Informe (A5-0069/1999) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (COM (1999) 0101- C5-0105/1999- 1999/2108 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0078/1999) del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el XXVIII Informe de la Comisión sobre la política de competencia- 1998 (SEC (1999) 0743- C5-0121/1999- 1999/2124 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0087/1999) del Sr. Jonckheer, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el séptimo informe sobre ayudas estatales a la industria y a otros sectores de la Unión Europea (COM (1999) 148- C5-0107/1999- 1999/2110 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0073/1999) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe de la Comisión sobre la aplicación en 1998 de su Decisión nº 2496/96/CECA, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales a favor de la siderurgia (Código de Ayudas a la Siderurgia) (COM (1999) 94- C5-0104/1999- 1999/2107 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Explicaciones de voto- Recursos propios 
. (FR) La Unión Europea se financia, aparentemente, a través de cuatro recursos propios. 
En realidad, el presupuesto europeo se alimenta del IVA y de la retención sobre el PIB, sobre todo desde que el abandono de la preferencia comunitaria y la multiplicación de las zonas de libre comercio han hecho desaparecer los derechos arancelarios y la exacción reguladora agrícola común, ya amputados por los SPG. 
Desde entonces, los fraudes contra el IVA comunitario y las distorsiones en el cálculo del PIB, base imponible del cuarto recurso, afectan, en proporciones considerables, los rendimientos y la justicia de los recursos comunitarios. 
Desde entonces también, la Europa de pretensiones federales se financia más que nunca como la banal organización intergubernamental que es, pero que niega ser. 
Lo vemos perfectamente en el reglamento que nos ha sido presentado. 
En el reglamento existe la preocupación acerca de la «contabilidad de los recursos propios» , de su «puesta a disposición» o por el «control» de los importes de los derechos constatados puestos a disposición de la Comisión. 
Por otra parte, el nuevo comité consultivo que se ha creado está compuesto por representantes de los Estados miembros contribuyentes. 
Estamos lejos de las derivas del «Derecho penal comunitario» , el «fiscal general comunitario» o la policía comunitaria, con la OLAF. 
Aquí aún no existe un impuesto federal europeo. 
Pero es cierto que la Europa de 25 querrá un impuesto sobre los ingresos europeos, a menos que sea sobre los beneficios o que la tributación del CO2 financie este presupuesto 2025. 
Informe Koch (A5-0105/1999) 
. (FR) Acojo con gran satisfacción este informe relativo a una mejor armonización de la formación de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas. 
En el transcurso de los últimos años, los transportes nacionales e internacionales de mercancías peligrosas han aumentado considerablemente, lo que ha incrementado los riesgos de accidentes. 
Algunos de estos accidentes han sido debidos a la falta de conocimiento de los riesgos inherentes a estos transportes. 
Por ello, en el marco de la realización del mercado interior, se ha revelado necesario adoptar medidas destinadas a garantizar una mejor prevención de los riesgos. 
La Directiva 96/35/CE responde a esta necesidad. 
Las empresas de transporte de mercancías peligrosas y aquéllas que realizan las operaciones de carga o descarga relativas a este transporte han visto cómo se les imponía, acertadamente, el cumplimiento de normas en materia de prevención de riesgos, ya se trate del transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 
Para facilitar la realización de este objetivo, la Directiva 96/35/CE ha previsto el nombramiento de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, que hayan recibido una formación profesional adecuada. 
Esta formación profesional de los consejeros debía tener como objetivo el conocimiento de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas fundamentales aplicables a estos transportes. 
Aunque en aquella época la medida constituyó un progreso, la falta de disposiciones específicas relativas a la armonización de las condiciones del examen resultó ser un problema. 
Por ello se consideró indispensable suplir esta laguna para conseguir consejeros de seguridad de un nivel elevado y uniforme de formación, pero también para evitar desigualdades entre los costes de formación y, por consiguiente, repercusiones sobre la competencia entre las empresas de los Estados miembros. 
El objetivo de la propuesta de la Comisión es garantizar una formación uniforme de los consejeros de seguridad. 
La propuesta fija el contenido mínimo de los exámenes y define las funciones de la autoridad competente, así como los requisitos que deben cumplir las instancias examinadoras. 
Nuestro Parlamento se ha mostrado favorable a este texto. 
No obstante, ha presentado varias enmiendas, la mayor parte de las cuales se han mantenido en la posición común del Consejo, en particular, en lo que respecta a la necesidad de elaborar un cuestionario y declaraciones relativas a la autorización de determinados documentos en el marco "de las especificaciones de las modalidades del examen propuestas por el organismo examinador". 
Apoyo, por otra parte, el aplazamiento de la fecha de aplicación a tres meses a partir de la entrada en vigor de la directiva con vistas a hacerla más realista. 
