nulas: 13 Votos emitidos: 436 Mayoría absoluta: 219 
Han obtenido: 
Sr. Bardong: 225 votos Sr. Killilea: 182 votos Sr. Paasio: 216 votos Sr. Viola: 171 votos 
Ha obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos el Sr. Bardong. 
Felicito a este colega por su elección. 
Dos puestos de Cuestores quedan todavía por cubrir. Es, pues, necesario proceder a una tercera votación. 
Recuerdo a sus Señorías que, en la tercera votación, basta la mayoría relativa para la elección de los cargos que quedan por cubrir. 
Se han distribuido las papeletas y los sobres. 
Como quedan aún dos puestos por cubrir, sus Señorías no podrán indicar más de dos nombres. 
En caso de empate de votos, serán proclamados electos los candidatos de más edad. 
(Se efectúa la votación) Pido a los escrutadores que se dirijan a la sala 3 en la segunda planta para proceder al escrutinio de los votos. 
Consejo Europeo en Dublín- Semestre de actividades de la Presidencia irlandesa y resultados de la Conferencia de la OMC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe del Consejo y la declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre en Dublín-la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el semestre de actividades de la Presidencia irlandesa, incluidos los resultados de la Conferencia sobre la Organización Mundial del Comercio en Singapur del 9 al 13 de diciembre de 1996.Tiene la palabra el señor Bruton, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitarle por su elección y rendir homenaje también al Sr. Hänsch por la excelente labor que desarrolló cuando ocupaba el cargo que recae ahora en usted. 
La presidencia irlandesa de la Unión Europea, que acaba de terminar, se ha caracterizado por una estrechísima cooperación con el Parlamento. 
Ha habido unas cuarenta reuniones entre ministros irlandeses que representaban a la presidencia y diversas comisiones de este Parlamento. 
Me parece que se puede decir que la presidencia irlandesa ha sido un éxito. 
Si es verdad lo que digo, me parece que ha sido así porque nosotros, en la Presidencia, escuchamos atentamente lo que nos decía el Parlamento e hicimos lo posible por traducir el mandato democrático que representan ustedes en acciones concretas en el plano del Consejo. 
Diré que también estabamos sumamente interesados durante nuestra presidencia en conseguir que los ciudadanos de Europa pudieran comprender realmente la labor que estábamos realizando y pudieran identificarse con ella; que pudieran decirse a sí mismos que esa labor significaba algo para ellos. 
Por eso, al principio de la presidencia escogimos cuatro lemas para resumir en lenguaje llano y comprensible lo que estábamos tratando de hacer. 
Esos cuatro lemas eran los siguientes: puestos de trabajo seguros en Europa, calles más seguras en Europa, moneda fuerte en los bolsillos y en los monederos de los europeos, y paz para Europa, entre Europa y sus vecinos, y entre sus vecinos. 
Me alegra poder decir que durante los seis meses pasados conseguimos progresar en relación con cada uno de esos cuatro lemas, que son lemas que todo el mundo puede comprender en Europa y que significan algo para los europeos y para su vida. 
En este informe de hoy ante el Parlamento me volveré a referir a esos cuatro lemas. 
En cuanto al lema de la moneda fuerte, creo que podemos decir que logramos progresos sustanciales en la Cumbre de Dublín en lo que se refiere a los preparativos para la Unión Económica y Monetaria. 
En particular, el acuerdo sobre el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, el acuerdo sobre el nuevo Mecanismo de tipos de cambio y sobre la condición jurídica del Euro, que se concertaron al final de la presidencia irlandesa, representaban importantes pasos adelante hacia el objetivo de la existencia de moneda fuerte en los bolsillos y en los monederos de los europeos. 
Quisiera rendir particular homenaje a mi colega, el Primer Ministro Jean-Claude Juncker, de Luxemburgo, por contribuir en la reunión de Dublín a lo que conseguimos. 
En cuanto al lema de la mayor seguridad en las calles de Europa, creo que el éxito conseguido reviste dimensiones particulares. 
Estamos tratando aquí de un problema en el que los europeos piensan mucho: la seguridad que tienen, o que no tienen, cuando salen de sus casas, e incluso cuando están en sus casas, ante la delincuencia organizada. 
Todos sabemos que ha aumentado el número de delitos violentos. 
Quizá no se haya registrado un incremento en el nivel absoluto de delitos denunciados, pero hemos podido ver que se está agravando el grado de violencia que acompaña a esos delitos cuando se cometen. 
Gran parte de estos delitos violentos tienen que ver con el incremento del tráfico de drogas ilícitas. 
Me alegra poder decir que durante la presidencia irlandesa conseguimos progresar sustancialmente hacia nuestro objetivo de hacer que las calles e incluso las zonas rurales de Europa resulten más seguras para nuestros ciudadanos. 
Convinimos en una resolución sobre el grave tráfico de drogas ilícitas. 
Convinimos en la adopción de medidas conjuntas para armonizar más las normas y prácticas de la policía, de los servicios de aduanas y de las autoridades administrativas en la lucha contra la toxicomanía y el tráfico de drogas ilícitas. 
Convinimos en un programa quinquenal para ayudar a las personas que son actualmente toxicómanas a reducir su grado de dependencia y a reducir la incidencia de la toxicomanía, y convinimos en un programa de cooperación más estrecha entre nuestras autoridades aduaneras y nuestras empresas en la lucha contra la droga, para que la Europa sin fronteras que hemos creado no sea algo que los delincuentes puedan explotar provechosa y fácilmente. 
También adoptamos una decisión importantísima en Dublín cuando convinimos en encargar un importante informe sobre la delincuencia organizada que la presidencia neerlandesa recibirá en abril de este año. 
Otro objetivo importante es asegurar puestos de trabajo para los europeos. 
En realidad esto representa el mayor de los retos. 
Si una persona depende de la droga y como resultado de esa dependencia se crea un mercado para delincuentes, en muchos casos esto se debe a que esa persona no encuentra otra manera de conseguir que su vida le resulte tolerable. 
No tiene empleo, está desesperada, ha perdido el sentimiento de la dignidad, no tiene la impresión de que su vida tenga razón de ser y en un intento de superar su situación recurre a los estupefacientes. 
Si nos fijamos, por ejemplo, en el uso de heroína en Dublín, ciudad que mejor conozco de todas, veremos que hay una estrechísima correlación entre el nivel de desempleo a largo plazo en una zona geográfica particular y fácilmente identificable, y el nivel del uso indebido de heroína. 
El uso indebido de la heroína se da sobre todo en las zonas en que es común el desempleo a largo plazo. 
Las drogas blandas, u otras drogas, se consumen en todas partes, pero la heroína está relacionada directa y estrechamente con el desempleo a largo plazo. Esto demuestra que hay un vínculo entre el problema del desempleo y muchos de los demás problemas con que tropieza nuestra sociedad. 
Hemos adoptado la Declaración de Dublín sobre el Empleo. 
La Declaración reconoce que, a fin de cuentas, la responsabilidad principal por la creación de empleo incumbe en primer lugar a los gobiernos nacionales, pero en la práctica, con la economía de mercado, incumbe a las empresas y a las personas el mejoramiento de su propia capacidad para que resulten más fáciles de emplear y, si se trata de empresas, la expansión de sus mercados para que necesiten que más personas trabajen para ellas. 
Es ilusorio pretender que las instituciones políticas pueden resolver el problema del empleo. 
No pueden hacerlo, sean instituciones nacionales o instituciones de la Unión Europea. 
No debemos alimentar ilusiones que no guardan relación con la realidad. 
Es arriesgado formular declaraciones acerca del empleo. 
Nos abocamos a la desilusión si estimamos que por el mero hecho de adoptar declaraciones o incluso de desembolsar grandes cantidades de dinero, nosotros, los políticos, vamos a resolver el problema del empleo. 
No lo conseguiremos. 
Podemos mejorar la estructura, podemos mejorar el entorno en el que la gente adopta las decisiones que acabarán por crear puestos de trabajo, pero la responsabilidad principal recae en el propio individuo. 
En mi opinión, la acción más importante que podemos desarrollar por lo que se refiere al empleo consiste en educar a la gente y en volverla a capacitar. 
Creo que éste es el mayor reto con que se enfrenta la Unión Europea. 
La educación es una esfera en la que tradicionalmente la Unión Europea ha tendido a considerar que, en primer lugar, la educación es una responsabilidad de cada país. 
Por otra parte, hemos participado muy a fondo en la esfera de la capacitación, pero ¿hay realmente en el mundo moderno una distinción clara entre capacitación y educación? 
¿Es que la capacitación no es por definición educación y, en cierto modo, es que toda la educación no tiene una dimensión de capacitación? 
Me parece que si hemos de hablar con sensatez acerca de la posibilidad de hacer más empleables a los europeos, no nos queda más remedio que hablar de la posibilidad de mejorar sus aptitudes, su educación y sus actitudes mentales. 
En un mundo moderno que se rige por la tecnología de la información y por los progresos científicos no es la capacidad individual de poder hacer algo lo que determina lo empleable que es una persona, sino la capacidad de la persona para pensar, para comunicar, para ordenar los hechos en una configuración determinada, y para ordenar las informaciones. 
Eso es lo que determina la empleabilidad de una persona. 
Esa capacidad no es algo que se pueda obtener por adiestramiento, es algo que se puede obtener mediante la educación: educación para que la gente descubra las capacidades que ya tiene; educación para que se den cuenta de que la mayor parte de nosotros no realizamos más que el 10 por ciento de nuestras posibilidades, y estímulo para ayudarles a descubrir el 90 por ciento restante. 
En esto consiste el reto del empleo en Europa: en estimular a los europeos a tener más confianza en sus propias capacidades. 
Este es el reto esencial en lo que al empleo se refiere. 
Aunque comparto la desilusión del Parlamento por el hecho de que no hayamos facilitado fondos para las RTE, no nos dejemos arrastrar por la creencia de que ésta es la cuestión fundamental en lo que se refiere al empleo: no lo es. 
El problema del empleo para europeos- la «empleabilidad» de los europeos- en el siglo XXI quedará determinada en el plano de la educación y de la capacitación. 
Por último, me referiré a la cuarta prioridad que he mencionado, que supone una Europa pacífica y la paz entre Europa y sus vecinos y en torno a Europa. 
Creo que se puede decir que durante la presidencia irlandesa Europa obtuvo un mayor reconocimiento como partícipe en el proceso de paz del Oriente Medio, como resultado de la primera Cumbre de Dublín. 
Me alegra que, en parte quizá como resultado de la intervención de Europa, hayamos llegado ahora a un punto en el que esta mañana el Primer Ministro Netanyahu y el Presidente Arafat rubricaron un acuerdo sobre Hebrón. 
También hemos podido presenciar una mejora cualitativa de nuestra relación con los Estados Unidos durante la presidencia irlandesa. 
La acción del Presidente de los Estados Unidos respecto de la suspensión del funcionamiento del Título 3 de la Ley Helms-Burton puede atribuirse directamente al éxito de la Cumbre anterior a Navidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Pasamos ahora la presidencia a los Países Bajos, que es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea. 
Tengo la convicción de que la presidencia de los Países Bajos trabajará excelentemente, y en realidad ya lo está haciendo. 
Es importantísimo que hagamos todo lo que podamos para conseguir que el Tratado se concierte en Amsterdam. 
Si no se concierta en Amsterdam dentro del plazo previsto, todo el proceso de ampliación quedará aplazado y todas las subsiguientes consideraciones estratégicas quedarán pendientes. 
Todo el mundo sabe que las fechas de las elecciones en diferentes países influyen en el proceso decisorio, pero si hay que adoptar decisiones- y no cabe duda de que hay que adoptarlas- probablemente es mejor adoptarlas dentro de un mes que esperar cuatro meses para adoptarlas. 
Mi opinión es que no hay motivo válido para prolongar la agonía. 
Sabemos que algunas de las decisiones que hemos de considerar serán desagradables para todos nosotros; naturalmente, las decisiones desagradables no serán las mismas para todos los países. 
Entre cumplir nuestro cometido en Amsterdam o aplazarlo, me parece que la primera alternativa es la mejor. 
Concluiré estas observaciones diciendo que Europa, en mi opinión, ha estado actuando de forma introvertida durante estos tres o cuatro últimos años: hemos estado estudiando de forma introvertida el proyecto de una moneda única, el proyecto de un nuevo Tratado, el proyecto del mercado único interior. 
Nuestra forma de razonar es muy introspectiva, y así tiene que serlo, porque tenemos que poner orden en nuestra casa antes de pasar a la acción en el exterior. 
Ahora bien, espero que la próxima fase del desarrollo europeo tenga más en cuenta lo que pasa en el exterior, una vez que hayamos ordenado nuestros asuntos internos. 
El mundo se enfrenta con importantes retos filosóficos, culturales y éticos respecto de los cuales Europa puede y debe desempeñar un importante cometido. 
Si se me preguntase cuál es el principal reto con que los políticos europeos se enfrentan en la actualidad, contestaría que no es la cuestión de los instrumentos que hemos de encontrar para ocuparnos de los problemas de la moneda única, ni la relación precisa entre el Parlamento y la Comisión, o entre el Consejo y el Parlamento. 
Estas cuestiones son importantes para todos los que estamos aquí, pero quizá no lo sean para nuestros ciudadanos. 
Lo que sí es importante es lo siguiente: ¿comprenden nuestros ciudadanos el proyecto filosófico, ético y cultural en que nos hemos embarcado para el siglo XXI? 
¿Nos hacemos cargo del problema ético que nos plantea el enorme crecimiento demográfico en Africa, el problema de esos países pobres que rodean a esa isla de privilegios cada vez más pequeña que es Europa? 
¿Nos damos cuenta de las cuestiones éticas que surgen respecto de la manera en que estamos consumiendo tan gran parte de los recursos mundiales y, en caso afirmativo, tenemos alguna posibilidad de enfrentarnos con ese problema? 
Si confeccionamos una proyección demográfica para dentro de 50 años, no sabremos si podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora o si podemos permitir que otros países lo hagan. 
Hay una bomba demográfica y ambiental de efectos retardados cuya espoleta necesitamos desactivar, y para poder hacerlo necesitamos un sentimiento de comprensión. 
Si no hay una comprensión ética compartida de la base del comercio, el comercio resultará imposible a la larga. 
¿Poseemos una ética mundial? 
¿Comprendemos la ética del comercio a escala mundial, o va a convertirse el mercado mundial que hemos creado en una esfera sin principios éticos en la que cada uno no aspirará más que a explotar a los demás sin preocuparse en absoluto de las consecuencias? 
¿Nos hacemos cargo de todo esto, en esta carrera que no sabemos evitar hacia la consecución de ingresos cada vez más cuantiosos para personas que están en lo más alto de la escala por su capacidad para explotar este mercado mundial? 
¿Nos hacemos cargo de que todo esto significa que sigue habiendo gran número de personas que van quedando al margen irremisiblemente? 
¿No parece indicar todo esto que, en cierto sentido, la mundialización está agravando la desigualdad de ingresos en Europa? 
¿Cuáles son los efectos de la mundialización en esa solidaridad que tan necesaria es para los europeos si han de preservar y sentir un sentimiento de identidad, un sentimiento de ciudadanía? 
La significación profunda de la situación en que nos hallamos, ¿responde a la realidad mundial? 
Esta forma de autodefinición, esta identidad cultural que conservamos desde los años anteriores a la guerra no corresponde realmente al mundo que hemos creado en el mercado mundial. 
Una vez que haya acabado la Conferencia Intergubernamental y que haya quedado establecida la moneda única- y he de admitir que no se trata de una tarea fácil- el debate en Europa va a asentarse en la esfera de la filosofía, la cultura y la ética. 
Si se centra en esa esfera la gente sentirá mucho más interés por Europa que en la actualidad. 
Se reducirán las diferencias entre ciudadanos e instituciones, porque entonces hablaremos de cosas que realmente preocupan a nuestros ciudadanos y estaremos definiendo Europa en términos que afectan directamente a esa especie de sentimiento filosófico que tiene la gente cuando piensa en la importancia de su propia vida. 
Este es el reto con que Europa tiene que enfrentarse en los próximos años. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Bruton, por su intervención y por sus amables palabras iniciales para esta Presidencia. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Santer. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, señoras y señores Diputados, resulta agradable hacer balance de la Presidencia irlandesa. 
Una vez más, un pequeño país ha demostrado que podía llevar adelante una gran presidencia: la Presidencia irlandesa ha tomado muchas iniciativas; se había planteado objetivos fruto de una madura reflexión. 
No puedo mencionarlos todos porque creo que el éxito de este trabajo queda bien reflejado en el orden del día del Consejo Europeo de Dublín, que hacía de esta cita un acontecimiento importante. 
Un mes después, debemos juzgarlo en función de nuestros grandes objetivos para la Unión Europea. 
¿Ha permitido progresar en la vía de una Unión, cada vez más estrecha, entre los pueblos de Europa? ¿Ha contribuido a acercar la Unión a los europeos? 
Finalmente, ¿ha establecido las bases del futuro comunitario ante la proximidad de la nueva ampliación? 
A estas tres preguntas debo contestar que sí, pero debo añadir a continuación que Europa necesita más. 
Es indispensable llegar más lejos, perseverar sin descanso. 
Esto es cierto para la moneda única, es cierto para el empleo, es cierto para la cooperación en materia de asuntos interiores y judiciales y, finalmente, es cierto también para la Conferencia Intergubernamental, que entra en su última recta. 
Señor Presidente, siempre he dicho que se llegaría a la moneda única y dentro de los plazos previstos, y el Consejo de Dublín ha allanado el camino que nos conduce hasta ella. 
Es éste un mensaje muy positivo: los dos reglamentos sobre el estatuto jurídico del euro han sido aprobados en su esencia y van a poder ser terminados, el primero debe entrar en vigor ya este año, y el segundo a partir de 1998, cuando el Consejo haya determinado los Estados miembros que participarán en la zona del «euro». 
El Consejo Europeo ha aprobado el nuevo mecanismo de cambio con vistas a asegurar la unidad del mercado interior entre los países que participen en el euro desde el 1 de enero de 1999 y los que no participen entre los «in» y los «pre-in» o los «out». 
El acuerdo afecta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sobre todo ha alejado los últimos nubarrones reforzando las buenas perspectivas de la Unión Monetaria. 
Hemos conseguido el compromiso necesario, un buen compromiso. 
A partir de ahora las políticas presupuestarias se verán inscritas en un marco apropiado; ésta es la prueba de que la voluntad política sigue siendo firme y concuerda con los esfuerzos presupuestarios que están haciendo los Estados miembros, y en ese caso también vuelvo a decirles cuál es mi convicción desde el principio: con el crecimiento relanzado, y si los Estados miembros no relajan sus esfuerzos, la zona del euro contará, desde el 1 de enero de 1999, con un elevado número de participantes. 
El acuerdo sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es, por tanto, desde el punto de vista monetario, el mejor signo que debemos conservar de este Consejo y nos empuja al optimismo. 
Además, los agentes económicos y financieros de Europa y de todo el mundo han oído esta señal. 
A partir de ahora, todo el mundo sabe que desde el 1 de enero de 1999 habrá que contar con el euro. 
La presentación del diseño de los futuros billetes, en el transcurso de este mismo Consejo Europeo, fue precisamente una feliz coincidencia y le ha puesto un rostro a la moneda única. 
Ella ha manifestado el carácter muy concreto de nuestro proyecto, que afecta a todos los europeos y que es un instrumento de la lucha por el empleo. 
Con toda claridad, para mí, la moneda europea es un instrumento y no un fin, es una de las armas con las que podremos comprometer la batalla por el empleo. 
Señor Presidente, nuestros esfuerzos por el empleo no deben descuidar ninguna pista. 
Éste es el sentido del Pacto de confianza por el empleo. 
Y felicito a la Presidencia irlandesa, que no ha ahorrado esfuerzos, y la declaración de Dublín sobre el empleo lo demuestra. 
La cooperación entre la Comisión y la Presidencia ha sido excelente y fructífera; ha girado en torno a los objetivos del Pacto de confianza por el empleo, que he concebido precisamente para movilizar a todos los agentes europeos y a todos los niveles. 
Hay pruebas de que esta concepción se está concretando y estas pruebas son un poderoso estimulante, ante todo para los Estados miembros, para avanzar todavía más. A ellos corresponde conducir las reformas. 
Además, si se ponen de acuerdo y coordinan sus esfuerzos, se producirá un efecto multiplicador europeo. 
Debemos avanzar juntos por la vía de la modernización de nuestras economías. 
Y, en lugar de cultivar la morosidad, valoremos a los que toman iniciativas, a los que se mueven. 
En todas partes todo el mundo se apresura; y por ello los pactos territoriales han tenido esta acogida en las distintas regiones de Europa. 
El Consejo Europeo ha decidido poner en marcha y financiar unos sesenta. 
También los interlocutores sociales se movilizan y, por primera vez en la historia de la Comunidad, sindicatos y empresarios han presentado una declaración común al Consejo Europeo. 
Actualmente negocian a nivel europeo sobre la organización del trabajo y la flexibilidad. 
Al mismo nivel que las prioridades del Pacto de confianza por el empleo figura también el mercado interior. 
No estoy haciendo la relación de avances conseguidos bajo la Presidencia irlandesa. 
No solamente debemos afianzar el mercado interior, el mercado único, sino también explotar todo su potencial. 
Hay reservas importantes en relación al crecimiento y al empleo: por ello, me he comprometido a presentar en junio, en el Consejo Europeo de Amsterdam, un plan de acción y un calendario precisos para alcanzar este objetivo antes del 1 de enero de 1999. 
Mi intención es volver a dinamizar el mercado interior con propuestas precisas y prioritarias, encaminadas a rellenar todas las lagunas existentes. 
También debemos asegurarnos de que se cumplen todos los criterios de buen funcionamiento de este mercado. 
Para explotar todo su potencial es necesario, por ejemplo, asegurarse de que las empresas estén bien informadas de las nuevas ocasiones que se presenten. 
La Presidencia ha conseguido que se apruebe el Tercer Programa Plurianual para las pequeñas y medianas empresas. 
Yo la felicito por ello, pues las PYMES desempeñan un papel crucial para el empleo, deben saber que el mercado interior es también su campo de acción y no solamente el de las grandes empresas. 
Señor Presidente, si hay un ámbito en el que la Presidencia irlandesa ha aportado una contribución ejemplar, es el de justicia y asuntos interiores. 
Si la lucha contra la droga es una prioridad para los ciudadanos, también era una prioridad irlandesa y Dublín ha demostrado que era una prioridad europea. 
Con el fin de reforzar la cooperación en materia de justicia y asuntos interiores, se han aprobado cuatro programas: GROTIUS, SHERLOCK, VOISIN y STOP. 
Si estos programas pueden ponerse en marcha ya desde este año, hay que anotar este éxito en el activo de Irlanda. 
Lo mismo ocurre con la criminalidad organizada, que sabemos no conoce fronteras. 
Nuestros Estados deben sentirse solidarios y mostrarlo. 
El Consejo ha decidido la creación de un grupo de alto nivel, que estará encargado de establecer un programa de acción conforme a un calendario ajustado. 
En este sentido, constato algunos progresos en las intenciones. Esto podría ser un buen augurio para la CIG y por ello esta evolución deberá traducirse en hechos. 
Sé que ustedes comparten mi convicción. 
Si nos dotamos definitivamente de medios para emprender este combate, los europeos se darán cuenta. 
Vuelvo ahora, señor Presidente, a lo que va a determinar el futuro institucional de la Unión. 
Después de seis meses de trabajo intensivo, el texto de la Presidencia ha permitido ver con más claridad, ha sabido elegir y aplicar el mejor método posible durante estos últimos seis meses. 
Igualmente, he estado atento al compromiso de los representantes de ustedes, la señora Guigou y el señor Brok, para la Conferencia Intergubernamental. 
Por otra parte, me felicito de que los puntos de vista del Parlamento Europeo y de la Comisión converjan en numerosos puntos. 
Pero no debemos engañarnos, todavía estamos lejos de haber planteado en los textos respuestas claras a las aspiraciones de los ciudadanos y a los problemas derivados de la ampliación. 
Ésta será la función de la Presidencia neerlandesa y de ello hablaremos esta tarde. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, deseaban ustedes que pudiéramos discutir los resultados de la Conferencia Ministerial de Singapur. 
Globalmente son positivos. 
En efecto, la Unión Europea ha conseguido que los compromisos establecidos durante la Ronda de Uruguay se vean confirmados tal como deseamos, pero no ampliados, como pretendían sobre todo los países exportadores de productos textiles y agrícolas. 
La declaración de Singapur sobre la multilateralidad y la no discriminación en el ámbito de los servicios es alentadora, al igual que el acuerdo sobre los productos de la tecnología de la información y el compromiso político sobre las telecomunicaciones. 
No deseo omitir el avance que la declaración ministerial dedica a la iniciativa en favor de los países menos avanzados, pues ha sido la acción de la Comisión en Singapur la que ha permitido que la iniciativa no se haya visto pura y simplemente enterrada. 
Es cierto que ni la cuestión de los informes entre medio ambiente y comercio ni la de las normas sociales fundamentales han obtenido el éxito que la Comisión deseaba. Sigo convencido de que el futuro nos permitirá desarrollar nuestras ideas, como podremos hacerlo por otra parte con los otros dos nuevos temas por los que la Unión se ha interesado, que son los informes entre el comercio y las inversiones, así como entre el comercio y las reglas nacionales de competencia. 
Señor Presidente, se dice con frecuencia, con demasiada frecuencia, que los europeos desconfían de Europa. 
No comparto este análisis y mi sentimiento profundo es que los europeos siguen siendo favorables a Europa. 
Si es cierto que hoy están a la expectativa, ello se debe a que ésta se les ha presentado de manera excesivamente ideológica durante años. 
No es ése mi planteamiento, debemos ceñirnos a las realidades y dar prueba de que la Unión sirve a los europeos y éstos nos darán su apoyo. 
Ésta es mi actuación política, que ha sido igualmente la de Irlanda, y los resultados están ahí. 
La Presidencia neerlandesa se compromete a seguir el mismo camino y de ello hablaremos esta tarde. 
Europa puede salir totalmente beneficiada. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista quisiera extender la bienvenida al Primer Ministro de Irlanda, John Bruton, que está hoy entre nosotros, y quisiera aprovechar la oportunidad para darle gracias y felicitarle por la excelente labor desarrollada por el Gobierno irlandés durante los seis meses que ha presidido la Unión Europea. 
La presidencia recayó en Irlanda en un momento crucial en que el proceso intergubernamental estaba vacilando, en un momento en que se precisaba un esfuerzo concertado para procurar restablecer la situación. 
Es posible que mi grupo tenga muchas críticas acerca del proyecto de tratado en que desembocó la Cumbre de Dublín II- los especialistas de mi grupo expondrán muchas de esas críticas en este debate- pero no cabe duda de que la voluntad irlandesa de producir un proyecto de Tratado que abarque muchas de las esferas vitales que estamos estudiando, y el éxito obtenido en esa empresa, representan un logro considerabilísimo, especialmente si se tienen en cuenta las diferencias muy evidentes que existen entre los Estados miembros de la Unión acerca de cuestiones delicadas como la flexibilidad y la votación por mayoría cualificada, el empleo y la dimensión social, el tercer pilar y la lucha contra la droga, el terrorismo y la delincuencia internacional, el desarrollo de una política exterior y de seguridad común, y la ampliación de la Unión, junto con otras muchas más cuestiones. 
Irlanda asumió la presidencia en un momento en que el calendario de la Unión Económica y Monetaria exigía acción, un momento en que el concepto de la UEM suscitaba resistencia activa en muchos Estados miembros y en el cual hubiera resultado mucho más sencillo y mucho más cómodo limitarse a levantar el pie del acelerador y esperar a que las próximas presidencias se ocuparan de la cuestión. 
Quisiera rendir homenaje a Ruairi Quinn, que ha sido el Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda durante la presidencia irlandesa y que estaba resuelto a no tomar el camino fácil y a salir adelante con su programa, a llegar a un acuerdo acerca del pacto de estabilidad, a finalizar las disposiciones jurídicas para el Euro y la estructura del nuevo Sistema Monetario Europeo, y todo esto en un momento en que la presidencia irlandesa se enfrentaba con un calendario muy recargado de reuniones del Consejo, con las engorrosas cuestiones del presupuesto de la Unión para 1997 y, al mismo tiempo, con la realización de una ambiciosa serie de reuniones con este Parlamento. 
A este respecto quiero rendir tributo a la labor del Sr. Mitchell, que está con nosotros esta mañana. 
La presidencia irlandesa se reunió también con las comisiones y los grupos políticos de este Parlamento, sin por ello, naturalmente, dejar de gobernar Irlanda y sin descuidar el tortuoso proceso de búsqueda de una verdadera paz y reconciliación en Irlanda del Norte. 
Quizá es en Irlanda y en su vigorosa economía, su potencial de expansión y su floreciente confianza en lo que debemos fijarnos cuando nos preguntamos por qué uno de los países más pequeños de la Unión ha podido actuar con tanto éxito en la presidencia de la Unión. 
Al revés que su gran vecino, el Gobierno de Irlanda- y cuando oímos lo que ha dicho el Sr. Bruton esta mañana comprendemos por qué- entiende la perspectiva europea. 
Ha participado en los procesos de la Unión Europea, no solamente en un sentido muy práctico sino mediante un examen intelectual de las perspectivas futuras y la plaza de Irlanda en el mundo. 
Todo esto ha quedado perfectamente demostrado por las observaciones del Sr. Bruton. 
Irlanda ha desempeñado también un papel moderado y cuidadoso en esta esfera de máxima dificultad. 
En este Parlamento hemos felicitado al Ministro de Asuntos Exteriores Dick Spring por la forma inteligente y sensible en que se ha ocupado del papel de Europa en el proceso de paz del Oriente Medio. 
También en este caso, en contraste con algunos de los Jefes de Estado de la Unión, la presidencia irlandesa se ha desenvuelto con una madurez que cabe apuntar en el crédito de nuestra Unión, y éste es otro motivo para que demos gracias al Primer Ministro. 
Los que estamos en este lado de la sala estimamos que la presidencia irlandesa ha sido un éxito. 
Esto no quiere decir en absoluto que estemos de acuerdo con todas las decisiones o con todas las declaraciones, y estoy segura de que el Sr. Bruton no espera de nosotros que lo estemos. 
Eso sí, hemos podido comprobar que la presidencia irlandesa ha desarrollado su labor con eficiencia y efectividad en la sólida defensa de los objetivos de la Unión Europea, y que ha actuado con integridad. 
Ha preparado el camino para la presidencia neerlandesa y ha demostrado que Europa puede desempeñar un papel en el plano internacional. 
Ese papel reviste importancia crucial en estos momentos. 
El Presidente en ejercicio recordará que la Unión Europea desempeñó un papel positivo en el proceso de paz del Oriente Medio que tuvo lugar en la Conferencia de Barcelona y en el que se esbozó la política mediterránea de nuestra Unión. 
Estoy segura de que, como yo, todos acogemos con satisfacción el Acuerdo de Hebrón que se ha firmado hoy. 
Teniendo en cuenta las tensiones que reinan actualmente en el Mediterráneo oriental, la Unión tiene ahora la oportunidad de demostrar una vez más su función de facilitación, utilizando para ello el escenario de la Conferencia del Mediterráneo para agrupar a todos los que intervienen en las tensiones actuales: Turquía, Grecia y Chipre, todos los cuales participan en el proceso mediterráneo y lo promueven. 
En breve los Ministros de Asuntos Exteriores, incluido el de Irlanda, se reunirán en el contexto de la Conferencia del Mediterráneo para examinar las cuestiones de seguridad. 
Les insto, y espero que ustedes también lo hagan, a que, como parte de la presidencia saliente y parte también de la Troica de la Unión Europea, ejerzan su considerable influencia diplomática y política para disminuir las tensiones y la carrera de armamentos desesperadamente peligrosa que ahora se está desarrollando en el Mediterráneo oriental. 
El tema de la desmilitarización de la isla de Chipre ha estado en nuestro programa de trabajo de los dos últimos años: debemos ocuparnos de ese tema con el mismo empeño y el mismo vigor con que se desarrolla en la actualidad la carrera de armamentos en el Mediterráneo oriental. 
Diré para acabar que la presidencia irlandesa ha sentado sólidos cimientos para las próximas presidencias que traten de la Conferencia Intergubernamental y de la Unión Económica y Monetaria, y que ha demostrado que una diplomacia sensata que reconozca lo que puede hacer Europa y la función que Europa puede desempeñar en el mundo actual es algo que tenemos que poner a disposición de los demás. 
Doy gracias a la presidencia irlandesa por haberlo hecho. 
Señor Presidente, la Cumbre Europea de Dublín y la Presidencia irlandesa fueron un éxito notable. 
Tal y como acaba de decir el Presidente de la Comisión, se ha vuelto a demostrar que los representantes de un país pequeño pueden ser grandes presidentes del Consejo Europeo. 
Sin duda, este fue el caso de Taoiseach John Bruton y sus ministros, que han desempeñado su tarea con eficacia y con una profunda convicción europea. 
La moneda europea está en camino. No sólo porque a partir del año 2002 los siete billetes del banco europeo se pondrán en circulación en muchos países, sino también porque en Dublín se decidió el «Pacto de Estabilidad». 
Para nosotros, este Pacto de Estabilidad no es una especie de corsé para nuestras economías. 
Al contrario, estamos convencidos de que hará bajar los tipos de interés y fomentará el crecimiento económico. 
Por ello va siendo hora de que convenzamos a nuestros conciudadanos de que esta Unión Económica y Monetaria es precisamente la mejor arma contra el desempleo que sigue socavando de forma tan dramática nuestra sociedad, y considero que la declaración sobre el desempleo que usted, señor Presidente, ha arrancado al Consejo Europeo en Dublín, supone una verdadera ruptura. 
Conozco un poco el entorno del Consejo Europeo, y en efecto ha logrado usted una ruptura, y esto es un gran éxito. 
En Dublín se decidió que los ministros de Finanzas formarían una especie de gobierno económico común frente al Banco Central Europeo. 
Ellos han de determinar las relaciones externas de Europa con otras zonas monetarias y concretamente con la zona del dólar. 
Por consiguiente, la moneda única permitirá a los europeos reducir enormemente las turbulencias que perturban los sectores de nuestra economía. 
La Presidencia irlandesa ha conseguido encauzar las negociaciones en torno a la CIG a una fase política. 
Después del buen éxito de la CIG en Amsterdam, tendremos que iniciar la ampliación. Esta es esencial para la estabilidad de nuestro continente y también para su seguridad. 
Los pueblos de la Europa Central y Oriental tienen grandes expectativas. 
Pero he de decir que si la Cumbre de Amsterdam no consigue organizar la Unión Europea de forma eficaz y democrática, no sería prudente iniciar estas negociaciones sobre la ampliación. 
Por ello es preciso regular cuestiones muy delicadas como la composición de la Comisión, la competencia del Parlamento Europeo, las proporciones de voto, las decisiones por mayoría en el Consejo, las competencias del Tribunal de Justicia. 
La diplomacia europea ha de convertirse en un verdadero instrumento de cooperación y seguridad común. 
Es preciso crear una defensa europea. 
Por desgracia, pese a los éxitos de su Presidencia en materia de política interior, he de constatar que las posiciones adoptadas en Dublín, por ejemplo sobre las relaciones con Rusia, sobre los conflictos en la región de los Grandes Lagos y la situación en la antigua Yugoslavia, todavía no responden a una verdadera política exterior y de seguridad común. 
A falta de una voluntad política y dada la ausencia de un criterio común en los intereses vitales de los europeos a nivel mundial, siguen sin cumplirse las condiciones para convertir a Europa en una potencia real capaz de actuar en pie de igualdad con Estados Unidos en la escena mundial. 
Asimismo es preciso adaptar la política regional y agrícola, la financiación de la Unión. 
La adaptación de esta financiación es necesaria porque algunos Estados miembros no consideran que deban asumir costes discriminatorios debido a la ampliación. 
Los notables progresos, aceptados también en algunos ministerios nacionales, en favor de una verdadera policía común, una especie de FBI europeo, y un espacio jurídico europeo, son buenos presagios para luchar juntos contra el terrorismo, el narcotráfico y la criminalidad internacional. 
También en este sentido hay que elogiar a la Presidencia irlandesa. Toda iniciativa para tratar la justicia y la seguridad común, y para someterlas a un control democrático, contará con nuestro apoyo. 
Un aspecto esencial para los próximos meses es que con su documento, por primera vez, ha encauzado usted las negociaciones a una fase política. 
Espero que no se olvide ese ímpetu y que la Presidencia neerlandesa siga este mismo rumbo, pero de eso hablaremos más tarde. 
Le felicito a usted, y también a la Comisión, por los resultados de la Cumbre de Dublín. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitarle por su elección y desearle toda clase de éxitos durante su mandato. 
Cuirimse céad mile fáilte roimh Taoiseach na h 'Eireann agus Aire Gnothaï na h' Eorpa ata anseo chun deire oifiguil a chuir le Uachtaranacht Eireann don Comhphobail. 
Felicito calurosamente al Presidente en ejercicio saliente del Consejo y a su Ministro de Asuntos Exteriores, Gay Mitchell, con ocasión de su visita oficial al Parlamento Europeo, por haber llevado a feliz término la presidencia irlandesa de la Unión. 
A todos nos agrada sobremanera el éxito que ha tenido la presidencia irlandesa. 
Al Taoiseach y a sus colegas del Gobierno y a los centenares de funcionarios de la administración pública que han participado en las labores de la presidencia les damos gracias muy sinceramente: estamos muy orgullosos de lo bien que han llevado a cabo su labor. 
También me agrada decir que la Cumbre de Dublín ha sido una de las reuniones en la Cumbre de mayor éxito de los último años. 
Se ha progresado mucho en relación con las cuatro prioridades principales que enumeró la presidencia irlandesa al principio de su mandato y que aprobó el Parlamento: la moneda única, la lucha contra la delincuencia y la droga, la Conferencia Intergubernamental, y la lucha contra el desempleo. 
El establecimiento de una moneda única en menos de dos años está progresando firmemente; el Pacto de Crecimiento y Estabilidad hace que los mercados financieros, los inversionistas y el público en general puedan confiar en que el Euro sea una moneda estable que no sufra fluctuaciones como consecuencia de las políticas a corto plazo que aplican uno o más de los gobiernos de la nueva zona monetaria. 
Me satisfacen los progresos conseguidos en Dublín en la consolidación de la cooperación entre países de la Unión Europea para luchar contra la delincuencia organizada y contra el tráfico internacional de drogas. 
Al comercio ilegal de drogas se debe gran parte de la miseria que existe en cada uno de nuestros países y la delincuencia contra personas y bienes para poder financiar la toxicomanía significa que gran número de nuestros ciudadanos viven en constante temor por su seguridad personal. 
Los que son responsables directos del suministro de drogas ilegales que hay ahora en comunidades de toda la Unión hace tiempo que vienen operando sobre una base internacional y una acción eficaz para reducir sus actividades requiere asimismo una respuesta internacional coordinada. 
La Unión debe asignar recursos de su presupuesto anual para interceptar a los contrabandistas que introducen drogas en la Unión, para fiscalizar la distribución de sustancias utilizadas en la fabricación de drogas dentro de la Unión, y para investigar las actividades de blanqueo de dinero de los barones de la droga. 
El proyecto de revisión de los Tratados que la Conferencia Intergubernamental presentó en la Cumbre de Dublín constituye una base sólida para pasar a la fase final- que es la más controvertida- de las negociaciones acerca de un nuevo Tratado. 
El acuerdo en la Cumbre sobre el proyecto de revisión de los Tratados fue un logro extraordinario y todos los involucrados merecen nuestro agradecimiento especial, particularmente el representante gubernamental Noel Dorr por la función principal que desempeñó a ese respecto. 
Una de las cuestiones que aún no se han resuelto en esas negociaciones es la del número de Comisarios de la Unión Europea que hay que nombrar en el futuro. 
Es de importancia vital que se preserve la legitimidad política de la Comisión en todos los Estados miembros y a los ojos de cada electorado nacional. 
A la larga esto sólo se podrá conseguir si cada país tiene un sitio en el areópago de Comisarios. 
Otra cuestión institucional que todavía no se ha resuelto es la de la operación futura de la presidencia del Consejo de Ministros. 
Se ha sugerido que los países europeos pequeños carecen de recursos y de posibilidades para embarcarse en la onerosa labor de la presidencia de los asuntos de la Unión, y que debería suprimirse el sistema actual que consiste en ejercer la presidencia durante seis meses en régimen de rotación. 
Hay que reconocer que el historial de la presidencia irlandesa durante los seis últimos meses y en particular durante la Cumbre de Dublín, como en el caso de la anterior presidencia irlandesa, demuestra claramente que los Estados miembros más pequeños pueden organizar con eficiencia y éxito las presidencias y que en muchos casos pueden hacer de intermediarios de acuerdos que Estados miembros de mayores dimensiones no consiguieron finalizar durante sus respectivas presidencias. 
La experiencia de los seis últimos meses indica que hay buenos motivos para preservar el sistema actual, que consiste en cambiar de presidencia del Consejo por rotación. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Liberal quisiera empezar por felicitarle a usted y también por felicitar al Taoiseach y a sus colegas del Gobierno de Irlanda por lo excelentemente que han desempeñado la presidencia de la Unión durante estos seis meses. 
Este período ha quedado marcado por el interés prestado a determinadas cuestiones, por la ardua labor desarrollada, y por el considerable éxito alcanzado. De la forma más eficaz y categórica posible se ha demostrado que estaban equivocados los que aducían que en el futuro no debería haber ya una presidencia por rotación entre todos los Estados miembros. 
Taoiseach, ha demostrado usted sin dudas de ningún género- y en el caso de Irlanda, no por primera vez- la capacidad de los Estados miembros más pequeños para desempeñar sus funciones con éxito, desarmando a muchos de los críticos que en los Estados miembros aducían que había que introducir cambios. 
Quisiera tambien rendir homenaje a la administración pública de Irlanda que, aunque relativamente pequeña, ha logrado izarse hasta el nivel necesario para preparar y asumir las funciones de la presidencia y, en muchos casos, para presidir muchas de las dos mil o más reuniones que constituyen parte integrante de la labor de la presidencia. 
En vista de la incertidumbre que rodeaba a esta cuestión antes de la Cumbre de Dublín II, diré que el logro político individual más significativo ha sido el acuerdo sobre el Pacto de Estabilidad como parte de los preparativos necesarios para la Unión Económica y Monetaria. 
Además de obtener un acuerdo sobre la condición jurídica del Euro y los principios generales del MTC II, la presidencia irlandesa ha mantenido y reforzado el impulso hacia una moneda única. 
También en este caso la capacidad de los Estados miembros más pequeños para actuar como honrados intermediarios, mediando entre los países mayores, ha quedado bien ilustrada y subrayada por la presidencia irlandesa con la ayuda, como se ha reconocido aquí hoy, del Primer Ministro de Luxemburgo. 
En cambio, el Grupo Liberal está desilusionado por el progreso realizado hasta la fecha con lentitud y de mala gana acerca de una serie de cuestiones de liberalización, especialmente en telecomunicaciones y servicios postales. 
Esto no constituye un fallo imputable directamente a la presidencia, sino más bien un fallo de la voluntad colectiva del propio Consejo. 
Más molesto resulta el hecho de no saber apreciar la dinámica competitiva de una economía mundial más abierta- a la cual ha hecho referencia con tanta elocuencia el Taoiseach -, cuestión que, si no nos ocupamos de ella, nos costará puestos de trabajo a la larga en vez de proteger los puestos de trabajo que tenemos en la Unión, de lo cual parecen estar convencidos los que proponen que se mantenga el actual statu quo. 
En la esfera de la Conferencia Intergubernamental es donde la presidencia irlandesa nos ha obsequiado con el mayor legado. 
El proyecto de Tratado se caracteriza por su ambición y por su realismo, y representa un crédito para su principal autor, el Sr. Noel Door. 
Sin embargo, en el plano institucional y en cuanto a la cuestión de la flexibilidad, nos desanima que no se hayan hecho más progresos. 
Sería una lástima que al final tuviéramos que decidirnos por soluciones mal analizadas o mal concebidas sin la debida reflexión y el debido debate, pues esto revestirá una importancia crucial para nuestra capacidad de resolver efectivamente la cuestión de la ampliación, cuestión que el Taoiseach ha subrayado acertadamente como el próximo reto de importancia después del final de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, aunque en mi Grupo en estos momentos no hay componente irlandesa aunque sí un partido asociado que, por cierto, participa en el Gobierno irlandés, yo quisiera manifestar también el agradecimiento de nuestro Grupo por el trabajo del equipo irlandés al frente de la Presidencia europea. 
Las intervenciones del Sr. Bruton son profundas y brillantes, y su Ministro para Europa ha hecho una labor realmente ejemplar en su relación con el Parlamento Europeo. 
Dicho esto, debo mostrar también mi preocupación en nombre del Grupo y una cierta decepción por los resultados de la Cumbre, aunque sé que la Presidencia holandesa todavía hará que nos parezcan mejores los miembros de la Presidencia irlandesa. 
¿Por qué tenemos esa preocupación y esa decepción? 
Porque hay una debilidad en las propuestas relativas a las reformas institucionales de cara al mejor funcionamiento de las instituciones y a su democratización y de cara sobre todo a la ampliación. 
Nos satisface sin duda el nuevo título sobre el empleo, pero no hay una referencia a la salvaguarda de los servicios públicos ni hay una instrumentación de las políticas que quieren crear empleo. 
Lamentamos que no se haya previsto ningún verdadero progreso en las cuestiones de ciudadanía y tenemos la sensación de que las decisiones más importantes de la reforma serán tomadas en su momento, en el último minuto, sin transparencia ni información directa a los ciudadanos ni a los representantes de los ciudadanos para que puedan deliberar responsablemente. 
No estamos de acuerdo con algunas afirmaciones que se hacen sobre el empleo y las políticas de saneamiento. 
No vemos que la política dura de saneamiento presupuestario vinculada a la creación del euro implique automáticamente un crecimiento de la producción y del empleo. 
En esto, disentimos. 
Creemos que aumenta el desempleo y a la vez correlativamente aumenta la especulación financiera. 
Es necesario que las transacciones financieras en Europa que tienen que ver con la especulación sean sometidas a impuestos. 
Hay esas nuevas posibilidades de empleo en medio ambiente, en temas sociales, pero no son suficientes. 
Creemos que hay que reflexionar sobre la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, hay que volver a reflexionar una vez más sobre los efectos que se producen en algunas economías nacionales, en algunas sociedades. 
Y mantenemos una fuerte discrepancia sobre el sentido del pacto de estabilidad y crecimiento. 
En definitiva, el pacto de estabilidad y crecimiento va a condicionar en el futuro las políticas presupuestarias de los Estados miembros y a algunos países les va a producir graves problemas. 
En cuanto a la Europa de los ciudadanos, apoyamos la lucha contra el narcotráfico- hay que luchar más contra el blanqueo de ese dinero negro que se produce por el narcotráfico- y lamentamos que la creación del Observatorio europeo para los fenómenos racistas y xenófobos no haya sido decidida. 
En cuanto a los asuntos exteriores, estamos muy de acuerdo con los planteamientos que se hacen sobre Palestina y lamentamos la tolerancia y la comprensión excesiva con el Gobierno turco. 
No tiene credibilidad el Gobierno turco para que se le trate de esa manera en el cumplimiento de los Derechos humanos porque cada vez los conculca más para todos sus ciudadanos y especialmente para el pueblo kurdo. 
También nos gustaría que sobre Cuba hubiese acciones más decididas para que hubiese una posibilidad de cooperación entre la Unión Europea y Cuba con todas las garantías recíprocas con miras a una mayor democratización. 
No tengo tiempo para más, señor Presidente Bruton, pero sepa usted que nuestras críticas son muy leales, y esperamos que en el futuro su buen trabajo fructifique en la Conferencia Intergubernamental. 
Podría decir, sin ninguna ironía, que Dios nos oiga y nos apoye en estos momentos tan difíciles, porque en las Instituciones sólo no confiamos. 
Señor Presidente, Señorías, una vez que el Consejo Europeo de Dublín ha encarrilado definitivamente la cuestión de la moneda europea, permítanme que en esta ocasión mencione únicamente los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Tal como ya dijimos en el mes de diciembre en una resolución, el proyecto de Tratado modificado por la Presidencia irlandesa (a la que hay que felicitar) tiene el indudable mérito de hacer balance de la situación de la CIG, que se caracteriza por un bloqueo total en el ámbito de las reformas institucionales y por una falta real de voluntad de progresar por parte de algunos Gobiernos. 
Mi grupo considera que nadie puede permitirse el lujo de esperar, salvo a riesgo de un mercadeo de último minuto, con resultados inciertos e imprevisibles y, forzosamente, poner en peligro no solamente la ampliación sino también el futuro de la propia Unión. 
Estamos convencidos de que, por encima de su trabajo de propuesta, este Parlamento debe plantear una estrategia que, evidentemente, debe seguir. 
¿Cuál debe ser, en los próximos seis meses, la estrategia política de esta Asamblea, por encima del importante trabajo de nuestros dos observadores y de la votación de nuestras resoluciones? 
Pregunta tanto más pertinente, por cuanto que no disponemos del procedimiento del dictamen conforme sobre el resultado de las negociaciones. 
Considero útil recordar que, durante la última ampliación, el Parlamento ya se había comprometido a no embarcarse en otras ampliaciones sin una importante reforma institucional. 
Ello implica, entre otras cosas, una codecisión real entre el Parlamento Europeo y el Consejo, el abandono del procedimiento de unanimidad, el anclaje de la Comisión en el centro del sistema institucional de la Unión y una cláusula de cooperación reforzada para evitar, en el futuro, cualquier bloqueo o parálisis. 
Para concluir, quisiera, señor Presidente Santer, hacerle una invitación solemne para que la Comisión se asocie con el Parlamento en esta batalla. 
En efecto, todos sabemos que la Comisión es el guardián de los tratados. 
Incurriría en una grave responsabilidad si no alertara a la opinión pública y a los Estados sobre los peligros de una ampliación que no se viera precedida de una verdadera reforma institucional. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Dublín ha provocado de nuevo la aparición de la oposición entre aquellos Estados para los que la moneda sólo es un instrumento de regulación económica y aquellos que hacen de ella el elemento central de su política. 
Al alinearse con las tesis alemanas que dan primacía a una reevaluación de los activos, con preferencia a una política de relanzamiento de la demanda global, algunos dirigentes franceses incurren en un error estratégico de graves consecuencias y en un contrasentido económico máximo. 
Me pregunto cuál puede ser el interés de Francia, pero también de los Estados Unidos y Gran Bretaña, por impulsar en Europa central la creación de un amplio bloque, bajo control de una Alemania que una política tradicional de equilibrio entre las potencias permitiría contener con facilidad. 
La construcción europea ha cambiado de naturaleza. 
La utopía de Jean Monnet se ha convertido en un espacio de rivalidades difusas, una gigantesca partida de póquer en la que lo que está en juego es la hegemonía en Europa, es decir, una nueva estrategia para un viejo objetivo. 
El Pacto de Estabilidad, al que se ha añadido el término de crecimiento, por las necesidades de la causa, tiende, por otra parte, a poner en práctica un modelo económico extraordinariamente rígido y coactivo para los Estados miembros. 
Así, no sólo se les dictaría la política monetaria sino también la presupuestarias, las fiscales y la sociales, que es lo mismo que decir, simplemente, la política. 
En el mundo de la empresa los activos existen únicamente si son generadores de beneficios. 
El general De Gaulle afirmó que la política de Francia no se hacía en la Bolsa. 
Aquellos que pretenden que es necesario remitirse al mercado en realidad están haciendo la política de otros. 
Los conferenciantes de Dublín, enfrentados a esta verdad evidente, se han resignado al crecimiento débil y a las deslocalizaciones, conociendo las consecuencias nefastas que esta política de abandono tendría para el empleo y la cohesión social. 
Señoras y señores, saben ustedes que las condiciones para el paso a la moneda única estarán muy lejos de verse cumplidas en 1997 y que la decisión verdadera no se tomará antes de las elecciones legislativas francesas de 1998. 
Cualquiera que sea la decisión que se tome, en cualquier momento el pueblo francés podrá ser consultado en referéndum sobre Europa. 
Eso no podrán ustedes cambiarlo. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar al Taoiseach, al Tánaiste, Sr. De Rossa y también al Ministro Mitchell y a los funcionarios de la administración pública irlandesa por haber demostrado claramente de una vez para siempre que una pequeña nación no solamente puede asumir la responsabilidad de la presidencia de la Unión Europea sino que puede desempeñar esa función con gran éxito. 
Durante los seis últimos meses, la presidencia irlandesa ha dado impulso a la consecución de una moneda única; ha definido una estrategia integrada de empleo en la Unión Europea, que incluye una política macroeconómica y una reforma estructural; ha puesto los cimientos para importantes iniciativas al conseguir una eficaz cooperación en nuestra Unión para la lucha contra la delincuencia organizada en general y contra el tráfico de drogas en particular, y, cosa que no es menos importante, nos ha proporcionado un proyecto de texto del Tratado notablemente sencillo y comprensible en el que se indican las opciones que tenemos a nuestra disposición. 
Apenas hemos empezado a examinar esas opciones cuando la Comisión y los Estados miembros han lanzado al debate la última cantinela europea: la flexibilidad. 
¿Es este último concepto la panacea instantánea e ideal para ayudarnos a superar nuestras dificultades, o no es más que un caballo de Troya cuya finalidad es obstaculizar nuestro camino hacia la Unión federal definitiva? 
Temo que sea más bien lo último, especialmente si ofrece un sistema que multiplica las posibilidades de soslayar determinadas obligaciones y una posible fragmentación en vez de la unidad de destino. 
La integridad de la Unión exige que todos los que creemos en ella sigamos juntos el mismo camino y vayamos en la misma dirección, como tan claramente nos indicaron nuestros predecesores y fundadores. 
Esta integridad fundamental es más importante que el respeto de los «egos» nacionalistas de Estados miembros recalcitrantes que han sido y siguen siendo una barrera que se opone al progreso. 
No es una disculpa aceptable que detengamos nuestra marcha hacia la Unión con el sacrificio de principios importantes para guardar entre nosotros a algunos de esos Estados miembros que bloquean nuestro progreso. 
Recordemos la experiencia de Maastricht. 
Debilitamos nuestra voluntad de instituir la Carta Social y la moneda única a fin de conseguir un consenso. 
Sin embargo, lo que conseguimos debilitando nuestra posición no fue un acuerdo, sino un texto aguado y la posibilidad de escapar al cumplimiento de determinadas obligaciones. 
Por esas razones, la definición de flexibilidad que al principio de esta semana dio John Major suscita mis sospechas. Esa definición indica que se puede permitir que una mayoría de Estados miembros sigan adelante con miras a conseguir una integración más estrecha, a condición de que tengan el consentimiento de los Estados miembros que no están de acuerdo. 
Eso no es flexibilidad, eso es una dictadura impuesta por una minoría a la mayoría. 
Esta es una cuestión fundamental de la que un día u otro habrá que ocuparse. 
El objetivo final de la Unión, en el que coinciden una mayoría abrumadora de Estados miembros, no se puede esgrimir indefinidamente como si fuera el precio de un rescate. 
Habría que decir de una vez para siempre a los que no comparten nuestras ideas que lo que queremos no es crear estructuras que se presten a elegir las obligaciones que uno acepta y a dejar las que uno no quiere aceptar: lo que queremos es crear estructuras que uno pueda abandonar por completo si lo desea, para que los demás puedan perseguir sin trabas esa visión común de una Europa unida. 
Ojalá el lema de la presidencia neerlandesa sea «o dentro, o fuera». 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, la cumbre de Dublín quedará probablemente como una etapa importante para la consecución, en la fecha prevista, es decir, el 1 de enero de 1999, de la Unión Económica y Monetaria, que constituye un objetivo político máximo para Europa. 
Por tanto conviene saludar el importante trabajo realizado bajo su autoridad, señor Presidente, durante los seis meses de la Presidencia irlandesa. 
Aparte de los significativos progresos realizados en al ámbito monetario, la Presidencia irlandesa, conforme a las prioridades que se había fijado, ha reunido un amplio consenso sobre las orientaciones que habrán de seguirse en el futuro en materia de política de empleo y sobre las acciones que será necesario coordinar mejor en el futuro para luchar contra el tráfico de drogas, la criminalidad organizada, el terrorismo y la explotación sexual de menores. 
Por tanto, debemos felicitar a la Presidencia irlandesa por sus excelentes resultados y agradecerle los esfuerzos que ha realizado para conseguirlos. 
La conclusión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, considerada como una etapa decisiva en la aplicación de la moneda única, será sin duda el acontecimiento más destacado de esta cumbre por su impacto sobre el futuro de la construcción europea. 
Un sondeo Gallup, realizado en cuatro países de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) muestra con toda evidencia que nuestros conciudadanos no se equivocan sobre la importancia de la apuesta, a la que se adhieren o que se plantean con aprensión. 
En efecto, el reto no es solamente técnico o económico, sino político en el sentido estricto del término. 
La puesta en funcionamiento de una moneda común, el euro, en los albores del siglo XXI, constituye una prueba real a la que no podemos sustraernos. 
O bien el proceso no llega a su término y la construcción europea se reduce a lo que es hoy, es decir, un gran mercado, una unión aduanera, pero con la tendencia a disolverse cada vez más en una amplia zona de libre cambio, abierta y receptiva a todas las corrientes de la globalización, o, por el contrario, el proceso sale adelante y la Unión Europea, impulsada por solidaridades y nuevas disciplinas que crea la Unión Monetaria, se convierte en una potencia económica real a escala internacional antes de transformarse también, con unas instituciones renovadas, en una potencia política. 
No se trata solamente de una evolución, sino ante todo de una verdadera mutación en el proceso de la construcción europea. 
Si pretendemos que esta mutación sea positiva es necesario que, paralelamente, evolucione el proceso de reforma de las instituciones europeas, actualmente comprometido en el seno de la Conferencia Intergubernamental pero que en verdad aún no ha despegado. 
A la Presidencia neerlandesa le toca tomar el relevo y actuar de forma que la cumbre de Amsterdam sea, en el plano de las instituciones, paralela a lo que ha sido la cumbre de Dublín en plano de la moneda. 
Señor Presidente, yo también quiero dar la enhorabuena al Gobierno irlandés por la manera excelente en que ha desempeñado la Presidencia. Quisiera dedicar el minuto de que dispongo al aspecto institucional. 
Según se desprende de la declaración final de Dublín, apenas se ha abordado esta temática y eso no es extraño, pues la Presidencia irlandesa ha hecho pocas propuestas al respecto, en el convencimiento de que las cuestiones más importantes, las cuestiones institucionales más delicadas, serán examinadas solamente en la ronda final de negociaciones. 
Esto significa que quizás podamos esperar muchas cosas, pero que al mismo tiempo hemos de temer muchas otras, y en cualquier caso hemos de permanecer vigilantes. 
Un punto que exige nuestra atención es el riesgo de que las cuestiones del tercer pilar sean borradas del tercer pilar, pero no vayan del todo al primer pilar, por lo cual quedarán en un limbo institucional al margen de todo control parlamentario. 
Señor Presidente, todos los Consejos Europeos tienen su historia o sus historias y algunos pasarán a la Historia. 
La Cumbre de Dublín tuvo, evidentemente, sus historias, sobre todo la de sus antecedentes, sobre todo la reunión anterior de Nuremberg y la carta Kohl/Chirac, que eclipsó el documento de la Presidencia irlandesa- otro antecedente -, final de una presidencia que tuvo el mérito de intentar valorizar las vertientes sociales. 
También la reunión del ECOFIN, que aportó mucho material para las decisiones políticas, de principio y de fundamento técnico y, además, las historias de las declaraciones de los mayores dirigentes de los Gobiernos de los Estados miembros que, como pocas veces, plantearon con claridad las opciones cuando se aproximan las cumbres en las que habrá que optar. 
No sé si, por sus historias, Dublín pasará a la historia de las cumbres, pero lo que parece es que se ha desbrozado mucho terreno técnico, mientras se espera la oportunidad y la posibilidad de que se tomen decisiones políticas, y se hicieron muchos encargos para el Consejo Europeo de este semestre, en Holanda. 
El Pacto de Estabilidad y la convergencia reforzada pasarán como los temas, si Dublín pasa a la Historia, porque se aprobaron los principios de un pacto de estabilidad (y de crecimiento) que es, como muy bien lo ha llamado Claudia Roth, un pacto de recesión, pues establece las condiciones en que la recesión podrá disculpar déficit considerados excesivos. 
Quedó aplazado todo lo relativo a la ampliación y al empleo, porque la ampliación no puede perturbar este paso a la moneda única, considerado decisivo, como si los desempleados y la tantas veces afirmada prioridad de prioridades debiesen y pudiesen esperar. 
Una vez más estuvo ausente del Consejo Europeo la economía real, la situación social como la viven las personas, la lucha social que se detiene ante las opciones adoptadas, en cuya preparación se procura esquivar esos obstáculos, que se desearían menores. 
Pero no lo son. 
Marcarán el futuro de esta «construcción» y contribuirán decisivamente a las historias y a la Historia de las futuras cumbres. 
Señor Presidente, quisiera dar la bienvenida a nuestro Taoiseach, Sr. Bruton, y felicitar a la presidencia irlandesa, incluidos sus funcionarios de la administración pública, por lo mucho y lo muy duramente que han trabajado para llevar a cabo su cometido. 
Estoy de acuerdo con la idea de la presidencia rotatoria y estoy de acuerdo con que continúe. 
No creo que nada de lo que ha hecho la presidencia irlandesa haya interrumpido los esfuerzos encaminados a hacer de la Unión Europea una superpotencia militar o a impedir que se sigan agravando las diferencias entre ricos y pobres, que es el resultado verosímil de la UEM. 
El título del documento que esboza las propuestas de cambio del Tratado se refiere a la adaptación de la Unión Europea para beneficio de sus pueblos: eso es totalmente engañoso. 
Algunos cambios en la sección de seguridad del documento proponen una mayor militarización de la Unión Europea. 
Los únicos que se beneficiarían de semejante cambio serían los fabricantes de armas. 
Es una lástima que el Gobierno irlandés no haya conseguido- en realidad ni siquiera lo intentó- incluir en las propuestas de cambio salvaguardias adecuadas que protejan la neutralidad irlandesa, y que no propusiera que el objetivo del desarme se hiciera constar en el Tratado. 
En realidad, las propuestas de cambio estrecharían la relación de la Unión Europea con la Unión Europea Occidental, que cuenta con armas nucleares, y prepararían el camino para una posible fusión entre los dos órganos. 
El Pacto de Estabilidad para la UEM, promovido en Dublín, no es cosa de la que podamos regocijarnos, aunque la continuación de la batalla contra el desempleo era un objetivo declarado de la presidencia irlandesa. 
En realidad, venía en segundo lugar después de la estampida para llegar a un acuerdo sobre el Euro. 
El Sr. Quinn, Ministro de Hacienda, ha descrito a la UEM diciendo que fundamentalmente es un proyecto político, pero no consiguió definir ningún beneficio político derivado de ella, ni aliviar los temores de que se limite sencillamente a agravar las diferencias entre ricos y pobres. 
Personalmente, creo que sería un acto de locura que Irlanda ingresase en la UEM si Gran Bretaña se queda fuera, posibilidad que cobra cada vez mayor verosimilitud. 
Menos de la tercera parte del comercio de Irlanda se lleva a cabo con los probables países fundadores de la UEM, mientras que el 70 por ciento de dicho comercio se efectúa con Gran Bretaña y el resto del mundo. 
Señor Presidente, también yo quiero dar la bienvenida al Taoiseach y agradecerle las interesantísimas y espontáneas observaciones que ha hecho hoy en esta sala. 
Me parece que ha recibido ya muchas felicitaciones. 
Taoiseach, ha podido ver usted el respeto que los diputados de este Parlamento sienten por lo que usted y sus colegas han hecho durante la presidencia irlandesa. 
Estoy seguro de que es para usted una fuente de gran estímulo. 
Estoy orgullosísima de lo que han conseguido ustedes; tiene usted motivos para estar orgulloso de un cometido bien desempeñado. 
Estoy segura de que esta cumbre será considerada por muchos como un éxito resonante. 
Limitaré mis observaciones a tres puntos distintos. 
En primer lugar, se había encomendado a la presidencia irlandesa la labor de producir un proyecto de tratado para reemplazar al de Maastricht. 
No solamente lo hicieron ustedes a tiempo, como habían prometido, sino que su documento de 140 páginas, en contraste con el presente Tratado, es lectura fácil para el hombre de la calle que, y esto es aún más importante, puede comprenderlo desde la primera lectura. 
En segundo lugar, el proyecto de texto indica que en la Conferencia Intergubernamental se ha progresado en relación con diversas cuestiones institucionales fundamentales. Entre ellas ocupa un lugar destacado el reconocimiento de la necesidad de seguir democratizando el proceso decisorio. 
Suscita en mí especial satisfacción la voluntad de perfeccionar el procedimiento de codecisión, poniendo de esta manera en condiciones de verdadera igualdad a los dos sectores legislativos de la Unión Europea: el Consejo de Ministros, en representación de los Estados miembros, y nosotros, este Parlamento Europeo, en representación del pueblo. 
Me agrada asimismo la voluntad de ampliar el ámbito del procedimiento de codecisión. 
Ahora bien, reconozco que en principio se trata únicamente de meras expresiones de voluntad que habrá que poner en práctica. 
Espero que la ambición de que ha dado pruebas la presidencia irlandesa, que ha culminado con el proyecto de tratado, se pueda llevar a la práctica a tiempo para la Cumbre de Amsterdam. 
La segunda esfera principal de éxito ha sido, sin duda alguna, la Unión Económica y Monetaria. 
Muchos oradores lo han mencionado. 
Se ha progresado en relación con el nuevo sistema monetario europeo, la condición jurídica del Euro, y el Pacto de Crecimiento y Estabilidad. 
Si dejamos de cumplir todas estas decisiones, el proyecto íntegro de la UEM quedaría en peligro. 
Es de importancia vital que esos éxitos vayan acompañados ahora de nuevas medidas encaminadas a reforzar el control democrático, a proteger el derecho de los consumidores, y a informar a fondo a los pueblos acerca del paso a la moneda única para que los profetas del apocalípsis no puedan decir que tienen razón. 
Esto es lo que tenemos que hacer para que la UEM se gane la confianza pública. 
Tiene que haber una explicación, esa explicación tiene que ser clara, y tienen que transmitirla medios de información que crean en ella. 
Por último, acojo con satisfacción la Declaración de Dublín sobre el Empleo. 
La Declaración es una de las señales más importantes que he podido observar como diputada, de que nuestras demandas pueden influir en la dirección que tome el Consejo Europeo. 
El Sr. Santer nos dirá que estamos hablando constantemente de empleo, pero esta Declaración de Dublín sobre el Empleo nos indica que estamos pasando a la acción. 
La Declaración tiene que ser ahora el preludio de una verdadera acción, manifestada en instrumentos concretos, objetivos realistas y calendarios efectivos. 
La Unión Europea tiene que conseguir una mayor coordinación de las políticas de empleo y una política macroeconómica orientada al crecimiento. 
A continuación la presidencia neerlandesa tiene que adoptar medidas concretas para mejorar la educación y proporcionar una capacitación adecuada, iniciativas laborales de base comunitaria, y dar prioridad al empleo de los jóvenes y a la capacitación durante toda la vida. 
Taoiseach, ha mencionado usted la importancia de la capacitación y la educación y su relación con la toxicomanía en ciudades como Dublín. 
Veo que entiende usted las demandas y las necesidades del hombre de la calle. 
Una vez más me permito felicitarle y desearle toda clase de éxitos. 
Me agrada observar que este mes los medios de información irlandeses han asistido en masa a nuestras reuniones. 
Espero que informen sobre lo que han visto para que el público irlandés se entere de la profunda estima que se siente por nuestro liderazgo. 
Señor Presidente, la cumbre de Dublín y el informe elaborado al respecto pueden valorarse conforme a una serie de aspectos clave. El primero de ellos es la transparencia. 
¿Qué hemos conseguido en este ámbito? 
El artículo 189 B sobre la aprobación de la posición común mediante normas comunes; ahora bien, esto no supone ningún progreso real. 
En el ámbito de la subsidiariedad hay una referencia a la ampliación del acervo comunitario. 
Ni una sola decisión se devuelve a los Estados miembros, lo cual, según ha dicho el Sr. Santer en varias ocasiones, sería deseable. 
Democracia: habrá adopción común de decisiones en una serie de ámbitos que todavía no conocemos, pero que en conjunto supondrán menos democracia parlamentaria, ya que cada vez se transferirán más competencias a la UE. 
Empleo: se aplicarán medidas de protección, pero no habrá puestos de trabajo para sustituir los que se pierdan al iniciarse la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Ampliación: parece probable que unos pocos países ricos de la Europa central y oriental, o los más ricos de ellos, se incorporen en el año 2005, pero la ampliación no se hará efectiva para todos. 
Medio ambiente: se han hecho declaraciones aceptables, pero no suponen cambios reales, con la excepción de que se ha ratificado el procedimiento del Tribunal, que invalidó la garantía medioambiental y la convirtió en un régimen de dispensa, según el cual la Comisión tendrá que aprobar cualquier excepción en los Estados miembros. 
En los seis ámbitos o aspectos clave presentados por Dinamarca, es obvio que no hay ningún progreso. 
Al contrario, recibimos todo lo que no queremos: ciudadanía de la Unión, policía, ejército, moneda única y los medios de poder de un Estado federal. En consecuencia, señor Presidente, supongo que no le sorprenderá que no lo pueda aceptar. 
Señor Presidente, Señorías, desearía mencionar tres cuestiones a propósito del debate de esta mañana. 
No creo que haya precisamente materia para la autosatisfacción por parte de la Presidencia irlandesa. 
Su política monetaria, de la que se ha vanagloriado, nos cuesta muy cara, y el Pacto por el empleo choca contra las fuerzas del mercado ante el collar impuesto por la Unión Monetaria. 
En ningún momento se ha abordado el verdadero problema, que es el de un dólar infravaluado. 
También en materia de seguridad se ha hablado de éxito. 
Deseo aclarar que, en 1950, Francia registraba una tasa de 250.000 crímenes y delitos en su territorio. 
En 1995, registraba 4, 5 millones. 
Esta evolución es la misma en la mayoría de los países de Europa y no se ha comprobado este año un descenso considerable. 
Hace unos momentos, el Presidente ha dicho que la angustia vital podía explicar una cierta delincuencia y, sobre todo, el consumo de estupefacientes. 
Pero, en este caso, creo que esta angustia vital procede más bien de esta civilización de las luces, de las luces frías y heladas, que ignoran la necesidad del calor humano satisfecho por el sentimiento familiar, el sentimiento religioso y el patriótico que se olvidan con demasiada frecuencia. 
Señor Presidente, la Presidencia de los últimos seis meses, de la que Dublín II era su cumbre en el doble sentido del término, era la de un pequeño país. 
Como luxemburgués, me alegro del éxito de la Presidencia irlandesa que demuestra, por si era necesario, que el compromiso político en favor de Europa no depende ni de las dimensiones ni del número de habitantes de un país. 
Me felicito también, dicho esto entre paréntesis, por el hecho de que el Sr. Bruton haya reconocido aquí el papel del Primer Ministro luxemburgués en el compromiso sobre la Unión Monetaria en Dublín. 
El éxito irlandés debería demostrar que el sistema de presidencia rotatoria sigue siendo válido, pues concede a cada Estado miembro, pequeño o grande, la posibilidad de dar prueba de su compromiso europeo y de su eficacia, cualesquiera que sean las dimensiones de su administración. 
Y creo que ésta es una enseñanza a extraer para los debates institucionales en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, el proceso de la construcción europea es lento y necesita paciencia. 
No se deben crear ilusiones sobre saltos cualitativos. 
La cumbre de Dublín, por ejemplo, no ha resuelto nada en materia de empleo. 
El Pacto de confianza por el empleo del Presidente Santer, que hemos saludado en este Parlamento, no ha recibido el impulso político necesario, en cualquier caso no más que los proyectos de grandes redes transeuropeas como, por otra parte, ha recordado el Sr. Bruton. 
Nosotros, los socialistas, seguimos convencidos de que el empleo está en el centro del devenir de Europa. 
Sin duda, como ha dicho el Sr. Bruton, se trata de una cuestión filosófica, una alternativa filosófica. 
No serán los beneficios los que salven a Europa sino la inversión, la formación profesional, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Primer Ministro irlandés sobre la importancia de ésta. 
Lo que salvará a Europa son unas normas ecológicas y sociales. 
Los ciudadanos europeos no comprenden que el capitalismo, por emplear esta importante palabra, haya podido ser «civilizado» en el transcurso del siglo XX en el marco nacional, pero que no pueda serlo en el marco europeo. 
Señor Presidente, para nosotros los socialistas, empleo, normas sociales, cohesión económica y social son conceptos que forman un todo indisociable. 
Una última palabra, señor Presidente. 
Quisiera saludar aquí muy especialmente los esfuerzos de la Presidencia irlandesa en lo que respecta a la seguridad interior. 
Como socialistas, pretendemos que una gran parte de lo que llamamos el tercer pilar se incluya en el ámbito comunitario y apoyaremos los esfuerzos de las futuras presidencias, primero la neerlandesa y después la luxemburguesa, en este sentido. 
Señor Presidente, señoras y señores, yo también quiero dar las gracias a la Presidencia irlandesa del Consejo. 
Usted, señor Taoiseach, ha contribuido personalmente con una gran dosis de interés y de iniciativa al éxito de la Presidencia. 
Pero también quiero dar personalmente las gracias por su buena colaboración a Gay Mitchell y a Noel Dorr, quienes han hecho importantes contribuciones precisamente al Parlamento Europeo en sus conferencias de trabajo y en la Conferencia intergubernamental. 
La Presidencia irlandesa del Consejo ha allanado el camino para el próximo semestre de conversaciones en el terreno de la Conferencia intergubernamental. 
El acuerdo que se ha alcanzado acerca de los últimos problemas que había que solucionar en el ámbito de la Unión monetaria ha dejado ahora libres las cabezas, de suerte que es posible concentrarse en la Conferencia intergubernamental. 
La Unión monetaria es la última piedra angular de la integración económica. 
Ahora es necesario recorrer el camino hacia una mayor integración política. 
Soy de la opinión de que esta Unión monetaria constituye una aportación a la competitividad de Europa, una contribución a una mayor estabilidad y una contribución a la creación de puestos de trabajo, y no puedo ver, señor De Gaulle, que esta Unión monetaria conduzca al predominio de un país, sino que esta Unión monetaria distribuye la responsabilidad entre los Estados miembros de la Unión Europea de una manera razonable y no conduce a predominio alguno. 
Con su documento sobre la Conferencia intergubernamental desde la perspectiva del Parlamento Europeo la Presidencia irlandesa del Consejo ha dado un paso importante. 
En efecto, ha presentado un texto del Tratado, según el cual la codecisión deberá ser la regla general del procedimiento de decisión legislativo. 
Esperamos que sobre esta base se negocie sobre ello en cuanto al contenido y la metodología bajo la Presidencia neerlandesa del Consejo. 
En el documento se ha dicho también que hay que consolidar la decisión por mayoría cualificada que necesitamos para lograr la operatividad y la capacidad de ampliación de la Unión. 
Alemania y Francia han hecho en su carta la propuesta de que ésta debe ser también la regla general, de la que existan excepciones que se mencionen específicamente, esto significa la inversión del proceso. 
Si pudiéramos conciliar ambas concepciones, ello significaría la irrupción de la reforma institucional que necesitamos urgentísimamente. 
No puedo referirme a muchas otras cosas, ni siquiera a los logros acerca de la precedencia en el tercer pilar, en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad. 
Permítanme que por la brevedad del tiempo enumere solamente dos puntos. 
Hemos de poner cuidado en que no se llegue a una desparlamentarización- aquí se hallan en el mismo barco el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales- y en que no se llegue a una tercera cámara. 
Por encima de todo quisiéramos afirmar que sólo podremos hablar de un éxito de la Conferencia intergubernamental si el Parlamento Europeo recibe el pleno derecho presupuestario. 
Este será para nosotros un punto esencial a la hora de analizar los resultados de esta Conferencia intergubernamental. 
Señor Presidente, los seis meses de Presidencia irlandesa han sido un período de intenso y fructífero trabajo. 
El Consejo Europeo de Dublín de hace un mes, confirmó definitiva y positivamente las cuatro principales prioridades asumidas por la Presidencia al principio de su mandato y nuestro Grupo lo celebra y las recuerda al Pleno aquí reunido. 
He aquí algunos puntos: la adopción de una importante serie de medidas en el ámbito de la justicia y de los asuntos internos; los progresos realizados en el sector de la Unión Económica y Monetaria como, por ejemplo, la aprobación de la estructura del nuevo sistema de cambios; el acuerdo sobre los reglamentos que establecen el marco jurídico para el euro; la aprobación de los principales principios y elementos del pacto de estabilidad y crecimiento, orientados a garantizar la disciplina presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria; los importantes resultados con respecto a la estrategia de crecimiento y empleo que significaron la adopción de una Declaración sobre el empleo, que representa un programa común dirigido a definir una amplia serie de medidas que deben actuarse a nivel nacional y comunitario para fomentar y fortalecer sinérgicamente las políticas macroeconómicas y estructurales en los programas para el empleo y el crecimiento de los Estados miembros; la presentación, a petición del Consejo Europeo de Florencia, del documento marco general de un proyecto de revisión de los Tratados basado en tres objetivos prioritarios: acercar la Unión a sus ciudadanos, fortalecer y ampliar la Política Exterior y de Seguridad Común, a fin de incrementar su coherencia y eficacia, así como de garantizar el mejor funcionamiento de las Instituciones y la eficacia del procedimiento de toma de decisiones, con vistas a la ampliación. 
Se trata de un documento que constituye un buen fundamento para continuar las negociaciones y permite, mediante una más definida e incisiva búsqueda del equilibrio y del consenso, alcanzar los objetivos y las ambiciones contempladas en las exposición de motivos y llegar, por lo tanto, al plazo preestablecido de la Conferencia Intergubernamental, esto es, junio de 1997, con un nuevo y más moderno Tratado de la Unión idóneo para hacer frente a los retos del siglo XXI, siendo el primero de ellos la futura ampliación. 
Señor Presidente, los méritos de la Presidencia irlandesa son muchos más y no los voy a enumerar aquí por falta de tiempo. 
La Presidencia irlandesa ha pasado ahora el testigo a Holanda: unámonos para contribuir todos juntos de forma provechosa, transparente y coherente a estos nuevos seis meses de construcción europea. 
Señor Presidente, dado que el tiempo apremia, me limitaré a hacer una evaluación política sucinta, y por lo tanto incompleta, de la conferencia ministerial de Singapur. 
En términos generales puede decirse que el balance de esta conferencia fue positivo. 
La Organización Mundial del Comercio ha salido reforzada de esta conferencia. Uno de los grandes méritos ha sido sin duda el haber logrado un acuerdo multilateral sobre la tecnología de la información: el sector de hoy y del mañana, que maneja ya mundialmente 400 millardos de dólares. 
Sin duda es importante que se cree un grupo de trabajo sobre el gasto público. Esto permite examinar otras propuestas en materia de competencia, inversiones y transparencia del gasto público. 
Por desgracia también hemos de constatar que no se no han realizado o apenas se han realizado progresos en cuestiones que nosotros consideramos prioritarias. 
En materia de medio ambiente puede decirse que no se ha logrado nada en absoluto. 
Peor aún, esta cuestión prácticamente no fue examinada. 
Pero nuestros esfuerzos no han sido del todo en vano. 
El hecho de que en la declaración final se incluyera la cláusula social, y concretamente la referencia a las normas laborales mínimas, puede considerarse una victoria, dada la fuerte oposición procedente de los países en vías de desarrollo. 
Ahora sobre el ámbito institucional. El hecho de que el Parlamento Europeo haya podido hacer propuestas por primera vez desde la creación del GATT refuerza el papel que desempeñamos en la toma de decisiones en general de la Unión. 
No obstante, no hemos de olvidar que la posición del Parlamento en una conferencia de este tipo no es clara. Entre otras cosas, no nos permite controlar a la Comisión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, este aspecto merece nuestra plena atención en el futuro, sobre todo a la luz de la revisión de los Tratados y de la próxima conferencia de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, la cumbre de Dublín constituye un paso más hacia la consolidación de la Unión Europea de la pobreza y el desempleo. 
Los líderes de los Estados miembros de la Unión, pasando por alto los sentimientos de desesperación y también de indignación de los ciudadanos europeos, procedieron a aprobar el antipopular Pacto de Estabilidad y, sin considerar las dramáticas consecuencias que tendrá para la producción, el empleo y la protección social en todos los países, y sobre todo en los más pobres, insistieron en imponer las denominadas políticas de saneamiento, es decir, de austeridad intensa y parcial, de mayor desregulación del mercado de trabajo y de estricta adaptación financiera, aun a expensas del desarrollo. 
La cumbre de Dublín contribuye a incrementar la militarización de la Unión Europea, hecho que agrava la preocupación de los pueblos de Europa que luchan por la paz y el bienestar social y que están a favor de la disolución de los restos de la guerra fría, como la OTAN y la Unión Europea Occidental, de los pueblos que exigen expresar su opinión mediante referendos nacionales y vinculantes que les permitan decidir el futuro de Europa. 
Por lo que respecta a la ampliación, señor Presidente, quiero expresar mi preocupación ante la aparente intención de la Mesa de realizar las negociaciones sobre la posibilidad de un futuro ingreso de Chipre en la Unión Europea no exclusivamente con el gobierno legítimo de Chipre, preocupación que se profundiza ante el silencio persistente de los órganos institucionales de la Unión Europea frente a las amenazas por parte de cargos gubernamentales y militares de Turquía de emprender una acción militar contra Chipre para reforzar su defensa. 
La Unión Europea debe condenar sin rodeos la actitud agresiva y estas acciones de Turquía. 
Señor Presidente, todo el mundo sabe que la OMC está llamada a jugar un papel de primera magnitud para regular de manera leal las relaciones comerciales internacionales. 
Así, la celebración de la conferencia de Singapur representa un avance indiscutible, útil para definir acuerdos que deben contribuir a que la humanidad avance hacia el progreso. 
Pero esta conferencia ha sacado a la luz planteamientos y conceptos muy diferentes, especialmente con respecto a las normas sociales. 
Pensar que basta con mencionar este problema en una declaración final para estar en paz con la propia conciencia o considerar que basta con remitir esta cuestión a la OIT, con el pretexto de que no se debe mezclar comercio internacional y derechos sociales es, cuando menos, poco serio, sobre todo cuando se conocen las limitaciones de esta institución en materia de intervención. 
Creo que este comportamiento supone una huida hacia adelante, que denota ante todo la voluntad política de algunos gobiernos de la Unión por diluir la cuestión de las normas sociales en la OMC. 
Mi juicio es severo con respecto a la Unión, que no ha sabido presentar un frente unido. 
Todo el mundo no ha tocado la misma partitura en este ámbito, lo que ha facilitado las maniobras de algunos países en vías de desarrollo. 
Soy severo porque la Unión podría, y debería, hacerlo mejor para conseguir la creación de un grupo de trabajo sobre las normas sociales en el seno de la OMC. 
Señor Presidente, comprendo que no siempre es fácil llegar a los mejores compromisos en reuniones tan difíciles como la de Singapur. 
Pero me parece chocante, e incluso triste, que países desarrollados hayan podido trocar las tecnologías de la información, el whisky y el coñac por la explotación en el trabajo de millones de niños, incluso hasta la muerte y cuya cifra no deja de aumentar, según la propia OIT. 
Comprenderán ustedes mi reacción, que pretende que el hombre es más importante que el beneficio financiero. 
Reacción que se pretende fiel también a valores democráticos, solidarios y humanistas. 
Deseo firmemente que la Unión tome iniciativas firmes contra cualquier falta al respeto de los derechos del hombre en el trabajo, que no dude en tomar las medidas necesarias cuando se conozcan hechos concretos de violación del derecho como en Birmania y en otras partes. 
Por consiguiente, tenemos dos opciones, o bien conseguimos introducir las normas sociales en el seno de la OMC, o bien sufriremos disturbios sociales en países considerados como política y socialmente estables. 
Y lo que está pasando en Corea del Sur debe entenderse como una advertencia. 
Señor Presidente, la propuesta irlandesa contiene temas de máxima importancia. 
Esto se ha discutido ya muchas veces y quiero evitar repeticiones. 
¿Quién no estaría de acuerdo en lo fundamental con los programas que se han esbozado, por ejemplo, en las cuestiones de los derechos fundamentales, de la libre circulación, del reforzamiento de la política exterior y de seguridad común y en el reforzamiento de la lucha contra la criminalidad? 
También los ciudadanos que nos han otorgado nuestro mandato- y que, adelantando una encuesta del Sr. Brok, son una tercera parte del electorado austriaco- también estos ciudadanos conocen la importancia de todos estos valores y que debe trabajarse constantemente en el mantenimiento y mejora de los mismos. 
Pero también saben que entre los Estados miembros y entre sus representantes existe un amplio consenso acerca de las cuestiones que se exponen con más detalle en el documento. 
Lo que ustedes no saben es qué va a hacer en suma con el Tratado la Conferencia intergubernamental, es decir, hasta qué punto este Tratado se va a diferenciar luego de aquél para el cual han dado ustedes su conformidad. 
Por consiguiente, lamentamos que, tal como hemos oído muchas veces, importantes cuestiones materiales y, sobre todo, cuestiones institucionales, que son importantes para el futuro de Europa, se hayan quedado por resolver y que su tratamiento se haya aplazado por razones tácticas. 
Creemos que no neutralizaremos la preocupación de los ciudadanos por el desarrollo futuro y ni conseguiremos la anunciada transparencia si los dejamos en la ignorancia. 
Más bien, su preocupación por un centralismo creciente se verá aumentada por ello y por manifestaciones como las de nuestro Comisario Fischler en un diario austriaco en las que rechaza sin más la inclusión del Parlamento Europeo en la decisión sobre su presupuesto. 
Pero, preocupaciones en esta dirección provocan también la ampliación prevista de la decisión por mayoría y el hecho de que la Presidencia, en sus conclusiones sobre Dublin II, proponga apoyar las condiciones marco jurídicas para la utilización del euro en el artículo 235 CEE, tal como se observa cada vez más y se demuestra también en un estudio del Sr. Bandet, y con lo cual se documenta la tendencia de la Comunidad a arrogarse, con independencia de cualquier proclamación formal en favor de la subsidiariedad, sobre un fundamento jurídico dudoso una competencia que, en nuestra opinión, no le corresponde. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar muy sinceramente a la Presidencia irlandesa por una tarea que tomó en un momento difícil de la vida de la Unión, que ha llevado a buen término y que ha permitido fijar unas líneas que pueden ser los raíles sobre los cuales, en el último período negociador, se aborde la Conferencia Intergubernamental, a la que me voy a limitar como presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de este Parlamento. 
El Parlamento ha tomado claramente posición respecto al tema de la Conferencia y de las Instituciones en dos informes convertidos en resolución del Parlamento: el informe Martin/Bourlanges y el informe Dury/Maij-Weggen. 
Los compañeros del Parlamento los conocen y a ellos me remito. 
Las líneas aprobadas en la Cumbre de Dublín muestran cuál es el camino para este último período negociador. 
Con el afán de cooperar desde el Parlamento con la tarea que tiene la Conferencia Intergubernamental, no podemos menos de señalar ciertas debilidades, ciertas ambigüedades y ciertas carencias de este documento. 
Hay debilidades en lo que se refiere a la definición de la extensión de la codecisión. 
La Conferencia Intergubernamental está en el buen camino, pero realmente lo decidido, lo acotado es poco. 
No se ha abordado el asunto de las mayorías del Consejo, que es el tema esencial tanto en la situación actual de la Unión como, mucho más, en el momento de las ampliaciones. 
No se ha entrado tampoco, con un avance sustancial, en ninguna definición que permita mejorar el tema del empleo, que es la lacra esencial de la civilización actual y sin duda de la Unión. 
Hay, además, carencias, timideces, ambigüedades. 
Hay una timidez en la definición de la política exterior y de los instrumentos para llevarla a cabo y, a este respecto, no se define la función de la Comisión. 
No existen tampoco definiciones claras respecto a la PESC. 
Y tampoco hay definiciones muy importantes sino intuiciones respecto a los temas de ciudadanía. 
Hay ambigüedades en lo que se refiere a la cooperación reforzada y a la flexibilidad, que probablemente van a ser los dos conceptos que van a permitir no solamente una Unión a 15, sino una Unión a veintitantos. 
Es de esperar que en este último semestre, en el semestre neerlandés, se profundice y se eviten estas ambigüedades. 
Por último, la relación de los Parlamentos nacionales con el Parlamento Europeo no se decide con claridad en estas grandes líneas de la Presidencia irlandesa, que con todo significan un marco que nosotros consideramos de gran importancia, y por el cual felicitamos sinceramente a la Presidencia irlandesa. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera añadir todavía dos palabras sobre la Conferencia de Singapur. 
He constatado una y otra vez con cierta sorpresa que en el Parlamento Europeo con ocasión de una gran conferencia como la de Dublín o de una exitosa conferencia como la de Singapur nos las arreglamos no para encomiar el éxito sino para rebajarlo con exigencias adicionales. 
Sin embargo, como Parlamento Europeo hemos de ser capaces alguna vez de apreciar los resultados positivos, para que las personas de fuera, si nos escuchan, vean que se va hacia adelante y no apliquen siempre toda la escala negativa. 
A quién ayuda esto y cuando los oradores en particular vean quién les da las gracias por ello, comprobarán también que como mucho a ellos mismos y esto ni siquiera debidamente. 
En Singapur hemos vivido en común una conferencia respecto de la cual existía desde el principio un gran escepticismo. 
Ha sido una primera conferencia de revisión en la que 150 países han adoptado acuerdos mediante consenso. 
Los 15 países de la Unión Europea no podían lograr nada si un país, fuera Albania u otro cualquiera, decía: no, no quiero esto. 
Bajo estas circunstancias esta conferencia constituye un hito esencialmente positivo respecto del desarrollo ulterior de la OMC. 
Quiero afirmar esto aquí y, además, quisiera decir lo siguiente: celebro que haya funcionado el hecho de que nos hayamos presentado en Singapur con una sola voz. 
Este ha sido mérito de Sir Leon Brittan al que quiero dar las gracias de manera especial por su presencia comprometida junto con los 15 diferentes ministros, quienes se sometieron a la idea de ceder la voz a la Comisión. 
Creo también que nosotros, como Parlamento, -en la medida que fue posible- estuvimos allí bien integrados. 
Viajamos hasta allí para participar y esto lo deberíamos seguir haciendo en el futuro. 
Yo doy básicamente las gracias por ello, aunque los Parlamentos jamás consiguen todo lo que quieren. 
También debemos sentir una gran satisfacción en relación con los resultados. 
La conclusión de un acuerdo sobre técnicas de información que establece el camino hacia una futura regulación en el campo de la telecomunicación constituye un acontecimiento histórico en relación con la prosecución del comercio mundial. 
Contribuirá al bienestar, fomentará el libre comercio y todos podemos considerar esto como extraordinariamente positivo, aunque deberíamos comentarlo también. 
Finalmente, quiero decir lo siguiente: naturalmente, los países en proceso de industrialización y los países en vías de desarrollo se encuentran en una difícil situación. 
Todos los días leemos los disturbios que existen en estos países, que en ellos aumenta la pobreza, y es comprensible que en ellos exista la preocupación de que queremos reducir su competitividad mediante criterios ecológicos y sociales. 
Es necesaria una respiración boca a boca, un intento realmente diario, para convencer a estos países de que les interesa que avancemos conjuntamente. 
Singapur ha sido una conferencia llena de éxito. 
Como Unión Europea podemos estar orgullosos de haber estado allí y no puedo menos que decir lo siguiente: sigamos adelante en esta dirección y conseguiremos también a largo plazo nuestro objetivo de un libre comercio mundial. 
Señor Presidente, también yo quisiera hablar de Singapur y creo que hubiéramos debido sostener un debate aparte acerca de este importante tema. 
En particular quiero referirme a los casos de China y de Taiwán. 
China se quejaría con razón si- después de haber finalizado negociaciones económicas satisfactorias- se plantearan objeciones políticas acerca de su ingreso. 
Lo mismo cabe decir de Taiwán. 
Las negociaciones económicas sobre el ingreso de Taiwán en la OMC pueden finalizar fácil y rápidamente, posiblemente dentro de unas cuantas semanas. 
Eso es lo que deberíamos hacer para que ingresara Taiwán, importante democracia y potencia comercial de envergadura. 
No es beneficioso para el comercio mundial que sigamos excluyendo a la República de China a causa de la oposición de la República Popular de China. 
En este caso, la diferencia entre una «República» y una «República Popular» es como la diferencia que hay entre una chaqueta y una camisa de fuerza. 
Es evidente que también tenemos que conseguir que ingrese la República Popular, una vez que haya cumplido determinadas condiciones básicas. Esto reforzaría a la OMC y contribuiría a la reforma de China. 
En el marco de la nueva política china del Presidente Clinton, las posiciones de los Estados Unidos y de Europa son mucho más parecidas. 
En el Grupo ELDR instamos a nuestros negociadores a que intensifiquen sus esfuerzos para conseguir una solución de estos problemas. 
Si no son objeto de discusión en Singapur, quisiéramos saber por qué. 
Señor Presidente, hemos tenido Dublín y Singapur, y en Dublín se ha aprobado el pacto de austeridad presupuestaría. 
Después de medio siglo de keynesianismo se nos ha explicado que la riqueza venía de la búsqueda del mito del equilibrio presupuestario. 
He examinado todas las series estadísticas de las finanzas públicas americanas del siglo XIX y de las finanzas públicas europeas y nunca he encontrado equilibrio presupuestario. 
Es cierto que se ha aprobado un Pacto de Estabilidad con un derecho penal presupuestario que permitirá sancionar a los distintos pueblos en situación de conducción en estado de embriaguez presupuestaria. 
También está la moneda única que se nos promete para 1999 y la cláusula social esbozada como si el país de Adam Smith, que ha creado en todas partes la miseria de las naciones, pudiera al mismo tiempo volver al ultraliberalismo y hablar de lo social. 
Afortunadamente, ha existido Singapur. 
Es evidente que en Singapur se ha evitado la catástrofe, pues se pretendía reabrir el expediente agrícola, algo que finalmente no se ha hecho. 
Pero, señor Santer, no volvamos de nuevo a comenzar por Punta del Este. 
Los Estados Unidos han adoptado el Fair Act. 
En abril de 1996, desvincularon la producción de las ayudas y se sitúan en posición de fuerza con vistas al reinicio de las negociaciones a finales del año 2000. 
No debemos retrasarnos, señor Presidente. 
Es verdad, señor Presidente del Consejo, que nos ha dicho usted que se ha creado un espacio filosófico. 
Era la gran aportación de Dublín. 
Le recuerdo sin embargo que Descartes nació en Francia, publicó en los Países Bajos y murió en Suecia. 
Antes de Dublín, ya había inventado, él también junto con Spinoza, el espacio filosófico. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la presidencia irlandesa y en particular al Primer Ministro y al Ministro de Hacienda de Irlanda, por los progresos conseguidos en relación con la Unión Económica y Monetaria. 
Creo que el mes de diciembre de 1996 será considerado como la divisoria de todo el proceso de la Unión Económica y Monetaria. 
Diciembre de 1996 ha marcado el punto central en el que la Unión Económica y Monetaria dejó de ser una simple aspiración de la Unión Europea para convertirse en una realidad. 
Será un mes de importancia para la historia de Europa. 
Ahora bien, permítanme que dirija mi atención al Pacto de Crecimiento y Estabilidad. 
No olvidemos que lo hemos denominado Pacto de Crecimiento y Estabilidad. 
Es fundamental que el acuerdo a que se llegó en Dublín se ponga en práctica tal y como está redactado. 
Espero que todos los que firmaron el acuerdo sobre el Pacto de Crecimiento y Estabilidad lo cumplan tal como está escrito y que no haya ninguna acción lanzada desde la retaguardia por miembros de la Comisión de Asuntos Monetarios o por personal del Banco Central Europeo o por algún Ministro de Hacienda de algún Estado miembro importante de la Unión Europea, con objeto de minar el compromiso a que se llegó en Dublín acerca de dicho Pacto. 
Si en algún momento se hace algún intento de modificar dicho acuerdo o de restarle rigor, este Parlamento será el primero en condenar dicho intento. 
Es esencial que el Primer Ministro irlandés y la próxima Presidencia neerlandesa cumplan dicho acuerdo. 
En segundo lugar, me referiré a algo que el Primer Ministro irlandés, Sr. Bruton, ha dicho acerca del papel del gobierno en los esfuerzos por crear puestos de trabajo y reactivar la economía. 
Teniendo en cuenta la excelente relación que hay entre el sector público y el sector privado en Irlanda, que ha contribuido a lograr las elevadísimas tasas de crecimiento de los últimos años en el país, me ha desanimado que el Primer Ministro diga que en una economía de mercado hay poco lugar para la intervención gubernamental. 
El efecto multiplicador de las inversiones públicas desempeña un papel esencial para promover el crecimiento y para promover el empleo. 
Si se fija usted en la economía irlandesa, Primer Ministro, verá que en su propia economía el papel de las inversiones públicas ha sido absolutamente esencial para conseguir las tasas de crecimiento que han logrado ustedes en los últimos años. 
Por eso necesitamos que haya acción concertada en el plano europeo: una política económica común, particularmente en la esfera de las inversiones públicas, para que podamos incrementar las tasas de crecimiento y podamos abordar el problema del desempleo. 
La última cuestión que mencionaré se relaciona con la forma en que tenemos en la actualidad una política monetaria centralizada y con lo que podemos hacer en materia de política económica. 
Dirijo mis observaciones al Presidente Santer y al Primer Ministro irlandés. 
En 1997 es absolutamente esencial que el Consejo, la Comisión y este Parlamento se esfuercen por establecer un mecanismo que actúe como contrapeso de la autoridad monetaria centralizada del Banco Central Europeo, para que así podamos tener una autoridad económica dentro de la Unión Europea. 
Esto significa el refuerzo del Comité Económico y Financiero de Ministros de Hacienda; esto significa una función más importante para la Comisión Europea; esto significa una función más importante de vigilancia para el Parlamento Europeo. 
Este tiene que ser nuestro objetivo para 1997, y espero que la Comisión y el Consejo nos presenten propuestas sobre el particular. 
Señor Presidente, como tantos otros, también yo quisiera felicitar a la presidencia irlandesa por el éxito que ha tenido su mandato, y decirles que, como los países más pequeños tienen menos recursos, los éxitos que consiguen merecen mayores elogios. 
Quisiera felicitar al Sr. Bruton, Taoiseach, al Sr. Spring, Tánaiste, y al Sr. Mitchell, pues todos han trabajado muchísimo y han contribuido inmensamente al éxito obtenido. 
Quisiera hacer constar también que el Sr. Bruton no se ha consagrado únicamente al ideal europeo mientras era Presidente en ejercicio. 
Durante muchos años ha promovido el ideal europeo y ha sido un adalid muy trabajador y bien informado de la Unión Europea. 
Creo que es particularmente importante que lo reconozcamos en estos momentos. 
En su mensaje de Año Nuevo, dirigiéndose a su propio pueblo en su propia circunscripción, dijo que uno de sus tres objetivos era esforzarse por la creación de una Europa federal. 
Para los que estamos en estas instituciones es fácil abogar en favor de esas cosas: es lo que se espera que hagamos. 
En los próximos años tenemos tres importantes tareas que llevar a cabo. Me refiero a la Conferencia Intergubernamental, a la moneda única y a la ampliación. 
Algunas de estas tareas, en particular la ampliación, no podremos cumplirlas sin que haya sacrificios para las personas que actualmente forman parte de la Unión Europea. 
Si queremos tener éxito en esa esfera, no bastará con que lleguemos a un acuerdo entre nuestras propias instituciones: el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Tendremos que ganarnos la confianza de nuestras respectivas opiniones públicas nacionales. 
Los Parlamentos nacionales y regionales tienen un importantísimo papel que desempeñar. Por eso aprecio tanto el servicio que a lo largo de tanto tiempo ha prestado al ideal europeo en el contexto irlandés el actual Primer Ministro de Irlanda, Sr. Bruton, bien secundado por el Sr. Mitchell. 
Quisiera referirme brevemente a la declaración de la Sra. McKenna, según la cual la unión monetaria europea es un mal asunto e Irlanda no debe dejarse involucrar en ella. 
La Sra. McKenna basó su declaración en nuestros intercambios comerciales con el Reino Unido y el resto de Europa. 
Las cifras que ha citado han perdido actualidad. 
Hoy en día exportamos el 40 por ciento de nuestros productos a los países de la Unión Europea que forman parte de ella contra viento y marea, y el 28, 5 por ciento al mercado británico. 
Quisiera recordarle que en los 170 años de unión monetaria con Gran Bretaña hemos hecho menos progresos que en los 17 años de acuerdo monetario con los países de la Unión Europea. 
Señor Presidente, espero que no me lo tome a mal, pero considero los resultados de la Presidencia irlandesa y de la Cumbre de Dublín sobre todo en su valor como punto de partida para la Presidencia neerlandesa, especialmente en lo referente al empleo. 
Sin por ello pretender reprocharle nada a la Presidencia irlandesa, quiero no obstante constatar que estas cuestiones están envueltas en tantas brumas que nos es imposible decir que haya mayor claridad, y que nada puede salir mal durante la Presidencia neerlandesa. 
Lo que pretendíamos al elaborar el capítulo sobre el empleo era que en cualquier caso surgiera un equilibrio entre la política monetaria por un lado, y por otro la política de crecimiento, empleo y cohesión en la Comunidad. 
Si consideramos el resultado de su Presidencia, hemos de constatar que este equilibrio no está presente en el proyecto de tratado. 
De acuerdo con esta propuesta, la política de empleo ha de estar en línea con las directrices económicas, es lo único que se dice al respecto, pero lo contrario también tiene que suceder. 
De esto se trata precisamente. 
No se puede seguir únicamente una política económica y monetaria si al mismo tiempo no se tiene en cuenta cuáles serán sus efectos sobre el empleo. 
Y no sólo para las personas que ya tienen trabajo, sino para los muchos millones que están excluidos del proceso laboral y que pese a las operaciones financieras de los últimos años siguen sin encontrar un puesto de trabajo. 
Espero que este dato esté claramente presente en los debates de la cumbre. 
En resumidas cuentas, todavía queda mucho por hacer, sobre todo porque, de hecho, la propuesta de la Presidencia neerlandesa adolece del mismo defecto. 
No basta con incluir el procedimiento de Essen en el Tratado, algo que al parecer tenemos previsto hacer. 
Además necesitamos un calendario y unos objetivos e indicadores concretos. Sólo entonces podremos eliminar la falta de compromiso de las declaraciones. 
Por último, quiero hacer una observación a la introducción del Sr. Bruton, quien ha presentado un alegato a favor de más instrucción y la formación. 
En primer lugar, se trata de una observación sensata, aunque sólo fuera por el hecho de que, en los últimos años, los Estados miembros han reducido drásticamente sus gastos en instrucción y formación. Por otra parte, esto tiene que ver mucho con la UEM y con el pacto de estabilidad. 
Pero quiero citar favorablemente un informe científico publicado ayer en mi país, que señala que por muy importantes que sean la instrucción y la formación para la denominada employability, con ellas no se crea ni un solo puesto de trabajo. 
Cito aquí a la Sra. Papandreou, una de las anteriores Comisarias, que dijo en esta Asamblea: en estos momentos, en Europa ya hay personas que han seguido una formación y un reciclaje seis o siete veces, y todavía no han encontrado trabajo. 
Es un problema que se ignora continuamente, se espera que la instrucción y la formación, que la estabilidad económica crearán automáticamente empleo. 
Es un disparate si no se cuenta al mismo tiempo con una política orientada a la creación concreta de puestos de trabajo. 
Quisiera que el pacto de estabilidad del Sr. Santer se centrara en ello en primer lugar. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero referirme al tercer pilar, a los resultados que a este respecto ha mostrado hasta ahora Dublín, y a las expectativas que abrigamos para la Conferencia Intergubernamental. 
Nuestro objetivo más importante en este ámbito es Europol. 
En el Tratado de Maastricht todo estaba ya acordado, pero luego se demoró en tediosas negociaciones sobre la convención y ahora se ha quedado atascado en el procedimiento de ratificación de los Parlamentos nacionales. 
Es un escándalo que Europol no trabaje todavía. 
Hacemos ahora un llamamiento a los Parlamentos nacionales a que hagan lo que les corresponde para que se otorgue a Europol la posibilidad de trabajar. 
Segundo punto: se está extendiendo la convicción de que Europol necesita al menos a medio plazo una operatividad propia. 
No para desplazar a las policías nacionales, sino para tener posibilidades óptimas de negociar, no como un FBI europeo, pero sí para ostentar dimensiones europeas como una autoridad policial europea que es competente para determinados delitos graves. 
Este es el camino- que, por lo demás, ha sido indicado ya por esta Parlamento- que debe emprender la Conferencia Intergubernamental. 
Tercer punto: todos nosotros estamos pidiendo la comunitarización de partes esenciales del tercer pilar. 
Se trata, sobre todo, del asilo y de la emigración. 
Si caen las fronteras en Europa, sólo tendremos éxito con un derecho comunitario de asilo. 
Y si somos de esta opinión, entonces hemos de hacer ahora el esfuerzo de elaborar un derecho común de asilo. 
Por consiguiente, un derecho comunitario de asilo es la tercera exigencia que se sigue, como una consecuencia, de la Conferencia de Dublín. 
Señor Presidente, señoras y señores, no comparto siempre la opinión de nuestro colega, el Sr. Nassauer, pero hoy debo estar totalmente de acuerdo con él. 
En efecto, uno de los resultados vergonzosos de la cumbre de Dublín- y ello no se debe, en mi opinión, a la Presidencia irlandesa del Consejo, sino a la actitud de bloqueo de algunos gobiernos miembros- es que Europol, a pesar de que es anunciada siempre por todo lo alto como la organización que próximamente podrá combatir eficazmente la criminalidad organizada, de hecho no se produce nada en Europol excepto las ampulosas declaraciones. 
Europol debía ser la panacea para combatir la criminalidad de las drogas. 
¿Combate Europol la criminalidad de las drogas? 
No. 
Europol debía ser la panacea para combatir la criminalidad nuclear, un tema que, por lo demás, ha desaparecido totalmente de la discusión pública. 
¿No existe ya realmente ningún contrabando nuclear en Europa? 
Probablemente no, pues las elecciones al Parlamento Federal han pasado ya. 
Europol debía ser un medio para combatir el abuso sexual de los niños, se ha dicho en la última cumbre de Dublín. 
Es urgentemente necesario que se haga algo en este terreno. 
Pero no se hace nada. 
Desde hace tiempo sabemos en este Parlamento que en los Estados miembros las reservas nacionales de soberanía- y de éstas se trata, en definitiva- son más importantes que la lucha eficaz contra la criminalidad a nivel europeo. 
En nuestro grupo no abrigamos esperanza alguna de que se vaya a cambiar la actitud en el Consejo de Ministros o en los gobiernos miembros. 
Le correspondería a usted emprender iniciativas, por ejemplo, en el sentido de que usted inste de manera ejemplar a los Estados miembros a que pongan los recursos operativos oportunos a disposición de sus servicios en la Comisión que tengan funciones en el tercer pilar para que al menos puedan trabajar eficazmente. 
Pienso en la UCLAF, la unidad de lucha contra el fraude, la cual podría actuar con mucha más fuerza contra al criminalidad organizada. 
Si la Comisión, en lugar de celebrar lo que presuntamente se acuerda en las cumbres pero que en realidad no se ha acordado, se pudiera decidir a instar a los gobiernos miembros y a decir que se emprendiera, por fin, la lucha contra la criminalidad organizada, pero no con palabras sino con hechos, entonces podría usted, señor Santer, estar seguro de nuestro aplauso. 
Pero no lo tendrá usted si usted hace siempre esas declaraciones en las que usted afirma todo lo que se ha decidido, pero que luego no se lleva a la práctica. 
Tenga usted más coraje y entonces el Parlamento estará de su lado. 
Señor Presidente, la República de Irlanda no pertenece a los países más grandes de la Unión Europea en lo que se refiere a su superficie, pero pertenece a los más grandes en lo que se refiere a sus éxitos. 
El elevado compromiso, la capacidad y los vitales impulsos de la Presidencia del Consejo han hecho acreedor de respeto al gobierno de John Bruton. 
Estos han construido puentes de entendimiento, han logrado resultados concretos, en vez de hacer meramente las usuales declaraciones, llenas de palabras pero vacías de contenido. 
¿Ha conseguido también Dublín este «doping» en el ámbito que tiene la máxima prioridad, es decir, en la lucha contra un desempleo que asciende a 18 millones de desempleados? 
Ha conseguido avivar más la conciencia de los Estados miembros en el sentido de agrupar medidas para producir efectos. 
Entre éstas se cuentan: en primer lugar, el apoyo especial a los grupos específicamente problemáticos como los desempleados de larga duración, las mujeres desempleadas y los jóvenes, mediante iniciativas de empleo a nivel local y regional, en segundo lugar, un aumento claro de la calidad en la formación profesional y en el reciclaje profesional para estar en buenas condiciones de cara a la competencia internacional y para ser mucho más flexible y móvil; en tercer lugar, la puesta en práctica de los programas acordados para las pequeñas y medianas empresas, cuyas sanas estructuras y cuya capacidad de innovación generarán nuevos puestos de trabajo. 
Evidentemente, nos encontramos al comienzo de la necesaria eliminación de las barreras administrativas y fiscales. 
Y una cosa más: el pacto de confianza de Jacques Santer ha encontrado un apoyo cada vez mayor. 
La convergencia de los Estados miembros, experimentada hace dos años en Essen y documentada ahora en la declaración de Dublín, es el camino mejor hacia una mayor responsabilidad, una mayor coordinación y una mayor cooperación comunes a nivel europeo. 
Cada vez hay menos oposición a que haya un futuro capítulo sobre el empleo, que contenga cosas sustanciales. 
Señor Presidente, en los dos minutos que tengo para hablar quisiera centrar brevemente mis observaciones en un aspecto de los resultados de la Conferencia de la OMC en Singapur: la cuestión de la observancia de las prncipales normas laborales de reconocimiento internacional en los arreglos o acuerdos mundiales de comercio. 
Al hacerlo, quisiera rendir homenaje al Ministro Enda Kenny, Ministro irlandés de Comercio, por sus denodados esfuerzos encaminados a conseguir una posición de consenso positivo para la Unión sobre esta cuestión en Singapur. 
No ha sido una tarea fácil, en vista de la posición hostil de algunos de nuestros propios Estados miembros, el Reino Unido entre ellos, ante la posibilidad de que se mencionen normas laborales fundamentales en la declaración final. 
Habrá quien se sienta desilusionado por el párrafo sobre normas laborales que figura en la declaración final, porque apenas reafirma la voluntad de preservar el principio de dichas normas, de subrayar el papel de la OIT y de tomar nota de la necesidad de que las secretarías de la OIT y de la OMC colaboren continuamente en relación con esta cuestión. 
Al asunto no se le dio carácter operacional en la estructura de la OMC, y hago mía la frustración del Sr. Sainjon a este respecto. 
De todos modos, habiendo estado en la conferencia de Singapur y habiendo comprobado la evidente hostilidad a toda mención de dichas cuestiones que demostraron algunos países desarrollados y algunos países en desarrollo, en vez de sentirme defraudado diré que comparto la opinión de Willy De Clercq, Jefe de nuestra delegación en la mencionada conferencia, según el cual el hecho de que esta cuestión no hubiera quedado excluida de las negociaciones constituía de por sí un éxito. 
Hemos conseguido que no se extinga la llama, pero no basta con eso. 
El Grupo Socialista pide al Consejo que en su labor preparatoria de la próxima conferencia ministerial- y hay que comenzar ahora esa labor- se base en la referencia con que contamos para conseguir que progresemos en materia de normas laborales fundamentales, así como de normas ambientales, y para lograr que tengamos un comercio mundial que sea libre y equitativo. 
Quisiera dar gracias sinceramente a la presidencia irlandesa por la valiosa labor que ha desarrollado a este respecto. 
Señor Presidente, la Presidencia irlandesa del Consejo ha puesto de relieve oportunamente los éxitos logrados en la preparación de la Unión monetaria. 
Esto merece nuestro elogio. 
Por fin podemos tener en claro cuál va a ser la dimensión internacional de la Unión monetaria pues necesitamos condiciones marco monetarias estables, incluso a nivel internacional, pues el sistema Bretton-Woods se ha derrumbado. 
No podemos dejar caer nuestras economías nacionales en el mecanismo estrangulador de la especulación, del mismo modo que no hemos de confiar solamente a los mercados el comercio y la economía. 
En este sentido la Conferencia de Singapur ha sido seguramente una conferencia exitosa en lo que respecta a una mayor apertura de los mercados y a realizar más avances en la liberalización. 
Sin embargo, en nuestra opinión, queda muchísimo por hacer- incluso para esta Unión Europea- para lograr con ahínco las exigencias del Parlamento Europeo. 
Estas consisten, especialmente, en más avances en la realización de un comercio mundial leal. 
Tenemos un conjunto normativo demasiado poco claro no sólo en el ámbito de los asuntos sociales y de medio ambiente, sino también en el ámbito del régimen internacional de la competencia. 
No podemos dictar en el seno de la Unión Europea una legislación contra los cárteles y los monopolios y al mismo tiempo hacer posibles estos monopolios, y estabilizarlos, a nivel internacional. 
Por consiguiente, necesitamos un régimen internacional de la competencia que ayude a realizar el comercio mundial leal. 
Esto es aplicable también al otro ámbito. 
Europa debe hablar aquí, al contrario que en Singapur, con una sola voz. 
Una Presidencia, una Comisión no podrán lograr nada, si se pone de manifiesto en Singapur que la Unión Europea se halla dividida en la cuestión de este conjunto normativo. 
Es preciso hacer progresos en este punto. 
No debe suceder que la orientación vaya en esta dirección, que el libre comercio mundial siga siendo tan exitoso y que contribuya al crecimiento de las economías nacionales porque esté fundado en la explotación de las personas y en la depredación de la naturaleza y de los recursos. 
Sin embargo, hoy no podemos despachar sólo de esta manera la cumbre de Lyon sobre el empleo. 
No puedo menos que calificar de cínicas las manifestaciones de los jefes de Estado y de Gobierno del G7 en el sentido de que hemos de utilizar las posibilidades de la globalización cuando las personas y nuestro planeta son las víctimas de semejante política. 
Por esta razón necesitamos lo que el GATT y la OMC han querido siempre: un comercio mundial leal con un conjunto normativo, tal como nosotros, como Parlamento Europeo, lo hemos exigido siempre. 
He recibido nueve propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del articulo 37 del Reglamento 
La votación tendrá lugar el jueves a mediodía. 
El debate queda cerrado. 
Elección de cuestores (continuación) 
Anuncio el resultado del tercer escrutinio para la elección de Cuestores: 
Número de votantes: 464 Papeletas blancas o nulas: 9 Votos válidos emitidos: 455 
Han obtenido: 
Sr. Killilea: 194 votos Sr. Paasio: 214 votos Sr. Viola: 169 votos 
Como resultado del tercer escrutinio, proclamo electos Cuestores del Parlamento Europeo a los diputados Sres. Paasio y Killilea, a quienes felicito cordialmente por su elección. 
De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, la precedencia de los Cuestores queda determinada por el orden en que han resultado elegidos. 
Votación (número y composición numérica de las comisiones) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación de la propuesta de decisión (B40028/97) , presentada por ocho Grupos políticos, relativa al número y la composición numérica de las comisiones parlamentarias. 
La enmienda nº 1 ha sido retirada. 
Tiene la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, respecto al tema de la enmienda 1 de la que acaba usted de hablar, quisiera dar las gracias a los colegas que aceptaron cofirmarla conmigo y también al grupo del PPE, que permite a todos los grupos estar representados en el seno de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades haciendo el esfuerzo de ceder un escaño. 
La cuestión que planteaba la enmienda era la de la representación de todos los grupos políticos en el seno de las comisiones. 
Creo que deberían ustedes someter a la Comisión de Reglamento la práctica que se ha instaurado desde hace varios años, consistente en neutralizar algunas comisiones y violar de este modo, en mi opinión, el artículo 135 del Reglamento. 
Éste prevé una representación equitativa de todos los grupos políticos y de los diputados no inscritos en el seno de las comisiones, sin hacer distinciones entre las comisiones que no están neutralizadas y las que se han calificado como neutralizadas. 
No es normal que la Conferencia de Presidentes pueda hacer una propuesta a cualquier comisión parlamentaria en la que no esté representado un grupo político y, en particular, naturalmente, a la Comisión de Reglamento. 
Creo que este punto merecería ser aclarado para dar al artículo 135 la interpretación adecuada. 
Muchas gracias, señor Fabre-Aubrespy. 
Reflexionaré sobre su propuesta. 
De todas maneras, usted, como miembro suplente y activo de la Comisión de Reglamento, sabe tan bien como yo que cualquier diputado o Grupo político puede someter a esa comisión los asuntos que estime oportunos. 
Someto a votación el conjunto de la propuesta de decisión. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de decisión) 
(La sesión, interrumpida a las 13.00, se reanuda a las 15 horas) 
Programa de actividades de la Presidencia neerlandesa y situación en Serbia 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el programa de actividades de la Presidencia neerlandesa, incluida la situación en Serbia. 
Tiene la palabra el Sr. Van Mierlo, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, nos gusta afirmar que «Europa es la cuna de la democracia». 
Sin embargo, nadie podrá negar que el proceso de integración europea no se ciñe del todo al criterio de legitimación democrática. 
Al margen de la explicación que se pueda dar a este déficit, nos obliga a tener siempre en cuenta la necesidad de encontrar una solución. 
Y es con esta idea en mente que hablo ante esta Asamblea. 
Para mí es un gran honor encontrarme hoy entre ustedes, sobre todo porque ayer eligieron ustedes a un nuevo Presidente. 
Permítame, señor Presidente, felicitarle por su elección y desearle mucha fuerza y sabiduría en su nuevo cargo. 
Espero que nuestro encuentro de hoy siente las bases de una cooperación fértil entre el Consejo y el Parlamento en el próximo semestre. 
La nota de la Presidencia neerlandesa ha sido calificada de sobria. 
Es correcto, pero no es completo, pues somos sobrios porque somos ambiciosos. 
Modestia, no en nuestros objetivos, sino en función de nuestros objetivos. 
No hay espacio ni tiempo para unas cuantas prioridades nacionales. 
Hay un calendario europeo y sólo esto, y en estos momentos no puedo imaginarme mayor ambición que lograr con este calendario los resultados que necesita Europa. 
Con esta idea los Países Bajos han elaborado el programa presidencial para el próximo semestre. 
El dinamismo de nuestros predecesores irlandeses ha sido para nosotros un gran apoyo. 
Ustedes han recibido ya el texto por escrito de nuestro programa presidencial. 
Mi introducción se limitará a tratar los principales retos políticos. 
Solemos otorgar a los finales de siglo un significado que supera ampliamente el mero avance de una serie de números. 
Sea como fuere, no cabe duda de que el paso al próximo milenio coincide más o menos con cambios drásticos en Europa. Cambios que pueden aliviar por fin la desesperanza de las horas más negras de este siglo. 
No se trata de una ley natural que se cumple porque sí. Se trata de una oportunidad histórica que hay que aprovechar y modelar. 
No podemos perderla. Durante años se ha debatido sobre el dilema en torno a la relación entre profundización y ampliación. 
¿Cuál de las dos tiene preferencia? 
La reciente historia europea ha eliminado la falta de compromiso intelectual de este debate. 
Ya nadie puede esconderse detrás de una de ellas: la profundización o la ampliación, en la esperanza de que después la alternativa tenga menos posibilidades de éxito. 
La caída del muro de Berlín nos ha otorgado el imperativo histórico de la ampliación. 
Al mismo tiempo hemos descubierto que la ampliación no es posible si no profundizamos. 
Por consiguiente, ahora de trata de ambas: profundización y ampliación. 
Se está acercando la ampliación más importante de la Unión Europea. La ampliación que por fin puede conferir de pleno derecho el calificativo de «europea» a la Unión. 
Al mismo tiempo, trabajamos en la profundización política más importante que sufrirá la integración; me refiero al proyecto de Unión Económica y Monetaria. 
Nos hemos preguntado en qué momento de la historia de la integración europea asumimos ahora la responsabilidad de la Presidencia. 
Y es justo antes del momento en que van a tener lugar esas dos mutaciones de nuestro proceso evolutivo europeo: la ampliación y la creación de la Unión Económica y Monetaria. Y Europa todavía no está lista. 
Por ello, la primera ambición de los Países Bajos es doble: un Tratado dentro de seis meses y un Tratado de importancia; un Tratado que nos permita hacer frente a las dos mutaciones. 
Por ello, nuestra primera preocupación es la gestión de la CIG, la gestión del preámbulo de la UEM y la ampliación. 
Además, hay algunas cuestiones de política exterior que tienen tal envergadura y que son tan esenciales para Europa, que tendremos que tratarlas inevitablemente, y que no son prioritarias, sino obligatorias. 
En primer lugar diré algo sobre la Conferencia Intergubernamental, la UEM y la ampliación. 
La Conferencia Intergubernamental está por tanto encuadrada en el siglo XXI; un siglo que tendrá que conocer a una Europa indivisa. 
Nuestra dedicación es trabajar en una CIG que pueda concluir a tiempo y con un resultado sustancioso. 
Nuestros predecesores irlandeses han sentado las bases para ello. Pero también las contribuciones de Francia, Alemania, Portugal y el Benelux le otorgan un importante impulso. 
El Parlamento Europeo contribuye activamente, tanto con sus resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la CIG, como con la presencia constructiva de los diputados, el Sr. Brok y la Sra. Guigou, en el grupo de negociadores. 
Queda aún mucho trabajo por realizar. 
Para empezar, en los ámbitos delicados donde apenas se han realizado progresos: como el amplio ámbito de las reformas institucionales. 
Me refiero a la ampliación de las decisiones por mayoría cualificada, a las relaciones entre las instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo. 
Asimismo, a partir de ahora, será preciso concretar el debate sobre un tema delicado como la flexibilidad. 
La flexibilidad es la palabra clave que ha de suprimir el aparente conflicto entre ampliación y profundización. 
La capacidad de actuar flexiblemente ha de dar cancha a ambos enfoques. 
Sin flexibilidad, una Unión mucho más grande acabará anquilosándose. 
Sin embargo, la flexibilidad es asimismo una medicina que ha de administrarse con mesura y con precaución, pues una dosis demasiado alta puede fragmentar a la Unión. 
Este será sin duda el problema más difícil de la CIG desde el punto de vista intelectual, del mismo modo que las instituciones serán el problema más difícil desde el punto de vista político. 
En estos dos ámbitos emprenderemos acciones inmediatas para llenar cuanto antes las lagunas del bosquejo irlandés. 
Hemos de mantener los progresos realizados en otras cuestiones. 
Lo mismo puede decirse del refuerzo del papel del Parlamento en el nombramiento de la Comisión. 
¿Acaso no es preciso tapar por dos lados el agujero en la democracia europea? Luego surge la pregunta de si es posible reforzar la función europea de los parlamentos nacionales, sin que ello vaya en detrimento del Parlamento Europeo, y de cómo hay que hacerlo. 
Estamos de acuerdo en que la actuación internacional de la Unión logra por fin la eficacia y coherencia que corresponden a su peso. 
Pero, a pesar de este consenso, vemos que la verdadera política exterior europea sigue teniendo dificultades para despegar. 
Pero ¿por qué? 
La consabida respuesta alude a los grandes contrastes entre intereses nacionales. 
Pero, ¿son realmente tan grandes como se suele suponer siempre? 
Pensándolo bien, considero que, aparte de algunos fuertes contrastes entre intereses nacionales, también hay contrastes creados entre intereses nacionales. 
¿Acaso no sirven estos últimos ante todo para apoyar la identidad nacional? 
De ser así, se logra lo contrario de lo que pretendemos: no se hace la política a favor del interés, sino que se crea el interés a favor de la política. 
Recordémoslo a la hora de enfrentarnos a la paralizante cultura de la unanimidad. 
También la mejora del enfoque en el ámbito de la justicia y asuntos interiores- ese ámbito tan crucial para nuestra seguridad interior- exige tratarse pronto en la CIG. 
Es preciso que la Unión pueda actuar con mayor dinamismo contra la criminalidad transfronteriza y el narcotráfico. 
Por otro lado, para ello no sólo es decisivo el resultado de la CIG. El Consejo Europeo de Dublín ha desarrollado diversas propuestas de acción, con las que nos pondremos- y ya nos hemos puesto- a trabajar. 
Aún no se han agotado todas las posibilidades para reforzar la cooperación práctica entre las autoridades nacionales en estos ámbitos. 
El diseño de un nuevo Tratado llega ahora a su fase decisiva. 
Sólo surgirá un nuevo Tratado si todo el mundo pone su empeño. No por algo así como «el honor de Amsterdam» , aunque sea para nosotros un honor hacer que Amsterdam sea un éxito. 
La Unión Económica y Monetaria se dirige irreversiblemente a la tercera fase. 
Tenemos a la vista euro sólido y estable gracias a un fuerte pacto de estabilidad y crecimiento. Gracias al acuerdo en torno a la estructura de un nuevo mecanismo de cambio y gracias al marco legal del euro. 
Esta Presidencia hará lo posible por mantener la dinámica y la credibilidad del proceso. En primer lugar, llevando a buen puerto la toma de decisiones políticas en Dublín en los ámbitos que acabo de mencionar. 
Y sobre todo quiero dejar bien claros nuestros criterios con respecto al ingreso de nuevos Estados miembros. 
Es muy simple: todo país que cumpla los criterios es bienvenido. Y cuantos más, mejor. 
La ampliación de la Unión con los PECO y los países mediterráneos exige un gran esfuerzo por parte de dichos países, pero también por nuestra parte. 
Estoy convencido de que una Unión sin fundamentos sólidos no será capaz de salir indemne de una ampliación considerable. 
El núcleo de nuestra preparación de la Unión reside por tanto en la necesidad de lograr un resultado sustancial de la Conferencia Intergubernamental. 
La adhesión a la Unión exige preparativos intensos a los países candidatos. 
La adhesión exige también una base de apoyo lo más amplia posible en los países implicados. Esta no crece por medio de abstracciones puramente técnicas, sino a través de un diálogo real e intenso. 
Así se acercan las percepciones de ambas partes. Así se cotejan las expectativas a la realidad. 
El inconveniente del diálogo estructurado como el que estamos manteniendo actualmente, es que no tiene estructura ni es diálogo. Por ello tendremos que aspirar a llenar de contenido este intercambio de ideas. 
Limitándonos a uno o dos problemas que se hayan preparado bien. Esto es válido para la integración en toda su amplitud, desde el mercado interior hasta materias como el Estado de derecho y el good governance. 
Algo más sobre la ampliación. 
Un continente europeo pacífico, democrático y próspero en el siglo que viene: ya no es una visión, sino una tarea política para que triunfe la próxima ampliación. 
El proceso de negociación sin duda será arduo, complicado y largo. 
Pero el punto de partida ha de ser el planteamiento profundamente arraigado en nuestra civilización europea. A saber: ¿cómo combinamos el principio de «igualdad de oportunidades» con la realidad de desigualdad de capacidades? 
Soy consciente de que si no se encuentra una solución duradera a la problemática de Chipre, se puede hipotecar gravemente toda la ampliación. 
Con esta idea, pero también respecto a la adhesión de Chipre, fomentaremos que la Unión en estos momentos haga lo posible por acercar una solución, manteniendo una consulta intensiva con todos los implicados, y por supuesto inclusive con Turquía. 
Ya hemos iniciado dicha consulta, inclusive con Estados Unidos y Naciones Unidas. 
Es importante que colaboremos en el marco de una única agenda, sin agendas ocultas de los diferentes participantes. Espero que en este sentido también ustedes presten suficiente atención a las relaciones con dicho país. 
Hasta aquí la CIG, la UEM y la ampliación, que forman para nosotros un triángulo estratégico. 
Pero esto no es todo. 
El mundo a nuestro alrededor no está a la espera de que finalice la CIG. Tampoco el ciudadano, ni la economía. 
Por ello tendremos que prestar toda nuestra atención al desarrollo político, la legislación, la gestión y la dirección de la Unión. En nuestra nota presidencial han podido ustedes leer cómo tenemos previsto hacerlo. 
Los grandes retos interiores son y seguirán siendo: más empleo, trabajo con buenas condiciones laborales, seguridad personal y pública, protección de nuestro valioso medio ambiente. 
La erradicación del racismo exige este año un esfuerzo adicional. 
El fundamento económico de la integración- su leal burro de carga- es el mercado interior. 
El funcionamiento real de este mercado interior exige un cuidado y una dedicación continuos por nuestra parte. 
No podemos aislarlo. 
No se trata tan sólo de más mercado en la perspectiva de la futura moneda única, sino también de la cohesión entre mercado, medio ambiente y la medida humana. 
La actuación exterior exige nuestra atención permanente. 
En primer lugar, porque los numerosos conflictos regionales no deben dejarnos fríos. 
En segundo lugar, porque los intereses de la gran potencia económica que es la Unión, exigen que estemos alerta. Por último, porque la relación entre política y economía en las relaciones internacionales es ya mucho más complicada. 
El núcleo de nuestra actuación exterior es seguir defendiendo activamente los derechos humanos y la democracia. 
A fin de cuentas, estos valores forman el corazón de lo que llamamos la civilización europea. 
Pero hay también razones más funcionales que exigen cada vez más una política de derechos humanos a nivel europeo. 
A fin y al cabo, para los Estados miembros individuales es mucho más difícil seguir eficazmente una política como esta sobre una base bilateral. 
La defensa de los derechos humanos y la democracia tiene que formar parte de un enfoque amplio y coherente de la prevención y el control de conflictos. 
Quiero mencionar asimismo algunos importantes retos regionales. 
Para empezar, el proceso de paz en Oriente Medio, en el que hoy, por primera vez desde hace mucho tiempo, cabe mencionar un claro progreso, si no un triunfo. 
El acuerdo alcanzado hoy en torno a Hebrón supone un paso importante hacia una paz justa y duradera, un paso que puede ofrecer un nuevo impulso tan necesario al proceso de paz. 
Me complace que en el impulso dado a este acuerdo, la Unión Europea haya demostrado, en estrecha cooperación con las partes y con Estados Unidos, que puede contribuir de forma esencial al proceso de paz. 
Su contribución no tiene por qué limitarse al apoyo económico del proceso. 
Tampoco en este caso es posible separar clínicamente la economía de la política. 
Sin el apoyo económico europeo, el proceso de negociaciones correría claramente peligro. 
Esta complementariedad otorga a la Unión el derecho y el deber de desempeñar un papel político activo en este proceso. 
No necesariamente el papel negociador o mediador sentado a la mesa, pero no por ello un papel menos político. La valoración positiva por todas las partes del papel de nuestro enviado especial, el Sr. Moratinos, recalca este hecho. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar lo mucho que la Presidencia valora su dedicación y su eficacia. 
En la antigua Yugoslavia, el papel de la Unión tiene un carácter político mucho más explícito, porque la implicación militar de muchos Estados miembros complementa los esfuerzos diplomáticos y humanitarios. 
Es necesario prestar mucha atención e inventiva para mantener el ritmo de la instauración de la paz. El punto de partida han de ser las decisiones tomadas recientemente en Londres por el Peace Implementation Council. 
Algunas de sus Señorías me han pedido que dijera algo acerca de la resolución del Parlamento sobre la República Federal de Yugoslavia. 
Aunque por supuesto no quiero anticiparme a la votación de dicha resolución, puedo asegurarles que la Presidencia apoya el tenor de la resolución. 
En diversas ocasiones, el Consejo ha apoyado claramente las conclusiones del informe González y ha hecho un llamamiento al presidente Milosevic para que reconozca los resultados de las elecciones del 17 de noviembre. 
Estoy realizando una gira por todos los Estados miembros para llevar el mensaje de la Presidencia y también para escuchar los puntos de vista específicos de cada uno. 
Y por supuesto, en todas partes sale a colación la situación de Belgrado. Existe una gran unanimidad con respecto a la situación de ese país. 
Desde el principio he estado dispuesto, y sigo estándolo, a viajar a Belgrado en cuanto podamos hacer algo realmente productivo allí. Pero quiero elegir cuidadosamente el momento oportuno. 
Las noticias que hemos recibido últimamente de Belgrado parecen indicar que Milosevic empieza a prestar oídos a los llamamientos, aunque sea muy lentamente, sobre todo a los llamamientos de los manifestantes. 
No obstante, el camino de la democratización en la República Federal de Yugoslavia sigue siendo largo, y mientras no se logre un resultado satisfactorio en Serbia, el mundo tendrá que seguir presionando a Milosevic y ofreciendo su apoyo a la oposición y al movimiento estudiantil. 
El planteamiento del plan llamado proceso post-Barcelona, es bueno. Es decir, prometedor para la estabilidad euromediterránea en sentido amplio. 
Sin embargo, la puesta en práctica depende en gran medida de cómo evolucionen los conflictos regionales. 
Y dependerá también del proceso de paz en Oriente Medio. 
Esta Presidencia se dedicará enérgicamente al desarrollo del proceso post-Barcelona. No estamos dispuestos a aceptar el reparto de papeles que amenaza con aparecer en el Consejo entre los Estados miembros del norte y los del sur ante la ampliación al Este. 
¡La estabilidad de la región mediterránea concierne a todos en la Unión! 
Los vecinos de España, Italia y Grecia son vecinos nuestros, de los países del Norte. 
Por ello es un privilegio adicional, como país nórdico, poder expresar este punto de vista ejerciendo la copresidencia en el proceso de Barcelona con gran atención e intensidad. 
Las grandes relaciones transatlánticas siguen siendo una piedra angular de nuestra política exterior. 
Se trata de una cuestión que, aunque no sobresalga tanto, merece igualmente nuestra atención. 
Estas relaciones ya no son tan evidentes como durante la guerra fría, cuando dependíamos de las armas nucleares de los norteamericanos. 
Quien quiera ahora mantener estas relaciones, tendrá que cuidarlas, nutrirlas e invertir en ellas. 
No podemos limitar el diálogo transatlántico a business and economics, porque la actuación mundial conjunta de Europa y Estados Unidos puede ser esencial en algunos momentos. 
Europa y América se necesitan mucho en un mundo con numerosos focos de inestabilidad. 
En muchísimos ámbitos- relacionados con el sistema comercial mundial, el control de las crisis regionales o las relaciones con Rusia- la cooperación transatlántica es la única clave del éxito. 
Por el contrario, una cooperación deficiente es una garantía de fracaso. 
Hemos de aunar fuerzas siempre que la cultura y los intereses concuerden. Por ejemplo, para proteger nuestros valores comunes, como los derechos humanos. 
Si son diferentes, hemos de procurar que sigan siendo susceptibles de ser discutidos y tratados. 
Por ello es preciso fomentar activamente el diálogo transatlántico y la ejecución del plan de acción Unión Europea-Estados Unidos. 
La amarga situación de la región africana de los Grandes Lagos exige naturalmente un esfuerzo por parte de Europa. 
Aparte de la prórroga de la ayuda humanitaria, la Unión tendrá que orientarse más y más a la prevención y al control de conflictos. 
Sobre esta cuestión mantenemos también un diálogo con los norteamericanos, para ver si podemos abordar conjunta y eficazmente esta cuestión tan difícil. 
Soy consciente de que no he mencionado todos los ámbitos de atención de la política exterior, pero para terminar quiero resaltar algunas ideas sobre el carácter variable de la integración europea. 
Para muchos, la integración europea fue durante largo tiempo una «abstracción técnica». 
Con la caída del comunismo y con «Maastricht» , Europa ha ocupado un lugar central en la política nacional de todos los Estados miembros. 
Los temas tradicionales de la política exterior han adquirido una dimensión europea, tanto si se quiere como si no. Este desarrollo ha cambiado drásticamente el carácter de la integración. 
«Europa» coincidía más o menos con una agenda técnica «allí, en Bruselas». 
Ahora, Europa se está convirtiendo más y más en la suma de las sensibilidades políticas nacionales. 
¡Un desarrollo muy complejo, inevitable, pero a mi entender no del todo negativo! 
Complejo, en efecto, pues la interacción entre la gestión europea y la nacional, entre la democracia a nivel europeo y a nivel nacional, se ha vuelto muchísimo más complicada. 
Pero ¿acaso la gestión nacional no se está volviendo también más complicada? 
¡No nos engañemos! 
A menudo pienso que la crisis que padecemos en Europa y la impotencia que sentimos en Europa, es la suma de todas las impotencias a nivel nacional, que nos limitan tanto a la hora de negociar en Bruselas. 
De este modo no tenemos suficiente espacio y margen en casa para volver con un mensaje que sea agradable para la base. 
Es molesto e inevitable, pero tiene también un aspecto positivo, asociado a la emancipación de la integración. 
A fin de cuentas, ¿de qué sirve la integración europea si no está arraigada en el ánimo de nuestros ciudadanos europeos? ¿Si no aborda cuestiones que les preocupan? 
Los ciudadanos se identifican más fácilmente con su propio Estado y con su región, pero cada vez más se van dando cuenta y van sintiendo día a día en su propia carne que los innumerables retos superan las posibilidades del Estado nacional. 
El ciudadano y Europa tienen cada vez más interés el uno por el otro. Y no obstante siguen siendo unos extraños. 
El Presidente Vaclav Havel, quien en 1994 pronunció un impresionante discurso ante esta Asamblea, también se refirió a esta problemática. 
Al leer el Tratado de Maastricht, Havel se mostró asombrado por el hecho de que las reglas de juego comunes hubieran sido hechas por un grupo de países tan diferentes entre sí. 
Pero su conclusión fue: My reason has been spoken to, but not my heart. 
Ahora existe una diferencia entre la letra muerta del Tratado y la realidad de la integración europea. 
Pero es innegable que la Unión es un artilugio y que muchos la sienten como tal. Dudo mucho que se pueda exigir pasión por Europa como artilugio. 
¿No hemos aprendido lo suficiente en este siglo europeo sobre la relación ambivalente entre la emoción, la majestuosidad y la guerra? 
Y esa lección, ¿no contiene la razón de ser del artilugio que se llama integración europea? 
Es necesario que los europeos se identifiquen con el nivel administrativo europeo. Pero ello ha de tener lugar de una manera que yo quisiera denominar emoción razonable. 
No podremos imponerla jugando al «ratón y al gato» entre las capitales y con Bruselas, ni compitiendo en democracia entre el nivel europeo y el nacional. Ni tampoco con pretensiones europeas forzadas, necesariamente defectuosas, y que por tanto originan insatisfacción de antemano. 
Pero tampoco lo lograremos con el nivel de ambiciones de la llamada realpolitik. 
La identificación con Europa sólo puede aumentar si la construcción europea sabe desempeñar convincentemente sus tareas. Y sólo si es legitimada democráticamente en un sentido amplio. 
La identificación con Europa también se beneficia de un debate sincero, abierto y profundo entre los políticos nacionales más allá de las fronteras. 
Así lo exige la creciente europeización de lo que he llamado sensibilidades nacionales. 
En este sentido ¿no deberíamos desarrollar juntos una especie de nueva cultura? 
Por último, considero que el Tratado no tiene por qué llegar al alma. Aunque si podría ser más legible. 
La Unión Europea es un artilugio. Una interacción única entre el nivel supranacional y los Estados miembros nacionales. 
Única también en el sentido de que resulta casi más fácil explicar qué es lo que no es la Unión Europea, que explicar lo que sí es. 
Europa existe mucho más a los ojos del exterior, que en la percepción de los europeos. 
Dejar claro qué es la Unión y sobre todo qué puede y qué debe hacer, es tarea de todos los que participan en la integración europea. No sólo en las instituciones europeas, sino también en nuestros gobiernos nacionales y en nuestros parlamentos nacionales. 
Este es por lo menos el afán de la Presidencia neerlandesa. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por su felicitación y por el discurso que acaba de pronunciar. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Van den Broek. 
Señor Presidente, en nombre del Presidente Santer y de toda la Comisión quiero añadir unas palabras a la fascinante introducción del ministro Van Mierlo, por la que deseo felicitarle tanto a él como a su equipo. 
Usted sabe que el Presidente Santer lamenta mucho no poder estar entre nosotros esta tarde, pues se ha requerido su presencia en la comisión de investigación de la EEB de este Parlamento. 
El pasado 7 de enero, la Comisión en pleno realizó una visita a La Haya para hablar con la Presidencia neerlandesa de sus planes y se complació de constatar que en esta consulta intensa y fructífera las prioridades coinciden plenamente. Por otra parte, esto es natural y no constituye ninguna sorpresa. 
Todos nosotros reconocemos que, en los próximos seis meses, la Presidencia neerlandesa tendrá que afrontar una tarea sumamente dura, dado que no se puede hablar de una prioridad única: hay varias prioridades. Aunque quizás convenga recalcar un poco la Conferencia Intergubernamental, de la que todos esperamos tanto y sobre la que quiero expresar aquí mi plena confianza en cuanto a su éxito bajo la Presidencia neerlandesa. 
Por otra parte, las Presidencias neerlandesas ya tienen cierta experiencia con las Conferencias Intergubernamentales, y quiero recordarles que también Maastricht, en 1991, fue un parto difícil. 
Sin duda el camino a Amsterdam estará lleno de baches, pero merece la pena. 
Por las palabras del ministro Van Mierlo hemos podido comprender que la Presidencia neerlandesa está muy motivada y que ha penetrado hasta nosotros la convicción de que, sin una conclusión positiva en junio, Europa dará pasos atrás en lugar de adelante. 
Sobre todo en lo referente a la ampliación, también la Comisión les promete que tendrá listos todos los documentos preparatorios para la ampliación a mediados del presente año. Ello tiene que ver con los dictámenes respecto a las diez solicitudes de adhesión de los PECO, incluidos los Estados bálticos, así como el documento sobre los efectos de la ampliación en los diversos ámbitos políticos europeos, más especialmente en la política agrícola común y la política regional. 
Esto significa asimismo que se hará una nueva propuesta financiera marco para la financiación de la Unión después de 1999 y que se presentará un amplio documento político en que se tratarán las consecuencias políticas de la ampliación y los guiones del proceso de ampliación, respecto a las negociaciones: cómo las mantendremos, qué haremos con el período de transición. 
Resumiendo, la Comisión Europea contribuirá paralelamente a los esfuerzos de la Presidencia. 
Lo mismo puede decirse de otras cuestiones importantes, como la de la Unión Económica y Monetaria y la contribución que puede hacer la Comisión al debate, concretamente al debate en torno a las instituciones en la Conferencia Intergubernamental, donde también nosotros prestamos mucha atención a la cuestión de la «flexibilidad» , y suscribo la observación hecha por el Sr. Van Mierlo. 
Dentro de poco recibirán ustedes una contribución por escrito de la Comisión Europea al respecto. 
Ha sonado la palabra empleo. Eso me complace. 
Sé que el Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, y la Comisión quieren seguir recalcando el valor añadido que se deriva de la convergencia de políticas en este punto, gracias a la política de empleo. 
En Amsterdam, la Comisión presentará también más propuestas sobre esta cuestión, entre otras en forma de un plan de acción para encargarse de que se perfeccione la libre circulación en nuestro mercado interior común. 
Con respecto a la política exterior nos adherimos a las prioridades que se han mencionado. 
Comparto la opinión del Sr. Van Mierlo de que son muchas más de las que, dada la falta de tiempo, podemos mencionar aquí. 
No obstante, quiero decir unas palabras sobre la situación en Belgrado, en vistas de la propuesta de resolución y las preguntas formuladas al respecto a la Comisión. 
Ni que decir tiene- y también me hago eco de lo que ha dicho el Sr. Van Mierlo- que la Unión, incluida la Comisión, insiste en que el Presidente Milosevic siga íntegramente las recomendaciones de la comisión González. 
Del mismo modo que la Comisión considera lógico que suceda esto y se cumplan ciertas condiciones del proceso de Dayton, antes de establecer vínculos formales entre la Unión Europea y Belgrado, firmar acuerdos de cooperación, ofrecer ayuda técnica o adjudicar preferencias comerciales a Belgrado, sobre las cuales tenemos propuestas en cartera, pero que todavía no queremos plantear dada la actual situación política de Belgrado. 
Quiero volver a felicitar al Sr. Van Mierlo por su introducción y ofrecerle todo el apoyo en nombre del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer y de toda la Comisión. Esperamos poder colaborar de forma intensiva con la Presidencia. 
Señor Presidente, para mí es un honor y un placer poder hacer algunas observaciones en nombre del Grupo de los Socialistas para dar la bienvenida a la Presidencia neerlandesa. 
Mi Grupo tiene depositadas grandes esperanzas en ella y pienso que el discurso que ha hecho el ministro Van Mierlo aquí refuerza dichas esperanzas, pero también porque no dudamos de la inclinación europeísta del Gobierno neerlandés y especialmente de usted, señor Van Mierlo. 
Pero así son las cosas: a los amigos no sólo hay que alabarlos. La amistad soporta las críticas y quiero hacer algunas observaciones críticas. 
Para empezar, es preciso prestar más atención- y eso también lo sabe usted- a la necesidad de salvar el abismo entre Europa y sus ciudadanos. 
La Europa de la burocracia, de los Consejos de Ministros celebrados a altas horas de la noche, de los acuerdos opacos e incomprensibles, esa Europa no entusiasma a los neerlandeses ni a la gente europea. Por ello esperamos de la Presidencia neerlandesa una mayor transparencia, una mayor visibilidad de la toma de decisiones, y también más consultas con el Parlamento Europeo. 
A fin de cuentas, es absurdo que a veces tengamos que ir a Estocolmo para saber lo que sucede en el Consejo. 
Los Países Bajos, con su tradición abierta y democrática, tienen aquí una misión que cumplir, y esto también se aplica a la otra piedra del escándalo, a saber, la mala gestión financiera de los recursos de la Unión. 
El Parlamento, la Comisión y el Consejo han de garantizar un uso económico y correcto de estos recursos. 
En realidad, en los planes neerlandeses echamos en falta propuestas concretas para mejorar el control. Y lo mismo puede decirse de los diputados a este Parlamento. 
Llevamos ya diez años pidiéndolo y considero que el Consejo tiene que cooperar. Esperamos que, en el presente año, la Presidencia tome iniciativas para poner en práctica un estatuto de este tipo. 
Europa necesita una base de apoyo. 
Los ciudadanos tienen que recuperar la confianza en el proyecto europeo. 
Esto es posible también ocupándose de que la Unión tenga sus asuntos internos en orden y también puede lograrse con una política clara, con resultados concretos y visibles. 
Naturalmente nos complace la dedicación de la Presidencia en el ámbito del empleo, pues en Europa necesitamos puestos de trabajo. 
En muchos países de la Unión, el desempleo supera el 10 %, y por supuesto esto provoca acciones por parte de los sindicatos. 
La consigna «UEM es igual a desempleo» es ciertamente incorrecta, pero también lo es perseguir a ciegas los objetivos monetarios. 
Hay que invertir más en la gente, hay que seguir reduciendo la jornada laboral, ofrecer más posibilidades para períodos más cortos o más largos de licencia, para el cuidado, la formación, la reeducación, el reciclaje, la readaptación, los planes están listos y esperan ser puestos en práctica. 
En este sentido, Europa tiene realmente una tarea que desempeñar como complemento de lo que ya hacen los Estados miembros. 
Europa necesita asimismo una política comunitaria más fuerte en el ámbito de la justicia y asuntos interiores. Por excelencia, un ámbito que preocupa a los ciudadanos. 
Se trata de la lucha contra la criminalidad internacional, las drogas y el racismo, la política de fraude y asilo. 
En Maastricht se desarrollaron planes para clasificar el tercer pilar en el primer pilar comunitario, pero tengo la impresión de que sucedió lo contrario, pues ahora vemos precisamente que se refuerza lo intergubernamental, y eso no puede ser. 
Así pues, críticas, pero también quiero decir algunas cosas positivas. 
Sabemos apreciar lo que se ha dicho en el ámbito de la política de medio ambiente. 
Tenemos un orden del día nutrido y lo mismo puede decirse de la cooperación al desarrollo. Nos parece estupendo que se logre un enfoque coordinado, integrado, tanto en el ámbito del medio ambiente como en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
No diré nada sobre lo que ha señalado el ministro en relación con la CIG, pues ni que decir tiene que todos nosotros lo suscribimos plenamente. 
Un equilibro entre Norte y Sur, también financiero, un equilibrio entre el interés europeo y la solidaridad internacional. 
Dedicación a la UEM, pero también al trabajo, también a la naturaleza, a la igualdad de oportunidades. Por supuesto, comprendemos que la Presidencia implique balancear, buscar un equilibrio y no patinar. 
Pero si el equilibrista no se atreve a seguir adelante y se queda parado, caerá inevitablemente. 
Ministro Van Mierlo, le deseo valor e inspiración en la cuerda floja y espero poder saludarle en junio al otro lado con un cálido aplauso en nombre del Grupo Socialista. 
Señor Presidente, el Padre de mi patria- creo sinceramente en una Europa de las naciones- es el príncipe de Orange, Francia, y a la vez conde de Nassau, Alemania. El primer ejemplo de una cooperación franco-alemana bajo cuya dirección se crearon los Países Bajos. 
Cuando atravesaba una situación difícil, Guillermo de Orange Nassau solía decir en francés: Il n 'y a pas besoin d' espérer pour entreprendre et ni de réussir pour persévérer. No hace falta tener esperanza para emprender algo ni acertar para perseverar. 
Es lo que quiero decirle al Presidente neerlandés, aunque las circunstancias no sean tan desesperadas como en 1548. 
Doy las gracias al Sr. Van Mierlo por su contribución filosóficamente constructiva. 
Ciertamente es usted primus inter pares para catorce Estados miembros, pero teniendo en cuenta que se ha desvanecido el idealismo europeo de posguerra y que el concepto europeo amenaza con enfriarse, no puede usted esconderse detrás de conceptos como la flexibilidad y el pragmatismo. También usted lo comprende. 
Después de la unificación de Alemania nos encontramos en vísperas de la ampliación, una oportunidad histórica para evitar quedarnos estancados en una zona comercial ampliada. 
Señor Presidente, ¿cómo piensa usted en la práctica luchar efectivamente contra la criminalidad con la ambigua política neerlandesa en materia de drogas? 
Las propuestas de profundización son poco claras. 
¿Está usted dispuesto, sí o no, a aceptar a un comisario de turno del Benelux? 
¿Cómo puede usted seguir afirmando que opera sensatamente en Oriente Medio cuando no lo ha hecho y no lo hace en Europa? 
Nuevamente es Estados Unidos el que apoya activamente a la oposición serbia y mitiga la pequeña crisis de misiles de Chipre. 
Qué incongruencia seguir apoyando a los violadores de los derechos humanos de Argelia y Siria, mientras que la relación con Turquía, con la que la Unión tiene muchas obligaciones y ha ganado mucho dinero, corre peligro de enfriarse. 
¿Qué está usted haciendo realmente en la supuesta política exterior? 
No logro descubrir una línea. 
Luego está el déficit democrático. 
El déficit no se encuentra en el Parlamento Europeo, ¡sino en ustedes! 
Usted es Presidente de la legislación secreta en Europa. 
Sin embargo, le otorgamos el beneficio de la duda. 
Al final del trayecto, evaluaremos su política a partir de los siguientes puntos. ¿Se ha logrado que la legislación del principal legislador europeo, el Consejo de Ministros, sea tan pública como la del colegislador, el Parlamento Europeo? 
No hace falta modificar la conducta, basta con un reglamento de orden. 
¿Se ha mantenido el prestigio de Europa en el ámbito social mediante la participación legal de los trabajadores? 
Derechos humanos. 
Sus críticas se centran en China, pero en Surinam tienen sentido. 
¿Aclarará usted si Bouterse, en la época en que se cometieron los asesinatos, tenía la nacionalidad neerlandesa o no, y se ocupará usted de que se presente el expediente misteriosamente desaparecido sobre esta nacionalidad? 
Así se ayuda a los derechos humanos, así se lucha contra el narcotráfico internacional. 
¿Mantendrá usted por ejemplo el euro fuerte? 
¿Qué ha hecho usted con respecto a la gobernabilidad de la Unión Europea antes de pasar a la ampliación? 
Al final del trayecto evaluaremos estos puntos. 
Señor Presidente, en nombre de la pequeña delegación del Grupo Unión por Europa, quiero desear mucho éxito a la Presidencia neerlandesa, pues Europa lo necesita y lo merece, y todos hemos de cooperar para lograr la estabilidad y la seguridad. 
Señor Presidente, quisiera limitarme a la cuestión principal, a saber, la política europea, y dejar la política interior neerlandesa a los compañeros del Congreso de los Diputados, que la Sra. Maij-Weggen tanto añora. 
La Unión Europea está a punto de emprender la fase más crucial de su desarrollo desde 1957. 
La Unión se encuentra en una encrucijada. 
O conseguimos una moneda, una moneda única, en el año 2002 en Europa, norte y sur, o desaprovechamos esta oportunidad durante toda una generación. 
O la Unión integra las democracias de la Europa Oriental o incumple su principal tarea. 
O mantiene intacta la integridad de sus instituciones únicas, o el peso geopolítico de Alemania volverá a engendrar rencor en el resto de Europa. 
A la luz de estas tareas, muchos líderes nacionales no se atreven a asumir el mando de la Unión Europea. Con demasiada frecuencia optan por avivar el fuego del nacionalismo a través de sus acciones u omisiones. 
Demasiado a menudo ceden a la tentación de culpar a Europa de las decisiones nacionales impopulares, mientras quieren atribuirse el mérito de los logros de la Unión. 
Por ello, la Unión corre peligro de convertirse en el foco de los miedos de nuestros ciudadanos en lugar del ser el foco de sus esperanzas. 
Se trata de un desarrollo peligroso. 
La integración europea no es irreversible. 
El nacionalismo es más destructivo y la Unión Europea más frágil de lo que muchos piensan. 
A la luz de todo esto, las principales tareas para la Unión bajo la Presidencia neerlandesa son claras. 
Estas son: en primer lugar, ocuparse de que la moneda única sea estable y fuerte, y en segundo lugar, preparar a la Unión para la ampliación haciéndola más dinámica y democrática. 
Once países están esperando para adherirse a la Unión. 
Seis en la Europa Central y Oriental, tres en la región báltica y dos en el Mediterráneo. 
Cuanto mayor sea la diversidad en la Unión, más difícil será tomar decisiones. 
Una Unión de 18 a 26 Estados miembros se halla por tanto ante una elección fundamental: limitar el uso del veto o degenerar en una versión pequeña de la OSCE. 
Pero para nuestros ciudadanos, una Unión que ya no pueda decidir con rapidez o con energía, será pronto irrelevante. Una Unión así pierde definitivamente el apoyo de sus ciudadanos. 
Nada daña más la credibilidad de la Unión que su continua incapacidad para hablar con una sola voz en la política internacional. 
Ello se debe en parte a que se abusa del derecho de veto. 
Portugal bloqueó el acuerdo de la UE con la ASEAN, España un acuerdo con Canadá, el Reino Unido impidió una posición común contra las armas químicas, Grecia bloqueó la política mediterránea de la Unión. 
El potencial de chantaje en la política comercial y en la política exterior de la Unión es en estos momentos sencillamente demasiado alto. Por ello, en este sentido es necesaria una modificación del Tratado. 
Claro está que, en sí, una modificación del Tratado es insuficiente. 
Los Estados miembros tienen que estar dispuestos también a repartirse los intereses y principios comunes. 
Y esto es necesario sobre todo en la antigua Yugoslavia. 
¿Cuándo actuará por fin la Unión para que Belgrado y Zagreb entreguen a los sospechosos de los crímenes de guerra? 
Claro, la Unión hace observaciones simpáticas sobre las conclusiones de Londres. 
Pero todo eso es poco convincente y ciertamente no es eficaz. 
Hago un llamamiento a la Presidencia neerlandesa de la Unión para que proponga una acción común que supedite la ayuda no humanitaria a la antigua Yugoslavia a la extradición de los sospechosos a La Haya. 
Nuestros ciudadanos necesitan urgentemente una respuesta europea a los crecientes problemas del crimen transfronterizo y la migración. 
Abogo por un ataque frontal contra el fraude. Por un mejor control de nuestras fronteras exteriores y por un sistema justo de reparto de cargas en relación con los refugiados. 
Para introducir dinamismo en cada uno de estos puntos es preciso que los Estados miembros limiten la acción paralizante del derecho de veto. 
La Unión tiene que poder actuar allí donde lo quieran nuestros ciudadanos, es decir, en los problemas internacionales urgentes. 
Va siendo hora de que la Unión cumpla las promesas que se hicieron en Maastricht a los ciudadanos. 
Los políticos nacionales han de permitir que la Unión sea algo más que la suma de los egoísmos nacionales. Esperemos que la Presidencia neerlandesa sea un éxito en este sentido. 
Señor Presidente, quisiera hacer aquí un paréntesis en este debate que se ha celebrado hasta ahora en lengua holandesa e introducir aquí algunas «pinceladas» con colores meridionales. 
Como ya se ha dicho, tres asuntos de la mayor importancia figuran en el orden del día con cruces que en algunos casos se vuelven indisociables y que inevitablemente figuran entre las prioridades de la Presidencia holandesa. 
Me refiero a la fase final de la Conferencia Intergubernamental, la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y a la ampliación. 
Ahora bien, hay otras que los ciudadanos de nuestros países sienten en particular e igualmente merecedores de una atención preferente. 
De entre ellos destaco los siguientes: los problemas sociales en aumento- y, muy en particular, el grave flagelo del desempleo -, la participación de los ciudadanos en la vida y en las decisiones comunitarias y la realización- o no- de los principios de cohesión y de solidaridad comunitarias consagrados en el Tratado. 
Quiero comenzar expresando, no la sorpresa, sino mi convicción de que poco o nada se avanza con esta Presidencia respecto de los tres últimos aspectos que acabo de subrayar. 
En efecto, en el plano social- y, muy en particular, en la esfera del empleo- no se vislumbran grandes cambios, cambios importantes, cambios de fondo respecto de lo que han sido las políticas comunitarias hasta este momento. 
Dada la obsesión que se ha impuesto en cuanto a la aplicación de los criterios de convergencia nominal, se prevén mayor flexibilidad, mayor desreglamentación, más empleo precario, más desempleo. Evidentemente, apreciamos algunas referencias que figuran en el programa de la Presidencia holandesa, como, por ejemplo, a la mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
Pero convengamos en que, en la actual situación social, no es suficiente. 
Nuevas orientaciones- y, a nuestro juicio, un profundo cambio- son indispensables. 
Lo mismo se podría decir en cuanto a la participación de los ciudadanos, cada vez más aprensivos y alejados de la vida y de las opciones comunitarias. 
En vísperas de la Conferencia Intergubernamental y de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, sería de esperar una actitud comprometida y una fuerte participación de los ciudadanos europeos, con vistas a un debate amplio, plural y participado y una auscultación por su parte gracias a la celebración de referendos sobre esos asuntos. 
Como el propio Parlamento Europeo ya ha subrayado, por lo demás. 
Ahora bien, la Presidencia holandesa avanza poco también a ese respecto, pues se limita a las conocidas y limitadas esperanzas respecto de los resultados de la CIG y a intenciones, de las que tomamos nota, desde luego, pero que nos parecen excesivamente vagas. 
Respecto de la cohesión, el vacío es total, ni una palabra a ese respecto. 
Lo que no deja de ser sintomático y revelador de cierta concepción de la Comunidad. 
Vuelvo ahora a los tres temas esenciales que he citado al comienzo de mi intervención. 
En el debate de esta mañana, hemos tenido ya oportunidad de evaluar los resultados de la Cumbre de Dublín en sus diversas vertientes, por lo que no vamos a repetir lo que entonces afirmamos y nos centramos en un aspecto que me parece de particular importancia y actualidad. 
Se refiere a la Unión Económica y Monetaria y tiene que ver directamente con la Presidencia actual. 
Se trata de la afirmación hecha por el actual ministro holandés de Hacienda en cuanto al grupo limitado de países que, como afirmó, deberá constituirse al comienzo de la tercera fase de la UEM, con lo que se dará prioridad a los niveles de desarrollo o a la pujanza de las economías de esos países y se deja en segundo plano la observancia- o no- de los criterios de convergencia nominal. 
No nos ha sorprendido semejante declaración. 
Por lo demás, ya esperábamos que surgiera en cualquier momento, con esa u otra procedencia. 
No sólo porque siempre hemos considerado artificiales y arbitrarios dichos criterios, sino también porque, en primer lugar, son evidentes las dificultades para cumplirlos- ¡incluso por países con economías más fuertes! -y, en segundo lugar, porque lo que efectivamente se pretende es la creación de una moneda fuerte y, por último, porque siempre sospechamos que las decisiones finales en esta esfera serían- o serán- definitivamente adoptadas en función de criterios marcadamente políticos. 
Pero- y así termino- todo esto exige que la Presidencia actual aclare con rigor y objetividad lo que efectivamente propone en esta esfera. 
Y eso es lo que le pedimos en este momento. 
Señor Presidente, Señorías, continúo aquí la serie de no neerlandeses que toman la palabra. 
Es una buena costumbre que al inicio del año la gente se desee suerte y yo le deseo mucho valor a la Presidencia neerlandesa para resolver todos los asuntos difíciles que le esperan en los próximos meses. 
Ya se ha presentado el programa de trabajo en que se dice que los Países Bajos se congratulan por el borrador de un nuevo tratado, redactado en Irlanda. 
No obstante, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que una amplia mayoría de este Parlamento ha señalado que este Tratado, las propuestas que circulan en nombre de la Presidencia irlandesa, no son bien recibidas aquí, y concretamente debido a una cuestión muy importante, a saber, que la democratización apenas progresa. 
Más concretamente, el Sr. Brok lo ha dicho claramente esta mañana, existe un riesgo real de que al ampliar la Unión tengamos que enfrentarnos a una «desparlamentarización» , y eso sí que no puede ser. 
Y es que es absurdo que por un lado se emprendan campañas para acercar Europa al ciudadano mientras que por otro lado se deja colgados a los representantes de estos ciudadanos. 
De ahí que quiera recalcar la necesidad de reforzar el papel de los diputados y pienso que el escándalo de la EEB, que fue denunciado con toda nitidez por la comisión de investigación del Parlamento, demuestra de forma convincente que el papel de los diputados es insustituible si se quiere garantizar los intereses de la población y la salud de los ciudadanos. La experiencia demuestra que la Comisión y el Consejo se dejan impresionar con demasiada facilidad por los grupos de presión o por los gobiernos de determinados Estados miembros. 
Por consiguiente, pienso que hay que demostrar que el Parlamento es capaz de garantizar estos intereses esenciales. 
De ahí que exijamos un derecho de codecisión para el Parlamento en materia de agricultura, de lo contrario no es factible. 
Con respecto a las propuestas en materia de mercado interior, considero que se afirma demasiado alegremente que esta sería la mejor garantía de crecimiento y empleo. 
¿De qué tipo de crecimiento hablamos entonces? 
¿Un crecimiento con contaminación y menos perspectiva de empleo? Es evidente que el mercado interior no ha dado mucho de sí en los últimos años en materia de creación de empleo, y además quisiera señalar que van apareciendo cada vez más conflictos entre normas ambientales buenas en los Estados miembros y la llamada libre competencia en ese mercado interior. 
Si Alemania quiere fomentar fiscalmente la energía ecológica, esta iniciativa se rechaza por considerarse competencia desleal, y los países que se esfuerzan por internalizar los costes ambientales son atacados, mientras que los que externalizan los costes ambientales distorsionan las relaciones de competencia. 
Es imposible fundar un desarrollo sostenible sobre este tipo de prácticas que precisamente están aumentando en el mercado interior. 
Totalmente decepcionantes son las iniciativas anunciadas para el empleo. 
Una vez más se trata de un informe en que se remite a ECOFIN, que en los últimos años ha demostrado se una traba en lugar de un estímulo. 
Por cierto que con muchos compañeros hemos emprendido acciones en contra. 
Por último quiero acabar con la tesis de que cuando usted dice, Sr. Van Mierlo, que se pregunta si una construcción europea puede entusiasmar a los ciudadanos, que la respuesta que en cualquier caso sólo podrá entusiasmarles un poco si la Unión se perfila como un proyecto político emancipatorio frente a un mercado mundial inaprensible e incontrolable. 
En lugar de ello, vemos precisamente que muy a menudo la Unión se subordina a ese mercado mundial. 
Hago un llamamiento a la Presidencia neerlandesa para que defienda activamente los derechos humanos en las relaciones exteriores. 
Los Países Bajos no tienen en este sentido la mejor reputación, prefieren dejar el respeto de los derechos humanos en manos de las iniciativas europeas. 
Ahora bien, ya que están ustedes en la Presidencia, les ruego que hagan lo posible por presionar entre otros a Milosevic para que reconozca los resultados de las elecciones en su país. 
Mijnheer de Voorzitter, Señorías, después del Sr. Miranda, yo también deseo intervenir en otra lengua en este debate tan neerlandés que se desarrolla en su mayor parte en idioma neerlandés, para manifestar mi satisfacción por el hecho de que este semestre esté presidido por los Países Bajos. 
Como miembro del Partido Radical transnacional, no puedo olvidar que el holandés Sr. Bos presidió el Comité previo que en las Naciones Unidas consiguió que en dicho foro- gracias también a la ayuda y el apoyo de las Unión Europea- se fijara como fecha para la creación del Tribunal Penal Internacional el año 1998, lo que demuestra concretamente que pueden darse pequeños pasos en la dirección correcta si existe una voluntad política que los sustente. Éste es un deseo y un voto que hago para que puedan darse otros pasos como éste a lo largo del semestre de Presidencia neerlandesa. 
Como es natural, los retos que tenemos ante nosotros, así como los retos que tienen ante ustedes son muy importantes y, incluso diré, decisivos para el futuro de la Unión Europea. 
No cabe duda de que 1997 es un año clave para la Unión Económica y Monetaria. Por consiguiente, espero que la Presidencia neerlandesa se beneficie de las reflexiones que despuntan cada vez más al objeto de que, junto con el camino necesario y obligado que nos llevará hacia la moneda única, haya una reflexión política sobre la necesaria compensación del gobierno de las economías para que esta convergencia no sea tan sólo monetaria, sino que pueda lograr efectivamente, mediante la moneda única, ese gobierno económico reclamado por Jacques Delors, sin el cual el día en que entre en vigor la moneda única va a ser el día en que quizás las opiniones públicas europeas correrán el riesgo de alejarse cada vez más de Europa y de esa Unión Europea a la que, por el contrario, debemos jugar todas nuestras cartas, incluida la de los retos que tenemos ante nosotros a escala mundial. 
En la Conferencia Intergubernamental, para la que tenemos a disposición el óptimo texto de la Comisión de Asuntos Institucionales que espero que el Parlamento adopte mañana y confío en que la Presidencia neerlandesa tenga en cuenta como contribución añadida y valiosa para concluir y llevar a buen fin los trabajos iniciados bajo la Presidencia irlandesa. 
En cuanto a los retos que nos esperan en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad, compruebo a mi pesar los muchos obstáculos que existen, aunque creo que, gracias a la determinación de un Gobierno pueden hacerse algunas cosas importantes como, por ejemplo, lanzar la idea de una moratoria con respecto a la pena de muerte o a China. Sigan resistiéndose, come espero que estén haciendo al veto que Italia y Francia están ejerciendo para impedirles que presenten una moción sobre China ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. 
Pues bien, sigan adelante y así tendrán de su parte al Parlamento y serán unos pequeños pasos en la dirección correcta. 
Señor Presidente del Consejo, hemos escuchado su intervención y hemos hallado muchos programas y proyectos encomiables y en los que podemos coincidir. Sin embargo, no quisiéramos que, como sucedió con otras Presidencias, los expedientes quedaran sin solución y los problemas se desvanecieran para luego llenar los programas de las futuras Presidencias. 
Los que pertenecemos a Alianza Nacional consideramos cruciales los próximos meses, habida cuenta de que va a finalizar la Conferencia Intergubernamental y con la misma se lograrán por fin las claves interpretativas para entender qué tipo de Unión Europea será la del futuro. Esto es, si será una Unión Europea, como se suele decir, a la carta, en la que cada Estado encuentre lo que más le interesa sin sentirse vinculado con respecto a los compromisos que no le convienen o, por el contrario, una Europa del mercado único y de la moneda única, en la que el Banco Central Europeo y, en su seno, un limitado número de banqueros perteneciente a la llamada «área del marco» decidan las políticas financieras y monetarias de cada uno de los Estados miembros; o, incluso, una Unión Europea ampliada a los países del Este y, por consiguiente, » deshilachada» si no se modifican las reglas y, en consecuencia, enfrentada a inmensos problemas sociales y laborales que limitarán su atención y penalizarán sus iniciativas en otros sectores; o, tal como confiamos los que pertenecemos a Alianza Nacional, una Europa que, además de la cohesión económica y financiera, tenga por fin una única opinión con respecto a las cuestiones relativas a la política exterior y a su seguridad, una Europa que considere de importancia vital para sus intereses y para su propia existencia, los problemas de la cuenca del Mediterráneo, ante todo el de la explosión demográfica de los pueblos de su costa norteafricana y la consiguiente inmigración ilegal de unos desesperados en busca de trabajo y supervivencia. 
La Presidencia neerlandesa podrá ofrecer una importante contribución a estos y otros problemas, a pesar de que alguna desatinada declaración suya y del Gobernador del Banco holandés, me inducen a pensar que su atención corre el riesgo de centrarse en lograr la moneda única y el respeto de los criterios de Maastricht únicamente. 
Aunque en Italia mi partido está en la oposición, me permito hacerle notar, señor Presidente, que los esfuerzos que está realizando el Gobierno italiano para respetar los compromisos contraídos en Maastricht, respecto a los que nosotros de Alianza Nacional somos muy críticos, merecen la consideración de todos y no permiten que nadie los juzgue con suficiencia o con aires de superioridad. 
He recibido siete propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del articulo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, en las espaldas de la Presidencia neerlandesa recae una gran responsabilidad: Europa se halla en un momento crítico de su desarrollo y en su horizonte se perfilan, amenazadores, dos retos monumentales. 
En primer lugar, naturalmente, el camino hacia la fase final de la Unión Económica y Monetaria, pero también, y no menos importante, la ampliación de la Unión Europea hacia el Mediterráneo y en la Europa central y oriental. 
Todos sabemos que las negociaciones para la adhesión no comenzarán hasta que haya concluido la Conferencia Intergubernamental, después de la Presidencia neerlandesa. 
Ahora bien, para que las negociaciones que probablemente desarrollaremos tengan éxito, hay que iniciar la labor preparatoria dentro de los seis próximos meses. 
En vez de los intercambios orales más bien anodinos del pasado, es preciso que ahora desarrollemos un verdadero esfuerzo para instituir un diálogo constructivo. 
Hay que plantear algunas cuestiones de importancia, cuestiones que van desde los aspectos del mercado interior hasta el desarrollo de la sociedad civil en la Europa oriental, con todas sus complejidades conexas. 
También en este contexto, tenemos que centrar nuestra atención en las reformas de la Unión Europea, reformas que serán necesarias para que podamos ampliarla. 
En el Parlamento nos damos cuenta de que es necesario efectuar cambios institucionales, pero no olvidemos que nuestras estructuras presupuestarias, en particular los fondos estructurales y la política agrícola común, necesitan asimismo una reforma fundamental. 
Sin estos cambios la ampliación, sencillamente, no podrá tener lugar. 
Durante los próximos años, junto con la UEM, la ampliación de la Unión Europea tiene que figurar en la parte más destacada de nuestro programa de acción. 
No se trata de decidir si va a haber ampliación, sino de determinar cuándo y cómo va a tener lugar. 
La ampliación redunda en interés de la Unión Europea y de los Estados que la solicitan. 
Redunda en interés de la Unión porque nos brindará un mercado mayor y nos ayudará a asegurar la paz y la estabilidad. 
Redunda en interés de los Estados que lo solicitan porque la Unión puede ayudarles a conseguir la prosperidad económica y el progreso político. 
Quisiera insistir en que todos nosotros, obrando juntos como europeos, tenemos la responsabilidad moral de trabajar con los países de la Europa central y oriental para que puedan superar el legado de los 40 años pasados. 
La degradación ambiental, los graves errores de gestión económica y la asfixia de todo verdadero impulso democrático constituyen otros tantos aspectos de ese legado. 
En colaboración con los pueblos de la Europa oriental tenemos que superar esas cuestiones de forma definitiva. 
Junto con ellos tenemos que construir una Europa nueva y unida, una Europa que incluya tanto al Este como al Oeste. 
En gran parte la celeridad con que se lleve a cabo la ampliación y el grado en que superemos los enormes problemas con que nos enfrentamos dependerá de la labor preparatoria de la Presidencia neerlandesa. 
Espero que se lleven a cabo los preparativos esenciales, y tengo la convicción de que se llevarán a cabo. 
Señora Presidenta, yo también quisiera expresar mis mejores deseos a la Presidencia en ejercicio. 
En mi opinión, lo que se debe esperar de una buena Presidencia no es que sea capaz de arreglar todos los problemas que tiene planteados la Unión Europea en este momento- lo que sería físicamente imposible por razones de tiempo -, sino que, forjando voluntades y aunando consensos, sea capaz de dar un impulso al proyecto de integración europea, que se encuentra en estos momentos, señora Presidenta, en un momento crucial de su calendario. 
Y precisamente porque se encuentra en un momento crucial de su calendario, entiendo que la Presidencia en ejercicio tiene que actuar con grandes dosis de prudencia, con grandes dosis de habilidad y con grandes dosis de tacto. 
Y permítame, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que le diga que no se han entendido las declaraciones que ha hecho su colega el Presidente en ejercicio del ECOFIN, que, de una forma ciertamente incorrecta, se ha referido a una cierta histeria por parte de algunos Estados miembros para acceder a la Unión Monetaria. 
Yo creo, señora Presidenta, que no le corresponde a la Presidencia en ejercicio hacer una valoración de las capacidades de los Estados miembros, y creo, señora Presidenta, que es inútil enajenarse innecesariamente consensos, sobre todo en una materia sobre la que el único juez debe ser el Tratado. 
Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir que el Sr. Presidente en ejercicio ha dejado las cosas claras y ha puesto los puntos sobre las íes en su intervención de esta tarde. 
Creo, señora Presidenta, que lo que sí estamos juzgando hoy son los objetivos y las prioridades de la Presidencia en ejercicio. 
Y a este respecto, me gustaría, señor Presidente en ejercicio, hacer dos preguntas. 
La primera se refiere al hecho de si la Presidencia holandesa ha previsto, con motivo del Consejo oficioso del ECOFIN en el mes de abril, un primer análisis sobre la revisión de las perspectivas financieras con vistas a la financiación futura de la Comunidad. 
En segundo lugar, señor Presidente en ejercicio, quiero preguntar si ha previsto la posibilidad de la conclusión de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental para la reforma de los Tratados con una hipótesis a 14 miembros, y si de los contactos que ha tenido con las autoridades del Gobierno británico actual, la Presidencia holandesa tiene alguna iniciativa para salir del impasse que produciría una situación de ese tipo. 
Y termino, señora Presidenta, como empecé: reiterando mis mejores deseos de éxito a la Presidencia holandesa y recordando al Presidente en ejercicio que el reto de la Presidencia, como él ha dicho muy bien al principio de su intervención, que, en cierta medida, es el mismo reto que tiene la Unión Europea en su conjunto, es el de cómo conjugar, con prudencia y con tino, la unidad y la diversidad, el de cómo hacer compatible el interés legítimo de los Estados miembros, incluido el de la Presidencia, y el de conformar la Unión Europea como una orquesta bien afinada, bien temperada. 
Y para eso, señor Presidente en ejercicio, en nuestro Grupo tenemos dos métodos que son el de poner tantas veces cuanto sea necesario las ideas al servicio de los ideales y buscar cada uno su ventaja en la ventaja común. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, yo también comparto las opiniones positivas en cuanto a los proyectos y las perspectivas que usted, señor Presidente, acaba de señalar con relación a la Conferencia Intergubernamental, la Unión Monetaria, la ampliación y, ante todo, el fomento del diálogo. 
Ahora bien, dentro de este marco positivo, encuentro un motivo de gran pesar y me resulta poco grato tener que hacer un comentario negativo sobre el evidente paso atrás que la Unión Europea corre el riesgo de dar en los ámbitos que implican la vida política, social y económica y, en particular, el mercado interior, la política comercial y ese consabido problema del empleo contra el que estamos luchando. 
En su programa, señor Presidente, no existe ninguna mención acerca del turismo, el turismo que aquí en la Unión Europea fue considerado en el pasado como algo muy aleatorio y casi un ectoplasma programático. 
Pues bien, este turismo ahora está muerto, mejor dicho lo mató, asesinó el Consejo de Ministros hacia mitades del pasado mes. 
Su esquela apareció en la Comisión de Transportes y Turismo, que desde ahora se llamará, pienso, tan sólo Comisión de Transportes, entre la consternación de todos los que durante años trabajaron en torno a dos proyectos. 
El primero era un proyecto todavía en ciernes, denominado «Acciones comunitarias en favor del turismo» que se implementó en 1994 y cuya envergadura era modesta, pues, tan sólo preveía 6 millones de ecus de financiación. 
Si piensan ustedes que la región alpina de la que soy originario y que cuenta tan sólo con 450 mil habitantes, asigna 1 millón de ecus más que los que asignaba toda la Unión Europea, se darán cuenta de lo importante que es ocuparse de turismo. 
Pues bien, a pesar de que en dicha acción se hablaba del turismo de los años 2000, el recién nacido ha muerto prematuramente. 
Un turismo que figura en el Tratado de la Unión que lo define como un sector y una actividad fundamentales. 
Y lo demuestran los números, señor Presidente, 9 millones y medio de agentes, cifra que puede ampliarse a un igual número de familias, 65 % de empleo femenino, 296 millones de llegadas cada año en Europa, 165.000 millones de dólares de ingresos, casi, mejor dicho, más del 5 % del producto interior bruto europeo. 
Pues bien, no cabe duda que todo ello no tiene importancia alguna. 
Como acabo de decir, se ha asesinado al turismo. 
Pero no se trata del turismo de Venecia, París, Madrid y Amsterdam, que es endémico, inevitable y automático. 
Señora Presidenta, se trata del turismo de las zonas deprimidas y periféricas, donde el turismo significa pan y vida y, a menudo, el único recurso económico. 
Éste es el turismo que le quiero recomendar, un turismo, como acabo de manifestar, que reúne importantes requisitos como instrumento de cohesión- palabra con la que nos llenamos la boca- ocasión de encuentros, estímulo para salvaguardar y valorizar patrimonios culturales, históricos, así como patrimonios artísticos. 
Un turismo que implica todos los demás sectores: los transportes, el comercio, la agricultura. 
Y mientras tanto, nosotros debatimos, y así sucedió realmente, sobre los destinos de los alevines en los criaderos de lubinas o sobre el porcentaje de cacao en el chocolate. 
Señor Ministro, atienda a los 12 Estados miembros que dijeron sí al turismo y no a los 3 que, en virtud de ese principio absurdo de la unanimidad, dijeron no. 
Señora Presidenta, a diferencia de mi colega y compatriota Don Ignacio Salafranca, yo sí he entendido perfectamente el sentido último de las declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo ECOFIN y Ministro de Finanzas de Holanda, que el Primer Ministro de ese país, de una manera bastante lógica pero también diplomática ha tratado de tapar. 
Él nos ha venido a recordar lo que significa de hecho la Unión Económica y Monetaria y, más aún, cómo la interpretan los que podríamos llamar países más fuertes económica y financieramente de nuestra Unión. 
Él nos ha venido a decir que esa Unión Económica y Monetaria va a significar una Europa de dos velocidades y, que además, » esos fuertes» se están pensando si algunos países «débiles» van a ser cómodos o no para esa Europa de dos velocidades. 
En otras palabras, nos ha venido a decir lo que realmente pueden estar pensando el Presidente del Bundesbank y algunos otros responsables monetarios o gubernamentales de esa Europa de núcleo duro. 
Por lo tanto, he entendido perfectamente el mensaje. 
Creo que muchos españoles, muchos italianos, muchos griegos, muchos europeos han entendido perfectamente el porvenir que nos espera en ese tipo de Unión Económica y Monetaria. 
En este caso, la diplomacia poco puede hacer para tapar lo que se ha dicho pensando no con el corazón pero sí con la cartera, y lo dice alguien que sin duda alguna no comparte ese capítulo tan nefasto del Tratado de Maastricht como es la Unión Económica y Monetaria. 
He utilizado la mayor parte del tiempo para hablar de un tema que no pensaba abordar, y ahora no quiero dejar de decir dos cosas. 
Estamos debatiendo también de la situación en Serbia. 
Creo que este Parlamento debe pedir que la Presidencia en ejercicio exija al Presidente Milosevic reconocer todos y cada uno de los resultados que se dieron en las elecciones municipales del 17 de noviembre. 
Pero no podemos olvidar que hay otro país surgido de la antigua Yugoslavia que ha tenido dificultades, incluso para estar en el Consejo de Europa, por falta de democracia, y me refiero a Croacia. 
Hay que tener una única vara de medir y no dos: la misma para todo el mundo. 
Termino recordando también que, como español, he sentido cierta decepción al ver que el programa de la Presidencia holandesa se olvida del desarrollo de las relaciones con Cuba. 
No sé si será porque el Presidente Clinton ya dijo hace pocos días su última palabra agradeciéndonos nuestra posición a cambio, eso sí, de congelar, que no suspender, una ley tan inaceptable como la Helms-Burton. 
Señora Presidenta, Sr. Van Mierlo y Sr. Patijn, su compañero, el Sr. Kok, dijo ayer sobre la UEM que más valía que los políticos se callaran al respecto. 
Ahora bien, le prometo que yo no lo haré. 
Muy mal tienen que andar las cosas con la democracia en Europa si no podemos hablar de ello, de un tema que preocupa cada vez más a los ciudadanos. Y con razón, pues la UEM en su forma actual provoca la desintegración social. 
Constituye ciertamente un corsé presupuestario, pero no incluye medidas contra la competencia fiscal. 
Hay abundancia de textos sobre el empleo, pero ningún instrumento eficaz. 
En la carrera hacia el euro, dejamos en la cuneta a 20 millones de desempleados. 
Una moneda única como esta provoca la discordia. 
Los países meridionales temen perder el tren de la UEM y el ministro Zalm- como ya se ha dicho aquí- calificó este miedo de histérico. Al hacerlo habló con demasiada franqueza. 
¡Queridos amigos de la Europa del Sur, si supiérais cómo hablan los Países Bajos de vuestra participación en la UEM! 
Prefieren no tratar con vosotros. 
Todo tiene que apartarse para dejar paso a un euro fuerte y si es preciso al Tratado de Amsterdam. 
El primer ministro Kok lo ha comprendido: las disputas en torno a la UEM obstaculizan en efecto la revisión del Tratado, cuando una mayor integración política es precisamente la condición para la integración monetaria. 
Una unión monetaria que no sea una unión social y ecológica, que no cree puestos de trabajo, amenazará con hundirse a causa de la división entre gobiernos y la desconfianza de los ciudadanos, y por lo que a mí respecta, podemos aparcar la UEM en la nevera hasta disponer de un mejor Tratado que haga más democrática y más dinámica a la Unión, y eso ya es bastante difícil. 
Señora Presidenta, Señorías, ¿qué se puede esperar en el momento de la la apertura de esta Presidencia neerlandesa? ¿En qué sentido es posible orientar el futuro de Europa, habida cuenta de los aspectos extremadamente, y cada vez más, apremiantes de los tratados? 
En primer lugar, en el plano político y económico, la Presidencia neerlandesa tendrá que negociar el mercado único europeo, y en este sentido estará muy preocupada sin duda por toda una serie de cuestiones monetarias que condicionan el futuro de la famosa moneda única. 
Esperamos que no se sacrifique la prosperidad europea, que no se sacrifique el empleo, que no se sacrifique lo que queda de empresas libres en Europa a este dogma de la estabilidad monetaria, y esperamos también que la situación de nuestras diferentes economías no tenga que sufrir las nuevas rigideces monetarias que impiden los ajustes necesarios. 
La Presidencia irlandesa, nos dice, será igualmente activa en el proceso de paz en Oriente Medio. 
Debemos aspirar (algo difícil por otra parte) a que Europa hable con una voz distinta a la de los Estados Unidos de América. 
Nuestros intereses no son los mismos y nosotros tenemos otra función que desempeñar. 
En el ámbito de la criminalidad será necesario seguramente volver sobre algunas imprudentes disposiciones relativas a la apertura de fronteras, tanto en el interior como en el exterior de la Unión. 
En cuanto a la ampliación, deseamos que la Presidencia europea tenga a bien tomar en consideración los peligros que representa la ampliación a un país desafortunadamente dividido en dos recientemente por una guerra inexplicable. 
Señor Presidente, de forma clara y sintética, jurídicamente basada en los Tratados, la Presidencia holandesa formula con rigor en el texto de su programa los imperativos que nos impone el camino al euro. 
Normalmente, pocos leen- o, si lo hacen, no con gran atención- los compromisos inscritos en los programas de trabajo de las presidencias. 
Pero esta vez, para nosotros, los textos cobran la mayor importancia por lo que encierran de compromiso político, público y universal de la Presidencia holandesa y también por lo que valen al contradecir las declaraciones recientes del Ministro de Hacienda, Gerrit Zalm, que, de un plumazo y sin la menor contención, condenó a los países meridionales al ostracismo en materia de moneda única. 
Entre otras cosas, dijo dos particularmente graves: la primera era la de que no consideraba ventajoso que los países meridionales, donde normalmente el sol brilla en invierno, se integren desde el principio en el primer pelotón de la moneda única; la segunda fue la de que consideraba incluso una histeria- climática, naturalmente, me imagino- los esfuerzos que esos Estados hacen para cumplir con los criterios de convergencia. 
El Presidente en ejercicio del Consejo ECOFIN no puede decir disparates de ese género. 
En primer lugar, porque sólo a partir del Tratado y del cumplimiento riguroso de los criterios que impone la ley comunitaria se determinará quién entra o quién no entra en el pelotón inicial. 
A ese respecto somos todos iguales y no hay unos Estados más iguales que otros. 
Lo que el ministro holandés hizo fue opinar sin fundamento objetivo ni fundamento jurídico sobre un asunto muy delicado de las relaciones entre Estados dando por supuestas normas comunitarias inexistentes. 
En segundo lugar, fue ofensivo para con los esfuerzos de los Gobiernos, los ciudadanos y los países que creen en el compromiso europeo y hacen todo lo posible para cumplir las políticas de rigor acordadas en su conjunto. 
Como reconoce cualquier dirigente medio en asuntos europeos, estas políticas son una contribución indispensable al saneamiento de la hacienda pública europea, luchan contra el desempleo y hacen creíble el proyecto de la moneda única frente al dólar americano y al yen japonés. 
Yo tomo nota, señor Presidente, de sus declaraciones del comienzo de la presentación del programa de trabajo y de este debate y me congratulo al respecto, como también recuerdo las consideraciones del Primer Ministro, personalidad por la que tengo el mayor respeto y consideración, Sr. Wim Kok, que consideró esas declaraciones una gaffe. 
De hecho, el Sr. Gerrit Zalm va a necesitar muchos meses, muchos años, mucho más de lo que dura una presidencia, para aprender el Tratado de la Unión Europea, estudiar los criterios de Maastricht, leer las previsiones de organismos independientes como la OCDE, por ejemplo, para no sorprenderse al tener que concluir que, al menos en el caso de mi país, Portugal, estamos a la par de los Países Bajos en la mayor parte de los criterios de Maastricht y bastante mejor que ellos en lo relativo a la deuda pública. 
Exactamente por eso consideramos que los Países Bajos tienen todo el derecho, siempre que cumplan los criterios, a integrarse, como nosotros, como España e Italia, en el pelotón de cabeza de la moneda única. 
Y mi deseo, que formulo a la Presidencia holandesa, es que, al llegar a su término, haya hecho todo lo necesario para que el proyecto de creación de la moneda única sea un proyecto lo más común posible a todos los europeos, basado en exigencias de rigor, pero también en la igualdad entre todos los Estados de esta Unión. 
Señora Presidenta, estimados colegas, señor Presidente, quiero hablar solamente sobre el tema de Serbia. 
Celebro la decisión del Consejo de 9 de enero en la que éste demanda del Gobierno serbio el total respeto para los resultados de las elecciones municipales en Serbia, es decir, para las victorias de la coalición de los partidos de la oposición, Zajedno, espera la garantía de la libertad de prensa y el cese de las presiones contra los medios independientes de prensa independientes y pide el diálogo entre todas las fuerzas políticas de Serbia. 
Después de que un ministro de Asuntos Exteriores de esta Unión Europea volviera a desacreditar en Belgrado antes de Navidad mediante su innecesaria visita, acompañada de unas torpes declaraciones, la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, se me hizo especialmente fácil mi visita a Belgrado la semana pasada llevando en el bolsillo la declaración del Consejo de 9 de enero. 
La coalición de la oposición, Zajedno, los estudiantes y con ellos cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos serbios se han echado a la calle hace semanas. 
Si nuestros ministros de Asuntos Exteriores vivieran presencialmente este ambiente de resurgimiento, como lo viví yo en la noche del jueves al viernes, proclamarían todavía más apoyo a este desarrollo democrático y anunciarían e incluso llevarían a cabo medidas más terminantes de sanción contra Milosevic. 
Todos los que dicen que en el caso de Milosevic se sabe dónde se está y que en el de la oposición no, deberían detenerse brevemente y reflexionar sobre esta idea. 
Alguien que en 1991 disolvió sangrientamente en su propio país una manifestación democrática, que ordenó el ataque a Eslovenia, la guerra contra Croacia con las primeras fosas comunes en Vucovar, que es el responsable originario de la guerra en Bosnia con campos de concentración, fosas comunes, refugiados, a quien la diplomacia norteamericana calificó en 1992 como buchter of the Balkans, ¿es más fiable, es más apropiado para establecer en Serbia una democracia que los líderes de la oposición a la que ha querido privar de su éxito electoral? 
Con independencia de cuán variable haya sido- ya lo he expuesto aquí- la posición política de los dos hombres dirigentes de la coalición de la oposición, incluso en los últimos años, las últimas semanas han mostrado que ellos quieren dar a Serbia con medios pacíficos y con el apoyo de la población civil un nuevo semblante democrático. 
Yo espero que Occidente les otorgue al menos la misma confianza que a Milosevic e incluso más, pues éstos han formado una coalición con la Sra. Pesic, la dirigente de la» Civil Alliance» y que desde el principio ha luchado en contra de la guerra en la región. 
Espero también que la Unión Europea conceda más importancia a que Milosevic y también otros, en caso de que llegaran al gobierno, solucionen de una vez el problema de Kosovo, pues allí comenzó todo y allí terminará también. 
Señoras y señores, Milosevic ya no es por más tiempo el garante único de la puesta en práctica de Dayton. 
La responsabilidad de hacerlo reside ahora en Sarajevo, en Pale y en Bajaluka, y los hombres y mujeres de allí deben ser llamados a esta responsabilidad, deben ser considerados nuestros interlocutores. 
Y todo sería más fácil, señoras y señores, si Karadzic estuviera, por fin, donde le corresponde estar. 
Durante los días y las noches que he estado en Belgrado he percibido que las personas quieren librarse, por fin, de la atmósfera viciada y de la represión del régimen de Milosevic. 
Espero, señor Comisario van den Broek, que usted con la Unión Europea ayude precisamente a los medios independientes y precisamente a Radio 92, que juega un papel espléndido, para que ayuden a acompañar este proceso democrático. 
La guerra comenzó en Yugoslavia en la época de la última Presidencia neerlandesa del Consejo y del Ministro de Asuntos Exteriores, van den Broek. 
Haga usted lo posible, señor Presidente del Consejo, para allanar el camino a Serbia hacia Europa y también para liberar realmente a Bosnia. 
Señora Presidenta, quisiera expresar mis deseos de éxito para este semestre a la Presidencia holandesa. 
Los Países Bajos figuran entre los grandes países, son un país dinámico, que podría desempeñar un papel positivo de síntesis y, en mi opinión, bastante diferente y mucho más social del que mostró en el Tratado de Maastricht, que, además, sería mucho mejor acogido por los ciudadanos europeos. 
Hemos visto la sensibilidad de la Presidencia holandesa ante una serie de cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos. 
Sin embargo, hemos visto también una absoluta falta de sensibilidad ante determinadas cuestiones, a pesar de que el anuncio del programa de actividades de la Presidencia holandesa tiene lugar precisamente aquí, en Estrasburgo, que es donde el pleno del Parlamento Europeo ha planteado reiteradamente serias cuestiones en relación con la vulneración de los derechos humanos por parte de Turquía, y donde en los últimos meses el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pronunciado dos sentencias contra Turquía, tanto en relación con los derechos humanos de los kurdos como en relación con las propiedades de los chipriotas en las partes de la República de Chipre ocupadas por las tropas turcas. 
Desde este punto de vista, señor Presidente en ejercicio, quisiera hacerle la siguiente pregunta: usted es Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea desde hace pocas semanas. 
Ayer, tras una escalada de amenazas, escuchamos al Presidente islamista de Turquía, el Sr. Erbakhan, amenazar abiertamente con la guerra y la ocupación de territorios a un Estado miembro de la Unión Europea, Grecia, y a un país asociado a la Unión, Chipre. 
El Sr. Erbakan dijo concretamente: » Grecia recibió su lección en 1922, cuando se desterró a los griegos de Asia Menor, y en 1974, cuando se ocupó la mitad de Chipre. Turquía está dispuesta a volver a dar esa lección». 
Esto es una amenaza de guerra contra un Estado miembro de la Unión Europea. Y, sin embargo, por parte de la Presidencia, no se oye ni siquiera una protesta, ni siquiera una toma de posición seria ante esta amenaza de guerra. 
Tan sólo escuchamos palabras diplomáticas sin trascendencia, que sólo preparan el terreno de cara a la asociación entre la UE y Turquía. 
Nadie quiere aislar a Turquía. 
Nadie quiere erigir muros entre Turquía y Europa, pero sí queremos que Turquía respete a los países miembros, que respete el sistema democrático de la Unión Europea, como cualquier otro país, y que la Unión Europea, también desde su Presidencia, tenga el valor y el coraje de cumplir con sus obligaciones y de apoyar a los países miembros amenazados por semejantes gritos de guerra. 
Espero una respuesta por su parte, señor Presidente en ejercicio. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, en las últimas semanas se ha reprochado a los holandeses que las demandas a la Presidencia se han colocado demasiado bajas. 
Pero se puede decir igualmente que son muy ambiciosas. 
El Sr. van den Broek ha aludido ya a que aspirar al mismo tiempo a la profundización y a la ampliación requiere muchísimas reflexiones y esfuerzos. 
Yo le pregunto, señor Presidente del Consejo, si precisamente en el caso de la ampliación sabe usted cuáles son los requisitos. 
YEn parte ahn sido enumerados ya. 
Me refiero a los requisitos institucionales. 
Como alguien que procede de un pequeño país, quisiera apoyarle en que en el futuro, naturalmente, en una Unión más grande, los pequeños países tengan también una representación fuerte. 
Pienso en la ayuda regional. 
¿Qué ideas van a aportar los Países Bajos a la discusión en este punto y van a preparar también la ayuda regional, de tal manera que ésta sea también posible en una Unión ampliada? 
Me refiero a la ayuda agrícola. 
¿Están ustedes dispuestos a apoyar que se cambie de una política agrícola de subvenciones directas hacia una ayuda al espacio rural teniendo especialmente en cuenta los aspectos sociales? 
Algo que se menciona rara vez, pero en donde espero precisamente de los Países bajos el correspondiente apoyo es, seguramente, también la política de medio ambiente y la modernización de las centrales nucleares en la mitad oriental de Europa. 
Yo les apoyo plenamente en sus esfuerzos por llegar realmente a una solución en este punto, pero creo que se necesitan muchos requisitos. 
En segundo lugar, quiero mencionar muy brevemente algo que es muy importante en relación con el desarme y con la guerra. 
Nos enfrentamos a ello y ojalá podamos lograr con el apoyo de la Presidencia neerlandesa que se prohíban definitivamente las minas antipersonal y, en concreto, la producción, el comercio y la difusión, y que se llegue también realmente a la destrucción de las actuales minas antipersonal en la medida que las haya. 
Finalmente, le ruego que la Unión Europea combata con éxito contra las minas antipersonal en esta actividad que se ha emprendido en el marco de las Naciones Unidas y en la cual Europa, sobre todo, debe dar ahora una señal, y espero que usted llegue a conseguir esto en su Presidencia. 
Señora Presidenta, en los próximos meses se someterá a prueba a Europa. 
¿Será capaz la Unión de reformarse a fin de afrontar el siglo XXI con optimismo? Un nuevo siglo con numerosas ampliaciones y los consiguientes problemas de integración. 
Algunas de las reformas necesarias para adaptar la estructura administrativa y democrática a la nueva situación pueden resultar muy dolorosas para los Estados miembros individuales. 
Los Países Bajos tienen ante sí la considerable tarea de crear un consenso en torno a esta elección tan difícil. Y el consenso era y es la especialidad de los Países Bajos. 
Según algunos, este es precisamente el núcleo del éxito de la economía del pólder. Precisamente el hecho de que los Países Bajos están acostumbrados a buscar los compromisos y el consenso puede hacer que la Presidencia neerlandesa sea histórica. 
Y por ello es inoportuno que, como ha expresado de forma tan educada mi compañero el Sr. Salafranca, por lo cual deseo darle las gracias, en la primera semana de la Presidencia un ministro de finanzas presente su criterio tan directamente y con tan poca diplomacia, que haya que temer que se desvanezca ese consenso y esa confianza. 
Hasta un niño puede adivinar qué países son considerados histéricos por el ministro Zalm. Un país como España, que por ejemplo ha congelado el salario de los funcionarios para poder cumplir los criterios de la UEM, difícilmente podrá defenderse en casa si el Presidente de la UE declara en la prensa que la actuación de este gobierno es histérica. 
En nombre de mi Grupo me veo obligada a pedir una explicación al Presidente neerlandés por esta conducta. 
También la moneda, señor Presidente, exigirá mucha atención del Presidente neerlandés. 
La normativa en torno al estatuto legal del euro, el último toque al pacto de estabilidad, una resolución sobre un nuevo Sistema Monetario Europeo, todas estas cuestiones exigen confianza y unanimidad. 
Aunque la moneda cuenta con un alto grado de aprobación en la Unión, siguen existiendo algunas preocupaciones. 
Quizás la Presidencia neerlandesa sea sumamente apta para hacer frente a estos problemas. 
Me refiero a la política de mercado laboral y al desempleo en la Unión. 
Los Países Bajos pueden hacer hincapié en las adaptaciones estructurales necesarias en la política respecto a sistemas salariales rígidos, adaptaciones de la seguridad social y mayor movilidad laboral. 
Un punto criticable del programa de la Presidencia neerlandesa es la ausencia de un Consejo del Turismo. Va siendo hora de que todo el mundo sepa que el turismo es la principal fuente de empleo en toda la Unión Europea. 
Teniendo en cuenta que tanto la Unión como el Gobierno neerlandés enarbolan el estandarte del empleo, es incomprensible que el Presidente neerlandés ignore el turismo como si este no existiera. 
Por lo demás, deseo al Presidente neerlandés que logre un Tratado de Amsterdam que respete al ciudadano y que sea tan creativo como la propia ciudad. 
Señora Presidenta, al igual que otros diputados quisiera desear a la presidencia neerlandesa el mayor éxito en este importantísimo año para la Unión Europea. 
La labor iniciada por la presidencia irlandesa ha fijado ya muchos de los parámetros que necesitamos para continuarla. 
A juzgar por lo que se ha dicho esta mañana en el Parlamento en respuesta al último Presidente en ejercicio, el Primer Ministro John Bruton, uno puede ver que se hace hincapié en una Europa más cercana a su pueblo, que pueda tener en cuenta las preocupaciones del pueblo, que pueda reaccionar con rapidez y que pueda aliviar los temores pero que, al mismo tiempo, pueda suscitar entusiasmo y pasión entre sus pueblos. 
En vez de repetir lo que ya han dicho otros oradores, me limitaré a mencionar a la presidencia neerlandesa dos cuestiones a cuyo respecto me gustaría que se tomaran medidas. 
Una ha sido mencionada ya en el documento de la presidencia que se ha distribuido entre los diputados: se trata de la lucha contra la delincuencia internacional y el tráfico ilícito de drogas. 
Esta es una de las esferas de mayor preocupación para el hombre o la mujer de la calle, que al fin y al cabo constituyen el objetivo final de la Unión Europea. 
En un programa de televisión de la BBC World se ponía de relieve el lunes pasado que el 82 por ciento de todos los delitos cometidos en Gran Bretaña guardan relación con la droga. 
Cifras recientes de la Fuerza de Policía Irlandesa indican que el 76 por ciento de todos los delitos cometidos en Irlanda tienen algo que ver con las drogas. 
Con el servicio de drogas de Europol radicado en los Países Bajos, espero que la presidencia neerlandesa prosiga la labor comenzada por la presidencia irlandesa para desarrollar una acción coordinada y concertada, pasar estas cuestiones del tercer pilar al primer pilar, y conseguir una mayor coordinación y una mayor cooperación entre los Estados miembros en la lucha con lo que constituye un flagelo y un vil negocio ilícito. 
Sobre la base de lo que acabo de decir, mi segundo y último punto es que, si esta Unión Europea ha de significar algo, si el nuevo tratado de la Unión Europea ha de significar algo, es preciso que protejan a los elementos más vulnerables de nuestra sociedad, que son nuestros hijos. 
En Bélgica tenemos un caso de actualidad con los círculos de pederastas. 
Nos enfrentamos con problemas actuales y cotidianos: los niños no sólo son víctimas de abusos sexuales y emotivos, sino de la pobreza, la falta de oportunidades y la protección. 
Con la cantidad de buena voluntad que hay entre nosotros, debería existir ahora la posibilidad de incluir un artículo concreto en el nuevo tratado que el Gobierno neerlandés espero nos brinde durante su presidencia, para conseguir que los derechos y las libertades de los niños queden plena e individualmente consagrados en dicho texto. 
Si no podemos proteger a nuestro porvenir, que son nuestros hijos, ¿qué sentido tiene que protejamos nuestro presente? 
Señora Presidenta, la Presidencia holandesa tiene que asumir el deber, que se ha ido configurando en cumbres anteriores y, más recientemente, en Dublín, de impulsar la terminación de la Conferencia Intergubernamental, la tercera fase de la UEM y la ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa central y oriental. 
Lo cierto es que, con su acción en esa dirección, la Presidencia holandesa hará su pequeña contribución a la construcción de la Europea de la pobreza y el desempleo. 
De la labor que se seguirá realizando en el próximo semestre, los pueblos de Europa no pueden esperar que mejoren sus condiciones de vida y de trabajo. 
Con respecto a la situación en Serbia, quisiera destacar, en primer lugar, la prudencia con que el Presidente en ejercicio del Consejo trata este asunto en su declaración. 
Señora Presidenta, el pueblo serbio, a pesar de las enormes dificultades a las que se ve enfrentado, tanto de orden económico por la aplicación del embargo, como por los problemas provocados por la situación bélica en la región de los Balcanes, es capaz de garantizar los procesos democráticos y de ampliar sus derechos democráticos, si no se le somete a presiones exteriores y a intereses internacionales. 
La decisión del gobierno serbio de anular las elecciones democráticas y la reacción desencadenada en consecuencia impone la búsqueda de una solución en el marco del ordenamiento jurídico de Serbia, y mediante decisiones concretas de sus fuerzas políticas destinadas a llamar la atención sobre los verdaderos problemas del pueblo serbio, liberándolo de su actual situación de atolladero, foco para los que acechan los derechos del pueblo serbio, y reforzando su lucha por la paz en la región, la democracia y el bienestar social. 
Desde este punto de vista, no podemos comprender la intención de imponer nuevas medidas y condiciones a Serbia con el pretexto de que se reconozcan los derechos democráticos de la oposición. 
La imposición de medidas adicionales que, en última instancia, complican la vida del pueblo serbio, no puede sino provocar dudas. Tras los Acuerdos de Dayton, el pueblo serbio esperaba lógicamente el levantamiento de las sanciones. 
Sin embargo, ahora ve que este compromiso no sólo se incumple, sino que, además, no se pierde ninguna oportunidad de mantener y ampliar las medidas en su perjuicio. Por otra parte, todas las noticias publicadas hoy en la prensa indican que el gobierno serbio ya se está moviendo hacia el reconocimiento de los derechos de la oposición y la aceptación de los resultados de las recientes elecciones municipales. 
Se observa que los resultados de las elecciones han sido aprobados en las ciudades más importantes, como Belgrado y Nis. 
Creo que la insistencia del Parlamento Europeo en la imposición de nuevas medidas puede resumirse en una palabra: esta iniciativa sólo se puede caracterizar de hipocresía; de lo contrario, si no calificamos esta orientación y esta postura de hipocresía, las palabras perderían su sentido. 
Señora Presidenta, señor ministro, 1997 es un año muy importante para Europa, es algo que ya se ha señalado aquí y con razón. 
Asimismo es un año en que Europa está siendo conducida por países pequeños. La troika la forman, en efecto, Irlanda, los Países Bajos y Luxemburgo. 
Países pequeños con dinamismo, que quieren confirmar la tradición de una buena Presidencia de los países pequeños. 
Sin duda, Irlanda realizó un buen trabajo. 
Los Países Bajos tienen ante sí una tarea muy especial, quizás histórica: la de clausurar o preparar la parte final de la Conferencia Intergubernamental. 
En resumidas cuentas, nuestra actitud ante la Presidencia neerlandesa es la de una confianza vigilante. 
Confianza en el enfoque tradicional, eficiente y pragmático. 
Vigilancia también porque a veces, en los periódicos, en las entrevistas con los principales elementos de la coalición morada de los Países Bajos, como el Sr. Bolkestein, leemos cosas sobre Europa que parecen más bien lo contrario de lo que nosotros queremos para Europa. 
Por consiguiente, Sr. Van Mierlo, señor Presidente, Sr. Patijn, cuento con que no se dejen guiar ustedes por la inspiración del Sr. Bolkestein durante la Presidencia de la Conferencia Intergubernamental, sino más bien por el memorándum del Benelux. 
Sr. Van Mierlo, me complace que haya abogado usted por una mayoría cualificada. Es esencial para que Europa funcione. 
Sin embargo, me decepciona que ya en la primera conferencia de prensa de la Presidencia neerlandesa se recalcara y confirmara expresamente la unanimidad en materia de política fiscal. Eso cuando la Presidencia neerlandesa da tanta importancia al vínculo entre fiscalidad y empleo, cuando precisamente la Presidencia neerlandesa da tanta importancia a la tasa de CO2, cuando hemos constatado que es precisamente la unanimidad paralizante la que ha provocado el vía crucis, el calvario de la tasa de CO2. 
En tercer lugar, quisiera dirigirme al Sr. Patijn, como presidente del Consejo de Presupuestos. 
Señor Patijn, ha sido usted testigo del enorme malestar que ha surgido entre el Parlamento y el Consejo. 
Quiero rogarle que de manera informal intente disipar a corto plazo este malestar. 
Pienso que debemos asumir parte de la responsabilidad por dicho malestar, pero que esta reside principalmente en el Consejo, que en los últimos años no ha funcionado bien en esta cuestión. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el día 31 de diciembre un grupo de diputados de este Parlamento brindamos por el éxito de la Presidencia holandesa, animados como estábamos por el éxito de su Presidencia anterior, que culminó en la firma y ratificación del Tratado de Maastricht. 
El día 6 de enero- día de Reyes, por más señas -, su Ministro de Hacienda y Presidente en ejercicio del Consejo ECOFIN se estrenó con unas declaraciones en las que se mostraba partidario de una Unión Económica y Monetaria muy reducida para, textualmente, asegurar la credibilidad del euro. 
Por si estas declaraciones fuesen poco afortunadas, el Ministro de Hacienda se permitió añadir que los países del Sur que pretendían incorporarse a la tercera fase de la Unión desde la primera ola pecaban de histeria. 
Y en segundo lugar, ejerciendo de seleccionador europeo, limitó la tercera fase a Alemania, el Benelux, Francia y quizá, dijo, con suerte, Irlanda y Austria. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en su discurso se ha preguntado, citando a Havel, si se puede pedir una pasión por Europa- desde luego, este Parlamento la tiene -, pero no es con discursos semejantes como se transmite pasión por Europa ni se hace crecer la pasión por Europa en los pueblos que la integran. 
Las declaraciones del Ministro de Hacienda, tibiamente rectificadas por usted al día siguiente, son poco delicadas, son torpes, son contrarias al Tratado de la Unión Europea y, lo que es peor, reflejan un espíritu poco compatible con las declaraciones de este Parlamento que, si bien ha dicho siempre que desea un euro estable, sólido, fuerte y creíble, ha dicho que deseaba que cuantos más países pudiesen integrarse en esa moneda única, mejor para Europa, porque se evitarían así fracturas innecesarias entre el Norte y el Sur, entre pobres y ricos, entre la Europa de los tejados grises y la Europa del Mediterráneo. 
Dice una obra clásica que probablemente usted conozca, » Don Juan Tenorio» , que un punto de contrición da al alma la salvación. 
El señor Presidente en ejercicio del Consejo tiene en este Parlamento la ocasión de solemnizar lo obvio diciendo que la única ley en materia de acceso a la moneda única es el Tratado de Maastricht- piense lo que piense su Ministro de Hacienda -; de hacer una declaración un poco más ambiciosa diciendo que el Gobierno holandés desea que sea el mayor número de países de Europa los que integren esta moneda; o, finalmente, en un colmo de éxtasis y de pasión europeísta, podría hacer la declaración que se desea: una interpretación del Tratado que nos permita al máximo de los países participar en la moneda única. 
Podría, en un rasgo de generosidad, aplaudir los esfuerzos de Gobiernos como el mío, que están haciendo esfuerzos ímprobos por participar en la primera fila, llenos de entusiasmo en la nueva construcción europea, que es la tercera fase de la unión monetaria. 
Si es así, probablemente el señor Presidente en ejercicio salve su alma. 
En caso contrario, estoy seguro que la condenará. 
Señora Presidenta, en lo que a mí respecta quiero rendir homenaje a la amplia explicación del ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos sobre la Presidencia de este país. 
En mi intervención sólo quiero referirme a una cuestión, y es la de Serbia, o mejor dicho de la República Federal de Yugoslavia. 
En lo que respecta a este Parlamento, la Presidencia neerlandesa puede empezar abordando la cuestión política exterior urgente a la que en este debate queremos prestar una atención especial. 
Durante semanas enteras hemos seguido con ansiedad los acontecimientos en la República Federal de Yugoslavia. 
Han sido semanas de una protesta impresionante y pacífica contra la falsificación de los resultados de las elecciones locales. 
Por lo visto, los serbios ya están hartos. 
Durante mucho tiempo, el gobierno de Milosevic ha quedado resguardado por los acuerdos de Dayton. 
Eso ya no vale. 
Se ha cometido fraude electoral y la misión de la OSCE lo ha comprobado sin dejar lugar a dudas. 
El Gobierno serbio ha de atenerse enteramente a las recomendaciones de la misión González. 
También esto está fuera de toda duda. 
La Unión no puede mantener relaciones con un gobierno que viola de forma tan burda las reglas democráticas. 
Con esta conducta, el Gobierno serbio bloquea el camino hacia Europa. 
Es preciso congelar las relaciones mientras el presidente Milosevic no haya cedido al 100 %. 
Afortunadamente, tal y como se ha visto antes, el Comisario Van den Broek comparte esta opinión. 
La Unión y los Estados miembros han de esforzarse por que el FMI no haga concesiones al actual Gobierno serbio. 
No sólo se trata de corregir el resultado de las elecciones. La cuestión es un ejemplo de la preocupante calidad de la democracia serbia. 
Esta debe mejorar. 
La Unión tiene que dejarlo claro, pero también tiene que estar dispuesta a ayudar a reforzar la democracia en este país. Esto es responsabilidad de todos. 
En estos momentos, Milosevic se tambalea. Sin embargo, por el momento sus concesiones no han impresionado mucho a los manifestantes. 
Al parecer, el Presidente de este país necesita unos cuantos empujoncitos más. 
La Presidencia puede ayudar organizando una misión especial de la troika y con ello ejercer presión sobre el terreno. 
Me ha decepcionado un poco la reacción del ministro Van Mierlo, quien ha declarado compartir el tenor de la presente resolución, pero añadiendo que todavía no sabe con certeza si ha de emprender una acción de este tipo enviando la misión de la troika a ese país. 
Considero que la Unión Europea no ha de esperar mucho para no correr el riesgo de dejar la iniciativa a los norteamericanos. 
Nunca se puede determinar exactamente en qué momento y con qué resultado se puede emprender tal misión. 
Pienso que la gente de Belgrado tiene derecho a una presencia clara de la Unión Europea. 
La Unión Europea, repito, ha de estar claramente presente en Belgrado. 
Es importante para la oposición, ahora, pero al mismo tiempo se trata de invertir en las relaciones futuras, con un país que esperemos sea más democrático. 
Señora Presidenta, otros colegas han criticado el desliz político del Ministro de Hacienda holandés. 
Yo creo que este tema no debe enturbiar la realidad del programa de la Presidencia holandesa, y quiero felicitar al Presidente en ejercicio del Consejo por ser el primero de los presidentes que hace una interpretación, ajustada al espíritu y la letra de los Tratados, de la esencia de lo que representa la Presidencia rotativa del Consejo, lejos de todo voluntarismo y de demagogia dirigida hacia objetivos de política interior. 
Creo también que desde este Parlamento no deberíamos nacionalizar demasiado estos debates semestrales de la Presidencia del Consejo. 
Dicho esto, señora Presidenta y señor Presidente en ejercicio del Consejo, y siguiendo las orientaciones de su propio programa, quiero entrar en algunos puntos de esa realidad europea a la que usted se refiere para recordar algunos de los elementos que desde este Parlamento consideramos esenciales. 
Creo que es muy importante que su Presidencia se dedique a limpiar los cajones del Consejo, que es la institución que tiene más proyectos de directiva y reglamentos atrasados. 
Ni la Comisión ni el Parlamento son los que retrasan el proceso legislativo; es el Consejo. 
Ahí hay una asignatura pendiente y esperamos mucho de su diligencia. 
Por otro lado, haría un gran servicio si hiciese prosperar en el Consejo el espíritu de los Tratados y no los modos de desnaturalización que la práctica ha impuesto. 
Me refiero a que el Consejo, con demasiada frecuencia, busca un acuerdo, incluso en los casos en que el Tratado permite votar por mayoría cualificada. 
Esto también va en contra de los Tratados y retrasa innecesariamente muchas decisiones. 
En este mismo espíritu, señor Presidente, debería de cortar las veleidades de renacionalización de algunas políticas que pretenden llevar a efecto algunos Gobiernos. 
Me refiero concretamente a la política de medio ambiente y, en este sector, tenemos que recordar que una de las propuestas que usted recuerda en su programa, la puesta en marcha de una forma definitiva del acuerdo sobre la tasa CO2 /energía, es algo que estamos esperando desde 1992, fecha en que se celebró la Cumbre de la Tierra y en que contrajimos el compromiso formal de carácter internacional de que esta medida legislativa iba a entrar en vigor pronto en la Unión Europea. 
Y hablando en otros ámbitos como son las políticas interiores, yo creo que la aprobación definitiva del Tratado sobre el Convenio de Frontera Europea Común es urgente así como las medidas contra el terrorismo y, por supuesto, como han dicho otros colegas, la lucha contra la droga. 
Señor Presidente, creo que no debería desnaturalizarse en el próximo tratado la doble competencia separada de los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Cualquier desnaturalización o mezcla en las competencias aludidas sería muy negativo para el futuro de nuestro trabajo. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera decir que, por lo menos en la esfera del medio ambiente, me satisfacen los objetivos de la Presidencia neerlandesa. 
Estimo que su programa ofrece una mezcla curiosa de elogiosa ambición y de falta de realismo: falta de realismo porque me parece que hay problemas en materia de calendarios y mecanismos de la Comunidad que no se reflejan en el programa que se ha publicado. 
Realmente, tenemos que desarrollar ese realismo. 
Me parece que es loable que quieran conseguir que las políticas en materia de medio ambiente y salud queden debidamente integradas con las demás políticas, especialmente la del empleo. 
Me parece que todo esto es muy positivo, y me agrada que hablemos de ellos seriamente, pero tengo un par de comentarios específicos que quisiera hacer. 
Espero que durante los seis meses de la Presidencia neerlandesa se progrese con el Quinto Programa de Acción Ambiental, en principio consiguiendo que el acuerdo del Consejo de diciembre llegue realmente al Parlamento para que podamos empezar a trabajar en segunda lectura. 
Espero que se esfuercen por conseguir un acuerdo sobre el agua de beber y el agua para bañarse. 
Ya hemos hecho la primera lectura en este Parlamento y realmente no veo por qué motivo no progresamos más. 
Tengo la convicción de que podemos progresar. 
En tercer lugar, estoy de acuerdo con ellos en que la ejecución y la aplicación de la política ambiental son cuestiones de tremenda importancia, pero quisiera pedirles que no llegaran a un acuerdo en el primer Consejo de Ministros del Medio Ambiente y que esperen hasta el segundo para que así puedan beneficiarse de las consultas y los debates con el Parlamento sobre esta importantísima cuestión. 
En cuarto lugar, espero que se esfuercen por ocuparse del programa de aceites para vehículos, tampoco en el primer Consejo de Ministros del Medio Ambiente sino en el segundo, porque me parece que de esta manera podríamos ayudarles. 
Por último, espero que reconozcan que todavía no contamos con un programa marco sobre el agua y que por lo tanto estimularemos a la Comisión para que llegue a un acuerdo sobre el particular, a fin de que podamos empezar a trabajar pronto en esa esfera. 
Les deseo que tengan éxito durante los seis meses, a pesar de la política de obstrucción que algunos Estados miembros siguen en el Consejo. 
Sé que está dispuesto a escucharlo. 
Quisiera recordarle el hecho de que la integración europea fue una cuestión valientemente aceptada por anteriores generaciones que con ello intentaron realizar un sueño. 
Se trataba de que ya no se hablara tanto de las espadas mantenidas en alto, sino del manejo eficiente los arados. En realidad, esto se logró. 
Por consiguiente, cabe decir que hoy en día vivimos en un pedazo de utopía puesta en práctica. Si lo deja en manos del pragmatismo burocrático, a la larga no le quedará más que un artilugio, y así empezó usted su discurso. 
Pero pienso que es muy importante aprovechar suficientemente la dinámica del Gobierno neerlandés como Presidente de la Unión. Supongo que con usted estará en buenas manos. 
Ahora sobre el tercer pilar, un sector de este artilugio. 
Intentar mantener desesperadamente la soberanía nacional es diametralmente opuesto a la seguridad ciudadana. 
Creo que es algo que se va entendiendo cada vez más. 
Por ello ahora es sumamente importante que se decida soberanamente luchar contra la criminalidad a escala europea. 
Es muy peligroso mantener temerariamente este sector tan clásico del Estado de derecho sin las competencias necesarias del Tribunal Europeo y el control parlamentario a nivel europeo. 
Le recuerdo que en su país existe la comisión de investigación Van Traa sobre la conducta de la policía y la justicia. 
Tenemos que darnos cuenta de lo temerario que resulta mantener este sector a nivel europeo sin una posibilidad de este tipo. 
No es ni ha sido nunca nuestra intención quitar competencias a los parlamentos nacionales, sino sólo ofrecer un seguro cobijo comunitario a las competencias abandonadas en el Consejo, en una dirección errónea de Bruselas. 
Considero que debería usted ser un poco más ambicioso y en lo que respecta a la política de asilo ha hecho usted una observación graciosa sobre la política neerlandesa. 
En realidad defiende usted que la custodia de un pasaporte a prueba de fraude quede en manos, creo, de la Comisión. 
Eso parece. 
¿No se trata de un interés demasiado unilateral del gobierno neerlandés? 
Si lo miro en el contexto histórico, creo que tiene gracia. 
Señor Presidente, la Presidencia neerlandesa no será fácil. 
El riesgo de que no se pueda tomar ninguna decisión importante antes de las elecciones británicas es grande y sólo quedarán unas semanas útiles antes de la cumbre de Amsterdam. 
Afianzar en unas semanas algo que otros no han conseguido poner en marcha en varios meses no es creíble, y ello en un ámbito en el que los ciudadanos esperan mucho de la Unión Europea. 
Éstos desean que su seguridad personal se vea garantizada, que se lleve a cabo una lucha eficaz contra la criminalidad internacional, que los crímenes cometidos contra los menores, el tráfico de drogas, el fraude y la corrupción sean combatidos eficazmente. 
Sin embargo, estamos constatando que el sistema intergubernamental ha dado pruebas de ineficacia en todos los ámbitos. 
Tanto si se trata de cooperación judicial como policial, el esquema siempre es el mismo, la criminalidad internacional ha puesto en práctica su espacio europeo cuando los que deberían combatir esa criminalidad internacional se parapetan tras la fachada de sus llamados intereses soberanos, haciendo con ello poco o nada. 
Continuar por esa vía, señor Presidente, es caminar indudablemente hacia el fracaso. 
Por el contrario, para resolver los problemas, necesitamos estructuras comunitarias, no solamente en materia de visas, de asilo y de inmigración, sino también y ante todo en materia de prevención del crimen y en materia de actuación policial y judicial. 
Por consiguiente, se imponen dos conclusiones. 
Que los que se aferran a su soberanía sepan que si no ceden una parte de ella en beneficio de todos corren el riesgo de perderla en su integridad. 
Y, en segundo lugar, que la Presidencia irlandesa, si no llega a tiempo a ultimar un paquete eficaz en materia de lucha contra la criminalidad organizada, se abstenga de concluir y pase en expediente a la Presidencia siguiente. 
En efecto, vale más esperar un poco y disponer de buenos textos que apresurarse y sufrir durante años las consecuencias de un sistema que no funciona. 
Señor Presidente del Consejo, lamento que, en realidad, usted haya dado una respuesta a los colegas holandeses solamente, aunque nosotros formamos aquí un Parlamento muy europeo. 
Yo había hecho una afirmación muy concreta sobre Serbia y me gustaría escuchar de usted una respuesta concreta sobre Serbia y no solamente del Sr. van den Broek, sino del Presidente del Consejo. 
Por favor, señor Presidente del Consejo, menos frases pero con contenido. 
Comprendan ustedes que el debate ha sido muy largo y el tiempo apremia. 
Señor Presidente, es cierto, tiene usted razón, se trata en sí de una cuestión muy importante, pero también me veo un poco presionado, debido al orden del día. 
También el Sr. Wiersma ha expresado su decepción respecto a Serbia, porque no me he apresurado a decir que pensaba acudir allí con una troika. 
Quiero decirle que en mi gira por las capitales, se habla siempre extensamente de la cuestión de Serbia. Que las opiniones son muy congruentes y que todos estamos dispuestos a desempeñar el papel más eficaz. 
Iremos allí, tan pronto podamos ir para hacer realmente algo. 
Pero no se puede ir por las buenas, pues cabe la posibilidad de que el hecho de haber estado allí y volver con las manos vacías surta un efecto contraproducente, cuando de haber acudido tres días más tarde, quizás se hubiera podido hacer algo, pero esto ya no es posible, pues ya se ha estado allí. 
Es decir, hemos de pensar en función de qué es eficaz, pero quiero decirles que todos los países se complacen y apoyan con convicción a quienes demuestran que existe otro Belgrado aparte del de Milosevic. 
No les quepa la menor duda, hasta ahora no he visto ninguna excepción y tampoco espero encontrarla en el resto de mi viaje. 
Señor Presidente, la cuestión planteada por la Sra. Pack es precisamente la que quisiera plantear yo también: creo que no debería contestar solamente a los diputados holandeses. 
He planteado al Sr. Ministro la cuestión de la declaración hecha ayer por el Sr. Erbakan, y que aparece hoy en toda la prensa europea, de que Turquía está dispuesta a actuar contra Grecia, es decir, que el ejército turco está dispuesto a actuar contra Grecia de la misma manera que lo hizo contra Chipre en 1974. 
El Presidente no puede hacer caso omiso de este tema, de esta amenaza contra un Estado miembro. 
Espero una toma de posición, dentro de medio minuto, por parte del Sr. Presidente. 
Tengo una pregunta que ha sido formulada por tres Grupos y que en realidad no ha sido contestada, concretamente la pregunta de qué piensa la Presidencia neerlandesa de la anhelada ampliación de la competencia presupuestaria del Parlamento, además de la competencia legislativa, que usted afirma apoyar. 
Pero en torno a la competencia presupuestaria han surgido dudas debido a algunas observaciones, algo que aquí se considera muy grave. 
Por consiguiente, queremos una respuesta del ministro Van Mierlo. 
No sólo lo quiere nuestro Grupo, sino también otros tres Grupos. 
Señor Presidente, yo me he limitado a formular dos preguntas y la verdad es que no he tenido respuesta a ninguna. 
La primera es muy sencilla: es trata de saber si el Consejo oficioso ECOFIN del mes de abril tiene previsto hacer un primer examen de la revisión de las perspectivas financieras para financiar la Unión Europea el año 2000. 
Y la segunda pregunta es importante y se refiere, señor Presidente, al hecho de saber si la Presidencia en ejercicio, después de la ronda de negociaciones- y en especial de los contactos que ha tenido con el actual Gobierno británico -, contempla una solución a 14 de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental para la reforma de los Tratados. 
Seré muy breve, señor Ministro. 
Ha dicho usted que no había ni una sola voz discordante. 
Creo que, hace cinco años, cuando se estaba masacrando Vukovar, cuando aquí aún se apoyaba al ejército rojo yugoslavo, había, efectivamente, muy pocas voces discordantes, la de mis amigos y la mía propia. 
Hoy, tenemos que añadir el ridículo a la vergüenza. 
Señor Presidente, respecto a Turquía he decidido que el Consejo de Asociación examine las relaciones con Turquía. 
Turquía es un aliado en el marco de la OTAN. 
Se puede criticar mucho a Turquía, pero habrá que tratar tanto los lados positivos como los negativos, y de ahí que celebremos cuanto antes el Consejo de Asociación de Turquía para poder analizar todas estas cuestiones. 
Ayer hice un claro llamamiento a los implicados y en este caso también al Sr. Erbakan, para que se abstenga de hacer declaraciones y de emprender acciones que puedan incrementar la tensión. 
Pero no han de subestimar ustedes los intercambios de ideas que tienen lugar en estos momentos a ambos lados y que aumentan la tensión. 
Es preciso que se controle a ambos lados, pues de lo contrario no lograremos lo que de entrada es necesario, por ejemplo, para encontrar una solución para Chipre. 
En lo que respecta a la influencia presupuestaria, me limitaré a señalar lo siguiente: el intercambio de ideas sobre la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios en la CIG no parece indicar, y simplemente es realista afrontarlo, que se vaya a eliminar esta distinción. 
Esto no significa que todo el mundo considere que esto tenga que seguir tal como está en estos momentos, pero creo haberles contestado en un momento anterior que algunos procesos en el proceso de integración funcionan gradualmente. 
De momento creo que serán escasas las posibilidades de cambiar la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
En cuanto a una reunión informal en torno a las perspectivas financieras, los ministros de Finanzas del ECOFIN son quienes han de decidir en primer lugar. 
El documento neerlandés para la Presidencia dice que podría procederse a una inventarización informal que no comprometa a nada, pero esto ha suscitado tantas protestas, que cabe dudar de si esta reunión tendrá realmente lugar. 
Personalmente pienso que, cuando un país apela al acuerdo de no hacerlo y se mantiene firme en esta postura, no es posible cambiar el orden del día en esta cuestión. 
Pero si se llegara a celebrar la reunión, sería tan sólo un intercambio de ideas informal que no comprometería a nada. 
Asimismo se ha formulado una pregunta sobre la situación respecto al Reino Unido. Resulta difícil dar una respuesta en un minuto sin andarse con mucho cuidado. 
No soy partidario de que los Catorce intenten llegar a conclusiones y sitúen al Reino Unido en una posición aislada en todos los expedientes. 
Me parece contraproducente. En tal caso se da pie a la politización y polarización en la campaña electoral del Reino Unido y no tenemos ningún interés en que ello suceda. 
Quiero decirles que no tengo ninguna necesidad de inmiscuirme en la campaña electoral de Reino Unido. 
No es asunto nuestro, es su democracia, son sus valores los que están en juego, y tengo aún menos razones para pronunciarme sobre quién debería ser el vencedor. 
Lo único para lo que estoy autorizado, y lo hago en nombre de muchas personas, es esperar que los británicos consigan hablar de Europa de una manera no demasiado negativa durante su campaña. Ya que de lo contrario, si en la campaña que se celebrará allí, el candidato más antieuropeo recibiera la mayoría de los votos, no digo que vaya a ocurrir, pero de ser así, el vencedor, sea quien sea, tendrá muy poco margen para iniciar luego las negociaciones. 
Y seamos sinceros, necesitamos a los británicos para construir Europa, y además queremos que se queden. 
Para hacerlo, tenemos que ponernos a trabajar. Por consiguiente, hemos de procurar olvidar que existe ese problema. 
Dejémosles hacer su campaña. Intentemos junto con los británicos tramitar los expedientes de la forma más constructiva posible y evitemos que surjan situaciones en que los británicos se queden aislados en todos los puntos vitales de la fase final antes de las elecciones. 
Por lo menos haríamos bien de no pensar demasiado en las elecciones británicas. 
Es erróneo pensar que el Reino Unido es el único país que obstaculiza el consenso en diversos puntos esenciales. 
No es cierto y hemos de rechazar esa idea. 
No va en interés de Gran Bretaña y tampoco en interés de Europa. 
Muchas gracias, señor Van Mierlo. 
El debate queda cerrado. 
La votacion tendrá mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, creo que la práctica diaria de nuestro trabajo tiene que servir para rectificar nuestra agenda y el modo en que planificamos nuestros trabajos. 
Le pido, señor Presidente, que transmita a la Mesa que debates como el que acabamos de terminar deben prepararse mejor y prever el tiempo suficiente para que cuando la Presidencia del Consejo, como en este caso, esté dispuesta a contestar de una forma abierta y con hábitos parlamentarios tradicionales, tenga el tiempo suficiente para contestar y no se traten estos debates como un debate corriente, porque para nosotros es muy importante. 
Y ya advierto también a la Presidencia que en el próximo período parcial de sesiones está previsto en el orden del día un debate con el Consejo Europeo. 
Espero que al Consejo Europeo se le advierta de que tendrá tiempo suficiente para discutir abiertamente en un diálogo abierto y parlamentario, como este Parlamento está pidiendo siempre y le es tan necesario. 
Es el ruego que le hago para que lo transmita a la Mesa. 
De acuerdo. 
Así lo transmitiré a la Mesa. 
Contratos a distancia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0009/97) de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0666/96-00/0411 (COD) ) relativa a la protección del consumidor en materia de contratos negociados a distancia (Ponente: Sra. Oomen-Ruijten) 
Señor Presidente, el procedimiento de conciliación sobre la venta a distancia ha tenido, a mi entender, un resultado excelente. 
En realidad, más de lo que habría querido el Consejo, y por primera vez ha cambiado la postura del Consejo entre la posición común después de la segunda lectura y el procedimiento de conciliación, en el sentido de que, mientras al principio no accedía a los deseos del Parlamento, ha acabado por aceptarlos por unanimidad. 
Después de todas las enmiendas del Parlamento, el Consejo aceptó por primera vez una propuesta de este tipo por mayoría cualificada. 
En la delegación he notado que se podían lograr resultados si insistía en que el Consejo me diera una explicación, explicaba por qué hacía algo, formulaba a mi vez preguntas, y de las 31 enmiendas, 26 han sido incorporadas al texto íntegramente o en una forma adaptada. 
Tres enmiendas quedaron obsoletas, principalmente por razones técnicas. Dos enmiendas fueron retiradas, por razones prácticas, por la ponente. 
Un buen resultado, teniendo en cuenta que el Consejo en un principio no quería aceptar ninguna de las enmiendas. 
Al final, tenemos una directiva que atiende una necesidad apremiante. 
La protección del consumidor en un ámbito donde no existen en absoluto reglas europeas y donde estas son necesarias. Es importante, dada la envergadura que ha tomado la venta de bienes y servicios a distancia. 
Cada vez más se utilizan las tecnología existentes, pero también las nuevas. 
Vendemos discos a través de la televisión, vendemos ropa a través de Internet y reservamos nuestras vacaciones por teléfono. 
Cada vez se aprovechan más estas posibilidades. 
No sólo en el propio país, sino que también nos dirigimos a proveedores del otro lado de las fronteras y estos se dirigen a nosotros. 
En el mercado interior, un consumidor emancipado tiene que poder hacer opciones bien meditadas al comprar. 
No va sólo en interés del consumidor, sino también en interés de los proveedores de bienes o servicios. 
Para poder tomar estas opciones, es preciso que se cumplan una serie de condiciones. 
Uno de los puntos principales es el derecho a una buena información. 
En la directiva se establece que para cerrar un contrato el consumidor ha de conocer entre otras cosas el precio, las características principales, el modo de pago y, en su caso, el coste del suministro de la mercancía o del servicio. 
El Parlamento también quiere que en caso de pago por adelantado, cuando no se preste el servicio equivalente, se devuelva el dinero. En esta directiva hemos formulado una serie de condiciones con respecto al márqueting. 
Se ha introducido una prohibición del uso del fax, el teléfono acoplado, las convocatorias telefónicas, y si el teléfono se utiliza para la venta a domicilio o el márqueting, en cualquier caso existe ahora una normativa para que no pueda molestarse sin más a todo el mundo durante la comida. 
Señor Presidente, algo muy importante que el Consejo en realidad no quería, y que antes sólo podía leerse en la letra pequeña de un contrato, es la entrega de una mercancía equivalente. 
Esto significaría por tanto que si tengo que hacer una campaña en mi país para las elecciones y necesito camisetas verdes, y me entregan camisetas rojas, podría vendérselas a los socialistas, pero yo lo que quería era tener camisetas verdes. 
Por tanto, ha de ser posible devolver las camisetas rojas y que a mí me devuelvan mi dinero. 
Este tipo de casos, que normalmente se regulan en la letra pequeña, quedan incluidos ahora en la legislación, y eso ha costado mucho esfuerzo. 
Veamos la cuestión de los servicios financieros. 
Por desgracia, una enmienda que habíamos presentado a este punto no fue aceptada por unos cuantos votos, y quiero dar las gracias por ello a diversos compañeros liberales, de D66 y otros del otro lado. 
Lo que sí hemos conseguido- y se lo digo a mi compañero Fernand Herman- es que ahora exista un compromiso del Consejo con respecto al Libro Verde de Servicios Financieros, y es que allí donde haya lagunas, se presenten nuevas posibilidades legislativas. 
Lo que habría que regular, y en realidad es algo totalmente nuevo, es la cuestión del recurso. 
En esta legislación hemos determinado que también las organizaciones de consumidores pueden recurrir a otra instancia judicial. Pienso que es algo totalmente nuevo. 
Quisiera mencionar la autorregulación que, a mi entender, ofrece buenas posibilidades de resolver todas las reclamaciones. Asimismo quiero mencionar el suministro de flores, que tenía que entrar en la directiva. 
Otra novedad es que esto se ha regulado adecuadamente en un procedimiento de conciliación, en consulta entre el Consejo y el Parlamento. 
Señor Presidente, esta tarde hemos discutido detenidamente importantes cuestiones pero me parece que ahora es apropiado que una de las figuras de la política neerlandesa pronuncie su primer discurso de esta presidencia neerlandesa en una causa que ha hecho suya y muy suya en estos últimos años. 
Quisiera felicitarla por el tiempo que ha dedicado a conseguir que esta directiva llegue a una fase de conciliación muy satisfactoria. 
También quisiera disculparme de antemano ante ella y ante el Comisario Bangemann, a quien quisiera formular una pregunta, porque tengo que pasar casi inmediatamente a formular otra pregunta al Presidente Santer en la comisión temporal de investigación sobre la EEB que se está reuniendo al mismo tiempo que nosotros. 
Me limitaré a plantear unas cuantas cuestiones muy breves porque ya la ponente ha dicho gran parte de lo que había que decir. 
En primer lugar, el enorme incremento de las ventas directas deja al consumidor en lo mejor y al mismo tiempo en lo peor de este nuevo mundo. 
Lo mejor, porque ahora hay acceso a toda una gama de servicios nuevos. 
Lo peor, porque no hay ninguna protección en términos de conocimientos acerca de las técnicas de venta que se utilizan. 
A veces el consumidor que se halla en esa situación se encuentra con lo que en inglés, guiándonos por el neerlandés, denominamos una «esperanza resignada». 
Espero que la tradución neerlandesa no sea verloren hoop. 
Esta situación, en la que uno no sabe suficientemente bien lo que le está sucediendo y lo que está sucediendo alrededor de él, es algo que esta directiva ha procurado rectificar. 
Me alegra muchísimo que 26 de las propuestas que pasaron por el procedimiento de conciliación quedaran aceptadas, particularmente en vista de los antecedentes en la materia, verdaderamente lamentables, y de los dos años que esta cuestión pasó en el anterior Parlamento por no haberle dado curso el Consejo. 
La situación ha cambiado ahora y me alegran los logros conseguidos. 
Quisiera refirme brevemente a las cuestiones planteadas por la relatora. 
Hemos recibido algunas importantes adiciones al texto. 
Hemos dado ahora siete días laborables a los consumidores, durante los cuales pueden cambiar de opinión. 
Se les va a informar adecuadamente cuando se les vayan a enviar productos de sustitución. 
Se les va a reembolsar si cambian de opinión, y tienen derecho a un reembolso completo si el proveedor quiebra o deja de realizar los servicios que tenía que prestar. 
Todo esto es sumamente positivo y, junto con la protección contra el recurso al teléfono, enmienda de la que ya me he ocupado anteriormente, brindan un grado de verdadera protección. 
Ahora bien, sigue pendiente el problema de los servicios financieros. 
La Comisaria Bonino se comprometió a presentar una comunicación sobre los servicios financieros y, de ser necesario, una directiva. 
Ha pasado un año y lo único que tenemos es un Libro Verde poco convincente y ninguna disposición legislativa. 
En nombre de la Comisión y en mi propio nombre quisiera preguntar al Comisario Bangemann en qué fase se halla ahora esta propuesta en la Comisión. 
Este Parlamento debería instar a la Comisión y al nuevo Director General de la DG XXIV- cuando se le nombre- que den pruebas de la misma determinación en materia legislativa en esta esfera de servicios financieros que la que ha tenido la relatora. 
Por último, viniendo como vengo de un país cuyo gobierno es intransigente por lo que se refiere a que las organizaciones de consumidores puedan entablar acciones ante los tribunales, diré que me alegra mucho que esa posibilidad exista ahora en todos los Estados miembros. 
Como ha dicho acertadamente la Sra. OomenRuijten, éste es un nuevo punto de partida, que esperamos todos los países hagan suyo, incluido mi propio país. 
Insto al Reino Unido a que permita que las organizaciones legítimas de consumidores, y no solamente el Director General responsable del comercio en condiciones leales, puedan entablar esas acciones. 
Como resultado de la denodada labor de todos los que han participado en esta directiva, y muy particularmente de la ponente, los consumidores no tienen ya una esperanza resignada sino la firme seguridad de que se beneficiarán del grado adecuado de protección. 
Señor Presidente, ante todo quisiera felicitarle por su reelección y desearle un buen trabajo. 
En materia de contratos negociados a distancia, y según los propósitos del Parlamento Europeo, el proyecto vuelve a plantear fundamentalmente tres cosas: la primera, y la ponente acaba de recordárnosla, facilitar a los consumidores una indicación precisa y clara con respecto a todas las informaciones precisas, que incluyen desde el derecho al reembolso hasta el código de conducta y las normas generales. La segunda se refiere a la armonización de las modalidades y condiciones relativas al ejercicio del derecho de rescisión por parte del consumidor final. 
A los Estados miembros se les plantea, asimismo, la obligación de adaptarse a la Directiva en un plazo de tres años desde su entrada en vigor, mientras que a la Comisión se le pide que elabore un informe sobre la aplicación de la Directiva en un plazo de cuatro años desde su entrada en vigor. 
Por consiguiente, evaluamos positivamente el trabajo llevado a cabo, ante todo, por la ponente a quien le damos las gracias, así como por el Comité de Conciliación y la Comisión, suficientemente disponible en cuanto al texto del compromiso en el que se han recogido casi todas las enmiendas presentadas por el Parlamento. 
Nuestro Grupo, por lo tanto, apoyará el texto conjunto con la satisfacción de haber contribuido a facilitar al consumidor final un sistema actualizado de protección de sus derechos. 
Señor Presidente, Señorías, a diferencia de las enmiendas que teníamos en la segunda lectura, hoy examinamos un compromiso que da muestras de mayor realismo y que es aceptable para todos los diputados de esta Asamblea. 
Me complace muy especialmente que los servicios financieros queden excluidos. No es que quiera perdonar a este sector, sino que creo que la especificidad de las transacciones financieras no es compatible con el carácter general de esta directiva. 
Una investigación más profunda, entre otras cosas a través del Libro Verde, ha de sacar a la luz los problemas existentes. 
Por lo demás, apoyo el artículo 10 en materia de uso de determinadas técnicas de comunicación y el llamado cold calling. 
Lamentablemente, el compromiso alcanzado amenaza con fracasar, dado que el cold calling es regulado en la directiva RDSI de forma diferente y menos pragmática. 
Para evitarlo he presentado una enmienda en nombre de mi Grupo al informe Medina Ortega. 
Sea como fuere, mi Grupo apoya el compromiso alcanzado en torno a la directiva sobre venta a distancia. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que nos llega del procedimiento de conciliación con el Consejo plantea una armonización jurídica del régimen de los contratos negociados a distancia, del que resulta una cierta competencia desleal. 
Actualmente, estas técnicas son numerosas: impresos, cartas estandarizadas, catálogos, teléfono, con o sin intervención humana o automática, radio, videoteléfono, fax, telecompra por televisión, que, en el futuro, se verán multiplicados por el CD-ROM, el MODEM, que permitirán la conexión entre ordenadores personales, etc. 
Felicito al ponente y tomo nota de que la Directiva plantea toda una serie de instrumentos que permitirán la realización de estos objetivos: plazos de resolución de contratos, carga de la prueba que puede ser invertida bajo ciertas condiciones, distinción entre lo profesional y lo profano, exclusión de ciertos contratos, principalmente los relativos a servicios financieros, informaciones específicas, etc. 
Mi única reserva incide en el hecho de que una información que me parece absolutamente esencial no figura en el proyecto de directiva y no se menciona en el excelente informe de la Sra. Oomen-Ruijten. 
Se trata del derecho aplicable a estos contratos. 
¿Es el del punto de partida de la oferta? ¿El del punto de llegada de la oferta? ¿El del punto de partida de la aceptación o el del lugar en que la aceptación se ha recibido? 
Esta cuestión es absolutamente fundamental, sobre todo con relación a la posibilidad de que los contratos se vean sometidos al derecho de terceros Estados, lo que permitiría evitar la legislación europea. 
De forma general, creo por otra parte, que sería preferible armonizar las normas del derecho internacional privado antes que las normas de fondo. 
Señor Presidente, la Sra. Oomen-Ruijten ha sido demasiado modesta. 
Este es realmente un éxito espléndido, un resultado de su trabajo, del que se puede estar orgulloso con razón y me permito felicitarla por ello. 
Quiero referirme muy brevemente a dos cuestiones que no se han planteado todavía. 
El Sr. Whitehead y otros se han referido todavía a los servicios financieros. 
Ustedes saben que hemos presentado un libro verde sobre esto, que será tratado aún en las comisiones del Parlamento. 
En cuanto finalice esta discusión haremos, evidentemente, propuestas que recojan también lo que el Parlamento tiene que aportar en este debate. 
Sobre lo que ha dicho el Sr. Gollnisch: esta propuesta no modifica el Derecho general. 
Es decir, para la cuestión de qué Derecho es aplicable rigen las disposiciones generales que ya existen hoy. 
No necesitamos recurrir a ellas de manera extraordinaria pues son suficientemente claras. 
Existe una concepción internacional y, naturalmente, sigue siendo de aplicación aquí. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Nuevos alimentos e ingredientes alimentarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0006/97) de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los nuevos alimentos y los nuevos ingredientes alimentarios (C4-0667/96-00/0426 (COD) ) (Ponente: Sra. Roth-Behrendt) 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar, quisiera aclarar un malentendido, que quizá exista entre algunos colegas, pero que reina, sobre todo, en la opinión pública. 
Se equivoca quien crea que con esta legislación nosotros decidimos si los alimentos genéticamente modificados van a estar o no en el mercado. 
Esta decisión ha sido adoptada ya hace tiempo, informalmente, por decirlo así, y lo que tenemos que hacer hoy es algo que ya se ha decidido por sí solo, en concreto, la utilización de la tecnología genética en los alimentos, y regular en interés de las consumidoras y de los consumidores las partes que son importantes para crear un marco legal que proteja e informe a los consumidores y que proporcione seguridad jurídica a la industria. 
Como ponente que se viene ocupando de estos temas desde hace casi cinco años estoy convencida de que el compromiso que se ha presentado a esta Asamblea y que se votará mañana ofrece esto: seguridad e información para las consumidoras y los consumidores, pero también seguridad para la industria productora. 
Permítanme que diga algo sobre tres puntos: el ámbito de aplicación de esta legislación no excluye ninguna parte. 
En los ingredientes alimentarios hay que partir del principio de la legislación vertical que conocemos en la Unión Europea. 
Esto significa que hay que realizar las comprobaciones pertinentes dentro de la legislación sobre ingredientes alimentarios o sobre edulcorantes. 
Hemos obtenido la promesa de la Comisión- y yo me fío directamente de la palabra que el Sr. Bangemann me da y que ha dado al Pleno- de que en el caso de que se descubra una laguna que no esté regulada legalmente, como sucede en el caso de las enzimas, se subsane esta laguna. 
Esta es también la función de la Comisión y hasta ese punto yo confío también en ella. 
Tenemos una normativa sobre autorizaciones que regula claramente los criterios de seguridad y los criterios de comprobación y esto está plasmado también en la legislación. 
Yo habría deseado quizá que hubiéramos podido hacer desaparecer el procedimiento simplificado, pero también puedo vivir muy bien con estos dos procedimiento diferentes. 
Para mí esto no es un punto de fractura del compromiso. 
Finalmente, también tenemos el punto del etiquetado; esto es algo en torno a lo cual gira casi todo. 
Si ustedes, estimados colegas, que pertenecen a este Parlamento desde hace tiempo, recuerdan, al principio, en 1992-1993, apenas se hablaba de algún etiquetado. 
Hemos tenido que luchar durante mucho tiempo con la Comisión e incluso con el Consejo. 
Sin embargo, si hoy decimos en el compromiso que han de etiquetarse todos los alimentos que se diferencian de otros alimentos, esto es algo que yo puedo defender con tranquilidad de conciencia y que proporciona a las consumidoras y a los consumidores un alto volumen de información. 
Allí donde haya métodos de análisis, las consumidoras y los consumidores sabrán que algo está modificado genéticamente porque va a estar etiquetado. 
Si ustedes saben y recuerdan que, por ejemplo, en la radiación o en otros procedimientos se modifican diariamente o cada mes los métodos de análisis, entonces sabremos también que el número de alimentos que se etiquetarán y se caracterizarán va a aumentar claramente con seguridad en los próximos meses y años. 
Frente a los críticos de este compromiso quiero sostener que es una ilusión creer, -por ejemplo, como en el cuento de los cuatro músicos de Bremen, en el que el burro, el perro, el gato y el gallo se marcharon a tierras lejanas diciendo que en cualquier parte encontraremos algo mejor que la muerte- que este cuento puede aplicarse también aquí. 
Esto no es así. 
No encontraremos algo mejor en cualquier parte. 
Escucharé con atención a la Sra. Breyer cuando hable después y le ruego que ahora haga lo mismo conmigo. 
No puedo menos que reír frente a nuestros colegas y a las organizaciones de fuera de este Parlamento que creen, que si no tenemos un compromiso y una legislación, los 15 países miembros introducirán pasado mañana una legislación. 
Estos colegas parecen mostrar un alto grado de capacidad de ilusión. Ciertamente, esto es hermoso, pero puede ser también peligroso a la hora de legislar. 
Si los países miembros quisieran haber hecho esto, podían haberlo hecho ya hace tiempo. 
¿Qué país miembro tiene una legislación que contenga el etiquetado? 
Ningún país tiene esto, ni siquiera mi país. 
Sabemos que si queremos satisfacer los requisitos del mercado interior que todas las mercancías han de estar libremente accesibles, es decir, han de flotar libremente, se han de mover libremente, en el mercado interior. 
¿Qué tendremos luego? 
Quizá tengamos un día en dos o tres Estados miembros una legislación, cuando el proceso legislativo en estos países haya concluido dentro de dos o tres años. 
En todos los demás no tendremos ninguna. 
Sabemos cuán difícil fue la discusión en el Consejo. 
¿Por qué durante dos años no ha podido ponerse de acuerdo el Consejo en una posición común? 
Justamente, porque la gran mayoría de los países miembros no quisieron hacer caso en el Consejo al Parlamento Europeo en lo que se refiere al ámbito de aplicación y al etiquetado. 
Naturalmente, el compromiso es un compromiso. 
No es el 150 % de cumplimiento de la carta a los Reyes magos. 
Esto me gustaría, pero el mundo no es así. 
Lo que ha conseguido el Parlamento Europeo para las consumidoras y los consumidores de Europa tras la segunda lectura en el comité de conciliación en lo que se refiere a seguridad, a claridad y a fiabilidad, precisamente también en el etiquetado, esto por lo que hemos combatido- digo combatido, porque hemos combatido realmente- es un gran éxito. 
Deberíamos ser suficientemente autoconscientes para ver esto de esta manera y para no minimizar este resultado, que, por el contrario, deberíamos presentar también con orgullo ante las personas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, empezaré por felicitar a la ponente por las excelentes negociaciones que ha llevado a cabo en el Comité de Conciliación. 
Doy gracias también a la Comisión, que facilitó el acuerdo final, porque durante el curso del procedimiento de conciliación su papel y su ayuda fueron sumamente aceptables. 
Como la Sra. Roth-Behrendt, estimo que se trata de un acuerdo que no necesita realmente que lo defendamos, pues habla por sí mismo. Si no hubiéramos alcanzado el tipo de acuerdo que alcanzamos, entonces no podría decir, como digo ahora, que habrá que etiquetar un producto cuando haya habido un cambio que sea necesario indicar en la etiqueta. 
La supresión de las palabras «de manera significativa» y las concesiones que hizo el Consejo al aceptar que se suprimieran esas palabras fueron- si se me permite el juego de palabras- significativas. 
Nos ha quedado un texto bastante tortuoso como resultado del compromiso a que hemos llegado. 
Ahora decimos «los nuevos alimentos que no sean equivalentes a los alimentos existentes». 
Ese texto ha sustituido a las palabras «de manera significativa». 
Lo siento: el nuevo texto es un ejemplo de mala redacción y lo mejor hubiera sido suprimir sencillamente las palabras «de manera significativa» y dejar el texto tal como estaba. 
He de decir a todos los que nos critican que acepto íntegramente lo que acaba de decir la Sra. Roth-Behrendt. 
¿Es razonable creer que los 15 Estados miembros van a coordinar repentinamente sus respectivas legislaciones y van a insistir en que se aplique el etiquetado en toda la Unión Europea? 
En realidad es el Parlamento Europeo, utilizando la facultad de codecisión de forma positiva, el que ha insistido en la protección de los consumidores cosa que, de lo contrario, no se hubiera conseguido con la propuesta original de la Comisión. 
Qué le vamos a hacer si lo que acabo de decir les parece complaciente: estamos aquí para representar a la gran circunscripción europea y, desde ese punto de vista, hemos conseguido lo que queríamos. 
Quedo muy agradecido a todos los que se han esforzado en el Comité de Conciliación por llegar al compromiso que hemos conseguido en el plano colectivo. 
Señor Presidente, en esta fase final del debate nos tenemos que preocupar, como han dicho otros colegas, del mensaje que transmitimos a la opinión pública. 
Y ese mensaje tiene que ser un mensaje de seguridad, porque se ha mejorado las condiciones de seguridad de los productos y también se ha mejorado las condiciones de la información. 
Por lo tanto, es un mensaje positivo. 
Asimismo, hay que subrayar que este reglamento también pone en marcha una evaluación científica eficaz para prevenir cualquier riesgo para el medio ambiente, asegura a todos los consumidores que se les está protegiendo el derecho a la salud, y fija lógicamente también unas exigencias específicas suplementarias para la información del consumidor allí donde sea necesario. 
Por otro lado, en el ámbito del etiquetado- donde se ha planteado una gran batalla política -, lo importante es que el producto sea de calidad, igual que lo importante en la circulación viaria es disponer de carreteras que sean seguras y no de carreteras malas llenas de señales de peligro y de alerta. 
Y eso es lo que hemos intentado aquí: dar seguridad primaria al consumidor y después darle la información suficiente. 
Y, en este ámbito, yo creo que ha sido una oportunidad encontrar un equilibrio para declarar qué se considera un alimento no equivalente y una definición clara de las precisiones de la interpretación de esta circunstancia. 
Yo creo que en este sentido tenemos que estar tranquilos y que éste es el mensaje fundamental que tenemos que transmitir a los ciudadanos. 
Además, con este reglamento, la Unión Europea está zanjando un debate ya excesivamente largo y es bueno que este Parlamento haya intervenido de una forma muy activa. 
Yo quiero felicitar a la ponente por el trabajo que ha realizado, a pesar de algunos desencuentros iniciales que hemos tenido y, por qué no, al Sr. Bangemann, que en la fase final también nos ha ayudado en nuestra negociación con el Consejo y es de justicia así reconocerlo. 
El Grupo del Partido Popular Europeo apoya plenamente la resolución a la cual hemos llegado en este texto. 
Podemos congratularnos, señor Presidente, por el resultado alcanzado, y en especial hemos de felicitar a la ponente, la Sra. Roth-Behrendt. 
Por supuesto, se trata de un compromiso, pero si consideramos que hace unos meses, en un gran número de Estados miembros todavía había resistencia a la posición común, he de decir que ahora hemos logrado algo. 
Naturalmente es esencial para nosotros que ahora se etiqueten los productos o ingredientes de productos que hayan sido modificados. 
Es muy importante para el consumidor. 
Para los liberales es muy importante que el consumidor pueda elegir entre un artículo modificado genéticamente y un artículo que no ha sido modificado genéticamente. 
Por supuesto, sé que se trata de un compromiso, y me dirijo a nuestros compañeros los Verdes, pero si votan ustedes contra esta propuesta, daremos un paso atrás. 
Es decir, se trata de algo o nada. 
Si tenemos algo, eso nos permitirá controlar mejor y tener una legislación mejor. Recuerden, por ejemplo, la decisión sobre el maíz modificado genéticamente. 
Ahora tenemos algo con que trabajar con la Comisión sobre una base conjunta. Yo les propongo que votemos a favor de esta propuesta, y así no nos quedaremos con las manos vacías. 
El presente compromiso es un reglamento sobre el no etiquetado y un engaño a los consumidores. 
No garantiza ningún etiquetado completo de productos genéticamente modificados y constituye un envase engañoso. 
Los consumidores siguen caminando en la oscuridad. 
De la misma forma que no se etiqueta el aceite procedente de soja genéticamente manipulada, tampoco se etiqueta la leche que procede de vacas que han sido tratadas con hormonas del crecimiento que hayan sido genéticamente manipuladas. 
Hablar aquí de una caracterización universal es, sencillamente, el engaño de las etiquetas. 
El reglamento sobre nuevos alimentos se basa en este podrido compromiso. 
Es un reglamento de ocultación para más del 80 % de los alimentos genéticamente modificados. 
La mayor parte de los alimentos genéticamente manipulados se le habrán de endosar secretamente a las consumidoras y a los consumidores. Esto equivale a una alimentación forzada. 
En el reglamento no existe una sola frase sobre el contenido del etiquetado. 
Sin embargo, los consumidores tienen derecho a un etiquetado claro e inequívoco. 
Pero el etiquetado se confía en gran medida al productor y éste se expresará de una forma completamente eufemística y oscura, como, por ejemplo, » producido mediante biotecnología moderna» u «optimizado por fisiología nutritiva» e incluso he oído ya de labios de representantes de la industria que habría que etiquetar como «producido en compatibilidad con el medio ambiente». 
Una afrenta a la protección de los consumidores y al deseo de los consumidores de un etiquetado claro y universal. 
En consecuencia, queda claro lo siguiente: el compromiso crea confusión para las consumidoras y los consumidores y deja las manos libres a la industria de la tecnología genética. 
El compromiso tampoco garantiza un procedimiento serio de autorización. 
Para la mayoría de los productos de tecnología genética basta un simple registro en la Comisión y no garantiza, en absoluto, protección alguna de las consumidoras y de los consumidores. 
¿Dónde están los criterios de comprobación sanitaria? 
No hay ninguno. 
Hablar aquí de una protección de los consumidores es una clara mentira. 
Los riesgos para las personas y para el medio ambiente están preprogramados. 
Los alimentos genéticamente modificados siguen siendo también una ruleta rusa para los alérgicos. 
Falta un registro público y una responsabilidad completa. Esto tampoco contribuye a crear confianza entre los consumidores. 
El compromiso es un golpe contra la protección de los consumidores y tiene tantos agujeros como un queso suizo. 
La afirmación de que es mejor un mal reglamento que ninguno, constituye un certificado de pobreza política y es falsa. 
El reglamento impide regulaciones más consecuentes en los Estados miembros. 
Recomiendo a la ponente que relea sus discursos de la primera y de la segunda lectura. 
El compromiso constituye una traición a la protección de los consumidores. 
Es un acto jurídico miserable, banal, y sacudirá a posteriori la confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos en la Unión Europea. 
Digan ustedes no a este envase engañoso y a este reglamento de ocultación. 
Señor Presidente, en mi país el 85 por ciento de la población no quiere consumir alimentos modificados genéticamente. 
Si este Parlamento desea respetar el principio democrático de la libertad de elección para los consumidores, tenemos que garantizar la transparencia del origen de los ingredientes del pan nuestro de cada día. 
Esto significa que el consumidor ha de tener derecho a saber cómo se ha producido el maíz y la soya que se va a comer. 
La directiva de compromiso que estamos discutiendo en este momento no da garantía alguna a ese respecto. 
En la práctica, los criterios para etiquetar los alimentos modificados genéticamente solo se fijarían después de haberse adoptado esta directiva y sería la Comisión la que los definiese. 
En Luxemburgo, esa forma de obrar decimos que es como «comprar un gato que está envuelto en un saco». 
Hablando con seriedad diré que no me parece que debemos obrar de esa manera. 
Por otra parte, los criterios para cumplir las normas en materia de seguridad alimentaria no existen todavía y también esos criterios han de ser fijados por la Comisión, y sólo por la Comisión. 
Después de todo lo que hemos visto en el caso de la enfermedad de las vacas locas, el Parlamento no debería dejar esa responsabilidad a la Comisión. 
Si nuestro Parlamento vota a favor de esta fórmula de compromiso, el procedimiento de registro será el denominado «procedimiento simplificado». 
El registro no se efectuará en las administraciones alimentarias de los Estados miembros, sino en la propia Comisión. 
Dudo mucho de que la Comisión disponga actualmente de personal suficiente para constituir los órganos de control requeridos con los conocimientos necesarios. 
De hecho, la Comisión tendría que confiar en los productores. 
Personalmente, yo no lo haría. 
Por todas esas razones- falta de transparencia y falta de seguridad para los consumidores- recomiendo que rechacemos esta fórmula de compromiso. 
Señor Presidente, el Comité de Conciliación, y en especial la Sra. Roth-Behrendt, merecen ser elogiados por la supresión de la excepción, en el etiquetado obligatorio de los productos que contengan organismos modificados genéticamente, en caso de que la modificación genética se haya hecho por motivos agronómicos. 
Sabemos que los consumidores europeos se muestran muy escépticos ante la modificación genética. 
Tienen derecho a hacer una elección cualificada, y el texto de conciliación se la facilita hasta cierto punto, pero, desgraciadamente, no lo bastante para que se mantenga una política de consumo realmente responsable. 
El etiquetado es información para los consumidores y debe ser obligatorio. 
Debe ser obligatorio en todos los tipos de productos y debe describir el proceso de producción. 
Personalmente, no quiero comprar bajo ninguna circunstancia un producto al que se haya añadido un gen que lo haga resistente, por ejemplo, al round up. 
El día en que se encuentren concentraciones tan grandes de round up en el agua potable que se quiera prohibir o limitar su uso será económicamente casi inviable porque, en ese caso, tampoco podrán utilizarse plantas genéticamente modificadas. 
Otro problema es que no sólo debe tratarse de productos compuestos por organismos modificados genéticamente, sino que han de ser también «nuevos» para que estén obligados a someterse a un procedimiento de autorización. 
De esta forma, quedan fuera del marco del Reglamento los productos modificados genéticamente ya comercializados. 
Finalmente, estoy en principio en contra de dar un cheque en blanco a la Comisión y a los comités. 
Esto es precisamente lo que pasará con este texto de conciliación. 
Habrá importantes decisiones políticas que quedarán fuera del alcance de los políticos elegidos por el pueblo. 
Se decidirá en reuniones cerradas de los comités cuándo un producto que contenga organismos modificados genéticamente difiera fundamentalmente del producto tradicional, y si ha de ser etiquetado y de qué manera. 
Basándonos en la exigencia de información y transparencia de todos los procedimientos, y a pesar del gran esfuerzo realizado por el Comité de Conciliación, el subgrupo danés votará en contra del texto de conciliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, hace casi diez meses votamos aquí en segunda lectura las enmiendas del Parlamento al reglamento sobre nuevos alimentos. 
Seguramente, entonces no pasaron todas las enmiendas que muchos deseaban en esta Asamblea. 
No obstante, quiero felicitar, en primer lugar, a la Sra Roth-Behrendt por la creatividad y la inteligencia con que ha conseguido lo mejor posible para los consumidores partiendo de lo que se logró en el comité de conciliación. 
Creo que el Parlamento puede estar orgulloso del resultado, si tenemos en cuenta de lo poco que hemos partido en realidad. 
Quisiera aportar aquí dos puntos sobre el etiquetado. 
Por un lado, ahora se han de etiquetar todos los organismos genéticamente modificados cuando se hallen en un alimento y procedan de una modificación agronómica o de otro tipo, lo cual representa una gran diferencia respecto de la posición común del Consejo y de la Comisión. 
En segundo lugar, el etiquetado de los componentes genéticamente modificados- pido que se ponga atención al lenguaje, pues hablo tanto de organismos como de componentes- se funda en la demostración de ser una especie diferente. 
Esta es una cosa muy importante, pues precisamente porque no están enumerados todos los procedimientos por los que se aporta esta demostración, se puede dar un amplio espacio al desarrollo, lo cual es una cosa especialmente importante para los consumidores. 
Quisiera mencionar también un último punto. 
También se ha logrado establecer en el § 14 que por parte de la Comisión se lleve a cabo una observación de larga duración de los efectos, tanto de los efectos sobre el mercado interior, sobre el desarrollo del mercado, como de los efectos sobre la protección de los consumidores y sobre el desarrollo de la salud pública, y creo que después sabremos también mucho más acerca de los efectos de estos nuevos alimentos sobre las personas. 
Recuerdo lo que pasó con la venta a distancia. Como ponente, no ha tenido usted la suerte de encontrarse con un Comisario cooperativo. 
No, el Sr. Bangemann obstaculizó más bien al Parlamento. Por ello quiero felicitarle por el resultado obtenido. 
Este era el primer punto. 
En segundo lugar, a la sazón se presentaron seis enmiendas. A usted no le complació que lo hubiéramos hecho como Grupo del PPE. 
Sin embargo, pienso que ya puede enterrar el hacha de guerra, en el sentido de que allí donde ha recibido usted todo el apoyo del Grupo del PPE para realizar las seis enmiendas, lo ha hecho, pero incluso esto era ya demasiado complicado. 
Así que le felicito por segunda vez. 
Acabo de oír a la Sra. Breyer, y también al Sr. Weber, que ha leído un texto y que insinuaba que aquí se engañaba a los consumidores. 
Quisiera invitar al Sr. Weber, que procede de un país que también forma parte del Benelux, a que viniera a los Países Bajos a ver cómo funciona. 
La legislación que proponemos ahora aquí es exactamente igual que lo que han hecho allí las organizaciones de consumidores. 
Por consiguiente, no se trata de engañar a los consumidores, no, sino de ocuparse de que suceda algo positivo. 
En primer lugar, seguridad. 
En el asunto de la EEB hemos aprendido bien y mucho. Pienso por tanto que es esencial que se incluyan las características agronómicas, que primero se habían excluido. 
Segunda característica: la información. 
La información es necesaria para que el consumidor pueda hacer una buena elección. Ahora se ofrece esta información. 
Ya no es posible hacer excepciones, por lo cual el consumidor- y eso nos los demuestra la investigación del Libro Verde- sabe lo que come. 
Un tercer punto, que me preocupa tanto como a la Sra. Roth-Behrendt, es lo que va a suceder ahora con los aromas y los extractos. Todavía no se ha regulado y es preciso adaptarlo. 
Señor Presidente, quisiera unirme también a los diferentes colegas para agradecer a la Sra. Roth-Behrendt los esfuerzos que ha realizado, incluso aunque no llegue en absoluto a las mismas conclusiones que ella. 
Mañana habremos de pronunciarnos sobre el texto modificado del proyecto de reglamento, que ha sufrido muchos avatares y (personalmente, deseo deshacer cualquier malentendido entre nosotros) no se pronuncia sobre el trabajo de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, cuyo margen de maniobra era muy escaso, demasiado, en mi opinión, para llegar a un buen resultado. 
Es necesario pronunciarse sobre el producto terminado y para nosotros este producto terminado no es aceptable. 
No lo es por varias razones: en primer lugar, es evidente que algunas sustancias que intervienen en la transformación de los alimentos, y en especial las enzimas, no están cubiertas en absoluto por la legislación. 
Tampoco tenemos ninguna garantía jurídica sobre la legislación que se va a aplicar a los disolventes, a los aditivos y a los colorantes. 
Finalmente, por lo que respecta a la evaluación del riesgo, sabemos, por el texto que se nos ha presentado, que muchos alimentos producidos por medio de tecnologías genéticas serán objeto de una simple notificación a la Comisión. 
Una vez en el mercado, no habría procedimiento de autorización. 
Solamente por esto consideramos que el texto es insuficiente. 
Pero aún hay más. 
El etiquetado tampoco es suficiente, hay un cierto progreso aparente pero quedan muchas incertidumbres en ese famoso artículo 8 que hemos debatido también durante tanto tiempo. 
Evidentemente, estas incertidumbres serán puertas abiertas para dejar un margen de maniobra importante a la Comisión, que por otra parte tenemos razones para creer mucho más preocupada por el funcionamiento del mercado interior que por la seguridad de los consumidores... 
A fin de cuentas, creo que todo está orientado a una trivialización del recurso a la tecnología genética en la alimentación. 
Digo bien «trivialización» , es decir, debilitamiento progresivo de una legislación orientada a reglamentar el recurso a la tecnología genética. 
Esto me parece inaceptable, desde el momento en que sabemos que subsiste un buen número de incertidumbres, principalmente sobre los efectos a largo plazo. 
Desearía que se extrajeran las verdaderas lecciones de la crisis de las vacas locas y estoy un poco sorprendido de ver el optimismo que reina en la Asamblea en este sentido; ¿qué conclusiones debemos extraer? 
En primer lugar, que no se ha aplicado el principio de precaución, que la transparencia en lo que respecta a los trabajos de los expertos ha estado totalmente ausente al igual que la información al consumidor. 
Sin embargo eran exigencias elementales que hubieran permitido evitar la crisis de las vacas locas. 
Por ello, no vayamos, por favor, a una crisis del «salmón loco». 
En cualquier caso, no podemos aceptar que se camine en esta dirección y preferimos que no haya legislación a corto plazo, es preferible un vacío jurídico provisional si con ello se consigue una mejor legislación más adelante. 
Señor Presidente, recomiendo al Parlamento la fórmula de compromiso a que hemos llegado en materia de nuevos alimentos en el Comité de Conciliación. 
La fórmula consiste fundamentalmente en que el Parlamento reconoce las realidades técnicas de esta directiva sobre etiquetado, y que el Consejo acepta el derecho de la población a saber lo que hay en los alimentos que consume. 
El desarrollo de la modificación genética por vía tecnológica ha planteado en general la necesidad de esta directiva; aunque la aceptación pública y la utilidad manifiesta de los efectos benéficos de la biotecnología en otros sectores como la medicina y la farmacia son ahora indiscutibles, no es eso lo que sucede cuando tratamos de la biotecnología animal o vegetal o de los alimentos producidos con tecnología genética. Hay quien alega que la utilización comercial y la comercialización de semillas modificadas genéticamente pueden ser nocivas para otras plantas y para la salud humana. 
Esas preocupaciones, junto con los aspectos económicos y sociales de la biotecnología, plantean nuevos problemas para los sectores decisorios. 
Por esos motivos nos hemos esforzado por conseguir un sistema de etiquetado gracias al cual los consumidores sepan lo que están comiendo y puedan tener la posibilidad de elegir libremente lo que desean consumir. 
Nos hemos esforzado por conseguir que el nivel de información sea lo mayor posible, sin perjuicio para su carácter practicable y la posibilidad de exigir que se respete. 
Las principales lecciones que de esto se derivan para las personas que desean explotar las nuevas biotecnologías son para mí muy claras. 
Unicamente un diálogo llano con el consumidor y un esfuerzo combinado de la industria y la ciencia para ser lo más abiertas y rectas que sea posible crearán la atmósfera en la que la confianza de los consumidores haga que estos productos sean aceptables. 
Recomiendo esta propuesta al Parlamento, convencido de que constituye un paso adelante del Parlamento Europeo para responder a los deseos de los consumidores en el mercado único europeo. 
Señor Presidente, este reglamento lleva camino de convertirse en una hoja de parra con la que se pueda cubrir la industria. 
Después de esto, se podrá afirmar que todo está en regla por lo que respecta a la protección de los consumidores y que no tendremos nada en que preocuparnos cuando nos sentemos a comer. 
Sin embargo, ésta no es en absoluto la situación. 
Me pregunto si el señor Bangemann podría decirnos por qué razón no son públicas las aclaraciones relativas a la seguridad de los nuevos productos alimenticios. 
En mi opinión, éste es un modo manifiesto de subestimar a los consumidores. 
Señor Eisma, resulta a todas luces evidente que algunos Estados miembros se van a ver obligados a suavizar sus legislaciones. 
Por lo tanto, resulta incorrecto afirmar que los Verdes pecamos de irresponsabilidad al no tener previsto apoyar la entrada en vigor del presente reglamento. 
Hay muchas personas que no desean apoyar con su dinero la producción de alimentos manipulados genéticamente, a pesar de lo cual la mayor parte de éstos carecerá de etiquetado. 
Afortunadamente, a los consumidores atentos les quedará la posibilidad de adquirir productos que exhiban una etiqueta donde se lea «producto no modificado genéticamente». 
Sin embargo, señor Presidente, el gran misterio estriba en saber quién necesita realmente los alimentos sometidos a modificación genética. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, el resultado de la conciliación que estamos debatiendo hoy es una sonora bofetada para el Comisario Bangemann. 
Este ha querido impedir un etiquetado de los productos influidos o modificados genéticamente. 
El Sr. Bangemann debería ver una caja de condones. 
En ella figura: longitud más de 170 mm, diámetro 33 mm., grosor 0, 07 mm. aproximadamente. 
No creo que una pareja de enamorados se interese por la longitud, por el diámetro y por el grosor de un preservativo. 
Pero estoy convencida de que todos tienen interés en conocer exactamente el origen y las características de sus alimentos. 
Quieren y deben saber qué compran. 
Con el compromiso que se ha logrado sobre el reglamento acerca de los nuevos alimentos hemos confirmado a las ciudadanas y a los ciudadanos su mayoría de edad y hemos dejado en sus manos la libre decisión de compra. 
Esto es bueno así. 
Por esta razón deberíamos aprobar mañana por una gran mayoría el reglamento así modificado, para que por fin tengamos un pie en la puerta y podamos seguir trabajando en este caso. 
Señor Presidente, como es bien sabido, el debate que mantenemos hoy es la culminación de largas negociaciones. 
En esta sala todavía hay quienes se oponen, afortunadamente no muchos, y que presentan el expediente como si se tratase de un conflicto entre los intereses del mercado interior y los de la protección del consumidor. 
Ahora bien, este no es el caso. 
Ha valido la pena negociar, teniendo en cuenta el resultado. 
Es un éxito para el consumidor y también para el Parlamento, que se ha encargado de llenar las lagunas en el ámbito de aplicación y del etiquetado. 
En el expediente hemos tenido que hacer algunas opciones fundamentales. 
En primer lugar, si permitimos o prohibimos los nuevos alimentos. 
Una prohibición general no existe en ningún lugar del mundo, y no es conveniente. Con ello se cierra el camino a las aplicaciones y desarrollos científicos. 
Por consiguiente, sólo queda una alternativa: aceptarlos, y entonces surge la pregunta: ¿en qué medida hemos de dosificar la libertad? 
Está claro que la situación actual de libertad total es una mala opción, incluso para el consumidor. Hoy en día, el consumidor sólo puede hacer valer sus derechos a la postre por medio de normas de responsabilidad. 
En la propuesta de texto común se protege doblemente al consumidor. 
Los productos que llegan al mercado están sujetos a unas condiciones rigurosas para conseguir la licencia. En segundo lugar, se satisfacen las drásticas, aunque justas exigencias de los consumidores en el ámbito de la información. 
Con esta regulación, la biotecnología tiene posibilidades aceptables sin que se subestimen los riesgos para la salud pública. 
El consumidor es informado y el hecho de que nosotros hayamos contribuido a ello no hace más que recalcar nuestro papel en la protección del consumidor. 
Espero que mañana, el texto sea aprobado por una gran mayoría. 
A mi juicio ésta es una de las normas legislativas más importantes de la Unión Europea de que nos ocuparemos este año. 
Es una norma que afecta a los alimentos que consumimos y, muy verosímilmente, al futuro de la humanidad en la tierra. 
Soy uno de los optimistas que estiman que la tecnología genética nos brinda esperanzas, no solamente de aumentar el abastecimiento de alimentos, sino también de disminuir la utilización de plaguicidas y de herbicidas en la producción alimentaria. 
A pesar de ello, tengo algunas dudas. 
Mi firme convicción es que, como representantes de los pueblos de Europa, tenemos la obligación de ser vigilantes y de comprobar que esta norma legislativa, que en algunas pasajes no da la impresión de ser muy firme- estoy seguro de que la propia relatora lo admitirá -, da buenos resultados, y aporta todas las salvaguardias necesarias para la salud de los pueblos de Europa. 
Tengo entendido que en la actualidad hay ocho casos pendientes de aprobación de productos modificados genéticamente ante la Comisión Europea. 
Y que hay unos 40 productos modificados genéticamente comercializados fuera de Europa en estos momentos. 
Me imagino que no pasará mucho tiempo antes de que se nos ofrezcan para su comercialización en Europa esos 40 productos. 
Hay dos cosas en particular que los diputados del Parlamento Europeo tendrán que hacer una vez que estas normas legislativas estén ya en la recopilación legislativa. 
En primer lugar, tenemos que vigilar exactamente de qué forma están etiquetados los alimentos modificados genéticamente. 
No pueden estarlo de forma tan opaca que las disposiciones del artículo 8 pierdan toda su razón de ser. 
En segundo lugar, los diputados del Parlamento Europeo tendrán que descubrir los secretos de los dos comités esenciales de la Unión Europea en esta esfera: el Comité Permanente de Productos Alimenticios, y el Comité Científico de Alimentación Humana. 
La experiencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor con esos dos órganos ha sido muy poco feliz. 
Nunca hemos conseguido entablar un verdadero diálogo con ellos. 
A pesar de ello, si uno lee este reglamento verá que esos dos órganos desempeñan un papel absolutamente fundamental para decidir si esos alimentos llegan o no llegan a nuestra mesa. 
Por lo tanto, espero que el Parlamento pueda establecer y mantener con esos comités una relación mucho más estrecha en el futuro. 
El informe de la Comisión de investigación temporal sobre la EEB destaca la necesidad de que así sea. 
Me parece que la EEB, y el hecho de que un enigma científico tan grande pueda surgir tan rápidamente y pueda provocar tantos daños, deberían impulsarnos a reflexionar. 
No sabemos todo lo que tenemos que saber acerca de las consecuencias de lo que hacemos. Tenemos que preocuparnos mucho por la salud de los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, mi tía de ochenta años me ha asegurado que jamás en su vida comprará alimentos genéticamente modificados. 
En cambio, mi joven y dinámico sobrino ve en estos nuevos alimentos la entrada definitiva en una época en la que se acabarán las malas cosechas, la escasez de alimentos y las situaciones de hambre en todo el mundo. 
Que nosotros, los ciudadanos de Europa, tengamos realmente el poder de decidir que un alimento pueda desaparecer del mercado porque sencillamente no lo compramos, esto hay que agradecérselo a este Parlamento si se aprueba mañana el presente documento. 
Nunca han tenido los consumidores un poder tan grande, jamás han estado tan informados de una manera tan clara y tan completa. 
Ningún ámbito de alimentos genéticamente modificados queda excluido, en lo que respecta a su contenido, del reglamento. 
Quien diga lo contrario, no dice la verdad. 
La seguridad y los criterios de comprobación están claramente descritos en el reglamento. 
Quien sostenga lo contrario, no dice la verdad. 
El reglamento advierte expresamente que los productores pueden hacer también publicidad dando a conocer que sus productos son alimentos normales. 
Va a existir una competencia fascinante, una carrera por la predilección de los consumidores. 
Nadie debe tener miedo de comer en el futuro alimentos genéticamente modificados si no lo desea. 
Quien afirme lo contrario, no dice la verdad. 
Pero el impulso investigador del ser humano no puede prohibirse. 
Los seres humanos no aceptamos ninguna puerta cerrada. 
Cada progreso encierra también peligros. 
De éstos hay que preservar a los seres humanos. 
Aquí no puede haber compromisos. 
Siempre han sido los valientes quienes se han arriesgado al progreso y quienes también lo han conseguido. 
La tecnología genética representa una revolución en la medicina. 
Quizá ayude realmente a reducir también en el ámbito de los alimentos la escasez y las situaciones de hambre. 
Habría sido inhumano hacer lo que ha estado a punto de hacer la Comisión y también el Consejo, es decir, privar llana y sencillamente al ciudadano de su posibilidad de elegir. 
La votación de mañana va a ser un momento estelar del Parlamento, una victoria del Parlamento sobre el Consejo y la Comisión. 
Señor Presidente, señoras y señores, yo también creo que este compromiso es un éxito para el Parlamento Europeo. 
Creo que hemos conseguido lo decisivo. 
Siempre que exista una modificación en un alimento, debe etiquetarse. 
Esto proporciona al consumidor y, en especial, también a los alérgicos, la posibilidad de excluir cualquier riesgo potencial, por muy pequeño que sea éste. 
No existe ninguna ruleta rusa, señora Breyer. 
Usted miente en este punto. 
Nadie debería opinar seriamente que un rechazo del compromiso conduciría a un mejor resultado. 
Con el rechazo se produciría únicamente lo que la industria norteamericana y también muchos responsables de la Unión Europea han deseado durante mucho tiempo: no habría, en absoluto, ningún etiquetado. 
Esta es también, seguramente, la razón por la que todas las asociaciones europeas de consumidores nos empujan a que aprobemos el compromiso. 
La tan citada comparación con la directiva sobre el patentado no sirve de ayuda, en absoluto, pues, en primer lugar, entonces teníamos un mal texto para decidir, teníamos un mal compromiso, y ahora tenemos un buen texto y, en segundo lugar, la alterantiva era entonces que siguiera en vigor durante un cierto tiempo, por ejemplo, 2 o 3 años, la yuxtaposición del Derecho nacional de patentes, hasta que dispusiéramos de un Derecho mejor europeo. 
Aquí la alternativa es el compromiso. 
La otra opción sería solamente que no hubiera etiquetado, pues ni siquiera los Verdes creen seriamente que todos los quince Gobiernos y Parlamentos nacionales vayan a aprobar rápidamente una regulación sobre el etiquetado. 
Yo he defendido frecuentemente a los Verdes, y también a Greepeace, contra las críticas injustificadas. 
No todo lo que dicen los Verdes, y tampoco lo que dice Greenpeace, son tonterías. 
Pero, para terminar, quisiera decir lo siguiente: la campaña de Greenpeace y de los Verdes contra este compromiso es un alboroto irresponsable. 
Si tuvieran éxito mañana, se consolidaría la insostenible situación actual, es decir, que la soja genética, el maíz genético y otros alimentos continuarían sin etiquetado en los estantes y, entonces, se habría perdido la oportunidad. 
Por consiguiente: aprobación. 
Señor Presidente, el debate final ha puesto de manifiesto una vez más cuán difícil es encontrar en este ámbito una regulación que satisfaga a todos, pues las contradicciones- desde la alimentación forzada hasta una brillante victoria del Parlamento- son bastante grandes. 
Tampoco se trata de quién ha ganado o ha perdido ahora, sino que se ha tratado de encontrar una regulación que, por un lado, recoja las demandas justificadas de los consumidores pero que, por otro lado, sea una regulación practicable, pues una regulación que no aporte nada, tampoco se ajusta, ciertamente, a los deseos de los consumidores. 
Esto lo he dicho desde el principio. 
Yo me alegro mucho de que hayamos llegado a un compromiso. 
Es una formulación diferente de la que habíamos propuesto, en lugar del criterio de la «diferencia significativa» se introduce ahora un procedimiento de análisis, un procedimiento de constatación, una cosa es sustituida por la otra, pero ésta es absolutamente una regulación tan razonable como la que propusimos al principio. 
Pero no habría sido razonable sin semejante limitación, un etiquetado que prácticamente fuera ilimitado. 
Siempre nos hemos mostrado partidarios de un etiquetado y quisiera decírselo a todos aquellos miembros de este Parlamento que- por lo demás, sin razón y en contra de la verdad- afirman que nosotros no propusimos ninguna obligación de etiquetado. 
Nosotros hemos dicho siempre que ésta debe ser practicable, es decir, que con la futura difusión de la biotecnología no conduzca a que, luego, haya que etiquetar el 80 % o el 90 % de todos los alimentos. 
Esto no tiene que ver realmente con los intereses de los consumidores. 
Entonces nadie tomaría en serio esto. 
Lo hemos conseguido ahora, de una manera diferente a como lo habíamos propuesto, pero lo hemos conseguido. 
Por consiguiente, me encuentro en el centro, entre los que dicen que éste es un paso de gigante y los que, como la Sra. Breyer, dicen que esto no significa nada. 
Lo he hecho durante todo el procedimiento. 
El punto 24 de sus conclusiones describe con toda exactitud la situación ante la que va a estar mañana el Parlamento, es decir, la siguiente cuestión: ¿hay que aceptar un compromiso que no satisface todos los deseos del Parlamento, sean o no justificados, o es mejor no tener nada? 
Hay que dar, pues, un primer paso, pues también quisiera decir esto. 
Lo que tenemos ahora ante nosotros no es el final de la historia- y esto no se refiere solamente a las enzimas o a otras sustancias que no están reguladas todavía- sino que esto se refiere también, sobre todo, a la puesta en práctica de las disposiciones, pues no es un asunto fácil. 
No son textos legales que digan exactamente con claridad, hasta la última coma, a la Comisión y a los comités científicos qué es lo que tienen que hacer en los casos particulares. 
Esto no va a ser enteramente fácil y por esta razón quisiera pedirles que aprueben esto, y quiero dar también las gracias a la ponente, pues éste es realmente un paso muy notable en la dirección correcta. 
Esto debería ser decisivo, en último término, no si se lleva a cabo en un 100 % lo que uno desea, pues la democracia no descansa precisamente en que alguien pueda tener razón en un 100 %, sino en que todos se puedan poner de acuerdo en algo, mediante lo cual todos vivan mejor que antes. 
En los siete años y medio de mi pertenencia a este Parlamento no he tenido jamás la necesidad de emitir una declaración personal. 
Intento utilizar poco este medio, en la medida de lo posible. 
Sin embargo, hoy debo hacerlo. 
Pero, debido a lo avanzado de la hora, no quisiera referirme más a colegas de la Asamblea ni tampoco a la intervención del Comisario. 
Quiero dar las gracias a la mayoría de los colegas. 
Mi declaración personal se refiere a la acusación de la Sra. Breyer de que yo, que apoyo este compromiso, engaño a las personas, practico un engaño respecto de la seguridad de las consumidoras y de los consumidores. 
Rechazo esta acusación y le ruego que lo haga constar en el Acta. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar la ocasión para hacer una declaración personal. 
El Sr. Liese me ha acusado nominalmente de mentir, ha afirmado que este compromiso no se va a convertir en una ruleta rusa para los consumidores y para los alérgicos. 
Lo contrario es la verdad. 
Ustedes saben que no hay criterios sanitarios. 
Pero saben también que no hay un método de comprobación para poder constatar previamente el carácter alergógeno de estos alimentos genéticamente manipulados. 
Las autoridades sanitarias norteamericanas reconocen este hecho. 
Por consiguiente, si no tengo un método de comprobación para poder constatar previamente el carácter alergógeno de los alimentos, los saco al mercado y, en consecuencia, se hará la prueba en los consumidores y consumidoras. 
Este es un problema especialmente grande para los alérgicos y las alérgicas. 
Paso ahora a la acusación de la Sra. Roth-Behrendt. 
No la he acusado de mentir. 
La Sra. Flemming ha hecho también aquí de manera indirecta los reproches que dudan de este reglamento, que han puesto de manifiesto que no hay ningún etiquetado para el 100 % de los alimentos genéticamente manipulados. 
He aducido algunos ejemplos como, por ejemplo, la hormona del crecimiento que se produce por tecnología genética. 
Incluso el Sr. Bangemann reconocería aquí que no es posible constatar y que no existe para esto un método de comprobación. 
Sin embargo, es un producto genéticamente manipulado. 
Me he referido únicamente a la afirmación de la Sra. Roth-Behrendt, la ponente, que ha declarado que este reglamento proporciona una protección absoluta. 
Creo que otros oradores y oradoras han puesto en claro que no existe esta protección absoluta. 
No tenemos ningún criterio. 
No quisiera- ahora no me escucha la Sra. RothBehrendt- atacarla personalmente, creo que no lo he hecho con ninguna palabra. 
Pero tengo derecho, como diputada y como defensora de los consumidores, a decir aquí claramente lo siguiente: faltan los criterios sanitarios. 
Por consiguiente no se puede hablar de que estamos posibilitando aquí la protección de la salud. 
Por favor, señora Roth-Behrendt, enumere aquí, si lo desea, los correspondientes criterios sanitarios. 
No figura ninguno en el reglamento. 
Quisiera preguntar al Comisario Bangemann si acepta que en la actualidad el artículo 8, como resultado del procedimiento de conciliación, estipula una amplia obligación de etiquetado pero que si, a la luz de la experiencia, resulta que el sistema de protección de la salud pública es deficiente, entonces, de conformidad con la declaración que acompaña al acuerdo de conciliación, la Comisión se esforzará por conseguir que haya siempre una amplia obligación de etiquetar. 
Señor Presidente, he planteado de nuevo una pregunta al señor Bangemann que ha quedado, una vez más, sin respuesta. 
Por lo tanto me veo obligada a repetirla: ¿Qué piensa el señor Bangemann del hecho de que las aclaraciones relativas a la seguridad de los alimentos genéticos no sean públicas? 
Quisiera ser muy breve. 
Si es de utilidad quisiera retirar frente a la Sra. Breyer la palabra mentira, que tampoco figura en el manuscrito de mi intervención. 
Sin embargo, quisiera insistir en que es falso que se juegue aquí a la ruleta rusa con los consumidores, y que es una opinión irresponsable afirmar que sería mejor que rechazásemos la posición común. 
Señor Presidente, quiero referirme en primer lugar a la pregunta de la Sra. Hautala: de hecho no la he respondido, porque no he creído que en vista de la brevedad del tiempo debamos entrar ahora en una discusión sustantiva. 
El hecho de que estas notificaciones no sean públicas es enteramente normal. 
Esto se hace también en otras solicitudes que revisamos nosotros. 
Pero luego se hacen públicas porque se envían a los países miembros, se envían a los comités científicos, y cada cual se puede orientar allí. 
Esto quiere decir que nosotros no obligamos a ningún comunicante a que publique su notificación en un boletín oficial, pero lo que hacemos después, todo eso se publica. 
Ya lo he dicho a petición de la ponente y, por lo demás, figura también en el artículo 14. 
Haremos un seguimiento de todo lo que ocurra. 
Hay un monitoring sin lagunas de todas las cosas que pasan. 
Si en algún lugar se producen lagunas, extraeremos las consecuencias de ello y haremos nuevas propuestas. 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.30, se reanuda a las 21.00 horas) 
Transferencias transfronterizas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0004/97) de la Sra. Peijs, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0660/96-94/0242 (COD) ) relativa a las transferencias transfronterizas. 
Señor Presidente, el Comité de Conciliación, del cual he podido formar parte en calidad de ponente, ha expresado su acuerdo con el proyecto de texto común de la directiva sobre las transferencias transfronterizas. 
En caso de que el Parlamento Europeo confirme durante esta semana este texto, podremos contar entonces finalmente con la citada directiva. 
El resultado así obtenido puede resultar satisfactorio para nuestro Parlamento, debiendo poner a su vez en aplicación los Estados miembros la directiva antes del 1 de enero de 1999, fecha de la entrada en vigor de la UEM. 
Por su parte, Alemania preveía dificultades en el cumplimiento de los plazos, habiendo prometido en una declaración separada desplegar sus mayores esfuerzos por suprimir dichas dificultados. 
Por nuestra parte, comprendemos las inquietudes de este país miembro. 
¿Qué se propone concretamente como objetivo esta directiva? 
Con el tiempo han venido surgiendo ciertas imprecisiones que pasaré a ilustrar a continuación. 
La direc (iva se propone mejorar los servicios en el ámbito de las transferencias de fondos transfronterizas a través de una mayor eficacia de las mismas. 
Esto reviste una extremada importancia en la preparación de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
El mercado interior y posteriormente la introducción del euro han dado lugar a un aumento constante tanto en el número como en el importe de las transferencias transfronterizas. 
Con vistas a aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el mercado interior reviste una importancia fudamental para el sector empresarial, y en particular las PYME, la realización de transferencias rápidas, fiables y poco costosas entre los diversos países de la Comunidad. 
Mientras no se garantice esta condición, seguirá persistiendo un grave obstáculo a la libre circulación de bienes y de servicios en la Comunidad. 
Para el ciudadano, la directiva viene a poner fin a un cúmulo de trabas de costos dobles y a menudo elevados, largos plazos de transferencia y ningún de derecho de reclamación en caso de que sencillamente dejase de efectuarse la operación. 
La directiva se aplicará a las transacciones por un importe inferior a 50 000 ecus previendo en particular un procedimiento destinado a incrementar la transparencia de los costes, la rapidez y la fiabilidad de la operación. 
Estimo que el elemento esencial de la directiva lo constituye la información que resulta objeto de su regulación. 
De esta manera, es deber de una institución proporcionar al cliente la suficiente información tanto antes como después de efectuada la operación, debiendo velar además los Estados miembros por que existan los procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y recurso con vistas a una posible conciliación de los diferendos. 
Considero extremadamente positivo que nuestros ciudadanos sepan efectivamente a qué atenerse. 
En lo adelante queda también suprimida toda doble deducción de los costes. 
En caso, no obstante, de que se cometa algún error en la operación, la institución del mandante tiene la obligación de abonar a éste, es decir su cliente, la suma de 12 500 ecus, como máximo, correspondiente al inporte de la transferencia, a la cual se sumarán los intereses perdidos por el cliente y los costes incurridos en la transacción. 
Todo ello dentro de un plazo de 14 días laborales bancarios a partir por supuesto de la fecha de vencimiento del plazo establecido de antemano entre el cliente y el banco. 
Es evidente que el mandante, es decir todo cliente de una institución bancaria, tiene el derecho de acudir a los tribunales nacionales a fin de exigir el pago del resto del importe. 
Es decir que la presente directiva favorece tanto la transparencia como la fiabilidad y la rapidez de las transferencias entre los diversos países. 
A una transparencia y a una precisión mayores corresponderá igualmente una disminución de los costes de la operación. 
En realidad, ya en la actualidad están comprobándose los efectos que indican la incidencia de la directiva sobre el mercado. 
Numerosos bancos, lo estoy viendo en los Países Bajos, así como en Alemania, han procedido ya a efectuar transferencias en euros que satisfacen las estipulaciones de la directiva. 
Cabe pues afirmar que se trata de una directiva de suma importancia que habrá de favorecer la libre circulación de bienes y servicios en el espacio comunitario. 
El resultado final que se nos presenta ahora es globalmente muy positivo. 
Al comenzar las negociaciones, las aspiraciones del Consejo y del Parlamento Europeo eran bastante divergentes. 
Ma parece conveniente que ambas instituciones hayan moderado sus pretensiones y que hayan llegado a un acuerdo en cuanto a los principales puntos de discrepancia. 
Estas divergencias se referían, por ejemplo, al límite del ámbito de aplicación de la directiva, que ha pasado a ser ahora de 50 000 ecus, es decir que la directiva cubre todos las transferencias de un importe inferior a dicha suma, elevándose la obligación de reembolso a 12 500 ecus. 
Otro punto de desacuerdo era la fecha de entrada en aplicación de la directiva que será ahora el 1 de enero de 1999, coincidiendo con el inicio del funcionamiento de la UEM. 
Esperamos que también esto tenga lugar en Alemania, aunque en el caso de este país haya que esperar tal vez aún un plazo mayor. 
Contamos así ahora con una directiva que protege de manera adecuada los intereses del consumidor y del sector de empresas y que habrá de fomentar el comercio interior comunitario en términos de bienes y servicios. 
En nombre de este Parlamento y de los ciudadanos que representamos, hago un llamamiento a los Estados miembros para que en el menor plazo posible apliquen las disposiciones que contempla esta directiva y que redundarán en beneficio tanto de los ciudadanos como de las empresas europeos. 
Señor Presidente, ante todo le felicito por su reelección y le deseo también a usted un buen trabajo. 
Como todos sabemos, el número de transferencias transfronterizas en la Unión Europea asciende a unos 400 millones de operaciones anuales, la mitad de las cuales no supera el importe de 2.500 ecus cada una. 
Habida cuenta de las tendencias de crecimiento actuales se estima que, al principio de los años 2000, el número total de operaciones bancarias transfronterizas, con exclusión de los pagos en efectivo, superará el millardo. 
Esto se deberá al aumento de las actividades transfronterizas, así como a un mayor intercambio de bienes, servicios y dinero. 
En consecuencia, es indispensable promover acciones de reglamentación que garanticen la defensa del ciudadano en cuanto usuario bancario, tanto si se trata de un pequeño o gran empresario como de un simple ahorrador. 
Este objetivo está en perfecta consonancia con la activación y la difusión de la moneda única. 
Es preciso que una operación bancaria entre dos diferentes ciudades de la Comunidad sea igual a una operación entre dos diferentes ciudades del mismo Estado, sin dejar a las entidades de crédito toda la gestión de dicha operación, es decir, la facultad de fijar modalidades y costes a su libre albedrío. 
Por consiguiente, estamos de acuerdo con la mayor parte del proyecto comunitario, aprobado por el Comité de Conciliación y lo vamos a apoyar. 
Por ello, y ante todo, deseamos dar las gracias a la ponente, así como- permítanos hacerlo- al Gobierno francés que lo consideró una de sus prioridades durante su semestre de Presidencia, el primero de 1995, cuando tomó acuerdos con los Gobiernos de casi todos los Estados miembros y con este Parlamento que le secundó, con el profundo convencimiento de que lo que queremos no es la Europa de los banqueros, sino la de los ciudadanos. 
Señor Presidente, nuestro grupo político se mostró bastante crítico en particular durante la fase inicial en lo referente a las cuantías de los importes habiéndose también esforzado decididamente por tratar de hacer aumentar los importes a los que se aplicaría la presente directiva. 
No obstante ello, estimo que el resultado alcanzado puede considerarse positivo y es mi deseo, por consiguiente, al igual que el de mis colegas, felicitar a la ponente por dichos resultados. 
Nuestro grupo reconoce una enorme y extraordinaria importancia al hecho de que resulten así protegidos adecuadamente los intereses de los consumidores y de las pequeñas empresas, en todo caso hasta una determinada suma. 
Aunque desearía vivamente que tal vez los bancos ofreciesen un grado aún mayor de garantía y de fiabilidad en los compromisos concluidos con sus clientes. 
Si queremos de verdad construir una Europa y un mercado únicos, es nuestro deber proporcionar también garantías en lo tocante a la circulación de estas transferencias. 
Señor Presidente, Señorías, en el debate anterior mi intervención tuvo, por error, una duración muy inferior al tiempo de uso de la palabra concedido. 
Por lo tanto, espero que sean comprensivos si ahora quizás lo rebaso ligeramente. 
En cuanto al tema que nos ocupa, habría sido preferible conseguir más. 
No obstante, yo creo que en el Comité de Conciliación hemos conseguido algunos logros en favor de las personas que nos han elegido. 
A pesar de las mejoras introducidas en el proyecto original, subsiste empero un problema que me preocupa: se han fijado unos límites de responsabilidad demasiado bajos. 
De este modo se traslada en último término del socio más fuerte al más débil un riesgo financiero que en determinadas circunstancias puede poner en peligro la supervivencia de la empresa. 
Por fortuna, las normas legislativas no mantienen su vigencia a perpetuidad y es posible mejorarlas una vez transcurrido un plazo prudencial. 
Yo espero, por otra parte, que nuestros interlocutores del Consejo cumplan su palabra. 
En el Comité de Conciliación prometieron que no se agotará el plazo de aplicación de 30 meses y que se procurará que la transposición de la directiva a las legislaciones nacionales se haya completado en todas partes antes del 1º de enero de 1999. 
Con la esperanza de que pronto se procederá a una revisión que incluya una mayor protección de los consumidores, yo creo que debemos aprobar el resultado alcanzado en el Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Protección del Consumidor, competente para emitir opinión, había depositado obviamente mayores expectativas en la presente directiva por lo que respecta a la protección del consumidor. 
Aun así, yo di mi voto afirmativo en el Comité de Conciliación y pido al Parlamento que también la vote afirmativamente. 
Necesitamos una directiva que regule las transferencias transfronterizas y yo confío en que los Estados miembros procedan a su transposición antes del 1º de enero de 1999, o sea antes del inicio de la Unión Monetaria, tal como se ha prometido. 
El Parlamento consiguió que prevaleciera su propuesta de que la directiva se aplique a todas las transferencias por un importe inferior a 50.000 ecus. 
Con ello quedan cubiertas la mayor parte de las transferencias al sector privado y a las PYME. 
El importe de 12.500 ecus en que queda fijada la obligación de reembolso de los bancos en el caso de transferencias adeudadas en cuenta pero no percibidas por el destinatario es una cifra de compromiso que deberá mejorarse cuando se proceda a la revisión de la directiva. 
Durante el procedimiento de conciliación, en algún momento el Consejo dio la impresión de creer que todavía vivimos en el tiempo de las diligencias y que el dinero transferido se transporta en metálico. 
Un incremento voluntario por parte de los bancos sería acogido con satisfacción y muy de agradecer. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión quisiera agradecer al Parlamento sus esfuerzos para conseguir que el procedimiento de conciliación haya producido los resultados que nos permiten hoy llegar a esta conclusión común entre las tres instituciones. 
Se ha puesto de manifiesto también que el procedimiento de conciliación en ocasiones se revela como positivo y es un método que permite perfectamente, a través del diálogo interinstitucional, producir este tipo de buenas noticias. 
Creo que la Sra. Peijs ha hecho una descripción in extenso del acuerdo alcanzado a través del procedimiento de conciliación, y la mayoría de los parlamentarios que han tomado la palabra en el debate han puesto de manifiesto las ventajas que van a tener los consumidores, las personas individuales, las empresas, con la aprobación de esta directiva. 
Así pues, me van a permitir ustedes la licencia de no tener que repetir aquí en qué consisten los resultados de este procedimiento de conciliación. 
Creo que las ventajas son evidentes. 
Era una demanda, sobre todo de aquellos que, como se ha explicado por los diferentes parlamentarios, utilizan este tipo de servicios. 
La situación ahora es mucho más clara. 
La situación es mucho más transparente para los ciudadanos y, además, y lo que es más importante- y con esto termino -, es una buena medida para ir fortaleciendo progresivamente el mercado interior sin fronteras. 
Así pues, señora Peijs, gracias por sus palabras, gracias a todos ustedes y gracias también al procedimiento de conciliación que ha permitido hoy tomar esta decisión positiva. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Asociación Unión Europea- América Latina 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0416/96) del Sr. Bertens, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (95) 0495- C4-0489/95) «Unión EuropeaAmérica Latina: actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación 1996-2000». 
Señor Presidente, antes de iniciar el debate sobre el informe del Sr. Bertens, deseo someter a su atención una cuestión de procedimiento, habida cuenta de que estamos a punto de debatir dos informes de la Comisión de Asuntos Exteriores, sin que con respecto a dichos informes hayamos oído la opinión de la Delegación para América Latina ni tampoco de la Delegación para América Central. 
Desde el punto de vista del Reglamento, es posible que dicha omisión tenga una justificación. Creo, sin embargo, que desde el punto de vista sustancial, es decir, desde el punto de vista de la economía de nuestros trabajos, es oportuno que en estos casos pueda ser oída la opinión de las Delegaciones afectadas. 
Por lo tanto, señor Presidente, si usted considera fundada mi observación, podría eventualmente someter la cuestión a la Comisión de Reglamento, a fin de ver qué papel efectivo desempeñan las Delegaciones parlamentarias en la economía de nuestros trabajos. 
Señoría, lo siento, pero los miembros de estas delegaciones pueden presentar enmiendas antes de la votación de mañana. Con esto quedaría contestada su petición. 
No creo que se pueda revocar, puesto que los miembros de las delegaciones tienen este derecho. 
Señor Presidente, no he solicitado ninguna devolución. 
Tan sólo he preguntado si usted considera oportuno seguir adelante con el debate y someter el asunto a la Comisión de Reglamento para estudiar y examinar cuál debe ser en el futuro el papel de las delegaciones con respecto a estas materias. 
Me parece que es ajeno a la economía de los trabajos parlamentarios el hecho de no implicar a las delegaciones interesadas en el tema de América Latina. 
Señor Presidente, se trata sólo de una observación para el futuro. No era en absoluto mi intención pedir la devolución. 
Señoría, presentaré su petición al Presidente. 
Señor Presidente, desearía en todo caso felicitarlo, tanto a título personal, como en nombre de mi grupo, por su reelección como Vicepresidente de este Parlamento. 
Al colega Manzella desearía agradecer cordialmente el énfasis que ha puesto en el interés que reviste el hecho de que la delegación de América Latina tenga algo que ver con el presente informe. 
Puedo tranquilizarlo, fui miembro de la misma durante siete años y medio, es decir no hay ninguna incongruencia en ello y por lo demás hube de residr quince años de mi breve existencia en ese continente al que nos estamos refieriendo ahora. 
De todos modos, ya podremos hablarnos más de cerca; yo soy neerlandés, el Sr. Manzella es italiano y tal vez podamos entonces comunicarnos de otra manera. 
Agradezco a la Comisión y en particular al Comisario Marín la comunicación referente a las futuras relaciones con América Latina. 
Ese continente se halla en plena fase de evolución resultando especialmente importante que la Comisión mantenga una visión coherente de todos los aspectos que abarca esa relación. 
Demasiado a menudo contemplan los europeos a América Latina con la visión de los años setenta y ochenta. 
América Latina ha dejado de ser el continente de las dictaduras, de las violaciones de los derechos humanos, de la inflación desmesurada, o de los atrayentes aunque misteriosos contras, o de los rivales de esos contras. 
Esta evolución hay que agradecérsela también a Europa. 
Desde principios de la década de los ochenta, la Unión Europea ha venido dando pruebas palpables de una fructífera política exterior europea común. 
No hay nadie que sepa esto mejor que el Comisario Marín, su experiencia del Diálogo de San José. 
El colega Carnero, también un experto conocedor de América Latina, ha redactado un excelente informe sobre la materia. 
En particular haciendo hincapié en la manera en la cual la política exterior común europea, sin necesidad de institucionalizarse, funciona adecuadamente. 
Y sobre esa base estamos ahora construyendo. 
A partir de esa fecha, sin embargo, Europa se ha mantenido en una posición estática, mientras que por su parte América Latina ha venido registrando rápidas transformaciones. 
Una política de reconciliación, democratización y respeto de los derechos humanos ha logrado consolidar los fundamentos de una estabilidad política y social. 
Reformas económicas y una estabilización macroeconómica han creado las posibilidades de una reconstrucción económica. 
Todas estas transformaciones han dado un fuerte impulso a la cooperación regional, a la conclusión del Pacto Andino, a la creación de Mercosur, y a otros progresos. 
Europa, por su parte y una vez más, perdió la oportunidad de acompañar ese crecimiento, desaprovechando así las numerosas posibilidades que se presentaban conjuntamente con los nuevos acontecimientos. 
La cooperación se limitó al carácter unilateral de la cooperación al desarrollo. 
Sucesivamente fuimos perdiendo el mercado latinoamericano en manos de Estados Unidos que a través de NAFTA y de The Enterprise for America's Initiative, se apresuró a ocupar el vacío dejado por los europeos. 
En materia de inversiones y de comercio con América Latina, en la actualidad Estados Unidos sobrepasa ampliamente a Europa. 
Las nuevas estructuras en ese continente resultan aún endebles. 
Una tercera parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza. 
Los fondos destinados a la educación y formación resultan insuficientes. 
La droga, la corrupción y el clima de impunidad socavan las estructuras políticas de América Latina. 
Tenemos puesta toda nuestra atención en el proceso de democratización en esos países. 
El reestablecimiento de la paz en Guatemala constituye un hecho memorable, aunque es evidente que esta paz sigue siendo sumamente precaria en caso de que no prestemos nuestra contribución a la misma. 
Europa tiene el deber de considerar a la nueva América Latina como un interlocutor adulto. 
La comunicación de la Comisión da un primer paso en ese sentido. 
Resulta inadmisible que una región que reviste semejante importancia, con sus estructuras aún frágiles, se vea olvidada por nuestra política exterior y de seguridad común. 
No obstante, los esbozos de una nueva política para América Latina resultan bastante imprecisos y desprovistos de compromiso. 
Pido pues a la Comisión que elabore un programa de acción, que presente iniciativas concretas en el marco de una nueva política. 
En mi informe he presentado una serie de propuestas orientadas a dichas iniciativas concretas que abarcan la política exterior, la economía, la integración, la cooperación al desarrollo, la seguridad y la defensa. 
En lo referente a la política exterior es necesario considerar a América Latina como una región prioritaria. 
No tenemos por qué copiar exactamente el diálogo transatlántico que sostenemos con Estados Unidos y Canadá al establecer un diálogo transatlántico con América Latina. 
Aunque este último deberá constituir un punto sólido en el orden del día. 
En materia de economía e integración, la Unión Europea deberá seguir fomentando la integración regional y estableciendo contactos con esas regiones. 
En cuanto a la cooperación al desarrollo, suscribo las prioridades propuestas por la Comisión. 
En su calidad de donante de mayor importancia, la Unión Europea deberá invitar a los demás países a que redoblen sus esfuerzos. 
En particular, Estados Unidos constituye un donante de muy poca envergadura. 
Pasaré ahora a las cuestiones de seguridad y defensa. 
Aunque con el término seguridad deseo igualmente hacer mención de la cooperación en la lucha antidroga. 
Esta última deberá extenderse a otras regiones del continente no incluidas en el Pacto Andino. 
La seguridad y la defensa deberán figurar igualmente en el orden del día referente a América Latina ya que constituyen dos ámbitos dignos de atención en una relación verdaderamente adulta con los países de este continente. 
La cooperación en materia de diplomacia preventiva, mantenimiento de la paz y aspectos afines constituye una cuestión de significación mundial. 
Resultan muy convenientes igualmente los contactos entre las organizaciones relevantes. 
Señor Presidente, en la opinión de la comisión de la que yo soy ponente me voy a referir, como es natural, a los aspectos de energía y de investigación y desarrollo. 
En consecuencia, 450 millones de consumidores. 
Decía el Sr. Bertens que la Unión Europea ha descuidado aquellos mercados. 
No en el ámbito de la energía, señor Bertens. 
En el ámbito de la energía se han hecho grandes inversiones por parte de muchos de los países miembros de la Unión Europea. 
Creo que han hecho unas inversiones tan importantes que en estos últimos años son los verdaderos protagonistas en este área. 
Pero en este amplio territorio hay un crecimiento económico importantísimo y un estadio de desarrollo de crecimiento económico todavía bajo, con lo cual cabe esperar un importantísimo aumento del consumo de energía. 
Por eso, en nuestra comisión, nos preocupa que se haga un uso eficiente de la energía. 
Existe ya el programa ALURE (América Latina- Utilización óptima de los recursos energéticos) de la Dirección General I de la Comisión, para la cooperación entre América Latina y la Unión Europea, importante pero insuficiente. 
Está mal dotado. 
Necesitamos más recursos, señor Comisario, para ese programa porque nos parece importantísimo. 
Nos parece también que deben desarrollarse las energías renovables, sobre todo la energía hidroeléctrica. 
El potencial de desarrollo de la energía hidroeléctrica en América Latina es inmenso. 
Es una energía que no contamina como otras. 
Tenemos, además, las selvas amazónicas, que son verdaderos sumideros de anhídrido carbónico. 
Todo eso debe aprovecharse en nuestra futura colaboración mediante los acuerdos pertinentes. 
Y en cuanto al papel más activo que deberemos desarrollar en el campo de la investigación y el desarrollo, hemos propuesto unos seminarios para cambiar impresiones de mutua cooperación, de intercambio de investigadores y de inicio de programas en el campo alimentario, en la biotecnología, en la energía y, sobre todo, en el medio ambiente. 
Señor Presidente, estamos ante un gran informe y así lo ve la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Ya es hora de que la Unión Europea comience a ver América Latina como ve a otras naciones americanas, como los Estados Unidos de América o como Canadá. 
Está muy bien que destaque el ponente cómo nuestras relaciones han superado ya titubeantes principios y comienzan a ser relaciones maduras entre núcleos regionales con vocación de entendimiento. 
Vocación de entendimiento porque somos parte de culturas similares y cuyo acercamiento se ha visto acrecentado por la incorporación de Portugal y de España a la Unión Europea. 
Si bien es tradicional el entendimiento con América Latina por parte de España y Portugal al igual que ocurre entre la Commonwealth y Gran Bretaña, la Comunidad tal vez no ha reaccionado en el caso de América Latina de la misma manera. 
Este apoyo debe mostrarse en el fortalecimiento de los diferentes órganos que pueden hacer que ese entendimiento adquiera carta de naturaleza. 
Me refiero a órganos como el Banco Europeo de Inversiones, el ECIP o el AL-INVEST, que directamente me llevan a deducir que la Unión Europea ve con buenos ojos la ayuda al desarrollo que está proporcionando, que la UE es la primera donante de ayuda- el 54 % frente a menos de la mitad de, por ejemplo, Estados Unidos-. 
Sin embargo y a pesar de todo, nos encontramos con que las inversiones europeas en dichos países no sólo no crecen sino que disminuyen. 
Los Estados Unidos de América acaparan el 43 % del comercio global y el 75 % de la inversión exterior directa. 
¿Por qué la situación se encuentra tan descompensada y no estamos, en realidad, en situación de igualdad con Estados Unidos? 
Mi aplauso para el informe y el apoyo de la Comisión de Desarrollo y Cooperación a que se intensifiquen y normalicen las relaciones con América Latina. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, he leído con interés el texto del informe redactado por el Sr. Bertens y las opiniones de las diferentes comisiones que han colaborado a configurar el informe. 
Me ha parecido que son texto útiles, interesantes intentando aportar ideas de cómo fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. 
Acercarse hoy a la realidad de América Latina, como decía hace un momento el propio Sr. Bertens, no es acercarse a la América Latina de las últimas décadas. Supone descubrir un mundo mucho más complejo, mucho más activo, con luces y sombras, pero con enormes posibilidades. 
Un mundo que comparte identidades, pero no es bueno tratar de reducir América Latina a una vaga uniformidad y olvidar las diferencias. 
América Latina es el Chile emergente y la Nicaragua de índices de pobreza muy severos, la Guatemala que celebra un acuerdo de paz y la Costa Rica que es un cierto ejemplo de estabilidad democrática. 
Y también es verdad que América Latina es Colombia, con focos de violencia insurgente vinculada al narcotráfico, y Perú, donde asistimos a un rechazable uso de la violencia y el secuestro como instrumentos políticos. 
Pero también es Mercosur, un ambicioso proyecto, y el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. 
Creo que la Unión Europea tiene que avanzar en la dirección de un planteamiento global de sus relaciones con América Latina, valorando la pluralidad misma de ese continente. 
El diálogo de San José, que también ha desarrollado el Comisario Marín, es un ejemplo pero quizás no es suficiente. 
No podemos aceptar el riesgo de que América Latina siga contemplando como prioridad a Estados Unidos y tenga a la Unión Europea como un fiel acompañante. 
Es muy útil conocer la evolución de las inversiones y flujos comerciales entre la Unión Europea y América Latina para plantearnos un cierto análisis de por dónde pueden ir las perspectivas del futuro. 
Nos queda mucho camino por recorrer para descubrir todas las potencialidades del diálogo parlamentario, por ejemplo, porque la cooperación política de la Unión Europea con América Latina, siendo importante, se reduce en muchos casos a un diálogo ministerial o gubernamental. 
Y el diálogo parlamentario es útil en los procesos de consolidación de la democracia o en los procesos de integración regional. 
América Latina y la Unión Europea se necesitan y, desde un plano de igualdad y con lealtad a un clima de cooperación, necesitan profundizar en los instrumentos de colaboración política y comercial. 
Cualquiera que haya visto o estudiado la cooperación entre la Unión Europea y América Latina habrá descubierto que existe un amplio campo de esa cooperación y, sin embargo- y la Comisión lo sabe también -, a veces es muy poco visible para el ciudadano que quiere determinar esos niveles de cooperación. 
Otro de los problemas que pesa sobre la mayoría de los países de América Latina es el de la carga de la deuda. 
La Unión Europea debiera ser un socio activo capaz de elaborar o presentar propuestas coordinadas, innovadoras, que aliviaran el peso de la carga de la deuda externa de los países latinoamericanos. Y ello porque se trata de países con sociedades muy duales, en la mayoría de los casos, que necesitan apoyo para sus reformas económicas capaces de corregir los índices de paro, las cifras de pobreza, reformas económicas que creen condiciones para consolidar o incluso, en algún caso, crear políticas de solidaridad colectivas similares a lo que en Europa conocemos como «Estado del bienestar». 
Algunos países de América Latina tienen problemas muy graves vinculados al narcotráfico y la corrupción, pero no podemos levantar un hipócrita dedo acusador mientras no actuemos con rigor en ese tema, porque la coca producida no se convierte en droga si no es porque hay consumidores. 
Termino, señor Presidente, diciendo que hoy, prácticamente, ha acabado la época de las dictaduras militares, pero puede haber el riesgo de caer en otro tipo de regímenes populistas que no resuelvan los problemas estructurales de América Latina. 
En todos los caminos posibles de colaboración, la Unión Europea y América Latina debieran de encontrarse. 
La propuesta de la Comisión va en esta dirección y las aportaciones del Sr. Bertens también. 
Señor Presidente, cuando se habla de las relaciones de Europa con América Latina, nunca es posible saber con exactitud en qué historia de familia, a caballo entre el pasado y el futuro, nos inmiscuimos. 
Los conflictos, conversaciones, negociaciones, críticas se suceden de manera alternante. 
Encontramos hermanas y hermanos, primos y primas, relaciones de padrinazgo que se extienden a lo largo de décadas y siglos, colonias de refugiados y emigrantes e inmigrantes emprendedores. 
Sin embargo, el tema que hoy nos ocupa es el futuro, concretamente la definición de la relación de la comunidad de Estados de la Unión Europea con América Latina que servirá para revitalizar una asociación que se extienda más allá del año 2000, después de unos años en que abundaron los conflictos entre dictadura y democracia, de lucha por los derechos humanos y de construcción de mercados comunes en América Latina. 
Un tema importante tanto para la política exterior común como para nuestra política de comercio exterior. 
Ambos aspectos están involucrados. 
A nuestro parecer y de conformidad con los deseos del Parlamento Europeo, tal como quedan plasmados en el excelente informe del colega Bertens, la Unión Europea debe valerse de ambos para establecer un nuevo diálogo transatlántico, en el cual también deberá incluirse a Estados Unidos. 
El Parlamento Europeo ha procurado promover este diálogo durante muchos años, desde que fue elegido por votación directa por primera vez. 
El Tratado de Maastricht exige en su artículo J.1 una política dinámica en relación con América Latina. 
Esta política ha faltado durante largo tiempo. 
Los acontecimientos en Europa relegaron a un segundo plano el interés por los procesos políticos en América Latina, que por su parte también se ha mantenido un poco apartada de la política mundial, a pesar de sus indiscutibles progresos económicos y democráticos durante la década de los noventa. 
La Comisión ha indicado una vía para reactivar estas relaciones con su Comunicación «Unión Europea-América Latina: actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación 1996-2000». 
Las opiniones de las comisiones competentes, el trabajo consecuente de las delegaciones para las relaciones con América del Sur y con América central, el diálogo interparlamentario en el marco de las Conferencias Interparlamentarias PE-Parlamento latinoamericano ponen de relieve la importancia que otorgamos a las conclusiones de la resolución. 
Nos hemos empleado firmemente a favor de la consolidación de Mercosur, el establecimiento de Parlamentos regionales en América Latina, del Parlamento Andino y del Parlamento Centroamericano. 
Sin embargo, no podemos dejar de lado los temas difíciles. 
Las drogas, la propagación de la criminalidad y la corrupción que abarcan países enteros, la expansión del comercio en sectores sensibles, la lucha por la consolidación de los derechos humanos y la democracia son temas que no pueden dejarse de lado. 
La audiencia celebrada el año pasado en la Subcomisión de Derechos Humanos sobre el tema de la impunidad en relación con los atentados cometidos bajo las dictaduras contra los derechos humanos de los adversarios políticos, pero también de muchos ciudadanos que quedaron atrapados entre dos fuegos, reveló la complejidad y sensibilidad de estos problemas heredados. 
Existe una estrecha relación entre la democracia y la independencia de los tribunales. 
La Europa democrática tiene el deber de respaldar la estabilización de la democracia, para reforzar así la participación de Estados democráticos en los organismos internacionales y desarrollar planteamientos comunes en materia de política de seguridad y de defensa y a la vez también de prevención de los conflictos. 
Esta es nuestra tarea y desde el Parlamento europeo hemos abogado siempre en favor de la misma ante la Comisión y el Consejo. 
Esperamos que el informe tenga mucho éxito. 
Señor Presidente, la evolución actual de América Latina es uno de los acontecimientos más afortunados de nuestro fin de siglo. 
Durante mucho tiempo esta zona ha sido considerada como un polvorín, en la que proliferaban las guerrillas y los golpes de Estado. 
Pero hoy es una región en que la paz y la democracia están en constante progreso, y la Unión Europea debe apoyar el fortalecimiento de dicho proceso y participar en él. 
Al igual que Sr. Bertens, a quien felicito por su excelente informe, saludo la iniciativa de la Comisión, así como la orientación de su comunicación, encaminadas a reactivar las relaciones entre la Unión y América Latina. 
En el escaso tiempo que se me ha concedido, no puedo referirme, aunque los apruebo, a los tres ejes prioritarios en los que la Comisión propone centrar la cooperación de la Unión. 
Me limitaré, pues, a expresar aquello que considero como requisito previo a toda reforma, es decir, al apoyo que Europa puede y debe aportar para la consolidación de los procesos democráticos. 
A menudo se reprocha a la Unión Europea de ser ante todo una unión económica, de tener preocupaciones mercantilistas. 
Este juicio ignora su contribución al desarrollo de la democracia en el mundo gracias a sus acuerdos de cooperación o de asociación celebrados con países en los que la democracia estaba o había estado amenazada. 
Tal es el caso del subcontinente latinoamericano, donde ciertos regímenes democráticos siguen siendo frágiles y en el cual la Unión puede contribuir de manera decisiva a consolidar los actuales procesos. 
Las propuestas de la Comisión para crear una asociación política y comercial entre la Unión y estos países responden a dicha preocupación. 
Pero deseo manifestar algunas dudas sobre dos puntos del informe. 
En primer término, el Sr. Bertens va más allá del marco ministerial en el que este tipo de diálogo tiene lugar y propone que, además de las reuniones interparlamentarias que se organizarían, el Parlamento Europeo y su equivalente latinoamericano participen en las reuniones ministeriales. 
Esto puede plantear una confusión institucional inútil en el momento en que se están restableciendo vínculos que hasta ahora estaban, en parte, distendidos. 
En segundo término, la lucha contra el tráfico de estupefacientes. 
En su exposición de motivos, el Sr. Bertens sugiere que el problema del tráfico de droga es una cuestión que depende de la oferta y la demanda y que ante todo hay que crear formas de desarrollo alternativas y no optar por una verdadera guerra contra la droga, ya que la represión, añade, nunca ha sido eficaz. 
Este enfoque del problema me preocupa puesto que, si bien es cierto que es preciso crear formas de desarrollo alternativas en las zonas donde se cultivan los citados productos, también hay que frenar el tráfico de droga por todos los medios, sin excluir ninguno. 
La misión de la Unión Europea consiste asimismo en ayudar a estos países a quitarse de encima una plaga que, en ningún caso, contribuye al avance de la conciencia democrática. 
Señor Presidente, señor Comisario, los últimos años realmente han estado marcados por un acercamiento entre la Unión Europea y América Latina debido fundamentalmente a la adhesión de España y Portugal, hecho que ha acrecentado y acentuado las similitudes culturales entre los dos continentes. 
En este sentido quisiera mostrar nuestra coincidencia con el espíritu del informe del Sr. Bertens y resaltar como objetivo prioritario y fundamental la necesidad de ampliar y fortalecer las distintas acciones que promueven el desarrollo y la consolidación de la democracia en los países latinoamericanos, tal y como se recoge también en la comunicación que sobre este asunto ha realizado la Comisión. 
Por ello, consideramos que es imprescindible realizar un mayor esfuerzo en la contribución europea para profundizar en las reformas económicas de los países de América Latina, para asegurar así el éxito de la reforma estructural que actualmente se lleva a cabo, promoviendo el desarrollo y el progreso de las distintas regiones latinoamericanas y prestando una especial atención a las acentuadas disparidades sociales y económicas existentes en toda la zona. 
Para lograrlo, desde la Unión Europea debemos realizar acciones más enérgicas y ambiciosas, de manera que las relaciones con América Latina se conviertan en el objetivo principal de la nueva política exterior y de seguridad común. 
Debemos recordar que el tradicional superávit comercial de América Latina con la Unión Europea, tras triplicarse en los años 80, disminuyó a inicios de los años 90 y prácticamente desapareció en el año 1993. 
Los últimos tres años han registrado un déficit que ya ha alcanzado la cifra de 1500 millones de dólares. 
Paralelamente, la Unión Europea ha dejado de ser el principal inversor en América Latina, lo que hace ver que las acciones actuales encaminadas al fortalecimiento de la asociación con Latinoamérica no son suficientes y carecen de la ambición y dinamismo que las mismas requieren. 
En conclusión, señor Presidente, nos parece que resulta imprescindible que la Comisión elabore un programa de acción para Latinoamérica que, como ya se ha dicho, contenga propuestas concretas y comunes que promuevan, por una parte, el desarrollo y la evolución económica y, por otra, la paz, la democracia y el más estricto respeto a los derechos humanos. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Bertens se refiere a una comunicación de la Comisión relativa a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, la cual debe ciertamente ser considerada en sí misma, pero también como parte de un conjunto compuesto de comunicaciones sobre las relaciones con Canadá, los Estados Unidos y América Central. 
Este conjunto de textos coherentes revela la legítima preocupación de la Unión Europea por redefinir sus relaciones con el Conteniente americano en el contexto de la «postguerra fría» y de compensar la emergencia de un potente polo de desarrollo económico y comercial centrado en el Pacífico. 
Me congratulo de las intenciones manifestadas sobre la lucha por el desarrollo y contra la droga, la defensa de la justicia social y del medio ambiente, así como sobre el estrechamiento de los vínculos culturales. 
Pero me preocupo cuando nuestros socios ACP nos alertan sobre la permanente erosión que sufren los acuerdos de Lomé, mediante la concesión de preferencias comerciales en todas direcciones, y particularmente sobre los efectos devastadores del SPG «Droga». 
Hoy conocemos las consecuencias nefastas de este sistema de preferencias arancelarias generalizadas, concebido con las mejores intenciones. 
No sólo no ha contribuido a detener significativamente la producción de droga, sino que, además, ha destruido sectores enteros de la horticultura y de la pesca europea. 
Me preocupo asimismo cuando la evolución de nuestras relaciones comerciales se presenta como si debieran desembocar obligatoriamente en una zona de libre comercio intercontinental, incluso si dicho enfoque aún está formulado de manera bastante vaga. 
Si la verdadera intención de la Comisión es aplicar un conjunto de acuerdos comerciales y arancelarios, que constituyen un marco transatlántico de libre comercio que duplica la eliminación de los derechos de aduana multilaterales aceptados en los acuerdos del GATT, que se nos aclaren las razones, las ventajas, los inconvenientes, los costes y los beneficios de ello. 
¿Cuáles serán sus consecuencias con respecto al empleo en Europa? 
¿Qué contrapartida pediremos a nuestros socios? 
¿Se pueden evaluar las consecuencias de estos acuerdos en el sector agrícola, cuando conocemos la productividad de este sector en América del Sur, sus costes de mano de obra y sus modelos sociales y medioambientales? 
Por todas estas razones, señor Presidente, el Grupo por la Europa de las Naciones, sin dejar de reconocer la calidad del trabajo realizado por el Sr. Bertens, estará muy vigilante con respecto a las propuestas concretas que, sobre esta base, elaborará la Comisión Europea. 
Señor Presidente, la escasa atención que la Unión Europea ha deparado en los últimos años a los países de América Latina, vuelve a suscitar la cuestión de la falta de una estrategia exterior global por parte de Europa, al menos desde el punto de vista político, comercial y de la seguridad. 
No cabe duda de que la Comunicación de la Comisión al Parlamento tiene al menos el mérito de haber planteado, después de años de culpable silencio, la exigencia de relanzar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, mientras que al ponente, Sr. Bertens, ha de reconocérsele el valor de haber enfocado y puesto en evidencia las carencias y los límites de la Comunicación del Ejecutivo, así como de haber propuesto soluciones serias y concretas. 
Es un craso error considerar a América Latina- como se la ha considerado hasta la fecha- uno de los muchos interlocutores transoceánicos con quien mantener relaciones basadas en programas a menudo vagos y poco innovadores. 
Sólo la miopía política podrá impedir a la Unión Europea y a sus Estados miembros considerar a América Latina como una zona geográfica de gran importancia, al menos desde el punto de vista político y cultural. 
A los motivos estratégicos, si me lo permiten, yo añadiría características históricas, culturales y lingüísticas comunes que convierten a ese subcontinente en la tierra con más carácter europeo entre dos Océanos: millones de italianos, españoles, portugueses- para ofrecer algunos ejemplos- viven desde hace generaciones en dichos países, es decir, millones de emigrantes europeos que comparten con la población local la lucha contra la pobreza y la marginación social. 
Y mientras Europa continúa sin desempeñar su papel de socio privilegiado, el espacio de esta pasividad es ocupado rápidamente por los Estados Unidos que garantizan a América Latina el 43 % del comercio y el 75 % de las inversiones directas extranjeras. 
Por consiguiente, es preciso recuperar el tiempo perdido. El Ejecutivo europeo y el Consejo deben implementar un programa de acción global relativo a la Política Exterior y de Seguridad Común con América Latina, que deje de ser abstracto y genérico; una política de cooperación económica para los próximos cuatro años dotada de suficientes recursos financieros, frente a los actuales 1.340 millones de ecus, así como un esfuerzo común en la lucha contra el tráfico de drogas y en favor de las acciones humanitarias, sociales y culturales. 
En cualquier caso, Europa debe hacerse reconocer el mérito de participar como protagonista en el proceso de evolución del continente latinoamericano. 
A lo largo de los próximo meses, vamos a comprobar si existen las condiciones y la voluntad política para hacerlo. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Bertens por su informe, porque es uno de los pocos casos en este Parlamento en el que se subraya la necesidad no sólo de reforzar las relaciones con los países de América Latina, sino también de repensar estas relaciones. 
América Latina, señor Presidente, es el pariente pobre de las relaciones exteriores de la Unión Europea. 
Como yo suelo decir casi siempre, América Latina no necesita dádivas, lo que necesita son oportunidades, y de los tres vectores por los que discurrirá la acción de la Unión Europea en los próximos años- el diálogo político, la cooperación y las relaciones comerciales -, yo pienso que es el diálogo político, con esta dimensión parlamentaria a la que se han referido otros colegas, el que va a marcar la pauta del desarrollo de estas relaciones. 
Porque fueron razones políticas y no económicas las que están en el inicio del diálogo de San José, porque fueron razones políticas y no económicas las que están en la consolidación del diálogo con el Grupo de Río y porque son razones políticas y no económicas las que han de marcar la pauta de una transición política en Cuba hacia la democracia en pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales, como ha pedido este Parlamento. 
Pero, sin embargo, con ser muy importante el diálogo político, señor Presidente, acabará reduciéndose a la nada y agostándose, si no se ve acompañado de unas acciones de cooperación que sustenten este diálogo político. 
Yo estoy muy contento de que el Sr. Bertens esté aquí porque ha estado presente también en el debate con la Presidencia holandesa donde no se ha mencionado para nada la prioridad de América Latina. 
Yo creo que es importante que, a la hora de votar los presupuestos, podamos hacer entre todos lo suficiente para que las enmiendas que se presentan- y le recuerdo al Sr. Bertens que el ponente general era un miembro de su Grupo -, puedan prosperar. 
En lo que se refiere a los aspectos comerciales, creo, señor Presidente, que los datos de las exportaciones europeas aparecidos a principios de enero y relativos al año 95 son muy satisfactorios. 
Pero no estimulamos la producción de los países latinoamericanos porque, al final, resulta que son competitivos en muchos productos y, en muchos casos, les cerramos nuestros mercados. 
Creo que podemos estar satisfechos por lo que se ha hecho, queda mucho todavía por hacer y reitero mi felicitación al Sr. Bertens por su informe. 
Señor Presidente, este debate ha confirmado que, hoy por hoy, América Latina se considera como la frontera del mundo, en el sentido de que no existe una cultura institucional, económica, social y artística que debe hacer las cuentas aquí y ahora con lo que hasta hace pocos años se consideraba el continente desaparecido. 
La interdependencia mundial es uno de los muchos interrogantes políticos que nos plantea América Latina. Y nos los plantea con doscientos millones de pobres, cada vez más pobres, en contraposición con un desarrollo vertiginoso que implica regiones cada vez más grandes de ese continente, y nos los impone con la subsistencia de un archipiélago de nacionalismo a menudo fuente de graves lesiones del Estado de Derecho frente a experimentos de regionalismo que también allí se van consolidando; nos los plantea con el retraso en muchos casos de la afirmación de un ordenamiento jurídico propiamente dicho, ante la expansión de una subjetividad civil muy sensible. 
Como Unión Europea debemos asumir estas contradicciones, conscientes de que el mundo se ha vuelto pequeño y que dichos contrastes son de cierta forma también nuestros. 
Es por ello que estoy de acuerdo con el Sr. Bertens en lo referente a tres puntos fundamentales: primero, el diálogo transatlántico europeo debe ser doble con el Norte y con el Sur; segundo, nuestra política en América Latina debe ser una política global, planificada según el sistema comunitario de los objetivos, plazos y medios; tercero, el marco ministerial debe ir acompañado por un marco interparlamentario, es decir, el marco específico en el que deben tener voz y voto los interlocutores de la sociedad civil y también el marco en el que los modelos regionales americanos que van afirmándose como, por ejemplo, Mercosur, deben hallar un equivalente y un apoyo en nuestro modelo regional parlamentario. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo acojo con satisfacción el informe y también la Comunicación de la Comisión. 
Considero importante seguir consolidando las relaciones entre la Unión Europea y el Continente latinoamericano, con objeto de evitar el riesgo de quedar desplazados por los Estados Unidos. 
Por otra parte, coincido con el ponente en que en la Comunicación de la Comisión se echan en falta propuestas concretas en muchos aspectos. 
Próximamente será urgente disponer de un plan de acción en este ámbito. 
Para ello es necesario mejorar las estructuras socioeconómicas en general, pero también es preciso elaborar un programa específico, encaminado en particular a la sustitución del cultivo de estupefacientes mediante políticas concretas de desarrollo de la economía agraria. 
Acojo con satisfacción el enfoque basado en el reconocimiento de que un mejor conocimiento del otro continente y el entendimiento mutuo son importantes para consolidar el Estado de derecho y promover la participación de la sociedad civil en el desarrollo de una estructura auténticamente respetuosa de los derechos humanos. 
Mis experiencias en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y en la Delegación para las relaciones con Sudamérica me han demostrado cuán importante es promover sobre todo el intercambio entre la gente joven. 
Por consiguiente, yo quisiera proponer que sigan ampliándose los programas existentes en el ámbito de la cooperación científica y tecnológica, en particular los dirigidos a las universidades, con objeto de ofrecer precisamente a los jóvenes y a los futuros científicos una oportunidad de participar activamente en la nueva asociación y de beneficiarse del intercambio de experiencias. 
En general, es necesario dotar a los estudios latinoamericanos de un enfoque que se proponga el examen comparado de los procesos de desarrollo europeo y latinoamericano, con objeto de dar cuenta tanto de las afinidades como de la diversidad de ambas cultura y de incorporar estos conocimientos a todas las medidas ulteriores. 
Sólo así conseguiremos que la cultura latinoamericana sea aceptada y tratada como una cultura autónoma. 
Antes de acabar, quisiera señalar otro aspecto que me parece mejorable: también en este caso, la tan criticada burocracia europea dificulta a menudo la puesta en práctica de buenas ideas. 
Es importante que se simplifiquen las modalidades de presentación de propuestas de proyectos y que se mejore la gestión de los programas de investigación. 
Sólo de este modo será posible garantizar un pronto examen de las propuestas y una rápida aprobación de los proyectos. 
Sr. Presidente, quisiera unirme en felicitar al Sr. Bertens y agradecerle que haya incorporado enmiendas que yo promoví dentro de la opinión sobre el presente informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Las enmiendas para garantizar los principios del desarrollo afianzan nuestras relaciones con todos los países de América Latina, poniendo de relieve la gravísima repercusión social de las políticas de ajuste estructural, apoyando una participación mucho mayor de la sociedad civil en nuestro diálogo y nuestros acuerdos, así como el sensible tema del acceso comercial equitativo para productos elegidos por los propios países, no por nosotros. 
Me gustaría decir además que estoy muy de acuerdo con los comentarios del ponente sobre la importancia de un desarrollo alternativo como parte de la lucha contra el problema de las drogas, y que tendríamos que desear éxito al programa de desarrollo alternativo en Bolivia de financiación europea que se anunció a finales del año pasado, el programa de este tipo de mayor trascendencia hasta el momento. 
Sin embargo, lamento que en la resolución de esta noche no nos haya parecido prioritario incorporar otras dos de mis enmiendas para apoyar programas destinados específicamente a las mujeres, que incluyan derechos relativos a la reproducción, y para reiterar nuestro compromiso con el Convenio 169 de la OIT y combatir el abuso manifiesto de los derechos de la poblaciones indígenas que se sigue produciendo en casi todos los países de la zona. 
También querría sumarme al ponente cuando pregunta a la Comisión hasta qué punto se van a aplicar de forma concreta unos conceptos imprecisos. 
En el considerando C decimos ¿de qué sirven las cláusulas democráticas y sociales en nuestros acuerdos cuando no parece que se intente hacer un seguimiento de las mismas y hacerlas cumplir? 
En el considerando I pedimos la protección del medio ambiente y, sin embargo, Europa sigue apoyando grandes proyectos hidráulicos en nombre del desarrollo, uno de los cuales- según dicen las comunidades locales y las ONG- devastará uno de los entornos de mayor extensión y valor de la región. 
Hay 200 millones de personas en la región que viven en la pobreza. 
¿Hasta qué punto es esto compatible con la propia declaración del Comisario Marín a la Comisión de Desarrollo el 29 de octubre pasado de que los países de Mercosur han sido tachados de la lista de ayuda al desarrollo para concentrarse en países más pobres como Bolivia y Perú? 
Un país aparentemente rico como Brasil tiene más población pobre que cualquier otro país de este planeta y Europa no puede callarse ante ello. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar agradecer al Sr. Bertens su informe donde pone de manifiesto algo que por parte de la Comisión no hay ningún inconveniente en aceptar. 
Todo lo que sea reforzar las relaciones con América Latina, darles más contenido, aumentar la presencia europea, garantizar la calidad y cantidad de nuestras relaciones políticas, económicas, financieras, comerciales, culturales, es algo que tiene que constituir una tendencia natural de la Unión Europea, teniendo en cuenta las vinculaciones históricas, culturales para unos, económicas y comerciales para otros. 
En realidad, la comunicación que hizo la Comisión relativa a la forma en que vamos a llevar nuestras relaciones en el último quinquenio del siglo, no es sino una guía práctica que pretende señalar lo que va a ser el alfa y omega de nuestra actividad. 
Mucho más que lanzar nuevas ideas en este momento respecto a América Latina, lo que va a pretender la Comisión es poder consolidar el ingente trabajo que se ha hecho, particularmente en los dos últimos años, cuando hemos producido una renovación completa desde la Convención de San José hasta las distintas integraciones regionales. 
¿Qué sentido tendría ahora lanzar nuevas iniciativas cuando la renovación del Acuerdo de San José se ha hecho en el Consejo de Ministros de Florencia del último semestre del año pasado? 
¿Qué sentido tienen nuevas ideas cuando todavía estamos en la fase del diagnóstico para el lanzamiento definitivo de las negociaciones con MERCOSUR, con Chile, la nueva opción que se ha abierto para la Comunidad andina, y estamos tratando de encontrar una fórmula negociadora respecto al último acuerdo que queda que es el relativo con México? 
Yo preferiría, en los próximos 3 ó 4 años, consolidar el trabajo que se ha hecho, que ha sido muy importante porque, en definitiva, no es sino hace escasamente 2 ó 3 años cuando la Unión Europea ha ido perfilando una estrategia mucho más específica respecto al continente latinoamericano. 
Como ha dicho el Sr. Cabezón, América Latina no es un concepto homogéneo. 
Hay muchas Américas Latinas. 
En consecuencia, se imponía un trabajo mucho más flexible con el que, guardando exclusivamente el nivel horizontal del Grupo de Río como foro de diálogo político especializado, la Unión Europea ofreciera del Norte al Sur de América Latina una plataforma de cooperación adecuada en función de las necesidades regionales, territoriales y políticas, y del grado de desarrollo económico de esos países. 
Así, empezamos a perfilar un esquema de integración subregional que poco a poco hemos ido alimentando, pensando que hemos establecido un trabajo de pioneros. 
No existe antagonismo entre la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea en el tema relativo, por ejemplo, al NAFTA. 
Con el NAFTA, señor Bertens, estamos muy tranquilos. 
Desde hace 3 años, el NAFTA no se ha extendido a ningún otro país de América Latina. 
En los últimos 3 años la Unión Europea ha hecho MERCOSUR, Chile, un nuevo San José, un acuerdo con México, un nuevo SPG agrícola. 
Tendremos que revisar las cifras, pero utilizando las cifras de la OCDE, la Unión Europea, en los últimos 3 años y en términos de cooperación al desarrollo, supone ya el 61, 5 %. 
Después viene el Japón con el 19, 5 % y, en tercer lugar, los Estados Unidos con un 14 %. 
Será muy difícil reprochar a la Unión Europea no ocuparse suficientemente del continente latinoamericano cuando, ya en las cifras OCDE del año pasado, estamos representando el 62 %, y todavía mucho menos buscar un factor de imitación respecto a los Estados Unidos, al que incluso Japón superó ya el año pasado, y supone escasamente un pequeño 14 %. 
No se puede reprochar eso a la Unión Europea porque el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy notable y muy considerable. 
En lo que sí le doy la razón, señor Bertens, es en que, siendo el principal factor de cooperación con un 62 %, esto no se sepa, o se sepa muy poco. 
En eso, le doy la razón. 
Pero ¿en qué consiste la visibilidad en el mundo en que vivimos? 
Para ser visible y estar presente en la comunicación mundial se necesita, además de buena voluntad, dinero, dinero y dinero. 
Y es muy difícil que la Unión Europea pueda tener visibilidad en lo que hace si los instrumentos de comunicación- que en una sociedad mediática como la actual son elementales -, simplemente son muy frágiles. 
Independientemente de esto, y en relación a nuestra acción exterior, usted ha llegado a proponer en su informe hasta 22 medidas, relativas a la PESC y al diálogo político; yo rezo para que en el Tratado de Amsterdam este tema se resuelva porque no es precisamente en el capítulo PESC donde la Unión Europea tiene una mayor credibilidad. 
En segundo lugar, tampoco puedo aceptar, como se ha dicho, que hayan disminuido las relaciones de tipo financiero y comercial, porque, insisto, esto no responde a los datos de la OCDE. 
En este momento, respecto a América Latina, la Unión Europea es el primer interlocutor comercial en nueve países, y es el segundo en ocho países. 
Entre aquellos nueve países están los más importantes en términos económicos, me estoy refiriendo a MERCOSUR, Chile, etc. etc. 
En términos comerciales, los flujos entre los dos continentes han aumentado, en los últimos tres años, en un 40 %, lo que es espectacular. 
Y en términos de stock, el incremento de las inversiones directas europeas en sectores productivos en los últimos años ha sido simplemente espectacular. 
Algunos países de la Unión Europea incluso han podido multiplicar por 3 sus inversiones directas productivas, y no necesito citar ejemplos que aparecen en los medios de comunicación todos los días. 
De nuevo, quiero plantear el tema de la complementariedad con la política de los Estados Unidos. 
Este año, señor Bertens, este año de 1996, Estados Unidos nos ha superado en inversiones, pero usted sabe que hay inversiones directas productivas y hay fondos de inversiones. 
Y la Unión Europea sigue siendo el socio más importante de América Latina, y de ahí la calidad de nuestra cooperación en inversiones directas productivas, es decir, capital que se invierte, que crea riqueza, crea puestos de trabajo y crea desarrollo. 
Ojo, pues, al analizar la estadística OCDE en materia de flujos financieros, porque los flujos financieros no siempre son equivalentes a procesos de desarrollo porque se trata simplemente de capitales golondrinas que van y vienen al calor o frío de los tipos de interés. 
Yo creo que queda mucho por hacer, sin duda, pero no tenemos que reprocharnos nada en un salto que yo califico de espectacular en algunos sectores. 
En términos económicos, las cosas han ido bien y ahora tenemos que desarrollar lo que hemos iniciado en los últimos años. 
Hay un dato del cual se ha hablado poco pero que a mí me parece esencial en relación con América Latina. 
Sin duda el diferencial del continente ahora es positivo y Latinoamérica no es el continente ni de la inflación galopante, ni de las juntas militares, ni de la deuda comercial. 
Hay estabilidad política, se ha progresado mucho, hemos asistido a procesos de paz, se ha pagado la deuda comercial. 
El problema de América Latina para el próximo siglo, que es muy importante y creo que tendremos que hablar de él en el futuro, es la deuda social. 
Latinoamérica no ha pagado su deuda social. 
Hay mucha pobreza, hay mucha marginación. 
Los niveles de incremento de la riqueza son espectaculares, 7 u 8 %, a veces, de media para todo el continente, y se parece al modelo asiático en ese sentido. 
Pero mucho me temo que esa riqueza no termina de repartirse correctamente. 
Creo que esa es de verdad la asignatura pendiente del continente Latinoamericano para el próximo siglo. 
Se ha ajustado económicamente, se ha ajustado financieramente, se está ajustando «políticamente» por entendernos. 
Habrá en el futuro que preocuparse de la estabilidad interna del propio continente, y eso se llama lucha contra la pobreza porque, si no, será difícil poder mantener los logros económicos y políticos conseguidos en los últimos años. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0418/96) del Sr. Carnero González, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo (COM (95) 0600- C4-0102/96) relativa a la renovación del diálogo de San José entre la Unión Europea y Centroamérica. 
Señor Presidente, bastaría un rápido vistazo para comprobar que de la Centroamérica de principios de los ochenta a la Centroamérica de mediados de los noventa media una gran distancia. 
En efecto, de un itsmo plagado de regímenes militarizados, conflictos armados abiertos y violaciones continuas de los derechos humanos, hemos pasado a una región en la que dan sus primeros pasos sistemas políticos pluralistas fundamentados en el sufragio universal, se respetan cada vez más los derechos humanos y se han establecido acuerdos que han hecho acallar las armas y entronizado la reconciliación nacional como principio y también como objetivo. 
El fin de la Guerra Fría y, desde luego, el propio esfuerzo de los centroamericanos están en la base de esos cambios hacia mejor, de la oscuridad hacia la esperanza. 
Pero ahí ha contribuido también la acción de la Unión Europea, enmarcada desde hace más de una década en el denominado proceso de San José. 
Este proceso es una de las acciones exteriores de la Unión que con más razón puede situarse en el haber del balance de las actividades de la misma. 
Sobre todo teniendo en cuenta que su lanzamiento y primeros pasos y, en fin, su mantenimiento, se hicieron y se han hecho en las adversas condiciones de la agresiva política de los Estados Unidos que caracterizó la llamada era Reagan. 
Pero el éxito no puede impedirnos constatar que en Centroamérica queda mucho por hacer, tanto en los terrenos políticos como socioeconómicos, para alcanzar una situación suficientemente aceptable. 
Es preciso consolidar la democracia fortaleciendo el Estado de Derecho y consiguiendo un pleno respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, lo que exige, entre otras cosas, la construcción de poderes judiciales independientes desde los que combatir eficazmente el execrable fenómeno de la impunidad. 
También será necesario que la Unión Europea contribuya al cumplimiento y la aplicación de los acuerdos de paz firmados, el último de los cuales lo ha sido el pasado 29 de diciembre entre el Gobierno de Guatemala y la comandancia de la URNG, lo que ha constituido, sin duda, una magnífica noticia. 
Sobre todo, será imprescindible hacer frente a las enormes deficiencias económicas y sociales que provienen del mantenimiento del subdesarrollo y tienen como consecuencia el aumento de las desigualdades, la pobreza, la marginación y también la exclusión. 
Tendremos no sólo que renovar el diálogo de San José sino fortalecerlo y ampliarlo al máximo, subrayando sus fines básicos y poniendo cuantos instrumentos sean necesarios para alcanzarlos. 
Entre esos fines deben figurar, además de los antes referidos en los ámbitos políticos y sociales, dos que a su vez los engloban: la correcta y aceptable inserción de América Central en la economía internacional, no a través de políticas de ajuste y de regulación, sino a través de estrategias favorecedoras de modelos de desarrollo humana y ecológicamente sostenibles, y el impulso de la propia integración regional. 
En todos esos sentidos van las diferentes propuestas contenidas en el informe que presento en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, pero me gustaría subrayar algo más. 
La elaboración de un programa de acción global de la PESC para América Central, dotado de medios suficientes, al igual que el pertinente acuerdo marco de cooperación, debería ir acompañado de un protocolo financiero que incluya un sustancial incremento de recursos asignados a la colaboración con Centroamérica. 
Ese programa debería incluir medidas de modernización y profundización del Estado de Derecho, que se dirijan, por ejemplo, a la lucha contra la impunidad, la promoción de los derechos humanos, el apoyo a refugiados y retornados, el control democrático de las fuerzas armadas y la reducción del gasto militar, así como la protección de los pueblos indígenas y de sectores como la mujer; la extensión al sector industrial centroamericano del nuevo sistema de preferencias generalizadas del que disfrutan los países del Pacto Andino; la condonación, al menos parcial, de la deuda externa de los países de la región; el necesario impulso de la lucha contra el narcotráfico y, en fin, todas aquellas medidas que permitan aumentar la calidad de vida y también avanzar en la igualdad luchando, como decía antes, contra la pobreza, la exclusión y la marginación. 
Asimismo, al posicionarnos en pro de la intensificación del diálogo político entre la Unión Europea y Centroamérica, debemos sugerir que tomen parte acrecentada en el mismo tanto el Parlamento Europeo como el PARLACEN, únicos parlamentos en el mundo que han sido elegidos con carácter supranacional de manera directa, y que se cree un foro consultivo de la sociedad civil en el que iniciativas como las del ICIC e instancias como CIFCA puedan ser recogidas o participar. 
No debemos olvidar tampoco nuestros deseos de que la Comisión Europea sea dotada en este campo de los medios humanos y materiales para llevar a cabo su labor de la mejor manera posible. 
Señor Presidente, creo que continuando la positiva labor realizada hasta el momento, hoy es necesario impulsar, continuar y culminar un trabajo que no ha de relajarse porque entre Centroamérica y Europa queda todavía un gran trabajo por llevar a cabo. 
Señor Presidente, la aportación hecha por la Unión Europea a través del diálogo de San José para acabar con la horrendas guerras civiles en Nicaragua, el Salvador y, más recientemente, en Guatemala es considerable y demuestra con bastante claridad el papel positivo que puede desempeñar la Unión Europea en la escena mundial. 
Irónicamente, sin embargo, el advenimiento de la paz significa que probablemente disminuirá en picado la atención prestada en este área, pese a que muchos de los problemas subyacentes no se han resuelto en absoluto. 
El presente informe es importante porque señala las necesidades básicas en la región y especifica de forma clara las políticas que debería seguir ahora la Unión Europea. 
El proceso de San José debería seguir ofreciendo la oportunidad de intercambiar puntos de vista y debates no sólo por medio de las conferencias- en dos de las cuales he tenido la ocasión de hablar en nombre del Parlamento- sino también de una mayor participación de la sociedad civil en la región. 
Es esencial que se den todos los pasos posibles para dedicar atención a la prevención de nuevos abusos de los derechos humanos y oponerse a que se corra un velo sobre los que ocurrieron en el pasado por medio de amnistías generales y medidas por el estilo. 
Se debe también concentrar esfuerzos en los temas sociales. 
Hay ingentes cantidades de personas- sobre todo de las poblaciones indígenas- afectadas por la pobreza. 
La mitigación de la pobreza, la atención sanitaria y la reforma educativa son cuestiones esenciales y no pueden conseguirse mediante soluciones neoliberales impuestas desde fuera. 
Está claro que la integración regional redunda en beneficio de la población, pero no si no se adoptan medidas especiales para defender los intereses de todos los que son vulnerables. 
El problema de la deuda y la necesidad de proteger el medio ambiente son otras cuestiones que no hay que pasar por alto ni olvidar. 
El presente informe señala la forma en que debieran desarrollarse las políticas. 
La Unión Europea puede, y debe, desempeñar todo el papel que le corresponde en la región. 
Señor Presidente, gran parte de cuanto se ha dicho sobre el informe del Sr. Bertens también es aplicable, naturalmente, al informe del Sr. Carnero González. 
Yo me limitaré, por lo tanto, a exponer algunas observaciones sobre el problema específico de la región que nos ocupa. 
Centroamérica ha sido objeto a lo largo de los años, aún en mayor medida que Sudamérica, de vivos debates en el marco de esta Cámara entre los partidos europeos y sus interlocutores centroamericanos sobre el camino correcto a seguir. 
Actualmente, en la mayoría de estos países impera la democracia y la paz. 
Un presidente democráticamente elegido acaba de tomar posesión de la segunda Presidencia libremente elegida en Nicaragua y la UE ha suscrito un acuerdo con Nicaragua cuyo objetivo es apoyar la reforma del sistema educativo y de la administración de justicia. 
El diálogo entre América Latina y la UE iniciado en el marco del Diálogo de San José y los resultados conseguidos desde 1984 han sido sin duda uno de los pocos ejemplos de una política exterior común realmente exitosa. 
El acuerdo marco suscrito por los países signatarios del Tratado General de Integración Centroamericana en 1993 constituye una importante piedra angular de la cooperación. 
Es preciso proceder a su renovación y modernización. 
Desde luego, falta establecer un diálogo interparlamentario institucionalizado, que el PE también desea en este ámbito. 
No obstante, junto a los aspectos positivos o que al menos han mejorado, subsisten también algunas sombras: el alto nivel de endeudamiento, las condiciones económicas desfavorables, los contrastes sociales, la reintegración de los refugiados retornados, el desempleo, la integración, no siempre lograda, y la reconversión de las antiguas fuerzas armadas, por un lado, pero también de los ex-combatientes de la resistencia, por el otro, ponen en peligro a las democracias todavía no consolidadas. 
Siguen cometiéndose atentados contra los derechos humanos. 
En el Parlamento Europeo nos hemos ocupado repetidamente de estas cuestiones, como por ejemplo también el tema de los niños de la calle en Guatemala. 
Sin embargo, precisamente este país acaba de iniciar ahora un proceso de paz, por el cual deseamos felicitar una vez más desde aquí a las partes negociadoras. 
Acogemos con satisfacción dicho proceso y lo apoyamos. 
No obstante, la tarea más ingente está asociada a su aplicación. 
Después de años de acciones militares, de terrorismo, de incontables muertes, de desconfianza debe iniciarse ahora conjuntamente un camino que no será fácil. 
A la Unión Europea le corresponde actuar también como un instrumento de concertación adecuado a través de la Comisión Mixta. 
No podemos permitir que decline la cooperación con el Gobierno y los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales. 
Debemos desarrollar iniciativas en favor del Estado de derecho y de una justicia independiente, de los derechos humanos y de su cumplimiento por la policía y las fuerzas armadas. 
Es absolutamente necesario que llegue a constituirse una sociedad civil que en verdad esté dispuesta a asumir también directamente unas tareas y una responsabilidad políticas y a resolver los problemas económicos y sociales. 
Desde aquí debemos contribuir a ello con programas en favor del desarrollo comunitario, de la descentralización, de la reforma agraria, de la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, que no pueden concebirse sólo como respuesta a situaciones de crisis. 
Este debe ser en efecto nuestro programa, puesto que no conseguiremos que la citada sociedad civil asuma su responsabilidad si nosotros no la apoyamos desde la Unión Europea. En tal caso, de nada habrán servido las bellas palabras pronunciadas aquí en el Parlamento. 
Solicitamos, por consiguiente, a la Comisión que en verdad respalde también dicho programa. 
Señor Presidente, hay ocasione en las que cabe comprobar con satisfacción que las cosas andan bien en este mundo y es éste el caso en América Central. 
Hace diez años me tocó servir de ponente encargado de informar sobre los conflictos armados en Nicaragua y en El Salvador y hoy, por el contrario, es la paz la que incluso ha estallado en Guatemala. 
Ahora que reina la paz, resulta también importante que se proceda a consolidar la democracia y el Estado de Derecho. 
El diálogo entre la Unión Europea y América Central ha arrojado ya sus frutos. 
Los resultados positivos podrán incrementarse a condición de que la Comisión apruebe la propuesta del colega Carnero contenida en su excelente informe y relativa a la instauración en particular de un programa plurianual más detallado para Centroamérica. 
En ese caso, a mi parecer, deberemos velar principalmente por que el mayor número posible de actores sociales, por ejemplo el movimiento sindical, tengan la facultad de participar en la ejecución de dicho programa. 
Porque la importancia de esta participación no la comparten enteramente la mayoría de los gobiernos de la región. 
En Guatemala, por ejemplo, el año pasado llegó a prohibirse completamente una organización sindical de funcionarios. 
Sería absolutamente lamentable, y a este respeto me sumo a las declaraciones del Sr. Comisario en su apreciación de hace un momento del informe del Sr. Bertens, que en América Central sucediese lo mismo que en el resto de América Latina, a saber un aumento del crecimiento sin una repartición equitativa del mismo. 
La situación de la gente sigue siendo desfavorable. 
El Comisario Marín ha acertado cabalmente al señalar que no es ésta la manera de actuar. 
Espero por consiguiente que la Comisión no pierda de vista la necesidad de dar inicio al diálogo social, que los sindicatos participen en el mismo, aunque igualmente los empresarios. 
Puede parecer tal vez sorprendente, pero también los empresarios carecen del más mínimo nivel de organización en América Latina. 
Es decir, que un diálogo social tal como el que conocemos en Europa entre trabajadores y empresarios sería la mejor solución. 
Observo con satisfacción que no sólo se halla presente el Sr. Comisario, especialista en las cuestiones de América Latina, sino además el nuevo Vicepresidente del Parlamento, que a su vez es un colega de mi grupo político. 
Espero que este informe del Sr. Carnero encuentre una resonancia positiva en el seno de la Comisión. 
Señor Presidente, el diálogo de San José se ha convertido en un modelo de política integrada de la Unión Europea y, por consiguiente, desvalorizarlo y reducirlo a un simple experimento de cooperación al desarrollo sería un error por nuestra parte y por parte de los países del istmo. 
Si hoy América Latina es fundamental en las grandes directrices del progreso mundial, dichos países se hallan en el centro del centro y constituyen el eslabón más sensible y frágil, a la par que decisivo, de nuestra política que, en consecuencia, debe considerarse en este caso en su sentido más amplio: PESC, por lo tanto, y según nuestra terminología, y no sólo cooperación. 
Si seguimos por esta vía, señor Comisario, el apoyo de este Parlamento será total. 
Ello significa que con relación a América Central hace falta tener ideas y un plan, cuyos objetivos económicos e institucionales deben ser coherentes y coordinados. 
Las directrices de este plan deben ser tres: en primer lugar, el impulso en favor de la regionalización como única forma institucional adecuada para aprovechar los efectos positivos de la globalización y atenuar los efectos negativos de la misma. En segundo lugar, el impulso en favor de un regionalismo parlamentario que representa el sistema más moderno para llevar a cabo una política de respeto de los derechos humanos y políticos en dichos países y para englobar el diálogo social, y al respecto es francamente deplorable que en la Declaración de Florencia no se haya hecho mención alguna al PARLACEN; y por último, ayudas orientadas preferentemente en beneficio de los municipios y las comunidades locales, bajo un atinado y profundo control de la Comisión y de este Parlamento, en el ámbito de sus competencias, a fin de impedir que asignaciones manipuladas creen nuevas tensiones en los países como Guatemala recién salidos de situaciones de guerra civil. 
Señor Presidente, señores parlamentarios, en primer lugar, quisiera agradecer al ponente, Sr. Carnero González, su informe. 
La Comisión lo comparte no sólo en términos generales, sino también en los aspectos específicos que ha señalado porque, en definitiva, lo que se pone de manifiesto en el informe del Sr. Carnero es, en primer lugar- y me remito a lo que señalaba antes en mi explicación sobre América Latina -, la necesidad de renovar y de rehabilitar el diálogo de San José que, en expresión de algún parlamentario, tal vez constituya, en su modestia, una de las acciones de política exterior más sólidas y convincentes que haya podido hacer la Unión Europea en el capítulo de las relaciones exteriores. 
Si se ve dónde estaba el diálogo de San José cuando se puso en marcha el Grupo de Esquipulas y lo que ha pasado en América Central, y el momento político en que nos encontramos actualmente, se puede considerar que, efectivamente, se ha dado un auténtico salto de gigante en materia de estabilización política del istmo centroamericano. 
Es verdad que el fin de la Guerra Fría ha ayudado y es verdad que con la paz en Guatemala se ha resuelto, en principio, el último conflicto de guerra civil que existía en los países del istmo. 
¿Cómo se ha hecho? 
El diálogo de San José se inició hace ya diez años, mantenido en plena Guerra Fría, sobre unas bases en que terminar con las guerras civiles, llegar a sistemas democráticos y hacer un esbozo de desarrollo económico constituían los ejes principales. 
América Central ha cambiado mucho en los últimos cinco años. 
Se han producido incluso situaciones muy difíciles y complicadas en el plano político que se han resuelto por vías democráticas, se ha puesto fin a guerras civiles. 
Y nos encontramos con el fenómeno de Guatemala: la próxima semana, los días 20 y 21, el comité consultivo de donantes se va a reunir en Bruselas, organizado bajo el patrocinio de la Comisión Europea, lo cual pone de manifiesto, no el protagonismo pero sí la participación cada vez más fuerte que estamos teniendo en procesos delicados como el proceso de paz. 
Por este motivo, había que darle a todo ello una nueva dimensión. 
Y de ahí el acuerdo de Florencia para una nueva visión de nuestras relaciones con América Central. 
Señor Carnero, lo que falta auténticamente en América Central es la idea de Estado. 
En consecuencia, nuestro objetivo fundamental, por decirlo muy brevemente, va a ser fomentar una cooperación descentralizada con la sociedad civil. 
Mi idea va a ser incluir progresivamente a las ONG, preferentemente locales. 
Los microproyectos- estamos haciendo en Bruselas ya casi 400 al año- nos cuestan mucho dinero, mucho trabajo y, por supuesto, son de difícil control desde Bruselas. 
Tenemos ideas, tenemos suficiente dinero, pero faltan funcionarios. 
En consecuencia, quiero derivar mucho pequeño proyecto hacia las ONG locales, concentrarnos en el Estado de Derecho, esencialmente parlamentos- vamos a colaborar en la reforma de varios parlamentos siguiendo el ejemplo piloto de Paraguay -, en la reforma de la administración del Estado, la Justicia, la administración fiscal y la administración financiera. 
Eso va a ser básicamente el elemento central de la cooperación en los próximos cinco años con objeto de que vaya cuajando la idea de que un Estado democrático necesita, antes que nada, tener un Estado que empiece a dar credibilidad a todos los procesos de paz y políticos de la zona. 
La respuesta que hemos tenido del otro lado del Atlántico ha sido verdaderamente extraordinaria y la prueba es que no hubo necesidad de insistir nada para que las autoridades guatemaltecas, el mismo día de la firma, nos propusieran organizar, bajo los nuevos parámetros de San José, el comité consultivo de donantes en Bruselas, lo cual va a hacer que, una vez más, la Unión Europea pueda pilotar- podemos hacerlo, porque son experiencias financieras relativamente modestas y sí tenemos gente para eso- este ejercicio. 
El problema de América Central, de una manera todavía mucho más aguda que en otros países de América Latina, es de nuevo la marginación y la pobreza. 
Y en este asunto, he llegado a la convicción de que en el continente latinoamericano, o se hacen Estados fuertes, democráticos y eficaces, o la ayuda al desarrollo es muy difícil que funcione. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
Protección de los datos personales y de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0415/96) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la posición común del Consejo (C4-0470/96-00/0288 (COD) ) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los datos personales y de la intimidad en relación con el sector de las telecomunicaciones y, en particular, la red digital de servicios integrados (RDSI) y las redes móviles digitales públicas (Ponente: Sr. Medina Ortega) 
Señor Presidente, yo querría decir que si quisiéramos buscar un nombre opaco, algo que fuera contra la transparencia, no hay otro nombre más divertido que el que tiene en este momento esta directiva o esta propuesta de recomendación de directiva, porque se llama, por lo menos en castellano- no sé como le sonará al señor Comisario en su idioma -, directiva relativa a la protección de los datos personales y de la intimidad en relación con el sector de las telecomunicaciones y, en particular, la red digital de servicios integrados (RDSI) y las redes móviles digitales públicas. 
Parece una cosa muy misteriosa y muy especializada. 
En realidad, lo que tenemos es una directiva para garantizar la protección de las personas en el ámbito de las telecomunicaciones. 
Y aprovechando que está aquí presente el Comisario, a mí me da la impresión de que al Comisario, en aras de ese principio de transparencia y de conocimiento del Derecho comunitario, lo más normal es que le parezca aceptable la modificación del título, en el sentido de la enmienda 2 de nuestro texto, que habla de la directiva relativa al tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. 
Creo que la enmienda 2 es una enmienda que ayudaría a comprender a los ciudadanos comunitarios de qué estamos hablando. 
Esta directiva es el complemento de otra directiva que aprobamos hace no mucho tiempo, que era la directiva sobre protección de los datos personales y de la intimidad en general, y aquí la aplicamos al ámbito de las telecomunicaciones. 
Otra enmienda simplificadora, que creo que el Comisario no tiene delante porque se refiere sólo a la versión española, es la enmienda 1, que sustituye la expresión «servicios públicos de telecomunicación» por «servicios de telecomunicación accesibles». 
En todo caso, yo diría que el trabajo que se ha hecho con respecto a esta directiva es bueno, nos hemos tomado tiempo, yo creo que era bueno tomarse tiempo porque las brumas se han ido disipando. 
La primera propuesta de comunicación de la Comisión es de 1990, y venía junto con la directiva general de protección de datos. 
El Parlamento se tomó su tiempo y concluyó su primer informe en 1992. 
Posteriormente la directiva sobre protección de datos siguió su propio camino, y quedó fuera la directiva sobre protección de datos en materia de telecomunicaciones. 
Concretamente, la propuesta modificada de la Comisión al Parlamento y al Consejo ya es del año 94, o sea, que hay cuatro años entre la propuesta inicial y la propuesta modificada. 
Por último, la posición común del Consejo es del año 96 y nos llega al Parlamento cuando las cosas están perfectamente claras. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos discutimos esto en el ambiente característico de nuestra comisión, que es un ambiente de bastante concordia por encima de las diferencias políticas, con la preocupación de garantizar la intimidad de las personas. 
Probablemente, la innovación más importante de esta directiva es que se aplica no sólo a la protección de las personas físicas sino también de las personas jurídicas. 
Lo que no tiene sentido ninguno, y creo que el Comisario estará de acuerdo conmigo, es hablar de subsidiariedad en este terreno. 
Es absurdo que, en el caso de una llamada telefónica de París a Londres, en un país se aplique una ley y en otro otra distinta, porque si tratamos de proteger la intimidad de las personas, lo normal es que se aplique la misma ley. 
Aquí no tiene sentido ninguno hablar de subsidiariedad. 
Yo mantengo que la razón por la cual a algunos políticos británicos les gusta tanto esa palabra es porque es una palabra muy difícil de pronunciar en inglés y que nadie sabe lo que quiere decir «subsidiarity». 
Si hay una llamada de París a Londres no tiene sentido que se aplique una ley en París y otra en Londres. 
Por tanto, la subsidiariedad está fuera de lugar y a esto va dirigida nuestra enmienda 7. 
No tiene por qué haber subsidiariedad. 
Esta directiva se diferencia de la otra directiva en que se aplica no sólo a las personas físicas sino también a la protección de las personas jurídicas, y a la Comisión de Asuntos Jurídicos no le ha parecido mal esta extensión de la protección. 
Pero lo que no tiene sentido ninguno es que en unos países puedan estar protegidas las personas jurídicas y en otros no, porque volvemos al mismo problema. 
Es decir, si una compañía multinacional llama de París a Londres, su comunicación puede estar protegida en París pero quizá no en Londres. 
Esto es absurdo y, por eso, algunas de las enmiendas van dirigidas a impedirlo. 
Aunque como ponente tengo que recomendar todas las enmiendas, voy a anticipar que algún Grupo político, concretamente aquél al que yo pertenezco, va a tratar de eliminar cualquier facultad legislativa del Estado que permita, por ejemplo, establecer una distinción entre competencias nacionales. 
En definitiva, nosotros creemos que se ha hecho un buen trabajo, creo que lo que nos quedan son cosas muy pequeñas, y proponemos unas cuantas enmiendas que simplifican la norma y que le dan un poco de racionalidad: no cabe la subsidiariedad y no caben diferentes legislaciones. 
Señor Presidente, la sociedad de la información equivale ya hoy a telecomunicación y transferencia de datos, que conjuntamente proporcionan un número casi ilimitado de posibilidades de comunicación. 
Las posibilidades son tan imprevisibles como numerosas, por lo que es importante proteger a los ciudadanos de los abusos y procurar que se mantenga un control democrático. 
Gracias al progreso de las telecomunicaciones es posible obtener y distribuir información personal, por ejemplo sobre los intereses de la gente, su orientación sexual, etc. También a Internet deben aplicarse normas que regulen la inviolabilidad de la intimidad, en lugar de prohibir indirectamente el acceso de algunos a la información para evitar que todos los que estén interesados puedan obtener información relativa a la intimidad de las personas. 
No obstante, no debe descartarse un control democrático razonable de la oferta de Internet, un control que vigile la oferta ilegal de información. 
Hoy es posible encontrar cualquier cosa en Internet, desde indicaciones para la fabricación de bombas y métodos de tortura hasta amenazas contra los empleados y pornografía infantil, información que puede distribuirse sin necesidad de indicar la dirección del remitente. 
Si deseamos acabar con la pornografía infantil, por ejemplo, debe exigirse una dirección, un código personal o algo parecido al ofrecer información en Internet, para que la entidad que la ofrece sea responsable de ella. 
El principio de libertad con responsabilidad debe regir en Internet. 
Señor Presidente, no es sólo el título, como ha dicho muy bien el ponente- quien ha desarrollado una encomiable labor en este informe, y la posición común que hoy nos ocupa es sin duda reflejo de un laborioso consenso -, sino que todo el texto es confuso y ambiguo, y resulta difícil reconocer en él aquel proyecto inicial sobre el que esta Asamblea se pronunció en primera lectura. 
Dicho lo anterior, es preciso insistir en que esta directiva se enfrenta a una situación compleja y delicada que demanda una urgente solución. 
Se inscribe en un espacio jurídico gravemente asimétrico en el que destaca la disparidad de las regulaciones nacionales, porque se proyecta sobre ese auténtico campo de batalla tecnológico y económico que son las telecomunicaciones. 
Y a ese panorama hay que añadir, además, los avatares de esta directiva. 
Ha entrado en vigor, entre la primera y la segunda lectura, la directiva general sobre protección de datos personales, con lo cual esta directiva pasa a ser una directiva sectorial, más orientada a la gestión de esos datos en el ámbito específico de las comunicaciones que a la protección real en la que se hace permanentemente referencia, y no podía ser de otro modo, a la directiva general. 
Además, frente al proyecto inicial, y lo ha señalado el ponente, en esta directiva se incluyen las personas jurídicas y también se hace una ampliación respecto de determinados servicios que no venían contemplados en la primitiva versión, por ejemplo, el vídeo sobre demanda y algunos otros servicios de este tipo. 
Ante este panorama, el Partido Popular Europeo apoyará mañana con su voto las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos con la modificación puramente técnica que supone la nº 12, presentada por el Grupo al Pleno. 
Unas tienen por objeto mejorar el texto, es decir, servir a la seguridad jurídica, y en este sentido destaco aquí la enmienda al título ya que, si el contenido ha cambiado, justo es que el título refleje ese cambio de contenido. 
Otras, como ha señalado el ponente, hacen referencia al correcto empleo del concepto de subsidiariedad. 
Y por último, las más tienden a preservar los intereses legítimos de los consumidores y de las empresas usuarias. 
También votará el Partido Popular Europeo por la supresión del párrafo tercero del artículo 12, y el correspondiente del considerando 20, pues entendemos que no tiene razón de ser aquí la distinción entre personas físicas y personas jurídicas en el tratamiento y la protección de sus legítimos intereses. 
Y por último, señor Presidente y señor Comisario, votaremos a favor de la enmienda nº 11, presentada por el Grupo Liberal, que estimamos necesaria, y no sólo en estricta aplicación de las exigencias del mercado único, que se compadecen mal con esa doble posibilidad abierta por el texto actual, sino también porque nos parece un compromiso más justo entre los intereses legítimos de las empresas y los intereses legítimos de la protección de los datos personales, de las personas y de los usuarios. 
Señor Presidente, como se ha dicho anteriormente, se están produciendo unos cambios muy interesantes en el sector de las telecomunicaciones. 
Por desgracia, me parece que estamos debatiendo la cuestión como si marcháramos de espaldas hacia el futuro; a veces establecemos unos requisitos muy desfasados. 
Hemos creado el concepto de «servicio público» o universal. 
Queremos que todos los ciudadanos tengan acceso a él de un modo equitativo, es decir a unos precios reducidos. 
Pero no existen «almuerzos gratis». 
Recordemos la situación de la Europa oriental, donde la gente creía que podía permitirse los «almuerzos gratis a cuenta de las dietas». 
Con este sistema son las generaciones futuras las que pagan el precio de los abusos. 
La Directiva que debatimos hoy aborda en menor medida la problemática, tratándola parcialmente en su artículo 8. 
La descripción del mercado de las telecomunicaciones que se da en este contexto, y en muchas otras directivas, no corresponde en absoluto a la situación que rige en los países miembros que están en una posición de vanguardia en cuestiones relativas a la liberalización de dicho mercado, por ejemplo los escandinavos. 
Puesto que tenemos situaciones dispares en los diversos países miembros, es muy razonable que se aplique el principio de subsidiariedad. 
También tenemos ejemplos de que los países escandinavos han ido lejos, y de que la libre competencia ofrece posibilidades de mejorar el servicio y de promover el equilibrio regional; en estos países han disminuido apreciablemente los precios de las llamadas nacionales e internacionales y la evolución del mercado ha sido vigorosa. 
Me permito aportar el dato de que el año pasado se vendieron 600.000 teléfonos inalámbricos en Finlandia, que tiene una población de 5 millones; los dueños de dicho aparato no son únicamente diputados finlandeses del Parlamento Europeo. 
Que en estos ámbitos donde destaca el desarrollo tecnológico, no cabe fijar unos requisitos obsoletos que permitan que se abuse de nuestros recursos, y que se modifiquen la capacidad competitiva de Europa. 
Por eso espero que se trate este aspecto en el debate. 
Señor Presidente, el sector de las telecomunicaciones crece, y es por ello vital que se puedan proteger los datos personales archivados en redes telemáticas digitales contra su uso indebido. 
No obstante, también es importante que los ciudadanos que lo deseen tengan acceso a los datos almacenados en diversos registros telemáticos. 
En mi opinión, el principio general debe ser el de la transparencia, es decir, que se haga público todo aquello que figure en las guías telefónicas, como números y direcciones de abonados, a menos que éstos adopten una decisión contraria. 
Lo que no es de dominio público debe especificarse debidamente, y el principio de la protección de datos personales no debe eliminar el derecho de todo ciudadano a tener acceso a la información. 
Todo esto está explícitamente reglamentado en el principio de información sueco, y las leyes de protección de datos personales han funcionado de forma excelente. 
No debe permitirse, en mi opinión, que la normativa armonizadora llegue hasta un punto donde ya no tenga vigencia el principio del acceso a la información. 
Es evidente que hay que prohibir la intervención de líneas telefónicas, y los abonados pueden tener un número secreto. 
En mi opinión, la configuración de una normativa detallada de tal magnitud debería producirse a nivel nacional. 
Señor Presidente, como bien sabrá la Asamblea, la propuesta inicial de esta directiva, como ha dicho el Sr. Medina Ortega, se remonta ya a 1990, y la propuesta revisada se presentó en 1994. 
Llegar a una posición común ha supuesto más tiempo de lo habitual, por no decir más, y ello, comprensiblemente, ha causado algunos inconvenientes a este Parlamento. 
En vista de este hecho, la Comisión está tanto más agradecida a la Asamblea por la actitud constructiva que ha demostrado tanto en la primera como en la segunda lectura; y está particularmente agradecida al ponente, Sr. Medina Ortega, quien también fue ponente de la directiva general sobre protección de datos personales, por su especial paciencia y por la forma perspicaz y productiva en la que ha tratado la directiva propuesta en segunda lectura. 
Al adoptar la directiva estaremos prestando un servicio tanto a los operadores económicos como a los consumidores. 
Evidentemente, es esencial que el sector de las telecomunicaciones, en rápida expansión, conserve la confianza de los usuarios, y es igualmente evidente que dichos usuarios tendrán que estar seguros de que la cantidad cada vez mayor de información que confían a las redes se maneje con absoluta integridad y no se utilice para ningún fin que ellos no pretendan ni deseen. 
Por otro lado, la concienciación pública sobre la intimidad y la protección de datos personales va en aumento y los Estados miembros han de responder eficazmente a unas preocupaciones legítimas. 
Para evitar grandes divergencias entre disposiciones nacionales que puedan obstaculizar la libre prestación de servicios en el mercado interior, es esencial garantizar que haya un acuerdo sobre un conjunto básico de principios que puedan respetarse en la práctica en toda la Comunidad. 
En resumen, debemos garantizar que la sociedad de la información ofrezca iguales oportunidades y beneficios mutuos para todos. 
En ese proceso, habrá que definir suficientemente los derechos básicos de los usuarios y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para todos los operadores. 
Esos son los principales objetivos de la presente directiva y, con este telón de fondo, paso ahora a dar las respuestas de la Comisión a las enmiendas propuestas. 
La Comisión considera que las enmiendas nos. 2, 3, 4, 6, 7, 10 y 12 son aclaraciones y mejoras útiles del texto y, por lo tanto, las acepta de buena gana. 
La enmienda nº 9 elimina la capacidad de los operadores de exigir un pago a los abonados por que sus datos personales no sean incluidos en la guía. 
La Comisión está de acuerdo con el Parlamento en que el abonado individual no tendría que pagar por el derecho a la intimidad y, por lo tanto, podemos apoyar la enmienda. 
He de decir a la Asamblea, sin embargo, que el resto de las enmiendas propuestas no son aceptables por motivos que- espero- la Asamblea encuentre racionales y con los que llegue a estar de acuerdo. 
En primer lugar, a propósito de la enmienda nº 5, he de recordar a la Asamblea que el proyecto de directiva autoriza a los Estados miembros a limitar la aplicación del artículo 11 sobre guías a las personas físicas, es decir, a los particulares. 
La razón clara de ello es que la facilidad ofrecida a las personas jurídicas, empresas comerciales, etc., para decidir si se las incluye o no en la guía no es un derecho humano fundamental, sino más bien un interés legítimo. 
Por consiguiente, se pensó que las disposiciones para atender al legítimo interés de las personas jurídicas no necesitaban tener el mismo carácter preceptivo que las que garantizaran el derecho a la intimidad. 
Además, los argumento a favor de que se ofrezca un mayor número de opciones gratuitas respecto a la forma de figurar en la guía serían menos poderosos en el caso de las personas jurídicas que, evidentemente, en el de los particulares. 
La enmienda que tenemos ante nosotros introduce un nuevo elemento, concretamente un derecho a la información por parte del usuario que no está contemplado en modo alguno en la esencia de la directiva y que, de interpretarse a contrario, parecería sugerir que en realidad se puede permitir que los Estados miembros obliguen a las personas jurídicas a aparecer en la guía. 
Esa no es la intención y sin duda introduce confusión en el tema. 
Así pues, por los motivos citados, la Comisión no puede aceptar la enmienda. 
Tampoco puede la Comisión aceptar la enmienda nº 8, por la sencilla razón de que contiene un error de redacción. 
Sin embargo, esta enmienda es sustituida por la nº 12, que la Comisión sí puede apoyar. 
En cambio no puede apoyar la enmienda nº 11. 
Ésta eliminaría la posibilidad de que los Estados miembros ofrecieran un mayor nivel de protección a los abonados individuales frente a llamadas indeseadas. 
La posición común permite que los Estados miembros elijan un sistema de inclusión o de exclusión voluntaria para las llamadas indeseadas realizadas con fines de venta directa. 
Esto quiere decir que los gobiernos pueden o bien prohibir dichas llamadas en general a menos que los abonados hayan indicado que no les importa recibirlas, o permitirlas en general aunque dando la posibilidad de que los abonados indiquen en una lista pública que no desean recibir llamadas indeseadas de venta directa. 
La Asamblea quizá recuerde que este enfoque también se ha adoptado sobre la misma cuestión en la directiva sobre venta a distancia debatida aquí hoy mismo. 
La Comisión no puede apoyar la enmienda porque eliminaría la posibilidad de elección en el nivel más elevado de protección y lo haría sin ninguna razón imperiosa que tenga que ver con el funcionamiento del mercado interior. 
En cuanto a la propuesta de suprimir el apartado 3 del artículo 11, la Comisión no puede apoyarla porque hay razones válidas para no aplicar las detalladas disposiciones relativas a la opción a la intimidad de las personas físicas de exactamente la misma manera que se aplicarían a las personas jurídicas, como ya he indicado en respuesta a otra enmienda. 
En el caso de las personas jurídicas, no es el derecho a la intimidad lo que está en juego, sino el legítimo derecho a decidir de qué forma quieren figurar en las guías. 
No tienen por qué necesitar las mismas posibilidades de elección que los ciudadanos particulares y no siempre se les podrá garantizar la oferta gratuita de todas las posibilidades. 
Por lo tanto, en el artículo 11 de la directiva propuesta se hace una diferenciación. 
La Comisión podría apoyar una aclaración del apartado 3 del artículo 11 explicando que en todos los casos habría que cuidar de los intereses legítimos de las personas jurídicas, pero no necesariamente de la misma manera que el derecho a la intimidad de las personas físicas. 
Dicho añadido al apartado 3 del artículo 11 podría decir lo siguiente: » En dicho caso, los Estados miembros deberán garantizar que haya suficientes posibilidades disponibles que tengan en cuenta los intereses legítimos de los abonados que no sean personas físicas por lo que se refiere a su inclusión en la guía». 
Como comentario final en relación con las enmiendas, la Comisión no puede apoyar la supresión del apartado 3 del artículo 12, una vez más porque hay razones válidas para no aplicar exactamente las mismas disposiciones a las personas jurídicas que a las personas físicas. 
Para aclarar brevemente los puntos en cuestión sería aceptable, desde el punto de vista de la Comisión, añadir una frase al tercer apartado del artículo 12 que dijera lo siguiente: » Los Estados miembros podrán limitar la aplicación de los apartados 1 y 2 a los abonados que sean personas físicas en la medida en que queden suficientemente protegidos los intereses legítimos de los abonados que no sean personas físicas y, en particular, los de las pequeñas y medianas empresas». 