Quisiera terminar insistiendo en el hecho de que la armonización de la cualificación profesional de estos consejeros contribuirá a mejorar la calidad del servicio en beneficio de los usuarios, a minimizar los riesgos de accidentes que pueden ocasionar la degradación del medio ambiente, así como daños graves contra la integridad física de toda persona que entre en contacto con las mercancías peligrosas. 
Informe Koch (A5-0104/1999) 
. (FR) El pasado octubre intervine en relación con el informe Hatzidakis sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
Las palabras que diré hoy no difieren de las que dije entonces. 
Se resumen en lo siguiente: lamento que en un ámbito tan crucial como el transporte de mercancías peligrosas, siempre dejemos para mañana la adopción de normas armonizadas, en detrimento de la seguridad de las personas y del medio ambiente. 
Recordaré que el 1 de enero de 1997 entró en vigor una directiva sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Esta directiva incluía una serie de disposiciones transitorias, válidas hasta el 1 de enero de 1999. 
A partir de esa fecha, habríamos debido pronunciarnos sobre una propuesta de la Comisión Europea destinada a poner fin a estas derogaciones. 
Según el procedimiento en uso, el Comité Europeo de Normalización (CEN) es el que propone las normas en este ámbito, que, acto seguido, son incluidas en el Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera suscrito en Ginebra en 1957 (más conocido por el acrónimo ADR) , que se aplica en toda Europa y cuyas disposiciones sirven de base a la legislación aplicable en la UE. 
El CEN no fue capaz de llevar a buen puerto sus trabajos en el plazo previsto. 
Por consiguiente, la propuesta de la Comisión que hoy debatimos tiene por objeto modificar la directiva para solucionar estos problemas a corto plazo y no poner fin al régimen transitorio, como debería haber sido. 
Es exactamente lo que ha ocurrido en el caso del transporte de este tipo de mercancías por ferrocarril, excepto esta diferencia: se había fijado un plazo. 
Hoy no tenemos la menor idea de cuándo el CEN estará en condiciones de presentarnos propuestas concretas. 
Hasta entonces, es realmente inútil que los Estados miembros modifiquen sus normativas nacionales. 
El informe acepta asimismo que se instaure una cierta flexibilidad y reconoce a los Estados la posibilidad de adoptar o aplicar normas diferentes. 
Estos últimos podrían así seguir aplicando sus propias normas para el transporte de determinados equipos a presión, para los que no existen normativas europeas. 
Asimismo pueden adoptar disposiciones diferentes para el transporte de carácter local y para los transportes ad hoc. 
Por ello, hoy he querido manifestar, a través de esta explicación de voto, mi profunda insatisfacción y mi gran preocupación. 
Informe Schroedter (A5-0108/1999) 
Señor Presidente, quisiera aclarar mi voto por medio de esta exposición oral con motivo del informe Schroedter respecto al desarrollo regional. 
Quiero hacer un llamamiento tanto a los Estados miembros como a la Comisión para que dediquen la suficiente atención a las grandes diferencias de bienestar que siguen existiendo entre las diferentes regiones de Europa. 
No sólo la diferencia de ingresos per capita, sino sobre todo las grandes diferencias en los niveles de empleo me siguen preocupando. 
A pesar de que la Comunidad, por medio de los Fondos Estructurales entre otros, dedica medios considerables a la lucha contra las diferencias entre las posibilidades de desarrollo de nuestras regiones en Europa, estas diferencias siguen persistiendo. 
Por consiguiente, me pregunto si la Comunidad no debería cambiar totalmente de rumbo y, basándose en unas evaluaciones muy estrictas, realizar un cambio de dirección y un cambio de objetivos que hagan posible luchar con mayor eficacia contra las diferencias de bienestar y empleo. 
Señor Presidente, en relación con el informe Schroedter, sé- y he pedido al Sr. Barnier que me lo confirme- que las normas sobre la adicionalidad en el caso de los Fondos estructurales sólo se aplican en el nivel de los Estados miembros y no de forma transitiva y transparente dentro de los Estados miembros a favor de regiones autónomas como Gales y Escocia. 
Lo considero muy insatisfactorio. 
Espero que podamos volver a examinar esa cuestión en el futuro. 
Quiero que quede claro que, aunque he votado a favor del informe, abrigo esta importante reserva. 
. (FR) El presente informe nos devuelve a la pregunta de ¿para qué la política regional? 
Para reducir las desigualdades regionales, naturalmente. 
Pero sobre todo, porque aunque el mercado europeo nos garantiza, a priori, un mejor funcionamiento de la economía, éste también puede dar lugar a desigualdades. 