Espero que, reconsiderándolo, los diputados de la Asamblea acepten el razonamiento de la Comisión sobre la minoría de enmiendas que no son aceptables. 
Espero asimismo que sea posible aprovechar la confluencia básica de las opiniones de la Comisión y del Parlamento y conseguir que la directiva sea aprobada muy a principios de este año. 
Doy las gracias al ponente y a sus compañeros por el trabajo que han dedicado para mejorar la directiva propuesta. 
Señor Presidente, el Comisario acaba de proponer una modificación oral a una de las enmiendas. 
Espero que se me haga llegar por escrito al objeto de poder formular nuestra opinión antes de la votación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Gestión del tráfico aéreo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0381/96) del Sr. Cornelissen, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el Libro Blanco de la Comisión (COM (96) 0057- C4-0191/96) «Gestión del tráfico aéreo- Liberalización del espacio aéreo europeo». 
Señor Presidente, esta semana he recibido las últimas cifras referentes a los retrasos en el tráfico aéreo. 
En noviembre del año pasado, más de un 20 % de los servicios de líneas regulares europeos registró un retraso de por lo menos un cuarto de hora. 
Temo que pese a las mejoras alcanzaddas en 1993 y 1994 los retrasos aumenten de nuevo en alto grado. 
Esto implica graves molestias para los pasajeros y un aumento considerable de los costes. 
Los especialistas señalan la posibilidad de ahorrar en este renglón un total de 2 500 millones de ecus al año. 
O sea que el actual despilfarro se eleva en realidad a 50 millones de ecus a la semana. 
Es evidente además que estos retrasos perjudican el factor seguridad, que constituye para todos nosotros la prioridad esencial. 
Conforme a ciertas evaluaciones, a consecuencia de las congestiones en el tráfico aéreo, se observa generalmente la presencia innecesaria en el aire de 60 a 70 aeronaves. 
Estas saturaciones dan lugar igualmente a un aumento de la contaminación atmosférica y de molestias sonoras. 
Las razones de estas congestiones no obedecen a una insuficiencia del espacio aéreo sino a una gestión absurda e ineficaz del espacio aéreo europeo. 
Esta gestión sigue estando en manos de los diversos Estados miembros. 
La supresión de las fronteras en el suelo ha significado un cierto adelanto, pero en el aire sigue triunfando el espíritu nacionalista. 
Vemos así que existen en Europa 49 centros de control del tráfico aéreo (ATC) , 31 sistemas nacionales, 18 suministradores de soportes informáticos, 22 sistemas operativos y 30 lenguajes de programación. 
Cabe reconocer no obstante que a raíz de la decisión, en 1988, de los ministros de la CEAC de estrechar la cooperación entre los países miembros, los resultados alcanzados han sido considerables. 
Es evidente que debemos proseguir por esa vía, bien que esto no resulte suficiente. 
Todo deja indicar que la navegación aérea habrá de aumentar de manera turbulenta. En los próximos diez años, los especialistas prevén la duplicación del tráfico aéreo. 
Una gestión que no tome en consideración esta vertiginosa evolución, unida además a una continua fragmentación del espacio aéreo, ejercerá gravísimas repercusiones. 
El Libro Blanco de la Comisión revela de manera harto evidente este riesgo. 
Se hace indispensable pues un enfoque europeo de la cuestión. 
Un sistema integrado de gestión del tráfico aéreo constituye la única solución duradera al problema. 
El espacio aéreo europeo deberá ser considerado como una unidad colectiva, sin fronteras nacionales, debiendo suprimirse igualmente las diferencias existentes entre los espacios aéreos civiles y militares. 
Tengo entendido que los ministros de la CEAC se proponen adoptar, el próximo 14 de febrero, una decisión relativa a la futura estructura institucional de la ATM europea. 
Habida cuenta las competencias de que dispone la Unión Europea en esta materia, desearía plantear al Comisario unas cuantas preguntas. ¿Cómo piensa garantizar los intereses comunitarios en esta cuestión? 
Me refiero a la necesaria distinción entre reglamentación y gestión. 
¿De qué manera se garantizará que la planificación y la repartición del espacio aéreo serán de la incumbencia de las autoridades nacionales? 
¿Cómo evitar que un Estado miembro impida, mediante veto, la puesta en aplicación de la reglamentación por otro país miembro? 
¿Cómo asegurar un control democrático a nivel comunitario? 
¿No debemos además establecer una convención en el marco de Eurocontrol que pueda aplicarse con mayor rapidez adaptándose a las transformaciones tecnológicas, políticas o económicas? 
¿Está dispuesto el Comisario a mantener informado al Parlamento en cuanto a las evoluciones registradas y a consultarnos de nuevo sobre las posibilidades de adhesión una vez que se dé a conocer el contenido de la nueva convención? 
En fecha reciente, Alemania y los países del Benelux han desarrollado un concepto de ATC integrado que hará posible un espacio aéreo con libre estableimiento de rutas en el espacio aéreo por encima de 30 000 pies. 
¿Está dispuesta la Comisión a fomentar ete tipo de iniciativas regionales encaminadas a mejorar a corto plazo la capacidad aérea? 
Se trata de una decisión de carácter indispensable, igualmente en aras de la seguridad. 
El año 1996 resultó el más desastroso de toda la historia de la navegación aérea en lo referente a la seguridad. 
Un total de 57 accidentes con más de 1 800 muertes, y estamos excluendo aquí los accidentes causados por acciones de sabotaje. 
También en provecho de la seguridad se hace indispensable una gestión del tráfico aéreo que incluya una más clara repartición de las competencias. 
Tras tantos años de discusión espero que los gobiernos de los Estados miembros asuman el coraje político de optar finalmente por los intereses de los ciudadanos. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, Sr. Cornelissen, por su informe sobre un tema complejo y difícil como es el del Libro Blanco sobre el control del tráfico aéreo. 
Hay que reconocer que el análisis que hace la Comisión en el Libro Blanco es un análisis completísimo y de un rigor extraordinario. 
Sin embargo, no tengo también más remedio, en honor a la verdad, que coincidir con el análisis que hace el ponente de que las soluciones que propone el Libro Blanco no están a la altura del brillante análisis que hace la Comisión. 
No se puede proponer, como una de las soluciones para este problema, que la Unión se adhiera simplemente a Eurocontrol. 
Todo el mundo sabe que Eurocontrol, y así quedó perfectamente claro en la audiencia que tuvimos en la Comisión de Transportes y Turismo, no pudo cumplir sus cometidos de garantizar un sistema armonizado del control del tráfico aéreo en Europa porque muchos de los Estados miembros retiraron los poderes supranacionales que en su día concedieron a la organización. 
Señor Presidente, siempre he dicho que estamos ante un problema grave y urgente. 
Grave porque afecta a los costes de explotación de nuestras empresas, que pagan de una manera muy onerosa la ausencia de un sistema armonizado del control del tráfico aéreo en Europa, y urgente porque cada vez que se produce una perturbación no sólo se producen pérdidas para nuestras empresas sino molestias incalculables para nuestros ciudadanos. 
Y creo, señor Presidente, que este tema hay que tomarlo muy, muy en serio. 
Hasta que no se acometa un deslinde de competencias claro y se llegue a un tipo de soluciones institucionales, políticas, administrativas, científicas y técnicas, no tendremos nada que hacer. 
Yo siempre digo, señor Comisario, que las competencias corresponden a la Unión Europea y tiene que asumirlas decididamente, que Eurocontrol tiene los medios pero no tiene las competencias y que la Conferencia Europea de ministros de Transportes ni tiene los medios ni tiene las competencias pero tiene muchas ideas. 
Le invito, señor Comisario, a que haga propuestas decididamente en la línea de preservar las competencias comunitarias y de intentar dar soluciones a un problema que afecta a los costes de nuestras empresas y a la paciencia de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, comenzaré felicitando al Sr. Cornelissen y manifestándole mi agradecimiento por los dos años y medio durante los cuales ha asumido con gran empeño la presidencia de nuestra comisión parlamentaria. 
Este informe constituye en realidad también la prueba de esa dedicación, bien que se trata de un tema del cual el ponente ha venido ocupándose durante años en el parlamento nacional y que ha venido luchando con tesón por una mejor gestión del tráfico aéreo. 
Sigue siendo empero lamentable el comprobar que hasta el presente dichos esfuerzos hayan resultado baldíos y que de la organización Eurocontrol, en la cual habíamos depositado inicialmente tantas esperanzas, en este caso específico podría afirmarse casi literalmente que es como si no hubiese sido puesta en pie en realidad. 
A ese respecto, desearía plantear una pregunta más detallada tanto al ponente como al Comisario y referente también al programa de la Presidencia neerlandesa que se nos ha presentado esta tarde. 
En ese documento figura concretamente como uno de los objetivos de la Presidencia del Consejo designar a la Unión Europea, en cuanto tal, miembro de Eurocontrol. 
No obstante, en el párrafo 17 del informe del ponente aparece otro texto. 
También el ponente afirma la necesidad de adhesión en nuestra calidad de Unión, aunque también señala en ese informe que en realidad deberíamos añadir algo más o bien crear una nueva organización en el seno de la Unión Europea. 
Desearía se me aclarase este punto, ya que en fin de cuentas es en aras de la eficacia y de la seguridad de los pasajeros que resulta absolutamente necesario que logremos una mejor reglamentación con menos de proteccionismo. 
Señor Presidente, procederé a algunas observaciones en un estilo más que breve. 
La imagen fragmentaria que arroja la actual gestión del espacio aéreo constituye un acuciante problema que encarece además esta gestión y es causa de onerosos retrasos. 
Aunque en nombre de la objetividad cabe reconocer además que las dificultades registradas en los aeropuertos y el fuerte crecimiento del tráfico aéreo juegan también en este contexto un importante papel. 
No obstante ello es indudable la necesidad de aspirar a un sistema adecuado de gestión. 
Estimamos que la proposición de la Comisión de establecer una distinción entre las actividades reguladoras y operativas de la gestión del tráfico aéreo aporta a tales efectos una positiva contribución. 
Además de ello, considero también prudente el deseo de la Comisión de aplicar exclusivamente la reglamentación a nivel supranacional. 
Es posible que los esfuerzos desplegados por el Parlamento de atribuir la ejecución de la gestión del espacio aéreo a una organización europea constituyen la solución más económica, aunque en realidad son las autoridades nacionales las que desean conservar el control del espacio aéreo en sus manos. 
Es decir que esta propuesta representa, no obstante, un paso de avance. 
Aunque es necesario que se hallen involucrados también los países de Europa Central y Oriental. 
Para concluir, señor Presidente, si en realidad se prevé para el año 2000 la duplicación del tráfico aéreo, no queda tiempo prácticamente para adentrarnos ahora en una discusión relativa a la significación que este hecho tendrá en la previsión de la infraestructura y en la degradación del medio ambiente. 
Señor Presidente, señor Comisario Kinnock, Señorías, el mercado único en el sector de transporte aéreo ha supuesto un crecimiento exponencial del tráfico aéreo, mediante el aumento constante de las rutas y de las compañías aéreas. 
Se prevé que en la primera década del 2000 dicho aumento va a duplicarse. 
El continuo aumento de operadores de aeronaves y la entrada en funcionamiento de nuevos aeropuertos ejercerán importantes presiones sobre el sistema europeo de tráfico aéreo y es sabido que, en la actualidad, las congestiones del tráfico en los aeropuertos representan un obstáculo para la libre circulación de personas y bienes. 
Este hecho nos empuja hacia consideraciones y propuestas adecuadas y, en mi opinión, la eficacia de los servicios de navegación aérea es una prerrogativa fundamental para la gestión del tráfico aéreo. 
Hasta ahora, la navegación aérea estuvo y sigue gestionándose a través de sistemas operativos nacionales. 
Desde hace tiempo, sin embargo, estas estructuras son inadecuadas con respecto a la demanda del volumen del tráfico y además dicha fragmentación sigue siendo la causa principal no sólo de incomodidades en términos de retrasos para los pasajeros, sino también de consecuencias negativas en términos económicos y de costes, tanto para las compañías aéreas como para las sociedades que operan en el sector. 
Asimismo, dicha fragmentación del control del tráfico aéreo menoscaba la seguridad de los vuelos sobre todo si se considera el elevado número de los cuasi accidentes y accidentes acaecidos hace pocas fechas. 
En consecuencia, es preciso tener la clarividencia necesaria para alcanzar una visión global de lo que va a ser el crecimiento en el sector del transporte aéreo en un próximo futuro. 
Por lo tanto, es cada vez más fuerte la exigencia de una gestión única del espacio aéreo europeo para optimizar su utilización a través de normativas y sistemas operativos de control uniformes. 
De hecho, a través de dicho instrumento se podrán definir normas comunes rigurosas a fin de mantener el nivel más alto posible de seguridad; se podrán armonizar los métodos y procedimientos de trabajo y cuantificar la asignación de las rutas aéreas sobre la base de la demanda de tráfico. 
Otros puntos importantes son la aplicación y el control de las nuevas tecnologías avanzadas como los sistemas digitales y por satélite que ofrecen un inmenso potencial de eficacia en el ámbito de la gestión del tráfico aéreo, así como las normas comunes para la formación de los controladores del tráfico aéreo. 
La Comisión, por su parte, se limita a efectuar un análisis de las actuales carencias del sistema y a recomendar la necesidad de separar las funciones reguladoras de las funciones operativas de la gestión del tráfico aéreo, así como la necesidad de que toda la Comunidad se adhiera al sistema de Eurocontrol. 
En realidad, nos esperábamos mucho más, esto es, que la Comisión desempeñara un papel fundamental. 
Por el contrario, en el Libro Blanco falta una estrategia realista a medio y largo plazo para crear un sistema único de control. 
En consecuencia, y sobre la base de estas consideraciones, coincido con lo manifestado por el ponente Sr. Cornelissen y deseo expresar mi aprecio hacia su informe y el trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de estos dos años y medio como presidente de la Comisión de Transportes. 
Señor Presidente, el informe es en realidad el resultado de un compromiso alcanzado por la comisión, ya que ha habido muchas votaciones. 
Las tres propuestas de resolución de la Comisión no me parecen satisfactorias. 
No obstante, opino que una de ellas sirve como punto de partida. 
El informe llega lejos, tanto en el ámbito técnico como en el político, y es muy extenso. 
En cualquier caso, una cosa queda totalmente clara para todos: hay problemas. 
En primer lugar, lo más importante es que se adopte una decisión política y que nos planteemos si hemos de seguir por ese camino. 
No podemos discutir el aspecto técnico. 
Debemos fomentar que el Consejo adopte una decisión política. 
Aunque haya diferencias sobre el aspecto técnico y hasta falta de voluntad, hemos de seguir adelante. 
El Parlamento debe estimular y apoyar a la Comisión en este trabajo y todos nosotros debemos seguir trabajando. 
En segundo lugar, la UE no es suficiente. 
No estoy de acuerdo con el ponente en esta cuestión. 
Lo que necesitamos no es un organismo democrático centrado únicamente en los quince Estados miembros; estamos hablando de toda Europa. 
Cuando me encuentro a una altura de 30.000 pies acercándome a la frontera de Polonia, el problema de seguridad sigue siendo el mismo. 
Por eso no podemos centrarnos únicamente en los quince Estados miembros. 
En tercer lugar, hay que mencionar las compañías aéreas que, en nombre de la competencia, contribuyen a empeorar la situación. 
Aunque tienen poco material y pocos empleados, asumen cada vez más operaciones, a pesar de que no pueden cumplir sus horarios. 
La congestión del espacio aéreo, señor Cornelissen, se debe a menudo a que los aviones no pueden salir del aeropuerto por falta de material. 
Las compañías intentan ahorrar todo lo que pueden, y eso les impide cumplir sus horarios de despegue. 
Las que disponen de suficiente material despegan a su hora. 
Ha de haber coherencia entre la facturación y las salidas. 
No es tolerable que seamos capaces de enviar gente a la Luna y a la estación espacial MIR, pero que no podamos garantizar la seguridad necesaria en nuestro propio espacio aéreo. 
Deseo suerte a la Comisión en su intento de presionar al Consejo para alcanzar una solución sensata. 
Señor Presidente, querría felicitar al Sr. Cornelissen como ponente. 
Espero que éste no sea el último informe que haga para la comisión parlamentaria. 
También doy la bienvenida al Sr. Comisario esta tarde y doy las gracias a la Comisión por sus propuestas. 
Sin embargo, tendría que haber más puntos comunes entre la Comisión y el Parlamento Europeo en nuestras propuestas. 
El Sr. Lüttge se ha centrado en un lenguaje único. 
Yo querría añadir a eso que tendría que haber mucha más compatibilidad entre los ordenadores y los diversos sistemas utilizados por los controladores del tráfico aéreo nacionales. 
Acepto la propuesta de la CEAC de que haya un modelo común de actuación con diferentes sistemas. 
Espero que el comisario no esté quizá interpretando mal intencionadamente- no es que yo esté sugiriendo ni por asomo que podría ser así- lo que estamos proponiendo en este Parlamento: es decir, no una estructura monolítica sino sencillamente un sistema único, pero con múltiples proveedores. 
Tendría que haber más en Europa de lo que vemos en Estados Unidos: un único sistema de control del tráfico aéreo, que deje a cada Estado miembro la libertad de organizar y dirigir sus propios servicios, pero con unas directrices y presupuestos establecidos conjuntamente. 
No obstante, la cuestión de fondo para todos los que viajamos- en particular los viajeros de negocios y los de ocio y turismo- es que la inversión requerida por los Estados miembros es urgente. 
El incremento del tráfico aéreo y de la cantidad de personas que utilizan nuestro sistema, ya sobrecargado, no puede esperar a que se establezcan dichos presupuestos. 
Recomiendo a la Asamblea las propuestas del informe del Sr. Cornelissen y espero que el informe obtenga un absoluto apoyo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, Sr. Comisario, quien como nosotros, en nuestra calidad de diputados, se ve obligado a realizar de dos a cuatro vuelos por semana llega a ser sensible al problema de la gestión y la seguridad del tráfico aéreo europeo. 
Los retrasos forman parte de nuestra experiencia cotidiana. 
Uno de cada cinco vuelos se ve afectado por un retraso en Europa. 
Estos retrasos, los trayectos adicionales y la consiguiente ocupación adicional del espacio aéreo, al igual que un número creciente de accidentes e incidentes, gravan la economía europea y a las compañías aéreas, y recaen no en último término también sobre nosotros, los usuarios. 
La causa son los sistemas anticuados de gestión y seguridad del tráfico aéreo, con una división nacional anacrónica. 
Todo esto hace ya largo tiempo que es sabido, como también se sabe que se espera que el tráfico europeo se duplique en los próximos quince años. 
El Parlamento ya ha reclamado a menudo con firmeza un cambio de rumbo. 
Los problemas citados se incrementarán exponencialmente en los próximos años si no se realiza un cambio cualitativo en los sistemas de ATC-ATM. 
Aun cuando se adoptase de inmediato la decisión de iniciar un procedimiento unificado para proceder a la introducción de las tecnologías más modernas, su ejecución requeriría alrededor de diez años. 
La solución que hoy estamos buscando debe abarcar, por lo tanto, los próximos treinta años. 
Esto exige también un salto cualitativo en la modificación del marco institucional de EUROCONTROL que se contempla en el Libro blanco. 
Necesitamos una respuesta unitaria a escala europea y la necesitamos pronto. 
Las posibilidades técnicas, desde la navegación asistida por satélite hasta las aplicaciones telemáticas en el ámbito de la gestión, ya existen y los problemas financieros tampoco tienen que ser necesariamente un serio obstáculo para su aplicación. 
Yo creo que podría contemplarse, por ejemplo, un impuesto mínimo sobre el queroseno, destinado a financiar la implantación de un sistema de control y gestión como el citado. 
El ahorro resultante compensaría el coste adicional que ello supondría para las compañías aéreas. 
El problema fundamental sigue siendo, hoy como ayer, de carácter institucional y, por lo tanto, en principio ha de poder resolverse políticamente, siempre que exista la voluntad de hacerlo. 
Lo cual ciertamente requeriría que los políticos del ámbito del transporte dejemos de ser los únicos que comprendemos que no es posible seguir concibiendo en términos nacionales el espacio aéreo hacia el cual levantamos la mirada. 
En el umbral del próximo milenio, un viento o incluso un vendaval europeo nos sería muy beneficioso a todos para solucionar los problemas pendientes en el ámbito del espacio aéreo. 
Para acabar, también yo quiero dar las gracias al ponente por su excelente informe. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Cornelissen por el magnífico trabajo realizado en la redacción de este informe y, como es habitual en él, en todos cuantos hace. 
Creo que es de sobra conocida la postura del Parlamento Europeo sobre la cuestión que estamos debatiendo. 
Esta Asamblea se ha manifestado ya, en diversas ocasiones, a favor de crear en Europa un sistema único de gestión del tráfico aéreo con el fin de evitar las actuales dispersiones en centros de control, en sistemas nacionales, en suministradores de soportes informáticos, en sistemas operativos y en lenguajes de programación. 
Existen también dispersiones de esta índole a la hora de la selección de tecnología y de normalización, y también en la responsabilidad entre diversas organizaciones internacionales y de los Estados a la hora de tomar decisiones de política global de gestión de tráfico aéreo. 
Estas dispersiones deben evitarse, puesto que repercuten negativamente en la seguridad del tráfico aéreo, en la calidad de los servicios prestados a los pasajeros y en sus costes. 
También repercuten negativamente sobre el medio ambiente como consecuencia de las congestiones de tráfico aéreo que producen. 
Por otra parte, si no se instrumentan significativos cambios en la situación actual, no se podrá hacer frente al incremento de la actividad del tráfico aéreo, que se calcula será, en el año 2010, más del doble de la actual. 
Además, debemos ser conscientes de que, para programar y aplicar las medidas necesarias para conseguir la unificación de la gestión del tráfico aéreo en Europa, se necesitan cerca de 10 años, puesto que los obstáculos a salvar son muchos y díficiles, tanto de índole jurídica, institucional y política como de índole técnica y económica. 
Por lo tanto, Señorías, pienso que debería presentarse con urgencia un plan estratégico con el fin de conseguir la unificación de la gestión del tráfico aéreo y que dicha gestión quede integrada dentro de la red transeuropea del transporte, puesto que estos objetivos son imposibles de alcanzar en función del contenido del Libro Blanco ya que, como opina el ponente, este Libro Blanco no presenta ninguna medida concreta ni ningún programa de acción. 
Señor Presidente, las mejoras para lograr una mayor fluidez del tráfico aéreo constituyen una cuestión que abarca muchas dimensiones. 
Entre los diversos problemas que ocasiona el tráfico aéreo destacan por su importancia los daños acústicos y medioambientales, para los cuales es necesario encontrar soluciones tanto a nivel nacional como mediante la cooperación europea. 
Esta cuestión es especialmente importante para nosotros, los finlandeses, puesto que la situación geográfica de nuestro país lo hace muy vulnerable a medida que aumenta la congestión del espacio aéreo. 
En los trayectos de larga distancia se acumulan los retrasos y se dificultan las conexiones entre los vuelos. 
Se deben respaldar las labores de integración que exige el señor Cornelissen para solucionar los problemas mediante un sistema común de control del tráfico aéreo en Europa. 
Es posible aliviar la situación enderezando las rutas y desarrollando los sistemas de la aviación civil de los países de la Europa oriental. 
Desde el punto de vista de Finlandia, es especialmente provechoso reforzar la integración de los países bálticos en la cooperación europea en materia de control del espacio aéreo. 
Se debería reflexionar también acerca de lo que se puede hacer por lo que respecta a la modernización de las flotas aéreas de las antiguas repúblicas soviéticas y a la mejora de la seguridad aérea como, por ejemplo, mediante un perfeccionamiento de los conocimientos de inglés, la lengua generalizada en el ámbito del control aéreo, por parte de los pilotos. 
Nos encontramos ante una silenciosa bomba de relojería cuya desactivación requiere urgentemente que se destinen fondos comunes, siguiendo el modelo de los programas TACIS y PHARE. 
Igualmente, se debe plantear esta situación también a un nivel nacional. 
A pesar de las indudables ventajas de coordinación que ofrecen Eurocontrol y la ATM, en cuyas actividades Finlandia participa parcialmente, éstos no han conseguido, sin embargo, ni unificar los sistemas de control aéreo de sus Estados miembros ni incrementar su seguridad. 
Hasta la fecha Finlandia es el único Estado miembro de la Unión Europea que ha permanecido al margen de Eurocontrol. 
Las razones han sido el temor a un alza en los costes de las rutas nacionales, el control de la aviación militar y las dificultades a la hora de apoyar los aeropuertos con escaso volumen de tránsito. 
Finlandia, el país más septentrional y oriental de la Unión Europea, es un territorio bastante grande con una densidad de población muy reducida, por lo cual reviste una importancia vital para dicho país el mantenimiento de una red densa y funcional de rutas aéreas nacionales. 
A pesar de la centralización, la mayor responsabilidad recae en cada uno de los propios Estados miembros. 
Cada uno de ellos debe asumir sus responsabilidades y, por ejemplo, invertir sus ingresos en concepto de utilización de las rutas aéreas para asegurar el buen funcionamiento en su propio espacio aéreo. 
No hay que buscar la solución solamente en el foro que ofrece la cooperación europea, sino que hay que escuchar también a aquellas personas que sufren la contaminación y los ruidos ocasionados por la congestión del espacio aéreo. 
Señor Presidente, deseo añadir mi voz a la de los diputados que, en el transcurso de este debate, han hablado elogiosamente del Sr. Pam Cornelissen por la forma en que ha dirigido la Comisión de Transportes y Turismo en los últimos dos años y medio y, sobre todo en mi caso, por la forma en que lo ha hecho en los dos últimos años. 
Antes de conocer al Sr. Cornelissen se sabía que yo utilizaba la frase que a veces empleamos en inglés: » double Dutch» (literalmente, » doble holandés» ) y por utilizarla de forma bastante despectiva, dando a entender con ello una comunicación confusa, un galimatías. 
Después de conocer al Sr. Cornelissen y de haber tenido el placer de trabajar con él durante dos años, puedo decir que «double Dutch» también significará para mí de ahora en adelante algo dos veces más claro y dos veces más inteligente que cualquier otra afirmación- la mayor parte del tiempo, al menos. 
Me reservo el derecho a hacer alguna excepción a mi propia regla en algunas ocasiones. 
Debo decir inmediatamente que, desde luego, mi idea de «double Dutch» es también aplicable al Sr. Florus Wijsenbeek. 
¿Cómo podría ser de otro modo? 
Valoro en mucho la opinión del Sr. Cornelissen y de sus colegas sobre este tema, al igual que sobre otros, y, por lo tanto, me complace especialmente que el informe que han elaborado dé un amplio y fuerte apoyo al Libro Blanco de la Comisión sobre la gestión del tráfico aéreo, al que hemos denominado «liberalización del espacio aéreo europeo». 
Aunque no tengo que decírselo a la Asamblea, el desarrollo y modernización de la gestión del trafico aéreo es un tema de vital importancia para los millones de viajeros de la Unión Europea y- claro está- de otras partes del mundo que utilizan nuestro espacio aéreo; para las líneas aéreas, para los aeropuertos y, por supuesto, para todos los relacionados con la actividad. 
Espero, por lo tanto, que podamos aguardar un avance rápido y sustancial en las mejoras que son necesarias, por todas las razones que tan eficazmente han expuesto todos los diputados que han intervenido en el debate de esta noche. 
Puesto que la aviación civil en la Unión ha crecido, está creciendo y va a seguir creciendo con gran vitalidad durante los próximos diez o quince años, es esencial que se produzca una continua mejora de la gestión del espacio aéreo a fin de combatir la saturación; mantener y, por supuesto, hacer avanzar la seguridad en la aviación civil y reducir los costes medioambientales y económicos, que son considerables y que, como han dicho varias de Sus Señorías, obedecen a retrasos tanto en tierra como, por supuesto, en el aire que está por encima de la Unión Europea. 
Los diputados recordarán que los esfuerzos de años recientes han cosechado algunos cambios loables desde las crisis de finales de los 80. 
El hecho es que, tal como nos ha recordado acertadamente el Sr. Cornelissen esta tarde, el número de retrasos ha vuelto a aumentar en el último año y ello debe poner a todo el mundo en guardia contra la autocomplacencia y, también, servir de acicate a todas las autoridades responsables, incluidos los gobiernos de los Estados miembros, para trabajar por una mejora continuada en la gestión del tráfico aéreo europeo. 
Dentro de los esfuerzos para conseguir dicha mejora, la Comisión ha sostenido durante varios años que la Comunidad Europea debiera tener una mayor participación directa en las cuestiones relacionadas con la gestión del tráfico aéreo y esta idea se ha propuesto siempre- en lo que respecta a la Comisión y en lo que respecta a esta Asamblea- no por aspiraciones de poder ni por nada de miras tan estrechas, sino, sencillamente, para aportar soluciones prácticas a unos problemas de carácter crónico. 
Tal enfoque se deduce claramente del tono y el contenido del Libro Blanco que publicamos en marzo del año pasado, al igual que se deduce claramente del informe que estamos examinando esta noche. 
En resumen, en el Libro Blanco que publicamos en su día se exponían diversas deficiencias bien conocidas de los dispositivos de gestión del tráfico aéreo a escala europea; en él se examinaba una serie de posibles soluciones y se llegaba a la pragmática conclusión de que Eurocontrol- el organismo organizativo que en la actualidad es primordialmente un proveedor de servicios de gestión del tráfico aéreo- debería recibir nuevas e importantes responsabilidades legislativas y reguladoras complementarias. 
En el Libro Blanco también se hacía hincapié en que, puesto que muchas de dichas nuevas responsabilidades abarcarían áreas de competencia de la Comunidad bien definidas, la propia Comunidad debería convertirse en miembro del nuevo Eurocontrol por derecho propio. 
Los señores diputados sabrán que la iniciativa de la Comisión sobre gestión del tráfico aéreo se ha ido desarrollando a la vez que el estudio INSTAR realizado por la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) , en el que la Comisión ha intervenido muy a fondo y al que, desde luego, hemos aportado una cuantiosa contribución financiera. 
Pocos ponen ahora en duda que ambas iniciativas influirán de manera importante en los futuros dispositivos europeos de gestión del tráfico aéreo (ATM) en cuanto a perfilar las responsabilidades, poderes y estructuras de Eurocontrol, y confío razonablemente en que el criterio de la Comisión sobre los futuros sistemas institucionales de gestión del tráfico aéreo a nivel europeo pueda fundirse con las de la CEAC, en especial en lo que se refiere a la mejora de Eurocontrol, a la votación por mayoría para garantizar la eficacia de la toma de decisiones, a una mayor coordinación e información- todos los temas que han planteado durante el debate de esta noche el Sr. Cornelissen y otras personas- y, desde luego, a la participación de la Comunidad. 
La gran cuestión de la pertenencia de la Comunidad al nuevo Eurocontrol, que plantea de por sí problemas de competencia, desde luego no se ha resuelto todavía- como habrán notado algunas de Sus Señorías. 
No obstante, esperamos que el debate sobre este tema reciba un nuevo impulso en el Consejo de Transportes dentro de la Presidencia neerlandesa; por otro lado, la Comisión ha publicado hace poco proyectos de directivas de negociación que harían efectivas las dos principales recomendaciones del Libro Blanco que mencioné anteriormente en mi intervención. 
Sé que este Parlamento, como muchos otros, mantendrá un gran interés en las decisiones del Consejo sobre la materia y ello me hace estar si cabe más agradecido por el informe minucioso y favorable que han hecho el Sr. Cornelissen y sus colegas acerca de las propuestas de la Comisión. 
Lo mínimo que haré por reciprocidad será, tal como ha pedido el Sr. Cornelissen, mantener plenamente informadas a la Asamblea y a la Comisión de Transportes sobre todos los avances que se produzcan, sabiendo que contamos con el apoyo del Parlamento en nuestro esfuerzo por conseguir las considerables y urgentes mejoras que son necesarias en la gestión del tráfico aéreo en toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, hice una pregunta muy clara: la Presidencia neerlandesa quiere al parecer que la UE ingrese en Eurocontrol como tal, mientras que el apartado 17 del informe se refiere a una nueva organización. 
¿Qué opina la Comisión al respecto? 
, miembro de la Comisión. (EN) Como sabrá el Sr. Wijsenbeek después de leer nuestro Libro Blanco, hemos llegado a la pragmática conclusión de que lo que más convendría sería la participación de la Comunidad en lo que hemos llamado «nuevo Eurocontrol». 
La Presidencia neerlandesa- dicho sea en su honorreconoce claramente y comprende que de lo que estamos hablando, y lo que constituye el tema de debate entre los Estados miembros, es de un nuevo Eurocontrol. 
Esperamos seguir contando con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos y, en particular, de la ministra de Transportes, Sra. Jorritsma, en nuestros esfuerzos por garantizar una convergencia entre las conversaciones que están teniendo lugar en la CEAC y las propuestas presentadas- sensata y productivamente, creo yo- en nuestro Libro Blanco. 
Nos alegra contar con el apoyo de la Asamblea en esta empresa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Transporte público y ayudas estatales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0419/96) del Sr. Castricum, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el transporte público y las ayudas estatales. 
Señor Presidente, la impresión de numerosos ciudadanos es de que Europa se está convirtiendo cada vez más en una cuestión en la que priman el mercado y la moneda. 
Por otra parte, cada vez disminuye más la comprensión colectiva de esta evolución. 
En los casos en los que se reconocen las ventajas de la libre circulación de personas, de bienes y servicios, parecen saltar pronto a la vista, y en grado mayor, los inconvenientes. 
La liberalización de la moneda y los efectos de la búsqueda de la moneda única han llevado a incertidumbres y dudas que vienen a socavar los fundamentos de la Unión Europea. 
En este contexto se ponen igualmente en tela de juicio los servicios públicos, entre ellos primeramente los transportes públicos. 
El informe de iniciativa que estamos debatiendo ahora fue adoptado por unanimidad en la Comisión de Transportes. 
Es posible que su alcance se extienda aún más en el supuesto de que aprobemos mañana la enmienda del colega Wijsenbeek, aprobación que merece además todo mi respaldo. 
He tratado, en el informe que hoy nos ocupa, de unificar de manera armoniosa, por encima de las divergencias ideológicas, el papel primordial de las autoridades y las posibilidades de funcionamiento del mercado. 
Espero que haya alcanzado efectivamente ese objetivo. 
En numerosos documentos, más recientemente aún en el informe referente al Citizens Network, este Parlamento ha hecho hincapié en la significación colectiva del transporte público. 
Resulta más que evidente un mayor grado de implicación por parte de la Unión Europea, derivando prácticamente de manera lógica de la unificación del mercado y del fuerte aumento de la movilidad, incluso a través de las fronteras comunitarias. 
Desde un punto de vista económico, ambiental y social se hace más que indispensable un papel más decisivo del transporte público. 
Aunque al mismo tiempo debemos reconocer que el derecho a la movilidad no puede constituir una cuestión absoluta. 
En el informe consta de manera explícita la necesidad de que las autoridades nacionales continúen asumiendo la responsabilidad política de los servicios públicos, que una liberalización del mercado de los transportes públicos no ofrece ninguna garantía para un funcionamiento de redes de transporte coherentes y de que en caso de producirse transformaciones en las condiciones de funcionamiento será crucial una participación de los intereses de los trabajadores en dichas transformaciones. 
El documento se basa esencialmente en el concepto de la incapacidad de funcionamiento del transporte público en su sentido más amplio sin el respaldo de las autoridades nacionales, aunque al mismo tiempo resulta conveniente, en caso de la existencia de un pozo insondable para los gastos públicos, encontrar una solución a este problema a través de una gestión razonable. 
El ciudadano tiene derecho al disfrute de servicios públicos, entre ellos también el transporte público. 
Este ciudadano tiene sin embargo igualmente derecho a que se desplieguen todos los esfuerzos a fin de que estos servicios se hallen organizados y sean prestados de manera responsable. 
Los esfuerzos financieros invertidos deberán tomar siempre en consideración los resultados obtenidos. 
Los saneamientos que resultasen necesarios deberán efectuarse teniendo presentes criterios de responsabilidad social. 
A este respecto cabe recordar que, de acuerdo con estudios efectuados, existen en los Estados miembros modalidades altamente divergentes de ayudas al transporte público. 
Sería conveniente adoptar una iniciativa orientada a recopilar informaciones comparables que permitirían establecer una línea común entre magnitudes que aún hoy resultan a menudo inconmensurables. 
De este modo, lentamente pero con seguridad, podríamos encaminarnos a una situación en la cual cuestiones como el mercado y la moneda sigan ocupando la misma posición, pero en los cuales se otorgue importancia primordial a los intereses de los ciudadanos y a las responsabilidades de las autoridades. 
Antes de concluir deseo agradecer a la Comisión de Transportes la manera constructiva con la que ha abordado mi proyecto de informe, y a todos aquellos que han aportado elementos a su contenido por la colaboración prestada y el sentido de creatividad demostrado. 
Me sumo con placer al mensaje dirigido anteriormente al colega Cornelissen, y referente al modo en que éste ha dirigido durante los primeros dos años y medio de este período de sesiones la Comisión de Transportes. 
Señor Presidente, en mi opinión, el informe del Sr. Castricum constituye una buena aportación al debate sobre el transporte público. 
En el Parlamento debatimos con regularidad el tema de las ayudas estatales y el transporte público. 
En una serie de informes se ha confirmado que éste forma parte de la red de los ciudadanos. 
El informe no trata de la posibilidad de conceder ayudas estatales al transporte público, sino más bien de cómo prestarlas, una vez decidida su concesión. 
En general, se puede decir que las ayudas estatales concedidas automáticamente han llevado una y otra vez a la formación o el mantenimiento de monopolios, por lo que en principio deben evitarse. 
Como todos sabemos, nosotros también vamos por ese camino. 
Sin embargo, conviene dejar claro que el transporte público no siempre deja beneficios. 
En consecuencia, el transporte se ha convertido en un problema, sobre todo en las zonas poco pobladas. 
No en todas las partes de la UE se ha encontrado una solución satisfactoria a este problema. 
Con la aprobación de este informe, el Parlamento sostiene que, si se quiere, tiene que ser posible garantizar el transporte público. 
No obstante, hay que exigir que la gestión del sector público sea transparente y que no distorsione la competencia. 
Creo que hemos superado la idea fija de privatizar todo y que el transporte esté sujeto a las condiciones del mercado. 
Ahora reconocemos un servicio público, una obligación pública, lo cual me alegra. 
Felicito una vez más al Sr. Castricum por su informe. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quisiera agradecer sinceramente al colega Castricum, en nombre de nuestro Grupo político, la elaboración del presente informe. 
Yo pienso que se trata de un informe excelente que formula la posición de principio del Parlamento Europeo sobre los servicios de transporte que deben garantizar las ciudades, las regiones y los Estados miembros en interés de los ciudadanos y sobre las ayudas estatales que llegado el caso pueden ser necesarias para la prestación de estos servicios públicos de transporte. 
Los demócrata cristianos coincidimos con los restantes grupos de esta Cámara en que las ciudades, las regiones y los Estados miembros tienen la obligación de definir los cometidos del transporte público de personas o del transporte público general en beneficio del interés colectivo y de velar por que éstos se cumplan. 
Gracias a Dios, los socialdemócratas se han decidido a aceptar que, no obstante, no es en modo alguno imprescindible que estos servicios públicos de transporte sean prestados por empresas estatales. 
Al contrario, las ciudades y regiones deberían licitar los servicios de transporte y adjudicarlos a la empresa- ya sea estatal o privada- que ofrezca las condiciones más eficientes, más respetuosas con el medio ambiente y más favorables en términos de costes y que también las cumpla en la práctica. 
Si la Asamblea acepta estos principios y yo espero, señor Comisario, que la Comisión tampoco los discutirá, los demócrata cristianos, a diferencia de los socialdemócratas, en realidad no consideramos necesario que la Conferencia Intergubernamental formule un artículo específico con vistas a su inclusión en el Tratado de Maastricht, en el cual se definirían los servicios públicos en términos absolutamente generales. 
Tampoco creemos, por otra parte, que el interés público exija que la Comisión establezca una reglamentación adicional. 
Yo tengo un gran interés en saber si el Comisario considera imprescindible que desde la Comisión Europea y desde la Comunidad Europea se establezca una reglamentación adicional. 
Por mi parte, yo pienso que el principio de subsidiariedad se opone precisamente a la incorporación de nuevos artículos al Tratado y a la introducción de nuevas regulaciones europeas. 
Por otra parte, los demócrata cristianos coincidimos con los demás Grupos políticos de esta Cámara en que el transporte público requiere una financiación muy superior al precio de los billetes y en que, en los casos en que se requieran subvenciones públicas para cubrir los déficits, éstas deberán estar vinculadas al rendimiento y todas las empresas que ofrezcan estos servicios, ya sean públicas o privadas, deberán tener acceso a las mismas. 
Cuando sea necesario construir una infraestructura particular para el transporte público de cercanías, su construcción y gestión podrá correr a cargo de un organismo público y la empresa explotadora deberá abonar- y en esto coincidimos plenamente con el Sr. Castricum- un pago adecuado por su utilización. 
Yo creo que en la Asamblea estamos básicamente de acuerdo en cuanto a los principios fundamentales. 
Por consiguiente, quedamos a la espera de la intervención del señor Comisario para saber si la Comisión Europea también acepta la excelente propuesta del colega Castricum. 
Señor Presidente, en efecto el presente informe ha sido respaldado ampliamente, incluso por unanimidad, por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Hemos considerado verdaderamente dicho documento como un complemento y en un cierto sentido existe igualmente una superposición con respecto al informe «Citizens Network» que personalmente pude presentar en el período parcial de sesiones del pasado noviembre. 
Pese al hecho de que el colega Castricum desea respaldar mi enmienda, intención que le agradezco sumamente, estimo sin embargo que existe una diferencia de matices entre nuestros enfoques. 
En primer lugar, ¿no debemos acaso aspirar a un plan de subsidio que calificaría casi de sistemático? 
En segundo lugar, ¿hasta qué punto se extiende el deber- llamémoslo así- de proporcionar los servicios públicos y el transporte público? 
Estimo que también en el Libro Verde «Citizens Network» hemos podido comprobar que en determinados casos resultaría más conveniente en ciertas regiones la inexistencia de transporte público y más bien la existencia de un transporte privado que podría programarse conforme a las necesidades y que tal vez pudiese recibir incluso una cierta ayuda por parte de las autoridades. 
En todo caso, a mi juicio, estamos todos de acuerdo en cuanto a determinadas regiones y en cuanto a la pregunta que cabe plantearse en cuanto a la extensión que debe alcanzar una red de transporte, a la concesión o no de subsidios y a la verdadera definición de una red de transporte. 
Es éste por supuesto un concepto demasiado elástico pudiendo afirmarse en este caso que una red está constituida por la totalidad de la red de transporte de un Estado miembro o solamente consiste en un determinado enlace dentro del territorio de ese Estado miembro que resulta necesario para que exista una red de transporte. 
Señor Presidente, el apoyo a toda acción que posibilite un servicio público universal, esto es, un transporte público que garantice su acceso a todos los ciudadanos y que cumpla con el objetivo de interés social, debe ser uno de los objetivos principales que deben contemplarse en las acciones comunitarias que se desarrollen en el ámbito del transporte. 
Dicho servicio público, ya sea a través de una entidad pública o de una entidad privada, debe regularse mediante reglas establecidas y garantizadas por los Estados, posibilitando la creación y desarrollo de un sistema de transporte integrado eficaz y seguro y estimulando, consecuentemente, dicho uso con acciones que mejoren la relación calidad-precio de los mismos para, así, concienciar y convencer al ciudadano de las posibles ventajas reales que supone el uso de la red pública de transportes. 
Es importante recordar que el propio Tratado de la Unión, contempla de forma explícita las obligaciones de las empresas a garantizar un servicio de interés económico general. 
En este sentido, tal vez resultara conveniente que, en la próxima revisión del Tratado de la Unión que tendrá lugar a lo largo del presente año, dicha garantía se refiera de manera más explícita al servicio público. 
Señor Presidente, quisiera subrayar la importancia que la garantía del transporte público tiene para las regiones periféricas y rurales, zonas de por sí menos desarrolladas y especialmente débiles en lo que se refiere a redes de transporte público. 
En esta línea, la prestación del servicio público debe contemplar y programar redes de transporte más amplias en las que se incluyan las regiones periféricas y las zonas rurales, tal vez menos espectaculares pero de vital importancia para sus ciudadanos. 
Para ello- y con esto acabo- resulta absolutamente imprescindible que la Comisión realice un seguimiento constante e investigue con firmeza las diferentes ayudas que cada Estado recibe en el sector del transporte para poder valorar así, en la justa medida, el efecto y la resonancia de las mismas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la unanimidad con respecto al sin duda excelente informe del Sr. Castricum es tan grande que no quisiera extenderme demasiado. 
El informe expone también la evolución que en general se prevé, no sólo en el ámbito de la política de transporte, sino también por lo que se refiere a la evaluación del rendimiento estatal y privado. 
Hasta hace pocos años esto se planteaba todavía en términos de la alternativa «mercado frente al Estado» , o bien de la disyuntiva «mercado o Estado». 
Actualmente, y esto queda claramente patente en el informe, lo que se busca es, en cambio, una combinación óptima de mercado y Estado, con objeto de conseguir un rendimiento también óptimo. 
Del mismo modo que es evidente que los servicios deben orientarse hacia un mercado, también lo es que no sería posible prescindir totalmente de las subvenciones y de los contratos públicos. 
Esto es particularmente cierto en el caso del transporte, ya sea en el ámbito urbano, regional o de larga distancia. 
Dicho esto, yo quisiera añadir algunas observaciones adicionales. También las empresas públicas deben tener en cuenta que deben producir para un mercado. 
A menudo no ha sido así. 
Las empresas públicas deben reformar su actuación. 
Sólo de este modo podrán aspirar a la aceptación de los ciudadanos. 
Deben hacer algo para conseguirla. 
Pensando precisamente en las empresas de ferrocarriles de mi propio país, éstas también deben explotar debidamente sus terrenos. 
No pueden limitarse a conservarlos y a esperar que el sector público, o sea los ciudadanos, desembolse al mismo tiempo dinero para que puedan ir cobrando subvenciones. 
Y el sector público, este es el segundo punto, debe guiarse por el principio de que ha de prestar sus servicios de manera que incluyan un incentivo o de lo contrario será preferible suprimir el servicio, que las empresas públicas no deben dar por sentado que cada año recibirán una determinada cantidad y que a ser posible ésta será aún mayor el año siguiente. 
El informe señala en el fondo un camino adecuado en este sentido, que además podría consolidarse y concretarse con un contenido definido en un artículo del tratado. Sin embargo, la práctica es más decisiva que los artículos de principio. 
Si Europa ajusta a esta práctica, habremos iniciado un camino muy favorable. 
, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, querría empezar agradeciendo la iniciativa del Parlamento de presentar un informe del Sr. Castricum- un excelente informe, por cierto- que hace un análisis extenso y oportuno del importante tema de la financiación del transporte público en la Unión Europea. 
Todo el mundo tiene claro que para conseguir los objetivos de la política común de transportes es absolutamente esencial un transporte público de gran calidad que ofrezca una alternativa real a la dependencia del automóvil privado, y es igualmente obvio que, por lo tanto, un aumento de la eficacia del transporte público y de la transparencia en las finanzas del mismo favorecerá a los intereses económicos, sociales y medioambientales de la Comunidad en su conjunto. 
Como bien sabrá la Asamblea- y tal como nos han recordado el Sr. Castricum y, cómo no, el Sr.Wijsenbeek -, hemos intentado articular esto con nuestro Libro Verde de la Comisión sobre la red de ciudadanos publicado hacia estas mismas fechas del año pasado, en el cual se define una estrategia global para desarrollar plenamente el potencial del transporte público y atender, entre otras cosas, a la necesidad de revisar algunas normas existentes, entre ellas las relativas a la financiación. 
En el Libro Blanco sobre una estrategia de revitalización de los ferrocarriles también se analizaron las mejoras necesarias en la forma de financiar la mayoría de los ferrocarriles de la Unión, como parte de los esfuerzos que consideramos necesarios para que el ferrocarril pueda aumentar con éxito su participación en nuestro sistema de transporte público. 
En tercer lugar, como un ejemplo más de los objetivos e ideas compartidos en común por la Comisión y el Parlamento, nuestra reciente Comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa ponía el transporte como ejemplo de un sector en el que la Comunidad ha adoptado un enfoque específico a fin de tener en cuenta las necesidades de servicio público. 
Por imposiciones de tiempo, querría exponer muy brevemente qué opina la Comisión sobre el tema general del transporte público antes de hacer algunos comentarios específicos sobre el informe que tenemos ante nosotros esta noche. 
En primer lugar, según deja claro el informe del Sr. Castricum, no debiéramos olvidar que muchos excelentes servicios de transporte público, de propiedad tanto privada como pública, se prestan sin ningún apoyo financiero procedente de recursos públicos. 
Los servicios que estén bien proyectados, bien gestionados y que sean asequibles para los viajeros será más probable, lógicamente, que atraigan a un número suficiente de pasajeros para cubrir costes con el pago de las tarifas de transporte. 
Ya destacamos este punto básico pero significativo en el Libro Verde sobre la red de ciudadanos. 
No obstante, hay otras veces en los que las autoridades públicas, con mucha razón, adoptan el punto de vista de que hay una necesidad pública de un servicio que no es necesariamente viable desde el punto de vista comercial en las áreas urbanas y, como han dicho varios Estados miembros en el debate, tampoco en las áreas rurales. 
En tales casos es claramente apropiado y necesario que las autoridades públicas financien algunos servicios prestados por los operadores del transporte público y cabe subrayar que dicha financiación no constituye una ayuda pública en sentido estricto. 
La decisión sobre si financiar o no dichos servicios es preferible que, por razones obvias, la tomen las autoridades competentes y responsables de los Estados miembros. 
Sin embargo, la Comisión tiene, igualmente, unas responsabilidades claras. 
En primer lugar, la responsabilidad de intentar establecer un marco jurídico adaptado a las circunstancias que afronta el transporte público en toda la Unión. 
En segundo lugar, la de establecer las disposiciones necesarias para garantizar que los pagos destinados al servicio público no se utilicen como medio oculto, y de difícil control de responsabilidades, de cubrir pérdidas debidas a la ineficacia, que dicho transporte sea proporcionado y que «transparente» signifique «para servicios esenciales específicos prestados a la sociedad en general». 
Del mismo modo, suele ser conveniente que las autoridades públicas contribuyan a costear los proyectos de infraestructuras de transporte público, pues está claro que aunque los usuarios, por diversos medios directos e indirectos, pagan la infraestructura de transporte que utilizan, lo que pagan no es siempre suficiente para cubrir todos los costes. 
En lo que respecta a la financiación por los Estados miembros, las ayudas que presten deben contribuir a desarrollar el transporte público por el bien común, y la Comisión comparte la idea que refleja el proyecto de resolución sobre aumentar la transparencia en la financiación del transporte público, sobre todo mejorando los datos proporcionados en el informe anual sobre competencia y en los informes sobre ayudas públicas. 
El tiempo me impide extenderme en la respuesta al informe del Sr. Castricum, pero me gustaría responder a la propuesta concreta de que se incluya en el Tratado un artículo referido específicamente de los servicios públicos- un tema que ha vuelto a plantear esta noche por el Sr. Castricum y, por supuesto, el Sr. Jarzembowski. 
He de decir a la Asamblea que la Comisión no coincide en que sea necesario un nuevo fundamento jurídico del tipo propuesto. 
En lugar de ello, en nuestra comunicación sobre servicios de interés general defendimos que debería insertarse una referencia en el artículo 3 del presente Tratado en el sentido de que una actividad específica de la Comunidad debe contribuir a fomentar servicios de interés general. 
Este enfoque es sin duda válido en el caso del transporte, en el que el perfecto equilibrio entre la liberalización y el interés general viene dado no sólo por el artículo 90 del Tratado en su forma actual, sino también por el artículo 77, basado en el sector. 
Espero que, considerándolo bien, la Asamblea esté de acuerdo en que éste es el enfoque más práctico para conseguir el objetivo expresado en la propuesta de resolución, un objetivo que he de decir que apruebo ampliamente. 
Más en general, puedo asegurar a la comisión parlamentaria que la Comisión trabaja constantemente para mejorar e intentar completar las normas existentes sobre transporte público. 
Respetando plenamente el principio de subsidiariedad, también tenemos en cuenta, por supuesto, los problemas que pueden surgir en las regiones fronterizas y en otras regiones con necesidades especiales de transporte. 
Como muchos otros que han intervenido en este debate, mis colegas y yo creemos que el transporte público puede desempeñar una importante función en solucionar los problemas de congestión, contaminación y seguridad en el transporte, y un elemento importante para conseguirlo es, evidentemente, definir correctamente las normas. 
Esa es otra razón para acoger con satisfacción el informe del Sr. Castricum y, por lo tanto, lo recomiendo encarecidamente a la Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.15 horas) 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, tengo una pregunta y una observación que formular en cuanto a la página 7 del Acta, por lo menos en la versión neerlandesa. 
Se trata de la carta dirigida por el Sr. Pasty al Presidente Hänsch que leyó ayer este último. 
Y más en particular de la siguiente frase: » por consiguiente, me permito unas cuantas observaciones pertinentes en cuanto a la verdadera motivación que sustenta la redacción de este documento- es decir, la carta del Presidente Hänsch- y al uso que se desea hacer del mismo». 
Ese texto lo escuchamos por supuesto ayer, aunque es posible que todos no lo hayan asimilado enteramente. 
Es evidente que ha habido insinuaciones en esta sala tendentes a poner en entredicho la integridad del Sr. Presidente. 
Personalmente califico este documento de escandaloso y me pregunto, y planteo igualmente esta pregunta tanto a usted como a la Mesa de este Parlamento, si un diputado puede así poner impunemente en tela de juicio la integridad del Presidente de este Parlamento. ¿Puede hacerse esto en entera impunidad? 
¿Son éstos modales que podemos aceptar en este Parlamento? Mi opinión personal es que se trata de un proceder escandaloso e inadmisible. 
Dicho de otra manera, ¿puede quedar impune un acto semejante? ¿Son éstos modales que podemos admitir en esta institución? 
Personalmente, considero esta actitud escandalosa e inaceptable. Le pido pues que eleve esta pregunta a la Mesa: ¿es admisible que la integridad del Presidente resulte así puesta en entredicho?. 
En caso de una respuesta negativa, estimo que la Mesa deberá examinar las consecuencias de ese acto. 
Señor Metten, su intervención no se refiere a la redacción del Acta, sino a la interpretación de lo que se dijo o defendió durante el día de ayer. 
Tomo nota de su observación. 
En cuanto a la posición del Presidente en ejercicio, no aceptamos que se ponga en duda de ningún modo la inmunidad del Presidente, ni de ningún presidente en ejercicio, y esta posición la comparte todo el Parlamento. 
Señor Presidente, quiero indicar que en el Acta figura algo erróneo. 
Ayer, durante el debate con el Presidente del Consejo no me quejé de que no hubiese respondido a las preguntas de los diputados neerlandeses sino de que no respondió a las preguntas que yo planteé sobre Serbia. 
Es más lógico. 
Señora. Pack, tiene usted toda la razón. 
Haremos que se corrija. 
Señor Presidente, intervengo sobre una cuestión de orden. 
La cuestión que deseo plantear es relativa al artículo 19 del Reglamento- Funciones del Presidente- y, en particular, al apartado 4 del artículo 19 que indica que: » En las relaciones internacionales, ceremonias y actos administrativos, judiciales o financieros el Parlamento estará representado por su Presidente, que podrá delegar esta competencia.» 
Hace dos días, el servicio jurídico del Parlamento, actuando en calidad de agente de la Asamblea y en virtud de dicha facultad de delegación de los poderes de representación, hizo una presentación al Tribunal de Justicia en relación con un recurso presentado por «Eurotunnel» sobre la delicada cuestión de las ventas libres de impuestos. 
En calidad de alguien que tiene un antiguo interés en dicha cuestión política, deseo que conste en Acta mi pregunta sobre si tengo derecho a recibir una copia de la intervención oral y del texto presentado en nombre de la Asamblea sobre un tema que es de enorme interés para muchos diputados. 
En segundo lugar, en lo que respecta a los informes relativos a la cuestión de la intervención oral a los que he tenido acceso, deseo que conste en Acta que considero preocupantes algunos de los puntos contenidos en la misma en lo que se refiere a la interpretación de la voluntad del Parlamento. 
Por los motivos expuestos, deseo, en primer lugar y como ya he dicho, recibir una copia de las intervenciones y, en segundo lugar, pedirle que nos dé su parecer, no necesariamente ahora, sino para que la Presidencia me la facilite por escrito cuando lo estime oportuno, sobre el procedimiento que pueden seguir los diputados al Parlamento Europeo para plantear la cuestión de la delegación de los poderes de representación del Presidente. 
Si se tratara de la Comisión o del Consejo podría formular una pregunta- tendría la posibilidad de formular una pregunta con debate, pero habida cuenta de que se trata de nuestra propia institución, ¿cómo puede la institución dar cuenta a sí misma de este asunto? 
Señor Cox, tomo nota de su petición. 
Plantea usted un tema que en este momento requeriría un amplio debate para ser concretado. 
Le sugiero que envíe una carta o presente una pregunta para que reciba una respuesta absolutamente preparada y seria. 
El asunto es serio y requiere un tratamiento muy cuidadoso. 
Quisiera recordar a sus Señorías que las intervenciones no deben exceder de un minuto. 
(El Acta queda aprobada) 
Consejo de Ministros de Pesca de los días 19 y 20 de diciembre de 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre los resultados de los trabajos de la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de los días 19 y 20 de diciembre de 1996. 
Señor Presidente, señores diputados, en primer lugar, les doy las gracias por darme la posibilidad de expresarme en general, y también de manera detallada en algunos asuntos que considero importantes, sobre los resultados del Consejo de Pesca. 
Abordaré como primer tema el Consejo tradicional de diciembre, que normalmente se ocupa del expediente TAC y cuotas, y, en segundo lugar, abordaré los tres temas que este Parlamento ya votó en el período parcial de sesiones de noviembre, pero cuyo debate aplazó para este período parcial de sesiones. 
Me refiero a los tres temas relativos, respectivamente, al control vía satélite, a la propuesta concerniente a las medidas técnicas y al expediente sobre el IV programa de orientación plurianual. 
En primer lugar, algunas informaciones, también detalladamente, sobre los resultados y el desarrollo del Consejo de Pesca del pasado 19 de diciembre. 
Por lo que respecta a los TAC y a los contingentes para 1997, el Consejo los adoptó por mayoría cualificada tras un debate muy largo- duró toda la noche- y también muy difícil en el que se trató de buscar una fórmula transaccional entre las necesidades de conservación y las de la industria. 
Se redujeron algunos TAC en las aguas comunitarias, por ejemplo por lo que se refiere al arenque, al bacalao, al eglefino, a la solla, al salmón báltico y al lenguado. 
Con respecto a 1996, las fluctuaciones de los TAC reflejan, por un lado, las variaciones del volumen de los recursos de año en año y, por otro, la necesidad de reducir los porcentajes de aprovechamiento. 
Por otra parte, sin oponerse a las recomendaciones científicas, fueron posibles también algunos aumentos, por ejemplo por lo que se refiere a la merluza atlántica y al rape. 
En la zona NAFO hemos tenido una reducción, en particular para el bacalao, por motivos de conservación, y los contingentes disponibles en las aguas de los terceros países se han equilibrado con posibilidades de pesca ofrecidas a los países costeros. 
Desgraciadamente, en contra de lo que propuso la Comisión, no se tomó ninguna decisión sobre los TAC por lo que respecta al atún y al pez espada y sólo fue posible aprobar algunas medidas nacionales que pueden contribuir a hacer respetar las resoluciones de la CICAA. 
En mi opinión, este es uno de los elementos menos satisfactorios por lo que respecta al desarrollo del Consejo. 
Por lo que concierne a la sardina, la Comisión propuso al Consejo una serie de medidas encaminadas a preservar esta población, pero el Consejo no pudo tomar una decisión. 
Dada la importancia decisiva de esta población, en particular para España y para Portugal, la Comisión no dudará en proponer medidas de conservación en 1997 en caso de que las medidas nacionales, que conocemos, no permitieran detener el deterioro de esta población, deterioro que se está produciendo y que a la Comisión le parece preocupante. 
Además, el Consejo adoptó por unanimidad todas las propuestas de reglamento que establecen para 1997 una serie de medidas de conservación y de gestión de los recursos aplicables a los buques de algunos terceros países- Noruega, Groenlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Guyana francesa e Islas Feroe- que distribuyen las cuotas de captura entre los Estados miembros para los buques que faenan en sus aguas. 
Por lo que respecta a la NAFO y a la NEAFC se tomaron medidas análogas. 
Luego tratamos del Mediterráneo y presenté oralmente al Consejo las conclusiones de la segunda Conferencia diplomática que se celebró en Venecia a finales de noviembre y a la que este Parlamento había enviado una importante delegación, y la Presidencia puso de relieve la necesidad de concretar el impulso dado por esta Conferencia. 
Y se aceptó la sugerencia de la Comisión de confiar a un grupo técnico la prosecución del examen de la cuestión de las tallas mínimas aplicables en el Mediterráneo, cuestión sobre la que este Parlamento se manifestó pidiendo la retirada. 
Pero el Consejo no se pronunció sobre el contenido de la propuesta misma, sino que pidió un examen ulterior. 
Sobre la cuestión del salmón, el Reino Unido, apoyado por Irlanda y por Finlandia, pidió que se estableciera un precio mínimo para la importación. 
Como saben, la Comisión no pudo acoger favorablemente esa petición, en primer lugar, porque la experiencia del pasado no nos ha permitido conseguir los resultados esperados- es decir, una recuperación de los precios- y, luego, porque los precios habían subido durante las últimas semanas antes de Navidad. 
Además, la Comisión puso de relieve que al estar en curso una investigación antidumping, parecía preferible, por un lado, no interferir en el proceso en marcha y, por otro, reservar nuestros esfuerzos para soluciones más equilibradas y duraderas. 
Creo que éstos son todos los puntos, también de manera detallada, que trató el Consejo. 
Pasando ahora a los tres informes sobre los que este Parlamento piensa discutir, aunque ya abordó la parte relativa a la votación, empezaré por la propuesta sobre los controles vía satélite. 
Ante todo, creo que los distintos Estados miembros ya son plenamente conscientes de la necesidad del control y del hecho de que la aplicación actual no es satisfactoria, cosa que este mismo Parlamento Europeo ya ha subrayado y que celebro. 
Y creo que, desde el punto de vista de la conciencia de la importancia del control, se ha avanzado, en particular recientemente; basta con recordar, por ejemplo, que, no hace mucho, la simple propuesta de establecer un control vía satélite no era especialmente apreciada por los Estados miembros. 
La situación, pues, ha cambiado, y la Comisión considera que la aplicación de nuevas tecnologías constituye uno de los elementos clave para llenar estas lagunas. 
A este respecto, la tecnología relativa al satélite debe desempeñar un papel fundamental, no sólo por motivos de relación costes-beneficios- la tecnología relativa al satélite es ciertamente menos costosa que un observador o que un inspector a bordo de cada buque- sino también por el hecho de que es mucho más transparente y objetiva, en el sentido de que, evidentemente, al menos la posición de los buques, su presencia en el mar y la duración de su presencia en el mar desde el punto de vista de una localización vía satélite son indiscutibles. 
Por lo tanto, creo que han sido estos dos elementos los que nos convencieron para insistir en esta propuesta, que, como decía, al principio no se había apreciado especialmente. 
Como saben, el Consejo tomó una decisión por mayoría cualificada para el establecimiento, precisamente, de la vigilancia vía satélite, basándose en una fórmula transaccional que, por otra parte, se había discutido durante mucho tiempo en el Consejo de noviembre. 
Por consiguiente, el sistema de vigilancia vía satélite se introducirá en dos fases: a partir del 30 de junio de 1998 sólo para algunos tipos de actividad y, en cambio, a partir del 1 de enero del año 2000 para todos los buques pesqueros de más de 20 metros de eslora, independientemente del lugar en el que se realicen las actividades de pesca. 
Aceptamos, a decir verdad más bien propusimos, que se establecieran excepciones para la pequeña pesca costera, porque nos parecía realmente un coste excesivo para los pescadores afectados, de manera que este reglamento no se aplicará a los buques que tengan actividades de pesca de una duración inferior a 24 horas y que faenen en la franja costera de las 12 millas náuticas. 
Esto nos pareció correcto a la vista de que el objetivo final del control debe ser, precisamente, la conservación de los recursos. 
La Comisión aceptó esa fórmula transaccional porque consideramos que, si bien no recogía totalmente las propuestas de la Comisión, constituía un paso importante en la buena dirección, aunque, como todos ustedes, la Comisión hubiera preferido un avance más rápido. 
Por lo que respecta a los aspectos financieros de este reglamento, la Comisión es consciente de la necesidad de proporcionar un apoyo financiero específico para la aplicación del sistema de vigilancia y, por lo tanto, utilizará plenamente los instrumentos financieros a su disposición y, en el ámbito de la dotación existente, se concederá así prioridad a las inversiones para la aplicación de los controles vía satélite. 
El segundo expediente que ustedes trataron se refiere a las medidas técnicas. 
En primer lugar, quisiera llamar su atención sobre la importancia que la Comisión concede a esta propuesta, habida cuenta del estado de conservación- que definiría como pésimo- de la mayor parte de los recursos pesqueros en el Atlántico. 
El objetivo de la propuesta es doble: por una parte, pretende clarificar y simplificar la legislación comunitaria existente en la materia; por otra, se propone sobre todo reducir de manera significativa las capturas de juveniles, al ser éste el elemento que constituye indudablemente uno de los problemas más importantes de conservación en el ámbito de la política pesquera común. 
El Consejo no tomó ninguna decisión sobre la propuesta de que se trata y encargó al Coreper que prosiguiera el examen de la propuesta misma para poder tomar una decisión, en cualquier caso, antes del 30 de junio de 1997. 
Invito, pues al Parlamento Europeo a que continúe los trabajos sobre esta propuesta y les puedo garantizar que la Comisión está dispuesta a colaborar de la manera más completa posible en cualquier debate que ustedes consideren útil celebrar. 
Último punto relativo al POP IV. El informe de su Comisión de Pesca definió como magistral la propuesta de la Comisión relativa al IV programa de orientación. 
El debate profundo, y muy a menudo apasionado, que está teniendo lugar desde hace aproximadamente un año sobre la propuesta de POP IV de la Comisión atestigua, creo, no sólo la importancia del tema, en la medida en que la reestructuración de la flota pesquera comunitaria nos viene dictada de manera imperativa, sino también la participación vigilante del sector y de las instituciones. 
Me parece importante insistir en dos elementos. 
En primer lugar, existe un reconocimiento generalizado de que los principales recursos pesqueros se explotan más allá de los límites razonables y de que la reducción y la reorganización de las actividades de pesca son ya inevitables y urgentes. 
Por lo tanto, sobre el análisis me parece que existe un elemento de consenso. 
Sin embargo, algunos rechazan que la pesca excesiva pueda imputarse o atribuirse al exceso de capacidad de la flota comunitaria respecto de los recursos disponibles. 
Hay, pues, consenso sobre el análisis y divergencia de puntos de vista sobre las soluciones, pero me parece realmente que es en las soluciones donde debe centrarse nuestra atención, teniendo en cuenta las causas. 
La Comisión sigue estando convencida de que el principal responsable de esta situación es el exceso de capacidad de la flota comunitaria: es, pues, la flota la que debe reducirse. 
Como no es posible multiplicar los recursos pesqueros ni impedir a los pescadores que salgan al mar en un momento en que ya experimentan dificultades económicas, hay que aceptar la idea de adaptar las dimensiones de la flota en función de los recursos. 
Esto es lo que pretende el POP IV, como, por otra parte, la mayoría de ustedes han entendido perfectamente. 
Está claro que el objetivo se puede alcanzar también- y eso está previsto en el POP IV- con una reducción de las actividades de pesca, pero quisiera señalar- no tanto a este Parlamento que así lo ha entendido, sino al Consejo, que, en cambio, se resiste a tomar conciencia de ello- que la reducción de las actividades es difícilmente controlable, a menudo es poco transparente y, evidentemente, debe basarse en un sistema de controles muy elaborado que aún no existe. 
En cualquier caso, la Comisión está dispuesta a aceptar que, junto con la reducción de la capacidad, haya también un elemento de reducción de las actividades. 
En cambio, no está dispuesta a aceptar únicamente, como instrumento para alcanzar el objetivo, la reducción de las actividades de pesca. 
Considero, como ustedes, que las restricciones al acceso, así como la reducción de las capturas, son indispensables para crear un mayor equilibrio y que la carga soportada para la reestructuración debe ser evaluada exactamente y compensada con la aplicación de medidas de acompañamiento financieras de alcance suficiente. 
He tomado nota también del punto de vista manifestado en el informe del Sr. Kofoed sobre la necesidad de suspender las subvenciones a favor de los astilleros, cosa que me parece razonable. 
Por lo que respecta a la última sesión del Consejo, tengo que lamentar el hecho de que, a pesar de las múltiples consultas, éste aplazó una vez más la decisión a una fecha posterior, comprometiéndose a llegar a una decisión en el próximo Consejo, que está previsto para mediados de abril. 
Si bien la Comisión, como, por otra parte, el Parlamento Europeo, considera que el exceso de capacidad de la flota es la causa principal, el Consejo, en cambio, no se decidió a aprobar medidas de reducción a priori sobre la capacidad y, por ahora, sólo acepta recurrir a tal obligación una vez se hayan agotado todas las demás formas de reducción. 
En resumen, el Consejo prefirió aplazar su decisión a otra fecha, aceptando, no obstante, la fecha «fija» del 30 de abril de 1997. 
Quiero añadir que la Comisión recordó a los Estados miembros que se suspenderían las ayudas comunitarias a las flotas a la espera de una decisión del Consejo, ya que es evidente que no pueden utilizarse los fondos para un programa estructural si no existe dicho programa. 
Por ese motivo, ya el 1 de enero se informó a los Estados miembros, mediante una carta de la Comisión, de que ya no están autorizados a tomar decisiones administrativas de cofinanciación para todas las medidas a favor de las flotas pesqueras porque si no existe un programa estructural, es imposible utilizar los fondos estructurales. 
Creo que este Parlamento podrá reconocer esta lógica. 
En cualquier caso, a partir de ahora se inicia una fase de profundización del texto transaccional de la Presidencia irlandesa, y la Comisión, como saben, mantiene amplias reservas sobre este texto transaccional porque, aunque en su enfoque general es positivo, sigue siendo insuficiente por lo que respecta a los dispositivos de control y a la gestión de las capacidades de la flota. 
Para terminar, la Comisión reiteró de nuevo ante el Consejo que su objetivo es garantizar al sector la rentabilidad económica necesaria para un futuro duradero del sector de la pesca europea y que todas estas iniciativas tienen como finalidad no ya destruir el sector, sino preparar y garantizar su futuro. 
Tras una constatación tan preocupante sobre el estado de los recursos, yo no creo que sea posible obtener, con una simple redistribución del esfuerzo pesquero, una reducción de mortalidad adecuada a los niveles que se requieren. 
Y, además, estoy convencida de que todos los que han podido valorar la situación en toda su gravedad comparten este punto de vista. 
Por último, deseo reiterar mi disponibilidad, la disponibilidad de la Comisión y de los servicios para continuar trabajando junto con este Parlamento, al estar convencida de que el interés final de garantizar un futuro a este sector es un interés ampliamente compartido por todas las Instituciones europeas. 
Señora Bonino, le doy las gracias por su completa exposición sobre la reunión del Consejo de Ministros y sobre el muy difícil y delicado tema de la Pesca en general. 
Sólo quisiera observar que ha hablado usted unos 20 minutos, el doble del tiempo que estaba previsto. Es un tiempo con el que los presidentes de los grandes grupos políticos y nosotros apenas si podemos soñar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también he apreciado los argumentos que usted, señora Bonino, ha explicado a este Parlamento. 
Pero, como otros colegas, tengo que decir que lamento el hecho de que en la sesión anterior no se debatiera un tema tan significativo como el POP IV, en el que, de ese modo, se hubiera podido profundizar. 
Naturalmente, hemos pedido, como parlamentarios, la posibilidad de poder celebrar un debate en este momento, ya que en aquella ocasión, por problemas de organización del trabajo, el debate no pudo desarrollarse normalmente. 
Naturalmente, los resultados del Consejo son, en ciertos aspectos, contradictorios: por una parte, algunas líneas positivas, como la aprobación, en principio, del plan de reconversión de los barcos de pesca del pez espada que afecta a Italia- una elección importante que da a la reconversión de esa flota, que ha determinado impactos medioambientales significativos para el Mediterráneo, perspectivas de solución- y, al mismo tiempo, la solución del problema del control vía satélite. 
Desde este punto de vista, usted, señora Comisaria, ha mencionado el problema del control a través de los satélites, muy significativo y menos oneroso en particular desde un punto de vista tecnológico. 
Además, quisiera recordar que, en este contexto, nosotros damos una respuesta también a la cuestión de la seguridad: mediante el control vía satélite puede haber opciones significativas por lo que respecta a la seguridad y, naturalmente, al control de los buques. 
Paso ahora al punto más delicado: nosotros necesitamos los resultados del POP III, señora Comisaria, que, naturalmente, son importantes para poder proseguir el trabajo y la programación del POP IV. Indudablemente, conciliar el mantenimiento de las poblaciones con la exigencia de mantener una posición estratégica en el sector de la pesca es una cosa complicada y difícil. 
Naturalmente, desde ese punto de vista habría que valorar las condiciones socioeconómicas, ámbito en el que creo que el Consejo debe comprometerse más. 
El Parlamento ya ha actuado en esa dirección, y nosotros, los socialistas, estamos convencidos de que la reconversión deberá tener en cuenta las condiciones socioeconómicas. 
¡Un feliz año nuevo a la Mesa y a la Comisión de Pesca! 
Fue realmente una pena que el pasado diciembre no hayamos podido mantener un debate normal con usted, señora Bonino. 
Hoy nuestra tarea consiste en considerar con usted y su Comisión de pesca el modo de impulsar la política común de pesca, pues estamos convencidos de que la pesca es una importante rama industrial en la Unión Europea sobre todo en las tan numerosas regiones costeras que dependen de esos puestos de trabajo. 
Es lamentable que en la sesión de diciembre del Consejo, tal como usted ha descrito, se haya dedicado un valioso tiempo a discutir sobre la distribución de un pescado posiblemente ya no existente en lugar de emplear este tiempo a estudiar los documentos sobre los que el Parlamento ya ha expuesto su opinión. 
Naturalmente, saludamos el acuerdo sobre el control mediante satélite aunque solamente los buques más grandes estén equipados con la nueva tecnología. 
Esta flota, numéricamente pequeña pero esencial para la pesca de la UE, significa al menos el acceso a las nuevas tecnologías. 
Señora Bonino, usted ha subrayado lo necesario que es actuar con decisión si se quiere que en la UE exista a largo plazo una industria pesquera. 
Mi grupo político le apoya. 
Quisiera instarle, al igual que usted nos ha instado, a trabajar estrechamente con nosotros para encontrar una solución. 
De lo contrario, la crisis de la pesca no finalizará pero sí la pesca. 
Me preocupa que los textos del actual Consejo de Ministros están muy alejados de los contenidos sobre los que se escuchó al Parlamento. 
Insto a la Comisión para que respete el derecho del Parlamento a que se le escuche de nuevo. 
Naturalmente, saludamos la propuesta no sólo de simplificar las medidas técnicas para conservar las reservas sino también de mejorarlas: redes con mallas mayores, redes más selectivas con mallas cuadrangulares allí donde sea oportuno y el principio del uso de una red, son elementos necesarios para proporcionar una oportunidad de supervivencia a los peces pequeños. 
El Consejo de Ministros será culpable si no reacciona inmediatamente del modo adecuado y si agua las propuestas. 
Una solución transitoria cuesta un tiempo precioso. 
Los pescadores, que son los afectados, nos han mostrado claramente que quieren medidas de conservación. 
Hoy sabemos que el Consejo de Ministros no quiere dar su aprobación a las medidas para una reducción suficiente de los esfuerzos de pesca y la capacidad de la flota. 
Ambas cosas son necesarias para restablecer un equilibrio con los recursos disponibles, tal como usted ha expuesto. 
Así pues, el peligro es grande y real si no controlamos la situación. 
Otras fuerzas políticas determinarán el rumbo e impondrán sus ideas a la industria pesquera. 
Entre ellas, hay algunas que quieren cerrar el sector pesquero. 
Los meses que quedan hasta la Conferencia para la Protección del Mar del Norte que se celebrará en primavera lo demostrarán y la opinión pública se verá conmocionada. 
Al final los pescadores se quedarán solos. 
Esto significa que es necesario cambiar de modo de pensar. 
En las extraordinarias audiencias organizadas por nuestro excelente presidente, Sr. Arias Cañete, se vio rápidamente y con claridad una cosa: la carrera por lograr pescado proseguirá sin tregua si no logramos superar por fin la crisis. 
Durante demasiado tiempo solamente hemos oído malas noticias sobre la gestión de la pesca. 
Sin embargo, también se han anunciado en las audiencias algunas cosas buenas. 
La industria está dispuesta a tener en cuenta en su producción un uso permanente de los recursos y a detener esta carrera destructiva. 
Nueva Zelanda e Islandia son ejemplos al respecto. 
Le insto a recoger sus positivas experiencias y a presentar a esta Asamblea las propuestas adecuadas. 
Con Carmen Fraga, la nueva presidenta de la Comisión de Pesca y ponente enfrentaremos el futuro de la PAC a partir del año 2000. 
Creo firmemente que si todos trabajamos conjuntamente y tenemos una visión realista, la pesca tendrá perspectivas de futuro. 
Tengo una gran curiosidad por ver qué pasa durante los próximos dos años y medio en la Comisión de Pesca. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi satisfacción por la oportunidad de debatir sobre los aspectos del sector pesquero aquí en el Parlamento esta mañana. 
Recuerdo que la situación que se produjo aquí el pasado mes de diciembre nos impidió tratar sobre los informes Souchet y Kofoed, así como sobre los informes Escudero relativos a medidas técnicas de conservación, informes que no se llevaron adelante. 
Por ello es fundamental que tengamos esta oportunidad de destacar la importancia de la pesca y los problemas a los que se enfrenta el sector pesquero en toda Europa. 
No quiero dedicar demasiado tiempo a hablar de los TAC y de las cuotas, pero quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión por habernos dado a conocer los resultados del Consejo de Pesca de los días 19 y 20 de diciembre. 
Es importante que los diputados de esta Asamblea y, en particular, los miembros de la Comisión de Pesca, estén al corriente en todo momento de cómo evoluciona la situación. 
Deseo referirme muy rápidamente al sistema de vigilancia por satélite que, en principio, todos apoyamos. 
Me alegra que haya prevalecido la sensatez tanto en el seno de la Comisión como del Consejo, y que al final se aceptara el compromiso propuesto por la Presidencia. 
Gracias a ello, los barcos de menos de 20 metros no se sentirán presionados. 
Y tampoco se sentirán presionados los buques pesqueros que faenan en aguas continentales siempre que regresen a tierra antes de que pasen 24 horas. 
También me alegra que se faciliten ayudas financieras a aquellos que consideren necesario instalar este tipo de instrumentos en sus barcos. 
No hay duda de que es lógico aplicar el reglamento y el sistema de vigilancia por satélite a dichos buques, ya que la mayor parte de sus capturas se produce fuera de las aguas territoriales. 
Todos apoyamos el principio de que se apliquen medidas técnicas de conservación para reducir la captura de juveniles que permitan garantizar la supervivencia del sector pesquero durante ésta y futuras generaciones. 
Debemos asegurarnos de que limitamos la actividad pesquera en determinadas zonas y determinadas épocas en las que abundan los juveniles. 
Debemos apoyar la cuestión de las zonas vedadas. 
Debemos apoyar el desembarco mínimo y el segmento de malla cuadrada. 
Pero debemos asegurarnos además de que el reglamento sea sencillo y fácil de entender para los pescadores, y que cualquier investigación que se lleve a cabo se haga en términos comerciales. 
Me alegra que saber que tendremos otra oportunidad de abordar las medidas técnicas de conservación antes de que se tome cualquier decisión más adelante. 
Esto me lleva a mi cuarto punto. 
En términos europeos, la flota de mi país es pequeña, tanto por el tamaño como por el número de barcos. 
Los recortes de capacidad no es una opción para Irlanda. 
El límite de tonelaje se estableció en unos momentos en que el sector se encontraba en sus comienzos y cuando la flota era, en gran medida, costera. 
Al igual que en todos los países, nuestra pesca se centra en las regiones costeras en las que no existen fuentes de empleo alternativas. 
La circunscripción que represento es una región de Objetivo 1, factor que hay que tener en cuenta. 
El enfoque de brocha gorda no es ni práctico ni realista. 
Para terminar, diré a la Sra. Comisaria que es necesario aplicar medidas complementarias, pero que éstas no deben proceder de los actuales Fondos estructurales. 
Señor Presidente, yo también deseo agradecer a la Sra. Comisaria que nos haya ofrecido una visión tan amplia de los resultados de la reunión del Consejo, que es de suma importancia. 
Me alegra comprobar asimismo que la Sra. Comisaria presenta un aspecto muy saludable. 
La prensa británica informó insistentemente de que apenas consiguió sobrevivir a la reunión. 
Nos alegramos de verla aquí y de comprobar que es la misma de siempre. 
Brevemente, en lo relativo al tema de la vigilancia por satélite, un hito menor aunque importante, el aspecto que más nos preocupa es que gran parte del sector se ha manifestado en contra de esta medida. 
Evidentemente al sector no le gusta el «espía del cielo». 
Personalmente provengo del sector del transporte de mercancías en el que se utiliza el tacógrafo desde hace años. 
Una de las cosas que ha enseñado la experiencia es que los conductores no tardan en descubrir cómo trucar y burlar dichos sistemas. 
Siempre se intenta ir un paso por delante de la ley. 
Por ello desearía conocer la opinión de la Sra. Comisaria sobre cómo piensa garantizar un cumplimiento regular y asegurarse de que el sistema se aplica como es debido en todos los buques de la Unión. 
La Comisión se enfrenta a un enorme problema en términos de recursos necesarios para la inspección, recursos a los que deberá recurrir para facilitar el proceso, pero en el que siempre está presente la cuestión del engaño. 
En lo que respecta a los TAC y las cuotas, quisiera plantear, una vez más, el problema estratégico que surge cuando los ministros debaten con los científicos por mediación de la Comisión y llegan a un acuerdo de compromiso que permite cantar victoria a todos los ministros, mientras los científicos intentan tomar decisiones sobre la situación real de los recursos. 
Creo que es un proceso que no funcionará, que no es acertado. 
A veces me pregunto si los ministros no dedican la mayor parte de su tiempo a redactar sus informes de prensa para comunicar que todos han salido ganando en lo que se refiere a proteger los sectores de sus respectivos países. 
Pienso, sinceramente, que debemos pasar a un proceso que nos permita mantener alejados a los políticos; un proceso en el que, una vez que se llegue a una conclusión, los ministros puedan decir «sí» o «no» a la misma, pero en el que ellos no puedan negociar, porque de lo contrario llegaremos a una situación en la que se descuidará el medio ambiente y el único objetivo será cosechar victorias políticas. 
En lo que respecta a los POP IV, no me sorprende que nos hayamos visto obligados a posponerlos hasta abril. 
Es lamentable, porque el sector necesita conocer su futuro. 
Pero creo que, en parte, es un indicio de que este programa en concreto no funcionará, como tampoco funcionaron los anteriores. 
Me parece interesante que la Comisión introduzca una sanción para decir que no habrá pagos a través del IFOP hasta que se haya llegado a un acuerdo. 
Pienso que, en cierto modo, es el planteamiento correcto. 
Pero creo que la racionalización sólo será posible si es el propio sector el que decide cómo llevarla a cabo, imponiendo un marco medioambiental muy estricto en el que deberá funcionar. 
El aspecto más importante de la futura inversión en buques no consiste en que la UE proporcione fondos para la reinversión. 
Eso es un craso error. 
De lo que se trata es que el sector sepa cuál será su futuro y que, a continuación, la inversión privada llegue al sector. 
Por último, he lamento profundamente que, en lo relativo al Mediterráneo, la Comisión haya sufrido, a mi entender, una total derrota en el tema del pez espada; en ese ámbito, las existencias se han agotado por completo. 
Quisiera preguntar a la Sra. Comisaria qué medidas piensa adoptar durante la primera mitad de 1997 para comenzar a poner sobre la mesa el debate sobre la política común de pesca después del año 2000. 
Señor Presidente, las reuniones del Consejo de los últimos meses han tenido probablemente una de las agendas más importantes desde hace varios años, ya que en ellas se han abordado tres aspectos de la gestión de la pesca: primero, el tamaño de la flota pesquera de la UE según los POP; el nuevo reglamento para las medidas técnicas propuestas por la Comisión; y el sistema de emisores-receptores que opera vía satélite y que constituye una parte importante del programa general de control. 
Además se han decidido los nuevos TAC anuales. 
Dichas reuniones han brindado la oportunidad, poco común, de emprender medidas decisivas para corregir la peligrosa situación de las pesquerías de la UE. 
Lamentablemente, el Consejo no ha tenido el valor de adoptar las decisiones difíciles que había que adoptar. 
En cuanto a los POP, todo el mundo reconoce que las flotas pesqueras de la UE son demasiado grandes. 
Incluso el propio sector pesquero afirma que existe un exceso de capacidad y que se impone una reducción. 
No obstante, el Consejo sigue resistiéndose a esa medida. 
Actualmente parece estar intentando convertir los POP, que es un programa destinado a reducir la capacidad de la flota pesquera mediante el desmantelamiento, el desguace, etc., en un programa para limitar la actividad pesquera que pueden desarrollar las flotas. 
Viene a ser una reorientación fundamental del objetivo del programa y que, en nuestra opinión, está abocada al fracaso. 
Existen varios motivos por los que dicho fracaso es inevitable. 
Me limitaré a mencionar dos. 
Primero, los buques pesqueros se han construido para faenar, por lo que sus propietarios no están contentos cuando dichos buques permanecen amarrados perdiendo dinero. 
Presionan a los políticos para que les permitan salir a faenar e intentar sacar beneficios. 
Todos sabemos hasta qué punto se puede presionar a los políticos, y sus efectos han quedad patentes en los resultados de la reunión anual del Consejo en la que se decidieron los TAC. 
O sea que, aunque el Consejo, en su sabiduría, tuviera capacidad de aprobar un programa para limitar la actividad pesquera, eso no pondría fin al conflicto, porque no dejaría de recibir peticiones, cada vez insistentes, del sector para que se le permita incrementar las capturas. 
En segundo lugar, un programa como ése sería extraordinariamente difícil de vigilar o controlar. 
El año pasado fui ponente del informe sobre el sistema de vigilancia de la Política Pesquera Común. 
Recordarán que el control de las pesquerías es competencia de los Estados miembros y no de la Comisión. 
La conclusión básica a la que llegó la Comisión en su revisión fue que los programas de control de los Estados miembros eran completamente inadecuados y necesitaban mejoras urgentes. 
Ningún país contaba con un programa que fuera suficiente en todos los ámbitos. 
Curiosamente, la Comisión comprobó que varios países habían fracasado en su intento de alcanzar sus objetivos, según las estadísticas, sobre el tamaño y la capacidad de las flotas nacionales. 
Se dieron casos en los que los buques eran mayores en la realidad de lo que figuraba en el registro nacional de embarcaciones. 
Por ello quisiera formular la pregunta siguiente: ¿cómo podemos estar seguros de que tendrá éxito un programa para controlar la actividad pesquera de una flota grande y poderosa? 
Ni siquiera hemos conseguido controlar el volumen de pesca que se desembarca, a pesar de que es una tarea mucho más sencilla. 
Se ha alcanzado un acuerdo sobre la reducción de la capacidad que debe llevarse a cabo. 
Otro aspecto importante es qué capacidad debe ser eliminada. 
Debemos asegurarnos de que los buques que se mantengan operativos sean aquellos que causan menos daños al medio ambiente marino. 
Eso tendrá efectos beneficiosos a largo plazo tanto para los recursos pesqueros como para los pescadores. 
Una última cuestión que nos despierta demasiado interés es qué hacer con las embarcaciones. 
Las flotas de la UE ya faenan en muchos océanos de todo el mundo, ocasionando a menudo daños cuantiosos. 
Teniendo en cuenta el tamaño de las demás flotas del mundo, no queda demasiado espacio en otras zonas a las que podrían acudir dichos buques sin causar problemas. 
Los planes de desmantelamiento que se apliquen deben garantizar que los POP no se limitarán a transferir el problema a otras partes del mundo. 
No se puede permitir que Europa exporte su exceso de capacidad. 
En definitiva, los Verdes consideramos que un programa riguroso de reducción de la flota, que vaya acompañado de medidas de compensación para los pescadores afectados, es una condición imprescindible para resolver la actual crisis. 
Todas las medidas técnicas están encaminadas a intentar incrementar la selectividad de las prácticas pesqueras de la UE. 
Esto incluye no sólo a los juveniles de las especies de interés comercial que constituyen el principal objetivo, sino también de otras especies que los pescadores no desean. 
Según estimaciones de la FAO a nivel mundial, por cada tres toneladas de pescado que se aprovechan, se desecha una tonelada, lo que demuestra que existe un problema muy grave. 
La Comisión ha propuesto una serie de modificaciones progresivas de las actuales medidas técnicas entre las que se incluye el segmento de malla cuadrada, un aumento del tamaño de la malla, tamices o rejillas para filtrar las capturas de gambas y otras especies. 
Una vez más, el Consejo se muestra indeciso y trabaja en una versión del acuerdo de compromiso que debilitará la propuesta de la Comisión. 
A la industria pesquera se le está pidiendo cuentas por el daño que está ocasionando al medio marino. 
Las propuestas de la Comisión suponen un importante avance hacia un enfoque más responsable de las actividades pesqueras. 
Lamentablemente, el Consejo parece inclinado a ignorar la opinión pública de Europa y de todo el mundo, que defiende un enfoque más cuidadoso y preventivo de la pesca, y ha optado por ceder ante las presiones de la industria pesquera. 
Señor Presidente, a diferencia de la Presidencia, me alegró que la intervención de la Sra. Bonino durara veinte minutos. 
Ojalá pudiera yo también disponer de ese tiempo, porque existen muchos problemas muy importantes. 
Quiero hacer algunas observaciones breves. 
En primer lugar, los pescadores de Irlanda del Norte han sido compensados por el Gobierno británico durante las negociaciones. 
Me gustaría saber de dónde procedía la pesca que se destinó a Irlanda del Norte como parte del acuerdo político que el Gobierno Conservador se vio obligado a apañar con los Unionistas del Ulster. 
En segundo lugar, existe un par de problemas que deseo airear: uno es que las importaciones de salmón de Noruega constituyen un problema que no desaparecerá. 
Yo repartiría la culpa entre el Gobierno británico y la Comisión, por no imponer un precio de importación mínimo. 
Si el Gobierno británico lo hubiera solicitado antes, lo habría conseguido, pero como dice la Sra. Comisaria, hay una investigación en marcha, y comprendo su situación. 
No obstante, existe la preocupación de que ahora los precios caigan en picado. 
Deseo garantías de que se tendrá en cuenta este asunto. 
En tercer lugar, el problema del tamaño de la flota del Reino Unido. 
Se trata de un problema importante debido, en primer lugar, a todos los pabellones de conveniencia- problema que el Reino Unido abordó con torpeza en el pasado- y debido también a que el Reino Unido no llevó a cabo planes de desmantelamiento. 
Es otro de los problemas importantes que deseo airear. 
Tengo una o dos cosas más que decir. 
Está muy bien que la Sra. Bonino acuda ahora al Parlamento tras la debacle que se produjo a finales de diciembre, y que nos diga que ahora debemos hablar seriamente de las medidas de conservación, de los POP IV. Todo aquello que sabíamos que no se adoptaría en diciembre, podemos discutirlo ahora de forma realista, y ahora disponemos de tiempo para entablar un diálogo constructivo que tenga en cuenta las opiniones del sector pesquero. 
Me alegra asimismo que el sector pesquero que faena a pequeña escala en las costas sea excluido de la vigilancia por satélite. 
Eso es muy importante tanto simbólicamente, como en la práctica. 
Es así como deberemos proceder en el futuro; dando prioridad a ese sector. 
Por último, me referiré a la promesa de que habrá compensaciones a través de las medidas complementarias por las pérdidas que sufra el sector pesquero. 
Durante mucho tiempo, el sector agrícola ha considerado dichas ayudas como un derecho, mientras que el sector pesquero se ha visto obligado a sobrevivir como ha podido. 
Me alegra que se haya adoptado esa idea y, por nuestra parte, seguiremos buscando más especificaciones en ese sentido. 
Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que acojo con satisfacción la comparecencia de hoy de la Sra. Comisaria en el Parlamento, y que creo que a todos nos gustaría que la Comisión compareciera más a menudo para tratar del tema de la pesca, porque es un tema que en los últimos años no ha recibido la atención que merece y, desde luego, no la recibió durante el pasado año. 
El tema de los TAC y las cuotas es como el «huevo del cura» ; no todo es malo. 
Pero debo cuestionar la situación que se produjo el año pasado. 
La declaración de la Comisión relativa a la implantación de recortes en el sector pesquero de toda la Unión Europea desató innecesariamente la alarma entre los pescadores. 
No cabe duda de que en estos tiempos modernos existe una forma mejor de intentar aplicar una medida como ésa. 
¿No creen que ya es hora de que la Comisión, el Parlamento, el Consejo, los pescadores y los científicos enfoquen este asunto de una manera más positiva? 
¿No creen que ya es hora de que los científicos y los pescadores se unan para evitar que se produzcan los conflictos que se producen siempre? 
Porque, señora Comisaria, ambos sabemos que antes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año volveremos a pasar por todo el proceso una vez más. 
No se ha resuelto nada. 
Tendremos que recorrer el mismo camino otra vez. 
Por ello quiero pedir a todos los interesados que adopten un enfoque diferente y una actitud diferente y más constructiva. 
Acojo con satisfacción la decisión de implantar un sistema de vigilancia vía satélite para los grandes buques, y que el sistema no les sea impuesto también a los pescadores que faenan en las costas; ha sido una decisión sabia que el Consejo y la Comisión hayan aceptado eso en un acuerdo de compromiso. 
Deseo decir también con toda claridad al Sr. Macartney- por si pudiera preocuparle- que no ha habido ningún apaño entre el Gobierno británico y los Unionistas del Ulster con anterioridad a la reunión del Consejo. 
No se ha producido en absoluto ningún apaño; fue simplemente una buena negociación. 
Quizá, si algunas personas del Partido del Sr. Macartney demostraran la misma habilidad en las negociaciones que han demostrado las personas de mi Partido en Westminster, sus pescadores se beneficiarían tanto como se han beneficiado los míos de Irlanda del Norte. 
Deseo rendir homenaje al Gobierno del Reino Unido y al líder de mi Partido por haberlo logrado. 
Señor Presidente, Señorías, en el transcurso de su reunión en Bruselas, los días 19 y 20 del pasado mes de diciembre, los Ministros de Pesca llegaron a un acuerdo sobre la detección por satélite, de los totales autorizados de captura (TAC) y las cuotas. Aplazaron a abril de 1997 su decisión relativa al plan de reducción de la flota pesquera comunitaria, plan bautizado «POP 4». 
Volvamos a los dos puntos del acuerdo. 
La introducción de un sistema de control por satélite de los buques europeos nos hace pensar irresistiblemente en el control por satélite de las tierras agrícolas congeladas o del número de vacas por hectárea. 
Es la técnica más sofisticada, puesta al servicio de la burocracia comunitaria. Naturalmente, nos amparamos en consideraciones de orden técnico y de seguridad: identificar, localizar los buques de pesca y en caso de peligro o de naufragio, socorrerles más rápidamente. 
Estas medidas, cuyo coste se elevará a 205 millones de ecus para cinco años, tendrían más impacto y credibilidad entre los pescadores comunitarios si se aplicaran al conjunto de los buques que pescan en las aguas territoriales de la Comunidad, ya que sólo los buques equipados con las famosas cajas azules podrán ser detectados y, por consiguiente, controlados y, en su caso, sancionados. 
El otro acuerdo entre los Ministros de Pesca se produjo al aumentar los TAC con relación a las propuestas iniciales de la Comisión. 
De los 116 TAC, sólo se modificaron 30 en relación con el año pasado. 
Tras la discusión técnica sobre la conservación de los recursos haliéuticos y la reproducción de las especies se incorpora una cuestión política que podemos resumir así: ¿queremos sacrificar la política común de la pesca al librecambismo mundial? 
Pero en la era de la OMC y de la mundialización de los intercambios, la Unión Europea es la única en respetar determinadas normas sociales, técnicas y medioambientales en materia de pesca. 
No son los pescadores comunitarios los que deben pagar la crisis de las concesiones unilaterales negociadas por la Comisión Europea en su nombre. 
Señor Presidente, si nos remontamos en el tiempo por un momento y contemplamos todas las negociaciones que se han llevado a cabo en el ámbito de la pesca durante los últimos meses, hay algo que destaca sobre todo lo demás, me refiero a que el sector ha perdido, por completo, la confianza en la evaluación de los recursos existentes de las diferentes especies; es algo que aparece en todo lo que he leído sobre este tema. 
Por los pescadores de mi circunscripción he podido saber que no tienen ninguna confianza en todo el asesoramiento científico que se está recibiendo sobre los niveles de los recursos. 
Quisiera sacar una cita del informe anual de la Asociación anglo-escocesa de productores de pescado, que declara contundentemente: » Debemos seguir cuestionando el asesoramiento de los científicos en lo que respecta a los niveles de los recursos.» 
Dicha asociación se está retirando de la Asociación europea de asociaciones de productores de pescado. 
También está el hecho de que el sistema de cuotas no está logrando abastecer las demandas del mercado. 
Los pescadores se sienten presionados a cumplir las cuotas por temor a recortes en las asignaciones para los próximos años. 
Una de las consecuencias de ello es que se sigue capturando una proporción mayor de peces pequeños- todavía legalmente -, pero la proporción de juveniles va en aumento, al igual que las retiradas del mercado. 
Las cifras para el pasado año en mi región reflejan que las retiradas de abadejo aumentaron en un 50 %, y las de merluza subieron en un 30 %. 
Necesitamos urgentemente abandonar mentalmente el principio de «o lo capturas o lo pierdes». 
Deseo instar a la Comisión a que tenga en cuenta el hecho de que necesitamos dar un nuevo enfoque a la evaluación de los stocks y a la fijación de las cuotas. 
A menos que podamos confiar en un nuevo enfoque, no podemos aspirar a establecer un sistema eficaz de gestión a nivel regional. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la Sra. Comisaria su presencia para informar de los resultados del pasado Consejo de ministros de Pesca, así como su disponibilidad para debatirlos en el Parlamento Europeo. 
Pero, por desgracia, a pesar de la importancia a priori de este Consejo, creo que no podemos hablar de resultados ya que, excepto en TAC y cuotas, no se ha decidido nada. 
Ha sido un Consejo decepcionante en el que la cuarta generación de POP ha quedado pospuesta a abril, el reglamento de medidas técnicas presenta un calendario aún más indeterminado y el proyecto de vigilancia por satélite- desde mi punto de vista, desvirtuado- ha quedado también pendiente de aprobación definitiva. 
Con ello, estamos a punto de perder un año en dotar al sector de tres instrumentos fundamentales para su gestión y desarrollo. 
Es un rotundo fracaso del Consejo, que pone en evidencia su falta de sintonía con la Comisión y, si a ésta se le puede achacar la presentación de algunos proyectos poco realistas, confusos y faltos del necesario compromiso previo, sobre el Consejo hay que dejar caer acusaciones de incapacidad decisoria y de guiarse más por los intereses puntuales y particulares de los Estados miembros que por un auténtico afán de avanzar en una legislación pesquera coherente y con futuro. 
Ello se ve cada año en los resultados claramente políticos de los TAC. 
Pero es en el tema de los POP donde me gustaría pedir las mayores aclaraciones posibles porque, aunque es indudable que las presiones del Consejo han debido ser muy duras, es donde creo también que la Comisión ha hecho peor su trabajo. 
La propuesta, aun admitiendo- como siempre he hecho- que es imprescindible una reducción de la flota, era muy maximalista y científicamente muy discutible. 
Era uno de los temas estrella del año que hubiesen exigido más flexibilidad y más capacidad de compromiso, y aquí la Comisión ha adolecido de falta de capacidad de diálogo y quizá también de sentido práctico. 
Era evidente, señora Comisaria- y esta Asamblea se ha cansado de repetirlo -, que, cuando se presenta a la flota una petición de sacrificios como la que este proyecto contiene, o lleva aparejadas serias y garantizadas medidas socioeconómicas o está condenada al fracaso. 
Por otra parte, este Parlamento sigue sin tener claro si son unos POP que se basan genéricamente en una reducción de esfuerzo, si mantienen una mínima firmeza en la necesidad de reducción de capacidades o si es un proyecto etéreamente mixto, cuya iniciativa se deja, en principio, en manos de los Estados y, luego, la Comisión ya decidirá. 
De su departamento hemos oído las interpretaciones más diversas y lo cierto es que, en este momento, la flota no sabe con certeza a qué tipo de medidas va a tener que someterse y nadie parece capaz de explicárselo con claridad. 
Llegado el Consejo en esta situación de bloqueo, la solución inmediata que encontró la Comisión- forzar la aprobación o retirar los Fondos estructurales para construcción y modernización -, al margen de las dudas jurídicas que suscita, es políticamente impresentable y, como se ha visto, un error. 
Mis críticas a la actitud que ha mantenido el Consejo han quedado patentes, señora Comisaria. 
Pero cuando la Comisión tiene que recurrir a este tipo de amenazas, se evidencia una falta de sintonía que es demasiado grave como para pasarla por alto y de la que la Comisión también es reponsable. 
Por otro lado, la decisión es intolerable e injusta para los países que han cumplido los POP, pues son los que estarían en mejor disposición para cumplir los siguientes. 
¿Cómo es posible meter en un mismo saco a los buenos y a los malos alumnos? 
Cuando nunca se ha tomado ninguna medida seria para penalizar a los incumplidores que, por esa misma razón, ya no tendrían la posibilidad de recibir fondos, se toma una medida que, por tanto, va dirigida a castigar exclusivamente a los países que se han tomado en serio las medidas comunitarias. 
La situación provocada es kafkiana, señora Comisaria, y quiero pedirle que tome en consideración la petición de devolver de inmediato el acceso a los Fondos estructurales, al menos a los países que han cumplido con las reducciones de capacidad impuestas por la Unión Europea. 
Me gustaría haber podido incidir en todos los demás temas de los que trató el Consejo pero, dada la brevedad del tiempo, no quiero cargar con más cuestiones a esta Asamblea. 
Le agradezco, señora Comisaria, otra vez su presencia en este Parlamento y todas las aclaraciones que sobre estos temas pueda usted proporcionarnos. 
Señor Presidente, desearía subrayar dos puntos positivos entre las decisiones del Consejo «Pesca» de diciembre. 
En primer lugar, el anuncio, para dentro de un año, de una mayor agilidad en materia de gestión de cuotas. 
El hecho de tener en cuenta las tasas de utilización de las cuotas es un factor esencial y demasiado olvidado, de la preservación de los recursos. 
Es imperativamente necesario buscar la mayor agilidad posible, de lo contrario, los Estados miembros y las organizaciones de productores tendrán tendencia a consumir sus cuotas al máximo para no ser penalizados ulteriormente y fomentaremos prácticas condenables, como la de las desviaciones de cuotas. 
Segundo punto positivo, la mejora de la precisión y de la equidad de los controles gracias a la adopción de un sistema de observación por satélite que se aplica naturalmente sólo a los barcos grandes. 
Me congratula la adopción por parte del Consejo de numerosas enmiendas que presenté en la Comisión de Pesca y que fueron aprobadas por nuestra Asamblea. 
Por el contrario, la actitud de la Comisión al utilizar como un medio de chantaje la suspensión de ayudas a la construcción y a la modernización de los buques para intentar obligar a los Estados miembros a adoptar un plan de reducción masiva de las flotas, me parece extremadamente peligrosa. 
Los diputados de las regiones costeras conocen la fragilidad actual de numerosos astilleros. 
El bloqueo de la Comisión corre el riesgo de poner en peligro a muchos de ellos, cuyo futuro depende hoy de pedidos que se benefician de las ayudas IFOP. 
La desaparición de estos astilleros significaría, para nuestros países, importantes pérdidas de empleos y la desaparición irremediable de un precioso saber europeo. 
En cuanto a las medidas técnicas, es indispensable que se hayan probado antes de cualquier generalización y que se haya tenido en cuenta el conjunto de los factores, en particular, la selectividad y el coste en energía de los diferentes aparatos (instrumento) de pesca. 
Por último, la política común de la pesca no debe limitarse sólo a estas tres rúbricas: controles, capacidades, medidas técnicas. 
Es esencial que se utilice para redefinir la noción de preferencia comunitaria para llegar a un mejor control de los precios. 
La falta de preferencia comunitaria, acompañada de una política laxista en materia de control de las importaciones, no podría sino incitar a pescar en exceso. 
La mejor protección de los recursos, es el precio justo de los productos de la pesca europea que sería asimismo, señor Presidente, la mejor garantía para el futuro de una pesca viva en nuestros países. 
Señor Presidente, pensaba que me tocaba intervenir antes, pero veo que se me han adelantado los que se han pasado del PPE al Grupo Goldsmith. 
La reunión del Consejo ha sido una caja de sorpresas. 
Ha habido algunos aspectos positivos, a los que ya se han referido muchos diputados, en particular, la introducción de la vigilancia por satélite, así como la flexibilidad que permite al sector pasar cuotas no utilizadas al año siguiente, y capturar cuotas del año siguiente. 
Esta medida ha encontrado una buena acogida por parte del sector. 
Hay otros ámbitos en los que, evidentemente, se pensó que la discreción era el valor más importante, y se decidió aplazar las decisiones, especialmente, en lo relativo a los POP IV, algo que también acogemos con satisfacción. 
El sector considera que los principios en los que la Comisión ha basado sus propuestas originales presentan insuficiencias graves. 
El aspecto en el que discrepo con la Comisión, en particular, aunque también con el Consejo, es el asunto relativo al salmón, al que se ha referido el Sr. Macartney. 
Este problema no desaparecerá. 
Algunas regiones de la Unión Europea han sido víctima de prácticas de dumping en el ámbito del salmón durante diez años, y no es un problema nuevo. 
A menudo hemos celebrado debates y negociaciones, y hemos aprobado resoluciones; la Comisión introdujo a regañadientes un precio mínimo de importación hace un par de años, pero más tarde levantó la mano y no volvió a introducirlo. 
Deseo decir a la Sra. Comisaria que ha perdido la batalla en este asunto contra su colega Sir Leon Brittan, porque entendemos que el Comisario no muestra demasiado entusiasmo por negociar con los noruegos y no desea introducir restricciones. 
Teme que puedan surgir problemas para el acuerdo sobre el EEE, a pesar de que la Comisión de Pesca y muchas personas del Parlamento opinamos de otro modo. 
Aparte de este problema, si tuviéramos que evaluar la misión de la Sra. Comisaria en la reunión del Consejo, yo le daría un 6 de una nota máxima de 10. 
Señor Presidente, si observa los grupos lingüísticos que están participando en este debate, verá que en el noroeste de la Comunidad, el sector pesquero está sometido a una gran presión y que existe una profunda inquietud, como aquí ha quedado de manifiesto. 
Acojo con satisfacción la presencia de la Sra. Comisaria, y deseo decir que nos sentimos orgullosos y un poco tristes cuando la vimos prepararse sobre el terreno para afrontar los problemas de la pesca en vísperas de Navidad. 
Nos alegra que se encuentre aquí esta mañana y que nos haya ofrecido una explicación tan completa de las medidas que ha emprendido. 
En el pasado, especialmente en el noroeste de la Comunidad, el sector pesquero se ha mostrado receloso por la forma en que se ha llevado a cabo y gestionado la política de pesca, y se ha producido una enorme falta de confianza. 
Es bueno que la Sra. Comisaria acuda al Parlamento y nos explique detalladamente cuál es la situación, por lo que merece nuestro apoyo en lo que respecta a los objetivos que se ha fijado a largo plazo. 
Sólo en aquellos casos en que recibimos explicaciones exhaustivas podemos dar nuestro apoyo. 
La falta de confianza del sector pesquero de Escocia e Irlanda- y también de España- es lamentable. 
Nos decepcionó que no se introdujera un precio mínimo para el salmón importado antes de la época navideña. 
Es precisamente en ese período cuando los pescadores escoceses e irlandeses venden gran parte de su producción, y los precios al final de año tienen una gran importancia para ellos. 
Habida cuenta de que se había presentado un caso de Prima Facie, creíamos que sería posible, pero esperamos que, al menos, esta investigación tenga resultados satisfactorios que permitan introducir medidas de protección para los productores de la Unión Europea de este sector tan importante para las regiones menos favorecidas. 
Acojo con satisfacción la decisión de implantar la vigilancia por satélite de esta actividad. 
Hace unos años elaboré un informe sobre este tema. 
Entonces, la idea de poner un espía en el cielo desató reacciones emotivas. 
Se utilizó para atacar a la Unión Europea y se calificó de tentativa para invadir la privacidad de todo el mundo, algo que carece, por completo, de sentido. 
No es más que razonable que la Comunidad adopte la tecnología moderna que le permita mantenerse al día con los avances que se están produciendo en otros sectores. 
Si los buques son cada vez más rápidos y las redes cada vez mayores y más resistentes, lo más lógico es que recurramos a la tecnología moderna que tengamos a nuestro alcance. 
Esta medida tiene además un lado positivo, me refiero a la seguridad. 
Son muchos los barcos que han naufragado en los últimos años, y si dichos barcos hubieran tenido este tipo de equipamiento a bordo, podrían haberse salvado muchas vidas. 
Nos alegra que los pescadores costeros se vean exentos de los excesivos gastos administrativos, y acogemos con satisfacción lo que se ha conseguido hasta ahora. 
En lo que respecta a las reducciones de las flotas, hay algo que debo decir. 
Se tiene la sensación de que las noticias siempre son malas. 
Continuamente se le está diciendo al sector pesquero que debe introducir recortes. 
Pero nunca se le explica que existe un objetivo a largo plazo que puede aportar beneficios. 
En cierta ocasión leí un informe que sostenía que podíamos incrementar las capturas en aguas comunitarias en un 50 % si adoptamos las medidas de conservación necesarias. 
A fin de cuentas, lo que necesitamos es un programa a largo plazo- a siete o diez años- que ofrezca un resultado que nos diga qué podemos esperar lograr una vez transcurrido dicho plazo y, mientras tanto, qué inversión debemos hacer. 
Por motivos sociales, necesitamos hacer una inversión, y me alegra saber que se está hablando de medidas complementarias. 
No obstante, me gustaría ver un resultado que infunda esperanza a las regiones desfavorecidas y a las comunidades de pescadores. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Comisaria por su declaración, y manifestar que estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho. 
Debemos recordar que las políticas de los POP se introdujeron inicialmente para equilibrar las flotas nacionales de la Unión Europea y la actividad pesquera en aguas comunitarias. 
Es evidente que las flotas pesqueras son demasiado grandes, y es evidente también que la actividad es demasiado intensa; por lo que tenemos un problema. 
Es probable que me convierta en el blanco de todos los ataques por el tema que deseo abordar, pero hay una parte de la flota con pabellón de la Unión Europea que es ajena a este problema. Me refiero a los buques que no faenan en aguas de la Unión Europea, a los que faenan exclusivamente en aguas que no pertenecen a la Unión Europea en virtud de los acuerdos alcanzados con los distintos países de todo el mundo, y espero que dichos acuerdos se respeten y sean vigilados. 
Un ejemplo, y no me disculpo por defender abiertamente los intereses de una circunscripción, es que lo que queda de la flota británica de altura faena frente a las costas de Noruega, de Islandia y en varios otros lugares del Atlántico Norte. 
La mayoría de estos buques pertenecen a mi circunscripción y son sometidos a un control estricto. 
Reconozco que en muchos otros Estados miembros existen flotas que faenan exclusivamente fuera de las aguas comunitarias. 
¿Cabe la posibilidad de que dichos buques, que ofrecen garantías de que faenan fuera de las aguas de los Estados miembros, puedan ser excluidos por completo del régimen de los POP? 
Gracias, señora Comisaria, por su presencia y por su declaración. 
Me gustaría empezar diciendo que apoyo y valoro positivamente el acuerdo conseguido sobre los TAC y las cuotas en el Consejo de diciembre. 
Me parece razonable y encuentro equilibrados los objetivos establecidos. 
Es decir, la conservación de los recursos y la explotación equilibrada y adecuada de los mismos. 
Por ello, tras esta evaluación positiva, me voy a permitir una reflexión. 
Una reflexión que va más allá del reparto concreto de cuotas de este año y pretende valorar todo el sistema de distribución en sí mismo. 
Desde ese punto de vista, la decisión del Consejo y el sistema empleado es continuista en la medida en que se basa en un sistema, el principio de estabilidad relativa, que ha podido cumplir una misión a la hora de distribuir de forma objetiva los recursos pero que al día de hoy, desde nuestra percepción, presenta algunas fallas importantes. 
En primer lugar, el sistema presenta dificultades serias desde el punto de vista de la conservación de los recursos. 
Así, la carencia de un sistema de TAC multiespecíficos provoca que algunas flotas comunitarias se vean obligadas a arrojar al mar especies capturadas, de talla legal, por no disponer de cuota. 
Continuamos, en cierta forma, con un sistema un tanto absurdo por el cual existen algunas flotas de Estados miembros dedicadas al arrastre que tienen prohibida la captura de una serie de especies que llegan a la red y que deben ser devueltas al mar sin que ello suponga ningún beneficio para el stock. 
Desde un punto de vista del aprovechamiento económico, el sistema, lógicamente, es inaceptable. 
Y desde el punto de vista de conservación de recursos nos estamos engañando a nosotros mismos en la medida en la que no estamos contabilizando unas cuotas que, de hecho, suponen una mortalidad real de peces. 
Por otro lado, para algunas flotas comunitarias el principio de estabilidad relativa presenta situaciones de discriminación evidentes. 
Por poner un ejemplo, la flota comunitaria de pabellón español sólo tiene acceso a 8 especies de las 22 contingentadas. 
Y esta es una de las razones de los descartes que acabo de comentar porque ¿qué van a hacer estos barcos con el lenguado o el merlán que capturan, en algunos casos involuntariamente, cuando no disponen de cuotas de estas especies? 
Además, el equilibrio de partida del principio de estabilidad relativa está calculado en base a datos y épocas en las cuales algunas flotas tenían mermadas sus posibilidades de pesca en aguas comunitarias como consecuencia, entre otros factores, de la extensión a 200 millas de las zonas de pesca en 1976, lo que modificó también el acceso histórico a los caladeros. 
Finalmente, hay un tercer factor que pone en duda la validez actual del principio de estabilidad relativa como principio inmutable de la política pesquera común y es el hecho de que los mercados pesqueros se han liberalizado completamente, las fronteras ya no existen en la Unión para la comercialización del pescado y, sin embargo, las barreras nacionales están presentes, y además con fuerte rigidez, en lo que respecta al acceso a los recursos comunitarios por parte de flotas que también deberían de ser comunitarias. 
Creo que estas reflexiones son también necesarias a la hora de pensar en las reformas que la política común de pesca requiere para que el reparto de cuotas no se base en criterios anacrónicos, independientemente de que el sistema vigente sea el que es y de que la fijación de los TAC y las cuotas deba hacerse en base al mismo. 
En este sentido, nada que reprochar al Consejo de diciembre que, como decía al principio, valoro positivamente, pero también espero de la Comisión que recoja estas reflexiones y actúe como elemento dinamizador de una profunda reforma a medio plazo de la política común de pesca para alcanzar ese deseable equilibrio entre explotación responsable de los recursos y la conservación de los mismos con igualdad de oportunidades para todos los barcos componentes de lo que debe ser una flota comunitaria, es decir, europea. 
Y termino con una pequeña reflexión sobre las medidas técnicas. 
La propuesta de reglamento de medidas técnicas parte, en mi opinión, de una errónea hipótesis de partida. 
Supone que la actual pesca de juveniles se debe a la malla de red utilizada y todos sabemos, señora Comisaria, que gran parte de la pesca de juveniles se debe a actividades ilegales, a la falta de control que, al estar en manos de los Estados miembros, desgraciadamente no está quedando asegurada. 
Y si endurecemos simplemente las medidas técnicas estaremos perjudicando, paradójicamente, al que las respeta y haremos más competitivo a aquel que va a seguir pescando juveniles ajeno a las reglamentaciones pesqueras. 
Por tanto, primemos la legalidad. 
Endurezcamos y aseguremos el control y habremos reducido enormemente este grave problema que es la pesca de juveniles. 
Pero no castiguemos solamente al que cumple la ley y al que respeta las medidas técnicas. 
Pienso que sería injusto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, deseo decirles que me congratulo de que este debate esté bien situado en nuestro orden del día para borrar la triste impresión de diciembre y, por corrección para con usted, señora Comisaria, me felicito de la elección de esta franja horaria. 
He subrayado tres palabras de su exposición: la transparencia, la eficacia y el equilibrio. 
Sabemos muy bien que la transparencia sigue siendo un elemento muy importante para progresar en la evaluación exacta de las sobrecapacidades. 
Por lo tanto, me felicito por el control por satélite. Hace años que hablamos de ello en el Parlamento. 
Sabemos que hacía falta una cierta valentía, que no era popular. 
Lo hemos conseguido, me alegro, aun cuando comprendo que hayamos protegido a la flotilla costera que no pesa de la misma manera en los recursos. 
Luego, ha hablado usted de eficacia, y ahí habrá que avanzar más en las medidas técnicas, lo sabemos: la selectividad, la protección de los juveniles, como no dejo de repetir estos últimos años. 
También aquí, hace falta valentía. 
Todo esto podemos resumirlo en dos palabras muy sencillas. 
Hay que pescar menos- lo sabemos- pero sobre todo, hay que pescar mejor y para ello, no sólo hay que reducir la capacidad, sino también y sobre todo, aplicar una determinada selectividad. 
Por último, tercera palabra, el equilibrio. 
El equilibrio necesario entre el recurso y la actividad humana. 
Es todo el aspecto socioeconómico. 
Ha sido usted elegida en esta Asamblea, señora Comisaria, y cuando le eligen a uno, se convierte en el portavoz de estos hombres y estas mujeres que viven con dificultades en nuestras regiones marítimas. 
Nos resulta imposible no tener en cuenta estas angustias sociales y económicas. 
Habrá que hacerse a ello y es la razón por la cual, personalmente, prefiero con mucho que completemos la necesaria reducción de las flotillas, con una disminución de las actividades en varias formas. 
Creo que sería razonable, a la vez para mejorar la gestión de los recursos y también para tener en cuenta la realidad socioeconómica de nuestras regiones marítimas. 
Señor Presidente, quiero comenzar esta intervención agradeciendo a la Sra. Bonino la gran colaboración prestada a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo durante los dos años y medio en que he tenido el honor de presidirla. 
Ha sido un período no exento de problemas graves, durante el cual, a pesar de todo, las relaciones entre la Comisión y el Parlamento han sido inmejorables. 
Por ello, gracias, señora Bonino. 
Entrando en el fondo de este debate, debo señalar que tras el resultado del pasado Consejo de Ministros de Pesca y tras oír la declaración de la Comisaria, la sensación resultante es de intensa frustración y desconcierto. 
Frustración por el escaso alcance de las decisiones adoptadas y el aplazamiento de las más importantes, desconcierto por lo inexplicable a mi juicio de alguna de las decisiones. 
Frustración porque los POP IV y medidas técnicas no han sido aprobados por el Consejo. 
Ha faltado reflexión, realismo o sosiego en la elaboración de las propuestas de la Comisión. 
¿No considera también la Comisaria que las propuestas se han formulado sin evaluar con precisión sus consecuencias económicas y sociales, y sin establecer simultáneamente mecanismos adicionales de apoyo que las hicieran más asumibles? 
Desconcierto, señora Comisaria, por la aprobación de unos TAC/cuotas que a mi juicio se apartan de la línea mantenida hasta hace pocos días por la Comisión. 
Porque ¿cómo se puede explicar, señora Comisaria, la contradicción existente entre unos TAC que globalmente se aumentan aunque sea ligeramente y unos planes de orientación que, como han dicho algunos colegas, proponen recortes drásticos debido al mal estado de los recursos? 
Algo no casa en la ecuación. 
Frustración porque el plan de vigilancia por satélite, por una parte, se aleja bastante de los acuerdos adoptados por este Parlamento sin perjuicio de haberse adoptado algunas enmiendas del mismo y, por otra parte, se han introducido tantos condicionamientos en la formulación definitiva que la posibilidad de control efectivo de las flotas queda seriamente limitada. 
Desconcierto, señora Comisaria, por el hecho de que la carta enviada por la Comisión paralizando las ayudas estructurales constituya una medida de carácter general que afecte por igual a los Estados que, como dice la Sra. Fraga, han cumplido estrictamente los objetivos de reducción de los POP y a los que han hecho caso omiso de aquéllos. 
Yo entiendo que de nada sirve mantener una trayectoria ejemplar si las medidas de presión no se aplican selectivamente, máxime cuando las ayudas que se paralizan están contenidas en marcos comunitarios de apoyo aprobados por la Comisión, que constituyen en principio base jurídica suficiente para su otorgamiento. 
En conclusión, señora Comisaria, considero que el resultado del pasado Consejo constituye un serio tropiezo en el proceso de reforma de la política pesquera común, pero confiamos en su notoria capacidad para relanzar la reforma de la política pesquera común y contribuir a la adopción por el Consejo de los reglamentos pendientes de aprobación en el más breve plazo posible, porque el estado de los recursos y la garantía de un futuro estable para nuestros pescadores así lo requieren, señora Comisaria. 
Señor Presidente, querría empezar mi intervención señalando mi desacuerdo con las observaciones del presidente que le ha precedido en el cargo sobre el tiempo de palabra utilizado por la Comisaria. 
La Comisaria Bonino se caracteriza por una gran precisión en su lenguaje. 
Nunca emplea lo que los franceses creo que llaman «langue de bois» y que en castellano diríamos «vender la moto». 
La Comisaria nunca nos «vende la moto». 
Siempre va al grano. 
Y por tanto, cuanto más tiempo se le dé, mejor para nosotros. 
Yo animo a la Sra. Comisaria a que no haga caso de estas observaciones de la Presidencia, porque creo que queremos oírla mucho. 
Dicho esto, me va a permitir la Sra. Comisaria que formule una crítica a la Comisión, concretamente por la debilidad mostrada en el tema de la parada biológica con respecto a los cefalópodos. 
Cuando negoció el acuerdo a finales de 1995, se le elogió por las posiciones firmes expresadas y, en este momento, nos encontramos con que, como ha señalado antes el Sr. Novo, sin explicaciones ni prácticamente datos, sobre la base simplemente de unos apresamientos de unos barcos comunitarios, la Comisión acepta la duplicación del periodo de parada biológica. 
No tengo explicaciones. 
No puedo explicar a mis pescadores qué es lo que ha ocurrido para que, de repente, la parada biológica pase de dos a cuatro meses. 
También me preocupa lo que aparece en los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta sobre el desembarco de la pesca en puertos marroquíes. 
Probablemente, se trata de la aplicación de acuerdos posteriores, pero deberíamos tener más información para saber qué consecuencias tiene para nuestros pescadores. 
Y por último, como ha señalado el Sr. Novo refiriéndose a una declaración marroquí de no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos que podría tener consecuencias devastadoras, yo le preguntaría a la Comisión qué consecuencias tendría esto desde el punto de vista de las concesiones comerciales y financieras que la Unión Europea ha hecho al Reino de Marruecos en el marco de la cooperación euromediterránea. 
He oído decir que el Consejo se siente frustrado. 
Es obvio que nos sentimos frustrados. 
No hay pesca suficiente, amigos. Este es el quid de la cuestión. 
Por eso nos hemos reunido hoy. 
Lo que estamos debatiendo es el conflicto entre la adaptación de la capacidad y la restricción de las actividades. 
La restricción de las actividades es un tema muy complicado en relación con la Política Pesquera Común. 
Conozco por experiencia propia los problemas que plantea el tamaño de la malla. 
Conozco muchos trucos, ya que soy quizás el único de esta Asamblea que ha sido pescador. 
En los últimos 20 años, hemos conseguido una flota tan avanzada que el mismo número de buques puede pescar tres veces más. 
Por lo tanto, es obvio que hemos de contemplar el problema desde otro punto de vista. 
Estoy a favor de la conservación de los recursos pesqueros. 
No obstante, ambas cosas, por un lado la adaptación de las actividades pesqueras y, por otro, la restricción y la conservación de los recursos pesqueros, no son siempre compatibles. 
Por eso es imprescindible adaptar la capacidad reduciendo la flota; ahora bien, esta medida ha de aplicarse de forma solidaria entre todos los Estados miembros. 
No se puede esquilmar primero la zona pesquera propia para seguir después con la del vecino. 
Hay que actuar de forma coherente. 
Desde un punto de vista socioeconómico, quisiera prevenirles contra las ayudas que no llevan a cambios estructurales, ya que contribuirían a crear una situación como la que tenemos en el ámbito de la agricultura, donde a menudo se concede ayuda social en vez de verdaderas ayudas a la agricultura. 
Hemos oído hablar hoy de precios de retirada muy altos y de la cantidad de pesca retirada, que el año pasado fue muy grande. 
Todo ello ayuda a proteger y mantener un régimen que no mira hacia el futuro. 
Confío en la Comisaria y la apoyo en su trabajo futuro, sumándome a los elogios que ya se han expresado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, sólo me propongo abordar dos asuntos: POP IV y Marruecos. 
Sobre el POP IV, he de decir que es evidente que en un sector en crisis, como lo es el de la pesca, todo lo que sean propuestas encaminadas a la reducción de la flota son propuestas consideradas impopulares. 
Pero reconozco que, dado el estado de degradación de los recursos haliéuticos, es natural que todo el balance del proceso de iniciación de estos expedientes comience colocando el listón alto en materia de propuestas, a partir del POP IV. 
Reconozco, doy por sentado, que había una base científica para hacerlo. 
Pero, a partir del momento en que se colocan esas propuestas encima de la mesa, se cierra un proceso de compromiso y, a partir de ese momento, o hay capacidad de compromiso entre la Comisión y el Consejo o se acentuará la falta de sintonía entre la Comisión y el Consejo. 
Por otro lado, como ya dije en la Comisión de Pesca, no puedo aceptar que Estados miembros que cumplieron los objetivos establecidos en el POP III sean castigados con reducciones en sus flotas, en los términos que han citado aquí los diputados Fraga Estévez y Miguel Arias Cañete y como yo había sostenido también en la Comisión de Pesca. 
Es decir, que hay un marco comunitario de apoyo, hay un reglamento IFOP, hay un reglamento básico: no veo por qué razón utiliza ese chantaje la Comisión. 
Los acuerdos de pesca con Marruecos en las modalidades actuales se van a acabar. 
Y el futuro será, naturalmente, la constitución de sociedades mixtas. 
Lo que deseo preguntar- e insisto claramente ante la Comisaria- es si hay realmente voluntad de la Comisión para hacer participar a los Estados miembros, en particular España y Portugal, en la preparación desde ahora mismo del período posterior a 1999, so pena de limitarnos a aplazar el problema simplemente. 
Señor Presidente, Señorías, aunque he sobrepasado mi tiempo de intervención al principio, he recuperado el tiempo que no tuvimos en diciembre para preparar los expedientes del Consejo. 
Por consiguiente, nuestro debate es el producto doble del trabajo del Consejo y de los expedientes que han votado ustedes. 
Además, la amplitud y la profundidad del debate que acaba de tener lugar, e incluso el número de intervinientes, me obligan a reagrupar mis respuestas bajo varias rúbricas que muchos de entre ustedes han evocado al mismo tiempo. 
Perdónenme si olvido a alguien, pero he intentado tomar todas las notas posibles. 
En primer lugar, hablemos de actualidad. 
Ante todo, voy a abordar Marruecos. 
Señorías, seguramente recordarán que en la cláusula de acuerdo con Marruecos, estaba previsto que aparte de los dos meses de descanso biológico, y me refiero a los cefalópodos, cualquier otra medida de conservación podría tomarse de acuerdo entre las dos partes. 
Ahora bien, a partir del mes de noviembre, las autoridades y el sector marroquí nos han participado sus preocupaciones sobre el plan de los recursos. 
Después de haber negociado durante bastante tiempo, hemos llegado a una decisión común de añadir los meses de marzo y abril al descanso biológico «cefalópodo» para todos los barcos, de todos los pabellones y en toda la zona. 
Por consiguiente, en este caso, se trata de un descanso de especie. 
Pienso que está bastante claro en la declaración final de la comisión mixta. 
Por lo tanto, no hay actitud discriminatoria. 
Evidentemente, habrá que controlar, pero quería indicarles que esta disposición estaba prevista y que se ha tomado de común acuerdo. 
Puedo asegurarles que no es hábito de la Comisión soportar presiones, sobre todo, cuando se procede a apresamientos ilegales de los barcos. 
Siempre se pueden intentar presiones. 
Hay que saber si los demás las soportan. 
Por lo que respecta a la renovación del acuerdo, pienso que no se puede imponer cualquier cosa a un tercer país soberano. 
Existe ahí una dinámica que es preciso cortar. 
Por ejemplo, pienso que la reunión de asociación sobre la pesca, que tendrá lugar en el mes de mayo en Casablanca, es un paso más dentro de las actividades de la Comisión, para que las relaciones, incluso comerciales con Marruecos, se conviertan cada vez más en relaciones de asociación y sean menos tensas, para que, aparte de los problemas de alineación política de una parte o de otra- y ustedes son lo bastante políticos como para saber lo que significa la alineación política- podamos llegar a una situación renegociable más tranquila. 
No puedo garantizar nada, pero éstas son las líneas y las actividades que la Comisión está persiguiendo. 
Paso ahora a otros temas que ustedes han señalado y vuelvo a los TAC y las cuotas. 
Señor Teverson, comparto plenamente su opinión. 
Además, hace más de dos años, la Comisión propuso que se entablara un debate político general sobre los TAC y las cuotas, pero que después, de forma detallada, esta especie de negociación nocturna pudiera hacerse en el ámbito de la gestión técnica, para que dicho expediente no quedara en un ámbito político muy alto y después todo el mundo saliera vencedor de ello. 
Esto se parecía prácticamente a una noche de Napoleón. 
Creo, además, que sería bueno que nos comprometiéramos todos a desdramtizar y desmediatizar el expediente de los TAC y las cuotas. 
En efecto, el envite, o el punto principal no está ahí. 
El tema es muy mediático y está muy mediatizado. 
Negociamos durante toda la noche, a veces nos intercambiamos peces que no existen y, al final, todo el mundo ha ganado. 
No sé lo que, ¡pero todo el mundo ha ganado! 
He citado antes la alineación política, No se trata de algo que sólo ocurre en terceros países y además, pueden ustedes comprenderlo. 
Pero si, juntos, podemos todavía tomar iniciativas para desdramatizar, e incluso desmediatizar este expediente al tiempo que hacemos comprender que el verdadero envite de la política común de la pesca está en otra parte, ello podría ayudarnos. 
Esto me lleva a decir unas palabras sobre el futuro y sobre la forma en la que entiendo que es preciso abordar el debate sobre la política pesquera común. 
A partir de ahora, tengo la intención de constituir una especie de task force dentro de la DG-XIV, que no esté ligada al day by day management de la política de pesca, sino que se consagre a partir de ahora, por lo tanto, de 1997, sin prejuicios y sin tabúes, a una nueva reflexión general que nos llevará hasta el 2002. 
Además, pienso que convendría comenzar las consultas con lo sectores parlamentarios interesados, para darse tiempo, y para ello considero que es bueno tener una task force de pequeñas dimensiones que se dedique a tiempo completo a esta tarea, sin tener que ocuparse también de la gestión diaria. 
Aunque el Sr. Nicholson ya no esté aquí, estoy segura de que leerá el acta de este debate, y deseo manifestarle que es evidente. 
La Comisión, además, con el Parlamento y el presidente Arias Cañete ha organizado muchos seminarios y debates parlamentarios entre los sectores parlamentarios, en los que han participado muchos de ustedes. 
Es evidente que ni el presidente, ni la Comisión pueden obligar a la gente a participar, pero se han dado facilidades y opciones y espero que estas ocasiones de debate abierto, casi off the record sean cada vez más aceptadas. 
Vuelvo al POP IV, sólo para hacer una precisión. 
En la suspensión de ayudas a la flota- pero no de todas las ayudas al sector pesquero- no hay ningún chantaje. 
Es automáticamente una consecuencia jurídica de una falta en un POP. 
Por lo tanto, no hay ningún chantaje. 
Por el contrario, espero que esto pueda ayudar a aquellos de nosotros que estimen necesario tener un POP y empujar a aquellos que no lo quieran a que asuman sus decisiones. 
Además, preciso, como está bien especificado en el acuerdo, que en el caso en que se produjera un POP de aquí a abril, las ayudas a la flota se reconducirían evidentemente de forma retroactiva. 
Si llegamos a una decisión no se habrá perdido nada, puesto que habremos conseguido esto, pero la suspensión de la ayuda a la reestructuración de la flota es automática si no existe plan de reestructuración. 
Hemos hablado ya mucho de las líneas generales del POP. No quiero volver a ello. 
Señor Crampton, no creo en su propuesta de retirar directamente del POP IV a la flota de altura que pesca en aguas de terceros países. 
Tal vez haya hecho usted esta propuesta a modo de provocación, para hacer reflexionar, pero permítame que le diga que los stocks no están en peligro sólo en nuestras aguas, sino a escala mundial, e incluso en las aguas de terceros países. 
Hay que tener cuidado para no encontrarse en una situación difícil. 
Por consiguiente, tomo nota de su idea, pero pienso que no es viable en lo inmediato. 
El Sr. Baldarelli me ha preguntado qué ocurre con el POP-III. Pienso que es una cuestión previa importante. 
Lea evaluación del POP-III que terminó el 31 de diciembre, se hará en el mes de abril, de acuerdo con el reglamento, para basarse en los datos de los países miembros. 
Además, si pueden ustedes ayudarnos para que los países miembros nos transmitan rápidamente y de forma homogénea sus datos, ello nos ayudaría para tener las ideas más claras. 
Unas palabras más en respuesta a un grupo de diputados, en particular, los Sres. McCArtney, McMahon y McCartin que han suscitado el problema del salmón. 
Lo repito en primer lugar, que no hay que olvidar que los productores más competitivos del sector del salmón, registran un aumento de la productividad que se sitúa entre el 5 y el 6 %. 
Es evidente que los precios bajan cuando se produce cada vez más salmón y se tiene un aumento de la productividad de 5 a 6 %. 
Ello implica algunas consecuencias evidentes. A esto se añade que el precio está bajando de nuevo, después de las fiestas de Navidad, lo cual era bastante previsible. 
Veremos lo que ocurre en las próximas semanas, pero saben ustedes también que el precio mínimo no ha sido una medida muy eficaz. 
Por último, desearía llamar su atención sobre el hecho de que la verdadera solución al problema se encuentra en los resultados de la comisión de investigación antidumping. 
Por lo tanto, deseo que trabajemos juntos para encontrar soluciones duraderas, sin perjuicio de estudiar en la urgencia lo que pasa. 
Espero haber reagrupado más o menos las respuestas a las preguntas que me han planteado. 
Si he olvidado a alguien le haré llegar una respuesta por escrito. 
Gracias, señor Presidente, gracias, Señorías, gracias, señor Arias Cañete. 
Pienso que otro de sus compañeros va a asumir la presidencia, pero me felicito de nuestra colaboración, y de su colaboración con la Comisión. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bonino. 
El debate queda cerrado. 
Estrategia forestal de la Unión Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0414/96) del Sr. Thomas, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre una estrategia comunitaria general para el sector forestal. 
Señor Presidente, tengo el inmenso placer de presentar hoy, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, mi informe sobre la estrategia forestal de la Unión Europea. 
En primer lugar, quisiera señalar el significado que, en materia de procedimiento, tiene el presente informe por constituir un paso histórico importante para el Parlamento Europeo. 
El artículo 138 B del Tratado de la Unión Europea otorga al Parlamento el derecho de iniciar la actividad legislativa. 
A pesar de que este artículo ya ha sido utilizado antes para medidas específicas, ésta es la primera vez que se aplica para pedir una legislación que abarque un sector completo, que es de considerable importancia en todos los Estados miembros, y que tiene repercusiones que afectan al empleo, a las perspectivas económicas y a millones de ciudadanos de la Unión. 
Me alegra verme relacionado con este paso y siento un enorme interés por oír de la Sra. Comisaria, que se encuentra aquí presente, si la Comisión tiene intención de responder positivamente a esta petición del Parlamento. 
El sector forestal es de suma importancia para la Unión Europea, aunque, naturalmente, su importancia varía según los diferentes Estados miembros. 
Durante mi reciente visita a Finlandia, el propietario de un bosque me dijo que la industria forestal tenía en aquel país la misma importancia que tiene la industria del automóvil en Alemania. 
La resolución que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura comprende los puntos siguientes: resalta la importancia del sector forestal como fuente de empleo y riqueza, y señala que la utilización comercial de los bosques debe ser un tema prioritario. 
No obstante, hay que reconocer la diversidad de los bosques europeos; su carácter multifuncional y la necesidad de una sostenibilidad ecológica, económica y social. 
Esto significa que la estrategia forestal debe basarse en el principio de subsidiaridad. 
Debemos aspirar a una definición clara de las políticas nacionales, a fijar objetivos a nivel nacional e internacional y a establecer un vínculo entre la estrategia forestal y otras políticas, tales como las políticas de medio ambiente y rural. 
Es evidente que la Unión Europea y sus Estados miembros deben respetar las resoluciones aprobadas en el marco de la Declaración de Río y de las Resoluciones aprobadas en Helsinki. 
La resolución se centra en tres aspectos diferentes: la protección de los bosques, su utilización y desarrollo y la ampliación de los mismos. 
En lo que respecta a la protección, deseo señalar un punto importante: la protección de los bosques contra los incendios. 
Aproximadamente medio millón de hectáreas de masa forestal son arrasadas cada año por los incendios. 
Este problema supone un enorme derroche de recursos que debe ser atajado mediante un programa coordinado a nivel de los Estados miembros, a nivel regional y a nivel de los propietarios de los bosques, así como mediante la acción de la Unión Europea. 
Debemos fomentar la utilización de los bosques no sólo como fuente de madera, sino también por su importancia desde el punto de vista del medio ambiente y para actividades de esparcimiento. 
Son áreas de interés que no se excluyen mutuamente. 
No existe ningún motivo por el que no deba promoverse el consumo de madera, especialmente a través de una política coherente y de calidad, mientras que al mismo tiempo, los bosques deben convertirse en unos recursos aún más importantes como medio de esparcimiento para nuestros ciudadanos y por su valor medioambiental. 
Necesitamos también ampliar e aumentar los recursos forestales, respetando la biodiversidad y el paisaje tradicional, ayudando a evitar la erosión y la desertización. 
En algunas partes de la Unión Europea tiene sentido fomentar la gestión sostenible de los sistemas agroforestales. 
Existe además una acción específica que debemos adoptar para mejorar el inventario forestal europeo, para potenciar la investigación de los ecosistemas forestales, apoyar la educación y la formación en este ámbito y fomentar el desarrollo de los intereses económicos y sociales de los bosques. 
La Comisión de Agricultura ha presentado asimismo propuestas para la extensión del papel del Comité Forestal Permanente a fin de que éste se convierta en el principal instrumento de coordinación de los temas forestales y, a nivel internacional, para coordinar con mayor eficacia los conceptos relacionados con los bosques al objeto de que sean tenidos en cuenta en las políticas comerciales generales de la Unión. 
La Comisión debería presentar un plan de acción eficaz de lucha contra el dumping ecológico y social en lo que se refiere a las importaciones de madera. 
Asimismo, la Comisión y los Estados miembros deben seguir trabajando de manera activa en favor de un convenio internacional sobre la protección y la gestión sostenible de los bosques. 
Existe además la difícil cuestión de cómo alcanzar un acuerdo sobre un régimen reconocido a nivel internacional relativo a la certificación en materia de gestión sostenible de los bosques. 
La certificación debería alcanzar los objetivos de mejorar la explotación sostenible de los bosques desde el punto de vista económico, social y ecológico. 
Espero haber tocado los principales aspectos de las propuestas de la Comisión de Agricultura. 
La comisión aprobó por unanimidad el presente informe, y espero que el Parlamento le dé un apoyo considerable para asegurarnos de que nuestra voz se oiga alta y clara en la Comisión. 
Me gustaría saber si la Sra. Comisaria tiene intención de presentar una propuesta en los términos expuestos. 
En cuanto a las enmiendas presentadas, quisiera recordar a los diputados que he considerado prioritario intentar conservar el alto grado de consenso alcanzado en la Comisión de Agricultura. 
No estoy dispuesto a aceptar enmiendas que rompan ese equilibrio. 
No obstante, estoy dispuesto a aceptar ideas de los diputados que puedan resultar complementos de utilidad. 
Hago hincapié en que sean complementos de utilidad. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar mi más sincera enhorabuena al ponente, el Sr. David Thomas, que creo que ha trabajado durante mucho tiempo y muy eficazmente en un informe muy importante que nos da el punto de vista del Parlamento sobre un sector de vital importancia para el futuro de la Unión Europea. 
Si recurrimos a la iniciativa legislativa del Parlamento, debe hacerse en ocasiones muy importantes y cualificadas, y no hay duda de que la de hoy es una de ellas. 
Pedimos a la Comisión que presente, sobre la base de los artículos del Tratado y en el plazo de dos años, una propuesta legislativa sobre la estrategia forestal europea, reconociendo la función medioambiental y ecológica de los bosques europeos, desde el punto de vista de la biodiversidad y de su función contra la erosión y la desertización y como la fuente de energía renovable más importante de la que dispone hoy Europa. 
Y hablamos asimismo de la utilización económica, forestal y comercial de los bosques, teniendo en cuenta su diversidad, su carácter multifuncional y las experiencias también muy distintas que se llevan a cabo hoy en nuestro contexto, especialmente tras la ampliación de la Unión Europea. 
Yo creo que el informe se articula en tres puntos decisivos: la protección, la utilización y el desarrollo de los bosques y la potenciación. 
Yo estoy convencido de que estos tres elementos pueden formar parte de pleno derecho de esa nueva política para el desarrollo rural, que, después de la Conferencia de Cork convocada por la Comisión, ha abierto un amplio debate sobre toda la política agrícola común. 
Ha habido quien ha definido las tesis del Comisario Fischler en la Conferencia de Cork como una pura poesía, una utopía del futuro. 
Yo, en cambio, estoy convencido de que basta pensar en un tema como el de los bosques para darse cuenta de que no es una utopía, sino que es una realidad dotada de potencialidades muy fuertes. 
No hay duda de que quizás también podíamos avanzar más en el Parlamento Europeo: ha habido quien, en el debate en la Comisión de Agricultura, ha planteado la posibilidad de hablar de una verdadera política común en el ámbito de los bosques. 
Yo creo que hoy no es realista pensar en una política común en el ámbito forestal con todos los instrumentos, por ejemplo, de las políticas comunes más tradicionales como la PAC. 
Hay que pensar, en cambio, en una estrategia que valorice la subsidiariedad, una subsidiariedad que no se tome como pretexto para no hacer nada, sino, al contrario, como oportunidad para hacer las cosas de manera más inteligente y centrándose más en objetivos concretos. 
Por lo tanto, el verdadero tema no será gastar más, sino coordinar mejor los recursos ya existentes y las acciones que hay a nivel nacional y europeo- y afortunadamente son ya numerosas- con el fin de valorizar el patrimonio forestal de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, creo que es acertado afirmar que el presente informe sobre una estrategia comunitaria para el sector forestal ha tenido una difícil gestación. 
¿Porqué ha sido así? 
Permítanme que intente ofrecerles una explicación positiva. 
El sector forestal representa para algunos países una base vital económica pero también cultural. 
Independientemente de ello, el sector forestal es sin duda un sector con futuro. 
El bosque y las forestas representan en la Unión el 41, 5 % de la superficie, que se distribuye entre 10 millones de propietarios y 2, 8 millones de personas dependen directa o indirectamente de la economía forestal. 
Se puede entender fácilmente porqué precisamente este tema ha despertado tantas emociones en el debate. 
No obstante, los resultados obtenidos son realmente notables. 
Quiero expresar mis felicitaciones más sinceras a todos los que han contribuido a elaborar este aceptable compromiso. 
Creo que esto lo refleja también la resolución unánime lograda en la Comisión de Agricultura. 
Permítanme que destaque otro aspecto positivo. 
El Parlamento ha mostrado una iniciativa propia en este caso. 
Creo que sólo mediante tales iniciativas se logrará fortalecer en el futuro el papel del Parlamento Europeo en las fases iniciales del debate. 
Debemos tener el mayor interés precisamente como diputados de esta Asamblea. 
Algunos aspectos de este informe me parecen esenciales. 
Sobre todo desde un punto de vista austríaco que creo es muy similar al mío propio. 
Austria dispone de una superficie forestal de 3, 87 millones de hectáreas, de las que se explota el 86 %. 
Unas 250.000 personas dependen o trabajan directa o indirectamente en la industria forestal. 
La finalidad principal del bosque es su utilización económica así como su valor medioambiental y turístico. 
Me parece muy importante que no se separen estas funciones. 
Es un error equiparar la utilización económica a la explotación de la Naturaleza. 
Sólo mediante una utilización dirigida y, ante todo, sostenible, se puede asegurar de modo permanente el equilibrio ecológico en el bosque. 
Y para este equilibrio es también necesaria una caza responsable. 
La utilización del bosque desempeña ante todo un papel vital en las regiones montañosas que, como se sabe, se ven muy desfavorecidas en las prácticas agrícolas de otro tipo. 
La madera es un elemento esencial como material de construcción y también energético. 
Es de esperar que mediante un empleo más intenso de la biomasa aumente también la demanda de madera en el sector energético. 
No necesito referirme a las otras muchas posibilidades de la madera. 
Pero una cosa está clara: la madera, como materia prima renovable, es un producto al que hay que dedicar realmente una mayor atención. 
Naturalmente, inmediatamente se plantea la cuestión de la ampliación de las reservas forestales. 
No obstante, hay que diferenciar muy claramente dónde son necesarias las repoblaciones forestales y dónde la repoblación solamente se puede considerar como la última salida para explotar zonas rurales. 
Reforestar allí donde es necesario para evitar erosiones o crear bosques de protección es algo evidente. 
Pero habría que ser precavido a la hora de hacerlo allí donde se modifican los paisajes naturales. 
La atención principal debe dirigirse no a la reforestación en si sino al cuidado de las superficies forestales. 
Es sabido que a nivel de la UE, exceptuando Grecia, la reforestación supera a las talas. 
Creo que en el informe se tiene también suficientemente en cuenta la protección frente a incendios, la lucha contra los parásitos y los recursos biológicos del bosque. 
Estimadas y estimados colegas, espero que den su asentimiento a este compromiso sobre una estrategia comunitaria para el sector forestal en la UE. 
Señor Presidente, no era fácil aventurarse en los bosques europeos sin correr el riesgo de perderse. 
Mi primera felicitación es, pues, para el ponente, quien, tras un laborioso trabajo transaccional entre una selva de enmiendas, ha conseguido salir de ahí con algunas propuestas de base sobre las que se podrá trabajar en el futuro. 
Era un informe difícil porque el tema presentaba muchos aspectos, así como muchos y distintos son los tipos de bosque en Europa: se va desde los abedules en Finlandia a los eucaliptos de Portugal, a las palmeras de Canarias. 
Existen, pues, principios generales que hay que tener en cuenta, como, por ejemplo, el primer párrafo del apartado A, donde se habla de gestión, que debe aplicarse hasta el grado más bajo, el principio de la subsidiariedad en las intervenciones, hasta responsabilizar personalmente, directamente, al propietario en la protección y el uso de su patrimonio forestal. 
Pero en el mismo apartado, en el segundo párrafo, hay una contradicción, cuando se proponen criterios generalizados de explotación económica, que, en cambio, deben ser distintos. 
El tipo de utilización del bosque en el centro y norte de Europa no puede ser el mismo que el del bosque alpino, ni que el del chaparral mediterráneo, donde la presencia del hombre, además de un uso de la madera, impone un aprovechamiento de tipo turístico-recreativo que crea problemas distintos, empezando por la protección hidrogeológica del territorio. 
Un principio que se ha de establecer es el derecho de propiedad de los bosques por parte de quienes los poseen, pero también el derecho de la colectividad a intervenir en el caso de que, o por falta de medios o por una atención cultural insuficiente, se produzcan situaciones de degradación causada por la incuria. 
En algunos casos es conveniente prever ayudas concretas para este fin. 
Hay que incentivar también todas las formas de coordinación y de asociacionismo entre propietarios, tal y como dice el apartado 12, donde se habla de potenciación: es conveniente fomentar los intercambios de información, de experiencias entre propietarios europeos, así como formas de formación, de asesoramiento para los gestores, para el personal encargado de los bosques, pero, sobre todo, para los agricultores que viven en contacto con la realidad forestal, de la que deben ser los controladores y los guardianes indirectos. 
En ese sentido puede desempeñar un papel fundamental el Comité Forestal Permanente, en el que tenemos que creer profundamente y que debe estructurarse como una auténtica task force dinámica y muy operativa. 
Para eso es necesario afrontar con valor el último capítulo del informe, el que habla de la dotación financiera. 
Es necesario hacer un estudio serio sobre los métodos de intervención, pero basándose en un esquema claro de prioridades: primero, salvaguardia del patrimonio forestal y de los recursos genéticos; segundo, inventario forestal europeo, diversificación de los criterios de uso, normas claras, evaluación técnica, defensa ante los peligros. 
Conclusión: el bosque no puede ser ni una cantera para la industria de la madera, ni un parque natural rigurosamente cerrado para el hombre, que, en cambio, debe ser, al mismo tiempo, promotor, usuario, pero, sobre todo, responsable de la vida del bosque. 
Informo a Sus Señorías de que se interrumpe el debate, que se reanudará a las 15.00 horas. 
Pasamos al turno de votaciones. 
Declaración del Presidente 
Antes de empezar con la votación, Señorías, quisiera expresar la satisfacción del Parlamento Europeo por la firma del Acuerdo de Hebrón por el Jefe de Gobierno israelí, Sr. Benjamín Netanyahu, y por el Presidente del Consejo palestino, Sr. Yaser Arafat. 
Este Acuerdo, aprobado por el Gobierno israelí y el Consejo palestino, es un paso importante hacia la paz y nos devuelve la esperanza en el reinicio de este proceso, definido en Oslo, cuya necesidad el Parlamento Europeo ha reiterado en varias ocasiones. 
Creo que nos podemos felicitar porque, al menos según las noticias de agencia, la intervención de la Unión Europea, a través del mediador designado, ha cooperado a un buen resultado de estas conversaciones. 
Creo que con ello interpreto el sentimiento de todas sus Señorías. 
(Aplausos) 
Votaciones 
Señor Presidente, mi grupo político considera que el tiempo que se nos ha concedido desde el lunes para esta importante propuesta de resolución es demasiado corto. 
Por ello, vamos a abstenernos, lo que no significa que no estemos de acuerdo con las líneas básicas de esta resolución, su contenido y objetivos. 
Muchas gracias, señor Hänsch. 
Me permito señalarle que quizá el cauce más adecuado hubiera sido una explicación de voto posterior más que una moción de orden, como usted mismo sabe. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Jackson, la práctica de esta Asamblea es que, en las votaciones, los funcionarios de los Grupos encargados de seguir el informe correspondiente- y por tanto una persona, como máximo, por Grupopuedan estar sentados al lado de la persona que lleva, en nombre del Grupo, esta decisión. 
Por tanto, yo estimo que, salvo que se cambie el Reglamento- que no dice nada -, la práctica debe ser mantenida porque facilita el desarrollo de las votaciones en beneficio de todos. 
Naturalmente, otras personas no tendrían que estar en este sitio. 
Señor Presidente, según nos manifiestan, la Cumbre de Dublín ha logrado una victoria importante, esto es, el acuerdo sobre los principales elementos del pacto de estabilidad que debería vincular a los países que participan en la moneda única. 
Pero cuando se le mira de más cerca, esta gran victoria se manifiesta muy ambigua. 
Leamos el comunicado final del Consejo Europeo. 
Tras haberse felicitado por el llamado acuerdo, remite los textos de aplicación al Consejo «Ecofin» , no para firmarlos, sino, cito, » para examinarlos atentamente» , lo que significa claramente que el Consejo Europeo tiene serias dudas sobre algunos puntos. 
Además, invita a los Ministros de Hacienda a preparar para el Consejo de Amsterdam, por lo tanto, para junio de 1997, un proyecto de resolución que, vuelvo a citar, » recogerá el compromiso de los Estados miembros, de la Comisión y del Consejo, de aplicar rigurosamente el acuerdo sobre la estabilidad». 
Por consiguiente, al examinar cuidadosamente el comunicado, descubrimos que, en realidad, no ha habido ningún compromiso, ninguna firma de compromiso global. Y ello por dos buenas razones. 
En primer lugar, como el pacto de estabilidad no estaba explícitamente previsto en el Tratado de Maastricht, los juristas tienen grandes dificultades en hacer que una construcción tan ambiciosa entre en las escasas disposiciones existentes. 
Si no lo logran, como es probable, en mi opinión, habrá que volver a comparecer ante los pueblos para modificar el Tratado y tal vez incluso revisar las constituciones, sobre todo, en Alemania y Francia. 
Por otro lado, todavía no se ha decidido entre dos concepciones opuestas del pacto de estabilidad. 
El pacto será un simple acuerdo de buen funcionamiento de la moneda única entre países bastante cercanos los unos de los otros, o bien contemplará una convergencia forzada entre países muy diferentes que no constituyen verdaderamente una zona monetaria óptima. 
Dicho de otro modo, vale más una Europa dividida en dos, o una Europa sometida a una convergencia obligatoria y burocrática. 
Éste es el dilema en el que nos encierra hoy la moneda única. 
No podemos votar en favor de la propuesta de resolución porque en varios sentidos va en contra de nuestras ideas, y sobre todo de las ideas de nuestros electores en torno a la estructura futura de la UE. 
No creemos que la introducción de la UEM favorezca el crecimiento o aumente el empleo. 
Tampoco pensamos que sea deseable unas mayores competencias para la UE en asuntos de política exterior y de seguridad. 
Creemos que cada uno de los Estados miembros de la UE debe tener su propia voz, libre e independiente, en la cooperación de ámbito internacional. 
El objetivo más importante de la UE es actualmente la realización de la ampliación hacia el este. 
Sin embargo, hay que resolver con la mayor prontitud los problemas de la política agrícola y regional para dejar sitio a los nuevos Estados miembros. 
Se ha escrito y hablado mucho sobre (y de) la presidencia irlandesa, de su calidad, de la Cumbre de Dublín, de sus resultados positivos para el euro pero limitados sobre las instituciones... sin hablar del desempleo. 
No volveré a ello de forma detallada sino para felicitar al Gobierno irlandés y animar a la presidencia holandesa que comienza... 
Y al tiempo que señalo a mi vez las «rarezas de la Historia» que después de haber vinculado estrechamente Holanda al Tratado de Maastricht, vuelven hoy a dar a este país la «responsabilidad» de una fase monetaria e institucional de este Tratado, deseo saludar hoy aquí la calidad del trabajo de los países pequeños en el concierto europeo... 
Si soy personalmente partidario de una reforma institucional que pondría en tela de juicio los cambios de presidencia cada seis meses, que impiden una duración sin embargo necesaria para gobernar (¿qué diríamos hoy de un país que cambiara de gobierno cada seis meses? ), ello no quiere decir que las presidencias nuevas y más largas deben ser necesariamente asunto de los países más grandes. 
La experiencia de estos últimos años, por ejemplo, Irlanda, a la que felicito de nuevo, demuestra el compromiso y la seriedad en el trabajo europeo de los países más pequeños en comparación con los más grandes... que muy a menudo «creen ser todavía el centro del mundo» cuando no se consideran además «grandes potencias »... 
Por supuesto, hay excepciones... pero como francés, sé de qué estoy hablando. 
Respecto a la resolución presentada, tenemos que plantear toda una serie de objeciones en especial en lo tocante a los pasajes relativos a la Conferencia de la OMC. 
La Conferencia de la OMC de Singapur no fue un «pleno éxito» como afirma permanentemente la Comisión en sus dictámenes. 
Para apoyar su afirmación de un «huge international succes» (Sir Leon Brittan en su declaración final ante la prensa el 13-12-1996) , la Comisión destaca continuamente el acuerdo logrado en el campo de las tecnologías de la información (OTA) , los progresos de negociación en el campo de las telecomunicaciones y el entendimiento logrado dentro de una parte del grupo quad sobre facilidades aduaneras para licores y otras bebidas alcohólicas. 
Independientemente de que esto último sólo tiene que ver indirectamente con la Conferencia de la OMC y de las repercusiones más bien dudosas del descenso de precios del whisky, ron, coñac o ginebra sobre la salud pública, me pregunto si los progresos en las negociaciones en los campos de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, va a aportar realmente ventajas a los ciudadanos y consumidores europeos. 
Es más que cuestionable que se vayan a producir descensos sustanciales de precios en los accesorios de ordenadores y similares. 
Precisamente como ponente del Parlamento para el campo «comercio y medio ambiente» , tengo que constatar que la Conferencia de Singapur fue un fracaso. 
Se han ignorado totalmente las resoluciones adoptadas por el Parlamento en la fase previa a la Conferencia de la OMC y apenas un punto de nuestras exigencias se refleja en la declaración final. 
Singapur no ha aportado ningún progreso para el medio ambiente. 
Al igual que mi colega Carlos Pimenta, creo que se puede hablar de un fracaso de la Conferencia y de un pleno fiasco del Comité de la OMC para el Comercio y el Medio Ambiente (CTE). 
El CTE ha demostrado su incapacidad para llegar a ningún resultado concreto en los dos años de su trabajo. 
«A pesar de» dicha incapacidad- o quizás habría que sospechar que «precisamente por ella» -, se ha prorrogado el mandato del CTE durante otros dos años. 
En el asunto de los «estándares sociales» Singapur ha sido otro fracaso. 
Tampoco se ha producido ningún avance institucional concreto. 
Sir Leon no es conocido precisamente como un amigo de los intereses sindicales, pero en este caso el problema radicaba en primera línea en el Consejo. 
Precisamente los Gobiernos de Londres y Bonn han desempeñado el poco honroso papel de freno en la fase previa. Quien haya oído las declaraciones del ministro alemán de Economía Rexrodt en Singapur, sabrá que mientras tales personas se sienten en los Gobiernos nacionales no va a ser posible ni siquiera un nivel mínimo de progresos sociales en el comercio mundial. 
Es vergonzoso que la UE no haya protestado enérgicamente cuando, por presión de algunos Estados, se anuló la invitación al Director general de la OIT, Michel Hansenne, para pronunciar un discurso ante la Conferencia de la OMC. 
En lo tocante a la transparencia y a la participación de las ONG, la Conferencia de Singapur ha sido también un fracaso. 
Se prohibieron las manifestaciones en Singapur mientras se duró la Conferencia. 
No hubo canales oficiales para que las ONG pusiesen a disposición de las delegaciones negociadoras sus deseos y estudios. 
Importantes encuentros se celebraron sólo en el círculo de los más escogidos e incluso se negó el acceso a esas salas de reunión a ministros de algunos países del Tercer Mundo. 
Las ONG han protestado enérgicamente en Singapur contra esta obstaculización de su trabajo y han entregado a Sir Leon una resolución de protesta. 
Cuando ahora se le oye hablar, se puede afirmar con toda seguridad que nunca la ha leído. 
Lindqvist (ELDR) , Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL) , Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V) , Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbaek (I-EDN) , por escrito. 
(SV) Contrariamente a la mayoría del Parlamento, consideramos que el proyecto marco de la Presidencia irlandesa sobre la revisión de los Tratados va por un camino totalmente erróneo. 
A pesar de que no se han especificado con detalle unas cuestiones importantes desde el punto de vista institucional- por ejemplo, el grado de las decisiones por mayoría, las normas para la flexibilidad, las modificaciones en cuanto al peso específico de los votos en el seno del Consejo, el papel de la Comisión y su composición -, las intenciones de la Presidencia irlandesa son claras. 
Se persigue una toma de decisión a un nivel más supraestatal, y el reforzamiento de los órganos de la UE que funcionan a nivel federal a costa de la influencia de los Estados miembros. 
Esto nos lleva a un empobrecimiento notable de la democracia. 
A unos años vista, es sobre todo el nivel nacional el que garantiza la legitimidad democrática que los ciudadanos consideran aceptable. 
También nos llevan por un camino equivocado la dura redacción del proyecto marco en un sentido supraestatal en relación con la política exterior y de seguridad, así como la propuesta de transferir aspectos importantes de la cooperación jurídica y de interior al primer pilar. Esto debilita, y en ciertos casos suprime, la cooperación intraestatal e intraparlamentaria. 
En nuestra calidad de diputados nórdicos contrarios a la Unión, también hemos comprobado que las llamadas cuestiones clave para los países nórdicos, como la transparencia y el medio ambiente, han registrado unos progresos mínimos hasta la fecha. 
También nos decepciona la superficialidad de la Conferencia Intergubernamental, donde nadie se ha atrevido a conectar las cuestiones del empleo con las repercusiones desencadenantes del desempleo del proyecto de la UEM. 
Las que parecen ser fuertes críticas de la Conferencia Intergubernamental, y que figuran en la resolución, expresan sobre todo una necesidad desesperada por parte del Parlamento Europeo de acumular un mayor poder para proteger sus propios intereses, además de reforzar la exigencia de que se constituya una gran potencia centralista en Europa. 
En consecuencia, tenemos muchos y buenos motivos para rechazar la resolución. 
Un relevante acontecimiento ocurrido durante la Presidencia irlandesa fue la primera Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Singapur en diciembre. 
Si bien las expectativas antes de iniciarse dicha conferencia no eran tan elevadas, puede afirmarse que los resultados fueron sorprendentes. 
Resultado muy positivo si consideramos que finalmente un total de 128 países logró adherirse a una sola declaración. 
El resultado de mayor importancia de la Conferencia de Singapur lo constituye tal vez el hecho del fortalecimiento de la posición de la OMC. 
Un sistema de comercio estable y efectivamente multilateral reviste una gran importancia en la resolución de conflictos y en la integración del comercio internacional en un contexto de normas y reglamentaciones en materia social y medioambiental. 
Pese a que en materia de liberalización del comercio no se llegó en Singapur a grandes progresos, no es menos evidente que en el transcurso de las próximas décadas se habrán de extender las ventajas del libre comercio internacional. 
El acuerdo concluido con respecto a la supresión de los aranceles al comercio de productos de tecnología de la información en el año 2000 constituye un importante paso de avance. 
El comercio de tecnología de la información en forma de ordenadores, telecomunicaciones y electrónica constituye uno de los sectores del comercio mundial de más rápido crecimiento. 
En el ámbito de contrataciones públicas y en el comercio de servicios los resultados alcanzados fueron menos espectaculares y la liberalización deberá hacer frente a mayores obstáculos. 
Queda aún por precisar si los resultados alcanzados por la Conferencia de Singapur habrán de aportar el mismo grado de ventajas a los países en desarrollo. 
Afortunadamente fue posible evitar un enfrentamiento entre los países ricos y pobres gracias a la decisión de considerar a la OIT la única organización capacitada para negociar cuestiones de normas sociales y de que en ningún caso las medidas comerciales podrán constituir el instrumento idóneo para imponer dichas normas. 
Por lo que respecta a los países más desfavorecidos, habríamos deseado que se adoptase la proposición neerlandesa de suprimir los aranceles para dichos países. 
La idea de instaurar un plan de acción a favor de los países menos desarrollados, en el cual se incluiría también esta medida, nos parece desgraciadamente mucho más vaga. Concretamente por el hecho de que los países pueden intervenir en el cumplimiento de la propuesta de manera voluntaria. 
Es lamentable que en la Conferencia de Singapur no se haya abordado prácticamente el tema de las relaciones entre comercio y medio ambiente y que en la declaración final no figure ningún acuerdo explícito sobre la cuestión. 
La OMC deberá adoptar reglas establecidas de común acuerdo encaminadas a la protección del medio ambiente. 
La Comisión de la OMC encargada de comercio y medio ambiente deberá efectuar en breve plazo claras recomendaciones a ese respecto. 
De lo contrario, aumentará el riesgo de que la integración de la política ambiental en el marco de la OMC se vea excluida a largo plazo. 
Resumiendo, puede considerarse positivo el fortalecimiento de la posición de la OMC a través de la Conferencia de Singapur. 
En lo referente al enmarcamiento de la continua liberalización a través de una gestión en materia de medio ambiente, normas sociales y política de desarrollo será necesario una acción mucho más decidida en el marco de la OMC. 
Podríamos suscribir por consiguiente los párrafos referentes a los resultados de la Conferencia de Singapur que figuran en el proyecto de resolución común. 
Rechazamos enérgicamente la idea de una mayor utilización de la mayoría cualificada por lo que respecta al tercer pilar. 
Ni esto, ni la capacidad operacional para Europol, son la cooperación entre Estados libres en la que entramos a formar parte el 1 de enero de 1995. 
No creemos que aumente la eficacia transfiriendo estos ámbitos a un nivel supraestatal. 
Dentro del sector de la política comunitaria de seguridad y cooperación, la PESC, pensamos que cada país miembro debe conservar su derecho al veto. 
Por eso no podemos votar en favor de la redacción de la propuesta de resolución en torno a estas cuestiones. 
La integración de la Unión Europea Occidental en la UE contradice la política sueca de neutralidad, y no podemos aceptarla. 
Ni Suecia ni el resto de Estados neutrales pertenecen a la UEO, y esto hace que sea también prácticamente imposible la integración de los dos organismos independientes. 
Nuestro punto de partida, que la UE es una cooperación entre Estados libres, contrasta agudamente con esta propuesta de resolución, y hace que nos resulte imposible votar a favor. 
Informe Oomen-Ruijten (A4-0009/97) 
Me alegra mucho que haya prevalecido el sentido común en esta directiva. 
He sido de utilidad con mi intento de introducir enmiendas al informe en el Parlamento, y me alegra comprobar que el espíritu de las mismas aparece reflejado en el texto final. 
Espero que el Parlamento lo apoye sin enmienda. 
En mi opinión, el informe ofrece al consumidor europeo una protección eficaz sin imponer, al mismo tiempo, unas condiciones para los contratos a distancia que serían tan onerosas, que a los consumidores les resultaría difícil realizar compras a distancia. 
Me congratulo, en particular, del hecho de que las disposiciones de la directiva sobre la información previa y los derechos de cancelación no sean aplicables a la reserva de taxis, hoteles, localidades para el teatro, etc. De haberse aplicado las normas de la directiva a estos casos, la Unión Europea habría quedado en una situación de descrédito y de ridículo, sin beneficiar por ello a los consumidores. 
Del mismo modo, me alegra que se haya enmendado la directiva para permitir a los servicios de entrega de flores, como Interflora, y otros servicios de entrega de regalos seguir ofreciendo sus servicios de entrega en el mismo día. 
No lamento que la directiva no aborde los servicios financieros. 
Habría sido desesperadamente complicado intentar cambiar la política de los servicios financieros mediante una directiva que no incluía a los servicios financieros entre sus objetivos iniciales. 
Ciertamente es mucho lo que queda aún por hacer para garantizar que los consumidores europeos tengan una protección eficaz (aparte de su propio sentido común) , en lo que se refiere a los servicios financieros contratados a distancia, y me alegra que la Comisión esté actualmente estudiando este asunto. 
Informe Roth-Behrendt (A4-0006/97) 
Los socialdemócratas suecos queremos expresar nuestras dudas en torno a la propuesta de compromiso sobre la que hay que adoptar una posición. 
Para nosotros es evidente que el consumidor debe poder elegir a partir de un sistema de etiquetado eficaz. 
Con el sistema que se sugiere en el compromiso, el consumidor no puede realizar una elección con pleno conocimiento de causa. 
El hecho de que el etiquetado de los nuevos productos alimenticios se diferencie del natural de un modo que puede establecerse científicamente significa que se minimaliza la responsabilidad del productor. 
Que, en su lugar, esta responsabilidad recaiga exclusivamente sobre las instituciones europeas es erróneo en nuestra opinión. 
Además, el sistema conllevará la distribución de alimentos genéticamente modificados aprobados, que carecerán de etiquetado. 
El sistema debería basarse en el llamado principio de la cautela, lo cual significa que no hay que aprobar los nuevos productos que constituyan un riesgo. 
Si, además, no conseguimos un etiquetado general, pensamos que el consumidor no tiene influencia alguna sobre su propio consumo por lo que respecta a los alimentos genéticamente modificados. 
A pesar de nuestras dudas, votamos en favor del compromiso, ya que la alternativa es un mercado que seguirá desreglamentado. 
Dicha alternativa sería más grave desde el punto de vista del consumidor. 
Después de un largo proceso, debido a la oposición del Parlamento Europeo a la Comisión y al Consejo, que ha necesitado la convocatoria de un comité de conciliación, el Parlamento Europeo ha aprobado el proyecto relativo a los nuevos alimentos e ingredientes alimentarios. 
Los nuevos alimentos (que ya no son equivalentes a los productos existentes) y los alimentos «genéticamente modificados» deben estar «marcados» para proporcionar a los consumidores de la Unión Europea la información más precisa posible. 
Esta nueva reglamentación es necesaria para hacer frente a la globalización de la economía: es preciso que los Estados miembros invoquen las mismas normas de marcado para que no haya ninguna confusión en el seno de la Unión Europea sobre los productos procedentes, en particular, de los Estados Unidos donde la ingeniería genética en el ámbito alimentario está ya muy desarrollada. 
Esta reglamentación europea obligatoria para la comercialización de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios es muy positiva. Permite una mejor seguridad de los alimentos genéticamente modificados. 
La OEUC (Oficina Europea de Uniones de Consumidores) felicitó al Parlamento Europeo que ha sido mucho más exigente en materia de etiquetado que el Consejo, y, a mi vez, deseo felicitar a la Sra. Roth-Behrendt por su trabajo. 
La OEUC aprueba asimismo «la obligación de la Comisión de vigilar el impacto del reglamento en la salud, la protección y la información de los consumidores». 
Pero esta reglamentación debe completarse con la obligación de etiquetar las semillas y las materias primas genéticamente modificadas. 
Una vez más, el Parlamento Europeo ha demostrado el valor de su aportación al establecimiento de una legislación europea de calidad. 
Votamos en contra del proyecto conjunto del Comité de Conciliación de una Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre nuevos alimentos e ingredientes alimentarios. 
El proyecto tiene fallos graves en lo relativo al etiquetado de productos genéticamente modificados derivados de la soja, el maíz y la remolacha, además de aditivos alimentarios producidos con la ayuda de organismos genéticamente modificados. 
El proyecto no exige que se etiqueten estos productos. 
Pensamos que, como consumidores, tenemos un derecho inalienable a la información y la responsabilidad sobre lo que comemos, especialmente dada la circunstancia de que es difícil predecir cuáles serán las consecuencias a largo término de la ingestión de alimentos genéticamente modificados. 
El Comité permanente sobre productos alimenticios, que debe asistir a la Comisión en su adopción de decisiones sobre los nuevos productos, no tiene los conocimientos necesarios que se requieren para poder valorar los riesgos ecológicos que pueden producirse si se comercializan libremente los nuevos productos en el mercado. 
Además, el proceso de toma de decisiones se desarrolla sin el conocimiento y la participación de los consumidores y de las organizaciones ecologistas. 
El ponente opina, no obstante, que la directiva propuesta es preferible a carecer de disposiciones jurídicas en el sector. 
Ciertamente deseamos una normativa clara, pero ésta debe surgir de unas necesidades humanas y ambientales en mayor medida de lo que es el caso en esta propuesta, y, por consiguiente, votamos en contra de la totalidad del proyecto. 
Voy a votar a favor del resultado del comité de conciliación relativo a los nuevos alimentos (nouvel food). 
Voy a votar a favor de esta directiva puesto que los alimentos genéticamente modificados llevarán, de esta manera, en el futuro, un etiquetado distintivo. 
Además, la gran mayoría de la prensa y de las asociaciones de consumidores han calificado de gran éxito el resultado obtenido por el Parlamento Europeo en el comité de conciliación. 
A este respecto, me sublevo contra la campaña de Greenpeace que, lejos de responder a los argumentos concretos que presenté, al mismo tiempo que el Grupo Socialista en el P.E., continúa calificando de insuficiente el compromiso logrado por el Parlamento Europeo. 
Los argumentos de Greenpeace se revelan en parte erróneos y no tienen en cuenta los intereses de los consumidores en Europa. 
A este respecto, he hecho llegar a Greenpeace así como a todos los medios de comunicación, una respuesta precisa y detallada de cinco páginas, a los argumentos presentados por la organización ecologista. 
Así, pretendemos que «el compromiso sobre los nuevos alimentos constituya un obstáculo para cualquier legislación nacional más avanzada». 
Ahora bien, esta objeción ignora totalmente el hecho de que en el seno del mercado interior europeo, el principio de la libre circulación garantiza la libre comercialización de los productos. 
Ninguna legislación nacional (aunque debiera existir en los quince Estados miembros, lo cual es improbable) , puede ser mejor que una reglamentación de la UE basada en este compromiso. 
De forma general, los socialistas luxemburgueses, que aprecian los posicionamientos de Greenpeace, son sinceramente de la opinión de actuar, votando por el compromiso, por una situación de derecho, para proteger a los consumidores, mientras que si se rechazara el compromiso, estaríamos ante un vacío jurídico a nivel europeo y de algunos Estados miembros, que sería nocivo para la salud y la protección de los consumidores. 
En efecto, este compromiso no es perfecto. Pero más vale comenzar a crear una reglamentación, sin perjuicio de perfeccionarla después, que rechazar ésta y tener que comenzar desde cero. 
Así pues, contrariamente a lo que afirma Greenpeace, no estamos en contradicción con la voluntad de los consumidores luxemburgueses, ni con la resolución votada en diciembre contra la soja genéticamente modificada. 
Por el contrario, somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad para proteger la salud de los consumidores. 
Con la aprobación del compromiso logrado por el Parlamento y el Consejo finaliza un procedimiento legislativo que ha durado más de 6 años, que ha experimentado numerosos cambios y en el que han participado con gran intensidad y controvertidamente los directamente afectados, la economía, las organizaciones de consumidores, la opinión pública y la prensa. 
Bajo las condiciones políticas y sociales existentes se ha logrado un buen compromiso. 
En especial la industria alimentaria necesita pronto esta regulación, no tanto por motivos reales, verificables científicamente, sino por razones políticas. 
Necesita un fundamento jurídico sólido en su debate con la política, la administración, los consumidores y la opinión pública. 
Si la regulación europea fracasa, es de temer que se produzca una renacionalización con graves consecuencias negativas competitivas para la industria alimentaria. 
El único alimento modificado realmente mediante ingeniería genética y comercializado sigue siendo el «FlavsSavr Tomate» (EE.UU). 
Un puré de tomate obtenido de un tomate similar y debidamente etiquetado se ha introducido con éxito esta primavera en Inglaterra. 
En las plantas útiles, la ingeniería genética desempeña un creciente papel si bien esencialmente en lo que se refiere a la modificación de las características agronómicas y menos en lo que se refiere a la modificación de los mismos productos. 
Con las semillas de soja modificadas genéticamente plantadas este año en los EE.UU para la producción de alimentos, han llegado por primera vez a Europa también productos brutos vegetales modificados genéticamente. 
En los próximos años seguirán aproximadamente otras 40 plantas modificadas genéticamente. 
Actualmente se están realizando casi 1.000 diversos ensayos de campo solamente con tipos de maíz; ya en diciembre se autorizó en la UE el maíz modificado genéticamente. 
Pero la ingeniería genética no se aplica a la producción de alimentos ahora con la introducción de la nueva soja sino ya desde hace mucho tiempo, si bien de momento sin ningún tipo de influencia sobre los mismos productos. 
Los futuros campos de aplicación más importantes de la ingeniería genética para los alimentos se encuentran en el sector de la fitotecnia. 
En el arroz se ha logrado suprimir los alergenos y también se está trabajando en los componentes valiosos desde un punto de vista fisiológico alimenticio, como el contenido de ácidos grasos, y en otros componentes más adecuados para la técnica de tratamiento, como la composición del almidón. 
Cada vez se pueden registrar más resultados positivos en estos campos. 
Ya existen tipos de patatas y de lúpulo modificados en su composición; se encuentran en Europa poco antes de su comercialización. 
» Queda pues fuera de toda duda que los nuevos alimentos abren toda una serie de interesantes perspectivas. 
Sin embargo, también provocan miedos entre los consumidores e incluso pueden ser dañinos para la salud humana y el medio ambiente» dice la Sra. Roth Berendt en su informe. 
Precisamente por ello considero muy importante la aprobación de este reglamento, en el que se regula tanto la autorización como el etiquetado de los nuevos alimentos. 
Sin embargo, como farmacéutica debo decir que nos encontramos por primera vez ante la situación de tener que autorizar alimentos como medicinas pues hasta ahora no ha existido tal obligación de autorización. 
Todos los alimentos que vengan por primera vez al mercado, es decir, también aquellos que no se han modificado genéticamente o se han producido con ayuda de organismos modificados genéticamente, caen bajo el reglamento y deben ser autorizados. 
Si, por ejemplo, en Europa aún no existiese el kiwi, debería someterse a estas normas y ser autorizado de modo similar a los medicamentos antes de salir al mercado. 
¿Dónde está la frontera de la necesidad de regulación? 
¿En el futuro solamente va a haber alimentos acompañados de folletos informativos? 
La obligación de etiquetado recae sobre los alimentos que contengan organismos modificados genéticamente o que consistan en ellos. 
Según el nuevo reglamento, hay que etiquetar además todos aquellos alimentos que en lo tocante a su composición, sus características alimenticias o su finalidad no son equivalentes a los productos tradicionales y para los que es necesario un etiquetado por motivos éticos o sanitarios. 
Esta «no equivalencia» tiene que deducirse de una evaluación científica si bien no se tienen en cuenta las modificaciones que se muevan dentro de un marco natural. 
Con esta diferenciación, el reglamento hace justicia a la exigencia de practicabilidad para el oferente y para las instancias de control de los alimentos y también el consumidor está suficientemente protegido e informado. 
El etiquetado de una determinada característica solamente se realizará si dicha característica es demostrable realmente en el producto final. 
Con la reglamentación ahora encontrada se hace justicia al mandato de autenticidad y claridad. 
Naturalmente, aún hay que revisar a fondo el compromiso en lo tocante a su alcance para poderlo aplicar adecuadamente a los casos actuales y futuros según la voluntad del legislador europeo. 
Pero el etiquetado de los productos no proporcionará al consumidor más que una observación de que en la fabricación se ha aplicado la técnica genética y qué modificaciones ha ocasionado dicha aplicación. 
Tenemos que informar además al consumidor sobre las causas y el significado de los procedimientos empleados para proporcionarle seguridad. 
Sólo mediante una información fundada podremos evitar la histeria y allanar el camino a los nuevos alimentos en el mercado europeo. 
Muchos consumidores rechazan los alimentos modificados genéticamente. 
Sin embargo, están llegando a Europa desde Estados Unidos. 
Ningún poder político podrá frenar esta posibilidad. 
Por eso, la lucha política debe centrarse en la valoración medioambiental y sanitaria y en las normas de etiquetado. 
El ala derechista «no pondrá, en general, obstáculos» a la industria, mientras que los socialdemócratas se identifican instintivamente y por principio con la actitud de los consumidores. 
Queremos normas amplias para el etiquetado de los productos que sean aprobados en las valoraciones medioambientales y sanitarias. 
La Sra. Roth-Behrendt merece ser elogiada por el impresionante resultado que ha conseguido a través del procedimiento de conciliación. 
Ha conseguido el mejor resultado posible, dada la base que existía al comenzar las negociaciones. 
No debe existir ningún peligro para los consumidores, no podemos confundirles y los nuevos alimentos no deben tener menor valor nutritivo. 
El Parlamento ha conseguido que todos los alimentos modificados genéticamente sean etiquetados y ha impedido que se aplique una excepción a las plantas resistentes a los herbicidas. 
Las entregas a granel que puedan contener organismos modificados genéticamente han de ser etiquetadas. 
Esto garantiza la posibilidad de elección a las empresas vendedoras de forraje, a los agricultores, a los mataderos y al comercio al por menor. 
El análisis de un paté mediante un control de laboratorio no nos permite saber todavía si el cerdo utilizado para su elaboración ha sido alimentado con soja modificada genéticamente, pero los consumidores quieren saberlo. 
El Reglamento dice que ha de ser posible detectar la modificación genética y continuamente se elaboran nuevos métodos de detección, pero el comercio al por menor debe tener cuidado de no producir una sensación de engaño a los consumidores si quiere seguir en el mercado. 
Cuando aprobamos normas relativas a la radiación de los alimentos, no se había desarrollado todavía la técnica de detección. 
Su desarrollo ha tenido lugar con posterioridad y esperamos que suceda lo mismo en el caso de los nuevos alimentos. 
Algunos agricultores se han quejado de que los piensos deban ser etiquetados si están modificados genéticamente, pero cabe suponer que los agricultores no los compran sin conocer su valor nutritivo y que están al tanto de si un método determinado de producción influye en las posibilidades de venta. 
El Reglamento relativo a nuevos alimentos es indispensable, ya que es lo único de que disponemos en este momento. 
Es un gran avance en comparación con un mercado interior sin normas. 
Sería muy ingenuo creer que la ausencia de normas comunitarias iba a conducir a 15 normativas nacionales geniales. 
Al cabo de 13 nuevas redacciones por parte de la Comisión y tres lecturas en esta Asamblea, el reglamento sobre nuevos alimentos sigue adoleciendo de graves deficiencias. 
Aunque se presenta como una medida para proteger a los consumidores, contiene demasiadas lagunas, excepciones y restricciones como para constituir un medio de regulación de los nuevos alimentos genéticos a medida que éstos aparecen en el mercado. 
Muchas categorías de alimentos producidos con ayuda de tecnología genética estarán regulados por otra legislación o no lo estarán en absoluto. 
Otros requerirán simplemente una notificación de los fabricantes a la Comisión en el momento en que los productos son introducidos en el mercado, sin necesidad de que sean sometidos a una evaluación independiente para determinar si no encierran peligros para la salud y cómo podrían afectar al medio ambiente. 
El reglamento sólo se aplicará plenamente en aquellos casos en que los productos alimenticios contengan un organismo vivo que ha sido modificado genéticamente. 
En esta categoría entran la fruta y las verduras crudas, algunos productos lácteos, como el yogur, y algunos tipos de cerveza, pero no mucho más. 
Ni siquiera esos productos serán sometidos a evaluaciones independientes para estudiar sus efectos a largo plazo sobre la salud y la seguridad. 
Los consumidores tienen derecho a recibir información clara y congruente que les permita hacer una elección con conocimiento de causa. 
El aspecto más reprobable de este reglamento es que nadie puede saber de antemano qué productos serán etiquetados. 
Un sistema coherente debería establecer simplemente que todos los productos alimenticios en cuya elaboración se haya aplicado la tecnología genética, deben ser etiquetados en ese sentido. 
El procedimiento que prevé la legislación significa que la Comisión tendrá poderes exclusivos para decidir, caso por caso, si los consumidores deben ser informados y qué debe decir la etiqueta. 
No se ha previsto la creación de un registro público de productos alimenticios genéticos aprobados, con lo que quedarán sin efecto las disposiciones sobre transparencia que recoge la Directiva 90/220, actualmente en vigor. 
El reglamento ratifica los envíos a granel en los que se mezclan productos alimenticios convencionales y genéticos, tales como la semilla de soja y el maíz, debilitando aún más la posibilidad de que los supermercados responsables puedan ofrecer a sus clientes la posibilidad de elegir. 
En aquellos casos en que los alimentos deben ser etiquetados, no habrá más que una declaración carente, prácticamente, de significado de que le producto puede contener material modificado genéticamente. 
Austria, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido preparan todos ellos una legislación más estricta o cuentan ya con planes introducidos voluntariamente. 
Al tratarse de un reglamento de la UE que entrará en vigor automáticamente en todos los Estados miembros, éstos no tendrán ninguna posibilidad de implantar unas normas de seguridad más estrictas. 
La legislación no prevé disposiciones para regular la exportación de alimentos genéticos desde el territorio de la UE, lo que significa que dichos productos alimenticios pueden ser vendidos a terceros países sin ninguna licencia ni etiquetado. 
Por los motivos expuestos hemos votado en contra de la aprobación del texto conjunto. 
El informe es insuficiente. 
Contiene demasiados vacíos legales, excepciones y límites para que podemos aceptarlo con miras a la reglamentación de los «nuevos alimentos». 
Sólo si el alimento contiene un organismo vivo modificado genéticamente es satisfactoria la reglamentación. 
Los consumidores deben poder elegir libre e independientemente los alimentos que desean adquirir y consumir. 
Esto requiere que sepan exactamente qué es lo que compran, y que esto se especifique claramente en el etiquetado del producto. 
Tampoco se propone un registro general de los alimentos aprobados manipulados genéticamente. 
Muchos países miembros como Dinamarca, Suecia, Austria y Gran Bretaña tienen ya, o han pensado introducir, una legislación más rigurosa o unos acuerdos voluntarios. 
Puesto que esta Directiva, si se aprueba, entrará inmediatamente en vigor y tendrá validez por encima de la legislación nacional, significará en la práctica un menoscabo de la calidad y de la seguridad, y con ello una menor protección del consumidor en varios países miembros. 
Tampoco existen prohibiciones, reglamentación o control de los alimentos genéticamente modificados que pueden exportarse de la UE a otros países. 
Por estos motivos he votado en contra del informe. 
Después de que la Comisión lo haya redactado trece veces y de haber estado sometido a tres lecturas en esta Asamblea, el reglamento sobre nuevos alimentos sigue adoleciendo de graves deficiencias. 
Aunque se presenta como una medida para proteger a los consumidores, contiene demasiadas lagunas, excepciones y restricciones como para constituir un medio de regulación de los nuevos alimentos genéticos a medida que éstos aparecen en el mercado. 
Muchas categorías de alimentos producidos con ayuda de tecnología genética estarán regulados por otra legislación o no lo estarán en absoluto. 
Otros requerirán simplemente una notificación de los fabricantes a la Comisión en el momento en que los productos son introducidos en el mercado, sin necesidad de que sean sometidos a una evaluación independiente para determinar si no encierran peligros para la salud y cómo podrían afectar al medio ambiente. 
El reglamento sólo se aplicará plenamente en aquellos casos en que los productos alimenticios contengan un organismo vivo que ha sido modificado genéticamente. 
En esta categoría entran la fruta y las verduras crudas, algunos productos lácteos, como el yogur, y algunos tipos de cerveza, pero no mucho más. 
Ni siquiera esos productos serán sometidos a evaluaciones independientes para estudiar sus efectos a largo plazo sobre la salud y la seguridad. 
Los consumidores tienen derecho a recibir información clara y congruente que les permita hacer una elección con conocimiento de causa. 
El aspecto más reprobable de este reglamento es que nadie puede saber de antemano qué productos serán etiquetados. 
Un sistema coherente debería establecer simplemente que todos los productos alimenticios en cuya elaboración se haya aplicado la tecnología genética, deben ser etiquetados en ese sentido. 
El procedimiento que prevé la legislación significa que la Comisión tendrá poderes exclusivos para decidir, caso por caso, si los consumidores deben ser informados y qué debe decir la etiqueta. 
No se ha previsto la creación de un registro público de productos alimenticios genéticos aprobados, con lo que quedarán sin efecto las disposiciones sobre transparencia que recoge la Directiva 90/220, actualmente en vigor. 
El reglamento ratifica los envíos a granel en los que se mezclan productos alimenticios convencionales y genéticos, tales como la semilla de soja y el maíz, debilitando aún más la posibilidad de que los supermercados responsables puedan ofrecer a sus clientes la posibilidad de elegir. 
En aquellos casos en que los alimentos deben ser etiquetados, no habrá más que una declaración carente, prácticamente, de significado de que le producto puede contener material modificado genéticamente. 
Austria, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido preparan todos ellos una legislación más estricta o cuentan ya con planes introducidos voluntariamente. 
Al tratarse de un reglamento de la UE que entrará en vigor automáticamente en todos los Estados miembros, éstos no tendrán ninguna posibilidad de implantar unas normas de seguridad más estrictas. 
La legislación no prevé disposiciones para regular la exportación de alimentos genéticos desde el territorio de la UE, lo que significa que dichos productos alimenticios pueden ser vendidos a terceros países sin ninguna licencia ni etiquetado. 
Por todos estos motivos he votado en contra de la aprobación del texto conjunto. 
Hemos aprobado justamente el compromiso de reglamento en materia de nuevos productos alimenticios, dando así un paso adelante en el ámbito de la protección preventiva de la salud pública y del consumidor. 
En lo tocante a las cuestiones que ejercen influencias en la salud pública, debemos referirnos al Comité Científico de Productos Alimenticios. 
El profesionalismo y la objetividad del Comité quedan fuera de toda duda. 
No obstante las conclusiones establecidas por la comisión provisional de investigación sobre la ESB instan a la toma de ciertas precauciones. 
Tanto la composición del comité científico como la notoriedad de su dictamen y la manera en la cual la Comisión maneja esta información constituyen cuestiones de importancia crucial. 
En la comisión de encuesta de ayer nos enteramos con beneplácito de las intenciones del Comisario Santer referentes a los comités científicos. 
Esperamos que dichas intenciones se concreten en decisiones efectivas también con vistas a la puesta en aplicación de este reglamento. 
Informe Peijs (A4-0004/97) 
Tenemos una opinión muy positiva respecto de la propuesta de directiva, ya que mejora la calidad de los pagos transfronterizos, y constituye una condición previa para un mercado interno que funcione. 
Pensamos, no obstante, que la Directiva habría resultado aún más satisfactoria si no se hubiese establecido límite alguno en lo relativo a las cantidades que deben reembolsarse a quien encargue estos servicios en caso de transferencias de créditos no realizadas. 
Además, pensamos que el plazo para que se haga efectivo el pago no debe sobrepasar los 12 meses. 
Señorías, las transferencias de un país a otro de la Unión Europea son hoy caras y complicadas. 
Para las ciudadanas y ciudadanos y, en especial, para las pequeñas y medianas empresas, esas dificultades no son solamente enojosas sino que pueden causar además considerables cargas. 
El mercado interior europeo no se ha hecho aún realidad en este campo. 
Entretanto, algunos Bancos fronterizos han facilitado las transferencias a unos costes más económicos. 
Se están creando actualmente los correspondientes sistemas de giro que permitan unas transferencias de dinero más rápidas y económicas dentro de la Unión Europea. 
Tengo confianza en que una competencia leal entre los sistemas de transferencias transfronterizas va a conducir a una oferta mejor y más favorable. 
La presente propuesta de directiva sobre transferencias transfronterizas tiene repercusiones muy concretas sobre las ciudadanas y ciudadanos. 
Las transferencias transfronterizas tienen que ser más rápidas, baratas y fiables. Este es nuestro objetivo. 
Me alegra que hayamos encontrado una excelente solución con el presente proyecto común. 
Desde la primera lectura en mayo de 1995 hasta hoy hemos defendido claramente la posición del Parlamento en intensos debates y negociaciones y creo que además hemos mejorado claramente la propuesta original en interés de los ciudadanos. 
Esto es así, por ejemplo, para el campo de aplicación de la directiva, en la que al final se aceptó nuestro límite superior de 50.000 ecus en lugar de los 30.000 previstos originariamente. 
Me parece especialmente importante ya que una serie de transacciones de pequeñas y medianas empresas caen ahora también bajo esta directiva. 
Otra importante enmienda se ocupaba del abono en la cuenta del ordenante del importe de la transferencia si ésta, por cualquier causa, no llegase al destinatario. 
Según la posición común del Consejo, se debería abonar de nuevo al ordenante hasta 10.000 ecus. 
Al final, hemos logrado que este importe se eleve hasta 12.500 ecus. 
Aunque esta suma sea mucho menor a la que exigía el Parlamento originariamente, creo que se puede aceptar teniendo en consideración lo logrado hasta ahora. 
El caso de las transferencias transfronterizas es para mí un claro ejemplo de la importancia y del éxito del procedimiento de codecisión. 
Aquí se ha visto que podemos lograr mucho si vamos a las negociaciones con unos objetivos claros. 
En cualquier caso, quiero indicar que con la introducción de la moneda común, se va a reducir de un modo natural la importancia del tema, exceptuando algunas cuestiones jurídicas. 
Para finalizar, expreso mi agradecimiento a todos los afectados por su participación, que ha conducido finalmente a este compromiso satisfactorio para todas las partes. 
Creo que hemos dado un paso más y superado otro obstáculo en el camino hacia el mercado interior europeo. 
En nombre de los socialistas franceses, deseo felicitar a nuestro ponente, Manuel Medina Ortega por su excelente trabajo. 
En el conjunto, creo que ha sabido encontrar las fórmulas adecuadas para la protección de datos de carácter personal en el sector de las telecomunicaciones. 
Hemos tenido algunas dificultades con las enmiendas de segunda lectura. 
En Francia, tenemos un sistema de lista roja que protege efectivamente a los abonados que lo deseen, mediante el pago de un impuesto moderado. 
En este punto, nos tememos que la gratuidad propuesta merme la protección de los abonados. 
La experiencia de algunos Estados que practican este sistema no es para animarnos. 
También estamos preocupados por el problema de la identificación de las llamadas entrantes. 
En algunos casos (S.O.S, SIDA, o S.O.S. mujeres maltratadas, por ejemplo) , la protección del anonimato es vital. 
Pensamos que las disposiciones que se proponen no son suficientes. 
Estos problemas hubieran podido encontrar una solución en el marco del principio de subsidiariedad. 
Las enmiendas separan la aplicación del principio, por razones que no comparto. 
Por estas razones, no hemos podido votar algunas enmiendas propuestas en segunda lectura. 
Como de todos es sabido, la finalidad de esta propuesta de directiva es garantizar la libre circulación de los datos y los servicios y equipos de telecomunicaciones y el cumplimiento de este propósito se ha visto favorecido por las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en la primera lectura que han sido tomadas en cuenta, pero sería deseable limitar el margen de maniobra que podrían tener los Estados en virtud del principio de subsidiariedad, ya que el sector de las telecomunicaciones es un ámbito esencialmente transnacional. 
Asimismo, es importante que se garantice que la protección de los datos y de la intimidad en los servicios de telecomunicaciones no cueste nada a los abonados. 
En este sentido apoyamos las enmiendas que defienden que una armonización en materia de telecomunicaciones no se presta al principio de subsidiariedad, por el carácter esencialmente transnacional de las redes y servicios de telecomunicaciones, y que, en todo caso, dicha armonización habrá de garantizar el que no se obstaculice la promoción y el desarrollo de nuevos servicios de telecomunicación y nuevas redes entre Estados miembros. 
También estamos a favor de la promoción de la cooperación entre los Estados miembros, los proveedores y los usuarios afectados y las instancias comunitarias para el establecimiento y desarrollo de las tecnologías que sean necesarias para aplicar las garantías previstas por las disposiciones de esta directiva. 
Son de gran importancia las enmiendas que garantizan que la protección de los datos y de la intimidad en los servicios de las telecomunicaciones no cuesten nada a los abonados. 
No se debe permitir a los operadores que puedan exigir un pago a sus abonados por garantizar el respeto del derecho a la intimidad. 
Estamos de acuerdo en que la protección de la intimidad tiene que ser gratuita. 
En resumen, nuestro Grupo es favorable a la mayoría de las enmiendas adoptadas en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos con respecto a la posición común del Consejo ya que esto supone, inicialmente, regular el tema de la protección de los datos personales y la intimidad en las telecomunicaciones sin dejarlo en manos de la arbitrariedad de las empresas privadas. 
Por otra parte apoyamos más concretamente los aspectos positivos de esta propuesta como son la interpretación del principio de subsidiariedad de manera que limite el margen de maniobra de los Estados miembros en el sector de las telecomunicaciones por su carácter esencialmente transnacional y la defensa del principio de gratuidad de la protección de la intimidad. 
Informe Kerr (A4-0367/96) 
Los socialdemócratas daneses apoyan el rechazo del ponente a una modificación de la definición del concepto de «traspaso». 
La modificación de esta definición implicaría el riesgo de un deterioro importante en los derechos de los trabajadores. 
No es tolerable que los trabajadores sean los que paguen las consecuencias si una empresa cambia de propietario. 
Estamos muy satisfechos de que se haya podido aprobar por fin este informe. 
El camino ha sido difícil hasta llegar a este resultado si bien debo indicar que la defectuosa traducción al sueco ha sido solamente algo marginal. 
El colega Kerr ha realizado un buen trabajo de mensajero. Tanto en lo que se refiere a las cuestiones jurídicas abiertas, al concepto de «transición» o a las difundidas prácticas del «Outsourcing» , el ponente ha logrado imponer relevantes aclaraciones y mejoras respecto a la propuesta de la Comisión. 
En especial, se han logrado impedir los intentos de excluir total o parcialmente de la nueva directiva la concesión a terceros de prestaciones de servicios. 
Esto es positivo. 
Sin embargo, aún queda la tarea fortalecer de modo general las debilitadas posibilidades de coparticipación del trabajo por cuenta ajena en lo tocante a la organización y actividad de la empresa, mediante los instrumentos de regulación adecuados. 
Esta va a ser una de las tareas centrales de los próximos años, que esperamos sean postliberales. 
Informe Bertens (A4-0416/96) 
Damos la bienvenida a la iniciativa de la Comisión y de la comisión pertinente de impulsar una mayor cooperación entre la UE y los países de América Latina. 
Deberíamos elaborar una estrategia global con vistas a la cooperación económica, con una intensificación de la cooperación política a fin de promover la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Latinoamérica. 
No pensamos que los aspectos de defensa aquí debatidos, entre la Unión y estos países, entren dentro del marco acordado para este informe. 
El punto 25 de este informe contempla un aumento adicional de los créditos financieros puestos ya a disposición de Latinoamérica. 
En nuestra opinión, la Unión Europea es ya una de las entidades que proporciona más ayuda en esta región. 
De modo general estamos a favor de que en esta región se impulse el proceso de democratización y de construcción. 
Para nosotros, es ante todo importante que se pueda demostrar la eficiencia de los proyectos en curso, pues sólo de esta manera se puede garantizar una utilización razonable del dinero. 
Mientras no se presenten cifras concretas sobre estos proyectos, no queremos expresar nuestra opinión sobre este punto concreto. 
Como se va a votar en bloc sobre los puntos 21 a 34 y apoyamos claramente todos ellos exceptuando el mencionado punto 25 y como no tenemos la posibilidad de expresarnos especialmente al respecto, vamos a votar favorablemente en esta votación en bloc absteniéndonos sobre el punto 25. 
Informe Carnero González (A4-0418/96) 
Estrategia forestal de la Unión Europea (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0414/96) del Sr. Thomas sobre la estrategia forestal de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la propuesta del Parlamento Europeo sobre la futura estrategia forestal ha experimentado cambios sustanciales durante el año y medio que ha durado el examen en comisión. 
Las líneas directrices representan un compromiso al que se ha llegado de común acuerdo en comisión. 
Si bien un compromiso no puede nunca ser completamente satisfactorio, como finlandesa y representante del país europeo que depende en mayor medida de sus bosques, me muestro satisfecha de este resultado final por lo mucho que ha mejorado dicho compromiso desde sus fases iniciales. 
Lo que ahora debatimos ya no es una política forestal común, sino una estrategia forestal común. 
El punto de partida lo constituye el reconocimiento de la diversidad que presentan los Estados miembros en materia forestal, tanto en lo relativo a las condiciones de los bosques como a la importancia que éstos revisten. 
De acuerdo con esta estrategia, las decisiones relacionadas con la explotación y la protección de los bosques continuarán adoptándose a nivel nacional, si bien se pretende alcanzar los objetivos comunes mediante acciones conjuntas. 
De acuerdo con esta estrategia, se coordinarán las actividades, dispersas en la actualidad, con el objetivo de conservar la variedad de bosques, su valor ecológico y su explotación económica y social sostenible. 
La estrategia forestal resalta la importancia de los bosques en tanto que recurso natural renovable. 
Una correcta explotación permite que los bosques actúen como reserva del desarrollo sostenible de la economía, lo cual se traduce en trabajo y prosperidad para las personas. 
La economía forestal forma parte del ámbito de libre competencia de la Unión Europea y su funcionamiento debe llevarse a cabo sin subsidios o reglamentaciones que supongan una distorsión de la competencia. 
Los bosques dan vida al entorno rural, y generan diversas actividades económicas y numerosos puestos de trabajo en el sector de la pequeña empresa. 
De acuerdo con esta estrategia, se puede combinar la biodiversidad y el mantenimiento de las posibilidades recreativas de los bosques con su- como se ha dado en llamar- aprovechamiento con fines económicos. 
La estrategia ofrece a la Unión Europea posibilidades para fomentar un aprovechamiento respetuoso con el medio ambiente mediante otros modelos distintos de los que ofrecen los fondos de desarrollo regional. 
La Unión Europea puede contribuir de manera activa e influyente a la creación de un sistema de certificación internacional que preste atención a las características específicas de cada país. 
Un sistema funcional de etiquetado medioambiental y la información a este respecto por lo que respecta a una economía forestal sostenible pueden fomentar una utilización diversificada de la madera, habida cuenta de que ésta constituye un material considerablemente mas respetuoso con el medio ambiente que los recursos naturales no renovables. 
Gracias a la alta tecnología, el uso de la madera y de los biocombustibles con fines energéticos puede ofrecer nuevas posibilidades para conseguir una Europa más verde. 
La estrategia forestal, que dota a la economía forestal de una visión más sólida desde el punto de vista medioambiental, hace hincapié en los principios acordados en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Rio de Janeiro y las resoluciones de la Conferencia Ministerial de Helsinki sobre la gestión sostenible de los bosques y la conservación de su diversidad; los Estados miembros, por su parte, también se han comprometido a respetar estos principios. 
Señor Presidente, desearía finalizar felicitando al ponente del informe y a mis colegas por su colaboración en la preparación de esta estrategia forestal, a la vez que espero que podamos aprobar de manera conjunta este compromiso, que no es sino el resultado final de nuestros trabajos. 
Señor Presidente, la difícil elaboración del informe Thomas ha demostrado, cuando menos, la gran diversidad de las cuestiones forestales en las distintas regiones de la Unión Europea. 
Lo cierto es que la Comisión no tiene ninguna razón para acelerar la elaboración de un agotador programa legislativo que, en la práctica, se traduciría en una abundante transferencia de competencias en materia forestal de los países miembros a la Unión. 
Este informe recuerda en cierta medida al caballo de Troya: mientras que, por una parte, hace hincapié en la posición de los Estados miembros haciendo referencia al principio de subsidiariedad, por la otra, insta a la Comisión a que presente en un plazo de dos años un programa legislativo basándose especialmente en el artículo 235 del Tratado CE. 
Como todos ustedes saben, este artículo es una especie de agujero negro mediante el cual la Unión Europea absorbe competencias pertenecientes a los Estados miembros. 
En sus propuestas, los Verdes hacen hincapié en un análisis equilibrado desde el punto de vista de una explotación sostenible, el beneficio social y la protección medioambiental. 
Desearíamos que la Comisión entablara un proceso de cooperación, por ejemplo con el Consejo de Administración de los Bosques, a fin de disponer de un sistema reconocido internacionalmente. 
De este modo, la Comisión podría contribuir también a la adaptación de este sistema a las condiciones europeas. 
Proponemos que la financiación complementaria que se destinara al sector forestal debería emplearse para garantizar la diversidad de los bosques. 
Creemos que se debería tomar en serio la directiva de los hábitats y encontrar financiación para los bosques de su red de reservas naturales. 
De este modo, quizás se podrían encontrar también fondos para proteger los últimos bosques viejos de Escandinavia. 
Señor Presidente, las resoluciones de Helsinki nos ofrecen una excelente definición de lo que significa el principio de sostenibilidad en el ámbito de los bosques. 
La definición contempla no sólo la sostenibilidad cuantitativa, sino también la sostenibilidad ecológica de los bosques. 
Antes de las resoluciones de Helsinki, la práctica habitual en el sector de la explotación forestal consistía en respetar el principio de que la tala no podía exceder nunca al crecimiento. 
Entre los explotadores forestales, aquellos de nosotros con una mayor inclinación ecológica, abogábamos por la conveniencia de tomar en consideración no sólo el flujo de madera, sino también la función protectora de los bosques, así como su aportación de otros valores aparte de la madera. 
La conferencia ministerial de Helsinki, que tuvo lugar hace tres años y medio, tomó en consideración nuestras peticiones. 
Por ello me alegra realmente que la propuesta de resolución que hemos elaborado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haga referencia explícita a las obligaciones que la Unión Europea asumió en Helsinki y en la Declaración de Río. 
La propuesta de resolución es, naturalmente, un compromiso. 
Puedo decirles que fue necesario mucho trabajo entre bastidores para llegar a esta solución de compromiso. 
Permítanme que ahora les diga qué es lo que no me gusta de dicho compromiso. 
Si, por un lado, afirmamos que la gestión forestal debe respetar el carácter multifuncional de los bosques, no tiene sentido que, por otro lado, afirmemos que la utilización comercial de los bosques debe ser una de las prioridades de la estrategia de la UE; me refiero a las Declaraciones de Río y de Helsinki. 
Desde el punto de vista ecológico, es positivo que hagamos hincapié en la función protectora de los bosques; en nuestro deseo de proteger y mejorar el valor biológico y económico de nuestros bosques, especialmente en las zonas amenazadas como pueden ser las regiones montañosas; que pidamos que se tenga en cuenta su función de «sumidero de carbono» , especialmente fomentando la producción de productos forestales de crecimiento lento. 
Algunas personas se preguntan por qué no proponemos la aplicación de una política forestal común, similar a la Política Agrícola Común, en vez de limitarnos a una estrategia. 
Puedo entender perfectamente que los países escandinavos y también Austria no deseen que se repita ahora en el sector forestal el mismo fracaso que experimentamos en la Política Agrícola Común antes de su ingreso en la Comunidad. 
Personalmente creo, no obstante, que es conveniente introducir un sistema de intervención de precios para el papel usado con objeto de promover el reciclado de papel. 
Los derivados de la madera son un producto natural demasiado valioso y desempeñan una función en el ciclo de «sumidero de carbono». 
Cuantas más veces sean reciclados, mejor cumplirán su función de «sumidero de carbono». 
Permítanme que me refiera, a continuación, a la desertización. 
Los consumidores tienen derecho a conocer la procedencia de los productos que consumen; ya se trate de marcos para ventanas o de papel. 
Debe existir transparencia sobre el origen de la madera. 
Los consumidores tienen derecho a conocer si los productos de madera que consumen proceden de bosques gestionados en base al principio de sostenibilidad ecológica o si son fruto de una operación destructiva. 
Quisiera proponer que nos centremos en planes de certificación como aquél del Consejo de Administración de los Bosques, pero quisiera además alertar contra sistemas como el que propone la Asociación canadiense de normas, ya que no ofrece la más mínima garantía de transparencia sobre el origen, sino que se limita a proteger los intereses de una industria que no desea cambiar. 
Un sistema de certificación serio podría ser beneficioso no sólo para la conservación de nuestros bosques, sino también para los propietarios que gestionan sus bosques sabiamente. 
En lo que a mi país se refiere, Luxemburgo, donde gran parte del territorio está cubierto por ecosistemas forestales que son gestionados conforme a normas ecológicas, un plan de certificación sería ciertamente de gran ventaja para la venta de nuestros productos madereros en el mercado. 
Señor Presidente, querría expresar mi agradecimiento al señor Thomas, ponente del informe, por su labor para lograr un compromiso que cuenta con grandes probabilidades de ser aprobado. 
Soy consciente de que este trabajo no ha sido siempre fácil. 
Al igual que ya afirmó el señor Thomas, no es posible dirigir la explotación, gestión y protección de los bosques mediante una legislación común por las grandes diferencias existentes entre los bosques de las distintas regiones de la Unión Europea. 
A pesar de que este hecho constituye el punto de partida del propio informe, deberían existir determinados principios comunes para poder garantizar la explotación sostenible de los bosques. 
Para ello es necesaria una estrategia que tenga en cuenta y permita compatibilizar las distintas modalidades y necesidades de explotación forestal. 
La estrategia forestal común debe reconocer la múltiple labor que desempeñan los bosques: son necesarios para combatir el fenómeno de invernadero, ayudan a preservar la biodiversidad y son potenciales zonas de aprovechamiento recreativo y paisajístico. 
Sin embargo, los bosques constituyen también un precioso e importantísimo recurso natural al ser la fuente de materias primas y energética de numerosos sectores industriales. 
Así pues, en el marco de la estrategia forestal común, tanto el aprovechamiento industrial como la producción de la madera deberán basarse en los principios de la economía de mercado, y no en ayudas o normativas que distorsionen la competencia. 
Igualmente, la estrategia forestal de la Unión Europea deberá basarse también en la cooperación de las políticas nacionales con arreglo a principios comunes. 
Entre otras acciones, se debería organizar a nivel europeo una actividad común de investigación sobre la evolución de los recursos forestales y la salud de los bosques. 
Las partidas del presupuesto comunitario destinadas al sector forestal representan una suma relativamente elevada, en torno a los 400 millones de ecus. 
Es preciso contar con una estrategia común para destinar estos fondos de una manera razonable y para evitar, por ejemplo, una distorsión de la competencia. 
Debemos saber en qué se emplean estos fondos y cuáles son nuestras prioridades. 
Señor Presidente, en primer lugar felicito al ponente por un informe interesante y lleno de contenido. 
En mi país, Suecia, el sector forestal es de una importancia decisiva. 
La exportación neta de esta producción asciende aproximadamente a 70 mil millones de coronas, lo cual corresponde a la cifra de 8 mil millones de ecus. 
Los productos procedentes del sector forestal constituyen la mitad de las exportaciones netas suecas. 
En mi país hemos establecido muy recientemente una legislación en el ámbito forestal. 
Hemos pasado de una legislación detallada para los aspectos relativos a la producción, donde cada propietario se veía muy guiado en lo referente a los métodos de producción, a una legislación más general, donde se han equiparado los objetivos de la producción y los ambientales, y donde se ha establecido explícitamente la obligación de reforestar tras las talas, todo ello siguiendo las coordinadas de las declaraciones y las ideas básicas de la Conferencia de Rio y la Agenda 21. 
Durante la elaboración de este informe nos ha causado preocupación la posibilidad de que la propuesta fuese en dirección a una política comunitaria forestal fuertemente reglamentada. 
He comprobado que se ha evitado este riesgo. 
Esta posibilidad, en mi opinión, nos habría traido una mayor burocracia y un alejamiento de los principios de la economía de mercado. 
Todos habríamos salido perdiendo con esta evolución. 
La propuesta contiene una serie de ideas diversas sobre la cooperación dentro de este ámbito, que son verdaderamente útiles. 
Me refiero a la investigación, el registro de los recursos forestales, medidas para prevenir el deterioro de los bosques europeos a causa de las emisiones contaminantes, y unas medidas comunitarias para prevenir los incendios forestales como complemento para las medidas nacionales e individuales. 
Debe ser de interés general que se demuestre que la producción forestal europea se lleva a cabo de un modo duradero, teniendo muy en cuenta la diversidad biológica. 
Debería poder realizarse provechosamente una certificación que inspire confianza y respeto bajo unos auspicios voluntarios y comunitarios. 
En las regiones donde se talen bosques es de interés general que se reponga este importante recurso. 
Esto puede hacerse dentro del marco del programa para la política regional, con ayudas de la UE. 
Los bosques europeos también juegan un importante papel en lo concerniente al efecto de invernadero. 
En la medida en que la tala sea menor que el crecimiento, esto conllevará que el carbono se almacene en nuestros bosques y contribuya con ello a reducir el exceso de dióxido de carbono que se deriva de la combustión de carburantes fósiles. 
Ciertamente sería aún mejor que utilizásemos una parte de los excedentes comunitarios como combustible biológico. 
Opino que, con la dirección que ha adoptado el informe, la política forestal europea puede realmente constituir a largo plazo un buen ejemplo para el mundo. 
Señor Presidente, Señorías, la definición de una estrategia forestal era necesaria para la Unión Europea a fin de mejorar la utilización y la gestión de los recursos forestales. 
En Europa están representados todos los tipos de bosques, desde la taiga a los bosques tropicales de la Guayana, y debemos garantizar su perennidad preservando la biodiversidad de estos ecosistemas muy frágiles. 
El bosque ocupa una posición privilegiada en nuestra sociedad de hoy. 
Además, hemos visto aparecer estos últimos años numerosos acondicionamientos y equipamientos de los espacios poblados de árboles. 
En materia de protección, debemos luchar contra la erosión evitando algunas prácticas forestales como los cortes a tala rasa. 
Es preciso reforzar los medios para la conservación de los recursos genéticos favoreciendo la selección y la mejora de las semillas. 
La lucha fitosanitaria biológica sigue siendo una prioridad de los guardabosques. 
Asimismo, debemos conceder una mayor atención a la protección contra los incendios favoreciendo la prevención y la vigilancia. 
Por lo que respecta a la utilización y la valorización, sería deseable favorecer los agrupamientos de pequeños productores, aconsejar a los propietarios en materia de gestión y de explotación, y ayudar a la mecanización de las empresas. 
La Comisión deberá fomentar la promoción de la industria de la madera. La madera es un recurso de energía renovable. 
La Comisión deberá apoyar también la educación de los ciudadanos y más especialmente las de los jóvenes. 
En cuanto a la financiación, las relaciones entre el bosque y el dinero no son sencillas. 
En una economía que funciona a corto plazo, con flujos muy largos, es difícil invertir en una producción a siglos vista. 
Nuestra estrategia forestal deberá afirmar orientaciones fuertes que respeten el principio de subsidiariedad. 
Europa deberá desarrollar una política voluntarista sostenida por inversiones regulares tanto en favor de la protección como de la producción de la madera; una garantía de desarrollo rural duradero. 
Para terminar, aunque nuestro bosque no cubre más que una escasa superficie de nuestro planeta, la estrategia forestal de la Unión Europea debe convertirse en un modelo mundial para la gestión de los recursos y de las especies. 
Señor Presidente, la política forestal debería ser principalmente una cuestión de competencia nacional. 
Las estrategias comunitarias deberían limitarse a cuestiones de carácter general. 
Cada país debe tener la posibilidad de configurar su propia política forestal. 
Los bosques suecos, la piedra angular de la economía sueca, se explotan de un modo ecológico y con respeto hacia el medio ambiente. 
El fundamento de la estrategia comunitaria para la explotación forestal debe consistir en que la producción comercial se realice según las condiciones del mercado, sin ayudas que distorsionen la competencia. 
De otro modo nos arriesgamos a que las medidas de apoyo tengan como único efecto la conservación de unas estructuras ineficaces y la reducción de los beneficios a breve y largo plazo. 
Los trabajos de certificación deberían ser un instrumento para la comunicación entre productores y consumidores. 
Tendrían que constituir una parte de la política comunitaria tan pequeña como el etiquetado de calidad. 
Son viables las ayudas económicas motivadas, por ejemplo, para diversas acciones ambientales y la lucha para prevenir incendios, pero también en este sentido la responsabilidad principal debería recaer sobre los países miembros. 
También es vital que no se desfavorezcan las nuevas fibras como consecuencia de unas decisiones políticas. 
Se propone una campaña a nivel europeo para impulsar la utilización de la madera y sus productos derivados. 
Si se pusiera en marcha, tendría que ampliarse al papel. 
Del mismo modo que los productos de madera, los de papel se ven expuestos a la competencia de los productos substitutivos fabricados en plástico, vidrio y metal. 
Las cuestiones forestales deberían conectarse más bien a las de producción industrial forestal que a las de política agrícola. 
A todos los posibles defensores de una política forestal comunitaria profundamente reglamentada, como representante de uno de los países más ricos de Europa desde el punto de vista arbóreo, puedo decirles lo siguiente: para aquellos que pudieran estar interesados en que le vaya mal a la producción forestal europea, no basta desear que se produzcan más incendios. Aún peor sería una política forestal del mismo carácter que la política agrícola común europea. 
El informe Thomas es muy ambicioso, pero nosotros abrigamos fuertes dudas sobre la conveniencia de configurar una política común a todos los países de la Unión en un ámbito tan complicado. 
En el fondo existen circunstancias muy diversas en las distintas regiones y países de la Unión. 
En muchos países el bosque es tan reducido y desmantelado que se necesita un amplio programa para su rehabilitación, mientras que en el norte la situación es diametralmente opuesta. 
Allí se desea evitar una mayor ampliación de la zona arbórea porque se quieren salvaguardar los espacios abiertos y la diversidad biológica que aquéllos representan. 
El informe se ha mantenido en unas líneas tan generales y difusas que apenas nos brinda unas directrices. 
Verdaderamente, nos arriesgamos a que complique la situación para la política forestal nacional, más concreta y orientada a resolver detalles prácticos. 
El informe tiene además dificultades evidentes a la hora de conciliar distintos puntos de vista e intereses conflictivos. 
Por un lado, se destaca el aspecto de la protección ambiental, pero por otro se hace hincapié en, y de algún modo se da primacía a, una mejor explotación comercial. 
¿Cómo cabe interpretar todo esto? 
Como que se va a pagar el precio a través de unos monocultivos biológicos, o de la implantación de especies arbóreas que no concuerden con la flora nacional, o que consuman mucha agua, y por tanto nos arriesguen a que se deserticen los campos circundantes? 
Pienso que la Unión Europea no debería imponerse a sí misma unas tareas nuevas, difíciles y ambiciosas. 
Sus trabajos para resolver los problemas actuales ya son suficientemente duros. 
En el informe se cae en lo que lamentablemente se ha convertido en costumbre en muchos contextos de la Unión, proponer nuevas subvenciones, algo que apenas puede haberse debido a una profunda reflexión sobre la actual situación presupuestaria. 
En todo caso habría que señalar posibilidades alternativas de ahorro, por ejemplo sobre las ayudas exageradas por superficie a las grandes propiedades donde se cultivan cereales y plantas oleaginosas. 
Más bien observo en este informe la expresión de un deseo de ampliar a cualquier precio el poder de la Unión Europea, en lugar de, lo que yo consideraría más correcto, concentrarse en solucionar de un modo más conveniente los retos de los que ya detentamos la responsabilidad. 
Señor Presidente, hemos oido por parte del ponente y de otros que han participado en la elaboración del informe que éste no facilitaría el camino hacia una política forestal de la UE. 
A pesar de ello, creo que algunos de los que han tomado parte en estos trabajos los han pensado y los conciben como un paso en esta dirección. 
Como propietario de bosques del norte de Suecia, pienso que no necesitamos este tipo de política comunitaria en el sector forestal. 
Ciertamente, hay buenas ideas en el informe, entre otras en lo relativo al medio ambiente y la certificación, pero la cuestión es cuánto espacio se daría a estas ideas en unas estrategias comunes en el ámbito forestal. 
El tono del informe ya se especifica en el primer apartado. En él se dice que cabe darle prioridad a la utilización del bosque con fines comerciales. 
Esto demuestra clara e inequívocamente los fines que persigue el informe. Por si no bastara, puedo citar otro apartado, el 9, donde se dice que «se pide a la Comisión que proponga ajustes a los objetivos y medidas relacionadas con este tema, en particular el Reglamento 1610/89, a las necesidades de ayuda para la gestión y la explotación forestal». 
De lo que se trata entonces es de que se va a destinar las ayudas de la UE a la explotación de los bosques. 
Esto es, en mi opinión, algo verdaderamente horrible. 
La redacción más respetuosa con el medio ambiente se barre a un lado de un plumazo con las declaraciones sobre que debería reconocerse el papel del bosque y su valor dentro del sector turístico y recreativo, sin límites innecesarios para su explotación económica. 
Todo esto, señor Presidente, hace que piense que hay que votar en contra del informe, especialmente si lo comparamos con la legislación sobre la protección de bosques sueca, que es mucho mejor, aunque también es objeto de duras controversias en Suecia. 
Si se aprobase todo esto, nos veríamos obligados a reformular nuestra legislación, y el resultado sería su total devaluación. 
El objetivo inicial de este informe de iniciativa parlamentaria era un reflexión general sobre los fundamentos de una política común en materia de bosques y una petición a la Comisión Europea para que proponga las medidas legislativas adecuadas para alcanzar estos objetivos sobre las bases y orientaciones fijadas por nosotros los diputados. 
Desearía recordarles que del sur al norte, los bosques, en su diversidad, cubren la tercera parte del territorio de la Unión Europea. 
Los bosques constituyen una baza importante del desarrollo rural futuro en la línea de la Carta Rural Europea que hemos examinado y votado aquí mismo. 
¿Cuáles son los problemas de los bosques? 
La falta de base jurídica en el Tratado de la Unión Europea y el hecho de que la madera, nacida de una materia vegetal viviente, se considere como un producto únicamente industrial, constituyen un obstáculo para el establecimiento de una estrategia forestal europea. 
Desearíamos que la Conferencia Intergubernamental tuviera en cuenta estos puntos jurídicos y técnicos, para que, modificados de esta forma, figuren en el futuro Tratado de la Unión. 
Por otra parte, la reciente llegada de tres nuevos Estados miembros forestales como son Austria, Suecia y Finlandia ha hecho que la superficie forestal media de la Unión pase del 21 % al 34 %. 
Estos nuevos Estados manifiestan una oposición bastante fuerte a cualquier política común del bosque que se parezca a una nueva PAC, en particular, en materia de gestión y de explotación de los bosques y más aún en los mercados de la madera de construcción y de la pasta de papel. 
El informe Thomas, en su primera versión, era incompleto, pero en su versión finalizada de compromiso ha integrado muchas enmiendas, en particular, las que he podido presentar con miembros del intergrupo «bosques». 
Si este nuevo refrito es satisfactorio, sin embargo, quedan algunos puntos por aclarar. 
Por consiguiente, me he visto obligada a presentar algunas enmiendas complementarias. 
En un primer momento, insistimos en la necesaria referencia al artículo 130 del Tratado de la Unión que implica la codecisión y el apoyo financiero del Fondo de Cohesión. 
En segundo lugar, en la segunda enmienda, recordamos que, en efecto, debe mencionarse la coordinación de la estrategia forestal, con las demás políticas del medio ambiente y del desarrollo rural. 
En tercer lugar, recordamos que el papel multifuncional, socioeconómico, medioambiental y recreativo debe plantearse como base del desarrollo duradero para el bosque. 
Por último, en la última enmienda, invitamos a la Comisión a proponer medidas para garantizar el desarrollo económico de los bosques ligado a las explotaciones agrícolas. 
Por consiguiente, les pido que apoyen estas enmiendas y llamo su atención y pido su vigilancia sobre las futuras propuestas legislativas de la Comisión que deberemos examinar atentamente, a fin de establecer realmente una estrategia forestal europea propia que nos garantice, como en materia alimentaria, una autosuficiencia en productos forestales y madereros. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a mi colega, Sr. Thomas, por la labor que ha llevado a cabo. 
Este debate que hoy celebramos ilustra la dificultad que encierra su cometido de intentar establecer un equilibrio y aunar filosofías enfrentadas en este ámbito. 
No obstante, quisiera llamar la atención de la Comisión sobre dos puntos concretos. 
Uno es que, habida cuenta de la importancia de la silvicultura para las que, muy a menudo, son economías rurales frágiles, quisiera que la Comisión tuviera en cuenta el papel que este sector puede desempeñar en el desarrollo rural y, en ese sentido, es fundamental que intentemos retener en las comunidades locales todo el valor añadido posible de los productos forestales. 
Quisiera pedir a la Comisión que fomente prácticas y proyectos que persigan este objetivo. 
Asimismo, a medida que maduran los bosques y avanza la tecnología, el acceso a los bosques para proceder a la tala puede presentar, a veces, un problema considerable. 
Éste es el caso en la parte del mundo de donde provengo- donde es necesario reforzar y mantener carreteras y puentes -, y todo ello con un trasfondo de limitaciones presupuestarias; sobre todo en el caso de los presupuestos de las autoridades locales. 
Por ello deseo preguntar si la Comisión estaría dispuesta a apoyar que los fondos del objetivo 5b puedan utilizarse en este tipo de infraestructura. 
En general, acojo con satisfacción el reconocimiento del ponente de que los bosques proporcionan mucho más que la mera explotación de su potencial económico, y que no es tarea fácil cuantificar gran parte del valor de los bosques en fríos datos y cifras. 
No debemos subestimar, sin embargo, la contribución que hacen los bosques al bienestar de la sociedad en su conjunto, y debemos seguir desarrollando la cooperación a nivel internacional, así como la gestión sostenible. 
Quizá, el mayor favor que puede hacer la Comisión a nivel europeo sea garantizar que la información y los conocimientos son puestos a disposición de todos y compartidos a nivel de la Unión Europea con el fin de que podamos avanzar en base a la totalidad de los conocimientos y prácticas existentes. 
Señor Presidente, el informe Thomas es fundamentalmente un compromiso, un equilibrio entre diferentes funciones de lo que debe ser el bosque europeo. 
No es, evidentemente, el texto que algunos hubiésemos querido, pero yo diría que es aceptable en su conjunto tras las modificaciones que ha sufrido en el proceso parlamentario. 
Me gustaría recalcar los aspectos más importantes de lo que, entiendo, debe ser una política forestal europea. 
Por supuesto, está la función medioambiental, que todos reconocemos, pero me gustaría decir que debe reconocerse abiertamente la función económica del bosque, ya que la realidad de cada día muestra que no se protege aquello que no tiene valor. 
La protección del bosque es una necesidad que se efectúa mejor si se trata de un bien rentable. 
Es importante que potenciemos ese aspecto socioeconómico. 
Y debe potenciarse y reconocerse también el principio de subsidiariedad al máximo, y ello, entre otras cosas, porque el bosque europeo es muy diverso y los actores sociales y económicos también son distintos en cada caso, así como las características ambientales de cada bosque europeo. 
Por poner un ejemplo, el bosque atlántico, que es al que represento, es altamente productivo, de propiedad mayoritariamente privada, en un 80 %, y está en manos de más de dos millones de propietarios individuales. 
Como consecuencia de ello tiene una gran repercusión social y, evidentemente, en el empleo. 
Pero sus características son totalmente diferentes del bosque mediterráneo, el bosque nórdico o el bosque centroeuropeo. 
Por tanto, debemos respetar este principio de subsidiariedad que, además, debe ir hasta el nivel regional. 
A veces, cuando se habla de subsidiariedad en Europa se habla solamente de ella hasta el nivel de los Estados pero, por poner un ejemplo, en el caso español, no existe una política forestal a nivel del Estado. 
La competencia forestal pertenece en casi todos los casos a las regiones, que cuentan con planes forestales legítimos y legitimados también, lógicamente, por sus parlamentos, y son estas regiones con competencia plena las que en esta materia deben ser también legitimadas para tener su ámbito de relación con la Unión Europea en este sector. 
Reconocida esta función económica del bosque y también su función ambiental, y teniendo en cuenta la subsidiariedad, creo que, a nivel europeo, debemos ser capaces de crear un escenario apropiado para inversión forestal dirigida al extenso colectivo de propietarios y para ello sería necesario crear un clima que dinamice esta inversión forestal con un incremento del uso de un material renovable, de forma natural, como es la madera y sus derivados. 
Realmente no tengo tiempo para exponerlo pero permítame solamente trazar unas líneas al respecto: 
Impulsando a nivel de los Estados una fiscalidad incentivadora, multiplicando una investigación básica y aplicada sobre los usos de la madera, condicionando las ayudas forestales europeas al control del riesgo de incencios forestales por parte de las autoridades locales, así como a la viabilidad futura de las masas forestales que se crean y, también diría, favoreciendo la creación de organizaciones de silvicultores y dándoles participación en los órganos consultivos comunitarios. 
Evidentemente se pueden hacer muchas más cosas pero éstas son líneas que podrían ayudar a fomentar ese equilibrio entre la función ambiental, socioeconómica y recreativa del bosque europeo. 
Y una última reflexión, señor Presidente. 
También nos preocupan los bosques tropicales, necesarios para el equilibrio ecológico mundial. 
No olvidemos que lo mejor que podemos hacer para conservar los tan necesarios bosques tropicales es que Europa pueda llegar un día a ser autosuficiente en recursos forestales. 
Señor Presidente, Señorías, a estas alturas del debate hay que poner el acento en algunos aspectos que creemos de mayor relevancia, ya que los análisis más globales se han realizado por colegas en intervenciones anteriores. 
Querría destacar, respecto al informe Thomas, el mérito que tiene de examinar un sector que no sólo tiene valor comercial, como se dice en algún momento del informe, sino sobre todo medioambiental y paisajístico, con incidencia muy diferente dentro del conjunto de la Unión Europea. 
Por ello, yo desearía llamar especialmente la atención sobre la necesidad, en la aplicación de las propuestas que se hacen en el informe, de considerar los bosques europeos como dos grandes grupos: el del Centro y Norte de Europa y el Mediterráneo. 
Estos dos grandes grupos tienen unas características diferentes, una influencia en la sociedad diferente y, además, en el Sur los bosques son el mejor baluarte contra la erosión y la desertización, aparte de la aportación medioambiental que realiza. 
Por lo tanto, querría insistir en la distinta importancia que tienen los bosques según las zonas geográficas. 
Desde el punto de vista de la capacidad operativa, en estos momentos las competencias sobre bosques están repartidas en nueve áreas diferentes dentro de la Comisión Europea, y es obvio que si prosperan las propuestas que hace el Parlamento Europeo debería conseguirse una mayor racionalidad administrativa. 
Señor Presidente, el informe Thomas ha experimentado una evolución algo extraña. 
Después de que fue presentado en la Comisión de Agricultura, creo que se presentaron entre 200 y 220 enmiendas. 
Debido a ello, se produjo un compromiso para unificar dichas enmiendas o suprimirlas en parte. 
El resultado no ha sido mucho mejor. 
Lo consideramos tan imperfecto que nos hemos decidido a introducir algunas enmiendas y, ante todo, en lo que se refiere a la utilización económica, a destacar que debe producirse un desarrollo natural y sostenible en la economía forestal ya que queremos asegurar que no exista una organización común de mercado en el sentido de una organización común agrícola para la madera. 
Esto ha contribuido considerablemente a la negativa evolución en el sector agrícola. 
En lugar de ello, queremos que la UE se concentre y limite a asegurar un mercado que no se vea sometido a precios dumping desde el exterior. 
Necesitamos una certificación en la que se determinen criterios ecológicos en un marco internacional. Dichos criterios deben ser reconocidos por la UE para que en ella se pueda desarrollar una economía forestal que garantice realmente el valor de la madera. 
Hasta ahora la evolución de los precios en el sector maderero ha ido tan catastróficamente a la baja que no ha sido posible reforestar con el dinero obtenido. La UE ha tenido que proporcionar ayudas en repetidas ocasiones para esta finalidad, ayudas que, naturalmente, no se podían dar en otros países. 
No podemos exportar la catastrófica política de precios de la UE, pues, como ya se ha comprobado, los bosques y, sobre todo, los bosques tropicales sufren también las consecuencias. 
Necesitamos los bosques para sobrevivir. 
Por ello, es necesario que la UE se ocupe del tema a un nivel internacional sin poner en vigor ahora un conjunto de normas dentro de la UE. 
Señor Presidente, a los socialdemócratas suecos nos resulta muy difícil dar nuestro apoyo al informe Thomas. 
Esto no debe interpretarse como una crítica dirigida al propio informe, sino como la expresión de nuestro escepticismo ante la estrategia forestal común para la Unión. 
Pensamos que en este ámbito debería prevalecer el principio de subsidiariedad. 
Ya tenemos suficientes problemas en la Unión con los trabajos para adaptar la política regional y agrícola a la ampliación hacia el este. 
Por consiguiente, no hay motivos para que la Unión tenga un nuevo ámbito político bajo su competencia. 
Como ya han señalado otros oradores, el problema varía mucho de un país a otro. 
En los países del sur hay muy poco bosque, mientras que en los del norte hay demasiado. 
En el sur existen problemas de incendios, y en el norte de frío. 
Tampoco es que los países carezcan de política forestal actualmente, muy al contrario. 
Disponen de una legislación para la protección forestal, y unas autoridades que tramitan estas leyes. 
Tampoco falta la cooperación internacional. 
Cada año se publican unas estadísticas muy detalladas sobre el tema. 
Por lo que respecta a la certificación ambiental, esta cuestión es de un valor muy dudoso para los países nórdicos. 
Nosotros ya tenemos este tipo de certificación, y es sabido que ciertos países competidores del otro lado del Atlántico han ejercido presiones para que la Unión adopte una certificación de un nivel menor que el que tenemos en el norte. 
La certificación comunitaria llevaría, por consiguiente, a que disminuyeran los requisitos ambientales de la producción forestal sueca. 
Finalmente, señor Presidente, considero que es innecesario que la Unión recomiende unos nuevos y elevados gastos a través de este documento. 
Nuestro presupuesto ya está suficientemente sobrecargado. 
Señor Presidente, la última ampliación trajo consigo un mayor interés e incluso una pasión al debate sobre el ámbito forestal de esta Comunidad. 
Es interesante ver el interés geográfico y reconocer la diversidad que la ampliación ha aportado a la idea de la reforestación de la Unión. 
Agradezco al Sr. Thomas su informe. 
En algunas de las opiniones anexas al mismo encontramos descripciones totalmente diferentes del sector a nivel europeo de aquella que nos ofrece el ponente. 
Supongo que la suya es la correcta; que desde la integración de los países nórdicos somos, prácticamente, autosuficientes. 
Otro informe sostiene que podemos suplir nuestras necesidades sólo en un 50 %, y me parece lamentable que los estudiantes o incluso los responsables de planificación que lean este tipo de documentos encuentren semejantes contradicciones en tan pocas páginas. 
Es evidente que el ponente no tiene la culpa de ello. 
No debemos estancarnos ideológicamente en toda esa cuestión de si debemos tener una política común o no. 
Tenemos una política industrial y comercial común, por lo que también podemos tener una política forestal común. 
No será como la Política Agrícola Común. 
Yo no podría llegar tan lejos como Graefe zu Baringdorf. 
Evidentemente, no deseamos precios garantizados, ni restituciones a la intervención y la exportación. 
Pero si tenemos un interés común en el medio ambiente, un interés común en el bienestar económico de la Unión Europea, una política de turismo común, etcétera, es realista pensar que deberíamos tener una política común en el ámbito forestal. 
No tiene por que ser necesariamente una carga importante para el presupuesto de la Unión Europea. 
Provengo del país con el menor número de bosques de la Unión Europea. 
Los finlandeses cosechan del orden de 50 millones de metros cúbicos de madera al año. 
La zona de reforestación es del tamaño de Inglaterra y Escocia. 
En Irlanda tenemos unos 2 millones de acres o lo que es igual, el 16 % de nuestro suelo cultivable y nuestra peor tierra consagrada a ese fin. 
Por ello, existe una gran diversidad. 
No hay duda de que el sector forestal llegará a ser muy importante en Irlanda, desde el punto de vista comercial, pero existe resistencia desde un punto de vista social a sustituir las pequeñas explotaciones agrícolas por zonas de bosques. 
La política europea que intenta ayudarnos en el desarrollo de nuestra reforestación no es en absoluto tan popular en Irlanda, y sin embargo, creo que es acertada a largo plazo. 
Actualmente estamos plantando 25.000 hectáreas al año. 
Eso puede ofrecer a Irlanda, a los precios de hoy, unos ingresos por valor añadido de aproximadamente 300 millones de libras, lo que equivale al triple de los beneficios que obtienen nuestros productores de ganado ovino por toda su producción en Irlanda en estos momentos. 
O sea, que para nosotros no sólo es importante para el medio ambiente, sino que económicamente podemos convertir nuestros bosques en algo muy importante. 
Señor Presidente, señora Comisaria, muchos agricultores tiene la idea histórica de que están haciendo agricultura en tierra que ya fue bosque. 
En el caso de las zonas meridionales, ni siquiera tenemos la noción de lo que es el bosque. 
El bosque es verdaderamente, con sus leyendas y sus historias, una noción del Norte. 
Ahora bien, el bosque en Portugal es extraordinariamente importante; tenemos el bosque de alcornoque, tenemos el eucalipto, tenemos el pino silvestre, tuvimos el castaño y, por desgracia, tuvimos también robles y hoy no los tenemos. 
Por eso- convengo con lo que ha dicho mi colega el Sr McCartin -, todo aconseja que haya una política forestal común. 
Pero también comprendo que los países que estén bien instalados en el bosque, como los países septentrionales, no la quieran, en la medida en que tienen una idea del bosque diferente de la nuestra. 
Para ellos, el bosque ha sido siempre un cuerpo aparte, nunca ha pertenecido verdaderamente a la agricultura. 
Para mí, el bosque- porque se me educó en ese sentido- forma parte de la renta del agricultor. 
Y ahora, con todas las dificultades planteadas por la Política Agraria Común, por las superficies máximas garantizadas, por las cantidades máximas garantizadas, por toda esa castración que se infligió a toda la agricultura europea, una de las medidas de acompañamiento es la forestación, pero, sin que, de hecho, se tome en serio la forestación, Europa seguirá dependiendo de las importaciones y en este momento en mi país veo ya empresas que se quieren trasladar al Brasil para disponer allí de material abundante. 
Evidentemente, convendría que llegáramos a un acuerdo, pero, desde luego, no es éste el momento y en las enmiendas que hemos preparado está nuestra opinión sobre el informe Thomas. 
En primer lugar, quiero expresar mi aprecio al ponente, Sr. Thomas, por su paciencia y la postura constructiva con que ha trabajado para presentar este informe. 
Europa tiene una producción forestal muy dispar, con diferencias significativas en cuanto a las variedades de la silvicultura de los diversos países. 
Esto también se aplica al punto de vista de cada país sobre la política forestal. 
Es por ello que se han presentado tantas propuestas diversas durante la celebración del debate. 
Por parte de la Europa central se ha impulsado fuertemente la exigencia de la conservación, por parte de la Europa del sur se ha impulsado fuertemente la exigencia de un sistema de ayudas. 
Estas amplias exigencias ya no se mencionan. 
Creo que esto es una buena señal, ya que conllevarían unos problemas para el medio ambiente y la producción de nuestros bosques. 
Ya se ha destacado con anterioridad en el debate que la política forestal sueca consiste en la creación de una producción fuerte y duradera, que pueda aprovecharse dentro de un equilibrio entre los intereses de la producción y la protección ambiental. 
Este tipo de política presupone el aprovechamiento de una base de materia prima renovable, simultáneamente con la conservación de la diversidad biológica. 
Es importante recordar esto a otros países de Europa, es decir, que la producción forestal nórdica es un recurso que puede utilizarse provechosamente dentro de unos marcos ecológicos sin ayudas estatales. 
Son estas diferencias entre norte y sur, este y oeste, las que hacen que la política forestal común no sea aplicable y que no deba ponerse en marcha dentro de la Unión Europea. 
El documento que debatimos es un compromiso al que hemos llegado en la Comisión de Agricultura. 
En consecuencia, pienso por principio que cabe aprobarlo como está, sin las enmiendas presentadas. 
Naturalmente, faltan aspectos importantes dentro del sector ambiental y de producción, pero el compromiso es aceptable; por parte sueca podemos aceptarlo. 
Por eso pienso que se puede aprobar en el Parlamento cuando llegue la ocasión. 
Señor Presidente, comienzo felicitando a nuestro nuevo vicepresidente, Sr. Marinho, y deseándole felicidades en el cargo para el que ha sido elegido. 
El informe del Sr. Thomas ha tenido la gran ventaja de suscitar un debate a fondo sobre el bosque en la Unión Europea. 
Dicho debate ha demostrado que no existe, por desgracia, una visión consensual sobre el lugar que corresponde al bosque en el marco de las políticas comunitarias. 
El informe Thomas propone sólo una estrategia forestal común basada en una mayor coordinación de las políticas nacionales y en el fortalecimiento de las medidas de protección, formación e información. 
Esa estrategia ha sido la única base de transacción a la que se ha podido llegar en el Parlamento Europeo (en la Comisión de Agricultura) y el Sr. Thomas merece nuestro mayor aprecio por el esfuerzo de aproximación que ha hecho. 
Creo que la formulación, en esta fase, de una estrategia forestal común sólo tendrá sentido, si conduce progresivamente, en el futuro, a una verdadera política forestal común con objetivos expresos, instrumentos de aplicación correspondientes y medios financieros adecuados. 
Sólo por esa vía se resolverán problemas como el del aumento de la producción forestal y la reducción del déficit, el de la ocupación diferente de los suelos para materias primas no alimentarias y energéticas, el de la creación de empleo en las zonas rurales, el de la protección contra la contaminación atmosférica y los incendios y el de la valorización de la contribución del bosque para el medio ambiente y a la economía, pues es cierto que, si las poblaciones no ven intereses económicos en el bosque, no tendrán incentivos para defenderlo. 
Las acciones propuestas por el ponente- y que son ya un gran avance en relación con la actualidad- costarían a la Unión Europea cerca de 353 millones de ecus por año, lo que equivale al 0, 8 % de la PAC. 
Resulta, pues, fácil concluir que lo que ahora se propone en el informe presentado al Parlamento es irrisorio a escala de los recursos de la Unión Europea. 
Y es sobre todo irrisorio ante la importancia estratégica de ese sector para el futuro de nuestra sociedad. 
En un país como Portugal, por ejemplo, donde los tres millones de hectáreas ocupadas por bosques representan una tercera parte del territorio y el 80 % de ellas están integradas en las explotaciones agrarias, carece del menor sentido establecer diferencias de trato entre agricultura y silvicultura. 
Primero, porque desde la reforma de la PAC de 1992 los suelos agrícolas y forestales son cada vez más substituibles entre sí en función de las coyunturas del mercado. 
Segundo, porque los agricultores tienen tendencia a abordar la actividad forestal como una fuente complementaria de renta en relación con su actividad agrícola. 
Por tanto, ¡invocar esta situación no es aceptable! 
Voy a apoyar este informe, pero tengo esperanzas de que la Comisión sea más audaz, en sus propuestas, que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, desearía expresar mi agradecimiento al señor Thomas por haber elaborado un informe que, por su temática, reviste una gran importancia para nosotros, los finlandeses. 
Todos los Estados miembros comparten intereses comunes por lo que respecta al buen estado y la gestión de los bosques; los bosques absorben el dióxido de carbono, impiden la erosión y cumplen una función recreativa, sin olvidar tampoco su oferta de valores espirituales. 
Finlandia es el país del mundo con la economía más dependiente de sus bosques. 
Durante los últimos 150 años, la riqueza creada en este país ha sido posible gracias a una producción basada en la explotación forestal. 
Los niveles de crecimiento anual de los bosques finlandeses son mayores que nunca, superando los 80 millones de metros cúbicos. 
Incluso después de su explotación y de la deforestación natural, los recursos forestales finlandeses crecen a un ritmo anual de más de diez millones de metros cúbicos, lo cual creo que es una muestra fehaciente de que para los finlandeses siempre ha sido vital, y sigue siéndolo aún hoy en día, el cuidado adecuado de este patrimonio nacional nuestro que son los bosques. 
Las reservas naturales que se han venido creando en las últimas décadas en distintas partes de Finlandia, con las que se aspira a garantizar la biodiversidad de la naturaleza y los bosques de este país, constituyen un ejemplo de las responsabilidades que han asumido los finlandeses en lo relativo a las cuestiones forestales. 
Teniendo presentes estas consideraciones, el informe no responde plenamente a mis expectativas, puesto que da prioridad a las ayudas y a la reglamentación, mientras que, en mi opinión, se debería dejar que fuera la economía de mercado la que resolviera estas cuestiones. 
En el informe no se presta tampoco atención al hecho de que, por ejemplo en Finlandia, la mayor parte de los bosques pertenece a pequeños propietarios. 
En el informe se recomienda asimismo reflexionar sobre la creación de una escuela forestal europea. 
No puedo mostrarme de acuerdo con esta iniciativa puesto que, por lo que tengo entendido, la Unión cuenta ya con un marco suficiente hasta niveles universitarios en materia de estudios forestales. 
No puedo tampoco compartir la opinión recogida en el informe acerca de la necesidad de crear un comité forestal a nivel de la Unión. 
Si bien la actual versión revisada del informe no presta la suficiente consideración al punto de vista nórdico, sí es cierto que es bastante mejor que la primera versión, por lo cual considero que debe ser aprobada. 
Señora Presidenta, señores diputados, en primer lugar, permitan que la Comisión felicite a todos los miembros de la Comisión de Agricultura, y más especialmente al ponente, el Sr. Thomas, por la calidad del informe que se nos presenta y, también, por el interés que los parlamentarios han manifestado por la protección y el desarrollo del patrimonio forestal de la Unión, interés que se ha vuelto a manifestar en este hemiciclo sobre todo dado el número de oradores y la calidad de las intervenciones. 
Es indudable que en los últimos años se ha concedido una atención creciente, incluso a nivel internacional, a la cuestión de los bosques: muchos parlamentarios que han intervenido ya han recordado aquí tanto la Conferencia de Río de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo como la Conferencia ministerial sobre la protección de los bosques europeos, que se celebró en Helsinki en junio de 1993. 
En particular, me parece que el aspecto transfronterizo del bosque se ha puesto de manifiesto en las referencias a fenómenos como, por ejemplo, la contaminación atmosférica o, también, en los debates sobre el cambio climático y sobre la salvaguardia de la biodiversidad, elementos que han tenido eco en el debate de hoy en este Parlamento. 
La situación ha cambiado también en el seno de la Unión con la adhesión de países productores forestales, como Finlandia o Suecia y, en menor medida, Austria: al duplicarse la superficie forestal de la Unión, la importancia económica y política del sector forestal ha aumentado sustancialmente en el seno de la Comunidad. 
Precisamente algunos de ustedes, cuando han intervenido en este debate, han reconocido que las adhesiones de los nuevos países han introducido también una diversidad cultural en nuestro debate, al conceder una mayor atención a determinados temas. 
Por otro lado, la sociedad en general asigna hoy a los bosques funciones cada vez más diversificadas que requieren opciones razonables y prudentes. 
Y a la Comisión le parece que sólo una gestión multifuncional del bosque puede permitir la coexistencia del mayor número posible de estas funciones en el mismo espacio. 
Pero la Comisión piensa que se impone cierta prudencia, dado que un discurso excesivamente global sobre el bosque puede inducir a engaño: lo que va bien en un sitio puede resultar completamente equivocado en otro lugar y a situaciones socioeconómicas y también ecológicas extremadamente variables corresponden diagnósticos forzosamente distintos y soluciones que deben ser objetivamente adecuadas. 
En resumen, el bosque mediterráneo no puede ser tratado del mismo modo que el bosque sueco. 
Por lo tanto, aunque corro el riesgo de hacer una afirmación, quizás, provocadora, permítanme que diga que el bosque europeo- en singular puesde hecho no existe: existen varios aspectos de una misma temática. 
A juicio de la Comisión, todos estos elementos y muchos otros factores que no tengo tiempo de enumerar aquí requieren una reflexión profunda por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros, para tener en cuenta la evolución y los cambios económicos y sociales de los últimos años, consciente de que esta reflexión ha dejado de hacerse a nivel de la Unión después de 1988, es decir, después de la elaboración del programa de acción forestal. 
En este sentido, la iniciativa parlamentaria constituye, ciertamente, un progreso significativo para reiniciar el debate sobre la orientación forestal a nivel de la Unión Europea, y la Comisión considera que los principios y los objetivos enunciados en el informe del Parlamento ofrecen un marco concreto y conforme al principio de la subsidiariedad. 
La Comisión examinará a conciencia las acciones propuestas en el documento, mediante un diálogo concertado con los Estados miembros a nivel del Comité Forestal Permanente, y tiene el propósito de presentar en el plazo de dos años un documento marco que ponga de manifiesto las características relevantes del sector y que proponga las subsiguientes opciones estratégicas que deben resultar de este análisis. 
No obstante, el Parlamento debe ser asimismo consciente de que el éxito de una nueva estrategia forestal encontrará muchas dificultades- cosa de la que pienso que los parlamentarios ya son profundamente conscientesy tendrá que superar muchos obstáculos. 
Citaré solamente dos: en primer lugar, las disparidades considerables y el carácter heterogéneo de las estructuras forestales tanto en el plano ecológico como en el económico. 
Estas disparidades constituyen indudablemente una situación que tiende a hacer cristalizar las divergencias sobre las valoraciones de fondo que existen entre Estados miembros, de modo que situaciones tan contrastantes requieren no sólo comprensión, sino también la máxima ductilidad en los Estados miembros en el plano técnico y en el plano político. 
Existe, luego, un segundo obstáculo más importante, que es la situación financiera de la Unión. 
Yo no he creído nunca que puedan existir políticas sin fondos adecuados: se puede discutir sobre cómo utilizarlos y si se utilizan o no, pero una política sin presupuesto no la he visto hacer nunca. 
Evidentemente, los milagros siempre son posibles, pero ¡no he visto muchos! 
Es conveniente también recordar en este Parlamento que la situación financiera de la Unión es una situación muy especial que no me parece que pueda permitir que se pongan a disposición, inmediatamente, más recursos para financiar las inversiones en el sector forestal. 
Como conclusión, dada la situación, la Comisión tendrá que asumir una tarea muy difícil, que consiste al mismo tiempo en estar a la altura de la situación y en tener en cuenta todos los tipos de limitaciones existentes- jurídicas, políticas y financieras- para poder poner a punto nuevas líneas de orientación forestal. 
La calidad de las propuestas que figuran en el informe presentado por el Parlamento nos ayudará indudablemente a superar todas estas dificultades, pero creo que es útil que la Comisión recuerde aquí que, en definitiva, estamos en el inicio de un proceso de revisión y que la colaboración recíproca es parte esencial para el éxito de esta política y de esta iniciativa. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre este informe tendrá lugar el 30 de enero en Bruselas. 
Acuerdos CE/Israel sobre contratos públicos y telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0357/96) del Sr. De Clercq, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de dos Acuerdos entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel sobre contratos públicos y contratos concertados por operadores de telecomunicaciones (COM (96) 0148- C4-0323/96-96/0104 (CNS) ). 
Señora Presidenta, Señorías, los dos acuerdos que debemos debatir hoy se hallan relacionados con mercados específicos. 
Para ser más precisos, el primero de ambos acuerdos se refiere a los merados públicos, tal como figura en el Acuerdo sobre los Mercados Públicos, el denominado AMP, concluido en 1996 en el ámbito de la Ronda de Uruguay. 
El otro acuerdo se refiere a los mercados de productos y servicios prestados por empresas de telecomunicaciones, es decir el mercado de las telecomunicaciones. 
Deseo hacer resaltar aquí el hecho de que a través de este segundo informe, el relativo a las telecomunicaciones, la Unión Europea e Israel se adelantan a los resultados de la Ronda de Uruguay, ya que el AMP no se halla aún en aplicación en los mercados de empresas de telecomunicaciones. 
Esto explica la conclusión de este acuerdo particular con Israel. 
En su conjunto ambos acuerdos aspiran a establecer un justo equilibrio entre los intereses de ambas partes. 
El acuerdo referente a los mercados de telecomunicaciones satisface en mayor grado los intereses israelíes, concretamente el acceso a productos de alta teconología procedentes de Irael a los mercados de la Unión Europea. 
Esto redundará por supuesto en beneficio de Israel. 
Por su parte, y a primera vista, la Unión tiene mayor interés en el primer acuerdo, el relativo a los mercados públicos tal como queda contenido en el acuerdo global AMP. 
Se trata pues en ambos casos de un paquete atentamente reflexionado y ponderado en el cual cada una de las partes, me atrevería a decir incluso cada Estado miembro de la Unión Europea, obtiene sus ventajas. 
Ambos acuerdos constituyen pues un conjunto equilibrado que redunda en beneficio de ambas partes y que desde un punto de vista económico plantean escasas objeciones. 
Es evidente, y esto lo sabemos bien, que nuestras relaciones con Israel siguen revistiendo un carácter especial siendo a menudo objeto de un gran número de consideraciones de orden más bien político. 
A mi juicio personal, señora Presidenta, Señorías, se trata del hecho de que a largo plazo la liberalización del comercio y también de los mercados nacionales pueden ejercer únicamente efectos favorables. 
En último caso, sería necesario apuntar a una extensión de dichos efectos positivos, también a otros países de esta conflictiva región, de manera a poder fomentar una determinada integración económica regional. 
Una integración regional que, así lo esperamos, llevará a una distensión en el terreno político. 
Esto me parece mucho más razonable y más conveniente que un aplazamiento, y más aún de una prohibición, de la recíproca liberalización entre Israel y la Unión Europea. 
Algunas observaciones aún con respecto a cuestiones de procedimiento. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha decidido seguir el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos y por consiguiente abstenerse de proceder a una modificación de los fundamentos jurídicos de los acuerdos. 
Esta decisión responde al deseo de obtener la aprobación, no sólo una opinión, del Parlamento Europeo en la cuestión. 
En lo referente a la revisión de los acuerdos desearía hacer hincapié una vez más, habida cuenta la enorme confusión que reina hoy al respecto, en la necesidad de precisar con mayor claridad los criterios necesarios para la aplicación del procedimiento de aprobación. 
Una última observación en lo tocante a la falta de transparencia de este procedimiento. 
Para las empresas y para el público en general resulta extremadamente difícil evaluar el impacto de estos acuerdos y estar correctamente informados de todas las posibilidades de que disponen, tanto más si consideramos que los suplementos, las listas añadidas y los comentarios generales referentes al Acuerdo sobre los Mercados Públicos no han sido publicados aún en el Diario Oficial. 
Terminaré, señora Presidenta, Señorías, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, la cual he tenido el honor de presidir durante siete años y medio, recomendando se emita un dictamen favorable en cuanto a la conclusión de estos dos importantes acuerdos. 
Señora Presidenta, Señorías, el debate de esta tarde sobre el informe de nuestro compañero De Clerq y sobre la celebración de los acuerdos sobre los mercados públicos y los mercados de las telecomunicaciones entre Europa e Israel me permite decir cuatro cosas. 
En primer lugar, en mi calidad de presidente de la delegación Europa-Israel, deseo saludar el trabajo de nuestro compañero Willy De Clerq que ha trabajado mucho a lo largo de estos últimos meses para mejorar y desarrollar las relaciones entre Europa e Israel. 
A continuación, es preciso señalar que estos acuerdos se inscriben perfectamente en la continuidad de los acuerdos que entraron en vigor hace un año en el marco del acuerdo de asociación Europa-Israel que votamos ampliamente aquí. 
En tercer lugar, deseo insistir sobre la gran importancia de estos últimos acuerdos, que van a permitir a Europa beneficiarse de la alta tecnología israelí y a Israel, que desea dotarse de infraestructuras públicas nuevas (se habla de un metro) , recurrir al saber europeo. 
Por consiguiente, es muy positivo para las dos partes y es preciso reconocer que no siempre es así en los acuerdos de asociación. 
Subrayo la importancia de estos acuerdos en la perspectiva de una integración económica regional entre Israel y sus vecinos, en un futuro que deseamos próximo. 
Israel será entonces un intermediario privilegiado para nuestra Unión Europea. 
Por último, y en relación directa con este último punto, deseo manifestar la satisfacción y la alegría de los europeos tras el acuerdo de Hebrón que tuvo lugar el martes a la noche y la reactivación del proceso de paz. 
Por lo que a mí respecta, ya lo saben ustedes, siempre he tenido confianza, pero puedo comprender las dudas y las preguntas. 
Por consiguiente, deseo felicitar aquí a los negociadores israelíes y palestinos por su valentía y su sensatez. 
Europa ha desempeñado un papel discreto, pero eficaz, en particular con su emisario especial al que debemos felicitar. 
Para terminar, reafirmo que el desarrollo de nuestras relaciones económicas y científicas con Israel es una de las primeras condiciones de la paz, al mismo tiempo que es una de sus primeras consecuencias. 
Por lo tanto, me congratulo de que hayamos sabido hacer la parte que nos correspondía en el transcurso de estos últimos meses difíciles. 
El futuro no será menos difícil y, por lo tanto, siempre deberemos intentar guardar nuestra sangre fría, nuestro buen sentido y una buena apreciación de las cosas. 
La votación sobre el informe de nuestro compañero Willy De Clerq es pues muy importante, tanto como símbolo de un proceso positivo y eficaz, como por sus efectos concretos y rápidos para las relaciones económicas y tecnológicas entre Europa e Israel. 
Señora Presidenta, a través de los dos acuerdos concluidos se contribuye al logro del objetivo de la Unión Europea, es decir la mayor apertura de los mercados a los contratos públicos. 
Y es éste, a mi juicio, un objetivo sumamente acertado e importante. 
Además de ello, ambos acuerdos aportan en sentido concreto una contribución a los acuerdos concluidos anteriormente entre la Unión Europea e Israel y referentes a una mayor cooperación política y económica, una cooperación que personalmente, y es ésta también la postura de mi grupo político, saludo con júbilo. 
Desearía efectuar igualmente una observación en lo tocante al procedimiento. 
Cabe lamentar que cada vez que en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se tratan cuestiones en particular, surjan invariablemente dificultades relacionadas con el procedimiento, debiendo esforzarse muy a menudo dicha comisión por un tratamiento justo de la cuestión. 
En este caso la comisión se ha conformado al dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Me parece ésta una prudente decisión, aunque sólo fuese con el objeto de preservar la unidad del Parlamento Europeo en lo referente a este procedimiento. 
No tengo mucho que añadir a los juiciosos pronunciamientos expresados por el Sr. De Clercq, aunque desearía hacer resaltar, con referencia a mi observación relativa a la cuestión del procedimiento que en los últimos siete años y medio el Parlamento Europeo y la Unión Europea han podido confir en muy buenas manos acuerdos internacionales, como el que estamos debatiendo hoy- y otro aún más importante, a saber, el Acuerdo del GATT- en las buenas manos de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores por el hecho de ocupar su presidencia el Sr. De Clercq. 
Debo decir sinceramente que me cuesta un esfuerzo enorme tener que acostumbrarme a la idea de que dentro de algunas hora esta comisión contará con otro Presidente y que el Sr. De Clercq será útil a nuestra Unión de otra manera. 
Porque el Sr. De Clercq ha sabido contribuir grandemente a la liberalización del comercio internacional, elemento que reviste una enorme importancia económica para la Unión Europea e igualmente para el fomento del empleo y que para mí ha sido un honor y al mismo tiempo un enorme placer poder formar parte durante los últimos dos años y medio de la comisión presidida por él. 
Señora Presidenta, desearía en primer lugar felicitarla en sus nuevas funciones y felicitar igualmente al Sr. De Clercq por este informe que no deja de constituir la hermosa culminación de sus siete años de presidencia de la comisión. 
En cuanto al Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel ha sido ya larga y arduamente debatido en este Parlamento. 
Estos dos acuerdos referentes a la adjudicación por parte de las autoridades y de empresas de telecomunicaciones constituyen el fruto de dichas discusiones. 
El Sr. De Clercq ha planteado la cuestión de una manera algo técnica, aunque yo prefiero contemplarla más desde el ángulo de la política exterior, de la iniciativa de Barcelona. 
Constituye un paso adelante hacia la liberalización recíproca, aunque igualmente un paso de avance hacia la estabilidad de la región. 
Además de ello, quedan protegidos así de manera equlibrada los intereses de la Unión y de Israel. 
La posición de este país en el ámbito de la alta tecnología es bien favorable, y Europa tiene necesidad de ese tipo de asociado. 
Europa ha dado un gran paso de avance en el ámbito del transporte público. 
Israel posee ambiciosos proyectos en ese campo, concretamente la construcción de una línea de metro, lo cual constituirá un poderoso desafío para cada uno de los países de la Unión por separado. 
Es evidente que la capacidad económica de la Unión no es la misma que la de Israel, pero en realidad estamos atravesando un período sumamente favorable. 
A través de la iniciativa del rey Hussein de Jordania ha podido dar un paso de avance el proceso de paz en la región y, si mis cálculos son correctos, está creciendo la esperanza de una mayor participación económica de la Unión Europea en Israel y en toda la región; la liberalización es un objetivo bastante deseable, pero no deja de ser un hecho económico, lo que hay que buscar en realidad es consolidar la estabilidad en la región. 
Mi grupo político, el Grupo por Europa, suscribe calurosamente este informe del Sr. De Clercq. 
Señora Presidenta, señores diputados, la Comisión se alegra de constatar que el Parlamento está hoy en condiciones de emitir un dictamen sobre los dos proyectos de acuerdo entre la Comunidad Europea e Israel sobre contratos públicos. 
Si bien los dos acuerdos son de carácter más bien técnico ya que- como se ha recordado aquí, en particular por el ponente- uno se refiere a los contratos públicos en general y el otro concierne específicamente a los contratos públicos en el sector de las telecomunicaciones, es evidente que representan un paso importante en la apertura de los mercados de contratos públicos a nivel internacional; existe, pues, una dimensión más amplia, que va más allá del aspecto puramente técnico de estos dos acuerdos. 
La Comisión quiere subrayar algunos elementos relevantes. 
En el caso del primer acuerdo, Israel amplía y completa los compromisos contraídos con el acuerdo sobre contratos públicos, incluye el sector de los transportes urbanos, campo en el que la Comunidad Europea es especialmente competitiva, y elimina algunas excepciones negociadas anteriormente en el ámbito del Government Procurement Agreement. 
Además, abre los contratos municipales a las empresas de la Comunidad Europea, en sectores distintos de los contemplados anteriormente. 
En el caso del segundo acuerdo, que se refiere a los contratos públicos en el sector de las telecomunicaciones, Israel deroga inmediatamente una preferencia de precio del 15 % y elimina gradualmente la disposición en materia de compensación que le había concedido, precisamente, el Government Procurement Agreement. 
Ambos acuerdos son el resultado de las relaciones políticas y económicas más estrechas creadas por el proyecto de acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, y a este respecto ya se ha recordado el contexto derivado de la Conferencia de Barcelona en el que se inserta esa iniciativa; en segundo lugar, contribuyen de manera concreta al desarrollo económico y, por lo tanto, también a la estabilización política de la región; en tercer lugar, garantizan a la Comunidad Europea un trato más favorable que el que Israel ha dado hasta ahora a otros terceros países, porque ofrecen ulteriores oportunidades económicas a los operadores europeos; en cuarto lugar, nos parece que dan una señal positiva y que, por consiguiente, constituyen un precedente válido para los demás terceros países en términos de apertura recíproca de los mercados: éste es un elemento de innovación que viene a añadirse. 
Por eso la Comisión se congratula de que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores haya suscrito por unanimidad la resolución que aprueba los dos acuerdos, después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos hubiera confirmado el fundamento jurídico propuesto por la Comisión. 
Aprovecho la ocasión para dar las gracias a dichas comisiones por su trabajo y su apoyo y, en particular, la Comisión quiere dar las gracias a la Sra. Sierra González, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, por su contribución y, obviamente, al Sr. De Clercq por haber preparado el informe, tan claro y equilibrado, que se está debatiendo ahora en este Parlamento. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 09.00 horas. 
Consulta de los trabajadores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0411/96) del Sr. Menrad, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo sobre la comunicación de la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores (COM (95) 0547- C4-0538/95). 
Señora Presidenta, señor Comisario, me permito indicar que aparte de los cinco minutos de que dispongo como ponente he recibido tres minutos adicionales de mi grupo político. 
Desde hace 20 años la Comisión y el Parlamento Europeo se esfuerzan por armonizar o coordinar el derecho de sociedades empresariales y hace muy poco se ha desatado ante todo el debate sobre la forma jurídica de la Sociedad Anónima Europea. 
El llamado informe Ciampi constata que la ausencia de un Estatutos de la S.A. europea acarrea considerables gastos a la economía europea. 
Haciendo referencia al estudio del Grupo sobre la recuperación de la competitividad europea, la Comisión insiste en la necesidad de que se apruebe rápidamente dicho Estatuto, a ser posible en 1997. 
Hace cinco años la Comisión presentó también propuestas para una Sociedad Cooperativa Europea, una Mutualidad Europea y una Asociación Europea, es decir, no sólo para la Sociedad Anónima Europea. 
La aprobación de los correspondientes reglamentos para estas formas de sociedades de derecho europeo ha fracasado hasta ahora en el Consejo de Ministros porque no se ha podido llegar a un acuerdo sobre las directivas relativas a la posición de los trabajadores, directivas que van unidas de modo inseparable a este instrumento jurídico. 
La idea más controvertida fue la de que los trabajadores dispongan de una representación especial en los órganos empresariales, lo que existe ya, por ejemplo, en algunos Consejos de Vigilancia. 
Sólo el trabajador informado, cualificado, comprometido y motivado que dispone de formas de coparticipación puede desarrollar formas de organización y aprovechar las tecnologías para lograr un desarrollo sostenible. 
El objetivo principal de la comunicación sobre la que debatimos hoy es desbloquear las propuestas sobre las formas de sociedades europeas. 
Las consideraciones de la Comisión se centran en el si y en qué modo se podría impulsar la Directiva sobre el Comité de Empresa Europeo. 
La comunicación de la Comisión presenta tres opciones a debate: la primera consiste en el mantenimiento del status quo; la segunda y tercera opciones están estrechamente relacionadas. 
Ambas parten de que se abandona el punto conflictivo de la codecisión en el seno del órgano de vigilancia o del Consejo de Administración y se retiran las directivas relativas a la participación. 
La segunda opción propone adicionalmente a la Directiva sobre el Comité de Empresa Europeo un instrumento comunitario para crear estándares mínimos de información y consulta a nivel nacional. 
Creo que un paso de este tipo es importante para que el Comité de Empresa Europeo pueda funcionar mejor. 
Sin embargo, esta propuesta no es una aportación a la codecisión económica. 
La propuesta de resolución del CES exige que no se forme ninguna S.A. europea u otra forma de sociedad sin aplicar la Directiva sobre el Comité de Empresa Europeo. 
Al contrario que la comunicación de la Comisión, diferencia entre los meros derechos de información y consulta, tal como posee el Comité de Empresa Europeo, y las posibilidades económicas de coparticipación, tal como poseen los trabajadores en los Consejos de Vigilancia en Alemania o en los Países Bajos o, por ejemplo, en los Estados nórdicos de Finlandia y Suecia, en los que existe un derecho a participar mediante convenios colectivos en las decisiones empresariales. 
En este sentido, mi informe demanda posibilidades de coparticipación de los trabajadores. 
Ante el gran número de modelos en la Unión Europea, hay que evitar dos peligros. 
No se puede traspasar un determinado modelo de codecisión de algunos pocos Estados miembros a los Estados restantes de la Comunidad, es decir, exportar el avanzado modelo alemán. 
Pero tampoco se puede eludir la codecisión de los trabajadores con la ayuda de un instrumento jurídico europeo. 
Ya se ha mencionado en numerosas ocasiones que no se debe admitir que ocurra esto. 
Hay que establecer unos estándares mínimos para las sociedades europeas. 
Una iniciativa comunitaria parte de la condición de que se conozcan las normas de codecisión ya existentes. 
Saludamos, por ello, la creación de un grupo de expertos de alto nivel de entre las filas de los interlocutores sociales y de la ciencia, encargado de realizar un análisis comparativo de la situación jurídica y real en los Estados de la UE en lo tocante a la información, consulta, coparticipación y codecisión. 
Deberá también examinar el papel del Comité de Empresa Europeo bajo el concepto global de la codecisión. 
Esperamos que el grupo que ha comenzado ya a trabajar se tome algo de tiempo para elaborar la propuesta definitiva. 
Los resultados del estudio deberán someterse a un debate social a nivel europeo para acordar las condiciones marco de la codecisión. 
También es pensable que los interlocutores sociales lleguen a los correspondientes acuerdos a nivel de ramo y de consorcios. 
En cualquier caso, para la codecisión en todas las sociedades anónimas europeas necesitamos un traje especial a medida que encaje con las correspondiente estructuras de la empresa o del consorcio. 
La comunicación explica porqué la directiva sobre el Comité de Empresa Europeo ha tenido tanto éxito. 
Se puede mirar y volver a mirar como se quiera, pero la receta del éxito radica en determinados principios de procedimiento que podrían desempeñar también un importante papel en la elaboración del modelo de codecisión de una sociedad anónima europea o de otro tipo. 
Una directiva europea debería prescribir la flexibilidad, las soluciones negociadas y normas mínimas para el caso de que no se llegue a un acuerdo entre los interlocutores sociales dentro de un plazo determinado. 
La propuesta realizada en los considerandos en el sentido de que el Estatuto de la S.A europea debe ser atractivo para las pequeñas y medianas empresas no significa que deban surgir zonas libres de codecisión cuando el número de empleados es reducido. 
La comisión no desea que ocurra esto pero sí un apoyo a las PYME. 
Permítanme que resuma brevemente las posiciones de la Comisión de Asuntos Sociales. Primera: a la hora establecer las normas de codecisión, los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel adecuado; segunda: la codecisión en la S.A europea debe ser algo más que un mero derecho de información y consulta de los Comités de Empresa Europeos. 
En ningún caso el resultado debe ser que en la S.A europea no exista una participación económica de los trabajadores. El modelo europeo es la economía social de mercado y entre sus principios básicos se encuentran la coparticipación de los trabajadores y la cooperación. 
Coparticipación y codecisión son factores positivos para el emplazamiento empresarial. 
Me permito subrayar de nuevo esta última frase de mi declaración y expreso mi agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales por el positivo apoyo así como a las Comisiones de Asuntos Económicos y Jurídicos cuyas opiniones apoyamos plenamente. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, permítanme en primer lugar y sobre todo desearles mis mejores y más sinceros votos por un año social 1997 con los mejores resultados de la CIG. 
En nombre de mi grupo político desearía felicitar sinceramente al colega Menrad por su informe. 
Se trata de un excelente informe que contiene además un claro mensaje de Año Nuevo a la Comisión Europea. 
Para mi grupo político este mensaje consiste en lo siguiente. 
También nosotros estamos enteramente de acuerdo, como acaba de afirmar el colega Oddy, sobre la necesidad de efectuar un paso de avance en materia de las diversas modalidades de asociación europea que se hallan obstruidas ya desde hace algunos años. 
No obstante, hay algo que para nosotros debe quedar bien sentado. 
Tampoco nosotros estamos dispuestos a hacer concesiones al mercado interior. 
Esto significa, señor Comisario, que si la Comisión y el Consejo desean ocuparse de las sociedades europeas- se nos informa que esto tendrá lugar ya en 1997- esto será solamente posible a condición de establecer una regulación concluyente, no sólo en lo referente a la información y a la consulta de los trabajadores sino también a la participación de éstos. 
A mi parecer, el Parlamento Europeo contará posiblemente con un importante instrumento en el supuesto de que se pongan sobre el tapete estas proposiciones, en particular si éstas se presentasen en el marco del artículo 100 A; por consiguiente deseamos prevenir ahora a la Comisión de que este Parlamento no habrá de transigir en lo que respecta a la regulación de la participación de los trabajadores. 
Ya durante el debate sobre el programa de acción social 1995-1997 el Parlamento insistió en el informe del colega Hughes en una supresión de todos los obstáculos que bloqueaban las directivas relativas a la participación de los trabajadores. 
Nos sentimos en esa ocasión altamente satisfechos de que la Comisión se mostrase dispuesta a presentar una comunicación ante el diálogo social. 
Pues bien, señor Comisario, lamentablemente debo decir hoy que mi grupo político se siente bastante decepcionado. 
En primer lugar, no sólo lamentamos que anteriormente no haya existido un diálogo con los interlocutores sociales, que el volumen de los estudios referentes a las diversas modalidades ya existentes en los diversos Estados miembros de participación de los trabajadores haya sido tan reducido. 
Además de ello, estimamos insatisfactorias las opciones concretas que se nos presentan en esta comunicación. 
En efecto, consideramos igualmente que los Comités de Empresa Europeos constituyen un verdadero logro. 
Nos satisface además que incluso empresas de países que no participan en este acuerdo hayan entrado a formar parte de los Comités de Empresa Europeos. 
Aunque al mismo tiempo debemos recordar que a nuestro juicio la participación de los trabajadores no se limita a este acceso. 
También en empresas de menores dimensiones es necesaria la existencia de posibilidades de información, consulta y participación de los trabajadores. 
La Unión Europea deberá velar por que el diálogo social se convierta de manera definitiva en un elemento esencial de nuestro modelo social europeo. 
En segundo lugar, no se ha regulado, ni en el seno del Comité de Empresa Europeo ni en las directivas relativas al despido colectivo o al traslado de empresas, la cuestión de la participación de los trabajadores. 
Se trata no obstante de un tema que sigue pendiente desde la directiva Vredeling. 
Estimamos necesario por consiguiente que además de la constitución de los Comités de Empresa Europeos se establezca una reglamentación orientada a impedir que a través del denominado «country shopping» quede excluida la participación de los trabajadores en sus empresas. 
Por consiguiente, señor Comisario, nos resulta inadmisible que a nivel europeo pueda crearse una Sociedad Europea en un país comunitario en el que no se aplique la directiva relativa a los Comités de Empresa. 
Es decir que por el momento no deberá permitirse la inclusión del Reino Unido en esta reglamentación. 
Pero en segundo lugar es también inaceptable para nosotros que exista una Sociedad Anónima Europea sin una ambiciosa reglamentación en materia de participación de los trabajadores. 
Desearía pues pedir a la Comisión e igualmente además al grupo de trabajo Davignon que reflexione de manera creativa en este año sobre una reglamentación que en primer lugar respete la tradición de diálogo social en los Estados miembros. En segundo lugar, que elabore un reglamento marco a nivel europeo destinado a la participación, información y consulta de los trabajadores también en las pequeñas empresas, no con el objeto de eludir el diálogo sino, todo lo contrario, hacer posible el diálogo social en el seno de las PYME. 
Por este motivo, y en nombre de mi grupo, deseo apoyar sencillamente la enmienda nº 2 presentada por el grupo PPE. 
En tercer lugar, que deje en manos de los interlocutores sociales los aspectos de la configuración concreta. 
En cuarto lugar, que prevea medidas mínimas válidas para todas las partes interesadas. 
Me parece, señor Comisario, que podremos contar en este caso con una correcta reglamentación. 
Señora Presidenta, en primer lugar deseo felicitarla personalmente por el hecho de poder presidir hoy aquí este debate y pienso que tal vez es oportuno que sea precisamente alguien de Alemania, ya que también el Sr. Menrad ha prestado una extraordinaria colaboración al presentarnos aquí este informe. 
Porque el tema que nos ocupa ahora no es nada sencillo, constituye el núcleo de la codecisión en los diversos países europeos y al mismo tiempo el fundamento del sistema social europeo. 
El motivo de la elección de este tema lo constituye por supuesto la Sociedad Anónima Europea y la Comisión está tratando en la actualidad de poner en pie este tipo de sociedad que aún, por dos distintas razones- en primer lugar a causa de la cogestión, en segundo lugar a causa del régimen fiscal- no ha sido creada. 
Por nuestra parte apoyamos decididamente la existencia de este tipo de sociedad. 
Aunque resulta inadmisible que la cogestión no sea regulada de una manera adecuada. 
Se trata en realidad de tomar en consideración una serie de sistemas divergentes que es preciso sencillamente armonizar a fin de hacer posible la creación de una Sociedad Anónima Europea. 
¿De qué manera proceder? 
No es nada fácil la tarea, ni mucho menos, si se considera la cuestión por ejemplo desde Alemania, ni tampoco desde los Países Bajos, ni tampoco desde Italia. 
Lo excepcional de este informe es que sin embargo los diversos aspectos de la cuestión se hallen reflejados en él; el hecho que hayamos emprendido ya una cierta vía, que podamos solucionar este problema y que tal vez podamos poner en marcha la Sociedad Anónima Europea. 
A mi juicio constituye éste un punto sumamente importante. 
Pero aquellos países que no poseen ningún consejo de cogestión, ningún Comité de Empresa Europeo, podrá participar de manera legítima en este proceso. 
Este es un elemento. 
El segundo elemento consiste en el hecho de que tengamos presente los dos grandes sistemas existentes en Europa en materia de empresas, a saber, el sistema monístico y el sistema dualístico, y de que encontremos modalidades adecuadas para los mismos. 
Se trata de formas flexibles sin dejar de ser equivalentes. 
Formas que sean equivalentes y que por consiguiente no den lugar a la disolución de la cogestión, sino que por el contrario aporten su contribución al modelo europeo. 
El Comité de Empresa Europeo ha contribuido pues en alto grado, señor Comisario, a solucionar este problema. 
Aunque es también importante que tal como se insiste en la opinión, nos sigamos ocupando de la codecisión en general. 
Se trata de un lento proceso, pero que debe ser abordado ya desde ahora. 
Si abordamos todas estas cuestiones en su conjunto, podremos llegar a lo que propone el Sr. Menrad. 
El ponente ha atribuido asimismo enorme importancia, y con razón, a la existencia de un comité de expertos bajo la dirección del Sr. Davignon. 
De hecho me siento satisfecho de que emitamos esta opinión antes de que entre en funcionamiento dicho comité. 
Estimo que de esa forma se beneficiará igualmente el funcionamiento del comité. 
El Partido del Pueblo Europeo atribuye una enorme importancia a la creación de la Sociedad Europea. 
Es absurdo que este tipo de institución no exista aún en un mercado europeo. 
Esta Sociedad Europea debe tener carácter voluntario, debiendo sin embargo ofrecer un fundamento a la codecisión. 
No podrá en caso alguno constituir un paso atrás para aquellos países que ya cuentan con este tipo de sociedad aunque por otra parte no podrá tampoco representar un obstáculo para los países que aún no han avanzado en grado semejante por esta vía. 
A mi parecer, el señor Menrad ha logrado conjugar de manera acertada todos estos aspectos. 
Espero que la Comisión tenga presente todas las recomendaciones, ya que cada una de éstas presenta su propio interés. 
En ese caso podremos tal vez desarrollar con rapidez la cuestión, aunque sólo tras haber recibido una respuesta adecuada del Consejo y de la Comisión a las propuestas del Sr. Menrad. 
Señora Presidenta, como sabemos, el objetivo principal del informe sobre la consulta de los trabajadores es encontrar una norma adecuada, actualizada, global que regule el sector. 
De las tres opciones propuestas por la Comisión, olvidemos por un momento la primera, puesto que, de hecho, pretende el mantenimiento del statu quo sin modificar nada. 
Analicemos, en cambio, las otras dos. 
Como Grupo, valoramos favorablemente la tercera opción siempre que no se supedite a la realización de la segunda opción. 
Por consiguiente, hay que desvincular la tercera de la segunda, puesto que ésta se propone un enfoque global mediante la definición de marcos generales. 
Por el contrario, la tercera opción parece más próxima a las exigencias generales de las partes interesadas, al remitir al vínculo con la transposición de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. 
Partimos, efectivamente, de la constatación de que en todos los Estados miembros existen formas de información y de consulta de los trabajadores, cada una de ellas basada en las exigencias y las características típicas de cada Estado. 
La adopción de una reglamentación comunitaria de carácter general podría, pues, alterar, en algunos sectores, equilibrios laboriosamente construidos desde hace tiempo. 
La tercera opción nos parece, pues, que se fundamenta en peticiones realistas que responden a exigencias bien definidas. 
En efecto, no tiene justificación someter las empresas que elijan la nueva forma jurídica de la sociedad europea al respeto de normas para con los trabajadores distintas de aquéllas cuya observancia exige la Directiva 94/45 a las demás empresas de dimensión comunitaria. 
Tenemos la posibilidad de seguir un camino en el que se pueden encontrar trabajadores y empresas. 
Tenemos el deber de recorrerlo. 
Señora Presidenta, colegas, señor Comisario, es completamente absurdo que un expediente que comenzó hace veinte años siga estando obstruido aún hoy en día. 
Esto no resta la menor importancia a la urgente necesidad de que demos ahora un impulso a este asunto, habida cuenta la carga sumamente onerosa que trae consigo la inexistencia de un estatuto para el mundo de las empresas. 
Algunos mencionan la suma de 70 mil millones de florines al año, es decir, cerca de 30 mil millones de ecus, situación que resulta completamente desfavorable en particular cuando deseamos encarar la competencia con Estados Unidos y con Japón. 
Resulta verdaderamente sorprendente que no hayamos logrado establecer este tipo de estatuto y esto me lleva a plantear una pregunta al respecto. 
Me pregunto si en efecto la cuestión de la participación de los trabajadores constituye la razón principal por la cual este asunto se ve bloqueado, o si en realidad en el seno de los gobiernos nacionales no actúan fuerzas empeñadas en mantener la propia competencia nacional también en este respecto y que se hallan especialmente preocupadas por las consecuencias fiscales. 
El colega Pronk ha señalado que también los aspectos fiscales intervienen en la cuestión y no me extrañaría que este hecho adquiriese un peso similar al de otros puntos como las consultas y coparticipación de los trabajadores. 
Deseo recordar el hecho evidente de que grandes empresas proceden a acciones de «shopping» entre los Estados miembros, e incluso también fuera de éstos, aunque prefiero no entrar en consideraciones al respecto en este momento, acciones encaminadas pues a detectar, en el marco de la competencia, las condiciones óptimas de implantación, estimando mi grupo y en particular yo personalmente que este tipo de «shopping» conduce en definitiva a una espiral descendente en lo referente a las condiciones de trabajo y a los derechos de los trabajadores en las empresas. 
Lo he repetido aquí ya en diversas ocasiones, la coparticipación en las empresas modernas constituye precisamente el requisito esencial con vistas a hacer frente a la competencia respecto al resto del mundo. 
Considero ésta una enorme tarea que se impone a la Comisión, aunque no sólo a esta última, sino también a nuestros colegas, y personalmente habré de tomarme muy en serio la cuestión. 
En este momento en que los Países Bajos ocupan la Presidencia del Consejo, estimo que en nuestra calidad de diputados tenemos este año el deber de velar por que en todo caso nuestros ministros se ocupen de la cuestión, aunque aparentemente ésta durará más allá del período de nuestra presidencia y estimo que todos los colegas de este Parlamento deberán empeñarse en establecer contactos con sus ministros respectivos en el Consejo a fin de brindar un impulso suplementario a este asunto. 
Señora Presidenta, voy a hacer uso de la palabra leyendo un texto de mi colega Sérgio Ribeiro, que, por desgracia, no puede estar presente. 
El tema de la participación de los trabajadores en un sistema de relaciones sociales en que algunos ven formas de explotación de la fuerza de trabajo y otros una combinación en lo social de factores productivos es de los más interesantes: tanto en el debate político como en las expresiones prácticas y políticas que pueda adoptar. 
Evidentemente, no será interesante para los que, estando en una de esas corrientes de pensamiento y de acción, se consideran poseedores del pensamiento único o cuentan con un poder que como único pretenden imponer. 
Pero, para ésos, tal vez nada tenga interés, ni en el nivel del pensamiento ni en el de la acción... 
El informe del Sr. Menrad refleja, a mi juicio, la complejidad de esta cuestión al tratar de la información y de la consulta de los trabajadores. 
Ahora bien, no es inocuo y sería peligroso identificar información y consulta con participación. 
El informe no aclara esa indispensable distinción y no evita los riesgos de esa posible identificación. 
Informar y consultar puede volverse el antídoto de una participación real o la coartada para evitar que una participación real llegue a ser una realidad. 
La afirmación del derecho a la información y la consulta no puede, en mi opinión, ser como una corresponsabilización de los trabajadores en las horas malas de la coyuntura, mientras que en las horas buenas de ella la información y la consulta no son necesarias para la gestión de los negocios. 
Acepto, y apoyo, la afirmación del principio de la información y de la consulta de los trabajadores. 
Por eso, considero positivo el informe Menrad, particularmente en lo relativo a las empresas de dimensión y estructura multinacional o transnacional, pero no puedo dejar de subrayar la reserva del rechazo de identificación de esas acciones con una participación y corresponsabilización de los trabajadores en la gestión y, aún más, la de que la información y la consulta puedan servir de expediente para que los trabajadores acepten mejor las medidas reales que contra ellos se adoptan en períodos de baja coyuntural, desmantelando sistemas y conquistas de carácter social. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, se ha hablado aquí del modelo social europeo y del sistema europeo del Sr. Pronk. 
Me parece que debemos verlo de un modo algo más dinámico. 
No puede ser que nos limitemos sencillamente a defender lo que había en alguna ocasión. 
Es cierto que no existe un una transformación sin defensa, una defensa contra estos intentos de conquista del proyecto neoliberal. 
Pero también es cierto que el ataque es la mejor defensa. 
Tenemos la oportunidad de intentar lograr una Constitución europea con uno de los niveles más elevados de coordinación, europeización y democratización de la economía. 
Esto puede sonar algo atrevido, a unos demasiado agresivo y a otros demasiado optimista. 
Pero la situación real es que la ofensiva neoliberal amenaza precisamente a nivel europeo la existencia de posibilidades de coparticipación de los trabajadores a un amplio nivel y que ha comenzado ya a reprimirlas. 
Está llegando demasiado lejos. 
Al menos, deberíamos proponernos conjuntamente intentar frenar la actual dinámica negativa de este proceso y para ello el informe del Sr. Menrad es el primer paso. 
Pero si se pone en marcha la dinámica inversa, no tendremos ningún motivo para detenerla de nuevo allí donde se detuvo en nuestras historias nacionales en la última fase de estructuración. 
Deberíamos comprender que debemos dar pasos adicionales para favorecer la democratización de la economía. 
Y si la gente que ha puesto en marcha esta dinámica con su empuje neoliberal se queja a continuación, ella misma misma la culpa. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, desearía felicitar al ponente por el trabajo realizado y pedirle también que me perdone si le confieso que algunas partes de su informe me parecen un poco oscuras. 
Sin duda, se han producido algunas dificultades de traducción. 
Sin duda, también, debo de manejar los conceptos sociales menos fácilmente que él. 
Sin embargo, creo, para hablar el lenguaje de la semántica, que algunas palabras empleadas competen a una extensión tanto más fuerte cuanto que su comprensión es imprecisa. 
Más allá de esta observación, convendría definir claramente lo que el ponente entiende por «congestión». 
Temo que el vocablo no implique la misma realidad en Francia que en Alemania. 
Vayamos ahora a un punto esencial. 
El ponente asigna a los sindicatos un papel eminente en la vida de las empresas. 
Como ustedes saben, la historia sindical es en gran parte la de una lucha entre dos concepciones iluminadas por doctrinas diferentes. 
Por una parte, la doctrina de una organización sindical única, que ha prevalecido en todos los regímenes socialistas- ya sean comunistas, fascistas o nazis- y por otra parte, la del pluralismo sindical que permite a los asalariados constituir los sindicatos que deseen y adherirse a la organización que elijan. 
En mi país, Francia, la hipocresía del sistema permite mantener la ilusión del pluralismo sindical garantizando en la práctica, la conservación y los privilegios de las organizaciones locales, privilegios a los cuales se aferran ferozmente. 
Es un poco como aquí, en el Parlamento Europeo, donde el sistema es, en realidad, el de un partido único de doble etiqueta y dotado de dos polos de doctrina económica ligeramente divergentes. 
Por lo tanto, en Francia, una ley sobre la «representatividad sindical» prohíbe la libre candidatura de los asalariados en la primera vuelta de las elecciones profesionales de los delegados del personal o de los comités de empresa y sólo cuando hay carencia en la primera vuelta, el asalariado puede votar o presentarse para una organización que elija, pero que no se ha reconocido. 
Observemos que entre los criterios de representatividad figura siempre el de la actitud patriótica durante los años de ocupación de mi país. 
No se entiende bien cómo las organizaciones cuyos fundadores no están todavía jubilados podrían satisfacer este criterio. 
Dicho esto, sin ni siquiera recordar que los dirigentes comunistas que controlaban con mano férrea la CGT francesa, de acuerdo con las directrices novena y decimotercera de las 21 condiciones de Moscú, apoyaron el pacto Hitler-Stalin e incluso, como el traidor Thorez, quien decididamente desertó del ejército francés para no enfrentarse al ejército alemán. 
Pero ya hoy, en la guerra sin honor, sin escrúpulos, sin lealtad que se hace en mi país al movimiento nacional y a las fuerzas patrióticas que luchan por la independencia, la soberanía y las libertades de la patria, quieren prohibir las organizaciones sindicales nuevas, aquellas de las que se dotan los trabajadores que ya no confían en la vieja nomenklatura sindical, en sus apparatchiks incapaces de expresar las aspiraciones en el trabajo, para los nacionales primero, las aspiraciones a la seguridad, pero también a la autogestión del salario, a la constitución de sistemas modernos de seguridad social y de jubilación, adaptados, mejor gestionados y mejor controlados. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Sociedad Anónima Europea puede ser eventualmente útil para la realización del mercado interior si se contemplan los lazos cada vez más estrechos entre las empresas en Europa. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo se ha ocupado a fondo de la propuesta de la Comisión, incluyendo una consulta de expertos, y felicito al ponente por no haber cedido a la presión de una aprobación precipitada. 
Pues, realmente, hay que recapacitar qué consecuencias tiene el Estatuto de una pequeña Sociedad Anónima Europea para las relaciones laborales entre los propietarios, entre los «shareholder» , la dirección, los empleados, los comités de empresa y los sindicatos. 
Precisamente porque no nos veíamos sometidos a presión de tiempo se podría haber mostrado más valor para una mayor cogestión y no para una coparticipación reducida. 
Precisamente ahora, en unos tiempos de transformación económica y en que los trabajadores tienen miedo a la globalización en curso, habría sido importante la visión de una economía democrática, sobre la que se acaba de hablar, precisamente como una señal dirigida a ellos en el sentido de que en Europa no solamente cuenta el shareholder value. 
Señor Menrad, no puedo evitar mostrar algunas contradicciones. 
En el apunto 9 usted exige acertadamente que no se eluda la cogestión. 
Sin embargo- tengo que decirlo como alemán- el Gobierno Federal ha aprobado en los últimos años dos decisivos empeoramientos para los derechos de los trabajadores. Uno de ellos mediante la Ley sobre las Sociedades Anónimas pequeñas, en la que se trata de los derechos de cogestión en las empresas con menos de 500 empleados. 
Por ello, veo el punto 14 de su informe con una cierta desconfianza ya que plantea también sobre este tema ciertas consideraciones. 
Todos sabemos que en estas empresas, las PYME, tienen empleo la mayoría de los trabajadores en Europa y creo que precisamente ellos tienen derecho a una protección especial. 
Además, como sabrán, Alemania ha empeorado también los derechos de los Comités de Empresa para las empresas muy pequeñas, con menos de diez trabajadores. 
Saludamos el estudio al que usted se ha referido y exigido. 
No obstante, esperamos que los resultados no se presenten solamente a los representantes de los interlocutores sociales sino también al Parlamento Europeo. 
Creo que todos debemos debatir intensamente y sin premura de tiempo sobre una directiva europea y también sobre el Estatuto europeo de la Sociedad Anónima Europea. 
Estoy a favor de garantizar las tradiciones nacionales pero, al mismo tiempo, de desarrollar la democracia en el mundo laboral a nivel europeo. 
Lamentablemente, nos encontramos aún muy alejados de este objetivo ante el umbral del próximo siglo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones al ponente, Sr. Menrad, quien con su gran experiencia, ha elaborado este informe con mucho conocimiento de causa, celo y precisión. 
Quiero expresar también mi agradecimiento a la Comisión por los trabajos previos realizados, aunque la comunicación en materia de información y consulta de los trabajadores no haya constituido precisamente un éxito, pero de esto no tiene la culpa la Comisión. 
Exceptuando las diferentes directivas sobre despidos en masa, traspasos de empresas y el Comité de Empresa europeo, que han constituido éxitos puntuales, todas las demás propuestas han quedado bloqueadas en el Consejo. 
Esto es especialmente aplicable al modelo de cogestión. 
El Consejo no se ha destacado precisamente por su actitud para tomar decisiones. Ya es hora de que exista transparencia y de que la población, las ciudadanas y ciudadanos, sepan donde se frena a nivel europeo: no en el Parlamento Europeo ni en la Comisión sino en el Consejo. 
Los cuatro principios básicos de la Comisión para solucionar esta cuestión suenan bien: simplificación, coherencia, un modo de actuar pragmático y ponderado así como validez general. 
Sin embargo, señor Comisario, tengo dudas de que las tres propuestas de solución- mantenimiento del status quo, enfoque global y propuestas sobre el Estatuto de la S.A. Europea, de la Sociedad Europea, de la Sociedad Cooperativa Europea y de la Mutualidad Europea- conduzcan al éxito. 
Me temo también que vamos a necesitar aún algún tiempo hasta llegar a la solución de esta cuestión, hasta que se hayan presentado todas las opiniones solicitadas y hasta que la Comisión ponga luego sobre la mesa una propuesta definitiva. 
La audiencia celebrada con expertos sobre este tema en la Comisión de Asuntos Sociales permite adivinar ya las dificultades que son de esperar para solucionar el problema de la información y consulta de los trabajadores. 
Señor Comisario, ya le he dicho en una ocasión que el grupo de expertos de la Comisión está formado por muchos teóricos y pocos prácticos. 
Además, los plazos marcados para el grupo de expertos en este complejo tema me parecen muy cortos. 
Comparto al respecto la opinión del Sr. Menrad. 
Apoyo plenamente el contenido de las conclusiones expuestas por el ponente. 
Deseo citar una frase en la que dice: A lo sumo cabe aceptar como punto de partida la variante 3 a) unida a la opción 2. 
No obstante, esto no puede conducir a la simple sustitución de las posibilidades de participación económica por los meros derechos de información y consulta definidos en la Directiva sobre el Comité de Empresa Europeo o en algún instrumento comunitario todavía no creado y destinado a regular las actividades de información y consulta a escala nacional. 
Señor Presidente, una vida laboral que funcione socialmente, con buenas relaciones entre empresarios y propietarios por un lado, y trabajadores y sindicatos por otro, debe estar al alcance de todos. 
La Comisión propone tres alternativas distintas a nivel de la UE: conservar la situación actual, crear un sistema marco, o intervenir directamente con propuestas de un estatuto para las empresas europeas. 
La comisión parlamentaria apoya la elaboración de un sistema marco, lo cual nos parece una medida razonable y realista, así como la propuesta de presentar una Directiva sobre niveles mínimos de información y de consulta a los trabajadores. 
En este sentido es, sin embargo, muy importante que se trate realmente de unas normas mínimas y no de una armonización de la legislación. 
Cada país miembro debe poder conservar y fijar sus propias normas, que pueden ser más avanzadas que el sistema marco y las normas mínimas. 
También son grandes las diferencias entre los países miembros. 
En Suecia ya existe un sistema bien reglamentado con participación a través de convenios colectivos, que ha demostrado funcionar a la perfección. 
En primer término, estas cuestiones deben resolverse y tramitarse dentro del mercado de trabajo y por sus actores. 
En consecuencia, toda propuesta de ley y de directiva debe elaborarse en estrecha colaboración con las partes integrantes del mercado de trabajo. 
Hay que ver esta propuesta, señor Presidente, como un primer paso hacia una mayor influencia del trabajador a nivel de la UE. 
Señor Presidente, señor Comisario, quizás habría que hacer notar la paradoja que supone que para llegar a una comunicación sobre la participación, consulta e información de los trabajadores no se haya consultado a los agentes sociales. 
Es una paradoja, en mi opinión. 
Y en segundo lugar, quiero mencionar el bloqueo en el Consejo- yo creo que la comunicación de la Comisión intenta que este bloqueo no continúe- de los estatutos de sociedades, asociaciones, cooperativas y mutualidades en los aspectos que tienen que ver con la información, consulta y participación de los trabajadores. 
A nosotros nos parece que ese bloqueo pone de manifiesto dos cuestiones: una- de la que ya discutimos aquí en más ocasiones -, es la necesidad de un procedimiento de decisión por mayoría cualificada, no por unanimidad, sobre todo en aspectos que son sociales y que nos preocupan mucho, por lo menos en nuestro Grupo; la otra es la facilidad con que el Consejo toma decisiones económicas o economicistas sobre la construcción europea- léase el último Pacto de Estabilidad- y las dificultades que tiene para aprobar lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general. 
Nosotros creemos que las tres propuestas de la Comisión no son aceptables globalmente si no hay un cambio en ellas y, desde luego, coincidimos con el ponente en que ha de haber un grupo de expertos en el que estén sindicatos, PYME, científicos, Parlamento, Comisión, que nos dé una idea clara y una propuesta clara para una directiva que garantice de una vez por todas la consulta, información y participación de los trabajadores. 
Porque, volvemos a insistir, no habrá una Europa como la que algunos queremos si la participación de ciudadanos y trabajadores no se hace una realidad. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al Sr. Menrad por su excelente informe. 
Resulta magnífico que yo pueda estar de acuerdo con un Conservador alemán, aunque no pueda estarlo con mis colegas Conservadores británicos. 
Resulta agradable ver a alguien como él ocupándose de un tema social que nos permitirá avanzar realmente en este Parlamento. 
Lamentablemente, ese tipo de progreso no se produce en el seno del Consejo de Ministros, y sé perfectamente a qué es debido. 
En primer lugar, no es más que justo y necesario que teniendo un Estatuto de la Sociedad Europea, fomentemos también con ahínco los procesos de participación y consulta de los trabajadores a nivel de la empresa. 
También es justo que el presente informe identifique el hecho de que necesitamos fomentar este progreso con un talante positivo y serio. 
La directiva sobre el Comité de Empresa Europeo es, a fin de cuentas, excesivamente restrictivo como para que nos permita avanzar realmente. 
Debo decir a la Sra. Van Lancker que el debate social en el Reino Unido no está muerto del todo. 
Fui editor de un panfleto en los años ochenta que trataba sobre los acuerdos paneuropeos que se estaban forjando en el ámbito de las relaciones democráticas de participación en las empresas. 
Me alegró mucho entonces que las empresas del Reino Unido tomaran una iniciativa muy positiva en este asunto. 
Pero, lamentablemente, el Reino Unido, como ustedes saben, está controlado por lo que podríamos denominar los undead [no muertos] políticos. 
Espero que algún día podamos prescindir de ellos. 
Pero debemos recordar que en el Reino Unido, la gente pierde su puesto de trabajo y sus hogares, y no puede permitirse perder sus esperanzas en este aspecto, y sé que ustedes se unirán a mí en nuestro intento de hacer algo al respecto. 
El presente informe demuestra claramente que es posible evitar los conflictos en el seno de las empresas. 
Si queremos una prueba de que es así, así como de su importancia para nuestra sociedad, y de hecho para el mundo en su conjunto, debemos dirigir nuestra mirada hacia Seúl, la capital coreana, para darnos cuenta de cómo se arrebata a los trabajadores sus derechos sindicales, haciendo uso de una terrible violencia que está patente en las calles de esa ciudad. 
Es evidente que eso es una prueba de lo que nosotros podemos hacer. 
Rendir tributo a este informe en particular es tarea fácil, porque además contempla los distintos tipos de sociedades- mutualidades, cooperativas, las PYME- y todo ello es fundamental para obtener el éxito que, como sabemos, es importante para que el presente informe salga adelante. 
Para terminar, sólo deseo decir que estoy muy agradecido a nuestro colega, Sr. Menrad, por toda la labor que ha realizado en este ámbito, y espero que consigamos la aprobación del informe por parte de la Comisión y del Consejo para que se convierta en ley cuanto antes. 
Señor Presidente, soy de un país, Grecia, que carece tanto de tradición como de un alto nivel de desarrollo en las cuestiones relativas a la información, consulta e información de los trabajadores y, por tanto, tal vez desde un punto de vista diferente, observamos con especial interés su evolución en el marco europeo. 
Sin embargo, con respecto a este tema debemos expresar nuestra triple preocupación, que, según creo, ha sido confirmada por otros diputados en sus intervenciones. 
La primera preocupación es que, lamentablemente, existen dos velocidades en la Unión Europea: una para los asuntos monetarios y otra para lo relativo a los derechos de los trabajadores. Como resultado, tenemos desde hace décadas este estancamiento en cuestiones de información, participación y consulta. 
La segunda preocupación es el peligro de que, en lugar de ofrecer a los países menos adelantados en esta materia la posibilidad de avanzar, hagamos retroceder los adelantos ya conseguidos en otros países de la Unión Europea. 
La tercera preocupación es que podríamos llegar a una legislación tan diversificada, fragmentada y técnica que, finalmente, los trabajadores quedasen en gran parte excluidos. 
Me temo que la multiplicidad de normas vigentes y el hecho de que los debates correspondientes se celebren en gran medida fuera de las posibilidades de que dispone el movimiento sindicalista para poder seguirlos confirma esta preocupación. 
En este contexto, comparto la opinión de que el Sr. Menrad ha realizado un trabajo muy notable y considero que propuestas como las referentes a la Sociedad Europea, al grupo de expertos y a una directiva que contenga los elementos de flexibilidad y normas mínimas son muy importantes. 
Señor Presidente, el presente informe subraya la necesidad de impulsar la elaboración de un modelo de cogestión y participación en la cuestión de la información y consulta de los trabajadores. 
Ante la gran diversidad de los sistemas europeos, una cierta movilidad, unas soluciones pragmáticas negociadas y la introducción de unos estándares mínimos van a desempeñar un papel esencial. 
En un momento en que la apertura del mercado y la globalización revelan la existencia de unas condiciones marco de lo más diversas que repercuten cada vez más negativamente sobre los trabajadores, son más necesarias que nunca unas normas marco aceptables. 
La economía mundial de hoy muestra de forma descarnada cómo se mueven y concentran los capitales, cómo huyen, qué explotan y quiénes han quedado a merced de esta nueva movilidad. 
El problema más grave es que en estos procesos y mecanismos internacionales se eluden y vulneran derechos humanos y sindicales básicos. 
Hay que pensar más allá de Europa en este contexto. 
Hay que hacerlo para poder ver más claro. 
Ya sé que no se puede ni debe regular todo. 
Pero una convivencia social sin conflictos exige modelos democráticos de participación pues de ello depende a la postre la pluralidad de nuestra sociedad y la construcción de nuestro sistema democrático. 
La falta de un régimen europeo que prevea o pueda prever, por ejemplo, una vinculación más intensa de los trabajadores, significa derroche de recursos por ambas partes y ocasiona también considerables costes económicos. 
Hay que recordar siempre esto. 
Precisamente en este contexto, es necesario mencionar que la ausencia de un Estatuto de la Sociedad Anónima Europea debe considerarse como negligencia, pues con un estatuto de este tipo se podrían dar unos claros impulsos de inversión y, en consecuencia, para el empleo. 
El grupo de expertos de la Comisión que debe elaborar hasta abril las recomendaciones para los modelos de coparticipación no debe quedarse solamente en una plataforma de debate sino proporcionar los necesarios impulsos para actuar. 
Es importante que la solución europea encontrada no deje a las empresas ninguna posibilidad de eludir las normas más estrictas existentes en algunos países. 
De lo contrario, se trataría de una deregulación a la baja lo que no puede ser la máxima de nuestra actuación. 
Resumiendo: el informe Menrad contiene unas propuestas factibles sobre el modo de llegar al objetivo de la cogestión y muestra también los riesgos de no hacer nada en esta cuestión. 
No disponer de cogestión es la inversión más cara de la economía. 
Deberíamos tenerlo presente. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a usted y a sus colegas del Parlamento Europeo por la excelente acogida que han dispensado a la comunicación de la Comisión de 14 de noviembre en materia de información y consulta de los trabajadores. 
Creo que la propuesta de resolución que estamos debatiendo y que será sometida a votación en el Parlamento, al igual que la exposición de motivos, ilustran muy claramente el enorme interés que todos ustedes han mostrado por este asunto tan importante. 
Esto es aplicable, especialmente, al Sr. Menrad que ha hecho una contribución decisiva para encontrar una solución a algunos expedientes anteriores, como el Comité de Empresa Europeo. 
Todos estamos dispuestos a reconocerlo. 
Les agradezco, en particular, los enormes esfuerzos que están realizando una vez más con este excelente informe de iniciativa propia, en un intento de ayudar a las instituciones europeas en este importante asunto. 
Como el Sr. Menrad subraya en su informe, la comunicación de la Comisión aborda dos temas principales. 
El primero es la necesidad de un marco a nivel comunitario para la información y la consulta en las empresas europeas. 
El segundo es relativo al intento de desbloquear el Estatuto de la Sociedad Europea y una serie de otras propuestas afines, que están todas ellas pendientes de una solución y que son importantes para la culminación del mercado interior. 
En lo que respecta al primer tema, acojo con gran satisfacción el enfoque positivo que ha adoptado el Parlamento. 
A la luz de las consultas que han seguido a la comunicación de la Comisión, en los próximos meses presentaré a la Comisión una propuesta para que se inicie el procedimiento de consulta a los interlocutores sociales a nivel europeo. 
Tengo grandes esperanzas de que los interlocutores sociales se muestren dispuestos y sean capaces de identificar el contenido del reglamento que debe aplicarse en este caso y que puedan llegar a un acuerdo sobre el modo en que debe implantarse dicho reglamento. 
El segundo tema que plantea la comunicación es muy complejo, como ilustra el hecho de que la Comisión esté intentando desbloquear una situación que existe desde hace más de un cuarto de siglo. 
Este bloqueo priva a la industria europea de un instrumento muy valioso- el Estatuto de la Sociedad Europea- que sería de gran utilidad para ayudar a la industria a adaptarse a las condiciones del nuevo mercado único y llegar a ser más competitiva a nivel mundial. 
La inminencia de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria viene a reforzar la necesidad urgente de crear este instrumento. 
El Consejo Europeo es plenamente consciente de la necesidad urgente de impulsar este ámbito y, de hecho, reafirmó su compromiso de hacer precisamente eso el pasado mes de junio, durante su reunión de Florencia. 
Si, como espero, el Parlamento Europeo aprueba el informe del Sr. Menrad, estará haciendo una contribución decisiva al objetivo de identificar las soluciones constructivas que son necesarias, y acojo con enorme satisfacción el hecho de que el Parlamento coincida con la Comisión en lo relativo al requisito previo fundamental para poder avanzar en este sentido, es decir, la necesidad de encontrar un conjunto adecuado de normas aplicables a la empresa europea que preserve los sistemas nacionales, al mismo tiempo que evita tener que imponer modelos ajenos de participación de los trabajadores a los distintos Estados miembros. 
Me alegra poder afirmar hoy que esto representa una base común, pero el Parlamento no se ha limitado a confirmar simplemente esta posición fundamental. 
El documento del Sr. Menrad va mucho más lejos, y analiza en profundidad una serie de medidas para llevar a efecto este planteamiento. 
Ustedes han presentado muchas ideas innovadoras que nos serán de gran ayuda en nuestra búsqueda de soluciones a las dificultades actuales. 
Como han reconocido muchos de los oradores que han intervenido en el debate, son muchas las dificultades que deberemos superar. 
Como ustedes saben, la Comisión ha creado recientemente un grupo de expertos independientes de alto nivel que está presidido por el Sr. Davignon. 
Dicho grupo de expertos es un foro adicional para la reflexión y será una fuente adicional de ideas sobre este asunto. 
Tengo entendido que el Parlamento Europeo nombrará una delegación, en la que estará el Sr. Menrad, que se reunirá con los miembros del mencionado grupo en un futuro muy próximo. 
Les animo a que discutan sus ideas, que recoge el informe, con el grupo de expertos. 
Estoy seguro de que será de gran utilidad y que será una aportación importante al trabajo de los expertos. 
A raíz de todas las contribuciones que ha recibido la Comisión sobre su comunicación, así como del informe del grupo de expertos, espero con interés volver a dirigirme, en nombre de la Comisión, al Parlamento y a las demás instituciones comunitarias. 
Mi objetivo es contar con soluciones concretas que nos permitan conseguir el apoyo necesario para la conclusión de este debate que dura tanto tiempo. 
La Sra. Oddy lo ha expresado muy bien cuando dijo que Europa necesita la empresa europea. 
Es un asunto muy importante para la perfección del mercado interior. 
Estoy de acuerdo con ella. 
El Sr. Pronk reconocía abiertamente que existen muchos sistemas diferentes en vigor en toda la Comunidad y que no será tarea fácil aunarlos todos. 
Quisiera aspirar a lograr un sistema que sea, a la vez, útil y flexible para todos aquellos que deseen utilizarlo, de manera que goce de la confianza de las empresas y del comercio, y que respete, además, la necesidad de una participación adecuada de los trabajadores. 
La empresa europea siempre ha sido necesaria para el mercado interior. 
Con la llegada de la UEM y la moneda única, no sólo será necesaria, sino imprescindible. 
Quisiera decir a las Sras. Van Lancker y González Álvarez a propósito de la consulta, que la comunicación de la Comisión es un documento consultivo y, a mi entender, es mucho más adecuado exponer primero nuestras ideas, que consultar a las personas antes de poner en marcha el documento consultivo. 
Se llevará a cabo una consulta a gran escala como consecuencia de todo lo que hemos hecho ahora. 
Por último, venimos intentando lograr este objetivo desde hace veintiséis años. 
Fue planteado por primera vez en 1970, pero quisiera recordar a la Asamblea que incluso antes de esa fecha, Robert Schuman se refirió a la necesidad urgente de disponer de un instrumento como éste para culminar el mercado. 
Al cabo de todos estos años nos estamos acercando ahora a la posibilidad de llegar a una solución que ha escapado a la Unión durante tanto tiempo. 
Se han creado otras cosas con la ayuda de la Asamblea, en particular, el Comité de Empresa Europeo, por lo que ahora también podemos aspirar a encontrar una solución en este ámbito. 
Al cabo de todos estos años sigo siendo optimista. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Protección de los bosques 
Señor Presidente, confiaba en que el Sr. Comisario haría una intervención larga. 
Generalmente uno se puede esperar este tipo de cosas, pero por una vez que yo quería que su intervención fuera larga, él la hace corta. 
¡Es terrible! 
En el futuro le enviaré un mensaje que diga: » No se preocupe, haga una intervención larga». 
Pido disculpas por mi ausencia, pero se estaba decidiendo la nueva constitución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Ahora que ha quedado constituida, paso a informarles sobre el presente informe. 
De hecho, no existe la menor controversia. 
La Comisión de Medio Ambiente ha examinado las dos propuestas de la Comisión: una sobre la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica, y la otra contra los incendios forestales. 
Las hemos estudiado y creemos que son loables. 
Suponen una contribución a la explotación sostenible de los bosques. 
Parten de los programas existentes y simplemente los actualizan. 
Extienden la vida de los programas e introducen las modificaciones presupuestarias que son necesarias. 
Teníamos un problema con la Comisión; a saber, su modo de presentar las disposiciones presupuestarias. 
La Comisión quería incluir las disposiciones presupuestarias en las propuestas. 
Eso es contrario al Acuerdo Interinstitucional de 1995 y por ello, al examinar las dos propuestas, la Comisión de Presupuestos introdujo algunas enmiendas. 
La Comisión de Medio Ambiente es de la opinión que las enmiendas de la Comisión de Presupuestos deben ser aceptadas: sustituyen los comités consultivos por comités de gestión, logrando así que el sistema sea más abierto, y aunque no me atrevo a decir sincero, sí, al menos, más transparente. 
La Comisión de Presupuestos señaló asimismo que necesitamos hacer una evaluación provisional de la relación coste-eficacia y de la ejecución del programa. 
Una vez más, la Comisión de Medio Ambiente consideró que se trataba de una sugerencia acertada. 
Por ello estamos dispuestos a recomendar que se aprueben las enmiendas de la Comisión de Presupuestos. 
Cuando nos disponíamos a votar, recomendé que se incluyeran dichas enmiendas, y la comisión siguió mi consejo. 
Pensamos, a nivel de comisión, que estos informes marcarán una gran diferencia en la política forestal de la Unión Europea, y que continuarán existiendo programas de éxito. 
Cuentan con el apoyo de todos los partidos y de todas las comisiones. 
Por tanto, al igual que hiciera el Sr. Comisario antes que yo, no necesito hacer una larga intervención. 
Puedo terminar con este punto, porque nadie me ha hecho llegar ningún mensaje pidiéndome que prolongue mi intervención. 
Recomiendo al Parlamento que apruebe los presentes informes. 
Señor Presidente, nos encontramos ante una de esas propuestas que no podemos sino aprobar, en particular porque vuelve a proponer principios que ya se presentaron en 1986, que luego se volvieron a proponer en 1992 y que ahora actualizamos por cinco años más. 
En su caso, sería conveniente preguntarse, en el momento en que proponemos un nuevo esfuerzo económico y de organización a la Unión Europea, cuáles han sido los resultados de estos diez años de experimentaciones, de experiencias y de compromiso. 
Por lo que respecta al primer problema, el de la contaminación, un informe de expertos señala que, desde 1988 hasta hoy, el bosque europeo ha sufrido degradaciones continuas y progresivas debido a la acción corrosiva de la contaminación atmosférica: procesos de defoliación, de descoloramiento, de extinción de las especies vegetales más débiles aconsejan hacer más profundo el compromiso en la dirección de la investigación científica, y no en el trabajo de observación y de catalogación, que, después de diez años, pensamos que debería haber consolidado sus parámetros. 
La protección contra los incendios adquiere un carácter distinto y también más complejo. 
El estudio revela que casi la mitad del bosque europeo corre el riesgo de incendio: oficialmente se registraron 400.000 desde 1985 a 1995, pero se supone que son muchos más. 
Todas las causas se pueden atribuir, de un modo u otro, al hombre: la primera es la distracción del que frecuenta los bosques, por trabajo, caza o turismo; la segunda es la incuria con que se mantienen los terrenos agrícolas limítrofes, es decir, con prados sin segar que se convierten en mortíferos depósitos de heno altamente inflamables; la tercera causa- quizás la más incisiva- es el dolo. 
Aparte de las manías, subsisten en toda Europa auténticas organizaciones criminales que provocan los incendios para beneficiarse después de los incentivos previstos para las operaciones de extinción y de repoblación. 
En virtud del principio de subsidiariedad, creo, señor Presidente, señor Comisario, que, antes de aceptar proyectos, deberían promoverse estudios e investigaciones precisamente en este sentido, es decir, poner en marcha iniciativas capaces de seleccionar esos proyectos realmente objetivos. 
Finalmente, hay poco dinero: 40 millones de ecus para la lucha contra la contaminación, 70 millones de ecus para la lucha contra los incendios. 
Hay poco si queremos proyectar, de verdad un poco más allá, este esfuerzo nuestro. 
Señor Presidente, en el informe que se discutió esta tarde del Sr. Thomas se denunciaba que, con respecto al año anterior, la superficie forestal se había degradado en un 3, 8 %. 
Es decir, si el 27 % de los árboles en Europa tenían problemas, este año este porcentaje aumentó en un 3, 8 %. 
De ahí, como dice el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, la necesidad de la aprobación de estos reglamentos y de los fondos que ayuden a ponerlos en práctica. 
No ha tenido en la Comisión de Medio Ambiente, como decía su presidente, mayor problema la aprobación de este informe que se refiere a los reglamentos y a los fondos. 
Sin embargo, quizá recordando el debate de esta tarde, habría que poner de manifiesto las diferencias sustanciales entre los diferentes países a la hora de una política comunitaria de defensa del sector forestal, algo que la Comisión de Medio Ambiente ha intentado conseguir en diferentes ocasiones. 
Es verdad que hay dificultades, porque hay diversidad de bosques, diversidad de tratamiento en los diferentes países, pero es imprescindible, si la Unión Europea quiere cumplir con los diversos convenios que ha firmado- léase Conferencia de Río, Helsinki y también V Programa de acción medioambiental -, tener en cuenta no sólo la puesta en práctica de estos reglamentos, sino también, al final de un debate entre los diferentes países y en la propia Unión Europea, la consecución de una política común de defensa de nuestros bosques. 
Si no, no será posible llegar al año 2000 con la directiva «Hábitats» puesta en práctica en debida forma. 
Señor Presidente, la contaminación del aire no respeta en absoluto la existencia de las fronteras, esto es un hecho evidente. 
Un clarísimo ejemplo de esta situación lo tenemos en el caso de los bosques en los países escandinavos. 
Por este motivo considero positiva una cofinanciación europea de las investigaciones en materia de buen estado de los bosques. 
El reglamento que nos ocupa ahora se halla pendiente desde hace ya varios años y los resultados de la investigación se van definiendo con lentitud. 
He examinado someramente los resultados publicados en el informe de síntesis de 1996. 
Una de las cuestiones que llamó mi atención es que, de acuerdo con las informaciones ofrecidas, los efectos negativos causados a los bosques por la sequía son más bien superiores a los debidos a la contaminación del medio ambiente. 
Y a ese respecto nos referimos aún a una región en particular, la región en torno al Mar Mediterráneo. 
Se trata de resultados sorprendentes. 
Con ello no pretendo afirmar que la contaminación del ambiente no ejerce un efecto negativo. 
En una cuarta parte de los árboles se observa un grado considerable de pérdida del follaje. 
La investigación ha revelado pues algunos aspectos interesantes por lo que creemos conveniente su continuación. 
En la actualidad la mayor parte de los fondos disponibles no se destinan más a la vigilancia a través de la red sistemática, sino a los proyectos de modelo y de demostración. 
Puedo comprender perfectamente este cambio de destinación de los fondos, aunque estimo que al finalizar el nuevo plazo de cinco años deberá examinarse la posibilidad de desmantelamiento de la ayuda europea. 
Este tipo de ayuda lleva consigo siempre el riesgo de su renovación reiterada sin la debida comunicación, mientras que nuestro deber es asegurarnos si el objetivo de la investigación ha sido alcanzado efectivamente. 
Me parecería lógico pues que los fondos disponibles se destinasen, tomando como base los resultados de la investigación, a la protección directa de los bosques, es decir, a combatir la contaminación atmosférica y sus efectos nocivos sobre los suelos y a combatir igualmente la sequía. 
Es evidente que deberemos juzgar esto en función del momento actual, aunque personalmente creo que en este tipo de proyectos sucede muy a menudo que se deciden nuevos objetivos de investigación por el hecho de disponerse de los fondos para ello. 
Esto se aplica, a mi juicio, en mayor grado en el caso del reglamento relativo a los incendios forestales. 
Por último, señor Presidente, en lo referente a las enmiendas puedo apoyar la mayoría de las mismas. 
Señor Presidente, ante todo deseo expresar el apoyo de mi Grupo, el Partido Popular Europeo, a esta propuesta de la Comisión de prorrogar los dos programas de protección de los bosques en su doble dimensión de prevención de la contaminación atmosférica y de protección contra los incendios. 
Globalmente se puede compartir la opinión de que estos programas han sido eficaces y siguen siendo necesarias la coordinación y evaluación comunitaria de estos dos fenómenos de carácter general. 
Pero también hay que formular algunas preguntas a la Comisión, e incluso alguna sugerencia por si puede ser válida. 
Con frecuencia, el programa de protección contra la contaminación atmosférica se considera que ha sido positivo en su doble vertiente de establecer una red de observación general de los bosques- que ocupa ya la totalidad del territorio de la Unión Europea y que, según los informes de la Comisión, es ya operativa- y la red de vigilancia intensiva. 
También la Comisión nos presenta datos de que se han desarrollado, aprobado y financiado más de 200 programas en el ámbito de las experiencias piloto. 
Pero sobre esos programas que se han desarrollado a lo largo de 10 años, casi no nos dicen nada del objetivo final y de la evaluación, y una de las responsabilidades de la Comisión Europea es precisamente hacer la evaluación final de todos esos programas de investigación que están centrados en establecer o no la relación causa-efecto de la contaminación atmosférica con los daños que se están observando en los bosques. 
Después de 10 años de investigaciones en toda Europa, y con toda la colaboración de las investigaciones a nivel nacional y de los programas a nivel internacional, se queda uno un tanto perplejo al ver que todavía no hay datos de evaluación para establecer esa causa-efecto y, sobre todo, procedimientos de tratamiento de los bosques y tratamientos de los suelos. 
Hay que pedir a la Comisión que profundice esa evaluación y, si necesita nuevos proyectos de investigación, que los haga. 
Pero no podemos seguir observando el deterioro de los bosques dando estadísticas y no tomando ninguna medida. 
Respecto al programa de protección frente a los incendios, se puede afirmar que ha sido positivo el impulso y la evaluación que se ha hecho en todos los países de la Unión Europea, sobre todo en los más afectados, como España, Portugal, Italia y Francia y, en parte también, Alemania. 
Pero también aquí hacen falta nuevos esfuerzos y la cooperación entre los Estados miembros, porque si bien hemos visto que se ha reducido la superficie quemada, sin embargo se ha duplicado, desde el año 86, el número de incendios forestales, y hay días- y es un dato que debería ocupar la primera página de los periódicos- en que en un minuto se producen dos incendios en Europa. 
Esto realmente no es lógico, no son causas sobrenaturales. 
Aquí hay fenómenos de criminalidad clara, y una negligencia por parte de las autoridades, porque el otro dato complementario es que el 50 % de las causas de esos incendios siguen sin saberse. 
Hay que hacer un llamamiento a los Estados miembros para que, si quieren seguir recibiendo ayudas comunitarias, intensifiquen la vigilancia y, sobre todo, la investigación. 
Y, en los países del Sur, a las comunidades locales y a los municipios, los Estados miembros tienen que darles mayores responsabilidades en la protección de los bosques de su entorno. 
Creo que es una herramienta esencial de protección y de eficacia. 
Señor Presidente, coincido en apoyar la prórroga de estos programas relativos a la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica y los incendios. 
Se trata a todas luces de una iniciativa positiva de la Comisión y comparto todo lo que el ponente, Sr. Collins, ha dicho al respecto. 
Hay que tener en cuenta que, en este período, la destrucción de los bosques, sobre todo a causa de los incendios en regiones del Sur, ha continuado en dimensiones incontrolables y, desde este punto de vista, es obvio que nadie puede eximir a las administraciones de los Estados miembros de su responsabilidad. 
No obstante, creo, y es lo que hemos podido comprobar esta mañana también en el informe Thomas, que la Unión Europea está muy lejos de aprovechar todas sus posibilidades de intervenir en materia de medio ambiente, así como de fomentar la infraestructura y la cooperación de los Estados miembros en temas de tecnología, formación de los recursos humanos, e incluso en lo que respecta a la creación de un task force para toda la Unión Europea con objeto de combatir los incendios. 
Creo que el tema no queda cerrado aquí; ésta es sólo una oportunidad de darnos cuenta de que todavía estamos en invierno y no en verano, de que el tema está abierto y de que es necesaria una disposición mucho mayor de la Unión Europea a intervenir y reforzar su acción. 
Señor Presidente, me felicito de que, a pesar de todo, haya habido- porque se trataba de que no hubiera- informe y debate sobre estas cuestiones importantes. 
Sin embargo, los importes previstos para la financiación de estos programas quinquenales son de muy escasa importancia, hay que reconocerlo. 
Es positivo que el importe propuesto en materia de contaminación sea elevado con relación al período anterior, pero es sorprendente que la dotación prevista para la protección contra el incendio no haya sido elevada. 
El número de incendios tiene tendencia a aumentar fuertemente en Europa. 
En sí, ello justificaría un aumento de esta modesta dotación de 70 millones de ecus al año, tanto más cuanto que se trata de financiar medidas de prevención. 
Ahora bien, observamos que si el número de incendios aumenta, allá donde se han emprendido trabajos de prevención, su amplitud disminuye considerablemente. 
Las superficies tocadas son entonces mucho menos importantes. 
Además, financiar la prevención es disminuir tanto más los considerables gastos de repoblación forestal. 
Se realiza así una economía de escala considerable. 
Es la razón por la cual, en nombre de mi Grupo del PPE, he presentado la enmienda 20, idéntica además a la del Sr. Weber, de forma que se incremente esta dotación en materia de incendios, de 70 millones de ecus a 100 millones de ecus, lo que sigue siendo totalmente razonable puesto que, en cinco años, supone 20 millones de ecus al año. 
Asimismo, en nombre de mi grupo, le pido señor ponente, que acepte esta enmienda. 
Pido al Parlamento que la apruebe y a la Comisión que la seleccione. 
Señor Presidente, hoy, en este Parlamento, nos ocupamos seriamente de los problemas de nuestros bosques, que cubren el 41'5 % de las superficies agrícolas de los Estados miembros y de los que, afortunadamente, los 2/3 son propiedades privadas. 
Gastaría saliva en balde si repitiera lo que, por otra parte, se ha subrayado en el debate sobre el informe Thomas en cuanto al papel múltiple de los bosques europeos en los ámbitos del medio ambiente, de la salud y del ocio, pero también en los ámbitos económico y social. 
Una buena política forestal de la Unión Europea no debe ignorar el espíritu del principio de subsidiariedad, a saber, tan poca reglamentación comunitaria como sea posible, y limitarse a lo que sea necesario. 
Promover, con medios europeos, la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica que no conoce fronteras y proteger los bosques de la Comunidad contra los incendios, son acciones comunitarias que merecen ser reforzadas y prolongadas. 
Asimismo, es importante darnos los medios para esta política, sobre todo, por lo que respecta a la protección de los bosques contra los incendios. 
Por lo tanto, insisto sobre la adopción de la enmienda de nuestro Grupo, presentada por mi compañero de Brémond d ' Ars, que trata de aumentar de 70 a 100 millones de ecus el importe de los medios financieros comunitarios destinados al establecimiento de la acción correspondiente. 
Habiendo podido apreciar en mi país y a escala comunitaria, el papel desempeñado por los silvicultores y sus organizaciones profesionales en el marco de la buena gestión de los bosques y de la defensa contra los incendios, deseo insistir más especialmente en su participación efectiva en las acciones comunitarias tendentes a la protección de los bosques y espero que la Comisión podrá tranquilizarnos en este punto. 
En mi calidad de vicepresidente del intergrupo «caza, pesca y medio ambiente» de este Parlamento, desearía asimismo insistir en el papel eminente de los cazadores y de sus organizaciones para la protección del bosque y de los hábitats de la fauna salvaje, papel que con demasiada frecuencia se desconoce en algunos bancos de este Parlamento. 
Las organizaciones de cazadores deben asimismo participar con pleno derecho en el establecimiento de las acciones comunitarias tendentes a la protección de nuestros bosques. 
Así pues, no lo olvide, señor Comisario. 
Señor Presidente, nuestra sociedad, aunque es consciente de la absoluta necesidad de aplicar rígidas medidas de prevención y normas eficaces para luchar contra la contaminación atmosférica, muestra grandes límites y una actitud claramente autodestructiva. 
Ni siquiera el Ejecutivo ha sabido emprender una inversión de tendencia, una verdadera toma de conciencia en la óptica de la salvaguardia del medio ambiente y de la salud del ciudadano, presentando sus límites cuando no ha conseguido proponer un apoyo financiero adecuado. 
Lo que es más, éste es absolutamente insuficiente si nos referimos al problema de la salvaguardia de los bosques y de la prevención de los incendios, que tanto contribuyen a la destrucción de los propios bosques. 
Los daños causados a los bosques provienen esencialmente de la contaminación atmosférica provocada por los grandes complejos industriales, de las condiciones meteorológicas alteradas por esas perturbaciones biológicas que tienen consecuencias devastadoras porque causan procesos de degeneración como la defoliación y el descoloramiento del follaje, y del fenómeno de los incendios, tanto los que se deben a causas naturales como los que son consecuencia de la locura del hombre. 
Por eso la acción comunitaria debe, en primer lugar, tratar de armonizar los esfuerzos de los Estados miembros en la prevención del problema, que afecta sobre todo a los Estados meridionales de la Unión, donde los incendios han causado la destrucción de más de 500.000 hectáreas de bosque. 
Si luego consideramos las dotaciones financieras de los dos programas relativos a la protección de los bosques en sus cinco primeros años de aplicación y observamos que se han agotado prácticamente los recursos disponibles, nos damos cuenta claramente de la insuficiencia de la financiación.. 
Por eso pedimos, por un lado, a la Comisión que determine las zonas especialmente de riesgo para poder concentrar el máximo esfuerzo de las ayudas comunitarias y, por otro, a los Estados miembros que presenten planes globales de protección contra los incendios, pero que no sean planes generales, es decir, poco detallados, sino planes concretos y que se puedan identificar al máximo. 
Estamos absolutamente convencidos de la importancia que podría tener la creación de un sistema de control y de información del fenómeno en toda la Comunidad, y apoyamos la petición presentada por la Comisión de Medio Ambiente que pide que se sustituya el comité de gestión, previsto inicialmente, por comités consultivos que, por lo menos, servirían para limitar la influencia del Consejo y reforzar el papel del Parlamento Europeo. 
En primer lugar, quisiera expresar el agradecimiento de la Comisión a usted, señor Collins, en su calidad de ponente, y a los miembros de su comisión por la calidad de su trabajo. 
Quisiera también destacar la importancia de los análisis de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Agricultura que se incluyen en los informes, así como la labor de sus respectivos ponentes. 
Todos ellos han adoptado una actitud muy positiva ante la protección de los recursos forestales de la Unión y la continuación de las medidas comunitarias en el sector. 
Ha quedado muy claro tanto del informe Thomas de esta mañana, como del de esta tarde, que la protección y el mantenimiento de los bosques es un asunto de la máxima importancia. 
Es un tema sobre el que se debate ampliamente en todo el mundo, debido, especialmente, al importante papel que tienen los bosques en la lucha contra la desertización, los cambios climáticos y la conservación de la biodiversidad. 
Al suscribir la Declaración de Río, la Unión asumió, formalmente, el compromiso de ayudar en la conservación, el desarrollo y la gestión sostenible de los bosques, tanto si éstos se encuentran en su territorio, como en cualquier otra parte. 
La Comisión sobre Desarrollo Sostenible, con su grupo de expertos gubernamentales en materia forestal, y la Conferencia ministerial sobre la protección de los bosques europeos en Helsinki son el resultado de este compromiso. 
Los dos programas de protección de los bosques a los que hace referencia el Sr. Collins y cuya prórroga proponemos ahora, son los elementos clave para la conservación de los bosques europeos. 
Los datos de que, aproximadamente, la cuarta parte de nuestros bosques presente un estado de deterioro y que, cada año, medio millón de hectáreas sean devastadas por los incendios vienen a incrementar la importancia de dichos programas. 
Quisiera decir al Sr. Valverde López que, hasta el momento, el éxito ha sido considerable, si tenemos en cuenta las estadísticas que señalan que en diez años sólo ha habido diez días en los que no se ha producido ningún incendio forestal, y que el 95 % de todos los incendios forestales ha podido ser controlado en menos de diez minutos de declararse. 
En este ámbito se ha realizado una buena labor. Debemos reconocerlo. 
Todos ustedes se han mostrado claramente de acuerdo con que se prorroguen y fortalezcan estos dos importantes programas, por lo que deseo darles las gracias. 
Puedo comprender asimismo que hayan presentado una serie de enmiendas, algunas de las cuales son comunes a ambos reglamentos. 
En lo relativo al fundamento jurídico- enmiendas 9 y 1 -, puedo entender su interés por que las dos medidas tengan fundamentos jurídicos separados, como era el caso anteriormente. 
La Comisión considera, no obstante, que el artículo 43 es adecuado y suficiente, por lo que no está dispuesta a enmendar el fundamento jurídico en estos momentos. 
También han observado, muy acertadamente, que existe una nueva fórmula para calcular los créditos necesarios que deberán declararse en las dos propuestas de reglamento, es decir, las enmiendas 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13 y 16. 
Esto es, en particular, a lo que se refería el Sr. Collins. 
Cometimos el grave error de no tener en cuenta dicho cambio. 
También los grupos de trabajo del Conejo señalaron esta omisión. 
En consecuencia se ha revisado el texto de los dos reglamentos a la luz del texto exacto del Acuerdo Interinstitucional de marzo de 1995 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, al que hace referencia el ponente. 
Las enmiendas que han presentado en el marco del procedimiento de la comisión- las enmiendas 5, 6, 14 y 15hacen referencia, principalmente, a la publicación de las negociaciones celebradas en el seno de las comisiones. 
Como ustedes sabrán, este asunto ya ha quedado zanjado gracias a un acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, por lo que ya no es necesaria una nueva redacción de los textos legales. 
Después solicitan que el Comité Forestal Permanente se convierta en un comité consultivo. 
Pero en la práctica, el comité ya actúa como comité consultivo en la mayoría de los casos. 
Por ello no creo que dicha modificación deba formar parte de esta simple prórroga que hoy nos ocupa. 
En lo que respecta a las enmiendas relativas a una evaluación provisional- enmiendas 8 y 17 -, deseo recordar que regularmente se publican informes sobre evaluaciones periódicas de los programas, en particular, en lo que respecta al estado de salud de los bosques y los pormenores sobre los incendios forestales. 
La Comisión se asegurará de que dichos informes sean puestos a disposición de sus Señorías mediante un proceso más apropiado de difusión de la información. 
La cuestión de la contaminación atmosférica aparece en cuatro enmiendas, a saber, las enmiendas 22, 25, 26 y 28, que encierran un interés especial. 
Debemos recordar, no obstante, que se trata simplemente de la prórroga de un programa cuyos sistemas ya están consolidados a nivel nacional, a nivel comunitario y a nivel internacional. 
Por ello, a la Comisión le resulta difícil aceptar dichas solicitudes en estos momentos. 
Al objeto de proteger los bosques contra los incendios se han presentado varias enmiendas, las enmiendas 18, 19 y 23, por las que se pide que la financiación de las medidas de prevención se concedan únicamente a condición de que se procede inmediatamente a la reforestación después de que se haya producido un incendio, y que se proporcione la financiación de medidas que garanticen dicha reforestación. 
Son medidas que no están directamente relacionadas con la acción y que, a mi entender, resultarían muy difíciles de aplicar. 
Además, algunos expertos han declarado que medidas de este tipo no siempre son deseables o técnicamente viables. 
La Comisión observa con gran interés que algunas enmiendas piden que se incrementen los fondos asignados a este programa, a saber, las enmiendas 20, 24 y 27, a las que ha hecho referencia, en particular, el Sr. de Brémond d ' Ars. 
También nosotros desearíamos que eso fuera posible. 
Lamentablemente, me temo que dicho aumento no parece una propuesta realista en estos momentos, habida cuenta de la actual situación presupuestaria. 
Por último, la Comisión desea mostrar su satisfacción por las enmiendas relativas al papel fundamental de la población rural en la prevención de los incendios forestales. 
Quizá esto haga referencia a lo que también decía la Sra. Lulling; las enmiendas 11 y 21. 
Es un tema al que la Comisión concede mucha importancia. 
En el marco del Comité Forestal Permanente estamos colaborando estrechamente con los organismos que agrupan a los profesionales de los ámbitos agrícola y forestal para estudiar las causas de los incendios y mejorar las medidas de protección en general. 
En este sentido, aceptamos dichas enmiendas con cierto placer. 
Quisiera, una vez más, expresar mi agradecimiento a los ponentes. 
Gracias señor Collins y gracias a los miembros de su comisión por sus enormes esfuerzos y su constante interés por la protección de este gran recurso europeo y de los recursos forestales en general, que deberemos legar a las generaciones futuras. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0303/96) de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el cambio de fundamento jurídico de la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (93) 0350, COM (94) 34-4324/95- C4-0212/95-00/0450 (COD) ) relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la propuesta de reglamento para regular la asistencia mutua en el sector aduanero y agrario ha recorrido un largo y difícil camino. 
Hasta hoy no se puede adivinar una pronta solución. 
Aún perdura el conflicto con el Consejo sobre el fundamento jurídico a aplicar. 
Les voy a recordar brevemente la historia. 
En diciembre de 1993, en el marco del procedimiento de codecisión según el artículo 189 B del Tratado de la CE, el Parlamento Europeo aprobó un dictamen legislativo sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativa a la asistencia mutua y la creación de un sistema de información aduanera, brevemente SIA. 
La Comisión presentó entonces una propuesta modificada que mantenía la mayor parte de las enmiendas del Parlamento. 
En diciembre de 1994, el Consejo emitió una orientación política en lugar de una posición común, en la que no reconocía como fundamento jurídico el artículo 100 A propuesto por la Comisión y en lugar de ello introducía el artículo 235 en relación con el artículo 43. 
De ese modo, mediante una decisión unilateral del Consejo, el procedimiento de codecisión se transformó en un simple procedimiento de consulta del Parlamento, por lo demás, con la abstención de un Estado miembro. 
No podemos aceptar este modo de actuar. 
El Parlamento debe pronunciarse formalmente sobre dos cuestiones. 
Primera: ¿Está justificado el artículo 235 como fundamento jurídico?. 
Segunda: ¿Tiene el fundamento jurídico importancia únicamente en el plano de los procedimientos o también en lo que se refiere al fondo?. 
Respecto a la primera cuestión: el Consejo argumenta que el sistema de información aduanera incluido en la propuesta de reglamento constituye una materia comunitaria propia que no tiene relación con la armonización de las normas nacionales para la realización del mercado interior según el artículo 100 A. Me pregunto ¿porqué ni a la Comisión ni al Consejo se les ha ocurrido la idea de separar el SIA del resto de la propuesta para tratarlo a continuación en base al artículo 235? 
Han tenido lugar conversaciones informales al respecto con la ponente. 
La regulación de las actividades de asistencia mutua, que expuse en su día a esta Asamblea y que no necesito repetir hoy, crea un entorno normativo para que puedan funcionar las relaciones entre los Estados miembros y con la Comisión. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos confirma claramente este punto en su excelente opinión. 
Estoy muy agradecida a la autora de la opinión, la Señora Palacio, quien lo subraya en sus conclusiones finales. 
Como se ven afectadas ante todo normas nacionales y también comunitarias, se trata de armonización y en consecuencia es aplicable el artículo 100 A. Pero según una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, una condena no se puede basar en varios fundamentos jurídicos que prescriben procedimientos diferentes: el artículo 235- consulta y unanimidad en el Consejo, el artículo 43- consulta del Parlamento y mayoría cualificada en el Consejo -, y el artículo 100 A- codecisión del Parlamento y mayoría cualificada en el Consejo. 
Además, la sentencia dice que tiene preferencia el procedimiento que permite reforzar la participación del Parlamento en la actividad legislativa. 
Nos encontramos así de nuevo en el artículo 100 A. Por lo demás, no solamente los servicios jurídicos de la Comisión sino también del Consejo confirman la exactitud del artículo 100 A en el presente caso. 
Respecto a la segunda cuestión, el fondo del fundamento jurídico, el Consejo ha recogido en su orientación política cinco enmiendas del Parlamento, en parte literalmente y en parte su sentido. 
Otras enmiendas esenciales, como las que ha tenido en cuenta la Comisión en su propuesta modificada, no las tiene en cuenta el Consejo. 
En lugar de ello, el Consejo dice: » La comunicación de datos de una autoridad administrativa a otra sólo puede tener lugar previa autorización, caso por caso, de la autoridad judicial». 
Esto puede significar retrasos e incluso un impedimento. 
Por lo demás, en el SIA se han suprimido datos esenciales. 
Esto es especialmente importante para el procedimiento de tránsito que estamos tratando en la Comisión de Investigación y cuyos resultados se van a presentar pronto. 
El Consejo quiere excluir la asistencia no solamente en caso de que pueda perjudicar el orden público sino también de otros «intereses esenciales» del Estado miembro. 
Perdónenme que así lo diga, pero se trata de un artículo de interpretación totalmente flexible. 
El Consejo ha introducido también numerosas modificaciones en el texto de la Comisión. 
Por ejemplo, cuestiona la fuerza probatoria de las comprobaciones realizadas por las autoridades de un Estado miembro diferente. 
En el artículo 43 convierte el Comité consultivo en un Comité de Reglamentación del tipo 3B. 
¡Qué gran incoherencia de Consejo! 
Por un lado, quiere crear una entidad comunitaria completa en base al artículo 235 y, por otro, se la somete a unos pesados procedimientos nacionales. 
Cuatro países, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido y Suecia quieren sustraerse a la norma sobre el tratamiento no automatizado de datos. 
Extraigo la conclusión de que la propuesta de reglamento exige también en cuanto al fondo el procedimiento de codecisión, en especial tras las modificaciones introducidas por el Consejo. 
Insto a la Comisión- señora Comisaria Bonino, sé que va a exponer luego su opinión- para que nos aclare qué es lo que ha querido decir en la declaración que ha inscrito en el acta del Consejo, en la que expresa su pesar por la modificación del fundamento jurídico y se reserva el recurso a las vías jurídicas apropiadas. Le pregunto de qué vías se trata. 
Muchas gracias. Ruego a la Asamblea su voto afirmativo para la propuesta de resolución. 
Señor Presidente, es para mí un placer que al menos el Consejo se encuentre presente. 
Debajo de la capa jurídica de una cuestión relativa a los artículos 235 y 100 A, se esconde un auténtico problema de gran significado político. 
Es una clara muestra de la falta de voluntad política por parte del Consejo de Ministros de tomar medidas para que el núcleo de una estructura comunitaria funcione debidamente. 
Nos disponemos a aprobar un informe de la comisión de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario. 
Dicha comisión de investigación ha llegado a la conclusión de que lo que ocurre con nuestro arancel aduanero común es que existe una propensión al fraude y al error. 
Destaca la falta de datos estadísticos y la falta de transparencia en la aplicación del arancel aduanero común. 
Esta estructura comunitaria es un escándalo. 
¿Cuál es la respuesta del Consejo a esta situación? 
En su respuesta, el Consejo recurre a argumentos legales ficticios para mantener la apariencia de soberanía nacional, en vez de crear un fuerte mercado interior estructurado para aplicar el sistema. 
Porque eso es, básicamente, lo que nosotros queremos; queremos que exista una buena cooperación entre los Estados miembros para que el arancel aduanero común funcione. 
¿Cuál es la respuesta del Consejo? 
La Sra. Theato lo ha expuesto con toda claridad: con su respuesta, el Consejo se propone restar eficacia al sistema, modificando las propuestas de la Comisión para hacerlas menos eficaces y más burocráticas, y contribuir con ello a la anulación del mercado interior. 
Hago responsable al Consejo de una falta de voluntad política para poner los medios para que el sistema funcione debidamente. 
Eso es lo que está detrás de todo este problema. 
La Sra. Theato ha indicado con toda claridad que además está, naturalmente, la cuestión del equilibrio institucional entre el Parlamento y el Consejo. 
¿Cómo se puede afirmar seriamente que hace falta más democracia y más transparencia, cuando en esos mismos momentos, el Consejo se propone debilitar el poder de codecisión del Parlamento? 
La sentencia al caso del «Dióxido de titanio» ha dejado perfectamente claro que el Parlamento tiene sus derechos. 
Ése es el quid político de la cuestión. 
Mi única pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿Piensa la Comisión mantener una postura firme, y se plantea, incluso, la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia para obligar al Consejo a dar cuenta del funcionamiento deficiente del sistema del mercado interior, que es como está funcionando actualmente? 
Señor Presidente, lamento que el Sr. Tomlinson no haya podido estar presente pero, como todo el mundo sabe, hay reuniones constitutivas en las distintas comisiones y es difícil estar en más de un lugar a la vez. 
Al mirar la Asamblea, queda claro que este informe no es el número uno de la lista de bestsellers, a pesar de que trata aspectos importantes y de que es quizás uno de los mejores informes que ha elaborado la Sra. Theato. 
Quiero recalcar una cosa: ¡hemos de acabar con los defraudadores en la UE! 
Existen varios motivos por los que la opinión pública europea no está siempre a favor de la Unión. 
Uno de ellos son las historias sobre lo fácil que resulta cometer fraudes con los fondos comunitarios. 
Por consiguiente, la cooperación europea puede estar justificada, entre otras cosas, para luchar contra el fraude. 
Otro motivo de la falta de apoyo popular a la UE es la idea de que sus puertas están cerradas y sus instituciones son inaccesibles. 
Por consiguiente, la cooperación europea puede estar justificada, entre otras cosas, para incrementar la democracia y la transparencia en los procesos decisorios de la Unión. 
Debería ser evidente que hay que tener estos temas en cuenta y respetarlos, por ejemplo, en relación con el establecimiento del fundamento jurídico de un caso concreto. 
Otra cosa que quiero recalcar es la siguiente. 
El Consejo ha vuelto a dormirse durante la clase. 
Debemos aplicar el artículo 235 lo menos posible. 
En primer lugar, porque una argumentación objetiva en un caso concreto debe obligar a la aplicación del artículo 100 A y no del artículo 235. 
En segundo lugar, porque queremos que los procesos decisorios sean democráticos y transparentes. 
En tercer lugar, porque los ciudadanos consideran que el artículo 235 es un artículo flexible que, en el caso de iniciativas legislativas relativas a nuevos ámbitos, permite que la UE se aleje cada vez más de la transparencia y del principio de subsidiariedad. 
Es posible que no sea acertado, pero los ciudadanos interpretan así el artículo 235 y hemos de tenerlo en cuenta. 
No puedo sino apoyar el valioso trabajo de la ponente. 
Este resultado se debe asimismo a que tenemos una comisión que trabaja bien y que se pone de acuerdo con respecto a estos temas, y espero sinceramente que el Consejo tome nota y empiece a mostrar mayor interés por lo que se hace en la Comisión de Control Presupuestario. 
Espero que no sea sólo en raras ocasiones cuando el Consejo se entere de lo que se hace en la comisión. 
La Presidencia holandesa debe escuchar y tomar nota. 
Si lo hace, es posible que empiece a entender el sentido de este trabajo, lo que quizás nos permita hacer un esfuerzo en favor de la causa europea entre los ciudadanos de la Comunidad. 
Señor Presidente, Señorías, al igual que el Parlamento, la Comisión tiene opiniones encontradas ante la situación creada por el cambio de base jurídica contemplado por el Consejo. 
Por una parte, es innegable que la lucha contra el fraude pide una entrada en vigor rápida de esta propuesta de reglamento. 
Los mecanismos avanzados de cooperación aduanera que implica, así como la posibilidad jurídica de crear por fin la base de datos del sistema de información aduanera, responden a una necesidad urgente. 
Por otra parte, el cambio de base jurídica, que implica la consulta al Parlamento, en lugar de la codecisión, y la aprobación por unanimidad de los Estados miembros, en lugar de la mayoría cualificada, plantea un grave problema institucional para la Comisión. 
Como ustedes saben, ésta se ha empeñado en hacer constar en el Acta del Consejo, con motivo de la aprobación de la orientación común, una declaración mediante la cual, lamentaba esta evolución, cito: » la Comisión se reserva el derecho a hacer uso de las vías jurídicas que le están abiertas». 
En efecto, el Consejo que decide por unanimidad, tiene efectivamente el derecho a modificar las propuestas de la Comisión. 
No es eso lo que cuestionamos. 
Sin embargo, la Comisión comparte la opinión del Parlamento según la cual, esta enmienda en particular, no tiene base jurídica y, además, al retirar la proposición del campo de aplicación del procedimiento de codecisión, el Consejo atenta contra los poderes del Parlamento. 
Por consiguiente, la Comisión espera con gran interés la reacción del Consejo al dictamen que este Parlamento va a emitir en la materia. 
Según la decisión que tome el Consejo, la Comisión se definirá en relación con el respeto del derecho comunitario. 
Más concretamente, la Comisión se reserva la posibilidad de llevar el tema de la base jurídica ante el Tribunal de Justicia. 
Ésta es, en unas palabras, que espero sean precisas y claras, la posición de la Comisión sobre el expediente que examina el Parlamento. 
Además, la Comisión desea felicitar a la ponente Sra. Theato, y espera con impaciencia la decisión que tomen ustedes. 
Señor Presidente, muchas gracias por concederme de nuevo la palabra. 
Me permito expresar mis felicitaciones a la Comisaria Bonino por sus claras palabras. 
Creo que del banco del Consejo saldrá también la señal correspondiente dirigida a la Asamblea para solucionar este conflicto. 
Radica en interés de ambas partes y no crean que se trata de un asunto privado. 
Actuamos ante la opinión pública y aunque, debido a especiales circuntancias, se encuentren pocas personas presentes en el Pleno, no significa que se haya debatido excluyendo a la opinión pública. 
Creo que el Sr. Blak lo ha dicho muy claramente, por lo que le expreso también mis felicitaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 18.25 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, hemos tenido algunos problemas con las votaciones en la Asamblea esta semana. 
En el párrafo 39 del Acta, relativo a la revisión de los Tratados, figuro como votante a favor de ese párrafo concreto. 
No sé si fue un mal funcionamiento de mis dedos o un mal funcionamiento de la máquina, pero mi intención era votar en contra. 
Señor Hallam, no se preocupe, vamos a atribuir el error a la máquina y constará en acta que usted votó correctamente. 
Señor Presidente, en el acta de ayer mi nombre no figura en la lista de asistencia. 
Es posible que haya olvidado firmar, pero mi participación en las votaciones nominales demuestran que estaba presente. 
Señor Hory, el Acta será corregida pero su palabra vale más que cualquier comprobación. 
Por lo tanto, con su sola palabra tenemos suficiente para corregir el Acta. 
Señor Presidente, estoy en la misma situación que el Sr. Hory. 
No sé si mi palabra vale tanto como la suya, pero yo también participé en varias votaciones nominales que demuestran mi presencia, aunque he olvidado firmar. 
Señor Bourlanges, yo no sé si con su amplísima cultura usted conoce una expresión castellana que dice «Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando». 
Por ello, su palabra vale tanto como la del Sr. Hory. 
Señor Presidente, intervengo para hacer una observación que me gustaría que transmitiera usted al Presidente del Parlamento. 
Por invitación enviada ayer, se nos ha convidado a celebrar su Presidencia en una velada musical el domingo por la noche, cuando la mayoría de los diputados no estarán en Bruselas. 
A todos nos habría gustado asistir y, como presidente de los Amigos de la Música del Parlamento, me habría gustado recibir el aviso con mayor antelación. 
Tal vez pudiera usted transmitir el pesar y las excusas de los diputados que no asistirán. 
Señor Kerr, tenga usted la plena seguridad de que transmitiré sus palabras al Sr. Presidente y que las haré mías también, porque lamento que tampoco pueda yo estar en la velada. 
Señor Presidente, sobre la misma cuestión. 
Naturalmente, como invitación a los diputados va a ser exclusiva, si se celebra en un día en que los diputados no están en su lugar de trabajo. 
Sin embargo, mi cuestión es ligeramente más fundamental que la del Sr. Kerr. 
La invitación que se nos hace a celebrar la entrada en funciones del nuevo Presidente del Parlamento Europeo va firmada por el Sr. Luigi Mormino, presidente del comité artístico del Parlamento Europeo. 
Sé que el Sr. Mormino tiene toda clase de cualidades, pero nunca lo había yo relacionado directamente con un gran talento artístico. 
Quería saber si esas grandes atribuciones como presidente del comité artístico se asignan mediante algún sistema d ' Hont administrativo entre los funcionarios. 
Tal vez se nos podría decir en algún momento cómo ha logrado el Sr. Mormino su gran rango y honor y cómo se le ha dado después la autoridad para organizar un concierto en honor del Presidente en un momento en que los diputados no pueden asistir y para hacerlo, además, en asociación con una empresa privada. 
Eso es algo que tal vez desee el Presidente examinar. 
No he querido interrumpir al Sr. Kerr ni al Sr. Tomlinson por cortesía parlamentaria, pero les recuerdo que estamos todavía pendientes de la aprobación del Acta. 
Por lo tanto, esas cuestiones debiéramos examinarlas posteriormente. 
Ya he tomado buena nota, en todo caso, de la intervención del Sr. Kerr y el Sr. Tomlinson. 
Voy a abrir la oportuna investigación sobre las cualidades musicales de a quién se ha dado la responsabilidad mencionada. 
Pero ahora, Señorías, si no hay ninguna cuestión más sobre el Acta, la damos por aprobada. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
No cabe duda de la importancia que reviste la prórroga de los reglamentos sobre contaminación atmosférica y sobre protección de los bosques contra los incendios, como ya tuve ocasión de manifestar en el debate de hace unos años. 
Hoy, sólo me interesa subrayar que una de las grandes dificultades para implantar el concepto de desarrollo sostenible en las zonas de desarrollo rural del sur de la Unión, se debe principalmente a las graves consecuencias posteriores de los incendios forestales, plaga veraniega de esta zona de la Unión. 
Por ello, las enmiendas presentadas en las que se solicita la actualización de la dotación financiera de dichas acciones con un incremento de setenta a cien millones de ecus resultan inapelables para la adecuada conservación y regeneración del patrimonio forestal de la Unión. 
Por ello, mi voto será positivo. 
Concluyo, señor Presidente, solicitando, de nuevo, la necesidad de establecer una política forestal común para toda la Unión. 
Con ello, además, se daría respuesta al 5º programa de acción en materia de medio ambiente y a la Declaración de Río sobre la materia. 
Informe Cornelissen (A4-0381/96) 
Deseo rendir homenaje al Sr. Pam Cornelissen, el autor del informe sobre la gestión del tráfico aéreo, así como a la gran calidad de su trabajo, cuyo contenido es muy satisfactorio. 
Por eso mi voto es, naturalmente, favorable. 
Permítanme hacer hincapié en particular en dos elementos importantes. 
El primero se refiere a la eficacia financiera del control aéreo. 
Si bien debemos optimizarla, no por eso hay que dejar de considerar las limitaciones relacionadas con el mantenimiento de un servicio público del control aéro, para garantizar la calidad del servicio en la totalidad del territorio cubierto. 
El segundo elemento que deseo subrayar es la defensa de la seguridad. 
Hay que actuar prioritariamente en pro de la armonización de los métodos de trabajo empleados por los controladores aéreos; me refiero concretamente a las terminologías empleadas. 
Estos dos puntos son objeto de enmiendas, ampliamente aprobadas por los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo. Éstas completan adecuadamente este notable informe, y me felicito por ello. 
Se necesita reforzar la seguridad y disponer de un mejor sistema operativo en la medida en que el tráfico aéreo doblará su capacidad, según cálculos realizados, cara al año 2000. 
No es seguro que sea la UE la que deba tramitar y reglamentar estos asuntos. 
Esto cabría que lo hicieran los Estados miembros siguiendo un procedimiento interestatal e internacional en el que participaran tantos países como fuera posible. 
Las «autoridades del tráfico aéreo» europeas deberían incluir a todos los países de Europa, y por consiguiente, tendrían que reglamentarse a un nivel más amplio que el de la UE. 
He votado a favor de este informe hoy, porque comparto la preocupación por que no se esté haciendo lo suficiente para poner fin a la frustración y el despilfarro que entrañan los retrasos en los aeropuertos. 
La frustración causada a los viajeros por dichos retrasos no es aceptable. 
Las personas con citas para asuntos de negocios o de trabajo deben poder confiar en que el sistema de control del tráfico aéreo de Europa los hará llegar a su destino a tiempo. 
Lo mismo es aplicable a los innumerables viajeros de vacaciones que pierden parte de su descanso por culpa de los retrasos en los vuelos. 
Como el aeropuerto de Manchester está cercano a mi circunscripción, sé también que el aeropuerto, sus líneas aéreas y su personal se beneficiarían de las enormes economías en tiempo y dinero que un mejor sistema de control del tráfico aportaría. 
Si bien acojo con beneplácito la decisión adoptada ayer a favor de una segunda pista para el aeropuerto de Manchester, sin un mejor control del tráfico aéreo, en el futuro los viajeros podrían encontrarse ante un caos. 
Junto con la industria y los millones de pasajeros interesados, voy a procurar que los gobiernos y la Comisión mejoren los sistemas de tráfico aéreo de Europa. 
Al fin y al cabo, la libertad de circulación por Europa es fundamental para nuestro futuro económico. 
Informe Castricum (A4-0419/96) 
Este informe es de gran calidad en su mayor parte, y por ello seguiremos la línea del grupo socialista y votaremos a favor. 
No obstante, tenemos serias objeciones respecto a dos apartados. 
Se trata del apartado 13, donde se dice que lo mejor para el transporte colectivo es que se lleven a cabo unas licitaciones a empresas (privadas) , y en parte el apartado 24, donde se menciona que los gastos de explotación del transporte público «deben ser costeados en la medida de lo posible por las contribuciones de los viajeros». 
El apartado 13 discrimina directamente a la empresa pública. 
Verdaderamente, no existen pruebas, en el país de donde procedemos, Suecia, de que el tráfico colectivo gestionado públicamente sea menos eficaz que el de la empresa privada. 
En lo concerniente al apartado 24, se hace una generalización que no siempre es válida. 
Algunas veces (incluso a menudo) puede suceder que por motivos socioeconómicos haya que aportar grandes subvenciones a los gastos de explotación del transporte colectivo. 
Incluso puede haber motivos para decidir aplicar la tarifa cero. 
Si en Suecia se cubriesen estos gastos con las contribuciones de los viajeros, esto conllevaría la desaparición del transporte colectivo en casi todas las regiones escasamente pobladas. 
Esta evolución sería totalmente inaceptable. 
El transporte colectivo tiene un rol decisivo para que muchas personas puedan llevar una vida normal. 
Desde el punto de vista ambiental, constituye una parte importante de una sociedad que se base en el desarrollo sostenido. 
Hay que gestionar el transporte colectivo de un modo lo más eficaz posible en cuanto a su explotación, pero, teniendo en cuenta su papel decisivo y la principal responsabilidad social de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, la eficacia en la explotación no puede ser el único principio que inspire su gestión. 
Para que esta modalidad de transporte funcione eficazmente, la responsabilidad tiene que recaer sobre unos niveles locales, regionales o nacionales, y son estas autoridades las que tienen derecho a decidir cómo se distribuyen las ayudas financieras. 
En consecuencia, votamos en contra del informe. 
El transporte colectivo es un asunto de competencia nacional y regional. 
Por tanto, carecemos de base en los Tratados de la UE para reglamentar este sector. 
También las ayudas diversas y las modalidades de financiación son cuestiones nacionales y respectivamente regionales. 
Además, también es necesario limitar la libertad de competencia desde una perspectiva nacional, y no de conformidad con las directrices de la UE. 
Informe Menrad (A4-0411/96) 
Las empresas europeas han sufrido las consecuencias de que no se haya conseguido un acuerdo sobre el Estatuto de la Empresa Europea y medidas conexas. 
La necesidad de tener en cuenta la legislación sobre las empresas en 15 Estados miembros diferentes entraña gastos suplementarios y, en consecuencia, afecta a los puestos de trabajo. 
Aplaudo los intentos de la Comisión de lograr la aprobación de esas medidas. 
Sin embargo, si se aprueban, deben ir acompañadas de las normas correspondientes sobre los derechos de participación de los trabajadores. 
Si no, algunas empresas se saltarían la legislación actual sobre la información y la participación en algunos Estados miembros. 
Dar participación real a los trabajadores en sus empresas sólo puede ser una innovación positiva tanto para ellos como para sus empresas. 
El consenso nacional que ha existido en Irlanda en los 10 últimos años en materia de salarios y condiciones laborales ha sido un factor que ha contribuido a la actual salud de la economía irlandesa y como tal es aprobado por la Federación de Empresarios, IBEC. 
Reconozco que la ampliación de los procedimientos de información y participación a más empresas entrañaría algunos costos. 
Por esa razón, apruebo el prudente planteamiento de la Comisión, en particular la creación de un grupo de alto nivel, que represente a los interlocutores sociales, para que estudie ese asunto en detalle prestando atención particular al respeto de los modelos nacionales. 
Estrategia de la Unión Europea en sus relaciones con las Repúblicas Transcaucásicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0279/96) de la Sra. Carrère d ' Encausse, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión titulada «Hacia una estrategia de la Unión Europea en sus relaciones con las Repúblicas Transcaucásicas» (COM (95) 0205- C4-0242/96). 
Señor Presidente, Señorías, lamento tener que anunciarles que el ponente para opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, Sr. Dimitrakopoulos, no podrá exponerla personalmente, debido a la necesidad de atender con urgencia a un importante compromiso imprevisto fuera de Estrasburgo. 
Por consiguiente, yo quisiera agradecer en su nombre a la Sra. Carrère d ' Encausse su excelente y exhaustivo informe y señalar también que éste incorpora diversas propuestas de la Comisión de la Relaciones Económicas Exteriores, lo cual naturalmente es motivo de especial satisfacción para nosotros. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores celebra asimismo el deseo de reforzar la cooperación regional entre Armenia, Georgia y Azerbaiyán, que se repite como leit-motiv a lo largo de todo el informe. 
El desarrollo de la economía y del bienestar en estos tres países difícilmente será posible sin esta cooperación. 
Los acuerdos bilaterales de colaboración entre la UE y las tres Repúblicas transcaucásicas parten de la constatación de esta necesidad. 
El objetivo es, nada más y nada menos, que adoptar una política global, que agrupe los aspectos económicos, políticos y financieros y que también incorpore la ayuda humanitaria. 
Para promover el desarrollo de los recursos económicos de estos países, es necesario modernizar y mejorar significativamente las infraestructuras en el ámbito de la energía y del transporte a escala transfronteriza. 
Una acción más concertada de Azerbaiyán y Georgia, pero también de Armenia, permitiría explotar los incalculables recursos petrolíferos del Mar Caspio- que son superiores a los de Arabia Saudí- con vistas a su exportación a Europa y al resto del mundo, pero también para su transformación in situ. 
La cooperación regional puede contribuir al mismo tiempo a reducir las tensiones políticas en la región. 
El esfuerzo para incorporarse a las redes transeuropeas y al resto de las redes mundiales de transporte será el primer paso para abrir las puertas a una intensa cooperación con Europa. 
En el aspecto político, está en juego la estabilización de tres de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética actualmente independientes, lo cual comportará profundos cambios en la economía y la sociedad. 
Europa, en su calidad de asociada en favor de la paz, puede conseguir algún progreso a través de la acción concertada con Turquía y Rusia. 
Por consiguiente, deberíamos garantizar, mediante una adecuada coordinación de los informes bilaterales, que nuestros socios transacaucásicos se tomen en serio nuestros deseos de cooperación. En las posteriores negociaciones podrían incorporarse propuestas comunes de aún mayor alcance en el marco de los informes sobre los acuerdos bilaterales, esto es, de los acuerdos con Azerbaiyán, Armenia y Georgia. 
En mi calidad de ponente de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, permítanme que repita algunas consideraciones con respecto a Azerbaiyán, que quizás también puedan contribuir de manera decisiva a la comprensión de los problemas de Transcaucasia. 
Azerbaiyán es un país potencialmente rico. 
Sus reservas de petróleo del Mar Caspio son superiores- como ya he señalado- a las de Arabia Saudí. 
Su industria, su agricultura y su sector de servicios también ofrecen buenas perspectivas de desarrollo. 
En estos momentos es, no obstante, un país pobre, con una enorme necesidad de desarrollo económico. 
Sobre él pesa fuertemente la carga de la guerra perdida con Armenia. 
Se encontrará situado las puertas de la Unión Europea cuando ésta complete su ampliación hacia el Este y es posible que dentro de algunos años ya sólo le separen de ésta el Mar Negro y el Cáucaso. 
El país está muy bien dispuesto a abrir las puertas a los inversores europeos y desea encontrarlos sobre todo para la industria petrolera, las correspondientes instalaciones, el sistema de transporte y la incipiente industria de la construcción. 
El país les ofrece ya ahora el marco de condiciones necesarias para la inversión. 
Los requisitos decisivos para que pueda superarse la crisis económica son la planificación y construcción de vías de transporte a través de Georgia para el petróleo y sus productos derivados. 
En este contexto, será preciso examinar todas las posibles vías y redes desde la perspectiva de su viabilidad económica y sostenibilidad medioambiental e incorporarlas a nuestras futuras reflexiones. 
Éste constituye a nuestro parecer una nueva aportación realmente importante para la definición de una estrategia de la Unión Europea en sus relaciones con los Estados transcaucásicos. 
El informe también procura tomar en consideración ante todo la independencia de los diferentes Estados transcaucásicos y apoyarlos en su desarrollo. 
Europa necesita una política común en relación con Transcaucasia. 
Una política común que tome plenamente en consideración la difícil situación política de estos países. 
Evidentemente, sabemos que no se trata de una tarea sencilla, más aún si se consideran los problemas heredados que siguen amenazando las fronteras y el desarrollo democrático de dichos Estados. 
También nos preocupan los atentados contra los derechos humanos que aún siguen produciéndose. 
Lo mismo cabe decir del problema de los refugiados en la región, que todavía sigue sin resolverse. 
Un compromiso más firme de la Unión Europea contribuirá, no obstante, a allanar el largo y difícil camino del proceso de democratización. 
Los conflictos bélicos que ponen en peligro las fronteras de los Estados transcaucásicos y que han causado terribles sufrimientos a la población civil sólo podrán resolverse con el cumplimiento de los Tratados internacionales y mediante los esfuerzos internacionales. 
Todas las fuerzas implicadas deben contribuir a ello. 
En este sentido, también acogemos con satisfacción el papel responsable que está desempeñando la OSCE. 
Estimadas y estimados colegas, los acuerdos de cooperación con Georgia, Azerbaiyán y Armenia ya están rubricados desde el 22 de abril de 1996 y nosotros esperamos que pronto puedan entrar también en vigor, puesto que representan un nuevo paso importante para profundizar nuestras relaciones con dichos Estados. 
Sin embargo, lo cierto es que los acuerdos son insuficientes por sí solos. 
Necesitamos sobre todo una cooperación multilateral que sea la expresión de una estrategia común y que, además de favorecer la cooperación entre la Unión Europea y los tres Estados, sobre todo contribuya a mejorar las relaciones entre los países en cuestión. 
Debemos hacer todo lo posible para promover, para imponer la cooperación regional entre dichos Estados. 
Por otro lado, no sólo debemos seguir apoyando una política energética respetuosa con el medio ambiente, sino que también debemos exigirla. 
Un desastre ecológico en Transcaucasia también nos afectaría a nosotros. 
En nuestra estrategia común debemos otorgar, por consiguiente, especial importancia al desarrollo y la explotación de fuentes de energía ambientalmente más sostenibles. 
La central nuclear de Medzamor debe clausurarse. 
También solicitamos encarecidamente el levantamiento de los bloqueos económicos vigentes y la libre circulación de mercancías y servicios a través y dentro de Transcaucasia. 
Con la definición de una estrategia común para Transcaucasia, la Unión Europea contribuye activamente a ayudar a los países de esta región y a apoyar la consolidación de sus estructuras políticas. 
La Unión Europea debe indicar claramente que dicha región también es de gran importancia para nosotros. 
Sin embargo, los Estados transcaucásicos están igualmente obligados a impulsar activamente nuevos progresos en la consolidación de la democracia y en el respeto de los derechos humanos. 
Sólo unidos podremos seguir avanzando. 
Mi Grupo político apoya, en este sentido, el informe y la propuesta de resolución de la Sra. Carrère d ' Encausse, al igual que las enmiendas 2 y 3. 
Señor Presidente, estimados colegas, en una breve intervención desearía abordar cinco puntos diversos. 
En primer lugar, desearía rendir homenaje a la ponente, la Sra. Carrère d ' Encausse. 
No sólo por el carácter excelente de su informe desde el punto de vista técnico, sino porque se percibe al leerlo la presencia de su personalidad tras las posiciones que suscribe. 
Por este motivo deseo pues felicitarla. 
En segundo lugar, tiene razón la ponente al afirmar que se trata de una región marcada por la tragedia. 
Pues bien, desearía señalar que si nos adentramos en la cuestión de estas tres recientes repúblicas, se hace evidente la imposibilidad de sobreestimar la importancia geopolítica y la significación estratégica de estos tres países y que por consiguiente el cometido de Europa respecto a los mismos reviste en primer lugar un carácter político. 
Las tres repúblicas se hicieron independientes en 1917, siendo anexadas a continuación por la Unión Soviética y habiendo recuperado de nuevo en la actualidad la independencia. 
Puede ser considerable nuestra contribución a la consolidación de la independencia, a la estructuración de la democracia de reciente existencia, a la creación de un Estado de derecho, al respeto de los derechos humanos y a la existencia de una sociedad civil en estos tres países. 
En tercer lugar, deseo referirme a cada una de las tres repúblicas las cuales se ven enfrentadas a graves problemas. 
Comenzaré por Georgia, es nuestro deber prestar todos nuestros esfuerzos con vistas al mantenimiento de la paz, a la búsqueda de una solución duradera a las tensiones que se observan en dicho país. 
Por lo que respecta a Armenia y al conflicto al que ésta se enfrenta, en la zona de Karabaj, debemos igualmente empeñarnos por conducir a resultados positivos las discusiones celebradas por el denominado Grupo de Minsk. 
El pasado 16 de diciembre se afirmó en el Consejo de Seguridad que los dos presidentes que integraban este Grupo de Minsk deberán proseguir sus esfuerzos y continuar las negociaciones hasta llegar a un acuerdo. 
Mantengamos hoy pues una postura positiva en lo referente a dichas negociaciones y hagamos todo lo posible a fin de que estas discusiones se vean coronadas por el éxito. 
En lo tocante a Azerbaiyán deberemos también prestar nuestro esfuerzo con vistas al reconocimiento de un estatuto jurídico para el Mar Caspio aceptable para todas las partes interesadas; de lo contrario la cuestión del petróleo se convertirá en el porvenir en una peligrosa fuente de conflictos. 
En cuarto lugar desearía señalar que nuestra tarea en la región puede ser de gran envergadura. 
El colega Schwaiger se ha referido a los aspectos económicos de la cuestión. 
Desearía además recordar la importancia excepcional que revisten el tráfico y el transporte en el objetivo de hacer accesibles estas regiones. 
Debería extenderse la red europea de carreteras en función de los acontecimientos que pueden producirse. 
De tal manera podrán además ser asimiladas en la economía europea. 
El petróleo y los oleoductos revisten una excepcional importancia; esperemos, pues, que este problema sea resuelto de una manera lógica desde el punto de vista económico. 
Cabe añadir la conveniencia de un sistema bancario moderno con bancos centrales que funcionen correctamente y que pueden favorecer en alto grado las relaciones económicas. 
Y por último, en quinto lugar, es el deber de este Parlamento suscribir por mayoría los planteamientos de la Sra. Carrère d ' Encausse. 
Se trata de valiosas propuestas que pueden contribuir a la apertura de la comunicación entre Asia, el Oriente Próximo y Europa. 
Señor Presidente, Señorías, no he pedido la palabra para hacer una observación sobre el informe de la Sra. Carrère d´Encausse, sino para felicitarla por su excelente trabajo. 
La región de Transcaucasia es una región con muchos problemas: problemas políticos, económicos, sociales, medioambientales y, sobre todo, problemas que afectan a la estabilidad, la paz y la democracia. 
El informe de la Sra. Carrère d´Encausse aborda todas estas cuestiones con sensibilidad y delicadeza política, pero también con realismo. 
Da respuestas y propone soluciones que la Unión Europea en conjunto- primero el Parlamento Europeo y después la Comisión y el Consejo- debe adoptar y, sobre todo, aplicar, aprovechando, entre otras posibilidades, el hecho de que un país miembro de la Unión, Grecia, tiene un papel sustancial y muy útil en la región. 
La Unión Europea, junto con Rusia y Turquía, debe intentar ayudar de múltiples maneras a los tres países de esa región, aunque, a su vez, esos países deben colaborar con la Unión Europea aportando soluciones, sobre todo con respecto a su democracia interna y a los derechos humanos. 
Sin embargo, la Unión no debe ser pasiva en ningún caso. 
Aunque no la secundaran en su iniciativa, debe poner en práctica todo lo bueno que contiene el presente informe y lo que todos ustedes, Señorías, han expresado hoy en esta Asamblea, aun en el caso de que Rusia o Turquía se negaran a colaborar con nosotros para prestar una ayuda importante a los tres países de la región. 
Para terminar, quiero felicitar una vez más a la Sra. Carrère d´Encausse por su excelente trabajo, cuya calidad, por otro lado, no sorprenderá a nadie, sabiendo que la diputada posee una experiencia y unos conocimientos extraordinarios sobre esa región. 
Además, comparto con ustedes la esperanza de que todas las palabras bonitas y los deseos expresados hoy en esta Asamblea no se queden en eso, sino que se concreten en acciones que nos lleven a resultados sustanciales en beneficio de los pueblos de los tres países de la región de Transcaucasia. 
Señor Presidente, una vez más hemos podido sacar provecho del conocimiento de causa de la Hélène Carrère d ' Encausse. 
De su muy profundo conocimiento de la región de la antigua Unión Soviética hemos podido beneficiarnos tanto en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores como en este pleno. 
Transcaucasia constituye un polvorín que exige la atención de Europa, y esa atención no dejamos de concedérsela. 
Acogemos con beneplácito la iniciativa de la Comisión Europea de fomentar las posibilidades de una política común europea y el informe que debatimos ahora representa una valiosa respuesta de parte de este Parlamento a la cuestión. 
Espero que la Comisión emita una comunicación relativa a las futuras relaciones con esta región antes de pasar a negociar nuevos acuerdos. 
El mandato referente a las negociaciones con vistas a la conclusión de acuerdos con terceros países podrá entonces armonizarse con las necesidades de los países interesados y al acuerdo ya alcanzado entre las instituciones en cuanto a la orientación a seguir con respecto a ese tercer país. 
Así se aumentan las posibilidades de desplegar una política coherente en este ámbito. 
Para los países de la región transcaucásica el derrumbe de la Unión Soviética fue el anuncio de un período pleno de dificultades. 
Tensiones hasta entonces subyacentes salieron a la luz y un claro ejemplo de ello lo constituyen los conflictos en torno al Alto Karabaj, Abjasia, Osetia, el bloqueo de Armenia por parte de sus países vecinos. 
Resulta igualmente perjudicial para la estabilidad de la región la actitud de los países vecinos que se dejan arrastrar por reflejos seculares de política de poder. 
La Unión tiene un importante papel que desempeñar a favor de la estabilidad en la CEI. 
La vertiente sur de esa comunidad, tan cercana al Oriente Próximo, merece una atención prioritaria de nuestra parte. 
La política de la Unión Europea debe ir más lejos que la simple ayuda prevista en el marco del programa TACIS. 
Los Estados miembros deberán comprender que una estabilidad a largo plazo puede resultar más fructífera que la posibilidad de un intercambio comercial a corto plazo o a suministros de petróleo. 
Por este motivo, la Unión Europea tiene que desarrollar una estrategia coherente, que abarque tanto el comercio y la economía como la política exterior y los programas de ayuda. 
Dicha estrategia deberá basarse en el reconocimiento de la diversidad de los países que integran la región. 
En la práctica de su política exterior la Unión deberá actuar conjuntamente con las instituciones especializadas como el Consejo de Europa y la OSCE, a fin de asegurar una paz duradera en la región. 
Felicito aquí también a la OSCE por los esfuerzos desplegados en la cuestión del Alto Karabaj y espero que quede restituida la integridad territorial de Georgia. 
La creación de embajadas comunes de los países miembros de la Unión aumentaría posiblemente además de manera efectiva la actuación conjunta euroea. 
Desde un punto de vista económico deberemos contribuir al fortalecimiento de la infraestructura económica y al fomento de la cooperación económica recíproca. 
Esto supone por supuesto la supresión del bloqueo de Armenia por parte de Turquía y Azerbaiyán. 
El Parlamento Europeo acogerá con satisfacción cualquier acuerdo de asociación que se proponga. 
Esta positiva actitud por parte de nuestro Parlamento exige por supuesto el interés de los países interesados por la democracia, la consolidación de una sociedad civil y el respeto de los derechos humanos. 
Por muy difícil que sea la situación en los países interesados, no podrá aceptarse ninguna grave violación de estos principios que por el contrario resultaría perjudicial a la consolidación de la paz o de la estabilidad. 
En el ámbito de la ayuda y la cooperación el ponente aporta ideas positivas y fructíferas. 
Pensándolo bien, el Grupo Liberal llega a la conclusión de lo conveniente de un enfoque comunitario de las relaciones con Transcaucasia y de la necesidad de que este Parlamento suscriba decididamente las iniciativas del ponente. 
Señor Presidente, ante todo me es posible afirmar que la ponente ha recopilado en un exhaustivo trabajo los planteamientos de la Unión Europea con vistas a una estrategia de cooperación para esta región. 
Su informe sólo se aparta, por consiguiente, en aspectos irrelevantes del texto de la Comisión. 
Como es sabido, Transcaucasia es importante en más de un aspecto. 
Funciona como un centro giratorio geopolítico, pero la multiplicidad de pueblos y una historia y tradición cambiantes, condicionadas por los numerosos conflictos, siguen marcando a esta zona del Cáucaso, una circunstancia que en sí misma podría superarse en los tiempos modernos. 
Por otra parte, dicha región alberga incalculables fuentes de materias primas, como las reservas de petróleo del Mar Caspio. 
Se trata de buscar una fórmula que lleve la paz a la región sin entrar en competencia con Rusia, sino mediante una estrategia común en el marco de la OSCE. 
Sin embargo, frente a los numerosos intereses particulares, yo echo en falta el reconocimiento de la responsabilidad de la Unión Europea con respecto a estas regiones. 
En efecto, Europa manifiesta en primer lugar intereses económicos y esto pasan por alto los problemas de una paz duradera y de un desarrollo democrático que respeten los derechos humanos. 
La democracia aún no está firmemente consolidada en Armenia ni tampoco en Azerbaiyán. 
En ambos Estados existe ciertamente el deseo de establecer muy pronto una vinculación con Europa y también se hacen esfuerzos formales en esta dirección, pero la brecha entre las aspiraciones y la realidad es muy ancha. 
En ambos países no existe auténtica libertad de prensa y la oposición política se mueve entre la tutela y la prohibición. 
Además, en Azerbaiyán la vida política todavía está marcada por las estructuras de clan. 
El mejor ejemplo es la ocupación de las posiciones clave dentro del Estado y de la economía por personas de confianza del Presidente Aliev. 
Los castigos colectivos están al orden del día tanto en Armenia como en Azerbaiyán. 
Las tendencias nacionalistas están presentes en todas las capas de la población y no se han adoptado ningún tipo de medidas para reducir los antagonismos tradicionales. 
En Georgia se están haciendo esfuerzos para establecer una estructura democrática mediante la nueva Constitución, pero sus deficiencias son evidentes y se ha dejado entre paréntesis el estatuto de Osetia del sur y Abjasia, las dos regiones conflictivas. 
Las consecuencias de la guerra civil distan mucho de haberse superado en la legislación. 
La ratificación de los acuerdos de colaboración y cooperación debería vincularse, por consiguiente, a una serie de requisitos relativos al respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos, y en particular a la voluntad de una aproximación a la Convención del Consejo de Europa. 
Los acuerdos de colaboración y cooperación incluyen también el capítulo 71 relativo a la inmigración ilegal. 
Yo creo esto supone ignorar la situación real de esos países. 
En dichos países, que con la rúbrica automática del citado capítulo quedan reconocidos como terceros Estados seguros, continúan persistiendo condiciones semibélicas. 
Entre Azerbaiyán y Armenia sigue existiendo una guerra. 
Lo que ahora se ha alcanzado es sólo un alto el fuego. 
Es del todo indiscutible que, en unos momentos en que la tortura sigue estando al orden del día, evidentemente habrá refugiados y que esta cláusula relativa a los terceros Estados constituye un desastre. 
También continúan sin haberse aclarado los derechos de ciudadanía de millones de refugiados y no es posible asegurar en modo alguno que puedan cumplirse los criterios que exige la normativa sobre terceros Estados, tal como se dice en los acuerdos. 
Las conversaciones de paz no avanzan, como pudimos comprobar en la última Cumbre de la OSCE. 
El éxito de la misión a largo plazo de la OSCE depende del apoyo que reciba del entorno internacional y aunque los mediadores gozan de una alta estima sobre el terreno, ésta también depende de dicho apoyo. 
El apoyo de la Unión Europea no es visible sobre el terreno. 
Falta una estrategia coherente en el marco de una política exterior y de seguridad común. 
Deberíamos vincular, por lo tanto, la ratificación de los acuerdos de colaboración y cooperación a una solución pacífica. 
El problema del bloqueo se resolvería entonces por sí solo, puesto que éste está directamente vinculado a la actual situación de guerra y una solución pacífica permitiría su levantamiento. 
Por el contrario, el intento de las partes enfrentadas de mantener el statu quo significa para millones de refugiados que tendrán que vivir durante años en los campos. 
Generaciones enteras están creciendo en campos de refugiados y, a mi parecer, ya es posible una ayuda, una mejora, un puente de oro entre ECHO y un programa TACIS, en el contexto actual de los Tratados. 
Por problemas técnicos, la primera parte de nuestra enmienda resulta muy confusa. 
Hemos distribuido una enmienda a la redacción y yo solicito que se vote esta última. 
Su formulación está basada esencialmente en la declaración del Presidente en funciones de la Cumbre de Lisboa de la OSCE. 
Muchas gracias, señora Schroedter. 
En el momento oportuno- será el de la votación -, examinaremos la cuestión de la enmienda que usted ha presentado. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Carrère d´Encausse aprueba, con razón, la política que la Comisión ejecutiva comienza a elaborar con respecto a las tres Repúblicas Transcaucásicas procedentes de la ex Unión Soviética. 
Nadie mejor que la ponente, especialista en los temas sobre esta parte del mundo, podía explicar con más claridad dicha política y justificar las razones que la sustentan. 
Es cierto que estos tres países están alejados de la Unión Europea, pero su historia los acerca a nosotros. 
Por lo demás, su situación geográfica les confiere una gran importancia geoestratégica- concretamente frente a Rusia, Turquía e Irán- que no podemos pasar por alto. 
Finalmente, en el ámbito económico, estos países deberían desarrollarse y convertirse poco a poco en socios importantes para nuestro comercio, nuestro abastecimiento- sobre todo en petróleo -, etcétera. 
Apruebo particularmente en este informe el hecho de que se haga hincapié en la necesidad de una verdadera estrategia europea, cuyos primeros elementos se traducen en acuerdos de asociación. 
Eso significa, por una parte, que la Unión Europea no debe permitir que las intervenciones dispersas de sus países miembros se desarrollen aisladamente, separadas entre sí. 
Una estrategia verdaderamente específica de la Unión Europea evitaría una sobrepuja entre nuestros Estados, que podría ser peligrosa en esta región «ultrasensible». 
El caso del Alto Karabaj- felizmente, al parecer en vías de solución- es un triste ejemplo de ello. 
Por otra parte, una verdadera estrategia europea no sólo significa tomar en cuenta algunos puntos comunes a estos tres países, sino también su especificidad. 
En efecto, dichos países vecinos poseen características propias muy acentuadas y los conflictos entre ellos han sido prácticamente permanentes. 
La Unión Europea, a través de su presencia constante, de sus programas de ayuda y de un diálogo político que puede convertirse en una verdadera cooperación política, debe desempeñar un papel favorable en relación con el desarrollo económico, democrático y político de esta región. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Carrère d´Encausse es rico y apasionante, añadiré incluso: ¡magistral! 
El mismo se apoya en un análisis histórico detallado, cuyas líneas maestras comparto. 
Transcaucasia es una región estratégica cuyos vínculos con los países de Europa son estrechos y antiguos, como lo revela, por ejemplo, la presencia de una fuerte población de origen armenio en ciertos países europeos, sobre todo en Francia. 
Los países transcaucásicos poseen una historia y una cultura muy fértiles, una profunda identidad personal. 
La presencia de Europa en la región debe ser activa. 
El éxito de nuestra acción exige, no obstante, tres condiciones. 
La primera consiste en respetar las naciones a las que nos dirigimos. 
Si Europa debe representar un modelo para los países transcaucásicos, es sin duda alguna una Europa de las naciones y en manera alguna una Europa federal. 
Debemos respetar las opciones fundamentales de estos países; respetar, por ejemplo, la alternativa de la energía nuclear para Armenia, una vez garantizada la seguridad de la central de Medzamor, como han podido comprobarlo los miembros de la Delegación del PE para las relaciones con Transcaucasia. 
La segunda condición consiste en que Europa asuma sus responsabilidades frente a estos países; que reconozca el genocidio armenio, lo que permitirá al pueblo de este país vivir su propia historia; que apoye firmemente- porque este país lo espera- la resolución del conflicto del Alto Karabaj. 
Es indudable que el principio de la intangibilidad de las fronteras- teniendo en cuenta las condiciones en las que, en su momento, fueron trazadas por Stalin- debe ceder en este caso ante el derecho de los pueblos de poder disponer de sí mismos. 
Se trata de garantizar la seguridad de la población armenia del Alto Karabaj, de poner fin al bloqueo impuesto a Armenia por Turquía y Azerbaiyán. 
Como ya se ha dicho, es preciso vigilar los avances efectuados en el campo de los derechos humanos, concretamente en Azerbaiyán. 
La tercera condición, señor Presidente, consiste en evitar cometer deslices o errores. 
No se puede hablar de embajadas comunitarias. 
Existen delegaciones, y su papel debe delimitarse: no pueden sustituir a las embajadas de los Estados miembros. 
En Tiblisi, el «embajador» de la Comunidad se declara como tal; se pone en ridículo paseándose en coche blindado con un guardaespaldas y exigiendo en el protocolo pasar por delante de los representantes de los Estados miembros. 
De esta manera no favorece las buenas relaciones entre Europa y Transcaucasia. 
No alentemos este tipo de desviación. 
Señor Presidente, Señorías, este informe es muy interesante, aunque su propio título revela quizás el abuso de un enfoque deliberadamente global. 
La historia demuestra que cualquier intento artificial de convertir Transcaucasia en una unidad política y cultural está destinado al fracaso. 
Azerbaiyán, al menos, no posee la misma identidad cultural que Armenia y Georgia. 
Por esta razón, las políticas nacionales son absolutamente irremplazables, puesto que presentan muchos más matices que una política europea única. 
Por ejemplo, no podemos olvidarnos de los vínculos particulares existentes entre Francia y Armenia. 
Existe otra globalización, otro proceso de amalgama excesivo en el apartado 12, que es innecesariamente descortés a la vez para Rusia y para Turquía. 
De todos modos, es preciso reconocer que es Turquía y no Rusia la que impone un bloqueo a Armenia. 
Por lo demás, el apartado 17 hace justicia a esta realidad pidiendo legítimamente el levantamiento del bloqueo impuesto a Armenia. 
Dicho esto, a pesar de las mencionadas reservas, es bueno que la Unión Europea mantenga buenas relaciones con estas tres naciones tan diversas, cuyos intereses con Europa son evidentes. 
Por eso somos favorables a este informe. 
Señor Presidente, hace diez años trabajé en la redacción de un periódico y en aquel entonces nadie había escuchado jamás de la existencia del Alto Karabaj, de Ingusetia o de Daguestán. 
Esta semana, tantos años después, el periódico francés «Le Figaro» se refiere a Azerbaiyán como el Kuwait del Cáucaso. 
Cómo pueden cambiar los tiempos. 
¿Por qué motivo deseo hoy interesarme como representante neerlandés en esta región? 
Pues porque estimo que debajo del Cáucaso yace un producto de enorme significación para toda la humanidad y que éste es un factor importante para la estabilidad. 
El informe de la Sra. Carrère d ' Encausse se lee como si fuese una novela histórica. 
Un hecho resalta de esa lectura, la complejidad de los problemas y de las soluciones que éstos exigen. 
Europa puede ejercer un importante papel estableciendo un inventario de las necesidades económicas de la región y en particular tratando de asegurar una valiosa contribución, a través de una presencia política activa, a la independencia de estos países, al fomento de la democracia y al respeto de los derechos de las minorías. 
A este respecto la OSCE puede por ejemplo desempeñar un importantísimo papel. 
Existe un acuerdo de cooperación con los países del Mar Negro. 
Se trata de una interesante vía hacia esa región que viene a concluir, a través del Danubio y del Rhin, en el Mar del Norte. 
Grecia forma parte de ese Acuerdo de Cooperación, siendo además Austria e Italia miembros observadores. 
Sería sumamente importante que estos países se sintiesen atraídos en participar activamente en esta región. 
La Sra. Carrère d ' Encausse ha proporcionado con este informe la estructura necesaria. 
Toca ahora decidir al Consejo y a la Comisión. 
En cuanto a mí, apoyo calurosamente este informe. 
Señor Presidente, deseo ante todo subrayar la notable lección magistral que nos ha dado, una vez, más la Sra. Carrère d´Encausse. 
Por lo demás, estoy plenamente convencido de los argumentos esgrimidos en favor de una estrecha cooperación entre la Unión Europea y las tres Repúblicas Transcaucásicas. 
La riqueza petrolífera del subsuelo de Azerbaiyán es evidentemente un elemento de peso. 
La pregunta que debemos formularnos es si la necesidad para Europa de no dejar el campo libre a las sociedades norteamericanas, cuya implantación en Bakú es ya muy importante, debe primar sobre el riesgo que ésta corre al provocar al gigante ruso en sus fronteras. 
Mi respuesta a esta pregunta es afirmativa. 
En cambio, no creo que debamos tomar en cuenta el deseo de los pueblos transcaucásicos de integrarse en las estructuras europeas. 
Las Repúblicas Transcaucásicas no son más europeas que Turquía, Marruecos o Corea del Sur. 
El argumento del retorno a Europa, a una de las fuentes de su cultura, no es de recibo a menos que nos propongamos la integración en la Unión Europea de la antigua Mesopotamia, Irán, Irak y, por qué no entonces, convertir Bagdad en la capital de la futura Europa. 
Señor Presidente, ante todo yo quisiera agradecer sinceramente a la ponente, Sra. Carrère d ' Encausse, su detallado y excelente informe sobre la estrategia en relación con los Estados transcaucásicos. 
Por otra parte, también quiero agradecer muy especialmente la perspectiva histórica que ha recopilado y que resulta muy valiosa, a mi parecer, puesto que constituye una excelente muestra de que muchos problemas de muchas regiones sólo pueden entenderse y sólo es posible encontrar vías de solución cuando aquéllos se consideran en su contexto histórico y también religioso. 
También quisiera señalar, por otra parte, que detecto en dicha perspectiva histórica una coloración política determinada, sobre todo por lo que respecta a la descripción de la marioneta rusa, Shevardnaze, a quien, en mi opinión, se presenta continuamente en términos excesivamente positivos. 
No obstante, yo quisiera aprovechar mi breve tiempo de uso de la palabra para recordar una vez más la importancia de la zona transcaucásica para nuestro futuro abastecimiento de energía, en particular por lo que respecta a su conexión con sus vecinos y en este caso sobre todo con Turquía. 
Debemos hacer todo lo posible para garantizar la estabilidad en esta zona, en interés de la población de Transcaucasia, pero también en nuestro propio interés europeo. 
Señor Presidente, señores diputados, debo confesar cuánto he sentido que el rigor implacable de la limitación del tiempo nos haya impedido escuchar con más extensión la intervención de la Sra. Carrère d ' Encausse, autoridad indiscutible en los temas de la región. 
Quiero felicitarle por ese informe tan exhaustivo y profundo. 
Ha prestado un gran servicio a la Unión al destacar la importancia estratégica de la región y subrayar nuestros intereses en ella. 
El primero de esos intereses es la necesidad de ayudar a estos países. 
Ayudarles a evolucionar hacia democracias independientes, estrechando sus vínculos con Europa y poniendo fin a los conflictos en que están envueltos. 
A pesar del tiempo transcurrido desde que se elaboró la comunicación de la Comisión sobre una posible estrategia de la Unión Europea en la región, la situación en el Cáucaso, desgraciadamente, no ha experimentado cambios sustanciales. 
No podrá producirse un resurgir duradero si los tres países en cuestión no pueden encontrar un modus vivendi entre sí y con sus vecinos, y no dará su fruto toda la inversión que hemos efectuado en forma de ayuda humanitaria y alimentaria, de asistencia técnica y de préstamos, que son más de 800 millones de ecus desde la independencia. 
Esperábamos aprovechar nuestra situación, en tanto que primer donante en la región, para respaldar los esfuerzos internacionales por resolver los conflictos, especialmente en el Nagorno-Karabaj. 
Aunque el Consejo no llegó a una posición común como era nuestra propuesta, sí adoptó algunas conclusiones que nos han permitido fomentar la cooperación regional en el Cáucaso, tanto a través de los acuerdos de colaboración y cooperación como de nuestro programa TACIS, especialmente en los ámbitos de la energía y el transporte. 
Gracias a esto, seguimos contando con los medios para proseguir nuestra cooperación económica con cada república en coordinación con nuestros objetivos políticos. 
También nos presta el marco para desarrollar la presencia económica de Europa, equilibrando, de esta manera, las cuestiones de seguridad que dominan la política, especialmente en Armenia y en Azerbayán. 
Por todas estas razones, considero esencial la pronta ratificación de los tres acuerdos, que se elaboraron con el propósito de que fueran lo más parecidos posibles. 
Si aspiramos a desempeñar un papel importante en la región, nuestras relaciones con cada uno de estos países exige una atención especial y, en este momento, la Comisión no sólo es acogida como un donante importante, sino que es repetada también- y así lo han puesto en evidencia alguna de las intervenciones aquí- por su imparcialidad. 
Es esencial que sigamos demostrando que comprendemos los problemas a que deben enfrentarse todas las partes. 
Y cuando el informe habla de la necesidad de abrir las fronteras entre Turquía, Azerbayán y Armenia, debemos recordar que mientras la preocupación de Armenia es el bloqueo, la de Azerbayán es el final de la ocupación de sus territorios, incluidos los que están fuera de Nagorno-Karabaj, y el regreso con garantías de más de un millón de refugiados. 
En relación con el desarrollo de la democracia en la región, la Comisión seguirá de cerca la situación y presionará para que continúen los avances. 
Y el informe de la OSCE sobre las elecciones presidenciales en Armenia revela que los problemas de democracia no se limitan únicamente a Azerbayán. 
Lo más importante es que los dos países comprendan que deben producirse mejoras y, para ello, podemos utilizar nuestros programas de asistencia técnica como medio de apoyo, y debemos insistir en que, cuanto más fuertes sean nuestras relaciones bilaterales, más oportunidades tendremos de lograr avances reales. 
Señor Presidente, estimados colegas, lamento tener que recabar una vez más su atención para la posición del Grupo de los Verdes. 
No nos ha sido posible votar afirmativamente el informe con las enmiendas con las que acaba de aprobarse porque éste representa una estrategia muy unilateral, marcada sobre todo por la voluntad de los diferentes Estados europeos de acceder con relativa rapidez a los recursos petrolíferos del Mar Caspio y no permitir que se les adelanten los demás competidores. 
Quien haya estado alguna vez allí y haya visto esos yacimientos petrolíferos francamente contaminados comprenderá que tenemos otra responsabilidad muy distinta con respecto a dicha región, además de procurar acceder lo antes posible a sus recursos petrolíferos. 
Tenemos la responsabilidad de establecer la paz en la región. 
Para lo cual yo no veo que tengamos ninguna estrategia realmente eficaz. Una rápida aprobación de los acuerdos de colaboración y cooperación, sin que estén vinculados a una solución pacífica y a la simultánea petición de levantamiento del bloqueo demuestra, en primer lugar, la gran incomprensión que existe en Europa con respecto a dicha región y, en segundo lugar, precisamente no ayudará a avanzar hacia una solución del conflicto. 
Si se aprueban los acuerdos de colaboración y cooperación y éstos entran en vigor, una parte importante de la población que ya no tiene su hogar allí- y son varios millones de personas- no se beneficiará en absoluto de las ayudas. 
Esto significa que el Alto Karabaj no podrá participar de las mismas. 
¿O acaso se proponen subvencionar al Alto Karabaj a través del corredor de Latchin, lo cual sería contrario a las normas del Derecho internacional? 
Esto no será posible si no se establece una solución pacífica a través de los acuerdos de colaboración y cooperación. 
Lo cual no significa que no debamos dedicar todos nuestros recursos y energías a prestar ayuda allí donde sea necesaria. 
Pero en la Unión Europea no se hace nada. 
No se hace nada para modificar el programa TACIS y abordar esta cuestión por medio de medidas sociales y no se hace nada para promover realmente una solución pacífica. 
Se pronuncian muchas buenas palabras, pero no se comprenden los auténticos problemas de la región. 
Nosotros no podemos aprobar una estrategia como ésta, que aun siendo bienintencionada pasa totalmente por alto la realidad de los hechos. 
Señor Presidente, deseo explicar la razón por la cual, a pesar de lo que había manifestado antes, he votado en contra de la redacción final del informe, siendo así el único diputado que lo ha hecho. 
Comparto el contenido del informe con excepción de una palabra- que en mi opinión es una palabra fundamental -, cuando se dice que alentamos a la Comisión y al Consejo a abrir embajadas de la Comunidad. 
La Comunidad no puede tener embajada en un país. 
El hecho de hacerlo, y de querer hacerlo a pesar de la realidad, es hacer un flaco servicio a la Unión Europea. 
Contrariamente a lo que los oradores han dicho hace un momento, hoy existen embajadas de diferentes países. 
Hay cuatro o cinco embajadas en cada uno de los tres países transcaucásicos. 
Al contrario de lo que se ha dicho, los embajadores cuentan con una verdadera coordinación; los embajadores ejercen también una presidencia, incluso si el país que asume la Presidencia de la Unión carece de representación diplomática. 
En cambio, la delegación de la Comunidad debe ser una delegación y no una embajada. 
He podido comprobar in situ hasta qué punto podía ser peligroso en Georgia denominar como embajada lo que debe seguir siendo una delegación. 
Por eso he votado contra el informe, pero quiero aclarar que comparto los elementos esenciales del mismo. 
Hemos votado en favor del informe porque pensamos que es importante que los Estados miembros de la UE desarrollen unas relaciones de ayuda, comercio y cooperación con los Estados transcaucásicos. 
Puesto que nos oponemos a los esfuerzos de la UE por desarrollar una política exterior común, rechazamos la defensa que hace el informe de la PESC, en especial las ideas de abrir allí unas embajadas de la UE. 
En mi opinión, la UE no debería crear sus propias embajadas, sino mantener de otro modo sus relaciones con el resto del mundo. 
Estoy totalmente de acuerdo con el informe en que es importante ayudar a las Repúblicas transcaucásicas. 
No obstante, tengo objeciones en lo relativo a los apartados 1 y 36, donde se menciona la necesidad de que la Unión establezca allí unas embajadas comunitarias. 
No pienso que la UE sea una persona jurídica en estado de crear embajadas. 
Este derecho hay que reservarlo a las distintas naciones. 
Protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0412/96) del Sr. Fantuzzi, en nombre de la Comisión de Agricultura y desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0266- C4-0439/96-96/0159 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. 
Señor Presidente, no sé si todas sus Señorías han leído las exposición de motivos de este informe. 
Creo que expresa cierta preocupación, así como cierta amargura por como se está gestionando la aplicación del Reglamento 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. 
Podemos manifestar asimismo que la de hoy es una etapa más del debate entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo sobre un expediente, a mi juicio, muy sensible y delicado. 
El antecedente es bien conocido. A raíz de la decisión sobre el queso feta, que se registró como producto típico de origen europeo a partir del mes de junio de 1996, la Comisión planteó la presente propuesta, es decir, fijar el período transitorio en el que puede autorizarse un producto que usurpa, evoca o imita la verdadera origen de un producto registrado- que actualmente es de cinco años desde la fecha de publicación del reglamento y vale para todos- en cinco años a partir de la fecha de registro de cada producto, esto es, en la práctica, desde ahora en adelante. 
Alguien podría argumentar que se trata de una simple y sencilla modificación de carácter técnico motivada simplemente por el retraso objetivo que hubo en la aplicación del Reglamento. 
Yo creo que no es así y por ello, expreso mi preocupación. 
Y para entendernos, también nuestra Comisión de Agricultura del Parlamento reconoce el retraso, lo denunciamos en reiteradas ocasiones e incluso manifestamos que fue un retraso culpable. 
Deseo recordar que el 26 de octubre de 1995, se presentó ante este Pleno una pregunta oral y en la resolución final se instó a la Comisión a poner fin a dicho retraso que acarreaba graves consecuencias a los productores y consumidores. 
Considero que se ha infravalorado este expediente y avalado un uso impropio del procedimiento simplificado. 
Deseo manifestar que sólo a mediados de 1996, conseguimos los dos primeros paquetes de productos registrados. 
Por consiguiente, si el retraso es el verdadero motivo objetivo de estas modificaciones de carácter técnico, creo que la Comisión y el Consejo harían bien en aceptar las ideas contenidas en mi informe, esto es, ampliar a siete los cinco años previstos en el Reglamento 2081/92, que comienzan a correr a partir de la fecha de publicación del reglamento y prever otra posible prórroga para los productos especiales, con arreglo al procedimiento del artículo 15, respetando en todo caso el espíritu y la filosofía del Reglamento 2081/92. 
Por el contrario, temo que, tal como está la propuesta en este momento, más que basarse en el motivo real, se aproveche para convertir el retraso en una coartada y animar a los enemigos de este reglamento, que sabemos cuantos fueron y siguen siendo. 
Si se elimina totalmente el período transitorio, no creo que se ofrezca una buena señal política, habida cuenta de que una de las ventajas de la nueva Organización Mundial del Comercio es la existencia del Acuerdo TRIP ' S sobre la propiedad intelectual, que en su artículo 22 prevé precisamente la posibilidad de proteger los productos agroalimenticios con denominación de origen geográfica en los mercados mundiales. 
Ahora bien, mediante estas modificaciones, ¿cómo vamos a resultar creíbles ante los socios no europeos a la hora de exigir su cumplimiento? 
Asimismo, creo que renunciamos a valorizar un conjunto reputado de productos de calidad. 
Pese a que después de la crisis de las vacas locas todos reconocimos que se había quebrado la relación automática que existía entre la confianza de los consumidores y la bondad del trabajo agrícola, intentemos ahora mantener lo que queda. 
Estimo que esta idea de los productos típicos es una idea que todavía hace mella en la confianza de los consumidores de forma válida y objetiva. 
No creo que los productos típicos deben ser una etiqueta que se utilice sólo en los convenios, sino que son la expresión del amplio patrimonio de conocimientos y profesionalidad de toda la agricultura europea. 
En mi opinión, renunciar a esto implica hacer un gran regalo a los americanos. 
Por último, considero que la Comisión nos debe informar acerca de cuándo va a completar las listas previstas actuando los nuevos paquetes que agotarán- espero que por fin- el procedimiento simplificado contemplado en el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92. 
Esta respuesta, a mi entender, es muy importante, habida cuenta de que debemos acometer una nueva etapa de aplicación de los reglamentos, es decir, poner en marcha el procedimiento ordinario que ponga fin a esta gestión que ha sufrido muchos problemas y retrasos y ha de superarse cuanto antes. 
Señor Presidente, intervengo en relación con la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica un reglamento. 
Siempre hay razones para hacer excepciones, como hemos visto en el reglamento original. 
El proceso simplificado fue una excepción. 
Sin embargo, no debemos permitir que la excepción se convierta en la regla, excepto en circunstancias excepcionales. 
Estamos hablando aquí de dos años. 
La Comisión quiere la fecha de 1996 más cinco años. 
Nuestro ponente propone la fecha original de 1997 más siete años. 
Nosotros decimos 1999, ellos dicen 2001. 
La protección de las indicaciones geográficas es una buena idea. 
Puede añadir valor a los productos agrícolas procedentes de las zonas rurales más pobres. 
Puede garantizar la calidad. 
Pueden utilizarla las empresas más pequeñas para contrarrestar el poder de las empresas internacionales. 
Pero, si reducimos los plazos, si suavizamos el orden del día, si nos perdemos en los detalles, se pensará que o no somos serios o somos ineficientes. 
La Comisión quiere con razón mejorar la situación. 
Pero el texto enmendado del Sr. Fantuzzi es mejor y pido a Sus Señorías que lo apoyen. 
Señor Presidente, Señorías, la agricultura se encuentra sin duda en una fase de reorientación. 
La liberalización en el marco de la OMC, la continua renovación y mejora de los métodos de producción y finalmente también la competencia internacional han dado lugar a grandes transformaciones en los últimos años. 
Es evidente que no puede incluirse indiscriminadamente todo en un mismo saco, pero aun así yo pienso que la encefalopatía espongiforme bovina en cierto modo también se inscribe dentro de este cuadro. 
Debemos velar por que la agricultura no se desarrolle en un sentido deshumanizado no deseado. 
En los próximos años se requerirán sin duda algunas reformas. 
En este contexto es preciso prestar especial atención a los deseos de los consumidores. 
Desde luego, también es evidente que una gran parte de los consumidores desean productos naturales y sanos y que se sienten las bases para el desarrollo rural mediante el apoyo a un modo de producción próximo a los procesos naturales y a la agricultura de estructura campesina. 
Uno de los aspectos más importantes de esta reorientación debe ser sin duda la posibilidad de identificar inequívocamente el origen y la composición de los productos agrícolas. 
Este concepto general incluye tanto las denominaciones de origen, tal como se definen en el Reglamento 2081/92 que hoy se debate, como la identificación de los bovinos y de la carne de bovino, tal como se introducirá finalmente como consecuencia de la catástrofe provocada por la encefalopatía espongiforme bovina. 
Sólo de este modo será posible que el consumidor vuelva a recuperar al fin la confianza en los productos y podrá establecerse una competencia más leal entre los productores y en el mercado libre. 
Las tradiciones y diferencias culturales entre las regiones europeas desde luego también deben quedar debidamente reflejadas. 
Yo creo que es posible afirmar que cada región de la Unión Europea tiene sus peculiaridades específicas y estoy seguro de que también aporta algunas ventajas. 
Como dijo una vez un hombre inteligente en nuestro país, cualquier circunstancia es una circunstancia favorable. 
Sólo es necesario saber para qué podemos aprovecharla. 
En tal caso tendremos también la oportunidad de que nuestros productos gocen de buena reputación y estén protegidos frente a imitaciones no deseadas. 
Si bien también es evidente que las fronteras naturales son fluidas en este contexto. 
Muchos productos originariamente procedentes de una zona muy concreta vienen produciéndose a menudo con toda naturalidad en otras regiones desde hace décadas. 
Por esto, yo quiero abogar por que se amortigüen las repercusiones negativas para los productores afectados estableciendo un período transitorio adecuado. 
Precisamente desde la perspectiva de Austria, mi país, yo solicito que se proceda con la debida cautela, puesto que tenemos un volumen muy grande de producción en sectores problemáticos. 
El informe del Sr. Fantuzzi responde también a esta necesidad cuando propone la posibilidad de que se amplíe el período transitorio. 
Por mi parte, yo pienso que el camino que se ha seguido es el adecuado. 
Señor Presidente, esta propuesta de reglamento se parece en cierta forma a una regularización así como a una respuesta algo tardía a un problema de vital importancia para la relación de confianza entre productor y consumidor. 
Después del mucho tiempo perdido, lo que puede hacerse ahora es confiar en que la burocracia acelere su andadura y permita mejorar los procedimientos en plazos más cortos que los que fueron necesarios para llegar al examen del fondo. 
El artículo 13 prevé un período transitorio máximo de cinco años tras la fecha de publicación del Reglamento, a fin de permitir a los Estados miembros mantener las medidas nacionales que autorizan las expresiones mencionadas en la letra b) de apartado 1, aunque con arreglo a determinadas condiciones. Primero, que los productos hayan sido comercializados legalmente, bajo dichas denominaciones, al menos cinco años antes de la fecha de publicación del reglamento; segundo, que en las etiquetas resulte claramente el verdadero origen de los productos. 
Coincido con la propuesta del ponente en cuanto a elevar a siete años el período transitorio y a reivindicar el derecho de disponer de otra prórroga en el caso de probadas dificultades. 
Sin embargo, haciendo cuentas y a diferencia de lo que propone la Comisión, siete años nos llevarían de 1992, por consiguiente, desde la fecha en que se hizo este reglamento, a 1999. 
Cinco años, pero, ¿a partir de cuándo? 
Desde la fecha de publicación del Reglamento, por lo tanto desde este año- al menos lo esperamos- lo que nos llevará hasta el año 2002 con las actuales dificultades. 
Esto significará que, en el ínterin, los daneses seguirán produciendo el famoso feta griego- engañando, en consecuencia, al consumidor- y los alemanes seguirán produciendo queso grana típico italiano bajo una marca alemana. 
Esto, señor Presidente, no es un síntoma de libertad, sino un vulgar plagio comercial. 
Europa no es esto. 
Ayer leí una entrevista realizada a un sociólogo quien manifestaba: » Rechazo la idea de una integración europea basada en el achatamiento de la identidad; rechazo la idea de una cerveza idéntica desde Hamburgo hasta Palermo; rechazo la idea de un vino con las mismas características organolépticas desde Grecia hasta Bretaña.» 
Por ello, estimo que no se trata de un problema de unidad europea: ésta es sólo una confusión productiva. 
Pues bien, las indicaciones y las denominaciones geográficas protegidas pueden ser el documento notarial de la conservación de las identidades productivas, sin comprometer la libre circulación en un mercado que debe conservar- esto es cierto- su cariz europeo. 
Por consiguiente, también con respecto a los productos agrícolas e industriales, la homologación es sólo política, al igual que sucede con respecto a los ciudadanos que nacen y siguen siendo alemanes, portugueses, italianos, aunque viven como ciudadanos europeos. 
Pues bien, esto debe ser así también para los productos de la tierra. 
Señor Presidente, Europa es verdaderamente un continente fantástico, y también es un lugar fantástico la UE, con su diversidad lingüística y su carácter multicultural. 
Incluso se puede decir que somos «multigastronómicos» ; tenemos unas culturas gastronómicas muy diversas en las regiones de la Unión. 
Esto quiere decir que a menudo tenemos también distintas denominaciones para la misma cosa, lo cual es natural, ya que utilizamos distintas lenguas. 
Por otro lado, también sucede que utilizamos la misma denominación para cosas distintas, lo cual no es correcto. 
Estas circunstancias dan lugar a un contexto muy complicado, que es importante ordenar. 
Asimismo es importante tomar nota de que lo que está a punto de suceder en el marco de la integración europea y la vida empresarial es que cada vez se fusionan más las empresas y se convierten en grandes consorcios centralistas. 
No tenemos evidencia de que el consumidor de alimentos piense que este fenómeno sea especialmente beneficioso. 
¿No es posible que al consumidor le guste que se conserve el carácter local de los alimentos, y tener la certeza de que sabe cómo y dónde se produce un alimento concreto? 
En este sentido son importantes las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, siempre que no se abuse de ellas. 
Yo tengo la experiencia de las negociaciones anteriores a la adhesión sueca, y sé que esta cuestión se debatió a fondo. 
Se puede decir que los nombres y las denominaciones que utilizamos en Suecia eran en ocasiones inaplicables dentro de la UE, pero deseábamos conservarlas por un tiempo. 
Por consiguiente, creo que es importante ordenar estas circunstancias para que a la larga no tengamos una información poco fidedigna. 
Al mismo tiempo, ha de existir cierta flexibilidad, de modo que aceptemos que se permita a un país utilizar una denominación tradicional en su territorio en adelante, o hasta que se resuelva de otro modo la cuestión. 
Por eso me parece encomiable que existan unos plazos determinados y pienso que, en el fondo, son preferibles los de la Comisión. 
También me gustaría que fuera posible prolongarlos en caso de que surgieran dificultades con un producto concreto. 
No creo que debiera haber límites a esta posibilidad de prolongación. 
Señor Presidente, con lo que se ha dicho creo que podemos votar sobre el informe, y espero que estemos de acuerdo en lo esencial. 
Soy de la misma opinión que el Sr. Fantuzzi, siempre que reconozcamos que existen algunos problemas, también con los nuevos países miembros. 
Señor Presidente, las regiones y las producciones agrícolas regionales de calidad requieren un sistema europeo eficaz de protección en el marco del mercado único. 
La creación de las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y de las denominaciones de origen protegidas (DOP) van en este sentido. 
La Comisión se ha mantenido cerrada frente a las demandas de ciertos Estados miembros con respecto a una protección nacional transitoria hasta tanto no se lleve a cabo el registro comunitario definitivo de estas nuevas indicaciones. 
Al principio el reglamento establecía la posibilidad de que los Estados miembros conservaran sus denominaciones nacionales durante cinco años después de la publicación del reglamento, es decir, hasta 1997. 
La Comisión ha propuesto modificar la fecha de entrada en vigor del período transitorio, sustituyendo la referencia de la fecha del reglamento por la del registro de los productos afectados. 
Es fácil imaginar la dificultad de control que eso implica. 
El diputado Fantuzzi considera, con razón, que los retrasos que se han producido en el examen de estos «expedientes» han estado a punto de penalizar a los productores y transformadores de nuestras regiones, cuando éstos esperaban legítimamente, desde la creación del mercado único, el carácter exclusivo de sus denominaciones en todo el territorio comunitario. 
La propuesta del ponente es simple: ampliar el período transitorio a siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del reglamento. 
Se trata de una propuesta acertada para facilitar el control. 
Desde un punto de vista más general, quedan aún muchos progresos por hacer en el ámbito de la protección y circulación intracomunitarias de los productos agrícolas y regionales, para crear la Europa que deseamos. 
He discutido recientemente el problema con productores alsacianos; existen productores agrícolas o vitícolas, artesanos transformadores de nuestras regiones europeas, que aún se enfrentan diariamente en ciertos Estados miembros con obstáculos jurídicos, fiscales y administrativos, lo que significa, ni más ni menos, que siguen manteniéndose formas encubiertas de proteccionismo. 
En materia de productos regionales, parecería, pues, que el gran mercado único no hubiera aportado nada nuevo. 
Señorías, nuestras comisiones tendrán que estudiar estos problemas de funcionamiento, para permitir que nuestros excelentes productos de calidad puedan por fin circular libremente en toda la Unión con arreglo a una normativa unificada, en beneficio de la transparencia y para cumplir con nuestros consumidores y ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la propuesta del ponente, habida cuenta de que recoge una opinión ya consolidada entre los productores agrícolas y, ante todo, hace referencia a las coyunturas que están organizadas en el mercado. 
Son muchos los que se apresuran a reflexionar sobre el mercado considerándolo el punto de referencia fundamental para la organización de la producción, así un factor para garantizar la renta. 
Ha de saberse que las denominaciones de origen de los productos, así como las indicaciones geográficas pueden ser una respuesta significativa para mantener la renta, incentivar la agricultura y, como es evidente, superar la política de las ayudas que, hasta el momento presente, se sigue llevando a cabo a causa de las obvias dificultades de renta en muchos sectores agrícolas de nuestra Unión Europea. 
Desde este punto de vista, por consiguiente, debemos hacer lo posible para que la acción de la Comisión sea una acción más puntual y precisa, no pudiendo aceptar nuevas excepciones. 
Como es evidente, éste no debe ser el único punto de referencia, esto es, el reglamentario, porque se puede hacer frente al mercado también a través de la acción precisa y puntual de las organizaciones de productores, así como de los consorcios que protegen la calidad y que anticiparon el mismo planteamiento reglamentario e hicieron tomar nota, incluso a la propia Unión Europea, de la existencia de una acción de mercado y una parte del producto que, pese a todo, debía tutelarse. 
En consecuencia, y desde este punto de vista, consideramos que ha de fomentarse más aún, si cabe, la acción de las organizaciones de productores y que es preciso anticipar el iter de definición de las IGP y las DOP, demasiado farragoso y burocrático y que actualmente depende de la producción. 
Señor Presidente, como es natural, yo estoy de acuerdo en líneas generales con el informe del Sr. Fantuzzi, si bien debo señalar, obviamente, que el período transitorio es necesario, puesto que también están en juego los puestos de trabajo en las empresas. 
Este es un aspecto que también debe tenerse en cuenta. 
Cuando debe reestructurarse una empresa, es preciso tener presente que también pueden crearse situaciones difíciles que deben poder tener una compensación. 
En general, yo estoy a favor de que otorguemos mucho mayor relieve a nuestras especialidades europeas. 
Dondequiera que vayamos, en todos los países, incluso si se viaja fuera de Europa, ya se encuentran MacDonalds, Burger King, Coca Cola y todo el resto. 
En realidad es una muestra de incapacidad de nuestra industria alimentaria que no hayamos conseguido establecer centrales de distribución análogas con una facturación masiva, con lo cual estamos perdiendo grandes segmentos de mercado. 
En este sentido, los europeos deberíamos prestar mayor atención a nuestras propias especialidades- que también cuentan con una larga tradición y gozan de buena aceptación entre la población- y progresar también en este ámbito. 
En el curso de la inspección yo me he encontrado, por otra parte, con casos muy curiosos. 
La encefalopatía espongiforme bovina ya hace tiempo que nos ocupa y todo el mundo declaró que deseaba una identificación para tener la seguridad de que no se propagará la enfermedad. 
Los suizos tuvieron que someterse entonces a una prohibición de las exportaciones y de repente descubrimos que los suizos fabrican su mundialmente famosa Bündner Fleisch con carne argentina. 
¡Esa cecina no procede en absoluto de vacas suizas! 
También debo manifestar con toda sinceridad que si aplicamos estas denominaciones exactamente como ha indicado el colega Baldarelli comprobaremos que en Italia, tal como tuve ocasión de constatar con motivo de mi visita, se fabrica con éxito queso parmesano con leche de Baviera y de Baden-Württenberg. 
No deberíamos lanzarnos acusaciones mutuas, que en realidad no son tales, puesto que el queso es muy sabroso y, además, finalmente regresa de nuevo a Alemania. 
Yo también soy aficionado al queso parmesano, ahora puedo confesarlo, y lo acompaño con vino de Württemberg. 
Contra lo cual no hay nada que objetar puesto que también es un buen vino. 
Por consiguiente, deberíamos establecer unos niveles muy altos de protección, pero yo estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de que se conceda un período de cinco años a partir de la fecha de publicación, con objeto de que se pueda disponer de tiempo suficiente para completar la reestructuración. 
Fuera de esto, yo coincido con lo que usted ha expuesto. 
Debemos procurar dar mayor relieve a nuestras especialidades europeas y transmitir de este modo también un concepto de calidad en el cual puedan confiar nuestros consumidores. 
Acabamos de sufrir una pérdida tan importante de imagen debido al uso ilegal de hormonas, a la encefalopatía espongiforme bovina, etc., que deberíamos aprovechar sin falta la oportunidad que nos ofrecen estas especialidades para volver a restablecer la relación de confianza. 
Pero para esto necesitamos disponer también de un período transitorio. 
Si podemos llegar a aprobarlo, nosotros estaríamos totalmente de acuerdo con el informe Fantuzzi. 
Señor Presidente, señor Comisario, hay alguna realidad histórica de cada uno de los países de Europa que se debe defender. 
No cabe la menor duda de que la uniformización y la globalización que nos hace a todos Duponts y Duponts sucesivos de la historia de Europa, cada vez más Duponts, se debe evitar. 
Por lo menos que haya algo que no sea Dupont. 
Y lo que no es Dupont es, naturalmente, el producto de origen, es la noción geográfica, es el «Oporto» que es «Oporto» , el «Madeira» que es «Madeira» , y que no se hace ni en California ni en Australia. 
Si, de hecho, Europa quiere defender algo de su historia, algo de su individualidad y no quiere quedar como igual a todo el resto del mundo- no es que seamos superiores, somos diferentes -, tiene que defender sus productos, tiene que defender sus denominaciones de origen, tiene que defender sus indicaciones geográficas. 
Para eso, es necesario que la Comisión no se demore como se ha demorado en este caso. 
Para eso, es preciso que la Comisión no espere a que otros se inscriban para proteger a otros y no a quienes ya se han inscrito. 
Es preciso que respete ya los valores instalados y no ha sido eso lo que ha hecho y eso es lo que censuro. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a nuestro ponente, Sr. Fantuzzi, la muy positiva labor que ha llevado a cabo en su informe, al examinar y revisar la legislación sobre la protección y denominación de origen de los productos agrícolas y los alimentos. 
Se trata de una cuestión de gran importancia tanto para los productores como para los consumidores. 
Los productores de especialidades regionales de particular calidad necesitan garantías de que sus productos no son copiados y después comercializados a precios elevados o reducidos, como si fueran el artículo genuino. 
Los consumidores necesitan saber exactamente lo que están comprando, ya se trate de champagne o de queso de Wensleydale genuinos o de artículos similares, posiblemente productos igualmente excelentes incluso, pero procedentes de otra región. 
Como ha señalado el Sr. Fantuzzi, preocupaba a la Comisión que el período transitorio de cinco años estuviera resultando insuficiente para registrar todos los productos que aspiran a la denominación como productos o alimentos regionales protegidos. 
Ha propuesto un nuevo período transitorio de cinco años a partir de 1996 para cada uno de los productos aún no registrados, a partir de la fecha de solicitud, en lugar de la fecha originalmente acordada. 
Como ha señalado nuestro ponente, eso significaría que todo el proceso podría prolongarse durante muchos años, lo que haría confusa la situación y socavaría la eficacia de la legislación. 
Su enmienda encaminada a prorrogar el período transitorio por un período fijo, a saber, de cinco a siete años- ocho en circunstancias muy excepcionales- desde la fecha original de referencia debe hacer que tanto los productores que presenten solicitudes como los funcionarios que las tramiten centren la atención para velar por que cumplan el plazo. 
También propone que se permita que medidas nacionales protejan esos productos hasta que se adopte la decisión de la Comunión. 
Se trata de propuestas de sentido común por parte del Sr. Fantuzzi con vistas a una mayor transparencia y claridad en la aplicación de los reglamentos que beneficiarán tanto a los productores como a los consumidores. 
Insto a Sus Señorías a que las apoyen. 
Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con lo manifestado por el ponente Sr. Fantuzzi y con las argumentaciones planteadas por el Sr. Santini, por lo que no las voy a repetir. 
Deseo hacer uso del tiempo del que dispongo para recordar y subrayar el alcance del debate de hoy que puede parecer especial y que, sin embargo, retoma algunas filosofías y distintos planteamientos sobre los problemas de la agricultura europea. 
Antes de hacerlo, sin embargo, deseo asegurar al colega y amigo Sr. Funk que es imposible hacer el parmesano regiense- el grana parmesano regiense- con leche de Baviera, así como que los criterios de control sobre el parmesano regiense pueden servir de ejemplo, precisamente por lo que se refiere a la calidad, para otros productos. 
Yo soy hijo de productores de leche que producen desde hace siempre parmesano regiense y sé de lo que estamos hablando. 
Acabo de hablar hace unos momentos de distintas filosofías. 
Todos hablamos de calidad, sin embargo, -ruego a sus Señorías que perdonen mi esquematismo- existen dos planteamientos relativos a la calidad que salen siempre a colación y, según mi entender, ya afloraron en el debate de esta mañana. 
A la hora de hablar de calidad, entre nosotros hay quien piensa en los pequeños y medianos productores y en la exigencia de premiarlos si hacen productos de calidad; hay quien piensa al mismo tiempo en el consumidor que tiene derecho de saber con exactitud qué compra y qué consume; por último, hay quien quizás habla de consumidores, pero tiene siempre en mente las grandes empresas que llevan a cabo una producción extensiva en la agricultura y en la industria, esto es, las grandes multinacionales de la distribución y utilizan el tema de la calidad con la intención de utilizarlo y doblegarlo en favor de intereses que nada tienen que ver con los de los pequeños y medianos productores y los consumidores. 
Ahora bien, hay que hacer alguna aclaración con respecto a esto. 
Creo que debemos adoptar medidas que nos permitan superar los límites que todavía existen en la normativa que debe ser una normativa clara y definitiva y tender a la aplicación del Reglamento 2081/92, y no a modificarlo. 
Es preciso tener menos burocracia y más transparencia en la asignación de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. 
Para conseguir estos resultados, considero que han de rechazarse las enmiendas 4, 9, 10, 11 y 12. 
En consecuencia, invito a todos los colegas del Parlamento, sin son coherentes, a no aceptar dichas enmiendas- 4, 9, 10, 11 y 12- ya que, de lo contrario, haremos las cosas bien sólo de palabra. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, quisiera empezar manifestando mi agradecimiento a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a su ponente, el Sr. Fantuzzi, por su constructivo planteamiento de esa cuestión que ha sido objeto de un animado debate en el Parlamento Europeo el pasado mes de octubre. 
El Reglamento 2081/92 sobre protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen prohíbe la utilización de nombres registrados y protegidos aunque se utilicen con determinadas expresiones, excepto durante el período transitorio ya establecido en dicho Reglamento. 
El objeto de la propuesta de la Comisión es permitir a los productores que ya no pueden utilizar los nombres registrados adaptarse a la situación legal. 
Por consiguiente, este período debe ser suficiente y efectivo, de modo que permita a los productores adoptar las medidas necesarias relativas a la comercialización, al etiquetado, etc. 
Teniendo en cuenta que la primera propuesta del registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen presentada con arreglo al procedimiento simplificado no se presentó hasta el mes de marzo de 1996, y que el período transitorio aplicable actualmente expira el 25 de julio de 1997, deben tomarse medidas para que dicho período siga siendo efectivo de forma que comience a partir de la fecha del registro de los nombres y no a partir de la fecha de publicación del reglamento. 
Por esa razón, mediante la propuesta de modificación del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento 2081/92 se pretende lo siguiente: primero, el período transitorio de 5 años se aplicará a partir de la fecha del registro de los nombres. 
No obstante, esto afecta solamente a los nombres existentes registrados según el procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 y no a los nuevos, registrados con arreglo a procedimiento normal, establecido en los artículos 5, 6 y 7. 
Segundo, el período transitorio será aplicable también a la letra a) del apartado 1 del artículo 13 del reglamento y no sólo a la letra b) del apartado 1 del artículo 13. 
El objeto de esta disposición es que, por ejemplo, durante el período transitorio el término «feta» pueda ser utilizado tal cual, mientras que de acuerdo con las normas existentes se utilizan, de forma transitoria únicamente, expresiones como estilo feta, tipo feta, método feta, etc. 
Tercero, dado que los nombres ya existentes y, por lo tanto, utilizados en los Estados miembros son los notificados con arreglo al artículo 17- es decir, el procedimiento simplificado -, debe aplicarse el período transitorio únicamente a los nombres registrados en virtud de esa disposición para evitar causar perjuicios a los productores al conceder este período de adaptación para los nuevos nombres. 
En lo que se refiere a las enmiendas, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1 y 5, pues esta propuesta no es suficiente, a juicio de la Comisión, para permitir a los productores afectados adaptarse a la nueva situación legal, es decir, la prohibición de utilizar los nombres registrados. 
Las enmiendas 2 y 8 no pueden aceptarse porque la Comisión, de conformidad con el apartado 3 del artículo 17, debe tomar una decisión positiva o negativa sobre cada denominación que se presente para ser registrada. 
No obstante, el propósito de la enmienda 4 y la enmienda 11, primera parte, pueden ser útiles y se examinarán. 
Lo que vamos a hacer es buscar la formulación más adecuada en relación con estos temas. 
La enmienda 7 nos parece superflua dado que la propuesta de la Comisión se prevé para un período de 5 años, y el objetivo de la enmienda 6 ya existe en el texto, por lo que consideramos que dicha enmienda no es necesaria. 
La enmienda 11, segunda parte, no puede aceptarse porque un Estado miembro no puede establecer un período transitorio. 
Y consideramos que la 12 no sería útil porque es más restrictiva que la propuesta de la Comisión. 
Estamos de acuerdo en aceptar las enmiendas 3 y 9. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.20 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 17 de enero de 1997. 
Señor Presidente, con el debido respeto, quisiera insistir en que es intolerable que, cuando hemos de estar aquí a las 15.00 horas, se tenga la desfachatez de bloquear los ascensores para recibir a una delegación. 
Si estas delegaciones quieren subir, señor Presidente, tendrán que llegar a tiempo, igual que nosotros. 
Es increíble que tengamos que subir a pie por las escaleras o entablar una discusión con los funcionarios de este Parlamento que se niegan a dejarnos tomar el ascensor. 
Es intolerable. 
¿Querrá hacer usted algo al respecto? 
Señor Presidente, quisiera señalar que, según las instrucciones claramente impartidas por la Junta de Cuestores, en los días en que se celebran sesiones los visitantes no están autorizados a utilizar esos pasillos y ascensores. 
¿Tendría usted a bien valerse de su autoridad para velar por que se aplique esa decisión de la Junta? 
Señor Balfe, con su intervención ha dado usted contestación a la legítima inquietud de la Sra. Oomen-Ruijten. 
Ya ve que los cuestores se han anticipado a su petición para que no se produzcan esos hechos. 
Señor Presidente, le doy la bienvenida en su primer período de sesiones completo. 
Después del último período parcial de sesiones, un residente francés llamado Monsieur Goldsmith ha estado insertando publicidad en mi Estado miembro, el Reino Unido, en la que afirma que Bruselas promulga 100 reglamentos a la semana. 
¿Tendría a bien la Mesa examinar la exactitud de esa declaración e informar al respecto al Parlamento? 
Gracias, señora Crawley. 
Me parece que una diputada experta como usted no necesita verificar que, ciertamente, es imposible promulgar 100 reglamentos, y ni siquiera 10, en una semana. 
Eso lo saben todos los diputados y espero que lo sepan también los ciudadanos con sentido común. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para apoyar a la Sra. Crawley. Ha señalado un hecho muy importante, a saber, que hay una cantidad espantosa de tergiversaciones en Gran Bretaña sobre lo que está sucediendo en la Unión Europea. 
Se trata en gran medida de que la prensa no informa adecuadamente de lo que sucede aquí y en otras instituciones de la Comunidad. 
La cuestión fundamental que se plantea a este respecto es la de si se reconoce adecuadamente nuestro trabajo. 
De modo que espero, señor Presidente, que no se limite usted a descartar lo que la Sra. Crawley ha dicho, sino que lo acepte y examine en la Mesa cómo se podría abordar. 
Señor Presidente, si bien estoy de acuerdo con lo substancial de lo que ha dicho, quisiera corregir a la Sra. Crawley. 
Ha llamado al Sr. Goldsmith residente de Francia. 
Pero, desde luego, es también un residente de Italia, de Gran Bretaña, de México y uno o dos sitios más. 
Eso debe quedar bien claro. 
Muchas gracias, señor Collins. 
Creí que íbamos a tener un debate propio de la Cámara de los Comunes, pero veo que el Sr. Berthu quiere intervenir también. 
Señor Presidente, me felicito de que las palabras del presidente de mi Grupo sean aquí objeto de tal atención. 
Es usted un jurista puntilloso y tiene razón al decir que si se toma el término «reglamento» en su sentido estricto, éstos no se cuentan por centenas. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta el conjunto de directivas, reglamentos, y todos los actos de las Comunidades Europeas, todo el mundo sabe bien que hay un buen volumen que engrosa considerablemente cada año el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Señorías, yo creo que tenemos esta tarde un orden del día cargado y creo que la cuestión, después de las sucesivas intervenciones, está suficientemente clara. 
La Mesa tomará las decisiones oportunas para que quede constancia del número de directivas, reglamentos, etc. que se publican. 
Y creo que el Comisario Sr. Oreja, competente para información, junto con uno de nuestros vicepresidentes, el Sr. Anastassopoulos, tiene seguramente los medios necesarios para que resplandezca la verdad. 
Orden de los trabajos 
Señor Presidente, muchas gracias por esta comunicación pero en nombre del Grupo de Los Socialistas Europeos me permito rogarle que proceda de otro modo. 
Preferiríamos que el informe de la Sra. van Lancker no se tratase mañana sino que tanto el debate como la votación se aplacen hasta el próximo período parcial de sesiones. 
Me voy a permitir fundamentarlo muy brevemente. 
Se han presentado 88 enmiendas al informe de la Sra. van Lancker sobre las que se ha debatido en parte muy controvertidamente en la comisión, con votaciones muy duras y tras el debate y la votación de las enmiendas nos hemos puesto de acuerdo en la comisión en que hay que conceder a la ponente la oportunidad de negociar con otros grupos políticos unas fórmulas de compromiso que permitan al Parlamento encontrar una base lo más amplia posible para aprobar este importante informe sobre el estado de aplicación del Acuerdo de Schengen. 
Pero el tiempo disponible ha sido sencillamente demasiado corto para lograrlo hasta mañana. 
No tiene ningún objeto mantener un debate sobre el que hay que negociar aún propuestas de compromiso que no se pueden tratar en absoluto en el debate. 
No tiene sentido. 
Por ello, es mucho más lógico que aplacemos el debate y la votación hasta el próximo período parcial de sesiones o el siguiente en Estrasburgo. 
Le ruego que proceda de este modo. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quiero pronunciarme decididamente en contra de que separemos el debate de la votación. 
Nos haríamos un flaco servicio si mañana solamente debatiésemos y no pudiésemos saber inmediatamente el resultado de dicho debate. 
No tenemos ninguna oportunidad de que nuestro proyecto sea tenido en cuenta en los medios de comunicación si debatimos y votamos en un momento posterior en el que no se puede ver la relación con el debate. 
En segundo lugar, le rogamos que no suprima el punto del orden del día sino que proceda tal como está previsto en él. 
Coincido con el colega Schulz en que hemos intentado encontrar compromisos pero también hemos presentado suficientes enmiendas que permiten llegar a un acuerdo en este asunto. 
Le ruego por ello que deje el punto del orden del día tal como está previsto en el mismo y que se celebre tanto el debate como la votación. 
Muchas gracias, señor Nassauer. 
Creo que lo mejor es que la Asamblea se pronuncie sobre el mantenimiento o no del debate y votación, sin separar ambas cosas. 
La Asamblea se debe pronunciar sobre el mantenimiento o no en el orden del día del informe de la Sra. Van Lancker. 
Se procede a la votación de la solicitud de retirar del orden del día el informe de la Sra. Van Lancker. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) En lo que concierne al turno de votaciones, les recuerdo que serán incluidos los dos asuntos aplazados durante la sesión del pasado 16 de enero, a saber: 
la propuesta de resolución contenida en el informe del Sr. Thomas, elaborado en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Recuerdo a sus Señorías que este informe necesita la mayoría cualificada.-las siete propuestas de resolución que siguieron a la declaración de la Comisión sobre los resultados de los trabajos de la reunión del Consejo de ministros de Pesca. 
Decisión sobre la urgencia 
Al solicitar esta urgencia, la Comisión ha hecho dos cosas. 
En primer lugar, ha confesado su propia irresponsabilidad. 
En segundo lugar, ha hecho un enorme cumplido al Parlamento. 
Es irresponsable porque esto fue enviado al Parlamento el 10 de enero de este año. 
Estamos a 29 de enero y la Comisión quería que, sin examen alguno, sin estudio alguno, nos limitáramos a aprobarlo. 
Me parece que los principios que entraña son demasiado importantes para hacerlo así. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en consulta con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, necesita tiempo para examinar este asunto. 
Estamos actuando con urgencia y podremos incluirlo en el orden del día de febrero. 
Así, pues, mi recomendación, en nombre de la comisión, es negativa. 
Después de haber hecho la propuesta, la Comisión nos hace un gran cumplido a todos nosotros. 
Se trata de un reglamento que debería haber expirado el 31 de diciembre y, suponiendo que la Comisión estuviera preparando una nueva propuesta y que tardara unos seis meses en prepararla, resulta evidente que cree que el Parlamento es aproximadamente siete u ocho veces más eficiente que la Comisión, porque quería que nosotros hiciéramos en tres semanas lo que la Comisión hizo en seis meses. 
Conque pensó que nosotros éramos siete u ocho veces más eficientes. 
Pero lamento decir que sólo somos seis veces más eficientes, porque no podemos hacerlo hasta febrero. 
Muchas gracias, señor Collins. 
Si no hay ninguna otra intervención, someto a votación la solicitud de procedimiento de urgencia. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Asuntos políticos urgentes 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre el estado actual de la Conferencia Intergubernamental: » cooperación reforzada». 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el tema de la flexibilidad, que venimos discutiendo desde ya hace muchos meses en el Grupo de reflexión, ha sido inscrito en el orden del día de la Conferencia Intergubernamental durante la Presidencia irlandesa, ha estado en el orden del día de la reunión oficiosa celebrada en Amsterdam, ya bajo Presidencia holandesa, el día 13 de enero, y también en la última reunión de la CIG a nivel de ministros, que se celebró el día 20 de enero. 
Esta cuestión de la flexibilidad va a estar, como ustedes no ignoran, durante mucho tiempo en el centro de los debates de la Conferencia Intergubernamental. 
Por una parte, por el impacto que una u otra solución pueda tener en la estructura institucional de la Unión y en su funcionamiento y, por otra, porque la definición de esa noción se presenta, como saben muy bien sus Señorías, con numerosísimas variantes y, en consecuencia, refleja conceptos muy diferentes. 
Me parece, sin embargo, que, al menos por lo que se refiere al primer pilar, las diferentes propuestas que se han presentado en la CIG interpretan la flexibilidad como un procedimiento para superar los obstáculos que encuentre el buen funcionamiento de la Unión y el desarrollo de la integración. 
Obstáculos que, en la mayoría de los casos, se derivan de la regla de la unanimidad. 
Se trataría, por consiguiente, de hacer posible una cooperación más estrecha para alcanzar más rápidamente los objetivos del Tratado. 
Y en ese sentido, me parece importante subrayar que este Parlamento se ha referido ya en numerosas ocasiones a la noción de «ritmos de integración diferenciada». 
Esta es la idea que preside el debate sobre la ampliación, que se orienta más hacia unos periodos transitorios eficaces que hagan posible la adhesión de los países candidatos que hacia la idea misma de flexibilidad. 
El debate que tiene lugar actualmente en la CIG está lleno de interrogantes. 
¿Hace falta introducir una cláusula de flexibilidad en el Tratado? 
Y en tal caso, ¿de qué manera? 
¿Dónde debe aplicarse la flexibilidad? 
¿Debe limitarse al segundo y tercer pilar? 
¿O será posible también en el primer pilar? 
La Comisión ha reflexionado especialmente sobre el primer pilar, que es el que, al menos desde el punto de vista jurídico, plantea más problemas. 
Indudablemente, en el segundo y tercer pilar, dada su naturaleza intergubernamental, la flexibilidad es más fácil de concebir. 
La Comisión mantiene la posición adoptada en su dictamen de 28 de febrero de 1996. 
Se trata, como ustedes conocen, de una posición bastante restrictiva. 
La flexibilidad debe ser posible si es compatible con la realización de los objetivos del Tratado, si respeta el marco institucional único, si no cuestiona el acervo comunitario y, en concreto, las cuatro libertades básicas, el mercado interior, las políticas comunes y las políticas de acompañamiento, y si está abierta a cualquier Estado miembro, de forma que, en cualquier momento, pueda sumarse a la cooperación reforzada. 
La Comisión no es partidaria de elaborar listas de materias, positivas o negativas, que puedan ser objeto de una cooperación reforzada. 
Una lista positiva de materias podría, de alguna forma, estimular la diferenciación y perjudicar los esfuerzos por encontrar soluciones comunes. 
Una lista negativa podría generar un efecto de exclusión, que podría no estar justificado. 
Me van a permitir que me detenga un momento sobre esta cuestión en la forma como ha sido propuesta por la Comisión para desarrollar una cooperación reforzada. 
El esquema sería el siguiente: iniciativa de la Comisión, previa petición de los Estados miembros; participación del Parlamento Europeo; decisión, en principio, por mayoría cualificada. 
La Comisión insiste en la necesidad de conservar, incluso en los supuestos de cooperación reforzada, la unidad de las instituciones, es decir, Comisión, Parlamento y Tribunal de Justicia, en el sentido de que no representan a los Estados sino que son, por así decirlo, instancias supranacionales. 
En mi opinión, la cooperación reforzada en el primer pilar debe únicamente contemplarse como un último recurso. 
Último recurso disponible cuando se haya descartado la acción común, en particular por falta de unanimidad. 
Y debe ser, en palabras del Presidente de este Parlamento, » la excepción a la regla» , es decir, el medio que permita progresar a la Unión en ciertos casos y bajo condiciones estrictas, incluso si algunos Estados no pueden integrarse o sumarse inmediatamente a esa acción común. 
Sin embargo, no debemos engañarnos. 
La flexibilidad no es una alternativa a la mayoría cualificada. 
La cooperación reforzada, si fuera la regla, podría conducir a que el sistema, de alguna forma, estallase hecho pedazos. 
No olvidemos que las decisiones comunes, adoptadas por mayoría cualificada, permiten, de alguna forma, toda la flexibilidad necesaria para tener en cuenta las diferentes situaciones de los Estados miembros. 
Por otra parte, es indudable que el mantenimiento de la unanimidad en determinados ámbitos puede llevar a optar por la cooperación reforzada con demasiada frecuencia, y de ahí la necesidad de establecer unas reglas estrictas para su puesta en marcha. 
En caso contrario, correríamos el riesgo de que la CIG siguiera la vía más cómoda, que sería mantener la unanimidad, restringiendo fuertemente la ampliación del voto por mayoría. 
Señorías, la Unión Económica y Monetaria tal vez merezca un capítulo aparte. 
En el supuesto de que la Unión Monetaria inicialmente no comprendiera a todos los Estados miembros, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿existiría la necesidad de cooperación reforzada entre los Estados que estuvieran dentro? 
Ya saben que las opiniones están divididas en relación con este tema. 
Algunos consideran que las disposiciones existentes son suficientes, ya que se producirían adaptaciones de las diferentes políticas en cada Estado miembro, siempre dentro del respeto del acervo comunitario. 
Otros piensan que algunas políticas, como la política social o la política fiscal, exigirían unas disposiciones comunes más avanzadas para los Estados que estuvieran dentro. 
Sin entrar en el fondo de este debate, la Comisión considera que, en ese supuesto, deberían, en todo caso, respetarse los principios básicos que propone para el caso de la cooperación reforzada. 
Por último, quisiera insistir sobre el hecho de que la flexibilidad generalizada no puede, en ningún caso, ser la panacea para todas las dificultades de la Unión. 
El Consejo Europeo de Dublín ha afirmado que las decisiones en este ámbito, o incluso la ausencia de decisión a este respecto, revestirían una importancia transcendental para el futuro de la Unión. 
Quisiera, por tanto, ser muy claro: la flexibilidad no puede ser la única clave de nuestro futuro. 
Lo que es fundamental es que haya coincidencia entre los Estados miembros sobre los objetivos de la Unión. 
Si la flexibilidad no quedara limitada a un aspecto puntual respecto de decisiones concretas sino que se extendiera a los objetivos mismos de la Unión, ello nos llevaría, tarde o temprano, a rupturas en la Unión. 
Y ese riesgo sería todavía más importante si la técnica del protocolo social se aplicara a otros ámbitos, de manera que uno o varios Estados miembros quedaran excluidos de las acciones comunes en cuestiones importantes para la integración europea. 
A continuación, abordaré brevemente la flexibilidad en los otros dos pilares, y concretamente en la política exterior y de seguridad común. 
Técnicamente, en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, la flexibilidad parece más sencilla y, efectivamente, la PESC no exige normas jurídicas que puedan crear diferencias duraderas, sino básicamente acciones y decisiones concretas. 
Además, existen algunas diferencias entre los nuevos Estados miembros en cuanto a sus compromisos militares en materia de defensa. 
Resulta, por ello, difícil pensar que la política exterior de la Unión no pueda contar con un cierto grado de flexibilidad. 
Pero la cuestión crucial que debemos plantear es la siguiente: ¿hasta dónde puede llegar la diferenciación entre las acciones que definen una política exterior en la que no participa un determinado número de Estados sin provocar una crisis importante en el seno de la Unión? 
En mi opinión, es indispensable que exista un alto grado de consenso respecto de los objetivos comunes de la política exterior y de seguridad común. 
Y respecto al tercer pilar, como saben, la Comisión es partidaria de una amplia comunitarización. 
Ayer, precisamente, en la reunión de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, examinamos específicamente el tema del tercer pilar, y seguiremos con ello los días 10 y 11 de febrero. 
En cuanto a las materias residuales que subsisten en el tercer pilar, pensamos que ese sí que es un ámbito donde puede haber flexibilidad. 
Y para concluir, permítanme, señor Presidente, Señorías, decir dos palabras. 
A nuestro juicio, la flexibilidad no es ni debe ser el principal problema de la CIG. 
Las soluciones contempladas y propuestas hasta ahora por diferentes Estados miembros, de alguna manera, van en una misma dirección. 
La Comisión velará por el pleno respeto del sistema comunitario, del acervo y de las disposiciones del Tratado, de conformidad con las responsabilidades fijadas por el Tratado. 
No obstante, el problema político subyacente al que tenemos que enfrentarnos en la actualidad es el siguiente: ¿estamos los europeos dispuestos a proseguir juntos el proceso de integración, respetando la diversidad entre los distintos Estados? 
De lo contrario, en una Unión ampliada, ¿no corremos el riesgo de que ciertos Estados opten por avanzar en común al margen del sistema comunitario? 
Esa es mi principal preocupación. 
Creo que el éxito de nuestro proceso de integración se basa en el principio de libertad y la apertura a todos los que desean formar parte de la Unión, y todos debemos y podemos ser capaces de avanzar juntos para la consecución de los objetivos comunes. 
Señor Presidente, deseo preguntarle al Comisario Sr. Oreja su opinión específica acerca del hecho de que en el Tratado se incluya una cláusula general relativa a las reglas de la cooperación reforzada, con arreglo a los términos en que se inspira el texto franco-alemán, aunque no es el único. 
En caso afirmativo, deseo saber si el Comisario no considera que una simple cláusula puede representar la premisa de una flexibilidad que podría afectar a la propia estructura del Tratado, facilitando la evolución del propio Tratado hacia una multiplicación al infinito de protocolos adicionales y un debilitamiento de su carácter obligatorio para todos. 
¿De qué forma es posible evitar esto último si la cooperación se convierte en una cláusula general? 
Señor De Giovanni, ya existen protocolos, y no se ha podido evitar que se produzcan incluso en su aspecto probablemente más negativo, como en el ejemplo bien característico del protocolo social. 
Yo entiendo que determinar las líneas generales de una cooperación reforzada en el marco del Tratado va en la buena dirección en la medida en que se señale exactamente cuáles son los principios fundamentales que deben regir esa cooperación reforzada. 
No puede estar abierta a cualquier circunstancia, sino que debe estar condicionada a una serie de principios, como son el de ser compatible con los objetivos de la Unión, respetar el marco institucional único y, por supuesto, preservar el mercado interior, sus políticas de acompañamiento y las políticas comunes, condicionando la cooperación reforzada. 
Una cooperación reforzada a todos los vientos no sería admisible, sino que debe verse limitada por unas condiciones precisas. 
Señor Presidente, señor Comisario, el éxito o el fracaso de la Conferencia Intergubernamental dependerá, en gran medida, de los progresos que se realicen en la integración reforzada, teniendo en cuenta las actuales posiciones negativas de parte de ciertos Estados, que se parecen bastante a un veto. 
La posición de la Comisión me parece restrictiva, con toda razón, puesto que fija usted con toda exactitud el marco en el que esta integración reforzada podría llevarse a cabo, sin embargo, esta posición me parece también defensiva, lo que está menos bien, en lo que se refiere a su derecho de iniciativa en la materia. 
La Comisión tiene como función salvaguardar los Tratados, lo recordó usted en comisión institucional, y también recordó que su función era salvaguardar el interés general. 
¿Podría explicarnos esta actitud, que quizás corresponde a una estrategia especialmente sutil? 
Señora Spaak, no sé cuál es el grado de sutileza de la iniciativa, pero sí le puedo decir que ha sido un tema debatido en la Comisión. 
Incluso debo confesarle que la primera redacción que hizo la Comisión de su propuesta situó la iniciativa en la propia Comisión. 
Sin embargo, en una segunda redacción, que es la actual, sin perjuicio de que sigamos trabajando sobre ella, pensamos que, precisamente porque la Comisión tiene como principal función la de salvaguardar el interés común, no debería proceder la iniciativa de ella. 
Pero quiero dejar bien claras dos ideas: primero, que la iniciativa parte de los Estados miembros, de un número que habrá que determinar, pero es entonces cuando la Comisión califica la oportunidad o inoportunidad de poner en marcha el proceso. 
De manera que, por así decirlo, no tiene una iniciativa de primer grado, sino de segundo, aunque comprendo que es tema polémico. 
En segundo lugar, quiero decirle que, de alguna forma, hay también iniciativa de la Comisión en el sentido de que puede oponerse a una iniciativa tomada por un número muy amplio de Estados miembros. 
Imaginemos que 13 Estados miembros tomen una iniciativa y la presenten a la Comisión. 
Si la Comisión juzga que no es conforme a los principios fundamentales que he mencionado, puede negarse la Comisión a seguir adelante y, por consiguiente, a poner en marcha el proceso. 
Señor Comisario, señor Presidente, unos pocos estados no pueden actuar en nombre de la Unión. 
¿Cuál es el número mínimo de estados requerido para que funcione la flexibilidad? 
Si las acciones administrativas se financian a través del presupuesto, y los costes operacionales corren a cargo de los estados participantes, ¿pueden resultar necesarias unas medidas, planes o costes especiales para los no participantes? 
En relación con la primera pregunta, hemos dejado todavía en la Comisión- puesto que estamos debatiendo sobre este tema- las vías abiertas. 
Pero tres son las posibilidades que ofrecemos: la de una mayoría simple de Estados miembros; la de una mayoría de dos tercios- que serían 10 en la actualidad -; y la de una mayoría simple asociada a un criterio de población. 
Estas son las tres posibilidades que en este momento estamos examinando. 
En todo caso, yo podría decirle que el criterio general de la Comisión es que se trate de un número amplio de Estados. 
No hemos fijado exactamente cuántos, ni si debe establecerse el criterio de mayoría simple o el de mayoría cualificada. 
Pero tenemos que evitar que haya una multiplicación de posibilidades y de ofertas por ser muy pequeño el número de Estados que puedan proponer esta cooperación reforzada. 
Esto nos parece que va en contra de los principios mismos del Tratado. 
Tiene que ser un número amplio de Estados. 
En relación con el segundo tema, es decir, el de la financiación, entendemos que los costes administrativos de la cooperación deben correr a cargo del presupuesto comunitario. 
En cuanto a los costes operativos de la cooperación, entendemos que deben cubrirse en función de su naturaleza y de sus modalidades. 
Y la idea que tenemos en este momento es que la Comisión debe indicar, caso por caso, qué gastos estarán a cargo del presupuesto comunitario y cuáles deben estar a cargo de los Estados participantes. 
Este es un tema que se planteó el otro día en la Comisión de Asuntos Institucionales sobre el cual tenemos que seguir reflexionando, pero, en principio, esta es la idea que tenemos en la Comisión: distinguir entre costes administrativos y costes operativos. 
Señor Comisario, usted ha hablado de un modo muy sibilino sobre la participación del Parlamento. 
¿No sería necesario dar un paso decisivo hacia adelante precisamente en la cuestión de la flexibilidad diciendo que una iniciativa flexible de algunos países miembros solamente es posible si se pronuncia a favor una mayoría cualificada del Parlamento para que una institución comunitaria pueda controlar también intereses parciales? 
Señoría, le agradezco mucho que haya calificado mi actitud de «sibilina» porque es una condición que desconocía tener, pero la acepto con mucho gusto. 
Quiero decirle que la posición respecto del Parlamento es muy clara a nuestro juicio. 
Primero, se trata de una materia en la cual las instituciones comunitarias tienen que intervenir. 
Tiene que intervenir el Parlamento, el Tribunal de Justicia y la Comisión. 
Segundo, entendemos que la intervención del Parlamento debe estar en función de la materia de que se trate. 
Es decir, si el tema de que se trate en la cooperación es propio del ámbito de la codecisión, esto es, es una materia legislativa, en ese caso debe aplicarse la codecisión. 
Por tanto, el principio que debe regir, a nuestro juicio, la participación del Parlamento dependerá de la materia de que se trate. 
Si es del ámbito de consulta simple, que la participación del Parlamento sea de consulta simple. 
En todo caso, no cabe duda alguna de que el Parlamento deberá participar en el proceso. 
Tengo más dudas, en cambio, en lo que se refiere a la iniciativa del Parlamento amparándose en el artículo 138 B. No me cabe duda de que sería posible que el Parlamento pudiera tomar la iniciativa y que la tuviera en cuenta luego la Comisión y los diversos Estados. 
Pero yo creo que la iniciativa propiamente dicha debe ser de los Estados y del Parlamento ni de la Comisión. 
Pero creo que la cuestión que más le importaba era la primera parte, sobre la que, de forma inequívoca, quiero decir que, en función del contenido del acto, deba actuar el Parlamento: codecisión si es codecisión, o consulta simple si es consulta simple. 
Señor Comisario, yo también estoy muy decepcionado por la tan sumamente tímida posición de la Comisión, así como por sus propias declaraciones, especialmente al contestar las preguntas de algunos diputados. 
En consecuencia, deseo pedirle que nos confirme por qué, al final, en el texto que la Comisión puso a disposición de las delegaciones sobre este asunto tan importante, en el que el papel de la Comisión es fundamental, la misma estima que no es su cometido hallarse entre los promotores de una solicitud de cooperación reforzada, como, por el contrario, sugieren todas la propuestas presentadas por los demás Estados, por ejemplo, Portugal e Italia, así como la propia propuesta inicial alemana y francesa. 
Además, señor Comisario Oreja, y con referencia al papel del Parlamento, nada se dice en el texto de la Comisión sobre el papel del Parlamento, no ex post, sino con respecto al papel del Parlamento en el desarrollo, la decisión y toma de decisiones de una cooperación reforzada. 
¿Puede contestar a estas dos preguntas, aclarando estos dos interrogantes que, por ahora, la Comisión ha considerado oportuno plantear? 
Señor Dell ' Alba, quiero decirle que yo en este momento, al hablar aquí- y con la solemnidad de una sesión en Pleno -, estoy comprometiendo la voluntad de la Comisión. 
Por consiguiente, la Comisión ha elaborado un texto, pero yo estoy interviniendo después del texto. 
Por consiguiente, entienda usted como escrito lo que estoy yo manifestando en este momento. 
Que quede claro que yo comprometo la voluntad de la Comisión al manifestarme en este momento ante el Pleno. 
Por tanto, la función del Parlamento es la que yo le he dicho ahora. 
Quiero decirle también otra cosa: que nosotros no hemos terminado de reflexionar. 
Espero que no terminemos nunca y que sigamos reflexionando siempre. 
Pero, en todo caso, seguimos reflexionando en este momento a la vista de las posiciones no solamente de las representaciones de los Gobiernos sino también del Parlamento Europeo. 
Y quiero decirle más: en relación con la primera pregunta que usted ha hecho sobre la función de la Comisión, quiero decirle que la representación del Parlamento no ha incluido la iniciativa por parte de la Comisión, sino de los Estados miembros. 
Y quiero decirle que una de las razones que me ha hecho pensar personalmente que tal vez la iniciativa no debería nacer de la Comisión ha sido el escuchar a la representación del Parlamento. 
Dicha representación no ha incluido que la iniciativa deba venir de la propia Comisión, sino de los Estados miembros. 
Y me han convencido. 
No quiero escudarme en nadie, sino decir que me han convencido porque creo que es un criterio que, al menos, hay que tener en cuenta. 
¿Por qué? 
Porque entiendo que la Comisión solamente debe velar por los intereses comunes, por los intereses de la totalidad de la Comunidad, y no cuando se trata de un grupo de Estados miembros. 
Pero, de todas formas, puedo decirle que es un tema sobre el cual vamos a seguir reflexionando y es posible que a la vista de otras opiniones que se expresen- las que oí el otro día en la Comisión de Asuntos Institucionales, que iban en la dirección que acaba usted de mencionar -, la Comisión llegue a modificar sus propios criterios. 
¿Convendría conmigo el Comisario en que, a medida que avanzamos hacia una Comunidad de más de veinte Estados miembros, la flexibilidad no es sólo deseable, sino también esencial, si queremos sobrevivir? 
Sin embargo, para que funcione la flexibilidad, hay que cumplir tres principios básicos. 
En primer lugar, en modo alguno debe afectar la flexibilidad al acervo comunitario existente. 
En segundo lugar, la flexibilidad no es apropiada para las políticas básicas ya existentes de la Comunidad, en particular el Mercado Único y las políticas concomitantes del medio ambiente, la social y la de los consumidores. 
En tercer lugar, sin el marco institucional único, la flexibilidad no sería posible. 
¿Garantizará la Comisión al Parlamento que se nos unirá para insistir en la necesidad de un marco institucional único para cualesquiera políticas que pasen al sector de la flexibilidad en el futuro? 
Señor Martin, puedo decirle que esa es una posición clara e inequívoca. 
Hay temas sobre los cuales estamos discutiendo todavía en la Comisión. 
Sobre este tema discutimos antes del dictamen de 28 de febrero, y desde entonces hemos mantenido inequívocamente esa posición. 
Hay una serie de principios en los que creemos casi de una forma dogmática, aunque a mí no me gusta el dogmatismo en nada y probablemente tampoco en esto. 
Pero que queden muy claras unas ideas: primero, la cooperación reforzada debe ser compatible con los objetivos de la Unión y con el acervo comunitario; segundo, de forma clara e idéntica a la que acaba de mencionar su Señoría, debe respetar el marco institucional único; debe preservar el mercado interior; debe preservar sus políticas de acompañamiento, las políticas comunes; debe estar abierta permanentemente a todos los no participantes cuyos derechos deben quedar plenamente garantizados; debe ser- y no lo he mencionado antes pero quiero hacerlo ahora- una solución de último recurso. 
Es decir, tenemos que poner obstáculos para que la flexibilidad se produzca, pero no podemos impedir que se haga. 
No debe comprometerse el desarrollo armonioso de la Unión y dar lugar a distorsiones de competencia y debe respetar, finalmente, el equilibrio institucional y garantizar- permítame que subraye especialmente esto- los derechos de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, acaba de darnos su posición en materia de cooperación reforzada, especialmente en lo que toca al primer pilar, y si usted no es favorable a éste, comparto plenamente la opinión de algunos de mis compañeros, tales como la Sra. Spaak, sobre su timidez en este ámbito. 
Sin embargo, ¿no piensa que el propio Tratado de Maastricht ha instituido ya, en el primer pilar, la noción de cooperación reforzada creando la moneda única y decidiendo que sólo algunos Estados podrían tener acceso a ella? 
No obstante, me parece que esto es totalmente admitido por todos y que con ello no hemos trastornado el mercado único. 
Su Señoría se refiere a una situación concreta que aparece prevista en el Tratado. 
Pero ahora estamos discutiendo de si debe haber una cláusula general de flexibilidad. 
Y quiero decirle que no se trata de una posición timorata, sino que creo en algunas ideas. 
Creo que, en este momento, es conveniente que haya una cláusula generalizada y otra cosa es que, además, haya una cláusula específica para el primero, segundo y tercer pilares. 
Todavía no hemos profundizado en lo que se refiere al segundo y tercer pilares, donde parece que las posibilidades de que la cooperación reforzada se produzca son completamente normales. 
El problema está en el primer pilar. 
Y respecto al primer pilar, hay unas reglas que están establecidas para la Unión Económica y Monetaria, que son claras e inequívocas. 
Pero ese no es el problema. 
El problema es si debe haber una cláusula general dentro del primer pilar. 
Mi criterio es muy restrictivo respecto de la posibilidad de utilizar en el primer pilar una cooperación reforzada. 
He puesto unas condiciones. 
Son las condiciones aceptadas por la Comisión. 
Vamos a ver, en este momento, cómo evoluciona el diálogo, también con el Parlamento, para saber cuáles son las ideas para reforzar esa cooperación. 
Señor Presidente, toda la cuestión de la flexibilidad es por supuesto una continuación del tema de las dos velocidades. 
Ello está quedando claro poco a poco. 
También está claro que se trata de un tema lleno de trampas y asimismo lleno de oportunidades. 
Quisiera plantear el siguiente caso al Comisario. Suponga que en el Consejo de Ministros Europeo se desestima una propuesta de la Comisión por no alcanzar la mayoría cualificada o la unanimidad. 
¿Qué pasa entonces si un grupo de ministros constata que, en el marco de la flexibilidad, cabe la posibilidad de convertir este punto en legislación o normativa? 
Por supuesto, esta es la idea. 
Si algo no logra la unanimidad o la mayoría cualificada, luego se podrá optar por una tercera vía: la de la flexibilidad. 
A mi entender, esta es la situación. 
¿Cómo puede impedir la Comisión que surja semejante situación? 
La segunda pregunta es: ¿Cómo quiere usted garantizar el control parlamentario en este marco? 
A fin de cuentas, no se tardará en decir: ahora ya no es una cuestión de política comunitaria, sino que es intergubernamental, porque no obtuvo ni la mayoría cualificada ni la unanimidad. 
En este sentido, creo que lo que se propone encierra graves peligros y asimismo que el caso que acabo de mencionar quizás eche por tierra la tesis de que no conviene que la Comisión tenga derecho de iniciativa. 
Yo quisiera explicarme con claridad respecto de lo que pienso, lo cual no quiere decir que no piense de otra forma a la vista de las distintas reflexiones que podamos oír aquí y en otras reuniones a las que asista. 
En primer lugar, respecto de la primera parte de la pregunta de la Sra. Maij-Weggen, cuando habla de una propuesta rechazada por mayoría cualificada, debo recordar que ello no sería posible en el caso de que la iniciativa procediera de los Estados. 
Si la iniciativa procede de los Estados y lo que hace la Comisión es asumirla como propia y presentarla, cuenta ya con una mayoría. 
Por consiguiente, esa hipótesis que plantea, con la fórmula que yo he ofrecido aquí, no es posible. 
Sería posible en el caso de que fuese la Comisión la que tomase la iniciativa, pero no si la iniciativa la toman los Estados. 
En segundo lugar, y en cuanto al ejercicio del control parlamentario, quiero decir una cosa que no he dicho hasta ahora y es que, en el debate sobre cómo deben participar las instituciones en temas de cooperación reforzada, el criterio que tiene la Comisión es que, en el caso del Consejo, deben estar presentes los representantes de los Estados que hayan decidido en esa cooperación reforzada. 
Pero, en cambio, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Parlamento deben intervenir como instituciones en su totalidad, independientemente de cuáles sean los Estados que participan. 
Este es un criterio que nos parece absolutamente lógico, aunque comprendo que sea un tema a discutir. 
Pero creemos que el Parlamento, en su totalidad, debe participar en lo que a una cooperación reforzada se refiera, puesto que nos parece que es indivisible. 
Lo mismo ocurre con la Comisión y con el Tribunal de Justicia. 
Señor Comisario, en su exposición usted no ha logrado eliminar en absoluto el escepticismo que tengo frente a la flexibilidad sino que, por el contrario, lo ha fortalecido. 
Me pregunto sinceramente si no estamos hablando tanto sobre la flexibilidad para impedir que no lo hagamos sobre otro importante campo, a saber, sobre la democratización del marco institucional. 
Tengo esta impresión pues cada vez hablamos menos sobre el cómo podemos democratizar nuestras instituciones y cada vez hablamos más sobre cómo podemos contribuir a que se trate con flexibilidad y aún no tengo claro cuál debe ser la posición del Parlamento Europeo a pesar de las explicaciones que usted ha dado. 
Quisiera preguntarle- en el caso de que se acuerde la flexibilidad en casos excepcionales- cómo se podrá entonces garantizar que se respeten las prerrogativas del Parlamento Europeo. 
Quisiera preguntarle además ¿cómo ve las repercusiones sobre el marco institucional si en ciertos sectores de la comunitarización ciertos Estados pueden ir hacia delante y el Parlamento Europeo y las instituciones en general no pueden mantener el paso con lo que no es posible el control que debemos ejercer? 
Quiero insistir en que la flexibilidad no es una situación de normalidad en la vida comunitaria. 
Usted dice que hay dudas y vacilaciones. 
Naturalmente que las hay, y yo tengo muchísimas. 
Todo es sencillo cuando todos los Estados actúan juntos. 
En cierta forma, la anormalidad es la figura de la cooperación reforzada. 
Esto está claramente fijado e institucionalizado en el Tratado por lo que respecta a la Unión Económica y Monetaria. 
Pero, en este momento, la idea de la cooperación reforzada se abre a la rosa de los vientos. 
Y se trata de una fórmula difícil en la que me parece que es muy difícil estar en posesión de la verdad. 
Nos tenemos que acercar a ella para saber entre todos cómo garantizamos fundamentalmente- y el Sr. David Martin lo decía antes- el marco institucional único y el acervo comunitario, que tenemos que preservar por encima de todo. 
Pero quiero decirle una cosa que se ha dicho en la Conferencia Intergubernamental de una forma muy clara, y es que cooperación reforzada va a haber. 
Si no la hay en el interior del Tratado, la va a haber en el exterior, y el problema es que tenemos que escoger. 
¿Qué preferimos: intentar salvar las dificultades de una cooperación reforzada en el interior del Tratado, o dejar que la cooperación reforzada discurra en su exterior? 
Yo prefiero dentro, pero quizás su Señoría prefiera fuera. 
Yo prefiero que esté dentro del Tratado y prefiero que se haga con unas reglas muy claras. 
Y en ese sentido, he señalado algunos principios que creo son suficientemente claros e inequívocos. 
Es decir, la cooperación reforzada tiene que ser compatible con los objetivos de la Unión y con el acervo comunitario. 
No puede ser, por consiguiente, cualquier tipo de cooperación reforzada. 
He dicho que hay que respetar el marco institucional único y todos los principios que de él se derivan; que hay que preservar una serie de reglas, por ejemplo las del mercado interior. 
Esto quiere decir que la cooperación reforzada no cabe en lo que al mercado interior se refiere, en lo que a las políticas de acompañamiento se refiere. 
Y ahí no hay vacilación. 
Hay otros temas sobre los cuales hay que discutir. 
Y uno de ellos, y esperamos del propio Parlamento que nos dé ideas al respecto, es cual puede ser su participación. 
Yo he marcado ya unas pistas, y concretamente una y es que, según la naturaleza del acto, así deberá ser la forma de participar del Parlamento. 
Si se trata de un tema legislativo, mediante codecisión. 
Por consiguiente, en ese caso tendría pleno derecho el Parlamento a actuar en igualdad de posición y de derecho junto con los Estados que configuren la cooperación reforzada. 
Señor Presidente, señor Comisario, mi pregunta es si no existe el riesgo de que la cooperación se divida entre aquellos países que desean seguir adelante por un lado, y los que piensan que se avanza demasiado deprisa por otro, y de que se pueda perjudicar la buena cooperación si nos basamos en una modalidad flexible, ya que en principio queda derogado el derecho al veto. 
Pienso sobre todo en la política exterior y de seguridad. Me refiero además a un ámbito como el fiscal, y a los que se derivan de la UEM, como el de la política financiera. 
Mi otra pregunta es: ¿No puede esto, señor Presidente, crear diferencias entre, por un lado, pequeños países, nuevos miembros y países solicitantes de adhesión, los cuales tardarán tiempo en tener acceso al núcleo interno, y, por otro lado, los grandes miembros afianzados de la Unión? 
Por último, una tercera pregunta si es posible. 
¿Quién va a decidir cuándo aplicar el principio de la flexibilidad? 
¿Se va a decidir esto también a través de decisiones flexibles? 
Evidentemente, el riesgo de división existe. 
Pero en ese riesgo se ha caído ya. 
Si la cuestión de la flexibilidad no se resuelve en el interior del Tratado, no le quepa ninguna duda de que dicha flexibilidad va a existir en el exterior del Tratado. 
Y esa realidad está produciéndose ya en este momento, y estamos viendo distintas formas de flexibilidad que se están produciendo en el ámbito del segundo pilar y, de una forma clara, en el ámbito del tercero. 
Piense usted, por ejemplo, en Schengen. 
El caso de Schengen es probablemente el más sintomático de lo que significa una forma de flexibilidad en el exterior del Tratado. 
¿Por qué funciona en el exterior del Tratado? 
Porque la regla en el interior era la de la unanimidad. 
Por consiguiente, el bloqueo por parte de un Estado obligó a que los demás, que querían esa forma de cooperación, lo hicieran al margen del Tratado. 
Yo creo que ése es un mal procedimiento. 
Hay que intentar que Schengen esté en el interior del Tratado y eso es lo que exige, en este momento, la adopción de una serie de reglas para permitir que se garanticen los principios fundamentales a que me he referido antes. 
Señor Presidente, el Comisario Oreja nos ha presentado la flexibilidad bajo un ángulo preciso, únicamente como un medio de avanzar siempre en el sentido de la integración. 
Es una posibilidad, efectivamente, pero la flexibilidad es un concepto multiforme que implica muchas otras facetas. 
La flexibilidad podría ser sobre todo una ayuda para la ampliación de la Unión hacia el Este, ampliación que es precisamente una de las prioridades de la Conferencia Intergubernamental a la que debemos apegarnos de manera especial. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Cómo, según el Comisario Oreja, podría funcionar la flexibilidad en lo que se refiere a la ampliación hacia el Este y, especialmente, no evitaríamos muchos problemas si no siempre tratáramos, en este caso preciso, de imponer de una sola vez, globalmente, el conjunto de las políticas de la Unión a todos los países candidatos? 
La existencia de plazos para acomodarse a la política comunitaria es algo que ya conoce el Tratado y la práctica. 
Sabemos bien que, en los procesos de negociación para la adhesión de un país a la Comunidad, se le pueden reconocer determinados plazos que luego se han inscrito en el Tratado de Adhesión. 
Por poner el caso del país que mejor conozco tiene usted la situación de España, por ejemplo, respecto a la política de pesca en que se le dieron 17 años para su adaptación, que luego fueron reducidos como consecuencia de negociaciones que se hicieron una vez que España ingresó en las Comunidades. 
Lo mismo se puede decir respecto a la libre circulación de capitales. 
Por consiguiente, el caso de que haya unos plazos respecto de políticas comunes no es una novedad 
Ahora bien, yo quisiera separar la idea de flexibilidad de la cuestión de la ampliación. 
Yo, personalmente, creo que esa es una mala aproximación al tema. 
Yo creo que la flexibilidad está prevista para una circunstancia diferente. 
Dejemos para la ampliación los criterios y principios que ya existen en el Tratado. 
Por otra parte, le diré entre paréntesis que a mí no me gusta el término «flexibilidad». 
Me gusta más el de «cooperación reforzada» , o incluso otro que escuché- cuando yo formaba parte del Parlamento hace cuatro años- de Jean Louis Bourlanges cuando hablaba de «ritmos diferenciados de integración» , que es la expresión que, a mi juicio, mejor se ajusta a lo que estamos haciendo. 
Por consiguiente, la cooperación reforzada debe entenderse en la perspectiva del futuro. 
Pero comprendo perfectamente a aquellos que quieran que esos ritmos diferenciados no vayan sólo hacia delante sino que vayan también hacia atrás. 
Yo personalmente soy partidario de que se haga en la perspectiva del futuro. 
Señor Presidente, la cooperación reforzada o el incremento de la flexibilidad, ¿significa que se desea conceder más poder a los Estados miembros grandes, como se desprende de las intervenciones de algunos miembros de la Comisión? 
Se ha propuesto, por ejemplo, el derecho de veto para Francia, Alemania y el Reino Unido. 
¿Cuenta esta propuesta con un apoyo más amplio en la Comisión? 
Este es un asunto que afecta a lo que se llama «el sistema de decisiones» , al régimen de ponderación de votos. 
No veo que tenga que haber en él ningún cambio, salvo una acomodación a las circunstancias de un número mayor de países. 
De una manera inequívoca, la posición de la Comisión es que desaparezca la regla de la unanimidad y en ese sentido se debate en la CIG. 
Uno de los logros más importantes y significativos de la Conferencia Intergubernamental sería que se limitase la aplicación de la unanimidad únicamente a los casos constitucionales o cuasi constitucionales, y que, por lo demás, se extendiera la regla de la mayoría cualificada. 
Creo que ésta debe ser una de las batallas más importantes que, al menos, la Comisión está librando en el seno de la Conferencia Intergubernamental. 
Y casi le diría que lo que vaya a ocurrir en el Consejo Europeo de Amsterdam está en función de la extensión que tenga el principio de mayoría cualificada. 
Eso significa la desaparición, en gran medida, de la unanimidad y, por consiguiente, el que puedan ejercer un derecho de veto no solamente los grandes Estados sino también los pequeños. 
Queremos que la Unión Europea sea eficiente y que en ella la burocracia no constituya un obstáculo. 
Deseo hacer una pregunta muy práctica que espero que me permita usted, señor Presidente, formular. 
En la Unión Europea tenemos un número en aumento de empresarios asiáticos, muchos de los cuales han vivido durante largos períodos en Europa o nacieron aquí. 
Su familiaridad con la cultura y los negocios tanto de Europa como del subcontinente indio es valiosa para contribuir a la promoción de un comercio mutuamente beneficioso. 
Sin embargo, los actuales procedimientos de importación están creando problemas. 
Recientemente, se dirigió a mí un empresario indio de mi circunscripción del Londres Occidental al que se denegó el permiso para importar ropa de dormir de lujo de la India. 
En principio, no soy contrario a las cuotas, pero el sistema de clasificación utilizado para los artículos importados elaborado por la Comisión y aplicado por las autoridades aduaneras nacionales es inadecuado y está anticuado. 
A ese ciudadano de mi circunscripción se le negó una licencia de importación, porque, según le dijeron, no había una categoría para las camisas de dormir y sus artículos debían entrar en la categoría de las blusas, cuyas cuotas estaban ya cubiertas. 
Tengo aquí un ejemplo y quisiera preguntar al Comisario y a las diputadas si considerarían esto una blusa y estarían ellas dispuestas a llevarlo puesto en la calle o en casa. 
¿Tendrá a bien el Comisario hacer un examen urgente de la clasificación utilizada para los artículos importados con arreglo a los requisitos impuestos por las cuotas y actualizarlos? 
El Sr. Comisario no contestará a esta pregunta porque no versaba sobre las materias del orden del día y tenemos que respetar una normativa que hemos acordado entre nosotros mismos. 
He advertido que en su primera intervención el Comisario ha dicho que procuraría no dar una lista de sectores a los que se aplicaría la flexibilidad en el caso del primer pilar, si bien ha señalado mediante una referencia particular a la Unión Económica y Monetaria. 
No sé si la observación del Comisario sobre la flexibilidad y la UEM indica una opinión colegial de la Comisión sobre si sería un paso deseable o no. 
Sé que entre los Estados miembros hay división de opiniones a ese respecto. 
¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre la conveniencia o no de una mayor cooperación flexible en la UEM para los Estados participantes en la tercera fase respecto de las iniciativas en materia de política fiscal y social? 
Entiendo que hay dos partes en su pregunta. 
Una primera parte hacía referencia al sistema de listas, y ya he dicho que la posición de la Comisión no es favorable a un sistema de listas; en todo caso, no a una lista positiva. 
Tampoco a una lista negativa, aunque, de alguna manera, al excluir determinados temas, puede decirse que seremos más comprensivos de ese modo. 
Creemos que es preferible un sistema de criterios, que he enumerado aquí. 
Toda iniciativa deberá ajustarse a esos criterios y, por consiguiente, la Comisión no aceptaría iniciativas de Estados miembros si no se someten a esos principios. 
Respecto del otro tema, no le puedo dar la posición del Colegio de Comisarios porque todavía no la ha adoptado. 
Pero es un tema central sobre el que está reflexionando la Comisión. 
¿Es posible, dentro del marco de la Unión Económica y Monetaria, que se busquen algunas fórmulas de cooperación reforzada? 
Esa cooperación reforzada, en todo caso, tendría que respetar los principios y derechos fundamentales que he mencionado antes. 
Ahora bien, cuando existe un abanico, por ejemplo en el tema de impuestos, entre un máximo y un mínimo, ¿habría alguna dificultad para que esos países de cooperación reforzada se pusieran de acuerdo sobre el mínimo? 
Yo no veo que haya dificultad. 
No estaría en contra del Tratado. 
El problema sería si se saliera del abanico. 
Ese es uno de los temas que, tanto en lo que se refiere a impuestos como al ámbito social, está en este momento en discusión y no hemos concluido todavía nuestras deliberaciones. 
Muchas gracias, señor Oreja. 
Creo que ha sido muy fructífero este intercambio de puntos de vista. 
Lucha contra el racismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate anual de las preguntas orales B41229/96, al Consejo, y B4-1230/96, a la Comisión, de los Sres. Ford y Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la lucha contra el racismo. 
Señor Presidente, el racismo y la xenofobia se oponen diametralmente a los principios que forman el punto de partida de la integración europea. 
Queremos reunir a los pueblos y reforzar la armonía en la sociedad europea sobre la base de la confianza y la solidaridad mutuas. 
Fuera el nacionalismo, esa fue la reacción lógica tras la victoria frente al nacionalsocialismo. 
La Unión Europea tiene la ambición profundamente arraigada, aunque limitada en cuanto a su extensión, de luchar contra los aspectos transfronterizos del racismo y la xenofobia y de emprender las medidas europeas necesarias para una política nacional, regional y local. 
El verdadero trabajo ha de realizarse en la base. Por ello apreciamos mucho un apoyo óptimo, unas organizaciones sociales y eclesiásticas a escala europea que lleguen realmente a los círculos más amplios y que puedan cimentar a su manera la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Este enfoque amplio es necesario. 
El mal y el engaño amenazan por todas partes. 
Al situarlos, como se suele hacer, en un determinado rincón de este Parlamento, o en determinados pequeños partidos indeseables, se pasa por alto la gravedad de la cuestión. 
Es preciso hacer una autocrítica dentro de cada movimiento, y por consiguiente, las condenas morales que bloquean el camino a la autocrítica son muy cuestionables o incluso malas desde el punto de vista ético. 
Dejemos que el derecho penal se encargue de estos partidos indeseables. 
La autocrítica atañe asimismo a los gobiernos y a los Estados miembros y, por ejemplo, al Consejo de Ministros Europeo. 
Es inadmisible que también en este año de la lucha contra el racismo y la xenofobia, los Estados miembros y el Consejo acepten desvergonzadamente, es decir, invocando la Realpolitik, la división étnica de Bosnia y renuncien a arrestar a los genocidas racistas. 
Resumiendo, este Año Europeo no es una buena ocasión para que las personas, los partidos o los gobiernos se distingan. 
El Año sólo servirá de algo si se experimenta el dolor que ello implica y si se toma en serio la prioridad de la política de racismo y xenofobia. 
Además, las acciones tendrán que ir orientadas al futuro. 
En este sentido quiero mencionar dos puntos. 
En primer lugar: la enseñanza. 
Las responsabilidades en ese ámbito tendrán que ser: desarrollar material didáctico e intercambiar conocimientos y experiencias al respecto con colegas de otros países de la Unión. 
En segundo lugar, hemos de darnos cuenta de que el prolongado descuido de la política de integración respecto a los inmigrantes sigue produciendo tensiones hoy en día. 
A la postre es preocupante la facilidad con que el prójimo es considerado únicamente como mano de obra extranjera económicamente aprovechable. 
El racismo y la xenofobia pueden evitarse en gran medida. 
Es cuestión de convertir este Año Europeo en un año de integración activa, mutua adaptación y aceptación. 
El Gobierno británico ha pronunciado hoy un veto contra la base comunitaria del observatorio propuesto por la Comisión Kahn, que apoyaría la red de institutos de investigación existente para seguir el fenómeno del racismo y la xenofobia, y que nos serviría para comparar la eficacia de los proyectos políticos que podrían ayudarnos. 
Este veto es grave, pero no ineludible. 
Creo que, si el Gobierno británico no reconsidera su actitud o no la reconsidera a corto plazo, existe la posibilidad de utilizar los servicios de la Comisión de forma tan creativa que la red de institutos de investigación obtenga a pesar de todo el apoyo de la Comisión dentro de las actuales posibilidades. 
Por esta razón, en la Comisión Kahn, el Sr. Ford y yo hemos abogado siempre a favor de que se utilicen sobre todo los proyectos existentes de la Comunidad Europea para empujar en dirección a la lucha contra el racismo y la xenofobia, como lo hacemos muy a menudo con proyectos en el ámbito de la enseñanza, la cultura y los medios de comunicación, cuando se trata de la igualdad entre hombres y mujeres. 
De este modo, si el Consejo se ve paralizado- lo digo provocativamente- por vetos, debemos esperar tanto más que la Comisión aproveche al máximo todas las competencias y la creatividad de que dispone. 
Señor Presidente, estoy muy agradecido al Parlamento por tener oportunidad de comparecer. Para todo ministro o secretario de Estado se trata de un momento culminante de su carrera. 
Quiero responder brevemente a las observaciones del Sr. Oostlander. 
En primer lugar, quisiera adherirme a una de sus observaciones. 
De entrada, quizás la principal razón por la que la Unión, el Consejo, la Comisión y todos los implicados tienen que inmiscuirse en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, está en el nacimiento de la Comunidad. 
Se trata de los trágicos acontecimientos de la primera mitad de este siglo, que hacen necesario, aún hoy, aquí y en otros lugares, en el marco de la Unión Europea, hablar de esta cuestión muy importante y de vez en cuando también muy preocupante. 
Puede usted estar seguro de que la Presidencia no tiene ninguna duda al respecto. 
Asimismo se han planteado algunas cuestiones a las que quiero responder muy brevemente. 
Quiero empezar con la cuestión mencionada al final por el Sr. Oostlander: los desarrollos para la creación de un observatorio europeo. 
Me asombra en cierta medida el convencimiento con que el Sr. Oostlander habla del veto del Gobierno británico. No había oído nada en este sentido hasta hace cinco minutos. 
Lo que sí he visto son los artículos de prensa y las observaciones en otros medios de comunicación que me preocupan, pero- que yo sepa- no ha habido ningún veto. 
Parto de la idea de que el Reino Unido está convencido de la conveniencia y la necesidad de abordar esta cuestión a nivel de la Unión, también en el marco de un observatorio. Pero todavía es posible debatir qué forma hay que dar al diseño jurídico. 
Tengo entendido que también el Reino Unido participa en la búsqueda de soluciones para el aspecto jurídico. 
Soy optimista, y desde la Presidencia se hará todo lo posible por intentar que el Reino Unido siga participando en la creación de un observatorio. 
Aparte de esto, el Sr. Oostlander ha mencionado dos puntos importantes. 
En primer lugar, la cuestión de la enseñanza, que implica informar bien a las nuevas generaciones sobre lo que está sucediendo cuando se habla de racismo y de discriminación. En segundo lugar, la importancia de la integración activa en nuestros Estados miembros, en la Comunidad como tal. 
Estoy de acuerdo con estos dos puntos. Sin duda hemos de hacerlo si son temas que pueden tratarse a nivel de la Unión. 
Si no lo son, considero que habría que prestar atención, especialmente los comités nacionales que se han creado ahora en el marco del Año Europeo y que empezarán a funcionar, precisamente en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito de la integración activa, también en el propio Estado miembro. 
Mañana se celebrará en La Haya la conferencia inaugural del año contra el racismo. 
Mañana, en La Haya, se firmará, eso espero por lo menos, una declaración de intenciones en que se expresará claramente el deseo manifestado por el Sr. Oostlander. 
Y he de decir que, a este respecto, abrigo la esperanza de que en los Estados miembros, los comités nacionales acepten el reto lanzado por el Sr. Oostlander. Asimismo parto de la idea de que a finales del presente año podremos hacer el balance de la situación y quizás podamos constatar por fin con cierto orgullo que en el marco de la Unión, en el marco del Consejo, en el marco de la Presidencia se ha logrado hacer realmente algo. 
Señor Presidente, ante todo quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Oostlander y al Ministro Dijkstal por su apoyo a nuestro Año contra el Racismo. 
Me complace que el Parlamento Europeo haya programado su debate anual al comienzo de nuestro Año Europeo. 
El interés y la participación del Parlamento ha sido, naturalmente, decisivo y en gran medida por la constante atención que el Parlamento ha prestado a esta cuestión a lo largo de los años fue por lo que se adoptó la decisión de que se designara 1977 Año Europeo contra el Racismo. 
La pregunta de Su Señoría me brinda la oportunidad de mantener informado al Parlamento de las novedades recientes e indicar cómo hemos respondido a las diversas preguntas y propuestas que hemos recibido. 
En primer lugar, quisiera hablar de la CIG y la posible inclusión de una disposición que prohíba la discriminación en el Tratado de la Unión Europea. 
La Comisión ha dado su opinión al respecto y ha insistido para que se incluya dicha disposición. 
Pueden estar seguros Sus Señorías de que expondremos muy firmemente nuestro punto de vista a la Presidencia holandesa, que tiene ahora la difícil tarea de ultimar las negociaciones en la CIG de forma satisfactoria. 
Me complace mucho ver aquí al Ministro Dijkstal hoy y enterarme de que el 20 de enero indicó ya a la Comisión de Libertades Públicas que iba a perseguir el objetivo fijado en el texto de la Presidencia irlandesa. 
Como ya se ha dicho, mañana se inicia el Año Europeo contra el Racismo. 
Se celebrará una conferencia inaugural en La Haya, a la que asistirán el Presidente del Parlamento, Sr. Santer, y el Primer Ministro holandés. 
Sé que muchos de los diputados al Parlamento estarán presentes en la reunión y harán una contribución muy importante a ese acto. 
La mayor parte de las atribuciones para abordar el racismo corresponden a los Estados miembros, pero este Año es una empresa de cooperación y vamos a fortalecer nuestras relaciones con los interlocutores principales, como las organizaciones no gubernamentales. 
Una forma de cooperar es la financiación de proyectos. 
Muy pronto se solicitarán proyectos mediante un anuncio publicado en el boletín informativo del Año. Así se indicarán las organizaciones que podrán recibir financiación, los criterios para los proyectos, los plazos y el presupuesto disponible. 
Otros socios son el comité ad hoc, compuesto de representantes de los Gobiernos, y las ONG que trabajan en el sector de la lucha contra el racismo. 
Además, contamos con un equipo de expertos independientes que nos aportan ideas. 
Hemos recogido propuestas de esos dos grupos, algunas de las cuales coinciden con las que han hecho Sus Señorías en su resolución. 
Una de las ideas principales que ha brindado hasta ahora nuestro equipo de expertos es la de intentar corregir la injustificada y negativa visión que algunas personas tienen de las minorías étnicas y de los inmigrantes. 
La realidad es, naturalmente, que las minorías étnicas y los inmigrantes hacen una contribución muy positiva a la sociedad europea, pero se presta demasiado poca atención a eso. 
Ahora debemos hablar más de ello. 
He pedido un informe concreto sobre ese tema, que será la base de uno de los seminarios que se celebrarán en la conferencia inaugural y durante la semana. 
Pasando ahora a otros aspectos de la resolución del Parlamento, puedo decir que habrá una tabla redonda sobre diversas cuestiones y, desde luego, habrá una campaña en los medios de comunicación. 
Encargaremos la producción de un video y su distribución a diversas emisoras de televisión y en la conferencia inaugural habrá dos exposiciones: una sobre la positiva contribución que las minorías étnicas han hecho y están haciendo a la sociedad británica y otra sobre la presentación que de las minorías étnicas se hace en los medios de comunicación y en la publicidad. 
Una de las ideas que surgió tanto del comité ad hoc como del grupo de expertos es la de celebrar un seminario sobre la formación de la judicatura. 
Estamos examinándola. 
En cuanto al Observatorio del Racismo y la Xenofobia mencionado en el debate, la Comisión hizo una propuesta de un Reglamento del Consejo el 27 de noviembre del año pasado y el Consejo de Dublín pidió su aprobación durante la Presidencia holandesa. 
El ministro Dijkstal ha dicho al Parlamento que se trata de un tema que se debe tratar ahora positivamente. 
Todos seguiremos insistiendo en la necesidad de que se apruebe rápidamente esa propuesta. 
Espero que el Parlamento pueda emitir su dictamen rápidamente, pero, como saben todos Sus Señorías, hay un Estado miembro que aún pone en entredicho el fundamento jurídico de esa importante propuesta. 
El asunto no está aún decidido definitivamente, pero me resulta muy alentador lo que el Ministro ha dicho de que tal vez los británicos lleguen a aceptarla aún. 
En conclusión, me satisface mucho cómo se está desarrollando el Año. 
La campaña forma parte de nuestras medidas comunes para construir una verdadera Europa de los ciudadanos: los Estados miembros, las ONG y los demás participantes principales y, naturalmente, la Comisión tienen mucho entusiasmo y están trabajando denonadamente para que este Año tenga éxito de verdad y para velar por que tenga también consecuencias importantes, no sólo este año, sino en los próximos años. 
Espero que el Año sirva no sólo para demostrar el valor añadido de la acción europea, sino también de trampolín para otras acciones en años posteriores. 
Sé que el Parlamento Europeo desempeñará su papel con sus actividades y actos propios y quisiera agradecer a usted, señor Presidente, y a los diputados a la Asamblea el gran apoyo que nos han dado a todos nosotros en este Año y en todos los asuntos relativos a la amenaza contra las libertades que representa el racismo. 
Señor Presidente, las acciones contra la intolerancia llaman la atención. 
Hoy celebramos aquí el debate anual sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, mientras que mañana en La Haya se inaugurará oficialmente el Año Europeo contra el racismo. 
La paz, la democracia, la lucha contra el fascismo y el racismo, nunca más Auschwitz, estas son las raíces, como ha dicho usted, de la unidad europea. Por ello es en efecto inconcebible que John Major quiera negarles ese mensaje a sus ciudadanos. 
Si a pesar de ello lo hiciera inesperadamente, damos por hecho que el siguiente gobierno rectificará de inmediato esta decisión. 
La semana pasada, en diversos Estados miembros se recordó Auschwitz, y se sugirió la posibilidad de llegar a acuerdos europeos para penalizar el revisionismo. 
En Alemania, la mentira de Auschwitz es punible. 
Pero en la mayoría de los Estados miembros todavía no. 
Quisiera rogar a la Presidencia neerlandesa que presente propuestas para una normativa europea en este ámbito. 
Señor Presidente, señoras y señores, sin duda, el debate sobre el racismo y la xenofobia es absolutamente necesario. 
Quiero aprovechar la ocasión para hablar en especial sobre la xenofobia. 
No es suficiente mantener un debate y mostrar que existe este fenómeno. 
Creo que debemos analizar más a fondo las causas y una vez que las sepamos adoptar con rapidez las medidas adecuadas. 
Conocemos las causas de la xenofobia, debidas en parte a que tenemos problemas sin solucionar en la legislación de asilo de los diversos países, como por ejemplo, procedimientos demasiado largos, y a que existe una disposición demasiado pequeña para distribuir las cargas cuando se trata de refugiados de guerra. 
Sólo quiero recordar los años 1991/92 en los que precisamente Alemania y Austria se vieron especialmente afectados así como la ausencia de mecanismos de control en relación con la migración laboral, lo que puede conducir a la postre a temer por la pérdida del puesto de trabajo. 
Quiero recordar los problemas en las medidas de integración, que, sin duda, son insuficientes. 
Con mucha frecuencia se puede observar un aumento muy rápido de las solicitudes de asilo. 
En 1985 se presentaron 159.000 solicitudes y en 1992 674.000. Estas cifras muestran el dramatismo de la evolución. 
También quiero señalar como una causa la importación de conflictos que acompañan a una inmigración muy intensa, en la que los enfrentamientos que tienen lugar en los países de origen se trasladan a los países en los que se produce la inmigración. Hay que indicar también que los flujos migratorios son aprovechados por el crimen organizado. 
Conocemos pues muchas causas. 
Sabemos que de ellas derivan temores y finalmente xenofobia. 
Quisiera exponer algunas de ellas: en primer lugar, deberíamos perseguir unas normas comunes en la política de asilo y de visados. 
En segundo lugar, deberíamos tercero intentar lograr una armonización en la migración laboral distribuyendo las cargas si se producen nuevos flujos de refugiados de guerra. 
El cuarto punto es el control común de las fronteras exteriores y el quinto se refiere a las medidas para combatir el crimen organizado ya que aquí con frecuencia se echa la culpa a personas que no la tienen. 
Saludaría que se crease el Observatorio Europeo. 
Si logramos reconocer estas causas y aplicar las correspondientes medidas habremos creado las condiciones para que en el futuro exista menos o incluso desaparezca la xenofobia. 
Señor Presidente, Señorías, el trabajo llevado a cabo por la Comisión de Libertades Públicas y la gran atención deparada a una temática- la del racismo y la xenofobia- de creciente actualidad, no dejan lugar a dudas. 
La lucha contra cualquier tipo de racismo y xenofobia debe ser dura y fuerte y la respuesta de este Parlamento debe ser alta y noble. 
Me temo, sin embargo, que tras las declaraciones, las intenciones y los principios, al final exista el peligro de acabar en la retórica de siempre. 
Ante todo, hay que aclarar un punto: a lo largo de la historia, las migraciones han sido siempre fuente de beneficios y de cambios y hoy nos encaminamos cada vez más hacia un deseable crisol de diferentes culturas. 
Evidentemente, la cuestión de las inmigraciones es el motivo principal tras el cual se esconden todas las causas de racismo y xenofobia, y es sobre esto que debe centrarse toda la atención de los Gobiernos europeos. 
No creo, sin embargo, que las declaraciones de principio formuladas en el marco del Año Europeo contra el Racismo ni tampoco- he de decirlo, muy a pesar mío- el aún no aclarado cometido del Observatorio, tras el que indudablemente existe el riesgo de un desembolso del dinero de los contribuyentes sin objetivos claros, puedan ser las soluciones a nuestro problema. 
En consecuencia, y también con respecto al trabajo de los Sres. Ford y Oostlander, miembros de la Comisión de Libertades Públicas, he de manifestar con claridad que comparto plenamente toda la parte referida a las propuestas, mientras que coincido en menor medida con la parte represiva. 
Hoy por hoy, la única verdadera respuesta al racismo y la xenofobia es entender que este conjunto de culturas es una forma de civilización y que las múltiples tradiciones representan un factor positivo y enriquecedor para Europa. 
La represión de las manifestaciones racistas y xenófobas corre el riesgo de tener el efecto contrario, ya que puede llegar a ser contraproducente y hacer pasar a la clandestinidad los movimientos racistas y xenófobos. 
La atención general de este Parlamento y de todos los que quieren defender la libertad y la democracia de nuestro continente y del mundo entero debe centrarse en esto último. 
Finalmente, deseo manifestar asimismo que la referencia a los partidos de extrema derecha o de derechas en general, es una referencia desacertada, porque este Parlamento debe luchar contra todas las formas de extremismo e intolerancia. 
¡Sería un error si no fuera así! 
Señor Presidente, cuando las tropas aliadas abrieron las puertas de Auschwitz, el mundo vio hasta dónde puede llevarnos a todos el racismo. 
Fue una lección dura y descorazonadora, pero también extremadamente importante. 
Como consecuencia de este holocausto, estuvieron prohibidas durante largo tiempo entre las personas de una cierta formación la ideología antisemita y otras modalidades de racismo., como chistes o expresiones con base xenófoba. 
Durante decenios, cualquier tipo de expresión sobre el fenómeno era poco común en las escuelas, asociaciones y reuniones de distinto nivel. 
En este sentido se ha producido un cambio en los últimos años. 
Hoy día no es extraño ver que los alumnos- a menudo con el pelo cortado a cepillo y levando botas militares- asisten a sus escuelas llevando símbolos nazis y expresando opiniones claramente racistas y xenófobas. 
En estas situaciones hay muchos maestros que no saben cómo reaccionar, qué hacer, ni qué decir. 
Hay mucha incertidumbre, también por parte de los directores y las juntas directivas de las escuelas. 
Lo mismo se aplica a los jefes de clubes deportivos, cuando se enfrentan a grupos de racistas cínicamente sonrientes. 
El antisemitismo, el racismo y la xenofobia no están en retirada en Europa. 
Por el contrario, estos fenómenos se multiplican. 
Es por ello, señor Presidente, un objetivo muy importante para la Unión Europea hallar el modo adecuado de plantar cara y hacer frente a estos fenómenos, que están aumentando. 
Se habla del Observatorio contra el racismo, pero eso no es suficiente. 
Lo que se necesita es que en muchos lugares de la Unión Europea se ofrezca educación a maestros, líderes deportivos y otros ciudadanos, con tal de que comprendan en qué consiste el racismo, a qué se debe, bajo qué tipo de fenómenos se manifiesta, y lo que se puede hacer para tratar con personas que demuestran abiertamente su simpatía hacia estas herejías. 
Hay que poner manos a la obra, entre otras cosas configurando un programa para toda la Unión Europea que extirpe estas deformidades de nuestra sociedad. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera congratularme por la elaboración de esta magnífica resolución en este debate anual sobre el racismo y la xenofobia. 
Este debate y su consiguiente resolución llegan en un momento en el que están produciéndose, en el seno de la Unión Europea, declaraciones muy preocupantes y que están alimentando un clima de sospecha hacia los demandantes de asilo y los inmigrantes de países terceros. 
Relacionar directamente la inmigración, los problemas de la sociedad europea y las propuestas de endurecimiento de las legislaciones nacionales son dos buenos ejemplos de dicho clima de sospecha. 
No obstante, quiero ser positivo en esta intervención porque me parece un paso adelante- pequeño, pero un paso adelante- la declaración del año 1997 como «Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia». 
En mi Grupo entendemos que el éxito de esta iniciativa debe ir acompañado por una decisión en la Conferencia Intergubernamental de comunitarización de las políticas de asilo y de los instrumentos para la prevención del racismo y la xenofobia, con objeto de que se pueda adoptar cuanto antes una directiva antidiscriminatoria en cuya elaboración participen el Consejo, la Comisión y, lógicamente, el Parlamento Europeo. 
No quisiera dejar pasar esta opotunidad para felicitarme por la decisión del Consejo de crear un Observatorio sobre el racismo y la xenofobia, que, sin duda, va a contribuir a un mejor análisis de los fenómenos racistas y xenófobos y de sus causas, contribuyendo eficazmente al intercambio de experiencias y de información. 
Por último, quisiera destacar que nuestro Grupo ha trabajado- y hay que decirlo también- con éxito en la idea de mencionar en el texto de la resolución que el concepto de «raza» carece de fundamento jurídico, genético y antropológico y que sólo conduce a alimentar las discriminaciones y el racismo. 
Por ello, entendemos que este término no debería ser utilizado jamás en los textos oficiales. 
Hemos presentado una enmienda en este sentido que confío ustedes van a sostener. 
Señor Presidente, es difícil estar en contra del informe que nos ocupa hoy, ya que, en efecto, desborda de los mejores sentimientos del mundo. 
Cuando mucho puede reprochársele ser de lleno políticamente correcto y ser también, un poco, un acopio de principios que apenas tienen consecuencias. 
Claro está, ninguno de nuestros compañeros escatimará esfuerzos, en el curso de este año, para lanzar o desarrollar acciones de lucha activa contra el racismo, contra el antisemitismo, contra la estupidez llena de odio que encontramos a veces hasta en nuestra ciudad. 
Ni que decirse tiene. 
Cabe, sin embargo, mayor reserva en cuanto a un punto, no obstante, de capital importancia, de la resolución que nos ocupa. 
Se trata de la creación de ese observatorio europeo. 
Los precedentes, en cuanto observatorios- pienso especialmente en nuestro observatorio sobre la toxicomanía, situado en Lisboa- no han aportado, hasta ahora, resultados sustanciales ni avances realmente perceptibles en el ámbito que les atañe. 
Todos conocen, para volver al racismo, el considerable número de organismos, asociaciones, comités públicos, privados, que multiplican las iniciativas en materia de lucha contra el racismo de dimensión nacional e internacional, incluido el Consejo de Europa y la admirable campaña que llevó a cabo el año pasado. 
Es evidente que siempre puede hacerse filigrana, pero no estoy en lo más mínimo seguro de que la creación de un organismo de este tipo atenúe de manera considerable la actitud de los ciudadanos europeos cuando se ven tentados por la agresividad imbécil contra los judíos, los árabes, los asiáticos o los extranjeros en general. 
Me temo que no se trate sino de una nueva estructura llena de lentejuelas, de oropel y funcionarios, onerosa, tranquilizadora para nosotros, pero cuya eficacia corre el riesgo de ser puesta en tela de juicio. 
En todo caso, en nuestro Grupo, algunos de nosotros se plantean esta pregunta con suma acuidad. 
Señor Presidente, como dijo el orador anterior, la lucha contra el racismo es una de las figuras políticamente correctas de hoy día. 
Sin embargo, el peligro con las ideas políticamente correctas, es que pueden acabar atentando contra la libertad de opinión y de expresión y convirtiéndose en una verdadera policía del pensamiento. 
De hecho, con el pretexto de luchar contra el racismo, hay algunos, en los grupos de interés supuestamente antirracistas, que tratan de evitar un determinado número de opiniones y expresiones. 
Todo tipo de defensa de la identidad nacional podría verse así prohibida. 
Asimismo, se dificulta cualquier tipo de expresión crítica sobre la inmigración e incluso ésta puede llevar ante los tribunales. 
Así, la defensa del principio natural de la preferencia nacional o comunitaria también puede verse perseguida, condenada, en nombre de lo políticamente correcto, en nombre de la policía del pensamiento. 
Aquí sentados, nos alegramos del revés que ha sufrido, en el curso de las últimas semanas, esta policía del pensamiento con el debate abierto en la República Federal de Alemania sobre la cuestión de la inmigración y la relación entre la inmigración y el desempleo. 
Es un tema considerado hasta ahora como políticamente incorrecto. 
Pues bien, en un gran país se ha abierto un debate sobre este tema. 
Me gustaría formular algunos acertijos de suerte que esclarezcan a nuestra Asamblea. 
¿Quién declaró: » Ya no podemos aceptar que millones de nuestros conciudadanos estén en paro y que al mismo tiempo se concedan cientos de miles de permisos de trabajos cada año a trabajadores extranjeros»? 
No lo declaró Jean-Marie Le Pen, lo hizo el jefe del grupo parlamentario CSU en el Bundestag. 
¿Quién ha formulado la propuesta destinada a prohibir a los extranjeros no originarios de la Unión Europea trabajar durante los cinco primeros años de su estancia? 
No es un diputado del Frente Nacional, sino dos parlamentarios alemanes, demócratacristianos, en el Bundestag. 
¿Quién declaró: » Nos vemos confrontados al problema de un desempleo sumamente elevado entre los nacionales y, sin embargo, empleamos a muchos extranjeros. 
Debe ser legítimo reflexionar sobre el medio de permitir a los nacionales aprovechar los empleos existentes»? 
Tampoco fue un diputado o un responsable del Frente Nacional o de un movimiento simpatizante, fue el Ministro de Finanzas de la República Federal de Alemania. 
¿Quién declaró: » Es absurdo que haya tantos empleos ocupados por extranjeros. 
Esta situación no puede continuar. 
No se puede hacer comprender a los trabajadores nacionales que, con un elevado desempleo, cientos de miles de extranjeros puedan trabajar»? 
No son palabras de Jean-Marie Le Pen, sino el Canciller Kohl. 
Podría multiplicar los ejemplos, e incluso tomar otros diferentes. 
¿Quién declaró: » Pienso que debemos llegar a una contingentación en el marco de una ley sobre la inmigración para aliviar el mercado laboral nacional y desactivar la explosión social»? 
Tampoco fue un diputado del Frente Nacional, del Vlaams blok o de otra formación similar, fue Klaus Zwickel, presidente del gran sindicato IG-Mettall. 
Pues bien, creo que estas declaraciones deben hacer reflexionar. 
Muestran que hoy día, el problema de la inmigración y del paro está abierto, que hay una relación entre ambos, creo que la Comisión, en lugar de seguir las sandeces del antirracismo, debería preocuparse por ampliar y abrir nuestra legislación a la preferencia nacional y comunitaria. 
Señorías, antes de proseguir nuestro debate, quiero comunicarles que he recibido una propuesta de resolución presentada de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglemento. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, acabamos de ver de manera ejemplar cómo los extremistas de derechas mantienen intervenciones demagógicas. 
En presencia de su señor y maestro, el Sr. Le Gallou ha expuesto citas de la República Federal de Alemania. 
Estas citas muestran una cosa: comparar a la gente que usted ha citado con sus correligionarios sería una ofensa para los citados. 
Pero en un punto es correcto: el racismo y la xenofobia no solamente florecen en la orilla derecha de esta sociedad. 
El peligro de que florezcan en el centro de ella es muy grande. 
Por ello, es tarea de los políticos, de la dirección política de los países y de la Unión Europea ser muy claros en la elección de sus palabras y de su propio comportamiento para que no surjan dudas. 
Aquellos que tienen la responsabilidad por sus pueblos y por la Unión Europea siempre deben tener claro en su propio comportamiento una cosa: en mi lenguaje, en lo que hago, en mis actuaciones, en todo mi comportamiento no hay ninguna duda sobre un principio: estoy a favor de la igualdad de las personas. 
Estoy en contra de todo tipo de xenofobia y que no cuenten conmigo para ningún tipo de antisemitismo. 
Si uno se expresa así, tanto de derechas como de izquierdas, el pueblo tendrá claro que los dirigentes de nuestro pueblo, aquellos que se encuentran a la cabeza de nuestros Estados hacen lo que aprueban en bonitas declaraciones y que ellos mismos sienten lo que exigen y propagan. 
Esto supondría un importante paso. A veces las personas flaquean, tal como muestran las citas que acaba de exponer. 
No existe un principio natural de la preferencia nacional. 
Hay que denunciar también este disparate. 
Lo que sí hay es un principio natural de la igualdad entre todas las personas y Estados. La preferencia nacional no es más que un entramado artificial del siglo XIX. 
Un principio natural de la preferencia nacional es un concepto que pretende colocar a las personas a un nivel determinado, a saber, al de las que poseen la nacionalidad que además debe ser superior al de las personas que no la poseen. 
Este es el inicio de la sociedad represora que gente como usted, señor Le Gallou, quiere en toda Europa pero que nosotros no queremos y al que oponemos un concepto en el Año contra el Racismo y la Xenofobia. 
Este concepto es el siguiente: Europa tiene dificultades de naturaleza económica, Europa tiene problemas de futuro, sin duda Europa experimenta una presión migratoria y padece bajo dificultades de distribución de su propia riqueza, pero Europa tiene un futuro ante si y si así lo queremos solucionaremos estos problemas en el Consejo, la Comisión y el Parlamento sin buscar cabezas de turco en terceros inocentes. Nosotros mismos tenemos que solucionar nuestros problemas. 
Este tiene que ser nuestro concepto. 
Si lo conseguimos, lograremos echar de este Parlamento a tipos como usted. 
Señor Presidente, señoras y señores, cada día percibimos el racismo y la xenofobia en todas las formas imaginables, además no sólo en algunos grupos políticamente extremistas. 
Por ello, la lucha contra el racismo tiene que realizarse en todos los lugares y comenzar ya en la más temprana educación infantil. 
Como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Formación y Medios de Comunicación estoy a favor de que en los planes docentes de nuestras escuelas se intensifiquen los programas de integración y que se conviertan en objetivo declarado del trabajo de formación. 
Los niños tienen que aprender ya pronto a considerar con tolerancia a otras culturas y tradiciones. 
Tenemos que transmitirles que la arrogancia está fuera de sitio. 
En especial, ante las corrientes radicales que están siendo politizadas por algunos Estados es urgentemente necesario que los niños aprendan que ese modo de pensar no es un bien común y que otras culturas pueden enriquecernos en gran medida. 
Naturalmente, en las escuelas ya ocurren algunas cosas en ese sentido, pero creo que se debe fortalecer, en especial, incluyendo las nuevas tecnologías que ofrecen unas fantásticas posibilidades para fomentar un intercambio directo y conocer otros modos de pensar. 
También la formación de los padres me parece muy importante pues la responsabilidad es de toda la familia. 
Una buena y alentadora iniciativa es el Año Europeo contra el Racismo al que se dará mañana el pistoletazo de salida. 
Tenemos que aprovechar activamente este Año y mostrar claramente que cada día tiene que ser un día contra el racismo. 
Para finalizar, quiero indicar que, lamentablemente, aún no hay formularios de solicitud para propuestas de proyectos para el Año Europeo y que ya he recibido muchas preguntas de ciudadanos de Alemania que se quejan al respecto. 
Se sienten con razón frenados, ya que debido a una deficiente organización por parte de la UE no han podido aún presentar sus ideas y proyectos a pesar del que el Año ya ha comenzado. 
Señor Presidente, esta propuesta señala atinadamente que una de las principales raisons d ' être de la Unión es la de prevenir el racismo y la xenofobia. 
La armonía racial está en declive y la xenofobia, a veces alentada por las políticas gubernamentales y las estructuras institucionales, va en aumento. 
El Año Europeo contra el Racismo no podría haber llegado en un momento más oportuno. 
La experiencia de mi Estado miembro muestra que la actitud de los Gobiernos es decisiva. 
Si el Estado deja el cometido de supervisar a los inmigrantes en manos privadas- las compañías aéreas o los empleadores, por ejemplo -, la política pública pierde fuerza, no hay una rendición de cuentas de dicha supervisión y se fomenta un clima de sospecha. 
Si no alentamos la contratación de minorías étnicas y mujeres, una fuerza de policía masculina y blanca seguirá siendo susceptible al cáncer del prejuicio racial. 
Si toleramos el desempleo y la exclusión entre los jóvenes, creamos un caldo de cultivo para la intolerancia. 
Otros diputados a esta Asamblea verán fenómenos similares en sus países. 
Debemos aprovechar este año para desarrollar la conciencia europea del prejuicio racial y la solidaridad contra él. 
Los Estados miembros deben adoptar el Año con entusiasmo y dedicarle recursos adecuados. 
Además, debemos crear el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia dentro del marco democrático del Tratado de Roma. 
Si otros Gobiernos en el Consejo de Ministros ceden ante las exigencias de un Gobierno británico cada vez más autoritario y antieuropeo, su oferta a los ciudadanos de Europa dejará mucho que desear. 
He de decir, como compañero liberal, al Sr. Dijkstal, que no debe permitir que la Unión se vea arrastrada por la peligrosa y antidemocrática vía del Gobierno británico. 
En mi circunscripción ya estamos trabajando intensamente en pro del éxito de este Año. 
Sé que ciudadanos de toda la Unión y muchos de nuestros ciudadanos se están dando cuenta ahora de que no podemos permitirnos el lujo de aplazar la adopción de medidas decisivas. 
Señor Presidente, (empezó sin micrófono) y usted mismo no tiene el monopolio de la infamia. 
Incluso si una idea infame fuera plebiscitada, no por ello sería legitimada. 
Es por ello que el Año europeo contra el racismo, que inicia su andadura mañana en La Haya, se hace más que nunca necesario. 
Necesario, ya que el racismo sigue su avanzada. 
Sí, a menudo de manera violenta, pero también de manera soterrada e insidiosa, con su penetración en la vida diaria y la banalización progresiva del discurso y los comportamientos con connotaciones racistas y xenofobas en la opinión. 
Cómo no denunciar la hipocresía o la duplicidad de los gobiernos que participan en la propia organización de este Año europeo contra el racismo, al tiempo que toman decisiones que contribuyen a alimentar este racismo. 
Lamentablemente, los ejemplos son numerosos: declaraciones del Consejo sobre la preferencia comunitaria en materia de empleo, declaraciones de dirigentes políticos alemanes vinculando directamente la inmigración y el paro, sin olvidar, claro está, el escandaloso proyecto de ley del gobierno francés sobre la inmigración que agrava las leyes Pasqua y trata de instaurar un clima de sospecha respecto a los extranjeros. 
Son las palabras, esas palabras, las que arman la mano de los racistas. 
El racismo se nutre de la crisis y de su cortejo de exclusiones. 
Por tanto, es preciso, como prioridad, combatir el mal desde la raíz, dando prioridad al empleo. 
Sin embargo, también se requiere una política de conjunto enérgica y coherente, especialmente en los ámbitos de la vida diaria. 
Es allí donde entran en juego las violencias simbólicas de trágicas consecuencias para los individuos que se convierten en sus víctimas silenciosas. 
Es preciso darse nuevas armas más eficaces para combatir el racismo ordinario, privilegiando tres ejes: justicia, educación, medios de comunicación. 
En lo relativo a la justicia, es necesario instaurar o reforzar las sanciones contra todos los actos y declaraciones racistas y contra la difusión de tesis negacionistas. 
Debe darse prioridad a las políticas activas de educación y destinadas a la juventud, haciendo hincapié en el respeto del otro y la tolerancia, siguiendo el ejemplo de St-Exupéry, que declaraba: » Si difieres de mí, lejos de hacerme daño, me enriqueces». 
Asimismo, debemos suprimir de nuestro discurso la palabra «raza». Pero, ya mi compañero ha tratado ampliamente el tema hace un momento. 
Tercer eje: los medios de comunicación. 
Mi Grupo, que aprueba la propuesta del Foro europeo de migrantes, de un código deontológico para los medios de comunicación, subraya en una enmienda el papel esencial que deberían desempeñar los medios de comunicación en la denuncia del racismo y la promoción de la tolerancia, mostrando especialmente la contribución positiva que los inmigrantes han aportado y aportan a la sociedad europea. 
Revivamos día a día los valores de solidaridad y fraternidad haciendo nuestra la hermosa declaración del escritor Carlos Fuentes, que voy a citar: » Nuestra cultura no está hecha de aislamiento sino de comunicación, de confrontaciones y contagios. 
Una cultura que se desea pura y cierra sus fronteras a otras culturas es una cultura destinada a perecer. 
No hay manera de encontrarse a sí mismo, de encontrar su identidad, sino en el contacto con el otro. 
Somos lo que somos gracias al conocimiento de lo que no somos». 
Y yo pediría a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades que reflexione para sancionar las declaraciones racistas de los grupos de extrema derecha que se permiten, en este recinto, con toda incoherencia, promover ideas racistas. 
Señor Presidente, Señorías, el racismo es ante todo un estado de ánimo que puede convertirse en una forma de vivir. 
Es demasiado simplista atribuirlo exclusivamente a esa o aquella parte política. 
Incluso esta afirmación refleja una actitud racista. 
Voy a hacer un ejemplo: hace unos días, un colega nuestro, el Sr. Bossi, fue condenado por los tribunales italianos por haber llamado» terrone» al juez y ex ministro Di Pietro. 
Dado que el Sr. Bossi forma parte del Grupo Liberal del Parlamento Europeo, conforme a la lógica del apartado 4 del informe, el Grupo Liberal sería racista y, por consiguiente, de derechas. 
Éstas son las ridículas conclusiones del estúpido silogismo que se recaba de la lectura del apartado 4 del texto. 
Estoy convencido de que el Sr. Bossi manifiesta unas actitudes racistas hacia los italianos del Sur y no tan sólo hacia ellos, pero me cuido mucho de considerar racista a todo el Grupo Liberal, sobre la base de la lógica del Ratón Mickey según la cual si eres racista, entonces eres de derechas y, sólo porque eres de derechas, eres racista. 
Como católico y en nombre de la derecha italiana, deseo afirmar que es intolerable que nos conformemos con votar el enésimo texto para apaciguar nuestro ánimo y permitir que nuestros Gobiernos firmen acuerdos con China que está llevando a cabo un genocidio cultural no sólo en Tibet. Esos Gobiernos que no supieron intervenir en la antigua Yugoslavia, que permiten que en la región de los Grandes Lagos 500.000 civiles vaguen sin ningún tipo de ayuda, y que permiten que las periferias de las grandes ciudades sean unos guetos propiamente dichos para los inmigrados y los no comunitarios. 
El problema existe y no cabe duda de que es sumamente grave. 
Hagamos, pues, un Observatorio europeo, pero les ruego que esta vez observemos bien. 
Señor Presidente, creo que hoy es preciso señalar con satisfacción el lanzamiento del Año Europeo contra el Racismo que, por otro lado, el Parlamento Europeo reclamaba desde hace años, ya que es la primera vez que las Instituciones europeas ponen en marcha una acción concreta contra el racismo en colaboración con los Estados miembros y, por fin, se ofrece la impresión práctica de los valores fundamentales de la democracia europea. 
Por otra parte, este Año Europeo está dirigido a potenciar la cooperación y la asociación, además de la promoción de la visibilidad del problema, a escala europea, así como el desarrollo y el intercambio de experiencias de todos los socios que operan a escala nacional y regional. 
Por consiguiente, se trata de una contribución importante en favor del esfuerzo de todos aquellos- y son muchísimos- que ya están comprometidos muy activamente en esta batalla. 
Dicho esto y manifestado que se trata de una gran ocasión, no hay que olvidar, sin embargo, que se trata de una ocasión que no debe desperdiciarse. La lucha contra el racismo, debo decirlo muy claramente, ha de practicarse y no predicarse. 
Con demasiada frecuencia, es objeto de predicación y no de una acción concreta y de una puesta en práctica. 
Lo acaban de manifestar algunos colegas: el racismo y la xenofobia son hijos del miedo. 
Si se basan únicamente en el orden público, las políticas sobre la inmigración y el asilo de los Estados miembros también son hijas del miedo, pues, sabemos que son ineficaces, que son peligrosas y están en el límite de los derechos democráticos, pero, como hijas del miedo, crean también una coartada y una legitimación para el racismo. 
Y todos sabemos con cuanto populismo y demagogia algunos políticos desaprensivos y sin escrúpulos utilizan este miedo. 
Deseo señalar al colega de Alianza Nacional que dejaré de arremeter contra la derecha cuando comprobaré que la derecha ha dejado de utilizar de forma demagógica y populista los problemas de la confrontación social que se deriva de la inmigración. 
Sin embargo, este problema nos atañe a todos. 
Los racistas son siempre los demás, aunque esto no es cierto. 
Primo Levi, un gran escritor italiano que fue deportado a Auschwitz, en sus libros hablaba de la existencia en todos nosotros de una «zona gris» , una zona gris que provoca una actitud en contra de quien es diferente y que, demasiado a menudo, tolera las desigualdades que se están convirtiendo en el verdadero problema de las actuales democracias. 
Para eliminar el caldo de cultivo del racismo, es difícil pensar en alcanzar unos resultados sin una acción coherente. 
El Año debe representar un avance también en esta dirección. 
Todos están llamados: no es suficiente hacer un logotipo, pese a que es importante, sino que es preciso llevar a cabo acciones que tengan una continuidad. 
Señor Presidente, como todos los años, este debate sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia es un marco en la actividad del Parlamento Europeo, porque no se trata de una rutina, porque no se agota en la denuncia, porque es contra el racismo y la xenofobia, porque propone medios de lucha y con ellos avanza. 
Felicitamos al Sr. Ford y al Sr. Oostlander por su trabajo, que justifica lo que acabamos de decir. 
Propone la creación de instrumentos jurídicos, en particular una directiva «antidiscriminación» , y da continuidad a la decisión del Consejo de crear un Observatorio Europeo para el que ya existe una propuesta de reglamento. 
Nos complace la plasmación de la propuesta de nuestro Parlamento de que este año sea el «Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia» y que procuremos contribuir a que sea una realidad coherente con las afirmaciones que ha hecho este Parlamento. 
Muy necesario es que así sea. 
No faltan tomas de posición y afirmaciones de altos cargos que alimentan un «clima de sospecha» respecto de los extranjeros, en particular a los que piden asilo o buscan trabajo. 
Sobra paternalismo y tolerancia humillante en la misma medida que falta solidaridad y respeto de los derechos humanos en los procesos de legalización de residentes y trabajadores, como ha ocurrido en algunos Estados miembros como el mío. 
Se han integrado en la propuesta algunas de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo, cosa que acogemos con agrado, porque corresponde a la intención de contribuir a la mejora de una propuesta que ya merecía nuestro apoyo. 
Termino, a propósito de una de las enmiendas, recordando el título de un libro del escritor mozambiqueño Mia Couto: » Cada hombre es una raza». 
Por eso, la lucha contra el racismo requiere el rechazo de que tenga el menor fundamento el concepto y la terminología que habla de razas y de diálogo constituido y jerarquizado. 
Que el «Año Europeo contra el Racismo» corresponda a lo que este Parlamento pidió y- sin olvidar que la dotación parlamentaria de 4, 7 millones de ecus es inferior en un 20 % a la que aquí inscribimos en mayo de 1996 de 6 millones de ecus- evitemos que las restricciones presupuestarias lo conviertan en una efemérides vacía. 
Señor Presidente, de ser cierto, es totalmente incomprensible y doloroso que el Gobierno británico se niegue a crear un observatorio europeo sobre el racismo y la xenofobia. Quizás el ministro Dijkstal pueda decir más tarde algo al respecto. 
Desde hace años, el Consejo Europeo, es decir, también John Major, hace declaraciones solemnes dos veces al año. 
El 6 de diciembre de 1996, el Consejo General, incluida Gran Bretaña, decidió unánimemente crear este observatorio. 
Ahora se dice que nos dicen «no». 
Me pregunto si Major, en el marco de su campaña electoral nacional, no pretende quizás apelar a los sentimientos más bajos de la población británica. O quizás tenga miedo de otorgar a Bruselas la competencia europea en el ámbito de la lucha contra el racismo, con lo cual también los ciudadanos británicos podrían acudir con sus quejas al Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo. 
Espero de verdad equivocarme y que mañana, durante la conferencia contra el racismo, organizada por la Presidencia neerlandesa, el ministro Dijkstal pueda anunciar solemnemente la creación del observatorio. Se trata de coordinar las organizaciones existentes y evitar duplicidades. 
Por Dios, ¿quién puede tenerle miedo a algo así? 
Pienso que es el enésimo ejemplo de la acción paralizante del derecho de veto. Catorce países quieren avanzar, pero uno puede frenarlos. 
Por último, en el apartado 29 de la resolución indicamos claramente que queremos acciones concretas para los ciudadanos. 
Espero que la Presidencia apoye nuestra propuesta de organizar una gran campaña en los medios de comunicación con la colaboración de destacadas figuras del deporte, como Ruud Gullit. 
Señor Presidente, los diputados liberales de Austria van a apoyar la propuesta de resolución de los Sres. Ford y Oostlander en todos sus puntos. 
Ante todo, saludamos las actividades y actos relacionados con el tema del Año Europeo contra el racismo. 
Va a ser tarea nuestra, de los diputados al Parlamento Europeo, contribuir activamente a tales actos en nuestros países. 
En la introducción a esta propuesta de resolución, el Parlamento Europeo se remite a una propuesta de resolución del 9 de mayo de 1996 llamando expresamente la atención sobre las recomendaciones allí contenidas. 
Esta propuesta de resolución mencionada contiene un considerando H, cuyo contenido es una deshonra para el Parlamento Europeo. 
En él se considera expresamente necesaria la proscripción- repito, la proscripción- de un partido elegido democráticamente. 
Este partido es aquí el segundo grupo político austríaco y obtuvo el 27 % de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo el pasado año. 
En los nueve Estados Federados austríacos tiene responsabilidades de gobierno. 
Es una ofensa para Austria que en este documento, a un millón de ciudadanos que han votado el Partido Liberal se les califique como racistas y se les proscriba. 
Tal como nuestro comportamiento en las votaciones y nuestra actividad en el Parlamento Europeo siempre demuestran, somos adversarios convencidos de cualquier forma de racismo, xenofobia y antisemitismo y condenamos profundamente estas desviaciones erróneas del comportamiento humano. 
Los extremistas de derechas son algunos pocos delincuentes y no están organizados en partidos. 
No quiero ocultar que hoy hemos recibido una carta en la que se nos amenaza con atentados y paquetes bomba. 
Señor Presidente, le ruego que tome nota de ello y espero que en ocasiones futuras los ponentes tengan en cuenta la verdad y realidad sobre este tema. 
Señor Presidente, quisiera ante todo expresar mi satisfacción de ver que la Unión Europea se preocupa por esos problemas tan importantes para la paz civil y el porvenir de la Unión como son el racismo y la intolerancia. 
Sin embargo, en lo que a mí toca, quisiera evocar el papel de aquellos para los que el racismo es un negocio y no cesan de soplar sobre las brasas siempre prestas a encenderse de nuevo. 
A fuerza de hacer del extranjero, del inmigrante, del otro, incluso semejante a sí, y pienso aquí en el antisemitismo, el origen de todos los males actuales, su propaganda acaba por contaminar los espíritus desorientados por las dificultades de la época. 
La estrategia del chivo expiatorio, que marchó tan bien en los años 1930, vuelve a estar vigente. 
Los partidarios franceses de esta ideología suelen decir que combaten el racismo antifrancés, a sus ojos el más ofensivo y, sin duda, el más grave. 
Que los racistas antinacionales del borde de los racistas antiextranjeros existen, lo niego tanto menos cuanto que se nutren mutuamente y que nadie puede combatir uno alimentando al otro. 
Y en lo que concierne a alimentar el racismo, la extrema derecha lo hace ya desde hace mucho tiempo y de manera sumamente metódica. 
Cuando el Sr. Le Pen diserta sobre la desigualdad de las razas, expresa una gran continuidad ideológica. 
Hace ya mucho tiempo que uno de los miembros de su misma candidatura ya teorizaba sobre esta desigualdad de las razas afirmando que hacen falta esclavos para que surja una nueva aristocracia y que era preciso preparar grandes empresas colectivas de disciplina y selección. 
Este colega ha reincidido un poco más tarde, sin duda para que no haya ninguna ambigüedad de interpretación, hablando de adriestamiento sobre una base racial. 
Así, Señorías, les pido que durante un breve instante se pongan en los zapatos de aquellos que tienen buenas razones para pensar que, en una situación de ese tipo, más bien les tocaría desempeñar el papel del lado de los nuevos esclavos que del lado de los nuevos aristócratas. 
¿Qué puede experimentarse en esta situación? 
Rebelión, agresividad violenta, y para algunos, tendencia a amalgamar en un mismo rechazo al autor de estas declaraciones y a todos sus seguidores. 
Es así como se alimenta el racismo antifrancés o antinacional al mismo tiempo que el otro. 
Es así como se levantan unas contra otras las diferentes categorías de personas que viven sobre un mismo suelo. 
Es así como se conduce un país hacia la pendiente del odio y la guerra civil. 
Por lo demás, el jefe del Frente Nacional ha ido a buscar consejo en las mejores fuentes nacionalistas serbias, puesto que acaba de hacer una visita amistosa a unos virtuosos de la epuración étnica que, sin duda, se encontrarían mejor en La Haya, a la disposición del tribunal penal internacional. 
Entonces, señor Presidente, combatir el racismo, sin duda alguna, con todas nuestras fuerzas, pero con lucidez, realismo, dándonos plenamente los medios e identificando a todos los responsables. 
Es inútil pretender apagar la hoguera del racismo con un vaso de agua resignándonos a que otros lo aviven con lanzallamas. 
Señor Presidente, el racismo forma parte de los fenómenos más nocivos de la sociedad. 
El racismo, la xenofobia y la intolerancia han aumentado de manera preocupante en toda Europa. 
El racismo no conoce fronteras, razón por la cual todas las personas y, en particular, nosotros los políticos, al igual que todos los Estados miembros, tienen la responsabilidad de actuar para lograr su erradicación. 
El hecho de que este año haya sido declarado Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia reviste gran importancia, pero con ello no basta y siempre debe estarse alerta en lo que respecta al racismo, también después de este año. 
Cuando hablamos de racismo, generalmente pensamos en los emigrantes e inmigrantes, a los que a menudo afecta precisamente el racismo. 
Pero me gustaría recordar también que en todos los Estados miembros de la Unión Europea existen otras minorías étnicas que se enfrentan a diario a la discriminación y al racismo. 
En el conjunto del territorio europeo viven alrededor de siete u ocho millones de gitanos, de los cuales aproximadamente un millón y medio se encuentran en el territorio de la Unión Europea. 
En muchos países, los gitanos no disfrutan aún de suficientes derechos y, en este sentido, quiero recordar que actualmente no en todos los países se reconoce siquiera su condición de minoría al pueblo gitano. 
Espero que la Unión Europea y el Comisario Flynn emprendan acciones e incrementen la cooperación en este asunto, por ejemplo, con el Consejo de Europa. 
La Unión Europea y el Consejo podrían, de esta forma, coordinar sus recursos. 
Señor Presidente, el debate de hoy sobre el Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia muestra que este fenómeno tiene lugar en todos los lugares. 
Muchas y muchos colegas ya lo han dicho antes de mí. 
Pero también aquí en el Parlamento escuchamos cada vez con mayor frecuencia declaraciones que no traslucen tolerancia, realismo ni sinceridad. 
Las y los colegas diferencian regularmente entre ciudadanos de la Unión y aquellos que viven aquí pero que no son miembros de ella porque no poseen un pasaporte de alguno de los Estados miembros. 
Tenemos que hacer todo lo posible para suprimir la discriminación entre los ciudadanos de la Unión y los de los países que viven ya desde hace mucho tiempo entre nosotros- en Alemania hay muchos que viven ya desde hace 30 años- pues esa discriminación conduce con frecuencia a un clima de xenofobia. 
Si construimos una Europa de las ciudadanas y ciudadanos europeos ¿porqué no pueden participar todos los ciudadanos? 
¿Hay realmente ciudadanos de primera y de segunda clase? 
¿Porqué hablamos solamente de procesos de integración cuando esos procesos son impedidos a su vez por muchas legislaciones? 
Creamos también obstáculos para que esos ciudadanos no puedan integrarse. 
Miremos las correspondientes leyes sobre extranjería en los diversos países. 
Conozco muy bien este tema. 
Como holandesa que vive en Alemania sé que, según la ley alemana sobre extranjería, se me trata de modo diferente que a los alemanes. 
Con frecuencia hablamos sobre a las posibilidades de la múltiple nacionalidad, pero ¿cómo es posible aplicarla realmente en la práctica? 
Quiero referirme aún a un punto: en la Unión Europea tenemos cuatro millones de ciudadanos europeos de piel oscura que han nacido aquí, que poseen un pasaporte de aquí y que tienen siempre que enseñarlo para que se les crea que son realmente europeos. 
Es una vergüenza que no sea posible que se trate igual a todas las personas. 
Señor Presidente, espero que el Año europeo contra el racismo sea también un año concreto, especialmente en el seno de la Conferencia Intergubernamental, que pueda inscribirse el principio de no discriminación así como el principio de lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia en los Tratados. 
Necesitamos instrumentos jurídicos para luchar contra el racismo. 
Para mí, luchar contra el racismo, es también crear la Europa política y la democracia a escala europea. 
Me preocupa comprobar que seis países, especialmente Bélgica, todavía no han traspuesto en su legislación la directiva sobre el derecho de los ciudadanos europeos para las elecciones municipales. 
Me preocupa mucho cuando se dice que el Ministro de Interior belga desecharía la posibilidad de un acuerdo sobre el voto y la eligibilidad de los nacionales europeos en las elecciones municipales. 
Estoy preocupada, pero también espero equivocarme. 
Bélgica ya ha pedido y obtenido algunas derogaciones. 
Espero que no ponga en tela de juicio este derecho de voto, y más aún, que tengamos el valor de ampliar este derecho de voto para los ciudadanos europeos a los ciudadanos inscritos en nuestro país desde hace por lo menos cinco años. 
La lucha contra el racismo, es también la integración de todos en nuestro sistema político, en la democracia. 
Para concluir, quisiera preguntar a nuestro compañero austriaco si nos toma por atrasados mentales. 
Ya que, abreviando, el éxito que tuvieron en Austria no lo consiguieron recurriendo a la razón, ni a la explicación, lo obtuvieron recurriendo a la demagogia y al sentimiento de rechazo del otro. 
No se lo reprocho a los electores austriacos, se lo reprocho a los partidos políticos que con toda facilidad dicen a veces lo que la gente quiere escuchar y favorecen todos los sentimientos de exclusión y racismo. 
Esa es su responsabilidad. 
Señor Presidente, en este debate se han dicho muchas cosas de condena del racismo y quiero manifestar mi asentimiento a todas ellas. 
No se puede decir mucho más. 
Pero quisiera citar a un dirigente religioso asiático al que oí hablar hace un tiempo. 
Visitó los Estados Unidos y le dieron un formulario en el que le pedían que indicara su raza, conque escribió: » la humana». 
Le dijeron que no podía poner eso y replicó: » ¿Cómo? 
¿Van ustedes a negar que pertenezco a la raza humana?» 
Creo que es una respuesta muy buena. 
Además de la necesidad vital de luchar contra todas las formas de discriminación, prejuicio, odio, violencia y acoso raciales, también debemos subrayar los positivos beneficios de una sociedad multicultural y pluralista. 
Muchos de nuestros países han recibido influencias de otros pueblos durante siglos. 
Nos hemos beneficiado de ellas y nuestras sociedades han resultado enriquecidas por su presencia. 
Las sociedades que han intentado ser excluyentes y mantener fuera a todos los demás han tenido tendencia a estancarse y atrofiarse. 
Una sociedad multicultural brinda enormes beneficios y yo estoy encantado de tener el privilegio de representar a una zona así en el Parlamento. 
Por último, quisiera decir que me consterna la actitud del Gobierno británico al bloquear la iniciativa de la creación de un observatorio antirracista. 
Lo han hecho por supuestas razones técnicas, pero no han dado prueba alguna de querer remediar esos aspectos a fin de dotar a la Comunidad de esa competencia para actuar, que necesita urgentemente. 
Se trata de algo que la Conferencia Intergubernamental debe abordar y espero que lo haga. 
Señor Presidente, no soy ni racista, ni xenofobo. 
Toda mi actividad profesional médica ha estado dedicada, durante treinta años, a salvar vidas humanas, de hombres y mujeres procedentes de todas las condiciones, de todas las razas, de todas las nacionalidades, sin obtener por ello el más mínimo beneficio financiero, a diferencia de algunos colegas y compañeros que han hecho fortuna en el ámbito humanitario y cuyo representante más conocido por los medios de comunicación ocupa un escaño en nuestro hemiciclo. 
La acción que he llevado a cabo, y que tomo el tiempo de llevar a cabo incluso hoy día, en pro de los desheredados, cualquiera que sea su pertenencia racial, me autoriza, más que a cualquier otro, a declararme escandalizado por la resolución que nos ocupa y que quiere considerar que la defensa de la elección de la preferencia nacional debe ser condenada, según el anticuado método del Soviet supremo, por ser motivo de racismo, xenofobia o antisemitismo. 
Señorías, con la intervención del Sr. Féret, hemos terminado el turno de palabras. 
Me ha pedido intervenir el Consejo y la Comisión a través de sus representantes. 
Pero antes tengo solicitada la palabra por alusiones personales, es decir, invocando el artículo 108, por el Sr. Fassa y el Sr. Konrad. 
En primer lugar, tiene la palabra, por un tiempo máximo de tres minutos, el Sr. Fassa. 
Señor Presidente, las manifestaciones de su Señoría, a raíz de cuya intervención he solicitado la palabra por alusiones personales, son la más clara demostración de como puede hablarse en favor de la tolerancia y del antirracismo con argumentos de intolerancia sin par. 
No me parece oportuno que en discursos de poca monta se utilicen cuestiones tan sumamente importantes sólo para instrumentalizar, de forma demagógica y para fines de lucha política meramente interna de Italia, unos problemas como el antirracismo y la xenofobia. 
A mi entender, ésta no es la mejor manera de honrar ni a este Parlamento ni tampoco las miles de personas muertas en nombre de ideales que, como la lucha contra el fascismo, el racismo y la xenofobia, representan plenamente esa tradición liberal, democrática, reformista y europea, a la que, como diputado europeo e italiano, elegido en las listas de la Liga, tengo el honor de pertenecer. 
Señor Presidente, tomo nota de que el Sr. Fassa no se ha declarado en contra de las palabras pronunciadas por el Sr. Bossi. 
No deseo plantear aquí una polémica de baja monta que afecta al Parlamento italiano y las fuerzas políticas italianas. 
Sin embargo, y habida cuenta de que las palabras deben ir seguidas de hechos y comportamientos concretos, deseo añadir que se ha solicitado el procesamiento del Sr. Bossi, porque, durante un mitin, dijo a sus seguidores que se debía llevar a cabo una operación de limpieza en el Norte de Italia con respecto a todos los electores de Alianza Nacional. 
Considero que estos comportamientos, más allá de su carácter pintoresco, han de censurarse. 
Por ello, he escuchado no sin respeto las palabras del Sr. Fassa y estoy convencido de que, en su fuero interno, no comparte dichas afirmaciones racistas pronunciadas por su secretario nacional. 
Doctor Konrad, usted hablará al final del debate, después de las intervenciones de los representantes del Consejo y de la Comisión. 
Así está previsto en el Reglamento. 
Señor Presidente, he escuchado con sumo interés las intervenciones de diversos oradores. Se ha hablado de muchos aspectos de esta complicada cuestión. 
No soy capaz de analizar todos estos aspectos, entre otras cosas debido a la falta de tiempo; por consiguiente, haré una breve selección de los que personalmente considero puntos principales. 
En primer lugar quizás todas las observaciones- y me refiero a la Sra. d ' Ancona, a la Sra. Ojala, a la Sra. Roth, la Sra. Heinisch y al Sr. Cars- que tienen que ver con lo que cabría denominar: la política de integración. 
Se puede luchar contra el racismo, el antisemitismo, la discriminación, con las armas de la legislación, la policía y la justicia, pero también se puede intentar luchar contra esto desde el contenido de la propia política, y quizás la política de integración sea efectivamente la manera más eficaz de combatir estos fenómenos. 
Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho al respecto en este sentido. Quizás más especialmente, y remito a lo que ha dicho no sólo la Sra. d ' Ancona y el Sr. Cars, sino también el Sr. Watson, cuando se dirige a la juventud y a la enseñanza. 
En estos ámbitos podemos hacer más de lo que hacemos por ahora, en términos de recordar dónde empezó todo. 
Creo que la referencia que ha hecho la Sra. d ' Ancona a Auschwitz está muy justificada, pero también hay que hacer referencia al potencial de los jóvenes para dar forma a su propia vida y dar forma a la sociedad en que viven. 
En lo que respecta al observatorio, he podido observar que goza de un gran apoyo en este Parlamento. Que hay cierta preocupación de que suframos un retraso al buscar la forma jurídica adecuada. 
Creo que en efecto hemos de intentar evitarlo. Me complace poder colaborar en esta cuestión con el Sr. Flynn, para ver cómo podemos crearlo de la forma más eficaz y rápida. 
Por de pronto, remito a lo que he dicho al principio, que creo que también el Reino Unido seguirá convencido de la necesidad de este observatorio y cooperará para encontrar una solución adecuada. 
Quizás, a la postre, lo más importante que han dicho aquí diversas personas, quiero nombrarlas brevemente porque deseo referirme expresamente a lo que han dicho, estas son- aparte de la Sra. d ' Ancona- el Sr. Schulz, la Sra. Pailler, el Sr. Bontempi, la Sra. Lindeperg y la Sra. Zimmermann, todo lo que tiene que ver con la actitud que se adopta personalmente en esta cuestión. 
Quien realmente está a favor de luchar contra el racismo tendrá que demostrarlo siempre, tendrá que demostrarlo con hechos, con palabras, con su conducta. 
Quienes no lo hacen, asumen una responsabilidad muy, muy grave. 
Esto es algo que ha de poder exigirse de todos nosotros como políticos, ustedes como diputados, y nosotros, en lo que se podría llamar el poder ejecutivo, pero también se nos puede exigir como ciudadano individual de la Unión Europea. 
Sólo cuando lo demostremos podremos hacer un llamamiento a los demás ciudadanos de Europa para que también ellos lo demuestren. En lo que a esto respecta, aquí podría decirse, como dicen en los Países Bajos: cambia el mundo y empieza por ti mismo. 
Esto es válido sobre todo en este importante ámbito de la lucha contra el racismo y la discriminación. 
De momento, esto es todo, y sólo me resta asegurarles que en el transcurso de la Presidencia intentaré mantener al Parlamento al corriente de las cuestiones que tenemos previsto abordar. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos los que han intervenido. 
Hemos escuchado contribuciones excepcionales y valiosas a este debate. 
Quisiera referirme a dos aspectos particulares. 
La Sra. Heinisch ha planteado la cuestión de lo que vamos a hacer para apoyar a quienes deseen participar en proyectos. 
La respuesta sencilla es que disponemos de 4, 7 millones de ecus- cifra modesta, lo reconozco -, pero se trata, naturalmente, de fondos adicionales. 
A lo largo de la próxima semana se enviarán los impresos de solicitud a todos cuantos se han puesto en contacto con los servicios de la Comisión. 
Todo el mundo podrá presentar su solicitud al mismo tiempo y estamos deseosos de adoptar una decisión muy justa y transparente respecto de las cantidades que se proporcionarán y a quién. 
También quisiera hacer una referencia especial a lo que ha dicho la Sra. Roth. 
Las observaciones hechas por la Sra. Roth han recogido fielmente la esencia de muchas de las excelentes respuestas y propuestas que se han hecho a este debate. 
La Sra. Roth nos lo ha dicho a todos: hagan algo. 
Quisiera indicar a esta Asamblea que a eso es precisamente a lo que este Año contra el Racismo va encaminado. 
La Sra. Roth ha dicho que necesitamos políticas antidiscriminatorias. 
Sí, en efecto, y las necesitamos en los dos niveles; en el nivel nacional, por lo que se refiere a la legislación, necesitamos una cláusula consagrada en el Tratado, una cláusula antidiscriminatoria que nos brinde la oportunidad de utilizar los instrumentos comunitarios necesarios para afrontar la amenaza representada por el racismo. 
Su Señoría ha dicho también que necesitamos políticas idóneas de integración. 
Tras haber estudiado muy detenidamente todas las cuestiones, hemos decidido las reuniones de trabajo que se celebrarán los próximos días en La Haya en el acto de lanzamiento de nuestros seminario y conferencia. 
Entre las reuniones de trabajo, habrá una encaminada a examinar la relación entre raza y empleo y otra sobre el marco jurídico para la lucha contra el racismo. 
También hablaremos del papel de los medios de comunicación. 
Por último, examinaremos el racismo cotidiano, el que más preocupa a Su Señoría. 
El principal instrumento de protección que tienen los amenazados por el racismo es, naturalmente, la ley. Eso corresponde primordialmente a la competencia de los Estados miembros. 
Pero eso no quiere decir que la Comunidad no pueda actuar en el nivel europeo. 
A lo largo de todo el Año Europeo contra el Racismo, vamos a financiar proyectos que abordan cuestiones legislativas. En particular, habrá proyectos que sensibilicen sobre las leyes vigentes contra la discriminación y alienten a los ciudadanos a utilizar plenamente las leyes vigentes y a señalar las lagunas existentes en la legislación nacional e intentar hacer algo al respecto. 
Se ha dicho que se habla mucho sobre este tema y estoy de acuerdo. 
Quisiera decir al Parlamento que es necesario hacer muchos discursos contra el racismo. 
Se deben hacer discursos en todos y cada uno de los Estados miembros para que los ciudadanos vean que estamos contra el racismo y reconocemos la amenaza que representa para la sociedad. 
Debemos alentar en particular a las organizaciones no gubernamentales, porque de ellas forman parte los activistas, las personas que se han comprometido a hacer algo para proteger los fundamentos sobre los que se constituyó esta Unión, a saber, la paz y la armonía. 
Deben recibir una señal de este Parlamento y del Año contra el Racismo sobre cuál es nuestra posición, cuál es la posición de Europa acerca de la amenaza que representa el racismo. 
Yo la entiendo como paz y armonía, dignidad, respeto mutuo y juego limpio no determinados por la raza, las creencias, el color ni el origen. 
Ésos son los objetivos fundamentales de esta Unión y debemos pronunciar discursos, aquí y fuera de aquí, para decírselo claramente a los ciudadanos de Europa. 
Doy la palabra al Sr. Konrad sobre un asunto personal y quisiera mencionar, simplemente para que no se sorprendan, que, según el artículo 8 del Reglamento, los diputados que pidan la palabra en relación con un asunto personal podrán intervenir al final del debate o durante la aprobación del acta de la sesión a la que se refiere su solicitud de intervención, es decir, durante la sesión siguiente. 
Por lo tanto, no he tardado en darle la palabra, señor Konrad. 
Señor Presidente, señoras y señores, mi declaración hace referencia a las intervenciones de los señores Schulz y Le Gallou en el curso del debate. 
Mediante citas y declaraciones, ambos han atacado y ofendido con acusaciones insostenibles al Canciller Federal y al Ministro de Hacienda alemán. 
En nombre del Grupo de la CDU/CSU rechazo dichas declaraciones. 
En este contexto, me permito indicar que lo hago también por sentirme personalmente afectado como diputado alemán. 
Alemania realiza en Europa una gran tarea de integración. 
Alemania acoge actualmente 400.000 refugiados de guerra. 
En nuestro país se practica desde hace decenios una gran tarea de integración frente a personas provenientes de la Europa oriental. En Alemania viven 2 millones de turcos. 
Esto también es una gran aportación a la integración. 
Mi país y mis conciudadanos realizan por ello una gran aportación precisamente en el sentido de esta integración sobre la que hemos hablado aquí. 
Me permito indicar claramente aquí que Alemania, como uno de los países más acogedores para los extranjeros, no se ha hecho acreedora a ser atacada de tal modo, en especial por la extrema izquierda y la extrema derecha. 
Me permito exigir a ambos diputados que se disculpen en este debate por sus declaraciones. 
Doctor Konrad, al escucharle me preguntaba si se trataba de un asunto personal. 
Veo que es un comentario político y no un asunto personal. 
Señor Presidente, deseo dar la gracias a su Señoría, tras cuya intervención he tomado la palabra hace unos momentos, por haber reconocido- y ello es cierto- que no comparto en absoluto las manifestaciones insultantes o injuriosas, no importa de quien vengan. 
Todos los que pertenecemos al Grupo de los Liberales estamos de acuerdo sobre este punto. 
Deseo recordar asimismo que, según todas las constituciones democráticas, la responsabilidad penal es personal, ya que nadie puede ser obligado a contestar sobre hechos o actos atribuidos a otros. 
Sin embargo, hay que objetar que existe un problema político, ya que creo que uno de los más grandes defectos de la política actual, no sólo italiana, es la utilización de los asuntos judiciales con fines instrumentales. 
Ésta también corre el riesgo de ser una forma de intolerancia que debe permanecer al margen de los debates de este Parlamento. 
Señor Presidente, tengo que decir algo sobre la intervención del Sr. Konrad. 
Señor Konrad, no sé si usted ha estado en la sala durante el debate. 
Pues si ha estado presente, hay dos posibilidades: o no me ha entendido o no me ha escuchado bien. 
He hecho exactamente lo contrario de lo que usted me acusa. 
He protegido precisamente a los políticos citados frente al Sr. Gallou al decir- escuche antes de gritar- que sería una ofensa comparar al Canciller y al Ministro de Hacienda alemán con la gente del Front National. 
Esto es lo primero. 
En segundo lugar, he dicho que todos nosotros- tanto los políticos dirigentes como los demás- debemos expresarnos de modo que no surjan malentendidos. 
Esto no es una crítica al Canciller Federal o a ningún político de la CDU. 
Dicho sea de paso, habría suficientes motivos para criticarlos pero usted no lo ha entendido correctamente. 
Vamos a ver ahora como arregla lo que usted ha hecho ahora al ponerme al mismo nivel de esas personas. 
¡Esta es la desvergüenza! 
Señor Schulz, me doy cuenta de que no sólo tenemos problemas con la interpretación, que suele ser excelente, sino que algunas veces incluso tenemos problemas hablando el mismo idioma. 
Señor Presidente, yo no hablo una misma lengua, hablo francés. 
Pero quisiera tranquilizar al Sr. Konrad y a toda la Asamblea. 
Yo no ataqué al Ministro alemán, ni al Canciller alemán, comprobé que habían hecho declaraciones sobre el coste de la inmigración, sobre la relación entre la inmigración y el paro. 
Otro de nuestros compañeros, al hablar de la inmigración, o del exceso de refugiados, empleó la palabra «carga» , y creo que el Sr. Konrad la tomó. 
Compruebo sencillamente que estas declaraciones pueden ventilarse en debate público en la República Federal de Alemania y me alegro por ello, porque creo que debe existir la libertad de opinión, la libertad de expresión. 
Otros compañeros alemanes pueden pensar otra cosa, creo que en eso consiste la libertad del debate y me alegro por ello. 
Sencillamente, lamento que, aquí, cuando hacemos declaraciones comparables sobre la preferencia nacional o sobre el coste de la inmigración, se nos reproche y que, en el interior de las fronteras francesas, un determinado número de representantes políticos locales franceses sean perseguidos ante los tribunales por declaraciones comparables a las emitidas por el Sr. Waigel o el Sr. Kohl. 
Yo no condeno las declaraciones del Sr. Waigel ni las del Sr. Kohl, condeno el hecho de que no puedan hacerse con tanta libertad en Francia. 
Esta es la libertad de expresión que yo defiendo. 
Señorías, no podemos continuar este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Lucha contra el terrorismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0368/96) de la Sra. Reding, en nombre de la Comisión de Libertades Políticas y de Asuntos Interiores, sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea. 
Señor Presidente, permítame expresar nuestra decepción. 
Estamos cansados, ya que cada vez que se produce un acto terrorista, nuestros gobiernos hacen frente común, hacen declaraciones enérgicas y prometen acciones de envergadura de dimensión europea, así como medidas políticas eficaces. 
Unas semanas, unos meses más tarde, cuál es el resultado: nada, cero. 
Los proyectos políticos duermen en los cajones. 
El Parlamento está cansado de hermosos discursos. 
Quisiera ver cómo acaban concretándose todas estas acciones indispensables para combatir eficazmente, y traspasando las fronteras nacionales, la lacra de la gran criminalidad y el terrorismo. 
Para lograrlo, es indispensable poner en común los elementos de la soberanía nacional. 
Esta soberanía compartida no representará una desventaja para los intereses nacionales, sino por el contrario, salvaguardará los intereses nacionales. 
Ya que, no nos engañemos, el gran mercado europeo de la criminalidad existe, pero aquellos que deben luchar contra esos criminales y proteger a los ciudadanos ven sus acciones bloqueadas por barreras artificiales a las fronteras nacionales. 
Resulta ineficaz y ridículo. 
Ya es hora de que nuestros gobiernos comprendan que si no realizan a la mayor brevedad un verdadero espacio jurídico europeo, si no permiten a sus fuerzas del orden colaborar activa y eficazmente de forma transfonteriza, a final de cuentas corren el riesgo de perder esta soberanía que tanto aprecian, ya que no serán ellos, los políticos, los que harán la ley, sino los criminales de todo tipo. 
Si bien esto es verdad para la criminalidad en general, lo es tanto más para esta forma extrema y específica de la criminalidad que es el terrorismo. 
Primeramente, ¿cuál es la definición que damos del terrorismo? 
Calificamos de terrorista todo acto cometido por individuos o grupos que recurren a la violencia o amenazan con utilizar la violencia contra un país, sus instituciones, su población y que están motivados por aspiraciones separatistas, concepciones ideológicas extremistas o por el fanatismo religioso, incluso por móviles irracionales y subjetivos destinados a someter los poderes públicos de los individuos o de los grupos a un clima de terror. 
Esta es la definición. 
Ahora, nuestra interpretación. 
Visto que Europa está fundada en Estados de derecho que permiten a cada ciudadano, o grupo de ciudadanos, utilizar las estructuras democráticas para hacerse escuchar o aplicar sus ideas, ninguna ideología ni ninguna otra motivación, podría justificar en lo más mínimo los actos terroristas. 
Por tanto, queda claro que para nosotros, el terrorismo es un acto criminal que debe ser tratado como tal. 
Por ende, nada de leyes ni de procedimientos de excepción para combatir el terrorismo, con miras a no concederle una importancia especial que, gracias a ello, lo valorizaría involuntariamente. 
¿Cómo combatir concretamente el terrorismo sobre el terreno? 
Primeramente, están los aspectos de la prevención. 
Prevención política, en primer lugar. 
Promover un diálogo democrático para contribuir a resolver políticamente conflictos de orden político, étnico, nacional, social, ecológico e impedir que estos conflictos no sirvan de coartada a actos de terrorismo y gocen de cierta aprobación a los ojos de algunas capas de la población. 
Y luego, la prevención técnica: controles en los aeropuertos, mejora de los sistemas de detección de explosivos, puesta en práctica de sistemas informáticos eficaces y coordinados, prevención de la utilización abusiva de las redes de datos, control de la fabricación, el almacenamiento, el comercio, el transporte, la importación, la exportación de armas y materias explosivas. 
En lo que concierne a la cooperación policial y judicial, quisiéramos acabar de ver ponerse en marcha a Europol, porque también allí, después de cada Consejo, se escuchan grandilocuentes palabras para decir: necesitamos Europol. 
Y en la práctica, el convenio ni siquiera está ratificado. 
¿Cuándo va a ratificarse? 
No puede empezarse a trabajar seriamente sino a partir del momento en el que exista un convenio. 
Asimismo, quisiéramos que los Estados miembros tipificaran, en sus respectivos códigos penales, los actos terroristas entre los delitos graves, susceptibles de ser objeto de una medida de extradición, que se persiga por la vía penal a cualquier persona que haya participado en la organización, la preparación, la ejecución de actos terroristas y asimilen, en el marco de su legislación nacional, la apología del terrorismo a un delito. 
También quisiéramos que se intensificara la cooperación policial en materia de lucha contra el terrorismo, se permita el intercambio de información, incluso sin relación concreta con un procedimiento penal, se promueva el intercambio directo de puntos de vista y experiencias entre los funcionarios de los diferentes Estados miembros encargados de la lucha contra el terrorismo, se ratifique el convenio relativo a la extradición, firmado el 27 de septiembre de 1996, y se exijan las decisiones y medidas necesarias para que el nacional de un Estado miembro imputado de un delito de terrorismo o de colaboración con una banda armada no pueda acogerse al asilo político o el estatuto de refugiado en otro Estado miembro. 
Queremos, claro está, armonizar la legislación en la materia, pero mientras no se haga, pedimos que los Estados miembros tomen decisiones concretas y las apliquen a través de convenios. 
Y también quisíeramos que no solamente se tengan presentes las víctimas del terrorismo en el momento en el que se produce el acto terrorista, sino que se hagan cargo de ellas, de ellas y de su familia, tanto desde el punto de vista material como psicológico, durante los años que dure el mal que se les ha hecho. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es una buena costumbre felicitar a las y los ponentes en esta Asamblea por sus informes. 
A veces es solamente un adorno. 
Hoy, cuando la felicito, señora Reding, lo digo muy en serio. 
En nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, permítame decirle que ha sido un placer trabajar con usted durante todo el tiempo de la elaboración del informe, el debate, las negociaciones sobre las enmiendas, en una cuestión extraordinariamente sensible. 
Como ponente, ha mostrado una disposición a cooperar que es ejemplar para otros debates en esta Asamblea. 
Por ello, no solamente le expreso nuestras felicitaciones sino también nuestro agradecimiento. 
En el informe, ha dado unos pasos muy claros para formular o intentar formular con precisión el concepto de terrorismo, lo que es muy difícil, pues el debate sobre el terrorismo en los Estados miembros de la Unión Europea es un debate extraordinariamente complejo que agita los ánimos, de lo que nos hemos dado cuenta aquí hasta el último día. Voy a exponer a continuación un ejemplo. 
Tenemos que hacer tres cosas, lo que ha expuesto realmente muy bien la Sra. Reding. 
La primera consiste en decir con toda claridad que en un Estado democrático de derecho no puede haber ninguna tolerancia para actos terroristas de cualquier tipo, actos de violencia contra las cosas o personas. 
No hay nada que pueda legitimar el terror y la violencia en un orden jurídico democrático. 
Todos los partidos políticos deben mostrar claramente a los terroristas que no pueden contar con aceptación ni apoyo aunque sus motivos sean aparentemente políticos. 
De ello se deduce que hay que definir qué es terrorismo. 
¿Está dirigido solamente contra las cosas o contra las cosas y las personas? , ¿está dirigido contra las instituciones o a desestabilizar los órganos del Estado? 
¿Tiene el terrorismo alguna legitimación si le ha precedido una larga fase de injusticia, ya sea étnica, económica o de otro tipo? 
Hemos llegado de mutuo acuerdo a unos claros resultados a este respecto. 
Tenemos que comprometernos a que en la actuación política de los Gobiernos y de los Estados, de sus órganos, se detecten a tiempo los focos de peligros de los que puede surgir el terrorismo, a que se actúe a tiempo y se intente solucionar las causas de insatisfacción, que puede ser justificada, llamando por su nombre a los problemas y discutiendo sobre ellos en la democracia, intentado aproximar posiciones y resolver hasta el final los conflictos con medios pacíficos. 
Si lo hacemos, estaremos legitimados para decir no a cualquier otro modo de solucionar los conflictos y, en relación con el debate sobre el terrorismo, para decir que quien emplee el terror individual o en grupo, quien aplique el terror contra personas o grupos, no puede esperar ningún tipo de comprensión en un orden jurídico democrático, ya sean los Estados de derecho, los países miembros de nuestra Unión o la misma Unión. 
Quien actúe así tiene que contar ante todo con que va a ser perseguido penalmente con toda consecuencia, como alguien que actúa criminalmente y, repito, sin ningún tipo de consideración de un aparente motivo político. 
Es importante decir esto ya que hasta el día de hoy las organizaciones terroristas en la Unión Europea han logrado revestir a sus acciones de una aparente legitimación política. 
Decir un claro no a esto y contribuir a una lucha cualificada y eficiente de este tumor es la esperanza que deposita nuestro grupo político en este informe. 
El cielo de la Unión Europea es hoy un inmenso lazo azul que cubre desde La Palma hasta Malmö, desde Rodas hasta Dublín. 
Lazo azul que es símbolo callado de la lucha diaria, de la repulsa social contra el terrorismo, surgido en el País Vasco español, zona azotada de forma especial por esta lacra social. 
Nos encontramos, Señorías, ante una votación importante. 
No me cabe duda de que mañana, por abrumadora mayoría, la resolución que nos ocupa recibirá el respaldo de esta Asamblea, y me cumple el honor en este momento de anunciar, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, el compromiso de nuestro Grupo hacia la resolución, así como hacia distintas enmiendas, en particular, la 2, 4, 5, 6, y 11. 
Y felicito también, repitiendo y recogiendo las palabras del Sr. Schulz, a la ponente, Sra. Reding, por su encomiable labor. 
Nos encontramos, señor Presidente, ante una votación importante. 
En primer lugar, es una votación cargada de símbolo. 
Es toda Europa la que declina, sin fisuras, su repulsa a los actos terroristas, y se compromete en esta lucha contra el terrorismo y no sólo contra el terrorismo en sí, sino contra toda la parafernalia que lo rodea, sus voceros, sus colaboradores, sus consentidores. 
La Unión Europea- lo ha dicho la Sra. Reding y es importante repetirlo- está trabada sobre el Estado de Derecho y el respeto a las libertades fundamentales. 
No cabe, pues, no ya el amparo sino la más mínima comprensión sobre el terrorismo, sobre el acto terrorista. 
Cualquier reivindicación, cualquier planteamiento ideológico o político tiene un cauce de desarrollo en el marco de la legalidad, y quienes se sitúan al margen de este cauce deben recibir la calificación de lo que son: peligrosos delincuentes comunes. 
Y contra ellos se alza y se ha de alzar el Derecho ordinario. 
Y ahí me reúno también con las observaciones de la Sra. Reding, con toda su fuerza y todo su rigor. 
Además, esta resolución, lejos de quedarse en las declaraciones generales, desciende al terreno de lo concreto y reclama medidas que la ciudadanía europea considera inaplazables para luchar contra esta lacra social. 
La Sra. Reding las ha desgranado una a una. 
Yo sólo retomaré algunas de las que me parecen más simbólicas y más punteras. 
Los ciudadanos de Europa piden a las instancias gubernamentales que incrementen su cooperación. 
Piden el adelantamiento de la fecha en que Europol tendrá competencias sobre terrorismo, y la persecución, en toda la Unión Europea, de la apología del terrorismo como delito tipificado, y que ningún ciudadano de la Unión Europea pueda recibir asilo o estatuto de refugiado en otro Estado miembro cuando ha cometido o está imputado de actos de terrorismo en la Unión Europea. 
Y, por supuesto, el apoyo incondicional a esas víctimas del terrorismo. 
Además, esta resolución es, ante todo y sobre todo, esperanza y aliento. 
Esperanza de que en un mundo convulsionado, la Unión Europea se erija una vez más en abanderada de la justicia y de los derechos humanos. 
Hoy, esa bandera es el estandarte azul que hermana, desde el desgarro ante el terrorismo pero con la mirada puesta en un futuro de paz social, a todos los ciudadanos de Europa, que es tributo de todos nosotros a las víctimas del terrorismo, a esas víctimas que han sido y son del terrorismo, a esos dos ciudadanos españoles- José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux- que, en estos momentos, compendian todo el horror y el dolor del terrorismo, a sus familias y a sus allegados. 
Y señor Presidente, Señorías, esa bandera de los derechos fundamentales, esa bandera europea, configura hoy un estandarte azul, que es ese lazo simbólico que cubre la Unión Europea, desde La Palma hasta Malmö y desde Rodas hasta Dublín. 
Señor Presidente, lo felicito por su reelección, es agradable verlo otra vez en la Presidencia. 
Quisiera felicitar al ponente por su profundo informe sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea. 
Esa cuestión se planteó en la reciente cumbre de Dublín, en la que el Consejo Europeo condenó sin reservas todos los ataques terroristas y manifestó su intención de prestar una atención más detenida a la amenaza, interior y exterior, planteada por el terrorismo; fue una declaración clara, que acojo con beneplácito y hago mía enteramente. 
Como dice la ponente, los actos terroristas violan numerosos derechos fundamentales del individuo, en particular el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la libertad personal. 
Los actos terroristas han puesto fin trágicamente a las vidas de personas inocentes: hombres, mujeres y niños. 
Los que han resultado heridos por encontrarse casualmente en el lugar y en el momento en que se produjeron los actos terroristas llevan cicatrices permanentes y son testigos de las siniestras consecuencias de las acciones de quienes pretenden obtener sus fines por medios terroristas y no democráticos. 
Nadie puede estar por encima del proceso democrático. 
Se deben respetar la democracia y las libertades fundamentales en nuestra sociedad en todos los niveles, incluidas las fuerzas de la ley y del orden del Estado. 
A ese respecto, solicito aquí el apoyo de Sus Señorías para nuestra enmienda nº 7, que pide a los Gobiernos y las fuerzas de la ley y del orden que den muestras de entendimiento y respeto comunes por los derechos humanos y se atengan al imperio de la ley en la lucha común contra el terrorismo. 
No ha de sorprender a Sus Señorías que aproveche la oportunidad que brinda el debate de hoy para plantear la cuestión de la situación de ciertos presos en dos cárceles británicas. 
El lunes pasado, junto con mis colegas el Sr. Gallagher y el Sr. Crowley, visité a Róisín McAliskey, presa preventiva internada en la cárcel de mujeres de Holloway, en Londres, imputada no en Gran Bretaña, sino en Alemania. 
Se ha pedido su extradición en relación con un incidente terrorista y no se la ha condenado por nada. 
En mi opinión, Róisín no debería estar sujeta a esa clase de trato. 
No se la ha condenado por nada y, aun así, se encuentra en la cárcel de máxima seguridad. 
Está muy delicada de salud y no disfruta de atención y tratamiento médicos permanentes. 
Se la desnuda y somete a registros dos veces al día y, en ciertas circunstancias, seis veces al día. 
Está encerrada en una celda, en la que está permanentemente vigilada por cámaras de televisión y guardas especiales. 
No tiene contacto con otras internas de la cárcel. 
He de reconocer que el director de la cárcel de Holloway escuchó atentamente nuestro alegato y dijo que intentaría mejorar su situación, dentro del régimen de la cárcel, en lo que estuviera en su mano. 
Lo único que pedimos es que se le dé un trato digno y que se la traslade de vuelta a Irlanda del Norte, mientras espera que se realicen los trámites de la extradición. 
Me parece que el trato que recibe no difiere del que reciben los presos de Whitemoor, donde ha habido- estoy convencido de ello- un importante encubrimiento y colusión entre la judicatura y los políticos. 
Señor Presidente, es muy importante que aquí, como Parlamento Europeo, como representantes de la población elegidos directamente, hablemos del terrorismo. 
Es inaceptable que personas inocentes sean víctimas de la violencia, aunque esta tenga motivos políticos. 
No puede ser y no debe ser. 
Hay un problema con el terrorismo, pues existe también algo así como la lucha por la libertad. Baste mencionar la lucha de Mandela, el actual Presidente de Sudáfrica. 
Pero que quede claro de este lado, y para que no haya malentendidos, en una democracia con sufragio universal no es lícito el terrorismo, el uso de violencia. Se trata de un grave delito. 
El Grupo de los Liberales considera que el presente informe del Sr. Reding es bueno. En términos generales estamos de acuerdo con él. 
Pienso que hemos de hablar con claridad y que tenemos que decir como medida que en efecto los terroristas súbditos de un Estado miembro de la Unión Europea no tienen derecho de asilo. Me refiero a España, a Irlanda, no puede ser. 
En este sentido, hemos de ser claros. Hemos de rechazar este tipo de asuntos. 
Cabe decir más al respecto. 
Es preciso tratar con mano dura a los países terceros, de fuera de la Unión Europea, que apoyan los movimientos terroristas. 
Por último, quiero señalar que tenemos que tener cuidado con los medios de comunicación. En este sentido es preciso preservar la libertad de expresión. 
Señor Presidente, felicitamos a la Sra. Reding por su informe, que supone un importante instrumento contra el terrorismo y plantea la necesidad de construir un auténtico espacio judicial europeo donde se reconozcan y homologuen las decisiones judiciales de los países miembros. 
Los actos terroristas dentro de la Unión Europea no pueden justificarse de ningún modo porque hagan apelación a ideologías o a identidades religiosas, culturales o nacionales. 
A pesar de motivaciones políticas, deben tratarse como actos criminales y ser perseguidos penalmente. 
Los actos terroristas violan numerosos derechos fundamentales, en particular, el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad de las personas y, en muchos casos, alteran la paz y el desarrollo económico y social de las comunidades locales y regionales y atentan contra sus instituciones democráticas. 
Algunos Estados miembros de la Unión- y esto hay que decirlo con toda claridad- se enfrentan a acciones terroristas organizadas de forma transfronteriza. 
Por eso, se hace necesario un conjunto coherente de medidas de dimensión europea en cuanto a la prevención y persecución del terrorismo. 
En consecuencia, nuestro Grupo apoya decididamente la enmienda que pide al Consejo adoptar las medidas necesarias para que un nacional de cualquier Estado miembro imputado de un delito de terrorismo o de cooperación con banda armada no pueda acogerse al estatuto de refugiado en otro Estado miembro. 
La política de asilo sólo puede aplicarse a nacionales de terceros Estados que no vivan en democracia. 
Porque somos demócratas y vivimos en democracia, manifestamos que las medidas contra el terrorismo deben quedar siempre dentro del tratamiento y de las garantías marcados por la ley, respetando en todo momento los derechos humanos de los propios terroristas. 
Esta es la grandeza de la democracia y del Estado de Derecho que todos hoy aquí estamos defendiendo. 
En este sentido, cuando pedimos la ratificación del Convenio Europol, mostramos nuestro deseo de que no haya criterios discriminatorios respecto a ningún grupo y a que se pongan límites claros a las informaciones y modalidades de las fichas que se van a utilizar en Europol. 
Señor Presidente, si pensamos en los derechos de los acusados de terrorismo, ¿cómo no recordar y compartir el sufrimiento y la angustia de las víctimas del terrorismo, de sus familiares, amigos y conciudadanos? 
Esas víctimas del terrorismo que, en el caso de mi país- España -, pueden ser dignos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, estatales o autonómicas, representantes de las instituciones democráticas, o bien ciudadanos asesinados de forma indiscriminada y colectiva en lugares públicos. 
Allí mueren hombres, mujeres y niños que solamente tienen personalidad por salir en los medios de comunicación cuando ya no tienen vida. 
Recordamos con emoción a las casi 1.000 víctimas mortales del terrorismo en España, entre ellas Enrique Casas, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica y Francismo Tomás y Valiente, conocidos por su presencia en las instituciones democráticas, o el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, que defendió de forma decisiva la democracia española frente al intento de golpe de Estado de 1981. 
Recordamos también a los numerosos mutilados, como Irene Villa, y de forma muy especial, a los actualmente secuestrados José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux, sometidos a cruel tortura psíquica. 
Voy a terminar ya, señor Presidente, pero quiero, al recordarlos, pedir para ellos, de forma clara y de forma jurídica, de forma efectiva, ayuda moral y material para ellos y para sus familias, y a la vez apelamos a nuestro Parlamento y a las instituciones europeas para defender juntos, más y mejor, los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo he de manifestar que el encomiable trabajo de la Sra. Reding es fuente de controversias, y ello porque su objeto, el terrorismo, es controvertido. 
En segundo lugar, deseo hacer dos comentarios positivos con respecto al informe: primero, la apertura de las fronteras no aumenta el peligro de acciones terroristas; de hecho y como justamente puso de manifiesto la Sra. Reding, los controles tradicionales en las fronteras casi nunca conllevan el arresto de los terroristas; segundo, la Sra. Reding se refirió con acierto al hecho de que muchos actos terroristas están organizados y financiados por algunos Estados. 
Sin embargo, también deseo hacer un comentario de perplejidad. 
Es firme, muy firme mi condena de cualquier forma de violencia. 
Dicho esto, no alcanzo a comprender porque en el punto A y en el H se dice que en los Estados de la Unión no se puede hablar de terrorismo, sino únicamente de criminalidad y que, por lo tanto, -se dice al final- el asilo político debe limitarse sólo a los ciudadanos de terceros países. 
En esto, creo, que hay un salto lógico. 
En la prevista revisión del Tratado, es relativo y excesivamente ideológico excluir no sólo de hecho y para el momento presente, sino en principio y para el futuro, la posibilidad de que surja alguna exigencia de asilo político también por parte de los ciudadanos políticos de los Estados miembros. 
En este sentido, retomo y hago mías las preocupaciones de la sección italiana de Amnistía Internacional, esto es, la preocupación de que Europa, lugar de democracia, pueda convertirse en zona franca para el derecho fundamental de asilo, prescindiendo del Estado de pertenencia. 
Esto es inaceptable, mientras Europa sea, como de hecho es, una pluralidad de Estados, de ordenamientos judiciales y de policía. 
Señor Presidente, ante todo, agradezco a la Sra. Reding los elementos a la vez inteligentes y realistas que expone en su texto. 
No obstante, cabría lamentar que se trate de un informe de iniciativa que carece de valor vinculante, pero contentémonos de lo que tenemos. 
Personalmente, yo viví una infancia en la que se fusilaba, se deportaba como terroristas a gente que luchaba contra la opresión nazi. 
Gracias a Dios y a la acción de nuestros padres, hoy, en el seno de la Unión Europea, son el Estado de derecho y la ley de la democracia lo que rige nuestras instituciones. 
La violencia política que trata de abatir esas instituciones no encuentra, efectivamente, ninguna justificación y debe ser combatida, por doquier, sin flaquear. 
Merecen subrayarse varios aspectos sumamente positivos, valientes y veraces del texto. En primer lugar, las medidas puestas en práctica para luchar contra el terrorismo no deben en modo alguno basarse en leyes de excepción. 
Este es, a mi juicio, un gran valor político, al que me suscribo plenamente. 
El segundo elemento es el hecho de que la apertura de las fronteras de ninguna manera no ha acrecentado el riesgo de actos terroristas. 
A este respecto, y dicho sea rápidamente de paso al margen del debate anterior, velemos un poco por que la imagen del terrorismo, tal como la vehiculan los medios de comunicación, no arrime el ascua a la sardina de los más atrasados mentales que ocupan incluso un escaño en el interior de este recinto. 
El terrorismo en Europa no es una secreción extranjera. 
No es una mercancía importada, como quisiera hacérsenos creer. 
No solamente nos viene de Irán, Libia, Argelia, Afganistán o de otros lugares, nace y crece a sus anchas en nuestro territorio, alimentado por el desprecio de las instituciones democráticas, por la intolerancia y extravío de algunas reivindicaciones nacionalistas. 
No nos engañemos. Este extravío no es en modo alguno obligatorio. 
Y aquí mismo nuestros compañeros escoceses y algunos compañeros catalanes pueden demostrar que pueden alimentarse aspiraciones nacionales y promoverse un respeto escrupuloso de la institución democrática. 
En este tema, representan, a mi juicio, una muralla ejemplar. 
El tercer elemento que me parece importante subrayar es el hecho de haber calificado, o cualificado, de delito la apología del terrorismo. 
Trátase de una necesidad para descabezar, no solamente al terrorismo, sino a la demagogia política que a veces lo rodea. 
Por último, cabría apelar al valor de los ciudadanos para que combatan el terrorismo y también participen activamente en la reinserción en la vida social, profesional y política de aquellos que, en un determinado momento, hayan sucumbido a esta tentación terrorista. 
Señor Presidente, en primer lugar acojo con beneplácito el informe y quisiera felicitar a la ponente; es evidente que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a su preparación. 
El terrorismo es uno de los flagelos de nuestra sociedad moderna. 
Actúa en diferentes zonas, utiliza diferentes medios y tácticas, según el lugar en el que levante su horrenda cabeza. 
Siempre hay un pequeño número de personas- y hemos de reconocer que normalmente se trata de un número muy pequeño de personas- que mantienen a la inmensa mayoría como rehén con el cañón de una pistola o la amenaza de una bomba. 
En Irlanda del Norte, de donde procedo, hemos sufrido un terrorismo sostenido. Ha mantenido en tensión a los ciudadanos de esa provincia y ha creado una profundísima división en la población, que continúa en la actualidad. 
No se puede permitir que el terrorismo tenga éxito. 
Hemos de reconocer que debemos estar preparados para proteger a la población general y debe prevalecer siempre el imperio de la ley. 
Respecto de la extradición, la Unión Europea ha demostrado una debilidad muy grave. 
No se ha cubierto de gloria precisamente, porque algunos países no han estado dispuestos a asumir sus responsabilidades. 
Ha habido muchos casos de Estados miembros que han eludido dichas responsabilidades y no han hecho lo que debían. 
Eso sólo sirve para alentar a los terroristas. 
El terrorista se nutre de esa clase de propaganda; eso es lo que necesita para sobrevivir, se aprovecha de ello. 
Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, nadie en absoluto, y yo nunca defenderé a nadie que lo haga. 
Los delincuentes comunes deben recibir el trato que merecen los delincuentes comunes y no se debe olvidar que muchas personas disfrazadas de terroristas participan activamente en el tráfico de drogas y en las bandas de protección y están consiguiendo ingentes cantidades de dinero con un nombre formado por determinadas letras del alfabeto. 
Yo he tenido experiencia personal del terrorismo en Irlanda del Norte; es algo que nunca desearía a sector alguno de la especie humana. 
Espero impaciente el momento en que no haya terrorismo y no estamos dispuestos a darle la menor facilidad. 
Señor Presidente, Señorías, desde el final de la guerra fría estamos asistiendo al recrudecimiento del fenómeno terrorista, vinculado sobre todo a la intensificación de los conflictos regionales, religiosos y étnicos. 
Muchos de estos fenómenos ya existían antes de la guerra fría, aunque, especialmente en los países del Este, escondían las ruinas del régimen comunista. 
Sin embargo, hoy por hoy el terrorismo alcanza una cotas sumamente graves en muchos países del Tercer Mundo e implica también a Europa, y éste es un terrorismo de carácter ideológico, creado para golpear a los disidentes, y que- a mi juicio- puede dividirse en religioso y fanático, que vive gracias a las disparidades de las legislaciones nacionales y se desarrolla en los países que más garantizan la libertad de movimiento y de reunión. 
En consecuencia, el espacio europeo es el terreno ideal y el alimento idóneo. 
Para una lucha eficaz contra el terrorismo, cualquiera que sea su tipo, se debería- y aquí coincido con la ponente Sra. Reding- romper el círculo vicioso que se ha creado impidiendo la proliferación de las subculturas que lo alimentan; despolitizar- permítanme el término- el acto terrorista, considerándolo sólo como un simple acto criminal; utilizar medios técnicos de lucha antiterrorista mediante la infiltración y la contrainformación, facilitando a esta última los medios y las personas capacitadas; aplicar procedimientos simplificados de extradición y formar una clase de magistrados y agentes del orden expertos en las legislaciones en vigor en los diferentes Estados miembros; comunitarizar las competencias de la Unión Europea en materia de terrorismo, ya que una Comunidad abierta ha de dotarse de legislaciones comunes para luchar contra este gravísismo problema; fortalecer la cooperación en materia de investigación internacional, en la que encuentre una salida el fortalecimiento de la cooperación judicial; por último, armonizar las normas de Derecho penal de la Unión Europea. 
Sólo así, se logrará vencer el fenómeno terrorista: éste es el reto de nuestros días. 
Señor Presidente, en mi país, hace muy pocos días, se han quemado libros. 
Hemos visto como se asaltaba el escaparate de una librería que ya había sufrido actos semejantes durante los negros años de la dicturadura. 
Se quemaron libros en el País Vasco por parte de aquéllos que llamamos «el entorno del terrorismo» y que pretenden tener razones «identitarias» y/o ideológicas para defender la violencia. 
En nombre de ellas, asesinan, secuestran, torturan, acaban indiscriminadamente con la vida de gentes- lo mencionaba el Sr. Alonso Puerta- como Enrique Casas, político, Tomás y Valiente y tantos otros miembros de las fuerzas de seguridad o ciudadanos comunes que, simplemente por azar, han sido elegidos y se les ha destrozado la vida. 
El efecto que esto produce entre la gente afectada es muy difícil de transmitir y de explicar. 
En mi propio Grupo político, hablando con mis compañeros, a veces, me cuesta no llegar al límite de actitudes que podríamos llamar «demagógicas» , pero yo debo reconocer y reconozco que es difícil entenderlo cuando no se vive. 
Yo, que, como decía Bernard Pradier, soy catalana y vivo en un territorio donde la lucha por la propia identidad se ha desarrollado durante tanto tiempo, debo decir que nunca entendí la política violenta y, desde luego, nunca la hemos practicado. 
Pero debo reconocer que yo misma, ante el hecho terrorista, cambié de actitud emocional muy radicalmente cuando vi en un barrio de trabajadores de mi ciudad sacar de un hipermercado los cadáveres de gente que estaban comprando el viernes por la tarde tranquilamente, y cuando vi la reacción de dolor silencioso de la ciudadanía. 
Señor Presidente, la Unión Europea se creó para que no hubiese más quemas de libros, más muertos detrás de ninguna bandera, ni más violencias justificadas con los motivos que fuesen, para solucionar pacíficamente y con diálogo los conflictos, y en nuestras democracias esto es perfectamente posible. 
Con este informe, el Parlamento Europeo se acerca más a los ciudadanos que confían en que la Unión Europea nos haga más libres, nos permita vivir en paz, nos proteja. 
Felicito por ello a la ponente. 
La felicito porque pienso realmente que ha hecho muy buen trabajo, y espero y pido que esta Asamblea se pronuncie muy mayoritariamente a favor de este informe. 
Nuestros ciudadanos no entenderían que una Unión política compuesta por países democráticos no cooperase más activamente, no hiciera todos los esfuerzos posibles para, a partir de las premisas democráticas, luchar activa y fuertemente contra el terrorismo. 
Creo que, a partir de mañana, el Parlamento dará un paso más en este sentido. 
Señor Presidente, Señorías, sean mis primeras palabras de felicitación a la Sra. Reding por su excelente informe. 
Mucho hubiésemos deseado que este informe no se hubiera tenido que realizar pero, lamentablemente, todavía hoy hay personas en la Unión Europea que no respetan la convivencia, los derechos humanos y los principios democráticos. 
El informe abarca numerosos aspectos que han sido tratados por las personas que me han precedido en la palabra, como son, sobre el terrorismo, la prevención, la cooperación policial y judicial, la persecución penal, la necesidad de la pronta ratificación del Convenio Europol y, sobre todo, la consideración de cualquier acto terrorista como acto criminal que debe ser perseguido por la vía penal. 
Sin embargo, permítanme resaltar dos aspectos fundamentales, a mi juicio, de este informe. 
Por un lado, que la apología del terrorismo sea tipificada en los códigos penales de los Estados miembros como delito y, por otro, la ayuda efectiva a las víctimas del terrorismo. 
Respecto al primero, los demócratas no podemos permitir que se propaguen impunemente artículos o declaraciones de justificación, defensa o alabanza de acciones terroristas. 
Cualquier acto o manifestación de este tipo no hace sino incrementar la confusión y el desconcierto en la lucha contra el terrorismo, y cualquier aliento al fenómeno terrorista no sólo no debe ser permitido, sino que, además, debe ser perseguido penalmente. 
No existe justificación alguna para la violencia y cualquier argumento pierde su fuerza cuando la razón deja paso a la muerte y al sufrimiento. 
Y precisamente este sufrimiento lo soportan las víctimas del terrorismo y sus familiares, y es por eso que creo necesario resaltar la importancia de la necesidad de dotar a la Unión Europea de un fondo de solidaridad con las víctimas del terrorismo. 
En una Europa en la que hablamos de ciudadanía europea, democracia, libertad y solidaridad, debemos ser solidarios con nuestros ciudadanos afectados por una lacra social, como es el terrorismo, con las víctimas del terror, de la intolerancia y de la opresión. 
Es imprescindible, señor Presidente, Señorías, para una verdadera lucha antiterrorista, que los Estados miembros persigan penalmente no sólo a los autores materiales de las acciones terroristas, sino también a cualquier persona, grupo o estructura que haya participado en su organización, preparación o ejecución. 
Sin una adecuada infraestructura, muchas acciones terroristas no se podrían llegar a materializar y, por ello, debemos extender la responsabilidad penal a aquéllos que colaboran con el terror. 
Mientras exista la unidad de los demócratas frente al terrorismo, como se ha demostrado reiteradamente en este Parlamento, la libertad, la convivencia pacífica y la democracia vencerán. 
Son muchas las muestras de solidaridad frente al terrorismo, pero la de este Parlamento, que representa la voluntad de todos los ciudadanos de la Unión Europea, es de vital importancia. 
Señor Presidente, sean mis últimas palabras de recuerdo y deseo de liberación de las personas que todavía permanecen secuestradas por los opresores de la libertad. 
Señor Presidente, no se puede aceptar el terrorismo en una sociedad basada en el Derecho. 
Debe ser erradicado a todos los niveles, pero por medios legales. 
Una sociedad democrática abierta a los ciudadanos y al mundo que la rodea constituye el mejor modo de contrarrestar la base de que se alimenta el terrorismo. 
También son importantes otras iniciativas preventivas de conflictos étnicos, nacionales, sociales y económicos. 
Se pueden efectuar mejoras en el terreno práctico. 
Son vitales los controles personales en aeropuertos, de equipajes, los sistemas informáticos de registro de datos y la vigilancia por televisión, y todo ello puede mejorarse para impedir los ataques terroristas. 
Mi opinión es que no es absolutamente seguro que la eficacia sea equivalente a unas decisiones supranacionales. 
Se pueden conseguir muchas cosas en el ámbito de la cooperación. 
Europol debe colaborar en mayor grado con Interpol, y hacerlo a petición de los Estados miembros interesados. 
Una perspectiva que aún no se ha expuesto en este debate es que ni Europol, ni la UE, ni cualquier otra institución pueden poner trabas a la libertad de prensa. 
En mi opinión, la propuesta de recomendaciones a la prensa sobre el modo en que tiene que llevar a cabo su actividad informativa no puede, por consiguiente, ser aceptada. 
Señor Presidente, Señorías, este informe abunda, claro está, en buenas intenciones y también en medidas de sentido común que necesariamente suscitan la unanimidad. 
No nos distinguiremos a este respecto. 
No obstante, cabe añadir que el análisis del terrorismo realizado por este informe es, a pesar de todo, bastante superficial. 
En Europa hay, según parece, vacas locas, pero también vacas sagradas que la ponente, por supuesto, no se atrevió a atacar. 
El terrorismo no nace sobre cualquier terreno social, no más que la violencia en general, y ese tema no se abordó en el informe. 
Numerosos antropólogos o sociólogos, como Arnold Gehlen, por ejemplo, han demostrado que el hombre necesita estar enmarcado por tradiciones e instituciones fuertes. De lo contrario, su naturaleza violenta reaparece sumamente rápido. 
Es así como el desarraigo, ya sea nacional o social, es por ello una causa esencial de la violencia, pero también del terrorismo. 
Ahora bien, la inmigración masiva procedente de países del Tercer Mundo, así como la marginalización de crecientes categorías sociales, provocada por la globalización de la economía, causa del paro, crea un nuevo proletariado. 
En el futuro, éste puede constituir una verdadera arma de reserva para el porvenir del terrorismo. 
Impedir la constitución de este potencial sociológico supondría luchar contra las diferentes formas de desarraigo provocadas precisamente por la política europea. 
Sería preciso luchar contra la inmigración y restaurar el crecimiento en un marco de competencia leal, todo lo contrario del actual librecambismo desenfrenado. 
Por último, sería preciso favorecer los valores de las raíces familiares, nacionales o religiosas que permiten reducir la violencia canalizando los comportamientos. 
Sin embargo, todo esto es, según parece, un tema tabú. 
Otro tabú, claro está: no quiere admitirse que la lucha contra el terrorismo es necesariamente una forma de guerra y que no puede hacerse la guerra sin restablecer la pena de muerte. 
Se prefiere, sin duda alguna, al igual que un Estado federal, Estado miembro, que los terroristas se suiciden en la cárcel, restando con ello claridad al sistema judicial democrático. 
Todo ello resulta muy hipócrita. 
Pienso que sería más justo, más digno y más democrático restablecer la pena de muerte para los actos de terrorismo, cuanto más que son verdaderamente asesinos. 
Estos son algunos temas tabúes, creo, que también merecerían ser mencionados. 
Señor Presidente, no es la primera vez que el Parlamento debate la cuestión del terrorismo, y es fácil de entender que lo haya hecho en repetidas ocasiones. 
Sobre todo porque, para un Parlamento que ha recibido su mandato a través de un proceso democrático, es naturalmente inaceptable que haya personas que, en una sociedad democrática, recurran a la violencia como método de trabajo para promover sus puntos de vista. 
Otro motivo es que, un Parlamento donde a diario se debate sobre la seguridad y el bienestar del ciudadano, considera como una tragedia humana que un acto violento afecte a ciudadanos normales que no tienen absolutamente nada que ver con las posibles exigencias de los terroristas. 
Todas sus acciones se convierten en gratuitas, injustas y esencialmente inhumanas. 
En tercer lugar, el terrorismo, junto con otras modalidades de crimen organizado, constituye el mayor obstáculo para que los ciudadanos europeos puedan beneficiarse de la libre circulación dentro del mercado comunitario. 
Señor Presidente, podría decirse que el objetivo de la Unión es sencillamente facilitar la colaboración de todas las fuerzas que se mueven a nivel europeo en favor de la paz, el medio ambiente, y la salud y la seguridad de los ciudadanos. 
En consecuencia, naturalmente no podremos aceptar jamás que se permita que las fuerzas del mal saboteen estos objetivos. 
Por lo tanto, una de las tareas más importantes de la Unión es la lucha contra el crimen organizado en todas sus modalidades. 
Considero, por tanto, del todo incomprensible que los Estados miembros no se dediquen a ello con todas sus fuerzas, que no se aplique la capacidad que se tendría con una cooperación mejor organizada en los ámbitos policial y de justicia sin dar el primer paso vital, que es la ratificación del Convenio Europol. 
Comparto la preocupación de la Sra. Reding en este sentido y todas las conclusiones de este magnífico informe. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero pronunciar aquí unas breves palabras para expresar mi apoyo y el de mi Grupo parlamentario al informe de la Sra. Reding sobre la lucha contra el terrorismo. 
Creo que es un informe excelente, que trata, aprecia y propone de forma exhaustiva las causas, la práctica y la lucha contra el terrorismo. 
Permítanme que destaque de este informe, de modo especial, cuatro aspectos. 
Primero, la necesidad- e incluso la conveniencia- de no tratar y abordar los actos terroristas con procesos y leyes de excepción. 
Las acciones terroristas, en sus diversas formas, deben ser pasibles de un procedimiento judicial normal, como todos los actos criminales. 
Considerar las acciones terroristas como delitos establecidos en leyes de excepción es valorizarlos, favorecer los objetivos de quienes los cometen. 
Eso sí: en esos casos, será necesario armonizar los códigos penales de nuestros Estados para que no surja, en este o en aquel Estado, la excepción. 
Segundo, del mismo modo, el realce que habitualmente dan los medios de comunicación a las acciones terroristas es una importante contribución a la valorización y la amplificación del efecto pretendido por los propios terroristas. 
El autocontrol- repito: el autocontrol- de los medios de comunicación debe impedir el maleficio de la resonancia de las acciones terroristas. 
Tercero, todos debemos contribuir a la prevención y la lucha contra el terrorismo en el nivel mundial. 
La defensa activa de los derechos humanos, de la que la Unión Europea es paladín, será nuestra mayor contribución. 
En ese marco, nuestra primera obligación es la de defender a la Unión Europea contra las acciones terroristas. 
Las causas, aun consideradas totalmente justificadas, de las acciones terroristas siempre existirán y existen. 
Será siempre mejor la búsqueda de soluciones políticas para las posibles divergencias, aun cuando sean graves, que el radicalismo de posiciones que siempre conduce a la violencia. 
Pero, si se nos impone la violencia, hay que disponer de los medios adecuados, además de los preventivos, para la lucha eficaz contra las acciones terroristas. 
A ese respecto, nuestro Parlamento debe aprobar también las propuestas objetivas del informe. 
Cuarto, tenemos, señor Presidente, las instituciones más fuertes de todo el régimen político existente en la Tierra. 
Las instituciones son fuertes y muy fuertes, porque son libres, solidarias, justas y trabajan en democracia. 
Señor Presidente, me uno al grito de condena que se lanza desde este Parlamento contra los actos terroristas, las formas de violencia, la xenofobia o los intentos de los Gobiernos de colonizar a los pueblos y las identidades territoriales, o de sofocar sus legítimas aspiraciones de libertad, autonomía y autodeterminación. 
Toda la organización de esta Europa debe emplearse a fondo para que el terrorismo, la criminalidad y la violencia, a todos los niveles, no aumenten y para que la democracia, las libertades individuales sean las bases de esta nueva construcción europea. 
Que este Parlamento tenga mucho cuidado en no confundir voluntariamente las legítimas reivindicaciones de los pueblos a la autonomía, por otra parte reconocidas a escala internacional por los acuerdos de Helsinki, con movimientos, grupos o ideologías que con dichas reivindicaciones nada tiene que ver. 
Sería una grave ofensa para el espíritu y la letra de los Tratados si este Parlamento se prestara a ambiguas maniobras, dirigidas a impedir el nacimiento de la Europea de la regiones y de la Europa de los pueblos. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Reding por un informe que ha intentado lograr un equilibrio imparcial entre el planteamiento, perfectamente correcto, de condenar todas las formas de violencia y terrorismo, por un lado, y, por otro, reconocer que, al hacerlo, no debemos permitir que nuestros derechos civiles resulten erosionados, con lo que los terroristas habrían logrado, en realidad, sus objetivos. 
A veces se dice que quien para una persona es un terrorista para otra es un luchador por la libertad. 
Todos podemos citar casos conocidos en nuestra vida y en ciertos países en los que un grupo ha considerado a ciertas personas con un criterio y otro grupo las ha considerado con otro. 
Pero tenemos que hacer una distinción- como la hace el informe- entre lo que pudo haber ocurrido hace cincuenta años, cuando se luchaba contra los horrores del nazismo, por ejemplo, o se oponía resistencia a regímenes brutales y opresivos, y la utilización de actividades terroristas en sociedades abiertas y democráticas. 
No existe justificación alguna, como ha dicho todo el mundo, para la utilización de la acción terrorista en sociedades libres, abiertas y democráticas y, menos aún, de actos de terrorismo que provoquen- como con tanta frecuencia ocurre- el sufrimiento de personas inocentes. 
También quiero subrayar la necesidad en todo lo que hagamos de velar por que no caigamos en el error de permitir que los terroristas alcancen sus objetivos. 
Los actos de terrorismo en la Unión Europea están inspirados primordialmente por el deseo de perturbar la sociedad normal. 
Si introducimos medidas de seguridad tan agobiantes, que resulte socavada la vida democrática normal, daremos la ventaja a los terroristas y les permitiremos alcanzar sus objetivos. 
Debemos evitar eso a toda costa. 
Se trata de un equilibrio difícil de mantener, pero creo que este informe en general lo ha conseguido. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Sra. Reding por haber profundizado tan meritoriamente en un asunto difícil, el terrorismo, que, por su complejidad y gravedad, exige que se avance cuanto antes en la cooperación a nivel europeo y mundial. 
Me complace que Finlandia haya mostrado su voluntad y disposición para llevar a cabo una cooperación diversificada en esta cuestión perteneciente al tercer pilar. 
Sobre la base del Convenio de cooperación Europol, la tarea de coordinación en materia de política de asilo y una utilización más eficaz de la tecnología punta para garantizar la seguridad en los lugares públicos y, por ejemplo, en el transporte público, como el transporte aéreo y el ferroviario, así como para obtener información, revisten gran importancia para lograr que los habitantes de nuestro continente sigan sintiéndose seguros. 
Quiero hacer referencia a la aplicación de una política de asilo coordinada en lo que se refiere a los ciudadanos de terceros países, sobre la que ha hecho hincapié la Sra. Reding. 
Parece oportuno reflexionar acerca de si es razonable que cada Estado miembro asigne recursos ilimitados a las solicitudes de asilo sin tener en cuenta la posible existencia de una decisión negativa adoptada en otro Estado miembro en relación con la misma solicitud. 
Dado que la idea fundamental de la integración europea es crear un hábitat seguro y garantizar la libre circulación de las personas, es absolutamente necesario que la Unión pueda mostrar claramente que posee la voluntad y los medios para defender el derecho de los europeos a disfrutar de las ventajas de estos principios sin la amenaza que entraña el terrorismo. 
El terrorismo constituye una amenaza de gran magnitud para la seguridad de la población civil, que incrementa la sensación de inseguridad en Europa, a menudo mucho más que los problemas de seguridad tradicionales de alcance limitado, sobre todo, los militares. 
Los actos terroristas más recientes demuestran que la Unión Europea debe centrarse en la erradicación del terrorismo extremista islámico y en la búsqueda y formación de expertos. 
En lo que se refiere al terrorismo informático, nos damos cuenta de que la facilidad con que circula la información constituye una ventaja grandiosa desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad, pero también es su talón de Aquiles, debido a la dificultad para impedir que se haga de ella un uso delictivo. 
Si se hace un estudio comparativo de las conexiones a Internet por persona, Finlandia figura entre los primeros países del mundo; creo que nuestro país, en particular, en su calidad de experto en alta tecnología, tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista de los conocimientos de cara a los esfuerzos comunes a nivel europeo relativos al aprovechamiento de la tecnología para combatir el terrorismo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Reding por su equilibrada y completa declaración sobre el problema del terrorismo. 
El considerando H señala que, dado el nivel de democracia que hemos alcanzado en esta Unión Europea, los actos de terrorismo no pueden ni remotamente estar justificados por razón política o ideológica alguna y, sea cual fuere la motivación, no dejan de ser actos delictivos y como tales se deben castigar. 
La ponente señala atinadamente que las penas deben ser conformes al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Yo vivo en la frontera con Irlanda del Norte y ese considerando es aplicable en particular a la situación en Irlanda del Norte, donde la motivación, en particular para la violencia nacionalista, es política. 
Si las personas responsables se detuvieran a pensar, verían que en la actualidad se han abordado o se están abordando dentro del marco de la Unión Europea la mayoría de los agravios que provocaron el recurso a la violencia hace veinticinco años. 
Todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de dónde vivan, disfrutan hoy de libertades que en el pasado se denegaban a los ciudadanos en muchos Estados miembros. 
La violencia del IRA, en particular en Irlanda del Norte, no está resolviendo problema alguno y está impidiendo, en realidad, a las comunidades de Irlanda del Norte y a las dos partes de Irlanda desarrollarse y lograr la integración y la supresión de las fronteras y las barreras que la Unión Europea ha posibilitado. 
En el párrafo 9 se señala que la exclusión económica, social y cultural puede ser un factor que contribuya a la violencia. 
En su historia de los problemas de Irlanda del Norte, un historiador irlandés, Tim Pat Coogan, apoya esta tesis, al señalar que la mayoría de los jóvenes que han sostenido la campaña de violencia a lo largo de los veinticinco últimos años procedían de un pequeño número de guetos cuyos habitantes son pobres y desfavorecidos y lo mismo es aplicable a la violencia del bando unionista. Procede de personas criadas en sectores de la clase trabajadora que viven en zonas superpobladas y en malas condiciones. 
Sea cual fuere el origen de la violencia, el derecho básico de los ciudadanos de esta Unión es el de estar protegidos contra ella y este Parlamento tiene el deber de velar por que las personas que cometen actos criminales, en particular contra las personas, no encuentren refugio en ningún Estado miembro de esta Unión Europea. 
En este punto del desarrollo de la Unión no cabe duda de que hemos adquirido la suficiente confianza mutua para armonizar las disposiciones legales necesarias con vistas a contrarrestar la movilidad cada vez mayor de los delincuentes y la tecnología de que disponen. 
Debemos conceder prioridad a esa tarea. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Reding por su excelente informe. 
El terrorismo, las acciones violentas llevadas a cabo por grupos organizados para obtener objetivos políticos, sociales o de otro tipo, no tienen ninguna justificación. 
Desde el punto de vista ético es inaceptable, pero también desde el punto de vista político. 
En una sociedad democrática, como es la europea, todos los proyectos son y deben ser legítimos y defendibles, siempre y cuando se desarrollen pacíficamente y cuenten con la adhesión popular. 
Por ello, nuestro rechazo hacia la utilización de la violencia para conseguirlos debe ser absoluto. 
Necesitamos instrumentos para luchar contra estos grupos violentos y organizados, y más aún cuando hemos creado un espacio común sin fronteras en la Unión Europea y estamos abriendo espacios para el libre movimiento de las personas. 
Pero por ello precisamente necesitamos dotarnos de dos herramientas complementarias en la lucha contra las acciones violentas. 
Por un lado, debemos crear un espacio policial y judicial común en el que colaboren, como dice el texto de la resolución, todas las autoridades competentes de los Estados miembros, es decir, las policías competentes en su ámbito, sea éste el Estado o una de sus partes, como es el caso de la propia policía vasca, la Ertzaintza, que es competente en su jurisdicción. 
Y por otro lado, hay que aproximar las legislaciones para impedir que los autores de acciones violentas encuentren protección y amparo en otros Estados miembros. 
Estas son las vías de la cooperación policial. 
Unamos a ello un escrupuloso respeto a los derechos humanos en la lucha contra los violentos y las acciones violentas, para que, de esta forma, demos legitimidad a nuestros sistemas democráticos. 
Y como el propio texto de la resolución subraya, no basta la actuación policial para resolver conflictos enquistados en nuestra sociedad. 
Es necesario el diálogo democrático, por lo que el Parlamento Europeo hace en esta resolución un llamamiento a los Estados de la Unión Europea para que lo promuevan como contribución para resolver los conflictos políticos. 
Actuemos policialmente pero, a su vez, creemos condiciones para el diálogo sin exclusiones, de forma que todas las personas y grupos vean claramente que, en el marco de la democracia, sus objetivos políticos se pueden llevar a la práctica, con una sola condición: que los ciudadanos les den su apoyo, es decir, con una mayoría democrática. 
Señor Presidente, bienvenido el informe de la Sra. Reding que pone de manifiesto que, en nuestra civilizada Europa, todavía soportamos la lacra del terror. 
Muchos de los diputados del Parlamento Europeo, en nuestras circunscripciones, somos conscientes de que el fenómeno terrorista constituye la más flagrante transgresión de los derechos humanos y algunos diputados incluso podrían dar fe de que lo sufren en su propio entorno familiar. 
¿Para qué sirve la soberanía de los Estados? 
Hora es de que supongamos que la defensa de la vida y de la libertad exige una puesta en común de todas nuestras armas y, entre ellas, la que nos puede posibilitar la puesta en marcha del Convenio Europol como fórmula de buscar un objetivo tan necesario en el siglo en el que vivimos. 
En España, ahora mismo, estamos teniendo a dos ciudadanos secuestrados por la banda terrorista ETA. 
La esposa de uno de ellos, del funcionario Ortega Lara, visitaba este Parlamento Europeo en el mes de noviembre y reclamó y obtuvo la solidaridad y apoyo del Presidente de la Asamblea y del conjunto de los diputados. 
Hora es de que dejemos las buenas palabras, como decía la Sra. Reding, de que nos demos cuenta de que el terrorismo tiene un caldo de cultivo en un mercado que hay que destruir y que destruimos con argumentos políticos y jurídicos, como los que espero que mañana sean aprobados mayoritariamente por este Parlamento. 
Hora es de que vayamos más allá de las palabras y de que pensemos que hay que empezar a construir la Europa del futuro a base del respeto a los derechos más fundamentales, que son el derecho a la vida y el derecho a la libertad. 
Por ello, gracias, señora Reding, y esperemos que mañana su informe sea aprobado por toda la Asamblea. 
Señor Presidente, distinguidos diputados, en los últimos decenios Europa ha sido objeto de una oleada de actos terroristas. 
Los autores pertenecen a grupos internos, y también a organizaciones con cuarteles generales situados fuera de Europa. 
Todos recordamos los numerosos secuestros de aviones, las bombas, los asesinatos y los secuestros de personas. 
La reacción inmediata fue la movilización internacional de la lucha contra el terrorismo. 
Durante parte de este periodo yo tuve la responsabilidad de todo lo relativo a la cuestión del terrorismo, como ministra sueca. 
Tuve la ocasión de observar de cerca las mejoras promovidas en torno a la seguridad general en toda Europa. 
La seguridad aérea se convirtió en un concepto con autonomía propia. 
Se protegió mucho más eficazmente a embajadas y otros edificios representativos. 
Los Jefes de Gobierno y las personas en posiciones clave tuvieron que acostumbrarse a llevar escolta. 
Se dio formación especial a la policía y más recursos y competencias a las autoridades. 
Lo más significativo de todo ello fue la gran cooperación intensiva a nivel internacional que surgió rápidamente en la lucha antiterrorista. 
Me refiero sobre todo a la cooperación bajo los auspicios de Trevi, que en muchos sentidos es un antecedente para la actual cooperación policial dentro de la Unión. 
Esta cooperación ha llevado a la detención de terroristas y a la disolución de sus organizaciones. 
Se ha dificultado el establecimiento de nuevos grupos. 
La lucha contra el terrorismo es quizá uno de los mejores ejemplos de lo importante y fructuosa que puede resultar una cooperación estrecha a nivel internacional con miras a la erradicación del crimen organizado. 
Naturalmente, también ha jugado un gran papel la evolución política de signo positivo que se ha registrado en los últimos años en Oriente Medio, la antigua Unión Soviética y el este y centro de Europa. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Reding cuando señala en su informe la necesidad de hallar soluciones políticas a los conflictos donde el terrorismo busca sus fuentes. 
Es necesario que abordemos las causas básicas del terrorismo. 
El terrorismo sigue siendo, no obstante, motivo muy grave de preocupación dentro y fuera de Europa. 
Ciertamente, se ha reducido el número de actos terroristas a nivel internacional durante el último decenio, pero el de víctimas tiende a aumentar. 
Puede decirse que la evolución va en dirección a unos actos terroristas menores en número, pero más graves en cuanto a consecuencias. 
Dentro del marco de la cooperación de la UE en cuestiones de justicia e interior se ha abordado la cuestión del terrorismo en varias ocasiones. 
El informe Reding menciona la Declaración de La Gomera contra el terrorismo, adoptada por el Consejo de Ministros de octubre de 1995. 
Esta declaración apunta, como el informe Reding, a la necesidad de una acción conjunta en la lucha contra este fenómeno. 
Lo más urgente en estos momentos es que el terrorismo figure dentro de las competencias de Europol en cuanto el Convenio entre en vigor. 
Por consiguiente, me apunto con satisfacción que la Sra. Reding, al igual que muchos de los oradores de este Pleno, ha invitado a los países miembros a que lo ratifiquen con la mayor celeridad. 
Hasta la fecha solamente lo ha hecho Gran Bretaña. 
La Presidencia irlandesa instó a los países miembros a que ratificaran el Convenio durante 1997. 
Yo deseo añadir que considero de la mayor urgencia que, paralelamente a esta ratificación, también se trabaje seriamente en el Convenio sobre la extradición; también es una parte importante dentro de todo lo que tiene que ver con el terrorismo. 
El informe Reding no podría ser más oportuno ni de mejor calidad. 
La lucha contra el terrorismo debe seguir siendo una cuestión de alta prioridad dentro de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Progresos realizados por la Unión Europea en 1995 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0396/96) del Sr. Valverde López, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el informe del Consejo Europeo al Parlamento Europeo (C4-0409/96) relativo a los progresos de la Unión Europea en 1995 (de conformidad con el artículo D del Tratado de la Unión Europea). 
Señor Presidente, iniciamos el debate anual sobre los progresos de la Unión Europea de conformidad con el artículo D del Tratado de Maastricht. 
Una de sus principales novedades fue reconocer al Consejo Europeo la misión de dar a la Unión los impulsos necesarios a su desarrollo y las orientaciones políticas generales. 
Por otro lado, la exigencia del Tratado de la presentación, por parte del Consejo Europeo, de un informe anual sobre los progresos de la Unión indicaba claramente una obligación de diálogo entre el Consejo Europeo y el Parlamento. 
Para que este diálogo sea eficaz en un futuro será necesario que el Consejo Europeo se comprometa a terminar su informe anual en la cumbre del mes de diciembre y que el Parlamento Europeo dé muestras de agilidad y sensibilidad política y organice un gran debate general en su sesión plenaria de febrero o marzo de cada año. 
Por otro lado, un año más, aquí y ahora, hay que recordarle al Consejo Europeo que su misión es claramente diferente de la del Consejo de la Unión y, por tanto, su informe anual no puede ser un simple catálogo de las actividades desarrolladas durante el año, sino que debe ser un documento de evaluación de la acción política realizada y una exposición de los objetivos políticos e ideas fuerza que se han de transmitir a la sociedad. 
Debe haber un diálogo abierto Parlamento/Consejo Europeo para discutir las orientaciones políticas generales del año en curso. 
De este diálogo, saldría reforzada y doblemente legitimada la acción política de la Unión. 
En estos momentos cruciales de la consolidación de la Unión Europea es muy importante que lleguen a los ciudadanos mensajes claros, precisos y firmes sobre los grandes objetivos políticos de la Unión. 
Como en cualquier empresa, tener la seguridad de un horizonte claramente definido es esencial. 
El problema mayor de la construcción europea en estos momentos, y sobre todo de cara a la opinión pública, lo constituyen las interpretaciones nacionalistas que algunos Jefes de Gobierno hacen ante sus respectivos electorados, mistificando y debilitando muchas veces los acuerdos institucionales. 
Desde este Parlamento tiene que llegar un mensaje claro de apoyo a muchos de los acuerdos tomados en los Consejos Europeos y, al mismo tiempo, una denuncia crítica a aquellos Jefes de Gobierno que no se ajustan a la lealtad debida a los acuerdos institucionales, con lo que actuando así transmiten confusión e inseguridad y producen un gran confusionismo en la opinión pública. 
Por otro lado, señor Presidente, estas interpretaciones sesgadas y parciales, desgraciadamente, suelen ser el tema preferido por muchos medios de comunicación por lo escandaloso y desestabilizador de algunas de las ideas que se exponen. 
De estos debates, como el que estamos teniendo hoy sobre el estado de la Unión, a los ciudadanos deben llegar mensajes ilusionantes sobre el futuro y que reafirmen que el Consejo Europeo y el Parlamento pueden discrepar en algunas ocasiones y en puntos concretos, pero que son solidarios sobre los grandes objetivos de la Unión política. 
Hoy, aquí, debería quedar claro entre ambas instituciones diferentes objetivos recogidos en la propuesta de resolución elaborada en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales con gran consenso entre todos los Grupos políticos, a los que desde aquí agradezco sus aportaciones y apoyo, y que resume la posición actual del Parlamento Europeo en los temas esenciales de los desafíos de la Unión en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria, el empleo, el mercado interior, ciudadanía, política exterior común, justicia y asuntos de interior, ampliación y el gran tema de la Conferencia Intergubernamental. 
Para subrayar las propuestas del Parlamento de forma sumaria, se puede decir que coinciden con los objetivos aprobados en el Consejo Europeo de Madrid, que diseñó la llamada «Agenda 2000» que consideramos del más alto interés cumplirla en todos sus extremos, así como las precisiones posteriores aportadas en los Consejos Europeos de Florencia y de Dublín. 
Este Parlamento considera esencial reafirmar ante la opinión pública que comparte los grandes objetivos diseñados por el Consejo Europeo y que deben cumplirse los plazos y las condiciones establecidas para ir superando, en cada etapa, los diferentes problemas, condenando cualquier intento de todo Jefe de Estado o de Gobierno de alterar lo ya acordado o pretender mezclar los diferentes temas ya abordados y planificados. 
Resumiendo, se puede afirmar, señor Presidente, que el Parlamento Europeo respalda el acuerdo sobre la moneda única, respalda la ampliación- que considera como una oportunidad histórica para unificar políticamente Europa -, pero recuerda al Consejo Europeo que la Conferencia Intergubernamental debe dotar a la Unión de los instrumentos necesarios para asumir la ampliación con éxito. 
Asimismo, en cuanto al desarrollo de la política de justicia e interior, es esencial «comunitarizarla» , como hemos repetido insistentemente en este Parlamento, y se necesita un espacio judicial europeo y una estrategia imprescindible para luchar contra el terrorismo y el tráfico de drogas, y el debate anterior lo ha puesto muy claramente de manifiesto. 
También hay que insistir sobre la política exterior y de seguridad común, que debe también avanzar en las líneas que se fijaron en el propio Tratado de Maastricht. 
El Consejo Europeo debe asumir que los mecanismos de cooperación actuales han sido un fracaso y se ha de avanzar con decisión en los procesos de integración. 
Por último, señor Presidente, hay que destacar que los ciudadanos tienen que recibir seguridades de que el Consejo Europeo está decidido a avanzar en la ampliación de los derechos que configuran la ciudadanía europea, y tenemos que alabar- ya de paso- el esfuerzo que está haciendo la Comisión Europea en estos momentos en su campaña de información. 
Hay otros temas que serán desarrollados por otros colegas en los que yo no insisto. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el informe escrito del Consejo está previsto en el Tratado de la UE. 
No obstante, el debate anual sobre el mismo aquí en el Parlamento Europeo no puede convertirse en un ritual. 
Por ello, quiero utilizar el debate de hoy para hablar sobre perspectivas concretas del futuro común europeo y recordar importantes acontecimientos del año 1995. 
Primero: la ampliación a 15 Estados miembros. 
Este éxito fue al mismo tiempo una señal para la necesaria transformación de nuestra Comunidad y de las diferentes condiciones marco políticas. 
Como se sabe, la Conferencia Intergubernamental está deliberando ahora al respecto. 
Segundo: la actividad del grupo de reflexión bajo la presidencia de Carlos Westendorp con dos diputados del Parlamento Europeo. 
Se extrajo la conclusión de que sin la participación de los pueblos de la Unión Europea y de sus representantes democráticamente elegidos, no es factible esa transformación. 
Por ello, los resultados de la Conferencia Intergubernamental deben tener en cuenta también las exigencias del Parlamento Europeo. 
Tercero: el decidido compromiso del Consejo Europeo de Madrid para hacer realidad la Unión Monetaria. 
Seguimos este asunto con gran atención pero no sin críticas a lo que está aportando hasta ahora el Consejo a los trabajos para la ejecución de dichas resoluciones. 
Cuarto: la determinación de un orden del día político para los próximos años, es decir, Conferencia Intergubernamental, Unión Monetaria, negociaciones de ampliación así como la revisión de las previsiones financieras y los recursos propios. 
En lo tocante a este orden del día, la cumbre de Amsterdam de mediados de junio tiene que aportar reformas básicas para la Unión Europea. 
Pero el año 1995 ha dejado tras de si también algunos problemas que no están en absoluto resueltos. 
Por un lado, la debilidad de Europa en política exterior, que en realidad se debe a la incapacidad de 15 Gobiernos para actuar conjuntamente. Véase el caso Yugoslavia. 
Por otro, están ante todo la catastrófica situación del paro. 
Tanto en 1995 como en 1996 fue un tema prioritario del Consejo sin que se haya logrado un éxito palpable. 
La Conferencia Intergubernamental tiene que aportar mejoras con un nuevo capítulo sobre la política de empleo y la finalización del opt-outs de Gran Bretaña. 
Pero esto no es suficiente. 
En el marco de una coordinación conjunta, los Estados miembros tienen que hacer frente a su responsabilidad para lograr un desarrollo positivo en el campo del mercado laboral. 
La democracia política y el Estado social son fundamentos inseparables de la integración Europea. 
Señor Presidente, quiero expresar al Sr. ponente mis felicitaciones por haber escrito un informe crítico. 
No tengo nada que objetar a sus críticas excepto a una que apoyo limitadamente. 
Quiero destacar un punto del apartado 34 del informe en el que se reprocha la falta de voluntad del Consejo en la Conferencia Intergubernamental. 
Creo que esta falta de voluntad se debe a una falta de claridad fundamental, la falta de claridad sobre los objetivos que la Unión Europea se ha marcado ella misma en Maastricht, es decir, la superación de la división del continente europeo creando para ello las bases para la configuración de la futura Europa. 
El mismo Tratado de Maastricht dice en qué se asientan estas bases: en la Carta de las Naciones Unidas, en los principios del Acta Final de Helsinki y en la Carta de París. 
Basarse en estos principios tiene importantes consecuencias pues dichos principios no se pueden hacer realidad al modo de una política exterior y de seguridad tradicionales, tal como aún se sigue intentado, sino solamente creando un orden de paz que aún no existe y que debe ser el fundamento de la futura Europa. 
Lamentablemente, debo decir- lo que hago en su presencia, señor Comisario -, que en los documentos del Consejo de Dublín II no puedo ver ni rastros de conciencia sobre esta gigantesca tarea. 
Señor Presidente, el informe que nos ocupa hoy sobre los progresos realizados por la Unión en 1995, analiza la política europea desde una perspectiva falseada que se hace evidente desde el primer considerando. 
La Unión se fundamentaría a la vez en una legitimidad democrática, expresada por el Parlamento Europeo, y en una legitimidad de Estados, expresada por el Consejo. 
Esta presentación, todo lo clásica que sea, esconde, sin embargo, lo esencial. 
Existe una primera legitimidad que prima sobre las otras dos, pero que no se menciona suficientemente, la de los parlamentos nacionales. 
Esta legitimidad constituye hoy día, y aún por mucho tiempo, a decir verdad, todo el tiempo que tarde en existir un pueblo europeo, la legitimidad principal, como lo recordó con toda razón el fallo del tribunal constitucional alemán emitido en octubre de 1993 sobre el Tratado de Maastricht. 
Esta primera legitimidad no ejerce solamente efectos indirectos sobre la Unión a través de la responsabilidad de los gobiernos nacionales, también ejerce efectos directos, puesto que son los parlamentos nacionales, y a menudo los propios pueblos, los que ratifican el Tratado al que está sometido el Parlamento Europeo, así como todas las demás instituciones de la Unión. 
Nos vemos obligados a recordar ese papel subordinado para explicar por qué es perfectamente lógico, contrariamente a las afirmaciones del informe, que el Parlamento Europeo haya sido apartado de la mesa de negociaciones de la Conferencia Intergubernamental. 
Asimismo, nos vemos obligados a impugnar una vez más la demanda expresada por el informe de ampliar el poder de codecisión del Parlamento Europeo a todos los actos de naturaleza legislativa. 
En efecto, sin bien ha sido elegida por sufragio universal, nuestra Asamblea representa pueblos considerados en su globalidad y no ciudadanos considerados de manera igualitaria. 
Además, no dispone más que de una legitimidad secundaria en relación con la de los parlamentos nacionales, y de ningún modo podría sustituirse a ellos. 
Cabe preguntarse si el olvido de esta verdad esencial y de esta legitimidad esencial no es una de las causas principales del déficit democrático que existe en la Unión. 
Señor Presidente, éste es un momento emocionante para mí, porque se trata de mi primer discurso ante el Parlamento Europeo, la primera vez que hago uso de la palabra en un debate. 
Me complace mucho participar en un debate sobre el desarrollo futuro de la Unión Europea. 
Siempre he estado muy comprometido con el desarrollo de la Unión Europea. 
Cuando era estudiante, fui uno de los coordinadores de la campaña en pro del voto afirmativo en el referéndum del Reino Unido sobre la continuidad de su pertenencia a la Unión Europea. 
De hecho, encabecé una delegación de estudiantes hasta Roma para manifestarnos en 1975 ante el lugar en que se celebraba una reunión del Consejo Europeo a favor de la celebración de elecciones directas para la elección de los diputados a este Parlamento mismo, que se estaba examinando en dicha reunión. 
Posteriormente, en 1979, hablé en la gran manifestación que se hizo en Estrasburgo delante del Parlamento Europeo en la primera sesión del Parlamento elegido por elecciones directas y más adelante tuve el privilegio de trabajar para el Parlamento, de hecho, para la propia comisión- la de Asuntos Institucionales- que ha preparado el informe que estamos examinando esta noche. 
En aquella época estaba redactando el informe Spinelli con el proyecto de Tratado de la Unión Europea. 
No hace muchos años de eso, pero hemos avanzado mucho desde entonces. 
En este informe se examina lo que avanzamos en un año determinado: en 1995. 
Si tengo alguna reserva sobre la participación en este debate, es la de que no creo que debiéramos celebrar este debate de este modo. 
Al fin y al cabo, estamos examinando los acontecimientos de 1995 y ya estamos a comienzos de 1997. 
Además, estamos examinando un informe sobre un informe. 
Estamos examinando un informe de la Comisión de Asuntos Institucionales sobre el informe del Consejo Europeo relativo a los acontecimientos de 1995, es decir, lo hace ya algún tiempo. 
No creo que éste sea un modo de proceder demasiado sensato para el Parlamento. 
Tendría mucho más sentido simplemente examinar el informe del Consejo Europeo como tal en el Pleno, cuando lo recibamos, presentado tal vez por el Consejo o el Consejo Europeo en ese momento y concluir el debate con una resolución para poner fin al debate sobre ese asunto entonces, no redactar un informe sobre un informe y debatirlo un año después, cuando ya se han olvidado los asuntos desde hace mucho tiempo. 
Al examinar el comienzo de este informe, vemos que se refiere a que ya tenemos un informe anual sobre la política exterior y de seguridad común con una resolución, un informe anual sobre la justicia y los asuntos de interior con una resolución y siempre que se celebra una reunión del Consejo Europeo, celebramos un debate que suele ser un debate general sobre el estado de la Unión. 
Celebramos un debate anual sobre el estado de la Unión como tal. 
Celebramos un debate anual al comienzo de cada una de las presidencias del Consejo, que suele versar sobre la situación en que estamos actualmente y la dirección que deberíamos seguir y al comienzo de todos los años celebramos un debate sobre el programa de la Comisión. 
Me parece un número excesivo de debates generales sobre el estado de la Unión y, con otro más ahora sobre lo que sucedió hace casi dos años, pese al intenso trabajo que se le ha dedicado- y rindo homenaje al ponente al hacerlo todos los años, no es una crítica a la intensa labor del ponente -, me parece que deberíamos revisar nuestros procedimientos a este respecto. 
Voy a presentar una enmienda al Reglamento para intentar ajustar nuestros procedimientos a este respecto. 
Gracias, señor Corbett, y felicidades por su primer discurso. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a Richard Corbett por su primer discurso. 
Tal vez resulte sorprendente, pero estoy de acuerdo con todas sus observaciones esenciales y espero que él esté de acuerdo con las mías. 
Estoy de acuerdo con gran parte de esta resolución, pero tal vez podría apartarme de las corteses convenciones de esta Asamblea y centrarme en aquello con lo que no estoy de acuerdo. 
La primera línea de la resolución no me plantea ningún problema. 
Los problemas comienzan con la segunda línea, que habla de los «progresos» de la Unión Europea, como si ésta debiera siempre avanzar hacia adelante. 
Hemos de preguntarnos: » ¿Progresos hacia dónde? » y «¿Quién impulsa este movimiento?» 
La resolución da por sentado, sencillamente, que la UE va a seguir haciendo más y más, sin tener ni las estructuras establecidas para garantizar el control democrático satisfactorio ni contar con el asentimiento de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Actualmente se resuelven en el nivel europeo muchos más asuntos de lo que la mayoría de la gente advierte. 
El proceso de integración es impulsado abrumadoramente por una minoría de políticos, incluidos los representados en el Consejo de Ministros. 
Pero, pese a lo que se dice en la resolución sobre el fortalecimiento de la legitimidad democrática, no está claro que ese ritmo de integración cuente con el asentimiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos de la UE. 
La verdad es que me parece extraño que en el considerando F se afirme que «la única respuesta apropiada» al nacionalismo y a la incertidumbre económica y social es la de «avanzar en la integración europea». 
Eso me parece teología, no política, pues se deriva de la fe y no de la razón. 
Semejantes afirmaciones hacen que resulten absurdas las frecuentes declaraciones de los políticos europeos de todas las instituciones desde Maastricht de que la UE no debe intentar asumir nuevas competencias, sino que debe limitarse a procurar hacer mejor lo que ahora hace. 
Sabemos que el ritmo de integración europea aumentará mucho más con la Unión Económica y Monetaria, cosa que en la resolución se acoge con beneplácito y sin sentido crítico. 
En 1995, no parece que se tuvieran en cuenta apenas las consecuencias fiscales y políticas de la UEM. 
El Comisario Oreja nos ha dicho antes que la Comisión no había empezado hasta ahora a reflexionar sobre dichas consecuencias. 
La UEM representa un importante aumento de las competencias europeas en todos los sectores. 
Sabemos que los ciudadanos de la UE abrigan importantes reservas sobre la UEM, pero están dirigiéndose, como sonámbulos, hacia ella sin celebrar un debate apropiado. 
Simplemente se les dice que no es necesario celebrar un debate, porque hace unos años unos pocos políticos adoptaron la decisión en Maastricht. 
Sé que mis opiniones son minoritarias en mi Grupo y en el Parlamento, pero quienes, como yo, están interesados en serio en el éxito de la UE, al repasar la actuación del Consejo en 1995 o cuando llegamos a hacerlo en 1997, en vísperas del próximo milenio, deberían decir con toda claridad que se debe aminorar el ritmo de Europa. 
Si la eurominoría saliente sigue galopando por la vía de una «unión cada vez más estrecha» , que inevitablemente ha de concluir en un solo Estado europeo, sin que los pueblos de Europa la acompañen, temo mucho que todo acabe en lágrimas. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quisiera ante todo felicitar al ponente, Sr. Valverde, por su excelente trabajo, que resulta tanto más meritorio cuanto que el Sr. Valverde ha sabido dar una valoración política a los principales temas con que se enfrentan hoy las instituciones de la Unión Europea. 
Y quisiera también en mis primeras palabras manifestar cuánto he celebrado poder escuchar en su primera intervención al Sr. Corbett, ya que he tenido la suerte de que haber trabajado junto a él durante años en el Parlamento y me ha complacido mucho poder escucharle hoy aquí en un discurso lleno de intencionalidad política y con una clara visión de lo que debe ser el futuro de informes de esta naturaleza. 
Con el Sr. Valverde comparto plenamente el punto de vista relativo a los objetivos del ejercicio previsto en el artículo D del Tratado de la Unión Europea. 
Efectivamente, no hay que duplicar de forma innecesaria las publicaciones comunitarias que ya recogen la totalidad de las actividades de la Unión. 
Y me refiero al informe general sobre la actividad de la Unión Europea cuya edición de 1996 se recibirá a partir del 11 de febrero próximo, así como el boletín mensual de la Unión Europea. 
El informe del Consejo Europeo debe presentar más bien una evaluación política, como decía el ponente, de los progresos y dificultades de la Unión y, sobre esa base, definir unas orientaciones políticas generales. 
En cualquier caso, todo eso queda muy claramente expuesto en el informe del Sr. Valverde, cuyas orientaciones la Comisión comparte en lo fundamental. 
Al igual que el Parlamento Europeo, la Comisión considera, efectivamente, que deben incluirse en el Tratado disposiciones específicas sobre el empleo, que el fomento de los servicios de interés general, elemento clave de lo que podemos denominar «el modelo europeo de sociedad» , debe figurar como uno de los objetivos del Tratado, y que la Unión deberá dotarse de una base jurídica apropiada para combatir eficazmente el fraude a los intereses financieros de las Comunidades. 
Situar al ciudadano en el centro de la Unión Europea constituye asimismo una preocupación constante de la Comisión, de acuerdo con su dictamen de 28 de febrero de 1996 sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Y tiene plena razón el Sr. Schäfer al evocar, en ese sentido, el trabajo del Grupo Westendorp en relación con este tema, puesto que ése fue, efectivamente, el arranque y ese Grupo se detuvo precisamente en lo que significaba la consideración y el papel del ciudadano. 
La eliminación de los obstáculos a la libre circulación de las personas tiene una importancia fundamental, así como la «comunitarización» de una gran parte de la cooperación en materia de justicia y en asuntos de interior y el reforzamiento de la posibilidad de actuar en los demás ámbitos del tercer pilar. 
La Comisión considera asimismo necesario simplificar y democratizar el proceso de adopción de decisiones de la Unión y hacerlo más transparente e inteligible para el ciudadano. 
Y en ese sentido, la Comisión ha preconizado en su informe del mes de julio del año pasado la ampliación del ámbito de aplicación de la codecisión a la totalidad de la actividad legislativa comunitaria. 
Y en ese sentido, yo entiendo que hay una doble legitimidad, y quisiera decírselo al Sr. Berthu cuando nos hablaba de legitimidad. 
Yo entiendo que hay una doble legitimidad: la de los Estados y la de los pueblos. 
Y en función de esa doble legitimidad, hay una función importantísima que corresponde a los parlamentos nacionales y una función importantísima también que corresponde al Parlamento Europeo. 
La construcción de una identidad exterior fuerte constituye otro objetivo común para el Parlamento Europeo y la Comisión, y a ello se ha referido el Sr. Ullmann en su intervención. 
Con esta finalidad, habría que fijar unos objetivos comunes, aunque ello no sea fácil, en la negociación. 
Para ello también hay que garantizar aún más- y en esto quiero poner especial énfasis- la coherencia de la acción exterior. 
Hay que reforzar los recursos de acción de la Unión, en particular en materia de política comercial. 
Y hay que desarrollar la política exterior y de seguridad común creando una célula de análisis común y desarrollando al propio tiempo el recurso al voto por mayoría cualificada en este ámbito. 
Y por último, hay que construir, progresivamente, una identidad de seguridad y de defensa. 
En conclusión, señor Presidente, la Comisión comparte plenamente la opinión del ponente según la cual el futuro de la Unión Europea, incluido el de la Unión Económica y Monetaria y el éxito de su ampliación, exige, ante todo, unos buenos resultados de la Conferencia Intergubernamental. 
Realizar una reforma seria no es un lujo en el que pudieran complacerse unas instituciones deseosas de afirmar su propia función. 
Es el único medio de dotar a la Unión de los recursos necesarios para defender sus intereses en el mundo, para responder a las aspiraciones de sus ciudadanos y acoger a los países candidatos a la adhesión. 
Y me alegra constatar, señor Valverde, que su informe sostiene y anima a la Comisión en la acción que se desarrolla cada día en la Conferencia Intergubernamental para lograr esos objetivos. 
Señor Presidente, como estamos examinando un informe del Consejo, ¿no deberíamos recibir una respuesta del Consejo? 
No. 
¿Por qué no? 
Tradicionalmente, no responde a este debate. 
No sé por qué existe esa tradición, pero así es. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Aspectos culturales en la acción de la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0410/96) del Sr. Escudero, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, relativo al primer informe de la Comisión (COM (96) 0160- C4-0249/96) sobre la consideración de los aspectos culturales en la acción de la Comunidad Europea. 
Señor Presidente, quiero exponer de manera muy breve las líneas generales de este informe, cuyo punto de arranque es la afirmación de la interdependencia entre acción cultural y acción política en la Unión Europea. 
Como es bien sabido, el proceso de integración se construyó en sus fases iniciales en torno a intereses económicos, pero a partir del Tratado de Maastricht se pretende lograr una ciudadanía de la Unión, constituyéndose como objetivo fundamental y de largo alcance el logro de una ciudadanía europea. 
Ahora bien, en la historia política de Occidente la adquisición de la ciudadanía ha estado siempre vinculada a la existencia de una comunidad ideológica y cultural. 
Lo cultural no es, así, un adorno erudito o una referencia adjetiva y ornamental del texto, sino la entraña misma y la razón de ser de la ciudadanía europea que se pretende. 
Si no existe marco y sistema cultural e ideológico, no hay comunidad política, y si no hay comunidad política, no hay ciudadanía europea. 
Las referencias a la cultura en el Tratado de la Unión son las del artículo 3, las del artículo 92 y, sobre todo, las contenidas en el importante artículo 128, que constituye el nuevo título IX dedicado a la cultura. 
En este artículo se prevé que la Comunidad contribuya al florecimiento de las culturas de los Estados miembros dentro del respeto de su diversidad nacional, favoreciendo con su acción la cooperación entre Estados miembros, apoyando y completando su acción en una serie de ámbitos y fomentando la cooperación en estos temas con terceros países. 
Ahora bien, la acción de la Comunidad en todos aquellos ámbitos que no sean de su exclusiva competencia, como no lo es obviamente la cultura, queda sujeta, a tenor del artículo 3 B del Tratado, al principio de subsidiariedad, pudiendo intervenir sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. 
Ello impone condicionar la acción comunitaria al principio de subsidiariedad y, en consecuencia, dado que tal principio no se plasma en una fórmula empírica sino que es una construcción conceptual, condicionar la acción comunitaria a la interpretación que se haga de dicho principio de subsidiariedad. 
En este sentido, preconizamos una interpretación flexible, puesto que otra radical y rígida imposibilitaría, de hecho, en la práctica, esa participación que, en todo caso, debe atenerse a los límites marcados por el citado artículo 128. 
El examen, en fin, de la acción cultural de la Comunidad va más allá del programa concreto de acciones directas- los programas CALEIDOSCOPIO, ARIANE y RAFAEL -, dignas, en todo caso, de encomio y fomento para analizar cualquier acto administrativo y financiero que ofrezca alguna repercusión en el ámbito de la cultura. 
Respetando la iniciativa de los Estados miembros y respetando también la personalidad histórica y lingüística de los pueblos, debe promoverse una acción sostenida de la Comunidad en beneficio de las culturas de Europa. 
Cobra así sentido, tal como se propone en el presente informe, la instauración de una cláusula de compatibilidad con los objetivos culturales en todas las acciones comunitarias que puedan tener una incidencia de este tipo, así como que la Comunidad entable un diálogo institucional con todas las entidades- universidades, academias, fundaciones, etc.- que se ocupan de la cultura. 
Se superarán así desajustes y malentendidos históricos, creándose un clima social de concordia, libertad, tolerancia y respeto sobre el que será posible consolidar los valores democráticos de la convivencia política. 
El presente informe, en el trámite de examen en comisión, fue especialmente receptivo a las sugerencias, observaciones y enmiendas de los diputados de distintos Grupos políticos, siendo aprobado con el beneplácito común. 
Con posterioridad a esa aprobación y de cara a su presentación en el Pleno, han sido presentadas tres enmiendas: una de la Sra. Pack restablece cierto epígrafe que figuraba en mi propio texto y que episódicamente desapareció, relativa a la obligación de desterrar los restos de analfabetismo y fomentar una adecuada política del libro. 
Como es lógico, estoy muy de acuerdo con esa enmienda que restablece el propio texto. 
También lo estoy con la enmienda del Sr. Perry relativa a que la propuesta de que, a instancias de la Comisión, se elabore por expertos un manual escolar de historia de Europa, sea algo recomendado pero no impuesto, para que figure en los programas educativos de los Estados miembros. 
No suscribo, en cambio, el nuevo texto que el mismo Sr. Perry propone al apartado 18- que trata de las inversiones en obras de arte y ornamentación de las obras públicas -, fruto de una inteligente enmienda del diputado Sr. Aparicio, que es más ambicioso y al tiempo asequible en esta tarea que nos hemos impuesto de reivindicar el papel de la cultura en la vida de Europa. 
Señor Presidente, muchos ciudadanos y diputados creemos que sí existe una cultura europea. 
Esta tierra sometida espiritualmente a la herencia de Aristóteles y de los griegos, sucesivamente romanizada, cristianizada y sometida también al Renacimiento, a la Ilustración, al Romanticismo, al Cientifismo, a las ideas liberadoras del siglo XVIII o igualadoras del siglo XIX tiene algo en común por encima de la geografía y del comercio. 
Muchos sí creemos que existe una cultura europea y no tenemos vergüenza en decirlo. 
Los que creen en una cultura europea están, señor Presidente, a la defensiva. 
No oirá usted hablar de una cultura europea sin que quien lo hace añada inmediatamente que «basada en la diversidad y en el respeto a la pluralidad de culturas». 
Obviamente, ¿qué cultura merecería ese nombre si no respeta la diversidad de culturas? 
Como es obvio, creemos que debe hablarse de una cultura europea, de que hay algo en común superior- como digo- a la geografía o al comercio. 
¿Por qué se habla a la defensiva? 
Porque, en nombre de la cultura, con la uniformidad y el autoritarismo, se han cometido atrocidades terribles en este mismo siglo. 
Es, obviamente, la Unión Europea el antípoda de esta situación. 
En ese sentido, creo que el sistema de conocimientos, de creencias, de pensamientos, de los sistemas morales incluso, la historia, las costumbres, lo que configura la cultura, creo que une a los europeos, y no hubiéramos llegado hasta aquí desde la ensangrentada y dividida Europa de finales de los años 40 si no existiera esta cultura europea. 
En ese sentido, creo admirable el informe del Sr. Escudero, cuyo rigor y cuya formación le hacen, a mi juicio, un ejemplo de pensamiento europeo, como ha demostrado en su resumen de cinco minutos anterior a mis palabras. 
Creo que informes así es difícil que no consigan la práctica unanimidad que ha conseguido el del Sr. Escudero. 
Me son particularmente queridos los puntos 18 y 23 de la propuesta de resolución, el que habla de un texto único para introducir en las enseñanzas primarias. 
¿Cuándo se encenderá la llama que haga irreversible el proceso de la Unión Europea? 
Cuando un niño deje de pensar en Europa como «una organización a la que pertenece mi país» y piense en Europa como «mi país». 
Y cuando un niño danés piense en Mozart como un genio de mi país, cuando un español piense en Goethe como un pensador de mi país, o cuando un griego piense en Picasso o un inglés en Pasteur como «figuras de mi país: Europa». 
Eso se consigue con los métodos de enseñanza y eso se consigue a partir de ese texto de historia en común que se añadiría al texto de historia nacional, recomendando que se incluyera en los planes de estudio. 
Todo el informe es, pues, excelente, a mi juicio. 
Señor Presidente, el Tratado de Maastricht dio por primera vez a la Unión Europea una competencia en materia de asuntos culturales y debemos convenir todos en que la cultura europea no sólo merece, sino que, además, necesita nuestro apoyo. 
La cultura europea está sometida a un asedio de los valores atlantistas. 
Podemos admirar a América y las cosas americanas, pero, aun así, sigue siendo vital proteger y promover nuestras propias culturas aquí, en Europa. 
Me impresionó mucho cuando el ex ministro francés de Cultura, Sr. Toubon, se dirigió al Parlamento Europeo en 1995 y dijo que corríamos el peligro de estar criando a una generación Nintendo. 
Tenía razón y comparto sus preocupaciones. 
También debemos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento al Comisario Oreja y a la ex Directora General de la DG XX, Sra. Flesch, por la labor que han llevado a cabo para proteger y promover la cultura de Europa. 
Si bien apoyo en líneas generales el informe del Sr. Escudero, abrigo algunas ligeras reservas. 
Por ejemplo, no estoy convencido de que se deba decidir la política cultura mediante votación mayoritaria en el Consejo. 
Nuestras culturas nacionales particulares son las que forman el rico centón de la cultura europea. 
Los intereses nacionales deben tener derecho a proteger sus culturas como les parezca conveniente. 
El rasgo distintivo de la cultura de Europa es su diversidad nacional. 
Asimismo, no creo que se deba dar carácter de asignatura obligatoria en todos los Estados miembros a un manual de texto escolar sobre la historia de Europa. 
Reconozco que podría ser útil, por ejemplo, para los alumnos ingleses enterarse por fin de que, pese a haber ganado todas las batallas decisivas de la Guerra de los Cien Años, como las de Agincourt y Crecy, nos las arreglamos para perder la guerra. 
Pero no se debe hacer mediante manuales de texto obligatorios redactados por la Comisión. 
Agradezco las observaciones hechas por el Sr. Escudero y creo que ha aceptado la enmienda. 
El informe insta también a que el 1 % del gasto de la UE en obras públicas vaya destinado a obras de arte para adornar dichas obras públicas. 
No digo que no deba haber nunca obras de arte en los lugares públicos costeadas por fondos públicos, pero no creo que sea siempre apropiado y he propuesto una enmienda que limite esa propuesta a los casos exclusivos en que lo sea. 
En lo que estoy totalmente de acuerdo con mi colega- y lo digo como ponente para el presupuesto por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación- es en que debemos aumentar la financiación total asignada al sector de la cultura. 
El patrimonio cultural de Europa no sólo necesita y merece más financiación por derecho propio, sino también porque el sector cultural es, además, un importante impulsor del crecimiento económico y creador de empleo en todo nuestro continente. 
Ése es un mensaje que debe ser oído no sólo por la Comisión, sino también por el Consejo y- lamento decirlo- también por este Parlamento. 
He de anunciar que llamaré al Comisario después de que hayamos oído a los representantes de los Grupos y él será nuestro último orador antes de interrumpir la sesión. 
El debate proseguirá después de la interrupción. 
Me disculpo ante el Sr. Evans en particular, que será el primer orador afectado por ello. 
Señor Presidente, haciéndome eco a mis compañeros, quisiera felicitar al ponente Sr. Escudero por su trabajo, con el cual el Grupo Unión por Europa está en perfecta consonancia. 
Efectivamente, no podemos sino alegrarnos porque se tome en consideración, en el conjunto de las políticas europeas, la dimensión cultural y la definición de objetivos culturales europeos día a día más precisos. 
El camino es largo, y si ya podemos presentar un balance positivo en el ámbito del patrimonio histórico y artístico, en el de la protección de los autores, la circulación de las obras de arte, el desarrollo de la lectura y muchos otros, debemos mantenernos vigilantes y mostrarnos cada vez más voluntaristas. 
El acceso a la cultura y la noción de pertenencia cultural son condiciones esenciales necesarias a la plena participación de los ciudadanos en la vida de la sociedad. 
Sin embargo, hay que tener cuidado, la evolución tan rápida hacia la sociedad de la información exige una vigilancia creciente por parte de la Comunidad para promover esta identidad cultural europea tanto a través de las redes como de los servicios ofertados. 
Personalmente, celebro el hecho de que por fin comience a tomarse en cuenta la incidencia económica, especialmente sobre el empleo, de la acción cultural de la Unión. 
Si la dimensión medioambiental es omnipresente en las referencias de política europea, introduzcamos la dimensión cultural cada vez que quepa la posibilidad de realizarse y evaluemos regularmente la incidencia de esta dimensión. 
Solicitemos la salvaguardia y la protección de nuestras lenguas europeas, exportemos al exterior de la Unión nuestras obras literarias, musicales, audiovisuales. 
Actuemos en favor de la promoción de las actividades culturales que valorizan nuestros modelos europeos. 
Compartamos desde ahora, con los países que solicitan su adhesión a Europa, nuestros objetivos culturales. 
No tengamos miedo de difundir nuestras culturas. 
Son la fuente de vida de nuestras civilizaciones. 
Señor Presidente, señorías, si la UE no es capaz de reforzar su política cultural dentro del marco del Tratado de Maastricht y de acuerdo con lo establecido en el artículo relativo a la cultura, los mejores objetivos y valores de la Unión quedarán sin llevarse a la práctica. 
Necesitamos los datos que proporcionan los estudios económicos para convencer a los que dudan de la estrecha relación existente entre cultura y economía, así como del efecto estimulante de la cultura para la economía. 
La ayuda más importante que recibe la cultura procede de los Fondos estructurales a través de los programas de desarrollo regional. 
Si los dirigentes a nivel regional tienen una amplia visión de conjunto sobre las condiciones necesarias para el desarrollo, incluirán los proyectos en materia de cultura y educación dentro de los programas de desarrollo como una parte esencial de los mismos. 
De esta forma, se crearán nuevos puestos de trabajo, se mejorará la calidad de vida y el medio ambiente y se evitará la marginación. 
El fundamento de la política cultural de la UE debe seguir siendo la protección y el fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística. 
La esencia de la identidad europea reside en la riqueza de su diversidad. 
No necesitamos ninguna eurocultura homogeneizadora. 
Lo que necesitamos, en cambio, es una mayor comprensión de la cultura, un mayor conocimiento mutuo y una mayor aceptación de la diversidad. 
El respeto del principio de subsidiariedad en el ámbito de la política cultural y educativa de la UE significa que debemos aspirar a alcanzar metas comunes partiendo de nuestra propia identidad cultural y en el marco de nuestras propias estructuras. 
Por esta razón, no se puede aceptar la propuesta contenida en la resolución acerca de un libro de texto y de una asignatura de historia de Europa obligatorios y comunes. 
En cambio, es positiva la idea que subyace en el fondo en el sentido de conceder una mayor importancia a la enseñanza de la historia de Europa para incrementar la comprensión y la tolerancia mutuas. 
Señor Presidente, soy un gran partidario de las iniciativas y los intercambios culturales a nivel internacional. 
Por eso me parecen muy positivos algunos de los aspectos de este informe. 
En Europa existen muchas culturas. 
No existe una cultura europea ni una identidad cultural europea como la que menciona el informe. 
La idea de que las fronteras externas de la UE constituyen también fronteras culturales por naturaleza carece sencillamente de fundamento. 
¿Por qué hemos de tener menos en común con un húngaro o un argentino que con alguien que proceda de un país de la UE? 
Resaltar la idea de una cultura especial europea puede ser un modo de invocar un fundamento artificial para la idea del «euronacionalismo» y del Estado europeo. 
Creo que estos intentos están condenados al fracaso. 
La cultura dentro de una sociedad democrática abierta no se crea por decreto. 
Por eso me produce asombro y extrañeza la propuesta del informe de crear una dimensión cultural europea a través de decisiones adoptadas por mayoría en el Consejo de Ministros. 
En mi opinión, este es un razonamiento absurdo. 
Igualmente absurdos son los planes de que se edite material escolar único y obligatorio sobre la historia de Europa. 
Los pueblos de Europa no tienen una única historia común. 
Además, los medios de educación no entran dentro de las competencias de la UE, sino de los países miembros. 
La idea de que el Consejo de Ministros de la UE pueda decidir pormenorizadamente sobre lo que los alumnos van a estudiar en la escuela es para mí incompatible con la diversidad, apertura y democracia que constituyen la mejor nota característica de Europa. 
Señor Presidente, más de una vez hemos sacado a la palestra nuestro deseo de ver reforzadas las competencias de la Unión Europea en materia cultural. 
Este voto, emitido por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación e inscrito por nuestro Parlamento en su resolución relativa a la Conferencia Intergubernamental, no parece haber sido privilegiada hoy por los negociadores de los Estados miembros. 
No obstante, la idea sigue su curso y este primer informe de la Comisión sobre la consideración de los aspectos culturales puede avivar la esperanza de ver un día que se reconoce a la cultura como elemento estructurante de la construcción europea. 
Y si aún no lo hemos logrado, no obstante, debemos felicitar a la Comisión Europa por esta iniciativa. 
Me dirijo especialmente a usted, señor Comisario, pero quisiera también felicitar al Sr. Escudero, nuestro ponente, por la calidad de su trabajo. 
Por tanto, se trata de hacer el balance de este artículo 128 que marca el establecimiento, en el Tratado de la Unión, de una base jurídica específica a la cultura. 
No obstante, y lo lamentamos, este informe no tiene como objetivo el conjunto del artículo 128, sino únicamente el apartado 4. 
Por tanto, no se trata de evaluar las acciones desarrolladas por el conjunto de los programas estructurales específicos, sino de ver en qué medida la política comunitaria tiene en cuenta los aspectos culturales en su acción, dentro del marco de otras disposiciones. 
Tomando como punto de partida la noción evolutiva del concepto de cultura, la Comisión evalúa de manera precisa, aunque parcial, las repercusiones de la cultura en todos los ámbitos de acción de la Unión. 
Podrían citarse, a guisa de ejemplo, las libertades fundamentales, la fiscalidad, la política de la competencia, la circulación de los bienes, y me quedo corto. 
Cabe añadir, por supuesto, la consideración de la cultura en los fondos estructurales, lo que es un elemento fundamental. 
A este respecto, nos alegra saber que la mayor parte de las políticas comunitarias tienen una dimensión cultural. 
No obstante, hago mías algunas de las críticas del Sr. Escudero. 
Es posible, en efecto, atenerse a estas comprobaciones demasiado generosas y al principio muchas veces reafirmado de tener en cuenta la coherencia de las políticas internas y su compatibilidad. 
Asimismo, pienso que, tal como recomienda nuestro ponente, es preciso tomar el artículo 128 en su integridad y reivindicar una mejor aplicación, especialmente mediante la introducción del voto por mayoría cualificada en el Consejo. 
Por lo demás, la consideración de los aspectos culturales no siempre es suficiente y sería conveniente retener el fundamento jurídico del artículo 128 para todo acto legislativo cuyo objetivo sea cultural. 
Concluyendo, me gustaría hacer una observación más personal. 
Lo he dicho, reconozco los esfuerzos loables de la Comisión para imponer el respeto de la cultura, de nuestra cultura. 
No obstante, creo que sería preciso, ante todo, reflexionar sobre lo que hoy día se entiende por esa palabra. 
A fuerza de querer verlo todo a través de la cultura, me temo que se la vacíe poco a poco de su sustancia. 
Hoy día todo es cultural, y la cultura, puesto que la cultura sería lo opuesto a la naturaleza, luego, caracterizaría toda actividad humana. 
Me temo que la realidad nos imponga un poco más de modestia. 
Quien mucho abarca poco aprieta, dice el proverbio. 
Quisiera que nuestros esfuerzos se centraran esencialmente en la creación, la verdadera. 
Ciertamente, debemos salvaguardar nuestro patrimonio. Pero también debemos ayudar a la creación artística en Europa. 
En este mundo de lo efímero, de lo virtual, donde la producción de acontecimientos prima sobre la realización de una obra, quizás ya vaya siendo hora de que ayudemos también a los creadores, que favorezcamos la práctica cultural. 
Y nosotros sabemos cuán numerosos son los que quedan excluidos. 
Así, podremos reconciliar la cultura y la educación, la cultura y lo social, la cultura y lo económico, y trabajar eficazmente por la proyección de la cultura europea. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Pocas personas- por no decir ningunahabrá en esta Asamblea que sientan mayor respeto por usted que yo, pero tal vez podría aclararme un punto. 
A no ser que sea adivino o tenga facultades telepáticas, ¿cómo va a responder el Comisario al debate antes de haber oído a todos los oradores y todas los implacables argumentos que se expondrán después de que haya hablado? 
Puede que yo no haya entendido bien la situación, pero estoy seguro de que usted me la aclarará. 
Es una observación atinada. 
Estoy seguro de que la Comisión leerá los discursos de los que hablen después de que él responda y, si hay aspectos a los que quiera responder, estoy seguro de que lo hará por escrito. 
Por desgracia, ése es el único procedimiento que podemos seguir. 
Siempre es insatisfactorio dividir un debate, pero, en vista del tiempo de que disponemos, no tenemos otra opción que ésa. 
No podemos mantener aquí indefinidamente a los intérpretes y a otros miembros del personal y, si aceptáramos a todos los oradores, el debate tendría que continuar durante otros veinte minutos. 
Lo lamento mucho. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero con mis primeras palabras felicitar al ponente por su excelente trabajo y también por la intervención que ha realizado aquí, que ha sido clara, concisa, completa y que nos ayudará mucho en nuestros trabajos. 
Y quiero decir también que coincido en reconocer la importancia de este debate que supone una etapa importante en el establecimiento de la política cultural de la Comunidad Europea. 
Quiero agradecer también el haber destacado la calidad del trabajo de la Comisión. 
La Comisión viene ocupándose desde hace tiempo en la elaboración del informe en relación con el artículo 128.4 y, en realidad, este trabajo no constituye más que un primer intento para valorar la importancia del compromiso comunitario en el ámbito cultural. 
El objetivo de la Comisión era iniciar un debate sobre el alcance del nuevo artículo 128 del Tratado y sacar luego las conclusiones, ejerciendo su derecho de iniciativa. 
Nos felicitamos tanto por esta propuesta de resolución del Parlamento como por la resolución recientemente aprobada por el Consejo de ministros. 
Y quiero decirle al Sr. Escudero que la Comisión comparte la mayoría de las consideraciones que figuran en su informe. 
Es decir, la consideración de los aspectos culturales, que constituye desde ahora una obligación que se impone a la Comunidad. 
Es evidente que el principio de subsidiariedad deberá respetarse, pero no utilizarse para frenar la acción de la Comunidad en el ámbito cultural. 
La cultura deberá también desempeñar una función importante en la integración europea. 
No se puede decir que hay que situar al ciudadano en el centro de la construcción europea y, al mismo tiempo, dejar de lado la cultura y el conjunto de valores- humanismo, democracia, derechos humanos, tolerancia- en los que se basa el modelo europeo de sociedad. 
Y la cultura es un factor de cohesión social y puede contribuir a la lucha contra el paro y la exclusión social, como ha dicho el Sr. Perry al mencionar que la cultura jugaba un papel en la creación de puestos de trabajo. 
Yo precisamente he pedido a mis servicios que preparen un Libro Verde sobre las relaciones entre cultura y empleo, y espero estar en condiciones de poder presentarlo a finales de año. 
La Comisión toma nota con el mayor interés de las propeustas del ponente sobre la aplicación del apartado 4 del artículo 128, y puedo decirles que las tendré muy en cuenta al ejercer el derecho de iniciativa y ejecutar las políticas comunitarias. 
Y en ese sentido, consideramos que cualquier acción con repercusiones en el ámbito cultural debería conciliar sus propios objetivos y los objetivos culturales de la Comunidad. 
Por ejemplo, una operación de los Fondos estructurales con impacto cultural debería contribuir al desarrollo regional, respetar los aspectos específicos de la cultura en los procesos de formación y difusión de la misma y debería poseer un alcance y una visibilidad europeos. 
La acción cultural de la Comunidad deberá mostrar a los europeos la importancia de sus raíces comunes y la función que han desempeñado los intercambios en la formación de nuestro patrimonio cultural, como ha puesto en evidencia el diputado Sr. Aparicio en su magnífico alegato. 
Por otra parte, deberá favorecer, tal como desea el ponente, la formación de esas redes de cooperación cultural que puedan posibilitar realizaciones concretas. 
Y con esta perspectiva, han tenido ustedes, a mi juicio, plenamente razón al mencionar la función que desempeñan las universidades. 
La idea de crear cátedras Jean Monnet sobre la historia cultural comparada de Europa es una iniciativa que hay que llevar a término. 
Por otra parte, la propuesta dirigida a convertir los futuros programas culturales en programas integrados, es decir, que asocien a la acción cultural propiamente dicha las acciones emprendidas en el marco de las políticas de cohesión, de formación, de tecnología, merecen asimismo ser tenidas plenamente en cuenta. 
La Comisión, señor Presidente, toma nota de la invitación del Parlamento y el Consejo para adoptar mecanismos internos que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 128 mediante una cláusula de compatibilidad cultural, y esa cláusula facilitará una mayor coordinación entre todas las acciones comunitarias con posibilidad de repercusión en el ámbito cultural y, por tanto, una mejor integración de la cultura en la acción de la Comunidad. 
Próximamente, propondré a la Comisión un mecanismo de este tipo que se inspirará en lo que ya se ha realizado, en el mismo sentido, en el ámbito del medio ambiente. 
Por último, la Comisión toma nota del deseo del Parlamento y del Consejo de que se elabore un informe anual sobre la consideración de los aspectos culturales de la Comunidad. 
Y para terminar, quiero felicitar una vez más al Sr. Escudero por su excelente trabajo, y decirles que la Comisión con su informe y el Consejo y el Parlamento con sus resoluciones han marcado una etapa importante hacia el reconocimiento y la consagración de la función de la cultura en la construcción europea, tal como lo ha expresado el ponente. 
La sesión, interrumpida a las 20.10 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Señor Presidente, quisiera darle la bienvenida a este debate. 
Lamento que se haya perdido usted su primera parte y que el ponente no esté aquí para oír la continuación. 
No obstante, deseo hablar a favor del informe del Sr. Escudero. 
Aunque muchas personas creen que la Unión Europea se refiere sólo a los negocios, a la posibilidad de ganar dinero y al comercio internacional, muchos de nosotros pensamos que es algo más que eso. 
Desde luego, en el Reino Unido, pero también en otros países, se abrigan muchas dudas en este momento y hay muchos murmullos de desaprobación sobre toda la concepción de la Unión Europea. 
Si bien son siempre los políticos y los industriales los que creen que son ellos quienes adoptan las decisiones, son los ciudadanos quienes adoptan las decisiones reales y, si queremos que los ciudadanos de Europa nos sigan, tenemos que hacerlos participar y hacerlos sentirse partícipes de la Unión Europea. 
No podemos hacerlo subrayando nuestras diferencias. 
Naturalmente, acepto y respeto las diferencias: nuestras diferentes lenguas, nuestras historias particulares, las diferentes religiones de Europa y nuestras diversas culturas. 
Pero debemos subrayar las similitudes y partir de ellas. 
Europa como continente tiene una historia común a la que contribuyeron los romanos, los antiguos griegos, las guerras modernas, etc., pero también compartimos una historia cultural y debemos reconocerlo. 
La mayoría de las lenguas de Europa comparten palabras, frases, gramática y otras similitudes. 
Las similitudes son las que nos vinculan y en última instancia serán la clave para el éxito de Europa. 
Cuando el año pasado se hicieron públicas las muestras de los diseños de los billetes de la moneda única, muchas personas las desaprobaron. 
Aunque los diseños concretos de los billetes de banco no tienen importancia para el debate real sobre la Unión Europea, los artistas habían reconocido nuestro común patrimonio arquitectónico europeo, algo que todos intentamos preservar y proteger. 
Así, pues, creo, como este informe, que es importante que adoptemos cada vez más medidas coordinadas en esa esfera. 
Eso es lo que pide el informe. 
Debemos impartir enseñanzas a nuestros niños y jóvenes sobre las otras lenguas y las otras culturas. 
Al hacerlo, podemos contrarrestar las muy potentes y negativas fuerzas existentes. 
Dichas fuerzas, si no les oponemos resistencia, propiciarán un mayor aumento del racismo, del fascismo y la xenofobia. Lo revelaron con claridad algunos de los comentarios mal informados y negativos aparecidos recientemente en la prensa británica sobre el párrafo 23 del informe del Sr. Escudero. 
Mi Grupo va a apoyar la enmienda nº 3 para mejorar ese aspecto y suprimir algunas ambigüedades, pero el principio sigue siendo muy valioso. 
En una unión de quince países es importante que enseñemos a nuestros niños nuestra historia y patrimonio comunes. 
A veces, pero no siempre, habrá que examinar los argumentos de las dos partes. 
Significa también que debemos aprender algo de la historia y de las luchas de otros pueblos en otras tierras. 
Mi Grupo apoyará también la enmienda nº 1, que pide el tipo cero del IVA para los libros y los periódicos: principio importante. 
Un país o una sociedad que grava la palabra impresa va encaminada en una dirección peligrosa y debemos oponernos a ello. 
Éste es un informe complejo y sólido y el Grupo Socialista se complace en apoyarlo, como lo hará- espero- el Parlamento. 
Señor Presidente, por no tener experiencia parlamentaria anterior, concurrí a las elecciones a este Parlamento, porque creía en el sueño europeo. 
Vine aquí para estar más cerca de la fuente: de la fuente de la que brotan las decisiones que pueden moldear- para bien o para mal- nuestras vidas. 
Desde mi punto de vista, éste es uno de los informes más importantes que se debaten este año en el Parlamento. 
¿Cuantos concordarán conmigo? 
Ahora bien, no me cabe duda, Señorías, de que así es. 
En esta decisiva fase de cambio de rumbo en la Unión Europea, el fortalecimiento de su dimensión cultural brindará respuestas decisivas que sólo dicho fortalecimiento puede brindar, en ámbitos delicados como el de la cohesión económica y social y el de la ciudadanía. 
En los últimos tiempos se multiplican las señales, dentro de las tres instituciones, de que se quiere situar la cultura en el centro del proyecto europeo. 
Ésa es la gran apuesta que hemos de asumir y realizar. 
El Parlamento incluyó en el documento Dury/Maij-Weggen para la Conferencia Intergurbernamental puntos innovadores que el primer informe de la comisión sobre las repercusiones culturales de las políticas de la Unión Europea completa y aclara. 
Pero destacaré, por su importancia, la reciente resolución que la Presidencia irlandesa hizo firmar en el último Consejo de Cultura, celebrado en diciembre, pues en él se consagra por primera vez un consenso entre los Estados miembros sobre una nueva actitud ante el papel dinamizador de la cultura en la Unión, que abre la vía para una cooperación interinstitucional reforzada y necesaria desde hacía mucho. 
El informe del Sr. Escudero- a quien agradezco la acogida que ha dado a casi todas mis propuestas- señala con claridad la dirección en la que debemos avanzar. 
Es preciso modificar el artículo 128 para que pueda ser el fundamento jurídico de todas las acciones que tengan una dimensión cultural. 
Es urgente aplicar una visión integrada de cooperación entre servicios y programas de la Comisión, pero no crear un fondo cultural común, lo que sería retroceder en relación con esa nueva visión que propugna el informe. 
Sobre todo es preciso que llegue a haber una vertiente cultural obligatoria en los proyectos de otros sectores financiados por los Fondos estructurales. 
Por último, hay que exigir un estudio de las repercusiones culturales en todos los proyectos, no sólo en sentido negativo, de análisis del perjuicio para el patrimonio, sino sobre todo en sentido positivo, de evaluar cómo puede potenciar la cultura el desarrollo regional, la revitalización urbana, el turismo y el empleo. 
Señor Presidente, así habrá de ser tarde o temprano. 
Más vale que sea temprano. 
Señor Presidente, incluso si las directivas, los créditos de los fondos estructurales y la concesión de ayuda directa, tienen en consideración la cultura, todo ello resulta un tanto disparatado. 
El excelente informe del Sr. Escudero plantea con toda razón el problema de fondo, es decir, permitir a la Unión, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, tomar las medidas complementarias, pero coordinadas y globales, en materia cultural, y ello suprimiendo la regla de la unanimidad, que causa el bloqueo de varios programas, lo que cada vez acarrea más críticas por parte de los operadores culturales. 
Si se diera a la Unión Europea el derecho de poner en práctica una política cultural que respete la diversidad nacional y regional de los Estados miembros, sin dejar de poner en relieve la herencia cultural común, si se sometieran a la mayoría cualificada, con codecisión del Parlamento, las decisiones que afectan al sector cultural, la cultura formaría realmente parte de las preocupaciones fundamentales de Europa. 
La revisión del artículo 128 del Tratado sería, parafraseando una intervención histórica, un pequeño paso hacia la modificación de los textos, pero un gran paso hacia el destino de la creación cultural. 
A este respecto, lamento, para concluir, que el Comisario europeo, que no se quedó hasta terminar el debate, sin embargo, no muy largo, no haya dicho claramente si estaba en favor o en contra de la modificación del artículo 128, modificación que, por mi parte apoyo plenamente. 
La ausencia de dos oradores al final del debate revela claramente las desafortunadas e insatisfactorias consecuencias de la división de un debate. 
El Comisario ha respondido a las observaciones y el debate ha continuado después. 
Es desafortunado e injusto. 
Tal vez los servicios podrían examinarlo en el futuro. 
No es una forma satisfactoria de trabajar. 
Muchas gracias, señor Evans. 
Queda registrada su queja, pero, naturalmente, comprenderá por qué razones- que ya se han explicado anteriormente- ha habido que proceder de este modo: ha sido en función de las especiales atribuciones del Comisario presente. 
En cualquier caso, su observación es perfectamente plausible y tendremos que trabajar para que se puedan hacer modificaciones y no se repitan, de hecho, situaciones semejantes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Tarificación del transporte 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0012/97) de la Sra. Schmidbauer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo (COM (95) 0691- C4-0610/95) , sobre el Libro Verde «Hacia una tarificación equitativa y eficiente del transporte- Opciones para la internalización de los costes externos del transporte en la Unión Europea». 
Señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los diputados hemos esperado durante mucho tiempo a una iniciativa de la Comisión sobre una distribución justa de los costes en el sector del transporte. 
Quiero expresar mi reconocimiento al Sr. Comisario Kinnock por haberse ocupado de esta difícil tarea nada más tomar posesión de su cargo y habernos presentado el Libro Verde sobre la internalización de los costes externos del transporte. 
Es un paso en la dirección correcta para solucionar los problemas del transporte y lograr a la larga una movilidad sostenible teniendo en cuenta el medio ambiente. 
La creciente movilidad aumenta continuamente los problemas del transporte. 
En los últimos veinte años se han duplicado por término medio los kilómetros recorridos por cada ciudadano así como el número de vehículos. 
Los muy diferentes sistemas fiscales existentes en los Estados miembros no tienen en cuenta los costes reales y los traslada a terceros. 
Surge la ilusión de que conducir un coche es relativamente barato, pero no son sólo los conductores los que pagan los costes externos, es decir, los de infraestructuras, retenciones, accidentes y contaminación del medio ambiente, sino que son todos, es decir, también las personas que no poseen automóvil. 
El Libro Verde es un documento de debate. 
No es una ley ya aprobada. 
Tengo que subrayar siempre esto porque los críticos del concepto actúan como si con este Libro Verde estuviese todo ya determinado legalmente. 
En principio, el Libro Verde es aplicable a todos los sectores del transporte, es decir, la carretera, el ferrocarril, las vías fluviales y aéreas. 
De hecho se centra en la carretera y en los costes que ocasionan los camiones pesados. 
Pero esto no significa que las medidas propuestas en el Libro Verde pretendan impedir el transporte de mercancías por carretera. 
Partes interesadas siempre afirman esto. 
No puedo encontrar en el Libro Verde ningún pasaje que sustente esa afirmación. 
El transporte de mercancías por carretera es y sigue siendo un elemento necesario de cualquier actividad económica. 
Sin embargo, debe valorarse en base al principio del causante. 
Otro argumento insostenible dice que no solamente se deben tener en cuenta los costes externos sino también los beneficios externos. 
Sin duda, el transporte de mercancías por carretera aporta ventajas a la mayoría de la gente pero dichas ventajas no son beneficios externos pues los oferentes de los servicios de transporte no lo hacen gratuitamente. 
Los usuarios pagan por ello, con lo que se compensan los costes. 
(Protesta del Sr. Jarzembowski) Señor Jarzembowski, por este motivo estoy también en contra de la enmienda nº 2 del Grupo del PPE. 
El Libro Verde no se inventa costes adicionales que hagan más caro el transporte. 
Solamente descubre los costes ocultos hasta ahora y propone una distribución más eficaz y justa de los mismos. 
La internalización pretende reducir los costes para que tanto las empresas como los ciudadanos tengan que pagar menos por los costes de transporte y, ante todo, estos costes tienen que poderse calcular de un modo fiable. 
Para calcular los costes externos de un modo justo según el principio del causante, hay que desarrollar unos principios que garanticen una vinculación lo más estrecha de los costes al uso real. 
Así pues, las tarifas no pueden ser empleadas como un recurso fiscal adicional. 
Quiero mencionar a este respecto el debate que tiene lugar actualmente en la República Federal sobre un aumento eventual de los impuestos sobre los carburantes para tapar los agujeros presupuestarios de nuestro ministro de Hacienda. 
No debe ocurrir esto. 
Si la internalización se calcula en función al uso real, aplicando unas tarifas más elevadas a los transportes individuales se pretende lograr también una reducción total de los costes de transporte. 
Me voy a referir ahora a las clases o tipos de costes externos: costes de infraestructuras. 
El uso de las carreteras hace que éstas se deterioren. 
Un factor clave de ello es el peso por eje de los vehículos y cuanto más pesado es un vehículo tanto mayor es el deterioro que sufre la carretera. 
En algunos Estados miembros con el sistema actual de pagos de tasas por la utilización de las carreteras los usuarios no pagan con frecuencia los deterioros que causan. Más bien, en general, los camiones de gran tonelaje son subvencionados por los turismos. 
Los atascos en las carreteras son soportados ya parcialmente por los participantes en el tráfico, pero, como acabo de decir, sólo parcialmente. 
Por un lado, cada usuario causa a otros el mismo retraso que a sí mismo y paga por haber tomado la decisión de circular en horas punta, pues su viaje dura más tiempo. 
Por otro lado, este planteamiento no contempla en modo alguno el valor económico diferente de cada desplazamiento. 
La introducción de peajes diferenciados que dependan de la región, del período de tiempo y de los daños causados podrían reducir los desplazamientos innecesarios y conducir así a una mayor fluidez de tráfico. 
Los costes de los accidentes no son cubiertos ni de lejos por los muy diversos sistemas de seguros existentes en la Unión. 
Los contribuyentes tienen que pagar el resto y no todos ellos son conductores de vehículos. 
También existe la diferencia entre vehículos y conductores seguros y no seguros. 
De acuerdo con el principio del causante, sería sin embargo consecuente que los conductores pagaran proporcionalmente al riesgo que generan. 
El método de cálculo propuesto en el Libro Verde no me convence. 
Nadie discute la contaminación del medio ambiente que produce el tráfico. 
El transporte por carretera genera el 62 % de las emisiones de monóxido de carbono, el 50 % de las emisiones de óxido de nitrógeno, el 33 % de las de hidrocarburos y el 17 % de las de dióxido de carbono. 
Según un estudio reciente, más del 20 % de la población de la UE está sometido a un nivel de ruidos causado por el tráfico que supera los valores admisibles para las personas. 
Echo en falta en el Libro Verde una declaración o estudio sobre las emisiones de CO2. 
Se podría reducir ya una parte de la contaminación si los Estados miembros controlasen mejor la observancia de las normas europeas ya existentes. 
Para poder llevar a cabo la internalización de los costes externos la Comisión propone el cobro electrónico de peajes, es decir, un road pricing-System. 
En principio me parece adecuado si bien hay que desarrollar normas que garanticen la protección de los datos y que todo esto no ocasione distorsiones sociales. 
Pero hasta que se pueda llevar a cabo el cobro telemático de peajes va a pasar aún algún tiempo. 
Entretanto, como un primer paso se deberían armonizar a nivel europeo los impuestos de circulación, sobre los carburantes y los peajes para ser sustituidos más adelante total o parcialmente por el road pricing-System. 
Subrayo de nuevo que la propuesta del Libro Verde no pretende hacer más caro el transporte sino distribuir más justamente los costes. 
En el Libro Verde hay aún algunos puntos no totalmente aclarados que la misma Comisión reconoce. 
Indica qué estudios son aún necesarios pues hay que ampliar o profundizar algunos enunciados. 
Pero, en su conjunto, el Libro Verde es una base para una nueva política de transportes que puede contribuir a solucionar los problemas cada vez más graves del transporte. 
Señor Presidente, como se ha puesto de manifiesto en la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos de la que he sido ponente, las consideraciones establecidas en el Libro Verde sobre la internalización de los costes externos del transporte en la Unión Europea no representan más que una primera reflexión sobre dicha cuestión, entre otras razones porque la Comisión propone actuar solamente sobre el transporte por carretera, más concretamente sobre el transporte de mercancías pesadas por carretera, lo cual crearía, probablemente, más distorsiones en la competencia que las actualmente existentes. 
Para llevar a cabo la internalización de los costes externos del transporte es necesario: 
Primero: disponer de una amplia información sobre los actuales costes externos de todos y cada uno de los modos de transporte y de cuál puede ser su futura evolución. 
Segundo: tener cuantificados y valorados dichos costes externos, aplicando los mismos criterios de cálculo para los distintos modos de transporte. 
Tercero: que a la hora de analizar, cuantificar y valorar los costes externos del transporte, se haga lo mismo con los beneficios externos, con el fin de evitar una posición de desequilibrio. 
Cuarto: que la imputación de los costes externos se apliquen simultáneamente a los distintos modos de transporte, en función de los que cada uno produce y teniendo en cuenta los beneficios externos en cada caso. 
Vistas así las cosas, estarán sus Señorías de acuerdo conmigo en que los procedimientos propuestos en el Libro Verde de la Comisión plantean serias dudas de que sean capaces de poder afrontar un problema tan complejo como el de la internalización de los costes externos del transporte, puesto que tenemos una información escasa y no fiable. 
La propia Comisión admite sus dudas sobre el cálculo de los costes externos. 
Por ejemplo, cuando se refiere a las externalidades del ferrocarril y de las vías navegables, el Libro Verde señala que existen problemas importantes de evaluación y de atribución. 
Tampoco se entiende bien la insistencia de la Comisión en concentrarse en el transporte de mercancías cuando las dos causas más importantes de los costes externos del transporte por carretera- la congestión y los accidentes- tienen su origen, en el primer caso, casi exclusivamente en los turismos. 
Y lo mismo podemos decir de los accidentes, donde el porcentaje de víctimas es muy superior en los turismos. 
Se podrían citar otras muchas debilidades del Libro Verde, pero el tiempo de intervención que me ha sido asignado no lo permite. 
Por ello, animo a la Comisión a que avance en busca de propuestas concretas y globales, que resuelvan con éxito la problemática de las externalidades. 
Señor Presidente, además de darle las gracias a usted, deseo dárselas al Comisario y a la Comisión por el Libro Verde. 
Quiero asimismo dar las gracias a la Sra. Schmidbauer por el informe. 
Constituye una buena aportación al debate y es el primer paso en el camino. 
Las estrechas relaciones de la política de transporte con otros ámbitos de la política suponen una dificultad. 
Por eso, posiblemente debamos proceder con más pragmatismo; si no, corremos el riesgo de echar a perder todo. 
Están en juego la competencia, el medio ambiente, el mercado interior, las diferencias culturales nacionales y otras diferencias en general, y hay muchas cosas que tener en cuenta al elaborar un informe. 
Este informe es, por lo tanto, una solución de compromiso, pero tiene una gran calidad. 
En realidad, refleja la política europea, demuestra que tenemos un ala derechista y otra izquierdista, y pone de manifiesto nuestro interés especial por el sector del transporte. 
Lo más importante es que permita el desarrollo del debate y un intercambio de opiniones a un nivel muy cualificado. 
En caso contrario, la política permanecería estática y, como consecuencia, el transporte no se desarrollaría y también permanecería estático. 
Estamos todos en contra de la competencia desleal en lo que atañe a las tarifas, al consumo de energía, a la contaminación, al tiempo de trabajo, etc. Ahora se habla de la viñeta europea. 
Debatimos los problemas de los Alpes. 
Veamos éstos primero, pero creo que hay acuerdo en que la contaminación está aumentando y en que la contribución del transporte a esta contaminación es cada vez mayor. 
Cuando la Comisión aborde la cuestión de la internacionalización de los gastos internos el próximo otoño, es importante que ella y el Comisario presenten un programa en el que se indique cómo se debe avanzar en Europa. 
Hay que hacer algo más que hablar. 
Entre tanto, los parlamentos europeos podrían ser implicados en el proceso, se podría dedicar tiempo a estas cuestiones y a conseguir una participación activa en el tema. 
Sería bueno que, por una vez, pudiésemos crear la base de una cooperación, no de una confrontación, para que la Comisión pueda presentar al Consejo de Ministros un producto que siga el mismo objetivo. 
Apoyo el desarrollo, un desarrollo en el que no haya únicamente competencia entre los ofertantes de transporte, sino también entre los diferentes modos de transporte. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tenemos una tarea común. 
En la votación de mañana no trataremos de una legislación, sino de la primera parte de una legislación. 
Señor Presidente, al igual que el orador anterior yo también quiero felicitar a la Sra. Schmidbauer por su informe y por la disposición mostrada en largas discusiones a formular compromisos razonables que permitan a toda la Asamblea llegar a una posición común sobre este Libro Verde. 
Es muy importante que en una cuestión tan importante como la de unos precios justos o eficientes no se produzcan pequeñas escaramuzas entre los diputados de esta Asamblea sino que exista una línea común frente al Consejo, la Comisión y el Sr. Comisario Kinnock. 
Los demócrata-cristianos apoyamos el Libro Verde como un primer intento de análisis de los costes externos ocasionados por el transporte y que debe soportar también éste. 
Pero, sinceramente, señor Comisario, me parece que el análisis es muy incompleto. 
No se muestran los costes externos ocasionados por el ferrocarril, la navegación fluvial y el transporte aéreo, tal como sí ha hecho con gran detalle para los camiones, ni se han realizado propuestas sobre el modo de aplicar los costes externos a estos medios de transporte. 
Me permito mostrar como ejemplo que la navegación fluvial en el Rin no soporta los costes efectivos ocasionados por ella. 
Por tanto, aún debe completar sus deberes escolares. 
El Parlamento tiene que insistir en que se creen las mismas condiciones de competencia para todos los transportes. 
En el momento actual tenemos que rechazar que se grave unilateralmente con costes externos el transporte de camiones y pedirle que lo haga también para todos los medios de transporte y no introducir nuevas distorsiones competitivas entre ellos. 
Señor Comisario, la idea básica correcta de hacer recaer los costes externos sobre los transportes no debe traer como consecuencia- tal como ha dicho acertadamente la Sra. Schmidbauer- que se encarezca el transporte y llenar las cajas de los ministros de Hacienda. 
No puede ser ésta nuestra tarea. 
Estos recursos tienen que dedicarse a su finalidad de compensar los daños ocasionados por el transporte. 
En los países miembros hay que garantizar que no se aumenten los costes para los camiones u otros medios de transporte alegando principios fiscales generales para dedicar luego esos recursos, por ejemplo, a las artes plásticas. 
No puede ser ésta la finalidad de su Libro Verde ni de sus propuestas y tenemos que asegurarnos de ello. 
Respecto al transporte de mercancías a larga distancia. 
Sin necesidad de cargas financieras podemos adoptar ya ahora medidas eficaces para la protección del medio ambiente, la seguridad en el transporte y la competencia. 
Menciono solamente tres: podemos armonizar por fin los impuestos sobre los vehículos o carburantes en la Unión para lograr unas condiciones de competencia iguales entre las empresas de diversos Estados miembros. 
En el cálculo de los tipos impositivos para los vehículos también podemos tener en cuenta la emisión de sustancias contaminantes y de ruidos así como la saturación de las carreteras y proporcionar de este modo incentivos para la protección del medio ambiente mediante la clasificación de los impuestos de los vehículos. 
Otros oradores han dicho también que si los Estados miembros se ocupasen de que se respeten los tiempos de conducción y de descanso, de que se retire de la circulación a los camiones que sobrepasan los límites de emisiones de sustancias contaminantes y de ruidos y si llevasen a cabo medidas de control prácticas, podríamos hacer ya hoy mucho en favor de la protección frente a los ruidos, del medio ambiente y de la seguridad en el tráfico. Tengo un gran interés en oír de usted si quiere poner en marcha estas medidas tan prácticas. 
Hoy no quiero decir nada sobre la cuestión de los peajes de las carreteras pues voy a presentar un informe especial al respecto. 
Permítanme aún dos pequeñas observaciones. 
Señora Schmidbauer y señor Rübig, creo que los programas para el desguace de vehículos viejos no sirven para nada. 
Esto solamente grava los presupuestos del Estado y tiene solamente unos efectos pasajeros pero no duraderos. La introducción de una responsabilidad de los fabricantes por la longevidad de los motores es también un sinsentido relativo. 
Señor Comisario, para finalizar le quiero plantear una pregunta: ¿está usted dispuesto, tal como exige con gran mayoría la comisión, a mandar elaborar un amplio estudio que recoja, analice y demuestre los costes externos de todos los medios de transporte para que podamos estar totalmente seguros de que si ponemos en marcha acciones se apliquen los costes externos a todos los transportes sobre una base fiable? 
Señor Comisario, el 27 de marzo del año pasado en este Pleno, al intervenir sobre el tema de la correcta relación entre los costes de gestión y las tarifas de las autopistas, usted se refirió al caso de la autopista del Brennero que, para el tramo Brennero-Insbruck, exige unos peajes tan elevados que triplican el coste de mantenimiento que debería servir como dato de referencia: ésta es una violación de los tratados comunitarios y de los acuerdos de adhesión. 
El motivo, por parte austriaca, es el intento de desalentar el tránsito del transporte pesado, sobre todo en las horas nocturnas, con un peaje sin duda muy elevado: por 35 km se pagan 90 ecus durante el día y el doble desde las 22.00 a las 5.00 horas. 
Hay que reconocer que se puede estar conformes con el intento de proteger la integridad del medio ambiente, aunque no parece objetivamente justo que dicho precio lo tengan que pagar casi totalmente los transportistas, de la misma forma que no parece equitativo que esto suceda sólo con respecto a un sector del transporte por carretera y por iniciativa de un Estado, sin que se haya llevado a cabo ningún intento de coordinación con el Estado limítrofe, en cuyo territorio se registran los mismos problemas. 
A este fin, considero peligrosa la propuesta de la ponente, contemplada en el párrafo 4 del apartado 18, donde se sugiere autorizar peajes de carreteras «sensiblemente más elevados- éste es el término- para los corredores mayormente afectados por el impacto medioambiental, que permitan financiar soluciones alternativas. 
En este caso de trata de financiar el túnel de base del Brennero y todo el eje desde Munich hasta Verona que, sobre la base de un presupuesto de 1992, vendría a costar 13.000 mecus, es decir, 25.000 millardos de liras. 
Me pregunto qué parte de este importe se obtendría realmente de los peajes de autopistas. 
En consecuencia, debemos poner mucho cuidado en autorizar fáciles coartadas para incrementar de forma arbitraria las tarifas de las autopistas. 
Asimismo dicho coste incide fatalmente en la composición del coste global del transporte y contribuye a crear un desconcertante desequilibrio entre zonas, entre Estados, así como entre las empresas de la misma nación. 
El 5 de diciembre del año pasado, aquí en Bruselas, quien les habla organizó un seminario cuyo título era «Armonización de los costes de los transportes en el territorio de la Unión Europea». 
Participaron en el mismo los representantes de las asociaciones de transportistas de cinco países y lo primero que sobresalió fue la voluntad común de llevar a cabo un debate sobre este tema. 
De ahí la necesidad de una reglamentación común que tenga en cuenta además del recorrido, los costes técnicos y externos, de la incidencia del coste del trabajo. Con respecto a este último tema, está previsto un informe dentro de pocas fechas. 
Una tendencia que ha de evitarse es la de imputar todos los costes externos a los transportistas. 
No hay que olvidar asimismo una exigencia transversal que domina en Europa, esto es, la salvaguardia de los puestos de trabajo, así como la creación de nuevos empleos. 
De hecho, unos costes excesivos y unas nuevas cargas fiscales podrían dar lugar a la desaparición de las pequeñas empresas transportistas que representan el 85 % del parque europeo. 
Señor Presidente, apoyamos los objetivos del Libro Verde: reducción de las consecuencias perjudiciales, cálculo objetivo para todas las modalidades. 
Esto significa, por tanto, señor Comisario, que lo que dice el Libro Verde, la navegación fluvial cero por ciento, es simplemente imposible, y nosotros somos partidarios de la movilidad sostenible. 
¿Existen alternativas al transporte por carretera? 
En realidad, en la mayoría de los casos, no. 
Esto significa que, sea como fuere, no deseamos medidas coactivas para elegir al transportista. 
Hay que hacerlo con medidas pull and push. Por consiguiente, consideramos que es necesario recompensar y no castigar el estado actual de la tecnología, y que por consiguiente es preciso aplicar una tarifa cero a los medios de transporte menos perjudiciales. 
Sin duda, como ha dicho la ponente, a quien deseamos felicitar, hemos de ocuparnos de no imponer más cargas a un sector de la industria estructuralmente débil. 
Sí vemos la necesidad de una transición de los costes fijos a los variables. 
Así, apoyamos en este sentido los apartados 7, 8, 11, 12 y 15, que hacen que el informe sea globalmente aceptable. 
Ahora quiero formular dos preguntas concretas al Comisario. 
Una investigación encargada por el ministro de Transportes y Dominio de Aguas, actualmente Presidente del Consejo de Ministros, y realizada por la oficina Tebodin, ha indicado que en el transporte de mercancías se carga con más del 100 % de los costes. 
¿Comparte el Comisario esta opinión y está dispuesto a tener en cuenta este informe en sus consideraciones? 
En segundo lugar, si pasamos de camiones de 40 a 44 toneladas sobre 5 ejes, podemos lograr un ahorro de 214, 3 millones de litros y 18, 4 millones de kilos de sustancias tóxicas. 
¿Estaría dispuesto el Comisario a considerarlo, tal como ha aconsejado el Parlamento en el informe sobre medidas y pesos, a fin de respetar el medio ambiente? 
Señor Presidente, en el Libro Verde se presta atención a la llamada «cuenta pendiente» del transporte. 
Se puede discutir sobre la cuantía y la composición de dicha cuenta, pero hemos de darnos cuenta de que el desplazamiento de personas y mercancías supone una carga para el medio ambiente y conlleva costes para la sociedad. 
Actualmente, estos costes no quedan suficientemente reflejados en el precio del transporte. 
Por ello creo que el Libro Verde supone un buen comienzo para un debate sobre la base del principio de que el usuario paga y el que contamina paga. 
Sin embargo, el Libro Verde no me ha convencido en diversos puntos. 
A diferencia de lo que se afirma, no se pueden imputar los costes debidos a la congestión causada por una infraestructura insuficiente a los transportistas. Estos son quienes más sufren por esta falta de infraestructura. 
Para luchar contra los atascos y para utilizar mejor la escasa infraestructura, es mejor fomentar el tráfico económicamente importante con un sistema de road pricing. 
En este sentido, lamento que se haya rechazado mi enmienda, en la que se señala a los turismos como principales culpables de las retenciones en las zonas urbanas. 
Afortunadamente, esta declaración aparece en el informe de la Comisión de Medio Ambiente. 
Además, me ha sorprendido que el Comisario Kinnock haya dicho en un discurso que imputar los costes externos no tiene por objeto modificar el modal shift, pero entonces me pregunto, ¿por qué se imputan sólo al transporte por carretera? 
¿No cree el Comisario que a la larga los costes externos han de imputarse a todos los transportistas? 
¿Y tiene ya alguna idea de qué significa para las relaciones de competencia? 
Me temo que, concretamente, ello perjudique aún más la posición del ferrocarril frente a la carretera. Quisiera que el Comisario hiciera algunos comentarios a este respecto. 
Pero sobre todo quiero que me diga si es partidario de un modal-shift y qué medidas tiene previstas para lograr este objetivo. 
Ahora sólo se encarece el transporte de mercancías. 
Por último, quiero elogiar el trabajo de la ponente. 
Señor Presidente, señor Comisario, a diferencia de algunos diputados, considero muy preciso el trabajo de la ponente y de la Comisión: preciso sobre todo por lo que atañe a los datos relativos tanto a los 250 millardos de ecus que representan los costes externos, de lo cuales 120 causados por la congestión, como a los accidentes que suponen el 1, 5 % de los costes, ya que más de 50.000 personas son causa de accidentes, y aquí se habla también de 166 millardos de ecus aproximadamente. 
No cabe duda de que sería necesario pensar en otro tipo de desarrollo, así como en la manera de reequilibrar los transportes de forma compatible con el medio ambiente, haciendo hincapié en la movilidad sostenible. 
Desde este punto de vista, han incidido mucho las relaciones de mercado que aumentaron la flexibilidad, así como la falta de incentivo del transporte público, elementos que, de alguna manera, han representado un aspecto negativo. 
Deseo citar algunos datos relativos al CO2. 
Si pensamos en el transporte de 2.000 toneladas a lo largo de 1.000 kilómetros, en el caso de utilizarse el transporte marítimo, generan 7 toneladas de CO2, por ferrocarril 11 toneladas y por carretera 60 toneladas. 
Estos son unos datos que nos preocupan seriamente, del mismo modo que, como es obvio, nos preocupa el reparto modal en el desarrollo de estos años que ha penalizado en exceso el transporte por ferrocarril. Basta pensar que la carretera, en 1970, representaba el 48, 6 %, mientras que hoy representa el 71, 7 %; en 1970 los ferrocarriles representaban el 31, 7 %, mientras que hoy, por desgracia, representan sólo el 14, 9 %; y las vías navegables han pasado del 12, 3 % al 7, 7 %. 
Como se puede comprobar, los aspectos de la intermodalidad son importantes. 
El reparto modal asimismo ha de favorecerse mediante el cálculo fiable de los costes externos. 
Desde este punto de vista, señor Comisario, creo que es preciso dar un salto mucho más concreto, ya que considero importante poner en práctica una acción legislativa cuanto antes y, por lo tanto, sin detenerse en la etapa de estudio únicamente, e intervenir en lo referente a los itinerarios sensibles. Encuentro mucho más puntual el planteamiento tendente a armonizar a escala europea las actuales orientaciones de la política de transportes en lo referente al impuesto de circulación, al impuesto sobre el consumo de aceites minerales y al impuesto de matriculación, así como a los peajes. 
Estos son, según mi opinión, los datos concretos sobre los que hace falta trabajar para definir esta acción que es puntual y apunta asimismo a otra cultura del transporte. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito las propuestas de la Comisión sobre una tarificación equitativa y eficiente como medio de establecer una competencia más leal entre los modos de transporte. 
Quisiera felicitar al Comisario y a su personal por el documento y también a nuestra oponente por la excelente labor que ha llevado a cabo. 
Nuestro objetivo en esta operación es la tarificación de los costos externos de la utilización de los transportes. 
Está claro que los usuarios de los transportes- principalmente los usuarios de las carreteras- no pagan los costos que imponen sus decisiones en materia de viajes, lo que provoca un desequilibrio entre el precio pagado por los usuarios y los costos subyacentes para la sociedad en conjunto. 
Es un objetivo loable. 
Si vinculamos la política de transportes lo más directamente posible a los costos que entrañe un viaje, sería bueno para el medio ambiente y el resultado sería una utilización más justa y eficiente del transporte. 
Hasta aquí, perfecto. 
Sin embargo, hay que evaluar los costos externos: contaminación, ruido, congestión y demás. 
Mi primera pregunta al Comisario esta noche es: ¿cómo determinamos la magnitud de dichos costos? 
¿Cómo puede la Comisión evaluarlos? 
¿Cuál sería el papel de la tecnología y cómo piensa la Comisión utilizar la telemática, los satélites y demás medios tecnológicos modernos? 
¿Necesitamos disponer de datos correctos y de pruebas empíricas de dichos costos? 
Mi mensaje a la Comisión esta noche es el de que el documento habla muy poco sobre esas pruebas y datos empíricos. 
El Comisario ha de saber, seguro, que el Reino Unido está ya insistiendo cada vez más en la necesidad de tarificar las estructuras del transporte para reflejar íntegramente los costos, incluidos los medioambientales. 
¿¿Qué certidumbre podemos tener sobre los factores externos medioambientales y sobre cómo evaluarlos y después repercutirlos en las medidas de tarificación? 
Tanto el Libro Verde de la Comisión como el informe de la ponente insisten mucho en las medidas fiscales. 
Mi observación tanto al Comisario como a la ponente es muy clara y positiva. 
No debemos dejar de tener en cuenta el principio de subsidiariedad. 
¿Puede el Comisario probar aquí esta noche de forma incontrovertible la necesidad de la acción en el nivel comunitario? 
De lo contrario, yo sostendría que lo mejor es dejar que los Estados miembros decidan las medidas fiscales. 
Una cosa en la que todos podemos convenir es que ésta es una cuestión compleja que requiere más estudio y debate. 
Una última idea para el Comisario y la ponente: el transporte público podría y debería ser un beneficiario importante de una tarificación más equitativa y eficiente del transporte. 
Sin embargo, hoy el transporte público tan sólo representa entre el 10 % y el 15 % del mercado total de la movilidad. 
Quisiera pedir al Comisario que se comprometa junto con los demás Comisarios a financiar programas de investigación e innovación, en particular mediante el cuarto y el quinto programa marco, en pro del transporte público como parte de una política general de transportes. 
También espero que podamos pedir a la Comisión que apoye la investigación e innovación en materia de telemática mediante el cuarto y el quinto programa marco. 
Espero impaciente las respuestas del Comisario y las ideas de la ponente sobre esos aspectos. 
Aparte de estas salvedades, recomiendo a la Asamblea el documento de la Comisión y el texto de la ponente. 
Señor Presidente, creía que estábamos manteniendo un debate sobre el informe de la Sra. Schmidbauer. 
Todas las preguntas que ha formulado a la Comisión la Sra. McIntosh se refieren a un tema totalmente diferente y creo que la Comisión no debe contestarlas esta noche. 
No tienen nada que ver con el informe de la Sra. Schmidbauer. 
Señor Sindal, eso no es una cuestión de orden. 
Discúlpeme, pero no puedo impedir la libertad del debate. 
Señor Presidente, en primer lugar me permito agradecerle a la Sra. Schmidbauer el excelente trabajo realizado en este informe. 
Es importante que el Parlamento intente encontrar el mejor modo de promover el mercado interno. 
Mi idea sobre dicho mercado es que todos los países, con independencia de la distancia que los separe del centro de Europa, han de tener las mismas posibilidades de competir. 
En estos trabajos uno de los ámbitos de mayor importancia es el transporte. 
También es uno de los más adecuados para la aplicación de nuestras ideas sobre el libre mercado interno. 
Hay una serie de ejemplos de cómo seguir adelante. 
La cuestión de las redes transeuropeas que debatimos actualmente constituirá un ejemplo excelente a seguir cuando logremos llevarlo a la práctica; las distancias disminuirán, y con ello el transporte ganará en eficacia. 
Como sueco, observo que las grandes distancias que existen entre Suecia y los grandes mercados del continente constituyen un obstáculo muy serio a la libre competencia. 
Prácticamente cada vez que hay que vender algo a otro lugar, tenemos una desventaja en cuanto a la distancia de alrededor de 70-100 millas. 
Esto naturalmente no se aplica sólo a Suecia, sino también a países como Finlandia, Grecia, España y Portugal. 
En otras palabras, afecta a todos los países que se hallan en lo que llamamos la «periferia» , es decir, países que están muy lejos de los grandes mercados europeos. 
Es, por tanto, vital que también tengamos en cuenta factores de este tipo cuando hablamos de encarecer el transporte con los costes externos. 
No digo esto para que se interprete mi actitud como negativa ante la propuesta presentada. 
Por el contrario, el informe tiene muchos aspectos que considero positivos. 
No obstante, también deben incluirse en la continuación del proceso los factores que he apuntado. 
Lo mismo se aplica al debate sobre la homologación de los impuestos. 
Mi opinión es que no deberíamos ir en dirección a un sistema fiscal paneuropeo, pero sí es necesaria una homologación equilibrada de los impuestos de los Estados europeos en este ámbito para crear con ello una situación de equidad en el terreno de la competencia. 
En este sentido, creo que vamos en la buena dirección si tenemos en cuenta el deterioro del medio ambiente a la hora de fijar las tasas impositivas. 
Europa tiene grandes problemas ambientales, y ciertamente el sector del transporte contribuye en gran medida a agravarlos. 
Hay que acabar de algún modo con el problema, pero debe hacerse de manera que no se vean amenazados los principios fundamentales del mercado interno. 
Opino que el informe de la Sra. Schmidbauer sobre la internalización de los costes externos del transporte en la Unión Europea es de gran calidad en líneas generales. 
La propuesta está inspirada por la voluntad de avanzar en lo referente a la armonización, una armonización que considero bien equilibrada respecto de los problemas que pueden surgir. 
No obstante, habría deseado que se incluyera un apartado sobre la problemática de la distancia. 
En todo caso, cabe tenerla in mente cuando se lleven las propuestas a la práctica. 
No solamente proponemos estas medidas en beneficio del medio ambiente, sino también con objeto de reforzar el mercado interno y de salvaguardar el principio de la libre competencia dentro de la Unión Europea. 
Me permito acabar con una pregunta al Comisario Kinnock: ¿Está dispuesta la Comisión a reflexionar sobre la problemática de la distancia en sus futuros trabajos sobre el sector? 
Señor Presidente, deseo ejercer el derecho que me confiere el Reglamento a hacer una declaración personal. 
Me disculpo ante el Comisario Kinnock por que el Sr. Sindal haya estado de un humor particularmente irascible esta noche. 
Tal vez si yo hubiera hablado en danés, habría seguido lo esencial de mis observaciones. 
Tengo todo el derecho del mundo a formular preguntas al Comisario y él a responderme. 
Señora McIntosh, Su Señoría tendrá todo el derecho a hacer su declaración después de la intervención del Comisario. 
Señor Presidente, lamento intervenir en una discusión que es, evidentemente, sobre una cuestión personal, pero estoy seguro de que el Sr. Sindal no estaba irascible en lo más mínimo. 
Ésa es una característica totalmente ajena a él. 
En el libre intercambio de opiniones en esta Asamblea democrática, estoy seguro de que todo el mundo entiende la pertinencia de su intervención y, de hecho, la validez de la respuesta de la Sra. McIntosh. 
Ello demuestra simplemente lo mucho que me he alejado de la política real últimamente. 
Como ha de saber la Asamblea, en el año transcurrido desde que presenté el Libro Verde de la Comisión sobre una tarificación equitativa y eficiente del transporte, el debate ha sido animado, como hemos presenciado aquí esta noche, y las consultas han sido oportunas y, de hecho, amplias. 
He tenido la oportunidad de examinar esta cuestión en todas sus formas y consecuencias con una gran diversidad de personas y organizaciones, incluidas las que asistieron a nuestra conferencia sobre este tema en esta ciudad el pasado mes de noviembre. 
El intenso y constante interés pone de relieve la importancia de la cuestión y a ello contribuye el proyecto de resolución en esta Asamblea sobre el Libro Verde. 
Así, pues, quisiera felicitar a la Sra. Schmidbauer por el completo planteamiento que ha hecho y por los resultados que ha obtenido en relación con un tema que, evidentemente, es muy complejo. 
Acojo con satisfacción la convicción que ha vuelto a expresar claramente esta noche sobre dos asuntos fundamentales. 
En primer lugar, la tarificación debe formar parte íntegramente de las políticas globales de transportes en todos los modos de transporte. 
Quisiera indicar al Sr. Jarzembowski, entre otros, que la amplitud de la referencia al transporte por carretera en el Libro Verde se debe enteramente, como estoy seguro de que entenderá, a que produce el 90 % de los costos externos del transporte. 
Pero en un examen más detenido del Libro Verde todo el mundo ha de observar muy claramente que se hace referencia por extenso a todos los modos. 
No sólo se hace referencia en forma pasiva, sino que, además, hay propuestas concretas que ahora se están aplicando de nuevos exámenes y estudios relativos a la variedad de los modos de transporte. Se trata de algo que la Sra. Schmidbauer y muchos otros colegas reconocen clara y atinadamente. 
En segundo lugar, la opinión expresada en esta Asamblea es clara respecto a otro asunto. 
El objetivo de hacer repercutir los costos en los precios es el de garantizar condiciones iguales de competencia, como ha señalado la Sra. McIntosh, sensibilizar más a los usuarios y con ello contribuir a un aumento de la eficiencia y la sostenibilidad globales del sistema de transportes europeos. 
Tras haber realizado esa operación inicial de determinación de los costos ocultos que entrañan las actividades de transporte, ahora debemos pasar al desarrollo del pensamiento conceptual y a la tarea práctica de recoger propuestas de políticas comunitarias viables y productivas y, cuando proceda, instrumentos legislativos. 
Quisiera señalar a uno o dos de los diputados que han intervenido en el debate esta noche que la acción comunitaria es apropiada, simplemente porque tenemos una Comunidad, porque tenemos un mercado único, porque el transporte en todos sus modos está intervinculado e integrado y- en pro de la equidad, de condiciones de competencia leal y la necesidad universal de salvaguardar el medio ambiente- existen razones muy poderosas para justificar la actividad comunitaria, basada enteramente en la voluntad de los Gobiernos democráticamente elegidos de los Estados miembros de aprobar o modificar propuestas procedentes de la Comisión y de esta Asamblea. 
La primera iniciativa tangible con vistas a la formulación de políticas viables, como ya sabe la Asamblea, figura en la propuesta de la Comisión de revisión de la directiva relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos industriales por el uso de determinadas estructuras. 
A juzgar por los debates y las conclusiones sobre el Libro Verde, espero estar en lo cierto al pensar que la Asamblea dará una vez más su valioso apoyo a dicha iniciativa. 
Sin embargo, quisiera comentar la propuesta que figura en el informe que la Asamblea tiene ante sí de que, al armonizar las tasas de los impuestos aplicados a los vehículos, se deben tener en cuenta los materiales de que está hecho un vehículo. 
Aunque comprendo las claras razones para esa idea, he de subrayar, no obstante, que esa idea y otras igualmente válidas se deben tratar más eficazmente en el marco de otras políticas comunitarias, en este caso las relativas a los materiales y los procesos industriales. 
Una visión similar nos movió a limitar el debate sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en el Libro Verde, ya que ha sido- y así se sigue considerando- una cuestión multisectorial. 
Como puede que sepa la Asamblea, la Comisión está ultimando actualmente una propuesta sobre la actualización del impuesto mínimo al consumo de los productos energéticos en el que velaremos por que se aborde en todos sus sectores pertinentes, incluido el transporte, la limitación de las emisiones de CO2. 
Ahora me gustaría repasar brevemente algunos puntos en los que creo que alguna aclaración o información de las opiniones o actividades de la Comisión podrían contribuir a la comprensión entre nosotros en nuestras diferentes instituciones y aumentar la cooperación constructiva entre nosotros. 
Lo primero que me viene a la mente es nuestra posición común sobre la necesidad de lograr el desarrollo de un sistema de transportes perfectamente equilibrado en el que todos los modos de transporte realicen plenamente su potencial. 
Sin embargo, mientras nos encontramos en el proceso de trabajar para establecer dicho equilibrio, está claro que, aun respetando el principio de que todos los modos deben pagar sus costos reales, hay que fomentar de una forma o de otra algunos modos en particular. 
En ese marco, quisiera mencionar, por ejemplo, nuestra propuesta de prorrogar las acciones experimentales para el transporte combinado- el programa PACT- por cinco años con un presupuesto y un alcance mayores. 
Además, se espera que el Libro Blanco de la Comisión sobre una estrategia ferroviaria encaminada a promover el acceso a los mercados de los ferrocarriles de carga mejore el atractivo de ese modo y complemente nuestra política en materia de tarificación. 
Por último, como actividad complementaria de la conferencia del pasado mes de noviembre y para atender una propuesta presentada por representantes de la industria, voy a lanzar una iniciativa tripartita sobre los procedimientos más idóneos en materia medioambiental y voy a invitar a la industria, a las empresas de transportes y a las organizaciones medioambientales a participar. 
Naturalmente, se invitará a diputados a esta Asamblea. Creo que con ello se promoverá aún más la idea de gravámenes medioambientales diferenciados y el resultado será la aplicación de medidas prácticas. 
También voy a lanzar un seminario sobre los procedimientos más idóneos para resolver en el nivel local los problemas del transporte urbano, en el que se examinarán al mismo tiempo- como debe ser- las investigaciones sobre telemática, la red de ciudadanos y la tarificación equitativa y eficiente. 
En la Comisión continuaremos con nuestra labor sobre las diferentes cuestiones planteadas en el Libro Verde mediante estudios e investigaciones concretos, como algunos de los participantes en el debate han pedido esta noche, e incluiremos en nuestras consideraciones la decisiva cuestión de la interoperabilidad de los sistemas de tarificación del transporte por carretera. 
Evidentemente, vamos a desarrollar la labor mediante medidas encaminadas a mejorar la infraestructura de transportes y mediante legislación para los instrumentos reguladores y fiscales. 
La forma más práctica de lograr los mejores resultados globales es la de movilizar todas las fuerzas para que actúen en relación con los diversos aspectos del complejo problema de la mejora de nuestro sistema de transportes de forma medioambientalmente compatible. 
Considero esta Asamblea una de las fuerzas más persuasivas en este debate y ésa es una de las razones precisamente por las que acojo con beneplácito el dictamen favorable acerca de nuestro Libro Verde sobre la tarificación equitativa y eficiente y recomiendo el excelente informe de la Sra. Schmidbauer a esta Asamblea. 
Quisiera concluir expresando mi pesar por que la limitación del tiempo me impida responder en este momento a las diversas preguntas. 
Indudablemente, volveremos a abordar esta cuestión en la Comisión de Transportes y Turismo. Estoy muy deseoso de que así sea. 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock, por las explicaciones que nos ha dado y por su humor, que a estas horas de la noche siempre es de agradecer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Investigación y desarrollo sostenible 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0382/96) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la política comunitaria de investigación y el desarrollo sostenible. 
He recibido una solicitud de cuestión de orden por parte del ponente, Sr. Marset Campos. 
Señor Presidente, ateniéndome al artículo 129 del Reglamento, pero como Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, propongo lo que en la práctica es la decisión que se tomó en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía el día 21 de enero, la semana pasada, porque se vio la conveniencia de volver a debatir con más profundidad el propio informe, dar tiempo a todos los Grupos para poder introducir enmiendas y mejorar, con su contribución, el informe. 
Y por tal motivo, solicito la devolución del informe a comisión. 
Señor Marset Campos, hace usted su petición en nombre de un Grupo político, por lo que es perfectamente compatible con el articulo 129 del Reglamento. 
De modo que entraremos en el proceso habitual: habrá un diputado que se pronunciará a favor de la petición de devolución a comisión, habrá, naturalmente, otro diputado que se pronunciará en contra y después procederemos a la votación sobre la cuestión de fondo. 
Señor Presidente, deseo apoyar la petición del Sr. Marset Campos de devolución a la Comisión de Investigación y Energía. 
Es muy importante que esto quede claro; es algo preliminar a nuestro debate sobre el quinto programa marco y contribuirá a nuestro debate sobre dicho programa. 
Así, pues, en vista de que nos llegan nuevos documentos de la Comisión, es esencial que lo devolvamos a comisión para hacerle los ajustes necesarios a fin de que satisfaga las necesidades de nuestro próximo debate sobre el quinto programa marco. 
De modo que quisiéramos apoyar la devolución a comisión. 
Señor Presidente, quiero pedirle que no devuelva este informe a la comisión. 
Hemos tenido una audiencia y hemos mantenido largos debates en la Comisión de Investigación donde hemos votado. 
El Grupo del PSE y del PPE han presentado enmiendas al respecto de las que nos hemos ocupado intensamente y queremos conceder a este importante informe sobre el desarrollo sostenible la posibilidad de que sea aprobado lo antes posible con nuestras enmiendas. 
Por ello, solicito que tratemos este informe, tal como estaba previsto. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Elaboración de estadísticas sobre I+D 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0383/96) del Sr. Izquierdo Collado, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el informe provisional de la Comisión de las Comunidades Europeas a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión 94/78/CE, Euratom, del Consejo (COM (96) 0042- C4-0247/96) , por la que se establece un programa multianual para la elaboración de estadísticas comunitarias sobre investigación, desarrollo e innovación. 
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención señalando el apoyo claro y decidido de la Comisión de Investigación a este informe de elaboración multianual que nos ha presentado la Comisión. 
Por tanto, no estamos ante un trabajo definitivo, sino que estamos ante una fase intermedia. 
El análisis que nosotros hacemos del trabajo de la Comisión es positivo. 
Consideramos que se están cumpliendo de manera adecuada los trámites y los plazos y esperamos que todo pueda concluir definitivamente con una nueva situación para las estadísticas científicas en Europa. 
Nos remitimos, por tanto, a ese momento, al momento en que se culmina el trabajo, y animamos a la Comisión a que siga realizando el esfuerzo que lógicamente requiere toda encomienda que pretende transformar hábitos muy arraigados todavía en los distintos países y que queremos que adquieran un nivel comunitario claro. 
Nadie interprete, sin embargo, que nuestra actitud es una actitud acrítica. 
Estimamos que queda mucho por hacer, quizá lo más díficil, aquello que cualitativamente dignificará el trabajo de la Comisión. 
Pero vaya por delante que consideramos que estamos en la buena vía y que eso deberá culminar cuando la Comisión presente el informe definitivo. 
Ojalá que en aquel momento podamos mantener el mismo criterio que mantenemos en estos momentos, porque ello supondrá que se ha dado un avance sustancial en un campo realmente importante para la Unión Europea. 
Señor Presidente, estamos hablando de estadísticas científicas en una Europa que es un gigante en materia de investigación básica, pero que no lo es en materia de tecnología e innovación. 
Se analizan las causas de este desfase. 
¿Cómo es posible que Europa tenga esa capacidad de inversión y ese nivel excepcional en materia de investigación básica y que no lo tenga, sin embargo, después, en aplicaciones al mercado, en desarrollo tecnológico, en esa innovación que, lógicamente, es la que aproxima la investigación básica a un mercado necesario para que la investigación sea rentable? 
Lógicamente, son muchas las causas. 
Pero a mí me parece que el hecho de tener unas estadísticas deficientes no está lejos de una de las causas que hacen que la investigación europea no esté a la altura que debe estar. 
Hay que caminar hacia ese sistema europeo de estadísticas en materia de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación. 
Porque, sin esas estadísticas cualificadas, no tendremos todos los datos para efectuar una definición de la política de investigación y desarrollo, que es tan importante para la Unión. 
Y queremos hacerlo mirando a los ciudadanos, recogiendo sus opiniones, sin «despotismo ilustrado» , sabiendo que ellos pueden aportar muchos ingredientes. 
Señor Presidente, necesitamos- y este informe lo propone- una base jurídica para elaborar encuestas científicas. 
La situación en estos momentos no es buena. 
Los Estados colaboran, porque voluntariamente quieren, como mejor pueden, en algunos casos, pero sin ese ingrediente coercitivo que se necesita para que todos los Estados unifiquen, armonicen, sus estadísticas y que la Unión Europea tenga esa base jurídica para exigir colaboración y no solamente para reclamar colaboración. 
Consideramos que las bases de datos tienen que incluir ingredientes cualitativos, además de los cuantitativos, porque son fundamentales para hacer un diseño claro de diagnóstico estadístico. 
Consideramos que esas bases europeas, esa «bibliometría» europea, en estos momentos, es una reclamación si no queremos tener un oficio de sucursales, fundamentalmente de los Estados Unidos, y si queremos tener personalidad propia. 
Reclamamos la regionalización de las estadísticas. 
Se necesita regionalizar las infraestructuras científicas, y se necesita también que nuestras encuestas, a nivel regional, sean una base para efectuar la política regional, indicadores, por tanto, de base territorial. 
Y, señor Presidente, para terminar, necesitamos que la nueva sociedad de la información atraviese todos los ingredientes de la recogida de datos y de la presentación de las estadísticas científicas, porque, indudablemente, no podemos estar al margen de este nuevo modelo de sociedad que va a diseñar, a nivel científico, la sociedad de la información. 
Señor Presidente, estimados colegas, este año vamos a ver hasta la saciedad lo importante que son las estadísticas. 
El debate sobre la participación en la Unión Monetaria gira casi exclusivamente alrededor de la observancia de los criterios de deuda y aquí en principio no se trata de otra cosa que de los datos que se elaboran mediante técnicas estadísticas. 
Este ejemplo muestra también lo difícil que es con frecuencia obtener datos comparables. 
Pero hoy no debatimos sobre economía sino sobre el informe provisional de la Comisión relativo al programa de acción para la elaboración d estadísticas comunitarias en el campo de la investigación e innovación. 
Es un problema europeo general que tenemos que combinar quince sistemas con diez idiomas. 
Por ello, con frecuencia tenemos que encontrar otras soluciones que, por ejemplo, los EE.UU. o el Japón, nuestros mayores competidores en el campo de la investigación y desarrollo. 
Para optimizar los resultados de la política común de investigación es necesario crear unas condiciones óptimas y es aquí donde juegan un papel las estadísticas comunitarias. 
Es absolutamente necesario disponer de datos actuales de todos los Estados miembros obtenidos sobre la misma base cuando se proyectan programas de investigación. 
Además, las instancias decisorias en la ciencia, investigación, economía y política tienen que poder acceder de un modo comprensible a los datos que necesitan para sus decisiones. 
Saludo por ello el plan de acción de la Comisión que prevé cerrar lagunas, eliminar las diferencias de métodos y poner al alcance del público los datos en bancos de datos. 
También es importante evitar la duplicación de trabajos para impedir que se recaben datos desde diferentes niveles. 
La subsidiariedad es fundamental en las estadísticas. 
Queremos molestar lo menos posible a los consultados y al mismo tiempo obtener el máximo confort para los usuarios de los datos. 
Apoyo plenamente el informe de mi colega Juan Izquierdo. 
Este árido tema no le va a hacer salir en las primeras páginas de los periódicos, pero a pesar de ello lo ha elaborado con gran celo. 
Muchas gracias por ello. 
Mi tiempo de intervención es demasiado corto para referirme a todo lo que Juan ha descrito ya con gran acierto. 
Por ello, me voy a limitar a un punto que creo falta. 
Es absolutamente necesario que comencemos a poner a disposición de los Estados de la Europa central y oriental nuestros conocimientos sobre la elaboración de estadísticas. 
De este modo, garantizaremos que obtengamos datos fiables sobre las capacidades de esos Estados y además les ayudaremos a ser competitivos. 
Recuerdo lo difícil que era obtener datos fiables en la antigua RDA, ya fuese sobre el consumo de chocolate o sobre el número de aparatos de rayos X. Para la economía y la innovación era una situación insoportable. 
Por ello, quiero destacar aquí la importancia de incluir a los Estados asociados en el plan de acción. 
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar expresar mi satisfacción por la presencia aquí del Comisario Kinnock y por que comparta nuestro interés por las estadísticas. 
Permítaseme hacer extensiva mi felicitación al Sr. Izquierdo Collado por su informe sobre un tema que no es electrizante precisamente. Su informe lo ha tratado mejor aún de lo que se merece. 
No puedo por menos de referirme a aquel antiguo adagio de los políticos sobre mentiras, mentiras podridas y estadísticas; de hecho, me recuerda eso que se suele decir de que las estadísticas son cosas que los caballeros utilizan más bien como un borracho utiliza un farol, es decir, más para apoyarse que para iluminarse. 
Lo importante en este caso es la necesidad de difundir los resultados de la investigación en la Unión Europea y sin estadísticas resulta muy difícil difundir los resultados. 
Debemos compartir los resultados de la investigación en la mayor medida posible a fin de estimular y alentar más investigaciones. 
Debemos tomar nota de la importancia de las redes en la investigación y un nivel alto de participación de los diferentes socios en la investigación del cuarto programa marco. 
Asimismo, sin un registro de la labor que se ha llevado a cabo, resulta extraordinariamente difícil alentar a nuevos participantes. 
El Sr. Izquierdo Collado hace referencia en su informe al debate entre la investigación aplicada y la investigación básica. 
Permítaseme confesar mi preferencia por la investigación aplicada, porque necesitamos una investigación más próxima al usuario, más próxima al mercado. 
Permítaseme reconocer simplemente cierto mérito a la contribución que el Reino Unido hace como socio- creo- en el mayor número de proyectos de investigación en la Unión Europea. 
Se trata de una contribución decisiva, una contribución positiva, la nuestra. 
En este momento y en esta época, resulta muy agradable hacer constar que el Reino Unido hace efectivamente una contribución positiva. 
Permítaseme concluir con una observación sobre mi circunscripción para elogiar a los participantes de las Universidades de Exeter y Plymouth y a las pequeñas y medianas empresas de mi circunscripción de Devon por su participación en la labor de investigación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de hoy sobre la creación de un programa multianual para la elaboración de estadísticas comunitarias en materia de investigación, desarrollo e innovación representa una buena ocasión para hablar en favor de la armonización de la estructura de las bases de datos estadísticas en la Unión Europea. 
La creación de un sistema europeo de estadísticas en materia de investigación es un instrumento indispensable para evaluar y medir el desarrollo de los programas de investigación y, por consiguiente, para asentar en bases más sólidas las orientaciones y las decisiones relativas a la inversión de la política comunitaria en materia de investigación. 
Estoy de acuerdo con respecto a esta iniciativa de la Comisión y coincido con el ponente sobre la necesidad de tomar asimismo en cuenta las tendencias de los ciudadanos. 
Si tengo alguna preocupación o perplejidad ante esta iniciativa ésta es la siguiente: ¿el programa relativo a las estadísticas va a ser aplicado por la Comisión a la investigación comunitaria que, en resumidas cuentas, goza ya de una buena coordinación? 
A pesar de que va a ser adoptado por varias organizaciones líderes a escala europea, sin embargo, me pregunto con cierta dosis de escepticismo, si la introducción de estos nuevos sistemas estadísticos en el contexto de los programas de innovación, investigación y desarrollo en los Estados miembros, conseguirá por sí solo ordenar y aclarar las innumerables actividades a veces coordinadas por ministerios e instituciones diferentes- me refiero al caso italiano que conozco algo mejor- que a menudo no consiguen ni siquiera evitar duplicidades de programas, por no hablar de los programas de investigación en el sector industrial que poco interés tienen en proyectar hacia el exterior su actividad. 
Por último, no hay que olvidar que es precisamente la investigación realizada por los Estados miembros la que acapara la mayor parte de la inversión en materia de investigación llevada a cabo en Europa. 
En consecuencia, me alegro por la iniciativa de la Comisión y, a pesar de que tengo mis dudas, confío en que alcanzará resultados concretos rápidamente. 
Señor Presidente, agradezco la bienvenida que me ha dado en este debate el Sr. Chichester. 
Tal vez no sospechara mi fascinado interés por los asuntos estadísticos, pero sé que lo comparto con un gran número de personas relacionadas con este Parlamento, razón por la cual han acudido en tropel, como resulta evidente, a este debate esta noche. 
La Asamblea ha de saber perfectamente que la formulación, supervisión y evaluación de una política en materia de investigación, desarrollo e innovación requiere, evidentemente, información estadística de mucha calidad y armonizada. 
Igualmente claro está que sólo se puede introducir semejante sistema de información con criterios comunes y con una sincronización de las operaciones de recogida y difusión de datos. 
Cuando en 1994 el Consejo adoptó su decisión de establecer un programa multianual para la consecución de esos objetivos, pidió un informe provisional. 
El informe elaborado el año pasado aportó un inventario de la situación y también indicó que la labor mencionada en el artículo 4 de la decisión está muy avanzada. 
Complace a la Comisión que la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía haya acogido con beneplácito el informe y agradece al ponente, Sr. Izquierdo Collado, su detalladísimo estudio del texto de la Comisión y el interés que sus colegas y él han mostrado por esas propuestas. 
Como observa atinadamente el informe que la Asamblea tiene ante sí, los cambios organizativos y la importancia cada vez mayor de la industria del saber hacen necesaria la adaptación al marco estadístico tradicional. 
Ahora se están haciendo los estudios necesarios para determinar los cambios que se habrán de hacer en nuestros sistemas estadísticos y proponer nuevos indicadores. 
Así, pues, este año se va a lanzar un segundo estudio comunitario sobre la innovación en los Estados miembros, que habrá de abarcar algunos de esos aspectos. 
La búsqueda de un desglose detallado de los datos por sector, por nivel geográfico y por tipo de investigación, por ejemplo, es también una actividad en curso de los servicios de la Comisión. 
Aunque se reconoce la necesidad de información completa, en general se considera que no debemos exigir demasiado a las respuestas dadas por quienes participen en los estudios estadísticos. 
Entretanto, la Comisión examinará detenidamente la propuesta prórroga de la armonización en cooperación con los países de la cuenca mediterránea. 
La Comisión ha ampliado ya la panoplia existente de indicadores de ciencia y tecnología al ampliar su cobertura geográfica, al movilizar las fuentes de información, tales como las bases de datos de patentes y bibliométricas, y al incluir la estadística en la sensibilización pública en materia de ciencia y tecnología. 
Seguiremos en esa dirección, con la labor que ya está en marcha, con vistas a la compilación de la información sobre los recursos humanos, la ciencia y la tecnología y sobre la movilidad de los científicos y los estudiantes. 
Para alcanzar esos objetivos más eficazmente, la Comisión se propone promover el papel de la estadística en el quinto Programa Marco de Investigación y Desarrollo e incluir en él iniciativas en materia de estadística. 
Como puede que sepa la Asamblea, se está examinando la posibilidad de establecer un marco jurídico para la recogida periódica de información sobre investigación, desarrollo e innovación. 
Sin embargo, he de informar a la Asamblea de que algunos Estados miembros han expresado importantes reservas a esa propuesta. 
En su opinión, las actuales limitaciones presupuestarias y la necesidad de procurar no sobrecargar a las empresas que participen en los estudios estadísticos reduce el atractivo de semejante iniciativa. 
Sin embargo, otros Estados miembros consideran que sería conveniente un marco jurídico para garantizar la aportación de estadísticas de gran calidad en el nivel europeo. 
Evidentemente, habrá que tener en cuenta esas diversas opiniones y cualesquiera cambios hechos durante la Conferencia Intergubernamental al artículo del Tratado relativo a la estadística. 
La Comisión agradece a este Parlamento su apoyo a la creación de un sistema de información estadística armonizada sobre la ciencia y la tecnología. 
Semejante sistema aporta claramente un instrumento para la supervisión pública y, por tanto, para la formulación y aplicación de políticas eficaces. 
El papel del Parlamento en la evolución de ese sistema es valioso y la Comisión agradece a quienes han participado directamente, como el ponente de esta noche. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Aplicación del Derecho comunitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0001/97) de la Sra. Schaffner, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (COM (96) 0600- C4-0363/96) , relativo al XIII informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (1995). 
Señor Presidente, este decimotercer informe anual sobre la aplicación del Derecho comunitario que nos propone la Comisión responde, según una actitud hoy bien establecida, a dos funciones esenciales. 
Por un lado, hacer el balance sobre el estado de trasposición de las directivas por parte de los Estados miembros y, por otro, dar cuenta del uso que hace la Comisión de su poder discrecional para iniciar procedimientos de infracción contra los Estados. 
Sin embargo, más allá de esta relación efectuada por el decimotercer informe, de manera muy contabilizada, es la ocasión de hacer una reflexión profunda sobre los medios de perfeccionar el conocimiento, la realidad cotidiana del Derecho comunitario en los Estados y, de este decimotercer informe, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha sacado tres orientaciones esenciales. 
Ante todo, así como la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos lo ha manifestado en numerosas ocasiones y para todas las instituciones de la Unión, lo que es verdad para unos debe serlo también para los demás. 
Es necesario que, en el ámbito de la aplicación del Derecho comunitario, la Comisión demuestre mayor transparencia cuando utiliza su poder discrecional para iniciar un procedimiento de infracción, especialmente en la fase previa al litigio prevista en el artículo 169 del Tratado. 
Más que saber cuántas veces ha actuado, sería interesante saber por qué ha actuado y, todavía más, por qué no ha actuado. 
La Comisión, al decidir, a través de un comunicado de prensa, dar a conocer los criterios de aplicación del artículo 171 del Tratado, y definir el método de cálculo que utilizará para determinar las penas financieras impuestas a los Estados va en el sentido de mayor transparencia. 
Una sola queja: que el Parlamento no haya sido el destinatario de la información. 
A continuación, queda de manifiesto que es preciso mantener, tanto por parte de la Comisión como de los colegisladores, la voluntad de establecer directivas claras, concisas y que es necesario estar atentos al principio de subsidiariedad. 
Esas son las condiciones imperativas para que la trasposición de directivas en derecho nacional se haga de la manera más efectiva posible. 
Ya que si se traspone el 90 % de las directivas aplicables, con una tasa muy favorable en los tres últimos Estados que se han adherido a la Unión, es preciso notar que es en ámbitos esenciales tales como la agricultura, el transporte y el medio ambiente que se observa el mayor número de dificultades. 
Más allá de la responsabilidad de los Estados, debido a la diversidad, y a veces por la complejidad de la organización interna de los diferentes Estados, parece que sería interesante instaurar, entre la Comisión y los legisladores nacionales, un diálogo permanente a diferentes niveles, con el fin de crear una verdadera comunidad de derecho. 
La Comisión podría incluso alentarlos a pedir, cuando sea necesario, una ayuda técnica para alcanzar el fin esencial, una aplicación correcta del Derecho comunitario. 
Si la cooperación con las instancias nacionales en materia de información es importante durante esta etapa, no debe descuidarse el papel de los ciudadanos y de los tribunales nacionales en la aplicación del Derecho comunitario. 
Son ellos los que piden, por una parte, y que juzgan, por otra, el derecho a la reparación en el caso de una mala aplicación, e incluso de la falta de trasposición de una directiva. 
Depende en primer lugar del derecho nacional, en lo que se refiere a las condiciones de forma y de fondo. 
Por tanto, importa de manera muy especial que los parlamentos de los Estados, fuentes del derecho nacional, sean conscientes de que tienen una función por desempeñar en este ámbito tan preciso del derecho a la reparación. 
El hecho de que las condiciones de fondo puedan variar de un Estado miembro al otro se encuentra en contradicción con la exigencia fundamental de una aplicación homogénea y uniforme del derecho de los ciudadanos. 
Una aplicación efectiva, una aplicación uniforme del Derecho comunitario necesita pues, finalmente, que se multipliquen las funciones de información tanto hacia el público especializado como hacia los responsables de ejercer la justicia. 
Los programas Grotius y Schuman conciernen al conjunto de los ciudadanos gracias al programa Ciudadanos de Europa. 
Al responder a esta expectativa, ya formulada por nuestra Asamblea, es preciso felicitar al Consejo y a la Comisión por estas iniciativas. 
Sólo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos desea enérgicamente que estas acciones sean dotadas de los medios financieros suficientes. 
Asimismo, en el ámbito de la información, formula varios deseos: que gracias a una participación financiera de la Comunidad, los tribunales nacionales estén dotados de un acceso al sistema Celex en una forma fácil de utilizar; que todos los estudiantes de derecho de la Unión tengan un conocimiento suficiente del Derecho comunitario, incluso si no se orientan hacia las profesiones jurídicas o judiciales, por ejemplo, carreras administrativas, el periodismo, etc.; que los profesionales de las disciplinas jurídicas y judiciales reciban, por su parte, una enseñanza y una formación en Derecho comunitario antes de ejercer su profesión. 
Estas propuestas se han hecho en el interés de todos, en el interés de los Estados miembros, en el interés de la Unión y en el interés de los ciudadanos. 
Así, un Derecho comunitario transparente, sencillo, conocido, que responda a las expectativas de los ciudadanos, será el mejor medio para acabar con el sentimiento de duda actual que afecta la opinión pública respecto a la construcción europea. 
El papel que nos corresponde a nosotros, Parlamento, en tanto que representantes de todos los ciudadanos de la Unión, es ser conscientes de esta falta de entusiasmo, pero nuestra función, en tanto que institución, es actuar para evitar este extravío. 
Señor Presidente, y señores presentes- porque realmente la audiencia a estas horas es bastante escasa, pero de calidad -, quería en primer lugar felicitar a la Sra. Schaffner por el informe que ha presentado en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Las preocupaciones expuestas en la línea argumental coinciden, en general, con las que presenta también la Comisión de Peticiones. 
Lo que nos diferencia a una y otra comisión es que nuestro sistema de trabajo se basa en el contacto directo con cientos de ciudadanos y colectivos, y ello nos obliga a recrudecer algunas de las críticas de la comisión para el fondo. 
La desmoralización de los ciudadanos, e incluso su indefensión por la lentitud de los procedimientos, no beneficia ni a la construcción europea ni a la extensión del sentimiento de ciudadanía que debería acompañar a la magnífica aventura de compartir un espacio común tan amplio, rico y plural. 
La Comisión de Peticiones es una pieza clave del entramado institucional. 
Las peticiones presentadas han permitido detectar numerosos fallos en la trasposición y en la aplicación del Derecho comunitario. 
La cooperación con la Comisión Europea ha sido notable, y lo sseguirá siendo. 
Sin embargo, nos sorprende que en su informe sea tan crítica y misteriosa en cuanto al número total de infracciones detectadas gracias a la institución parlamentaria. 
En segundo lugar, reiteramos- con pocas esperanzas, porque venimos insistiendo en ello desde hace siete años- la necesidad de acelerar el procedimiento por el artículo 169. 
Y debemos insistir también en la utilización del artículo 171 sin titubeos, porque es escandaloso el número de sentencias ignoradas por quienes- precisamente los gobiernos- participan en la definición de los ordenamientos jurídicos. 
Sobre las «reuniones paquete» , honestamente pensamos que son positivas, pero rechazamos que se utilicen para transaccionar o pactar bajo manga plazos más largos para trasponer correctamente lo que, en los plazos previstos, se hizo mal o de forma incompleta. 
La Comisión es la guardiana del Tratado, pero los gobiernos tienen la responsabilidad de aplicar la ley y velar por su estricto cumplimiento. 
El pincipio de igualdad debe estar siempre presente, y también la transparencia, elemento imprescindible para la credibilidad del sistema. 
Los esfuerzos de la Comisión en pro de la transparencia son muy positivos y nos felicitamos por ello, porque no podemos olvidar que, en la construcción europea, el elemento fundamental son los ciudadanos y la opacidad sólo favorecerá a los escépticos y al sentimiento antieuropeo. 
Resumo, señor Presidente: aplicación estricta del artículo 169. 
No se puede titubear en la aplicación del 171, y pediríamos a la Comisión una mayor transparencia a la hora de presentar su informe anual. 
Señor Presidente, también yo aplaudo el trabajo de la Sra. Schaffner y asimismo aplaudo la presencia del Sr. Kinnock, pues creo que lo que voy a decir le atañe directamente. 
Y ahora resulta que en todos estos años no se dispone de datos de diversos Estados miembros y la Comisión simplemente no ha intentado obtenerlos y se limita a decir que no los tiene y no los aplica. 
De eso trata precisamente este informe. 
Si a algunos Estados miembros que les trae sin cuidado la legislación comunitaria, significa que la summa ius se convierte también al mismo tiempo en la summa iniuria. Esto crea para nuestros ciudadanos una desigualdad que la Comisión no debería aceptar. 
Paso ahora al segundo punto. El artículo 177: apelar a un dictamen prejudicial. 
Yo y un apreciado colega, que recientemente ha pasado del Grupo del PPE al Grupo de la Sra. Schaffer, incoamos juntos un pleito ante el Tribunal de Rotterdam, en que el fiscal del Estado dijo: señor, usted sabe que un dictamen prejudicial sólo puede ser apelado por el órgano judicial supremo del país. 
Un flagrante error en la aplicación del derecho comunitario. Y de hecho resulta que en todos los Estados miembros de la Comunidad es posible llegar a juez o a fiscal sin tener conocimientos de derecho comunitario. 
Otros y yo mismo llevamos por lo menos cinco años insistiendo en que se incluya una asignatura obligatoria de derecho europeo en los estudios en todas las facultades de derecho de Europa. Nos gustaría verlo por fin aplicado. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar a la ponente por habernos presentado toda una serie de propuestas prácticas sobre programas de estudio e intercambio, formación en derecho comunitario, procedimientos en caso de violación del Tratado y otras muchas más cosas. 
Creo que todas ellas son propuestas prácticas que esta Asamblea debería apoyar, lo que sin duda hará. 
Especialmente importante me parece la iniciativa «ciudadanos de Europa» que se cita en el apartado 16 del informe, una guía sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos en lo tocante a la aplicación del derecho comunitario. 
Me parece especialmente importante cuando leo este pasaje del informe a la luz de la opinión de la Comisión de Peticiones. 
Pero también se revela otra cosa. 
Se contemplan los derechos de los ciudadanos de cara a unas posibles deficiencias de funcionamiento del mercado interior, lo que es una clara señal de la debilidad de contenido de la ciudadanía de la Unión. 
Pero aún me parece más extraño que por un lado hablemos de ciudadanía de la Unión y, por otro, de derecho comunitario. 
¿Los ciudadanos de la Unión son realmente sólo ciudadanos comunitarios o lograremos por fin transformar el derecho comunitario en derecho de la Unión? 
Señor Presidente, comenzaré agradeciendo a la Sra. Schaffner el excelente informe que ha preparado sobre el decimotercer informe anual relativo al control de la aplicación del Derecho comunitario. 
La meticulosidad del análisis, la calidad de la crítica y la pertinencia de las propuestas que ha hecho son dignas de particular encomio. 
Como ha de saber la Asamblea, el informe anual sobre el control del Derecho comunitario, que se elaboró por primera vez en 1983, a petición del Parlamento, está en relación con la primera de las tareas asignadas a la Comisión por el artículo 155 del Tratado de la Comunidad, que es la de velar- y cito el Tratado- «por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado». 
El informe de la Comisión es resultado en gran medida de un intercambio fructífero entre el Parlamento y la Comisión. 
Como han de saber perfectamente Sus Señorías, al preparar un nuevo informe, la Comisión consulta, naturalmente, con detenimiento las resoluciones y recomendaciones del Parlamento sobre el informe del año anterior y, como ha dicho durante el debate de esta noche el Sr. Anastassopulos, siempre es posible mejorar más. 
Este instrumento debe ya mucho al examen minucioso del Parlamento. 
El primer objetivo del Informe Anual es el de que la Comisión dé cuenta de sus actividades y en el decimotercer informe se tomaba nota de una mejora en la tramitación de los procedimientos de infracción, al haberse empezado a reducir el tiempo que tardan. 
Esa tendencia continuó en 1996, cuando la Comisión insistió vigorosamente en la necesidad de acelerar el examen de las infracciones y de racionalizar sus procedimientos internos. 
En julio del año pasado, se adoptaron diversas medidas que ya están surtiendo algunos efectos beneficiosos. 
Por ejemplo, se decidió que en el futuro se cumpliría estrictamente el límite de un año entre el registro de una denuncia y la decisión de la Comisión sobre el fondo, el sobreseimiento del asunto o el envío de una carta con arreglo al artículo 169. Así ha sido en adelante. 
En todo el informe de la Sra. Schaffner resultan evidentes tres preocupaciones principales. En primer lugar, la falta de transparencia en las decisiones de la Comisión sobre las infracciones. 
He de comunicar a la Asamblea con cierta satisfacción, pero sin la menor autocomplacencia, que en 1996 la Comisión estuvo particularmente activa en esos tres sectores. 
Primero respecto de la transparencia: desde julio de 1996 la norma ha sido la de publicar comunicados de prensa sobre las decisiones de la Comisión, emitir dictámenes razonados y remitir asuntos al Tribunal. 
Como recordará la Asamblea, hasta entonces ocurría lo contrario. 
No se podía publicar un comunicado de prensa a no ser que la Comisión decidiese específicamente que así fuera. 
La Comisión ha avanzado ya en la dirección pedida por el Parlamento. 
En lugar de la confidencialidad, que a veces podía ser causa de errores y malentendidos, la Comisión ha optado por la transparencia al hacer públicas sus decisiones. 
Puedo comunicar a la Asamblea que, por lo que recuerdo de los debates en la Comisión, se aceptó unánime y entusiásticamente. 
Asimismo, en respuesta a las observaciones hechas por el Defensor del Pueblo, la Comisión siempre procura conocer la opinión del demandante antes de decidir el sobreseimiento de un asunto. 
En segundo lugar, sobre la cuestión de las sanciones por incumplimiento de los fallos del Tribunal. La Comisión ha adoptado todas las medidas necesarias, como indicó este Parlamento, para aplicar el segundo punto del artículo 171 y, en consecuencia, proponer sanciones a los Estados miembros que no cumplan las sentencias del Tribunal. 
A raíz de la publicación en agosto de dicho artículo, la Comisión adoptó recientemente un método para calcular el importe de las sanciones. 
Así, pues, se puede considerar que ahora el procedimiento funciona plenamente. Ello debe contribuir a mejorar la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros. 
Como señala con razón la ponente, la nueva resolución del Tribunal, que permite a los individuos presentar demandas por daños y perjuicios contra Estados miembros que infrinjan el Derecho comunitario, ofrece a los ciudadanos un nuevo medio de reparación. 
La Sra. Schaffner está en lo cierto también al considerarlo un avance importante y ya se ha iniciado la aplicación de esa resolución en los Estados miembros. 
Evidentemente, aún es demasiado pronto para intentar analizar sus repercusiones, pero la Comisión está, naturalmente, muy interesada en la evolución de la situación. 
Por último, sobre el asunto de la difusión del Derecho comunitario. A lo largo de todo 1996, la Comisión siguió adoptando medidas para mejorar la difusión del Derecho comunitario en los Estados miembros formulando diversos programas, en particular para las profesiones jurídicas, que ya se han mencionado durante el debate. 
Aunque es evidente que la difusión del Derecho comunitario corresponde primordialmente a los Estados miembros, la Comisión procura infundir el necesario impulso, con arreglo, evidentemente, a sus competencias. 
Esas referencias demuestran- espero- que la Comisión considera la supervisión de la aplicación del Derecho comunitario una actividad muy importante y útil y mis colegas y yo acogemos con la mayor satisfacción el apoyo dado a dicha actividad por esta Asamblea. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.10 horas) 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, gracias por brindarme esta oportunidad de plantearle una cuestión. 
Hoy es el 25º aniversario del llamado «domingo sangriento» en Derry (Irlanda). Se lo conoce así, porque las fuerzas de seguridad mataron a 30 civiles inocentes. 
Tengo en la mano una resolución que se va a presentar hoy en la Cámara de los Comunes sobre la cuestión del «domingo sangriento». 
Señor Andrews, lo siento, sin embargo, el asunto que usted plantea, a pesar de ser importante, nada tiene que ver con el Acta. 
Señor Presidente, tan sólo quisiera pedir a la Asamblea el apoyo para la resolución del Sr. Hume. 
De acuerdo, Sr. Andrews. 
El Pleno ha escuchado sus palabras y pienso que seguirá su consejo. 
En todo caso- repito- el asunto, aunque es muy importante, no tiene mucho que ver con el Acta. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Aplicación del artículo K.9 del Tratado de la Unión Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0349/96) de la Sra. Lambraki, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM (95) 0566- C4-0560/95) relativa a la posibilidad de aplicación del artículo K.9 del Tratado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores, la redacción del informe de la Sra. Lambraki sobre la aplicación del artículo K9 entra en una interesante fase. 
Si se transfiere al primer pilar ¿qué es lo que debe estructurarse democráticamente y cómo? 
Por ello, no quiero comenzar directamente con un tema del informe sino con una pregunta. 
Durante las últimas semanas se nos ha informado en diversas ocasiones- sería muy interesante que los observadores del Parlamento en la Conferencia Intergubernamental pudiesen exponer ocasionalmente su opinión- que se proyecta incluir en un nuevo pilar- por así decirlo, el 1 a- algunos campos básicos de la política comunitaria que la Sra. Lambraki ha mencionado, como la lucha contra la droga o cuestiones de inmigración o del derecho de asilo, es decir, realizar una transferencia del tercer pilar al primero pero en una especie de estructura especial con el objetivo de que surja derecho comunitario pero fuera de la competencia del Parlamento Europeo. 
Repito: el pilar 1 a) así estructurado, transfiere campos políticos elementales y absolutamente necesarios al nivel jurídico comunitario, a la política comunitaria, pero con exclusión de la opinión pública democrática. 
Este me parece que es el entorno ideológico de todo este debate sobre el artículo K9. 
Se ha pronunciado aquí la expresión «carrera de la mezquindad» ; no quiero recogerla pues me parece demasiado fuerte. 
La continua reducción de los estándares en el asilo hacia un mínimo denominador común que al final significa ¡cerremos las compuertas! , es una estrategia más marcada en unos gobiernos que en otros, pero siempre existe. 
En lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo- lo que podemos afirmar en cualquier caso de nuestra comisión tanto en lo que se refiere al informe de la Sra. d ' Ancona sobre la política de asilo como también sobre el informe de la Sra. Lambraki -, la reacción de la Comisión y del Consejo ha sido igual a cero. 
En el caso de la Comisión quiero exceptuar a la Sra. Gradin, que personalmente defiende una opinión muy diferente. 
Señora Comisaria, lo subrayo expresamente: si se critica a la totalidad de la Comisión hay que exceptuar expresamente a las Comisarias y Comisarios de espíritu democrático. 
En la cuestión de la inmigración y de la política de la lucha contra la droga tenemos casi la misma situación: somos testigos de un debate que está cortado siempre por los mismos patrones. 
Queda fuera de toda duda que necesitamos acciones conjuntas. 
Hay fenómenos que los Estados nacionales de la Unión Europea no pueden solucionar. 
La Unión Europea es el nivel, la forma de organización con que se puede trabajar más eficazmente y solucionar los problemas. 
Nadie discute esto. 
En la comunitarización de estos campos políticos el fenómeno que se produce es que los Parlamentos nacionales son excluidos cada vez más de los procedimientos legislativos o de los procedimientos de control en favor de los nuevos organismos que surgen en estos ámbitos. Esta es una parte. 
La otra es que no se transfiere el control democrático y las competencias legislativas al Parlamento Europeo. De este modo surge un vacío democrático en la Unión Europea que adopta unas dimensiones peligrosas si no se impide pronto con energía. 
Lamentablemente hay que decir que nosotros somos aquellos que lo haríamos gustosamente pero que no tenemos el poder para ello. 
El informe de la Sra. Lambraki coincide con un tiempo muy interesante. 
Este informe describe un instrumento, el artículo K9 que, junto con el artículo 110 del Tratado de la Unión, podría hacer que los campos políticos mencionados- asilo, ciudadanos de terceros Estados, lucha contra las drogas, lucha internacional contra el fraude- puedan ser transferidos al primer pilar. 
Pero lo que hoy aprobamos aquí, en el momento en que lo hacemos, posiblemente quede anticuado debido a otras consideraciones en la Conferencia Intergubernamental y en el Consejo de Ministros. 
Tenemos vagas informaciones pero oficialmente no sabemos nada en absoluto. Esta circunstancia es la mejor prueba de que en estos temas se está produciendo de un modo creciente y cada vez más peligroso una pérdida de democracia política en la Unión Europea. 
El informe de la Sra. Lambraki señala estos fenómenos y muestra posibilidades para cambiarlo pero tiene lugar en unos momentos en que las cosas posiblemente estén algo más avanzadas y pasen de largo del Parlamento Europeo. 
Esto es lo realmente lamentable que hay que constatar en el debate de hoy. 
Señor Presidente, el artículo K 9, la llamada «dádiva» del artículo 100c, solamente confiere al Parlamento una posición de consulta en cuestiones legislativas. 
Esta es una situación injusta desde el punto de vista democrático, ya que ni el Parlamento Europeo ni los nacionales tienen la posibilidad de controlar nada. 
La configuración del artículo K 9 es un ejemplo más del llamado «déficit democrático». 
A todo ello se añaden los problemas daneses que se manifestaron en Edinburgo, lo cual ya ha demostrado anteriormente la Sra. Lambraki. 
El artículo K 9 sólo se ha aplicado una vez en conexión con los viajes de los estudiantes; no es esta una cuestión de gran importancia comparada con las grandes preocupaciones que tiene Europa. 
Para que se pueda aplicar, se necesita la unanimidad del Consejo, lo cual es casi imposible de conseguir. 
Toda esta construcción se desmorona en base a su propia injusticia. 
La Comisión comparte esta opinión. 
Las condiciones jurídicas, o mejor dicho los vacíos jurídicos, son graves, puesto que todo ello gira en torno a la seguridad del ciudadano, cuestión que crece en importancia día a día, y cabe recordar que tiene unas grandes repercusiones sobre la actitud fundamental que adoptan los ciudadanos respecto a su «concepción de Europa». 
El artículo K 9 es sencillamente una de las pruebas más concluyentes de la necesidad de que se simplifique el Tratado, pero también de la necesidad de que se adopten decisiones por mayoría cualificada. 
Cuantos más ámbitos entren dentro del pilar comunitario, menos problemas habrá con el tercer pilar. 
Por ello es importante que todas las fuerzas europeas vayan en esta dirección. 
Lamentablemente, se ha presentado tan tarde el informe sobre el artículo que ya no hay nada nuevo ni posibilidad de maniobra con anterioridad a la revisión del Tratado por parte de la Conferencia Intergubernamental. 
No obstante, es positivo que la Comisaria Gradin- a pesar de los actuales problemas con dicho Tratado- haya tomado la iniciativa de presentar unas excelentes propuestas en lo relativo al derecho de asilo, el llamado reparto de la carga, la inmigración, la corrupción y las drogas sintéticas. 
Nosotros también esperamos que se emita un comunicado sobre el crimen organizado. 
La evolución de los acontecimientos probará con toda seguridad que el artículo K 9 resulta insuficiente. 
Las enmiendas deben someterse a compromisos, y a votación, en dicha comisión. 
Sólo más tarde, si no se llega a un acuerdo, puede haber motivos para presentar enmiendas al Pleno. 
Considero, no obstante, que es reprobable que esto se haga añadiendo apartados que no encierran nada nuevo. 
Los procedimientos de trabajo del Parlamento serían más serios si no se diera pie a estas acciones. 
Por este motivo, entre otros, rechazamos todas las enmiendas a excepción de la nº 5, la cual apoyamos encarecidamente, puesto que destaca un aspecto que no aborda el informe, y que hay motivos para que realcemos y apoyemos. 
La Conferencia Intergubernamental debería considerar como uno de sus objetivos más importantes la solución del problema de la seguridad interna en Europa, y adoptar las modificaciones necesarias del artículo K 9. 
La responsabilidad la tienen ahora los gobiernos de los Estados miembros y los diputados del Parlamento Europeo, quienes dicho sea de paso, tendríamos que reflexionar profundamente sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión pormenorizada del artículo después de la Conferencia Intergubernamental, y no respaldar una propuesta que es deficiente en cuanto a la confianza, libertad y seguridad de los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con anterioridad a la cumbre de Dublín de los días 13 y 14 de diciembre de 1996, el Presidente Jacques Chirac y el Canciller Helmut Khol firmaron ambos una carta a la atención de la Presidencia Irlandesa. 
En esta misiva indicaron que las disposiciones y procedimientos actuales previstos por el Tratado de la Unión Europea y que regulan la cooperación en los sectores de la justicia y de asuntos interiores son insuficientes. 
Parece que nuestro Parlamento, y especialmente usted, señora ponente, comparten tal constatación. 
Esta realidad, como lo demuestra la Sra. Lambraki, se ve reforzada por las dificultades técnicas y jurídicas vinculadas a la aplicación del artículo K 9 del Tratado, artículo que actualmente constituye el verdadero enlace entre dos opciones políticas relativas al tercer pilar: por un lado, la comunitarización, y por el otro, la decisión intergubernamental. 
Esta situación, que está caracterizada por las notorias insuficiencias del artículo K 9, preocupa al conjunto de los responsables institucionales europeos, desde nuestra Asamblea hasta la Comisión pasando por el Consejo. 
Sin embargo, si bien compartimos un diagnóstico idéntico en cuanto al malestar organizativo del tercer pilar, nuestro Grupo no está del todo de acuerdo con los métodos de curación. 
Permítame a este respecto expresar algunas dudas. 
En efecto, las conclusiones del presente informe no ocultan, en absoluto, que se quiere llegar lo más rápidamente posible a una comunitarización total del tercer pilar. 
Mi Grupo rechaza esta opción «maximalista». 
En lo que a nosotros se refiere, preferimos adoptar una estrategia pragmática que responsabilice a todos los Estados miembros en función del principio de subsidiariedad. 
Cuando resulte útil la comunitarización para reforzar la seguridad de los ciudadanos europeos, apliquémosla. 
Allí donde baste una base común entre los Estados, no es preciso complicar el procedimiento. 
Con esta filosofía, el Consejo de Dublín ha instaurado, concretamente, un grupo de trabajo sobre la cooperación judicial, con el fin de fijar, desde un punto de vista práctico, una lista de disposiciones ad hoc para luchar contra la criminalidad transnacional, el tráfico de estupefacientes, etc. Este grupo de trabajo presentará conclusiones el próximo mes de marzo, lo cual facilitará de algún modo un banco de pruebas a la CIG para reconstruir un tercer pilar más eficaz. 
Se trata de la condición sine qua non para que exista una Unión más cercana a los ciudadanos, y por lo tanto, más popular. 
Señor Presidente, empezaré dando nuestro acuerdo al informe Lambraki. 
El procedimiento previsto por el Tratado de Maastricht, y en particular por su artículo K 9, plantea problemas que deberían llamar nuestra atención de los parlamentarios que somos. 
Efectivamente, se ha querido sustituir el déficit de seguridad para el ciudadano europeo, que Europa quiere reducir, por un déficit democrático resultado de la aplicación de los textos actualmente en vigor. 
Ya se ha hablado de la pesadez del procedimiento previsto en el Tratado para llegar a comunitarizar, dentro de lo posible, las disposiciones previstas en el marco del tercer pilar. 
Compartimos la actitud de todos los que se pronuncian en favor de la comunitarización del tercer pilar y de un control parlamentario más eficaz y, cuanto menos, digno de tal nombre. 
Yo mismo tuve el privilegio de redactar un informe sobre la Conferencia Intergubernamenal, que entregué al Primer Ministro de mi país, el cual, por cierto, se comprometió a transmitirlo a la Conferencia Intergubernamental. 
Dicho informe hacía especial hincapié en el modo en que los parlamentos nacionales deberían poder hacer el seguimiento de las disposiciones europeas, sobre todo en el debate de los convenios celebrados en el marco del tercer pilar. 
La dificultad radica en el hecho de que una vez ratificadas las disposiciones, los parlamentos europeos llevan a cabo un acto de fe en la creación del nuevo derecho europeo al tiempo que se privan del control parlamentario. 
Y si a este control parlamentario que antes ejercían los parlamentos nacionales no lo sustituye ninguna disposición que faculte al Parlamento Europeo para poder seguir este procedimiento y llevar a cabo su doble función de control y de impulso político, entonces el déficit de seguridad que todos nosotros deseamos combatir será sustituido, en efecto, por un déficit democrático. 
Y considero que éste es uno de los puntos que merecen ser debatidos en el seno de este Parlamento. 
Huelga decirle, señor Presidente, que estamos en contra de la creación de un primer pilar bis que tuviera por efecto privar al Parlamento Europeo de sus derechos y prerrogativas en materia de control. 
Debe darse la prioridad a la comunitarización de las disposiciones previstas en el marco del tercer pilar. 
El único modo de responder al deseo tan ampliamente compartido por nuestra Asamblea consiste en invitar una vez más a la Conferencia Intergubernamental a que realice serios progresos en tal sentido. 
Si la Conferencia Intergubernamental respondiera a nuestros deseos, expresados por amplia mayoría en nuestro Parlamento, podríamos decirles a los ciudadanos europeos que hemos logrado absorber ese doble déficit democrático y de control parlamentario, ya que este control debería ser la norma en nuestro sistema parlamentario. 
Señor Presidente, no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero el punto que he podido tratar aquí nos parece esencial. 
Para los liberales, sobre todo, es indispensable realizar progresos en la materia. 
Señoras y señores, estimados colegas, señor Schulz, he escuchado con satisfacción las diversas intervenciones. 
Me parece que mantenemos un debate de opereta sobre algo que no se encuentra en absoluto en el orden del día. 
Todo el mundo sabe- el Sr. Schulz también lo ha dicho- que no se plantea la cuestión de la transferencia del K9 al K1 sino la cuestión de hasta qué punto va a ser recogido o no el tercer pilar en el primero. 
Todos los colegas han dicho que, tal como está siendo tratado y negociado en estos momentos, vamos a tener más acuerdos gubernamentales, tratados internacionales y menos comunitarización, es decir, menos debates europeos que puedan ser controlados por el Parlamento Europeo y por el Tribunal Europeo de Justicia. 
Y esto es nefasto. 
Supone una despedida de la idea de una institución europea que tiene como tarea la de controlar a instituciones también soberanas. 
Creo por ello que debemos hacer más y atacar más intensamente a los Gobiernos cuando se trata de desarrollar el papel del Parlamento. 
Pero también debemos atacar decididamente la filosofía de este debate. 
Siempre decimos que Europa significa más libertad para las ciudadanas y ciudadanos. 
Sin embargo, lo que hacemos es ensalzar la seguridad y recortar al mismo tiempo la libertad, más seguridad y menos libertad. 
El mejor ejemplo es Schengen, la controversia entre la libertad de circulación de las personas y la realización del artículo 7a. 
Hemos acordado la libertad de circulación de las personas pero no podemos hacerla realidad sino que solamente hacemos acuerdos gubernamentales para garantizar la seguridad. 
Creo por ello que este informe llega demasiado tarde y califico este debate como de opereta. 
Ya no se encuentra en el orden del día. 
En el orden del día se encuentra el debate por la libertad de las ciudadanas y ciudadanos y ruego a todos que ven con razón problemas de seguridad en Europa que no confundan la seguridad de los ciudadanos con la supresión de las libertades necesarias. 
Las ciudadanas y los ciudadanos quieren vivir en seguridad. 
Pero también quieren más libertad, lo que por el momento estamos haciendo solamente de un modo muy limitado. 
Por estos motivos, mi grupo político se va a abstener en la votación de este informe pues ya no tiene sentido. 
En lugar de ello, debemos debatir sobre el tercer pilar, sobre si se convierte en un pilar 1a, sobre si se comunitariza, para que existan controles europeos por parte del Parlamento y del Tribunal Europeo de Justicia. 
En este sentido estoy de acuerdo con lo expuesto por el orador anterior, el Sr. Schulz. 
Señor Presidente, con motivo de un debate técnico sobre la utilización del artículo K.9, el informe Lambraki lanza un llamamiento entusiasta a la Conferencia Intergubernamental para que integre dentro de las competencias comunitarias numerosas materias vinculadas a la seguridad de las personas, como por ejemplo las políticas de asilo, de paso de fronteras exteriores, de inmigración y muchas otras más. 
Sin embargo, al igual que nos parece justificado tratar estas políticas como temas de interés común, es decir, que se coordinen mejor nuestros esfuerzos a nivel europeo, nos parecería aberrante sustraerlos a la competencia de las naciones y de los parlamentos nacionales, pues esto es lo que significa, en realidad, la reivindicación de la comunitarización. 
Lo que pide el informe Lambraki, como todos los demás informes de esta Asamblea que han abordado el tema con anterioridad, es que las naciones ya no tengan la última palabra sobre estos temas, que serán tratados por mayoría en el Consejo, con un derecho de codecisión del Parlamento Europeo, el monopolio de iniciativa de la Comisión y bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia. 
Esta relegación de los parlamentos nacionales es totalmente inaceptable, ya que incluso la fórmula de codecisión del Parlamento Europeo correspondería a un debilitamiento de la democracia, a un alejamiento de los centros de decisión respecto a los ciudadanos, y también, con carácter accesorio, a la perspectiva poco gratificante de ver cómo se tratan de modo laxista a nivel europeo todos estos temas delicados. 
La cooperación nos parece bien, pero desposeer a las democracias nacionales, no. 
Tal ha de ser nuestra línea de conducta. 
Señor Presidente, los problemas de asilo, de inmigración, de paso de fronteras, de tráfico de drogas preocupan en primer lugar a los ciudadanos de las naciones europeas. 
Por este motivo hay dos razones para no comunitarizarlos. 
La primera es que las situaciones y las tradiciones varían mucho de un país a otro. 
La segunda es que hace falta que los pueblos, los electores puedan expresarse y hacer valer sus puntos de vista. 
Ahora bien, al comunitarizar estos sectores se dificultaría todavía más el control por parte de los pueblos. 
De hecho, éste se probablemente el objetivo buscado por los que desean comunitarizar. 
Por el contrario, hay que facilitar el control del pueblo, de los pueblos, de los electores, haciendo posible a escala de Estado- y además del papel de los parlamentos nacionales -, como ocurre en la ejemplar democracia suiza, que se recurra al referéndum y al referéndum de iniciativa popular. 
Con esta condición y sólo con ésta podrá permanecer viva la democracia y no, como sucede muy a menudo hoy en día, conculcada por élites tecnocráticas y decadentes. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que apruebo totalmente el contenido del informe de la Sra. Lambraki. 
Su postura pragmática y llena de cordura está plenamente justificada, ya que la comunitarización de la Comisión también rebosa sentido común. 
No vamos a meternos ahora en un procedimiento pesado, aleatorio, y para ser totalmente franca, abocado prácticamente al fracaso, en un momento en que se está reflexionando en las negociaciones de la CIG acerca de las posibilidades de mejorar el funcionamiento de las políticas de la Unión en materia de justicia y de asuntos interiores. 
Por si fuera poco, la aplicación del artículo K 9 no hubiera resuelto ni mucho menos todos los problemas surgidos en este ámbito, especialmente en materia de poderes del Parlamento Europeo. 
Por el contrario, debemos estar atentos al progreso de las tareas de la CIG. 
La Presidencia irlandesa ha tratado de darle un impulso positivo haciendo que los Estados miembros trabajen sobre una propuesta concreta que trate de aportar respuestas a las múltiples críticas formuladas hasta ahora acerca del funcionamiento del tercer pilar. 
En efecto, ya se trate de aplicar el artículo K.9, de comunitarizar el tercer pilar o de aprobar disposiciones apropiadas en un primer pilar bis, ¿qué es lo que está en juego? 
La Presidencia irlandesa lo indica: se trata de garantizar la creación de un proceso de decisión eficaz, que se base, al menos a largo plazo, en una mayoría cualificada y la garantía de un control democrático y jurisdiccional. 
Esta profesión de fe se suma a los puntos de vista expresados repetidas veces en nuestra Asamblea, pero desgraciadamente, este objetivo topa con fuertes resistencias por parte de algunos Estados miembros o parlamentos nacionales, y me refiero especialmente al parlamento francés. 
Y a pesar de esto, con los avances del mercado único, todo el mundo reconoce, en materia de libre circulación de las personas, y aunque ésta sea únicamente parcial y al margen de los procedimientos comunitarios, que la armonización de algunas legislaciones o prácticas es indispensable y que, además, ya está en curso. 
Me refiero, por ejemplo, al ámbito del asilo y de la inmigración. 
Esta europeización de facto tiene el inconveniente, sin duda, de privar a los parlamentos nacionales de una parte de sus prerrogativas. 
Cabe lamentarlo, se puede tratar de solucionar, pero no deja de ser un hecho. 
Existe, pues, un déficit democrático a escala nacional, que deberá ser compensado con un progreso del control democrático a escala europea. 
Y éste debería ser el papel del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, sabemos lo que ocurre actualmente. 
El artículo K 6 llama a engaño, puesto que es un instrumento en manos de la Presidencia, que lo utiliza según su conveniencia. 
Además, el Tribunal de Justicia se ve expresamente apartado de la cooperación en el tercer pilar, creándose así un vacío jurisdiccional, lo cual es como mínimo paradójico en un sector tan sensible en el que están en juego los derechos y las libertades de las personas que viven en el territorio de la Unión. 
Una vez constatado esto, cabe preguntarse si es posible, tal como lo hace un informe reciente sometido a votación en el Parlamento francés, negar todo poder al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia y contentarse con solicitar más poderes para los parlamentos nacionales. 
Hay que estudiar este último punto, qué duda cabe, y quiero destacar que la mayor parte de las resoluciones de nuestra Asamblea sobre el tercer pilar abogan por un papel cada vez mayor de los parlamentos nacionales. 
Pero esto no puede ser suficiente. 
¿Cómo se puede reconocer la necesidad de una armonización europea y, al mismo tiempo, propugnar una renacionalización de los controles democráticos y jurisdiccionales? 
Estas divergencias de apreciación entre los actores que habrán de pronunciarse sobre la CIG no son aleccionadoras. 
Por ello, la Sra. Lambraki tiene razón cuando le pide a la Comisión que efectúe una evaluación de lo conseguido en la CIG para contemplar la posibilidad de una eventual iniciativa con arreglo al artículo K.9 en el caso de que estos resultados fuesen demasiado desalentadores. 
Señor Presidente, señoras y señores, el colega Cohn-Bendit ha calificado este debate como de opereta. 
Por lo general, las operetas son triviales pero divertidas. 
Por el contrario, la intervención realizada por el Sr. Cohn-Bendit no ha sido en absoluto divertida. 
Creo que estamos manteniendo un debate fantasmal, no solamente por la escasísima presencia de diputados sino ante todo porque el artículo K9 ha quedado obsoleto ya hace mucho tiempo. 
En cierta manera es el apéndice del Tratado de Maastricht. 
Quizás tuvo sentido en tiempos anteriores pero entretanto ha quedado superado por la evolución de los acontecimientos. 
Por ello es un debate fantasmal. 
El artículo K9 ha fracasado en sus propias insuficiencias. 
En algunas ocasiones se le ha calificado como puente hacia el primer pilar. 
Pero este puente estuvo minado desde el principio. 
Exigía una resolución unánime del Consejo y ustedes saben lo difícil que es lograr esto cuando se trata de asuntos controvertidos. En segundo lugar exigía la ratificación de los correspondientes acuerdos según las correspondientes normas nacionales, un procedimiento que puede durar hasta el día del Juicio Final. 
El artículo K9 ha demostrado su total inviabilidad y actualmente es objeto de negociaciones para la Conferencia Intergubernamental. 
Pero aunque en la Conferencia Intergubernamental no surgiese nada decisivamente nuevo para la transferencia de competencias del tercer pilar al primero, incluso entonces no podríamos recurrir al artículo K9 ya que ha demostrado su incapacidad. 
Lo que se ha mostrado claramente es otra cosa, a saber, que aquí existe un conflicto aún no superado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
En el tercer pilar está el artículo K6 que concede al Parlamento el derecho a ser informado, además regularmente, así como a ser escuchado en los aspectos más importantes de la actividad, tal como dice la fórmula algo engorrosa del Tratado. 
El Consejo no ha aplicado y ha eludido sistemáticamente estas normas. 
Si tras la Conferencia Intergubernamental se mantiene en lo esencial esta configuración del Tratado, nada podrá impedir un grave conflicto con el Consejo o que se llegue a un Acuerdo Interinstitucional que regule claramente cuándo se debe informar al Parlamento en asuntos del tercer pilar y sobre todo cuándo se nos debe escuchar. 
Este Parlamento no ha sido escuchado aún del modo adecuado. 
Audición significa que el Consejo nos presente una resolución que quiere adoptar antes de redactarla y que cuando tiene un borrador listo para ser aprobado ofrezca al Parlamento la posibilidad de exponer su opinión y que el Consejo se ocupe de lo que diga el Parlamento exponiendo sus motivos. 
Naturalmente, el Consejo no está vinculado a lo que quiera el Parlamento pero tiene que considerar de su opinión. 
Esto no ha ocurrido aún nunca y se ha ignorado sistemática e imperdonablemente en todos los acuerdos importantes de los últimos tiempos. 
Aquí radica el conflicto del que tenemos que ocuparnos como Parlamento tan pronto como haya concluido la Conferencia Intergubernamental. 
El otro punto es la polémica relativa al procedimiento. 
En esta Asamblea existe una extraña coincidencia en que al menos partes del tercer pilar deben comunitarizarse y se mencionan al unísono el asilo, la inmigración, los visados y la seguridad de las fronteras exteriores. 
Lo escucho con extrañeza. 
Un derecho de asilo común significa que en Europa existiría un derecho de asilo unitario desde Finlandia, pasando por Alemania y Francia hasta Portugal y España. 
Me pregunto cómo debe ser un derecho de asilo de este tipo. 
Escucho con gran extrañeza que el Sr. Cohn-Bendit se pronuncia en favor de un derecho de asilo común. 
No he visto aún ninguna exigencia de los Verdes en lo tocante al derecho de asilo que tenga la más mínima posibilidad de convertirse en base de un derecho de asilo común que pueda ser válido tanto en Gran Bretaña como en Suecia y en Grecia. 
Estoy firmemente convencido de que los interlocutores europeos no tomarían como ejemplo el modelo alemán. 
Entre otras cosas, esto exigiría de nosotros los alemanes que revisemos nuestro derecho de asilo en lo tocante a los aspectos comunes con otras y no aplicar solamente nuestros propios baremos. 
Todo esto se incluye en la exigencia de un derecho de asilo común y en otros campos no es tampoco fácil lograr una conjunción. 
Por ello, creo que se trata de dos cosas. Primera: debemos ponernos de acuerdo sobre procedimientos que sean aceptados conjuntamente, en los que el papel del Parlamento se describa al menos tal como se hace ahora en el Tratado de Maastricht y segunda: que debemos esforzarnos por encontrar aspectos comunes en el derecho material y la única forma posible es que todos den y reciban. 
Esto es aplicable tanto a los alemanes, como a los británicos, franceses y todos los demás. 
Señor Presidente, la cuestión que debatimos gira en torno a unos ámbitos vitales, el de la inmigración y el asilo, los visados, la lucha contra el tráfico de drogas y de personas y el crimen organizado a nivel internacional. 
En mi opinión, estas son cuestiones que Europa debe resolver unida- esto es lo importante. 
A continuación, hay que decidir cómo se resuelven del mejor modo posible. 
Son elementos necesarios la cooperación reforzada a nivel europeo e internacional, y unas acciones más eficaces. 
No obstante, yo no creo que eso equivalga a que se transfiera todo del tercer al primer pilar, ni que haya que adoptar decisiones por mayoría cualificada. 
Tomemos por ejemplo la política en torno a los estupefacientes: Suecia y el Norte mantienen una política de signo restrictivo. 
No es en absoluto seguro, en mi opinión, que se consiga llevar una mejor ni más eficaz transfiriéndola a un nivel donde se adopten las decisiones por mayoría cualificada. 
Esto puede tener peores resultados, y llevarnos a una mayor liberalización y legalización, lo cual constituye todo lo contrario de lo que nosotros consideramos estrictamente imprescindible para resolver el problema del consumo de estupefacientes. 
También sabemos que muchos ciudadanos de la UE y de Europa opinan que cabe dar una gran prioridad a la lucha contra el crimen y a la política en torno a la droga, lo cual es correcto. 
Pero tenemos que llegar a que se adopten unas acciones. 
Muchos tienen objeciones, sin embargo, a la posibilidad de que se transfieran más decisiones del nivel nacional al supranacional de la UE. 
Se trata, por tanto, de hallar un modelo que resuelva este conflicto. 
Una transferencia del tercer al primer pilar de todos los ámbitos mencionados en el informe conllevaría un fuerte traspaso de poder de los parlamentos nacionales al nivel de la UE en cuestiones que muchos ciudadanos consideran como de carácter típicamente interno, como son las relativas a las fuerzas del orden, aduanas, Derecho civil y penal. 
Todo ello supondría menos poder para los parlamentos nacionales, una vez estas decisiones se convirtieran en competencia de la UE. 
Señor Presidente, debemos resolver los problemas que representan la inmigración, el asilo, los estupefacientes y el crimen. 
En mi opinión, no obstante, es mejor hacerlo a través de unas acciones, planes y programas conjuntos, que realizando modificaciones de caracter constitucional, o traspasando el sistema de adopción de decisiones del nivel nacional al supranacional. 
Señor Presidente, me han producido pena y desilusión la lectura del informe y las distintas opiniones manifestadas. 
Todas ellas hacen hincapié en que la cooperación interestatal, es decir, el tercer pilar, no funciona, no es suficientemente eficaz, y que por ello debe suprimirse. 
Ni el ponente ni la comisión analizan qué es lo que no funciona, ni especifican lo que entienden por eficacia. 
Nadie se pregunta tampoco por qué no funciona, lo cual es central. 
La respuesta más fácil e insustancial es darle la culpa al derecho de veto y a la necesidad de que las decisiones sean unánimes. 
Nadie parece preguntarse por qué es tan difícil llegar a unas decisiones por unanimidad. 
La respuesta evidente es que ni los pueblos ni los ministros de los Estados miembros están dispuestos, o carecen del derecho, a permitir que las cuestiones jurídicas pasen a estar bajo la competencia de la UE y de «Bruselas». 
Para la mayoría de ciudadanos el sistema jurídico parlamentario nacional es además una cuestión de identidad y democracia. 
Quizá esta cuestión sea incluso más central y relevante que la de la moneda propia. 
Lo que se reglamenta ahora es que, bajo el estandarte sagrado de la eficacia, hay que «comunitarizar» la totalidad, o partes, del tercer pilar. 
En otras palabras, se quiere dar a la UE el mandato, el derecho de llevar su política por encima de los países miembros y de los pueblos, con objeto de aumentar la eficacia. 
Incluso se afirma que se incrementará la democracia, y que Europa se acercará más a sus ciudadanos, lo cual es absurdo. 
Yo me reafirmo en que el resultado será diametralmente opuesto: aumentará la distancia entre los que adoptan las decisiones y los ciudadanos de la Unión, geográficamente y en un sentido más abstracto. 
Aumentarán las críticas al «régimen de Bruselas». 
Esto puede incluso abonarles el terreno a los partidos y organizaciones ultranacionalistas, y con ello contribuir a crear tensión y focos de agitación dentro de la Unión. 
¿Es esto lo que queremos? 
No, mantengamos y desarrollemos la cooperación interestatal dentro del tercer pilar. 
Vayamos al ritmo de los ciudadanos. 
No contribuyamos a aumentar el desprecio hacia la clase política, y respetemos las constituciones de los Estados miembros. 
Estoy de acuerdo con algunos aspectos importantes señalados por los dos diputados suecos. 
Se trata de un tema, el tercer pilar, que desencadena reflejos totalmente imprevisibles, por dos motivos. 
El primero remite a la lucha incesante a nivel central por el poder entre el Parlamento y el Consejo; el segundo concierne a la integración; quizás sea el aspecto de la integración más importante de todos. 
La conclusión de este debate fantasma o de esta operación de apendicitis, o como se quiera llamar, es muy sencilla: el artículo K.9, que debería servir de pasarela para la comunitarización de algunos temas del tercer pilar, no se utiliza nunca. 
Es inservible. 
Lo es, entre otros motivos, por esos molestos daneses que se opusieron a la aprobación del artículo K.9. 
Y se hace un llamamiento a la Conferencia Intergubernamental. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Georges Berthu al respecto. 
Son temas que están muy cerca del corazón del derecho nacional. 
No pueden ser comunitarizados. 
Quizá sería ésta la forma más fuerte de socavar un derecho democrático que pertenece a las naciones. 
Este llamamiento a la Conferencia Intergubernamental para que comunitarice la cuestión no contará de ninguna manera con nuestro apoyo. 
Al contrario, trabajaremos en contra. 
Señor Presidente, creo que la Sra. Lambraki trata con seriedad y responsabilidad un asunto muy difícil relativo a la transferencia de ámbitos de competencia del campo intergubernamental, esencialmente, al comunitario. 
Creo que podemos aprobar la conclusión de que el planteamiento de determinadas acciones en el marco del tercer pilar ha llegado a un callejón sin salida. 
Quizás el ejemplo más característico de los últimos tiempos haya sido la completa negligencia que mostró la Unión Europea ante las graves revelaciones sobre el papel de máximos responsables de Turquía en el tráfico de drogas: la Unión Europea no se manifiesta, no existe. 
Hablan los juzgados alemanes, habla el organismo europeo para el control del tráfico de drogas, hablan responsables concretos, pero la Unión Europea no hace acto de presencia. 
En este sentido, sin duda deberíamos examinar las posibilidades que nos ofrecería la transferencia de competencias al ámbito de la acción comunitaria, siempre con gran cuidado y sensibilidad respecto a todo lo que han dicho mis predecesores en el uso de la palabra y, naturalmente, haciendo todo lo posible para no crear un nuevo déficit democrático con las posibilidades de intervención y control sustanciales que se transferirán al Parlamento Europeo y a otras instituciones. 
Señor Presidente, felicito a la diputada Lambraki por su excelente informe sobre el artículo K 9. 
La cuestión de la aplicación de la llamada «pasarela» es problemática. 
La ponente ha analizado de modo equilibrado y encomiable esta complicada cuestión política. 
La Comisión y el Consejo de Ministros han realizado estudios en diversas ocasiones sobre la conveniencia de la aplicación del artículo K 9. 
La primera vez fue sólo dos meses más tarde de la entrada en vigor del Tratado de la UE. 
Tanto la Comisión como el Consejo de Ministros llegaron a la conclusión de que no era aquel el momento adecuado todavía para poderse hacer una idea bien razonada sobre esta cuestión. 
La segunda ocasión fue en noviembre de 1995, fecha en que la Comisión presentó un informe al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo donde recomendábamos que no se aplicase el artículo K 9. El motivo era que ya se habían iniciado los trabajos de preparación de la Conferencia Intergubernamental, y que cada vez eran más las personas que se daban cuenta de la necesidad de que se llevase a cabo una revisión radical de la cooperación en el ámbito de justicia e interior, es decir, de la cooperación que entra dentro del tercer pilar. 
No cabía duda alguna de que cualquier intento de transferir ámbitos al primer pilar a través de este artículo estaba condenado al fracaso. 
Como ya he apuntado con anterioridad, basta dejar claro que una propuesta en esta dirección requeriría una nueva votación en el seno del Parlamento danés, o un referéndum. 
El único modo de conseguir en la práctica una cooperación más eficaz es que se transfiera de una vez por todas una parte lo mayor posible de la cooperación que se produce dentro del tercer pilar al primero. 
En los debates de la Comisión sobre esta cuestión nos preocupaba que la resolución pudiera dar lugar a malentendidos en el Parlamento Europeo. 
Por eso he dado cuenta en repetidas ocasiones de la posición de la Comisión respecto de estos asuntos. 
Debido a ello, me causa gran satisfación comprobar que el ponente ha llegado a la misma conclusión en su informe. 
La Conferencia Intergubernamental entra ahora en una fase decisiva. Esto es cierto especialmente por lo que respecta al debate sobre el ámbito de justicia e interior. 
El proyecto de texto para el Tratado que presentó la Presidencia irlandesa en la Conferencia de Dublín de diciembre sigue de algún modo las directrices propuestas por la Comisión. 
En otros ámbitos está lejos de ser suficientemente ambiciosa. 
En estos últimos la Comisión seguirá promoviendo sus puntos de vista en los debates que se irán celebrando a través de la presencia del Comisario Oreja. 
Nuestra opinión es que el Parlamento Europeo tiene que dejar oir su voz en relación con todas las cuestiones que se debaten dentro del tercer pilar; esto se aplica a las cuestiones presupuestarias, donde es evidente que el propio Parlamento debe participar plenamente. 
Los meses que quedan hasta que se concluya la Conferencia se verán naturalmente caracterizados por unas intensas negociaciones. 
Es importante que concentremos nuestros esfuerzos en conseguir los mejores resultados. 
Sólo de este modo podremos hacer frente a los retos que se nos presentan dentro de la cooperación en los ámbitos de justicia e interior. 
Esto ciertamente no tiene que hacerlo exclusivamente la Comisión, sino que también sería muy provechoso que todos los diputados de esta cámara intentasen influir sobre sus gobiernos nacionales. 
Es a pesar de todo a estos niveles donde hay que realizar un gran trabajo ahora, con objeto de convencerles de la importancia de modificar la cooperación dentro del tercer pilar para que se convierta en fructífera y democrática, y para que de este modo podamos abordar los graves asuntos que nuestro electorado considera que entran dentro de nuestra área de responsabilidad. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados que han expresado aquí sus ideas. 
Mi esfuerzo en este informe sobre un tema jurídico y político difícil no ha sido tanto el de encontrar las soluciones, como el de intentar eliminar las falsas ilusiones existentes. 
El artículo K.9 es una ilusión si creemos que puede solucionar el problema del tercer pilar. 
Creo que hemos logrado al menos esto: ya no vivimos con falsas ilusiones. 
Lo que aún queda por delante, en esto coincido con la Sra. Gradin, es que todos y en todos los niveles, Comisión, diputados, y tanto en el Parlamento Europeo como en nuestros países, debemos presionar a nuestros gobiernos en esta dirección. 
Porque creo que es tarde y, en este aspecto, señora Gradin, permítame observar que, si la Comisión hubiera presentado sus opiniones antes, como habíamos acordado, quizá habríamos tenido más tiempo para influir en los debates sobre la Conferencia Intergubernamental. 
En este sentido coincido en parte con la opinión del Sr. Cohn-Bendit de que, en el sentido temporal, hoy parece que los hechos se nos han adelantado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 10.00 horas, se reanuda a las 11.00 horas) 
Señora Presidenta, hoy conmemoramos el 25 aniversario de un acontecimiento horrible en el que fueron muertas 13 personas que participaban en una marcha en pro de los derechos civiles en Derry (Irlanda del Norte). 
Ayer en la Cámara de los Comunes nuestro colega John Hume presentó una propuesta de resolución avalada por muchos diputados de diferentes partidos en la que se pedía un nuevo tribunal internacional para investigar aquel suceso. 
Quisiera pedir a la Asamblea que preste su apoyo a mi colega John Hume para intentar averiguar la verdad a fin de que prevalezca la justicia. 
Teniendo en cuenta que hoy vamos a votar sobre el informe Reding relativo al terrorismo, sería apropiado que esta Asamblea conmemorara y rindiera homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, así como de todas las formas de terrorismo paramilitar en nuestra lucha por que las vidas de los ciudadanos y el derecho a la vida estén garantizados para siempre. 
A pesar de que no se trate realmente de una cuestión de procedimiento, tomo nota con gusto de su declaración, señor Crowley, que concuerda por cierto con la intervención de esta mañana del Sr. Andrews. 
Votaciones 
Señora Presidenta, simplemente quiero informarle a usted y a la Asamblea que he detectado en la propuesta de resolución común presentada en nombre de siete Grupos políticos algunos errores importantes de traducción en algunas versiones. 
Los he detectado en las versiones española e inglesa. 
Afectan simplemente a los «vistos» , no a los «considerandos» ni a los distintos apartados. 
Por ello, le rogaría a usted que encomendase a los servicios de esta Asamblea que todas las versiones estuviesen traducidas correctamente, en base a la versión original presentada a esta administración por los siete Grupos políticos. 
Señora Fraga Estévez, me comprometo a que esta comprobación se realice del modo más escrupuloso posible. 
Respecto a la enmienda nº 3: 
Esta reza del siguiente modo: » vista su resolución de 25 de octubre de 1996 relativa a la comunicación de la Comisión referente a la aplicación de las medidas técnicas para la política común de pesca». 
Se me dice que el Sr. Gallagher desearía que se modificara del siguiente modo: » visto el informe del Sr. Gallagher aprobado por el Parlamento Europeo relativo a la comunicación de la Comisión». 
Les diré, francamente, que todo esto me parece sumamente complicado y, además, el Sr. Gallagher no está presente. 
Así pues, someteré a votación la enmienda nº 3 del Grupo Unión por Europa con la formulación que conocemos. 
Señora Presidenta, quisiera disculparme en nombre del Sr. Gallagher, que no está ocupando su escaño en este momento. 
Acaban de informarme de que en el texto original se citaba el nombre del Sr. Gallagher. 
Se suprimió y de lo que se trata ahora es de volver a incluirlo en el texto original. 
Señora Presidenta, hay dos enmiendas en esta votación- las enmiendas 1 y 11 -, una del Grupo Socialista y otra que han suscrito los Grupos Popular, Socialista, Liberal y GUE. 
Yo le daría la palabra al Sr. Schulz por si nos pudiéramos poner de acuerdo y votar sobre una sola de esas dos enmiendas, que son prácticamente idénticas. 
Señora Presidenta, las enmiendas nº 1 y 2 se ocupan de un mismo problema sobre el que voy a hacer muy brevemente una observación. 
En el debate sobre este informe se ha producido un cierto revuelo por la cuestión de si se puede definir exactamente una organización terrorista. 
¿Qué es definir exactamente? 
La Sra. Reding se ha enfrentado a esta tarea de un modo excelente y ha introducido en su informe una definición que aclara una cosa: dentro de la comunidad de Estados de derecho de la Unión Europea no puede haber una protección jurídica para actos terroristas u organizaciones terroristas del tipo que sean. 
Quiero decirlo con toda claridad. Organizaciones como el IRA o la ETA no pueden esperar protección dentro de la Unión Europea en base a ningún derecho. 
Para aclarar esto se han introducido estas dos enmiendas. 
Por ello, podría retirar mi primera enmienda pues es casi idéntica a la enmienda nº 11 si estuviésemos de acuerdo en añadir a esta enmienda las palabras «en el sentido de este informe» tras «... cooperación con un grupo armado... ». 
De este modo queda claro que queda cubierto por este informe lo que acabo de expresar. 
Entonces podría retirar la enmienda nº 1 y votar conjuntamente sobre la nº 11. 
Señorías, no vamos a volver a un debate, que quede claro. 
Señora Reding, quisiera saber si acepta la propuesta del Sr. Schulz. 
Sí, Señora Presidenta, se trata de una buena propuesta, y les pido a los colegas que voten masivamente a favor de la enmienda nº 11. 
Voy a anticipar un poco y les preguntaré a sus Señorías si tienen objeciones.Entenderán perfectamente que para que el Sr. Schulz retire su enmienda nº 1 tendremos que contar con el compromiso de que nuestra Asamblea aceptará la enmienda oral nº 11. 
Por lo tanto, le pregunto a la Asamblea, anticipando un poco las cosas, si tiene objeciones al hecho de que haya una enmienda oral respecto a la enmienda nº 11. 
(La Asamblea no se opone a la propuesta) 
Así pues, señor Schulz, retira usted su enmienda. 
Señora Presidenta, señor Schulz, usted ha dicho que ni la ETA ni el IRA o quien sea deben tener protección. 
Pero en el derecho existe el principio de que cualquier acusado tiene una protección jurídica hasta que se le condene. 
En francés se dice la présomption d ' innocence, por decirlo a la europea. 
Por ello, es... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
No podemos iniciar un debate. 
Por consiguiente, se retira de la votación la enmienda nº 1. 
Señora Presidenta, sobre la enmienda oral propuesta por el Sr. Schultz. ¿Estoy en lo cierto al entender que la intención del Sr. Schultz es la de que se denegará la protección jurídica a las personas acusadas de delitos terroristas? 
Eso es lo que me ha dado a entender la interpretación. 
Señorías, no votamos acerca de las intenciones del Sr. Schulz. 
El Sr. Schulz ha propuesto retirar su enmienda con dos condiciones: que el PPE acepte una enmienda oral a su enmienda nº 11, y ha explicitado dicha enmienda oral. 
La Sra. Reding, ponente, se ha mostrado de acuerdo, siempre y cuando, claro está, no haya objeciones a que esta enmienda oral sea sometida a votación. 
Así se hará cuando votemos la enmienda nº 11. 
Todo esto está muy claro. 
Ya no hay que entrar a debatir el fondo del asunto. 
Señora Presidenta, comprendo que sus Señorías quieran proseguir. 
Como en algunos países miembros el debate que aquí mantenemos ha producido un gran revuelo, quiero repetir una frase: no es necesario explicar de modo especial aquí que un Estado de derecho tiene que respetar sus fundamentos jurídicos también en los Tribunales, quien sea de que se trate. 
Esto lo sabe también el Sr. Cohn-Bendit, por lo que su intervención ha sido superflua. 
Lo importante es que determinemos aquí que ningún terrorista u organización terrorista puede tener una legitimación política.... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señorías, les recordaré que existen explicaciones de voto y que podrán hacer uso de ellas sin limitación alguna. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, es evidente que hemos votado en contra de este informe, que persigue instaurar una policía sobre las ideas y un lavado de cerebro a través, sobre todo, de los medios de comunicación. 
Sin embargo, nos sorprende un poco, tanto por esto mismo como por una enmienda que se ha aprobado, que haya habido tantos votos a favor y tan pocos votos en contra y abstenciones. 
Efectivamente, la enmienda nº 5, que se ha aprobado, y que por lo tanto se recoge en la resolución final, solicita, la cito «que los inmigrados extracomunitarios se beneficien de la igualdad de trato en materia de derechos económicos y sociales, del reconocimiento de los derechos cívicos, culturales y políticos, sobre todo el derecho de voto en las elecciones locales para los extranjeros no europeos que residan en Europa». 
Pues bien, sería interesante que los colegas de los Grupos demócrata-cristiano o Unión por Europa, que se han abstenido o que han votado en contra de este informe, expliquen a sus electores cuál ha sido su postura respecto al derecho de voto de los extranjeros no europeos en las elecciones locales. 
Creo que sus electores se sorprenderían indudablemente si supieran lo que han votado. 
La propuesta de resolución anual sobre el racismo, tal como la preparó la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Internos de nuestra Asamblea, y tal como se ha preparado esta mañana, parecía una mejora respecto a los textos de los años anteriores. 
Efectivamente, se ha evitado cuidadosamente, por una vez, hacer la amalgama habitual entre «el racismo» y «el control de la inmigración». 
Desgraciadamente, esta buena intención no ha resistido mucho frente a las enmiendas que acaban de ser aprobadas en sesión plenaria. 
En éstas se constata que el Parlamento Europeo desea «mostrar la contribución positiva que aportan los inmigrantes a la sociedad europea» (enmienda nº 8) , que «invita los Estados miembros a desarrollar su política de inmigración en estrecha relación con una política de integración apropiada» (enmienda nº 2) , política de integración que, a su vez, queda explicitada por la enmienda nº 5: en ésta el Parlamento Europeo «pide que los inmigrados extracomunitarios se beneficien de la igualdad de trato en materia de derechos económicos y sociales, del reconocimiento de los derechos cívicos, culturales y políticos, sobre todo el derecho de voto en las elecciones locales para aquellos que residen desde hace más de cinco años en un Estado miembro... ». 
En primer lugar, desconoce la realidad de la inmigración contemporánea, motivada esencialmente por la autodestrucción económica de algunos países terceros, y que constituye una pesada carga, más que una oportunidad, para los miembros de la Unión Europea. 
En segundo lugar, no debe considerarse que, en tales condiciones, llega accidentalmente a nuestros países, tiene la intención de permanecer aquí para siempre. 
Por último, no se puede aceptar borrar la diferencia entre los ciudadanos y los extranjeros haciendo progresivamente que los derechos de estos últimos se asimilen a los de los primeros. 
En efecto, una nación es una comunidad de destino compartida por ciudadanos. 
No se pueden reivindicar sus derechos sin asumir al mismo tiempo sus obligaciones. 
Y para asumirlas basta con el procedimiento de naturalización, que cualquier interesado puede solicitar. 
Con carácter secundario, destaquemos que la resolución votada pide competencias europeas en materia de lucha contra el racismo, así como la creación de un «Observatorio europeo del racismo y de la xenofobia» , lo cual, a nuestro modo de ver, no aportará absolutamente ningún elemento más en la práctica, o como mucho una administración y unos gastos suplementarios. 
Estas son las razones por las que estamos en contra de esta resolución. 
Con mucha regularidad, con ocasión de muchos informes y cuestiones de actualidad, el Parlamento Europeo expresa su rechazo a cualquier forma de racismo y de xenofobia. 
Lo hace claramente y a menudo a través de amplias mayorías. 
Este año, este rechazo cobrará un sentido y una relevancia particulares, con el anuncio oficial el 31 de enero en la Haya de 1997, Año europeo contra el racismo. 
Quisiera recordar aquí mi determinación y compromiso en la lucha contra la bestia inmunda, racista y fascista, que se desarrolla en toda Europa bajo formas múltiples y siempre peligrosas. 
De ahí que se tenga que dar apoyo a la iniciativa que anima a la Unión Europea en la expresión simbólica que la ha llevado a declarar un año de lucha contra el racismo. 
Lo que está en juego es la democracia. 
En este sentido, lamento y condeno la actitud del Gobierno británico, que se ha opuesto a la creación de un Observatorio europeo del racismo, elemento que hubiera podido ser determinante para el éxito de este año de lucha. 
Sin embargo, aunque sea necesario reaccionar mediante símbolos y cada vez que se cometan actos de racismo innobles, también tenemos la obligación de luchar cotidianamente para erradicar esta fenómeno inicuo, cuando no innoble. 
El racismo es un mal que se infiltra insidiosamente y que se alimenta de la acumulación de razones de «malestar» , que desemboca en la búsqueda de chivos expiatorios. 
En tal caso el Parlamento sí que hace bien en atacar regularmente al racismo, pero debe hacer todo lo posible para contribuir, dentro de la proximidad de los ciudadanos europeos, a este combate en pos de la integridad humana, la libertad y la democracia. 
Por lo tanto, le hace falta, nos hace falta denunciar los discursos y los actos de los fascistas «neo» o no, y sobre todo, de sus cómplices que, muy a menudo, hallamos en el seno de formaciones políticas «mucho más honorables» e incluso en los gobiernos. 
El racismo cotidiano, el racismo trivial, es el terreno abonado para el racismo que nosotros denunciamos en nuestras resoluciones. 
Debe ser perseguido allá donde se esconda, inclusive en numerosos escaños de nuestro hemiciclo. 
Es importante que la Unión proclame 1997 como «Año Europeo contra el Racismo». 
Ello estimulará todo tipo de acciones, dentro de un marco europeo, para luchar contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo de una manera más coordinada y eficaz. 
Ello obligará, igualmente, a que la Conferencia Intergubernamental incluya, en el Tratado revisado, un compromiso claro, conciso y rotundo, en favor de la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, ante el incremento constante de ideologías fraguadas en el fanatismo y en peligrosas ideologías fascistas. 
Integrismos que se traducen en estremecedoras acciones cargadas de violencia y que recuerdan el horror del holocausto. 
El silencio cómplice: el «no sabíamos» con el que se justificaron y se justifican, todavía hoy, tantos ciudadanos, nos obligan a actuar y a proclamar una y mil veces que nuestra cultura del siglo XX es en parte la cultura del mestizaje y, esa es su riqueza. 
Hay que luchar contra el racismo a todos los niveles y en todas las situaciones posibles. 
Por consiguiente, votamos «sí» a la resolución, a pesar de que contiene ciertos aspectos sobre los que tenemos ideas diametralmente opuestas. 
Se trata, por ejemplo, de la homologación de las políticas relativas al asilo y la inmigración, de la transferencia al primer pilar de las acciones contra el racismo, y del fortalecimiento de los instrumentos jurídicos. 
No obstante, estamos unidos en la voluntad y el deseo de contribuir activamente a la lucha contra el racismo, y pensamos que la resolución contiene muchos aspectos destacables y centrales. 
Los diputados liberales de Austria apoyan plenamente el contenido de la propuesta de resolución de los Sres. Ford y Oostlander con la limitación expuesta en la intervención del Sr. Lukas, según la cual la lista que figura en el guión 6 debe ser entendida como una reproducción enumerativa de las resoluciones realizadas hasta ahora sobre el tema presente pero no como una confirmación de la resolución del 9-5-1996 relativa a la condena del FPÖ y de su dirigente, el Dr. Jörg Haider. 
Consejo de Pesca 
Con respecto a la votación que acabamos de efectuar sobre el Consejo de Pesca, mi Grupo se congratula de la aprobación de la enmienda nº 5 presentada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, y siento personalmente que no haya sido aprobada la enmienda nº 7 del mismo Grupo. 
Ambas enmiendas se refieren al acuerdo de pesca con Marruecos, que es el acuerdo más importante que tiene la Comunidad, y con respecto al cual se ha producido, en mi opinión, una dejación de sus responsabilidades por la Comisión al aceptar la ampliación del periodo de paro biológico de dos a cuatro meses sin garantías suficientes, y sin garantías, sobre todo, de que, por parte de Marruecos, se cumplirá también esa parada biológica. 
Por tanto, yo espero que la Comisión dedique más atención a este tema y que, en el futuro, se analice con mucho cuidado las concesiones que se puedan hacer teniendo en cuenta que Marruecos, en este momento, es beneficiario de importantes ayudas por parte de la Comunidad Europea. 
Nuestro sector pesquero merece protección y no se puede simplemente dejar a nuestros pescadores al albur de decisiones políticas del Gobierno marroquí inspiradas quizás por otras consideraciones. 
Informe Thomas (A4-414/96) 
No es necesaria una política forestal común para la UE. 
Tampoco es necesaria, como sostiene el informe, una «estrategia forestal común» , lo cual es sencillamente otro término para designar la futura política forestal. 
Las ayudas financieras que se destinarían a la «estrategia forestal» no favorecerían al norte, sino principalmente a los países mediterráneos y a las antiguas colonias de la UE. 
El informe elaborado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Regional es mucho mejor que la propuesta de la Comisión. 
Para obstaculizar nuevos avances de la Comisión en esta cuestión y otras parecidas, donde la UE extiende cada vez más sus competencias a nuevos ámbitos, lo mejor que podemos hacer es votar negativamente. 
En consecuencia, he votado en contra del informe. 
Tengo mucho gusto en votar a favor de este informe excelente de mi colega laborista británico David Thomas. 
Aunque en Gran Bretaña me llamarían «urbanita» y pese a que represento a una circunscripción principalmente urbana, tengo razones poderosas para apoyar el futuro de la silvicultura. 
El bosque de Redrose, en mi circunscripción, es un ejemplo maravilloso de la forma como la silvicultura puede contribuir a satisfacer muy diversas necesidades. 
Crea puestos de trabajo en una zona que ha padecido el declive industrial. 
Mejora el medio ambiente para la población local, al ofrecerle un «pulmón verde» y un aire más limpio para respirar. 
Aporta un nuevo y grato lugar para las visitas y el disfrute tanto de los turistas como de la población local. 
De modo que acojo con beneplácito las ideas de este informe sobre las campañas de información y sensibilización para velar por que todo el mundo reconozca que la silvicultura tiene repercusiones positivas en su vida... y en la del planeta. 
Las personas preocupadas por la destrucción de los bosques apoyarán la petición de que la UE trabaje en pro de un convenio internacional sobre la protección de los bosques. 
¡Debemos ayudar a los países en desarrollo a equilibrar su necesidad de desarrollo económico y la necesidad de todo el mundo de respirar! 
Informe Reding (A4-368/96) 
Tengo un doble motivo para abstenerme en la votación final sobre este informe. 
En primer lugar, la enmienda nº 7, que habría propiciado explícitamente el respeto de los derechos humanos para todos, ha sido rechazada. 
En segundo lugar, la enmienda nº 11, que se ha modificado oralmente, contravenía el derecho a la presunción de inocencia para todos. 
Yo, junto con todos los diputados a la Asamblea, no aprobaría nunca terrorismo alguno, ya sea institucional o paramilitar. 
Sin embargo, no debemos dejar que nuestra oposición a la violencia nuble nuestro respeto y protección de los derechos humanos. 
Hemos votado en contra del informe Reding. 
Condenamos categóricamente el terrorismo y toda modalidad de acto terrorista. 
Bajo ninguna circunstancia daríamos nuestro apoyo a una organización que usara el terror como método de trabajo. 
El problema que presenta el informe es, no obstante, el riesgo de que se neutralice la seguridad jurídica, ya que en algunos puntos carece de la claridad suficiente. 
Debe definirse lo que es el terrorismo de un modo más inequívoco. 
Además, hay que establecer quién define qué organizaciones se consideran como terroristas, y cuáles son los «entornos de apoyo» al terrorismo a que hace referencia el informe. 
El informe también tiene la intención, no sólo de realizar, sino de reforzar las competencias de Europol. 
Nos oponemos a esta evolución. 
En su lugar, creemos que puede utilizarse la actual cooperación en el marco de Interpol, y hacerse más eficaz en los trabajos para acabar con el terrorismo internacional. 
La lucha contra el terrorismo es central, pero no justifica la debilitación de la seguridad jurídica en una sociedad. 
Los socialdemócratas del Parlamento Europeo votan a favor del informe de la Sra. Reding, pero en contra de la petición de armonización del marco penal respecto de la delincuencia transfronteriza. 
Compartimos la preocupación de la ponente por el terrorismo en las democracias europeas y damos la bienvenida al esfuerzo coordinado para luchar contra él. 
No obstante, nos vemos obligados a rechazar la armonización del marco penal de los Estados miembros, incluido en el caso de delitos graves transfronterizos, como el terrorismo. 
El concepto de organización del ámbito penal varía de unos pueblos europeos a otros. 
No vemos motivos para romper estos conceptos con una armonización, ya que nada nos impide cooperar para luchar contra el terrorismo sin una legislación penal común. 
No puede aceptarse el terrorismo en una sociedad basada en el Derecho. 
Son necesarias unas acciones contundentes contra él. 
Hay que combatirlo a todos los niveles por medios legales. 
El mejor modo de contrarrestar los focos terroristas es la existencia de una sociedad democráticamente abierta. 
El problema del informe es que no se define qué es el terrorismo, y esto puede neutralizar la seguridad jurídica. 
Deben mejorar las medidas técnicas y prácticas de los aeropuertos, el proceso de control de equipajes y los sistemas informáticos de registro de datos y de vigilancia por televisión. 
Debe darse una mayor cooperación entre Interpol y Europol. 
Es un error creer que la eficacia se consigue con organismos supranacionales. 
Los ámbitos de actividad de Europol no deberían ampliarse a la lucha contra el terrorismo en mi opinión. 
Esa es una cuestión que debe resolver cada Estado miembro. 
Europol no debe convertirse en el «FBI» de la UE. 
En base a estos principios, he votado en contra del informe. 
Informe Valverde López (A4-396/96) 
Hay dos motivos de peso para votar en contra de este informe. 
Uno es que constituye una fuerte defensa del aumento del federalismo dentro de la UE, por ejemplo en el apartado 28, que lamenta que el requisito de la unanimidad «difuculte la toma de decisiones» , el apartado 32, que exige que «los Estados candidatos a la adhesión tengan presente» que la UE es «un proceso de unidad política, económica y monetaria» , y el apartado 30, que lamenta que algunos países tengan la posibilidad de retraerse a la competencia del Tribunal de Justicia de la UE. 
En casi cada apartado se destaca la importancia de que existan más procedimientos supranacionales dentro de la UE. 
El otro motivo es que el informe da muestras de una clara inspiración derechista en lo relativo a sus ideas políticas. 
Por ejemplo, en el apartado 9 se defiende que las autoridades nacionales deben actuar para «suprimir los obstáculos financieros y burocráticos» con que se encuentran las empresas, con lo que éstas podrán crear más puestos de trabajo. 
La insinuación de que el desempleo en la UE está motivado por las malas condiciones en que operan las empresas es un análisis basado en la teoría neoliberalista, y es algo a lo que no nos adscribimos. 
El informe destaca los progresos de la Unión en la realización de la moneda única. 
Se señalan los problemas que existen en relación con la UEM, por ejemplo, que la UEM debe combinarse con unos fuertes mecanismos que posibiliten una estrecha cooperación en los ámbitos económico, social y fiscal. 
También se hace hincapié en que deben eliminarse las decisiones por unanimidad en el seno del Consejo. 
Puesto que el informe denota unas ideas rígidas de tipo federalista sobre lo que es conveniente para la cooperación en Europa, he votado en contra. 
Informe Escudero (A4-410/96) 
Nos abstenemos de votar en relación con el informe. 
Contiene unas observaciones de calidad, pero nos resulta imposible adherirnos a algunos de sus apartados. 
En el considerando K se habla de los cuatro símbolos de la «identidad cultural europea» , el judaismo, el cristianismo, el helenismo y la civilización romana. 
Se dejan de un lado, por ejemplo, la herencia de la cultura musulmana, y también la mitología y la concepción del Derecho nórdico-germánica. 
En el apartado 1 se menciona la necesidad de que el Consejo se aparte del requisito de la unanimidad en beneficio de la exigencia federalista de la mayoría cualificada para las decisiones. 
Creemos que la unanimidad constituye una garantía central para la diversidad cultural en Europa. 
En el apartado 23 el ponente recomienda que la Comisión elabore material escolar sobre la historia de Europa, que «debe introducirse como materia obligatoria en los Estados miembros». 
No creemos que se consiga nada positivo con este tipo de acciones de naturaleza propagandística. 
Cada país debe conservar la soberanía en materia de educación. 
No hay motivo alguno para aplicar el principio de la mayoría cualificada en lo relativo a las cuestiones culturales. 
En la medida en que exista una identidad cultural europea, ésta no puede imponerse por fuerza a través de decisiones por mayoría; eso tendría el efecto contrario. 
El sistema a seguir para la educación en la escuela primaria y el material escolar que se utilice son cuestiones que se deciden mejor a nivel nacional o local. 
La enseñanza y sus contenidos no es algo de lo que deba ocuparse la UE. 
En consecuencia, voto en contra del informe. 
Informe Schimbdauer (A4-12/96) 
El mérito del Libro Verde presentado por la Comisión consiste en abrir el debate sobre la situación de los transportes y abordar el problema de las «externalidades» (accidentes, saturaciones, contaminación... ). 
Felicito a nuestro ponente por su excelente trabajo. 
Ha sabido captar la totalidad del problema al propugnar un enfoque igualitario, esto es, que cada modalidad de transportes deba correr con los costes que genere. 
Por mi parte, quisiera asimismo destacar la importancia que debemos prestarle al transporte combinado. Respetuoso con el medio ambiente y solución para los atascos, representa una opción competitiva. 
Por último, subsiste un punto que suscitará encendidas reacciones: la armonización de los impuestos y cánones a escala de la Unión. 
En este ámbito, la Comisión deberá adoptar un enfoque pragmático. 
Lamento que no se haya preocupado por la opinión pública. 
Aumentar, por ejemplo, los peajes de carretera tiende a excluir a las familias modestas de la utilización de los grandes ejes, y así de poder ejercer una libertad fundamental: la libertad de ir y venir. 
Sobre este punto, la Comisión tendrá que hacernos propuestas. 
El informe Schimdbauer pone de manifiesto el interés y la necesidad de tomar en consideración las externalidades negativas de los transportes, sobre todo, por carretera. 
En efecto, los precios pagados por un transporte concreto a menudo sólo cubren parcialmente los costes reales relacionados con la contaminación, los accidentes y los atascos. 
La medida de los costes de estas externalidades para el conjunto de la Unión Europea (250.000 millones de ecus por año) muestra la importancia del debate y de lo que se juega Europa. 
Así pues, hay que apoyar este texto. 
En primer lugar, por los envites económicos que suscita. 
Intaurar una tarificación de los transportes más equitativa es prever incitaciones capaces de modificar la actitud de los fabricantes y de los ususarios. 
Esto puede traducirse en la red de carreteras, por ejemplo, en una mejora de los flujos que sea favorable a una mejor competitividad de las empresas europeas gracias al ahorro de tiempo. 
Incluir el coste real del transporte es, también, establecer una igualdad de oportunidades entre los modalidades de transporte, situándolas de este modo en condiciones óptimas de competenia en el seno de la Unión. 
Y esta evolución deberá ser tomada en consideración, sobre todo ante la perspectiva de liberalización y apertura de los mercados de transportes. 
Seguidamente, en el plano de la cohesión económica y social, las medidas que integran los costes reales reorientarían invariablemente la inversión de las empresas, lo cual supondría por lo tanto una diversificación de las modalidades de transporte y un desarrollo de las infraestructuras que permitiría, en consecuencia, armonizar y reequilibrar las redes transeuropeas. 
Por último, creo que hay algunas medidas propuestas por el Libro Verde que responden a imperativos ecológicos que los ciudadanos europeos piden, tales como unos impuestos diferenciados según la calidad del carburante, peajes en zonas de atasco o con dificultades, etc. 
El informe Schmidbauer puede contribuir a ello, y ésta es una razón suplementaria para aprobarlo. 
Los socialdemócratas dan la bienvenida al Libro Verde de la Comisión y al informe de Barbara Schmidbauer sobre el transporte. 
Tanto uno como otro son buenas contribuciones al debate. 
En la UE, 15 países han de ponerse de acuerdo sobre los temas que surgen todos los días. 
La política de transporte está relacionada con varios ámbitos de la política. 
Por eso es difícil llegar a un acuerdo en ese ámbito, y uno o varios países tendrán siempre problemas para lograrlo en algunos aspectos. 
Este informe es, por lo tanto, una solución de compromiso. 
Es de gran calidad, pero algunos detalles deben forzosamente ser aclarados. 
Por eso, los daneses no podemos aceptar algunas de sus partes sin más. 
Hay que aclarar además que se trata de iniciativas no legislativas y que hemos de conseguir que se incluyan en el debate todos los aspectos. 
En otro caso, la política permanecería estática y sectores como el transporte de mercancías no avanzarían: estrangulamientos y competencia desleal en cuanto a las tarifas, el consumo de energía, la contaminación, el tiempo de conducción y de descanso, etc. 
Los socialdemócratas daneses han votado a favor del informe sobre la tarifación más justa y eficaz en el ámbito del transporte, porque consideramos que es bueno y porque apoyamos el desarrollo de los parámetros que llevan a una competencia leal no únicamente entre los ofertantes de transporte, sino también entre los modos de transporte. 
En principio apoyamos la votación de los puntos 3 hasta 21. Pero en lo tocante a los puntos 15, 16 y 18 en los que se trata fundamentalmente de la armonización de gastos destinados a la financiación de carreteras, desde un punto de vista austríaco tenemos que exponer objeciones ya que debido a las características de la estructura alpina la construcción y conservación de carreteras y autopistas ocasiona mayores costes que en la media europea. 
Por ello, solamente podemos apoyar una armonización europea global- en lo referente a los puntos 15, 16 y 18- si se garantiza que se va a tener en cuenta esta carga adicional para Austria. 
Informe Schaeffner (A4-0001/97) 
Los abajo firmantes hemos votado en contra del informe Schaffner por las siguientes razones: 
1.Hay numerosos artículos del Tratado de la Unión que por su falta de claridad crean incertidumbre dentro del ámbito del Derecho comunitario, lo cual confiere en la práctica al Tribunal un derecho arbitrario de interpretación, lo cual sería inaceptable en una democracia verdaderamente parlamentaria.2.Las instituciones de la UE han dado repetida muestra de falta de respeto hacia el concepto de soberanía nacional, transgrediendo las competencias establecidas por las directivas, y ampliando constante e inmotivadamente su poder por encima de las administraciónes nacionales de justicia.- Informe Lambraki (A4-0349/96) 
No podemos estar de acuerdo en que se adopten las decisiones del Consejo en materia de inmigración, asilo, estupefacientes, fraude, cooperación jurídica civil, y determinados aspectos de la cooperación policial según el principio de la mayoría cualificada. 
Pensamos que hay que conservar el requisito de la unanimidad. 
A largo plazo, las posiciones comunes alcanzadas a través de acuerdos interestatales constituyen un modelo mejor para dar solución a las cuestiones que abarca el artículo K 1 que unas decisiones adoptadas por mayoría cualificada. 
Deben coordinarse mejor las políticas en torno a la inmigración, el asilo y los visados. 
Esto debería hacerse a través de la unanimidad y no de unas decisiones adoptadas por mayoría. 
La cooperación policial y aduanera debe naturalmente ser de caracter interestatal. 
Si se transfiere la política relativa al consumo de droga a la categoría de política de la UE, esto traería un empeoramiento de la situación, puesto que se reemplazaría la política restrictiva sueca y nórdica por una más liberal en favor de la legalización. 
El informe conllevaría, si se adoptase como una de las políticas de la UE, una fuerte transferencia del poder decisorio de los Estados miembros a las instancias de la UE. 
Por eso voto en contra. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.30 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 30 de enero de 1997. 
Composición del Parlamento 
Les comunico que he recibido, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, la renuncia del Sr. Bernard Tapie con efecto a partir del 4 de febrero de 1997. 
De conformidad con el artículo 12 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, la Asamblea constata esta vacante e informa de ello al Estado miembro interesado. 
Tiene la palabra el Sr. Hory. 
Señor Presidente, me permitirá intervenir brevemente a propósito de Bernard Tapie, ya que lo que le ocurre a nuestro compañero no tiene, a mi juicio, precedente en la historia de nuestro Parlamento, y quisiera hablar de ello con un mínimo de gravedad. 
Bernard Tapie se comprometió personalmente ante usted señor Presidente, así como ante nuestra Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, a renunciar en caso de que su condena penal se hiciera definitiva. 
En efecto, no deseaba escudarse en su calidad de parlamentario para escapar a las consecuencias manifiestamente excesivas de una condena que somos muchos a considerar injusta. 
Efectivamente, lo ha hecho. 
Ha renunciado, pero nadie, ni en el seno de nuestra Asamblea, ni entre la opinión pública francesa, se deja engañar respecto a las razones de oportunismo político que han desencadenado el encarnizamiento judicial del que es víctima Bernard Tapie. 
Uno de nuestros compañeros entre los menos bien dispuestos para con él, estoy hablando del Sr. Thierry JeanPierre, declaró incluso en la televisión que la justicia francesa había sido utilizada como instrumento por el poder político para librarse a una verdadera cacería humana. 
Esa es la razón por la que hoy me permitirá, señor Presidente, declarar ante nuestro Parlamento, -asociando a mis palabras a las miembros franceses de mi Grupomi orgullo en participar en la lucha que Bernard Tapie ha librado en favor de Europa, y declarar también que tengo la esperanza de librar con él muchas otras batallas políticas. 
Sr. Hory, su testimonio de solidaridad figurará en las actas en el momento oportuno. 
Comprenderá que le dejé hablar a pesar de no haber invocado ningún artículo del Reglamento, porque pensé que, visto que nuestro antiguo compañero estaba ausente y no podía pronunciarse, al menos alguien debía decir lo que pensaba en su nombre. 
Puedo decirle que nuestro Parlamento, a través de todos sus órganos, actuó con suma corrección respecto a nuestro compañero. 
Les comunico que el Sr. Kranidiotis ha sido nombrado ministro adjunto de Asuntos Exteriores del Gobierno griego con efecto a partir del 3 de febrero de 1997. 
Le felicito por su nombramiento. 
De conformidad con el artículo 12 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, la Asamblea constata esta vacante. 
Entretanto las autoridades griegas me han informado de la sustitución del Sr. Kranidiotis por la Sra. Anna Karamanou con efecto a partir del 6 de febrero de 1997. 
Doy la bienvenida a esta colega y recuerdo que, en virtud del apartado 4 del artículo 7, todo diputado ocupará su escaño en el Parlamento y en sus órganos con plenitud de derechos, aunque no se hubiere verificado su credencial o no se hubiere resuelto sobre una posible impugnación. 
Señor Presidente, sobre una cuestión reglamentaria. 
Se refiere a una cuestión relativa a los derechos humanos que planteé en diciembre del año pasado y deseo un debate al respecto de conformidad con el artículo 97. 
Es la cuestión del mantenimiento de Roisín McAliskey encarcelada en una cárcel de la categoría A en Gran Bretaña: la cárcel de Holloway, para ser precisos. 
Parece haber un malentendido entre las autoridades británicas y alemanas. 
Al parecer, los alemanes no ponen objeción a que se ponga en libertad con fianza a esa mujer, pero la objeción la hace el Gobierno británico: de forma totalmente innecesaria, dado el trato que está recibiendo esa mujer. 
Están manteniendo a Roisín McAliskey en una cárcel de la categoría A y no recibe la atención médica idónea. 
La desnudan a cada momento para hacerle registros. 
Pido que se haga algo al respecto. 
Esa cuestión no figura en el orden del día. No puedo permitirle que haga más observaciones al respecto. 
Tomo nota de lo que ha dicho Su Señoría y esta Asamblea adoptará las medidas necesarias. 
No puedo permitir que se celebre un debate al respecto ahora. 
Orden de los trabajos 
Señor Presidente, me limitaré a decir que, efectivamente, la Comisión de Pesca ha decidido solicitar la devolución a comisión. 
Someto a votación la solicitud de la Comisión de Pesca. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Lunes y martes: 
No he recibido propuesta de modificación alguna, pero les recuerdo que, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento, ya les comuniqué el 13 de febrero pasado que 71 diputados habían presentado una moción de censura contra la Comisión Europea por su actitud en la gestión de la crisis de la EEB (B456/97/rev./2). 
La moción de censura ha sido transmitida a la Comisión. 
Tal como figura en el proyecto definitivo de orden del día, el debate se celebrará mañana martes a las 15.00 horas. 
Tiene la palabra la Sra. Green. 
Señor Presidente, tan sólo una petición de menor importancia. 
De momento, el plazo para la presentación de textos de transacción para la resolución sobre el informe de la Comisión de Investigación sobre la BBE está fijado para las 16.00 horas de mañana. 
Eso sería antes del debate y antes de que hayamos escuchado adecuadamente la respuesta de la Comisión. 
De modo que quisiera preguntarle si podría retrasar ese plazo hasta al menos las 20.30 horas de mañana. 
Sé que los servicios de la Presidencia tienen poco margen de tiempo y me disculpo por ello. 
Pero no es apropiado que fijemos el plazo para la resolución antes del debate y antes de que el Presidente de la Comisión haya tenido la oportunidad de responder. 
Si les parece a ustedes, yo sugeriría mantener la fecha para el texto común y las enmiendas, pero permitir modificaciones hasta el final del debate- es decir, hasta la 20.30 horas del día de mañana, martes. 
Si hubiese alguna modificación como consecuencia del debate, eso permitiría la flexibilidad a que usted se ha referido y permitiría a los servicios ir trabajando en las traducciones. 
O sea: mantenemos el plazo límite, pero, en caso de modificaciones como consecuencia del debate, se podrán introducir antes de las 20.30 horas. 
Miércoles y jueves: 
El Grupo ARE solicita que la votación sobre las propuestas de resolución presentadas como consecuencia de las preguntas orales relativas a las recomendaciones en materia de EEB se aplace hasta el jueves, a las 15.00 horas, después de la votación sobre la moción de censura. 
Tiene la palabra la Sra. Barthet-Mayer para justificar la solicitud. 
Señor Presidente, permítame proponer, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, una modificación del orden del día que acaba usted de proponernos. 
Efectivamente, deseamos que la votación sobre las propuestas de resolución a raíz del informe de la comisión de encuesta sobre la EEB intervenga después de la votación sobre la moción de censura debidamente presentada sobre el mismo tema. 
Son cuatro los motivos que fundamentan este deseo. 
Primeramente, la moción de censura que se nos presenta aparece como una especie de pregunta previa cuya votación debe intervenir necesariamente antes de la votación de las resoluciones, en la medida en que debe tratarse como se tratan las excepciones de procedimiento en Derecho parlamentario. 
En segundo lugar, sobre el mismo tema, forma parte de la técnica parlamentaria tradicional que el texto más alejado del texto original, o incluso el texto más radical, en relación con el tema tratado, se someta a votación en primer lugar. 
En tercer lugar, si la votación de las propuestas de resolución lograra obtener una mayoría favorable como una reprobación de la actitud de la Comisión menos fuerte que la que implica la moción de censura, la votación ulterior de ésta se encontraría ipso facto despojada de toda significación política. 
Por último, en cuarto lugar, esta situación daría como resultado que las iniciativas de algunos diputados y algunos Grupos se trataría de manera no equitativa, puesto que, en la hipótesis mencionada de la adopción mayoritaria de una resolución menos radical que la moción de censura, una minoría de diputados se vería con ello desposeída del poder de censura, que es una prerrogativa parlamentaria irreductible. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Puerta para intervenir a favor de la solicitud. 
Señor Presidente, en la Conferencia de Presidentes ya expresé los mismos puntos de vista que hoy expone el Grupo de Coalición Radical Europea. 
Yo sé que el Parlamento es soberano y que por mayoría puede decidir lo que crea oportuno- y lo vamos a acatar todos-. 
Pero, ante la opinión pública europea y ante nuestro propio funcionamiento, no tiene sentido que se interfiera con otros elementos la moción de censura a la Comisión Europea, que es un momento, si usted quiere, señor Presidente, dramático, en el que el Parlamento se ve obligado a ejercer su responsabilidad. 
Esta interferencia tiene poco sentido y debilita la votación del jueves sobre la moción de censura. 
Incluso podría decirse que está en contradicción con el artículo 136 del Reglamento y con el desarrollo y las consecuencias del informe de la Comisión de Investigación. 
La Comisión de Investigación no ha decidido que se presente ninguna resolución. 
Tampoco ha decidido que se presente una moción de censura. 
Pero setenta diputados de este Parlamento, ante la gravedad de los hechos ocurridos, que tienen mucho que ver con la salud de los europeos, con la realización del mercado interior y con el propio funcionamiento de las instituciones democráticas europeas, han presentado una moción de censura. 
Y esta moción de censura es prioritaria. 
Esta moción de censura no puede verse alterada por un debate y una votación previos sobre unas propuestas de resolución. 
Yo creo que si seguimos manteniendo este modelo de funcionamiento, vamos a faltar a nuestro propio respeto como parlamentarios, y a lo que demanda de nosotros la opinión pública europea. 
Por lo tanto, desde mi Grupo y con los setenta diputados que han presentado la moción de censura, planteo, de total acuerdo con el Grupo de Coalición Radical Europea, que las votaciones sobre las propuestas de resolución se hagan después de la votación sobre la moción de censura. 
En ese caso, si la moción de censura no tiene éxito, los diputados que presentamos la moción de censura incluso podríamos coincidir con algunas resoluciones que se planteen a través de la declaración política del Parlamento. 
Pero no podemos permitir que se hable de una moción de censura, condicionada para varios meses después en una resolución política, cuando estamos planteando, desde nuestra penosa responsabilidad, una moción de censura a la Comisión. 
Y somos conscientes de que, si las instituciones democráticas europeas y este Parlamento funcionaran de otra manera, probablemente se podría presentar una moción de censura o de reprobación, por ejemplo al Comisario de Agricultura. 
Como no es posible, mantenemos como prioritaria la moción de censura. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Martens para intervenir en contra de la solicitud. 
Señor Presidente, mañana, de las 15.00 a las 15.30 horas, celebraremos un debate conjunto sobre tres puntos del orden del día: el informe Medina, las preguntas orales con debate, con un debate sobre las propuestas de resolución, y un debate sobre la moción de censura presentada por el Sr. Happart y compañía. 
La gran mayoría de la Conferencia de presidentes consideraba que debíamos seguir el procedimiento normal en lo referente a la votación, es decir, el miércoles por la tarde sobre las resoluciones presentadas. 
Por otra parte, la propuesta de orden del día determina que votaremos las resoluciones de los informes cuyo debate está cerrado. 
En virtud del artículo 34, apartado 5 del Reglamento, la votación sobre la moción de censura será nominal y no tendrá lugar antes de 48 horas de iniciarse el debate. 
La cuestión, Señorías, es si con este procedimiento nuestra Asamblea puede iniciar un debate político fundamental, y si el miércoles por la tarde todo el mundo puede juzgar a conciencia en la votación sobre las resoluciones y, el jueves a las 15.00 horas, sobre la moción de censura. 
Deseamos un debate completo y profundo. 
Se ha querido que los tres puntos se trataran conjuntamente, tanto el informe Medina como las preguntas orales con las propuestas de resolución y la moción de censura. Pienso que no se pretende de ningún modo impedir que los diputados de este Parlamento voten en plena libertad. 
Y esta es la razón por la que nosotros y la gran mayoría de la Conferencia de presidentes hayamos propuesto celebrar este debate conjunto, que haya un plazo de reflexión, tal y como establece nuestro procedimiento, para votar sobre las resoluciones, y que asimismo se vote con un plazo, aunque más largo, establecido en el Reglamento sobre la moción de censura. 
Por esta razón somos partidarios de mantener el orden del día actual, pues no limita nuestra libertad de discusión, ni nuestra libertad de acción, ni tampoco nuestra libertad para votar, y por ello me pronuncio en contra de la propuesta de modificar el orden del día y pido a la mayoría de esta Asamblea que acepte el orden del día tal y como ha sido establecido por la Conferencia de presidentes. 
Someto a votación, a solicitud del Grupo del PPE, la propuesta del Grupo ARE. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de modificación del orden del día) 
Carta de la energía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0041/97) de la Sra. Matikainen-Kallström, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión (COM (95) 440-12046/96- C4-0664/96-95/0237 (AVC) ). relativa a la conclusión por parte de las Comunidades Europeas del Tratado sobre la Carta de la Energía y del Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados 
Señor Presidente, señoras y señores, la Carta Europea de la Energía es una iniciativa encomiable. 
Es importante dar un fundamento de Derecho internacional a los principios de la cooperación en materia de política energética, de la eficacia energética y a los aspectos de medio ambiente que están relacionados con los mismos. 
Con demasiada frecuencia hemos hecho esto demasiado tarde y seguimos teniendo dificultades en encontrar un denominador común. 
La Carta de la Energía posee cuatro objetivos importantes: crear un mercado abierto para materias primas energéticas y productos energéticos, facilitar el transporte en tránsito de productos energéticos, fomentar la transferencia de tecnología, cosa que es importante, sobre todo, para los estados de la Europa oriental y para los estados de la CEI, y limitar a un nivel mínimo los efectos medioambientales sin dejar de tomar en cuenta adecuadamente la seguridad. 
Hoy me importa este último aspecto. 
Los aspectos medioambientales entran en la Carta en el marco del Protocolo sobre la eficacia energética. 
Considero bueno e importante que exista por fin algo así como la Carta y no puedo menos que recomendar junto con mis colegas de la Comisión de Energía la aprobación del primer tratado de puesta en práctica de la Carta. 
Pero lo que se nos presenta en el mismo no es carne ni pescado. 
¿Por qué se regulan en un Protocolo los ámbitos eficacia energética y medio ambiente, cuando prescindimos del artículo 19, no vinculante, del Tratado? 
Porque en caso de duda las disposiciones del Tratado tienen prioridad sobre el Protocolo. 
Las formulaciones del Protocolo se caracterizan por construcciones diplomáticas que sólo disimulan moderadamente la falta de sustancia. 
Que se elaboren «en la medida de lo posible» políticas de eficacia energética de bajos costes y económicamente eficaces y se tengan en cuenta debidamente los aspectos del medio ambiente, como reza el artículo 3 del Protocolo, suena ya suficientemente débil. 
No hay una sola palabra acerca de introducir normas jurídicamente vinculantes para la protección del medio ambiente y para la seguridad en el caso de las instalaciones productoras de energía en los países de la Europa oriental, al menos, en aquellas instalaciones que suministren, por ejemplo, energía eléctrica a la Unión Europea. 
Es un chiste que Austria se oponga a Mochovce, pero considere importar energía eléctrica de Ucrania. 
En el año 2005 los estados signatarios de la Convención de Río deberían haber reducido realmente su consumo energético al nivel del año 1990. 
Nos hallamos muy lejos de esto. 
Luego ha aparecido la idea de ahorrar en otro lugar, donde cueste menos, por ejemplo en los estados de la CEI o en los países de la Europa central y oriental. 
Mediante el sellado de las fugas en los gasoductos entre Siberia y los países de la Europa oriental se podría contener eficazmente el efecto invernadero. 
Si se escapa sólo un 5 % de metano, su potencial de generar el efecto invernadero es tan grande como el potencial del 95 % restante que queda como CO2 tras la combustión. 
No obstante, aquí se está desaprovechando la ocasión de prescribir, por ejemplo, de manera vinculante el estado de la técnica para las inversiones. 
Mientras la competencia... 
(Interrupción por el Presidente) Quiero hacer un llamamiento a todos mis colegas para que mantengan abiertos los ojos y llamen la atención de la opinión pública acerca de las deficiencias de la Carta. 
Le damos nuestra conformidad porque es mejor que nada, pero tampoco mucho más. 
Señor Presidente, Señorías, la Carta europea de la energía constituye el marco del acuerdo político entre los países del Este y los países occidentales, y dentro de los países del Este tiene una enorme singularidad la Federación Rusa. 
Las grandes reservas de gas del mundo están en Rusia- en la península de Yamal, en el mar de Barens, en Siberia- y la Unión Europea se ha embarcado en un programa importante de aumento del consumo de gas. 
Espero que pronto tengamos en esta Asamblea la nueva directiva que regula la liberalización del mercado de gas y, por ello, para nosotros es trascendental lo que suceda en la Federación Rusa. 
Como han dicho otras personas que han intervenido, vamos a apoyar plenamente el dictamen conforme relativo al Tratado sobre la Carta de la Energía, y al protocolo sobre la eficiencia energética y los aspectos ambientales que lo acompaña. 
Creemos que el Tratado está bien aunque, como decía el Sr. Stockmann, los hechos son pequeños. 
En los países del Este se podría ahorrar entre un 30 % y un 40 % de la energía que se consume. 
Eso es muchísimo. 
Hay que tener en cuenta que la Federación Rusa obtiene el 60 % de sus divisas de las exportaciones de productos energéticos y eso podría aumentar mucho más y, por otra parte, los países occidentales también podrían reducir en un 20 % su consumo. 
Esa es la mejor medida para el medio ambiente, señor Presidente. 
Pero hablamos mucho y creo que hacemos poco. 
Respecto al medio ambiente, creo que es urgente que para todas las acciones que se promuevan en el Tratado de la Energía se hagan estudios de impacto ambiental previos, y ecoauditorías en las instalaciones existentes, a fin de corregir los muchos deterioros que hay no solamente en los países del Este- que los hay -, sino también en nuestros países. 
La Carta se proyecta en tres niveles: el propio Tratado, los acuerdos específicos en tres países y las acciones concretas. 
A todo ello deberían aplicarse las medidas que he mencionado. 
Señor Presidente, el Tratado sobre la Carta europea de la energía y el protocolo sobre la eficiencia energética contribuyen de modo importante a un consumo más limpio y eficiente de la energía; es bueno para el medio ambiente, y el Grupo de los Liberales lo apoya plenamente. 
Es preferible invertir en la eficiencia energética allí donde hay un mayor rendimiento ecológico, es decir, en estos momentos, en la Europa Central y Oriental, donde es posible realizar fácilmente un ahorro de energía del 30 ó 40 %, empezando por la extracción y el transporte de las materias primas. 
Las empresas occidentales pueden ayudar ofreciendo asesoramiento e innovaciones tecnológicas. 
La ventaja es doble: costes bajos de la energía y un medio ambiente más limpio. 
El consumo de energía por unidad de producto nacional bruto en dicho país es siete veces superior al de la Unión Europea. 
Sin embargo, gracias a un préstamo del BERD se están construyendo dos nuevas centrales nucleares, porque se piensa cerrar Chernobil, en contra del dictamen emitido por un grupo independiente de expertos. 
Por ello, mi pregunta a la Comisión y a la Sra. Wulf-Mathies es la siguiente: ¿puede el BERD invertir en nuevas centrales nucleares en Ucrania si esta no es la solución más barata para el problema energético del país? 
¿Acaso uno de los criterios para los préstamos del BERD no es que hay que elegir la solución económicamente mejor, es decir, la más barata? 
¿Se atrevería usted, señora Comisaria, y la Comisión... ... ? 
(El presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, ha habido y hay una crítica muy justificada a la Carta de la Energía. 
Por un lado, por razones de contenido y, naturalmente, también por razones formales. 
El Parlamento sólo puede decir sí o no. 
Sin embargo, hay que reconocer que el Parlamento no se ha esforzado excesivamente por ejercer su influjo, esto es lamentable y un tanto vergonzoso. 
Pero hay que reconocer también que es la primera vez que tenemos regulaciones de Derecho internacional, aunque no enteramente vinculantes, sobre la inclusión en los costes de medio ambiente y en el principio de quien contamina paga. 
Quienes me han precedido en el uso de la palabra lo han comentado ya. 
Con todo, éste es ya un pequeño paso aunque también, lamentablemente, -justamente en lo que se refiere al medio ambiente- sólo está establecido en el Protocolo. 
Creo que es tarea de la política y, naturalmente, también de la Comisión procurar que esto se aproxime algo a los elevados fines y objetivos. 
Creo que nuestra tarea sería ahora, sobre todo, la de ocuparnos un poco de esto en vez de levantar meramente el brazo mañana y decir que sí. 
En efecto, la reflexión sobre el medio ambiente no sólo ha de ser tenida en cuenta a la hora de aspirar a una política energética, sino que debe ocupar el lugar central de las reflexiones. 
Precisamente así hay que mejorar la eficacia energética, hay que descubrir fuentes de energía renovable y hay que aprovecharlas a través de mejores transferencias de recursos y de mejores programas marco. 
Precisamente en esto vamos delante como Comunidad con el peor ejemplo. 
En este punto sólo quisiera traer a la memoria el programa SAVE, el THERMIE, etc. Esto que en la Carta de la Energía figura como deseos elevados se va a llevar a la práctica, al menos en sus rudimentos. 
Señor Presidente, el examen de la Carta de la Energía ha requerido más tiempo de lo que su promotor, el ex primer ministro neerlandés Lubbers, tenía previsto en 1990, sobre todo por el mayor pundonor que muestran los países del Este. 
A la postre creo que ha sido positivo que transcurriera más tiempo, porque de lo contrario el Tratado habría sido demasiado ventajoso para los países occidentales. 
El texto actual es un buen compromiso entre los intereses de los países productores de materias primas y los compradores. 
Sin embargo, mis sentimientos siguen siendo ambivalentes con respecto a esta Carta. 
Es evidente que los europeos del Este se benefician al vender grandes cantidades de combustibles fósiles. Necesitan la moneda para poder levantar sus economías. 
Pero a la larga, esta Carta puede presionar sobre los precios de la energía al aumentar la oferta de crudo y gas. 
A mi entender, razón de más para gravar cuanto antes la energía, pues los precios bajos para las fuentes fósiles no favorecen la introducción de fuentes renovables. 
En este sentido, la Carta de la Energía es de hecho una pieza anticuada de pensamiento a corto plazo, por mucho que se afirme lo contrario. 
Es positivo que se haya añadido a esta carta el protocolo para la eficiencia energética, evitando así el trabajo que costaría añadirlo después. 
Evidencia que la reflexión sobre el uso económico de la energía se ha generalizado. 
Al igual que la ponente, tengo mis dudas en lo referente a la aplicación real del protocolo. No se ejerce ningún tipo de presión para mejorar el rendimiento. 
Comprendo que con un Tratado multilateral de este tipo no se puedan forzar muchas cosas, pero ahora se han dejado muchas cosas a la buena voluntad de los Estados miembros. 
Las medidas ambientales no contrarrestan suficientemente el efecto invernadero, que con este Tratado no hace más que aumentar. 
A pesar de todo, el Tratado cuenta con nuestra aprobación. Por lo menos ofrece cierta estructura y cierta seguridad jurídica en el comercio de petróleo y gas. 
En el futuro, la Unión tendrá que hacer todo lo posible por contribuir, a través de programas como SYNERGIE y PHARE, a las medidas de ahorro energético en Europa del Este, algo que es muy necesario. 
Señor Presidente, yo estuve en Lisboa representando al Parlamento cuando se firmó el Tratado sobre la Carta de la Energía. 
En aquel momento estaba claro que, si no se tomaban muy en serio esos protocolos, podíamos acabar viéndonos en una situación bastante peligrosa. 
Estamos dependiendo cada vez más del combustible importado, pero en la parte oriental de Europa y más allá, por lo que podemos atar cabos y desarrollar relaciones comerciales. 
Sin embargo, si nos limitáramos a hacer eso y no nos ocupásemos de la eficiencia energética en la protección medioambiental, acabaríamos con una situación que sería mucho peor que la actual. 
Permítaseme decir que, en cualquier caso, deberíamos estar utilizando más las fuentes energéticas autóctonas y no depender tanto de los combustibles importados. 
Ya se han citado los problemas medioambientales: los gases que contribuyen al efecto de invernadero: el CO2, sobre todo, pero también el metano, como mi colega el Sr. Stockman ha explicado muy bien; la energía nuclear, en los casos en que hay problemas operativos y, naturalmente, problemas para la eliminación de residuos y para el transporte de los combustibles; y la exploración y la producción de petróleo, que también entrañan peligros. 
De modo que necesitamos una estrategia medioambiental a escala mundial con una evaluación de las repercusiones, porque el medio ambiente es de escala mundial. 
Se ha considerado con toda razón la eficiencia energética el quinto combustible. 
Es, francamente, el mejor combustible. 
Cuando existe la posibilidad de ahorrar de un 30 % a un 40 %, como ocurre en algunos de estos países, resulta absurdo que no sea la primera estrategia, que no ocupe el primer puesto en la lista en todas las ocasiones, muy por encima de la innecesaria construcción de reactores nucleares. 
Hay que ajustar este tratado. Es deficiente. 
Por encima de todo, hay que supervisarlo. 
Eso es lo que pido al Parlamento Europeo que se imponga como deber: supervisar el funcionamiento de este tratado. 
Señor Presidente, la situación energética de los países de la Europa central y oriental nos impone una reflexión sobre las condiciones indispensables para que se dé una utilización eficiente de los recursos y sobre el camino que se debe seguir. 
Por buenos que sean los propósitos pregonados por la propaganda oficial, la experiencia ha sido muy dura al mostrar las ineficiencias y los menoscabos del bienestar que se multiplican en un sistema socialista en el que no se tienen en cuenta las condiciones del mercado y en el que, al no haber democracia, los ciudadanos no pueden hacer valer sus derechos. 
Conviene, a su vez, que el camino que se siga sea un camino sin efectos indeseables, de equidad o económicos, cuando es posible una política óptima que los evite. 
Se trata de la consideración que se debe tener en cuenta, en particular cuando hay una nueva iniciativa de la Comisión en el sentido de introducir o agravar la fiscalidad de la energía, en una dudosa en relación con los actuales países miembros e indiscutiblemente incorrecta con vistas a los que son candidatos. 
Al hacer más onerosos en porcentajes los gastos de las familias de recursos más modestos, constituye una fiscalidad regresiva e inicua, y, al haber más gastos energéticos con la maquinaria más anticuada, resulta perjudicada la capacidad competitiva de los países que no han tenido aún la posibilidad de modernizarse. 
Por lo demás, en esos países se da como preocupación primordial la calidad de vida de sus ciudadanos, al corresponder la contaminación global de Europa (emisión de CO2) fundamentalmente a los países más industrializados: Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia, con el 71, 5 % del total de la Unión Europea, porcentaje superior al de su población. 
So pena de hacer más gravosos los presupuestos de las personas que menos tienen y el desarrollo de los más atrasados, la política que se debe seguir, en esos países de la Europa central y oriental, debería consistir más bien en imponer exigencias jurídicas progresivas de modernización de los equipos domésticos y empresariales. 
Al apoyar esta reestructuración, tal como ha ido haciendo, la Unión Europea demostrará sin margen de duda que pretende, de hecho y tan sólo, una solución correcta para el problema existente, con lo que se entrará ya, por lo demás, en la lógica del artículo 130 R del Tratado, con la consideración de la «diversidad de las situaciones existentes en las diferentes regiones». 
Señor Presidente, creo que el Parlamento Europeo debe dar su dictamen conforme a la Carta Europea de la Energía, subscrita en diciembre de 1991 en La Haya. 
La Comisión de Energía del Parlamento Europeo ha estado acertada en instar a la Comisión Europea a que promueva negociaciones con vistas a eliminar incertidumbres confiriendo carácter vinculante al protocolo sobre la seguridad nuclear en esta Carta. 
Desde una perspectiva irlandesa, con las instalaciones nucleares de Sellafield y Thorp a sólo 90 km de nuestras costas, resulta, sencillamente, inaceptable que el Gobierno británico pueda firmar la Carta Europea de la Energía sin que su industria nuclear esté obligada a cumplir esas disposiciones. 
Naturalmente, es importante una mayor protección del medio ambiente y la Unión Europea ha dado un primer paso en la dirección correcta al respecto al ultimar el programa SAVE III encaminado a apoyar las medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. 
Otra preocupación, de hecho, es la liberalización de las redes de electricidad y de gas. 
El consumidor europeo e irlandés, así como los productores, tienen derecho a saber si el aumento de la competencia tendrá como consecuencia mayores gastos energéticos para el consumidor y, naturalmente, los empleados que trabajan en la industria tienen derecho a saber cómo va a afectar a sus puestos de trabajo. 
De modo que en la Carta se debería haber abordado la cuestión de la privatización de los recursos energéticos con mayor detalle, esbozando la protección de que dispone el consumidor que se verá, en última instancia, afectado, por cualesquiera cambios que se hagan al respecto. 
Señor Presidente, hay graves defectos en la propuesta del Consejo, porque las cláusulas relativas al medio ambiente y al ahorro de energía son sólo aspiraciones y la Carta no establece instrumento jurídico vinculante alguno para abordar la grave- según reconocen todos los sectores- degradación y contaminación medioambiental y las normas relativas al ahorro, gravemente deficientes, en los Estados de la Europa oriental, que no dan muestras de tener intención de cambiarlas. 
Ésta podría resultar una Carta para desperdiciar la energía, y no para ahorrarla, por lo que he de decir a Sus Señorías que ése sería un resultado muy grave y peligroso. 
Resultó particularmente evidente durante el intercambio de opiniones con el embajador Sr. Rutten y el Secretario General, Sr. Schuterle, de la Conferencia de la Carta de la Energía que, en lugar de referirse a las dificultades que la Unión podría tener para aplicar las disposiciones relativas al medio ambiente y al ahorro de energía de la Carta de la Energía, dijeron lisa y llanamente que algunos Estados miembros no querían que en la Carta figuraran disposiciones vinculantes relativas al medio ambiente, sino que opinaban que deberían abordarse en otro acuerdo. 
Creo que eso es totalmente inaceptable como política para la Unión Europea o sus Estados miembros. 
En el informe se dice que el protocolo relativo a la Carta de la Energía sobre la eficiencia energética y aspectos medioambientales conexos constituye una base idónea para una mayor protección del medio ambiente, en particular al promover la eficiencia energética, pero la redacción no tiene sentido. 
Dice que debemos fomentar la cooperación para la consecución de los objetivos medioambientales y procurar en particular mejorar la eficiencia energética. 
Quisiera decir que, a la luz de las dificultades que hemos tenido para hacer entender a los Estados de la Europa oriental la importancia de la eficiencia energética, éste es un documento absolutamente carente de sentido. 
La ponente se ha referido a una estrambótica propuesta de importar de Rusia plutonio empleado en el armamento para utilizarlo en las centrales nucleares civiles alegando que eso sería promover la paz. 
Me parece una propuesta increíble. 
Aunque indica que tenemos una escandalosa economía del plutonio y que no deberíamos producir plutonio, espero que podamos celebrar un debate en serio y examinar esa propuesta en el futuro. 
Señor Presidente, señoras y señores, en nombre del Sr. Papoutsis, que actualmente se encuentra en Moscú, quisiera explicarles una vez más la posición de la Comisión sobre este importante informe. 
Permítanme que en primer lugar subraye que la Comisión concede la máxima prioridad a la ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía y del Protocolo sobre la eficacia energética y de los aspectos medioambientales realcionados con esto. 
Este Tratado no entrará en vigor sino cuando haya sido ratificado por treinta estados, al menos. 
Por consiguiente, actualmente será aplicado provisionalmente, en la medida de lo posible. 
Como ustedes conocen seguramente, la Carta Europea sobre la Energía- una declaración política de intenciones sin obligatoriedad jurídica- ha sido firmada por 51 estados y por la Comunidad Europea. 
La ponente, la Sra. Matikainen-Kallström, a la que doy las gracias por su informe, ha expuesto la historia. 
Por consiguiente, no quiero repetirla una vez más, sino que quiero poner en claro que hasta ahora 49 estados y la Unión Europea han firmado el Tratado que ha surgido luego sobre la base de la declaración política de intenciones. 
Este Tratado sobre la Carta de la Energía constituye el primer acuerdo económico que ha sido firmado por todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética, por los países de la Europa central y oriental, por la Comunidad Europea y por sus 15 Estados miembros así como por otros estados miembros de la OCDE. 
Su objetivo principal es la consecución de un marco jurídico para una cooperación a largo plazo en el ámbito energético sobre la base de la reciprocidad y del provecho mutuo. 
El Tratado contiene disposiciones sobre el alumbramiento, la producción, el tránsito y el libre comercio de materiales primarios de energía y de productos energéticos, así como la protección de las inversiones y de la libre circulación de capitales. 
El Tratado y el Protocolo contienen también declaraciones generales sobre aspectos medioambientales y sobre el aumento de la eficacia energética. 
Más de lo que ustedes han criticado justificadamente con escasa amabilidad no fue posible lograr en las negociaciones. 
No obstante, es un importante primer paso que estos principios hayan sido firmados, al menos, por tantos estados. 
Naturalmente, a la hora de llevar a la práctica la Carta y el Tratado, la Comisión se habrá a orientado aquí por las posiciones del Parlamento Europeo que han sido expuestas aquí. 
En noviembre la Comisión presentó la comunicación y la propuesta de un acuerdo del Consejo y de la Comisión sobre la celebración del Tratado sobre la Carta de la Energía y del Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y de los aspectos medioambientales relacionados con ambos. 
Esta propuesta prevé complementariamente a la celebración del propio Tratado el depósito simultáneo de los documentos de ratificación por parte de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros, así como un procedimiento simplificado para la fijación de la posición de la Comunidad Europea en la Conferencia sobre la Carta de la Energía. 
En diciembre del año pasado el Consejo se puso de acuerdo sobre un texto consolidado del acuerdo. 
Este acuerdo se halla ahora en el Parlamento Europeo para su aprobación. 
Aunque la Comisión es consciente del hecho de que el texto aprobado por el Consejo se diferencia notablemente de la propuesta primitiva de ella, se puede adherir a este texto para mostrar su disposición a un compromiso, si el texto, tal como parece ser el caso por las intervenciones del debate, logra también la aprobación del Parlamento Europeo. 
Por esta razón quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Maitikainen-Kallström, porque su informe apunta precisamente en esta dirección. 
La Comisión cree que es de una gran importancia política el hecho de que la Comunidad Europea ratifique lo más rápidamente posible el Tratado sobre la Carta de la Energía a fin de garantizar a tiempo su aprobación mediante la ratificación por parte de los Estados miembros. 
Nueve Estados miembros han concluido ya su procedimiento de ratificación y la mayoría de los demás Estados miembros se encuentran a punto de concluirlo. 
De la conclusión del procedimiento de ratificación se puede seguir desde la Unión Europea y de sus Estados miembros una señal positiva para Rusia, la cual, aunque ha firmado, tiene en curso en este momento el procedimiento de ratificación. 
Creo que se puede suponer que los demás Estados Independientes y los países de la Europa central y oriental reaccionarán también a esta señal. 
La Comisión es de la opinión de que la Unión tiene un gran interés en la celebración del Tratado y que su rápida ratificación es especialmente importante para mantener en pie sin limitaciones el interés de las demás partes contratantes y de la economía de la energía. 
El Tratado sobre la Carta de la Energía será de utilidad, sin duda alguna, para la cooperación entre oriente y occidente la cual en último término nos interesa a todos nosotros. 
Por consiguiente, quisiera pedirles una vez más que den su aprobación a este acuerdo. 
También quisiera hacerles una breve advertencia a la pregunta de la Sra. Plooij-van Gorsel: para el proyecto de Ucrania se están estudiando tanto un crédito del BEI como los créditos G7; sin embargo, hasta ahora están pendientes aún las decisiones y los dictámenes que ustedes han descrito aquí juegan también un papel en la revisión. 
Señor Presidente, quiero formular una pregunta a la Comisaria. 
Parece ser que se ha publicado un informe elaborado por un grupo de expertos. 
¿Podría el Parlamento recibir este informe? 
Es sumamente importante en este caso, también en relación con mi pregunta. 
Pido que comprenda que no conozco este informe, pues hoy represento solamente al Sr. Papoutsis. 
Sin embargo, le transmitiré su deseo. 
Luego contestaremos por escrito a su pregunta para decirle si existe tal informe y cómo podemos proceder con él. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Problemas de desarrollo en Italia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0405/96) del Sr. Podestà, en nombre de la Comisión de Política Regional (C4-0050/96, C4-0051/96 y C4-0052/96) , sobre los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en Italia 
Señor Presidente, queridos colegas, la política de cohesión económica y social, cooperación y solidaridad interregional representa uno de los principales objetivos de la política de la Unión. 
En este contexto, los Fondos estructurales representan un instrumento especialmente significativo para intentar reducir las graves disparidades que existen entre las distintas regiones de Europa. 
Ahora bien, el caso de Italia es uno de los más interesantes porque Italia- tercer país beneficiario de los Fondos estructurales, después de España y de Alemania- tiene una dificultad estructural para utilizar estos recursos. 
En los trabajos que han llevado a la redacción de este informe y en los que la coincidencia de las aportaciones de los colegas ha sido especialmente significativa- cosa que les agradezco- hemos tratado de determinar cuáles son los motivos principales de esta dificultad y determinar también mediante qué vías sería posible recuperar el retraso acumulado en estos años. 
Los factores son distintos, pero cito sólo los principales: en primer lugar, naturalmente la inestabilidad política del país durante todos estos años: basta con pensar que hemos tenido más de cincuenta gobiernos en los cincuenta años siguientes a la guerra; la fragilidad de las estructuras administrativas, tanto las centrales como sobre todo las regionales, y cierta incapacidad demostrada en el ámbito de la programación y de la aplicación de los propios programas; una pluralidad de centros de decisión, teniendo en cuenta también que la introducción de las regiones en Italia no ha repartido fundamentalmente las competencias sino que ha llevado a una superposición de momentos de toma de decisiones; la presencia de un cuerpo legislativo excesivo y a veces contradictorio, con procedimientos burocráticos largos y muy complejos; la falta de coordinación entre las estructuras comunitarias y las italianas, centrales y regionales, que ha llevado a notables retrasos en la transmisión de las informaciones y tengo que decir que muchas veces también en la transparencia de las propias informaciones; por último, el retraso acumulado en la utilización de los recursos para el período 1989-1993: a este respecto es conveniente recordar la posibilidad, ofrecida por el acuerdo que la Comisaria, la Sra. Wulf-Mathies, celebró con el entonces Ministro Masera, de utilizar hasta el final de 1997 lo que se hubiera comprometido antes del final de 1996. 
Pero todo esto ha hecho ralentizar inevitablemente el despegue de la utilización de los recursos del período siguiente, es decir, hasta 1999. 
Pues bien, ¿por qué esta situación sigue siendo una situación difícil de gestionar por parte de Italia? 
En la práctica nosotros vivimos dos situaciones completamente distintas. 
Las regiones del sur de Italia- incluidas todas en el objetivo 1, salvo la de los Abruzos, que sólo ahora sale del objetivo 1 porque ha mejorado sensiblemente su situación, y aquí pongo de relieve una enmienda que se votará mañana sobre la necesidad, también en el futuro, de tener momentos de transición suave- tienen una tasa de desarrollo extremadamente más baja con respecto a las regiones del centro y el norte de Italia y presentan tasas de desempleo mucho mayores. 
Por otra parte, mañana mediante una enmienda introduciremos una actualización de los datos relativos al empleo, que, desgraciadamente, demuestran que la situación en nuestro país se ha hecho todavía más difícil. 
Por otro lado, tenemos algunos datos- que, desgraciadamente, no son aún oficiales y que, por lo tanto, no podemos incluir en este informe- que nos consuelan de algún modo por lo que respecta a la utilización, que en los últimos meses, gracias también y sobre todo al esfuerzo del Centro de Control Nacional y Regional, ha empezado a hacer mejorar una situación que sin embargo, tenemos que decirlo, no es aún satisfactoria. 
Pues bien, la situación de nuestro país no es única en la realidad europea, pero es sintomática de cómo debemos esforzarnos- y éste es el sentido del informe- por agilizar los procedimientos de autorización, mejorar la coordinación entre los niveles comunitario, nacional y regional para que no haya una pérdida de recursos que, más aún en período de Maastricht, son quizás los únicos de que se dispone. 
Señor Presidente, queridos colegas, en el ámbito de las políticas estructurales las regiones italianas se caracterizan por claras divergencias- como decía hace un momento el Sr. Podestà- que hacen que el mapa de las intervenciones no sea homogéneo. 
Por eso todo el Sur está incluido, a todos los efectos, entre las regiones del objetivo nº 1, y el centro y el Norte muestran, en su totalidad, el carácter específico de las regiones de los objetivos núms. 2, 5a y 5b. 
En el marco de esta falta de homogeneidad, desgraciadamente, el único elemento homogéneo, según los datos sobre la utilización de los Fondos a finales de 1996, es la extrema dificultad para disfrutar de ellos. 
Además, esta deficiencia se repite porque se ha encontrado también en la aplicación del marco comunitario de apoyo 19891993. 
Antes de examinar los motivos internos, es decir, en el interior de nuestro país, repito lo que decía hace un momento el Sr. Speciale: uno de los motivos principales es ciertamente la complejidad de los reglamentos de los Fondos estructurales, que el pasado quinquenio impidió también a otros países una total utilización de los recursos. 
Pero los problemas italianos añaden a esa dificultad las relacionadas ante todo con la fragilidad de sus estructuras administrativas regionales, que, en virtud del principio de subsidiariedad, deberían seguir el proceso de programación y de utilización de los Fondos, pero que, en realidad, a menudo encuentran graves dificultades para administrar los planes de desarrollo regional acordados con la Comisión. 
Por lo tanto, habría que preguntarse si la flexibilidad de la que se habla en el ámbito de la CIG no puede ser invocada también para la política de cohesión. 
Hay, efectivamente, países extremadamente preparados para afrontar el tema del regionalismo, acostumbrados desde siempre a pedir a regiones, departamentos, Länder y condados responsabilidades administrativas. 
En Italia, a pesar de que desde hace algunos años hay una estructura regionalista y, a veces, existe una autónoma desde hace muchos años, lamentablemente, el principio de subsidiariedad ha fracasado en muchos casos. 
Por lo tanto, sería conveniente establecer que si todas las regiones están verdaderamente en condiciones de gestionar la aplicación de los Fondos, se les deleguen todas las responsabilidades en la materia, pero que, en caso de que esto resulte difícil, el país interesado pueda adoptar medidas alternativas e indicar estructuras adicionales establecidas al efecto. 
La institución en Italia del Centro de Control es un signo ciertamente positivo. 
Un signo ulterior podría ser, y aquí estoy de acuerdo con lo que decía el Sr. Speciale, la adopción de un sistema destinado a sustituir a los que anualmente se revelen incapaces de utilizar los recursos comunitarios. 
Otro hecho positivo es el surgimiento de los pactos territoriales, lo que supone el inicio de la toma de conciencia de un enfoque metodológico nuevo y correcto en los temas de desarrollo. 
Creo que la carencia de informaciones ha sido uno de los principales obstáculos para la plena utilización de los Fondos. 
También por este motivo es deseable que las regiones italianas se manifiesten, ante la Unión, mediante la apertura de sedes representativas que constituyan canales de información para los agentes públicos y privados que quieran utilizar esos Fondos. 
En ese sentido, he presentado una enmienda que se debatirá mañana. 
Italia está realizando un gran esfuerzo para recuperar el retraso acumulado. 
Por otra parte, es necesario que el principio de adicionalidad se respete sobre todo para las regiones del Sur, que hoy, ante, por un lado, una reducción significativa del apoyo financiero del Estado y, por otro, la infrautilización de los Fondos estructurales, corren el riesgo de verse doblemente perjudicadas. 
Deseo, pues, que la Comisión vele con atención por el respeto del principio de adicionalidad, un principio fundamental de la política europea de cohesión. 
Señor Presidente, es muy difícil en este momento, después de lo que ha dicho el ponente, el Sr. Podestà, y los colegas Speciale y Viola, y con esta afonía que hoy me aqueja, intervenir para repetir cosas que todos compartimos, sobre todo los que, en el seno de la Comisión de Política Regional, han podido apreciar, desde su inicio, el informe que lleva el nombre Podestà, porque ha sido realizado por el Sr. Podestà, pero con el concurso y la contribución armoniosa de todos los miembros de la comisión. 
Dicha cooperación ha sido puesta de relieve hace un momento por el Sr. Speciale, excelente presidente de esa comisión, y tengo el deber de decirlo públicamente, porque nos ha permitido a todos trabajar en la búsqueda de una visión realista y objetiva- puesto que de objetivos se trata- de la situación. 
Italia es, dada su configuración, un país que ofrece un muestrario muy válido para otros Estados miembros. 
¿Cuál es el compromiso que me permitiría solicitar, teniendo en cuenta la presencia de la Comisaria, la Sra. WulfMathies? 
La necesidad de una simplificación que tantas veces se ha leído entre líneas en las propuestas de la Comisión, cuando nos hemos reunido con la Comisaria en la Comisión de Política Regional, y en el mismo informe del Sr. Podestà y que emerge de manera muy urgente de las intervenciones de los colegas: la exigencia de simplificar algunos procedimientos, la exigencia de racionalizar y armonizar más las distintas actividades, Comisión-Estado miembro-regiones. 
Creo que el punto decisivo no debe concretarse sólo en la superación de hechos estructurales y de hechos culturales; creo que debe solicitarse, sobre todo, una superación de culturas físicas, que prevalecen no sólo en el Estado miembro y en los ámbitos locales, sino también en algunos departamentos significativos de la propia Comisión. 
Es necesario que haya una cohesión cultural con las orientaciones de la Comisaria y que haya un objetivo común: el que se prefigura y que presumo que puede demostrar que ha precisado el informe del Sr. Podestà, al que expreso toda mi consideración. 
Señor Presidente, en 1957 se firmó el Tratado de Roma, y hoy, después de cuarenta años de construcción europea, tenemos que constatar que, según el informe anual del Tribunal de Cuentas, la mayor parte de los errores de la gestión de los Fondos estructurales hay que atribuirlos a los Estados miembros. 
En la compilación de la petición de ayuda, los errores sustanciales y formales son diversos, pero desde luego el mayor y peor error es el cometido por los Estados miembros: obstaculizar el deseo de descentralización política y administrativa manifestado por las regiones y condados. 
La madurez y la capacidad de las entidades territoriales para autogestionarse se ven demasiadas veces ahogadas y condicionadas sistemáticamente por el centralismo de los Estados a los que pertenecen, como se deduce no sólo del informe anual del Tribunal de Cuentas, sino también de las relaciones entre regiones y Parlamento y de la confianza del ciudadano europeo en el Estado. 
El compromiso del Gobierno italiano en reformar el servicio público y simplificar los procedimientos de utilización de las asignaciones necesarias para la asistencia técnica relativa a la gestión de los Fondos estructurales no basta. 
Cuanto más democrático y federal es un Estado, más eficacia y capacidad manifiestan las provincias, los Länder, las regiones para caminar solos en la construcción de la nueva Europa. 
En Europa son muchas las entidades territoriales que tienen la madurez y la capacidad para mantener relaciones directas con las estructuras europeas, pero son frenadas por la organización centralista del Estado al que pertenecen. 
En Italia hay unas regiones con una antigüedad de cincuenta años a las que se considera intencionadamente menores de edad, y otras, también de la misma edad y manifiestamente adultas, privadas de toda iniciativa independiente, democrática y a favor de la libertad. 
¿Qué Europa queremos construir si esta Europa expresa, con su centralismo, la incapacidad de los Estados para utilizar sus recursos? 
Comprometámonos, pues, todos para que se amplíe el alcance de los Fondos estructurales, para que se incluyan las actividades culturales de las zonas interesadas del objetivo nº 5 b, en particular las zonas de montaña, pero sobre todo comprometámonos para que esta Europa sea cada vez más democrática y federal, compuesta por Estados federales, y para que las entidades territoriales puedan expresarse también en la gestión de los Fondos estructurales y demostrar que son mejores que el Estado al que pertenecen. 
Señor Presidente, también yo he apreciado el informe del Sr. Podestà por la claridad demostrada y por la profundización efectuada en los límites de la atribución de los Fondos estructurales, no sólo en mi país, sino también en otros. 
En cualquier caso, es verdad, como saben bien todos los colegas italianos, que los Fondos estructurales comunitarios siguen siendo un recurso indispensable para Italia, en particular para el desarrollo de las áreas meridionales de mi país, donde el desempleo se aproxima ya al 20 %, como recuerda adecuadamente el informe. 
Por eso, los Fondos estructurales se confirman como un instrumento insustituible de solidaridad europea, y precisamente la solidaridad debe volver a ser la base de la identidad europea: sin ella no sería posible ninguna integración comunitaria. 
Por supuesto, hay que tener presentes los culpables retrasos con los que mi país ha utilizado, hasta ahora, los Fondos estructurales. 
Mi país, y por lo tanto sus gobiernos, pero también- sin querer ofender al colega Morettiuna increíble ineficacia burocrática regional, a menudo han hecho perder el acceso a millones de ecus, que, en cambio, nuestras regiones necesitan, tanto en el Norte como en el Sur, porque tanto en el Norte como en el Sur se ha limitado el acceso a estos Fondos. 
Se ha creado, pues, la original situación en la que Italia es uno de los países que más fondos necesita, pero que menos los utiliza. 
Espero que, en particular a partir de la contribución que el informe del Sr. Podestà ha aportado y aporta a este debate, mi país, y los demás países, podrán superar los límites manifestados hasta ahora. 
Señor Presidente, queridos colegas, dos consideraciones sobre el completo y pormenorizado informe del Sr. Guido Podestà: una sobre el si y la otra sobre el cómo del uso de los Fondos estructurales en Italia. 
Sobre el si, es decir, para una mejor eficacia y celeridad de utilización, recojo el punto 6 de la propuesta de resolución para especificar, en caso de retraso por parte de las Juntas de las Regiones, qué agentes públicos alternativos, incluso de manera sustitutiva, deben ser los protagonistas de la cooperación local: agentes y proyectos, por ejemplo, de pactos territoriales por el empleo, instrumentos de desarrollo cada vez más amplios y eficaces en las regiones del objetivo 1. 
Sobre el cómo, es decir, para una mejor calidad de los proyectos, una enmienda, presentada por el Grupo de los Verdes con mi firma, establece la necesidad de que los proyectos de desarrollo regional correspondan a principios de desarrollo sostenible para las fases en curso y para las siguientes; sostiene asimismo la exigencia de implicar al Ministerio de Medio Ambiente y a las organizaciones no gubernamentales. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Podestà por el excelente trabajo realizado: no era una tarea fácil, pero el resultado ha sido excelente. 
En sintonía con el informe quiero ahora insistir en algunas consideraciones. 
La amplitud y la persistencia de las disparidades regionales constituyen una de las diferencias más graves entre la situación italiana y la de sus principales socios. 
Para garantizar que el crecimiento en las regiones subdesarrolladas se refleje en la creación de puestos de trabajo y en el apoyo del proceso hacia la convergencia deben ser posibles, Comisaria WulfMathies, una mayor concentración y eficacia de los Fondos estructurales, una mejor evaluación y un control más efectivo de los resultados y de las finanzas disponibles. 
Para incrementar la competitividad deberían asignarse más recursos para la investigación, el desarrollo y la innovación. 
Como incentivo para que las compañías utilicen tecnologías innovadoras y desarrollen nuevos productos, la Unión Europea debe estudiar una mejor combinación de medidas de asistencia para capitales y empresas, para la transferencia de conocimientos tecnológicos y para las iniciativas de educación y formación, inicial y permanente. 
Las dificultades encontradas en los últimos años en la utilización de los Fondos estructurales han sido y son fuente de grave preocupación para nosotros, los italianos, y para las instituciones comunitarias. 
Con el fin de hacerles frente, recientemente se han intentado introducir algunas novedades en nuestro ordenamiento: el Centro de Control Nacional y los pactos territoriales, institución esta última que podría constituir una expresión significativa del principio de la cooperación social gracias a la presencia de las partes sociales, cuya participación se manifiesta tanto en el momento de la iniciativa como en el de la realización con la asunción de compromisos vinculantes. 
Se trata, en otros términos, de acuerdos según los cuales los operadores locales, los representantes del personal, las empresas y las administraciones públicas se comprometen a realizar proyectos específicos de inversión. 
La promoción del desarrollo local, bien con intervenciones capaces de suscitar en el territorio iniciativas de alcance limitado, relativas tanto a los bienes de equipo como a las infraestructuras, o con las ayudas y los servicios a las PYME, asume cada vez mayor relevancia en el ámbito de una política de desarrollo regional correctamente entendida. 
En efecto, ésta puede favorecer al máximo la creación de puestos de trabajo, valorizando toda una serie de iniciativas que, individualmente, generan pocos puestos, pero cuya combinación puede dar resultados interesantes para una zona o una cuenca de empleo. 
Las medidas de desarrollo local consisten principalmente, pero no exclusivamente, en la promoción de lo que se podría definir como una movilización de las iniciativas, de las capacidades y de los recursos humanos cualificados que permita el nacimiento de sistemas productivos orientados hacia la innovación y la internacionalización. 
En realidad, el desarrollo local tiene por objeto cambiar la mentalidad de los artífices del desarrollo. 
Hay que valorizar al máximo las estructuras existentes de capacidades profesionales específicas, como los BIC, que fueron creados para incentivar la economía local en las áreas que poseen potencialidades de desarrollo industrial. 
Para concluir, creo que debe prestarse una mayor atención a tres objetivos: la lucha contra el desempleo, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y el incremento de los instrumentos para la salvaguardia de la protección medioambiental- medio ambiente y desarrollo sostenible se infravaloran a menudo en las áreas estructuralmente débiles -, todo eso unido a la simplificación urgente de los procedimientos y de los nuevos formularios e impresos informativos. 
Señor Presidente, también yo he apreciado mucho el informe del Sr. Podestà y estoy de acuerdo con las observaciones hechas con respecto al objetivo 2, el de la reindustrialización, en el que quiero detenerme un momento. 
A mi juicio, también aquí los retrasos indican que el problema está en el fondo, en el mecanismo general, quizás en la que, en los últimos años, en nuestro país ha pasado a ser la idea moderna de programación. 
Pero el hecho de que en esas áreas nos encontramos ante intervenciones más concentradas, cantidades también inferiores y, en resumen, una modalidad- la de la reindustrialización- que se une a un tejido económico, productivo y administrativo ya existente, nos debería hacer esperar una mayor velocidad de recuperación. 
Pero, dicho esto, a mi parecer esta experiencia del objetivo 2, muy importante como verdadero laboratorio- no sólo en Italia- que ha confrontado pública y privadamente y ha vuelto a proponer ideas de programación a largo plazo, presenta elementos que debemos trasladar, de manera crítica, al ámbito de la reforma de los Fondos. 
Además de todo lo dicho, ahora quisiera señalar brevemente dos prioridades que se ponen de relieve en el informe: en primer lugar, por lo que respecta a las iniciativas locales- en las que algunos colegas se han detenidoquiero recordar que para desarrollarlas es necesaria otra cultura, una cultura de la gestión y de la promoción y no la del control formal y de la autorización; en segundo lugar, por lo que se refiere a las acciones culturales como motor de desarrollo económico, me parece que debería organizarse también aquí- pero no de manera episódicauna postura de reconstrucción del tejido económico y del tejido social. 
Últimos dos puntos: acciones urbanas y política para la montaña. 
En el objetivo 2 hemos visto a menudo que las acciones acaban en los límites de un barrio. 
Ha sido importante hacerlo, pero creo que todo eso impone la necesidad de una política urbana orgánica y, como se apunta en el informe, de una política para la montaña. 
El 5b nos indica quizás que, en vez de efectuar intervenciones mixtas, en el futuro habrá que concentrarse en una pequeña e importante acción para las áreas de la montaña, europea y también italiana. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a nuestro compañero, Sr. Podestà, por su excelente trabajo sobre un tema particularmente delicado para él, como, por lo demás, lo sería para todos nosotros si tuviéramos que juzgar las repercusiones de las intervenciones estructurales en nuestro propio país. 
Los Fondos estructurales de la Unión Europea fueron creados para favorecer un desarrollo económico y social durable. 
El balance de su puesta en práctica ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente debido a los obstáculos y retrasos en la utilización de las ayudas. 
Sin embargo, el elemento más patente en Italia es que ese país sigue caracterizándose por disparidades regionales sumamente arraigadas. 
Por tanto, me parece indispensable no desmayar en los esfuerzos de la Unión Europea para asegurar un desarrollo equilibrado en toda Italia. 
Efectivamente, la utilización imperfecta de los fondos no significa que no haya necesidades, sino más generalmente que las modalidades de obtención y consumo de los medios disponibles no se han adaptado. 
Me parece inadmisible que, hasta ahora, no se haya previsto ningún sistema para las regiones que pierden su eligibilidad a uno de los objetivos de los Fondos estructurales. 
Tal como lo muestra el precedente que constituye de ahora en adelante el caso de los Abruzos, no se ha previsto ninguna medida de compensación para hacer menos cruel el corte brutal de la ayuda estructural, salvo la prórroga de algunos plazos que permiten concluir los programas en curso. 
En un futuro próximo, otras regiones corren el riesgo de encontrarse en este caso. 
¿Se verán entonces amenazadas con la aniquilación de los esfuerzos que habían abierto la vía a su recuperación económica? 
Sin querer mantener ad vitam aeternam las regiones económicamente frágiles bajo asistencia financiera, me parece que sería irresponsable no crear un dispositivo transitorio de apoyo para estas regiones. 
En caso contrario, sería preciso habituarse rápidamente a la idea de que las acciones estructurales de hoy carecen de todo provecho, puesto que al menor sobresalto económico de una región corre el riesgo de tener como efecto privarla de las ayudas estructurales en cuanto se termine el período programado. 
El ejemplo de los Abruzos debe llevarnos a hacer una rápida reflexión sobre los medios que es preciso poner en práctica para llenar el vacío jurídico que rodea el fin brutal de la eligibilidad de una región a los objetivos de los Fondos estructurales. 
Por tanto, es un asunto de la mayor importancia encontrar una solución antes de 1999, en el marco de la próxima reunión de los Fondos estructurales. 
La urgencia ya no necesita demostrarse. 
Señor Presidente, Señorías, querría en primer lugar felicitar al ponente, Sr. Podestà, por su acierto en tratar los problemas relativos a las intervenciones de los Fondos estructurales. 
No analizaré los temas concretos, porque las personas que me han precedido creo que lo han hecho con suficiente exactitud. 
Me referiré solamente a unos aspectos generales que creo que es interesante que consideremos. 
Por un lado, la preocupación a que hace referencia el Sr. Podestà sobre el futuro de los Fondos estructurales y la necesidad de que la Unión Europea se plantee cuál debe ser el futuro de estos Fondos estructurales en su revisión en el año 1999. 
Vemos con preocupación que la distancia que separa las regiones más desarrolladas de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, lejos de reducirse, tiende a aumentar. 
Por lo tanto, el problema de la aplicación de los Fondos estructurales seguirá siendo importante en el futuro. 
Otro tema preocupante es el hecho de que se hayan perdido recursos por una defectuosa aplicación de estos Fondos. 
Y en este sentido, creo que debe ser también una prioridad adecuar las reglamentaciones de estos Fondos estructurales con el fin de aplicarlos con mayor eficacia. 
Y finalmente, quiero destacar la necesidad de adecuar estos Fondos estructurales y coordinarlos con otros, como por ejemplo los programas MEDA, con los que afectan específicamente al sur del Mediterráneo. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Podestà, y a las comisiones que han participado, por su amplio y fundamentado análisis. 
La Comisión no sólo comparte su preocupación por la deficiente utilización de los Fondos estructurales, sino que también está ampliamente de acuerdo con las medidas propuestas por ellos para el aumento de la eficacia. 
Como ustedes saben, en julio de 1995 la Comisión negoció con el Gobierno italiano un amplio paquete de medidas, encaminado a mejorar la administración de los programas de los Fondos estructurales. 
Este paquete prevé entre otras cosas la creación de nuevas estructuras en el seno de la administración, así como un ajuste de los procedimientos, apoyo especializado y cualificación de los administradores de los programas, procedimientos más eficientes para la inspección, para el control y para la valoración de los programas así como una facilitación de las transferencias de recursos a las organizaciones sustentadoras. 
Habría que destacar una vez más aquí que este paquete de medidas fue aprobado también por todas las regiones italianas en septiembre de 1995. 
Yo lo expliqué una vez más allí a todos. 
Por lo demás, con este programa y con estas propuestas llegamos hasta el límite de las posibilidades de simplificación, pero no se puede prescindir del control y de una correcta gerencia financiera, y creo que debemos estar interesados en que no crearnos dificultades luego. 
El balance y la valoración de lo conseguido hasta ahora han ocupado el punto central de las conversaciones en mi reciente encuentro con el Ministro italiano de Finanzas, Ciampi, el día 20 de enero. 
En la ejecución de los programas la situación en las regiones de objetivo 1 ha mejorado en relación con las cifras de mayo pasado que se mencionan en el informe. 
Los pagos a los destinatarios finales ascienden ahora a más del 14 % de la cantidad total, frente al 7, 7 % de mayo de 1996. 
Por consiguiente, han podido acelerarse claramente. 
Sin embargo, en comparación con los demás Estados miembros Italia sigue estando claramente al margen pues el promedio de la UE se sitúa alrededor del 35 %. 
Esto hay que decirlo también claramente aquí. 
Por consiguiente, no puede deberse solamente a la complejidad de los procedimientos en la Comisión. 
A causa de los deficientes avances in situ no se han podido aplicar aún 1.600 millones de ecus, y en base a la discusión todos nosotros somos también unánimes en que esto no puede quedar así. 
Por esta razón, la Comisión ha acordado una vez más con las autoridades italianas que hay que fijar nuevos objetivos de gasto. 
Los recursos no utilizados de programas que no alcancen estos objetivos, serán deducidos y utilizados prioritariamente para la financiación de programas que tengan más éxito. 
A este respecto no excluyo- y lo digo una vez más aquí con toda claridad- que al final transfiramos recursos a otras regiones en el caso de que en determinadas regiones y tras una prolongada espera no se produzcan mejoras. 
Esto debería motivar a todos a hacer realmente algo en orden a que las personas para las que están pensados los programas puedan, por fin, obtener beneficios de ellos. 
Con este procedimiento la Comisión ha iniciado también los pasos recomendados por ustedes para obstaculizar más pérdidas de recursos comunitarios. 
La Comisión espera todavía dentro de este año un efecto positivo de estas medidas y llevará a cabo ya en el ejercicio de 1998 sobre la base de estas medidas la oportuna valoración que ustedes han pedido. 
Por lo demás, he acordado con el Ministro Ciampi comprobar regularmente tanto a nivel técnico como a nivel político la realización práctica de los acuerdos de julio. 
Esto vale tanto para el cumplimiento práctico de las promesas de reforma como para la inspección del mantenimiento de los objetivos financieros. 
Y tengo un ruego encarecido: en lugar de que creemos nuevas estructuras, permitan ustedes que estas nuevas propuestas y la cabina di regia surtan, por fin, efectos a todos los niveles. 
Nuestro problema es éste: Ahora tenemos teóricamente y sobre el papel un sistema razonable, pero necesitamos las personas que lo apliquen y que también lo conviertan en asunto propio. 
En los programas del objetivo 2 hemos practicado ya correcciones fundamentales con el Gobierno italiano y espero que esto sea útil en el futuro. 
También hemos logrado progresos en el compromiso de los interlocutores económicos y sociales tanto en el marco del acuerdo de 1995 como también en los nuevos programas del objetivo 2. 
Espero que esto sea útil también para un ulterior desarrollo. 
Hemos asumido también, señor Podestà, la petición de usted de utilizar más intensamente en el futuro el potencial económico en el sector cultural y la hemos integrado también en la cooperación con las autoridades italianas, pues está completamente claro que Italia resulta especialmente privilegiada de aprovechar este potencial económico. 
Los Fondos estructurales ofrecen a Italia en el camino hacia la unión económica y monetaria la oportunidad única de llevar adelante la consolidación presupuestaria sin tener que postergar las inversiones del futuro. 
No puedo menos que instar a todos los responsables a que aprovechen esta oportunidad. 
En cualquier caso, la Comisión seguirá presionando enérgicamente para que los recursos lleguen, por fin, a dónde se necesiten con más urgencia, y nosotros esperamos el eficaz apoyo de ustedes. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Problemas de desarrollo en Alemania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0002/97) del Sr. Botz, en nombre de la Comisión de Política Regional (C4-0047/96, C4-0048/96, C4-0049/96, C4-0673/96, C4-0674/96) , sobre los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en Alemania para el período 1994-1999. 
Señor Presidente, distinguida Comisaria, al leer los títulos de los informes tratados hoy, uno podría estar tentado de creer que se trata de asuntos de rutina. 
Sin embargo, quisiera adelantar y fundamentar en un breve comentario previo que en el caso de Alemania se trata de cualquier cosa menos de un asunto rutinario. 
La unificación alemana, que sólo fue posible con la aprobación de los Estados miembros de la entonces Comunidad Europea, nos ha dado a los alemanes la oportunidad de que vuelva a crecer conjuntamente aquello que constituye una sola cosa, como afirmó en 1989 un antiguo miembro de esta Asamblea, Willy Brandt. 
Ante todo, ésta es, naturalmente, una tarea alemana, pero justamente es también una tarea europea, al menos en la medida en que con la antigua RDA- y a esto quiero referirme expresamente una vez más- se ha integrado, y se está integrando, a corto plazo en nuestro mercado interior común la primera región de la antigua economía planificada de la Europa central y oriental. 
Con esto se configura para uno de los Estados miembros más ricos de la Unión Europea- Alemania- una situación completamente nueva. 
Mientras que hasta 1990 las mayores diferencias estructurales entre regiones de este mercado interior se daban fuera de las fronteras alemanas, hoy sucede que dentro de las fronteras alemanas tenemos las diferencias más graves respecto de la creación bruta de valor o de riqueza. 
Asumiendo Alemania este reto de llevar a cabo la cohesión dentro de sus fronteras, asume también una responsabilidad europea. 
Por consiguiente, el empleo concentrado de los Fondos estructurales europeos en los nuevos Estados federados fue, es y será necesario y es recibido con agradecimiento por la población afectada. 
Se trata en total aquí- y lo menciono brevemente una vez más- de 13.640 millones de ecus en el período de 1994 a 1999. 
También siguen siendo necesarias y consecuentes las intervenciones de la Unión Europea en los denominados antiguos Estados federados, el territorio de la anterior República Federal de Alemania. 
Allí se insertan en los objetivos 2 y 5 b). Aquí corresponde emplear alrededor de 2.820 millones de ecus en el citado período de tiempo. 
Quisiera enumerar y comentar con relativa brevedad algunos problemas esenciales de desarrollo que afectan a todos los territorios objeto de actuación, bien entendido a todos los territorios de actuación alemanes, y lo haré, naturalmente, sólo de manera puntual. 
Es necesario acelerar los procesos administrativos entre los niveles de la Comisión, de la Federación y de los Estados federados. 
Si me permiten un comentario personal, en este ámbito se escuchan con frecuencia inculpaciones entre los diversos niveles y, en cambio, quizá soluciones demasiado poco concretas. 
A la vista de la inquietante evolución del mercado alemán de trabajo- no necesito darles aquí las cifras- es preciso acometer de la manera menos complicada posible una adaptación, que en principio ya es posible mediante el reglamento, de los concepciones existentes de ayuda. 
En este contexto es preciso aspirar a una integración más intensa de los interlocutores regionales económicos y sociales en el trabajo de las comisiones de seguimiento. 
En algunos estados federados está ocurriendo esto de manera ejemplar. 
Hay también otros Estados federados, sobre todo entre los nuevos Estados federados, en los que este trabajo debería intensificarse. 
En orden a la reducción del desempleo masivo que aumenta actualmente debería revalorizarse absolutamente el papel de las sociedades locales de empleo y de desarrollo. 
Hay que aumentar claramente la transparencia de los procedimientos de concesión de recursos, como advertencia urgente a las autoridades alemanas, sobre todo, a las autoridades de los Estados federados. 
Habría que evitar en el futuro la cofinanciación, aún exigible, en las regiones. 
En vista de la bien conocida situación presupuestaria es preciso actuar también aquí. 
Permítanme comentar brevemente un problema esencial del ámbito del objetivo 1, en el que estoy actuando también personalmente. 
Quisiera decir expresamente en este punto que aquí tenemos que ver con consecuencias de los cambios de estructura, los cuales se presentan de tal modo que casi todo ha cambiado para casi todos los ciudadanos de casi todos los ámbitos de la vida. 
Esto conduce también a una cierta carga psicológica que no hay que olvidar. 
Debo terminar y quiero decir que los Fondos estructurales de la Unión Europea constituyen y seguirán constituyendo durante mucho tiempo un medio irrenunciable de la construcción de los nuevos Estados federados. 
Estos deben ser configurados y manejados de la forma más flexible posible, incluso para Alemania, con vistas a la situación económica y social que se está volviendo más complicada. 
Se insta a todos los participantes de la Federación, de los Estados federados y de la Comisión, y también aquí del Parlamento, a que hagan su contribución al respecto. 
Señor Presidente, distinguida señora Presidenta, entre los estados europeos Alemania es el segundo país más fuerte, es decir, el segundo receptor más fuerte de los recursos procedentes de los Fondos estructurales. 
Y esto, aunque Alemania debe ser, y es, uno de los países más sólidos de la Unión Europea. 
Esto puede aclararse por el hecho de que la Unión Europea aborda la situación que existe en Alemania y- como ha dicho ya mi predecesor en el uso de la palabra, el ponente Gerhard Botz- presta apoyo de forma masiva en los nuevos Estados federados. 
Pero la Unión Europea asume también la responsabilidad en favor de las regiones más débiles en los antiguos Estados federados. Es importante ver esto, pues como europeos queremos contemplar las regiones, las diferencias regionales. 
Así, por ejemplo, la Unión Europea presta ayuda en Alemania a zonas de objetivo 2, a los llamados gigantes debilitados. 
Estos son las regiones industriales que tienen que superar problemas, que necesitan nuestro apoyo, porque se encuentran inmersos en medidas para la transformación estructural, pero que han sido durante muchos decenios la locomotora de Europa y que, por esta razón, tienen derecho a ser apoyadas. 
En segundo lugar, la Unión Europea presta apoyo también a las regiones rurales, las cuales son totalmente distintas a las regiones industriales, porque tienen que funcionar con otros problemas, en concreto, con el hecho de que falta infraestructura y, entre otras cosas, con el hecho de que la política agrícola europea les causa problemas. 
Lamentablemente, en las demandas a los Fondos estructurales Alemania no es un niño modelo. 
En 1995 se gastó sólo el 21 % de los recursos previstos para zonas de objetivo 2. 
En la zona de objetivo 5b se gastó sólo el 51 % de los recursos. 
Se han desaprovechado oportunidades, oportunidades de impulsar el desarrollo, pero también oportunidades de acercar Europa a los ciudadanos haciéndoles patente que Europa se preocupa por ellos. 
A fin de impulsar realmente también en Alemania el aprovechamiento de los recursos vamos a hacer de ahora en adelante en la comisión y en toda ocasión un seguimiento más concreto, más crítico y más inmediato del pago de los recursos. 
Sabemos que hay que mejorar los procedimientos de solicitud, y respecto del desarrollo futuro de los Fondos estructurales deberíamos tomar muy en serio lo que nos han dicho los representantes regionales incluso en el marco del tratamiento del informe de Gerhard Botz. 
Deberíamos intentar contribuir a que en el desarrollo futuro de los Fondos estructurales éstos sean simplificados, se produzca una concentración, se refuerce el partenariado, se eviten las dobles financiaciones y, sobre todo, se produzca transparencia, de suerte que las personas vean qué ocurre en su región con los recursos europeos. 
No puede seguir ocurriendo que se supriman recursos sin que quede clara una cosa: que la Unión Europea asume la responsabilidad en favor de todos los que viven en Europa, viven en las regiones y necesitan ayuda. 
La ayuda europea en Alemania se puede ver. 
Nosotros la apoyamos de forma masiva. 
Naturalmente, seguiremos poniendo el dedo en los ámbitos de problemas e intentaremos realizar mejoras donde ello sea necesario. 
Apoyamos enteramente el excelente informe de mi amigo Gerhard Botz. 
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidos colegas, en primer lugar quisiera reconocer y elogiar expresamente en nombre de mi grupo, como lo hace también muy bien el ponente en su informe, los esfuerzos conjuntos de Alemania y de la Unión Europea en favor de la construcción económica de los nuevos Estados federados así como la feliz contribución de los Fondos estructurales al mejoramiento de la situación en las zonas de objetivo 2 y de objetivo 5b. 
En el futuro veremos también en los Fondos estructurales una expresión irrenunciable de solidaridad europea con las zonas desfavorecidas de Alemania. 
Este informe realiza un balance provisional entre la problemática del desarrollo y las medidas de los Fondos estructurales. 
Al Parlamento y a la Comisión les corresponde la tarea de sacar del mismo las conclusiones para el próximo período de planificación. 
Permítanme que enumere algunas de estas conclusiones e incluso criterios de experiencia derivados de la práctica ordinaria. 
El procedimiento que se practica actualmente para elaborar los criterios comunitarios de ayuda y los programas operativos así como para poner en práctica los programas se queda muy por debajo de las posibilidades del reglamento sobre la simplificación. 
Así, por ejemplo, la Comisión no aprobó en 1994 la elaboración de un documento único de planificación. 
En cambio, insistió en la elaboración de los denominados programas multifondos la cual aumentó innecesariamente los gastos administrativos encaminados a la puesta en práctica de los programas operativos. 
Paralelamente a esto, ha aumentado fuertemente el gasto estadísticamente requerido a consecuencia del constante crecimiento y cambio de las demandas de evaluación, de información, etc. La Comisión interpreta de manera muy extensiva- al menos, así lo ha confirmado una y otra vez la práctica- el correspondiente reglamento. 
Revisten una gran importancia las inseguridades jurídicas las cuales tienen como consecuencia la diversidad de interpretaciones en diversos temas de la ayuda como, por ejemplo, los beneficiarios finales, los costes financiables, etc., así como la regulación relativa a los gastos reales que, a causa de la necesaria prefinanciación de los costes, conducen a una enorme e innecesaria sobrecarga de las empresas y de los municipios. 
Este es realmente un punto crucial. 
A este respecto es preciso adoptar regulaciones transparentes, claras y cuantitativamente delimitadas, que tiendan especialmente a tener en cuenta el Derecho presupuestario de los respectivos Estados miembros y permitan expresamente pagos adelantados. 
Los nuevos reglamentos sobre los Fondos estructurales, señora Comisaria, deben limitar el tipo de los indicadores pertinentes a los respectivos objetivos a financiar. 
Deben ampliar los derechos y las responsabilidades de los Estados miembros en la administración de los recursos de la UE y han de ampliar las competencias de los comités de seguimiento y hacer independientes sus decisiones respecto de una confirmación adicional de la Comisión. 
Los efectos económicos de la ayuda y su aceptación en la economía y en la región podrían medirse sin necesidad de más gastos a través de estas medidas propuestas y aumentarían de manera notable. 
Creo que el informe de nuestro colega, el Sr. Botz, es una buena posición de partida. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Botz, creo que ha hecho usted un magnífico informe sobre la situación de los Fondos estructurales en Alemania, que es una obligación- como ha dicho usted muy bien- de Alemania y una obligación de Europa. 
Estos Fondos tienen el problema de los nuevos Länder en cuanto a infraestructuras, sin olvidar todo lo que corresponde a su aplicación en la mejora del medio ambiente y, sobre todo, en lo que corresponde a la creación de empleo y, por lo tanto, a un apoyo importante a las actividades de las pequeñas y medianas empresas, que son las que pueden generar empleo en estos territorios. 
Creo que hay dos aspectos importantes que ha destacado en su informe y que podrían aplicarse también a otros Estados. 
El primero es la importancia de la participación de los interlocutores sociales en las decisiones, la aplicación y el seguimiento de los Fondos estructurales. 
El segundo, también muy importante, se refiere a la participación directa de las autoridades de los Länder: ellas son las que más directamente, en aplicación del principio de subsidiariedad, pueden dar una mayor eficacia a la aplicación de los Fondos estructurales. 
Señora Presidenta, estimados colegas, desde el Libro Blanco de Delors han cambiado algunas cosas en el tipo de ayuda estructural. 
El concepto de «desarrollo sostenible» se impuso en él. Delors puso también en claro que el desarrollo sostenible debe ser entendido de manera sustancialmente más amplia. 
Así, por ejemplo, la protección del medio ambiente cobró una importancia decisiva, bien como objetivo del cambio estructural, bien como campo para el nuevo empleo. 
En Alemania se ha desatendido este desarrollo. 
En ella se reciben los recursos de la UE y se encauzan hacia los Estados federados a través del instrumento de la tarea comunitaria según los moldes de una política económica de los años cincuenta. 
Sí, apreciados colegas, han oído correctamente. 
En Alemania los Fondos estructurales no pueden ser solicitados en un espectro amplio de ayudas como es usual en Europa desde 1994. 
Esto lo han padecido especialmente los cinco nuevos Estados federados, y éstos, desprovistos de reservas financieras, dependen de lo que pueden financiar en sintonía con el Gobierno federal. 
Pero también lo han padecido las pequeñas y medianas empresas y, por esta razón, no hay hasta ahora una clase media en los nuevos Estados federados, a pesar de que se está fomentando desde hace tiempo. 
No podemos permitir imperturbables que siga sucediendo esto y deberíamos presionar para que se produzca un cambio decisivo. les ruego que apoyen en este sentido las enmiendas del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. 
Señora Comisaria, estimados colegas, nuestro colega, el Sr. Botz, afirma en primer lugar en su buen informe que la creciente tasa de desempleo constituye el mayor problema social para la Alemania reunificada. 
El desempleo real, sobre todo en los nuevos Estados federados, es considerablemente más elevado que lo que muestran las estadísticas. 
Para mejorar la situación la Unión Europea y la República Federal de Alemania han aplicado absolutamente con éxito los recursos procedentes de los Fondos estructurales europeos en las zonas de objetivo 1, en los nuevos Estados federados, y en las zonas de objetivo 2 y de objetivo 5b, en los antiguos Estados federados, y a este respecto, señora Comisaria, en éstas últimas, lamentablemente, se han producido retrasos. 
En el futuro habrá que evitar absolutamente tales pérdidas de tiempo. 
En los nuevos Estados federados no son fáciles de alcanzar los objetivos de creación y conservación de los puestos de trabajo, aunque se han planificado 13.640 millones de ecus para el período de 1994 a 1999. 
En las regiones de objetivo 2 se van a habilitar al mismo tiempo 1.590 millones de ecus para la reconversión social y económica de territorios con tendencia industrial regresiva. 
La parte del león, con un volumen de 1.113 millones de ecus, corresponde a Renania del Norte-Wesfalia y a Berlín. 
A los Estados federados llanos corresponden solamente cantidades insignificantes como, por ejemplo, unos 32 millones de ecus a Baviera. 
En cambio, recibirán recursos por un volumen de 1.230 millones de ecus en el marco de la ayuda a regiones de objetivo 5b. 
En los Estados federados llanos, especialmente, en Baviera y en Baja Sajonia, esta ayuda es muy importante para las zonas rurales, por ejemplo, para la apertura de nuevas fuentes de rentas agrícolas, la creación de nuevos puestos de trabajo, así como para la formación y para la formación continuada. 
En este punto, señora Comisaria, quisiera referirme a los planes de usted sobre la concentración y la mejora de la eficiencia de los Fondos estructurales después de 1999. 
En caso de que se suprima la ayuda 5b, es preciso seguir asegurando el desarrollo del espacio rural y la ayuda al mismo; de lo contrario, existe el peligro de una mayor huida del campo y de un crecimiento patológico de las zonas urbanas. 
Por otro lado, apoyen ustedes también la protección del medio ambiente que resultará dañado a causa de tales tendencias. 
Por consiguiente, estimados colegas del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo, no olviden en la ampliación de los Fondos estructurales la ayuda a las zonas rurales y a las personas que habitan en ellas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en Alemania durante el período de 1994 a 1999 están expuestos de manera objetiva y analizados críticamente- también lo digo yo- en el Informe Botz. 
Señora Comisaria, creo que es bueno presentar este informe en el momento medio del período previsto, pues podemos partir del hecho de que en el ulterior manejo de los Fondos estructurales podrán eliminarse los problemas y que el tiempo que sobre podrá aprovecharse de manera efectiva para el desarrollo estructural de Alemania. 
¿Dónde se sitúan los puntos cruciales en el Informe Botz? 
Hemos de actuar en favor de una mejor coordinación entre cada uno de los Fondos. 
Esto significa que las capacidades de asesoramiento y de servicios deben ser ampliadas para facilitar la explotación de las posibilidades de ayuda que existen. 
Pero, por otro lado, significa también, en mi opinión, que en el futuro hemos de concentrarnos en menos programas, pero más eficaces, y hemos de impulsarlos. 
Hay que simplificar el procedimiento de solicitud. 
Y en este punto, señora Comisaria, marchamos enteramente d ' accord con nuestros colegas italianos. 
Finalmente, no puede suceder que necesitemos a largo plazo oficinas de asesoría para que podamos desenvolvernos bien en la burocracia europea de las solicitudes. 
Es preciso integrar más a las regiones, por su propio interés, en los procesos de decisión. 
Me refiero especialmente a los proyectos piloto, para los cuales sólo se habilita el 1 % de los recursos de los Fondos estructurales, pero que ponen en marcha un proceso grande y costoso de solicitud y que, en definitiva, no consiguen ninguna autorización a causa de la escasez de recursos. 
Hemos de hacer a Europa más tangible, más tangible. 
Los Fondos estructurales prestan una enorme contribución a la adaptación de las regiones en Europa. 
Incluso en Alemania existen grandes diferencias entre cada una de las regiones. 
Yo deseo, yo demando, que todos los recursos europeos que llegan a las regiones puedan ser mostrados claramente y en cifras. 
De esta suerte la Unión Europea ganaría en prestigio y en influencia en las regiones, actuando con arreglo al lema de «haz cosas buenas y habla de ellas». 
Señora Presidenta, señoras y señores, la Comisión celebra el completo y equilibrado informe del Sr. Botz, y espero que podamos llevar también a la práctica muchas de sus conclusiones. 
El schock en el mercado laboral alemán y también los enormes quiebras económicas en la Alemania oriental hacen patente de una manera especial por qué la República Federal de Alemania ocupa el segundo lugar después de España, y antes de Italia, en lo que respecta a los recursos de ayuda procedentes de los Fondos estructurales. 
Lamentablemente, este hecho es poco conocido en la propia Alemania, y algunos de ustedes se han referido a lo mismo, y en consecuencia, no puedo menos que apoyar los esfuerzos de ustedes. 
Por lo demás, en esto no se trata solamente de gestos amigables, sino también de una obligación de publicidad por parte del Gobierno Federal y de los correspondientes Estados federados. 
Entre 1991 y 1993 se crearon y se conservaron en la Alemania oriental con ayuda de los Fondos estructurales más de 220.000 puestos de trabajo, y espero que en el actual período de ayuda éstos sean considerablemente más numerosos, no sólo en la Alemania oriental, sino en toda Alemania. 
Quiero indicar también que los recursos que fluyen desde Europa a Alemania, no sólo constituyen una fuente financiera que es continuada y segura, sino que constituye también, sobre todo, una expresión patente de solidaridad europea. 
Por esta razón, nosotros celebramos que en el informe se valore expresamente de manera positiva esta contribución de los Fondos estructurales europeos tanto para el objetivo 1 como también para el mejoramiento de la situación en las zonas alemanas del objetivo 2 y del objetivo 5b. 
La Comisión está considerablemente de acuerdo con el conjunto de las conclusiones del informe sobre los problemas de desarrollo e insiste en las prioridades que ha establecido conjuntamente con los Estados miembros hasta 1999, es decir, la lucha contra el desempleo, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la competitividad- en especial de las pequeñas y medianas empresas- y la igualdad de oportunidades. 
Estas están precisadas en las directrices de la Comisión para la nueva fase de programación de 1997 a 1999 para las zonas de objetivo 2, y estos criterios se han acreditado válidos, como lo demuestra la nueva planificación alemana de programas. 
Seis de los nueve programas han sido aceptados ya por la Comisión en sus líneas básicas desde finales de enero. 
Con esto quiero hacer patente también que esta vez aprobaremos los programas a comienzos de 1997 y que hemos combatido exitosamente aquí lo que manifestaba la crítica respecto de las dilaciones. 
Por lo demás, tenemos la intención de presentar directrices semejantes para la revisión de mitad de período de las zonas de objetivo 1. 
Creo que esta próxima mid term review debería ser utilizada para hacer un balance crítico, pues el retroceso dramático del crecimiento en las zonas de objetivo 1, es decir, en Alemania oriental, y el crecimiento del desempleo, deberían servir de ocasión para revisar cuidadosamente una vez más la eficacia de todas las medidas planteadas y para acometer, donde fuera necesario, las oportunas adaptaciones de los programas. 
En su informe manifiesta usted, señor Botz, una preocupación muy extendida en los nuevos Estados federados, cuando usted afirma que los primeros éxitos, regionalmente limitados, de un saneamiento económico en zonas esperanzadoras no deben verse puestos en peligro por una prematura reducción de los tipos de ayuda. 
Por consiguiente, permítanme afirmar, no sólo en relación con las zonas de la Alemania oriental, que, en primer lugar, en el futuro hay que garantizar la solidaridad con los países y regiones más pobres y que, en segundo lugar, que hay que evitar rupturas abruptas incluso en caso de alcanzar las magnitudes fijadas en el producto interior bruto, cosa que, lamentablemente, no va a ocurrir a corto plazo en la Alemania oriental. 
El ejemplo Abruzzi, que ha sido mencionado antes, es más bien un buen ejemplo de una lenta progresión de fases que de lo contrario. 
Quiero decir también claramente aquí que a la hora de la revisión de los Fondos estructurales tampoco hay que olvidar las zonas rurales. 
Una de las tareas más importantes para la nueva generación de programas- a esto se ha referido usted con acierto, señor Botz- es la simplificación de los procedimientos de puesta en práctica y de financiación. 
Aquí hay algunas cosas que merecen mejorarse. 
Pero también quiero referirme- y últimamente viajo mucho por las diversas regiones- a que los instrumentos de la UE son valorados por los Estados federados de la Alemania oriental como más flexibles y certeros que la tarea comunitaria alemana. 
Quizá deberíamos aprender de esto que no sólo debería modificarse todo en la Comisión, sino que algunas cosas indican también absolutamente que deberíamos emprender mejoras comunes en cooperación y partenariado teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad. 
Espero que en lo demás el procedimiento sobre SEM 2000, que tiene que ver también con la capacidad de fomento, produzca ya facilidades a corto plazo. 
En lo que respecta al tema de la evaluación, sé que siempre es mencionado. 
Quiero remitirme ahora una vez más al Tribunal Federal de Cuentas alemán que ha criticado que en los instrumentos alemanes de fomento no se haya previsto prácticamente ninguna proyección de objetivos, ningún objetivo cuantificado y ninguna evaluación sensata, y creo que esto hace también patente por qué se quejan los alemanes frente a las exigencias europeas. 
Sin embargo, creo que si en Alemania se hiciera más caso al Tribunal de Cuentas y a sus reparos lo tendríamos más fácil también a la hora de la evaluación. 
Por lo demás, quiero señalar que el Derecho presupuestario de los Estados miembros es más complicado y menos flexible que el Derecho presupuestario europeo. 
Tampoco hay, por ejemplo, como ustedes saben, transferencias de recursos, que existen en el Derecho europeo y que redundan precisamente en beneficio de las regiones lentas. 
Y si ustedes consideran que la gran masa de los recursos se basa en pagos anticipados y que sólo el último 20 % requiere la presentación pertinente de la medida, entonces pienso yo que ésta es una regulación muy generosa. 
Espero que ustedes se cuiden de que los intereses que se acumulan entretanto en Bonn, redunden también en beneficio de las regiones. 
También quisiera indicar que, naturalmente, no podemos decir por un lado que queremos controles estrictos, que queremos una gestión ordenada de las finanzas y luego no producimos más que pagos anticipados y no nos cercioramos al final de que las medidas se han llevado a la práctica y se han desarrollado cuidadosamente. 
Creo que el procedimiento posibilita muchísima flexibilidad, y yo desearía que siquiera se exponga de manera tan transparente como realmente es. 
Permítanme concluir con dos buenas noticias. 
En primer lugar: a finales de 1996 se ha podido recuperar considerablemente el retraso en los pagos en los nuevos Estados federados. 
Todavía existen retrasos en programas de objetivo 2 y de objetivo 5. Esto se ha dicho también correctamente, pero aquí tenemos también buenas posibilidades de recuperación. 
Esto es cierto, sobre todo, para el objetivo 2. 
En segundo lugar: en el desarrollo del principio del partenariado hemos hecho enormes progresos que ojalá contribuyan a una mayor eficacia de los programas y a una identificación más fuerte de las regiones con sus programas de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política de cohesión y medio ambiente 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0360/96) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la comunicación de la Comisión sobre la política de cohesión y el medio ambiente. (COM (95) 0509- C4-0141/96) 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, el informe que se debate hoy, y que tengo el honor de presentar como ponente, se refiere al tema de las políticas comunitarias de cohesión y el medio ambiente. 
Basado en la comunicación homónima y, cabe decir, muy buena de la Comisión, examina las repercusiones que tienen o pueden tener las políticas de cohesión económica y social de la Unión en el medio ambiente de las regiones y los países beneficiarios. 
La calidad del medio ambiente influye de forma directa en nuestra calidad de vida. 
Por consiguiente, requiere nuestro interés constante. 
Su deterioro, en cambio, puede encerrar grandes riesgos. 
Como he destacado en mi informe, las políticas de cohesión de la Unión pueden ser, en determinadas circunstancias, perjudiciales para el medio ambiente. 
Por lo tanto, hay que adoptar todas las medidas necesarias para que esta situación no continúe y para armonizar las políticas de cohesión cuyo objetivo es conservar el medio ambiente. 
Hay que encontrar el término medio que permita a las políticas de cohesión contribuir al fomento de un desarrollo sostenible. 
No se debe pasar por alto que el objetivo del desarrollo y el de la protección del medio ambiente no son necesariamente opuestos, como muchos creen y como se creía en el pasado, sino que pueden y deben complementarse mutuamente. 
El buen estado del medio ambiente es en muchos casos una condición fundamental para el desarrollo. 
Una región con buenas condiciones medioambientales es sin duda más atractiva para los inversores que otra con un medio ambiente degradado. 
Así, por ejemplo, al limpiar las playas o construir sistemas de depuración biológica en las zonas turísticas, sobre todo en las regiones del sur de la Unión Europea, principales destinatarias de las políticas de cohesión de la Unión, no sólo protegemos el medio ambiente, sino que al mismo tiempo las hacemos más atractivas para los turistas, lo cual fomenta su desarrollo. 
Para lograr los objetivos mencionados hay que realizar, pues, ciertos cambios y reformas en las políticas de cohesión, que se resumen en las conclusiones de mi informe. 
Primero, es necesario reforzar la dimensión ambiental en todos los niveles de programación y ejecución de las políticas de cohesión. 
Este refuerzo podría concretarse en un aumento de las dotaciones presupuestarias destinadas al medio ambiente, en la mejora de la calidad de las obras ambientales y en la adopción de iniciativas comunitarias enteramente ambientales en el futuro. 
Segundo, con respecto al Fondo de Cohesión, que, como es sabido, financia obras en los ámbitos del transporte y del medio ambiente, en primer lugar, se debe respetar estrictamente el criterio de reparto al 50 %, algo que hasta la fecha no siempre se cumple, a pesar de las indudables mejoras registradas con respecto al medio ambiente. 
En lo que se refiere a los transportes, hay que dar preferencia a las soluciones más respetuosas con el medio ambiente, como el ferrocarril en lugar de la construcción de carreteras, práctica habitual actualmente. 
En lo que se refiere al medio ambiente deben fomentarse también acciones estrictamente ambientales, como son las reforestaciones, la lucha contra la desertización en las regiones mediterráneas, etc. 
Tercero, es de especial importancia revisar la eficacia de los estudios de impacto ambiental, que ya se están realizando, pero con resultados dudosos. 
Deben realizarse necesariamente antes del inicio de la obra, por expertos independientes a los constructores de la misma y sus resultados deben ser vinculantes. 
Cuarto, sería oportuno que la Comisión pusiera en marcha un proceso de investigación encaminado a elaborar un método para medir las posibles respercusiones ambientales de una obra o de una acción. 
Quinto, es necesario reforzar el papel de los comités de seguimiento. Hay que hacerlo en estrecha colaboración con los Estados miembros, sin vulnerar el principio de subsidiariedad. 
En mi opinión, sería asimismo buena idea crear un cuerpo de auditores ambientales a escala comunitaria o nacional. 
La tarea de este cuerpo consistiría en controlar permanentemente el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente y, en caso necesario, proceder a la imposición de multas u otras sanciones, de conformidad con el principio «el que contamina paga». 
Sexto, puede ser importante también el papel de las denominadas eco-empresas. 
Se trata de un amplio conjunto de empresas, la mayoría de ellas PYME, activas en ámbitos como el del control de la contaminación, la creación de nuevas tecnologías de ahorro de energía o la prestación de servicios para la gestión y la reducción de los residuos. 
Ofrecen un ejemplo característico de «combinación del ocio y el negocio». 
Se protege el medio ambiente al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo, se fomentan las PYME y se crean puestos de trabajo estables. 
Por último, deben apoyarse también las actividades respetuosas con el medio ambiente, como el turismo ecológico. 
Quisiera aprovechar la ocasión para dar las gracias a todos los que con sus observaciones, propuestas y útiles enmiendas contribuyeron a la elaboración de este informe. 
Su versión final, tal como se somete a la votación del Parlamento, me satisface casi plenamente. 
Sólo he presentado dos enmiendas, una de carácter completamente técnico y la otra con el fin de destacar un punto. 
Con esto quisiera finalizar mi intervención. 
Espero que las conclusiones del presente informe se tengan seriamente en cuenta en la Comisión Europea y, sobre todo, que se debatan en el marco de la próxima reforma de los Fondos estructurales. 
En el futuro debemos llevar a cabo políticas comunitarias aún más respetuosas con el medio ambiente, porque, como he subrayado al principio, debemos ser conscientes de que el medio ambiente y el desarrollo no son conceptos opuestos, sino objetivos que pueden y deben armonizarse, de modo que juntos contribuyan al fomento de un desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, la Comisión de Medio Ambiente ha emitido su opinión, así que no repitiré todos sus puntos. 
Quisiera subrayar tres o cuatro. 
Primero, en mi opinión, hay que avanzar con más decisión hacia una política de valoración seria y responsable de los recursos naturales, de los que a menudo se hace mal uso: me refiero en concreto al agua y a los recursos energéticos. 
En este sentido, los impuestos ecológicos pueden ser un instrumento útil, aunque, lamentablemente, según nuestras informaciones, se están retrasando. 
El segundo aspecto que subrayamos y que ahora me limitaré a enunciar es la integración más amplia y decidida de los objetivos del desarrollo sostenible en la PAC. 
La tercera cuestión que subrayamos especialmente es la necesidad de garantizar que no se falsea el carácter nacional de los programas en favor del medio ambiente por presiones de carácter político o electoral. 
En este aspecto, se requiere un mayor control de la Comisión y, en su caso, la imposición de sanciones. 
No es lógico, por ejemplo, aspirar a grandes obras faraónicas, como el desvío del cauce de los ríos, en lugar de fomentar el ahorro de agua y la realización de pequeñas obras que pueden ser de mayor ayuda. 
Otro tema es la conservación de la naturaleza. 
En nuestra opinión, se ha prestado menos atención de la que merece al capítulo sobre la protección y recuperación de la naturaleza. 
Encontramos a veces infracciones paradójicas, es decir, casos de inversiones de carácter medioambiental, como las depuradoras biológicas, subvencionadas por el Fondo de Cohesión, cuya realización, sin embargo, perjudica la naturaleza, es decir, instalaciones que se sitúan en bosques talando árboles, en playas de belleza extraordinaria e incluso en biótopos delicados. 
Podría citar ejemplos concretos de Grecia y otros lugares. 
En nuestra opinión, y siempre que se haga mayor hincapié en los aspectos mencionados, el muy interesante informe presentado por la comisión y las observaciones del Sr. Hatzidakis, que cuentan con nuestro apoyo, contribuirán a mejorar mucho la integración del desarrollo sostenible en la práctica política del día a día. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, nuestra Asamblea, como parte de la autoridad presupuestaria, ha puesto de manifiesto con el denominado greening of the budget el alto rango que atribuye a la política de medio ambiente en el seno de la política de gastos de la Unión. 
Naturalmente, lo mismo cabe decir de manera especial de la política estructural y de cohesión y, específicamente, bajo el punto de vista de que numerosos ciudadanos y ciudadanas abrigan el temor de que en la Unión el dinero de sus impuestos es utilizado primero para una industrialización unilateral y después, como sucede recientemente, para reparar y eliminar a costa de las arcas de los impuestos los pecados medioambientales originados por aquella. 
Incluso el buen informe de nuestro colega, el Sr. Hatzidakis, no puede eliminar la sospecha de que la Comisión no toma aún suficientemente en serio este malestar de los contribuyentes. 
No cabe interpretar de otra manera la ausencia de informaciones sustantivas y sobre todo comparativas sobre la significación porcentual de los gastos en medio ambiente. 
Creo que en este punto importa, sobre todo a nosotros los diputados, que se puedan recibir informaciones debidamente transparentes sobre los gastos y que se las pueda controlar también pertinentemente. 
Por lo demás, hay que destacar también el hecho, comentado ya por el ponente, de que sigue existiendo un desequilibrio entre los proyectos de infraestructura de transportes y los proyectos de medio ambiente. 
Esperamos de la Comisión que subraye convenientemente a través de una actuación rápida y concreta sus acertados proyectos en el ámbito de los gastos de medio ambiente en la política de cohesión. 
Sabemos que, naturalmente, en esta materia se va a producir también a medio plazo, para después de 1999, la correspondiente necesidad de actuar. 
Los socialdemócratas de esta Asamblea apoyamos el informe y felicitamos otra vez al ponente por un trabajo tan bueno y completo. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores diputados, la Comisión nos presenta en su comunicación sobre la política de cohesión y medio ambiente una visión detallada e ilustrada de los factores necesarios para lograr una complementariedad entre la política de cohesión y la política de medio ambiente; complementariedad que suponga que el desarrollo represente la menor carga posible para el medio ambiente y que ambos puedan ir de la mano de forma armonizada. 
Ante todo, quiero felicitar al ponente por el informe que ha elaborado, en el que analiza los medios necesarios para obtener dicha armonización. 
Como bien indica el Sr. Hatzidakis, el objetivo estratégico es el desarrollo sostenible. 
Nos queda, sin embargo, todavía, en la aplicación de la cohesión bastante camino por recorrer para conseguir un verdadero desarrollo sostenible, si bien es cierto que los avances en la materia han sido considerables. 
En efecto, la Comisión, durante la aplicación de los programas, concentra prioritariamente la acción en favor del medio ambiente en el respeto de obligaciones legislativas y reglamentarias. 
Sin embargo, como expone el ponente en su informe, es necesario llevar a cabo considerables esfuerzos y avanzar en materia de evaluación y control de los programas, tanto antes como después de los mismos. 
Así lo reconoce la Comisión en el Séptimo Informe anual sobre los Fondos estructurales en 1995, cuando declara que sigue siendo necesario mejorar tanto la evaluación como el seguimiento medioambiental de los programas. 
Con respecto a los «países de la cohesión» , se observa en el citado informe que la Comisión concentra las acciones en materia de gestión de aguas y los esfuerzos deberían orientarse hacia otro tipo de acciones que fomenten el respeto al medio ambiente, puesto que se corre el peligro de dejar de lado aspectos tan importantes como la conservación de la naturaleza. 
Igualmente, respecto a los «países de la cohesión» , somos partidarios de la tesis que expone el Sr. Hatzidakis en su informe sobre la transferencia de recursos y conocimientos técnicos en el marco de las políticas de cohesión de la Unión, desde los Estados miembros con mayor nivel de desarrollo a los menos desarrollados, pues ello puede tener un efecto positivo en el medio ambiente de estos países. 
Y, finalmente, tenemos que recordar el papel primordial que tienen que desempeñar las autoridades locales y regionales, cuya participación en el proceso de toma de decisiones y en la gestión de los programas tiene que aumentar forzosamente en aras de una mayor eficacia, puesto que a nivel local y regional es donde el impacto mediambiental es más patente y donde se puede trabajar más directamente por un desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, he de decirle que el informe Hatzidakis es un informe excelente, pero me dirijo también a la Comisaria y le digo: hace dos años hablamos más o menos de lo mismo en el Parlamento, y desde entonces se ha mejorado muy poco. 
Hemos de reconocer que un buen medio ambiente aumenta el atractivo de una región como lugar de establecimiento para las empresas. Además, las inversiones procedentes de fondos europeos para mejorar el medio ambiente son a menudo económicamente rentables: este debe ser en realidad el fundamento de la política de cohesión. 
En el informe del Sr. Hatzidakis, pero también en la opinión emitida en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, notamos que esta política de cohesión de la Unión Europea sigue causando muchos daños al medio ambiente; esto es inaceptable y además es contrario al Tratado. 
Hemos de mejorar el estudio de impacto ambiental y hacerlo más accesible a los afectados. Es decir, también hay que someter los programas a un estudio de impacto ambiental. 
Quisiera remitirme concretamente al apartado 12 de la resolución. De este modo es posible aplicar por fin el principio de previsión. 
Por último, señora Presidenta, en la política de cohesión es preciso prestar más atención a la protección de la naturaleza. 
Actualmente, una parte excesiva del dinero reservado para los proyectos ambientales va a parar a la llamada infraestructura hidráulica. Y ello a costa de la naturaleza. 
Señora Presidenta, esperamos que la Comisión Europea emprenda una acción inmediata, para no tener que seguir preguntando siempre lo mismo a la misma Comisión. A la Comisión quisiera decirle: pónganse manos a la obra para que el año que viene no tengamos que repetir lo mismo. 
Señora Presidenta, el informe Hatzidakis contiene algunas recomendaciones importantes para la futura política estructural de la Comisión. El apoyo regional tiene una larga historia en Europa. 
Su objetivo ha sido siempre exclusivamente económico. 
Es decir, giraba en torno al fomento del crecimiento, la reestructuración económica y la reducción de las instituciones asistenciales en la Comunidad. Se trata globalmente de objetivos correctos, aunque con un grave hándicap: casi no se tenían en cuenta los daños causados a los valores naturales o al medio ambiente. 
Ahora está cambiando esta situación, aunque eso sí, muy lentamente. 
Es bueno que la DG XVI haya presentado una comunicación para aclarar la relación entre cohesión y medio ambiente. 
Sin embargo, el informe Hatzidakis demuestra que la comunicación tiene un claro defecto: no es suficientemente concreta. 
¿Qué hace exactamente la Comisión para crear una coherencia sostenible? 
Esta es la cuestión. 
Me refiero concretamente a las siguientes cuestiones: la petición de crear una iniciativa comunitaria independiente para la conservación o la mejora del medio ambiente y reservar un determinado porcentaje del dinero de los fondos estructurales para las medidas de compensación. 
El principio de compensación tiene que convertirse en un componente normal del procedimiento de planificación. Este ya es el caso en algunos países de la Unión, pero no en los países donde se gasta la mayor parte de los fondos estructurales. 
He podido constatar que algunos ni siquiera conocen este principio. 
¿A qué me refiero? 
En el caso de las grandes obras infraestructurales, por ejemplo, a la construcción de los llamados viaductos para los animales salvajes. 
A un coste relativamente bajo es posible conservar los hábitats de especies animales raras. A menudo se trata como mucho de un pequeño porcentaje del coste total de la construcción de la carretera o la línea ferroviaria. 
Quisiera que la Comisaria me diera su opinión sobre estas medidas de compensación, ¿Ve posibilidades para incluir una disposición al respecto en los reglamentos sobre los fondos estructurales? 
Señora Presidenta, Señorías, yo también quisiera felicitar al ponente por su informe, que es un trabajo muy bien documentado y serio. 
Me queda poco que añadir, después de las opiniones e intervenciones de mis colegas, aunque me da la impresión de que no estaría de más insistir en algunos puntos. 
No cabe duda, y creo que el reconocimiento es unánime, de que el medio ambiente constituye una de las cuestiones más decisivas que afronta la Unión Europea, y no sólo ella. 
Parece que han quedado atrás los tiempos en que el medio ambiente era objeto de preocupación para unos pocos, que, además, se encontraban al margen de la política. 
Hoy en día se admite casi en todo el mundo que debemos adaptar nuestras actividades y decisiones económicas y sociales a las posibilidades que nos ofrece el medio ambiente. 
La puesta en práctica de las políticas de cohesión de la Unión Europea debe acompañarse de un fomento sustancial de la dimensión ambiental de esas políticas. 
Gracias a ellas, se han logrado un desarrollo y un progreso importantes en los últimos años. No obstante, es un hecho que este desarrollo a menudo ha generado un perjuicio mayor para el medio ambiente. 
Es necesario, por tanto, que las políticas económicas estén formuladas de modo que garanticen el desarrollo sostenible. 
La protección y la conservación del medio ambiente son prioridades básicas hoy en día. Si se pasan por alto, las consecuencias serán desastrosas no sólo para la presente generación, sino que constituirán una grave hipoteca negativa para las generaciones futuras. 
La dimensión interestatal y a menudo mundial de determinados problemas ambientales requiere una colaboración a escala local, regional, transfronteriza y también internacional. 
La Unión Europea debe aprovechar más eficazmente su posición como autoridad ética, económica y política de gran prestigio para promover iniciativas internacionales encaminadas a solucionar problemas mundiales y fomentar el desarrollo sostenible. 
Para finalizar, quisiera destacar que el medio ambiente depende de nuestros esfuerzos colectivos. 
El medio ambiente del futuro depende del modo en que actuemos hoy. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, el bienestar humano no puede concebirse sin la protección de los ecosistemas, cuya degradación nos puede conducir a un crecimiento insostenible. 
La protección del medio ambiente ha de ser, por tanto, un objetivo insoslayable de la política regional. 
Cohesión y medio ambiente son, por ello, y deben seguir siéndolo cada vez más, dos objetivos básicos de la acción de la Unión Europea. 
La horizontalidad de ambos, o sea, su aplicación prioritaria a todas las políticas comunitarias, figura ya en el Tratado- artículos 130 A a 130 E-. 
La Comisión va por el buen camino con su comunicación, aunque hay que exigirle cada vez más en la complementariedad de ambas políticas. 
Las regiones atrasadas necesitan ayuda para proteger el medio ambiente, su medio ambiente, nuestro medio ambiente. 
Hay que ir a la convergencia real, también en la calidad de vida. 
Mantener y potenciar en el futuro el Fondo de Cohesión y reforzar la acción de los Fondos estructurales y de las iniciativas comunitarias dirigidas al medio ambiente y, en particular, -permítame que lo subrayesensibilizar, concienciar a las administraciones no sólo nacionales, sino también regionales y locales, y al ciudadano en general, como paso ineludible para considerar el medio ambiente en las periferias rurales y atrasadas de Europa como una inversión de futuro, generadora de empleo y de un desarrollo equilibrado y sostenible. 
Permítame concluir felicitando al Sr. Hatzidakis por su informe y por haber sabido integrar inteligentemente las valiosas contribuciones de las Comisiones de Medio Ambiente y de Presupuestos de este Parlamento. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, en mi camino hacia Estrasburgo leía hoy un artículo publicado por un diario español en el que se hacía referencia a la preocupación de la comunidad científica internacional por el medio ambiente. 
Su propuesta era ambiciosa: orientar toda su maquinaria hacia el siglo del medio ambiente- el próximo- y dar toda la información posible a quienes toman las decisiones. 
El informe que hoy nos presenta el Sr. Hatzidakis sobre la comunicación de la Comisión acerca de la política de cohesión y el medio ambiente hace precisamente referencia a la gran preocupación que este tema suscita también entre nosotros. 
La necesidad de que las intervenciones estructurales comunitarias eviten el deterioro del medio ambiente, un uso más racional de los estudios de impacto medioambiental, el reparto al 50 % del Fondo de cohesión entre proyectos de infraestructura y medioambientales, un mejor funcionamiento de los comités de seguimiento, la creación de una iniciativa comunitaria específicamente medioambiental... todo esto, Señorías, no puede seguir siendo una recopilación de buenos deseos, sino que debemos transformarlo en realidades tangibles. 
El desarrollo y el medio ambiente- tal y como nuestro colega señala en su informe- no pueden ser conceptos opuestos sino complementarios. 
El diálogo sistemático con las autoridades locales y regionales, la inversión en la mejora de la formación de las trabajadoras y los trabajadores del sector- el 80 % de los cuales está escasamente cualificado -, una mayor atención a las medidas de carácter preventivo, la mejora de la asistencia técnica prestada desde la Comisión y la consagración del principio según el cual se elegirían de entre todas las acciones más beneficiosas o menos perjudiciales para el medio ambiente son- como dice el Sr. Hatzidakis- elementos fundamentales para avanzar por el camino de una política regional comunitaria cada vez más comprometida con nuestro entorno y con el principio ya establecido del desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, para evitar repeticiones, enfatizaré sólo determinadas cuestiones: 
Primero, constato que los resultados de las políticas de cohesión en términos de desarrollo regional son globalmente positivos. 
Segundo, esto es bueno no sólo para las regiones menos desarrolladas, sino también para las regiones ricas- cumpliendo así las previsiones del mercado único. 
Cuando cada vez suenan más voces críticas con respecto a las políticas de desarrollo regional, la Comisión Europea debería evaluar las repercusiones beneficiosas que las políticas de desarrollo regional tienen en las regiones más ricas de la Unión. 
Algunos datos preliminares conocidos sobre transferencias de riqueza y de capitales entre países y regiones más y menos desarrollados podrían sorprender a esas críticas. 
Tercero, coincido con el ponente en que los reglamentos del Fondo de cohesión no siempre se cumplen, ni en su letra ni en su espíritu. 
La Comisión debería vigilar el cumplimiento de la asignación del 40 % del Fondo para políticas ambientales. 
Cuarto- y último -, la redacción de un estudio de impacto medioambiental debería tener un valor más vinculante y no sólo formal como ahora. 
Asimismo, debería vigilarse la ejecución de los proyectos y evaluarlos al final en términos de coste medioambiental para que sea efectivo el concepto de desarrollo sostenible. 
Termino felicitando al Sr. Hatzidakis por su excelente informe. 
Señora Presidenta, en líneas generales el informe que tenemos ante nosotros es de gran calidad. 
También es vital que el respeto por el medio ambiente se refleje en todos los ámbitos de la política de la Unión. 
Si queremos que así sea, es necesario que exista un fundamento jurídico permanente. 
Por eso pienso que el apartado 13 del informe, que gira en torno a la Directiva y describe las repercusiones sobre el medio ambiente, es de importancia capital. 
Es muy evidente que la Directiva es demasiado débil y ambigua en aspectos centrales de su estado actual, y que hay que mejorarla. 
Mencionaré un ejemplo concreto. Se trata de la construcción del puente del Oresund, la conexión entre Suecia y Dinamarca, que tendrá graves repercusiones ambientales. 
Es muy poco probable que se haya seguido la Directiva en la decisión adoptada sobre el puente. 
Simultáneamente al inicio de la construcción, se está celebrando en Dinamarca un proceso judicial sobre la medida en que se ha seguido la Directiva de la UE. 
Está bien claro que a veces el respeto hacia el medio ambiente pierde terreno al entrar en conflicto con los grandes intereses económicos. 
Precisamente por eso necesitamos un fundamento jurídico permanente para poder intervenir e impedir que se realicen proyectos antes de que se haya podido comprobar si se ha seguido la Directiva en lo relativo a las repercusiones sobre el medio ambiente. 
También expreso mi apoyo a la enmienda nº 2 de los Verdes, que propone conceder ayuda económica a las organizaciones ambientales que son miembros de los comités de vigilancia. 
Creo que esta es una cuestión importante. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero iniciar mi intervención felicitando al ponente, Sr. Hatzidakis, porque creo que ha hecho un excelente trabajo. 
Ha orientado nuestra atención hacia uno de los aspectos claves del momento actual y del futuro. 
Sin duda ninguna, los Fondos estructurales necesitaban una reflexión como la que él ha hecho, bastante radical, bastante fuerte y, desde luego, sería un avance importantísimo que la realidad se adaptara a las propuestas que hace el informe. 
Cuando hablamos de Fondos estructurales y empleo, hay que llamar la atención sobre el hecho de que los Fondos estructurales no están concebidos para generar puestos de trabajo inmediatos. 
Cuando hablamos de Fondos estructurales y medio ambiente, también tenemos que centrarnos en este aspecto. 
Es decir, ¿qué debemos exigir a los Fondos estructurales? 
En primer lugar, que con ellos no se cometa ningún atropello medioambiental, como se han cometido, que corrijan errores graves y profundos que se han cometido y, en segundo lugar, que la política de cohesión de la Unión Europea contribuya a la salvaguarda, a la mejora, a la potenciación del medio ambiente en Europa. 
Yo creo que éste es el marco objetivo del informe. 
No le pidamos a este informe lo que no debe ni puede dar. 
Centrémoslo precisamente en su objeto: garantizar que, con la política de cohesión, se haga también política medioambiental. 
Y en el informe queda clara, además, una advertencia- y con ello termino -, señora Presidenta: la política medioambiental de la Unión Europea es una política que no tiene todavía garantizado su carácter cohesivo. 
Se podría decir que la política medioambiental es precisamente de aquéllas a las que se podría acusar de «anticohesivas». 
No se deben utilizar los temas medioambientales, como relata el informe, de tal manera que haya una competitividad encubierta detrás de esas exigencias. 
Señora Presidenta, quisiera empezar felicitando al ponente, Sr. Hatzidakis, por su excelente informe, y planteando una reflexión también. 
Durante mucho tiempo, se ha considerado el aspecto medioambiental como un freno al desarrollo, como un obstáculo, principalmente en los países del sur de Europa que más necesitábamos de este desarrollo. 
Sin embargo, este informe plantea otro escenario, considerando al medio ambiente y a su inclusión en las políticas de cohesión como un factor de desarrollo en sí mismo. 
Primero, porque el respeto al medio ambiente ayuda a crear un entorno agradable, que es a su vez vector de inversiones productivas, sean estas industriales o del sector de servicios. 
Y, segundo, porque el medio ambiente es en sí mismo un sector productivo y también un gran generador de puestos de trabajo, con unos índices de crecimiento superiores a los de otros sectores clásicos. 
Además de esta reflexión, quiero subrayar también que este informe solicita la participación de las autoridades regionales y locales en las fases de planificación, seguimiento y evaluación de los Fondos estructurales y de cohesión, y yo añadiría, además, en la ejecución cuando las regiones tengan competencias para ello. 
Presumo, señora Comisaria, que es usted una persona de una elevada sensibilidad hacia las naciones y regiones europeas que no constituyen un Estado, pero que, en aplicación del principio de subsidiariedad en su integridad, acercan la toma de decisiones a la realidad natural y al ciudadano. 
Por ello, entenderá perfectamente el mensaje que le expongo para que preste una especial atención a este punto 16 de la resolución. 
Al igual que en la Edad Media unos reyes sin poder frente a los señores feudales buscaban la alianza con las villas para avanzar en el desarrollo político y social, la Comisión Europea y las regiones debemos apoyarnos mutuamente para hacer avanzar la cohesión regional y la construcción europea por encima del inmovilismo de los Estados en estas materias. 
Por ello, estoy convencido de que una participación regional mayor en la planificación, el seguimiento, la ejecución y la evaluación de estos Fondos ayudará a mejorar y optimizar los mismos, incluyendo en esta mejora la profundización del aspecto medioambiental de las políticas de cohesión. 
Señora Presidenta, tal como ya se ha afirmado en este foro en numerosas ocasiones, y como el ponente ha puesto de relieve en su informe, la política de cohesión no se puede separar de la política de medio ambiente. 
La dimensión medioambiental y el desarrollo sostenible deben tomarse ineludiblemente en consideración en cualquier acción de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. 
Por esta razón, no me agrada, en particular, la idea de que una vez más se cree un fondo nuevo para la política medioambiental, ya que el medio ambiente debe formar parte expresamente de la actividad de los Fondos estructurales. 
No se puede permitir nada que pueda perjudicar al medio ambiente. 
Soy partidaria también de la financiación de acciones directas de protección del medio ambiente a través del presupuesto comunitario, de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, debido a que a menudo se contraponen entre sí el empleo y el medio ambiente, cuando las cosas no son así. 
El desarrollo sostenible a nivel regional puede conseguirse únicamente mediante un desarrollo sostenible del medio ambiente, por ejemplo, en lo que se refiere al turismo, sector en el que se prevé una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo en el futuro. 
No resulta en absoluto razonable desarrollar servicios turísticos si al mismo tiempo no existe una preocupación por disponer de agua limpia, de playas limpias y de la naturaleza en su estado original. 
El desarrollo regional o la ordenación del territorio constituyen nuevos elementos de la actividad de la Unión con los que se intentará prestar especial atención a los aspectos medioambientales. 
En esta ocasión quiero simplemente hacer hincapié en que para que la iniciativa INTERREG II C pueda llevarse a cabo íntegramente en las regiones en las que se lleva adelante, debería velarse absolutamente por que tanto los Estados miembros de la UE como los terceros países a los que afecta este programa puedan participar plenamente. 
Y es que, en este momento, únicamente los Estados miembros reciben ayudas a través del programa INTERREG II C, lo cual puede significar que los terceros países mencionados no tengan suficiente motivación para participar en la cooperación. 
Señora Presidenta, el medio ambiente y la cohesión, dos prioridades que se reconocen en la letra, pero no efectivamente en la práctica política de la Unión. 
¿Y por qué? 
En efecto, la aplicación rigurosa de un concepto de desarrollo sostenible es sin duda la solución para el futuro, pero crea problemas a los que buscan resultados inmediatos. 
Si Europa quiere ser una fuerza para el futuro, pero sobre todo con futuro, sólo puede asentarse en estos dos valores esenciales: la defensa del medio ambiente y la cohesión, no sólo económica, sino también social y educativa. 
Ésos son los polos del eje que define una Europa sostenible. 
El Fondo de Cohesión y los Fondos estructurales no fueron ni son una generosidad de la Unión. 
Fueron y son un acto de lucidez, porque el fortalecimiento de la cohesión es tan esencial para los fuertes como para los débiles en esta sociedad abierta y competitiva. 
No rebajemos el nivel del debate atribuyendo la defensa de este punto de vista a intereses nacionales. 
Yo defiendo aquí los intereses de Europa y creo que defender una Unión mejor es defender a mi país. 
El informe, excepcionalmente bueno, del Sr. Hatzidakis, que recoge muchos puntos de las también excelentes opiniones que lo acompañan, resume lo esencial en sus puntos 1, 2 y 3. 
No los repetiré, pero insisto en su importancia política. 
Y en los puntos 6, 8, 12, 15, 19 y 21 propone soluciones que merecen toda la atención de la Comisión. 
Pero, mejor aún que equilibrar, como se propone en el informe, 50/50 por ciento para transportes/medio ambiente, sería, a mi juicio, que el Fondo de Cohesión estimulara políticas integradas de esas vertientes. 
Seré la primera, queridos colegas, en incitar a mi país a que así haga. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero felicitar en primer lugar al Sr. Hatzidakis porque en su informe ha dejado claro que uno de los primeros objetivos de las políticas de cohesión es proporcionar un desarrollo sostenible que no destruya el medio ambiente. 
Para conseguirlo, los distintos programas y acciones de las políticas de cohesión deben ir encaminados no sólo al desarrollo regional sino al reforzamiento del respeto al medio ambiente. 
Y, así, la propia Comisión debe respetar de manera efectiva la financiación al 50 % de las acciones sobre las infraestructuras de transporte y el medio ambiente en el Fondo de cohesión. 
Hay que felicitarse por la cada vez mayor sensibilidad que existe tanto a nivel comunitario como regional y estatal por encauzar un desarrollo sostenible que no considere el objetivo de desarrollo económico y el respeto del medio ambiente como principios esencialmente contradictorios, sino compatibles e incluso complementarios. 
Basta citar como ejemplo el tratamiento transversal que el informe anual sobre los Fondos estructurales de 1995 reserva al medio ambiente, y cuyo estudio estoy preparando para la Comisión de Política Regional. 
Es necesario reforzar los diferentes instrumentos de que dispone la Unión Europea, como dotar de carácter obligatorio el estudio de impacto ambiental. 
Debemos dotar de mayor poder a los comités de seguimiento de las obras de ejecución, aumentando la colaboración de la Comisión con los Estados miembros y las ONG. 
Las diferentes iniciativas comunitarias y las acciones enmarcadas en el artículo 10 del FEDER deben afectar más profundamente a la protección y promoción del medio ambiente, dotando de sistemas de apoyo a las PYME afectadas y a sectores como el turismo ecológico y rural y la propia agricultura. 
Un mayor y continuo diálogo con las entidades regionales y locales resulta primordial por cuanto éstas últimas son los receptores directos y serán corresponsables en la ejecución de las políticas de cohesión. 
Lamentablemente, la política que realiza la Comisión Europea no ha respetado en algunas ocasiones el espíritu con el que fueron creados los Fondos estructurales y de cohesión y realiza una política anticohesiva, puesto que la propia Comisión, a la hora de presentar las diferentes propuestas en materia medioambiental, no tiene realmente en cuenta las diferencias existentes entre los distintos países miembros de la Unión ni sus consiguientes obligaciones financieras para la conservación de su riqueza natural. 
Los problemas medioambientales de los países del norte y del sur de Europa son diferentes y, lógicamente, diferentes serán, por ende, las soluciones económicas y financieras. 
Urge, así, el cambio en la política de la Comisión Europea para que presente las distintas propuestas estudiando- y aceptando- las características propias de cada Estado miembro, con sus problemas medioambientales propios y sus obligaciones financieras particulares. 
Con todo ello- y concluyo ya, señora Presidenta -, la Unión Europea debe poner todos los medios necesarios para financiar una nueva política derivada del Acta Única, como es la de medio ambiente, con el fin de solventar los tremendos esfuerzos que países del arco mediterráneo, como España, tienen que realizar para aplicar ciertas disposiciones comunitarias al poseer una mayor riqueza natural. 
Señora Presidenta, le pido comprensión por retenerla a usted un rato, pero creo que precisamente el cuidadoso informe del Sr. Hatzidakis y la presente discusión hacen urgente que yo ponga de relieve con más claridad algunas cosas. 
En primer lugar, quiero poner en claro- y ustedes lo comprobarán también si analizan el informe del Sr. Hatzidakis y la comunicación de la Comisión- que coincidimos considerablemente en los principios. 
Por lo demás, yo hubiera deseado que la información escrita que se envió a la Comisión de Medio Ambiente de 3 de julio del pasado año se hubiera tenido más en cuenta en la opinión de ustedes. 
Les pido, además, que en sus conclusiones tengan en cuenta que nos atenemos al derecho comunitario vigente y que hemos de respetar el principio de subsidiariedad, es decir, que aunque nosotros estemos de acuerdo con las exigencias de ustedes no podemos ir sencillamente en contra de las regularidades vigentes hasta ahora. 
Finalmente, no hay que olvidar el considerable volumen de las inversiones en medio ambiente que están siendo financiadas ya hoy a través de los Fondos estructurales, por ejemplo, en las regiones de objetivo 1 con un volumen aproximado de 1600 millones de ecus, y creo que esto, significa, una porción de cohesión en la política de medio ambiente. 
No obstante, estamos muy empeñados en llevar a cabo también de manera práctica las acciones anunciadas en la comunicación de 22 de noviembre de 1996 sobre la cohesión y el medio ambiente y en la carta de 8 de diciembre, la llamada declaración de intenciones. 
Respecto de los Fondos de cohesión para todo el período de planificación 1993-1999 aspiramos a una distribución por igual entre los proyectos de transportes y los de medio ambiente. 
Por lo demás, las cifras más recientes muestran que también podríamos lograr esto con una conducta consecuente, gracias a la mejora 96 y a la enorme presión de la Comisión incluso en los próximos años. 
No obstante, quiero señalar que no se aprobará ningún gran proyecto sin el correspondiente estudio de impacto ambiental y que las medidas de compensación no sólo serán exigidas sino que también serán cofinanciadas desde los Fondos estructurales. 
Sin embargo, en primer lugar, se ha señalado aquí por parte de un orador que la directiva relativa al estudio de impacto ambiental no es tan impermeable como ustedes y nosotros juntos quisiéramos y, en segundo lugar, me gustaría ver que los ministros y los gobiernos con los que he tenido agudos conflictos a propósito de tomar en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad en sus inversiones escuchasen ahora este debate, pues en este punto suelo ser tenida por una fantaseadora del medio ambiente y no como alguien que quiere poner en práctica los objetivos comunes de este Parlamento. 
Por lo demás, implicamos también, naturalmente, a organizaciones territoriales, locales y regionales, pero lamentablemente éstas no están siempre en el lado por el que ustedes han luchado hoy aquí, sino que en ellas se dan conflictos diversos que nosotros sólo podemos reducir conjuntamente, ojalá, mediante una mayor sensibilización. 
Respecto del nivel de planificación de programas queremos intensificar en el futuro medidas preventivas y apoyar un cambio de orientación hacia un desarrollo sostenible. 
Sin embargo, les pido que tengan en cuenta que todos los grandes programas para el período 1994-1999 estaban aprobados ya antes de la toma de posesión de esta Comisión y que esto constituye un fundamento jurídico sobre el que tenemos que trabajar. 
Hemos tenido una posibilidad concreta y la también la hemos utilizado, en concreto, para la segunda fase de programas del objetivo 2 para el período 1997-1999. 
En abril de 1996 dimos orientaciones para los nuevos programas del objetivo 2, en las que el medio ambiente era una de las cuatro prioridades que destacábamos de manera especial. 
Con éxito, como hoy se ve, pues los nuevos programas son aprobados sólo si contienen también la dimensión medioambiental y las necesarias informaciones medioambientales en forma de los llamados perfiles medioambientales. 
Hay que registrar también los avances que se han producido mediante la inclusión de autoridades de medio ambiente. 
La valoración de mitad de período que se realizará este año para los programas de objetivo 1 y de objetivo 2 ofrece también a la Comisión la oportunidad de incluir en la evaluación no sólo aspectos puramente económicos, sino también cuestiones del desarrollo sostenible. 
No obstante, he de indicar que el Fondo de cohesión y los Fondos estructurales no son Fondos de medio ambiente, sino Fondos de desarrollo regional, y que hemos de intentar establecer el equilibrio más razonable posible entre intereses que en parte son muy diversos. 
La Comisión desarrolla para las midterm reviews del objetivo 1 y del objetivo 6 una nueva matriz para indicadores cualitativos de medio ambiente, y nosotros esperamos avanzar también un trecho con esto. 
Por lo demás, la iniciativa comunitaria INTERREG 2c es también una iniciativa con acento en cuestiones de protección del medio ambiente, de cuidado de fuentes de recursos y de gestión de recursos hídricos. 
Los actuales programas contienen ya algunas- hay que reconocer que son demasiado pocas- informaciones cualificadas sobre objetivos e indicadores de medio ambiente. 
Por esta razón, la Sra. Bjerregaard, el Sr. Fischler y yo hemos constituido un grupo de trabajo que ha de elaborar en colaboración con expertos medioambientales algunos indicadores clave que puedan identificarse con relativa facilidad y puedan ser puestos en práctica después. 
Puesto que los Fondos son administrados de forma descentralizada y puesto que las autoridades nacionales y regionales de los estados miembros son sólo competentes para la selección de los proyectos, hemos de apoyarnos sobre todo en los Estados miembros y debo indicar una vez más que no hay ninguna declaración obligatoria en los proyectos pequeños. 
Por consiguiente, no podemos hacer otra cosa sino sensibilizar. 
Por esta razón organizamos seminarios de medio ambiente para gestores de los Fondos y para miembros de comités de seguimiento en los Estados miembros. 
El primer acto piloto fue en noviembre de 1996 en Irlanda, y en el primer semestre de este año seguirán seminarios en Portugal y en Grecia. 
Junto a esto la Comisión realiza medidas de formación continuada para su propio personal, sobre todo, para la evaluación estratégica de efectos medioambientales y para los estudios de impacto ambiental, y a lo largo del año pasado se han nombrado en los servicios a mi cargo delegados de medio ambiente en casi todas las secciones después de los correspondientes cursos de formación. 
Permítanme que en demanda de nuevas estructuras diga lo siguiente: en mi opinión, necesitamos menos nuevas estructuras que una mejor integración de la protección del medio ambiente en todas las medidas de la ayuda regional, y queremos esforzarnos precisamente de manera intensiva por esto último. 
El séptimo informe anual sobre los Fondos estructurales de 1995- uno de los oradores acaba de decir también esto- pone un acento especial en la dimensión del medio ambiente. 
Los informes anuales del Fondo de cohesión y de los Fondos estructurales también harán esto en el futuro y con esto nosotros tendremos que cumplir nuestra obligación de dar cuenta. 
En correspondencia con el escrito de 8 de diciembre de 1995 la Comisión confirma en una nota sobre compatibilidad medioambiental que en el caso de nuevos grandes proyectos cuyo volumen supere los 50 millones de ecus no se seguirán de cada proyecto efectos nocivos para el medio ambiente o serán compensados en el marco de su ejecución. 
Los servicios a mi cargo en colaboración con la DG XI han desarrollado ahora un formulario mejorado de comprobación. 
Presentaré al Parlamento los nuevos criterios de impacto ambiental en cuanto hayan concluido estos trabajos de análisis que están en curso. 
Las listas de proyectos se publicarán además en el Official Journal y aparecerán también en los informes anuales sobre el Fondo de cohesión y el Fondo regional. 
La Comisión ha proseguido su diálogo constructivo con las asociaciones y organizaciones no gubernamentales representativas en materia de medio ambiente con el fin de fomentar la transparencia de los proyectos de política estructural. 
Sin embargo, puesto que dirijo de forma continuada y casi a diario tales negociaciones, soy consciente de cuán largo es el camino que queda y de cuánta ayuda necesitamos en los Estados miembros para lograr nuestro objetivo. 
Por esta razón, sigo necesitando el apoyo de ustedes. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.10 horas) 
Hemos tenido conocimiento de otro acto terrorista cometido en España: un policía fue asesinado ayer en Bilbao. 
Quisiera expresar, en nombre de todos, la condena del Parlamento Europeo y la solidaridad con los familiares de la víctima y con todo el pueblo español. 
Pensamos en todos aquellos que pierden su vida luchando por la convivencia civil, y seremos coherentes con todas las resoluciones que hemos aprobado respecto de la lucha contra el terrorismo, cada vez que se viole la legalidad, en España o en cualquier otro país. 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en la página 14 del Acta aparece la lista «Preguntas orales para el turno de preguntas». 
Formulé una pregunta relativa al tiempo de trabajo que estaba dirigida específicamente al Comisario Kinnock. La pregunta aparece en el número 100 de la lista y no figura entre aquellas que responderá el Sr. Kinnock. 
Es posible que exista una razón sencilla y que la situación haya sido provocada por un pequeño descuido o error de la administración. 
No obstante, habida cuenta de que también el Sr. Smith y la Sra. Oddy han formulado preguntas delicadas sobre el transporte de residuos nucleares, las cuales aparecen también en esa misma sección de la lista, empiezo a sospechar que existen fuerzas oscuras que manipulan el orden del día. 
Le pido que nos garantice que ése no es el caso, y solicito su ayuda para que se aborde esta cuestión debidamente. 
Señor McMahon, no estoy al corriente de la existencia de fuerzas oscuras que manipulen nuestro trabajo. 
Espero naturalmente que no existan y espero que el error que usted ha indicado pueda corregirse. 
Señor Presidente, sólo deseo confirmar lo que ha dicho el Sr. McMahon, mi pregunta era relativa al transporte de material nuclear. 
No sé si todo esto es debido a la acción de fuerzas oscuras, pero agradecería que se investigara este asunto. 
Le puedo responder que no somos nosotros quienes decidimos qué Comisario responde a las preguntas: es la Comisión la que decide, pero, repito, si ha habido un error, se corregirá sin duda alguna desde el punto de vista de la redacción del texto. 
Señor Presidente, esas mismas fuerzas oscuras no han intervenido en mi pregunta. 
Mi pregunta, que versa sobre el mismo tema, aparece entre aquellas a las que responderá el Sr. Kinnock. 
Por consiguiente, ocurre algo extraño: ¿sexismo quizás? 
Gracias, señora Ahern. 
Transmitiremos esas observaciones a la Comisión para que pueda solucionarlo. 
(El Parlamento aprueba el acta) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera manifestarme en contra de la urgencia. 
En primer lugar, el Consejo se toma tiempo durante meses y delibera sin tomar en cuenta lo que hemos acordado. 
En segundo lugar, modifica el programa tal como se le antoja de manera caciquil y, en tercer lugar, solicita después del Servicio Jurídico que aclare cuestiones de procedimiento. 
El servicio Jurídico ha dicho al Consejo lo siguiente: tened cuidado, es mejor que volváis a deliberar con el Parlamento, pues habéis acometido esas profundas modificaciones. 
Esto no puede ser así. 
Creo que la comisión debe debatir esto a fondo una vez más. 
(El Parlamento rechaza la petición de aplicación del procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, le ruego que consulte a los servicios del Parlamento. 
El artículo Agenda de Estrasburgo que aparece en la edición de hoy del «Session News» ofrece una versión completamente errónea del comienzo de la sesión de ayer. 
La noticia de que ayer se solicitó cambiar la hora de la votación de la moción de censura relativa a la EEB es absolutamente falsa. 
El artículo declara que Pauline Green, PSE, London North, solicitó a la Asamblea un aplazamiento de la votación de las propuestas de resolución prevista para el miércoles a las 12.00 horas. 
Eso es absolutamente falso. 
No hice nada semejante. 
La noticia causa confusión entre los medios de comunicación y la opinión pública. 
En nombre de mi Grupo le ruego que ordene la retirada inmediata de ese documento. 
Gracias, señora Green. 
Su intervención es inapelable: naturalmente no tiene nada que ver con el acta, pero tomamos nota de su observación. 
Regímenes de seguridad social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0018/97) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifican en favor de los trabajadores en desempleo el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 (COM (95) 0734- C4-0116/96-96/0004 (CNS) ). 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión Europea tiene por objeto que las personas que se encuentran sin trabajo puedan buscar trabajo en otro Estado miembro durante un plazo más largo que los tres meses fijados actualmente, sin perder el derecho a un subsidio de desempleo. 
En 1980, la Comisión Europea ya presentó esta propuesta, que tenía por objeto asegurar la libre circulación y optimizar las oportunidades de encontrar trabajo. 
En aquella ocasión, la propuesta naufragó. 
Ahora creo que tiene una oportunidad. 
Señor Presidente, las condiciones para conservar el subsidio de desempleo son muy estrictas. 
Es preciso quererlo de verdad, pues no es posible, así sin más, solicitar y buscar trabajo en otro bello y soleado país. 
Hay que estar dispuesto a sacrificarse, porque buscar trabajo en otro Estado miembro significa que se elige el subsidio de desempleo más bajo y de más corta duración. 
Con ello se evitan los abusos. Sólo se ayuda a quienes están realmente motivados para buscar trabajo. 
Las propuestas relacionadas con el importe y la duración de las prestaciones y la obligación de estar inscrito como demandante de empleo y de ocuparse activamente en ello, cuentan con el apoyo de la Comisión de Asuntos Sociales y de la ponente. 
¿Qué hace alguien que sigue un curso de formación desde una situación de desempleo? 
¿Tiene esta persona los mismos derechos si se inscribe en otro Estado miembro? 
He presentado una enmienda sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, ahora quiero referirme a los trabajadores transfronterizos. 
También para estos trabajadores existe ahora una libre elección: antes quedaban obligatoriamente incluidos en el régimen legal del Estado en que residían, y ahora pueden optar por el régimen del Estado en que trabajan. 
Me parece muy bien, y en el informe de la Comisión de Asuntos Sociales de 1995, el Parlamento Europeo y esta ponente también exigieron esta libertad de elección. 
Señor Presidente, también hay algo extraño. 
En un determinado Estado miembro, donde por cierto hay muchos trabajadores fronterizos- me refiero a Luxemburgo -, existe la posibilidad de elegir, pero ésta corre por cuenta del Estado de residencia, y se trata de Bélgica. 
Creo que es una propuesta que ciertamente da un trato justo al trabajador fronterizo, porque no lo nota en absoluto, pero no cuadra en el sistema y considero inaceptable un sistema en que se hagan constantes excepciones. 
La Comisión de Asuntos Sociales comparte el punto de vista de la ponente. 
Señor Presidente, por ello he presentado una enmienda que, dado el hecho de que las autoridades luxemburguesas tienen que asumir muchos gastos de golpe, implica que el plazo de transición que se ha acordado ahora será como máximo de cinco años, y se lo digo a los colegas luxemburgueses: tienen que tener ustedes en cuenta que los trabajadores fronterizos que se quedan sin empleo en Luxemburgo, también han cotizado a la seguridad social en este país. 
Señor Presidente, por esta razón he presentado una enmienda a este punto. 
Señor Presidente, quiero aprovechar la ocasión para decir a través del Comisario Sr. Flynn, que en este difícil expediente en torno al Reglamento 1408/71, el Parlamento ha valorado y valora mucho la cooperación con sus colaboradores y concretamente los directamente implicados en el expediente, y por ello quiero dar desde aquí las gracias al Sr. Rob Cornelissen y desearle mucha suerte con su nuevo trabajo; sabemos que el Sr. Verschuren, que está sentado a su lado, trabajará en este difícil expediente con la misma diligencia. 
En lo que a esto respecta, señor Presidente, quiero volver a felicitarle a él y a sus colaboradores a través del Comisario. 
Señor Presidente, ¿me permite una observación para terminar? 
Últimamente, en el Reglamento de coordinación 1408/71, nos encontramos con cada vez más problemas, porque un Estado miembro tras otro desplaza lo que coordina socialmente el Reglamento 1408/71 a la fiscalidad, a través de recortes, y es precisamente la fiscalidad la que no se coordina. 
Por ello quiero pedir de nuevo a través del Sr. Flynn: preste atención a este hecho y considere lo que realmente coordinamos para los trabajadores fronterizos, a nivel social y fiscal, y procure que entonces tengamos una elección. 
A petición de las organizaciones obreras y patronales se acaba de publicar un informe de la Universidad de Maastricht, que aboga por esta elección. 
Intentemos agilizar más esta cuestión. 
Es lo que deseo pedirles, pues pienso que en los próximos tiempos podremos solucionar muchísimos problemas para los trabajadores fronterizos, que a fin de cuentas cada día hacen de Europa una realidad. 
Señor Presidente, yo quisiera empezar felicitando a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, por su magnífico informe. Pero no únicamente por la valoración que hace de la propuesta de la Comisión que hoy vamos a discutir, sino, fundamentalmente, por su capacidad de anticipación. 
Porque algunos aspectos, como el relativo a los derechos de prestación de desempleo de los trabajadores transfronterizos, habían sido ya mencionados por la propia ponente en el informe que ella presentó y que fue aprobado en la Comisión de Asuntos Sociales el 15 de mayo de 1995. 
Porque, hasta ahora, los trabajadores que pasaban a una situación de paro total en el Estado miembro en el que tenían un empleo y que habían residido siempre en otro Estado miembro tenían un problema respecto a la definición de sus derechos. 
La solución que se elegía variaba en función del tipo de trabajador. 
Mientras que los trabajadores fronterizos estaban automáticamente sujetos a la legislación del Estado de residencia, los otros tipos de trabajadores- en particular, los trabajadores temporeros- tenían la posibilidad de optar por el régimen de uno de los dos Estados miembros. 
Y esto suponía una discriminación importante para los trabajadores que debían pasar cada mañana una frontera- en muchos casos, mera demarcación artificial- para ir a trabajar a la localidad vecina. 
Por un lado, estos trabajadores se encontraban enfrentados a las normativas de dos países diferentes: la del país en el que trabajan y la del país en el que residen. 
Y, por otro lado, hay que reseñar que esta barrera supone un freno importante a la efectiva realización del mercado interior y, más concretamente, al derecho a la libre circulación de trabajadores. 
En este sentido, la propuesta de la Comisión ofrece la posibilidad de optar entre las prestaciones de desempleo del Estado en el que trabajaban y las del Estado en el que residen, también para los trabajadores fronterizos. 
Tengo que valorar, en este sentido, la propuesta como muy positiva, en cuanto supone una importante mejora de las condiciones de este colectivo. 
Es cierto que quedan por resolver algunos aspectos para estos trabajadores- como, por ejemplo, los que hacen referencia a prestaciones sanitarias de sus familiares- para alcanzar ese pilar básico del mercado interior que es la libre circulación. 
Pero es cierto también- y hay que decirlo- que constituye un avance para muchos trabajadores de la Unión Europea y a usted le cabe el honor, señora Oomen-Ruijten, de haber sido impulsora y batalladora en favor de los mismos. 
Además, este informe hace referencia a otros aspectos de importancia para el desplazamiento de las personas que perciben una prestación de desempleo. 
Se propone un sistema según el cual un desempleado que perciba un subsidio de desempleo y que desee desplazarse para buscar un empleo- o bien para seguir a su cónyuge en algunos casos- disfrutará de los derechos durante los tres primeros meses para mantener su derecho a las prestaciones en virtud de la legislación competente- es decir, la del Estado de su último empleo. 
Esta prestación sería abonada por la institución del Estado miembro en el cual el desempleado busca un empleo por cuenta de la institución del Estado competente. 
Y más allá de los tres meses- si el período de búsqueda se prolongase- el desempleado tendría también la posibilidad de quedarse en el Estado en el cual busca un empleo, conservando su subsidio con ciertas limitaciones en cuanto a la duración y al importe. 
Termino, señor Presidente, felicitando a la ponente y subrayando que el presente informe supone un avance importante en favor de los derechos de los trabajadores- en favor de la movilidad de los trabajadores de la Unión Europea- y también en la realización del mercado único. 
Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre de la Sra. Hermange, como se ha señalado hace unos instantes. 
El reglamento que estamos examinando hoy garantiza el carácter efectivo de la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea, asegurando la continuidad de las prestaciones sociales y la aplicación de los regímenes de seguridad social. 
Pero en el momento actual, este texto es insuficiente, por cuanto que el desempleo se ha convertido en una realidad incuestionable. 
Por consiguiente, es más indispensable que nunca permitir que, aquellos que lo deseen, puedan buscar un empleo en otro Estado y enriquecer su experiencia, poniendo a su servicio los instrumentos para una simplificación de los procedimientos y para una protección de las condiciones de vida y de trabajo. 
El Presidente Chirac ha recordado en numerosas ocasiones la importancia de esta dinámica, exhortando a los jóvenes a ampliar sus perspectivas y dar prueba de movilidad profesional y geográfica. 
Falta todavía proporcionarles los medios para esta movilidad, y no desilusionarlos en su deseo de encontrar su lugar en el gran mercado del empleo europeo. 
Por ello, creo que la modificación del reglamento en favor de los desempleados se ha convertido en una necesidad. 
Se trata de facilitarles la búsqueda de un empleo en otro Estado miembro sin que pierdan por ello sus derechos a los subsidios de desempleo, de una duración limitada en la actualidad a tres meses. 
La persona que busque un empleo en otro Estado miembro debe tener la posibilidad de disfrutar sin dificultades de las prestaciones sociales en especie y, ante todo, del acceso a los servicios sanitarios. 
De este modo reforzaremos al mismo tiempo el modelo social europeo y la competitividad de la economía europea, que se apoya en una población activa motivada y competente. 
Quisiera agradecer al ponente su propuesta y, en nombre del Grupo del PPE, apoyo plenamente este informe. 
Desearía añadir que, como ponente para opinión sobre el Libro verde titulado «Los obstáculos para la movilidad transnacional» presentado por la Sra. Comisaria Cresson, como dice la Sra. Hermange, considero igualmente urgente ampliar el campo de aplicación de este reglamento a los estudiantes, que están preparando el futuro de Europa, estudiando en el extranjero en cualquiera de los Estados miembros. 
Nos corresponde darles las claves para la esperanza recuperando las condiciones para una Europa próspera y más humana. 
Señor Presidente, pienso que la Sra. Oomen-Ruijten ha esbozado de forma excelente el aspecto jurídico de este régimen y las cuestiones relacionadas con él, y por esto quiero limitar mi intervención a una serie de cuestiones que pienso merecen la atención de la Comisión y también del Consejo. 
Para lograr que estas modificaciones de las directivas sean un éxito, será preciso que los servicios nacionales de empleo y las instituciones de previsión social colaboren eficazmente. 
En el pasado he podido adquirir experiencia en la colaboración de los organismos de empleo entre Estados miembros. Concretamente, entre los Países Bajos y Bélgica. 
Puedo asegurarle que no es fácil conseguir que estos organismos cooperen bien, teniendo en cuenta, por ejemplo, la falta de posibilidades de intercambio de datos, porque, por ejemplo, los sistemas automatizados y de registro no están sincronizados. 
Además, los Estados miembros no tienen en cuenta que, sobre todo en las zonas fronterizas, este tipo de cooperación exige recursos adicionales y a menudo a los servicios les cuesta mucho reservar estos recursos. Quisiera pedirle que incluyera usted esto en el orden del día del Consejo, señor Flynn. 
Además espero, y para ello quiero remitirme al informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que esta modificación de la directiva sea una contribución a estas cuestiones todavía no resueltas, por ejemplo en relación con el hecho de que en algunos Estados miembros no se pagan los derechos de pensiones acumulados, y ninguno de los dos Estados miembros paga, una situación que se presenta por ejemplo entre Bélgica y los Países Bajos. 
Quiero apoyar el llamamiento de la Sra. Oomen-Ruijten en relación con la fiscalidad. 
Incluso me atrevería a decir que las legislaciones nacionales tendrían que organizarse de tal modo que se hiciera una prueba antes de establecer una ley relacionada con los efectos en el trabajo fronterizo. 
Señor Presidente, estimados colegas, esto parece ser un informe técnico pero en realidad es un informe altamente político, y yo también quisiera dar las gracias a la Sra. Oomen-Ruijten porque da un paso en la dirección acertada. 
Hasta ahora los regímenes fronterizos han constituido un enorme agujero negro en nuestro sistema social: para el trabajo por cuenta ajena Europa significa aquí olvidar los sistemas nacionales de seguridad social. 
La Sra. Oomen-Ruijten propone, y nosotros apoyamos esto también, que partiendo de aquí se llegue al menos a un régimen de máximo común denominador. 
Esto no es insignificante. 
Sin embargo, somos de la opinión de que para que se pueda exigir realmente una movilidad suprafronteriza ilimitada hay que ir por encima de este modelo hacia un modelo del mínimo común múltiplo. 
Esto quiere decir que las regulaciones favorables de ambas partes rigen realmente. 
Esto es financiable, y esto haría simplemente más atractiva una búsqueda transfronteriza de trabajo. 
Por esta razón hemos presentado una enmienda. 
Somos de la opinión de que precisamente las fronteras- y ésta sería mi pregunta al Comisario Flynn- deben ser convertidas en umbrales de conexión y de transición para los trabajadores por cuenta ajena. 
Europa debe convertirse en un espacio de más justicia social y de una solidaridad social más garantizada, y no debe seguir siendo un agujero negro en el que desaparecen los sistemas existentes de seguridad social. 
Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción la actitud positiva con que el Parlamento Europeo ha recibido esta propuesta en particular. 
El Parlamento comparte la opinión de la Comisión de que las personas desempleadas deben poder pasar más de tres meses, que es el plazo previsto actualmente, buscando trabajo en otro Estado miembro sin perder sus derechos a recibir el subsidio de desempleo. 
El Parlamento también ha respaldado la propuesta de conceder a los trabajadores fronterizos que pasan a ser desempleados el derecho de poder elegir entre los regímenes de prestaciones del Estado miembro de residencia o del Estado miembro en el que estuvo empleado por última vez. 
La Sra. Oomen-Ruijten ha elaborado un excelente informe y le doy las gracias por ello. 
La ponente propone tres enmiendas de gran utilidad. La primera se ajusta a los términos del Libro Verde de la Comisión sobre los obstáculos a la libre circulación en los ámbitos de la educación, la formación y la investigación. 
El Sr. Pompidou también se ha referido a esta cuestión en particular. 
La segunda propone que se suprima una excepción prevista para Bélgica. A mi entender es justificada, teniendo en cuenta la interpretación tan rigurosa que hizo el Tribunal de Justicia en el caso «Spataro» el pasado mes de junio. 
Y en tercer lugar, el período transitorio de diez años para que los Estados miembros vecinos reembolsen a Luxemburgo una parte del importe de las prestaciones abonadas al trabajador fronterizo, puede realmente reducirse a cinco años. 
La enmienda presentada por los Sres. Schörling y Wolf afectaría al equilibrio de la propuesta de la Comisión, por lo que no podemos aceptarla. 
En estos términos, la Comisión está dispuesta a presentar una propuesta modificada que apoye las enmiendas que propone la Sra. Oomen-Ruijten. 
Quisiera también expresar a la ponente mi agradecimiento más sincero por las amables palabras que ha tenido para con los servicios y el personal, palabras que les transmitiré encantado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Protección social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0016/97) de la Sra. Weiler, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Informe de la Comisión (COM (95) 0457- C4-0518 y C4-0524/95) sobre la protección social en Europa 1995 y sobre la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la protección social: marco para un debate europeo. 
Señor Presidente, estimados colegas, me alegro de que hoy entremos en un tema que hace mucho tiempo debía haber figurado en el orden del día de Europa y me alegro de que la Comisión nos haya presentado a debate un documento tan útil. 
En la comisión hemos celebrado con expertos, con organizaciones no gubernamentales, un rico debate sobre estos temas y celebro también que la Presidencia irlandesa y ahora la Presidencia holandesa hayan aprovechado la ocasión de organizar conferencias especializadas de manera conjunta con nosotros. 
Doy también las gracias a todos los colegas por la colaboración constructiva en mi informe y pido disculpas por no haber podido tomar en cuenta todas las enmiendas. 
Algunas no las he podido tomar en cuenta, porque habrían modificado la línea clara de mi informe, y también, en parte, por estar excesivamente orientadas en una dirección que habría significado la privatización del sistema social. 
Por otro lado, aunque siento simpatía por las enmiendas núms. 27, 28 y 29, no tienen nada que ver con mi informe y pertenecen realmente a otro contexto. 
Básicamente, en el último medio año se ha estado de acuerdo en todo el debate en que el modelo social europeo es un factor positivo local para Europa y que necesitamos una reforma conjunta de este sistema, pero no una reducción. 
Reforma no significa reducción, reforma no significa armonización, para decirlo de una vez claramente. 
En el futuro los Parlamentos nacionales seguirán tomando decisiones acerca de la configuración de sus sistemas de seguridad social. 
Pero, no obstante, es necesario que el Parlamento Europeo y nuestras instituciones intervengan y se comprometan más intensamente que antes. 
Estamos llamados a ello, por ejemplo, en las directivas, urgentemente necesarias, que garanticen la libre circulación de los trabajadores. 
Se nos necesita en una tarea de configuración social, en una tarea de seguimiento de las nuevas organizaciones de trabajo en Europa, por ejemplo, de las situaciones atípicas de empleo, no sólo de tiempo parcial, sino para el amplio espectro y la gran variedad de todas las situaciones de empleo que se están dando últimamente en Europa. 
Se nos necesita también- y este es el punto principal- en la lucha conjunta contra el desempleo a nivel nacional y regional, pues todos sabemos que el desempleo es la causa principal de los problemas financieros de los sistemas de seguridad social. 
Esta es también la razón por la que hemos pedido un capítulo sobre «empleo» en el Tratado de reforma. 
Una importante demanda de la comisión es que se hagan los sistemas más favorables al empleo, es decir, que se descargue el factor trabajo y se exploren nuevas fuentes de financiación. 
Los Estados miembros podrán emprender una reforma fiscal ecológica, incluso podrían aprovechar la oportunidad de emprender una reorientación de tipo ecológico. 
Nosotros la proponemos. 
Los Estados miembros decidirán si quieren planificar o no esta nueva fuente. 
Hemos elaborado respuestas y propuestas de solución para problemas de Europa que son semejantes en todos los Estados miembros, en todas las naciones industriales. 
Estos son, por ejemplo, el envejecimiento de la población en Europa, el deseo legítimo de las mujeres de una actividad laboral y, como ya he dicho, las nuevas formas de la organización del trabajo y de la flexibilidad laboral. 
Queremos mantener este debate con la Comisión, con el Consejo, con los interlocutores sociales, con las ONGs y con las asociaciones de bienestar de los Estados miembros. 
Estimados colegas, en mi informe he presentado un conjunto de propuestas de medidas. 
Yo me alegraría de que ustedes lo aprobasen, de que ustedes apoyasen que hemos de seguir trabajando en el tema, que queremos seguir trabajando en este tema, que necesitamos también una especie de órgano institucional para poder encontrar en común las soluciones y poder mantener el diálogo. 
En consecuencia, les pido que apoyen mi informe. 
Señor Presidente, gracias, también, por la oportunidad que me brinda de hablar ante su Parlamento de este importante tema que figura hoy en el orden del día. 
Quiero empezar felicitando a la Sra. Weiler y a la Comisión por el presente informe, porque su contenido es de suma importancia para el desarrollo futuro de la Unión Europea, y al mismo tiempo llega en un momento en que la Unión y sus Estados miembros han de prepararse para lo que será una nueva fase cualitativa en el desarrollo socioeconómico de la Unión, sobre todo a partir del momento en que se inicie la UEM. 
Entonces será preciso dar una forma y un contenido nuevos a la complementariedad entre la integración económica y monetaria por un lado, y la coordinación de la política socioeconómica entre los Estados miembros por otro. Esta forma y contenido nuevos sólo pueden derivarse de un diálogo entre los gobiernos y el Parlamento Europeo. 
El informe de la Sra. Weiler comporta para ello importantes iniciativas. 
En relación con los objetivos de la Unión Europea en el Tratado se dice claramente que una de las principales tareas de la Unión consiste en mantener un alto nivel de empleo y de protección social. 
Al mismo tiempo, hemos de constatar que, de hecho, la puesta en práctica de estos objetivos prioritarios de la Unión está en pañales. 
A pesar del importante trabajo que ya se ha realizado en los últimos años y en el cual la Comisión Europea ha desempeñado un papel importante, nos encontramos en vísperas de una nueva fase y es muy importante que progresemos. 
El Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, es decir, el Libro Blanco de Delors, sigue siendo de palpitante actualidad para el desarrollo de nuestras ideas en esta cuestión. 
Aunque ya tiene varios años, no deberíamos cometer el error de relegar este informe al cajón de nuestro archivo histórico, porque en realidad no hemos hecho más que empezar a desarrollar algunos temas clave de este informe y hemos de asumir la tarea de dar más contenido a sus aspectos principales. 
Por esta razón, entre otras, la Presidencia neerlandesa ha considerado importante debatir algunos temas que emanan directamente del Libro Blanco durante el semestre de su Presidencia. 
Lo hemos hecho en una conferencia celebrada a finales de enero en Amsterdam con el título de: » Política social y rendimiento económico» , en que hemos intentado considerar la política social no sólo como una conveniencia social, sino también en términos de factor de producción, un factor de producción para la generación de crecimiento, empleo y prosperidad en la Unión, para enfocar mejor la síntesis entre la política social y el rendimiento económico. 
Con la valiosa aportación del Comisario Flynn y su Dirección General a dicha conferencia, creo poder decir que hemos impulsado el debate que también ha introducido aquí el informe de la Sra. Weiler. 
Durante nuestra Presidencia queremos ocuparnos de progresar más en esta cuestión, desarrollando concretamente dos temas en marzo, durante la reunión informal del Consejo Social en Rotterdam. 
Se trata en primer lugar de los indicadores de política de empleo, que en los próximos años permitirían a los Estados miembros aprender a utilizar el método de benchmarking en base a las mejores experiencias adquiridas en los diferentes Estados miembros y a partir de allí poder lograr un efecto catalizador en la coordinación de la política a nivel de la Unión Europea. 
Con ello se podrá acelerar la convergencia de la política de mercado laboral y de empleo como complemento necesario de la integración económica y monetaria. 
El segundo tema que examinaremos durante el Consejo informal es la necesidad que se percibe en casi todos los Estados miembros de reducir los costes laborales y con ello facilitar la inclusión de demandantes de empleo poco cualificados. 
En el informe sobre la situación económica de la Unión, la Comisión constata con razón que la sustitución del trabajo por capital y el rezagado nivel de inversión en la Unión son las dos causas principales de la balanza de empleo negativa que ha aparecido en los últimos años y que es preciso cambiar. 
A lo largo de estas dos líneas gira nuestra aportación, y lo considero un ejercicio paralelo a lo que ha propuesto el informe Weiler de aumentar considerablemente la calidad de la atención, en la política de la Unión, a las condiciones en que puede crearse crecimiento y empleo. 
Hablando de las condiciones del crecimiento y del empleo, las condiciones para el establecimiento de la cohesión social, quiero indicar brevemente dos aspectos que a mi juicio deberían tener prioridad en el desarrollo de la política y en el debate con este Parlamento, entre otros. 
En primer lugar se trata de la condición de una mayor flexibilidad del mercado laboral. 
Es innegable que la rigidez de los mercados laborales puede obstaculizar el crecimiento del empleo, y que es necesaria una adaptación. 
Pero también es innegable que esta adaptación no puede comprenderse unilateralmente, sino que ha de tratarse de una adaptación bipartita, tanto de los trabajadores como de los empresarios. 
Por esta razón, en el debate de la Conferencia de Amsterdam se prestó atención al concepto de flexibilidad y seguridad. 
La flexibilidad exigible a los trabajadores, de estar disponibles para el mercado laboral de un modo que favorezca el crecimiento económico, pero por otro lado también la obtención de una mayor seguridad social, seguridad de jubilación, es decir, que también los empresarios han de contribuir creando una motivación para el trabajo, algo que también es importante para cumplir la segunda condición que quisiera mencionar, concretamente el establecimiento de un mayor nivel de productividad del trabajo. 
En el futuro, la productividad se apoyará de forma creciente en la formación, en el aumento de las oportunidades de instrucción y permisos, pero también la organización de la implicación de los trabajadores en el marco de la información y consulta en torno a la política de las empresas. 
En cuanto a esta última cuestión, se da la feliz circunstancia de que espero poder realizar progresos durante esta Presidencia en el tema «Información y consulta de los trabajadores» , después de haberme puesto al corriente del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Sociales, y dentro de poco espero conocer los resultados del grupo de trabajo dirigido por el Sr. Davignon, a quien la Comisión y el Consejo han pedido que examine este tema. 
La tercera condición que quisiera mencionar para el crecimiento y el empleo tiene que ver con la creación de una mayor estabilidad social, que a su vez sigue diferentes líneas, concretamente la de mejorar y respectar unas relaciones laborales equilibradas. 
En este sentido es sumamente importante el diálogo social que han de mantener empresarios y trabajadores. 
A este respecto espero que en el Consejo Social realicemos progresos en la modernización del diálogo social a nivel de la Unión. 
Es necesario aumentar la participación de los demandantes de empleo para aprovechar todos los talentos de estos, de los extranjeros y sin duda también de las mujeres en el mercado laboral. 
Es preciso combatir más la pobreza, para garantizar la participación social y la estabilidad social de nuestra sociedad. 
Es preciso crear estas condiciones al margen del nivel de prosperidad de los Estados miembros. 
Todos los Estados miembros se enfrentan a estas cuestiones. 
En este sentido, la Unión también tiene- por su papel de catalizador- la importante tarea de establecer una coordinación, de establecer un orden del día de cara a la distribución del trabajo y de los ingresos, que no se base únicamente en las condiciones del mercado ni venga dictado exclusivamente por las condiciones del mercado. 
El Consejo está dispuesto a esforzarse por elaborar esta estrategia a medio plazo, una estrategia a medio plazo reclamada en el Libro Blanco de Delors, y así pues proseguiremos con el debate en Rotterdam, consideraremos también qué papel puede desempeñar la Comisión, la Comisión que para mí es un motor a la hora de profundizar en esta temática y aunar las experiencias de los Estados miembros de tal forma que también puedan derivarse conclusiones comunes. Pero la Presidencia también tiene puestas sus esperanzas en un apartado sobre el empleo en el Tratado, sobre el que se debate en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Con ello se puede crear un plano de sustentación para la coordinación, que finalmente ha de establecer la base para la complementariedad, que no sólo será conveniente, sino también inevitable cuando la Unión Europea alcance la fase de la Unión Económica y Monetaria, y por ello la necesidad de conectar la integración económica y monetaria con el resultado del empleo será visible y accesible para los ciudadanos, y también clara, aunque quizás con altibajos. La creación de una moneda única fuerte e internacionalmente competitiva no puede lograrse sin una convergencia económica real, sin una convergencia de los mercados laborales en el ámbito de los Estados miembros. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Weiler por su informe, así como al Ministro Melkert por su presentación de la posición de la Presidencia neerlandesa relativa a los temas de que trata el informe. 
Todos tenemos un punto de partida común en este debate y todos coincidimos en que la protección social es la piedra angular del modelo social europeo. La Sra. Weiler ha dejado este extremo perfectamente claro. 
No obstante, el desafío al que hoy nos enfrentamos consiste en encontrar el modo de modernizar los sistemas de protección social de Europa y de adaptarlos a la nueva situación de un mundo que se transforma rápidamente, sin abandonar los valores centrales de solidaridad y cohesión. 
Es algo muy difícil, y será una tarea compleja para la que no existen soluciones repentinas ni soluciones milagrosas. 
Ante la complejidad y la incertidumbre, propuse a finales de 1995 el lanzamiento de una nueva iniciativa sobre protección social que denominé «El futuro de la protección social: marco para un debate europeo». 
Lo que se perseguía era que cada Estado miembro buscara su propio paquete de soluciones que le permitiera atender a sus propios sistemas particulares. 
Al mismo tiempo, la capacidad de aprender unos de otros y de reaccionar con rapidez es un factor clave para alcanzar el éxito. 
La Unión Europea debe desempeñar una función muy valiosa en su capacidad de catalizador de este proceso y en su capacidad de aprendizaje y de adaptación, y agradezco al Parlamento Europeo su contribución al presente debate. Me alegra que el Parlamento haya reaccionado tan positivamente. 
El debate que hoy celebramos aquí nos recuerda dos cosas: en primer lugar, que el futuro de la protección social es una cuestión compleja; y en segundo lugar, que este debate es fundamental y no podemos eludirlo. 
En ese marco para el debate europeo sobre el futuro de la protección social, la comunicación de la Comisión ha analizado muchos de los desafíos comunes a los que nos enfrentamos: cómo conseguir que la protección social favorezca más el empleo; cómo mejorar la financiación de los sistemas de protección social y cómo hacer frente al envejecimiento de las sociedades europeas, especialmente en lo que se refiere a las pensiones de vejez; y cómo mejorar la gestión de los sistemas de asistencia sanitaria. 
Existe otro gran desafío que tiene también una clara dimensión europea: cómo acoplar la aplicación plena del mercado interior a la diversidad de todos los sistemas nacionales; y como mejorar la conciliación de dicha diversidad con la libre circulación de las personas dentro de la Unión, y la libertad para proporcionar servicios. 
Pienso que un debate animado es fructífero, y acojo con satisfacción un debate semejante, sobre todo porque considero la rica diversidad de experiencias, culturas y opiniones que existe en la Unión como una de sus grandes fuerzas, como demuestra el presente debate. 
Dicha riqueza y diversidad constituyen la fuente elemental no de los problemas, sino de soluciones innovadoras a los problemas. 
Por ello debemos formularnos la pregunta- y la Sra. Weiler así lo hace- ¿en qué dirección debemos avanzar? 
No olvidemos que contamos con el claro respaldo de los Estados miembros en este ejercicio. Todos ellos coinciden en señalar que es importante disponer de sistemas de protección social bien desarrollados y que vale la pena mantenerlos y ampliarlos. 
Pero también reconocen que para poder preservar los sistemas hay que reforzarlos, sobre todo teniendo en cuenta los grandes cambios que se han producido desde su creación. 
En 1992, el Consejo definió en una recomendación sobre la protección social los objetivos comunes que, en su opinión, determinarían la reforma de dichos sistemas nacionales. 
El informe Weiler declara en el apartado V de su exposición de motivos que, actualmente, el objetivo debe ser continuar dicho debate, y estoy de acuerdo con eso. 
Pero no basta con continuar. 
Debemos tener en cuenta la necesidad de darle mayor velocidad, de hacerlo avanzar hasta el siguiente paso. 
Por ello me alegra especialmente ver hoy aquí al Sr. Melkert que nos ha ofrecido una exposición de cómo avanza, en su opinión, este debate durante la Presidencia neerlandesa. 
Y tiene toda la razón cuando afirma que en Amsterdam, hace apenas un mes, en la conferencia organizada por el Sr. Melkert en nombre de la Presidencia neerlandesa sobre la política social y la actuación económica, anuncié que la Comisión tiene previsto presentar en breve una comunicación sobre la mejora de los sistemas de protección social de la Unión. 
La comunicación intentará hacer una representación gráfica de la fase siguiente de este proceso. 
Dicha comunicación tendrá dos objetivos: indicar la ruta por la que puede perseguirse dicha modernización y, en segundo lugar, presentar algunas propuestas específicas en favor del apoyo a nivel europeo. 
En todo ello deberemos esforzarnos por encontrar soluciones prácticas y factibles. 
Al presentar la comunicación intentaremos, evidentemente, prestar especial atención a la contribución que el Parlamento ha hecho al debate hasta ahora, tal y como establece el informe de la Sra. Weiler. 
El debate de hoy ha demostrado que es un tema de especial importancia para todas las instituciones y, en particular, para el Parlamento. 
Deseo subrayar que acojo con enorme satisfacción el vivo interés demostrado en este debate, y espero que recibamos todo el apoyo del Parlamento para sacar adelante este proceso. 
Creo que éste es uno de los grandes debates de nuestro tiempo. 
En primer lugar, señor Presidente, deseo dar la bienvenida al ministro holandés a esta Asamblea de la que hace tiempo casi llegó a ser diputado, aunque en aquel momento la comisión de candidaturas lo consideró demasiado joven y creyó que necesitaba adquirir más experiencia a nivel nacional, y vaya si lo ha hecho. 
Una de las cosas más agradables de la Conferencia sobre política social y rendimiento económico ha sido a mi entender que desde hace años la política social salía del déficit, que todos los oradores no se defendían de los ataques procedentes de la derecha, sino que de hecho demostraban con convencimiento lo importante que es en sí la política social y lo importante que es para la economía. 
Muchos estudios realizados por esta comisión evidencian que un sistema justo para la seguridad social y un buen rendimiento económico no son polos opuestos, sino que se complementan. Que una buena protección social no es una guinda que adorna el pastel, sino uno de los ingredientes indispensables de ese mismo pastel. 
De hecho, con ello se critica duramente el modo en que la Unión Europea ha iniciado y ejecutado hasta ahora los grandes proyectos. 
La dimensión social siempre va a la zaga, independientemente de si se trata del mercado interior, la UEM, la sociedad de la información o la ampliación de la Unión. 
Por ello no es de extrañar que en los Estados miembros, y en realidad también en los Países Bajos, tenga lugar un acalorado debate sobre la cuestión de si es conveniente proseguir con la UEM. 
Para que nos entendamos: soy partidario de la UEM y también del pacto de estabilidad, pero ha de quedar claro que el progreso social y el empleo son los objetivos y la política monetaria el medio para alcanzar dicho objetivo. 
Es importante que hoy, a partir del excelente informe de Barbara Weiler, hablemos del futuro de la protección social en Europa. 
Pero hemos de darnos cuenta de que ese futuro tiene que empezar a construirse ya. 
Esto significa reformar nuestros sistemas de protección social, porque de lo contrario no podremos seguir pagándolos en el futuro. 
Y reformar, porque actualmente no están suficientemente orientados al empleo, y esto implica asimismo buscar un equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad. 
Pero también debería implicar una política económica común, que no se centre en alcanzar los criterios de la UEM, sino en generar empleo. 
Se necesitan objetivos e instrumentos sociales a nivel europeo para equilibrar la política monetaria. 
Esta fue una de las conclusiones de la Conferencia de Amsterdam. 
Por ello, es preciso incluir un capítulo sobre empleo en el Tratado. 
Por ello es preciso mejorar el protocolo social y aplicarlo a todos los miembros de la Unión. 
Muchas de las reformas necesarias de la protección social tendrían que seguir siendo asunto de las administraciones locales. 
Pero una Europa integradora con un mercado interior terminado impide el interés puramente nacional. 
A partir de ahora sólo estamos interesados en la cohesión social en otros Estados miembros. 
Uno de los temas candentes del debate en la Comisión de Asuntos Sociales sobre este informe era la convergencia. 
Hay mucha agitación, entre otros países en Inglaterra, sobre la cuestión de si la convergencia, incluso como palabra, debe aparecer en los textos. 
En el artículo 17, también firmado por el Reino Unido, el Tratado ya habla claramente de que el mercado común fomentará la armonización de los regímenes sociales y que es necesario impulsar la libre circulación y combatir la competencia desleal. 
Lo mismo se dijo en una recomendación de 1992, una declaración en que se defendía la convergencia gradual con los mismos argumentos. 
Es una gran ironía que la declaración fuera aprobada bajo la Presidencia inglesa y que lleve la firma de uno de los tories más euroescépticos. 
Espero que para todos los ingleses, en la votación de mañana, este sea un motivo para no seguir incordiando sobre este tipo de cuestiones. 
Señor Presidente, en realidad creo que ya es suficiente. 
La reforma de los diferentes regímenes es, a mi entender, indiscutible. 
Lo principal es el debate sobre el modo de hacerlo y la medida en que hemos de lograr y mantener una base de apoyo entre los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que todos en esta Asamblea deseamos un alto nivel de protección social en Europa y, en lo posible, también una paulatina armonización de los sistemas de protección social. 
Se trataría, por otra parte, de un requisito unido a los principios del mercado interior. 
No obstante, no debemos olvidar algunos datos fundamentales: 
El primer dato es que existen grandes diferencias entre los sistemas de protección social de los Estados miembros: diferencias de organización de los sistemas de protección social, diferencias de financiación (por ejemplo, en Alemania, Francia y Bélgica los ingresos provienen principalmente del empresario, mientras que en los países escandinavos prevalecen los impuestos) y diferencias con respecto al nivel de la protección social. 
En los países escandinavos el coste total de la protección social supera el 30 % del PIB, mientras que en Portugal sólo asciende al 18 % y en Grecia al 16, 5 % del PIB.-El segundo dato relevante en materia de protección social es que los sistemas actuales tienen muchos problemas. 
Problemas, entre otros, derivados del creciente desempleo, que implica un aumento de la demanda de recursos destinados a los sistemas de protección social, del incremento del número de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, del aumento de la esperanza de vida- que crea un problema en el sistema de seguros, dado que cada vez menos trabajadores tienen que mantener a cada vez más jubilados: mientras en 1995 para el mantenimiento de una persona jubilada se requerían 4, 5 personas en edad laboral, dentro de 30 años la proporción será de menos de 3 personas- y, naturalmente, además problemas estructurales de los sistemas de protección social que han aparecido en los últimos años.-El tercer dato es que, mientras que en 1970 el coste de la protección social representaba el 19 % del PIB para toda la Unión, en 1993 la proporción ascendía al 28 % del PIB. 
Una evolución que en principio es positiva, pero que hay que valorar en función de sus consecuencias para el nivel de competitividad, a la vista de la internacionalización de la economía.Por lo tanto, un alto nivel de protección social, sí, un esfuerzo de armonización, sí, pero no debemos olvidar algunas cuestiones fundamentales relacionadas con la protección social, como las siguientes: 
Primero, la competitividad de la economía, dado que sin una economía europea competitiva a largo plazo, también decaería el sistema de protección social.-Segundo, el principio de la correlatividad (» correlativité» ), que debe ser uno de los principios fundamentales de la protección social.-Tercero, no debemos ver negativamente el papel de los seguros privados, es decir, de ahorros complementarios dentro de los sistemas de protección social, naturalmente, sin suprimir la seguridad social pública. 
Estudiemos sus eventuales repercusiones antes de apresurarnos a condenar la participación del sector privado y asumir una postura dogmática ante la cuestión. 
Naturalmente, al mismo tiempo habrá que promover las políticas de empleo e incentivar las formas flexibles de trabajo, para combatir el problema del desempleo.En estas mismas conclusiones se basan las enmiendas que he presentado en nombre del PPE. 
La Sra. Weiler ha trabajado durante mucho tiempo para elaborar este informe, que es técnicamente impecable. Sin embargo, desde el punto de vista político, hay ciertas divergencias por nuestra parte, a las cuales me he referido aquí. 
Señor Presidente, nuestros sistemas de protección social se enfrentan en la actualidad a numerosos desafíos: el desafío demográfico a causa del envejecimiento de la población, el económico a causa del desempleo y el social, que no es menor pues debemos preservar el concepto de solidaridad en Europa. 
Frente a estos desafíos, nuestra Europa ya no puede conformarse simplemente con organizar el presente estableciendo normas encaminadas a eliminar los obstáculos a la libre circulación en estos momentos, sino que debe asumir sus responsabilidades. 
Los interrogantes que suscita el futuro de la protección social son fundamentales para nuestros conciudadanos; son perceptibles por los propios conciudadanos, que desean una Europa más cercana, y será a través de la Europa social como comprenderán mejor los problemas de Europa. 
Por consiguiente, hoy es indispensable, a nivel europeo, iniciar el debate sobre el futuro de la prestación social comparando las experiencias, trabajando de manera que el intercambio de puntos de vista para enriquecer la reflexión permita, si no una convergencia en un primer momento, en todo caso una coordinación de las disposiciones en el respeto por las diferentes culturas nacionales. 
Sin embargo, creo que las reformas de los sistemas de la seguridad social no deben paralizarse en absoluto, y pasan necesariamente por una adaptación de nuestros sistemas sociales a las nuevas condiciones del empleo, en especial en lo que se refiere a la flexibilidad y movilidad como han dicho algunos de nuestros colegas. 
Añadiré también que este concepto de solidaridad es compatible con una participación más personal, con una responsabilización de los ciudadanos. 
Por otro lado, la protección de la familia debería reforzarse, sobre la base de los cambios sociológicos y económicos. 
Ésta es la razón por la que me pregunto sobre la propuesta del ponente que, para tener en cuenta las transformaciones habidas en la estructura familiar, preconiza sistemas autónomos para hombres y mujeres. 
Creo que esta autonomización de los sistemas de protección social sería, efectivamente, nefasta para la cohesión de nuestras sociedades y para su desarrollo armónico. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al ministro neerlandés por su presencia aquí y aprovechar la ocasión para plantear una cuestión que me preocupa mucho. Se trata del déficit democrático en lo que respecta a la seguridad social y el empleo. 
El ministro ha dicho que desea entablar un diálogo con este Parlamento y le creo, y asimismo considero que con sus propuestas referentes a la convergencia del mercado laboral y la política de empleo y los indicadores para la política de empleo, hace unas propuestas muy buenas. 
Pero, ¿qué garantía tiene este Parlamento de que una vez que finalice la Presidencia neerlandesa la cosa no se va a enfriar y este Parlamento apenas pueda participar? 
Mientras tanto, el tren sigue avanzando e, igual que sucedió en Essen por primera vez, se darán los primeros pasos hacia la renovación y el cambio del mercado laboral. 
Quisiera señalar a sus Señorías y a este Parlamento que si los Estados miembros no logran la convergencia, tal como el Sr. Van Velzen ya ha señalado, tendrán que realizar mucho trabajo en diversas situaciones, como la UEM y el pacto de estabilidad, ya que podría muy bien suceder que debido a la agitación social la construcción europea resulte ser mucho menos estable de lo que parecer ser en estos momentos. 
Por ello quiero pedir al ministro que durante la Presidencia neerlandesa procure mantener el diálogo entre este Parlamento y el Consejo. 
Señorías, la cuestión es si queremos conservar o renovar, y creo que con el informe Weiler se han dado algunos pasos en la buena dirección, pero también opino que hemos de atrevernos a renovar. 
Mis propuestas, tanto en la Comisión de Asuntos Sociales como en estas enmiendas, no tratan tanto de la cuestión de si hemos de suprimir algunas cosas, sino más bien de la cuestión de si queremos renovar. 
Y en este caso me refiero a las pensiones; considero que no hemos de tener miedo, por ejemplo, a los regímenes de capitalización en lugar de los regímenes contributivos. 
Se trata de este tipo de cuestiones, y por ello quisiera pedir a la Sra. Weiler que considerara seriamente nuestras enmiendas, para que también nuestro Grupo pueda apoyar un informe que contiene algunas cosas buenas. 
Señor Presidente, cuando hablamos del futuro de la protección social en Europa, estamos hablando al mismo tiempo del futuro de toda Europa. 
En mi opinión, el informe de la Sra. Barbara Weiler pone especialmente bien de manifiesto la importancia de que reformemos los sistemas de protección social para responder a las exigencias de un mundo laboral en transformación y de que intentemos encontrar nuevas fuentes de financiación para la protección social con el fin de garantizar que tenga un nivel elevado también en el futuro. 
En el informe de la Sra. Weiler se pide la definición de unos objetivos mínimos comunes de protección social a nivel comunitario. 
En este asunto estoy totalmente de acuerdo. 
Sin embargo, para nosotros, los nórdicos, la cuestión no es tan sencilla, debido a las razones que el Sr. Hatzidakis, entre otros, ha mencionado en esta cámara. 
Nosotros tememos que el mínimo pueda transformarse fácilmente también en el máximo. 
Por este motivo es importante garantizar que los mínimos comunes se puedan rebasar siempre por medio de decisiones a nivel nacional. 
Me adhiero igualmente al punto de vista expresado en el informe en el sentido de que la política social de la UE necesita un fundamento jurídico más sólido. 
El Protocolo social debe incluirse en el Tratado y su aplicación debe poder decidirse por mayoría cualificada. 
En cuanto a la financiación de la política social, me gustaría hacer hincapié en que no se trata de una cuestión únicamente de partidas presupuestarias como tiende a pensarse fácilmente. 
Los recursos empleados para la protección social revierten sobre sí mismos multiplicados. Esto es válido tanto para la sociedad como para las empresas. 
Los trabajadores que se sienten seguros desde el punto de vista social pueden poner su capacidad creativa mucho mejor a disposición de la empresa. 
Además de ser más humano, resulta también más rentable desde el punto de vista económico ayudar a las personas a hacer frente a los problemas que dejar que los problemas se transformen en marginación o en delincuencia. 
Lo que se ahorra en protección social se puede llegar a pagar multiplicado varias veces más en mantenimiento de prisiones y de mayor número de fuerzas policiales. 
Si deseamos garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos, la solución se encuentra antes en la mejora de la protección social y de los servicios sociales que en el reforzamiento de la acción policial. 
Es evidente que, con el documento de la Comisión, que constituye la base del informe Weilers de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo sobre el futuro de la seguridad social, se ha querido crear un marco para el debate y adoptar unos puntos de partida para la discusión y deliberación comunitarias. 
Felicito a la Sra. Weiler porque, en mi opinión, transmite claramente su mensaje. 
Mi interpretación es que si una sociedad no consigue distribuir los recursos de modo que se logren la seguridad y la solidaridad social, y en su lugar aparecen nuevos abismos sociales y más exclusión, esa sociedad ha fracasado. 
La solidaridad social constituye verdaderamente una condición indispensable para toda sociedad moderna y democrática; es importante que esto quede claro en el marco del debate. 
También estoy totalmente de acuerdo con la opinión y el razonamiento de la Comisión de Asuntos Económicos en que hay motivos para sentir preocupación por el futuro de la seguridad social en Europa. 
Actualmente se concentran una gran parte de las acciones de la Unión en el objetivo de promover las fuerzas de mercado y la competencia. 
Los fuertes recortes del gasto público, los criterios de convergencia para la UEM, el pacto de estabilidad y el aumento del desempleo crean exclusión social e intranquilidad. 
Se crea una situación peligrosa cuando se intenta aumentar el crecimiento económico y la capacidad competitiva a cualquier precio, a costa de los sistemas de seguridad social. 
Por consiguiente, pienso que es especialmente importante nuestra enmienda 9, donde señalamos que los recortes que se efectuan en las prestaciones sociales y por desempleo tienen como objetivo rebajar el nivel salarial. 
No deben llegar a un nivel por debajo del nivel mínimo de subsistencia actual. 
Y lo mismo reza para las prestaciones del sistema de seguridad social. 
Además, pienso que la seguridad social debe cubrirse en primer lugar colectivamente, es decir, a través de una protección administrada por el estado y un sistema basado en convenios colectivos entre trabajadores y empresarios. 
Además, los sistemas de seguridad social dentro de la UE son muy diversos en cuanto a su estructura y niveles. 
Por eso no creo que sea posible ni deseable su homologación. 
Existe una descripción de la armonización en el informe que, según la Sra. Weiler, tiene un error de traducción. 
Pero, tras la lectura atenta del apartado 19, no puedo apoyarlo, puesto que en él se dice que debe incluirse en el Tratado la explicación 23, y ésta hace referencia al artículo 117, el cual defiende precisamente la armonización de los sistemas sociales. 
Por el contrario, pienso que se requieren una coordinación y una serie de niveles mínimos para la protección social, y unos acuerdos entre los países miembros en este sentido con miras a evitar que se produzca la exclusión social, y para salvaguardar los derechos de los trabajadores y la libre circulación de los ciudadanos. 
En el informe es asimismo importante el requisito de la reglamentación del trabajo atípico, además de nuestra enmienda sobre la financiación de los sistemas sociales. 
Ciertamente, habría que prestar atención a los aspectos de modificación fiscal, es decir, traspasar la carga fiscal de los recursos procedentes del trabajo a unos tipos en concepto de desgaste del medio ambiente, de lo cual es un ejemplo el impuesto por emisiones de dióxido de carbono. 
Señor Presidente, el informe Weiler es muy importante y a mi entender llega en el momento oportuno. 
Cuando hablamos con los ciudadanos, a menudo percibimos una creciente dualidad. 
Una división entre libre comercio por un lado y responsabilidad social por otro. 
Según ellos, el mercado libre sin fronteras abandona cada vez más la tarea social esencial, y mencionan algunos ejemplos. 
El fenómeno de la deslocalización ha aumentado también dentro de la Unión Europea, la preferencia por los métodos de producción tecnológicos a costa del trabajo, las situaciones discriminatorias de los trabajadores fronterizos. 
También dentro de los propios Estados miembros hay disparidades de criterio que aumentan cada vez más, como el abismo entre quienes trabajan y quienes no, entre jóvenes y pensionistas. 
De ahí que urja dar un nuevo contenido social para tender un puente entre la seguridad social y el papel verdadero, real de la economía. 
Por ello el informe Weiler llega justo a tiempo. 
La ponente propone un modelo social, con razón, que es valioso y que concibe los logros sociales como piedras angulares de nuestra sociedad. 
Por supuesto, es preciso encarar algunos hechos que se han producido últimamente en la mayoría de los Estados miembros. 
Han surgido graves dificultades financieras, excesos del pasado, y la mayoría de nuestros sistemas de protección social siguen calibrándose a la luz de ordenamientos sociales trasnochados. 
Con ello me refiero a que hace 40 ó 50 años era equitativo que la seguridad social fuera financiada principalmente por contribuciones del trabajo. 
Era una época de alto nivel de empleo. 
Por aquel entonces, otras fuentes de financiación eran impensables. 
Pero la sociedad ha cambiado, el fuerte desempleo, la caída de la natalidad, el cambio de la situación familiar implican que cada vez menos personas, por decirlo así, tengan que mantener derecho el sistema, y por otro lado el coste del trabajo ha aumentado demasiado debido a la obligación de financiar el régimen de seguridad social con los impuestos sobre el trabajo. 
Por ejemplo, en mi país la diferencia entre el salario bruto y el salario neto de un trabajador empieza a ser verdaderamente surrealista. 
Es excesivamente elevada, y son situaciones que matan el trabajo, y suponen el inicio de un círculo vicioso que finalmente minará los fundamentos de los regímenes de seguridad social. 
Uno de los apartados centrales del informe Weiler es el apartado 9 sobre las formas alternativas de financiación, y en este sentido creo que la propuesta es justa y muy útil. 
Señor Presidente, en todo el contexto quisiera señalar aún otra cuestión. 
En el ordenamiento de la Unión Económica y Monetaria se habla únicamente de lo fiscal, y en realidad muy poco de lo social. 
¿No va siendo hora de que empecemos a pensar de forma concreta sobre esto? Y el informe Weiler es un excelente ejemplo de ello. 
Señor Presidente, al leer el informe de Barbara Weiler me he acordado de una canción danesa que dice aproximadamente así: 
(La oradora canta) » Muchacha, pisa con cuidado, porque las tablas son peligrosas.» 
Lo he hecho porque dar los pasos con cuidado precisamente en el ámbito social es algo que, como danesa, me parece muy importante. 
Tal como se ha mencionado, la política social es un asunto muy espinoso para los países escandinavos. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Hatzidakis en la importancia de tener un nivel de protección muy elevado en Europa y en la Unión Europea, pero no estoy de acuerdo en que se armonicen las legislaciones sociales. 
Me parece que hay que responder con mucha cautela a la propuesta incluida en el informe relativa a una coordinación gradual de los sistemas de protección social. 
Opino asimismo que hay que tener cuidado al elaborar normas mínimas, ya que, como ha señalado con razón mi colega finlandés, existen motivos para temer que las normas mínimas se conviertan en normas máximas. 
Lo hemos visto en Dinamarca, por ejemplo, en el ámbito de las condiciones de trabajo. Las excelentes normas que se aplicaban en Dinamarca a las condiciones de trabajo se han ido deteriorando debido a la competitividad. 
Creo que hay motivos para temer que, en razón de la competitividad, la coordinación pueda empeorar los sistemas de protección social. 
La introducción de sistemas de protección a escala comunitaria por mayoría cualificada me parece asimismo una idea muy poco acertada. 
Por otra parte, opino que, en cierto modo, se está aprovechando la libre circulación de la mano de obra para dar a la Unión Europea mayores competencias legislativas de las que tiene actualmente. 
Me parece una exageración pensar que los ciudadanos de la Unión Europea estén deseando trasladarse de un país a otro. 
En mi trabajo como asistente social he podido observar que a la gente le resulta muy difícil levantar el campamento- sobre todo cuando se tiene una familia- para trasladarse de un país a otro cuya cultura acaso sea muy diferente. 
Quiero rogarles que reflexionen sobre este tema, sobre todo con miras a la Conferencia Intergubernamental, y que pisen con cuidado. 
Usted tiene una bonita voz, Señoría, pero ha puesto en dificultad a varios intérpretes que no han estado a su altura. 
Señor Presidente, tendrá que perdonarme por tomar la palabra y no poder cantar como nuestro colega, pero aun así tengo algunas cosas que decir. 
Podemos felicitarnos por las reiteradas afirmaciones de la Comisión y del informe de la Sra. Weiler sobre la necesidad de preservar un modelo europeo de protección social, instrumento para la paz social. 
Sin embargo, creo necesario advertir a la Comisión contra cualquier tentativa de nivelación por abajo de nuestros sistemas de protección social en nombre de una pretendida armonización europea. 
Al ser específicas las tradiciones sociales y la historia social de nuestros Estados, conviene recuperar, preservándolos, los sistemas nacionales más evolucionados y desarrollar los demás. 
Efectivamente, es en el marco nacional y bajo la responsabilidad de cada Estado como debe fijarse con claridad la voluntad de salvaguardar y desarrollar un régimen de protección social que garantice a todos el seguro de enfermedad, el de desempleo y las jubilaciones, pero también un sistema que garantice la promoción y el apoyo a las familias. 
El voluntarismo y la intervención del Estado para el apoyo a las familias, sobre todo por medio de las prestaciones parentales, debería servir de motor de relanzamiento de la natalidad si no queremos que nuestros sistemas de jubilación proporcional a la cotización exploten bajo el peso del envejecimiento de nuestros pueblos. 
La aplicación de una amplia política familiar en los Estados de Europa es una urgencia social y una necesidad vital. 
Más aún, cualquier política de desmembración nacional de los sistemas de organización social llevaría a los ciudadanos a una lógica del mercado o a una lógica estricta del seguro privado, que son totalmente antisociales. 
Cada Estado nacional debe ser garante y responsable de la protección social, y reafirmar su vocación social. 
Deseo decir también a nuestros colegas que, si pretenden mantener modelos avanzados de protección social, es necesario que Europa dé la espalda a su política económica ultraliberal, librecambista y global en el contexto internacional, que produce principalmente desempleo en Europa. 
La apertura de nuestras fronteras a la competencia mundial es totalmente incompatible con el mantenimiento de nuestros sistemas de protección social, la falta de cláusulas sociales en la organización mundial del comercio es criminal para nuestras economías y para nuestros sistemas sociales europeos. 
Es urgente restablecer tasas arancelarias que se asignarían a las políticas familiares y sociales, imponer un IVA social a los productos de importación con el fin de reducir los desequilibrios económicos surgidos del diferencial de los costes sociales y redefinir reglas de intercambio de las que hoy somos más víctimas que beneficiarios, sin lo cual, Señor Presidente, las buenas intenciones, los buenos sentimientos sociales que unos y otros ponen hoy por delante, se verán barridos por los efectos devastadores de la competencia económica mundial. 
Señor Presidente, en los últimos años los problemas de los sistemas de protección social se han agravado peligrosamente. 
Las políticas restrictivas de los gastos públicos, la generalización del traslado de empresas fuera de la Unión Europea, y el empleo de capitales en inversiones no productivas y a corto plazo así como en transacciones financieras especulativas han conducido a unos niveles de desempleo sin precedentes. 
Los fenómenos de marginación y pobreza tienden a afectar a sectores cada vez más amplios de la población. 
Las perspectivas apuntan a un aumento de estas tendencias. 
El desarrollo negativo de los sistemas de protección social nos debe inquietar seriamente, tanto por razones sociales como económicas. 
No hay desarrollo que pueda apoyarse en la depauperación del potencial humano ni en la disolución del sistema de protección social. 
No podemos estar tranquilos, señor Presidente, ante el peligro de un derrumbe total del sistema de protección social, que un reemplazo de la financiación basada en las cotizaciones de las empresas por soluciones alternativas basadas en los impuestos podría provocar, sobre todo bajo las fuertes presiones financieras provocadas por la UEM en todos los Estados miembros. 
Es absolutamente necesario, en mi opinión, que la Comisión estudie el desarrollo de la relación trabajadoresjubilados, que está evolucionando de manera especialmente negativa y cuyas repercusiones sociales son imprevisibles; que se estudie igualmente el desarrollo de la producción, del empleo y del tiempo de trabajo previsible para los años venideros, y sus repercusiones en los sistemas de protección social; que se hagan saber las consecuencias de la UEM y de las políticas restrictivas que la acompañan para la protección social y la financiación de los sistemas de seguridad social, salud pública y educación, y que nos demos cuenta de que remitir todo al funcionamiento del mercado encierra enormes riesgos para la cohesión social, porque hasta la fecha el mercado no ha creado por sí mismo ni el pleno empleo, ni la protección social, ni las instituciones sociales. 
Es hora de que nos enfrentemos a la verdad y nos preocupemos por el interés de los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, la gran aportación de la llamada «revolución conservadora» , que un día lideraron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, fue la de intentar desmantelar el Estado del bienestar. 
Afortunadamente, no ganaron su batalla, pero no soy tan ingenuo como para pensar que aquellos intentos por desmantelar todo lo que supone protección social pública pertenecen a una historia olvidada. 
El discurso del pensamiento único, que hoy parece inundarlo y contaminarlo todo, insiste en reducir la realidad a mercado, a desregulación y a individualismo, negando a lo público, a la política y al Estado todo valor para articular la sociedad. 
El nuevo discurso de ese pensamiento único ha eliminado los elementos más rampantes del pasado, pero sigue defendiendo la urgencia y la necesidad de desmantelar todo lo que articula el Estado del bienestar con la disculpa de su inviabilidad futura. 
Sin duda, su tesis es la de que ellos serán los que administren lo que hoy es gestionado por los poderes públicos. 
Pero, ¿por qué sí es viable el individualismo y no lo es la solidaridad? 
¿Por qué va a ser más viable un fondo de pensiones privado que una seguridad social pública? 
Hace años, en mi propio país, España, cuando aspirábamos a integrarnos en este proyecto común de la construcción europea, lo hacíamos porque Europa era equivalente a libertades, pero también porque era la referencia de una sociedad que había hecho suyos los principios del Estado del bienestar; porque ese modelo social europeo fue el que vertebró nuestras sociedades en momentos difíciles, institucionalizando los derechos sociales de los ciudadanos. 
La crisis fiscal del Estado no puede concluir con el desmantelamiento de algo que sirvió para vertebrar nuestras sociedades, ni tampoco reduciéndolo: sería mejor hablar de reformas, de correcciones, de actualizaciones para aplicar derechos a quien de verdad lo necesite. 
Apostar por reformar, corregir y actualizar es la mejor manera de blindar el Estado del bienestar ante sus detractores. 
Y la mejor manera, también, de no ser conservador es enfrentarse con audacia a la realidad. 
La Europa común que defendemos los socialdemócratas hunde sus raíces en la defensa de los derechos humanos, en la democracia plural y en la protección social. 
Ante los desafíos que tenemos y que afronta este informe (un buen informe) -la protección social, algo tan vinculado al empleo- no se puede actuar con cobardía o a la defensiva. 
Un buen nivel de empleo consolida las perspectivas de la protección social pública. 
Defender flexibilidad y seguridad es un compromiso, como es un compromiso avanzar hacia la convergencia social y hacer por ella los mismos esfuerzos que estamos haciendo para conseguir la convergencia económica. 
Ojalá este informe- repito, un buen informe- y este debate sirvan para seguir construyendo, para seguir avanzando y no para derribar, aunque para ello hay que seguir creyendo en la política, en lo público, en el papel del Estado, en las ideas y en los valores. 
Señor Presidente, yo creo que no es exagerado decir que los niveles de protección existentes hoy en la Unión Europea son, con gran diferencia, los más elevados del mundo. 
Todos nos debemos sentir orgullosos de pertenecer a la sociedad más solidaria que existe actualmente. 
Pero para conservar tan preciado logro necesitamos aumentar, evidentemente, nuestros niveles de empleo. 
Únicamente en la medida en que seamos capaces de disfrutar de una economía europea fuerte, competitiva y generadora de empleo seremos capaces de mantener nuestro sistema de protección social. 
Todo lo demás son palabras huecas y puras demagogias. 
En los últimos años se han alzado muchas voces acusando al sistema europeo de protección social de ser el responsable de la pérdida de competitividad de la industria europea. 
Se ha tratado de crear una dicotomía- para mí, inexistente en todo punto- entre la protección social y la competitividad de las economías. 
El razonamiento realizado por quienes han sostenido tal dicotomía era el siguiente: como la economía cada vez está más abierta y globalizada, un producto fabricado en Europa lleva implícito un plus de coste que no tiene un producto fabricado en Asia, por ejemplo. 
Por lo tanto, los asiáticos compiten con ventaja con respecto a los productos europeos. 
Ante estas acusaciones cabrían dos posturas: la primera sería defender su desmantelamiento y, la segunda, buscar soluciones para garantizar su supervivencia a largo plazo. 
Yo me manifiesto radicalmente a favor de esta última. 
Es cierto que la fiscalidad sobre el trabajo existente en los países de la Unión Europea supone una dificultad para alcanzar un grado de competitividad que nos permita mantener nuestra cuota de mercado al competir con otros países. 
Pero todos sabemos que existen otros factores de competitividad además del precio: la calidad, el diseño, la innovación... 
Europa debe buscar fórmulas adicionales de competir, aparte del precio. 
Mientras tanto, Señorías, no nos queda más remedio que seguir trabajando para aumentar la competitividad de la economía europea, para que sea posible el sostenimiento del sistema. 
Debemos avanzar en la desregulación de mercados, en el campo de la energía, en las telecomunicaciones; debemos aumentar la formación de nuestra fuerza laboral; debemos invertir más en investigación y desarrollo y debemos conseguir una mayor implicación del sector privado en este tipo de inversiones. 
Debemos, además, perseguir una Unión monetaria con el mayor número posible de países, para que una mayor parte de la economía europea se beneficie del entorno macroeconómico de primera calidad que va a suponer dicha Unión. 
En lo que respecta también, naturalmente, al informe de la Comisión que estamos aquí debatiendo, quiero mostrar mi satisfacción por el mismo, al considerarlo un buen punto de partida para lo que debe ser un debate en profundidad- un debate serio y riguroso- sobre el futuro de la protección social. 
Y mostrar también mi desilusión por no poder apoyar el informe de la Comisión de Asuntos Sociales de este Parlamento, porque no podemos, en el día de hoy, aceptar un informe que pretende trasladar la responsabilidad de financiación de los Estados miembros a la Unión Europea. 
Esto es empezar la casa por el tejado. 
Antes habría que avanzar mucho en la armonización, en la homologación de prestaciones y todo ello como consecuencia especialmente de la libre circulación y de la libre prestación de servicios. 
Por otra parte- y termino, señor Presidente -, hay sectores marginados de la sociedad con limitaciones físicas o psíquicas que buscan empleo y no lo tienen. 
Y, sin embargo, quienes lo tienen, a veces buscan las prestaciones sociales para huir del trabajo, a costa del esfuerzo de otros- como ocurre, por ejemplo, con el uso y abuso de algunas prestaciones de invalidez. 
Se hace necesario combatir el fraude permanentemente, mejorar los recursos e intercambiar también permanentemente ideas y experiencias y propuestas entre todos los agentes sociales. 
Señor Presidente, los temas que aborda el informe Weiler son temas muy complejos porque la evolución de la realidad demográfica de la Unión se caracteriza por un envejecimiento generalizado, por una menor natalidad y- no lo olvidemos- por una tardía incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo. 
Todo eso lleva, inevitablemente, a la crisis del actual sistema de protección social, agudizado todavía más por la mayor mundialización de los mercados y, por lo tanto, por la necesidad de mayor competitividad de las empresas y de todo el sistema económico y productivo europeo. 
De esto debe derivarse una mayor flexibilidad en las normativas relativas al trabajo y, desde luego, no un mayor incremento de impuestos fiscales. 
No es el principio de solidaridad lo que se cuestiona- al contrario, nosotros, de manera especial, resaltamos la importancia de la protección a favor de la familia- pero el sistema actual de protección social ya no puede seguir así: es demasiado oneroso y poco eficaz. 
Por eso creemos necesario alentar a los ciudadanos a que soliciten seguros privados adicionales, complementarios, para que entren en competición, también en el ámbito de la protección social, sistemas públicos y privados con el fin de obtener una mayor eficacia general del sistema, para que, además, se tomen en consideración formas de trabajo nuevas, formas de trabajo atípico: el Consejo tiene bloqueado desde hace años este expediente, pero nosotros consideramos que se debe llegar pronto a resultados concretos. 
Este informe constituye una buena base de reflexión. 
Sin embargo, como no hemos obtenido satisfacción en algunos puntos para nosotros fundamentales, consideramos que no lo podemos aprobar, aunque el informe presenta algunos momentos de gran calidad. 
Por último quisiera subrayar un último punto que figura en la enmienda 29, donde se dice que es necesario incluir en los acuerdos multilaterales cláusulas medioambientales y sociales siguiendo el modelo de una organización internacional del trabajo. 
Este es un punto que nosotros apoyaremos. 
Señor Presidente, en una democracia es necesario un sistema de bienestar social seguro; esto es sobre todo responsabilidad de los Estados miembros. 
La UE puede contribuir a la cooperación y la armonización. 
Un modo de hacerlo es a través de las normas mínimas, pero existe el riesgo de que se conviertan en máximas. 
Por tanto, en este ámbito la UE debe limitarse a coordinar, y las decisiones, en mi opinión, han de tomarse por unanimidad para no modificar los sistemas de seguridad social de los países miembros en un sentido negativo, a lo cual nos arriesgamos. 
La sociedad actual exige unos cambios. 
Los niveles de conocimientos cambian constantemente. 
Por eso cabe diseñar un sistema y unos modelos que hagan que el perfeccionamiento se convierta en una cuestión de toda la vida en vez de, como es el caso actualmente, sea algo que se limita a los primeros 7-10 años de trabajo. 
Hemos de lograr una política de mercado de trabajo activa, donde el perfeccionamiento y la formación entren a formar parte de un proceso de promoción que dure toda la vida. 
Es vital contrarrestar toda modalidad de dumping social. 
El informe Weiler es muy positivo en varios sentidos. 
Hay que analizar los diversos sistemas de seguridad social e impedir que surjan niveles desiguales. 
Hay que llegar a una garantía de jubilación básica para todos los países miembros, pero debe ser posible ampliarla con seguros privados. 
Una propuesta de gran importancia es la modificación del financiamiento de los sistemas de seguridad social a través de cambios fiscales, con menos impuestos sobre la actividad laboral y mayores cargas sobre el consumo de energía y los recursos naturales. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Weiler, al que felicito por el excelente trabajo que ha realizado, merece nuestro apoyo y debería merecer la atención de todos nosotros. 
Pero el caso es que estamos tan preocupados con otras cosas, con otros designios considerados nacionales, cuando son transnacionales, que poca atención sobra para estas cuestiones de la protección social en Europa y del futuro de ésta en el marco que debería provocar un debate europeo. 
Las dos comunicaciones de la Comisión, base de este informe, dan materia para dicho debate, y la propuesta de resolución que este Parlamento deberá transformar en resolución suya están bien aprovechadas en el informe del Sr. Weiler. 
No menos importante, sino todo lo contrario, es la exposición de motivos que acompaña esta propuesta y que tiene materia para mucha reflexión y para mucho debate. 
Por lo demás, cualquier posición que se fundamente en el artículo 2 del Tratado de Roma, que Maastricht no modificó y que formula objetivos generales de la asociación de Estados miembros, y en el artículo 117, que Maastricht tampoco consiguió anular y que impone claramente un principio de orientación política, casi parece extraña, cuando es cada vez más necesaria. 
El principio de la igualación social en el progreso representa, o debería representar, la piedra angular y filosofal de la construcción de una Europa mosaico de diferentes situaciones nacionales y producto de cooperación y solidaridad entre los pueblos y a favor de ellos. 
Felicitamos a Barbara Weiler por señalar ese fundamento jurídico y, en particular, la característica progresiva de una dinámica que parece estar pervertida, porque sólo se habla de armonizaciones técnico-nominativas y se confrontan divergencias o convergencias negativas en el plano social. 
Como resulta evidente, este debate no se puede ni se debería agotar en el examen de un informe. 
Pero ya es positivo poder recordar lo indispensables y urgentes que son estos asuntos. 
Como única observancia particular que el tiempo me permite, tan sólo quisiera señalar a la atención de Sus Señorías el punto 21 de la propuesta como tema para el debate que debe quedar pendiente sobre la evolución del empleo, de la jornada laboral y del tiempo libre. 
Un punto de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, del Dr. Theonas, me sirve para subrayar que lo que se debe empezar a considerar fundamental en cualquier debate sobre la vertiente social es la organización del tiempo de vida de los hombres y de las mujeres articulando lo que es tiempo de trabajo y tiempo de ocio ya posible y que no puede ser tiempo de desempleo, porque puede ser, tiene que ser, también tiempo de vida. 
Señor Presidente, la originalidad de Europa, frente a Estados Unidos, Japón u otros países, reside hoy en un modelo social que no tiene parangón en el mundo. 
¿Para qué sirve que la tasa de desempleo en Estados Unidos sólo sea de un 6 %, si cerca de 40 millones de americanos se ven privados de toda cobertura social? 
No olvidemos nunca que el modelo social europeo ha sido ahormado por la Historia, por el sufrimiento, por las luchas que, desde la revolución industrial de finales del siglo XVIII, se entablaron en las minas, en los talleres y en cualquier parte donde los hombres, las mujeres y los niños eran explotados. 
No olvidemos nunca el combate a menudo desigual que han tenido que librar los sindicatos. 
Y ahora es frecuente oír, aquí y allá, que este sistema está anticuado, polvoriento, fragmentado y es demasiado caro ¡Es escandaloso! 
Algunos llegan incluso a desear su ruina. 
No pongamos el pretexto de la construcción europea y de la armonización social para plantear una discusión de los logros desde el principio, o dicho de otro modo, para «pujar el mínimo social». 
Sin duda es demasiado pronto para ir hacia una armonización total en los ámbitos de la protección social, de las jubilaciones, de la política familiar o de la salud. 
Pero no es demasiado pronto para coordinar los esfuerzos de todos y poner en práctica reformas auténticas y verdaderamente progresistas. 
Es deseable ya un código de buena conducta. Aunque existe, no se respeta. 
El Gobierno británico rechaza la Carta Social, al igual que el Protocolo Social de Maastricht, el Sr. Major se ha esforzado en desprestigiar muchas directivas, a pesar de las amonestaciones del Tribunal de Justicia ¿Para qué construir una casa para quince si uno de los arquitectos rechaza el plano de cimentación? 
Espero de corazón que tengan lugar cambios políticos rápidamente en Gran Bretaña para clarificar la situación en un país en el que aumenta la precariedad, en un país en el que las cifras de paro, en opinión del Ministro de Trabajo, han sido deliberadamente subestimadas. 
¿Es posible que la mentira se haya erigido en doctrina de gobierno en Gran Bretaña? 
Veo tres desafíos máximos en la cuestión de la modernización y armonización de nuestros sistemas de protección social. 
El primero, y no precisamente el menor, es el desempleo: 20 millones de parados, 50 millones de excluidos. 
Nuestras asignaciones sociales van a quemarse. 
Es necesario atacar las raíces del mal, acometer la elaboración de una verdadera política europea de relanzamiento y crecimiento económico para el empleo. 
Y de igual modo, en lo relativo a los sistemas de jubilación, se constata de forma hipócrita que en el 2005 ya no habrá suficientes jóvenes para financiar las jubilaciones; así, se han creado fondos de pensiones u otros mecanismos financieros sin haber reflexionado nunca sobre una política familiar europea que rompa con el individualismo actual. 
Segundo desafío: la moneda única. 
Cuando nuestros Estados dispongan del euro, es decir, cuando tengan los mismos tipos de cambio y los mismos tipos de interés, ya no dispondrán más que de dos recursos para atraer las inversiones: el recurso fiscal y el social. 
En ambos casos, si no tenemos cuidado, iremos hacia una nivelación por abajo. 
Tercer desafío: la financiación de nuestros sistemas de protección social, que descansa demasiado en la fiscalidad sobre el trabajo. 
Considero que los esfuerzos deben ser compartidos y que debería crearse un sistema de financiación con cargo al impuesto sobre el capital. 
Señor Presidente, los sistemas sociales de los diferentes países de Europa, ¿podrán mantener en el futuro su diversidad? 
El informe de la Comisión sobre la protección social en 1995 es vacilante a la hora de responder con claridad a esta pregunta. 
Sin duda todo el mundo estará de acuerdo en decir que es necesario favorecer el debate y el intercambio de experiencias a nivel europeo, lo que puede conducir, de forma espontánea, a un relativo acercamiento de las legislaciones. 
Pero la cuestión planteada por la Comisión no es exactamente ésa. 
En realidad pregunta, de forma velada, si, a una economía que ella supone integrada, deben corresponder en el futuro unos sistemas sociales también integrados. 
Por nuestra parte, nos parece más razonable prever el mantenimiento de la diversidad con el fin de garantizar el derecho de cada país a gobernarse lo más cerca posible de las necesidades de sus ciudadanos. 
Pero, evidentemente, esta diversidad deberá, por una parte, situarse en el marco de un permanente intercambio de ideas y experiencias a nivel europeo y, por otra, preservar la libertad de circulación de los trabajadores a través de unos sistemas de transferencia, de un país a otro, de los derechos sociales acumulados. 
Sin embargo, la Comisión no parece totalmente satisfecha con este tipo de respuesta, pues invoca otros argumentos. 
En primer lugar, y cito la frase textualmente «las empresas transnacionales, que son cada vez más numerosas, tendrán dificultades crecientes para fijar los salarios en países diferentes y para desplazar personal de un país a otro». 
Por nuestra parte, creemos que este argumento refleja una concepción de Europa que no es la nuestra. 
No es decisivo y no debe conducir a subordinar sistemáticamente las libertades de gestión nacional. 
En segundo lugar, la Comisión se preocupa por las distorsiones de competencia que puede inducir la diversidad de sistemas sociales, pues los países en los que la protección social es generosa corren el riesgo de ver sus empresas penalizadas. 
Se trata de una cuestión real, pero nos sorprende que la Comisión la plantee a nivel europeo y no lo haga con más frecuencia donde es cien veces más indignante, a nivel de las relaciones mercantiles mundiales. 
Es precisamente en este terreno donde la Comisión podría hacer el trabajo más útil. 
Señor Presidente, señor Comisario Flynn, señor Ministro neerlandés, la invitación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales a aprobar un proyecto de resolución relativo a los dos documentos presentados por el Ejecutivo, en particular la Comunicación sobre el futuro de la protección social y el Informe sobre la situación de la protección social en Europa, obliga a la ponente, Barbara Weiler, a la que felicito por el trabajo realizado, a clarificar el término «protección social» , que no hay que entender sólo como seguridad social, o sea, los seguros proporcionados colectivamente, sino que incluye también la protección social ofrecida por el Gobierno, así como los regímenes resultantes de la contratación colectiva y los privados. 
A mí me parecen interesantes dos conceptos. 
En primer lugar, es necesario clarificar el papel de la Unión Europea en el ámbito de la protección social, que tendrá que ser más activo y tendrá que prever acciones organizadas conjuntamente con los Estados miembros, y apoyar la convergencia gradual de los sistemas de protección social en tales Estados, elaborando una serie de criterios mínimos comunes y evitando que la competencia provoque la erosión gradual de la protección social. 
En segundo lugar, y me resulta difícil aquí, en dos minutos, profundizar más, habrá que encontrar un acuerdo, tanto con la Comisión como con la ponente, sobre el hecho de que los sistemas de protección social deberán adaptarse a las nuevas exigencias del mercado del trabajo. 
Vale la pena recordar la tendencia a reducir las contribuciones a cargo de los empresarios y de los trabajadores, sobre todo de aquéllos con una renta más baja y, por lo tanto, con una retribución más baja. 
Debe alentarse y diversificarse la potenciación del sistema de pensiones mediante seguros complementarios, de manera que disminuya más el número de personas víctimas de la exclusión social y que se pueda garantizar un nivel de vida adecuado a todos los ciudadanos, que, en cualquier caso, deben sentirse protegidos y mirar con serenidad hacia el futuro. 
Los parlamentos nacionales deben hablar más de seguridad social, dando por supuesto que es necesario incentivar y mantener alto el nivel de empleo. 
Donde hay desempleo, es bueno saberlo, no puede haber seguridad social. 
Nos lo dicen los casi 20 millones de desempleados en Europa. 
Señor Presidente, me ha complacido mucho oír decir al ministro Melkert que considera muy importante que también nosotros en el Parlamento Europeo iniciemos el debate sobre la protección social, pues Señorías, no puedo por menos que decir que me asombran una y otra vez las reacciones especialmente alérgicas de algunas de sus Señorías cuando hablamos de la actuación comunitaria en este ámbito. 
Por lo demás, pienso que Wim Van Velzen ha dado en el clavo al remitir a las recomendaciones de 1992. 
Entonces, por lo visto todavía podía debatirse sobre convergencia y financiación a nivel europeo. 
Ahora la palabra «convergencia» es casi un tabú, cuando no cabe duda de que es posible llevar a cabo una actuación común en el plano europeo respetando plenamente las diferencias históricas entre los diferentes sistemas de seguridad social. 
En estos tres minutos quisiera proponer algunas consideraciones a sus Señorías. 
En efecto, existe un creciente consenso en que es preciso reducir las cargas del trabajo, sobre todo en el segmento inferior del mercado laboral, en los empleos poco cualificados. 
Bueno, me parece estupendo. 
Hay mucho menos consenso en el plano europeo sobre cómo ha de llevarse a cabo la refinanciación del sistema. 
Al contrario, se habla de «descremar» los sistemas, de selectividad en las prestaciones, de privatización de algunos riesgos. 
Quisiera decirles lo siguiente a los partidarios de este tipo de modernización: en Bélgica se ha publicado un estudio muy fascinante, por encargo de la OCDE, sobre la relación entre pobreza, mercado laboral y seguridad social. 
Quisiera citar dos conclusiones de dicho estudio. 
En primer lugar, existe un vínculo muy estrecho entre la cuantía de los gastos de la seguridad social y la pobreza. 
Es decir, una seguridad social eficaz cuesta dinero, Señorías. 
Por otra parte, la selectividad tiene unos límites bien definidos. 
En segundo lugar, no existe un vínculo directo entre el grado de desempleo y el grado de pobreza. 
Sí existe un vínculo directo entre las prestaciones bajas, los salarios bajos y la pobreza. 
Esto no implica que no tengamos que poner de nuevo a trabajar a la gente, al contrario, soy partidario de la activación de las prestaciones, pero quiero decir también que hemos de descartar definitivamente el modelo norteamericano. 
Quisiera abogar por una estrategia de convergencia europea que tenga plenamente en cuenta la subsidiariedad y que incluya por lo menos las siguientes acciones: en primer lugar, medidas urgentes relacionadas con la refinanciación de la seguridad social. 
Quisiera animar a la Presidencia neerlandesa a que fuerce progresos en este expediente tan importante: hay propuestas sobre el tapete. 
En segundo lugar, Europa tiene que ocuparse de los derechos sociales, y el derecho a un salario mínimo forma parte de ello. 
Las personas que perciben menos del 50 % del salario medio de sus conciudadanos son pobres. 
Por consiguiente, tenemos bien claro cuál es el límite inferior. 
En tercer lugar, la Unión gasta un promedio del 28 % de su producto interior bruto en protección social. 
Este hecho oculta enormes diferencias. 
¿Por qué no empezamos de una vez a considerar la posibilidad de desarrollar una banda social europea en que estimulemos a los Estados miembros a gastar un determinado porcentaje de su prosperidad en protección social? 
Espero que este debate sobre la Comunicación de la Comisión por fin pueda dar pie a una acción europea eficaz. 
Señor Presidente, estimados colegas, la comunicación de la Comisión sobre el futuro de la protección social y su informe sobre la protección social en la Europa de 1995 constituyen la base de la resolución que ha sido elaborada por nuestra colega, la Sra. Weiler. Creo, que la paz social es un bien valioso. 
Corea del Sur ha podido comprender esto amargamente en las últimas semanas. Por consiguiente, no se la debería poner en juego a la ligera. 
Es preciso dar solución, sin más, a las dificultades que han surgido como consecuencia del aumento del desempleo y de la creciente participación de las personas ancianas en los diferentes sistemas de seguridad social de Europa. 
Es importante mantener una discusión a nivel europeo. 
Sin embargo, los discursos y los debates significan demasiado poco. 
Es necesario actuar. 
Las reformas son ineludibles. Sin embargo, no deben ser entendidas como reducciones y recortes a la red social. 
El mejoramiento de las posibilidades de empleo, en especial para las mujeres, por expresarlo de manera suave, no está siendo muy exitosa hasta ahora en la UE a pesar de todas las proclamas. 
Es preciso llevar adelante por la vía del progreso la equiparación de las condiciones de vida y de trabajo según el artículo 117 del Tratado. 
Sin embargo, lamentablemente, no hemos ido todavía muy lejos. 
Ahí están la variedad de los sistemas y la libre circulación. 
Nuestra colega, la Sra. Ria Oomen-Ruijten, ha entregado hoy un informe sobre esto. 
Lamentablemente, el Consejo no se encontraba presente todavía. 
Señor Ministro, quizá pudiera dar usted todavía su opinión sobre el informe. Nos interesaría mucho. 
Está también la reducción de los costes salariales: las aportaciones ajenas al seguro gravan las pequeñas y medianas empresas, tan gravadas por los salarios, y naturalmente las contribuciones de los trabajadores. 
Aquí hay que hacer algo. 
Flexibilidad de la jornada laboral, pero no de tal manera que se haga sólo en favor de los empresarios y no se tomen en cuenta las familias y las necesidades de los trabajadores. 
Si ha de haber flexibilización, ha de hacerse solamente bajo la condición de contemplar los intereses de ambas partes. 
En mi opinión, una viva interlocución social puede solucionar muchos problemas. 
Pero no puede funcionar con una mentalidad de share-holder-value de los empresarios, si sólo piensan en sus beneficios y en nada más. 
Tampoco puede ser que los sindicatos piensen únicamente en los que trabajan y no en los desempleados. 
Para la Unión Europea es muy importante el futuro de la protección social. 
Es preciso que se recoja de una vez en el Tratado el protocolo social. 
La coordinación de los sistemas de la protección social no va a ser fácil a nivel europeo. 
Me refiero a la coordinación, pues la armonización no se va a conseguir tan rápidamente, ya que los sistemas han crecido a lo largo de más de cien años. 
Las influencias de la globalización dificultan adicionalmente la situación. 
Es preciso excluir en el futuro mediante cláusulas pertinentes en los tratados comerciales el dumping social, practicado mediante el trabajo infantil y el trabajo forzoso y que no debe ser tolerado como normal. 
Singapur ha significado un pequeño paso adelante en la dirección correcta, pero lamentablemente sólo un pequeño paso. 
La ponente ha aportado un enorme esfuerzo de trabajo. 
La decisión del Grupo del Partido Popular Europeo respecto de la conformidad con este informe depende de la aceptación de algunas enmiendas. 
En caso de que no sea posible un acercamiento en estos puntos, nos veremos obligados a rechazar el informe, cosa que yo lamentaría mucho. 
Señor Presidente, detrás de la redacción de esta resolución, y sobre todo de los documentos subyacentes de la Comisión, se esconde de hecho un deseo apenas disimulado de europeizar todo el sector de la seguridad social. 
Por cierto, todo ello de acuerdo con las quimeras del ex Presidente de la Comisión, Delors. 
Ahora, como flamenco y sabiendo de qué hablo, puedo afirmar que esto sería un mal asunto. 
En mi país, el debate sobre la división de la seguridad social ocupa en estos momentos un lugar prioritario en el orden del día. 
Esto significa concretamente que ambos pueblos, flamencos y valones, saben gestionar mejor sus sistemas de seguridad social que el Estado federal. 
Es decir, en nuestro país podemos constatar por experiencia que los flamencos y los valones dan un contenido y una forma diferentes a la solidaridad organizada, que ponen distintos acentos y que tienen una mentalidad muy diferente en lo que respecta al uso y la financiación de la seguridad social. 
Ahora bien, los problemas que ya surgen de forma bastante dramática en la seguridad social común de Bélgica, donde a fin de cuentas sólo hay implicados dos pueblos, con un grado de prosperidad relativamente comparable, no podrá sino crecer exponencialmente si la seguridad social se organiza más y más a escala europea. 
En resumidas cuentas, es preferible organizar un verdadero sistema de seguridad social según el principio de subsidiariedad a nivel de los diferentes Estados miembros y los pueblos, y esto no tiene nada que ver con el egoísmo y no excluye de modo alguno otras normas de solidaridad entre los pueblos. 
Básicamente he de decir que la armonización real y profunda de los diferentes regímenes de seguridad social en Europa en las últimas décadas se ha realizado sin la burocracia europea y sin el paternalismo europeo, y por consiguiente, hoy no descubrimos nada nuevo, en contra de lo que por lo visto piensan algunos. 
Para terminar, hay que atreverse a decir que el corsé económico de Maastricht que se nos ha impuesto amenaza con provocar en muchos países la desintegración social y también esta es una lección que hemos de tomarnos en serio hoy. 
Señor Presidente, empezaré agradeciendo a la Sra. Weiler su excelente informe. 
El gran reto es combinar el crecimiento con la creación de empleo, y al mismo tiempo conservar, y si es posible desarrollar, los sistemas sociales existentes. 
Se ha formulado la pregunta de si existe un modelo social europeo. 
Tenemos tres o cuatro modelos diversos en Europa. 
Es cierto que existen divergencias basadas en la historia, pero hay también similitudes, similitudes notables. 
Todos los sistemas sociales se basan en la solidaridad, solidaridad con los enfermos, los desempleados y los que han sufrido accidentes laborales, y solidaridad también con los ancianos y las familias. 
Además existen- y esto es lo que hace interesante este debate- una serie de ámbitos problemáticos o retos cara al futuro. 
El mayor de ellos es naturalmente el desempleo, que afecta a los costes y los ingresos del sistema. 
Creo que cabe crear un sistema social que contrarreste el dumping social y que facilite la movilidad en la mayor medida posible. 
No comparto la opinión expresada en el transcurso del debate de que es necesario evitar las normas mínimas. 
Pienso que la estrategia de las normas mínimas, y con ellas, la posibilidad de unos niveles sociales más elevados, son ideas excelentes en el ámbito que nos ocupa. 
Además, pienso que es importante que las decisiones se adopten por mayoría cualificada sobre amplios aspectos del sector. 
Esto lo demuestra el desarrollo histórico dentro de este ámbito; tenemos un país que sigue frenando e impidiendo que se produzca el desarrollo social en los demás. 
El segundo reto es el desarrollo demográfico. 
Esto puede considerarse como un problema, pero también como una posibilidad. 
Tendremos más personas mayores en Europa, pero esto abre también la oportunidad de que se creen puestos de trabajo. 
Esto último se enlaza con el tercer reto, la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo, la oportunidad de que combinen una vida laboral con la maternidad, lo cual significa que hay que ampliar los sistemas de cuidado de los ancianos y de la infancia. 
Un diputado ha dicho que el informe Weiler defiende la armonización de la financiación. 
Eso no es cierto. 
Por el contrario, Weiler apunta a una serie de posibilidades diversas. 
La más importante ya la he mencionado, es la de reducir el paro para que disminuyan los costes, y aumentar la creación de empleo para conseguir mayores ingresos que financien el sistema. 
Pero también se habla de reducir la jornada laboral y de modificar la imposición fiscal, de lo que soy un ardiente defensor. 
Hay quien dice que la UEM es un obstáculo en estos trabajos. 
Yo no lo creo. 
Naturalmente, no apoyo indiscriminadamente la política económica actual; pienso que contiene demasiado ahorro y pocas medidas que promuevan el crecimiento. Pero a largo plazo el equilibrio presupuestario resulta naturalmente beneficioso para el sistema social. 
No quiero un sistema social que contenga, o una protección básica, o unos modelos estándard, sino un sistema que tenga protección básica y modelos estándard, un sistema que en su mayor parte se financie solidariamente, para minimizar con ello la necesidad del seguro privado. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que de la importancia de este debate y de su oportunidad da cuenta la alta participación de diputados. 
Se dan pocas veces en las que tantos diputados intervienen en relación con un tema que nos preocupa, es decir, el futuro del bienestar social en Europa, donde, como afirmaron otros colegas, hay muchos elementos comunes, pues suele haber en todos los Estados una seguridad social, colectiva y pública, y suele haber un mínimo de subsistencia para aquellos ciudadanos que más lo necesitan. 
Y a nosotros nos parece que eso está en peligro, porque la realidad, que es dura, dice que se tiende a la privatización de algunos aspectos de ese bienestar social; se tiende al desempleo, al empleo precario, a la proliferación de familias monoparentales en las que el cabeza de familia es una mujer y también, por mor de la competitividad, a la desubicación de las empresas y al cambio continuo de capitales con intenciones más especulativas que productivas. 
Por lo tanto, esa es la dura realidad; y es una dura realidad a la que la Unión Europea ha de hacer frente. 
Por ello, nosotros compartimos la preocupación de los diferentes ponentes por el hecho de que los criterios económicos y de mercado estén por encima, tengan prioridad sobre los criterios sociales. 
Creemos que hay que dar un giro y que la cohesión social debe ser nuestra preocupación fundamental. 
Por lo tanto, nosotros creemos que ha de haber políticas activas de empleo- el empleo es fundamental para que se pueda hacer frente a los gastos -, ha de haber unos ingresos mínimos para aquellas personas que lo necesiten, ha de conservarse lo público en la seguridad social, es necesario un observatorio europeo para comprobar si la pobreza y la exclusión social disminuyen o aumentan, y creemos que es necesaria la cooperación entre los Estados y con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en ese ámbito. 
Señor Presidente, las dos comunicaciones de la Comisión y el informe de la Sra. Weiler me invitan a hacer una reflexión sobre dos elementos de fondo en los que creo que se basan nuestras consideraciones: el primero es la evolución demográfica, debida en particular a las conquistas sociales y a su éxito; el segundo son los cambios en la estructura y en las modalidades laborales, en particular como consecuencia de la revolución telemática aplicada a las producciones y de los procesos de mundialización. 
De estos elementos de fondo deriva, a mi juicio, la crisis del Estado social y la necesidad, pues, por parte nuestra, de intervenir en este tema en todos los ámbitos. 
La crisis del Estado social no es sólo crisis de cuentas públicas, yo creo más bien que la clave reside en el otro aspecto del Estado social, que era el alto nivel de empleados: el desempleo es, pues, la razón principal de la crisis. 
El desarrollo es ciertamente una de las respuestas, pero no es la única respuesta: es necesario, pero no es suficiente, precisamente porque en las condiciones actuales no garantiza automáticamente la recuperación del empleo. 
Entonces debe, pues, intervenir el Estado, a nivel nacional y a nivel europeo. 
La primera tarea que, en mi opinión, tenemos es afrontar de manera realista los nuevos problemas y no tener miedo de nuestras propias ideas: estoy pensando en la timidez que noto en este hemiciclo, que noto en la Unión Europea, también en el tema de la reducción de los horarios y de las políticas sobre la jornada laboral, temas que, en cambio, podrían sernos útiles para transformar ataduras y rigideces en mayor libertad y mayor posibilidad de elecciones personales. 
Hay que hacer entrar, pues, en nuestro vocabulario palabras nuevas, que deben ajustarse, de tal manera que las hagamos ser funcionales, a un proyecto de cambio social positivo: como ya he dicho, reducción de los horarios, política sobre la jornada laboral, flexibilidad. 
Es necesario saber que la flexibilidad no es indolora ni está desprovista de costes, y que siguen siendo esenciales las intervenciones financieras públicas, realizadas correcta y rigurosamente, orientadas a fomentar reconversiones productivas de los recursos humanos. 
Por lo tanto, si nuestros puntos de referencia continúan siendo la justicia social, la igualdad, la democracia, hay que definir de nuevo un Estado del bienestar para hacer más fácil el paso de hombres y mujeres de una actividad a otra, de un trabajo a otro, de un lugar a otro, de una edad a otra. 
Y aquí entra en acción Europa, su función, que no niega la función de los Estados, pero que es fundamental. 
Así pues, la idea de que basten rigor presupuestario y estabilidad monetaria para estar en el mundo de la economía, yo creo que no tiene sentido. 
La moneda única y el pacto de estabilidad como camisas de fuerza, sin un pacto análogo para el desarrollo, no motivan a Europa: sin pacto para el desarrollo y sin la Europa social, Europa no se sostiene. 
Por consiguiente, entre las cosas que merecen un mayor compromiso está precisamente meditar de nuevo sobre la concepción de Europa para consolidar- por supuesto, renovándolo- su modelo social, sus elementos de cohesión social, de protección y valorización de las personas y de los recursos humanos, que podrán marcar una nueva, una positiva identidad europea. 
Señor Presidente, en los círculos políticos parece estar poniéndose de moda actualmente la afirmación de que no podemos mantener el modelo europeo de protección social. 
Barbara Weiler dice con toda claridad y, en mi opinión, con toda la razón que no podemos permitirnos no mantener dicho sistema y que ni siquiera deberíamos desearlo. 
Sería moralmente equivocado retirar o reducir el apoyo que ofrecemos a las personas cuando, por alguna razón, tienen necesidades, ya sea por motivos de edad, discapacidad, salud o desempleo. 
El único modo de proceder eficiente, eficaz y humanamente pasa por proporcionar dicha ayuda con cargo a los fondos públicos y a través de las instituciones públicas. 
Si lo dejamos en manos del sector privado será menos eficaz en términos de atender a las necesidades de las personas, y también ineficiente en términos puramente financieros; es más caro. 
Aparte de ser moralmente equivocado abandonar el modelo de protección social que tenemos en Europa, sería un craso error en términos prácticos. 
La solidaridad social no se basa simplemente en altruismo; se trata de garantizar que nuestra sociedad funciona debidamente y avanza progresivamente. 
Como dice la ponente: » los sistemas de protección social ayudan a establecer el consenso social, que es una condición importante para el desarrollo económico sostenible». 
Apoyo firmemente el llamamiento que hace el informe Weiler para que la Unión Europea no se limite a debatir este asunto, sino que tome medidas para garantizar que los Estados miembros respetan el compromiso de mantener un alto nivel de protección social, y para contribuir a la convergencia de los sistemas de protección social con el fin de evitar que la competencia perjudicial del mercado único erosione los sistemas de protección social. 
Debemos intentar que nuestros sistemas favorezcan más el empleo y eliminar las barreras que impiden que los beneficios repercutan sobre el trabajo. 
El punto más importante del informe Weiler- que se centra en el auténtico problema, la causa real de que nuestras facturas de la seguridad social sean tan elevadas- es que nos enfrentamos a una proporción muy alta de hombres y mujeres desempleados, por lo que el auténtico desafío para todos los que pertenecemos a la Unión Europea es crear una Europa de pleno empleo. 
La ponente conoce perfectamente la situación, y sabe que no se puede castigar a las víctimas de los fracasos de la sociedad, sólo porque aumenten las facturas de las prestaciones; hay que atajar el problema real, que es volver a poner a la gente a trabajar. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, quisiera comenzar manifestando mi total acuerdo con el excelente informe de mi amiga Barbara Weiler y con el informe de la Comisión. 
Por eso votaré a favor. 
Como tengo poco tiempo, me ceñiré a un solo punto, muy delimitado, muy preciso, pero creo que de máxima importancia. 
En el párrafo 11 del informe de la Sra. Weiler, se lee: » El Parlamento Europeo advierte contra la privatización de los riesgos sociales, principalmente en el ámbito de la salud.» 
Desearía reclamar su atención, señor Comisario, ante el hecho de que, efectivamente, hay un gran riesgo para todo el conjunto de nuestra protección social en que no estemos atentos a una deriva que, bajo la apariencia de ahorro, de mejor gestión y de responsabilidad del usuario (pretextos todos que tienen valor) empuje a un número cada vez más elevado de nuestros Estados a reducir la cobertura «salud» y a transferir riesgos, sistemas obligatorios hacia sistemas complementarios. 
Los sistemas complementarios pueden así ocupar cada vez mayor espacio hasta el punto, como ocurre con algunos ámbitos (la óptica o la estomatología) y en algunos países, de condicionar los servicios sanitarios primarios, de lo pesada que puede ser la carga residual. 
Ahora bien, los sistemas complementarios facultativos, señor Comisario, al contrario de lo que sucede con los sistemas obligatorios, no están sometidos a ninguna regla; se les aplica la ley del mercado, la del comercio lucrativo. 
El peligro es que puedan desaparecer de este sector organismos basados en la solidaridad, en la no exclusión, en la mutualización, y ello en beneficio de sociedades mercantiles interesadas únicamente por un mercado en proceso de ampliación, pero que se sustentarían en la selección de riesgos, en la exclusión y en la individualización. 
Recordará usted, señor Comisario, la trágica experiencia de las Blue Cross americanas, tan florecientes hace medio siglo y en la actualidad todas desaparecidas. 
Esto nos da la clave de lo que ha ocurrido con el sistema de salud americano. 
Yo le pido encarecidamente, señor Comisario (y he apelado a las autoridades de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para que vayamos en este sentido) que el sector del seguro-salud, en su integridad, se someta a las reglas de solidaridad, de no exclusión y de no selección de riesgos, y que los operadores no puedan aprovecharse de la enfermedad. 
Es necesario evitar el conflicto entre asegurados y accionistas. 
La salud, sector de interés general, no puede considerarse como un mercado lucrativo. 
Esto también es válido para los regímenes complementarios. 
Le pido que la Comisión se ocupe de este punto y abra un debate sobre los sistemas de salud obligatorios y complementarios, en sus relaciones con el interés general. 
He de informar a la Asamblea de que, por motivos de tipo técnico, no ha sido posible traducir, imprimir y distribuir todas las enmiendas a este informe en todas las lenguas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Indicaciones de los precios de los productos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A4-0015/97) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común aprobada por el Consejo (C4-0530/96-95/0148 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (Ponente: Sra. Oomen-Ruijten). 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de directiva sobre la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores viene precedida de una larga historia. 
Durante años, ya desde 1979, se ha intentado con diversas directivas promulgar una normativa sobre la indicación de los precios de los productos. 
Esta normativa era complicada y no funcionaba. 
Se trataba de un sistema de series obligatorias y voluntarias, fijado a escala europea o nacional. 
En este sistema cabía la posibilidad de hacer excepciones, tanto a escala europea como nacional. 
El resultado fue una maraña de diferentes denominaciones, y el consumidor no podía comparar los precios, que al fin y al cabo era el objetivo final. 
En diciembre de 1994, cuando faltaban apenas seis meses para que finalizara el período transitorio, la Comisión presentó una solicitud de prórroga del sistema, pero el Parlamento no estuvo de acuerdo. 
A la sazón pedimos a la Comisión que presentara una nueva propuesta. 
Una propuesta con un sistema simple y claro que en principio se aplicara a todos los productos. 
Un sistema que facilitara una buena comparación de precios para los consumidores a la hora de elegir. 
En la nueva propuesta que la Comisión presentó en abril de 1995 se siguieron las recomendaciones del Parlamento, y les damos las gracias por ello. 
La propuesta prevé la indicación obligatoria de los precios de venta y, en su caso, el precio por unidad de medida. 
Digo, si es pertinente, pues cuando la indicación del precio por unidad de medida no tiene importancia a causa de la índole o el destino del producto o cuando esta indicación no refleje una información clara para el consumidor, se admiten excepciones a esta obligación. 
Otro punto, señor Presidente, que quisiera aclarar es el debate sobre el vino, el whisky, etc. En este informe se ha incluido una enmienda muy clara en la formulación de las definiciones, según la cual no es necesario indicar el precio por litro en el caso de unidades de medida que suelen utilizarse en los Estados miembros para determinados productos, por ejemplo, para la botella de vino de 3/4 de litro. 
Además se borran algunas disposiciones del texto del Consejo, porque son superfluas o porque podrían crear confusión. 
Por otra parte, diversos sectores han quedado totalmente excluidos de la indicación obligatoria de precios por unidad de medida, y como ponente yo quería ir más lejos que el Consejo, y por ello ahora la hostelería, los hospitales, la venta ambulante, los distribuidores automáticos, las cantinas deportivas, etc. no entran en la directiva. 
Señor Presidente, parece que hay una cortina de humo en torno a la indicación de los precios. 
Se afirmaba que el informe no tenía en cuenta a las pequeñas empresas. 
Esto no es cierto. 
Tenemos en cuenta al pequeño colmado de barrio. 
En primer lugar, para estos comercios- y me dirijo a mis colegas británicos- se ha previsto un período de reconversión de seis años. 
Y si todavía no se ha llevado a cabo la indicación de los precios, no es necesario indicarla en el mostrador, como ya es corriente en los grandes establecimientos, no, el pequeño comerciante recibe del mayorista una lista que cuelga en la tienda, y que permite al cliente ver cuáles son los precios. 
Así pues, no abrumo al pequeño comerciante. 
Luego hay otro problema, y concretamente para los británicos, la cuestión de qué es un pequeño comerciante. 
En este punto hemos dado la posibilidad a los Estados miembros, a través de una enmienda, de determinar quién es «pequeño» y quién «grande» , y qué excepciones han de hacerse. 
Quisiera pedir a sus Señorías que examinaran bien las enmiendas núms. 23 y 24, pues no les ponen las cosas difíciles al pequeño comerciante, sino que se las facilitan. 
Señor Presidente, asimismo existía inquietud en torno al euro. 
Algunas de sus Señorías afirmaban que si se ponía en práctica la indicación obligatoria de precios, se crearía una situación en que habría que indicar el precio por unidad de medida, el precio de venta del producto, más- en el período transitorio- dos precios adicionales. 
O, si hay una oferta, otra vez dos precios adicionales. 
En este punto he aceptado la propuesta del Comité Económico y Social al decir: en primer lugar, como máximo se indican tres precios. 
Tres precios como máximo, esto se aplica también a las grandes empresas. 
En segundo lugar: les repito, Señorías, lean todo el informe, y verán que cuando se introduzca el euro, en cualquier caso será antes de que se haya llevado a cabo el período transitorio. 
Primero hay un período transitorio de seis años, la directiva tiene que incluirse todavía en la legislación de los Estados miembros, luego pasan otros dos años, y ya habrán transcurrido ocho años, es decir, será en el año 2005, y entonces el euro ya se habrá introducido, por lo menos eso espero. 
Señor Presidente, hay respuestas para los problemas existentes. Y la gente puede encontrar las respuestas si examina bien la directiva. 
Señor Presidente, en el informe he examinado con los miembros de la comisión lo que ha hecho el Comité Económico y Social y este ha emitido un dictamen unánime que respalda la postura que el Parlamento ha expresado en las enmiendas; he agilizado las cosas cuando era necesario o posible. 
Por consiguiente, espero que mañana las enmiendas reciban el apoyo de sus Señorías. 
Señor Presidente, una vez más tengo el placer de felicitar a la Sra. Oomen-Ruijten por su enérgica defensa de los intereses de los consumidores y por la atención que ha dedicado a las enmiendas que estamos presentando aquí, en el marco de la segunda lectura. 
Para comenzar quiero decir, en nombre de mi Grupo, que apoyamos todas las enmiendas que se han presentado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
También apoyaremos, tras haberlo deliberado, la enmienda 24, presentada por la Sra. Oomen-Ruijten y su Grupo. 
Quiero explicar a qué se debe la confianza que sentimos en estos momentos. 
No significa que no tengamos ninguna duda sobre la legislación propuesta, ni tampoco sobre la carga que ésta supondrá para las personas, algunas de las cuales se sentirán indefensas. 
La Sra. Oomen-Ruijten ya se ha referido a la situación de los pequeños comercios minoristas del Reino Unido, y volveré sobre este tema. 
Pero el principio fundamental de esta propuesta según enmienda, que espero que apruebe el Parlamento, será proporcionar a los consumidores la posibilidad de comparar precios de manera rápida y sencilla, evitar que se dejen engañar por el envasado y permitirles evaluar la relación calidad-precio que reciben. 
Es absolutamente imprescindible que los consumidores obtengan eso. La directiva puede garantizarlo y espero que lo haga. 
Pero también deberá prestar la debida atención a los intereses e inquietudes que se han manifestado no sólo en mi país, sino también en otros Estados miembros. 
Una de dichas inquietudes se debe a la definición del precio por unidad y a la posibilidad de que éste se indique no solamente en términos de kilógramo, litro, metro o cualquier otra medida, sino además en la unidad de medida que se utiliza generalmente en los correspondientes Estados miembros. 
Me alegra afirmar que, al parecer, el pastel de carne británico y otros productos muy apreciados en mi país, serán marcados debidamente en términos de indicación de precios. 
El Parlamento ha dicho también que determinados productos deben quedar excluidos en aquellos casos en que sería absurdo insistir en el precio por unidad, como muebles, etcétera. 
Tenemos aquí una enmienda que también protege, y me alegra mucho poder decirlo, a aquellos que venden productos cuyo precio total no guarda relación con el precio por unidad. 
Es lo que el consumidor necesita saber, sobre todo en el caso de los vendedores a domicilio y de las personas que van de puerta en puerta con sus productos, como cosméticos, etcétera. 
Mi última observación es relativa a la situación en que se encuentran los pequeños comercios minoristas en lo que respecta a la aplicación. 
Es cierto que se ha previsto un plazo de seis años para la aplicación de la directiva, que se llevará a cabo una revisión exhaustiva antes de que se cumpla dicho plazo y que todos los Estados miembros deberán confeccionar un listado de todas las organizaciones de profesionales pertinentes para garantizar que los pequeños comercios minoristas son debidamente informados a tiempo sobre las disposiciones, especialmente en lo relativo a la indicación de los precios en las estanterías de los productos correspondientes. 
Es posible que surjan problemas, pero también existe la posibilidad de hacer mucho bien al consumidor. 
Señor Presidente, esta directiva y su ponente, a la que damos las gracias por el gran trabajo realizado, se proponen dos grandes objetivos. 
El primero es la protección de los consumidores y el segundo es la simplificación administrativa de la normativa. 
En efecto, la protección de los consumidores no dispone hoy de una información transparente sobre los precios, en particular por lo que respecta a la indicación del precio de venta por unidad de medida para los productos comercializados en embalajes ya preparados y cuyo precio el consumidor no puede comparar con el de productos análogos. 
El segundo gran objetivo, al que dedicaré un poco más de tiempo, es la simplificación de la normativa existente. 
Por lo que se refiere a la simplificación, ésta se inserta en el ámbito del proceso de subsidiariedad, motivo por el que será cada Estado miembro el que dirá qué entiende por «pequeño punto de venta». 
Podemos suponer dos sistemas: el de la fórmula de venta, es decir, de libre servicio, self service, o tradicional, o el de la superficie. 
Pero, evidentemente, un comercio de 100 m2 en Grecia no es lo mismo que un comercio de 100 m2 en Alemania y, por lo tanto, está bien que sea cada Estado miembro el que establezca qué entenderá por «pequeños puntos de venta». 
Finalmente, un último aspecto que destaco con cierta preocupación es la necesidad de ayudar al pequeño sistema de distribución al por menor de los establecimientos públicos, para que no sea gravado con un coste técnico que acaba por repercutir en el precio final de los productos. 
Estos días la Comisión ha lanzado correctamente una licitación para proponer un sistema de codificación y de lectura de los productos. 
Esperamos que ese sistema de lectura será el más próximo posible al mercado, precisamente para evitar que cualquier tipo de introducción tecnológica cree disfunciones y disparidades entre la pequeña y la gran distribución y para que todo el sistema comercial al por menor pueda responder a las exigencias de un mercado que cambia. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente por su trabajo en relación con esta Directiva. 
Me parece importante subrayar que hemos de intentar conciliar dos intereses distintos. 
Uno es el interés de los consumidores y otro el de las empresas. 
Algunos oradores de distintos Grupos han señalado este problema. 
El Grupo de los Liberales tiene muy en cuenta que los consumidores han de poder beneficiarse del mercado interior y comparar precios. 
Por eso estamos de acuerdo con la Directiva y apoyamos las enmiendas de la comisión. 
En cuanto a la enmienda nº 24, nuestro Grupo la considera positiva. 
Dicho esto, quiero llamar la atención de la Comisión sobre dos temas. 
Algunas situaciones que a mí me parecen importantes no han sido contempladas en la Directiva. 
Existen otros aspectos que deben considerarse además del interés de los consumidores, por ejemplo la prevención de la delincuencia. 
Pienso que puede ser un problema, por ejemplo para las joyerías, indicar los precios en el escaparate, ya que éstos pueden incitar a que alguien robe los diamantes, los objetos de oro y las piedras preciosas expuestos. 
Si los precios estuviesen indicados, está claro que únicamente se robarían los objetos más caros. 
Es un tema importante y me gustaría conocer la opinión de la Comisión sobre una posible solución al mismo. 
El otro tema es cómo anunciar los precios, es decir, si hay que marcarlos o hay que indicarlos. 
Marcar los precios es una solución tecnológicamente deficiente, ya que obliga a marcar cada artículo, mientras que la indicación del precio puede hacerse en el borde del estante o en otro sitio. 
Es muy importante buscar un sistema que no limite la evolución tecnológica del comercio minorista. 
Todos los presentes en esta Asamblea han pasado por el aeropuerto de Bruselas, en el que los precios están indicados de forma muy visible e informativa en un display. 
Hemos de garantizar que esta Directiva permita el desarrollo tecnológico del comercio minorista, tanto para las empresas grandes como para las pequeñas. 
Señor Presidente, pienso que he de hacer aún una observación a la atención de la Comisión y de sus Señorías. 
En primer lugar, pienso que convendría retirar la enmienda nº 24 a favor de la enmienda del Sr. Garosci, artículo 23, que aclara por segunda vez la posición excepcional de las pequeñas empresas. 
En segundo lugar, quiero anunciar que hay un error en la enmienda nº 15 sobre el euro. 
Esta dice que deben indicarse tres precios. 
En el considerando pone que pueden indicarse. 
Quisiera modificar el texto de la enmienda nº 15, sustituyendo se indicarán por podrán indicarse. 
En tercer lugar, la cuestión de si hay que indicar o no el precio por unidad en los productos no alimenticios. 
Estoy de acuerdo con los compañeros que han hecho una observación al respecto. 
A ellos quisiera llamarles la atención sobre la enmienda nº 18, según la cual, cuando carezca de importancia comparar diversos artículos, por ejemplo en una subasta, por ejemplo los clavos, etc., no es necesario indicar el precio por unidad de medida. 
Una observación final. 
Quiero pedir a la Sra. Jackson que examine de nuevo el conjunto de la directiva y sus consecuencias. 
Ahora entresaca fragmentos de los considerandos, que por otra parte quedan cubiertos en el articulado. 
Tengo la sensación de que si lo hace antes de las 12.30 horas, podrá votar tranquilamente con el resto del Grupo. 
Señor Presidente, quiero hacer una pregunta a la Sra. Oomen-Ruijten. 
No he comprendido bien si la enmienda nº 24 ha sido retirada. 
En tal caso, ¿es la enmienda nº 23 la que vamos a votar? 
¿Qué quiere decir- lo diré en inglés, ya que la edición de que dispongo es la inglesa -: Member States shall specify which small retail business shall be permitted to defer application of this Directive? 
¿Qué criterios hemos de aplicar? 
¿Fijará cada Estado miembro los criterios? 
Me parece que el Sr. Garosci tuvo razón al decir que 1000 m2 en Grecia no es lo mismo que 1000 m2 en Alemania. 
¿Cómo garantizamos la competencia justa y cómo garantizamos al mismo tiempo el principio de proximidad? 
Me gustaría recibir una respuesta a estas preguntas. 
En efecto, quisiera dejar en manos de los propios Estados miembros la decisión sobre la manera de hacer excepciones a la regla. 
En efecto, ha dado usted un buen ejemplo, señora. 
En una ciudad griega con muchos pequeños comercios, la situación es muy diferente, por ejemplo, de la que hay en los Países Bajos. 
Quiero dar la oportunidad a los Estados miembros para que decidan qué son pequeños comercios y qué son grandes comercios. 
Señor Presidente, la segunda lectura de la propuesta de esta directiva sobre la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores me brinda la oportunidad de manifestar mi satisfacción por la actitud tan favorable que ha adoptado el Parlamento Europeo ante la protección y la información de los consumidores. 
De eso realmente es de lo que trata la presente directiva; de mejorar la información para los consumidores y de simplificar los actuales mecanismos. 
Deseo, en particular, agradecer a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, la labor tan considerable que ha llevado a cabo sobre todo este asunto. 
Al igual que en la primera lectura, la Comisión apoya la posición del Parlamento. 
Por tanto, me complace comunicarles que la Comisión está dispuesta a aceptar la mayoría de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. 
Las pocas enmiendas que no podemos respaldar- las enmiendas 9, 15 y 16- son relativas a la doble indicación de los precios en las monedas nacionales y en euros cuando se introduzca la moneda única. 
Esto no quiere decir que la Comisión se oponga a la doble indicación de los precios; todo lo contrario. Quiero subrayar que la transparencia en materia de precios es una prioridad del marco de la Unión Económica y Monetaria. 
No obstante, es aún demasiado pronto para establecer unas normas tan detalladas y, además, las medidas complementarias serán el objeto de una presentación global. 
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas 23, 24 y 25. 
Las enmiendas 23 y 24 son relativas a los pormenores de las normas de aplicación de la indicación de los precios, y la Comisión considera que los Estados miembros están en mejor posición para determinar dichos pormenores. 
No podemos aceptar la enmienda 25 porque contradice la enmienda 6, que la Comisión ha aceptado. 
En lo que respecta a la observación de la Sra. Jackson sobre la enmienda 5- el considerando sobre el precio por unidad para las antigüedades- la Comisión manifiesta su conformidad con dicha observación. 
No obstante, deseo señalar una vez más que dicha enmienda es relativa exclusivamente a un considerando y que su observación está contemplada más substancialmente en la enmienda 13, que la Comisión está dispuesta a aceptar. 
Y esa enmienda, en particular, ocasionará la modificación que la Sra. Jackson desea incorporar en el artículo 2- en vez de en un considerando. 
Lo que significa sencillamente que las antigüedades estarán excluidas. 
Espero que, gracias a las enmiendas presentadas, el resto del procedimiento legislativo relativo a esta propuesta de directiva sobre las indicaciones de los precios avance ahora rápidamente y sin tropiezos. 
Deseo expresar mi agradecimiento a la ponente una vez más por su excelente trabajo. 
Permítanme hacer otra observación: he mantenido una consulta muy clara con los funcionarios de la Comisión sobre las enmienda nº 9, el considerando 15 y el artículo sobre el euro. 
La idea de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente es que cuando se introduzca el euro no haya un sistema en que puedan indicarse de dos, cuatro o seis precios, sino como máximo tres. 
He leído un texto de la Comisión Europea para examinar cómo podría flexibilizarse algo ese máximo de tres. 
La actual propuesta de la Comisión de no hacer nada conduce a que luego tengamos seis precios. 
No lo quiero. 
Vuelvo a pedirles que lo consulten con su personal jurídico. 
Lo he examinado bien y compartimos su opinión, pero la consecuencia de no adoptarla es distinta de la que ustedes y yo querríamos. 
Luego la enmienda nº 25. 
Como ponente no era partidaria de apoyarla. 
Las enmiendas núms. 23 y 24 facilitan la participación de las pequeñas empresas en este sistema. 
Por ello les pido que examinen atentamente esta cuestión. 
En principio, lo que la Sra. Oomen-Ruijten plantea no me parece demasiado difícil. 
Lo que estamos diciendo es que nos gustaría verlo en un contexto más amplio y un poco más adelante, donde se trata sobre los «ins» y los «pre-ins» y toda la cuestión del marco general del proceso. 
Es la única dificultad que encontramos y quisiéramos pedirle que tenga en cuenta que tal vez sea mejor tratar de ello un poco más adelante. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(Se interrumpe la sesión por cinco minutos mientras se espera el turno de votaciones) 
Votaciones 
Señora Presidenta, sólo deseo dar una indicación a los colegas para evitar que en la votación se repita algún malentendido que ya se produjo en la anterior. 
Hoy estamos votando tres enmiendas- e invito a hacerlo sólo sobre éstas- que han sido objeto de una negociación, de una transacción entre el ponente y la Comisión. 
Algún colega puede tener aún las diez enmiendas que preceden a estas últimas, que ya se votaron y se aprobaron en el período parcial de sesiones anterior. 
Le pido, pues, señora Presidenta, que someta a votación exclusivamente las tres últimas enmiendas, todas juntas, en particular porque ya se han aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Agricultura. 
Eso es lo que yo pretendía hacer. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Debo felicitar muy especialmente a la Sra. Matikainen-Kallström, porque creo que se trata de su primer informe ante esta Asamblea. 
La felicito. 
Señora Presidenta, la enmienda relativa al punto F es bastante sencilla: se trata sólo de una actualización de datos sobre el desempleo, para que se incluyan los datos, más recientes, disponibles. 
En el punto F, en la página 4, al final, después de «tasa de desempleo» leemos: » que alcanza el 21, 3 % en el sur, frente al 7, 1 % en las regiones del norte y al 10, 2 % en las regiones centrales de Italia, con una media nacional del 12, 2 % (según los datos ofrecidos por el ISTAT en diciembre de 1996) mientras que la media comunitaria es del 10, 8 % (según los datos ofrecidos por EUROSTAT en septiembre de 1996) ». 
Por consiguiente, tal como ha entendido usted, es al mismo tiempo bastante sencillo y bastante complicado. 
En efecto se trata simplemente de actualizar las tasas de desempleo, pero, al igual que hace siete u ocho años, la cuestión puede parecer bastante compleja. 
En las traducciones hay algunos problemas y, por esta razón, pido que se parta de la versión original y que esto se compruebe otra vez, especialmente en la versión alemana. 
Si le he comprendido bien, se opone usted a la enmienda oral. 
Esto se refiere a la versión escrita. 
En la votación debería regir la versión original, pues las traducciones no son siempre enteramente correctas, especialmente en alemán. 
En el original está muy claro, pero no en la versión alemana. 
Para resumir, si la Asamblea, a la que voy a consultar, no se opone a la consideración de esta enmienda oral, desea usted que se verifiquen las cifras de forma que, tomando como prueba la versión inicial, quede todo convenientemente armonizado. 
Señora Presidenta, creo que probablemente puede afirmarse que esta Asamblea elabora informes actualizados, pero quisiera insistir también en que las estadísticas deben ser cotejadas no sólo con los indicadores nacionales o regionales, sino con Eurostat, para asegurarnos de que disponemos de las cifras más recientes y actualizadas, y no de cifras que algunos Estados miembros puedan desear incluir para que su situación parezca peor de lo que es realmente en términos de sus fondos estructurales. 
Señora Presidenta, he pedido la palabra sólo para decir que en el punto 4 estaba prevista, en las últimas líneas, la comprobación de algunos datos que se podía hacer con fecha 31 de diciembre de 1996. 
Esto se ha hecho y, por consiguiente, la propuesta consiste en eliminar todo lo que sigue, en el texto italiano, a «alle regioni deboli italiane» (» a las regiones débiles italianas» ). 
Se suprime, pues, la última frase del punto 4. 
Señora Presidenta, había pedido al Sr. Dell ' Alba, que es el signatario de la enmienda, que la retirara, salvo la última frase, a saber: » al respecto, pide al Gobierno que preste mayor atención a este asunto». 
Esta última frase debería añadirse al texto original. 
Dicho de otro modo, hubiera deseado usted que el Grupo ARE formulara una enmienda oral a su enmienda. 
En ese caso, me dirijo al Sr. Dell ' Alba. 
Señora Presidenta, teniendo en cuenta la intervención del ponente, le pediría que sometiera a votación la primera parte, a la que el ponente se opone claramente, y que luego hiciera votar el resto. 
Señora Presidenta, mi Grupo no ha recibido ningún ejemplar de dicha enmienda, ni tampoco figura entre las enmiendas que se han presentado realmente. 
Por tanto, pienso que no podemos someterla a votación. 
Realmente, temo que todo esto sea muy confuso. 
O el Sr. Dell ' Alba acepta una enmienda oral, es decir, que su enmienda se limitaría al final de la frase, como ha propuesto el Sr. Podestà y en ese momento veré si la Asamblea acepta esta enmienda oral. O bien mantiene su enmienda tal como está y la someto a votación en estas condiciones. 
Acepto la enmienda oral. 
Señora Presidenta, sólo quisiera aclarar que queda igual todo el texto original y sólo se añade la frase que hemos leído hace un momento. 
El texto de la frase en cuestión es, pues, » Invito al Gobierno a prestar más atención a esta cuestión.» 
Señora Presidenta, quisiera que repitiera el sentido de la enmienda, porque estamos votando un texto y tenemos que ser conscientes de lo que aprobamos. 
Por favor, repita en qué apartado y al final de qué enmienda se añade esa frase. 
Tengo la impresión de que la situación es realmente muy confusa. 
Por consiguiente, voy a someter a votación la enmienda tal como había sido propuesta por el Grupo ARE y tal como se ha mantenido. 
Creo que así será mucho más sencillo, de otro modo llegaremos a una situación muy confusa. 
Señora Presidenta, nos opondremos a eso. 
De hecho, la enmienda no ha sido presentada ni tampoco ha sido distribuida. 
Evidentemente no se presentó dentro del plazo, y necesito recibir aún una explicación muy clara. 
Por lo tanto, sobre esa base, no deseamos que se retire y votaremos en contra. 
Señora McCarthy, la enmienda 7 ha sido efectivamente presentada. 
Tengo una enmienda 7 del Grupo de Coalición Radical Europea que ha sido presentada en tiempo y forma. 
El Sr. Podestà solicitó a este grupo que la retirase. 
No ha sido el caso, pero la enmienda ha sido efectivamente presentada. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora ponente, también aquí se presenta la necesidad de hacer una revisión de las traducciones. 
En alemán se produce, en parte, un resultado totalmente distinto. 
Por consiguiente, es importante una vez más revisar también el original en la enmienda en la que se trata del apoyo a la financiación de la formación de los comités de seguimiento. 
Puesto que ésta es una enmienda especialmente importante, que es especialmente necesaria en el informe, ruego que se revise y que reciba también el apoyo de la Asamblea. 
Le agradezco, Sra. Schroedter, que nos lo señale. 
Es muy evidente que si hubiera contrasentido sobre una enmienda tan importante, sobre cualquier enmienda, sería, por otra parte, muy grave y vamos a verificarlo con mucha atención. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten plantea, entre otros, el problema de los trabajadores fronterizos sobre el que puedo decir, como Diputado electo por la región fronteriza del Norte de Francia, que la situación se ha degradado en el transcurso de los últimos años. 
Cuanto más progresa la integración europea más desaparecen, teóricamente, las fronteras, más complican y deterioran la vida de los trabajadores fronterizos los reflejos nacionales, si no nacionalistas. ¡Esto es insoportable! 
Así pues, es necesario que intervenga la Comisión ante los Estados y que la Unión Europea proponga reglas de conformidad con nuestros principios y nuestros tratados. 
A pesar de todo, es «bastante extraordinario» que los «primeros europeos» que fueron los trabajadores fronterizos sientan con frecuencia la construcción europea en la actualidad como un retroceso con respecto a su situación. 
En este sentido, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten va en la buena dirección y la felicito por ello, pero queda aún mucho trabajo por hacer. 
Las dos líneas generales de este proyecto de recomendación, en su segunda lectura son: primero, la protección de los consumidores garantizándoles una información adecuada sobre los precios de los productos y segundo, la simplificación del precio por la doble indicación, por un lado, del precio de venta y, por otro, del precio por unidad de medida. 
Ésta es la forma más adecuada y, por tanto, la más sencilla para informar a los consumidores, ya que de este modo pueden comparar los precios de los productos que quieran adquirir. 
La indicación del precio por unidad de medida resultará de utilidad a los consumidores, porque ello les permitirá efectuar la evaluación entre productos vendidos en cantidades diferentes. 
Este nuevo sistema, que deja de lado el anterior sistema de unir el precio al embalaje, sin mencionar el de unidad de medida, proporcionará una mejor información al consumidor e incrementará su capacidad de elección y de comparación. 
Mi voto, por ello, será positivo. 
Señora Presidenta, espero que terminemos con el informe del Sr. Santini, ese folletín sobre el plátano. 
Deseo recordar brevemente que algo más de 800.000 toneladas de plátanos nos llegan de Guadalupe, de Martinica, de Madeira, etc., pero, me atrevería a decir, que también de las antiguas posesiones europeas, en África o en otros lugares, y dos millones de toneladas nos llegaban de Centroamérica. 
Los Estados Unidos (no se sabe muy bien por qué, puesto que ellos no los producen) , intentando proteger su firma Chiquita, han decidido que no les bastaba con 2 millones de toneladas de plátanos, con 75 ecus la tonelada solamente de derechos arancelarios en lugar de 825 ecus la tonelada. 
Consiguieron 2.200.000 toneladas, después 2.300.000 toneladas y ahora piden 2.500.000. 
Nuestros colegas alemanes, y más en concreto Alemania, han apoyado de forma decidida la posición de Chiquita, probablemente porque todos los partidos políticos alemanes eran regados económicamente por la multinacional Chiquita. 
Esto es un secreto a voces. 
En fin, gracias al Sr. Santini hemos llegado a una posición que no es ni siquiera media, sino a una posición modesta. 
Creo que este expediente es muy sintomático. 
Es la sumisión permanente de nuestra construcción europea a los deseos de los Estados Unidos. 
El aumento de la cuota aduanera beneficiará absolutamente al consumidor sueco. 
Deseamos un comercio más libre de plátanos en el mercado mundial. 
Nuestro objetivo es que los consumidores suecos puedan elegir a la hora de adquirirlos. 
Que se les ofrezcan plátanos de la mejor calidad al menor precio posible. 
Naturalmente, querríamos que los consumidores, si ese fuera su deseo, eligieran los plátanos que se producen bajo las mejores condiciones desde el punto de vista ecológico y social. 
Hay incontables motivos para protestar contra la organización actual del mercado del plátano de la UE. 
Los consumidores hemos de tener la opción de comprar los plátanos que consideremos mejores, y no podemos aceptar ni cuotas ni otros límites que den prioridad a una categoría específica dentro de este producto. 
Señora Presidenta, quiero hacer esta explicación de voto sobre el informe del Sr. Podestà, en primer lugar para darle las gracias y felicitarlo por su trabajo, por esta importante puesta a punto, por parte del Parlamento Europeo, del problema de la gestión de los Fondos estructurales en Italia, pero también para no pasar en silencio la pena que nosotros, los diputados europeos, no podemos dejar de sentir por el modo en que en nuestro país se gestionan los Fondos estructurales. 
Como se sabe, el pasado 22 de enero hubo un importante encuentro entre el Ministro Ciampi y la Comisaria, la Sra. Wulf-Mathies, en el que se evidenció que el retraso acumulado por Italia supera los 1.500 millones de ecus a finales de 1996, repartido equitativamente entre los distintos Fondos. 
Ahora bien, en una situación de rigor presupuestario, en una situación en la que Italia y su Gobierno piden sacrificios a los ciudadanos para la entrada en Europa, es absolutamente intolerable que uno de los países fundadores de la Comunidad esté estructuralmente en graves dificultades, por no decir en la incapacidad de gestionar correctamente tales Fondos- por lo que tenemos que pedir continuamente dilaciones, prórrogas, y las administraciones nacionales luego se ven obligadas a intervenir para remediar las carencias regionales-. 
Hubiera deseado que el Parlamento Europeo fuera más crítico, que actuara más como acicate del Gobierno, no por injerencia en los asuntos internos, sino simplemente por un funcionamiento correcto de las instituciones. 
En particular, consideramos que hoy el Centro de Control es inadecuado como instrumento, que es necesaria una institución más vinculante, con mayores poderes. 
Sólo así podemos recuperar el retraso y llegar al final de la gestión de los Fondos con mayor conciencia y coherencia entre gastos y compromisos contraídos. 
Con ese deseo, mi Grupo ha votado la resolución, con esa motivación de distinción y de incitación al Gobierno italiano a que actúe mejor a nivel de la gestión de los Fondos estructurales. 
Sin poner en duda en absoluto la objetividad del ponente, considero inquietante por principio que el ponente del Parlamento sea del mismo país cuya ayuda se evalúa. 
Por principio, el Parlamento debería esforzarse por designar ponentes que no pudieran tener interés personal alguno en la cuestión que se somete a debate. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
EEB 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe (A4-0020/97) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de investigación sobre la EEB, acerca de las alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho comunitario con respecto a la EEB; -las siguientes preguntas orales a la Comisión: -B4-0004/97 del Sr. de Villiers, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, sobre la Comisión de investigación sobre la EEB- riesgo de transmisión de la EEB a través de determinados productos farmacéuticos; -B4-0006/97 de los Sres. Martens y Böge, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el informe de la Comisión de investigación sobre la EEB acerca de las alegaciones de violaciones del Derecho comunitario y/o de mal funcionamiento de la aplicación del mismo en el caso de la EEB; -B4-0007/97 de la Sra. Green, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la Comisión de investigación sobre la EEB; -B4-0008/97 de la Sra. Barthet-Mayer y del Sr. dell ' Alba, en nombre de Coalición Radical Europea, sobre el informe de la Comisión de investigación sobre la EEB; -B4-0009/97 del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el informe de la Comisión de investigación sobre la «EEB» ; -B4-0010/97 de los diputados Santini, Rosado Fernandes, Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre las recomendaciones en materia de EEB; -B4-0011/97 del Sr. Kofoed, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre las conclusiones de la Comisión de investigación sobre la EEB; -la moción de censura (B4-0056/97) contra la Comisión Europea, sobre su actitud en la gestión de la crisis EEB. 
Señor Presidente, la facultad de establecer comisiones de investigación se recogió en el Tratado de Maastricht de 1992 y fue desarrollada luego por una decisión interinstitucional de 1995. 
Hasta ahora, el Parlamento Europeo ha establecido dos comisiones de investigación: una sobre el fraude en el tránsito comunitario y otra sobre la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Por circunstancias de calendario, la comisión sobre la encefalopatía espongiforme bovina ha terminado su trabajo antes que la anterior, por lo cual me corresponde el honor de ser el primer ponente que interviene en este Parlamento en nombre de una comisión de investigación. 
La Comisión de investigación trabajó con limitaciones de tiempo, ya que la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina ha sido una crisis que ha tenido mucho impacto en la opinión pública europea y había una alarma social que se transmitió a este Parlamento, que en realidad se venía transmitiendo desde hace tiempo y que hizo que el Parlamento Europeo decidiera, el verano pasado, establecer esta Comisión de investigación. 
La comisión se estableció por un período de tiempo limitado, que fue, en principio, de tres meses. 
Ese plazo inicial fue insuficiente; se consiguió una prórroga posterior y, en definitiva, la comisión terminó su trabajo el pasado día 6 de febrero después de una sesión maratoniana en la que consideramos 250 enmiendas. 
El trabajo efectivo ha durado aproximadamente cinco meses y, como todo trabajo con tiempo limitado, tiene probablemente sus dificultades. 
Yo espero que sus Señorías, a medida que vayan leyendo los informes, detecten las deficiencias que pueda tener este informe, de modo que puedan ser apreciadas y corregidas a la hora de su publicación. 
El informe, como saben los miembros de la Asamblea, incluye una primera parte, que es la parte A, que comprende las propuestas o el informe específico de la comisión y va acompañado de una serie de anexos que recogen las opiniones minoritarias, las audiencias y algunos documentos complementarios. 
Pero, en definitiva, durante el tiempo que hemos trabajado, hemos recibido bastantes kilos de documentación de la Comisión, del Consejo, de instancias gubernamentales y de instituciones científicas nacionales e internacionales. 
Además, durante todo este tiempo, hemos celebrado una serie de audiencias muy detalladas, hemos tenido el privilegio de escuchar al Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión, hemos tenido el privilegio de escuchar a varios Comisarios de la actual Comisión y de la Comisión anterior, y hemos tenido, sobre todo, el privilegio de recibir a destacados científicos que se han molestado en venir a Bruselas a comparecer ante nosotros de una manera desinterasada y prestándonos su mejor colaboración. 
Yo creo que nuestro trabajo en las sesiones de audiencia, presididas eficazmente por el Sr. Böge, es un trabajo valioso, que puede ser de utilidad a todos los que quieran verlo. 
En este momento, la Comisión de investigación somete al Parlamento su informe, es decir, la parte A del informe en la que se recogen los resultados de la investigación, las recomendaciones para el futuro y las opiniones minoritarias. 
Las opiniones minoritarias son siete y no me voy a extender en ellas porque serán expuestas por sus autores, pero sí señalaré que el informe como tal fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes en el momento de la votación el pasado día 6 de febrero. 
Por tanto, cualesquiera que sean los defectos, estos defectos son, desde luego, admitidos por el ponente, pero en principio compartidos por todos los miembros de la Comisión de investigación. 
El problema es que la Comisión de investigación en cuanto tal, tenía, por un lado, una cierta amplitud de mandato, ya que el mandato se refiere a la detección de cualquier caso de mal funcionamiento o mala administración- concretamente alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho comunitario a la encefalopatía espongiforme bovina -, pero con una limitación muy importante que es la jurisdicción de los tribunales nacionales y comunitarios, es decir, que esta Comisión de investigación no podía ser un tribunal de justicia- para eso tenemos las instancias comunitarias, pero además hay competencias nacionales, instancias nacionales a las que se puede recurrir. 
Por tanto, partiendo de esta base, la preocupación de la Comisión de investigación era detectar la responsabilidad de las instituciones y, al hacerlo, nos encontramos que por la natural estructura de la Unión Europea, en la cual hay una responsabilidad compartida de los Estados y de las instituciones comunes, teníamos que centrarnos, en primer lugar, en la responsabilidad estatal, concretamente en la responsabilidad del Gobierno británico. 
Y, sin duda, el problema de la encefalopatía espongiforme bovina es un problema que tiene su origen en ciertas actuaciones del Gobierno británico, que han producido unos daños enormes, probablemente no deseados, no esperados, pero que se han dado. 
El punto de partida está en la aplicación de un método de fabricación de harinas obtenidas a partir de carnes y restos de huesos de animales, el llamado procedimiento Carver Grenfield. 
Y con respecto a ese procedimiento, como nos explicaron algunos de los científicos, el Gobierno británico, en un momento determinado, adoptó unas medidas que flexibilizaban el procedimiento de obtención de esas harinas, de forma que no se llevó a cabo la esterilización completa. 
Algunos miembros de la Comisión de investigación visitamos el Reino Unido y visitamos las instalaciones en cuestión y, en definitiva, lo que ha ocurrido allí es que los desperdicios de animales, muchos de ellos infectados probablemente por otra enfermedad, eran utilizados para la fabricación de piensos y luego colocados en la cadena alimenticia sin ningún tipo de control. 
Por ejemplo, estuvimos en las granjas y en las granjas había unos sacos, que constituían la alimentación de los animales, en los que no constaba en absoluto el origen del producto. 
No había forma de saber cómo habían llegado allí y eso explica precisamente la forma, el comportamiento, el desarrollo de la enfermedad, que se produce en casos aislados, en granjas que se encuentran muy separadas unas de otras. 
En definitiva, este problema quizás se pudo haber abordado en un momento determinado con la colaboración eficaz de las instituciones comunitarias, es decir, a partir del año 89, cuando se tienen ya las primeras pruebas científicas en laboratorios alemanes y franceses, entre otros, -incluso y, sobre todo, en laboratorios ingleses -, de que puede tener consecuencias para la salud humana. 
Yo creo que si en aquel momento el Gobierno británico hubiera ofrecido su colaboración a las instituciones comunitarias y las instituciones comunitarias hubieran actuado de acuerdo con el Gobierno británico, yo diría que, entre el año 89 y el año 90, se hubiera podido hacer frente al problema y es posible que en este momento estuviera en vías de solución. 
Pero aquí aparece un segundo momento y es cuando el Gobierno británico trata por todos los medios de que no se investigue la encefalopatía en Inglaterra. 
Concretamente entre 1990 y 1994 hay 37 inspecciones veterinarias en el Reino Unido por parte de funcionarios de la Comisión y en ninguna de esas inspecciones veterinarias se estudia el tema del impacto de la encefalopatía espongiforme bovina, lo cual nos hace pensar que había una voluntad deliberada por parte del Gobierno británico y una debilidad por parte de la Comisión de no llevar a cabo esas inspecciones veterinarias-. 
Curiosamente, en alguna documentación relativa al período encontramos, por ejemplo, inspecciones muy detalladas en Grecia sobre la fiebre aftosa y cosas por el estilo, pero realmente la gran epidemia que empezaba a preocuparnos en Inglaterra, la encefalopatía, no se investiga desde el punto de vista comunitario. 
Pero no quiero extenderme porque, en definitiva, no tengo demasiado tiempo y quiero referirme al segundo bloque de responsabilidades: me refiero al Consejo. 
El Consejo es una institución que está integrada por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, que actúa como poder legislativo, pero que también actúa como poder ejecutivo, y esta es la gran anomalía. 
Uno de los principios de nuestras constituciones es el principio de separación de poderes. 
Para ser miembro de la Comunidad Europea hay que respetar el principio de la Comunidad Europea, pero la Comunidad Europea no respeta el principio de la separación de poderes, y se ha llegado a decir que si la Comunidad Europea solicitara el ingreso en la Comunidad Europea, no podría ser aceptada porque no respeta el principio de la separación de poderes. 
Y aquí nos encontramos con uno de los problemas graves: el Consejo, que es el órgano legislador, delega ciertas competencias de ejecución en la Comisión, pero retiene el poder fundamental. 
Es como si le hubiera prestado una bala a la Comisión, pero la bala estuviera atada por un hilo, de forma que, después de cada disparo, la Comisión le tiene que devolver la bala al Consejo y, como consecuencia de esto, las decisiones que se adoptan en el Consejo, que son de carácter ejecutivo, son contrarrestadas por el funcionamiento de unos comités que están integrados por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, concretamente el Comité Veterinario Permanente. 
Y a la hora de votar se hace un voto ponderado, es decir que el peso de cada uno de los Gobiernos no se determina en función de la razón científica, sino en función de la voluntad política o del peso político de cada Gobierno. 
O sea que tiene más razón, en caso de una enfermedad, el Gobierno británico que el Gobierno griego o el Gobierno portugués. 
Yo creo que este es un sistema absolutamente inadmisible, es un sistema que atenta contra los principios constitucionales de cada uno de nuestros Estados miembros y que sería inadmisible que, como consecuencia de la Conferencia Intergubernamental, se mantuvieran estas competencias de ejecución por parte del Consejo. 
Y llegamos al tercer bloque de responsabilidades, que se refiere a la Comisión Europea. 
Nosotros, desde el Parlamento, estamos acusando a la Comisión de debilidad. 
Es decir, la Comisión de investigación considera que en un momento determinado la Comisión ejecutiva no adoptó las medidas que tendría que haber adoptado. 
Cuando en un momento determinado algunos Gobiernos pretenden aplicar el artículo 36 para limitar las importaciones de los productos procedentes del Reino Unido, la Comisión interfiere, incluso amenaza con llevar a los Estados al Tribunal de Justicia- lo cual nos parece muy correcto, lo correcto -, pero la segunda parte es que la Comisión tendría que haber actuado contra el Gobierno en cuestión y haberle impuesto el cumplimiento de las normas. 
En un momento determinado, al Comisario responsable en aquel momento le pregunté, específicamente, si había solicitado dictámenes de los servicios jurídicos de la Comisión y la respuesta que me dio es que, en aquel momento, la Comisión no tenía poder político suficiente para enfrentarse al Consejo. 
En política, señor Presidente, hay que estar. 
Es una actividad bastante más difícil de lo que parece y cuando hay algún tipo de poder, o de base o de derecho, creo que la institución tiene que ejercerlo. 
En aquel momento concretamente, y durante algún tiempo después, la Comisión mostró una tremenda debilidad. 
No quiero extenderme en todos los aspectos de la responsabilidad de la Comisión, pero sí quiero señalar que en 1996, como consecuencia de la amenaza del Gobierno británico de utilizar el veto en todo el proceso de desarrollo constitucional, hubo debilidad por parte del Consejo, de nuevo, y por parte de la Comisión. 
Hasta tal punto que hay una decisión- la decisión sobre el levantamiento del embargo de las gelatinas- que, al parecer, se adoptó sobre la base de un informe preliminar insuficiente que fue desmentido por otro informe posterior en el que se señalaba que la gelatina constituía, efectivamente, un peligro eventual- la utilización, el levantamiento del embargo sobre las gelatinas podría suponer un peligro para la salud humana. 
En definitiva, debido, por un lado, a la negativa del Gobierno británico a aceptar la intervención comunitaria y, por otro lado, a la concentración de poderes por el Consejo y a la debilidad de la Comisión frente al Consejo y frente a los Gobiernos, nos encontramos ante una crisis que ha costado, que se sepa, 165.000 vacas enfermas- pero, aparte de eso, hay, por lo visto, medio millón más de vacas infectadas en Inglaterra -, 23 granjeros que se han suicidado en Inglaterra, al parecer 15 personas afectadas por una variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob- que se imputa a esto, a esta enfermedad de las vacas- y el hundimiento del mercado de la carne: Creo que ha sido el Comisario Fischler quien ha dicho que ha sido la mayor catástrofe a la que se ha tenido que enfrentar la Comunidad Europea. 
La Comisión de investigación en cuanto tal pudo haberse limitado a constatar estos elementos de infracción o mala administración, pero parecía conveniente que, sobre la base de nuestra experiencia y de lo que habíamos aprendido, hiciéramos algún tipo de recomendaciones. 
Nuestras recomendaciones son de muy diferente índole, pero una de ellas, desde luego, va dirigida a una mayor transparencia en todo este sector. 
Los ciudadanos comunitarios en este momento están asustados ante el desarrollo de unas instituciones misteriosas que se reúnen en Bruselas y en las que hay posiblemente unos grupos de presión que están actuando, y no tienen la seguridad de que los alimentos que están consumiendo, los productos que toman, por carácter sanitario, ofrecen la suficiente seguridad. 
Por tanto, en este momento, los ciudadanos comunitarios piden transparencia y piden conocimiento. 
Proponemos una serie de medidas que dirigidas a conseguir que se conozca bien la situación de esta crisis y lo que ocurra en el futuro. 
Y hay otra serie de medidas que propone la Comisión de investigación, dirigidas al control de todos los temas sanitarios. 
En este momento, la estructura misma de la Comisión, la estructura del sistema de comités científicos y de otro tipo es una estructura que no se presta a la protección de la salud. 
Tal como se ha desarrollado la Comunidad, con su énfasis en los aspectos fundamentalmente económicos, se ha olvidado la finalidad fundamental de la actividad económica, que es la protección de la persona, y que la persona pueda desarrollar sus capacidades. 
Si seguimos por esta línea de subordinación de todo a los intereses económicos de sectores empresariales determinados, estamos condenando, en definitiva, el propio Mercado Común, es decir que, en definitiva, se está perjudicando al conjunto de los ciudadanos. 
Por eso, las conclusiones de la Comisión de investigación se basan, en este momento, en el desarrollo de una colaboración inmediata entre la Comisión y el Parlamento- incluso mediante la creación de un órgano conjuntoque en los próximos meses pueda estudiar- Parlamento y Comisión, conjuntamente- todas aquellas medidas que vayan dirigidas al reforzamiento de la confianza de los ciudadanos, a la protección de la salud de los ciudadanos y a un mejor funcionamiento de las instituciones comunitarias. 
Yo creo que con esto, señor Presidente, el Parlamento está haciendo una contribución importante al desarrollo de las instituciones y al bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Como presidente de la comisión quisiera, ante todo, dar cordialmente las gracias a nuestro ponente, el Sr. Medina Ortega, por el esfuerzo que ha realizado con este informe. 
También quisiera dar las gracias a todos los colegas por el interés que han aportado y, en especial, a la secretaría de nuestra comisión que ha trabajado efectivamente. 
Estimados colegas, esto ha sido para todos nosotros una nueva experiencia y también se ha tratado de probar algunos campos secundarios del Acuerdo interinstitucional del derecho a establecer comisiones de investigación. 
Según el encargo que el Pleno nos ha confiado y sobre la base de este acuerdo de 19.4.1995 al que se han obligado todas las instituciones, hemos intentado averiguar la verdad y definir la responsabilidad por la conducta negligente y culposa. 
A pesar de un derecho limitado de establecer comisiones de investigación hay ahora una cantidad de hechos y de medios de prueba que ponen de manifiesto dos cosas. 
En primer lugar: este Parlamento está dispuesto a utilizar en todo momento el derecho de establecer comisiones de investigación como instrumento de control y a ejercerlo también en otros casos. 
Este es un claro aviso a todos y quizá esto sólo sea ya útil para el futuro. 
El Parlamento Europeo se debe al ciudadano y sólo al ciudadano. 
Sólo a través de la información sin tacha, de la determinación de las responsabilidades y de la deducción de las consecuencias políticas necesarias podremos lograr restablecer la maltratada confianza de los ciudadanos. 
En segundo lugar: queremos poner término de una vez para siempre a esta historia de locura de la EEB y queremos cuidar de que esto no vuelva a suceder. 
Naturalmente, esto implica que colocamos en el centro de nuestros esfuerzos una agricultura que se basa en la sostenibilidad y en una producción lo más adaptada posible a las especies animales. 
Aquí existe un interés común tanto de los consumidores como también de los agricultores. 
Necesitamos también un compromiso de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo de adoptar las precauciones oportunas mediante las iniciativas y propuestas legislativas pertinentes incluyendo también la política presupuestaria. 
Las particularidades de esta aterradora y extraña mezcla de ignorancia, de mala gestión y de equivocaciones están documentadas muy bien en muchos ejemplos del informe. 
Naturalmente, en el otro lado está claro que hay que valorar de otra manera los fallos y las negligencias del pasado, de los años 89/90, incluso sobre el telón de fondo de los nuevos conocimientos científicos de marzo de 1996, que no existían de ese modo en el pasado. 
Pero esto no desvincula a la política de la responsabilidad de colocar en el centro de todos los esfuerzos una protección preventiva de los consumidores. 
En esto ha habido deficiencias. 
Ha habido fallos graves en la lucha contra la EEB. 
Muchas de las medidas acordadas y llevadas a cabo en 1996 llegaron con un par de años de retraso y fallos de aplicación en el pasado siguen pesando sobre nosotros hasta hoy en la lucha y no sólo en el Reino Unido. 
Existía la incapacidad, existía la falta de interés de colocar en el punto central del mercado interior una protección preventiva de los consumidores. 
Celebro extraordinariamente la decisión del Tribunal Europeo de Justicia de 12.7.96 en la que se definió una nueva cualidad de la jurisprudencia en el mercado interior en lo que respecta a la política sanitaria y a la política de protección de los consumidores. 
Ha habido una responsabilidad mixta en lo que respecta a las omisiones, primero en el Reino Unido y, en segundo lugar, específicamente en la pasada Comisión. 
Incluso el Consejo no se ha caracterizado en especial por sus actividades en cada fase del procedimiento, aunque una y otra vez se produjeron iniciativas de Estados miembros en particular. 
Naturalmente, sabemos, señor Santer, que en muchos ámbitos la propia Comisión no puede ser tan buena como algunos Estados miembros lo permiten. 
Señor Presidente Santer, en el debate de julio le dije lo siguiente: » No tape usted los fallos del pasado». 
Creo que la responsabilidad de la actual Comisión se concentra en dos puntos: me refiero, en primer lugar, al debate fantasma sobre la gelatina. 
Aunque posiblemente nadie ha sufrido daños por esta decisión, por este ir y venir ¿cree usted realmente que el ciudadano puede imaginar y definir como política creíble tales escenificaciones? 
En segundo lugar: en mi opinión, en la valoración ha influido un poco en contra de ustedes el hecho de que los que entonces eran responsables de los servicios también estuvieran encargados del asesoramiento y de la respuesta de las encuestas y actividades procedentes de la comisión de investigación. 
Esto fue un fallo estratégico. 
(Aplausos) El hecho de que se presentase este indecible documento de prensa de 16 de diciembre al final de las negociaciones, como si no hubiera existido, en absoluto, esta comisión de investigación, lo he considerado como una afrenta. 
(Aplausos) A esto se suma también, lamentablemente, que al final del procedimiento no se nos hicieran llegar a tiempo y en plazo todos los documentos, y no sólo una selección, de la sesión del subgrupo científico sobre la EEB. 
Luego, recibimos estos documentos, según asegura el Sr. Comisario Fischler, hacia el final de la tarde del viernes, pero por primera vez en mis siete años y medio de pertenencia al Parlamento mi maleta no ha llegado a Estrasburgo. 
Por esta razón no he podido comprobar esto todavía. 
Creo, señor Comisario Fischler y señor Presidente Santer, que en este punto ustedes han estado mal aconsejados. 
El ciudadano está desorientado y consternado y nos dice fuera lo siguiente: si esto es Europa, entonces tengo grandes dudas ante los desafíos a que nos enfrentamos. 
Por esta razón entiende usted las recomendaciones de la comisión de investigación como una oportunidad de orientar las cosas a mejor. 
Quien reconoce y confiesa los fallos y saca de ello las consecuencias, es fuerte y actúa con responsabilidad, pero no quien minimiza los debates y no respeta la voluntad de las minorías ni la opinión de las minorías. 
Sobre la base de esta recomendación de la comisión de investigación la Comisión y el Parlamento pueden volver a ser aliados naturales. 
Aparte de esto, se han expuesto recomendaciones muy claras y estrictas de la comisión de investigación: la cuestión de la reorganización, la cuestión de la responsabilidad incluyendo las medidas disciplinarias, la cuestión de una conferencia común para solucionar de una vez por todas el ámbito de problemas de la harina animal y también, señor Presidente Santer, el fundamento jurídico. 
En vista de la Conferencia intergubernamental, siempre y allí donde la Comisión tenga un margen de interpretación debería acercarse más que hasta ahora al Parlamento en la definición del fundamento jurídico. 
(Aplausos) Por lo demás, el hecho de que el Ministro británico de Agricultura, Hogg, no haya venido significa una afrenta no sólo contra el Parlamento, sino contra todos los ciudadanos europeos. 
(Aplausos) Y hay que dejar claro que esto constituye una transgresión del Acuerdo Interinstitucional que todos hemos firmado. 
Una actuación más enérgica desde el principio habría limitado también los daños en la economía nacional y habría sido más barato que el debate de minimización que, en último término, ha resultado ser un tiro por la culata. 
Entretanto, se dispone de un texto de resolución que está respaldado por una variedad de grupos. 
Considere usted, señor Presidente Santer, este texto de resolución, que votaremos mañana, como una iniciativa, como una oportunidad de encauzar las cosas hacia mejor. 
El Parlamento va a tener que comprobar y vigilar la marcha de las cosas, y en el momento en que todo marche bien volverá usted a tener también nuestra confianza. 
Por otro lado, si las cosas no se llevan a cabo suficientemente y nosotros constatamos deficiencias graves tendrá que haber a lo largo de los próximos meses un diálogo muy serio e iniciativas muy serias, incluída la cuestión de la aplicación del artículo 144 del Tratado. 
Esto se lo debemos a los ciudadanos europeos por nuestra condición de representantes de sus intereses. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, intervengo respecto al orden de los trabajos, con su autorización. 
¿Hay alguna razón por la que el Consejo no se haya dignado estar presente en este debate, de gran importancia, esta tarde? 
El Consejo, a nivel político, está ausente. 
La Comisión está muy bien representada y yo lo agradezco. 
El Consejo parece indiferente. 
Todo lo que puedo decir, señora, es que esta Presidencia se ha puesto en contacto con el Consejo, que ha considerado no estar en condiciones, o no juzgar oportuno, estar presente en el día de hoy. 
Esto es todo lo que sé y todo lo que puedo comunicarle. 
Señorías, estamos tratando de un tema extremadamente importante. 
Lo que haya que decirle al Consejo se le dirá por los procedimientos adecuados, y cada uno lo podrá hacer. 
Pero no vamos a cambiar la línea de este debate para entrar en esa cuestión que, por muy importante que sea, es una cuestión accesoria respecto del presente debate. 
Doy la palabra al Sr. Happart, primer firmante de la moción de censura. 
Señor Presidente, se atribuyen a Churchill unas palabras pronunciadas antes de la guerra: » Debe decidir entre el deshonor o la guerra.» 
Señor Santer, debe usted decidir entre el deshonor y la dimisión, y todavía no es tarde pero ya es el momento. 
En nombre de la institución que representamos, en nombre de la idea que como demócrata me hago de la Europa que estamos construyendo, yo le pediría que dejara de humillarse y de humillarnos tratando de justificar lo injustificable. 
¿Se da cuenta de que está usted haciendo Europa sin los ciudadanos, para el dinero y contra los ciudadanos? 
Corta usted de raíz la Europa de nuestros hijos, y todo ello porque no desea asumir sus responsabilidades, la responsabilidad política del expediente de la EEB, grave donde los haya. 
Con esta actitud quiebra un poco más la confianza del ciudadano. 
Debería ser usted, señor Santer, la punta de lanza en el impulso de una verdadera Europa construida para los ciudadanos y el futuro. 
Antes al contrario, constata usted, como todo el mundo, en la lectura del buen informe (¡más aún! , alegato) del Sr. Medina Ortega contra los servicios de la Comisión, contra los fallos de funcionamiento de la Comisión y de los sucesivos Gobiernos británicos, que la responsabilidad exige una sanción inmediata y radical, que no es otra que la dimisión de la Comisión que usted preside. 
Se me replicará, algo a lo que estoy habituado, que no es el momento, que hay otras cosas por hacer y que es necesario dar una oportunidad de rehabilitación a la Comisión. 
Señor Santer, considero falsos estos argumentos, pues los actos, las faltas graves de la Comisión en este expediente merecen una sanción. 
¡Ha de haber una responsabilidad política! 
Por supuesto, será igualmente necesario tomar las disposiciones administrativas correspondientes contra los funcionarios que, bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad de toda la Comisión, han realizado actos que han puesto en grave peligro a cientos, incluso miles de vidas humanas. 
Vivimos en una época (parece que está en el ritmo de los tiempos) en la que es necesario ahorrar. 
Es preciso rentabilizar, ser competitivos, pero, ¿con relación a quién, con relación a qué? 
Por supuesto, con relación a los beneficios incontrolados del monetarismo y del mundo financiero. 
Por haber permitido a algunas empresas, sobre todo británicas, engañar y disminuir con ello los costes de producción de la carne de bovino, se ha llegado a una situación que hoy, diez años después, está costando muchas, demasiadas vidas humanas y miles de millones de ecus a la sociedad. 
Señor Santer, la manera como esta Comisión trata al Parlamento Europeo es indecente. 
En efecto, mientras se activaba la Comisión de investigación (¡qué útil y esclarecedora! , como lo demuestra el informe Medina Ortega) aceptaba usted la importación sin control de maíz modificado genéticamente. 
La Comisión que usted preside está aceptando que se produzcan y distribuyen por el mercado europeo nuevos productos y medicamentos, de los que no se está seguro de su inocuidad a corto y medio plazo. 
Deje de decirnos que es necesario decidir entre la evolución tecnológica, el crecimiento, la modernidad y un inmovilismo que provocaría el retroceso de nuestras sociedades europeas. 
¿Para qué puede servir ser moderno, ganar dinero, si se hace en detrimento de la salud humana o del futuro de nuestro entorno, que será el de nuestros hijos y nuestros nietos? 
Señor Santer, no sé si es usted padre o abuelo (algo que le deseo) , pero le pediría que considerara, por encima de intereses puramente mercantiles, ¿qué planeta vamos a dejar en herencia a nuestros hijos? ¿No cree que ha llegado el momento de ser valiente, de atreverse a dar un giro de 180 grados, de forma que se conceda primacía al hombre y a su porvenir en lugar de a algunos intereses financieros o monetarios? 
Por lo que respecta a la investigación, si se tomara una decisión para que ésta fuera financiada por la sociedad y orientada al mayor bienestar antes que a un aumento de los beneficios, los ciudadanos de Europa y de todo el mundo le quedarían eternamente agradecidos. 
Señor Santer, sé que para usted es muy difícil, más aún que para los observadores u otros socios, tomar la decisión que yo le estoy pidiendo, que es la de irse. 
Nuestros colegas del Parlamento Europeo deberán pronunciarse mañana sobre una resolución consecutiva al informe de la Comisión de investigación. 
Si esta resolución es clara y portadora de futuro, votaré a favor porque constituirá el pliego de condiciones, la base de la declaración gubernamental de la Comisión que le suceda. 
El jueves, pediré a cada una y a cada uno de mis colegas en el Parlamento Europeo que se imagine, por encima de las diferencias partidarias o de sus intereses, cualesquiera que éstos sean, que mañana o dentro de un año, de cinco o de diez quizá, su hijo o su hija se vean afectados por esta terrible enfermedad llamada de CreutzfeldtJakob atípica. 
En ese caso, ¿en qué sentido orientarían su voto? 
Para mí la decisión está tomada. 
Al recoger firmas y presentar esta moción de censura, creo actuar correctamente como Diputado europeo y cumplir con mi deber. 
Algunos hablarán quizá de demagogia, pero no soy un demagogo; simplemente defiendo la salud y el porvenir de nuestros conciudadanos. 
Hoy, antes que cualquier razón partidaria o de Estado, debe hablar la conciencia. 
Señor Santer, debe usted elegir entre el deshonor, quedándose, o el honor, dimitiendo. 
Por Europa y por sus ciudadanos le pido que dimita. 
¡Váyase! , todavía está a tiempo. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, durante este período parcial de sesiones se pronunciarán ustedes sobre el informe de la Comisión de investigación de la EEB. 
Se trata de un informe severo para con los afectados, incluida la propia Comisión, y cuya lectura exige una serie de medidas destinadas a poner remedio a las deficiencias y fallos de funcionamiento evidentes y nos interpela con respecto al futuro. 
No voy a hacer ante ustedes el relato histórico del asunto de la EEB, ni tampoco comentaré con detalle el informe que la Comisión de ustedes ha redactado bajo la dirección del Sr. Böge y gracias al trabajo en profundidad del ponente, Sr. Medina Ortega. 
Como Presidente de la Comisión, deseo asumir aquí la responsabilidad del Colegio y decirles cómo veo las cosas. 
Me centraré pues en el papel de la Comisión. 
Es evidente sin embargo que este Parlamento no puede ignorar el partido que cada institución ha tomado, y sobre todo los Estados miembros; cada uno, en su ámbito competencial, tiene su parte de responsabilidad. 
Pero no voy a entonar mi mea culpa en el pecho de otros. 
La Comisión de investigación ha planteado una serie de preguntas a las que intentaré responder. 
¿Ha privilegiado la Comisión al mercado en detrimento de la salud? 
Si se juzga a partir de los conocimientos actuales, la actitud tomada en aquellos momentos puede prestarse a críticas. 
Y es preciso también reconocer que la pregunta no se planteaba en términos tan crudos: el mercado o la salud. 
¿Se debería haber prestado más atención a algunas advertencias aisladas que iban a contracorriente de la opinión científica mayoritaria según la cual era muy poco probable un efecto sobre la salud humana? 
En aquellos momentos, seguro. 
Pero hago constar también que, a partir de 1989-1990, se tomaron una serie de medidas, tanto a nivel nacional como comunitario, encaminadas a evitar cualquier riesgo para la salud. 
Añadiré que, en este contexto, varias propuestas de la Comisión, tendentes a reforzar el pilar salud del mercado interior, no dieron resultado. 
Los Estados miembros no lo quisieron. 
En cuanto a la Comisión, hago constar que ésta nunca se quedó corta con respecto a las recomendaciones científicas. 
Y en numerosas ocasiones ha llegado más lejos con el fin de evitar cualquier riesgo para la salud humana. 
Segunda pregunta: ¿Ha practicado la Comisión una ocultación de la información, incluso la desinformación? 
No puedo interpretar ciertas declaraciones realizadas por algunos, pero deseo recordar que el tema de la EEB ha sido objeto de dos grandes conferencias científicas, en las que la Comisión ha desempeñado un papel de motor y cuyos resultados han sido profusamente publicados. 
El Comité Veterinario Permanente, que reúne a los representantes de los Estados miembros, ha tratado el problema en cerca de sesenta reuniones. 
Al igual que ustedes, hubiera deseado más investigaciones y sobre todo, más resultados de las investigaciones. 
Incluso hoy los científicos, enfrentados a toda la complejidad de la enfermedad de la EEB, no pueden todavía proporcionarnos datos ciertos. 
Pero si ha habido progresos, si hoy somos conscientes de los riesgos que para el hombre puede constituir la EEB, es también gracias a algunas investigaciones, cofinanciadas por la Comunidad. 
Por supuesto que, a la luz de los conocimientos actuales, es preciso dar al esfuerzo de investigación una dimensión nueva. 
La Comisión ha hecho propuestas en este sentido. 
Es imperativo que el procedimiento de conciliación pueda dar resultados al margen del próximo Consejo «investigación». 
Es necesario que el programa de investigación sobre las encefalopatías espongiformes transmisibles pueda disponer de los medios financieros apropiados. 
Tercera pregunta: ¿Ha gestionado bien o mal este expediente la Comisión? 
Estoy de acuerdo en que el funcionamiento de los servicios hubiera podido ser mejor, incluidos los de la actual Comisión, y estoy de acuerdo con el ponente en lamentar la falta de controles específicos sobre la EEB entre 1990 y 1994, cualesquiera que sean las razones invocadas en este sentido. 
Estoy sorprendido por la manera de gestionar los comités científicos: falta de transparencia, de coordinación, falta de rigor. 
Hay (el informe de ustedes lo ha revelado) una urgente necesidad de revisar tanto la organización y el funcionamiento de los servicios como, más en general, el sistema de preparación y toma de decisiones. 
Su trabajo nos ofrece la posibilidad de hacerlo en profundidad. 
Cuarta pregunta: ¿Ha cedido la Comisión ante las presiones políticas del Reino Unido? 
Creo responder con claridad a esta pregunta, pues la decisión de esta Comisión de prever un levantamiento condicionado del embargo para la gelatina se presentó bajo esta óptica. 
Aquí, como en muchos expedientes, ha habido sin duda una actuación política por parte de un gobierno y eso es totalmente normal. 
El Primer Ministro británico, al estimar que nuestra decisión de embargo era injustificada, ha hecho todo lo que estaba en su mano para revocarla, incluso ante el Tribunal de Justicia. 
No ha cesado de reclamar el levantamiento del embargo. 
Mi respuesta, educada, como no podía ser de otro modo, era firme, era no. 
Todas nuestras acciones se basaban en el planteamiento al que siempre me he atenido, que no es otro que el de fundamentar nuestras decisiones en los mejores conocimientos científicos disponibles. 
Este mismo planteamiento está, por otra parte, en la base del acuerdo marco de Florencia, aprobado por consenso a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Critican ustedes la forma como se ha realizado la consulta científica. 
Como he dicho antes, acepto esa crítica. 
Pero otra cosa es decir que hemos asumido riesgos para la salud de los ciudadanos con el fin de agradar al Sr. Major. 
Eso es falso. 
Al día de hoy, el embargo sigue siendo total y la Comisión no ha concedido ninguna autorización para exportar gelatina de origen británico. 
En el actual estado de conocimientos, ésta no está dispuesta a hacerlo. 
Última pregunta: ¿Ha practicado la Comisión una política obstruccionista frente al trabajo de la Comisión de investigación? 
Señor Presidente, me tomo muy en serio esta acusación, pues nunca he dejado la más mínima duda sobre mi deseo de ver a los Comisarios y a los servicios cooperando plena y lealmente con la Comisión de investigación. 
¿De qué otro modo podría ser en una democracia? 
Hemos remitido todos los documentos solicitados, que son miles de páginas. 
Han aparecido en la prensa algunas notas antes de que la propia Comisión de investigación tuviera conocimiento de su existencia. 
Estoy de acuerdo en que es lamentable, pero me pregunto si realmente hay materia para hacer un juicio de intenciones a la Comisión. 
No nos hemos negado a nada. 
Todo ha estado accesible, incluso algunos documentos internos extremadamente confidenciales, que el presidente de la Comisión de investigación ha podido consultar allí donde se encontraban. 
Leo en el informe de la Comisión de investigación que, haciendo referencia al apartado 3 del artículo 3 del acuerdo interinstitucional, la Comisión habría violado el espíritu de este acuerdo. 
Ahora bien, hago constar que el apartado 3 del artículo 3 forma parte del acuerdo interinstitucional y se impone por sí mismo. 
Este artículo regula las comparecencias de funcionarios ante la Comisión de investigación. 
Establece principalmente que los funcionarios o agentes inculpados se pronuncian en nombre y con instrucciones de su gobierno o institución. 
Pero puedo asegurarles que ninguno de los funcionarios que ha comparecido ha recibido instrucciones de la Comisión acerca de las repuestas que debía dar. 
Tengo aquí una carta del Comisario Franz Fischler, fechada el 30 de septiembre de 1996, dirigida al Director General, Sr. Legras, y al Director Sr. Mansito, que dice lo siguiente: 
Por su parte, la Comisión, después de haber intentado prohibir la entrada en el mercado de la Unión de los productos cosméticos que contienen tejidos de origen animal, y que presentan un alto riesgo de infección, estudia también la posibilidad de una prohibición igual para los medicamentos. Está claro que se harán públicos los resultados de la reunión celebrada en la Agencia de los Medicamentos, en Londres. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera en estos momentos centrarme en las enseñanzas concretas que yo extraigo de todo este asunto y espero que respondan a sus recomendaciones para el futuro. 
En interés de los ciudadanos y de los consumidores, las medidas a tomar deberán rectificar las carencias constatadas en su informe. 
Estas carencias se centran en los ámbitos siguientes: la estructura administrativa, el sistema de consulta científica, los mecanismos de toma de decisiones, los medios de control y las bases legales comunitarias. 
Ésta tiene la intención de hacer preguntas más fundamentales sobre las prioridades políticas de la Unión Europea y sobre la naturaleza de la PAC. 
La Comisión ya ha comenzado a actuar la semana pasada, tomando una primera serie de medidas. 
Un grupo de Comisarios por la salud humana alimentaria, presidido por mí mismo, garantizará en lo sucesivo el impulso político necesario y coordinará todas las acciones de la Comisión en estos ámbitos. 
Por otra parte, hemos procedido a una reorganización profunda de los servicios implicados en la salud humana, y ello según tres principios. En primer lugar, la separación entre responsabilidades legislativas y aquellas que afectan a la consulta científica; en segundo lugar, la separación entre responsabilidades legislativas y de control; en tercer lugar, el refuerzo de la transparencia y de la difusión de la información a lo largo de todo el proceso de decisión y de las acciones de control. 
En adelante, todos los comités científicos competentes quedarán bajo la autoridad de la Dirección General XXIV reformada, que también se ocupará, por tanto, de la salud de los consumidores. 
Serán encabezados por un comité científico multidisciplinar que hará las veces de comité director. 
La formulación de los dictámenes científicos y la elaboración de la legislación quedarán claramente separados. 
Una «célula de evaluación de los riesgos de salud pública y de control de los productos alimentarios» , directamente vinculada al nuevo Director General de la DG XXIV, permitirá al Comisario responsable, la Sra. Bonino, actuar con rapidez. 
Es evidente que el papel de ésta no se verá limitado a remitir dictámenes científicos a sus colegas de agricultura e industria; quedará también asociada con ellos en la elaboración de la legislación basada en dichos dictámenes científicos. 
He pedido a la Sra. Bonino que presente en las próximas semanas las reformas a emprender, posteriores a esta reorganización administrativa, que sólo es un primer paso. 
Estas reformas se inspirarán en los principios siguientes: selección rigurosa de los mejores científicos que presenten las garantías indispensables de independencia; apertura del trabajo de los diferentes comités; amplia difusión de los dictámenes de los comités científicos, incluso por medio de la creación de una base de datos accesible al público a través de Internet; toma en consideración y difusión de los dictámenes científicos minoritarios. 
La Sra. Bonino se pondrá en contacto urgentemente con este Parlamento para tratar de todas estas cuestiones con ustedes antes de poner a punto estas propuestas. 
Con respecto al control, hemos decidido, en ese caso, separarlos también de los servicios encargados de elaborar la legislación. 
Precisamente por esta razón la Oficina de Inspección, que tiene su sede en Irlanda, quedará vinculada a la DG XXIV. 
Sigo siendo de la opinión de que una Agencia autónoma, tal como propone la Comisión, es la mejor solución, e invito al Consejo a que reconsidere su posición negativa actual. 
En cualquier caso, debo insistir aquí en un punto; cualquiera que sea la organización futura que vaya a emerger, la Unión debe dotarse de los medios y personal necesarios para que se lleve a cabo un control apropiado. 
La Comisión hará lo necesario por su parte, pero también necesitará ayuda de la autoridad presupuestaria, es decir, de ustedes mismos, cuando proponga un presupuesto rectificativo y suplementario. 
Es evidente, Señorías, que la reorganización administrativa tendrá un impacto sobre el personal implicado. 
Habrá una nueva distribución de tareas, y también habrá cambios. 
La Comisión está examinando muy atentamente los recursos disponibles y se prestará una atención especial a los funcionarios destinados en la DG XXIV. 
En este contexto, añadiré que, si se debieran determinar comportamientos que justificasen sanciones, se aplicarían los procedimientos previstos en el Estatuto de los funcionarios. 
Quisiera, sin embargo, citar aquí una frase del informe del Sr. Mattei, Diputado de la Asamblea Nacional francesa, una frase que me ha impresionado sobremanera. 
Dice así: » Los fallos de funcionamiento son imputables en menor medida a los hombres que al sistema, ambiguo, que no ha extraído todas las consecuencias en materia de salud pública del mercado único europeo.» 
Creo que debemos meditar esta frase e iniciar, juntos, una reflexión profunda sobre reformas más radicales, sobre una verdadera revolución en la forma de comprender la alimentación y la agricultura. 
Resulta evidente que se impone una profunda reflexión sobre el futuro de la PAC. 
¿Podemos afirmar, de manera razonable, que la EEB es un accidente de la naturaleza? ¿No se trata más bien de la consecuencia de un modelo de producción agrícola que empuja a la productividad a cualquier precio? 
La lógica del mínimo coste, sin respeto por las leyes fundamentales de la naturaleza, ¿no conduce, al final, a unos costes mucho más importantes para la sociedad? ¿Estaríamos en el punto en que nos encontramos en la actualidad si se hubieran respetado las reglas del sentido común, que establecen que los rumiantes no son ni carnívoros ni caníbales? 
(Aplausos) Esto me lleva, Señorías, a saludar la idea de una conferencia científica sobre las harinas de origen animal, que deberán acordar conjuntamente la Comisión y el Parlamento Europeo. 
La Comisión ya trabaja en una reforma de la PAC, que presentará después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, en el marco del futuro paquete financiero con vistas a la ampliación. 
Esta reforma partirá de la idea de que nuestra agricultura debería estar más orientada hacia la calidad, el medio ambiente, el bienestar de los animales, la vuelta a producciones más naturales y la simplificación de las leyes comunitarias. 
Esto no siempre es evidente en los distintos Estados miembros. 
Todos necesitaremos valor y determinación, pero no podemos quedarnos ahí, pues las respuestas a las preguntas planteadas, que son verdaderas preguntas de la calle, sobrepasan el marco de la agricultura. 
Estamos y estaremos, cada vez más, enfrentados a decisiones difíciles, con respecto a nuevos productos y nuevas tecnologías, como por ejemplo en el ámbito de la biotecnología. 
Abogo por la aplicación progresiva de una verdadera política alimentaria que conceda una atención primordial a la protección y a la salud de los consumidores. 
En este contexto, estoy a favor de un etiquetado obligatorio y sistemático, y creo también que se debería considerar la creación de una agencia independiente que responda a las necesidades específicas de la Comunidad, inspirándose en los aspectos positivos de la Food and Drug Administration americana. 
El respeto por el principio de subsidiariedad, al que nos debemos todos, no debe tomarse como pretexto para bloquear la emergencia de un régimen europeo creíble de protección sanitaria, corolario indispensable del mercado interior. 
En el momento actual, observamos cada vez más que nuestros mecanismos de decisión ya no están necesariamente a la altura de la prodigiosa evolución científica. 
Las respuestas a estas difíciles preguntas, que comportan al mismo tiempo aspectos éticos, científicos, sociales y económicos, deben emanar de todos los componentes de la sociedad. 
En este contexto, propongo organizar, junto con el Parlamento Europeo, una gran conferencia interdisciplinar dedicada a la alimentación y a la salud. 
En la misma óptica, es necesario dotar urgentemente a la Unión de los medios de acción necesarios para actuar. 
En este tema veo dos imperativos. 
En primer lugar, implicar mucho más, en el futuro, al Parlamento en el proceso de toma de decisiones. 
En el marco del actual Tratado y conforme a la lógica que ha presidido la reorganización interna de la Comisión, en el futuro vamos a privilegiar el recurso al actual artículo 100A para las propuestas que tengan como principal objeto las cuestiones veterinarias y fitosanitarias. 
Pero ante todo vamos a intentar convencer a los Estados miembros, en el seno de la Conferencia Intergubernamental, para que acepten nuestra sugerencia, que por otra parte se acerca a la de ustedes, de someter todas las decisiones legislativas a la codecisión. 
Y espero de ellos que tengan la valentía de aplicar este principio igualmente a la PAC. 
(Aplausos) Señor Presidente, el segundo imperativo consiste en otorgar a la Comunidad unas competencias reales en materia de salud. 
Ayer, la Comisión presentó a la Conferencia Intergubernamental la propuesta concreta de una artículo 129 revisado sustancialmente. 
Esta propuesta prevé tres mejoras de importancia: en primer lugar una mejora del proceso de coordinación de las políticas que llevan a cabo los Estados miembros; en segundo lugar, la posibilidad de proceder a nivel comunitario a las armonizaciones necesarias en materia de salud humana; y en tercer lugar, la codecisión en materia de salud. 
Creo, señor Presidente, Señorías, que ha llegado el momento de crear la Europa de la salud. 
Señor Presidente, desearía concluir: la crisis de la EEB es una de las más difíciles a las que he tenido que enfrentarme en el transcurso de mi larga carrera política. 
He dicho, durante mi comparecencia ante la Comisión de investigación, que es por muchos conceptos para mí, y espero que igualmente para muchos de ustedes, una lección de modestia, una lección de humildad. 
Comprendo la conmoción que suscita. 
Hay que reconocer que se han cometido errores, incluida la Comisión, pero también es necesario conservar el sentido de las proporciones. 
Es importante ante todo, sacar conclusiones juntos acerca de la crisis y aportar reformas que hagan una Unión más democrática y segura. 
La Comisión en su integridad tiene la determinación de aportar su contribución en interés de Europa y de los ciudadanos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el Grupo Socialista acoge con satisfacción y respalda el informe y las recomendaciones de la Comisión de investigación en relación con la EEB. 
Este Parlamento está demostrando hoy que se toma muy en serio su deber de vigilar y controlar a las instituciones de la Unión Europea que no han sido elegidas por sufragio. 
Es la primera vez que hacemos uso de los poderes que el Tratado de Maastricht otorga al Parlamento Europeo para investigar las alegaciones de infracción o de mala administración del Derecho comunitario bajo los auspicios de una Comisión de investigación. 
Mi Grupo desea rendir homenaje a los colegas que han participado en la Comisión de investigación. 
Han dedicado grandes esfuerzos a la tarea de identificar y exponer la trágica serie de sucesos que ha devastado al sector de la carne de vacuno de toda Europa, que ha arruinado el medio de vida de tantos agricultores, trabajadores rurales y de las personas que trabajan en el sector de productos derivados y, lo peor de todo, que ha ocasionado enfermedades debilitadoras y la muerte a algunos ciudadanos y ha puesto en peligro las vidas de muchos otros. 
Deseo aclarar que para mi Grupo, la preocupación principal en todo momento ha sido la salud de la población de la Unión Europea. 
Los trabajos de la Comisión de investigación han demostrado inequívocamente que la culpa de la crisis de la EEB recae absoluta y directamente sobre las espaldas del actual Gobierno británico. 
Su afán testarudo, ciego e ideológico por la desregulación trajo consigo un catálogo de decisiones desastrosas que permitieron el avance de la EEB. 
(Aplausos) Mi Grupo cree desde hace mucho tiempo que el afán por la mera desregulación es un concepto caduco y peligroso, al igual que lo es el afán por la mera regulación. 
Lo que hace falta es una regulación apropiada; creemos que en un mercado único se necesita una regulación que proteja la salud pública y una regulación que garantice la seguridad de los consumidores. 
La tragedia de la EEB es un ejemplo triste y dramático de lo que puede ocurrir cuando se sacrifica la salud pública y la seguridad de los consumidores en aras de la conveniencia para las empresas y del aumento de beneficios. 
(Aplausos) El Gobierno británico no sólo es culpable de los daños que han repercutido sobre Gran Bretaña, sino que además, debido a su mala gestión de la crisis, lejos de contener la EEB en Gran Bretaña, ha permitido que piensos contaminados y terneros infectados entren en el mercado y en las cadenas alimentarias del resto de Europa. 
Realmente fue una negligencia de la peor clase. 
Estoy convencida de que todos los ciudadanos británicos decentes saben que si cualquier otro gobierno de la Unión Europea hubiera jugado de ese modo con su salud y su seguridad, no se lo perdonarían jamás. 
La prensa sensacionalista británica haría bien en meditar sobre este hecho, antes de abandonarse al fomento de la xenofobia en torno a este asunto. 
(Aplausos) El espectáculo que ofreció anoche el ministro británico de Agricultura, Sr. Douglas Hogg, que se salvó de una moción de censura en la Cámara de los Comunes por su mala gestión de la crisis de la EEB, gracias a un vergonzoso arreglo político con el Partido Unionista del Ulster, fue realmente vergonzoso. 
Si, como nos aseguran, el vacuno de Irlanda del Norte y de otras cabañas específicas de Gran Bretaña no se ha infectado como el resto del vacuno británico, ¿por qué no se reconoció hace meses, un gesto con lo que se podría haber salvado a los agricultores norirlandeses de las catastróficas consecuencias financieras de estos últimos meses? 
¿Por qué el Gobierno británico sólo acuerda adoptar medidas denominadas especiales cuando se enfrenta a una moción de confianza en la Cámara de los Comunes? 
Este tipo de comportamiento cínico y oportunista destruye la confianza en Gran Bretaña y en el resto de Europa, y demuestra que el Gobierno británico no considera la salud pública y la seguridad de los consumidores- por no hablar de la sensatez económica- como una de sus prioridades políticas. 
El Sr. Douglas Hogg, el desafortunado ministro de Agricultura, se negó a acudir a dar testimonio ante nuestra Comisión de investigación, a pesar de que todos los gobiernos de la Unión- incluido el Gobierno británico- se habían comprometido a apoyar la labor de la Comisión de investigación del Parlamento. 
Anoche, en la Cámara de los Comunes, el Sr. Hogg dijo que si él diera testimonio ante este Parlamento, equivaldría a una abnegación de la soberanía británica. 
Él es de los que defienden que la soberanía de una democracia radica en su parlamento. 
Yo, en cambio, soy de los que creen que la soberanía descansa en las manos del pueblo. 
(Aplausos) No obstante, el Consejo tampoco se salva de las críticas en este asunto. 
Sucumbió a las presiones del Gobierno británico; suavizó las propuestas de la Comisión en el Consejo de Agricultura y se sirvió generalmente del club elitista del Consejo para que se atendieran los intereses nacionales en detrimento de aquellos de la población de la Unión. 
Este hecho refuerza la opinión de mi Grupo de que el Consejo, cuando actúa como organismo corporativo, se esconde tras la legitimidad democrática de sus distintos miembros y actúa unido de un modo secreto e inaceptable. 
A continuación, deseo decir al Presidente de la Comisión que éste desastre se veía venir. 
La Comisión Europea es culpable; no puede decir que no la hayamos alertado de las graves deficiencias que presentaban sus estructuras y su órgano de toma de decisiones en materia de seguridad de los productos alimenticios y de salud. 
Ya en 1989, en el informe Raftery, este Parlamento declaró: » Si deseamos conseguir un auténtico mercado único para los productos alimenticios, debemos crear un órgano de reglamentación genuino, independiente, fuerte y transparente, que anteponga los intereses de los consumidores a aquéllos de los productores, procesadores, distribuidores y del sector del catering.» 
Una vez más, en marzo de 1992, en mi informe sobre la reforma del Comité Científico de Alimentación Humana, este Parlamento dijo: » Los consumidores europeos juzgarán el proceso de lograr una base científica satisfactoria para asuntos relativos a la seguridad de los alimentos en función de su nivel de independencia, transparencia y eficacia.» 
En dicho informe, el Parlamento exigió que una sola unidad de la Comisión Europea se hiciera responsable de los productos alimenticios bajo los auspicios del servicio de políticas de protección del consumidor, una política alimentaria común, un Comité Científico de Alimentación Humana independiente, una representación adecuada de los consumidores en dicho comité, transparencia en el nombramiento de los miembros del comité y el compromiso de dedicar la debida consideración a los intereses de la sociedad en los ámbitos de alimentación y seguridad de los consumidores. 
¿Qué más podía hacer este Parlamento para demostrar que el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la seguridad de los productos alimenticios era un desastre? 
La letanía de tomas de decisiones caóticas, el hecho de no tener la obligación de rendir cuentas y la actitud evasiva demostrada por la Comisión y por sus funcionarios durante toda la crisis de la EEB han debilitado a la Comisión y la han hecho vulnerable. 
Por tanto, lamentablemente, ha sido necesaria una crisis de esta magnitud para crear las condiciones que hagan posible el cambio. 
Si podemos creer al Presidente de la Comisión, tendremos un cambio, y acogemos con satisfacción su declaración. 
Pero no nos contentamos con promesas. 
Ése es el motivo por el que en nuestra resolución para avivar este debate, nos hemos comprometido a observar muy de cerca cuáles son exactamente las medidas que adopta la Comisión para cumplir las promesas que hoy ha hecho aquí su Presidente. 
Si las reformas no son auténticas, adecuadas o lo suficientemente rápidas para seguir las recomendaciones de la Comisión de investigación, mi Grupo se unirá a otros para presentar una moción de censura contra la Comisión en su debido momento, que será en los meses anteriores a noviembre o durante ese mes del presente año. 
Por último, mi Grupo no apoyará la moción de censura contra la Comisión Europea que hoy se ha presentado ante esta Asamblea. 
No consideramos que sea una estrategia política eficaz para censurar a la Comisión antes de que ésta haya tenido la oportunidad de poner orden en su propia casa. 
Estamos interesados en que se realice un serio intento de introducir reformas para proteger la salud pública. 
Además, estamos convencidos de que si prospera la moción de censura en esta fase, provocaría simplemente una crisis institucional que duraría meses y no haría absolutamente nada por fortalecer la salud pública ni la protección de los consumidores a nivel europeo. 
(Aplausos) No falta quien cree que la publicidad y el caos que traerían consigo la destitución de la Comisión permitiría de algún modo depurar el sistema. 
Mi Grupo no lo cree así. 
El hecho de que el Presidente de la Comisión haya acudido hoy a presentar ante el Parlamento un paquete de reformas que, si se llevan a cabo, contribuirán a depurar realmente el sistema, es un tributo a aquellos que tantos esfuerzos han dedicado a la Comisión de investigación, y permite medir los efectos que puede conseguir este Parlamento, si se toma en serio sus poderes. 
La Comisión de investigación ha identificado los fallos y las reformas necesarias para poner fin a los mismos. 
Ahora, esta Asamblea tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de dichas reformas, y eso es, precisamente, lo que nos proponemos hacer. 
(Vivos aplausos) 
En primer lugar y sobre todo quiero rendir homenaje al Presidente de la Comisión de Investigación, el Sr. Böge, al ponente, el Sr. Medina, y a todos los miembros de la Comisión de Investigación. 
Nuestro Grupo aprobará las conclusiones del informe. 
La descripción de la mala administración durante el punto álgido de la crisis de la EEB en dicho informe es impresionante. 
Era en el período de 1990 a 1994. 
En 1990 se demostró científicamente que el agente infeccioso podía trasmitirse de una especie animal a otra. 
Ello tendría que haber motivado una aceleración de la investigación científica. 
A partir de 1990, el resultado de la investigación puede calificarse simple y llanamente de pobre. 
Entre 1990 y 1994, en el Reino Unido se aplazaron las inspecciones veterinarias de la EEB. 
El informe Medina dice que la anterior Comisión intentó encubrir la verdad y achacar el aplazamiento al Parlamento, cuando en realidad se trataba de una decisión de la Comisión que cedía a la presión británica. 
Durante el mismo período, la legislación comunitaria en materia de la EEB estaba totalmente paralizada, con una excepción: el reglamento sobre los embriones. 
Entre 1990, supongo que fue el Consejo extraordinario del 6 y 7 de junio de 1990 sobre la primera crisis de la EEB, y 1994, es decir, en cuatro años, no se celebró ningún debate en el Consejo sobre la EEB. 
Aún así, durante este período se detectaron el 75 % de los casos de EEB en el Reino Unido. 
A mediados de 1990, Francia y Alemania consideraron la posibilidad de imponer restricciones comerciales a la carne de ternera británica, pero el Comisario MacSharry amenazó con llevarlos ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
El informe Medina dice también que hay pruebas escritas de que la anterior Comisión propugnó una política de desinformación, no sólo hacia la opinión pública, sino que la desinformación penetró también en el núcleo de las instituciones comunitarias. 
Al fin y al cabo, si se cierra el flujo de información y la Comisión deja de desempeñar sus tareas y no propone ninguna legislación, el Consejo también queda fuera de juego. 
El informe Medina señala como principal responsable de la crisis de la EEB al Gobierno británico. 
En el informe se constata en seis ocasiones que los sucesivos gobiernos violaron el artículo 5 del Tratado y se negaron a cumplir las reglas de una cooperación leal y transparente. 
Como es sabido, el artículo 5 del Tratado contiene el principio de la lealtad comunitaria. 
Pero también el Consejo es responsable por la pasividad y la dilación a la hora de combatir la epidemia en el Reino Unido, por las decisiones equivocadas y la mala coordinación a la hora de proteger la salud pública y por la desinformación del público. 
Según el informe de la Comisión de Investigación, es innegable que, en el período de 1990 a 1994, durante la mala administración en el punto álgido de la crisis de la EEB, la anterior Comisión también cometió graves errores y omisiones, y que la responsabilidad política pesa sobre los Comisarios MacSharry y Steichen. 
Consideramos que el Comisario Fischler ha de aprovechar este debate para responder a los dos errores que se le atribuyen en el informe Medina. 
Pero, tal y como ha concluido la Comisión de Investigación, las consecuencias políticas radican en la necesidad de decisiones estructurales, políticas y personales para reparar las graves omisiones y errores del pasado. 
La responsabilidad política de la Comisión Europea reside ahora en la realización de estas reformas fundamentales, pues- como dice el informe Medina- esto ayudará más a la Comisión de Investigación que un cambio de composición de la Comisión. 
Nuestro Grupo reitera por tanto su confianza en la Comisión Europea para que lleve a cabo estas reformas. 
Tiene que restablecer urgentemente la credibilidad de la Unión Europea dando prioridad a la salud pública y la protección del consumidor, por encima de intereses puramente económicos. 
Señorías, ¿a qué doctor Fausto podría habérsele ocurrido nunca dar de comer harina de carne y huesos a los rumiantes, en contra de una tradición secular? 
¿Cómo es posible que se haya tenido la osadía de arriesgar tanto con los alimentos de los lactantes? 
Se ha demostrado a todas luces que la Comisión Europea dispone de una base jurídica clara para ejercer sus competencias en el ámbito de la salud pública, artículo 129, y la protección del consumidor, artículo 129A. Aquí reside una tarea importante para la CIG. 
La Comisión tiene que hacer propuestas a corto plazo para formar una unidad independiente llamada «protección de la salud pública». 
Es preciso propugnar la introducción de la codecisión en las cuestiones agrícolas. 
Es preciso declarar la prohibición general de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y hueso, y de utilizar despojos de animales enfermos para alimentar a otros animales. 
Señor Presidente de la Comisión, hay que tomar medidas personales y disciplinarias en caso de una actuación indebida de los funcionarios. 
Es preciso juzgar a los responsables por sus errores. 
Nuestros conciudadanos no comprenderían que no se aplicaran sanciones. 
Nuestra conclusión política es por consiguiente: somos contrarios a la moción de censura. 
Reiteramos nuestra confianza en la Comisión para llevar a cabo estas reformas, pero en caso de que estas no se hayan realizado dentro de un plazo razonable, y en cualquier caso de aquí a noviembre del presente año, nos veremos obligados a retirar nuestra confianza en la Comisión. 
Señor Presidente de la Comisión, juntos tomamos parte en las negociaciones de Maastricht para un nuevo Tratado sobre la Unión Europea. 
Por aquel entonces ya detectamos deficiencias. 
Tuvimos que aceptar un compromiso que queríamos mejorar en la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Actualmente hemos alcanzado una fase en que muchos de nuestros conciudadanos no creen en lo que hacemos a nivel europeo. 
Las necesidades sociales, las necesidades que tienen los ciudadanos cuando se ven atormentados por el desempleo y ya no ven un futuro para sus hijos; las necesidades que tienen cuando son amenazados por la criminalidad internacional organizada, la mafia, las drogas; las necesidades que tuvieron cuando se puso en juego su salud, han de concienciar a quienes asumen estas responsabilidades de que no sólo es preciso modificar los procedimientos de codecisión, por importantes que sean, sino que también hay que intentar llegar al fondo de los problemas, las cuestiones sociales a las que se enfrentan millones de ciudadanos, el miedo que experimentan y que hay que responder a la pregunta de qué hacemos al respecto. 
Espero que esta tragedia de la EEB haya otorgado esta conciencia a todos aquellos que asumirán la responsabilidad para dar de nuevo un rostro humano y esperanzador a la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, por mi parte y en nombre del Grupo Unión por Europa, deseo expresar mis más sinceras felicitaciones al ponente de la Comisión de investigación sobre la EEB, Sr. Medina Ortega, a su presidente, Sr. Böge y a todos los miembros de la citada Comisión por la excepcional calidad de su trabajo, a pesar de los numerosos e inaceptables obstáculos que se han encontrado en el desarrollo de su trabajo. 
El informe que se nos presenta hoy está documentado, es preciso y objetivo, y no se conforma con constatar fallos graves en el funcionamiento de las instituciones europeas, sino que se esfuerza, de manera muy responsable, por proponer soluciones para poner remedios y evitar de esta forma que perduren hábitos intolerables. 
Diría incluso que los miembros de la Comisión de investigación han hecho más. 
Después de haber oído al Presidente Santer tengo la sensación de que han realizado un milagro: la Comisión estaba afectada de ceguera y de repente ya ve claro lo que pasa en sus servicios. 
A pesar de todo, el acta redactada por la Comisión de investigación es abrumador para el funcionamiento de las instituciones europeas en su conjunto. 
La revelación de dichos fallos de funcionamiento justifica la pérdida de confianza que observamos hoy entre nuestros ciudadanos con respecto a las instituciones europeas. 
La total y deliberada falta de transparencia en la dirección de los asuntos europeos ya no permite a los órganos de control democrático, que son la institución parlamentaria o la prensa, ejercer su misión diaria. 
La opacidad, que es la consecuencia de esta falta de transparencia, permite, por el contrario, que prevalezcan intereses nacionales o privados sobre el interés comunitario y general. 
Estos intereses han colonizado literalmente algunos servicios de la Comisión, o también a esos extraordinarios comités científicos consultivos, de geometría variable en función de los intereses particulares que se defienden en su seno. 
Más grave aún, el acta redactada por la Comisión de investigación muestra una dejación de hecho de sus responsabilidades por parte de los órganos políticos que son la Comisión y, en cierta medida, el Consejo. 
Para el Consejo, se trata de delegación de poderes concedida de hecho a los comités de gestión que no tienen ninguna legitimidad política y, para la Comisión, de su incapacidad para soportar las presiones políticas de algunos Estados miembros. 
Por ello, la Comisión no realizó ningún control veterinario entre 1990 y 1994 sobre las medidas tomadas en el Reino Unido para luchar contra la epizootia de la EEB con la única excusa de que ello molestaría a las autoridades de ese país. 
Finalmente, en la aplicación de las políticas comunitarias, el acta muestra que existen zonas grises en las que la competencia de actuación está mal definida, lo que lleva finalmente a que cada institución remita la responsabilidad de actuar a otra, o a los Estados miembros, resultando finalmente una falta de actuación generalizada de las instituciones. 
Si queremos que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones de la Unión, es urgente reaccionar. 
Es necesario hacerlo, sancionando políticamente, con la votación inmediata a favor de la censura, a la Comisión actual (que sin duda tiene su parte de responsabilidad en los fallos de funcionamiento constatados, pero mucha menos que las autoridades británicas) o a la Comisión anterior, a cuyo Presidente nos hubiera gustado oír ante la Comisión de investigación. 
Por mi parte creo que, si pretendemos ser eficaces, debemos requerir a la actual Comisión para que adopte urgentemente aquellas medidas propuestas por la Comisión de investigación y que sean de su incumbencia. 
Ante todo, se trata de restablecer la transparencia en la elaboración de decisiones, algo que es el fundamento mismo de toda acción democrática. 
Si la Comisión no lo hiciera en un plazo razonable, nos veremos en la obligación de sancionarla (y sin flaquezas). 
Debemos considerar las propuestas de reorganización de los servicios y de los procedimientos de consulta e inspección presentados por el Presidente Santer como un signo de buena voluntad que deberá confirmarse. 
Pero, más allá de todo esto, creo que se debería remitir el informe de la Comisión de investigación a la Conferencia Intergubernamental, con el fin de que los representantes de los Estados miembros extraigan todas las consecuencias desde el punto de vista de la estructura y del funcionamiento de las instituciones europeas. 
¿No convendría precisar sin la menor ambigüedad quién hace qué cosas en ámbitos tan sensibles como la salud pública y (en el futuro) la seguridad de las personas, si se decidiera una comunitarización del tercer pilar, con el fin de suprimir las zonas grises que sirven de coartada para no actuar cuando sería necesario? 
¿Es razonable transferir competencias sin asegurarse previamente de que los beneficiarios de estas transferencias están en condiciones de asumirlas? ¿Se puede garantizar que una Comisión compuesta por treinta miembros, en la perspectiva de las futuras ampliaciones, estará en condiciones de funcionar según los principios de toma de decisiones colegiadas e independientes con respecto a los Estados miembros inscritos en el Tratado? 
Sobre las respuestas a estas preguntas serán juzgados los Gobiernos de los Estados miembros, que deberán afrontar próximamente unas elecciones nacionales, y los diputados Europeos candidatos a las elecciones de 1999. 
Debemos aprovechar, Señorías, los meses próximos para responder de forma positiva a la inquietud de nuestros conciudadanos, para los que la crisis de la EEB es un dato extraordinariamente revelador. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, el informe de la Comisión Temporal de Investigación ha sido presentado y veremos cuáles son sus consecuencias. 
Hemos escuchado la reacción del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, y volveré más tarde sobre ella. 
En 1986 la EEB era totalmente desconocida. 
Nadie sabía nada sobre ella, pero se creía que era parecida a la tembladera de las ovejas, por lo que se consideraba una enfermedad inocua para los humanos. 
Ese fue el punto de partida. 
Ahora bien, el 20 de marzo de 1996 el Gobierno del Reino Unido admitió que no se podía descartar la posibilidad de transmisión a los humanos. 
Además había aparecido una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt Jakob que afectaba sobre todo a los jóvenes. 
Esta información causó alarma social entre los consumidores y el mercado de la carne de vacuno se vino abajo. 
La inquietud de los consumidores era lógica, ya que la enfermedad- en caso de su transmisión a los humanos- aparecía al cabo de un período de 3 a 7 años. 
La Comisión trataba el tema con mucha inseguridad y el Parlamento no estaba satisfecho. 
Por eso, se exigió como solución provisional establecer una comisión de investigación para ver si, conforme a lo establecido en el Tratado, podría realmente aclarar los problemas que se opinaba que la Comisión no había solucionado. 
En nombre del Grupo de los Liberales puedo decir que la comisión de investigación ha cumplido su tarea. 
Ha dado lugar a una crítica muy fuerte, pero justificada, de la Comisión, según queda reflejado en el informe. 
Este recoge también una firme crítica al Gobierno del Reino Unido, que empezó adoptando las decisiones correctas pero dejó pasar cinco años antes de aplicarlas. 
Por eso se ha extendido la EEB y se ha transmitido a Francia, Suiza y Portugal. 
Sin embargo, no nos corresponde a nosotros derribar el Gobierno del Reino Unido; otros han de hacerlo. 
Queda pendiente el tema de cómo proteger a los ciudadanos. 
Sostengo que nuestra propuesta de separar la protección de los consumidores y el control veterinario es la solución correcta. 
No obstante, quiero advertirles que su aplicación no es sencilla, ya que es fácil entrar en conflicto con el principio de subsidiariedad, que los Estados nacionales observan muy escrupulosamente. 
Aun así, soy partidario de que un órgano supraestatal controle a las autoridades nacionales y las informe de los problemas. 
Finalmente, llegamos a la cuestión de la confianza o la falta de confianza. 
El Parlamento ha demostrado que puede controlar a la Comisión. 
Tiene asimismo poder para promover la sustitución de sus miembros, si opina que no cumplen con sus obligaciones. 
El trabajo de la comisión demuestra que hemos dirigido a la Comisión unas propuestas que suponemos examinará, para actuar en consecuencia con los principios que hemos propuesto. 
He podido constatar que la Comisión está dispuesta a ir lejos, mucho más lejos de lo que esperaba. 
Antes del otoño veremos hasta dónde llega en la práctica. 
El artículo 144 nos ofrece la posibilidad de presentar un voto de censura en cualquier momento después de las vacaciones de verano si la Comisión no cumple lo que ha prometido o no se aviene a los deseos que hemos expuesto. 
Por consiguiente, es obvio que el Parlamento ha adquirido bastante poder y que lo está utilizando, pero ha de hacerlo con sensatez. 
No debe hacer mal uso del gran poder adquirido. 
Hay que utilizarlo con cuidado y creo que así lo haremos el próximo otoño si la Comisión no cumple sus propias palabras. 
Señora Presidenta, los diputados de nuestro Grupo hemos firmado la moción de censura después de conocer las conclusiones de la Comisión de investigación. 
Pero puedo asegurarle, señora Presidenta- y se lo aseguro a la propia Comisión Europea -, que no ha habido ningún a priori respecto a esta moción de censura. 
El informe Medina pone en evidencia las graves responsabilidades políticas y administrativas en que han incurrido, en primer lugar, el Gobierno británico con la complacencia del Consejo, pero también la Comisión Europea, tanto en la etapa Delors como bajo la actual Presidencia del Sr. Santer. 
El informe no deja lugar a dudas. 
La gestión de la Comisión Europea ha sido desastrosa en el tratamiento del grave problema de las «vacas locas» , que se ha convertido en una crisis de incalculables consecuencias sanitarias, sociales y económicas. 
A la Comisión Europea se le responsabiliza de haber dado más importancia a intereses económicos y políticos que a la defensa de la salud de las personas y de su protección como consumidores. 
La anterior Comisión no garantizó los controles veterinarios, y es bien sabido que no llevó a cabo las inspecciones pertinentes en el Reino Unido desde mayo de 1990 a junio de 1994. 
En cuanto a la actual Comisión, ahí está el inaceptable levantamiento del embargo sobre las gelatinas y su actitud de ocultación de la verdad o de transferir al Parlamento Europeo su propia responsabilidad cuando se decidió realizar la investigación. 
Es particularmente grave que la mala gestión de la Comisión Europea haya permitido unos efectos sobre la salud humana, sobre la ganadería y sobre el presupuesto comunitario que, en gran medida, ya no tienen remedio. 
Por todo ello, cumplimos con la muy penosa obligación de presentar la moción de censura. 
El Parlamento Europeo debe cumplir con su deber y ejercer las competencias de control que le atribuye el Tratado. 
Al Gobierno británico lo controla la Cámara de los Comunes. 
La Comisión Europea debe responder ante este Parlamento, para el que tantas veces hemos pedido que se aumenten sus competencias sin acertar a ejercer las que ya tenemos. 
De las conclusiones de la Comisión de investigación se desprende la imperiosa necesidad de la moción de censura, que pide responsabilidades por lo que no se ha hecho y por lo que se ha hecho mal durante siete años de gestión, conforme a los principios de continuidad y de colegialidad de la Comisión Europea, aunque sean específicas y más graves las actuaciones de los sucesivos Comisarios de Agricultura. 
Hoy deberíamos censurar políticamente hechos realizados en el pasado, un pasado inmediato, antes de plantear recomendaciones para el futuro o acoger tan favorablemente el discurso del Sr. Santer, que más bien parecía un optimista discurso de investidura. 
Respetando las buenas intenciones de los que mezclan pasado y futuro en sus resoluciones y anuncian posibles mociones de censura para dentro de unos meses- se dice que para noviembre -, discrepamos profundamente de su método, que no responde a la obligación básica de control del Parlamento Europeo y a la prioridad de una moción de censura sin condicionamientos y sin interferencias. 
En democracia deciden las mayorías, pero las minorías pueden tener razón. 
Hoy, nuestra razón no se apoya sólo en correctos procedimientos parlamentarios ni en las ineludibles obligaciones de este Parlamento. 
Señora Presidenta, nuestra razón quiere apoyarse, por encima de motivaciones coyunturales y de disciplinas de partido, en nuestra condición de diputados o, lo que es lo mismo, de representantes y defensores de la salud y de los intereses de los ciudadanos europeos que nos han elegido. 
Quiero terminar con una frase clásica: » Amigos de Platón, pero más amigos de la verdad». 
El Parlamento Europeo debe ser amigo de la Comisión, pero más amigo de la verdad y de los ciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, señoras y señores, estimados colegas, la Comisión de investigación ha hecho su trabajo. 
Quisiera dar expresamente las gracias al presidente Reimer Böge y al ponente, Sr. Medina, por el buen trabajo que han realizado. 
Hemos tenido un buen clima en la Comisión de investigación. 
Se ha trabajado con toda fuerza en sacar a la luz la verdad, y el informe que hemos presentado lo pone de manifiesto. 
Cuando iniciamos el trabajo no teníamos palabras ante lo que nos encontramos. 
Señor Santer, usted dice que entonces no se podía saber todavía cuán peligrosa era esta enfermedad de la EEB. 
Si entonces no se hubiera sabido esto, no se habrían adoptado medidas, se habría dicho: no lo sabemos o lo valoramos de manera diferente. 
Pero esto no se hizo. 
Se adoptaron medidas, sólo que no se llevaron a la práctica. 
No se respetó la prohibición de alimentar a los animales con harina de origen animal. 
¿Qué ha pasado? 
Hasta 1995 se ha dado como pienso harina de origen animal. 
Hay que suponer que todas las vacas locas han pasado por el circuito de la harina de origen animal y de la alimentación con la misma. 
A la alimentación humana han pasado 700.000, un millón, millón y medio- no se sabe- de animales que están dañados por la EEB. 
Se nos ha dicho: no teníamos personal para realizar inspecciones. 
Al final se sabe que entre 1990 y 1994 se realizaron 37 inspecciones en Gran Bretaña; sólo la EEB estaba borrada de la lista de chequeo, es decir, en Gran Bretaña se investigaba la calidad de la carne, pero se dejó de investigar la EEB. 
Es evidente que se hizo desaparecer a sabiendas en la Comisión un informe de investigación de 1990 que revela situaciones escandalosas en los mataderos de Gran Bretaña; este informe no llegó hasta la cúpula política. 
Hasta hoy no hemos podido esclarecer dónde se quedó atascado. 
No debo entrar en más particularidades. 
Ustedes conocen el informe de investigación, en todo caso es increíble. 
Y todo esto justifica un voto de desconfianza contra la Comisión. 
Si nosotros decimos ahora que no deseamos ejecutar ahora el voto de desconfianza, es porque tiene que ver también, señor Santer, con el hecho de que sabemos que usted es un maestro de las proclamas. 
Usted ha pronunciado hoy una brillante discurso y es algo difícil enviarle al desierto después de este discurso. 
Pero nosotros escuchamos el mensaje, sólo que nos falta la fe. 
No queremos palabras, sino queremos hechos. 
Por esta razón ha sido un tanto larga y un tanto intensa la discusión sobre este voto de desconfianza en la Comisión de investigación. 
Luego he hecho la propuesta de un voto de desconfianza condicional. 
Hemos supuesto que usted diría hoy: esto no nos interesa. 
Entonces habríamos presentado ahora el voto de desconfianza; están los votos, hemos reunido el diez por ciento de firmas necesario. 
Teníamos claro que usted diría esto; por consiguiente le damos un año de prueba y luego veremos qué se ha resuelto de todas estas exigencias. 
Usted las ha tratado hoy y debo decir que estoy sorprendida del talante conciliador y también de la decisión con que usted anuncia las reformas. 
Si éstas llegan, entonces no se producirá en diciembre el voto de desconfianza, esto está bastante claro. 
Si no se producen, entonces presentaremos este voto de desconfianza. 
Señor Santer, no se engañe. 
Usted no puede buscar aquí, en el Parlamento, como en el pasado, cosas bonitas, haga lo que le plazca, y lo que no le plazca deséchelo. 
Este Parlamento ha cobrado una nueva conciencia de sí a través de esta Comisión de investigación. 
Después de la EEB nada vuelve a ser en Europa lo que era. 
Dialogaremos en cuestiones sanitarias, dialogaremos en cuestiones alimentarias, dialogaremos también en cuestiones agrícolas. 
No permitiremos por más tiempo que una arrogancia de la administración que todavía se da y que usted preside políticamente todavía, es decir, esta Comisión, piense que no necesita tomar en cuenta las propuestas y las iniciativas del Parlamento Europeo. 
Si las propuestas del Parlamento Europeo se hubieran puesto en práctica habríamos tenido en los momentos más agudos de la coyuntura de estas vacas locas un derecho de codecisión y no habríamos tenido una crisis de la EBB de esta magnitud. 
Muy probablemente no tendríamos que enfrentarnos de esta manera a las consecuencias que pposiblemente nos sobrevengan. 
Por esta razón, quiero decir lo siguiente: lo que importa ahora de manera decisiva es que aprovechemos esta crisis para ir hacia delante, para dar al Parlamento Europeo los derechos que necesita para realizar un control legislativo de la Administración, para llevar a la Comisión al camino correcto. 
Señor Santer, le doy especialmente las gracias por haber afirmado que, básicamente, tenemos que acometer una modificación de la política agrícola. 
Estas han sido siempre nuestras exigencias. 
Si avanzamos por este camino no conoceremos la próxima crisis, sino que haremos buenas cosas para la población europea, haremos nuestros deberes y asumiremos nuestra responsabilidad política. 
Señora Presidenta, Señor Presidente de la Comisión, cuando, a pesar de las fuertes resistencias, este Parlamento puso en marcha una comisión de investigación sobre este asunto, yo no pensaba que los hechos revelados fueran tan graves. 
El informe final, que es un excelente trabajo, es abrumador. 
Y subrayo que las palabras que hemos oído desde el inicio de la tarde son todas de una extrema severidad. 
¿Qué hacer, pues? ¿Irán los hechos paralelos a las palabras? ¿Qué puede decidir el Parlamento en estas circunstancias que afectan a la salud humana y que muestran a qué aberraciones puede llegar un sistema económico que prima el beneficio en detrimento de cualquier otra consideración? 
Mi reacción ante tales aberraciones es quizá más firme que la de otros, pues, cuando yo era Ministra de Consumo en mi país, entre 1981 y 1984, me vi marcada por tragedias menos graves pero parecidas a la de hoy. 
Desearíamos sancionar a los principales responsables, que son (como señala el propio informe) el Consejo y algunos gobiernos, y el primero de todos el británico. 
Pero, por desgracia, el Tratado no nos proporciona medios para sancionar a ningún Gobierno de un Estado miembro. 
No tenemos más competencias para intentar acciones civiles o penales contra personas presuntamente culpables. 
Únicamente las víctimas o sus familias pueden hacerlo. 
Pero tenemos un medio político, la votación de una moción de censura contra la Comisión, desde el momento en que el informe muestra que ésta también ha cometido graves faltas. 
Y por ello se piensa en una moción de censura condicionada o en suspense. 
Sin duda, apruebo las recomendaciones que el Parlamento se dispone a formular para mejorar el funcionamiento de la Comisión. 
Pero, permítanme decir que la fórmula de la moción condicionada va demasiado lejos y al mismo tiempo se queda corta. 
Demasiado lejos, en el sentido de que el Parlamento Europeo va a llevar sus recomendaciones hasta caer en la injerencia en las competencias de la Comisión, haciendo que la amenaza permanente de la censura pese enormemente. 
Y se queda corta porque es posible que muchos partidarios de esta fórmula pretendan, en realidad, no votar nunca la censura. 
Por otro lado, la moción de censura condicionada sólo afecta al comportamiento futuro de la Comisión y no a hechos pasados. 
Ahora bien, el informe muestra claramente los errores pasados, incluida una indiscutible mala organización de los servicios. 
Por otra parte, las reformas iniciadas por usted mismo, señor Presidente de la Comisión, y que están orientadas en la buena dirección, en beneficio del comisario responsable del consumo, muestran bien, por el contrario, hasta qué punto los controles estaban mal organizados. 
El informe señala también los daños causados en el seno de la Comisión por esta cultura, por estas ideas productivistas orientadas exclusivamente al mercado y que relegan a un segundo plano la protección de la salud de los consumidores. 
En definitiva, señor Presidente de la Comisión, precisamente porque queremos unas instituciones europeas fuertes, queremos también que éstas sean políticamente responsables, y ambas cosas están vinculadas. 
Señor Presidente, sus declaraciones, sus promesas de reformas, sus compromisos no bastan. 
Es necesario un gesto político más enérgico para exorcizar las faltas cometidas. 
Para nosotros, la Comisión no es un órgano tan frágil que corra el riesgo de quebrarse por una crisis política. 
Al contrario, sabemos que la autoridad, la credibilidad en la opinión pública y la confianza, son mayores en la medida en que la institución reconoce sus faltas asumiendo plenamente las responsabilidades, incluidas las del período anterior a la asunción de funciones de un nuevo equipo. 
Con toda evidencia, esta necesidad de asumir responsabilidades se aplica también a nuestro Parlamento, que debería, en este asunto, votar a favor la censura, a falta de lo cual parecería contradecirse a sí mismo. 
Señora Presidenta, de entrada, nunca he creído en la necesidad de una Comisión de investigación. 
Lamentablemente, lo que he escuchado hoy me ha demostrado que estaba en lo cierto. 
He seguido el debate y siento reconocer que mis peores temores se han visto confirmados. 
Nadie puede atribuirse ningún mérito en el problema actual, ni el Gobierno del Reino Unido, y desde luego no el Sr. Hogg- no lo defendería ni por un instante -, ni tampoco la Comisión o el Consejo. 
No cabe duda de que se han cometido errores. 
Debemos aprender de ellos y asegurarnos de que no vuelven a repetirse. 
No beneficiaremos a nadie- en cualquier caso, ni al consumidor ni al agricultor- añadiendo más leña al fuego y haciendo declaraciones extravagantes imposibles de probar y que lo único que persiguen es convertirse en titulares de prensa. 
La ventaja de la percepción retrospectiva es lo más maravilloso de todo. 
Nos permite a todos estar aquí sentados, convertirnos en expertos y no cometer ningún error. 
Estoy de acuerdo con el presidente de la comisión cuando afirma que debemos poner fin, de una vez por todas, a la EEB. 
La EEB debe ser erradicada, pero eso llevará algún tiempo. 
Hemos presenciado recientemente otros brotes en otros países. 
Desearía hacer una observación al Sr. Santer, porque él ha declarado aquí hoy- y considero importante que haya hecho esa declaración- que desea la mejora del medio ambiente y unos niveles más altos de control de los alimentos. 
Estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿podrá garantizar que los productos alimenticios que se importan en la Unión Europea tendrán unos niveles igual de altos? 
¿Garantizará además que los agricultores de la Unión Europea no tendrán las manos atadas detrás de la espalda, mientras se permite que otros agricultores del resto del mundo produzcan lo que a ellos no se les permite producir por esos mismos métodos? Si queremos niveles altos, debemos garantizar que dichos niveles serán universales e iguales para todos. 
También es lamentable que la Sra. Green haya decidido hoy convertir este importante debate en política de partido. 
Acojo con satisfacción que haya reconocido los altos niveles existentes en Irlanda del Norte. 
Acojo con igual satisfacción que haya dicho que nuestros agricultores han recibido un trato injusto, porque nunca debía habérseles impuesto la prohibición. 
No dudo de que el Comisario Fischler lo tendrá debidamente en cuenta. 
No quisiera pecar hoy de provinciano, pero estoy seguro de que la Sra. Green no le negará a ningún partido político, por pequeño que sea, el derecho de intentar lograr lo mejor para la población que representa, ¿no es cierto, señora Green? 
Quisiera sugerir además a la Sra. Green que repase las cifras, porque las que yo he visto esta mañana, indican que el Sr. Blair perdió por 13 votos. 
Ahora bien, en la Cámara de los Comunes hay nueve diputados Unionistas del Ulster, y quizá el Sr. Blair habría hecho bien en asegurarse todos los votos de los diputados Laboristas, si quería ganar. 
Permítame decirle además a la Sra. Green, como observación final, que algunos de los antiguos líderes de su partido se mostraron también muy generosos con mi partido, cuando acudieron a celebrar conversaciones con éste. 
Y no tengo ninguna duda de que llegará el día en que vuelvan si se presenta la ocasión. 
Le agradezco mucho su paciencia, señora Presidenta, y quiero dejar muy claro que no apoyaré, de ningún modo, ninguna moción de censura contra la Comisión. 
He recibido ocho propuestas de resolución presentadas de conformidad con el párrafo 5 artículo 40 del Reglamento. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, el 16 de julio de 1996 y a petición del Parlamento Europeo, se instó al Sr. Santer a hacer una declaración en nombre de la Comisión a propósito del asunto de la EEB. 
Intentó calmar las cosas cuando nos encontrábamos frente a la expresión misma de una voluntad profunda de desinformación y opacidad por parte de los servicios de la Comisión, tanto los de la época de los comisarios precedentes como del comisario actual. 
Sin duda se puede certificar que el Sr. Santer declaró, con firmeza, en aquellos momentos, que la salud humana era un imperativo absoluto. 
En realidad, ha sido necesario esperar a la minuciosa investigación del Parlamento para forzar a la Comisión a actuar. 
El Sr. Santer declaró entonces, al igual que lo hace ahora, que deseaba implicarse personalmente en este asunto. 
Yo le deseo de corazón que salga adelante, pero no podemos ocultar la profunda desconfianza que se ha instalado en el Parlamento, así como en la opinión pública, en lo que respecta a la capacidad de la Comisión para cambiar de forma radical. 
El informe en cuestión revela una gestión realmente pavorosa por parte de los principales protagonistas del mercado interior, que son el Gobierno británico, la Comisión y también el Consejo. 
Se debe recomendar una lectura detenida, a modo de manual de instrucciones cívico para los futuros ciudadanos europeos. 
Efectivamente, ilustra de manera clara cómo el gran mercado interior que tanto se ha alabado puede dar lugar a las peores derivas si el propio mercado se constituye en único mecanismo regulador y si no se aplican las reglamentaciones relativas a la salud o a la protección del consumidor. 
Permítanme sacar cuatro conclusiones de este informe y de esta investigación. 
En primer lugar, la existencia misma de este documento es un dato incuestionable, tanto para la Comisión como para el Consejo y para el Gobierno del Reino Unido. 
Hay que decir y repetir a la opinión pública que el derecho de investigación del Parlamento Europeo y la forma como se ha ejercido son avances de la democracia europea. 
Ésta es la prueba de que, frente a la opacidad de la burocracia europea y nacional, puede imponerse la transparencia. 
Es la prueba de que los representantes del pueblo europeo pueden hacer que triunfe la verdad, frente a los aparatos compartimentados y arrogantes. 
Segunda conclusión: no se debe ocultar la verdad terrorífica que surge de este informe. 
Sí, han prevalecido la ganancia y la lógica económica, en detrimento de la salud de los consumidores, porque los actores políticos, el Gobierno británico, los Comisarios y el Consejo de Ministros así lo han querido. 
Necesitará mucha valentía, mucha energía, señor Santer, para conseguirlo. 
Necesitará sobre todo apoyarse en aquellas fuerzas políticas europeas que no solamente hablen de «ganancia» ,» desregulación» o «liberalización» , sino que deseen una Europa próspera en el respeto por los valores del hombre y de la naturaleza. 
En tercer lugar, veo aquí un buen número de diputados que se escudan en la crisis de la EEB para intentar demoler la Europa de Maastricht. 
Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha son muchos los que desean aprovechar este asunto para llevar a Europa a una crisis que la debilitará de forma duradera, definitiva y que provocará el regreso vigoroso de los nacionalismos, la interrupción de la integración económica y política, y, a la postre, nuevos enfrentamientos entre las naciones europeas con el definitivo debilitamiento de Europa. 
El Grupo Socialista no se presta a ese juego. 
No acepta la moción de censura porque es la negación misma de la voluntad de reforma. 
Deseamos dar al señor Santer y la Comisión, así como al Consejo, la posibilidad de revisar su copia. 
En unos meses se podrá evaluar lo que han puesto en marcha. 
Cuarta conclusión: sin ninguna duda, la opinión pública tiene derecho a preguntarse cómo va a transformar el Parlamento Europeo la prueba de la Comisión de investigación. 
En otras palabras, ¿de qué medios de presión dispone la institución parlamentaria, frente a los principales responsables? 
Por supuesto, será necesario en primer lugar que, frente a los Gobiernos nacionales, sean los propios Parlamentos nacionales los que asuman sus responsabilidades. 
Pero será necesario también que los Estados miembros dejen, por ejemplo, de proteger a los funcionarios europeos procedentes de sus administraciones nacionales. 
Si, para servir a los intereses comunitarios, el Presidente de la Comisión no puede actuar a su modo frente a estos funcionarios, jamás será posible imponer otra lógica. 
Señor Presidente de la Comisión, por mi parte, tengo confianza en su éxito. 
No sé si es suficiente con que se comprometa usted mismo con todo su peso. 
Deberá encontrar aliados sólidos en el seno de la Comisión. 
No se puede no desear el triunfo al Presidente de la Comisión; de otro modo, ésta será desconsiderada, debilitada, y verá disminuir sus poderes. 
Nadie tiene interés en ello. 
Adelante, pues, señor Santer, no dude en pegar duro esta vez. 
Señora Presidenta, queridos colegas, de lo que hoy hablamos no es de uno de los tantos problemas políticos o técnicos, más o menos importantes, de los que normalmente nos ocupamos, sino de un caso que es casi seguro que hasta ahora ha costado la vida a 16 personas y que ha constituido la primera gran crisis del mercado interior desde el día de su creación. 
Ante esto no hay táctica política o defensa del propio partido que valga: sólo hay la necesidad de hacer todo lo posible por averiguar la verdad de los hechos y por evitar que puedan repetirse, respondiendo ante todo a la propia conciencia. 
Y éste ha sido el principio que ha inspirado la actuación de la Comisión de investigación, y los resultados presentados hoy al Parlamento lo atestiguan. 
La consideración de fondo que puedo hacer, a la vista de tales resultados, es que tanto el Reino Unido como la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, principales responsables de lo que ha sucedido, han antepuesto esencialmente intereses comerciales a la protección de la salud animal y, sobre todo, de la humana. 
Lo que hemos constatado hace patente la necesidad de un cambio radical en la manera de afrontar dicha crisis. 
Por parte del Reino Unido, dicho cambio empieza sólo a aparecer positivamente en los últimos tiempos; ahora le toca a la Unión Europea. 
Hay que poner en marcha un cambio estructural de la organización en las Direcciones Generales competentes: por lo tanto, debe acogerse positivamente la intención de crear una única unidad de protección de la salud pública que realice funciones confiadas antes a varios responsables administrativos, que no estaban en absoluto coordinados entre ellos. 
Asimismo, se ha de potenciar inmediatamente el Servicio de Inspección Veterinaria, garantizándole lo que ciertamente antes no ha tenido, es decir, una constante funcionalidad y una adecuada independencia. 
Es necesaria una potenciación análoga para la investigación científica sobre la EEB y sobre la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en la que hasta ahora la Unión Europea ha gastado poquísimo. 
Espero además que se inicie inmediatamente una revisión completa de la comitología implicando, cuando sea necesario, a la Conferencia Intergubernamental. 
Eso permitirá en el futuro una gestión más transparente y eficaz, indispensable para que los ciudadanos europeos puedan volver a tener confianza en sus instituciones. 
Por último, para reactivar el mercado de la carne de vacuno y para tranquilizar de manera tangible a los consumidores, se ha de hacer inmediatamente lo que haga falta para introducir la obligación de un etiquetado que permita a cada uno identificar el origen y la calidad de la carne de vacuno adquirida. 
Todas las iniciativas que hasta ahora he deseado son objeto de la reformas prometidas hoy por el Presidente de la Comisión, y eso induce a la esperanza. 
Pero refiriéndome ahora, más específicamente, a lo que resulta del informe acerca de la responsabilidad del Ejecutivo europeo, está claro que éste no ha podido, o lo que es peor, no ha querido gestionar pronto esa crisis. 
Si bien es cierto que no podemos retirar la confianza a la Comisión actualmente en ejercicio porque sólo es en parte titular de una responsabilidad que pertenece en su mayor parte a los anteriores Ejecutivos, también es cierto que, en cualquier caso, podemos ordenarle, fijando un límite muy concreto de tiempo, que adopte una política reformadora y reparadora si no quiere también ella ser cómplice de los que la han precedido y de cualesquiera otros, el Reino Unido a la cabeza, hayan en general gestionado mal esa crisis. 
Al pedirle a la Comisión Europea que siga la línea de las recomendaciones presentadas por la Comisión de investigación y al temer la censura política, en caso de que el Ejecutivo no se ajustara a tales recomendaciones, no se quiere desacreditar el sistema comunitario, se quiere más bien reforzarlo. 
En efecto, una Comisión y un Consejo más transparentes, más atentos a las exigencias y a la protección de los ciudadanos, más desvinculados de las presiones de lobbies y de Gobiernos nacionales, y un Parlamento Europeo que vigile democráticamente la actuación de las demás instituciones, no pueden sino ser las bases sólidas para la Europa que queremos. 
Señora Presidenta, el que interviene después de dos horas de debate tiene claramente el problema de tratar de decir algo nuevo. 
Intentaré hacerlo expresando la pena que siento, no sólo yo, creo, sino también otros muchos colegas de la Comisión de investigación, la de no haber oído al que, quizás, hubiera podido ser el más auténtico testigo y responsable de los hechos del pasado próximo y remoto. 
Me refiero al ex Presidente de la Comisión, Jacques Delors, al que algunos de nosotros hubiéramos querido oír. 
Su convocatoria se sometió a votación y nosotros, que la propusimos, perdimos por sólo siete votos contra seis. 
Creo que muchas aclaraciones que hoy deseamos y que pedimos a la actual Comisión se habrían podido obtener de este gran personaje, al que, probablemente, por exceso de respeto, no se ha querido implicar. 
Una vez aclaradas las responsabilidades y hecha la relación de los hecho acaecidos, al intervenir tan tarde tengo la oportunidad de señalar con el dedo directamente hacia el futuro y de presentar algunas propuestas concretas. 
Señor Presidente de la Comisión, le pido pues, ante todo, que aplique el artículo 169 del Tratado, con arreglo al cual la Comisión que usted preside podrá pedir al Reino Unido, en forma de una indemnización adecuada al daño causado a los demás Estados miembros, una especie de resarcimiento, espero que no sólo moral, para los ciudadanos europeos. 
Le pido que haga conocer a éstos el contenido del artículo 215 del Tratado, que indica a los ciudadanos cómo recurrir contra la Comisión Europea y las demás instituciones para obtener el resarcimiento de los daños que ellos consideran que han sufrido a causa del mal funcionamiento de las instituciones europeas. 
Creo que esta indicación por parte de la Comisión podría permitir hacer comprender al ciudadano que se quiere remediar el daño. 
Creo que, en definitiva, si bien es cierto que algunos piden sangre inmediatamente, a muchos les interesa más ver las propuestas existentes para intentar resolver el problema. 
Se llegaría así a una aplicación más adecuada y moderada del artículo 175, según el cual el Parlamento Europeo puede interponer un recurso por omisión contra la Comisión, y puede hacerlo precisamente porque la Comisión no ha pedido la aplicación del artículo 169. 
Todo esto supone claramente y no excluye- lo he preguntado expresamente al Servicio Jurídico- la posible aplicación del artículo 144. 
Como Grupo UPE, estamos a favor de la censura aplazada, en particular por motivos de carácter práctico. 
En efecto, mandar a casa a la Comisión, como se ha dicho varias veces hoy aquí, sería también un modo de impedirle realizar de manera inmediata y concreta la fase resolutiva del informe del Sr. Medina Ortega. 
Nosotros desearíamos intervenciones inmediatas y nos preguntamos cómo podrían efectuarse sin la presencia de una Comisión operativa. 
Ahora miro directamente a los ojos a la Comisaria, la Sra. Bonino. ¡Salud pública: sobre usted pesará, no la envidio, este cometido! 
Pido a las instituciones europeas que tengan el valor de afrontar con decisión y con todos los datos científicos disponibles el gran tema de la protección de la salud pública. 
En primer lugar, se debe intentar responder a una pregunta básica: ¿Qué relación de causa-efecto existe hoy entre la EEB y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, antigua y nueva forma? 
Al inicio de la investigación, hace aproximadamente seis meses, la respuesta de los científicos parecía un macabro eslogan formulado por Poncio Pilatos: » No se tienen pruebas científicamente ciertas de la existencia de una transmisibilidad al hombre, pero tampoco se tienen pruebas en contra». 
Bien, mejor dicho: ¡mal! 
Después de seis meses de trabajo, los testimonios de unos pocos científicos valientes nos permiten rectificar este dictamen, más o menos de esta manera: » No se tienen pruebas ciertas de que la antigua forma de la enfermedad de Creufeldt-Jakob tenga su origen en la epidemia de EEB, pero aumentan las sospechas, tras las pruebas de transmisión vertical y horizontal entre especies animales». 
Aumentan sobre todo respecto de la nueva forma de la enfermedad, que ha segado quince vidas humanas en pocos meses, catorce en el Reino Unido y una en Francia. 
¿Un caso sólo estadístico? 
¡No me lo creo! 
Del mismo modo, esta duda aumenta si observamos las antiguas estadísticas. 
En los últimos cinco años, en la Unión Europea ha habido hasta 302 casos de muerte causada por esa enfermedad «antigua forma» sólo en el Reino Unido, frente a una media comunitaria de 30 a 50 casos. 
¿Otro caso fortuito? 
Tampoco aquí creo que sea sólo la estadística la que se equivoca. 
Se impone, pues, la urgencia de esa investigación y nosotros, mañana, votaremos también con esa perspectiva. 
Votaremos una censura suave o pasado mañana, jueves, votaremos una censura con dimisiones inmediatas. 
Me permito recordar que, cualquiera que sea nuestra decisión, debemos ser conscientes de que de ella dependerán las elecciones de los ciudadanos europeos durante al menos quince años. 
Señora Presidenta, éste es, efectivamente, el terrible plazo que los científicos han señalado para verificar los efectos del posible contagio de la EEB a través de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en miles y miles de ciudadanos europeos, ¡y no sólo británicos! 
Señora Presidenta, estoy convencido de que sería completamente equivocado emitir en estos momentos un voto de no confianza contra la actual Comisión. 
Sería inútil porque los culpables están en otra parte y porque hay que remontarse en el tiempo. 
Dicho esto y tras haber escuchado la intervención que ha hecho hoy el Presidente de la Comisión, si descartamos la moción y se cumplen las exigencias que contiene el presente informe, debemos dejar el dictamen sobre la actual Comisión para mejor ocasión. 
Si este Parlamento opta por la opción blanda, deberemos seguir hasta el final en caso de que no se cumplan los objetivos que hemos fijado. 
Una de las cosas que más me han llamado la atención durante esta audiencia, es la situación entre 1990 y 1994, cuando la crisis de la EEB se encontraba en su punto culminante. 
El Gobierno del Reino Unido aprobó la legislación correcta de buena fe, pero no se ocupó de garantizar su debido cumplimiento. 
Además la Comisión tampoco controló si se estaban aplicando dichas normativas en particular. 
Resulta realmente irónico que cuando se llevaban a cabo inspecciones en todos los países de fuera de la Unión Europea para asegurarnos de que los productos que importábamos se ajustaban a la normativa, teníamos un problema muy grave y un importante riesgo para la salud debido a nuestros propios animales aquí en la Unión Europea. 
Otra de las cosas que se han visto especialmente perjudicadas ha sido la credibilidad del gobierno. 
En el Reino Unido obtuvimos garantías de científicos que, durante muchos, afirmaron que no existía ningún riesgo para la salud humana, situación que dio un repentino vuelco. 
Se creía que tampoco existía ningún riesgo de transmisión materna y, sin embargo, la situación cambió, y lo que tenemos ahora es una falta de confianza entre los consumidores y la población en general en lo que nos dice el gobierno y en la evidencia científica que se ofrece públicamente. 
Me preocupa, en particular, que Douglas Hogg no acudiera a la Comisión de investigación a ofrecer sus opiniones. 
Fue un gesto que los ciudadanos de mi circunscripción calificaron de cobarde. 
En su opinión no estaba representando debidamente las opiniones del Gobierno británico, y equivalía a decir «soy culpable» por complicidad. 
Me preocupa que continúe existiendo falta de información en otros ámbitos de la Unión Europea, y debemos asegurarnos de que este aspecto es considerado un problema europeo y no sólo británico. 
Señora Presidenta, quiero felicitar en nombre de mi Grupo, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, al Sr. Medina, ponente del informe, al Sr. Böge, presidente de la Comisión de investigación, y a todos los colegas con los que tuve el placer de compartir desvelos y muchas horas de trabajo en la Comisión de investigación sobre la EEB. 
Señor Santer, la gravedad de las responsabilidades de la Comisión Europea en la gestión de la EEB y los riesgos que ha originado para la salud pública han quedado perfectamente claros en el informe de la Comisión de investigación. 
La Comisión Europea hizo dejación de sus funciones legislativas y de control durante gran parte del periodo de desarrollo de la EEB, subordinando la protección de la salud pública a los intereses políticos y económicos y generando graves consecuencias humanas, sociales y económicas. 
Además, la Comisión Europea, en sus comparecencias ante la Comisión de investigación, a veces se comportó deslealmente, ocultando información e impidiendo que la Comisión de investigación pudiera desarrollar, muchas veces, sus trabajos de forma más eficaz. 
Es extremadamente grave que la Comisión Europea intentara incluso atribuir responsabilidades al Parlamento Europeo. 
Recordará el Sr. Santer su comparecencia ante la Comisión de investigación sobre la EEB y todo el debate que tuvimos con él en relación con la denegación de fondos por parte del Parlamento Europeo para investigación. 
La Comisión Europea es una, y el principio de la continuidad de las instituciones la hace responsable de todos sus actos, con independencia de la composición del Colegio de Comisarios. 
Se argumenta que no todos los Comisarios tienen el mismo grado de responsabilidad, pero la naturaleza colegial de la Comisión Europea da a sus responsabilidades un carácter colectivo. 
El Parlamento Europeo, dentro del juego institucional, debe exigir responsabilidades y sus Señorías, si leen atentamente el informe de la Comisión de investigación, creo que no podrán dudar en exigir a la Comisión Europea las máximas responsabilidades políticas. 
La amplitud incluso de las recomendaciones de la Comisión de investigación ha sido obligada por las responsabilidades en las que han incurrido la Comisión Europea, el Consejo y, naturalmente, el Gobierno británico. 
Yo creo que sólo parte de la intervención del Sr. Santer se ha referido a las recomendaciones de la Comisión de investigación. 
Pero, en todo caso, yo, ante sus Señorías, formulo la siguiente pregunta: señor Santer, ¿por qué ahora, a última hora, estos cambios, estas medidas, cambios administrativos, voluntades de transparencia, de mejorar las cosas? 
¿Por qué ahora, señor Santer, dada la gravedad del asunto de la EEB? 
No me cabe duda de que el resultado de la Comisión de investigación e incluso las mismas presiones de la posibilidad de una moción de censura han influido para que la Comisión Europea nos haga ahora estas propuestas. 
No pretendo, por otra parte, enjuiciar la buena voluntad de la mayoría de esta Asamblea, que pretende introducir una nueva modalidad de moción de censura en suspense y condicionada. 
No obstante, me gustaría- y mi Grupo ofrece la leal colaboración a esta Asamblea para profundizar y exigir que se cumplan las recomendaciones de la Comisión de investigación -, constatar ciertos condicionantes, inherentes a la naturaleza misma de una moción de censura. 
Una moción de censura se puede presentar para exigir responsabilidades constatadas en el pasado. 
Los efectos de la mala gestión de la EEB son irreversibles y el hecho y la gravedad de las responsabilidades de la Comisión Europea en la gestión de la EEB y los riesgos que han originado para la salud pública han quedado perfectamente claros en el informe de la Comisión de investigación. 
Por eso, Señorías, a mí me parece que ésta es la cuestión fundamental. Creo que cualquier otra opción de esta Asamblea va a obviar el problema de la exigencia de responsabilidades por lo que ha pasado en relación con la EEB. 
La Comisión Europea debe cumplir su misión, y no bajo la presión de una moción de censura o de cualquier otro medio coercitivo. 
Por otra parte, creo que no es misión de este Parlamento establecer este tipo de presiones. 
En esta cuestión, el Parlamento no debe hacer consideraciones de oportunidad política. 
Si cayéramos en esta trampa, Señorías, estaríamos incurriendo en los mismos comportamientos que se critican en la Comisión Europea. 
Ante responsabilidades graves, el único instrumento de control al alcance del Parlamento, me parece que es una moción de censura. 
Es ésta la razón por la que mi Grupo apoyó la presentación de una moción de censura. 
Señor Santer, al final de su intervención usted cometió un desliz y dijo que ya era hora, ahora, de construir la Europa de la salud. 
Yo creo que este desliz, señor Santer, expresa con toda su crudeza y con toda claridad cual es el dilema que aquí se está debatiendo: nunca debió ponerse en cuestión que el principio fundamental de la construcción europea era la salud pública y la defensa de los ciudadanos. 
Y por esto, señor Santer, yo creo que hoy hay que hacer un ejercicio de dignificación de la vida política europea presentando la dimisión. 
Si ustedes presentan la dimisión y mañana el Consejo... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
He pensado que esta Asamblea debía saber que hace escasos minutos, el Primer Ministro británico, John Major, al responder en la Cámara de los Comunes a una pregunta sobre el informe de la Comisión de investigación que estamos debatiendo esta tarde, se refirió a ésta como un montón de «tosh». 
Para aquellos de ustedes que no conozcan el término, significa un completo y total disparate. 
O sea que el Primer Ministro británico considera el informe que estamos tratando esta tarde un montón de disparates. 
Quizá todo el mundo comprenda ahora por qué el Sr. Nicholson me acusa de convertir este debate en política de partido. 
Señora Presidenta, a la vista de la última cita no cabe menos que esperar que la carrera política del Primer Ministro sea enterrada un día bajo este estiércol. 
Señor Presidente Santer, usted ha dicho hoy aquí lo siguiente: ¿Dónde estaríamos si en el pasado se hubiera procedido con sensatez? 
Seguramente viviríamos en una Europa más democrática, más social y más ecológica en vez de en un mercado desatado y bajo el gobierno de una tecnocracia. 
Sin embargo, no es tarea del Parlamento Europeo despedirse melancólicamente de la sensatez, sino reclamarla y castigar el menosprecio de la misma. 
Señor Presidente ¿ha necesitado usted realmente 16 muertos y 23 suicidios de ganaderos arruinados en Inglaterra? 
¿Ha necesitado usted realmente la necesaria, pero no por ello menos bárbara, destrucción de más de un millón de reses? 
¿Ha necesitado usted un daño de más de 10.000 millones de ecus, para constatar una falta de sensatez en la política de la UE, para descubrir la necesidad de refrenar los intereses económicos mediante la política, para preservar la dignidad del ser humano? 
Sin embargo, la sensatez no ha desaparecido sin más en Europa, sino que las personas que ocupan puestos de responsabilidad han dejado de ser sensatos. 
La Comisión ha dado también prioridad a los intereses económicos y políticos sobre la sensatez. 
¿Quién, señor Presidente, ha empujado a la Comisión a minusvalorar desde el principio contra toda razón el problema de la EEB- y cito solamente el informe- a conceder prioridad al mercado de la carne de vacuno sobre la salud humana, a practicar una política de desinformación que, finalmente, ha afectado a la capacidad legislativa de la Comunidad, a ignorar las voces de advertencia de los científicos, a confiar ciegamente en los lobistas de la industria? 
¿Quién ha empujado a la Comisión hacia la ineficacia, hacia la debilidad política, hacia una política de ocultamiento y de obstrucción frente al Parlamento? 
¿Quizá el hecho de que la Comisión también profese en lo más íntimo una ideología agresiva de neoliberalismo y se haya comprometido con ella? 
Esta dictadura de los intereses económicos sobre la razón y sobre la dignidad de los hombres ¿no domina más allá de todo el ámbito de la agricultura? 
¿No tenemos que constatar también la misma actitud en la imposición brutal de los criterios de convergencia de la unión monetaria, que acepta la explosión de las cifras del desempleo, el aumento de la pobreza y las crisis sociales? 
¿No tenemos que constatar la misma actitud en la decisión de la Comisión sobre la liberalización del maíz genéticamente manipulado, ignorando igualmente las voces de advertencia y con la misma servidumbre frente a la industria? 
¿No tenemos que constatar la misma actitud en el papel de la Comisión en la Conferencia Intergubernamental en la que no se ha llegado a propuestas enérgicas sobre la democratización completa de la UE, sobre el desarrollo de un espacio social en Europa y sobre una alianza ecológica? 
No se engañe usted, señor Presidente: si los Verdes proponemos hoy un voto condicional de censura, no es porque esta Comisión no haya merecido la desconfianza, sino porque no ha habido probabilidad de lque se produjeran las mayorías necesarias, porque un fracaso de tal moción de censura sería interpretado por usted como una declaración de inocencia y porque en una moción condicional de censura vemos la oportunidad de abrir a la razón una pequeña puerta para que regrese de su exilio a la política de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, este informe es abrumador tanto para el Reino Unido como para el Consejo, y aporta la prueba de que la Comisión, por su inacción y negligencia, ha hecho el juego al sistema ultraliberal que está en el origen de la crisis, y ello con desprecio por la salud animal y humana. 
Se ha producido la muerte de personas en este asunto y ¡no nos íbamos a atrever a utilizar inmediatamente nuestro poder de legítima censura! ¿Cuántos rebaños habrá que sacrificar? ¿Cuántos muertos habrá que contar todavía para que la presentación inmediata de una moción de censura ya no se considere, con un desprecio inaceptable por parte de algunos de nuestros colegas, como una política de gestos? 
No mezclemos el pasado y el futuro. 
No hay por qué tergiversar las cosas con una moción con efecto retrasado. 
Lo hecho, hecho está. 
Debemos estar presentes el jueves para censurar con claridad a la Comisión en su continuidad institucional y ello a pesar de las presiones que sufren unos y otros. 
No desilusionemos a los ciudadanos europeos a los que representamos en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras circunscripciones. 
Esperan de nosotros que los defendamos con valentía y determinación. 
No les demos de nuevo la ocasión para que duden de la clase política. 
Tienen que poder confiar en nosotros para creer también en Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, mi nota de expediente de hoy, en relación a la que usted mismo hacía referencia el pasado julio será, a unas horas de la votación de la moción de censura, una nota de buen humor. 
Señor Presidente, haga memoria. 
El pasado 16 de julio, Philippe de Villiers, a la vista de los elementos que obraban en su poder, le amenazó con la presentación de una moción de censura si no había una comisión de investigación. 
El mismo día, a pesar de las numerosas reticencias de algunos de nuestros colegas, se creaba la Comisión temporal de investigación sobre la gestión de la crisis de la EEB. 
En el día de hoy, a la culminación de los trabajos, ¿qué podemos concluir? 
Sí, señor Presidente, la Comisión ha cometido graves errores en la gestión del expediente de la EEB. 
Siempre ha privilegiado el mercado interior. Siempre ha sido negligente con la salud del consumidor. 
Además, ha desacreditado a los ganaderos, orgullosos con razón de sus razas y ha condenado a los contribuyentes europeos a gastar sumas considerables que hubieran sido más útiles en otros sectores generadores de empleo. 
Cuando digo que la Comisión ha cometido graves errores pienso, por supuesto, en las dos Comisiones: la presidida por Jacques Delors y también la presidida por usted mismo. 
Sin duda, las conclusiones del informe de nuestro colega Medina Ortega son abrumadoras para la Comisión Delors, pero debo recordar también que usted mismo autorizó, en junio de 1996, el levantamiento del embargo sobre la gelatina. 
Cuando yo le formulé personalmente la pregunta, señor Presidente, respondió usted textualmente que «la decisión del 10 de junio sobre el levantamiento del embargo sobre la gelatina se tomó bajo condiciones» para precisar a continuación, según sus mismos términos, que «hemos dado, por tanto, prueba de mucha prudencia en este expediente». 
Señor Presidente, ¿por qué entonces haber ocultado a la Comisión de investigación que el levantamiento del embargo sobre la gelatina había permitido el levantamiento del embargo de productos alimentarios, cosméticos y farmacéuticos procedentes del Reino Unido que contienen gelatina? ¿Por qué, señor Presidente, ha sido necesario que yo esperase a las revelaciones de la prensa para conocer el acta de la reunión del Colegio de Comisarios del 8 de mayo? ¿Por qué, señor Presidente, los servicios de la Comisión han dado prueba de una falta de transparencia deliberada frente a esta Comisión de investigación atribuyéndose la responsabilidad al capricho de las comparecencias? 
Finalmente, de cara al futuro, señor Presidente, ¿está usted en condiciones de afirmar que la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, cuya sede se encuentra en Londres, ha procedido a la evaluación de los riesgos de transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por medio de productos farmacéuticos como las vacunas y que el acta de estos trabajos se haga pública? ¿Puede decirnos si la Comisión se plantea poner en práctica medidas que impliquen la destrucción de los productos de riesgo o contaminados? 
Con respecto a las conclusiones de la Comisión de investigación, deseo alertar a sus Señorías contra el intento de algunos de aprovechar esta crisis institucional para echar por tierra la política agrícola común. 
Algunos solicitan ya el apoyo de la Comisión para conseguir la codecisión sobre la agricultura en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Como conclusión, y con respecto a la moción de censura, ha podido constatar, señor Presidente, que nuestro grupo en su inmensa mayoría tiene la valentía de firmarla. 
Ni que decir tiene que votaremos a favor, que es lo mismo, mientras no se demuestre lo contrario, que dar prueba de mucha responsabilidad política. 
Me atrevo a esperar que la de usted y la nuestra se encontrarán. 
Señora Presidenta, los medios de comunicación han hablado a menudo del tema de hoy como del «caso de las vacas locas». 
Si se trata de un caso, diría que ha sido un caso muy feo. 
Creo que dependerá mucho de usted, señor presidente Santer, hacernos comprender desde hoy si este feo asunto será una buena oportunidad para el futuro de la Comisión. 
Más que tantos otros debates, frecuentes y a menudo comprensibles sólo para los expertos, sobre los pilares o sobre las convergencias, el de hoy es una prueba de nuestra voluntad de hacer oír las preocupaciones de los ciudadanos europeos. 
Creo que depende de usted, señor presidente. 
Ya sé que las mayores responsabilidades recaen en los Comisarios del antiguo Colegio, pero, en cualquier caso, usted representa una institución que vive de su continuidad y que hoy debe proceder ante todo, con la solemnidad de tantas ocasiones, a una seria autocrítica del comportamiento que ha seguido en materia de EEB. 
Tomo nota del hecho de que hoy, por primera vez, usted ha hablado de «errores» , en particular en el comportamiento de la Comisión. 
Esta es, por otra parte, la condición necesaria para dar credibilidad a las propuestas para el futuro, a los nuevos compromisos que usted ha asumido, para lanzar ese claro mensaje que la opinión pública europea espera. 
Estoy entre los que aprecian algunas decisiones suyas para el futuro. 
Pueden ser unos primeros pasos. 
Pero permítame dos dudas serias. 
La primera es que el paso de los controles y de los comités a la D. G. XXIV no lo resuelve todo, porque deja la instrucción de los actos legislativos a la D. G. VI y a la D. G. III. Por lo tanto, puede resultar sólo un ajuste parcial y no esa elección radical que debería ser y que, además, habría sido necesaria ya desde un punto de vista lógico hace algunos años, según los principios normales de una correcta administración. 
En suma, la cuestión es no sólo saber quién gestiona los dictámenes, sino quién los pide y qué uso hace de ellos tras haberlos obtenido. 
La segunda es que la idea de grupos de Comisarios para la salud humana o la creación de Supercomisarios, aunque personalmente los aprecio, son ineficaces. 
Necesitamos una fuerte dirección política de la Comisión en su conjunto. 
Presidente Santer, ¡ésta es una tarea suya y exclusivamente suya! 
Luego usted es libre de organizarse como mejor crea. 
Lo importante es que responda políticamente de esa tarea suya. 
Lo que debe garantizarse es la imparcialidad constante de la Comisión como tal. 
La gestión de la EEB, también bajo su dirección, al menos por lo que respecta a la revocación del embargo sobre la gelatina, ha demostrado cuán frágil es esta imparcialidad establecida por el Tratado, cuánto se ha cedido a la presión política del Gobierno conservador británico, en nombre de esa Realpolitik de las relaciones de fuerza que, cuando se reúnen en el Breydel, debería quedarse rigurosamente al otro lado de la puerta. 
Tienen razón los detractores de la moción de censura cuando temen el riesgo de que, si se da un golpe a la Comisión, símbolo de la supranacionalidad, se den demasiadas posibilidades a los gobiernos, incapaces de cooperar entre sí. 
Algo sabemos nosotros, los de la Comisión de investigación, a los que un ministro británico no nos ha considerado dignos de reunirnos con él. 
Pero este razonamiento se sostiene si la Comisión demuestra todos los días que es supranacional, sobre todo en las cuestiones fundamentales, en las que no se hacen concesiones. 
Si no, los euroescépticos seremos nosotros. 
¿Para qué mantener todo este aparato si luego la tecnocracia comunitaria va a ceder donde quiere la conveniencia de la vida tranquila? 
El excelente informe del Sr. Medina Ortega ha puesto de manifiesto el hecho de que las mayores responsabilidades son las del Gobierno del Reino Unido. 
Recientemente, John Major ha querido dar una lección a nuestra vieja Europa, mostrándole la superioridad del modelo social de su país. 
Bastaba con recordarle este feo caso de la EEB para hacerle ver lo que cuesta su modelo social. 
No ha sido un incidente fortuito, sino el resultado de una desregulación salvaje, que ha empobrecido enormemente a los servicios públicos, veterinarios y sanitarios. 
Pero también la Comisión ha incumplido su función, y esto es grave, señor presidente. 
No veo, en el comportamiento de la Comisión, responsabilidades tan atenuadas por la soberbia británica. 
Por eso considero inconciliable la voluntad, por un lado, de defender excesivamente la bondad de la actuación de sus colegas de ayer y de hoy y de anunciar, por otro, giros y cambios creíbles. 
No podemos esperar, no es sólo la EEB, es todo el tema de las plantas transgénicas, de la soja, del maíz. 
Presidente, el hecho de que un Comisario suyo denuncie decisiones apresuradas no puede tranquilizar a los consumidores europeos. 
Y, además, está todo el tema de la política agrícola común. 
Pero el problema número uno es el de la «decisión». 
Demasiadas comunicaciones del Comisario Fischler y demasiadas pocas decisiones coherentes con esas comunicaciones. 
Documentos bonitos, desde Madrid a Cork, pero ahí están todavía, por aplicar. 
Tengo más bien la sensación de que, en los hechos, se ha puesto ya un poco la marcha atrás. 
Por lo tanto, hay que ser claros. 
Si no se reduce todo el sistema de la política de mercado, será difícil centrarse en otras prioridades, como el medio ambiente y la protección de la salud del consumidor. 
No hay subsidiariedad que valga. 
Si se quiere mantener todo en vida artificiosamente se corre el riesgo de hacer morir mal lo viejo y no hacer nacer lo nuevo. 
Deseo dar mi enhorabuena al amigo y colega Medina Ortega por su informe. 
Es un texto que constituye una prueba de que el Parlamento Europeo ha sabido unir representación democrática y eficacia en su actuación. 
¡Le corresponde ahora a nuestro Parlamento, en su conjunto, hacer que, gracias al recurso a nuestros legítimos poderes de control, el trabajo de la Comisión de investigación no se quede en un testimonio bonito, pero inútil! 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Böge por haber presidido de manera tan competente las numerosas reuniones de la Comisión de investigación. 
Quisiera también agradecer al Sr. Medina Ortega que haya reflejado en su informe las numerosas opiniones que presentaron los miembros de la comisión, muchas de las cuales las hemos oído repetir hasta la saciedad en el transcurso del día de hoy. 
Tengo que discrepar con muchos de los argumentos que aquí se han expuesto. 
Lamentablemente, motivos personales me impidieron asistir a la votación final. 
El presidente comprendió mi situación. 
De haber estada allí, habría votado en contra del informe. 
He presentado una opinión minoritaria que expone una cronología de las acciones desarrolladas en el Reino Unido desde 1986. 
Hacer eso habiendo sido miembro de la comisión no se corresponde normalmente con mi estilo. 
De hecho, como reconocerán muchos diputados, intenté convencer presentando argumentos y enmiendas en el marco de la comisión. 
No obstante, al final me encontré ante un texto que era tan parcial en su enfoque, tan defectuoso en sus afirmaciones y, hay que decirlo, tan injusto en su crítica de los esfuerzos que se han realizado en mi país a todos los niveles para combatir la EEB, que me sentí en la obligación de poner las cosas en su sitio. 
No puedo resumir ahora dicho informe por no disponer de tiempo suficiente, pero quiero hacer algunas observaciones. 
Antes de comenzar, declaro que tengo intereses personales. 
Hablo en calidad de agricultor, cuyo ganado se ha visto afectado por la EEB. 
Por tanto, he presenciado personalmente el programa de acción y la dedicación con que los científicos y los veterinarios han intentado que se conocieran plenamente este problema y las medidas adoptadas para intentar controlarlo. 
Hay que reconocer, naturalmente, el factor dominante de la salud humana. 
Desde 1989 hasta 1990, las medidas adoptadas en mi país estaban encaminadas a proteger la salud humana. 
Hay que hacer hincapié una y otra vez en que ningún científico ha conseguido aún establecer un vínculo concluyente entre la EEB y la nueva variante de la ECJ. 
El informe reconoce los fondos asignados a la investigación. 
El Sr. Medina se ha referido a ello. 
También esta la correspondiente investigación y los fondos destinados al Servicio de Higiene Cárnica. 
Como ha reconocido el propio Sr. Santer, hay que seguir trabajando en todo este ámbito de la investigación. 
No obstante, la afirmación de que se pusieron obstáculos a la labor de los científicos no se corresponde ciertamente con los testimonios a los que he tenido acceso, y sugerir que no se ha hecho nada o demasiado poco para eliminar el problema de nuestras granjas es un insulto a nuestros agricultores. 
Es una calumnia a la integridad profesional de todas las personas que han participado en el programa de erradicación. 
Por tanto, la idea de que ha existido una especie de conspiración británica en el seno de la Comisión es completamente fantástica e indigna de un informe de esta Asamblea. 
Nunca en la historia de la agricultura- y me he dedicado a ella durante largos años- se han destruido tantos animales sanos y en un plazo de tiempo tan corto. 
Como sabemos, se está preparando otro sacrificio, con lo cual se cumplirán los cinco puntos que acordamos en Florencia. 
El público tenía derecho a esperar que el trabajo de la Comisión de investigación estableciera los hechos y reconociera la eficacia de las medidas adoptadas. 
La crítica por errores del pasado es sin duda importante. Todos podemos beneficiarnos de ello en el sentido de que reconocemos su importancia. 
Pero lamento que no hayan sido más los miembros de la comisión que se mostraron dispuestos a visitar Gran Bretaña para presenciar el nivel de progreso y los logros alcanzados en estos últimos diez meses. 
Aquellos que lo hicieron se vieron influenciados positivamente al conocer las medidas que se estaban llevando a cabo. 
Hoy acojo con satisfacción la propuesta que ha hecho el Presidente de la Comisión de celebrar una conferencia interdisciplinaria con el fin de que los consumidores puedan abrigar confianza respecto de las normas de calidad que todos queremos alcanzar y de una Europa consagrada a la salud. 
Señor Presidente, la preocupación por la salud pública debe ser una consideración primordial para todo aquel que esté relacionado con el sector de la alimentación. 
En este sentido, el papel de los agricultores y de las personas que trabajan en el sector de la transformación es crucial. 
También la función de los legisladores y su promulgación y ejecución de las normativas en materia de alimentación y salud pública son fundamentales para la seguridad del sector de la alimentación. 
La crisis de la EEB es un desastre para los consumidores y para los productores por igual. 
La confianza de los consumidores en la carne de vacuno ha alcanzado las cotas más bajas de su historia, y los consumidores esperan y se merecen algo mejor de nosotros. 
La Comisión de investigación ha hecho una contribución importante al debate y, en este sentido, debemos felicitar al ponente, al presidente y a los miembros de la comisión. 
Los colegas pertenecientes a mi Grupo procedentes de Irlanda no votarán a favor de la moción de censura contra la Comisión. 
No obstante, aunque apruebo el enfoque general de la resolución de compromiso, quisiera expresar mis reservas en lo que respecta a los apartados 4 y 5. 
Desde luego preferiría que se enmendaran las referencias a la manipulación y a la culpabilidad. 
La relación entre la harina de carne y hueso y la EEB ha quedado claramente demostrada. 
El cumplimiento de la prohibición es fundamental para la eliminación de la EEB. 
Y lo que es más importante, la aplicación de un programa de rastreo eficaz que vaya desde el productor hasta el consumidor es crucial para el éxito general de nuestra campaña destinada a restablecer la confianza de los consumidores. 
Esto plantea la cuestión de la eliminación segura de los despojos del sector transformador de carne. Las repercusiones sobre el medio ambiente y sobre los precios son enormes. 
Al inicio de este debate, me declaré a favor de un programa de investigación con carácter de urgencia sobre la utilización sin riesgos de dicho material. Reitero ahora ese llamamiento. 
Me alegró oír al Presidente Santer reconocer que la Comisión ha cometido errores. 
Naturalmente que se han cometido errores. 
También este Parlamento ha cometido errores. 
Todos somos humanos y todos pertenecemos a instituciones humanas. 
En mi opinión, ningún Comisario, desde MacSharry hasta el actual Comisario Fischler- e incluyo también a los funcionarios de la Comisión- se embarcaría deliberadamente en una campaña que pusiera en peligro la salud pública. 
Nada de lo que he oído en este debate me hará cambiar de opinión. 
El dictamen sobre la acción de la Comisión debe basarse en las circunstancias que se dieron en un momento determinado. 
Es fácil ver los toros desde la barrera. Es fácil evaluar acontecimientos pasados cuando se tiene la perspectiva del tiempo. 
Creo que todos aquellos de nosotros que nos hemos propuesto encontrar una solución a este problema ahora, tenemos la gran responsabilidad de trabajar juntos de una manera coherente, teniendo presente los intereses del consumidor y de los productores. 
Hemos dedicado, como es natural, bastante tiempo a estudiar el origen de esta crisis. 
Ahora ha llegado el momento de poner en marcha una estrategia integral para corregir la situación de cara al futuro. 
Señor Presidente, también yo deseo felicitar a la Comisión de Investigación, pero quisiera hacer extensiva mi felicitación a los parlamentos nacionales, incluida la Cámara de los Comunes británica, pues todos estos parlamentos nacionales han ratificado el Tratado de Maastricht, que ha hecho posible crear esta Comisión de Investigación. 
Pienso que podemos constatar que ninguna comisión de investigación nacional habría conseguido lo que ha logrado la Comisión de Investigación europea, por lo tanto creo que ha sido una clara ampliación de las competencias necesarias de este Parlamento. 
Por supuesto, suscribo la opinión de que la salud pública ha de prevalecer siempre sobre los intereses de los mercados. 
Puede hacerse más adelante, este mismo año, si es realmente necesario. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Comisión de que ha de existir una separación de responsabilidades entre quienes hacen la política y quienes la controlan. 
Aplaudo los planes del Sr. Santer y aguardamos con interés los planes apropiados. 
Asimismo opino que es preciso profundizar la investigación a nivel europeo. 
En el pasado se realizó sólo en el Reino Unido- en el caso de la EEB fue excesivo- y ello podría suscitar sospechas de parcialidad en la interpretación de los resultados. 
Asimismo soy partidario de una política de calidad de los productos agrícolas. 
Sólo espero que el precio adicional que se pague por ello beneficie también a los agricultores, pues hace tiempo que no es así. 
Una última observación, señor Presidente: hemos visto que la toma de decisiones no pública de la Comisión, del circuito entre el Consejo y Comisión, comités de administración, etc., no ha sido suficiente para evitar la mayor crisis del sector de la carne de ternera en Europa. 
La única receta es «abertura» , y esto significa derecho de codecisión del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, las conclusiones de la Comisión de investigación son abrumadoras y las responsabilidades quedan claramente determinadas. 
Responsabilidad, en primer lugar, del Gobierno británico (por mucho que pese a Lord Plumb) que ha llegado hasta el cinismo y ha exportado las harinas contaminadas, prohibidas en su propio territorio. 
Responsabilidad de los fabricantes, pero también de los gobiernos. 
Por otra parte, el Consejo no está presente en el día de hoy. 
El informe es un verdadero alegato contra la Comisión: incuria, fallos de funcionamiento, desinformación y sobre todo, decisiones lúcidas y cínicas. 
Señor Santer, en su comparecencia se escudó en los científicos para justificar sus propias decisiones. 
Como tales, los científicos no deciden, y cito al Sr. Guy Debord: » Aunque participen en los procesos de decisión, no pueden ejercer su influencia más que adhiriéndose a uno de los clanes o ganándose la confianza de una de las bandas político-burocráticas que se disputan el poder y se sirven de los desafíos científicos y técnicos como emblemas y banderas o, con mucha más frecuencia, necesitan «expertos» para arropar científicamente unas opciones ya tomadas y con motivaciones diferentes.» 
Se ha confesado la motivación de esas opciones. 
Y digo bien, confesado, pues se trata de un crimen y quizá de un crimen contra la humanidad si se declarase una epidemia en unos años. 
Esta motivación es la instauración del mercado interior. 
Ésta es la prioridad de la Comisión desde 1989. 
El dogma de la libertad de circulación de mercancías se ha transformado en libertad de contaminación del ganado bovino y de las personas. 
¿La salud pública? 
Una preocupación, nos decía el Sr. Santer durante su comparecencia. 
Una preocupación para la Comisión. 
¡No, señor! 
La salud pública es una responsabilidad, un deber, y, como decía el filósofo Emmanuel Levinas, la responsabilidad es insomne, produce arrugas. 
Por ello, nuestro grupo ha utilizado los procedimientos a su disposición presentando, con diputados de otros grupos, una moción de censura. 
Es necesario iniciar la revisión de la PAC sacándola de la lógica financiera que conduce a una sobreintensificación perjudicial para el medio ambiente y la calidad de los productos. 
Hay que detener todas las medidas de liberalización y desregulación de los servicios públicos en los ámbitos de la salud humana y animal, y establecer financiaciones para indemnizar a las víctimas y sobre todo continuar la investigación, pues la única forma de indemnizar a los enfermos, señor, es poder cuidarlos un día. 
Señor Presidente, señor Fischler, dispongo todavía de un minuto de turno de palabra y lo quiero dedicar ahora a usted. 
Se trata de que se ponga en marcha otro tipo de política agrícola que refuerce un tipo de agricultura campesina. 
Así figura en el informe de investigación y el Sr. Santer lo ha corroborado. 
Ahora quisiera indicarle a usted que tenemos algunos acuerdos en el Parlamento, por ejemplo, el acuerdo del trébol sobre la retirada de tierras. 
Usted sabe que el alimento de los bebés sólo puede elaborarse con productos de cultivos naturales. 
Usted sabe que el Parlamento no quiere ninguna tecnología genética en el ámbito de los alimentos biológicos. 
Usted conoce la posición del Parlamento sobre el maíz genéticamente manipulado. 
Usted sabe que tenemos todavía confrontaciones en el terreno de la Ley sobre comercialización de semillas. 
En suma, apoye usted el planteamiento socioécológico para el espacio rural; sobre esto pienso que debemos tomar en serio los acuerdos del Parlamento y hemos de llegar a una colaboración y no, a lo sumo, en el caso de la leche. 
Si a través de una reforma logramos poner de nuevo las vacas en el prado, entonces el toro volverá a portar a la dama Europa, de esto estoy segura. 
(Risas, aplausos) 
Señor Presidente, desde hace diez años, la enfermedad de las vacas locas es un rosario de absoluta despreocupación, de indolencia criminal en aras a ganar cada vez más dinero. 
El principal culpable es por supuesto el Reino Unido, que permitió que se elaboraran harinas de carne y huesos en condiciones sumamente sospechosas. 
Se tomaron decisiones sobre la base de dictámenes arbitrarios, sobre la base de estudios encargados, e incluso costeados, por la propia industria cárnica. 
En sí algo increíble, y mientras tanto el Consejo de Ministros se limitaba a mirar sin hacer nada. 
También la Comisión Europea permitió durante años que no se realizaran los controles veterinarios de la EEB, pero también la actual Comisión es responsable. 
Los altos funcionarios declaran que se cedía a la presión política. 
Incluso se obstaculizó a la Comisión de Investigación y sencillamente se ocultó la verdad en torno a la gelatina. 
Señor Presidente, en cualquier democracia normal, los responsables de semejantes meteduras de pata son enviados a casa. 
Por ello firmamos la moción de censura, pero el texto más radical no se pone a votación debido al dictado de los grandes Grupos, y por ello es también una evasión parlamentaria. 
Ahora el Presidente Santer ha hecho una confesión pública. 
Tan sólo espero que esa confesión pública se convierta por fin en realidad. 
Señor Presidente, en el informe de la Comisión de Investigación se hacen fuertes reproches al Gobierno británico y a la Comisión en torno a la política de la EEB. 
La Comisión ha prestado demasiada atención al mercado, olvidándose de la salud pública, no se han solicitado dictámenes científicos independientes, se ha minimizado durante mucho tiempo el problema, etc. Estos hechos han de achacarse ciertamente a la anterior Comisión, pero la actual Comisión tampoco se libra. 
Mientras los científicos aconsejaban precaución, la Comisión levantaba la prohibición de exportar gelatina, sebo y esperma de reses británicas. 
Sin embargo, no creemos que una moción de censura sea necesaria. 
A la postre es fácil condenar. 
Lo determinante es saber en qué medida la Comisión cumple sus responsabilidades respecto a las deficiencias señaladas. 
La anunciada reorganización para instaurar una nueva Dirección General que coordine la política de consumo y salud pública es un paso en la buena dirección. 
Pero también es preciso mejorar muchas cosas en relación con la transparencia política, la investigación y el control en cooperación con las instituciones nacionales. 
Las recomendaciones del informe Medina constituyen un excelente marco de control para ello. 
Pero no todo lo que dice merece nuestro apoyo. 
El alegato para aplicar un procedimiento de codecisión a la PAC ampliará sin duda las competencias del Parlamento, pero no tiene nada que ver con la problemática de la EEB. 
Tampoco la recomendación de reestructurar la PAC mediante el fomento de métodos agrícolas extensivos encaja en el sector de carne vacuna. 
Es preciso celebrar un debate sobre esta cuestión en un marco más amplio, en que se examine el suministro de alimentos, los ingresos de los agricultores y la protección del medio ambiente. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, el caso EEB ha costado numerosas vidas humanas y ha dañado, e incluso destruido, la existencia de numerosos criadores de ganado vacuno. 
El caso EEB ha llenado de inseguridad a los consumidores de toda Europa y el caso EEB ha costado miles de millones de ecus a los contribuyentes europeos. 
La Comisión de investigación de la EEB, a la que en este contexto quisiera mostrar mi reconocimiento por su excelente trabajo, ha mostrado a la Comisión y al Consejo en su informe los delitos de Gran Bretaña. 
El informe de investigación demuestra esto con numerosos ejemplos. 
Por consiguiente, me importa mostrar que las deficiencias que se han detectado son síntomas de una enfermedad inmanente al sistema. 
Se trata de que el informe de investigación de la EEB muestra que la estructura de instituciones, tal como existe actualmente, no puede funcionar. Se trata de que los mecanismos de control no funcionan, si es que existe alguno. 
Me importa el hecho de que la Comisión ha asumido de facto las competencias legislativas, sin haber sido legitimada jamás democráticamente por los ciudadanos europeos. Me importa que los comisarios y el funcionariado de la UE no proceden con transparencia, que transmiten, o no, de manera arbitraria las informaciones. 
Me importa la competencia que se esfuma como en un laberinto, de suerte que al final nadie es competente. 
Se trata, finalmente, de la cuestión de si a pesar de la constatación de todas anomalías mediante un informe de investigación, cabe la posibilidad realista de pedir responsabilidades políticas a la Comisión y a los demás actores. 
Lamento muy profundamente que, a tenor de la actual situación jurídica, la moción de censura contra la Comisión afecte también a los comisarios que no tienen responsabilidad en el caso. 
Pero los resultados de la Comisión de investigación de la EEB exigen consecuencias. 
Sólo de esta manera puede el Parlamento Europeo estar acorde con la imagen de sí que él mismo reclama. 
Por esta razón, apoyaremos la moción de censura de José Happart. 
Señor Presidente, usted ha sido elogiado, señor Santer, por un colega, muy apreciado por mí, a causa de un valiente discurso. 
Evidentemente me he imaginado que él habrá recibido de usted un texto escrito que usted no me ha dado a mí. 
Yo también le he escuchado atentamente. 
Todo lo que usted ha dicho, lo he considerado como un puro discurso de promesas de cara al hecho de que a partir de mañana, ojalá, la espada de Damocles del voto de censura va a pesar sobre usted y sobre su Comisión. 
Y usted no ha dicho nada concreto en ningún pasaje. 
Se lo voy a demostrar con algunos ejemplos. 
Usted ha dicho, por ejemplo, que los servicios de la Comisión serán reorganizados, que el Personal será redistribuido de nuevo, que habrá cambio de puestos. 
Usted ha dicho, por ejemplo, que habrá también traslados en puestos de responsabilidad de la Dirección General de Agricultura y, por cierto, de personas que en el pasado han tenido responsabilidades y que están aún en activo. 
¿Ha anunciado usted esto? 
Usted ha dicho que se va a comprobar los recursos presupuestarios para que la Sra. Bonino pueda también hacer el trabajo, que, seguramente, lo hará excelentemente. 
¿Que quiere decir comprobar? 
Cómo lo va a hacer, si usted no asegura aquí que se van a habilitar los recursos presupuestarios. 
En otro pasaje usted ha dicho- perdón, he irrumpido ahora en las competencias del Presidente de la Comisión de Presupuestos y por esto, lamentándolo expresamente, retiro esta frase, pero usted y el Sr. Samland saben qué quiero decir- no precisamos declaraciones verbales; además de transferencias de funciones, necesitamos también transferencias de dinero- ¡cash! -por decirlo claramente. 
En otro sitio ha dicho usted que la Sra. Bonino debe ser integrada en la tarea legislativa. 
Lo encuentro excelente. 
Usted tiene mi apoyo a cambio de nada. 
¿Pero, por ejemplo, ha dicho usted que pretende aclarar algo tan banal como el conflicto de la futura política de alimentos, que fue anunciada por la Comisión hace más de un año y que seguimos esperando todavía? 
Porque su institución no puede decidirse entre el Sr. Bangemann, el Sr. Fischler y la Sra. Bonino. 
Yo le diré cómo se decide usted: usted lo puede explicar hoy aquí, señor Santer. 
Esto corresponde a la Sra. Bonino. 
Ella practica política de consumidores, representa los intereses de los consumidores, más de lo el Sr. Fischler- perdón, señor Fischler- lo ha hecho hasta ahora y, en cualquier caso, más que lo que hace el Sr. Bangemann. 
Por consiguiente, diga usted algo concreto sobre esto, señor Santer. 
Usted ha dicho que se está probando una agencia de productos alimentarios, una FDA. 
Usted lo ha dicho ya con frecuencia. 
Lo ha formulado ya de forma parecida en otro lugar: hay que pensarlo. 
Yo le escucho con cierta atención, señor Santer. 
Ciertamente, no siempre es un puro placer, pero, a pesar de ello, lo hago. 
Usted lo ha dicho ya una vez en otro lugar, Hágalo, pues. 
Hágalo y diga: vamos a instituir una FDA, una Food and Drug Agency o una Food Agency. 
Hágalo. 
Lo hemos pedido ya hace tiempo en este Parlamento. 
Usted sabe, ciertamente, que en la mayoría de los casos este Parlamento va años luz por delante de la Comisión. 
Así sucede también en este caso. 
Usted ha dicho en otro lugar que en la Conferencia Intergubernamental va a apoyar que se modifiquen los fundamentos jurídicos para el ámbito agrícola, desde el artículo 43 hasta el artículo 100a, y usted ha dicho que va a apoyar que haya un fundamento jurídico propio para la política sanitaria. 
Yo sé que entre los Jefes de gobierno solamente conseguirá esto con la ayuda de su institución y con nuestro apoyo. 
Por favor, convenza también primero a su propia institución. 
Convenza al Sr. Fischler de que el artículo 43 no es el fundamento jurídico correcto, ; convenza también al Sr. Bangemann. 
Sobre todo, convenza usted al Sr. Flynn de que necesitamos un fundamento jurídico propio para la política sanitaria, pues, en efecto, negó la necesidad de esto en la investidura de la Comisión respondiendo a la pregunta que yo había formulado al respecto en la comisión competente. 
Por favor, haga usted esto, señor Santer, y diga también concretamente qué es lo que piensa hacer en este punto. 
Dígame usted, por favor, señor Santer: ¿cómo pretende modificar la política agrícola común? 
Diga usted en este lugar que usted quiere apoyar esto, que por principio las subvenciones se darán solamente para la calidad y no para la cantidad, que a partir de 1998 el presupuesto junto con nosotros y junto con el Consejo va a ser otro. 
Diga usted esto. 
Estas son cosas concretas que usted podría decir. 
Si de toda esta lista hubiera dicho usted dos cosas solamente, estaría yo satisfecha y agradecida. 
Pero no lo ha hecho. 
Hágame un favor, señor Santer: usted ha soplado con ternura y suavidad aquí en este Pleno; pero intente provocar una auténtica tormenta que les hinche bien la cabeza a todos los comisarios y comisarias en la institución de usted y también a los del Consejo. 
Esto es, efectivamente, necesario. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, Señorías. En primer lugar, quiero felicitar al señor presidente de nuestra comisión, Sr. Böge, por el trabajo realizado y al señor ponente, Sr. Medina, por haber llevado a buen puerto un informe excelente. 
Pero estamos hoy ante un largo debate político, que yo considero trascendental, en el que voy a tratar de no repetir lo ya dicho en esta Asamblea. 
Trascendental por la importancia del tema debatido, la EEB, de la que no se conoce casi nada, ni cuál es el agente patógeno, ni cómo se transmite. 
Trascendental, por lo inusual en este Parlamento, ya que este debate está llegando a todos los rincones de la Unión Europea, porque, Señorías, afecta a la salud humana y esto es especialmente grave. 
Trascendental por su evolución primero desde la constitución de la Comisión de investigación hasta la presentación de la primera propuesta de moción de censura a la Comisión ante la gravedad de los hechos contrastados en la investigación- primera moción de censura que se presenta en este Parlamento, Señorías, no es ninguna broma-. 
Este problema tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro; y a ellos voy a referirme. 
Tiene un pasado donde han quedado claros los hechos y las responsabilidades de cada uno de los actores. El Reino Unido, como agente actuante, el Consejo, con su apoyo silencioso en los Consejos de Ministros, y la Comisión, como institución que no sólo dejó hacer a otros, sino que no hizo lo que debía haber hecho. 
Tiene un presente próximo, y aquí me permitirán que sea más concreta. 
Estamos jugando con un tema que ahora sabemos que afecta a la salud humana y aquí, Señorías, aquí, en este tema, no valen ni apoyos silenciosos, ni dejar hacer o volver la vista a otro lado, ni tampoco afinidades políticas. 
Aquí debe primar la obligación de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos. 
Y las instituciones europeas, y el Parlamento en primer lugar, daríamos un mal ejemplo y, lo que es peor, haríamos un mal uso del mandato democrático que nos han dado nuestros electores si no censuramos lo ocurrido. 
Aquí, señores Comisarios, señor Presidente de la Comisión, hay mucho que exigir a esta Comisión. 
En el tema de las gelatinas- debate fantasma como lo llama el Sr. Böge -, por ejemplo, donde se demuestra una vez más que se toman decisiones políticas por encima y en contra de los comités científicos por razones que, en el mejor de los casos, son únicamente económicas. 
Pero lo que me parece más grave, especialmente grave, es la opacidad y la falta de colaboración del Colegio y de alguno de sus Comisarios, alguno de sus componentes, que no han proporcionado hoy, a fecha de la votación, toda la documentación recabada por el presidente Böge. 
Señor Presidente, señor Comisario, esto no es responsabilidad de la anterior Comisión. 
Es responsabilidad de esta Comisión y responsabilidad suya. 
Todos sabemos cómo funciona el Colegio de Comisarios; y si ha incumplido el acuerdo institucional- que lo ha incumplido -, que le obliga a facilitar estos documentos, ha sido por casualidad o por otras razones. 
Tanto si ha sido el azar o no, esto es inadmisible. 
Si en este tema ha actuado así, qué van a pensar sus Señorías y los ciudadanos de la Unión Europea sobre la descoordinación, desinformación, descontrol y opacidad que reina en la DG VI, así como sobre la desmotivación de sus funcionarios, que ven trasladar de arriba a abajo y de abajo a arriba las responsabilidades. 
La Comisión debería haber tenido un gesto, dando ejemplo de grandeza, de generosidad, de sacrificio, asumiendo responsabilidades políticas que existen, individualizadas, supeditando estos intereses individuales al servicio, al interés, de la institución. 
Porque a veces, señor Presidente, hay que perder alguna batalla para ganar la guerra. 
Y en este caso, ésta es la credibilidad de las instituciones europeas, especialmente de la Comisión que, con este triste episodio, pierde el caudal de credibilidad acumulado y da carta de naturaleza a los críticos del proyecto de integración europea justamente acrecentados por su falta de sensibilidad en algunas políticas por ella presentadas. 
Hagan un plan concreto de cara al futuro, creíble, posible, no un lavado de cara: una verdadera reestructuración. 
Cambiar de Dirección General no parece suficiente. 
No incrementen la burocracia. 
Debátanlo con todos los agentes y no esperen milagros ni salvadores individuales. 
Cúmplanlo y exijan su cumplimiento a todos por igual. 
Este es su reto, Sr. Santer, y su responsabilidad. 
Pero, de todas maneras, este Parlamento sabrá hacer buen uso de sus facultades y sus responsabilidades, y la primera es exigir que la salud de los consumidores esté garantizada. 
Esto es lo que en este momento le demandamos y a lo que le emplazamos todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Gracias a usted, señora Redondo. 
Señorías, a esta Presidencia no se le escapa la gran importancia del debate que se está realizando y las dificultades para sintetizar nuestras opiniones en el poco tiempo de que disponemos. 
Pero debo rogarles a ustedes, con el debido respeto parlamentario, que procuren, en lo posible, ajustarse al tiempo, porque esto, si no, va en detrimento de otras intervenciones. 
Y aquí yo no hago ningún juicio de valor sobre la importancia de lo que dice cada diputado y cada diputada. 
Pero me veo obligado a rogarles que ustedes se administren el tiempo del que disponen y cuando oigan el martillo, deben saber que la responsabilidad ya no es del Presidente sino de ustedes. 
Y, dicho esto- que no dedico, precisamente, al Sr. Rosado Fernandes -, le invito a tomar la palabra por el tiempo de 3 minutos. 
Señor Comisario, si no hubiera yo firmado el documento que permitió la aparición de una moción de censura, me daban ganas de unirme a usted y pedirle perdón por las toneladas de palabras bajo las que se lo sumergió en este Parlamento. 
De hecho, ¡somos una fábrica de palabras! 
Y ustedes, en la Comisión, muchas veces no son una fábrica de actos. 
Y a ese respecto debo decir: en este momento de la verdad, que me recuerda un poco el espectáculo español o portugués, hay olor a adrenalina en esta sala, en la que unos tienen miedo de los otros. 
Evidentemente, considero que la Comisión debería ser castigada porque, como emanación de los Gobiernos que es, es al mismo tiempo un gobierno-Comisión en conjunto. 
No es, naturalmente, un órgano elegido. 
Debería ser la garante de los Tratados y hacer su trabajo. 
Pero ya se han hecho demasiadas censuras. 
Y también se pueden hacer censuras al Parlamento, que ha descubierto desde el cruel sistema de querer matar a plazo hasta un sistema menos cruel de querer presentar una moción de censura inmediata. 
Ha habido miedo en el Parlamento. 
Se han aducido argumentos: que si ha habido vacío de gobierno en Europa, que si ha habido más mercado y poca salud, y todos nosotros sabemos que la Comisión podía haber defendido el mercado y la salud pública de la misma manera y al mismo tiempo. 
¡Nada impide una cosa y otra! 
La verdad es que había, de hecho, una impunidad que aún hoy existe en toda la Comunidad Europea, porque yo no admito, por ejemplo, que quieran hacer del Reino Unido el único «chivo expiatorio». 
¡La verdad es que los otros países podrían haber reaccionado! 
¡La verdad es que la Comisión podía haber reaccionado! 
La verdad es que, cuando el Comisario MacSharry- al que se acusa también ahora- impidió a los países hacer el bloqueo, los países podrían haberlo hecho. 
La cobardía política existe y contra ella no hay nada que hacer. 
Por eso, ¡todo esto huele a adrenalina! 
Y, claro, parece que estamos dentro de un Minotauro. 
Confieso que no veo ningún laberinto a mi puerta, no veo ninguna necesidad del hilo de Ariadna para librarme del Minotauro y, naturalmente, he votado una moción de censura. 
Considero que es hora de que este Parlamento se haga cargo de su responsabilidad, perdamos el miedo y perdamos el olor a adrenalina. 
Sé que cuesta mucho. 
Personalmente, me cuesta menos, aunque tengo mucha simpatía por muchos de los Comisarios. 
Señor Presidente, la moción de censura contra la Comisión es, en el momento actual, inoportuna. 
Esta moción es, al mismo tiempo, lamentable y contraproducente para nuestra imagen, pues el Parlamento se ve así catapultado a una posición de fanfarrón frente a la Comisión, cuando ya sabemos que terminará por desinflarse. 
Además, se equivoca en el objetivo principal. 
El malo de la película no es, ciertamente, la Comisión ni el Colegio en ejercicio. 
Por otra parte, el informe de nuestra Comisión temporal de investigación es formal en ese punto. 
Ciertamente, no pretendo minimizar los graves fallos de funcionamiento de los servicios de la Comisión durante el período en que estaba presidida por Jacques Delors. 
Pero, todo el mundo sabe que el malo de la película es en primer lugar el gobierno de un Estado miembro sobre el que no tenemos potestad. 
Este gobierno, que se encuentra en campaña electoral, debe felicitarse por el hecho de que es la Comisión la que se encuentra en el banquillo de los acusados y que sus crímenes, claramente documentados por otra parte, caerán en el olvido. 
En este sentido, el instrumento de la moción de censura es inoportuno, inadecuado, desmesurado y excesivo. 
Por otra parte, la Comisión ha pedido perdón por su gestión pasada y ha puesto en práctica toda una serie de reformas internas que deberían evitar, en el futuro, la repetición de los errores cometidos en la gestión y apreciación de la gravedad de la crisis. 
Hay que pagar un precio muy alto por la credibilidad de una institución y creo que este Parlamento ha triunfado totalmente en su misión de control haciendo que muchas cosas se muevan y poniéndolas en su lugar. 
Espero sinceramente, señor Presidente, que a partir de ahora, en circunstancias comparables, los imperativos de la salud humana prevalezcan sobre cualquier otra consideración. 
Esta llamada al orden, por lo que respecta a las prioridades a observar en cualquier circunstancia, es una importante victoria para el Parlamento, que ha ganado en lo esencial. 
Señor Presidente, señores Comisarios, queridos colegas, en este breve minuto he de decir que la presentación y aprobación de una moción de censura a la Comisión es la única consecuencia política lógica resultante del informe Medina Ortega. 
Se justifica, entre otras razones, porque 
primero: las conclusiones y los hechos constantes del informe final de la Comisión de Investigación de la BBE indican de forma clara e ineludible las responsabilidades políticas y administrativas de la Comisión; 
segundo: la moción de censura es el único instrumento reglamentario de que dispone el Parlamento para exigir responsabilidades a la Comisión y para volver eficaz y creíble su competencia de control de la acción de ésta; 
tercero: al haber responsabilidades claras de Gobiernos de algunos Estados miembros, en particular del Reino Unido, sólo sus instituciones tienen competencias para actuar; 
cuarto: es inaceptable castigar a funcionarios comunitarios responsables, funcional y administrativamente, por la crisis de la BBE, sin castigar a quien los orientó y les dio órdenes; 
quinto: al ser la Comisión un órgano colegial, no es posible ni está prevista la moción de censura individualizable; 
sexto: también han quedado demostradas las responsabilidades políticas del actual Colegio de Comisarios; 
séptimo y último: la presentación y aprobación de una moción de censura puede contribuir a una demostración cabal de la independencia política del Parlamento Europeo ante la Comisión, ante los Gobiernos y ante estrategias electorales nacionales y puede contribuir al crédito político y público de esta casa y de sus elegidos ante sus electores. 
La moción de censura es, pues, la única forma política de dar respuesta a la angustia de las familias de las víctimas. 
Señor Presidente, en el palacio de Westminster circula un chiste bastante macabro que dice que la interpretación que hace el Gobierno británico de la EEB consiste en «echar la culpa a otro». 
¿Cómo puede alguien tener la más mínima confianza en el actual Gobierno del Reino Unido? 
En primer lugar, tenemos al Sr. Hogg que ha boicoteado a la Comisión de investigación creada por este Parlamento. A él se une Michael Forsyth, ministro para Escocia, que viene boicoteando a Bruselas desde hace muchos meses. 
Su única aportación ha sido prohibir que la bandera europea ondee en Escocia en el día en que se conmemoró la Paz en Europa. 
Ésos son los que nos piden que culpemos a la Comisión y no a ellos. 
Ayer el Sr. Hogg hizo la siguiente declaración: » Existe un sólido argumento a favor de Irlanda del Norte. 
El argumento es muy firme e instruiré a la Comisión en este sentido». 
El mismo día, Lord Lindsay, su ministro «junior» declaraba en Bruselas: » Niego categóricamente que haya habido un acuerdo especial con Irlanda del Norte». 
Hoy oímos rumores de que se han destinado 9, 4 millones de libras a Irlanda del Norte. 
Quisiera que la Comisión confirmara este extremo, en caso de que conozca los detalles. 
Hace cinco meses, el mismo Lord Lindsay tuvo el descaro de decir a los agricultores escoceses que Escocia podía encabezar la salida del Reino Unido de la prohibición de exportar vacuno. 
Este tipo de irresponsabilidad y de contradicciones debe constar en los anales de esta Asamblea. 
Lo que más me preocupa es ¿quién paga el precio de esta incompetencia? Naturalmente lo pagan los agricultores que exportan vacuno de Aberdeenshire y Angus, a los que represento, y también los agricultores de Irlanda del Norte. 
Ellos se han convertido en el chivo expiatorio, y va siendo hora de que atribuyamos la culpa a quien la tiene. 
Señor Presidente, ante la ausencia del Sr. Paisley, que ha sido debidamente notificada, permítame decir que hoy es un día importante para el Parlamento y para las instituciones que estamos construyendo. 
Tanto el presidente de la Comisión de investigación como el ponente han estado a la altura de los acontecimientos. Hoy, nuestro Primer Ministro ha calificado el presente informe en la Cámara de los Comunes británica de «tosh» [disparate]. 
Yo interpretaría «tosh» como un término insultante propio de niños, que no tiene cabida en absoluto en nuestras deliberaciones acerca de dicho informe. 
A nosotros nos corresponde obligar a la Comisión a poner orden en sus filas y decir al Consejo de Ministros que una catástrofe como la EEB debe ser atajada mediante medidas comunes y no recurriendo a presiones nacionales, por muy fuertes que éstas puedan ser, ni a los prejuicios nacionalistas, por muy extremistas que éstos sean. 
Tampoco queremos una caza de brujas ni sensacionalismo a la hora de atribuir las culpas. 
La EEB ha devastado a mi país, y cuando atribuyo la culpa de ello no eludo la responsabilidad del Reino Unido. 
Soy el único miembro británico de la comisión que está dispuesto a reconocer, no en base a los conocimientos que permite una visión retrospectiva, sino en base a un criterio sobrio, aquello que deberíamos haber hecho a raíz del informe Southwood de 1989 en lo que se refiere a atajar los piensos contaminados, retirarlos de la cadena de alimentación animal, no impedir que se siguiera exportando ese material, en lo relativo a la arrogancia con que contemplamos el asesoramiento científico cuando éste proviene de fuentes independientes y, sobre todo, a la negativa de examinar los posibles vínculos que existen entre la EEB y la ECJ, algo que un ministro británico calificó de inconcebible apenas seis meses antes de que tuviéramos que dar la cara y reconocer que existe esa posibilidad, y el Reino Unido no puede lavarse las manos. 
No podemos fanfarronear sobre los últimos diez años. 
Las cosas han cambiado desde abril de 1996 y es bueno que haya sido así. 
No obstante, la negativa del ministro de acudir ante la comisión, al igual que lo que dio en denominarse la guerra del vacuno orquestada contra la Unión Europea, ha malgastado inútilmente una buena voluntad muy valiosa. 
Dicho esto, no tenemos la menor prueba de que haya existido una conspiración siniestra entre los funcionarios británicos y sus compatriotas de la Comisión. 
Lo que sí hemos descubierto en la Comisión ha sido una terrible inercia; todas esas notificaciones para que no se celebraran más reuniones sobre la EEB, etcétera. 
El Presidente de la Comisión deberá ahora tener en cuenta este aspecto, cuando se disponga a adoptar medidas. 
Debemos obligar a la Comisión a seguir un programa de reformas institucionales que separe los intereses de los productores de aquellos otros de los consumidores. 
Votaré en contra de una moción de censura inmediata, pero el Presidente Santer sabe que el jurado vigilará de cerca el programa de reformas que ha presentado hoy. 
Queremos que en toda Europa, nuestros intereses en materia de alimentación y nuestros intereses en materia de salud se pongan en las manos de aquellos que no se sienten demasiado obligados por los grandes grupos de interés de los productores, por muy legítimos que éstos puedan. 
Por este motivo quiero alejarme de los que afirman que la Comisión debe ser censurada de inmediato o que se debe exigir al Reino Unido indemnizaciones, sin hacer ningún caso de la legalidad o la viabilidad de una medida de este tipo. 
Lo que estamos intentando es encontrar una solución europea a lo que es- nos guste o no- un problema europeo. 
Hace falta una Dirección General fuerte que defienda a los consumidores, y hace falta la intervención personal de la Sra. Bonino en la vigilancia de la salud humana y animal, respaldada por modificaciones de la Política Agrícola Común para crear un sector de la alimentación que sea gestionado humana y eficazmente. 
Quiero hacerme eco de las palabras de mi colega la Sra. Roth-Behrendt, cuando decía que la auténtica prueba consiste en cuánta fuerza está dispuesto a ejercer el Presidente de la Comisión sobre la Dirección General responsable de la protección del consumidor. 
Tras haber presenciado el terrible titubeo en torno al Libro Verde sobre la política de alimentación durante el pasado año, debemos decir no sólo: » ¿Cuáles son sus palabras? », sino «¿Cuáles son sus acciones? ». 
Hoy le digo al Presidente de la Comisión que la retórica ecologista no basta, hacen falta además medidas valientes. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente Santer, señora, señor Comisario, lo más importante de mis palabras lo expresaré en forma de carta (no me atrevo a decir de panfleto) al Sr. Santer y a su equipo, pero quisiera en primer lugar dirigirme al Presidente del Parlamento. 
No creo que hoy los diputados y responsables políticos de esta Asamblea se deban sentir orgullosos con la decisión de la hora y fecha del debate de la moción de censura. 
En efecto, fijar este debate para el jueves por la tarde me parece verdaderamente una provocación, cuando sabemos que la mayoría de los diputados se van de Estrasburgo después de la votación del jueves al mediodía. 
Creo que, una vez más, damos la impresión de ser unos calculadores, incluso unos intrigantes de la política. 
Señor Santer, es usted un gran europeo, un convencido, y además, sé que le gustan los vinos de Burdeos. 
Por ello me cae usted bien y deseo hacerle un favor. 
Pediré por tanto a sus Señorías que voten a favor de la moción de censura contra usted y contra la Comisión. 
¿Por qué? 
Pues bien, si la responsabilidad de Gran Bretaña es enorme, si la responsabilidad de la Comisión presidida por el Sr. Delors es evidente, la Comisión que usted preside también tiene su parte de responsabilidad. 
El Comisario de Agricultura, Sr. Fischler, se encuentra sentado a su lado. 
Ha echado tierra deliberadamente sobre el expediente durante al menos dos años. 
Hace seis meses comenzó a sonreír, después se detuvo y, a veces, disimuló algunos elementos importantes, y usted lo sabe. 
Señor Fischler, pertenece a mi misma formación política. 
Es un hombre de honor. 
Si es usted, como pienso, un ciudadano que cree en Europa, dimitirá. 
Nos haría un favor y se lo haría también a esa Europa en la que cree. 
Señor Santer, creo que el informe es abrumador. 
Creo que la Unión Europea ha fallado en la protección de la salud pública y de sus ciudadanos. 
Toda Europa lo sabe. 
Por ello, los ciudadanos europeos no comprenderían la falta de sanciones ante una negligencia de tanta importancia. 
Ésta es la razón por la cual votaré a favor de la moción de censura. 
Así, se irá usted con sus Comisarios y, en ese momento, los ciudadanos europeos confiarán en una Unión tan valiente y transparente; con su marcha, habrá permitido avanzar a una Europa en la que cree. 
Y después, tranquilícese, muy rápidamente, en unas semanas, como los Gobiernos desean su vuelta (es usted un buen administrador y un «buen político» ), regresará con la mayoría de sus Comisarios, con la Sra. Bonino, por ejemplo, que cumple excelentemente sus funciones, e incluso con el Sr. de Silguy y Sir Leon Btittan. 
Por supuesto, renunciará a algunos de ellos, sobre todo al Sr. Fischler, y quizá también a algunos otros, porque están «en el límite» y porque es necesario cambiar. 
En ese momento, la Unión Europea tomará un nuevo rumbo y, gracias a usted, tendrá una mejor imagen. 
Por ello, para hacerle un favor, señor Santer, votaré a favor de la moción de censura. 
Señor Presidente, quizá se trate de un sueño... 
En todo caso, intente que no se convierta en una pesadilla. 
Muchas gracias, señor Bébéar. 
Permítame, señor Bébéar, que le dé una respuesta provisional a la parte de su carta dirigida a la Presidencia del Parlamento y le recuerde que el apartado quinto del artículo 34 del Reglamento dispone que la votación sobre las mociones de censura tendrá lugar como mínimo 48 horas después de iniciado el debate. 
Me parece que el calendario era suficientemente apretado. 
Y, en segundo lugar, -esto ya, señor Bébéar, lo digo con una cierta humildad- no puedo olvidar que el jueves y el viernes también son días de trabajo en Pleno tan dignos como el resto de la semana. 
Dicho esto, Señorías, tiene ahora la palabra, por el tiempo de un minuto y medio, el Sr. Brinkhorst. 
Señor Presidente, este debate puede tener un significado histórico. 
Este será el caso si, como dice el Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, por fin se rompe el cerco de hierro que rodea desde hace cuarenta años la política agrícola. 
Este puede ser el caso, pero este debate no da una respuesta definitiva al respecto. 
Esta Comisión ha comprendido por fin que el poder y el control del poder son dos cosas diferentes. 
Durante demasiado tiempo, los consumidores han estado desamparados. 
Por esta razón, muchos en esta Asamblea dicen: nada de palabras, sino hechos. 
Pero, ¿hemos de esperar realmente hasta noviembre? 
Esperar nueve meses para que se produzcan efectos concretos no beneficia ni a la Comisión, ni al Parlamento. 
Esta Comisión recuperará la confianza tan pronto se hayan realizado las acciones concretas. 
La Sra. Roth-Berendt lo ha dicho ya. 
¿Cuántas personas se ocupan de ello? 
¿Cuál será el presupuesto? 
¿Quién controlará realmente? 
El escepticismo de la población no desaparecerá mientras no se hayan tomado estas medidas, y por tanto espero que podamos acordar juntos que sea septiembre y no noviembre. 
Veo al representante de la Presidencia neerlandesa. 
Lamento mucho como diputado neerlandés que la Presidencia neerlandesa no esté presente aquí. 
Con ello da la impresión de que encubre la política obstruccionista y la política de bloqueo del Gobierno británico. 
La ausencia del Consejo aquí es la arrogancia del poder. 
Esperaba otra cosa de mi Presidencia. 
Señor Presidente, son muchos los que comparten la responsabilidad a raíz de la catástrofe causada por la EEB, pero la principal responsabilidad la tiene la política agrícola, y de ésta la responsabilidad la tienen las instituciones de la UE, también el Parlamento. Dicha política ha creado una situación productiva de un carácter extremo, intensivo y artificial. 
Ha desarticulado los controles fronterizos nacionales y facilitado que se extendiera el contagio a través de animales y alimentos. Ha fomentado una localización desequilibrada de mataderos con un transporte de animales inaceptable como consecuencia. 
La EEB constituye un primer aviso grave para aquellos que han llevado esta política durante decenios. 
Un mercado agrícola sin fronteras es una idea obsoleta; hay que abandonarla del todo antes de que nos sobrevengan nuevas catástrofes. 
Señor Presidente, hoy todo el mundo se pone de acuerdo para estigmatizar un fallo grave de funcionamiento de las instituciones comunitarias, pero, en una preocupación por la objetividad, es importante recordar que, en 1989, la Comisión proponía ya la prohibición de exportación de las harinas de origen animal a los mercados de los Estados miembros. 
En aquel momento el Consejo rechazó la propuesta. 
Sin embargo, había un riesgo y se sabía. 
La Comisión hubiera podido hacer otro planteamiento, más prudente, pero de ahí a hacerle asumir la máxima culpa en este asunto hay un paso enorme que me parece absurdo, incluso deshonesto. 
El primer y principal culpable es claramente el Reino Unido. 
Es evidente que si, desde 1988, hubiera tomado todas las medidas necesarias encaminadas a sacrificar animales y a prohibir que las harinas hechas a base de proteínas animales llegasen a los mercados, la epizootia hubiera sido cortada de raíz. 
La crisis de las vacas locas, es en primer lugar, la irresponsabilidad criminal del Reino Unido, para el que Europa no existe, salvo cuando se trata de servir a sus propios intereses. 
La crisis de las vacas locas es también el silencio cómplice de algunos Estados miembros, que dieron instrucciones a sus expertos en el seno del Comité Veterinario Permanente para no divulgar el asunto. 
Por estas razones, la moción de censura inmediata a la Comisión es un contrasentido. 
Por el contrario, la moción de censura condicionada se revela como más apropiada. 
Pero, en todo caso, ¿a quién sancionar y cómo? 
Es necesario castigar al Reino Unido, culpable de haber infringido gravemente las reglas del mercado interior y de haber organizado un delito económico a gran escala, y que debería aclararse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Es necesario también sancionar a aquellos Estados miembros que se han hecho cómplices del tráfico de harinas británicas de origen animal, principalmente Bélgica, que ha servido de plataforma para este tráfico, como revela el informe Mattei presentado a la Asamblea Francesa. 
Me parece importante llegar hasta el fondo de las cosas, identificar a los verdaderos culpables y castigarlos. 
En ello va el crédito del Parlamento Europeo y de Europa ante los ciudadanos que, en último lugar, nos juzgarán. 
Señor Presidente, como todos sabemos, anoche en la Cámara de los Comunes, el ministro de Agricultura británico Douglas Hogg, superó una moción de censura por los pelos. 
Motivo de más para que expliquemos hoy aquí, desde una perspectiva europea, la torpe incompetencia del Gobierno británico en la gestión de la crisis de la EEB. 
No existe la menor duda de que el informe Medina es una condena sin paleativos al Gobierno británico y una vigorosa exposición de los errores de la Comisión. 
Al igual que el Sr. Whitehead, tengo reservas sobre algunas de las recomendaciones contenidas en el informe, pero reconozco que el informe demuestra de la manera más gráfica posible que el Gobierno británico fue lento en responder a la crisis que se estaba desatando. 
Los informes demuestran que las medidas se aplicaban con indiferencia y resaltan la total incompetencia de la vacilante administración de Douglas Hogg. 
La semana pasada, el Gobierno británico libró un ataque muy emotivo al informe Medina. 
Pero lo más significativo fue que en ningún momento intentó contradecir uno de los mensajes centrales del informe; a saber, que el Gobierno británico es el principal responsable de la EEB por haber desregularizado el sector de transformación de despojos a comienzos de los años ochenta. 
Asimismo debo decir que aún no he oído una explicación razonable por la que Douglas Hogg no pudiera asistir a la reunión de la Comisión de investigación. 
Teniendo en cuenta que el Secretario Permanente, Sr. Packer, que asistió en su lugar, nos dijo que la EEB fue un designio divino, quizá debamos estar agradecidos de que Douglas Hogg no asistiera. 
Si el Sr. Packer culpaba a Dios de los sucedido, quién sabe a quién habría culpado el Sr. Hogg. 
Este informe demuestra que la culpa es del Gobierno británico. 
Como afirmaba el Financial Times en su edición de ayer, durante 11 largos años, el Gobierno mantuvo que el vacuno británico era completamente seguro, a pesar de las pruebas en sentido contrario que estaban apareciendo. 
El resultado ha sido que, lamentablemente, 15 personas han muerto víctimas de la enfermedad Creutzfeldt-Jacob; los agricultores y los trabajadores por igual han sufrido penurias sin precedentes; el contribuyente británico se ha visto obligado a cotizar 3.300 millones de libras, y más de un millón de reses han sido sacrificadas. 
La política del Gobierno británico de no cooperación, como todos sabemos, fue una farsa. 
La ofensiva del encanto llevada a cabo por Douglas Hogg en toda Europa fue un desastre, y la declaración del Gobierno británico de que el Acuerdo de Florencia era bueno, luego malo, y luego bueno una vez más, sólo sirvió para causar confusión y consternación. 
A pesar de todo, se mantiene la prohibición del vacuno británico hasta el día de hoy. 
La conclusión que debe sacar de todo ello el pueblo británico es, sin duda, que para que se levante la prohibición debe marcharse el Gobierno Conservador. 
Señor Presidente, una de las funciones más importantes del Parlamento Europeo es la de controlar las actividades de la Comisión. 
El control que ha ejercido la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre los distintos aspectos de la encefalopatía espongiforme bovina, que afecta tanto al Reino Unido como al Consejo y a la Comisión, ha sido diligente, a pesar del corto tiempo disponible y de que la colaboración de algunas partes de la Comisión no ha sido siempre constructiva, sobre todo por lo que respecta a la aportación de importantes documentos, algunos de los cuales no se han entregado todavía. 
El control de la comisión de investigación del Parlamento Europeo se ha ejercido sin prejuicios y sus resultados se reflejan claramente en el informe, en el que se exponen los hechos, se asignan responsabilidades cuando las hay y, por último, se hacen advertencias para que no se repitan estos incidentes y anomalías en el funcionamiento de la Comisión Europea. 
Quisiera recordarles aquí que uno de los trabajos de Hércules fue limpiar los establos de Augías. 
Creo que el presidente de la comisión, su ponente y sus miembros han logrado, realmente, un trabajo comparable al de Hércules. 
Señorías, debemos evaluar las prioridades de la Unión Europea, pensando en cómo podemos servir mejor a los ciudadanos europeos, ante los cuales tenemos una responsabilidad, y más aún en una situación crítica para la Unión, como es el año en el que concluye la Conferencia Intergubernamental. 
Debemos aplicar unos criterios de justicia más estrictos, que respondan a las expectativas de los ciudadanos. 
Asimismo, debemos apoyar a la Comisión Europea en su nueva trayectoria, basada en la reestructuración de sus servicios y, sobre todo, en nuevos principios fundamentales. 
Por estos motivos, la acción más justa, que combina la imposición de sanciones con la adopción de nuevas orientaciones, es una moción de censura con condiciones. 
La aprobación del informe de la comisión de investigación sobre la EEB implica que el Parlamento Europeo asigna responsabilidades al Reino Unido, al Consejo, a la Comisión Europea, a algunos Comisarios y a altos funcionarios. 
Es fundamental adoptar el principio de que la salud de las personas constituye la máxima prioridad y, por supuesto, que debe estar por encima de los intereses económicos del mercado común. 
En nuestra opinión, este es un requisito básico para que los ciudadanos europeos recuperen su plena confianza en las acciones de la Comisión Europea y estén seguros de que esta Comisión no sólo es la guardiana de los Tratados, sino que también vela por la protección de la salud y del medio ambiente. 
Si la Comisión Europea no reacciona con rapidez y de conformidad con las advertencias de la comisión de investigación, tenga por seguro, señor Presidente de la Comisión, que será el último mes de su Comisión. 
No crea que nos convencerá con medidas a medias. 
Exigimos la plena observación de las advertencias de la comisión y el retiro inmediato de su autorización para levantar el embargo a la gelatina, que todavía sigue en vigor. 
En primer lugar, la relación de confianza entre muchos miembros de este Parlamento y de la Comisión se ha deteriorado. 
Pero lo más importante debe ser que de todo este escándalo se extraigan realmente consecuencias políticas, que se introduzcan reformas. 
Aquí me quisiera dirigir de manera muy personal al Comisario de Agricultura, al Sr. Fischler. 
A veces tengo la impresión de que usted está un poco en una posición protegida, porque no existen votos de desconfianza contra miembros individuales de la Comisión. 
Pero, precisamente, usted será medido con arreglo a si usted satisface ahora dos cosas. Estos son mi segundo y tercer puntos. 
No puede ser que un país, un gobierno, ocasione un gran daño y no haya de pagar por ello. 
Ha corrido mucho dinero destinado a reparar daños. 
Esto hay que recuperarlo, incluso, si es preciso, mediante una demanda ante el Tribunal de Cuentas Europeo. 
Esto es muy importante. 
Hay otro punto en el que usted debería concentrarse. El Presidente Santer lo ha dicho también en su discurso: el fallo principal de este derrotero ha sido una política agrícola equivocada. 
Y usted, señor Fischler, es responsable de que en este punto no se produzca un giro, desde la política agrícola industrial hasta la política ecológica. 
Usted será medido con arreglo a esto, a esto vincularemos nosotros la cuestión de confianza. 
Señor Presidente, señor Santer, a pesar de la inconcreción de sus promesas, la mayoría de los diputados colocarán el discurso de usted como un anexo al acuerdo que vamos a aprobar mañana, ojalá, por una gran mayoría, pues luego, dentro de pocos meses le podemos preguntar a usted qué ha sido de estas promesas. 
Tengo la impresión de que en esta Asamblea existe una gran unanimidad, incluso con la Comisión, acerca de que en la protección de la salud de los ciudadanos no se puede hacer ninguna rebaja. 
Esto ha sido siempre así, sólo que este principio no se ha respetado. 
La política no se ha orientado por ese mismo. 
El Gobierno británico figura muy en primer término en la cadena causal de este fracaso, la Comisión también ha fracasado. 
El Consejo de Ministros no se ha cubierto de gloria y nosotros deberíamos hacer también un poco de autocrítica: a pesar de advertencias que en el pasado se han hecho desde las comisiones, no hemos logrado aquí ninguna mayoría para una reforma a fondo, por ejemplo, de la política agrícola. 
Ahora bien ¿ha sido una casualidad la EEB? 
¿Ha sido un accidente? 
La desregulación, entendida de manera totalmente falsa por el Gobierno británico, y la desregulación, también mal entendida muchas veces, que es defendida por la Comisión y por partes de este Parlamento, ha sido una causa. 
Otra causa ha sido la equivocada política agrícola. 
No estoy hablando aquí en nombre de una pequeña agricultura maravillosa y atractiva. 
También ésta puede ser ecológica y razonable, pero no tenemos ambas cosas. 
Estimado colega, señor Fischler, estoy seguro de que usted necesita un nuevo director general. 
En efecto, si alguien es competente para la protección preventiva contra incendios, si no cumple con su tarea, no se le puede volver a emplear en la lucha contra incendios. 
Esto no puede ser, créamelo. 
Quiero decirlo una vez más con toda claridad: tampoco nosotros, como Parlamento, podemos quedarnos en exigir solamente. 
En las próximas reformas debemos hacer también nuestra propia aportación y no voy a dejar pasar la ocasión de acudir pertinentemente a muchos colegas. 
Cuando acometamos una reforma de la política agrícola y, en concreto, no sólo en Europa, recordaré las palabras que usted ha dicho aquí en relación con la EEB. 
La EEB no ha sido una casualidad. 
La Unión debe hacer su aportación. 
Hemos de cambiar, primero entre nosotros, en nuestra casa europea, lo que no se puede tolerar más, es decir, la manera en que producimos carne. 
Comemos carne. 
Pero somos omnívoros. 
Está bien, pero entonces habremos de tener en cuenta algunas cosas en relación con los animales y también en relación con la salud de las personas. 
Y esto tenemos que hacerlo también a nivel mundial. 
Si la UE con su sólido mercado y su fortaleza general en los tratados internacionales no hace el intento de modificar este tipo de producción de las mercancías agrícolas, entonces la EEB habrá sido solamente un aviso doloroso y trágico, pues vendrán cosas peores, pues si nos seguimos conduciendo como hasta ahora, están preprogramadas peores cosas. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de investigación he votado a favor y apoyo plenamente los resultados y las recomendaciones de la misma. 
El Gobierno británico fue hallado responsable del brote de la enfermedad, de no tomar las medidas oportunas para evitar su rápida propagación y de no haber adoptado, hasta fecha muy reciente, medidas para su erradicación. 
Espero que ahora la situación haya cambiado. 
Se descubrió, en particular, que la decisión británica de alterar el proceso de fabricación consistente en reducir los niveles de esterilización de la harina de carne y hueso que se utiliza en los compuestos de piensos para el ganado permitió la aparición de la enfermedad. 
Por mucho combustible que se economizara por esos medios, esta modificación temeraria de las normas ha costado a los consumidores, a los contribuyentes y, especialmente, a los agricultores varios millones de veces más que cualquier posible ahorro. 
Cuando por fin se prohibió la utilización de harina de carne y hueso, el Gobierno británico fracasó rotundamente en su deber de hacer cumplir su prohibición. 
Y lo que es peor, permitió que dicha harina contaminada se exportara sin restricciones, contaminando así a las cabañas de los países vecinos de la UE. 
Acojo con satisfacción la declaración que ha hecho hoy el Presidente Santer, pero desde 1989, la Comisión Europea ha sido lenta en reconocer la gravedad de esta enfermedad y no ha sabido supervisar la respuesta británica. 
Ha permitido que harina de carne y hueso contaminada se comercialice libremente en toda Europa. 
Además, la Comisión no encargó prácticamente ninguna inspección veterinaria en el Reino Unido en unos momentos en que decenas de miles de animales estaban siendo infectados en ese país. 
La inactividad de la Comisión desde 1989 con respecto a la EEB debe catalogarse como uno de los mayores fracasos de la administración pública de la historia reciente. 
La mayoría de los errores, aunque no todos, recaen sobre las Comisiones anteriores, como establece claramente el informe. 
El informe de la Comisión de investigación incluye una serie de enmiendas que yo he presentado, porque creo que la propagación de la EEB fuera de Gran Bretaña se debió, principalmente, a las exportaciones de harina de carne y hueso contaminada. 
Por ello he incluido en el informe una solicitud de normativa que permita garantizar que la harina de carne y hueso jamás volverá a utilizarse en la elaboración de piensos para rumiantes, y que dichos piensos para rumiantes no podrán producirse en ninguna instalación en que esté presente la harina de carne y hueso. 
La comisión ha aprobado asimismo mi propuesta de que la harina de carne y hueso se comercialice únicamente bajo licencia especial y que, además, los piensos compuestos incluyan en su etiqueta una relación de todos sus ingredientes. 
Evidentemente es necesario que estas normas se cumplan en todos los Estados miembros y que estén respaldadas por una legislación fuerte. 
De cara al futuro deberemos duplicar nuestros esfuerzos para erradicar los últimos rastros de esta enfermedad y restablecer la confianza del público en la alta calidad de nuestros productos alimenticios. 
Debemos trabajar incesantemente para convencer a nuestros propios consumidores y a los clientes de los mercados de exportaciones que nuestra carne es segura y sana. 
La Comisión deberá aplicar todas las recomendaciones que contiene nuestro informe y deberá hacerlo con eficacia y con carácter inmediato. 
Apoyaré la moción de censura condicional si la Comisión no cumple nuestras exigencias. 
Nuestra posición es muy clara. 
Exigimos que se refuerce la vigilancia y que se refuercen las actuales medidas de erradicación. 
Exigimos una reorganización del personal de la Comisión y un replanteamiento de su política. 
Exigimos medidas que permitan avances inmediatos en la creación de una agencia veterinaria en Irlanda para que revise de cerca estos trabajos. 
Señor Presidente, el informe de la comisión de investigación describe perfectamente los graves problemas originados por la crisis de la EEB, los hechos que han dado lugar al problema y las causas del mismo. 
Por ello, quiero expresar mi agradecimiento a la comisión. 
La crisis de la EEB ha hecho vacilar la confianza de los consumidores en la carne de vacuno, lo cual resulta comprensible. 
La devolución de la confianza es la tarea más importante de la Comisión en la gestión futura de la crisis de la EEB. 
Según el informe, la anterior Comisión infravaloró el problema de la EEB y ocultó su gravedad. 
La Comisión descuidó la vigilancia del respeto de las normas de control veterinario en el mercado interior. 
Según el Tratado de la Unión Europea, compete a la Comisión velar por el respeto de la legislación comunitaria en los Estados miembros; corresponde a la Comisión tomar la iniciativa para emprender acciones legales contra aquel Estado miembro que haya infringido la legislación comunitaria. 
Me gustaría saber cómo piensa hacer frente la Comisión a esta responsabilidad. 
La crisis de la EEB ha originado ya unos gastos de más de dos mil millones de ecus a toda la cadena de alimentación de la Unión. 
Los que tienen que pagar la cuenta son los agricultores que no son responsables de la crisis, que han visto cómo se les recortan las ayudas y cómo se les van a seguir recortando en lo sucesivo. 
¿Qué responsabilidad tienen en lo que se refiere a las indemnizaciones por daños los que han cometido los errores? 
Apoyo la moción de censura condicional para que la Comisión pueda adoptar las decisiones indispensables que le permitan controlar el respeto de la legislación comunitaria en los Estados miembros. 
Se trata del funcionamiento del mercado único, lo cual reviste gran importancia cuando se trata de la seguridad de los alimentos y de la salud humana. 
Si es necesario, la Comisión debe imponer multas severas como castigo por infringir la legislación comunitaria siempre que se ponga en peligro la salud humana. 
Señor Presidente, la enfermedad de las vacas locas es un asunto extremadamente grave y sin precedentes, de consecuencias incalculables en la actualidad para la salud humana. 
Esta epidemia sólo ha podido adquirir tales dimensiones porque no se han tomado las medidas pertinentes. 
¿Puede imaginarse una epidemia de peste porcina sin ninguna acción resuelta de erradicación por parte de las autoridades sanitarias? 
Una acción así debería haberse emprendido desde el inicio para la erradicación de la enfermedad de las vacas locas. 
El excelente informe de la Comisión de investigación, redactado por nuestro colega Manuel Medina, tiene un doble mérito. 
En primer lugar pone claramente en evidencia las responsabilidades de todos los protagonistas de la crisis; en segundo lugar, propone un conjunto de soluciones para evitar que se pueda producir de nuevo una crisis como ésta. 
La responsabilidad recae en primer lugar, y de manera aplastante, en los gobiernos conservadores del Reino Unido, de la Sra. Tatcher y del Sr. Major. 
Estos gobiernos han privilegiado la desregulación en perjuicio de cualquier otra consideración de salud pública. 
En el origen, si se ha desarrollado la enfermedad ha sido porque las autoridades británicas han suavizado la reglamentación sobre las condiciones de fabricación de las harinas de origen animal, y ello en nombre de la reducción de costes. 
La aparición de la enfermedad no ha perturbado ni a las autoridades ni a las industrias agroalimentarias, que han rechazado regularmente cualquier idea de crisis y sobre todo cualquier peligro para el ser humano. 
Posteriormente, el Reino Unido no procedió a los controles necesarios para la aplicación de medidas de erradicación. 
Finalmente, una vez prohibidas las harinas, el Reino Unido no intentó evitar su exportación a otros países de la Unión Europea. 
Se han producido también esas presiones intolerables del Gobierno a la Comisión para que ésta renunciara a todo control, e incluso cuando, en la primavera de 1996, la crisis de la EEB se transformaba en una crisis de salud pública, el Gobierno conservador británico dio prueba de una increíble mala voluntad en la aplicación de medidas para la erradicación de la enfermedad. 
La Comisión también es responsable, aunque en menor grado. 
La Comisión de investigación ha puesto en evidencia los graves errores cometidos por los Comisarios MacSharry y Steichen y algunos miembros de sus servicios, pero la actual Comisión no está tampoco exenta de responsabilidad, y el Sr. Fischler en particular. 
La Comisión se opuso en primer lugar al embargo sobre la carne y sobre las harinas inglesas de origen animal. 
Después frenó la aprobación de procedimientos sencillos de precaución para la inactivación de las harinas. 
Finalmente, levantó el embargo sobre la gelatina. 
Le he oído hace unos momentos, señor Santer. 
Se tomó la decisión y, si fue suspendida, fue porque la industria decidió que había que mantener el embargo. 
Creo que en ello, a pesar de todo, se plantea el problema de la responsabilidad política de la Comisión. 
En fin, no olvidemos que el Consejo de Ministros tiene también su parte de responsabilidad. 
Después del acta redactada por nuestra Comisión de investigación, es necesario que se tomen medidas. 
No podemos quedarnos ahí. 
Se imponen sanciones contra el Gobierno conservador del Reino Unido, en forma de daños y perjuicios, pero también contra aquellos que han cometido errores en el seno de la Comisión. 
No solamente hay que sancionar los errores pasados; es necesario evitar que se produzca un escándalo de iguales dimensiones en el futuro. 
Señor Presidente, en su discurso de hace unos momentos, nos ha señalado unas reformas. 
Poner la seguridad sanitaria bajo la autoridad de la Sra. Bonino, ¡muy bien! 
Introducir reformas en la Conferencia Intergubernamental, que es lo que yo misma solicité hace tres semanas, ¡muy bien! 
Pero creo que con eso no basta. 
Es necesario también que las infracciones observadas se vean sancionadas y, en primer lugar, que se juzgue la responsabilidad del Gobierno del Reino Unido en términos económicos, tal como solicita el informe de la Comisión de investigación. 
Señor Presidente, si nuestro Parlamento ha logrado gracias a Maastricht el derecho a un voto colectivo de desconfianza como arma parlamentaria, cada miembro de esta suprema representación popular europea debería usarlo con toda responsabilidad. 
En la votación del Informe Medina 16 diputados de la Comisión de investigación han votado en contra de una suave enmienda del Grupo Socialista, es decir, el informe que hoy está ante nosotros ha sido aprobado sin la recomendación prevista relativa a un voto condicional de censura. 
Como es sabido, la prensa ha estado llena de esto. 
Ahora estamos recuperando esto con las correspondientes resoluciones sobre las que votaremos mañana. 
Esta actitud de rechazo- atención, también mía- no ha sido un pellizco, tampoco ha sido una expresión de poca valentía, sino todo lo contrario. 
La mencionada enmienda tenía por objeto un voto de censura aún más diluido, por no estar definido temporalmente, ya que se iba a eliminar la fecha, en concreto, diciembre de 1997. 
Y quien desde el principio de la actividad de investigación, señoras y señores, amenaza con un voto de desconfianza, sea cual sea la especie de éste, y al final sólo logra formulaciones débiles, no sólo se hace daños a sí mismo, sino a nuestro Parlamento en su conjunto, pues todo el mundo adivina la razón de tal indeterminación. 
La mayoría de los comisarios que deberían marcharse, pertenecerían a las filas del Grupo Socialista. 
Por lo demás, señor Presidente, no se trata principalmente de demostrar la culpabilidad o la no culpabilidad de la Comisión en ejercicio. 
Lo que nos debe importar a nosotros, representantes del pueblo, es más bien nuestro compromiso de devolver a los consumidores europeos la seguridad que demandan y que también merecen. 
Con otras palabras, nosotros, los diputados, haremos bien en constituir conjuntamente con la Comisión- y no contra ella- un contrapeso frente al Consejo, y esto, sobre todo, ante el panorama de las negociaciones que se están celebrando actualmente sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Esto no excluye que se exprese la propia opinión de manera franca y sin maquillaje. 
Precisamente de esto se trata hoy en esta Alta Asamblea. 
¿Qué hacer? 
Sobre la base de la recomendación del Informe Medina y de la resolución del Parlamento la Comisión debería recuperar lo más rápidamente posible lo perdido y debería eliminar las anomalías que ha señalado la Comisión de investigación. 
Las afirmaciones del Presidente Santer permiten deducir que la Comisión está dispuesta a ello. 
Si, en contra de todas las expectativas, esto no se llevase a cabo en un período prudencial de tiempo, es decir, hasta finales del presente año, entonces no deberíamos levantar solamente el dedo y amenazar, como sucedió en la votación de la Comisión de investigación, sino que estaríamos francamente obligados a plantear un voto de desconfianza con arreglo al artículo 144 del Tratado de la Comunidad Europea. 
Se pueden decir muchas cosas positivas sobre la enfermedad de las vacas locas. 
Sin ella habría sido más difícil lograr que el bienestar de los animales se incluyera como principio en el nuevo Tratado de la Unión. 
Si se hubiera tenido en cuenta el bienestar de los animales, se podría haber evitado en la UE y en el Reino Unido una epizootia que ha afectado a centenares de miles de animales. 
Sin la enfermedad de las vacas locas habría sido más difícil ratificar que a los animales únicamente se les debe suministrar el pienso que les conviene, es decir, los herbívoros no deben ser convertidos en caníbales, como se hizo al enviar camiones cargados con harina de carne y huesos a los ganaderos. 
Sin la enfermedad de las vacas locas no se habría abordado el hecho de que el Reino Unido ha descuidado su control- y eso no se le puede perdonar- sobre las empresas de fabricación de harinas de carne y hueso, no ha garantizado el cumplimiento de la prohibición de exportación, y ha opuesto resistencia al control de la EEB por parte de los inspectores de la UE durante las visitas que éstos han realizado al Reino Unido. 
Sin la enfermedad de las vacas locas no se habría prestado tanta atención al curioso sistema de comisiones que determina gran parte de la política agraria y al hecho de que los expertos científicos se consideren una prolongación de las autoridades. 
Sin la enfermedad de las vacas locas no se habría debatido que la UE decide su política agraria de una forma mucho más cerrada que cualquier otra política, a pesar de que ésta es uno de los ámbitos de cooperación más antiguos y sigue absorbiendo la mitad del presupuesto de la UE. 
No cabe duda de que la Dirección General de Agricultura necesita airearse. 
El artículo 43, sobre el cual el Parlamento no tiene influencia, ha quedado anticuado. 
Los representantes de la Comisión han estado hablando en todo momento de la protección del mercado interior, pero han presentado propuestas basadas en el artículo 43. 
Esto no casa. 
Sin la enfermedad de las vacas locas no habría llegado este momento dorado que ha de aprovecharse en favor de la transparencia y la democracia. 
No habríamos tenido una Comisión Temporal de Investigación que ha conseguido obtener un montón de documentos que deberíamos haber recibido automáticamente. 
La UE necesita transparencia en la gestión y la enfermedad de las vacas locas pone de relieve esta necesidad. 
Sin la enfermedad de las vacas locas no habría existido el mismo impulso en favor de una verdadera política de los consumidores. 
El entendimiento sobre una reglamentación de las normas de etiquetado ha aumentado. 
El tema principal para nosotros es ahora el de una reforma que obligue a los responsables de la política agraria a tener en cuenta la salud pública, los derechos de los consumidores y el bienestar de los animales y evite que reciban una disculpa por evadir sus responsabilidades. 
Han de compartir la responsabilidad de la política alimentaria y no evadir la responsabilidad por la salubridad de los alimentos. 
Si la salud pública y los derechos de los consumidores son lo principal, hemos de conceder el tiempo necesario a la Comisión y al Consejo para que modifiquen sus procedimientos y a la Conferencia Intergubernamental para que modifique el fundamento jurídico. 
Un voto de censura en este momento quitaría importancia a la necesaria reforma de la UE, para dar paso en su lugar a un debate superficial sobre cabezas de turco, que no tendría ningún sentido. 
Señor Presidente, como miembros de la Comisión de Investigación hemos entregado nuestro trabajo con la cabeza bien alta, hemos recabado hechos, hemos destapado abusos, hemos denunciado responsabilidades y hemos formulado recomendaciones. 
Ahora que en la sesión plenaria tenemos que decidir sobre el camino político a seguir, espero que siga imperando el sentido común. 
Por supuesto, una moción de censura contra la política de la Comisión apela a la fantasía de algunos, aunque sólo sea porque con ello esperan llamar la atención de los medios de comunicación, pero por desgracia es una actitud destructiva en un momento en que hemos de ser constructivos al dar al ciudadano razones para la confianza. 
Además, los errores que han hecho escalar el problema no pueden achacarse a la actual Comisión, sino al Reino Unido, a la anterior Comisión y al Consejo, cuya Presidencia brilla por su ausencia. 
Por último, una moción inmediata alarga el camino hacia otro enfoque que no admite dilación. 
De lo que se trata, Señorías, no es de dar pan y circo a la población, sino de demostrar que somos capaces de utilizar nuestros instrumentos de poder para lo que sirven, para conseguir una política que ofrezca la máxima garantía para una alimentación de calidad. 
Lo que se necesita para lograrlo ya se ha debatido ampliamente aquí. 
Si todos comprendemos que los intereses a largo plazo del agricultor son la prolongación de los intereses a largo plazo del consumidor, y viceversa, y actuamos en consecuencia, iremos por buen camino. 
También va siendo hora de volver a situar la ética en un lugar de honor. 
Las consideraciones éticas facilitan la vida, pues excluyen de antemano varias opciones. 
Señorías, no es una consideración filosófica que se me acaba de ocurrir, sino una consideración expresada por el Presidente de la anterior Comisión durante un congreso bioético celebrado a finales de la década de los ochenta. 
Dejo que ustedes mismos juzguen la diferencia entre la palabra y el hecho. 
Señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, por de pronto nos contentaremos con sus declaraciones de intenciones, pero también esperamos hechos, acciones por su parte. 
El grado en que tengan ustedes éxito es determinante para restaurar la preocupación por el interés general. 
Ello nos obliga a observar su actuación con recelo, pero asimismo hemos de esperar que consigan ustedes llevar a cabo las reformas anunciadas y las recomendaciones del Parlamento Europeo; de ello depende nuestra confianza a finales de año. 
Señor Presidente, ha sido estremecedor leer el meritorio informe del Sr. Manuel Medina. 
Ha puesto al descubierto la madeja enredada en la que, de una manera o de otra, se habían enmarañado todos los operadores implicados. 
Sin embargo, detrás de todo se percibe la férrea voluntad del Gobierno de un Estado miembro por infravalorar el problema de la EEB hasta llegar al punto de chantajear constantemente a las demás instituciones. 
Resulta lamentable que, al menos los funcionarios de la anterior Comisión y el Consejo, entre otros, hayan encubierto en numerosas ocasiones por este motivo las sospechas planteadas, habiendo impedido, de esta forma, la adopción de las medidas oportunas para resolver el problema. 
Los organismos de investigación creados por la Comisión para el asesoramiento y el control se revelaron posteriormente totalmente parciales y, además, su competencia científica ha quedado en entredicho después del trabajo de la comisión de investigación del Parlamento. 
La responsabilidad suprema de la crisis de la EEB corresponde al Gobierno británico. 
La responsabilidad última por la ocultación y la gestión negligente de los asuntos recae también sobre la anterior Comisión. 
En este momento es indispensable adoptar rápidamente las medidas propuestas por la comisión de investigación del Parlamento. 
Ante todo deberá juzgarse a la nueva Comisión sobre la base de la seriedad con que asuma la responsabilidad que se le ha fijado ahora y la rapidez y eficacia con que se adhiera a las propuestas presentadas por la comisión de investigación en relación con la mejora de la gestión y del control. 
Lo más importante es la salud de los europeos. 
Hay que acabar con la enfermedad de las vacas locas y, al mismo tiempo, garantizar que en el futuro no vuelva a producirse algo similar. 
La presentación de una moción de censura contra la Comisión en este momento no favorece la consecución de esos objetivos. 
Las decisiones comunes relativas a la salud humana y animal y la legislación común necesaria debe poder basarse en el futuro en una información científica tan sólida e imparcial como sea posible objetivamente. 
Hay que observar estrictamente las decisiones adoptadas y debe poder realizarse un control suficientemente eficaz del alcance de las mismas. 
El principio de subsidiariedad no debe significar que un Estado miembro tenga derecho a engañar a los demás, a despreocuparse de la legislación comunitaria en materia de salud humana y, sin embargo, al mismo tiempo, exigir a los demás solidaridad presupuestaria para que sean ellos los que paguen. 
Esto constituye también una seria llamada de atención a la Conferencia Intergubernamental sobre los asuntos en los que no debe permitirse en ningún caso la flexibilidad. 
En varias ocasiones se ha afirmado en esta cámara que, en el fondo, se trata de una cuestión de política agrícola, ámbito en el que parece concebirse que se puede alterar la naturaleza y hacer que los rumiantes se conviertan en carnívoros. 
Distinguido señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, quisiera comenzar con palabras de Karl Valentin: » Todo está dicho ya, pero no por cada cual». 
Una moción de censura condicional contra la actual Comisión no es un medio político adecuado para corresponder a los resultados que ha elaborado la Comisión de investigación. 
Aunque la Comisión temporal de investigación ha constatado graves violaciones contra la protección de los consumidores, se ha mostrado claramente al mismo tiempo que no se han hecho demasiados esfuerzos para impedir la proliferación de la epidemia con sus catastróficas consecuencias. 
Por esta razón, muchos campesinos en Europa se ven gravemente perjudicados en su existencia, y parte de ellos se han arruinado completamente. 
Esto no se ha dicho hoy todavía. 
Explotaciones de elaboración de productos cárnicos han ido a la ruina, porque los negocios con carne de vacuno han llegado temporalmente al agotamiento. 
Por lo demás, hay que constatar un estado de inseguridad entre los consumidores que tienen unas proporciones inusitadas. 
Aquí se trata de una responsabilidad común. 
A la cabeza figura un país miembro que tiene una gran responsabilidad en la debacle de hoy. 
Sin embargo, la Comisión y el Consejo de Ministros, señor Presidente de la Comisión, han descuidado burdamente su deber de vigilancia. 
La Comisión de investigación ha demostrado claramente la incapacidad de las autoridades implicadas para llevar a cabo medidas eficaces contra la epidemia. 
Con nuestra enmienda queremos anunciar un nuevo comienzo para evitar en el futuro tales catástrofes. 
Aunque ya en 1989/90 el Parlamento con el Sr. Böge, conmigo y con muchos otros colegas hizo llegar a la Comisión y al Consejo propuestas precisas, éstas no han sido tomadas en consideración. 
Por esta razón, el Parlamento reclama el pleno derecho de codecisión en todos los ámbitos de la política agrícola, pues una lucha eficaz contra la epidemia implica el etiquetado de los animales, directivas claras y pruebas de aprovechamiento en la producción de los piensos, así como también controles estrictos. 
El mercado interior sólo puede funcionar sobre las pertinentes bases legales. 
Con nuestra resolución obtiene la Comisión la oportunidad de introducir una mejora de la estrategia en la lucha contra las epidemias y en la protección de la salud de las personas y de los animales. 
Ustedes tienen ahora esta oportunidad, señor Presidente de la Comisión, en concreto, la de hacer precisamente esto de manera conjunta con el Parlamento. 
Finalmente, quiero dar las gracias al Sr. Medina Ortega y a nuestro colega, el Sr. Böge. 
Han hecho un trabajo excelente y ejemplar y nosotros hemos contribuido gustosos a ello. 
Ahora les corresponde a ustedes hacer alguna cosa razonable de manera conjunta con nosotros. 
Señor Presidente, es obligado, como han puesto de manifiesto anteriores intervinientes, felicitar tanto al Sr. Böge como presidente de la Comisión de investigación, como al Sr. Medina, por sus trabajos en la comisión. 
Yo creo que el objetivo de investigar las supuestas infracciones o la mala administración en la aplicación de la legislación comunitaria sobre la EEB se ha cubierto totalmente y creo que la lectura de la parte A de ese informe es la mejor respuesta a esa necesidad. 
No se puede dejar de lado, además, una consideración previa recogida en el propio informe, que se refiere a la obstrucción ejercida por la Comisión ejecutiva, y por el propio ministro de Agricultura británico, que seguramente hubieran podido prestar una mejor contribución a la aclaración de algunos puntos. 
Del trabajo del ponente, yo creo que hay que resaltar tres cuestiones. 
En primer lugar, la responsabilidad de las autoridades del Reino Unido, tanto en lo que afecta a las medidas estrictas de sanidad animal como humana, su absoluto descontrol con relación a la fabricación de harinas animales, su despreocupación por la suerte de las exportaciones y las presiones ejercidas ante la Comisión y ante otros miembros del Consejo- y mi Gobierno ha sido precisamente objeto de esas presiones- para levantar y flexibilizar el embargo de carne y, posteriormente, de gelatina, sebo y espermas. 
Como bien establece el ponente, no se trata tanto de la falta de normas o de medidas legislativas, sino de la negativa a atenerse a unas reglas de juego de cooperación leal y transparencia que han de regir las relaciones entre los Estados miembros en el seno de la Unión Europea. 
En segundo lugar, quiero destacar las responsabilidades propias del Consejo. 
En tercer lugar, las responsabilidades de la Comisión ejecutiva, básicamente por la minusvaloración de la crisis de la EEB, muy vinculada al Comisario McSharry y en la que primó la situación del mercado de la carne sobre la salud humana y una clara política de desinformación y de mínimos. Una generalizada falta de coordinación entre los servicios que tenían competencias, sin resaltar la importancia que debería revestir la protección de la salud en la Comunidad y en la Unión Europea. 
En definitiva, la Comisión ha dejado mucho que desear en la gestión de la crisis de la EEB, cometiendo errores y descuidos graves. 
Suscribimos, por ello, la integridad de las recomendaciones del ponente para el futuro, pero nos parece esencial resaltar dos al menos. 
La primera, la necesidad de crear una comisión entre la Comisión ejecutiva y el Parlamento, que permita realizar un seguimiento y control de las medidas que deben adoptarse, incluidas las que hoy mismo el Presidente Santer nos ha expuesto en esta reunión del Parlamento. 
En segundo lugar, asegurar de la transparencia de los debates de los comités científicos asesores y, en general, modificar las reglas de funcionamiento que garanticen la independencia y su función asesora. 
Solamente si sacamos conclusiones de cómo se ha gestionado la presente crisis, seremos capaces en el futuro de evitar la repetición de los errores cometidos. 
Y acabo, Presidente. 
Como recuerda el ponente, desde la creación de la Comunidad ningún debate había afectado de esta manera a la vida cotidiana de la gente. 
Estamos obligados a reparar el daño que la crisis de la EEB ha causado a la idea de Europa en el conjunto de la opinión pública europea. 
Señor Presidente, cría masiva de animales, consumo masivo, destrucciones en masa, hay que evitar este camino hacia el abismo. 
No hay duda de que en la gestíon de la crisis de la EEB hay un grave fallo. 
Ante todo, en el Gobierno británico y también, como ha dicho el Presidente de nuestro grupo, el Sr. Martens, en la Comisión de los años 1990 a 1994. 
Por consiguiente, es ineludible que la Comisión sea advertida de su obligación, en concreto, en el sentido de la resolución común del PPE y del PSE. 
Aquí no se está hablando de culpas, sino que se está apelando claramente a la responsabilidad de la Comisión Europea para que ponga en práctica las recomendaciones de la Comisión de investigación. 
Por lo demás, hay que adoptar medidas de personal y de tipo disciplinario en relación con los funcionarios. 
El hecho de que el Presidente de la Comisión, el hecho de que usted mismo haya reconocido fallos, nos confirma en nuestra suposición de que esta Comisión desea y está en condiciones de hacer todo lo posible por evitar que se repitan los fallos del pasado, y de justificar la confianza que nuestro Presidente de grupo, el Sr. Martens, ha prometido a la Comisión en nombre de las quince delegaciones del PPE. 
El reconocimiento de la primacía de la protección de los consumidores y de la política sanitaria en la UE constituye un signo importante, también para los ciudadanos austriacos. 
En especial, quiero resaltar la intención de la Comisión de recurrir en el futuro solamente a científicos, la idependencia de los cuales debe estar garantizada. 
El control entre separación y legislación es también un paso reformador que hay que celebrar. 
Tomamos con satisfacción nota del hecho de que el Parlamento, como representante de los ciudadanos, obtenga una mayor facultad de codecisión en cuestiones de sanidad, de protección de los consumidores y en cuestiones agraria, así como de que en la Conferencia Intergubernamental se vaya a modificar pertinentemente el artículo 129 y que la salud de los ciudadanos goce de prioridad sobre todos los demás intereses. 
Es posible que hoy nos hayamos convertido en testigos de un giro en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
Posiblemente estas relaciones podrán colocarse sobre una base nueva bajo el saludable schock de la crisis de la EEB. 
Igual que la jefa del Grupo de los Socialistas Europeos, la Sra. Green, nosotros estamos dispuestos también a otorgar la confianza a esta Comisión, pero vamos a seguir vigilantes al servicio de los ciudadanos. 
Señor Presidente, el desarrollo de la Unión Europea depende de si los ciudadanos se declaran partidarios de una unificación europea, porque se sientan representados en sus intereses. 
Una política que concede a la economía prioridad sobre las personas, al funcionamiento del mercado sobre la sanidad pública, decepciona a los ciudadanos y ciudadanas europeos y pone en cuestión aquello que creía estar apoyando. 
Señor Presidente Santer, usted ha hablado hoy de una unión sanitaria y ha anunciado muchos cambios. 
Sólo que estos cambios, al menos una parte de los mismos, deberían haber sido posibles ya al inicio del mandato de su Comisión. 
¿Ha tenido que ser necesaria realmente una crisis como la epidemia de la EEB para moverle a usted a emprender reformas y a actuar? 
El informe de la Comisión de Investigación, por cuya elaboración quiero dar cordialmente las gracias al Sr. Medina, ha expuesto negligencias, omisiones y deficiencias y- también importante- ha formulado propuestas para el futuro. 
Reformas que son necesarias para proteger la salud pública, para reestabelcer la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas y para hacer posible un control democrático. 
Sin embargo, esto significa dar al miembro de la Comisión que sea competente para la protección de los consumidores la competencia para cuestiones relativas a los productos alimentarios con todos los recursos necesarios. 
Pero esto significa poner el artículo 100a) como fundamento jurídico para toda la legislación sobre productos alimentarios. 
Esto significa acceso público a los fundamentos de decisión, transparencia en la concesión de estudios y organización de seminarios. 
Esto significa la creación de un equivalente europeo a la norteamericana Food and Drug Agency con toda la independencia que sea necesaria. 
Por consiguiente, espero que el Libro Verde sobre el futuro de los productos alimentarios, que está anunciado ya desde hace un año y del que han hablado ya algunos de mis colegas, contenga ya estas reformas necesarias, porque, de lo contrario, carece de sentido discutir sobre esto. 
Espero ahora que se actúe con rapidez y que se utilice la Conferencia Intergubernamental para hablar con los Estados miembros acerca de las necesarias reformas de las instituciones. 
Por esta razón estoy en contra de una moción de censura en este momento. 
Si ruedan cabezas, ello no significa que puedan producirse realmente las reformas; pero sin las reformas que se han anunciado y que espero que no se queden en meras promesas, y de esto va a hacer un seguimiento minucioso el Parlamento, no se podrá lograr ningún desarrollo ulterior de la Unión Europea, que es lo que, en definitiva, deseamos todos. 
Señor Presidente, a punto de concluir el debate quisiera decir que hemos mantenido, en conjunto, una discusión que ha estado a la altura de la gravedad de la crisis y también de los resultados de la Comisión de investigación. 
Si la vaca está enferma en la cabeza, señor Presidente Santer, usted no puede decir a nadie que la carne es buena, incluso en el caso de que así fuera. 
Se ha minusvalorado, sin más, que en cuestiones alimentarias los ciudadanos europeos- y se están topando a diario con éstas- reaccionan muy sensiblemente, a veces incluso de manera hipersensible, reaccionan con mucha más fuerza que en muchos otros ámbitos, en los que probablemente podrían ser más graves los daños para la salud. 
Usted, señor Presidente Santer, ha decidido ya, en primer lugar, cosa que celebro expresamente, una serie de reformas absolutamente necesarias y, en segundo lugar, ha hecho promesas importantes. 
Valoro esto como extraordinariamente positivo. 
Igualmente quisiera señalar que tras las prolongadas idas y venidas se ha producido movimiento en la Comisión, tanto en la cuestión de la prohibición del Avopacin como en la determinación de los valores límite en los alimentos infantiles. 
Estos son, por decirlo así, efectos secundarios de los trabajos de investigación sobre la EEB, que nosotros tomamos en cuenta positivamente. 
Pero, igualmente, debo decir que, naturalmente, hay una cierta discrepancia en relación con el reconocimiento de los errores que hemos detectado y la del número de promesas. 
Quiero decir muy claramente lo siguiente: nos podíamos haber ahorrado dos meses de trabajo de investigación si ya en septiembre se nos hubiera dicho toda la verdad en las primeras respuestas sobre la gelatina en este debate fantasma. 
Y exactamente igual habríamos podido terminar de manera más concluyente los trabajos, si no se nos hubiera dado una respuesta encubridora en relación con el déficit de los controles de los años 1990/1994. 
Aquí habríamos podido ahorrar muchísimo tiempo. 
Y esto sigue legitimando la crítica en relación con el tratamiento de algunos resultados que hemos encontrado. 
Pero, por esta razón, es tan importante- y termino, señor Presidente- que como Parlamento, en primer lugar, no nos zafemos del compromiso de impulsar también ahora las cosas hacia delante tras esta acción conjunta y, en segundo lugar, de exonerar a la Comisión del seguimiento especial a tenor del apartado 7 de la resolución conjunta. 
Señor Presidente, quiero hacer constar en Acta que una parte del Reino Unido se ha visto seriamente perjudicada por toda esta terrible crisis en la que nos encontramos inmersos, me refiero a Irlanda del Norte. 
Ninguna otra parte de la Comunidad dispone de un sistema susceptible de ser rastreado como en el caso de Irlanda del Norte. 
Ninguna parte de esta Comunidad presenta unos niveles de salud más altos y ninguna parte de esta Comunidad ha hecho todo lo que estaba en sus manos para cumplir los dictados de la Comisión. 
Sin embargo, descubrimos que esa parte del Reino Unido es difamada no sólo por el Gobierno británico, sino también por esta Comunidad. 
Espero que la Comunidad tome nota de lo que acabo de decir. 
Lo he dicho al Comisario- y el Comisario coincidió con el Sr. John Hume, con el Sr. Nicholson y conmigo- que nos encontramos por delante en relación con otras partes de la Comunidad en lo que respecta a la salud animal. 
Espero que se remedie este enorme daño que se ha hecho a Irlanda del Norte. 
Gracias a usted, señor Paisley. 
Señorías, con la intervención del Sr. Paisley hemos agotado el turno de palabras y se me ha informado que la Comisión quiere intervenir: primero lo hará el Comisario Sr. Fischler, luego lo hará la Comisaria Sra. Bonino y, por último, escucharemos al Presidente Santer. 
Por lo tanto, tengo el honor de concederle la palabra al Sr. Fischler. 
Distinguidas señoras y señores diputados, hemos llegado al final de nuestro debate, el cual se ha caracterizado, en mi opinión, por cuatro cosas: ha sido un debate muy claro, ha sido en tramos muy amplios un debate muy constructivo, yo diría que ha sido el debate de más altura que he vivido desde que asisto a este Parlamento, y ha sido un debate enormemente tenso. 
Señoras y señores, el Presidente Santer ha expuesto claramente la política de la Comisión y no tengo por qué repetir todo ahora. 
Esta política nuestra es también, al mismo tiempo, la respuesta a la mayoría de las preguntas que se han planteado aquí. 
Me esforzaré también en expresar breve pero también claramente mi opinión sobre algunos puntos. 
El Sr. Martens me ha dirigido dos preguntas: ahí está, en primer lugar, la decisión sobre la gelatina. 
Ahora bien, el mismo Sr. Böge ha dicho en su intervención que en este caso se trata de un debate fantasma. 
No puedo menos que estar de acuerdo con él, pues de Gran Bretaña no ha salido ni saldrá un solo gramo de gelatina británica antes de que no esté garantizada toda la seguridad. 
La decisión sobre la gelatina se ha congelado y ya lo he explicado también en esta Asamblea. 
A la hora de su decisión la Comisión se ha apoyado en la opinión del Comité científico veterinario que ha ampliado los conocimientos científicos de que se disponía entonces. 
Sin embargo, entretanto estos conocimientos han cambiado. 
Por esta razón, sigue existiendo también la prohibición de facto a la exportación hasta que se diluciden las nuevas cuestiones que han surgido. 
Segunda pregunta: la información de la Comisión de investigación. 
Señoras y señores, el Presidente Santer ha enumerado aquí las instrucciones que he dado. 
Creo que por mi parte no necesito añadir nada más. 
Sin embargo, el Sr. Böge ha señalado aquí de qué se trata hoy sustancialmente, en concreto, de que saquemos para el futuro las lecciones de este debate, todos nosotros. 
Estoy plenamente de acuerdo con él en el contenido e incluso quisiera poner de relieve que hoy se trata de mucho más que de la sola cuestión de la EEB. 
Señoras y señores, desde hace algunos años- incluso desde mis anteriores ocupaciones- mantengo una nueva concepción y un nuevo planteamiento para la política agrícola que no siempre- y esto hay que decirlo tambiénencuentra una aceptación unánime. 
Permítanme, sin embargo, citar algunos principios que considero fundamentales para el futuro. 
En primer lugar: en mi política construyo sobre la coalición entre los consumidores y el agricultor. 
En segundo lugar: creo que todos debemos tener claro que la calidad es mejor que la cantidad. 
En tercer lugar: la protección del medio ambiente y la protección de la salud deben practicarse de amnera continuada. 
¿Qué entiendo por esto? 
El consumidor tiene hoy derecho a que desde el establo o desde el campo de cultivo hasta la mesa del consumidor se garantice un control continuado y una continuada garantía de calidad. 
Por lo demás, también se trata de que la agricultura defienda el principio de la sostenibilidad y esto implica también una cría y una protección del ganado que sea compatible con las especies. 
Señoras y señores, éstas no son solamente afirmaciones y promesas. 
En la práctica he emprendido ya una serie de pasos. 
Debo recordarles la Conferencia sobre hormonas, debo recordarles la Conferencia de Cork, debo recordarles la ampliación del reglamento relativo a la agricultura orgánica a los productos animales, debo recordarles mi iniciativa de simplificación de toda la legislación veterinaria o también la prohibición de las jaulas para terneras. 
Celebro que algunas de estas propuestas fueran acogidas tan positivamente por el Parlamento y quiero construir sobre la base de una futura cooperación tal como se ha anunciado también. 
Permítanme en este contexto una palabra más sobre la EEB. 
Quisiera decir que en este punto se han puesto en marcha algunas iniciativas importantes por parte de la Comisión. 
Permítanme recordárselas: antes de que se hablase el año pasado sobre la crisis, fue ya creado por mí el denominado Grupo Weissmann para la elaboración de un nuevo concepto de investigación para todo el sector. 
Debo recordarles que la Comisión implantó en marzo la prohibición a la exportación. 
También fue la Comisión la que propuso el paquete de medidas que ha de poner en práctica el Reino Unido y existe también aquí sobre la mesa en esta Asamblea una propuesta de mejoramiento del etiquetado de las reses y del etiquetado de los productos cárnicos. 
Pero estoy de acuerdo con una cosa: necesitamos mucha más transparencia. 
Creo que también en este punto nuestro modelo, con arreglo al cual hemos organizado la Conferencia sobre hormonas, ha marcado un punto de partida acerca de cómo habría que tratar en el futuro semejantes cuestiones ante la opinión pública. 
Señoras y señores, es inminente una reforma de las comisiones consultivas para la agricultura y, como ha dicho el Presidente Santer, se ha sugerido también un control en el ámbito sanitario. 
Creo que la Comisión y el Parlamento deben recorrer juntos estos nuevos caminos en la política agrícola. 
Una cosa debe estar clara: necesitamos para esto un anticipo de confianza, el que ustedes nos han dado hoy y, al menos en lo que a mí me atañe, haré todo lo que esté en mi mano para estar a la altura del mismo. 
Señor Presidente, Señorías, seré relativamente breve al final de este debate, pues hoy deseo ante todo hacerles partícipes de mi estado de ánimo, a saber, no hay solución milagro, y es necesario que todos ustedes sean conscientes de ello. 
Pero, por parte de la Comisión, hay un compromiso político firme, un deseo de transparencia y de buena voluntad. 
El desafío que la Comisión y el Parlamento deben afrontar es enorme, debemos inventar un modelo europeo de control y de salud pública. 
Se trata de un desafío porque, justamente, no hay un modelo preparado. 
Nos toca a nosotros dar muestra de inventiva y responsabilidad. 
Tal como empiezo a comprender en este expediente, sólo tenemos una capacidad de inspección y control en estado cuasi embrionario. 
Me pregunto, por ejemplo, si no es necesario revisar el mandato de las inspecciones. 
Me pregunto también sobre el proceso legislativo, puesto que posteriormente es necesaria una coherencia global: no basta con transferir servicios de la DG VI a la DG XXIV. 
Los problemas a resolver son, por consiguiente, mucho más amplios. 
Es necesario que la mayonesa ligue, tenemos los ingredientes, veamos en primer lugar si tenemos suficientes, y después, transformémoslos en política, algo que no es un asunto menor. 
Por otra parte, creo que se ha dado un paso en el plano administrativo. 
El Presidente lo ha dicho correctamente, un primer paso administrativo precisamente. 
Por lo demás, hemos trazado las grandes líneas; todavía falta elaborarlas y dotarse de los procedimientos para aplicarlas, algo que supone otro desafío. 
Se ha contratado una auditoría interna que determinará las dimensiones de los recursos necesarios. 
Deseo señalarles que estoy dispuesta a mantener con ustedes una primera reunión hacia mediados de marzo, es decir, nada más que haya concluido la auditoría. 
No me hago ilusiones, de aquí a tres semanas mis ideas no estarán totalmente claras, antes al contrario. 
Por ello deseo pedir opinión a sus Señorías sobre la política de control que se debería poner en práctica. 
Después, pienso volver ante este Parlamento en el mes de abril, antes de presentar la comunicación oficial de la que el señor Presidente les ha hablado, para intentar definir juntos un modelo que nos permita estar a la altura de los desafíos. 
Por otra parte, no sólo la EEB es motivo de debate; hay otros muchos expedientes a los que han hecho ustedes referencia y que reclaman toda nuestra atención, por no decir preocupación. 
Hay un problema legislativo. 
Se puede ir desde el Libro Verde al product liability, no voy a enumerarlo todo. 
Conocen ustedes la complejidad del expediente. 
Debemos hacer uso de toda nuestra energía, de nuestra capacidad de invención y de nuestro sentido de la responsabilidad. 
Varios de ustedes tienen ya experiencia en este ámbito. 
Considero que es mi deber sacar partido de todas las experiencias, ya sean a nivel de asociaciones de consumidores o de los ministerios, como ya han podido constatar ustedes. 
Por otra parte, cuando comparecí ante este Parlamento, hace dos años, se me preguntó sobre otras competencias, pero yo no disponía de ellas. 
Por consiguiente, sería razonable que nos pusiéramos de acuerdo sobre un modelo de control para nuestros conciudadanos. 
Como he dicho al comenzar, no hay solución milagrosa. 
Debemos ser conscientes de que el milagro no es para mañana a primera hora. 
Necesitamos recursos y, si deseamos desarrollar una política, debemos dotarnos de los medios de la política. 
Y cuento con el apoyo de ustedes porque, como ha dicho muy bien el Sr. Böge, hay alianzas naturales. 
Sólo falta conseguir que fructifiquen hasta el final. 
Gracias y hasta pronto, si he comprendido bien. 
Señor Presidente, señoras, señores, he escuchado con mucha atención las numerosas intervenciones en este importante debate. 
Los Comisarios Fischler y Bonino han respondido a algunas observaciones y les han comunicado su estado de ánimo en estos momentos. 
No quisiera reabrir este debate que me ha parecido constructivo, pero también muy denso. 
Para comenzar, quisiera decir que ustedes, los diputados, han hecho su trabajo presentando el informe de la Comisión de investigación y también celebrando un debate sobre este informe. 
Estoy en condiciones de decir que la Comisión deberá cumplir y cumplirá su cometido, y seguirá haciéndolo, en interés de nuestros conciudadanos. 
Al igual que ustedes, hubiera deseado que el Consejo, que también está implicado en tanto que institución, compareciera aquí en el día de hoy. 
Por encima de las diferencias de sensibilidad política, este Parlamento en su conjunto está preocupado por que los aspectos vinculados a la salud humana sean a partir de ahora tomados más en consideración en la elaboración de las políticas comunitarias. 
Comparto esta preocupación. 
Lo he dicho hace unos momentos y he señalado en mi discurso pistas concretas a seguir. 
En cuanto a la Comisión, a la luz de los trabajos de ustedes, hará todo lo que estime conveniente en virtud de sus prerrogativas institucionales y de su concepto del interés general europeo. 
Y quisiera manifestar la esperanza de que otros, como el Parlamento Europeo, tengan la valentía de romper con algunos tabúes cuando hablemos de política alimentaria y del futuro de la PAC. 
Señor Presidente, he dicho en mi alocución que deseo asumir la responsabilidad del Colegio, y éstas no son palabras vanas para mí. 
Debo decirles, con toda mi convicción, que eso es lo que he hecho desde hace dos años al frente del Colegio. 
Todas las acciones que hemos emprendido desde el anuncio en el Parlamento británico de los nuevos datos científicos el pasado marzo muestran esta intención. 
Se ha producido la decisión inmediata de un embargo total a pesar de las protestas violentas de Londres, un embargo que sigue en vigor. 
Se tomó la decisión de principio de un levantamiento condicionado del embargo con respecto a algunos productos derivados, sobre la base de los datos científicos de que disponía la Comisión en aquellos momentos. 
Deseo aclarar por otra parte que esta decisión no encontró aplicación concreta por razones que Franz Fischler ha mencionado hace unos instantes. 
Finalmente, ha habido la propuesta de un acuerdo marco aprobado por consenso en el Consejo Europeo de Florencia, acuerdo que fija unas reglas extremadamente estrictas para cualquier posible examen de una solicitud de levantamiento parcial, o de otro tipo, del embargo. 
Para concluir, debo repetir, como acaba de decir la Sra. Bonino, la determinación de la Comisión a cooperar con ustedes dentro del respeto por nuestras respectivas competencias. 
Aprovecho para saludar igualmente la oferta de cooperación que se ha hecho. 
Así es como entiendo el informe que acaba de presentarse y que se ha discutido a lo largo de esta tarde. 
Como acaba de decir la Sra. Bonino, la Comisión se declara dispuesta a informar con regularidad al Parlamento Europeo sobre el progreso de sus trabajos. 
Ojalá que del mal surja el bien y que Europa se convierta en un lugar mejor para sus ciudadanos; ése es, Señorías, mi deseo más ferviente. 
Señorías, con la intervención del Presidente Santer doy por cerrado el debate conjunto sobre la crisis de la EEB. 
La votación sobre el informe Medina Ortega y las ocho propuestas de resolución tendrá lugar el miercoles a las 12.00 horas. 
La votación sobre la moción de censura tendrá lugar el jueves a las 15.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.40 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-0001/97) , dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 44 del Sr. Gary Titley (H-0014/97): 
Asunto: No reconocimiento de cualificaciones académicas y profesionales entre Estados miembros 
Una ciudadana de mi circunscripción electoral, profesora de idiomas modernos con un alto nivel de cualificación y casada con un ciudadano francés, se ha encontrado con que las autoridades francesas no reconocen sus cualificaciones. 
Por consiguiente, le ha sido imposible encontrar un trabajo en la enseñanza de idiomas en colegios franceses. 
¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para garantizar el reconocimiento mutuo de cualificaciones en lo que respecta a la enseñanza de idiomas? 
¿Cuál es la posición del Sr. Comisario acerca del enfoque adoptado por las autoridades francesas? 
La Comisión tiene conocimiento de la cuestión planteada por Su Señoría. 
Los servicios de la Comisión han recibido numerosas reclamaciones acerca de las dificultades que han encontrado en Francia docentes procedentes de otros Estados miembros. 
En efecto, por lo que respecta a los docentes se aplica la Directiva 89/48/CEE relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años. 
El principio básico de dicha directiva es que el Estado miembro de acogida debe permitir a un ciudadano comunitario ejercer una profesión en su territorio aunque no esté en posesión del título nacional prescrito para ello, siempre que esté en posesión del título prescrito en otro Estado miembro para emprender o ejercer la misma profesión. 
El reconocimiento confiere al trabajador migrante el derecho a emprender o ejercer la profesión de que se trata en las mismas condiciones que los titulares del título nacional. 
Si la contratación de los docentes tuviere lugar mediante oposición- como en el caso de Francia por lo que respecta a la enseñanza pública- el reconocimiento autoriza a los migrantes a participar en la oposición, sin que ello constituya una garantía de superación de la misma. 
Además, las autoridades francesas pueden exigir que los docentes migrantes realicen un período de prácticas en las mismas condiciones que los ciudadanos franceses. 
Sin embargo, dichas autoridades no pueden exigir que los ciudadanos comunitarios que ya sean docentes en otro Estado miembro sigan la formación francesa para obtener el título prescrito en Francia. 
Este es el marco de referencia, y la conclusión sobre este marco de referencia, dadas las circunstancias, es que la Comisión ha iniciado contra Francia un procedimiento de infracción, de conformidad con el artículo 169 del Tratado, con respecto a la no aplicación a los docentes de las normas comunitarias sobre el reconocimiento mutuo de los títulos. 
Me complace saber que la Comisión está tomando cartas en este asunto, porque esta ciudadana de mi circunscripción a la que me he referido tiene un título del más alto nivel en francés y alemán por una universidad inglesa, está plenamente cualificada para impartir clases en el Reino Unido y tiene una licenciatura en alemán. 
Su error fue casarse con un francés e irse a vivir a Francia, donde se le ha negado el derecho a ejercer de profesora a pesar de su considerable experiencia en la enseñanza. 
De hecho, el único empleo al que tiene acceso es en colegios privados franceses como animatrice, una ocupación de un nivel muy bajo. 
La situación se ha vuelto tan difícil que esta señora se está planteando ahora regresar con su hijo al Reino Unido para buscar trabajo, dejar a su marido en Francia y reunirse con él durante las vacaciones escolares. 
Cuarenta años de integración han tenido como resultado la división de una familia, a pesar de todas la bellas palabras sobre el reconocimiento mutuo de las cualificaciones. 
Por ello me veo obligado a instar a la Comisión a que adopte la acción más eficaz y rápida posible. 
Cuarenta años después del Tratado de Roma es inadmisible que estemos dividiendo a las familias de esta forma. 
Quisiera subrayar una vez más, tras oír las observaciones que ha hecho su Señoría, que la Comisión está aplicando las medidas previstas en el Tratado. 
En la actualidad hay dos procedimientos de infracción abiertos en virtud del artículo 169 del Tratado y, si fuera necesario, la Comisión no dudará en llevar el caso ante el Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, también a mí me ha alegrado mucho la respuesta del Comisario. 
En un plano algo más amplio, me pregunto si podría informarnos sobre los avances, en caso de que los haya habido, en el acercamiento de los colegios profesionales de otros ámbitos con el fin de persuadirlos que reconozcan las cualificaciones de otros Estados miembros. 
El Colegio de abogados, digamos del Reino Unido, reconoce que un título en Derecho por una universidad británica garantiza en parte las cualificaciones profesionales necesarias para ejercer la abogacía, pero no necesariamente un título en Derecho por una universidad francesa. 
Quizá, Derecho no sea el mejor ejemplo debido a los diferentes sistemas jurídicos. 
Pero puede que ocurra lo mismo en arquitectura o en cualquier otra profesión. 
Es evidente que si los mismos derechos de acreditación no son universales en toda la Unión Europea, eso equivale a una restricción de la libre circulación en el plano laboral que va en detrimento del mercado único. 
Sí, es una pregunta muy general e importante. 
Daré una respuesta general diciendo que éste es, en realidad, uno de los aspectos clave de la libre circulación de las personas y de la ciudadanía real de la Unión. 
Estamos abordando este tipo de problemas combinando tres tipos de acción: informando, vigilando el cumplimiento y estudiando si hacen falta acciones legislativas adicionales. 
En lo que respecta a la información, todos ustedes conocen el programa Ciudadanos de Europa, a través del cual facilitamos a nuestros ciudadanos información eficaz sobre los requisitos para trabajar en un Estado miembro de la Unión Europea que no sea el propio. 
Es de gran utilidad porque facilita a los ciudadanos esta información y proporciona una retroinformación de gran utilidad sobre los obstáculos que encuentran en la práctica. 
En lo que respecta a las infracciones, acabo de mencionar un caso que afecta a un Estado miembro. 
Por último, el tercer aspecto de nuestra acción consiste en determinar si son necesarias medidas legislativas adicionales. 
Permítame recordar a sus Señorías que la libre circulación de las personas entra en el ámbito del grupo de alto nivel del que forma parte la Sra. Simone Veil. 
Gracias a su ayuda y a la ayuda de sus colegas estamos descubriendo la posible necesidad de acciones legislativas adicionales en este campo. 
Este es un tema recurrente, importante, sobre el que la Comisión no puede sino confirmar su respuesta a la pregunta escrita E-3061/96 de Su Señoría. 
La Comisión debe atenerse a la decisión del Consejo que suprime- a partir del 30 de junio de 1999- las ventas libres de impuestos dentro de la Unión. 
La Comisión no considera conveniente realizar un estudio a este respecto. 
A lo sumo, la Comisión lamenta que, hasta ahora, el sector de actividad interesado no haya aprovechado el largo lapso de tiempo a su disposición para elaborar una estrategia de adaptación a la supresión de la ventaja fiscal que se deriva de estas ventas, si bien han pasado ya cinco años desde la adopción de esta decisión. 
Puedo añadir que la Comisión está convencida de que, al no ser necesario un estudio, el solo hecho de anunciarlo daría a la industria interesada una señal equivocada, inadecuada, que podría hacer retrasar más esas adaptaciones que son necesarias para ajustarse a la decisión adoptada hace muchos años y con efectos a partir del 30 de junio de 1999. 
Señor Comisario, he formulado esta pregunta y otras dentro del mismo ámbito para intentar establecer si cumplimos con lo que decimos, si estamos dispuestos a asumir las consecuencias lógicas de aquello que definimos como importante en cualquier ocasión. 
La supresión de la venta libre de impuestos tendrá unas repercusiones- esto es innegable. 
A pesar de ello, no se ha llevado a cabo ningún análisis digno de mención de las consecuencias anteriormente a la toma de decisión sobre el asunto. 
Esto es lo que yo solicito que se haga ahora antes de que entre en vigor la decisión, y que se posponga su puesta en vigor a la espera de los resultados de dicho análisis. 
Es justo que sepamos qué es lo que hacemos. 
Algunos países miembros de la UE han realizado sus análisis de lo que puede suceder. 
Teniéndolos todos en cuenta, se trata de una reducción del volúmen de ventas del orden de 4 mil millones de ecus, y de una cantidad de alrededor de 100.000 empleos que pueden desaparecer de la UE. 
Aunque esta cifra fuera exagerada, la mitad ya constituiría una catástrofe, sobre todo si consideramos que lo que intentamos es disminuir y no aumentar el paro. 
La cuestión es: ¿Estamos dispuestos a aceptar estas repercusiones, cuando en otros contextos decimos que hacemos todo lo posible por disminuir el desempleo? 
Tengo que precisar a Su Señoría que la decisión de la que hablamos es una decisión vinculante, que en su momento se tomaron en consideración todos los elementos útiles para tomar una decisión consciente, que se considera incompatible, en el plano del principio de un mercado único, que existan duty-free intracomunitarias y que, como ocurre a menudo en las cosas económicas, si hay ventajas para algunos debido a la existencia del sistema de duty-free, hay desventajas muy importantes para otros: por ejemplo, el comercio en general sufre ciertamente un daño por el hecho de que existen ventas libres de impuestos en localidades específicas. 
El sistema de las duty-free, por ejemplo, altera la competencia entre medios de transporte, etcétera. 
Todas estas son consideraciones que en su momento tuvieron la debida importancia en las decisiones que se tomaron. 
Lo que se puede señalar es que, en cambio, se concedió un período de adaptación especialmente largo que se emplea útilmente no para hacer y rehacer estudios sobre una situación bien conocida, sino para poner a punto, por parte de los operadores interesados, esas adaptaciones y esos ajustes que la nueva situación, anunciada previamente desde hace tiempo, requerirá. 
Señor Presidente, tengo una pregunta sobre el mismo ámbito más adelante. Por eso me sumo a la del Sr. Stenmarck. 
Estoy de acuerdo con el Comisario en que ésta es una cuestión de principio para el mercado interno. 
Si nos guiamos por los principios, lo correcto es que desaparezca la venta libre de impuestos y que no exista dentro de este mercado. 
Pero la realidad está en contradicción con los principios. 
La cuestión es si hay que seguir los principios o si hay que adaptarse a la realidad. 
En este caso la autoridades marítimas suecas han elaborado un estudio que ha llegado a mis manos. 
Demuestra que van a desaparecer muchos puestos de trabajo en Suecia en los lugares que dependen del tráfico marítimo. 
Yo mismo, que he crecido en uno de estos lugares, lucho por el empleo en Europa, y afirmo que la Unión Europea puede hacer algo en este sentido, ¿Qué voy a decirles a las personas que trabajan en las líneas marítimas cuando se suprima la venta libre de impuestos? 
No van a creer que lucho contra el paro. 
En este caso pienso que los principios deben dar paso a la realidad, es decir, que de momento la prioridad de crear empleo es la más importante para la Unión Europea. 
Como ustedes saben, el gran esfuerzo de construcción del mercado único tiene una finalidad principal: la de hacer la economía europea más competitiva y de aumentar, por lo tanto, el empleo. 
La realidad a la que se me remite es una realidad en la que hoy la existencia de las duty-free fomenta, ciertamente, algunos puestos de trabajo en determinados sectores. 
Pero no podemos olvidar que, frente a esos puestos de trabajo, faltan puestos de trabajo en otros sectores, en otros medios de transporte, en el gran comercio, en el comercio en general quiero decir, aparte de las duty-free. 
Por consiguiente, es precisamente la exigencia de tener un mercado único europeo que funcione la que nos lleva a suprimir esas desviaciones que lo hacen menos eficaz, entre las que se encuentra, sin duda alguna, la desviación que representan las duty-free. 
Además, quiero señalar que en el caso, por ejemplo, de los aeropuertos no se abolirían ciertamente las duty-free en los vuelos extracomunitarios, y deseo poner de relieve que una de las ventajas de las tiendas y de los comercios presentes en los aeropuertos, mucho más allá de la ventaja fiscal, es la de poder dirigirse a un público que tiene tiempo libre a la espera del avión y que, ciertamente, efectuaría compras también independientemente de la abolición de la ventaja fiscal. 
Quiero dejar claro que no defiendo la venta libre de impuestos por principio, pero que me causan gran preocupación las consecuencias de que se suprima. 
Para dar un ejemplo concreto: hay muchas líneas de transbordadores que atraviesan el mar Báltico. 
Todas las compañías tienen problemas de productividad, y la venta libre de impuestos constituye un gran parte de sus ingresos. 
Al norte de la zona de Estocolmo existe una sola línea marítima que funciona todo el año entre Suecia y Finlandia entre las localidades de Umeå y Vasa. 
Es muy poco probable que la línea sobreviva si se suprime la venta libre de impuestos. Esto conllevaría la interrupción de la estrecha cooperación que existe entre estas regiones, que además reciben ayudas de la UE vía el programa Interreg, destinadas a una cooperación que incluye precisamente el ámbito de las comunicaciones. 
Una de las consecuencias sería también la desviación del transporte por vehículos pesados, que tendría que dejar atrás cientos, seguramente miles de kilómetros más para llegar a su destinación. 
¿Tiene pensado la Comisión hacer algo para que las vías de comunicación especiales, que la UE ya apoya actualmente de modos diversos, puedan sobrevivir a la supresión de la venta libre de impuestos en los casos en que se den motivos especiales para hacerlo? 
A menudo se esgrime este argumento, es decir, que las ventas libres de impuestos constituyen una fuente de financiación de las infraestructuras de transporte, o de algunas formas de transporte, especialmente a través de los canones que a menudo se cobran, y que los operadores de establecimientos comerciales deben pagar para ejercer sus actividades en el seno de estas infraestructuras, especialmente en los aeropuertos, pero también en otras infraestructuras. 
Por lo que se refiere a las ventas libres de impuestos a bordo de los ferries, por ejemplo, es incontestable que representan una parte nada desdeñable de los ingresos de las compañías marítimas y les permiten equilibrar sus costes de explotación, incluso de mantener las líneas deficitarias. 
Por tanto, las ventas libres de impuestos pueden aparecer como si constituyeran ayudas al funcionamiento en el ámbito de los transportes. 
La Comisión considera que si ha de prestarse apoyo en el plan comunitario en este ámbito, sería conveniente buscar soluciones específicas, independientes de los mecanismos de la fiscalidad indirecta. 
Todos estamos, a mi juicio, en favor de la transparencia, si se considera que son necesarias ayudas de Estado, que se soliciten, se evalúen y, llegado el caso, se autoricen en tanto que ayudas de Estado y no de una manera disfrazada, a través de la fiscalidad, contraria a los principios del mercado único. 
De forma excepcional, y aunque el Reglamento no prevé dos oradores principales, daré la palabra al Sr. Watts. 
Debe usted saber, señor Watts, que de conformidad con el Reglamento sólo uno o dos diputados, aparte del interrogador, tienen derecho a presentar una pregunta. 
El Comisario se ha referido a las desventajas de la venta libre de impuestos y ha citado una serie de ámbitos en los que se cree que ha tenido repercusiones negativas sobre el sector de la venta al por menor y sobre el sector de los transportes, por ejemplo. 
¿Podría el Comisario facilitar a este Parlamento los estudios que respaldan dichas afirmaciones? 
He hecho una serie de afirmaciones que están basadas en elementos procedentes de diversas fuentes que se han ido recopilando con el tiempo. 
Confirmo que la Comisión no tiene intención de encargar ningún estudio adicional. 
Ésta fue, por otro lado, la posición que adoptó el Consejo ECOFIN a raíz de su reciente consideración sobre este asunto. 
La pregunta nº 46 del Sr. Jensen no se responderá por haberse incluido en el orden del día. 
Se examinará el próximo viernes. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 46 del Sr. Jensen, 47 del Sr. Sturdy y 48 del Sr. Gallagher no se formulan. 
Señor Presidente, quiero consultarle sobre un problema de Reglamento. 
Quiero saber si se puede mantener la pregunta realizada por otro diputado. 
¿No? 
De acuerdo. 
Pregunta nº 49 del Sr. Mark Watts (H-1041/96): 
Asunto: Seguridad del túnel bajo el Canal de la Mancha 
La Comisión está sin duda al corriente del grave incendio registrado en el túnel bajo el Canal de la Mancha el 19 de noviembre de 1996. 
¿Qué medidas en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 75 (» medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes» ) ha adoptado la Comisión en relación con dicho túnel? 
¿Se ha dirigido la Comisión a los Gobiernos del Reino Unido y Francia para interesarse por sus aspectos de seguridad? 
¿Se ha hecho alguna referencia, en este contexto, al diseño de los vagones de mercancías? 
¿Teme la Comisión que el Gobierno del Reino Unido se niegue a hacer públicos los informes de seguridad sobre el túnel bajo el Canal de la Mancha? 
¿Tiene la Comisión la intención de ejercer presiones para conseguir la publicación de estos datos? 
¿Tiene la Comisión la intención de realizar alguna declaración sobre el incendio en el túnel bajo el Canal de la Mancha? 
Como tal vez recuerde su Señoría, en el marco de la reunión de la Comisión de Transportes y Turismo del 18 de diciembre, afirmé que la Comisión atribuye la máxima importancia al mantenimiento del más alto nivel de seguridad que es habitual en el transporte ferroviario. 
No cabe duda de que la seguridad es el principal objetivo de la Política Común de Transportes, y es fundamental que todas las modalidades del transporte ferroviario, incluida aquélla a través del túnel bajo el Canal de la Mancha, sean como mínimo igual de seguras que las del transporte ferroviario convencional. 
En estos momentos, la Comisión no tiene conocimiento de que existan pruebas que demuestren que se ha cuestionado la actual legislación comunitaria a raíz del accidente ocurrido en el túnel. 
Cuando dispongamos de los resultados de varias investigaciones que se están llevando a cabo, puede que debamos plantearnos la necesidad de una acción comunitaria. 
Las investigaciones de los accidentes que ocurren durante el transporte ferroviario, como creo que sabrá su Señoría, entran estrictamente en la competencia jurídica de los Estados miembros. 
No obstante, puedo informar a la Asamblea que la directiva aprobada recientemente sobre el transporte ferroviario de mercancías peligrosas prevé específicamente unas normas de seguridad más estrictas que las habituales en el túnel bajo el Canal de la Mancha. 
El diseño de los vagones de mercancías no es, sin embargo, competencia de la Comisión. 
Por último, la Comisión no tiene conocimiento de que el Reino Unido se haya negado a facilitar información, como sugiere su Señoría. 
Conozco el estrecho y vivo interés que siente su Señoría por todo lo relacionado con el túnel bajo el Canal de la Mancha, y desde luego le mantendré informado de cualquier acontecimiento que pueda ser de su interés. 
Agradezco al Comisario su amplia respuesta. 
Tengo entendido que no ha escatimado esfuerzos, en el marco de la competencia que le confiere su calidad de Comisario, para examinar minuciosamente este asunto que entra dentro de sus responsabilidades. 
Pero estoy seguro de que comprenderá mi inquietud al oírle afirmar que comentará el caso cuando disponga de los informes. 
Nos preocupa seriamente que, por ejemplo, el informe sobre la investigación francesa no se haga público o no sea puesto a disposición del público, así como que las deliberaciones de la autoridad responsable de la seguridad en el túnel bajo el Canal de la Mancha no se harán necesariamente públicas en su totalidad, en particular, todos los documentos sobre los que se basa la aprobación de los vagones semiabiertos que han tenido un papel clave en el origen y la propagación del incendio. 
¿Estaría dispuesto el Comisario a unirse a mí en la presentación de una solicitud al Gobierno británico para que abra los libros en este caso y permita que el público juzgue por sí mismo si el túnel es seguro o no? 
Eso significa que deberán publicarse todos los documentos sobre la autoridad responsable de la seguridad del túnel bajo el Canal de la Mancha. 
Sin dichos documentos, pienso que no estaremos en condiciones de juzgar si el túnel es seguro o no. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al distinguido diputado. 
Creo que la historia de informes sobre la investigación de accidentes importantes, como el ocurrido en el túnel bajo el Canal de la Mancha, demuestra que todas las autoridades, así como el público en general y los operadores, tienen los mayores intereses creados que puedan tenerse en que exista la máxima transparencia. 
Es el único medio de garantizar no sólo que se aprende de los errores cometidos en el pasado, sino también que ello resulta evidente. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 50 del Sr. Torres Couto no se formula. 
Pregunta nº 51 de la Sra. Nuala Ahern (H-0023/97): 
Asunto: Transportes radiactivos y seguridad de las comunidades costeras 
En 1995, cuando tuvo lugar el primer transporte de residuos nucleares vitrificados altamente radiactivos de Francia a Japón, no se reveló ninguna información sobre la ruta seguida. 
A la llegada del cargamento a su destino se descubrió que uno de los contenedores se había corroído, con lo que se habían producido escapes de radiación. 
Por lo que se refiere al actual cargamento de residuos nucleares vitrificados altamente radiactivos que abandonó Francia en enero de 1997, ¿es responsabilidad de un Estado miembro (por ejemplo, Francia) informar a la Comisión de la ruta que se va a seguir? 
¿Ha informado Francia a la Comisión? 
¿Qué medidas ha tomado la Comisión para informar y proteger a las comunidades costeras que se encuentran en esa dirección en caso de que se produzca una situación de urgencia a bordo del buque, en este caso el Pacific Teal? 
En el seno de la Unión Europea, la información a los Estados miembros y a la Comisión relativa al transporte de residuos radiactivos está garantizada mediante las dos disposiciones siguientes: primera, la Directiva del Consejo 92/3, relativa a la supervisión y al control de los transportes de material radiactivo entre los Estados miembros y hacia el interior y el exterior de la Comunidad. 
Dicha directiva establece un procedimiento para garantizar que el transporte de residuos radiactivos tiene lugar únicamente con el consentimiento previo de todos los Estados que puedan verse afectados. 
Los formularios y documentos estándar para la aplicación de dicha directiva quedaron establecidos mediante una decisión de la Comisión de octubre de 1993. 
La información a la Comisión está garantizada gracias a los informes sobre la aplicación de la directiva que deben presentar los Estados miembros cada dos años. 
Segunda, la información sobre el transporte marítimo de material radiactivo, incluidos los residuos radiactivos, está contemplada también en la Directiva 93/75, que obliga a los operadores y a los patrones de los buques que transportan mercancías peligrosas o contaminantes proporcionar a las autoridades competentes del Estado miembro de destino o de origen información detallada sobre la ruta prevista y el cargamento del buque. 
La Comisión no recibe información directa sobre cada cargamento individual de material radiactivo, ni tampoco tiene la Comisión el deber de informar a los Estados costeros en caso de que se produzca una emergencia a bordo. 
No obstante, en virtud de la directiva, el Estado miembro en cuestión tiene la obligación de proporcionar ese tipo de información. 
Gracias por su respuesta, señor Comisario, que ha sido bastante explícita. 
Tengo entendido que el Gobierno australiano ha sido informado de este cargamento en particular. 
¿Podría confirmar o negar este extremo en concreto? 
Si es cierto- y su respuesta parece indicar que los Estados miembros de la Unión Europea deben ser informados previamente y aprobar los transportes a lo largo de sus carreteras y desvíos costeros -, ¿podría usted confirmar si en el caso de los transportes a través del Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya, el Mar de Irlanda, el Mar del Norte y el litoral atlántico de la Unión Europea, se ha informado a todos los Estados miembros de dicho cargamento y si éstos han dado su consentimiento? 
¿Podría confirmarnos específicamente este extremo? 
Le doy las gracias a su Señoría. 
Si dispone de información específica relativa a Australia, me alegraría mucho que me escribiera e informara explícitamente al respecto. 
Aunque es evidente que no tenemos competencia en esa zona del mundo, ciertamente mantenemos un interés, el cual se vería complementado por la información que pueda facilitarnos. 
Sobre toda esta cuestión del transporte de tránsito, la Comisión adoptó en diciembre de 1993 una propuesta de directiva del Consejo por la que se creaba un sistema europeo para informar sobre los transportes, denominado Eurorep. 
Su objetivo es ampliar los requisitos de notificación de la Directiva 93/75 a todos los buques que transportan mercancías peligrosas o contaminantes que pasen frente al litoral europeo y se dirijan a un país fuera de la Unión Europea. 
No obstante, ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo político en el seno del Consejo sobre el documento de la Comisión, Eurorep sigue sobre la mesa del Consejo. 
La inminente ratificación por parte de la Comunidad del Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho marítimo da a nuestra propuesta un fundamento jurídico más sólido en lo que respecta al Derecho internacional, y esperamos que ello permita la reanudación de las negociaciones sobre dicha propuesta a nivel comunitario. 
Espero con interés recibir más noticias de su Señoría. 
Sólo quiero decirle al Comisario Kinnock que le escribiré sin falta y le facilitaré la información específica sobre Australia. 
Pero, ¿podría decirme si los Estados miembros por los que ha pasado el cargamento han dado realmente su permiso de tránsito? 
De su respuesta cabe deducir que tal vez lo hayan hecho. 
Pero ¿lo han dado realmente? 
¿Puede decírnoslo? 
Investigaré esa cuestión concreta y daré a su Señoría una respuesta clara. 
Pregunta nº 52 del Sr. Florus Wijsenbeek (H-0030/97): 
Asunto: Ayuda para una empresa de transportes valona 
¿Considera la Comisión que es compatible con los objetivos referentes al transporte combinado y a unas condiciones de competencia iguales el hecho de que el Gobierno de Valonia preste a la empresa de transportes TTS (Bierset) una ayuda por un importe de 200 millones de francos belgas para la adquisición de material rodante de dimensiones extraordinarias destinado a la importación de piezas de recambio de automóviles desde Alemania? 
Los servicios de la Comisión, como primer paso, solicitan a los Estados miembros correspondientes que faciliten todos los detalles de la ayuda en un plazo de quince días hábiles. 
Si no hay respuesta o si ésta es incompleta, se vuelve a solicitar al Estado miembro que facilite información detallada en el plazo de otros quince días hábiles y, en ese momento, se le advierte que la Comisión está facultada para presentar un requerimiento judicial. 
En base a la información completa facilitada en la respuesta, la Comisión puede optar por no plantear ninguna objeción a la ayuda, plantear una objeción a la ayuda o por iniciar procedimientos en virtud del apartado 2 del artículo 93 por la existencia de dudas o por la falta de información. 
Si el Estado miembro ha hecho caso omiso de la solicitud de información, la Comisión puede presentar un requerimiento judicial para obtener dicha información. 
El requerimiento puede además ordenar al Estado miembro que suspenda el pago de la ayuda hasta disponer del resultado de la investigación, o el requerimiento puede exigir al Estado miembro que proporcione la información que necesita la Comisión para emitir un dictamen sobre el caso. 
Ha sido la mejor no-respuesta que jamás he recibido de la Comisión. 
Conozco bien los procedimientos. 
He llevado este asunto a la atención de la Comisión especialmente y he facilitado la información necesaria sobre lo sucedido, porque quisiera que la Comisión tome una posición y nos diga, en nuestra calidad de diputados al Parlamento, si aprueba este tipo de subsidios estatales o no. 
Si no lo aprueba, debe tomar medidas de inmediato. 
Por ello, quisiera conocer la opinión del Comisario sobre si considera válido este tipo de ayudas. 
La Comisión no tenía conocimiento de la existencia de dicha financiación, pero ha solicitado información a las autoridades belgas con el fin de establecer si pudiera tratarse de un caso de ayuda estatal no notificada. 
Resulta difícil de aceptar que por proporcionar una respuesta completa y objetiva sobre todo el procedimiento de las ayudas estatales, la Comisión sea acusada de no ofrecer respuestas. 
Información precisa y veraz es información precisa y veraz. 
Pregunta nº 53 del Sr. Sören Wibe (H-0043/97): 
Asunto: Construcción de la vía férrea de Bothnia en el norte de Suecia 
Hace poco, el Gobierno sueco decidió construir una nueva vía férrea. 
El primer tramo va desde Sundsvall hasta Umeå. 
La nueva vía tiene por objeto aumentar el acceso al norte de Suecia y, en el futuro, deberá servir de comunicación entre el norte de Suecia y el norte de Finlandia. 
Más adelante, está previsto incluso el enlace con la región de Murmansk. 
¿Cuenta Suecia con la posibilidad de recibir alguna ayuda de la UE para construir esta vía de ferrocarril y, en caso afirmativo, a cargo de qué línea presupuestaria se puede solicitar la ayuda? 
La vía férrea de Bothnia no está incluida actualmente en la red europea de transportes y su inclusión no fue solicitada por el Parlamento ni por el Consejo durante el procedimiento de aprobación de las directrices de la red transeuropea. 
Al no ser considerado un proyecto de interés común en el marco de los requisitos de la legislación, no puede beneficiarse de ayuda financiera con cargo al presupuesto para las redes transeuropeas. 
Además, habida cuenta de que los fondos regionales que cubren esa zona no incluyen la infraestructura para transportes y que los fondos disponibles no guardan ninguna relación con el posible coste del proyecto, éstos tampoco pueden utilizarse para cofinanciar el proyecto. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta, aunque ha sido muy negativa. 
Estamos hablando de una vía situada a una gran distancia de nosotros, exactamente a 2.000 kilómetros de aquí. 
No obstante, es de una importancia vital para la región en que se encuentra, sobre todo para el transporte comercial. 
No entiendo la afirmación del Comisario de que esta cuestión no tiene nada que ver con el transporte comunitario. 
Se trata de una vía que evidentemente va a utilizarse para conectar el norte de Suecia con el norte de Finlandia, y tras su ampliación, el noroeste de Rusia con el resto de las vías férreas europeas. 
El hecho de que no se contemple en los planes actuales se debe sencillamente a que la decisión sobre la construcción de esta vía se ha adoptado muy recientemente. 
Mi pregunta adicional al Sr. Kinnock es, naturalmente, si es completamente inadmisible que se incluya ex post facto esta vía de extrema importancia en la red transeuropea de ferrocarril. 
Le doy las gracias a su Señoría. 
En primer lugar, la idea de incluir la vía férrea de Bothnia en las redes transeuropeas no se ha descartado- por utilizar una frase del Sr. Wibe -, sencillamente porque hasta 1999 no se llevará a cabo una revisión de las directrices. 
Quisiera señalar asimismo a su Señoría que para poder considerar la inclusión de un proyecto en la red transeuropea, y poder así recibir fondos con cargo al presupuesto, debe contar con el respaldo o la nominación del gobierno de un Estado miembro. 
Si la vía férrea de Bothnia no ha sido incluida en la propuesta de la red transeuropea, ello se debe, en primer lugar, a que no ha sido nominada por un Estado miembro, en segundo lugar, a que no fue incluida cuando se debatió en el Parlamento y, en tercer lugar, a que tras consideraciones adicionales, el Consejo decidió no incluirla. 
Si el Gobierno sueco presenta una propuesta y si se siguen los procedimientos adecuados, cabe la posibilidad de que se incluya dicha vía férrea. 
Pero ello dependerá enteramente de la iniciativa del Estado miembro. 
Pregunta nº 54 del Sr. Hans Lindqvist (H-0047/97): 
Asunto: » Scandinavian Express Loop» 
En la actualidad, Suecia y Noruega están examinando la posibilidad de interconectar una serie de ciudades suecas y noruegas mediante una vía de ferrocarril. 
Este proyecto, denominado «Scandinavian Express Loop» formaría un circuito de ferrocarril entre las ciudades Estocolmo-Östersund-Tronheim-Oslo-Estocolmo. 
La «Vía Atlántica» que ya había sido examinada anteriormente forma igualmente parte del proyecto. 
Estas líneas de ferrocarril existen ya, pero es necesario modernizarlas y prepararlas para el tráfico de trenes de alta velocidad. 
¿Cómo estima la Comisión la posibilidad de que el proyecto reciba ayuda financiera de la UE? 
La vía férrea Atlantbanan está incluida en el Anexo I de la Decisión sobre las directrices comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes como un proyecto de interés común. 
La sección sur de esta vía férrea también está incluida, como sabrá su Señoría, en el Triángulo Nórdico, que es uno de los catorce proyectos prioritarios que fueron respaldados en el Consejo Europeo de Essen y en la decisión legal presentada a este Parlamento y aprobada por el mismo. 
La línea de ferrocarril es uno de los componentes del ambicioso proyecto denominado «Scandinavian Express Loop». 
Como proyecto de interés común, la parte sueca de la línea férrea podría beneficiarse de la ayuda financiera comunitaria con cargo a la partida presupuestaria para las RTE, pero hasta el momento, las autoridades nacionales competentes no han solicitado ninguna aportación de la Comunidad. 
En base a la información disponible, no parece posible la utilización de otros fondos comunitarios para financiar este proyecto. 
De hecho, parece que la parte sueca de la línea de ferrocarril será financiada íntegramente por las autoridades nacionales responsables de la infraestructura ferroviaria, la Banverket. 
Gracias por su respuesta- no ha sido totalmente insatisfactoria. 
Significa que la planificación que se puso en marcha entre Suecia y Noruega puede continuar, y así lo ha hecho hasta la fecha. 
De todos modos, es positivo que la vía entre dentro de una planificación que pueda proporcionarle ayuda económica. 
Se trata de una vía que iría en circunvalación desde Estocolmo al Ostersund, para continuar hacia Noruega pasando por Trondheim, después por Oslo y luego de vuelta a Estocolmo. 
Mi pregunta adicional al Comisario es: ¿Qué debe hacer el Gobierno sueco para solicitar que se le proporcionen los recursos necesarios para esta vía? 
¿Hay posibilidades de que Noruega pudiera impulsar este proyecto, aparte de la cooperación bajo los auspicios de Interreg que funciona entre los dos países, donde también se incluye la vía mencionada? 
Lamento informar que, como resultado de la decisión del pueblo noruego, ese país no forma parte de la Unión Europea. 
Por consiguiente, no podemos hacer ningún llamamiento a Noruega en lo que respecta al desarrollo complementario de la infraestructura, aunque sé que las buenas relaciones que mantiene Noruega con otros países significa que existen posturas comunes en el plano político en materia de infraestructura. 
Pero, lamentablemente, debido a los resultados del referéndum, enviar recomendaciones a ese país no figura entre las funciones de la Comisión. 
En cuanto a las ayudas con cargo a los fondos para las RTE, el paso que debe darse, como he señalado en una respuesta anterior, consiste en que el Gobierno sueco presente una solicitud, la cual recibiría la debida atención. 
Pero, habida cuenta de que este proyecto en particular ha sido reconocido de interés común, dependiendo de su madurez, las posibilidades de que obtenga ayuda financiera de la Comunidad serían, cuando menos, tan favorables como en el caso de otros proyectos similares. 
¿Existe alguna posibilidad de incluir proyectos de importancia transnacional de este tipo en las redes transeuropeas? 
En caso afirmativo, ¿qué trámites deben seguir los dos gobiernos interesados? 
Probablemente, como seguro que sabrá el Sr. Wijsenbeek, deberán actuar positiva y colectivamente en virtud de los requisitos que establecen las actuales disposiciones de la legislación en vigor, debido a la necesidad de llevar a cabo una revisión en 1999 y debido a que dichos proyectos, por definición, tienen períodos dilatados de planificación y de desarrollo. 
Espero que, en el futuro, podamos emprender proyectos de auténtico valor transeuropeo en mayor proporción de lo que nos es posible en la actualidad. 
Por consiguiente, espero que los gobiernos de los Estados miembros no se olviden de su responsabilidad de presentar las propuestas iniciales y que lo hagan teniendo en cuenta la legislación en vigor, la naturaleza de los proyectos prioritarios de la red transeuropea y, también, toda la filosofía del plan de la red. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 55 del Sr. Holm y 57 del Sr. Billingham no se formulan. 
Pregunta nº 58 de la Sra. Birgitta Ahlqvist (H-0032/97): 
Asunto: » Aprender en la sociedad de la información. Plan de acción para una iniciativa europea de educación» 
Aun felicitando a la Comisión por la iniciativa que ha tomado con este plan de acción (COM (96) 471) , cabe señalar, no obstante, que en ella brillan por su ausencia algunas consideraciones importantes. 
No hay nada previsto, por ejemplo, para los minusválidos que, sin embargo, se encuentran entre los principales beneficiarios de la sociedad de la información, puesto que las nuevas tecnologías informáticas permiten reducir e incluso suprimir las consecuencias de algunas minusvalías. 
Al finalizar el programa HELIOS, la Comisión se comprometió a incluir los objetivos de este programa en el conjunto de sus políticas. 
¿No se podría incluir esta dimensión, con una dotación presupuestaria adecuada, en el actual plan de acción? 
El plan de acción destinado a una iniciativa europea en la esfera de la educación está dirigida a la educación primaria y secundaria. 
Por tanto, incluye como grupo destinatario a todos los alumnos que frecuentan los centros escolares de estos niveles, incluidos los niños discapacitados. 
Es evidente que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación adaptadas a la educación pueden aportar un apoyo eficaz al proceso de aprendizaje de los alumnos discapacitados, especialmente a aquellos que tienen dificultades físicas para asistir a la escuela, pero también aquellos que presentan dificultades cognitivas. 
El plan de acción se basa, para su aplicación, en la utilización de los programas existentes, tales como ESPRIT, TELEMÁTICA, LEONARDO DA VINCI y, en primer lugar, SÓCRATES, en el marco de las decisiones, procedimientos y presupuestos correspondientes. 
En lo que se refiere a SÓCRATES, la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo relativa a la aprobación del programa, prevé la consideración de las necesidades específicas de las personas discapacitadas en estos diferentes capítulos. 
De conformidad con la nueva estrategia comunitaria en materia de discapacidades, adoptada por la Comisión en su comunicación del 30 de julio de 1996 y en particular su concepto de mainstreaming y vista la resolución del Consejo del 20 de diciembre de 1996 sobre la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas, la aplicación del plan de acción en favor de una iniciativa europea en la educación velará por integrar las necesidades de las personas discapacitadas. 
Asimismo, este aspecto se tendrá en cuenta en el seguimiento del Libro Verde sobre los aspectos sociales de la sociedad de la información. 
Me satisface poder agradecerle su respuesta. 
La Sra. Ahlqvist se encuentra enferma, con mucha fiebre, a 2.000 kilómetros de nosotros. 
Se siente muy afligida por no poder estar aquí. 
Lo que ella habría dicho sobre esta cuestión es que en el excelente plan de acción para una iniciativa de educación europea, encuentra a faltar unas acciones en favor de los minusválidos. 
Creo que la Comisaria Cresson demuestra verdaderamente que existe la voluntad política de incorporar también las posibilidades que las nuevas tecnologías representan para estos ciudadanos. 
Por un lado, los minusválidos físicos podrán mejorar sus posibilidades e incrementar su movilidad en el mercado de trabajo, por otro lado los psíquicos, discapacitados para la formación, podrán mantener contacto con su entorno de un modo muy diferente al actual. 
Espero que en los procedimientos de licitaciones dentro de este plan de acción se aproveche realmente el hecho de que, si se incorporan estos aspectos en un estadio temprano dentro de las compras a realizar, se podrá adaptar esta tecnología y podrán utilizarla los minusválidos a un coste muy reducido. 
Sí, efectivamente, además todos nosotros alentamos los progresos que pueden hacerse en este ámbito. 
Existen, por ejemplo, sistemas de ordenador para los ciegos, que permiten expresarse en braille. 
Existe un determinado número de sistemas también para las personas que no pueden moverse y que son sistemas de comunicación cada vez más perfeccionados. 
Por tanto, estoy plenamente convencida, como usted dice, de que en el marco de los procedimientos de la Comisión y en el marco de las grandes orientaciones ya adoptadas en los textos que les señalaba hace un momento, vamos a poder progresar de una manera totalmente significativa y satisfactoria en lo que se refiere a la participación cada vez más importante de las personas discapacitadas en el sistema general de la información y en las redes del conocimiento. 
Claro está, siempre puede progresarse, y en nuestro sector de la investigación igualmente, debemos poner en marcha proyectos. 
En el marco de los programas informáticos educativos, por ejemplo, donde tenemos una pequeña célula que trabaja sobre este tema, podemos efectivamente aportar respuestas totalmente particulares a estas diferentes categorías de personas, porque no existe un solo tipo de discapacidad. 
Pregunta nº 59 del Sr. Joan Vallvé (H-0034/97): 
Asunto: Aplicación del programa Sócrates 
Este diputado se dirigió a la Comisión el pasado mes de febrero de 1996 preguntando por la mención del considerando 11 del texto de la Decisión del programa educativo Sócrates- relativo a la posibilidad de incluir lenguas que tengan un estatuto nacional sin ser lenguas oficiales de la UE y que sean utilizadas de modo sustancial en las universidades, como es el caso del catalán- en la Guía del candidato de 1996 de este programa, a lo que usted contestó que podría introducirse una mención expresa del mismo en la Guía del candidato prevista para 1997. 
¿Se han tomado las medidas necesarias por parte de la Comisión para que esto se cumpla, teniendo en cuenta que ello sería en aras de una mejor aplicación de lo establecido en el texto de la Decisión del programa y en el informe Reding aprobado en diciembre de 1990 por este Parlamento sobre la situación de las lenguas en las Comunidades Europeas y la de la lengua catalana? 
En lo que concierne a la aplicación del Programa SÓCRATES, la Comisión desea que las guías del candidato de los programas comunitarios sean sencillas y concretas. 
El texto actual de la guía 1997 de SÓCRATES hace referencia a las lenguas de enseñanza de los países participantes, sin especificar estas lenguas. 
Los servicios de la Comisión están haciendo lo necesario para que la guía de 1998 mencione explícitamente, además de las 11 lenguas oficiales de la Unión Europea, otras lenguas tales como el catalán, el gallego o el vasco, para el desarrollo de la cooperación interuniversitaria. 
De todas formas, la ausencia de esta mención explícita no ha impedido hasta ahora a las universidades de Cataluña mostrar gran dinamismo en las diferentes actividades del programa SÓCRATES, y si desea un ejemplo, puedo decirle que han enviado 3.000 estudiantes en el marco de los programas de movilidad y han recibido el mismo número de estudiantes procedentes de universidades de los demás Estados miembros. 
Estoy muy satisfecho de la respuesta que acaba de dar. 
Me expreso en francés para poder hacerme comprender más directamente. 
En todo caso, deseo que su promesa, según la cual, en la guía de 1998, se hará referencia a lo establecido en el considerando 11 del programa SÓCRATES, tenga una mejor oportunidad de concretarse que la respuesta que me dio hace más o menos un año, en el mes de febrero de 1996, en la que también me prometió que, en la guía de 1997, se inscribiría esta referencia, cuando ésta no figura en la guía. 
Espero que, esta vez, el tema sea tomado en serio y que en 1998 la guía del candidato contenga una referencia concreta a la lengua catalana, de conformidad con la resolución de la Sra. Reding que aprobamos en 1990. 
Si, Sr. diputado, puedo comprometerme plenamente a que, en la próxima guía se mencionen, efectivamente, las diferentes lenguas que acabo de mencionar, así como otras, pero especialmente el catalán. 
Señor Presidente, tengo dos preguntas adicionales para la Sra. Comisaria. 
En primer lugar: ¿sería posible tener alguna vez una visión transversal de todos los programas de su responsabilidad en los que estén contemplados los asuntos de las lenguas minoritarias mencionados por el Parlamento? 
Hay, en efecto, un grupo grande de población en la Unión Europea al que esto afecta. 
El catalán no es propiamente una lengua minoritaria sino ya una de las grandes lenguas. 
En segundo lugar: hemos aprobado aquí los protocolos adicionales al tratado de asociación para ampliar programas como SOCRATES y otros a estados de la Europa central y oriental. 
Yo he sido el ponente y quisiera preguntarle en qué medida se ha producido esto ya y en qué medida arraigan. 
Lo que puedo decirle, es que me resulta difícil darle, hoy mismo, la relación de los lugares o las circunstancias en las que se toman en consideración las lenguas minoritarias. 
Pero si usted lo desea, podría enviarle esta relación por escrito. 
Por lo que se refiere al programa SÓCRATES en relación con los PECO, esta acción sólo ha dado sus primeros pasos. Está desarrollándose y todo parece desenvolverse de una manera más bien satisfactoria, claro está, con el ritmo que conviene. 
Muchos estudiantes de los países PECO vienen a nuestras universidades. 
Inversamente, un determinado número de estudiantes de la Unión Europea van a las universidades de los PECO. 
Pero todavía nos encontramos en el inicio de estas acciones que, en cierta medida, podrán beneficiarse de un determinado número de programas, en todo caso en el marco de PHARE. 
Pregunta nº 60 del Sr. Hubert Pirker (H-0036/97): 
Asunto: Programa LEONARDO 
¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para eliminar las barreras que impiden el intercambio en toda la UE de aprendices e instructores (maestros e instructores en empresas) en el marco del programa de formación y movilidad Leonardo? 
Por lo que se refiere al programa LEONARDO, los obstáculos, puesto que lo pregunta, que afectan la movilidad transnacional de los jóvenes y los profesores son numerosos. 
Es por ello que la Comisión publicó, en 1996, un Libro Verde sobre los obstáculos a la movilidad transnacional en la educación, la formación y la investigación, con vistas a suscitar un amplio debate público y desarrollar pistas de acción para suprimir estos obstáculos. 
A grandes rasgos, pueden identificarse dos categorías de obstáculos que ponen trabas a las colocaciones y los intercambios en el programa LEONARDO. 
Ante todo, el estatuto jurídico de los aprendices, y la cuestión de la transparencia y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 
El hecho de que el derecho de estancia para los ciudadanos de la Unión en otro país, sin permiso de estancia, esté limitado actualmente a tres meses, constituye un obstáculo a la movilidad, en la medida en que debería privilegiarse a los cursillos más largos que, por lo mismo, dan mayores cualificaciones y naturalmente son más valorizantes para estos jóvenes. 
En este sentido, la Comisión formulará propuestas para mejorar las condiciones relativas al derecho de residencia, la seguridad social y la fiscalidad. 
Para favorecer un reconocimiento de las cualificaciones profesionales a través de la Comunidad- aplicación de la decisión del Consejo de 1985 relativo a la comparabilidad de las cualificaciones profesionales- la falta de verdaderos progresos en este ámbito es, a mi juicio sumamente preocupante, y comparto plenamente sus preocupaciones. 
El programa LEONARDO contribuye a mejorar las condiciones para conseguir una mejor transparencia y reconocimiento de las cualificaciones, dado que las colocaciones y los intercambios transnacionales organizados en el marco del programa deben acompañarse de acciones de certificación y homologación. 
Así, LEONARDO desempeña plenamente su papel de laboratorio de innovación que nos permitirá anunciar una propuesta concreta en forma del estatuto europeo del aprendiz. 
Sin embargo, no les oculto que este problema es sumamente complicado, que es mucho más difícil hacer circular jóvenes a través de la Unión Europea que bienes o capitales, a pesar de que Europa haya sido precisamente construida para los ciudadanos. 
Y el número de problemas que tropezamos en el ámbito de LEONARDO y los aprendices, pero también en lo que concierne a los estudiantes, por ejemplo, los jóvenes desempleados que dejan de cobrar sus prestaciones si abandonan su país, los obstáculos al hecho de recibir una pequeña remuneración, el problema de los jóvenes que van a seguir un cursillo en otro país, también el problema de los jóvenes investigadores, son problemas muy amplios. 
Pienso que, efectivamente, el Parlamento debería brindar todo su apoyo al hecho de que la movilidad de los ciudadanos, en especial la movilidad de los jóvenes, sea un elemento absolutamente indispensable para la toma de conciencia de la ciudadanía europea. 
Asimismo, los obstáculos son sumamente numerosos porque estos problemas son problemas horizontales y conciernen a varios ministerios en el seno de un gobierno: el ministerio de Trabajo, el ministerio de Asuntos Sociales, a veces el ministerio del Interior y algunas veces al ministerio de Educación. 
Por tanto, es muy difícil hacer que los Estados miembros adopten disposiciones que resulten satisfactorias. 
Si queremos dar viabilidad al estatuto del aprendiz, si queremos que la colocación alternativa de aprendices se convierta en una especie de ERASMUS de la colocación de aprendices, como es nuestro objetivo, es evidente que tenemos que movilizarnos todos, y espero mucho del Parlamento para llevar a cabo esta acción, que es realmente determinante en lo que toca a la política educativa de los europeos. 
Señora Cresson, señor Presidente, les doy las gracias por sus explicaciones. 
También veo en la práctica los grandes problemas que presenta la realización de este enorme programa LEONARDO. 
No obstante, considero extraordinariamente importante movilizar todo cuanto sea posible para que se produzca transferencia de innovaciones, movilidad, para que se dé formación ulterior, para que se produzca formación en el ámbito de los aprendices, pues ésta es también una medida preventiva contra un posible desempleo que nos concierne. 
Por consiguiente, celebro su entusiasmo y el hecho de que usted vea también dónde están los problemas. 
Veo aún más problemas, pues en la práctica es difícil que se produzca, en general, un intercambio de información entre las empresas que estén dispuestas a participar en estos programas de movilidad, dispuestas a participar en estos programas de movilidad, que estén dispuestas a intercambiar instructores de un país a otro. 
También veo problemas muy grandes en la práctica en relación con el cómputo de este período de intercambio respecto de las vacaciones o respecto del auténtico tiempo de formación. 
¿Ve usted posibilidades de eliminar también estas barreras? 
Me parece que el problema que plantea, el del reconocimiento por parte de las empresas- si entendí bien- del período de tiempo y del trabajo realizado por el aprendiz en otro país de la Unión. 
Queda de manifiesto que el problema de la acreditación de las competencias es un problema de suma actualidad y que no concierne únicamente la colocación de los aprendices. 
Se trata de saber cómo medir las equivalencias entre dos niveles profesionales en el seno de una misma profesión entre países diferentes. 
Estamos trabajando sobre esta cuestión. 
Si tuvo la posibilidad de leer el Libro Blanco sobre la educación, la sociedad del conocimiento, pudo ver que tratamos de establecer sistemas de acreditación de las competencias con los diferentes ramos profesionales. 
Trabajamos, por ejemplo, con la Unión Europea de los bancos o con un determinado número de federaciones profesionales para permitir la homologación de los conocimientos, no solamente para los aprendices en el momento de la formación inicial, sino también a todo lo largo de la vida, para un asalariado o un empleado que quisiera trabajar en otro país de la Unión, de manera que sea posible delimitar correctamente su nivel de competencias cuando ha terminado sus estudios desde hace varios años. 
Por tanto, se pone en marcha toda una problemática que concierne la colocación de aprendices, pero también a los asalariados a todo lo largo de su vida. 
Pregunta nº 61 de la Sra. Marie-Paule Kestelijn-Sierens (H-0037/97): 
Asunto: Importancia de la investigación clínica a nivel europeo con vistas a la determinación de una estrategia terapéutica 
La realización de investigación clínica independiente a nivel europeo con vistas a la determinación de una estrategia terapéutica contribuye en gran medida a la optimación del tratamiento del cáncer y de otras enfermedades que requieren un enfoque a partir de diversas disciplinas. 
¿Tiene la Comisión la intención de incluir esta investigación entre los capítulos del quinto programa marco de investigación y desarrollo? 
¿Está dispuesta la Comisión a instar a los Estados miembros a simplificar las obligaciones legales nacionales relativas a esta investigación clínica, que a menudo resultan tan dispares, así como a coordinarlas mejor entre sí, en aras del avance terapéutico? 
En lo que se refiere a las pruebas clínicas europeas, la investigación sobre el cáncer- como la de muchas otras enfermedades- que requiere un enfoque pluridisciplinar, puede beneficiarse de manera particular de investigaciones llevadas a cabo a través de las pruebas clínicas realizadas en varios centros a escala europea. 
Por tanto, siempre se ha reservado un lugar importante a este tipo de pruebas en los programas de investigación médica de la Unión. 
Las pruebas clínicas realizas en varios centros deberían continuar representando un aspecto importante de las actividades llevadas a cabo en materia de investigación médica en el quinto programa marco. 
Deberían encontrarse en el doble marco de la acción clave «Dominio de las enfermedades virales e infecciosas» y de los trabajos de investigación para apoyar la lucha contra las enfermedades degenerativas, previstos en el programa «Descubrir los recursos del ser vivo y el ecosistema» , uno de los seis programas que deberían integrar el quinto programa marco conforme se describe en la comunicación aprobada por la Comisión el pasado 12 de febrero. 
El problema de la armonización de la reglamentación en materia de investigación clínica en los Estados miembros se plantea de manera diferente para las pruebas de los medicamentos y las pruebas de otras técnicas terapéuticas, tales como la cirugía, la radioterapia o los diferentes esquemas de combinación de estos medios ampliamente utilizados en la lucha contra el cáncer. 
Las disposiciones relativas a las pruebas de medicamentos están armonizadas a escala comunitaria en el marco de la reglamentación en materia de comercialización de los medicamentos, para la cual la Comunidad es formalmente competente. 
No ocurre lo mismo con las pruebas clínicas de otros tipos, cuya reglamentación compete a la responsabilidad de los Estados miembros. 
Visto que la Comisión no puede intervenir directamente, la Comisión no puede, en este caso, sino alentar a los Estados miembros a aproximar sus disposiciones reglamentarias respectivas en el contexto de los trabajos de investigación cooperativos sobre el cáncer y otras enfermedades graves, trabajos que apoya en una escala importante a través del programa marco. 
Gracias señor Presidente, y también doy las gracias a la señora Comisaria por su respuesta. 
He formulado esta pregunta para una institución, a saber, la organización europea de investigación y tratamiento del cáncer. 
Se trata de una institución europea que opera en Bruselas y que organiza investigaciones clínicas sobre el cáncer. 
La investigación clínica es esencial para determinar el tratamiento más eficaz y más moderno, y no sólo beneficia a los pacientes, sino que abre perspectivas a la rentabilidad a nivel de costes del tratamiento del cáncer. 
La investigación clínica es por tanto un método importante y valioso, tanto en el ámbito médico como en el ámbito de la salud pública. 
Por consiguiente pienso, y doy las gracias a la Comisaria por haberlo reconocido, que una parte de esta investigación encaja en el programa marco real para la investigación y el desarrollo. 
En lo que respecta a los aspectos de las diferentes legislaciones en los Estados miembros, estoy de acuerdo en que la Comisión sólo puede intervenir alentando a los Estados miembros. 
Cuento con que la Comisión lo haga realmente. 
Sí, efectivamente. 
Por lo demás, conozco la organización de la que acaba de hablar, que tiene una actividad muy intensa y muy interesante. 
La evaluación ética de las pruebas clínicas está regida en cada país por legislaciones o parlamentos diferentes y es exacto que se trata de un ámbito de competencia nacional. 
Lo que puedo señalarle, para tratar de avanzar en las reflexiones sobre este ámbito, es que una conferencia internacional sobre las pruebas clínicas y la ética tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre de 1997 en Bruselas. 
Tratará sobre todo los problemas relacionados con la evaluación ética de los protocolos de investigación para las pruebas clínicas. 
Además, en el marco del programa de investigación de biomedicina y salud, y en lo que se refiere más particularmente a los aspectos éticos, sociales y jurídicos de la investigación médica, se ha alentado a los investigadores a presentar proyectos de investigación sobre este tema. 
Pienso que una conferencia internacional de este tipo, que sin duda alguna tendrá una gran audiencia, puede, si tiene éxito, permitir a organizaciones como la que usted menciona, que es muy activa, difundir entre los gobiernos de los Estados miembros la idea de que es absolutamente necesario llegar a una armonización que permita efectivamente intercambiar informaciones de manera suficiente. 
Las preguntas núms. 62 del Sr. Bernd Posselt, 63 de la Sra. María Izquierdo Rojo y 64 del Sr. Hugh Kerr se contestarán por escrito. 
Pregunta nº 65 del Sr. Ioannis Theonas (H-0909/96): 
Asunto: Continuo retroceso del sector metalúrgico en Grecia, y concretamente de la S.A. Chalyvourgikí 
La crisis económica afecta especialmente al sector metalúrgico en Grecia, donde se registra una continua disminución de la producción y del número de trabajadores. 
Tras la adhesión de nuestro país a la CECA, cerraron los dos únicos altos hornos de Grecia, que pertenecían a Chalyvourgikí S.A. A continuación, se produjo el cierre de los hornos eléctricos de la compañía, empezó a funcionar en régimen de rotación el sector de producción de hierro y, en la actualidad, también va a cerrar el sector de producción de hormigón armado, lo que provocará la pérdida de más de 2.500 puestos de trabajo. 
¿Puede indicar la Comisión si piensa promover medidas específicas para la conservación y el desarrollo del sector metalúrgico en Grecia- y concretamente de la acerería, que corre el riesgo de desaparecer- con vistas a mantener el empleo? ¿Tiene intención de estudiar las posibles responsabilidades debidas a acciones ilegales de los empresarios, que, supuestamente, mantienen industrias similares en el País de Gales y en Suiza? 
Señor Presidente, la reestructuración de la industria del acero es un proceso que requiere una adaptación constante de la industria a las tecnologías y a los mercados, y la Comisión ha hecho ya desde hace tiempo un acompañamiento de este proceso. 
Naturalmente, este proceso es ante todo una tarea de la industria, pero, evidentemente, necesitamos medidas de acompañamiento, entre ellas, sobre todo, medidas sociales, planteamientos de comercio exterior y, si esto es necesario, también programas para la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Hace dos años constatamos con la industria que tenemos una supercapacidad de aproximadamente 19 millones de toneladas de productos de laminación en caliente. 
De estos se han reducido hasta ahora 11 millones aproximadamente y 5 millones de toneladas habrán de ser eliminadas todavía en esta capacidad. 
Esto significa que aunque no hemos logrado la magnitud calculada por nosotros y por la industria, la eliminación de esta supercapacidad, tal como lo muestra hoy el mercado del acero, ha sido favorable para la industria que ha quedado. 
No se han perdido más puestos de trabajo y hoy la industria está trabajando en conjunto a un nivel satisfactorio de precios y de cantidades. 
Es posible que esto no sea así en cada una de las empresas, y en lo que respecta particularmente a la industria griega del acero, es posible absolutamente que haya empresas que tengan problemas más grandes que en otros países miembros. 
Evidentemente, en estos casos ayudaremos y ya tenemos prevista la reconversión a otras posibilidades a través del programa RESIDER II. 
A petición, también, del Gobierno griego y con una decisión unánime del último Consejo de Ministros de Industria hemos abierto la posibilidad de proseguir hasta el año 2000 en el marco del código de las nuevas subvenciones al acero las subvenciones regionales en favor de la industria griega del acero por un volumen de 50 millones de ecus, naturalmente, siempre bajo la condición de que con esto no se produzca un aumento de la capacidad de producción. 
Por lo que respecta a las prácticas ilegales mencionadas en la pregunta sería bueno que se nos precisara un poco esta acusación. 
En efecto, en el caso de tales prácticas ilegales frecuentemente no se trata más que de una industria más competitiva de otro país miembro o- pienso yo- incluso de un país tercero como Suiza. 
No siempre se trata de prácticas ilegales; con frecuencia se trata de que un competidor es mejor que la empresa propia en el propio país y entonces a la Comisión le resulta difícil ayudar. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer al Sr. Comisario su respuesta. 
Creo que se confirma lo que ya indiqué en mi pregunta inicial, es decir, que, en Grecia, las empresas como Chalyvourgikí se vieron afectadas por problemas muy serios a causa de la política de la Unión Europea- antes de la CEE y después de la Unión Europea- consistente en reducir la producción en la Unión Europea, cuyas consecuencias fueron muy negativas para mi país, dado que la única empresa que había en este sector se enfrentó con problemas que causaron el cierre gradual y la pérdida de miles de puestos de trabajo. 
Sin embargo, actualmente, esta empresa lleva a cabo un rápido proceso de traslado de sus actividades del ámbito productivo al comercial, mientras en mi país se realizan obras enormes para las cuales, al fin y al cabo, se necesita por lo menos hierro. 
Este hierro se está importando de Turquía. Por lo tanto, quisiera instar a la Comisión a que considere las consecuencias de esta política y el hecho de que esta misma empresa que alega problemas de competitividad crea nuevas plantas en otros países, como Suiza, el País de Gales e incluso Estados Unidos. 
La pregunta no ha aportado ningún aspecto nuevo. 
Ya lo he dicho: hemos constatado, ante todo, conjuntamente con la industria, y a ésta pertenece también la industria griega, que tenemos una supercapacidad de 19 millones de toneladas. 
Esta supercapacidad genera problemas. 
Presiona sobre los precios. 
Incluso empresas muy competitivas han registrado pérdidas. 
Hace cuatro años que prácticamente nadie gana el dinero que necesitaría para cubrir sus costes. 
Por consiguiente, nuestro problema principal ha sido reducir esta supercapacidad. 
Nosotros no hemos decidido dónde había que reducir esta supercapacidad. 
La Comisión no ha osado decir: esta o aquella capacidad debe ser eliminada en Grecia, en Francia o en Alemania. 
Lo ha decidido la industria misma y, en concreto, a través de su competitividad. 
Lamento que precisamente en Grecia la industria del acero no haya poseído en este ámbito la competitividad que era necesaria para afirmarse contra la competencia procedente de otros países, pero la Comisión, que se ha preocupado de que haya condiciones iguales en la Unión, no puede, naturalmente, hacer diferencias. 
No podemos permitir ninguna subvención estatal en Grecia porque la industria del acero quiera obtener puestos de trabajo en Grecia. 
Entonces se perderían puestos de trabajo en Gran Bretaña, en Francia, o en Alemania. 
Tenemos una responsabilidad global. Asumimos esta responsabilidad global y cada cual debe procurar ser competitivo. 
Esto tampoco se lo puedo ahorrar a una empresa griega. 
Pregunta nº 66 de la Sra. Caroline Jackson (H-1039/96): 
Asunto: Aditivos alimentarios e información al público 
El artículo 8 de la Directiva 94/36/CE dispone que la Comisión lanzará una campaña de información al público para que sea mejor conocido el significado de los números E más frecuentemente utilizados, mediante los que se indica la presencia de determinados aditivos. 
El Sr. Bangemann informó en julio de 1996 que se había llevado a cabo un estudio sobre este tema. 
¿Qué ha sido de este estudio y cuáles son los proyectos futuros de la Comisión en relación con este tema? 
Sé que la Sra. Jackson tienen razón, por lo demás, siempre tiene razón. 
Y, naturalmente, pregunta con razón por qué no hemos comenzado este programa de información de los consumidores. 
A tenor del texto de la directiva, que hemos aprobado, lo deberíamos haber iniciado ya el año pasado. 
El problema es- y pido comprensión por ello a la Sra. Jackson- que es enormemente complicado realizar en este ámbito una campaña de información a los consumidores. 
Para no cometer errores, hemos encargado a una agencia que nos diga por medio de un estudio cómo podemos hacer esto y dónde podemos comenzar. 
Este estudio- no sé si lo tiene la Sra. Jackson y estoy gustosamente dispuesto a proporcionarselo- llega a la conclusión que habíamos temido: no sabemos cómo podemos aproximar este asunto a los consumidores. 
El consumidor tiene comprensión para determinados aditivos, pero para otros no tiene comprensión, en absoluto. 
Tomemos, por ejemplo, el asunto de los colorantes. 
Colorantes que en un cierto volumen están autorizados- incluso por decisión del Parlamento- son considerados en general como completamente innecesarios por los consumidores. 
O tomenos, por ejemplo, la cuestión de la conservabilidad. 
La cuestión de la conservabilidad quizá se pueda explicar a un consumidor, pero dirá: muy bien, si un producto no es conservable, entonces debe ser desechado. 
No quiero ningún aditivo para la conservación. 
Esto significa que nos encontramos ante el problema de que lo que hemos aprobado conjuntamente, lo que consideramos razonable, no se puede explicar prácticamente al consumidor. 
Ciertamente, esto es así y no se puede hacer de otra manera. 
Naturalmente, ahora se podría decir: muy bien, entonces tachemos todo esto, no autorizamos más colorantes, no autorizamos más aditivos para la conservabilidad y cosas parecidas. 
Esto conduciría a un enorme aumento del nivel de precios, por ejemplo, en lo que se refiere a la conservabilidad. 
Los consumidores tendrían que pagar mucho más. Seguramente tampoco estarían de acuerdo con esto. 
Con otras palabras: sobre la base del estudio que hemos encargado no hemos obtenido ninguna indicación razonable acerca de cómo actuar, de con qué estrategia poder emprender esto. 
Este es, sencillamente, el problema, Caroline. 
I hope you can advise me. 
I do not what to do. 
Da la impresión de que podría recibir dos salarios; uno como Comisaria y otro como diputada al Parlamento Europeo. 
Concretamente, ¿está dispuesto a reconocer, señor Comisario, que la Comisión está incumpliendo la ley? 
El artículo 8 de la Directiva 94/36/CE dice muy claramente que la Comisión lanzará una campaña de información al público. 
El Comisario responde que eso es demasiado difícil. 
Quisiera preguntarle si tiene previsto presentar un plan al respecto antes de finales de 1997. 
¿Puede prometernos que presentará una propuesta para una campaña de información al público antes de finales de 1997 y si, al hacerlo, consultará a las organizaciones de consumidores sobre la posibilidad de incluir en la campaña mejor información para los consumidores en lo que respecta a los aditivos alimentarios que se utilizan con mayor frecuencia? 
El Comisario parece no tener la menor idea de lo que debe hacer tras haber recibido el informe de la agencia que encargó la propia Comisión. 
Es inadmisible que el Comisario se limite a pasarme de nuevo este asunto y afirme que no sabe qué hacer, que todo es demasiado difícil. 
La Comisión tiene la obligación legal de hacer algo. 
No niego que exista una obligación legal. 
A propósito, el artículo 8 dice que la Comisión deberá lanzar una campaña en colaboración con las asociaciones de consumidores, el Parlamento Europeo, los Estados miembros y con los sectores de la alimentación y de la venta al por menor con el fin de informar a los consumidores sobre el proceso de evaluación y autorización de los aditivos alimentarios. 
Estamos intentando hacerlo. 
Al no saber cómo enfocar el problema, hemos solicitado el asesoramiento de expertos, que se han referido a cosas que los Estados miembros habían hecho y que fueron un completo fracaso. 
No quiero poner en marcha un programa- aún estando obligado a ello, y no niego dicha obligación- que pueda suponer el derroche de los fondos de los contribuyentes. 
Ése es el motivo por el que buscamos asesoramiento. 
Naturalmente podría lanzar la campaña mañana mismo. Es posible, pero no estoy seguro de que vaya a tener éxito. 
Por consiguiente, la Comisión ha propuesto a todas las partes que he mencionado- los Estados miembros, los sectores de la alimentación y de la venta al por menor y, especialmente, a las organizaciones de consumidores- que discutan los resultados de dicho estudio y que busquen el modo de resolver el problema. 
Puedo prometerle que estamos dispuesto a lanzar la campaña en cualquier momento, pero quiero iniciarla con algo que sea razonable. 
Resulta fácil ser un activista, pero no lo es tanto ser racional e intentar alcanzar algo. 
Al comienzo de mi carrera política yo era un activista, porque eso compensa, pero al final de una carrera política, se tiene la sensación de que las cosas deben hacerse de una manera más razonada. 
Pregunta nº 67 del Sr. Alan Donnelly (H-1043/96): 
Asunto: Organizaciones representantes de proveedores de servicios de la Internet 
Habida cuenta del progreso realizado por la Comisión en la elaboración de proyectos legislativos sobre varias cuestiones relativas a la Internet, ¿no opina la Comisión que es fundamental apoyar a la propia industria, prestando su ayuda para que se asocien las organizaciones representantes de proveedores de servicios de la Internet de los Estados miembros de la UE y de todo el resto de Europa? 
Señor Presidente, lo que dice Alan Donelly es completamente acertado: sólo tendremos éxito, no sólo en Internet, sino también en otras infraestructuras, si los ofertantes de content, sobre todo también los ofertantes de servicios, asuman el papel que deben jugar. 
El problema de entrar en contacto con esta industria consiste en lo siguiente: no está todavía agrupada de forma tan homogénea como por ejemplo los hardware producers o los operators. 
Estos están organizados ya desde hace tiempo. 
Saben lo que quieren y tienen también established relationships con la Comisión. 
Esto no es así en el caso de los ofertantes de servicios. 
No obstante, se encuentran en proceso de organización. 
Apenas hace una semana he mantenido una conferencia durante dos días con los más importantes ofertantes de servicios para constatar qué tipo de condiciones hay que crear para que puedan ofertarse tales servicios. 
Pero, éste ha sido un mero contacto informal y necesitamos más contactos formales. 
Hemos constituido un grupo de trabajo que se compone de representantes de los Estados miembros, de explotadores de redes, de proveedores, de ofertantes de software, incluso de ofertantes de servicios de Internet y de otros ofertantes de contenidos. 
Este informe del grupo de trabajo ha merecido una mención positiva en la resolución del Consejo de 28 de noviembre. 
De esta manera podremos establecer las primeras líneas y próximamente convocaremos de nuevo a este grupo de trabajo. 
No puedo decir más en este momento. 
Pero el Sr. Donelly tiene toda la razón, cuando dice que en este punto necesitamos más contactos formales, también, en especial, con el Parlamento Europeo. 
Cuando podamos presentar el informe que estamos elaborando sobre contenidos ilegales y nocivos, tendrá el Parlamento, ojalá, la oportunidad de decir más cosas sobre estas cuestiones, en especial sobre autocontrol, responsabilidad, técnica de filtrado, sistemas de valoración, etc. El Gobierno alemán se ha ofrecido también a celebrar en el verano una conferencia sobre estas cuestiones. 
La Comisión está colaborando con el Gobierno alemán para aprovechar también esta conferencia con vistas a determinadas sugerencias que pueden solucionar este problema. 
Deseo expresar mi agradecimiento al Comisario por su respuesta y por el hecho de que, durante las últimas semanas, se haya avanzado en la toma de contacto informal con los proveedores de servicios. 
Pero deseo llamar la atención del Comisario sobre tres puntos. 
En primer lugar, siempre hemos identificado que el ámbito de creación de empleo de la sociedad de la información pasa por los proveedores de servicios. 
En segundo lugar, reconocemos que cuando intentamos tratar con las pequeñas y medianas empresas del sector tradicional, siempre decimos que resulta muy difícil contactar con ellas. 
Eso me lleva al tercer punto. Puesto que éste es un mercado emergente, no cabe duda de que deberíamos intentar ahora encontrar redes nacionales de proveedores de servicios con el fin de que podamos mantener un diálogo con ellos. 
El Reino Unido cuenta con una red de proveedores de servicios muy eficiente, y se ha ofrecido a hacer de centro temático. 
Quisiera preguntarle, señor Comisario, si con la ayuda del Parlamento Europeo podríamos intentar, quizá antes de las vacaciones de verano, organizar otra reunión con esas personas, recurriendo al Reino Unido para que haga de centro temático de la misma. 
No tengo ningún reparo en organizar una conferencia de trabajo de ese tipo con la colaboración del Parlamento Europeo, que nos permita examinar la experiencia de Gran Bretaña. 
Sé también por experiencia propia, gracias a las invitaciones de algunos diputados activos- no he dicho diputados Laboristas, sino diputados activos- que en Gran Bretaña existe una actividad muy positiva en este ámbito. 
Por tanto, estoy más que dispuesto a hacerlo, incluso antes de que se celebren las elecciones británicas. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Las preguntas que por falta de tiempo no han sido examinadas se contestarán por escrito. 
Señor Comisario, le damos las gracias por su presencia y sus respuestas. 
Ayudas a los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0011/97) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común aprobada por el Consejo (C4-0584/96-95/0204 (SYN) ) con vistas a la adopción del reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (Ponente: Sr. Tamino). 
Señor Presidente, mi Grupo está dispuesto a acceder a la apremiante petición de la Comisión de aprobar la posición común. 
La prórroga de la normativa en cuestión tiene que efectuarse rápidamente, pues de lo contrario se habrá agotado el plazo de acción propuesto de 1996 y 1997. 
En esta ocasión, no atenderemos a la tenacidad que demuestra el ponente en relación con algunas enmiendas, acaba de referirse a ello, y con las que en principio estamos de acuerdo, como ha quedado demostrado en la primera lectura. 
El transporte combinado tiene que seguir adelante en el sentido literal de la palabra, y las consideraciones son bien conocidas y han sido expresadas en repetidas ocasiones y en diversas variantes. 
Tanto al ponente como a nosotros nos complace que la Comisión, y espero que también el Consejo, estén plenamente de acuerdo. 
Quien lea la Comunicación de la Comisión sobre el programa de acción para el transporte combinado de mercancías, lo llamaré Pacto 2, y quien recuerde el contenido del Libro Blanco sobre los Ferrocarriles, no podrá por menos que suscribir plenamente la necesidad de una política activa. 
Por otra parte, la cuestión es saber si cuando hablamos de transporte combinado no pensamos con demasiada facilidad en carretera/ferrocarril y si no nos olvidamos demasiado de la navegación fluvial. 
No se puede recalcar suficientemente que una flota de barcos fluviales de alta calidad y que opere eficazmente puede contribuir mucho más que ahora al transporte ecológico sin necesidad de incurrir en gastos o inversiones exagerados. 
Señor Presidente, para terminar quisiera preguntar al Comisario cuándo cabe esperar la revisión general del Reglamento nº 1107/70. 
Es una pregunta que conecta un poco con las observaciones hechas por el ponente. 
Prorrogar las actuales disposiciones con efecto retroactivo es poco ortodoxo, y en el futuro tendríamos que evitarlo al máximo. 
Por lo demás, cabe formular la pregunta, también a la luz de la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto 2, de si no sería más claro agrupar todas las formas de apoyo al transporte combinado en una sola normativa, y quizás la revisión del 1107/70 pueda servir de introducción. 
La transparencia podría alcanzarse con más facilidad de lo que pensamos. 
En nombre del Partido Popular Europeo deseo expresar mi satisfacción por la propuesta de la Comisión, dar la bienvenida aquí esta noche al Comisario y felicitar al ponente, Sr. Tamino, por el modo en que ha tratado esta propuesta. 
El Reglamento 1107/70, según enmienda de 1992, establece el mecanismo de ayudas al transporte combinado para el pasado y el presente año, por lo que es oportuno que en el mes de febrero estemos estudiando esta prórroga del Reglamento. 
Es importante reconocer que aquellas modalidades distintas al transporte por carretera están en desventaja, sobre todo por las desigualdades de distribución por modalidad y por tipo de tarifas que se aplican por la utilización de las infraestructuras. 
El transporte combinado se ve especialmente perjudicado por esta causa y los que pertenecemos al Partido Popular Europeo así lo reconocemos. 
Es importante revisar el actual mecanismo de ayudas a los servicios intermodales. 
Hay que tener en cuenta las distintas situaciones de cada país. 
La propuesta de la Comisión continuará permitiendo a los Estados miembros, en virtud del principio de subsidiaridad, seleccionar la forma de ayuda más idónea y que mejor se ajuste a sus prioridades nacionales. 
Por tanto, la propuesta contempla la posibilidad de conceder ayudas nacionales para la infraestructura del transporte combinado, para el equipamiento necesario para pasar de una modalidad a otra y para los equipos especializados para el transporte intermodal. 
A pesar de que la concesión de ayudas al transporte combinado estará exenta del estricto procedimiento de autorización que prevé el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, los Estados miembros deberán informar a la Comisión de las ayudas concedidas mediante un estado de previsión anual al comienzo de cada año y, posteriormente, mediante un informe al final del ejercicio. 
El atractivo del nuevo reglamento radica en que permitirá reducir los trámites burocráticos que exigen tanto los Estados miembros como la Comisión. 
Se trata de una modificación muy gratificante. Según la propuesta, será cada Estado miembro el que decida si se concede la ayuda y la forma de la misma. 
Aunque la Unión Europea hace hincapié en el transporte combinado, espero que tanto el transporte combinado como las operaciones convencionales del transporte de mercancías reciban ayuda mediante esta medida. 
Mi Grupo respalda la propuesta de la Comisión que establece las categorías legítimas de ayuda que están destinadas a superar las dificultades específicas que entraña el desarrollo del transporte intermodal o combinado. 
Se da por sentado que las ayudas deberán aplicarse a corto plazo y tener un efecto positivo y beneficioso sobre la evolución del transporte combinado. 
La propuesta de prorrogar el Reglamento 117/70 merece el apoyo del Parlamento, porque es precisamente este tipo de ayuda al transporte combinado lo que, en nuestra opinión, conviene a la futura política de transportes de la Unión Europea. Es además un medio de reforzar la situación de los ferrocarriles y de las vías navegables del mercado europeo de transportes. 
Como mínimo, hasta que llegue el momento en que el nivel de competencia entre las diferentes modalidades de transporte se refleje en la realidad de las ayudas y en las condiciones de armonización propuestas, dichas ayudas son un medio modesto de ofrecer compensación en aras de una política de transportes sostenible. 
Para terminar, felicitamos al ponente por su informe. 
Estoy encantada de que el Consejo, al aprobar la posición común, haya incluido dos enmiendas clave del Parlamento Europeo y sobre esa base, debemos aprobar ahora la posición común y, en este sentido, tengo el enorme placer de recomendarla a la Asamblea. 
También mi Grupo apoya, como todos, estas propuestas, y deseamos mucha suerte al ponente. 
En principio no somos contrarios a las enmiendas presentadas por él, pero al igual que el Sr. Castricum, creemos que este no es el momento oportuno, sobre todo ahora que el Comisario, y quizás el Comisario desee contestar, ha recibido el encargo del Consejo de seguir negociando con Suiza sobre el transporte transalpino. 
Mi Grupo ve con cierto agrado que, en la posición común, se considere la posibilidad de suspender la ayuda en 1997. 
¿Por qué? 
En primer lugar porque hemos visto que seguir apoyando al transporte combinado equivale en realidad a tirar de un caballo muerto. 
Una y otra vez se evidencia que la cuota del transporte combinado retrocede en lugar de avanzar en el conjunto del transporte. 
Por consiguiente, de ello se desprende que la libre elección del transporte predomina para el transportista. 
Es algo que nuestro Grupo considera como un bien extraordinario y quisiéramos que se realizara esa libre elección de transporte. 
Por supuesto, ello no quita que mi Grupo desearía también que las modalidades ecológicas del medio de transporte tuvieran una cuota mayor. 
Pero resulta que, debido a la estancada liberalización de los ferrocarriles y a los elevados costes del transbordo y por último, señor Comisario- y le agradecería que me diera una respuesta -, los transportistas se ven imposibilitados de realizar el trasnbordo y la descarga por su cuenta en el lugar de destino del tráfico ferroviario. 
Al igual que el Sr. Castricum, nos gustaría que en el futuro se promulgara una legislación al respecto. 
Señor Presidente, estimado Comisario, estimados colaboradores del Comisario, estimados colegas no ausentados, el tema es suficientemente importante en sí mismo como para merecer ser discutido. 
Comparto la mayor parte de lo que han dicho mis colegas. 
Nosotros, los demócratas cristianos apoyamos la posición común y esperamos que el Comisario presente realmente enseguida el reglamento correspondiente para que en 1999 no tengamos que hablar sobre el reglamento para 1998. 
Permítanme que destaque especialmente dos puntos. 
Creo que la prórroga del reglamento sobre las ayudas de fomento del transporte combinado es extraordinariamente importante, pues todos tenemos, efectivamente, el objetivo de desplazar cada vez más el transporte de mercancías de largo recorrido al ferrocarril, al transporte por navegación interior- y comparto la opinión de quien me ha precedido en el uso de la palabra- al transporte por transbordador y al transporte de navegación de cabotaje, para poder aumentar la seguridad en el transporte en nuestras carreteras en el seno de la Comunidad y poder cuidar el medio ambiente. 
Compartimos también la segunda idea de la posición común y de la propuesta de la Comisión de simplificar el control de las subvenciones para este ámbito. 
Pero, señor Comisario, en este punto tenemos todavía algunos reparos. 
Los reparos se refieren a que hemos de asegurar dos cosas, y yo le pregunto si usted podría garantizarlas, señor Comisario, si usted tuviera que recoger estas dos ideas nuevas en su respuesta. 
La primera pregunta reza así: si las autorizaciones específicas no son necesarias en este procedimiento de subvenciones ¿cómo pretende asegurar usted que la Comisión ejerza, a pesar de todo, el control de las subvenciones con el mismo cuidado? 
La exención de autorizaciones específicas no debe significar exención del control de las subvenciones, y en este punto me gustaría tener de usted la promesa de que usted en sus servicios se preocupará de esto. 
La segunda pregunta es la siguiente: si se renuncia a la autorización específica ¿cómo puede asegurarse que mediante la subvención para una empresa no se va a perjudicar a otra empresa, a otra ciudad o a otra región, sin poder oponerse a ello? 
En efecto, ésta es la práctica; los otros competidores dicen: no me entero, en absoluto, de qué subvención se ha solicitado. 
No se publica nunca. 
¿Cómo voy a poder presentar mis reparos en contra si me entero de ello un año después? 
Por consiguiente, señor Comisario, creo que incluso en el procedimiento simplificado tenemos que pensar un procedimiento acerca de cómo los competidores pueden ser informados o incluso cómo pueden reclamar, y esto en interés de la competitividad para no causar una nueva distorsión de la competencia. 
Señor Presidente, empiezo dando las gracias al Sr. Tamino por un informe bien redactado. 
En el fondo, mi convicción política es que el libre comercio y la libre competencia son las mejores condiciones también por lo que respecta a la solución de los diversos problemas de transporte que tiene Europa. 
En consecuencia, soy escéptico por principio en relación con las ayudas y contribuciones de carácter económico. 
Ahora que se ha llegado al segundo debate sobre el asunto, y que existe una posición común por parte del Consejo de Ministros, creo también que puede decirse que esta decisión tiene todas los requisitos previos imaginables para convertirse en excelente. 
El informe Tamino trata del fortalecimiento de los transportes combinados. 
Éstos tienen indiscutiblemente una gran importancia; por ello hay todo tipo de razones para impulsarlos. 
También es importante el modo en que se haga. 
Las inversiones en los transportes combinados no pueden hacerse aumentando más los impuestos y a través de unos precios de flete más elevados y peor repartidos. 
Éstos ya son suficientemente distintos entre los diversos países de la UE, y a menudo con enormes perjuicios para los países que ya tienen largas distancias de transporte y precios de flete elevados. 
Esta diferencia, grande y en aumento, no debe aumentar más. 
Todo ello hace que el mejor modo de fomentar los transportes combinados no sea el de la ayuda económica directa. 
En su lugar, se deberían orientar los trabajos más en la dirección apuntada en el Libro Blanco presentado al Parlamento sobre la revitalización de los ferrocarriles europeos. 
Verdaderamente es un grave problema que los transportes comerciales de la red férrea europea pierdan siempre su parte proporcional del mercado. 
Pero el modo de contrarrestar esta tendencia consiste menos en ayudas de naturaleza económica y más en unos estímulos diferentes. 
El estímulo más importante consiste en un transporte comercial simplificado a su paso por las fronteras de la UE, y de una competencia más libre que la actual. 
Por consiguiente, las decisiones más vitales que podemos tomar en este ámbito, es decir, por lo que respecta al fomento de las vías férreas y de los transportes combinados, no son las que tomamos aquí hoy, sino las que nos aguardan. 
Señor Presidente, permítame, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Asamblea y al ponente, Sr. Tamino, por su utilísima labor en lo relativo a la enmienda del Reglamento 1107/70 sobre las ayudas estatales al transporte nacional. 
El resultado de estos esfuerzos es subrayar, una vez más, el firme compromiso del Parlamento de fomentar el transporte combinado, y eso, como siempre, merece una buena acogida. 
Al aprobar esta posición común, la Asamblea garantiza que la normativa contenida en el Reglamento 1107/70 relativa a las ayudas al transporte combinado se mantendrán en vigor este año. 
Habida cuenta de que dicha normativa expira el 31 de diciembre, debemos, evidentemente, preparar la estructura del nuevo régimen que permita satisfacer las necesidades del futuro. 
Con este objetivo específico en mente, los servicios de la Comisión están trabajando en estos momentos en un informe sobre las prácticas actuales de los Estados miembros en materia de las ayudas estatales, en base a las respuestas que éstos han dado a un cuestionario de la Comisión. 
El resultado de este cometido proporcionará evidentemente un fundamento documentado para la revisión del Reglamento 1107/70, que es exactamente lo que deseaba el Sr. Castricum. 
Naturalmente me gustaría celebrar, en su momento, un intercambio minucioso de opiniones con la Asamblea sobre el modo de establecer un marco legal que permita el fomento continuado y adecuado del transporte combinado. 
Será importante que discutamos la idea del Sr. Castricum relativa a la acción del proyecto para el transporte combinado en dicha coyuntura. 
Se ampliará el programa PACT para que incluya el transporte marítimo de corta distancia, y espero que el Sr. Sindal considere esta medida una prueba de la apuesta constante de la Comisión por el desarrollo de esa modalidad tan importante del transporte combinado. 
Mientras tanto, quisiera decir al Sr. Jarzembowski que estoy de acuerdo con el énfasis que él pone en una vigilancia eficaz y en unas condiciones justas, y puede estar completamente seguro de que la Comisión no sólo apoyará sus actuales esfuerzos, sino que además buscará constantemente formas aún más eficaces e incisivas para alcanzar exactamente los resultados que él busca. 
En cuanto al tema específico del informe que nos ocupa, observo que el Sr. Tamino, como él mismo ha dicho, ha vuelto a presentar dos enmiendas que tanto la Comisión como el Consejo habían rechazado en la primera lectura. 
Debo informar a su Señoría que en la opinión de la Comisión, ambas enmiendas continúan siendo inapropiadas. 
Espero, por consiguiente, que no insista en la inclusión de las mismas y que se una a la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo de aprobar la posición común sin enmienda de la manera que ha defendido el Sr. Wijsenbeek. 
Expreso mi gratitud por la constante actitud constructiva de sus Señorías en apoyo del desarrollo del transporte combinado, y espero con enorme interés la siguiente fase de disposiciones para el futuro. 
Señor Presidente, he formulado dos preguntas específicas al Sr. Comisario relativas a la fase de descarga y a la cuestión de Suiza. 
Espero recibir respuestas más detalladas más adelante. 
Señor Presidente, hablaré exhaustivamente de Suiza en la reunión que la semana próxima celebrará la comisión y a la que, estoy seguro, asistirá el distinguido diputado. 
Pensé que debía reservarle la noticia como regalo, algo tardío, de San Valentín, o como anticipo del regalo de Pascua. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Sistemas de indemnización de los inversores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0047/97) del Sr. Janssen van Ray, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto (C4-0058/97-00/0471 COD) , aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de indemnización de los inversores. 
Señor Presidente, veo con satisfacción que el Comisario Monti ha llegado junto con el Comisario Kinnock; la sala parece vacía, amigo mío, pero me he paseado por el Parlamento y le aseguro que hay 300 diputados en sus oficinas pegados a la pantalla, Comisario Monti, que siguen fascinados este debate. 
Este era el primer punto. 
Es decir, contamos con la atención del Parlamento. 
En segundo lugar, la principal observación que quiero hacer es el enorme éxito del procedimiento de conciliación de Maastricht. 
Valoro que bajo la Presidencia irlandesa- se trataba del último procedimiento de conciliación logrado por la intervención personal del propio Comisario Monti y del ministro irlandés- se llegara efectivamente a un compromiso. 
Esta tarde, dado que los Países Bajos se ven afectados por la peste porcina, he seguido fascinado el debate sobre la enfermedad de las vacas locas. 
Pensaba para mis adentros que si Amsterdam I o Maastricht II pudieran tener por resultado que este procedimiento de conciliación de Maastricht I se introdujera en todos los ámbitos de nuestra cooperación, podríamos dar un gran paso adelante. 
Pues lo que ha dicho el ministro Van Aartsen carece de lógica: no puede aplaudir primero las medidas contra Inglaterra, para luego protestar, señor Monti, contra su Comisión que, como neerlandés creo sinceramente ha tomado medidas justas contra mi país en lo concerniente a la salud pública y el interés de los consumidores. 
Lo único que tendría que haber hecho el ministro Van Aartsen es ocuparse de que todos los ganaderos con ganado porcino fueran indemnizados por completo. 
Pero su Comisión merece un cumplido por usted, por el Sr. Santer, a diferencia de la anterior Comisión. 
Lo que quiero decir es: de haber tenido entonces un procedimiento de conciliación como el actual, con la colaboración del Consejo de ministros, se habría podido lograr con mucha mayor facilidad una solución. 
Les digo a todos ustedes: estamos muy satisfechos. 
Como bien saben, hemos negociado hasta el último instante para intentar que se aceptara la visión del Parlamento. 
En la segunda lectura, el Consejo, gracias a usted, ha aceptado un gran número de enmiendas del Parlamento. 
Lo que repito siempre es que nosotros somos, por así decirlo, the House of Representatives, y el Consejo de Ministros, el Senado, y la Comisión desempeña un papel de enorme importancia entre ambos. 
Juntos hemos de ocuparnos de crear una legislación europea que sea aceptable para todos. 
Tomados de uno en uno, los componentes del paquete Delors no parecen tan importantes. 
Tampoco el sistema de compensación de inversionistas parece importante a primera vista. 
Pero como piedra angular del gran paquete legislativo, nos hallamos ante un documento legislativo sumamente importante para los consumidores, para los inversores. 
Por supuesto, he de decir que lamentamos que se haya suprimido la prohibición de exportar. 
Habríamos preferido que los países con mayor protección para los inversionistas hubieran podido competir, y los países que no la tienen. 
Usted sabe, Comisario Monti, que hemos dicho hasta el último instante: introduzcan las enmiendas. 
Pero cuando el Abogado General, en el procedimiento de Alemania contra la Comisión y el Consejo, nos dijo que esto quedaba descartado, nosotros respondimos que también abandonaríamos la lucha. 
Contamos con la Comisión, y en realidad es el punto principal que quiero tratar, para que intervenga cuanto antes en interés de los inversionistas, y es una de las enmiendas incluidas en el compromiso con la Presidencia irlandesa, de que se implante una protección máxima de los inversionistas en todos los países de la Unión Europea, en este caso concretamente también en Grecia. 
Contamos con su cooperación. 
Sea como fuere, deseo dar las gracias al Comisario Monti por el papel personal que ha desempeñado en el establecimiento del compromiso con la Presidencia irlandesa. 
Quisiera felicitar al ponente por haber conducido tan hábilmente esta legislación a través de las tres lecturas en esta Asamblea y a través del procedimiento de conciliación. 
A pesar del pequeño número de diputados que se encuentra presente esta noche, se trata de una legislación muy importante. Protege a los pequeños inversores y los ahorros de los pequeños inversores. 
Los pequeños inversores constituyen la espina dorsal del sector bancario. 
Actualmente existen muchos temores en la economía europea; miedo a perder el puesto de trabajo, miedo a lo que pueda suceder en la vejez, miedo a lo que pueda suceder si contraemos una larga enfermedad, miedo de lo que pueda ocurrirle a los hijos. 
Los ahorros están pensados para la vejez, para casos de enfermedad, para ayudar a los hijos en los estudios y para ayudar a los nietos. 
La pérdida de los ahorros puede suponer una tragedia personal para las familias afectadas. 
Sin ahorros no tendremos inversión. Por eso, esta legislación es absolutamente fundamental tanto para la prosperidad de Europa en su conjunto, como para la prosperidad de las familias individuales correspondientes. 
Agradezco al ponente y a la Comisión que hayan presentado esta directiva destinada a proteger a los pequeños inversores de Europa. 
Señor Presidente, señoras y señores, todos nosotros sabemos con qué tienen que luchar actualmente los sistemas de seguridad social en toda Europa. 
La atemorizada pregunta acerca de si nuestra jubilación está asegurada preocupa hoy no sólo a los alemanes, sino cada vez a más ciudadanos de la Unión. 
La llamada de los estados hacia una mayor previsión privada no puede pasar inadvertida. 
Es comprensible que más de uno se decida a hacer prometedoras inversiones en valores, un sector financiero tan sensible como lleno de riesgos. 
Sobre este telón de fondo cobra una importancia adicional la directiva sobre sistemas de indemnización a los inversores. 
Se trata, sobre todo, de la protección de los pequeños inversores. 
Por esta razón, hay que celebrar que tras una enconada lucha entre el Consejo y el Parlamento Europeo se haya encontrado un compromiso que deja libre el camino para que entre en vigor la directiva. 
Una vez más se ha acreditado el procedimiento de la codecisión con la intervención del Comité de conciliación. 
Los pequeños inversores deben poder obtener en las sucursales de las empresas de valores de la Comunidad o en el marco de la circulación de servicios transfronteriza servicios de valores con la misma confianza con que lo pueden hacer en su país. 
Por esta razón, en todos los Estados miembros deben existir sistemas de indemnización de inversores, que garanticen, al menos para los pequeños inversores, una protección mínima armonizada en el caso de que una empresa de valores no esté en condiciones de satisfacer sus compromisos frente a sus clientes inversores. 
Para los institutos de crédito hemos establecido ya hace tiempo semejante protección mediante leyes, aunque según sistemas enteramente diferentes. 
A este respecto, la indemnización mínima armonizada por valor de 20.000 ecus por inversor es adecuada a la hora de proteger los intereses de los pequeños inversores. 
También es razonable permitir que los Estados miembros dispongan que el inversor ha de correr con una parte de las posibles pérdidas. 
Pero el mercado interior implica pérdidas y con esto paso al punto de la crítica principal de la directiva. 
El ponente se ha referido ya detalladamente al mismo. 
En opinión del Consejo, el monto y la amplitud de la cobertura que son ofrecidos por los diferentes sistemas de indemnización no pueden convertirse en un instrumento de competencia. 
El Consejo teme obstáculos del mercado, si las sucursales de las empresas de valores ofrecen una cobertura más alta que la empresa que está autorizada en el estado de acogida. 
El Parlamento Europeo ve en el reglamento propuesto por el Consejo una prohibición manifiesta de exportación de servicios para las empresas de valores de los países cuyos sistemas ofrezcan una cobertura más alta que en el estado en que estén establecidos. 
Sólo el hecho de que este reglamento, es decir, la prohibición de exportación, esté limitado hasta el 31 de diciembre de 1999, ha movido al Parlamento Europeo a ceder en este punto en aras de encontrar un compromiso. 
Hay que destacar que el Parlamento Europeo en el marco del Comité de conciliación ha logrado que se indemnice de acuerdo con el valor respectivo de mercado de los valores y que la retirada de la indemnización se produzca sin demora. 
De esta suerte el compromiso logrado responde a los dos aspectos de protección de los inversores y de mantenimiento de la confianza en los sistema financieros. 
Constituye una contribución importante a la culminación del mercado interior y, por esta razón, mi grupo recomienda la aprobación de este compromiso. 
Evidentemente, en un minuto no tengo tiempo de explayarme sobre el contenido del compromiso que tan magistralmente ha logrado el ponente. 
Le felicito. 
John Kenneth Galbraith anunció en una ocasión, en una audiencia del Senado norteamericano, que el alza que experimentaba la Bolsa por aquel entonces no podía perdurar. 
En aquel momento, la Bolsa se vino abajo. 
Supongo que no tendré tanta influencia, pero hemos de asumir que la actual alza en la Bolsa no puede durar eternamente y que uno de estos días se vendrá abajo. 
Ahora, cuando el inversionista ha encontrado el camino a la Bolsa, el instrumento para subir es a menudo la entidad inversora. 
Por ello es muy bueno, y nuevamente debo dar las gracias al ponente y al Comisario, que de esta manera se amplíe la acumulación de capital también entre quienes antes no lo tenían y la participación en los riesgos. 
Es algo que aplaudo como liberal y me complace que ahora se haya introducido una garantía para el pequeño inversor. 
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Delegación del Parlamento y, sobre todo, al señor ponente. 
Lo que se ha presentado como resultado del procedimiento de conciliación es un compromiso razonable. 
Las razones están patentes. 
La aprobación de la directiva era imperiosa en el sentido de la libre circulación de capitales a tenor del apartado 2 del artículo 7a del Tratado CE y había que establecer una compatibilidad con la directiva sobre sistemas de aseguramiento de los inversores. 
El problema central lo representaban los reparos contra la necesidad de la directiva que se remitían al principio de subsidiariedad y a la cuestión de la prohibición de exportación. 
Justamente la lucha en torno a la última constituye, en mi opinión, el mejor argumento en favor de la directiva. 
Habría que contrarrestar posibles distorsiones del mercado. 
Con la propuesta de una limitación de la prohibición de la exportación hasta 1999 se ha logrado también en este punto un compromiso aceptable. 
La respuesta adecuada a esta mesurada propuesta no puede ser más que la aceptación por parte del Parlamento. 
Señor Presidente, quizás, como ha dicho el Sr. Janssen van Raay, este hemiciclo no esté especialmente concurrido esta noche, pero a mí me parece que las intervenciones que ha habido han mostrado realmente todos los aspectos de este problema tan importante y tan bien resuelto. 
A este respecto, quiero expresar, en nombre de la Comisión, felicitaciones institucionales y felicitaciones personales: institucionales porque hemos tenido un buen ejemplo de funcionamiento de un procedimiento de conciliación; personal al ponente, el Sr. Janssen van Raay, y a todos los miembros de su delegación, por el trabajo realizado para alcanzar un acuerdo con el Consejo el pasado mes de diciembre sobre un acto normativo de tan gran importancia. 
La importancia de esta directiva reside en que ésta, junto con la directiva sobre los servicios de inversión y la directiva sobre los fondos propios de las empresas de inversión y las entidades de crédito- directivas que ya son operativas- constituirá uno de los pilares fundamentales del mercado único por lo que respecta al sector de los valores mobiliarios. 
A mí me parece que las intervenciones de la Sra. Oddy, de la Sra. Mosiek-Urbahn, del Sr. Wijsenbeek y del Sr. Ullmann han desvelado realmente las distintas dimensiones de este mercado único que estamos construyendo para el ciudadano, mercado que puede pues, gracias a una directiva como ésta, ver incrementado el número de los ciudadanos, de los ahorradores, incluso pequeños, que acceden a los valores mobiliarios. 
Por otra parte, esto potencia el circuito ahorro/inversión y, por consiguiente, hace crecer la economía europea en beneficio de las generaciones futuras y crea un mecanismo de confianza. 
Es, pues, una disposición aparentemente técnica, quizás aparentemente gris, pero a mí me parece de gran importancia económica y social. 
Por lo tanto, felicito de nuevo al Parlamento por el papel decisivo que ha tenido en este resultado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.20 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, hablo con referencia a la página 1 del acta de ayer. 
Tanto el Sr. Smith como yo planteamos la cuestión de la lista para el turno de preguntas y el hecho de las preguntas que habíamos presentado al Comisario Kinnock sobre transporte no se incluyeron en la sección de transportes. 
Nos preguntábamos si se había producido simplemente un patinazo administrativo o si había existido alguna maniobra política para impedir que se sacaran los colores al Gobierno del Reino Unido. 
El Presidente de la Cámara en ese momento, Sr. Imbeni, dijo que comunicaría el asunto a la Comisión. 
¿Ha tenido la Presidencia alguna noticia de la Comisión sobre qué pasó con estas preguntas? 
Sr. McMahon, la pregunta ha sido aceptada y la Comisión debe decidir ahora qué Comisario responderá a la misma. 
En cualquier caso, esta cuestión se está debatiendo y la Comisión es libre de decidir qué Comisario responderá a la pregunta. 
Señora Presidenta, yo era muy consciente de quién sería el Comisario: dirigí la pregunta sobre transporte al Comisario Kinnock, que es el comisario responsable de transportes. 
Ahora bien, alguien de esta institución- o de una de las dos instituciones- decidió no remitirla al Comisario Kinnock. 
Quiero saber si el fallo se debe a los servicios Parlamento o de la Comisión, ¡y quiero saber si es un simple patinazo administrativo o una maniobra política! 
¡Sólo el Presidente puede averiguarlo! 
No, Señoría, ni lo uno ni lo otro. 
Yo sólo puedo repetirle lo que acabo de decir. 
Las preguntas se someten a la consideración de la Comisión en cuanto colegio y la Comisión decide luego quién responderá a cada pregunta. 
Es decir que ni nosotros ni usted podemos decidir que debe ser el Sr. Kinnock quien responda a su pregunta. 
Transmitiremos sus observaciones y su pregunta será respondida. 
Señora Presidenta, si usted me lo permite, quisiera hacer dos pequeñas observaciones con relación al Acta. 
Me refiero a la página 22 de la versión española- he podido comprobar que sucede lo mismo en la versión italiana y en la versión francesa-. 
Durante el debate sobre la EEB tuve el honor de sustituir a la Sra. Pery en la presidencia y cuando estaba interviniendo la Sra. van Dijk concedí la palabra al Sr. Plumb. 
En el Acta no aparece, precisamente, esta sustitución. 
Es para mí un honor ser confundido con la Sra. Pery, pero pienso que el rigor de las actas exige una modificación. 
La segunda observación, señora Presidenta, se refiere a la página 23 y, en mi conocimiento, sólo afecta a la versión española. 
He comprobado la italiana y la francesa y son correctas pero en la versión española, al iniciarse el turno de preguntas al Consejo y a la Comisión, no figura el nombre del Sr. Avgerinos, que fue quien presidió, a mi entender, esta sesión. 
Son dos pequeñas cosas, señora Presidenta, pero creo que, para el rigor de nuestros trabajos, deben ser señaladas. 
Muchas gracias, se corregirá esta omisión y creo que tampoco habrá ninguna dificultad para rectificar asimismo la citada confusión. 
Según me notifican, estas omisiones o errores no aparecen en las versiones que usted no ha citado. 
Se harán, sin embargo, las correcciones necesarias en las versiones que usted ha señalado. 
Señora Presidenta, diversos camiones extranjeros llevan dos semanas retenidos en el norte de España. 
Pese a los intentos del Gobierno español por encontrar una solución, la situación en algunos lugares es extrema. Se pinchan los neumáticos, se rompen los cristales y se han quemado dos camiones. 
Quiero pedirle al Presidente, el Sr. Gil-Robles, que utilice sus buenos contactos con las autoridades españolas para expresarles la inquietud del Parlamento y la desaprobación con respecto a esta situación, y recordar expresamente al Gobierno español que ha de garantizar la libre circulación de personas y mercancías. 
Sr. Cornelissen, su intervención no se refiere al Acta. 
Ahora estamos examinando las objeciones al Acta. 
No obstante, transmitiremos su solicitud. 
De momento, yo les ruego que se limiten a exponer sus objeciones al Acta. 
Señora Presidenta, pensaba que el Sr. McMahon se estaba defendiendo muy bien y no necesitaba mi ayuda, pero me he quedado realmente asombrado con la respuesta que usted le ha dado. 
Si lo que ocurre es que la Comisión va a decidir por sí misma a qué preguntas contestar, ¿por qué se nos pide entonces que dirijamos las preguntas a comisarios concretos? 
¿Por qué se destina una parte del turno de preguntas a comisarios concretos? 
Nosotros habíamos dirigido nuestras preguntas al Sr. Kinnock. 
Alguien tomó la decisión de quitarlas de él y ponerlas tan al final del orden del día que no se llegara a ellas. 
Estamos convencidos de que ha habido fuerzas políticas detrás de ello y queremos que usted nos explique qué ha pasado. 
Trabajo sucio en los momentos decisivos, sabe usted: la industria nuclear está muy al corriente de estas cosas. 
Creo que ha habido un malentendido. 
Yo he dicho que es la Comisión quien decide qué Comisario responde a una pregunta. No he dicho que la Comisión decida a qué preguntas responderá. 
Debe haber habido un malentendido. 
Por otra parte, la Comisión tendrá conocimiento de lo que aquí se ha dicho y yo creo que sin duda es muy posible que finalmente sea el Sr. Kinnock quien responda a la pregunta del Sr. McMahon. 
Pero nosotros no podemos imponer esta decisión. 
Yo sólo puedo someter este problema a la Comisión, con la petición expresa de que sea el Sr. Kinnock quien responda a la pregunta, y así lo haré. 
(El Acta queda aprobada) 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
De conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 del Reglamento, he recibido los siguientes escritos de objeción a la lista de asuntos del próximo debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Sobre el punto I- Derechos humanos -: 
Señora Presidenta, me sumo a su observación sobre los derechos humanos. 
Quisiera formular dos preguntas al respecto. 
En primer lugar, hemos recibido una petición para sustituir nuestra resolución sobre los derechos humanos en relación con Vannunu por una relativa al criminal de guerra Brunner. Rogamos a quienes han presentado dicha petición que acepten incluir a Brunner en la resolución. 
Esta es mi primera solicitud, y la segunda es un llamamiento urgente a los Verdes para que retiren el nuevo punto que desean añadir a los derechos humanos, concretamente, el punto sobre Roisín McAliskey, que se halla detenida; ¿por qué pido esto a los Verdes? Porque en estos momentos se están celebrando negociaciones que podrían verse frustradas al incluir este punto en el orden del día de urgencia. 
Creemos que lo que importa es el resultado, y por tanto pido a los Verdes que hoy no incluyan este punto en el orden del día, sino que lo retiren. 
Sra. d ' Ancona, el escrito de objeción del que yo tengo conocimiento fue presentado por el Grupo del Partido Popular Europeo y el plazo de presentación de hecho ya ha expirado. 
Es decir que no me será posible atender a su solicitud- he comprendido lo que usted desea -, a menos que el Grupo del Partido Popular Europeo se avenga a ello. 
Señora Presidenta, la propuesta que se ha hecho de que retiremos esta resolución está completamente fuera de lugar porque el Parlamento ha de debatir los abusos de los derechos humanos dentro de la Unión y está bastante claro que este Parlamento tiene una oportunidad de hacerlo hoy. 
Si se deja para más adelante será demasiado tarde. 
Se han continuado las negociaciones; se han cruzado cartas en uno y otro sentido pero realmente no ha sucedido nada. 
El Parlamento tiene que ocuparse de los abusos de derechos humanos dentro de la Unión. 
Estamos debatiendo temas de derechos humanos en todo el mundo y no podemos pasar por alto lo que ocurre en nuestros propios Estados miembros. 
Muchas gracias, Sra. McKenna. 
Carne de vacuno- Controles veterinarios- Registro de bovinos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0037/97 del Sr. Papayannakis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0460- C4-0546/96-96/0229 (CNS) ) relativo al etiquetado de la carne y de los productos a base de carne de vacuno; -A4-0033/97 del Sr. Olsson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre las propuestas siguientes: I. Directiva del Consejo (COM (96) 0170- C4-0334/96-96/0109 (CNS) ) por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países tercerosII.Directiva del Consejo (COM (96) 0170- C4-0335/96-96/0110 (CNS) ) por la que se modifican las Directivas 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEEE y 92/118/CEE por lo que se refiere a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros; -A4-0022/97 del Sr. Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0460- C4-0545/96-96/0228 (CNS) ) por el que se establece un sistema para la identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
Señora Presidenta, Señorías, ayer tuvimos un extenso debate acerca de los resultados de la comisión de investigación sobre la EEB y las responsabilidades del Reino Unido, del Consejo de Ministros y de la Comisión. 
Nadie subestima el tamaño de la crisis, sobre todo la crisis de confianza creada entre los ciudadanos con respecto al funcionamiento de la Unión Europea y entre los consumidores con respecto a la cría de ganado vacuno y sus productos. 
Es una crisis de enormes proporciones. 
Se manifiesta en el mercado, en la bajada del consumo y de los precios y en la amenaza consiguiente para el empleo y la viabilidad de las explotaciones. 
Hoy se debate uno de los primeros intentos de la Unión Europea de responder a esta crisis de confianza: una propuesta de reglamento relativo al etiquetado de la carne y los productos a base de carne de vacuno. 
La magnitud de la intervención y de las estructuras requeridas por este Reglamento, así como por el Reglamento relacionado con éste y que se refiere a la identificación y al registro de los animales, indican el nivel de gravedad de la crisis provocada por la EEB. 
Con todo, serán necesarias más intervenciones y regulaciones para restaurar la confianza de los ciudadanos consumidores. 
Será un asunto muy difícil, ya que esta confianza recibe golpes constantes del desarrollo tecnológico y del afán de aumentar las ganancias. 
El uno permite y el otro impone la creación de nuevos productos o la modificación de los productos tradicionales, dejando al consumidor cada vez menor posibilidad de identificar qué es, realmente, lo que come o bebe. 
La verdadera restauración de la confianza sólo se logrará cuando haya una política convincente de erradicación de la EEB en la fase de la producción. 
El Reglamento que se debate hoy interviene únicamente en la fase del comercio; es un intento de ofrecer al consumidor mayor y más útil información referente al origen y las condiciones de producción de la carne y de los productos, esperando que así se contribuirá a tranquilizar el mercado. 
Este Reglamento, sin embargo, se ha elaborado en condiciones de urgente necesidad, por lo que tiene lagunas y deficiencias que intentamos subsanar con las enmiendas presentadas. 
El Reglamento prevé que, en el futuro, la carne y los productos a base de carne de vacuno podrán ofrecerse en el mercado provistos de una etiqueta que incluya información sobre su origen. 
Esta medida requiere la aplicación previa del reglamento para la identificación y el registro de los animales mediante un sistema informático. 
Los problemas que plantea el Reglamento son los siguientes: primero, el sistema de etiquetado que se propone es básicamente facultativo. 
En caso de ser aprobada, esta normativa tendría como consecuencia la creación de dos mercados: uno de productos etiquetados, que inspirarían mayor confianza y serían más caros, y otro de productos no etiquetados, sospechosos, con menor demanda y a precios más reducidos. 
Esta solución parece fácil y ofrece la posibilidad de una aplicación inmediata, pero no soluciona nada. 
Tranquiliza artificialmente al consumidor, sin garantizar que no habrá consumidores peor informados o más pobres que acabarán por comprar los productos considerados más peligrosos, pero que son más baratos. 
Me parece mejor, aunque sigue siendo provisional, la solución del etiquetado obligatorio de todos los productos de la cría del ganado vacuno, incluidos los productos de transformación. 
Dicha solución presenta evidentemente aspectos negativos: sería una intervención de tipo administrativo, implicaría un gran aparato de regulaciones y controles, así como un coste elevado. 
Sin embargo, responde mejor a la gravedad del problema de credibilidad al que nos enfrentamos. 
Segundo problema: el etiquetado está previsto para la carne y los productos a base de carne de vacuno. 
El ponente insiste en que el objetivo final debe ser etiquetar todos los productos provenientes de la cría del ganado vacuno, incluidos los productos de transformación. 
Tercer problema: los datos que según el reglamento figurarían en las etiquetas no son suficientes. 
Determinadas enmiendas proponen que se incluya información sobre las condiciones de engorde y de reproducción de los animales de los que provienen los productos en cuestión, así como otros datos útiles. 
Por último, el ponente propone que se refuercen las disposiciones relativas a los controles de la aplicación del sistema y a las sanciones contra los infractores. 
Es una cuestión que la Comisión Europea generalmente tiende a subestimar. 
La reciente crisis de la EEB debería haberla convencido para cambiar su postura al respecto. 
De todas formas, todo esto tiene un valor relativo y, repito, afecta sólo al último eslabón de la cadena, que comienza con la producción y llega hasta el consumo final. 
Esperemos que, en sus próximas propuestas, la Comisión y el Consejo partan de la raíz del mal, que es el propio modelo de producción y apliquen nuevos criterios basados en el desarrollo sostenible y en la necesidad de proteger a los consumidores y a la salud pública. 
Si me permite unas palabras más, señora Presidenta, ayer el Sr. Santer declaró que está a favor del etiquetado obligatorio. 
Supongo que esto significa que la Comisión aprueba todas las enmiendas correspondientes presentadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
En función de la respuesta que recibamos de la Comisión, decidiremos sobre nuestro apoyo a las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Muchas gracias. 
Señora Presidenta, me permito en primer lugar felicitar al Sr. Papayannakis por el buen trabajo realizado. 
En la situación actual es importante que intentemos devolver a los consumidores la confianza en los productos alimenticios. 
Antiguamente los alimentos se producían y consumían en la misma localidad. 
La gente sabía de dónde procedían, cómo se habían producido, cómo prepararlos y qué repercusiones tenían sobre la salud. 
También en caso de que se dieran focos de contagio u otros problemas la reacción era más resignada. 
Hoy en día no tenemos un mercado local de alimentos. 
Tampoco tenemos ya un mercado nacional. 
Hoy tenemos un mercado europeo y en algunos sectores global en lo concerniente a los alimentos. 
Es bueno que tengamos la libre circulación de productos y servicios dentro de la Unión Europea, y me parecen positivos los esfuerzos por aumentar el comercio global. 
No obstante, no conviene que la libre circulación nos lleve a que se reproduzcan más los contagios y las enfermedades, enfermedades que pueden afectar a los animales o las personas. 
Por eso es tan importante controlar lo que comemos, informar al consumidor sobre el lugar de donde proceden los alimentos, y sobre el modo en que se han producido. 
Con respecto al informe Papayannakis, hay dos cuestiones principales sobre las que hemos de adoptar una posición: una es si el sistema de etiquetado debe ser voluntario u obligatorio, otra si hay que aplicarlo a las piezas de carne de vacuno o también a los productos a base de esta carne. 
Pero, en nombre de mi Grupo, doy nuestro apoyo al sistema obligatorio de etiquetado. 
También soy muy consciente de que puede ser difícil etiquetar los productos derivados; se sigue produciendo una dispersión de productos cada vez mayor. 
No obstante, creo que debemos- y en esto debe darnos su ayuda la Comisión- encontrar unas posibilidades prácticas de llevar a cabo una acotación, de modo que el etiquetado obligatorio se aplique también por principio a los productos a base de carne de vacuno. 
Con ello, señora Presidenta, paso a mi propio informe, que gira en torno al mismo asunto, la seguridad en torno a los alimentos, pero centrándonos en los procedentes de terceros países. 
En este sentido comenzaré agradeciendo al Sr. Kindermann y a la Comisión de Agricultura sus valiosos puntos de vista, que se centran en unos detalles a los que la Comisión de Medio Ambiente no tenía pleno acceso. 
También doy las gracias a la Comisión de Presupuesto, que ha manifestado su opinión sobre el informe en su escrito. 
La propuesta consiste en armonizar la normativa para los controles veterinarios de todos los productos de origen animal que se introducen en la Unión Europea, y propone que se someta a cada lote a un control veterinario en un centro de control autorizado. 
En relación con ello se utilizará una base de datos, ANIMO, con miras a la comunicación entre los diversos centros. 
Esta propuesta me parece positiva y la respaldo en sus líneas esenciales. 
Contiene una serie de simplificaciones que son valiosas. 
Pero el sistema único significa también que debemos esforzarnos más por limitar el fraude en las importaciones. 
Existe un punto de vista que estoy especialmente interesado en añadir; seguramente se trata de un interés especial sueco o nórdico, pero no por ello es menos importante. 
En el artículo 2 de la Directiva se mencionan también ciertos productos vegetales. 
Se trata concretamente del heno y la paja, porque pueden resultar ser agentes de contagio en casos de fiebre aftosa. Actualmente tenemos además otros problemas. 
Se trata de la introducción de harina de soja, que a menudo contiene la bacteria de la salmonela. Esto es causa de gran preocupación, sobre todo para aquellos países que han avanzado en la lucha contra la salmonela, como Suecia y Finlandia. 
Existe también una claúsula que establece normas especiales para países que tengan requisitos estrictos. Esto es importante también en este contexto y es bueno que se incluya. 
Tengo una enmienda en relación con las sanciones. 
Se trata de un detalle en realidad. 
Deseamos, de conformidad con el sistema jurídico sueco, que la decisión definitiva sobre las sanciones no sea solamente de naturaleza administrativa, sino que se adopte a través de los tribunales. 
Además proponemos- puede parecer extraño- que se posponga la introducción hasta el 1 de enero de 1998, puesto que el sistema informático de datos no se ha puesto en marcha. 
Por eso no puede producirse la introducción, según la propuesta de la Comisión, el 1 de enero de 1997- fecha que ya se ha sobrepasado. 
Señora Presidenta, esto es todo lo que tenía que decir sobre la cuestión. 
La Comisión de Medio Ambiente ha apoyado las enmiendas de la Comisión de Agricultura y de su ponente, Sr. Kindermann, además de las de la Comisión de Presupuestos, y creo que será posible tomar una decisión sobre el informe con un amplio consenso. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, es necesario extraer las debidas consecuencias de lo ocurrido en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina, tal como sin duda quedó particularmente claro ayer. 
En términos muy concretos y con vistas al futuro, es preciso mejorar la identificación de los animales, al igual el etiquetado de la carne de vacuno. 
La confianza de los consumidores en la carne de vacuno se ha visto alterada a escala masiva. 
Las causas son múltiples. 
Entre otras, es esencial el hecho de que la carne se vende predominantemente como un producto anónimo de consumo masivo, sobre cuyo origen el consumidor en realidad sabe muy poco o, de hecho, casi nada. 
Es preciso poner remedio a esta situación. 
Como requisito previo para cualquier mejora en este ámbito, es necesario, obviamente, que la producción sea transparente, pero también debe serlo la comercialización. 
La Comisión, y quiero subrayar este hecho, ha reaccionado y el pasado otoño presentó una propuesta de reglamento por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
La seguridad necesaria para el consumidor requiere, no obstante, en igual grado y medida, tanto la citada identificación como el etiquetado de la carne de vacuno. 
Sólo una garantía de calidad que incluya estos dos componentes permitirá recuperar finalmente la confianza de los consumidores. 
De poco sirve lamentarse por la insuficiente transposición de la actual Directiva- en efecto ya existe una-. 
Debemos acelerar la aprobación del Reglamento y proceder luego a su transposición, como principio de actuación en todos los Estados miembros. 
El sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina se basa en los cuatro elementos siguientes: marcas auriculares- en ambas orejas -, bancos de datos- absolutamente esenciales -, pasaportes para los animales y sistemas de registro individual en las explotaciones. 
Estos elementos serán y deben ser obligatorios. 
El Consejo debe decidir ahora, sobre la base del informe- y éste es un aspecto que también quisiera destacar -, si es posible introducir un sistema electrónico de identificación después de una fase de prueba. 
En estos momentos se está realizando esta fase de prueba, el llamado programa IDEA, con alrededor de un millón de animales. 
No existe absolutamente la menor duda de que los actuales medios de certificación de la procedencia de los animales de la especie bovina son deficientes. 
En este contexto, es preciso contemplar dos criterios fundamentales. Por una parte, las propuestas deben ser aplicables. 
No podemos correr el riesgo de introducir a la ligera medidas en estos tres ámbitos. 
El sistema tiene que funcionar, sobre todo por lo que respecta a la comunicación entre los productores y las bases de datos. 
Por otra parte, pese a la necesidad de recuperar la confianza de los consumidores, no debe perderse de vista el objetivo de que las cargas burocráticas para los productores queden reducidas al mínimo, tal como ha solicitado repetidamente con especial hincapié el Parlamento Europeo en anteriores ocasiones. 
La recuperación de la confianza de los consumidores exige que se cumplan algunos requisitos. 
La agricultura también está dispuesta a cumplirlos. 
Sin embargo, yo pienso que debemos hacer mayor hincapié en la responsabilidad de los Estados miembros en la transposición del Reglamento y, por lo tanto, deberíamos incorporar un cierto margen de libertad, sobre todo por lo que se refiere a la introducción del banco de datos y de los pasaportes para los animales de la especie bovina. 
Las condiciones para la introducción del banco de datos son muy diversas. 
Éstos ya funcionan en parte, pero su introducción tal vez todavía requiera un cierto tiempo en algunos países. 
El punto de partida de nuestras reflexiones, Señorías, debería ser la necesidad de garantizar un registro de datos absolutamente fiable en la práctica. 
Pero una vez garantizado esto, no debemos exigir más de lo necesario, o sea tampoco un posible doble registro. 
Un aspecto sumamente decisivo por lo que respecta a la credibilidad de las medidas- y aquí reside, sin duda, el quid de la cuestión, señor Comisario- es el relativo a la importación de terceros países. 
El Sr. Olsson ya ha hecho especial referencia a ello. 
Para garantizar la identificación reglamentaria de estas importaciones, de esta entrada de animales de terceros países en la Comunidad, es preciso que se proceda a su identificación oficial en la frontera misma. 
Los datos correspondientes deberán remitirse sin demora a la base de datos y la expedición del pasaporte para el animal también debe ser inmediata. 
Las propuestas de la Comisión por lo que respecta a este punto son insuficientes a mi parecer. 
Lo que está en juego es la credibilidad del sistema. 
No podemos permitirnos ser menos rigurosos con la importación de terceros países que con los animales nacidos en la Comunidad. 
¡Éste es un aspecto que yo considero absolutamente esencial, Señorías! 
Dicho lo cual, también debo añadir que el plazo de 30 días para la identificación es razonable y deberíamos mantenerlo. 
Finalmente, Señorías, cabe añadir que el etiquetado se trata bajo el fundamento jurídico del artículo 100A del Tratado. Y si el etiquetado se trata bajo este fundamento jurídico, sin duda lo mismo debería hacerse en el caso de la identificación de los animales. 
En efecto, según las declaraciones efectuadas por la Comisión en el debate de ayer sobre la encefalopatía espongiforme bovina, la normativa en materia de codecisión se hará extensiva también a estos ámbitos y si, con la buena voluntad de las partes implicadas, esto no representa ningún retraso o sólo un retraso insignificante, también debería tratarse bajo el fundamento jurídico del artículo 100A el aspecto concreto de la identificación de los animales de la especie bovina. 
Yo quiero presentar ahora una enmienda oral por la que solicito que se someta a votación esta propuesta y recuerdo que, aunque el retraso sea breve, esto supone la devolución formal a la comisión, por decirlo así. 
No obstante, yo creo que, con buena voluntad, será posible proceder rápidamente, con escasa pérdida de tiempo. 
Señora Presidenta, Señorías, la finalidad de una de las propuestas de la Comisión que hoy se someten a debate es establecer una normativa común relativa al control de los productos animales procedentes de terceros países. 
La realización del mercado único y la consiguiente supresión de los controles fronterizos hacen necesaria la armonización de las condiciones exigidas para la importación, como requisito previo para la suspensión de los acuerdos bilaterales. 
Su objetivo es establecer una rigurosa normativa destinada a garantizar la protección de la salud en determinados ámbitos. 
La supresión de los controles de identidad independientes es aceptable, puesto que tendrá lugar en el marco de la futura inspección material. 
Más allá del hecho de que la traducción alemana es errónea y en parte puede llamar a error, la propuesta contiene algunas formulaciones poco claras que hemos procurado eliminar mediante las enmiendas propuestas. 
Esperamos que la Comisión acepte las modificaciones propuestas. 
Instamos asimismo a la Comisión a que reconsidere de nuevo su posición en cuanto al fundamento jurídico elegido. 
Ella misma reconoce en su propuesta que la realización del mercado interior y la armonización de la protección de la salud hacen necesaria una regulación común de los controles veterinarios. 
En realidad, precisamente en el contexto del actual debate sobre la encefalopatía espongiforme bovina en esta Cámara y entre los ciudadanos, afuera en la calle, y de la acertada decisión de la Comisión de retirar a la Dirección General de Agricultura las competencias en materia de controles veterinarios, la Comisión debería comprender que la supervisión de los productos de origen animal guarda mayor relación con la protección de la salud y de los consumidores que con los temas de ordenación del mercado agrícola. 
Por lo tanto, el Parlamento considera que el único fundamento jurídico adecuado, tal como se desprende de los conocimientos adquiridos y de las experiencias de las últimas semanas y los últimos meses, es el artículo 100A, en combinación con el artículo 129A. 
En este contexto, yo quiero remitirme también de manera especial a los comentarios del Sr. Mayer, que yo suscribo al cien por cien, en el sentido de que deberíamos hacer extensivas igualmente estas consideraciones a los otros dos informes que hoy se debaten. 
Señora Presidenta, ayer expresábamos las preocupaciones de los consumidores europeos y de los consumidores de fuera de la Unión Europea sobre toda la cuestión de la carne de vacuno. 
Hoy estamos tomando medidas apropiadas para responder a algunas de esas preocupaciones. 
Acojo con agrado la nueva urgencia y actividad de la Comisión Europea en este área. 
Rechazo las críticas de que la presente propuesta impone cargas administrativas innecesarias a los ganaderos. 
Es absolutamente necesario hacer esto para consolidar los mercados que tienen los ganaderos europeos para sus productos cárnicos. 
También es necesario tranquilizar a las personas de terceros países que compran nuestros productos. 
En la Unión Europea producimos un millón de toneladas de carne de vacuno que deben venderse en terceros países. 
Es bien conocido que los consumidores de fuera de la Unión Europea son cada vez más conscientes de los aspectos de salud y seguridad de los productos que nos compran. 
Así pues, esta medida es importante por todas las razones expuestas. 
He de manifestar las preocupaciones de la Comisión de Control Presupuestario en materia de costes. 
Tenemos quizá 70 millones de bovinos en la Unión Europea. 
Gastamos 60.000 millones de ecus anualmente. 
En torno al 70 % de esto se paga en primas individuales. 
De manera que es sumamente importante desde el punto de vista contable que sepamos exactamente dónde están estos animales y cómo calcular correctamente la cantidad de dinero que debería gastarse y que se ha gastado. 
A la Comisión de Control Presupuestario le preocupa además que el reglamento no incluya al ganado ovino y caprino. 
Hemos pensado que, puesto que las ovejas y cabras estaban incluidas en la Directiva 102 inicial, debieran incluirse también ahora. 
En nombre de la Comisión de Control Presupuestario, invito a la Comisión a que proponga legislación que nos dé más garantías en relación con el empleo de este dinero. 
Señora Presidenta, en primer lugar, coincido en términos generales con el informe del Sr. Mayer. 
Además, es necesario que se apliquen las disposiciones del reglamento y las enmiendas que lo mejoran para llevar a efecto el etiquetado de la carne. 
Si no se procede a la identificación y el registro de los animales de la especie bovina, no podremos imponer el etiquetado de la carne y de los productos a base de carne de vacuno. 
No obstante, señora Presidenta, quiero subrayar la ingente tarea que conlleva el registro en bancos de datos y el seguimiento de los movimientos de 95 millones de reses, que es el número a que ascienden en la Unión Europea. 
Se trata de algo que hace unos años hubiera parecido inconcebible, mientras que hoy es una necesidad y a un precio enorme; es el precio de la negligencia (por no decir otra cosa) de las instituciones comunitarias. 
Es el precio que tendremos que pagar nosotros por los beneficios que reportó a otros la postura que asumieron durante la crisis de la EEB. 
Sin embargo, hay un problema, señora Presidenta. 
Algunos Estados están más o menos preparados para aplicar este sistema, mientras que otros apenas lo están. 
Si no queremos abrir pequeñas puertas traseras para la economía sumergida, el contrabando y otras prácticas que acabarían perjudicando la salud pública, creo que hay que apoyar la enmienda que aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente y que, en esencia, pide a la Comisión Europea el establecimiento y la financiación de un programa específico de armonización de las legislaciones de todos los Estados miembros y la disposición de los soportes electrónicos y demás medios necesarios para aplicar lo antes posible el sistema de registro e identificación en toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, creo que las propuestas que hoy estamos debatiendo son muy importantes. 
Encuentro que existe una fuerte vinculación entre el objeto del debate de hoy, el informe del Sr. Mayer, y lo que debatimos ayer a raíz de la epidemia de EEB. 
Considero que es muy importante dotarse de un sistema de identificación y registro de los bovinos eficaz, fiable y seguro. 
Asimismo, aprecio mucho la idea del etiquetado de las carnes bovinas que, como se dijo en el seno de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, debe dejar de ser facultativo para convertirse en obligatorio. 
A mi juicio, se trata de señales muy importantes que es preciso ofrecer al consumidor, quien hoy sufre una pérdida de confianza en la carne de vacuno y en todos los productos de origen animal, una crisis debida al sistema de explotación y a los problemas que de vez en cuando se denuncian en cuanto al transporte de los animales y a las dificultades para reconocer el origen del producto que acaba, tras su transformación, en nuestras mesas. 
A todas estas dificultades que ya eran unas dificultades de carácter crónico y estructural y demostraban el desequilibrio del mercado de carne vacuna en Europa, se añadió el suceso de la EEB que complicó sumamente la situación. 
Estimo, pues, que el sistema de pasaportes para los animales, los bancos de datos, las marcas auriculares y los registros llevados en algunas empresas que, según nuestro Grupo, han de ser obligatorios- sin excepciones ni siquiera en los períodos transitorios que los convertirían, en cambio, en facultativos- son elementos muy importantes tanto para fines de sanidad y de control veterinario como para evitar fraudes en la gestión de las primas que prevé la Política Agrícola Común en el sector de la carne de vacuno. 
Señor Presidente, considero que es necesario llegar a definir cuanto antes las líneas de reforma de la OCM de la carne de vacuno, habida cuenta de que éste es un tema anunciado en repetidas ocasiones y estimo que todos nuestros Estados y, sobre todo, los productores de la Unión Europea, tienen razón a la hora de pretender que se pase cuanto antes de las palabras a los hechos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, las tres propuestas relativas al registro de los animales de la especia bovina y al etiquetado de la carne de vacuno y también el informe Olsson son de la máxima importancia, a la vista de la problemática de la encefalopatía espongiforme bovina y de la crisis de confianza de los consumidores asociada a la misma. 
Sencillamente debemos conseguir recuperar la confianza de los consumidores. 
La posibilidad de acreditar la procedencia de los animales de la especie bovina y de la carne de vacuno puede contribuir decisivamente a ello. 
El enfoque de la Comisión por lo que se refiere al registro de los animales de la especie bovina, que prevé la introducción obligatoria de una base de datos y de un sistema de pasaportes para los animales, es acertado. 
No debemos permitir que las supuestas dificultades técnicas nos hagan flaquear en nuestra decisión. 
Las experiencias realizadas en algunos Estados miembros que disponen de bases de datos indican que las posibilidades son muchas. 
Es evidente que la transposición de la Directiva de 1992 no es satisfactoria y tal vez no era posible transponerla satisfactoriamente. 
Las especulaciones sobre el origen de determinados animales continúan. 
Debemos tener claro que el verdadero trabajo empezará con la transposición del nuevo Reglamento. 
Por ejemplo, será preciso garantizar en la práctica que el intercambio de datos entre los Estados miembros funcione debidamente. 
¿De qué le sirve a un agricultor francés que no conoce exactamente la procedencia de un animal bovino llegado de España que los datos sobre el mismo sólo estén disponibles en la base de datos española, sin que él pueda acceder a ellos, o viceversa? 
Yo no alcanzo a comprender, no obstante, por qué quiere establecer la Comisión que la identificación de los animales procedentes de terceros Estados sólo sea obligatoria a los catorce días de su importación. 
Yo apoyo firmemente la enmienda de la Comisión de Agricultura, tal como aparece recogida en el informe Meyer, que propone la identificación inmediata. 
Todo el sistema sólo será útil, sin embargo, si la certificación de origen puede ponerse también en conocimiento del consumidor. 
Con este objeto, es necesario que la identificación de la carne de vacuno se extienda hasta el mostrador de la tienda. 
En esta Asamblea, todos coincidimos en que un sistema de etiquetado voluntario, como el que propone la Comisión, no es la vía adecuada para recuperar la confianza de los consumidores. 
A mi parecer, no servirá de nada remitirse a las fuerzas del mercado, con la idea de que éstas acabarán estableciendo un sistema de etiquetado. 
La desconfianza de los consumidores persistirá mientras en Europa no se proceda al etiquetado general en estos sectores. 
Sólo un sistema de identificación obligatorio puede ser útil en estas circunstancias. 
La Comisión declaró en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que si la identificación es voluntaria, se podrá hacer extensiva esta directiva también a los productos a base de carne y derivados, como por ejemplo los productos que contienen gelatina. 
El resultado será que se identificarán muchos productos, el proceso será largo y habrá mucho encubrimiento. 
Lo que nos ofrecen es un juego de manos. 
Según estas propuestas, en el bote de crema deberían figurar ocho datos sobre el animal de la especie bovina del que se obtuvo la gelatina, entre ellos la fecha del sacrificio, el sexo del animal y el procedimiento de transporte, por citar sólo unos cuantos. 
Esto no es realista y deberíamos olvidarnos de ello. 
Yo comprendo, naturalmente, las motivaciones de quienes defienden una regulación de amplio alcance y obligatoria también en este caso. 
Efectivamente, después del caso de la encefalopatía espongiforme bovina, debemos ofrecer señales, debemos demostrar que nos proponemos inaugurar una nueva vía. 
Sin embargo, conviene preguntarse si será posible conseguirlo mediante unos requisitos que difícilmente podrán funcionar en la práctica. 
Por mi parte, sólo puedo advertir de los riesgos que supondría adentrarse por ese camino. 
Pese a toda nuestra comprensión por las motivaciones, debemos preguntarnos si no mermaremos todavía más la confianza si luego se constata que una identificación de este tipo no es posible y si, debido a la obligación entonces existente, para resolver el tema se procede de un modo tal vez incomprensible o incluso indebido, puesto que los requisitos ya estarán fijados. 
¿Qué ocurrirá entonces si se dan casos de este tipo? 
¿Cómo podremos recuperar la confianza de los consumidores en esas circunstancias? 
Yo soy del parecer que sólo debe identificarse lo que sea controlable. 
Evidentemente, no debe impedirse a ningún Estado miembro que adopte su propia normativa en estos aspectos, pero no debemos aplicarla a escala europea. 
Un punto indeclinable, en cambio, señor Comisario, y yo le ruego encarecidamente que lo tome en consideración, es nuestra petición de que los informes se traten bajo el fundamento jurídico del artículo 108. 
A juzgar por la intervención de ayer del Sr. Santer, yo creo que no les será difícil aceptarlo. 
Esta propuesta obtuvo un 100 % de votos afirmativos en la Comisión de Medio Ambiente. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha manifestado que es acertado tomarla en consideración. 
Si así se hace habremos iniciado el mejor camino posible. 
Señora Presidenta, deseo subrayar la gran sagacidad de quien programó este debate para el día siguiente del de la EEB, así como de quien vinculó estos tres informes, en realidad, complementarios y semejantes a tres eslabones de la misma cadena, lo cual comporta un resultado importante, esto es, nuevas garantías para los consumidores y nuevas obligaciones para los productores, con una implicación quizás todavía demasiado escasa de otros operadores que, por el contrario, son sumamente importantes en este ámbito. 
Con esto quiero referirme a los mayoristas y comerciantes que, en el momento de la comercialización representan, de hecho, un nexo importante y deben asumir responsabilidades, sobre todo por lo que se refiere a los sistemas de etiquetado. 
Voy a detenerme por un momento en el sector agrícola y en los problemas que podría plantear esta innovación. 
Hasta ahora, con la antigua marca auricular y el inventario en las explotaciones, la gran mayoría de los criadores- incluso los más pequeños- consiguieron salir airosos. 
Sin embargo, no puede negarse que esta nueva normativa introduce en las explotaciones agrícolas unos elementos hasta ahora bastante desconocidos, empezando por el ordenador que requiere una formación profesional específica y a lo mejor la presencia en dichas explotaciones de terceras personas. 
Es evidente que todo esto puede traducirse, y estoy seguro de ello, en nuevas cargas financieras y en un diferente compromiso profesional, a pesar de que todo ello implica, claramente, una mayor cualificación. 
Por consiguiente, estoy de acuerdo con la innovación, sin embargo, creo que antes de regalar un vehículo a alguien, es conveniente informarse si tiene el permiso de conducción, ya que, de lo contrario, acabará en la cuneta. 
Por lo tanto, he aquí mi propuesta: una reforma progresiva, sobre todo por lo que se refiere a la introducción de las bases de datos, para cuya fiabilidad es necesario que el canal de comunicación esté constantemente alimentado por un gran porcentaje de productores. 
Me parece razonable la propuesta de crear un «año de transición» , después del plazo del 31 de diciembre de 1997. 
Pienso ante todo en las pequeñas explotaciones y en las explotaciones de montaña en las que todas estas innovaciones, habida cuenta de la escasez de productores, podrían provocar inquietud y confusión. 
En cuanto se haya completado la base de datos, puede pensarse en el pasaporte, un proyecto decididamente interesante y ambicioso que acompaña los traslados de bovinos, el crecimiento y toda la vida de los animales, hasta el certificado final que podríamos identificar con el etiquetado terminal de un sistema de documentación que debe basarse siempre en la transparencia y la exactitud de los datos para poder garantizar la calidad, o sea, las características del producto, el origen conocido, las modalidades de elaboración y los eventuales controles veterinarios. 
Esto vale sobre todo para los productos elaborados a base de carne. 
Me refiero, no sin cierta preocupación, a las famosas hamburguesas, tan apreciadas por los jóvenes que nos están escuchando y para las que este etiquetado es más importante que para el resto de los productos elaborados a base de carne, unas hamburguesas, cuyo origen, ingredientes y, sobre todo, calidad son a menudo todavía una utopía. 
Señor Presidente, represento a Somerset, en Devon del Norte, que es el centro ganadero del vacuno en el Reino Unido, y lo que nosotros no sepamos sobre la carne de vacuno y productos derivados apenas merece la pena saberlo. 
Nos ha afectado gravemente la reciente crisis de confianza en el sector. 
Este es el motivo por el que recibo con agrado estos reglamentos de la Comisión y, desde luego, las enmiendas propuestas por el Sr. Papayannakis, porque me parece que son esenciales para restablecer la confianza de la opinión pública en todo el sector de la carne de vacuno. 
Mi grupo es partidario de un sistema de etiquetado obligatorio. 
Creemos que, aunque el origen geográfico es importante, desde luego no es el factor concluyente o definitivo. 
Lo que deseamos son cosas como las que se piden en la enmienda nº 4 del Sr. Papayannakis sobre unos requisitos mínimos. 
Querríamos un etiquetado que incluyera asimismo las técnicas de ingeniería genética y el uso de estimulantes en la producción de carne de vacuno, aunque a este respecto preferimos la enmienda nº 29 del Sr. Tamino a las presentadas por el ponente. 
Creo que es incluso más importante etiquetar los productos procesados que contienen carne de vacuno y productos derivados que etiquetar la propia carne, aunque ello resulte difícil. 
Es un área en la que la confianza de la opinión pública se encuentra realmente en su punto más bajo. 
Es importante que los ciudadanos conozcan- y esto es algo por lo que hemos luchado los Liberales en el Parlamento Europeo- qué contienen exactamente los productos alimenticios que compran. 
Creo, asimismo, que unos requisitos de etiquetado más estrictos ayudarían a los ganaderos. 
Éstos han perdido el control de su sector. 
Han perdido el control del sector en etapas anteriores del proceso de producción, donde intervienen los fabricantes de piensos para el ganado, y también lo han perdido en etapas posteriores, en favor de las grandes cadenas de alimentación. 
Unos requisitos que ayudaran a fomentar la confianza de la opinión pública ayudarían también a los ganaderos a recobrar el control sobre este importante sector. 
Por lo tanto, los Liberales de esta Asamblea apoyamos la idea de un pasaporte para los animales. 
Querría terminar sugiriendo a la Comisión que, muy en breve, necesitaremos realizar una revisión mucho más amplia de los requisitos sobre etiquetado de los alimentos en la Unión Europea. 
Tenemos una gran cantidad de reglamentos, que deberían reunirse en un documento único. 
Señora Presidenta, tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo del debate, creo que todo el Parlamento se da cuenta de la conveniencia y necesidad de estas tres propuestas, así como de que se debatan conjuntamente, ya que guardan relación entre sí. En primer lugar, porque no tendría sentido disponer de un etiquetado, que nosotros queremos obligatorio, si no vamos a disponer de una identificación fiable de los bovinos, de la que se deriva, en consecuencia, la necesidad de marcas auriculares, bases de datos, pasaportes para los animales y registros en las explotaciones, así como, en el futuro, una eventual identificación electrónica. 
Todos estos elementos constituyen una premisa indispensable, que debe ponerse en práctica lo antes posible, para ofrecer una garantía en cuanto a los resultados. 
El objetivo es el de garantizar a los ciudadanos un control fiable y, por consiguiente, un etiquetado que consideramos necesariamente obligatorio de la carne de vacuno y, en el futuro, de otros tipos de carne. 
El etiquetado además de obligatorio deberá ser claro, según las indicaciones ya adoptadas en la Comisión de Medio Ambiente en virtud de las enmiendas presentadas también por los Verdes. 
No tenemos dudas en cuanto a que se tenía que haber actuado en este sentido mucho antes y que no era preciso esperar los dramas provocados por la EEB para llegar a este resultado. 
Hoy, sin embargo, en la situación actual, debemos pretender que se lleve a cabo a corto plazo lo que ayer mencionó en este Pleno el Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
Por lo tanto, esperamos que hoy la Comisión nos diga claramente que el etiquetado va a ser obligatorio y, en consecuencia, no se oponga a las enmiendas formuladas al respecto. 
Esperamos asimismo un etiquetado muy claro, por lo que confío en que no exista oposición alguna en lo relativo, por ejemplo, a los productos transgénicos. 
Ésta sería la premisa para que de forma cada vez más obligatoria se incluya en las etiquetas de los productos alimenticios una información sobre los productos derivados de organismos manipulados genéticamente. 
Según lo indicado en los informes de los Sres. Papayannakis y Olsson, el fundamento jurídico debe ser el artículo 100 A y confiamos en que sea el propio Comisario Fischler quien lo diga. 
No hace falta nada más, es suficiente que la Comisión lo reconozca. Es necesaria una reorganización de la Dirección General XXIV, orientada a la defensa de la salud de los consumidores y realizada de tal forma que a dicha Dirección General se le faciliten el personal y los medios adecuados. 
Por último, confiamos realmente en una reforma de la PAC en la que los problemas del medio ambiente y la salud prevalezcan sobre los de la producción cuantitativa. 
Señora Presidenta, Señorías, la ganadería está sometida a fuertes presiones, y no sólo por la enfermedad de las vacas locas, sino por muchas cosas más. 
El 20 de febrero se cumplirán dos años del cruel asesinato en Flandes de un inspector veterinario, y este crimen se atribuye a la muy ramificada mafia de las hormonas. 
El uso ilegal de hormonas del crecimiento en la carne de vacuno sigue siendo un problema muy grave. 
Por ello, la identificación y el etiquetado de la carne de vacuno son iniciativas importantes. 
Asimismo son complementarias. Todo empieza con la identifiación y el registro, y el etiquetado es una consecuencia lógica. 
Sin embargo, quiero formular algunas objeciones. 
En el informe Mayer está la enmienda nº 19 de la Comisión de Agricultura, que quiere que los productores reciban un mayor número de marcas auriculares para poder reemplazar las marcas que han perdido y rellenarlas de forma legible. A mi entender es muy peligroso, pues puede dar pie a todo tipo de trampas. 
En mi país, por ejemplo, disponemos de un régimen de identificación muy bueno. Sin embargo, hay ganaderos sospechosos que a menudo manejan marcas auriculares falsas, y este es un sistema bien conocido en la mafia de las hormonas. 
Entregar así como así marcas auriculares o pasaportes en blanco es en realidad un incentivo al engaño y el fraude. 
Una segunda objeción: se quiere un sistema de etiquetado voluntario. 
Comparto la preocupación del Sr. Papayannakis de que semejante sistema provoque un mercado dual, que es antisocial. Al final tendremos un mercado caro de productos etiquetados y por otro lado un mercado barato de productos no etiquetados, y eso no puede ser. 
Y por último, lo siguiente: diversas empresas han introducido un sistema electrónico de identificación del ganado vacuno. Se trata de un reconocimiento electrónico de chips que se implantan en el ganado. 
Gracias a ello los desplazamientos se registran automáticamente y no sólo es útil para los ganaderos, sino también para el sistema de computación de los mataderos e incluso para los bancos de datos centrales. Mi pregunta a la Comisión es: ¿Ha estudiado ya el Sr. Schleicher este sistema? 
Señora Presidenta, señor Comisario Fischler, el informe del Sr. Papayannakis relativo al etiquetado merece un juicio positivo, sobre todo cuando reitera que el etiquetado debería ser obligatorio para facilitar indicaciones fiables a los consumidores de carne o de productos a base de carne de vacuno. 
Si esto se hubiera hecho antes, no cabe duda de que habríamos logrado una protección más amplia frente a los riesgos de la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina. 
Actualmente dicho etiquetado es opcional, motivo por el cual el Pleno, al aprobar este informe, rechazaría la propuesta de la Comisión que propugna que dicho etiquetado sea facultativo. 
Hacen falta sensatez y coraje: o se intenta restaurar la confianza de los consumidores o se protegen los intereses de algunos productores que se amparan en lo turbio, no haciendo público los que debería aparecer en la etiqueta, esto es, procedencia, elaboración, caducidad, aditivos utilizados para el producto comercializado. 
Coincido con lo manifestado por el ponente cuando introduce la idea de que incluso los operadores que importan carne o productos a base de carne de terceros países deberían etiquetar dichos productos. 
Alianza Nacional está a favor del etiquetado de las carnes de vacuno y los productos a base de carne de vacuno, muy consciente de que ciertos dispositivos para el control de los animales pueden conllevar importantes dificultades operativas, así como requerir notables esfuerzos de organización y financieros. 
En mi anterior intervención en torno a la encefalopatía espongiforme bovina, dije dura lex, sed lex. 
Hoy debo manifestar que no se puede obtener un beneficio sin cargar con el gasto y, por consiguiente, la cuestión ha de abordarse no sólo en términos de profilaxis, esto es, identificación y registro de los bovinos y base de datos informatizada, sino también en términos de máxima claridad a la hora de comercializar el producto. 
En consecuencia, apoyamos el etiquetado de las carnes y de los productos a base de carne, ya que es necesario ponerse de acuerdo al menos sobre la obligatoriedad de la información relativa a los orígenes y la elaboración de las carnes. 
Vamos a votar a favor de las enmiendas orientadas a dicho fin. 
Señora Presidenta, querría en primer lugar elogiar el excelente trabajo realizado por todos los ponentes y, en particular, por el Sr. Papayannakis, tanto en su propio informe sobre etiquetado de la carne de vacuno como, asimismo, al escribir la opinión para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor acerca del informe del Sr. Mayer sobre identificación de los animales. 
Todos conocemos los antecedentes de estos dos informes, y también los del Sr. Olsson, que fueron conectados por la Comisión. 
Uno de los temas clave que surgieron ayer en nuestro extensísimo debate acerca del informe del comité especial sobre la EEB fue la necesidad de poder identificar y hacer un seguimiento del ganado a fin de que la EEB pueda ser eliminada. 
Uno de los grandes problemas para precisar qué ganado había que sacrificar exactamente en el Reino Unido fue la falta de registros exactos. 
A veces, tanto los ganaderos como el gran público observan que se han sacrificado primero rebaños libres de la enfermedad, mientras que rebaños que habían tenido casos de EEB se habían dejado olvidados, sabiendo sus propietarios que el ganado se cribaría en algún momento, pero no sabiendo si comprar pienso extra para el invierno o no. 
Las propuestas de registrar adecuadamente los rebaños por medio de marcas auriculares, pasaportes individuales para los bovinos y bases informáticas merecen una muy buena acogida. 
Es importante que la información relativa al parentesco, el rebaño, la fecha de nacimiento y la explotación ganadera de pertenencia sea fácilmente comprobable. 
En vista de la especial situación que existe en Europa en este momento, la Comisión de Medio Ambiente está proponiendo enmiendas para añadir información sobre alimentación, hormonas y medicamentos. 
A los consumidores les preocupan cada vez más los efectos sobre la salud humana de una exposición excesiva a los antibióticos. 
Desde luego, si los animales son criados de forma más extensiva, tal como se habló ayer, no habrá el mismo temor de infección que ha llevado a que los antibióticos se añadan rutinariamente a los piensos de los animales. 
Los consumidores quieren estar seguros de que no están ingiriendo excesivos residuos de antibióticos cuando comen carne. 
Por ello el sistema de etiquetado se adecúa al sistema de registro que debe ponerse en marcha a fin de facilitar la información necesaria para etiquetar fielmente la carne de vacuno. 
El Sr. Papayannakis propone acertadamente que el etiquetado sea obligatorio y que se incluyan en las disposiciones los productos a base de carne de vacuno y no sólo la carne. 
Esto es muy importante, ya que lo que presenta con más frecuencia riesgo de infección son los productos preparados a base de carne de vacuno y no la carne en sí. 
Ello se debe a que muchas veces se elaboran con carne recuperada mecánicamente y de partes de las canales que normalmente no se ponen en venta en los supermercados o carnicerías. 
No sólo se trata de la EEB. 
Recientemente ha muerto más gente en el Reino Unido de colibacilosis que de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob derivada del consumo de productos de carne de bovino contaminados. 
Las personas muy mayores y los jóvenes son especialmente sensibles a dichas infecciones. 
Por supuesto que la higiene en la preparación y el cocinado a fondo pueden reducir el riesgo, pero saber que estos productos tendrán deberán llevar una etiqueta con el origen exacto de la carne, y que incluya la alimentación del animal, será un gran incentivo para que los fabricantes se aseguren de que dichos productos de carne se fabriquen únicamente a partir de materias primas sanas. 
Con la aparición de la EEB y de la nueva enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los seres humanos, en Europa y especialmente en el Reino Unido hemos recibido un terrible aviso de que no debemos correr riesgos ni con la salud humana ni con la salud de los animales en pro del máximo beneficio. 
Debemos examinar las prácticas agrarias, hacer un seguimiento más preciso de lo que va a parar a nuestra comida y dar a nuestros consumidores la información que requieren para darles confianza sobre el carácter saludable de lo que están comprando y comiendo. 
La Comisión de Medio Ambiente- desde luego sus miembros socialistas- está exigiendo mucho a la Comisión en cuanto a la información requerida, a la necesidad de que el sistema de etiquetado sea obligatorio y de que abarque los productos a base de carne de vacuno además de la propia carne de vacuno y a la necesidad de que se hagan progresos rápidos en la aplicación de las medidas. 
Al Grupo Socialista le parece que tenemos el deber de fomentar la salud pública y la protección de los consumidores en Europa. 
Nuestros ganaderos y el sector de la carne de vacuno no podrán sino beneficiarse a largo plazo de que se restablezca una confianza bien justificada de los consumidores. 
Señor Comisario, Señorías, lo cierto es que la labor del Parlamento Europeo ha estado marcada últimamente por el tema de la encefalopatía espongiforme bovina. 
El informe de la Comisión de investigación ha intentado poner punto final al pasado y yo estoy convencido de que no dejará de tener consecuencias. 
Sin embargo, a mi parecer, ahora debemos orientarnos hacia el futuro. 
Debemos considerar la presente catástrofe como una oportunidad para conseguir mejoras. 
Lo cual también significa, en primer término, recuperar la confianza de los consumidores, que se ha perdido en un grado dramático en los últimos años. 
No será necesario que recuerde ante esta Cámara que incontables empresas agrícolas se han deslizado hacia una crisis que amenaza su supervivencia, como resultado de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Ahora tenemos que ser capaces de adoptar rápidamente medidas para acudir en ayuda de los agricultores que en toda Europa se encuentran en dificultades, por razones no imputables a ellos, y para volver a reactivar el consumo de carne. 
El objetivo debe ser acabar con el anonimato de la carne. 
El consumidor que acude al supermercado no sólo debe recibir una garantía de calidad, sino que también debe poder comprobar exactamente de dónde procede la carne. 
En el mismo sentido, es igualmente necesario, en mi opinión, que la identificación se introduzca lo más pronto posible y con carácter obligatorio, tanto para los animales bovinos como para la carne de vacuno. 
Ya sé que el esfuerzo organizativo y financiero que ello exigirá es grande, pero el sector de la carne de vacuno ya ha sufrido demasiados perjuicios para conformarse ahora con una solución a medias. 
Yo creo que el sistema de identificación propuesto para los animales de la especie bovina, mediante marcas auriculares que permitan la identificación individual de cada animal, bases de datos informatizadas, pasaportes para los animales y sistemas de registro en las explotaciones puede funcionar bien si existe la voluntad de que así sea. 
La infraestructura técnica necesaria será sobre todo responsabilidad de la Comisión, junto con los Estados miembros; debe evitarse que se generen costes desproporcionadamente altos, sobre todo para los pequeños productores. 
Yo creo que la catástrofe de la encefalopatía espongiforme bovina también nos puede servir para aprender que en el futuro la atención no debe centrarse sólo en el mercado y en los beneficios, sino que también debe tomarse debidamente en consideración la protección de la salud y del consumidor. 
Es muy esencial, a mi parecer, que las importaciones de terceros países también estén sujetas a criterios igualmente rigurosos y a la misma obligación de identificación. 
En un futuro previsible no deberá poder encontrarse en la Unión Europea ni un solo escalope cuyo origen no pueda identificarse de manera inequívoca. 
Existen unos límites éticos y morales que los políticos están obligados a identificar, para luego actuar en consecuencia. 
Es preciso que se tomen muy en serio los deseos y las necesidades de los ciudadanos de Europa. 
Señora Presidenta, la declaración del 20 de marzo pasado sobre la posible transmisión de la EEB a las personas mediante el consumo de carne de vacuno ha provocado una crisis ilimitada de confianza de los consumidores y, además, una pérdida económica sin precedentes para los criadores de ganado vacuno. 
Nuestras instituciones han intentado actuar. 
Después de once meses, por fin se habla seriamente de reglamento, de registro de los animales bovinos, de etiquetado y de control. 
Nunca es tarde cuando se quieren hacer bien las cosas. 
Aún hoy, el consumidor tiene toda la razón en mostrar su desconfianza a la vista de ciertos métodos de cría de animales destinados a la alimentación, de los productos alimenticios y de los medicamentos utilizados, así como de las posibles consecuencias sobre su salud. 
Ya es hora de tranquilizarlo en nombre de la mayoría de los productores que hacen bien su trabajo y que también resultan perjudicados. 
Hoy es patente una carencia significativa de normas europeas y de su aplicación: no sólo es insuficiente la Directiva de 1992, que crea el marco jurídico para la aplicación del sistema de identificación de los bovinos, sino que su aplicación es también deplorable, ya que algunos países no comenzaron a aplicarla hasta 1996. 
El informe Mayer corrobora la propuesta de reglamento para la identificación y el registro de los animales, así como para fomentar un control sanitario eficaz de las cabañas y de la gestión de las primas por la cría de ganado. 
La creación inmediata de bases de datos es una necesidad imperiosa. 
También es necesario simplificar la directiva relativa al control de los productos procedentes de un país tercero. 
Es asimismo indispensable el etiquetado inmediato y obligatorio para la carne de bovino y sus derivados. 
Es, en efecto, la medida más importante para restablecer la credibilidad. 
Y nosotros la apoyamos, como también apoyamos el establecimiento de sanciones. 
La confianza no se decreta, se gana. 
En este caso hay que recobrarla. 
Por eso nosotros apoyaremos el contenido de estos tres informes y felicitamos a los ponentes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, para empezar quiero dar las gracias a los ponentes por sus importantes informes. 
Los consumidores exigen productos de origen animal seguros y sin problemas desde el punto de vista de la salud, así como tener conocimiento de que las condiciones de cría y de transporte de los animales responden a un nivel adecuado de exigencia de protección animal. 
Deben realizarse mejoras a nivel comunitario, en particular, en lo relativo al transporte de animales en la UE, que tan negativa publicidad ha recibido. 
En el Grupo ELDR consideramos imprescindible un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina al igual que el etiquetado de la carne y de los productos a base de carne de vacuno como medidas y métodos indispensables para devolver a los consumidores la confianza en la carne y en los productos a base de carne de vacuno. 
Un sistema de etiquetado obligatorio es más eficaz que uno voluntario. 
El dictamen del Parlamento exige un sistema de pasaportes para animales que abarque todo el territorio comunitario y bases de datos informatizadas con el fin de que se puedan controlar plenamente el origen, los movimientos, el paradero, el sacrificio, etc.. 
En la exposición de motivos del informe se llama acertadamente la atención sobre el hecho de que el sistema no debe ser demasiado complicado, burocrático o caro, ni superponerse a otros sistemas como ocurriría, por ejemplo, si se creasen cuatro sistemas diferentes. 
Por esta razón, planteo la cuestión de si no sería razonable establecer los pasaportes sólo para aquellos animales que se desplacen de un país a otro. 
A la hora de poner en práctica el sistema debería aplicarse en los Estados miembros el sentido común, de manera que las medidas y los gastos realizados guarden la debida relación con respecto al provecho que se va a obtener. 
Si el registro de animales centralizado existente en un Estado miembro funciona eficazmente y permite la obtención de todos los datos, debería bastar con él. 
Pero la estructura de producción varía de un Estado miembro a otro y esto también debe tenerse en cuenta. 
La devolución de la confianza a los consumidores es una cuestión de extrema importancia y, por esta razón, animo a los Estados miembros y a la Comisión a trabajar con celeridad con el objetivo de poner en marcha el sistema a finales de este año. 
El informe del Sr. Olsson sobre los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de terceros países constituye una cuestión de gran importancia también desde el punto de vista de la protección de la salud de los consumidores. 
El principio básico ha de ser ineludiblemente que los acuerdos que se alcancen no puedan poner en peligro la salud de los consumidores o de los animales. 
La legislación de un tercer país debe considerarse equivalente sólo si el nivel de seguridad es como mínimo tan elevado como el que figura en la legislación de la UE. 
Como representante de Finlandia, advierto a las autoridades de la UE de que no descuiden este principio, ya que sé que, en lo que se refiere en particular al acuerdo con los Estados Unidos, la UE estaría dispuesta incluso a transigir en cuanto al actual nivel de seguridad si a cambio consigue mayores ventajas para la exportación. 
Espero que la crisis de la EEB haya enseñado a la Comisión Europea, por lo menos, que en la actividad empresarial y comercial la ética y la moral han de ser elevadas e incorruptibles. 
Las disposiciones en materia de protección de los animales deben incluirse también en estos acuerdos. 
Señora Presidenta, debemos sacar al menos dos conclusiones de la crisis de la EEB: la primera es que, en materia de producción de animales, vale más un doble control que ninguno; y la segunda es que ya no se puede confiar solamente en las acciones y decisiones de los Estados miembros, a fin de ofrecer una garantía comunitaria a todos los productos alimenticios. 
Para la seguridad de los consumidores europeos es más que nunca necesario establecer un control comunitario general. 
La Comisión cree erróneamente que la indicación del origen geográfico es suficiente para proteger al consumidor y propone, pues, un etiquetado opcional. 
El Sr. Papayannakis desea, con razón, mejorar este sistema, sumamente incompleto, mediante la introducción de indicaciones adicionales: lugar de nacimiento de los animales, raza, sexo y, también, la región en que haya tenido lugar la crianza y el engorde, así como la modalidad de reproducción. 
Estas enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural coinciden con las de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor- ¡pase por una vez! -, y están encaminadas a establecer la obligatoriedad del etiquetado de la carne y de los productos derivados. 
Está claro que nosotros apoyamos firmemente este enfoque. 
Después del asunto de la EEB, en que la Comisión no ha estado totalmente a la altura de las circunstancias, las incertidumbres que aún perduran requieren más que nunca que se aplique el principio de precaución. 
Por otra parte, este etiquetado obligatorio debe estar supeditado al sistema previo de registro en el momento del nacimiento y a la identificación permanente propuesta por el Sr. Mayer. 
Los hechos de actualidad nos obligan a rastrear a los animales domésticos, como forma de garantía elemental tanto para los productores como para los consumidores. 
No obstante, se requiere un sistema eficaz y sin desmedidas exigencias burocráticas para los productores. 
El nuevo reglamento debe preconizar una identificación única en el plano europeo, ya que, de lo contrario, la lección de la crisis de la EEB no habrá servido para casi nada. 
Los productores deben poder aplicar el reglamento en la práctica diaria, y para ello éste debe seguir siendo sencillo y agrupar en una sola gestión las actuales exigencias administrativas, los registros que llevan las explotaciones y la información a la autoridad competente (criterios y datos del pasaporte). 
Este requisito podría limitarse a un registro, y reservarse una copia para la autoridad competente y otra para el pasaporte. 
Finalmente, puesto que es necesario sacar conclusiones de los hechos actuales, parece aberrante y peligroso no establecer una inspección en las explotaciones para comprobar las marcas auriculares y las existencias. 
Dentro de este espíritu, nosotros apoyamos, naturalmente, el informe del Sr. Olsson. 
Señorías, someto a la reflexión de ustedes el hecho de que tenemos ante nosotros tres informes sobre un asunto delicado: tres pruebas de que la Comisión continúa tratando la cuestión a medias, para no chocar con ciertos sistemas que pretenden ser lo más liberales posible y que, por lo tanto, son los más propicios al fraude. 
Señora Presidenta, Señorías, después del debate sobre la encefalopatía espongiforme bovina, hoy debemos ocuparnos de un tema importante, a saber, el etiquetado de los animales y también de la carne de vacuno. 
En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural todos coincidimos en que la identificación obligatoria debe prevalecer también para los productos a base de carne de vacuno. 
Yo espero que la Comisión acepte esta propuesta, puesto que, a nuestro parecer, esta obligación no debe imponerse sólo a las empresas agrícolas- lo cual es correcto y nosotros también lo apoyamos -, sino también a la industria transformadora. 
En interés del consumidor, pero también en interés del productor, es preciso acabar con la tendencia de dicha industria a comprar lo más barato y de la manera más anónima posible, puesto que de este modo se reducirá la intercambiabilidad de los proveedores. 
Esto redundará ante todo en favor de una estructura de precios razonable para las explotaciones ganaderas, pero también en favor de los consumidores y consumidoras, puesto que les permitirá comprobar la procedencia de la carne. 
Dicho lisa y llanamente: si yo he comprado carne de la explotación Meier y está ha sido de mi agrado en mi calidad de consumidor o consumidora- de lo cual deduzco que aquélla produce buena carne de bovino -, la próxima vez que la etiqueta me indique que la carne no procede de la explotación Meier, me preguntaré por qué se ha roto dicha relación comercial. 
Si me responden que han podido comprar más barato a otra explotación- éste suele ser por regla general, en efecto, el motivo cuando se produce un cambio -, su explicación no será de orden cualitativo, sino un mero criterio de transacción comercial, con el cual es posible que el consumidor no coincida. 
Éste dirá entonces que preferiría continuar con el proveedor acreditado y en el cual confía, y de este modo su posición saldrá fortalecida. 
Finalmente, permítanme una última reflexión: por muchos registros que se introduzcan, Sr. Fischler, desde luego no debemos creer que esto equivale a combatir la encefalopatía espongiforme bovina. 
Para que quede claro, si alimentamos a los animales registrados con harina de carne infectada, enloquecerán igualmente. 
Para repetirlo una vez más con toda claridad, la identificación constituye un recurso y una indicación para los consumidores y consumidoras, pero no es un medio para combatir la encefalopatía espongiforme bovina. 
Señora Presidenta, a finales de la década de 1980 el Parlamento Europeo aprobó el informe Borgho, por el que se establecía el etiquetado de los productos alimenticios de calidad de origen controlado. 
Hasta ahora no se han tomado realmente disposiciones para aplicar dicho informe. 
Creo, señor Comisario, que lo que le pedimos con estos tres informes representa un trabajo titánico, pero necesario para avalar la confianza de los ciudadanos y los consumidores europeos en sus instituciones. 
El etiquetado, la calidad, el fraude, la rastreabilidad: todos estos puntos son coherentes, y aún hoy nos preguntamos cómo ha sido posible tomar tan a la ligera este contrato entre las autoridades y los consumidores. 
En cierto modo, hoy no se puede afirmar si los productos que se consumen, importados de Reino Unido, contienen o no gelatina. 
Estos productos circulan. 
Se me ha informado asimismo que también existían problemas con respecto al registro de los animales en una matrícula cuando éstos son transportados a otros Estados y el Estado de destino desea volver a registrar a los animales con su propia matrícula. 
Todo esto ocasiona retrasos que, evidentemente, permiten fraudes. 
Nadie está a cubierto, nadie puede asegurar que actuará siempre honradamente. 
Nuestro papel, el papel de ustedes, es exigir que se cree un sistema que permita garantizar la rastreabilidad. 
Señor Comisario, la transparencia y la cooperación entre las instituciones me obligan a pedirle que se aplique, para la identificación y la rastreabilidad, el artículo 101 de la codecisión, ya que no puede garantizarse la coherencia de un sistema sin exigir que todos los puntos se rijan por el mismo procedimiento, es decir, la transparencia y la cooperación. 
Señor Comisario, Señorías, si lo que publica la prensa es cierto, los Ministros de Agricultura mantuvieron antes de ayer un debate orientativo sobre este tema en Bruselas. 
Esta lucha en torno al injerto electrónico en las orejas de los bovinos constituye a mi entender una infalible aportación al malestar contra Europa. 
La pregunta que se plantea es: ¿por qué se requiere tanto tiempo para su introducción? 
Además del etiquetado de la carne, está previsto introducir una identificación con respaldo informático de los animales de la especie bovina de la Unión Europea. 
En mi opinión, la identificación y el etiquetado deberían ser obligatorios en todos los Estados miembros antes de que finalice el milenio a más tardar. 
En Alemania se empezará a aplicar esta normativa el 1o de enero de 1998. 
En muchas regiones ya se aplica actualmente con éxito un programa de certificación de la procedencia de la carne. 
El injerto de un chip electrónico permitirá documentar diversos datos necesarios sobre la procedencia, raza y propietario del animal. 
Estos datos podrán recuperarse en cualquier momento mediante un escáner. 
Como es evidente, señor Comisario, yo no quisiera que este injerto electrónico no sea separado de la carne hasta que el cliente proceda a cortar el asado dominical en su mesa; por lo tanto, es preciso que se considere con alguna antelación, desde una perspectiva práctica, cuál es el emplazamiento razonable para el chip. 
Lamentablemente, también debo constatar que los eslabones contiguos a la agricultura no manifiestan el mismo interés por la transparencia del mercado. 
La oferta de carne de vacuno de procedencia segura y garantizada en el comercio de alimentación deja todavía mucho que desear. 
Por esto, yo pregunto: ¿qué costes se derivarán de la presente propuesta de reglamento? 
Su aplicación generará sin duda considerables costes en los Estados miembros. 
En este contexto, es preciso garantizar, a mi parecer, que no se imponga a la expoliada agricultura europea la carga de unos costes demasiado altos. 
Todas estas medidas resultarán considerablemente más baratas que la carga financiera que acabamos de arrostrar en relación con toda la problemática de la encefalopatía espongiforme bovina. 
La financiación de los nuevos sistemas debe cubrirse obligatoriamente, a mi entender, con fondos europeos o nacionales. 
La identificación de los animales importados de terceros países prevista debería realizarse asimismo con carácter oficial en el momento de su entrada en la Comunidad. 
Señora Presidenta, ayer pasamos todo un día debatiendo las repercusiones de la EEB en la salud pública y las graves consecuencias para nuestros ganaderos, la industria alimentaria y el empleo y, por supuesto, somos también conscientes de las consecuencias para nuestra posición competitiva dentro del comercio mundial. 
Es justo y oportuno que pongamos en marcha los más estrictos controles en todo el ámbito de la producción alimentaria, desde el productor hasta el consumidor. 
En mi intervención en el debate de ayer destaqué la urgencia de poner en marcha un programa de seguimiento completo desde el productor hasta el consumidor. 
Con la moderna tecnología y la adecuada identificación de los animales este procedimiento, como ahora sabemos, es posible y está ya considerablemente avanzado en mi propio país, Irlanda, donde hemos sido pioneros de un programa de seguimiento en el comercio del cordero- el primero dentro de la Unión Europea. 
Estamos también considerablemente avanzados en lo que se refiere a la más moderna tecnología para identificar al resto de nuestros animales. 
También procedo de un país en el que la producción de carne, y en particular de carne de vacuno, es un importante sector económico, porque exportamos el 85 % de toda nuestra producción. 
Así que huelga decir que la EEB ha sido un desastre para Irlanda. 
La calidad de la carne irlandesa tiene fama. 
Asimismo, hay que dejar constancia de que, desde el momento en que se sospechó el primer caso de EEB en mi país, hemos aplicado un programa de sacrificado de rebaños enteros. 
Nuestros ganaderos son ahora las víctimas inocentes de unas circunstancias que escapan a su control, y la Comisión debe dar un reconocimiento práctico a su difícil situación económica. 
Debo decir que me preocupa en cierta medida que una declaración hecha ayer por el Presidente Santer pareciera dar a entender que la crisis de la EEB dará lugar a una reforma más radical de la política agraria común de lo que se había previsto en principio. 
Esto, a mi entender, es síntoma de una reacción de pánico, pero no debemos permitir que nuestra comprensible preocupación por la salud pública- y conviene que estemos preocupadosdevalúe innecesariamente la importancia de la política agraria común como medida esencial de apoyo administrativo a una agricultura europea sostenible y, en concreto, su importancia para mantener a un máximo de familias ganaderas en las tierras europeas así como en el contexto más amplio del desarrollo rural, al que ya sé que nuestro actual Comisario Fischler está plenamente dedicado. 
Para finalizar, deseo hacer constar una vez más mi reconocimiento por la dedicación del Sr. Comisario a la agricultura y al desarrollo rural. 
Defenderé su posición donde sea, en cualquier plataforma o foro de Europa. 
Por ello, debe hacerse todo lo posible para erradicarla y remediar los daños que ha causado. 
De acuerdo con las medidas expuestas y dadas a conocer, se van a incrementar los recursos de la Comisión y se van a mejorar las posibilidades de control; se va a crear en Dublín la Agencia Europea de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, se van a introducir mejoras en el registro detallado de los animales de la especie bovina y se van a crear bases de datos; el etiquetado que indica la procedencia de la carne de vacuno va a ser más detallado y se va a incrementar el control sobre la importación de carne. 
Se plantea la cuestión de si la Unión Europea no confía demasiado en el control y en la administración. 
Por ejemplo, el sistema de registro de los animales de la especie bovina es de tan grandes dimensiones como el de la población humana; afecta a millones de cabezas de ganado, que, además, varían con gran rapidez. 
En las bases de datos centralizadas se señalarían, entre otros datos, la madre y el sexo de la res, así como todas las zonas de pastos en que ha estado y la fecha del sacrificio. 
¿Es realista suponer que se puede controlar a los animales de la especie bovina de Europa con bases de datos centralizadas con la misma precisión que a una sola res o únicamente se va a crear una enorme burocracia? 
Por otra parte, ¿es correcto hacer hincapié en el control? 
La enfermedad de la EEB se propagó porque los agricultores confiaron en las autoridades veterinarias de su país y en su moral, así como en los productores de alimentos para el ganado, al utilizar piensos legales y autorizados. 
¿No es en estas cuestiones donde deben asignarse más recursos? 
La posibilidad de determinar la procedencia de la carne de vacuno es sólo un control a posteriori y ya no remedia los serios daños ocasionados. 
Señora Presidenta, no hay mal que por bien no venga. 
Ha sido necesaria la epizootia de la EEB y sus dramáticas consecuencias para la salud humana y la renta de los productores para que la Unión Europea decida reforzar y armonizar las medidas de identificación y registro de vacunos. 
En este sentido, el informe Mayer, que va más allá de las propuestas de la Comisión Europea, nos parece bien orientado, aun cuando es preciso evitar aumentar las obligaciones impuestas a los Estados. 
El hecho de exigir, por ejemplo, en cada explotación, la colocación de una marca auricular, une base de datos informatizada, un registro y un pasaporte para los animales, podría no sólo acrecentar el número de disposiciones de carácter burocrático, sino también propiciar fraudes debido a la falta de medios financieros suficientes o a la complejidad de la normativa. 
Se tiene la impresión de que, por medio de estas propuestas, la Comisión y el Consejo tratan de enmendar sus diez años de laxismo en materia de importación y de identificación de animales y de que ahora cargan las tintas para intentar recobrar una credibilidad bastante deteriorada. 
Señoras y señores diputados, se quiere restablecer, con razón, la confianza de los consumidores en la carne de bovino. 
Al mismo tiempo, la Comisión Europea autoriza la importación de maíz modificado genéticamente y quizás mañana también lo haga con la carne de bovino tratada con hormonas, cediendo a la presión de los norteamericanos. 
¿No existe una gran hipocresía al tomar medidas, ciertamente necesarias- aunque en algunos casos se trata de duplicaciones -, y al mismo tiempo suprimir los controles en las fronteras y considerar perdido el caso de la responsabilidad del Gobierno británico, principal responsable de la crisis de las «vacas locas»? 
Recordemos que, teniendo en cuenta solamente el año 1996, la crisis de la EEB ya ha costado a los contribuyentes europeos más de 23 millardos de francos. 
Las organizaciones del sector piden que, si el animal nació, fue criado y sacrificado en un solo y mismo país, se indique el país de origen. 
Asimismo, si procede de diferentes países, se debe indicar una de sus procedencias; en todo caso, el lugar en que nació y en el que se realizó el engorde. 
En cuanto a la rastreabilidad de cada animal, sería conveniente, señora Presidenta, añadir la garantía de que el animal ha sido siempre alimentado con pasto o cereales. 
Solamente con esta condición se podrá restablecer el vínculo de confianza entre el productor y el consumidor, y recuperar en el mercado de la carne de bovino el nivel anterior a la crisis. 
Las medidas técnicas nunca han sustituido una voluntad política que, lamentablemente, ha faltado a nuestros políticos en esta grave crisis de la EEB, así como en muchos otros ámbitos. 
Señora Presidenta, hay un antiguo refrán que dice que en todo mal hay un germen de bondad y este germen de bondad lo encontramos hoy en estos tres informes. 
Dicho lo cual, yo quiero felicitar a cuantos han colaborado en su elaboración. 
Como ya se ha señalado, debemos prestar atención a la identificación de los animales jóvenes procedentes de terceros países. 
Debemos abogar imprescindiblemente por esta identificación obligatoria. 
Todo lo que se exige a las empresas con sede en el ámbito del mercado único, debe aplicarse también en el caso de las importaciones o de lo contrario la acción se quedará a medias. 
Debería introducirse el sistema electrónico de identificación. Hace poco pude leer en un reputado diario alemán, en una página muy destacada, un artículo sobre tres experiencias de identificación. 
Y debo decir que las tres ofrecen ciertamente una solución razonable. En este momento, el arte reside sólo en determinar cuál es la mejor. 
Pero sin esta identificación será absolutamente imposible salir adelante. 
Dicho lo cual también es preciso añadir, obviamente, que el citado procedimiento de identificación puede resultar, de hecho, más barato en la mayoría de los casos. 
Evidentemente, la identificación cuesta dinero, ¿pero qué me dicen de los enormes gastos que ha ocasionado la no identificación? 
Los debates no deberían orientarse, por lo tanto, en este sentido. 
Se trata de una cuestión urgente. 
Evidentemente, nos encontramos ante un dilema cuando, por un lado, decimos esto y, por el otro, el Sr. Mayer propone en una enmienda oral que toda esta cuestión se trate bajo el fundamento jurídico del artículo 100A. 
Señor Comisario, yo comprendo que el retraso que esto supondría es meramente teórico. 
Como máximo puede durar un año. Pero yo le insto a que considere la posibilidad de que el Parlamento ofrezca por una vez un ejemplo de que el procedimiento de codecisión bajo el fundamento del artículo 100A también puede ser rápido, Sr. colega Graefe zu Baringdorf. 
Doy por sentado que usted coincidirá, sin duda, conmigo al respecto. 
Por una vez, deberíamos sentar un buen precedente completando en un tiempo récord un procedimiento bajo el fundamento del artículo 100A, quizás también como una señal con vistas a la Conferencia Intergubernamental. 
Los señores Jefes de Gobierno se aferran con fuerza a la idea de que todo ello requiere un largo espacio de tiempo. 
Sobre este tema estamos unánimemente de acuerdo y no hay puntos conflictivos. 
Yo le insto, por lo tanto, a que impulse juntamente con nosotros un procedimiento rápido de tramitación de los informes, en los términos que aquí se han expuesto, bajo el fundamento del artículo 100A. 
Señora Presidenta, estoy muy de acuerdo con el Sr. Goepel cuando dice que la Comisión debería sonreír y resignarse en relación con el artículo 100 A. Desde luego es para sonreír, pero ¿es para resignarse? 
Lo que aquí queremos, al examinar los tres informes, es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado completamente a raíz de la crisis de la EEB. 
Las cosas ya no son lo que eran. 
La antigua actitud cómoda hacia la regulación de la agricultura ha desaparecido; ha desaparecido para siempre y con mucha razón. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, tal como han dicho algunos de mis colegas, acepta, acoge favorablemente y apoya los informes Olsson y Papayannakis, pero con el informe Mayer tiene problemas como los que se han mencionado anteriormente. 
La razón para ello no es otra que el hecho de que no creemos que la propuesta deba suavizarse en la forma que ha propuesto el ponente. 
Por supuesto, no estamos a favor de unas enmiendas que se refieren constantemente a la reducción de costes. 
¿Cuál es aquí el coste? 
No es sólo el coste que supone para el ganadero tomar las precauciones necesarias. 
Es el coste para la Comunidad si dichas precauciones no se siguen en su totalidad. 
Tenemos un dicho en mi país según el cual «si uno piensa que la educación es cara, que pruebe la ignorancia». 
Lo mismo puede decirse de la información. 
Necesitamos que exista la información y necesitamos el fundamento jurídico que nos permita preocuparnos adecuadamente en el futuro por los asuntos de consumo. 
Eso es lo que se conseguiría con cambiar el fundamento jurídico de estos informes del artículo 43 al artículo 100 A. Al Parlamento le daría poder de codecisión; sería adecuado para unas propuestas que son esenciales para el buen funcionamiento de un mercado único en el que las prioridades de los consumidores tienen su lugar propio. 
Sólo si conseguimos eso estaremos haciendo nuestro trabajo como Parlamento y actuando conforme al espíritu de lo que dijo ayer el Presidente Santer en su discurso de arrepentimiento y constricción. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, los informes de nuestros colegas Sr. Olsson y Sr. Mayer están muy vinculados entre sí, ya que los dos tienen por objetivo la seguridad final del consumidor respecto de los productos que consume, ya procedan de terceros países o de la Unión Europea. 
En relación con el informe Olsson, quisiera preguntar por qué razón presenta la Comisión directivas y no reglamentos. 
En verdad, si todos los Estados miembros deben aplicar los mismos controles, ¿por qué no darles carácter obligatorio mediante un reglamento del Consejo? 
Sobre el informe Mayer, quisiera hacer algunas consideraciones. 
La primera consideración es para concordar totalmente con el ponente, cuando dice que no tiene sentido hacer que sea obligatorio el registro de identificación de animales y voluntario el sistema de etiquetado de la carne. 
Los dos deberían tener carácter obligatorio, so pena de que carezca de sentido todo el esfuerzo de identificación de los animales que vamos a hacer. 
La segunda consideración para decir que el etiquetado debe especificar obligatoriamente el origen de la carne, pero también el método de engorde. 
Y, además, debe especificar los controles a que se sometieron los animales. 
La tercera consideración es para subrayar que la Unión Europea no puede pensar en toda una serie de medidas de este género sin aceptar que debe cofinanciar los gastos inherentes a esas operaciones hechas en los Estados miembros. 
Por lo demás, muchos de los problemas que hoy en día se plantean en la esfera de la sanidad animal y de la salud pública tienen mucho que ver con el hecho de que nunca se hayan asumido esas acciones como una verdadera política comunitaria. 
La cuarta y última consideración es para recordar que, a pesar de concordar totalmente con los objetivos de estas medidas, considero que su ampliación progresiva a todo tipo de animales- e incluso a los productos vegetalesva a entrañar, con el tiempo, una burocracia de muy difícil gestión. 
Por eso, creo que es hora de pensar seriamente en una institución del tipo de la» Food and Drug Administration» -a la que ayer se refirió aquí el Presidente de la Comisión -, lo que significaría que ningún producto se podría poner a la venta sin su autorización. 
Porque lo que hemos presenciado con la BBE y otras enfermedades animales, sin perjuicio de un análisis científico de la actuación del Consejo, de la Comisión o de ciertos Estados miembros, se debe achacar, en última instancia, a la inexistencia de una verdadera política común en ese sector. 
En esa medida, se trata de un costo de la falta de Europa. 
Por tanto, ahora que se debate la revisión de los Tratados, espero que nuestros dirigentes políticos no pierdan esta oportunidad de analizar las causas profundas de los problemas. 
Señora Presidenta, pienso en estas mismas fechas del año pasado y me pregunto si, de haber mantenido este debate en febrero de 1996, habría habido este mismo consenso a favor de las propuestas de la Comisión y a favor del informe Mayer. 
La crisis de la EEB lo cambió todo. 
Cambió la forma en que pensaban muchas personas. 
Cuando hablé con los ganaderos de mi circunscripción, su deseo era tener una única propuesta de venta que pudiera confirmar que su ganado estaba libre de EEB, que estaba libre de antibióticos o de lo que fuera. 
De haber sido así, podrían haber salido a vender sus productos de forma mucho más convincente. 
Lo intentaron tanto como pudieron, pero el hecho es que no lograron el reconocimiento ni por parte de las autoridades nacionales, ni de las autoridades locales ni de los consumidores de que su carne estaba en condiciones, que era apta para el consumo, un producto de buena calidad. 
Es preciso que nos aseguremos, en el mercado mundial, con los medios de comunicación internacionales, de que podemos proteger esas partes de nuestra economía que son atacadas con tanta frecuencia y frivolidad a veces. 
No podemos permitirnos estos grandes hundimientos de confianza en nuestros alimentos. 
Yo creo en este plan de etiquetado de la carne. 
Debo asentir a lo dicho por el último orador, me preocupa el carácter voluntario propuesto por la Comisión para el producto final, pero creo que estos sistemas de registro y etiquetado de la carne conseguirán que si tenemos otro desastre en nuestra sector cárnico, podremos garantizar que esas partes que no están afectadas no se vean afectadas. 
El plan cuenta con mi pleno apoyo y espero que podamos aplicarlo lo antes posible. 
Un comentario final: los ganaderos necesitarán fondos para asegurarse de poder aplicar los sistemas y espero que se esté pensando en ello. 
Señora Presidenta, señor Comisario, todos nosotros sabemos que, incluso en un Estado federal, no todos los Estados cumplen las normas de la moral pública. 
Por tanto, disiento un poco de mi amigo Arlindo Cunha cuando habla de que sólo una política de la Unión podría curar la inmoralidad que vemos, a nuestra vez. 
Sabemos que Arkansas no es tan honrado como Nueva York. 
¡Al menos eso dicen los periódicos! 
Ahora bien, considero que la carne y los productos de la carne deben ser controlados obligatoriamente, deben ir etiquetados obligatoriamente. 
Pero también concedo inmensa importancia al informe Olsson, porque considero que en este momento- y mi país es uno de aquellos en los que así ocurre- la carne importada del Este no es controlada. 
No hace mucho los veterinarios portugueses protestaron por la falta de control de las carnes que entran en el país. 
Considero que en este caso la Comisión, en vez de utilizar la omertà de que se la acusa, tiene suficiente autoridad moral, porque es la emanación de los Gobiernos y de los Estados, para decir a éstos, de forma clara y transparente, que no están actuando bien. 
No tiene sentido que sigan cobrando los fraudes a precio de saldo, no tiene sentido que pongan en saldo la moral pública. 
En ese aspecto, la culpa es de la Comisión, porque, de hecho, tiene poder, por ser la garante de los Tratados, para velar por la moral pública, para velar por el control y para examinar la posibilidad de financiación en los diversos países de lo que se deba hacer. 
Señora Presidenta, Señorías, las disposiciones relativas a la identificación y registro de los animales son en parte insuficientes, en parte presentan algunas lagunas y, sobre todo, generan problemas en relación con el transporte transfronterizo, tal como demuestran los ejemplos más recientes. 
Por otro lado, el consumidor exigente espera poder contar con un etiquetado moderno de la carne, que permita conocer como mínimo las condiciones en que ésta se ha producido e identificar su procedencia, remontándose hasta la explotación de origen del animal en cuestión. 
En estos momentos tenemos sobre la mesa dos propuestas de reglamento, el primero relativo a un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y el segundo relativo al etiquetado de la carne y los productos a base de carne de vacuno. 
Estos reglamentos se proponen garantizar la procedencia de la carne y de los animales bovinos vivos, desde la explotación de origen hasta el consumidor, y establecer de este modo una base sólida para una presentación de la carne y de los productos a base de carne de vacuno que también cuente, consiguientemente, con la confianza de los consumidores. 
Lo que ahora interesa es actuar rápidamente y a fondo, tal como se ha insistido repetidamente aquí. 
Por lo que respecta a la segunda propuesta, la Comisión comparte el parecer de que debe preverse una regulación obligatoria de la identificación y el etiquetado. 
Yo debo señalar, no obstante, que por razones de viabilidad práctica es preciso prever, en cualquier caso, que el etiquetado obligatorio requerirá un período adecuado de preparación. 
Quienes ya cuentan con todos los requisitos necesarios deben poder proceder, no obstante, al etiquetado voluntario durante esta fase. 
Por lo que se refiere al fundamento jurídico, la Comisión está dispuesta a aceptar el fundamento del artículo 100A para ambos proyectos y también para el informe sobre los controles veterinarios, en cuyo caso deberíamos considerar el debate de hoy como la primera lectura. 
En cualquier caso, yo les pido que consideren que si así lo hacemos perderemos algún tiempo y no podremos cumplir plenamente el mandato de la urgencia. 
Esto es particularmente cierto en el caso de la identificación y registro de los animales, que sobre todo es también un requisito previo para un etiquetado obligatorio. 
En cuanto al informe sobre la identificación y registro, señora Presidenta, Señorías, ante todo yo quiero agradecer la labor de los ponentes, los Sres. 
Mayer, Papayannakis y McCartin, que han examinado nuestras propuestas en nombre de las Comisiones de Agricultura, de Medio Ambiente y de Control Presupuestario, respectivamente. 
Por lo que se refiere a las enmiendas, debo señalar que puedo aceptar las enmiendas 2, 5 y 6. 
Lamento tener que comunicarles, sin embargo, que la Comisión no cree poder aceptar en estos momentos el resto de las enmiendas y yo quisiera exponer los motivos a la Asamblea. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 3 porque la cría de animales no es un objetivo comunitario, ni tampoco la enmienda 4, porque desde la perspectiva de la subsidiariedad no es necesario que las infraestructuras técnicas sean idénticas en todos los Estados miembros. 
Las enmiendas 7, 9, 12 y 24 no son aceptables porque es imprescindible que nuestro sistema sea de ámbito comunitario y uniforme, con objeto de que permita acreditar de manera efectiva la procedencia de los animales de la especie bovina y de la carne de vacuno. 
De lo contrario, el sistema resultaría contraproducente y socavaría los esfuerzos que han realizado conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión para restablecer la confianza de los consumidores en el mercado de la carne de vacuno. 
Tampoco será posible aceptar las enmiendas 8 y 13 puesto que nuestra propuesta ya señala que deberán tener acceso a la base de datos «especialmente las organizaciones de consumidores que tengan un especial interés reconocido». 
Nuestra propuesta es, por lo tanto, más exigente que la enmienda en este aspecto. 
La Comisión no puede hacer suyas las enmiendas 10 y 18 porque ya proponemos que se utilice un código alfanumérico, compuesto de dos letras indicativas del Estado miembro de nacimiento seguidas de un número. 
La adopción de la enmienda 11 crearía, a nuestro entender, una zona de indefinición, puesto que la ampliación del concepto de «poseedor» al marco de las transacciones comerciales, incluiría también las transacciones telefónicas, por ejemplo. 
Contra las enmiendas 14 y 18 cabe objetar que sin duda es preferible definir en el reglamento de la Comisión cuestiones tan de detalle como las que se proponen. 
La enmienda 15 no es necesaria, puesto que los propios ganaderos pueden colocar las marcas auriculares. 
Somos del parecer que es más práctico identificar a los animales con una nueva marca auricular en su lugar de destino que no en el punto de entrada. 
En efecto, si el destino de los animales es un matadero, sin duda no será necesario colocarles una nueva marca auricular, siempre y cuando su sacrificio tenga lugar en un plazo breve. 
Por lo tanto, no podemos aceptar las enmiendas 16, 17 y 26. 
La enmienda 19 no es aceptable porque una disposición en el sentido de que las explotaciones podrán recibir una vez al año un determinado número de marcas auriculares se interpretaría como una negación del principio de subsidiariedad. 
Asimismo, la Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas 20, 23, 30 y 34, relativas a la fecha de entrada en vigor de las diferentes disposiciones concretas. 
Como ustedes saben, yo soy del parecer que debemos adoptar una decisión lo más pronto posible. 
Las fechas establecidas en el documento se han fijado también de conformidad con este idea. 
La Comisión no puede aceptar tampoco las enmiendas 21 y 22, puesto que no es necesario que el número de identificación en el banco de datos de las explotaciones donde haya permanecido el animal conste de 14 caracteres. 
Doce caracteres son más que suficientes para este fin. 
Por otra parte, en la propuesta de la Comisión ya se prevé el registro de todas las explotaciones donde haya permanecido el animal. 
Las enmiendas 25 y 29 nos plantean un problema, pues el plazo de 30 días para la transmisión de los datos a la base de datos es excesivo. 
A nuestro parecer, debe garantizarse el acceso a datos actualizados. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 27 porque el pasaporte para animales sólo debería expedirse, a mi entender, una vez recibida la notificación del poseedor del animal. 
La enmienda 31 es superflua, puesto que ya existen disposiciones en este sentido en las normas jurídicas vigentes. 
La misma consideración es válida también para la enmienda 32. 
Por lo que se refiere a las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, yo quisiera señalar que el informe Mayer ya las contempla en cierto modo. 
Por otra parte, el punto de vista de la Comisión con respecto a las citadas enmiendas ya se desprende claramente de la posición que acabo de exponer. 
Por lo que se refiere al informe del Sr. Papayannakis sobre nuestra propuesta relativa al etiquetado de la carne y de los productos a base de carne de vacuno, también en este caso quiero agradecer sinceramente la labor de cuantos han contribuido a la elaboración del informe y han trabajado en las comisiones. 
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que este Reglamento marco por el que se establece un sistema europeo de etiquetado debe aprobarse lo más pronto posible. 
Nuestro objetivo, como ya he manifestado, es establecer un sistema obligatorio. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar en sus presentes términos las enmiendas 3, 5, 6, 7, 10, 11, 22, 24 y 25, que en el fondo se refieren a la introducción de un sistema obligatorio de etiquetado, puesto que si aceptamos que el sistema sea obligatorio será necesario reformular dichas enmiendas. 
No debemos apartarnos, sin embargo, de la realidad de los hechos. 
A mi parecer y ya lo he apuntado aquí, en estos momentos no es posible establecer de inmediato un sistema obligatorio en los 15 Estados miembros. 
A nuestro entender, pueden transcurrir hasta tres años antes de que todos los Estados miembros hayan establecido los correspondientes reglamentos en materia de identificación y los dispositivos que exige el presente Reglamento, como pueden ser las bases de datos, etc. 
Sin embargo, un sistema obligatorio sólo puede funcionar de manera generalizada si se cumple el requisito previo de que la identificación sea plenamente operativa en todos los Estados miembros. 
Aun así, como ya he señalado, a fin de no imponer limitaciones a los demás, deberíamos salvar esta brecha mediante un sistema facultativo. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 34. 
Los detalles relativos a la vinculación entre la identificación de una pieza de carne y la del animal del cual procede están claramente regulados en el apartado 2 del artículo 2. 
Las enmiendas 12, 16, 31 y 32 se refieren a los datos que deberían figurar en la etiqueta en un sistema obligatorio. 
También en este caso debe aplicarse, por lo tanto, el razonamiento antes citado. 
Por otra parte, la Comisión puede aceptar las enmiendas 23, 27, 30 y 33, relativas a los productos transformados, pero no en cambio las enmiendas 2, 8 y 26. 
Yo quiero asegurarles, no obstante, que una vez completado un período transitorio será posible incorporar también los productos transformados al sistema. 
En el caso de la enmienda 21, la Comisión comparte el objetivo de fondo del Parlamento Europeo, en el sentido de que el presente Reglamento entre en vigor lo más pronto posible, habida cuenta de su importancia. 
En consecuencia, yo también defenderé este objetivo ante el Consejo. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 18 por una cuestión de principio, pero las disposiciones en materia de sanciones se establecerán en las disposiciones de aplicación. 
En cuanto a la enmienda 19, en este caso la Comisión es del parecer que en lugar de la presentación de un informe anual sobre la aplicación del Reglamento, sería más adecuada su presentación una vez finalizada la fase de transición. 
Por lo que se refiere a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan otros requisitos, adicionalmente a las disposiciones del Reglamento, tal como se prevé en la enmienda 4, la Comisión lo interpreta como el inicio de una renacionalización del mercado común. 
No es posible adoptar la enmienda 20 porque todavía es demasiado pronto para fijar un plazo para que la Comisión adopte las disposiciones de aplicación. 
La Comisión puede aceptar, en cambio, la enmienda 9, relativa a los organismos de control independientes. 
Éstos deberán cumplir los criterios establecidos en la Euronorma 45011 y deberán ser aprobados por la autoridad competente. 
Ya me he referido al tema del fundamento jurídico y puedo pasar, por lo tanto, al último informe y en este caso quiero dar especialmente las gracias a los Sres. 
Con la entrada en vigor del mercado único en 1993, se hizo imprescindible contar con una normativa eficaz que regule el control veterinario de los productos importados de terceros países. 
El Parlamento y la Comisión están de acuerdo en este punto. 
Ahora ha llegado el momento de mejorar las disposiciones vigentes en materia de control, sobre la base de las experiencias acumuladas. 
Por lo que se refiere a las enmiendas propuestas, yo puedo manifestar que la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas 2, 3, 5, 6, 7, 17 y 18, que promueven la transparencia de los textos y ofrecen mejores garantías en determinados aspectos, como la comunicación de la información y el acceso a las zonas francas. 
La Comisión no considera, en cambio, justificadas las enmiendas 4, 8, 9 y 10 desde una perspectiva técnica. 
La regulación que el Parlamento propone que se aplique a los consignatarios navieros ofrece menos garantías que la propuesta original. Yo me inclino, por lo tanto, en favor del texto de la Comisión. 
La Comisión puede aceptar, no obstante, la enmienda 11, que concede una mayor flexibilidad a los Estados miembros. 
La Comisión no suscribe la enmienda 16, puesto que no tiene el convencimiento de que sea necesario establecer un período transitorio en este caso. 
Los grandes progresos alcanzados en la armonización de las disposiciones veterinarias aplicables a las importaciones de terceros países deberían hacer posible un control comunitario uniforme. 
Por lo que respecta a las enmiendas 12, 13, 14 y 15, el Parlamento debería tener presente cuál es la posición general de la Comisión. 
Lamento no poder aceptar estas enmiendas relativas a los aspectos institucionales. 
Señora Presidenta, supongo que el Comisario es perfectamente consciente de la importancia política de su intervención de hoy, a la que separa un intervalo de algunas horas de la intervención del Presidente de la Comisión. 
Acaba de decirnos, y es muy positivo, que desea cambiar el fundamento jurídico y adoptar el artículo 100 A. Pero, sobre la marcha, después de habernos mostrado la zanahoria, viene con el palo y nos dice que no será posible aceptar las enmiendas que piden el etiquetado obligatorio. 
Yo creo que se trata de una contradicción bastante sorprendente, y quisiera que se me confirmara mi interpretación. 
Quizá yo haya entendido mal; pero, por una parte, tenemos el artículo 100 A y, por otra, la Comisión no apoya las enmiendas del Parlamento. 
Entonces, ¿dónde está la ganancia? 
En cuanto al fondo, es nula. 
Desde luego, ya era evidente que el señor Comisario tenía intención de marcar con un signo negativo muchas de las enmiendas en su respuesta. 
No obstante, señor Comisario, yo creo que el principio máximo ha de ser la recuperación de la confianza de los consumidores. Y por este motivo debemos establecer unas normas razonables. 
La obligatoriedad de la identificación de los animales de la especie bovina y de la carne de vacuno debe establecerse rápidamente. 
Yo soy del parecer que, aun bajo el fundamento jurídico del artículo 100 A, en realidad podríamos ofrecer una muestra, tal como ha manifestado el Sr. Goepel, de que no es preciso que el procedimiento dure once meses, sino que también con este fundamento jurídico es posible adoptar con mayor celeridad los correspondientes reglamentos. 
Es todo cuanto quería añadir. 
Señora Presidenta, en una ocasión, durante un debate, le pregunté al Comisario Fischler si estaba de acuerdo en estudiar la introducción de un sistema electrónico, de chips, a fin de poder seguir al animal durante toda su vida. 
Señora Presidenta, en primer lugar he de decir que es verdaderamente encomiable que el Comisario acepte que se cambie el fundamento jurídico por el artículo 100a. Está en la línea de lo expresado por el Sr. Santer ayer, lo cual me satisface. 
Por lo demás, no veo ningún problema- al menos no muchos- en lo que concierne a mi informe. 
El Comisario acepta la mayor parte de las enmiendas, aunque no la propuesta sobre el sistema de comités, que consiste en que se transfiera más poder a la Comisión y en que los trabajos de preparación sean más transparentes. 
Seguramente esto habría resultado realmente valioso si se hubiese aprobado. 
Con respecto al informe Papayannakis, debo decir que habría sido más provechoso adoptar una actitud más dura, que es la que recomendaba el Parlamento con el etiquetado obligatorio de la carne. 
Incluso demuestro ser suficientemente práctico reconociendo que es difícil de poner en funcionamiento. 
Al mismo tiempo, creo que las señales que demos han de ser duras, puesto que de otro modo no va a hacerse nada. 
El riesgo es que, si por parte de la Comisión se establece un periodo largo de transición, pase mucho tiempo antes de que se haga algo. 
En consecuencia, creo que es vital que el Parlamento dé una señal bien clara en la reunión conjunta de hoy. 
Señora Presidenta, señor Comisario, dado que la interpretación ha sido muy rápida no he entendido bien, por lo que le rogaría que me responda a tres preguntas muy sencillas, no sin antes agradecerle la aprobación del cambio de fundamento jurídico. 
Mi primera pregunta se refiere al contenido de la información que debe incluirse en la etiqueta. 
Se dijo que no entrásemos en debate sobre esto, ya que no será obligatoria por el momento, es decir, será facultativa durante un tiempo. 
Yo soy de la opinión- y me gustaría conocer la suma al respecto- de que aun en el caso de que el etiquetado sea facultativo durante un tiempo, debe incluir determinados datos. 
El hecho de que el etiquetado sea facultativo no implica que cada uno pueda declarar lo que quiera; esto sería inaceptable y desvirtuaría la institución. 
La segunda pregunta se refiere a los productos. 
Señor Comisario, está en debate el etiquetado de la carne. 
La Comisión de Medio Ambiente y el ponente que le habla insisten en que este etiquetado se aplique a todos los productos a base de carne de vacuno, incluidos los productos de transformación, es decir, los productos derivados. 
No he entendido bien su posición, ¿lo aprueba o no lo aprueba? 
La tercera pregunta se refiere al sistema unitario, es decir, a la armonización del sistema de identificación y registro de los animales. 
Algunos países no tienen ningún sistema de este tipo y deben adoptarlo para que el sistema unificado sea razonable. 
Antes le pregunté si se prevé crear un programa específico a este respecto, que cuente con financiación comunitaria. 
No he oído ninguna respuesta por su parte, o no la he entendido. 
Señorías, es posible que mi intervención haya sido en realidad un poco demasiado rápida, pero esto es inevitable cuando es preciso adoptar una posición sobre tantas cuestiones a la vez y uno no quiere excederse en el uso del tiempo. 
Por lo tanto, ante todo quiero reiterar con toda claridad que la Comisión acepta el fundamento jurídico del artículo 100A; yo sólo he hecho notar que esto tendrá sus consecuencias. 
En segundo lugar, la Comisión acepta los sistemas obligatorios. 
En ningún momento hemos manifestado la intención de que el sistema de identificación de los animales deba ser voluntario- éste debe ser obligatorio en cualquier caso -, lo único que se debate es si el etiquetado debe ser voluntario o no. 
También en este caso, aceptamos que el etiquetado sea obligatorio. 
No obstante, yo les ruego que comprendan que nos encontramos ante la siguiente situación: si decimos que debe ser obligatorio y basta, esto significa que debemos conceder a los Estados miembros el tiempo necesario para su introducción. 
Por esto, nuestro planteamiento es que durante dicho período transitorio debe introducirse un sistema voluntario, lo cual sin embargo no significa- y quiero hacer claramente hincapié una vez más en este punto- que en esta fase cada cual pueda hacer lo que le plazca, sino que evidentemente también deberán cumplirse algunas disposiciones, como por ejemplo las relativas a los datos que deben figurar en la etiqueta. 
También en este caso se trata de dos temas distintos. El hecho de etiquetar o no es voluntario. 
En cuanto al contenido de la etiqueta, evidentemente necesitamos unas disposiciones claras. 
Es el único modo razonable de proceder. 
En relación con muchas de las enmiendas rechazadas, yo he manifestado con toda claridad que varias de ellas no redundan precisamente en una mejora del sistema, a nuestro parecer. 
Al contrario, podrían crear zonas de indefinición, por ejemplo; por lo demás, nuestras propuestas son en parte incluso más ambiciosas que las del Parlamento. 
Yo creo que la Comisión está autorizada, sin duda, a señalar estas dificultades y a rechazar estas propuestas en la primera lectura, si partimos de la base de que el fundamento jurídico es ahora el artículo 100 A. 
Doy las gracias al Sr. Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación de la República del Yemen, dirigida por el Presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Sr. Mohammed Abdo Said, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Nos sentimos honrados con su visita con motivo de la segunda reunión interparlamentaria con la delegación competente del Parlamento Europeo. 
Constato con agrado que las relaciones entre la Unión Europea y el Yemen son excelentes, y que los contactos que mantenemos en el ámbito parlamentario han demostrado nuestra voluntad común de cooperar. 
Deseo a la delegación yemení unas reuniones fructíferas y una excelente estancia en Estrasburgo. 
Residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0035/97) del Sr. Kenneth Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 0584- C4-0683/96- CNS 96/0279) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2377/90 por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal. 
, ponente. (EN) Señora Presidenta, debo decir para comenzar que la opinión que voy a expresar esta mañana es el punto de vista unánime de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, y deseo dejar claro que es unánime. 
Los límites máximos de residuos o LMR son los niveles autorizados de sustancias químicas en los productos de origen animal utilizados para la alimentación humana. 
Están contemplados en un reglamento del Consejo que fue aprobado en 1990 y que debía expirar en diciembre de 1996. 
El concepto es muy importante: ¿cuál es el nivel de cada sustancia química que resulta seguro para el consumo humano? 
Todo se reduce a esto, y por ello es una cuestión no sólo de política industrial o de política veterinaria, sino de salud pública. 
El mercado se dividió en dos categorías en 1990. 
Estaban las llamadas «sustancias antiguas» , más de 180, que ya se comercializaban y que debían ser evaluadas progresivamente a fin de determinar los LMR, y estaban las «sustancias nuevas» , aún por comercializar y cuyos LMR debían determinarse antes de autorizar su venta. 
Todas las sustancias antiguas tenían que ser evaluadas y asignarse sus LMR antes de finales de 1996. 
Esto no ocurrió, lo cual quiere decir que todas las sustancias que actualmente no tienen LMR en realidad tendrían que ser prohibidas en la Comunidad a menos que se adoptaran medidas legales. 
La Comisión tardó mucho en sacar la propuesta. 
El viejo reglamento expiró en diciembre de 1996; el nuevo no fue transmitido al Parlamento hasta el 10 de enero de 1997. 
La situación actual, por lo tanto, es que existe un vacío legal. 
La presente propuesta de la Comisión intenta hacer dos cosas: intenta ampliar el plazo para la evaluación de las sustancias químicas, algo que podemos aceptar puesto que es claramente necesario; pero intenta además clasificar las sustancias que se utilizan en ensayos clínicas con animales. 
Un fin encomiable, pero me temo que dos o tres semanas no es tiempo suficiente para que el Parlamento examine el tema adecuadamente y se ocupe de un aspecto de la salud pública importantísimo. 
Necesitamos garantías de que todos los LMR restantes se pondrán dentro de unos plazos determinados si accedemos a una ampliación. 
A la comisión parlamentaria no le cabe duda de que es necesaria una ampliación, y estamos dispuestos a seguir adelante con ello. 
Pero, francamente, el resto no es suficientemente aceptable y, desde nuestro punto de vista, la salud pública debe ser nuestra máxima prioridad. 
Por otro lado, la propuesta de la Comisión no refleja las preocupaciones sobre los ensayos clínicos. 
Según nos dicen, las empresas no siempre han proporcionado la información correcta, a veces incluso porque la Comisión no siempre ha dejado claro lo que quería y hay demasiadas sustancias cuya evaluación ni tan siquiera ha comenzado, por no hablar de finalizado. 
En este contexto, no podemos permitir el riesgo para la salud pública que podrían suponer las sustancias químicas sin evaluar. 
Así pues, aceptamos la lógica de ampliar el plazo, pero no podemos aceptar el resto de la propuesta. 
No se nos ha dado tiempo y no creemos que se contemple suficientemente la seguridad de los consumidores: la propuesta es incompleta y deja a los consumidores, así como a las empresas farmacéuticas, en la duda. 
El Parlamento Europeo cuenta sólo con una lectura sobre el tema- es una propuesta con arreglo el artículo 43y entendemos que el Comité de Medicamentos Veterinarios puede muy bien informar a la Comisión en dos semanas sugiriendo cambios en el sistema de evaluación. 
Sin embargo, aquí nos encontramos hoy y se nos pide que aprobemos esto sin discusión. 
No es nada satisfactorio. 
La propuesta, los plazos y las medidas significativas de la política son cosas muy diferentes. 
No hay ninguna norma en el Tratado que nos permita separarlo. 
Por otro lado, pese a que se ha pedido a la Comisión que demuestre cuál es la base legal, hasta ahora, a las 11.40, no lo ha hecho. 
No he oído decir a la Comisión cuál es la base legal de conformidad con el Tratado, y no habrá sido por no haberlo preguntado. 
Se me prometió esta mañana hace hora y media y todavía no lo he recibido. 
Habría sido preferible llenar el vacío legal, pero me temo que, a menos que la Comisión pueda comprometerse claramente a que va a retirar la parte de la propuesta que se refiere a las sustancias y esté de acuerdo con proceder únicamente a una ampliación temporal, mi comisión me ha encomendado que diga con toda claridad que haremos volver esto a comisión para nuevas enmiendas. 
Esta es la opinión unánime de nuestra comisión parlamentaria. 
El Sr. Bangemann indica que está sorprendido. 
No sé por qué ha de estarlo- si es que realmente lo está- porque en la fase de comisión se dejó claro que esta era la opinión unánime y a él se le dejó claro en una carta ayer mismo. 
Espero que la Comisión pueda ver el modo de retirar la propuesta referida a las sustancias. 
Espero que pueda estar de acuerdo con proceder únicamente a la ampliación temporal. 
Si así lo hace, me alegraré mucho de recomendar al Parlamento que aceptemos el cambio de plazo, pero mi comisión se mantiene firme en que no va aceptar el resto. 
El Sr. Bangemann solicita la palabra. 
Ignoro si es para una cuestión de orden o para intervenir por alusiones personales, pero le he visto reaccionar enérgicamente. 
Por lo tanto, le concederé inmediatamente la palabra, si me lo permite el Sr. Collins y los demás oradores, quienes podrán intervenir a continuación. 
Señora Presidenta, ante todo, yo quiero explicar por qué he solicitado el uso de la palabra en este momento. No lo he hecho porque esté molesto, sino porque todos debemos empezar por aclarar en primer lugar cuál es el tema que nos ocupa. 
A juzgar por las manifestaciones del Sr. Collins, he deducido que aún subsiste alguna confusión. 
Por esto yo quisiera exponer ahora cómo vemos nosotros la cuestión y cómo pueden resolverse los problemas a nuestro parecer. 
En primer lugar, no pedimos en absoluto que el Parlamento se manifieste hoy, ni dentro de dos semanas, ni en ningún otro plazo, sobre el fondo de las propuestas. 
El Parlamento puede tomarse el tiempo que precise para examinar meticulosamente estas propuestas. 
Pueden tomarse en consideración los sucesos más recientes y el Consejo me ha confirmado por carta- como ya sabe el Sr. Collins- que no decidirá sobre el fondo de la materia hasta que el Parlamento no haya decidido y formulado su opinión. 
El Sr. Collins también ha recibido la misma carta, según acaban de comunicarme. 
Por lo tanto, debe quedar absolutamente claro que nadie, ni el Consejo ni la Comisión, pretende que el Parlamento se manifieste en un plazo de pocos días, o de pocas horas, y mucho menos ahora mismo sobre el fondo de la cuestión. 
No es éste nuestro deseo, ni tampoco lo desea el Consejo. 
El Consejo ha asumido un compromiso y yo creo que no debemos partir ahora, en el marco del diálogo interinstitucional, del supuesto de que no cumplirá este compromiso que consta por escrito. 
No obstante, para evitar esta preocupación al Parlamento, yo puedo manifestar aquí que, aun suponiendo que el Consejo tuviese la intención de tomar una decisión sin la intervención del Parlamento, lo cual no creo en absoluto que vaya a ocurrir, nosotros retiraríamos la propuesta. 
Es algo que podemos hacer en cualquier momento. De este modo impediríamos que el Consejo adoptase una decisión sin que el Parlamento pudiese manifestar su parecer. 
Sólo solicitamos- y el Sr. Collins incluso manifestó que apoyaría esta petición- que se debata ahora el artículo 14, o sea la ampliación del plazo, puesto que de lo contrario se crearía una situación insostenible en relación con los medicamentos que ya vienen comercializándose desde hace años, sin ningún peligro, por cierto. 
Éste es el problema. 
Es cierto que el procedimiento ha sido largo. 
Pero esto no es imputable a la Comisión, sino que se debe, entre otras cosas, a que la Agencia de Londres no dispone de personal suficiente y a que parte de la industria, como ha señalado también el Sr. Collins, no ha presentado la documentación. 
No creo que sea discutible, por lo tanto, que la ampliación del plazo está objetivamente justificada. 
Señora Presidenta, yo creo que ahora comprenderá que era necesario que volviera a exponer lo que acabo de decir. 
No se trata del fondo del asunto, de la propuesta global. 
El Consejo no adoptará una decisión hasta que el Parlamento no haya manifestado su posición. El Parlamento dispone de todo el tiempo que requiera y la Comisión se compromete además a que, aun en caso de que el Consejo no cumpliera finalmente los compromisos que ha suscrito por carta- si bien éste es un supuesto puramente teórico -, nosotros retiraremos la propuesta, es decir que ésta ya no existirá. 
El único punto que solicitamos que se debata ahora por la vía de urgencia es la aplicación del artículo 14 y esto es jurídicamente posible. 
Señora Presidenta, la protección de la alimentación de los animales así como de la salud humana constituye hoy en día una prioridad de la Unión Europea, sobre todo tras los últimos acontecimientos relacionados con la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Al mismo tiempo, el funcionamiento del mercado único debe adaptarse de modo eficaz para que los productos que están o estarán en circulación cumplan unas garantías de protección de la salud y las normas previstas en los acuerdos internacionales. 
La propuesta de la Comisión se refiere a la modificación del Reglamento por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal. 
Mediante esta propuesta la Comisión pretende modificar el Reglamento, para encomendar a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos el examen de las solicitudes de registro, modificación y ampliación de los límites máximos de residuos, y la coordinación del procedimiento de toma de decisiones con el procedimiento central. 
Al mismo tiempo, la modificación se considera necesaria porque la Comunidad debe cumplir las obligaciones que se derivan del acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias firmado tras las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. 
El objetivo no es en sí mismo la modificación del Reglamento, sino una verdadera protección de la salud pública, de modo que la fijación de unos límites máximos de residuos de medicamentos unificados debe permitir la libre circulación de alimentos y medicamentos veterinarios y garantizar la protección del consumidor en el mercado único. 
El primer aspecto de la modificación del Reglamento se refiere a la ampliación del plazo para el trabajo de evaluación. 
Las dificultades que se produjeron con respecto a la evaluación en el ámbito de los Estados miembros, así como las relativas a la Agencia para la Evaluación de Medicamentos, que no empezó a funcionar hasta 1995, nos obligan a ampliar el plazo por dos años, dentro de los cuales la Agencia debe finalizar su trabajo de evaluación. 
No obstante, hay que subrayar que, en interés de la salud pública y la seguridad de los consumidores, se impone fijar un plazo específico respecto a las sustancias peligrosas, que deberán ser evaluadas antes del 31 de diciembre 1997. 
Señora Presidenta, la presente propuesta está encaminada a garantizar que la administración de medicamentos a animales destinados al consumo no revista ningún peligro para el consumidor. 
En efecto, los medicamentos veterinarios dejan residuos que permanecen cierto tiempo en los animales y que, por lo tanto, pueden pasar a los productos destinados al consumo humano: carne, despojos, leche, huevos. 
La nocividad de estos residuos depende principalmente de su nivel de concentración en dichos productos alimenticios: el denominado «límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal». 
Ésta es una definición técnica, pero expresa claramente lo que significa. 
Dicho límite fue fijado por el Reglamento de enero de 1992. 
Desde esta fecha no se ha autorizado ningún medicamento sin que previamente se fijara dicho límite máximo. 
Una lista de 400 productos farmacéuticos esperaba esta autorización, que debía concederse antes del 1 de enero de 1997. 
Desgraciadamente, sólo 200 de estos medicamentos han podido ser evaluados. 
Los 200 restantes podrían ser suprimidos inmediatamente del mercado de los medicamentos veterinarios, lo que tendría efectos catastróficos para la industria agroalimentaria, sin que por ello la salud pública se viera beneficiada. 
Nosotros pedimos, por lo tanto, que el plazo se amplíe hasta el 1 de enero de 1999. 
En cambio, sería peligroso y contrario a la protección de la salud pública el consumo de alimentos procedentes de animales sometidos a ensayos clínicos, antes de que se haya fijado un límite máximo definitivo, y no provisional. 
Así pues, es indispensable que los animales sometidos a ensayos clínicos no sean destinados al consumo antes de que se fije definitivamente dicho límite. 
Señora Presidenta, comparto la exposición que Kenneth D. Collins ha efectuado hace unos minutos, aunque desearía profundizar algo más en la segunda parte del expediente. 
En primer término, con respecto a la primera parte, debemos reconocer que nos enfrentamos a un grave problema. 
¡Aún quedan sin evaluar 246 sustancias utilizadas en medicamentos veterinarios antes de la aprobación del Reglamento de 1990! 
No se ha fijado un límite máximo para los residuos y la utilización de dichas sustancias está, de hecho, prohibida a partir del 1 de enero de este año. 
Por lo tanto, es imperioso ampliar los plazos para efectuar esta evaluación, como lo propone la Comisión. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor expresa su acuerdo al respecto con una condición: las sustancias más peligrosas, o aquellas que se piensa puedan ser más peligrosas, deben ser evaluadas antes del 1 de enero de 1998. 
Desearía hablar, a continuación, de la segunda parte de la propuesta, que es mucho más grave. 
En efecto, la Comisión propone modificar el Reglamento de 1990, para permitir que la industria farmacéutica pueda utilizar, con límites máximos provisionales, medicamentos que aún están en la fase de ensayos clínicos. 
Esto significa que los consumidores se convertirían en conejillos de Indias involuntarios para la industria farmacéutica. 
Dichos límites máximos provisionales propuestos por la industria farmacéutica están siendo actualmente estudiados por la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos y por las comisiones competentes. 
Así pues, nos encontramos frente a una modificación con respecto a 1990, ya que en aquel momento esta medida se consideraba excepcional. 
Ahora se convierte en general. 
Creo que, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, todos están de acuerdo en que esto es inaceptable. 
Pedimos al Comisario que se exprese claramente sobre dicho punto. 
¿Acepta retirar esta parte de la propuesta, sí o no? 
Creo que este es el objetivo del debate y no la primera parte, con la que estamos de acuerdo. 
Desearía, no obstante, insistir en las declaraciones del Sr. Santer, quien ayer declaró que, con respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, deseaba adoptar el artículo 100 A. Puede admitirse que, en relación con la primera parte, pueda aplicarse el procedimiento de urgencia, pero no sucede lo mismo con la segunda parte. 
En su exposición, hace un momento- quizá sea un problema de traducción -, usted se ha referido al fondo. 
Yo me refiero a la segunda parte de su propuesta, relativa al sistema de límites provisionales para los medicamentos que aún están en la fase de ensayos clínicos. 
¡Sea claro al respecto y diga si retira esta propuesta! 
Señora Presidenta, nuestro objetivo, una vez más, es proteger la seguridad de los consumidores en relación con los residuos de medicamentos veterinarios en los productos de origen animal. 
Primer punto esencial: los plazos. 
Con respecto a las sustancias potencialmente más peligrosas, es fundamental que sean evaluadas antes del 31 de diciembre de este año, y, en caso contrario, prohibidas a partir del 1 de enero de 1998. 
Dicho esto, teniendo en cuenta el retraso de la Comisión, es normal que se acepte una ampliación de tres años para los demás productos que la Agencia Europea aún debe evaluar. 
Este plazo es necesario; de lo contrario, más de 200 sustancias antiguas serían inmediatamente retiradas del mercado, sin distinguir entre las buenas y malas, lo cual no sería justo. 
Segundo punto esencial: los ensayos clínicos. 
El texto de la Comisión es vago e impreciso en este punto, a pesar de que se trata del consumo de alimentos procedentes de animales sometidos a ensayos clínicos y cuyos organismos presentan residuos de sustancias, algunas de las cuales pueden ser peligrosas para el consumidor. 
Habida cuenta de la crisis que conoce el sector- y en este punto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Lannoye -, la entrada de estos medicamentos en la cadena alimentaria es inaceptable. 
Señora Presidenta, creo que debemos dejar las cosas claras. 
En intención no estoy en absoluto en desacuerdo con el Sr. Bangemann. 
Quiero que esto quede bien claro. 
Ahí es donde acaba probablemente la similitud entre el Sr. Bangemann y yo. 
No tengo noticia de que demasiadas personas hayan notado muchas similitudes en el pasado de todos modos. 
Nosotros- todo el mundo de la Cámara, todos los que hemos hablado y los que no- aceptamos enteramente que el plazo debe modificarse. 
Puede extenderse hasta final de siglo, a grosso modo. 
Necesitamos más o menos otros tres años para cumplir las disposiciones sobre evaluación. 
En lo que discrepamos del Sr. Bangemann, sin embargo, es en qué se hace desde el punto de vista jurídico con el resto. 
Aunque respeto la intención del Sr. Bangemann de decir al Consejo: » No pueden ustedes adoptar una decisión porque no han recibido el dictamen del Parlamento» , el hecho es que hay sólo una propuesta sobre la mesa. 
Hay sólo una lectura sobre esa propuesta que está sobre la mesa porque se ha presentado de acuerdo con lo previsto en el artículo 43. 
El Parlamento no dispone de ningún mecanismo para separarlo y tampoco lo tienen, por lo que veo, la Comisión ni el Consejo. 
Lo que tenemos es una la intención declarada de que no van a proceder. 
Me temo que estas cartas que he recibido no tienen carácter oficial. 
No reflejan nada en absoluto que esté recogido en el Tratado. 
En éste, por lo que yo sé- espero que el Sr. Bangemann pueda cambiar mi opinión al respecto -, no hay nada que diga que una carta así de comunicación de intenciones constituya una obligación jurídica. 
Si hubiera algo de este estilo, entonces me podrían convencer de que cambiara de opinión y la comisión parlamentaria podría cambiar de opinión asimismo. 
Pero, en este momento, no tenemos una garantía de que se fuera a permitir que el Parlamento emitiera dictamen sobre algo sobre lo que ya ha emitido dictamen porque hay sólo una lectura y un reglamento. 
Ese es el fondo de la cuestión. 
Si podemos resolverlo, si el Sr. Bangemann puede mostrarnos cuál es el fundamento jurídico de todo esto, entonces podríamos quizá cambiar de opinión. 
En este momento no consigo ver ninguna salida, aunque esté de acuerdo con su parecer y, supongo, él esté de acuerdo con el mío. 
Compartimos el mismo propósito, pero me temo que el punto de vista en el Parlamento es que no podemos confiar suficientemente en el procedimiento que se está sugiriendo para hacerlo realidad. 
No creo que el Sr. Bangemann estuviera tampoco en una posición suficientemente fuerte para forzar al Consejo, porque no tendría fundamento jurídico para hacerlo. 
Señora Presidenta, a fin de evitar dificultades para comprender mi poco claro alemán, deseo cambiar a mi excelente inglés primero y después al francés, de manera que todos aquellos que han participado en el debate no tendrán que depender de nuestro ineficaz servicio de interpretación. 
En mi opinión el servicio es excelente, me refiero a los discursos hechos durante ese debate. 
Las cosas están ahora más claras porque, como dije al principio, hoy nos estamos ocupando del artículo 14, no nos estamos ocupando de ningún otro artículo. 
El artículo 14 prevé una ampliación de dos años para las sustancias que ya están disponibles en el mercado. 
Ken Collins y el Parlamento están dispuestos a aceptarlo. 
Lo que les preocupa es: ¿qué vamos a hacer con el fondo de la propuesta? 
Ya he indicado que hay dos cartas, una, como saben, del Consejo y otra de mi colega Marcelino Oreja, responsable de las relaciones con el Parlamento, siguiendo los consejos de nuestro Servicio Jurídico. 
Las dos posturas son perfectamente claras en cuanto a su interpretación legal: ésta no es la lectura; la urgencia se ha pedido únicamente para el artículo 14, y para nada más. 
Hoy no tenemos que debatir el fondo. 
Nadie lo está pidiendo. 
Eso puede hacerse después de que el Parlamento haya adoptado su postura. 
La única cuestión que hoy se debate es si el Parlamento puede aceptar un procedimiento urgente con el artículo 14 y esto es lo que estamos pidiendo. 
Respecto a la garantía, nuestro Servicio Jurídico dice que no hay ningún problema. 
El Consejo ha solicitado únicamente la urgencia del artículo 14 y, desde un punto de vista formal, la urgencia no se ha pedido para nada más. 
Además, si hubiera alguna dificultad, la Comisión estaría dispuesta a retirar toda la propuesta a fin de dejar perfectamente claro que el Parlamento tiene que emitir su opinión sobre el fondo. 
Diré ahora algunas palabras en francés porque se han hecho algunas observaciones en francés sobre las sustancias. 
Si estas observaciones expresan una posición del Parlamento- lo que está por ver -, estamos como siempre dispuestos a tomar en consideración lo que el Parlamento decida, y Sus Señorías tienen tiempo para decidirlo. 
Los ensayos clínicos y todos los demás puntos que les interesan pueden ser examinados y decididos luego. 
La situación es bastante clara. Por eso, si están de acuerdo con el cambio del artículo 14, no veo por qué no podría hacerse. 
Es lo único que se les pide; no se les pide nada más. 
Señora Presidenta, le agradezco que me haya dado tiempo y también doy las gracias al Sr. Bangemann por su explicación. 
Me pregunto si sería posible que en vez de ello hiciéramos la votación mañana. 
Entonces tendré la oportunidad de examinar esto personalmente con el Sr. Bangemann y sus servicios y podríamos aclarar la situación para satisfacción de ambos. 
Si usted estuviera de acuerdo con ello, creo que sería la mejor solución. 
Considero que se trata de una propuesta perfectamente razonable. 
Me dirijo a la Asamblea porque normalmente la votación de este informe debería celebrarse este mediodía. 
¿Hay alguna objeción a esta ligera modificación del orden del día en el sentido de aplazar la votación de este informe hasta el turno de votaciones de mañana a las 12.00 horas? 
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la propuesta) El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señorías, el Sr. Whitehead me ha hecho una petición que desearía aceptar. 
El Sr. Whitehead está presente, pero le será imposible acudir al Pleno de esta tarde y querría presentar su informe. 
Son las 12.01 horas. 
Le concederé, pues, la palabra y le pido que respete su tiempo, para que podamos pasar, seguidamente, al turno de votaciones. 
Prioridades de la política de los consumidores (1996-1998) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0317/96) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0519- C4-0501/95) relativa a las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998). 
Señora Presidenta, le doy las gracias, sobre todo por la difícil situación en la que se ha visto en momentos anteriores del día de hoy. 
No me hago ilusiones de que los diputados presentes hayan venido por su interés en lo que tengo que decir. 
Sin embargo, se están reuniendo para escuchar y participar en una votación sobre prioridades de los consumidores en el tema de la EEB y otras cosas. 
Deseo emplear los cinco minutos que tengo asignados para presentar el informe que ha estado esperando a recibir la atención del Parlamento durante más de dos sesiones y que se relaciona con la prioridades de los consumidores definidas por el Sr. Prendergast, las cuales le han sobrevivido, han sobrevivido al tiempo del Sr. Papas como director general de la DG XXIV y deben recibir ahora la atención del Sr. Reichenbach. 
El hecho de que haya llevado tanto tiempo y el hecho de que aún tengamos que intentar adquirir masa crítica para la Sra. Bonino y su gabinete subraya suficientemente lo que estamos intentando decir hoy. 
Me alegro de que el Presidente Santer esté presente, tanto si está escuchando o no lo que tengo que decir. 
Creemos que un marco para las prioridades de los consumidores dentro de la Unión debe considerar esencialmente no toda una lista de buenos deseos tipo tarjeta de Navidad, que quizá podrían realizarse en un mundo ideal, sino una lista clara y concisa de las cosas que tenemos que hacer, cosas que han de relacionarse con el papel fundamental que debiera tener para nosotros el artículo 129 A después de Maastricht. 
Creemos que necesitamos unas prioridades definidas claramente para el Sr. Reichenbach y su equipo. 
Otras medidas para garantizar el acceso de los consumidores a la justicia dentro de los tribunales y fuera de ellos, a lo largo y ancho de la Unión: propuestas legislativas y medidas concretas destinadas a garantizar la protección de los intereses financieros de los consumidores- algo a lo que volveremos más adelante en el debate sobre el informe de la Sra. Marinucci de esta tarde -; mejor información que convierta la información al consumidor en poder del consumidor, y aquí aprovecho para mencionar los nuevos poderes asignados a la Sra. Bonino. 
Espero que esta tarde sepamos por ella el uso que va hacer de los mismos, y agradezco lo que dijo ayer el Presidente Santer, en lo que fue un día histórico para esta Asamblea y para sus relaciones con la Comisión, respecto a las prioridades que estamos confiriendo a la alimentación, la salud y la seguridad. 
Finalmente, el establecimiento de una definición básica, clara y única de servicio universal que pueda aplicarse por sectores según vamos avanzando hacia la liberalización de sectores clave de la economía. 
En el tiempo de que dispongo no quiero extenderme en detalle sobre nada de lo anterior. 
Tan sólo diría que me parece que hemos sido negligentes al no dar a estas áreas la prioridad que merecen. 
En cuanto al acceso a la justicia, ahora, por lo menos, la Comisión está dando pasos hacia la publicación de planes, pero debe avanzar más a fin de afianzar el reconocimiento mutuo de las condiciones para recibir ayuda jurídica en toda la Comunidad y facilitar que las asociaciones de consumidores de países como el mío, así como los organismos públicos, puedan emprender acciones en grupo cuando se produzcan infracciones contra la legislación comunitaria. 
También necesitamos que la DG XXIV y la Sra. Bonino nos den noticias sobre cómo van a usar exactamente su personal adicional y los nuevos poderes que tienen para controlar las cuestiones de salud y seguridad alimentaria en el conjunto de la Comunidad. 
La investigación que deberíamos hacer en la materia, y que la Comisión debería patrocinar y financiar, ha de considerar temas relacionados de salud humana y animal a los que siempre se ha dado escasa prioridad porque el interés de los consumidores nunca ha sido preeminente. 
Espero, en este sentido, que en cuestiones como la investigación de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob observemos un compromiso no sólo por parte de los Estados miembros, incluido el mío, sino por parte de la Comisión en conjunto, de estudiar esta plaga y cómo se ha desarrollado. 
Hay muchas cosas que podría haber dicho y quizás se dé la oportunidad de tener después una conversión con el nuevo director general y con la Sra. Bonino. 
Lamento que este debate se haya colocado de tal manera que tenga que ser tanto truncado como dividido por el descanso. 
Le doy las gracias, señor Whitehead. 
Teniendo en cuenta las circunstancias, no he impuesto silencio a la Asamblea puesto que todos estaban esperando el turno de votaciones. 
El debate sobre el informe del Sr. Whitehead se reanudará esta tarde a las 15.00 horas. 
Bienvenida 
Tengo el placer de saludar a una delegación del Centro Internacional por la paz en el Oriente Medio que se encuentra en la Tribuna Oficial. 
Esta delegación, compuesta por representantes de la Knesset y del Consejo Legislativo Palestino, nos honra con su visita con motivo del encuentro con las delegaciones competentes del Parlamento Europeo. 
Esta iniciativa, la primera en su género, constituye una ocasión única para debatir los temas referentes al proceso de paz en el Oriente Medio, que nos afectan muy de cerca a todos nosotros. 
Aprovecho esta ocasión para saludar también la presencia del enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en el Oriente Medio, Su Excelencia el Embajador Moratinos. 
Nuestras relaciones con la Knesset y el Consejo Legislativo Palestino son excelentes, y los contactos que tenemos ya a nivel parlamentario han demostrado la voluntad común de cooperar en un gran número de sectores. 
Espero que este encuentro marque una nueva etapa en el acercamiento necesario de los países y de los pueblos que representamos. 
Deseo a la Delegación del Centro Internacional para la paz en el Oriente Medio unas conversaciones fructuosas y una excelente estancia en Estrasburgo. 
Señor Presidente, intervengo únicamente para pedir una aclaración, ya que existe una contradicción manifiesta entre lo declarado ayer por el Presidente Santer, pues en la página 8 se habla de «etiquetado obligatorio y sistemático» como elección de la Comisión, y la declaración que hoy hemos oído del Comisario Fischler, quien ha rechazado todas las enmiendas en las que se solicitaba el etiquetado obligatorio de la carne de vacuno. 
En consecuencia, antes de votar este asunto, quisiéramos saber cuál es la verdadera posición de la Comisión. 
¿El etiquetado es o no es obligatorio? 
¿Es o no es sistemático? 
Las declaraciones que pudimos escuchar no van en esta dirección. 
Decir en términos generales, como lo ha hecho el Comisario Fischler, que la Comisión está «en términos generales» de acuerdo con la obligatoriedad, a pesar de que por ahora no se impone obligación ni tampoco plazo alguno, equivale a no aceptar lo manifestado ayer por el Presidente Santer. 
Antes de la votación, pedimos una aclaración sobre la posición oficial de la Comisión. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, agradezco muchísimo esta intervención, puesto que me permite ofrecerles una aclaración. 
Su Señoría al parecer no ha escuchado mis palabras de esta mañana. 
(Fuertes protestas) Esta mañana yo he manifestado que la Comisión acepta que las tres propuestas objeto de debate se traten bajo el fundamento del artículo 100A. 
La Comisión ha declarado asimismo esta mañana que somos claramente favorables a un sistema obligatorio. 
No obstante, me he permitido señalar que será necesario un cierto plazo antes de que sea posible la puesta en práctica de este sistema obligatorio en todos los Estados miembros, puesto que para ello se requiere una identificación adecuada de los animales y también un registro adecuado, que deberá realizarse con el apoyo de sistemas automatizados. 
Con objeto de no poner trabas para que los Estados miembros que ya cumplan todos los requisitos durante este período puedan introducir un sistema de etiquetado antes de la fecha prevista, consideramos razonable contemplar la posibilidad de un etiquetado voluntario durante esta fase inicial, lo cual por otra parte- o al menos ésta es mi impresión- ha contado con la aprobación de la mayoría de los presentes en el debate. 
No es el momento de debatir sobre este asunto. 
Cuando lleguemos al informe se podrán hacer preguntas al respecto. 
Yo sólo quisiera hacerle una pregunta al señor Comisario Fischler: ¿cuánto durará el período transitorio? 
Ya he dicho que tales preguntas deberán hacerse en el momento oportuno. 
Señor Presidente, es sobre una cuestión de orden que intenté formular hace unos instantes cuando presidía la Cámara su predecesora, la Sra. Fontaine. 
Cuando hablaba mi colega Philip Whitehead, un gran número de diputados de esta Asamblea le demostraron una descortesía evidente: no le escuchaban, la gente iba entrando y exhibía una absoluta falta de respeto. 
Señor Presidente, ha hecho usted alusión a los visitantes de la galería de visitantes ilustres. 
No sé que tipo de impresión les habría causado hace unos instantes- y tal vez sea ahora un poco mejor -, pero espero que pueda usted usar su martillo de presidente como es debido para mantener el orden en esta Cámara y que los oradores sean escuchados con el respeto con que no lo ha sido el Sr. Whitehead. 
Le agradezco mucho su intervención, señor Evans, porque habrá podido usted comprobar que no sólo el Sr. Evans, sino el propio Presidente era bastante poco escuchado cuando ha pedido silencio al inicio de esta votación que querríamos empezar. 
Yo sólo quisiera hacerle una pregunta al señor Comisario Fischler: ¿cuánto durará el período transitorio? 
Ya he dicho que tales preguntas deberán hacerse en el momento oportuno. 
La Sra. Fontaine ha sido objeto de alusiones personales y me pide la palabra. 
Señor Presidente, tengo por costumbre hacer que se respete esta Asamblea. 
Pero el Sr. Whitehead sabía perfectamente que se le daba un trato muy preferente. 
Normalmente no debíamos, Señorías, iniciar el debate sobre su informe. 
Eran poco más de las 12.00 horas y teníamos que empezar el turno de votaciones. 
Si, además, hubiera interrumpido al Sr. Whitehead para imponer silencio a la Asamblea, su intervención se habría prolongado aún más, y pienso que él lo ha entendido perfectamente. 
Se trataba de unas circunstancias muy particulares. 
Esto es todo lo que deseaba decir, señor Presidente. 
Votaciones 
Señor Presidente, la cuestión reglamentaria que deseo señalar se basa en los artículos 127, 122 y 34. 
A pesar de que el Grupo de Coalición Radical ha tratado de mejorar la resolución común a través de sus enmiendas, criticamos un procedimiento que consideramos una renuncia por parte del Parlamento Europeo en un asunto de excepcional gravedad. 
Por lo tanto, se trata de un desacuerdo de fondo; pero mi intervención se refiere a una cuestión de procedimiento que plantea la votación que va a celebrarse. 
El lunes, la Sra. Barthet-Mayer y el Sr. Puerta hicieron hincapié en las sólidas razones que teníamos para aplazar esta votación hasta tanto no se votara la moción de censura. 
El Parlamento tomó una decisión distinta y no las apoyó, aun cuando eran muy sólidas y basadas en muchas evidencias parlamentarias. 
No insistiré, pues, en ello. 
Señor Hory, esta cuestión se había solucionado el lunes, de acuerdo con el procedimiento previsto. 
Por lo tanto, no puedo permitir que se vuelva a plantear como si fuera una explicación de voto, ya que usted alude al artículo sobre las explicaciones de voto. 
Lo lamento. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, tal como ha señalado acertadamente el ponente, puesto que se ha modificado el fundamento jurídico, se trata de la primera lectura. 
Por consiguiente, yo pienso que tendremos ocasión de volver a abordar la cuestión que plantea el ponente cuando se proceda a la segunda lectura. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, yo sólo quisiera recordar que esta mañana he presentado una enmienda oral por la que el fundamento jurídico del artículo 43 se modifica por el del artículo 100A y que la Comisión lo ha aceptado. 
Como ustedes saben, las enmiendas orales no pueden someterse a votación. 
Pero tomaremos nota de ello y se hará constar en Acta para que la Comisión pueda aceptarla, en su caso. 
Además, la Comisión de Asuntos Jurídicos tendría que informar. 
De modo que vamos a respetar el Reglamento y entrar en la votación sin esa enmienda oral. 
Señalo a sus Señorías que existe un corrigéndum que afecta a la versión alemana de este informe y que las enmiendas 1 y 28 no conciernen a todas las versiones lingüísticas, sino que, en su momento, se buscará una solución lingüística adecuada con los interesados. 
Señalo, igualmente, que el texto de la enmienda 17 del informe de la Comisión de Agricultura figura en el texto de la enmienda 16 presentada para la votación en el Pleno y que la enmienda 35 ha sido retirada. 
Examinamos la propuesta de Reglamento. 
Señor Presidente, antes de dar paso a la votación yo quisiera contar con la aprobación del Comisario Fischler a lo que acaba de exponer el Sr. Mayer. 
Señor Presidente, es curioso que precisamente quienes hablan mi lengua no comprendan al parecer mis palabras. 
Por lo tanto, declaro por tercera vez que la Comisión está conforme. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Me permitirán sus Señorías que salude al Sr. Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura, a quien he recibido esta mañana para informarme sobre la situación en Nigeria, que este Parlamento conoce ahora perfectamente. 
Señor Presidente, no es nada sorprendente que un conservador británico quiera defender por qué votamos contra el informe Medina esta mañana. 
Si yo ayer hubiera sido una mosca posada en la pared podría muy bien haber oído cómo algunas personas intentaban hacernos creer que el Gobierno británico estaba procurando fomentar la EEB en nuestro país. 
He de decir que lamento mucho la actitud que ha adoptado esta Asamblea, porque no ha comprendido lo principal. 
No podemos reescribir la Historia y eso es lo que el informe intenta hacer. 
Intenta, de hecho, presentar sus propios prejuicios, que no están respaldados por los hechos. 
La comisión parlamentaria necesitaba verdaderamente algunos instrumentos científicos que le ayudaran a llegar a las conclusiones correctas; quizá un retrospectoscopio, porque eso es lo que ha utilizado al intentar mirar hacia atrás y no reconocer que se trataba de una nueva enfermedad y de una nueva situación que había surgido. 
Seamos todos muy claros. 
Estoy seguro de que este Parlamento y nosotros, como conservadores británicos, queremos fomentar la salud y la confianza. 
De ello no cabe duda. 
Por lo tanto, deberíamos mirar y ver cuál es la situación en el propio Reino Unido: el consumo ha vuelto prácticamente a la normalidad; el sector de la carne de vacuno ha vuelto prácticamente a la normalidad y las medidas que ha adoptado el Gobierno del Reino Unido han funcionado. 
No se puede decir lo mismo del resto de Europa, y es la falta de confianza la que ha generado los problemas. 
El informe no especifica las causas de la enfermedad. 
Sólo sirve, como digo, para fomentar unos prejuicios que no están respaldados por hechos. 
Es muy fácil criticar; es muy fácil ser un chinche y estar siempre quejándose, pero hacer algo positivo para resolver los problemas es muy diferente. 
La producción de proteínas animales parece ser la base del problema. 
Hemos observado la práctica seguida en Estados Unidos y allí no parecen tener ningún problema de EEB. 
Hay muchas cuestiones que quisiera tratar, pero déjenme que diga lo siguiente: el Parlamento parece ser ambivalente sobre lo que intenta hacer con el Sr. Hog, el Sr. Ministro. 
Éste dice, por un lado, que tenía la obligación legal de venir y, sin embargo, en la resolución que se acaba de aprobar se afirma que es necesario intensificar el acuerdo institucional para que le podamos exigir que venga. 
Mi tesis es que actualmente no existe ningún fundamento jurídico para que se produzca dicha exigencia. 
Señor Presidente, nosotros hemos votado en contra de la resolución común porque una censura condicional no es jurídicamente defendible; lo que, por otro lado, habían señalado los servicios del Parlamento. 
Tampoco una censura condicional es defendible en el plano político. 
En realidad, una censura condicional es una engañifa. 
Por lo tanto, hemos votado en contra de ésta. 
En cambio, mañana votaremos a favor de la moción de censura porque el problema de las «vacas locas» no es, como algunos quieren hacer creer, culpa de la mala suerte. 
Tampoco es culpa del sistema. 
Es ni más ni menos culpa de los hombres que están al frente del sistema. 
Y los hombres que están al frente del sistema, aunque no le agrade al orador anterior, son el Gobierno británico y la Comisión de Bruselas. 
Por consiguiente, votaremos a favor de la censura. 
Y eso tendrá cierto efecto, al menos con respecto a la representación francesa, ya que con los votos de los once diputados del Frente Nacional francés habrá probablemente una mayoría de diputados franceses en este Parlamento que mañana votarán a favor de la moción de censura. 
Una de las enseñanzas que debemos sacar de la cuestión de las «vacas locas» guarda relación con el gran desorden que existe en los controles sanitarios europeos, lo que ha favorecido la circulación de harina y carne contaminada, o sea, la propagación de la propia enfermedad. 
Este aspecto del asunto sigue siendo ignorado, pero es rico en enseñanzas sobre la manera en que hoy funcionan las instituciones europeas. 
En la perspectiva del mercado único, que debía suprimir todos los controles de las importaciones en las fronteras internas- incluyendo, por lo tanto, los controles sanitarios -, la Directiva 89/662/CEE reorganizó el sistema: el control sanitario principal ya no incumbiría al país importador, en sus fronteras, sino al país de origen- en este caso el Reino Unido en lo referente a sus importaciones de carne-. 
Esta fórmula implica, sin embargo, una serie de inconvenientes: hace recaer el peso del control en el socio que menos interés tiene en ejercerlo con rigor. 
Por lo tanto, con el fin de corregir esta desviación habría que crear controles «federales» para controlar a los países exportadores. 
Pero este complicado sistema resulta contrario a las soberanías nacionales y, además, costoso, ya que se tendría que contratar en Bruselas un ejército de funcionarios. 
Este es el resumen, en pocas líneas, de las causas de la enfermedad de las «vacas locas» (que procede de una política agrícola contranatural) o, por lo menos, de las causas de su propagación. 
La Unión Europea ha echado por tierra sus controles nacionales sin crear, ni tampoco buscar previamente, otros sistemas verdaderamente operativos para sustituirlos. 
¿Cuál es la situación actual? 
Puesto que los puestos aduaneros fijos han sido eliminados en las fronteras internas, así como también los documentos que acompañan las mercancías, los controles son muy difíciles. 
Se ejercen aquí y allí, puntualmente, sin una base documental seria y cuando las mercancías ya están circulando en el mercado interior de cada país. 
En estas condiciones, se multiplican los fraudes de todo tipo. El desorden es total. 
En Francia, el informe de la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre las «vacas locas» acaba de dar unas referencias pavorosas en el capítulo de los controles aduaneros: ninguno de los responsables inquiridos, ministro, directores de administraciones centrales, presidentes de sindicatos profesionales, fue capaz de proporcionar cifras fiables sobre las importaciones francesas, en los últimos años, de harinas de origen animal procedentes del Reino Unido. 
Así pues, la Unión Europea se encuentra hoy desmantelada en el ámbito sanitario, no ya accidentalmente, sino debido a una política, que no dudo en calificar de «desorganización consciente» , destinada- en la mente de los aprendices de brujo que la crearon- a hacer surgir el Estado europeo del caos. 
No se puede dejar de comparar esta situación con el desorden similar que reina en materia de percepción del IVA intracomunitario, tras la abolición de las fronteras interiores. 
¿Cuáles son los medios para superar la situación? 
Los ingenuos suscriben, de entrada, las soluciones ya preparadas que la Comisión les proporciona: ¡más normas comunitarias! , ¡más agencias comunitarias! , ¡más inspectores comunitarios! 
Pero nadie se ha preocupado por saber cuánto podría costar la creación de este sistema uniformizado y centralizado en el ámbito europeo, ni siquiera si es realmente viable en breve plazo. 
Nada impide que se hagan experiencias en ese sentido, pero no hay que esperar que un control federal de las normas sanitarias nos permita salir, de momento, de la crisis y el desorden. 
Nosotros consideramos, más bien, que el mercado único ha sido viciado por el dogma de la Comisión, según el cual había que eliminar absolutamente todos los controles en las fronteras, así como todos los documentos que acompañan las mercancías. 
La libertad de circulación se ha convertido así en la libertad de contaminación. 
Para superarlo hay que replantear esta política. 
Acojo con agrado el gran reto presentado a la Comisión Europea por el Parlamento Europeo de que mejore su actuación sobre la EEB. 
En respuesta a la investigación del PE sobre la crisis de la EEB, el Presidente de la Comisión Europea, Sr. Jacques Santer, en presencia de otros 11 comisarios, admitió implícitamente que había muchos fallos en el sistema que habría que reformar. 
El informe del Parlamento Europeo que ataca el papel del Gobierno del Reino Unido a lo largo de todo el escándalo de la EEB es también muy crítico con la Comisión y con el anterior comisario Ray MacSharry, a quien la comisión de investigación, si no de estar directamente implicado en un proceso de desinformación y de quitar importancia al escándalo, sí le ha acusado como mínimo de «hacer la vista gorda». 
La miopía intencionada de la Comisión no ha hecho ningún favor a los consumidores europeos, y al final ni siquiera a los productores de carne de vacuno de la UE e Irlanda. 
Acojo con enorme satisfacción que la responsabilidad de la política alimentaria ya no vaya a estar bajo los auspicios del comisario de Agricultura. 
Apoyo también la idea de un equivalente europeo de la FDA (Food and Drugs Administration). 
Por el Grupo Liberal, estoy de acuerdo en no censurar a la Comisión ahora mismo, sino darle unos meses para corregir los errores del pasado a través de grandes reformas de la política alimentaria. 
Cuanto menos, la crisis de la EEB ha puesto en el centro de atención la necesidad apremiante de concentrarse en la protección de los consumidores y de atender a sus temores legítimos. 
Ahora, las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos de los Estados miembros deben trabajar conjuntamente para proteger los intereses de los consumidores en todo momento. 
En este sentido, el planteamiento adoptado por las autoridades británicas durante todo este asunto ha sido profundamente lamentable. 
El Reino Unido ha adoptado una postura arrogante, insensible a las posibles consecuencias de su comportamiento para sus socios europeos. 
Aunque acojo con satisfacción el interés de la Comisión de Investigación en investigar plenamente la crisis de la EEB, me siento perpleja ante el planteamiento que ha adoptado en ciertos aspectos. 
Convocó a comisarios y funcionarios de la UE pero no convocó al hombre que tenía la última responsabilidad política en el momento: el entonces Presidente de la Comisión de la UE, Jacques Delors. 
El hecho de que la comisión no llamara al Sr. Delors es una omisión llamativa y sólo sirve para poner en duda si la comisión siguió un enfoque imparcial. 
¿Por qué no se llamó al Sr. Delors? 
¿Tiene que ver con el hecho de que la comisión tuviera una composición de mayoría socialista? 
¿Por qué no se presentó el Sr. Delors para proteger y defender a la Comisión? 
La mejor manera de abordar ahora la crisis de la EEB no es mirar atrás con el perfecto conocimiento de la visión retrospectiva, sino establecer una estrategia global para proteger y dar tranquilidad al consumidor europeo. 
Por necesidad, esto significa que las autoridades británicas tendrán que adoptar un planteamiento más cooperativo y responsable. 
La propagación de la EEB en el ganado vacuno ya ha diezmado los rebaños atacados por la enfermedad y arruinado la industria del sector de la carne de bovino en toda Europa, consecuencias que son extremadamente graves en sí mismas, aunque fuera de toda comparación con la amenaza que pesa sobre la salud humana si el contagio humano a través de la carne de los animales enfermos se confirma. 
Frente a esta crisis era esencial delimitar las culpas, los errores o las disfunciones que han contribuido a la ampliación de la epizootia y a un debilitamiento de la protección de los consumidores, no sólo para determinar las responsabilidades de cada uno, sino sobre todo para tomar medidas draconianas que impidan una nueva catástrofe. 
Para el informe Medina las faltas más graves son atribuibles al Gobierno británico, el cual, al desreglamentar la producción de harinas de carne y hueso, ha permitido la contaminación de estas harinas por el agente patógeno que desarrolló la EEB en las vacas y que, en los sectores posteriores de la cadena alimentaria, podría provocar la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob en los seres humanos. 
La impericia de este mismo Gobierno británico es también imputable por haber restado eficacia a las medidas destinadas a combatir la epizootia y la amenaza de una epidemia, en un intento inútil por proteger su producción de carne de bovino. 
El Consejo, por su parte, ha renunciado a sus responsabilidades institucionales. 
La Comisión se ha esforzado claramente por proteger los intereses del mercado y sus propias relaciones con el Gobierno británico, antes que preocuparse por la salud de los consumidores. 
Además, la comisión de investigación ha puesto de manifiesto la existencia de graves deficiencias estructurales en un proceso de toma de decisiones dirigido a proteger intereses particulares e impermeable al interés general. 
Frente a esta situación, debe considerarse la posibilidad de presentar una moción de censura contra la Comisión. 
Sin embargo, lo fundamental de la mala gestión de esta crisis fue obra de la anterior Comisión. 
Por otro lado, el Presidente de la Comisión actual se ha comprometido a corregir las disfunciones y propone corregir el sistema de asesoramiento científico, los mecanismos de toma de decisiones, los medios de control y las bases legales comunitarias, con miras a ampliar las competencias comunitarias en materia sanitaria. 
Más que precipitar una crisis institucional que puede alargarse, parece más razonable permitir que se lleven a cabo de inmediato las necesarias reformas que tendrá que aplicar una Comisión amenazada con una moción de censura si no lo hace en un plazo razonable. 
Por eso la mejor solución es aprobar una moción que obligue a la Comisión a adecuarse a las recomendaciones del Parlamento Europeo, so pena de que se presente posteriormente una moción de censura. 
Lo más importante es que la protección de los consumidores sea el centro de las preocupaciones de la Comisión. 
Me he abstenido en la votación que acaba de tener lugar como conclusión de los trabajos de la comisión de investigación sobre la EEB. 
No ha sido por estar en desacuerdo con el notable informe del Sr. Medina; todo lo contrario. 
Considero que el informe establece con precisión el inventario de las abrumadoras responsabilidades del Gobierno británico, en primer término, pero también de la anterior Comisión y de la Comisión actual, en el caso de las «vacas locas». 
Este desastre, cuya amplitud hoy nadie puede prever, ha sido agravado por las faltas que se cometieron en todos los niveles de responsabilidad: negligencias, trato de favor para con el Gobierno británico, ocultamiento de los hechos al Parlamento, presiones inadmisibles ejercidas sobre éste. 
El Presidente Santer persistió ayer en esta actitud al negar, contra toda evidencia, la lamentable decisión de la Comisión de levantar el embargo que pesa sobre la gelatina. 
Este comportamiento merece una sanción política inmediata: la censura que mañana votaré positivamente. 
Desde el momento en que existe el artículo 144 del Tratado, nuestra opinión pública no comprendería que la Comisión no fuera censurada, habida cuenta de la gravedad de los hechos probados. 
Si el Parlamento no aprobara la moción que he firmado con el Sr. Happart, pienso que habría que proponer a la Conferencia Intergubernamental la derogación del artículo 114, que establece en beneficio de la Comisión, desde hace 50 años, un régimen que no tiene en cuenta la responsabilidad política. 
Valdría más tomar nota de ello y crear un control efectivo del poder ejecutivo, similar al que ejerce el Congreso norteamericano. 
En cambio, considero nocivo que se ponga a la Comisión bajo tutela, de acuerdo con la resolución que acabamos de aprobar. Ello debilita seriamente una Comisión cuya autoridad ya se encuentra muy menoscabada por la crisis actual; socava su independencia frente al Parlamento, pero también frente al Consejo y a los Estados miembros; y prepara una reducción de sus poderes y competencias con ocasión de la actual revisión del Tratado. 
No sé si es esa la intención de mis colegas que acaban de votar a favor de esta resolución; pero temo que ese sea el resultado. 
Es mejor una sanción política franca, que permitiría empezar de cero sobre unas bases saneadas y preservar las perspectivas de una democratización de nuestras instituciones. 
He votado por el compromiso con recelo. 
Nuestro Parlamento no tendría que estar amenazando con censurar a la Comisión cuando los verdaderos culpables siguen en el poder en el Gobierno del Reino Unido. 
Ellos crearon el problema de la EEB y permitieron que se extendiera y se hiciera endémico en muchas zonas del Sur. 
Fracasaron en contener la EEB y se han comportado atrozmente con su «política de no cooperación» y su rechazo arrogante de las ofertas de Europa de financiar un programa sensato de erradicación. 
No es de extrañar que los europeos pidan ahora una compensación por el daño que ha causado la incompetencia del Reino Unido. 
Lo malo es que los escoceses no podemos aspirar a una compensación por la destrucción de nuestros mercados de exportación de carne da vacuno y no estamos tan bien protegidos contra la EEB de Inglaterra como nuestros amigos europeos. 
Mi ignorancia sobre cuentas como eurodiputada ha penalizado indebidamente a los ganaderos de mi zona. 
En ausencia de razón en Westminster y, a su propio coste, los productores escoceses de carne de vacuno crearon su propio plan de garantías de calidad «libre de EEB» que el ministro para Escocia denigró y saboteó ¡» en interés de la unidad del Reino Unido»! 
Mi partido quería citar el nombre del ministro para asuntos escoceses en la moción de censura contra el Sr. Hog en Westminster esta semana. 
Michael Forsyth prohibió que se izara la bandera europea en Escocia. 
¡Ojalá que la Union Jack que ondea sobre su Scottish Office o Ministerio para Escocia recuerde a los escoceses las traiciones del Reino Unido, y ojalá que el Parlamento Europeo condene el cinismo de la política sobre la EEB del Reino Unido de «echar la culpa a otros»! 
La preocupación por la salud pública ha de ser la consideración primordial de todos los que trabajan en el sector alimentario. 
A este respecto, es de vital importancia el papel de los ganaderos y productores. 
También es esencial para la seguridad del sector alimentario el papel de los legisladores, a nivel nacional y europeo. 
La confianza de los consumidores se encuentra ahora en su momento más bajo de todos los tiempos. 
La principal responsabilidad de las instituciones de la UE y de los gobiernos de todos los Estados miembros es proteger los intereses de los consumidores en todo momento y, con ello, restablecer el nivel de confianza en la carne de vacuno como producto alimenticio de calidad. 
El realizado por la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre la EEB no representa sino un examen de toda la crisis de la EEB. 
Aunque apoyo todos los esfuerzos por resolver esta crisis, no estoy convencido de la comisión fuera totalmente imparcial en su planteamiento. 
Sus críticas al anterior comisario MacSharry son injustificadas. 
Ray McSharry ha refutado ya con gran eficacia las críticas que ha hecho sobre él la comisión. 
Sin embargo, quisiera añadir que es fácil evaluar acontecimientos pasados con el conocimiento de la visión retrospectiva. 
Sería más correcto evaluar estas circunstancias en el contexto del momento. 
Ray MacSharry fue uno de los grandes comisarios reformistas de los últimos tiempos y los agricultores irlandeses tienen con él una gran deuda de gratitud. 
La comisión de investigación no empañará su reputación de ninguna manera. 
Es importante tener presente que los verdaderos culpables de toda la epopeya de la EEB son las autoridades británicas, que han demostrado una gran arrogancia y una total insensibilidad respecto a las posibles consecuencias de su comportamiento para sus socios de la Unión Europea, especialmente Irlanda. 
Toda futura estrategia para resolver la crisis de la EEB deberá incluir una respuesta responsable y cooperativa por parte de las autoridades británicas. 
Con respecto a la resolución común a varios grupos, la Coalición Radical Europea sigue siendo crítica frente a la pusilanimidad del Parlamento Europeo, que ha renunciado, en un asunto de excepcional gravedad- como todos los oradores lo señalaron en los debates del 18 de febrero -, a utilizar medios políticos que el Tratado pone a su disposición. 
Nosotros expresamos, por lo tanto, un desacuerdo de fondo ante la resolución común que se nos somete y que no tenemos la intención de votar positivamente. 
Sin embargo, nuestra posición con respecto a esta votación está motivada principalmente por el procedimiento que eligió nuestra Asamblea en su sesión del 17 de febrero. 
Durante la misma, la Sra. Barthet-Mayer y el Sr. Puerta subrayaron las razones imperiosas que teníamos para aplazar dicha votación hasta tanto no se votara la moción de censura. 
El Parlamento no apoyó estas razones, a pesar de sus fundamentos y de estar basadas en numerosas evidencias parlamentarias. 
Así pues, no ha lugar a insistir en ello, salvo para decir que el resultado indirecto de la votación de la resolución, que nos someten los cinco grupos que la suscriben, es vaciar la moción de censura de una parte de su significación política y marginar a los diputados que la apoyan en el ejercicio de sus prerrogativas. 
Por eso el Grupo de Coalición Radical Europea ha decidido, mayoritariamente, no participar en la votación. 
El Grupo GUE/NGL no ha suscrito la propuesta de resolución común, absteniéndose en las votaciones. 
Dos son las razones que han motivado esta actitud. 
Dado que mañana se votará una moción de censura a la Comisión, la inscripción en el orden del día de una resolución que afecta a la moción de censura es una interferencia. 
Dado que Izquierda Unitaria Europea ha decidido apoyar la moción de censura, considera incoherente votar una Resolución que interfiere con una cuestión tan trascendente. 
La resolución común propone una moción de censura aplazada y condicionada a que la Comisión aplique ciertas medidas y esto también motiva nuestra abstención. 
Una moción de censura sólo puede ser utilizada para exigir responsabilidades pasadas y no para condicionar actuaciones futuras. 
Esta razón de fondo nos impide pronunciarnos sobre la resolución común. 
El informe de la Comisión de investigación EEB constata que la Comisión ha incurrido en responsabilidades irreversibles. 
Si las responsabilidades existen y son irreversibles, procede presentar una moción de censura inmediata. 
El aplazamiento de la moción de censura inmediata no es más que una dejación de las funciones de control atribuidas al Parlamento y la resolución común sería un intento de justificar esta dejación de funciones. 
Los esfuerzos del Parlamento por desvelar los hechos relativos a la cadena de acontecimientos que provocaron la crisis de la EEB deberían haber enseñado valiosas lecciones para la futura administración de la política agraria y seguridad alimentaria. 
En vez de ello, el trabajo realizado por la Comisión de Investigación está siendo erosionado por la moción de censura sometida a este Parlamento que, de prosperar, tendrá como resultado la expulsión de todo el actual colegio de comisarios, pese a que casi todos los acontecimientos que finalmente dieron lugar a la crisis se produjeron antes de que la actual Comisión entrara siquiera en funciones. 
Esta moción de censura es una buena noticia para el Gobierno británico, que ha intentado constantemente desviar la atención de la opinión pública del Reino Unido de la responsabilidad primordial de su propio Gobierno por toda esta crisis intentando culpar a la Comisión Europea por las deficiencias de sus propios ministros y funcionarios encargados de la política de seguridad alimentaria. 
Los responsables de esta moción debieran reconsiderar su acción y, desde mi punto de vista, concentrar sus esfuerzos en trabajar junto con la Comisión para asegurarse de que todas las lecciones aprendidas a partir de las investigaciones realizadas por la comisión de investigación se reflejen en la futura administración de la política agraria y de seguridad alimentaria tanto a nivel europeo como nacional. 
El informe definitivo de la comisión de investigación se ve gravemente debilitado por el hecho de que la comisión no haya convocado a varios testigos fundamentales. 
¿Por qué, por ejemplo, no llamó la Comisión al anterior Presidente de la Comisión y conocido político socialista, Jacques Delors? 
En mi opinión, el ex-presidente Delors, a quien correspondía en última instancia la responsabilidad política por la actuación de la Comisión Europea habría confirmado las completas refutaciones de sus comisarios de Agricultura contra las acusaciones relativas a las actividades de los servicios de la Comisión durante el período de Delors. 
Las críticas sobre la actuación de la Comisión durante el período de Delors desprestigian al ex-presidente y a éste se le tendría que haber dado la oportunidad de refutarlas. 
Igualmente desconcertante fue que no se llamara a los presidentes del Comité Científico Veterinario durante el período en cuestión. 
A la comisión le habría ayudado seguramente en sus investigaciones haber contando con el testimonio de especialistas que desempeñaron un papel esencial mientras este problema se convertía en la gran crisis en la que se convirtió finalmente. 
Otro aspecto desconcertante del trabajo de la comisión fue la decisión de poner a disposición del público documentos que contenían acusaciones perniciosas antes de que los individuos en cuestión hubieran tenido siquiera la oportunidad de dirigirse a la comisión. 
El ex-comisario MacSharry fue víctima de esta práctica discutible y la comisión debería haber tenido la cortesía de disculparse por haber sacado al dominio público unas acusaciones contra él un mes antes de que tuviera siquiera la oportunidad de presentar pruebas para refutarlas. 
Merece la pena recordar que cuando el ex-comisario se dirigió a la comisión refutó dichas acusaciones de una manera pormenorizada, franca, eficaz y completa. 
Por último, el informe de la Comisión de Investigación se vio gravemente perjudicado por el hecho de que el ministro británico de Agricultura no asistiera a prestar declaración ante la comisión. 
Claramente, una de las lecciones que pueden sacarse de todo este asunto es que las comisiones de investigación deben tener la autoridad de obligar legalmente a los testigos a asistir y prestar declaración. 
De otro modo, el informe final de dichas comisiones estará basado en una investigación incompleta y, como en este caso, el excelente trabajo realizado por los diputados que las componen se verá devaluado por factores que escapan a su control. 
El presidente Santer manifestó ayer que comprendía muy bien las críticas del Parlamento Europeo a la Comisión. 
Reconoció que el trabajo de la Comisión ha sido sumamente insuficiente en los últimos años y que no se ha hecho nada de cuanto debería haberse hecho para evitar que los ciudadanos de la Unión Europea se vieran perjudicados. 
Pero si todo esto se comprende, estimado Sr. Santer, entonces también es preciso que tenga algunas consecuencias. 
En las sesiones de la Comisión de investigación del Parlamento Europeo quedó claro que algunos funcionarios- también altos funcionarios- de la Comisión al parecer no estaban dispuestos a colaborar con el Parlamento Europeo. 
Lo cierto es que funcionarios como el Sr. Legras y el Sr. Mansito obstaculizaron la tarea de la Comisión de investigación, a pesar de que, en su calidad de Director General y de Director General adjunto de la DG VI figuran entre los primeros responsables de las anomalías detectadas. 
Esta actitud sin duda debe tener consecuencias. 
A la vista de la incompetencia demostrada, no puede permitirse que estos funcionarios continúen sencillamente en sus puestos. 
Las presiones del Parlamento Europeo tuvieron éxito hace poco en el caso del Sr. von Moltke de la Dirección General de Turismo. 
Ahora debemos ejercer la misma presión ante la DG VI. 
Evidentemente, no debemos concentrar, no obstante, nuestro ataque en los funcionarios, según el lema que recomienda castigar a los peces pequeños y dejar escapar a los grandes. 
La Comisión, empezando por su Presidente, debe asumir la responsabilidad política por las anomalías cometidas bajo su mandato. 
En efecto, la existencia de la encefalopatía espongiforme bovina no se descubrió ayer. 
Y la Comisión Santer tampoco empezó a ejercer ayer sus funciones. 
En Europa han muerto hasta ahora dieciséis personas a causa de la encefalopatía espongiforme bovina. 
¿Cuántas muertes más tendrían que haberse producido para que la Comisión empezara a actuar por propia iniciativa? 
La responsabilidad política por las actuaciones indebidas de los funcionarios corresponde siempre a los Ministros o, en este caso, a los Comisarios, así lo establece la buena tradición europea, la británica por lo menos. 
El Comisario Fischler debería haber limpiado antes sus establos de Augías. 
Y ahora no debería actuar como si sólo sus predecesores hubiesen cometido errores. 
El Grupo de los Verdes ha presentado una «moción de censura condicionada» , con objeto de que se aclare esta responsabilidad política. 
Al parecer, ha sido necesaria la amenaza de esta moción de censura para que el Sr. Santer reconozca públicamente ahora, por primera vez, los graves errores cometidos por la actual Comisión y por su predecesora. 
Evidentemente, otras instancias tampoco han actuado debidamente. 
La actuación del Gobierno británico sólo puede calificarse de malintencionada e ignorante. 
La única respuesta adecuada es entablar una acción por daños y perjuicios contra Gran Bretaña (y contra la industria cárnica y de harinas animales de aquel país) ante el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. 
Pero tampoco han actuado debidamente el Sr. Borchert y los demás Ministros de Agricultura europeos. 
Tardaron demasiado tiempo en reaccionar y antepusieron los intereses económicos a la vida de sus ciudadanas y ciudadanos. 
La responsabilidad del escándalo de la encefalopatía espongiforme bovina recae naturalmente también sobre las estructuras de la Unión Europea. 
El mercado único ha rebajado los criterios de protección de los consumidores. 
Los Verdes siempre hemos advertido contra los riesgos de establecer un mercado único sin unos mecanismos adecuados de protección ecológica y social. 
Pero la desregulación en materia de normas protectoras era el objetivo máximo para los liberales económicos de todos los Grupos políticos, desde la Sra. Thatcher hasta el Sr. Bangemann. 
Ahora debemos pagar la factura por la forma equivocada en que se ha realizado la integración europea. 
Hasta el momento no han existido mecanismos de control eficaces para la protección de los consumidores; en el ámbito agrícola, la Comisión ha actuado como su propia instancia de control. 
Limitarse a crear ahora una nueva Dirección General de Protección del Consumidor dentro de la Comisión es demasiado poco. 
Necesitamos poder contar de una vez con un organismo europeo independiente de control alimentario. 
Y necesitamos de una vez una mayor transparencia y mayores poderes para el Parlamento Europeo. 
Las sesiones de todos los comités científicos de la Comisión deben estar abiertas a la opinión pública. 
En adelante debe ser posible presentar también mociones de censura individuales contra los Comisarios políticamente responsables. 
Y el Parlamento Europeo debe tener en el futuro poder de codecisión en todos los aspectos de la política agrícola. 
También necesitamos, evidentemente, una política agrícola europea totalmente distinta. 
Debe prohibirse radicalmente el uso de piensos a base de harinas animales para la alimentación de los hervíboros. 
Sólo pueden utilizarse piensos a base de harinas animales cuando se respetan unos altos niveles de seguridad, a diferencia de lo que ocurre en la industria agraria británica desregulada. 
Deben ofrecerse incentivos financieros para la ganadería que respete los procesos naturales y deben imponerse gravámenes y condiciones a la ganadería industrial a escala masiva. 
Los Verdes siempre hemos abogado por una agricultura ecológica y una ganadería que respete los procesos naturales y hemos criticado duramente la política agrícola europea. 
El escándalo de la encefalopatía espongiforme bovina nos da ahora trágicamente la razón. 
Señor Presidente, yo no formé parte de la Comisión de investigación sobre la encefalopatía espongiforme bovina y tampoco pude hacer uso de la palabra en el debate plenario. 
No obstante, quiero manifestar claramente que si se hubiese sometido a votación el informe de la citada Comisión temporal de investigación, no me habría sido posible emitir un voto afirmativo por los siguientes motivos: 
Los testimonios sobre la responsabilidad política de la Comisión- la anterior y la actual, el anterior Comisario de Agricultura y el actual- en relación con los errores y omisiones cometidos son de carácter demasiado general y aparecen totalmente desprovistos de matices. En muchos casos se basan en prejuicios sin tomar en consideración las circunstancias reales a lo largo de los años, de manera que un observador objetivo no puede aceptar simplemente esta atribución global de responsabilidades, sin ningún matiz, por todo lo ocurrido desde los tiempos de Delors hasta los de Santer, desde MacSharry hasta Fischler. 
Más aún cuando la Comisión de investigación ni siquiera tuvo el valor de citar al presidente Delors. 
Es sencillamente injusto poner al Sr. Steichen en el mismo saco que al Sr. MacSharry y es sencillamente grotesco pretender condenar a la Comisión Santer sin invitar siquiera al Sr. Delors a comparecer en una audiencia. 
Es una lástima que la Comisión de investigación, que ha realizado un buen trabajo en muchos aspectos, se haya hecho un triste favor con esta atribución absolutamente no matizada de responsabilidades. 
Yo quiero saludar, en cambio, explícitamente las recomendaciones de la Comisión de investigación con vistas al futuro y, después de la resuelta declaración que hizo el presidente Santer ayer, yo tengo la certeza de que la Comisión traducirá estas recomendaciones en las acciones que nosotros y los ciudadanos de la Comunidad esperamos justificadamente, a fin de erradicar la epizootia bovina y de otorgar a la protección de la salud de los ciudadanos la prioridad que se merece. 
El informe de la comisión temporal de investigación en relación con la gestión de la EEB ha puesto de manifiesto las disfunciones internas de la Comisión. 
Ciertamente, no hay que olvidar las diferentes responsabilidades del Reino Unido, del Consejo y de los fabricantes de harina británicos. 
En la posición minoritaria que he presentado demuestro el interés que reviste la creación de un organismo independiente que permita una toma de decisión desprovista de toda sospecha o influencia. 
Por eso he precisado que esta Agencia debe estar sometida a las normas EN 45004. 
Pero, además de la creación de una agencia independiente, es necesario que los servicios de control de los Estados miembros estén, también ellos, sometidos a las mismas normas internacionales de conformidad. 
Por ello me ha interesado mucho conocer las propuestas del Sr. Santer sobre la reorganización prevista por la Comisión. 
Pero, aun cuando las medidas presentadas son interesantes, ello no puede cuestionar las responsabilidades por la anterior gestión del expediente por parte de la Comisión. 
Por esta razón, he firmado la presentación de la moción de censura, que, naturalmente, mañana votaré positivamente. 
De haber sido factible la censura individual de un miembro de la Comisión, somos muchos en esta Cámara los que la hubiéramos ejercido contra el Sr. Fischler. 
Creo que la gestión del Comisario de Agricultura ha perjudicado notablemente a la Comisión en su conjunto y su actitud con la Comisión de investigación ha dejado mucho que desear- ayer mismo en el debate ni siquiera escuchaba las intervenciones de diputadas tan caracterizadas como la Sra. Redondo Jiménez. 
Votar en favor de una moción de censura ejercida contra una Comisión por hechos acaecidos antes de su toma de posesión no tiene ningún fundamento lógico ni político, por lo que votaré mañana en contra de esa iniciativa. 
Pero condicionar a la Comisión, como efectúa el apartado 7 de la Resolución de compromiso, significa, a mi entender, fragilizar la actuación de la Comisión de cara a los retos que deberá afrontar la Unión en los próximos meses, entre ellos, la Conferencia Intergubernamental. 
Siempre he pensado que el interés del Parlamento está en una Comisión fuerte y no en una Comisión condicionada. 
Por ello, me apartaré- por una vez- de la postura de mi grupo para votar en contra de la censura condicionada. 
Los diputados europeos, elegidos por sufragio universal, deben defender a los ciudadanos europeos. 
La salud es para éstos últimos el bien más preciado, y hacen responsables de ella a sus representantes políticos. 
Pudimos valorarlo en Francia con el drama de la sangre contaminada. 
Por eso tomamos la iniciativa de nombrar una comisión de investigación para esclarecer el denominado drama de las «vacas locas». 
Las conclusiones de este informe son abrumadoras. 
Ante todo deseo denunciar la enorme responsabilidad del Gobierno británico. 
Debido a su política de desreglamentación fitosanitaria en la década de 1980, Margaret Thatcher autorizó bajar la temperatura de fabricación de la harina. 
¡Al abaratar de esta manera el coste del producto, el Gobierno británico y ciertos industriales convertían esta harina en asesina! 
El Gobierno británico la prohibió posteriormente en su país, sin controlar la aplicación de esta medida, ni cerrar las fronteras, ni autorizar los controles de los comités sanitarios europeos. 
La responsabilidad de la Comisión de Bruselas también está implicada. 
Es evidente que ciertos funcionarios, de manera voluntaria, frenaron la circulación de la información y obstaculizaron todo tipo de transparencia en este terrible asunto. 
Unos y otros deben ahora reconocer su responsabilidad y deben aplicarse sanciones. 
Por esta razón votaré a favor de la resolución común y haré todo lo que esté en mis manos para aplicar el conjunto de las recomendaciones de la comisión de investigación, especialmente aquellas que implican la responsabilidad del Gobierno británico, principal culpable. 
Pero no puedo aceptar que no se sanciones las graves faltas cometidas por la actual Comisión en la gestión de la crisis. 
También votaré, el jueves, a favor de la censura inmediata. 
En el debate relativo a la investigación sobre el caso de las «vacas locas» ha quedado claro que 
1- La Comisión siguió desde el comienzo una estrategia equivocada, al procurar minimizar la información y el debate sobre la enfermedad a fin de evitar que los consumidores reaccionaran ante el conocimiento de los hechos y de las incertidumbres científicas. 
La actuación de los sucesivos Comisarios fue sumamente reprobable y atentatoria contra la salud pública. 
2- La estrategia de la Comisión influyó de forma decisiva en la actuación de los Estados miembros y retrasó la adopción de medidas eficaces en la esfera de la sanidad animal y en la de la investigación científica sobre las causas de la enfermedad y de su propagación. 
3- El Gobierno del Reino Unido es claramente responsable por la forma como permitió la explosión de la enfermedad y sobre todo como ocultó a los Estados miembros la verdadera dimensión de la tragedia. 
4- El proceso demostró la inoperancia de las estructuras agrarias de la Comisión encargadas del control de la sanidad animal y de sus efectos en la salud pública, su falta de rigor científico y de transparencia. 
Asimismo, el Consejo y los Comités Veterinarios demostraron incompetencia, protección de los intereses a corto plazo de ciertos lobbies vinculados con la producción animal, en particular en el Reino Unido, en detrimento del ejercicio de su mandato. 
5- Como ya se había exigido en el anterior informe de la Comisión de Investigación de la Calidad de la Carne (Informe Pimenta, 1989) , elaborado con motivo de la crisis de las hormonas, es esencial modificar los Tratados que instituyen la Unión Europea con vistas a dotarlos de verdaderas competencias en materia de salud pública, así como crear de inmediato un Instituto o Unidad de Protección de la Salud Pública, independiente de los intereses agrarios o industriales. 
Esta serie de acontecimientos, que, por lo demás, reproduce lo que ocurrió en el momento de la «crisis de las hormonas» , es claramente el costo de la falta de Europa en esa esfera. 
El Parlamento Europeo, con este informe ha revelado no sólo comportamientos reprobables, sino también y principalmente las incoherencias y deficiencias del sistema de control de calidad de los productos alimentarios. 
Por eso, hemos votado a favor del informe y de la moción que pone fin a este debate. 
Señor Presidente, Señorías, una explicación de voto no es suficiente para expresar toda la indignación que sentí durante los trabajos de la comisión de investigación. 
Señor Delors, señor Santer, ¿cómo han podido ignorar hasta tal punto la salud de los europeos? 
Siempre me han enseñado: » En la duda, absténte». 
Y ustedes, ¿qué han hecho? :» En la duda, continúa». 
En nombre del venerado beneficio, los fabricantes de harina de carne llegaron incluso a utilizar esqueletos de animales enfermos en los procesos de fabricación. 
Los demás, los políticos y las instituciones, no hicieron nada, por laxismo, por miedo a desregla mentar los mercados, quizás también por miedo a volver a cuestionar la aplicación del mercado único. 
¿Quiénes son las víctimas? 
Los criadores, ya que el mercado está aniquilado; los consumidores, ya que pueden enfermar e incluso morir. 
Esta enfermedad es un síntoma de la enfermedad de las instituciones y de la sociedad. 
A pesar de la crisis de la EGB, continuamos jugando a ser aprendices de brujo. 
¿Qué puede decirse de los organismos transgénicos? 
Quizá se trate de un progreso, ¿pero no es un tanto pretencioso querer modificar lo que la naturaleza ha elaborado desde hace cinco mil millones de años? 
¿Cuáles serán los efectos sobre la salud humana dentro de diez o veinte años? 
¿Quién puede hoy afirmarlo? 
Los europeos ansían una Europa fuerte, capaz de adoptar las orientaciones fundamentales de salud pública y de protección del consumidor. 
Tras un final de siglo en que las economías se han ocupado de satisfacer las necesidades inmediatas, ya es hora de plantear los verdaderos problemas. 
¡Que las políticas basadas en el interés a corto plazo no prevalezcan sistemáticamente y que a la vista de nuestras experiencias funestas podamos evitar los futuros obstáculos! 
Recordemos lo que preconizaba el General De Gaulle: el sentido del Estado- y hoy pienso en el sentido de la Unión Europea -, el interés general, la integridad y sobre todo la capacidad de prever los acontecimientos. 
El Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal y responsable ante los ciudadanos, tiene hoy el deber de sancionar a la Comisión. 
Concluiré con una máxima de Rabelais: » La ciencia sin conciencia es la ruina del alma». 
Señor Santer, señoras y señores Comisarios, les invito a meditar. 
El drama de las «vacas locas» y sus consecuencias catastróficas nos llevaron a crear una comisión de investigación, la primera que ha presentado sus conclusiones ante el Parlamento. 
El resultado de esta primera investigación es, a pesar de las obstrucciones, abrumador para la Comisión. 
Tanto las audiciones como el informe son como un viaje en dimensiones reales al país de la mentira, de la simulación y de la desinformación. 
La Comisión aparece como un reino en que, por encima de toda práctica democrática y lejos de las realidades tangibles, los lobbies son los reyes. 
La Comisión se revela como un mundo opaco en el que todos se echan la culpa, en que, de hecho, nunca nadie es responsable, en que se ocultan y manipulan los propios datos científicos, en que la salud pública se sacrifica sistemáticamente en aras de los intereses del mercado. 
No contenta con no proteger a los consumidores, la Comisión prohíbe que otros les protejan; lo que es aún más grave. 
De este modo, la Comisión impidió que Estados como Francia y Alemania protegieran a sus ciudadanos contra la importación de harinas contaminadas. 
El acta de acusación de la comisión de investigación es inapelable. 
Aunque, por una artimaña de procedimiento, el Sr. Delors se libró de comparecer, los responsables están claramente identificados. 
Nadie- ni las víctimas de la terrible enfermedad, ni nuestros ganaderos arruinados, ni los contribuyentes, que deben financiar los planes de sacrificio -, nadie, digo, entendería que nuestro Parlamento, después de haber descubierto los fallos e identificado a los responsables, no propusiera ninguna sanción. 
No obstante, eso es lo que hace el informe Medina Ortega: después del acta abrumadora que instruye, sus propuestas son paradójicas. 
¿La Comisión ha incurrido en falta? 
Sus competencias deben ampliarse y reforzarse. 
¿Se ha mostrado indiferente a la salud pública? 
En lo sucesivo debe ser plenamente responsable. 
¿El Parlamento Europeo no ha ejercido un control especial? 
Sus poderes deben, pues, ampliarse hasta la codecisión en el ámbito agrícola, que podría arruinar la propia arquitectura de la política agrícola común. 
Por eso nuestro Grupo, aunque haya tomado parte activamente en la creación y en los trabajos de la comisión de investigación, se ha inhibido en las conclusiones de ésta y ha presentado una posición minoritaria. 
Por eso no podemos aceptar la resolución común y hemos hecho circular nuestra propia resolución. Por eso hemos representado un papel determinante en la presentación de la moción de censura, que es lo único que está a la altura del drama que la incuria de la Comisión ha provocado. 
Si realmente deseamos lo que pretendemos, es decir: que no vuelva a producirse un escándalo como el que acabamos de descubrir, no es momento para evadirse con diferentes pretextos. 
Nuestros ciudadanos esperan que este drama atroz tenga otras repercusiones, y no el mero anuncio de una conferencia interdisciplinaria sobre salud y alimentación... 
No se trata en absoluto de derrocar a un seudo gobierno que la Comisión no es. 
Se trata de rechazar el llamamiento a la connivencia ideológica entre instituciones supranacionales contra el Consejo, representante de los Estados, que acaba nuevamente de lanzar el Presidente de la Comisión para encubrir sus responsabilidades. 
Se trata de desempeñar el único papel que puede justificar la existencia de este Parlamento: controlar a los funcionarios de la Comisión y no convertirse en cómplices de ellos. 
Para hacerlo serenamente, nos corresponde, ante este caso tristemente ejemplar, tomar nuestra decisión en conciencia, sabiendo hacer caso omiso a las consignas de los partidos, a las amonestaciones de los ministros y a las presiones de los Comisarios, para sancionar clara y solemnemente el laxismo, la incuria y la irresponsabilidad. 
Es cierto que pueden emitirse acusaciones por omisión contra la Comisión y el Gobierno británico en relación con la gestión de la cuestión de la EEB. 
No obstante, creo que es exagerado presentar una moción de censura por parte del Parlamento, sobre todo porque los errores cometidos son imputables a los anteriores comisarios. 
Una moción de censura en estas circunstancias no puede ser nada más que política de cara a la galería. 
Los resultados de la Comisión temporal de investigación en relación con la EEB deben ser interpretados en el espíritu y la letra de los Tratados y del Derecho derivado así como del principio de subsidiariedad. 
Bajo esta óptica queda bien claro que toda la responsabilidad primaria corresponde al Gobierno de Gran Bretaña, que tiene que velar por la protección de la salud de las personas y los animales, habiéndose comprobado una negligencia absoluta en este ámbito. 
Así, el informe señala que» el Gobierno del Reino Unido es el sujeto sobre el que recae el mayor peso de las responsabilidades». 
La Comisión ha demostrado» la conducta negligente del Reino Unido». 
Han sido muchos los aspectos negativos de la actuación del Reino Unido, entre ellos se destaca que no garantizó la eficacia de la prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y hueso; no respetar las prohibiciones nacionales que impedían las importaciones de harinas del Reino Unido; ejercer presión en la Comisión Europea para que no se realizaran inspecciones. 
Asimismo, el Gobierno del Reino Unido no aplicó adecuadamente los compromisos contraídos en el Consejo de Ministros de 1990 y por último el Parlamento Europeo censura, con energía, a Gran Bretaña, por su bloqueo de las instituciones comunitarias. 
También son responsables las empresas que han exportado animales portadores de la EEB y los productos y derivados de carne bovina. 
En su momento tendrán que afrontar demandas ante los tribunales de indemnizaciones por responsabilidad civil y penal. 
La responsabilidad de la Comisión Europea se sitúa a otro nivel. 
Las competencias de la CE son una alta inspección, es decir, inspeccionar los servicios de inspección nacionales y exigir que se cumpla la legislación de la CE. 
Por eso, la Comisión de investigación parlamentaria señala responsabilidades a la Comisión Europea por priorizar los intereses de la gestión del mercado y por su incapacidad para prevenir los riesgos para la salud humana y la difusión de la enfermedad a otros países. 
También el Parlamento Europeo censura a la Comisión Europea, presidida por el Sr. Delors, por no haber realizado inspecciones en el período 1990-1994. 
En cuanto a las responsabilidad del Comisario actual de Agricultura, el Sr. Fischler, debe responder de diversas negligencias y, en particular, de la Decisión de la Comisión por la que se levantó la prohibición de las exportaciones de gelatina, sebo y semen. 
Aquí la Comisión tiene que asumir colegiadamente su responsabilidad por haber actuado en contra del parecer de los Comités científicos. 
Lo mismo se puede decir sobre el grupo de Estados miembros que en el Consejo de la UE apoyó esta medida. 
Para el futuro de la UE es importante sacar consecuencias institucionales. 
La UE necesita poderes reales ejecutivos tanto de inspección directa como de alta inspección y capacidad para retirar productos del mercado de forma automática y prohibir su venta, tanto en el interior de la UE como fuera de ella. 
Asimismo, se ha de dotar de competencias para exigir a los Estados miembros el cumplimiento estricto de la legislación comunitaria. 
La cuestión que aquí se plantea es importante porque trata, en el fondo, de la intermodalidad entre redes de transporte. 
Es evidente que hoy, en cualquier parte de Europa, la repartición de las cargas de infraestructuras por tipo de transporte y la contabilización de los costes sociales en el precio de los transportes están marcadas por unas desigualdades importantes. 
Estas desigualdades juegan claramente en contra del transporte distinto del transporte por carretera y, por consiguiente, del transporte combinado. 
En este contexto, no puedo menos que felicitarme por la propuesta de reglamento de la Comisión, y ello por razones. 
Ante todo, la Comisión propone prorrogar el dispositivo actual de ayuda financiera a los servicios intermodales, dando a los Estados miembros la libertad de opción en cuanto a la afectación de estas ayudas. 
Por otro lado, la propuesta de la Comisión pretende una flexibilización del procedimiento, sobre todo sustituyendo el control a priori, que ejerce actualmente, por un control a posteriori. 
Creo que las ayudas aportadas de este modo constituyen un medio de compensación muy interesante en pro de un desarrollo de los transportes intermodales que haga hincapié en la importancia de las vías navegables. 
Por eso he votado a favor de la posición común del Consejo, que la Comisión de Transportes y Turismo aprobó recientemente. 
Pero estas ayudas son aún demasiado modestas en relación con las necesidades reales. 
De hecho, a medio plazo, más allá de los mecanismos de compensación, se habrá de elaborar una política de transportes realmente centrada en la intermodalidad. 
Para ello es necesario en primer lugar una verdadera armonización de las condiciones de competencia en el plano europeo. 
Es preciso asimismo una reglamentación que favorezca la integración de todos los costes reales en la fijación de la tarifa de los diferentes modos de transporte. 
En ese sentido, la Comisión presentó recientemente en un Libro Verde, los objetivos de la internalización de los costes externos generados por los transportes. 
Se trata de un elemento muy importante de la reflexión que realiza el Parlamento sobre la intermodalidad, y los diputados europeos deben continuar sus trabajos en tal sentido, para fomentar una utilización cada vez más intermodal de los transportes. 
Informe Weiler (A4-0016/97) 
Los informes que la Comisión acaba de presentarnos demuestran que el coste de la protección social en los países de Europa ha aumentado muy rápidamente en el reciente período (del 24 % del PIB en 1980, a más del 30 % actualmente) y que esta desviación se debe sobre todo, en casi todos los países, a la línea de los subsidios de desempleo. 
Si deseamos salvar nuestros sistemas sociales, es necesario, pues, hacer retroceder el desempleo, y para ello, saber primeramente de dónde procede. 
Ahora bien, los informes de la Comisión están lejos de ello, ya que lo consideran ante todo como el resultado de una recesión coyuntural. 
Desgraciadamente no es así. 
La recesión actual se sitúa en la prolongación de una disminución progresiva y expresada en tendencia del crecimiento europeo en los últimos veinte años. 
Ello es resultado de la interacción de dos causas diferentes, aunque estrechamente relacionadas: la apertura sin precauciones de nuestras fronteras y el nivel relativamente alto de nuestros salarios y de nuestros costes sociales. 
En una economía abierta, las cargas que gravan el empleo en Europa alimentan el desempleo, el cual agrava los costes de la protección social, que a su vez influyen un poco más en el crecimiento, para hacerlo disminuir y agudizar aún más el desempleo. 
Este es el círculo vicioso en el que estamos inmersos y que nos conduce directamente, si no reaccionamos, al aumento de las exacciones obligatorias e incluso al estallido de los sistemas sociales y a la ascensión en potencia de una sociedad en la que cada uno mira por sí, arrojando a todo un sector de la población a un estado de extrema pobreza. 
Lo paradójico de la situación es que todos condenan ejemplarmente este tipo de sociedad y que muy pocos se arriesgan a combatir las causas, entre las que se encuentran principalmente la burocratización de ciertos sistemas sociales, la ausencia de preferencia comunitaria para el empleo, el desencadenamiento de un librecambismo mundial simplista, que es la perversión del verdadero librecambio. 
Para encauzar los sistemas sociales nacionales es necesario, evidentemente, reformar sus normas de funcionamiento: canalizar mejor las ayudas, renunciar a las medidas pasivas de ayuda en beneficio de las medidas activas que inciten a los desempleados a reincorporarse a la vida activa, como propone la Comisión. 
Pero también es necesario fomentar normas de gestión menos costosas y más competitivas para los organismos sociales, sin salir del marco de las reglas de solidaridad de orden público. 
Finalmente, es necesario plantear el problema de la preferencia comunitaria para el empleo y el problema, conexo, del mantenimiento ilimitado de las prestaciones sociales mínimas a los desempleados de larga duración originarios de terceros países. 
Pero estas reformas no bastarían para acabar con el desempleo si no se ocuparan al mismo tiempo del difícil problema de la equidad de las relaciones comerciales exteriores en una economía globalizada. 
La pregunta decisiva en ese sentido es la siguiente: ¿cómo, en una economía completamente abierta y desprotegida, un país o un grupo de países podrían decidir en el futuro una política social de un nivel más alto que la de sus vecinos, sin aumentar sus cargas y quedar descalificados ipso facto de la competición? 
Curiosamente, esta pregunta esencial, que la Comisión admite perfectamente cuando se trata de las relaciones entre los países europeos, como yo señalaba durante el debate de esta mañana, la pasa completamente por alto al tratarse de las relaciones con el resto del mundo. 
Sin embargo, en este segundo caso el problema es infinitamente más grave, y es el que compromete más seriamente, a través el deterioro del empleo, el futuro de nuestros sistemas sociales. 
Es muy comprensible que, tras haber apoyado las conclusiones de la Ronda Uruguay, ni la Comisión ni el Parlamento Europeo deseen oír estas verdades. 
Sin embargo, algún día habrá que asumirlas si se desea corregir la situación. 
El Grupo ELDR aplaude la iniciativa relacionada con el debate sobre el futuro de la protección social en Europa, pero no ha apoyado el informe. 
La principal razón es que contiene una serie de propuestas conservadoras que no conectan con los nuevos desarrollos necesarios a nivel europeo. 
El Grupo aplaude la contribución más progresista del ministro neerlandés de Asuntos Sociales y Empleo, el Sr. Melkert, y espera que la Comisión siga por el camino de la renovación. 
La crisis de las finanzas públicas, las dificultades resultantes del desempleo masivo y la evolución de la pirámide de las edades conducen a la Unión Europea a entrar de lleno en el debate sobre el futuro de la protección social en Europa. 
En este sentido, el informe de la Sra. Weiler está bien encaminado. 
No obstante, debemos llamar la atención del Parlamento Europeo sobre el apartado 11 de dicho informe, que lanza una advertencia sobre la privatización de la cobertura de los riesgos sociales, en particular en el ámbito sanitario. 
Nosotros pensamos que este apartado hubiera merecido un mayor desarrollo, ya que constituye uno de los retos más importantes de este debate. 
Nosotros consideramos, en efecto, que existe un grave peligro para el conjunto del edificio social, al no prestarse atención a una desviación que, con el pretexto de economizar, de mejorar supuestamente la gestión y de responsabilizar al usuario, lleva cada vez más a los Estados a reducir la cobertura sanitaria y a transferir de los sistemas obligatorios solidarios hacia sistemas de previsión suplementarios las prestaciones ligadas a ciertos riesgos. 
Ahora bien, estos sistemas suplementarios, que van en aumento, no están sometidos a ningún tipo de reglas, como no sean las del mercado. 
Hoy el peligro consiste en que nuestro sistema sanitario pueda desviarse hacia el modelo norteamericano (selección de riesgos, exclusión, individualización). 
Sin embargo, la salud no puede considerarse como un mercado lucrativo. 
Nosotros pedimos que la Comisión se plantee de inmediato este punto y que se abra el debate sobre los sistemas sanitarios obligatorios y suplementarios en el marco del interés general. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión nos presenta regularmente un inventario de la protección social en todos los Estados miembros, para dar a los responsables políticos una idea general de las diferentes situaciones, lo que les debe permitir aplicar la mejor política social posible. 
¡Esto es necesario, pero no suficiente! 
Nuestra colega Weiler trata de clarificar el propio concepto de protección social y pide a la Unión Europea que desempeñe un papel más importante, más activo. 
¡Era necesario hacerlo! 
En efecto, la historia de la construcción europea se basa, en parte, en el objetivo de garantizar y de buscar un alto nivel de vida, lo que supone un alto nivel de protección social. 
Somos muchos los que estamos convencidos de que nuestras sociedades no están sobradas de solidaridad, sino todo lo contrario. 
Y hoy lo que tanto lleva a maltraer a la propia idea europea es el cuestionamiento de este objetivo. 
A la Unión le interesa, por lo tanto, apostar por su protección social y considerarla no como una carga para la economía, sino como la expresión de un modelo de sociedad y hasta incluso como el motor de la productividad y, por ende, del crecimiento. 
La Unión está completando su unión económica y para ello pide a todos los Estados miembros que respeten unos criterios de convergencia decididos en Maastricht. 
Es una etapa necesaria. 
¿Es utópico esperar que en Amsterdam, en junio, el Consejo establezca criterios de convergencia sociales para garantizar a todos los ciudadanos de la Unión el nivel de protección social más elevado, salvaguardando y renovando nuestros sistemas de seguridad social? 
También podemos dudar que lo haga; por lo que es necesario hasta entonces luchar por ello, ¡ya que es algo vital para el ideal europeo! 
El informe de nuestra colega se orienta en este sentido: a favor de una integración social de Europa, de la puesta en común de nuestros logros y hacia el desarrollo de una ciudadanía centrada en lo social y la solidaridad. 
¡No habrá Europa sin una Europa social! 
Todos los sondeos lo demuestran; a los ciudadanos europeos les preocupan las consecuencias de la moneda única sobre la protección social. 
¡Con sobrada razón! 
Las dificultades ligadas a la aplicación de los criterios de Maastricht sirven de pretexto a los gobiernos para hacer presión sobre los costes salariales y realizar recortes en los gastos sociales. 
Como lo explica la Comisión en su comunicación sobre la protección social, la globalización de la economía mundial y los imperativos de competitividad necesitarán probablemente una moderación continua del crecimiento de los costes salariales. 
En estas condiciones será más difícil aumentar las cotizaciones y las cargas de las empresas. 
En nombre de la estricta rentabilidad financiera a corto plazo de las empresas, se trata, por una parte, de reducir su contribución a la redistribución de la riqueza producida y, por otra, de transformar las necesidades sanitarias y de seguridad en un vasto mercado abierto para satisfacer los deseos de los grandes grupos financieros. 
La salud, la protección social, serían consideradas entonces como simples mercancías, haciendo más difícil el acceso de la población a la asistencia sanitaria. 
En todos los Estados miembros prosperan las viejas recetas de individualización y de privatización de la cobertura de los riesgos sociales, en que los sistemas de capitalización se presentan como la solución frente a la repartición. 
En su comunicación la Comisión transmite esta ofensiva, deseando que la competencia europea marque el nivel de la protección social. 
Ésta desea, en efecto, introducir elementos de mercado en el sector de la protección social e incluso establecer una competencia entre los sistemas sanitarios de los Quince. 
El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales corrige estas orientaciones, pidiendo sobre todo que el régimen de seguridad social siga basándose en el principio de solidaridad y aboga por un desplazamiento de las cargas fiscales del factor trabajo a otros sectores. 
Nuestro Grupo considera que el impuesto al movimiento de capitales y su contribución a la protección social permitirían reducir el coste para los trabajadores. 
Nuestro Grupo rechaza el enfoque estrictamente económico de la protección social, que desemboca en la comercialización de la legítima aspiración de todos a la seguridad, convirtiéndola en una mercancía. 
Nosotros pedimos el mantenimiento y la generalización del principio de solidaridad, para responder a la necesidad de seguridad de los pueblos, a la necesidad de protegerse y de precaverse colectivamente contra los riesgos sociales. 
Solamente los sistemas de protección social y de seguridad social basados en la solidaridad garantizan un alto nivel de protección social y de prestación de servicios para todos, con una buena relación cotización/eficacia. 
Ellos permiten reducir los riesgos de fractura social o de empobrecimiento de una parte de la población. 
El mantenimiento de un alto nivel de protección social está ligado a los valores de solidaridad, de respeto de las personas y de democracia; valores contra los que se atenta si se aplican las reglas de la competencia. 
Estamos vivamente interesados en contrarrestar el dumping social, pero no pensamos que el mejor modo de hacerlo sea a través de la homologación de los sistemas de seguridad social y de las políticas nacionales en el ámbito del mercado de trabajo. 
Por eso nos abstenemos de votar en la votación final. 
Pensamos que es importante que todas las personas que viven en la UE tengan derecho a una seguridad social básica y justa. 
El informe Weiler contiene una serie de requisitos encomiables para llevar a cabo unas acciones con vistas a la creación de empleo y de un crecimiento económico sostenible. 
También es central la lucha para poner fin al dumping social. 
No obstante, se deduce sin ningún lugar a dudas, del debate y del informe, que este es un primer paso en dirección a la armonización del bienestar social. 
Por eso no podemos dar nuestro apoyo al informe. 
Pensamos que son los propios países los que han de decidir sobre el tipo de legislación que consideran justa y necesaria en materia social. 
Se trata de un asunto nacional, y que no debe pasarse al nivel de la UE. 
Los socialdemócratas han votado hoy a favor del informe de la Sra. Weiler. 
Este informe expresa conformidad con la Comisión en cuanto a la necesidad de que los Estados miembros cumplan la obligación de fomentar un alto nivel de protección social y apoyen la coordinación gradual de los sistemas de protección social de los Estados miembros con el establecimiento de normas mínimas. 
Las ideas del informe son, en general, sensatas y preparan para un debate interesante en el futuro. 
No obstante, a los socialdemócratas daneses les gustaría disponer de aclaraciones más exhaustivas sobre ciertos temas, como la situación de los trabajadores fronterizos. 
Opinamos además que la distribución y la financiación de las prestaciones sociales deben seguir siendo competencia nacional. 
El informe Weiler despeja el camino para un debate a fondo sobre cómo crear una verdadera libertad de circulación para los ciudadanos de Europa. 
El informe refleja las opiniones de todas las partes de este Parlamento. 
Desde una perspectiva británica, es interesante observar que el informe refleja una recomendación del Consejo firmada durante la presidencia británica en junio de 1992. 
Norman Lamont, el entonces presidente del ECOFIN, firmó la recomendación sobre la convergencia en toda Europa de los objetivos y políticas de protección social. 
La recomendación Lamont de 1992 sustenta mucho de lo que se ha dicho en el presente informe y lo que se ha acordado hoy en el Parlamento. 
Al partido laborista del Parlamento Europeo y a mí personalmente nos complace encontrar un apoyo tan grande al informe. 
Sin embargo, no podíamos estar de acuerdo con apoyar las enmiendas que pedían un nuevo impuesto sobre los combustibles emisores de carbono y una ampliación del voto por mayoría cualificada en el área del protocolo social. 
Nos hemos abstenido sobre esas dos cuestiones. 
El informe de la Comisión sobre la protección social en Europa- 1995, que ha comentado nuestra colega, la Sra. Weiler, propone un marco general cuestionable, pero contiene, no obstante, algunos análisis totalmente pertinentes, en particular sobre las interrupciones o reducciones de actividad para prestar asistencia. 
La Comisión señala que la acogida familiar disminuye el coste de la protección social, permitiendo a la vez un mejor cuidado de las personas discapacitadas, de la primera infancia y de los ancianos, gracias sobre todo a la presencia permanente del cónyuge que asume esta tarea. 
El informe de la Comisión subraya en este ámbito la importancia de los servicios «informales» prestados por la familia, cuando uno de sus miembros no ocupa un puesto de trabajo remunerado para poder ocuparse de niños de corta edad, de adultos discapacitados o de ancianos inválidos. 
Ahora bien, la Comisión subraya que, habida cuenta de la importancia de estos servicios, las prestaciones actuales son absolutamente insuficientes, en particular cuando se interrumpe una carrera. 
Los subsidios específicos creados en ciertos países (cuidado de niños, subsidio de discapacidad... ) siguen siendo muy modestos, y el cónyuge que ha interrumpido una actividad remunerada para prestar este tipo de servicios resulta, a la postre, perjudicado: prestaciones de seguro social y de desempleo inferiores, pensiones de jubilación reducidas, imposibilidad de acogerse a pensiones suplementarias... 
Estos servicios informales prestados por la familia, particularmente importantes para el conjunto de la sociedad, hoy lo son aún más por cuanto la población de edad avanzada aumenta mucho en los países europeos. 
Puesto que nuestra sociedad se caracteriza igualmente por el número creciente de mujeres que ocupan un puesto de trabajo remunerado, hoy resulta más difícil para muchas de ellas prestar servicios informales importantes gratuitamente. 
Desgraciadamente, la Comisión se limita en su informe a estas constataciones y análisis, y no desemboca en propuestas innovadoras encaminadas a permitir el mantenimiento y el desarrollo de este tipo de servicios, a pesar de reconocer que permitirían reducir sensiblemente los costes de la protección social. 
Por lo tanto, podría ser muy útil que la Comisión continuara su reflexión y estudiara sobre todo en qué medida la creación, por ejemplo, de un salario parental, que sustituyera las actuales ayudas específicas, favorecería el desarrollo de los servicios familiares informales, muy necesarios en la estructura actual de nuestra sociedad, y que la beneficiarían en gran medida. 
Es preciso iniciar por fin un cambio que ponga punto final al proceso que se ha seguido hasta ahora, durante el cual los trabajadores por cuenta ajena de los Estados miembros han tenido que observar repetidamente cómo se utilizaba, de hecho, a «Europa» como excusa para vaciar de contenido los sistemas nacionales de protección social. Un cambio en favor de una estrategia transnacional de protección e inclusión social que también articule formas eficaces de solidaridad y cohesión transfronterizas. 
El informe de la Sra. Weiler apunta con cautela algunas perspectivas para el futuro. Debemos apoyarlas, precisamente con vistas a los actuales preparativos para establecer una Unión monetaria, que lamentablemente se orienta en sentido contrario. 
También es preciso repetir claramente una vez más en esta ocasión que Europa desperdiciará su futuro si no aborda en serio ni siquiera estos primeros pasos cautelosos, por no citar los pasos necesarios en otros ámbitos paralelos, desde el restablecimiento del pleno empleo hasta el derecho de huelga a escala transfronteriza. 
Informe Papayannakis (A4-0037/97) 
Desde no hace mucho tiempo se ha comprobado una creciente y justificada desconfianza por parte de los consumidores ante el consumo de carne de vaca así como de sus productos, consecuencia lógica del escándalo de la encefalopatía espongiforme bovina, es decir, la llamada enfermedad de las «vacas locas». 
Esta situación dramática ha dado pie a que los consumidores se indignen ante el hecho de que la carne siga comercializándose como un productos «anónimo» , es decir, sin hacer constar su denominación de origen. 
Toda esta penosa situación hace patente la necesidad de fijar una producción más controlada y cuyo requisito primero sea una producción de productos cárnicos moderna y orientada hacia los consumidores. 
Lo que requiere como primera providencia un claro etiquetado para informar y para tranquilizar a los consumidores sobre la calidad y el origen real de estos productos. 
Por tanto, el perfeccionamiento del etiquetado de los mismos, con un sistema eficaz de identificación y de registro de bovinos, resulta indispensable tanto en la producción como en su posterior comercialización. 
En esta circunstancia, mi voto será positivo. 
Hemos decidido votar en favor del informe sobre la propuesta sobre el reglamento del Consejo relativo al etiquetado de la carne vacuna y de sus productos derivados, aunque pensamos que sería mejor que se tomasen las decisiones sobre la cuestión a nivel nacional, y que se realizasen los controles pertinentes a ese mismo nivel. 
Queremos dejar bien claro que para nosotros es importante que los propios Estados miembros puedan decidir adoptar un etiquetado más preciso si así lo desean. 
Puesto que, no obstante, pensamos que la propuesta de la Comisión es peor, apoyamos este informe. 
En especial apoyamos la idea de etiquetar la carne con información sobre las posibles modificaciones del embrión o sobre los orígenes transgenéticos del animal, además de información sobre los antibióticos o estimulantes empleados que se hayan añadido al forraje. 
Informe Mayer (A4-0022/97) 
Hemos votado en contra del informe del Sr. Mayer porque pensamos que el error reside en la propia política agrícola de la UE. 
Por ello, la crisis de la EEB puede considerarse como un primer aviso, una recomendación de que reformemos esta política. 
La propuesta de un sistema de identificación y registro de las reses está relacionada con lo que la política de la UE quiere conseguir, la supresión de los controles fronterizos. 
Los resultados ya son evidentes por lo que respecta a la bacteria de la salmonela. 
Pensamos que es erróneo atacar la EEB introduciendo esta absurda identificación y registro de reses, en lugar de prepararnos para la prohibición total de piensos procedentes de animales muertos. 
Es penoso que haya que construir una organización tan complicada para que pueda controlarse la salud de las reses dentro de la Unión Europea. 
Si esto se considera necesario a la luz de los acontecimientos, debemos aceptarlo. 
Pero creo que, una vez erradicada la enfermedad de la EEB, este gran organismo de control debería minimizarse y cabría valorar si su existencia está motivada. 
En Suecia no hemos tenido la EEB y hemos combatido las enfermedades del ganado sin necesidad de construir un aparato gigantesco de control como el que aquí se propone. 
A través de unos controles fronterizos relativamente escasos, hemos evitado la propagación de la EEB, la rabia y la salmonela. 
A todo esto hay que añadir la siguiente observación: los defensores del mercado libre afirman que la desregulación representará unas ganancias considerables al desaparecer los costes en concepto de reglamentación y ayudas. 
Con este caso se demuestra que el libre mercado desarrolla nuevos reglamentos y sistemas de ayuda. 
Con sobrada razón podemos preguntarnos si se gana algo con este mercado en el caso que nos ocupa, tanto en el plano económico como en el de la salud, en el sector del comercio con productos agrícolas. 
(La sesión, interrumpida a las 13.21 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Prioridades de la política de los consumidores (1996-1998) (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40317/96) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0519- C4-0501/95) relativa a las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998). 
Señor Presidente, señora Comisaria, en su primer párrafo, el artículo 129 A del Tratado hace referencia al artículo 100 A como el instrumento más adecuado para tratar todas las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros destinadas a la consecución del mercado interior. 
El Tratado permite, además, otras acciones complementarias de las llevadas a cabo por los Estados en el ámbito de la protección de los consumidores. 
El auténtico mercado interior, el verdadero mercado interior, sólo se conseguirá cuando la protección del consumidor se traslade a los litigios transfronterizos. Y ello exige una serie de medidas jurídicas, económicas, sociales e informativas. 
Desde el punto de vista jurídico, que es el que corresponde a mi comisión, creo necesario resaltar que los derechos de los consumidores, como parte en un litigio transfronterizo, sólo serán efectivamente tutelados si se conjugan las siguientes acciones: en el plano internacional hay que concienciar a los Estados miembros para que apliquen el Convenio de Bruselas del año 1968, el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y los Convenios de La Haya, de 1965 y 1970, sobre unificación y sobre obtención de pruebas en el extranjero respectivamente. 
Hay que impulsar, además, la realización de un estudio que determine las razones por las que, a pesar de la existencia del Convenio de Bruselas, se siguen presentando dificultades para lograr la ejecución en un Estado miembro de una resolución ejecutiva en materia civil otorgada por un organismo jurisdiccional de otro Estado miembro. 
Hay que analizar también las posibilidades de ampliar el ámbito del Convenio de Roma sobre la ley aplicable al campo mercantil. 
Sería bueno crear un instrumento comunitario que asuma los principios del Convenio de Viena sobre los contratos de compraventa internacional y fomentar, dentro del tercer pilar, una iniciativa que tenga como objeto la obtención de un título ejecutivo para las deudas impagadas. 
Hemos hablado del plano internacional, y ahora queremos hablar del plano comunitario. 
Y nos gustaría proponer la siguiente medida: reforzar la solución de las controversias por vías extrajudiciales, más sencillas, más rápidas y más baratas, siempre y cuando se respete y se deje la posibilidad de acudir a los tribunales. 
Por eso creemos que hay que poner en marcha cuanto antes el plan de acción de promoción de los procedimientos extrajudiciales propuesto por la Comisión. 
La Directiva del Parlamento y del Consejo sobre acciones inhibitorias es un magnífico instrumento para fomentar el reconocimiento de la legitimación activa de organizaciones, empresarios y consumidores, para permitir que el juez sea competente en virtud de los convenios existentes, para que pueda tomar una decisión basada en derecho aplicable al fondo del litigio, aunque la infracción sólo produzca sus efectos en un mercado distinto al nacional. 
La resolución del Parlamento sobre los plazos de pago contiene interesantes sugerencias que vale la pena traer a colación. 
Deben reconocerse, según esa resolución, tanto los intereses de demora, que se aplicarán de forma automática a los acreedores, como las indemnizaciones por los costes en que se haya incurrido en la recuperación de las deudas, de acuerdo con unas tarifas determinadas por la autoridad pública competente. 
También habría que armonizar los procedimientos judiciales para la recuperación de los pagos atrasados y de las costas que estos llevan aparejados. 
Por último, señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, creo que es importante apoyar la crítica que se hace en el informe Whitehead porque la Comisión no incluye un calendario detallado en las prioridades de la política de los consumidores 1996-1998. 
Esta laguna puede convertir estas prioridades en un conjunto de buenas intenciones que no aportan ninguna credibilidad a la política de consumidores de la Unión. 
En definitiva, se trata de utilizar los instrumentos que tenemos en la mano, internacionales y comunitarios, para ir consiguiendo una auténtica protección de los consumidores a todos los niveles. 
Señor Presidente, apreciada señora Comisaria Bonino, yo no soy de aquellos diputados que suelen mostrarse pródigos en su agradecimiento al ponente. 
En primer lugar, porque ello consume parte del tiempo de uso de la palabra y, en segundo lugar, porque estoy convencida de que todos los ponentes presentan buenos informes. 
Hoy quisiera hacer una excepción y agradecer sinceramente en nombre de mi Grupo político el trabajo del Sr. Whitehead, aunque no se encuentre presente. Yo le doy las gracias porque, además de analizar y criticar las prioridades de la política de los consumidores previstas por la Comisión para el período 1996-1998 y proponer mejoras, también ha realizado una evaluación de las prioridades del período 1993-1995. 
De ésta se desprende claramente, en primer lugar, cuáles eran nuestros objetivos y en qué casos los hemos conseguido o no hemos logrado alcanzarlos. 
Una parte de dichas prioridades debieron ser trasladadas al programa para el período 1996-1998. 
Sólo en 1996 debatimos qué medidas debían adoptarse como resultado del Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia. 
Ya aprobamos en primera lectura la directiva sobre acciones inhibitorias transfronterizas por omisión, como medida preventiva de protección colectiva para los consumidores. 
Yo espero que podamos recibir pronto la posición común del Consejo al respecto. 
También hemos debatido el plan de acción de la Comisión para promover los procedimientos extrajudiciales. 
Se trata de una medida muy positiva si los Estados miembros se muestran dispuestos a crear organismos neutrales para todos los productos y servicios. 
Aunque establezcamos muy buenas normas en favor de los consumidores a escala europea- que son necesarias -, de nada le servirán al consumidor que realmente quiera beneficiarse del mercado interior si éste no puede hacer valer sus derechos en su propia lengua y de manera rápida por la vía extrajudicial y también por la judicial. 
Tal como ha señalado el Sr. Whitehead esta mañana, las prioridades para el período 1996-1998 parecen una lista de deseos de un consumidor. 
A mi modo de ver, son sencillamente inconcretas. 
Para nosotros, lo importante es que la Comisión elabore finalmente una legislación común, que todavía no existe, lo cual obstaculiza el acceso de los consumidores al mercado interior. 
El Libro Verde sobre la legislación en materia de alimentos estaba anunciado para 1996. 
Seguimos esperándolo y todavía resulta más urgente a la vista del debate sobre la encefalopatía espongiforme bovina de esta semana. 
¿Qué hace entre tanto la Comisión? 
Ha anunciado que denunciará a Alemania ante el Tribunal de Justicia Europeo, y llegado el caso también a otros dos Estados miembros, porque han establecido unos límites nacionales de contenido de pesticidas demasiado rigurosos en el caso de los alimentos infantiles. 
¿Cree acaso la Comisión que los padres comprenderán esta actuación? 
El Parlamento siempre ha abogado por que los alimentos infantiles estén libres de pesticidas. 
Hoy debatiremos también los informes sobre el crédito al consumo y sobre el Libro Verde relativo a los servicios financieros. 
Ambos informes indican los aspectos que requieren con urgencia una regulación legislativa. 
¡No sean tan tímidos, señores Comisarios! 
¡El Parlamento respalda a la Comisión cuando se trata de la defensa de los consumidores! 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a Philip Whitehead por el enorme trabajo que ha realizado. 
¿Y por qué lo digo? Porque, y eso es algo que tendría que tener en cuenta la Comisaria, la presente comunicación sobre las prioridades es a mi entender demasiado global. 
Creo realmente que las prioridades 96-98 dejan bastante que desear. 
Y estoy muy agradecida al Sr. Whitehead, porque a pesar de ello ha logrado un resultado decente. 
Estoy plenamente de acuerdo con el ponente en que la Comunicación debería haber sido un programa mucho más detallado, más elaborado, y que tendría que haberse indicado en diversos puntos cómo y de qué forma la Comisión intenta alcanzar sus objetivos, con los que no tengo ningún problema. 
Es decir, a mi entender debería contener una lista de prioridades mucho más clara. 
¿Me permite señalar algunos escollos? 
En primer lugar, el acceso a la justicia. 
Hace ya más de tres años que se publicó un Libro Verde. 
En la legislación sobre la que fui ponente dijimos que en cualquier caso había que encargarse de dar forma al derecho de acción colectiva, y sé que diversos Estados miembros tuvieron bastantes dificultades cuando hubieron de aprobar la venta a distancia. 
Pero, sea como fuere, mi pregunta es: ¿cómo piensa usted dar forma y qué propuesta va a hacer usted? 
Creo que los Libros Verdes que presentó usted hace tres años tendrían que haberse convertido de una u otra forma en un tema de acción. 
Asimismo, quiero llamar la atención sobre los procedimientos judiciales extranjeros. 
Quizás le parezca que siempre vengo con la misma cantinela, y es cierto, pero pienso que a menudo podemos ayudar al consumidor de una forma más rápida, más barata y más eficaz si en la conciliación de conflictos damos más estímulos que ahora. 
Tengo un interés, no es un interés financiero, sino quizás emocional, pues soy presidenta de la Fundación de Comités de Conflictos para los asuntos relacionados con los consumidores en los Países Bajos, que en estos momentos ya cuenta con unos cincuenta comités, donde los consumidores y los representantes de las organizaciones del ramo administran justicia independientemente, algo que funciona a la perfección. 
Pienso que en esta cuestión tendríamos que hacer más y quizás también porque me enorgullezco de lo que hemos conseguido en este sentido con las organizaciones de consumidores neerlandesas, que podríamos enseñar algo a un mayor número de personas que en la actualidad. 
A continuación, una pregunta que ya ha sido formulada. Recuerdo por ejemplo que la Sra. Behrendt ha dicho algo al respecto. 
Se trata del Libro Verde de Productos Alimenticios. 
No sé qué se hará con él. ¿Acaso hay que readaptar ese Libro Verde en el marco de los nuevos acuerdos y las nuevas medidas políticas? 
¿Podrían responderme al respecto? 
Si queremos hacer algo para tranquilizar a los consumidores europeos, pienso que en primer lugar tendremos que emprender una acción rápida, y que en segundo lugar hemos de saber con qué plazo hemos de contar y dónde se introducirán cambios. 
Esta tarde hablaremos de los servicios financieros, por tanto ahora no hablaré de ellos. 
Para terminar, lo que echo en falta en las propuestas es lo siguiente: ¿cómo actuará la Comisión Europea- acaso junto con las organizaciones de consumidores y las empresas europeas- para intentar a través de la autorregulación establecer normativas allí donde todavía no existe legislación, y quizás donde tampoco sea necesaria una legislación? 
Acaso podamos ver alguna vez una lista de acciones al respecto. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales no puede sino expresar su gran satisfacción por el informe del Sr. Whitehead y sus intentos de poner algunas prioridades en su sitio. 
Al Grupo de los Liberales le interesa mucho que Europa no sea únicamente un buen lugar para las empresas, sino también para los ciudadanos y, sobre todo, para los consumidores. 
Concedemos mucha importancia a dos temas significativos. 
Uno es la libre elección de los consumidores y el otro es el acceso de los consumidores a los tribunales. 
No profundizaré en este último tema, ya que tres oradores se han extendido sobre él. 
La libre elección de los consumidores nos parece muy importante. 
El Grupo de los Liberales es un gran defensor del mercado interior, pero el reflejo de éste es la libre elección de los ciudadanos. 
Se puede decir- para emplear una expresión inglesa- que somos the internal market freak y, al mismo tiempo, free choice freak. 
La condición absoluta para la libre elección es que los consumidores reciban información, por lo que quiero preguntar al Sr. Comisario sobre las normas de etiquetado. 
Escuchamos ayer al Sr. Santer, quien llegó al extremo de afirmar que habría que etiquetar todo, incluidos los productos modificados genéticamente. 
Esta afirmación supone una gran muestra de confianza por parte de la Comisión. 
Espero que la Comisión sepa que el solo hecho de etiquetar no es una cura milagrosa. 
El etiquetado ha de ser claro y ha de estar acompañado de información. 
Espero asimismo que una de las prioridades al aplicar las normas del etiquetado sea que la Comisión se comprometa a informar sobre lo que realmente son los alimentos modificados genéticamente y sobre los criterios de etiquetado para garantizar que tengamos libertad de elección y no una gran variedad de etiquetas, cuyo significado no seamos capaces de adivinar. 
Gracias, y aguardo la respuesta de la Comisión con gran expectación. 
Señor Presidente, estimada Comisaria, yo sé que ha de tener paciencia porque quizás nos repetimos los diputados que estamos aquí, pero es verdad que participamos con mucho interés en el informe del Sr. Whitehead. 
Y el informe del Sr. Whitehead, que fue aprobado por unanimidad, dice más o menos lo que todos estamos diciendo. 
Sin embargo, quería resaltar en los minutos que me corresponden dos o tres cuestiones importantes. 
En primer lugar, que el propio Sr. Whitehead, el propio ponente, saluda las diez prioridades de la Comisión que tienen que ver con la información de los consumidores, con el acceso fácil a la justicia, con la seguridad alimentaria- muy de moda esta semana en este Parlamento -, y con otras cuestiones que afectan directamente a los derechos de los consumidores. 
Sin embargo, todos compartimos la crítica de una falta de evaluación del período anterior, hasta el año 1995, y, quizás, también de más concreción en el período que va hasta el año 1998. 
Y el propio Sr. Whitehead plantea una estrategia muy concreta de identificación de los problemas: ver qué objetivos tiene la política del consumidor, plantear una estrategia para alcanzarlos y, posteriormente, un calendario para su puesta en práctica. 
Yo creo que esa es la crítica fundamental. 
Porque es verdad que se hicieron cosas en ese tiempo y es verdad que se pretenden hacer cosas en este tiempo. 
Pero también es verdad que, por lo que respecta por ejemplo a la seguridad alimentaria, hay una falta de credibilidad en las instituciones comunitarias por el tema de las vacas locas, por el tema de la sangre contaminada, por el tema de la hormona del crecimiento, y nosotros vamos a presentar una pregunta sobre el maíz transgénico y la soja transgénica. 
¿Por qué? 
Porque preocupa mucho en España ese tema. 
Y hay una encuesta que demuestra que, en un número muy importante de países, del 60 % al 80 % de la población está en contra de consumir productos elaborados mediante ingeniería genética, por la inquietud que esto despierta, porque puede afectar a la salud humana. 
Por lo tanto, quizás hoy una de las prioridades sea la seguridad alimentaria y que se ponga en marcha un organismo independiente que pueda velar por esa seguridad alimentaria. 
En definitiva, nosotros estamos de acuerdo con todos los puntos. 
Vamos a votar a favor del informe del Sr. Whitehead- sabemos de la sensibilidad de la Comisaria-. 
Y, desde luego, nosotros tenemos la obligación de ser portavoces de la inquietud que la población europea tiene hoy con respecto a su seguridad alimentaria y a su salud. 
Y nos vemos en la obligación de repetirlo, aunque entiendo que esto les canse a ustedes, porque durante la tarde lo escuchan muchas veces. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Whitehead por la cooperación que ha mostrado en su informe, en particular en relación con el etiquetado. 
Deseo también a la Comisaria Bonino que tenga éxito, puesto que ha empezado a coordinar en la Comisión las cuestiones relacionadas con la seguridad de los alimentos. 
Creo que es la persona adecuada para ello. 
Quiero atraer la atención de sus señorías y de la Sra. Comisaria sobre una cuestión particular del informe. 
En el apartado 19 se habla de las campañas de información sobre la UEM de la Comisión y del Parlamento. 
Lamentablemente, mi grupo no puede votar a favor de este apartado (19) ni puede desear que se acojan con satisfacción estas campañas. 
Ha trascendido precisamente que la Comisión exige a los investigadores y expertos independientes una declaración escrita en el sentido de que cuando la Comisión les envíe a hablar sobre la UEM a los diferentes actos organizados por los ciudadanos, deben comprometerse a hablar únicamente siguiendo la línea establecida por la Comisión. 
En mi opinión, esto es muy peligroso. 
Cuando pensamos en el debate sobre la EEB que ha tenido lugar hoy, Sra. Comisaria, ¿cómo podemos seguir confiando en los expertos enviados por la Comisión si ocurren hechos de este tipo? 
He presentado una pregunta sobre este tema y querría saber en qué otras ocasiones la Comisión exige a los expertos independientes una promesa de fidelidad de estas características. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Whitehead por su excelente informe, ya que lo más positivo que se puede decir sobre la comunicación de la Comisión relativa a la política de los consumidores es que, en efecto, ha sido presentada, puesto que su redacción es demasiado vaga y sus líneas demasiado generales. 
Como consumidores, merecemos algo mejor. 
En cuanto a las nuevas áreas de responsabilidad de la DG XXIV en el ámbito de la seguridad de los consumidores, estoy de acuerdo con el Sr. Whitehead en que urge fijar unas prioridades con programas de acción concretos que sustituyan a las líneas generales de la Comisión. 
Asimismo, hace falta fomentar el etiquetado ambiental y energético y crear una legislación referente a los consumidores en todos los Estados miembros. 
Fundamentalmente, las ideas sobre una política europea de los consumidores se orientan en dos direcciones diferentes. 
Por un lado, se puede argumentar en favor de campañas, folletos y centros de información, tal como hace el Sr. Whitehead, o- yo apoyo este procedimiento- se puede defender la política de que todas las organizaciones de consumidores establecidas a escala nacional cooperen con miras a una coordinación adecuada, concretamente a través de un reforzamiento de la OEUC, para que en el futuro actúen juntas ante las entidades políticas. 
Creo que hemos de reconocer que es demasiado complicado y caro crear una política de los consumidores y una red de información a los consumidores nueva y homogénea, ya que las necesidades difieren mucho de un Estado miembro a otro. 
A pesar de que estamos en desacuerdo sobre este punto, votaremos, obviamente, a favor del informe del Sr. Whitehead. 
Una política de los consumidores proactiva es lo único que puede proporcionar legitimidad y eficacia al mercado interior. 
Por eso es importante que nos volquemos en la Conferencia Intergubernamental. 
Es en ese contexto donde hay que reforzar la política de los consumidores. 
Debe constar en el preámbulo del Tratado que en la UE se prestará especial atención al ámbito de la política de los consumidores, al igual que al desarrollo sostenible. 
Han de reforzarse muchos aspectos del Tratado, para que el fomento de la política de los consumidores y de sus intereses se convierta en un objetivo independiente. 
Aún hay que introducir determinadas precisiones y mejoras en el artículo 129 A. Sólo así la política de los consumidores ocupará el importante puesto que merece. 
Señor Presidente, nuestro trabajo en este Pleno y en estas Instituciones tendría poco valor si no considerásemos al consumidor como el objetivo prioritario de todas nuestras actividades. 
La política del consumidor no es un hecho sectorial. 
Un hecho sectorial lo sería la crisis de la industria mecánica, el mercado de plátanos u otras cosas parecidas. El consumidor, por el contrario, ha de ser soberano en cada objetivo que nos planteamos, en cada actividad y en cada directiva que adoptamos. 
Cada día, miles de empresas- pequeñas, medianas y grandes- trabajan, producen, contratan y crean puestos de trabajo, desarrollo e inversiones con un objetivo prioritario: trabajar para satisfacer al consumidor. 
Desde este punto de vista, deseamos dar las gracias a la señora Comisaria por el excelente texto que ha elaborado y estamos de acuerdo con lo manifestado por el ponente y la Sra. Oomen-Ruijten, habida cuenta de que, sin duda, en el momento actual han de apoyarse de forma especial las prioridades para la acción. 
Sin embargo, existe una evaluación con respecto a los cinco ámbitos que ha señalado el ponente y que deseo recordar rápidamente: facilitar el acceso a la justicia de los consumidores; convertir la información a los consumidores de forma incesante; promover una política sostenible en materia de alimentación en interés de los consumidores; garantizar el acceso de los consumidores a un servicio universal. 
Existe un último aspecto en torno al cual queremos afirmar la importancia específica del momento actual, esto es, la introducción del euro. 
Gracias a la introducción del euro, el ciudadano europeo va a considerarse por fin como tal, es decir, podrá viajar en los 15 Estados miembros, gastando y comprando en las tiendas, los supermercados, las agencias de viaje con una moneda única y quizás, por fin, entonces se percatará de que es ciudadano de Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la política del consumo requiere cada vez más una visión europea de los problemas frente a conductas políticas que van a achacar a Europa responsabilidades y falta de capacidad. 
Por consiguiente, Europa no debe ser considerada por los consumidores como una opción ideológica, sino como una constante demostración de los intereses de cada Estado considerados en un ámbito europeo. 
Dicho esto, todo el mundo sabe que en algunos Estados miembros la atención a los derechos de los consumidores se ha prestado con cierto retraso con respecto al contexto europeo. 
No cabe duda de que entre estos Estados está Italia, donde la paulatina sensibilización en cuanto a los derechos de los consumidores está estrechamente vinculada a la acción y las iniciativas de las distintas asociaciones que tuvieron que actuar sin ninguna clase de ayuda del Gobierno de Roma. 
Pedimos que la Comisión tenga a bien intervenir con firmeza con respecto a Italia que, escandalosamente, todavía no se ha dotado de una ley marco nacional sobre la representación de los derechos de los consumidores. 
Durante años, en efecto, hemos asistido a un baile de responsabilidades entre el Ejecutivo y el Parlamento, aunque las reticencias siguen siendo muy fuertes, sobre todo porque las asociaciones son las portavoces de una demanda que los partidos políticos no controlan. 
Al congratularnos con el ponente, Sr. Whitehead, por su pormenorizada propuesta de resolución sobre el programa 1996-1998 que compartimos plenamente desde todos los puntos de vista- jurídico, económico y sociallos miembros de Alianza Nacional instamos a la Comisión a que refuerce su apoyo al movimiento en los Estados del sur de Europa, donde la presencia de las organizaciones de consumidores es muy escasa respecto a los 4 millones de organizaciones existentes en Europa, instaladas sobre todo en los Estados septentrionales. 
Garantizar un desarrollo del asociacionismo de los consumidores a corto y medio plazo significa, de hecho, no convertir en inútil el Tratado de Maastricht que, si por una parte reconoce un nuevo papel a los consumidores en materia de educación y en otros importantes sectores, por otra, crea nuevos ámbitos que corren el riesgo de seguir siendo inaccesibles para el asociacionismo más débil. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar al ponente por el excelente informe que ha elaborado. 
Sé que su trabajo ha sido muy bien valorado por las asociaciones de consumidores de toda Europa, incluida la BEUC de Bruselas, y yo apoyo incondicionalmente sus conclusiones. 
Éste, el tercer programa del consumidor, ofrece un análisis insuficiente de los esfuerzos previos, poca continuidad con los programas anteriores y ninguna estrategia coherente para el futuro. 
Debido al establecimiento del mercado interior y a la inminente introducción de la moneda única, la política del consumidor debe instaurarse a escala paneuropea en lugar de que los Estados miembros actúen solos. 
Asimismo, tiene que haber una plena aplicación de la legislación vigente, así como unos medios más simples y eficaces de reparación para los ciudadanos de a pie. 
Obviamente, el reto más importante y candente al que se enfrenta la política de los consumidores es sin duda la crisis de la EEB. 
Desde que el informe Whitehead fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, han acaecido varios acontecimientos de primer orden, el más importante de los cuales ha sido la transferencia de las competencias de seguridad alimentaria a la DG XXIV. 
Las nuevas responsabilidades de la DG XXIV en este campo recibieron ayer un mayor impulso cuando la Comisión anunció a la Asamblea su respuesta al informe sobre la EEB. 
Estoy de acuerdo con la afirmación del Presidente Santer de que la Oficina Veterinaria Europea con sede en el condado de Meath, Irlanda, puede ser de vital importancia para restablecer la confianza de los consumidores en los procedimientos en materia de seguridad alimentaria. 
Yo, además, instaría al Consejo a que reconsiderara su actitud hacia la oficina. 
Acojo también favorablemente las decisiones de poner a todos los comités científicos correspondientes bajo la autoridad de la DG XXIV y de crear una nueva unidad sobre evaluación de riesgos para la salud pública e inspección de alimentos, también dentro de la DG XXIV. 
Sin embargo, me preocupa que la Comisión pueda estar repitiendo los mismos errores que ya se han señalado claramente en el informe sobre la EEB. 
Las tareas de la Oficina de Inspección Veterinaria y de las nuevas unidades de seguridad alimentaria deben definirse claramente desde el principio. 
De lo contrario, los consumidores europeos seguirán siendo profundamente escépticos sobre los niveles de seguridad alimentaria en Europa. 
Señor Presidente, lo que voy a decir en mis pocas observaciones es continuación directa de lo que acaba de decir la Sra. Malone. 
Yo querría insistir en sus peticiones a la Comisión. 
Al igual que ella y que otros oradores, considero que este es un documento que no tiene remedio y que realmente no merecía la pena escribir. 
No sé si el autor se encontrará o no entre nosotros, pero espero que no. 
Espero que él o ella ya no esté en la Comisión, desde luego no en la DG XXIV. 
Si esto es lo único a lo que puede llegar la Comisión en materia de protección de los consumidores, en realidad no merece la pena ponerlo en el Tratado, e imagino que la Sra. Bonino habrá efectivamente renegado de él. 
Hay algunas áreas muy importantes en las que la protección de los consumidores puede funcionar a nivel comunitario, y digo esto como conservador británico. 
Las tres áreas a las que yo prestaría especial atención son la seguridad, la información y la ayuda a los consumidores. 
Yo diría que la Comisión debería examinar de qué manera, a causa de las actividades de la Comunidad, necesitan los consumidores estos tres elementos, sobre todo en lo que respecta al comercio transfronterizo. 
En cuanto a la seguridad debemos preguntarnos qué hacía la DG XXIV sobre la EEB cuando ésta se estaba gestando. 
No se hace mención a ello en ningún sitio. 
Hay una gran crisis en ebullición en los límites de Europa, en los límites de nuestra conciencia, de la que se está ocupando la DG VI cuando se supone que la DG XXIV no estaba diciendo nada al respecto. 
Bueno, eso ya ha pasado a la historia. 
Pero ahora me gustaría invitar a la Comisaria a que aproveche la ocasión que brinda este debate para contarnos- y es la Sra. Malone la que lo ha planteado- qué va a pasar con la seguridad alimentaria. 
Si ahora la DG XXIV, la Dirección de protección de los consumidores, que elaboró el documento, va a encargarse de la seguridad alimentaria, entonces ¿quién va a participar en realidad? 
¿Será el mismo personal o se va a trasladar a gente desde la DG III y la DG IV? 
¿O quizá se va a dejar en manos de los autores de este documento? 
Si es así, que el Cielo nos asista. 
En segundo lugar, sobre el tema de la información, quisiera atraer la atención de la Comisaria hacia un punto que planteé ayer al Comisario Bangemann relativo al etiquetado de los alimentos. 
La sección 6 de este documento dice que no está claro que toda la información que aparece en las etiquetas de los alimentos sirva realmente al consumidor. 
Después sigue diciendo que no va a hacer nada al respecto. 
He propuesto una enmienda, que espero acepte la Comisión, en la que se dice que ésta última debería cumplir su obligación de publicar más información para los consumidores sobre los números E de las etiquetas alimentarias. 
Esto es esencial. 
Por último, confirmo lo que dice el ponente sobre ayuda jurídica. 
Si hay algo que pidan los habitantes de mi circunscripción a una política de protección de los consumidores, es más información y más confianza en que saben qué va a ocurrir si se meten en dificultades en otro Estado miembro, sobre todo con respecto a la adquisición de cosas tales como propiedades: ¿cuánta ayuda puede prestarles en este sentido la legislación europea? 
Por el momento, muy poca. 
Señor Presidente, no sé si ha sido casualidad, pero casi todos los diputados que han intervenido sobre este tema son mujeres. 
No sé si esto demuestra algo. 
Afortunadamente, también está usted y también está el ponente, que ha elaborado un informe excelente. 
En mi breve intervención quisiera subrayar la gran distancia que hay entre los principios generales, entre los- si me permiten la expresión- sinceros e «hiperenérgicos» propósitos del Comisario y la legislación, por un lado, y la situación real de los países miembros con respecto a la protección del consumidor, por otro. 
Y no se trata sólo del tema de la encefalopatía espongiforme bovina, hay otras cuestiones. 
En concreto en mi país, en Grecia, basta con poner una cadena de televisión para ver cómo se infringen en un mínimo de tiempo todas las directivas de la Unión Europea. 
En este contexto quisiera manifestar mi sorpresa por el hecho de que, mientras observamos que la Comisión actúa en la dirección correcta, vemos también que algunos servicios de la Comisión supeditan los intereses del consumidor y su protección a los intereses de ciertas grandes entidades económicas, como sucedió en el caso de la remisión de Suecia y Grecia al Tribunal de Justicia europeo en relación con las restricciones y prohibiciones que estos dos países habían impuesto a la publicidad de juguetes infantiles. 
A propósito de la televisión, señor Presidente, quisiera referirme a que existen cláusulas para la protección del consumidor, el espectador-consumidor, por ejemplo en la televisión sin fronteras, con respecto a la hora a la que deben transmitirse anuncios etc., que al menos en mi país no tienen ninguna importancia. 
En cuanto a los anuncios de medicamentos, nada más encender la televisión uno ve aparecer uno tras otro, dirigido a mayores, menores, niños... 
Por consiguiente, opino que en el ámbito de la aplicación por parte de los países miembros de los reglamentos y directivas básicos de protección del consumidor tenemos todavía un largo, larguísimo camino por recorrer. 
Señor Presidente, no sucede a menudo que el Parlamento haga un llamamiento a la Comisión para que no se apresure demasiado. 
Casi siempre sucede lo contrario. El ponente de la Comisión de Medio Ambiente, el Sr. Whitehead, pide a la Comisión que adopte ciertas reservas a la hora de enumerar sus deseos en el ámbito de la protección del consumidor, y estoy plenamente de acuerdo con él. 
El informe destila sentido de la realidad, que creo es necesario en la política de los consumidores. 
Por lo tanto, estoy en gran medida de acuerdo con las recomendaciones del informe del Sr. Whitehead. 
La política de los consumidores es un ámbito político relativamente joven que adolece de diversas limitaciones inherentes. 
En primer lugar, es un ámbito político que se desarrolla principalmente en la esfera del derecho privado. Incluso me atrevería a decir: si todo va bien, el Estado tiene muy poco que ver con el consumidor. 
En segundo lugar, depende mucho de la cooperación de las empresas. 
Si existen fuertes organizaciones de consumidores que saben dejar bien claras sus exigencias a los productores de bienes y servicios, ya se tiene la mitad de la protección del consumidor. 
En tercer lugar, la política europea tiene sus propias limitaciones. 
Precisamente porque a menudo se trata de cuestiones relacionadas con el derecho privado, la Comisión no puede hacer mucho en el ámbito legislativo, salvo que se pueda recurrir a las directivas europeas. 
Por ello estoy de acuerdo con las recomendaciones del informe que tratan del refuerzo de la posición del consumidor difundiendo información (los apartados 20 a 26). 
Nos conviene más tener consumidores emancipados que todo tipo de reglas legales, a las que sólo recurrirán una pequeña parte de consumidores ya emancipados. 
Es sabido que en los países meridionales de la Comunidad Europea, la conciencia del consumidor no está tan desarrollada y organizada. 
Y por allí hay que empezar y no por todo tipo de reglas legales. 
Por ello me parece conveniente que la Comisión empiece por publicar en un Libro Verde la mayoría de las ideas que se desarrollan y no presente en seguida propuestas legislativas inmaduras, cuando de todas formas en el Consejo no se puede lograr un acuerdo al respecto. 
Por consiguiente, soy muy favorable al llamamiento del ponente a consolidar las propuestas del anterior programa de prioridades para la política del consumidor y quiero felicitarle por su excelente informe. La Comisión Europea saldrá ganando con ello. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente, señor Whitehead, por el excelente informe que ha elaborado y también por el incansable trabajo que ha tenido al frente del Intergrupo de los Consumidores. 
Si el Consejo y la Comisión lo hubieran oído antes y en el Intergrupo, el problema de las «vacas locas» -y otros -, llegado el caso, no se habrían planteado. 
Señora Comisaria, quisiera ahora lanzarle un desafío. 
Es el de que retire el documento, porque no es útil, señora Comisaria, es un documento malo. 
Este documento fue elaborado por un equipo de un antiguo director general que fue substituido después por el Sr. Papas, quien fue a la Comisión de Medio Ambiente y dijo que el documento no era útil, que no estaba de acuerdo con el documento. 
En este momento el Sr. Papas ya se ha ido y ha sido substituido por un nuevo director general. 
Este documento no es un texto legislativo, no es una ley con modificaciones. 
Es un texto de orientación política, que fija prioridades. 
Entonces pregunto a la Comisaria: si el texto de orientación política es malo e irrealizable, ¿para qué sirve? 
Creo que más valdría retirar el documento- y creo que el ponente está de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora, porque he tenido oportunidad de comentarlo con él- y presentar un documento tal vez más concentrado, con menos prioridades y que se pueda transformar en un verdadero programa de acción. 
Y, en ese caso, le prometo que todos nosotros, de los diversos Grupos políticos, de todo este espectro, estaremos aquí para apoyar un informe con cuatro o cinco prioridades de acción para la política de los consumidores en los próximos años. 
Eso es lo que hace falta. 
Por lo demás, el ponente señala cinco prioridades con las cuales estoy de acuerdo: el acceso a la justicia, por los tribunales o por los mecanismos de arbitraje y de otra índole, la protección de los intereses financieros de los consumidores, la mejor información, que convierta la información a los consumidores en poder de los consumidores, una política alimentaria y de salud humana y animal diferente de la seguida hasta ahora y una definición clara y simple del servicio público universal y de cómo se puede aplicar. 
Entretanto, señora Comisaria, dos notas finales: una para instarla a que utilice más el artículo 129 A, que es un arma que tiene en la mano y que hasta hora no se ha utilizado. 
Creemos que se puede utilizar más veces. 
La otra es sobre la política de concesión de subvenciones a las organizaciones de defensa del consumidor. 
Este Parlamento introdujo hace años- y yo fui uno de los autores- una enmienda que aumentó las dotaciones para las asociaciones de defensa de los consumidores con el objetivo de apoyar sobre todo las de los países más necesitados, como Irlanda y los países meridionales, y las asociaciones más pequeñas. 
La política actual ha ido encaminada, por el contrario, a apoyar sólo a las grandes organizaciones europeas, olvidando que en los países en los que las asociaciones de consumidores son más pequeñas y más débiles es en los que son más necesarias. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, debo decirles que estoy bastante desconcertada por este debate. 
En primer término, les recuerdo que este plan fue presentado al Parlamento el 3 de noviembre de 1995. 
¡Han debido estudiarlo a fondo, ya que me presentan un informe sobre las prioridades en febrero de 1997! 
Señor Pimenta, este plan se presenta en mi nombre y espero que el director general no me haya engañado. 
Si ustedes piensan que lo ha hecho, ¿por qué no me lo han dicho?. 
Ello exigiría realmente una sanción disciplinaria. 
Y aparentemente, a este Parlamento le gustan mucho las sanciones disciplinarias. 
En lugar de decirlo públicamente hoy, hubiera sido preferible haber tenido la amabilidad de comunicarlo antes a la Comisión. 
Recuerdo muy bien que, antes de la presentación de este documento al Consejo y al Parlamento, éste último me pidió que no presentara un plan de acción detallado, sino directrices políticas de intervención. 
Y si ustedes leen este documento, comprobarán que la Comisión ha elegido como nuevas prioridades- lo que hasta ahora nunca se había hecho- los servicios públicos, los servicios financieros y la sociedad de la información, y no ya los productos. 
¡Han debido reflexionar mucho en estas prioridades! 
Porque si, desde noviembre de 1995, hubiera tenido que esperar el dictamen del Parlamento para empezar a actuar, no habría hecho nada hasta hoy. 
Por lo tanto, hay que situar el debate en su contexto. 
Mientras reflexionaban- ¡desde el 3 de noviembre de 1995! -, la Comisión, a la que se le había pedido que presentara un plan político, y no un plan de acción, que por otra parte ésta elaboró luego, les ha presentado en total doce propuestas de directivas sobre todas las políticas. 
De estas doce directivas, tres- es decir, la cuarta parte- se refieren a la política de los consumidores, y en concreto al acceso a la justicia, a las garantías y al crédito al consumo, que discutimos esta tarde. 
Tras lo cual les hemos presentado el Libro Verde relativo a los servicios financieros, que se someterá a debate dentro de un momento. 
El Parlamento rechazó luego la directiva sobre la venta de servicios financieros a distancia, que volveremos a presentar. 
Cada uno debe asumir sus responsabilidades, porque, francamente, no me parece muy aceptable que se acuse a la Comisión y que no se le reconozca todo lo que ha hecho en 1996. 
Sra. Jackson, si cree usted que el documento no tiene ningún valor porque no menciona la EEB, su Gobierno y su partido podrían haber sido de gran ayuda a esta institución y a la Comisión si nos hubiera informado de lo que estaba pasando. 
Le recordaré que en 1996 la Comisión formó el grupo entre servicios. 
Propusimos tres memorándums y el vademécum para los consumidores, y el documento- y quizá éste sea un dato que no haya tenido en cuenta- fue presentado en noviembre de 1995 y la crisis estalló en marzo. 
En efecto, nuestras relaciones siempre han sido leales. 
Dicho esto, no deseo pasar revista a todo lo que hemos hecho, por ejemplo, con respecto a la continuación de los ejercicios legislativos, la indicación de precios, la publicidad comparativa, etcétera; pero, así y todo, encuentro algo injustas, poco generosas y bastante inexactas las observaciones que he oído en este recinto. 
Por otro lado, señalo que he asumido las competencias en materia de control sanitario hace exactamente una semana. 
Desearía pedir a los señores diputados que se tranquilizaran, porque tendremos que definir juntos lo que conviene hacer. 
Yo no tengo soluciones mágicas, señor Whitehead, y ya he dicho que vendría a escucharlo a mediados de marzo para saber lo que propone. 
Considero, por ejemplo, que teniendo en cuenta mis nuevas responsabilidades sería bueno que yo reexaminara el Libro Verde relativo al derecho alimentario- que estaba casi listo- a la luz de los cambios de política y de prioridades que acaban de decidirse. 
Hemos dado un salto adelante en beneficio del consumidor, pero ahora es necesario ponerse a trabajar sin hacer demasiada demagogia. 
Es bastante singular que hoy se me pregunte cuáles son mis decisiones, mis programas, mis ideas o- peor- las de la Comisión, con respecto a la salud, a los controles o al Comité científico. 
¡Hace sólo una semana que tengo estas competencias! 
No me refiero exactamente a usted, sino a otras intervenciones que hoy hemos escuchado. 
Dicho esto, respondo, a pesar de todo, a algunas observaciones más puntuales que se han hecho. 
En relación con el Libro Verde, éste estaba listo en las consultas interservicios, pero considero que, tras la nueva situación surgida la semana pasada, mi deber es volverlo a examinar y ver si es posible ir un poco más lejos. 
Señora Kuhn, con respecto a los alimentos para niños de pecho, siempre se puede soñar con una revolución. 
Eso no quita que el derecho actual establezca límites. 
Mientras no se modifique el Tratado, la Comisión está obligada a aplicarlo tal cual es, y el Sr. Bangemann ha iniciado un procedimiento contra Alemania por obstaculización a la libre circulación. 
Debemos respetar las reglas, nos gusten o no, hasta que podamos cambiarlas. 
Con respecto a las instrucciones, espero que se trate de un caso excepcional, pero estoy dispuesta a informarme más, ya que desconocía este hecho. 
No quiero lanzarme a responder sobre un tema que desconozco, pero estoy deseosa de conocerlo mejor para determinar si se trata de una práctica habitual o de un caso particular. 
En cuanto a las subvenciones a las organizaciones- vuelvo a la última observación del Sr. Pimenta y otros -, se nos ha reprochado de repartir dinero sin saber muy bien para qué; así pues, hemos aplicado un procedimiento para incitar a las organizaciones de consumidores a trabajar conjuntamente en proyectos comunitarios y hemos tratado de no conceder más subvenciones para funcionamiento, sino de apoyar únicamente proyectos concretos. 
Pienso que ahora estamos en condiciones de publicar en el Diario Oficial el resultado de nuestro trabajo, que no ha sido sencillo. 
En relación con los países del sur de Europa, que son los que más lo necesitan, yo misma he enviado un consejero especial a los cuatro países, con el fin de reunirse con todas las organizaciones de consumidores, que en este momento están en condiciones de presentarme propuestas. 
Yo prefería una gestión por parte de las asociaciones de consumidores, más que decirles yo misma lo que debían hacer. 
Después de un año de trabajo, estamos en condiciones de lanzar proyectos que cubren los cuatro países mediterráneos de Europa- Italia, Portugal, Grecia y España -, a fin de fortalecer una cultura del consumo, que no está casi desarrollada en el sur de Europa. 
Con respecto al artículo 129 A, como ustedes saben, seis países miembros han presentado una modificación en la CIG; nosotros también lo hemos hecho. 
Esperamos de este modo promover el fortalecimiento de la política de los consumidores y en el ámbito de la salud. 
Me refiero ahora al etiquetado de los alimentos. 
En esta fase, sólo puedo confirmar lo que el Sr. Presidente dijo ayer en su discurso, cito: » Abogo por la aplicación progresiva de una verdadera política alimentaria y, en este contexto, estoy a favor de un etiquetado obligatorio y sistemático». 
La DG XXIV ya ha iniciado una consulta y un estudio entre las asociaciones de consumidores, para tratar de definir todos juntos cuáles serían las informaciones claras, esenciales y pertinentes, a fin de que los consumidores no se pierdan en un cúmulo de informaciones poco claras. 
De momento, las opiniones son bastante opuestas y, llegado el momento, habrá que tomar una decisión a nivel político; pero hemos querido conocer al menos las ideas de las asociaciones de consumidores. 
No sé si he respondido a todos. 
Tenía una observación para el Sr. Garosci sobre el euro, que es una de nuestras preocupaciones y que estamos tratando con el comisario competente. 
Espero haber respondido a todas las preguntas. 
En cuanto a los servicios financieros, ahora vamos a celebrar un debate. 
Por lo tanto, volveré a referirme detalladamente a esta cuestión con mi colega Monti. 
Por lo que respecta a los nuevos controles en el ámbito de la salud, la cita con el Parlamento está fijada para mediados de marzo. 
Señor Presidente, como tuve que hablar esta mañana, es posible que la Comisaria no me oyera y, por lo tanto, me gustaría dirigirle dos preguntas concretas. 
En primer lugar ¿está de acuerdo o en desacuerdo la Sra. Bonino con lo que dijo su director general en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre el documento consultivo? 
En segundo lugar, teniendo en cuenta lo que dije esta mañana, ¿cuándo podrá presentar el Libro Verde sobre políticas alimentarias? 
No le deseo nada malo. 
Quiero que esté fuerte y vigorosa. 
Sabemos la presión a la que tiene que hacer frente dentro de la Comisión. 
Lo único que queremos ahora es una cierta franqueza a ese respecto en el presente debate. 
Sólo una observación, Sra. Bonino. 
Usted prácticamente ha reprochado una excesiva lentitud a nuestra comisión. 
Sin embargo, para empezar, la comisión tarda algunos meses en recibir los documentos. 
Usted ha mencionado que entre tanto también hemos recibido el proyecto de directiva relativa a las garantías de los productos de consumo. 
Yo tenía intención de examinarlo en comisión en marzo, pero la Comisión encargó un análisis de costes-beneficios cuando cuatro semanas después de que yo recibiera el texto. 
En tales circunstancias, no se me debe acusar luego de que no trabajo. 
Una observación sobre los alimentos infantiles: yo la invito a que compruebe si, aparte de la directiva relativa a los alimentos infantiles, existe algún otro anexo que establezca algún límite en relación con los pesticidas. 
Si recuerdo bien, todavía no se ha adoptado ninguno. 
No tenemos unos límites europeos. 
Señor Presidente, sólo para dejar las cosas bien claras: no puedo responder a una declaración de mi director general porque no me han informado. 
Así que, si me informan- y quizá si me hubieran informado- sería mucho más provechoso. 
En cualquier caso, si me hacen llegar los documentos, por supuesto que adoptaré una postura. 
Acerca del Libro Verde sobre alimentos, como ya les dije, estaba listo a nivel de los servicios, de modo que podía pasar al colegio de comisarios. 
Debido a la nueva responsabilidad y peso que tenemos como consumidores, he de aprovechar la oportunidad para revisar el Libro Verde y lo haré a la luz de una autoridad jurídica que se ha dado a los consumidores. 
De modo que no puedo decir que vaya a estar listo mañana o la semana que viene. Sólo digo que estaba listo, pero que ahora hay posibilidades de reforzarlo. 
Aunque, por supuesto, dentro de un mes o dos podremos volvérselo a presentar a ustedes. 
Respecto a los plaguicidas: una vez más, me hacen preguntas que acabo de recibir, y es algo de lo que tenemos que hablar juntos. 
No estoy criticando al Parlamento por el retraso, sólo digo que en el transcurso de un año he hecho cosas, Sra. Jackson. 
Este no es un documento que no vale para nada. 
El Parlamento me pidió un documento de orientaciones políticas y no un plan de actuación, pero ha obtenido además un plan de actuación. 
Así que no tienen más que decidir, cuando pidan un documento, qué tipo de documento quieren realmente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Libro Verde sobre los servicios financieros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0048/97) de la Sra. Marinucci, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el Libro Verde de la Comisión (COM (96) 0209- C4-0339/96) relativo a los servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores. 
Señora Presidenta, para las familias y los consumidores los servicios financieros desempeñan un papel cada vez más importante. 
La variedad de servicios financieros se ha incrementado y ha aumentado su uso, a pesar de que muchos ciudadanos han experimentado daños y otros han sufrido perjuicios por falta de información o de reglamentación o por prácticas indebidas o fraudulentas de intermediarios sin escrúpulos. 
También en este sector, el mercado interior ofrece nuevas oportunidades a los consumidores, aunque puede agravar su incertidumbre o multiplicar los inconvenientes. 
En efecto, si bien, por una parte, la competencia y la posibilidad de escoger entre los proveedores de estos servicios, incluso fuera del país de pertenencia, aumentan la libertad de los ciudadanos consumidores, por otra, la diferencia entre las legislaciones puede ser fuente de nuevos problemas. 
No es de extrañar que el uso de los servicios financieros transfronterizos siga siendo todavía limitado. 
Los consumidores renuncian quizás a los servicios más ventajosos o menos costosos por falta de información, así como de seguridades. 
Por consiguiente, se impone una acción legislativa comunitaria que es todavía más urgente con vistas a la realización de la Unión Monetaria. 
En diciembre de 1995, en el mismo período parcial de sesiones en que se confirmó la exclusión de los servicios financieros del ámbito de la Directiva relativa a la venta a distancia, la Comisaria Bonino se comprometió ante el Parlamento a presentar una comunicación que contuviera- según sus propias palabras- un programa de actuación o incluso, si resultara necesario, una directiva. 
El Parlamento ha apreciado sumamente el hecho de que, rápidamente, a la promesa siguiera la presentación del Libro Verde, materia del presente debate. 
Sin embargo, no está de acuerdo con la Comisión cuando esta última afirma que en este ámbito se ha alcanzado plenamente el objetivo de la realización del mercado interior gracias a unas 50 directivas. 
Por otro lado, en la segunda parte de dicho Libro Verde se examinan los problemas existentes en la actualidad como la posible discriminación de los no residentes, la falta o la mala calidad de la información, la falta de reglamentación con respecto a los intermediarios y la falta de armonización fiscal. 
Y esto no es todo, ya que, y sólo a título de ejemplo, en el campo de los seguros, únicamente en los seguros de vida se prevé un período de reflexión que no se contempla, en cambio, en los seguros contra incendios y robo. 
En cuanto a los intermediarios, siempre en el sector de los seguros, existe una Recomendación de 1991, a pesar de que no se trata de un instrumento vinculante, dado que no existe ninguna protección en el caso de uso fraudulento de las tarjetas de crédito. 
También en este caso, la Recomendación nº 595 de 1998 no consiguió estimular a los Estados miembros para que adoptaran iniciativas concretas en interés de los consumidores. 
En lo que se refiere al crédito al consumo, la Directiva nº 102 de 1987 no cubre los nuevos servicios que no existían en el momento de su adopción. 
Asimismo, la noción de interés general debe definirse mejor. 
Su referencia en las Directivas Bancarias, en particular en la Segunda, plantea graves lagunas jurídicas. 
Y podríamos continuar así. 
Por último, el problema de las ventas a distancia, de las que el Libro Verde se ocupa en la tercera parte, no encuentra ninguna cobertura en la legislación vigente. 
Las Comisiones Legislativas competentes debatieron con atención y eficacia el Libro Verde y la gran mayoría concentró sus propuestas en la exigencia de un marco normativo comunitario coherente y completo, que incluya de forma horizontal los que son los problemas más comunes en más de un sector y, de forma vertical, las cuestiones específicas como la de las ventas a distancia. 
A la espera de conocer la respuesta de la Comisión, sugiero a los colegas que se hallan ahora en el Pleno y que confiamos en que estén presentes mañana, las enmiendas aceptadas casi por mayoría absoluta por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en la opinión que he formulado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos sobre este Libro Verde, he constatado en gran medida lo mismo en relación con los problemas que siguen surgiendo en cuanto a la situación del consumidor ante los servicios financieros. 
La Comisión de Asuntos Económicos constata cinco. 
En primer lugar, el mercado interior no funciona realmente. 
Con el pretexto del interés general, los Estados miembros mantienen la legislación nacional que protege más a su mercado que a los consumidores. 
Va siendo hora de introducir un procedimiento de reclamación ante el Tribunal Europeo contra la escala de bonificación obligatoria por falta de siniestralidad, la franquicia obligatoria, la prohibición de cuentas a la vista con intereses y otros. 
A fin de evitar más trabas se impone también una definición comunitaria del interés general. 
En segundo lugar, la falta de armonización fiscal constituye un grave obstáculo para la libre circulación de servicios financieros. 
En algunos Estados miembros, los seguros de vida todavía no son desgravables si han sido contratados en otro Estado miembro. Es inaceptable. 
En tercer lugar, las dudosas actividades de intermediarios no reconocidos, que a menudo operan a distancia, proyectan una sombra sobre todo el sector. 
Las reglas comunitarias de acceso a la práctica de la profesión han de encargarse de que el consumidor pueda separar el grano de la paja y pueda confiar en los proveedores de servicios financieros. 
En cuarto lugar, facilitar una información eficiente y clara ha de permitir al consumidor recoger los frutos del mercado interior de servicios financieros. 
Este ha de tener suficientes conocimientos sobre las ventajas y ha de saber cuáles son sus derechos en el mercado. 
Por medio de los códigos de conducta voluntarios, los ofertantes de servicios financieros tienen que aspirar a optimizar la calidad de la información al consumidor. 
Y por último, abogo por una ampliación del papel de los servicios independientes de los «ombudsman» para el sector de la banca y los seguros. Estos han de informar de sus actividades para que los implicados puedan aprender algo, y de ahora en adelante es preciso implicarlos en la preparación, el desarrollo y la evaluación de la legislación en el sector financiero y de seguros. 
Hasta aquí los problemas prioritarios para la Comisión de Asuntos Económicos. 
Hay una cuestión en la que discrepo con la ponente principal. 
Considero infundado que se promulgue una directiva independiente para la venta a distancia de los servicios financieros. 
Para los servicios financieros, la diferencia entre transacciones a distancia y no a distancia es menos relevante que cuando se compra a distancia una mercancía como un libro o un jersey. 
Los servicios financieros son de otra índole. 
No son visibles ni palpables, y por consiguiente a menudo son objeto de confianza al margen de si la compra se realiza o no a distancia. 
Por ello, según el Grupo de los Liberales, las reglas para fomentar la integridad del ofertante de los servicios financieros revisten de mayor importancia. 
Señorías, aunque mi Grupo está de acuerdo con la mayoría de los problemas planteados en el informe de la Sra. Marinucci, no queremos que se recurra siempre a la legislación como el instrumento político para resolver estos problemas. 
Actualmente ya hay 50 directivas que regulan los movimientos en el sector de la banca y los seguros, y las sociedades inversoras, y no obstante, el consumidor sigue sin poder recoger los frutos del mercado interior. 
Mi Grupo propone buscar la solución de algunos problemas, por ejemplo, a través de códigos de conducta voluntarios, y proponer una legislación suplementaria sólo en los casos necesarios. 
La legislación implica a menudo unos costes más elevados que casi siempre se cargan al consumidor. 
Por otra parte, no hemos de aspirar a crear más legislación, sino a crear una legislación mejor cimentada. Quisiera conocer el punto de vista de la Comisión al respecto. 
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha apreciado el trabajo llevado a cabo por la ponente y ha sometido a la atención de la comisión competente para el fondo algunas consideraciones que deseo mencionar brevemente. 
En particular, hemos recalcado el hecho de que una legislación comunitaria debe tener como finalidad garantizar una mayor competencia de la oferta, una libre circulación efectiva de la oferta y de la demanda, una información adecuada, veraz y real del consumidor individual que, en definitiva, nos parece el menos protegido por la actual legislación, así como una mayor transparencia y seguridad de los contratos transfronterizos. 
Asimismo, hemos querido subrayar que la legislación comunitaria deberá tener como objetivo limitar los costes de los contratos transfronterizos, favorecer el uso de la lengua del cliente potencial, agilizar la investigación y la adquisición de información de una parte contratante sobre la otra parte contratante, en el respeto de las normas que regulan la materia referente a los datos personales, favorecer el ejercicio de los derechos de las partes contratantes en el Estado miembro de la otra, favorecer la información y educación del consumidor, garantizar el respeto del principio del reconocimiento mutuo, así como garantizar que el debido respeto de las normas del Estado miembro de acogida o de residencia del cliente no dificulte la libre circulación y competencia efectivas entre los productos financieros. 
Estos son algunos de los temas que quisimos recalcar. 
Nos parece que, hoy, queda mucho trabajo por realizar para tutelar realmente la posición del consumidor en este sector. 
Estamos convencidos de que la Comisión tiene intención de seguir, en todo caso, en la dirección correcta y de colmar las que son, a nuestro juicio, algunas lagunas del Libro Verde. 
Señora Presidenta, la Comisaria Bonino nos ha dejado, pero merece la pena recordar que su Libro Verde es el resultado de una promesa que hizo durante el debate sobre la venta a distancia. 
Puesto que hoy ha acusado al Parlamento de tardanza, también cabe recordar que no nos fue presentado ni en el plazo ni en la forma que se prometió. 
Deseo felicitar a la Sra. Marinucci por lo que ha dicho sobre estas cuestiones para nuestra comisión parlamentaria y, desde luego, para el Parlamento. 
Ha hecho un trabajo admirable. 
Cuando se mira el Libro Verde, el título es quizá lo más impresionante que tiene. 
Después de éste, lo que presenta son muchos más resúmenes de las disposiciones vigentes con respecto a los servicios financieros que futuros retos. 
Lo que quiero decir es que es necesario que se formulen más preguntas que este tipo de «recordismo». 
La ponente dice acertadamente que lo que necesitamos es un marco claramente definido que abarque las cuestiones comunes a toda la legislación sobre servicios financieros, complementado por unas medidas verticales que abarquen temas como la venta a distancia de productos financieros y el mercado crediticio. 
Cuanto más se desarrolle el mercado único y más se desarrollen las proporciones del comercio transfronterizo, más aumentará asimismo la necesidad de protección del consumidor. 
Si la Comisión reconoce esto a un nivel muy simple, es sorprendente que no examine las cuestiones que se plantean a medida que se desarrollan los propios servicios financieros de manera que se escamotean las posibilidades para los consumidores en el proceso. 
El informe Marinucci comienza y termina con la recomendación de que empecemos a avanzar hacia una directiva que proteja específicamente a los consumidores en este campo. 
Eso es lo que hemos estado pidiendo, constantemente. 
Eso es lo que dijimos que era necesario cuando tuvimos el debate sobre la venta a distancia en esta Cámara hace un año. 
Somos defensores del mercado único. 
Queremos que funcione, pero en cada etapa debe ir a la par que unos niveles de protección del consumidor acordes con la sofisticación de aquellos que podrían aprovecharse de este último. 
La Comisaria Bonino y su más reciente director general harían bien en reflexionar sobre cómo utilizar sus poderes ampliados. 
Espero que su colega comunique el firme parecer de la Asamblea al respecto. 
Señora Presidenta, coincido en que cuando uno lee el título del Libro Verde relativo a los servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores, piensa que es algo muy útil y muy necesario, y que sobre todo en el sur de Europa, en países como Grecia, puede ayudar a atender las necesidades del consumidor, y en concreto del consumidor que no lea el Financial Times y probablemente no hable muchas lenguas, que no sepa leer la letra pequeña y no tenga abogados. 
Sin embargo, creo que, al examinarlo con más detenimiento, uno se da cuenta de que este documento dista mucho de las ideas que sugiere el título: se limita principalmente a las ventas a distancia y a los nuevos sistemas de pago por vía electrónica, como subraya la Sra. Marinucci muy acertadamente en el apartado 5 de la propuesta de resolución, y deja de lado un ámbito muy extenso que abarca los bancos, los seguros y los valores. 
En mi opinión, la conclusión es que el Libro Verde contribuye muy poco a solucionar los problemas que supuestamente viene a resolver, y más bien pone de manifiesto la gran laguna que es necesario cubrir, ya que, en mi opinión, con el desarrollo de las tecnologías y el aumento del número de pequeños ahorradores, los problemas con los que nos enfrentamos adquieren una enorme importancia y es muy difícil que el consumidor pueda reconocerlos. 
Señor Presidente, al acoger favorablemente el presente informe y felicitar a la Sra. Marinucci por la presentación que hizo, querría tocar específicamente los puntos relativos a la necesidad de proteger los derechos de los consumidores en la próxima legislación sobre servicios financieros. 
Las dos enmiendas que yo presenté en la Comisión de Medio Ambiente- y agradezco a mis colegas que las hayan apoyado- se refieren en concreto a los problemas que afectan a personas vulnerables de nuestras comunidades que han sido presa de algunos embaucadores poco escrupulosos que operan en el sector financiero y las cuales han salido muy mal paradas. 
El ejemplo del Reino Unido y de mi propia circunscripción es el de los planes de ingresos sobre viviendas. 
Son un tipo de planes de rehipoteca en los que se prometía a los jubilados la oportunidad de rehipotecar sus propiedades y obtener unos ingresos por los que no tendrían pérdidas por el resto de sus vidas. 
Ventiocho personas de mi circunscripción de Essex Sur, setecientas en el conjunto del Reino Unido, se dejaron engañar por esa falsa promesa y han perdido en ello muchos miles de libras. 
Muchas de estas personas que tienen alrededor de ochenta años se ven ante la tesitura de ser desahuciadas sin más de sus casas. 
En respuesta a ello, el Sr. James Fielding, de mi circunscripción, dirigió junto con otras personas una petición a este Parlamento. 
La Comisión de Peticiones confirmó que su caso era justo y pidió que cuando se sacara la próxima legislación sobre servicios financieros se protegiera la situación de estas personas vulnerables; no sólo en el Reino Unido sino en toda Europa. 
Eso es lo que pedimos hoy en este debate. 
Está claro que no podemos tratar más pormenorizadamente el caso concreto al que me refiero, pero nuestra aportación a este debate en el día de hoy debiera mostrar nuestra determinación de garantizar la protección de los derechos de las personas vulnerables en estas circunstancias. 
A estas personas se les prometieron unos ingresos de por vida. 
No se dieron cuenta de los riesgos que acarreaba su inversión y lo han pagado en un momento de sus vidas en el que realmente no pueden afrontarlo. 
Queremos una buena información, comprensible y clara, para que la gente no pueda ser llevada a engaño. 
Queremos unos derechos claros de reparación para las personas que se hayan visto engañadas y queremos que se les den compensaciones. 
Esto es lo que debiera tratar la presente legislación. 
Señora Presidenta, ante todo deseo agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y, en particular, a la ponente, Sra. Marinucci, su apoyo a la iniciativa de la Comisión, un apoyo que ha patente en el informe que hoy se somete a la atención del Pleno. 
Además, el informe es fruto del trabajo conjunto de dos comisiones, esto es, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, a cuyos ponentes, Sres. Kestelijn-Sierens y Florio deseo dar mis más sentidas gracias. 
Ya con ocasión de la votación en segunda lectura de la Directiva, ahora adoptada, relativa a la protección del consumidor en materia de contratos negociados a distancia, la Comisión manifestó que, al aceptar la exclusión de los servicios financieros, se comprometía a estudiar las exigencias de protección del consumidor en lo referente a la venta a distancia de servicios financieros y, más en general, todo el sector financiero. 
Es lo que hemos hecho. 
El informe de hoy apoya el esfuerzo de la Comisión dirigido a reforzar la protección del consumidor como persona física. 
Al mismo tiempo, y habida cuenta del gran interés que reviste la política de los consumidores en materia de servicios financieros, junto con la Comisaria Bonino, he adquirido el compromiso de presentar cuanto antes una comunicación. 
Mediante la misma se oficializará la respuesta de la Comisión a la importante consulta planteada a través del Libro Verde y se establecerán las prioridades y el calendario de las medidas que vamos a tomar. 
Como es obvio, dicha comunicación tendrá en cuenta la opinión de este Pleno. 
Voy a abordar ahora brevemente cada una de las propuestas que fueron objeto de una atenta y concorde reflexión común entre la Sra. Bonino y yo mismo. 
En definitiva, podemos aceptar muchas de las propuestas presentadas y con ello me refiero, en particular, al punto 5. 
El informe pone de manifiesto, justamente, que la ausencia de una clara definición del concepto de interés general podría aplicarse de tal manera que creara barreras a la libre circulación de servicios. 
En cuanto a los servicios bancarios, la Comisión ya ha presentado un proyecto de Comunicación sobre la libre prestación de servicios, así como sobre el concepto de interés general, contemplados en la Segunda Directiva Bancaria. 
Tengo intención de dar seguimiento cuanto antes a dicha comunicación y de implementar una reflexión parecida en torno a los servicios del sector de seguros. 
El punto 13 del informe solicita a la Comisión que se propicie un diálogo con las organizaciones y asociaciones profesionales con objeto de lograr, si es posible, soluciones comunes para los litigios entre consumidores y profesionales. 
Nos proponemos fomentar el diálogo entre las partes a escala europea, al igual que ya ocurre a escala nacional, a fin de adoptar códigos de conducta, en particular, en materia de información a los consumidores. 
Por consiguiente, es mi intención vigilar atentamente su aplicación y, si la misma fuera insatisfactoria, prever instrumentos jurídicos vinculantes. 
El diálogo ha iniciado y hay que intensificarlo. 
Con referencia a los importantes puntos 14 y 15 del informe que formulan varias propuestas, a pesar de compartir su objetivo subyacente, estamos en vías de estudiar si en este momento una normativa horizontal es o no es la solución más eficaz. 
En particular, y por lo que respecta a la información a los consumidores queremos invitar a las partes a que intercambien puntos de vista, al efecto de poder adoptar unos códigos deontológicos antes de que finalice el año 1997. 
Posteriormente, y tras un plazo adecuado para posibilitar su aplicación, la Comisión comprobará sus resultados y, si fallara esta solución, se comprometerá a proponer medidas más vinculantes, cuya viabilidad se estudiará conjuntamente. 
Por el contrario, considero de difícil aplicación una iniciativa referida a la calidad y seguridad de los productos financieros, ya que sus contenidos y finalidades resultarían igualmente difíciles de definir de forma adecuada. 
En cuanto a la capacidad y fiabilidad de los intermediarios financieros, estamos convencidos de la utilidad de medidas legislativas para los intermediarios no sujetos a regulación, en el sector de seguros y de los servicios bancarios, unas medidas que deberán proponerse a la Comisión a corto plazo. 
En lo concerniente a la cuestión del acceso a los servicios básicos, el atento estudio de la situación demuestra la heterogeneidad de las concausas y el carácter local de las implicaciones. 
La Comisión se propone seguir muy de cerca las experiencias en curso en los Estados miembros. 
Análogas consideraciones valen para el sobreendeudamiento, respecto al cual soy partidario de primar las iniciativas relativas, en particular, a la información y educación de los consumidores. 
Señora Presidenta, voy a pasar ahora a las medidas verticales. En breve, vamos a proponer a la Comisión una propuesta de directiva relativa a la venta a distancia de servicios financieros que, inspirándose en las disposiciones de la Directiva general ya adoptada, tenga en cuenta las características de los servicios financieros. 
Ello permitirá proteger al consumidor reconociéndole, por ejemplo, el derecho de retractación, en caso de que fuera conveniente, y de información, así como que la industria se beneficie de un mercado sin fronteras que, en caso contrario, se vería perjudicado por leyes nacionales divergentes. 
Por lo que se refiere a las tarjetas de crédito y a las tarjetas prepagadas, así como al telebanco estamos estudiando la conveniencia de proponer medidas legislativas en esta fase, ya que el mercado está evolucionando a gran velocidad y, por consiguiente, hay que evaluar si es oportuno hacerlo en este momento. 
Una solución alternativa podría ser la profunda revisión de la Recomendación de 1988, ampliada a los nuevos sistemas de pagos y a lo mejor seguida, en una fase posterior, por medidas más vinculantes. 
En cuanto a los demás aspectos tecnológicos que requieren un enfoque específico, a pesar de reconocer que la sugerencia es acertada, nos reservamos desarrollar dicho enfoque de forma sectorial. 
En lo referente al crédito inmobiliario, estamos de acuerdo en que, antes de intervenir, es preciso un estudio más amplio, especialmente por lo que respecta a la transparencia. 
Recientemente, la Comisión ha realizando un estudio, cuyos resultados se facilitarán antes del verano de 1997. 
Por consiguiente, nos reservamos informar al Parlamento acerca de los resultados de dicho estudio, acompañado, en su caso, por las iniciativas necesarias. 
En este ámbito, hay que tener en cuenta que todas las medidas verticales conllevan cierta uniformidad de los productos financieros, lo que comportaría, sin duda, una mayor transparencia de los mercados, aunque, paralelamente, facilitaría acuerdos sobre precios entre los operadores, en detrimento de los consumidores. 
Por último, contestando a la solicitud de este Pleno de iniciativas respecto al sector de seguros, deseo recalcar que la Comisión va a proponer antes del verano, una directiva para proteger a las víctimas de accidentes de tráfico ocurridos fuera del país de residencia. 
Voy a finalizar con algunos rápidos apuntes sobre las observaciones que se han planteado en el debate: en materia de» bonus/malus» , la Comisión ya ha puesto en marcha procedimientos de infracción; en cuanto a la armonización fiscal, coincido plenamente con lo manifestado en el informe de la Sra. Marinucci y, tal como quizás saben sus Señorías, en mi calidad de Comisario responsable de la fiscalidad, he tratado de convertir en más incisiva la acción en materia de coordinación de la fiscalidad, lo que va a afectar, sin duda, a las entidades financieras. Es nuestra intención que la realización del mercado único se lleve a cabo con firmeza y se dirija a los que son los destinatarios finales del mercado único, es decir, los consumidores. 
La Comisión se ha comprometido a presentar para el Consejo Europeo de Amsterdam un plan de acción para la realización del mercado único. 
Se pondrá especial acento en el sector de los servicios, entre los que se hallan los servicios financieros, y estimamos que de todo esto se va a beneficiar el consumidor. 
Como sus Señorías recordarán, la Comisión no duda en proponer medidas legislativas cuando estima que redundan en beneficio de los consumidores. Los casos más recientes han sido la garantía sobre los depósitos bancarios, la garantía sobre las inversiones que acaba de ser aprobada en conciliación, la Directiva relativa a los pagos transfronterizos ya aprobada, además de las nuevas iniciativas que hemos anunciado en este Pleno. 
Señora Presidenta, en primer lugar: ¿he entendido bien que dentro de poco tendremos una normativa en materia de servicios financieros y venta a distancia? 
¿Podría confirmarlo? 
¿Ha dicho dentro de poco? 
En segundo lugar, los cheques de pago; sé que los diputados que se han ocupado de ello desde la década de los ochenta junto con las empresas han mantenido un fuerte alegato a favor de una normativa. 
Considero que el Comisario se muestra algo reservado en esta cuestión. ¿Podría decirnos algo al respecto? 
Señora Presidenta, deseo agradecer al Comisario su tan sumamente clara exposición en torno a los que son los compromisos de la Comisión. 
Comparto casi totalmente su punto de vista, sin embargo, me pregunto por qué motivo se aplaza para más adelante la cuestión de las tarjetas de crédito, habida cuenta de que su uso se ha generalizado. 
Estamos convencidos de que otra Recomendación acabaría más o menos como la anterior. 
No entiendo por qué hace falta realizar más evaluaciones sobre este punto. 
Mientras lo comprendo para otros puntos, respecto a los cuales hay que volver a reflexionar, en lo referente a este punto no lo comprendo. 
Asimismo, en cuanto a la cuestión del interés general, ¿es suficiente elaborar una Comunicación y luego esperar más tiempo todavía? 
También éste me parece un tema que está maduro. 
Mucho le agradezco las informaciones facilitadas acerca de la próxima propuesta de directiva relativa a los servicios financieros a distancia y confío en que los plazos sean, realmente, cortos. 
Deseo agradecer a ambas diputadas estas preguntas, ya que me ofrecen la posibilidad de concretar algunos puntos. 
Por lo que se refiere a la legislación sobre la venta a distancia de servicios financieros, acabo de manifestar que estamos convencidos de la utilidad de esta medida y puedo decir que vamos a proponerla antes del mes de septiembre de 1997. 
En cuanto a los nuevos sistemas de pago, nuestra intención es la de actuar. 
Estamos sopesando- creo que de forma responsable ante fenómenos tan nuevos como estos- cuál es la mejor forma de hacerlo. 
Deseo recordar únicamente que este asunto es objeto de especial atención también por parte de la autoridades de vigilancia en materia bancaria. 
Los nuevos sistemas de pago pueden conllevar problemas de estabilidad y de seguridad que pueden chocar con las exigencias contrapuestas de la competencia. 
Ahora bien, incluso desde el punto de vista del consumidor- a quien, como creo que he dejado claro, otorgamos la máxima prioridad- en ciertos casos no está del todo claro cuál puede ser la mejor solución, porque si, por una parte, el consumidor tiene interés por formas de mercado que entrañan mucha competencia, por otra, tiene interés por la máxima seguridad y estabilidad de los instrumentos financieros, así como de los sistemas de pago. 
Estamos evaluando cuál es la mejor manera para equilibrar estos intereses a veces contrapuestos. 
Muchas gracias señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política de la Unión con respecto a Argelia 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre la política de la Unión con respecto a Argelia, seguida de un debate. 
Señora Presidenta, estoy muy agradecido al Parlamento Europeo por brindarme la oportunidad de exponer el punto de vista del Consejo sobre la crisis en Argelia, pues el Consejo comparte plenamente la preocupación del Parlamento Europeo sobre la situación en ese país y el Consejo sigue de cerca los acontecimientos. 
Anteayer por la noche fueron asesinados 33 habitantes en un pueblo del sur de Argelia. 
Según los comunicados de prensa, entre las víctimas había ocho mujeres y dos niños de cuatro años. 
La violencia política, que ha aumentado mucho, nos preocupa. 
Por ambos bandos se libra con tenacidad una lucha política y ello se prolonga desde hace años. 
Desde principios del presente año han muerto más de 350 personas, que eran ajenas al conflicto político. Entre ellas, mujeres y niños, que fueron asesinados sin ningún tipo de proceso. 
Casi a diario tenemos noticias de ello en los periódicos. 
El Consejo se ha escandalizado siempre y lo seguirá haciendo por el asesinato indiscriminado de ciudadanos inocentes como forma de intimidación o represalia política. 
Los atentados no sólo son inmorales, sino también inútiles. 
Con ello no se ha incrementado palpablemente el apoyo al extremismo islámico, sino más bien lo contrario. 
El Consejo sigue confiando en el afán de la actual dirección argelina por conjurar la crisis y seguir el camino hacia la democracia. 
En sus contactos con la administración argelina, el Consejo no se cansa de expresar su preocupación por la situación. Asimismo señala que un país con el que se está preparando un nuevo acuerdo de asociación ha de saber hacer frente a una crisis como la actual con sabiduría y reserva. 
Las organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la violación de los derechos humanos en Argelia, también por parte del Estado. 
El Parlamento Europeo ha expresado también críticas sobre el modo en que Argelia hace frente al extremismo islámico. 
El Consejo es plenamente consciente de ello y no duda en abogar ante el Gobierno argelino por un enfoque sereno de la crisis. 
Al hacerlo, es preciso no traspasar en ningún caso los límites de los derechos humanos. 
La pronta firma del acuerdo de asociación con Argelia puede significar un factor político favorable en el afán de dicho país por restablecer el orden, el derecho y la democracia. 
El Consejo espera por ello que, en un futuro no muy lejano, la Comisión pueda llevar a buen término las negociaciones que acaban de iniciarse. 
El acuerdo de asociación brinda a la Unión Europea la oportunidad de entablar un diálogo político estructurado con Argelia, y en el marco de este acuerdo puede pedir al Gobierno argelino que responda de su política en materia de derechos humanos. 
La única salida a la crisis parece ser que Argelia mantenga su política de regreso a una gestión democrática y legítima. 
El régimen argelino ya ha dado algunos pasos importantes en esta dirección. Las elecciones presidenciales de 1995 y la modificación de la constitución de 1996 son ejemplos de ello. 
El Consejo alienta expresamente a Argelia para que en 1997 dé un siguiente paso, esencial hacia la legitimación democrática, a saber, la celebración de elecciones generales. 
Para terminar, señora Presidenta, a juicio del Consejo, Argelia sigue mereciendo la confianza y el apoyo internacional, en especial de la Unión Europea, en sus intentos por controlar esta grave crisis. Mantener este apoyo europeo no sólo redunda en interés económico mutuo. 
También se ajusta al espíritu de cooperación política amistosa que ha de caracterizar nuestras relaciones con Argelia. 
Este espíritu se manifiesta en la aspiración de la Unión de firmar un acuerdo de asociación con Argelia. Expresa nuestra aspiración de establecer una cooperación mediterránea según el denominado «proceso de Barcelona». 
Este espíritu de diálogo no implica un apoyo sin críticas. Al contrario, nos dotamos de instrumentos que nos permiten ser a la vez críticos y constructivos. 
Así, estoy convencido de que el Consejo hace bien en mantener el rumbo actual mientras perdure la crisis en Argelia. Este rumbo implica en esencia dos elementos. 
En primer lugar: continuación de la confianza europea y del apoyo europeo a Argelia y al Gobierno argelino con miras a una legitimación democrática más fuerte de la administración. 
En segundo lugar, seguir pidiendo la democratización, así como un mayor respeto de los derechos humanos. 
Según el Consejo, la Unión Europea sólo puede contribuir de este modo a una solución duradera de la crisis en Argelia. 
De este modo, la posición del Consejo sigue centrada en una perspectiva más larga. Esta perspectiva es: solución de la crisis por los propios argelinos regresando a la administración democrática del país y llevando a cabo mayores adaptaciones económicas estructurales. 
En este marco, a finales de diciembre de 1996 la Unión Europea puso a disposición de Argelia 125 millones de ecus. 
La Comisión Europea ha nombrado recientemente un nuevo delegado para Argelia. 
Las negociaciones sobre la asociación están en pleno apogeo. Con regularidad tienen lugar contactos políticos a alto nivel. 
Los europeos permanecen junto a Argelia. 
La cooperación sigue adelante. 
Señora Presidenta, hoy hablamos de Argelia, y con razón, cree mi Grupo, pues Argelia es un ejemplo temible de un profundo conflicto social al que nos enfrentamos en otros lugares, el Estado secular que choca con grupos fundamentalistas violentos. 
La situación nos desanima y parece no tener perspectivas. 
De nuevo, en los últimos días han perdido la vida decenas de personas. 
El actual gobierno ha demostrado no ser capaz de conjurar la violencia, y una solución política del conflicto no está a la vista. 
Argelia corre el riesgo de convertirse en una especie de Yugoslavia del norte de África. 
Los sectores moderados no tienen oportunidad alguna, a causa de la batalla que libran el gobierno y los grupos islámicos armados. 
Por supuesto, condenamos duramente los atentados, pero al mismo tiempo nos cuesta apoyar plenamente al Gobierno argelino, que sigue teniendo un problema de credibilidad. 
No podemos dar un apoyo acrítico, como muy bien acaba de decir el Presidente. 
Es importante aislar totalmente a los terroristas. Todos estamos de acuerdo sobre esta cuestión, pero el actual Gobierno argelino no puede hacerlo solo. 
El diálogo nacional, con sitio para todo el mundo, y unas elecciones en las que puedan participar todos los partidos pacíficos, son necesarios para alcanzar este objetivo. 
El gobierno ha dado algunos pasos en esta dirección y tiene que seguir adelante, alentado por la Unión. 
Los ciudadanos de Argelia han de tener de nuevo la oportunidad de expresarse. 
Las elecciones han de ser libres y seguras. 
Por ejemplo, ¿qué hace en este sentido el Gobierno argelino para convencer a los partidos que no quieren participar? 
Uno de los grandes interrogantes es si las elecciones saldrán bien. 
La Unión Europea puede por lo menos intentar fomentar este proceso de diálogo y elecciones, y pienso que el Gobierno argelino tendría que aplaudirlo, estimular el diálogo nacional, exigir espacio para la sociedad civil, insistir en que se celebren elecciones justas con una participación máxima y buenas condiciones para todos, y allí donde haya problemas, la Unión no ha de dudar en ofrecer su mediación. 
El Gobierno argelino no parece ser siempre capaz de tender puentes a importantes partes de la población. 
Mientras estos no existan, es imposible aislar por completo a los que cometen atentados y encontrar el camino de vuelta a una sociedad más pacífica. 
Según la presente propuesta de resolución, la actuación de la UE tendría que consistir en una acción común de la Unión, un gesto de que la UE se toma en serio sus relaciones con las regiones y no rehuye los problemas graves. 
Una actuación unilateral de la Unión es necesaria y una acción común como esta ofrece una base excelente para ello. 
La cuestión es si la Unión, si la Presidencia neerlandesa, se atreve a hacerlo. 
Esperemos que sí, pues la región nunca será segura si la Unión evita este tipo de problemas, que podríamos llamar avisperos, y al mismo tiempo es una gran prueba para la política común de la Unión y los intentos de la Unión por integrar los derechos humanos en la política mediterránea. 
Señor Presidente, he escuchado con considerable asombro su declaración. 
Usted se ha referido a la confianza en el Gobierno, pero ha pasado por alto, ha omitido de hecho, las declaraciones todavía recientes del Sr. Zerual. 
Francamente me sorprende que éstas puedan considerarse un motivo de confianza. 
Usted ha manifestado, por otra parte, que se han realizado reformas. 
Yo sostengo rotundamente que, a mi parecer, no se ha realizado prácticamente ninguna reforma. 
No olvide usted, señor Presidente del Consejo, que la paz es siempre cosa de dos, pero la guerra puede desencadenarla uno solo. 
En estas circunstancias, tampoco es posible escoger a los interlocutores con quienes se desea negociar, tal como está haciendo el Sr. Zerual, sino que por el contrario es preciso hablar con todas las partes. 
Es decir que debe mantenerse una actitud abierta y bien dispuesta. 
Es en parte un error mezclar la religión en todo ello. 
No debemos olvidar que mucho de lo ocurrido tiene su origen en la desesperación que suscitó la suspensión sin más ni más de las elecciones democráticas porque su curso no se ajustaba a los deseos de los potentados, bien conocidos por otra parte por su corrupción. Esto es algo que sencillamente no puede olvidarse, señor Presidente del Consejo. 
Por consiguiente, también debemos tener claro otro tema. 
El terrorismo es el resultado de los muchísimos errores cometidos. 
Desde la salida de los franceses, en Argelia se han sucedido una tras otra las dictaduras. 
Nunca ha habido democracia y lo que ahora se denomina democracia consiste en lo siguiente: se seleccionan los partidos que se considerarán democráticos y no se permite que el pueblo argelino presente a los que prefiera. 
Debemos contemplar, por lo tanto, la situación tal como realmente es y dejar perfectamente claro que es preciso empezar a prestar atención de una vez a los principios fundamentales de la paz. 
La paz y la reconciliación en Argelia son vitales para nosotros. 
Así lo expresamos en Barcelona y lo seguiremos diciendo. 
Pero jamás se alcanzarán si apoyamos sólo a una parte y la criticamos suavemente a veces, pero no promovemos el principio fundamental de la democracia, a saber, que todos los partidos puedan participar en las elecciones con los mismos derechos e iguales oportunidades. 
Por lo tanto, debemos desarrollar una política clara en este sentido. 
Un segundo aspecto, señor Presidente del Consejo, es que nosotros solos no lo conseguiremos. 
La Unión Europea es demasiado débil para poder intervenir realmente en estos momentos. 
No debemos olvidar que ya hemos dejado nuestra reputación por el suelo en Bosnia y en otros lugares. 
Para muchos somos sólo un tigre de papel. 
Por lo tanto, debemos procurar que en la pacificación de Argelia intervengan también otras fuerzas. 
Una podría ser la Liga Árabe, a la cual se hace mención en nuestra resolución. 
Otra podría ser la Organización para la Unidad Africana. 
Nosotros solos no lo conseguiremos; por lo tanto, si queremos hacer algo en serio, debemos hacerlo en colaboración con otros. 
No olvide que existe una paz de los valientes. 
El general de Gaulle así lo demostró. 
Se mostró dispuesto a hablar con sus contrincantes y esto abrió las puertas a una solución, que sin duda también reportó algunas ventajas para Francia aunque fuese muy dolorosa para los franceses. 
Yo había estado muchas veces en Argelia y sé lo que eso significó para los franceses, incluidos también los que habían vivido en Argelia, pero nosotros tenemos una responsabilidad hacia ese país. 
Compartimos un espacio común con el área mediterránea y el camino que usted acaba de describir, señor Presidente del Consejo, ciertamente no conducirá a la paz. 
Debemos aplicar unos principios totalmente distintos y esto es lo que persigue nuestra resolución. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, hoy tomo la palabra en este recinto, no sin cierto sentimiento de rebelión, para denunciar una vez más el recrudecimiento del terrorismo ciego que acaba de conocer Argelia estas últimas horas. 
Desearía dirigir un mensaje de solidaridad a todas aquellas y a todos aquellos que luchan, arriesgando su vida, contra el terrorismo, en favor de la aplicación de los derechos democráticos y el respeto de las personas. 
Tengo un recuerdo especial para las mujeres y los niños. 
La situación en Argelia preocupa al conjunto de las democracias occidentales en la búsqueda de un diálogo positivo dentro del respeto de las diferencias culturales. 
La Unión Europea busca un acuerdo de asociación con Argelia, con la voluntad de instaurar un diálogo político estructurado. 
En el mes de diciembre pasado, el Parlamento Europeo ya votó una resolución sobre Argelia, que el Grupo UPE, por otra parte, no firmó ni votó positivamente. 
El efecto de esta resolución fue, ciertamente, irritar al Presidente Zerual y crear un clima de incomprensión entre el Parlamento Europeo y aquel país. 
¿Por qué entonces debemos reincidir hoy? 
¿Qué ha pasado ahora que ya no se haya mencionado en este recinto? 
El nuevo elemento importante que justificaría que nos manifestáramos nuevamente es el inicio de un proceso electoral, cuyas fechas exactas aún no están decididas, pero que está previsto para finales de mayo o comienzos de junio. 
Se han iniciado conversaciones con todos los partidos, salvo el FFS. Todos los partidos han hecho saber que participarían en las elecciones. 
Ante esta situación, ¿cuál es el papel positivo que puede desempeñar el Parlamento Europeo? 
No será, naturalmente, sustituir las declaraciones de uno u otro partido. Menos aún, ponerse a dar lecciones a través de sucesivas resoluciones, que podrían limitar el diálogo entre los diputados y Argelia, así como provocar sucesivas reacciones negativas. 
Esta no es la voluntad de nuestro Grupo, Unión por Europa, que desea respetar, y considera responsables las declaraciones de las autoridades políticas de Italia, España y Francia, así como las de los Estados Unidos de Norteamérica, que se niegan a practicar la injerencia política disfrazada de mediación. 
Es normal que nosotros, diputados, nos preocupemos por la situación. 
Pero, por favor, conservemos nuestro lugar. 
Condenemos sin rodeos el terrorismo y la violencia. 
Apoyemos el buen desarrollo del proceso electoral para que se realice con toda transparencia. 
Participemos en las misiones de observación organizadas al respecto, para que nadie pueda dudar del resultado de esta consulta electoral, y que al fin se instaure en Argelia una democracia favorable al restablecimiento de la paz. 
Respondemos hoy a la invitación del Consejo, que deseaba un debate sobre Argelia. 
¿Esta iniciativa debe desembocar nuevamente en una resolución, o preferiremos invitar al ministro argelino de Asuntos Exteriores, quien mantiene con nuestros países diálogos bilaterales, para que se exprese frente a nuestra propia Comisión de Asuntos Exteriores y responda a las preguntas que los diputados se formulan? 
No es adoptando resoluciones como la que hoy se nos somete como favoreceremos un clima de confluencia y de diálogo. 
Así pues, mi Grupo no votará a favor de esta resolución. 
Al igual que el Consejo, nosotros decimos: Argelia merece confianza y apoyo crítico. 
Señora Presidenta, este año el ramadán habrá sido uno de los más sangrientos de la historia de Argelia. 
Más de 300 argelinos, hombres, mujeres, niños, han encontrado la muerte. 
El GIA había prometido el horror... , y ha cumplido con su palabra. 
Sin embargo, las autoridades argelinas no parecen preocuparse mucho por este terrorismo, que califican de «residual». 
Esta guerra sucia continúa, pues, con su cortejo de víctimas, en su mayoría civiles. 
La formación de milicias armadas por el poder tiende a precipitar el ciclo infernal de venganzas y a provocar inexorablemente la guerra civil. 
La espiral de violencia que conoce Argelia permite al poder justificar y consolidar la legislación de excepción que ha aplicado. 
Desde el final del ramadán, los balances difundidos por la prensa estos último días hablan de más de 200 muertos. 
Los métodos utilizados por los grupos armados se radicalizan; se queman, así, localidades enteras y sus habitantes sufren la barbarie más abyecta que se pueda imaginar. 
La población vive en un estado de angustia permanente, amenazada por las bombas, en las ciudades, o por las matanzas, en las poblaciones locales. 
Es verdad que la resolución que nuestro Parlamento aprobó el mes de diciembre pasado, aquí mismo, fue severamente condenada por las autoridades argelinas. 
Lo lamentamos; puesto que sólo denunciamos las atrocidades de que el pueblo argelino es víctima, ese pueblo que rechaza la violencia y que desea vivir libre y dignamente, ese pueblo que, más que cualquier otro, aspira a la paz, a la libertad y a la democracia. 
Para devolver la paz y erradicar el terrorismo que hace estragos en Argelia, el gobierno deberá entablar el diálogo con toda la oposición democrática. 
El Consejo Europeo deberá asumir sus responsabilidades y participar en las negociaciones que permitirán a Argelia celebrar unas elecciones realmente democráticas, en el próximo mes de junio. 
La aprobación al equipo argelino por parte del Sr. Comisario Marín me parece bastante ingenua en el actual contexto político y social. 
Y con razón: la nueva ley que el Consejo nacional para la transición acaba de aprobar ayer tiende a endurecer las condiciones para la creación de partidos los políticos; se prohíbe cualquier referencia religiosa, lingüística o regional. 
El clima social no cesa de deteriorarse; más de la cuarta parte de la población está en paro, y son los jóvenes, evidentemente, los más afectados. 
Familias enteras carecen de alimentos por falta de salarios decentes. 
Por todas estas razones, el Consejo y la Comisión deben estar extremadamente vigilantes en cuando a la concesión de las ayudas. 
El Acuerdo Euromediterráneo deberá orientarse a proyectos que reconozcan el importante papel de las mujeres. 
La Unión Europea debe tender a apoyar una transición económica en Argelia para que ésta pueda pasar de una economía nacionalizada y dependiente de los hidrocarburos a una economía más diversificada y más centrada en el sector privado. 
Esta ayuda deberá acompañarse de una serie de condiciones en el ámbito de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. 
Si bien es cierto que no es posible imaginar la construcción de un Estado democrático sin libertad de expresión- como lo ha declarado, por otra parte, el Sr. Zerual -, el Consejo debe ejercer presiones para que se levante la censura a la información en el ámbito de la seguridad. 
El nuevo proyecto de ley sobre la prensa que el gobierno se dispone a aprobar está encaminado a amordazar dicha prensa. 
Es inaceptable que los derechos fundamentales del ser humano- de los que forman parte de manera inalienable la libertad de expresión y, por consiguiente, la libertad de prensa- sean puestos en tela de juicio. 
Aunque puedo comprender las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno argelino, no puedo admitir que cada día haya civiles que paguen con su vida esta violencia que, desgraciadamente, se ha instalado en Argelia. 
Debemos ayudar al Gobierno y al pueblo argelinos a reinstaurar una paz bien merecida. 
Se juega en ello, además, nuestra credibilidad. 
Señora Presidenta, la atrocidad del terror que se abate sobre Argelia no cesa de traspasar nuevos límites. 
Con desprecio hacia todos los valores propios de la civilización, se multiplican los asesinatos, las violaciones, las matanzas, y reina la violencia. 
Por medio de los crímenes más atroces, grupos de fanáticos quieren abrir el camino hacia el poder a un sistema oscurantista, que aplasta las libertades y castiga con la muerte a aquellos y a aquellas que no se someten a él. 
De esto es de lo que se trata, no hay que taparse la cara. 
Y yo deseo expresar aquí la plena y total solidaridad de nuestro Grupo para con el pueblo argelino y muy particularmente para con las mujeres argelinas, que viven un verdadero martirio y rechazan lo inaceptable. 
Hay que ayudar al pueblo argelino, sin pretender dar lecciones. 
Es un deber para cualquier demócrata o humanista. 
Desgraciadamente, este no es el camino que emprendería nuestro Parlamento si aprobara la propuesta de resolución común presentada por algunos grupos, a la que nos opondremos firmemente. 
En primer término, la condena del terrorismo debe ser total, no sólo frente a los autores de los crímenes perpetrados, sino también frente a aquellos que los financian y los justifican. 
El hecho de poner en un pie de igualdad a todas las partes implicadas en este conflicto, como lo hace el punto 8, es considerar a los asesinos como interlocutores políticos. 
Es inaceptable; como también lo es la presencia y la actividad, a la vista de todos, de aquellos que les apoyan en los Estados miembros. 
Estas redes deben ser desmanteladas. 
También podemos ayudar al pueblo argelino fomentando el diálogo iniciado actualmente con las fuerzas políticas y sociales que condenan el terrorismo, para que las elecciones legislativas puedan celebrarse y favorecer el proceso de transición. 
Los Estados miembros de la Unión Europea deberían apoyar eficazmente la recuperación económica de Argelia. 
La apertura de las negociaciones para lograr un Acuerdo de asociación puede contribuir a ello, con la condición de que se supere la lógica librecambista que a menudo caracteriza las relaciones de la Unión Europea con sus socios exteriores. 
Así pues, hay que levantar los obstáculos estructurales al desarrollo, como son la deuda y las obligaciones financieras insoportables impuestas por las instituciones financieras internacionales. 
Estas cuestiones no pueden seguir siendo consideradas tabúes por nuestros países y por la Unión. 
En cualquier caso, el derecho del pueblo argelino a decidir por sí mismo su futuro, fuera de toda injerencia exterior, no sólo es un principio intangible, sino también una garantía de eficacia para encontrar cualquier solución. 
Señora Presidenta, cuando el horror alcanza tales límites, a menudo la razón no condice con nuestros actos. 
Aquí nos comportamos como si dar lecciones no fuera nuestro deber. 
Con razón, dimos lecciones sobre Sudáfrica. 
Con razón, damos lecciones sobre Turquía. 
Y si queremos dar lecciones sobre Argelia, y bien, damos lecciones sobre Argelia. 
No sigamos mintiéndonos unos a otros. 
Señor representante de Consejo, deje de decir con ingenuidad, que es la ingenuidad de la política exterior francesa: » En Argelia todo va bien, las cosas van por buen camino». 
Acaba de publicarse un libro del Sr. Graham Fuller, antiguo responsable de la CIA en Oriente Medio, en el que nos explica que el objetivo de la política norteamericana es la victoria del FIS. 
Yo quiero saber lo que los países occidentales y democráticos quieren en Argelia. 
Nos encontramos con el mismo marco político que en Afganistán, donde los norteamericanos representaron el papel de integristas, con las consecuencias que todos conocen. 
Por otro lado, es evidente que somos solidarios con las víctimas y con el pueblo argelinos. Es evidente que condenamos el terrorismo integrista religioso. 
Pero es evidente que el Gobierno del Sr. Zerual no sacará a Argelia del atolladero en que se encuentra. 
Este es nuestro problema. 
Dejemos de mentirnos. 
Cuando hoy decimos que queremos una situación de diálogo, evidentemente hay que pedir a las organizaciones que se denominan islamitas que condenen no sólo políticamente, sino también moralmente, el uso del terrorismo. 
Pero también debemos decir que el código de la familia islámica fue establecido por el FLN, que el gobierno del Sr. Zerual mantiene este código, que el gobierno del Sr. Zerual es un gobierno que también desea un Estado islámico. 
Es la patria del terrorismo islámico. 
¿Por qué digo esto? 
Porque creo que debemos empujar a unos y otros hacia cierto laicismo, hacia cierta dirección, y eso supone un diálogo entre criminales. 
Ya que una parte- no digo todo el gobierno- de las instituciones del Estado argelino protegen a criminales, así como también del otro lado hay criminales. 
En esta situación dramática y difícil no hay solución fácil. 
¿El FIS debe participar en las elecciones? 
No lo sé. 
¿Hay que excluirlo? 
No estoy seguro de ello. 
Pero si no nos orientamos hacia un diálogo democrático con un enviado especial europeo, fracasaremos. 
Debemos dar lecciones de política a todos aquellos que sueñan con una sociedad que no existe en Argelia. 
Señora Presidenta, en pocos meses, en Argelia han sido asesinados otros varios miles de personas por criminales que se adornan con los oropeles del Islam o por militares que han sido convertidos en vulgares verdugos. 
Después de varios años, este régimen ha llevado al pueblo argelino a un verdadero estado de desesperación; pero ya ha llegado la hora de recordar el tenor de los textos que el Gobierno argelino suscribió en Barcelona, en 1995, sobre el ejercicio de las libertades fundamentales y sobre los derechos humanos. 
La firma de un Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Argelia es un asunto de actualidad. 
El Parlamento debe, con todo rigor, condicionar su actitud a las garantías que las autoridades argelinas den en cuanto al respeto de las promesas que han realizado. 
¡No estoy seguro de que haya que dar lecciones! 
Mi país, en todo caso, que cuenta con varias ciudades en poder de los racistas y xenófobos, no sería el más indicado para hacerlo. 
Felicitémonos, por el contrario, de ver como se perfila una consulta electoral en el horizonte de los próximos meses. 
Pero un preocupante antecedente de interrupción del escrutinio oscurece, en parte, este horizonte. 
Sin embargo, es cierto que debe evitarse una especie de racionamiento para el acceso a las candidaturas. 
Todas las fuerzas políticas que se oponen a la violencia, que se niegan a aprobarla, o a justificarla, o a «comprenderla» , deben participar en esta batalla política. 
En cuanto a la conferencia que reuniría a todas las partes implicadas, es probablemente prematura, y el cese de las matanzas supone probablemente conversaciones fuera del alcance de las noticias de actualidad. 
Con respecto a la propuesta de una mediación que podría ayudar a los argelinos a salir del drama que les destroza, ésta suscita mucha inquietud, en particular entre aquellos que consideran dicha propuesta como imperialista, colonialista, y no sé qué más. 
Hay que decir a todos los adeptos anticolonialistas y antiimperialistas- entre los que me cuento- que, a fuerza de sentirnos retenidos por una suerte de culpabilidad o de mala conciencia, tendríamos que aceptar, a semejanza de lo que ocurrió en Bosnia y en Oriente Medio, que un enviado especial de los Estados Unidos de Norteamérica ocupe el sitio que nosotros no hemos tenido el valor de ocupar. 
Señora Presidenta, Argelia continúa ofreciéndonos el espectáculo desolador de la barbarie cotidiana. 
La multiplicación de los grupos armados pone en peligro la unidad nacional. 
Los enfrentamientos entre milicias pro gubernamentales y grupos integristas armados mantienen, tanto en el medio urbano como en el rural, un clima permanente de violencia, que echa por tierra y desalienta los esfuerzos de desarrollo. 
De este modo, un país que tiene todas oportunidadades para conocer un auge análogo al de los países de Asia, desperdicia sus posibilidades y dilapida sus bazas. 
¿Qué puede hacer hoy Europa para ayudar a la reconstrucción de la nación argelina? 
Ante todo, debe reafirmar muy claramente su adhesión a la supervivencia de Argelia como Estado. 
No tiene nada de positivo que esperemos una desintegración del Estado unificador argelino. 
Unos Estados sólidos constituyen, en el seno del mundo árabe, el mejor contrapeso posible frente a la propagación de un fundamentalismo islámico generador de inestabilidad. 
A nadie le interesa que Argelia se hunda en una «guerra civil de cien años» y que cree en nuestra frontera sur una zona de inestabilidad duradera. 
Por el contrario, a todos nuestros países les interesa que salga del caos, incluso a tientas, y que se convierta en un polo estable y organice su desarrollo en colaboración con nosotros. 
El desarrollo de Argelia está ligado, indiscutiblemente, a un mejor control de los fenómenos migratorios. 
En segundo lugar, es conveniente evitar todo aquello que puede alimentar la guerra civil. 
Evitar, en particular, las injerencias irresponsables, las gesticulaciones partidistas o las resoluciones parlamentarias carentes de pertinencia, que cada facción argelina se apresura por contabilizar para sí. 
El peor favor que podríamos hacer a Argelia sería darle la impresión de que estamos en un campo más que en otro. 
No debemos sustituir a los argelinos para decidir su destino. 
Lo que podemos hacer, en su caso, es contribuir a que las próximas elecciones legislativas sean lo más intachables posible, de tal manera que el enfrentamiento político sustituya al enfrentamiento armado. 
Podemos asimismo proponer una cooperación orientada prioritariamente, en el marco del Acuerdo de asociación, a la reconstrucción del tejido social, para que Argelia pueda disponer un día de cuerpos intermedios y de los organismos de mediación necesarios para el funcionamiento de una democracia. 
Señora Presidenta, la Asamblea trata una vez más de tomar posición sobre la guerra civil en Argelia. 
¿Qué conseguirá con ello? 
¿Acaso porque una resolución de este Parlamento condene la violencia, denuncie el terrorismo- ciego, naturalmente, ¡como si el terrorismo no fuera siempre ciego! -y las violaciones de los derechos del hombre, haga un llamamiento a unas elecciones democráticas y al diálogo entre todas las partes y exprese su apoyo a los foros democráticos, disminuirá por ello el número de muertos en Argelia? 
Nadie es ingenuo; ni los signatarios de este texto, ni ustedes, señores Cohn-Bendit y Kouchner, ni los autodenominados intelectuales, reunidos en la Mutualidad en solidaridad con el pueblo argelino. 
Ustedes saben muy bien que los llamamientos lanzados desde el bulevar Saint-Germain en París o desde este hemiciclo no salvarán la vida de ningún argelino. 
En cambio, son nuestros compatriotas los que corren el riesgo de pagar con sus vidas unas palabras cuyo único efecto es aumentar el furor de los terroristas argelinos, tanto los de la oposición islamita como los del poder militar, que ya actúan en nuestras grandes ciudades. 
Pero las bombas nada tienen que ver con aquellos que cogen los trenes o el metro de París. 
En realidad, algunos quieren salvar su conducta frente a lo que para ellos hace las veces de conciencia: la opinión de los medios de comunicación. 
Por lo general, son los mismos que, en 1980, partidarios de los jémeres rojos de Camboya y del Vietcong en Vietnam, maoístas readaptados a la «Nueva Filosofía» , la prensa, el show-business y la publicidad, firmaban peticiones en favor de «los refugiados del mar» , víctimas de su ideología. 
Ellos tienen una responsabilidad tan grave como las tribulaciones que padece Argelia, que no se remontan a 1992, sino a 1962. 
Algunos de nuestros colegas- ¿no es así, señor Rocard? - ¡consagraron su juventud a apoyar a los terroristas del FLM! 
¡En 1962 sirvieron como testigos frente a los 3.000» pieds-noirs» deportados a los campos de la muerte del FLN, frente a los 150.000 harkis escaldados, enterrados vivos, castrados, descuartizados por sus amigos! 
¿Manifestaron acaso la centésima parte de la compasión que hoy sienten por la Nomenclatura fellaga? 
Recuerdo a Meluza, recuerdo todos sus crímenes contra la humanidad... , ¿pero quién juzgará estos crímenes? 
Es cierto que las víctimas eran francesas y que los franceses son hombres inferiores, que no tienen derecho ni a la justicia ni al tribunal de la Historia. 
Podemos decir en su favor que no fueron los únicos. 
Todos los gobiernos de la Vª República, después de haber librado la Argelia francesa a los criminales del FLM, no han cesado de apoyar a los dictadores argelinos, de Ben Bella a Zerual. 
Este apoyo ha costado caro. 
En 1962 se hizo creer a nuestros compatriotas que el repliegue de nuestra nación dentro de las fronteras del Hexágono tendría la ventaja de quitarles de encima la carga argelina. 
¡Mentira! 
Millones de argelinos abandonan la miseria en la que se hunde su país. 
Cada año entregamos decenas de millardos de francos a la Nomenclatura de Zerual, quien no nos devuelve más que sus escupitajos, y que ahora prohíbe incluso la enseñanza del francés en las escuelas argelinas. 
En enero de 1992 nuestros dirigentes tomaron partido en la guerra civil argelina y apoyaron el golpe de Estado militar que anulaba las primeras elecciones libres. 
Nuestro país se ve progresivamente envuelto en el conflicto. 
En aquel momento, nosotros éramos los únicos que señalábamos en este hemiciclo los peligros de dicha posición. 
¿Qué debemos hacer hoy? 
En primer lugar, debemos proteger a los ciudadanos de nuestros Estados. 
A corto plazo, nuestros gobiernos- y sobre todo el Gobierno francés- deben dejar de apoyar a la facción que hoy asume el poder, deben impedir la venida de ciudadanos argelinos y deben restablecer el orden en los barrios que dan cobijo a las redes terroristas. 
En cuanto a lo demás, ustedes no saben qué hacer; y, por otra parte, no pueden hacer nada. 
Señora Presidenta, nadie que se preocupe mínimamente por los derechos humanos puede estar sino horrorizado por los salvajes asesinatos y terribles atrocidades cometidos en Argelia en el transcurso de los últimos cinco años. 
Estemos al menos de acuerdo en esto. 
Cada día trae nuevas masacres como la de los treinta y tres aldeanos decapitados a los que se refería el Sr. Patijn. 
Se ha asesinado a escolares por negarse a llevar el velo. 
Se ha matado a sindicalistas como el líder de la Unión General de Trabajadores. 
Se ha puesto en el punto de mira a gente inocente. 
En este Parlamento seguro que lo condenaremos sin reservas y condenaremos a todos los que lo apoyan. 
Se dice que algunas de estas personas reciben fondos de Irán y de otros centros fundamentalistas de Oriente Medio, y que hay gente en Europa que las apoyan. 
Debemos adoptar todas las medidas que podamos para oponernos al terrorismo de este tipo. 
El gobierno argelino deberá reconocer, desde luego, que no puede menospreciar la inmensa importancia de defender los valores democráticos y los derechos humanos si no es para ganarse la antipatía de los que se oponen al fundamentalismo pero creen en la libertad y la democracia. 
Acogemos con satisfacción las propuestas de celebrar elecciones este año. 
Es de vital importancia que se haga todo lo posible en las difíciles circunstancias que imperan a fin de que puedan participar todas las fuerzas auténticamente democráticas. 
Esta no es aún la situación. 
A la larga, sin embargo, hemos de reconocer en la Unión Europea, como en todas partes, que los habitantes de los países en desarrollo de todo el mundo se ven arrastrados a apoyar movimientos intolerantes y violentos por la experiencia de la pobreza y las privaciones crecientes. 
La economía neoliberal cuyos resultados son más desempleo y desesperación hará salir nuevos reclutas para el fundamentalismo y otros credos intolerantes y avivará las llamas del terrorismo y la violencia. 
Sólo consiguiendo un mejor nivel de vida para todos podremos crear las condiciones para que avancen la democracia y los derechos humanos que todos defendemos y espero que esto lo tenga también muy presente el Consejo. 
Señora Presidenta, desde hace ya bastante tiempo los ciudadanos europeos contemplamos con horror- y es una palabra que se ha pronunciado en este debate con bastante frecuencia- lo que ocurre en un país próximo y vecino a los países del sur de Europa- y como español estoy especialmente sensibilizado-. 
Los terroristas del GIA pasan a cuchillo casi diariamente a cientos de ciudadanos inocentes, entre los que se encuentran mujeres, niños y periodistas, como ha dicho y recordado el señor Presidente del Consejo. 
No ya desde el punto de vista político, sino como seres humanos no podemos quedar silenciosos ante tal barbarie. 
Pero ello exige, también, una gran dosis de frialdad y objetividad, prudencia y sabiduría, como ha dicho el señor Presidente, para contemplar el complejo problema que ello suscita. 
Argelia es un país magrebí que, como todos los países magrebíes, tiene unas especiales peculiaridades en su desarrollo político, económico, social y cultural, y no conviene que olvidemos esto. 
Países como España, Italia o Francia, por su proximidad geográfica y su interrelación económica y social, son especialmente sensibles a los vaivenes de los acontecimientos que allí suceden y, que por tanto, afectan muy directamente a los intereses de la Unión Europea en su conjunto. 
La Conferencia Euromediterránea es un buen foro para profundizar en la búsqueda de soluciones que contribuyan a la estabilidad de una zona que a todos nos afecta. 
Contribuir al desarrollo económico y social de aquellos países es una política inteligente y correcta, porque en el transfondo del fanatismo, de la violencia, se encuentran motivaciones económicas, de subdesarrollo, situaciones reales de miseria y de hambre. 
Por otra parte, todo lo que sea cooperar en el avance de su desarrollo político, tanto con el apoyo técnico y de observación a su proceso electoral como desde el ámbito del diálogo con el Gobierno, que debe hacer frente a la violencia terrorista, contribuirá sin duda a la aproximación de aquel país a la cultura de la democracia y del respeto de los derechos humanos propios de los países occidentales. 
La Unión Europea no puede dar la espalda a lo que ocurre en estos momentos en Argelia. 
Se juega mucho en ello. 
El Consejo debe hacer esfuerzos en este momento para proponer iniciativas que propicien el entendimiento y el diálogo entre las fuerzas políticas y democráticas de aquel país y para colaborar en la lucha contra el terrorismo que, lamentablemente, se traslada al propio suelo europeo. 
En definitiva, la Unión Europea debe desempeñar un papel protagonista para no dar la pobre imagen que se ofreció en otros conflictos muy próximos a nosotros en el tiempo y en el espacio. 
Señora Presidenta, Argelia sólo recuperará la paz y la convivencia ciudadanas cuando hayan cesado las criminales acciones terroristas y se haya retomado el proceso de transición democrática, algo que exige un diálogo entre las fuerzas políticas representativas a partir del cual aislar a los violentos y celebrar unas elecciones legislativas libres y multipartidistas. 
En esa vía y no en la de la resolución propuesta es en la que debe basar su acción la Unión Europea- y, desde luego, su opinión este Parlamento -, trabajando en favor de la firma de un acuerdo con Argelia, beneficioso para ambas partes, que contribuya a la solución de los problemas socioeconómicos de ese país, por ejemplo el tremendo paro juvenil, y que promueva el pleno respeto de los derechos humanos de los hombres y también de las mujeres. 
Poner fin al drama argelino es imprescindible para garantizar la estabilidad del Magreb y del Mediterráneo, objetivo prioritario para los europeos y, más aún, para países ribereños como España. 
Porque, señora Presidenta, sería un tremendo error convertir la actuación europea en Argelia en un asunto exclusivamente francés. 
Francia tiene responsabilidades políticas, pero la primera tanda de intervenciones en esta sesión ha demostrado que los demás tenemos el derecho y, sobre todo, la obligación de intervenir. 
Señora Presidenta, lo que está en juego en Argelia es la seguridad de las personas, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la estabilidad de la cuenca mediterránea y el futuro de la política euromediterránea. 
Así pues, la Unión Europea no puede permanecer silenciosa, impotente, pasiva, frente a los dramáticos acontecimientos que tienen lugar en este país. 
Debemos ante todo denunciar la violencia ciega a la que se libran los terroristas islamitas, las matanzas diarias, las explosiones de coches en las calles de las ciudades, la matanza sistemática de periodistas, de intelectuales, de todos aquellos que cometen el crimen de querer pensar libremente; pero también hay que denunciar con el mismo vigor las violencias y las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. 
La legitimidad de que goza el poder tras las elecciones presidenciales no legitima todos los medios que utiliza. 
Nunca hay que responder a la barbarie con la barbarie. 
Dicho esto, sería peligroso hacer un proceso de amalgama entre las conculcaciones escandalosas, y que deben denunciarse, cometidas por el poder y el fanatismo criminal de los integristas. 
El comportamiento, a veces escandaloso, del poder no debe incitarnos a ser tolerantes con los terroristas. 
Es necesario igualmente apoyar a los demócratas. 
A menudo se olvida de que los demócratas existen en Argelia. 
Estoy seguro de que representan la mayoría del pueblo argelino. 
Estos demócratas, desgraciadamente, están divididos, lo que constituye un factor de debilidad; pero todos llevan adelante la misma lucha valerosa contra el poder, arriesgando sus vidas, y también contra los islamitas. 
Por consiguiente, debemos manifestarles nuestra solidaridad y prestarles nuestro apoyo. 
Debemos incitar, con mucha firmeza, al Gobierno argelino a que instaure un diálogo franco con todos los demócratas de Argelia, así como con todos los responsables políticos y todos los grupos que acepten renunciar a la violencia. 
Finalmente, debemos proclamar nuestra confianza en el pueblo argelino. 
Muchos argelinos tienen hoy pocas esperanzas en su país. 
No vislumbran ningún futuro al final de este camino de dolor y sufrimiento. 
Debemos ayudar a los argelinos a creer en Argelia, a tomar conciencia de las oportunidades de Argelia, ya que las tiene. 
En primer término, la calidad de los hombres- y sobre todo de las mujeres -, que a menudo luchan con un valor admirable. 
En mayo de 1992 tuve una larga conversación con el Presidente Budiaf. Me comunicó su sueño de convertir Argelia en el primer país musulmán que podría llegar a ser, sin renegar de sus raíces- de ninguna de sus raíces -, a la vez una democracia y un país laico. 
Algunos días después el Presidente Budiaf era asesinado. 
Creo que debemos ayudar a los argelinos a hacer suyo el sueño del Sr. Budiaf y a convertirlo en realidad. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, a pesar del respeto parlamentario que me merecen y de lo que valoro los buenos discursos parlamentarios- discursos llamativos, emocionales o emocionantes- que hemos escuchado aquí esta tarde en este debate, con todos mis respetos creo que, ahora en Argelia, no se trata de eso. 
Se trata, ni más ni menos, de eficacia política. 
Se trata de que queremos ayudar. 
Y hay que ser capaces de saber ayudar en la dirección correcta. 
Es cierto que el último Ramadán ha supuesto un incremento de la violencia y del terror. 
Y ante esto tenemos que condenar esa masacre- lo hacemos- y tenemos también que combatirla con todos los medios a nuestro alcance. 
Las próximas elecciones generales, señor Presidente del Consejo, deben convertirse realmente en un paso adelante hacia la democracia y la paz. 
Y, para ello, apunto dos direcciones: 
La primera, el papel político que tienen que desempeñar las mujeres argelinas en el futuro. 
Hay que materializar esfuerzos en ese sentido. 
Es posible y va a ser eficaz. 
Las mujeres argelinas deben encabezar la sociedad civil, política, de ese país. 
Y el pueblo argelino va a estar de acuerdo en esa dirección. 
Y la segunda segunda propuesta es que la Unión Europea, junto con Argelia, aúne esfuerzos para dotar de unas mínimas garantías de seguridad y de libertad a esas próximas elecciones. 
Así es como queremos que se actúe. 
Señor Presidente del Consejo, la propuesta de resolución que va a aprobar el Parlamento Europeo también apunta a aspectos positivos, que hay que tener en cuenta. 
Desde el día 11 de febrero el Presidente Zerual y los representantes de las diferentes fuerzas políticas trabajan en ese diálogo necesario que nosotros estamos pidiendo, y esto es una señal que debemos reconocer como positiva. 
En segundo lugar, el envío de observadores a las próximas elecciones generales también es otra señal positiva. 
Insisto en que debemos actuar con eficacia. 
Hagámoslo así. 
Señora Presidenta, doy las gracias a todos los oradores por su completa e incondicional condena del terror y de la violencia ciega. 
Por lo demás, pienso que la gran mayoría de oradores también han abogado por a continuación de la cooperación con Argelia y quisiera recalcarlo nuevamente. 
Los pueblos de la Unión Europea y Argelia están condenados a cooperar. Por razones geográficas, por razones históricas y por razones humanas. 
Y lo hacemos desde Europa respetando plenamente las tradiciones culturales y religiosas de nuestros vecinos norteafricanos, rechazando por completo los abusos fundamentalistas. 
El Consejo sigue estando dispuesto a colaborar con el actual Gobierno argelino, siempre y cuando estemos convencidos de que dicho gobierno aspira a restaurar las relaciones democráticas y garantizar mejor los derechos humanos. 
Por ello hacemos un llamamiento al gobierno para que mantenga las elecciones de 1997 y haga de ellas unas elecciones abiertas y libres. 
Por nuestra parte repito nuevamente que la Unión Europea, en el marco de su política mediterránea, en el marco del acuerdo de cooperación bilateral, está dispuesta a contribuir de forma estructural y duradera a los desarrollos sociales y económicos del pueblo argelino. 
Muchas gracias, señor Presidente en funciones del Consejo. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del turno de preguntas (B4-0001/97) , dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Wayne David (H-1026/96): 
Asunto: Malos tratos policiales a Sonia Esmeralda Gómez Guevera y Carmen Velasquez 
¿Conoce el Consejo Europeo los informes de Amnistía Internacional sobre las dos niñas guatemaltecas Sonia Esmeralda Gómez Guevara y Carmen Velasquez? 
De estos informes se desprende que ambas niñas fueron detenidas en la calle 18 de la capital guatemalteca, acusadas de ser niñas de la calle por tres hombres uniformados. 
Al parecer, estos hombres amenazaron a las niñas con la detención por posesión de marihuana si no les acompañaban a la comisaría de policía. 
Por el camino, las niñas fueron arrastradas a un callejón y se aduce que Sonia fue violada por dos de los tres hombres. 
Hasta la fecha no he recibido respuesta alguna a mi correspondencia ni del Presidente ni de la Embajada de Guatemala. 
¿Puede el Consejo Europeo informar al Parlamento sobre los medios que piensa utilizar para presionar al Gobierno guatemalteco con respecto al problema de los niños de la calle en particular y al de los derechos humanos en general? 
En lo que respecta a la pregunta formulada por el Sr. Wayne David sobre el trato infligido por parte de la policía a Sonia Esmeralda Gomez Guevara y Carmen Velasquez, quisiera decir lo siguiente. El Consejo no ha mantenido conversaciones en torno a la cuestión planteada por su Señoría. 
Como usted sabe, la Unión concede mucha importancia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Sobre el trasfondo de la renovación del diálogo de San José, del que forma parte Guatemala, el fomento de los derechos humanos, incluida la cuestión de los niños de la calle, se considera un objetivo central que ha de anteponerse en las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Central. 
Ello se desprende también del hecho de que los programas de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea y sus Estados miembros en Guatemala tienen por objeto en concreto fomentar los derechos humanos y facilitar información y formación sobre los derechos humanos. 
Estoy inmensamente agradecido al Presidente en ejercicio por esa respuesta tan alentadora. 
Sin embargo, me pregunto si podría presionarle un poco más, y preguntarle si declararía explícitamente que, a menos que se produzca una mejora general de la situación de los derechos humanos, la Unión Europea consideraría la posibilidad de retener los fondos de ayuda al desarrollo. 
En segundo lugar, ¿está dispuesto el Consejo a dirigir algún tipo de protestas en relación con el caso concreto que he citado en mi pregunta? 
Me pregunto si, dados los recientes acontecimientos políticos habidos en Guatemala, es oportuno que la Unión Europea cuestione especialmente la situación política en dicho país. 
Recuerdo que hace muy poco se inició allí un importante proceso de reconciliación política, lo cual constituye una garantía absoluta para una restauración completa de las relaciones democráticas, y también un cumplimiento correcto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños de la calle, y a este respecto hay pocas razones para emprender una acción especial en nombre de la Unión Europea. 
Por supuesto, podríamos plantear de un modo adecuado este problema especial en el marco del diálogo de San José, que tendrá lugar dentro de unas semanas. 
Asunto: Servicios multilingües informatizados 
¿Qué intenciones tiene el Consejo respecto a la promoción de la diversidad lingüística, en orden a favorecer los servicios multilingües informatizados? 
El 21 de noviembre de 1996, el Consejo aprobó un programa plurianual para el fomento de la diversidad lingüística en la sociedad de la información en la Comunidad Europea, que responde exactamente a las preocupaciones de su Señoría. 
Este programa, que ya se ha iniciado y para cuya realización se han reservado 15 millones de ecus distribuidos en tres años, tiene concretamente los siguientes objetivos: en primer lugar, estimular el uso de tecnologías, recursos y métodos que reduzcan los costes de la transmisión de información entre los idiomas y el desarrollo de servicios plurilingües. Segundo objetivo: fomentar el crecimiento de las industrias lingüísticas. 
Tercer objetivo: alentar el desarrollo de servicios plurilingües. La Comisión es responsable de la puesta en marcha del programa y de su coordinación con los demás programas comunitarios. 
Me alegra constatar que el Consejo está decidido a estimular todas las actividades que faciliten la utilización de todos sus idiomas en las comunicaciones electrónicas, si bien es preciso, señor Presidente en ejercicio del Consejo, recordarle que nos encontramos ante una operación urgente que se debe rematar incluso, si es posible, antes de los tres años que usted anuncia. 
Porque no parece razonable seguir en la situación actual, en la que la mayor o la única parte de los servicios de información telemáticos se ofrecen exclusivamente en inglés. 
Porque con ello se atenta contra la diversidad lingüística en la Unión, entorpeciendo sus correspondientes industrias de la lengua, que son tan importantes. 
El Consejo nos dice hoy que se ha facilitado un presupuesto de 15 millones de ecus para la promoción de un programa de diversidad lingüística en la Unión. 
No es mucho, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pero por algo se empieza. 
Veo que, efectivamente, cita una serie de objetivos- todos importantes -, entre ellos, por supuesto, el del empleo. 
Pero quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, aparte de eso, también habría que pensar que sería importante facilitar el acceso de las PYME a este tipo de facilidades y reducir los costes de transformación. 
Termino, señor Presidente, diciendo que todo esto es necesario porque, desgraciadamente, la meta del idioma único no está tan cerca como la de la moneda única. 
Doy las gracias a su Señoría por su estímulo. 
Al proceder de una zona lingüística con 22 millones de personas, que es bastante más pequeña que la suya, comprendo muy bien hasta qué punto le importa, y trasmitiré su observación al Consejo y a la Comisión para examinar si en el trascurso de la elaboración de este programa podemos incluir alguna especificación. 
Pregunta nº 3 formulada por Mihail Papayannakis (H-1030/96): 
Asunto: Criterios de convergencia y gastos de defensa 
Los debates y comentarios suscitados últimamente sobre los «criterios» del Tratado para la entrada de cada Estado miembro en la UEM revisten especial interés. 
En diversos ámbitos más o menos oficiales, se habla cada vez más de la «interpretación política» del cumplimiento de estos criterios por parte de cada país, si bien el contenido de dicha «interpretación política» varía en cada caso. 
El Consejo ha establecido ya una definición única de este concepto. 
¿Podría acaso incluirse en algún debate sobre la «interpretación política» , el tema de la desproporción de los gastos de defensa de un Estado (que no contribuye a resolver los problemas económicos) cuando el porcentaje de estos gastos en el PIB rebasa el promedio registrado en los demás Estados miembros, de manera que, por lo menos, el excedente no se tenga en cuenta a la hora de evaluar «políticamente» el acercamiento de dicho país a la UEM? 
Quisiera contestar del siguiente modo a la pregunta del diputado Sr. Papayannakis. 
En relación con la posibilidad que sugiere su Señoría en su pregunta, permítame rememorar que en las reglas del juego vigentes para la UEM, los criterios de convergencia no dejan nada- repito, nada- que desear en cuanto a la claridad. 
Los gastos de defensa se incluyen, al igual que los demás gastos administrativos, en los cálculos relacionados con el déficit máximo del 3 % del producto nacional bruto en cada uno de los Estados miembros, y en caso de excederse se puede negar el acceso a la tercera fase de la UEM. 
Señor Presidente, no sé si he entendido bien la respuesta del Sr. Presidente en ejercicio. 
Es obvio que los gastos de defensa son gastos públicos. 
No cabe duda. 
Sin embargo, en Dublín se planteó la cuestión de si éstos podrían rebasar el 3 %, en caso de que hubiera motivos excepcionales e independientes de la voluntad del Estado miembro. 
Hay que reconocer que existen casos en los que pueden darse estos motivos, sobre todo si se deben a amenazas de uso de fuerza, por otra parte, prohibidas por el derecho internacional. 
Mi pregunta al Sr. Presidente en ejercicio es, por tanto, en qué medida estaría justificado que en un caso semejante los gastos de defensa rebasaran la cuota de 3 %. 
Considero que el planteamiento de su Señoría es algo hipotético. 
En principio, pienso que para una aplicación correcta de los criterios de convergencia de la Unión Económica y Monetaria apenas podemos hacer una distinción entre categorías de gastos; los gastos son los gastos. 
Las circunstancias externas especiales tienen que ver más bien con circunstancias económicas especiales y no tanto con amenazas del exterior. 
Quiero establecer un paralelo con mi país. Cerca de la mitad de mi país se encuentra por debajo del nivel del mar. 
Y sin embargo, no apelo a los costes especialmente elevados relacionados con la extracción del agua sobrante para exigir un trato especial en la cuestión de los criterios de convergencia. 
Pregunta nº 4 formulada por Anne McIntosh (H-1033/96): 
Asunto: Acciones de la Unión Europea para luchar contra la pedofilia 
¿Puede indicar el Consejo las acciones que piensa emprender para garantizar un enfoque común de la Unión Europea para luchar contra la explotación sexual de los niños, y si entre estas acciones se encuentran medidas para garantizar la cooperación judicial entre los Estados miembros en este ámbito? 
Teniendo en cuenta la decisión del Consejo de unirse a la acción común contra la pedofilia, ¿puede facilitar el Consejo más detalles sobre el programa plurianual (1996-2000) para la formación y el intercambio de personas que participan en la lucha contra este problema? 
¿En qué forma piensa el Consejo utilizar su presupuesto? 
La Sra. McIntosh ha formulado una pregunta importante y quisiera contestarla del siguiente modo en nombre del Consejo. 
El Consejo Europeo de Dublín expresó su horror por la explotación sexual de los niños y la trata de personas, y se comprometió a emprender las acciones necesarias para combatirlo. 
El Consejo Europeo ha pedido al Consejo y a la Comisión que lleven a cabo con energía las acciones acordadas durante la Presidencia irlandesa, y que deliberen sobre los pasos necesarios. 
Tal y como ya ha indicado el Consejo en anteriores respuestas a sus Señorías, las medidas, algunas de las cuales por cierto todavía no han sido aprobadas formalmente, tienen por objeto mejorar la cooperación policial y judicial, y además guardan relación con la formación. Se trata concretamente de las siguientes medidas. 
En primer lugar, una propuesta de la Presidencia irlandesa para incluir la trata de personas en el mandato de la unidad de narcóticos de la Europol. 
En segundo lugar, una propuesta belga de instituir un programa para estimular el intercambio y la formación de personas responsables de la lucha contra la trata de personas. Me refiero al llamado programa STOP. 
Este tendría que contar con un presupuesto de 6, 5 millones de ecus. En tercer lugar, una propuesta presentada, entre otros, por la delegación belga para elaborar una lista de instituciones especializadas a fin de luchar, entre otras cosas, contra la trata de personas. 
Con ello es posible reforzar la cooperación entre los servicios policiales. En cuarto lugar, una propuesta belga relacionada con el enfoque comunitario para la descripción de la explotación sexual de los niños y la trata de personas, así como medidas para la cooperación entre los Estados miembros. 
El Consejo considera muy importante que estas cuestiones sean tratadas con rapidez y de forma conveniente, y la Presidencia neerlandesa les otorgará una gran prioridad. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Lo que me preocupa es que ahora, en 1997, estamos a medio camino del programa plurianual. 
En el Parlamento Europeo nos resultaría más fácil hacer un seguimiento de éste si conociéramos más a fondo en qué consisten estas medidas según son aprobadas. 
El Presidente en ejercicio se ha referido al trabajo de la Presidencia irlandesa saliente. 
¿Podría darnos a conocer las prioridades durante su mandato? 
Por ejemplo, el Presidente en ejercicio irlandés era muy aficionado a la seguridad en las calles y propuso medidas para que fueran más seguras tanto para los niños como para los adultos. 
Yo acojo con especial interés la cooperación que va a haber entre la policía y los tribunales, incidiéndose en la formación. 
Me preocupa particularmente que se esté abusando de Internet tanto por parte de la pornografía como de la pedofilia. 
Si alguna vez, por ejemplo, va a haber un registro nacional de pedófilos conocidos dentro de un Estado miembro, ¿se compartiría también con las autoridades de los demás Estados miembros? 
Quisiera completar un tanto lo que han dicho sus Señorías. 
El lema de la Presidencia irlandesa no era tan sólo safe streets, sino también sound money. 
He tomado buena nota de lo que han planteado. No me lo tomen a mal que en algunos casos no pueda dar una respuesta exacta, pero veré si el Consejo, concretamente la parte que se ocupa de Justicia y Asuntos Interiores, puede ponerles al corriente más tarde, por escrito u oralmente, en una reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre cómo progresa la realización del programa de trabajo. 
Quisiera volver al tema de Internet. 
Estoy seguro de que el ministro coincidirá conmigo en que Internet actualmente está todavía en pañales. 
Sabemos que los pedófilos están usando la red. 
¿Está de acuerdo el Presidente en ejercicio en que éste es el momento ideal para establecer un código deontológico de la Unión Europea y, cómo no, a escala mundial, con capacidad preceptiva para cortar las fuentes que permiten el acceso a material pedófilo a través de Internet? 
Ésta es una oportunidad que realmente debiéramos aprovechar y espero que el Sr. Ministro pueda hacernos algunas promesas concretas a este respecto. 
Recalco la importancia que concede su Señoría al trato de los abusos que se cometen con Internet, concretamente en la cuestión de la explotación sexual de los niños y la pedofilia. 
El Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores, y también los ministros de Telecomunicaciones, están trabajando en estos momentos en esta cuestión. Se trata en especial de combatir el abuso mediante acuerdos efectivos y medidas nacionales e internacionales, pero también de evitar que el enorme potencial económico de Internet se desmigaje y se evapore debido a una multitud de medidas nacionales no coordinadas. 
Pregunta nº 5 formulada por Irini Lambraki (H-1036/96): 
Asunto: Previsión de una acción comunitaria en caso de situaciones de emergencia 
Es conocido que la producción agrícola depende directamente de las condiciones climatológicas y de una serie de otros factores imprevisibles. 
Una lucha eficaz contra los problemas que de vez en cuando surgen a consecuencia de las inclemencias metereológicas o de otras causas, como recientemente ha sido el caso de la encefalopatía espongiforme bovina, se topa muy a menudo con la falta de previsión de los imprescindibles fondos en el presupuesto. 
¿No cree el Consejo que debe crearse un mecanismo para hacer frente a tal tipo de situaciones excepcionales? ¿Cómo ve la previsión de una acción comunitaria con la creación de una línea concreta en el Presupuesto? 
En relación con la pregunta de la Sra. Lambraki, quisiera indicar en primer lugar que el presupuesto de la Comunidad Europea incluye varias partidas con las que se puede ofrecer ayuda de emergencia a las víctimas de catástrofes. 
Se trata entre otras de la partida B 4/3400, titulada ayuda de emergencia a las víctimas de catástrofes en la Comunidad. Se trata también de todas las partidas del título B 5.2, que sirven para subvencionar los intereses de préstamos contraídos en relación con catástrofes naturales en el interior de la Comunidad, y entre otras cosas con ello se ha concedido ayuda a las víctimas de los terremotos de noviembre de 1980 en Italia y de marzo de 1986 y septiembre de 1988 en Grecia, así como del ciclón de 1993 en Madeira. 
Asimismo tenemos el título B 7.2, que está destinado a la ayuda alimentaria y la ayuda humanitaria a los grupos de población de los países en vías de desarrollo que son víctimas de catástrofes naturales o crisis graves. 
Por lo general, según el Tratado, al elaborar el presupuesto incumbe a la Comisión proponer la partida presupuestaria que se adapte mejor a las necesidades previstas. 
En segundo lugar, la reciente crisis de la EEB ha demostrado que la Comunidad es capaz de encontrar de forma flexible los medios necesarios para hacer frente a las situaciones dramáticas e imprevistas que no entran en la categoría de catástrofes naturales. 
Por consiguiente, sobre la base de las disposiciones y prácticas existentes, salta a la vista que es posible hacer frente a crisis como la de la EEB. Así pues, a mi entender no es necesario reservar grandes cantidades de forma permanente para posibles situaciones de emergencia no previstas. 
Señor Presidente, coincidiría con el Sr. Ministro si no hubiera consultado las líneas que él ha mencionado. 
La línea B4, señor Ministro, no prevé ni un ecu. 
El título B5 mencionado por usted se refiere a casos concretos de catástrofes naturales, como terremotos que se produjeron en el pasado. 
No es este el caso de hoy. 
En cuanto al título B7, prevé ayuda de la Unión Europea destinada no a los países miembros de la Unión Europea sino a terceros países. 
Por consiguiente, las 3 líneas que usted ha mencionado no contestan mi pregunta. 
Sin embargo, usted afirma que en el caso de la crisis de la EEB hemos encontrado la posibilidad de responder a los grandes problemas económicos provocados por la encefalopatía. 
Sí la hemos encontrado, señor Presidente, pero a costa de otras líneas, es decir, que se ha perjudicado a los agricultores de otros países de la Unión Europea para poder cubrir a los ganaderos de Gran Bretaña. 
La ayuda a los ganaderos de Gran Bretaña ha sido justificada, pero no debería concederse a costa de otros ganaderos y agricultores de nuestros países. 
Por este motivo creo que con estos mil millones de ecus del Fondo de reserva- es una reserva prevista para las necesidades de la agricultura, señor Ministro, y la consignamos como Fondo de reserva- podemos crear, en el marco del FEOGA, un fondo que sea competencia no de la Comisión sino del Consejo y que cubra, tanto casos como el de la EEB, como otras catástrofes agrarias en todos los países de la Unión Europea. 
Comprendo el razonamiento de su Señoría, pero espero que esté de acuerdo conmigo en que no hemos de perder de vista algunas premisas. 
En primer lugar, al elaborar el presupuesto, en el Consejo mantenemos estrictamente- puede usted estar o no de acuerdo con ello- las perspectivas financieras y los techos presupuestarios que acordamos. 
Cuando aboga usted por reservar un importe elevado para una reserva general de gastos imprevistos, esto significa inevitablemente que al elaborar el presupuesto dicho importe tendrá que deducirse de unos gastos legítimos y previsibles del presupuesto. 
Los recortes se aplican desde el principio. 
Sin embargo, es evidente que, en un presupuesto de unos 70 millardos de ecus, a lo largo del año se nota que en algunos apartados hay un uso incompleto de los recursos, y que en la práctica podrían utilizarse para atender a situaciones de emergencia imprevistas, como por ejemplo entre otras la crisis de la EEB. 
Creo que presupuestar desde el principio unos importes elevados para gastos imprevistos, que van directamente a expensas de los gastos prioritarios y previstos, no acredita precisamente una política presupuestaria muy sofisticada. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 6 no se formula. 
Pregunta nº 7 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0057/97): 
Asunto: Consecuencias de la integración del Acuerdo Schengen en el Tratado para Noruega e Islandia 
En la actual Conferencia Intergubernamental, se está examinando la posibilidad de integrar el Acuerdo Schengen en el Derecho de la UE. 
Paralelamente, se está negociando la posibilidad de que Noruega e Islandia se asocien al Acuerdo Schengen. 
¿Qué repercusiones tendría para el acuerdo con Noruega e Islandia la integración del Acuerdo de Schengen en el Tratado? 
¿Se verían estos dos países obligados a aplicar sin restricciones la legislación comunitaria en la materia? 
Quisiera contestar a la pregunta del Sr. Sjöstedt en el sentido de que es correcto que la Conferencia Intergubernamental, cuando se plantee la cuestión de una mayor cooperación en el marco del tercer pilar, tendrá que prestar atención a la integración de la cooperación que actualmente existe entre los Estados miembros que forman parte del acuerdo de Schengen y a su ejecución. 
Puedo confirmar que en el marco de esta investigación se prestará especial atención, y de hecho ya se ha prestado, a la situación de Noruega e Islandia, que, a través del acuerdo firmado el 19 de diciembre de 1996, que todavía no ha entrado en vigor, han cerrado un acuerdo de cooperación con los Estados de Schengen, pero todavía es demasiado pronto para pronunciarse sobre cómo se reflejará esto exactamente en la Conferencia Intergubernamental. 
Me parece prematuro pronunciarme sobre la cuestión de si es necesario un nuevo acuerdo con Noruega e Islandia como consecuencia de una posible modificación de las relaciones del Tratado entre la Unión Europea y la cooperación de Schengen. 
Es posible, y en tal caso existe el propósito por parte de los Estados de Schengen de iniciar a tiempo una consulta con Noruega e Islandia. 
En esta cuestión procuraremos no confrontar nunca a Noruega e Islandia con sorpresas ni hechos consumados. 
Su segunda pregunta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
Si el Tribunal de Justicia Europeo recibe competencias sobre una parte del conjunto de la cooperación de Schengen, en caso de que se lograra una integración completa de Schengen en la Unión Europea, en tal caso tendremos que reajustar la posición de Noruega e Islandia. 
Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo con la que tienen que ver Noruega e Islandia no es nueva, y en el Espacio Económico Europeo existen también relaciones especiales con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
La cuestión es si en lo referente a una integración de Schengen en el tercer pilar, será todavía posible establecer una distinción. 
Claro que sí, es simplemente una cuestión de anotar bien y ejecutar bien los acuerdos, para que una única firma en torno a la integración de Schengen no provoque una gran confusión sobre a qué se comprometerían o no Noruega e Islandia; se trata simplemente de llegar a unos acuerdos claros y en general, a mi entender, no tiene nada de especial en el concepto de cooperación flexible en el marco del tercer pilar. 
Señor Presidente, yo represento aquí a Baviera y quisiera preguntarle, en primer lugar, si ya se ha fijado el calendario para la incorporación de Austria e Italia al Acuerdo de Schengen y qué puede decirnos sobre el calendario actual de la misma. 
En segundo lugar, quisiera preguntarle por la seguridad de las fronteras orientales de la Unión Europea. 
Como Presidente del Consejo no puedo y no debo contestar a la pregunta en torno al calendario y al modo en que Austria se adherirá al Tratado de Schengen. 
Espero que lo comprenda, y en cuanto a su pregunta complementaria sobre la seguridad en la frontera oriental de la Unión, le diré en primer lugar que en el marco de la regulación correcta de la subsidiariedad quisiera proponer que dirija esta pregunta a la autoridad competente en Bonn. 
Me gustaría hacer una referencia a la pregunta del Sr. Sjöstedt, que trata de la confusión que puede surgir si la Conferencia Intergubernamental propone que el Acuerdo Schengen se integre en el Derecho de la UE. 
Mi pregunta es: ¿No sería mejor esperar a que los Parlamentos de Suecia, Noruega y Finlandia debatan los acuerdos existentes? 
Podrían surgir graves complicaciones si el Acuerdo Schengen se incluye en el Derecho de la UE antes de que los Parlamentos de estos países ratifiquen los ya existentes. 
No formula usted una pregunta al Presidente del Consejo, sino a un miembro de la Conferencia Intergubernamental; quiero establecer esta distinción. 
En primer lugar, quisiera decir que no todos los años tenemos una Conferencia Intergubernamental, y por tanto, esperar significa esperar sine die, y pienso que es muy necesario eliminar la incertidumbre que se ha suscitado porque, por un lado, se produce un desarrollo jurídico en el marco del primer y del tercer pilar de la Unión Europea, y por otro en el marco de la cooperación de Schengen se producen un desarrollo jurídico y una práctica jurídica que no se coordinan bien. 
Lo admito sinceramente, es un fallo institucional en el ámbito de la cooperación, donde por cierto la cooperación tiene una gran prioridad según todos los Estados miembros que cooperan, tanto en la Unión Europea como en el Tratado de Schengen. 
El problema que aborda usted de cómo será exactamente la relación entre Noruega e Islandia cuando de repente se regule la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, es una pregunta que me parece conveniente considerar a la luz del artículo 7A del Tratado de la Unión. 
La existencia de la libre circulación de personas en el marco de la Unión Europea y la existencia de la unión de pasaportes noruega ha de regularse debidamente, bien en el marco de Schengen, bien en la Unión Europea, y sugerir ahora que ello provocará una gran confusión o problemas insuperables, no me parece realista. 
En calidad de secretario de Estado neerlandés he tenido oportunidad de dirigir las negociaciones que hemos mantenido con Noruega e Islandia en la cooperación de Schengen, y consideré que todo evolucionaba de forma muy flexible. 
Confío en que los países escandinavos, y en especial Noruega e Islandia, adoptarán enfoques y soluciones pragmáticas que soberanía de estos dos países; es una premisa que nunca ha sido discutida. 
No espero en absoluto que surjan problemas, y de ahí que piense que su sugerencia de que creamos confusión y que hemos de aplazarlo todo, equivalga a eludir los problemas que ahora es preciso solucionar urgentemente. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 8 no se formula. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 9 y 10 se contestarán simultáneamente. 
Pregunta nº 9 formulada por Manuel Medina Ortega (H-1045/96): 
Asunto: Diseño de billete «euro» 
¿Considera el Consejo que el nuevo diseño de billete euro, que incluye en el reverso un mapa de Europa del que se excluyen Creta y otras islas griegas, los Departamentos franceses de Ultramar, los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira, y los archipiélagos y ciudades españolas de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, es el más adecuado para reflejar la identidad europea? Pregunta nº 10 formulada por Ulf Holm (H-0085/97): 
Asunto: Las monedas del euro 
En relación con la configuración del euro, distintos medios de comunicación suecos han señalado que las monedas contendrán níquel. 
Desde el punto de vista de los consumidores sería una pena que así fuese. Hoy en día la alergia al níquel constituye el tipo de alergia por contacto más frecuente, y afecta al 10 % de las mujeres. 
¿Está el Consejo al tanto de este problema? 
¿Tiene intención de que las monedas del euro no contengan níquel? 
Las preguntas del Sr. Medina Ortega y del Sr. Holm tenían que ver con las características físicas de los billetes y las nuevas monedas del euro. 
En primer lugar, en lo que respecta a los billetes, según el Tratado, el Banco Central Europeo tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de los billetes. 
En su comunicado de prensa del 13 de diciembre de 1996, a raíz de la presentación del diseño mencionado por el Sr. Medina Ortega, el Instituto Monetario Europeo recalcó en primer lugar que se seguirá trabajando con los diseñadores para mejorar los billetes de banco, y en segundo lugar, que en 1998 el Banco Central Europeo tomará una decisión sobre el diseño definitivo y sobre el inicio de la producción de billetes. 
En lo que respecta a las euromonedas, una pregunta del Sr. Holm, creo, puedo decirle que en estos momentos, el grupo de directores de asuntos monetarios está estudiando las especificaciones técnicas de las monedas. 
El pasado 27 de enero, el diseño y la elección del material para la euromoneda se plantearon en el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión para una primera discusión. 
Y quiero recalcar que también se planteó la cuestión del contenido de níquel o la inclusión de níquel en la composición de las monedas. 
El Consejo de ministros de Finanzas ha rogado al grupo de directores de asuntos monetarios que realicen un estudio y que aporten soluciones. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en primer lugar he de decirle que sus palabras me tranquilizan porque tenemos todavía hasta el año 1998 para el diseño final. 
Quiero simplemente que, a través de la Presidencia del Consejo, se transmita al Banco Central Europeo la preocupación de millones de ciudadanos europeos que viven en las Islas Canarias, en las Islas Azores, en Madeira, en las islas griegas, en Ceuta, en Melilla, es decir, en una serie de territorios muy importantes, por el hecho de que este mapa- en el que parece que hay una identificación entre mapa y validez de la moneda- no reproduzca sus territorios, pues podría haber la sospecha de que la moneda no tiene validez en esas regiones. 
Aunque el problema pueda parecerle a usted baladí, para los habitantes de estas regiones constituye una preocupación fundamental, y me gustaría recibir la seguridad de que, a través de la Presidencia del Consejo, se transmitirá al Banco Central Europeo esta preocupación de los diputados que, en alguna medida, representamos a estas regiones. 
Le prometo que trasmitiré las observaciones del Sr. Medina Ortega al Instituto Monetario Europeo. 
Gracias por la respuesta del ministro responsable de estos asuntos. 
Me alegra oir que todavía no se ha adoptado una decisión definitiva sobre la cuestión del contenido de niquel en la moneda. 
Sería digno de elogio que se produjesen monedas sin este metal. 
En Suecia tenemos monedas de diez y cinco coronas fabricadas sin niquel. 
Ha mencionado usted que se debería reducir su procentaje en las nuevas monedas. 
En las monedas de una corona sueca es de 25 por ciento como mucho. 
Sería interesante para mí saber qué porcentajes se están debatiendo. 
El Sr. Holm comprenderá que en estos momentos está pidiendo demasiado al Presidente en ejercicio del Consejo. Quisiera proponerle que espere a que se presente el informe de los directores de asuntos monetarios a los ministros de Finanzas y asimismo que espere a ver qué conclusiones extraen los ministros de Finanzas de este informe de los directores de asuntos monetarios. 
Asunto: Amenazas de la Sra. Çiller contra un Estado miembro 
Según despachos enviados desde Ankara por todas las agencias de noticias, la ministra de Asuntos Exteriores de Turquía, Sra. Çiller, a su vuelta del Consejo Europeo de Dublín, realizó en el aeropuerto de la capital turca la siguiente declaración: 
» Si Europa no acepta estrechar la mano que le tendemos en señal de paz y Turquía se queda fuera, Grecia deberá inquietarse verdaderamente». 
¿Puede indicar el Consejo cómo piensa reaccionar ante esta amenaza proferida directamente contra un Estado miembro de la UE, algo que entra en total contradicción con el espíritu de la Declaración de los Quince de julio de 1996? 
El Consejo concede mucha importancia al desarrollo de las relaciones de la Unión Europea con Turquía, tanto en el ámbito económico como en el político. 
Sin embargo, en algunas cuestiones, las relaciones entre la Unión Europea y Turquía siguen esperando una solución. 
Después del Consejo del 15 de julio de 1996, la Presidencia seguirá adelante con sus intentos de desarrollar el diálogo y la cooperación con Turquía, a fin de contribuir a encontrar soluciones para las cuestiones pendientes. 
Señor Presidente, agradezco la respuesta del Sr. Presidente en ejercicio. 
Yo soy de los que apoyan la orientación europea de Turquía, hasta el punto de que afirmo al representante del Consejo que estoy a favor de la plena incorporación de Turquía a la Unión Europea, pero bajo una condición: que Turquía acepte los principios de la Unión Europea en materia de democracia, derechos humanos y dignidad humana, así como los requisitos económicos que la Unión Europea exige a todos los Estados que aspiran a ser miembros de la familia europea. 
Sin embargo, mi pregunta, señor Presidente en ejercicio, no ha sido contestada realmente. 
Por lo tanto le pregunto: ¿Es válida la Declaración de los Quince de julio de 1996? 
Y si es válida, señor representante del Consejo, ¿hasta cuándo esperarán a que les conteste la Sra. Çiller si la acepta o no? 
En caso de que no conteste (visto que ya han pasado 8 meses) , señor representante del Consejo, ¿cómo tiene intención de reaccionar el Consejo? 
Y una última pregunta en relación con las recientes declaraciones de la Sra. Çiller: ¿Cuál es la posición del Consejo con respecto a las declaraciones de la Sra. Çiller, según las cuales en caso de que la Unión Europea no continúe las negociaciones para el ingreso de Turquía en la Unión Europea, Turquía no permitirá nunca el ingreso de Chipre en la Unión Europea? 
La declaración del 15 de julio de 1996 no guardaba relación con la entrada de Turquía en la Unión Europea, sino con la puesta en marcha de la Unión aduanera con Turquía, y de eso se trata. 
Creo que todavía no se han cumplido todas las condiciones y pienso que es muy necesario que el Consejo prosiga su diálogo con Turquía para lograr un acuerdo completo sobre las condiciones incluidas en la declaración de 1996 para que con ello la Unión aduanera pueda entrar en vigor cuanto antes, en lo que respecta al Consejo. 
Respondo a las preguntas de sus Señorías Megahy y Crowley. Permítanme contestarles conjuntamente, como han indicado ustedes. 
El procedimiento de contratación de nuevos funcionarios de la Unión Europea está regulado por el Estatuto de los funcionarios de la Comunidades Europeas, y por lo tanto exclusivamente por el Derecho comunitario. Esto garantiza un trato igual en todos los Estados miembros. 
El procedimiento para contratar a través de un estudio comparativo se describe en el artículo 29 y el Anexo III. Según el punto g del artículo 1 del anexo III, el anuncio del estudio comparativo indica- si hace faltaun límite de edad, que puede adaptarse para tener en cuenta situaciones especiales. 
De esta manera, en la práctica se aumenta el límite de edad en determinados casos, por ejemplo un aumento de cinco años como máximo para tener en cuenta la educación de los niños que todavía no están en edad escolar o un aumento en caso de servicio militar o minusvalía. 
Asimismo es posible adaptar el límite de edad para tener en cuenta el mercado laboral en algunos sectores. 
Desde hace dos años, las instituciones y los órganos comunitarios, entre ellos el Consejo, han decidido racionalizar sus métodos de contratación y se han comprometido a contratar a los funcionarios a través de anuncios que tienen relación con varias instituciones, salvo que una determinada institución tenga necesidades específicas. 
Asimismo, por razones presupuestarias y por razones relacionadas con determinadas exigencias de calidad, y me remito al artículo 27 del Estatuto, han decidido manejar en general el límite de edad de 35 años para acceder al estudio comparativo para las categorías iniciales. Y las categorías iniciales son D4, D3, C5, A8 y A7. 
Las razones presupuestarias guardan sobre todo relación con el hecho de que el período de cotización para el plan de pensiones es de 35 años. 
Me remito ahora al artículo 77, segundo párrafo del Estatuto. En lo que respecta a las exigencias de calidad incluidas en el artículo 27 del Estatuto, se constata que el límite de edad de 35 años permite contratar a funcionarios que, como exige el Estatuto, cumplen las máximas exigencias de aptitud y capacidad. 
Para el acceso a las categorías intermedias, y me refiero en especial a las categorías D1, C3, C1, B3, B1 y A5, el límite general de edad es de 50 años. 
Por último, quiero recalcar que, de acuerdo con el artículo 27, segundo párrafo del Estatuto, al elegir a los funcionarios no se establece ninguna distinción por motivos de raza, creencia ni sexo. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por su muy completa respuesta sobre los temas generales. 
Podría decir que no estoy en absoluto convencido de que haya dado ningún buen argumento a favor de que se discrimine a la gente más mayor limitando la edad a los 35 años. 
Espero que cuando finalice la CIG- y la Presidencia neerlandesa desempeñará en ello un importante papel- haya una cláusula antidiscriminación que imposibilite esto en el futuro. 
Mi pregunta concreta se relacionaba con la situación que parece estar surgiendo ahora en un Estado miembro- y felicito a Irlanda por dar este paso -, que ha prohibido los anuncios que impliquen una discriminación por motivo de la edad. 
Lo que quiero saber es lo siguiente: si el Consejo contrata personal en Irlanda- y debería poder hacerlo para los puestos de las instituciones europeas- ¿ha pensado en cómo va a poder contratar personal allí si el Gobierno irlandés dice que no va a permitir la discriminación por razones de edad en los anuncios de los periódicos? 
¿Cómo va el Consejo a atraer entonces irlandeses a dichos puestos? 
¿No cree el Presidente en ejercicio que sería mejor seguir el ejemplo irlandés y aplicarlo en toda la Comunidad, ya que entonces no habría problemas? 
Me parece prematuro pronunciarse sobre la cuestión de qué resultados tendrá exactamente la Conferencia Intergubernamental en cuanto a la prohibición de la discriminación. 
Su pregunta sobre el derecho irlandés y las prácticas de contratación irlandesas es clara para mí. 
Sólo puedo decirle que aquí hablamos de derecho comunitario, que es aplicable en sentido general, y que el derecho irlandés es aplicable en el territorio de la República Irlandesa. El derecho irlandés no es específicamente aplicable a la contratación de funcionarios de la Unión Europea. 
También yo deseo dar las gracias al Presidente en ejercicio por su muy completa respuesta y también por su muy completa no-respuesta, porque aunque el Sr. Megahy y yo hemos presentando dos preguntas distintas desde quizá dos ángulos diferentes, el resultado que deseamos es el mismo. 
No estoy seguro de estar de acuerdo con el Presidente en ejercicio cuando dice que es prematuro hablar sobre cuál será el resultado de la CIG, porque este Parlamento ha formulado ya varias propuestas acerca de un artículo antidiscriminación que se incluya en el nuevo Tratado. 
En el proyecto de Tratado elaborado el año pasado por la Presidencia irlandesa durante su mandato había también un artículo dedicado específicamente a la antidiscriminación, en el que se mencionaba en concreto la edad. 
Me pregunto si el Presidente en ejercicio está al corriente de la encuesta demográfica que ha llevado a cabo la Comisión en la Unión Europea, que muestra que la población está envejeciendo y que si queremos cubrir puestos dentro de las instituciones de la Unión Europea, hará falta una modificación con respecto al límite de edad. 
Me alegra ver que para las escalas superiores el límite de edad es de 50 años, pero quizá haría que poder contratar con un mismo límite de edad en todas las escalas y esto es algo que debiéramos estudiar inmediatamente. 
Doy las gracias a su Señoría por su observación sobre la propuesta de la Presidencia irlandesa para la CIG, pero mi respuesta sigue siendo que es demasiado pronto para especular sobre la cuestión de qué resultados dará la CIG en materia de antidiscriminación. 
Comprendo sus argumentos demográficos, pero a cambio puedo decirle que la normativa comunitaria no está esculpida para siempre en piedra y si el mercado laboral y la situación demográfica lo exigen, podemos reconsiderarla. 
En estos momentos no tengo motivos para pedir a las instituciones de la Unión que sigan una política de contratación diferente de la actual. 
Querría dar la gracias al Presidente en ejercicio por la completa respuesta. 
Estoy de acuerdo con mi compañero, el Sr. Megahy, en que la lógica que hay detrás de esto es un poco difícil de entender. 
Ha dicho que por razones presupuestarias, y eso tiene que ver con los derechos de pensión. 
Seguro que tiene que haber personas mayores de 35 años que aporten una pensión y ¿es que eso no cuenta también? 
Supongo que no estará diciendo que nadie que esté por encima de los 35 puede ser suficientemente competente para ocupar un puesto en una de las instituciones de la Unión Europea. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si no está dispuesto a reexaminar la situación a la luz de la evolución demográfica de la que ha hablado el Sr. Crowley. 
Quizá esté dispuesto a reexaminarla, dado que la lógica subyacente, tanto en lo referente a las pensiones como a la competencia, no es suficiente y merece la pena que se reexamine ya sólo por el tema de la discriminación. 
A decir verdad, la política de personal de las instituciones europeas no es mi especialidad. 
No tengo conocimiento de que la actual premisa para la contratación haya creado problema alguno en los últimos años para que las instituciones europeas mantengan su plantilla en un nivel cualitativamente alto. 
Por lo tanto, desde esta perspectiva, no veo razón alguna para emprender iniciativas con objeto de cambiar la práctica o la normativa a este respecto. 
Para mayor abundancia he de decir que esta es una cuestión en que la Comisión Europea tiene el derecho de iniciativa, y si la Comisión Europea cree que el mercado laboral ya no responde a la normativa vigente, o que hay graves tensiones en lo referente a los principios de no discriminación, pienso que la Comisión Europea no dudará en ejercer su derecho de iniciativa. 
Me alegro mucho de que estas normas no estén grabadas en piedra y puedan cambiarse. 
Es importante insistir en el aumento de la longevidad de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Teniendo en cuenta que la gente vive más tiempo y tiene que trabajar más tiempo, la aparente necesidad de personas con más experiencia y la excelente decisión que ha adoptado el Gobierno irlandés, ¿no podría el Consejo, sin esperar a la CIG, examinar ahora la situación y presentar propuestas destinadas a abolir la discriminación por razones de la edad en todo el conjunto de la Unión Europea? 
Trasmitiré las preocupaciones de su Señoría a la Comisión y al Consejo. 
Pregunta nº 15 formulada por Ioannis Theonas (H-0007/97): 
Asunto: Amenazas de Turquía por la instalación de misiles en Chipre 
Veintitrés años después de la invasión de Chipre y de la continuada ocupación de un 40 % de su territorio por tropas turcas, los Estados Unidos y los Estados miembros de la UE, ignorando la más que patente superioridad de Turquía en armamento, han sugerido a la República de Chipre que no compre un sistema de misiles de defensa ruso, alegando que de ese modo se alteraría el equilibrio de fuerzas en una de las regiones más militarizadas del mundo. 
En caso afirmativo, ¿qué medidas se propone adoptar para hacer frente a las amenazas turcas contra Chipre en caso de que se instale el sistema antiaéreo de defensa? ¿Aprueba la propuesta de desmilitarización de la isla bajo garantías internacionales, junto con la retirada de las tropas turcas de ocupación y de los colonos, en el marco de una solución justa y viable de la cuestión de Chipre con arreglo a las decisiones de las Naciones Unidas? 
El Sr. Theonas plantea una cuestión importante. 
El Consejo hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que adopten una actitud reservada y no emprendan acciones que pudieran obstaculizar o dificultar las conversaciones que se celebrarán en el transcurso del presente año bajo los auspicios de la comunidad internacional. 
Los recientes acontecimientos de Chipre han vuelto a demostrar que, en el marco de la Naciones Unidas y de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es preciso ocuparse urgentemente de las iniciativas encaminadas a lograr una solución política general para Chipre sobre la base de una federación de dos territorios con dos comunidades. 
En este contexto, el Consejo es partidario de la desmilitarización de la isla. 
El Consejo reitera su pleno apoyo al Secretario General de las Naciones Unidas y a su representante especial para Chipre. 
El próximo 25 de febrero se celebrará un Consejo de Asociación con Chipre. En dicha ocasión habrá un intercambio de ideas sobre la situación política de la cuenca oriental del Mediterráneo, y por supuesto también sobre la propia Chipre. 
La Unión Europea ha instado repetidas veces a Turquía a que- de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU- contribuya a una solución para Chipre. 
El embajador Heaslip, representante de la Presidencia para Chipre, colaborará estrechamente con todos los implicados y emprenderá también las iniciativas necesarias. 
En cuanto al fomento de la seguridad en el marco de las iniciativas de la Unión Europea para la región, el Consejo remite al proceso euromediterráneo en cuyo marco, y como parte de nuestra cooperación en el ámbito de la política y la seguridad, se está trabajado actualmente para acordar medidas que inspiren confianza. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Presidente en ejercicio por su respuesta. 
No obstante, quisiera expresar mi seria preocupación por el hecho de que, hasta la fecha la Unión Europea evita condenar las amenazas de Turquía contra Chipre. 
Evidentemente, apoyo la solución política del problema de Chipre. 
En ningún caso aspiro a ningún tipo de solución militar del conflicto. 
No obstante, considero que el refuerzo de la defensa de un país es su obligación y, naturalmente, la preparación para la defensa preocupa al que planea un ataque. 
A no ser que alguien opine que no se trata de misiles de defensa. 
Sin embargo, por lo que se ha dicho y por lo que yo sé se trata de armamento defensivo, mientras que Chipre ha sido reiteradamente objeto de amenazas por parte de Turquía, incluso con respecto a su derecho a ingresar en la Unión Europea- un tema que no ha sido abordado por el Presidente en ejercicio-. Turquía ha amenazado con impedir su ingreso en caso de que no se atiendan sus propias demandas. 
Comprendo la preocupación del su Señoría. 
En sus contactos regulares con todos los implicados, incluidos el Gobierno de Turquía y el Gobierno de Chipre, el Consejo hará todo lo posible por lograr una desescalada de la tensión política. 
Aunque he trabajado durante años para el Ministerio de Defensa, quisiera proponer que no se iniciara ningún debate sobre la necesidad estricta de adquirir misiles con un alcance de 150 km como defensa legítima frente a las amenazas en Chipre. 
Asunto: Rehenes en Cachemira 
Teniendo en cuenta las rigurosas condiciones del invierno en Cachemira, ¿podría presionar el Consejo al Gobierno indio para que renueve sus esfuerzos en favor de la liberación de los rehenes? 
Respondiendo a la pregunta del Sr. Lomas puedo decir lo siguiente. 
Desde el inicio del caso de secuestro en Cachemira, la Unión Europea ha emprendido diversos pasos para pedir que no se escatimen esfuerzos por llevar a buen fin esta crisis. 
Por desgracia, en este ámbito no se han logrado progresos y las noticias que han llegado hasta nosotros en los últimos meses sobre los rehenes son escasas y contradictorias. 
La Presidencia se esforzará al máximo por aliviar la dramática situación de los rehenes y seguirá planteando este problema ante los organismos competentes de los países implicados. 
Doy las gracias al Consejo por su respuesta y por los esfuerzos que ha hecho en el pasado. 
Pero las cosas parecen haber estado bastante tranquilas últimamente, aunque la gente de la propia Cachemira está sumamente preocupada y ha estado trabajando, sobre todo el JKLF, para conseguir su liberación. 
Realmente es un problema del Gobierno indio, que, después de todo, controla Cachemira. 
Por eso en mi pregunta pido que se presione al Gobierno indio. 
Asimismo, ¿no está de acuerdo el Consejo en que la verdadera solución para detener todo este tipo de actos- y ha habido muchas muertes en Cachemira a lo largo de los años- sería conceder al pueblo su autodeterminación? 
Para empezar con la última pregunta, pienso que la solución de la cuestión de Cachemira ha de buscarse en unas negociaciones directas entre los gobiernos implicados. 
La Unión Europea no debe ser la primera en emitir un juicio sobre si ello desembocará en la autodeterminación u otra cosa. 
He tomado buena nota de las preocupaciones de su Señoría en cuanto al caso de secuestro. Consideraré si ello es motivo para redoblar los esfuerzos. 
Querría dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta al Sr. Lomas. 
Pese a las medidas que ha adoptado el Consejo en el pasado, querría saber qué otras medidas se propone adoptar en las próximas semanas para hacer frente al problema de los rehenes que se está prolongando durante mucho tiempo, causando gran cantidad de sufrimiento a las familias afectadas, y también qué medidas políticas va a adoptar para dar solución a la situación de Cachemira, las cuales debieran basarse en el principio de la autodeterminación. 
Eso es lo que quiere la propia población, por no hablar de los gobiernos implicados. 
Este es un tema que interesa a millones de habitantes del Reino Unido y, desde luego, a varios miles de mi propia circunscripción que tienen vínculos con Cachemira. 
Se mantiene una consulta muy regular, concretamente en el marco del comité de directores políticos, entre otras cosas sobre la cuestión de Cachemira. Buscamos cuidadosamente buenos asideros, bien a través de medidas, bien- quizás en el futuro- enviando a una troika, no sólo para mantenernos al corriente de la situación de Cachemira, sino también para hablar a fondo con las autoridades indias y locales sobre cuestiones como la acción de secuestro, a la que se han referido sus Señorías al formular la pregunta. 
Pregunta nº 17 formulada por Sir Jack Stewart-Clark (H-0015/97): 
En su presentación de las acciones que van a emprenderse, la Presidencia de los Países Bajos hace un llamamiento a la elaboración de un programa plurianual para el intercambio de conocimientos entre los Estados miembros sobre métodos de investigación, campañas de información pública e instalaciones para grupos objetivo específicos. 
Añade que para ello es esencial la cooperación entre los profesionales de la sanidad, las autoridades judiciales y la policía. 
Es sorprendente que no se haya mencionado como tal el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías. 
¿Puede confirmar el Consejo si se va a utilizar en la mayor medida posible el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías para garantizar una adecuada coordinación entre los distintos órganos interesados? 
A raíz de la pregunta del Sr. Stewart-Clark puedo decir lo siguiente. 
El Consejo Europeo de Dublín escuchó un informe de progresión sobre la lucha contra las drogas, que incluía diversos puntos de atención específicos para la acción en 1997. 
Uno de ellos tiene que ver con la adjudicación de un papel más importante a la investigación en la lucha contra las drogas. 
La investigación ocupa un lugar importante en el programa de acción comunitaria recientemente aceptado en materia de prevención de la toxicomanía dentro del marco de acción en el ámbito de la salud pública. 
Uno de los objetivos del programa es mejorar los conocimientos sobre las drogas, la toxicomania y sus consecuencias, así como los conocimientos sobre medios y métodos de prevención. 
En este sentido se adjudica un papel importante al Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, el OEDT. 
La Comisión tendrá en cuenta las actividades del OEDT a la hora de aprobar las acciones en el marco del programa de acción comunitaria, a fin de que no se produzcan duplicidades innecesarias. 
Entiendo lo que dice, pero ha costado mucho dinero crear este observatorio en Lisboa. 
Es absolutamente esencial. 
Hay una serie de centros de investigación sobre la droga en cada uno de los países que se están conectando al Observatorio europeo de la droga. 
Es absolutamente esencial que éste reciba el apoyo del Consejo y de los gobiernos nacionales. 
La razón por la que formulo la pregunta, Señor Presidente en ejercicio, es que usted habló del intercambio de información sobre varios temas relacionados con la droga. 
El observatorio, de hecho, no se mencionó en absoluto. 
Así que mi pregunta es realmente la siguiente: en primer lugar, aunque ya ha respondido a ello en parte, ¿respalda totalmente el Consejo el observatorio? y, en segundo lugar, ¿va a asegurarse de que los centros nacionales de investigación sobre la droga reciban un absoluto apoyo y de que la calidad de la información procedente de los mismos sea lo mejor posible? 
A la primera pregunta categórica de su Señoría puedo contestar claramente que sí. 
Pensamos que, dada la magnitud y la gravedad de la problemática a que nos enfrentamos en Europa Occidental en la cuestión de la toxicomanía y el narcotráfico, el Observatorio merece todo nuestro apoyo. 
Asimismo hay otra razón, y esto es algo que desempeña un papel a la luz del enfoque neerlandés de la problemática de las drogas. Pensamos que la creciente preocupación por la prevención y por evitar que las personas entren en contacto con el mundo de las drogas y el mundo de la adicción es una de las claves más importantes, junto a la lucha contra la criminalidad y junto a la represión, que es uno de los instrumentos más importantes para poder controlar mejor este terrible problema que nos amenaza desde hace años y que también nos amenazará en el futuro. 
Comparto la idea subyacente de su Señoría de que, si se quiere poder controlar un problema complejo, es preciso observarlo, es preciso saber qué hay que medir y sobre todo disponer de datos fiables e idénticos sobre las diversas formas en que se manifiesta este problema y cómo se manifiesta en los diversos Estados miembros. 
Por lo tanto, apoyo plenamente el enfoque por el que ha optado su Señoría. Con toda seguridad lo señalaré a la atención del ministro neerlandés de Salud Pública, que por cierto es un experto en la cuestión de prevención de drogas. 
Pregunta nº 18 formulada por Niels Sindal (H-0018/97): 
Asunto: Ratificación de acuerdos europeos 
Han pasado dos años desde que se firmaron los acuerdos europeos con Estonia, Letonia y Lituania. A pesar de ello, una serie de países (Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido) todavía no han ratificado los acuerdos. 
¿Qué se propone hacer la Presidencia del Consejo para asegurar la ratificación de los acuerdos por parte de dichos países? 
En relación con la pregunta del Sr. Sindal quiero decir lo siguiente. 
Los acuerdos de asociación europeos con Estonia, Letonia y Lituania se firmaron el 12 de junio de 1995, es decir, hace poco más de año y medio. 
Desde entonces, en nueve Estados miembros ha concluido el procedimiento de ratificación. 
Como sabe su Señoría, cada parlamento tiene sus propios procedimientos y prácticas. No soy quién para inmiscuirme en ello o hacer comentarios al respecto. 
Por otra parte, no hay que dar la impresión de que los procedimientos de ratificación de los Acuerdos Europa con los tres Estados bálticos no progresan suficientemente. 
Las ratificaciones en la Europea Central y Oriental también han exigido cierto tiempo, concretamente dos años. 
Por cierto que para otros importantes acuerdos con Rusia y Ucrania, firmados en junio de 1994, los procedimientos siguen en marcha. 
Sí quiero recalcar que la Presidencia aprovecha cualquier ocasión llamar la atención de los Estados miembros de que es preciso agilizar los procedimientos de ratificación no concluidos de para los diversos acuerdos, entre ellos también el acuerdos con los Estados bálticos. 
La Presidencia tiene por ello plena confianza en que los Estados miembros que todavía no han concluido el procedimiento de ratificación de los acuerdos con los Estados bálticos harán lo necesario para lograrlo rápidamente. 
Gracias por la respuesta. 
Me alegra que el Consejo no vea ningún problema. No obstante, debe comprender que a los países aspirantes Estonia, Letonia y Lituania les preocupa que la Unión no haya demostrado el mismo entusiasmo que en el caso de otros países aspirantes, como Polonia, Hungría y la República Checa. 
Hemos decidido dar el mismo trato a todas las solicitudes. 
Mi pregunta es, por lo tanto: ¿Puede el Consejo confirmar que la Comisión no tiene favoritos a la hora de preparar la admisión de nuevos Estados miembros? 
Quiero decirle que ésta es la opinión que me ha sido transmitida en calidad de antiguo presidente de la Delegación para las Relaciones con Estonia, Letonia y Lituania. 
Espero que usted lo pueda aclarar. 
Puedo confirmarle que el Consejo no tiene favoritos entre los once países candidatos para ser miembros de la Unión Europea. 
La afiliación tendría que basarse, en la medida de lo posible, en la aplicación objetiva de los criterios del Consejo Europeo de Copenhague de 1992. 
Lo que hace que estas ratificaciones sean urgentes es la situación en que nos encontramos a diversos niveles. 
Están celebrándose las negociaciones a nivel gubernamental, y medio año después de su conclusión han de iniciarse las negociaciones para la adhesión de los países bálticos. 
Es evidente que causa intranquilidad la lentitud con que se llevan estos trabajos. 
Usted acaba de decir, señor Ministro, que es su intención que siempre se debatan estos asuntos. 
Supongo que es lo que se hace en las reuniones del Consejo de Ministros, y que su Señoría recomienda a sus colegas de los gobiernos de aquellos países que aún no los han ratificado que reiteren a sus parlamentos respectivos la urgencia de que aborden estas cuestiones. 
Si se llevan a cabo estas acciones, no habrá en mi opinión motivo para que exista preocupación en el Báltico ni tampoco en esta Cámara. 
A mi entender no hay motivo de preocupación en los Estados bálticos, tampoco sobre el proceso de una mayor concreción de la estrategia de adhesión que se iniciará en el transcurso del presente año, después de que la Comisión Europea haya emitido su dictamen sobre el modo de negociar. 
Si los diputados al Parlamento Europeo se preocupan por el lento procedimiento que aplican algunos parlamentos nacionales para llegar a la ratificación, quisiera pedir a quienes conozcan a parlamentarios nacionales que no impulsan adecuadamente los trámites, que se pongan en contacto con ellos y les metan prisa. 
Asunto: Iniciativas contra la demanda de drogas 
El consumo de drogas es de una magnitud considerable en Europa. Aumenta el comercio y la utilización de drogas sintéticas. 
A pesar de que los países de la UE tienen puntos de vista distintos sobre cómo luchar contra las drogas, es hora de que la UE elabore una estrategia para luchar contra el aumento del consumo. 
Esta estrategia debe incluir medidas que permitan luchar tanto contra la oferta como contra la demanda. 
El programa de la Presidencia neerlandesa contiene ideas generales sobre la lucha contra la droga. 
Se trata de luchar contra el comercio de drogas e intercambiar experiencias sobre programas preventivos. 
Aunque considero que ésta es una posición positiva, no se proponen medidas para limitar la demanda. 
¿Qué medidas concretas se propone adoptar la Presidencia neerlandesa para reducir la demanda de drogas? 
Quisiera hacer observar a su Señoría que en la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 1996, se aprobó un programa de acción comunitario en materia de prevención de la toxicomanía en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública. 
Dicho programa engloba una serie de medidas de estímulo y apoyo que tienen por objeto ayudar a realizar este objetivo. 
El programa en cuestión se centra a grandes rasgos en los dos siguientes ámbitos de acción. En primer lugar: acciones en el ámbito de los datos y la evaluación, siendo su objetivo la mejora de los conocimientos sobre las drogas, la toxicomanía y sus consecuencias, así como sobre los medios y métodos de prevención de la toxicomanía y de los riesgos vinculados a ella. 
Y esto se realiza en concreto utilizando los datos del Observatorio Europeo para las drogas y la toxicomanía, del que hemos hablado hace un momento, y las posibilidades ofrecidas por los instrumentos de programas comunitarios existentes. 
El segundo ámbito de acción tiene que ver con acciones en el ámbito de la información, la educación y la formación, siendo el objetivo contribuir a mejorar la información, la educación y la formación a fin de evitar los riesgos vinculados a la toxicomanía. Concretamente, en el ámbito de los jóvenes en su entorno, hogar, escuela, universidad, ocio y grupos especialmente vulnerables, inclusive los ex toxicómanos. 
La Comisión se encargará de elaborar más este programa de acción. 
Tal y como ha indicado con razón su Señoría, la Presidencia neerlandesa se concentrará asimismo en el intercambio de experiencias con la prevención y el consumo de drogas. 
Además se investigará qué elementos de la acción común- sobre drogas- aprobada en diciembre de 1996 por el Consejo, merecen ser puestos en práctica en el ámbito de la prevención de la toxicomanía. 
Quisiera señalar a sus Señorías, no sólo al Sr. Andersson, sino también a otros que al igual que yo se preocupan mucho por este tema, que la Presidencia neerlandesa dará máxima prioridad a toda la vertiente de estudio y prevención de la problemática de las drogas, tanto como a la represión y el aspecto judicial de la problemática de las drogas. 
Le agradezco su respuesta al Consejo. 
El motivo de mi pregunta es que en general existen dos modos de luchar contra el consumo de droga, en parte ocupándose de la oferta, en parte de la demanda. 
Hay que abordar ambos aspectos. 
En lo relativo a la oferta, el comercio y la fabricación de drogas sintéticas, estamos totalmente de acuerdo. 
No obstante, sabemos que, independientemente de la cantidad de fábricas o traficantes que podamos intervenir, se seguirán consumiendo estupefacientes mientras siga habiendo demanda. 
Por eso pienso que es más importante actuar sobre la demanda, y que lo más importante es hacer que los jóvenes ni siquiera lleguen a probar las drogas. 
Tengo dos preguntas, una en la dirección apuntada, y otra con motivo de la respuesta al Sr. Stewar-Clark. 
Primera: ¿Cree usted también que las acciones más importantes en el ámbito de los narcóticos deben centrarse en impedir que los jóvenes lleguen a probarlos? 
Segunda: ¿En el Este de Europa se están fabricando anfetaminas y otras drogas sintéticas. 
¿No debería la UE «hacer limpieza en su propia casa» teniendo en cuenta sus frecuentes contactos futuros con los países de la Europa oriental? 
Estoy de acuerdo con el análisis básico del Sr. Andersson, que distingue claramente entre el lado de la oferta y el de la demanda. 
Pienso que dentro de la Unión Europea hay una gran convergencia de opiniones y también de criterios políticos sobre la lucha contra el lado de la oferta. 
Es sobre todo el lado represivo, el combate contra la criminalidad internacional organizada, y en este sentido el Sr. Andersson tiene razón al llamar la atención sobre las relaciones con terceros países. 
Sabemos que debido a los rápidos procesos de cambio social que experimentan algunos países de la Europa oriental se corren riesgos especiales en cuanto al tránsito y la producción de drogas duras, y puedo asegurarles que en el marco de las actividades del Consejo se presta atención a esta cuestión. 
Quiero señalar que el Consejo Europeo de Dublín decidió crear un grupo de altos representantes que formulen sugerencias a corto plazo para luchar contra la criminalidad organizada, y se trata concretamente del tráfico de drogas a gran y a mediana escala, y que se estudiarán detenidamente las relaciones con terceros países como cuestión particular. 
En lo que respecta a la limitación de las preguntas, porque al fin y al cabo se habla de la gran diferenciación cultural por países y también del enfoque diferente, pienso que necesitamos conocer cada vez mejor nuestras experiencias mutuas, cosa que ya he abordado en parte, en relación con las preguntas del Sr. Stewart-Clark. 
En cuanto a la cuestión de la cooperación entre los Estados miembros, entre los especialistas de los Estados miembros, coordinada por el Observatorio, todavía queda un amplio margen para intensificar dicha cooperación. 
A nuestro entender, en los Países Bajos la prevención ha sido una clave importante, incluso para analizar de cerca y controlar las consecuencias sociales y las consecuencias para toda la juventud, y puedo asegurarles que la atención de esta Presidencia a esta cuestión no disminuirá. 
Pregunta nº 20 formulada por Nuala Ahern (H-0022/97): 
Asunto: Notificación previa del transporte por mar de materiales radiactivos a los países por los que vaya a pasar el cargamento 
Teniendo en cuenta que el Gobierno francés ha aceptado claramente que, como firmante del Convenio de Barcelona, es su obligación informar previamente del transporte de materiales tóxicos y radiactivos procedentes de los puertos franceses a los países por los que vaya a pasar el cargamento, ¿piensa el Consejo que Francia y el Reino Unido están obligados a informar previamente a los países por los que vayan a pasar los cargamentos nucleares enviados por mar desde sus plantas reprocesadoras de La Hague y Sellafield respectivamente? 
Actualmente hay un cargamento de material nuclear de La Hague, Francia, recorriendo el planeta entre Francia y Japón. 
¿Puede confirmar el Consejo que se ha dado notificación a los países del recorrido? 
Usted dice que no es algo que al Consejo le corresponda controlar, pero, ¿quién lo está controlando? 
¿Acaso el Euratom? 
¿Es obligación del propio Estado miembro informar a otros países? 
¿Se ha informado a los otros países? 
¿Quién ha informado a quién y quién quiere ser informado? ¿Están dando el consentimiento previo los países del recorrido? 
Sé que se ha informado al Gobierno australiano. Lo ha reconocido públicamente; pero no estamos del todo seguros de lo que ocurre de hecho dentro de la Unión y en el espacio que hay desde que se dejan las aguas de la Unión Europea y se entra en las australianas. 
¿Tienen también los países del recorrido el derecho a ser informados, y por quién? 
Quién da esta información aparte de Francia y el Reino Unido? 
Comprendo las preocupaciones de la Sra. Ahern sobre estas cuestiones tan delicadas, pero quiero señalarle que este es un debate entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento de la Unión Europea, por tanto aquí sólo puedo hablar de obligaciones derivadas de la legislación de la Unión Europea, y ello afecta a la legislación comunitaria Euratom, pero esta contiene algunas disposiciones especiales que también son controladas por la Comisión Europea. 
Usted se refiere concretamente a una notificación de terceros países; estos no entran en la legislación ni en la normativa comunitaria, es decir, los órganos de la Unión Europea no desempeñan ningún papel allí, y por consiguiente, cuando pregunta usted cuáles son las obligaciones que se aplican a este tipo de transportes, he de remitirle a las obligaciones establecidas en el marco de la Organización Internacional de la Energía Atómica y la IMCO, la Organización Internacional de Cooperación Marítima, en la que los Estados miembros individuales contraen la obligación- que en estos momentos no recuerdo, espero que no me lo tome a mal- de cumplir los compromisos del tratado respecto de terceros países en esta cuestión. 
No es responsabilidad de la Unión Europea. 
Señora Ahern, no tiene derecho reglamentario a hacer una nueva intervención. 
Tendría mucho gusto en hacerlo, pero no puedo concederle el uso de la palabra. 
Señor Presidente, hemos llegado al final del turno de preguntas y yo quisiera expresar mi protesta por la respuesta contraria a los Tratados que me ha dado el señor Presidente del Consejo, puesto que ha apelado al principio de subsidiariedad y me ha remitido a Bonn en respuesta a mi pregunta relativa a los controles y la seguridad en las fronteras exteriores de la UE. No me ha aclarado, sin embargo, cómo puede conciliarse esto con el tercer pilar del Tratado de Maastricht, con la Europa sin fronteras interiores, y tampoco me ha aclarado cómo se espera que controle Bonn la frontera oriental de la UE, desde Finlandia hasta Grecia. 
Señor Posselt, sabe usted que aún no hemos llegado al final del turno de preguntas y, por tanto, comprende perfectamente que su intervención no es reglamentaria. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 21 no se formula. 
Pregunta nº 22 formulada por Alex Smith (H-0028/97): 
Asunto: Plantas de reprocesamiento nuclear y leucemia 
En el número del British Medical Journal correspondiente al 11 de enero de 1997 (volumen 314, páginas 101-106) , se publicaba un artículo detallado sobre la frecuencia de casos de leucemia registrados entre los jóvenes que residen en las cercanías de la planta de reprocesamiento nuclear que explota COGEMA en La Hague, en la península de Contentin (Normandía). 
Considerando los estudios efectuados con anterioridad por el profesor Gardner sobre los casos de cáncer registrados en los alrededores del complejo de reprocesamiento de Sellafield (Cumbria) y los altos niveles de leucemia observados en las cercanías de la planta nuclear de Dounreay (Escocia) , ¿piensa el Consejo investigar (y revisar) las repercusiones en el ambiente y la salud de los ciudadanos europeos que entraña el funcionamiento continuado de dichas plantas de reprocesamiento en la Unión Europea? 
Su Señoría, el Sr. Smith, formula una pregunta sobre las fábricas de reprocesamiento. 
Siguiendo los pasos de mi predecesor, en su respuesta a una pregunta de su Señoría, quiero recalcar de nuevo que el Consejo concede mucha importancia a que se garantice un alto nivel de seguridad y salud en las actividades nucleares de la Unión Europea. 
En este sentido, le señalo el hecho de que recientemente el Consejo aprobó la Directiva 96/29/Euratom, donde se establecen las normas básicas para proteger la salud de la población, inclusive en relación con los trabajadores, frente a los peligros asociados a la radiación iónica. 
Esta directiva implica un refuerzo de las normas existentes. Aquí hay que tener en cuenta los datos científicos y técnicos más recientes. 
Si la Comisión considera necesario hacer nuevas propuestas a su debido tiempo, en vista de los nuevos datos científicos internacionalmente reconocidos, el Consejo no dudará en examinarlas. 
La Comisión está encargada de seguir el desarrollo de la situación en este ámbito y comprobar si la investigación a la que hace referencia su Señoría tiene una base científica internacionalmente reconocida. 
Aparte de esto, no quiero restar importancia de antemano al hecho de que esta investigación sea llevada a cabo, según tengo entendido, por eminentes especialistas. 
Corresponde a la Comisión Europea emprender cualquier acción ulterior al respecto. 
Doy las gracias por su respuesta al Presidente en ejercicio, detrás de quien me encuentro una vez más. 
Aquí tenemos otro peligro potencial para esta última y, en vista de la respuesta que acaba de dar el Presidente en ejercicio, me atrevo a decir que las cosas debieran tomarse más en serio. Le preguntaría si va a encargarse de pedir a la Comisión que analice la credibilidad de este estudio que se hizo en las Islas del Canal y ver si justifica algún nuevo examen o ajuste de los reglamentos que lo contemplan en este momento, sobre todo a la luz de las preocupaciones en materia de salud pública. 
Con motivo de la reiterada pregunta del Sr. Smith someteré directamente dicha investigación a la consideración de la Comisión Europea. 
Quisiera darle las gracias por las diversas respuestas que ha dado esta noche. 
Ha mencionado los reglamentos y directivas del Euratom varias veces, pero daría lo mismo que el Tratado Euratom fuera sobre el planeta Zorg en vista del control democrático que sobre él tenemos en esta Unión. 
Se tendría que haber revisado mucho antes e incorporado al Tratado de Maastricht o bien haberse deshecho de él completamente. 
¿Puede usted confirmar que la presidencia neerlandesa tiene sobre la mesa enmiendas al Tratado Euratom en este momento, durante el proceso de la CIG, y que va a estudiar dichas enmiendas y/o iniciar una revisión del propio Tratado Euratom durante las negociaciones de la CIG? 
No estoy seguro de haber comprendido del todo el chiste de su Señoría. 
Si con ello sugiere que los responsables de la ejecución del Tratado Euratom se cruzan de brazos, lo niego. 
En segundo lugar, quiero decir que en estos momentos, en la Conferencia Intergubernamental, no se han hecho propuestas para modificar el Tratado Euratom. 
Crédito al consumo 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de directiva que modifica la Directiva relativa al crédito al consumo representa un pequeño pero importante progreso hacia una mayor protección del consumidor. 
El punto central de las modificaciones es la fijación con carácter vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea de un método común de cálculo del porcentaje anual de cargas financieras. 
Esto ofrecerá particulares ventajas para los consumidores, puesto que les permitirá comparar con mayor exactitud las ofertas de los servicios financieros. 
La propuesta de la Comisión establece asimismo una armonización de la base de cálculo, que prevé que el cálculo del porcentaje anual de cargas financieras se lleve a cabo sobre la base del año de 365/366 días. 
Yo propongo, no obstante, en mi informe que el cálculo armonizado se realice sobre la base de un año de 365 días. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha suscrito esta propuesta con los votos favorables de mi Grupo político. 
Esta aclaración es necesaria puesto que el texto de la Comisión se presta a confusión y deja abierta asimismo la posibilidad de un cálculo basado en el número real de días. 
Este último método tendría, sin embargo, desventajas para los consumidores. 
Sería necesario indicar en cada caso el valor real y el período de tiempo real considerado, con el resultado de que este año, por ejemplo, febrero tiene sólo 28 días, mientras que enero tiene 31 días. Lo cual significaría que el porcentaje anual de cargas financieras se modificaría según la duración de los meses aunque el tipo de interés nominal fuera el mismo. 
Esto limitaría la posibilidad de establecer comparaciones. 
Puesto que la presente propuesta de directiva no procede a la total armonización de los fundamentos jurídicos, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se manifiesta también contraria a la introducción de un símbolo para indicar el porcentaje anual de cargas financieras, tal como propone la Comisión. 
La Comisión quisiera dejar patente con este símbolo que el porcentaje anual de cargas financieras indicado se ha calculado según lo dispuesto en la Directiva relativa al crédito al consumo y es comparable con el correspondiente porcentaje en los demás Estados miembros. 
No obstante, puesto que los elementos de coste que deben incluirse en el cálculo todavía difieren claramente en los distintos Estados miembros- por ejemplo, el disagio, que se incluye en unos países y en otros no -, los porcentajes anuales de cargas financieras no son plenamente comparables. 
Por lo tanto, podría hacerse un mal uso de dicho símbolo para inducir a engaño al consumidor, en contra del objetivo de la propuesta. 
En relación con el informe Caccavale, yo quiero manifestar que el ciudadano de Europa es, obviamente, ante todo un consumidor. 
Los informes de la Comisión sobre la transposición y aplicación de las disposiciones en materia de consumo son, por lo tanto, de particular importancia. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos no se ha limitado a evaluar críticamente el informe de la Comisión, sino que sobre todo ha intentado ofrecer en su informe soluciones concretas para los temas que ésta plantea. 
Yo quisiera destacar sobre todo dos puntos. 
En primer lugar, la Comisión quisiera hacer extensiva la Directiva relativa al crédito al consumo a los créditos sin garantía hipotecaria para obras de renovación y modernización. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se manifiesta contraria a esta ampliación, a mi parecer con razón, puesto que la inclusión de dichos créditos en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa al crédito al consumo resultará desfavorable para el consumidor. 
En efecto, estos créditos para una finalidad concreta ya no se podrían ofrecer al interés, más favorable, que rige para los créditos hipotecarios, sino sólo a los intereses más altos de un crédito al consumo, con el consiguiente perjuicio para el consumidor. 
En segundo lugar, la Comisión ha planteado el tema de la conveniencia de contar con una directiva europea relativa a los créditos hipotecarios. 
La comisión y mi Grupo político consideran que en el momento actual no es posible adoptar una directiva europea al respecto. 
El crédito hipotecario está indisolublemente unido a los mecanismos nacionales de garantía y utilización, muy distintos entre sí. 
Una regulación del crédito hipotecario a escala europea exigiría armonizar al mismo tiempo las normas de garantía y utilización y requiriría, en última instancia, la armonización a escala europea del Derecho civil nacional. 
Lo cual sería, sin embargo, incompatible con el principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, la opinión que voy a exponer se refiere al informe Caccavale, pero no al de la Sra. MosiekUrbahn. 
El calendario de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos nos obligó a presentar nuestra opinión ya a finales de abril del año pasado. 
Nuestra comisión insta a la Comisión a que modifique la Directiva de 1986. 
¿Por qué no se incluye dentro del campo de aplicación de dicha Directiva un crédito para la financiación inicial de una actividad profesional? 
¿Por qué no se establecen unas disposiciones mínimas para la publicidad de los créditos al consumo, de modo que ésta sea informativa, veraz y comprensible para el consumidor? 
¿Por qué no se incluyen en una directiva modificada o en una directiva específica las nuevas modalidades de crédito, como por ejemplo los créditos relativos a las tarjetas de crédito? 
¿Por qué no puede establecerse en todos los Estados miembros un plazo de retractación de los contratos de crédito? 
¿Cómo podemos reducir la usura y el sobreendeudamiento de un número creciente de ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea? 
¿Se explican estos quizás también por el hecho de que algunos intermediarios no poseen la formación y la seriedad necesaria? 
¿No debería regularse este aspecto mediante una norma europea? 
En opinión de nuestra comisión, la respuesta es afirmativa. 
La Directiva de 1986 tenía por objeto la armonización de las normativas nacionales y se adoptó antes de la entrada en vigor del Acta Única. 
Entonces se requería la unanimidad del Consejo, lo cual significa que se alcanzó un acuerdo sobre la base del mínimo denominador común. 
La transposición nacional ha sido notoriamente desigual. 
Se han mejorado considerablemente, en parte, las disposiciones protectoras; de la armonización no se aprecia ni rastro y las actividades transfronterizas encuentran trabas. 
Finalmente, una observación dirigida al Sr. Caccavale: en el punto 16 de la resolución puede leerse que no se estima oportuna una regulación comunitaria del crédito hipotecario. 
En la exposición de motivos se dice que es necesaria la adopción de una normativa comunitaria. 
Esto es una contradicción, como mínimo. 
Nuestra comisión pide que se adopte una directiva. 
Precisamente en el ámbito transfronterizo tenemos sobrados ejemplos negativos del trato que reciben los ciudadanos franceses por parte de los bancos alemanes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo quisiera agradecer al Sr. Caccavale el talante con que ha conducido su informe, porque he de decir que, en su afán por encontrar una solución consensuada, en el momento del examen de las numerosas enmiendas a su informe, el debate que se produjo más parecía una negociación diplomática que una votación parlamentaria. 
Estamos viviendo una etapa esencial desde el punto de vista del mercado interior, y, después de los grandes fastos del año 1992, nos encontramos inmersos en la fase de aplicación que tiene como último objetivo acercar Europa a la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Éstos serán más conscientes del valor de la Unión cuando, fuera de su territorio, puedan utilizar eficazmente instrumentos para la defensa de sus derechos o cuando puedan realizar operaciones financieras que tienen como único y último objetivo el consumo. 
La complejidad de la protección de los consumidores a nivel europeo aumenta cuando nos referimos al crédito, debido, entre otras razones, al libre juego de la oferta y la demanda y a la inminente entrada en vigor de la tercera fase de la Unión monetaria, que plantea un problema jurídico esencial cual es el principio de la continuidad de los contratos. 
Como bien recogen los puntos K y L del informe, la competencia normativa en materia de créditos reside en los Estados miembros, aunque éstos deben respetar el Derecho comunitario. 
¿Veremos, señor Presidente, señora Comisaria, el día en que el crédito al consumo sea una competencia comunitaria y haya dejado de ser una competencia estatal? 
¿No sería un logro importante, impresionante, para los ciudadanos? 
Como decíamos esta tarde en el informe Whitehead, una de las grandes dificultades de los créditos es la solución de controversias. 
No insistiré en ello porque hemos de primar, como dije esta tarde, la sencillez, puesto que nos encontramos ante situaciones transfronterizas y no debe encarecerse el crédito hasta el punto de que sea imposible o sólo posible sobre el papel. 
El informe del Sr. Caccavale recoge una serie de principios básicos de la teoría del Derecho civil que, como jurista, me han producido una gran satisfacción. 
La obligación recíproca de dar una información correcta y completa (principio de buena fe) , la autonomía de la voluntad de las partes, la coincidencia en los elementos esenciales del contrato, la causa, el objeto y el fin. 
Existe un único punto con respecto al cual quisiera expresar disconformidad, que es el punto 10 del informe, puesto que establece una rescisión unilateral absoluta. 
¿No se cae aquí en contradicción con el principio de continuidad del contrato? 
La aplicación del contrato, como dice la viejísima teoría del Derecho civil, no debe quedar nunca al arbitrio de uno de los contratantes. 
Quiero decir finalmente que el Derecho, la ley, representa o debe representar el justo medio. 
Por eso he apoyado con entusiasmo el informe, particularmente el punto relativo a la usura. 
Pero las normas jurídicas no deben ser ni intervencionistas ni dirigistas. 
Basta con que creen un entorno adecuado y equilibrado. 
Señor Presidente, señor Comisario, sus actuaciones de ayer y de hoy han sido ambas dignas de admiración en toda la Cámara. 
También los consumidores de Finlandia, que es uno de los países afectados por la modificación, dan la bienvenida al informe Mosiek-Urbahn. 
Los consumidores se ven favorecidos; tendremos unos intereses más eficaces y un sólo sistema europeo. 
Con ello termino mi intervención sobre el informe Mosiek-Urbahn. 
Por lo que respecta al informe Caccavale, en muchos apartados señala la necesidad de la continuación de los trabajos de profundización. 
Estos son necesarios para cuando tengamos un único mercado de capital a raíz de la tercera fase de la UEM. 
La experiencia de la liberalización que hemos visto dentro de dicho mercado demuestra, no obstante, que se han producido grandes abismos entre los países miembros. 
Actualmente, los nórdicos tienen una sobreoferta de capital que ha mejorado definitivamente la situación de los ciudadanos. 
Los mayores problemas, en mi opinión, los tienen los grupos marginales, que no tienen acceso al crédito, que tienen poca capacidad de devolución, que están inscritos en los registros de crédito y que se endeudaron cuando las economías sufrían el fenómeno llamado de recalentamiento. 
Seguiremos necesitando disposiciones que garanticen que se cubran los intereses legítimos de estos grupos. 
Creo que los problemas que debatimos hoy son más bien típicos de la clase media, lo cual caracteriza el debate político actual. 
El informe Caccavale demuestra de un modo claro las dificultades ante las que nos encontramos cuando intentamos llegar a una normativa única para el mercado de capital. 
Nos encontramos con el problema de que la homologación de las disposiciones en materia de derecho civil es difícil. 
Lo que se define como préstamo hipotecario en unos lugares de Europa no es lo mismo que un préstamo de la misma clase en otro lugar. 
Creo que la actitud del Sr. Caccavale, de estudiar estos asuntos con un espíritu abierto, es algo que mi Grupo está dispuesto a apoyar. 
Es una necesidad, si lo que queremos verdadermente es una normativa común para las condiciones en torno al crédito y la declaración de insolvencia. 
Doy la bienvenida también al apartado 9 en su propuesta de unas normas más estrictas en lo relativo a los anuncios. 
El espíritu del apartado 9 del informe Caccavale es muy distinto del de la propuesta que debatiremos más adelante sobre las comunicaciones con fines comerciales. 
Espero que estudiemos el apartado 9 y que volvamos sobre él cuando sometamos a debate el tema de la comunicación con fines comerciales. 
Señor Presidente, tanto el informe como el proyecto de modificación de la Directiva 87/102 abordan un tema central en relación con los servicios financieros en el marco de la Unión Europea y esto sucede en un momento en el cual todas las reflexiones al respecto están marcadas por la preparación con vistas a emprender los pasos decisivos hacia la Unión Monetaria. 
Yo quiero expresar mis respetos y mi agradecimiento a cuantos han intervenido en su elaboración desde la Comisión y también al señor Ponente, por la cautela y la atención a los detalles que han demostrado. 
A la vista de la importancia del asunto, quiero agradecer particularmente al colega Caccavale que haya planteado el tema de la ampliación de la definición de consumidor, concretamente del consumidor entendido como ciudadano libre. 
En este sentido, yo quiero hacer especial hincapié en las enmiendas 1-5 y manifestar mi respaldo a las mismas. 
No obstante, Sr. Caccavale, lamento no poder decir lo mismo por lo que respecta a la enmienda 6; en este caso su texto original era más preciso, a mi parecer, que el que posteriormente ha propuesto. 
Tampoco puedo ocultar que tengo la impresión de que una regulación horizontal definitiva de esta difícil materia presupone la realización de la Unión Monetaria. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a ambos ponentes, el Sr. Caccavale y la Sra. MosiekUrbahn, por sus informes. 
Pero quisiera aprovechar la oportunidad para poner de relieve las dificultades que tienen en la Unión Europea las personas con pocos o ningún ingreso y el hecho de que el crédito no debe convertirse en una fuente de asistencia financiera simplemente para aquéllos que disponen de una buena situación económica. 
Las personas sin una garantía o sin posesiones tienen grandes dificultades para obtener crédito. 
En el Reino Unido, mucha gente tiene que depender de los ficheros de consumidores porque es la mejor manera de que puedan obtener crédito los que tienen pocos o ningún ingreso. 
También quisiera plantear el problema de las personas que se desplazan mucho y su valoración a efectos de crédito. 
En el Reino Unido, por razones que realmente no llego a comprender, estas personas reciben una peor valoración para obtener crédito que las muy estables. 
Esto se toma como criterio para saber si a una persona se le debe conceder crédito o no. 
También creo que es injusto- y es un problema que se adquirido relieve últimamente- que las personas que viven en el mismo domicilio que alguien con una mala valoración encuentren igualmente dificultades para la obtención de crédito. 
Desde luego, si alguien se dirige a una calle principal y hace múltiples solicitudes de tarjetas de crédito de establecimientos el mismo día, ello podría mermar su merecimiento de crédito. 
Creo que la Comisión debe examinar la forma en que los establecimientos realizan las valoraciones a efectos de crédito y la capacidad de los consumidores para corregir no sólo sus propia valoración, sino quizá la de los miembros de su familia. 
También creo que tendría que hacer todo lo que esté en su mano para fomentar las uniones de crédito porque éstas son muy útiles para las personas con bajos ingresos y estimulan la autoayuda. 
Por último, quisiera llamar la atención de la Comisión acerca de la conferencia sobre el microcrédito que tuvo lugar entre el 1 y el 4 de febrero en Washington, en la que se intentó poner de manifiesto la utilidad del microcrédito para la gente que tradicionalmente no puede obtenerlo de las entidades habituales. 
Es igualmente aplicable a los países industrializados. 
Querría que la Comisión se lo tomara muy, muy en serio. 
Señor Presidente, Señorías, no cabe duda de que éste es un día pleno de debates, propuestas e iniciativas referentes a los servicios financieros. 
Me congratulo con el Parlamento porque, hace tan sólo dos años, cuando acepté el cargo, creía que el sector de los servicios financieros y de los consumidores era una materia no quiero decir tabú, sino sumamente delicada hasta el punto de poner nerviosas a las contrapartes. 
Esto demuestra además que el camino que hemos elegido- y que parecía el más largo- esto es, elaborar el Libro Verde relativo a los servicios financieros y, por consiguiente, plantear a todo el mundo un diálogo y unas propuestas, puede que sea, en definitiva, el más eficaz. 
En efecto, y en relación a las respuestas acerca del Libro Verde, los propios productores de servicios financieros ya no pueden afirmar que no existen problemas, habida cuenta de que han sido documentados. 
Creo, no obstante, que sobre la base del informe de la Sra. Marinucci, todo esto lo han debatido ustedes esta tarde con el Comisario Monti. 
Ciñiéndome más a las dos propuestas objeto de debate y, más exactamente, a la que se refiere al primer informe y a los comentarios de sus Señorías acerca de la propuesta de una fórmula matemática única, no voy a recordar a este Parlamento que este expediente tiene una larga historia y se ha abordado en bastantes foros y en repetidas sesiones de debate. 
De cualquier forma, me parece importante que, de un modo o de otro, hayamos llegado a la fase final. 
Desde este punto de vista, deseo aclarar tres cosas en concreto. 
En lo referente al símbolo, la Comisión toma nota de la posición del Parlamento. 
Lo único que deseo manifestar es que dicho símbolo fue introducido y apoyado precisamente por algunos Estados miembros. Si después se cambia de opinión, la Comisión no puede hacer otra cosa que tomar nota de ello. 
Por lo que se refiere al período de tiempo tomado como base para el cálculo, o sea, si se trata del año común o del año civil, es evidente que son dos criterios admisibles y que tienen ambos su propia lógica. 
La Comisión insiste en manifestar únicamente que el criterio del año civil es más exacto respecto del año común- que ustedes proponen- que quizás es más fácil, pero, desde el punto de vista del consumidor, simplemente menos preciso en cuanto al cálculo. 
Además de esto, el redondeo del resultado del cálculo que propone este Parlamento, me parece contraproducente, en el sentido de que puede ser, sí, una fórmula simplificada, aunque me parece que para la información del consumidor, la máxima exactitud en la indicación del porcentaje anual efectivo es un elemento importante. 
Por último, al haber propiciado la Comisión la fijación del plazo de un año para la transposición de las directivas, le es grato comprobar que en la enmienda del Parlamento se indica un plazo bastante corto, a pesar de ser algo superior respecto al de la Comisión. Así y todo, el enfoque es el mismo. 
Un último comentario con relación a la lista, llamémosla positiva, o la lista negativa de los elementos que deben incluirse o excluirse del cálculo. 
Como sus Señorías saben, la propuesta inicial de la Comisión contemplaba la idea de la lista positiva que, no obstante, y como recordarán, fue rechazada en su momento. 
En consecuencia, nos encontramos ante la lista negativa de los elementos que deben excluirse de dicho cálculo. 
Debo manifestar, sin embargo, que sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión a fin de elaborar esta Directiva, no existe, de hecho, una gran diferencia en cuanto al resultado final entre un método y el otro. La Comisión presentó el negativo, habida cuenta de que el método anterior había sido rechazado. 
En todo caso, la Comisión está plenamente dispuesta a estudiar con sus Señorías las modalidades de una armonización más rápida y a instar a los Estados miembros a que presenten los datos que demuestran la existencia de estos problemas. 
Deseo informar al Parlamento que a través de la documentación que la Comisión recibió del Estado miembro que más problemas planteó respecto a la lista negativa, es decir, Francia, he de decir francamente que no se ha constatado toda esta preocupación. 
En conclusión, me parece que debemos sentirnos satisfechos por el hecho de que esta Directiva está a punto de cumplirse y que, en consecuencia, la adopción de una fórmula matemática única para el cálculo del porcentaje anual efectivo representa para los consumidores, a pesar de que existen todavía algunos límites, un gran paso adelante respecto de la normativa de hace diez años. 
Por lo que se refiere al informe sobre el crédito al consumo, sólo deseo hacer algunas observaciones para disipar algún malentendido que puede haber surgido y que me urge aclarar. 
Es evidente que durante esta última década la Comisión comparte el análisis del Parlamento según el cual, en los últimos diez años, el mercado del crédito ha registrado una rápida expansión. 
Piensese, por ejemplo, que en la época de la actual Directiva 87/102, las compras a plazos seguían siendo el único sistema de transacción. 
Hoy, en cambio, gracias a las tarjetas de crédito y a otros sistemas, las cosas han cambiado mucho y van a cambiar mucho más cuando se internacionalicen en virtud de la adopción de la moneda única y del euro. 
Por ello, la Comisión- creo que el Comisario Monti ya lo ha anunciado- sobre la base del Libro Verde relativo a los servicios financieros, tiene intención de presentar una directiva que modifique la vieja Directiva relativa al crédito al consumo, junto con un paquete de iniciativas, respecto al cual presentará una propuesta legislativa relativa a los intermediarios y, por consiguiente, no sólo, a los intermediarios de seguros, sino también a los de crédito, precisamente para evitar y solucionar los numerosos problemas que ustedes han señalado. 
Para su información, deseo facilitarles algunos datos relativos a dicha directiva modificada. En primer lugar, la elevación del techo actual de 20.000 ecus; la ampliación del ámbito de aplicación en el que podrían incluirse los créditos sin garantía hipotecaria para la reforma de inmuebles, respecto a la cual voy a insistir, porque me parece que sigue existiendo algún malentendido; la ampliación, por ejemplo, a las ventas promocionales con contenido engañoso; la prohibición de la letra de cambio, así como otra serie de puntos que ustedes ya recalcaron. 
En definitiva, una directiva realmente modificada en cuanto al fondo. 
Ahora, y sólo para evitar malentendidos, me voy a referir al apartado 4, en el que el Parlamento rechaza la propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los créditos sin garantía hipotecaria para obras de reforma y de rehabilitación. 
Considero que su rechazo se basa en un malentendido, porque la posible ampliación del ámbito de la Directiva a los créditos sin hipoteca para obras de reforma y de modernización no significa, a nuestro juicio, atentar contra el mercado del crédito para reformas con garantías hipotecarias, teniendo en cuenta, como es obvio, las características de esta última modalidad de crédito. 
En consecuencia, me parece que con respecto a este punto cierta transparencia nos puede quizás ayudar a entender cuáles son las intenciones de cada uno. 
En cuanto al apartado 16, a través del cual se rechaza la adopción de normas comunitarias de armonización del crédito hipotecario, también en este caso se trata de un malentendido, habida cuenta de que la Comisión no trata de armonizar las legislaciones nacionales en vigor o las normas de Derecho civil- esto sería imposible- sino implementar una reflexión acerca de las posibilidades y las formas de ampliar también a este tipo de créditos las reglas de información, transparencia y protección previstas en la actual Directiva. 
Tercer punto: por lo que se refiere al apartado 10 que limita el derecho al reembolso anticipado del crédito sólo a los bienes de consumo que, por el contrario, la Comisión propone como principio general, válido para todo tipo de crédito, la posición del Parlamento me parece, en principio, demasiado restrictiva. 
A mi juicio, se puede adoptar una posición más flexible y no limitarse a una posición como la que se deduce del informe. 
Por último, la Comisión estima que también el apartado 12 es inútilmente restrictivo. 
Nuestra posición se funda en que es necesario fijar un período de reflexión cuya duración sea uniforme a través de una aplicación más general respecto de la prevista en la enmienda que, y no alcanzo a comprender el motivo, limita esta opción a los bienes de consumo exclusivamente. 
A mi juicio, el planteamiento de la Comisión es más amplio y más favorable a los consumidores y con respecto a esto deseo invitar al Parlamento a reflexionar teniendo en cuenta mis manifestaciones. 
Finalmente, deseo expresar alguna perplejidad institucional en cuanto a la equiparación entre el consumidor y las pequeñas y medianas empresas. 
Evidentemente, desde el punto de vista político, coincido con las opiniones, sin embargo, repito, en la situación actual, tengo alguna perplejidad institucional con respecto a la política en materia de consumidores, a las competencias y al propio Tratado. 
No obstante, puesto que considero que las dialécticas institucionales están hechas precisamente para esto y para las instituciones que impulsan nuevas maneras de considerar las cosas, incluso desde el punto de vista cultural, así como nuevas formas de transposición, a pesar de que, hoy por hoy, no estoy en la situación institucional de poder aceptar estos apartados, de todos modos, considero que los mismos representan un importante paso adelante en un debate que en este momento es más cultural que institucional, en torno al planteamiento y, globalmente, en torno a nuestra idea del consumidor y del ciudadano, entendido, como es obvio, también como pequeño y mediano empresario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Reconocimiento de diplomas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0003/97) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0022- C4-01123/96-96/0031 (COD) ) por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos para las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias y se completa el sistema general de reconocimiento de títulos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ciertamente, a estas horas la asistencia al Pleno no es precisamente abundante, pero aun así deberíamos abordar con seriedad el presente debate. 
Los Grupos políticos de esta Cámara, después de una seria consideración, desean hacer algunas observaciones con respecto a la simplificación del mecanismo de reconocimiento de diplomas en la Unión Europea. 
No se trata, en efecto, de una nimiedad, sino de unos derechos elementales de los ciudadanos, que siempre acaban quedando relegados en relación con los intereses económicos en el marco del mercado único. 
El tema que hoy nos ocupa es el reconocimiento de los diplomas equivalentes en el ámbito del comercio, la artesanía y la industria, a través de un mecanismo comprensible para las ciudadanas y ciudadanos de los 15 Estados miembros y que les facilite la convivencia dentro de la Comunidad. 
A mi primera vista, cabría pensar que con la presente Directiva alguien ha cogido la escoba jurídico-técnica para poner orden en la dispersión de 35 regulaciones distintas. 
Pero no, la cosa no es tan sencilla. 
La Directiva tiene otra dimensión. 
Aclara las posibilidades de desarrollo profesional en la Unión Europea y promueve la igualdad, que es un derecho ciudadano elemental. 
Yo no llegué a vivir la Revolución Francesa, ¿pero cuál sería la situación en Europa sin la meta de la égalité? 
Traducida al presente, la égalité significa igualdad de oportunidades. 
En Europa esto significa que un diploma equivalente debe ser válido en todas partes. 
Así se hará realidad la libertad de circulación de las ciudadanas y los ciudadanos. 
No es un gran hallazgo. 
Sólo estamos restableciendo un estado normal de cosas. 
En otros tiempos, los artesanos, en particular, solían dedicar unos años al trabajo itinerante antes de establecerse en un lugar fijo. 
Volviendo a los diplomas exigidos para una actividad o para el establecimiento de una empresa en el ámbito del comercio, la artesanía o la industria, esto no significa que éstos deban obtenerse del mismo modo en todos los países de la Unión Europea. 
De lo que se trata es del reconocimiento mutuo de los conocimientos equivalentes, sin una excesiva burocracia. 
Voy a darles un ejemplo: fue bastante ridículo que el Estado federal alemán de Baviera se negara a reconocer el título de bachillerato de la República Democrática Alemana después de la caída del muro. 
En la Alemania oriental, éste se obtenía al cabo de doce años y en Baviera comprendía trece cursos. 
No se tiene noticia de que Baviera produzca más científicos destacados que la zona oriental de Alemania. 
Otro tanto sucede en todo el mundo profesional en Europa. 
La persona que conoce su oficio, trabaja tan bien en Rovaniemi, en el Círculo Polar Ártico, como en París, en Atenas o en una pequeña ciudad del sur de Alemania. 
La Directiva se propone destacar este hecho y establecer un marco más claro que el que ofrece la normativa vigente hasta ahora. 
La propuesta de la Comisión es, por lo tanto, muy de agradecer. 
Sin embargo, desde la perspectiva de las ciudadanas y ciudadanos, todavía contiene demasiados condicionantes y peros. 
Desde el Parlamento no nos es fácil suprimirlos, pero sí podemos mejorar la propuesta. 
Con este objeto se han presentado una serie de enmiendas, que deberemos debatir y aprobar, y esperamos que la Comisión se sume a la posición del Parlamento. Sin embargo, no será sencillo. 
La propuesta que nos ha presentado la Comisión se ha elaborado con desgana, resulta difícilmente comprensible para las ciudadanas y ciudadanos y presenta algunas deficiencias. El número de enmiendas permite apreciarlo fácilmente. 
Las enmiendas indican que el Parlamento Europeo ha tenido que asumir una vez más tareas administrativas para las que no hemos sido elegidos. 
Se nos ha elegido para que garanticemos por medio de nuestras decisiones políticas una buena convivencia presente y futura para 370 millones de personas. 
¿Y qué tenemos ante nosotros? 
Tenemos un texto que debería simplificar y hacer más transparentes las posibilidades de desarrollo profesional en Europa. 
Lamentablemente, la Comisión se ha limitado a descargar su trabajo sobre el Parlamento y además ha dificultado nuestra tarea al no proporcionarnos suficiente información. 
Habría sido deseable conseguir aún una mayor simplificación y claridad. 
Esto no es posible, sin embargo, cuando no se dispone de la información necesaria. 
Yo insto, por lo tanto, a la Comisión- en nombre propio y también de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos- a que remita esta información al Parlamento lo más pronto posible, con objeto de que podamos mejorar en breve esta tímida Directiva y garantizar realmente la libertad de circulación y de establecimiento de las personas en los Estados miembros de la Unión Europea en los ámbitos del comercio, la artesanía y la industria. 
Ahora nos disponemos a avanzar un paso lamentablemente reducido hacia esa meta, pero el Parlamento también debe promover aunque sean pequeños pasos para las ciudadanas y ciudadanos. 
La Comisión no debería impedirnos avanzar pasos más importantes en el futuro. 
Tal vez convenga añadir aún que habría sido bueno poder contemplar estas simplificaciones en el artículo 4, pero esto no fue posible simple y sencillamente porque no disponíamos de ningún informe sobre la aplicación de las anteriores 35 Directivas aisladas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde la perspectiva del Grupo del Partido Popular Europeo y en mi calidad de miembro de la comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, yo acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión de agrupar al fin las 35 Directivas nacionales particulares relativas al reconocimiento de diplomas en una única normativa europea y reducir de este modo la profusión de mecanismos de reconocimiento y mejorar considerablemente su transparencia. 
La propuesta de directiva debe incluirse dentro de las medidas de la Comisión en favor de la desregulación y constituye una muestra de su esfuerzo por aproximar a los ciudadanos las regulaciones comunitarias existentes, mejorar su precisión y simplificarlas. 
Acogemos con gran satisfacción el informe de la Sra. Gebhard. 
Es sumamente acertada y muy de agradecer la mejora y simplificación que introduce en algunos aspectos del mecanismo de reconocimiento, sin apartarse no obstante, en cuanto al contenido, de los aspectos acreditados por la práctica de los últimos treinta años, concretamente desde que se adoptaron las Directivas liberalizadoras y de medidas transitorias de 1964. 
La presente normativa reúne las regulaciones ya existentes y acreditadas y contribuye de este modo a una mayor transparencia. 
Asimismo, toma en consideración y ratifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en este ámbito. 
El informe se propone promover la seguridad jurídica y la transparencia. 
Desde la perspectiva alemana, en particular, me complace naturalmente que el informe no manifieste una tendencia a un reconocimiento en bloque, sino que únicamente regule los procedimientos y plazos en el contexto de los casos particulares. 
El concepto de reconocimiento que figura en el título resulta, por lo tanto, algo engañoso. 
Como ustedes saben, en Alemania tenemos un sistema dual de formación, es decir, una formación paralela en las empresas y en los centros de formación profesional. 
Es un sistema acreditado por la experiencia de muchos años y una normativa europea global no debe poner de ningún modo en cuestión el valor de la formación dual. 
Así ocurriría si una evaluación global estableciera una clasificación que sólo tomase en consideración el número de horas de presencia en los centros de formación. 
Yo también suscribo la necesidad de que se amplíe la red EURES, tal como se señala en el informe. 
Se trata de una buena idea que en estos momentos lamentablemente todavía se ha puesto desarrollado demasiado poco. 
Cada año se ofrecen sólo unos 500 empleos a través de la red EURES y apenas se establecen verdaderos contactos. 
Por mi parte, yo también considero apropiado- particularmente también a la vista del rapidísimo desarrollo de las nuevas tecnologías- y útil para cuantos participan en el mercado de trabajo que se establezca una base de datos a escala europea donde se anuncien la ofertas de empleo y también puedan inscribirse los trabajadores interesados. 
En efecto, a mi parecer, en estos momentos la tarea principal ya no es regular el reconocimiento de los diplomas. 
Casi todas las profesiones reglamentadas han quedado recogidas entre tanto en las Directivas y la mayoría de las ocupaciones son de libre acceso en cualquier caso. 
No, ahora lo más importante es mejorar la transparencia de los sistemas de formación y los diplomas en los diferentes países europeos. 
Para conseguirlo debemos procurar poner el máximo de información al alcance de todas las personas interesadas, a través de una base de datos centralizada, por ejemplo a través de la red EURES y de los servicios nacionales de información sobre el empleo. 
La citada transparencia exige naturalmente también que los diplomas sean multilingües. 
En efecto, sólo así resultarán comprensibles para el empleador de otro país y sólo de este modo será posible juzgar su equivalencia en cada caso. 
No obstante, yo quisiera recordar que este documento, este diploma, se solicita en primer lugar para el propio país y debe considerarse su presentación en este contexto. 
La propuesta de directiva de la Comisión demuestra una clara voluntad de promover la movilidad dentro de la Unión Europea y suprimir los obstáculos a la misma. 
Este esfuerzo constituye un aspecto esencial para impulsar la integración europea. En efecto, la posibilidad y la práctica de la movilidad transfronteriza en el ámbito de la formación profesional general y también de la práctica profesional es fundamental para el desarrollo de una conciencia europea y de una Europa de los ciudadanos, y no en último término también para la prosperidad de la economía europea. 
Señor Presidente, no soy miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero como europarlamentario me ocupo de los derechos del ciudadano. 
Por ello estoy muy contento con el informe de la Sra. Gebhardt, contento porque por fin puedo contar algo positivo a los jóvenes visitantes que vienen aquí a Estrasburgo y a Bruselas, y me complace especialmente que en 1997, el año de la revisión del Tratado de Maastricht, tengamos un instrumento contra el creciente euroescepticismo del ciudadano. 
Por supuesto, se trata de una cuestión técnico-teórica que afortunadamente simplifica y aclara el derecho comunitario, y desde el punto de vista práctico conlleva sobre todo una ampliación de la práctica profesioal, aunque también fomenta la movilidad profesional. 
Y esto es importante, pues casi a diario hablamos en este Parlamento del empleo y esto puede ayudar a crear más empleo. 
La Sra. Gebhardt ha señalado que ahora hay una mayor igualdad de oportunidades entre el Polo Norte y Alemania del Sur. 
Pienso por ejemplo que ahora los médicos de los Países Bajos pueden tener más posibilidades en un país vecino como Alemania, por ejemplo. 
Es fantástico. 
Ella considera que es un paso demasiado modesto. Pero quisiera decirle: mejor esto que nada. 
Me parece que es un cemento muy bueno para la casa europea que estamos construyendo, y por ello mi Grupo evalúa muy positivamente este informe. 
Sra. Gebhardt, creo que mañana votaremos positivamente, y la felicito de antemano por ello. 
Señor Presidente, el desarrollo del sistema de reconocimientos de títulos está estrechamente relacionado con los derechos fundamentales de los ciudadanos en lo que se refiere a la libre circulación y al ejercicio de una actividad profesional, y a la puesta en práctica de la igualdad de trato. 
Con esta directiva se intenta simplificar el Derecho comunitario y hacerlo más accesible para los ciudadanos. 
Lamentablemente, aún no se ha avanzado lo suficiente en este terreno. 
Aún quedan aspectos por desarrollar en los años venideros. 
A finales de la década de 1980 se realizó una importante modificación de principios, cuando se cedió en la aspiración de las denominadas europrofesiones, es decir, en la armonización de las profesiones y se pasó a reconocer los títulos y otros documentos que demostraban la cualificación. 
Debe lograrse que este sistema empiece a funcionar ahora, que sea accesible y que no excluya a nadie. 
La avalancha de reclamaciones indica que, a nivel de los Estados miembros, aún hay mucho por hacer para eliminar los obstáculos. 
Desde el punto de vista de los ciudadanos es importante que las denominadas garantías de procedimiento funcionen en la práctica en cualquier situación. 
Un Estado miembro debe comparar las cualificaciones de todo solicitante con las cualificaciones exigidas en el Estado de acogida. 
Al solicitante debe ofrecérsele igualmente la posibilidad de demostrar que ha adquirido de otra forma la cualificación que le falta si no tiene un título que la acredite. 
Considero que esto representa un aumento muy importante de la flexibilidad. 
Tal como señala la ponente, hay motivos para sorprenderse de que no se disponga de información estadística actualizada sobre un asunto que afecta tanto a los derechos de los ciudadanos. 
Ha llegado la hora de obligar a los Estados miembros a facilitar a la Comisión datos, en particular, sobre los problemas a los que aún se enfrentan los ciudadanos cuando desean ejercer una profesión en otro Estado miembro. 
Sólo partiendo de esta base será posible determinar y llevar a cabo las modificaciones necesarias. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión relativa al reconocimiento de los diplomas para las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias es muy de agradecer. 
Sin embargo, hablando sinceramente, yo me pregunto si este título tan largo resultará comprensible para todos los ciudadanos a quienes concierne; aquí solemos hablar con frecuencia un lenguaje que muchos ciudadanos no comprenden en absoluto y éstos a menudo tampoco saben que estas propuestas pueden ofrecerles efectivamente algunas ventajas. 
Aun así, yo apoyo esta iniciativa y sobre todo también las declaraciones de los colegas que me han precedido. 
Casi parece, por lo tanto, que éste en realidad sólo interesa a las mujeres. 
Sin embargo, no es así. 
A mi parecer, precisamente en una Europa de las ciudadanas y los ciudadanos, donde la libre circulación tiene una enorme importancia, al menos sobre el papel y también en nuestro pensamiento, es absolutamente imprescindible que suprimamos las trabas que dificultan esta libre circulación. 
En efecto, los diferentes requisitos de los sistemas de formación y las frecuentes dificultades para el reconocimiento mutuo de diplomas y de la experiencia profesional impiden a los profesionales el ejercicio de su profesión y su establecimiento en otros países europeos. 
La presente Directiva sobre el reconocimiento de títulos contribuirá, por lo tanto, a facilitar y agilizar el procedimiento. 
Por mis conversaciones con personas afectadas- y yo me ocupo mucho de este tema en mi región -, sé que muchas personas que en este momento no tienen empleo, estarían dispuestas a trabajar en otra región, pero no saben cómo hacerlo en la práctica, puesto que tienen que superar muchos obstáculos para poder llegar a trabajar realmente en otra región. 
Yo creo que es importante que nos ocupemos de este tema para que las personas en posesión de un diploma puedan trasladarse a otro país. 
Yo misma lo hice hace 25 años y podría contarles una larga historia sobre los problemas que eso plantea. 
Yo espero que podamos suprimir estos problemas y que en el futuro se inicie la construcción de una Europa de los ciudadanos, donde el concepto de Europa esté efectivamente arraigado en el pensamiento de todas las personas. 
Señor Presidente, en apariencia, este informe es muy técnico, aunque reviste mucha importancia política, porque se refiere a los ciudadanos. 
En nombre de la Comisión, deseo felicitar a la ponente, Sra. Gebhardt, por haber presentado, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, un informe tan claro y preciso. 
No cabe duda de que ha sido una tarea difícil, habida cuenta de que la propuesta de directiva es muy compleja al tratarse de la codificación de 35 directivas y del establecimiento de un mecanismo de reconocimiento de títulos para unas actividades profesionales muy numerosas y variadas. 
Por suerte, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha aprobado este informe evitando así largos debates en torno a la complejidad técnica de la propuesta. 
De esta forma, la misma ha apoyado la acción de la Comisión dirigida a una simplificación del Derecho comunitario, y ha confirmado la evaluación de esta propuesta de directiva de la Comisión de Asuntos Sociales, que la consideró una contribución a la lucha contra el desempleo. 
La Comisión, en principio- y me es grato manifestarlo- puede aceptar todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Mientras digo que a la Comisión le es grato acoger todas las enmiendas, he de manifestar con firmeza que rechazo una afirmación de la Sra. Gebhardt cuando dijo «sin entusiasmo». 
Yo quisiera que el Parlamento- a pesar de que en este momento no está muy concurrido- se diera cuenta de lo que se está haciendo para la construcción de la Europa de los ciudadanos gracias a su apoyo, al apoyo de sus Señorías. 
La orientación de la Comisión es la de dar prioridad al ciudadano. 
El ciudadano es algo más que el consumidor, al que acaba de referirse hace unos momentos la Sra. Bonino, es algo más que el ahorrador, el trabajador: el ciudadano es un ser en cuyo beneficio obramos todos nosotros. 
La línea de esta Comisión es trabajar para la Europa del ciudadano, incluso en ese ámbito que puede parecer más económico: el mercado único. 
Y esta propuesta, sobre la que esta noche disponemos del excelente informe Gebhardt, expresa exactamente la línea de la Comisión ejecutiva: prioridad al ciudadano, simplificación, transparencia e información. 
Todo puede ser menos «no mostrar entusiasmo». 
Mostramos un gran entusiasmo, gracias también al apoyo del Parlamento en la construcción de este mercado único para el ciudadano y de esta Europa para el ciudadano. 
Deseo referirme ahora a las iniciativas adoptadas recientemente a fin de concretar ésta que, de otro modo, podría ser una construcción retórica de la Europa del ciudadano: el grupo Simone Weil, para estudiar los problemas concretos de la libre circulación; el paquete de propuestas que presenté para la eliminación de los controles en las fronteras en un marco de seguridad; los procedimientos de infracción que en número cada vez mayor estamos instando contra los Estados miembros, en particular por la violación de las directivas relativas a la libre circulación de los ciudadanos y el reconocimiento de títulos. 
Además de esto, sin embargo, y tal como manifestó la Sra. Zimmermann, no basta con construir la Europa para los ciudadanos, sino que hay que construir la información para los ciudadanos, es necesario que los ciudadanos conozcan las oportunidades que Europa está creando para ellos. 
En este marco, y siempre con el apoyo de este Parlamento, pero con el entusiasmo de la Comisión antes y del Parlamento después, hemos impulsado la acción Citizens First- Burger Europas, orientada precisamente a ofrecer, también en este ámbito del trabajo en el extranjero, una información precisa y puntual que permite, por fin, a los ciudadanos entender qué está llevando a cabo Europa para ellos y nos permite, a través de los muchos feed-back telefónicos, por Internet, etcétera, comprender cuáles son los obstáculos efectivos que los ciudadanos encuentran en el ejercicio de los derechos de ciudadanía europea. 
Pues bien, estoy convencido de que ahora la Sra. Gebhardt coincidirá conmigo en que estamos llevando a cabo esta acción con entusiasmo y no sin entusiasmo, y sabemos que el Parlamento Europeo está de acuerdo con esta difícil, aunque importantísima acción de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades (Igualdad de trato entre hombres y mujeres) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0046/97) de la Sra. Lindholm, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta modificada de Reglamento (Euratom, CECA, CEE) del Consejo (COM (96) 0077- C4-0565/96-00/0904 (CNS) ) por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades en materia de igualdad de trato. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Lindholm por su informe, para el que fui designada ponente para opinión por la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Con las enmiendas presentadas al informe final y la aprobación de las mismas, el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas constituirá un buen modelo en cuanto a la igualdad de trato se refiere. 
La importancia de disponer de un modelo legal progresista en esta materia es de vital importancia y ello, entre otras razones, por dos que quiero considerar: 
La primera, por explicitar, de forma clara y amplia, desde una administración, el principio de igualdad de trato, cuya aplicación práctica en términos legales está resultando tan difícil y problemática. 
La segunda, por su voluntad de adaptarse, contrariamente a lo que suele suceder, en los registros legales, al momento social que vivimos, reconociendo la existencia y el aumento de las parejas de hecho- tanto heterosexuales como homosexuales- en nuestra sociedad y asimilándolas en derechos al resto. 
La necesidad de introducir estas medidas correctoras es prioritaria, porque de ellas depende que se invierta la tendencia discriminatoria contra las mujeres, conforme a la cual, a igual preparación y capacidad, son los hombres los que obtienen un puesto de trabajo de categoría superior. 
Además de pretender corregir este proceso, las medidas y sus enmiendas son positivas porque se trata de medidas de carácter transitorio y no suponen una lesión para la igualdad formal, ya que se limitan a corregir las desigualdades en el ámbito de la contratación, promoción y desarrollo, y la prioridad se establece con carácter temporal. 
Por último, quiero decir que el principio de igualdad de trato de las mujeres- por el que tanto hemos trabajado y seguimos trabajando- y el principio de igualdad de trato de los homosexuales- que se recoge en una resolución del Parlamento en febrero de 1994- son principios que habitualmente se transgreden y que la batalla por su aplicación, además de llevarse a cabo día a día, debe contemplarse en los reglamentos, como en éste, que supongo que vamos a aprobar. 
Señor Presidente, esta noche nos corresponde tratar el tema del Estatuto de los funcionarios de las instituciones de las Comunidades Europeos. 
La Comunidad Europea debería ofrecer, a mi parecer, precisamente un ejemplo de que practica cuanto aquí venimos debatiendo reiteradamente en relación con la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. 
Ya sea en el ámbito del empleo o en cualquier otro, lo importante es que precisamente nosotros presentemos un buen modelo y demostremos cómo deseamos que se actúe en la Unión Europea. 
En nombre de mi Grupo político, yo quisiera volver a examinar ahora más detenidamente algunos puntos. 
La Sra. Lindholm acaba de exponerlo con toda claridad: no se debe seguir discriminando a través de un trato desigual a las personas que comparten una convivencia no marital. 
No es posible que yo sólo pueda aspirar a la igualdad de trato después de haber accedido a un determinado estatus, que me traslada al puerto seguro del matrimonio. 
Yo misma contraje matrimonio hace unos 20 años porque sabía que esto me permitiría acceder a un trato distinto en mi calidad de contribuyente y obtener algunas ventajas. 
No es admisible que nos procuremos ese certificado por esta sola razón y yo creo que debería ser posible disfrutar de los mismos derechos sin necesidad de obtener ese papel del Estado, por decirlo así. 
Hay muchas personas que conviven durante años y que, de hecho, se ven desfavorecidas por la sola razón de que no han pasado por el Registro Civil. 
Esto ocurre no sólo en el caso de los salarios, sino también por lo que respecta a la seguridad social, en caso de enfermedad y en muchos otros ámbitos. 
Yo creo que nuestra sociedad abierta debe acabar con estas prácticas. 
El segundo punto que también quisiera abordar es el del límite de edad. 
Yo quisiera añadir una aclaración a la intervención de la Sra. Lindholm. 
No se trata sólo de que la biografía de las mujeres sea distinta debido a las interrupciones por maternidad, puesto que tardan un tiempo en reincorporarse al empleo. 
El año pasado celebramos el llamado año de la formación permanente, durante el cual destacamos que una segunda formación puede abrir las puertas a una nueva oportunidad o a una nueva profesión. 
¿El límite de edad no podría obstaculizar este proceso? 
Muchas personas no obtienen el título de bachillerato hasta los 30 años y a continuación comienzan una formación o ingresan en la universidad, y estas personas no tendrán absolutamente ninguna oportunidad si se establece un límite de edad. 
El límite de edad debe suprimirse. 
En primer lugar, el Grupo que represento está totalmente a favor del informe en todo lo que atañe a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Mejor dicho, considera esta igualdad una conquista de la historia, casi su acto conclusivo, después de la liberación, al menos en teoría, de los esclavos, los negros, los hijos, los extranjeros y de las personas de distintas razas. 
Aceptamos el concepto completamente nuevo y profundo de igualdad, también en cuanto a la relación entre hombre y mujer. 
En segundo lugar, por el contrario, manifestamos unas reservas con respecto a las enmiendas 3, 8, 10 y 11 votando en contra de las mismas, porque introducen, creo que inconscientemente, un elemento de discriminación al equiparar la familia, basada en el matrimonio de las parejas heterosexuales, con las parejas de hecho y homosexuales. 
Ahora bien, en mi opinión, existe una diferencia clara y evidente entre asumir una responsabilidad pública y real ante el Estado y la sociedad, para formar el que nuestras Cartas internacionales y nuestras Constituciones llaman «núcleo fundamental de la sociedad y del Estado» que, como tal, y cito de memoria el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe ser reconocido y protegido por el Estado y no asumir, en cambio, esta forma pública de responsabilidad que confiere certeza al Derecho y que, de cualquier modo, en el caso de las parejas homosexuales, es ajena a esa generación potencial que luego convierte a la familia en su núcleo fundamental, porque forma parte del interés de la sociedad y del Estado que los hijos existan y se eduquen dentro de la esfera familiar. 
Además, quien se casa se somete a un conjunto de normas públicas, dictadas por el Derecho público, ya que el interés es público, que en los demás casos no existen. 
Piensese, por ejemplo, en las causas de nulidad y de divorcio y en las requisitos del matrimonio y del divorcio. 
En tercer lugar, deseo manifestar claramente que, por lo que se refiere a las personas con otra orientación sexual, en particular, las personas homosexuales de cualquier sexo, debemos afirmar el principio de igualdad. 
Esto lo proclamamos con fuerza, con la fuerza de la inspiración democrática cristiana. 
Todos los seres humanos son iguales y esto hay que decirlo con claridad. 
Sin embargo, ello no significa que la igualdad de dignidad admite la equiparación de instituciones que de por sí son diferentes. 
De ahí el cuarto concepto. 
¿Por qué en las Cartas internacionales, incluida la Convención Europea para la salvaguardia de los derechos y de las libertades fundamentales, se considera a la familia como un «núcleo fundamental»? 
¿Hay un bien público o un bien individual que hace falta proteger? 
Existe un bien público, ya lo he manifestado, y es esta posibilidad de los hijos, de lo contrario, se afirmaría el principio de libertad: que cada uno haga lo que quiera y el Estado deberá garantizar sólo la libertad, aunque sin promover ni tampoco proteger. 
Se puede admitir incluso que la compañía, la convivencia es un bien que debe protegerse de alguna forma. 
Estoy dispuesto a hacer este razonamiento, pero entonces hay que ir hasta el fondo y no sólo con respecto a la compañía de índole sexual. 
También la compañía que tiene una base cultural, psicológica, científica, de amistad y de parentesco lejano puede merecer protección, ¿por qué no? 
Finalmente, el último concepto. 
Comprendo quien dice: ¿y cuándo hay hijos? ; ¿y cuándo existe toda una vida de convivencia y de mutua ayuda? 
Lo comprendo. 
Sin embargo, creo que hay que hacer una serie de reflexiones y de distinciones. 
Entonces, no en todos los casos, sino en algún caso especial. 
Una cosa es fomentar y otra darse cuenta de las situaciones. 
En definitiva, creo que es preciso reflexionar, aunque no de forma subrepticia, sino públicamente y en un amplio debate sobre este tema específico, esto es, la cuestión de la compañía y de las parejas de hecho. 
Lo que no se puede hacer es intentar plantear de forma subrepticia una cuestión que, a pesar de ser muy actual e importante, no puede abordarse en el ámbito de un reglamento como éste. 
Señor Presidente, señor Comisario, he de decir que cuando la comisión dio curso al proyecto de informe de nuestra excelente y testaruda ponente, se desarrollaron unas escenas tragicómicas que causaron la consternación de un diputado relativamente nuevo de los países nórdicos. 
No obstante, me satisface que, más allá de las fronteras que dividen a nuestros grupos, hayamos llegado a un acuerdo por lo que respecta a la modificación de lo que la ponente ha descrito como el «crac» sufrido por el informe, y sobre el cual se han presentado unas enmiendas que creo que existen muchas posibilidades de que se aprueben. 
No puedo hablar en nombre del norte, pero estamos reflexionadno sobre lo que vamos a hacer y cómo votaremos mañana, puesto que mañana se va a decidir sobre un aspecto de la credibilidad de la Unión, que es el de la igualdad y los derechos de las mujeres. 
Por eso espero que se aprueben las enmiendas presentadas por los grupos políticos. 
También me satisface que, a través de las propuestas presentadas, podamos efectuar unos trabajos decididos en favor de la igualdad, y que logremos un fundamento legal para las intenciones expresadas por la actual Comisión y el Comisario presente, que son lograr una representación más equilibrada de los dos sexos en las instituciones de la Unión. 
Hay que seguir persiguiendo este objetivo porque de otro modo habrán unas fuerzas latentes que nos llevarán en otra dirección, y es necesario un plan para que se llegue a buen término. 
También se ha comentado la discriminación en base a la edad. 
Respaldo las enmiendas que hemos presentado. 
En lo relativo a las diversas formas de expresar afecto entre las personas, no entiendo que esto pueda constituir una amenaza contra la institución de la familia o del matrimonio en ninguno de los países miembros. 
Se trata más bien de una posibilidad. 
Las propuestas presentadas en el sentido de reconocer oficialmente las parejas de hecho de diverso tipo, aparte del matrimonio tradicional, no representan interferencia alguna con la legislación de ningún país. 
Señor Presidente, de las enmiendas aprobadas en sesión plenaria del Parlamento en noviembre de 1993 y propuestas para ser incorporadas al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, la Comisión sólo ha hecho suya la concerniente a la prohibición expresa de toda discriminación directa o indirecta basada en la orientación sexual. 
Sin duda, el hecho de que la Comisión haya asumido esta enmienda constituye un paso adelante que hay que saber valorar. 
Pero hay otras enmiendas dirigidas a instrumentar los medios para que la prohibición de la discriminación directa o indirecta se traduzca en realidades prácticas, medios tales como la creación de un comité encargado de fomentar y vigilar la aplicación del principio de igualdad, de proponer los correspondientes programas de medidas positivas, así como la propuesta de un sistema de promoción de los funcionarios basado en una cláusula preferencial, a las que la Comisión no ha sido sensible. 
Su falta de sensibilidad encubre un problema de fondo: la limitada autonomía de las instituciones en la profundización y generalización del principio de igualdad de trato. 
Y ello es debido a que el paso del principio jurídico formal a los hechos lleva aparejado cierto número de cuestiones que afectan a órdenes diversos de la sociedad: desde la gestión gubernamental de los servicios sociales y de la seguridad social hasta la reconversión de la función familiar y doméstica de los individuos, y ninguna de estas cuestiones puede ser abordada por un solo sujeto, habida cuenta de que rebasan los ámbitos político-administrativos y penetran en la sociedad civil en los usos y costumbres. 
Pero en materia de derechos- particularmente, de derechos subjetivos- se ha pretendido- y, a veces, se ha conseguido- que la legislación europea resulte modélica, constituyendo no sólo un referente jurídico, sino también moral. 
Y ésta es una ocasión para que los legisladores asuman esta responsabilidad. 
No se trata sólo de legislar un estatuto para los funcionarios de la Comunidad; se trata de formular un modelo funcional de derechos económicos y sociales, de sistemas de promoción, que constituya, por sí mismo, la expresión de la igualdad de trato, el final de todas las formas de discriminación jurídica basadas en la orientación sexual. 
De ahí la necesidad de la adopción de las enmiendas si se quiere que la Unión Europea se convierta en un modelo de promoción de la igualdad de trato. 
Habrá quien diga que las pretensiones de este Estatuto eran más limitadas, que su objetivo quedaba sobradamente cumplido con regular de manera genérica el principio de igualdad en el régimen aplicable a los funcionarios, sin entrar en detalle. 
Pero la supresión de la discriminación basada en la orientación sexual obliga a entrar en detalle: las garantías legales que aseguran la igualdad de trato no pueden pasar por alto detalles tales como la subrepresentación de las mujeres, la segregación vertical de éstas en los ámbitos de dirección, su concentración horizontal en ciertas actividades y, en el caso de las funcionarias europeas, en ciertas categorías. 
No abordar estas cuestiones- al contrario de lo que pretenden estas enmiendas, a las que, en nombre de mi Grupo, doy mi apoyo -, dejaría vacío de contenido el principio de igualdad de trato. 
Por otro lado, convendría recordar que la igualdad de trato como instrumento de profundización de la democracia ha de alcanzar, en materia de Derecho laboral, civil, contractual y comercial, a todos los ciudadanos comunitarios, con independencia de su orientación sexual y de las fórmulas de convivencia que hayan elegido para vivir. 
De lo contrario, se estarían penalizando conductas y limitando la libertad de elección de los individuos. 
De ahí que sea preciso reconocer el derecho al disfrute de todas las prestaciones sociales a las parejas de hecho, heterosexuales u homosexuales. 
Por último, quiero decir que asumir estos compromisos significa no sólo dar pasos adelante hacia una sociedad más democrática, sino también más libre. 
Creo que es deber de la Comisión perseguir este objetivo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en el caso que nos ocupa no está en juego sólo la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas sino también, tal como acaba de exponer con mucho énfasis el colega Casini, la supresión de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual, religiosa o filosófica, o sea exactamente lo que se expresa en las enmiendas 3, 8 y 11. 
El Parlamento Europeo tiene un doble compromiso en este sentido. 
No puede situarse por debajo de los criterios adoptados por otras instituciones transnacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el instituto Monetario Europeo y tampoco debe olvidar la Resolución relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las uniones entre personas del mismo sexo, que fue aprobada por esta Cámara en febrero de 1994. 
No existen argumentos jurídicos o teológicos que puedan oponerse a dicha Resolución. 
No existen argumentos teológicos porque tanto en la tradición del Viejo Testamento como en la del Nuevo Testamento no se expresa la preferencia por una estructura familiar determinada. No existen argumentos jurídicos porque el ejercicio de las libertades personales no puede restringirse a las personas con una orientación religiosa, sexual o filosófica determinada, sobre todo no en la regulación de los servicios públicos. 
Mantener cualquier tipo de restricción en el Estatuto de los funcionarios contravendría los principios de las libertades fundamentales de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea suscribe totalmente los objetivos de la propuesta de reglamento que se nos presenta. 
En efecto, si las instituciones europeas desean seguir representando un papel de motor en la lucha contra las discriminaciones sexistas, deben empezar por dar ejemplo en el trato reservado a sus funcionarios y agentes. 
Por eso nuestro Grupo aprobaba igualmente las ideas generales del informe de la Sra. Lindholm; de hecho, nosotros hemos cofirmado la mayoría de las enmiendas que recogían esta idea, para mejorar la propuesta de la Comisión. 
Expresándome ahora a título personal, y consciente de ir a contracorriente de las tendencias actuales, debo decir, sin embargo, que no creo posible apoyar las enmiendas 5, 12, 13 y 14, que plantean un verdadero problema de filosofía política, ya que establecen una desigualdad de derecho a la hora de realizar contrataciones y promociones de funcionarios de las Comunidades. 
En este caso, ya no sólo se trata de la igualdad entre sexos, sino de una visión diferente de la sociedad. 
Las grandes corrientes de pensamiento se han aplicado a estos problemas desde hace mucho tiempo. 
Las ideologías que, para resumir, denominaré «colectivistas» tenderían hacia una «igualdad relativa a la situación» , con las consabidas consecuencias para las libertades y las responsabilidades individuales. 
En cuanto a las ideologías liberales, éstas siguen basándose en lo que yo denominaría «principio de caridad» : uno se remite a la iniciativa individual para corregir las desigualdades relativas a la situación. 
Por mi parte, soy radical y me remito al principio de justicia, según el cual hay que condenar las discriminaciones basadas en criterios objetivos (raza, sexo, lengua u origen) y garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades. 
Así, tratándose del problema hombres/mujeres, prefiero la paridad cualitativa frente a la igualdad cuantitativa. 
Por eso, en general, creo que no se corrige una desigualdad de hecho creando una desigualdad de derecho, salvo si nos dirigimos hacia esa sociedad «ideal» donde hombres y mujeres ocuparían un sitio que se les asignaría mediante cálculos aritméticos. 
Yo no deseo este tipo de sociedad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de reglamento del Consejo que se nos presenta recoge la aprobación de nuestro Grupo, pero la misma me lleva a hacer dos observaciones: una sobre el procedimiento, la otra sobre el fondo. 
Con respecto al procedimiento, el primer informe de la Sra. Lindholm fue rechazado el 27 de enero, tras la discusión de las enmiendas, en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
¿Que fue lo que pasó? 
Como lo recuerda este informe, algunas enmiendas no consensuadas se habían aprobado por escaso margen, generalmente por un voto de diferencia. 
En la votación final, el cambio de un voto positivo por una abstención por parte de un miembro de la comisión que pensaba que el informe no iba lo suficientemente lejos, condujo al empate y, por lo tanto, al rechazo del proyecto. 
Al mismo tiempo, la propuesta de resolución legislativa, sometida algo prematuramente a votación, corrió la misma suerte. 
Deseo señalar que me felicito de que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya aceptado, el 6 de febrero, una propuesta que yo había presentado, conforme a la letra del reglamento y a la lógica del procedimiento, y cuyo objetivo era pedirle que se pronunciara sobre la propuesta inicial de la Comisión. 
El texto aprobado permite nuestra discusión de esta noche; no impide el debate y también permite presentar enmiendas en el Pleno. 
Dicho esto, desearía hacer una observación de fondo. 
La situación de desigualdad de trato entre hombres y mujeres ha llevado a la adopción de medidas que plantean problemas jurídicos graves y que ponen en duda el propio fundamento de nuestros regímenes republicanos. 
Para resumir, en relación con los puestos vacantes se ha pasado de un sistema de cuotas a un sistema de puestos reservados, debido a las famosas discriminaciones positivas. 
Suscribo lo que acaba de decir hace un momento mi colega, el Sr. Hory, quien hubiera podido citar la frase célebre de un ministro comunista para las Administraciones públicas: » En una sociedad desigualitaria hay que estar a favor de la desigualdad para restablecer la igualdad». 
Esto plantea dos problemas. 
El primero es de naturaleza política. 
El Consejo Constitucional en Francia, el Tribunal Constitucional en Italia, el Tribunal Constitucional en Alemania, el Tribunal de Justicia en el asunto Kalanke, han rechazado las medidas que favorecían sistemáticamente, en igualdad de situaciones, la contratación de mujeres en nombre del célebre principio de igualdad. 
Pero esto plantea también un problema filosófico, basado en la naturaleza de estas discriminaciones positivas y en el hecho de que las mismas ponen en entredicho el propio fundamento de nuestras democracias, puesto que se cuestiona la propia noción de ciudadanía. 
¿Qué se puede hacer? 
Es preciso establecer, naturalmente, medidas de igualdad. 
Hay que actuar también mediante incitaciones, como sucede a veces en los partidos políticos. 
No hay que equivocarse de debate. 
Dudo de que las enmiendas propuestas- diez de ellas proceden de los mismos signatarios- permitan avanzar. 
Al proponer medidas tan dudosas como las enmiendas mencionadas o como la enmienda 3; o la enmienda 10, sobre casos de convivencia no marital; o la enmienda 11, sobre las parejas de hecho registradas y estatutariamente equivalentes al matrimonio, sus autores desvían el debate y corren el riesgo de que se rechace la propuesta de la Comisión. 
Atendiendo a las excelentes razones desarrolladas por el Sr. Casini hace un momento, no votaremos a favor de estas enmiendas. 
A fin de cuentas, si las enmiendas fueran aprobadas y si luego se rechazara la propuesta de la Comisión, no por ello mejoraría la situación de las mujeres. 
Por esta razón nosotros deseamos atenernos al texto de la Comisión. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe de la ponente. Va muy lejos en la eliminación de la desigualdad que existe no sólo para las mujeres, sino también para los hombres y otras mujeres a los que se castiga por su orientación sexual. 
Las enmiendas presentadas por mi colega la Sra. Zimmermann y otros también van muy lejos en intentar eliminar esta forma concreta de discriminación. 
Respondiendo al último orador y también al Sr. Hory, no se pueden borrar siglos de desigualdad con sólo dar un giro y decir que vamos a confiar en los mismos hombres para que hagan justicia a las mujeres. 
Esto sencillamente no va a ocurrir. 
Gracias a Dios, las mujeres están empezando a recuperar terreno en este sentido. 
En los últimos cincuenta años las hemos visto avanzar a grandes pasos y abrirse camino a fin de asegurarse de que se eliminaran estas desigualdades. 
Cuando empezó a hablar el Sr. Hory, pensé que, en vista de las generosas afirmaciones que dedicó a la Sra. Lindholm, se declararía muy enérgicamente a favor de eliminar estas barreras discriminatorias y de avanzar de alguna manera hacia una representación equitativa de las mujeres. 
Pero dio una giro y atacó el núcleo mismo del informe diciendo que no podía apoyar las enmiendas números 5, 12 y 14. 
Estas enmiendas son las que de hecho dicen a la Comisión: » Deberá garantizar que haya una verdadera igualdad en sus filas cuando contrate personal». 
Mi interés particular en el informe está en la enmienda nº 18. 
Creo que hay que ir más lejos que los tribunales para impedir las desigualdades. 
También estoy de acuerdo en que tenemos que luchar dentro de los lugares en los que se trabaja. 
Por lo tanto, es importante que demos de hecho estas herramientas a los delegados sindicales y a los representantes de los trabajadores para que resuelvan los problemas antes de que lleguen a los tribunales. 
Por eso creo que la enmienda nº 18, que hemos presentado en nombre del Grupo Socialista, debería ser apoyada por toda la Asamblea. 
Permitiría que dichos representantes de los trabajadores obtuvieran los historiales de varios funcionarios a fin de compararlos con los de otros que se presenten para puestos. 
He de subrayar que de lo que aquí estamos hablando es de experiencia de trabajo. 
Miro la traducción alemana y dice «Laufbahnen». 
Por mis colegas alemanes me entero de que esto quiere decir «Curriculum vitae». 
La interpretación correcta, según tengo entendido, es «Arbeitserfahrung» , que es experiencia de trabajo. 
¿Podemos garantizar, Señor Presidente, que usted y otros, incluida la secretaría de personal, comprueben las enmiendas a medida que son presentadas a fin de asegurar que reflejan los deseos de los diputados que las presentaron? 
Esta enmienda concreta está mal presentada. 
La traducción es incorrecta. 
Confío y espero que esta Asamblea la corrija. 
Señor Presidente, hablo en nombre de la parte neerlandesa, una parte pequeña, del Partido de los democristianos, que mañana espera recibir refuerzos. 
Durante dos años y medio me he ocupado de las instancias presentadas por los funcionarios europeos que exigían y exigen la igualdad de derechos; concretamente tenía que ver con las parejas homosexuales. 
Por desgracia no logré ningún resultado. Una y otra vez me veía obligado a rescatar al expediente de debajo del polvo de la Comisión Europea. 
Doy las gracias a la ponente y a quienes han presentado enmiendas por haber dado hoy una nueva oportunidad a esta cuestión. 
Los empresarios, por lo menos los buenos, saben que tener un buen hogar es positivo para el trabajo. Es bueno para el trabajo que en casa alguien se ocupe del trabajador. 
Esto no es válido para las instituciones europeas. 
Jan se casa con Marie, lo celebran, nadie se preocupa de las consecuencias financieras. 
Cuando, veinte años más tarde, Jan muere, se ocupan sin ningún problema de Marie hasta el final. 
Pero todo cambia si se trata de Robert y Arthur, y Françoise y Nicolette lo tienen todavía más crudo, porque al ser mujeres reciben un trato aún peor. 
Esta diferencia, señor Presidente, se llama discriminación. Un término que esta Asamblea aborrece, salvo cuando se trata de parejas homosexuales. 
Los empresarios neerlandeses con un estatuto como este en los Países Bajos irían a parar a la cárcel. 
Aquí no. 
Aquí, el empresario está sentado a su mesa y habla con nosotros de discriminación en todo el mundo, salvo entre su propio personal. 
Quiero formular dos preguntas claras al Comisario. 
Si el Parlamento aprueba mañana la resolución y las enmiendas, ¿qué hará la Comisión Europea con el estatuto? 
¿Cuánto se tardará en poner fin a esta discriminación? 
¿Por qué no se respetan las leyes y las constituciones de los Estados miembros que regulan bien estas cuestiones? 
¿Por qué la Comisión Europea no tiene el valor de recurrir a sus influencias en el Gobierno belga, para las personas como Arthur que no consiguen un permiso de residencia en Bélgica, para que estas personas no tengan que huir a los Países Bajos para poder realizar su trabajo de Bruselas desde allí? 
La Comisión Europea no hace nada al respecto. 
Los políticos que se precian de serlo, quieren una sociedad que se mantenga unida entre otras cosas por la preocupación por el prójimo. 
Un empresario ha de contribuir a ello. 
Dos personas que se ocupan una de otra tienen en la sociedad una situación mucho mejor que si están solas. 
Todo el mundo lo acepta, salvo los empresarios, las instituciones europeas, con respecto a los funcionarios que no pueden o no quieren casarse. 
Señor Presidente, en primer lugar he de informar a los asistentes de esta Cámara de que procedo de Estocolmo. 
En Estocolmo la mayoría de «familias» tienen un solo progenitor. 
Con respecto al razonamiento lógico de que es la existencia de niños lo que se requiere para que se pueda decir que existe una familia, es mi opinión que debería permitirse a las parejas de homosexuales que adoptaran hijos- si hacen falta padres- para resolver posibles problemas. 
Doy la bienvenida al trabajo realizado por la Sra. Lindholm que tiene el objetivo de hacer que las instituciones de la UE tomen en serio las resoluciones del Parlamento Europeo- resoluciones donde nos pronunciamos en favor de la igualdad y en contra de la discriminación, resoluciones repetidas en muchas ocasiones en esta Cámara, y que se aprueban unánimemente. 
Los límites de edad en la contratación de personal, y la negación de sus derechos a los ciudadanos homosexuales que viven juntos, o a las parejas de hecho, no solamente pueden considerarse como discriminación, sino también como derogaciones de las legislaciones nacionales, entre ellas la sueca. 
En este Parlamento tenemos la capacidad de expresarnos con gran dignidad y palabras solemnes. 
Ahora tenemos la posibilidad, con ocasión de la votación sobre el informe Lindholm, de concretar activamente estas dignas y solemnes declaraciones votando a favor de las enmiendas presentadas. 
Espero que no sea la mayoría de los diputados los que voten a favor, sino que lo haga la totalidad- aunque del curso dado al informe en la comisión competente se puede adivinar que no será así. 
Lo espero para que exista substancia y credibilidad detrás de palabras como competencia, equidad, igualdad de oportunidades y derechos para todos independientemente de su edad, sexo o inclinación sexual. 
Votar en contra de estas enmiendas es, en mi opinión, contribuir activamente a la discriminación y contradecirse a sí mismo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, también en este hemiciclo resulta imposible escapar a la arrogancia de algunos hombres, de algunos, no de todos, debo añadir. 
Afirmar que para alcanzar la igualdad basta con establecer una perfecta equiparación jurídica demuestra en verdad una arrogancia tan grande que casi resulta inconcebible. 
Las citadas trayectorias vitales, las citadas estructuras laborales, el mundo del trabajo, todas las condiciones de contratación y promoción se basan, en efecto, en las realidades masculinas, en las experiencias vitales masculinas. 
Y nos dicen con toda seriedad: » Mujeres, sólo tenéis que procurar pareceros a los hombres y tendréis las mismas oportunidades.» 
¿Creen ustedes en serio que esto es lo que deseamos, que no queremos seguir siendo nosotras mismas? 
¡Pues, no es así! 
¡Francamente, no puede ser así! 
La familia es algo valioso. 
Pero no lo es todo. 
No debe olvidarse que la familia no es un hecho universal ni la forma de vida universal en nuestra sociedad. 
Cada vez lo es menos. 
Y una familia no es un certificado de matrimonio. 
Una familia son unas personas con hijos. 
¿Qué importancia tiene el certificado de matrimonio? 
Lo que importa es la convivencia, el hecho de que unas personas vivan juntas, y esto es lo que debe tomarse en consideración, al margen de que las personas que conviven sean de distinto sexo o del mismo sexo. 
No existe razón alguna para discriminar a estas personas sólo porque declaran abiertamente que viven como lo que son y desean tener y recibir las mismas oportunidades y las mismas posibilidades que las demás personas. 
No existe motivo alguno para que nos apartemos de los principios fundamentales ya adoptados por el Parlamento Europeo. 
Unos principios que ya aprobamos- tal como acaba de señalar el Sr. Ullmann- en febrero de 1994. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión que ahora se somete a examen en el Parlamento tiene ya tras de sí una larga historia. 
La Comisión entregó por primera vez la propuesta al Parlamento para su estudio hace cuatro años, en marzo de 1993. 
La propuesta tiene dos objetivos. 
Por un lado, incorpora el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el Estatuto, y, por otro, permite la aplicación de medidas especiales positivas para mejorar la situación de las mujeres en el caso de que las circunstancias sean discriminatorias para ellas. 
El Parlamento presentó su primer informe en noviembre de 1993, sobre la base del cual la Comisión modificó su propuesta y añadió a la misma el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. 
No pude remitir al Consejo la propuesta modificada de la Comisión hasta marzo de 1996 debido a que la reforma del Estatuto requiere la realización de extensas consultas, sobre todo con los representantes del personal. 
Dado que había transcurrido mucho tiempo desde el envío de la propuesta de la Comisión y desde su modificación, el Parlamento solicitó al Consejo la posibilidad de ser oído nuevamente, a lo que se accedió en octubre de 1996. 
En esta ocasión la comisión ha propuesto numerosas enmiendas, relativas tanto a la igualdad entre hombres y mujeres como a la no discriminación por razones de orientación sexual. 
Quisiera resaltar que la propuesta que está estudiando actualmente la Comisión es tan sólo una pequeña reforma parcial y no una reforma completa de la administración. 
El objetivo sería lograr que, después de cuatro años, esta pequeña reforma parcial entrara en vigor con el fin de poder centrarse en modificaciones más importantes. 
En el debate se han planteado principalmente dos cuestiones, que merecen un par de comentarios. 
Una se refiere al límite de edad y la otra a la situación de las parejas de hecho. 
La propuesta incluye la supresión de los límites de edad en los concursos y oposiciones de las instituciones comunitarias. 
Durante mucho tiempo se ha venido hablando del tema y son conocidos los argumentos a favor y en contra. 
Querría resaltar que el Estatuto permite hacer uso del límite de edad, pero no obliga a ello. 
Por lo tanto, el actual Estatuto no obliga a aplicar el límite de edad. 
Cabe estudiar en qué casos está justificada la aplicación del límite de edad y cuáles no, y tratar la cuestión por separado. 
Un problema práctico del que gustosamente estoy dispuesto a hablar más detenidamente en la comisión es el de la organización de los concursos y oposiciones. 
Recientemente, en 1993, se celebró en los doce Estados miembros un concurso para jóvenes funcionaros de categoría A al que se presentaron cincuenta mil candidatos de los doce países, con nueve lenguas. 
En la lista de reserva se incluyeron finalmente seiscientos, es decir, poco más del uno por ciento. 
El trabajo administrativo fue ingente y absorbió un gran volumen de recursos de la administración. 
Si ahora se llevase a cabo un concurso de estas características, como ocurrirá dentro de poco, el número de candidatos de los 15 países miembros aumentaría considerablemente con toda seguridad, pero, al mismo tiempo, el número de puestos de trabajo de nueva creación ha disminuido sustancialmente debido a que el presupuesto no ha hecho posible su aumento. 
El límite de edad se ha convertido en una forma de controlar el número de candidatos. 
Sobre su legitimidad puede discutirse 
Por otro lado, quiero señalar, no obstante, que el límite de edad no siempre se ha utilizado como condición para la contratación. 
La mayoría de los denominados agentes temporales entraron al servicio de la Comisión sin límite de edad y muchos de ellos se han convertido en funcionarios a través de concursos internos. 
La Comisión aprobó el año pasado mi iniciativa de una nueva política relativa a los agentes temporales, cuyo contenido es el siguiente: en lo sucesivo se organizarán dos tipos de concursos, uno para altos funcionarios jóvenes y otro para funcionarios de mayor edad con experiencia laboral. 
El objetivo es que todos los concursos sean abiertos y públicos, para los más jóvenes y para los que tienen más edad, pero a estos últimos se les exigiría entonces tener experiencia. 
En la contratación de funcionarios de los nuevos Estados miembros ya se ha empleado este procedimiento. 
Para los grados inferiores de los funcionarios de categoría A se ha contratado a jóvenes sin o con poca experiencia. 
Aparte se han organizado concursos para funcionarios de mayor edad, es decir, de los grados A4 y A5, a los que se ha destinado a funciones de mayor entidad. 
Acabo de cotejar los resultados de estos concursos, puesto que la contratación ya ha empezado. 
Por lo que respecta a los concursos para jóvenes, el porcentaje de mujeres de los nuevos Estados miembros que han aprobado y figuran en las listas de reserva era de un 51 %. 
En el caso de los funcionarios de mayor edad este porcentaje era ligeramente superior al 30 %. 
Esto es un claro reflejo de la evolución de la sociedad. 
La situación de las mujeres jóvenes es hoy en día ya claramente mejor que hace unos 10-20 años. 
Pero, al mismo tiempo, el caso merece una reflexión sobre el tema. 
No estoy seguro de si es absolutamente necesaria la prohibición de todas las disposiciones en materia de límite de edad. 
Cada situación debe estudiarse por separado, pero, tal como he dicho, la Comisión está abriendo actualmente los concursos también a los funcionarios de mayor edad. 
En segundo lugar, por lo que respecta al principio de la no discriminación por razones sexuales, la Comisión es consciente de los problemas de las parejas de hecho y de la situación de desigualdad, por lo que ha buscado soluciones al problema. 
El verano pasado la Comisión aprobó una reforma administrativa mediante la cual se garantiza a las parejas de hecho homosexuales y heterosexuales los mismos derechos de que disfrutan las parejas casadas; estos derechos están garantizados sin que sea necesario modificar el Estatuto, por lo tanto están fundamentados en el Estatuto actualmente en vigor. 
Tengo entendido que el Parlamento y el Consejo están elaborando, por su parte, reformas similares. 
Animo a los diputados a que realicen un seguimiento de este asunto. 
El Parlamento señala ahora la conveniencia de realizar también una modificación del Estatuto, con arreglo a la cual las parejas de hecho, no casadas, tendrían derecho a disfrutar de las mismas prestaciones sociales y económicas que las parejas casadas. 
Esto está justificado desde el punto de vista de la igualdad. 
Antes de que la Comisión lleve a cabo la propuesta en esta materia, debemos realizar una reflexión política, la siguiente: el Consejo se ha mostrado, por decirlo con suavidad, hostil hacia los derechos de los funcionarios y ha propuesto importantes recortes en varios ámbitos. 
Si formulamos la propuesta de que las parejas de hecho consigan los mismos derechos que las casadas, existe el riesgo de que la respuesta del Consejo sea la supresión a estas últimas de aquellos derechos que en muchos países no existen. 
Hay que pensar detenidamente en la conveniencia de correr este riesgo, por lo que habrá que conversar también con los representantes del personal. 
Yo personalmente no tengo nada en contra de este tema; considero que el trato que reciben las parejas casadas y las de hecho debe ser el mismo. 
El riesgo reside en que el Consejo decida aplicar la igualdad suprimiendo los privilegios de las parejas casadas, y, de esa forma, las parejas de hecho ya estarían en la misma situación. 
En definitiva, en relación con las propuestas de modificación del Parlamento, quiero señalar que en varios aspectos las comparto. 
No obstante, debe considerarse si se lleva a cabo esta pequeña reforma parcial que ha durado ya cuatro años o si se inicia el debate y el examen de nuevo. 
La otra alternativa es aprobar ahora esta pequeña reforma y, posteriormente, empezar a preparar una reforma global del Estatuto que, por otro lado, será imprescindible antes de la ampliación. 
Lamentablemente, el calendario de examen de estas cuestiones es excesivamente largo. 
Si este asunto ha llevado cuatro años, ¿cuánto se tardará cuando empecemos a considerar una reforma de conjunto? 
Tal vez sería oportuno tratar este tema con la comisión. 
Ya las negociaciones y las conversaciones con las organizaciones de personal en el seno de las instituciones son excesivamente largas. 
Los procedimientos llevan tiempo. 
De hacer algo, habría que hacerlo de tal forma que estuviera concluido durante el mandato de este Parlamento y de esta Comisión. 
Doy las gracias a la comisión por la atención que ha prestado a este asunto y con mucho gusto accederé a continuar posteriormente el diálogo sobre la materia. 
Señor Presidente, he formulado tres preguntas claras al Comisario, y no he obtenido ninguna respuesta. Considero que después de dos años y medio tengo derecho a una respuesta. 
El Comisario dice que está de acuerdo con las enmiendas, pero aparte de esto no hace nada. 
La Comisión tiene el derecho de iniciativa. 
Que el Comisario haga algo ahora, y que por lo menos responda a mis preguntas. 
Las repito: en primer lugar, ¿qué hará la Comisión si mañana el Parlamento aprueba las enmiendas? 
En segundo lugar, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se cambie el estatuto? 
Y en tercer lugar, ¿por qué la Comisión Europea no respeta las leyes y constituciones de los países que están a favor de la igualdad de derechos? 
Le pido, señor Presidente, que se ocupe de que este Parlamento reciba respuesta a estas tres preguntas explícitas. 
Señor Presidente, acabo de señalar que debemos pensar en si adoptar o no la decisión de llevar a cabo esta reforma parcial. 
Si se desea hacerlo debería adoptarse una decisión de este tipo. 
Si deseamos iniciar esta cuestión nuevamente, tendremos por delante con toda probabilidad un proceso que nos llevará uno o dos años más. 
Si respetamos el principio de cooperación con el personal, deberemos iniciar las nuevas consultas sobre el tema en su totalidad. 
La Comisión debe reflexionar sobre ello. 
Yo me inclinaría preferentemente- aunque esto algo que la Comisión debe decidir más tarde- por adoptar ahora la decisión de aprobar esta pequeña reforma y que las opiniones formuladas por el Parlamento se tengan en cuenta cuando se empiece a estudiar el conjunto del Estatuto. 
La segunda cuestión que resulta problemática desde el punto de vista jurídico es el de si el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas puede tratar de diferente manera a los ciudadanos de diferentes países. 
Hasta ahora, los expertos juristas han señalado que el Estatuto de las Comunidades Europeas debe tratar a todos los funcionarios de igual forma. 
Esto no nos permite jurídicamente clasificar los derechos de los funcionarios sobre la base de la nacionalidad. 
Así pues, este ha sido el parecer los expertos y, dado que se trata de una interpretación jurídica, para la Comisión es difícil apartarse de ella. 
A medida que las opiniones de los Estados miembros varíen- ahora tenemos un par de países que han aprobado las parejas de hecho y, concretamente además, los derechos de las parejas homosexuales y su registro -, mejorarán también naturalmente las posibilidades de conseguir estos cambios en el Consejo. 
Me alegraría mucho de que las opiniones de los Estados miembros progresasen, ya que de esta forma se solucionarían mejor los asuntos en este sentido. 
La tercera cuestión sobre la que quiero llamar la atención es la necesidad de realizar una valoración política, que es indispensable si llevamos a cabo la propuesta de equiparar a las parejas de hecho con las casadas. 
¿Está dispuesta la Comisión a correr el riesgo de que, como consecuencia de esa propuesta, los derechos actuales de las parejas casadas, en particular los derechos económicos, se supriman y, de esta forma, se alcance la igualdad? 
En opinión de muchos, esto puede parecer un asunto sin importancia, pero puedo afirmar que para las organizaciones de personal se trata de una cuestión muy delicada. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quiero intervenir para una cuestión de orden. 
En la página 18 de la versión alemana, punto 16 de la propuesta de resolución del Grupo de los Socialistas Europeos «Política de la Unión frente a Argelia» , se menciona también mi nombre. 
Yo no apoyo esta solicitud. 
He comunicado también a los servicios que retiro mi firma. 
Se indicará en el momento de las votaciones, señor Sakellariou. 
Se hará una rectificación. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, el Parlamento recordará seguramente que, junto con otros diputados, me he referido en diversas ocasiones al encarcelamiento de Roisín McAliskey, embarazada de siete meses, reclusa en una cárcel de categoría A. 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda ha tenido ocasión de aclarar con el Embajador de Gran Bretaña en Irlanda y el Embajador de Alemania en Londres que el Gobierno alemán no se opone en absoluto a que quede en libertad la Sra. McAliskey. 
Señor Presidente, le ruego una vez más que pida al Gobierno británico que ponga urgentemente en libertad a esa persona. 
Señor Presidente, deseo únicamente hacer saber a mi atento colega que ayer hubimos de debatir largamente sobre ese tema y que volver a resoluciones urgentes que no fueron aceptadas me parece un disparate. 
Muchas gracias, señora Oomen-Ruijten. 
Tomamos nota de su observación. 
ONP y servicio universal de telecomunicaciones 
Señor Presidente, los colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial saben que ésta es la tercera vez que nos ocupamos de las propuestas sobre telefonía vocal, cuya fecha límite para la liberalización es el 1 de enero de 1998. 
Quiero hacer constar en acta que la comisión parlamentaria, así como este Parlamento, han trabajado con gran celeridad para conseguir que la propuesta pase por todas las fases necesarias antes de que el Consejo de ministros de telecomunicaciones se reúna en el mes de marzo. 
No era ésta la mejor manera de trabajar, pero me parece que, habida cuenta de las circunstancias, lo hemos hecho muy bien. 
Como ustedes saben, ésta es la propuesta en materia de telecomunicaciones que tiene consecuencias más directas para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Por esa razón la comisión parlamentaria se ha ocupado principalmente de algunos aspectos de la propuesta relativos a los consumidores. 
Lo que tememos es, naturalmente, que los operadores se concentren en los segmentos más provechosos de este mercado, segmentos que, muy a menudo, no corresponden a los consumidores corrientes del país. 
Hemos presentado enmiendas sobre el servicio universal- que tanta importancia reviste para esta propuesta -, la protección de los consumidores, y algunos de mis colegas han presentado enmiendas sumamente útiles que fortalecen las propuestas de la Comisión, particularmente acerca del derecho de las organizaciones de consumidores a que se les consulte antes de efectuar cambios. 
Hay enmiendas encaminadas a proteger a los consumidores de bajo nivel de ingresos, y he de decir que me satisfacen las ideas de la Comisión sobre los sistemas de pagos flexibles. 
He presentado enmiendas que han recibido el apoyo de la comisión parlamentaria y he vuelto a presentar muchas enmiendas en nombre de mi Grupo acerca de la protección de los consumidores minusválidos. 
No es cosa que reciba a menudo la atención que merece, pero algunos de los aspectos del desarrollo de la tecnología en la esfera de las telecomunicaciones pueden ser desventajosos para algunos consumidores minusválidos. 
Por ejemplo, los teléfonos de texto no tienen prácticamente ninguna utilidad para consumidores ciegos o con vista deficiente. 
Hemos presentado enmiendas acerca de la calidad del servicio y acerca de la protección de los consumidores de las zonas rurales, las zonas aisladas o las zonas menos pobladas. 
Me interesaría sobremanera que el Comisario Bangeman nos dijera hasta qué punto, en su opinión, deben quedar incluidos los teléfonos móviles en esta propuesta. 
Sé que se trata de una cuestión controvertida que quizá no obtenga el apoyo de todos los grupos políticos de este Parlamento. 
Les ruego que escuchen cuidadosamente lo que pueda decir el Comisario y que, de ser posible, lo tengan en cuenta al votar. 
Es cierto que el mercado de teléfonos móviles se está desarrollando a un ritmo diferente en cada Estado miembro, pero me parece que es absolutamente evidente que, tarde o temprano, no habrá más que un solo mercado. 
Me parece, y la comisión parlamentaria ha coincidido conmigo, que deberíamos adoptar alguna medida ahora acerca de esta cuestión. 
La esfera que hemos escogido es la de la financiación del servicio universal y la protección del consumidor: los cambios que proponemos son relativamente pequeños pero de importancia, y a mi juicio nos brindan el punto de partida más coherente y lógico para iniciar nuestras actividades. 
No deja de ser interesante que esta semana, cuando estamos discutiendo acerca de este informe sobre telefonía vocal, la Organización Mundial del Comercio (OMC) haya concertado un acuerdo sin precedentes. 
Es digno de mención que tanto la Comisión Europea como la propia OMC se hayan apuntado ese acuerdo en su crédito; estoy segura de que las dos se lo merecen. 
El acuerdo ha puesto de relieve lo importante e inmensamente lucrativa que es esta industria, tanto por sí misma como a título de complemento de numerosas otras industrias. 
Estoy segura de que todos acogemos con satisfacción el acuerdo y de que en particular reconocemos que hemos marcado un hito, y espero que la Unión Europea empiece a aproximarse al nivel de precios de que disfrutan los consumidores de los Estados Unidos de América. 
Al mismo tiempo nos percatamos de que se trata de una industria que querrá instituir, y que sin duda alguna se lo podrá permitir, las medidas básicas de protección a los consumidores que, a mi juicio, este Parlamento apoyará sin duda alguna. 
Estos son los comentarios que deseaba formular. 
Les recomiendo la propuesta y aseguro al Comisario y al Consejo que el Parlamento hará todo lo que pueda por conseguir que la tramitación de la propuesta se lleve a cabo con la premura necesaria para cumplir el plazo límite del 1 de enero de 1998. 
Señor Presidente, Señorías, la próxima liberalización del mercado de las telecomunicaciones ofrece a la economía europea un abanico de posibilidades y campos de acción con importantes repercusiones políticas sobre el empleo. 
Y aunque parezca que es algo insignificante y meramente técnico, supone también un importante desafío social. 
Bajo las circunstancias económicas y sociales existentes, el acceso general a la red, es decir, en realidad, la asequibilidad de los servicios, es una conditio sine qua non para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los ciudadanos. 
Por ello, la clase y dimensiones de la liberalización del mercado en este segmento deben tener en cuenta siempre los intereses de los consumidores. 
La liberalización tiene que garantizar a los grupos necesitados, las personas mayores, las discapacitadas, las de ingresos bajos así como las que viven en regiones periféricas, un servicio mínimo, que hoy día ya es necesario económica y socialmente, a unos precios asequibles. 
Esto es lo esencial. 
Se trata de una norma de las comunicaciones. Esto muestra también que la telefonía vocal es un importante instrumento para la integración social que, si se trata erróneamente, puede contribuir sensiblemente a una desintegración. 
Por ello, los consumidores y sus organizaciones deben ser integrados en los procesos decisorios en el marco de un diálogo social honesto en lo que se refiere a los controles generales para lograr una competencia leal y la necesaria transparencia de precios, la determinación de los diversos esquemas de descuentos para los grandes y pequeños clientes, los análisis sobre la posición dominante en el mercado de algunos operadores, el desarrollo de nuevos sistemas y demás medidas de regulación. 
De este modo, existirá mucha más transparencia y esto es lo que necesitamos. 
Esto es solamente una parte integrante de una liberalización justa, basada en la economía de mercado y democráticamente necesaria, tal como yo la entiendo. 
Precisamente esta directiva subraya la necesidad de que los consumidores se beneficien plenamente del avance tecnológico en la telefonía vocal. 
Como defensor de los consumidores, para mí se encuentran en primer plano cinco puntos esenciales: precios asequibles, calidad elevada de las prestaciones ofrecidas, transparencia en los precios y servicios, acceso al derecho y a la ayuda en determinados procedimientos de conciliación en litigios y la inclusión de los consumidores en las modificaciones técnicas. 
Pero si todo esto no funciona, tenemos que pensarnos ya algo. 
Si la libre competencia y la responsabilidad de los miembros no logran que exista un estándar adecuado, habrá que pensar ya en estándares mínimos a nivel europeo y considerar también las consecuencias para los oferentes que no los cumplan. 
Summa summarum, si se logra completar o enriquecer en la práctica la propuesta de directiva con el informe de la Sra. Read, se podrá hablar de progreso en sentido del consumidor y espero que así sea. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía dar las gracias a la Sra. Read por los enormes esfuerzos desplegados. 
Apremiada fuertemente por el factor tiempo ha sabido elaborar un informe de alto nivel cualitativo de manera que el Consejo de Telecomunicaciones que se reunirá a principios de marzo deberá reconocer de todos modos la celeridad con la que ha actuado este Parlamento. 
Nuestra institución no desea constituir ningún estorbo de cara al objetivo de la liberalización programada para el 1 de enero de 1998, de modo que tocará entonces a dicho Consejo el funcionar con idéntico dinamismo que el Parlamento. 
La importancia de los servicios universales de telecomunicaciones reside por supuesto en la liberalización del mercado estando orientado principalmente a la protección de los consumidores. 
A este respecto se imponen dos importantes cuestiones de orden político. 
En primer lugar, el alcance de dichos servicios y, en segundo lugar, quién habrá de sufragarlos. 
Por lo que se refiere al primer aspecto, esto significa por un lado el fomento de una liberalización del mercado, en el cual las empresas de telecomunicaciones europeas deberán desarrollarse como partes capaces de competir enteramente en el mercado internacional, de manera que deberá prestarse suma atención a la asignación de nuevas cargas a dichas empresas. 
Por otra parte, existe, claro está, la cuestión del interés de los consumidores. 
Entre ambos aspectos no deja de existir una cierta tensión, siendo necesario tomar en consideración este hecho. 
Un segundo aspecto igualmente importante lo constituye el hecho de que las capacidades técnicas no son las mismas en cada uno de los países. Es decir, no pueden ignorarse las divergencias que desgraciadamente existen en nuestra Unión Europea. 
Y por último, resulta importante tomar en consideración la convergencia entre las redes de teléfonos fijos y móviles, y no las enormes evoluciones y adelantes tecnológicos que se esperan para los años venideros. 
Todo esto implica que la definición de los servicios universales que estamos debatiendo en la actualidad constituye un hecho ligado al tiempo y que deberá ser válido por supuesto en todo el espacio de la Unión Europea. 
Una definición de los servicios universales de telecomunicaciones a nivel de la Unión Europea reviste enorme importancia con vistas a hacer posible que sean pagaderos únicamente los servicios definidos a nivel de la Unión prestados por las empresas evitando así la asignación de nuevas cargas suplementarias por obligaciones de servicios universales impuestas a partes del mercado. 
Esto explica la gran importancia de la enmienda nº 10. 
Habida cuenta las grandes divergencias entre los países de la Unión Europea, mi grupo político estima innecesaria la inclusión de la telefonía móvil en el marco de los servicios universales, sin dejar de considerar la necesidad de dejar las puertas abiertas hablándose con razón de la posibilidad de convergencia. 
De ahí que hayamos dejado también abierta la posibilidad a través de la enmienda nº 7. 
La opinión de mi grupo político es de que por el momento debe quedar claro que esta carga deberá imputarse únicamente a los suministradores de servicios de telefonía vocal a través de redes fijas. 
Es decir quedarían exentos aquéllos que ofrecen servicios a través de la red móvil, aunque a la larga sería conveniente que estudiásemos el grado en que resultaría también justa una contribución de estos últimos. 
Esto explica la introducción de la enmienda nº 15. 
Lo que no queremos en ningún modo es que todos los nuevos prestadores de servicios se vean obligados a participar en los servicios universales. Nos parece esto sumamente incorrecto; no es de esta manera que se crea la sociedad de la información. 
Señor Presidente, pasaré ahora al problema que representan los minusválidos. 
Existe una tendencia a ofrecer en el mayor grado posible con carácter gratuito estos servicios. 
Pero esta actitud no me parece positiva, ya que cada discapacitado no se encuentra en la misma situación. 
Algunos de ellos disfrutan de una gran independencia económica y estimo incluso que considerarían ofensivo y contrario a sus deseos de emancipación que se les brinde un tratamiento especial. 
Es decir, las reglas no deberán establecerse a nivel de la Unión, sino a un nivel inferior. Lo mismo sucede en el caso de los desfavorecidos socialmente. 
Lo mejor sería un enfoque a la medida, digamos descentralizado. 
Por supuesto que estoy a favor de una ayuda a estos últimos con vistas a impedir su exclusión social, pero es necesario insistir en la necesidad de funcionar al nivel más bajo, es decir la región, la ciudad o el país y no a nivel de la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que, al igual que ha hecho la Sra. Read, debemos contemplar el acuerdo en relación con la OMC. 
En cualquier caso es más ambiguo de lo que se ha expuesto aquí. Se caracteriza por que, en lugar de realizar una transición a un nuevo modelo de desarrollo que tenga futuro, se quieren superar las actuales dificultades de la acumulación de capital abriendo a los mercados privados, a la competencia privada, sectores que hasta ahora estaban regulados públicamente, lo que encierra problemas. 
Creo que esto también se puede debatir aquí en relación con la cuestión del servicio de telefonía móvil pues, tal como ha dicho la Sra. Read, va a constituir un mercado y tanto la estrategia como la táctica de la Comisión, consistentes en separar por motivos técnicos sectores cada vez más pequeños, convence cada vez menos. 
Quiero expresar a la Sra. Read mis felicitaciones por haber establecido en todo este contexto de la voice telephony la relación existente con la estrategia piecemal o del salami empleada por la Comisión y por hacer comprender quizás a la otra parte de la Asamblea, que no se encuentra presente en este momento, que la flexibilización o liberalización solamente pueden ser pasos hacia adelante si nos tomamos en serio nuestra tarea reguladora y si logramos que exista una garantía pública para todos, en especial también para aquellos grupos o regiones más desfavorecidas o que tienen problemas especiales. 
Aquí se incluye el servicio universal, además un servicio universal dinámico. Aquí se incluye el necesario papel de las asociaciones de consumidores y unas garantías específicas para los minusválidos. 
La comunicación es un bien público. 
Se puede ofrecer una parte de ella privadamente. Se puede abrir al mercado privado, pero tiene que estar vinculada al sector público mediante la regulación. 
Para empezar quisiera felicitar a Imelda Read, que ha trabajado con mucha rapidez y muy minuciosamente y que ha expuesto claramente la situación en términos que secundo. 
En contra de lo que acaba de decir el último orador, me parece que hay que incluir a los teléfonos móviles. 
La telefonía móvil constituye un mercado en expansión. 
Sé que no está creciendo al mismo ritmo en todos los Estados miembros pero, a pesar de ello, se trata de un mercado en expansión y de un producto que supongo que cada vez será más común en todos los países de la Unión Europea. 
Por eso me parece que debemos incluir los teléfonos móviles. 
Este servicio tiene que tener carácter universal. 
Diré que este aspecto es especialmente interesante para mí porque represento a una de las partes más remotas de la Unión Europea: el altiplano y las islas de Escocia, 90 islas en total. 
Los habitantes de mis islas tienen derecho a contar con las mismas posibilidades de acceso que todos los demás, tanto si provienen de un país muy densamente poblado como los Países Bajos o de una gran ciudad. 
Me preocupa que este servicio sea de carácter universal, y diré para empezar que es esencial que lo sea si he de apoyar la propuesta. 
Se ha hecho mención de las personas que tienen necesidades especiales y me ha desconcertado oír que el portador del Grupo del Partido Popular Europeo decía que ofenderíamos a los minusválidos si les ofreciésemos tarifas especiales. 
Yo no lo veo así. 
Esas personas están en una situación desventajosa y tienen derecho a nuestro apoyo, por lo cual deberían tener una tarifa especial para el uso del servicio. 
Las organizaciones o empresas de teléfonos móviles ganan mucho dinero. 
Se trata de un segmento lucrativo de la industria y no veo por qué no podemos obligarle, antes de que sea demasiado tarde, a dar carácter universal a este servicio, con condiciones especiales para ayudar a los minusválidos, a los impedidos y a los ciegos. 
Las personas que posean un teléfono móvil deben tener derecho a que su número de teléfono se inscriba en el listín si lo desean, o a que no figure en el listín si no lo desean. 
Por eso espero que este Parlamento secunde el principio que Imelda Read ha expuesto tan bien: el servicio telefónico ha de ser de carácter universal. 
Son éstos los cálculos de una agencia francesa de investigaciones. Aunque esta cifra no corresponderá precisamente al propio sector de las telecomunicaciones que en sí habrá de disminuir, sino a los nuevos empleos que habrán de crearse en otros sectores a causa de los avances logrados en las técnicas de telecomunicaciones. 
Resulta sorprendente el hecho de que son las empresas privadas de telecomunicaciones las que apoyan la liberalización, y que en cambio las empresas estatales se oponen a ella. Aparentemente su intención es encubrir la existencia de un alto grado de desempleo. 
Es nuestro deber pues aspirar a una reglamentación que resulte beneficiosa para las empresas estatales. 
El Parlamento Europeo no habrá de dejarse desorientar por la estrechez de miras de los sindicatos que sólo tienen en cuenta el impacto sobre el número de empleos en las grandes empresas estatales. 
Lo que nos ocupa en el presente debate es la cuestión de los avances del proceso de liberalización. 
¿Cumpliremos el plazo del 1 de enero de 1998? 
Esperamos que no suceda como en el caso del renglón postal en el cual Francia, Alemania y los Estados miembros meridionales desean aplazar la liberalización hasta el año 2003. 
Por lo visto la Comisión Europea habrá de colaborar en ello. Pero no es consciente acaso la Comisión de que mientras más esperemos, peores serán las consecuencias sobre el sector postal y también sobre la industria de telecomunicaciones en Europa. 
La falta de acción en este respecto equivaldrá verdaderamente a un retraso. 
O tal vez esté corriendo el riesgo la Comisión de que una futura comisión de investigaciones se vea encargada de examinar su funcionamiento en el ámbito postal y de telecomunicaciones. 
La liberalización es en sí un elemento positivo, aunque no hay que tratar de ponerla en marcha a cualquier costo. 
A este respecto hemos desarrollado el concepto de servicio universal. 
Estimo que este concepto es factible a condición de que no se haya difundido suficientemente la definición, ya que entonces estaríamos manteniendo la existencia de posiciones de monopolios, cuando el objetivo consiste en cambio en liberar el mercado. 
El servicio universal obliga a las empresas a prestar servicios a la totalidad del mercado y no a tratar de llevarse la mejor parte de éste. 
Aunque a medida que aumente el grado de puntualización de las condiciones impuestas al servicio universal aumentarán igualmente los costes de los servicios fundamentales. 
El exceso de reglamentación resulta perjudicial principalmente para los grupos más desfavorecidos, precisamente aquéllos que deseamos proteger. 
Debemos tratar de encontrar en este contexto la solución óptima. 
A este respecto deseo manifestar mi respaldo a la enmienda 10 al artículo 3, estimando sin embargo que la enmienda 19 al apartado 1 del artículo 7 constituye un ejemplo de reglamentación exagerada. 
La mayoría de los minusválidos auditivos prefieren un sistema de teléfono privado con transcriptor de voz. Este servicio se halla incluido entre los servicios universales. 
Es decir que resulta superflua una versión pública del mismo. 
Por lo que atañe a las tarifas estimo que debemos instaurar únicamente un tipo máximo. 
Al establecer un precio fijo uniforme orientado a los costes estaremos eliminando las posibilidades de competencia y perjudicando por ende al consumidor. 
Los costes pueden constituir un criterio inadecuado, registrándose por ejemplo en un Estado miembro en particular costes muy superiores resultantes de una gestión estatal ineficaz. 
Señor Presidente, estamos conformes en principio con las propuestas de la ponente y, en particular, con los aspectos orientados a la protección del consumidor a través de la calidad de servicio, los contratos de información y la resolución de litigios, así como estamos a favor de que se haya establecido una categoría especial de usuarios, estos es, los hogares. 
Aceptamos la propuesta de la ponente de ampliar el ámbito de aplicación de las normas relativas a la protección del consumidor a los abonados a la telefonía móvil, a pesar de que es evidente que la Directiva no debe regular los teléfonos móviles, habida cuenta de que el mercado de la telefonía fija sigue siendo diferente respecto del mercado de la telefonía móvil. 
Otro aspecto que implica la protección del consumidor es el social. 
Ha de apoyarse firmemente la introducción de sistemas de pago flexible para evitar las desconexiones de los usuarios más débiles, en particular los hogares con ingresos bajos y/o las personas discapacitadas que se encuentran en dificultades. 
Por lo que se refiere a las opciones relativas al servicio universal, me pregunto si, a corto plazo, las propuestas de la Comisión no son más reales respecto de las del Parlamento. 
En efecto, en estos momentos, una definición excesivamente amplia del servicio universal conlleva costes inadmisibles que no permiten a la competencia sobrevivir. 
A largo plazo, será necesario llegar a las soluciones propuestas, sin embargo, en el ínterin sería conveniente que la Comisión elaborara unos modelos de costes para los distintos niveles del servicio universal. 
Sería conveniente asimismo, que la Comisión implementara una investigación sobre las relaciones a nivel interno de los Estados miembros en lo referente al libre mercado y la competencia en este sector, el respeto de las reglas, el posible enriquecimiento injusto o el uso ilícito de las redes. 
La liberalización de los mercados de las telecomunicaciones va a ser un acontecimiento sumamente importante y, para que éste pueda manifestarse en toda su amplitud es preciso que se adopte de inmediato la presente Directiva, así como todas las demás que forman parte del mismo paquete. 
Señor Presidente, señor Comisario, somos muchos los que hemos comprobado que el sector que debatimos se está desarrollando rápidamente, y que debemos darle unas posibilidades de desarrollo para que logremos tener un mercado y una industria competitivos en Europa. 
Sabemos que se necesitan grandes inversiones para que se disponga del mismo acceso a la información en todas las regiones europeas. 
En base a las experiencias habidas, creo que es importante que no regulemos. 
Me preocupa que tanto el informe como la propuesta de la Comisión encierren esta idea. 
Sabemos qué tipo de servicios existen, pero es difícil predecir cuáles van a necesitarse en el futuro. 
No hay caminos trillados, razón por la que lo que hacemos en esta fase es garantizar la continuidad de los antiguos servicios. 
De otro modo corremos el riesgo de suprimir recursos para el desarrollo que pueden ser necesarios en el futuro. 
Este desarrollo puede conllevar unas oportunidades fantásticas para los minusválidos de participar en la sociedad de un modo totalmente nuevo. 
Como ha dicho mi colega, el Sr. Lindqvist, los países nórdicos han registrado unos resultados excelentes a consecuencia de la liberalización. 
Por ejemplo, ha disminuido en un setenta por ciento el coste de las llamadas de larga distancia en mi país, Finlandia, y ha aumentado en una cuarta parte la proporción de cabinas telefónicas desde el inicio de la liberalización. 
Los consumidores se han visto beneficiados con ella. 
Tenemos actualmente una situación en que existen distintos estadios en la evolución de los países miembros. 
Por consiguiente, éstos necesitan libertad para decidir en qué modo desean apoyar a sus minusválidos y qué normas van a aplicar, por ejemplo, si les ayudarán a través de la seguridad social. 
Expreso una cierta preocupación en mi opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no comparte, sin embargo, la Comisión de Asuntos Económicos. 
Deseábamos unos límites para las ocasiones en que podían actuar las autoridades nacionales de reglamentación. 
Sabemos que dichas autoridades no están en todos los casos liberadas del monopolio. 
Por tanto, existe el riesgo de que intervengan de un modo que resulte discriminatorio. 
Por último, apoyo lo que ha dicho el Sr. Lindqvist, en el sentido de que no deberían incluirse las redes de teléfonos móviles porque esto frenará el desarrollo futuro que necesitamos. 
Señor Presidente, Señorías, visto lo que ocurre a nivel mundial, las negociaciones de la OMC demuestran que Europa hizo muy bien en ponerse a tono con los acontecimientos. 
Por lo tanto, tenemos que rendir aquí homenaje a la Comisión y al Parlamento porque, sin ellos, jamás hubiéramos tenido la liberalización del mercado de los teléfonos. 
Es preciso que se sepa que la forma en que hemos llegado a resultados relativamente satisfactorios ha sido yendo contra los Estados y utilizando los medios del Tratado. 
No debemos olvidarlo nunca: si no hubiera existido la Comisión, si no hubiera existido el Parlamento, seguiríamos enfrentados a quince mercados de telecomunicaciones totalmente cerrados, con quince monopolios o poco más o menos. 
Esta era la situación y había que recordarlo aquí. 
En lo esencial, en este Parlamento, estamos de acuerdo y felicito por ello a la Sra. Read, en los problemas de competencia, de transparencia de los precios, en la necesidad de fijar precios razonables, en el hecho de que debe haber un servicio universal que proteja al consumidor. 
¿En qué puntos sigue habiendo divergencia? 
Las divergencias se sitúan, a partes iguales, en el plano de las modalidades. 
El objetivo es el mismo: queremos que un máximo de ciudadanos tenga acceso a un máximo de servicios de calidad al precio más bajo. 
Pero, ¿cómo lograrlo? 
El tema que nos divide mucho hoy es el de saber si es preciso someter desde ahora el sector del teléfono móvil a la reglamentación prevista para el teléfono fijo. 
Las opiniones son divergentes en este punto y lo son porque creemos que el desarrollo interesante del teléfono móvil se debe al juego de la competencia y alcanzará el objetivo que acabo de recordar de una manera mucho más eficaz que por cualquier otro medio. 
Si, desde ahora, queremos imponer a los operadores las cargas del servicio universal, esto acarreará fatalmente una subida de los precios. 
En efecto, señoras Ewing y Read, es preciso saber que no existen servicios gratuitos. 
Siempre hay un coste. 
Hace falta cierta mentalidad- que no calificaré de socialistapara creer que se puede distribuir fácilmente y ser muy generoso acerca de la colectividad. 
Pero esto siempre tiene un coste y si hoy imponen ustedes nuevos costes a estos operadores, van a retrasar ustedes la difusión del producto; la gente que no pueda pagarse hoy el teléfono móvil no lo podrá hacer nunca. 
Miren la experiencia sueca, la finlandesa, la de los Estados Unidos. 
La Sra. Read ha dicho: » Espero que los ciudadanos europeos puedan beneficiarse muy rápidamente de los mismos servicios y al mismo precio que los ciudadanos de los Estados Unidos». 
Pero si los Estados Unidos hubieran seguido la política de la Sra. Read, no lo hubieran logrado. 
Lo han logrado porque han seguido el camino inverso. 
Han impuesto las condiciones del servicio universal una vez logrados los resultados del juego de la competencia, cuando una amplia mayoría de la población tenía ya acceso a servicios de calidad a precios muy interesantes. 
Es un error que no hay que cometer. 
Es preciso esperar a que el teléfono móvil haya adquirido una parte del mercado del orden del 30 a 40 % y en ese momento, imponerle cargas de servicio universal. 
Esto va muy rápido. 
Es más fácil imponer una directiva que crear una red, y además, cuesta más barato. 
Señor Presidente, voy a seguir el hilo de lo expuesto por mi amigo Fernand Herman. 
Sin embargo, creo que no hace justicia a la Sra. Read si cree que en el informe que ha presentado hoy se propone una política exactamente divergente a la practicada en los Estados Unidos. 
Al menos, no es esa mi impresión de su trabajo aunque comparta las posiciones básicas de Fernand Herman. 
Así pues, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones a la Sra. Read. 
Estamos en deuda con ella y con todo el Parlamento también por la rapidez con que ha trabajado. 
Siento la premura de tiempo, pero todos saben que el plazo del 1 de enero del próximo año está a la vuelta de la esquina. 
No puedo prometerles que sea esta la última vez que hablemos sobre la ONP o sobre todos los temas que hemos tratado los últimos años, pues la convergencia- tanto la tecnológica como la económica- va a traer como consecuencia una unificación de todos estos mercados separados hasta ahora, lo que, naturalmente, nos va a obligar a nuevos enfoques. 
Pero este no es nuestro tema de hoy. 
Si así se quiere, nuestro tema es, por un lado, la cuestión básica de las diferentes políticas y, por otro, las conclusiones prácticas. 
Pero como las conclusiones prácticas dependen siempre de lo que se considera en principio como correcto, es útil que nos cercioremos de nuevo de que nuestro enfoque básico es correcto en base a lo que han dicho la Sra. Read, el Sr. Herman y otros. 
En primer lugar, quiero llamar la atención sobre el hecho de que ya nadie cuestiona- ni siquiera antiguos marxistas como el Sr. Wolf- la realidad de un mercado liberalizado. 
Se considera que es mejor que un monopolio jurídico-público. 
Se trata de un avance muy considerable pues recuerdo muy bien que al comienzo de este debate aún había gente que defendía la tesis que la Sra. Ewing formuló del siguiente modo: la comunicación es un bien público, por lo que necesitamos una organización jurídico-pública, a ser posible, un monopolio, para poder atender mejor a todos. 
Recuerdo el comienzo del debate sobre la liberalización. 
Es cierto lo que ha dicho el Sr. Fernand Herman: el Parlamento y la Comisión han realizado un considerable trabajo y no nos encontramos al final de la cola sino que ocupamos una posición puntera en los conceptos técnicos y políticos que hemos desarrollado- lo que han mostrado con toda claridad las negociaciones en la OMC- por lo que no debemos temer la evolución que pueda experimentar este organismo. 
Pero como yo fui objeto de los ataques y porque me agrada hacerlo, quiero recordar que en los primeros debates se trataba de la cuestión de la desregulación o liberalización y algunos apuntaban que se trataba de una manía que se planteaban estos ultraliberales. 
Ahora, gracias a Dios- no lo digo con la arrogancia del que ha tenido razón sino sencillamente porque el resultado es positivo- todos ven que la liberalización tiene grandes ventajas para el consumidor si se tienen en cuenta los resultados finales. 
Se ha mostrado que ahora podemos trabajar con tarifas más bajas, tanto en la transmisión de datos como en el servicio de telefonía. 
La competencia hace también en el presente caso que los precios bajen y la calidad aumente. 
Esto no significa- la Comisión no ha defendido jamás esta posición- que debamos dejarlo exclusivamente en manos de la competencia. Naturalmente, hay que regular determinadas cosas que no puede hacer la competencia. 
La cuestión básica ante la que siempre nos encontramos es la siguiente: ¿qué es lo que puede la competencia y qué es lo que hay que regular? 
Y si hay que regular, ¿cómo?. 
Es muy difícil predecirlo pues la evolución técnica va paralela a la competencia y muchas cosas son muy diferentes a como normalmente ocurre en la economía. 
Siempre he llamado la atención al respecto. 
Tomemos, por ejemplo, la cuestión del «servicio universal». 
La naturaleza de la oferta y de los costes que aquí surgen obliga a cualquier oferente a realizar una oferta lo más amplia posible. 
Es errónea la tesis que se oye repetidamente en el sentido de que se dará una atención preferente a las cosas que merezcan la pena, es decir, las aglomeraciones urbanas, los ricos o las empresas que se pueden permitir y tienen la necesidad de telefonear. 
Naturalmente, también va a pasar esto. 
Está claro. 
Habrá oferentes- ya existen hoy- que primeramente se concentrarán en las grandes empresas. Además tendrán que hacerlo pues no disponen desde el inicio de una red global. 
Pero, en cualquier caso, una red global será más rentable cuantos más clientes accedan a ella y la oferta que puedan hacer será más atractiva. 
Podrán también reducir los costes. 
Hoy hay empresas- si lo hubiese dicho hace unos años, probablemente se habrían reído de mí- que distribuyen gratuitamente los handys porque no están interesadas en el aparato ni en el beneficio del aparato sino en el servicio. 
Muy bien, dirán ustedes, pero esto es solamente es otra forma de distribuir los costes, recaudando entonces unas tarifas más elevadas. 
No es así, pues entretanto también existe la competencia en este campo. El Sr. Graefe zu Baringdorf me mira con gran extrañeza porque como experto en asuntos económicos de un Estado Federado no está acostumbrado en absoluto a la competencia. 
Todo esto son grandes novedades para él. Hay empresas que ofrecen conversaciones telefónicas gratuitas si el usuario acepta que de vez en cuando se le interrumpa mediante publicidad. 
Puede ser que esto no sea agradable, sin duda en especial en determinadas conversaciones personales. 
Si uno es interrumpido de repente por publicidad, a la Sra. Lulling y a mí sin duda nos molestaría. 
Pero no es esto lo determinante. 
Lo determinante es que si alguien quiere puede llamar gratis. No necesita pagar nada. 
Mi tesis es que debemos esperar a ver qué repercusiones tiene la competencia sobre el acceso universal, que no representa ya ningún problema financiero o de otro tipo para nadie, inclusive los minusválidos. 
Pero también en este caso, la evolución tecnológica va a hacer posible muchas cosas que hoy consideramos imposibles. 
Esto es lo primero. 
Por favor, no traten el problema del acceso universal como un problema que deba solucionarse fundamentalmente desde un punto de vista político-social. 
Se solucionará en primera línea gracias al desarrollo de la técnica y del mercado. 
La cuestión clave es determinar qué es lo que queda y cómo debe solucionarse. 
Estoy convencido de que en especial en lo que se refiere a las posiciones dominantes en el mercado tenemos necesidad de regulación. 
Y aquí surge la pregunta de si no se debe tratar de otro modo a los oferentes de telefonía móvil. 
¿No se deberá proceder asimétricamente, es decir, gravar al que tiene una red fija, un monopolio de hecho, y desgravar a los operadores de telefonía móvil que acceden por primera vez al mercado? 
Pero, entretanto, estamos pensando si no se puede limitar esto. 
Por ejemplo, se debería tratar por igual a ambos en lo que se refiere a la inscripción en los listados telefónicos. 
Por ello, vamos a aceptar también esta enmienda. 
Y también debemos regular aquellos aspectos que deben ser iguales para ambos. 
Pero es cierto que aquel que dispone hoy de una red estacionaria tiene una enorme ventaja competitiva. 
Intentamos normalizar esto regulando el acceso a la red. No es cierto que queramos dejarlo sencillamente sin regular. 
En el futuro se va a producir también una competencia entre las redes; aún debemos tratar el informe de Sr. Hoppenstedt. 
Por ejemplo, con la comunicación personal a través de satélite podremos superar también este bottleneck que son hoy algunos de estos propietarios y usuarios de redes fijas. 
Pero cuando se produzca la competencia entre las redes, la situación será totalmente diferente. 
Estas son algunas consideraciones. 
Espero que logremos encontrar una regulación que recoja los intereses justos pero que no conduzca a lo que nos advierte con razón el Sr. van Velzen: podemos dificultar desde el principio de tal manera el desarrollo de tales cosas que no tenga lugar este éxito de la competencia y de la técnica para las disabled persons u otros desfavorecidos socialmente. 
Si no se deja que se desarrolle una red de este tipo, no se pueden reclamar después tampoco las ventajas de ese uso. 
La gran cuestión que desborda en mucho este ámbito es la siguiente: ¿a quién se deben imputar los costes de la política social, quién debe soportarlos?. 
Creo que el simple principio que ha expuesto aquí de nuevo la Sra. Ewing- estos ganan tanto dinero que pueden pagarlo- es erróneo. 
Pregunten a los operadores de telefonía móvil que al principio han tenido que invertir considerablemente y que aún no tienen los mismos ingresos que las antiguas empresas, los costes previos que han tenido que financiar y en qué difícil situación se encuentran en parte. 
Incluso aunque ganasen mucho dinero habría que preguntarse si este es un principio correcto. 
Estamos hablando sobre el desempleo en la Unión Europea. 
Es muy superior al de los Estados Unidos. 
¿Porqué? 
Porque estamos gravando continuamente el factor trabajo. 
Nadie puede ser tan ingenuo como para creer que una empresa no va repercutir tales costes en otros. 
Por supuesto, la empresa va a hacerlo. 
Pero la transmisión de datos, dicho de un modo general, se ha convertido hoy en el factor de producción más importante. 
Si la gravamos adicionalmente con política social, haremos que los puestos de trabajo se alejen de Europa. 
Por ello, la política social debe ser financiada con los beneficios de la economía. 
Debemos tener el valor lograr lo que queremos financiándolo abiertamente con el presupuesto. 
Debe provenir de los impuestos y entonces se podrá recapacitar para quién y qué es lo que se quiere hacer. 
Este sería el sistema correcto para crear puestos de trabajo. 
Unas últimas palabras sobre la cuestión de la OMC. 
Se infravalora en gran medida que hemos dado un paso enorme en este contexto. 
Este mercado es hoy de 600.000 millones de dólares a nivel mundial y las tasas de crecimiento son de dos dígitos. 
Es decir, mantener y ampliar en este sector la posición que hoy tenemos, es la única esperanza que tenemos junto con algunas otras cosas para crear nuevos puestos de trabajo. 
Por ello ha sido tan enormemente importante para nosotros esta resolución de la OMC y es muy positivo que otros se hayan adherido a la misma pudiendo disponer así de una reglamentación razonable. 
Sólo puedo decir brevemente cuáles son las enmiendas que aceptamos y cuáles no. 
Pero como se trata de la primera lectura, quizás dé luego un informe completo a la ponente. 
Como ya he dicho, estamos abiertos y dispuestos a recoger el enfoque que defiende con razón la Sra. Read, en el sentido de que debemos pensar ahora en los consumidores y en determinados grupos de consumidores. 
Por ello, aceptamos las enmiendas nº 2, 3, 10, 13, 14 y 41. 
No queremos recoger otras por el motivo que ha expuesto muy claramente la Sra. Thors: hay determinados derechos sociales que se pueden realizar mejor a nivel regional y nacional porque la gente sabe mejor quién es cada uno. 
Por ello, no aceptamos las enmiendas nº 11, 15, 21, 34, 36, 44, 46 y 40. 
En lo que se refiere a la inclusión de la telefonía móvil, el tema al que se han referido el Sr. van Velzen y otros, estamos dispuestos a aceptar las enmiendas nº 5, 7, 9, 16, 23, 26 y 42 total o parcialmente. 
Esta es la situación de hoy. 
Señorías, repito de nuevo que no puedo ahorrarles que en los próximos años tengamos que volver repetidamente sobre este tema. 
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión de orden acerca del orden de la votación, pero no puedo resistir a la tentación de decir al Sr. Bangemann que los operadores desean ofrecer llamadas telefónicas gratuitas a algunos abonados por la misma razón que los bancos ofrecen a veces facilidades bancarias gratuitas a los estudiantes: lo hacen porque consideran que, con el tiempo, ese segmento será lucrativo y provechoso. 
Esta industria nos ofrece una imagen de lo que será la fiebre del oro a escala mundial en el próximo milenio. 
Se trata realmente de una industria inmensamente lucrativa. 
La cuestión de orden que he planteado, señor Presidente, consiste en saber si usted mismo y los servicios apropiados podrían conseguir que se votara sobre la propuesta a las 12.00 horas. 
Esta es la primera lectura, pero se trata de un procedimiento de codecisión con algunas enmiendas complicadas y algunas votaciones de textos parciales, así como, por lo menos, una votación importante de principio sobre la inclusión de los teléfonos móviles. 
No cabe pensar que no lleguemos a ocuparnos de esta cuestión para mediodía, y le agradeceré que discutamos pronto acerca del orden de votación para que podamos examinarlo con toda la atención que se merece. 
Señora Read, voy a transmitirlo a los servicios competentes, que plantearán el problema a mi colega que presida la sesión. 
Y él decidirá. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Telecomunicaciones- Servicios de comunicaciones personales por satélite 
Señor Presidente, estamos celebrando hoy una importantísima victoria- son éstas las palabras del Director General de la OMC, el Sr. Renato Rugiero, al concluirse un acuerdo de dicha organización destinado a liberar a nivel mundial los mercados de las telecomunicaciones. 
Este hecho fue ya también señalado por el Comisario. En caso de aprobar hoy el Parlamento Europeo las enmiendas que hemos introducido, estaremos pues celebrando un verdadero triunfo ya que finalmente, tras tantos años de chapuzas con respecto a la directiva relativa a las licencias, podrá disponer la Unión Europea de un marco dentro del cual deberán bastar las licencias de telecomunicaciones en nuestros Estados miembros. 
El acuerdo concluido ahora en el ámbito de la OMC estipula claramente la obligación de los firmantes de poner en pie instancias reguladoras independientes, garantizar la existencia de derechos de interconexión a precios razonables, aunque sobre todo asegurar a los firmantes la transparencia y la no discriminación en materia de decisiones sobre la concesión de licencias. 
La directiva europea que hoy debatimos constituirá pues un importante punto de referencia para la propia Unión y para los Estados miembros de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en el ámbito de la OMC. 
¿En qué consiste en realidad la transparencia en las decisiones de concesiones de licencia a nivel de la Unión Europea? 
Antes que nada, las empresas de telecomunicaciones deberán estar al tanto con suficiente antelación de las condiciones ligadas a la concesión de licencias y a la manera en que éstas se atribuyen, es decir si se trata de una licencia individual o de una autorización general. 
Es evidente que es preferible el sistema de autorizaciones generales establecidas de antemano en la legislación a un sistema burocrático de licencias individuales. 
Fue precisamente este punto el motivo de grandes desavenencias en la historia de esta directiva en el seno del Consejo. 
La enmienda que hoy presento a este Parlamento habrá de contribuir a poner en el futuro un mayor acento en las autorizaciones generales que en las licencias individuales. 
En segundo lugar, el precio solicitado para una autorización no habrá de ser extremadamente elevado. Este punto constituye también un punto problemático para las empresas de telecomunicaciones en Europa. 
Algunos Estados miembros se proponen establecer precios elevados para las licencias y perjudicar así, de manera desleal, a las empresas de telecomunicaciones implantadas en dichos países ya que anteriormente nunca debieron pagar derechos por una autorización. 
Por este motivo me satisface igualmente que esta directiva estipule con toda claridad que sólo podrán contemplarse los costes correspondientes a la concesión de las autorizaciones. 
En tercer lugar, y a fines de aumentar la transparencia, es importante una cierta uniformidad, en sus grandes rasgos, de los requisitos para la autorización en toda la Unión y que los procedimientos de concesión sean simplificados y armonizados. 
Por el momento la industria de telecomunicaciones en Europa se ve entorpecida por procedimientos de autorización diversos con requisitos poco claros o confusos. De ahí el carácter urgente de esta armonización. 
En cuarto lugar, un sistema de autorizaciones como el que propone esta directiva debe dejar un margen conveniente para los suministradores de servicios de telecomunicaciones. 
Pero no obstante, y pese a todos estos aspectos positivos, cabe señalar algunas importantes observaciones en cuanto a la marcha de esta directiva. 
A este respecto debemos darnos cuenta perfectamente que el Parlamento se halla sumamente apremiado, habida cuenta nuestro deseo de contar con un mercado liberalizado el próximo 1 de enero. 
A nuestro juicio, son los parlamentos nacionales los que deberán ocuparse de esta legislación. 
No obstante, debo señalar que el procedimiento de cooperación con el Consejo y con la Comisión me ha decepcionado. 
En mayo del año pasado votamos en primera lectura esta directiva relativa a las autorizaciones esperando que el Consejo comunicase sin demora su posición con respecto a dicha directiva. 
Las esperanzas resultaron falsas sin embargo ya que fue sólo a finales de diciembre cuando recibimos la posición común al respecto, mientras que en el Consejo de Telecomunicaciones se concluían, a puertas cerradas, numerosos compromisos, habiendo procedido así los Estados miembros a evaluar cuestiones referentes a la viabilidad. 
Este proceso se llevó a cabo en silencio, sin ningún debate público al respecto, sin respeto de las garantías democráticas y sin que se diese a conocer los motivos que llevaron a los Estados miembros a adoptar sus respectivas posiciones. 
Por encima de ello, la Comisión modificó su posición original, que era positiva, con respecto a algunas enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en primera lectura durante sus deliberaciones con el Consejo. 
Apreciaríamos sumamente que el Comisario comunicase a esta Asamblea los motivos de este cambio de posición de la Comisión, por ejemplo la razón por la cual en esa fecha el Comisario expresó una opinión positiva sobre la enmienda referente al reconocimiento mutuo, retractándose posteriormente de la misma. 
A falta de una armonización precisa, el reconocimiento mutuo no deja de constituir un instrumento adecuado con vistas a la creación de un mercado interior de telecomunicaciones y, además de ello, en el seno de la OMC se han concluido acuerdos referentes al reconocimiento mutuo, mientras que la Unión Europea resulta incluso incapaz de llegar a un acuerdo en esa materia. 
El Parlamento Europeo se ha mostrado sumamente cooperador, habiendo preferido comenzar con una directiva limitada en lugar de tener que retrasar el proceso o correr el riesgo de que esta directiva se vea bloqueada en segunda lectura en el Consejo. 
Después de todo, la liberalización constituye un hecho altamente ventajoso. Deseo por consiguiente insistir ante la Presidenta en ejercicio del Consejo, la Sra. Jorritsma. 
En caso de que el Parlamento Europeo apruebe hoy este informe, deberá asumir la responsabilidad expresa de respaldar sin demora esta regulación. 
Y espero por consiguiente que la Presidencia del Consejo no tenga dificultades en llevar a buen término esta directiva durante el Consejo de Telecomunicaciones el próximo 6 de marzo. 
Por supuesto que no son éstos los únicos puntos problemáticos en esta directiva. Resumiré algunos otros puntos que nos preocupan. 
Sigue existiendo para los Estados miembros un amplio margen en el establecimiento de requisitos restrictivos de autorización. 
Ignoramos aún si continuará o no el llamado sistema de ventanilla única. 
En la actualidad hemos pasado a depender de un clan de entidades ocupadas de regular el ámbito de las telecomunicaciones, tales como CEPT y ECTRA, resultando el papel de la Comisión sumamente reducido. 
Existen aún muy numerosas posibilidades de que las instancias legislativas nacionales puedan delimitar sus propias pautas. Sería sumamente conveniente la creación de un alto comité en la materia. 
A este respecto, resultaría altamente ventajoso que la Comisión crease a corto plazo un servicio de asesoramiento informático en la materia (» helpdesk» ) al cual podrían dirigirse las instancias legislativas nacionales para plantear sus dudas en lo referente a las regulaciones sobre telecomunicaciones, pudiendo orientarse entonces de manera orgánica a la creación de una instancia legislativa a nivel europeo. 
La Comisión tiene ahora la ingente tarea de controlar el estricto cumplimiento de todo lo estipulado en la directiva. 
A tales efectos, deberá prestarse atención en particular a los precios solicitados por autorizaciones, el respeto de los plazos impuestos por los Estados miembros y las condiciones ligadas a dichas licencias. 
Estimo que en lo adelante se actuará en ese sentido. 
Señor Presidente, señoras y señores, antes de ocuparme de mi informe quisiera realizar algunas observaciones básicas para mostrar más claramente la importancia del mismo. 
Hace algunos años, el tema del uso comercial de sistemas de satélites para la comunicación global habría sido tratado como un episodio de ciencia ficción. 
Entretanto los tiempos han cambiado. 
El progreso técnico, la deregulación y la convergencia entre la radio y las telecomunicaciones contribuyen actualmente a establecer una infraestructura de satélites a nivel mundial, lo que a su vez permite nuevas aplicaciones comerciales. 
Los presentes sistemas SPC-S, es decir, los servicios de comunicaciones personales por satélite, son solamente un pequeño ejemplo de los nuevos servicios a través de satélite. 
El paso de los proyectos de investigación del espacio al uso comercial de las comunicaciones por satélite es de la mayor importancia económica y política para Europa. 
La comunicación por satélite ofrece a la industria europea nuevos mercados y, en consecuencia, crea también puestos de trabajo de futuro. 
Al mismo tiempo, los nuevos sistemas por satélite, gracias en gran medida a su cobertura geográfica, impulsan también el entrelazamiento de Europa con todo el mundo y, en consecuencia, el desarrollo de la sociedad de la información a nivel mundial. 
Lamentablemente, los europeos han infravalorado durante mucho tiempo este enorme potencial económico y social de las comunicaciones por satélite, por lo que no han formulado una política común. 
Las excepciones confirman la regla; Sr. Comisario Bangemann, le debo decir que en este contexto se llamó la atención ya hace mucho tiempo. 
Quiero mencionar de nuevo la Conferencia de la OMC que se celebró en Ginebra en noviembre de 1995, en la que los norteamericanos desbordaron a los europeos en lo que se refiere a la distribución y ocupación de las frecuencias para los nuevos sistemas. 
Los norteamericanos están mucho más avanzados que nosotros en el uso comercial de los nuevos sistemas por satélite a causa de nuestra falta de amplitud de miras, de capacidad de riesgo y de coordinación. 
Las empresas norteamericanas están ya lanzando al espacio los primeros satélites y aunque los intentos han fracasado a causa de los sistemas portadores sin embargo prosiguen. 
Parece que Europa está despertando de su sueño, lo que alegra sobremanera. 
La comunicación de la Comisión Europea sobre la navegación espacial de diciembre de 1996 muestra claramente lo importante que es el fomento de las aplicaciones y mercados en el campo de las comunicaciones por satélite para fortalecer la competitividad de Europa. 
Saludo, por ello, el proyectado plan de acción sobre la comunicación por satélite en cuyo marco caen sin duda los servicios SPC-S y espero que aliente a la industria europea para realizar actividades e inversiones. 
Entre las condiciones más importantes para las futuras inversiones se incluyen la seguridad jurídica y procedimientos coordinados para la concesión de frecuencias y licencias. 
Esto ya lo hemos oído en otro lugar. 
Sólo una política coordinada de autorizaciones en Europa podrá evitar la fragmentación y hará posible la rápida introducción de los servicios por satélite. 
Permítanme por ello que me refiera a mi informe. 
El Parlamento se congratula extraordinariamente de que el Consejo haya recogido el compromiso propuesto en la primera lectura. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha aprobado unánimemente la posición común exceptuando una pequeña y lógica modificación de calendario. 
Desde un punto de vista institucional, hemos dado un excelente ejemplo de lo que es un trabajo constructivo y pragmático del Parlamento con el Consejo y la Comisión. 
Sólo espero que este ejemplo haga escuela y como ponente me remito a los laboriosos procedimientos en Telekom. 
Mi amigo Glante es uno de los diputados más entusiastas del Parlamento que trabaja en estos gremios y tengo que decir que no puede ser que pase tanto tiempo hasta que un tema de este tipo llegue por fin a su meta junto con el Consejo y la Comisión. 
Tal como ha propuesto el Parlamento, en lugar de un procedimiento de selección a nivel de la UE, la CEPT pretende lograr una armonización en el uso de las frecuencias y en las condiciones de autorización para los servicios por satélite. 
No obstante, el mandato para la CEPT va unido a un calendario claro. 
Si la Comisión o un Estado miembro creyese, lo que es perfectamente imaginable, que los trabajos avanzan demasiado lentamente en la CEPT, la Comisión puede adoptar medidas a nivel de la UE. 
Tenemos que esperar a ver si la CEPT realiza su trabajo con eficiencia y efectividad y hace honor al voto de confianza otorgado. 
El procedimiento de coordinación aquí propuesto es un globo-sonda. 
Si no sube, deberemos buscar otra vía. 
Se ha mencionado en varias ocasiones la Conferencia de la OMC. 
No quiero repetir todo, tampoco el contenido de los debates, pero se espera que en los próximos años se coloquen en órbita unos 1.700 satélites. 
Puede que la cifra parezca demasiado elevada pero se trata de un gran número de satélites con la generación de valor que acarrean los sistemas portadores y todos los demás derivados. 
Mediante estos satélites, la sociedad de la información avanza no sólo en tierra, es decir, con las redes que tenemos. Los satélites la impulsan también en Africa, en los Estados insulares y en todo el mundo. 
Ya se ha indicado la importancia de la creación de valor que cabe aquí esperar. 
Quiero mencionar un dato de un periódico que dice que el acuerdo es una buena noticia para las empresas y también para los consumidores, quienes gastan hoy más en telecomunicaciones que en petróleo. 
Es decir, aquí están en juego sumas gigantescas y creo que mediante la regulación que proponemos hacemos un servicio a la Unión Europea en su camino hacia las comunicaciones por satélite y al entrelazamiento de la totalidad de las telecomunicaciones. Esto supone un enorme paso hacia adelante. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar a mis colegas el Sr. van Velzen y el Sr. Hoppenstedt, como suele hacerse en estas ocasiones. 
En esta esfera muy especializada hemos participado un grupo pequeño y determinado de diputados. 
Hubiéramos debido confeccionar un calendario de Adviento de grandes dimensiones para el Parlamento y la Comisión, e ir abriendo las ventanitas correspondientes de cada día a medida que nos aproximábamos a la fecha de la liberalización. 
Quizá un día de estos nos tomemos la libertad en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial de preguntar a la Comisión cuáles serían las diversas consecuencias que habría si no cumplimos esta fecha límite que nos hemos fijado nosotros mismos. 
Es verdad que esas dos propuestas son las condiciones fundamentales para poder cumplir ese plazo, y he de decir que los diputados socialistas de este Parlamento apoyarán los dos informes. 
El Sr. van Velzen ha explicado objetivamente el largo historial de los intentos realizados para llegar a una posición en materia de concesión de licencias, y me alegra sobremanera que su labor y la labor de la Comisión hayan tendido a establecer una presunción en favor de la concesión de autorizaciones generales en vez de licencias individuales. 
Todos sabemos que la concesión de licencias y las condiciones que algunos Estados miembros han puesto a la concesión de licencias han sido excesivamente restrictivas y proteccionistas, y que por esa razón hay algunos casos pendientes ante el Tribunal Europeo. 
El Sr. van Velzen tiene toda la razón del mundo cuando dice que necesitamos crear un ambiente claro y previsible por lo que se refiere a la concesión de licencias, y no hace falta decir que tiene razón cuando dice que tiene que haber límites cronológicos bien definidos. 
Si hay un caso en que esté justificado decir que «justicia que se retrasa es justicia que se deniega» , ese caso se plantea en la esfera de la concesión de licencias y de interconexiones que actualmente está siendo objeto del proceso de conciliación. 
Si los que piden el ingreso en este mercado no pueden obtener una licencia en condiciones claras y justas y dentro de un plazo de tiempo razonable, esto representará un obstáculo de importancia para conseguir el objetivo apetecido. 
Por eso no dudamos en apoyar tanto el informe del Sr. van Velzen como el del Sr. Hoppenstedt. 
En sus observaciones, el Sr. Hoppenstedt ha dicho, con razón, que la cuestión de la convergencia de la tecnología y las posibilidades ilimitadas de la tecnología ha constituido un factor rector para la preparación de su informe. 
Tiene toda la razón del mundo. 
También ha hablado de dinero, de mucho dinero. 
Muchas personas que no están acostumbradas a tratar de las altas finanzas opinan que cuando uno empieza a añadir ceros y miles de millones es dificilísimo imaginar el inmenso ámbito de esta industria. 
Lo cierto es que muchas de nuestras esperanzas, por ejemplo en la esfera del empleo y del progreso técnico que favorece a nuestra vida, se centran en esta esfera concreta. 
Felicito a mis colegas. 
Pueden contar con nuestro apoyo cuando llegue el momento de votar, y esperamos con interés a que el Comisario nos explique cuáles son las posibilidades y los problemas, si por alguna razón no consiguiéramos alcanzar total o parcialmente el objetivo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, gracias a estas dos posiciones comunes, otros dos elementos, relacionados entre sí y pertenecientes ambos al gran rompecabezas de la liberalización de las telecomunicaciones, entran en su fase final, esto es, la regulación de las licencias de servicios y las autorizaciones coordinadas en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones personales por satélite. 
Nos felicitamos con el Comisario Bangemann y con el Parlamento Europeo, en las personas de los ponentes Sres. Hoppenstedt y Van Velzen, del vertiginoso y pragmático trabajo que, con arreglo al ritmo que nos impone el plazo del 1 de enero de 1998, ha finalizado rápidamente. 
En mi opinión para la primera lectura de la Comisión de Investigación sobre las comunicaciones por satélite, propuse varias enmiendas que adoptó y hizo suyas el ponente Sr. Hoppenstedt en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos, dirigidas a reorientar el papel de la Comisión Europea más hacia la armonización y menos hacia los procedimientos de selección y ello en pro de la urgencia de la oferta de servicios, técnicamente ya preparados para su lanzamiento, con la participación de empresas europeas, sobre la base de un procedimiento de selección más estructurado y formal a nivel de Comisión Europea, un procedimiento que, en mi opinión, habría sido inevitablemente más largo e innecesario, en particular en lo que respecta a los servicios por satélite, reservados inevitablemente a un grupo restringido de operadores globales. 
Estoy satisfecho porque, gracias al informe de la Comisión de Asuntos Económicos y el visto bueno de la Comisión Europea, se ha llegado con rapidez a una posición común. 
Es positivo que se prefiriera simplificar y armonizar los procedimientos de interconexión en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones por satélite y que, en la Directiva relativa a las licencias se tomara como referencia la noción de ventanilla única, así como que las restricciones sólo se limitaran a las bandas donde el medio disponible, el espectro de frecuencias, es escaso. 
En cuanto a la gestión del espectro de frecuencias, deseo recordar que en Estados Unidos la Federal Communication Commission ha adoptado un enfoque realmente ultraliberal, ya que ha subastado las frecuencias entre los operadores peticionarios y las ha concedido al mejor oferente, gracias a lo cual ha recaudado además cuantiosos fondos- me parece que unos 20 millardos de dólares, casi el doble del presupuesto anual de la NASAdisponibles para ulteriores inversiones. 
Ésta forma de actuación quizás merece nuestras reservas, sin embargo, considero interesante la prioridad concedida por nuestros principales competidores a las fuerzas de mercado en un sector que registra un rápido crecimiento tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de las solicitudes de servicios. 
Por lo que se refiere al informe relativo a las licencias, deseo hacer hincapié en la recomendación del Sr. Van Velzen de consolidar los diversos comités existentes en el ámbito de la legislación comunitaria en materia de telecomunicaciones antes del año 2000 y estoy de acuerdo en cuanto a la necesidad de una autoridad europea de reglamentación, que me parece que subyace en el informe. 
Considero que la Comisión debería presentarnos una comunicación con respecto a cómo crearla, para iniciar el debate con el Parlamento y con el Consejo. 
Por consiguiente, la implementación de la sociedad de la información parece más cercana y posible. 
El trabajo llevado a cabo por la organización Mundial de Comercio en relación con la liberalización de los servicios de telecomunicaciones el 1 de enero de 1998 y con la libre circulación de los productos informáticos permite que percibamos la existencia de un movimiento global que afecta a muchos países fuera del contexto tradicional de Estados Unidos y Europa y nos proyecta hacia esta gran aventura del siglo XXI. 
Nuestro cometido es ofrecer a la Unión las reglas más eficaces para convertir en más competitiva la industria de los productos y de los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales, así como para convertir a nuestra sociedad civil en más interconectada, más informada y, por consiguiente, creo, también más cohesionada y democrática. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo también quiero felicitar a ambos ponentes por su trabajo y resultados. 
Se trata de un tema esencialmente político y de gran interés porque intenta realmente crear nuevos sistemas, nuevos incentives para el mercado. 
Creo que la Comisión ha respondido satisfactoriamente a la mayoría de estas cuestiones. 
El acceso al mercado se puede configurar objetivamente, con transparencia y de modo no discriminatorio. Hay que felicitar al Sr. Bangemann por ello. 
Teniendo en cuenta que actualmente de lo que se trata es de presentar medidas factibles políticamente, quiero saludar expresamente la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, habría sido deseable política y económicamente conceder más competencias a las instituciones de la Unión Europea en este campo así como en el procedimiento de autorizaciones y en la coordinación internacional, para lograr a nivel europeo y global un sistema más eficiente. 
Espero que esta carencia no repercuta demasiado negativamente sobre Europa en la competencia global por el acceso a los servicios. 
En cualquier caso, la Comisión deberá cumplir eficazmente su papel de observador y coordinación. 
Ante la liberalización del sector de las telecomunicaciones que se va a efectuar en enero de 1998, es necesario darse gran prisa en la adopción de resoluciones. 
Estoy muy satisfecho de que se haya logrado dar un primer paso tan importante en la dirección correcta incluso bajo la premura de tiempo tan intensa existente. 
Va a ser importante que no perdamos de vista el posterior desarrollo tecnológico sino que adaptemos siempre las condiciones marco en función de la evolución que exista en este campo. 
Felicitaciones de nuevo por este trabajo. 
Creo que supone un buen inicio. 
Señor Presidente, quisiera recordar al Comisario Bangemann sus días social-liberales y decirle que no solamente existe una política social a posteriori sino también preventiva. 
El Sr. Polanyi, que no es especialmente un antiguo marxista, ha llamado a esto embedding. De lo contrario, no podremos evitar de antemano determinadas evoluciones destructivas. 
Respecto a los informes. 
Nosotros apoyamos también ambos informes y felicitamos a los colegas. 
Sin duda, es razonable una armonización de las licencias en el mercado interior. 
Sin embargo, consideramos que el plazo previsto de seis semanas es demasiado corto. 
Al Sr. Hoppenstedt hay que decirle que habría que discutir sobre la navegación espacial, pero no lo vamos a hacer aquí. 
Creo que deberíamos recordar la posición originaria del Parlamento pues precisamente aquí nos encontramos con el problema de los monopolios mundiales a los que se refirió con razón en una ocasión el Sr. Bangemann. Creo que se trataba de los servicios on-line. 
Si Europa no desempeña un papel más importante y si la Comisión no obtiene más posibilidades de actuación, este globo sonda del procedimiento de coordinación se va a revelar como un instrumento bastante inútil. 
Es lo que me temo. 
Sin embargo, habrá que hacerlo así ante la premura de tiempo a la que nos vemos sometidos y que quiero criticar. 
Continuamente nos vemos en la situación de que tenemos que regular cuestiones sin que exista tiempo para un amplio debate estratégico. 
Esto es lamentable. 
Debemos proceder conjuntamente y el programa de acción de la Comisión ofrece un marco para ello. 
Pero esto tenemos que hacerlo también con los debates parciales o especiales. 
Si no lo hacemos, nos encontraremos siempre en esta situación tan apurada y negativa. 
No obstante, vamos a dar nuestro voto afirmativo si bien quiero observar de nuevo que tenemos que ocuparnos del problema de los monopolios mundiales y de la participación activa y configuradora de la Unión Europea dentro de la OMC y para ello probablemente son necesarias unas normas de mayor alcance que las que se han logrado en este escuálido compromiso. 
Señor Presidente, Señorías, estimado Sr. Hoppenstedt, es realmente tranquilizador y de gran ayuda felicitarnos recíprocamente en las cuestiones relativas a la consolidation TEN telecom. 
Creo que ciertos procedimientos van muy rápidos, tal como ha mostrado este informe. 
Otros, arrancan con mucha rapidez pero pierden velocidad. 
TEN telecom consolidation se ha puesto en marcha algo lentamente pero espero que en un futuro muy próximo alcancemos un compromiso. 
Deposito también mis esperanzas en la Presidencia holandesa. 
Me voy a concentrar en el informe Hoppenstedt. 
Tal como observa con pleno acierto el ponente, Europa va a la zaga de los EE.UU en la cuestión de la comunicación por satélite. 
Esto es aún más de lamentar ya que esta comunicación por satélite puede complementar o incluso hacer posible las infraestructuras de alta velocidad ya existentes. 
Me sorprende por ello que los Estados miembros hayan reaccionado tan negativamente ante la propuesta de la Comisión y no se hayan podido poner de acuerdo sobre un procedimiento a ejecutar por la Comisión. 
Esta reacción sorprende en especial ya que son los Estados miembros quienes siempre exigen reaccionar globalmente ante los desafíos también globales, entre los que se incluye sin duda la comunicación por satélite. 
Es sorprendente que exista un acuerdo sobre una política monetaria y económica en Europa y que se lleve a efecto, pero que no exista un acuerdo para encargar a una institución europea la concesión de frecuencias de satélites. 
Apoyamos el compromiso que propone el ponente pues es adecuado para solucionar suficientemente el problema. 
Espero que la coordinación de la selección de los oferentes de servicios y el uso armonizado de las frecuencias, a lo que se han comprometido los Estados miembros, funcionen también en la práctica y no finalicen en permanentes y difíciles negociaciones que podrían retrasar aún más a Europa en este campo. 
Cuando hay que aplaudir aplaudamos, también al Consejo. 
En lo tocante a la conformidad del procedimiento de autorización con el texto de la ONP, el Consejo y el Parlamento están excepcionalmente de acuerdo, lo que es de saludar. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a ambos ponentes y espero que sus Señorías den sin limitaciones su voto afirmativo a este compromiso. 
Señor Presidente, la Sra. Read ha realizado una simpática propuesta: los colegas del Parlamento- supongo que también yo- que nos ocupamos desde hace tanto tiempo de esta cuestión de la creación de un mercado eficaz y operativo para las telecomunicaciones, deberíamos hacer una especie de calendario de compromisos en el que se pueda leer cómo transcurren las últimas etapas hasta el 1 de enero. 
Me parece muy buena idea. 
Comprobaremos si no podemos hacerlo de un modo universal accesible para que podamos financiarlo mediante las tarifas de los operadores de teléfonos móviles. 
Existe aún otra propuesta: hagamos una especie de juego de parchís y quien caiga con su ficha en una casilla del Parlamento puede avanzar otras dos casillas y lo mismo si cae en una de la Comisión. 
Si se cae en una del Consejo hay que esperar al menos tres meses o retroceder dos casillas. 
En cualquier caso, los papeles se distribuyen así algo. 
Con ello llego al informe del Sr. van Velzen a quien quiero felicitar por el mismo. 
Al igual que el Parlamento, opinamos que necesitamos más regulaciones e instituciones europeas. Esto lo saben ustedes y han planteado la pregunta de porqué hemos modificado nuestra posición en las deliberaciones con el Consejo. 
Esto solamente se puede explicar con la actitud que aún muestra el Consejo. 
Ni un solo país miembro- ni siquiera la Sra. Jorritsma, quien se incluye sin duda entre los miembros más liberales del Consejo de Telecomunicaciones y que, gracias a Dios, es también su Presidenta- está dispuesto a crear un órgano europeo- no en sentido institucional o jurídico-técnico- ante el que se puedan solicitar determinadas autorizaciones para que las condiciones, el número de autorizaciones y todas las demás cuestiones relacionadas se puedan regular por igual o de modo similar a nivel europeo. Esto significa que nos encontramos aún en una situación que no está aún madura para una regulación de este tipo. 
Nos hemos preguntado si debemos seguir esperando a la directiva, lo que no es posible ante la fecha y el fundamento jurídico que creamos para las regulaciones nacionales o si debemos buscar un compromiso. 
Puede ser que el compromiso esté cojo o sea deficiente. 
El Sr. Frischenschlager opina que está cojo, lo que así puede ser. 
Pero por el momento no es posible más. 
Vamos a ver en cualquier caso qué dice el Consejo sobre las seis enmiendas que han presentado y que todos apoyamos. 
Apoyamos sin ninguna reserva las seis enmiendas si bien les ruego que las depositen en la cuenta de confianza que han abierto en la Comisión hasta noviembre. 
Es decir, vamos a ver cuál es la actitud del Consejo. 
En el fondo, el problema se puede describir fácilmente: necesitamos más regulaciones a nivel europeo. 
En parte se debe a que los Estados miembros aún no han superado la desconfianza que tienen frente a tales regulaciones a nivel europeo. 
Pero es absolutamente evidente que son necesarias, también desde un punto de vista puramente tecnológico y de cara a la competencia internacional, tal como ha constatado con razón en esta ocasión el Sr. Wolf. 
Necesitamos una especie de proceso de generación de confianza y quizás logremos convencer al Consejo para formar una especie de grupo o comité informal constituido por las diversas autoridades reguladoras nacionales, para que se puedan debatir allí las decisiones nacionales y quizás también sus repercusiones negativas y se cree de este modo una especie de confianza recíproca. 
Hemos tenido un proceso similar con la Agencia para la autorización europea de medicamentos en Londres. 
Los expertos nacionales han sido integrados en el proceso decisorio y en un breve lapso de tiempo han adquirido confianza tanto con la seriedad de las decisiones de la Agencia como con su imparcialidad. 
Esperamos- ya he tratado sobre esta idea con la Sra. Jorritsma- que podamos convencer al Consejo para iniciar una cooperación informal de este tipo y lograr que surja esta confianza. 
La cuestión sigue siendo si esta directiva va a permitir un fraccionamiento en 15 sistemas de autorización diferentes. 
Esperamos que no sea así pues al fin y al cabo hemos creado una serie de condiciones marco comunes que tienen que respetar todos los procedimientos de autorización en Europa. 
Esta directiva ofrece a los operadores, independientemente de lugar en que soliciten una licencia, garantías en campos tales como la imposición de plazos, recursos administrativos, lo que es especialmente importante, y la determinación de principios y limitaciones para la recaudación de tasas, lo que también es importante. 
La Sra. Read ha indicado que si para estas autorizaciones se exigen unas tasas demasiado elevadas, se trata también de una limitación de la competencia. Tenemos incluso algunos casos de este tipo que estamos investigando actualmente. 
También el procedimiento global que prevé la directiva y que pretende facilitar la obtención de autorizaciones generales y particulares en varios Estados miembros así como el mecanismo para una mayor armonización de las autorizaciones generales son enfoques de este tipo que pretenden una mayor igualación. 
Reconozco que esto no es suficiente, por lo que hemos propuesto también que a más tardar en 1999 revisemos las repercusiones de la directiva y hagamos nuevas propuestas. 
Puede ser que no tengamos que esperar tanto tiempo. 
El Sr. Wolf ha indicado desde el principio, es decir, desde que nos ocupamos de estas cuestiones, que perseguimos una especie de táctica dilatoria. 
Cree que la Comisión lo hace a propósito para, por así decirlo, distraer a los afectados. 
No ha sido esta nuestra intención sino que sencillamente hemos tenido que solucionar determinados problemas parciales antes de llegar a la fecha del 1-1-1998. 
Pero sí tiene razón en que necesitamos una legislación marco por dos motivos. 
Por un lado, por la convergencia a la que ya me he referido. 
De modo similar al caso de los satélites- me voy a referir aún al informe del Sr. Hoppenstedt -, puedo indicar que nos encontramos hoy en la situación en que, visto técnicamente, pueden entrelazarse todos los sectores de las comunicaciones y telecomunicaciones, inclusive los medios, que habían sido tratados hasta ahora de modo diferente. 
Hoy es posible técnicamente. 
Con el procedimiento digital se pueden romper todas las fronteras y la cuestión de hasta qué punto se necesitan estándares la hemos respondido también en el sentido de que se dispone de todo ello. 
Económicamente, hoy no tiene aún lugar porque se trata de un mercado que tiene que comprobar aún qué es lo que quiere realmente el consumidor y qué está dispuesto a pagar. 
Por ello, desde un punto de vista económico, hasta ahora tenemos pocas posibilidades con perspectivas de éxito para utilizar esta convergencia que sí es posible tecnológicamente. 
Pero esta situación va a cambiar con gran rapidez pues va a surgir toda una serie de posibilidades económicas más baratas y atractivas. 
Estoy pensando, por ejemplo, en el electronic comerce. 
Ustedes saben que en nuestro programa de acción hemos hecho de esta posibilidad un aspecto central y estoy convencido de que no solamente se va a utilizar para ofrecer y aceptar mercancías y servicios a distancia sino que esta posibilidad se va a utilizar también para otras cuestiones. 
Quizás se puedan escuchar determinadas noticias y entonces se plantea la pregunta de si esto es televisión o no. 
Los entes públicos de los medios de la República Federal, tanto de los Estados federados como la radiotelevisión pública de la Federación, deben ir preparándose. 
Subrayo de nuevo que no tengo nada en contra de ellos para que no surja la impresión de que he olvidado totalmente mi pasado social-liberal. Pero, señor Wolf, está totalmente claro que la justificación que el Tribunal Constitucional alemán siempre ha proporcionado para la especial posición de la radio y televisión públicas, a saber, escasez de recursos y el derecho a un asistencia básica ya no existe. 
Con la tecnología digital, las fibras de banda ancha y con otras posibilidades de transmisión, entre las que se incluyen los satélites, ya no existe una escasez de recursos. 
En lo que se refiere a la asistencia básica, puede obtener hoy todo lo que quiera también de los oferentes privados y si examina las emisoras de noticias u otras, la calidad es exactamente igual a la que ofrecen las entidades públicas. 
Es decir, tenemos que deliberar de nuevo sobre qué es radio y televisión y en qué relación se encuentra con los servicios online etc., ofrecidos. 
Todo esto nos va a obligar a que tengamos que ocuparnos de todas estas cuestiones mediante una ley marco que quizás se pueda llamar ley de las telecomunicaciones pero que abarcará mucho más. 
Al menos tenemos que definir el lugar desde el que debemos realizar las diversas reglamentaciones particulares. 
Originariamente, queríamos que esto se delimitase más claramente aquí pero creo que con la cláusula de revisión tenemos una posibilidad de volver pronto sobre estas cuestiones. 
Esto es válido también para las comisiones. 
Naturalmente sería mejor tener una única comisión para todas estas cuestiones pero todavía no avanzado tanto, por lo que deberíamos comenzar a ocuparnos de este asunto. 
Me voy a referir al informe de mi amigo Karsten Hoppenstedt. 
Señor Presidente, creo que puedo utilizar de nuevo la posibilidad de hablar hasta que lleguemos a la votación a no ser que quiera ordenar un descanso. 
El Sr. Hoppenstedt ha dicho ya todo lo importante. 
En primer lugar, ha sido importante dirigir la atención de modo general al problema. 
Todas los cambios en este campo son tan nuevos que con frecuencia van más allá del horizonte de aquellos que se ocupan del tema. Creen que primero tienen que ver cómo evolucionan los acontecientos y, una vez producidos, ver qué es lo que hay que hacer. 
Por lo demás, este es un ejemplo muy claro de lo que es una política industrial moderna. 
Si las instancias políticas no se meten muy pronto en tales procesos de desarrollo tecnológico y de evaluación económica, no siempre en el sentido de regulación pero sí de apertura de tales posibilidades, entonces este proceso pierde dinamismo. 
Está totalmente claro. En la decisión de la UIT se puede leer perfectamente que los europeos, es decir, nuestros países miembros, no han reconocido aún la importancia que tiene la comunicación personal por satélite. 
El Consejo frunce el ceño. Es estupendo que esté aquí representado y saludamos su presencia. 
Naturalmente, puede fruncir el ceño, pero no tiene razón para hacerlo, madame. 
Pues cuando hablé por primera vez sobre este problema en el Consejo de Telecomunicaciones, no todos los ministros sabían que se había pronunciado esa decisión. 
Naturalmente que se puede y se debe tener una frecuencia. 
Podríamos haber solicitado también una frecuencia para nosotros pero no habíamos llegado aún a tal punto, por lo que nuestra industria ve la única salida en participar en esas empresas norteamericanas. 
No tengo nada en contra; no soy un proteccionista ni tampoco un chovinista, por lo que las empresas norteamericanas deben tener las mismas oportunidades que las demás para participar en la competencia. 
Pero si las empresas europeas no están ni siquiera presentes, si sencillamente faltan, este hecho debería interesar a los que debaten políticamente y hacer algo. 
Saludo por ello la posición del Sr. Hoppenstedt. 
Espero que logremos convencer al Consejo. Parece que existen ya las primeras señales de ello. 
Se ha celebrado una conferencia en París con la participación de los países miembros y de la industria en la que hemos observado una gran apertura en el debate. 
Quiero decirlo aquí también como elogio para el Consejo y los países miembros. 
Ha cambiado algo, el clima es diferente. 
Ahora tenemos que actuar con rapidez pues es cierto lo que ha dicho Karsten Hoppenstedt: si este cohete no hubiese fallado, existirían ya los primeros satélites. 
Por lo demás, gracias al desarrollo tecnológico, tenemos la ocasión única de lograr una combinación de estacionarios con los nuevos Leos, algo que nos concedería una cierta ventaja. 
Expreso mi agradecimiento al Parlamento por la conciliation mantenida hasta ahora. 
Gracias a Dios, en esta cuestión del TEN-Telekom se ha logrado elaborar las primeras posiciones que pueden hacer avanzar la comunicación por satélite. 
Espero que el Consejo recoja esta posición desarrollada conjuntamente con el Parlamento, pues así podríamos fomentar la realización y posterior investigación y desarrollo de estos sistemas mediante créditos que, aunque no fuesen suficientes al menos servirían de incentivo. 
Señor Presidente, esto es lo que hay que decir sobre el informe del Sr. Hoppenstedt. 
Naturalmente, estoy dispuesto a recoger lo que ha dicho aquí, en especial, que debemos esforzarnos para cooperar razonablemente con las organizaciones ya existentes, es decir, con la CEPT. 
No tenemos la intención de socavar organizaciones ya existentes que trabajan razonablemente, pero la imposición de plazos tiene su sentido pues así mostramos que en caso necesario también podemos actuar solos. 
Podría hablar aún 20 minutos pero creo que sería demasiado. 
Un café entre medias es también algo agradable. 
Muchas gracias. 
Señor Comisario Bangemann, deseo darle las gracias. 
Ya que disponemos de unos pocos minutos, puedo volver a conceder la palabra a los dos ponentes, si así lo desean. 
Señor Presidente, comprenderá usted mi enorme satisfacción por la respuesta del Sr. Comisario. 
He podido notar que a nombre del Sr. Böge, presidente de la comisión de investigación sobre la EEB, han sido registrados seis «airmails». A través de la interconexión me ocuparé personalmente de que esto sea posible. 
El segundo punto al que desearía referirme es el siguiente: estoy de acuerdo con el Comisario en que la solución consistente en una European Regulatory Authority constituye una vía plena de dificultades. 
Me complace el hecho de que dé inicio por un grupo de trabajo informal procedente del Consejo. 
Aunque también he insistido en que la Comisión tal vez pueda fungir de una especie de helpdesk, a través del cual podría crearse un vínculo con las instancias legislativas nacionales. 
Me parece que esto podría constituir en sí una medida capaz de inspirar confianza. 
Para terminar, desearía preguntarle algo: según hemos entendido, acaba usted de recibir un extensísimo estudio sobre el valor añadido de una European Regulatory Authority y desearía saber si está usted dispuesto a remitirnos dicho documento, o en todo caso a aquéllos que también figuran en su lista de direcciones. 
¿Señor Comisario Bangemann, desea contestar ahora? 
Señor Presidente, en primer lugar muchas gracias por lo que ha dicho el Sr. van Velzen sobre esta cuestión de la cooperación. 
Naturalmente, la Comisión va a participar en esta comisión informal, es decir, nos haremos cargo de un papel allí junto con la Presidencia. 
Puede que esté sobre mi mesa este documento sobre el que usted habla- todavía no lo he leído- pero podemos ponerlo sin duda a su disposición. 
Hemos recogido el deseo que usted ha expresado en repetidas ocasiones de encargar un estudio independiente que se ocupe del problema de la creación de una autoridad reguladora europea en el campo de las telecomunicaciones. 
Este estudio no está aún terminado, se encuentra en la fase de elaboración. 
Pero ya revela el gran interés existente en una eventual autoridad reguladora europea e identifica qué posibles tareas consideran los participantes en el mercado como las más importantes para una autoridad de este tipo. 
También se analiza el marco jurídico en que puede crearse una autoridad de este tipo. 
En cualquier caso, el estudio no se ocupa de la cuestión de si se debe crear o no una autoridad, pues ésta es naturalmente una decisión política. 
Se propone hacer accesible al público el estudio en worldwide web. 
Es decir, quizás se pueda obtener el estudio en worldwide web, pero también se lo vamos a ofrecer in natura. 
Nos hemos propuesto organizar un Workshop en los dos próximos meses en el que podemos presentar el estudio y discutir sobre el tema. 
Se quieren finalizar los trabajos aproximadamente hasta finales de febrero y, como he dicho, a más tardar en dos semanas recibirá un resumen de este executive summary y a continuación naturalmente también el informe completo. 
No, no quería esto, pero agradezco que el Comisario haya propuesto ofrecer el estudio a través de las páginas de worldwide web. 
Probablemente, nosotros ya sabemos cuál nos ofrece; de otro modo, debería mencionar quizás el número exacto. 
Pero, probablemente, esto se puede obtener sin mayores problemas. 
Estoy muy satisfecho de que hayamos podido elegir esta vía. 
Quizás se debería realizar un test y ofrecerlo solamente a través del worldwide web para ver cuántos diputados están realmente conectados. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11, 50 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Señor Presidente, Señorías, mi evocación del reglamento se basa en el protocolo relativo a las inmunidades y privilegios del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, en este momento circula una octavilla por el Parlamento que llama a manifestarse contra el congreso que mi formación política, el Frente Nacional, debe celebrar a finales de marzo en Estrasburgo. 
Señor Presidente, simplemente, deseo manifestar a nuestros compañeros que nuestro partido es un partido legal, que las manifestaciones que organiza son pacíficas; que tiene derecho a reunirse y a celebrar su congreso en virtud de la legislación francesa, de los principios democráticos y de la confianza que le otorgan millones de electores, de los cuales el 26 % se encuentra en este departamento alsaciano. 
El 26 % de electores del Frente Nacional respeta la libertad de movimiento de todos los diputados del Parlamento, incluidos los que se oponen totalmente a sus opiniones. 
Entonces no es normal, señor Presidente, que en el recinto mismo de este Parlamento, se convoquen manifestaciones que algunos desearían violentas, contra la reunión de nuestra formación política. 
Que cada cual aprecie de qué lado se encuentran el derecho, la libertad y la democracia. 
Señor Gollnisch, al escucharle me he preguntado en qué artículo del Reglamento ha basado su intervención, pero, en todo caso, no abriremos un debate sobre este tema. 
Votaciones 
Señor Presidente, como se trata de un procedimiento no usual, hay que indicar muy claramente sobre qué votamos. 
La cuestión es si se debe incluir o no la telefonía móvil en esta directiva. 
Es un asunto central y aquí se vota afirmativa o negativamente sobre esta cuestión. 
Creo que se debe aclarar perfectamente el procedimiento de votación para que todos tengan claro sobre qué punto se vota aquí. 
Señor von Wogau, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial tiene razón. 
Se trata de una enmienda de importancia fundamental y espero que nuestros colegas voten a su favor. 
Ahora bien, para que las cosas queden absolutamente claras, la enmienda no preconiza que los teléfonos móviles queden incluidos en todos los aspectos de la propuesta, sino únicamente en algunos aspectos fundamentales que abarcan la financiación del servicio universal y la protección de los consumidores. 
De esta manera los que vayan a votar sabrán claramente sobre qué se les pide que voten. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, esta votación figuraba en el orden del día de ayer y se aplazó para que pudiera aclararse el procedimiento que estamos siguiendo. 
Se trata de los límites máximos de los residuos que hay en productos médicos veterinarios de origen animal. 
La propuesta se divide en dos partes. 
Una modifica el calendario para que en vez de que la directiva original expire en 1996, que es cuando expiró, pueda expirar mucho después porque la Comisión necesita más tiempo a fin de poder estudiar y evaluar las sustancias. 
La segunda parte se refiere a las sustancias propiamente dichas y, francamente, el Parlamento no está en condiciones de justipreciar esa parte en el tiempo de que disponemos. 
Hemos pedido que se aplique el procedimiento de urgencia a un artículo, y solamente a un artículo. 
Esto ha planteado algunas dificultades. 
Entre ayer y hoy he buscado un asesoramiento más detallado en los servicios del Parlamento. 
Hemos consultado con el despacho del Sr. Bangemann y también con el asesor jurídico de la Comisión. 
Todos estamos de acuerdo en que el actual procedimiento de urgencia, según pidió el Consejo el 11 de febrero, sólo se aplica a la prórroga del plazo para la fijación de límites máximos de residuos a algunas sustancias anteriores. 
Todos reconocemos- el Sr. Bangemann y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor- que hay que prorrogar este plazo. 
Todos estamos también de acuerdo en que, mientras el Parlamento sólo vote sobre esa cuestión, no podrá considerarse que ha dado su opinión acerca de toda la propuesta original. 
En efecto, eso es lo que dijo ayer el Sr. Bangemann. 
También dijo ayer que si, por casualidad, el Consejo tratase de adoptar normas legislativas sobre la base de la propuesta original, lo que hará es sencillamente retirarla. 
Quedaré muy agradecido si el Comisario reitera lo que acabo de decir para beneficio de los diputados que no estuvieron presentes ayer durante el debate, pues muchísimas personas estaban entrando en la sala cuando el Sr. Bangemann nos puso en vilo con su discurso. 
El Sr. Bangemann habló ayer en alemán, francés e inglés. 
Hay que felicitarle por sus conocimientos lingüísticos. 
De todos modos, lo que hemos hecho es lo siguiente: he pedido a los servicios del Parlamento que preparen un texto revisado de la propuesta de resolución legislativa para brindarnos así a título excepcional una salida del atolladero. 
Ese texto especial se discutió esta mañana con los grupos políticos y, que yo sepa, todos lo han aceptado. 
El texto revisado está disponible, pero desgraciadamentes sólo está disponible en inglés por culpa de la falta de tiempo. 
Es posible que deseen ustedes que lo lea en voz alta; de ser así, lo leeré con gran placer. 
Para acabar, a reserva de que deseen ustedes que les lea o no les lea dicho texto, recomiendo al Parlamento que, en primer lugar, vote solamente sobre la enmienda del artículo 14 de la propuesta de la Comisión que ha presentado la Comisión de Medio Ambiente y sobre el proyecto revisado de propuesta legislativa respecto de la cual no se ha presentado ninguna enmienda. 
La enmienda correspondiente- si mi memoria no me es infiel- es la enmienda 8, presentada originalmente por la Sra. Jensen, y he de decir que a ese respecto hay acuerdo entre todos los partidos. 
Si el Parlamento la aceptara, nos dejaría sumamente contentos al Sr. Bangemann y a mí mismo. Esto sería una coincidencia que hasta ahora ha sido sumamente rara. 
Señor Presidente, me alegro de que los esfuerzos realizados ayer hayan tenido un resultado. 
Probablemente fue un malentendido que se podría haber evitado. 
Pero tales malentendidos en la mayoría de los casos son mucho más graves que los que no se pueden evitar. 
Quiero que se haga constar en el Acta para que quede totalmente claro que el Consejo ha solicitado la urgencia solamente para el artículo 14, es decir, la norma que debe prorrogar la fecha de caducidad para la evaluación de sustancias ya existentes en el mercado y llenar así una laguna jurídica existente actualmente. 
Por ello, es lógico y también plenamente correcto desde un punto de vista jurídico, que el dictamen del Parlamento solamente puede referirse al artículo 14. Es decir, no ha tenido aún lugar la consulta del Parlamento sobre el fondo de la propuesta sino solamente sobre el artículo 14. 
En una carta dirigida al Sr. Collins así como a mí y a otros, el Consejo, es decir, la Presidencia, ha expresado de nuevo que no decide sobre el fondo mientras el Parlamento no exponga su opinión. 
Así pues, no se va a producir una decisión definitiva del Consejo. 
El Consejo lo ha confirmado por escrito. 
Pero como el Parlamento sigue teniendo dudas- no sé si desconfianza es la palabra adecuada -, ciertas dudas se dirigen contra el Consejo y en esta ocasión no contra la Comisión. Señora RothBehrendt, usted confía ciegamente en la Comisión... 
(Agitación, exclamaciones )... digamos que en cualquier caso determinados miembros de la Comisión, limitémoslo. 
Naturalmente, no puedo hablar aquí en nombre del Consejo; yo no tengo esas dudas tras la carta pero en el caso de que el Consejo, en contra de lo esperado, adoptase o quisiese adoptar una decisión global, la Comisión retirará su propuesta, haciendo así que sea imposible. 
El Grupo de los Verdes ha señalado que en la versión neerlandesa del presente informe, la expresión «sexuele geaardheid» debe sustituirse por la expresión «sexuele voorkeur». 
Señor Presidente, de una cierta manera se ha tratado de modificar el término usual en neerlandés «orientación sexual» por otro desacostumbrado en nuestra lengua, » preferencia sexual». 
La traducción neerlandesa del término inglés «sexual orientation» es literalmente la misma. 
No estoy de acuerdo pues que de modo solapado se haya intentado modificar el contenido de un texto en neerlandés. 
Señor Presidente, este tipo de problema no es tan sencillo, es algo que tiene que ver con la denominada corrección política y en este Parlamento deberíamos también actuar en ese sentido; » orientación sexual» constituye pues sin discusión un término del todo correcto políticamente en la sociedad neerlandesa, debiendo por consiguiente figurar en este informe. 
Señor Presidente, hace ya cincuenta y tres años que conozco el neerlandés y estimo que el Sr. Blokland tiene toda la razón. 
Antes de la votación final del informe 
Señor Presidente, antes de proceder a la votación final y de conformidad con el artículo 129 del Reglamento, desearía que nos pronunciásemos sobre la devolución del texto a la comisión. 
En efecto, recuerdo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos rechazó el informe de la Sra. Lindholm y que, tras un largo debate, aceptamos por unanimidad que se sometiera a nuestro Parlamento la propuesta de la Comisión sin modificarla. 
Los que presentaron otras enmiendas en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se abstuvieron de hacerlo. En esto, siguieron el espíritu de la decisión de dicha Comisión. 
Estimo que no es correcto haber propuesto y votado enmiendas, y que sería respetuoso con las competencias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos el devolverle el texto a la luz de las decisiones de la sesión plenaria para que, de todas formas, tome una decisión al respecto. 
Señor Presidente, coincido con la propuesta del Sr. Fabre-Aubrespy por unas razones que ahora no voy a repetir, ya que estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar. 
Yo también estimo que sería conveniente devolver este informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos al objeto de volverlo a someter al Pleno. 
Señor Presidente, lo que yo pensaba ya se ha dicho en realidad, y es que en la comisión acordamos proceder de este modo. 
Además, el Parlamento- si no he entendido mal el Reglamentopuede presentar sus propuestas ante el Pleno. 
Por tanto, estoy a favor de que votemos aquí, y de que no se devuelva el informe a comisión. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de devolución a comisión) 
(EL Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente y queridos colegas, tengo que señalar, en primer lugar, el reconocimiento y agradecimiento de los que hemos firmado esa solución a los colegas que han trabajado- sin duda, mucho- en este proyecto de resolución sobre Argelia; al mismo tiempo que tengo que recordar lo que todos sabemos: el drama terrible que vive aquel país. 
En el mes de diciembre este Parlamento aprobó una resolución sobre Argelia. 
Ayer escuchamos un texto- una declaración del Presidente del Consejo- que me pareció extremadamente prudente. 
Y yo creo- como creen los colegas que han firmado conmigo- que deberíamos reflexionar un poco más antes de aprobar una resolución en la cual se sostienen algunas afirmaciones con las que muchos de nosotros no estamos de acuerdo. 
Por eso, nos parece que- no habiendo urgencia, porque hemos aprobado una resolución en diciembre, y debiendo reflexionar sobre el tema- es mejor que se nos conceda ese aplazamiento de dos meses. 
Tengo que decir, además, que la precipitación y la rapidez son siempre malas consejeras. 
Y voy a dar una prueba, señor Presidente: tengo delante de mí, en varios idiomas, el texto del documento que deberíamos votar, en el cual figura una única enmienda número 1. 
En todos los textos que tengo, en distintos idiomas, la enmienda número 1 que pretende añadir un apartado 7 nuevo, se refiere a la situación en Sarajevo y en Mostar. 
Ya comprenderán ustedes que eso tiene poco qué ver con Argelia. 
Es un error material, pero un error material que refleja la rapidez con la que, a veces, tratamos asuntos tan delicados. 
Por eso pido ese aplazamiento, de acuerdo con el artículo 131 de nuestro Reglamento. 
Señor Robles Piquer, con todo el respeto que le debo, no estoy de acuerdo con lo que acaba usted de decir. 
En primer lugar, el Consejo es prudente, es verdad. 
En nuestra resolución, nos pareció que es incluso demasiado prudente y que no lleva exactamente la política que queremos. 
Es la razón por la que presentamos esta resolución. 
En segundo lugar, señor Robles Piquer, tiene usted todas las posibilidades de reunir una mayoría para que esta resolución no se apruebe. 
Por lo tanto, no veo por qué, desde el punto y hora en que Argelia sufre una situación extraordinariamente dramática, una situación que afecta a los intereses morales y políticos más próximos a Europa, el Parlamento aplaza ad calendas griegas una decisión que debe tomar hoy, que probablemente deberá tomar mañana y pasado mañana. 
No veo ningún inconveniente en que, dentro de dos meses, volvamos a debatir sobre Argelia, si se producen nuevos hechos, pero es inaceptable que hoy no emitamos una resolución que condene con fuerza el terrorismo contra la población argelina y que indique las vías políticas por las que nos gustaría ver comprometerse al Consejo para que el drama llegue a su fin y el pueblo argelino pueda vivir. 
Señor Presidente, ni que decir tiene que estoy de acuerdo con el Sr. Cohn-Bendit. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento de la votación) Propuesta de resolución común sobre la situación en Argelia. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución común) 
Propongo a la Asamblea prolongar el turno de votaciones para examinar el informe Caccavale. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) 
Voto a favor del informe van Velzen con algunas reservas. 
Las licencias concedidas para redes de teléfonos móviles tienen que estar orientadas a la creación de sistemas de fácil utilización por los usuarios. 
No hay que tolerar que dichas redes establezcan arreglos monopolizadores para los proveedores de tiempo de comunicación. 
La experiencia demuestra que esas redes han utilizado contratos que «encadenaban» a los usuarios y que les han impuesto tarifas exageradas. 
Me gustaría que hubiera una competencia mayor y verdadera, cuya consecuencia sería una fijación de tarifas más acorde con la realidad y mejor nivel de servicios para los consumidores. 
Informe Gebhardt (A4-0003/97) 
El sistema general de reconocimiento de los diplomas y otros títulos de formación se adoptó en 1989 (entre 1991 y 1994, 11.000 personas obtuvieron el reconocimiento de su diploma). 
En 1992, se completó para las formaciones inferiores a tres años de enseñanza superior. 
Sin embargo, este sistema no permite arreglar todas las situaciones. 
En efecto, las profesiones que han sido objeto de directivas específicas de reconocimiento mutuo (seis profesiones relacionadas con la salud y la profesión de arquitecto) así como las profesiones relacionadas con el comercio, la industria, y la artesanía quedan excluidas del campo de aplicación del sistema general. 
En la actualidad, la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo concierne exclusivamente a las profesiones relacionadas con el comercio, la industria y la artesanía. 
Desde hace algunos años, éstas han sido objeto de 35 directivas de dos tipos: las directivas de liberalización para suprimir los diferentes obstáculos (condición de nacionalidad) para la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios; y las directivas de transición para garantizar el reconocimiento de la experiencia adquirida a falta de un reconocimiento mutuo de los diplomas. 
Se trata de aprobar una directiva única que confirme las disposiciones reglamentarias de las 35 directivas existentes y que introduzca garantías de procedimiento para los solicitantes con vistas a simplificar la legislación comunitaria y aumentar su transparencia. 
¡Es muy importante! 
Los Estados miembros están obligados a hacer justicia a la petición de reconocimiento cuando las calificaciones del solicitante son equivalentes a las de un ciudadano del país de acogida. 
Si dichas calificaciones no pueden probarse, el solicitante debe aportar la prueba (con las indicaciones relativas a la honorabilidad, la capacidad financiera y la prueba de la existencia de un seguro) de que posee las calificaciones requeridas. 
El Estado debe, entonces, tomar una decisión en un plazo corto (cuatro meses a partir de la presentación de la solicitud) y debe ser motivada. 
Esto refuerza los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y contribuye a la movilidad y a la aplicación de la libertad de circulación y, por consiguiente, a la reducción del desempleo en el seno de la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo desea que la Comisión y el Consejo le informen sobre la aplicación de la directiva en los Estados. 
Desea asimismo reservarse el derecho de participar en cualquier decisión relativa a una modificación de la directiva. 
Lucho por una Europa ciudadana, por una Europa de los ciudadanos. 
La propuesta y el informe Gebhardt van en esa dirección. 
Es la razón por la cual los apoyo y felicito por ello al ponente. 
Señor Presidente, me agrada sobremanera poder apoyar hoy este informe pues, como muchos de mis colegas, me he enterado con indignación de que a personas bien cualificadas de mi propia circunscripción se les ha negado un puesto de trabajo en otros Estados miembros. 
En mi opinión no hay razón alguna para seguir retrasando la intervención de los Gobiernos nacionales en esta esfera. 
Uno de los grandes atractivos del concepto de la Unión Europea para muchas personas cualificadas es la posibilidad de proseguir sus carreras en otros lugares de Europa si lo desean. 
Por eso me agrada particularmente la idea de que, en los casos en que las autoridades se niegan a reconocer las cualificaciones de una persona, se les obligue a permitir que esa persona pueda dar prueba de su conocimiento o experiencia. 
También es importante que las nuevas propuestas de la Comisión prevean el derecho a llevar estos casos ante los tribunales. 
Sin duda alguna conviene que la Comisión informe dentro de un plazo de cinco años sobre el grado de aplicación de estas medidas por los gobiernos, pero insto a todos mis colegas que conozcan casos análogos que los pongan en conocimiento de la Comisión como yo he hecho esta semana. 
Cinco años es un período demasiado largo para pedir a nuestros electores que esperen hasta que sus cualificaciones queden reconocidas en la Unión Europea. 
Informe Read (A4-0049/97) 
Señor Presidente, Señorías, estamos a unos meses de la liberalización lograda del mercado de las telecomunicaciones en Europa y ya tenemos varias directivas sobre este tema. 
Se completan, a veces se superponen, incluso se contradicen, y, hoy, modificamos una directiva incluso antes de su aplicación. 
Conozco la tecnicidad del expediente y los retos que oculta. 
Sin embargo, lamento la pesadez de los procedimientos y la escasa legibilidad de los textos, a diez meses de lo que será una verdadera conmoción económica y psicológica. 
Sin embargo, hoy se me ofrece la posibilidad de afirmar nuestra adhesión al servicio universal de las telecomunicaciones en un mercado competitivo. 
Esta noción es bastante nueva y es el resultado de una lucha denodada que ha llevado a cabo el Parlamento Europeo. 
Permite, aunque demasiado parcialmente, colocar de nuevo al consumidor en el centro de nuestras preocupaciones y esto es ya de por sí muy importante. 
Si, como podemos pensar, la liberalización tiene consecuencias positivas en el mercado de las telecomunicaciones, algunos dicen también que la competencia tendrá repercusiones positivas para el consumidor, así lo esperamos. 
Pero es preciso decir también que el mercado nunca tiene conciencia de los imperativos de acondicionamiento del territorio, de acceso igual para todos al servicio y de justicia social en favor de públicos o de medios desfavorecidos. 
Asimismo, como el ponente, si apruebo los esfuerzos realizados por la Comisión para tratar de tener en cuenta estos elementos, afirmo que conviene estar vigilante en todo lo que contribuye a la cohesión social y a la instauración de un verdadero servicio universal. 
Además, en esta fase del procedimiento, y con la experiencia que tenemos, desconfío de las modificaciones que aporten a este texto la Comisión y sobre todo el Consejo. 
Es la razón por la cual pienso que el Parlamento debe lanzar una señal muy fuerte en este sentido. 
Los abajo firmantes hemos votado con respecto al informe Read en favor de los puntos de vista que consideramos más beneficiosos para los consumidores. 
Asimismo, estamos en contra por principio de la comercialización y de la llamada apertura de las infraestructuras básicas a las condiciones de mercado. 
Este proceso ha llevado al deterioro y la fragmentación de dichas infraestructuras, a pérdidas de las ventajas que ofrecía el sistema, a una menor apertura y a una mayor diversidad de niveles entre regiones y grupos de consumidores. 
La cooperación entre empresas telefónicas estatales y nacionales habría favorecido en mayor grado la equidad, el desarrollo tecnológico y la racionalización. 
En este caso son ilustrativas las experiencias suecas anteriores a la «liberalización». 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe sobre la aplicación de la oferta de red abierta a la telefonía vocal y al servicio universal de telecomunicaciones. 
Expresamos nuestra satisfacción con el informe y le damos la bienvenida, como otro eslabón en los esfuerzos por lograr una liberalización general del mercado de telecomunicaciones. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en que, en general, se ofrezcan a los consumidores servicios como la conexión y precios asequibles, pero no opinamos que la única posibilidad de garantizar este servicio consista en obligar a los Estados miembros a establecer regímenes para la financiación de las obligaciones de servicio universal. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de urgencia desde los teléfonos públicos de pago pero, ante la perspectiva de unos gastos desproporcionados, no somos partidarios de la existencia del mismo número o un número parecido en los teléfonos de texto públicos de pago. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en que los servicios de asistencia de una operadora, etc., se ofrezcan a los usuarios a un precio asequible, gratuitamente o a un precio simbólico, pero no estamos a favor de que los Estados miembros cubran la diferencia que haya, en su caso, entre el precio real del servicio y el precio asequible que pague el usuario. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en garantizar a los abonados que no se les desconectará el teléfono en un momento en que haya, por ejemplo, desacuerdos entre ellos y la empresa prestadora de servicios respecto a la validez de una factura, pero, por otro lado, queremos señalar que, en general, es una consecuencia contractual razonable la desconexión de un teléfono si no se pagan las facturas. 
Informe Lindholm (A4-0046/97) 
Señor Presidente, considero que este informe implica un determinado número de disposiciones completamente discutibles. 
En primer lugar, porque parece legitimar una discriminación positiva en favor de las mujeres. 
La distinción que introduce el ponente entre las libertades formales y las reales me recuerda lamentablemente la distinción que introducían los marxistas a este respecto, y sabemos que allá donde no había libertades formales, tampoco había libertades reales. 
Me atrevería a decir: » allá donde no hay igualdad formal, tampoco hay igualdad real». 
El segundo punto que desearía discutir está relacionado con el reconocimiento implícito del matrimonio homosexual. 
No me corresponde a mí, como a nadie en esta Asamblea, juzgar lo que ocurre entre adultos convencidos. 
El problema estriba en saber si la colectividad debe dar un reconocimiento a formas de unión que no están orientadas a la transmisión de la vida. 
Es esta transmisión de la vida la única razón de la protección social de la que se beneficia el matrimonio y es la razón por la cual persisto en pensar que no es deseable, en nuestra sociedad, ni en ninguna otra, que la ley proteja especialmente las demás formas de unión. 
El principio de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres forma parte de los cimientos filosóficos de nuestro Parlamento Europeo. 
Es bueno que las instituciones comunitarias se hagan eco de ello y la propuesta de reglamento que se nos ha presentado va en la buena dirección. 
Nuestro ponente aporta a este reglamento algunas propuestas que deben suscitar nuestra adhesión. 
Así sucede con el establecimiento de un comité sobre la igualdad de oportunidades en cada institución. 
Además, y en el marco de las asignaciones y derechos concedidos a los funcionarios casados, el ponente deseaba extender dichas disposiciones a las parejas no casadas, ya sean heterosexuales u homosexuales. 
Nuestro Parlamento se honraría con establecer reglas idénticas para todos los individuos, cualesquiera que sean sus orientaciones sexuales o su actitud respecto del matrimonio. 
Se trata, sencillamente, de un problema de justicia. 
Comprobamos con satisfacción que el Parlamento ha votado hoy en favor de suprimir la discriminación de los ciudadanos homosexuales, y de aumentar la equiparación entre hombres y mujeres entre los empleados de las instituciones de la UE, proponiendo unas medidas concretas en las disposiciones de contratación, las cuales se remontan a 50 años atrás. 
Puesto que las enmiendas están en plena línea con la propuesta de la Comisión, y representan una concretización de esta última, invitamos a la Comisión a que actúe con la mayor prontitud, de conformidad con la resolución del Parlamento. 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe elaborado por el Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 
Su objetivo es, por una parte, fomentar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Por otra parte, se trata de ampliar la supresión de la discriminación para incluir también la orientación sexual. 
Los socialdemócratas daneses tienen una actitud positiva ante la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Por eso apoyamos este informe, que, al mismo tiempo, permite fomentar los derechos de los hombres y mujeres homosexuales dentro de las instituciones comunitarias y, a medio plazo, constituye un buen punto de partida para mejorar su situación en los Estados miembros. 
Informe Whitehead (A4-0317/96) 
Señor Presidente, la protección y defensa de los consumidores, es decir de todos nosotros, es una de las piedras angulares de la construcción y desarrollo del mercado interior y del Tratado de la Unión. 
Pero, el Tercer Programa de Política del Consumidor (1996-1998) carece, inexplicablemente, de muchas de las ventajas y acciones positivas del programa anterior. 
Este nuevo Tercer Programa es fundamentalmente un catálogo de buenas intenciones para los consumidores europeos, sin adquirir compromisos claros y concretos. 
Las «prioridades para la acción» que fija el citado programa, abarcan una amplia variedad de ámbitos en los que se ven afectados los intereses del consumidor, pero, insisto, de una manera vaga e imprecisa como casi todo lo que últimamente viene presentándonos la Comisión. 
Una vez más, conviene subrayar que la principal prioridad de la Comisión, si queremos avanzar de una manera congruente y eficaz, debería ser la de completar las actividades pendientes y consolidar y evaluar el trabajo que abarca el período de 1993 a 1995 para poder así, con conocimiento de causa, establecer este nuevo programa. 
Nada de esto ha ocurrido ya que el programa debatido carece, además, de una estrategia coherente, de un calendario de compromisos concretos, de un plan de acción, etc., para hacer avanzar la política del consumidor de conformidad con sus intereses. 
Las enmiendas presentadas intentan esforzadamente reconducirlo pero, si no se rectifican estas graves lagunas, difícilmente la Unión podrá vanagloriarse de que el ciudadano, como consumidor, es una de sus prioridades. 
Por ello mi voto es consecuencia de estas observaciones. 
Hemos votado en favor del informe Whitehead porque pensamos que es conveniente reforzar la protección del consumidor en la Unión. 
Actualmente existen grandes carencias en este ámbito y por eso apoyamos la mayoría de las propuestas presentadas en el informe. 
No obstante, opinamos que no se ha enfocado suficientemente el problema principal, el problema de que, desde la perspectiva del Derecho de la UE, se considera de mayor importancia la libre circulación de productos que el respeto del medio ambiente o los derechos del consumidor. 
Rechazamos, sin embargo, el apartado 19, que expresa su apoyo a la campaña propagandística de la UE en favor de la moneda única. 
Es bueno que se refuerce la posición del consumidor dentro del mercado interno a través de una mayor información, del etiquetado de los alimentos, del destino que se dé a los recursos y las materias primas, etc. En este aspecto el informe es excelente. 
El objetivo a largo plazo es que se impulsen las cuestiones ambientales y los requisitos que los consumidores plantean con respecto al mercado. 
No obstante, no podemos dar nuestro visto bueno a la reglamentación pormenorizada de la UE que se propone a través de la normativa única para la venta de servicios financieros a distancia, los intereses de demora en los pagos, las sanciones por no pago, y la armonización de los procedimientos legales para la recuperación de las deudas. 
También estamos en contra del apartado 19, que expresa su apoyo hacia la campaña de información sobre la introducción del euro. 
Informe Marinucci (A4-0048/97) 
Es excelente que se refuercen los derechos e intereses del consumidor en relación con los servicios financieros, como por ejemplo los servicios bancarios y de seguros. 
Echo en falta, no obstante, unas razones de peso que justifiquen la regulación de todo este ámbito a nivel de la UE, por ejemplo, para la regulación de la venta de servicios financieros a distancia. 
Por consiguiente, he votado en contra del informe. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Tiene la palabra el Sr. Caccavale para una questión reglamentaria. 
Señor Presidente, pedí al Presidente Sr. Anastassopoulos que se votara mi informe esta mañana. 
Ahora, imprevisiblemente, se ha cambiado el orden del turno de votaciones de esta mañana y se me ha negado la posibilidad de que se vote mi informe. 
Ante esta situación, caben dos posibilidades: o se somete a votación el informe después de la prevista moción de censura o, y se lo pido también en nombre de mi Grupo, se aplaza hasta el próximo período parcial de sesiones del mes de marzo, dado que es evidente que esta tarde noche la votación no tendrá el mismo significado. 
Muchas gracias, señor Caccavale. 
Ya habrá detectado usted el «entusiasmo» que despierta la posibilidad de tener que votar su informe después de la votación de la moción de censura. 
Creo que es preferible, para su propio informe y para el buen orden de los trabajos, que lo hagamos en el mes de marzo. 
Le agradezco esta posibilidad. 
Señor Presidente, me referiré a la decisión que acaba usted de mencionar a petición del ponente, según la cual este asunto quedaría aplazado hasta marzo. 
Supongo que el ponente no puede estar aquí esta tarde. 
Antes de que adopte usted la decisión, le agradeceré que consulte el programa del Consejo para ver si este asunto figura en uno de sus órdenes del día; de ser así, la decisión sería totalmente inaceptable. 
Lo comprobaré y trataré de que el Consejo esté presente. 
Muchas gracias por su aviso, señor Collins. 
Señor Presidente, me parece que no se trata de saber si el Consejo va a estar o no va a estar representado aquí: lo que sucede es que tenemos pendientes una serie de votaciones para esta noche y para mañana por la mañana. 
Si el ponente está aquí, ¿tenemos que dar por entendido que no estará aquí en las votaciones? 
Nada impide que esté aquí, en cuyo caso su informe se sometería a votación como cualquier otro informe que no hubiéramos podido despachar con anterioridad. 
Señora Green, no he invocado ninguna razón personal del ponente. 
He dicho que someter dicho informe a votación inmediatamente después podía entorpecer el orden de las sesiones. 
Y, puesto que el ponente ofrecía dos posibilidades, me he acogido a la segunda, que no plantea problema alguno- es decir, votar dicho informe el mes próximo-. 
Entiendo que el Consejo, si lo considera oportuno, estará presente- y haremos lo posible para que así sea -, pero, una vez tomada la decisión y no habiéndose suscitado en este momento problema ninguno, queda acordado que se votará el mes próximo. 
Bienvenida 
Tengo el honor de dar la bienvenida a una Delegación oficial del Congreso de los Estados Unidos, presidida por el Sr. Benjamin Gilman, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 
La Delegación, la más antigua de las que mantenemos con países terceros, se encuentra en Estrasburgo para participar en la cuadragésima sexta reunión interparlamentaria Parlamento Europeo-Congreso de los Estados Unidos. 
En estos momentos nuestra relación transatlántica entra en una fase crucial y nos enfrentamos con numerosos y nuevos retos en todo el mundo. 
Espero verdaderamente que el intercambio parlamentario que realizaremos en los próximos dos días fortalezca aún más la ya sólida relación que mantenemos. 
Deseo a la Delegación del Congreso de los Estados Unidos una agradable estancia en Estrasburgo. 
EEB (Votación sobre la moción de censura) 
Tiene la palabra el Sr. Happart para una cuestión reglamentaria. 
Señor Presidente, no es una llamada al reglamento, es una moción de procedimiento. 
En efecto, desearía saber lo que va a hacer el Sr. Santer por las víctimas humanas y sus familias. 
(Reacciones diversas) Lo que el Sr. Santer va a hacer contra... 
(Interrupción del Presidente) que ha traicionado el acuerdo interinstitucional... 
Señor Happart, ya no está en el uso de la palabra. 
Me ha pedido la palabra para una moción de procedimiento, pero no es así. 
Hemos debatido durante mucho tiempo este asunto, el otro día, y la Comisión dio todas las explicaciones que le parecieron pertinentes. 
Pasamos a la votación. 
(El Parlamento rechaza la moción de censura) 
Señora Presidenta, a riesgo de retrasar nuestros debates, prefiero dar mi explicación de voto- más exactamente, la de mi grupo- de forma oral, puesto que la presidencia no me permitió ayer terminar una evocación al reglamento que explicaba cuál era la posición de voto mayoritaria del Grupo de Coalición Radical Europea. 
Por consiguiente, hoy quiero precisar cuál fue la posición de nuestro grupo y por qué motivos votamos mayoritariamente a favor de la censura. 
Pero, antes, desearía repetir mi pesar por el procedimiento escogido para las diversas votaciones sobre el expediente de la crisis de la EEB. 
Ayer, al decidir votar sobre el informe de la comisión de investigación y sobre las cuestiones orales que se referían a dicho texto, nuestro Parlamento debilitó indiscutiblemente la iniciativa de censura y contribuyó así a despojarse a sí mismo de una de sus prerrogativas más importantes. 
Esta es la razón por la cual, nuestro Grupo de Coalición Radical Europea no participó en la votación del 19 de febrero. 
Por lo demás, que quede claro: si hemos votado a favor de la censura, nuestra decisión no estaba en absoluto dirigida contra la Comisión como institución, muy al contrario. 
La posición de los radicales ha estado dictada por su concepción de las instituciones europeas. 
Somos federalistas, es la razón por la cual miramos a la Comisión como la prefiguración de lo que podría ser en el futuro un gobierno federal. 
Y si no queremos que nuestras opiniones públicas consideren a la Comisión Europea como un órgano administrativo, técnico, opaco e irresponsable, debemos atribuirle una responsabilidad de naturaleza política, es decir, una responsabilidad permanente en el tiempo, una y colegiada. 
Estas eran las motivaciones de la votación del Grupo de Coalición Radical. 
Señora Presidenta, he votado a favor de la censura porque no deseo ser cómplice del comportamiento de la Comisión en este grave asunto. 
No ignoro las responsabilidades de la Comisión Delors, pero las de la Comisión actual son abrumadoras porque, desde hace dos años, el Sr. Santer y sus compañeros ¡» sabían»! 
Desde el momento en que lo supieron, debieron alertar a las instituciones, a los Estados miembros, a la opinión. 
No lo han hecho, ya que fue el Sr. Major el que tomo esta iniciativa en la primavera pasada. 
Desde el momento en que lo supieron, debieron proponer las medidas necesarias para proteger la salud pública. 
¡No lo hicieron! 
¡Desde el momento en que lo supieron, debieron cooperar lealmente con la comisión de investigación parlamentaria! 
No lo hicieron. 
Y, hoy, la Comisión se niega a garantizar la defensa de los intereses morales, materiales y financieros de la Comunidad y de sus ciudadanos iniciando los procedimientos necesarios contra un Estado miembro. 
Puesta bajo tutela parlamentaria, la Comisión sale debilitada y desacreditada de esta crisis. 
Lo lamento, pero esto no es bueno ni para las instituciones ni para Europa. 
Más hubiera valido una censura franca que permitiera a una nueva Comisión reconstituida ponerse a trabajar en un clima saneado. 
Señora Presidenta, Señorías, he votado contra la censura. 
Habida cuenta de la excepcional gravedad de este expediente de la EEB, deseo explicar dicho voto de forma oral. 
La comisión de investigación, bajo la conducta inteligente de su presidente, el Sr. Böge, ha trabajado de manera notable. 
El Presidente Santer y la Sra. Bonino- nos alegra que, en lo sucesivo, sea ella la encargada de una parte esencial del departamento de que se trata, de acuerdo con la reforma estructural que habíamos deseado- respondieron ayer favorablemente a algunas de nuestras preguntas sobre puntos importantes del excelente informe del Sr. Medina. 
Tenemos el deber de seguir vigilantes y es esta estrategia de vigilancia la que ha suscitado las divergencias. 
Algunos de nosotros consideraron que había que votar a favor de la censura inmediata, pero la mayoría de nuestros compañeros opinaron que la amenaza de una censura sería una presión más eficaz para garantizar que nuestras recomendaciones produzcan un efecto más eficaz que mandar a sus casas a los Comisarios cuya cuasi totalidad no ha hecho méritos para ello. 
He compartido este punto de vista y he aprobado la resolución común que, en su punto 7, preconizaba esta fórmula. 
Desde ese momento, votar un día para poner a prueba a la Comisión para luego votar al día siguiente la censura inmediata me ha parecido totalmente contradictorio e imposible de hacer comprender a nuestras opiniones públicas. 
Había que optar. 
Cada cual se ha posicionado en conciencia. 
Personalmente, asumo mi opción sin actitudes irracionales. 
Tengo la profunda convicción de que la estrategia adoptada ayer por nuestro Parlamento, por una amplia mayoría, se revelará más eficaz para prevenir tales dramas, en los meses venideros. 
Señora Presidenta, he sido uno de los 71 signatarios de la moción de censura contra la Comisión. 
Soy uno de los 118 diputados que han votado a su favor. 
No se trataba de condenar en especial a tal o cual Comisario mediante dicha presentación, mediante dicha votación, sino de censurar al conjunto de la Comisión, en su calidad de organismo colegiado, la Comisión en su conjunto, considerada en su continuidad, tanto antes como después del cambio de 1995. 
No insistiré en los motivos de la censura. 
Había que sancionar graves disfunciones, en particular, las que explicó de forma notable mi compañero Édouard des Places en su intervención del martes. 
«Responsable, pero no culpable» , es una fórmula que rechazamos y que personalmente, rechazo. 
Si la Comisión hubiese sido censurada, probablemente se habría nombrado una nueva inmediatamente, pero no se hubiera podido decir que no hemos hecho nada. 
Así pues, la moción de censura tendrá de todos modos un efecto. 
Como en la investidura del Sr. Santer, como ocurrirá el próximo mes por lo que respecta al tránsito comunitario, el Parlamento Europeo habrá denunciado, el Parlamento Europeo habrá condenado, en definitiva, el Parlamento Europeo habrá retrocedido. 
Después de esta moción de censura que ha fracasado, después de este retroceso, ya no habrá más moción de censura. 
He ahí uno de los efectos positivos de esta operación. 
Señora Presidenta, no he votado a favor de la censura de la Comisión, y no es porque no he estado tentado de hacerlo. 
Incluso, la semana pasada, recomendé en el seno de mi grupo que se votara a favor de la censura y lamento que los principales grupos de este Parlamento- incluido el mío- hayan estimado preferible no censurar a la Comisión mediante una votación clara, masiva e inmediata. 
En efecto, una votación así habría permitido, más allá de la sanción a una Comisión que, estoy de acuerdo en que no es la única ni la principal responsable, dar un aviso enérgico de amonestación a las instituciones y a los Estados miembros, a pocos meses de la CIG, para invitarles a poner en tela de juicio un sistema de decisión que ha mostrado sus vicios fundamentales: opacidad burocrática, dilución de las responsabilidades, sistema de sanciones lleno de lagunas y rígido que no permite llegar a los culpables y que nos obliga a sancionar colegiadamente por la falta de uno sólo, de alguna manera, matar al rebaño por el desfallecimiento de un único animal. 
Creo que los grupos no nos han seguido, ni el mío, ni el grupo socialista. 
Por consiguiente, teníamos que elegir entre dos actitudes: un voto de expresión individual de desaprobación, sin alcance político, o la adhesión a una estrategia de censura condicional que presenta una utilidad real. 
La Sra. Fontaine ya ha manifestado cual era el interés. 
Personalmente, he optado entre la moral de la convicción y la moral de la responsabilidad, entre una protesta sin alcance político y un esfuerzo para llevar a la Comisión a hacer su reforma. 
Señora Presidenta, el martes por la noche tuve ocasión de aclarar mi posición en una intervención acerca de la EEB. 
Dije entonces que a Irlanda del Norte se le había acusado injustamente, tanto por lo que se refiere al Gobierno del Reino Unido y a la Comisión como por lo que respecta al Consejo de Ministros y al Parlamento. 
Ayer voté en contra de la propuesta de resolución sobre las conclusiones de esta Comisión temporal de investigación sobre la EEB porque estimo que un Ministro británico no tiene que rendir cuentas a este Parlamento ni a ninguna de sus comisiones. 
El lunes por la noche, como diputado de ese Parlamento británico, voté a favor de una moción de censura contra el Sr. Douglas Hogg. 
Rechazo totalmente las conclusiones de la Comisión de investigación, que pide que se devuelva el dinero abonado a los granjeros del Reino Unido en concepto de compensación. 
En consecuencia, hoy no puedo votar a favor de la moción de censura de la Comisión presentada por los que proponen lo que en mi opinión son medidas ultrajantes en contra de mi país. 
Por eso me he abstenido en esta votación. 
Señora Presidenta, me he abstenido. 
Es una postura difícil. 
Sé que equivale a no votar a favor de la censura, pero, sin embargo, no quería votar contra la moción de censura, porque estimo que la fórmula de la censura diferida es la buena. 
Es la buena si consideramos los pocos meses venideros como una especie de aplazamiento que la Comisión debe utilizar para llevar a cabo las reformas indispensables. 
A este respecto, no estoy seguro de la determinación de la Comisión y, además, la manera en que el Presidente Santer acaba de salir del hemiciclo, una vez que la votación es incontestable, debería incitarnos al escepticismo y a la inquietud. 
Pero, que quede claro que seremos muchos- los que hoy no hemos votado a favor de la moción de censura- los que votaremos a favor a finales de año, si no se producen las mejoras indispensables. 
Ésta es la razón por la cual la Comisión cometería un error si considerase la votación de hoy como una firma en blanco. 
La lucidez debe más bien llevarla a ver en ello una seria advertencia, porque la votación de hoy ha constituido un éxito de los que iniciaron la moción de censura. 
Señora Presidenta, se ha dicho que no se puede castigar a una nueva Comisión por las negligencias de la anterior. 
Estoy de acuerdo. 
Ambas Comisiones merecen ser castigadas. 
Debido a su negligencia, la Comisión anterior ha cometido un homicidio involuntario. 
Por su parte, la nueva Comisión ha ocultado un asesinato y se ha negado a participar en el esclarecimiento total del mismo. 
Esto es, en mi opinión, más censurable que los actos de la Comisión anterior, y éste es el motivo de que no haya apoyado la propuesta de aplazamiento de la mayoría y de que haya votado, en cambio, a favor del voto de censura. 
No tengo ninguna confianza en una Comisión que ni siquiera está dispuesta a entregar una lista de teléfonos de sus propios empleados. 
Semejante falta de respeto por los principios básicos de la democracia por parte de la Comisión no merece confianza, sino censura. 
Los representantes del Partido de Centro de Finlandia en el Parlamento Europeo consideramos que la Comisión Europea ha incurrido en graves negligencias en el tratamiento de la EEB. 
El martes pasado apoyamos la aprobación de la resolución, aunque bien es cierto que la consideramos en algunos aspectos deficiente por su formulación. 
No respaldamos la moción de censura contra la Comisión debido a que las peores negligencias se produjeron durante el mandato de la anterior Comisión. 
Dimos nuestro apoyo a la resolución en la que se exige a la Comisión que emprenda urgentemente acciones eficaces para evitar la propagación de la enfermedad de la EEB. 
Si la Comisión descarta la aplicación de las medidas exigidas en la resolución del Parlamento, estamos dispuestos a considerar seriamente la presentación de la moción de censura contra la Comisión. 
Como miembro de la comisión de investigación parlamentaria sobre la EEB, durante seis meses, pude apreciar los numerosos elementos de este expediente. 
Voté a favor de la moción de censura porque mi convicción profunda es que la responsabilidad de Gran Bretaña es considerable y que las faltas, los fallos, los errores y los disimulos de la Comisión son evidentes. 
Por supuesto, esto vale tanto para la Comisión presidida por el Sr. Delors como para la que preside el Sr. Santer. 
En efecto, la responsabilidad del Comisario de Agricultura, el Sr. Fischler, es para mí indiscutible: en primer lugar, dicho Comisario subestimó este expediente, luego ocultó algunos expedientes o bloqueó otros. 
Para salvaguardar el honor de la Comisión, hubiera sido deseable que el Sr. Fischler dimitiera de su puesto. 
De hecho, la Unión Europea, con la interposición de Gran Bretaña y la Comisión, ha fallado en un papel fundamental: el de la protección de la salud de sus ciudadanos. 
La opinión pública de los países de la Unión no comprendería la falta de sanción ante una falta semejante. 
Éstas son las razones por las que he votado a favor de la moción de censura, aun cuando aprecio los importantes avances de las propuestas hechas por el Presidente Santer para corregir los errores del pasado, de alguna manera, una forma de reconocer la responsabilidad y la culpabilidad de su Comisión. 
Hénos aquí enfrentados a uno de los problemas más cruciales que un diputado del Parlamento pueda encontrar en el ejercicio de sus responsabilidades. 
La exigencia ética, la concepción que uno se hace de la misión del diputado, la defensa del bien más precioso de nuestros conciudadanos- su salud- el análisis de las disfunciones aparecidas y los medios de ponerles remedio, la voluntad de asegurar la construcción de Europa sobre bases sanas y sólidas, pero también el respeto de las personas en cuestión- no somos un tribunal- son otros tantos principios que se conjugan a propósito de este expediente que, a fin de cuentas, debe determinar nuestra votación. 
A la inversa, todo lo que pudiera aparecer como el resultado de un simple episodio en el desarrollo de la relación de fuerzas entre instituciones comunitarias o como la defensa de intereses estrictamente nacionales, incluso comerciales, o como el desarrollo banal de un juego esencialmente diplomático, o lo que es peor todavía, como una protección política, no merece defenderse ante el problema moral que se ha planteado. 
Desde el momento en que se aceptan estos principios, estimo que hay que votar a favor de la censura. 
En efecto, el Gobierno británico y la Comisión anterior son los principales responsables, pero el informe de nuestra comisión de encuesta ha demostrado que la Comisión actual tenía una parte de esta responsabilidad. 
Y por ahora, nos han pedido que nos pronunciemos a este respecto. 
El hecho de que otras instituciones sean culpables no puede exonerarle totalmente. 
Procedo a esta votación a pesar de la estima que profeso a los miembros de la Comisión y a su presidente, así como a algunos altos funcionarios de la Comisión. 
Lo hago en conciencia, persuadido de que nuestros ciudadanos esperan que nos situemos a este nivel en un debate semejante. 
Y contrariamente a algunas opiniones que se han extendido, al hacerlo, soy consciente de que participo en la reconciliación de la opinión pública con la clase política y de que acerco a nuestros conciudadanos a la idea que desearían hacerse de la construcción de Europa. 
La moción de censura que he apadrinado y luego votado con mis compañeros del Grupo Europa de las Naciones apunta primero a la Comisión, debido a su comportamiento irresponsable en el asunto de las vacas locas. 
Pero además, pone en tela de juicio todo un sistema europeo que, por sus aberraciones, ha permitido las manipulaciones de informaciones, la parálisis de las reacciones defensivas de los países y la propagación de la enfermedad. 
El interés principal de este asunto es que permite mirar de otra forma a la verdadera naturaleza de las instituciones europeas. 
En primer lugar, la Comisión, tanto la actual como la precedente, tiene una abrumadora responsabilidad en el desarrollo de este drama. 
Una responsabilidad que no se deriva de un acto puntual o accidental, sino de un comportamiento constante, observado durante un período largo e inherente a los objetivos mismos que se ha fijado la Comisión. 
En efecto, habiéndose fijado como objetivo prioritario establecer la libre circulación que interpretaba falsamente como la abolición de todos los controles en las fronteras, consideró peligrosas para el mercado único todas las sugerencias de los Estados dirigidas a restablecer los controles nacionales, llegando hasta amenazarles con una acción ante el Tribunal de Justicia, tanto en 1990 como a principios de 1996. 
Ahora bien, cualesquiera que sean las faltas reales del Gobierno británico, no explican ni excusan la inercia de la Comisión ante los riesgos, su rechazo del principio de prudencia, su callejón sin salida en relación con la salud de las poblaciones, una actitud que ha mantenido hasta el extremo, puesto que, todavía en junio de 1996, lograba con esfuerzo violento el levantamiento condicional del embargo sobre la gelatina, el sebo y el esperma bovino, siempre con la intención de restablecer, cuanto antes, la libertad de circulación. 
Para convencerse de ello, basta con recorrer las páginas que la comisión de encuesta del Parlamento Europeo dedica a este episodio. 
En ellas se ven desfilar condenas tales como «presiones políticas» ,» retroceso ante las manipulaciones del sector industrial» ,» falta de transparencia» ,» falta de credibilidad de la Comisión» ,» voluntad actual de diluir las responsabilidades» , etc. 
Por último, en efecto, es la Comisión actual y no la anterior, la que acaba de autorizar, el 18 de diciembre pasado, la introducción de maíz transgénico americano en el mercado europeo, siempre empujada por la obsesión de la libre circulación, obstinadamente sorda a las advertencias y ciega a la lección que habría que extraer de las vacas locas. 
En un grado así de obstinación, ya no se trata de un error puntual, sino de una voluntad deliberada de hacer prevalecer a todo trance una integración perversa, cueste lo que cueste a las poblaciones. 
Porque, evidentemente, todos nos preguntaremos por qué misteriosa inversión los poderes de regulación comercial que los países miembros habían delegado a la Comisión, en principio, para proteger mejor a los pueblos de Europa, han podido ser utilizados así contra estos mismos pueblos, para derribar sus defensas en beneficio de intereses financieros inconfesables. 
El que toma conciencia de esta inversión, y más aún, analiza sus mecanismos, desgarra el velo de propaganda hagiográfica de la que se rodea la Comisión y descubre la realidad de su naturaleza. 
Más allá de la institución a la que apunta esta moción de censura, queremos denunciar todo un sistema europeo que se construye contra los pueblos. 
Condenamos una política agrícola que contempla la integración en el mercado mundial mediante la carrera por la productividad. 
Condenamos una unificación que impediría cualquier control en las fronteras internas y cualquier posibilidad para cada país de salvaguardar los intereses vitales de su población, o incluso sólo su propia concepción de la salud, de la seguridad y de la protección del medio ambiente. 
Condenamos la concepción política según la cual, por el bien último de los pueblos, Europa debería ser construida en el disimulo por tecnócratas omniscientes que sólos podrían superar nuestros intereses particulares. 
Por el contrario, pensamos que Europa debe tener como objetivo agrícola una producción de alta calidad, necesariamente protegida por una forma u otra de preferencia comunitaria; que el mercado único debe tolerar el derecho de las naciones a diferenciarse o a defenderse, que, en nuestra opinión, no es incompatible con un libre cambio bien entendido; y por último, que la Unión Europea, para colmar su déficit democrático, debe volver a ponerse bajo el control directo de sus naciones, labor que, a partir de hoy, debería convertirse en la prioridad de la Conferencia Intergubernamental. 
Como era de prever, esta presentación prematura de una moción de censura contra la Comisión resultó ser una acción inútil. 
Es el resultado esperado de una acción que no se había concebido para que surtiera efecto, sino para realizar una operación política de carácter demagógico a la que se unieron algunos ingenuos. 
En efecto, no basta con presentar una moción de censura, buscando con ello algún eco mediático, además, hay que aplicar una estrategia que le permita alcanzar su fin: de lo contrario, la galería se ve entretenida, por no decir engañada, para nada. 
Ahora bien, todo el mundo sabe que la utilización de un procedimiento semejante es inédito. 
Si queremos lograr su primera utilización- es sin duda lamentable pero es así- hace falta que este Parlamento se prepare para superar su actitud pusilánime 
Convenía que una iniciativa vana fuera sustituida por una acción que pudiera ser eficaz; es el sentido de la resolución que votamos ayer y de la «moción de censura condicional» que junto con otros diputados apoyo. 
Es un arma de doble eficacia: coloca a la Comisión bajo vigilancia y debería llevarla a enmendar su comportamiento en este ámbito, como en otras cuestiones; da tiempo al Parlamento a prepararse para dar el paso, si conviene, y asumir sus responsabilidades. 
Con frecuencia, la precipitación y la impaciencia no garantizan el éxito. 
Esta moción de censura venía demasiado pronto hoy. 
Mañana, ¡o cambia la Comisión o la cambiaremos! 
Tras la lectura del excelente informe de la comisión de encuesta, no podemos por menos de aterrarnos por la responsabilidad en que ha incurrido el Gobierno conservador británico. 
Al favorecer la desregulación menospreciando cualquier consideración sanitaria, al negar cualquier peligro de enfermedad del ser humano y no respetar la prohibición de exportación de harinas procedentes de animales, el Gobierno británico ha actuado de forma inconsciente y a veces culpable. 
Por su parte, la Comisión Europea ha cometido una serie de errores manifiestos ante los que no podemos «cerrar los ojos». 
¿Cómo no se quiere sancionar a una institución que ha minimizado una crisis que afecta a la salud pública? 
¿Quién ha frenado la adopción de simples medidas de precaución para retirar las harinas? 
Quién ha levantado el embargo sobre la gelatina? 
¿Quién, con su comportamiento, ha dado preferencia al comercio frente a la salud pública? 
Por otra parte, la opacidad de los servicios de la Comisión, durante la gestión del expediente de la EEB, demuestra la utilización desleal del acuerdo institucional. 
La votación sobre la moción de censura contra la Comisión es una respuesta política a la falta de sentido de las responsabilidades políticas de la que ha hecho gala dicha institución. 
¿Cómo podemos pretender la construcción de una Europa solidaria si ésta es incapaz de proteger a sus ciudadanos contra las enfermedades que se originan en sus propias industrias? 
Por consiguiente, preocupados por el ciudadano de la Unión y por la ética de la responsabilidad, debemos condenar la gestión de la Comisión. 
Existen motivos para criticar el curso dado por la Comisión al asunto de las llamadas «vacas locas» , pero estas críticas no son de un carácter lo suficientemente grave como para justificar la moción de censura. 
Si esta moción se hubiera interpuesto contra el Gobierno británico o la anterior Comisión, habría votado a favor. 
En este caso no lo he hecho. 
El Parlamento plantea en su resolución unas exigencias relativas a la gestión futura de la Comisión. 
Pienso que son justas y les doy mi apoyo. 
Pero no creo que el Parlamento deba combinar estas exigencias con una amenaza sobreentendida de una nueva moción de censura en caso de que no se cumplan los requisitos. 
El Parlamento tiene siempre la opción de destituir a la Comisión. Por eso no hay motivos para que se pronuncie sobre el modo en que tiene pensado actuar en el futuro. 
Si la Comisión disfruta de la confianza del Parlamento, cabe tratarla con respeto; si falla la confianza, el Parlamento debe destituirla. 
No debe darse una situación intermedia. 
La carencia de claridad en este sentido perjudica a ambas partes y debilita la fuerza de los trabajos en el interés europeo. 
La censura a la Comisión Europea es un acto grave y, reconozcámoslo, tal vez no sea el que mejor se adapta a la situación. 
En efecto, no olvidemos que el primer responsable es el Gobierno británico que, desde el inicio de este asunto, adoptó una actitud incalificable. 
A continuación, está la responsabilidad de los Comisarios europeos que no han cumplido con su trabajo, provocando así la responsabilidad colectiva de las dos últimas comisiones ejecutivas. 
Y hoy, la situación es tan grave, las responsabilidades colectivas tan importantes, los riesgos futuros tan terribles, que no podemos dejar pasar este día sin un acto político de calado. 
Por supuesto, hubo ayer una resolución que puso a la Comisión entre la espada y la pared. 
La aprobé y voté a favor. 
Pero, hoy, jueves, 20 de febrero de 1997, ante el texto de censura presentado, en conciencia, no podemos quedarnos sin hacer nada y ver que lo apoyan sólo unas decenas de votos. 
Es la razón por la cual votaré a favor. 
Votaré a favor, no para condenar a tal o cual persona, sino para condenar una gestión condenable, una irresponsabilidad colectiva insoportable, una ceguera criminal. 
Voto a favor esperando que esto permita aprobar lo que todavía pueda aprobarse, reparar lo que deba ser absolutamente reparado y someter en el futuro a la vigilancia a todos los responsables para evitar nuevos dramas. 
Es éste un tema de tal gravedad que, difícilmente, logra uno entender que haya podido ocurrir algo así en la Unión Europea. 
No cabe duda, al leer los resultados aportados por la Comisión temporal de investigación en relación con la encefalopatía espongiforme bovina, de que la Comisión ejecutiva ha hecho una tal dejación de sus responsabilidades en materia de prevención y protección de la salud pública (ni más ni menos) que es bien merecedora de un voto de censura. 
Si las responsabilidades del Colegio de Comisario son colegiadas y, por ello, no se pudo votar al inicio de esta legislatura- como solicitaba el Parlamento Europeo- de manera individualizada a cada Comisario, hoy, por tanto, la responsabilidad engloba, por la misma regla, a la totalidad del citado Colegio. 
La argumentación resulta obvia, máxime en este asunto a todas luces criminal, en el que no cabe ninguna componenda: con la salud ciudadana, ni se juega, ni se hace negocio. 
Mi voto de conciencia no hace más que reflejar lo expuesto. 
La epidemia de la EEB y el tratamiento que se ha dado a la misma, en especial por parte del Gobierno de Gran Bretaña, y que tan dramáticas consecuencias ha tenido sobre la salud de los consumidores, exige de este Parlamento una respuesta no sólo contundente sino también responsable que sirva para garantizar la adecuada protección de los ciudadanos también en materia de salud pública. 
Por ello el Parlamento debe, sí, condenar con contundencia y de una manera muy clara al Gobierno británico, el gran y auténtico responsable de la crisis de la EEB; y debe también denunciar los culpables silencios del Consejo ante la falta de actuación y de transparencia del Gobierno británico. 
Pero debe, también, por sentido de responsabilidad exigir a la Comisión que dé seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión temporal encargada de la investigación sobre la EEB, y que adopte sin dilación las medidas legislativas, organizativas y personales que se proponen en el mismo. 
Medidas, entre otras, para garantizar la independencia y la solvencia de los Comités científicos y para acabar con las actuales disfunciones existentes en el seno de la administración comunitaria. 
Como debe exigirle también que pida a la CIG que proceda a las reformas necesarias para permitir la plena participación del Parlamento en la elaboración de la legislación relativa a la salud pública y a la PAC. 
De ahí que ayer diera mi voto favorable a la Resolución sobre los resultados de la Comisión de investigación sobre la EEB. 
Porque en la misma además de condenar a los verdaderos responsables se exige a la Comisión la adopción de medidas que eviten en el futuro la aparición de cualquier otro brote epidemiológico que pueda poner en peligro la salud de los ciudadanos, al tiempo que se fija un límite para la puesta en marcha de las mismas y se determina que en caso de incumplimiento se procederá a una moción de censura a la Comisión. 
La responsabilidad suele estar reñida con los grandes gestos vacíos de contenido. 
Por ello entiendo que hacer una moción de censura a la Comisión ahora- teniendo en cuenta, además, que las auténticas responsabilidades conciernen al Gobierno británico en primer lugar, y en segundo lugar a la Comisión que presidía Jacques Delors -, sería irresponsable y mera gesticulación que no resolvería en absoluto las causas que han provocado la gravísima crisis de la EEB. 
De ahí que haya votado en contra de la moción de censura. 
Una vez realizados los trabajos de la comisión de encuesta del Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha sido reconocida responsable de errores y negligencias graves. 
Por consiguiente, resulta totalmente lógico que saquemos conclusiones políticas de ello. 
La institución que es la Comisión debe asumir sus responsabilidades y ser sancionada. 
Es la razón por la cual, sin ninguna actitud irracional, estoy a favor de una moción de censura inmediata. 
La Comisión actual ha encubierto las actuaciones de la Comisión anterior y no ha utilizado la transparencia que la Comisión de encuesta tenía el derecho a esperar. 
Si parece que la responsabilidad política de los Comisarios de Agricultura, los Sres. MacSharry y Steichen está claramente comprometida, en particular durante el período 1990-1994, el actual Comisario, el Sr. Fischler, además de errores manifiestos de los que deberá responder, ha practicado la obstrucción disimulando algunos hechos, como lo testimonia la existencia de actas no dirigidas a la comisión de encuesta. 
Es grave. 
La Comisión es una institución colegiada. 
En el estado actual de los textos, sólo la institución en su conjunto puede ser sancionada. 
Pero nada impide a nuestros gobiernos designar de nuevo a Jacques Santer y a los Comisarios que no han desmerecido. 
Lo lógico sería que fueran designados de nuevo y ello no debería llevar mucho tiempo. 
Los ciudadanos europeos no comprenderían que el Parlamento Europeo no hiciera nada por su parte. 
Pienso que la censura inmediata es la única sanción adecuada para poner fin a las disfunciones y obligar a la nueva Comisión a tomar rápidamente las decisiones estructurales y políticas que se imponen. 
Es preciso que la eficacia se acerque a la moral. 
Además, si esta nueva Comisión no adoptara dichas medidas, no vacilaría en censurarla por segunda vez dentro de seis meses. 
La gravedad de las responsabilidades de la Comisión en la gestión de la EEB y los riesgos que han originado para la salud pública han quedado perfectamente expresados en el informe de la Comisión de investigación. 
Ante estas constataciones, y, dados el carácter colegial de la Comisión, el principio de la continuidad de las instituciones y las responsabilidades imputables al actual Colegio de Comisarios, el Parlamento Europeo debe ejercer dignamente sus funciones de control. 
Además, la Comisión ha utilizado deslealmente el Acuerdo Interinstitucional, ha ocultado la verdad y ha intentado atribuir injustificadamente al Parlamento alguna de sus responsabilidades. 
Esta vulneración del concierto institucional europeo es inadmisible y censurable. 
Sólo una nueva Comisión puede estar legitimada para poner en marcha las recomendaciones de la Comisión de investigación. 
El reforzamiento de la construcción europea, el cumplimiento de las funciones atribuidas al Parlamento y el compromiso de los diputados con la sociedad obligan a la exigencia de responsabilidades a la Comisión. 
Las repercusiones de la EEB en la salud humana no han hecho más que comenzar y el Parlamento debería quedar exento de responsabilidades. 
Por todo ello, Izquierda Unitaria Europea ha presentado y votado afirmativamente la moción de censura a la Comisión. 
Apoyo la resolución aprobada ayer por el Parlamento (19 de febrero de 1997). 
Lo hago porque considero importante que la Comisión lleve a la práctica los requisitos concretos que establece la resolución en el sentido de que se lleven a cabo unas mejoras para impedir que se produzcan nuevas crisis en la salud de los ciudadanos. 
Esto es necesario para reforzar los trabajos en torno a la salud, y con ello la confianza hacia los representantes democráticamente elegidos del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, la resolución es insuficiente en mi opinión. Esta es la causa de mi posición en el sentido de votar afirmativamente sobre la moción de censura contra la Comisión, aunque soy consciente de que debería ir dirigida en primer lugar contra el Gobierno británico y la antigua Comisión. 
No obstante, también la actual Comisión detenta una parte de la responsabilidad, y el informe del comité de investigación demuestra la existencia de unas carencias tan graves en materia de apertura y de información que hacen que considere justificada la censura. 
En el caso de las «vacas locas» , la Comisión cometió varios pecados, no veniales, de falta de control, información y transparencia, sancionables con una moción de censura, incluso como condición de restauración de la confianza de los consumidores y ciudadanos en las instituciones europeas. 
La Comisión de Investigación del Parlamento Europeo denunció competentemente tales faltas y demostró la eficacia del Parlamento como órgano de control. 
Pero resulta que en la constelación de responsabilidades por la situación la Comisión actual es tan sólo la última, después del Consejo, de los Comités Veterinarios, del Gobierno inglés y de la Comisión anterior. 
Por lo demás, no existen competencias comunitarias en materia de salud pública suficientes para fundar un cometido autónomo de la Comisión. 
Desde luego, es urgente crearlas en la actual CIG. 
Los Tratados no disponen tampoco la responsabilidad individual de los Comisarios. 
Ahora bien, en este caso podría ser desproporcionado invocar una responsabilidad colegial de la Comisión, en cuanto tal. 
El éxito de una moción de censura significaría una toma de poder por el Parlamento, en un marco institucional aún dominado por los Estados y para la cual no está preparada la Unión. 
Al no ser designada la Comisión por el Parlamento Europeo, sería incluso difícil evitar que la futura Comisión no reprodujera la actual. 
La crisis provocada podría, además, desenfocar las medidas encaminadas a la consecución de la moneda única que movilizan a las instituciones y a los Estados, después de la cual es más verosímil la plena democratización de la Unión. 
Es más útil dar un plazo a la Comisión actual para que haga las reformas necesarias en el sector de la producción animal y que ofrezca las garantías indispensables para el restablecimiento de la confianza. 
Si no fuera así, se avanzará hacia una moción de censura, entonces con mayor probabilidad de conseguir la muy amplia mayoría necesaria para ello. 
Desde ahora mismo hay que tomar nota con satisfacción de la «revolución verde» y del «etiquetado obligatorio» anunciados por el Presidente Santer. 
Estoy en contra de que se formule una moción de censura contra la Comisión en estos momentos porque estimo que sería absurdo hacer responsable a la actual Comisión por los fallos de sus predecesores. 
De todos modos, tampoco creo que la anterior Comisión haya cometido una falta grave, aunque no se diera cuenta del peligro potencial y no adoptara las medidas necesarias. 
El Consejo de Ministros es igualmente responsable de esos fallos. 
Los gobiernos nacionales son responsables también de la seguridad alimentaria y tampoco avisaron a los consumidores de los riesgos que podrían correr. 
Por lo tanto, ¿por qué vamos a hacer de la actual Comisión nuestro chivo expiatorio, sumiendo así a la Unión en una crisis política? 
De esta manera no resolveríamos nada y lo único que conseguiríamos sería obstaculizar la labor que tenemos que llevar a cabo con urgencia. 
Lo que tenemos que hacer ahora es reconocer las deficiencias de nuestro sistema administrativo que ha sido la causa de nuestros fallos y adoptar las medidas que sean necesarias. 
Asimismo, tenemos que basar todas las decisiones que adoptemos en el futuro en los mejores conocimientos científicos de que dispongamos. 
Gracias a las investigaciones en curso, los conocimientos con que contamos en la actualidad son mucho más amplios que los que teníamos hace ocho años. 
Tenemos la suerte de estar mejor informados que nuestros predecesores. 
Sé que el problema de la EEB es gravísimo y que se calcula que una quincena de personas han fallecido de una enfermedad afín: la Creutzfeldt-Jakob. 
Sin embargo, la EEB ha afectado a un número pequeñísimo de personas en comparación con los millares de personas que fallecen cada año en la Unión Europea únicamente debido a que la industria de elaboración de alimentos no observa las debidas normas de higiene. 
Recientemente 15 personas fallecieron en un Estado miembro por intoxicación alimentaria como resultado de haber comido alimentos contaminados provenientes de un pequeño establecimiento de venta al por mayor. 
Centenares de millares de personas fallecen en la Unión Europea cada año como resultado del consumo de tabaco y alcohol, a pesar de lo cual subvencionamos la producción de esos productos aunque tenemos pruebas científicas indiscutibles de que representan una amenaza para la salud humana. 
Algunas de las declaraciones destempladas hechas en este Parlamento y en otros lugares dan la impresión de que los productos vacunos representan un riesgo considerable para la salud. 
Lo cierto es que el riesgo que presenta para la salud el consumo de carne de ganado vacuno es muy insignificante, sea cual fuere el lugar de la UE de que provenga dicha carne. 
Votaré a favor de la moción de censura a la Comisión por una razón muy sencilla. 
Aprobamos el informe de la Comisión de investigación sobre la responsabilidad que incumbe a los órganos de la Unión Europea y al Gobierno británico en la lucha contra la enfermedad de la EEB. 
Este informe es clarísimo y sus conclusiones son resolutorias e incuestionables; de hecho, nadie las ha puesto en duda. 
La pregunta que todos los diputados de esta Asamblea se han planteado y seguirán planteándose es, por lo tanto: ¿cómo es posible que no se presente una moción de censura? 
Se trataría, obviamente, de una moción dirigida sólo a la Comisión, y en su conjunto. 
Nuestro régimen institucional no permite la moción contra un comisario individual y mucho menos contra el Consejo de Ministros o algún gobierno en concreto. 
Es un deber fundamental para nosotros, como representantes de los ciudadanos de la Unión Europea comprometidos a proteger los derechos, la salud pública y la seguridad de estos ciudadanos en la vida cotidiana, el que reaccionemos imputando responsabilidades e imponiendo sanciones en la medida de lo posible. 
No podemos decir que en este asunto los intereses económicos y políticos han prevalecido sobre la salud pública sin que ningún órgano institucional reaccione debidamente. 
Entonces sí tendríamos una crisis institucional, y no en el caso de que el Parlamento Europeo aprobase la propuesta de moción. 
Como europeísta incondicional, considero que Europa necesita unas instituciones fuertes, que demuestren lo que valen en momentos difíciles, y no sólo en la actividad del día a día. 
Con mis compañeros del Grupo Europa de las Naciones, he votado a favor de la moción de censura. 
¿Por qué? 
Porque no podemos limitarnos a sacar a la luz las responsabilidades y el laxismo desastrosos de la Comisión: hay que sancionarla. 
Es lo que esperan las familias de las víctimas, los implicados en el tema de la carne afectada y todos los que nos han elegido para que controlemos con vigilancia la acción de la Comisión. 
He votado a favor de la moción de censura porque no admito el principio de «responsable pero no culpable». 
Pero, algunos dicen: la culpable es la Comisión del Sr. Delors y ustedes sancionan a la Comisión del Sr. Santer. 
Es olvidar el principio de continuidad propio de toda administración. 
Y es olvidar que, si la Comisión del Sr. Delors carga, en efecto, con responsabilidades pesadas, la Comisión del Sr. Santer las ha disimulado, al tiempo que proseguía exactamente la misma política irresponsable a propósito de la gelatina o de los productos transgénicos: la misma desenvoltura frente a datos científicos, la misma permeabilidad estructural de la Comisión a la presión de los lobbies, la misma indiferencia ante la salud pública. 
La misma opacidad, la misma obstrucción: la comisión de encuesta del Parlamento ha topado con las peores dificultades para lograr, sobre todo del Comisario encargado de la Agricultura, el Sr. Fischler, los datos básicos que necesitaba. 
Por consiguiente, más allá incluso de las responsabilidades humanas, es el mecanismo institucional el que está en tela de juicio y hay que modificarlo de arriba abajo si queremos recuperar la confianza. 
He votado a favor de la moción de censura para que las lecciones de esta importante crisis de las vacas locas no se pierdan y produzcan todos sus efectos en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
El asunto de la EEB ha revelado que, cuando la Administración designada sustituye a los responsables políticos elegidos, cuando la Comisión ejerce las responsabilidades políticas supremas en un ámbito, no protege eficazmente los intereses fundamentales de las poblaciones europeas y se comporta como el vector de intereses particulares. 
Por lo tanto, no podemos remitirnos a un organismo que funciona de esa manera y delegarle el ejercicio de partes enteras de nuestra soberanía. 
He votado a favor de la moción de censura porque si, en un expediente tan límpido, el Parlamento Europeo no asume sus responsabilidades frente la Comisión y renuncia a controlar sus actividades, ya no tiene razón de ser. 
Si la función del Parlamento Europeo, para el Partido Socialista Europeo, se convierte en proteger al Sr. Delors y para el Partido Popular Europeo, en proteger al Sr. Santer, para otro partido, proteger a tal Comisario, y si, en cualquier caso, no es proteger la salud pública de las poblaciones europeas, entonces, es que estamos en un sistema de connivencia y no de control democrático, en un sistema oligárquico e ideológico en el que la Comisión es «tabú» y está protegida contra la censura, haga lo que haga. 
En un sistema así, cualquier deriva es posible. 
He votado a favor de la moción de censura porque la lección que propone el Sr. Santer extraigamos de la crisis es un nuevo abuso de autoridad institucional: la generalización de la codecisión, incluida en la Política Agrícola Común. 
Esta huida hacia adelante es escandalosa e inadmisible. 
Ya es hora de proceder a un frenazo decisivo- y corresponde a la CIG el hacerlo- a este mecanismo perverso que, por debilidad, el Consejo deja desarrollarse, este mecanismo en virtud del cual cada crisis, cada carencia de los órganos supranacionales sirve de pretexto a nuevas pretensiones en materia de poderes y de medios. 
¿No ha hecho la Comisión lo que debía? 
Por lo tanto, hay que darle más atribuciones y funcionarios... 
Ya es hora de que el Consejo se reponga y ejerza plenamente sus responsabilidades políticas y que ningún órgano administrativo pueda tomar las decisiones en su lugar. 
Es asimismo preciso que el principio de subsidiariedad vuelva al lugar que le corresponde. 
Cada Gobierno debe poder proteger por sí mismo a las poblaciones que le han elegido promulgando niveles de protección superiores a los que fija la Unión Europea y estableciendo sus propios dispositivos de control en ámbitos tan importantes como la seguridad sanitaria. 
Sólo así las instituciones europeas podrán recobrar la credibilidad, tras haberse visto fuertemente sacudidas por las abrumadoras revelaciones de la Comisión de investigación del Parlamento Europeo. 
El hecho de que la moción de censura haya sido presentada por un número importante de diputados llegados de todos los horizontes políticos y pertenecientes a todas las nacionalidades muestra que se está produciendo una concienciación en favor de una reforma radical de las instituciones europeas. 
Para salvar a Europa, es preciso poner fin urgentemente a las derivas de la máquina comunitaria, a la proliferación de la irresponsabilidad. 
Hay que colocar a la Comisión en su sitio y el Consejo debe ejercer plenamente sus responsabilidades políticas: corresponde ahora a la CIG traducir concretamente estas lecciones esenciales de la crisis de las vacas locas. 
La Unión Europea constituye el núcleo duro de la democracia en el mundo, lo que nos impone deberes especialmente en materia de ejemplaridad. 
Nada puede reducir estos deberes, ni la estima que tenemos generalmente a los miembros de la Comisión actual, ni la preocupación que al parecer existe por no entorpecer las demandas de tal o cual Estado actualmente sometido a examen en Bruselas. 
La cuestión que se nos plantea afecta a la manera en la que debe ejercerse el control democrático en el seno de la Unión. 
En la actualidad, las opiniones públicas son escépticas o reservadas ante las perspectivas de continuación de la construcción europea. 
Nuestros conciudadanos estiman demasiado a menudo que están alejados de las decisiones que se toman en su nombre y por ellos, según se les dice. 
Ven muy bien el doble poder de propuesta y de ejecución de la Comisión. 
Pero disciernen mal cómo se ejerce el control de ésta. 
Sufren, desconcertados, el desencadenamiento de las informaciones sobre los desfallecimientos estatales constatados y las maniobras a las cuales se han librado algunos- Gobierno británico y funcionarios europeos- para ocultar la verdad o retrasar su descubrimiento y proteger así los intereses nacionales o privados en un ámbito tan vital- la palabra resulta aquí adecuada- como la salud humana. 
Las disfunciones se extienden a lo largo de varios años y no podemos satisfacernos con compromisos y promesas de una conducta mejor. 
Es preciso enviar una señal fuerte a todos los que están desengañados y tentados de renunciar a la inmensa esperanza que se suscitó en el continente al día siguiente de la horrorosa guerra mundial. 
Al votar a favor de la moción de censura, hacemos un acto de confianza en las instituciones europeas y expresamos nuestra plena consciencia del papel del Parlamento en materia de protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. 
Me he abstenido en la votación de la moción de censura a la Comisión a propósito de los resultados de la Comisión de Investigación sobre la BBE, porque 
votar «a favor» era cometer una injusticia a medias que significaba hacer de esta Comisión el chivo expiatorio de un mal funcionamiento de la Comisión que viene de atrás y tiene otros responsables, además de ella, en particular en el Consejo; -votar «en contra» era avalar una Comisión que, al seguir dando señales de una falta de liderazgo notorio y una consiguiente desorientación estratégica global (lo que ya era previsible en el momento de su investidura) , pero sobre todo de un entendimiento demasiado político de asuntos de interés general del ciudadano- como es el de la salud pública -, merece realmente ser censurada y, de no enmendarse, castigada.La verdad es que hay claramente una «falta de Europa» en la esfera de la salud pública, como la hay, por lo demás, de forma general, en las esferas del tercer pilar que más directamente atañen al ciudadano. 
La Comisión, aunque con honrosas excepciones individuales, ha tenido indudable responsabilidad en dejar cristalizarse una situación que va camino de volverse explosiva y quizá incontrolable. 
Ahora bien, si se votara positivamente, la moción de censura constituiría una «tarjeta roja». 
En la coyuntura actual previa a la CIG, me parece preferible la «tarjeta amarilla» representada por la resolución conjunta, ayer aprobada, con la que concuerdo. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Sauquillo Pérez del Arco y Pons Grau, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el asesinato de cooperantes en Ruanda; -B4-0092/97 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en el Este del Zaire; -B4-0101/97 del Sr. Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en el este del Zaire-B4-0114/97 del Sr. Fernández Martín y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en la Región de los Grandes Lagos; -B4-0116/97 del los Sres. Carnero González y Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en la Región de los Grandes Lagos, en particular en el Este del Zaire; -B4-0129/97 de los Sres. 
Señora Presidenta, no es la primera vez que evocamos la terrible situación que reina en la región del Zaire, de Rwanda y de Burundi. 
Una vez más, es la violencia la que prevalece en esta región, haciendo sufrir una suerte dramática a miles de civiles, de refugiados y de personas desplazadas. 
Frente a esto, al igual que el Sr. Bertens- aun cuando no hayamos firmado la misma resolución- deseo expresar toda la preocupación del Grupo Socialista que, asimismo, lamenta ver que ni la Unión Europea ni las grandes potencias como los Estados Unidos, han tomado el problema con todo su interés, lanzando iniciativas diplomáticas apoyadas y desplegando una fuerza multinacional encargada, no de traer la guerra sino de proteger a los civiles e intentar sostener los esfuerzos de paz. 
Hoy, la situación se agrava, pero vemos también quiénes son los responsables: en efecto, están los gobiernos, pero también están los europeos que se introducen en esta región y aportan a ella sus «conocimientos» y sus «técnicas» : debo decir que no me siento muy orgullosa de ver que hay mercenarios en esta región. 
¿Qué proponemos? 
Por supuesto, hacer todo lo posible para lograr un alto el fuego en el marco de una conferencia regional por la paz, la seguridad y la estabilidad en esta región, que tenga lugar bajo la égida de la ONU y de la OUA. 
Pero si para llegar a celebrar una conferencia así, hay que llegar a utilizar otros medios que no sean las simples gestiones diplomáticas, creo que es una necesidad que hay que poder asumir. 
Pedimos al Consejo que apruebe una acción común que le dé los medios para actuar de otra manera en lugar de hacerlo mediante resoluciones. 
Pedimos, no sólo a los ministros de la Unión Europea sino a las Naciones Unidas, que apoyen la iniciativa de la Sra. Bonino para tener explicaciones completas y ver cómo resolver esta crisis de los refugiados en el Este del Zaire. 
Hemos visto en la televisión la emoción y también la rabia de la Sra. Bonino al ver a los niños, a las mujeres y a los ancianos sufrir en esta situación. 
Es preciso que haya pasillos humanitarios para dirigir la ayuda, suponiendo que, desde el punto de vista político, por ahora, no lleguemos a ningún resultado. 
Por último, pensamos que la situación en la región no podrá solucionarse si no se abordan todos los problemas en el transcurso de dicha conferencia: el problema de la inviolabilidad de las fronteras así como el de la democracia y del respeto a los derechos humanos. 
Muchos han creído que el Presidente Mobutu, el dictador Mobutu, podría actuar en favor de la estabilidad en la región. 
Vemos que no hay nada de eso. 
El caso es también responsabilidad suya, y esperamos asimismo que se hará todo lo posible para abrir una vía democrática en ese país, única forma de llevar la pacificación. 
Y, por último, es preciso que se haga justicia a Rwanda, a todos. 
Creo que es preciso hacer muchos esfuerzos para llegar a reconcialiarse, pero cuando se sabe que se está en un Estado de derecho, que puede uno volver a casa con toda tranquilidad, las condiciones para llegar a una reconcialiación así son tal vez mejores de lo que lo son en la actualidad. 
He aquí el mensaje que deseábamos dar a la Comisión que está presente, y al Consejo que está ausente. 
Apelamos enérgicamente a que se tomen medidas muy fuertes. 
Señora Presidenta, el corazón de Africa se ve estremecido por la violencia. 
Violencia que exige cada vez mayor número de víctimas, que modifica las fronteras nacionales y amenaza a los Estados implicados con la fragmentación. 
Uno de estos países es el Zaire, meollo del continente africano. 
Los viejos nexos coloniales con Europa han dejado de constituir una garantía. Todo lo contrario, son precisamente los suministros de armas procedentes de Europa los que han favorecido el hecho de que la población se vea despojada del poder creando con ello el caos en estos países. 
Finalmente, existe un sensato dirigente africano que opina que la fragmentación de estos países de Africa va a arrastrar el resto del continente en una implacable espiral descendente. 
Señora Presidenta, que la Unión brinde todo el apoyo posible de este consenso al que hace llamamiento este entendido dirigente africano, que ponga fin a los suministros de armas, que retire los mercenarios, porque tal parece como si el desempleo se hubiese convertido en un fenómeno de mercenarios en Africa, ya que no se trata tan sólo de Zaire, también de Angola, del Chad, de todos los países. 
Que regresen los mercenarios, que se instauren corredores garantizados militarmente para la prestación de ayuda humanitaria y que se haga un llamamiento a las Naciones Unidas, a su nuevo Secretario, Kofi Annan, a que se brinde protección a los refugiados, ya que cómo explicar de otro modo la presencia de esta organización en el lugar. 
Señora Presidenta, como autor del proyecto de resolución presentado sobre esta crisis de los Grandes Lagos por el Grupo de Coalición Radical Europea, desearía explicar por qué no he considerado deber invitar a mi grupo a suscribir el compromiso celebrado entre los demás grupos. 
Tenía dos motivos. 
El primero, es que considero que no se ha evaluado suficientemente la urgencia de una ayuda humanitaria con destino a los rwandeses refugiados en el Zaire y a civiles zaireños desplazados, así como la urgencia de la ayuda que es necesario prestar a las autoridades de Rwanda para acoger a un millón de refugiados que ya están de vuelta en su país, y de los que van a volver a él. 
Es muy urgente. 
Con respecto a nuestro procedimiento de urgencia, tampoco veía el interés de subrayar nuestra adhesión a la integridad territorial del Zaire. 
Sin duda, se trata de una cuestión importante, pero no creo que merezca una resolución de urgencia, y temo que esta gestión se interprete por parte de los protagonistas de la crisis como un posicionamiento en favor del régimen de Kinshasa, posicionamiento que no me parece pertinente. 
Es la razón por la cual, llegado el momento, me opondré asimismo a la enmienda que nos proponen nuestros amigos del Grupo Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas en cuanto a una fuerza de intervención militar porque temo que, habida cuenta de la situación que reina actualmente en el este del Zaire, cualquier forma de intervención militar- incluso para socorrer al transporte de la ayuda humanitaria- parezca un posicionamiento territorial en un conflicto que concierne en primer lugar a los zaireños. 
Por lo tanto, espero que la resolución del Consejo de Seguridad permita, sobre todo, con su propuesta de conferencia regional, encontrar una solución pacífica duradera en beneficio de toda la región de los Grandes Lagos. 
Señora Presidenta, Señorías, muy pocas veces, o tal vez nunca, ha tenido lugar un debate en este Parlamento Europeo ante tales circunstancias como las de hoy. 
Al volver de Zaire la Sra. Bonino afirmó que regresaba del infierno y que la situación en el Este del país constituía un «escándalo intolerable». Y no hablemos de las ejecuciones sin fin en Burundi. 
Conforme a las últimas informaciones recibidas a lo que tratan de escapar los refugiados en Zaire no es tanto a la guerra, sino a una matanza masiva, en la cual se hallan amenazados tanto la población nativa como los refugiados, en primer lugar niños y mujeres. 
El reciente pasado de Africa Central no fue nada brillante, pero lo que está sucediendo en la actualidad no es menos trágico. 
La incomprensible postura asumida por las Naciones Unidas viene a aumentar además el carácter vergonzoso de los acontecimientos. 
Permítaseme recordarles que en diciembre pasado se decidió la creación de una fuerza de intervención internacional que hubo de ser disuelta una semana más tarde, con el pretexto de que los refugiados de Ruanda habían regresado a sus hogares, cuando hoy en día es evidente que en realidad aún cientos de miles de refugiados permanecen en los bosques de Zaire. 
La Sra. Bonino declara haber encontrado personas que oficialmente ya no existían. 
¿Y qué decir por ejemplo del campo en el cual se hallan más de 5 000 niños sin sus padres? 
Están muriendo como moscas, ¿y quién se preocupa de ello? 
No puede negarse que la credibilidad de las Naciones Unidas se halla en entredicho. 
¿Por qué motivo no fue dada a conocer la información que se asegura poseía Estados Unidos? 
En los combates entre los denominados rebeldes y lo que queda del ejército de Mobutu se están utilizando armamentos masivos modernos. 
¿De dónde provienen esas armas? 
¿Por qué no actuar cuando circulan esos rumores? 
¿Por qué permitir que se dé pábulo a esos rumores de que las potencias occidentales se hallan involucradas, de una manera o de otra, en la invasión de Zaire? 
¿Cómo es posible que en la actualidad leamos textos en los que se afirma que el botín por conquistar en Zaire es «enorme». 
Y cito textualmente: » las riquezas a compartir en Zaire son enormes» ; así consta en ese documento. 
¿Y cómo comprender además la actitud de la Sra. Ogata? 
¿No oímos acaso afirmar al jefe de la insurrección, Kabila, que debería convocarse una nueva conferencia de Berlín? 
¿No saben acaso aquéllos que respaldar una postura tan estrecha de vistas como ésta de abordar de esa manera la cuestión africana está proporcionando al nacionalismo mundial sólidos argumentos para exigir modificaciones de fronteras o la creación de Estados en función de criterios étnicos? 
Desde un principio este Parlamento opinó por unanimidad que era necesario cesar todas las operaciones militares en Kivu. 
Es evidente que los refugiados deben poder regresar a sus hogares si así lo desean o encontrar un refugio en otra parte, aunque sin que se ejerza presión alguna sobre ellos. 
Y un tribunal, digno de ese nombre, debe tener la facultad de cumplir su cometido. 
Las Naciones Unidas deben darse cuenta que la ambigua política seguida el pasado mes de diciembre perjudica en sumo grado su autoridad. 
En caso de que se imponga un término a las hostilidades, será necesario poder convocar la conferencia internacional sobre los países de la región de los Grandes Lagos. 
¿O es que se pretende aquí también encubrir la verdad? 
Una política europea para Africa carecerá de sentido si no logramos la celebración de esta conferencia. 
Que este Parlamento eleve finalmente su voz a fin de que todo el mundo pueda escuchar su llamamiento. 
Este Parlamento condena el imperialismo, también en el continente africano. Esta institución afirma el defender la paz, el desarrollo, la tolerancia y los derechos humanos. 
Falta por ver aún si estas declaraciones van en serio o no. 
Señora Presidenta, actualmente, existe un evidente desinterés político y humanitario con respecto a lo que está sucediendo en la región de los Grandes Lagos. 
Cientos de miles de refugiados y de personas desplazadas se encuentran hoy a merced de las estrategias geopolíticas que se deciden en Washington y París y bloquean cualquier intervención de envergadura en esa región. 
Estados Unidos está apoyando regímenes militares tutsis que se mantienen y se desarrollan gracias a los equilibrios originados por sus ejércitos monoétnicos y por los intercambios comerciales que controlan estos últimos. 
Europa y Francia, por el contrario, están jugando la carta del dictador Mobutu que, en realidad, es la causa de los muchos desastres de esa región. 
En medio de todo esto, se hallan millones de africanos inocentes y hambrientos que pagan el precio insoportable de nuestras incoherentes políticas exteriores. 
Parece como si Estados Unidos prefiera fomentar el caos y utilizar los poderes fuertes de la región para imponer su política, en lugar de apoyar, como debería hacerse, una fuerza multinacional de mediación que habría permitido a la región de los Grandes Lagos encaminarse hacia la futura legitimación democrática de esos regímenes, la Conferencia Internacional para una solución regional, la reconstrucción económica y la reforma institucional en Ruanda, Burundi y Zaire. 
Todo esto, sin embargo, sucede gracias también a las intolerables divisiones entre los Estados miembros de la Unión Europea que se está jugando parte de su credibilidad precisamente en esa crisis. 
Me refiero al Consejo del pasado 20 de enero, un Consejo lacónico y baldío que demuestra la incapacidad y la falta de voluntad europea de intervenir realmente en esa región. 
Una elección que nos indigna y contra la que nos oponemos, un agujero negro en la tradición de solidaridad europea que nos hace asistir cada semana, irremediablemente, a la muerte de miles de personas. 
La resolución que hoy vamos a votar y que mi Grupo apoya, lanza un grito de alarma y sugiere una serie de medidas que confiamos en que sean aprobadas por nuestro Parlamento. 
Señora Presidenta, la prosecución de la guerra civil en el Este del Zaire va a arrojar a la población a una miseria aún más terrible. 
Siempre es la población civil la que sufre, las mujeres, los niños, los ancianos y los jóvenes. 
Las últimas noticias no solamente dicen que el Gobierno del Zaire ha reclutado mercenarios sino que se están violando masivamente mujeres y niñas. 
Debemos contribuir a encontrar una solución política. 
Tenemos que apoyar las iniciativas de la ONU. 
La última iniciativa de Nelson mandela es razonable; dice que existe una solución en la misma Africa que nosotros debemos apoyar técnica y financieramente. 
Es necesario un plan de acción de ayuda humanitaria para el Africa austral. Hay que retirar a los grupos de mercenarios. 
La primera aportación que podemos hacer es ver la situación en nuestros propios países. 
Aquí al lado está la legión extranjera. 
Se trata de un grupo de mercenarios que se envía allí. 
Debemos lograr que ya no exista y apoyar el Tribunal por los crímenes de guerra en Ruanda para que tenga un efecto disuasorio. 
Tampoco debemos renunciar a nuestra política de desarrollo. 
Si aquí tenemos recortes presupuestarios, falta el dinero para el desarrollo civil. 
Finalmente, hay que acabar inmediatamente, por ejemplo, con el envío de armas de Alemania y con el equipamiento policial para un dictador como Mobutu que, tal como dicen los rumores, es subvencionado por fundaciones políticas alemanas. 
Esto sería una importante aportación a la paz. 
El Sr. Telkämper ha dicho que son rumores. 
Deberíamos tener cuidado con la divulgación de rumores aquí en el Pleno. 
Si en un país, en el que los acontecimientos son dramáticos, se intenta realizar una aportación para la formación de las fuerzas de seguridad para que se conviertan en fuerzas de policía civiles, sin que el armamento esté en manos de las fundaciones, creo que esto es también una aportación a las exigencias que planteamos aquí. 
Pero me voy a referir al tema en si de la resolución: la enumeración de catástrofes es ya casi algo usual en esta parte del período parcial de sesiones. 
Continuamente comprobamos que las medidas que se adoptan no tienen efectos. 
Por ello, considero muy necesario que adoptemos otras nuevas. 
Si la cuestión de los grandes campos de refugiados no se puede solucionar, si no es posible lograr lo que ha exigido la Sra. Ogata, es decir, el desarme de las milicias en los campos, entonces se plantea la pregunta de si no tenemos que esforzarnos en descentralizar dichos campos de refugiados para que no sea posible que entre los 200.000 refugiados se escondan tantos soldados y bandidos que practiquen allí su provechoso tráfico de armas. 
Continuamente escuchamos- también en el documento de la actual Presidencia- las palabras «preocupados» ,» exige» ,» condena». 
Con ello no hemos solucionado hasta ahora ningún problema. 
Europa tiene que decidirse por fin a garantizar los derechos humanitarios mediante el envío de tropas, mediante una intervención militar. 
Cuando debatamos después el informe del Sr. Fassa, la Comisión de Desarrollo va a plantear la misma exigencia. Espero que empleemos esta vía, que impongamos el derecho y no solamente lo reclamemos. 
Señora Presidenta, yo creo que la opinión pública europea ha reaccionado con indignación ante dos catástrofes: la que ha tenido lugar en los Grandes Lagos y- otra catástrofe política- la de la propia Unión Europea, incapaz de intervenir para poner fin al destrozo en vidas humanas que está ocurriendo en los Grandes Lagos. 
Incluso hay países como España que han pagado con la vida de tres cooperantes la presencia de la sociedad civil y la ausencia política de la Unión Europea en aquella región de África. 
Hay indignación por lo que está pasando y por la ausencia de intervención, pero también hay indignación porque se conocen las causas, los enfrentamientos de estrategias espúreas e incluso la continuación de hecho del apoyo a dictaduras como la de Mobutu Sese Seko. 
Esperemos que la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recientemente adoptada actúe en pro de la solución política de esta situación y que se pueda convocar finalmente la conferencia que se recoge en nuestra resolución, para la que sería necesario, además, una acción común de la Unión Europea como el mismo texto demanda. 
Señora Presidenta, la Comisión comparte la emoción, -o el horror debería decir- manifestada por su Asamblea acerca de la situación de los Grandes Lagos. 
Comprende la voluntad del Parlamento Europeo de sensibilizar a la comunidad internacional a este respecto. 
Y en esto, ustedes obran como es debido. 
En efecto, la escalada de la violencia podría agravar aún los problemas políticos y extender en esta región la amplitud de la crisis humana. 
En nombre de la Unión Europea, la presidencia del Consejo acaba de hacer una declaración sobre el Zaire, que invita a las partes en conflicto a negociar sin demora un alto el fuego y a facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias para llevar ayuda a las poblaciones afligidas. 
Considerando la gravedad de la situación humana en el Zaire, la Sra. Bonino efectuó una misión, del 30 de enero al 2 de febrero, destinada a facilitar el acceso de la ayuda humanitaria en el este del país. 
Si he comprendido bien lo que manifestaban sus intervenciones hace un momento, ésa era una de sus preocupaciones principales. 
Les recuerdo asimismo que el viaje de la Sra. Bonino ha sido la oportunidad para lanzar un llamamiento que, a pesar de todo, ha despertado las conciencias a escala internacional. 
Considerando la obra de la ayuda humanitaria, la Sra. Bonino ha señalado muy bien hasta qué punto el establecimiento de dicha ayuda estaba frenado actualmente por los problemas de seguridad y las dificultades administrativas con que se ha topado. 
Es la razón por la cual mi compañera, Emma Bonino, insistió ante el gobierno para que se respeten los convenios internacionales en materia de derecho humanitario. 
La protección de las organizaciones humanitarias en los países en los que operan, es una cuestión a la que la Comisión presta la mayor atención. 
Les recuerdo los recientes asesinatos que han tenido lugar y que han matado a representantes de estas organizaciones humanitarias, en particular, en Rwanda. 
Dichos asesinatos han tenido un impacto muy fuerte y comprensible en el seno del personal de las agencias humanitarias, muchas de las cuales han reducido su programa o piensan incluso en retirarse. 
Si el problema inmediato reside hoy en la resolución de una situación que se degrada hoy en el Zaire y en Burundi, y a este respecto, con razón, han subrayado ustedes sus preocupaciones mencionando el problema de tráfico de armas o los problemas ligados a la imposibilidad de establecer pasillos humanitarios, de momento, la urgencia de llegar a una solución global debe seguir siendo el objetivo final de los esfuerzos de la Unión Europea. 
Corresponde a la comunidad internacional conducir a las partes en conflicto a negociar y encontrar soluciones para resolver esta crisis. 
El objeto de la ayuda humanitaria no es aportar una solución al conflicto. 
Desgraciadamente, si está ahí, es porque no hay solución a dichos conflictos. 
Es la razón por la cual la Comisión se felicita por la muy reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 18 de febrero pasado, que subrayó la urgencia de proteger a los refugiados y a las personas desplazadas y de facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a las víctimas. 
Puedo asegurarles que la Comisión no escatimará esfuerzos para que dicha resolución surta efecto. 
Señora Presidenta, me remito al artículo 108 del Reglamento. 
Como la Sra. Günther ha reaccionado ante mi intervención, quiero subrayar de nuevo que la formación de la policía o el apoyo con armas a la policía del dictador Mobutu no lo he puesto en relación con la Fundación Hans-Seidel. 
Señor Telkämper, esto ha sido una declaración pero no una intervención por una cuestión de orden. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Señora Presidenta, señor Comisario, la situación en Albania es extremadamente explosiva. 
Los sueños, sueños de lucro, de una gran parte de la población albanesa han sido aniquilados y la dura realidad de hoy en día sume a los albaneses en la mayor amargura. 
Por supuesto que no es deber de la Unión brindar respaldo financiero a la población albanesa por uno u otro fracaso en sus envites. 
Lo que sí debemos hacer es llamar la atención del gobierno de Albania sobre la manera en que ha actuado. 
La represión, la violencia y las detenciones de miembros de la oposición, el amordazamiento de la prensa no son ninguna solución para poner fin a los desórdenes. Semejantes métodos lo único que dan por resultado es hostigar a la oposición. 
La Comisión y el Consejo deberían insistir ante el gobierno de Berisha a que deje de aplicar la represión y que proceda a un gesto razonable, justo y responsable en dirección de la sufrida ciudadanía. 
El gobierno deberá tratar de hallar a través del diálogo con la oposición la posibilidad de una solución a la actual crisis política y económica. 
Para hacer salir al país del marasmo en que se encuentra será necesario un aumento de la democratización y de la liberalización. 
Es deber de la Unión estar dispuesta a prestar su ayuda con tales fines. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, a pesar de estar profundamente preocupada por la situación que se ha creado en Albania, todavía lo estoy más por las consecuencias que pueden derivarse y por la reacción ante la respuesta de la Unión Europea a estos momentos de gran dificultad que podrían acarrear graves consecuencias para el futuro desarrollo económico de dicho país. 
No quisiera que algunos se aprovecharan de ello para empeorar la ya difícil y delicada situación que atraviesa este país. 
Como Unión Europa tenemos la obligación moral y civil de facilitar a Albania toda la ayuda posible, a fin de evitar la completa desestabilización en el país y la región. 
Es preciso seguir deparando esa atención y esa corrección que demostramos en el pasado, y me refiero al envío de observadores durante las pasadas elecciones de 1996 que nos permitieron conocer la realidad y la regularidad de las elecciones que se celebraron entonces. 
En el marco de sus programas, la Comisión debería facilitar asistencia técnica a la reforma de los sectores financiero y bancario, habida cuenta de que, a raíz del derrumbamiento de los planes de inversión piramidales, Albania está afrontando una profunda crisis financiera y económica. 
No cabe duda de que esto ha creado un dramático problema personal para la mayor parte de la población albanesa. 
Por último, es necesario apoyar las llamadas al orden del Presidente Berisha, deplorar y condenar la violencia de la represión que ha provocado cuatro muertos y cientos de heridos, así como instar a las autoridades albanesas para que lleven a cabo cuanto antes una investigación al objeto de identificar y condenar a los responsables de dichas malversaciones que han llevado a la quiebra a miles de pequeños ahorradores. 
Es preciso, finalmente, apoyar a los responsables políticos albaneses, pertenecientes tanto a la mayoría como a la oposición, para que intenten devolver la calma a la población que, de hecho, está atravesando una grave situación. 
Señora Presidenta, Albania cuenta tres millones de habitantes, a saber, el equivalente a una pequeña región de la Unión. 
Una vez más, vemos que nuestra Unión, la Comisión, y también los Estados miembros, y sobre todo algunos, como Italia, tenían muchos proyectos pero no han hecho gran cosa. 
Como de costumbre, hemos gastado mucho dinero, pero no hemos prestado mucha atención a algo esencial para las reglas del juego, a saber, el establecimiento de un determinado número de garantías, de sistemas que permitan que las derivas que se han producido no se vuelvan a producir. 
Conocemos las pirámides financieras. 
Las hemos visto ya en Rumanía. 
El Comisario Van den Broek nos ha dicho que la Comisión estaba al corriente desde hace muchos meses, y a pesar de la importancia de los medios financieros que hemos dedicado desde hace cinco o seis años a Albania, no hemos sido capaces- es increíble- de parar esto antes de que explote. 
¡Es completamente asombroso! 
Pienso que ya es verdaderamente hora de que la Unión Europea se dote de una política exterior digna de ese nombre, de lo contrario, seguiremos gastando dinero, nos costará muy caro, y ni tan siquiera tendremos el mínimo resultado, el mínimo desarrollo en esos países. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, felicito al Sr. Titley por su muy versada aportación y me alegro de que lo haya dicho así pues lo veo al igual que usted. 
Lamentablemente, nuestra resolución no es tan ponderada como lo que usted ha dicho y lo que yo voy a decir, pero así ocurre desgraciadamente con las resoluciones. 
Una gran cantidad de ciudadanos albaneses ha entregado sus ahorros a especuladores sin escrúpulos porque les prometían beneficios increíbles. 
Como en una fiebre del oro, las personas eran incapaces de dar credibilidad a las advertencias que se les hacían. La hipotética perspectiva de extraordinarios réditos obnubilaba demasiado sus sentidos. 
Eran un botín fácil porque no tenían ningún tipo de experiencia con tales abusos capitalistas. 
Hoy, tras el terrible despertar, no buscan la culpa en si mismos sino en el Gobierno. 
Puede ser que éste no haya advertido con tiempo suficiente, pero sin unas pruebas concluyentes y ante la euforia de los inversores, quizás era también muy difícil hacerlo. 
Cuando en septiembre de 1996 lo hizo a través de la televisión, no se le creyó. 
La desgracia de las personas y los problemas resultantes para el Estado de Albania son demasiado grandes como para denostar a alguien. 
Lamentablemente, la oposición manipula punitivamente los disturbios con objetivos partidistas. 
Hay que parar a los alborotadores que atacan edificios públicos y a la policía y, que en consecuencia, dañan el orden público. 
Es lamentable que no siempre y en todos los lugares se haya reaccionado con la necesaria proporción. 
Es terrible que se hayan producido muertos. 
Naturalmente, hay que pedir responsabilidades a los culpables. 
¿Quién de nuestros colegas ha seguido la ponderación y madurez democrática con que el Parlamento albanés ha mantenido el debate sobre el estado de excepción solicitado que fue rechazado al final? 
Todos estaban allí más o menos cegados, los políticos de la oposición no menos que algunos miembros del Gobierno. 
Ahora todos deben intentar arreglar la situación y no realizar acusaciones o plantear sospechas sin fundamento. 
El Gobierno va a proseguir la devolución iniciada de los pocos fondos salvados. 
La Comisión de investigación tiene que descubrir las causas y la Comisión de la UE debe ayudar a reformar el sector financiero y bancario y establecer unas estructuras sólidas y creíbles de economía de mercado. 
No confundamos causas y efectos ni nos dejemos instrumentalizar partidariamente. 
Nuestra atención debe dirigirse a la miseria de los ciudadanos y es necesaria una aclaración. 
Señora Presidenta, en un minuto lo único que puedo hacer es preguntar al Sr. Comisario dos cosas. 
Señor Comisario, no le pediré su opinión sobre la situación política, los derechos humanos y el Estado de derecho, sobre todas esas cuestiones que aún se encuentran en estado embrionario en Albania. 
¿Podría decirnos, según las estimaciones de la Comisión, cuál es la dimensión del daño causado por los llamados sistemas piramidales? 
He oído hablar de dos mil millones de dólares, cifra muy superior al PIB del propio país. 
Señor Comisario, el tamaño de la catástrofe muestra que no se trata de una desgracia, como han dicho aquí algunos diputados, ni de un paréntesis. 
Se trata de un sistema. 
Hay ocho bancos paraoficiales, cuatro de los cuales se han declarado en quiebra. 
Se espera que sigan funcionando los demás. 
Se crea así una nueva situación económica. 
La segunda pregunta es: ¿Con qué idea y qué perspectiva coopera la Comisión con Albania? 
¿Qué tipo de consejo da a los albaneses? 
¿En qué orientación les lleva? 
Y es que algunos confunden las cosas mezclando el capitalismo con el juego de azar y el fraude público. 
Señora Presidenta, yo también deseo expresar brevemente mi profunda preocupación tanto por el deterioro de la situación política que se ha creado en Albania a raíz del desplome de los planes de inversión piramidales como por la desproporcionada reacción del Gobierno y de la policía albaneses. 
Los incidentes ocurridos debían haberse evitado de un modo u otro y, ante todo, debía haberse intentado no ocasionar muertos. 
El Gobierno albanés asimismo se ha demostrado incapaz de hacer frente a la acusación de connivencia con las empresas que captaron los fondos de inversión. 
He de manifestar que Berisha y su Gobierno no pueden no estar enterados de lo que se venía realizando, esto es, una colosal estafa a expensas del pueblo albanés. 
Por ello, creo que, al reiterar el peligro de la presencia de redes de delincuencia internacionales, es conveniente reiterar asimismo que el Gobierno debe intervenir a fin de llevar a cabo una investigación completa y transparente y al mismo tiempo entablar un diálogo con todos los partidos de la oposición, porque sin un diálogo es imposible que exista esa situación de estabilidad política tan necesaria en este momento. 
La Unión Europea debe facilitar al Gobierno albanés toda la asistencia necesaria para reformar el actual sistema de ahorro y adoptar medidas legislativas adecuadas para afrontar la situación de emergencia. 
Señora Presidenta, cuando la situación en un pequeño país castigado, como Albania, es dramática, cuando este país se encuentra en medio de una región mayor en conflicto, cuando la catástrofe económica de innumerables pequeños ahorradores amenaza con desestabilizar la democracia recién instaurada, cuando hay graves sospechas de la actividad de mafias, creo que nuestra reacción debe ser inmediata y realista. 
No con buenos deseos ni con lamentaciones, ni tampoco con propuestas ideológicamente tendenciosas. 
Es de imperiosa necesidad ofrecer una ayuda técnica capaz de restaurar un sistema bancario corrupto. 
Pero esta ayuda debe acompañarse también de una ayuda financiera generosa. 
En una época en la que todos hablamos de la internacionalización de la economía, es trágico dejar que un pequeño país situado en un punto neurálgico de Europa se venga abajo económica y políticamente por causa de la falta de escrúpulos de los especuladores y la ineptitud de los gobernantes. 
Señora Presidenta, por supuesto, al igual que la Asamblea, la Comisión está muy preocupada por los graves problemas sociales que se han provocado actualmente en Albania por el desmoronamiento de estos sistemas piramidales de ahorro. 
El Sr. Papayannakis me ha preguntado cuál era la amplitud del fenómeno. 
Según los estudios del Fondo Monetario Internacional, sería considerable. 
Por consiguiente, se trata, en efecto, de una crisis de gran importancia y es la razón por la cual estamos preocupados, pero también estamos preocupados, señor Tamino, por la violencia de los movimientos sociales en los que ha desembocado esta protesta. 
La Sra. Baldi y el Sr. Dupuis han dicho: pero, ¿que hace la Unión Europea, por qué no se ha ocupado de ello? 
El problema es que Albania, habida cuenta de su pasado histórico, no tiene marco legislativo y reglamentario suficiente o lo suficientemente elaborado para sus sistemas financiero y bancario. 
Es la razón por la cual, desde 1992, el programa PHARE concede una ayuda importante a Albania, ayuda que se extiende precisamente a la reforma del sistema bancario y, en particular, a la privatización de algunos bancos estatales. 
La situación mejoró después y Albania conoció importantes éxitos en el ámbito económico, sobre todo, respetando los conceptos del Fondo Monetario Internacional. 
El problema es que, en 1996, hubo un deterioro importante y rápido, deterioro que condujo a la Comisión, desde finales del mes de octubre de 1996, a proponer a Albania una asistencia técnica para resolver los problemas jurídicos que se habían planteado y siguen planteándose por el control de estos fondos de inversiones llamadas piramidales. 
Pero las autoridades albanesas rechazaron la oferta de la Comisión. 
Señores Titley y Lambrias, tratamos de ayudar a los albaneses. 
Es la razón por la cual la Comisión envió una misión a Tirana los días 5 y 6 de febrero pasados- por lo tanto, hace muy poco- con el fin de preparar el programa operativo PHARE para 1997.Con este motivo, hemos podido evaluar el impacto de la crisis y formular nuevas propuestas de ayuda. 
Ahora bien, en la fase actual, lamento constatar que las autoridades albanesas siguen prefiriendo resolver por sí mismas los problemas que les han causado dichos sistemas de ahorro. 
La Comisión lamenta que el Gobierno albanés haya rechazado su propuesta. 
Dicho rechazo es preocupante- hay que ser consciente de ello- puesto que todavía existen tres o cuatro sociedades llamadas piramidales, cuyo porvenir es por lo menos incierto. 
Lo que compruebo es que las ofertas de ayuda que han formulado el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos han sido igualmente rechazadas por el Gobierno albanés. 
Como consecuencia de ello y en estas circunstancias, ante los riesgos de un nuevo deterioro de la situación, la Comisión pidió a la presidencia del Consejo que suscitara la cuestión con motivo del Consejo «Asuntos Generales» , que tendrá lugar el próximo día 24 de febrero, lunes. 
La Comisión sugiere a la Unión que invite en primer lugar a todas las partes interesadas a dar pruebas de moderación y evitar la violencia. 
La Comisión estima, por otra parte, que sería bueno recordar a las autoridades albanesas que el recurso a soluciones no democráticas para resolver la crisis puede tener repercusiones profundas en la calidad de las relaciones actuales de la Unión con Albania, y, en particular, en la negociación de un nuevo acuerdo entre la Unión y Albania. 
En otras palabras, en este asunto, si queremos lograr un resultado, debemos dar muestras de humanidad y de firmeza al mismo tiempo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Bertens y Larive, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre China y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; -B4-0077/97 del Sr. Barros Moura y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la 53ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; -B4-00091/97 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la 53ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; -B4-0094/97 de los Sres. Dupuis y Dell ' Alba, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la resolución China/Tibet en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la posición de los países de la Unión Europea; -B4-0111/97 del Sr. Lenz y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la 53ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; -B4-0123/97 del Sr. Carnero González y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos- Ginebra; -B4-0142/97 del Sr. Müller y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la 53ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; -B4-0062/97 del Sr. Cars y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la abolición de la pena de muerte; -B4-0095/97 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la multiplicación del recurso a la pena de muerte en numerosos países del mundo; -B4-0124/97 del Sr. Carnero González y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la abolición de la pena de muerte; -B4-0134/97 del Sr. Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la pena de muerte; -B4-0098/97 de los Sres. 
Irán- B4-0059/97 del Sr. Cars, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Irán; -B4-0075/97 del Sr. García Arias y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Irán; -B4-0108/97 del Sr. Lenz y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el escritor y editor Sr. Sarkouhi; -B4-0119/97 de los Sres. Vinci y Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Irán; -B4-0143/97 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la desaparición del editor iraní Faraj Sarkouhi, de su hermano Ismail Sarkouhi y de su asistente Parvin Ardalan; 
Mordechai Vanunu- B4-0070/97 del Sr. Crampton y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la continuación del encarcelamiento, en régimen aislado, de Mordechai Vanunu; -B4-0144/97 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la continuación del encarcelamiento, en régimen aislado, de Mordechai Vanunu; 
Chad- B4-0057/97 del Sr. André-Leonard y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la violación de los derechos humanos en el Chad; -B4-0118/97 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la violación de los derechos humanos en el Chad; 
Pueblos indígenas en Indonesia- B4-0065/97 del Sr. Pollack, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la violación de los derechos de los indígenas y la devastación de las selvas tropicales en la isla de Yamdena en Indonesia; -B4-0130/97 de los Sres. Hautala y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la violación de los derechos de los indígenas y la devastación de las selvas tropicales en la isla de Yamdena en Indonesia. 
Señora Presidenta, trataré de la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. En esa ocasión, la Unión deberá hacer escuchar su voz con energía. 
A tales efectos, resulta esencial prepararse adecuadamente de cara a lograr una posición común en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
La actual preparación parece algo mejor que la del año pasado, aunque no esté exenta de ciertas mejoras. El año pasado se procedió a la coordinación en Ginebra, y con sólo tres semanas previas de preparación en Bruselas. 
Aunque lamento que esta vez no se haya destinado un mayor tiempo para ello. 
De esta forma se aumentarían las posibilidades de éxito en nuestros intentos de influir sobre la citada comisión de las Naciones Unidas. 
El Parlamento debe expresar hoy con toda claridad al Consejo que en la lista de prioridades deberán figurar China, Turquía, Birmania y Timor Oriental. 
Espero que el Presidente del Consejo se pronuncie sin rodeos sobre, por ejemplo, el carácter universal de los derechos humanos, que también son aplicables en China. 
Los nuevos dirigentes chinos, aunque tal vez igualmente los anteriores, deberán ser condenados por la ONU a causa del empeoramiento de la situación de los derechos humanos en su país, sabido de todos como es el hecho de que ésta no ha mejorado en grado alguno. 
El Consejo deberá imponerse en Ginebra a favor de una coalición internacional sin pensar en las posibles represalias económicas por parte de China. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, voy a realizar el intento de decir en 60 segundos algo razonable en lo que se refiere a esta Comisión de Derechos Humanos y su 53ª sesión. 
Señor Ferber, decir tonterías es también un derecho humano, por lo que podemos soportar su exclamación. 
Es difícil elegir de entre el abanico de temas cuando debatimos sobre esta 53ª sesión. 
Como ponente de esta Asamblea sobre el tema de abusos sexuales y explotación de niños, quiero rogar a aquellos representantes del Consejo y de los Estados miembros así como de nuestro Parlamento que van a desplazarse a Ginebra para esta Conferencia que aparte de los debates políticos tradicionales que allí se mantienen, coloquen en el punto central la siguiente cuestión: ¿qué ocurre en una sociedad en la que existe un embrutecimiento tal como se refleja en los abusos sexuales y explotación de niños? 
Ruego en especial a los Estados europeos que recapaciten que tenemos que observar precisamente este fenómeno con especial atención y eliminar las causas y repercusiones del mismo si en este contexto queremos denunciar con credibilidad como europeos las violaciones de los derechos humanos fuera de Europa. 
Pido, por ello, a aquellos que se desplacen allí que den la importancia que se merece a este tema. 
Señora Presidenta, la resolución designa una decena de países, pero a mi juicio China debe ser prioritaria. El mayor país de la Tierra, con el índice mayor de demografía, un mercado en expansión, una tentación para los inversionistas extranjeros, sin ningún indicio de evolución en dirección del respeto de los derechos humanos. 
Pasaré ahora a la ocupación del Tíbet, a la situación en el Turquestán y la Mongolia Interior, a las largas penas de prisión impuestas a disidentes, como Wei Jingsheng. 
Convencer al sucesor del desaparecido dirigente Deng Xiaoping de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es válida para todo el mundo. 
Prioridad para el caso de China, ya que dentro de breve plazo Hongkong pasará a manos de China y ya se están haciendo sentir los primeros mecanismos de opresión. 
Prioridad para el caso de China, porque la oposición en ese país tiene la esperanza de un incremento, lento pero seguro, del nivel de tolerancia y de apertura. 
Prioridad para China en ocasión de la Conferencia sobre los Derechos Humanos en Ginebra. 
Será ésta una oportunidad única de colaborar con nuestros colegas del Congreso norteamericano que ocuparon recientemente la tribuna, a fin de instaurar una relación transatlántica orientada al cumplimiento de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que aspira cada disidente de este mundo y que son los valores que deseamos ver puestos en aplicación. 
China no puede escudarse en supuestos valores asiáticos, porque éstos sí que no son válidos para la humanidad. 
Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con la Sra. van Bladel. 
Creo que hay muchas razones que justifican que se haga hincapié en China, y no a causa de la desaparición del supuesto gran arquitecto que había olvidado la quinta y más importante de las modernizaciones como lo decía Wei Jingsheng: la democracia. 
Hay en China 1.200.00044DOTQUANT77000 habitantes privados de democracia, y entre ellos, más especialmente, millones de tibetanos, mongoles y uigures del Turkestán oriental. 
Me congratulo de que, por primera vez, empecemos a hablar de ello en nuestro Parlamento. 
Para estas personas privadas de democracia y de libertad, es importante y urgente que la Unión Europea afronte con firmeza la situación y no haga como el año pasado en el que, durante semanas, asistimos a la adopción de medidas dilatorias por parte de la Unión Europea, medidas que, para terminar, desembocaron en una postura que no ha sido defendida y en la que no hemos tratado de encontrar un consenso con los demás países miembros de la Comisión de Derechos Humanos. 
Este año, es preciso una postura firme. 
A este respecto, pienso que hay signos positivos. 
La Sra. Albright nos ha manifestado que los Estado Unidos estaban dispuestos a apoyar la misma resolución que la Unión Europea. 
Por consiguiente, es preciso avanzar resueltamente en este sentido y hacer presión sobre los dos gobiernos de la Unión Europea que siguen practicando la resistencia pasiva. 
Creo que es bueno citarlos: se trata de su país, señor Comisario de Silguy, Francia, y de Italia. 
Es preciso que haya una postura unánime y fuerte de la Unión Europea. 
Sólo a ese precio podremos huir, por fin, de la resignación ante ese gran modelo que nos presentan los dirigentes chinos, cual es el desarrollo sin democracia. 
Si Europa no empieza a luchar de forma resuelta, dicho modelo se impondrá cada vez más, no sólo en China sino también en numerosos países del mundo. 
Creo que ya es hora de decirlo alto y fuerte y de actuar en consecuencia. 
Todos los años se repiten en Ginebra las sesiones de la ONU, la Conferencia sobre los derechos humanos. 
Creo que precisamente nosotros deberíamos tomarlas muy en serio como un posible baremos sobre el respeto de los derechos humanos en el mundo. 
Como los diplomáticos que revisan la situación de los derechos humanos tienen sobre todo en cuenta los intereses de sus propios países, dicha revisión tiene mucho peso ante los ojos de los Estados. 
El Parlamento Europeo se basa más en motivos político-democráticos en tanto existan aquí ocasionalmente diferencias. 
Con ayuda de la Comisión de la UE- tengo que contradecir algo al colega Dupuis -, el Consejo se presenta allí como coordinador de los Estados miembros y ha mostrado el último año una cohesión sorprendente para nuestros Estados miembros. 
Por ello, queremos transmitir a la Comisión y al Consejo las exigencias que nos han parecido necesarias en base al trabajo realizado los últimos años. 
Los países que nos preocupan siguen siendo los mismos. 
Se trata de toda una lista. 
La muerte del político reformista chino Deng no nos debería impedir llamar la atención sobre las permanentes violaciones de los derechos humanos en ese país, tal como han hecho los colegas, y no quitar este punto del orden del día en Ginebra. 
Naturalmente, la resolución exige más y queremos que la Comisión de Derechos Humanos se tome muy en serio estas cosas: que desarrolle estándares o convenios sobre la no punibilidad o penalización que se deriva de los crímenes cometidos por motivos políticos. 
Esta es una cuestión que desempeña un importante papel en cada vez más países del mundo cuando pasan de una dictadura a una democracia. 
Respecto a la protección de los niños frente a los abusos sexuales y la explotación: señor Schulz, si en nuestros países en alguna ocasión hemos hecho algo bueno podemos decirlo también hacia el exterior. 
La gran mayoría de esta Asamblea comparte la abolición de la pena de muerte, lo que debemos subrayar siempre. 
Las cuestiones relativas a los pueblos indígenas han adquirido mucha importancia. 
Instamos por ello a la Unión Europea y a los Estados miembros a que vean estos derechos humanos como un desafío global para la configuración de la política exterior y las relaciones entre los pueblos. 
Señora Presidenta, me permito reclamar la atención del señor Comisario sobre un punto específico que afecta a los derechos humanos, esto es, la pena de muerte. 
Parece extraño que, en vísperas del año 2000, tenga que abordarse en este Pleno, si bien es cierto que el problema de los derechos humanos existe en la mayor parte de los países con los que mantenemos relaciones. 
Ahora bien, como sabe perfectamente el señor Comisario, si a lo largo de estos siglos Europa ha cultivado una profunda cultura humanística, me pregunto por qué no se hace todo lo posible para convencer a nuestros socios y a los terceros países de que supriman la pena de muerte de sus legislaciones o, al menos, concedan una moratoria que confío en que pueda ser decisiva. 
Creo que esta Conferencia de Ginebra es la ocasión propicia para alcanzar al menos este importante objetivo y considero que es justo e importante que la Unión Europa coordine a los Estados miembros en esta dirección y ejerza presiones con ocasión de la Conferencia de Ginebra para conseguir la moratoria que propugno. 
Quiero recordar de nuevo tres casos que son de especial importancia para el Grupo de los Verdes. 
En todos estos casos hay resoluciones pertinentes del Parlamento Europeo y ruego encarecidamente al Consejo que apoye decididamente estas resoluciones en Ginebra. 
Primer caso: Colombia. 
Tras la resolución del Parlamento de octubre de 1996 que, entre otras cosas, ocasionó el cese del embajador colombiano en Bruselas, Sr. Marulanda, se han agudizado los asesinatos contra campesinos sin tierras y los atentados contra el movimiento pro derechos humanos. 
Las Naciones Unidas tienen que intervenir aquí por fin. 
Segundo caso: Nigeria. 
Wole Soyinka, el premio Nobel nigeriano, fue invitado hasta ayer del Parlamento Europeo. 
Ha defendido con vehemencia la exigencia de un boicot económico, en especial, petrolífero, contra el régimen militar del general Abacha. 
Los gremios de la ONU deben recoger esta exigencia pues sólo la ONU puede imponer un boicot internacional de este tipo. 
Tercer caso: Turquía. 
El Gobierno turco siempre ha logrado evitar hasta ahora, con el apoyo de los europeos, ser condenado por la ONU. 
Pero la situación de los derechos humanos en Turquía no ha mejorado un ápice. 
La Unión Europea debe dejar de lado por fin todas las falsas consideraciones diplomáticas y exigir la condena de las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar ante su propia puerta, en especial, contra el pueblo kurdo. 
Pedimos e instamos al Consejo que lo haga. 
Señora Presidenta, lamentablemente no podemos impedir que algunos de nuestros ciudadanos cometan infracciones, algunas tan serias como pueden ser los asesinatos. 
Por parte de los Estados, no obstante, exigimos con razón que no hagan legítimos estos crímenes cometiéndolos ellos mismos, es decir, ejecutando a sus ciudadanos. 
Para mí se trata sobre todo de expresar que la Unión Europea se basa en el principio del humanismo, y que el respeto por la vida se expresa en las acciones de los países miembros, que han eliminado la pena de muerte. 
Señor Presidenta, el Parlamento Europeo también tiene motivos para creer que todos los Gobiernos miembros tomarán buena nota de los deseos del Parlamento contenidos en esta resolución, de que los Gobiernos, con ocasión de su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exijan una moratoria universal de las ejecuciones aplicable a todos los países. 
Cabe solicitar al presidente del Consejo que dé cuenta de las acciones de los Estados miembros en este sentido. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, para una vez que no se han sumergido ustedes en los temas de la moneda única sino en los de los derechos humanos, permítanme dirigirme a ustedes muy especialmente para, como lo han hecho ya otros compañeros, hacer hincapié en la cuestión de la pena de muerte y de la moratoria que pedimos a nuestros Estados miembros y que quisiéramos ver defender a la Comisión con motivo de la conferencia de la Comisión de los Derechos Humanos que tendrá lugar en Ginebra. 
Es un tema muy importante. 
En vísperas del tercer milenio, es intolerable que figure la pena de muerte en el Código penal de la mayor parte de los miembros de la comunidad internacional. 
El hecho de que la Unión Europea lance ante la Asamblea General de la ONU una iniciativa en favor de una moratoria inmediata contribuiría enormemente a promover la causa de los derechos humanos. 
Ésta es una idea que interesa más especialmente a diversos Estados miembros, entre los cuales, si no me equivoco, el suyo, señor Comisario. 
Espero que la Comisión sea también sensible a ello. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con gran parte de lo que los diputados van Bladel, Dupuis y Lenz han dicho sobre China. 
Lo que ha sucedido en China esta noche puede abrir paso a una nueva era en este país. 
La vieja generación de la Revolución, que luchó bajo duras condiciones contra la injerencia extranjera por el derecho a la libre determinación para China, y contra los intentos de aislar al mayor país del mundo, ha desaparecido. 
En el mejor de los casos- sé que muchos tienen unas expectativas de futuro más pesimistas- la nueva generación debería darse cuenta de que ningún país va a jugar un papel importante en el mundo globalizado del año 2000 si no respeta los derechos humanos al pie de la letra. 
En mi oficio de Presidente de la Delegación para la China, mantengo cada vez más contactos con esta población, con el Gobierno y la oposición. 
Muchos chinos piensan que el Parlamento Europeo está llevando adelante una campaña especial contra China. 
Se toma nota de cuántas resoluciones se han aprobado criticando a China. 
Creo que es importante que hagamos hincapié, cara a este país, en que no estamos llevando adelante ninguna campaña en contra suya, sino en favor de los derechos humanos. 
No existen muchos países en este planeta que no hayan sido objeto de nuestras críticas en alguna ocasión, también se critica a veces a los propios países de la Unión. 
Se trata, por tanto, de una campaña en favor de los derechos humanos, que naturalmente va dirigida contra todos aquellos que los infringen. 
También existe otra parte de la población china que se imagina que no reconocemos ni aceptamos la existencia de otras tradiciones. 
Piensan que deseamos imponerles las tradiciones y la visión del mundo que tiene Europa. 
Para mí esto resulta incomprensible. 
Los derechos humanos no son una invención especialmente europea. 
Los europeos no tienen en general mucho de qué enorgullecerse desde el punto de vista histórico con respecto a los derechos humanos. 
Los derechos humanos son un valor universal. 
También hay que destacar, por parte de los representantes europeos, que no intentamos imponerles unos derechos humanos europeos, sino que intentamos que el mundo reconozca que los derechos humanos universales son una parte integrante de la sociedad moderna. 
Hoy he expresado diplomáticamente mi pesar por la defunción del Sr. Deng en mi oficio como Presidente de la Delegación para China, puesto que toda defunción representa una pérdida. 
Asimismo, debo lamentar que sigan encarcelados los defensores de los derechos humanos, simplemente por haber querido añadir una quinta modernización a las cuatro del Sr. Deng. 
Es evidente que la diversidad de opinión es característica de la época actual, del mismo modo que los campos de trabajo y la pena de muerte caracterizan al pasado. 
Señora Presidenta, quisiera poner de relieve particularmente ante el Parlamento el párrafo 8, que pide que se adopte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas a nivel de la Comisión de Derechos Humanos, tal como han convenido todas las partes interesadas, entre las que se incluyen los pueblos indígenas. 
La Declaración que se nos pide que apoyemos es importantísima. 
El Parlamento posee un honroso historial en materia de promoción de los derechos de las poblaciones aborígenes, de las que con tanta facilidad nos olvidamos porque no hay ningún Estado que las proteja. 
A menudo incluso el derecho a la tierra en que viven es impugnado por el Estado circundante. 
Este Parlamento adoptó en 1994 una resolución que preconizaba la creación de una delegación para que se ocupara de los pueblos indígenas. 
Este año seguiremos ocupándonos de esta cuestión, que es importantísima. 
De esta manera enviaremos una señal de aliento a pueblos cuya supervivencia está en peligro. 
Cuando hablamos de especies animales en peligro, todos estamos de acuerdo en que hay que apoyarlas. 
Pues bien, hay muchos pueblos, idiomas y grupos culturales que también se enfrentan con graves amenazas. 
Por eso les pido que apoyen toda la resolución y, en particular, que indiquen de forma resonante que apoyan el párrafo 8. 
Pido a la Comisión que dé curso a esta propuesta y que la presente con nuestro apoyo a las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, el escritor iraní Faraj Sarkouhi se ha visto expuesto a un tratamiento inhumano por parte de las autoridades iraníes. 
También su colaborador, Parvin Ardalan, parece haber corrido la misma suerte. 
Los sucesos acaecidos en estos casos pueden calificarse de execrables y queremos dejar constancia de ello en el Parlamento Europeo. 
Lo que nos parece aún más chocante es el llamado diálogo crítico, que los Gobiernos de los países miembros dicen estar celebrando con Irán. 
En este Parlamento nos resulta difícil ver que esto nos haya conducido a unos resultados positivos concretos. 
Si Irán no da muestra de un mayor respeto hacia los derechos humanos y no reflexiona sobre su posición en torno a la tortura, las ejecuciones y las condenas de muerte contra la vida de ciudadanos no iraníes, debemos examinar dicho diálogo crítico, y llevar una nueva línea con nuevos medios de acción política con respecto a Irán. 
Señor Presidente, a pesar de las numerosas expresiones de condena por las flagrantes infracciones de los derechos humanos en el Irán efectuadas por muchas organizaciones y también por este Parlamento Europeo, y a pesar de los esfuerzos desarrollados por representantes del Gobierno iraní para convencernos de que ha mejorado la situación, es muy de lamentar que no haya sucedido así, como numerosos casos lo demuestran. 
Según Amnistía Internacional, el número de ejecuciones se ha duplicado por lo menos en 1996 y continúan las detenciones de todas las personas que se niegan a marcar el paso- en la actualidad, los trabajadores de la industria petrolera, que están en huelga- y la persecución de las minorías religiosas. 
Además, se dice que se sigue prestando apoyo a los grupos fundamentalistas islámicos que lanzan acciones terroristas en otros países como Argelia, y se ha asesinado en el extranjero a una treintena de oponentes al régimen. 
Las autoridades alemanas siguen acusando a funcionarios iraníes de ser responsables del asesinato de líderes kurdos en Berlín en 1992 y ha habido denuncias sobre la importación de armas incluso en Bélgica, posiblemente para su uso en este país. 
Lo peor de todo es que una fundación iraní ha aumentado la recompensa ofrecida para los que ejecuten la pena de muerte ilegal contra Salman Rushdie, que no es ni ha sido nunca ciudadano iraní. 
En estas circunstancias tenemos que reiterar y renovar nuestra condena de las continuas graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Irán en el país y fuera del país, y tenemos que aumentar la presión sobre las autoridades iraníes respecto de todas estas cuestiones. 
La discriminación contra la mujer reviste también proporciones muy importantes en el Irán, y tenemos que mantener incansablemente nuestras críticas y adoptar una actitud contra esa situación. 
La política de diálogo crítico no ha conseguido que el Gobierno iraní cambiase su política a pesar de todo lo que se ha dicho acerca de la moderación de Rafsanjani y de su régimen. 
Por lo tanto, tenemos que adoptar una actitud firme con el Irán. 
No basta con que aprobemos esta resolución, tenemos que seguir haciendo presión sobre el Gobierno de todas las maneras posibles para que reconozca verdaderamente los derechos humanos. 
Señor Presidente, no pasa una semana sin que se conozcan nuevas violaciones de los derechos humanos en el Irán. 
Dos de ellas han constituido titulares de los periódicos precisamente en los últimos tiempos. 
La prensa ha hablado de la detención del escritor Sarkouhi, editor de una de las pocas revistas aún críticas en el Irán. Además ha venido la noticia de que una Fundación privada en el Irán ha aumentado el precio por la cabeza del escritor Salman Rushdie. 
El Bahai, sindicalistas y mujeres son amenazados por los fundamentalistas. 
El Estado ordena detenciones. 
¿Dónde se encuentra aquí la separación entre el poder del estado y el fanatismo religioso? 
¿Cómo se imagina este Gobierno iraní, supuestamente interesado en mejorar las relaciones con Europa, en hacerlo? ¿sobre qué base? 
Deseamos al pueblo iraní que el respeto de los principios de los derechos humanos internacionales ponga por fin de nuevo en contacto a nuestros pueblos. 
Con motivo del aniversario de la «fatwa» , el Consejo Europeo ha pronunciado unas claras palabras contra Salman Rushdie. 
En sus críticas contra la UE, esta persona debería saber sin embargo que sólo una sociedad internacional como la Unión Europea puede ofrecer un espacio de protección. 
Otros muchos padecen en el Irán bajo las medidas del régimen iraní; no se excluyen amenazas de asesinatos ni atentados fuera del país. 
El colega Newens acaba de llamar la atención sobre el caso alemán. 
En este Parlamento estamos a favor de los derechos humanos, de la libertad de religión y de opinión, del Estado de derecho y de la democracia y siempre se lo vamos a repetir también al Irán. 
Señor Presidente, deseo volver a dirigirme al señor Comisario también con respecto a esta cuestión, habida cuenta de que hoy condenamos con firmeza el terrorismo de Estado de las autoridades iraníes, a pesar de que no es la primera vez que lo hacemos. En consecuencia, me pregunto para qué sirve y si sirve realmente seguir condenando para luego no hacer casi nada. 
En estos años, son ya demasiados los opositores políticos que han sido asesinados en todo el mundo por las fuerzas especiales de los servicios de seguridad iraníes. 
Ha sucedido también en Italia, mi país. 
Dichos servicios de seguridad siguen amenazando a los ciudadanos iraníes que viven en los Estados miembros y que realizan actividades políticas legales contra su régimen. 
Creo que la política que lleva a cabo Europa con respecto a Irán es demasiado complaciente y considero, por el contrario, que es preciso que nosotros y, en particular, las Instituciones europeas, pongamos en práctica una política rigurosa, habida cuenta de que en Teherán existe la discriminación contra las mujeres, la democracia es despreciada diariamente y es normal asesinar a los opositores. 
Me parece que se trata de una situación profundamente grave y que precisa una intervención extraordinaria que, en mi opinión, por desgracia, no se ha llevado a cabo hasta la fecha. 
Señor Presidente, desde 1990 este Parlamento ha aprobado tres resoluciones que el Gobierno israelí ha ignorado. 
También ha formulado muchas preguntas. 
Por ejemplo, yo me dirigí sobre el particular a los dos Primeros Ministros anteriores de Israel, y se me dijo que toda esta cuestión era de la incumbencia del sistema de justicia de Israel. 
Ni lo es, ni lo era. 
Es una cuestión que nos interesa a nosotros. 
Vanunu reveló a la prensa británica que Israel poseía armas nucleares. 
Como consecuencia de ello, se le secuestró cuando estaba en un país de la Unión Europea, Italia, en contra del derecho internacional. 
Todo esto, sin embargo, pertenece al pasado, pero lo cierto es que durante más de diez años Vanunu ha permanecido en régimen solitario de incomunicación, en un país que se considera civilizado y en condiciones que, según Amnistía Internacional, son crueles, inhumanas y degradantes. 
El trato que se le da es indudablemente mucho peor que el que recibían los espías británicos o de los Estados Unidos a quienes se les condenó por vender secretos a la Unión Soviética. 
Esta resolución es, en realidad, un llamamiento a la clemencia. 
Vanunu no puede perjudicar la seguridad de Israel. 
Pido al Gobierno de Israel que ponga fin a su reclusión en régimen solitario de incomunicación y que prepare la pronta liberación de este recluso que lo es desde hace tantos años. 
Señor Presidente, me alegra que tras muchos intentos y un largo tiempo de espera, podamos tratar de nuevo en el Parlamento el caso de Mordechai Vanunu. 
El Sr. Crampton acaba de decir que en tres ocasiones hemos aprobado una resolución pero que no ha cambiado nada. 
Creo que la Unión Europea y el Estado italiano tienen la obligación de intervenir en favor de esta persona. 
Debemos pedir al Estado de Israel que aplique clemencia y acuerde una puesta en libertad antes de tiempo. 
¿Qué es lo que hizo Mordechai Vanunu? 
Informó al Sunday Times- lo que hoy todos sabemos- sobre el potencial de las armas nucleares del Estado de Israel. 
Si viajamos a Israel podemos hablar allí sobre sus armas nucleares y sobre el encarcelamiento. Esto no se cuestiona. 
El hecho de que fue secuestrado, de que se trata ya solamente de un episodio histórico y de que fue condenado a 18 años de cárcel bajo unas condiciones que no son dignas de un Estado de derecho, habiendo pasado ya en prisión 10 años, tiene que ser motivo para que todos nosotros hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que esta persona salga de la prisión incomunicada. 
Debemos ocuparnos del tema en la Subcomisión de Derechos Humanos y exigir a nuestros Gobiernos que intervengan pues la prisión incomunicada es una crueldad. 
No tiene contacto con el mundo exterior excepto con su hermano y esto es algo que denunciamos en todos los Estados en los que se produce. 
Lo mínimo que el Estado de Israel debería hacer es introducir unas condiciones de encarcelamiento humanas, permitir que los parientes le puedan visitar y que se pueda mover. 
Pero creo que al cabo de diez años y porque ya no existe ningún motivo- los servicios secretos trabajan con medios que son mucho más crueles y terribles y lo de las armas nucleares ya no es ningún secreto -, no hay ya ninguna razón para que siga en la cárcel. 
Por ello, esta Asamblea pide a Israel que muestre clemencia. 
Señor Presidente, diez años solo en una celda es algo abominable, aunque en honor a la verdad debe decirse que en los últimos tiempos el Sr. Vanunu ha venido recibiendo regularmente proposiciones de privilegios complementarios que él ha rechazado. 
Yo también opino que debe mejorarse su situación pero que la resolución, tal como se nos presenta ahora, no puede ser aprobada por mi grupo político. 
Habría preferido pues que este Parlamento empeñase sus esfuerzos en una cuestión en esa misma región que reviste completamente la misma importancia y es la referente a los derechos humanos. 
Señor Presidente, hace ya largo tiempo que Alemania, Francia y Grecia solicitan la extradición del antiguo oficial SS y criminal de guerra, Aloïs Brunner. 
Este antiguo oficial nazi, cuyos días están contados, se encuentra en Siria. 
¿Cuándo será posible aún hacer justicia a las víctimas en Francia y en Grecia? 
En caso de que Siria dé muestras de buena voluntad y de su deseo de que se lleven a cabo los acuerdos de asociación con la Unión Europea, que permita pues la extradición del Sr. Brunner. 
Señor Presidente, en el Próximo Oriente se prepara gradualmente el camino hacia la paz. El Acuerdo de Hebrón ha sido concluido finalmente. 
La visita a Estrasburgo esta semana de una comisión parlamentaria mixta israelí-palestina constituye una señal de que en la actualidad estos asuntos hay que tratarlos tanto con los palestinos como con los israelíes. 
Ha llegado pues el momento de un nuevo despegue de la cuestión. 
El Sr. Vanunu permanece desde hace ya más de diez años encerrado en una pequeña celda por el supuesto riesgo para la seguridad que él seguiría representando incluso diez años después de su detención. 
Animados por las nuevas circunstancias, mi grupo político aboga por una petición de clemencia y que se analicen los aspectos de derechos humanos que implica este caso. 
Aunque este Parlamento debe ser realista. 
Soy lo bastante sincero como para afirmar que me parece ridícula la petición dirigida a todas las personas interesadas de presentar las pruebas de la manera en que fue apresado el Sr. Vanunu. 
De no suprimirse el apartado nº 4- y a ese respecto habremos de presentar una enmienda- el Grupo Liberal deberá lamentablemente votar contra esta resolución. 
Chad 
Señor Presidente, del 3 al 6 de enero, me encontraba en Chad como observador europeo para asistir al desarrollo de las primeras elecciones democráticas de ese país. 
Si esta primera vuelta del escrutinio se desarrolló correctamente, desgraciadamente, no puedo felicitarme por la situación de los derechos humanos. 
En efecto, pude constatar la violencia que utilizan las fuerzas del orden contra los ciudadanos chadianos, ya se trate de hombres, mujeres o niños. 
La eliminación física inmediata, sin juicio, parece ser práctica corriente. 
Si puedo comprender las dificultades a las que se enfrentan los responsables políticos chadianos, a saber, la acumulación de armas por parte de algunos ciudadanos como consecuencia de treinta años de guerra, los pillajes, las agresiones, evidentemente, no puedo admitir que los culpables, o presuntos culpables, sean objeto de violencias y de actuaciones indignas de un país donde- le felicito por ello- el proceso democrático está en curso. 
Apelo, pues, al presidente Déby y al futuro Gobierno, para que se ponga fin a dichas prácticas y para que actúe un sistema judicial eficaz y justo por el interés y el respeto de todos. 
Señor Presidente, me inquieta muchísimo la situación en el Chad. 
Las alegaciones que se hacen en la resolución son gravísimas. 
Estuve en el Chad para la primera fase de las elecciones legislativas y regresaré al país este fin de semana para la segunda fase, en nombre de este Parlamento y por invitación del Gobierno del Chad. 
Hoy, en vísperas de las elecciones, el Primer Ministro del Chad ha venido a Estrasburgo. He tenido una reunión con él. 
El Primer Ministro me ha dado la oportunidad de visitar una cárcel, además de sostener algunas reuniones este fin de semana en el Chad, cosa que he aceptado. 
El Primer Ministro sabe muy bien lo mucho que la presente situación inquieta a este Parlamento Europeo. 
Doy la bienvenida al Primer Ministro en este Parlamento Europeo, y quisiera decirle que conocemos la historia reciente del Chad y que sabemos que se han hecho algunos progresos en materia de derechos humanos, pero que eso no basta. 
El Gobierno del Chad y este Parlamento Europeo tienen la obligación de cooperar a fin de conseguir una mejora radical y urgente de los derechos humanos fundamentales para que los diputados del Parlamento Europeo que esta semana están en el Chad puedan recoger más información directa, y de aplazar la votación de hoy hasta el mes de marzo a fin de que podamos efectuar progresos sustanciales. 
Insto a todas las partes a que nos dejen hacer lo que acabo de decir, fijar un calendario y ocuparnos de esta cuestión más seriamente que mediante la sencilla adopción de una resolución, a fin de que podamos progresar en el caso del Chad y para que, de ser necesario, podamos votar en marzo. 
Pueblos indígenas de Indonesia 
Señor Presidente, Yamdena es una isla situada en Indonesia oriental; el Gobierno de Indonesia ha concedido amplios permisos de tala a algunas empresas forestales. 
Nuestra preocupación es que tales talas se lleven a cabo sin tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. 
Además, esta zona goza de una diversidad y una riqueza excepcionales desde el punto de vista ecológico. 
Me gustaría preguntar si la Comisión ha enviado ya a esta región alguna delegación con el fin de recabar información, tal como se prometió en noviembre a algunos diputados en una conversación informal. 
Deseo preguntar igualmente qué actitud va a adoptar la Comisión con respecto a este asunto, ya que esta institución ha prestado apoyo a muchos proyectos en materia de protección forestal en Indonesia y ahora, en cierto modo, la base de esta protección se ve amenazada. 
¿Está dispuesta la Comisión a incrementar las acciones para lograr la protección de los bosques en Indonesia incluido el territorio de Yamdena? 
Voy a responder por orden al conjunto de las preguntas. 
Por lo que respecta a la 53a sesión de la Comisión de Derechos Humanos, diré al Sr. Dell ' Alba que, en efecto, en los temas del euro, no tengo tanta costumbre de tratar de la cláusula de los derechos humanos, pero haré todo lo que pueda para responder hoy a las preguntas que se han planteado. 
Como ustedes saben, la Comisión sigue muy atentamente la preparación de esta próxima sesión de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Efectivamente, al igual que el Sr. Schulz, considero que es muy difícil elegir entre todos estos temas. 
Desgraciadamente, las violaciones de los derechos humanos están muy extendidas en esa tierra, señor Kreissl-Dörfler y, en cualquier caso, la Unión Europea las condena siempre, además con eficacia, porque les remito a la mayor parte de nuestros acuerdos, que contienen cláusulas relativas a los derechos humanos. 
La Unión Europea es especialmente activa en el ámbito de las Naciones Unidas y jamás deja pasar una ocasión para recordar sus preocupaciones a este respecto. 
En lo concerniente a China, puedo manifestarles que la Unión cree recurrir a los medios que considera más adecuados, al tiempo que vela por no comprometer las oportunidades de reanudación del diálogo bilateral. 
Es preciso ser eficaz en este asunto. 
Tampoco hay que ser necesariamente ridículo o perder la propia credibilidad. 
Creo que lo que cuenta es el resultado. 
La cuestión de una resolución sobre los derechos humanos se debatirá en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, el próximo lunes, en Bruselas, señor Dupuis, y puedo asegurarle que se podría contemplar un enfoque conjunto con los Estados Unidos. 
Asimismo, se están produciendo contactos bilaterales a este respecto con las autoridades chinas. 
Por lo que se refiere a los demás temas que les preocupan, puedo decirles que la Unión Europea interviene, a título prioritario, en el ámbito de los derechos del niño y los derechos de la mujer. 
Los Sres. Dell ' Alba, Cars y Pettinari han suscitado el problema de la pena de muerte. 
No creo que la Comisión sea competente en esa materia, por lo tanto, transmitiré su deseo a la Presidencia holandesa. 
En cualquier caso, por lo que a mí respecta, puedo asegurarles que comparto totalmente su análisis y sus preocupaciones y creo que en este caso, no hay un sólo Estado europeo que siga aplicando dicha pena. 
Pienso que, en efecto, deberíamos hacernos propagandistas de su abolición a nivel internacional. 
Pero, desgraciadamente, en este punto no puedo asumir ningún otro compromiso que no sea el mío personal. 
La Unión Europea ha presentado, asimismo, un proyecto de resolución sobre los derechos del niño, proyecto que aborda los problemas del trabajo forzoso, de la explotación sexual, de los niños en los conflictos y de los niños sin techo. 
Creo que dicho proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Segundo tema: los derechos humanos en Irán, incluido el caso del Sr. Sarkouhi. 
La Comisión es consciente, al igual que su Asamblea, de la gravedad de la situación de los derechos humanos en Irán, donde la represión parece haberse endurecido en el transcurso de los dos últimos años. 
No obstante, es mi deber señalarles que las autoridades iraníes han dirigido al representante especial de las Naciones Unidas en Irán, una petición dirigida a lograr de la ONU una asistencia técnica en ámbitos tales como la reforma penal, la formación de los magistrados y la ayuda a la ONG femeninas. 
Es preciso condenar las violaciones, sí, señor Pettinari. 
En mi opinión, mantener en silencio tales actuaciones no puede sino alentar su prosecución, lo que sería inadmisible. 
La Unión Europea condena, pues, firmemente estas violaciones manifiestas de los derechos fundamentales por parte de Irán. 
Recuerdo que Irán firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y debe respetar sus compromisos aunque sólo sea por esa razón. 
Al igual que el Sr. Newens, la Comisión lamenta pues vivamente el anuncio por parte de un organismo privado de un aumento de la prima que se ofrece por la muerte de Salman Rushdie. 
En el marco del diálogo crítico- no, señora Roth, dicho diálogo no ha fracasado -, la Unión Europea se esfuerza por obtener más garantías del Gobierno iraní por lo que respecta a la seguridad del Sr. Rushdie. 
Es la razón por la cual, la Comisión invita al Gobierno iraní a que condene sin equívocos esta medida y a que aliente a dicho organismo a retirar su prima. 
Por último, la Comisión, como la Sra. Lenz, está muy preocupada por la suerte del Sr. Sarkouhi, escritor y editor iraní. 
De acuerdo con algunas informaciones que poseemos, el Sr. Sarkouhi habría sido detenido y torturado en varias ocasiones en el transcurso de los dos últimos meses. 
La Comisión invita al Gobierno iraní a proporcionar todas las informaciones que posea acerca de la situación del Sr. Sarkouhi, y además tiene la intención, con la ayuda de los Estados miembros, de presionar a Irán para que le liberen inmediatamente. 
Tercer caso: Sr. Mordechai Vanunu. 
La Comisión permanece vigilante en el asunto de la detención en régimen celular del Sr. Vanunu, y responderé a los Sres. Telkämper y Crampton que nos preocupan las condiciones de dicha detención. 
De la misma manera, la Comisión está muy atenta al respecto de los derechos humanos en Israel, Cisjordania y Gaza, y estas cuestiones están regularmente en el orden del día de las discusiones bilaterales con las autoridades israelíes. 
El acuerdo de asociación euromediterráneo recientemente celebrado entre la Unión Europea e Israel debe ratificarse próximamente. 
En el marco del diálogo político con Israel que instaura dicho acuerdo, la Unión Europea estará en mejores condiciones de ejercer una influencia positiva sobre la cuestión relativa a los derechos humanos y, en particular, sobre el problema del encarcelamiento del Sr. Vanunu. 
En efecto, les recuerdo que la Unión- en especial la Comisión- podrá basarse en la cláusula que hace del respeto a los derechos humanos un elemento esencial del acuerdo; si no se observa dicha cláusula, el acuerdo se tornará caduco. 
Por lo que respecta al Chad, la Comisión considera que la transición hacia un régimen pluralista en este país, ha ido acompañada de una mejora significativa del respeto a los derechos políticos. 
No obstante, la situación sigue siendo preocupante. 
Las exacciones perpetradas por las fuerzas del orden que han mencionado ustedes, ponen en peligro los logros democráticos. 
En particular, disparar contra los delincuentes es un ataque grave a los derechos humanos que son un elemento esencial del Cuarto Convenio de Lomé que vincula al Chad con la Unión Europea. 
Señora André-Léonard, señor McGowan, puedo asegurarles que la Comisión ha intervenido ya ante las autoridades del Chad para que las instrucciones dadas a las fuerzas del orden sean compatibles con el respeto a los derechos humanos. 
Además, la Comisión pide al Gobierno del Chad que adopte todas las medidas necesarias para un progreso significativo en el ámbito del respeto de los derechos humanos y el establecimiento del Estado de derecho. 
Por último, en lo relativo a los bosques tropicales de la isla indonesa de Yamdena, como ustedes saben, la Comisión sigue muy atenta a esta cuestión y a la de la tala forestal y sus consecuencias para las poblaciones y el medio ambiente. 
La Comisión no ha enviado misión alguna sobre el terreno, señora Hautala, pero participa en la financiación de estudios en curso, porque la gestión forestal duradera es la clave de bóveda del programa de cooperación al desarrollo de Indonesia que gestiona la Comisión. 
En la actualidad, se han consagrado más de 71 millones de ecus a proyectos en este ámbito. 
La Comisión ha iniciado asimismo un nuevo estudio de las prioridades del programa de desarrollo con Indonesia. 
En este marco, la posibilidad de realizar microproyectos, en particular, en el ámbito del agua, de las infraestructuras sanitarias y de la educación está actualmente en estudio. 
El margen de maniobra- me permito insistir, sin embargo, en este punto- de que dispone la Comisión para modificar rápidamente la situación en la isla es, en resumidas cuentas, reducido. 
En efecto, los procedimientos de evaluación y de aprobación de los proyectos de desarrollo llevan a menudo entre 20 y 30 meses, y, desgraciadamente, este plazo no siempre permite tener en cuenta los daños que pueden haberse causado al medio ambiente. 
Por consiguiente, creo que merece la pena prever la concesión de una ayuda a las ONG locales que se dedican a la defensa de los derechos de las poblaciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0087/97 del Sr. Cars y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en la antigua Yugoslavia; -B4-0090/97 del Sr. Pasty y del Sr. Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en la antigua Yugoslavia; -B4-0099/97 del Sr. Vandemeulebroucke y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación política en Serbia; -B4-0104/97 del Sr. Wiersma y otros, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la situación en Mostar y en Eslavonia Oriental; -B4-0127/97 del Sr. Carnero González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria EuropeaIzquierda Verde Nórdica, sobre la situación en la antigua Yugoslavia; -B4-0139/97 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina y en Eslavonia Oriental; -B4-0156/97 de la Sra. Pack y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en la antigua Yugoslavia. 
Señor Presidente, Carl Bildt, el Alto Representante de la UE en Yugoslavia, dice a menudo que se necesita tiempo, y que no hay que perder el ánimo. 
Del mismo modo se expresa el Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la necesidad de tiempo para resolver los problemas que existen en la antigua Yugoslavia. 
No obstante, es importante también que demostremos que todo este tiempo, que no conduce a unos progresos rápidos, como sería nuestro deseo, no va a hacer que perdamos el interés y la voluntad de ayuda con respecto a ex-Yugoslavia, con miras a lograr una solución definitiva que incluya el respeto de los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos de residir donde deseen. 
Creo que la resolución que debatimos hoy, y el debate que celebramos, son ante todo la expresión de la voluntad del Parlamento de perseverar y seguir presionando para que se lleven a cabo acciones y actividades en torno a Yugoslavia. 
Por consiguiente, en nombre del Grupo liberal, quiero expresar nuestra preocupación por lo ocurrido en Mostar: que los atentados han causado nuevas dificultades para el logro de unas soluciones definitivas, y que las fuerzas policiales internacionales han carecido evidentemente del equipamiento necesario para hacer frente a la situación. 
También lamentamos que no se haya llegado a ninguna solución definitiva en la cuestión de Brcko, y esperamos que también aquí se llegue a unos mejores resultados en el futuro. 
Sobre esto último es importante, por último, que se tenga en cuenta la voluntad de colaboración y coordinación entre las Naciones Unidas y Europa que se ha visto en Brcko, y que se respete esta circunstancia en la decisión definitiva sobre el futuro de Brcko. 
Señor Presidente, apoyo lo que acaba de decir el último orador. 
El problema con que tropezamos es la dificultad de equilibrar los derechos de las diversas comunidades que formaban parte de Yugoslavia. 
En Mostar tenemos por un lado los croatas y por otro lado los musulmanes y me parece que la única manera de encontrar una solución consiste en que haya una especie de federación de Mostar a uno y otro lado del río Neretva. 
De manera análoga, creo que la delicada situación que reina en Brcko se puede resolver con un compromiso parecido. 
Aquí, por lo menos, tenemos la solución de Dayton, que consiste en dejar que la situación siga como está, bajo control serbio durante un año por lo menos. 
En la fase actual, tenemos que ser pacientes en el caso de Mostar y en el caso de Brcko y tenemos que pedir a las personas allí destacadas que sean pacientes y dejar que la situación se vaya decantando un poco, para volver a examinarla dentro de un año. 
También la situación en Kosovo es potencialmente peligrosa en estos momentos. 
Tenemos que pedir que se respeten plenamente los derechos de las personas de lengua albanesa en esa zona, para no crear un nuevo hogar de conflicto precisamente cuando las cosas se están resolviendo en los demás sitios. 
Señor Presidente, como acaba de indicar el Sr. Macartney, en la antigua Yugoslavia hay actualmente una serie de problemas que nos preocupan, pero quizá el más simbólico es el de la situación que reina en Mostar. 
Al fin y al cabo, Mostar fue la ciudad en que se hallaba la administración de la Unión Europea, y Mostar es una indicación de la fortaleza y la debilidad de las iniciativas de la UE en la antigua Yugoslavia: la fortaleza, porque no hay duda de que en Mostar se ha prestado una enorme asistencia técnica que ha ayudado a reconstruir la ciudad, y la debilidad, porque, naturalmente, Mostar ha demostrado la falta de voluntad política del Consejo de Ministros para traducir en actos buena parte de su retórica. 
Claro está que todos recordamos aquel día terrible en que el Sr. Kosnik estuvo a punto de morir y el poquísimo apoyo que le prestó el Consejo de Ministros. 
Lo que tenemos en Yugoslavia no es paz sino ausencia de guerra, y todos esperamos que al no haber guerra las comunidades empiecen a vivir juntas de nuevo. 
Pero hasta ahora eso no es más que una esperanza. 
A juzgar por los últimos sucesos se ve claramente, en particular en Mostar, que las cosas no están sucediendo como hubiéramos querido. 
Hemos podido comprobar la debilidad inherente al Acuerdo de Dayton, la incapacidad de hacer frente adecuadamente a la depuración étnica de facto, la impresión que dejó Dayton de que quizá se pudiera crear una especie de federación croata dentro de la federación bosnia, que al fin y al cabo puede decirse que es lo que está sucediendo en este momento. 
A mi juicio, la causa es la imposibilidad de tratar con las principales entidades, muy especialmente con Croacia, así como las actividades del Presidente Tudjman, particularmente por lo que se refiere a la comunidad croata de Mostar, y la incapacidad de ocuparse de los que, en mi opinión, son los verdaderos responsables de la situación que reina en Mostar, es decir, los bandidos de la Ribera Occidental que evidentemente tienen la ciudad en sus manos y no quieren que se restablezca la paz y la normalidad. 
Tenemos que dejar bien sentado que es fundamental para la comunidad internacional evitar que Mostar, por el símbolo que esta ciudad representa, pueda escapar a todo control. 
Necesitamos que la fuerza internacional de policía e incluso la fuerza de estabilización se esfuercen más vigorosamente por mantener separadas a las comunidades; que se ponga fin a los cobardes ataques que recientemente han tenido lugar en Mostar; que se investiguen esos ataques y que se adopten medidas contra los culpables. 
Hablemos francamente: si estimamos que la fuerza internacional de policía no tiene poder suficiente entonces lo que tenemos que hacer es procurar reforzar su poder para que la fuerza internacional no tenga que presenciar impotentemente cómo se ataca, se insulta y se mata a la gente. 
Tenemos que enviar también un clarísimo mensaje para explicar lo mucho que se ha hecho en Mostar. 
La comunidad internacional ha desembolsado enormes cantidades de dinero y si esa labor queda anulada, si esos proyectos se pierden una vez más, la gente que se halla en la zona comprenderá perfectamente bien que la comunidad internacional no está dispuesta a buscar por segunda vez el dinero necesario. 
Ésta es la última oportunidad para Mostar. 
No podemos tolerar que esta última oportunidad no se aproveche y, en realidad, no deberíamos prestar más apoyo a la Ribera Occidental mientras sus habitantes no estén dispuestos a colaborar con el resto de Mostar para edificar una comunidad pacífica. 
Señor Presidente, me parece que, por desgracia, vuelven a aparecer los riesgos de que se reanude el conflicto en la antigua Yugoslavia. 
Las tensiones en Mostar demuestran la fragilidad de la paz fría existente en esas Repúblicas y la imposibilidad de que la comisión de arbitraje internacional ofrezca una respuesta definitiva acerca del estatus de importantes ciudades de la zona es un síntoma de la falta de preparación de la autoridades de la antigua Yugoslavia de basar el futuro de sus países en la convivencia interétnica y la reconciliación. 
Muchas zonas de la antigua Yugoslavia muestran una evidente falta de voluntad política en cuanto a resolver los motivos de tensión a través del diálogo y la política. 
Por ello, la Comisión y el Consejo deben, a mi juicio, reiterar con firmeza que la ayuda europea a la reconstrucción, depende de que se lleve a cabo una política de convivencia, del libre y garantizado regreso de todos los refugiados- independientemente de su origen étnico- a sus ciudades de procedencia y del respeto de las nuevas instituciones creadas en Dayton. 
Por consiguiente, pido que la Comisión no asista inerte al aumento de la tensión política e inste al Consejo para que asuma sus responsabilidades y reclame el pleno respeto de los acuerdos de Dayton a todos los signatarios. 
Señor Presidente, tal como acaban de explicar los colegas que me han precedido, la situación que está atravesando la antigua Yugoslavia pone de manifiesto los límites de los Acuerdos de Dayton que hemos denunciado en reiteradas ocasiones. 
Dichos límites no han llevado a una situación de paz, sino más bien a la ausencia de guerra. 
Sin embargo, el problema no estriba en ir más allá de Dayton, sino cumplir Dayton. 
Nos encontramos, por el contrario, ante una situación en la que, mientras los acuerdos aún no se han cumplido plenamente, no se hace nada para ir en esa dirección y para superar la emergencia y pasar desde la falta de guerra a la paz. 
Por estos motivos, estamos muy preocupados por lo que sucedió en las diferentes realidades de la antigua Yugoslavia, especialmente- porque es significativo- en Mostar y Brcko. 
En particular, deseo manifestar que es necesario reforzar el mandato y aumentar la capacidad de la fuerza internacional de policía, cuya acción es crucial para cualquier desarrollo pacífico de la situación en Bosnia-Herzegovina. 
En consecuencia, y por lo que se refiere a Brkco, es preciso darse cuenta de que debe garantizarse el regreso de los refugiados, así como que el Alto Representante adjunto disponga de los medios necesarios para cumplir su mandato. 
Con respecto a esto, deseo subrayar que, sin el regreso de los refugiados y sin la garantía de que funcione la comisión prevista en Dayton a los efectos de la restitución de los bienes inmuebles, no será posible lograr una verdadera paz. 
Además de estos supuestos, no cabe duda de que es preciso garantizar el diálogo que, como Verdes, solicitamos hace tiempo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero condenar sin paliativos los actos de violencia realizados por los croatas bosnios. 
En segundo lugar, espero que todos los que puedan tener influencia sobre las personas que actúan o proceden de este modo lo hagan inmediatamente. 
En tercer lugar, también espero que los actores sean castigados y cesados de sus puestos. 
No obstante, quiero indicar que los acontecimientos actuales de Mostar se deben originariamente a errores de Dayton, es decir, al reconocimiento de la llamada República de Srpska, de lo que los serbios deducen que no tienen que ver nada con Bosnia-Herzegowina. 
Esto ha hecho muy difícil a los bosnio-croatas renunciar a HercegBosnia. 
En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre el hecho de que Sarajevo se está convirtiendo cada vez más en una ciudad musulmana que dificulta a los demás una participación justa. 
Debemos también tener en cuenta estos dos hechos y prestar atención para que esto no ocasione permanentemente nuevas acciones de protesta en Mostar. 
En tercer lugar, quiero decir que se debe condenar la tibia actitud del grupo de contacto de la Unión Europea en lo tocante a la preservación de Bosnia-Herzegowina como una unidad multiétnica que se acordó en Dayton. 
Esto hace que los demás firmantes de Dayton, a saber, los croatas y serbios, no van a esforzarse precisamente en aplicar lo más rápidamente los acuerdos de Dayton. 
En cuarto lugar, quiero indicar que hay que ayudar lo más rápidamente posible y de un modo palpable a aquellos que quieren respetar in situ los acuerdos de Dayton, es decir, aquellos que quieren permitir el retorno de los refugiados y actúan también en este sentido. 
Deben poder contar con que sus buenas acciones producen éxitos y que van a ser recompensados de modo palpable. 
Sólo así podremos seducir a otros para que hagan por fin lo que han prometido con su firma, es decir, respetar las disposiciones de Dayton. 
Señorías, seguiremos teniendo dificultades mientras en Brco, en Mostar, en la República Srpska y también en la Federación musulmano-croata no sea posible en muchos lugares que retornen los refugiados, mientras no impongamos una fecha límite en la que los refugiados deben haber retornado. 
En la Unión Europea hemos tenido buenas experiencias con fechas límite, con deadlines. 
Acabamos de tener una con el euro. 
Creo que en el caso de Dayton debemos intentar determinar una fecha límite en la que deben haber retornado todos los refugiados, pues sólo con su retorno tendrá éxito la ayuda a la reconstrucción y podremos establecer la paz. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero apoyar plenamente lo que acaba de decir la Sra. Pack en el sentido de que los acuerdos de Dayton son la causa de muchos de los problemas que existen en la antigua Yugoslavia y que hoy se reflejan con especial gravedad en Mostar y Brco. 
En lo tocante a la presente propuesta de resolución, me sorprende ver como en algunos puntos se mide con dos diferentes varas de medir. 
En las noticias del 14 de febrero sobre la ciudad de Brco se nos dijo en primer lugar que la ciudad había sido asignada a los serbios. 
Solamente cuando se produjeron justificadas y masivas protestas por parte de los musulmanes y croatas, se dio a conocer el aplazamiento de la decisión en un año. 
Pero ya podemos imaginarnos cuál va a ser la decisión dentro de un año. 
Se va a ceder a los pretendientes que gritan más y que probablemente son más fuertes, es decir, los serbios, a pesar de que hasta su expulsión los musulmanes eran con diferencia el grupo más importante, seguidos de los croatas y los serbios sólo en tercer lugar. 
Todos los grupos del mundo que llevan a cabo limpiezas étnicas miran actualmente con gran interés a Brco, pues esperan que su peligrosa e inhumana actuación se vea respaldada mediante una decisión arbitral internacional. 
Es aquí donde radica el mayor peligro. 
Tras las experiencias de los últimos meses en la parte serbia de Bosnia y el grave desprecio de muchas de las disposiciones del Acuerdo de Dayton, no debemos caer en la ilusión de que Brco, cuando esté bajo control serbio, vaya a ser en el futuro un punto de cruce por el que vaya a pasar la histórica arteria de comunicación hacia el norte, de importancia vital para musulmanes y croatas. 
En el momento en que desaparezca el control internacional, esta puerta también se cerrará. 
Debemos aprender algo de la historia. Allí donde se ha creado un corredor ilegítimo, éste ha conducido a la siguiente guerra. 
Solamente hay que recordar qué desgracias nos acarreó el corredor polaco. 
Solamente unas palabras sobre la propuesta de resolución sobre Mostar. 
Sería positivo que al menos de vez en cuando nos ateniésemos al principio jurídico de audiatur et altera pars, en lugar de echar todas las culpas como siempre a los croatas. 
Señor Presidente, la Comisión está muy atenta a las cuestiones que se han suscitado en esta Asamblea con relación a la ex Yugoslavia. 
En primer lugar, diría que por lo que respecta a la aplicación de los aspectos civiles de los acuerdos de Dayton y de París, el período actual es el de la consolidación. 
La Peace Implementation Conference indicó claramente, en el transcurso de la última reunión ministerial celebrada en Londres, cuáles debían ser los resultados que deberían alcanzarse en el transcurso de este período. 
A pesar de los avances realizados, todavía quedan por resolver muchos problemas. 
Con razón, algunos honorables diputados han subrayado hace un momento que el deseo de colaboración con el tribunal penal internacional sigue todavía insuficientemente satisfecho. 
Dicha colaboración es una de las condiciones políticas de acceso a la ayuda al esfuerzo de reconstrucción. 
Por lo tanto, la Comisión Europea estima que no puede realizar otros proyectos para la República Srpska que los que contemplan el desarrollo de la colaboración entre las dos entidades de Bosnia. 
El envío de los criminales de guerra a las autoridades judiciales es una condición insoslayable del éxito de esta reconciliación que el país necesita. 
En este contexto, es asimismo preciso recordar que una gran parte de los refugiados procede de regiones hoy situadas en la República Srpska y que la presencia de los criminales de guerra en dichas regiones obstaculiza su regreso. 
Por otra parte, el Gobierno central de Bosnia-Herzegovina funciona, pero es preciso seguir tomando decisiones importantes, sobre todo, en el ámbito económico, sobre cuestiones tan esenciales como el funcionamiento del Banco Central o la aprobación de una moneda única para el conjunto de las entidades de Bosnia. 
Dichas medidas son indispensables para la estabilización económica del país y son una condición necesaria para la movilización de los donantes. 
En el ámbito político, la cooperación en el seno de la federación deja todavía mucho que desear y, señor Titley, los acontecimientos de Mostar hipotecan gravosamente las relaciones entre los croatas y los musulmanes. 
La Comisión ha llamado la atención de todas las partes sobre el hecho de que la situación en Mostar es determinante para la cohesión de la federación. 
La Comisión ha subrayado la necesidad de hacer todo lo posible para impedir que degenere la situación. 
De todos modos, les recuerdo que la Unión Europea ha movilizado unos medios considerables en hombres y material para reconciliar a los habitantes de Mostar. 
Es preciso evitar que la intervención de algunos elementos difíciles de controlar reduzca estos esfuerzos a la nada. 
Por lo que respecta a Kosovo, que es otro escollo en las relaciones con la antigua República de Yugoslavia, diría que, desgraciadamente, no hay esbozo de solución a la vista. 
Las autoridades de Belgrado deben comprender que este inmovilismo impide cualquier desarrollo de sus relaciones con la Unión. 
La Comisión lamenta que todavía no se tolere ninguna presencia de la Unión en Kosovo y que Belgrado se niegue incluso a conceder un visado al Sr. Vanderstoel, alto comisario de la OSCE para las minorías. 
Por último, la decisión arbitral relativa a Brejko se adoptó a título provisional. 
La comunidad internacional se ha propuesto crear, el próximo año, las condiciones políticas y económicas que permitan hacer esta decisión definitiva. 
La Comisión Europea contribuirá a este proceso lanzando, en el marco de la reconstrucción, proyectos que puedan contribuir a mejorar la situación. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de la siguientes propuestas de resolución: 
B4-0069/97 del Sr. Ford y otros, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo; -B4-0100/97 del Sr. Hory y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la escalada de la extrema derecha en la Unión Europea y en particular en Francia; -B4-0117/97 de la Sra. Pailler, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, sobre las amenazas contra la libertad de expresión y de creación; -B4-0131/97 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el resurgimiento del racismo y del neofascismo en Europa; -B4-0136/97 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la introducción del visado obligatorio para los miembros menores de edad de familias de inmigrantes en la República Federal de Alemania. 
Señor Presidente, tomo la palabra en favor de la propuesta de resolución conjunta y de las dos enmiendas presentadas por algunos colegas franceses relativas a las cuestiones del racismo, la xenofobia y la extrema derecha. 
La resolución pide que un país, el Reino Unido, que no lo ha hecho, se manifieste inmediatamente en favor del establecimiento de un observatorio europeo para vigilar los brotes de racismo, xenofobia y antisemitismo. 
Ya se ha recurrido a la utilización del artículo 235 para establecer el observatorio sobre la droga y el observatorio europeo sobre la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, y no vemos por qué razón podría haber algún problema en esta esfera particular de la que nos estamos ocupando. 
Si se ha tenido alguna duda acerca de la necesidad de colaborar en el plano europeo, basta con repasar los sucesos que tuvieron lugar hace unas cuantas semanas cuando los neonazis daneses, con sus partidarios del Partido Nacional Británico, se apañaron para enviar por conducto de Suecia cartas-bomba a parejas de razas diferentes del Reino Unido. 
Si esto no constituye un ejemplo de la necesidad de colaborar en el plano europeo, no sé qué otra cosa puede ser. 
En segundo lugar, la resolución ataca las actividades de algunos de los partidos de extrema derecha de la Unión Europea, concretamente el Front national en Toulon, Orange y Marignane. 
En relación con la manifestación del Front national que va a tener lugar aquí en Estrasburgo en marzo, hemos podido oír esta mañana un apasionado llamamiento del Sr. Gollnisch en favor de la tolerancia y de la libertad de expresión. 
Permítanme que les diga que hacía mucho tiempo que no había oído tantas manifestaciones de hipocresía. 
Basta con ver lo que está sucediendo en Orange, donde las bibliotecas son objeto de censura, se suprimen las subvenciones y a la gente no se le permite siquiera que se case si quieren hacerlo con un extranjero. 
La última vez que fui a Marsella para pronunciar una conferencia de prensa sobre la cuestión del racismo, las unidades antidisturbios de la policía francesa tuvieron que intervenir con gases lacrimógenos y escudos protectores para que yo pudiera pronunciar la conferencia, debido a que el mismo Front national a que pertenece el Sr. Gollnisch había organizado una manifestación. 
Lo que quiero decir a guisa de conclusión es que me alegra sobremanera que el Consejo de Europa vaya a poner esta sala a disposición del pueblo de Estrasburgo el lunes de Pascua para que pueda protestar contra las actividades del Front national y pueda expresar en este foro su tolerancia y su rechazo de las funestas políticas de esas personas. 
Señor Presidente, permítame que le diga que, por una vez, nuestro procedimiento de resoluciones de urgencia ha merecido de verdad su nombre, ya que hay una urgencia primordial en efecto de contrarrestar la escalada del racismo, de la xenofobia, del antisemitismo y de la extrema derecha en Europa, de lo que vemos mil manifestaciones. 
Por lo que a mí respecta escogeré cuatro. 
En primer lugar, los crímenes y los delitos de inspiración racista se multiplican en toda Europa. 
Desgraciadamente, es el pan nuestro de cada día, me dirán ustedes, pero estas actuaciones criminales prueban que en cualquier momento puede ocurrir lo peor. 
En segundo lugar, acabamos de experimentar un hecho sin precedentes en Francia: la victoria de una lista de extrema derecha por mayoría absoluta de sufragios en unas elecciones municipales parciales en Vitrolles, lo que demuestra que lo peor puede resultar aceptable para una parte de los ciudadanos. 
En tercer lugar, en una gran ciudad francesa como Tolón, la municipalidad de extrema derecha multiplica las agresiones contra la libertad de expresión y contra la creación artística, lo que muestra que a pesar de sus disfraces, el mal acaba siempre por parecerse a lo peor. 
En cuarto lugar, la urgencia de la situación. 
En mi opinión, la urgencia obedece al hecho de que varios gobiernos conservadores europeos, y particularmente, el Gobierno francés, creen poder atajar el fascismo haciéndole concesiones. 
En particular, la derecha tradicional francesa legitima los problemas que plantea la extrema derecha dejando creer que hay un vínculo de causa efecto entre la inmigración, e incluso la figura simbólica del extranjero, por una parte, y las dificultades económicas, el desempleo y la inseguridad, por otra parte. 
Esto es innoble y, además, totalmente ineficaz. 
Todas las legislaciones represivas sobre la inmigración aprobadas en Francia para hacer retroceder a la extrema derecha no han hecho más que fomentarla. 
Es la estigmatización de la inmigración la que nutre el crecimiento de la extrema derecha mediante un vínculo directo de causalidad. 
Hoy, al adoptar la propuesta de resolución que presentan cinco grupos y nuestras enmiendas 1 y 2, el Parlamento Europeo puede ayudarnos a hacer retroceder al Gobierno francés que quiere hacer aprobar una ley de delación y de inhospitalidad contra los extranjeros, ley circunstancial, en efecto, pero vieja, muy vieja ley del chivo expiatorio. 
Algunos nos ayudarán para evitar a sus amigos una falta política grosera. 
Pero la mayoría de este Parlamento tendrá sobre todo empeño en reafirmar en esta ocasión una visión humanista de la construcción europea, la de una Europa construida sobre los valores de tolerancia y libertad, sobre los principios del universalismo: la Europa de las luces contra la del oscurantismo. 
Señor Presidente, el fin de esta resolución es mostrar, a través de los hechos con los que, por desgracia, podríamos todavía alargar la lista, que el racismo es hoy en día, en efecto, una realidad en marcha y un hecho en toda Europa. 
Si cada país tiene sus especialidades nacionales en la materia, los fundamentos del racismo son los mismos en todas partes y principalmente, el rechazo visceral y primario del otro, diferente por su color de piel o su cultura, o incluso una crisis social profunda, de larga duración, presentada como una fatalidad por gobiernos sucesivos que se niegan a dotarse de los medios para controlarla. 
En Francia, si me permiten decirlo, nos llevamos la palma de la traducción política de estos dos fundamentos del racismo en los resultados electorales del Frente Nacional. 
El Gobierno francés, que, al tiempo que protesta, deja atentar contra la libertad de expresión y de creación y deja actuar a la censura cultural en Tolón y en algunas otras ciudades, atenta contra la democracia. 
Una hipocresía que disimula mal las orientaciones ultraliberales que agravan más la precariedad y la miseria. 
Además, ¿qué se puede esperar de un poder que despliega leyes tales como las leyes Pasqua y Debré; ¿quién explota, al legitimarla, la tesis racista de los partidos de extrema derecha que asimilan el extranjero al inmigrante clandestino y éste al delincuente? 
El rap, el hip-hop, la creación contemporánea en general, todos estos movimientos artísticos censurados o amenazados con serlo están atravesados y enriquecidos con la diversidad de culturas del mundo y nos invitan a abrir nuestros corazones y nuestros espíritus para acoger al extranjero con las palabras de Jacques Prévert: » Extranjeros, extranjeros, sois de la ciudad, formáis parte de su vida». 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en todos los lugares se celebra festivamente el Año Europeo contra el Racismo. 
Pero no es suficiente con festejar. Hay una cosa que no deben hacer: encubrir la realidad. 
La realidad en la Unión Europea se caracteriza por la violencia racista cotidiana, por la creciente xenofobia y antisemitismo. 
El balance de la violencia es aterrador. 
Sólo el 7 y 8 de febrero fueron atacados y heridos muy gravemente en Alemania un vietnamita, un solicitante de asilo libanés y dos ciudadanos polacos y un «punky» de 17 años fue víctima en Magdeburgo de la violencia racista. 
La realidad es también la ambigüedad de una política que por un lado habla de antirracismo y, al mismo tiempo, agudiza el racismo y la discriminación institucional. Primer ejemplo: Francia. 
El orador anterior ya ha dicho algo al respecto. 
El proyecto de ley recrudece incluso las famosas y temibles leyes Pasqua y eleva la denuncia al nivel de obligación y de ley. Por ejemplo, cualquiera que acoja a un extranjero está obligado a comunicar sus datos personales. 
Esta es la base del odio hacia el extranjero, de nuevas divisiones en la sociedad, de desintegración y violencia. 
No es ningún milagro que el Front National, el original de una política tan despreciable, obtenga cada vez más adeptos. 
Segundo ejemplo: Alemania. 
El Ministro del Interior Kanther se hace nombrar coordinador nacional del Año Europeo contra el Racismo y ¿cuál es su primera actuación? 
Ordena la obligación de visado y de permiso de residencia para los niños de los inmigrantes que viven en Alemania provenientes de los tradicionales países de contratación, el primero de ellos, Turquía. 
Este decreto afecta a 800.000 niños. 
¿Es este el modelo alemán de integración que degrada a los niños turcos a niños de segunda clase, que los excluye socialmente si el derecho a la familia por lo visto es solamente válido para las familias alemanas y si estos niños son declarados como una amenaza para el orden y la seguridad? 
Los derechos humanos son indivisibles, también entre nosotros. 
El decreto del Gobierno Federal alemán es una escandalosa violación de los derechos humanos y no debe convertirse en un modelo europeo. 
Este decreto viola las leyes y el Convenio de la ONU sobre la protección de los niños. 
El empeoramiento de la situación social de las trabajadoras y trabajadores turcos es una discriminación de estos conciudadanos y viola las disposiciones del Acuerdo de Asociación. 
Me gustaría saber qué es lo que va a hacer en contra la Comisión como defensora de los Tratados y también de la aplicación del Acuerdo de Asociación. 
Señor Presidente, reconozco que tal vez no sea ésta del todo una moción de procedimiento, pero tenía la idea de que fue el Gobierno socialista francés el que inventó los certificados de alojamiento impuestos a los extranjeros. 
Y si me equivoco, ¡me gustaría que lo dijeran! 
Señor Presidente, señor Comisario, podemos contar con la Sra. Fontaine porque siempre es de una pertinencia total y de una exactitud rigurosa. 
Simplemente, el certificado de alojamiento ya no tiene el mismo sentido. 
Lo creamos en 1992 como instrumento para la convicción de la policía de que el extranjero bajo incriminación estaba estabilizado y que, por lo tanto, se le podía dar un documento de regularización de su residencia. 
A partir del momento en que este instrumento se convierte, en relación con lo que era en el momento de su creación por Robert Badinter y Pierre Bérégovoy, con mi acuerdo pleno, en un instrumento de batida policial, se produce un cambiazo, una vuelta de campana total. 
Y me temo que, en esta interpretación, querida Nicole, es la Sra. Roth la que tiene razón. 
Dicho esto, ha rectificado usted la historia correctamente. 
Muchas gracias, señor Rocard. 
Estas intervenciones un poco fuera del orden del día son extraordinariamente interesantes, son como un soplo de aire fresco en la monotonía de algunos de estos debates y, por tanto, la Presidencia hasta las ve con cierta simpatía, pero, en cualquier caso, tiene que cumplir con su obligación. 
Señor Presidente, el fascismo no se instala generalmente por sorpresa. 
Es la razón por la cual hay que estar muy atento a los signos precursores. 
Marca previamente su terreno organizando un acondicionamiento insidioso de las mentes y, en esa fase, la cultura desempeña un papel primordial. 
Para los que tienen una ideología totalitaria, la cultura no se concibe si no está enmarcada, aseptizada, oficializada y los artistas son, por definición, molestos, cosmopolitas, generosos y puntillosos con las libertades. 
La creación se considera como subversiva y los propios escritores son sospechosos, por supuesto, dejando aparte a los encargados del adoctrinamiento. 
En Francia, en las ciudades donde el poder local está en manos de la extrema derecha, ya están metiendo en cintura a quien consideran oportuno. 
En efecto, no queman libros, la llama purificadora opera de manera más inteligente. 
Se expulsa a artistas molestos, se censura a escritores cuyo nombre suena mal. 
Como de momento no se pueden eliminar las bibliotecas municipales, se vacía el papel de su substancia. 
Resumiendo, la máquina de descerebrar está en marcha. 
Para combatir el progreso de estas ideas, algunos han considerado hábil colocarse en el terreno mismo, mis compañeros han hecho ya alusión a ello. 
Desgraciadamente, en ese jueguecito, se pierden todas las jugadas y uno se ve obligado a cargar las tintas. 
Pero el umbral de lo tolerable se cruza pronto y, en Francia, el amplio movimiento de protesta acaba de dar cuenta de ello al Gobierno. 
Dicho esto, ¿lucharemos por fin, aquí mismo, contra los verdaderos problemas que hacen la cama a los extremistas, combatiendo el desempleo, los perjuicios del liberalismo desenfrenado y sus consecuencias desastrosas para la cohesión social? 
En efecto, la Comisión no está inactiva, pero ante el inmovilismo del Consejo, ¿qué pesan los hechizos del Sr. Santer para la lucha contra el desempleo? 
La paciencia no es necesariamente una virtud. 
A veces, hay que saber armar un escándalo y romper con la política del proteccionismo para que por fin se dé una respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos. 
Señor Hory, temo que no estoy en perfecta sintonía con usted sobre esta propuesta de resolución, porque me parece que practica el arte de la amalgama. 
Al agrupar diversos hechos que han tenido lugar en varios países de Europa, hacemos una revista de prensa, un muestreo, pero no un buen tema de resolución. 
El mal de fondo está ahí: es la inmigración clandestina. 
Esa inmigración clandestina que perjudica a los inmigrantes en situación regular, que lanza sobre ellos sospechas y descrédito. 
Esa clandestinidad engendra marginalidad. 
Y ¿cómo vivir en la marginalidad, señora Pailler, sin caer desgraciadamente en prácticas que pueden convertirse en delictivas? 
Todos han hecho el diagnóstico, pero hacen falta remedios. 
Hay algunos que han hecho ya sus pruebas, pero el mal se agrava y hay que mejorar los remedios y modificar la posología.En este recinto, estamos todos, o casi todos, de acuerdo para luchar contra el racismo, la xenofobia y la extrema derecha. 
Pero, por el contrario, no estamos de acuerdo sobre los medios. 
No estoy convencida de que las peticiones, aunque amplificadas día a día por los artificios de las páginas de algunos periódicos franceses que repiten los mismos apellidos añadiendo nombres al día siguiente y otras astucias no muy confesables, basten para demostrar los impulsos generosos del corazón y para entrenar a un movimiento de fondo de las poblaciones. 
Poblaciones que, por otra parte, no son fáciles de engañar- el 59 % de los franceses está a favor de las leyes Debré- porque se enfrentan a la pequeña delincuencia, al amontonamiento de algunos apartamentos, a las condiciones en las que viven los clandestinos. 
¿Podemos además utilizar este término de clandestino para algunos? 
¿Hay que silenciar la explotación de su trabajo, por parte de sus propios conciudadanos inmigrantes? 
Cada país europeo ensaya una fórmula diferente. 
No todas son perfectas, pero todas son perfectibles. 
La única manera de proceder es mediante el control de la inmigración clandestina para que los acuerdos de Schengen se apliquen de forma satisfactoria. 
Mi grupo se extraña de que los signatarios de esta resolución, tan puntillosos con los derechos de los diputados europeos, reivindicando, como lo hacemos todos, el derecho de enmienda de los textos que se nos proponen, nieguen de forma tan violenta a los diputados del Parlamento francés la facultad de ejercer estos mismos derechos. 
El texto del proyecto de ley Debré va a llegar en segunda lectura al parlamento. 
Nuestros compañeros franceses son responsables. 
Saben lo que desean los electores. 
Han recibido un mandato para representarles. 
¿Les juzgan ustedes incapaces de respetarlo? 
¿Aceptarían ustedes que el parlamento nacional les dé órdenes? 
¿No tendrá toda esta agitación una única meta: hacer olvidar el silencio ensordecedor de la oposición francesa cuando examinó este texto en primera lectura? 
Señor Presidente, la falta de perspectivas para numerosos desempleados, el temor de las personas amenazadas con perder su empleo, el sentimiento de marginalización o de exclusión, constituyen para una parte muy amplia el fondo de comercio de los movimientos de extrema derecha que parecen tener el viento de popa en la mayoría de los países de la Unión Europea. 
El miedo, la incertidumbre, la indiferencia, no hay que extrañarse, se explotan con fines sospechosos por parte de estos movimientos. 
Ante esta situación, la actitud de la clase política no debería ser ni simple, ni simplista. 
La actitud menos adecuada, y me gustaría añadir que la más peligrosa, consistiría en inspirarse en la acción política en los métodos que conducen al éxito electoral de los partidos extremistas, por la simple razón que los electores acabarán tarde o temprano por preferir el original a la copia. 
No, la acción contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo debe depender de un enfoque multidisciplinar apelando a actores que surjan de los medios más diversos, en particular, de la vida asociativa, último recurso cuando todos los demás han demostrado su incapacidad para solucionar dichos problemas. 
La Unión Europea, por su parte, debería redoblar sus esfuerzos para completar las acciones y las campañas ya iniciadas. 
Sobre todo, pienso en acciones complementarias entre el Consejo de Europa y la Unión Europea. 
El desarrollo de... 
Señor Presidente, nuevamente se debate en esta Asamblea sobre el racismo y la xenofobia. 
Hace apenas un mes nuestro Parlamento se congratulaba por el lanzamiento del Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia, y hoy nos vemos obligados a tratar de nuevo de este tema en el debate de actualidad. 
Y es que no sólo se han venido produciendo hechos preocupantes en estas últimas fechas, sino que ello viene acompañado por un debate en Francia acerca del proyecto de ley Debré que va a provocar un reforzamiento de las tesis de una ultraderecha en avance, de una ultraderecha que se alimenta del descontento social y, de forma simplista y tendenciosa, asocia inmigración a delincuencia. 
Porque el Parlamento Europeo y los Gobiernos de los Estados miembros tienen ante sí el reto de, como se dice en mi tierra, » agarrar el toro por los cuernos» y dejarse de hipocresías y de dobles morales, y, al mismo tiempo que condenan estas amenazas a la libertad de las personas, deben ir a la esencia del problema y sentar las bases para eliminar las causas de este ascenso de la intolerancia. 
La creación de empleo y el fomento de estructuras colectivas que permitan el desarrollo del individuo en la convivencia y la solidaridad pueden ser un ejemplo para ello. 
Señor Presidente, el proyecto de resolución que se nos ha presentado, aparentemente relativo al racismo, procede de la amalgama demasiado frecuente en este recinto, entre la xenofobia y la voluntad legítima de los pueblos de Europa de controlar la inmigración que puede venir a instalarse en su territorio. 
En particular, no podemos constatar sin inquietud, que el proyecto de resolución menciona- como especialmente censurable- el texto actualmente presentado a debate en el Parlamento francés. 
Así contemplada, parece una disposición que obligaría a las personas que alojen a extranjeros a dar parte al ayuntamiento cuando se marchen. 
¿Por qué esta disposición? 
Como en la actualidad los controles de personas en las fronteras internas están suprimidas en gran parte, se hace difícil hacer el censo de los extranjeros de terceros países que se marchan cuando expira su permiso de residencia y, por lo tanto, saber quiénes siguen en Francia de forma clandestina. 
Evidentemente, esta situación aberrante la utilizan los que explotan a los clandestinos, los que hoy en día llamamos «los nuevos traficantes de esclavos». 
Para resolver este problema, el proyecto de ley Debré había imaginado someter a las personas que alojen a determinados extranjeros a la obligación de declarar cuando se marcharan. 
Se puede pensar lo que se quiera de la eficacia o de la oportunidad de esta medida, pero lo que es cierto es que deriva directamente de la falta de controles en las fronteras. 
Por lo tanto, llegamos a esta conclusión lógica; hay que optar: o bien la declaración de su marcha en el ayuntamiento o en la prefectura- que muchos consideran como una formalidad vejatoria, incluso policial- o, la misma declaración en el momento en que el extranjero pasa la frontera para marcharse. 
Esta segunda solución parece efectivamente más sencilla, pero para ello hace falta que haya un mínimo de presencia policial en la frontera. 
Asimismo, podemos sacar una conclusión más general de este asunto. 
Los controles en las fronteras aparecen finalmente como el método más liberal y el menos apremiante para las libertades públicas, de controlar la inmigración. 
Si se suprimen estos controles periféricos, nos encontramos matemáticamnte obligados a multiplicar las verificaciones policiales en toda la extensión del territorio interior. 
Es lo que tememos y es la razón por la cual, mi grupo ha luchado siempre contra la política europea de supresión de las fronteras internas, porque consideramos, mirándolo bien, que su filtración constituye finalmente una buena defensa de las libertades. 
Señor Presidente, una de las resoluciones originalmente presentadas tenía por título «Amenazas a la libertad de expresión y del arte creativo» -lo cual no puedo sino interpretar como una forma burlesca de humor, como una absurda comedia del pésimo gusto, a menos que haya sido introducida por el Partido Comunista francés, partido que en materia de amenazas a la libertad de expresión tiene a sus espaldas un muy nutrido historial. 
Sea lo que fuere, por lo que a mí respecta, no me hace ya impresión esta enésima resolución sobre la llamada lucha contra el supuesto racismo y la pretendida xenofobia. 
Se trata de fenómenos que reviven por sí solos, que progresan por cuenta propia, en la exaltada imaginación de unos cuantos intolerantes que tratan de estigmatizar toda forma de intento de protección de la identidad nacional con estos apelativos. 
En primer lugar, compruebo que los defensores de la identidad nacional alcanzan cada vez un mayor éxito. 
Una prueba de ello es la victoria electoral estrictamente democrática de nuestro colega Bruno Mégret en Vitrolles. Aunque también por ejemplo la pregunta planteada por el Canciller Kohl de si un país con millones de parados puede seguir permitiéndose aún la presencia de millones de trabajadores inmigrantes no europeos. 
En segundo lugar, sin embargo, debo también señalar que la indignidad sobre el papel de este inoperante Parlamento no es tomada en serio por ningún ciudadano sensato de Europa. 
Citaré un ejemplo; tras la votación del 30 de enero sobre el Año Europeo de la Lucha Contra el Racismo los diputados demócrata-cristianos de Flandes declararon a sus electores que sí, que habían votado por la revolución, aunque en realidad estaban en contra de ella. 
Pues bien, cuando incluso los demócrata-cristianos se pueden permitir bromas y bufonadas tan fenomenales, ¿van a pedirme acaso que yo también tome en serio aún semejante farsa? 
Señor Presidente, me complace poder expresar, tras haber tenido que escuchar al Sr. Vanhecke, lo que constituye a mi juicio el aspecto más esencial de este Parlamento, a saber, el servir como elemento amortiguador contra el racismo, la xenofobia, el neofascismo y el neonazismo. 
Es éste para mí el más importante cometido de este Parlamento. 
Esto se demostró, hace más de diez años, señor Vanhecke, al poner los pies aquí por primera vez el Sr. Le Pen y responder nosotros con una declaración solemne común que fue firmada por la Comisión, por el Consejo y por el Parlamento y también quedó confirmado en la tarea encomendada a la Comisión Kahn y en nuestras resoluciones anuales, aquí en este Parlamento, en esta Asamblea, así como también al instituir ahora el Año Europeo de la Lucha contra el Racismo. 
Pero por muy elevada que sea la confianza que inspira la postura de la grandísima mayoría de este Parlamento, siguen emitiéndose, señor Presidente, palabras huecas que entran a menudo en agudo contraste con lo que sucede en nuestros países miembros. 
Y no me estoy refiriendo ni al Frente Nacional ni al «Vlaamse Blok» o a demás partidos de extrema derecha ya que sus repulsivas manifestaciones son fáciles de predecir. 
No, señor Presidente, me estoy refiriendo estrictamente a partidos «correctos» , a parlamentos elegidos de manera democrática que tienden a un bochornoso nacionalismo y que se sienten orgullosos del hecho de admitir el menor número posible de solicitantes de asilo, que tratan cada vez de modo más inhumano a los ilegales que ellos mismos crean gracias a su mezquina política de admisión. 
Los ejemplos citados en la resolución, y no voy a repetirlos, hablan por sí mismos, aunque creo que es Francia en este caso el país que se merece el más alto galardón con su proyecto de ley Debré. 
Me hace pensar en la época más sombría de nuestra historia, de nuestra historia europea. 
Una historia que debemos seguir recordando día tras día y que de hecho constituyó el acicate, el origen de la unificación Europea. 
Escojamos por ello, señor Presidente, el lado de todos aquellos franceses que se oponen a este proyecto de ley. 
Señor Presidente, una de las enseñanzas más interesantes de la comisión de encuesta sobre el racismo y la xenofobia que he tenido el honor de presidir durante la legislatura anterior, es que la lucha contra el racismo y la xenofobia pasaba por la lucha contra el trabajo clandestino y la inmigración que le está ligada. 
Es ésta la enseñanza que el Gobierno francés, con coraje, ha decidido poner en práctica después de otras. 
Tal es el sentido de la ley Debré, o más bien del proyecto de ley Debré. 
E invito a los que combaten este proyecto, sin haber leído el texto, visiblemente, a que visiten algunos talleres clandestinos y algunos alojamientos de clandestinos donde, en las condiciones más inhumanas que pueda haber, están secuestrados los infelices. 
Señorías, la verdad del debate está ahí. 
Ésta es la razón por la cual, al contrario de los que han visto, en la emergencia del Frente Nacional, una oportunidad histórica para quedarse en el poder o de volver a él, por la indignación que esta formación suscita, soy de los que sostienen la acción del Gobierno francés que, con coraje y no sin brillo, decide batirse en el mismo frente... 
(Habiendo superado el orador su tiempo de intervención, el Presidente le retira la palabra) 
Señor Presidente, la propuesta de resolución común aborda los peligros que conlleva el resurgir de una actitud racista y xenófoba en algunos Estados de la Comunidad y, más concretamente, en Francia y Alemania. 
Si Alianza Nacional fuera un movimiento que quisiera obviar o camuflarse ante este problema, habría elegido, según una elección táctica, no intervenir sobre esta resolución. 
Por el contrario, y precisamente para demostrar nuestra absoluta buena fe y nuestra opción plenamente antirracista y antixenófoba, hemos de manifestar que dicha resolución es un pésimo texto político, fundamentalmente, por dos motivos: el primero es que las oposiciones de izquierda de los diferentes Estados miembros quieren aprovechar un posible voto favorable de nuestro Pleno para utilizarlo contra sus respectivos Gobiernos de centro derecha. 
En efecto, no es de extrañar que no se mencionen las recientes propuestas del Gobierno italiano que, por lo que se refiere a las expulsiones y la no admisión de ciudadanos no comunitarios, se remontan- o incluso van más allá- de la legislación francesa y alemana. 
El segundo motivo de oposición es que se intenta asimilar la palabra «derecha» al término «racista» , esto es, se da por sentado que quien es de derechas es racista y quien es racista no puede ser otra cosa que de derechas. 
Ésta es una estrategia semántica que tuvo sus maestros en los centros de la antigua esfera comunista, especializados en la desinformación. 
Para los comunistas, en efecto, cualquiera que estaba situado a su derecha era un socialfascista y tachar a su adversario como socialdemócrata, equivalía a insultarle y a etiquetarle negativamente. 
Nosotros estamos en contra de esta estrategia mediática, habida cuenta de que tanto históricamente como observando los recientes acontecimientos, vemos que las actitudes racistas y xenófabas han sido adoptadas por innumerables Estados y Gobiernos que se definían, y son, de izquierda. 
Les recuerdo, y voy a hacer pocos ejemplos, como el comunista Ceaucescu trataba a los minorías húngaras, como China somete a la minoría tibetana y como todas las minorías étnicas de la Unión Soviética fueron vejadas, deportadas y homologadas por una ideología totalitaria y de izquierda. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Sr. Nordmann acaba de decir que el racismo y la xenofobia solamente se pueden combatir suprimiendo la inmigración ilegal. 
En raras ocasiones he escuchado tamaña tontería. 
Vengo de un país en el que en 1933 Hitler obtuvo el 43 % de los votos; en Alemania no existía inmigración ilegal. 
Pero lo que sí había era un enorme desequilibrio económico y una distribución de los recursos económicos totalmente injusta. 
Y esto existe hoy en el interior de la Unión Europea entre los grupos de población y las clases sociales y existe en la relación de esta Unión con el área meridional y con la Europa del Este. 
Estas son las causas de que exista una presión migratoria en la Unión Europea que, señoras y señores del lado de la derecha, es utilizada masivamente para sus repugnantes propósitos. 
Quiero decir algo al Sr. Vanhecke: ya sabemos desde hace tiempo que a usted no le conmueve nada. 
Pero le creemos que se alegre de la victoria electoral de Bruno Mégret, tal como usted ha dicho. 
Sólo que el Sr. Mégret no ha logrado ninguna victoria electoral pues no podía ser candidato. El Sr. Mégret es un delincuente que no puede ser candidato. 
Su mujer es la que ha ganado. 
Allí se sientan tipos que actúan como si fuesen hombres sin mácula. 
Tienen más porquería en su solapa que todo este Parlamento junto. 
Tengo que decírselo claramente. 
Señor Berthu, en sus asientos se encuentra toda una serie de personas con graves condenas judiciales y que actúan aquí como si fuesen la crème de la crème de la política europea. 
Señor Berthu, quiero decirle otra cosa: lo mejor en el Sr. Vanhecke es que reconoce abiertamente que es un fascista y un racista. 
Las declaraciones que usted hace aquí solamente permiten extraer una conclusión: Le Pen es un libro, pero usted es un libro de bolsillo. 
Tengo que decírselo realmente. 
Hay un punto muy importante sobre el que no hemos llamado la atención hoy. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en una frase, desearía que el Sr.Schulz dejara de utilizar métodos estalinistas, sin cesar. 
El mejor medio de atizar el racismo es, en primer lugar, ser laxista frente a la inmigración y luego, no dejar de hacer amalgamas entre los racistas y los que tratan de defender honestamente a las poblaciones que tenemos el deber de proteger. 
Señor Presidente, pediré la palabra para una breve cuestión de índole personal. 
El Sr. Schultz pretende poder concluir de mis palabras que yo he afirmado reconocer que soy un racista y un fascista. 
Pues bien, no soy ni una cosa ni la otra, y si el Sr. Schulz cree oír semejantes cosas de la nada, del vacío, pues entonces lo mejor que haría sería ir a consultar un buen psiquiatra. 
Señor Presidente, no pienso que mis palabras desencadenen tales pasiones. 
La Comisión es perfectamente consciente del impacto muy negativo de la inmigración ilegal en la opinión pública, en particular, en el desarrollo de los comportamientos racistas y xenófobos. 
Por consiguiente, estima indispensable proseguir una política basada, a la vez, en la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos, en la integración de los inmigrantes que residen legalmente en el territorio y en la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. 
Por lo que respecta a la lucha contra la inmigración, recordaré que el Consejo adoptó, en septiembre de 1996, una recomendación sobre la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros países. 
En ella se precisa que el tráfico ilegal de mano de obra debe considerarse como una infracción y debe sancionarse penalmente. 
Además de ello, es preciso una cooperación entre los Estados miembros para identificar los orígenes de la trata de seres humanos y definir el mejor medio de combatirla. 
A este respecto, el Consejo se dotó de un grupo de trabajo para el intercambio de informaciones. 
En el ámbito de la cooperación política, el mandato de la unidad «Drogas-Europol» se extiende a la lucha contra la trata de seres humanos. 
Por último, la Comisión, de conformidad con su plan de acción social a medio plazo 1995-1997, prepara un Libro Verde sobre la problemática del trabajo clandestino. 
Este Libro Verde debería permitir una amplia consulta sobre la acción de la Unión, cuyo objeto sería eliminar cualquier práctica que atentara contra el bienestar de los trabajadores o que dificultara el buen funcionamiento del mercado de trabajo. 
Por lo que respecta a la admisión de los nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros, el Consejo adoptó cuatro resoluciones aplicables, respectivamente, a los trabajadores, a los independientes, a los estudiantes y al reagrupamiento familiar. 
La Comisión tiene la intención de presentar una propuesta de convenio sobre la admisión. 
El fin de una iniciativa así es el de progresar en la aproximación de las legislaciones y prácticas de los Estados miembros. 
Con el tiempo, el objetivo es establecer un verdadero estatuto de los extranjeros que residan desde hace mucho tiempo en el territorio de los Estados miembros. 
La Unión Europea no puede limitar su acción al control de la inmigración. 
Asimismo, debe hacer frente al desarrollo de sentimientos xenófobos en nuestra sociedad. 
Como saben ustedes, con el impulso del Consejo Europeo se han tomado ya numerosas iniciativas. 
El Año Europeo contra el Racismo es el primer ejemplo de un acuerdo entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros para comprometerse en acciones concretas de lucha contra el racismo. 
Permite desarrollar una acción de sensibilización frente al peligro que representa el racismo y realzar las medidas positivas destinadas a combatirlo. 
La creación de un observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos, propuesta por la Comisión en noviembre de 1996, contribuirá asimismo a concretar el compromiso de la Unión ante la escalada del racismo. 
Desgraciadamente, la Comisión deplora que un Estado miembro bloquee siempre su realización. 
En el ámbito penal, el Consejo aprobó en 1996 una acción común que tiende a mejorar la cooperación judicial en materia de crímenes racistas. 
Por último, la Comisión ha presionado asimismo para que, con motivo de la Conferencia Intergubernamental, se incluya una cláusula en el Tratado por la que se prohíba cualquier forma de discriminación racial. 
El conjunto de estas iniciativas es para que pueda mejorar la protección efectiva de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el seno de la Unión. 
El Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia ofrece la ocasión de una movilización intensa, pero la acción debe prolongarse más allá de ese plazo, y corresponde al conjunto de los actores interesados, a saber, las instituciones europeas, los Estados miembros, los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, y también los ciudadanos, garantizar la continuidad de este esfuerzo contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. 
Señor Presidente, no tema, no quiero iniciar de nuevo el debate, pero he planteado cortésmente una pregunta al Sr. Comisario, por lo que solicito una respuesta. 
¿Qué piensa hacer la Comisión Europea como defensora de los Tratados, es decir, también como defensora del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Turquía, en relación con la introducción de un visado para niños y la obligación de permiso de residencia para los niños de inmigrantes, aproximadamente 600.000? 
En mi opinión, esto no es compatible con las disposiciones del Acuerdo de Asociación. 
Se lo he preguntado y me gustaría tener una respuesta. 
Puedo manifestarles que, como la Comisión es guardiana de los Tratados, hará respetar estrictamente el Tratado, de acuerdo con la misión que se le ha encomendado. 
En cuanto a la pregunta concreta que se me ha planteado, lo lamento; al no tener los elementos necesarios, no puedo responder a su pregunta, pero he tomado buena nota. 
Daré cuenta de ello a la Sra. Gradin y ella les responderá directamente por escrito. 
Señor Presidente, intervengo acerca del fundamento del artículo 108. 
Por lo tanto, es por un hecho personal por lo que deseo intervenir al terminar este debate. 
El Sr. Schulz ha puesto en tela de juicio al conjunto de los miembros de mi grupo atacando, hace un momento, al Sr. Berthu. 
De acuerdo con la traducción que he oído, lo ha hecho evocando supuestos antecedentes judiciales de los miembros de mi grupo. 
Le pido que retire sus palabras. 
No somos sospechosos de tener en nuestro grupo... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, todos los presentes han escuchado claramente que no he criticado al grupo político del Sr. Fabre-Aubrespy. 
Solamente he constatado que el Sr. Le Pen es un libro y el Sr. Berthu un libro de bolsillo en los que a la capacidad intelectual se refiere. 
Si esto ofende a todo el grupo político, pido benevolencia. 
El debate queda cerrado. 
Se procede ahora a la votación. 
Antes de la votación sobre las resoluciones relativas al Chad: 
Quisiera saber si los autores de estas resoluciones las van a retirar o no. 
Mis informaciones sobre el particular son confusas. 
Esto se debe a que el Primer Ministro del Chad ha visitado Estrasburgo y ha formulado ofrecimientos concretos a la delegación de la Unión Europea que estará en el Chad este fin de semana. 
¿Van a mantener la resolución sus autores o van a seguir mi sugerencia, que formulé con todo detalle, en favor de que la retiren durante un mes? 
He oído algún rumor, pero no he recibido ninguna información oficial. 
Trabajos de la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0019/97) de la Sra. Baldi, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los resultados de los trabajos de la Asamblea Paritaria ACP/UE en 1996. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el papel desempeñado por la Asamblea Paritaria ACP-UE en el debate iniciado sobre los objetivos y los retos que la Unión Europea y sus socios afrontan en relación con la renovación del marco de cooperación es fundamental. 
Dentro de muy poco, va a iniciar la fase de preparación de las negociaciones sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP después del 2000. 
Al respecto, deseo destacar el papel y la aportación esencial de la Asamblea paritaria en el proceso de reflexión iniciado en 1996 sobre los objetivos y los desafíos que representa la renovación del marco de cooperación que, más allá del horizonte del año 2000 y en un contexto mundial en un profundo cambio, deberá seguir inspirando las privilegiadas relaciones que les unen desde los orígenes de la construcción europea. 
El futuro de estas relaciones, que implican a 85 Estados, es sumamente importante para el Parlamento, habida cuenta de que este grupo de países constituye la mayoría de los países en desarrollo y comprende las tres cuartas partes de los países más pobres. 
La política de desarrollo de la Unión Europea en su conjunto se pondrá a prueba cuando se elabore un nuevo Convenio. 
Teniendo en cuenta que el tema «Política de desarrollo» corre el riesgo de quedar marginado si no se consideran los contextos globales, esto es, refugiados, medio ambiente, drogas, delincuencia y sus consecuencias de desestabilización y riesgos para la seguridad, el Parlamento Europeo debería hacer uso de toda su autoridad política para propugnar el mantenimiento de las relaciones a un nivel adecuado y con los instrumentos necesarios. 
En particular, sería oportuno sugerir que la Conferencia Intergubernamental conceda a la política de desarrollo de la Unión, en el marco de la revisión del Tratado de la Unión Europea, la importancia que le corresponde. 
Los intercambios de puntos de vista desarrollados sobre este tema en Windhoek y Luxemburgo pusieron de manifiesto que los miembros de la Asamblea Paritaria son plenamente conscientes de la envergadura del problema de la futura forma de las relaciones entre los países ACP y la Unión Europea, y que están dispuestos a abogar por una continuación de las ayudas al desarrollo. 
El debate continuó con la presentación del Libro Verde de la Comisión y abarca aspectos generales, pero necesarios de la política de desarrollo de la Unión Europea, así como la coordinación con las ayudas bilaterales al desarrollo de los Estados miembros. 
Al terminar el grupo de trabajo competente sus trabajos sobre la situación de la política de ayuda humanitaria a los refugiados en los países ACP, la Asamblea Paritaria aprobó el 10 de marzo de 1996 la correspondiente propuesta de resolución. 
La entrada masiva y el fuerte crecimiento de los refugiados, en particular a raíz de los sucesos en la región de los Grandes Lagos, constituye un desafío para la comunidad internacional y pone de manifiesto la necesidad de mejorar la situación jurídica de los refugiados y de las personas desplazadas y, en consecuencia, cubrir sus necesidades materiales y espirituales a través de acciones de rehabilitación, repatriación y protección personal. 
En vista de la gravedad de los problemas a los que se enfrentan los pequeños Estados insulares por efecto de los cambios climáticos que en muchos casos amenazan su existencia económica e incluso física, se celebró, en el marco de la reunión de Luxemburgo, una audiencia de expertos sobre esta problemática y se acordó la creación de un nuevo grupo de trabajo encargado de elaborar un informe al respecto. 
Considerando, por un lado, la importante utilidad económica y, por otro, la gran dificultad de su realización, la Asamblea Paritaria, en el informe aprobado en Namibia sobre la industrialización de los países ACP, indicó cómo pueden utilizarse los recursos humanos y naturales de los países ACP para obtener una plusvalía en la producción industrial que redunde de manera inmediata en beneficio de la población a través de la creación de puesto de trabajo, la elevación de la capacidad adquisitiva y el estímulo de la demanda y la oferta. 
Por su parte, la Asamblea Paritaria adoptó unas resoluciones claras en materia de conflictos internos y graves violaciones de los derechos humanos en algunos países ACP. 
Es sumamente importante proseguir en esta dirección y recordar la estrecha vinculación existente entre el desarrollo, el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho. 
Los numerosos conflictos existentes y el tema de los refugiados y de las personas desplazadas, y vuelvo a referirme a la región de los Grandes Lagos, donde la situación es especialmente difícil- como pude comprobar personalmente- nos deben empujar a continuar con firmeza las reflexiones sobre el derecho de intervención por razones humanitarias y la ayuda al desarrollo que la comunidad internacional está obligada a prestar en virtud de una solidaridad real con todos los seres humanos a fin de garantizar unas condiciones de vida dignas a través de acciones inmediatas, específicas y coordinadas. 
Es necesario apoyar clara y firmemente todas las iniciativas encaminadas a prohibir y eliminar las minas antipersonas que diariamente amenazan la vida y la salud de la población y el desarrollo de los países que deberían ayudarse a través de acciones de rehabilitación y de limpieza de minas. 
Deseo asimismo manifestar mi satisfacción por el constante reforzamiento de la representación parlamentaria en la Asamblea Paritaria, que consolida así su autoridad y legitimidad y confirma el creciente compromiso de los Estados ACP con la democracia. 
Me congratulo de los compromisos contraídos en el contexto del artículo 32 del IV Convenio de Lomé con respecto a la legitimidad democrática de esta Institución y confío en que la Asamblea Paritaria goce del mayor grado posible de independencia en cuanto a la organización de su actividad, en particular por lo que se refiere a la determinación de las sedes de sus reuniones, los viajes de información, así como los contactos, dentro de los límites de los recursos presupuestarios disponibles. 
Al mismo tiempo es preciso que el calendario del Parlamento Europeo tenga en cuenta el calendario, conocido con mucha antelación, de las sesiones de la Asamblea Paritaria. 
Termino con el deseo de que la Presidencia holandesa pueda lograr durante su mandato que los Estados miembros de la Unión aceleren el procedimiento de ratificación, tal como se previó en Isla Mauricio, a fin de firmar el Convenio de Lomé y, por consiguiente, ratificar el acuerdo objeto de revisión. 
Señor Presidente, queridos colegas, naturalmente no puedo sino alabar y ratificar esta plena aprobación que hemos dado ya en la Comisión de Cooperación y Desarrollo al excelente informe de nuestra colega, la Sra. Baldi. 
Es digno de destacar, leyendo el informe, la incorporación a la idea de política exterior del concepto de desarrollo- algo así como lo que en el mundo de la ciencia pasó hace algunos años, al sumarle la letra «D» del desarrollo; algo de esto está pasando ya-. 
No se concibe desde Europa una política exterior, ni tampoco una política de seguridad que no vaya acompañada de una actividad intensa de promoción del desarrollo de los países más atrasados. 
No en vano, la Comunidad, de sus fondos propios, y el conjunto de los Estados miembros somos el primer donante mundial. 
Por eso no es irrazonable, sino lleno de buen sentido, el reclamo que hace la Sra. Baldi para que el presupuesto de los fondos de ayuda al desarrollo se integren en el presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
Y también para que se intensifiquen la cooperación y la coordinación entre la acción estrictamente comunitaria y la que desarrollan los Estados miembros, que, a menudo, siguen direcciones no siempre opuestas- pero, con frecuencia, paralelas y no convergentes-. 
Es también importante señalar algunos aspectos que la Sra. Baldi ha subrayado en su documento: la acción de la Asamblea Paritaria ACP-UE en favor de la paz- una acción que debemos desarrollar juntos y no, como a veces ha ocurrido (y en eso debemos formular una crítica) , separados-. 
Las misiones, por ejemplo, deberían ser programadas para el año en que estamos de una manera racional, como hemos pensado hacer o proponer desde la parte europea de la Asamblea Paritaria. 
Un plan semestral- incluso un plan anual- de viajes conjuntos- sometido, naturalmente, a las emergencias que puedan surgir- sería una forma razonable de hacernos presentes en los países donde hay- o pueda haber, o se vislumbre- un conflicto. 
Al mismo tiempo, es satisfactorio- y lo señala la ponente- el hecho de que ha avanzado, sin duda, la representatividad por el lado de los países ACP y que estamos a punto de, realmente, aplicar medidas que tiendan a asegurarnos de esa representatividad- que es equivalente al proceso de democratización que, no sin sobresaltos y retrocesos, en una buena parte de los países ACP, por fortuna, se vive-. 
Naturalmente, entre esos sobresaltos y retrocesos, no pueden menos de ser citados los ocasionados por situaciones dramáticas como la que hemos analizado esta misma tarde- los Grandes Lagos- o ese otro drama nigeriano del que, hace unas pocas horas, en el Parlamento Europeo, nos hablaba un ilustre Premio Nobel nigeriano, Wole Soyinka. 
Por otra parte, hay una interesante mención en el documento a la resolución del Consejo de Ministros ACP, destinado a elaborar, a formar, a reunir una cumbre. 
Y yo me pregunto si no sería deseable que esa cumbre no fuera solamente ACP, sino que fuera una cumbre también con nosotros, con la Unión Europea: la contribución europea al marco del desarrollo, como he dicho, es tan importante- está tan expresada, por ejemplo, en la acción de la oficina de ECHO en nuestra ayuda a los refugiados, en la próxima elaboración del Libro Verde, que esperamos con gran interés -, que, ciertamente, merecería la pena elevarla todavía más de rango. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas, también yo desearía felicitar muy calurosamente a la Sra. Baldi por la calidad de su informe. 
En efecto, éste es interesante, porque muestra muy bien la evolución de la Asamblea Paritaria, sobre todo, si tratamos de recordar lo que eran la Asamblea Paritaria, en particular, y la política de la Unión Europea, en general, hace tan sólo algunos años. 
A través del informe de la Sra. Baldi, en efecto, podemos ver una política en transformación, una política evolutiva que toma progresivamente una forma nueva teniendo en cuenta los cambios ocurridos en el mundo desde el final de los años 80. 
A este respecto, es importante, como lo hace la Sra. Baldi, reafirmar la necesidad de un compromiso muy fuerte de la Unión Europea en favor de una política de desarrollo que algunos quisieran hacer aprobar mucho después de otras políticas, sobre todo, después de las políticas de apertura al Este. 
Se hace asimismo mucho hincapié en la diferenciación- segundo aspecto de esta política de desarrollo-. 
La necesidad de adaptar de la mejor manera posible nuestras acciones a las situaciones locales y a las diferencias de niveles entre los diversos interlocutores aparece con mucha fuerza, en particular, en la petición de una política más centrada en las necesidades de las poblaciones menos favorecidas. 
Nuestro grupo aprueba asimismo que la ponente haga hincapié en la necesidad de mantener los regímenes preferenciales de los que se benefician los países ACP para un determinado número de productos, en particular, los plátanos, el azúcar y el cacao, regímenes que siguen siendo instrumentos de desarrollo y de equilibrio ecológico. 
A este respecto, escuchamos en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, declaraciones totalmente interesantes de representantes de los Estados miembros, cuando debatimos algunos proyectos relativos, en particular, al cacao. 
Por último, el hecho de hacer hincapié en la representatividad y en la creciente consideración que la Unión Europea presta a las exigencias de democratización muestra que ésta está saliendo de la resaca tercermundista para abordar de frente, por fin, la idea de una verdadera cooperación. 
Señor Presidente, yo también coincido con el informe de la Sra. Baldi, ya que, al igual que ella, considero que la Asamblea Paritaria sigue siendo un instrumento parlamentario sumamente importante entre el norte y el sur del mundo. 
Ninguna otra institución equipara a todos los niveles a los representantes de tantos países y les reúne para intercambiar puntos de vista sobre desarrollo, democracia y derechos humanos. 
Por consiguiente, se trata de una experiencia que debe salvaguardarse y potenciarse, tal como lo demuestra la envergadura de las iniciativas llevadas a cabo por la Asamblea Paritaria en 1996. 
A este propósito, entre otros aspectos, deseo recalcar la misión que, el día después de la Asamblea ACP, se llevó a cabo en Angola y que nos ha ofrecido la posibilidad de entender desde dentro los problemas de ese país y el trágico estancamiento del proceso de paz. 
En mi opinión, cualquiera que sea el destino que se reserve al futuro de las relaciones entre los países ACP y la Unión Europea, que estamos debatiendo sobre la base del famoso Libro Verde, repetidamente mencionado en este debate, la experiencia de la Asamblea Paritaria ha de considerarse como un tesoro que debe multiplicarse. 
Por consiguiente, sería inaceptable poner fin al diálogo entre el norte y el sur que, sinceramente, es una de las pocas cosas realmente positivas que ha conseguido la política de desarrollo en estos decenios. 
Por ello, estoy asimismo de acuerdo, y lo recalco, con las referencias presupuestarias señaladas en el informe de la Sra. Baldi. 
Señor Presidente, la Sra. Baldi ha presentado un informe muy completo que refleja lo que ha ocurrido en ambas Asambleas. 
Le felicito por ello. 
Me alegra que trate a fondo los diversos puntos, por ejemplo, que era importante que las ONG de los países ACP hayan entrado con nosotros en un proceso de debates o que hayamos mostrado un claro comportamiento frente a Nigeria, siendo correcto imponer sanciones, tal como nos pidió en su visita de esta semana el Sr. Wole Soyinka, Premio Nobel de la Paz. 
Creo que es necesario subrayar que la Asamblea Paritaria ACP-CEE ha mostrado una clara actitud en lo tocante a las minas terrestres, es decir, su prohibición. La producción y exportación de minas terrestres debe ser proscrita. 
Creo que debemos imponernos como obligación que en nuestros países miembros no se produzcan más minas terrestres. 
También es importante el aspecto de la política de desarrollo. 
La rehabilitación y la atención de las víctimas es una deuda y creo que se debería obligar a ello a los productores de estas minas. 
Otro aspecto que menciona es la zona de libre comercio con el Africa meridional, el artículo 39. 
Creo que las Asambleas Paritarias ACP-CEE van permitir que lleguemos a un buen resultado en las negociaciones con Sudáfrica. 
El punto esencial es naturalmente la perspectiva de la Asamblea Paritaria ACP-CEE, la idea de la paridad, la idea de la cooperación como una nueva forma de una futura política exterior así como la configuración de la política exterior de la Unión Europea más allá del Libro Verde. 
Me alegraría si las sugerencias de esta Asamblea y el nuevo Libro Verde contribuyesen con sus ideas a que en lo tocante a Maastricht II, a la futura política exterior, tuviésemos un propio pilar o una parte propia que diga que queremos una política exterior civil. 
De hecho, actualmente nos encontramos ante la situación de que se están recortando los fondos para la ayuda al desarrollo. 
No disponemos de poder de codecisión sobre el presupuesto de la ACP. 
Es correcto que la Sra. Baldi llame la atención al respecto. 
Los Estados miembros deben comprender- lo que constituye una antigua exigencia de nosotros- que este presupuesto debe incluirse en los presupuestos generales. 
Creo que hay que unificar todo en una parte civil. 
Sólo esto proporcinará a los países una perspectiva. 
Es cierto lo que usted escribe: dos terceras partes de los países más pobres son Estados ACP y no conozco otra Asamblea que impulse esta idea de la paridad y del diálogo y que, en consecuencia, contribuya a configurar la política exterior. 
Debemos conservar esto. 
Tras el Libro Verde, debemos llegar a una nueva forma de cooperación con los países ACP. 
Creo que se puede ampliar también a otros países pobres, lo que se incluye en el ámbito civil de una política exterior de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el informe Baldi es un reflejo exacto de las aspiraciones y de los temores que se han manifestado con motivo de los trabajos de la Asamblea paritaria ACP/UE durante el año 1996. 
Tiene el mérito de constituir una señal clara de la adhesión de nuestro Parlamento al espíritu de Lomé. 
Pero tal vez no subraye lo suficiente el carácter contradictorio de las diferentes políticas llevadas a cabo por la Unión Europea en los ámbitos del comercio y del desarrollo que inquietan mucho a nuestros socios. 
La preferencia comercial, verdadera columna vertebral del sistema de Lomé, ¿no está amenazada por la política económica exterior llevada a cabo por la Comisión Europea? 
¿Por qué estamos ligados al mantenimiento de una política comunitaria de desarrollo? 
Porque nos parece esencial que el desarrollo de África siga siendo reconocido como un interés común prioritario de la Unión Europea. 
En efecto, debemos tratar sin cesar de renovar el proceso de Lomé en sus modalidades, privilegiando la ayuda a los actores de la sociedad civil o la cooperación descentralizada, por ejemplo, pero conservando el espíritu que reposa en la confianza y en la previsibilidad. 
Asimismo, debemos estar muy vigilantes ante todos los intentos encaminados a desbordar el proceso de Lomé y a vaciarlo progresivamente de contenido: concesiones sin cesar crecientes concedidas a los productores de plátanos no pertenecientes a los países ACP; revisión del estatuto del cacao en Europa, buscada por algunos grupos industriales alimentarios; efectos perversos de las preferencias comerciales concedidas por razones estratégicas a regiones productoras de droga. 
Sabemos hoy que planea más que una duda acerca del origen real de algunos productos, en particular, de la pesca procedente de estos países. 
Hay opciones por hacer. 
¿Queremos dejar una política comercial exterior bulímica practicando una apertura sistemática y no diferenciada que barra todo a su paso, o queremos reafirmar como uno de los objetivos políticos fundamentales de la Unión la voluntad de llevar a cabo, muy particularmente con África, una cooperación privilegiada que traduzca a la vez una voluntad de solidaridad y una exigencia de seguridad? 
Votaremos a favor del informe Baldi, aunque estemos en desacuerdo con la comunitarización del FED, porque reafirma claramente lo bien fundado, la legitimidad y la necesidad de una estrecha cooperación, en el futuro, entre Europa y África. 
Señor Presidente, permítame que, en primer lugar, felicite a la Sra. Baldi por la calidad de su informe, que no se limita a una interesante y rigurosa presentación y evaluación de los principales trabajos realizados por la Asamblea Paritaria en 1996, sino que suscita también una reflexión más amplia destinada a permitir el fortalecimiento del papel y la mejora del funcionamiento de dicha Asamblea, así como, de forma general, la profundización y la revitalización de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP, de las que la Asamblea Paritaria constituye un motor esencial. 
Quisiera decir, señor Presidente, Señorías, que la Asamblea Paritaria ACP-Unión Europea ha venido a registrar progresivamente un mayor interés y a tener mayores repercusiones. 
En gran parte se debe al impulso y la seriedad que le imprimió en particular Lord Plum, que está aquí presente, pero también por la calidad de los informes que se nos han presentado en la Asamblea Paritaria. 
Veo, por ejemplo, a las diputadas Baldi o WaijWeggen, que presentaron interesantísimos informes sobre la cuestión de las minas o sobre los transportes en los países ACP y que para la Comisión y para los propios países participantes resultaron de gran importancia y gran repercusión. 
La calidad de los informes y nuestro empeño en esa institución son los que pueden hacer mejorar aún más la Asamblea Paritaria entre la Unión Europea y los países ACP. 
Personalmente, me gusta participar en esa Asamblea. 
Para muchos de esos países ACP, es un espacio de evidente democracia y de funcionamiento de la democracia. 
Y a veces un buen ejemplo es mejor que diez libros o que mucha retórica. 
Señor Presidente, creo que el informe de la Sra. Baldi analiza con mucho interés esta materia, por lo que cualquier cosa que yo añadiera sería superflua. 
Quisiera tan sólo agradecer al Parlamento Europeo el interés y el empeño que ha puesto en el funcionamiento de esa institución y que ha sido decisivo para esta mejora constante que ha habido. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Política de cooperación al desarrollo 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0028/97) del Sr. McGowan, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la complementariedad entre la política comunitaria de cooperación al desarrollo y las políticas de los Estados miembros (COM (95) 0160- C4-0178/95). 
Señor Presidente, para empezar quisiera dar gracias a mis colegas de la Comisión de Desarrollo y Cooperación porque este informe es en gran parte producto del gran volumen de trabajo que han realizado. 
También quisiera dar gracias muy particularmente al Presidente del Parlamento, que ha sufrido cierta presión ejercida por los servicios profesionales del Parlamento en relación con un párrafo importante de la propuesta de resolución que figura en el informe- se trata del párrafo 21- que subraya la amplia gama de iniciativas que la Comisión de Desarrollo tiene la intención de tomar. 
Se me pidió que las suprimiera, pero el Presidente me prestó su apoyo aunque indicó que, en realidad, la Comisión de Desarrollo podía tomar esas iniciativas sin necesidad de presentárselas al Parlamento. 
Ahora bien, tenemos la impresión de que la política de desarrollo, la complementariedad, la coordinación y todo el futuro de la cooperación para el desarrollo son cuestiones tan importantes que merecen que se discutan en este Parlamento. 
Por todo lo que acabo de decir, quiero dar gracias al nuevo Presidente. 
El informe no requiere explicación pero, naturalmente, tiene como tela de fondo el hecho de que la complementariedad entre la Unión Europea y sus Estados miembros constituye actualmente una obligación con arreglo al Tratado. 
Es algo de lo que somos responsables y es algo de lo que el guardián del Tratado- la Comisión- es responsable concretamente, y he de decir que nos ha asesorado de forma utilísima. 
La falta de complementariedad y coordinación entre la Unión y los Estados miembros no debería sorprendernos a ninguno de los aquí presentes, si tenemos en cuenta la falta de complementariedad y de coordinación y, no me queda más remedio que decirlo, coherencia en el seno de la propia Unión Europea. 
Es tan corriente que la política de cooperación para el desarrollo, la política comercial, los asuntos exteriores, el medio ambiente y la agricultura- si se me permite que cite este nombre- sean esferas que van cada una por su parte en direcciones completamente diferentes, que la realidad demuestra que en la Unión Europea no somos muy buenos por lo que se refiere a coordinar, complementar y ser coherentes. 
Esto brinda a muchos de los Estados miembros la oportunidad de seguir subrayando de labios afuera la importancia de la coordinación. 
Todos dicen en principio que la apoyan, pero la realidad es que hay muy poca coordinación en esta esfera, y espero que la actual presidencia neerlandesa dé más importancia a esta cuestión que la que ha recibido hasta ahora. 
El Sr. Pronk, Presidente en ejercicio, es uno de los Ministros de Desarrollo más capaces y experimentados de la historia de la Unión Europea, pero he de decir que ni siquiera estoy convencido de que el Sr. Pronk esté realmente dispuesto a desarrollar una política de coordinación dentro de la Unión Europea y espero que, en vista de su capacidad y su influencia, podamos tener la esperanza de que tanto él como el Consejo de Ministros puedan comportarse mejor. 
Muy a menudo los Estados miembros recurren a la política de desarrollo para otras finalidades: como instrumento de asuntos internacionales, como instrumento de estrechos intereses nacionales, como instrumento de la industria de armamentos, como instrumento para apoyar a la industria petrolera. 
Esto, por lo general, es un reflejo de la falta de prioridad que recibe la cooperación para el desarrollo. 
La gente más pobre del mundo es cada vez más numerosa y más pobre, como consecuencia del desempleo y de otros problemas. 
En la Unión Europea solemos decir que realmente no podemos permitirnos el lujo de tener nuestros propios Estados de bienestar y nuestros propios servicios de seguridad social. 
De forma absolutamente análoga, algunos Estados miembros dicen que no podemos seguir haciéndonos cargo de nuestras responsabilidades respecto del mundo. 
El debate sobre el racismo pone de relieve lo que acabo de decir pero la verdad es que no podemos permitirnos, aunque no sea más que por razones puramente egoístas, el no cooperar con el pueblo de todos los países, y en particular el de los países en desarrollo. 
Ya es hora de que nos ocupemos de algunas de las cuestiones realmente importantes. 
Por conducto de la Comisión de Desarrollo hemos abordado la cuestión de las minas terrestres. 
Sabemos que todo el mundo lamenta la existencia de las minas terrestres, pero lo cierto es que se siguen fabricando y que se siguen colocando en muchas partes del mundo. 
Ya es hora de que nos ocupemos de toda la industria de los armamentos y del comercio de armas, pues seis de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual forman parte Francia y Gran Bretaña, representan el 85 por ciento del comercio mundial de armamentos. 
Ya es hora de ocuparnos de las empresas transnacionales. 
Rindo homenaje a Richard Howitt, uno de mis colegas, por la labor que está realizando en Colombia. 
Me gustaría que la Comisión se esforzara aún más por ayudarnos a ocuparnos de algunas de las compañías petroleras. 
Realmente, esto es un problema de autoayuda por lo que al Parlamento Europeo se refiere; al fin y al cabo es lo que preconizamos que se haga en los países en desarrollo. 
Necesitamos un nuevo orden mundial basado en la conciencia de la interdependencia, pero esto requiere que movilicemos el apoyo de la población en favor de las comunidades locales. 
Tengo la impresión de que nuestros Estados miembros subestiman la preocupación que reina entre algunos de los pueblos que representamos, algunos de los pueblos más pobres que representamos, algunos de los pueblos más jóvenes que representamos: algunos de ellos están aquí esta noche. 
Si nos esforzamos más en favor de nuestras propias comunidades y colaboramos más con los diputados elegidos en los Estados miembros, con nuestro esfuerzo común podremos conseguir mucho. 
Señor Presidente, permítame que comience mi intervención diciendo que el debate de esta noche trata de uno de los grandes fracasos de la política de desarrollo de la Unión Europea. 
La coordinación no funciona. 
No estamos poniendo en práctica el Artículo 130x del Tratado. 
El Sr. McGowan tiene toda la razón del mundo cuando dice en su informe que todo lo que se nos dice de la coordinación es pura retórica y que en la práctica no hay coordinación de ningún género. 
Me parece que es muy importante que en el debate de esta noche procuremos no abundar en esa retórica y que nos esforcemos por determinar cuáles son los verdaderos obstáculos y los verdaderos motivos de que no haya coordinación. 
En el tiempo de que dispongo mencionaré tres de ellos. 
En primer lugar, tenemos que determinar hasta qué grado las prioridades para la ayuda al desarrollo siguen estando determinadas en los Estados miembros por intereses históricos, comerciales y políticos. 
Estamos en los últimos años de este siglo y aún seguimos hablando de ayuda condicionada. 
Para los Estados miembros no se trata de saber cuál es la mejor forma de coordinar la ayuda, sino cuál es la mejor forma de resolver la competencia entre donantes: hasta qué punto pueden comprar influencia si son los donantes principales en determinadas situaciones. 
En momentos en que los fondos públicos de tantos de nuestros países se ven sometidos a una creciente presión, demasiados funcionarios de los gobiernos de los Estados miembros consideran que esta cuestión es un caso de competencia entre los presupuestos de ayuda para el desarrollo de la Unión Europea y los fondos que pueden movilizar en cada uno de los Estados miembros. 
El segundo obstáculo es el miedo de los Estados miembros a ceder poder a la Comisión Europea. 
Así podemos verlo a través de esos comités que operan en Bruselas como parte de nuestra absurda comitología. 
Muy a menudo los criticamos por su costo, su burocracia y el secreto con que se rodean. 
Sin embargo, si hay alguna razón que justifique la existencia de esos comités, esa razón es seguramente la conveniencia de sostener un diálogo acerca de la coordinación de la ayuda. 
Lo que pasa es que ese diálogo se ejerce solamente en dirección única. 
La Comisión proporciona la información. 
Los Estados miembros, no. 
Así podemos verlo también en el caso de las misiones y delegaciones de cada país, donde podemos apercibirnos de la sospecha y la hostilidad que reinan entre las embajadas y entre las delegaciones de la Comisión Europea. 
Por último, otro obstáculo es la plantilla de personal de la Comisión. 
Sólo hay dos personas de grado DG VIII que se encargan de la coordinación operacional, y una sólo de grado DG I B, sin contar con la disminución del número de componentes de las delegaciones en países concretos. 
A menos que estemos dispuestos a luchar contra esos obstáculos, no habrá ninguna coordinación. 
No podremos concentrarnos debidamente en la calidad de la ayuda, en la participación de los propios países menos adelantados. 
Oigamos esta noche qué propuesta se va a hacer para el seguimiento de los ejercicios piloto. 
¿Van a quedarse en lo que son, o vamos realmente a adoptar medidas en relación con ellos? 
Señora Presidenta, en primer lugar deseo felicitar cordialmente al colega McGowan por su excelente informe. 
Quiero hacer también hincapié en que este informe nos llega en un momento muy apropiado ya que el Consejo informal sobre cooperación al desarrollo que se reúne los próximos 28 de febrero y 1 de marzo en Amsterdam tendrá precisamente este tema como uno de sus principales asuntos. Resulta pues sumamente conveniente que podamos hoy discutir sobre este informe. 
Habría sido preferible que también mi buen amigo Jan Pronk hubiese estado presente en esta Asamblea. 
Es la segunda vez que en esta semana notamos la ausencia de un ministro neerlandés. 
No es mi intención verdaderamente criticar al Sr. Pronk, puesto que sé que es un excelente Ministro de Cooperación al Desarrollo y compartí cinco años junto con él en el Consejo de Ministros Neerlandés. 
Es ésta igualmente una razón para no criticarlo muy duramente, aunque habría sido mejor que él hubiese estado aquí aunque sólo fuese para escuchar las palabras del ponente. 
Espero que tenga conocimiento de lo que saldrá a la luz de este debate. 
Señora Presidenta, pese a los numerosos aspectos positivos aportados a menudo por la cooperación al desarrollo, hay que reconocer también la existencia de muy numerosas quejas en cuanto a sus efectos. 
Algunas veces responde esto a la gestión inadecuada en los propios países, a veces se debe a guerras o a desastres naturales, a hechos externos, aunque otras veces depende sencillamente de la indebida coordinación de la ayuda al desarrollo de los donantes. 
Citaré tres ejemplos de escasa coordinación que he podido presenciar personalmente en la práctica durante mis viajes a esos países. 
Tenemos así el caso de Zambia que disfrutó, hasta los años ochenta, y por considerarse un país simpático y agradable, de un enorme volumen de ayuda al desarrollo. 
Tan enorme era la ayuda que incluso más de la mitad del presupuesto nacional procedía de donantes. 
Es de todos sabido que situaciones como ésta actúan en detrimento del propio país, al frenar la dinámica nacional, perdiéndose el sentido de responsabilidad y resultando imposible conjuntamente para ambas parte remediar ese estado negativo de cosas. 
Es éste un mal signo de coordinación. 
En Mauritania y en Senegal pude presenciar una vez como un proyecto agrícola neerlandés, en la frontera entre ambos países, debía ser transferido a la población local. 
Nadie quería en realidad ocuparse del proyecto y llegó a preguntarse a Dinamarca si no deseaba asumir su responsabilidad. 
Y manifiestamente tampoco la Unión Europea estaba en capacidad de reunir a ambos países y velar verdaderamente por evitar esta situación. 
Y una vez en Nepal fui testigo de una queja por parte de dos ONG que afirmaban se estaba pujando por un atractivo proyecto contra la lepra, tan atractivo incluso que los miembros de la administración regional se proponían solicitar comisiones. 
Por supuesto que cabe preguntarse por qué razón. Y no son más que algunos ejemplos de una inadecuada coordinación. 
Señora Presidenta, ¿cuáles son los puntos esenciales de la cuestión? 
El más importante de ellos ha sido citado aquí por el propio Sr. McGowan, a saber, que la Unión conoce desde 1994 una política exterior integrada. 
Nuestro Comisario para la Cooperación al Desarrollo, el Sr. Pinheiro, es responsable, también en los campos de su competencia, de la política exterior y del comercio así como también de los derechos humanos. Esta fórmula funciona de manera adecuada. 
Aunque no es ésta la situación en los Estados miembros, que funcionan totalmente de manera separada. 
Y si tomamos en consideración las diferencias en el volumen de la ayuda, en la orientación, en las localizaciones de la ayuda, llegamos a las mismas conclusiones. 
Existen cuatro países que cumplen la norma de 0, 70 % de la OCDE. 
Los demás países se hallan muy por debajo de esa cifra. 
Y por lo que respecta a la orientación, y exactamente como ha afirmado el colega socialista, las diferencias entre los Estados miembros son elevadas. 
Algunos de estos Estados miembros consideran la ayuda al desarrollo como algo que verdaderamente está destinado a los países pobres, mediante la cual debe brindárseles ayuda. 
Otros la contemplan como una prolongación del comercio exterior y existen otros aun que conciben todo esto como una fórmula destinada a conservar las relaciones de poder existentes. 
Y sabemos todos cuáles son los países que adoptan esta postura. 
Y así vemos una vez más, señora Presidenta, un tercer punto esencial que, al tratarse de cooperación al desarrollo con organizaciones multilaterales, el FMI, el Banco Mundial, o con las ONG, las pautas seguidas son asimismo totalmente diferentes. 
Algunos países funcionan en muy gran medida con organizaciones multilaterales, mientras que otros lo hacen en contadas ocasiones. 
La Comisión ha tratado de llegar a una coordinación en una serie de países. 
Resulta tal vez bien comprensible que la Comisión no haya tratado directamente de colocar a todos los países en una misma línea. 
En cambio, se han abierto una serie de proyectos pilotos en Bangladesh, Costa de Marfil, Etiopía, Costa Rica, Perú, optando por tratar de motivar en cada caso la cooperación en el propio país. 
Reunir a los embajadores y ajustar correctamente entre sí las cuestiones correspondientes. Esto funciona probablemente hasta que toca comprobar que las informaciones provenientes de los Estados miembros difieren enteramente de aquéllas que deben ser coordinadas en torno a la mesa de reuniones. 
Señora Presidenta, ha llegado verdaderamente el momento de reunirse con los Estados miembros para ver si es posible alcanzar un mayor grado de coordinación. 
Se trata de una necesidad urgente. 
Lo más importante en realidad es hacer de esta manera más efectiva la ayuda; no hay que olvidar que la Unión Europea es el mayor donante mundial en lo referente a ayuda al desarrollo. 
En la mayoría de los países en desarrollo más de la mitad de los fondos disponibles proceden de nuestra Unión. En Africa esta cifra se eleva incluso a 65 %. 
Espero decididamente que el Ministro Pronk, aunque no se halle presente, pueda establecer en ocasión del Consejo informal una serie de progresos en este ámbito y que el Sr. Pinheiro tenga a bien comunicarle lo que hemos debatido aquí con respecto a este asunto. 
En caso de lograr esto, estimo que el Consejo Europeo habrá realizado una acción positiva en beneficio de la Unión y de los Estados miembros, pero en particular de los países en desarrollo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, un gran tributo de homenaje al Sr. McGowan por su informe. 
Me complace que la oradora anterior, colega y amiga, haya expresado todo aquello que hubiera querido decir. 
Porque, estemos de acuerdo o no con ello, la cooperación al desarrollo es una cuestión de la máxima prioridad. 
El informe McGowan ha puesto el dedo sobre llagas muy dolorosas. 
Los Estados miembros se muestran apenas dispuestos a armonizar entre sí y con respecto a la Unión sus respectivas políticas de cooperación al desarrollo. 
Podría también organizar toda una velada con la proyección de diapositivas correspondientes a mi experiencia de 27 años en los países en desarrollo, ejemplos de la amarga diferencia entre la cooperación al desarrollo por parte de la Unión, a la sazón denominada Comunidad Europea, y los intereses bilaterales de diversos Estados miembros. 
Los Estados miembros desean- lo he señalado ya anteriormente que su política de cooperación al desarrollo sea efectiva y eficaz. 
Pero, para alcanzar el máximo grado de efectividad resulta necesaria una armonización- como ha señalado tan acertadamente el ponente en su informe. Los Estados miembros no parecen dispuestos a ello. 
A la conclusión que hay que llegar es que prefieren sacirficar la calidad de la ayuda en aras de su propia imagen en el mundo, poner en seguridad su denominada soberanía y situar la política exterior al mismo nivel que los intereses exteriores y las relaciones exteriores. 
Me parece ésta una cuestión sumamente inquietante. 
Una menor efectividad reduce las posibilidades de desarrollo en estos países socavando la superficie de apoyo público en nuestros propios países, lo cual colocará de nuevo en el futuro a los países pobres en el papel de víctimas. 
Lo repito una vez más, es necesario poner término a esta situación- hace ya treinta años que venimos diciéndolo. 
La actuación exterior de la Unión de la Unión exige de los Estados miembros que actúen con lealtad en los referente a las pautas de la política europea. 
Espero que esas pautas puedan ser establecidas desde este Parlamento Europeo. 
La Unión tiene gran necesidad de coherencia en su política exterior, esto se trasluce ahora una vez más en la imagen que hemos alcanzado en torno a la cuestión de los Grandes Lagos de Africa, a la política pesquera, a la política agrícola, pero también en lo referente al control de la exportación de armamento. 
Espero que la Presidencia neerlandesa, que ha prometido hacer algo a favor de la coherencia en las políticas a seguir, incluya este punto entre los principales de su orden del día. 
Estoy de acuerdo con la Sra. McGowan en que echo de menos la presencia del Ministro Pronk en este debate sobre el inmejorable informe del Sr. McGowan. 
Señora Presidenta, señoras y señores, creo que el Sr. McGowan ha presentado un importante y esencial informe sobre la política de desarrollo que podría ser motivo para debatir sobre la futura estrategia y perspectivas. 
Soy de la opinión de que no debemos mantener discursos festivos. 
Para comenzar, quiero realizar dos constataciones: en nuestras sociedades, la política de desarrollo es «megaout». 
La Sra. Maij-Weggen acaba de decir que sólo cuatro países alcanzan el objetivo por ellos mismos marcados del 0, 7 % del producto social bruto. 
En el último presupuesto de la Comunidad hemos tenido una reducción real al igual que en otros países miembros. 
Segunda: no existe una política de desarrollo europea. 
Tenemos 15 políticas aisladas más una política adicional de esta Comunidad. 
Esta es la situación real. 
En los últimos años no se ha podido ver nada de la coordinación que se exige en el Tratado de Maastricht. 
Tampoco es este el caso en Maastricht II. 
El artículo 130 nos dice que Maastricht debe realizar una revisión institucional. 
¿Pero qué es lo que ocurre? 
Ni siquiera se encuentra en el orden del día. 
Señor Pinheiro, ¿logrará ponerlo en el orden del día? 
Nuestros Gobiernos no tienen por lo visto ningún interés en ello. 
Y si veo el presupuesto, en los últimos años hemos constatado que el medio ambiente y el desarrollo o las mujeres y el desarrollo tienden a cero. 
Las ONG deben recibir más. 
A pesar de que estamos dispuestos a colocar más personal en la Comisión, se ahorra debido a la situación presupuestaria. 
Algunas partidas grandes son las que van a absorber la mayor parte del dinero. 
Además tiene lugar un desplazamiento estructural interno. 
El megaprograma ha sido acordado por los Gobiernos sin poner a disposición dinero, dinero que es sustraido de la política de desarrollo. 
Me pregunto cuál es la estrategia. 
La Sra. Maij-Weggen dice que la Comunidad es el mayor donante del mundo; pero la salida de capitales netos es con frecuencia en los países mucho mayor que lo que reciben y podemos constatar que el hambre y la miseria son mayores así como la cifra de muertos. 
Sí, necesitamos una política exterior civil. 
Mi última exigencia es una reforma institucional con Maastricht II. 
Señor Pinheiro, necesitamos un ministro fuerte, un Comisario fuerte para esta política de desarrollo civil como complemento a la política exterior en el ámbito militar y de seguridad que tenemos con el GASP. 
Señora Presidenta, el Grupo de Coalición Radical Europea aprueba completamente los términos de la comunicación de la Comisión así como el informe del Sr. McGowan. 
Para nosotros es un hecho esperado: todo lo que en la concepción, en la decisión, en la financiación, en la acción sobre el terreno y en la evaluación, permita reforzar la complementariedad entre las políticas de desarrollo de la Unión y las de los Estados miembros nos parece positivo. 
Sin embargo, en la prolongación del propósito de nuestro compañero el Sr. Bertens, está permitido aprovechar la ocasión de este informe para soñar con una situación en la que este problema no se plantearía porque los Estados habrían delegado sus competencias y sus miedos de cooperación al desarrollo en la Unión Europea. 
Represento a un país, Francia, donde se está más inclinado que en otras partes a la idea bilateral, tal vez, debido a su historia, pero más probablemente a causa de las influencias económicas y diplomáticas. 
Me dicen que Francia estaría interesada en mantener y reforzar esta cooperación bilateral. 
Me pregunto de qué interés se trata y en qué siglo vivimos. 
Y me lo pregunto más, por otra parte, cuando asisto a nuestros debates y a nuestras votaciones. 
Veo aquí que Francia está condenada- hace un rato, hace una hora- por el papel que sus militares adoptarían en la represión de los delitos, pero también de las oposiciones políticas de Chad. 
Entiendo aquí que a Francia se le acusa de intervenir en los asuntos internos de un país como la República Centroafricana. 
Comprendo aquí que Francia y Bélgica con ella, han desempeñado un papel nada desdeñable en el desencadenamiento y en el agravamiento de la crisis de Rwanda y del Zaire, y puedo señalar incluso que, servida sin condiciones a dictaduras, la ayuda francesa al desarrollo alimenta todos los desórdenes y todas las corrupciones. 
Y todos pueden señalar además conmigo que bajo el pretexto de las relaciones bilaterales particulares, Francia se encuentra con mucha frecuencia en posición neocolonial, sin poder defenderse de este reproche demasiado fundado. 
Entonces, ¿dónde está el interés de Francia? 
Mi convicción es que tendríamos verdadero interés en poner nuestros medios al servicio de una política europea de desarrollo que cambie de repente de escala y de ambición. 
Éste me parece ser, más allá de la necesaria complementariedad, el futuro de nuestras políticas nacionales de cooperación, y creo que la Comisión se honraría si presentara una propuesta para la comunitarización progresiva de los medios de las políticas nacionales de desarrollo. 
Como accesorio a nuestras deliberaciones de hace un momento sobre el racismo, añado que, si verdaderamente, Francia extrajese, de una historia común y de una cultura común, razones particulares para mantener una cooperación bilateral con los países africanos, pues bien, reservaría una acogida mejor a las inmigraciones que proceden de esos países. 
Señora Presidenta, permítame, en primer lugar, que felicite sinceramente al Sr. McGowan por el excelente informe que ha elaborado sobre la cuestión esencial no sólo de la complementaridad, de las políticas de cooperación, sino también de los aspectos de la ordenación y de la coherencia. 
La Comisión comparte, en muy gran medida, el análisis del Sr. McGowan sobre la situación por lo que se refiere a la falta de avances reales en la aplicación del Tratado de la Unión Europea en esta esfera. 
En efecto, pese a la aprobación por el Consejo, en 1992, de diversas resoluciones y conclusiones sobre la complementaridad, la coordinación y la coherencia de las ayudas de la Comunidad y de los Estados miembros, los resultados obtenidos hasta la fecha, aunque palpables, son manifiestamente insatisfactorios. 
La Comisión comparte igualmente la constancia dejada por el ponente de que una de las principales razones de la ausencia de ese avance es la falta de interés de algunos Estados miembros por el fortalecimiento de la coordinación. 
Y, aun así, la lógica de la cooperación bilateral es profundamente distinta de la lógica de la cooperación comunitaria. 
Nosotros estamos cada vez más orientados hacia los programas, hacia la integración del desarrollo estratégico de los países, de acuerdo con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con las Naciones Unidas, es decir, una lógica estratégica, ya que la ayuda bilateral va orientada casi siempre a proyectos y no a programas o sectores. 
A eso se debe que complementaridad, sinergia, coordinación sean palabras que deberían interesar a los dos lados. 
Por desgracia, por las razones que han expuesto algunos de los diputados, sigue habiendo cierta miopía, por parte de algunos Gobiernos, que no se dan cuenta de que la sinergia y la coordinación ayudan a esos propios países a fortalecer su propia acción. 
El ministro Jan Pronk y yo, cuando se preparaba la Presidencia holandesa, seleccionamos este tema como uno de los esenciales en que era necesario lograr avances, pese a las dificultades que vamos- lo sabemos- a encontrar; a eso se debe nuestra idea de procurar abordar este problema mediante casos concretos de falta de coordinación, de falta de coherencia o de falta de complementaridad. 
En la próxima reunión oficiosa de los Ministros de Desarrollo, que se celebrará al final de este mes, tendremos precisamente como tema fundamental los que el Sr. McGowan menciona en su informe. 
Por último, quisiera decir que hay, desde luego, algunas razones legítimas para que el Fondo Europeo de Desarrollo no forme parte del presupuesto comunitario. 
Ahora bien, debo decir que la Comisión sigue pensando que las ventajas que de ello se desprenden, ya sea en la formulación de políticas, como en su evaluación o en su aplicación, superan en gran medida los pequeños inconvenientes, que pueden existir para algunos Estados miembros, de la presupuestación del FED. 
De modo que no puedo dejar de insistir y procurar, de una manera o de otra, que una vez más en el ámbito de la CIG e intente conseguir esa modificación. 
Estoy seguro de que, en el día en que el Parlamento Europeo tuviera que desempeñar un papel fundamental en el examen del Parlamento del FED, algunos de esos aspectos de coordinación de las políticas desempeñarían un papel destacado no sólo en el informe de algunos de los diputados más interesados, sino también del propio Parlamento como un todo. 
Señor Presidente, permítame que termine diciendo que espero que éste sea un tema recurrente, porque la única forma de que los dos socios participen es la de conseguir que se ejerza una y otra vez la presión política sobre el otro socio. 
Por parte de la Comisión, una vez más, debo agradecer al Parlamento el interés, el empeño y el apoyo que ha dado en este intento de coordinar mejor nuestra acción con otros Estados miembros. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Ayuda, rehabilitación y desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0021/95) del Sr. Fassa, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0153- C4-0265/96) sobre la vinculación entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo (VARD). 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la división tradicional entre ayuda humanitaria, rehabilitación y desarrollo es considerada cada vez más como artificial y cada vez más se presta mayor atención a su vinculación. 
A estos dos temas están dedicados el presente informe y la correspondiente propuesta de resolución que aquí voy a tratar de resumir. 
La primera parte está dedicada a la ayuda humanitaria de la Unión Europea y, en particular, a la función que desempeña la ECHO en la misma. 
No podemos soslayar que la ayuda humanitaria de la Comunidad ha registrado un fuerte incremento en estos últimos años. 
Sus aspectos son muchos y, entre los mismos, me limitaré a señalar los cuatro siguientes: primero, la necesidad de coordinación. 
El primer aspecto de la coordinación es la coordinación a nivel político-organizativo. 
Con arreglo a lo que se pedía en el texto original del informe- y, en nombre de mi Grupo, propongo una enmienda al respecto- se considera necesaria la creación de una Comisión única para este tipo de problemática. 
El segundo aspecto de la coordinación es la llamada coordinación operativa, esto es, entre las diferentes organizaciones no gubernamentales y las delegaciones de la Comisión. 
Al efecto, sabemos que los acuerdos están normalizados lo que es positivo en el sentido de que crean una relación estable sobre la base de normas claras y conocidas. 
No obstante, con un número tan elevado de signatarios y habida cuenta de las enormes diferencias existentes entre los mismos, debe considerarse la posibilidad de añadir anexos a los contratos. 
De esta forma se daría una mayor flexibilidad a los acuerdos con las organizaciones no gubernamentales. 
El segundo aspecto se refiere a la cuestión de la transparencia, y en el marco del informe, se plantea la pregunta acerca del profundo significado que ésta debe tener y, en particular: ¿dónde debe haber transparencia? ¿En nuestros Estados y en los países receptores? 
El tercer aspecto es la llamada obtención de fondos. 
A dicho fin, nos permitimos proponer la iniciativa de recaudar fondos directamente de la población. 
Dicha iniciativa tendría una función importante en la estrategia de la transparencia, ya que crearía una mayor concienciación pública con respecto a las cuestiones humanitarias, sin menoscabo de las organizaciones no gubernamentales, que podrían participar activamente en dicha recaudación. 
Y en este sentido, se propone una enmienda. 
El cuarto aspecto es la creación de un servicio de voluntarios europeos en el ámbito de la ayuda humanitaria. 
Este ponente considera que las iniciativas adoptadas por la Unión Europea en relación con el establecimiento de un servicio civil europeo pueden ampliarse haciendo hincapié en el trabajo en materia de desarrollo. 
Voy a pasar ahora a la segunda parte del informe, o sea, a la que se refiere a la vinculación entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo. 
En abril de 1996, la Comisión presentó un documento que se divide en cuatro partes: la primera está dedicada a la forma en que las acciones de ayuda pueden tomar más adecuadamente en consideración los objetivos y las necesidades del desarrollo. 
A dicho fin, nos permitimos señalar que en el documento se destaca la importancia de que los análisis de impacto en cada país concreto se realicen antes de que comiencen dichas acciones. 
El segundo aspecto atañe a la rehabilitación y a la asistencia post-crisis, respecto a la que es importante ir más allá del texto, ciertamente bueno, de la Comisión e implicar a la sociedad civil local. 
El tercer aspecto está dedicado a las acciones de desarrollo y al riesgo de las situaciones de emergencia. 
El planteamiento de la Comisión, que se centra en los conceptos de riesgo y de vulnerabilidad, es sumamente válido pero, a fin de asegurar que se realizan todas las consideraciones, debemos ser conscientes de que esto es únicamente una cara de la moneda. 
La única forma de asegurar el éxito real de las iniciativas es atribuir la misma importancia a las capacidades y habilidades de las personas y, en consecuencia, implicar a aquellas personas a las que deseamos ayudar. 
El cuarto y último punto trata de las emergencias provocadas por el ser humano. La prevención de conflictos debe constituir un elemento intrínseco de la política en este ámbito. 
Una cuestión que no se debate en el texto de la Comisión son los aspectos políticos de la ayuda humanitaria. 
No obstante, no se puede dejar de tener en cuenta el hecho de que a veces las acciones humanitarias tienen consecuencias políticas. 
Por lo tanto, la Comisión debería evaluar las repercusiones caso por caso y, a ser posible, intentar y asegurar que dichas acciones refuerzan iniciativas más amplias relativas a la capacidad de respuesta ante los conflictos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, felicidades al ponente y, no obstante, amigo, Raimondo Fassa, por su excelente informe y mi agradecimiento también a los compañeros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, que han acogido favorablemente el conjunto de las sugerencias de esta misma comisión. 
Estas sugerencias se referían esencialmente a dos aspectos: primero, el refuerzo de la prevención, en particular, apoyando la creación del tribunal internacional sobre los crímenes de guerra, y, segundo, la capacidad de análisis y de detección de las situaciones de conflicto por parte de la Unión. 
En la cuestión de la capacidad de intervención de la Unión- y pienso que es un punto muy importante- dicho informe aboga, sobre todo, en favor de la reforma de la PESC y de la posibilidad de continuar los esfuerzos diplomáticos y los esfuerzos de intervención militar y civil. 
En esta lógica, y aquí me permito insistir ante el Comisario Pinheiro, el informe pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear un cuerpo europeo, compuesto de militares y de civiles, capaz de realizar las operaciones de mantenimiento y de restablecimiento de la paz. 
En el momento en que se capitula sobre el hecho de confiar a un europeo el mando Sur de la OTAN, en el momento en que las discusiones se hacen cada vez más difíciles sobre la creación de un pilar europeo en el seno de la OTAN, en el momento en que las discusiones se hacen cada vez más laboriosas sobre la integración de la UEO en las instituciones de la Unión Europea, en el momento en que nos acordamos del desastre de la operación turca, en el momento en que desde hace cuatro meses, la Unión se muestra incapaz de decidir una intervención en la región de los Grandes Lagos, en el momento en que no hay ninguna propuesta concreta sobre la reforma del pilar seguridad y defensa común de la Unión europea, no es irreal pensar que la Unión podría dar muestras de un mínimo de fantasía creadora y dotarse de un cuerpo europeo de intervención para sus operaciones de mantenimiento y restablecimiento de la paz. 
Dicho cuerpo estaría compuesto por militares y civiles especialmente adiestrados para esta clase de situaciones; militares, médicos, personas que puedan montar y gestionar un campo de refugiados; por consiguiente, un cuerpo de militares, que no fuera la suma de unidades nacionales sino que estuviera compuesto por militares europeos, con una bandera europea. 
Una propuesta así, que financieramente está dentro de las posibilidades de la Unión Europea, podría concretarse rápidamente. 
Bastaría con ponerse en seguida a trabajar, con proceder en seguida a realizar los estudios necesarios y podríamos, si tuviéramos la voluntad política, decidirlo ya en el momento de la reforma de los Tratados en junio próximo en Amsterdam. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en mi nombre y en el del Grupo Socialista, quiero felicitar al Sr. Fassa por su informe. 
De su lectura resulta claro que la tradicional división entre las operaciones de emergencia, rehabilitación y desarrollo es cada vez más artificial, por lo que es necesario reforzar la vinculación entre esos tres tipo de acciones. 
De hecho y por desgracia, la ayuda humanitaria de la Comunidad aumentó en gran medida entre 1990 y 1995, a consecuencia del aumento cada vez mayor de las crisis surgidas en los últimos años. 
Pero hemos de tener en cuenta el cansancio que se empieza a dejar sentir por parte de los donantes y los problemas económicos que muchos Estados miembros afrontan. 
El mantenimiento de elevados niveles de ayuda humanitaria, en función de todo esto, puede llegar a amenazar el desarrollo en los próximos años, lo que debe preocuparnos de forma particularmente seria. 
Así, pues, es necesaria una estrecha coordinación entre los Estados miembros y la Comisión en pro de la eficacia de la ayuda humanitaria de la Comunidad y es indispensable que se exija la definición de una estrategia planetaria- como sostiene muy atinadamente el ponente- que sea coherente en cuanto a la aplicación de dicha ayuda. 
Tal coordinación deberá integrar la acción de los terceros países, de las organizaciones y agencias internacionales especializadas, así como de las ONG. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante el estancamiento o incluso la disminución de la mayor parte de los programas de ayuda, conviene que la Comisión cree las condiciones financieras necesarias para que, por fin y de una vez por todas, se empiece a conceder prioridad a la prevención de conflictos. 
Será importante estimular a la opinión pública europea sobre la importancia de una asistencia para el desarrollo a medio plazo a fin de demostrar la relación causal entre la pobreza y las crisis humanitarias. 
No será desdeñable la contribución de un servicio europeo de voluntariado, en el nivel de la Comunidad, para la acción comunitaria futura en las esferas del desarrollo y de la ayuda humanitaria. 
Se deberá conceder una atención cada vez mayor- como muy atinadamente propone el ponente- a la vinculación entre las ayudas a corto, medio y largo plazo, con criterio debidamente coherente. 
Conviene no olvidar- aunque, por desgracia, el Consejo lo olvide- que no existe medio mejor a largo plazo de remediar los sufrimientos humanos que la prevención de conflictos, sin olvidar poner en marcha, en cuanto la situación de un país lo exija, las acciones de carácter preventivo: diplomáticas, económicas, en los medios de comunicación, etc. 
Las medidas propuestas por el ponente, Sr. Fassa, encaminadas a la consecución de todos estos objetivos, merecen mi más vivo aplauso y espero sinceramente que también merezcan la debida acogida por parte del Comisario y de la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, por fortuna, tenemos esta tarde por tercera vez la ocasión de debatir un excelente informe, como los anteriores. 
Informe que, además, está apoyado en el trabajo del Sr. Fassa y en dos buenas opiniones emitidas por la Comisión REX, a cargo del Sr. Smith, y por la Comisión PESC, a cargo del Sr. Dupuis. 
Creo que todo eso hubiera justificado, en verdad- como han dicho nuestros colegas holandeses -, la presencia del ministro, Sr. Pronk, que, sin duda ninguna, es un hombre muy competente pero quizá hubiera aprendido algo respecto al sentimiento que tenemos los diputados europeos, a los que estos problemas nos interesan. 
Se parte, en este último informe, de lo que el propio ponente acaba de recordar: de un muy buen documento de la Comisión- y me complace decirlo- sobre la vinculación entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo, considerada la rehabilitación como una fase central para que la ayuda sirva de verdad al desarrollo. 
Y debo repetir lo que dice el ponente con razón: que es una división cada vez más artificial, aunque se mantenga la estructura de la Comisión por razones que sabemos no son fáciles de resolver, esa división entre las Direcciones Generales I, VIII y ECHO, bajo tres Comisarios distintos. 
No debemos, sin embargo, por razones burocráticas, sentirnos pesimistas. 
La Unión Europea ha aumentado su ayuda considerablemente. 
Entre los años 1992 y 1995- y 1994 en mayor grado -, se puede decir que se ha duplicado. 
Y pese a que ha sido necesario al mismo tiempo- siendo los europeos contribuyentes sustanciales de los fondos de la OCDE -, ayudar cada vez más a emergencias, se nos recuerda que se ha pasado de 500 millones de dólares en 1988 a 3.500 millones de dólares en 1993 para ayuda a emergencias. 
Emergencias ocasionadas, por ejemplo, por aluviones de refugiados, y entre ellos- se dice con razón en el informe- una mayoría de mujeres. 
Y es bueno que tres apartados- 15, 16 y 17- del informe estén dedicados a ese problema de las mujeres y de los niños. 
Se nos recuerda también que es mejor prevenir que curar, y es verdad que la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento ha obtenido respaldo del Pleno más de una vez para que el Consejo estudie en serio un estudio de prevención de conflictos. 
Siempre llegamos tarde, pero alguna vez habríamos podido llegar a tiempo. 
Es buena, igualmente, la idea, contenida en el informe y en el estudio inicial de la Comisión, de fomentar la creación de voluntarios. 
Yo tengo que recordar que ha habido a lo largo de la historia muchos voluntarios. 
Me refiero, sobre todo, a los misioneros de las religiones cristianas que no sólo han contribuido a un desarrollo intelectual y moral, sino que han contribuido muy a menudo a aliviar las penurias de las poblaciones y que han sacrificado a menudo su vida. 
Pues con un estilo de vida distinto, con una motivación laica, los voluntarios vienen haciendo también un trabajo admirable. 
Claro es que, para esto, sigue haciendo falta un gran respaldo de los Estados, así como que la ayuda y el desarrollo se combinen en los mismos términos en que ha recomendado ya el informe anterior de la Sra. Baldi y el buen informe del Sr. McGowan. 
Pero yo creo que, debajo de esto, hay una presión social, y es bueno que la haya. 
La presión social de los pueblos europeos que de verdad quieren ayudar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estamos todos comentando la muerte de un líder importante, sea cual sea nuestro acuerdo con sus ideas, Deng Xiaoping. 
Termino recordando que este líder sacó, en buena parte, del subdesarrollo al país más poblado del mundo y que nos dijo aquello de que «el gato era blanco o negro y eso no importaba, lo importante era que cazara ratones». 
Esperemos que, entre todos, enseñemos también lo que podamos nosotros enseñar para que otros cacen no sólo ratones sino el alimento nuestro de cada día. 
Señora Presidenta, señor Comisario, considero que la potenciación de la función de la ayuda humanitaria no debe ir en detrimento de la acción de desarrollo a largo plazo. 
Desde hace tiempo, en efecto, estamos asistiendo al traspaso de cuantiosas financiaciones de la cooperación a la ayuda humanitaria tanto en los Estados miembros como en la Unión Europea. 
Francamente, me parece una perspectiva inaceptable que conlleva una grave pérdida de responsabilidad política del mundo rico a la que hay que oponerse. 
La ayuda humanitaria, de hecho, es más atractiva o al menos parece más atractiva desde el punto de vista de la opinión pública, seduce más, conmueve a nuestros pueblos en mayor medida y, de cualquier modo, encuentra más espacio en los periódicos y en los medios de comunicación. 
Por el contrario, creo que debe responsabilizarse a la opinión pública europea y convencerla de que el único camino para fomentar la estabilidad internacional y el desarrollo en los países pobres es el de la cooperación al desarrollo y su cuantiosa financiación que implica, ante todo, colmar ese déficit de democracia económica y política que caracteriza las relaciones entre el norte y el sur del mundo. 
Por ello, coincido con el informe del Sr. Fassa que plantea una serie de propuestas útiles para mejorar la eficacia de la vinculación entre la ayuda humanitaria, la ayuda al desarrollo, la reconstrucción y la rehabilitación económicas. 
Asimismo, contiene un convencido apoyo a la acción de las organizaciones no gubernamentales de solidaridad que con frecuencia son las que pagan en primera persona su valiente presencia en las zonas de conflicto. 
Valoro positivamente también la experiencia de la ECHO, ya que su principio de funcionamiento demuestra que sólo una coordinación real, eficaz y convencida de las acciones humanitarias europeas logra los objetivos establecidos. 
Creo que la ECHO es, en cierto modo, la joya de la presencia exterior de los países pobres y que debe garantizársele la seguridad de los recursos que se merece para poner fin a la actual incertidumbre originada por la práctica de constituir reservas presupuestarias que no deberían existir en el ámbito de la políticas que intentan prestar ayuda a quien realmente está en dificultades. 
Por el contrario, en mi opinión, es preciso reprochar duramente el bloqueo impuesto por el Consejo y los Estados miembros a la coordinación de las políticas de cooperación al desarrollo en el ámbito europeo que la Comisión propuso valientemente. 
En la actualidad, estamos asistiendo a una especie de renacionalización de las cooperaciones europeas lo que significa un retroceso. 
Todo ello implica un precisa elección política de los Gobiernos de los Estados miembros en nombre de una política neocolonial que ya no debería existir y que surte el ridículo efecto de que los Estados miembros intervienen sobre la base de la competencia incluso en los países pobres y convierte los esfuerzos en inútiles. 
Para llevar a cabo todo lo anterior, es necesaria una voluntad política que este Parlamento debe reiterar y creo que la aprobación del informe Fassa, en la que confío y a la que contribuiré, es un pequeño paso en esta dirección. 
Señora Presidenta, ya es hora de que empecemos a aprovechar los enormes conocimientos y la experiencia existentes, en lugar de hacer nuevos esfuerzos con personal que empieza de cero. 
Estoy pensando en ideas como el servicio voluntario europeo para trabajar en favor del desarrollo. 
La experiencia de las ONG demuestra que no se debe enviar mano de obra no cualificada a los países en desarrollo. 
En cambio, habría que involucrar a las sociedades locales. 
No tiene sentido obligar a los países en desarrollo a recibir a jóvenes europeos no cualificados, sobre todo en momentos de catástrofe, para aliviar el desempleo en Europa. 
Las ONG disponen de cierto grado de experiencia en los análisis de impacto específicos para determinados países gracias a sus conocimientos locales y a su cooperación con las ONG locales. 
¿Por qué no pedir a las ONG y a la ECHO que establezcan una cooperación estrecha para elaborar estos análisis de impacto específicos para determinados países? 
Recuerdo, por ejemplo, que, un año antes de la catástrofe en Ruanda, Oxfam señaló una y otra vez lo que estaba a punto de ocurrir. 
Habría que haber intervenido, dijo Oxfam, pero nadie les escuchó. 
No entiendo tampoco que sea necesario que la ECHO y la Comisión hagan publicidad de sí mismas, sobre todo tratándose de publicidad negativa, y me gustaría saber cuántos fondos comunitarios y de la ECHO se emplean en este tipo de publicidad. 
Me veo obligada a rechazar el apartado sobre la reforma de la política exterior y de seguridad común y opino que los puntos 11 y 12 son un caos, pero me alegra que se hayan incluido en el informe las enmiendas sobre el papel de las mujeres y su contribución activa. 
Desgraciadamente, no dispongo de un minuto y medio para alabar al Sr. Fasso por todo lo que ha hecho que merece alabanza. 
Señora Presidenta, señor Fassa, volver a perfilar el nexo que existe entre las acciones de emergencia, la fase de rehabilitación y los procesos de desarrollo a fin de convertir en más eficaz la acción europea, representa el objeto de la Comunicación que estamos debatiendo. 
En nuestra opinión, la vinculación entre emergencia, rehabilitación y desarrollo debe pasar necesariamente a través de una programación estratégica que abarque, en su conjunto, todos los aspectos políticos, sociales y técnicos de las políticas de desarrollo y debe favorecer la armonización de las intervenciones de la Unión Europea, de los propios Estados miembros y de las Naciones Unidas. 
Por ello, es fundamental el fortalecimiento de la PESC, así como la reagrupación de los servicios competentes bajo una autoridad única que permita asegurar la coordinación y la inmediatez de las acciones, constituye para nosotros la prueba de que, por fin, se pasa de las palabras a los hechos. 
Habida cuenta de que hoy asistimos a unas crisis que, sin lugar a dudas, podemos definir crónicas y realmente graves, el hecho de que las mismas sean prolongadas, permite una programación óptima de las acciones, ya que incluso pueden pasar de la inicial ayuda de emergencia a la forma más concreta de la ayuda específica. 
Nos parece que las intervenciones del Ejecutivo deben tener en cuenta las necesidades de las capas más débiles de la población como las mujeres, los ancianos y los niños y su puesta en práctica debe apoyar los mercados locales y otorgar prioridad a las posibilidades de aprovisionamiento local. 
Por consiguiente, estamos a favor de la creación de un cuerpo europeo compuesto por unidades civiles y militares que colaboren con la UEO para contribuir a la solución de los conflictos y al restablecimiento de la paz, así como estamos convencidos de que es necesaria la creación de un tribunal internacional permanente para reprimir los actos criminales y castigar a los culpables, y también de la utilidad de un control más severo de las exportaciones de armamento, de la urgente puesta en marcha de una verdadera política de prevención de las catástrofes naturales y de la resolución de los conflictos armados. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera manifestar mi apoyo de las líneas generales de este excelente informe y del enfoque que ha seguido el ponente. 
En mi intervención me limitaré a destacar los principales aspectos de la opinión de la Comisión REX. 
En primer lugar, reconocemos que la Comisión Europea establece una valiosa e importante diferenciación entre los diversos tipos de desastre, desde los desastres puramente naturales que a pesar de ello pueden tener causas estructurales o ser de carácter endémico, hasta los desastres cuyos resultados no son exclusivamente naturales como las inundaciones, los terremotos, etc., sin olvidar las situaciones de urgencia que no tienen nada de naturales, como por ejemplo los conflictos violentos. 
En esos últimos casos la estructura institucional y administrativa para el desarrollo queda destruida, mientras que en los casos citados en primer lugar las estructuras básicas institucionales y administrativas siguen generalmente en funcionamiento, aunque la situación de urgencia pueda trastornarlas o desbordarlas temporalmente. 
Se trata evidentemente de una situación complicadísima que requiere una respuesta flexible. 
Tampoco hay que olvidar la necesidad, a que se ha referido el último orador, de promover y estimular los mercados locales como estructuras comerciales, elemento de gran importancia para colaborar en la rehabilitación. 
En realidad, en muchos casos esto constituye la base fundamental de la rehabilitación. 
Quisiera recalcar la importancia de que los que participan en la elaboración de programas de desarrollo y rehabilitación en caso de desastre adopten decisiones encaminadas a promover las intervenciones que estimulan el funcionamiento o el restablecimiento de mercados locales y de estructuras comerciales nacionales o regionales. 
Un debate como el que estamos sosteniendo no será nunca un debate global si no hace referencia al papel del comercio de armamentos, y cuando hablamos de desastres humanitarios de envergadura, con mucha frecuencia mencionamos al comercio de armas y en la Comisión REX estimamos que es esencial que la Unión Europea adopte medidas para establecer un código de conducta para el comercio de armas en regiones de países en los que existen evidentemente tensiones y en las que el conflicto es inminente o ya ha estallado. 
Por último, en cuanto a la relación entre el documento y las actuales prácticas de la Unión Europea, la forma en que la Comisión enfoca los vínculos entre socorro, rehabilitación y desarrollo parece ser más bien teórica y entraña diversos supuestos fundamentales acerca de la capacidad de la Unión Europea para poner en práctica ese enfoque que es más bien ambicioso. 
He sostenido varias conversaciones interesantes con las personas apropiadas de la Comisión y los autores de este documento, y les he dicho que me agrada sobremanera que se haya presentado el documento y que, en mi opinión, es un documento excelente que responde en gran medida a las propuestas que el Parlamento Europeo viene presentando desde hace años. 
Sin embargo, lo que me preocupa principalmente es que el documento pueda originar un seguimiento eficaz en la labor cotidiana de ejecución de la ayuda de la Unión Europea para el socorro, la rehabilitación y el desarrollo, aparte de que me parece que hemos de prestar quizá más atención a la forma en que las cosas funcionan en la actualidad antes de embarcarnos en propuestas para el futuro. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Fassa, por el trabajo realizado. 
Sólo quiero referirme brevemente a uno o dos puntos. 
Saludo especialmente en este informe que haya recogido la cuestión de la protección militar de las acciones humanitarias. 
Se trata de un problema al que siempre nos vemos confrontados y precisamente en los últimos tiempos se han multiplicado los actos de violencia contra organizaciones humanitarias. 
Además, creo que aquí podemos hacer realidad una pequeña parte de política exterior común de la Unión, por lo que saludo también opinión expuesta por la Comisión de Asuntos Exteriores en lo referente al cuerpo de paz. 
Comparto la opinión del orador anterior en lo tocante a la problemática de la exportación de armas. 
Pero, a pesar de que en una serie de países europeos tenemos unas normas muy rígidas en lo que se refiere a los suministros de armas a regiones conflictivas, siempre hay elementos criminales que encuentran los medios y las vías para acceder a las armas y enviarlas a las regiones en crisis. 
No se logra todo exclusivamente con hermosas negociaciones. 
Otro punto es el relativo a la ayuda en caso de catástrofes y el desarrollo permanente; en el caso de la ayuda para las catástrofes no podemos tener en cuenta las violaciones de los derechos humanos sino que en primer lugar se encuentran las víctimas de las catástrofes. 
Pero en el caso de un trabajo permanente de reconstrucción- ayuda al desarrollo- sí que tenemos que plantear la cuestión de los derechos humanos; lamentablemente, tengo que contradecir en un punto a mi estimado colega Robles Piquer: un cierto bienestar en un país o unas condiciones de vida mejores no justifican que se pisoteen los derechos humanos y no puedo sentir ninguna admiración por un estadista que así lo ha hecho aunque no se deba hablar mal de los difuntos. 
Señora Presidenta, la Comisión desea felicitar al ponente Sr. Fassa por su informe y en general está muy en favor de sus conclusiones y recomendaciones. 
El informe representa un paso muy positivo en el proceso de formalización de un método que durante su desarrollo se ha caracterizado por consultas continuas con una amplia gama de partes interesadas. 
La Comisión quisiera individualizar una serie de cuestiones que el ponente ha destacado para que sean objeto de comentario, y proporcionar a los diputados una exposición actualizada de la forma en que se está vinculando el desarrollo con la rehabilitación y la ayuda, además de formular comentarios sobre las nuevas cuestiones importantes en relación con la ayuda humanitaria y el programa ECHO. 
Estoy convencido de que la efectividad y la eficacia de los esfuerzos de ayuda no pueden sino mejorar mediante la debida comprensión del fortalecimiento de los vínculos entre las diferentes fases de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo. 
No menos importante, según se indica en el informe del Sr. Fassa, es la necesidad de coordinar las acciones desarrolladas por la Comunidad y por sus Estados miembros, así como, además de ello, la necesidad de velar por que haya una buena coordinación entre la Comisión y las demás organizaciones y agencias internacionales importantes. 
Sólo cuando lo hayamos conseguido podremos lograr que haya coherencia y podremos promover la eficacia. 
Otra cuestión de importancia capital es la necesidad de adaptar mejor la ayuda a las personas que la necesitan. 
Esto puede ser dificilísimo de conseguir, especialmente en las crisis humanitarias que entrañan inseguridad y corrientes masivas de refugiados, pero a pesar de ello es esencial que lo logremos, tanto para aprovechar al máximo los fondos como para mantener a la larga el apoyo público a la prestación de ayuda vital. 
Además, ha habido que prestar mucha ayuda humanitaria en zonas de conflicto en las que la población civil se ha visto crecientemente afectada por la violencia o ha sido víctima directa de ella. 
En esas circunstancias, la comunidad que presta la ayuda humanitaria se enfrenta con muchas cuestiones fundamentales y dificilísimas en relación con la neutralidad y la imparcialidad de la ayuda. 
Muy acertadamente se formulan preguntas acerca de la forma de evitar la manipulación y el pillaje de las facciones en conflicto, acerca de la forma de luchar contra las violaciones de los derechos humanos, acerca de la forma de proteger a los que prestan la ayuda, etc. Muchas de estas preocupaciones legítimas motivan las cuestiones que se plantean en el informe que tenemos ante nosotros. 
La Comisión reconoce claramente las graves dificultades que suscita la prestación de ayuda humanitaria en esas situaciones. 
La conciencia de los riesgos inherentes y un análisis constante de las situaciones próximas a la crisis, tanto por razones políticas como por razones económicas, constituyen parte importante de esta labor. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los problemas planteados varían considerablemente según las situaciones de crisis. 
La Comisión se esfuerza sobremanera por coordinar sus actividades con las de copartícipes como las organizaciones no gubernamentales, la Cruz Roja y las organizaciones de las Naciones Unidas, a fin de adaptar la respuesta a cada situación. 
El informe pone de relieve la cuestión de la prevención de conflictos, cosa que naturalmenta aprecia la Comisión. 
No cabe exagerar la importancia de la prevención; la prevención de conflictos y la promoción de un nivel de estabilidad estructural son factores de importancia fundamental para el enfoque común de las actividades de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo, y como saben ustedes perfectamente, la Comisión ha preparado una comunicación sobre este tema que actualmentes se está examinando en el Consejo. 
A la Comisión le agrada también sobremanera que el ponente trate específicamente del papel de la mujer y que esta cuestión se haya puesto también de relieve en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
El papel de la mujer ocupaba un lugar destacado en la Comunicación sobre la vinculación de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo y en la labor del programa ECHO en 1996, y seguirá ocupándolo, por ser un factor esencial para que nuestra asistencia humanitaria sea equitativa y eficaz. 
El hombre y la mujer tienen una vulnerabilidad diferente a la crisis, y a menudo se enfrentan con ella de formas diferentes. 
En general, el hombre suele tener más opciones que la mujer, pues suele poseer mayor control de los recursos, mayor movilidad y mayores facultades decisorias. 
Por consiguiente, tenemos que buscar la forma de tener todo esto en cuenta cuando planeemos y realicemos operaciones humanitarias, y tenemos que cerciorarnos de que lo que planeamos se lleva realmente a cabo en el campo de operaciones. 
Todo esto guarda relación también con la cuestión planteada en el informe del Sr. Fassa acerca de las capacidades locales y regionales. 
Es demasiado fácil destruir mercados frágiles y sin experiencia con programas mal concebidos o mal enfocados. 
La participación de personal local y el fortalecimiento de instituciones locales para que se ocupen de los desastres pueden evitar muchos de los efectos negativos de las actividades de socorro en caso de desastre que se han observado en el pasado, debido a que los recursos y el personal expatriado en muchas ocasiones han desbordado por completo los esfuerzos locales y los han marginado. 
Ésta es una esfera a la que somos particularmente sensibles en la Comisión. 
De hecho, nuestra finalidad es estimular al sector privado, al que consideramos como el motor central del crecimiento en los países ACP. 
Desde esta perspectiva estimamos que un mejor desarrollo reduce la necesidad de socorro de urgencia, que un mejor socorro contribuye a un desarrollo mejor, y que una mejor rehabilitación facilita la transición entre uno y otro. 
El progreso en la ejecución del enfoque que vincula ayuda, rehabilitación y desarrollo se ha caracterizado por una serie de acontecimientos importantes. 
En realidad, como la vinculación entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo se suele considerar como un enfoque de amplia aplicación a toda una diversidad de situaciones, su influencia ha sido penetrante y su progreso, rápido. 
Los encargados de desarrollar y ejecutar programas tienen a su disposición una técnica que responde a los programas existentes, porque todo lo que se requiere es que el programa se haya concebido teniendo presentes las vinculaciones y relaciones y sobre la base de la coordinación interna y externa. 
El simple hecho de considerar en las fases iniciales las repercusiones futuras de las medidas adoptadas ayuda a concentrarse en el mejoramiento de la eficacia y la efectividad de la asistencia. 
Los grupos de trabajo brindan probablemente una de las forma más tangibles y pragmáticas de justipreciar en la Comisión la cooperación y la coordinación práctica. 
Por eso han sido establecidos en las regiones en las que más adelantada está la ejecución de este enfoque. 
Los dos mejores ejemplos hasta la fecha son los grupos de trabajo que llevan operando desde hace algún tiempo en Haití y en la región de los Grandes Lagos. 
Otros llevan más tiempo en funciones, como el de Liberia. 
Desde un punto de vista oficioso y gracias a la conveniencia y la necesidad de este nuevo enfoque, la coordinación y la cooperación entre servicios es ahora mejor que nunca, con la ventaja de que en la actualidad ha recibido el apoyo de la Comunicación de la Comisión y del positivo debate que ha provocado. 
En el seno de la Comisión se ha transformado en una Instrucción conjunta firmada por los Directores Generales de todas las Direcciones Generales exteriores y por el Director del programa ECHO, y ha sido enviada a todas las delegaciones y servicios exteriores. 
La vinculación de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo no es cosa que quede limitada a la Comisión. 
Se ha invitado a los Estados miembros a que participen plenamente en esta labor, y a la Comisión le place que el Consejo haya acordado que la Comisión, junto con Estados miembros, trabajen juntos en la preparación de marcos de política global para determinados países y determinadas regiones. 
Este informe ha destacado muchas cuestiones importantes relacionadas con la ayuda humanitaria, y constituye un paso adelante hacia la vinculación de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo, esfera que ha contado siempre con el apoyo del Parlamento. 
Señora Presidenta, me disculpo por haber conservado la palabra durante tanto tiempo, pero éste es el tipo de informe y de tema que se relacionan con gran parte de nuestra labor cotidiana sustancial en muchas de las esferas más difíciles. 
Por eso he supuesto que mi respuesta podía ser algo más extensa, a fin de poder expresar algunas de nuestras preocupaciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Se cierra la sesión. 
(Se cierra la sesión a las 20.05 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, me referiré al Acta y en particular a la enmienda 5 del informe Lindholm. 
El Acta dice que me abstuve de votar en esa votación. 
Lo cierto es que tenía la intención de votar a favor pero mis dedos decidieron otra cosa y el resultado es que no pude hacer lo que quería. 
Le ruego, pues, que se indique que voté a favor de esa enmienda. 
Así se hará, Señoría. 
Señora Presidenta, se trata del punto 7, la ONP, y el servicio universal de telecomunicaciones. 
Ayer realizamos una votación muy difícil y comprendo que de vez en cuando se cometan algunos errores pequeños, pero quisiera que se efectuara una corrección. 
Concretamente dice que votamos tres veces sobre la supresión del término «exclusivamente». 
Ahora resulta que en el Acta consta correctamente, pero en el documento de promulgación de la directiva se han equivocado tres veces; así pues, quisiera preguntarle si puede usted corregirlo con ayuda de sus servicios. 
El Acta es excelente, pero en el documento de promulgación hay errores. 
Si pudiera ser, por lo demás es correcto. 
He entendido bien, Sr. van Velzen, y lo corregiremos. 
Señora Presidenta, no me refiero directamente a una cuestión de orden sino al acta literal de la sesión del miércoles. 
Allí figura correctamente una respuesta insuficiente del Consejo a una pregunta adicional planteada por mi sobre el colega Sjöstedt y más adelante una intervención mía para una cuestión de orden, lo que también es correcto. 
Pero la pregunta que yo planteé ha desaparecido misteriosamente y ha sido sustituida por otra pregunta que planteé el año pasado a la Presidencia irlandesa del Consejo. 
Solamente quiero indicar que de modo misterioso partes del acta literal del período parcial de sesiones de diciembre han aparecido de nuevo en el acta literal del período parcial de sesiones de febrero, concretamente el miércoles. 
Haremos lo necesario para que de todas formas eso se restablezca. 
¿Hay otras observaciones? 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
He votado en contra del informe del Sr. Mcgowan sobre la complementariedad entre la política comunitaria de cooperación al desarrollo y las políticas de los Estados miembros. 
Soy una ardiente partidaria de que se refuerce la ayuda al desarrollo, pero pienso que debe mantenerse a un nivel nacional en su mayor parte. 
Parece, además, que el principal objetivo del informe es reforzar la política europea de seguridad y cooperación (PESC) , además de «contribuir a que la Unión disponga de una identidad exterior» , como figura en el texto de la resolución. 
Soy de Suecia, que es neutral, y pienso que mi país puede jugar un papel mucho más significativo en el mundo como nación progresista independiente que adaptándose a una PESC, que en la práctica está dirigida por una gran potencia. 
Hemos votado afirmativamente sobre el informe porque apoyamos la intención de coordinar la ayuda de la UE al desarrollo, y la de evitar que se solapen los trabajos. 
Pero somos totalmente contrarios a cualquier modalidad de armonización total de las ayudas al desarrollo entre los países de la UE. 
Pensamos que es importante que los Estados miembros de la UE sigan llevando una política independiente en torno al desarrollo, conservando su línea característica. 
En el Tratado de Maastricht se establece que la política de desarrollo de la Unión Europea ha de ser complementaria respecto de la política de los Estados miembros. 
Pero para lograr esta complementariedad es necesaria una coordinación entre la Unión y los Estados miembros. 
Sin embargo, en la práctica se logra relativamente poco. 
Este defecto se atribuye con razón a la falta de voluntad política en los Estados miembros. 
Desgraciadamente, el informe pasa por alto que esta falta de voluntad es consecuencia de las diferencias de orientación de los Estados miembros. 
Para algunos, la política de desarrollo está al servicio del comercio, para otros forma parte de la política exterior y la defensa de los intereses políticos. 
Me refiero a la actuación francesa en África. 
Tal diversidad de objetivos no es fácil de coordinar. Tampoco espero mucho de las medidas propuestas en el informe McGowan. 
Esto es lamentable en la medida en que la cooperación al desarrollo se resentirá de ello. 
Pero a falta de una unidad política europea, me parece más eficaz aprovechar al máximo las posibilidades de coordinación, aceptando la realidad política existente, que aspirar al alto ideal de una política de desarrollo coordinada de la Unión. 
En la exposición de motivos de su informe, el Sr. MacGowan dice que la opinión pública en los Países Bajos acepta que un porcentaje relativamente alto del PNB se dedique a la ayuda al desarrollo, precisamente porque esta ayuda otorga una etiqueta nacional a los Países Bajos. 
En efecto, pero este apoyo no es probable para una política europea. 
Por ello es preciso que la ayuda al desarrollo dentro de la Unión se coordine siempre que sea posible, pero que siga siendo principalmente una política nacional. Sobre todo porque no se trata del prestigio político que la Unión cree tener que ganarse en el mundo sobre la base del presupuesto dedicado a la cooperación al desarrollo, sino del efecto máximo para los países en vías de desarrollo. 
Por estas razones tenemos nuestras reservas con el informe McGowan. 
Informe del Sr. Fassa (A4-0021/97) 
Respaldamos las intenciones de coordinar y hacer más eficaces las ayudas al desarrollo de la UE. 
Pero no apoyamos las fórmulas que no vienen al caso en este contexto, consistentes en «fortalecer la política exterior común de la Unión» , ni tampoco la invitación al Consejo para que refuerce la cooperación con la UEO. 
Pensamos que la UE debe ser una organización civil y que debería suprimirse la UEO. 
No existe ningún motivo para que la UE, en colaboración con la UEO, establezca unas unidades militares responsables de las operaciones de «mantenimiento de la paz». 
Hay que rechazar esta propuesta. 
Liquidación de cuentas del FEOGA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe interino (A4-0043/97) del Sr. Mulder en nombre de la Comisión de Control Presupuestario (C (96) 0417- C4-0259/96) sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la liquidación de cuentas del FEOGA- garantía 1992 
Señora Presidenta, desde hace años tenemos una política agrícola europea. En el transcurso de los años ha habido muchas críticas a esta política agrícola. 
Si hay reglamentos, hay que cumplirlos, y si se incurre en gastos, estos han de ser conformes con las reglas. En este Parlamento han surgido con los años serias dudas sobre la ejecución de estas reglas financieras. 
De ahí que el 17 de marzo de 1995, este Parlamento aprobara una resolución en que se afirmaba que a partir de entonces tendrían que aprobarse por separado los gastos agrícolas del Fondo de Garantía Europeo para la agricultura. 
También el Tribunal de Cuentas anunció que cada año se publicaría un informe especial sobre dichos gastos. 
En abril del año pasado, el Parlamento se pronunció por primera vez sobre este procedimiento, y las conclusiones formuladas por aquel entonces siguen siendo interesantes. 
En primer lugar, la resolución del año pasado llevó a la conclusión de que los servicios de personal que tenían que llevar a cabo el control, no tenían suficiente personal. En la resolución del año pasado se pedía contratar a quince personas más. 
Un año más tarde podemos constatar que sólo se ha contratado a tres. 
El segundo punto importante de la resolución del año pasado es que si han de aplicarse correcciones financieras, estas habrán de aplicarse exclusivamente a los méritos técnicos, y no pueden desempeñar papel alguno en las decisiones políticas. 
Un año más tarde, y gracias al informe del Tribunal de Cuentas, podemos constatar que la Comisión no ha cumplido esta condición. 
Si examinamos los gastos de 1992, vemos que de la pauta total de gastos, de cerca de 30 millardos de ecus, 800 millones tuvieron que ser reclamados. 
Además, en segundo lugar, la Comisión ha otorgado a algunos países ciertos favores que según el Tribunal de Cuentas no estaban justificados. 
En primer lugar, quiero mencionar el caso del almacenamiento de carne de vacuno en Irlanda. 
Ha sido un caso curioso. Los servicios de control de la DG VI constataron que algo había salido mal e hicieron una corrección del 5 %. 
A continuación, el controlador financiero de la Comisión dice que es demasiado poco, que se han cometido errores graves, que tiene que ser un 10 %. Luego la DG VI se suma a esta opinión y vuelve a decir: en efecto, tiene que ser el 10 %; 
Irlanda protesta, pero la Comisión- los servicios técnicos- se mantiene firme, pero ¿qué hace la Comisión Europea como órgano político? 
Ignora el dictamen de los servicios técnicos y decide aplicar el 5 %. 
Pérdidas para el presupuesto de la Comunidad: cerca de 30 millones de ecus. 
En el caso de Grecia, con el apoyo de la producción de algodón podemos hacer comentarios parecidos. 
Pérdidas para el presupuesto añadiendo el algodón: cerca de 30 millones de ecus. 
En todos estos casos, la respuesta de la Comisión a las críticas del Tribunal de Cuentas era que se concedía el beneficio de la duda a los Estados miembros. 
No estamos de acuerdo con ello, señora Presidenta. 
¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? 
En primer lugar: la falta de personal no puede esgrimirse para justificar un control insuficiente. La inversión en personal devolverá más tarde con creces el dinero. 
En segundo lugar: una corrección de- a la postre- 930 millones de ecus, y según el Tribunal de Cuentas seguramente mucho más, es de todos modos demasiado elevada, es más del 5 % del presupuesto agrícola, y tendrá que controlarse mediante una mayor vigilancia o una normativa mejor. 
Y en tercer lugar: es inadmisible que la Comisión Europea exonere del cumplimiento de los preceptos reduciendo las correcciones financieras para un determinado año, a pesar de que no se constataran mejoras en este año presupuestario. 
Además, a nuestro entender, cabe cuestionar si la corrección financiera máxima del 10 % es suficiente. Pedimos una corrección financiera adicional del 25 %. 
El año pasado, el Parlamento otorgó a la Comisión Europea el beneficio de la duda. 
Este año no lo haremos. 
Aplazamos la aprobación de los gastos agrícolas de 1992 hasta que se hayan cumplido las condiciones que he formulado. 
Tendremos que encargarnos de que en el futuro los gastos agrícolas estén en orden y que los Estados miembros, tanto el público como los propios Estados miembros, no tengan la impresión de que la Comisión no lo ejecutará de forma correcta en el futuro. 
Señora Presidenta, si estuviéramos hablando de la liquidación de las cuentas de 1995 podríamos decir que había algo podrido en el Estado de Dinamarca, y se hubiera podido creer que nos estábamos refiriendo al queso feta. 
Ahora bien, no nos estamos refiriendo a las cuentas de 1995 sino a las de 1992, y muy bien podemos decir que hay algo equivocado en el Estado de Irlanda y en otros Estados miembros, si nos fijamos en la liquidación de las cuentas. 
El Sr. Mulder ha trabajado con mucho empeño en este informe y la Comisión de Control Presupuestario no lo ha tomado a la ligera. 
Hay aspectos inquietantes en la forma en que se ha tratado a los recursos agrícolas, y lo cierto es que cuando llegamos a la liquidación de las cuentas siempre parecemos tropezar con problemas. 
El Tribunal de Cuentas, en su informe, ha destacado esos problemas de forma muy sucinta, y si no fijamos en los dos casos que ha mencionado el Sr. Mulder, el problema del ganado vacuno en Irlanda y el problema del algodón en Grecia, no hay duda de que hay muchos motivos de intranquilidad. 
Tengo la impresión de que esto es como una subasta neerlandesa- y eso que nunca he asistido a una subasta neerlandesa- pero ésa es la forma en que decidimos lo que hay que devolver y lo que no hay que devolver a la Comunidad. 
Esto explica la presentación de la propuesta del 25 %. 
Se diría que el comentario es siempre el mismo: » Bueno, quizá haya habido algunas irregularidades, es posible que haya habido algún fraude que otro, pero no tenemos por qué devolver todo el dinero». 
La inquietud de la Comisión de Control Presupuestario es precisamente el hecho de que nunca estamos seguros de lo que la Comunidad va a pedir que se le devuelva, ni de lo que va a hacer la Comisión para recuperar el dinero que se ha abonado indebidamente. 
En los párrafos 8 y 9 de la exposición de motivos del informe del Sr. Mulder se mencionan dos cuestiones de importancia. 
El Sr. Mulder dice lo siguiente: » Se tiene la impresión, por consiguiente, en este caso (el caso de la carne de vacuno irlandesa) , de que la Comisión cedió en último término a la presión política y al tomar su decisión ya no se planteó la cuestión de a cuánto habían ascendido los daños ocasionados al presupuesto comunitario. 
Así, no sólo aceptó las pérdidas del presupuesto comunitario, sino que además desautorizó el trabajo realizado por sus propios servicios. 
Posiblemente, la Comisión tenga que aguantar además que se la acuse de haber tratado de manera diferente a los Estados miembros. 
En efecto, las rectificaciones referentes a Francia e Italia en relación con el almacenamiento de carne de vacuno no se corrigieron a la baja... ». 
Éste es un caso sumamente inquietante y cuando vemos que no se han reclamado los 100 millones de ecus de Grecia, no podemos sino preocuparnos mucho. 
En el párrafo 20 de la exposición de motivos, el Sr. Mulder dice: » En resumen, se trata de pérdidas de más de 1.000 millones de ecus para el presupuesto comunitario, que se produjeron a principios de la década de 1990 y que se están liquidando ahora, y aún así sólo en parte». 
Confiábamos en que el procedimiento de arbitraje comenzara a aclarar las cuestiones, para que todo resultara más fácil. 
Confiamos en que no hubiera Estados miembros que tuvieran que recurrir al Tribunal de Justicia, pero vemos ahora que Irlanda, que había salido bastante bien parada en el caso de la carne de vacuno, ha recurrido ante el Tribunal de Justicia contra la decisión de la Comisión sobre la liquidación de cuentas, y la verdad es que no hay muchos motivos para sentirse optimista. 
Creo que la parte más significativa del informe del Sr. Mulder es cuando al final del texto se pregunta: »... hay que formular también otra pregunta: ¿son tal vez las rectificaciones propuestas por la Comisión demasiado pequeñas para compensar los daños ocasionados al presupuesto comunitario?» 
He aquí una pregunta a la que la Comisión no tiene más remedio que contestar. 
En cuanto a las dos recomendaciones que se hacen acerca del aplazamiento de la aprobación de la gestión, diré que espero que la Comisión no crea que el Parlamento está tratando de engañarla, fijando en diciembre la cifra total de la dotación de personal en los diferentes departamentos y volviendo sobre el particular en marzo para recomendar algo diferente. 
Se trata de dos propuestas diferentes, hechas en dos momentos diferentes. 
Estoy seguro de que el Parlamento y la Comisión sabrán convenir en cuál es la mejor solución. 
Señora Presidenta, en nombre de mi grupo quisiera dar gracias al Sr. Mulder por su informe y decirle que mi grupo lo acepta y que justiprecia debidamente su empeño, su sinceridad y su lealtad. 
No hace falta decir que nuestra principal obligación, como diputados del Parlamento, es velar por que no haya fraudes, y hemos de reconocer que entre los Estados miembros hay una tendencia natural a ser menos cuidadosos cuando se trata de recursos de la Comunidad que cuando se trata de sus propios ingresos directos; esto es perfectamente comprensible. 
El ponente habla de 800 millones de ecus. 
Hemos de reconocer también que no se trata de dinero que se ha perdido, sino de dinero que quizá se haya perdido. 
Ésta es la diferencia esencial de que estamos hablando. 
Sabemos que una parte de ese dinero se ha perdido, y otra parte no sabemos dónde ha ido a parar pero, si lo supiéramos, quizá pudiéramos recuperarlo. 
Tengo también una reserva personal acerca de esa rectificación del 25 %. 
Tenemos multas del 2 %, del 5 % y del 10 % cuando los Estados miembros son culpables de negligencia o han cometido un fallo que puede traducirse en la pérdida de ingresos comunitarios. 
Si perdemos el 25 % de los ingresos de la Comunidad, entonces no hay duda alguna de que algo funciona fundamentalmente mal, en primer lugar en el caso de la Comisión, pero también en el caso de las administraciones nacionales. 
Si se produce una pérdida o una dilapidación de esa cuantía, lo que hay que hacer es cancelar por completo el plan. 
No puedo aceptar que la Comisión esté tan ciega que deje plantearse una y otra vez situaciones en las que pueda suceder semejante cosa. 
Puedo simpatizar hasta cierto punto con la cuestión que ha planteado Jan Mulder acerca de la decisión de la Comisión relativa a Irlanda. 
Quisiera destacar- y lo hago también para beneficio de Terry Wynn- que en la situación de Irlanda no se ha podido identificar pérdida alguna. 
Ha sido un caso de mala administración que puede haberse traducido en pérdidas. 
Si hubiera habido pérdidas y se hubiera demostrado que alguien había cometido fraude, entonces se hubiera perseguido al culpable y se hubiera recuperado el dinero. 
No ha sido eso lo que ha sucedido: ha sido falta de cuidado, que quizá se haya traducido en una pérdida de recursos comunitarios. 
Los servicios de la Comisión- los servicios del Sr. Fischler- propusieron que para 1991 podían reducir o aplazar la mitad de la multa del 10 % y que si en Irlanda se rectificaba la situación- lo que, naturalmente, se hizo- entonces podría darse por olvidada la cosa después de dos años. 
Dicho con otras palabras, la decisión de la Comisión no afectaba para nada a los recursos de la Comunidad. 
Lo que hizo la Comisión fue adoptar una decisión muy neta que suscitó una enorme publicidad entre los medios de información y que hizo creer al Parlamento que en el caso de Irlanda se había hecho una importante concesión cuando, en realidad, no hubo concesión de ningún tipo. 
También hizo creer al público que un culpable puede librarse de la justicia mediante manipulaciones políticas. 
Lo cierto es que todo fue un ejercicio de relaciones públicas para la Comisión, y lo lamento porque no benefició en absoluto a la situación de Irlanda en materia de ingresos. 
Por último, quisiera decir que reconozco que hemos de ser firmes en la defensa de nuestros intereses porque la política agrícola común ha quedado desprestigiada, pero lo cierto es que los fraudes no ocurren solamente en la Comunidad en relación con la agricultura. 
En una noticia que tuve ocasión de escuchar, la BBC citaba a un ministro británico que decía que si pudiera acabar con el fraude en el régimen de bienestar social de Gran Bretaña ahorraría cada año 6.000 millones de libras. 
En todos los casos en que hay una administración pública en el plano local o nacional, hay fraude. 
No sucede solamente en nuestro caso, pero eso no es razón para que no seamos firmes. 
Señora Presidenta, nos encontramos ante uno de esos casos en que el común ciudadano europeo corre el riesgo de no entender en absoluto lo que estamos diciendo, mejor dicho, corre el riesgo de entenderlo mal, de tener una idea algo confusa de nuestra forma de gestionar la administración comunitaria. 
Por consiguiente, el desorden administrativo y el desorden burocrático se traducen- según lo que estamos viendoen pérdidas con cargo al presupuesto comunitario ocasionadas por mecanismos en los que abundan anticipos pagados en exceso u otros giros contables. 
En estos momentos, nos estamos ocupando de las carnes de vacuno en Irlanda y de las ayudas a la producción de algodón en Grecia, aunque los ejemplos podrían ser muchos más. 
En materia de gastos agrícolas quizás ha llegado la hora de simplificar. 
En repetidas ocasiones, usted, señor Comisario, en la Comisión de Agricultura, se refirió a la necesidad de actualizar y simplificar la PAC y, creo, también el sistema administrativo. 
Sin embargo, ha llegado el momento de la implicación global y constante de los Estados miembros. 
Y esto para evitar que se tenga que buscar a posteriori, como quizás estamos haciendo con este informe, los errores debidos a interpretaciones inexactas o arbitrarias. 
Además, ahora nuestro ponente, el Sr. Mudler, que felicito por su meticuloso trabajo, nos dice que disponemos de los elementos para censurar a la Comisión, culpable de haber cedido ante las presiones políticas de los Estados miembros y de haber gestionado de forma caótica, y es lo mínimo que puede decirse, los propios servicios internos. 
Creo que no se trata sólo de un problema de la Comisión de Control Presupuestario, sino de un problema que afecta indirectamente también a otras competencias. 
No cabe duda de que el cometido de la Comisión de Control Presupuestario es indicar los sistemas para recuperar de forma correcta lo que los Estados miembros han substraído indebida y, esperamos, involuntariamente. 
Debemos asimismo recordar que el 80 % de las financiaciones comunitarias se atribuye a la discrecionalidad de los Estados miembros en lo que respecta al reparto. 
En consecuencia, no debe hacerse una guerra de religión entre Estado y Estado, entre Comisión y Consejo, sino que hace falta y es indispensable un mínimo de flexibilidad para evitar escollos burocráticos excesivamente rígidos. 
De cualquier modo, en mi opinión, hay que llevar a cabo continuas revisiones y comprobaciones para tener la seguridad de que estas interpretaciones son acertadas y para que al final no tenga que ser la Comisión quien pague. 
Me extraña que, junto con los malos ejemplos de Grecia e Irlanda, esta vez no figure Italia. 
Creo que estas disfunciones burocrático-administrativas internas de la Unión Europea acaban reflejándose en el exterior a través del caos administrativo y de gestión, y en definitiva recaen sobre los ciudadanos europeos. 
Señor Comisario, mientras hablamos, en Italia, una vez más y en este preciso momento, los campesinos y los ganaderos que producen leche están haciendo frente a la policía a fin de limitar los daños de las famosas cuotas y de las excedencias de las que son víctimas, más que culpables. 
Ésta también es una consecuencia de la deficiente información administrativa y de la deficiente gestión interna. 
Señora Presidenta, las devoluciones obligatorias de anticipos del fondo de garantía agrícola son con regularidad motivo de debate entre la Comisión y los Estados miembros. 
En sí, esto no tiene nada de malo. Pero ha de limitarse a la cuestión de si la Comisión ha valorado correctamente los importes pagados injustificadamente. 
El informe Mulder demuestra que por desgracia la Comisión se ha dejado llevar por otros criterios. 
Una declaración de intenciones por parte de la administración irlandesa sobre la mejora del sistema de control fue suficiente para que la Comisión disminuyera la corrección acordada de 1991 para el almacenamiento de la carne de vacuno irlandesa del 10 al 5 %. Además, se hizo caso omiso del dictamen del controlador financiero, que señalaba que los déficits constatados no daban motivo alguno para reducir la multa. 
Este procedimiento es inaceptable. 
La Comisión no tiene por qué recompensar a los Estados miembros por sus promesas. El cumplimiento de los preceptos comunitarios ha de ser algo natural. 
Además, el informe Mulder demuestra que la Comisión no es coherente en la aplicación de sanciones. 
En 1991, en Francia e Italia se constataron el mismo tipo de infracciones que en Irlanda. 
Estos Estados miembros no protestaron y tuvieron que pagar íntegramente la multa del 10 %. 
Teniendo en cuenta el uso indebido que ha hecho la Comisión de la aprobación de las cuentas, apoyo al ponente para que se aplace la decisión. 
Primero habrá que determinar con claridad que sólo los daños sufridos por la Comunidad son decisivos al fijar la cuantía de las correcciones acordadas. En este sentido es preciso agudizar los criterios para las correcciones acordadas. 
Señora Presidenta, la envergadura de las correcciones financieras totales- que en 1992 ascienden a 800 millones de ecus- indica que algo falla en la aplicación de la normativa comunitaria. 
No es únicamente un problema financiero, sino que además es muy perjudicial para el prestigio del sector agrícola y la Unión. 
Por ello estoy de acuerdo con el ponente en que es preciso ampliar el servicio de aprobación de cuentas para aumentar la fiabilidad de las correcciones financieras. 
Ello no quita que una gestión financiera adecuada es sobre todo responsabilidad de los Estados miembros y no es posible sin la cooperación de las instituciones de control nacionales. 
Señora Presidenta, Señorías, el diputado Mulder ha presentado hoy un informe muy ponderado en el que analiza en cierta manera a fondo los problemas a los que se ve confrontada la Comisión cuando adopta una decisión sobre la liquidación de cuentas presentadas por los Estados miembros. 
La Comisión tiene que recuperar de los Estados miembros los gastos que no se han empleado claramente conforme al derecho comunitario. 
Pero, Señorías, tales situaciones unívocas, lamentablemente, son excepcionales. 
En la mayoría de los casos, la Comisión tiene que enjuiciar el riesgo que surge para el Fondo de Compensación y de Garantía debido a un cumplimiento insuficiente de las normas, en especial las relativas a la eficacia de los controles realizados por los Estados miembros sobre las solicitudes de ayuda. 
En consecuencia, a veces tiene que rechazar una parte de los gastos en una proporción adecuada al riesgo. 
El montante del importe a rechazar se pondera muy concienzudamente en base a directrices determinadas, teniendo plenamente en cuenta los argumentos de los Estados miembros y tras escuchar a un gremio de personalidades de alto rango e independientes. 
El hecho de que la Comisión efectue recuperaciones, supone para los Estados miembros un importante estímulo para controlar los fondos presupuestarios de acuerdo con las normas. 
En muchos casos, mejoran sus controles tan pronto como los interventores de la Comisión les llaman la atención sobre defectos. 
Cuando ha ocurrido esto, en caso de duda la Comisión siempre ha decidido a favor de aquellos a la hora de fijar el tipo de corrección. Pues uno de los objetivos más importantes de la Comisión es la motivación de los Estados miembros, mejorar continuamente sus sistemas de control y no penalizar. 
Señorías, en lo que se refiere a la reducción de la corrección para Irlanda del 10 al 5 %, quiero decir lo siguiente: los interventores comprobaron que en Irlanda, en los años 1990 y 1991 se habían cometido graves fallos en el control de la compra de carne de vacuno para intervención; en consecuencia, propusieron para ambos años una corrección global del 10 %. 
Irlanda, al igual que el órgano de conciliación, eran de la opinión de que en 1991 mejoraron los controles, por lo que el riesgo de pérdidas para este año era menor. 
Pero los interventores no quedaron convencidos de la eficacia de dichas mejoras pues las compras de intervención a partir del año 1993 se paralizaron hasta que tuviese lugar la decisión sobre el cierre de cuentas. 
No se produjo ninguna. 
Por ello, el interventor financiero no pudo dar su asentimiento a una reducción de la corrección. 
La Comisión decidió a continuación a favor del Estado miembro como se hace siempre en los casos de duda como he mencionado antes. 
No obstante, puedo decir que entretanto se han realizado intervenciones y en octubre/noviembre de 1996 los controles han sido muy satisfactorios para la Comisión. 
Respecto a la segunda cuestión, la situación del algodón en Grecia: esta corrección extraordinariamente elevada del 25 % representa la máxima pérdida posible para el presupuesto de la Comunidad. 
En el marco de las medidas para la mejora de los procedimientos de control, las autoridades griegas han llevado a cabo controles ex-post en la plantas desgranadoras revelándose que las pérdidas reales muy probablemente no eran superiores al 10 %. 
Antes estas circunstancias, no podíamos mantener la corrección del 25 %. 
En relación con las declaraciones que se han hecho antes en el sentido de que las correcciones ascienden a más de 800 millones de ecus, de lo que se deduce que los créditos FEOGA han sido mal administrados, hay que indicar que no es una magnitud demasiado elevada si se consideran todos los créditos y que 415 millones de ecus, es decir, más de la mitad de la totalidad, se refieren a un único caso, la no recaudación de la tasa de corresponsabilidad para la leche en Italia y en España. 
Si se considera este importe en si, el importe restante corresponde al 1, 3 % de los gastos del Fondo de Garantía. Creo que de ello no se puede deducir que los créditos hayan sido mal administrados. 
La Comisión está dispuesta a revisar sus directrices para la determinación de las correcciones en el sentido exigido por el Parlamento, para destacar y precisar de un modo aún más intenso los principios que ella ya sigue de facto. 
Esta revisión estará concluida antes de que finalice junio y en ese mes informaremos también al Parlamento sobre los resultados. 
Sin embargo, las correcciones de un 25 % deben realizarse solamente tras una ponderación muy concienzuda porque los fundamentos jurídicos de la Comisión raramente permiten corregir más de las posibles pérdidas ocasionadas realmente al presupuesto de la Comunidad. 
Además, no en todos los casos en los que la Comisión exige unos controles mejores, se pueden realizar automáticamente correcciones sino solamente si no se ha respetado una norma jurídica de la Comunidad. 
Sin embargo, la Comisión considera deseable aumentar el número de interventores y se va a esforzar en encontrar los puestos recomendados por el Parlamento. 
Pero les ruego que piensen que el personal necesario para esta actividad tan especializada raramente se puede reclutar mediante traslados internos y que el número de nuevos puestos está estrictamente limitado. 
Ante este trasfondo, espero su apoyo para lograr este objetivo. 
Quiero expresar mis felicitaciones en especial al Sr. diputado Wynn por sus declaraciones y para finalizar también quiero agradecer de nuevo al Sr. Mulder y a la Asamblea por el constructivo informe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar ahora. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo votará a favor del informe del Sr. Mulder. 
En efecto, estamos de acuerdo con sus conclusiones, según las cuales la aprobación que debe darse a la Comisión relativa a la liquidación de cuentas del FEOGA 1992 se aplazará y estará subordinada a ciertas consideraciones. 
Estamos de acuerdo también con el análisis que se hace en el informe del Sr. Mulder, especialmente en lo que se refiere a las dos decisiones de la Comisión que motivan este aplazamiento. 
Por último, estamos de acuerdo con las conclusiones a las que llega. 
No debe pedirse ninguna revisión, incluso si resulta difícil de aceptar vistas las pérdidas importantes experimentadas por el presupuesto comunitario, que ascienden a cerca de mil millones de ecus. 
La Comisión debe enmendar su procedimiento de liquidación de cuentas de tal manera que una referencia a una eventual mejora de los controles ya no pueda llevar, en lo adelante, a una reducción retroactiva de las correcciones globales. 
Estamos de acuerdo también con la solicitud de corrección global del 25 %. 
Quisiera hacer hincapié, aprovechando esta votación, la diferencia en relación con las aprobaciones de 1992 a la Comisión y de 1993 sobre el presupuesto del Parlamento. 
Deseo que el aplazamiento de la aprobación que se somete a votación no lleve a una decisión contraria y realmente surta efecto, que la aprobación sea rechazada mientras no se cumplan las demandas del Parlamento. 
En todo caso, esto es lo que tratará de conseguir el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, con el fin de que, de conformidad con lo que siempre se ha apoyado, las importantes cuantías del presupuesto comunitario se afecten de conformidad con las normas legales y que pueda haber un control real de los diputados europeos, con vistas a preservar el interés de los ciudadanos de las diferentes naciones de Europa. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Cónyuges colaboradores de los trabajadores independientes 
De conformidad con el orden del día, se procede al informe de la Sra. Lulling (A4-005/97) en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores independientes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, estoy plenamente de acuerdo con la Sra. Lulling. 
El hecho de que este informe se examine un viernes en el pleno de Estrasburgo, dice mucho sobre la falta de interés por esta cuestión. Por otra parte, refleja bien la situación de las cónyuges colaboradoras hasta hoy. 
La indicación que suele constar en los registros públicos en relación con las cónyuges colaboradoras es «sin profesión» ,» madre» o «ama de casa». 
Para la seguridad social, son sobre todo grandes desconocidas. 
Sin embargo, en realidad son una fuerza imprescindible para sus esposos. 
Por ello, el Grupo de los Liberales se complace de que la Comisión nos presente por fin su propuesta para modificar la directiva existente. 
La cónyuge colaboradora merece más que el reconocimiento de su esposo y su familia. 
Circunstancias como el divorcio, el fallecimiento o la invalidez del marido pueden poner fin de modo inesperado a este reconocimiento y suponer el principio de mucha miseria. 
Ahora el informe. 
Lo que considero sobre todo importante es, en primer lugar, que optamos por un sistema obligatorio de registro y afiliación a un seguro. 
Después de todo, el sistema francés nos enseñó que con un sistema voluntario no se logra la reacción esperada. 
En segundo lugar, es necesario que el estatuto legal, aunque obligatorio, sea también suficientemente flexible, sobre todo en lo referente al cálculo de las contribuciones. 
Si dificultamos demasiado la obtención de un estatuto, nos arriesgamos a crear inconscientemente una categoría de cónyuges colaboradoras clandestinas. 
Esta no puede ser nuestra intención. 
Asimismo apoyo las propuestas de la ponente de aumentar la sensibilidad y alentar con incentivos fiscales a los implicados a que afilien a sus cónyuges. 
Lamento tener que constatar que, en esta cuestión, el Gobierno belga va en dirección contraria y precisamente ahora da marcha atrás. 
A partir del 1 de enero del presente año, ya no permite que los trabajadores independientes pongan parte de sus ingresos a nombre de su cónyuge y por tanto elimina este incentivo fiscal. 
De ahora en adelante, el cónyuge colaborador sólo puede inscribirse como trabajador o hacerse empresario, pero esto es imposible para muchas profesiones liberales dada la deontología de la profesión liberal y la legislación en materia de sociedades. 
Es decir, que no hay ni rastro de flexibilidad. 
Pero esperemos que la nueva legislación europea ofrezca nuevas ideas al Gobierno belga, pues ahora, con lo que experimentamos, parece que demos dos pasos adelante y uno atrás, como en la procesión de Echternach. 
Señora Presidenta, Señorías, espero que dentro de poco podamos debatir aquí la propuesta legislativa sobre los cónyuges colaboradores. Agradecería que la Comisión comunicara sus intenciones al respecto. 
Señor Presidente, lo que hasta hace poco se llamaba trabajo atípico ha llegado a tipificarse. 
La inestabilidad y la precariedad de los vínculos laborales, fruto de la flexibilidad del llamado mercado de trabajo- nunca considerada suficiente por los empleadores- tiene su expresión en los significativos aparición y aumento de trabajadores independientes. 
Y si bien en muchos casos el trabajador independiente no es sino un trabajador que perdió su vínculo jurídico, pero mantiene un vínculo laboral real idéntico al anterior, en otros casos el trabajo independiente es una nueva y diferente actividad que substituye lo que era una actividad profesional denominada atípica. 
Esta revolución arrastra otras en una acumulación de discriminaciones y la situación de los cónyuges auxiliares de los trabajadores independientes, que justificaría que se tratase siempre en femenino, debería merecer una atención particular. 
Nos congratulamos de que este informe lo haga. 
Por tratarse de los cónyuges auxiliares de un grupo derivado y muy heterogéneo de trabajadores, se puede considerar que, pese a la indefinición del estatuto profesional y a la dificultad para calcular su número, será muy superior a los tres millones mencionados en el informe de la Comisión de Asuntos Sociales. 
Al ser mujeres las tres cuartas partes de esos trabajadores, pueden representar incluso, en un Estado miembro como Grecia, una cuarta parte de la población femenina a la que se podría considerar activa. 
Como subraya en su informe la Sra. Lulling, a la que felicito por su trabajo, la Directiva 86/613 es insatisfactoria sobre todo por la indefinición del estatuto y la ineficacia en cuanto a los derechos de protección social para ese grupo de trabajadores/trabajadoras, por lo que es necesaria su modificación y para 1997. 
El conjunto de propuestas del informe merece nuestro acuerdo de principio y es una buena base de trabajo para una nueva directiva encaminada a afrontar situaciones que no pueden cristalizar en una consagración, por antiguas y por nuevas vías, de la discriminación de la mujer en el mundo del trabajo, con el agravante en este caso de su casi total falta de viabilidad. 
Apoyamos en particular, con arreglo, por lo demás, a los presupuestos no cumplidos de la directiva que se debe substituir, la plasmación de iniciativas como debates y mesas redondas, que proporcionen una participación real de los interesados/las interesadas en la formulación de las necesidades, del estatuto y de las disposiciones de la nueva directiva. 
Señor Presidente, saludo la feliz iniciativa tomada por la Comisión de Derechos de la Mujer al haber pedido que se realizara este informe en favor de una protección social digna de los cónyuges colaboradores. 
Lamento tanto como la ponente los años de retraso, el tiempo perdido por la Comisión Europea, años que habrían podido aprovecharse para tener un mejor intercambio de puntos de vista entre las diferentes partes interesadas. 
Ninguno de nosotros puede razonablemente negar la necesidad de legislar en la materia, asimismo, tampoco se plantea, a mi juicio, la cuestión de saber si es preciso establecer un sistema de protección facultativo u obligatorio. 
La experiencia luxemburguesa demostró la ineficacia de un llamamiento a la contribución voluntaria. 
La razón de este fracaso salta a la vista. Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos ya se encuentran, en todos los países de la Unión, agobiados por tasas e impuestos de todo tipo, a los que, por lo demás, escapan con demasiada facilidad las grandes empresas multinacionales. 
Asimismo, además de la obligación que debemos imponer a los Estados miembros de organizar la protección social de los cónyuges colaboradores, tenemos el deber de añadir la obligación de una información correcta de los trabajadores interesados y el compromiso de las autoridades nacionales de administrar los fondos recaudados con probidad, a la inversa de las costumbres adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de los países de la Unión, sean de izquierdas o de derechas. 
Señor Presidente, el informe de iniciativa que hoy estamos examinando, preparado por la Sra. Lulling, a quien quiero felicitar, reviste enorme dificultad, dado que se refiere a un conjunto de millones de trabajadores invisibles, tan invisibles, que las estadísticas los clasifican oficialmente como clases «inactivas» : clases inactivas porque no están inscritas como desempleadas ni buscan trabajo, porque trabajo mo les falta precisamente, sólo que no está reconocido ni remunerado. 
Esta situación se aplica sobre todo a las mujeres de los trabajadores independientes que los ayudan en el campo o en cualquier tipo de pequeñísimas empresas familiares que existen por todos lados y que abarcan, según los estudios realizados, a millones de personas. 
La legislación comunitaria y las legislaciones nacionales, incluso cuando se refieren expresamente a la situación de los cónyuges de los trabajadores independientes- como ocurre en la legislación portuguesa- chocan con una realidad muy diferente del espíritu de la ley. 
Las mujeres consideran aún muchas veces como su deber ayudar gratuitamente a su maridos o compañeros, por considerar ese inmenso trabajo suyo- pero que no cuenta para el cálculo del producto interior de los paísesuna obligación que su situación de cónyuge presupone. 
Si sumamos a ese hecho el desconocimiento de la ley y de los derechos que ésta les concede. Comprenderemos por qué hablamos de trabajadores invisibles: trabajan pero no ganan, trabajan pero no tienen derechos sociales, aunque la ley lo disponga. 
Por eso, concuerdo con las propuestas de la ponente, así como con las enmiendas encaminadas a retirar de la clandestinidad todo ese mundo que trabaja: inscripción obligatoria de los cónyuges auxiliares en los regímenes de seguridad social, obligatoriedad de que los Estados miembros adopten no sólo las medidas jurídicas adecuadas, sino que, además, se esfuercen por que se apliquen efectivamente, incentivos a las empresas familiares que cumplan con esas obligaciones, son, todas ellas, propuestas que han de ser apoyadas. 
Por eso es esencial que la Comisión prepare una nueva directiva sobre este tema, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista financiero. 
A fin de cuentas, hay muchos más trabajadores, sólo que no cuentan ni para el PIB ni para la seguridad social. 
También las propuestas de una flexibilización del sistema y de su adaptación a la dimensión de la empresa me parecen de gran agudeza, así como la propuesta de que en las empresas familiares muy pequeñas esos costos de la seguridad social puedan ser deducibles de las rentas de las empresas. 
Por último, hago un llamamiento para que las asociaciones de trabajadores independientes consideren su obligación estricta luchar por la situación social de los cónyuges de sus socios. 
Por eso, reitero las felicitaciones a la ponente y espero que esta propuesta, que hoy aprobará sin duda el Parlamento Europeo, sea convertida en breve en proyecto de directiva por la Comisión. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Comisión de Derechos de la Mujer y sobre todo a la ponente por la iniciativa de rescatar del olvido la situación de los cónyuges colaboradores y hacer propuestas para crear por fin un estatuto para una categoría de la población que es grande en número, pero pequeño en las estadísticas. 
Espero enterarme más tarde que la Comisión encuentra en ello inspiración para un trabajo legislativo. 
Señor Presidente, sigo este expediente desde mucho antes de la directiva de 1986 y siempre me he preguntado si el estatuto de los cónyuges colaboradores estaría tan vacío y sin firmas si la composición de este grupo fuera predominantemente masculina. 
Para mí, la situación de los cónyuges colaboradores es por excelencia un barómetro de la siempre existente discriminación entre hombre y mujer. 
En mi país, señor Presidente, es decir, en Bélgica, la mayoría de los cónyuges colaboradores son el único grupo de personas permanentemente activas y que sin embargo no entran en el ámbito de aplicación de un estatuto social obligatorio. 
Pero es que se compone en el 97 % de los casos de mujeres. 
Esta situación no puede verse aislada de la presencia siempre escasa de las mujeres en las organizaciones profesionales e interprofesionales y en la toma de decisiones política. 
Si las mujeres no se sientan a la mesa allí, sus intereses no estarán bien defendidos. 
Pero lo que hemos de lograr, en todos los Estados miembros de la Unión, es ni más ni menos que un estatuto basado en el mismo automatismo que el de los trabajadores independientes, los agricultores y las profesiones liberales, concretamente un estatuto que ofrezca protección social y jurídica frente a todo riesgo para el que esté indicado. 
El revés de la medalla es sin duda el precio que habrá que pagar, pero si bien nadie cuestiona el principio de «los servicios con servicios se pagan» para los empresarios independientes respetados, surgen todo tipo de objeciones cuando se trata de las cónyuges colaboradoras de estos empresarios. 
Señor Presidente, termino con la reflexión de que no sólo es incomprensible, sino también escandaloso que tengamos que denunciar esta situación en 1997. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Comisión de Derechos de la Mujer y, en concreto, a la Sra. Lulling por su excelente trabajo. 
El informe que se examina hoy constituye una clara muestra del interés del Parlamento Europeo por promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 
En mi opinión, el tema de la igualdad de las mujeres colaboradoras de su cónyuge trabajador independiente es de especial importancia. 
Este tema, como saben, se trató por primera vez a escala comunitaria en 1986, con la aprobación de la directiva del Consejo 86/613/CEE de 11 de diciembre de 1986. 
De la evaluación de las medidas adoptadas por los Estados miembros en este ámbito, así como del informe, se desprende que todavía hay mucho por hacer, tanto con respecto a la protección social, como con respecto a la posición y el reconocimiento del papel de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autoempleados en una empresa familiar. 
Como ha subrayado el Sr. Gröner, no debemos olvidar que la falta de progreso en este ámbito refleja en parte la postura tradicional con respecto al papel de los cónyuges en la empresa familiar. 
De hecho, existe una tendencia a considerar como algo natural la contribución de los cónyuges a la empresa familiar, como una prolongación de los deberes matrimoniales. 
La falta de progreso refleja asimismo las dificultades que existen, tanto con respecto a la adaptación de los sistemas de seguridad social, como con respecto a los gastos originados por esta adaptación de las empresas familiares en las que los cónyuges trabajan conjuntamente. 
La Comisión Europea conoce estos problemas. 
Hemos financiado muchos estudios, que ponen de manifiesto la gran laguna existente en relación con la protección social de las mujeres colaboradoras. Sin embargo, también se ha observado que no suelen aprovecharse las posibilidades que ofrecen los seguros voluntarios o la introducción de diferentes regímenes jurídicos. 
En este contexto quisiera señalar que el asunto de los cónyuges colaboradores también se incluye en los objetivos del Cuarto Programa de Acción a medio plazo en favor de la igualdad de oportunidades. 
La Comisión Europea ha evaluado detenidamente la situación y ha mantenido amplias deliberaciones con todas las partes interesadas. 
Nuestro objetivo es favorecer la presentación de una directiva revisada que se adapte a las necesidades reales que existen en este ámbito. 
Los debates en mesa redonda que usted menciona en su informe han puesto de manifiesto que es aconsejable que haya un foro para el debate de este tema. 
Sin embargo, para comprender los obstáculos que existen en la mejora de la protección social de las mujeres colaboradoras, necesitamos más información sobre sus opiniones y la posición que las organizaciones empresariales mantienen al respecto. 
En este contexto es necesario adoptar medidas y políticas muy diversas, que respondan a la compleja naturaleza de las dificultades encontradas y al hecho de que la protección social de las cónyuges colaboradoras está relacionada con temas como el reconocimiento de su papel en la empresa familiar, como han destacado con claridad la Sra. Kestelijn-Sierens y la Sra. Thyssen. 
Las mujeres desean asumir un papel más activo en el mercado de trabajo a todos los niveles, como ha subrayado la Sra. Torres-Marques. 
Sin embargo, nos enfrentamos a dificultades y, en primer lugar, a una falta de financiación, como ha destacado muy claramente el Sr. Ribeiro. 
Nos enfrentamos a problemas como la falta de servicios de asesoramiento a la empresa, de la formación profesional necesaria y de reconocimiento de sus capacidades. 
Por otra parte, la reforma agraria y los cambios introducidos a raíz de la PAC cambiarán radicalmente la vida del agricultor y, en este contexto, la mejora de la posición de la mujer en las empresas agrarias debe ser una de nuestras prioridades, como ha subrayado la Sra. Flemming. 
Todos estos factores deben ser evaluados conjuntamente en el debate sobre los trabajadores independientes y sus cónyuges colaboradores. 
Señor Presidente, quisiera dar de nuevo las gracias al Parlamento por su apoyo a la igualdad de oportunidades y felicito a la Sra. Lulling una vez más por su excelente informe. 
Estoy seguro de que nuestra colaboración continuará con las mismas prioridades y los mismos objetivos. 
Hoy debemos hacer hincapié en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para responder a las exigencias de nuestra época, mediante la formulación de políticas más eficaces para la integración de la mujer en el mercado de trabajo. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
Tiene ahora la palabra la ponente, Sra. Lulling. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Comisario Papoutsis por su muy positiva intervención y destacar lo que ha dicho: que la Comisión va a presentar una propuesta de directiva modificada. 
Como el Sr. Flynn no ha podido estar presente hoy aquí, espero que a las positivas palabras del Sr. Papoutsis sigan los hechos del Sr. Flynn. 
Muchas gracias, señora Lulling. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Antes de la votación de la enmienda nº 4 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre la importancia de esta enmienda porque, en nuestro texto, hablamos de cotizaciones de la seguridad social, en función de la renta personal. 
Esta es, efectivamente, una expresión muy mala porque en ninguna parte, en ningún seguro obligatorio, las cotizaciones se pagan en función de la renta personal, sino de la renta profesional. 
La enmienda lo precisa. 
Por tanto, me gustaría que esa enmienda fuera adoptada así como la otra fórmula, porque es mejor que la mía, que hablaba de base del baremo de la seguridad social. 
La otra fórmula habla de base global. 
Me parece que es un detalle importante, pero si los diputados no están de acuerdo con la segunda parte, pido una votación separada para la primera, porque nunca es posible percibir cotizaciones sobre las rentas personales. 
Es algo que no se hace en ninguna parte, insisto en ello. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Cepos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0002/97) del Sr. Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la Comisión, sobre la posición de la Comisión Europea relativa a la legislación en materia de cepos. 
Tiene la palabra el Sr. Collins. 
Señor Presidente, henos aquí de nuevo protagonizando la saga de los cepos. 
Es una saga lamentable de mala conducta por parte de la Comisión. 
Mis colegas recordarán que los cepos dentados son un medio particularmente perverso de capturar animales salvajes para la industria de la peletería, un medio que causa a los animales un dolor tan grande como innecesario. 
Mis colegas recordarán también que el informe sobre los cepos dentados presentado el año pasado por Carlos Pimenta, que preconizaba su prohibición, obtuvo una enorme mayoría en este Parlamento. 
El 9 de diciembre del año pasado, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente se sumó a nosotros y pidió que la Comisión aplicara plenamente lo que preconizaba el informe. 
Esto era el día 9 de diciembre. 
El día 18 de diciembre la Comisión rechazó categóricamente la demanda. 
Esto significa que el Parlamento votó a favor del informe el año pasado, que el Consejo votó también a favor en diciembre y que el 18 de diciembre, la Comisión, que no está elegida por nadie ni rinde cuentas a nadie, rechazó lo que pedíamos. 
El informe Pimenta pide que los procedimientos de captura sean humanos y se redactó de forma inteligente para evitar todo conflicto con los compromisos de la Unión Europea en el marco del GATT y de la OMC. 
Llega incluso hasta el punto de imponer una prohibición sobre la venta de pieles procedentes de animales capturados con cepos dentados y de prever la supresión de esa prohibición cuando se llegue a un acuerdo con terceros países para interrumpir la utilización de cepos. 
Ese acuerdo ni siquiera tiene que estar en vigor para que se suprima la prohibición. 
Bastaba sencillamente con que quedase aprobado. 
El Parlamento Europeo pudo manifestarse en favor del principio, al mismo tiempo que dejaba amplio margen de maniobra a los terceros países. 
Sin embargo, nos enteramos ahora de que la Comisión está estudiando la conveniencia de proponer un nuevo reglamento que procura eximir a Rusia y al Canadá. 
No hay justificación para ello. 
La Comisión manifiesta una total indiferencia por la voz democrática del Parlamento, así como por la decisión del Consejo. 
He escrito al Presidente Santer y esta mañana he recibido su respuesta. No la acepto. 
Es una audaz tentativa de justificar lo injustificable. 
La Comisión tiene que reconocer que la cuestión de los cepos dentados es una cuestión de bienestar animal. 
No se trata únicamente de comercio. 
La Comisión no puede permitir que se archive un principio para aplacar a los asociados comerciales. 
La Comisión tiene que tener el valor de defender nuestros principios democráticos. 
Nuestro Comisario y nuestra Comisión tienen que cesar de ser los representantes de la OMC en Europa y tienen que empezar a ser los portavoces de la Comunidad Europea ante la OMC. 
Al parecer han cambiado por completo el orden de sus prioridades. 
Por eso se plantea hoy la cuestión, porque el Consejo de Ministros de Asuntos Generales se reúne la semana próxima y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente se reúne en marzo. 
La Comisión tiene que percatarse de que con su decisión ha alborotado un avispero, y quisiera que nos dijera cómo consigue hacer compatible su decisión con el respeto por los procedimientos y los principios democráticos. 
Quisiera que la Comisión dijera a este Parlamento por qué la legislación que ha promulgado no se está aplicando, y quisiera que la Comisión diera a este Parlamento la seguridad de que consultará al Parlamento y al Consejo antes de adoptar cualquier acuerdo internacional sobre cepos dentados. 
Por último, pido esta mañana a la Comisión que nos diga claramente que no hay ni habrá circunstancia que la mueva a preparar normas legislativas que eviten la necesidad de consultar al Parlamento Europeo y que eviten la necesidad de respetar los deseos del Consejo de Ministros del Medio Ambiente. 
Espero que la Comisión pueda darnos esa seguridad esta mañana. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera informarles de que el Presidente Santer contestó por carta, fechada el 4 de febrero de 1997, a la carta remitida por el Sr. Collins el 23 de diciembre del 1996. 
En su respuesta, el Presidente Santer expuso con claridad y detalladamente las opiniones de la Comisión Europea sobre el asunto considerado. 
El Reglamento es plenamente vigente y efectivo en cuanto a las disposiciones referentes al interior de la Comunidad. 
Sólo plantea dificultades la aplicación de las medidas de comercio exterior del Reglamento en cuestión. 
Permítanme que recuerde aquí el punto de partida. 
El Reglamento (CEE) 3254/91 del Consejo relativo a los cepos prevé dos supuestos en los que los terceros países pueden superar las barreras comerciales impuestas por la Unión Europea a la importación de pieles, bien mediante la prohibición del uso de cepos, bien mediante el uso de cepos o métodos de captura conformes a las normas internacionales de captura no cruel. 
La posibilidad de elección que se deja a los terceros países muestra la intención del legislador de solucionar el problema de la compatibilidad entre las medidas comerciales previstas en el Reglamento y las normas internacionales de comercio. 
Sin embargo, como ustedes saben, lamentablemente esas normas internacionales no habían sido establecidas cuando entró en vigor la disposición del 1 de enero de 1996. 
Eso fue debido al fracaso de las actividades de la Organización Internacional de Normalización, actividades en las que la Unión Europea no tenía la posibilidad de influir. 
En consecuencia, la aplicación del reglamento era inviable bajo las condiciones y con los objetivos que se fijaban en su texto. 
Por estos motivos, en noviembre de 1995 la Comisión decidió aplazar la aplicación del reglamento por un año y proponer al Consejo una modificación del Reglamento 3254/91. 
En concreto, el objetivo era facilitar las negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo internacional sobre normas relativas a métodos de captura no crueles con los principales países exportadores de pieles, es decir, con Estados Unidos, Canadá y la Federación Rusa. 
Hasta hace poco, el Consejo apoyaba el planteamiento de la Comisión Europea, como demuestra en concreto el mandato recibido por la Comisión en junio de 1996, para negociar un acuerdo sobre normas relativas a métodos de captura no crueles. 
El Parlamento Europeo, en la primera lectura de la propuesta por la que se modificaba el Reglamento 3254/91 apoyó también la negociación de un acuerdo de ese tipo, pero al mismo tiempo se expresó a favor de la aplicación inmediata de las restricciones comerciales previstas en el Reglamento 3254/91 y de que se mantuvieran en vigor hasta la firma de dicho acuerdo. 
No corresponde a la verdad que la Comisión Europea haya pasado por alto esta propuesta. 
Sin embargo, consideramos que aplicar la prohibición de las exportaciones de pieles no contribuiría a crear las condiciones adecuadas para realizar unas negociaciones constructivas. 
El valor de un acuerdo internacional que establece por primera vez normas de control del comercio no debe subestimarse. 
Como ustedes saben, en diciembre de 1996 la Comunidad Europea, Canadá y la Federación Rusa firmaron un acuerdo sobre normas internacionales relativas al uso de cepos no crueles. 
La Comisión mantuvo las negociaciones correspondientes en nombre de la Comunidad, en cumplimiento de las disposiciones del Tratado. 
En concreto, la Comisión afirma que este acuerdo es, por un lado, plenamente consecuente y compatible con las disposiciones del Reglamento 3254/91 y, por otro lado, plenamente conforme con el mandato dirigido a la Comisión por el Consejo en junio de 1996. 
Asimismo, la Comisión está convencida de que este acuerdo consistente, ambicioso y jurídicamente vinculante constituye el mejor medio para garantizar una mejora fundamental del nivel de protección de los animales capturados en Norteamérica, en la Federación Rusa y en Europa. 
Al mismo tiempo, este acuerdo salvaguarda los legítimos intereses comerciales de las partes firmantes. 
La ausencia de un acuerdo, en cambio, conduciría probablemente a un desacuerdo comercial que no tendría ningún resultado con respecto a la protección de los animales. Además, la ausencia de un acuerdo tendría importantes repercusiones negativas de tipo económico y social, tanto en la Unión Europea como en los terceros países interesados, sobre todo para las poblaciones indígenas. 
Por otra parte, un desacuerdo comercial socavaría la credibilidad de la política comercial de la Comunidad, que siempre es contraria a la aplicación de medidas comerciales unilaterales con efectos extracomunitarios. 
Por lo tanto, el 24 de enero de 1997 la Comisión remitió al Consejo una propuesta de decisión para la aprobación de dicho acuerdo por el Parlamento Europeo. 
Simultáneamente, la Comisión procedió a las acciones necesarias para la aplicación del Reglamento 3254/91, conforme a lo solicitado por el Consejo de Medio Ambiente el 9 de diciembre. 
De hecho, se ha publicado ya en el Diario Oficial el Reglamento de la Comisión relativo a los certificados que los importadores deben presentar a las autoridades aduaneras de la Comunidad antes de importar pieles. 
En lo que se refiere a la lista de terceros países, se sigue aplicando el procedimiento de la Comisión establecido en el artículo 5 del Reglamento 3254/91. 
Por último, siempre de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Medio Ambiente del 9 de diciembre, la Comisión Europea se ha puesto en contacto con los terceros países. 
El objetivo de estas negociaciones ha sido estudiar las posibilidades de modificación del acuerdo firmado por Canadá y la Federación Rusa. 
Quiero, además, comunicarles que el 14 de febrero se celebraron unas reuniones en Nueva Orleans y los días 17 y 18 de febrero en Ottawa, donde se transmitieron las demandas del Consejo de Medio Ambiente a los países interesados. 
Estos contactos no han sido fructíferos hasta la fecha, por lo que la Comisión está a la espera de directrices adicionales del Consejo para seguir en esa dirección. 
Quiero asegurarles que la Comisión Europea no sólo respeta y acepta el papel del Parlamento y el control parlamentario, sino que, como saben, hemos demostrado en reiteradas ocasiones que intentamos por todos los medios, e incluso más allá del marco institucional de los Tratados, colaborar con el Parlamento Europeo, sobre todo cuando se trata de temas de esta naturaleza, que no sólo son delicados desde un punto de vista económico, sino que afectan a la sensibilidad de los ciudadanos europeos. 
Así pues, quiero asegurarles que, también en esta ocasión, la Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre cualquier evolución de este tema. 
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al Comisario acerca de lo que acaba de decir. 
Ha mencionado la probabilidad de que esto entre en vigor en diciembre. 
Como nos ocupamos principalmente del hemisferio septentrional, ¿no le parece que sería absurdo que la fecha de entrada en vigor fuera a mediados de la temporada de caza? 
¿No sería más lógico que esa fecha fuera este verano? 
Muchas gracias, señor Kellet-Bowman. 
No creo que esto sea exactamente una cuestión de orden. 
Más bien es una cuestión cronológica. 
Pero, en todo caso, la flexibilidad de los viernes me permitirá darle la palabra al Sr. Comisario por si desea contestar a esta inquietud cronológica del Sr. Kellett-Bowman. 
Señor Presidente, quiero asegurar al Sr. Kellet-Bowman que este mecanismo se pondrá en funcionamiento en cuanto lleguemos a un acuerdo que permita que todos los Estados miembros aprueben su aplicación. 
Señor Presidente, como la Comisión no ha obtenido ningún resultado con las nuevas negociaciones que ha sostenido, se ha colocado en una situación absolutamente indefendible en relación con el reglamento sobre los cepos dentados. 
No solamente ha desafiado al Parlamento sino que ha desafiado también al Consejo de Ministros, cosa que es verdaderamente inconcebible. 
En beneficio de un comercio libre y liberalizado, la Comisión espera seriamente que la Unión Europea se quede tranquila y se corte su propia pierna, que es exactamente lo que sucede con los 600.000 animales que tienen pieles codiciadas y que cada año quedan atrapados en esos cepos bárbaros en el Canadá para que las mujeres elegantes de Europa puedan llevar abrigos de piel y para que las empresas de peletería y el Gobierno canadiense puedan seguir amasando millones de dólares. 
Ésos son los cepos que el Gobierno canadiense no acaba de convencerse de que son crueles. 
Todo empezó con la cuestión de los atunes y delfines, cuando el comercio ganó la batalla a las necesidades ambientales. 
Ahora la Comisión está dispuesta a sacrificar lo que algunos estiman que es la opción más suave- los animales con pieles- tanto en el caso de los cepos dentados como en el caso de la industria de cosméticos, con la esperanza de ganar algunas ventajas en materia de libre comercio. 
¡Pues bien, no lo conseguirá! 
Estas cuestiones de la OMC están escapando a todo control, y lo mismo pasa con la Comisión. 
El denominado proyecto de acuerdo con Canadá y Rusia sobre cepos dentados representa, más que un compromiso, una justificación suicida. 
Por ejemplo, en su artículo 13 se dice que ninguna de las partes puede imponer medidas que restrinjan el comercio de pieles y de productos de piel provenientes de cualquier otra parte. 
Este texto se mofa resueltamente de nuestra legislación. 
Frente a la obstinada negativa del Canadá a interrumpir la utilización de cepos dentados, la Comisión, ignorando el mandato que ha recibido de sus amos europeos, se ha limitado a decir: » Muy bien: seguid adelante con vuestra crueldad, que nosotros seguiremos comprando vuestras pieles, y todos contentos». 
Más de 60 países de todo el mundo, entre los cuales figura naturalmente la Unión Europea, han prohibido la utilización de cepos dentados, con lo que no cabe acusar a la Unión Europea de promover sus propias ventajas. 
Además, el artículo 20 del GATT contiene una defensa perfectamente adecuada de una prohibición de importaciones basada en medidas que son aceptables si son necesarias para proteger la moral pública. 
La moral pública necesita protección. 
Las naciones civilizadas no pueden aceptar que se sacrifique la decencia pública y los imperativos ambientales en aras del libre comercio. 
Tiene que haber algún límite, y el reglamento sobre cepos dentados fija el límite que queremos aplicar en este caso concreto. 
Queremos que la Comisión tenga un mínimo de firmeza moral. 
Señor Presidente, me da pena que una vez más Sir Leon Brittan se oculte tras los colegas de la Comisión, que no tienen culpa, y no acuda aquí para examinar aquello de lo que él es el único responsable. 
Y el discurso que el Comisario Papoutsis ha pronunciado- no lo tome como una referencia personal, porque no es su discurso, es el discurso de Leon Brittan- es una sarta de mentiras. 
En primer lugar, el reglamento de 1991 está en vigor, no fue revocado por ningún acto jurídico aprobado por el Parlamento y por el Consejo. 
La Comisión no lo aplicó, la Comisión lo suspendió mediante una carta de dos directores generales. 
Eso es inadmisible en Derecho. 
En segundo lugar, señor Comisario Brittan, el reglamento de 1996- que, como se ha dicho hoy aquí, fue presentado por la Comisión- fue rechazado en primera lectura por este Parlamento, que votó lo contrario de lo que el Comisario propuso. 
Y el Consejo de Ministros no le dio curso, nunca aprobó la posición común, por lo alejado que está de las posiciones de la Comisión. 
Tercera mentira, señor Comisario: ha dicho que el acuerdo a que llegó con el Canadá correspondía al mandato del Consejo. 
Pues ese mismo Consejo, el día 9 de diciembre, dijo específicamente en su decisión que ese acuerdo con el Canadá no era conforme con el mandato que se le había encomendado. 
Podemos debatir la substancia. 
Lo que yo no puedo admitir es que venga aquí a bromear con los diputados democráticamente elegidos que tienen como función la de controlar la legitimidad del proceso de decisión. 
Se trata de una cuestión substancial, de una cuestión de respeto de las instituciones. 
¡Me siento ofendido por la forma como el Comisario ha venido aquí a mentir! 
Por último, quisiera formular dos preguntas: como ha dicho el Presidente Ken Collins, ¿cuál es el fundamento jurídico que se va a dar a estos acuerdos con el Canadá y con Rusia? 
¿Va a intentar la Comisión substituir el proceso de cooperación por un proceso de consulta simple de este Parlamento? 
¿Es eso lo que la Comisión quiere? 
¿Dejar de lado al Parlamento Europeo? 
Y, por último, ¿dónde está el dinero para la investigación científica, para métodos más humanos de obtener animales? 
Señor Presidente, no voy a repetir la triste historia de este expediente. Ken Collins y el Sr. Carlos Pimenta lo ha expresado de forma excelente. 
Nuestro Grupo se adhiere plenamente a su opinión y no obstante, a raíz de la breve respuesta del Comisario, he de constatar que en este expediente los intereses comerciales parecen pesar mucho más que el bienestar de los animales y los principios democráticos. 
El Comisario ha dicho que si hubiéramos perseverado habríamos tenido grandes problemas en el marco de las relaciones económicas y los intereses comerciales. Es un punto de partida erróneo si ya hay una directiva de 1991 que dice que el bienestar de los animales ha de anteponerse a los intereses comerciales; y el Comisario y toda la Comisión la incumplen. 
Considero que la Comisión ha desempeñado un dudoso papel en este desagradable asunto de los cepos. La Comisión ha actuado en contra de la voluntad del Consejo de Ministros europeo, en contra de la voluntad del Parlamento Europeo. 
Todos, tanto el Consejo de Ministros como el Parlamento, queríamos la prohibición de importar pieles de países que aún utilizan los cepos. 
Esta decisión de la Comisión Europea es totalmente contraria a todos los anteriores acuerdos; señor Comisario y ustedes, Señorías, hagan el favor de mirar los vídeos, y verán de qué modo cruel se captura a estos animales. 
No es una resolución, ni una opinión del Parlamento contra la caza, sino que se trata de un método de captura cruel. 
Esperamos que, ahora que la Comisión amenaza con levantar la prohibición de importar, basándose en un acuerdo sin contenido y sin compromiso con estos países que exportan pieles, el Consejo de Ministros europeo intervenga y haga entrar pronto en vigor la prohibición de importar para la Unión Europea y que la Comisión Europea rectifique. 
Señor Presidente, hace dos años que el Parlamento lucha contra la Comisión para que se prohíba la importación de pieles obtenidas con cepos. 
Nos encontramos aquí con una sorpresa tras otra. 
Primero se aplaza el reglamento y ahora se propone un compromiso que realmente no merece llamarse compromiso. La Comisión ha tenido la osadía de amenazar con una acción penal al único país que quería ejecutar el reglamento en el momento oportuno. 
¿Cómo es posible? 
¿Acaso la Comisión ha creído realmente que es más inteligente proponer este supuesto compromiso, este acuerdo al Consejo de Asuntos Generales en lugar del Consejo de Medio Ambiente, porque el Consejo de Asuntos Generales quizás sea más sensible a los argumentos comerciales y menos al bienestar de los animales? 
Es evidente que en este caso el Comisario Brittan ha ganado a la Comisaria Bjerregaard. 
Quiero hacer algunos llamamientos. El primero es un llamamiento al Presidente del Consejo, el Sr. Van Mierlo, del Consejo de Asuntos Generales, para que no acepte este punto antes de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y que lo remita al Consejo de Medio Ambiente, que es el lugar que le corresponde. 
De aceptarlo, el Sr. Van Mierlo desacreditaría y pondría en ridículo a sus colegas los ministros de Medio Ambiente. Los ministros de Medio Ambiente, quienes a fin de cuentas han manifestado en su gran mayoría que no quieren aceptar este acuerdo. 
Hago un llamamiento urgente a la Comisión para que deje de una vez por todas de elegir la ley del mínimo esfuerzo y que inicie, incluso en la OMC, el debate ecológico, el debate sobre el bienestar de los animales y el debate sobre la naturaleza. Pues es evidente que algo falla en la OMC y que nosotros, si queremos salvar algo aquí, tendremos que poner esta cuestión apremiante en el orden del día y tendremos que ocuparnos de ganarla allí. 
He recibido una propuesta de resolución, presentada sobre la base del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señor Presidente, Señorías, tras la respuesta del Comisario, saludo la presentación de la pregunta oral del Sr. Collins en este momento. 
Ante el incompleto conocimiento del resultado de las negociaciones entre la UE, Canadá y Rusia, por lo que se han levantado ya muchas voces críticas, ya es hora de que la Comisión informe extensamente al Parlamento. 
Me sorprende lo que puede tardar hasta que esta Asamblea es informada sobre el proyecto de convenio mientras que los lobys y otros grupos disponen de textos completos del mismo. 
Con la resolución que hoy se va a aprobar, el Parlamento tiene que mandar una señal en este sentido, tal como usted ha indicado, señor Presidente. 
Apoyo el objetivo de fondo de la presente propuesta de resolución en la que se subraya la posición adoptada en la cuestión de los cepos. 
Las trampas que torturan a los animales tienen que desaparecer en todo el mundo. 
El uso de otras trampas solamente se debe permitir si no provocan padecimientos. 
Este debe ser el principio. 
Esto significa que en nuestro posterior proceder debemos basarnos en el informe del último año del Sr. Pimenta, en el que se tratan los numerosos aspectos de este problema. Estos son: la prohibición de las trampas que torturan a los animales, el desarrollo de normas internacionales para trampas humanitarias, la consideración del especial papel y la situación de los pueblos indígenas y la aclaración del contexto político-comercial. 
Al mismo tiempo, quiero advertir que si las acciones son demasiado ambiciosas, el efecto será el contrario. 
Como ejemplo negativo se puede mencionar Brent Spar, donde se perdió mucha credibilidad debido a informaciones falsas. 
Creo que la acción de la semana pasada, con la gran cantidad de papel que se puso encima de las mesas de los diputados, fue más allá del objetivo. 
No tengo nada en contra de los lobystas; sin embargo, en interés del asunto es necesaria una argumentación equilibrada. 
Solamente lograremos que el comportamiento cambie en los países afectados si nos presentamos ante las personas con credibilidad. 
Esto es aplicable en primer lugar a los pueblos indígenas, que son los directamente afectados. 
También debemos tener en consideración sus propias características culturales y extraer las correspondientes conclusiones una vez conocido el resultado. 
Señor Presidente, en este Parlamento soy uno de los diputados que pertenecen al grupo de trabajo «caza» y que defienden la protección de los animales pues estoy convencido de que un auténtico cazador es al mismo tiempo un defensor de los animales. 
Precisamente por ello, quiero decir que felicito encarecidamente al Sr. Collins por haber planteado de nuevo la cuestión de estos cepos inhumanos. 
Soy diputado de esta Asamblea desde hace 18 años y les puedo decir que este asunto se ha ido prolongando durante todo este tiempo y, lamentablemente, tengo que constatar que la Comisión continuamente ha realizado maniobras dilatorias y encubridoras que no nos han permitido adoptar por fin una clara decisión. 
Hemos adoptado algunas decisiones pero que no se han aplicado con diversas excusas. 
Quiero destacar en especial un aspecto: se habla mucho de trampas humanitarias. 
Quizás sea posible hacerlas, pero lo que hoy se califica como trampas humanitarias, al menos en la prensa, es casi tan inhumano como las trampas existentes hasta el momento. 
El que se recubran las trampas sencillamente con algo de goma no supone ninguna diferencia para las patas. 
La tragedia es que los animales, en especial en Canadá, a veces tienen que vivir en las trampas durante días en una situación terrible. 
Creo por ello que nuestra obligación primaria es llamar seriamente la atención de la Comisión para que no pronuncie solamente palabras sino que actúe. 
No hay que ir a Nueva Orleans o a cualquier otro sitio sino que por fin tenemos que actuar. 
Sé que hay grandes resistencias pero precisamente las resistencias están ahí para ser superadas. 
Pido, por ello, a la Comisión que lo tenga en cuenta pues nuestra paciencia está acabándose. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a sus Señorías por sus intervenciones, cualquiera que haya sido su tono o la crítica ejercida. 
Además, soy muy consciente de que en esta Asamblea todos servimos a la democracia y, en este sentido, las discrepancias de opinión son respetables, siempre que se basen en la verdad y en la realidad. 
Quisiera referirme en primer lugar a los comentarios de los Sres. Pollack y Eisma, que preguntaban cómo era posible que la Comisión Europea haya dado su aprobación al acuerdo con Canadá y Rusia, que no prevé la prohibición total de los cepos. 
Quisiera asegurarles, como ya hice en mi anterior intervención, que la Comisión es consciente de que este acuerdo causa ciertos problemas, precisamente porque no prohíbe expresamente todos los tipos de cepos. 
Hay ciertos malentendidos al respecto, que quisiera me permitan aclarar: 
Creo que todos recordamos que el Reglamento 3254/91 sobre los cepos prevé dos posibilidades diferentes de evitar las restricciones comerciales de la Unión Europa a las importaciones de pieles, y, como he dicho anteriormente, estas dos posibilidades son o la prohibición del uso de cepos, o el uso de cepos o métodos de captura conformes a las normas internacionales de captura no cruel. 
Sin embargo, sería ilógico y jurídicamente insostenible exigir que los terceros países cumplan con ambas alternativas porque, repito, el acuerdo determina que sean soluciones alternativas. 
El acuerdo con Canadá y Rusia, evidentemente, corresponde a la segunda solución y, como tal, no sólo es compatible con el Reglamento 3254/91, sino que lo respalda en la práctica al prever más normas internacionales sobre el uso de cepos no crueles en el futuro. 
Estos países nunca participarían en negociaciones sustentadas en cualquier otra base, cosa que dejaron clara desde el primer momento, ya que, a pesar de nuestros esfuerzos por convencerles de lo contrario, nunca compartieron del todo el punto de vista de que todos los cepos son crueles, ni de que son más crueles que otros métodos de captura cuyo uso está generalizado, entre otros lugares, en la Unión Europea. 
Hasta hace poco el Consejo apoyaba este planteamiento. Así se desprende del mandato que el Consejo remitió a la Comisión en junio de 1996, en el que no se incluía ninguna demanda referente a la prohibición de ningún método de captura en concreto, incluido el del cepo. 
El acuerdo se ajusta plenamente a dicho mandato. 
Por último, en lo que se refiere a las observaciones del Sr. Pimenta, cuya labor y presencia de muchos años en el Parlamento Europeo respeto y estimo especialmente, como él mismo sabe, quisiera decir que no es absolutamente preciso. 
La Comisión se ha atenido a las disposiciones del Tratado y al procedimiento previsto en el artículo 228, de conformidad con las directrices del Consejo. 
El Parlamento Europeo sabe muy bien que es el Consejo el que decide si el tema será examinado por el Consejo de Medio Ambiente o por el Consejo de Asuntos Generales. 
No es la Comisión la que lo propone. 
Por consiguiente, no fue la Comisión sino el Consejo el que decidió que el Consejo de Asuntos Generales siguiera este tema, en lugar del Consejo de Medio Ambiente. 
Asimismo, la Comisión Europea ha seguido todos los procedimientos de deliberación con el Parlamento Europeo y, como les he dicho, de conformidad con el Tratado, se solicitará el dictamen del Parlamento con respecto a la aprobación del acuerdo con Canadá y Rusia. 
En lo que se refiere a la prohibición de importaciones, la Comisión ha adoptado todas las medidas necesarias para llevarla a efecto. 
El procedimiento correspondiente ya había sido acordado por los Estados miembros antes de la reunión del Consejo de Medio Ambiente. 
Este reglamento fue adoptado por la Comisión y publicado en el Diario Oficial a principios de enero de 1997. 
Este reglamento que, repito, era conforme con las directrices del Consejo, establece entre otras cosas que la prohibición entre en vigor el primer día del tercer mes posterior a la publicación de la lista de los Estados. 
La propuesta para la lista de Estados se presentó a la Comisión CITES el 19.12.1996, y el 13.01.97 los Estados miembros expresaron su rechazo a la propuesta de la Comisión. 
Por lo tanto, la Comisión, de conformidad con el Reglamento 3254 está iniciando los pasos para promover esta propuesta en el Consejo y, como ya he mencionado en mi intervención, mantendrá informado al Parlamento Europeo conforme al procedimiento de deliberación previsto en el Tratado. 
Tiene la palabra el Sr. Pimenta por alusiones personales. 
Señor Presidente, una verdad a medias es tan mala como una mentira. 
El Consejo de Representantes de Estados miembros rechazó en enero la lista de países que quería la Comisión porque la Comisión había incluido al Canadá y a Rusia, aunque el preámbulo decía que la lista era provisional. 
Perdone usted, Sr. Papoutsis, pero no es culpa suya: lo que pasa es que usted no conoce los detalles. 
No se esfuerce por proteger a alguien que no merece que se le proteja. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que no intento proteger a nadie. 
Intento proteger el prestigio y las decisiones de la Comisión Europea y, como usted sabrá, la Comisión Europea adopta decisiones colectivamente y, sobre la base de esas decisiones colectivas, es sometida al juicio de los demás órganos institucionales y al control parlamentario. 
En lo que se refiere a la lista de países concretos, como le he dicho anteriormente, la Comisión la presentó al Consejo. 
Los Estados miembros no la aprobaron y por eso tenemos un retraso, no por culpa de la Comisión Europea, sino porque el Consejo no llegó a adoptar una decisión. 
En segundo lugar, en cuanto a las directrices del Consejo, que la Comisión Europea recibió y que siguió fielmente, permítame, señor Presidente, que adjunte al acta del Parlamento el acta del Consejo y las entregue a su Secretaría. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Se procede a la votación. 
Apoyaré la resolución que pide que la Comisión ponga en práctica lo que desea el Parlamento y prohíba la importación de pieles de animales capturados con cepos dentados. 
No podemos aceptar que el dogma del libre mercado prevalezca sobre la cuestión del bienestar animal. 
Los cepos dentados son el castigo más cruel que se puede infligir a un animal. 
Como hemos podido ver esta semana, los animales atrapados en un cepo dentado se esfuerzan por cortarse a dentelladas sus propias patas para poder escapar del cepo. 
La Unión Europea y casi otros 60 países han prohíbido la utilización de los cepos dentados. 
No hay razón alguna, no hay ninguna justificación, para que toleremos que, en interés del libre comercio, los canadienses y los rusos exporten pieles a la Unión cuya venta sería ilegal si el animal hubiese sido capturado aquí. 
La Comisión debe respetar los deseos del Parlamento, del Consejo y, lo que es más importante, de la inmensa mayoría de la población en Europa, y prohibir esas crueles importaciones que lo único que hacen es dar a hombres y mujeres elegantes la posibilidad de exhibir su inhumanidad para con los animales. 
Señor Presidente, me parece sorprendente que precisamente al votar en contra de la enmienda nº 3 se hayan negado los hechos, pero dejaré este tema tal como está. 
Votaré en contra de la propuesta de resolución, ya que estoy convencida de que una reiteración de la exigencia de cumplimiento del Reglamento relativo a la prohibición de la importación de pieles impedirá que se llegue mediante negociaciones a un acuerdo que beneficiará finalmente mucho más el bienestar de los animales, ya que éste incluye obligaciones relativas a la caza con cepos en Canadá, Estados Unidos, Rusia y la UE, donde se siguen cazando millones de animales con cepos. 
Los cepos armados están prohibidos en las zonas públicas, pero no en las privadas, y se pueden comprar cerca del Parlamento Europeo con sus correspondientes instrucciones de uso. 
Los cepos se utilizan principalmente para cazar alimañas, por lo que prohibir la importación de pieles no será un incentivo para acabar con este uso de los cepos. 
No obstante, por la vía de las negociaciones podemos prohibir todo tipo de cepos terribles en beneficio de los animales. 
Sé que, antes de ser aprobado el Reglamento, se intentó en vano la vía de las negociaciones, pero eso no significa que las negociaciones actuales deban correr la misma triste suerte. 
Las negociaciones iniciadas por la Comisión con Canadá, Estados Unidos y Rusia pueden llevar al primer acuerdo centrado en el bienestar de los animales cazados con cepos. 
No debemos echar a perder esta perspectiva excluyendo el fundamento de las negociaciones para celebrar un juicio en la OMC que puede durar años, sin que ello beneficie de ningún modo a los animales. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Maíz genéticamente modificado 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales a la Comisión: 
B4-0003/97 de la Sra. Breyer y del Sr. Lannoye, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado; -B4-0005/97 del Sr. des Places, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de la Naciones, sobre el OGM- puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado; -B4-0012/97 del Sr. Pasty, en nombre del Gupo Unión por Europa, sobre los organismos genéticamente modificados; -B4-0013/97 de la Sra. González Álvarez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la solicitud de moratoria a la entrada de maíz transgénico en la Unión Europea; -B4-0014/97, en nombre del Grupo de Alianza Radical Europea, sobre la puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado; -B4-0015/97, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado; procedimiento de autorización; -B4-0016/97, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado.Tiene la palabra el Sr. Lannoye para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera pedir el aplazamiento del debate, en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 131 del Reglamento, y su inscripción el lunes del período de sesiones de marzo, el 10 de marzo, como primer punto del día. 
Se mencionó hace un momento la ausencia de Sir Brittan durante el importante debate que acabamos de tener. 
Compruebo que para este debate igualmente importante, incluso más, dedicado al maíz genéticamente modificado, representa a la Comisión el Sr. Papoutsis. 
No tenemos absolutamente nada en contra de la persona del Sr. Papoutsis, pero queda claro que la Sra. Bjerregaard podría haber estado presente. 
Consideramos que además del hecho de que vamos a debatir en condiciones que no son muy favorables, un viernes, a finales de la mañana, con muy pocos miembros presentes, tenemos un comisario que no conoce el tema, y de ninguna manera se trata de un reproche. 
Por tanto, repito, en virtud del artículo 131, pido el aplazamiento al 10 de marzo como primer punto del orden del día. 
Señor Lannoye, he consultado el artículo 131 y está en su pleno derecho de hacer esta solicitud. 
Pero permítame dos advertencias: la primera, señor Lannoye, que el viernes es un día de trabajo tan digno como los demás y, por lo tanto, yo creo que es una señal de respeto a todos los diputados y diputadas que estamos aquí el considerarlo de esta manera. 
La segunda cuestión es que no puede haber en este momento ningún compromiso en relación a la fijación del orden del día de la próxima sesión. 
Ésta es una cuestión que depende, única y exclusivamente, de la elaboración del orden del día. 
Lo que sí podemos decidir en este momento es si se aplaza el debate conjunto. 
Por lo tanto, vamos, Señorías, a escuchar una opinión a favor, otra en contra y luego lo someteremos a votación. 
Señor Lannoye, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, no soy un gran especialista del Reglamento, pero sé leer y compruebo que en el punto 1 del artículo 131, se dice que todo Grupo político puede presentar una moción que tenga por objeto aplazar el debate en un momento preciso. 
Esa es la propuesta que yo hice. 
El «momento preciso» , es el primer punto del orden del día del período de sesiones de marzo, el lunes 10 de marzo. 
Me parece de conformidad con el Reglamento. 
En todo caso, yo recojo su indicación; la pasaré a la Conferencia de Presidentes que, como usted sabe, es quien, en principio, decide el orden del día y seguro que tendrá en cuenta su razonamiento, pero no es en este momento un compromiso que pueda tomar esta Presidencia. 
Tiene la palabra el Sr. von Habsburg para una intervención en contra de la propuesta del Sr. Lannoye. 
Señor Presidente, estoy totalmente en contra de la propuesta del Sr. Lannoye no porque no tenga razón retóricamente sino porque significa la destrucción del viernes como día de trabajo. 
Se nos ha votado para servir a nuestros electores. Es igual si son muchos o pocos. 
Aquí al menos la calidad sustituye a la cantidad. 
Los hemos descubierto con frecuencia por lo que pido que en cualquier caso se vote en contra. 
Agradezco al Sr. Presidente que también lo haya dicho así. 
El viernes es un día de trabajo exactamente igual que otro. 
Muchas gracias, señor von Habsburg. 
Esta Presidencia jamás quisiera condicionar ninguna votación. 
Yo he entendido que las razones que ha dado el Sr. Lannoye iban más allá de que se tratara de un viernes. 
Por lo tanto, yo, en este caso- que abogo siempre por la dignificación de todos los días de trabajo, también del viernes -, no quisiera que desde esta Presidencia se condicionara ninguna votación. 
La Presidencia debe ser absolutamente neutral a la hora de las votaciones, hasta el punto que, generalmente, ni vota. 
Tiene la palabra la Sra. Pailler para defender la propuesta del Sr. Lannoye. 
Señor Presidente, creo que se trata de un debate particularmente importante que tiene lugar después de los 118 votos que expresan el deseo de censura de la Comisión sobre un tema muy parecido. 
Por tanto, nos gustaría que estuvieran presentes los comisarios competentes en la materia y que haya suficiente audiencia para que este debate tenga la dignidad y la seriedad que merece. 
Ayer, el Sr. Caccavale pidió, por razones completamente imprecisas, cuando había mucha gente presente en la sesión plenaria, aplazar su informe, lo que no pareció chocar a nadie. Ahora bien, era jueves y se aplazó su informe. 
No veo por qué no tendríamos el valor de aplazar un tema tan importante para que se debata en un momento en el que los miembros estén presentes, así como la Comisión, e incluso el Consejo. 
Muchas gracia, señora Pailler. 
Someto a votación la solicitud de aplazamiento del debate conjunto. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) Tiene la palabra el Sr. Ford para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Supongo que la lista de oradores está cerrada, para que los diputados que estimaban que la cuestión no era suficientemente importante para estar aquí hoy por la mañana no decidan repentinamente que la cuestión es interesantísima si está en el orden del día el lunes por la tarde. 
¿Puede confirmarnos que la lista de oradores está cerrada? 
Señor Ford, sabe usted muy bien, porque es un miembro muy importante de la Comisión de Reglamento, que la lista se abrirá de nuevo para el debate, de manera que puedan participar aquellos miembros de la Asamblea que deseen hacerlo. 
Tiene la palabra el Sr. Rübig para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, me parece irresponsable que se aplace un debate tan importante. 
Señor Rübig, ésta no es una cuestión de orden. 
Es una opinión personal- y muy respetable -, pero no es una cuestión de orden. 
La Asamblea ha decidido, libremente, con el voto que es, en democracia, lo definitivo. 
Por lo tanto, esta Presidencia está obligada a respetar la voluntad mayoritaria de la Asamblea. 
Señorías, una vez más, me ha correspondido la agradable misión de haber presidido estas sesiones ejemplares del viernes. 
Les deseo que tengan un relajante fin de semana y, una vez más, permítanme que agradezca a todos los servicios de la Asamblea su colaboración y a ustedes, Señorías, que hagan tan fácil y tan agradable presidir esta sesión. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.30 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 21 de febrero de 1997. 
Comunicación y declaración del Presidente 
Debo comunicarles que el viernes pasado envié un telegrama de pésame a los padres de la niña Lubna Benaisa, cuyos restos mortales fueron encontrados el día anterior en la ciudad de Bruselas. 
Lo hice tanto en mi nombre como en el de todos ustedes, convencido de expresar el sentimiento y la tristeza de todo el Parlamento por este nuevo acto de barbarie contra los más desprotegidos. 
Permítanme también que exprese aquí mi emoción ante el magnífico ejemplo de dignidad y convivencia que nos han dado tanto la familia Benaisa como toda la población de Bruselas. 
Puesto que el pasado sábado se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, no quisiera que el Parlamento dejase sin señalar tan importante ocasión. 
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se ha consolidado en el calendario político como un acontecimiento de primera magnitud. 
Es un día para pasar revista a los avances conseguidos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, un día para fijarse objetivos, para continuar progresando en la plena integración de la mujer en todos los ámbitos de la vida en igualdad con el hombre. 
En momentos como los actuales, con las cifras de parados alcanzando niveles históricos en algunos Estados miembros, es necesario reiterar estos principios, manifestarse en contra de la exclusión y evitar que se retroceda en los tímidos avances conseguidos. 
Este año, las celebraciones del Día Internacional de la Mujer coinciden con un momento clave: la Conferencia Intergubernamental para la revisión de los tratados constitutivos de la Unión. 
La Conferencia se encuentra en el proceso de acotar posiciones, fijándose ya las líneas directrices de lo que serán los nuevos textos sobre los que se desarrollará la Unión en el futuro. 
La construcción europea ha jugado un papel de capital importancia en el lento proceso de desmontar las barreras históricas que penalizaban la participación de la mujer en el ámbito laboral. 
Sin embargo, se hace necesario incorporar en el Tratado planteamientos más globales que sean la base de una política de igualdad de oportunidades e incluir una mención explícita de las acciones positivas contra la discriminación. 
Las propuestas recogidas en el texto preparado por la Presidencia irlandesa son un paso de gran importancia en esa dirección. 
El Parlamento velará por que se consoliden y se incluyan en el nuevo tratado. 
Sin embargo, no es necesario esperar a los resultados de la Conferencia Intergubernamental para continuar avanzando en la construcción de un marco jurídico mejor dotado para impulsar la igualdad de oportunidades. 
En este sentido se debe conceder una gran importancia al desarrollo de la legislación comunitaria. 
La propuesta de directiva del Consejo sobre la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón del sexo es una piedra angular de un nuevo sistema de protección jurídica. 
Creo que las instituciones de la Unión deben predicar con el ejemplo, como señalaba el informe de la Sra. Larive adoptado el pasado otoño, la función pública europea es un campo privilegiado para poner en práctica una ambiciosa política de igualdad de oportunidades que permita la participación de la mujer en los niveles más altos de toma de decisiones. 
Aunque el Parlamento Europeo es la institución que cuenta con un más alto porcentaje de mujeres entre su cuerpo superior de administradores, apenas llega al 20 %. 
Una administración eficaz no puede permitirse esta desigualdad. 
Sin embargo, no se trata sólo de una cuestión de porcentajes. 
Tenemos que cambiar actitudes, revisar el procedimiento de acceso a la función pública europea, ofrecer programas de formación profesional que abran nuevas perspectivas de movilidad, brindar las posibilidades reales para el desarrollo de una carrera profesional y una vida familiar tanto a mujeres como a hombres. 
El pasado viernes me reuní con representantes del lobby europeo de las mujeres y con una delegación del comité paritario para la igualdad de oportunidades de nuestra institución, quienes me presentaron una serie de propuestas concretas para progresar en la construcción de una sociedad más solidaria y una administración más eficaz. 
Me comprometí a trabajar en el marco de mis funciones para que se consigan estos objetivos. 
Estoy seguro de que contaré para ello con el decisivo apoyo de sus Señorías. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, por supuesto le estoy muy agradecida por la sorprendente declaración que acaba usted de hacer y por el hecho de que esté usted tan bien informado al respecto de los expedientes que se examinan en estos momentos en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Al igual que usted, yo también quiero pararme por un momento en este ocho de marzo, sabiendo que la declaración que iba a hacer la Comisión Europea y su Presidente causaba problemas en relación con los importantes expedientes que se incluyen en el orden del día de mañana. 
Como Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer me resignaré, y le agradezco que haya abierto usted esta sesión recordando el ocho de marzo. 
Ha mencionado usted diversos expedientes que en efecto siguen causando muchísimos problemas, como en la preparación de la Conferencia Intergubernamental y las propuestas hechas allí por la Presidencia irlandesa. 
Naturalmente no deseo decepcionarle, pero la Presidencia neerlandesa está ocupada precisamente en desmantelar algunos de estos asuntos en el ámbito de las cuestiones relacionadas con la mujer. Se trata, entre otras cosas, del apartado antidiscriminación. 
Señor Presidente, sobre todo me complace que esté usted dispuesto a asumir la responsabilidad, y que admita que hay muy pocas mujeres que lleguen a posiciones altas en las instituciones europeas, entre ellas el Parlamento Europeo, y porque lo ha dicho usted tan claramente, parto sin más de la suposición de que en los próximos dos años y medio aprovechará usted la oportunidad para cambiar drásticamente los procedimientos de contratación del personal y de promoción dentro del Parlamento, a fin de que las mujeres tengan una oportunidad real de alcanzar puestos más elevados. 
Espero que en abril podamos hablar largo y tendido de las cuestiones relacionadas con las mujeres, y también en presencia de la Comisión Europea y del Sr. Santer. 
Le doy las gracias por esta declaración. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, basándome en el apartado 4 del artículo 19, deseo expresarle tanto mi agradecimiento como mi felicitación. 
Todo el mundo sabe aquí que nuestro Parlamento se ha expuesto a la cólera de las autoridades gubernamentales francesas por la resolución que aprobó el pasado 20 de febrero contra el racismo y la xenofobia. 
Puesto que mi Grupo de Coalición Radical Europea tomó la iniciativa de esta resolución, deseamos reafirmar que era jurídicamente fundada y que el preámbulo del Tratado impone a la Unión y a sus Estados miembros el respeto a los derechos fundamentales garantizados y definidos por el Convenio Europeo de Salvaguarda de los Derechos Humanos. 
Por consiguiente, jurídicamente, la resolución era fundada y, como yo formaba parte de los redactores de dicha resolución, desearía precisar que políticamente también era fundada, puesto que pedíamos la retirada de un proyecto de ley francés y, en particular, de una disposición que impone una especie de deber de delación a los que debían denunciar la marcha de los extranjeros alojados. 
Por lo tanto, políticamente teníamos razón. 
La prueba es que el Gobierno francés ha terminado por retirar la disposición más controvertida. 
Por consiguiente, en lugar de subrayar no sé qué infracción del Parlamento Europeo, hubiera debido agradecernos por haber contribuido junto con otros, a evitarle un error político. 
Pero, el Gobierno francés ha añadido una falta a este error cuando el Ministro francés de Asuntos Exteriores ha considerado oportuno decir que nuestro Parlamento no era digno de tal nombre. 
No comentaré esas declaraciones. 
Como ya he anunciado, simplemente, deseaba darle las gracias, señor Presidente, y felicitarle por haber manifestado con firmeza la postura del Parlamento y haber relativizado este incidente. 
En efecto, el incidente en sí no era nada. Por el contrario, era importante porque revelaba que el Gobierno francés que no ha encontrado una palabra para condenar las declaraciones racistas, ha designado a su enemigo: ¡el Parlamento Europeo! 
Esto revela una curiosa concepción del equilibrio entre las instituciones y nos muestra cuál será la posición francesa en las futuras conclusiones de la Conferencia Intergubernamental. 
Por nuestra parte, deseamos manifestar aquí que seguiremos interviniendo cada vez que en el seno de un Estado miembro o fuera de la Unión se pongan en entredicho los valores del humanismo europeo, esos valores en los cuales reposa nuestro esfuerzo de construcción europea. 
(Aplausos del Grupo ARE) 
Señor Hory, le agradezco personalmente, pero pienso que debo ceder la palabra a los que la han pedido. 
Señor Presidente, en la Conferencia de Presidentes del pasado jueves, todos los jefes de Grupo que nos encontrábamos presente le rendimos homenaje a título personal y en nombre de nuestros respectivos Grupos por la actitud tan digna que adoptó en París en defensa de este Parlamento y de sus resoluciones. 
El Sr. Hory acaba de hacer una larga declaración política. 
Por mi parte, sólo deseo que la Asamblea sepa que todos le presentamos a usted nuestras felicitaciones por haber adoptado una postura tan digna. 
Señor Presidente, en nombre de nuestro Grupo le he escrito una carta para felicitarle por la postura que ha adoptado usted, y hago hincapié en que también nuestra delegación francesa estuvo presente en su totalidad en la recepción que dio usted en París y que ha aprobado su postura, en solidaridad con nuestro Grupo. 
Se lo confirmo aquí. Creo que este era uno de los elementos de la discusión durante la Conferencia de Presidentes; hemos de acordar cuándo tomamos decisiones sobre las urgencias en esta Asamblea y que ello suceda de una forma representativa. 
Usted recalca, y quiero señalarlo, que las urgencias tendrán que tratarse en un momento importante de nuestro orden del día. 
No puedo sino recalcar su declaración, señor Presidente, y decir en nombre de nuestro Grupo que estoy plenamente de acuerdo con ello. 
Señor Presidente, me congratulo de que todos usemos la palabra aunque seamos reiterativos en los argumentos, porque ya quedó patente el jueves pasado la unanimidad de todos los Grupos; en el caso de mi Grupo, yo expresaba la opinión de todos los diputados y diputadas, que consideraban que usted había representado magníficamente al Parlamento Europeo en París y que su actuación no había constituido injerencia alguna en la soberanía ni en la política interna de ningún país- en este caso Francia -, sino que usted había representado unos derechos básicos de los ciudadanos sobre los que el Parlamento Europeo tiene la obligación de manifestarse. 
Usted cumplió con su obligación. 
Lo hizo muy bien y por eso concita la unanimidad de todos los presidentes de Grupo de esta Asamblea. 
Siga por este camino, señor Presidente, con esa prudencia y con esa fortaleza. 
Señor Presidente, yo también quisiera darle las gracias. 
Considero que usted se ha comportado correctamente al actuar de inmediato, porque todo el proceso ha sido bastante increíble. 
El Parlamento Europeo ha debatido intensamente la cuestión del racismo y la xenofobia y ha hecho algo, lo que lo diferencia de algunos gobiernos. 
En concreto, no se ha limitado a efectuar declaraciones solemnes, sino que ha exteriorizado en la práctica una crítica incómoda, no sólo sobre el proyecto de ley Debré, sino también con respecto a los planes del ministro alemán del Interior Kanther de introducir un visado para niños. 
El Parlamento Europeo también ha cumplido su cometido al hacer política. 
Para nosotros la reacción es completamente inaceptable, tanto por lo que respecta a considerar la cuestión de los derechos humanos básicos en la Unión Europea como un asunto interno- como han sostenido el Sr. Chirac y Hervé de Charette- como en lo que atañe a la afirmación de que el Parlamento Europeo ha mostrado que está de más. 
A mi juicio, el Parlamento Europeo ha demostrado con esta resolución precisamente lo contrario, esto es, que está en disposición de reaccionar políticamente y de hacer algo más que emitir sólo declaraciones solemnes. 
Pero quisiera también preguntarle si ha habido alguna reacción por parte del Gobierno francés. 
¿Ha habido algún tipo de excusas por lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores? 
Creo que lo adecuado hubiera sido, por lo menos, presentar excusas. 
¿Ha hecho algún tipo de manifestación el Sr. Chirac sobre sus declaraciones? 
Si tiene conocimiento de ello, le ruego que nos lo comunique. 
Muchas gracias, señora Roth. 
Yo considero el incidente como terminado y por tanto, naturalmente, estimé que no era necesario ningún tipo de excusas públicas, especialmente porque el Sr. Hervé de Charette, en su intervención ante la Asamblea Nacional francesa, manifestó su respeto al Parlamento Europeo. 
Además, mantendré con toda probabilidad una entrevista con el Sr. de Charette, en Roma, en las próximas semanas, para tratar, como es natural, de los temas que interesan a este Parlamento en la Conferencia Intergubernamental, que son los importantes. 
Señor Presidente, se trata del Acta del veinte de febrero. He detectado una omisión en el Acta literal con respecto a la resolución sobre la Conferencia de derechos humanos en Ginebra. 
Por lo que a mí respecta, se habló sobre todo de China, y entonces pedí a la delegación del Congreso de Estados Unidos, que se hallaba presente en la tribuna, que defendiera con nosotros los valores y los derechos humanos con respecto a China en Ginebra. 
No lo encuentro en el Acta, y espero que pueda corregirse, señor Presidente. 
Señora van Bladel, comprobaremos si, efectivamente, en las actas falta algo de lo que se haya dicho o alguna resolución. 
Señor Presidente, deseo volver por un instante a la cuestión planteada por el Sr. Hory, no para instituir aquí un debate franco-francés, como hubiera deseado él, pero que no tendría razón de ser, sino para preguntarle si es posible extraer de este incidente, una serie de conclusiones positivas relativas a la celebración de nuestros debates de urgencia. 
Dichos debates se instituyeron en 1979, en una época en la cual nuestro Parlamento no tenía todavía todos los poderes con los que cuenta hoy, en particular, los legislativos, y en los que ha querido afirmarse como una especie de foro. 
La propia evolución de nuestros trabajos nos ha llevado a que estos debates de urgencia se aplacen a un momento del período de sesiones en el que la presencia en la sesión puede poner en tela de juicio la representatividad de la Asamblea, y en cualquier caso, el alcance de algunos textos votados- así lo ha indicado usted- pero, además, de ese problema, existen toda una serie de cuestiones de admisibilidad de los textos, en particular, de las enmiendas, sobre todo, cuando se trata de enmiendas de última hora. 
Por ejemplo, es costumbre que no se haga constar en un debate de urgencia una cuestión debatida por nuestro Parlamento con motivo de la elaboración de un informe. 
La celebración de la Conferencia Intergubernamental plantea en profundidad la cuestión de las relaciones entre nuestro Parlamento y los parlamentos nacionales. 
¿Es razonable que las cuestiones debatidas, pero que no se han resuelto todavía en los parlamentos nacionales, puedan resolverse tras una resolución de urgencia, es decir, de hecho, sin informe previo? 
Señor Presidente, éste es el tipo de asunto, a todas luces lancinante, que debemos plantearnos tras este incidente y le agradecería que recurriera a la Mesa y a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, para que podamos tener un procedimiento de actualidad y de urgencia que no provoque más este tipo de controversias y le evite este tipo de incidentes. 
Muchas gracias, señor Nordmann, pero yo le recuerdo a usted que cualquier Grupo puede llevar a la Conferencia de Presidentes esta cuestión si la considera necesaria. 
Yo, en todo caso, transmitiré sus palabras a la Conferencia de Presidentes y, en el caso de que lo estime necesario, la examinará. 
Señor Presidente, el 17 de febrero recibí una carta en mi oficina de La Haya que decía lo siguiente: Por encargo del Presidente, le hago llegar el texto de una moción de censura a la Comisión presentada por 63 diputados conforme al artículo 34 del Reglamento, y firmada por el Sr. Vinci. 
Esta carta, señor Presidente, tenía que ver por tanto con la moción de censura a la Comisión, sobre la que íbamos a votar esa misma semana en Estrasburgo. 
No tengo ningún problema con esta carta, pero sí con el modo en que ha llegado hasta mí. 
Fue enviada el viernes por la tarde desde Bruselas por mensajero a los Países Bajos, y supongo que también fue enviada a los demás diputados a su domicilio. 
Por tanto, llegó en un momento en que yo me encontraba en Estrasburgo. 
Mi pregunta es, ¿de qué sirve esta acción? Esta es mi primera pregunta, y en segundo lugar, ¿cuáles han sido los costes de esta acción? 
Pues pienso que enviar una carta por mensajero a 626 diputados, cuando todos tenemos fax, tanto en nuestra oficina en Bruselas como en Estrasburgo, es un poco derrochar el dinero. 
Señora Plooij-van Gorsel, contesto con mucho gusto a su pregunta. 
No se ha enviado la carta a los 626 diputados sino a aquellos cuyos fax no constaban en la Asamblea. 
A todos aquellos diputados- y serán muchosque tienen un fax que han comunicado a los servicios, se les ha enviado a su correspondiente fax. 
Señor Presidente, hace un momento, ha hecho valer la unanimidad de los grupos que sostienen la misma posición que usted cuando se desplazó a París. 
Le ruego tenga a bien hacer constar que en dicha unanimidad no se puede incluir al Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones. 
En efecto, como era lógico, en su calidad de Presidente del Parlamento Europeo, reflejó usted la voluntad de la mayoría. 
No obstante, recordaré a todos aquellos que hacen grandes declaraciones sobre la importancia de los trabajos del Parlamento que la famosa resolución- la enésima- sobre el racismo y la xenofobia se votó ese famoso jueves por la tarde, por 106 votos a favor y 101 en contra y que, en realidad, al expresarse como lo hizo, el jueves por la tarde, sobre temas cada vez más variados y menos estudiados en profundidad, el Parlamento Europeo atenta contra su propio crédito. 
Lo manifestado por el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Hervé de Charette, no era más que el reflejo de lo que puede pensar cualquier observador objetivo del Parlamento Europeo al examinar el contenido de sus resoluciones.En efecto, el Parlamento no vacila en manifestarse sobre cualquier tema. 
Lo ha hecho esta misma tarde, incluso cuando un parlamento nacional que es la expresión de la soberanía de un Estado, que encarna la legitimidad democrática, que es representativo de todo un pueblo, debatía esta cuestión. 
Lo ha hecho cuando no tenía ninguna competencia al respecto. 
Sepan que la postura expresada refleja el punto de vista de numerosos ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, creo que de esta experiencia hay que extraer otra lección distinta a la que ha indicado usted al Sr. Nordmann- y que comparto -: hay que velar por que, los jueves por la tarde, se presenten textos que se hayan sometido previamente a reflexión y sean competencia del Parlamento. 
Al proceder de la forma que usted sabe, en particular, con motivo de la visita del Jefe del Estado francés aquí, el Parlamento habrá incitado a varios países, entre los cuales se encuentra Francia, a negarse a ampliar los poderes de una Asamblea que no los merece. 
Señor Fabre-Aubrespy, no me pronunciaré sobre el fondo de su intervención que respeto como cualquier otra. 
Sin embargo, deseo llamar su atención sobre el hecho de que en nuestro reglamento no hay artículo alguno que autorice al Parlamento, o a quien sea, a declarar la inadmisibilidad de los textos por su fondo. 
Son los grupos políticos los que deben velar por la inclusión o la votación de los textos, de forma que se respete la dignidad del Parlamento o los criterios que cada grupo considere oportunos. 
A diferencia de otros parlamentos que limitan legítimamente su orden del día para que los gobiernos puedan hacer sus aportaciones, nuestro Parlamento tiene otra tradición y la presidencia no puede limitar las enmiendas cualesquiera que sean. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitarlo por su maravillosa declaración con motivo de la celebración del Día de la Mujer. 
En ese contexto, quisiera llamar una vez más la atención de la Asamblea sobre la difícil situación por la que atraviesa actualmente Roisín McAliskey, una reclusa que permanece en la prisión británica de Holloway en el régimen correspondiente a la categoría A. Su situación ha mejorado algo en estos últimos días, pero está embarazada de siete meses y no tiene acceso a una atención médica adecuada las 24 horas del día. 
Además, aún no se han tomado las medidas necesarias para garantizar un parto seguro. 
Ruego a la Asamblea- como hiciéramos la vez pasada y volveremos a hacerlo- que apoye esta causa por motivos humanitarios; no que emita un dictamen sobre si la Srta. McAliskey es culpable o inocente, sino que meramente por motivos humanitarios, intervenga ante los Gobiernos británico y alemán para que garanticen que la reclusa tendrá acceso a una atención médica adecuada, que su hijo podrá nacer en circunstancias normales, sin que ella tenga que permanecer esposada al personal de seguridad de la prisión, y que podrá quedarse con su hijo cuando éste nazca. 
Llamo su atención sobre el hecho de que la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores se está ocupando del tema al que usted se ha referido y propondrá a la Asamblea lo que estime conveniente. 
Señor Presidente, estoy seguro de que la mayoría de los colegas se habrán dado cuenta de que hoy tenemos sentado a su lado al nuevo Secretario general del Parlamento. 
Lo correcto es no sólo darle la bienvenida, sino además manifestarle que la mayoría de nosotros reconocemos que se trata de un cargo muy importante y de gran influencia. 
Al mismo tiempo que le damos la bienvenida, reconocemos también que este Parlamento ha estado muy bien atendido en el pasado por sus Secretarios generales. 
Estoy seguro de que hablo en nombre de todos al desearle mucha suerte y éxito en el desempeño de su nuevo cargo. 
Muchas gracias, señor Provan, por sus palabras. 
Señor Presidente, desearía intervenir sobre el punto 16 del acta «Maíz genéticamente modificado». 
En nuestro último período de sesiones, las diversas cuestiones orales relativas a este tema se aplazaron a una fecha posterior, a saber, el período de sesiones actual, en todo caso, según los diputados presentes. 
Compruebo que el acta no menciona la razón de dicho aplazamiento. 
Los diputados estimaron que la Comisión no estaba presente a un nivel suficiente de competencia, ni el Sr. Fischler, ni la Sra. Bonino, ni la Sra. Bjerregaard consideraron útil estar presentes en el citado debate que, sin embargo, era fundamental porque es una cuestión esencial que puede degenerar en los años venideros y, quien sabe, dar lugar, dentro de algún tiempo, a un nuevo asunto como el de las vacas locas. 
Por consiguiente, creo que es totalmente esencial, señor Presidente, que se indique en el acta la razón de la petición del aplazamiento de este tema. 
En principio, no es necesario, señor Berthu, pero vamos a comprobar y esta razón se retomará en el Arco Iris, en las intervenciones de los diversos diputados, lo que dejará ver claramente las razones de los que propusieron el aplazamiento. 
El Acta queda aprobada 
Orden de los trabajos 
Señor Presidente, la otra vez ya lo aplazamos porque a la Comisaria competente, la Sra. Bjerregaard, no le pareció necesario estar presente en este importante punto del orden del día. 
Como usted sabe, hubo muchos debates sobre la autorización del maíz genéticamente modificado. Entre tanto, ya se dispone de estudios alarmantes que confirman que el riesgo para la salud y la ecología es grande. 
A causa de este riesgo, Austria y Luxemburgo promulgaron a mediados de febrero reglamentos que prevén el cese de las importaciones. 
Estuvimos de acuerdo en que no es de recibo que sólo dos países protejan a su población, sino que el Parlamento ha de debatir y aclarar cómo afectan al proceso de autorización estos estudios que no se tuvieron en cuenta. En el seno de la Comisión hubo voces que sostuvieron que la decisión se tomó basándose en consideraciones económicas y en los intereses de la industria de tecnología genética y de los Estados Unidos y que la cuestión de los riesgos para la salud fue deliberadamente marginada. 
Por eso consideramos que es una necesidad perentoria que la discusión tenga lugar este mes. 
¿Por qué? 
Si estos productos acceden ahora al mercado, nos podemos encontrar con un problema en abril si llegamos, por ejemplo, a la conclusión de no autorizar esta solicitud de comercialización, puesto que, con la excepción de Luxemburgo y Austria, los productos se encontrarán ya en los mercados de todos los Estados miembros. 
Por esta razón, le ruego una vez más que someta a votación nominal nuestra solicitud para poder debatir esta semana tan importante punto del orden del día. 
Señor Presidente, no sé si la traducción al griego refleja realmente lo que usted ha dicho, pero he tomado nota de ello muchas veces, porque provoca confusión: la Conferencia de Presidentes no decide. 
La Conferencia de Presidentes decide presentar una propuesta al Parlamento. 
Hay una diferencia. 
El Parlamento es el que decide. 
Rogaría que se pusiera más atención en este punto para no dar lugar a malentendidos. 
Someto a votación la solicitud del Grupo de los Verdes. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Miércoles y jueves (sin modificaciones) 
Viernes: 
Señor Presidente, observo que en el orden del día hay un punto relativo a la organización del mercado común del arroz. 
Según tengo entendido, aunque este punto se incluía en el documento de trabajo, no fue abordado en ningún momento en la Conferencia de Presidentes. 
Francamente, mi Grupo no aprueba que se incluya en el orden del día de esta semana. 
Preferiríamos que se aplace al período parcial de sesiones del mes de abril. 
Quiero pedirle, en este sentido, que lo someta a la Asamblea, porque creo que otros jefes de Grupo confirmarán que no hubo acuerdo sobre este asunto en la Conferencia de Presidentes. 
El otro asunto es relativo a la noche del miércoles. 
Como podrá ver, uno de los últimos informes previstos para esa noche es el informe Linkohr. 
Se trata de la segunda lectura. 
Si no puede ser tratado por falta de tiempo- como usted sabe, a veces surgen imprevistos -, ¿puede garantizarnos que se abordará a primera hora del jueves, para que pueda ser sometido a votación el jueves a medio día? 
Respecto de este último punto, señora Green, no hay problema ninguno en continuar en debatirlo el jueves por la mañana, si no se acaba el debate el miércoles. 
No entraña cambio del orden del día. 
En cuanto al primer punto que usted ha mencionado, no hay problema ninguno en someter a la Asamblea la petición de la Sra. Green, en nombre de su Grupo, de suprimir del orden del día del viernes el punto 42, pregunta oral de los diputados Fraga Estévez, Colino Salamanca, Fantuzzi y otros, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión sobre la grave crisis del sector del arroz. 
Señor Presidente, quiero manifestar nuestro acuerdo con la petición de la portavoz del Grupo Socialista. 
He consultado con algunos de los firmantes de la pregunta oral y están absolutamente de acuerdo en que ésta se debata en el período parcial de sesiones del mes de abril. 
Someto a votación la solicitud del Grupo Socialista de aplazar hasta el mes de abril el debate de la pregunta oral sobre la crisis en el sector del arroz. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Señor Presidente, aprovecho la ocasión de esta votación plebiscitaria, que ha vuelto a infundir un poco de sentido común al orden del día del viernes, para rogar a usted y a la Conferencia de Presidentes que revisen una posición que ha permanecido inalterada en los tres o cuatro últimos plenos, es decir, la de asignar al viernes, posiblemente en el último punto del orden del día, asuntos de carácter agrícola. 
Se ha dicho que se adoptó esa decisión expresamente para favorecer un mayor número de presencias en la jornada del viernes. 
En vista de que no se ha logrado- me parece a mí- ese efecto, quisiera rogarle- y creo que con ello interpreto también la opinión de muchos colegas de la Comisión de Agricultura- que se restituya a los debates sobre los asuntos agrícolas jornadas de mayor atención, para devolver a dichos asuntos la dignidad que merecen, comenzando precisamente por el grave problema del arroz. 
Muchas gracias, señor Santini. 
Creo que todos los miembros de la Conferencia de Presidentes están presentes aquí, ya han recibido su mensaje y tomarán las decisiones teniéndolo en cuenta en la medida en que lo estimen necesario. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0014/97) de la Sra. van Lancker, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el funcionamiento y el futuro de Schengen. 
Quisiera saludar al Sr. Fischbach, Ministro de Justicia del Gran Ducado de Luxemburgo y antiguo colega nuestro, que ha tenido la atención de estar presente aquí hoy para este debate. 
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, la Sra. van Lancker se ha servido en sus consideraciones de una frase clave para el debate sobre la libre circulación de personas en la Unión Europea, a saber, que este debate se desarrolla cada vez más sobre la base de una renacionalización. Una, en mi opinión, peligrosa renacionalización, porque con ella, como ha quedado claro en el informe de la Sra. van Lancker, se suscita un debate en la Unión Europea que pone de manifiesto un conflicto de direcciones. 
En la Unión Europea tenemos, de una parte, libre circulación de mercancías, libre circulación de capitales y libre circulación de servicios, todo ello basado en el Derecho comunitario; pero carecemos precisamente de libre circulación de las personas. 
Por un lado, creamos una Unión en la que puedo transportar vacas a donde quiera y en las condiciones que quiera, en la que puedo mover capital a donde quiera sin limitaciones de cantidad, duración y periodicidad y la que puedo transportar cualquier servicio- tomemos como ejemplo la construcción -, a menudo fuera de la legalidad, sin ser perseguido por ello. Pero por otro lado, como ciudadano honorable, por ejemplo, como diputado al Parlamento Europeo que quiere viajar a Francia desde Alemania atravesando Luxemburgo para ejercer su actividad en su ciudad de trabajo, tengo que ser controlado cada vez, porque el Gobierno francés sostiene que ha de vigilar sus fronteras para impedir que ningún narcotraficante holandés entre en el país- y esto no sucede sólo con los honorables ciudadanos que pertenecen al Parlamento Europeo, sino con muchas otras personas. 
Hay que concluir entonces que existe una Unión Europea en la que se puede hacer de todo con el dinero, las mercancías y los servicios y en la que, bajo los pretextos más endebles, se priva a sus ciudadanos de la libre circulación. En la mayoría de los casos, estos problemas se deben- lo voy a expresar muy provocadoramente- a que a algunos gobiernos se les han ido de las manos sus problemas internos, sean éstos de naturaleza económica o social, y entonces escenifican, como si fuera una obra de teatro destinada a tranquilizar a su población, controles fronterizos cuyo mensaje es: en materia de delincuencia lo tenemos todo bajo control, basta con dotar a los puestos fronterizos de policía suficiente. 
A decir verdad ¿qué grado de estupidez atribuyen los Estados miembros a sus ciudadanos? 
¿Acaso creen que por la no aplicación de Schengen el narcotraficante viajará con su maleta a la frontera entre Luxemburgo y Bélgica para que le pregunten si tiene algo que declarar? 
La Sra. van Lancker acierta además al exponer que se recurre a una utilización indebida del Sistema de Información de Schengen como mecanismo de defensa contra la inmigración ilegal, con lo que, por cierto, no se consigue atajar el problema, porque todavía no hay bastantes personas en la Unión Europea que digan abiertamente que somos un continente de inmigración y que por eso tenemos disposiciones que la regulan. 
Si no velamos porque se comunitarice el marco de Schengen, le digo esto, señor Ministro, en su condición de presidente del Comité Ejecutivo de Schengen, sucederá que la libre circulación de personas en la Unión Europea se implantará sobre la base de la cooperación intergubernamental, fuera del Derecho comunitario y en el plano de acuerdos interestatales, y no sobre la base del Derecho comunitario, que es el que debería fundamentarla. Quizá el Consejo lo prefiera así, pero el Parlamento no. 
El resultado final será que el Consejo dirá que ya tenemos la libre circulación de personas, pero no la tendremos allí donde jurídicamente corresponde. 
Por eso no podemos renunciar a que el Parlamento proclame hoy que queremos la libre circulación de personas. Tenemos, además, una postura muy positiva con respecto a los elementos constructivos del Acuerdo de Schengen, pero queremos que se garantice de una vez el fundamento comunitario con control parlamentario. 
Cuando el 14 de junio de 1985, los países fundadores del espacio Schengen firmaron el Convenio que lleva su mismo nombre, seguramente, tenían en sus mentes esta fórmula de Montesquieu: » la libertad política para un ciudadano es esta tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada cual tiene de su seguridad». 
Con la entrada en vigor de dicho Acuerdo en marzo de 1995, debía prevalecer la misma filosofía. 
Rápidamente, algunos países descubrieron algunas imperfecciones en el sistema. 
Holanda participó sus dificultades en relación con el control de los pasajeros en el aeropuerto de Amsterdam-Schipol. 
Por su parte, Francia invocó la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 2 del Convenio, por una parte, debido a las disfunciones del Sistema de Información de Schengen y al laxismo en materia de flujos migratorios y, por otra parte, a la debilidad, incluso la inconsciencia de algunos Estados miembros en materia de estupefacientes. 
En la actualidad, aunque atenuados, siguen existiendo esos problemas. 
Cuando leemos el informe de la Sra. van Lancker, por momentos, tenemos la impresión- y apenas caricaturizo- de que la zona de Schengen se confunde con un universo carcelario, que las libertades individuales están amenazadas y que el derecho a la libre circulación, que es el fundamento de nuestra Unión, está abolido. 
Semejante constatación resulta aberrante. 
A la inversa, para hacer vivir el espíritu de Schengen, hay que reforzarlo con medidas de acompañamiento indispensables, para construir una Europa donde la seguridad rime con la libertad. 
No debemos olvidar que los Acuerdos de Schengen, aunque imperfectos, han permitido que los ciudadanos de los países signatarios comprendan realmente lo que es la libertad de circulación deseada por el Tratado, todavía papel mojado pero que se mantiene vivo en el espíritu de Schengen. 
Es la razón por la cual mi grupo no podrá votar a favor de este informe, si no se hacen algunas modificaciones, aun cuando comparto algunas preocupaciones del ponente. 
Pienso en la necesidad de una mejor coordinación entre los diversos órganos, determinante para el éxito de Schengen- Europol, SIRENE, SIS- y en la conformidad de la gestión de los ficheros en los convenios del Consejo de Europa. 
Señor Presidente, se pueden hacer muchas críticas al Tratado de Schengen y a su ejecución. 
Aquí vuelve a evidenciarse una actuación secreta e incontrolable de los gobiernos; no hay control parlamentario, ni el debido control judicial, etc. Por tanto, Schengen sólo puede ser una situación transitoria. 
En el futuro tendremos que encuadrar Schengen dentro de la Unión Europea y, como ya ha dicho la ponente, ello tendrá que ser en la próxima revisión del Tratado de Maastricht. 
Al hacerlo tenemos que comunitarizar en la medida de lo posible las cuestiones que abarca ahora Schengen. 
Esto significa que hay que otorgar competencias al Parlamento Europeo, que hay que involucrarlo, y también hay que dar competencias al Tribunal de Justicia en este ámbito. Para ello es preciso que la secretaría de Schengen entre en la Unión Europea. 
Mi siguiente observación tiene que ver con la guerra de las drogas entre los Países Bajos y Francia, como se la denomina a menudo. 
Considero que Francia ha de poner fin a la vigilancia de su frontera norte, tal como implica la regla principal del Tratado de Schengen. 
Por otra parte, el Gobierno neerlandés tiene que hacer más para salir al paso de las críticas procedentes de fuera sobre su política de drogas. 
Es necesario un acercamiento y, a la larga, la armonización europea de la política de drogas. 
Francia ha de mejorar la asistencia a los toxicómanos y los Países Bajos han de mejorar la lucha contra la producción de drogas y el tráfico de drogas; ambos países tienen que abordar el problema junto con los demás Estados miembros. 
Apoyamos el tenor general, seguramente después de la votación sobre las enmiendas al informe de la Sra. Van Lancker, y por consiguiente votaremos a favor. La felicitamos por el trabajo realizado. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a la señora ponente por el informe que hoy presenta ante el Pleno. 
Nos encontramos ante un informe que analiza de forma clara, completa y crítica el funcionamiento y el futuro de Schengen. 
La libre circulación de personas es una de las cuatro libertades que habrá de realizarse en el marco del Tratado de la Unión Europea. 
Los Acuerdos de Schengen revisten un carácter temporal y deberán sustituirse por una legislación comunitaria, de manera que esté garantizado el control judicial por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el control democrático por parte del Parlamento Europeo. 
Con respecto al funcionamiento de los Acuerdos de Schengen, tenemos que lamentar que hayan surgido nuevas discriminaciones: por una parte, entre los ciudadanos de la Unión por motivos de nacionalidad y, por otra, con respecto a los ciudadanos de terceros países que residen en la misma de manera legal. 
Es preciso también criticar la aplicación de los Acuerdos, que ha llevado a la adopción de una serie de medidas policiales y jurídicas basadas en el incremento del nivel de seguridad y a una política de limitación de la emigración y mantenimiento del orden. 
La supresión de las fronteras no debe llevar a controles sistemáticos en las zonas fronterizas o al cierre hermético de las fronteras exteriores. 
Por último, me gustaría señalar la preocupación ante el hecho de que el sistema de información de Schengen se utilice principalmente como banco de datos sobre extranjeros indeseables, incluidos los extranjeros que no tienen antecedentes penales o que carecen de recursos. 
En definitiva, tenemos que progresar en la realización de la libre circulación de personas convirtiendo los Acuerdos de Schengen en una política comunitaria, evitando todo tipo de discriminación contra ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión y sin que veamos a Europa convertida en una auténtica fortaleza. 
Señor Presidente, Señorías, los Gobiernos partícipes presentan de buen grado Schengen como una historia de éxito. 
El año pasado nos sometieron llenos de orgullo un primer informe anual que, por cierto, es la única fuente disponible hasta ahora para que la opinión pública pueda saber algo acerca de la manera de funcionar de Schengen. 
En ese informe se exponían, sobre todo, las cuotas de acierto del Sistema de Información Schengen, con sus 3, 7 millones de entradas de datos. 
Se exponían la gran impermeabilidad de las fronteras exteriores y de las llamadas medidas de compensación en las fronteras interiores. 
Realmente, como la Sra. van Lancker ya ha señalado, es un informe sobre la defensa coordinada contra los refugiados. 
La apertura de las fronteras interiores fue el dulce que se ofreció por los nuevos muros en las fronteras exteriores, con lo que también se legitimaban las nuevas fronteras de Schengen surgidas en el interior de la Unión Europea. 
Caso de ser algo, esta apertura de las fronteras es solamente una bella apariencia, porque en realidad las fronteras se han desplazado un trecho hacia el interior. 
Quizá ya no se nos controle con tanta frecuencia, pero pregunten a personas de color o de origen asiático. 
Solamente por su aspecto ya son considerados sospechosas. 
En este Parlamento se ha criticado con frecuencia el modo no democrático de creación de Schengen y la falta de democracia en su manera de funcionar. 
A pesar de ello, se acaba de concluir sin ninguna modificación un Acuerdo de Cooperación con Noruega e Islandia que obliga a estos Estados a aceptar el Acuerdo de Schengen sin restricción alguna, privándoles al mismo tiempo de cualquier derecho de participar en las decisiones o de contar con representación en el Comité Ejecutivo. 
Estamos ante un sistema con dos clases. Para mí es también un modelo de núcleo europeo que verdaderamente no deseo. 
Lo que ahora se propone para la Conferencia Intergubernamental, adoptar Schengen, no es la comunitarización que nosotros pedimos, que consiste en la disolución de Schengen en la Unión Europea. 
Se pretende que se adopte Schengen con sus carencias democráticas y sin cambios, tal cual es. 
Lo rechazamos de plano porque, además, se socava la garantía de continuidad del acuerdo. 
Entonces apoyaremos de todo corazón el informe de la Sra. van Lancker. 
Señor Presidente, a través de este informe, nos planteamos siempre la misma pregunta: ¿qué Europa queremos? ¿Queremos una Europa de los gobiernos o una Europa de los ciudadanos? 
Nuestros gobiernos manifiestan su deseo de acercar la Europa de los ciudadanos. 
De hecho, nos hemos quedado más bien en las apariencias. 
La ciudadanía europea sigue siendo un fin por alcanzar. 
La libre circulación de las personas es su base constitutiva, en aplicación del artículo 7 del Tratado. 
En una época en la que diez millones de marcos alemanes o de libras esterlinas atraviesan el continente en algunos milisegundos, los obstáculos a la libre circulación de los seres humanos se hacen estrictamente intolerables. 
Con Schengen nos enredamos en lo intergubernamental, se admite una desigualdad, una discriminación entre los ciudadanos de la Unión y, máxime, con los ciudadanos de terceros países. 
Existe una carencia de control democrático, una falta de control jurídico y de solidaridad y mucha hipocresía. 
Porque, confesémoslo, el país al que pertenezco firmó, cómo digo firmó, proclamó el Acuerdo de Schengen e inmediatamente se retiró de él, tan pronto por una bomba en París, como tan pronto por un desacuerdo con la política de uno de los Gobiernos de la Unión sobre la marihuana. 
En este caso, será probablemente a la CIG a quien corresponderá encontrar una solución, dejando claro que se trata de una estructura temporal, que ésta deberá integrarse en el tercer pilar, que deberá comunitarizarse. 
Además, es preciso abrogar la ley de la unanimidad en el Consejo para todas las cuestiones que se refieran a la circulación de las personas, para que Europa se convierta, por fin, en una Europa de los europeos. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Van Lancker sobre el funcionamiento y el futuro del Acuerdo de Schengen deriva de unas atribuciones que se ha tomado el Parlamento Europeo en un ámbito que no es de su competencia. 
En primer lugar, porque los Acuerdos de Schengen son ajenos a la Unión. 
Además, porque en la medida en que pudiera afectar al tercer pilar, la presidencia del Consejo no ha recurrido a nuestra Asamblea para consulta, en aplicación del artículo K6. 
Por consiguiente, nos encontramos ante una de estas injerencias del Parlamento Europeo que perjudican más bien a su imagen, tanto más cuanto que las tesis expresadas en el proyecto de resolución están, a nuestro entender, muy alejadas del sentimiento de los ciudadanos y de la mayoría de los gobiernos reunidos en el seno de la Conferencia Intergubernamental. 
Tomemos un ejemplo. 
Podríamos preguntarnos con toda legitimidad si los Acuerdos de Schengen, que con frecuencia se han presentado como un laboratorio experimental, pueden ampliarse al conjunto de la Unión. 
Pero para responder a esta pregunta, habría que comenzar por extraer las enseñanzas de lo experimentado. 
Si no, ¿de qué serviría el laboratorio? 
Ahora bien, hay al menos dos lecciones inevitables que el Parlamento Europeo desconoce, pero de las que, afortunadamente, los gobiernos de los Estados miembros parecen más conscientes. 
En primer lugar, es totalmente inoportuno querer suprimir todos los controles de las personas en las fronteras interiores y, de paso, lamentamos que el Parlamento Europeo se crea obligado a condenar una vez más al Gobierno francés por sus controles antidroga en la frontera belgoluxemburguesa, mientras que dichos controles son perfectamente legítimos y conformes a derecho. 
En segundo lugar, la lista de las medidas de acompañamiento previstas por los Acuerdos de Schengen debe reforzarse y no amputarse, como lo sugiere el Parlamento Europeo y como la Sra. van Lancker acaba de pedirlo otra vez, sobre todo, cuando criticaba los datos sobre los extranjeros indeseables que contiene el SIS, es decir, el Sistema de Información de Schengen. 
Por lo tanto, es necesario reforzar las medidas de acompañamiento, señor Presidente. 
Por ejemplo, habría que asegurarse del buen funcionamiento del sistema de declaraciones de entrada en el territorio, que es aplicable a los nacionales de terceros países cuando atraviesan una frontera interna del espacio de Schengen. 
El Parlamento no atraerá la simpatía de los ciudadanos de los países miembros provocando el estancamiento de problemas de seguridad tan esenciales. 
Señor Presidente, Señorías, después de tanta crítica contra el Acuerdo de Schengen, quisiera romper una lanza en su favor. 
El proceso de Schengen funciona en Europa, lo que no puede decirse de muchas instituciones. 
Ha permitido progresos concretos en materia de libertad de circulación y significa, por tanto, una idea de Europa que los ciudadanos pueden comprobar. 
Muchos ciudadanos pueden en la actualidad viajar desde Finlandia a Portugal sin detenerse, por mucho que ésta o aquella cosa concreta pudiera mejorarse todavía. 
Se trata, por tanto, de un resultado positivo que, por cierto, muestra con claridad que se pueden conseguir cosas en Europa con flexibilidad, dejando que algunos avancen más rápidamente de lo que en un primer momento desea la totalidad. 
Es una señal claramente positiva para Europa. 
La crítica del Sr. Schulz de que las vacas cruzan las fronteras sin vigilancia y sin control y él, en cambio, debe mostrar su pasaporte encuentra una clara explicación en el hecho de que él no es, evidentemente, una vaca y por ello se le ha de controlar de vez en cuando. 
Junto al desmantelamiento de las fronteras interiores, también forma parte, naturalmente, de Schengen el reforzamiento de la seguridad de las fronteras exteriores, no sólo contra la delincuencia, sobre todo la organizada, sino también frente a un segundo problema que afecta a muchos Estados en Europa, la inmigración ilegal. 
También en este terreno Schengen ha significado un progreso. 
Con el Sistema de Información de Schengen contamos por primera vez con una cooperación policial que funciona y que aporta más que los controles en las fronteras interiores. 
En conjunto, estamos por ello a favor de este proceso y queremos que continúe. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Van Lancker por el excelente trabajo que ha hecho. 
Evidentemente, dicho trabajo presenta algún aspecto que el debate de hoy puede contribuir a aclarar. 
Creo que se debe partir de una observación: cada día que pasa estamos asestando golpes mortíferos a la fe de los ciudadanos europeos en Europa, en vista de que habíamos prometido a los ciudadanos que a partir del 1º de enero de 1993 caerían esas obsoletas y estúpidas fronteras interiores. 
Creo que Schengen, aun siendo un paso adelante, por sí solo no es suficiente, en cuanto que se configura como un acuerdo intergubernamental y no como el fruto de una iniciativa de las instituciones europeas. 
Es evidente que se debe comunitarizar Schengen, pero yo me pregunto si tras todos los bizantinismos y todos los distingos hechos por los diferentes diputados sobre las diversas medidas de acompañamiento, que, de hecho, son pretextos para no seguir adelante con la idea de una comunitarización de las situaciones de Schengen, no habrá al final una menor voluntad política de seguir adelante en el proceso de integración europea, en particular por lo que se refiere al tercer pilar. 
Creo que es esencial sobre todo respetar el dictado principal de los Tratados europeos y también el de Schengen: Europa como espacio de libertad y de democracia entendido como el funcionamiento del Tribunal de Justicia y como control democrático de la elaboración de los datos. 
Por eso pedimos que haya garantías para los ciudadanos. 
Está claro que tras todo esto no puede haber pretextos, tras el fortalecimiento de la seguridad, ¡no debe haber pretextos para eliminar la libertad de los ciudadanos! 
Señor Presidente, la Sra. Van Lanker ha escrito un informe interesante en muchos sentidos, sobre todo porque se ha ocupado de los graves problemas que existen en relación con el Acuerdo Schengen. 
Me refiero, por ejemplo, a la falta de control parlamentario sobre dicho acuerdo, y a la carencia de apertura del mismo- siguen estando clasificadas como secretas partes esenciales de su aplicación, lo cual se señala en el apartado 11. 
Además, se destaca que el Acuerdo Schengen constituye un aspecto de la política más restrictiva y brutal que se está configurando en la Europa occidental en torno a la cuestión de los refugiados, y que se centra sobre todo en el tema de los controles; de la lectura del propio texto se comprueba que la mayoría de sus artículos no giran en torno a la libertad o la libre circulación, sino a las diversas modalidades de efectuar controles. 
Para los diputados de los países nórdicos que estamos en contra de la adhesión a Schengen, este es un argumento importante en su contra. 
Es excelente que el Parlamento lo confirme, puesto que a menudo se dice que utilizamos imágenes fuertemente disuasorias cuando señalamos estos hechos. 
El norte está negociando su adhesión al Acuerdo Schengen. 
Sin embargo, en los países nórdicos ha existido una unión de pasaportes durante decenios, que no tiene por qué verse ahora reemplazada por dicho acuerdo. 
El informe subraya que esta unión ha funcionado de un modo digno de elogio. 
Significa la eliminación de los controles de pasaportes para los ciudadanos nórdicos, pero no es similar a Schengen, ya que la ausencia de control se combina con el derecho a ejercerlo en las fronteras internas, lo cual es absolutamente incompatible con el mencionado acuerdo. 
Lo que se pretende es derogar la unión nórdica de pasaportes y reemplazarla por algo que funciona peor. 
A largo plazo puede significar el final de la ausencia de controles de pasaporte en el norte, puesto que Islandia y Noruega, que no son miembros de la UE, pueden verse excluídas del acuerdo en cualquier momento si no aprueban una resolución en concreto. 
Existe además la circunstancia de que, si el Acuerdo Schengen se convierte en supranacional en el futuro, se necesitaría una modificación de la constitución noruega a favor de cuya aprobación no existe actualmente la mayoría suficiente. 
Además, todo esto se está adelantando a los referenda que se celebrarán sobre los resultados de la Conferencia Intergubernamental, en los que yo me temo que el resultado será probablemente el «no» de los países nórdicos en las cuestiones que parece que surgirán de dicha conferencia. 
Por ello pienso que deberían congelarse los acuerdos que se han negociado y no tendrían que entrar en vigor mientras continúen las negociaciones en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, yo tampoco creo ser una vaca, como decía el Sr. Nassauer de mi colega Schulz. 
Creo que eso es algo que une no sólo a los socialistas, sino a todos los que estamos en esta sala y no por ello me alegro de no ser controlada. 
Es más, cuando soy consciente- porque las etiquetas así lo indican- de que mi maleta puede pasar por los aeropuertos, pero, en cambio, yo tengo que enseñar mi carné de identidad o mi pasaporte, esto me genera una cierta perplejidad. 
Evidentemente, como ya se ha dicho aquí, Schengen es un paso adelante en la libre circulación, no lo vamos a negar. 
Pero es un paso tan tímido y, sobre todo, tan poco claro, que a algunos nos preocupa. 
Hemos avanzado, cierto, pero ¿cómo? 
Con acuerdos intergubernamentales exclusivamente, que ni el Parlamento Europeo puede verificar ni los Parlamentos nacionales pueden fácilmente controlar debido a su carácter extranacional. 
Nos preocupa saber si seguiremos así o si, tal como nos han dicho tantas veces, llegaremos a disponer de una base jurídica comunitaria que nos permita avanzar en estos temas. 
Por eso me parece oportuno el informe y quiero felicitar, por ello y por su contenido, a la ponente. 
Se ha hablado aquí de flexibilidad. 
Flexibilidad para avanzar. 
Ahora bien, para avanzar, ¿cómo? 
Yo creo que debemos ir hacia una situación en la que haya más democracia, más derechos, más libertad y, sobre todo, en la que no nos encontremos delante de acuerdos entre los Gobiernos que enfatizan desmesuradamente ciertos problemas, por ejemplo, el de la emigración. 
Sé que es un problema, pero no podemos trabajar sólo enfatizándolo desde el punto de vista de la seguridad o de las fronteras para apresurarse a ofrecer luego «soluciones» que son, como mínimo, poco transparentes. 
Sí a cumplir con los ciudadanos; sí a cumplir la promesa que hicimos- y me incluyo en el «hicimos» como parte de los interesados en que avance esta Unión Europea -; sí a la promesa que hicimos de una Unión Europea libre, abierta y por la que podamos circular; sí a poder apelar al Tribunal de Justicia de la Unión para que garantice esto; sí a una Unión todo lo flexible que quieran, pero que avance, no hacia un escenario en el cual- como parece ser en la CIG- tengamos pocas cosas que ofrecer y por lo tanto los Estados se pongan fácilmente de acuerdo para decir «no se preocupen, que por lo menos en lo que atañe a la seguridad, su seguridad, sí nos pondremos de acuerdo, eso sí, no nos digan cómo» , sino hacia un escenario más democrático. 
Señor Presidente, Schengen se centra en la libre circulación, lo cual es algo que debería interesar por igual a la mayoría en este Pleno. 
Los ciudadanos esperan poder circular libremente a través de las fronteras internas entre los países. 
Pero no podemos pedirles que con ello acepten una seguridad menor o un flujo de narcóticos mayor entre países vecinos. 
La libre circulación debe beneficiar a los ciudadanos, no a los delincuentes. Por eso son necesarias unas acciones compensatorias. 
¿Dónde estaríamos hoy en los progresos hacia la libre circulación sin la fuerza motriz que verdaderamente representa Schengen? 
Los países nórdicos deben participar conservando su unión de pasaportes como estaba previsto. 
Tendremos que seguir buscando unas soluciones prácticas para Noruega e Islandia. 
La ponente Van Lancker se ha mostrado dispuesta a negociar tras las dificultades experimentadas en la comisión. 
Pero son frecuentes los malentendidos en este ámbito, por ejemplo, en el sentido de que Schengen tiene como objetivo impedir la inmigración de modo general, cuando en realidad lo que se impide es la inmigración ilegal, algo que la mayoría de Grupos impulsa en otros contextos. 
Es de interés para los ciudadanos que se promueva la libertad de circulación, y esto requiere unos pasos y procedimientos determinados. 
La revisión de los tratados también hace posible una integración sucesiva de las condiciones de Schengen en ellos, como ha propuesto de un modo constructivo la Comisión. 
Esto aumentaría también la apertura y el control cara a los ciudadanos. 
Si el Parlamento se opone a las medidas de seguridad se arriesga a obstaculizar la marcha hacia la libre circulación, y adoptaría una posición insostenible. 
El Parlamento tiene toda clase de razones para adoptar una posición inequívoca y positiva con respecto a la cooperación en el marco del Acuerdo Schengen. 
Señor Presidente, señor Ministro, convertir a Europa en un gran mercado único sin fronteras internas, basándose sólo en el aspecto comercial y económico, es un grave error. 
Lo hemos visto con el asunto Reanult Vilvorde, donde la falta de regulación social europea ha resultado evidente para todos. 
Lo mismo sucede en materia de seguridad interna. 
Abrir las fronteras a la libre circulación sin pensar en el corolario indispensable de la seguridad de los ciudadanos es escandaloso. 
Porque, ¿cómo quieren ustedes que nuestros ciudadanos se adhieran al proyecto europeo si tienen las impresión de que Europa no les protege lo suficiente contra la criminalidad? 
La estructura intergubernamental de Schengen se creó para colmar esta laguna y para responder al déficit de las instituciones comunitarias. 
Y, por esto, Schengen se convirtió en un laboratorio en el que se pueden ensayar sobre el terreno las acciones y las estructuras que deberán integrarse a continuación en el marco del Tratado sobre la Unión, aunque sólo sea para instaurar el control parlamentario y las garantías judiciales de las que carecemos por el momento. 
Por lo tanto, en nuestra opinión, Schengen es una iniciativa positiva que, como lo insinúa el informe Van Lancker, de ninguna manera sirve para vejar a los ciudadanos, sino que, al contrario, les proporciona una garantía para su seguridad personal. 
La acción policial contra los criminales, los ladrones, la mafia, los suministradores de droga y los inmigrantes ilegales no debe reducirse, sino ampliarse e integrarse en las estructuras europeas. 
Y sólo entonces, señor Presidente, señor Ministro, lograremos la aceptación de nuestras poblaciones. 
Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, me complace el informe presentado hoy sobre el funcionamiento del Convenio de Schengen y su futuro; felicito sobre todo a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y a su ponente, la Sra. Van Lancker. 
Este proyecto de informe evidencia la particularidad del Acuerdo de Schengen, que, por un lado, se inscribe en la perspectiva de la realización del objetivo de eliminar los controles de las personas en las fronteras internas- con arreglo al artículo 7 A del Tratado- y, por otro, se desarrolla fuera del ámbito de la Unión Europea. 
Dicha particularidad queda subrayada tanto en el análisis hecho por el Parlamento del funcionamiento actual del Convenio de Schengen como en su posición sobre el futuro. 
La posición de la Comisión sobre Schengen es conocida. 
Desde el comienzo, la Comisión vio con buenos ojos la iniciativa Schengen como laboratorio o elemento precursor para la Unión Europea, pero destinado a ser substituido gradualmente por instrumentos de la Unión. 
En ese marco, por iniciativa mía, en julio de 1995 la Comisión Europea presentó las tres propuestas encaminadas a completar la normativa para realizar dicho objetivo en toda la Unión. 
En vista de los retrasos acumulados por la Unión en la realización de dicho objetivo y dado que, aunque se adoptaran todas las propuestas rápidamente, no estaría garantizada una aplicación inmediata, la importancia de Schengen no sólo se ha consolidado, sino que, además, ha aumentado. 
En efecto, Schengen, como la ampliación de la zona de Schengen, es la única vía que permite a los ciudadanos beneficiarse desde ahora mismo del derecho a la libre circulación en libertad y con seguridad. 
Pero eso no significa que Schengen sea la mejor de las soluciones posibles y que en ella todo avance perfectamente. 
En el informe se ponen de relieve diversas disfunciones. 
Comparto varias de las preocupaciones expresadas por el Parlamento y en primer lugar la de la falta de transparencia. 
No obstante, no puedo compartir todas las preocupaciones, como tendré ocasión de decir en seguida. 
Sobre la transparencia, no oculto a Sus Señorías que, en calidad de representante de la Comisión en el comité ejecutivo de Schengen, he sostenido ante el comité la necesidad de una mejor información del público sobre Schengen. 
Dicha intervención ha inducido al comité ejecutivo a decidir enviar al Parlamento Europeo el primer informe anual sobre la aplicación del Convenio de Schengen. 
Personalmente, atribuyo una grandísima importancia a la información de los ciudadanos sobre sus derechos y al hecho de que no contaremos con la adhesión de los ciudadanos a la construcción europea mientras les presentemos un mercado único compuesto de grandes libertades de circulación para las mercancías, los servicios y los capitales, pero, como se ha dicho, de libertades insuficientes para los propios ciudadanos. 
La información para los ciudadanos es esencial, como lo atestigua la reciente campaña de información «Ciudadanos de Europa» llevada a cabo en el nivel comunitario. 
Considero que también sobre Schengen se debería llevar a cabo una acción de información de los ciudadanos, informando, por ejemplo, a los ciudadanos de terceros países que residen en los Estados de Schengen sobre los derechos que el Convenio les confiere, en particular el derecho de desplazarse, provistos de sus títulos de residencia y con determinadas condiciones, sin necesidad de visado. 
La segunda gran preocupación, puesta de relieve en el informe parlamentario y que yo comparto, se refiere al control democrático y jurisdiccional sobre Schengen. 
Schengen no escapa de control democrático y jurisdiccional alguno, puesto que los parlamentos nacionales y los tribunales de los Estados miembros interesados desempeñan sus funciones al respecto. 
Pero parece lógico que, dado que Schengen se sitúa en la perspectiva de la realización del objetivo a que se refiere el artículo 7 A, las instituciones europeas, y en particular el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia, deban poder actuar en ese ámbito. 
De esa consideración sobre las carencias institucionales de Schengen pasamos ahora a la posición parlamentaria sobre el futuro de Schengen, posición cuyas directrices comparto. 
En primer lugar, el objetivo de eliminar los controles de las personas en las fronteras interiores es un objetivo de la Unión y, por tanto, se deberá realizar preferentemente mediante los procedimientos de adopción de decisiones y los instrumentos jurídicos de la Unión, instrumentos que substituirán progresivamente los de Schengen. 
Por tanto, debemos proseguir nuestra acción para hacer probar las propuestas presentadas al respecto al Consejo. 
En segundo lugar, la segunda directriz para el futuro, especificada en el informe: sólo en caso de que ese planteamiento no diera frutos, se debería tomar en consideración otra solución, es decir, la integración de Schengen en el Tratado de la Unión Europea. 
También a ese respecto comparto la posición de Sus Señorías. 
La integración de Schengen en el Tratado es aceptable sólo si aporta un valor añadido en términos institucionales. 
Eso significa que la integración de los actos de Schengen en el Tratado debe avanzar a la par con la atribución de competencias a las instituciones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Sr. Nassauer ha tenido la amabilidad de referirse a mí. 
Quiero repetir lo que ha dicho. 
Yo había señalado que las vacas pueden viajar sin control en la Unión Europea, mientras que yo debo mostrar mi pasaporte. 
El señor Nassauer se ha visto en la obligación de explicar que eso se debe a que en la frontera se toma conocimiento de que no soy una vaca. 
Quisiera agradecer ese amable comentario. 
Al mismo tiempo, el Sr. Nassauer ha dado a entender que, aparentemente, pertenece al conjunto de personas que pueden viajar de Finlandia a Portugal sin control. 
Si yo he de mostrar mi pasaporte porque no soy una vaca, quisiera saber cuál es la percepción que los funcionarios de aduanas tienen del Sr. Nassauer para que éste no tenga que mostrar su pasaporte. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Sociedad de la información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0045/97) del Sr. Wim van Velzen, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Libro Verde (COM (96) 0389- C4-0522/96) «Vivir y trabajar en la Sociedad de la Información: prioridad para las personas». 
Señor Presidente, los grandes proyectos europeos siempre adolecen de lo mismo: que la dimensión social está siempre rezagada. 
Al margen del tema que se trate- la integración de Europa, el mercado interior, la UEM o la sociedad de la información -, las cuestiones sociales siempre se quedan atrás en el orden del día. 
Después de toda la atención prestada a la autopista electrónica, fue un respiro que por fin se prestara atención a los aspectos sociales. 
Sin embargo, me he enterado del Libro Verde de la Comisión con sentimientos contradictorios. 
No en cuanto al subtítulo, pues «Prioridad para las personas» sugiere muchas cosas que deberían convencerme. 
Sin embargo, la lectura del informe causa decepción. 
La «persona» se enfoca sobre todo como trabajador y no se han aprovechado suficientemente los informes importantes que habrían podido dar una imagen completa, el informe del High Level Group, el informe del foro para la sociedad de la información. 
En realidad, sólo el informe sobre empleo, formación profesional, es un documento completo y como tal es bueno, contiene información interesante, por ejemplo, sobre el rápido envejecimiento de los conocimientos y los cambios en la organización de empresas, aunque sobre todo a este último respecto creo que se considera demasiado como un proceso autónomo y que no se formulan suficientes preguntas críticas, por ejemplo sobre la reducción de la jerarquía, el aplanamiento de la organización y las consecuencias que ello tiene sobre la reducción del trabajo menos especializado y cualificado que tanto necesitamos en Europa. 
Tengo la impresión de que, además, el informe adolece de un optimismo excesivo. 
Todo «saldría» bien si introdujéramos rápidamente y «liberalizáramos» cuanto antes la tecnología de la comunicación. 
En mi opinión, esto es absurdo, y me remito a un informe elaborado hace poco para la Comisión Europea y que de hecho indica que las expectativas del empleo sólo pueden ser positivas después del año 2000, entonces podría tener lugar un crecimiento positivo en nuevos puestos de trabajo en el sector de las TIC. 
Pero en el año 2000 también se destruirán muchos puestos de trabajo tradicionales, más de cien mil. 
A causa del optimismo que al parecer se quiere irradiar, creo que no se presta suficiente atención a lo que quisiera denominar la «política de apoyo». 
Si se parte de la idea de que seguirá habiendo muchísimos desempleados, en cualquier caso los veinte millones que tenemos ahora, entonces un instrumento como la reducción del tiempo de trabajo, un mayor aprovechamiento de la capacidad en el sector terciario, se convierte en una estrategia interesante que se ha desatendido por completo en este Libro Verde. 
A continuación se pasa también por alto lo que yo querría llamar el problema del insider-outsider. 
La formación de personas para la sociedad de la información sólo se centra en las personas que ya tienen trabajo, con lo cual se deja fuera de juego a todas aquellas personas que no tienen trabajo, los parados, los jubilados o las personas que por otras razones no están incluidas en el proceso de trabajo. Con ello abrimos el camino a una sociedad por lo menos dual. 
Especialmente dolorosa me resultó la limitada visión en el ámbito de la educación. 
Si miro lo que se dice de la educación, veo que en realidad sólo se presta atención a que la persona debe adaptarse a las TIC, en lugar de al revés: la introducción de nuevas tecnologías para solucionar problemas sociales actuales, como el desempleo, la pobreza, la contaminación y la división de nuestra sociedad. 
La educación es más que una formación profesional. La educación implica también transmitir una civilización, introducir a las personas en nuestra civilización. 
Este aspecto se omite por completo en este Libro Verde. 
Por consiguiente, lo que necesita el programa de acción que se elaborará aquí después de aceptar y tratar mi informe es que en cualquier caso se logre un equilibrio en el programa de acción. No sólo hay que prestar atención al empleo, sino también a todos los factores sociales, más coordinación, por favor, en la Comisión Europea. 
En estos momentos, la Comisión padece a mi entender una grave segmentación vertical. 
Resulta casi imposible ver a través de la enorme lluvia de informes cuál es la visión de la Comisión, cuando encima estos informes se contradicen de diversas formas. 
Menos recato en el plan de acción para la nueva normativa. 
No creo que haya que bloquear los desarrollos nuevos, ni que haya que frenar siempre. 
Es preciso darles tiempo. 
Pero ahora ya se pueden prever puntos débiles en el teletrabajo, en la seguridad y la salud de las personas, la protección de los trabajadores, en los que se podrían fijar los límites con ayuda de directivas. 
Considero que la Comisión tiene que dejar de ser tan recatada y ha de indicar claramente cuáles son los derechos y las responsabilidades de la administración europea y también en el ámbito legislativo ha de mostrar más actividad que ahora. 
Señor Presidente, hablo en nombre de la Sra. Soltwedel-Schäfer, que desgraciadamente no puede hacerlo. 
Tras examinar el documento, hemos de decir que es lo contrario de lo que sería deseable, a saber, una flexibilidad guiada por unos principios. 
Se proclaman primero unos principios y después, como acaba de señalar el Sr. van Velzen, se practica lo contrario. 
Bajo un firmamento de ideas hay una construcción inferior que constituye la base de la variante cínica del materialismo histórico que se aplica en la práctica. Y lo único que resta a la política es hacer que el hombre se adapte a la nueva tecnología. 
Nos encontramos ante una filosofía básica que dice: vivir equivale a funcionar, a trabajar, a participar en la competencia capitalista. 
Por lo tanto, los únicos que viven realmente son los empresarios privados. 
También hay una promesa subliminal: la sociedad de la información permitirá que haya más gente que pueda alcanzar este goce. Pero pienso que Win van Velzen tiene razón al plantear la cuestión desde la perspectiva de los socialmente débiles. 
Creo que hay que plantear la cuestión de una manera todavía más radical. Hay que considerar la cuestión del nexo entre las relaciones de poder y de dominio y las nuevas posibilidades de emancipación social y política vinculadas a las nuevas tecnologías y a los nuevos conceptos de organización que éstas han traído consigo. 
Si nos imaginamos el efecto que tendrá la llegada, sin previa formación, de la sociedad de la información a nuestra sociedad presente del reloj de arena, donde cada vez hay más segmentos sociales con empleos precarios y salarios decrecientes, tendremos ante nosotros una gran masa de nuevos proletarios a los que habrá que entretener con tititainment, como se dice ahora, una pequeña burguesía de usuarios pasivos y una nueva nomenklatura en posesión del poder, los masters of the game. 
En segundo lugar, en una situación en la que la comunicación alcanza una dimensión completamente nueva gracias a la creación de realidades y comunidades virtuales, nos encontramos con las dos caras de la moneda: la industria cultural, que provoca la pasividad de las masas al pseudoactivarlas, y los servicios de inteligencia, que se dedican a centralizar y ocultar informaciones relevantes como medio de activar a las élites. Todo esto se va a acrecentar, no a solucionar, con la sociedad de la información. 
Hemos criticado con mucha frecuencia en esta Asamblea la táctica dilatoria de la Comisión. 
Nos encontramos aquí con un pequeño resto. 
El Sr. Bangemann ya ha alabado las mejoras. 
Habrá una directiva marco. 
El informe del highlevel group of experts deja entrever que existe la posibilidad de un avance global. 
Esperemos que el plan de acción que se nos ha prometido signifique el fin de este enfoque unilateral. 
Aquí hay que considerar también el papel de lo público. 
¿Deberá funcionar como una magnitud residual o tendrá que adoptar un papel director en la innovación? 
También hay que precisar qué se entiende por procedimientos justos de normalización para evitar que los grupos económicos, que son los que más presionan, impongan sus intereses como normas generales. 
Hay que superar la falta de simultaneidad habida hasta ahora entre el desarrollo tecnológico, el empresarial y el normativo, que ha hecho perder una y otra vez oportunidades organizativas. Y si, ceterum censeo, se me permite añadir: no se puede posponer por más tiempo la transformación socio-ecológica pendiente de la sociedad europea. 
La posible transición a la sociedad de la información no brinda para ello el menor pretexto. 
Señor Presidente, una política europea que pretenda con fundamento colocar a las personas en el punto central de la sociedad de la información debe contemplar al hombre en sus múltiples facetas e intereses. 
Se trata de considerar a la persona como empresaria, pero también como ciudadana. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos piensa que el Libro Verde toma demasiado poco en consideración esto último. 
Me permito, como ponente para opinión, exponer con vigor las siguientes exigencias que debe cumplir la futura política de creación de la sociedad de la información: las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación que facilitan la vida cotidiana del ciudadano, su trato con las autoridades y su participación democrática han de desarrollarse plenamente y fomentarse de manera decidida. 
Este aspecto resulta poco visible en la documentación presentada hasta la fecha. 
Por desgracia, también hemos de constatar que los servicios públicos, como los servicios de información jurídica, son preteridos frente a los privados, que el entretenimiento resulta más importante que la información ciudadana relevante. 
Una segunda exigencia central de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos consiste en que se ha de dar a la sociedad de la información un marco jurídico estable y se ha de garantizar un mayor grado de seguridad jurídica a todos los agentes que intervienen. 
Sabemos que se están preparando muchas directivas y proyectos legislativos en este campo, pero creemos que ya es hora de materializar con rapidez alguno. 
Entre ellos se encuentra, desde luego, el teletrabajo, pero también la protección al consumidor, la seguridad de los medios de pago, el derecho de autor y muchas otras cuestiones. 
La tercera cuestión central del ordenamiento jurídico futuro de la sociedad de la información consiste en la necesidad de tener más en cuenta la convergencia de los medios tecnológicos de información y comunicación que nos llevarán a la futura sociedad mediamátrica, de garantizar una política integrada para todos los medios y servicios y de continuar debatiendo- esto es ante todo un llamamiento a los Estados miembros- el asunto de una autoridad central europea de las telecomunicaciones. 
Señor Presidente, al período que vivimos actualmente se le califica, a menudo, como período de crisis, pero se parece más a una mutación profunda de la sociedad. 
Contrariamente a las precedentes, esta década no sufre una evolución sino una verdadera revolución. 
Todo se acelera, los progresos tecnológicos aumentan sus efectos y crean la mundialización de la economía con un lugar preponderante reservado a los mercados, con una precariedad cada vez mayor para el hombre occidental instalado en el confort de su desarrollo que envejece. 
Los capitales, la información y los productos circulan a la velocidad de una señal informática. 
Hemos entrado en la sociedad de la información y su impacto en la vida cotidiana no deja de crecer, engendrando efectos positivos y, por supuesto, numerosos efectos negativos si no tenemos cuidado. 
El ponente, Sr. van Velzen, ha realizado un buen trabajo y le felicito con el mismo entusiasmo con que comparto su punto de vista. 
En efecto, los valores sobre los que queremos construir la sociedad de la información en la Unión Europea no reposan, para el ciudadano, sólo en el empleo, el trabajo y la formación. 
Desgraciadamente, aunque el Libro Verde proponga profundizar también el diálogo político, social y civil, no menciona verdaderamente las prácticas de la vida cotidiana de los ciudadanos, prácticas que se verán trastocadas por la sociedad de la información, creando nuevos aislamientos y, sin duda, una sociedad a dos velocidades debido a las disparidades entre las generaciones, los medios sociales y los territorios. 
En dicho Libro Verde falta la dimensión humana e individual. 
La voluntad manifestada por la Unión de acompañar el proceso de transformación de los empleos no tiene lo suficientemente en cuenta el riesgo suplementario de deslocalización de los empleos hacia terceros países mediante el teletrabajo favorecido por las nuevas tecnologías de la información. 
Las acciones contempladas para superar el déficit de competencias individuales se orientan hacia una reforma de la educación. Por consiguiente, existe un riesgo de ruptura entre las generaciones. 
La reconversión no debe contemplarse en el ámbito profesional sino más bien en el social. 
Asimismo, hay que plantearse la cuestión del coste de la utilización de las nuevas tecnologías de la información en el presupuesto familiar: cánones de utilización, abonos, compras de programas, CD ROM, discos o cintas. 
En efecto, el problema es que el poder de compra del ciudadano europeo revela las disparidades en el seno de la Unión que, una vez más, corren el riesgo de crear una Europa a dos velocidades. 
Por lo que respecta a los aspectos más culturales, el Libro Verde no tiene en cuenta la utilización creciente de las nuevas tecnologías en las bibliotecas nacionales, los museos o las fototecas y, por consiguiente, no da valor a su repercusión en el conocimiento. 
Además, sin poner en tela de juicio la utilización universal del inglés en el mundo informático, esta práctica podría empobrecer esta lengua y su utilización corriente con un enorme riesgo de reducir el uso de las lenguas de los países pequeños. 
La sociedad de la información no debe originar una fractura entre las generaciones, entre los que poseen las herramientas de la información y los que no pueden acceder a ellas. 
Además, no subestimemos el peligro intelectual de la aprehensión de dichas informaciones. 
En una palabra, desearía llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre la necesidad de educar a los diferentes usuarios que vivirán en una sociedad que sus padres no habrán logrado descifrar por completo. 
Señor Presidente, Señorías, quiero también felicitar al ponente, colega Wim van Velzen, porque conozco el rigor intelectual con el que ha trabajado y la seriedad con la que se ha esforzado en redactar este informe, un informe útil. 
Ante los desafíos y consecuencias sociales que plantea esta llamada «sociedad de la información» , sería bueno que la Unión Europea se adelantara en las previsiones y que fuéramos capaces de dotarnos de un marco legislativo común adecuado para regular algunas de esas consecuencias que ya se han enumerado: el teletrabajo, la intimidad, las diferencias lingüísticas, el impacto en la sanidad, en la escuela, en la enseñanza, la necesaria protección del usuario como tal usuario y como consumidor, etc. 
Nadie puede describir hoy con precisión el futuro final de la sociedad de la información, porque es un futuro que se está haciendo, un futuro en desarrollo y en fase de experimentación constante. 
Pero sí debemos adelantarnos para evitar los posibles efectos más negativos: precariedad de los nuevos empleos, aumento de las desigualdades, nuevos monopolios, redes no controladas, riesgos de uniformidad cultural, aumento de los movimientos financieros especulativos, etc. 
Simultáneamente debemos insistir en los aspectos positivos que aportará la sociedad de la información, porque nos encontramos ante un previsible nuevo modelo de crecimiento económico y, como tal, deberá producir efectos positivos en el empleo. 
Como modelo de crecimiento nuevo tendrá riesgos, riesgos diferentes, algunos que conocemos y otros que hoy solamente intuimos. 
La difusión de las tecnologías de la sociedad de la información cambiará las estructuras de producción, de demanda y de empleo. 
Si las tecnologías de esa sociedad de la información crean nuevos productos y nuevos servicios, ello producirá cambios sociales sustanciales, pero también es previsible que, a medio y quizá a corto plazo, aparezcan nuevas oportunidades de empleo que debemos saber aprovechar. 
Nuestro objetivo debiera ser que la sociedad de la información no agudice las diferencias entre nuestras regiones, sino que sea un instrumento de cohesión; que la sociedad de la información no sirva para ahondar más en la dualidad de nuestras sociedades, sino para cooperar en su integración; que no favorezca únicamente la especulación financiera, sino que sirva a la inversión productiva; que no cree nuevos monopolios incontrolables, sino que sirva para desarrollar la diversidad y el pluralismo. 
Éste es uno de esos debates sobre los que volveremos, que ha empezado, porque- insisto- la sociedad de la información está en desarrollo y vinculada a muchos aspectos de nuestra vida, entre otros, algo tan fundamental como es el empleo. 
Señor Presidente, pienso que tenemos aquí un informe importante, máxime cuando como ponente de la comisión he de constatar que la Comisión sigue pensando demasiado en términos tecnológicos y económicos. 
La tecnología de la información se considera muy importante para Europa debido al peso creciente que tiene este sector en la economía europea y la función catalizadora para otras industrias en Europa, y esto es cierto. 
Sin embargo, no hay que olvidar que- al fin y al cabo- la persona tendrá que aprender a trabajar con las TIC en la sociedad de la información. 
En estos momentos, la mayor parte de la población europea carece de conocimientos para poder utilizar bien las TIC. 
Pienso que aquí el ponente, el Sr. Van Velzen, y también el Sr. Pex, tienen razón al abogar por la coordinación. 
Pienso que en el futuro, tanto dentro de la Comisión Europea como entre la Comisión Europea y el Consejo, y dentro del Parlamento Europeo tendremos que hacer mucho más por coordinar los diversos ámbitos políticos. 
Si Europa quiere ganar la batalla de las tecnologías de la información y la comunicación, tendremos que emprender acciones en este ámbito. Y pienso que tendremos que atrevernos a utilizar nuestros fondos estructurales y programas de acción, entre otras cosas para abrir nuevas metodologías de precio y nuevas posibilidades. 
Señor Presidente, quisiera ante todo agradecer a la ponente, Sra. Van Velzen, así como a los ponentes de las otras comisiones, que nos hayan presentado un informe constructivo y en parte también crítico, pero en cualquier caso de gran interés. 
Su análisis y sus conclusiones, señora Van Velzen, demuestran que la elaboración ha requerido un notable lapso, junto con un profundo conocimiento de los aspectos sociales de la sociedad de la información. 
El Libro Verde de la Comisión, presentado con ocasión de un coloquio europeo en Dublín, al final de septiembre de 1996, inició un debate a escala europea sobre los numerosos aspectos que caracterizan la sociedad de la información, aspectos, por lo demás, puestos de relieve también por el grupo de expertos de alto nivel y por el Foro sobre la sociedad de la información. 
Una vasta gama de instituciones, organizaciones y personas particulares, gobiernos nacionales, instituciones de la Unión Europea, comités, sindicatos, empresas, asociaciones profesionales, entidades de asistencia sanitaria y, en particular, organizaciones de voluntariado en los niveles nacional y europeo, han expresado un claro consenso respecto de la necesidad de acciones suplementarias. 
Dicho consenso se centraba en la necesidad de desplegar nuevos esfuerzos suplementarios en una serie de sectores fundamentales y sobre una mayor sensibilización para con los aspectos conexos con la sociedad de la información: estimular el desarrollo de una actitud para el aprendizaje en todos los niveles de la sociedad de la información, promover el empleo e incentivar la creación de puestos de trabajo, modernizar las instituciones de la vida laboral y los marcos reglamentarios, desarrollar la base de los recursos humanos y superar la divisoria de la especialización, promover la cohesión social mediante la concesión de poderes y la inserción social, edificar sobre la diversidad cultural de Europa en la construcción de la vía europea a la sociedad de la información. 
Pero las reacciones ante el Libro Verde han manifestado también preocupaciones por algunos aspectos: la compatibilidad entre la organización del trabajo flexible y la seguridad, el equilibrio entre- llamémoslos así- vencedores y vencidos en el plano del empleo, el traslado de las actividades a regiones de todo el mundo, los desequilibrios regionales en materia de acceso, disponibilidad y adaptación, el riesgo de que la igualdad de oportunidades no esté garantizada para todos, un desarrollo sostenible para todos los sectores del empleo, del trabajo, de la vida y de la democracia. 
«Prioridad a la dimensión humana: los próximos pasos» , con tres objetivos principales que, como comprenderán Sus Señorías, están bien equilibrados: coordinar el proceso encaminado a hacer que se comprendan y sigan las consecuencias de la sociedad de la información en el ámbito social y del mercado de trabajo; transmitir la conciencia de una dimensión «sociedad de la información» en todas las estrategias y acciones sociales, en particular en el plano europeo; formular acciones concretas encaminadas a promover las potencialidades de la sociedad de la información y a tener en cuenta su pertinencia horizontal para la esfera de la política social. 
Puedo asegurar al Parlamento que esa comunicación será compatible y complementaria con las otras acciones emprendidas por la Comisión en ese sector. 
Sobre los aspectos concretos que se han planteado, me limitaré a recordar que la Comisión está preparando una nueva comunicación sobre la formación profesional y la sociedad de la información, que abordará numerosos aspectos relativos al tema de la formación a lo largo de toda la vida. 
Esa comunicación completará el plan de acción de la Comisión «Por una iniciativa europea en la formación: aprender en la sociedad de la información». 
Se ha mencionado también el teletrabajo: la Comisión no presentará como tal una propuesta sobre ese tema antes del final del año, como se había pedido, porque en un Libro Verde sobre la organización del trabajo, que la Comisión presentará dentro de pocas semanas, se abordarán los aspectos relativos al teletrabajo. 
El objetivo del Libro Verde es el de estimular un debate, en el ámbito del diálogo social, sobre cuestiones relativas a la organización del trabajo en el caso del teletrabajo. 
Sobre la última cuestión concreta planteada- el fortalecimiento de la defensa del consumidor- debo decir que, que yo sepa, la Dirección General encargada de la política de los consumidores está preparando una comunicación sobre cómo fortalecer la defensa del consumidor. 
Deseo concluir, señor Presidente, felicitando una vez más a la ponente por su excelente trabajo, que aporta una contribución esencial a la comunicación que la Comisión presentará próximamente a esta Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Educación y formación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-56/97) de la Sra. Waddington, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre educación y formación «Enseñar y aprender- Hacia la sociedad cognitiva». 
Señor Presidente, debemos felicitar a la Comisión por haber iniciado un debate sobre la necesidad de crear una sociedad cognitiva en la Unión Europea. 
El Libro Blanco presenta un análisis de los desafíos a los que nos enfrentamos en el marco de la economía global, en la que las nuevas tecnologías han modificado radicalmente la naturaleza del trabajo y que requiere una fuerza laboral altamente cualificada, flexible y especializada. 
No obstante, los retos a los que nos enfrentamos en Europa son aún mayores, y debemos tomar medidas para crear una sociedad cognitiva que reconozca los modernos y difíciles problemas y que brinde a todos nuestros ciudadanos la oportunidad de contribuir al progreso económico y social. 
Si no superamos estos retos, la alternativa será el declive económico y social. 
Mi informe se centra en tres desafíos adicionales: primero, el envejecimiento de la población europea, segundo, el peligro de un incremento de la exclusión social y, tercero, el nivel del gasto público que se destina a la educación y la formación que, no sólo es relativamente bajo, sino que además, en algunos casos, presenta una tendencia a la baja. 
El análisis de estos tres factores apunta a la necesidad de poner mayor énfasis en la formación a lo largo de toda la vida, en vez de limitarnos simplemente a proporcionar educación y formación sólo en la etapa inicial; en la necesidad de dar mayor prioridad al problema del fracaso escolar y a que aquellos colectivos que actualmente están excluidos puedan aprender un oficio y adquirir conocimientos, y a que una amplia gama de agentes, incluidos los interlocutores sociales, colaboren con los Estados miembros y la Unión Europea en la tarea de estudiar los medios necesarios para crear, sostener y financiar la sociedad cognitiva. 
Nuestra fuerza laboral está envejeciendo: dentro de diez años, el 80 % de la tecnología que hoy utilizamos habrá quedado obsoleta, pero el 80 % de la fuerza laboral seguirá trabajando en base a unos conocimientos que tendrán, como mínimo, una antigüedad de diez años. 
Crece el fracaso escolar: la OCDE informa que entre un 15 % y un 20 % de los estudiantes europeos abandonan la enseñanza sin haber adquirido las cualificaciones necesarias, y que el descenso de la demanda de trabajadores no cualificados está derivando en el crecimiento del desempleo de larga duración entre aquellos que carecen de los conocimientos y de la flexibilidad que exige el mercado laboral. 
Sin embargo, sólo el 7 % de los desempleados recibe algún tipo de formación, y además ese porcentaje está descendiendo. 
El porcentaje del gasto público que se dedica a la educación y a la formación ha descendido en 11 de los 15 Estados miembros durante los últimos diez años. 
Tanto Estados Unidos como Japón asignan más fondos que nosotros a este fin. 
Los beneficios de la educación y de la formación han sido bien documentados. 
La evidencia empírica apunta a una correlación positiva entre la educación y el empleo, ingresos más altos, mayor productividad, crecimiento económico, igualdad y calidad de vida, mayor cohesión social, mejor salud, menor criminalidad y mayor protección del medio ambiente. 
Esta evidencia documentada durante 1996, que fue el Año Europeo de la formación a lo largo de toda la vida, y los resultados de amplias consultas llevadas a cabo sobre el Libro Blanco, apuntan insistentemente a la necesidad de adoptar medidas adicionales. 
La propuesta de resolución incluye una serie de propuestas concretas además de las que presenta la Comisión, en particular, relativas a la formación a lo largo de toda la vida, a la lucha contra la exclusión social y al desarrollo de colaboraciones para financiar una sociedad cognitiva. 
Pedimos a la autoridad presupuestaria que incremente los fondos, y a la Comisión que investigue, lance programas piloto e incluya la educación y la formación en la corriente principal de los programas comunitarios. 
No cabe duda de que hace falta acción, por lo que invitamos a la Comisión a que revise su actual plan de acción, elabore una propuesta más completa y detallada y a que vuelva a presentar al Parlamento su plan revisado. 
El presente informe, con su evaluación crítica de los temas y sus propuestas de mejora, contribuirá positivamente a la creación de una sociedad cognitiva europea. 
La importancia de la educación y de la formación, tanto en el ámbito laboral como para la vida democrática, exige a la Unión Europea adoptar medidas fundamentales para que se invierta en el futuro de toda nuestra población, de los jóvenes y menos jóvenes, y para garantizar que todos nuestros programas y todos nuestros recursos perseguirán la creación de una sociedad en la que todos los individuos tengan la oportunidad de aprender un oficio y de adquirir nuevos conocimientos a cualquier edad. 
Espero con interés oír la opinión de la Comisión sobre nuestras propuestas. 
Tengo grandes esperanzas de que este Parlamento apoye universalmente dichas propuestas, de que se anuncien en breve otras propuestas de acciones concretas y que durante la vida de este Parlamento podamos contemplar beneficios claros y reales de los trabajos emprendidos. 
Señor Presidente, si la educación constituye el principal instrumento de que dispone la sociedad para desarrollar la capacidad física, intelectual y moral del individuo, la formación consiste, a su vez, en la organización, el suministro y la adquisición de los medios indispensables para el desarrollo de una trayectoria, principalmente, profesional. 
Por consiguiente, educación y formación coadyuvan al mejor desarrollo de las capacidades del individuo y a su incorporación en la sociedad. 
En la actualidad, los sistemas educativos de bastantes Estados miembros de la Unión Europea no están suficientemente preparados para hacer frente a los retos de la competencia internacional, de los cambios tecnológicos, de las demandas de las empresas y del mundo del trabajo, que requieren una mano de obra altamente cualificada. 
La Comisión, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, admite que el papel protagonista lo desempeñan los Estados miembros, y propone las acciones que éstos deben llevar a cabo, así como las medidas de apoyo a las iniciativas emprendidas a escala comunitaria. 
Consideramos que la educación y la formación deben abordarse desde un punto de vista más coherente con el objetivo de promover y movilizar el nuevo pensamiento, así como de ofrecer unos recursos humanos cualitativamente capacitados, sobre todo en los sectores de la investigación y la tecnología. 
Para promover tal dimensión en la educación y en la formación es imprescindible que exista una coordinación más eficaz de las acciones nacionales y comunitarias en las áreas de investigación, desarrollo de las tecnologías y educación, así como una mayor sinergia entre los programas, las iniciativas innovadoras y las actividades de investigación e industria. 
Ahora, señor Presidente, quisiera abordar algunas cuestiones que considero importantes: 
Respecto del objetivo 1, que es fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, consideramos que la creación de centros de recursos cognoscitivos y la movilidad de los estudiantes, de los investigadores y de los profesores debe orientarse hacia el fomento de la interdisciplinariedad y hacia nuevos sectores. 
La Comisión debe incluir asimismo en el reconocimiento de competencias clave las capacidades y actividades de investigación en sectores de tecnología punta. 
Además, se debe apoyar la producción y la utilización de programas educativos multimedia convenientemente adaptados a los sistemas educativos de los Estados miembros y a las diversas especificidades lingüísticas. 
Respecto del objetivo 2, que es acercar la escuela a la empresa, pedimos la creación de canales de comunicación entre la escuela y las empresas. 
Además, pedimos a la Comisión, en el marco de los programas Sócrates y Leonardo da Vinci, que se encargue de que la movilidad de los estudiantes, investigadores y profesores en universidades, centros de enseñanza y empresas incluya períodos de trabajo de investigación reconocido y de formación en sectores relacionados con la industria y los sectores innovadores. Asimismo, que apoye el desarrollo de redes de información y de servicios asesores. 
Pedimos a la Comisión que, en colaboración con el Cedefop, fomente la creación de redes de intercambio de informaciones de seguimiento de experiencias, y de prácticas logradas de formación profesional continua. 
Con respecto del objetivo 3, que es la lucha contra la exclusión social, opinamos que la utilización de redes y multimedia en el sector de la educación y la formación respalda el esfuerzo por conseguir igualdad de acceso a la educación y la formación. 
Por último, señor Presidente, respecto a la concesión de la misma importancia a la inversión en equipamiento, pedimos a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, investigue los medios de aliviar la carga impositiva de las empresas y de las personas que invierten o participan en la formación profesional continua. 
Señor Presidente, Señorías, en general el Libro Blanco será positivamente recibido. 
Sobre todo en la situación actual, caracterizada por un trasfondo de desempleo, especialmente juvenil, en Europa, se acoge muy en serio un debate sobre la educación. 
El informe de Sue Waddington, a la que felicito por él y a la que agradezco su cooperación, es particularmente valioso porque toma en cuenta las investigaciones educativas más recientes de la Unión Europea indicativas de que el nivel de la educación en los Estados miembros deja que desear, de que hay un retroceso en los gastos educativos públicos y de que una formación mejor implica mayores oportunidades individuales de formación, pero no constituye, ni mucho menos, una garantía para encontrar un puesto de trabajo. 
Las conclusiones de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación se concentran de manera especial en tres puntos. 
El primero lo constituyen las finanzas. 
Susan Waddington también ha hecho constar en su informe la exigencia de que la neutralidad de costes que se menciona en el Libro Blanco no se convierta en ejemplo, puesto que los programas SOCRATES y LEONARDO están ya infradotados. Se requieren medios financieros adicionales. 
En segundo lugar está la exigencia de que la Comisión reconsidere su plan de acción actual e incluya en él otras cuestiones, empezando por el aprendizaje permanente y acabando por medidas que combatan la exclusión social. 
Ciertamente, no se trata tan sólo de la escuela de la segunda oportunidad, sino ante todo de medidas de formación inicial y continua, de modelos de integración, de métodos de aprendizaje activo, de la protección de los desfavorecidos, del papel de los profesores y del asesoramiento educativo y profesional. 
Todo esto tiene que incluirse, al igual que el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Nuestra comisión se ha ocupado especialmente de esto y ha pedido que no se incluyan sólo las lenguas de la Unión Europea. 
La educación y la formación no pueden ser sólo afanes individuales, sino que son tareas públicas. 
Constituyen una de las responsabilidades primarias del Estado. 
Sólo así se puede evitar una fractura de la sociedad europea entre los que saben y los que no saben. 
Señor Presidente, empezaré agradeciendo a la ponente el excelente trabajo realizado en su informe. 
La educación será cada vez más importante sobre todo por motivos de trabajo. 
Si Europa quiere poder competir en el mercado mundial, es esencial que disponga de una fuerza de trabajo bien formada. 
Creo que la capacidad competitiva reside en las tecnologías avanzadas, con la consecuencia lógica de una fuerza de trabajo altamente preparada. 
Precisamente como ya apuntaba la ponente, no basta con una buena educación. 
Dado que los cambios se suceden con tanta rapidez, y las tecnologías se sustituyen unas a otras con gran celeridad, necesitamos una formación que dure toda la vida. 
Además, la formación tiene un gran significado en términos de clase social. 
Antiguamente, la diferencia de clase se tasaba en términos de tierras o dinero. 
Actualmente, y en el futuro, dependerá en mayor grado de la posesión o carencia de conocimientos. 
Por ello es vital que todos tengan acceso a la formación, y no solamente unos pocos. 
Hoy por hoy son a menudo aquellos que de entrada poseen una educación superior los que siguen formándose en su vida adulta. 
Hemos de crear una sociedad donde todos participen de la oportunidad de formarse. 
Ciertamente, tenemos distintas condiciones de partida, pero el objetivo de la formación debe ser que esta se individualice, para que resulte beneficiosa para todos. 
Si a alguien se le ofrece una segunda oportunidad la aceptará, pero esto no puede darse en un sistema segregacionista. 
Es el sistema educativo estatal el que debe ofrecer esta segunda oportunidad a los que la necesiten. 
Además, quiero defender la integración de los alumnos disminuidos. 
Estos tienen que poder beneficiarse en la mayor medida posible del sistema educativo normal. 
Por último, y con respecto a las cuotas favorables a uno u otro sexo, hoy por hoy tenemos carreras donde abundan o bien los hombres, o bien las mujeres. 
Tiene que ser posible poner en funcionamiento un sistema de cuotas para que tengamos una distribución de sexos más equilibrada. 
Señor Presidente, quisiera centrar la atención en la flexibilidad. 
Todos sabemos que en los últimos años el mundo del trabajo se ha transformado completamente. 
Podemos partir de la base de que una gran parte de los que se incorporan al mercado de trabajo tendrá que cambiar de profesión una, dos, tres, cuatro o cinco veces. 
La flexibilidad es, pues, un imperativo absoluto, y el aprendizaje permanente y la reconversión continua son una necesidad. 
Sólo quienes practiquen esta flexibilidad y estén dispuestos a aumentar sus conocimientos y a reconvertirse tendrán más oportunidades de permanecer en el mercado de trabajo. 
La política debe estar en condiciones de ofrecer ayuda para que las personas concretas puedan alcanzar esa flexibilidad. 
Creo que la Unión Europea ha realizado un buen trabajo con la oferta de programas de educación y movilidad, como LEONARDO y SOCRATES, o con todos los programas que han de ejecutarse con los Fondos estructurales, como LEADER o YOUTH START o NEW etc. Todo esto es importante para que el individuo tenga oportunidad de recibir formación y de experimentar la movilidad en el mercado de trabajo. 
Creo que estos programas son importantes porque con esa movilidad aportan también una transferencia de innovaciones a las numerosas pequeñas y medianas empresas. 
Los grandes problemas para llevar a cabo todo esto se centran en los grandes obstáculos que hay en materia de reconocimiento recíproco de los diplomas de formación obtenidos en éste o aquel país. También existen problemas en materia de información para los usuarios o por la pluralidad de normas nacionales. 
Así, por ejemplo, no está claro cómo se computan las vacaciones, el tiempo de servicio o la formación. 
Por tanto, lo que necesitamos es un paquete de medidas por parte de la Comisión que acabe con todas estas barreras lo antes posible para que podamos realizar una política activa de mercado de trabajo con estos programas en interés de los afectados. 
Señor Presidente, la mundialización de la economía, la flexibilización del mercado laboral y las consecuencias que acabamos de examinar de la sociedad de la información nos obligan a centrar nuestra atención en el aprendizaje durante toda la vida. 
Los trabajadores han de tener la oportunidad de reeducarse profesionalmente y los jóvenes en formación han de aprender cuanto antes a trabajar con las nuevas técnicas informáticas. 
Hemos de desarrollar nuevas formas de enseñanza y nuevas formas de instrucción de los profesores. 
Pienso que sobre todo la sociedad de la información, de la cual acabamos de hablar, hará que la Unión Europea exija un papel cada vez más importante en este ámbito. 
No basta con limitarse a intercambiar información. Tendremos que atrevernos a coordinar también la política nacional. 
La Unión Europea tendrá que ser un factor clave a la hora de sincronizar las diferentes estructuras de enseñanza en los diferentes Estados miembros, a fin de que Europa pueda desempeñar un digno papel en el mercado mundial. Quiero dar las gracias a la ponente por el estímulo que ha dado en este sentido. 
Señor Presidente, felicito sinceramente a la Sra. Waddington por su informe, ya que con sus aportaciones y su aceptación de muchas de las enmiendas presentadas en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo por los distintos Grupos se ha mejorado en gran medida el Libro Blanco presentado por la Comisión. 
Se pone en este informe el énfasis en que la Comisión conceda prioridad al tema de la educación dentro de su agenda, considerando que cuestiones como la exclusión social y la igualdad entre los sexos mejorarán en gran medida con la aplicación de la educación y la formación a lo largo de toda la vida. 
El desarrollo económico que puede alcanzarse a través de la educación y la formación es cualitativo y no cuantitativo, por lo que es necesario considerar que este desarrollo es mejor y no mayor. 
Los cambios educativos por sí solos no pueden procurar los cambios socioeconómicos, pero las desigualdades desaparecerán en gran medida con la educación y la formación, porque facilitan un mejor trabajo y por lo tanto una mayor igualdad. 
Nosotras, nosotros, pediríamos a la Comisión que considere el tema de la educación y la formación dentro del marco de un proyecto de transformación social y global, ligada a la formación humana y al resto de proyectos sociales y económicos en ese gran proyecto de la construcción europea que todos tenemos todavía pendiente. 
Señor Presidente, empezaré felicitando a la ponente por un informe que contiene unas críticas acertadas y constructivas, además de una gran cantidad de propuestas excelentes, que en parte se originan en el propio informe, y en parte son propuestas de modificación del Libro Blanco de la Comisión sobre la educación. 
Considero central que la curva demográfica actual, que muestra un aumento de la población mayor de edad, hace que los países miembros hagan bien en invertir más recursos en la formación de adultos y en la educación como un proyecto para toda la vida. 
No obstante, es necesario señalar los riesgos de recortar medios destinados a escuelas y centros de formación profesional, y destacar que cada vez hay menos profesores y que estos disponen de menos posibilidades de ayudar a los alumnos problemáticos, por lo que hay jóvenes que dejan la escuela sin poseer unos conocimientos mínimos. 
Esto conlleva también un mayor grado de exclusión social. 
Por lo que respecta a la creación de un sistema que ofrezca segundas oportunidades, comparto las ideas de la ponente. 
Cabe ponerlas en práctica a través del sistema educativo estatal, e invertir en una política de diferenciación por lo que respecta a la pedagogía y a las diversas salidas. 
Además, es importante que se introduzcan las nuevas tecnologías en las escuelas, pero lo más importante y lo que constituye la base de una educación de calidad es una fuerza docente bien preparada. 
Tiene que haber el número suficiente de profesores, y el ambiente de trabajo debe resultar motivador para todos. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la ponente en cuanto a la necesidad de unos planes de acción para la educación. 
En cuestiones de este carácter doy mi apoyo a la enmienda nº 3, que defiende la competencia de los países miembros para la elaboración de estos planes. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar a la Comisión por la calidad de las propuestas que contiene el Libro Blanco. Asimismo, felicito a la Sra. Waddington, nuestra ponente. 
Por lo que se refiere al contenido de los ejes que ha desarrollado nuestra colega, desearía hacer hincapié en la parte relativa a la formación inicial. 
A este respecto, considero prioritaria la necesidad de encontrar un equilibrio justo en las bases de la enseñanza- lectura, escritura, aritmética- y el acceso de los alumnos a las nuevas tecnologías. 
El teclado y la pantalla no pueden convertirse en la pluma y el cuaderno del siglo XXI. 
Una primera pregunta: ¿está el sistema escolar tradicional adaptado a la realidad del mundo moderno? 
Sí, si se considera que el mundo de la escuela no es más que el reflejo de una sociedad en la que la escalada de la violencia, el fracaso escolar y la depresión de los profesores se relegan a simples hechos diversos. 
No, cuando constatamos que algunos Estados miembros siguen sin tener en cuenta los biorritmos del niño. 
No, cuando tenemos que rendirnos a la evidencia de que hoy, ya no hay modelos de referencia en materia de educación. 
El sistema elitista francés, el modelo alemán de formación profesional, el modelo sueco de especialización de los profesores han mostrado sus límites. 
Una segunda pregunta: ¿queremos o no la igualdad de oportunidades? 
No podemos imaginar remediar la crisis del sistema escolar europeo proyectándonos únicamente en el escenario de la escuela del futuro, sin volver a pensar previamente en la organización y la filosofía de la escuela y las relaciones escuela-empresa. 
Una pregunta: ¿cómo reintegrar a los excluidos del sistema escolar tradicional? 
A corto plazo, hay que promover las escuelas de la segunda oportunidad y ayudar a los enseñantes. 
Es demasiado fácil convertir en chivos expiatorios a los enseñantes. 
Las políticas deben terminar con las concesiones. Deben demostrar una voluntad firme para lograr de los interlocutores sociales, principalmente de las organizaciones de empleadores, una mayor cooperación con el mundo de la enseñanza. 
Tal vez entonces, efectivamente, la tecnología se convierta en sinónimo de progreso. 
Señor Presidente, como en todo lugar y en particular en el sector económico, también en el sector social tendremos una Europa de varias velocidades. 
Felicito a la ponente por el esfuerzo y el empeño prodigados en su amplio informe y comparto la opinión según la cual las finalidades de la educación y de la formación consisten principalmente en lograr un crecimiento que cree empleo, en garantizar las prestaciones sociales y luchando contra la exclusión. 
En mi opinión, sólo si se estimula a los países miembros para que actúen autónomamente a fin de que las estrategias y los proyectos sean coordinados por las propias administraciones locales y regionales, se podrán alcanzar esos objetivos. 
Como todo país, también Europa podrá llegar a ser grande, si es capaz de hacer crecer a sus ciudadanos en la cultura, en el trabajo, y si sabe enseñar a sus jóvenes a hacerse hombres. 
En todo ello corresponde a los docentes un papel relevante y por ese motivo deberían conocer obligatoriamente la cultura, la lengua, las tradiciones de los lugares en los que enseñen y, como los estudiantes, deberían someterse todos los años a un examen de verificación de idoneidad para la enseñanza por parte de comisiones especiales promovidas por las administraciones locales y regionales. 
No obstante, este Parlamento debería dar ejemplo a los jóvenes ciudadanos europeos, transformar su organización en una auténtica Europa federal, en la que las entidades territoriales y regionales tengan más poder, incluido el de agruparse y concertar acuerdos con regiones de otros Estados miembros. 
Sería un incentivo suplementario para nuestros jóvenes ciudadanos europeos; el empeño cultural unido a una firme voluntad democrática estimularía la verdadera construcción de la Europa de los pueblos y de los ciudadanos. 
No sólo es muy exhaustivo, sino que, además, muestra los puntos débiles del Libro Blanco de la Sra. Cresson. 
Los últimos meses de debate han mostrado que es necesario modernizar todos los sistemas de educación en Europa y hacerlos más atractivos y europeos para alumnos, profesores y formadores. En este sentido van los análisis sinceros realizados en los Estados miembros y las medidas efectivas adoptadas en el plano europeo. 
La OCDE ha constatado que los gastos públicos en el terreno de la educación no han hecho sino disminuir desde 1974, especialmente en los países de la Unión Europea. 
Me voy a concentrar en algunos puntos de la formación profesional. 
La equiparación, por ejemplo, a los estudios superiores no es una realidad en ningún Estado miembro, sino una falacia apta sólo para charlas de sobremesa. 
Y sin embargo, para el porvenir económico de Europa es especialmente necesario actuar en este campo con urgencia. 
En diez años, el 80 % de la tecnología y de lo aprendido, del know-how actual, están envejecidos. 
Ya en el año 2005 ó 2006 faltará, por lo menos en Alemania, mano de obra cualificada. 
Hacen falta nuevos conceptos profesionales que estén abiertos a nuevos desarrollos y a nuevas organizaciones del trabajo. 
Hay que conceder más relevancia a las cualificaciones claves, como la competencia social, la capacidad de trabajar en equipo y el pensamiento social global, que también abarca la responsabilidad con el medio ambiente. 
Las nuevas tecnologías han sido, ciertamente, descuidadas hasta ahora. 
He trabajado durante veinte años en el campo de la alta tecnología y quisiera por ello prevenir contra la sobreestimación. 
Un saber orientador sólo puede aprenderse en un intercambio directo entre profesores y alumnos y sólo así se pueden asimilar las estructuras complejas e identificar y reexaminar las conexiones. 
Por eso no hay una disyuntiva entre esto o lo otro, sino una imbricación entre el aprendizaje y la enseñanza de todas las posibilidades. 
Un último punto. Quisiera pedir a la señora Cresson que no se deje desanimar por las opiniones diversas y vacilantes de los Estados miembros. 
A mi juicio, necesitamos una capacidad de obrar y una perspectiva europeas. 
Señor Presidente, doy las gracias a la ponente, Sra. Waddington, porque con su informe ha sabido entrelazar los problemas concretos de los diversos tipos de trabajadores y clases sociales con el tema más amplio y general de la necesidad de un nuevo proceso formativo. 
Tal vez sea ésa la contribución más interesante que la Comisión tendrá en cuenta. 
Cuando se enlaza la vida con los proyectos, se producen inevitablemente tensiones, pero ello propicia resultados extraordinariamente provechosos. 
En el Libro sobre la sociedad cognitiva hay un dato que se debe- considero- subrayar: la aceptación del imperativo del cambio y la convicción de que sólo si la cuestión de la formación pasa a ser fundamental se pueden guiar, plegar al interés del hombre, el cambio y la flexibilidad. 
La formación es la única vía para una flexibilidad válida y positiva para el hombre. 
El Libro Blanco aborda ese tema por lo que se refiere tanto a la cultura general- y, de hecho, resulta interesante que, junto a las competencias técnicas, haya una revalorización y una profundización de la cultura humanista, pero también de la creatividad y de la capacidad de experimentación- como a la preparación para la actividad laboral, en la que cada vez se entrelazan más competencias técnicas y actitudes sociales, competencias teóricas e inserción laboral. 
Pero todo eso requiere que se sitúe la formación dentro de una red: no bastará una única institución, sino que será necesaria la colaboración entre diversas instituciones, escuelas, centros de formación, asociaciones y familias. 
Una cuestión ha reclamado la atención de la Comisión de Asuntos Sociales: la escuela de segunda oportunidad. 
Conocemos su necesidad, pero también sus peligros. 
El éxito depende precisamente del cambio de conjunto en un sistema rígido y peligroso; en un sistema intercomunicante entre sistemas formativos, escuelas y empresas, puede ser, en cambio, una nueva oportunidad. 
Concordamos también sobre los objetivos. 
Respecto del marco general, dichos objetivos nos parecen estratégicos, al menos para desencadenar ciertos cambios: de la nueva relación escuela/empresa al conocimiento de las lenguas, pasando por la formación considerada como una de las grandes inversiones. 
Se ha hecho a dicho Libro la crítica de que no se ocupa bastante del crecimiento social y humano. 
No comparto esa crítica, porque me parece que no sólo se contribuye al crecimiento social y humano, sino que, además, se lo valoriza, entre otras cosas como competencia preciosa para el propio curriculum con vistas al trabajo; de lo contrario, no se explicaría que ese Libro conceda espacio también al experimento del voluntariado europeo. 
Señor Presidente, Señorías, también yo quisiera aplaudir la iniciativa de la Comisión por el Libro Blanco sobre la educación y la formación y agradecer de verdad a la ponente su excelente trabajo, que ha contribuido a mejorar el propio Libro Blanco. 
Quisiera abordar dos aspectos: el primero es la muy estrecha vinculación que pone de relieve la ponente entre la formación y uno de los imperativos que ha de afrontar nuestra sociedad, es decir, la mundialización de la economía. 
El proceso de mundialización, por un lado, pone en marcha un importantísimo cambio del trabajo, crea problemas de adaptación a nuevas condiciones sociales y económicas, pero, por otro, puede representar una gran oportunidad, si va acompañado de una gran inversión en formación. 
Formación de los jóvenes como necesidad de ampliar la base de los conocimientos, formación como aprendizaje de las lenguas extranjeras, como acercamiento entre escuelas y empresa, pero también formación como nueva preparación de los adultos para readaptarlos al cambio. 
En una palabra, la formación es la clave de bóveda que, si se incrementa y renueva, estará en condiciones de utilizar como una oportunidad los cambios y las innovaciones en curso. 
Por ese motivo, comparto las observaciones de la ponente y su llamamiento a la Autoridad Presupuestaria para que también en el nivel europeo, además de en los Estados miembros, se pongan más recursos a disposición de la formación básica a lo largo de toda la vida y de la investigación. 
La segunda cuestión se refiere a las mujeres. 
Es cierto que en estos años se ha registrado un fuerte aumento de la escolarización femenina, pero aún existe una fortísima segregación profesional, sobre todo en algunos sectores; es, pues, necesario emprender acciones concretas para estimular el acceso de los jóvenes y de las mujeres a la educación y a la formación, sobre todo en las materias científicas y técnicas. 
Señor Presidente, muchos estudios demuestran, y por tanto no hace falta que lo discutamos, que la educación y la formación contribuyen de manera decisiva a combatir el desempleo, a generar empleo y a fomentar la competitividad de la economía. 
En consecuencia, creo que lo que se debe buscar es el modo de combinar la formación general con el fomento de los conocimientos profesionales, creando un sistema educativo cuyo objetivo sea enseñar a las personas a que aprendan ahora y en el futuro. 
Con estas reflexiones, y en el marco del informe que nos ocupa, quisiera comentar varias cuestiones. 
Primero, no debemos olvidar que la herramienta de la que disponemos en la Unión Europea para ejercer esta política es el Fondo Social Europeo. 
En este contexto, hay mucho que hacer para mejorar la eficacia, en primer lugar, y la transparencia, en segundo lugar, de la acción, repito, del Fondo Social Europeo. 
Segundo, debemos centrar nuestros esfuerzos en afrontar las repercusiones de la sociedad de la información, que ya se configura y que tenemos a la vista; no debe ser una sociedad elitista, sino una sociedad que abarque a todos. 
Tercero, debemos hacer especial hincapié en el ámbito de las lenguas extranjeras, más aún ante la perspectiva del mercado único europeo. 
Cuarto, debemos aumentar los presupuestos asignados a los programas Leonardo y Sócrates, que son programas con un valor europeo añadido en el ámbito de la educación y la formación. 
Quinto, quisiera referirme al Cedefop, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. 
Considero que las exigencias y los cambios en el ámbito de la formación profesional corroboran la necesidad de la existencia de este Centro, al mismo tiempo que ponen de relieve la necesidad de apoyar y dar dinamismo a este Centro que, dicho sea de paso, tiene su sede en mi país, en Grecia. 
Señor Presidente, doy las gracias a las diversas comisiones y, en particular, a los ponentes, Sra. Waddington, Sra. Hawlicek y Sr. Trakatellis. 
Al presentar su Libro Blanco, la Comisión se proponía ofrecer una contribución al debate sobre el futuro de nuestra sociedad, en particular por lo que se refiere al papel de la educación y la formación frente a los actuales cambios sociales, con atención particular a las modalidades para aliviar el drama del desempleo. 
Es evidente que este debate está íntimamente vinculado con la elección de un modelo de sociedad para Europa. 
Se trata de proponer a los ciudadanos europeos valores y objetivos comunes, en particular el desarrollo de la educación y la formación a lo largo de toda la vida. 
Desde el momento de la presentación del Libro Blanco, el concepto de sociedad cognitiva ha adquirido un papel particular de referencia para la reflexión. 
En la opinión de la Comisión de Cultura, propuesta por la Sra. Hawlicek, se ha subrayado ese aspecto al recoger varias propuestas del Libro Blanco: el aumento del nivel de la cultura general, el desarrollo de la creatividad y del espíritu crítico, el conocimiento de las lenguas. 
Los tres grandes factores de cambio puestos de relieve por el Libro Blanco- la mundialización, la sociedad de la información, la revolución científica y tecnológica- no se han puesto en entredicho fundamentalmente. 
Constituyen una referencia cada vez más aceptada para examinar esas cuestiones educativas. 
No era así, en el fondo, hasta hace poco. 
No obstante, el informe del Parlamento y numerosas otras tomas de posición subrayan que esos tres factores son demasiado limitados y que es necesario en particular examinar otros dos factores, cuyas repercusiones había subvalorado un poco el Libro Blanco: en primer lugar, las evoluciones demográficas. 
El informe del Parlamento, como el de la Confederación Europea de Sindicatos, subraya ese aspecto. 
Con demasiada frecuencia se minimiza la evolución de la pirámide de las edades de la población activa europea. 
Está claro, en particular, que esas evoluciones contribuyen al fortísimo desarrollo de las necesidades de formación de los trabajadores adultos y que no se debe reducir el debate sólo a los jóvenes. 
En ese plano conviene recordar que la Comisión presentará próximamente al Consejo y al Parlamento el primer informe europeo sobre el acceso a la formación permanente en la Unión, que sigue la recomendación del Consejo de 1993 sobre este tema, además de las orientaciones a fin de proseguir respecto de esta cuestión prioritaria para la política de formación profesional de la Comunidad. 
El otro aspecto, que ha sido objeto de reservas e incluso de críticas, se refiere al papel de los participantes, de los protagonistas y, en primer lugar, de los interlocutores sociales. 
Los diversos participantes representativos del mundo económico y del trabajo tienen un papel insubstituible. 
La Sra. Boogerd-Quaak y el Sr. Lindqvist han propuesto adiciones en ese sentido. 
Desde ese punto de vista, el informe del Parlamento critica la ausencia de análisis de los sistemas de los Estados miembros en el Libro Blanco, en particular según el Sr. Menrad. 
A ese respecto, conviene recordar que el fin del Libro Blanco era el de iniciar un debate más profundo sobre la evolución de las sociedades y no sólo de los sistemas educativos y que, por otra parte, el programa de trabajo de la Comisión establece la presentación de un número importante de documentos sobre los sistemas: cifras fundamentales sobre la educación y, por primera vez, sobre la formación profesional, informe sobre la formación permanente, informes intermedios SOCRATES y LEONARDO DA VINCI. 
Hay que dar respuestas concretas a dos preocupaciones que el proyecto de informe del Parlamento ha considerado esenciales, tanto durante los debates de la Comisión de Educación y Cultura como durante los debates de la Comisión de Asuntos Sociales: los medios financieros. 
En efecto, el informe del Parlamento insiste con energía en la necesidad de adaptar los medios financieros a los objetivos del Libro Blanco y a la realización de la sociedad cognitiva. 
Hay que recordar que el Libro Blanco ha propuesto que se lleven a cabo toda una serie de experimentos, que hemos iniciado en el marco de los programas de acción existentes- SOCRATES y LEONARDO DA VINCI- y de los recursos financieros que ya se habían destinado a esos dos programas: se han puesto financiaciones complementarias a disposición en particular de las escuelas de segunda oportunidad con cargo a los Fondos estructurales; la Comisión está estudiando una propuesta de decisión sobre la financiación del programa SOCRATES para los dos próximos años. 
Contamos mucho con el apoyo del Parlamento. 
¿Cuáles son las intenciones de la Comisión para el seguimiento? 
La Comisión debería presentar, antes del verano, al Consejo y al Parlamento una comunicación que exponga los resultados de los diversos debates que se han celebrado en los niveles local, nacional y comunitario en el ámbito de las diversas instituciones comunitarias, en las instancias económicas y sociales y con los expertos. 
El informe tendrá en cuenta en particular las indicaciones hechas en las conferencias temáticas, organizadas por la Comisión, sobre los cinco objetivos del Libro Blanco y de las enseñanzas obtenidas de la realización de los propios objetivos. 
Dicha comunicación no se limitará a enseñanzas de carácter general, sino que expondrá, objetivo por objetivo, las dificultades encontradas y las enseñanzas obtenidas. 
El calendario fijado por las decisiones del Consejo que instituyeron los programas SOCRATES y LEONARDO DA VINCI es favorable. 
Para cada uno de los programas la Comisión debería presentar en 1997 un informe de evaluación intermedia y, durante el primer semestre de 1998, las propuestas para la prosecución de los programas después de su expiración en 1999. 
En el informe de evaluación sobre la realización de los objetivos del Libro Blanco, la Comisión expondrá algunas orientaciones en cuanto a una aplicación más generalizada de los propios objetivos. 
Dicho informe y los de evaluación intermedia permitirán, tanto al Consejo como al Parlamento, celebrar un primer debate de orientación entre el final de 1997 y el comienzo de 1998. 
De ese modo, las propuestas de revisión de los programas SOCRATES y LEONARDO DA VINCI, que se presentarán al Colegio de Comisarios hacia el final del primer semestre de 1998, podrán obtener provecho enteramente de dichos debates de orientación. 
A ese respecto, compartimos el interés del Parlamento por una acción particular con vistas a promover el aprendizaje, sin que se formule en esta fase el instrumento de acción. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Limitación del uso de aviones 
Señor Presidente, en la Directiva 92/14 se determina que, a partir del 1 de abril del año 2002, ya no podrán explotarse los llamados aviones del capítulo 2 en los aeropuertos de la Unión, debido a las grandes emisiones sonoras que provocan. 
Además, en la directiva se prohíbe la utilización de aviones del capítulo 2 fabricados hace más de 25 años y equipados con un tipo de motor con una relación de derivación inferior a dos. 
Sólo otorga una exención en relación con esta prohibición a los países en vías de desarrollo. 
La propuesta de la Comisión para modificar esta directiva pretende en primer lugar ampliar la lista de excepciones. 
Esto es necesario porque, con la entrada en vigor de la directiva en 1992, algunos países en vías de desarrollo no inscribieron algunos aviones y además ha aumentado el número de aviones del capítulo 2 fabricados hace más de 25 años. 
La Comisión de Transportes está de acuerdo, siempre y cuando se trate realmente de países en vías de desarrollo, como por ejemplo Líbano y Swazilandia, pero ya no lo está tanto con incluir en ella a países como Arabia Saudí. Este país aparece sin duda en la lista de la OCDE de países en vías desarrollo, pero pertenece a una categoría de ingresos calificada de alta. 
La Comisión de Transportes, por vía de enmienda, propone limitar la definición de países en vías de desarrollo, de forma que las excepciones sólo favorezcan a los países pobres contemplados en la normativa. 
Un detalle destacado es que, además, los aviones de Arabia Saudí que solicitan una exención son aviones particulares. 
Un segundo cambio tiene que ver con la limitación del uso de los aviones del capítulo 2. 
Apoyamos las propuestas de la Comisión de concentrar el transporte con aviones del capítulo 2 en determinados aeropuertos agrupados en un sistema aeroportuario. 
Sin embargo, la Comisión de Transportes quiere ir más lejos, dando la posibilidad a los Estados miembros de limitar el acceso de los aviones más ruidosos. 
Debido al fuerte crecimiento del tráfico aéreo y las estrictas exigencias en materia de emisiones sonoras que se aplican a los aeropuertos, es preciso manejar el espacio sonoro disponible de forma cada vez más económica. 
Así, en el aeropuerto de Schiphol, el despegue y el aterrizaje de un avión del capítulo 2 ocupa el «espacio sonoro» de, por lo menos, 5 aviones comparables del capítulo 3. En horas nocturnas hay incluso una relación de uno a diez. 
Debido a la carga que suponen los aviones del capítulo 2 para la limitada capacidad, los Estados miembros han de poder restringir el acceso de aviones del capítulo 2 a los aeropuertos. 
Estamos de acuerdo con la mayoría de las demás modificaciones de la Comisión. 
Una de las modificaciones imposibilita con razón el llamado «sub-leasing» de aviones del capítulo 2 procedentes de un país en vías de desarrollo a compañías de otro país. 
Las exenciones tan sólo son válidas en el país en vías de desarrollo al que se han concedido. 
La Comisión de Transportes ha dado un carácter más estricto a esta disposición. 
Por último, dado que se trata de reducir al máximo el uso de aviones del capítulo 2 hasta el año 2002, proponemos que haya que consultar al Consejo y al Parlamento si se desea ampliar la lista de exenciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, la modificación de la Directiva 92/14 forma parte del esfuerzo por lograr una mayor armonía entre el tráfico aéreo y el medio ambiente. 
Parece lógico que, aun respetando los factores medioambientales, la viabilidad técnica y las consecuencias económicas conduzcan a excepciones. Pero hay que velar porque estos regímenes excepcionales no den lugar a ningún abuso. 
Por ello, el Grupo del Partido Popular Europeo da la bienvenida a la propuesta de la Comisión y a todas las propuestas de modificación del ponente porque, entre otras cosas, arrojan claridad sobre conceptos como los de compañía aérea o licencia de explotación, que hasta ahora se prestaban a equívocos. 
También estamos de acuerdo con la supresión de los aviones de Arabia Saudí. 
Con independencia de que el espíritu de la directiva es que los regímenes excepcionales no den lugar a un aumento incesante del número, en este caso hay que señalar que es difícil armonizar el concepto de «país en vías de desarrollo» de la excepción con estos propietarios privados. 
El Grupo del Partido Popular Europeo también se alegra de que se hayan aclarado explícitamente los términos «arrendamiento» y «subarrendamiento» y de que, consecuentemente, se pueda poner fin a estas prácticas. 
La introducción de un comité simplifica el procedimiento, pero concedemos importancia a que esto suceda sólo con las supresiones. Para nuevas admisiones en el régimen excepcional se debe seguir consultando al Consejo y al Parlamento. 
Por todo ello, el Grupo del Partido Popular Europeo votará a favor de este informe y de todas las modificaciones y espera que la Comisión y el Consejo las acepten, porque a nuestros ojos se inspiran en el mismo espíritu que la directiva, esto es, un sano compromiso entre la protección del medio ambiente, en este caso protección contra la contaminación acústica, la viabilidad tecnológica y las consecuencias económicas para los verdaderos países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, profesor Monti, a usted como responsable del mercado interior le hago la siguiente pregunta de forma directa y sin rodeos. 
Las compañías aéreas de la Comunidad con derechos fijos que transportan pasajeros de la Comunidad han de dejar sitio en los aeropuertos de la Unión, protegidos por las normas ambientales y sujetos a restricciones en materia de emisiones sonoras, debido a dos aspectos impuestos por la Comisión. 
En primer lugar: acceso de terceros países, los llamados países en vías de desarrollo; me remito a lo que han dicho los dos oradores anteriores. 
En segundo lugar: las compañías nuevas que acceden a los aeropuertos van en detrimento de las compañías establecidas, porque usted quiere mantener abierto el mercado y no quiere que los slots sigan estando reservados a las compañías que existen desde hace tiempo y que han adaptado sus aviones y realizado fuertes inversiones de importes muy elevados. 
Luego viene una compañía nueva que no ha adaptado nada, que tiene un avión de la categoría 2 y usted considera que ha de tener acceso a ese espacio sonoro limitado. 
¿Considera usted que esto es un mercado común con un level playing field? 
Esa es la pregunta que le formulo directamente. 
Señor Presidente, el informe que debatimos gira en torno a los posibles métodos de disminuir las emisiones sonoras causadas por los aviones. 
En muchos aspectos la propuesta presentada por la Comisión es excelente, pero es importante que se complete con las enmiendas sugeridas por la Comisión de Transporte y Turismo, y que, entre otras cosas, dan a los países miembros el derecho de limitar aún más el acceso a los tipos más ruidosos de aviones y de ir más lejos en relación con la posibilidad de prohibir directamente la utilización de los aviones que no cumplan con las normas establecidas en el anexo. 
Supongo que la Comisión no tendrá objeciones a que se proceda de este modo. 
Creo que es muy importante y conveniente que se sigan impulsando los trabajos para la disminución de las emisiones sonoras de los aviones. 
También es vital que se inviertan más recursos en los trabajos de investigación y desarrollo en este ámbito. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la razón de mi intervención en este debate estriba principalmente en el problema de un aeropuerto de cierta región, que constituye una perfecta ilustración del debate de hoy. 
Oostende es desde hace algunos años un refugio para los aviones del capítulo 2 procedentes entre otros de Egipto, Nigeria, Zaire y para los ruidosos y viejos aviones de compañías como la African International. 
He mostrado las listas de exenciones, contempladas en el anexo 1 de la directiva 9214, así como el anexo revisado de acuerdo con la nueva propuesta de la Comisión, a los vecinos de este aeropuerto que se han agrupado para luchar contra las noches insomnes y por un entorno normal. Me confirmaron que en realidad en Oostende vuelan muchos más aviones del capítulo 2 procedentes de países en vías de desarrollo que lo que mencionan los respectivos anexos. 
Por consiguiente, algo falla en el cumplimiento de estas directivas, señor Comisario. 
Aunque la competencia es de los Estados miembros, espero que la Comisión pueda dar un toque de atención a los Estados miembros que no cumplen las reglas. 
Señor Presidente, desearía señalar que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya, por supuesto, las propuestas del Sr. van der Waal. 
Creo que, en este tipo de problemas, hay que ver siempre el lado del bien colectivo, de la defensa de las colectividades locales y de la defensa de los intereses del ciudadano. 
Y, a veces, se produce la contradicción entre el interés económico, la posibilidad de cada cual de poder utilizar efectivamente este modo de transporte, y el interés de los habitantes que viven cerca de los aeropuertos. 
Hay que superar las contradicciones de este tipo por medio de las legislaciones democráticamente aprobadas. 
Hace un momento, hablábamos del problema del aeropuerto de Ostende. 
Podría estar contándoles durante horas la saga del aeropuerto de Zaventem. 
En varias ocasiones, los habitantes presentaron denuncia contra las consecuencias del ruido ambiental, especialmente, de los vuelos nocturnos que perturbaban su sueño. 
Ha habido varias sentencias. Éstas no siempre han tenido el resultado deseado por los demandantes. 
Hay ahí un problema de aplicación de las legislaciones por parte del Estado belga, y un problema también de evaluación del ruido ambiental y de las perturbaciones que suponen para los habitantes. 
Terminaré con una pregunta al Comisario: ¿cómo se puede defender aquí la idea de derogación para los aviones privados? 
Creo que aquí se presenta un auténtico problema para varios aeropuertos, en particular, el de Bruselas. 
No comprendemos este paso. 
Otras compañías u otros aviones deben respetar una serie de límites. 
No estaría bien que, con el pretexto de nuevos beneficios económicos, algunas compañías se rijan por normas diferentes. 
Terminaré diciendo que, en Zaventem y de manera más general, en Bruselas, esperamos soluciones y que la Comisión nos escuche. 
Señor Presidente, deseo ante todo agradecer al Parlamento la inclusión del expediente sobre los aviones ruidosos en el orden del día de esta sesión y felicitar a la Comisión de Transportes y Turismo y a su ponente, Sr. van der Waal, por haber elaborado el informe en tan poco tiempo. 
Sé perfectamente que el problema de las emisiones sonoras de los aviones constituye una notable preocupación para el Parlamento Europeo. 
A ese respecto podríamos formularnos algunas preguntas sobre el contenido de la propuesta de la Comisión que modifica una directiva en vigor sobre la retirada gradual de los tipos de aviones más ruidosos. 
En efecto, puede parecer contradictorio advertir en la modificación de la directiva sobre la limitación de la utilización de los aviones ruidosos un aumento del numero de los aviones de países en desarrollo que disfrutan de una exención. 
Pero ese fenómeno tiene una explicación lógica. 
En el momento de la aprobación de la Directiva 92/14/CEE del Consejo relativa a la retirada gradual de los aviones más ruidosos- los llamados aviones del capítulo 2- se consideraba que se debía tener en cuenta la difícil situación económica de las empresas aéreas establecidas en los países en vías de desarrollo. 
Por eso, en la Directiva se concretaron las condiciones en las que los aviones inscritos en los registros de países en vías de desarrollo y gestionados por empresas aéreas de dichos países pueden disfrutar de una exención de la aplicación de las disposiciones relativas a la retirada del servicio hasta el plazo final del 31 de marzo de 2002. 
Al mismo tiempo, en la Directiva se indicaron en el anexo los aviones particulares de los países en vías de desarrollo que pueden disfrutar de dicha exención; no obstante, en el momento de la aprobación de la Directiva 92/14/CEE, no se habían notificado a la Comisión algunos aviones de dichos países, por lo que no fueron inscritos en los registros. 
Por tanto, el objetivo principal de la presente propuesta de la Comisión es el de actualizar la lista de los aviones que figura en el anexo de la directiva con el fin de evitar una incertidumbre jurídica relativa a la situación de los aviones de los países en vías de desarrollo. 
No obstante, en el ámbito de las iniciativas encaminadas a garantizar una interpretación uniforme y más rigurosa de la directiva vigente dentro de la Comunidad, la Comisión ha decidido introducir algunas definiciones y modificaciones de la redacción. 
La aplicación de las disposiciones modificadas debería determinar un planteamiento más riguroso de las solicitudes de exención presentadas por las empresas aéreas y volver, por tanto, más eficaz el efecto de la Directiva 92/14/CEE por lo que se refiere a la reducción de las emisiones sonoras en torno a los aeropuertos. 
Por último, la Comisión ha considerado oportuno permitir a los Estados miembros concentrar el tráfico de los tipos de aviones más ruidosos cerca del aeropuerto menos sensible a las emisiones sonoras de entre los que formen parte de un determinado sistema aeroportuario. 
Dicha disposición no prejuzgará el planteamiento equilibrado adoptado con la Directiva 92/14/CEE, en el que se han tenido debidamente en cuenta consideraciones técnicas, económicas y medioambientales. 
El Sr. Wijsenbeek ha tenido la gentileza de dirigirme una pregunta relativa específicamente a una de las competencias del Comisario responsable del Mercado Interior, a diferencia de las otras competencias que esta noche represento aquí. 
En respuesta a su pregunta, debo decir que sólo pueden incluirse a la lista los aviones que ya estén en servicio. 
No se trata, por tanto, de nuevas admisiones, sino de aquellos casos que no fueron incluidos en la directiva original porque no habían sido notificados. 
Estos nuevos ingresos cumplen todos los criterios que define la directiva. 
Su inclusión es, por tanto, una mera rectificación técnica. 
(IT) En el examen de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Transportes y Turismo considero importante mantener dicho planteamiento equilibrado al que antes me he referido. 
Por lo que se refiere a los aviones de los países en vías de desarrollo es esencial hacer que el texto sea lo más riguroso posible a fin de prevenir abusos de las exenciones a favor de aviones actualmente gestionados por empresas aéreas establecidas en algunos países en vías de desarrollo. Por tanto, me complace afirmar que la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 
En cambio, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 1, 2 y 6, porque serían contrarias al planteamiento equilibrado adoptado con la directiva, ni las enmiendas núms. 
4 y 8, porque obligarían a la Comisión a proponer otra directiva modificativa para incluir en el anexo un número limitado de aviones de países en vías de desarrollo que podrían disfrutar de una exención en el año 2000, ni las enmiendas núms. 5 y 9, porque Arabia Saudita está comprendida en la lista oficial internacional de los países en vías de desarrollo y sus aviones indicados en el anexo respetan los criterios mencionados en el artículo 3 de la directiva en la versión modificada por la presente directiva. 
Las enmiendas aceptadas permitirán a la Comisión reforzar las disposiciones relativas a los países en vías de desarrollo manteniendo entretanto el equilibrio global. 
Deseo dar las gracias de nuevo al Sr. van der Waal y a la Comisión de Transportes y disculparme ante usted, señor Presidente, por que la complejidad del asunto me haya requerido más tiempo del que se me había asignado. 
Señor Presidente, he escuchado con suma atención al Comisario, pero no he oído la respuesta a la pregunta del ponente, concretamente: ¿Existe la posibilidad para los aeropuertos o Estados miembros de excluir a los ruidosos aviones de la categoría 2 si tienen dificultades para mantenerse dentro de la norma sonora? 
Se trata por supuesto de una pregunta que nos formulan siempre nuestros ciudadanos. 
Si el Comisario no es capaz de responder ahora a esta pregunta, quizás pueda darnos más adelante una respuesta por escrito. 
Señor Cornelissen, no es exactamente una cuestión de orden, sino una petición a la que el Comisario podrá responder, pero no sé si ahora precisamente. 
Señor Presidente, creo poder responder refiriéndome al planteamiento de la armonización global. 
Tres enmiendas- las núms. 1, 2 y 6- tienen el objetivo de permitir a los Estados miembros introducir limitaciones a la actividad de los aviones del capítulo 2 en aeropuertos particulares. 
Puede que los diputados al Parlamento no sepan que dichas limitaciones deben ajustarse al procedimiento y a las condiciones establecidas por el Reglamento (CEE) nº 2408/92 del Consejo sobre el acceso al mercado. 
Como la Directiva 92/14/CEE tiene como objetivo una armonización global, habida cuenta de la incidencia técnica, económica y medioambiental, no se permite a los Estados miembros imponer normas más restrictivas, como, por ejemplo, una prohibición absoluta de actividad de un avión del capítulo 2 antes de que haya llegado a la edad de 25 años. 
No obstante, exceptuadas las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 2408/92 del Consejo sobre el acceso al mercado, cuando subsistan graves problemas de carácter medioambiental, los Estados miembros podrán imponer limitaciones a la actividad- no prohibición absoluta de actividad, por tanto, sino limitaciones a la actividad -, como, por ejemplo, un toque de queda nocturno para los aviones del capítulo 2, siempre que no tengan como consecuencia una prohibición absoluta de utilizarlos. 
Además, los Estados miembros pueden imponer tasas de aterrizaje más elevadas a los aviones más ruidosos. 
Gracias, señor Monti. 
Declaro cerrado el período de sesiones 1996-1997 del Parlamento Europeo. Conforme a las disposiciones del Tratado, el Parlamento volverá a reunirse mañana, 11 de marzo de 1997, a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.20 horas) 
Declaro abierto el período de sesiones 1997-1998 del Parlamento Europeo. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, desearía dejar constancia de que estuve presente ayer. 
No figuro en la lista de presencia. 
Probablemente, omití firmar la hoja, pero participé en la votación nominal, lo que podrá usted comprobar. 
Señor Presidente, el Sr. Pasty no figura en la lista de presencia por la misma razón por la que yo no figuro y por la que hoy no figuran al menos cincuenta personas. 
He descubierto, además, que yo figuro con un nombre distinto: Mayera Ortega. 
Pero esto se refiere a la mayor parte de los diputados. 
Por ejemplo, mi buen amigo Falconer figura como Falconero; mi compañera de partido Dührkop Dührkop figura como Donnerp Dührkop. 
El Presidente del Parlamento ha nacido medio desfigurado porque en vez de Gil-Robles figura como Gil-Roblee. 
La Sra. Bennasar Tous figura como Bazinrsar Tous, y el Sr. Cohn-Bendit figura como CoatesBendit. 
Me da la impresión, señor Presidente, de que algún virus malvado se ha deslizado en la lista de presencia de ayer. 
Señor Presidente, ahora resulta que me llamo «Marcet s». 
Señor Presidente, se trata simplemente de que no encuentro mi nombre por ningún sitio, a pesar de que firmé la lista de asistencia. 
Creo que todos harían bien en comprobar si sus nombres aparecen en la lista. 
Señor Presidente, sencillamente, al contrario que el Sr. Pottering, no figuro, y sin embargo, estoy absolutamente segura de haber firmado y de haber participado en el debate. 
Señor Presidente, mi nombre no se ha visto deformado por la simple razón que no aparece en el acta, cuando no me desdoblé y estaba seguro de que estuve allí ayer. 
Señor Presidente, yo también estuve presente y no figuro en la lista. 
Señor Presidente, por lo que a mí respecta, han hecho una clonación entre las Sras. 
Guigou y Guinebertière, y por lo tanto, ella debe tener la parte superior y yo la inferior. 
Señor Presidente, mi nombre también figura registrado. 
Yo me apellido Theato, pero tampoco asistí. 
Solicito que se quite mi nombre. 
Señor Presidente, no sólo estuve presente, sino que tengo la seguridad de que firmé, y tampoco figuro en la lista de presencia. 
Señor Presidente, quiero hacer solamente una propuesta. 
Una vez que se ha armado aquí tal embrollo, sería mejor que por primera vez declarásemos que todos los diputados estaban presentes. 
De esta manera todo estaría en orden. 
Señor Presidente, quisiera empezar con buenas noticias. 
Mi nombre está escrito correctamente. Sin embargo, en el punto 15, donde se habla de la sociedad de la información, figura mi nombre, pero el ponente era el Sr. Wim van Velzen. 
Señor Presidente, no figuro en la lista de asistencia, en cambio sí figuro en la lista de votación nominal. 
La lista de voto del día de ayer está correcta y los nombres figuran con corrección. 
Por lo tanto, se puede subsanar fácilmente con la lista de voto. 
Señor Presidente, estuve presente. 
Firmé la lista de asistencia y participé en la votación nominal, pero mi nombre no aparece. 
Señorías, tomo nota de este problema, que muchos diputados coinciden en señalar. 
Mandaremos hacer una segunda edición revisada de la lista de asistencia de ayer, para solucionar todos los problemas. 
Hay que tener en cuenta que es la primera vez que se aplica el nuevo programa de ordenadores. 
Ya veremos cómo funciona, cuando empiece realmente a funcionar. 
(EL Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, tengo que informar a esta Asamblea que dicha comisión ha decidido votar en contra de esta urgencia, es decir, no acepta la urgencia pedida por el Consejo, ya que considera que las razones aducidas por el Consejo no están en absoluto justificadas. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, la comisión está a favor de la urgencia y ayer ya dictaminó que el asunto puede ser debatido en el Pleno. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Clonación de los animales y de los seres humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión relativa a la clonación de los animales y de los seres humanos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, sin duda, » Dolly» hubiera proporcionado un bello tema de novela a Robert Louis Stevenson, H.G. Wells o Aldous Huxley, y nuestros compañeros del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo lo recuerdan con talento y ese sentido de la puesta en escena que les caracteriza hoy. 
La clonación alimenta estas especulaciones irracionales que tienden a penetrar y a veces envenenar nuestros debates en el momento en que abordamos los problemas de bioética. 
Como responsables políticos, tenemos el deber de mantener la cabeza fría, asumir y acotar el riesgo científico, sin el cual, ningún progreso de la humanidad sería posible, preconizando en un primer tiempo- ya habrá otras reacciones después, no lo pongo en duda- algunos principios básicos y algunas medidas elementales de precaución. 
Mi grupo preconiza la afirmación clara de la prohibición de cualquier clonación en seres humanos. 
Además, observo que vamos más lejos en el informe Rothley al proponer la prohibición de patentar cualquier intervención relativa a las células genéticas germinales, lo que va más allá de la clonación propiamente dicha. 
Por lo tanto, nos unimos a las reflexiones de la Comisión en este punto. 
Afirmamos claramente los principios de la dignidad y la integridad del cuerpo humano y debemos reafirmarlos aquí esta semana. 
Pensamos que es necesario transformar el grupo de consejeros de bioética cuyo trabajo recordaba hace un instante la Sra. Cresson, y al que rindo homenaje, en un verdadero Comité de ética de la Unión Europea para aportar luz a las opciones de los responsables políticos sin sustituirles. 
No es cosa fácil porque la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras culturas es manifiesta en cuanto abordamos los problemas de bioética; sin embargo, se trata de un avance necesario. 
La Sra. Cresson ha citado el problema de la moratoria que no se plantea para las intervenciones en el cuerpo humano para lo que hay que aplicar la prohibición inmediata. 
Por lo que respecta a la investigación animal, una moratoria limitada en el primer tiempo sería tal vez una solución. 
Por último, la transparencia y la eficacia de la información nos parecen necesarias para garantizar la serenidad del debate, para evitar perturbaciones y bloqueos que pudieran ser perjudiciales para el futuro de la humanidad. 
Señor Presidente, he apreciado la intervención de la Sra. Cresson y estoy de acuerdo con el Sr. Cot. 
En realidad, en esta delicadísima materia hay que hacer una clara distinción entre la clonación del hombre y la del animal y, en general, de las plantas. 
Evidentemente, también la clonación en este segundo ámbito plantea problemas, pero se trata de problemas distintos. 
Por lo que se refiere al hombre, creo que se debe establecer la prohibición de clonación de forma absoluta y eso no es una novedad, dado que el Parlamento Europeo ya lo declaró el 22 de noviembre de 1993, lo declaramos también nosotros en 1989 y existe ya en algunas leyes de nuestros Estados; a ese respecto conviene recordar también que todas las comisiones de investigación creadas por los gobiernos y parlamentos de nuestros países- la comisión Warnock, la comisión Benda, la comisión Santosuosso, la comisión Palacio- han recomendado que se establezca una prohibición de la clonación del hombre por razones evidentes: es necesario que haya una garantía para la especie humana, que no se cree el riesgo de menoscabar el principio de igualdad- en efecto, mediante la clonación los poseedores de un poder político y económico en condiciones de manipular la especie humana podrían aplicar una discriminación al hombre -, pero es necesario sobre todo, con referencia al hombre, evitar los riesgos para la persona en cuanto ser caracterizado por un núcleo esencial de libertad e individualidad. 
La libertad, como observa perfectamente el Sr. Rothley en su informe de 1989, es también imposibilidad de tener un futuro conocido y determinado. 
La libertad es también eso, aunque pueda parecer un concepto misterioso, pero, ¡es así! 
Creo que el respeto de la persona humana como tal exige un «no» claro. 
Creo que el Parlamento debe reiterar ese «no» , creo que se debe apoyar a la Comisión en esa intención. 
La Comisión ha dicho que es necesario ir más lejos incluso; ahora bien, me permito ir aún más lejos, al repetir aquí cosas que el Parlamento Europeo ya pidió recientemente en una decisión dirigida al Consejo de Europa el pasado mes de septiembre: » no» a la clonación, pero también a la experimentación con el hombre incluso en la fase embrionaria, ¡dado que con ella comienza la clonación! 
En nombre de la dignidad humana y del respeto de la especie y del principio de igualdad, debemos decir «no». 
Me alegraría mucho que fuéramos muchos los que pronunciásemos ese «no». 
También para el mundo vegetal y animal se plantean problemas de protección de la diversidad biológica y de garantía del medio ambiente. 
Está claro que la investigación, en la medida en que va dirigida no al scoop periodístico, sino a la mejora de las condiciones del hombre- pensamos en todas las investigaciones sobre los fármacos -, no se puede detener. 
No debemos estar contra la ciencia. 
Al contrario, debemos ser más cautos y exigir reglas que disciplinen esta materia, reglas que sean rígidas y sobre todo controlables, porque en este ámbito el problema fundamental es el del control. 
Por todas estas razones hago votos por que el Parlamento incluya ya ahora mismo en un documento las cosas que he dicho y que concuerdan con lo que ha dicho el Sr. Cot, es decir, que la Comisión promueva también un acuerdo en el nivel internacional a fin de que no sólo en Europa, sino también en el mundo quede claro que la persona humana es intangible y que todo lo que se manipula en la naturaleza está al servicio de la persona humana. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, un clon es un conjunto de células, nacidas todas de una misma célula parental; su carga genética es rigurosamente idéntica y les confiere la misma apariencia. 
En los vegetales, la reproducción por clonación es un proceso natural. 
En el animal y en el hombre, el verdadero gemelo- llamado homocigoto- nacido de la división del mismo huevo representa un clon natural. 
No hay nada de inquietante o chocante en todo esto. 
Pero, por el contrario, ¿estamos autorizados a fabricar artificialmente clones humanos que permitan reproducir idénticamente individuos por definición diferentes los unos de los otros, puesto que cada ser humano es único, por el hecho de aparear cargas genéticas de las dos células sexuales parentales? 
¿De dónde viene la conmoción de la que es presa nuestra sociedad occidental? 
Un equipo de investigadores acaba de lograr en Escocia una oveja clonada a partir de una única célula somática de una oveja adulta, parental, es decir, fuera de toda reproducción sexuada. 
La posibilidad de realizar, fuera de todo apareamiento de gametos parental es, un individuo rigurosamente idéntico al anterior atenta contra la biodiversidad y contra el azar propio del nacimiento que hace de cada uno de nosotros un ser único. 
Su aplicación al ser humano se hace posible y abre la vía a todas las desviaciones. 
Sin embargo, no hay que demonizar un método que puede aportar progresos a través del animal para la preparación de vacunas, de medicamentos útiles, incluso vitales para el ser humano. 
En los Estados Unidos, a pesar de las propuestas formuladas por los dirigientes políticos, algunos científicos vacilan en recomendar una moratoria. 
Es el caso del Profesor Harold Varmus, premio Nobel, director del NIH. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los científicos, por naturaleza, estarán siempre animados por la duda, pero el político, como legislador, advertido de las desviaciones del comportamiento humano debe dedicarse a acotarlas mejor. 
Aquí, en Europa, debemos recurrir a las instancias que se encargan de la bioética- Consejo de Europa, Unesco, Naciones Unidas- debemos afirmar la necesidad de prohibir toda clonación de un ser humano, ya sea directamente a partir de los núcleos de las células embrionarias, ya sea indirectamente mediante cualquier modalidad de reproducción asexuada, utilizando los ovocitos anucleados como vectores y los núcleos de las células somáticas como soporte de patrimonio genético. 
Por lo tanto, es importante prohibir la financiación de estas investigaciones en el ser humano. Ello implica que nos dotemos de las medidas de vigilancia necesarias para aplicar medidas disuasorias, y en particular penales, que puedan llegar a sanciones económicas. 
Éstas afectarían a los Estados vinculados a la Unión Europea que se introducirían por una vía sembrada de riesgos y de trampas. 
Señor Presidente, desde que la clonación de un inocente animalito se ha difundido en extremo, estamos inmersos en el simplismo más asombroso, como lo muestran además las máscaras- perfectamente desplazadas e incluso grotescas- que se han puesto algunos de nuestros compañeros, hace algunos minutos. 
Se hace referencia a los monstruosos experimentos de hace cincuenta años, sin constatar que no son los científicos descarriados los que hacen regímenes totalitarios, sino más bien a la inversa. 
Un Estado democrático tiene los medios de proteger a la sociedad contra los abusos en todos los ámbitos y de velar por el respeto de los derechos y libertades de los individuos, tanto en la investigación biotecnológica como en otras partes. 
Para nosotros, la investigación sobre los seres vivos es fuente de progreso. 
En el futuro, las enfermedades genéticas como la mucoviscidosis o la fenilcetonuria serán erradicadas. 
En el futuro, los transplantes de órganos de animales- en los que, además, la clonación podrá ser útil, permitirán paliar la insuficiencia del número de donantes de órganos. 
Frente a la muy rápida evolución de estas investigaciones, el Estado debe actuar esencialmente mediante la acotación y el control y no mediante el bloqueo de las investigaciones; control sobre las consecuencias de estas investigaciones sobre la salud, control sobre el respeto de la integridad del ser humano. 
En el ámbito nacional, los comités de ética científica y médica de cada centro de investigación constituyen una garantía. 
A escala internacional, lo hemos dicho, numerosos convenios, desde del Código de Nuremberg de 1946 hasta el Convenio Europeo de Bioética de 1996, han prohibido ya las manipulaciones inútiles y contrarias a la concepción que nos hacemos del ser humano, como la clonación, la implantación de un embrión humano en el útero de otra especie, o la operación inversa, etc... 
Bastaría con sistematizar estas prohibiciones, limitadas, además, y convertirlas en objeto de convenio internacional o de acuerdos con otros conjuntos como los Estados Unidos o Japón, países en los que la investigación genética está extremadamente avanzada. 
Señorías, en cuanto a las investigaciones que pueden presentar una faz negra pero que son portadoras de futuro para las mujeres y los hombres castigados por la enfermedad, en el umbral del tercer milenio, no cedamos ante los miedos irracionales del año mil. 
La grandeza del hombre reside no sólo en su voluntad perpetua de conocimiento del mundo que le rodea sino también de sí mismo. 
Señor Presidente, la clonación de la oveja Dolly abre la caja de Pandora. 
Lo que es prácticamente posible en un mamífero, lo será también pronto en las personas. 
Parece que se está haciendo realidad la pesadilla del ser humano como almacén de repuestos y como reserva de niños en el refrigerador. 
Con la clonación de los mamíferos estamos dando el primer paso hacia el hermoso nuevo mundo de Huxley. 
La clonación de los seres humanos sería un horror, una violación de la dignidad humana, un ataque a la individualidad y a la integridad del hombre. 
El ser humano ha sido degradado a ser un objeto, un material biológico. 
Es preciso evitar la catástrofe ética. 
Pero la ética no tiene por qué comenzar en la propia especie. 
También la clonación de animales es condenable. 
Se degrada a los animales a productos de masas, a cadenas de producción vivientes. 
Los animales vivos son convertidos en mercancías masivas, son tratados como máquinas y la crianza de animales masivos está recibiendo un nuevo impulso. 
Hoy estamos hablando todos de la ética y del peligro de la cría de seres humanos. 
Sin embargo, la especificidad y la singularidad de la vida no comienza en el ser humano. 
También Dolly, también los animales pertenecen a la vida. 
Todos somos unánimes en la demanda de una prohibición de la clonación de seres humanos. 
Pero, como Parlamento Europeo, ¿cuál es nuestra posición respecto de la clonación de animales? 
Tenemos que prohibir también la clonación de animales. 
No debemos acostumbrarnos a la peste y avisar sobre el cólera. 
La clonación de animales significa ya un corrimiento de la frontera ética. 
La clonación de los animales y de los seres humanos tiene que ser un tabú. 
Una solapada ruptura moral es también un paso hacia un futuro que nos llena de horror. 
Ya en 1993 tras el experimento de clonación de Jerry Hall con embriones humanos, el Parlamento Europeo pidió unánimemente una prohibición de la clonación. 
Sin embargo no ocurre nada. 
El discurso de la Comisaria y la posición de la Comisión de la UE son lamentables. 
Esta ha renunciado a acciones políticas totales. 
La Comisaria ha dicho hoy solamente que se está pensando en acometer acciones. 
Recursos de la UE siguen fluyendo directa o indirectamente a proyectos éticamente dudosos. 
Aunque la clonación viola el consenso ético fundamental de nuestra sociedad, la Comisión de la UE delega la cuestión de la clonación de los animales al grupo de asesores éticos. 
¡Un certificado de pobreza política y un fraude! 
El grupo de asesores tiene también de la Comisión el encargo de ocuparse de la aceptación de la tecnología genética. 
La sociedad debe poner límites éticos a la ciencia y no al contrario. 
El desplazamiento de la discusión ética hacia comisiones de ética que no están legitimadas democráticamente constituye sin más una píldora tranquilizadora para la opinión pública. 
Tampoco debemos callar, cuando se trate de la bases económicos. 
Prohibir la clonación y reconocer una patente sobre la clonación y sobre los seres vivos clonados es absurdo. 
Señor Presidente, en primer lugar, conviene saludar aquí el éxito de un trabajo técnico y científico de muy alto nivel. 
Saludar esta victoria es lo primero que hay que hacer. 
A continuación, hay que desconfiar un poco de las emociones que son muy naturales y totalmente aceptables, pero tal como las cultivan hoy los medios de comunicación, implican una forma de considerar dichos descubrimientos o hazañas con un espíritu que está más cercano a los dibujos animados. 
Además, acabamos de descubrir en esta sala que puede existir una secreta correspondencia entre clon y «clown». 
Por consiguiente, desconfiemos de nuestras propias emociones. 
En segundo lugar, pienso que es preciso reconocer que la clonación animal va a continuar. 
En efecto, habrá que encuadrarla, habrá que vigilarla, pero no puedo estar de acuerdo con aquellos de nuestros compañeros que dicen que así corremos el riesgo de transformar los animales en máquinas de producción. 
¡Es evidente que los animales son máquinas de producción! 
Producen carne, cuero, producirán proteínas y medicamentos para salvar a los hombres. 
Pienso que es la única visión humanista aceptable en esta materia. 
Las cosas son así y seguirán siéndolo. 
Ahora, lo que hay que hacer es prohibir de forma definitiva la clonación de los humanos, ni que decir tiene. 
Y habrá que poner defensas que no sean europeas sino mundiales. 
Corresponde a Naciones Unidas tomar decisiones en este asunto. 
Señor Presidente, estimados colegas, yo soy partidaria de que acometamos con más sosiego el tema e intentemos distinguir entre aquello en lo que somos unánimes, es decir, la clonación de seres humanos, y aquello en lo que aún no somos unánimes, es decir, la cuestión de cómo hemos de proceder con otras clonaciones en la naturaleza. 
Cuando he escuchado antes a la Comisaria, me ha sorprendido un tanto que haya hablado de un efecto sorpresa. 
Naturalmente, desde hace mucho tiempo podríamos saber ya que algún día nos encontraríamos ante esta situación. 
Esta es una señal clara de que no hay diálogo entre la política y la investigación. 
Sin embargo, debe haberlo en el futuro. Nuestra tarea, la suya, señora Cresson, y la nuestra como Parlamento Europeo es la de hablar con la investigación sobre lo siguiente: ¿qué queremos nosotros, qué objetivo tiene la investigación, cuál es la responsabilidad ética de la investigación en nuestra sociedad? 
Este es también el punto sobre el cual estamos hablando hoy. 
Por esta razón estoy convencida de que hemos de tener una moratoria mundial limitada respecto de la clonación de animales, y no porque no esté convencida de que la clonación de animales no vaya a producirse. 
La naturaleza lo hace por sí misma. 
La naturaleza se multiplica sin necesidad de actividad sexual y se clona a sí misma sin que intervengamos nosotros. 
Yo estoy convencida también de que la clonación es éticamente valiosa y de que puede ser muy importante para las personas, pero es preciso establecer los límites de lo experimentalmente adecuado. 
Es preciso establecer dónde hay una posible utilidad para las personas, dónde está lo ética y moralmente admisible para la sociedad. 
Nuestra tarea es la de establecer esto. 
Pero para ello no basta con una mesa redonda entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Para esto necesitamos una mesa redonda mundial a nivel de gobiernos. 
Por esta razón, señora Cresson, yo se lo pido, usted debe encargarse de que los gobiernos de Norteamérica, de Canadá y de Japón envíen representantes responsables que además estén autorizados para hacer indicaciones y tomar decisiones. 
Hemos de poder decir claramente cuáles son nuestras ideas, qué responsabilidad moral hemos de asumir y dónde ponemos los límites. 
Luego habrá que dictar leyes. 
Después hemos de aprobar leyes que valgan para el mundo entero. 
En este momento no se trata de qué nos falta en la Unión, sino que se trata de decir dónde está nuestra frontera ética en el mundo. 
Le ruego, señora Cresson, que asuma su responsabilidad en esta cuestión en nombre de la Unión Europea junto con Norteamérica, Japón y el resto del mundo. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, existen grandes posibilidades en la moderna tecnología genética. 
Esta tarde vamos a hablar sobre el Informe Trakatellis, en el que se trata de la producción de medicamentos y de otras sustancias por medio de microorganismos. 
Yo soy partidario de un tratamiento muy liberal pues debemos apoyar a las empresas a que avancen en este punto. 
Sin embargo, ahora llega el gran pero: cuando se trate de la aplicación al ser humano, de la manipulación del ser humano, no se podrá ser, en mi opinión, suficientemente severo. 
La Sra. Cresson ha hablado de un consenso contra la clonación humana. 
Sin embargo, si no ponemos buen cuidado, se van a producir muy rápidamente erosiones también aquí, y estoy oyendo ya expresiones que suscitan mucha preocupación. 
Igual que en la manipulación embrionaria se producirán argumentos a favor de que son posibles las excepciones en muchos casos aislados y luego no nos vamos a poder librar ya de una rotura de dique. 
Quiero preguntar abiertamente lo siguiente: ¿cómo podría la sociedad tener fuerza para excluir de una vez por todas la clonación, si no es capaz de excluir que en Europa unos padres acudan al aborto de su hijo porque es niña, y ellos desearían un chico? 
Esto es intolerable y muestra que en muchos ámbitos hemos ido ya demasiado lejos. 
Por esta razón, estoy de acuerdo con los colegas que dicen que ahora hemos de proceder con mucha rapidez y con mucha severidad a nivel europeo, e incluso a nivel de la UNESCO, por todos los medios que estén a nuestra disposición. 
Los que actualmente se está discutiendo no constituye ningún progreso para la dignidad humana, sino una amenaza para la dignidad humana, y en este punto hemos de intervenir con mucha energía. 
Una última puntualización sobre el grupo de consultores en materia de ética y de biotecnología. 
Se ha dicho aquí que debe ocuparse de este tema. 
Si mis informaciones son ciertas- y ésta va a ser mi última pregunta- ocurre que este grupo de asesores va a trabajar solamente hasta junio y tiene un montón de otros encargos. 
Después va a tener lugar una pausa de medio año y luego va a ser compuesto de nuevo. 
Pienso que en una fase como ésta no nos podemos permitir esto. 
Este grupo debe seguir trabajando y si luego está prevista una nueva composición, quizá pueda hacerse paralelamente. 
Pero entonces el Parlamento debería ser incluido también para la nueva constitución de este grupo. 
Señor Presidente, Señorías, este asunto no es nuevo, no ha caído de repente del cielo. 
Lo conocíamos desde hace 15 años. 
Entonces se establecieron determinados límites, que, sin embargo, resultaron insuficientes para detener este proceso incontrolado. 
Así que cabe plantear ciertas preguntas: 
¿Quién ha financiado estos estudios? 
¿Los han financiado los gobiernos, o entidades privadas? 
¿Quién ha controlado esos informes de investigación, sobre todo si han sido financiados por gobiernos, para que hoy se pueda decir con seguridad que esos experimentos afectaron sólo a los animales? 
Nadie ha podido desmentir de forma convincente las informaciones que indican que los experimentos han llegado hasta el hombre. 
Nadie ha desmentido hoy lo que ayer leímos todos en un gran periódico del Reino Unido: que en Bélgica había un niño de cuatro años producto de clonación. 
Y nosotros aquí todavía estamos hablando en un plano teórico. 
Muy bien, que se cree el grupo, yo estoy a favor de que se consitituya este grupo; pero no he oído, señora Comisaria, cuáles serán las sanciones que impondremos como Parlamento Europeo, si los investigadores exceden los límites e incluyen a seres humanos en los experimentos. 
¿Serán teóricas esas medidas? 
¿Serán sólo penales? 
No deberían ser, más bien, sanciones económicas de importes muy elevados, sobre todo en el caso de que los experimentos estén financiados por gobiernos? 
Mucho me temo que nos pasará lo que nos pasó con la encefalopatía espongiforme. 
Seguiremos debatiendo y, cuando tengamos delante las trágicas consecuencias de los experimentos con seres humanos, entonces nos lamentaremos ante las ruinas que nosotros mismos habremos creado con nuestra incompetencia. 
Señor Presidente, del debate actual surge un «no» evidente a la clonación humana; pero creo que es necesario un «no» igualmente claro a la clonación de los animales, ya sea porque, cuando se hace la clonación de los animales, es casi evidente pasar también a la clonación del hombre, o porque hoy debemos preguntarnos cómo es que se habla de clonación. 
A este respecto hay que poner de relieve la vinculación con los desarrollos de la ingeniería genética y las vinculaciones con la patentabilidad de animales transgénicos. 
La consecuencia será la producción en serie de seres vivos fuera de las leyes naturales; eso significa que la producción por vía sexual, típica de los animales, quedará arrinconada para pasar a la producción asexuada, como el esqueje en las plantas. 
Es evidente el trastocamiento de las reglas naturales, un trastocamiento análogo al de la EEB. 
El objetivo de esa técnica no es el conocimiento científico, sino una producción industrial de un producto comercial, por ejemplo, órganos animales para usarlos como piezas de recambio para los hombres. 
Pero ni los hombres ni los animales son máquinas a las que se puedan cambiar de forma mecánica los órganos adaptados de otros animales. 
Por lo que se refiere al conocimiento científico, recuerdo que sobre la clonación sabemos muchas cosas ya desde hace cincuenta años y que, por tanto, la técnica es perfectamente conocida; pero eso no significa que se deba hacer todo lo que es posible. 
Ya se ha cometido ese error aplicando los conocimientos de la estructura nuclear de la materia para realizar las bombas atómicas; la libertad de investigación no es confundible con el arbitrio que ha llevado al hombre al uso de bombas mortíferas, a los accidentes de Chernóbil o a la EEB. 
¿Qué otro accidente deberemos esperarnos? 
Señor Presidente, los experimentos sobre la clonación, aunque no hayan logrado definir una nueva frontera en la investigación sobre la biogenética, han planteado, de hecho, el problema de los límites que se deben poner o no a la investigación de la experimentación científica. 
En efecto, la clonación, si bien representa científicamente una conquista importante, desde el punto de vista ético, en la sociedad de grandes necesidades adecuadas a medios escasos, debe ser estudiada, graduada y regulada. 
Por eso, sería necesaria, a nuestro juicio, la creación de un alto comité científico que estudiara las consecuencias ético-jurídicas y las posibles situaciones que crea la clonación genética. 
Deberíamos también reiterar las conclusiones de la resolución del 16 de marzo de 1989 del Consejo de Europa, así como los resultados del primer Convenio sobre la bioética, aprobado en diciembre del mismo año, que prohibían la clonación tanto humana como animal, y laborar en pro de la imposición al proceso científico de los límites que respeten los valores éticos y sirvan para substraer a la persona humana de las posibles manipulaciones de la ciencia. 
Señor Presidente, la curiosidad de los científicos no tiene límite. 
No hay nada que no quieran saber, pero la sociedad tiene que poner límites a esa curiosidad. 
Hace cincuenta años o más no existía ningún límite y todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de permitir que los científicos descubrieran todo lo que quisieron. 
Esta mañana, diputados de quince países diferentes hemos llegado al consenso de que hay que poner coto a la clonación de seres humanos hasta que hayamos meditado sobre esa cuestión. 
Ha de existir un control sobre la clonación de animales. 
Provengo del país donde tuvo lugar este experimento. 
En el Reino Unido existen límites, existe una legislación y existe un órgano regulador, pero el ciudadano medio desconocía que se estaba llevando a cabo este tipo de trabajos. 
El ciudadano medio debe conocer en qué se está trabajando cuando nos aproximamos a las fronteras de lo admisible y en algunos casos sobrepasa incluso esas fronteras. 
La Unión Europea existe en parte para que trabajemos juntos, añadamos valor y compartamos nuestras experiencias. 
Por ello me complace que cuando nos disponemos a analizar el quinto programa marco, al igual que cuando examinamos el cuarto, todos nosotros procedentes de esos quince países digamos a los científicos: » Basta. 
Sean todo lo curiosos que quieran, pero no trabajarán en ese ámbito.» 
El consenso alcanzado esta mañana entre la mayoría de los Grupos demuestra que la Comisaria tiene toda la razón al querer ampliar el órgano regulador, tal y como se propone hacer, y ha podido constatar que existe el deseo de reforzarlo. 
Puedo asegurarles que la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía estudiará con todo detenimiento el alcance ético del quinto programa marco. 
Señor Presidente, me alegra poder intervenir en el presente debate. 
Sospecho que soy el único de cuantos participan en el debate de esta mañana, incluida la Comisaria, que ha estado en el Roslin Research Institute. 
Visité el centro de investigación junto con el Sr. Martin, vicepresidente del Parlamento, el pasado mes de noviembre. 
Debo decir que uno de los fallos de este debate es que nadie haya rendido homenaje al talentoso equipo de investigadores de Roslin, que ha llevado a cabo estos experimentos. 
Es hora de que alguien lo haga. 
También es hora de que algunos lean la obra de Aldous Huxley Un mundo feliz. 
La conclusión de ese libro es que lo que importa es el lavado de cerebro, y no la clonación, por lo que me gustaría que las personas que tratan sobre este asunto leyeran el libro. 
La tecnología es importante. Aporta beneficios y crea problemas. 
De eso no hay ninguna duda. 
Existen implicaciones para la ciencia e implicaciones para la medicina, y haríamos bien en reconocer que existen problemas éticos en la utilización de la tecnología y que existen problemas éticos también en la no utilización de la tecnología. 
Es necesario examinar ambas partes del argumento. 
Me consta que el grupo independiente de consejeros sobre la ética de la biotecnología se creó en tiempos en que la Comisión estaba presidida por Jacques Delors. 
Intervine en los debates que condujeron a su creación y me alegra que el Sr. Delors tomara entonces esa nueva iniciativa tan valiente. 
El problema con dicho grupo es que no goza de un perfil suficientemente alto. 
La mayoría de los diputados a este Parlamento desconocen su existencia. 
No saben quiénes son sus miembros, cuáles son los requisitos para hacerse miembro, cuál es su orden del día y cómo se establece ese orden del día, y tampoco han leído sus informes. 
Si queremos ser serios en lo que respecta a todo este asunto de la ética, debemos dar un perfil más alto al grupo de consejeros sobre la ética de la biotecnología. 
Necesitamos conocer todas esas cosas. 
Necesitamos conocer a sus miembros. Necesitamos saber cómo son elegidos. 
Necesitamos leer sus informes y necesitamos confiarles la responsabilidad no sólo de investigar sobre los problemas éticos, sino también de hacer recomendaciones para el futuro proceder de esta rama de la ciencia. 
La Sra. Roth-Behrendt, entre otros, se ha referido al hecho de que este asunto tiene implicaciones internacionales. 
No podemos asumir que porque algo esté bajo control en la Unión Europea, lo esté también en todo el mundo. 
No lo está. 
Por eso la Sra. Roth-Behrendt está en lo cierto al sugerir que la Comisaria Cresson debe asumir la responsabilidad de iniciar negociaciones en las que participen norteamericanos, japoneses, etc. El tiempo necesario para conseguirlo es otra cuestión, pero no tengo la menor duda de que necesitamos una solución global a lo que es un problema global, a pesar de que todo haya surgido de una oveja de nueve meses que actualmente vive en lo que es el equivalente a un Hotel Hilton para ovejas. 
Quisiera tranquilizar a la Sra. Breyer en el sentido de que no existe ningún tipo de crueldad en torno a Dolly. 
Es un oveja muy feliz y, probablemente, más feliz de lo que somos los miembros de esta Asamblea. 
Señorías, les he escuchado con mucha atención. 
En primer lugar, existe un consenso total para prohibir la clonación de los seres humanos, lo cual no es ninguna sorpresa. 
Habrá que repetirlo y, sobre todo, habrá que velar por que no pueda eludirse la prohibición. 
Por lo tanto, habrá que adoptar medidas muy estrictas. 
A continuación, desearía tranquilizar a aquellos de ustedes que han planteado la cuestión. 
La clonación de la oveja Dolly no la ha financiado en absoluto la Unión Europea. 
La financiación ha sido local. 
Por otra parte, por lo que respecta a las comparaciones un tanto aventuradas que se han hecho con el problema de las vacas locas, desearía, de todos modos, recordar que el problema de las vacas locas no es científico, sino que es más bien comercial y financiero. 
Tampoco es un problema de investigación, sino un problema de falta de rigor en los controles veterinarios y de laxismo en el ámbito de algunos de estos controles. 
Tampoco se trata de un problema de investigación. 
Algunos de ustedes han mencionado al comité de consejeros en materia de ética y de biotecnología. 
Este comité existe, se ha establecido ya. Es extremadamente activo y realiza un trabajo muy profundo. 
Dicho esto, reconozco que estos trabajos deberían ser más accesibles. 
Estoy totalmente de acuerdo en que los trabajos del comité ético se publiquen más a menudo y que los miembros del Parlamento tengan más acceso a ellos. 
Además, como he subrayado antes en mi introducción, estoy de acuerdo en que los diputados ocupen el lugar que les corresponde en torno a la mesa redonda que reúne al comité de ética y a los sabios de alto nivel, de forma que dicho debate sea un debate democrático. 
En efecto, por una parte, está el problema de los científicos, y por otra parte, los problemas de democracia. 
Lo que se acaba de decir hace un momento es totalmente pertinente: los errores que hemos visto en el transcurso de las últimas fases de nuestra historia y que, evidentemente, siempre podemos temer en el futuro, se deben a la falta de democracia. 
Evidentemente, la ciencia está en tela de juicio, pero no sólo ella, lo está también el sistema social y político en el que se desarrolla la ciencia. 
Es la razón por la cual este sistema social y político debe estar extremadamente atento a la evolución de la ciencia y ésta debe ser conocida de manera que se pueda hacer un seguimiento de ella, incluso si es posible, anticiparse a ello, con prohibiciones como la clonación del ser humano. 
De esta manera se podrá detener y prohibir cualquier transgresión perjudicial en el ámbito filosófico y ético. 
Antes de llegar a un acuerdo mundial que sería totalmente deseable, creo que sería importante que nos pusiéramos de acuerdo a escala europea. 
Ahora bien, constato, sólo con salir del marco de la clonación, que los principios éticos en el ámbito de las biotecnologías no son iguales en los diferentes Estados miembros. 
Siempre he lamentado que no hubiera un comité de ética en todos los Estados miembros y lo he manifestado a menudo en el Consejo de Ministros de Investigación. 
Algunos países, entre los más importantes de la Unión Europea, no tienen comité de ética y, probablemente, se deba a que no llegan a definir algunos principios básicos. 
Si en cada Estado miembro hubiera ya, como en Francia, un comité de ética que reúna a los científicos, filósofos, especialistas de las biotecnologías, juristas, magistrados, humanistas, en una palabra, un comité de este tipo presidido por una personalidad indiscutible, habríamos dado ya un paso adelante. 
No pretendo que todos nuestros Estados estén de acuerdo en todo, pero digo que deberíamos poder ponernos de acuerdo sobre una plataforma y entonces habríamos dado un gran paso. 
Entonces, seríamos mucho más fuertes para discutir con los americanos y los japoneses y aprobar una serie de principios. 
De todos modos, no debemos estar ciegos: si prohibimos en Europa una serie de prácticas en el ámbito científico, los investigadores europeos, y en particular, los que dependen de los grandes laboratorios, irán a hacer sus investigaciones en Estados Unidos. 
Por consiguiente, tenemos mucho interés- y ustedes tiene perfectamente razón en este puntoen ponernos de acuerdo con los que son nuestros grandes competidores en el ámbito mundial. 
Pero, para ello, antes debemos ponernos de acuerdo entre nosotros. 
Ahora bien, hoy, todo me demuestra que, evidentemente, fuera de estos límites como la clonación humana en los que todo el mundo está de acuerdo, no estamos todavía completamente a punto. 
Asimismo, desearía que se establecieran rápidamente estos comités nacionales de ética y que al ser ustedes los enlaces de lo que aquí se dice en sus Estados miembros, aboguen en sus países por la causa de dichos comités de ética nacionales. 
Ello daría mucho más peso al comité de ética que está hoy a disposición de la Comisión y que, en particular, está vinculado al Presidente Santer. 
Ello daría mucho más peso a este comité de ética presidido por una personalidad indiscutible, la Sra. Noëlle Lenoir, que trabaja asimismo para el Consejo de Europa y que tiene un auditorio muy grande, incluso más allá de las fronteras de Europa. 
Por lo tanto, habría que reforzar hoy esta estructura, darle más resonancia, darle un peso mucho más importante, no sólo en Europa, sino también en el mundo. 
Es una acción que hay que llevar a cabo a nivel de cada uno de nuestros Estados miembros. 
Les agradezco su participación extremadamente útil en este debate. 
Una vez más, estoy totalmente de acuerdo en que el Parlamento Europeo participe en los trabajos que van a iniciarse en las semanas próximas. 
El debate queda cerrado. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Cierre de la fábrica Renault en Bélgica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión relativa al cierre de la fábrica Renault en Bélgica. 
Señor Presidente, la noticia de que Renault cerrará su fábrica de Vilvoorde ha causado conmoción y consternación. 
Es una reacción que comprendo perfectamente. 
La pérdida de 3.100 puestos de trabajo es un desastre para los trabajadores afectados, para sus familias y para la propia ciudad de Vilvoorde. 
La decisión de Renault ha provocado indignación por su brusquedad y su aparente desinterés por los derechos de los empleados. 
La dirección de Renault, de una manera que sólo puedo calificar de irresponsable, no ha cumplido con sus obligaciones de informar y consultar a los representantes de los trabajadores antes de tomar su decisión. 
En este sentido, ha ignorado por completo las disposiciones definidas en la Directiva sobre los comités de empresa europeos y en la Directiva sobre los despidos colectivos. 
Son muchos los que piden una nueva legislación europea, y lo comprendo. 
Pero también debemos reconocer que la situación actual está contemplada plenamente en las dos directivas existentes. 
Las medidas nacionales pertinentes abarcan mecanismos para garantizar su cumplimiento. 
No obstante, debemos preguntarnos seriamente si el peso de las sanciones previstas en la legislación nacional es suficiente para servir de disuasivo contra el incumplimiento. 
En este sentido, conviene recordar que en 1992, los Estados miembros rechazaron las propuestas de la Comisión sobre un endurecimiento de las sanciones a las empresas que no cumplan los procedimientos de consulta e información a los trabajadores. 
Creo que hemos llegado a una situación en la que es necesario complementar el reglamento comunitario existente con normativas más generales que obliguen a las empresas a informar y consultar a los trabajadores sobre una base permanente en todo lo relativo a la gestión empresarial a nivel nacional. 
En este contexto, el tema de las sanciones idóneas por incumplimiento será crucial. 
Propondré a la Comisión que en las próximas semanas se proceda a una primera ronda de consultas de los interlocutores sociales a nivel europeo sobre este tema. 
Espero sinceramente que dicha acción nos permita reforzar la protección de los trabajadores. 
Sé que el Parlamento Europeo ha venido solicitando este tipo de normativas desde hace mucho tiempo, y en su reciente informe sobre la Comunicación de la Comisión de 14 de noviembre de 1995 relativa a la información y la consulta de los trabajadores, el Parlamento volvió a apoyar esta idea. 
Por tanto, puedo contar con la ayuda del Parlamento para lograr este objetivo. 
Aunque la principal lección que debemos sacar de esta situación es relativa a la credibilidad del proceso europeo. 
El caso Vilvoorde demuestra que aún nos queda camino por recorrer hasta alcanzar el equilibrio adecuado entre las necesidades comerciales y económicas por un lado, y los requisitos sociales y de la sociedad en su conjunto, por otro. 
Es crucial que logremos dicho equilibrio para garantizar la aceptación popular del proceso de integración. 
Por eso creo que la incorporación del protocolo social en el Tratado es esencial en este sentido; para garantizar que se aplica la legislación social y que se cumple en todo el territorio de la Unión. Sin eso, el mercado interior no funciona. 
Este caso plantea además otros problemas como son las cuestiones relativas a la necesidad de endurecer la vigilancia de las ayudas estatales y de coordinar más estrechamente los gastos fiscales y sociales. 
Son temas muy delicados. 
La Comisión los examinará atentamente para ver qué se puede hacer. 
En este sentido resulta irónico que Renault fuera una de las primeras empresas que celebró un acuerdo voluntario en 1993 con los representantes de los trabajadores, anticipándose a la aplicación de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. 
Creo que la conducta de Renault en este asunto puede hacer mucho daño a la situación y entorpecer el enfoque, hasta ahora no legislativo, en lo relativo a la aplicación de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. 
Todos sabemos que las empresas se ven forzadas a tomar decisiones comerciales difíciles, pero si la industria pierde su capacidad de tomar dichas decisiones de la manera más transparente posible y sin siquiera intentar explicar las razones a la fuerza laboral ni negociar alternativas al cierre, está amenazado el propio núcleo de nuestro consenso social. 
Semejante actitud sería reprobable incluso a nivel nacional, pero cuando los problemas tienen un carácter transnacional, aún es mayor la necesidad de apertura y de consulta. 
La amenaza de cierre de la fábrica de Vilvoorde es un duro golpe para los trabajadores y sus familias. 
Sólo espero que de esta tragedia salga una conciencia renovada de la necesidad de medidas sociales adecuadas que acompañen el mercado interior, así como una determinación renovada de aplicar dichas medidas eficazmente. 
Si eso sucede, no todo habrá sido en vano. 
Señor Presidente, ¿cómo es posible que Renault, una empresa de automóviles en la que el Gobierno francés tiene una participación importante, pueda decidir prácticamente de la noche a la mañana cerrar su fábrica de Vilvoorde? 
¿Cómo es posible que esa misma empresa esté planeando abrir próximamente una nueva fábrica en España, con ayuda de la UE y del Gobierno español? 
¿Cómo es posible que Renault pueda hacer caso omiso abierta y flagrantemente de las directivas europeas sobre el despido colectivo y los comités de empresa europeos, a pesar de que el Gobierno francés estampó su firma en esas directivas? 
Eran las preguntas que se hacían los trabajadores de Vilvoorde cuando mi Grupo se unió a su manifestación en Bruselas el pasado lunes. 
Hoy los trabajadores de Renault se están manifestando en París. 
Desde el anuncio del cierre, los trabajadores de Renault de Francia y España se han unido en su manifestación de apoyo a los trabajadores y sus familias que serán despedidos en Bélgica. 
Hoy, mi Grupo envía su apoyo a dichas familias; pero francamente, con eso no basta. 
Buenas palabras, solidaridad, apoyo y simpatía puede que nos hagan sentirnos mejor; también puede que haga más difícil a las personas afectadas expresar su amargura y su enojo por un sistema que los está destruyendo, junto con los bienes de sus familias y sus esperanzas para el futuro. 
Pero en cuanto a nosotros, señor Presidente, el reto es claro: ¿velará por los derechos de esas personas la Europa que estamos intentando construir, la Europa en la que creemos? 
¿Insistirá nuestra Europa en que se respeten y se cumplan nuestras leyes? 
¿Facilitará Europa a la población trabajadora de la Unión la participación en las negociaciones sobre su futuro? 
Señor Presidente, en esta ocasión se trata de la industria automovilística y de Renault. 
¿Quién sabe a quién le tocará mañana? 
Esta Asamblea no puede impedir que las empresas decidan cerrar o deslocalizar sus fábricas, pero podemos insistir en que cuando una empresa recibe subsidios de la Unión Europea, dicha empresa deberá mostrar un claro sentido de responsabilidad y de compromiso tanto con los fondos que ha recibido, como con la fuerza laboral cuyo trabajo y cuyas vidas le han sido confiados como resultado de dicha inversión. 
En opinión de mi Grupo, señor Presidente, los subsidios deben ir acompañados de un plan de desarrollo a largo plazo de la empresa en cuestión; y hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que garantice que se establece dicho vínculo, empresa por empresa y de manera estructurada. 
En esta Asamblea deberíamos contemplar nuestras propias decisiones y asegurarnos de que no nos convertimos en cómplices a través de nuestras asignaciones presupuestarias. 
Y si resulta tan fácil hacer caso omiso de las directivas, sin que ello tenga prácticamente ninguna repercusión sobre las empresas afectadas, debemos pedir urgente e insistentemente que se revise la eficacia de las dos directivas en cuestión. 
Comencemos por insistir en la devolución de los subsidios en aquellos casos en que se sabe a ciencia cierta que una empresa ha renunciado a su intención de invertir; a fin de cuentas eso es lo que hacemos con los proyectos que son financiados con cargo al Fondo Social Europeo: exigimos que devuelvan los fondos cada vez que se descubre que se ha incumplido el acuerdo. 
¿Por qué no habrían de hacerlo también las fábricas de Renault? 
Oímos con demasiada frecuencia que ya la política carece de ética. 
No cabe duda de que también en los negocios debe existir la ética. 
Debe existir un sentido de responsabilidad también hacia la fuerza laboral. 
Si hay que tomar decisiones dolorosas- y sabemos que eso es a veces inevitable -, la dirección tiene el deber de asegurarse de que las decisiones son justas y se negocian de antemano con la fuerza laboral, permitiendo que los trabajadores participen en la búsqueda de soluciones para su futuro común. 
Señor Presidente, Señorías, Renault, que durante mucho tiempo fue una empresa nacionalizada, que fue un escaparate social, se ha convertido ahora, desde hace poco, en una empresa privada- la mayor parte de los capitales está en manos de inversores privados- que debe hacer frente a la competencia de los mercados mundiales y necesita por lo tanto una adaptación de su aparato industrial que se encuentra demasiado disperso y diversificado en Europa. 
Además, Hoover y JVC han actuaron con el mismo espíritu hace poco. 
La decisión de cerrar las instalaciones de Vilvorde hay que considerarla en este contexto, no como una medida aislada o como una sanción, sino que, sin duda alguna, como una decisión de estrategia industrial que permite hacer frente a la reducción del nivel del mercado europeo del automóvil en relación con las previsiones establecidas por la Comisión- puesto que en 1996, se han vendido menos de tres millones de vehículos- y, con el tiempo, preservar el empleo de los 140.000 asalariados de la empresa que hubieran sufrido las consecuencias de no haber tomado una decisión semejante. 
En efecto, para la opinión pública, es sin duda poco comprensible que una empresa francesa decida cerrar una de sus instalaciones exteriores en lugar de hacerlo en su territorio nacional, pero esta decisión, que compete enteramente a la responsabilidad de la dirección de la empresa, sin duda, se ha tomado tras haber realizado el análisis relativo y comparativo de los costes de producción. 
Es la razón por la cual una decisión así, que nos conmueve, debe hacer tomar conciencia a los responsables del futuro de Europa de que la creación de un espacio social europeo se ha convertido en una necesidad. 
Además, es éste el espíritu con el que Jacques Chirac presentó, hace más de un año, a nuestros socios europeos, un memorándum para la adopción de un modelo social europeo. 
La creación de un modelo social europeo y de un espacio social europeo es tan importante como el diálogo social. 
Mientras esperamos esto, sin embargo, conviene que las herramientas de que disponemos se apliquen correctamente por parte de los empresarios, que, en un contexto de competencia despiadada, por razones económicas, no podrán dejar de respetar las reglas del juego de carácter humano. 
En caso contrario, conviene aplicar sanciones de nulidad si no hay concertación, ni diálogo. 
No obstante, es asimismo importante que en el marco de la Conferencia Intergubernamental, el protocolo social se incluya en el Tratado. 
Señor Presidente, la brutal y unilateral decisión tomada por la dirección de Renault de cerrar su filial de Vilvorde ha conmovido profundamente a la opinión pública europea. 
Huella del capitalismo más salvaje que no puedo admitir, esta actitud echa a la calle a 3.100 personas y a sus familias. 
Sin embargo, Renault fue una de las primeras empresas de Europa en celebrar, de forma voluntaria, acuerdos en materia de información y de consulta a los trabajadores- el Comisario lo ha recordado-. 
Entonces, ¿por qué se ha infringido la directiva que establece los comités de empresa europeos así como la relativa a los despidos colectivos? 
¿Justifica la ley del mercado, por sí sola, que trabajadores competentes sean despedidos de forma vergonzosa, víctimas de la mundialización y de la implacable competitividad? 
Soy liberal, pero no puedo tolerar la ley de la jungla. 
Siempre he sido partidaria de una economía al servicio del hombre y no al revés. 
Hoy, los ciudadanos europeos ya no comprenden y, sobre todo, no admiten los cierres injustificados de empresas y la falta de solidaridad entre los Estados miembros de la Unión. 
Europa no podrá progresar ya sin una verdadera toma de conciencia social y colectiva de los gobiernos que la componen. 
Esta crisis, una más, sobrante, esperamos que sea el tan esperado detonador de la Europa social. 
La solidaridad de los trabajadores de Renault, ya sean belgas, franceses o españoles habrá sido un ejemplo para todos. 
A nosotros nos corresponde, y sobre todo, a nuestros Jefes de Gobierno, hacer todo lo posible para integrar el protocolo social así como las disposiciones destinadas a promover el empleo en el futuro Tratado. 
Creo en Europa, en la unión de nuestros pueblos, en nuestros recursos humanos que constituyen nuestra riqueza. 
No los sacrifiquemos en el altar exclusivo del beneficio. 
Señor Presidente, dispongo de poco tiempo y voy a limitarme a algunas observaciones. 
En primer lugar, tratándose de la decisión de Renault, está claro que el método es inaceptable. 
Una empresa o una sociedad no puede decidir un seísmo social y económico en una región, sin concertación ni programación de reconversión. 
No se han respetado las dos directivas relativas a los despidos colectivos y a los comités de empresa respectivamente. 
Por supuesto, la Comisión no tiene los medios para hacer respetar estas directivas. 
No hay sanciones previstas. 
Por el contrario, puede pedir a Renault que revise su decisión y, en su defecto, negar el acceso a toda una serie de posibles beneficios para Renault y las empresas que se alineen con esta práctica. 
Pienso en el acceso a los programas comunitarios, a los programas de investigación y desarrollo, y en todo lo que atañe a los fondos estructurales. 
A propósito de los fondos estructurales, la primera observación es que no es aceptable que las empresas puedan aplicar un método específico consistente en acumular las ventajas dadas mediante la utilización de los fondos estructurales o del fondo de cohesión y deslocalizar a propósito de dichos fondos de cohesión y estructurales. 
En resumen, jugar con las disparidades en materia social es inaceptable. 
Por supuesto, esto interpela a la Unión Europea a propósito de la conferencia Intergubernamental en curso. 
Por último, segunda observación, es absolutamente preciso favorecer una economía ligada al suelo y no fomentar la economía fuera del suelo, de la misma manera que no somos favorables a la cría fuera del suelo. 
Y a este respecto, señalo que en la actualidad se está estudiando en la OCDE un acuerdo multilateral sobre las inversiones que nos promete muchos nuevos Renault. 
Señor Presidente, el anuncio del cierre de la fábrica Renault de Vilvorde suscita una inmensa conmoción. 
3.100 trabajadores arrojados al desempleo, una fábrica moderna que costó 8.500 millones en inversiones en subasta: es un estropicio inaceptable. 
Sin embargo, el mismo día, las acciones de Renault daban un salto del 13 % en la bolsa de París. 
¡Qué símbolo de una política francesa y europea que privilegia las finanzas y desprecia al ser humano, sacrificando el empleo y el aparato industrial a los dividendos! 
Vidas arruinadas, futuros destruidos: ¡poco les importa a los financieros, con tal de que ganen dinero! 
Despedir, seguir despidiendo, para rebajar el coste del trabajo y desarrollar la competencia: ésta es la única receta de la Europa del mercado único y de la moneda única. 
No sólo es inhumano sino que es catastrófico en el plano económico. 
Así, la parte correspondiente a los gastos en salarios de un coche Renault ha pasado del 23 % al 12 % entre 1980 y 1995. 
En ese mismo tiempo, las cuotas de mercado de Renault han disminuido en un tercio en Francia y en europa. 
Desde 1986, Renault ha tenido 40 mil millones de beneficio. 
¿Para qué han servido? 
Pero no se ha dicho que los asalariados, los pueblos, aceptan por mucho más tiempo ser los eternos sacrificados. 
La protesta se afirma, la respuesta y la solidaridad se organizan. 
La primera huelga europea del 7 de marzo lo ha expresado con fuerza. 
Esta mañana, en Boulogne-Bilancourt, una concentración debe expresarlo, y muchas otras iniciativas que se llevarán a cabo. 
Quiero saludar aquí la determinación y el coraje de los asalariados de Vilvorde, así como la combatividad de la que han dado muestras, al igual que sus colegas franceses, también ellos afectados por los despidos, y que con su actuación han hecho fracasar el intento de división deseado por la dirección para imponer su plan. 
Nuestro grupo exige la retirada del plan Schweitzer en su globalidad, así como la apertura de negociaciones con las organizaciones sindicales. 
Hay que imponer otras opciones a los dirigentes de Renault. 
Por ejemplo, ir contra los 2.600 millones de deducciones financieras para mejorar el poder adquisitivo, reducir la jornada de trabajo sin disminuir los salarios, y por último, ceder la palabra a los asalariados con derechos nuevos. 
Con nuestras propuestas, nuestras iniciativas, nuestra solidaridad con los asalariados de Renault, consideramos que hacemos todo para contribuir a la construcción de una Europa realmente social, democrática, opuesta a la de hoy. 
Señor Presidente, Señorías, hace una semana y media, más de 3.000 trabajadores fueron víctimas del terrorismo capitalista. 
¿De qué otra calificar si no la decisión de Renault de cerrar la fábrica de Vilvoorde? Incluso los expertos del sector automovilístico se quedaron boquiabiertos. 
El cierre anunciado es verdaderamente un escándalo, sobre todo teniendo en cuenta estos sacrificios. 
Hoy, Vilvoorde se suma a una larga lista de cierres de empresas. 
En 1986 debatimos aquí en el Parlamento sobre el fabricante de neumáticos Michelin, que puso de patas en la calle a sus trabajadores el último día antes de empezar las vacaciones de verano. 
Lo que sucedió entonces no debía suceder nunca más. 
Ahora han transcurrido 10 años y los frutos de la promesa de definición social son muy escasos. 
¿De qué sirve Europa a los millones de desempleados, si el derecho al trabajo ya no es un derecho humano evidente? ¿Para qué sirve Europa si incluso se evidencia que un Estado no cumple correctamente su propia legislación? 
La intención de cerrar la fábrica de Vilvoorde es formalmente contraria a las dos directivas y a la normativa de aplicación belga asociada a ellas. 
Menciono la directiva de 1984 sobre el comité de empresa europeo y la de 1975 sobre el despido colectivo. 
A raíz de lo sucedido en Michelin, se hicieron más estrictas las disposiciones de esta última directiva, pero era absolutamente insuficiente, pues no se preveía ninguna sanción para quien incumpliera la legislación europea. 
En 1991, este Parlamento aprobó un texto que anularía el despido colectivo de las multinacionales si no se realizaba de acuerdo con las disposiciones de la directiva, pero una vez más, el Consejo de Ministros no quiso seguirnos. 
Por tanto, las multinacionales han recibido carta blanca. 
Por cierto, a las multinacionales europeas les trae sin cuidado el Consejo de Ministros. Les trae sin cuidado la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 
Para ellas sólo hay un legislador al que hay que escuchar: el accionista. Nadie más. 
Por ello propongo que el Gobierno francés haga uso de esta potente arma accionarial. El Gobierno francés ha de forzar cuanto antes una Junta General de Renault con un único punto en el orden del día: la revocación de la decisión de cerrar Renault en Vilvoorde. 
El Gobierno francés afirma que se toma en serio a Europa. 
Que haga uso de su cartera de acciones para obligar a Renault a comportarse de acuerdo con las directivas europeas. 
Los dictados de Renault han demostrado que es preciso suprimir la regla de la unanimidad en el Consejo de Ministros. 
La Cumbre de Amsterdam tiene que concluir que las decisiones sociales han de tomarse por mayoría cualificada, para que por fin se tome en serio el Tratado. 
Hoy, la Europa social es un recipiente sin contenido. 
En los últimos veintiún años solamente se han elaborado tres directivas europeas en materia de comités de empresa. 
Hoy contamos con dos de ellas, pero ni siquiera se cumplen. 
Hace años que el Consejo de Ministros bloquea otras siete directivas. 
Pero también la Comisión tiene que hacer algo más que levantar acta notarial de la transposición de las directivas. 
La propuesta de resolución que presenté en nombre de mi Grupo contiene algunas sugerencias concretas al respecto. 
Señorías, mañana conmemoramos los 40 años de Europa. 
Mientras tanto, hemos vivido diez días de Renault en Vilvoorde. 
¡Renault Vilvoorde nos enseña que en realidad no hemos logrado nada! 
Señor Presidente, para comenzar quiero decir que el cierre de un lugar de trabajo o su traslado a otro país es siempre una tragedia, sobre todo para los empleados. 
La Comisión ha mostrado un especial interés en el caso concreto del cierre de la fábrica Renault en Vilvoorde, Bélgica. 
Sería quizás deseable que la Comisión demostrara siempre el mismo interés cuando un lugar de trabajo cierra o se traslada, sobre todo si la causa del cierre tiene algo que ver con los recursos de los Fondos estructurales de la UE. 
Me gustaría informar a la Asamblea sobre un caso concreto que ha sucedido en Dinamarca. 
La empresa Boston Scientific Corporation, de Stenløse, de propiedad norteamericana, despidió a finales de 1997 a 258 empleados, ya que se trasladaba a Irlanda con ayudas de los Fondos estructurales de la UE. Se trata de un caso absurdo. 
Gastar los fondos comunitarios de esta forma no tiene sentido. 
No es lógico emplear los recursos de los Fondos estructurales para trasladar el desempleo de un Estado miembro a otro. 
Hechos como éste producen distorsión de la competencia. 
Señor Presidente, ahora que en Vilvoorde miles de obreros y empleados flamencos han sido despedidos sin ningún tipo de consulta, hemos de atrevernos a denunciar a los culpables. 
Es demasiado fácil señalar con el dedo a la dirección de Renault. 
También hemos de responsabilizar a la Comisión Europea y al Gobierno belga. 
En primer lugar, la Comisión Europea, cuya indignación sobre el cierre de Renault en Vilvoorde, a mi entender, suena bastante hueca y falsa. 
Precisamente es la Comisión la que afirma cada dos por tres que la industria del automóvil ha de trasladarse a países más baratos, como España o Portugal, para poder afrontar mejor la competencia con fabricantes no europeos. 
La Comisión, que adjudica subvenciones millonarias para estas deslocalizaciones. 
La Comisión, que cierra los ojos ante la competencia desleal de terceros países. 
Por lo tanto, si es cierto que Renault traslada gran parte de su producción a Turquía y Brasil, hoy tenemos que preguntarnos qué medidas piensa tomar la Comisión para ocuparse de que mañana no sigan el mismo camino muchas más empresas y en realidad conviertan a Europa en un cementerio industrial. 
No me malinterpreten: no abogo en absoluto por el proteccionismo. Pero digo que es totalmente absurdo que las empresas europeas, que pagan salarios relativamente altos a sus trabajadores y que están sujetas a todos tipo de reglamentos estrictos, deban entablar una competencia salvaje con países donde apenas existe legislación social, reglamentos ambientales y todo lo demás. 
Eso ya no es libre comercio, eso es suicidio. 
Y asimismo hemos de acusar al Gobierno belga de Jean-Luc Dehaene, que permite que los costes salariales asciendan hasta alcanzar prácticamente el nivel más alto del mundo, que desde hace tiempo se ríe de la exigencia de un mejor anclaje financiero y económico flamenco y que ha vendido casi toda la economía belga a grupos de intereses extranjeros y franceses. 
El Gobierno belga sigue asimismo los dictados socialistas y prohíbe a la economía flamenca rebajar los salarios. 
Ahora estamos pagando el precio de esta política. 
Es muy característico de Dehaene que estuviera enterado desde hace días del dramático cierre y que haya puesto en ridículo a los obreros y a los empleados de Vilvoorde de forma escandalosa. 
Conviene saberlo de un hombre que ambiciona ser miembro de la Comisión Europea. 
Por último, no puedo por menos que decir que también es escandaloso el modo en que Renault lleva a cabo este cierre. 
Sabemos que su gran jefe, Schweitzer, es un representante por excelencia de los aparatchiks socialistas franceses. 
Hasta ahí, pues, el rostro humano del socialismo. 
Señor Presidente, a diferencia de la ridícula caricatura en que el Sr. Vanhecke ha convertido el diagnóstico de los culpables, quisiera dar las gracias a la Comisión Europea por los duros términos con que ha condenado el descarado cierre de Renault en Vilvoorde y por cierto también por su solemne compromiso respecto de las nuevas medidas anunciadas. 
Señor Comisario, espero que no sean sólo palabras y que Renault Vilvoorde y la solidaridad internacional que ahora se manifiesta se conviertan en una palanca para la Europa social. 
Pienso que puedo estar de acuerdo con usted en que ahora más que nunca está en juego la credibilidad de Europa: ¿cómo podemos explicar a la gente que la Comisión sí puede intervenir para prohibir el apoyo estatal a las empresas, pero no para evitar los cierres en que se pisotean hasta las reglas más elementales de la consulta social? 
Por ello estoy muy satisfecho, señor Comisario, con su propuesta de agudizar las directivas y espero sobre todo que ello sea posible a corto plazo. 
Asimismo quisiera rogarle que no dejara en manos de los Estados miembros las sanciones que tiene en perspectiva, sino que se fijaran a nivel europeo, pues todo el mundo sabe que si las sanciones se dejan en manos de los Estados miembros, esto volverá a ser objeto de competencia para atraer inversiones. 
También quisiera rogar a la Comisión Europea que en el futuro se encargue de facilitar y entregar los instrumentos para poder intervenir cuando se violan las leyes de forma tan escandalosa como en este caso de Renault. 
Por cierto, espero que hoy, señor Comisario, la Comisión haga uso de todos sus recursos políticos y legales para que se apliquen ya las directivas vigentes, para obligar a la dirección a retractarse de su decisión y presentar alternativas, como ya se ha dicho, por ejemplo, por medio de una reducción del tiempo de trabajo. 
Espero que todos los jefes de Gobierno y los responsables políticos que ahora se muestran muy indignados por el cierre de Renault, rechacen categóricamente una revisión del Tratado que no otorgue un lugar central al trabajo y a la política social, y obliguen de nuevo a los negociadores a firmar un nuevo acuerdo. 
Señor Presidente, permítame una observación previa. 
Mientras todos nosotros deploramos la falta de una Europa social, cabe señalar que hasta ahora, aparte de la intervención de la Sra. Green, este debate es estrictamente binacional. 
Creo que es lamentable y ello demuestra que en este mismo hemiciclo hay una falta de preocupación europea. 
Hemos criticado con razón la actitud de la empresa Renault que ha decidido el cierre de la planta de Vilvorde, sin justificación económica claramente explicitada, sin concertación previa con las organizaciones representativas de los asalariados y sin plan de acompañamiento social y de reconversión para los asalariados que se quedan en la estacada. 
Hemos manifestado esto y la Comisaria ha derramado lágrimas que creo sinceras porque la empresa en cuestión ha violado o ignorado las directivas al menos en su espíritu y tal vez incluso su letra. 
Sin embargo, creo que existe una hipocresía colectiva cuando se pretende que si el anuncio se hubiera hecho en mejores condiciones, si hubiera habido concertación, si se hubieran respetado los procedimientos previstos por las directivas europeas, el problema se hubiera solucionado. 
Creo que los que esperan que un simple endurecimiento de la severidad de algunas reglamentaciones sociales, aunque fuera bienvenido, solucionaría el problema que plantea la brutal decisión de la empresa Renault, cometen un grave error. 
En efecto, en el asunto que nos ocupa, la falta de solidaridad y la falta de una Europa social son evidentes, pero hay un problema económico fundamental y es que la industria del automóvil conoce en la actualidad una sobrecapacidad del 30 % con un aumento de la productividad del 7 % anual y un aumento de la demanda del 1 %. 
Dicho de otro modo, mecánicamente, si no tomamos una serie de medidas, creamos un aumento del desempleo del 6 % anual. 
Ésta es la realidad económica a la que nos enfrentamos. 
¿Cómo tratarla? 
Efectivamente, no con medidas de capitalismo de Estado consistentes en hacer financiar la falta de productividad por el contribuyente, sino por el contrario, llevando una política concertada de apoyo a la demanda, de reconversión y de acompañamiento mediante un relanzamiento de los fondos estructurales, como se ha hecho con la siderurgia y la industria naval. 
Señoras y señores de la Comisión, no se contenten con lamentar la falta de solidaridad o de rigor social. 
En este caso, de lo que se trata es de la iniciativa económica. 
No se librarán ustedes de tomar iniciativas económicas importantes en este sector. 
Señor Presidente, la descarada decisión de Renault de cerrar su fábrica belga en Vilvoorde es sentida por muchos como una doble quiebra. 
La quiebra de Europa y la quiebra de la economía liberal de mercado. 
Y yo le digo que esta decisión descarada no es ni lo uno ni lo otro. 
Cuando un importante empresario y fabricante europeo carga a la comunidad con las consecuencias de su estrategia empresarial, como sucede en este caso, esa misma comunidad tiene derecho a investigar y cuestionar el fundamento de la estrategia empresarial. 
Renault era hasta hace dos años una empresa estatal, y el Estado francés sigue teniendo el 47 ó 48 % de las acciones. 
Si Renault es la quiebra de una forma de capitalismo, se trata entonces del capitalismo de Estado. 
Pero hay más. 
La economía de mercado liberal no es un salvoconducto para la imprevisión. 
Las dificultades de la industria automovilística europea en general, y de la francesa en particular, son conocidas desde hace años. 
Tengo la impresión de que la dirección de la empresa francesa de Renault se limita desde hace demasiado tiempo a lamentarse y a quejarse. Ahora ha buscado refugio en una decisión descarada a costa de una fábrica extranjera, una de las más productivas del grupo. 
Con ello no sólo pisotea dos directivas europeas, sino que asesta un duro golpe a la fe en la solidaridad europea, le hace un flaco servicio a Europa y eso es una verdadera lástima. 
Señor Presidente, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a los trabajadores en cuestión la semana pasada, y nos admira su capacidad de sorpresa ante la decisión de una empresa que manifiesta una falta total de respeto por su trabajo, por su esfuerzo y por su futuro- y por el futuro de la comarca donde está ubicada esa empresa. 
Nos admira, repito, que tengan esa capacidad de sorpresa. 
Estamos de acuerdo con lo que había dicho el Sr. Santer sobre la falta de credibilidad de las instituciones europeas cuando surge una cuestión como ésta, porque es cierto. 
Estamos aquí meses y meses discutiendo determinadas directivas para proteger los derechos de los trabajadores y, a la hora de la verdad, no puede hacerse efectiva ninguna sanción para exigir que se cumplan. 
En una carta dirigida a los presidentes de Grupo, la dirección de la empresa basa su decisión en la competitividad, y yo creo que tenemos que empezar a pensar a dónde nos lleva el afán de competitividad de las industrias europeas y del mundo en general. 
Nosotros no vamos a poder jamás competir con los salarios de hambre y los derechos sindicales de los países del Tercer Mundo y de los países del este de Europa. 
Por lo tanto, ésa es una carrera que no podremos ganar. 
La fábrica Renault, en los últimos seis años, ha aumentado su productividad en 200.000 unidades y ha rebajado su plantilla en 7.000 trabajadores. 
Pues parece que no es suficiente. 
Hay que buscar más productividad, más competitividad. 
A nosotros nos parece que, desde la Unión Europea, hay que conseguir que se impongan sanciones a aquellas empresas que no cumplan con el Derecho comunitario, y la Comisión y el Parlamento Europeo harían muy bien en solicitar la revocación de una decisión que vulnera tan claramente el Derecho comunitario. 
Nos parece que éste no va a ser el último caso y que hay que tomar medidas enérgicas, exigiendo una negociación con los trabajadores, como solicitan las dos directivas sobre el comité de empresa europea y la que tiene que ver con los despidos colectivos. 
Es ahí donde llega, de hecho, la política ultraliberal que una mayoría de gobiernos de la Unión apoya y que muchos servicios de la Comisión comparten. 
No basta con gritar ¡fuego! cuando la casa está totalmente quemada. 
No basta con llorar sobre las ruinas o criticar la brutalidad de algunos anuncios de cierre de fábrica acompañados de despidos masivos. 
Es preciso extraer todas las enseñanzas necesarias del caso Renault para evitar este tipo de catástrofe económica y social. 
En efecto, ya es hora de dar pruebas de firmeza y, sobre todo, de imaginación, y de condenar al mismo tiempo la hipocresía del ambiente de algunos medios dirigentes. 
Hablamos mucho de la Europa social, pero ¿de qué Europa social hablamos? 
La Europa social no es la Europa del desempleo, de la precariedad, de la exclusión, no es la usurpación de los derechos adquiridos, no es la miseria para millones de ciudadanos. 
La Europa social debe ser la del derecho a la actividad para todos, al empleo, a la formación permanente, al aumento del nivel de vida y de la protección social. 
Sin duda, semejantes objetivos progresistas revuelven los usos y costumbres de algunos medios dirigentes de empresas y de responsables políticos, prisioneros de un sistema económico y monetario que refuerza la carrera por la rentabilidad y tiende a aplastar al individuo. 
Es preciso reaccionar sin demora, si no queremos correr el riesgo de desesperar a las poblaciones europeas. 
En la actualidad, me parece indispensable iniciar una reflexión en cuanto al reparto de las competencias en materia social entre los Estados y la Unión Europea, así como lo que debería ser una estrategia industrial en Europa. 
Es imperativo que dentro del protocolo social que debería integrarse en el Tratado de la Unión en 1997, figure un punto preciso relativo al cierre arbitraria de las plantas industriales. 
En primer lugar, debería establecerse claramente que cualquier adopción de decisión definitiva relativa a una reestructuración debería hacerse mediante consulta con los asalariados a través de las organizaciones representativas, con un mínimo de tres meses de antelación. 
Además, parece evidente que cualquier planta que disponga de una potencialidad tecnológica reconocida y de asalariados que posean una formación adecuada, no puede cerrarse de la noche a la mañana. 
Es escandaloso que una empresa reciba ayudas comunitarias y nacionales sin contrapartida, por ejemplo, el compromiso de quedarse un mínimo de diez años en el lugar. 
En caso de no respetar esto último, la Unión Europea suprimiría cualquier ayuda a la multinacional. 
Por último, señor Presidente, el cierre de Vilvorde no es un accidente en el camino. 
Los trabajadores tienen toda la razón de oponerse a ello y mi grupo les apoya en esta lucha. 
Señor Presidente, el repentino anuncio del cierre de las fábricas de Renault en la localidad belga de Vilvoorde, por el cual 3.100 personas pierden directamente su puesto de trabajo, es una tragedia, máxime cuando, en contra de lo que estipula la directiva europea, no se ha realizado ninguna consulta con los trabajadores. 
Dado el carácter multinacional de Renault, es natural que también se esperen medidas de la Unión Europea. 
Es comprensible que el Comisario Van Miert prepare a este respecto una investigación sobre el apoyo estatal previsto en España para la fábrica de Renault en ese país. Y que el Comisario Flynn reexamine las reglas en materia de consulta con el comité de empresa. 
Pero, ¿qué más puede hacer la Unión? 
Se ha sugerido que es más fácil que la empresa francesa Renault cierre una fábrica belga que no una francesa. 
Sea como fuere, no cabe duda de que la protección de los trabajadores ha de ser igualmente prioritaria en todos los Estados miembros. En cada reorganización empresarial hay que incluir un programa social bien pensado, y en este caso no lo hay. 
Pero, ¿acaso no hemos de reconocer también que una empresa multinacional que se ve obligada a tomar medidas de reorganización por consideraciones empresariales tiene la posibilidad, dentro del mercado interior, de concentrar su producción donde los costes sean más bajos? 
Señor Presidente, la siniestra decisión del Gobierno francés, de la que el Sr. Schweitzer no es más que el ejecutor, de enviar al paro no a 3.000 sino a 6.000 trabajadores belgas, confirma la voluntad de Francia de instalarse al lado de Gran Bretaña y Alemania en el club de las naciones que sólo esperan ventajas de Europa, sin asumir sus obligaciones ligadas a una elemental solidaridad entre nuestros pueblos. 
Este hecho no resulta nuevo. 
Los trabajadores de mi país, Bélgica, son con frecuencia víctimas de deslocalizaciones intracomunitarias desde hace más de quince años. 
Las primeras salvas las lanzaron los ingleses con la repatriación al Reino Unido de la cadena de montaje de los vehículos British Leyland implantada hasta entonces en Valonia. 
Por no citar sólo a la industria del automóvil, recordaré los cierres sucesivos de las unidades de producción de las baterías Tudor, luego las bujías Champion y las graves amenazas que pesan sobre los obreros de la fábrica Volkswagen en Forest. 
Esta situación me inspira varias reflexiones. 
En primer lugar, la actitud intransigente de los patronos de Renault debería hacer reflexionar a algunos políticos «francólatras» que sueñan con la incorporación de Valonia a Francia. 
Luego, pienso en las ineludibles medidas de represalia que tomarán espontáneamente los consumidores belgas boicoteando todos los productos fabricados en Francia que, pensándolo bien, están lejos de ser insustituibles. 
Por último, estimo que ha llegado la hora de que Bélgica reclame a Francia los tres mil millones de francos franceses nuevos robados a los ahorradores belgas por la sociedad estatal francesa AGF a la compañía de seguros belga Assubel. 
Tres mil millones de francos franceses, es más de lo que se necesita para dar un empleo estable a los trabajadores de Renault-Vilvorde, y también a los trabajadores de las Forjas de Clabeck. 
Señor Presidente, Señorías, esto es lo que hubiéramos podido, lo que hubiéramos debido evitar si Europa se hubiera dado los medios para una necesaria solidaridad de los trabajadores europeos. 
Señor Presidente, Señorías, Vilvorde tiene hoy un valor de símbolo, de revelador. Sin perder de vista el acontecimiento, obliga a preguntarse acerca de las responsabilidades de cada cual. 
¿Cuál ha sido la estrategia de un Estado accionista del 48 %, es decir, más que la minoría de bloqueo? 
La desaprobación a posteriori no es una estrategia. 
Por su falta de acción, ¿trataría el Gobierno francés de buscar la ruina de la economía mixta? 
Frente a la revolución industrial en curso, frente a la evolución del capitalismo mundial, ¿se ha dado Europa los medios de hecerle frente manteniendo su modelo social? 
Europa ha establecido un marco favorable a la competencia, a la desregulación traduciéndose en el desarrollo de sobrecapacidades de producción; ha desarrollado una política de la competencia que favorece las alianzas extraeuropeas y hace difíciles las verdaderas alianzas entre europeos, llevando a hacer del empleo la principal variable de ajuste. 
El horror social en el que desemboca la competencia, el capitalismo salvaje, reduce a la nada las afirmaciones de la Comisión, según la cual la salvaguardia del empleo pasa en primer lugar y automáticamente por la sumisión a una flexibilidad máxima. 
El cierre de la fábrica de Vilvorde demuestra, por si era necesario, los riesgos del dumping social. 
Si se ha cerrado esta unidad es porque el coste de la mano de obra allí era del 25 al 30 % superior al de otras plantas. 
Y mañana, si no hacemos nada, nos despertaremos con otros dramas sobre los riesgos de dumping fiscal, medioambiental, dentro de la propia Unión Europea. 
Los europeos se volverán contra Europa si no desarrolla una verdadera política industrial a su servicio, una financiación pública de la investigación a la altura de los retos, un dialogo social digno de tal nombre. 
Cómo no compartir el punto de vista de Jean-Luc Dehaene cuando dice «en materia social, sólo una coordinación a nivel europeo ofrece una respuesta a las estrategias individuales de las empresas multinacionales». 
Sí, debemos integrar el protocolo social en el Tratado, suprimir la regla de la unanimidad, allá donde siga siendo de aplicación en materia social. 
Una parte de la derecha aboga hoy por la Europa social. 
Tengo ganas de decirles ¡» Atrévanse»! 
Entonces, convenzan a sus gobiernos para que aprueben un auténtico capítulo sobre el empleo, con motivo de la Conferencia Intergubernamental. 
Desde hace años, lloramos la falta de una fuerza sindical capaz de hacer frente a las empresas con una estrategia multinacional. 
Como nos muestra la historia, rara es la vez que se otorga el diálogo social y la regulación. Se conquistan mediante la lucha y la relación de fuerzas. 
El diálogo está emergiendo, ¡tanto mejor! 
Espero que se imponga cuando el euro obligue a los gobiernos de nuestros Estados miembros a una política europea coordinada en materia económica. 
Una vez más, de lo que sufrimos no es de falta de Europa sino de un exceso de Europa liberal, de la Europa de los mercaderes, de la europa del libre cambio. 
De lo que padecemos es de la falta de estrategia industrial al servicio de los europeos, de la Europa de la regulación y de la solidaridad, de la Europa política y social. 
Señor Presidente, yo quisiera bajar un poco el tono del debate; o sea, aflojarle un poco la válvula a esta olla a presión para que se descompresione. 
Estamos debatiendo en clave binacional. 
Yo no quisiera tampoco introducir otro nuevo país y crear un debate trinacional, sino simplemente poner un poco las cosas en su sitio. 
Es muy triste el cierre de la fábrica Renault en Vilvoorde, por supuesto. 
Es una decisión empresarial que ha tomado Renault y somos solidarios con los trabajadores de Vilvoorde. 
Pero lo que no podemos hacer es vincular este cierre al hecho de que la empresa Renault quiera ampliar su fabricación en España. 
Yo creo que no es una postura solidaria porque también España es un país de la Unión Europea, al que cualquier empresa se puede trasladar cumpliendo la legislación vigente. 
Creo que, en este caso, Renault está tratando de cumplir la legislación vigente y utilizará los recursos económicos, sociales o fiscales que le permita esta legislación vigente. 
Yo no entiendo cómo se están mezclando aquí estos dos temas y no quisiera tener que haber intervenido porque creo que son dos cuestiones totalmente distintas: una cosa es el cierre de Vilvoorde, otra cosa es la ampliación en España. 
Porque lo que tiene que hacer la Unión Europea- y aquí estamos tratando de construirla, no llevamos muchos años y no se puede hacer todo rápidamente- es disponer de una legislación en materia social, en materia fiscal y en todos los órdenes que sea homogénea para todos los países. 
Así se evitaría que fábricas de la Unión Europea se trasladen a otros países, ya que las cargas serían similares. 
Tampoco las multinacionales se aprovecharían de la situación tanto para trasladarse de un país de la Unión Europea a otro, como nos ha ocurrido en España, como para trasladarse a países terceros. 
Solamente una pregunta queda en el aire: ¿se habría producido este debate aquí, en esta Asamblea, si Vilvoorde no fuera el pueblo del Sr. Comisario? 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, en este debate quiero recalcar nuevamente que la esencia del problema es que la dirección de Renault ha violado una serie de reglas nacionales, europeas e internacionales. 
El debate no gira en torno a la pregunta de si Renault tenía razón al cerrar una fábrica en Vilvoorde por consideraciones empresariales. 
Por tanto, estoy plenamente de acuerdo con las duras críticas lanzadas contra la dirección de Renault. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con quienes aprovechan el caso para atacar a Europa, y en segundo lugar, meterse con la economía de mercado. 
A mis compañeros belgas quiero decirles que la coalición católica y socialista que siempre defiende a capa y espada una Europa social, a la sazón se opuso a la propuesta de la Comisión de hacer más rígida la normativa europea. 
Por otra parte, el enfoque de Volkswagen en Alemania demuestra que también es posible sin una normativa más estricta. 
Señorías, en adelante habrá que perder aún más puestos de trabajo, no sólo en Renault en Francia, sino también en la industria automovilística europea en su conjunto, que se enfrenta a una sobrecapacidad del 20 ó 30 por ciento. 
Lo importante en este debate es que en Europa se cree un clima favorable a las empresas, con una reducción de los costes laborales y una mayor flexibilidad laboral, para armarnos frente a la competencia mundial. 
Señor Presidente, el hecho es, desde luego, dramático, en primer lugar, para quien pierde el puesto de trabajo, es decir, los 3.000 trabajadores de Vilvoorde y sus familias, y dramático para el país que vive ese drama social, Bélgica, que con razón se siente traicionado respecto de la vocación europea. 
Es un hecho grave, pero, por desgracia, no nuevo: sembrados de esos hechos están todo el decenio de 1980 y estos primeros años del de 1990. 
También hoy viven tragedias iguales otros países europeos: en Sorces de Clébecq 2.000 trabajadores de una acería, de los cuales 1.000 italianos, ven peligrar su puesto de trabajo, los mineros de Alemania ven peligrar el suyo, en la Philips, a las puertas de Milán, se anuncia el cierre de la fábrica que será trasladada a Polonia, donde, sin embargo, se cierran los astilleros de Danzig. 
Hechos dramáticos, pero no nuevos. 
El hecho nuevo es la lucha de los trabajadores, la huelga europea, el encuentro hoy en Biancourt, el desarrollo de la iniciativa. 
Ésta es una Europa que nace, pero, por desgracia, éste es un acto de acusación contra la Europa política y económica que no existe y que es culpable de su ausencia. 
Esta Europa de Maastricht no crea empleo y no es capaz siquiera de impedir los despidos. 
Hay que debatir a fondo sobre esta Europa. 
En el episodio actual hay causas políticas. 
Europa no tiene una política social, sólo tiene el monetarismo de Maastricht: por eso, Europa sufre el dumping social del extranjero y las consecuencias de su política deflaccionista del interior. 
No hay una política industrial, no hay una política de reducción del horario de trabajo, no hay una política de control público de las multinacionales. 
Comisario Flynn, ha calificado usted de zozobrante el cierre de Vilvoorde: yo hablo de zozobra ante su comunicación. 
La impotencia que este Parlamento y la Comisión demuestran en este caso es absolutamente indecente: o Europa consigue recobrar el sentido de sí misma o hechos como éstos no acusan sólo a la Renault, acusan a este Parlamento y a la incapacidad de Europa para dar respuestas a los problemas de los trabajadores y de los desempleados. 
Señor Presidente, fuera del tiempo de intervención, desearía precisar, para mi compañera española, que la ciudad de Renault, en Bélgica, no es la ciudad del Comisario, sino la ciudad del Primer ministro belga, así como la del Presidente de la Comisión que hubiéramos deseado tener. 
¡No desesperen en Bilancourt, no desesperen en Vilvorde, no desesperen en Europa! 
Renault fue durante muchos años el escaparate social de Francia. 
Hoy es la abanderada de la Europa social. 
La brutalidad de la decisión y el número de trabajadores afectados han provocado una toma de conciencia de los sindicatos, de los gobiernos y de la Comisión y espero que no se quede en una llamarada. 
Hemos apreciado la intervención de la Comisión y del Comisario Flynn. 
Pero que no se produzca un doble lenguaje. 
Ya estamos hartos de oír a la Comisión declinar el credo de la competitividad, culpabilizar a los trabajadores porque los costes salariales son altos y porque no son lo bastante flexibles. 
No invento nada, está dicho en el informe de la Comisión sobre la industria europea del automóvil. 
Creo que el problema en este caso no es de coste salarial, sino de rentabilidad de la industria del automóvil, en un contexto en el que, finalmente, nos preguntamos quién va a comprar coches cuando hay tantos parados. 
Pero, ¿qué esperamos ahora de la Comisión? 
Dos cosas. 
La primera, es a corto plazo. 
No acepto la idea de que el cierre del Vilvorde es ineludible. 
Existen medios de presión para ello. 
Y si hablamos de la ayuda de la Comisión a la empresa española, es justamente para presionar a Renault para que no cierre Vilvorde. 
Y si la Comisión es coherente consigo misma, que utilice esta presión contra Renault para mantener la planta industrial de Vilvorde, para mantener los empleos de Vilvorde. 
No hay que aceptar el cierre. 
En segundo lugar, lo que esperamos de la Comisión es, por supuesto, que haga propuestas, no sólo para mejorar la directiva sobre los comités de empresa, sino también propuestas para que las empresas no jueguen al Lego con los trabajadores y con las unidades de empresa. 
Para ello, se necesitan verdaderamente iniciativas fuertes. 
Por último, emplazo a los gobiernos. El 17 de junio, los gobiernos deberán aprobar los resultados de la Conferencia Intergubernamental. 
Con toda franqueza, ya sea el Gobierno belga, el Gobierno francés u otros, en esta Conferencia Intergubernamental, que cambien por fin los Tratados para sentar las bases de la Europa social, de lo contrario, tampoco aquí serían coherentes. 
Añadiré que invito a todos los compañeros que han intervenido en favor de Vilvorde a que se unan a nosotros el domingo 16 de marzo en la manifestación por el empleo. 
Señor Presidente, de aquí a decenios, cuando historiadores y estudiosos del tiempo que hoy vivimos intenten descodificarlo, tendrán una clave en la palabra Renault. 
Por mediación de la Renault se verá lo que fue un tiempo en el que se flexibilizó y precarizó la prestación del trabajo, se redujeron los derechos sociales, se modernizó, y, cuando los trabajadores consideraban que iban a tener su participación en la modernización, se encontraron con el desempleo y la exclusión social. 
Por mediación de Renault se comprenderá también cómo es que, a principios de 1997, una transnacional de la industria automovilística cerró unidades y lanzó a millares de trabajadores al desempleo, porque estaba en dificultades, y, al mismo tiempo, sus acciones subían en gran medida en la bolsa de París. 
Por mediación de Renault se ilustrará, además, que, en este tiempo de construcción europea entre Estados miembros iguales, unos son mucho más iguales que otros. 
Porque lo que ocurrió en Portugal, en Setúbal, ha merecido una piadosa resolución sin consecuencias, y lo que ocurre en Bélgica suscita fuertes reacciones, solidaridades, manifestaciones, huelgas e incluso hay un Comisario que no oculta su origen belga, cosa que, en lugar de denunciarse, se acoge con beneplácito y que recuerda a otras situaciones y posturas en que se interpreta que ser Comisario europeo obligaría a abdicar de la defensa de intereses nacionales, en su caso portugueses. 
A los historiadores y estudiosos del tiempo que hoy vivimos resultará extraño que en el mismo día en que se celebra este debate, en el mismo Parlamento Europeo, otro debate, sobre la reestructuración de la industria automovilística- ¡y a partir de un informe firmado por un miembro muy responsable del PSE! -no atribuya un papel fundamental a los problemas sociales o no los mencione siquiera. 
Quien escriba la historia que hoy se hace considerará muchas cosas curiosas e incomprensibles. 
Ahora bien, deseo que la posición que este Parlamento va a adoptar sobre esta cuestión le resulte comprensible, por su sentido social y de futuro. 
Señor Presidente, resulta muy poco comprensible la actitud de la dirección de Renault al anunciar de la noche a la mañana el cierre de una planta de producción en un país europeo; pero no es correcto mezclar en este problema a otros países y citar a España en este contexto: no confundamos las cosas. 
Este cierre no está vinculado a la apertura de nuevas factorías en Europa, y esta decisión de Renault no parece vinculada a nuevas producciones en otros países europeos. 
Los únicos responsables del problema- y ellos deben responder- son los dueños de Renault. 
No hay otros responsables. 
Se pone en cuestión, no ya la escasa Europa social existente, sino la propia idea de Europa. 
Si estas cosas ocurren en una Europa que queremos común, sin que nos inquieten, es que algo grave está ocurriendo en la propia construcción europea. 
Conceptos intangibles como el mercado imponen sin corazón y sin piedad la deslocalización, el cierre de plantas productivas, la concentración. 
Si el mercado, el capital y la rentabilidad inmediata no son neutrales, tampoco la defensa del empleo y de los derechos sindicales deben ser neutrales. 
Renault debe no sólo respetar la legislación comunitaria, sino que debe responder a la opinión pública europea. 
Desgraciadamente, no es la primera fábrica que cerrará y debemos saber que las estrategias industriales tienen en ocasiones estas tristes consecuencias. 
Pero aquí estamos ante una decisión tomada por sorpresa, sin respetar las mínimas reglas de juego exigibles, sin consultas ni negociaciones. 
Contemplar con una actitud pasiva estos problemas nos conduce a una resignación sin sentido. 
No es un problema de miles de trabajadores flamencos. 
Yo preferiría escuchar que es un problema de miles de trabajadores europeos, y hacia ellos se dirige nuestra solidaridad. 
El diálogo social es el mejor instrumento para regular las relaciones laborales. 
Éste es un caso concreto en que el diálogo social debe encauzar un problema muy serio. 
Renault debe aceptar que las relaciones industriales y las relaciones laborales tienen un sentido. 
La negociación entre la dirección de Renault y los representantes de los trabajadores debe encontrar las posibles soluciones a este problema de dimensión europea, y soluciones tiene que haber si el diálogo social es posible. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han intervenido en el debate esta mañana. 
El debate ha valido la pena y no es más que justo y adecuado que la Asamblea trate este asunto, al menos, por dos razones. 
En primer lugar, está el derecho a demostrar la sinceridad de nuestros sentimientos por la decisión adoptada por Renault de proceder a este cierre. 
También es justo que mostremos nuestra solidaridad con las personas amenazadas de perder sus puestos de trabajo, y con sus familias, que sufrirán penurias. 
Tanto el Parlamento como la Comisión conceden al empleo la máxima prioridad. 
Resulta extremadamente difícil aceptar el despido de trabajadores buenos, bien formados y profesionales de una fábrica que se consideraba y continúa siendo industrial y económicamente eficiente. 
Dicha fábrica cuenta con la plantilla más flexible de cuantas podemos encontrar en este sector, y resulta muy difícil de entender la decisión de cierre. 
En segundo lugar, este cierre en particular plantea una serie de problemas importantes de la política de la Unión Europea. 
No se puede cuestionar el derecho ni tampoco la necesidad de tomar decisiones comerciales relativas a la inversión, la ubicación, al funcionamiento e incluso al cierre de fábricas de producción en estos tiempos cada vez más competitivos. 
Es algo sobre lo que no existe ninguna duda. 
Pero, naturalmente, los derechos y la potestad traen consigo responsabilidades equiparables. 
La cuestión que aquí se plantea ha sido muy bien expuesta por la Sra. Kestelijn-Sierens, cuando dice que Renault ha incumplido las normas. 
Las ha incumplido y ahora son los demás los que deben proseguir la causa en virtud de la legislación nacional en vigor. 
Eso es lo que se contempla y ése es el motivo por el que debemos abordarla. 
El mercado interior proporciona un campo de juego sin fronteras interiores- el mayor del mundo- en el que los negocios pueden prosperar, el capital y las mercancías circulan libremente, y en el que se fomenta la competitividad y la industria. 
Pero ninguna empresa puede prosperar sin la buena voluntad y el compromiso de su fuerza laboral, y las multinacionales no pueden renacionalizar sus empresas cada vez que les convenga. 
De la comunicación que hace algún tiempo hizo esta empresa en particular se desprendía con toda claridad que el diálogo social es un aspecto importante a la hora de abordar las medidas estructurales necesarias para su desarrollo. 
No se puede pasar por alto ese requisito como se ha hecho en esta ocasión. 
Ése es el mensaje que debemos emitir. 
Deseo decir que existen motivos de peso para condenar la acción de Renault. 
Ha sido una decisión equivocada y es inadmisible que los derechos de los trabajadores que están protegidos por la ley sean tratados con tanta arrogancia. 
Y aquellos que consideran que se han infringido esos derechos deben llevar el caso ante sus respectivas jurisdicciones si fuera necesario. 
Ése es el motivo por el que las dimensiones sociales y económicas se citan siempre como las dos caras de una misma moneda. 
En mi declaración de apertura expuse cuál es la situación de la legislación existente en lo relativo al despido de trabajadores en situaciones como la de Renault de Vilvoorde. 
Señalé los vacíos que existen en materia de sanciones y manifesté mis intenciones en lo que se refiere a suplir dichos vacíos y a reforzar las medidas comunitarias en materia de información y consulta a los trabajadores. 
Quisiera decir a la Sra. Van Lancker que ahí está la ley y que ésta debe aplicarse; y que antes de buscar una nueva legislación como reacción inmediata y perfectamente comprensible ante situaciones como ésta, nunca debemos olvidar poner a prueba la legislación existente. 
Si descubrimos que existen carencias, tendremos buenos motivos para intentar subsanarlas. 
Pero quisiera insistir en que, francamente, la legislación existente es sólida y que debe aplicarse; y si se descubre que algún aspecto de la misma necesita una enmienda o una ampliación, no dudaré en volver al Parlamento con una propuesta en ese sentido. 
Aunque, naturalmente, también los demás deberán desempeñar su papel. 
La industria debe replantearse sus responsabilidades en un mercado interior en el que se fomenta su competitividad y su prosperidad. 
En este caso en particular, Renault y, de hecho, el gobierno que tiene una participación del 48 % de la empresa, deben acatar el Derecho comunitario y la legislación nacional en vigor, tanto en la letra como en su espíritu. 
El gobierno- todos los gobiernos- deben garantizar que en una Europa de los ciudadanos que se precie de tal, las dimensiones social y económica deben recibir una atención equilibrada con igualdad de trato y derechos de protección en toda la Unión. 
Creo que la Conferencia Intergubernamental nos brinda la oportunidad de hacer eso precisamente. 
Un cierre tan desastroso como éste hace tambalearse la confianza. 
Ahora es importante- como lo fue en su momento- movilizar siempre todas nuestras fuerzas y energías para restablecer la confianza de los inversores y de los consumidores que traiga consigo el crecimiento y más empleo. 
El papel de la política social como factor productivo es un elemento clave en esta ecuación. 
No debemos perder de vista este hecho en nuestros preparativos para las fases finales de las negociaciones en el marco de la CIG y de la cumbre de Amsterdam, ni tampoco en las iniciativas que estamos tomando actualmente con los interlocutores sociales. 
Tengo previsto presentar en el futuro inmediato propuestas importantes en el ámbito social, en particular, en lo que se refiere a la protección social y a nuevos métodos de organizar el trabajo y, como he dicho en mi intervención inicial, habrá una propuesta relativa a la información y consulta a nivel nacional. 
Quisiera utilizar este instrumento de la propuesta para llenar cualquier vacío que pueda haber surgido o que resulte evidente del examen somero de este caso concreto en lo que respecta a su seguimiento a nivel nacional. 
El éxito de las negociaciones en el marco del Grupo Davignon permitiría además desbloquear la propuesta sobre el estatuto de empresa y daría un impulso considerable al mercado interior. 
Debemos aspirar asimismo al éxito de las negociaciones entre los interlocutores sociales relativas al trabajo a tiempo parcial, lo que también sería de la máxima utilidad. 
Por último, quiero decir que, en mi opinión, ninguna compañía, cualquiera que sea su tamaño o influencia, tiene derecho a despedir a sus trabajadores ni a desobedecer la ley de la manera tan altiva que hemos presenciado en este caso en particular. 
Es contrario a la ley y al espíritu del que creíamos haber dotado a todas las acciones que constituyen la integración de Europa y el mercado interior. 
La respuesta unida que aquí damos servirá para indicar a todos los que tienen responsabilidades en este asunto que es inadmisible actuar de una manera tan irresponsable como lo han hecho en este caso. 
Los derechos de los trabajadores están protegidos por la ley y deben ser respetados en el espíritu al igual que en la letra del Derecho. 
Sobre esta base debe alcanzarse el acuerdo en primera instancia, y pasar por alto esa base traerá consigo el caos en las relaciones laborales. 
En esta ocasión se han causado daños a la construcción de Europa. Dejemos eso perfectamente claro. 
Por ello, quiero hacer hincapié una vez más en que la dimensión social es vital si queremos lograr la integración europea como requisito previo para apoyar a los ciudadanos de Europa en su búsqueda del ideal europeo. 
En el futuro esperamos obtener una mejor respuesta de aquellos que tienen responsabilidades en este sentido. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Esperamos que el debate que se ha celebrado tenga las mejores consecuencias para la situación en que se encuentran los trabajadores de Renault. 
Competitividad industrial 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0052/97 del Sr. A.J. Donnelly, en nombre de la Comisión de Asuntos Eonómicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (1996) (COM (96) 0327- C4-0493/96) sobre la industria del automóvil; -A4-0040/97 del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social (COM (96) 0187- C4-0273/96) relativa a un ejemplo de política de competitividad industrial para la industria química europea; -A4-0036/97 del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Políticia Industrial, sobre la comunicación de la Comisión (COM (96) 0084- C4-0211/96) relativa al futuro de la Europa marítima- una contribución a la competitividad de las industrias marítimas Redactores de las opiniones: Sra. Estevan Bolea, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, Sr. Pex, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, Sr. Belleré, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, Sr. Ken Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (Procedimiento «HUGHES») 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que debemos abordar los tres informes de manera colectiva porque, como usted ha dicho, se trata de un debate conjunto sobre política industrial, y creo que es muy oportuno, teniendo en cuenta el debate que acabamos de celebrar sobre Renault y la útil respuesta que ha dado el Comisario Flynn, que contemplemos conjuntamente estas tres industrias porque, a pesar de que el sector del automóvil, el sector marítimo y el sector químico son tres industrias claramente diferenciadas, para mí es evidente que existen características muy similares en lo relativo a nuestros intentos de proporcionar un entorno en el que operen dichas industrias dentro de la Unión Europea. 
Todas ellas se enfrentan a desafíos similares como son la fuerte competencia global y los rápidos cambios estructurales, y creo que es precisamente en este contexto en el que debemos celebrar el presente debate esta mañana, y estoy seguro de que es también en este contexto en el que el Comisario Bangemann responderá en nombre de la Comisión Europea. 
Teniendo en cuenta que más de 3.000 trabajadores acaban de perder sus puestos de trabajo a raíz de la decisión de Renault, creo que es también muy importante que nos paremos a pensar en la relación que existe entre la competitividad, la productividad y el empleo, porque en esta Asamblea y en otras instituciones comunitarias se habla demasiado sobre competitividad, pero no la relacionamos con el tema de la productividad y el empleo. 
La competitividad no es un fin en sí misma, sino el medio para lograr un fin que es, naturalmente, intentar mejorar el rendimiento e intentar mejorar las oportunidades de empleo. 
En el seno de la Unión Europea debemos alejarnos de esta ortodoxia de asumir que la competitividad es en sí misma la respuesta a todos nuestros males. 
Los problemas relativos a la reconversión, a los traspasos y al cierre de fábricas está dando lugar a un creciente ambiente de inseguridad entre los trabajadores y entre la opinión pública, y es imprescindible que la Comisión Europea presente propuestas que aborden esta problemática de una manera integral. 
Reconocemos que es un asunto complicado y complejo en términos de planificación industrial en unos momentos en que se están produciendo traslados, reconversiones y cierres de empresas. 
En este contexto, si es complejo, necesitaremos una serie de ideas, iniciativas y soluciones que garanticen que intentaremos alejar esa terrible sensación de inseguridad que actualmente existe en el seno de la Unión Europea. 
La inseguridad conduce a la falta de motivación, y eso es parte del problema al que se enfrenta la economía europea. 
Espero que el Comisario, en su respuesta, tenga en cuenta estos problemas en el debate general sobre la industria. 
Quiero utilizar el resto de mi tiempo de intervención para hablar específicamente de la industria del automóvil, porque es la mayor de Europa: representa casi el 2 % del producto interior bruto de Europa, da trabajo directamente a aproximadamente 2 millones de personas y contribuye a los ingresos de la Unión Europea con más de 220.000 millones de ecus. 
Es una industria de la máxima importancia y, francamente, si continúa con su tendencia actual en lo que se refiere a la planificación de su futuro, asistiremos a la destrucción de un importante número de puestos de trabajo en Europa. 
Tenemos el problema de Renault, hemos presenciado los problemas de Enfield en Londres y de Halewood en Liverpool en el caso de la empresa Ford. 
Asistiremos a un incremento de las presiones a las que está sometida esta industria a menos que intentemos trazar un plan para el futuro. 
Por ello, lo primero que pide esta Asamblea es que el Comisario Bangemann convoque, en colaboración con el Parlamento, una reunión de los directores generales de las principales industrias del automóvil de Europa, las empresas del sector de componentes y los sindicatos con el fin de estudiar la posibilidad de crear un grupo de alto nivel capaz de planificar el futuro de esta industria. 
Queremos un mayor apoyo a la iniciativa «automóvil del futuro». 
Es una iniciativa excelente, pero necesita mayores recursos y más apoyo. 
Queremos ver mayor progreso en el tema de la armonización internacional de normas. 
Ante la globalización del mercado, es crucial avanzar en la armonización internacional si queremos que el mercado de la Unión Europea sea competitivo a nivel mundial. 
Y más específicamente sobre una serie de iniciativas, necesitamos asegurarnos de que los vehículos que producimos tendrán una buena acogida no sólo en nuestro propio mercado, sino también en los Estados Unidos y el resto de los mercados del mundo, y que sea el tipo de producto que el consumidor desea adquirir. 
Eso significa que deberemos estudiar nuevas tecnologías en el ámbito de las emisiones y el consumo de combustible. 
Deberemos estudiar la electrónica del motor, nuevas mejoras en materia de seguridad de los vehículos, los vehículos eléctricos e híbridos, unas estructuras y unos materiales más ligeros para vehículos, el perfeccionamiento de las técnicas de producción y sistemas para el reciclado de automóviles viejos. 
Reconozco que ya tenemos algo así como 56 directivas sobre el estatuto en lo que se refiere a la industria del automóvil. 
Como legisladores, no podemos limitarnos a proseguir esta agenda sin consultar a la industria, por lo que, en este espíritu de consulta y colaboración, pediría que avancemos rápidamente para que estudiemos esta nueva agenda en consulta con la industria, los sindicatos y el sector de investigación con el fin de que podamos aspirar a asegurar el futuro de la mayor industria de Europa y podamos poner fin al actual declive. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la industria química constituye el segundo sector industrial de Europa. 
Representa un millón seiscientos mil puestos de trabajo y tiene la mayor participación en la exportación. 
Las mayores empresas químicas del mundo tienen su sede en Europa, por consiguiente una situación de partida casi comparable. 
La industria química, como la industria automovilística, se ve precisada a reaccionar a los cambios globales del mercado. 
Estos 350.000 millones de ecus de producción total, que equivalen entre el 3 % y el 4 % del producto interior bruto europeo, son también una buena base para el futuro. 
La comunicación de la Comisión sobre la competitividad de la industria química constituye casi un proyecto modelo en la medida que en este punto se ha desarrollado una concepción nueva a través del diálogo con la industria. 
A este respecto quisiera elogiar expresamente a la Comisión, la cual, ciertamente, es criticada frecuentemente aquí. 
Señor Comisario, si usted se ha merecido un elogio, debe aceptarlo también. 
No obstante, hay un punto que se podría haber mejorado: la participación de las organizaciones de trabajadores ha sido deficiente; aquí se podría introducir aún alguna mejora. 
Como consecuencia del cambio estructural básico y de la creciente globalización se está llegando a un permanente desplazamiento regional de los mercados y de los emplazamientos industriales. 
Las causas residen en el fortalecimiento de nuevos competidores en el espacio asiático y del Pacífico, en la apertura de los países del este de Europa y en su creciente integración en el mercado mundial así como en la creciente intensidad de la competencia en el mercado interior europeo. 
La estructura global de los emplazamientos de la industria química deberá adaptarse a los cambios de la estructura regional del mercado mundial de la química. 
Así, por ejemplo, hay competidores de Asia, del cercano oriente y de la Europa oriental que hoy están ya en condiciones de ofertar numerosos productos de la industria química- sobre todo, productos estándar- a precios sustancialmente más bajos que las empresas europeas con un nivel semejante de calidad y de fiabilidad de entrega. 
En este ámbito estándar de la industria química se ha desmoronado también la ventaja tecnológica, pues estas técnicas se hallan disponibles en todo el mundo. 
La globalización de los mercados y la construcción de nuevas instalaciones de producción en las regiones en crecimiento- que frecuentemente es objeto de crítica aquí, pero que es necesaria para la supervivencia de las empresas- han conducido a que en la industria química se haya tenido que reducir el empleo en un 25 % en los últimos años hasta llegar a un millón seiscientos mil puestos de trabajo que aún quedan en la actualidad. 
Por esta razón, entre las tareas futuras de la industria química- junto a la necesidad de una producción cada vez más orientada al mercado- se encuentra, sobre todo, la de asegurar de forma duradera el empleo en el sector químico y compensar la reducción de puestos de trabajo en las ramas tradicionales de la química mediante la creación de nuevos puestos de trabajo en las tecnologías orientadas al futuro. 
Aquí juegan, señor Comisario, un papel muy importante para la sustitución de ámbitos no rentables de producción la tecnología biológica y genética, la química hormonal y natural, la tecnología medioambiental, los nuevos materiales así como el desarrollo de soluciones sistémicas complejas. 
Por esta razón, es también importante, en mi opinión, que en el marco de los proyectos de investigación- esto lo ha afirmado también la comisión- se integre más intensamente la química, como ciencia transversal, en las task forces, en vez de discurrir meramente al margen, pues puede hacer aportaciones al automóvil del futuro, al sistema de transportes, a soluciones sinérgicas, que van mucho más allá de lo que hasta ahora ha presentado la Comisión. 
La Comisión de Asuntos Económicos ha discutido muy intensivamente sobre ello. 
Hemos realizado una audiencia. 
Hemos estudiado los resultados de las comisiones competentes para opinión, la Comisión de Investigación y la Comisión de Medio Ambiente, y al final ha resultado un informe que ha merecido una aceptación muy amplia. 
52 votos afirmativos y únicamente 2 negativos constituyen absolutamente un resultado muy satisfactorio habida cuenta de la difícil tarea que se plantea aquí, por ejemplo, en relación con el aseguramiento de un mínimo nivel legislativo en el ámbito del medio ambiente o con la disminución de las disposiciones sobre medio ambiente, que más bien sirven de obstáculo a la producción química y a la sede química de Europa. 
La intensa deliberación ha mostrado en este punto que la Comisión ha proporcionado una buena base, pero este informe de la Comisión puede mejorarse aún más mediante nuestras propuestas. 
Así, pues, de usted va a depender, señor Comisario, si usted está dispuesto a asumir nuestras propuestas, absolutamente buenas, que se podrían sustentar en una amplia base. 
Somos de la opinión de que la Comisión y los Estados miembros pueden fomentar ejemplarmente en la industria química el diálogo social sobre líneas tecnológicas de desarrollo. 
De esta manera se puede lograr la necesaria aceptabilidad para nuevas líneas de producción. De este modo podrá logrars e también que, por ejemplo, del impuesto sobre el CO2, que está en boca de muchos- no creemos que ésta sea una solución para asegurar la competencia -, se pueda hablar de manera objetiva y sin barreras ideológicas. 
Esto incluye también el desarrollo de la infraestructura, una red de conducciones tubulares que mejore el transporte de mercancías peligrosas. 
Creo que este informe se muestra en este marco global como una comunicación significativa de la Comisión. 
Finalmente, quisiera dar las gracias a todos aquellos que han contribuido, a la Comisión, a las organizaciones que han colaborado activamente, a los colegas de la Comisión de Asuntos Económicos, y creo que en conjunto podemos estar satisfechos de este informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al igual que el Sr. Donelly quisiera hacer una introducción sobre la industria marítima, con algunos comentarios generales sobre el problema de la política industrial europea. 
Los principales factores determinantes para el futuro de la industria europea hoy en día son tres: la persistente baja productividad, las posibilidades prácticamente inaprovechadas de las nuevas tecnologías y la presión resultante de la creciente sensibilidad de la sociedad en relación con el medio ambiente. 
La síntesis de estos tres factores en la situación actual tiene el efecto de un freno para el progreso de la industria europea; si se realiza una nueva síntesis productiva, el freno puede convertirse en motor, y ésta debe ser la tarea de la política industrial. 
Las nuevas tecnologías pueden fomentar un aumento de la productividad, que a su vez puede aportarnos beneficios añadidos, parte de los cuales pueden emplearse para mejorar el medio ambiente. 
La pregunta crítica es por qué tarda tanto en comenzar este proceso productivo. La única respuesta seria que se ha intentado dar a esta pregunta se refiere a la lentitud del ritmo de expansión de la actividad económica, a la relativa recesión que sufrimos al menos desde principios del decenio de 1990, y al nivel relativamente bajo de las inversiones, que dificulta la promoción de las nuevas tecnologías. 
En concreto, por lo que respecta a la nueva tecnología informática, a las demás dificultades se suma también el hecho de que los consumidores no conocen, es decir, no han tenido suficientes oportunidades de conocer, las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para crear el consumo y la demanda de producción a gran escala necesarios. 
En el caso de la informática debemos invertir no sólo en equipo sino también en la creación de nuevos mercados. 
En cuanto a la industria marítima, a pesar de que emplea a 2, 5 millones de trabajadores, durante mucho tiempo se ha considerado un sector condenado a la extinción, por la competencia de los países con bajos costes laborales y por el relajamiento en la aplicación de las normas de funcionamiento. 
La idea de que Europa pueda contrarrestar los costes salariales bajos con su ventaja comparativa, las nuevas tecnologías, y una aplicación relajada de las normas con la alta calidad de los servicios ofrecidos, y que sobre esta base pueda construirse una nueva industria moderna, dinámica y competitiva, constituye el concepto de producción que la Comisión propugna con sus iniciativas desde 1991, y en concreto el Comisario que nos honra hoy con su presencia, y nuestra creación común, el Foro de Industrias Marítimas. 
La aplicación de este concepto puede crear una auténtica nueva revolución industrial en este sector, cuyos beneficios para Europa pueden ser de magnitud incalculable, pero no podrán materializarse sin el esfuerzo y la colaboración creativa de todos los agentes del sector. 
Los armadores deben aprovechar la avanzada edad de la flota para acelerar el proceso de su renovación. 
Aunque la posibilidad de aplazamiento les garantice algunos beneficios inmediatos, socava su competitividad y, por lo tanto, los beneficios a largo plazo. 
En una época en la que el empleo existente en el sector marítimo está provisionalmente limitado digo provisionalmente porque está previsto que en los próximos quince años el volumen del comercio marítimo se duplique, los bancos y las entidades financieras tienen el deber de convertir la flexibilidad de la financiación y los bajos intereses en un acicate para nuevas inversiones. 
Los miembros de las tripulaciones deben esperar y exigir de los Estados miembros que adapten su formación a las nuevas tecnologías. 
Asimismo, deben colaborar con la adopción de formas flexibles de empleo y composición de las tripulaciones, que faciliten la introducción de las nuevas tecnologías en los barcos de todos los ámbitos del sector. 
Las empresas de construcción naval deben liberarse de la dependencia respecto de las subvenciones estatales y reconquistar su posición en los mercados internacionales. 
A las autoridades portuarias les corresponde un papel decisivo, dado que pueden crear una conexión entre los transportes continentales y los transportes marítimos que permitiría multiplicar el rendimiento actual. 
Sin embargo, es evidente que la mayor responsabilidad incumbe a las autoridades estatales y las de la Comunidad, porque a ellas corresponde garantizar las condiciones de competitividad de la flota europea, la reducción de los costes presupuestarios y la revaloración de los recursos humanos. 
Sin embargo, sobre todo, deben revisar la situación general del empleo dentro de la economía, porque sin la acelaración que aportaría el crecimiento del empleo, se aplazarán al infinito la introducción de las nuevas tecnologías y la nueva revolución industrial y, junto a ellas, el restablecimiento del antiguo potencial de Europa, señor Presidente. 
Señor Presidente, señoras y señores, la industria química se encuentra en medio de una competencia de ámbito mundial que se agudiza cada vez más, en especial con empresas que en su mayoría pueden producir a costes más reducidos. 
En Europa esto ha tenido ya consecuencias sobre el empleo. 
Se trata de un sector económico que está orientado hacia la exportación y debe permanecer también orientado así por razones de economía nacional para seguir apoyando la coyuntura europea. 
Este sector económico presenta puestos de trabajo de alto valor, no sólo en la química sino también en las industrias vecinas, como, por ejemplo, en la industria automovilística o en el sector de las computadoras, puesto que ofrece posibilidades de solución que han sido desarrolladas por el propio sector. 
Por esta razón, es importante e imprescindible que la química, como sector industrial altamente innovador impulse en disciplinas cargadas de futuro, como, por ejemplo, la biotecnología, nuevos desarrollos que conduzcan a nuevos productos y procedimientos y que reduzcan, al mismo tiempo, la contaminación de nuestro medio ambiente. 
Por lo demás, en esos nuevos desarrollos se debería garantizar a las empresas europeas la protección del Derecho de patentes, como sucede en otras partes del mundo. 
Paso a la protección del medio ambiente: debemos tener claro que la moderna protección del medio ambiente, tal como es practicable en Europa y en todos los demás países industriales, no es imaginable sin la industria química, piénsese solamente en el catalizador. 
Aquí se esconde un gran potencial de protección del medio ambiente. 
Por consiguiente, la industria química debería ser ayudada en su esfuerzo por encontrar soluciones a los problemas del medio ambiente. 
Habría que prestar una especial atención a la pequeña y mediana empresa química. 
Estas desarrollan y emplean con frecuencia nuevas tecnologías que tienen como consecuencia mejoras importantes en los productos ya existentes. 
Crean así frecuentemente nuevos puestos de trabajo. 
A estas empresas se deberían conceder ayudas de despegue por medio de medidas apropiadas, por ejemplo, mediante la aportación de capital de riesgo. 
Pero, sobre todo, se les debería hacer más fácil la vida y la supervivencia a través de la desregulación. 
La industria química es uno de los pocos sectores industriales de Europa que, básicamente, no ha necesitado ayudas estatales, pues siempre ha sido capaz de autoestructurarse una y otra vez y de adaptarse a los constantes cambios de los mercados mundiales. 
El objetivo de la política ha de ser el de ayudarla en el futuro y no obstaculizarlas mediante una excesiva reglamentación. 
Para terminar, quiero dar las gracias al Sr. Langen por su excelente informe y por haber aceptado las propuestas de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Señor Presidente, señoras y señores, la industria química se encuentra en una competencia mundial que se agudiza constantemente, en especial con empresas que en su mayoría pueden producir a costes bajos. 
En Europa esto ha tenido ya consecuencias sobre el empleo. 
Estoy convencido de que la industria química- y la Comisión de Medio Ambiente comparte también mi opinión- tiene una responsabilidad especial respecto de unos productos sanos, compatibles con el medio ambiente y respecto de una producción sana y compatible con el medio ambiente. 
Las conclusiones que de esto extrae la Comisión de Medio Ambiente- el Sr. Langen sacude la cabeza, pero afortunadamente lo ha dicho también en su intervención- son distintas a las que extrae de esto el Sr. Langen, la industria química y la Sra. Heinisch. 
En efecto, esta relación de tensión, en la que se encuentra la industria química, requiere hacer dos cosas, por un lado, ser generoso con ella y, por otro lado, ser también estricto. 
¿Qué significa, en concreto, ser generoso y estricto con ella y, por lo demás, también con el Comisario? 
Nuestro colega, el Sr. Langen, ha dado un grito que los demás no han comprendido. 
Enseguida diré algo sobre esto. 
Tampoco voy a intentar desmontar en detalle su informe, cosa que, por lo demás, me resultaría fácil. 
Si hiciera esto, sería ridículamente aleccionador. 
Ser generoso con la industria química significa de hecho proporcionarle la medida de fiabilidad, de determinación de la situación, que necesita. 
Ser estricto con ella significa asegurar que produzca productos que no dañen el medio ambiente ni la salud de todos nosotros. 
Por esta razón, en el informe del Sr. Langen hay que eliminar algunas cosas que la Comisión de Medio Ambiente no defiende así y que, por lo demás, mi grupo, afortunadamente, tampoco va a defender, pero digo esto como un paréntesis. 
En la Comisión de Medio Ambiente estamos trabajando actualmente en un informe sobre autocompromiso voluntario, en el que intentamos aclarar qué pueden aportar los autocompromisos voluntarios y qué no pueden aportar. 
Seguramente, no pueden sustituir la legislación. 
Tampoco estoy de acuerdo con el Sr. Langen en que sea urgentemente necesaria la reducción de las normas relativas al medio ambiente para compensar las desventajas de ser un emplazamiento industrial. 
Por esta razón no considero admisible anticipar en el informe un resultado sobre el que este Parlamento no ha tomado aún decisión alguna. 
Por lo demás, la reducción de los precios de la energía no es el asunto por el que este Parlamento haya luchado hasta ahora. 
Un punto más y termino. 
Durante largo tiempo este Parlamento ha debatido sin resultado acerca del impuesto energético sobre el CO2. 
Admiro el coraje de nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Económicos de decir algo al respecto, pero el recorte trae también consigo errores y por esta razón, igual que la Comisión de Medio Ambiente, considero equivocada también esta parte. 
Señor Presidente, las industrias marítimas se han considerado maduras, en declive, y no es verdad. 
No es verdad, Señorías, porque no hay industrias obsoletas: hay tecnologías obsoletas. 
Es verdad que en este momento la industria marítima en Europa- concretamente la construcción naval- sólo representa el 20 % del mercado mundial, pero ese porcentaje podría aumentar muchísimo. 
Y cuando hablamos de industrias marítimas no hay que referirse sólo a la construcción naval, a la reparación de buques. 
Ahí están también los servicios portuarios, las industrias que utilizan recursos del mar, como la pesca, la acuicultura de peces, moluscos y algas, y, sobre todo, la industria relativa a la extracción de petróleo y gas de las reservas submarinas. 
Por lo tanto, hay mucha tarea que hacer en Europa. 
Pero evidentemente hemos de cambiar profundamente, empezando por formar a las personas que trabajan en estos sectores, empezando por modernizar y actualizar nuestras industrias, y yo me voy a referir a los petroleros. 
En este momento navegan por el mundo 3.600 petroleros de los que el 10 % hay que desguazar de inmediato, porque no reúnen las condiciones exigibles. 
En Europa se han registrado los más graves accidentes de vertido de petróleo, aunque sólo movemos el 30 % del petróleo en nuestros puertos. 
También hay que reponer el 10 % de la capacidad. 
Es decir, hay que construir 700 nuevos buques petroleros, con doble casco, con sistemas de seguridad electrónicos que permitan una navegación segura. 
La Unión Europea, nuestras industrias, podrían construir gran parte de esos 700 buques. 
Podrían construir también muchas más plataformas petrolíferas y podrían especializarse en una nueva industria: el desguace de plataformas petrolíferas. 
Tenemos más de 40 plataformas petrolíferas abandonadas que hay que desguazar, y eso exige una industria para la que no sé si estamos preparados. 
En definitiva, tanto en investigación como en energía hay una gran tarea que llevar a cabo y hemos pedido- y el Sr. Katiforis ha tenido la bondad de recoger esta solicitud en su informe- a la Comisión que haga varias cosas. Entre otras, que obligue a cumplir las directivas existentes, de modo que los barcos que entren en nuestros puertos sean seguros. 
Pero, además, creemos que la Comisión debería elaborar primero una recomendación y después un reglamento para que se sustituyan los buques petrolíferos obsoletos; y son 700, Señorías, como les hemos dicho. 
Los nuevos deberían tener doble caso, doble cámara de máquinas, doble sistema de propulsión, lastre separado y los dispositivos electrónicos necesarios. 
Pero también creemos que los terminales marítimos de la Unión Europea y de otros puertos, a los que nosotros tenemos fuerza para obligar, deben disponer de las instalaciones necesarias para recibir los desechos domésticos, los aceites usados, las aguas de deslastre y mejorar en conjunto el medio ambiente. 
Señor Presidente, como complemento de lo que ya se ha dicho sobre las industrias marítimas, quisiera recalcar que lo específico de estas es la vinculación con las actividades comerciales internacionales de la Unión Europea. 
Por ello, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha desempeñado tantas actividades relacionadas con las industrias marítimas, y en concreto con la construcción naval. 
Recuerdo el informe elaborado en 1995 por la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, en que se habló del acuerdo de la OCDE en materia de condiciones de competencia en el sector de la construcción naval y el sector de reparación. 
El 90 % del comercio exterior y el 30 % del comercio interior se realizan por mar y dan trabajo a dos millones y medio de personas. 
El papel del transporte marítimo aumentará, sobre todo por la influencia de la asociación mediterránea y la cooperación con países de la Europa Central y Oriental, como Polonia y los Estados Bálticos. 
Es una lástima que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no haya prestado atención a gran parte de las actividades de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ni a algunas recomendaciones del informe. 
Esto me decepciona. 
Creo que es muy importante procurar que concretamente la construcción naval se desarrolle bien allí donde haya sido capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías. 
¿Dónde hay problemas? Justamente allí donde hay malas condiciones de competencia y una situación de competencia desleal. 
El mayor peligro que amenaza a la construcción naval europea es que se ocupe demasiado de sí misma, juguetee y no coopere para conquistar una posición en el mercado internacional. 
La entrada en vigor del acuerdo de la OCDE reviste la máxima importancia para la construcción naval europea. 
Sin embargo, nos ha defraudado mucho la postura de Estados Unidos, que es el único país que todavía no ha aprobado el acuerdo. 
Pienso que es sumamente importante que dentro de Europa aspiremos a unas condiciones de competencia justas y que intentemos estimularlo también a escala internacional gracias al acuerdo de la OCDE. 
Por último, se ha hablado de la necesidad de intensificar las actividades en el ámbito de la investigación y desarrollo. 
Quisiera añadir que estas actividades, que implican tanto dinero, no pueden dar pie a nuevas diferencias en las condiciones de funcionamiento de la industria europea. 
Señor Presidente, estimados colegas, con su comunicación sobre una política de competitividad industrial para la Unión Europea la Comisión presentó en 1994 una estrategia para un planteamiento horizontal de una política industrial moderna. 
El fomento de las inversiones inmateriales, el desarrollo de la cooperación industrial, la garantía de unas condiciones de competencia leal y la modernización de la mano pública son hoy también campos de acción que revisten una importancia estratégica para la competitividad de los sectores que son hoy objeto del debate. 
En su día el Parlamento destacó expresamente este planteamiento en su resolución, pero llamó la atención sobre otros puntos; quiero referirme a dos de estos puntos. 
El primer punto es que la idea conductora del desarrollo industrial son los productos y las innovaciones en la producción que estén orientados socialmente y sean compatibles con el medio ambiente. 
En segundo lugar, nosotros hemos indicado que junto a los campos reconocidos de crecimiento como las tecnologías de la comunicación, la biotecnología, las tecnologías del medio ambiente y las altas tecnologías, hay que poner una atención especial en la estabilización y en el desarrollo de la competitividad de los sectores industriales tradicionales. 
No me refiero con esto a las viejas industrias, pienso en sectores que existen actualmente que mediante la modernización deben mantenerse competitivos, con una competitividad en el sentido de una alta calidad de uso y una alta calidad medioambiental de sus productos. 
Considero cuestionable el concepto de «industrias obsoletas». 
En Alemania se está difamando precisamente con este concepto todo un sector y con él no sólo se está perjudicando al sector mismo sino también a la cadena de creación de riqueza incluyendo sus modernas tecnologías. 
Pero esto es consecuencia de poner una palabrería autoliberal en el lugar de una moderna política industrial. 
Ahora bien, en la industria química y en la industria automovilística a nadie se le ocurre hablar de industrias obsoletas. 
Con razón. 
En efecto, ambas son las dos industrias manufactureras más importantes, con sus 3, 5 millones de puestos de trabajo y su permanencia en el mercado mundial, lo cual demuestra que se trata de industrias clave para la economía europea. 
En el caso de industria marítima nuestro colega, el Sr. Katiforis ha indicado que ésta también estaba considerada hasta hace poco como una industria obsoleta. 
Sólo en los últimos años se ha vuelto a imponer la convicción de que por razones económicas y estratégicas no sólo se puede detener el descenso, sino que se puede convertir en un crecimiento. 
Por consiguiente, permítanme mencionar sólo dos aspectos que tienen importancia estratégica para los sectores que son objeto del debate de hoy. 
En primer lugar, la importancia de las inversiones en educación, en formación profesional y en formación contínua, las cuales no deben fomentar solamente las cualificaciones técnicas. 
Igualmente importante es fomentar y descubrir la creatividad de todos los que participan en el proceso de producción. 
En este sentido, al diálogo social le corresponde un papel clave en el aumento de la competitividad. 
En segundo lugar, la sostenibilidad del desarrollo de productos de alta calidad con tecnología limpia, es decir, que no precisa una reparación a posteriori del medio ambiente, sino que consiste en una protección medioambiental en productos y procedimientos. 
Sólo entonces puede hablarse con razón de cómo titula la Comisión su comunicación sobre la industria química: un ejemplo. 
Señor Presidente, en 1996 el número de automóviles registrados en la UE aumentó en un 6, 5 por ciento. 
Esta cifra es, no obstante, mucho menor que las de finales de los ochenta y principios de los noventa. 
Yo creo que el problema va en aumento simplemente porque el parque automovilístico está envejeciendo. 
Este es un paso en la dirección errónea, sobre todo teniendo en cuenta que cada coche nuevo que circula por las carreteras europeas es más seguro y menos peligroso para el medio ambiente que el correspondiente que se envía a desguace. 
Como además sabemos que exactamente mueren 50.000 personas al año en las carreteras de la UE, y que el transporte por carretera es el causante de una gran parte de nuestros problemas ambientales, es importante que adoptemos un tipo de resolución que tenga como consecuencia un buen desarrollo de la industria automovilística europea. 
En base al informe Donnelly y al anterior debate celebrado sobre la cuestión Renault, está justificada la reflexión sobre el modo en que los políticos pueden influir en el desarrollo industrial. 
No cabe duda alguna de que el desmantelamiento de la fábrica que Renault tiene en Vilvoorde en Bélgica va a tener unas repercusiones muy graves. 
Asimismo hay razones para adoptar una posición de cautela ante la posibilidad de presionar a una empresa, porque la consecuencia bien podría ser que no se estableciera ni en Bélgica ni en España u otro lugar de la UE, sino fuera de las fronteras de Europa. 
Con esto todos saldríamos perdiendo. 
Yo creo que sería deseable hacer de la industria automovilística de la UE una industria líder del sector. 
En este contexto creo que los políticos tenemos mayores posibilidades de ejercer influencia, puesto que algunos sectores de esta industria ya son líderes actualmente en lo relativo a la mejora de la seguridad. 
Varias empresas han avanzado muchísimo en lo referente a la investigación para encontrar unas alternativas a los actuales motores de combustión en los vehículos híbridos o a través de tecnologías aplicables a las baterías. 
Este es en mi opinión uno de los retos absolutamente primordiales dentro del ámbito del medio ambiente. 
Y sería bienvenido. 
Estoy convencido de que la industria automovilística europea conseguirá llevar adelante esta alternativa y la convertirá en competitiva y comercialmente viable. 
Puede llevarnos 10, 15 o 20 años, pero la industria puede hacerlo con la condición de que no le planteemos más requisitos. 
Mi pregunta al Comisario Bangemann es si la Comisión está dispuesta a establecer un objetivo ambiental y después trabajar en consecuencia para alcanzar precisamente este objetivo. 
Señor Presidente, en estos días aparece en los periódicos franceses la publicidad de una conocida industria automovilística europea que pone de relieve los defectos del automóvil al recordar que contamina y es peligroso y costoso. 
Aun así, esa empresa y todas las empresas europeas siguen produciendo automóviles y se esfuerzan todos los días por eliminar esos defectos, haciendo que el automóvil resulte más seguro, más accesible, menos costoso, menos contaminante, etc., precisamente porque el automóvil es nuestra compañía cotidiana de esparcimiento y sobre todo de trabajo. 
Este esfuerzo es también el que se han propuesto el ponente, al que expreso mi agradecimiento, y la Comisión de Asuntos Económicos en conjunto, con la propuesta de resolución que estamos examinando. 
Nuestro deber es afrontar y superar los problemas del automóvil de hoy para tener mañana vehículos cada vez más idóneos. 
Más en general, hoy se vuelve a examinar de cabo a rabo el papel económico, social y, por tanto, ocupacional del sistema automovilístico en Europa. 
La progresiva automatización de las fábricas y la pérdida de puestos de trabajo entrañan cambios drásticos en un sector que sufre crisis del consumo y que, en cualquier caso, ha garantizado hasta ahora directamente casi dos millones de puestos de trabajo, además de los inducidos. 
Así, pues, tenemos dos exigencias: la primera es la de acelerar el recambio del actual parque automovilístico obsoleto y contaminante- piénsese, en particular, en los camiones y en los autobuses -, mediante, entre otras cosas, acciones fiscales y facilitaciones específicas. 
Pienso sobre todo en Italia, donde el Gobierno podría por fin ampliar el derecho de las empresas a deducir el IVA pagado por la adquisición del automóvil. 
Eso reduciría la incidencia del IVA en las actividades económicas globales de la empresa. 
Eso debe propiciarse reforzando el Mercado Interior y poniendo condiciones claras al extraeuropeo: con los Estados Unidos y el Japón debemos enfrentarnos respecto de la seguridad y la eficiencia del automóvil, como se estableció en Washington en abril de 1996. 
La segunda exigencia es la de preparar el automóvil de mañana, entre otras cosas transformando el papel de la actual task force europea para que, mediante las tareas de coordinación, asuma una función estratégica y dinámica sobre todo comprometiendo los recursos en defensa de la seguridad del medio ambiente y del crecimiento profesional de quien trabaja o podrá por fin trabajar en ese sector. 
Señor Presidente, Señorías, debatimos conjuntamente tres sectores de una enorme importancia en el sistema productivo de la Unión Europea: la industria química, el automóvil y las industrias marítimas. 
Todos ellos presentan problemas de adaptación a un enorme reto que la propia Unión Europea aceptó con la Ronda Uruguay del GATT y sus resultados para una progresiva y más acentuada apertura comercial a nivel mundial. 
Nuestros competidores ya no son- como eran tradicionalmente- los Estados Unidos o el Japón, sino que, además de éstos, son las economías emergentes, con unas estructuras de costes que les permiten una presencia en los mercados internacionales muy competitiva. 
Sería muy negativo que las dificultades que se padecen en algunas empresas de estos sectores- y que se han hecho especialmente evidentes a lo largo de la semana pasada- nos llevasen a una posición proteccionista, a intentar defender unos mercados y eludir la competencia internacional. 
Lo que ha de hacer, entiendo yo, la industria europea- y ha de pilotar la Comisión Europea- es mejorar los niveles de competencia, como se analiza en los respectivos informes, eludiendo toda tentación de proteccionismo. 
Nosotros debemos analizar dónde están los aspectos más importantes e intentar reforzar las tres áreas que figuraban en el Libro Blanco del ex Presidente Delors, es decir, la mejora en investigación y desarrollo, la mejora en los mercados externos- y, por lo tanto, la proyección internacional- y la mejora en enseñanza y formación. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre un informe del que soy autora, relativo a la deslocalización industrial tanto en el seno de la Unión Europea como a nivel mundial. 
Ahora, el caso Renault ha motivado que la Comisión adopte algunas de las medidas que el Parlamento había exigido en el mencionado informe. 
La Comisión tiene previsto investigar de qué manera las empresas se trasladan a zonas que reciben ayudas desde aquellas a las que ya no se asignan subvenciones. 
El Parlamento Europeo había exigido también que la Comisión crease un organismo de seguimiento, cuya función sería recopilar información sobre el traslado de empresas de una región a otra. 
Me gustaría saber si la Comisión tiene previsto, a raíz del caso Renault, crear este organismo de seguimiento encargado de analizar por qué razón las empresas cambian sus sedes de actividad. 
Concedo el uso de la palabra al último orador, Sr. Blokland, por dos minutos y medio y entretanto anuncio desde ahora mismo que al final de la intervención del Sr. Blokland se interrumpirá este debate y se reanudará a las 15.00 horas. 
Señor Presidente, en el debate de esta mañana me llama la atención que la diversidad de posturas no guarde relación tanto con el trasfondo político, como con la nacionalidad de los oradores. 
El modo en que se valora el sector industrial en cada Estado miembro es bastante desigual. 
En Bélgica tiene una imagen positiva, en los Países Bajos una imagen negativa. 
Se perfilan tres retos para la industria europea. 
El primero es el de la sostenibilidad. 
La cuestión es cómo mantendremos el capital natural. Los recursos energéticos y el agua limpia son los dos principales obstáculos. 
Aspirar a la sostenibilidad exige un plazo de planificación de unos cincuenta años, y esto supera el horizonte del productor individual. 
Por tanto, una tarea del Estado y de los científicos consiste en convencer a los productores y consumidores de la necesidad de un cambio. 
Es llamativo que la industria química no esté convencida de la eficacia de la tasa de CO2. Aboga por los compromisos voluntarios. 
Esta postura es comprensible, pero a la larga insostenible. 
Una cuestión en la que no aplaudo la ideología del mercado tiene que ver con la biotecnología y la ingeniería genética. 
Pienso que la opinión pública tiene en cuenta con razón los problemas y peligros éticos que conllevan. 
El segundo desafío es el de la investigación y el desarrollo. 
La industria europea hace mucho en este ámbito, pero no lo suficiente en comparación con Estados Unidos y Japón. 
El Estado no puede fomentar eternamente la innovación con medidas fiscales. No hay suficiente elasticidad. 
Lo que sobre todo preocupa es la disminución del interés por los estudios de ciencias. Esto puede provocar un retraso en la formación y los conocimientos, cuando precisamente los necesitamos para hacer frente a otra amenazas. 
Por último, señalo el aspecto de la cooperación. 
No se trata únicamente de la cooperación industrial. 
También los Estados miembros han de esforzarse por armonizar las distintas exigencias relativas a los productos y los semifabricados. 
La variedad de normas entorpece el comercio. 
En segundo lugar, hemos de tratar de lograr cuanto antes la adhesión de los PECO. 
La industria comprende con razón la importancia que ello tiene. 
Pero es desconcertante que la Conferencia Intergubernamental actúe de forma tan introvertida y aplace una reestructuración fundamental de las instituciones europeas. 
Señora Presidenta, esta mañana ha sucedido un hecho muy desagradable: sobre una petición de urgencia relativa a la pesca en Italia- la reconversión de algunas medidas de actividad de pesca practicadas por los pescadores italianos- no ha habido posibilidad de celebrar una votación nominal, como hemos pedido reglamentariamente. 
El Grupo UPE era partidario de la aprobación de la urgencia. 
Por desgracia, no hemos tenido la posibilidad de celebrar la votación nominal: yo he pedido en vano la palabra, que no se me ha concedido. 
Por desgracia, con este desagradable incidente los pescadores italianos no han podido hacer oír su voz en esta Asamblea. 
Repito: nosotros estábamos a favor de la urgencia, porque de ese modo se habría podio resolver un problema muy antiguo: habríamos podido dar una señal que los pescadores europeos esperan del Parlamento Europeo. 
El Consejo y la Comisión eran favorables, pero, por desgracia, el Parlamento ha decidido no aceptar la urgencia, al denegarnos la posibilidad de que nos expresáramos con una votación nominal. 
Señoría, si esta mañana se ha producido una injusticia con usted, pienso que ahora ha podido usted expresarse muy libremente, incluso por encima del minuto que se le había concedido. 
Señora Presidenta, no quiero iniciar un debate, sino sólo decir que este Parlamento ha decidido adoptar esa posición porque un Parlamento serio debe disponer de tiempo para poder trabajar. 
Por tanto, votaremos esa disposición en abril, como nos comprometimos a hacer en comisión. 
Votaciones 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a sus Señorías que han otorgado su confianza a este informe. 
Al mismo tiempo quisiera expresar también mi asombro por la postura del Grupo del PPE, con el que se ha negociado largamente y con mucha paciencia para lograr un acuerdo. 
A pesar de los esfuerzos, ahora votan en contra del informe. He de decir que esto no me cabe en la cabeza. 
Nuestra Asamblea se pronuncia hoy sobre una adaptación técnica de un instrumento jurídico cuyo objetivo es la reducción del ruido de los aviones. 
De acuerdo con dicha directiva, los aviones originarios de países en desarrollo se benefician de derogaciones relativas a los derechos de aterrizaje. 
Nuestra comisión parlamentaria, a través del informe de mi compañero Van der Waal, pide a la Comisión Europea que defina la noción de «país en desarrollo». 
En efecto, no se trata de sentar en el banquillo de los acusados a un país como Arabia Saudita debido a las derogaciones concedidas para algunos de sus aviones. 
No obstante, es preciso constatar que se trata de aviones privados y que conceder derogaciones a éstos limita aquellas de las que podrían ser objeto las compañías nacionales de los países en desarrollo, puesto que el texto prevé un número limitado de derogaciones para el conjunto de dichos países. 
Para los vecinos de los aeropuertos, el ruido ambiental constituye un problema crucial al que es preciso encontrar una solución aceptable para todas las partes afectadas. 
Deseo que la Comisión Europea tenga en cuenta nuestra postura. 
He votado en favor del informe. 
Algunos países en desarrollo no tienen posibilidad de cumplir con los requisitos de un nivel bajo de emisiones sonoras, y en estos casos son necesarias unas excepciones. 
Pero no es conveniente que se incrementen continuamente las excepciones. 
Es inaceptable que las empresas privadas de aviación de los países en vías de desarrollo «ricos» , como Arabia Saudí y Líbano, se vean beneficiadas por una proporción tan grande de las excepciones, mientras que a los pobres, como Uganda y Zimbaue, sólo se les permiten unas pocas. 
El informe es aceptable para los Verdes del Parlamento Europeo, porque ofrece la posibilidad a los Estados miembros de introducir medidas adicionales contra las molestias sonoras de estos aviones. 
Además, la enmienda nº 9 borra la exención para Arabia Saudí, que no es un país pobre en vías de desarrollo y en cuyo caso se trata además de aviones privados. 
No obstante, estas medidas técnicas sólo pueden formar parte de un conjunto de medios necesarios para limitar la creciente plaga del ruido. 
En el marco del Libro Verde de la Comisión sobre el ruido y de las comunicaciones de la Comisión sobre una estrategia contra las molestias del ruido se examinarán eventuales medidas restrictivas más drásticas a escala europea, como la limitación efectiva de vuelos nocturnos en todos los aeropuertos europeos. 
Ello tendrá que impedir que, por ejemplo, en la dura competencia entre los aeropuertos eurorregionales de Bierset, Beek y Colonia-Bonn tenga lugar una transferencia a favor de quienes aplican las reglas menos estrictas (en este caso, en perjuicio de Colonia-Bonn y a favor de Bierset). 
Informe Caccavale (A4-0010/97) 
Es importante que se protejan y se refuercen los intereses del consumidor en el ámbito del crédito al consumo. 
Pero el informe va demasiado lejos en la dirección armonizadora y hacia una especie de Derecho civil europeo único, lo cual no puedo apoyar. 
Tampoco apoyo la armonización de los préstamos hipotecarios, lo cual también señala la comisión, puesto que son muy diversos con respecto a las garantías de seguridad que se ofrecen en los distintos Estados miembros. 
Señora Presidenta, el informe Van Lancker se inspira en una concepción que, a lo largo de los recientes años, ha causado un perjuicio considerable a Europa. 
Para él, las cuestiones de seguridad o de control de la inmigración no serían prioritarias, y sólo importaría la abolición rápida de los controles en las fronteras con el fin de favorecer la fusión de las naciones. 
Estamos ante la ideología en marcha que aplasta a los ciudadanos. 
En el texto presentado, se lamenta, por ejemplo, que los acuerdos de Schengen, cito: » insistan de forma excesiva en una política de limitación de las migraciones y en el mantenimiento del orden». 
Cuando los individuos dotados de un buen sentido común, hoy, se inquietan más bien de lo contrario. 
Además, el informe apela, como de costumbre, a la abolición de todos los controles en las fronteras interiores, incluso para los extranjeros procedentes de terceros países. 
Apoya también un nuevo capricho, la pretendida necesidad de garantizar un derecho de recurso contra las negativas de acceso a las personas que se presentan en las fronteras exteriores, como si, fuera del caso particular del derecho de asilo, existiera un derecho general de los extranjeros a penetrar en los territorios de los países de la Unión. 
Esta postura dice mucho de las intenciones y segundas intenciones del Parlamento Europeo que reclama, además, no lo perdamos de vista, nuevos poderes en materia de inmigración. 
En este contexto, no nos sorprendemos al constatar que la mayoría de esta Asamblea desearía aliviar las medidas compensatorias previstas por los Acuerdos de Schengen. 
Por el contrario, mi grupo desearía reforzarlas. 
En el debate de ayer, ya cité el sistema de declaraciones de entrada en el territorio que deberían realizar los nacionales de terceros países y que no funciona en absoluto. 
Permítanme que añada otro ejemplo extraído de la experiencia francesa reciente. 
Nuestra Asamblea Nacional acaba de votar en segunda lectura un proyecto de ley sobre la inmigración que prevé que el extranjero que sale del territorio francés debe devolver su certificado de alojamiento a los servicios de policía. 
Pero ¿cómo lo hará si sale de Francia pasando por una frontera intracomunitaria donde, en principio, ya no deberían existir dichos controles? 
El presidente de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos convino en que habría que reabrir las negociaciones con nuestros socios de Schengen. 
Éste es, pues, un punto nuevo que debería añadirse a la lista de medidas complementarias. 
Sería más útil resolver esta clase de problemas concretos que hacer planes sobre la quimera de la abolición de las fronteras. 
Señora Presidenta, quisiera ofrecer una explicación de voto tanto en mi nombre como en nombre de los diputados pertenecientes al Partido Laborista británico. 
Finalmente hemos votado a favor de este informe porque contiene muchas cosas que consideramos acertadas y que este Parlamento debe decir y apoyar. 
No obstante, deseo dejar claro que tenemos serias reservas con algunas partes del informe. Dichas reservas son relativas, en particular, a los últimos apartados, del apartado 47 en adelante. 
No podemos apoyar, y de hecho hemos votado en contra de esos apartados que piden que se ponga fin a la necesidad de alcanzar la unanimidad en el Consejo en temas de Justicia y Asuntos de Interior; no podemos apoyar las peticiones de que el Tribunal de Justicia imponga un control judicial total de la libre circulación; y no podemos apoyar los llamamientos a favor de la comunitarización de los temas que constituyen el tercer pilar. 
Son asuntos que nosotros y nuestro Partido en el Reino Unido tenemos muy claro y no podemos aceptarlos. 
Pero hemos votado a favor del informe en su conjunto porque creemos que las muchas cosas que dice son cosas que hay que decir y porque lo bueno del informe sobrepasa las reservas que tenemos al respecto. 
Quería hacer estas explicaciones. 
Señora Presidenta, el grupo del PPE ha votado en contra del informe de la Sra. van Lancker, porque nosotros tenemos una posición básicamente positiva hacia el proceso de Schengen, pues reconocemos que Schengen ha aportado una mayor libertad de circulación en Europa y con ello ha hecho personalmente más palpables para muchos ciudadanos los desarrollos europeos positivos. 
Sin embargo, debemos insistir en que a la eliminación de los controles de las fronteras interiores debe ir unido el aseguramiento consiguiente de las fronteras exteriores. 
En el proceso de Schengen se incluye que la eliminación de los controles en las fronteras interiores requiere una mayor atención en el aseguramiento de las fronteras exteriores. 
También tenemos que oponernos con ahínco a que se tome el Informe Schengen como excusa para intervenir en las respectivas políticas de asilo. 
Existe entretanto una serie de modificaciones en el Derecho de asilo en Europa, que están encaminadas, sobre todo, a controlar el abuso del Derecho de asilo, y no puede ser que estos esfuerzos necesarios se vean malogrados indirectamente a través de un Informe Schengen. 
Por todas estas razones- y puesto que tenemos una actitud positiva hacia Schengen- nos hemos visto obligados a votar contra este informe que no contiene estas reflexiones. 
Señora Presidenta, quisiera enlazar con la posición de la ponente, que ha señalado que se han mantenido negociaciones entre el Grupo socialista y el Grupo del PPE. 
Estas negociaciones han dado resultado en diversos puntos y han mejorado el informe, pero por otro lado hay otros elementos esenciales que no han quedado suficientemente reflejados y ello nos han llevado a votar en contra. 
Creo que la inmigración legal e ilegal es una cuestión muy importante. Es uno de los grandes problemas sociales a que nos enfrentamos en nuestros países. 
Hay una presión muy fuerte y existe un fenómeno de inmigración ilegal organizada. No es casual que en determinados períodos se presenten cientos, miles de personas procedentes de Ghana. 
No tanto porque la situación en Ghana empeore de repente, sino porque se ha puesto en marcha una especie de trata de personas. Es imposible que la Unión Europea, o el área de Schengen en este caso, esté abierta así sin más. 
Es decir, estoy de acuerdo con lo que dice el Sr. Nassauer, no por cerrar las fronteras interiores que las fronteras exteriores tengan que seguir totalmente desprotegidas. 
No podemos votar en favor del informe. 
Tenemos reservas en una serie de puntos relativos a la configuración de la cooperación Schengen. 
Se critica el hecho de que, con la adhesión a Schengen, se obliga a Suecia a ampliar la lista de países cuyos ciudadanos deben mostrar visado para entrar en nuestro país. 
También hay preocupación por el hecho de que este camino nos pueda llevar a una política de asilo más restrictiva en Suecia. 
También dudamos de hasta qué punto va a poder decidir independientemente Suecia sobre sus niveles de controles fronterizos internos en calidad de miembro de Schengen. 
También sobre este punto existen aprensiones en el debate sueco. 
Entre otras cosas se ha señalado que Suecia puede experimentar graves problemas con la armonización futura de la política en torno a la droga entre los países Schengen. 
Tampoco sabemos hoy por hoy qué repercusiones tendrá para la generación joven la eliminación de los controles fronterizos entre estos países en relación con el turismo motivado por el consumo de estupefacientes. 
La cooperación Schengen es interestatal. Esto nos satisface. 
Pero significa también que cada estado tiene la posibilidad de decir «sí» o «no» a participar en cada una de las modalidades de esta cooperación. 
Ciertamente hay que facilitar la libre circulación de personas en Europa. 
Pero para nosotros se trata más bien de dar a los ciudadanos la posibilidad de viajar libremente sin la obligación de llevar visado y la posibilidad de trabajar donde quieran. 
No pensamos que los controles fronterizos para impedir la libre circulación de drogas, armas, criminalidad, etc. vayan en contra del principio de la libre circulación de las personas. 
Enseñar el pasaporte en las fronteras de un país no constituye obstáculo alguno a la libre circulación. 
En los apartados 31 y 32 del informe se lamenta que Francia realice controles en sus fronteras con Bélgica y Luxemburgo, y que se utilicen a modo de presión para conseguir que los Países Bajos lleven una política más rigurosa en torno a la droga. 
No podemos apoyar esta redacción. 
En primer lugar, pensamos que cada país debe conservar el derecho a tener los controles fronterizos que considere necesarios para impedir, por ejemplo, la entrada de droga. 
En segundo lugar, pensamos que Francia hace bien ejerciendo presión para modificar la política irresponsable de los Países Bajos en torno a los estupefacientes. 
«Si» a Schengen, » no» a una Europa construida como una fortaleza: ésa es la directriz del informe que hemos examinado hoy. 
Pero nuestra perplejidad no se deriva de este asunto, sino de que Schengen pueda servir de freno a la libre circulación y a la seguridad, al servir de pretexto precisamente para un cierre hermético de las fronteras acompañado de la institución de nuevos controles administrativos que, en efecto, pueden atentar primero contra las libertades individuales y contra los derechos de los propios ciudadanos comunitarios, por tanto, contra los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en el territorio comunitario. 
El derecho a la libre circulación y a la seguridad debe darse bajo control democrático, por tanto, bajo la vigilancia de los parlamentos nacionales para que la adecuación del Derecho nacional a los acuerdos de Schengen se aplique con pleno respeto de los instrumentos jurídicos internacionales que regulan la materia del asilo, de la defensa de la esfera privada del individuo y de los derechos humanos. 
Pero la limitada duración del Convenio, la falta de transparencia, su falta de control parlamentario y el retraso en su substitución por una legislación comunitaria demuestran que los diversos Estados miembros no son muy propensos a aceptar una abolición de los controles en sus fronteras interiores. 
En nuestra opinión, sólo falta optimar los instrumentos existentes. 
Creemos que el sistema de informaciones, tan criticado porque actualmente se utiliza como banco de datos de los extranjeros indeseables, viene impuesto por la necesidad de prevenir peligros reales y comportamientos delictivos concretos, por lo que obedece a exigencias técnicas de seguridad. 
Más bien estamos de acuerdo con la Sra. Van Lacker cuando pide que el Parlamento Europeo sea informado de las medidas y de las decisiones previstas respecto de todo lo que constituye materia del tercer pilar de la justicia y de los asuntos de interior, precisamente con vistas a comunitarizar por fin ese sector. 
Por último, en nuestra opinión, para los exámenes del Convenio inherentes a la libre circulación de las personas, a las políticas del derecho de asilo, de las fronteras exteriores, de las informaciones judiciales, de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, el fraude internacional y la delincuencia organizada, sería necesario iniciar un debate que lleve a la abolición de la regla de la unanimidad en el Consejo. 
Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski y Väyrynen (ELDR) , Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL) , Gahrton, Holm y Schörling (V) , Bonde, Lis Jensen y Sandbæk (I-EDN) , por escrito. 
(SV) Compartimos totalmente la crítica del Acuerdo Schengen de la Sra. Van Lanckers en la cuestión del temor a la «fortaleza europea» , con respecto al procedimiento para dar curso a las solicitudes de asilo y la crítica de que se utilice principalmente el SIS como base de datos para los «ciudadanos no gratos de terceros países» , etc. La lista de nuestras críticas en torno a Schengen podría ser muy larga. 
Sin embargo, no compartimos las conclusiones de la Sra. Van Lanckers en lo relativo a la integración jurídica del Acuerdo Schengen en el Tratado de la UE. 
Por consiguiente, votamos en contra del informe. 
Sigo estando un tanto extrañado por la manera en que el Parlamento aborda los Acuerdos de Schengen y por la profunda desconfianza de este Parlamento frente a la obra emprendida para asegurar una libertad fundamental de los ciudadanos, la de la libre circulación de las personas. 
Sin duda, resulta esencial que, en la lógica intergubernamental que es la de Schengen, el control parlamentario y judicial sea real. 
En un ámbito en el que las libertades fundamentales están en tela de juicio, hay que protegerlas contra la arbitrariedad administrativa y policial, ya se trate de ciudadanos europeos o de ciudadanos de terceros países. 
Por consiguiente, estoy fundamentalmente de acuerdo cuando este informe exige «que la supresión de los controles en las fronteras interiores no se acompañe de la instauración de nuevos controles administrativos que impliquen un atentado a los derechos humanos». 
Sin embargo, hay un problema real: es el desarrollo de la criminalidad internacional, la impresión de inseguridad que se desarrolla en la población; la imposibilidad para las autoridades nacionales de luchar solas contra las derivas criminales en el ámbito europeo; la necesidad de actuar aquí y ahora por el interés de Europa. 
Efectivamente, podemos pelear durante mucho tiempo sobre las competencias de los parlamentos nacionales, sobre la institucionalización de la COSAC, sobre las propuestas a la CIG relativas al tercer pilar. 
Para los ciudadanos, lo esencial es actuar directamente sobre el terreno, lograr resultados por el interés de la seguridad interior. 
Hoy los socialdemócratas daneses han votado en contra del informe de la Sra. Van Lancker, por incluirse en él muchos puntos que no cumplen las reservas danesas acerca de los asuntos judiciales y de política interior. 
El informe demuestra preocupación por la falta de control democrático del acuerdo de Schengen, ya que ni el Parlamento Europeo ni el Tribunal de Justicia tienen en él una participación suficiente. 
Es posible que este punto de vista sea correcto, pero mientras el acuerdo de Schengen no sea interestatal, los propios parlamentos nacionales ejercen el control democrático. 
Cualquier modificación de la estructura del acuerdo de Schengen ha de realizarse en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
El informe expresa el deseo de integrar los Acuerdos de Schengen en el Derecho comunitario general. 
Los socialdemócratas daneses se sienten escépticos ante esta propuesta, ya que deseamos conservar la Unión Nórdica de Pasaportes paralelamente al acuerdo de Schengen. 
El ponente tiene miedo, miedo de la fortaleza Europa. 
Según él, el Convenio de Schengen no debe servir de pretexto al cierre hermético de las fronteras exteriores. 
Puesto que se denuncian los controles en las fronteras interiores y se condena a Francia, el fichaje policial de extranjeros «indeseables» señalados con el dedo y la política de asilo se remodela al son de los principios ultraliberalistas y, por lo tanto, laxistas, lo que se define y predica es una Europa colador. 
El objetivo del informe es el de la comunitarización del acervo de Schengen. 
¿Cuál es? 
El aumento de la inmigración y el desarrollo de numerosos tráficos como el de la droga. 
Para nosotros, se trata de denunciar estos acuerdos y no de justificarlos. 
Para concluir, ante el desarrollo de la inseguridad y la criminalidad en toda Europa, conviene reafirmar que cada nación debe conservar el control de sus flujos migratorios y el de su territorio, so pena de ver desaparecer su soberanía y su identidad. 
Es la razón por la cual, el Frente Nacional francés y el Bloque Nacional flamenco se oponen a la Europa colador y al informe Van Lancker que quiere establecerla. 
En nombre de la delegación española del Partido Popular en el PPE, y en el mío propio, quiero resaltar los siguientes aspectos respecto del voto del informe Van Lancker. 
En términos generales, la trayectoria del PPE, las diferentes manifestaciones públicas de sus miembros, tanto aquellos que asumen responsabilidades de gobierno en los Estados miembros cuanto, en particular, los que integramos el Grupo en esta Asamblea, hemos dejado bien claro nuestra postura favorable al desarrollo de la libertad de circulación que el Tratado de Schengen concreta y, más aún, la necesidad de incorporar Schengen al marco institucional del TUE y al marco comunitario del mercado interior, en desarrollo de la cuarta libertad- esto es, la libre circulación de personas- que el artículo 7 A consagra. 
Es asimismo notorio- y por ello huelga la insistencia- que el PPE, en su conjunto y, en particular, el actual Gobierno español que en él se integra y los diputados en nombre de quienes hablo, hemos defendido en todo momento la necesidad de abordar en común, desde las instituciones comunitarias, las soluciones a los grandes problemas transnacionales con los que se enfrenta la Unión Europea en el ámbito del tercer pilar, y somos especialmente partidarios de la creación de un espacio común de libertad y seguridad. 
Pero somos contrarios a la utilización partidista, parcial y, por ende, metodológica y jurídicamente incorrecta de una resolución de estas características que resulta del voto final. 
En efecto, no es éste el ámbito para debatir la política de asilo y, menos aún, para deslizar peticiones tan cargadas de consecuencias como fuera de lugar; por citar una: el efecto suspensivo automático de los recursos en cualquier procedimiento de asilo. 
Somos pues claramente partidarios de la potenciación de los principios inspiradores de Schengen: suprimir las fronteras interiores y sustituir este control por el reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Nuestro voto final contrario al informe ha de entenderse en estos términos. 
Expreso mi desacuerdo sobre algunos puntos del informe de la Sra. Van Lancker, tanto como diputado francés como también en nombre de Jacques Donnay, diputado europeo y presidente del Consejo General del Norte. 
Debemos pararnos más bien en los problemas ligados a los estupefacientes puesto que es un tema al que, desgraciadamente, el departamento del Norte se enfrenta de forma grave. 
Vamos a recordar algunas cifras: en cuatro años, el número de toxicómanos de los que nos hemos hecho cargo ha supuesto más del doble en la región del Nord-Pas-de-Calais. 
Es asimismo en esta región donde se constata el índice más elevado de interpelaciones vinculadas al tráfico o al consumo de estupefacientes de nuestro país. 
Esto se debe, sin duda, a una vulnerabilidad económica, efectivamente, pero también geográfica. 
Nuestra proximidad con Estados que no emplean las mismas políticas que nosotros en la materia, facilita un tráfico que se ha extendido mucho más allá de nuestros centros urbanos, y afecta a todo el territorio. 
En este contexto, no podemos sino desear que subsista, aunque sea temporalmente, una cierta forma de control en nuestras fronteras. 
Es la razón por la que pongo en duda el informe de la Sra. Van Lancker en las menciones y alusiones relativas al control de los estupefacientes que ejerce Francia, sobre todo, en los apartados 5, 31 y 32 no enmendados. 
Esta vigilancia fronteriza, evidentemente, no debe ser más que un complemento de las políticas que llevamos a cabo sobre el terreno: el Norte ha desarrollado numerosas iniciativas cuya eficacia todos reconocen. 
Y, además, en todos estos ámbitos, soy un partidario activo de una mayor cooperación con Holanda y Bélgica, para encontrar los medios de reducir los estragos causados por la droga. 
En materia de prevención, de cuidados, así como de investigación, debemos unir nuestras fuerzas para ser más eficaces. 
Creo que estas preocupaciones las compartimos todos. 
Es éste el espíritu con el que se han organizado las primeras jornadas franconeerlandesas sobre la toxicomanía que tienen lugar en este momento en Lille, y en las que participan asimismo nuestros vecinos belgas 
Desearía subrayar muy particularmente tres aspectos que contiene el excelente informe de mi colega van Velzen. 
En primer lugar, la importancia del servicio universal, en el marco de la liberalización de las telecomunicaciones, en particular, para algunas regiones periféricas, pero también para algunos grupos en el seno de la población. 
Si la sociedad de la información se reduce a algunos centros urbanos y algunos medios socioprofesionales, va a producir una sociedad dual, profundamente desigual e injusta por lo que respecta al acceso de todos al saber más avanzado. 
En segundo lugar, la importancia de concebir un derecho de los medios de comunicación que permita, mediante una limitación de la concentración, salvaguardar y dinamizar el pluralismo de las opiniones y la libertad de expresión de todos. 
En tercer lugar, la importancia de proteger al consumidor. 
En el momento actual, el mercado de los productos informáticos es caótico. 
El consumidor normal- no hablo del especialista- no puede equiparse si no gasta mucho y a veces inútilmente. 
Por lo tanto, conviene ofrecer a los consumidores europeos una ventanilla, una agencia objetiva que permita protegerle antes las posiciones dominantes importadas de Japón y de los Estados Unidos. 
Esta reflexión- el Libro Verde, este informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo- debe llevar rápidamente a decisiones concretas para dinamizar la sociedad de la información haciéndola al mismo tiempo útil a todos. 
Hemos votado en favor del informe. 
Es excelente la idea de unas organizaciones empresariales menos jerárquicas, descentralizadas y dispuestas a colaborar dentro de un sistema de redes. 
También la propuesta de la reducción de la jornada laboral, el trabajo a distancia, la inversión en las pequeñas empresas, y la de que las poblaciones de todas las regiones tengan idénticas posibilidades de participar en la evolución de la sociedad de la información. 
Todo esto deberían decidirlo y realizarlo en su mayor parte las partes integrantes del mercado de trabajo y los países miembros. 
En nuestra opinión, no hay motivos para legislar a nivel europeo en este ámbito. 
Asimismo, estamos en contra de una política fiscal común dentro de la Unión. 
Hoy los socialdemócratas daneses han votado a favor del informe del Sr. Van Velzen sobre el Libro Verde de la Comisión «Vivir y trabajar en la sociedad de la información». 
El Libro Verde es criticado sobre todo por conceder especial importancia al trabajo, al empleo y a la competitividad de la economía en su análisis de la sociedad de la información. 
El informe solicita, por lo tanto, que se de más importancia a la organización de la sociedad de la información, de modo que beneficie a las personas y todo el mundo tenga acceso a ella en plano de igualdad. 
El informe abre un amplio debate sobre la formación continua, el teletrabajo y el trabajo a tiempo parcial, que tendrán mayor incidencia en el futuro. 
Los socialdemócratas daneses acogen favorablemente un amplio debate sobre las consecuencias de la sociedad de la información para las personas y consideran que este debate se ha abierto con el informe del Sr. Van Velzen. 
No obstante, el informe incluye ciertos aspectos ante los que los socialdemócratas daneses se sienten escépticos. 
No estiman necesario disponer de inmediato de una regulación legislativa a escala europea de las condiciones de trabajo como consecuencia del desarrollo de la sociedad de la información. 
En lo tocante a la aplicación de las innovaciones tecnológicas, y mucho más de aquéllas que con certeza producen una profunda cesura en la vida social, no se puede tener otro criterio que el del ser humano y sus necesidades; en ningún caso esas innovaciones pueden desvirtuar la existencia humana atando al ser humano a la tecnología y a las feroces leyes del mercado capitalista. 
Tenemos en nuestras manos el Libro Verde «Vivir y trabajar en la sociedad de la información» , el cual no defiende ni en su letra ni en su espíritu la prioridad del factor humano y del respeto de los derechos del trabajador. 
Tenemos ante nosotros un anteproyecto para transformar al hombre en una pieza más de un vasto engranaje, incluso en una de las más baratas y flexibles del mercado. 
Tanto en las propuestas presentadas como en las medidas apoyadas, predomina la idea del coste y de la competitividad del mercado, y se refuerza la tendencia a restar derechos a los trabajadores y a mutilar y desmantelar el propio concepto del trabajo. 
El control de los trabajadores y ciudadanos se vuelve más eficaz mediante el desmantelamiento de los sistemas de protección del empleo, del tiempo de trabajo, de la protección social, así como de la salud y la seguridad. 
Estas medidas no son una consecuencia natural del ritmo de desarrollo y de aplicación de las tecnologías, la información y las comunicaciones. 
La fuerza motriz de esta política son las enormes sumas que se invierten para lograr enormes beneficios a corto plazo. 
El Libro Verde deja claro con la más cínica sinceridad que el modelo social propuesto se basa en la competencia entre las empresas y que requiere un núcleo de trabajadores estables y dedicados dispuesto a satisfacer las necesidades de las empresas en rápida adaptación a los cambios del mercado. 
Por lo tanto, queda claro dónde y cómo se aplicarán las nuevas tecnologías: aquí y de modo que aporten el máximo posible de beneficios. 
No cabe duda sobre el futuro del hombre en una sociedad así: inseguridad, desprotección y ruptura con sus propias necesidades, que ya no determinarán su ambiente, sino que serán determinadas por éste, para que sirvan lo mejor posible y de la forma más rápida y barata a áquellos que lo determinan. 
Proyectos como el del teletrabajo, que aíslan a la persona de la vida social, son proyectos destinados a lobotomizar al ser humano con el objetivo de transformarlo en materia prima barata y flexible para obtener beneficios. 
Son proyectos que crean sociedades de varias velocidades, sociedades de minorías privilegiadas y de división de los ciudadanos y trabajadores en categorías, sociedades en las que los desempleados, las personas de edad avanzada y los jubilados quedan marginados. 
En el apartado 23 del informe se propone la creación de una autoridad europea para la protección de datos. 
No creo que los ciudadanos europeos se beneficien de estas continuas exigencias de creación de nuevas autoridades bajo la égida de la UE. 
Es muy probable que con dichas autoridades aumente simplemente la burocracia. 
Creo que los problemas se solucionan mejor bajo la dirección de las autoridades nacionales. 
Así termina el turno de votaciones 
(La sesión, interrumpida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Competitividad industrial (continuación) 
De conformidad con el orden del día se procede a la continuación del debate conjunto de los informes de los Sres. Donnelly, Langen y Katiforis. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, al intervenir durante dos minutos en el debate sobre la política industrial, en primer lugar, deseo repetir la imperiosa necesidad de políticas industriales europeas voluntaristas. 
Nuestra potencia económica, nuestra independencia, nuestro futuro, y sobre todo nuestro nivel de empleo y de desempleo dependen de ello. 
Esto es cierto por lo que respecta a la construcción naval, la química, y la industria textil, y finalmente, también en lo que afecta a la industria del automóvil. 
En cuanto al automóvil, en primer lugar, deseo felicitar a nuestro compañero Donnelly por la calidad de su informe y felicitar al Comisario y a la Comisión ejecutiva por la seriedad de su comunicación. 
Por supuesto, estoy a favor de la creación de un grupo compuesto por representantes de la industria del automóvil, de los fabricantes de equipamientos, sindicatos y usuarios, para definir las prioridades y las estrategias de investigación para el futuro. 
En el ámbito de la investigación, es preciso esforzarse para reducir la contaminación de los motores, por supuesto, pero también, y sobre todo, de los carburantes. 
Asimismo, es preciso proseguir los esfuerzos en materia de seguridad. 
Todavía hay demasiados muertos y heridos en nuestras carreteras. 
Todo esto es importante. 
Pero, Señorías, sobre todo, es preciso defender la industria europea del automóvil como tal contra competencias desleales e injustas y el dumping social, y hacer cuanto sea posible para contribuir a su desarrollo. 
Esto pasa por una reflexión sobre todas nuestras directivas y decisiones europeas, con las mismas preguntas cada vez: ¿qué es lo que fomenta el empleo, lo que aumenta la producción, el consumo y las cuotas de mercado? 
Por último, y, sin duda, ésta será mi mayor lamento por la lectura de los documentos que hemos debatido hoy, falta en ellos una dimensión humana y una dimensión social. 
El debate de esta mañana sobre Renault nos lo ha recordado y el escándalo de las deslocalizaciones es todavía más grave para la propia destrucción europea. 
Sin la Europa política y social, todo el resto no son más que lágrimas de cocodrilo, como decimos en francés. 
Señora Presidenta, señor Comisario, distinguidos colegas, los cristianodemócratas apoyamos las líneas fundamentales que la Comisión ha mostrado en su comunicación sobre el futuro marítimo de Europa. 
También el Parlamento Europeo mantiene la opinión de que a la larga debería haber una industria marítima competitiva en la Unión Europea como una de las mayores potencias comerciales del mundo. 
Sin embargo, señor Comisario, la directriz es un poco vaga y no es todavía adecuada para detener el retroceso en la construcción naval y el cambio de pabellón de los barcos de los armadores europeos. 
Nosotros dos sabemos también que las reuniones del Foro de Industrias Marítimas que usted inició hace muchos años no han traído ninguna gran idea más en los últimos años. 
Hay una serie de proyectos aislados, pero del Foro de Industrias Marítimas quizá no tenemos que esperar ya mucho en lo que se refiere a grandes ideas. 
No obstante, creemos- y esto como Parlamento en conjunto- que debe haber un nuevo impulso para un debate intensivo entre los órganos de la Comunidad y los círculos económicos correspondientes, sean armadores, astilleros, talleres de equipos, empresas portuarias, etc., pues solamente el autocompromiso de los círculos económicos afectados podrá desarrollar realmente la posibilidad de lograr de hecho un futuro para la Comunidad Europea en el sector marítimo. 
Pero permítanme que comente con toda claridad y franqueza dos o tres puntos: para la construcción naval no va a haber en ningún caso subvenciones altas. 
Allí se espera todavía que el Acuerdo OCDE salga adelante también en los USA y de esta manera puedan salvarse las subvenciones generales a la construcción naval. 
Los astilleros deben lograr o alcanzar sencillamente a través de medidas propias su productividad, su competitividad. 
Y si yo miro alrededor en un país que conozco bien, entonces constato que precisamente los astilleros medianos están absolutamente en condiciones de ser competitivos por sus propias fuerzas. 
La única posibilidad de ayudar a los astilleros de que disponemos en la Comunidad es, por ejemplo, retirar de la circulación mediante un control estatal de los puertos más estricto las substandard ships, produciendo así indirectamente una demanda de nuevas construcciones. 
Para la navegación marítima, señor Comisario, la Comisión ha dejado caer, lamentablemente, la exigencia del Parlamento del registro EUROS. 
Sin embargo, señor Bangemann, tenemos que rechazar la actual política de la Comisión de autorizar a los Estados miembros diferentes sistemas de ayuda, pues esto conduce a distorsiones de la competencia en el seno de la Comunidad e incluso encierra el peligro de que los armadores cambien de pabellón país tras país dentro de la Unión Europea si, por ejemplo, los sistemas fiscales son más atractivos que en otro país miembro grande. 
No puede ser, en efecto, que en un mercado interior se produzcan cambios de pabellón de los armadores hacia países con sistemas fiscales más ventajosos. 
Junto a las condiciones marco, que deben ser únicas, la Comisión debe practicar también una política decidida de navegación marítima. 
No puede ser que la DG IV evite u obstaculice a través de una política de competencia, mal entendida, alianzas de armadores que son urgentemente necesarias para la supervivencia de los armadores europeos. 
En este sentido, la política industrial de la Comisión debe incluir también la política de competencia en el sentido correcto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, como representante de una región marítima, histórica- la de Génova -, quisiera manifestar algunas de las preocupaciones de la gente de mar que, ante las transformaciones del sector marítimo, siente amenazada su profesión: pienso en particular en las dificultades de empleo que encuentran los jóvenes diplomáticos de los institutos náuticos y en el descenso de las inscripciones en las escuelas de mar. 
Creo que en el frente exterior a la Unión necesitamos una política de competencia correcta, basada no tanto en las subvenciones estatales cuanto en criterios de equilibrio entre eficiencia y defensa de los derechos de los interesados. 
Por eso seguimos con atención la evolución de los acuerdos OSCE. 
En el frente interior y en el plano de la iniciativa económica, quisiera subrayar algunas de las recomendaciones de nuestros ponentes: la contribución a la armonización de las políticas marítimas de los Estados miembros, las inversiones en las infraestructuras de los puertos y en los sistemas de guía seguros del tráfico en el marco de las redes transeuropeas, la contribución a la formación de la gente de mar. 
Creo que la Unión debe promover, mediante los programas de investigación y desarrollo tecnológico, las sinergias entre centros de investigación, universidades e industrias para promover la innovación en un sector industrial que, en cuanto a arquitectura, materiales, sistemas de guía y comunicación, se parece cada vez más a la aeronáutica. 
La Unión, en coordinación con los Estados miembros y mediante el incentivo fiscal, debe promover una política de transporte sostenible, interviniendo en apoyo de la experimentación y del establecimiento de sistemas intermodales. 
Propongo que se incluyan las regiones costeras, objeto de transformación por el cambio de los transportes marítimos, específicamente entre las zonas de intervención de los Fondos estructurales. 
Por último, en vista de la reorganización de los tráficos de mercancías internacionales, que regresan por razones estructurales a la ruta mediterránea vía Suez, pido a la Comisión que examine la necesidad de un estudio conjunto con los operadores del sector marítimo sobre las necesidades de esa región ya sea en relación con su importancia estratégica para la Unión o en el marco de las nuevas relaciones de cooperación con los terceros países mediterráneos. 
Deseo hacer mis observaciones en el contexto del amplio debate de hoy sobre Renault y sobre la política industrial, y hacer sobre todo una observación básica. 
Europa tiene el deber de intentar garantizar que la industria europea consigue una mayor participación tanto en sus mercados internos, como en los mercados mundiales; y debemos ayudar a capacitar y no a debilitar la industria europea en las estrategias que escojamos. 
No hay ninguna duda de que el desempleo es el principal desafío al que nos enfrentamos en la próxima década, y francamente, en términos relativos, Europa está fallando en lo que se refiere a la creación de empleo. 
Los problemas surgen de la presión fiscal a que están sujetos los salarios- la diferencia entre lo que un trabajador lleva a casa y lo que los empresarios pagan en total es un problema; la rigidez del mercado laboral es un problema; y no podemos eludir dichos problemas si queremos crear empleo. 
Lo que hoy acojo con satisfacción del informe Donnelly y de la anterior declaración de la Comisión es que presentan el tipo de estrategia que nos permitirá salir adelante. 
Una estrategia que establece las normas en materia de medio ambiente, fija los objetivos para la investigación y el desarrollo, y contribuye en algo al desafío global para la industria europea. 
Es ahí donde mejor situados estamos, y espero que sigamos con este tipo de política, aunque espero que no entremos en un intervencionismo mayor de la gestión económica. 
Señora Presidenta, estimados colegas, en todo este cocktail de debates que estamos celebrando, sólo podré referirme, naturalmente, por la brevedad del tiempo, a la enmienda relativa a la industria química. 
Quisiera decir por anticipado lo siguiente: no puedo entender el ataque general de nuestra colega del Grupo Socialista, que ha hablado antes. 
Naturalmente, nosotros, los Verdes, hemos votado también de manera general en contra del Informe Langen, pero que ahora no se cambia nada en el mismo, señor Langen, no es verdad y quiero decirlo aquí expresamente una vez más. 
Si nosotros decimos que somos de la opinión de que los instrumentos de política económica son un medio de eficacia sobre los costes a la hora de tratar los problemas de medio ambiente, seguramente esto constituye ya un paso adelante en la dirección acertada pero, naturalmente, no es todavía lo que nosotros queremos lograr hoy, a finales del siglo XX, y con la problemática que, en especial, plantean en la vida cotidiana las instalaciones químicas, los transportes de sustancias químicas y los productos químicos. 
Es decir, se ha dado un pequeño paso, pero esto no significa, ni con mucho, que nosotros y la Comisión nos debamos dormir sobre ello. 
Quisiera decir una última frase al respecto y va dirigida, naturalmente, de manera especial al Sr. Bangemann, del cual no creo que satisfaga o pueda satisfacer en el período de su mandato esta aspiración, pero quizá su sucesor o su sucesora. 
Esta frase reza así: quien quiera hacer una política industrial para mañana, no puede apoyarse más en la creación de eficacia sino que debe tener en cuenta que la relevancia para el medio ambiente juega siempre un papel muy grande y especial. 
Señora Presidenta, quiero felicitar, naturalmente, a los ponentes, al Sr. Bangemann y a la Comisión Europea, porque, efectivamente, ésta nos viene presentando los elementos de la política industrial europea con una visión sectorial de la misma, y eso a muchos nos tranquiliza. 
Sin embargo, quisiera hacer una reflexión sobre política industrial y consulta de los trabajadores, partiendo del debate de esta mañana al que él asistió. 
He examinado después los informes en lo que respecta a la consulta de los trabajadores: » hechos son amores». 
Hemos estado hablando de la consulta en el ámbito de la empresa, de las empresas europeas, pero no hemos hablado de lo que puede hacer la Comisión Europea, en su política industrial, para consultar a los trabajadores. 
Es cierto que se habla de un grupo consultivo de alto nivel en el informe del sector del automóvil y, en lo que respecta al sector marítimo, se habla de la task-force y del foro de industrias marítimas. 
Pero mi pregunta se centra en el tema de los trabajadores. 
Está concluyendo ya el Tratado de la CECA. 
Este Tratado fue un buen modelo industrial europeo en los años en que se desarrollaban los dos sectores contemplados en el mismo. 
Y es cierto que abordaba los distintos aspectos fundamentales: política de reconversión, política de innovación tecnológica y medidas sociales (parece ser que, en el futuro, las medidas sociales se reducirán simplemente a la cuestión de la formación de los trabajadores). 
Pero había en aquel Tratado un elemento muy importante que era el Comité consultivo de los trabajadores y de los empresarios. 
Ese modelo ya no es para la Comisión un modelo válido. 
Dado que las políticas industriales comunitarias tienen como efecto el que las empresas se vayan reconvirtiendo y transformando constantemente, ¿cómo podemos incorporar en esta consulta sectorial a las organizaciones sindicales europeas? 
Señora Presidenta, Señorías, tanto si se trata de la industria del automóvil, como de la industria química o de la industria del transporte marítimo, Europa se enfrenta al desafío de la competencia mundial. 
Algunos se imaginan que pueden superar este desafío parapetándose detrás de las protecciones nacionales, lo que es totalmente irrealista y utópico, o una protección europea, suponiendo que sea políticamente posible, lo que dudo mucho en el estado actual de las cosas. 
Económicamente, una protección así no ofrece ninguna perspectiva, habida cuenta de la inserción de hecho de la economía europea en el mercado mundial. 
El informe Langen, al igual que el informe Donnelly, tiene el mérito de indicar la buena dirección que supone la adaptación a este desafío, dicho de otro modo, proseguir los esfuerzos de investigación para mejorar el producto, los esfuerzos de inversión para mejorar la productividad, los esfuerzos de racionalización para mejorar más la competitividad a nivel mundial. 
En cuanto al informe Donnelly, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que propone. 
Sólo tengo una observación que hacer- y es una crítica- en torno a lo que silencia.Todo lo que se dice está bien. 
En cuanto a lo que no se dice, ocurre como cuando se esconde el polvo debajo de la alfombra. 
Ni una palabra sobre los costes de la mano de obra. 
Ni una palabra sobre la rigidez del trabajo. 
Ni una palabra sobre lo que el Sr. Cox ha recordado de forma útil, que es de todos modos un problema fundamental, y no lo evitaremos ignorándolo o haciendo hincapié en el resto. 
Sé que el tema no es popular. 
Sé que en su partido no les gusta abordarlo, pero la política del avestruz jamás ha salvado a nadie. 
Por consiguiente, pienso que hay que tener la valentía de mirar a las cosas de frente. 
Sé muy bien que son medidas difíciles de tomar, sobre todo ahora. 
Por lo que respecta al informe Langen, creo que el conjunto de lo que se ha votado está bien y va por el buen camino. 
Esta mañana, me sorprendió oír a la Sra. Roth-Behrendt cuando decía que, según ella, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor opinaba, al parecer, de forma totalmente distinta. 
No es lo que trasluce de la lectura de los textos. 
O bien la Sra. Roth-Behrendt hablaba en su propio nombre, o bien debemos creer que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no la sigue del todo. 
No sé lo que ha ocurrido, pero no he percibido grandes divergencias entre los textos que se nos han presentado. 
Por supuesto, hay acentos diferentes, pero es lógico y normal. 
Para terminar, señor Presidente, desearía manifestar esto: debemos seguir siendo lógicos con nosotros mismos. 
Todo lo que proponemos hoy en los tres informes, lo repito, es sensato. 
Pero debemos saber que, si es eso lo que queremos, en el futuro, no podremos adoptar legislaciones que vayan exactamente en el sentido inverso. 
Este Parlamento tiene fama de ignorar las consecuencias de sus legislaciones. 
Vemos que ya no somos competitivos, que tenemos costes demasiado importantes, que tenemos una burocracia demasiado pesada, etc. Pero no pasa una semana sin que votemos, en el Parlamento, con un entusiasmo más o menos relativo dependiendo del lugar que ocupemos en el hemiciclo, legislaciones que suponen cada vez nuevos costes o dificultades considerables para la inversión y la investigación. 
Por lo tanto, deberíamos aprender a controlar nuestra tendencia a legislar más de lo razonable. 
Los objetivos que se persiguen en materia de medio ambiente y de protección social son legítimos. 
Debemos ocuparnos de ello, pero debemos tener asimismo en cuenta el conjunto de los objetivos, y no siempre son conciliables de la misma forma. 
Señora Presidenta, al igual que los demás oradores, quisiera felicitar al ponente y también a la Comisión por haber hecho posible todo este debate en estos momentos, porque nos encontramos en una coyuntura vital del desarrollo de la economía europea. 
Al igual que el Sr. Herman, puedo apoyar plenamente los puntos contenidos en el informe Donnelly. Son innovadores y visionarios y ofrecen una respuesta adecuada a las cambiantes circunstancias en las que vivimos. 
El informe Langen sobre el sector químico tiene una importancia especial para mi circunscripción de Munster, y para Irlanda en particular, porque en Irlanda hay actualmente 18.500 personas que trabajan en ese sector. Las exportaciones de la industria química superan los 5.000 millones de libras y su aportación a la economía irlandesa sobrepasa los 200 millones de libras. 
Además, los adelantos tecnológicos que ofrecen las nuevas técnicas de investigación significan que el personal que trabaja en el sector está, por lo general, altamente cualificado. 
Más del 40 % de todas las personas que trabajan en el sector han cursado estudios superiores. 
En unos momentos en que ponemos tanto énfasis en incrementar las cualificaciones de la educación e incrementar las oportunidades para la formación a lo largo de toda la vida, es importante que proporcionemos un marco regulador adecuado para la creación de empleo en este ámbito. 
Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Herman. 
Debemos ser lógicos. 
Debemos adoptar un enfoque flexible que garantice que Europa seguirá siendo competitiva en el mercado mundial y en el mercado global en el que vivimos actualmente. 
Quisiera hacer un llamamiento a esta Asamblea para que nos aseguremos de que no pondremos ningún impedimento al desarrollo de esta industria, que es un sector vital para la economía y para la creación de empleo. 
Señora Presidenta, la libre competencia y las libres fuerzas del mercado son necesarias para garantizar la competitividad de la industria europea. 
Por eso, el Grupo Liberal desea garantizar la libre competencia de la industria europea del automóvil, así como ventajas económicas para los consumidores. 
En consecuencia, hemos presentado dos enmiendas, las núms. 6 y 7, con miras a un reforzamiento del Reglamento nº 1475/95 de exención por categorías respecto a los acuerdos de venta y servicio. 
Este Reglamento contempla una de las exenciones de los requisitos del Tratado de Roma sobre libre competencia aprobadas por la Comisión. 
Espero que el ponente, Sr. Donnelly, y sus Señorías apoyen las dos enmiendas. 
Espero asimismo que el Comisario Bangemann tenga en cuenta lo que se solicita en la enmienda nº 7, es decir, que la Comisión acabe con el incumplimiento sistemático por parte de los fabricantes e importadores de automóviles del régimen de exención por categoría. 
Espero, además, que la Comisión tenga en cuenta el punto 1 d) de la propuesta de resolución sobre la creación de un grupo de expertos de alto nivel para la industria del automóvil integrado por representantes de todas las partes implicadas, incluyendo los distribuidores independientes y, obviamente, los consumidores. 
Propongo también que, como una de sus primeras tareas, este grupo de expertos organice una conferencia sobre un tema muy importante: las modificaciones propuestas para la industria del automóvil. 
Señora Presidenta, al igual que los demás oradores, deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los oradores y, en particular, al Sr. Katiforis por su minucioso análisis de los problemas a los que se enfrentan las industrias marítimas de Europa, por el enfoque integral que plantea para atajar dichos problemas y por sus conclusiones. 
No obstante, existe una notoria inconsistencia en el enfoque que adopta Europa ante la industria marítima. 
Este Parlamento aprueba cada año millones de ecus para el programa KONVER destinado a ayudar a las pequeñas empresas a diversificar sus actividades y pasar de la industria de defensa a la producción civil. 
Pero, al mismo tiempo, penalizamos a las grandes empresas del sector de defensa con más de 230 empleados que buscan la diversificación. 
Una de estas industrias es la de los astilleros. 
Debido a la reducción de la demanda de buques de guerra, estos astilleros se ven obligados a buscar clientes en otros ámbitos. 
Sin embargo, si dichos astilleros presentan su oferta en las licitaciones para contratos civiles dentro de la Unión Europea, automáticamente se encontrarán en desventaja debido a que no reciben los mismos subsidios que los astilleros civiles. 
¿Cómo podemos, por un lado, fomentar la diversificación, y por otro, penalizar a las empresas que intentan diversificarse? 
Es una economía de locos. Si de verdad creemos en la diversificación y en el cambio de la producción de defensa por la producción civil, deberemos atajar este problema. 
Por ello deseo pedir a la Asamblea que apoye la enmienda 4. 
Señora Presidenta, señorías, en primer lugar querría dar las gracias al Sr. Alan Donnelly por su informe, de gran utilidad y competencia. 
El fabricante de automóviles Renault ha anunciado el cierre total de su fábrica de automóviles de Vilvoorde, en Bélgica, así como despidos en las de Francia. 
Al mismo tiempo, tiene el descaro de solicitar ayudas comunitarias en España. 
Si el grupo automovilístico Renault lleva a cabo su puesta en escena de terror, infringiendo la legislación comunitaria, estaríamos ante una farsa de aúpa. 
¿Es esto una muestra de cómo la industria se prepara para el euro. 
No es de extrañar que el euro pueda llegar a ser una palabra ofensiva para los desempleados. 
Los que exigen flexibilidad deberían recordar que un desempleado ya ha cedido en un cien por cien en lo que a él se refiere. 
El crecimiento económico por sí solo no acaba con el desempleo, por lo tanto, al final, deberá intervenirse en las estructuras. 
El acento deberá pasar de ponerse en un impuesto sobre el trabajo personal a un impuesto sobre el valor añadido. 
Esto favorecería al sector servicios, generador de empleos, y, a la vez, permitiría el crecimiento de un sector ampliamente informatizado. 
Que las máquinas realicen los trabajos aburridos y que las personas atiendan a otras personas. 
Espero que la Comisión presente iniciativas en este ámbito. 
En casi todos los Estados miembros de la Unión la economía se ve sometida a los criterios de la UEM. 
El problema reside en que el calendario de los criterios de convergencia es muy acelerado y su interpretación demasiado rigurosa. 
Actualmente, todo se produce en el marco de unas cifras récord de desempleo y de unas circunstancias sociales difíciles. 
La falta más grave es sin duda el hecho de que el desempleo no figura en el grupo de los criterios. 
Precisamente por ello propongo que en el grupo de los duros criterios de la UEM se incluyan dos tipos de estabilidad: estabilidad económica y estabilidad social. 
Dado que la estabilidad monetaria no parece crear estabilidad social ni mejorar significativamente la situación del empleo, el Parlamento debe comprometerse, en el marco de los criterios de la UEM, en particular, en favor de la estabilidad social, para, de esta forma, impedir futuros Vilvoordes. 
Señora Presidenta, quiero subrayar dos cosas. 
Una es la situación en la que nos encontramos en Europa, caracterizada por la plétora de formas de ayudas estatales y de modalidades de distorsión de la competencia. 
Ciertamente, el Parlamento está contribuyendo de forma activa a este proceso, pero sigue habiendo países que van muy atrasados al respecto. 
Es muy difícil lograr que los ciudadanos europeos crean en lo que estamos haciendo cuando ven cómo se trasladan las empresas de su país con ayudas de la Unión. 
Es difícil para el pueblo europeo creer en nuestro proyecto cuando ve que se conceden ayudas estatales a distintas empresas sin contar con la Comisión y que éstas son aprobadas con posterioridad. 
El Sr. Miller ha propuesto que se aprueben ayudas para la reconversión de la industria de la construcción naval militar, de forma que se comiencen a construir buques mercantes. 
Quiere que se concedan ayudas para las reformas de los astilleros. 
La capacidad de los astilleros europeos es excesiva. 
Este es un ejemplo de intereses regionales en colisión. 
Comprendo perfectamente la propuesta del Sr. Miller, pero, si tuviese que hablar en nombre de los astilleros europeos- no lo estoy haciendo, pero si lo tuviese que hacer -, diría que tenemos problemas de exceso de capacidad. 
Se ha hablado de organizar conferencias. 
Ya se han celebrado muchas. 
No obstante, nos encontramos con un problema que preocupa a la población europea. 
Una y otra vez, la situación choca con la política que queremos seguir. 
Por eso recurro al Comisario, para que nos ayude a hablar con el Consejo en situaciones así. 
No se trata únicamente de una empresa que reciba ayudas para trasladarse de Dinamarca a Irlanda, sino que hay también una competencia en el ámbito fiscal. 
Las empresas pagan pocos impuestos en Irlanda en los primeros años después de su establecimiento. 
Esto no pasa en el resto de Europa. 
Por lo tanto, no está en juego únicamente la política de competencia, sino también la política fiscal y de subsidios estatales. 
Señora Presidenta, deseo referirme a la Comunicación de la Comisión sobre el futuro marítimo de Europa. 
Estoy segura de que coincidirá conmigo, señora Presidenta, en que ya que «todas las chicas guapas aman a un marinero» es importante que nos ocupemos y apoyemos a nuestras industrias marítimas y, en particular, a los marinos y su formación, ámbito en el que me gustaría pensar que el Gobierno británico ha establecido un precedente positivo. 
Hoy me gustaría lanzar un reto al Comisario Bangemann y a sus colegas. 
Debemos garantizar que las reglas del juego son las mismas para toda la Unión Europea. 
Quisiera instar a la Comisión a que se asegure de que se pone fin cuanto antes a las ayudas estatales a los puertos y a las compañías de transbordadores. 
En estos momentos no existe ninguna transparencia en la solicitud de las ayudas estatales. 
Espero que el Comisario reconozca que debemos ocuparnos de este asunto y que no puede ser justo que, por ejemplo, Stena/Sealink esté despidiendo a marinos británicos porque, como decía el Sr. Jarzembowski hace un momento, el Gobierno neerlandés ha decidido proteger a los marinos de su país ofreciendo un régimen fiscal preferencial a las empresas del sector. 
Eso no puede estar bien. 
Quisiera llamar la atención del Comisario y de la Asamblea sobre la opinión del Sr. Belleré y, en particular, sobre los apartados 8 y 9 en los que pedimos una competencia libre y justa entre los medios de transporte, en la que todos los medios de transporte corran íntegramente con sus propios gastos, incluidos los gastos externos, y que se fomente una competencia libre y justa entre los puertos de la Comunidad y entre las compañías de transporte marítimo. 
Aunque sea lo único que haga Comisión tras el debate de hoy, espero que establezca unas reglas del juego iguales para todos e intente suprimir las enormes ayudas estatales como las que practica Holanda que, a mi entender, son una burda injusticia. 
Apoyo la opinión del Sr. Belleré y, también, el informe del Sr. Katiforis. 
Señora Presidenta, la comisión y su ponente, el Sr. Katiforis, merecen una felicitación por las propuestas presentadas, en las que señalan las virtualidades y las medidas que podrían permitir un mayor aprovechamiento del transporte marítimo para este caso (es éste el caso al que me circunscribo). 
El transporte marítimo, que representa el 90 % del tráfico extracomunitario y el 30 % del tráfico intracomunitario de mercancías, constituye el modo de transporte más barato, menos congestionador y menos contaminante, circunstancias a las que conviene que se dé un relieve cada vez mayor. 
Con todo, además de lo que he dicho, es necesario que se preste mayor atención a la articulación del transporte marítimo con los demás modos de transporte, en particular con los transportes ferroviario y por carretera, pues sólo así se conseguirá su mejor aprovechamiento y una cobertura completa del territorio europeo, incluidas las regiones y los países interiores, menos favorecidos. 
En esa línea, debe cobrar, a su vez, una gran importancia la utilización de los puertos de media y pequeña dimensión, que, por lo demás, pueden aceptar buques que representan más del 60 % del tráfico comunitario. 
Además de evitarse, así, congestiones innecesarias de los grandes puertos, se contribuye de forma importante a la citada mejor cobertura del territorio en pro de un aprovechamiento más eficiente de todos los recursos y del bienestar de la generalidad de los ciudadanos. 
Así, pues, creo que se trata de aspectos que se deberían añadir. 
Señora Presidenta, como uno de los últimos oradores del Grupo Socialista que hoy intervienen, deseo aclarar algunos aspectos surgidos durante el debate sobre el informe del Sr. Langen. 
El Grupo Socialista acoge con satisfacción el informe porque demuestra un claro conocimiento de los problemas por los que atraviesa la industria química desde hace algunos años. 
El sector se encuentra en un proceso de cambios constantes que ha traído consigo la competencia global. Eso significa que apoyamos la mayoría de las acciones propuestas en el informe encaminadas a ayudar a la industria a adaptarse y poder hacer frente a dicha competencia. 
No obstante, existen aún algunas diferencias entre los Socialistas y los Democristianos que van más allá de un simple matiz. 
Existen problemas con la liberalización del suministro energético y la desregulación del marco regulador en lo que respecta a la industria, sobre lo que no podemos estar completamente de acuerdo con los Democristianos. Está, en particular, la utilización de los acuerdos voluntarios en la promoción del impuesto sobre el dióxido de carbono. 
Los Socialistas consideramos los acuerdos voluntarios como un complemento de la legislación y no como un sustituto de la misma. 
En lo que se refiere al impuesto sobre el dióxido de carbono, consideramos prácticamente inevitable que algunos Estados miembros lo introduzcan, por lo que debe ser elaborado de una manera inteligente. 
El futuro de la industria química europea se basa en la mejora de lo que ya tenemos: una industria de alto valor que produce productos de alto valor con una fuerza laboral bien preparada y está bien remunerada y compensada por la labor que realiza. 
Ése es el futuro de la industria química europea, no la desregulación y no un enfoque de la competencia que signifique que lo más barato es lo mejor. 
Langen y Katiforis han presentado con razón sus informes confiriéndoles, ante todo, un pequeño sesgo de política económica tal como ellos la entienden. 
Si se presenta al Parlamento una comunicación sobre sectores concretos y el Parlamento elabora informes sobre ellos, éstos constituyen siempre, naturalmente, cortes de una política global. 
En este sentido esto ha sido absolutamente correcto. 
También yo quisiera comenzar diciendo una vez más cómo entendemos nuestra política económica que hasta ahora, en cualquier caso desde hace 8 años, venimos practicando con éxitos no insignificantes. 
La situación de partida estaba totalmente clara. 
Nos encontrábamos en la época de la creación del mercado interior, es decir, en nuestros propios mercados estaban naciendo nuevas condiciones de competencia y se podía apreciar ya entonces que iría en aumento la tendencia a la globalización, que incluso las fronteras exteriores de la Unión con sus socios comerciales se harían más transparentes y que la competencia se convertiría cada vez más en un principio de este sistema económico global. 
Ahora bien, cabe tratar ideológicamente a la competencia o de manera totalmente relajada, si se me permite la expresión. 
Ideológicamente se puede condenar la competencia o se la puede alzar hasta el cielo. 
No pertenezco a ninguno de los dos grupos, pues en realidad pienso que la competencia es un instrumento, una condición previa, para que yo pueda alcanzar muchos otros objetivos. 
La Sra. Soltwedel-Schäfer, por ejemplo, dice que hay una contradicción entre la eficiencia y la orientación social o la orientación medioambiental de un sistema económico. 
Esto es así desde una consideración meramente superficial. 
Efectivamente, un sistema económico no eficiente no es por regla general- y lo han puesto de manifiesto todos los ejemplos en la historia- socialmente adecuado ni ecológicamente adecuado. 
Las dificultades que han surgido, por ejemplo, en los nuevos Estados federados de Alemania a propósito de la preparación de los suelos sobre los que estaban las antiguas empresas industriales y las que han surgido en la eliminación de estos daños, han mostrado claramente que esto, sencillamente, no es verdad. 
Pero la eficiencia o, mejor, la competitividad, es ciertamente un instrumento para conseguir objetivos mejores y más elevados. 
Tomemos el ejemplo de los salarios altos que ha utilizado mi amigo Herman. 
Considerados en sí mismos, los salarios altos son en principio algo que puede tener efectos desfavorables en la competencia. 
Es totalmente claro que si tengo salarios altos y, por tanto, costes elevados y no los puedo absorber, estoy en desventaja frente a un competidor. 
Sin embargo, puedo aminorarlos si soy más productivo. 
Esta es una posibilidad. 
Por consiguiente, puedo financiar salarios altos y costes salariales adicionales y, por tanto, sistemas sociales, como sucede en muchos países miembros, si me lo permite mi productividad. 
Esto quiere decir que debo ser un poco mejor, debo ser un poco más eficiente. 
Por esta razón me pone siempre nervioso- y lo he combatido una y otra vez a lo largo de mi carrera política- que la gente esté en contra del rendimiento. 
¿Qué hay que objetar al rendimiento? 
Es muy humano que alguien quiera hacer algo razonable. 
No sé quién ha puesto del ejemplo del jefe de cocina. 
Si yo, por ejemplo, tengo ante mí dos restaurantes y en uno de ellos hay una excelente comida porque el cocinero tiene buen rendimiento, mientras que en el otro hay bazofia, entonces elegiré el local que rinde. 
Por lo demás, todos los que están en contra del rendimiento van también al local bueno. 
Esta es una manera singular de renunciar a los propios principios. 
Por consiguiente, no considero el rendimiento como algo malo. Lo necesitamos y podemos compensar de esta manera muchas desventajas que tengamos. 
Tomemos un ejemplo del sector del automóvil. 
Volveré al tema pormenorizando. 
En la Unión tenemos una situación muy diversa por la diversidad de empresas. 
Hay empresas que tienen problemas y hay otras que no tienen problemas, en absoluto. 
Tomemos el tema de la supercapacidad. 
Hay empresas que tienen supercapacidades y deben reducirlas, y hay otras que para determinados modelos tienen un período de entrega de un año y no se trata de automóviles baratos. 
Esto muestra una vez más que la cuestión del precio no es necesariamente determinante, que lo más barato no siempre es lo mejor. 
Usted tiene toda la razón, señor Bowe. 
Pero ahora tampoco se debe hacer como si pudiéramos fabricar cualquier cosa pues alguien ya nos la comprará. 
Esto no funcionará. 
Por esta razón, en nuestra política industrial hemos dicho siempre que debemos ser un poco mejores, porque quizá seamos un poco más caros. 
Pero esto lo podemos conseguir. 
Para ello es preciso, ante todo, flexibilidad. 
En nuestro programa, que presentamos hace dos años- creo que el Sr. Rapkay lo ha mencionado- un punto importante era la formación intensiva y la formación contínua de los trabajadores y de los empleados. 
Efectivamente, si no invertimos en human capital no lograremos lo que todos queremos. 
Este es precisamente el punto, en el que tendríamos que ponernos de acuerdo. 
Este rendimiento es necesario, para que se puedan alcanzar otros objetivos políticos. 
Paso ahora a referirme a las cuestiones concretas. 
Todo lo que se propone adicionalmente en el informe no constituye problema alguno para la Comisión. 
Estamos gustosamente dispuestos a emprender las iniciativas que propone Alan Donelly, en especial, el Foro, es decir, un ente permanente en el que discutamos con los sindicatos, con las empresas y con los proveedores y, por consiguiente, con todo el complejo de la industria del automóvil. 
Aunque confieso que, naturalmente, estoy siempre bajo la sospecha de no ser precisamente alguien que se incline de manera especial por los sindicatos, les ruego que escuchen por doquier en el Foro de Industrias Marítimas. 
El Sr. Jarzembowski es mi testigo. 
He sido casi el único que impuso por la fuerza bruta que los representantes sindicales pudieran participar y luego pudieran asumir también un papel en el high level panel, es decir, en el steering commitee. 
Es totalmente claro, y lo digo una vez más con vistas al presente caso, que una política económica e industrial eficiente no sale adelante sin un componente social razonable, y la participación de los trabajadores en las decisiones de una empresa es no sólo una cuestión de la política social o de la justicia, sino una cuestión de la eficiencia de esa empresa. 
La empresa se vuelve más eficiente cuando los trabajadores y los empleados pueden codecidir en las decisiones importantes. 
Ahora bien, mi colega Flynn ha dicho ya cuán complicado es implantar algo semejante en Europa. 
Ustedes conocen, ciertamente, el drama de la Carta Social. 
Yo mismo he visto, con ocasión del intento de implantar un estatuto de la sociedad anónima europea, cuán disparatadamente difícil fue esto sólo con la cogestión. 
Esta fue la única razón de que, en último término, fracasara todo. 
Algunos no quisieron nada en absoluto, los demás no quisieron renunciar a sus modelos especialmente buenos y al final nos quedamos todos en nada. naturalmente, esto no tiene sentido. 
Por consiguiente, demos una respuesta afirmativa al diálogo y también a las demás demandas. 
La industria del automóvil tendrá que experimentar, sin duda alguna, un cambio estructural, pero está en condiciones de superarlo. 
No soy de la opinión- aunque algunos también lo pensarían- de que no sea capaz de hacerlo. 
Lo logrará mediante una cierta reducción de la capacidad. 
En algunas empresas esto va a ser posible pues entretanto nos hemos hecho más competitivos de lo que éramos hace algunos años. 
El retroceso de la cuota de mercado de los automóviles japoneses en la Unión tiene seguramente varias razones, sin embargo, una de las razones más importantes a este respecto es seguramente que nuestros fabricantes de automóviles ofrecen productos que son mejores, que dicen algo más a los compradores que los automóviles procedentes del Japón o de Corea. 
Alguien ha dicho que deberíamos ser más coherentes. 
Lamentablemente, celebramos discusiones con diferentes participantes. 
Cuando discutimos sobre política industrial se sientan siempre los mismos allí, si discutimos sobre política de medio ambiente los que se sientan allí son otros. 
Esto también es así en el Consejo de Ministros. 
Hay un Consejo de Ministros de Industria, que discute y dice que los precios de la energía tienen que bajar. 
Y después hay un Consejo de Ministros de Medio Ambiente que dice que los precios deben subir, y según sea la dirección en que se incline la Presidencia, así se tomará la decisión. 
Esto es absurdo. 
Hemos de mantener una línea coherente y, naturalmente, necesitamos también más sentido comunitario en Europa. 
La Sra. Peijs ha mencionado, y otros se han referido también a ello, que en Holanda se han encontrado soluciones mejores y que la gente se marcha a Holanda. 
Mientras no tengamos una política común, considero que esta es la segunda solución mejor. 
De todos modos, en Holanda todo es mucho mejor. 
Entonces, vayámonos todos a Holanda, no pasa nada. 
De esta manera surge una presión que genera también de hecho estas soluciones comunes, y yo soy el primero en decir- y la Comisión hará una serie de propuestas- que también necesitamos esto en el ámbito de los impuestos. 
Por consiguiente, respecto de lo que propone Alan Donnelly: sí, haremos esto y lo pondremos en práctica muy rápidamente. 
Paso ahora a la industria química. 
Este es realmente el primer caso de benchmarking. 
Con la industria hemos acordado que queremos desarrollar, por decirlo así, un modelo acerca de cómo una industria se mantiene competitiva por sí sola y responde al mismo tiempo a las cuestiones sociales que surgen de ello. 
Como ustedes pueden ver también en el excelente informe del Sr. Langen, la industria química lo ha conseguido. 
Esto es realmente posible, incluso en una industria en la que los precios juegan de hecho un importante papel. 
Naturalmente, se puede decir que cuando un automóvil es algo más caro, quizá algo más elegante, es también un poco mejor, pero si ustedes producen una materia prima cualquiera, como sucede generalmente en la industria química- si se exceptúan los derivados y los productos upstream- entonces cualquier competidor puede fabricar este producto y ello depende únicamente del precio. 
A pesar de todo, nuestra industria se ha mantenido muy bien y creo que éste es un logro empresarial excelente y también un logro de los sindicatos, pues los sindicatos en este sector industrial son- en lo que respecta a estructuración y reestructuración- muy abiertos y discuten de un modo que sólo podemos desear en otros sectores industriales. 
Hoy no estamos celebrando un debate sobre el carbón, pero, señor Rapkay, quisiera decirle ya que una industria en la que cada puesto de trabajo es subvencionado al año con 120.000 marcos- estos son hechos, esto no se puede negar- es decir, en la que cada puesto de trabajo cuesta al mes 10.000 marcos de dinero público, no puede sobrevivir. 
A las ciudades de la zona del Ruhr que han abandonado esta industria y que han entrado en perspectivas nuevas y modernas, como, por ejemplo, Essen, -Essen es la mayor ciudad de servicios de Alemania- no se les puede objetar nada. 
Si ustedes hablan con estas ciudades o con el Partido Socialdemócrata de allí, escucharán ustedes lo siguiente: » ¿Por qué no hemos hecho esto antes? ». 
La cuestión no es de qué forma se hace esto, si por la vía de la concertación social, pero ustedes están haciendo como si ésta fuera una industria tradicional que tiene futuro. 
No obstante, quiero hacer una distinción con la construcción naval. 
Por esta razón hemos dicho que hemos de luchar contra el malentendido de que estas industrias tradicionales no tienen futuro. 
Por lo demás, nosotros hemos logrado que entretanto la gente crea que hay un futuro. 
No me pregunten ustedes cómo se puede justificar una industria, cuando a pesar de las subvenciones el carbón alemán es 200 marcos más caro por tonelada que el carbón importado desde cualquier otro lugar, incluidos los costes de transporte. 
No lo entiendo. 
Aquí se acaba mi comprensión y creo que hay que actuar entre nosotros de manera abierta y leal. 
En el sector de la construcción naval tenemos desde hace años- creo que han pasado ya cinco años- el Foro y, creo, con buen éxito. 
Bien, señor Jarzembowski, no todos los años se produce una nueva idea deslumbrante. 
Es muy raro que esto ocurra y si ocurriese, entonces me acercaría con una cierta preocupación al autor de la idea pues se trataría de alguien que, seguramente, no tiene los pies en el suelo. 
Estamos haciendo fuertes progresos, especialmente en investigación y desarrollo. 
Una diputada, la Sra. Estevan Bolea, ha dicho que la construcción naval es algo más que construcción naval. 
Si ustedes han leído el informe- ojalá lo hayan leído, pues precisamente esta frase se encuentra en él- no lo pueden utilizar como crítica contra la Comisión. 
En el Foro hemos dicho, ciertamente, que necesitamos puertos, proveedores, sociedades de clasificación, institutos científicos, oceanografía, etc. Necesitamos todo esto para elaborar un sistema que funcione. 
Todo esto se ha logrado en cierta manera. 
Lo que no tenemos aún en este informe, aunque se ha mencionado aquí debidamente, es la nueva situación con la negativa de los norteamericanos a ratificar el nuevo Tratado OCDE. 
Entretanto, no creo ya que lo consigan. 
En tal caso, nos enfrentaremos a la pregunta de «¿qué hacemos? ».Tenemos varias alternativas. 
En primer lugar: hacer esto sin los americanos. 
Ello es posible y, por lo demás, absolutamente razonable, pues nuestros más difíciles competidores en esta cuestión son los japoneses y, en especial, los coreanos, y no en primer término los americanos. 
También podemos desarrollar otra política, una nueva política propia. 
La tercera posibilidad, que probablemente iniciemos, es hacer ambas cosas. 
Intentaremos mantener vigente el Tratado OCDE sin los americanos y, paralelamente, desarrollaremos una nueva política para la industria de construcción naval en sentido amplio. 
En todo esto la industria de construcción de navíos de guerra, the navy ship building, desempeña, naturalmente, un papel decisivo, pues si queremos tener una política propia exterior y de seguridad- lo mismo digo siempre de la industria de defensa- habremos de disponer también de una mínima capacidad de producción de material, es decir, incluso de barcos. 
Está totalmente claro que la cuestión de los costes en la construcción naval para la marina no está tan en primer plano como en la construcción naval de barcos civiles, de suerte que los astilleros que puedan hacer ambas cosas pueden lograr una combinación de costes que sea más favorables. 
Por lo demás, tenemos que pensar en qué medida es competitiva nuestra construcción naval de barcos mercantes. 
Esto no se puede planificar, en este punto no podemos marcarnos objetivos. 
Alguien ha dicho que la Comisión debe trazarse objetivos. 
Esto no tiene nada que ver con la economía de mercado. 
Sin embargo, podemos definir más claramente que hasta ahora las condiciones bajo las cuales puede trabajar una industria semejante. 
Esto debe hacerse también. 
Permítanme decir aún alguna cosa sobre las subvenciones y la deslocalización. 
Ciertamente, ya hemos hablado de esto de diversas maneras. 
Aquí existen también dos planteamientos exagerados y, por tanto, equivocados y una única posibilidad acertada de abordar el problema. 
Sería totalmente exagerado afirmar que no hay ningún problema en actuar como si todo estuviera en orden. 
En este sentido, quizá Renault haya tenido al menos un cierto efecto positivo cuando todos vieron claro que había un problema. 
El otro planteamiento equivocado es afirmar que ahora tenemos que implantar reglas muy estrictas: que nadie se mueva, donde esté cada cual allí ha de permanecer. 
No debe reducir o modificar puestos de trabajo, no está permitido. 
También esto significaría el final de una estructura industrial competitiva, pues ciertos desplazamientos tienen sentido e incluso eventualmente cabe apoyar también con subvenciones determinados asentamientos nuevos. 
Por consiguiente, esto significa que en cada caso hemos de analizar- y este es el planteamiento correctosi tiene sentido realmente un subvencionamiento desde el Fondo Regional, desde el Fondo Social o desde otros Fondos. 
En este punto se encuentran en contradicción dos objetivos: por un lado, el objetivo de desarrollar una industria en una región y, por otro, no generar supercapacidades. 
Se ha mencionado, no sin razón, la industria metalúrgica. 
En ella hemos llevado a cabo la obra de arte de reducir las supercapacidades y, por cierto, de un modo que aunque ha implicado siempre dificultades sociales también ha sido asumido y comprendido. 
Gracias a esto tenemos una capacidad que se corresponde con la demanda, tenemos precios razonables y, en consecuencia, ningún problema. 
Tenemos que analizar- no sólo en el ámbito de la industria automovilística, sino también en otros sectores- si es pertinente generar nuevas capacidades, o si esto trastorna el mercado llegando a situaciones que luego sólo podremos controlar mediante contramedidas, es decir, a través de más dinero, lo cual, naturalmente, es absolutamente absurdo. 
Hemos de que proponernos esto. 
Por lo demás, tenemos una regulación semejante en las fibras artificiales, donde no autorizamos el desarrollo de nuevas capacidades, porque existe capacidad suficiente, o mejor dicho, no autorizamos ninguna subvención, de manera que si alguien quiere hacer el desarrollo por su cuenta, puede hacerlo. 
Por consiguiente, de todo esto debería derivarse un planteamiento razonable, pues concretamente en los problemas económicos hay siempre soluciones buenas, acertadas, y falsas. 
Una persona relativamente importante del SPD alemán expresó una vez esto con la siguiente fórmula: » No existe una política económica del SPD ni una política económica del CDU... » -no estoy citando ahora a un liberal, sino expresamente a un hombre del SPD, porque creo que tiene más credibilidad ante usted, señora diputada, sólo que una vez más esto no le gustará- así pues, este hombre dijo, en mi opinión, con toda razón lo siguiente: » no hay una política económica del SPD, del CDU, del FDP, hay sólo una política económica verdadera o falsa». 
Me gusta este hombre, tenía razón, y precisamente a eso nos vamos a atener en este punto. 
La pregunta, naturalmente, es quién decide lo que es erróneo y lo que es acertado. 
Esto lo hace siempre la Comisión. 
A veces esto es de otra manera. 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Sociedad de la información, la cultura y la educación 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0325/96) de la Sra. Morgan, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la sociedad de la información, de la cultura y de la educación. 
Señora Presidenta, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación siempre ha reconocido la importancia y el significado que tiene la sociedad de la información para nuestro futuro bienestar económico. 
No existe la menor duda de que aplaudimos fuertemente los esfuerzos encaminados a proporcionar el acceso universal a los nuevos medios de comunicación, y acogemos con satisfacción los grandes esfuerzos que se están llevando a cabo para desarrollar la infraestructura en todo el continente con la ayuda de fondos de la UE. 
No obstante, si todos realizamos un esfuerzo común llegaremos inevitablemente a una situación- quizá no ahora ni tampoco en este siglo, pero en algún momento del siglo XXI- en la que todos estaremos conectados a la sociedad de la información. 
¿Pero qué sucederá entonces? 
¿Para qué querría alguien utilizarla? 
La Comisión de Cultura era perfectamente consciente de que existía una grave carencia de enfoque en lo relativo al contenido de la sociedad de la información y que era necesario centrarse tanto en las oportunidades que brinda a la educación y la cultura, como en los obstáculos que traerá consigo. 
Eso fue lo que llevó a la Comisión de Cultura a iniciar el presente informe. 
Todos sabemos con qué velocidad avanza este sector y nos alegra comprobar que desde que iniciamos el borrador original, muchas de las recomendaciones del informe han comenzado a aplicarse o, al menos, son objeto de serias consideraciones. 
Es interesante observar que anoche mismo no sólo respondió la Comisión, sino que además Jacques Chirac prometió en su intervención que todos los colegios de secundaria estarían conectados a la sociedad de la información antes del año 2000, y que se reduciría el tipo de IVA para los productos multimedia. 
Espero que esta reducción se limite a la multimedia educativa. 
Antes de proseguir, es importante que informe al Parlamento sobre los motivos que me han llevado a introducir cinco enmiendas en mi informe por las que se fija un calendario que apuesta por la aplicación antes del año 2000. 
Algunos diputados han preguntado «por qué el año 2000, y por qué no 1999 o 2001? 
La causa obedece simplemente a que el estudio comparativo, los proyectos piloto y la formación del profesorado podrán lograrse todos ellos para esa fecha. 
Si no fijamos un calendario para los objetivos, no tendremos un marco que sirva de base a las propuestas contenidas en el presente informe. 
Por este motivo, espero que todos apoyen dichas enmiendas. 
La Unión Europea debe fijar las pautas. 
Acabo de oír que el Sr. Bangemann es muy dado a las pautas, por lo que espero que adopte esta idea del informe. 
Es importante que los Estados miembros de todo el continente alcancen dichas pautas. De lo contrario, nos convertiremos en una élite rica en información que no hará nada por contribuir a la cohesión social de toda Europa. 
Lo primero que debemos hacer es facilitar a nuestros hijos las herramientas de este nuevo comercio, aunque primero deberemos equipar al profesorado. 
Los Estados miembros deben plantearse la incorporación de módulos de TI obligatorios en los cursos de formación del personal docente. 
Esta práctica debe ir acompañada de la formación a lo largo de toda la vida con objeto de que puedan mantenerse al corriente de los avances tecnológicos. 
También debemos alentar a los padres a que se interesen en este asunto para evitar que se produzca un desfase generacional en el ámbito tecnológico. 
Estos avances tecnológicos se están produciendo a un ritmo tan rápido que es importante que nos paremos a estudiar qué podemos hacer para adaptar nuestras instituciones de la enseñanza como corresponde. 
Actualmente se fabrican ordenadores tan pequeños que los estudiantes pueden ocultarlos fácilmente de la vista de los profesores y de los padres. 
Los pueden esconder incluso en sus zapatillas deportivas. 
La recuperación de datos pasará a ser una segunda naturaleza de muchos alumnos. 
Recientemente he visitado un colegio de mi circunscripción en el que se pidió a los alumnos que dibujaran un átomo. 
Uno de los chicos volvió con la última imagen publicada en la página web de la MIT. 
Ésa es la clase de educación de la que hablamos. Por ello, hay que enseñarles a analizar la información que reciben. 
Debemos garantizar que aprenden a interpretar los datos y a evaluarlos de una manera crítica. 
Y lo más importante, debemos garantizar que las mujeres aprovechan las oportunidades que se brindan para que no queden aún más marginadas en el siglo XXI. 
También habrá oportunidades para que los alumnos que necesitan más tiempo para aprender puedan avanzar a su propio ritmo y, lo que es crucial, para las zonas rurales con el fin de que no se sientan marginadas. 
Siempre nos enfrentaremos a la cuestión de quién corre con los gastos de las nuevas tecnologías, sobre todo en el ramo de la educación. 
Conviene, por ello, analizar ejemplos de las mejores prácticas y estudiar el modo de crear asociaciones públicas y privadas que proporcionen y garanticen la calidad para las futuras generaciones. 
Las nuevas tecnologías pueden modificar toda nuestra cultura y nuestras formas de vida. 
Pero también hay que tener en cuenta la cultura, en el sentido más estricto del término. 
¿Qué mejor método de garantizar el acceso a la cultura que a través de nuestras bibliotecas? 
Las tecnologías de la información pueden tener un efecto enorme sobre nuestras bibliotecas. 
Por ello nos complace comprobar que la Comisión ha respondido, una vez más, a nuestros llamamientos para que elabore un informe sobre las bibliotecas y la TI. 
Por último, aunque de vital importancia, propongo la creación de un archivo del milenio. 
Sería un archivo en soporte digital de las principales colecciones relativas a la cultura de los quince Estados miembros de la UE. Todos los colegios, las universidades y las bibliotecas de la UE tendrían libre acceso a dicho archivo. 
Pero es importante que actuemos ahora. Existe el enorme peligro de que las poderosas multinacionales adquieran los derechos en exclusiva de estos datos digitales, lo que excluiría a algunos miembros de la sociedad de poder contemplar su propio patrimonio cultural. 
Señora Presidenta, deseo comenzar felicitando calurosamente a la ponente por su excelente informe. 
Es mucho lo que contiene este informe, tanto que me resultará difícil extraer las cuestiones importantes en el tiempo de que dispongo. 
Por este motivo, deseo centrarme en los apartados 27 y 28; la situación y el papel de las bibliotecas en Europa, a las que la ponente acaba de referirse. 
La existencia de bibliotecas es señal de una sociedad civilizada; una sociedad educada y culta dispone de bibliotecas buenas y de fácil acceso. 
Por el contrario, aquellos que desean distorsionar la historia o reprimir a sectores de la sociedad suelen destruir o reprimir las bibliotecas. 
Tenemos el deber de asegurarnos de que el inmenso poder de la revolución de la información no excluye, perjudica ni desatiende a nuestras bibliotecas, que son un nexo crucial para salvar el vacío entre ricos y pobres, para proporcionar los conocimientos fundamentales a otras culturas y otras lenguas y para la cohesión social, como acaba de decir la ponente. 
En la sociedad de la información del futuro- a la que el presente informe se refiere de forma más que admirablelas bibliotecas deben tener un papel primordial. 
Eluned Morgan acaba de hablar de la recuperación de datos, y de cómo el almacenamiento electrónico de materiales y de información y su posterior recuperación brindan oportunidades maravillosas mezclando las realidades físicas con funciones virtuales. 
Todo ello puede ampliarse, pueden ampliarse las nuevas oportunidades en beneficio de millones de personas, y colecciones enteras que permanecían inaccesibles a la mayoría de la sociedad serán ahora fácilmente accesibles en muchas terminales- bibliotecas públicas, colegios, universidades y en todos los establecimientos docentes. 
Pero son oportunidades que un mercado libre no proporcionará. 
Un mundo en el que el único objetivo es hacer dinero no considerará esto una prioridad. 
El papel de la Unión Europea, por lo tanto, adquiere mayor importancia que nunca, a saber, proteger nuestra cultura y nuestro patrimonio, pero también abrir nuevas puertas a millones de personas y no sólo a unos pocos; puertas que permanecerán cerradas si dejamos que el mercado siga su propio curso. 
Es un aspecto que apenas se ha tocado realmente y que merece mayor atención. 
Apoyo el llamamiento a la Comisión para que presente un libro verde. 
Me alegra que la Comisión se haya mostrado dispuesta a apoyar esta petición y espero que actúe con rapidez para que las bibliotecas no se queden atrás. 
La ponente ha presentado un excelente informe. La felicito. 
Cymru am byth. 
Señora Presidenta, este es hoy el tercer tema que guarda relación con la sociedad de la información, y esto indica en realidad hasta qué punto tratamos este enorme problema de una forma fragmentaria. 
Esta mañana se trataba de la sociedad de la información y asuntos sociales, ahora hablamos de la sociedad de la información y la educación. 
En primer lugar, quiero felicitar a la Sra. Morgan por su buen informe. Pienso que ha expresado con precisión qué piensa la Comisión de Cultura- que también es la Comisión de Educación- del contenido de la sociedad de la información. 
No nos asustamos de este contenido y su desarrollo, sino que hemos de aprovechar sus oportunidades. De lo que se trata, y me complace poder decir al Comisario lo mismo que he dicho esta mañana a otro Comisario, es por supuesto que los aspectos culturales, y me refiero a la cultura en sentido amplio, se incluyan en la política relacionada con la tecnología de la información, y que en este caso se dé forma al apartado 4 del artículo 128. 
Y que no es cierto que los aspectos culturales estén subordinados a esos otros aspectos, sino que se consideran iguales. 
Pienso que una política típica para Europa podría consistir en ir al paso de los desarrollos relacionados con la tecnología de la información. 
El mayor peligro es que nos quedemos atrasados desarrollando planes en lugar de ejecutarlos. Todas las escuelas han de conectarse a Internet: en cooperación con el programa «Web for schools» , personalmente quisiera proponer que los diputados del Parlamento Europeo apadrináramos diversas escuelas para ocuparnos de que nuestras ideas, tal y como las expresamos aquí, se traduzcan en hechos y se transmitan a la enseñanza, con lo cual al mismo tiempo podríamos establecer un contacto entre la educación y el Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, deseo saludar la calidad del informe de nuestra compañera la Sra. Morgan, informe que pide algunas observaciones por nuestra parte, y que estoy seguro, comparten muchos de nosotros. 
Desde hace algunos años, numerosos europeos se han familiarizado con los nuevos conceptos de la comunicación. 
Además, Francia estuvo a la cabeza de esta revolución cultural permitiendo a cada hogar francés acceder al minitel. 
Al dirigirse a los jóvenes, el Presidente Jacques Chirac subrayó la necesidad urgente de luchar contra el analfabetismo y realizar un esfuerzo para abrir el acceso a la informática al mayor número posible de personas, sobre todo, haciéndola financieramente más accesible. 
Este reto es capital para Europa. 
Las decisiones que deberemos adoptar deberán implicar esta noción de urgencia porque las nuevas tecnologías de la información evolucionan muy rápidamente. 
Conviene asimismo acompañar a nuestra juventud en descifrar ese lenguaje, en primer lugar, para no deshumanizar esta aproximación, y también para proteger sus contenidos. 
Proteger no significa encerrar, muy al contrario, significa que cada cual exprese su visión, sobre todo, en materia cultural, respetando a todos. 
Así, ni que decir tiene que, ahora que estamos todos afectados por diversos hechos de una barbarie inaceptable, la protección de los menores debe reforzarse tanto en la elaboración como en la difusión de los programas. 
Una vez instaladas estas defensas, podremos aceptar el reto principal que consiste en favorecer el establecimiento de redes y contactos entre el Norte y el Sur, entre regiones urbanas y regiones rurales, entre regiones turísticas y regiones industriales para incitar a nuestros conciudadanos europeos a la realización de proyectos comunes. 
Compartir experiencias y habilidades comunes es una baza importante de nuestra lucha contra el desempleo, y de forma más general, de nuestra lucha contra la fractura social. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el excelente informe de la Sra. Morgan es acogido con satisfacción, ya que, en el ámbito de la sociedad de la información ha llegado ya la hora de colocar a la educación y a la cultura en un lugar primordial. 
Ahora es el momento de asignar recursos para desarrollar su contenido y mejorar la calidad. 
El mercado de los multimedia que se emplean en la educación constituye un sector en crecimiento que precisa de la cooperación entre productores y usuarios, así como de una adecuación lingüística y cultural de los productos para proteger la diversidad europea. 
En el programa INFO 2000 debe incluirse más ayuda para este objetivo y en los programas de investigación debe hacerse hincapié en el desarrollo de los multimedia y de los software destinados a la educación. 
Asimismo es imprescindible que la Comisión presente cuanto antes para su examen el Libro Verde sobre las bibliotecas que se encuentra en preparación y que inicie, por lo tanto, el importante debate sobre el acceso público a la información, los derechos de autor, contemplados también desde el punto de vista del usuario, la situación de la lectura y de los libros, la imagen laboral de los profesionales del sector de la información y sus necesidades de formación en la moderna sociedad de las redes y de la información. 
Desde hace ya tiempo, los problemas en relación con la información han dejado de ser cuantitativos para pasar a ser cada vez más cualitativos. 
La cuestión reside en si todos tendrán acceso a aquella información que desde su punto de vista sea fundamental y en si contarán con la capacidad para evaluarla y seleccionarla. 
Señora Presidenta, el informe Morgan tiene el mérito de señalar el carácter fundamental de la dimensión cultural y educativa en la sociedad de la información. 
Las nuevas tecnologías representan, desde luego, una oportunidad extraordinaria, pero ocultan también riesgos extraordinarios. 
Los dos riesgos principales son: la exclusión y la homologación. 
Es evidente que los estratos más desfavorecidos de la sociedad, al no contar con los instrumentos culturales y económicos para tener acceso a la información, corren peligro de una mayor marginación. 
Por otro lado, una tecnología dejada en manos exclusivamente de la iniciativa privada corre el riesgo de producir una trivialización de la cultura al eliminar progresivamente las especificidades y las articulaciones de las diferentes culturas locales. 
Por eso, las medidas y las iniciativas previstas en el informe Morgan me parecen de importancia primordial, en particular por lo que se refiere a la preparación de los docentes. 
Por lo demás, los Estados miembros deberán comprometerse a transformar sus colecciones culturales nacionales en forma digital para contribuir a crear un archivo europeo. 
La Comisión, por su parte, podría introducir en la red de informaciones disponibles el inmenso patrimonio de nuestros museos, nuestras galerías de arte, nuestros teatros. 
Señora Presidenta, en primer lugar, una queja. Creo que hubiera sido preferible examinar este informe al mismo tiempo que el Libro Blanco que se debatió ayer porque la diferencia jurídica básica me parece no sólo artificial sino también nefasta en términos de coherencia y de eficacia política. 
Por lo que respecta al informe que hoy nos ocupa, desearía felicitar a la Sra. Morgan por la calidad de su trabajo. 
Con inteligencia, ha sabido evitar los dos escollos que supone el rechazo sistemático dictado por el miedo al progreso y la admiración beata ante ese mismo progreso. 
La cuestión central de este debate es saber si el desarrollo de las nuevas tecnologías es sinónimo de progreso en la ciencia de la educación, es decir, si puede reducir las desigualdades. 
En efecto, si estas nuevas técnicas de comunicación permiten luchar eficazmente contra el fracaso escolar, sabemos también que el coste de estos equipos es fuente de desigualdades. 
Por consiguiente, nos enfrentamos a la necesidad de hallar un equilibrio justo entre la adquisición de las disciplinas de base y el acceso a las nuevas tecnologías porque el teclado, la pantalla y el ratón no podrán por sí sólos, convertirse en la pluma y el cuaderno del siglo XXI. 
Señora Morgan, su informe, tiene muchas cualidades y subraya con valentía una serie de peligros, al tiempo que muestra posibilidades para la cultura y la educación. 
Pero creo que es víctima de algunas ilusiones relativas tanto a la vida familiar como escolar y la cultura. 
La crisis que conocen muchos jóvenes en su familia y en la sociedad viene de una dificultad de lenguaje y de intercambio. 
El dominio de la lengua y la sutileza en su utilización para hacerse entender y vivir mejor con los demás, depende ante todo del tiempo vivido juntos y de la riqueza del intercambio interpersonal. 
Las herramientas que las tecnologías de la información ponen a nuestra disposición convienen a las personas que están ya estructuradas y que, por consiguiente, sacarán provecho del suplemento que aporta la herramienta. 
El drama se presenta cuando no existe esta estructuración del lenguaje y de la formación misma del espíritu, por lo tanto del juicio. 
En esos casos, la utilización de la máquina no es el paliativo. 
En estas condiciones, nos encontramos ante una serie de ilusiones. 
El ámbito de la escuela y de la cultura, es también el ámbito donde se descubre el gusto por el esfuerzo. 
Si esto consiste en producir la ilusión de que el trabajo intelectual y la cultura son fáciles, están al alcance de la mano, es una especie de consumo fácil, entonces, se produce una gran ilusión. 
Este gusto por el esfuerzo para progresar en la búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza es de tal suerte tributario de la riqueza del intercambio interpersonal. 
En materia de tecnologías de la información, la pantalla está omnipresente. 
Por lo demás, la palabra «pantalla» debería hacernos reflexionar. 
Temo que estas herramientas sean maravillosas sólo para los que están ya estructurados, ya cultivados por esta cultura general, que les permitirá aprovecharse de ellas y que constituyen un grave peligro si las tomamos como paliativos. 
Señora Presidenta, la mundialización de los intercambios que propiciará nuevos niveles de conocimiento, el advenimiento de la sociedad de la información, que transformará radicalmente la naturaleza del trabajo y la organización de la producción, junto con la aceleración del progreso técnico y científico, son las futuras situaciones que obligarán a la Unión a una reflexión precisamente para poder atender adecuadamente las nuevas necesidades del mundo del trabajo y de la educación. 
Podemos conjeturar dos respuestas a esos asuntos: la revalorización de la cultura general, base indispensable para la adquisición de nuevas competencias técnicas, y el desarrollo de la movilidad de los estudiantes y los trabajadores, pero sobre todo la aplicación de un sistema que permita a todos los individuos acceder a una cultura general y desarrollar las aptitudes para el trabajo adecuando los métodos de instrucción a los cambios de la realidad actual, debidos precisamente a la mundialización de la economía, al nacimiento de la sociedad de la información y al desarrollo de la sociedad científica y técnica. 
Con la notable masa de mensajes que ofrece inmediatamente la sociedad de la información actual, la enseñanza no podrá permanecer recluida en un microcosmos escolar, sino que deberá formar al ciudadano de mañana, permitiéndole descodificar de la masa de informaciones disponibles la estrategia más idónea para utilizar lo más apropiado, útil y pertinente. 
Si queremos exorcizar por fin los demonios que salen del jarro de Pandora destapado por el progreso tecnológico, nuestros sistemas de enseñanza deberán pasar a ser el espejo de la sociedad que reflejan e instruir sobre sus métodos y sus tecnologías. 
Europa está retrasada en el sector de la información y ello constituye un grave obstáculo para la formulación de políticas y directrices de la educación adecuadas a los tiempos. 
Por eso, habrá que cambiar los métodos de la educación, dado que la información actúa como un auténtico shock que entraña el trastocamiento del propio concepto de civilización. 
En efecto, la obligación de formar a los jóvenes para los empleos futuros sólo podrá ponerse en práctica mediante una auténtica metamorfosis: la de la tecnología que debe obligar al hombre a reflexionar sobre la naturaleza, sobre los problemas económicos y sociales, sobre la posibilidad de gestión del espacio y del tiempo y sobre los fenómenos de descomposición de la materia. 
Adecuar el sistema a las nuevas necesidades será imperativo: ¡los propios socráticos, siempre en busca de la verdad, pese a su escepticismo, habrían aceptado adaptarse a las nuevas necesidades y sus enseñanzas! 
Señora Presidenta, las nuevas tecnologías de la información van a tener una enorme incidencia en los campos de la educación y la cultura. 
Se presentan grandes oportunidades y también graves riesgos. 
La sociedad de la información ofrece la oportunidad de disminuir las desventajas educativas y culturales que sufren los discapacitados, los que viven en zonas rurales o quienes por razones económicas o de otro tipo no tienen acceso a los servicios educativos y culturales tradicionales. 
Pero, como contrapartida, la sociedad de la información también puede excluir a grandes grupos de población, como ya ocurrió en otras revoluciones industriales, abriendo un foso entre los que adquieren los conocimientos y los que quedan rezagados. 
Porque en la futura sociedad del conocimiento el que tenga acceso al saber con los medios más modernos y se forme a lo largo de toda su vida accederá al empleo y a una vida digna. 
Por el contrario, los que carezcan de esa formación quedarán marginados y condenados al desempleo o a empleos de baja cualificación. 
Se trata, pues, de la igualdad de oportunidades, de la justicia social y del aprovechamiento del capital humano intelectual, que es la principal fuente de riqueza en las sociedades europeas. 
Los Estados miembros deben hacer un esfuerzo equipando a las escuelas con el material informático necesario para que el multimedia educativo sea accesible a todos, ya que muchas familias, por razones económicas evidentes, no pueden comprar un equipo multimedia. 
Paralelamente, hay que formar e informar al personal docente para que introduzca los nuevos instrumentos tecnológicos en las prácticas pedagógicas. 
Desde el punto de vista cultural podremos disponer del patrimonio cultural europeo, nacional y regional, en soporte digital. 
Los productos multimedia así elaborados facilitarán la difusión y el acceso a ese patrimonio cultural, particularmente entre los jóvenes. 
Museos, monumentos, paisajes culturales, etc., pueden estar archivados y ser accesibles gratuitamente para los centros educativos y bibliotecas. 
El programa RAPHAEL se ocupa de ello; sólo falta una dotación financiera proporcional a su ambición, igual que hace falta un gran esfuerzo financiero para proporcionar a las escuelas la dotación adecuada. 
Señora Presidenta, estimados colegas, apenas hay un sector económico que esté experimentando un boom mundial semejante al de las tecnologías de la información. 
La Comisión de la UE, en especial, el Sr. Bangemann, que hoy está presente aquí, se prodigan francamente con documentos, con comunicaciones, con libros verdes, etc., pero el informe de nuestra colega, la Sra. Morgan, pone el dedo en la llaga, en concreto, en la escasez de medidas políticas en el ámbito de los aspectos culturales y educativos de la sociedad de la información. 
Las ventajas de los nuevos medios son suficientemente conocidas y se nos muestran constantemente ante los ojos, también las oportunidades en el mercado de trabajo, pero debemos ver también los riesgos de la sociedad de la información e intentar neutralizarlos. 
En especial, las redes globales de datos son difícilmente controlables. 
En el derecho de autoría o en la lucha contra la criminalidad internacional existen muchas cuestiones jurídicas que todavía están enormemente oscuras. 
Tampoco quiero dejar de decir que los nuevos medios podrían conducir en casos concretos a la anonimización o a crear dependencias respecto de Internet, que precisan terapia, como se ha sabido ya la semana pasada en Holanda. 
Tanto las ventajas inagotables que siempre se nos dicen, como los efectos secundarios, que no se han resuelto aún, nos ponen de manifiesto una cosa: la Unión Europea debe ponerse rápidamente a la altura de este veloz desarrollo. Pero esto no debe ocurrir solamente a través del apoyo a la técnica, sino que debe culminar también en que aspiremos a establecer medidas en el ámbito de la educación y de la cultura. 
Debemos equipar con computadoras y con conexiones a las redes nuestros centros de formación, las escuelas, las universidades, los centros de formación continuada. 
También los debemos poner en intercomunicación mutua. 
Hemos de integrar las bibliotecas en esta red. 
Pero también hemos de procurar que los docentes estén preparados para esto, que se mantengan constantemente al corriente y que no se queden atrasados en conocimientos respecto de los jóvenes que ellos conducen. 
Si ellos transmiten las nuevas tecnologías, entonces han de poder transmitir adecuadamente el uso de las mismas. 
Lo importante es que se abra a todos los ciudadanos interesados la posibilidad de participar en este vertiginoso desarrollo. 
Sobre todo, no debemos cometer el fallo de considerar estos medios de comunicación como un fin en sí mismo, sino que los debemos utilizar como medios auxiliares adecuados, como los utiliza, por ejemplo, el cirujano que consulta a sus colegas de ultramar durante una operación o como los estudiantes de nuestros países que se conocen entre sí y a sus respectivas culturas a través de Internet. mediante éstos se pueden superar fronteras en el sentido más auténtico del término. 
Nadie debe abrigar el temor a que algún día el profesor humano sea sustituido por un colega virtual o que el libro impreso sólo se encuentre expuesto en los museos. 
La tecnología de la información ofrece solamente una ayuda de apoyo. 
Debemos esforzarnos por lograr contenidos educativos y culturales; no nos debemos concentrar solamente en cuestiones de técnica. 
Espero que con el Informe Morgan esto se haya vuelto tan claro como se me ha vuelto claro para mí. 
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Morgan revela con maestría que la sociedad de la información nos coloca ante opciones y plazos de particular importancia. 
Es fundamental garantizar a todos el acceso a la información para sacar provecho de todas las posibilidades educativas y culturales del sector público y privado que se pueden desarrollar con las nuevas tecnologías. 
Se debería prestar una atención particular a los países en vías de desarrollo a fin de ponerlos en condiciones de valorar y adaptar las tecnologías de la información teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen en relación con sus experiencias. 
Las posibilidades para el empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para fines ejecutivos es enorme. 
En efecto, ofrece la posibilidad de afrontar los problemas del analfabetismo y de los fracasos escolares, el desarrollo de la enseñanza a distancia, la instrucción de los adultos, la conexión en redes de las escuelas y el aprendizaje de las lenguas. 
Además, presenta imperativos y brinda oportunidades para la catalogación de las bibliotecas mediante su interconexión, con lo que promueve la vida económica, social y cultural de la Unión, y para la valorización de las colecciones culturales nacionales de todo Estado miembro, al mancomunar el inmenso y precioso patrimonio europeo por lo que se refiere a los emplazamientos, los monumentos, los museos y las artes del espectáculo. 
De todos modos, hay que considerar que los libros, los periódicos y los demás medios de comunicación basados en la escritura seguirán siendo importantísimos. 
La Comisión debe proseguir sus iniciativas para mejorar la coordinación interna y el asesoramiento externo en el sector de la información. 
Por tanto, debe formular un plan de acción para el futuro creando un grupo de trabajo permanente que coordine las iniciativas relativas a la cultura. 
Por último, la reflexión sobre los aspectos culturales y educativos de la sociedad de la información, sobre los riesgos que presenta y las ventajas que ofrece, deberá continuar en el futuro con cierta serenidad, equidad y equilibrio. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, también nosotros encontramos excelente el informe de la Sra. Morgan, en especial, la parte en la que se tratan los problemas técnicos y pedagógicos. 
Sin embargo, se descuida un poco un problema que, por ejemplo, nos preocupa en Austria. 
Tenemos un sistema nacionalizado de teléfonos. 
En nuestro país es responsabilidad del estado procurar que cada escolar y cada estudiante tenga acceso a esta sociedad de la información. Esto comienza ya con pequeños problemas, por ejemplo, con una segunda conexión en casa que no supere el presupuesto de una familia sencilla. 
Corremos el peligro, en especial en Austria, de generar una sociedad dual entre escolares y estudiantes, que contradice realmente la vieja idea de la introducción de una educación escolar obligatoria, general y libre. 
Debemos recordar, sobre todo donde el estado se empeña en seguir controlando el sistema telefónico, que nos encontramos en una época histórica, en la que el estado tiene la responsabilidad de posibilitar a todos los escolares y estudiantes un acceso igual al aprendizaje y al estudio. 
Señor Presidente, yo también agradezco profundamente a la Sra. Morgan el trabajo realizado. 
Los socialdemócratas tenemos como objetivo prioritario luchar contra el terrible azote del desempleo que afecta a millones de personas, entre ellas los jóvenes. 
Estoy personalmente convencido de que el modo de crear puestos de empleo duraderos que respeten el medio ambiente es utilizando la sociedad de la información. 
Las tecnologías de la información ya han iniciado una nueva revolución industrial. 
Que lo aceptemos no equivale a dejar que la tecnología domine nuestras vidas. 
Para mí significa que yo voy a trabajar para que las tecnologías de la información mejoren la vida de los ciudadanos y no se abran nuevos abismos entre grupos sociales o regiones geográficas. 
Necesitamos programas informáticos europeos para la educación: cd-roms o Internet.... 
No es que tengan que ocupar el puesto del profesor, que cada vez será más decisivo cuanto mayor sea el flujo de información al que se vean expuestos los alumnos. 
La tecnología debe tener acceso a la clase en un estadio temprano, y los profesores deben disponer de la formación y el apoyo suficientes para poder aprender y transmitir una parte de las posibilidades que abren la tecnologías de la información, y que son casi ilimitadas. 
Además, la I+T está abriendo nuevas posibilidades a los minusválidos tanto en su formación como en su integración en el mercado de trabajo. 
Cabe colocar en un lugar central los intereses democráticos, sociales, culturales y educativos, no los económicos y tecnológicos. 
Si nos concentramos exclusivamente en los aspectos de infraestructura y tecnología, y no en el contenido de los servicios que se van a ofrecer, olvidaremos el ingrediente más importante de la sociedad de la información: el ciudadano. 
Señor Presidente, señoras y señores, considero muy importante el informe de iniciativa pues subraya mi convicción de que la educación y la cultura constituyen un factor esencial para la innovación y el crecimiento en el nuevo panorama de la sociedad de la información y, por consiguiente, hay que atribuirles una gran importancia a la hora de concebir esta sociedad. 
Los nuevos medios de comunicación no han de tratarse en ningún caso con independencia de los contenidos que se transmiten. 
El aspecto de la calidad pedagógica tiene una importancia fundamental respecto de la utilización de las nuevas tecnologías, en especial, en el ámbito de la educación. 
También es importante la discusión sobre la nueva concepción de los métodos de enseñanza y de aprendizaje. 
En primer lugar, los docentes han de ser formados convenientemente. 
Han de aprender a modificar su papel tradicional como portadores del saber y a enseñar cada vez más con la ayuda de las nuevas tecnologías y han de prestar ayuda a los escolares a aprender a elegir demanera que éstos consideren críticamente los contenidos que se transmiten. 
Naturalmente, en este punto es decisiva también una formación contínua e intensiva de los docentes. 
Pero el mensaje va dirigido también a los padres. 
Constituyen la base de nuestra sociedad, y de su voto dependen esencialmente la aceptación de las nuevas tecnologías, la concepción de la sociedad de la información y, en consecuencia, su éxito o su fracaso. 
Por esta razón, soy firme partidaria de una formación virtual de los padres y de la creación y desarrollo de bibliotecas virtuales, y con este objetivo he presentado un proyecto en STOA. 
Sobre todo, es importante el aspecto del aprendizaje a lo largo de la vida. 
La sociedad de la información depende cada vez menos de los recursos y de la energía materiales y, en cambio, depende cada vez más del know-how de los hombres. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que las medidas de la Comisión encaminadas al fomento de diversos proyectos multimedios han estado demasiado dispersas en el pasado y con frecuencia han sido muy desorientadoras para los solicitantes. 
Por consiguiente, celebro el educational multi media joint call de la Comisión, que por fin coordina mejor los diversos programas y les hace aparecer más accesibles a los solicitantes. 
Señor Presidente, estimados colegas, también yo felicito a la Sra. Morgan por su informe, tan importante. 
Después de tantas declaraciones de principios y teniendo en cuenta una cierta euforia por los multimedios que a veces se puede constatar también en la Comisión, permítanme hacer algunas puntualizaciones acerca de tres cuestiones prácticas de este ámbito. 
¿Hasta qué punto se insertan realmente las actividades de la Comisión sobre multimedios en las políticas educativas de cada uno de los Estados miembros? 
¿Existe aquí una concepción complementaria y precisa? 
En este punto tengo grandes dudas. 
Todas las escuelas de Europa deben estar interconectadas, dice la Comisión. 
Sin embargo, menos del 5 % de las escuelas europeas tienen acceso a Internet o a otras redes. 
¿Cómo debe producirse un acceso de igualdad de oportunidades a los nuevos medios y también, en consecuencia, a las nuevas oportunidades de empleo en una Europa de gran movilidad?