Jacques Delors solía decir que el mercado es miope, de ahí la necesidad política de reducir las desigualdades. 
Se trata de ese fenómeno de solidaridad, que se encuentra en el origen mismo del modelo social europeo que todos defendemos y del que nace la cohesión económica y social. 
Este auténtico objetivo político, con los mismos derechos que los asuntos económicos y monetarios, se elabora en colaboración con los Estados miembros, las regiones y las colectividades locales. 
La Comisión es a su vez responsable de indicar a los Estados miembros, a través de las orientaciones, la dirección a seguir para alcanzar los objetivos deseados en el marco de la programación. 
Es el motivo por el que apoyaré este informe, al tiempo que lamento que, por motivos de calendario, el Parlamento Europeo sólo haya sido consultado de forma muy tardía sobre las orientaciones que se supone deben ayudar a los Estados miembros, a las regiones y a las colectividades locales en la programación de los objetivos 1, 2, y 3. 
Por otra parte, deseo que nuestra Asamblea tenga asimismo en cuenta la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que añade todo un plan de reflexiones sobre ámbitos fundamentales, como la lucha contra la exclusión social, el apoyo a la economía social y la puesta en marcha de la estrategia en favor del empleo. 
El trabajo de la Sra. Schroedter es un paso más hacia la transparencia y la eficacia de las ayudas estructurales. 
Realza el papel creciente y primordial de todos los agentes y, principalmente, de los interlocutores locales, los únicos capaces de definir los pormenores y los problemas sociales, y de ahí nuestro deseo de asegurarnos de que los interlocutores a los que se recurra sean auténticos interlocutores, descentralizados y que incluyan a todos los agentes afectados. 
Es el motivo de nuestra petición reiterada de crear en los Estados miembros un centro de gestión de la ayuda estructural, que se encargue de coordinar la realización y la gestión de la ayuda. 
Para ello, hay que abrir los comités de seguimiento a los diputados europeos y a las asociaciones, a los industriales afectados por los proyectos y a la sociedad civil. 
Estas orientaciones representan un paso hacia una mayor eficacia de las ayudas estructurales comunitarias. 
Tras haber sido modificadas de nuevo como tales por el informe Schroedter, van en la dirección acertada. 
Además defienden un debate general sobre el devenir de la política de cohesión a partir del 2006, pero eso es otro debate. 
Mientras tanto, apoyemos este primer paso. 
En este informe se piden reducciones drásticas del nivel de ayuda estatal ilegal concedida por algunos Estados miembros. 
Aunque apoyo sin reservas ese objetivo, preferiría que se eliminara totalmente. 
A mi juicio, la ayuda estatal ilegal equivale a poco más que un dumping social patrocinado por el Estado. 
Todos nos oponemos al dumping social cuando lo perpetran las industrias potentes, pero también debemos oponernos a él cuando lo perpetran los gobiernos. 
Para que tengamos un mercado único eficaz que haga mundialmente competitiva la industria europea y cree riqueza y empleo para todos los europeos, debe haber un terreno de juego igual para todos. 
En cambio, la ayuda estatal ilegal destruye las empresas competitivas y crea desempleo. 
Naturalmente, hay casos en que la ayuda estatal puede ser necesaria y legítima: por ejemplo, para ayudar a las empresas a reestructurarse. 
Sin embargo, en todos esos casos se deben cumplir unos criterios estrictos y se debe obtener la aprobación previa de la Comisión Europea. 
Ya se trate de la carne de bovino en el caso de Francia o de sobornos a la industria, no se debe permitir que los Estados miembros incumplan la ley. 
Apoyo con entusiasmo la propuesta del informe de publicar un "marcador" en el que se muestre la cantidad de ayuda estatal por Estado miembro. 
Se debe nombrar y avergonzar a los países que afirman encontrarse en el corazón de Europa, pero que sistemáticamente violan sus normas y se debe revelar su hipocresía. 
No se puede permitir a los Estados miembros proclamar la solidaridad europea en público, mientras intentan socavar el Mercado Único en privado. 
Me resulta ligeramente alentador que, al parecer, se estén reduciendo los niveles de ayuda estatal a la industria en Europa. 
Sin embargo, falta mucho por hacer y pido a la Comisión que sea mucho más firme a la hora de poner al descubierto a los adictos a las subvenciones de Europa. 
Como los principales instrumentos de la Comisión para superar las disparidades regionales son los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión, es fundamental que el Parlamento Europeo participe en la elaboración de sus orientaciones indicativas generales sin poner en entredicho el principio de subsidiariedad, dado que la formulación de la estrategia de desarrollo de cada país corresponde a los Estados miembros. 
Lamentablemente, la Comisión Europea ya ha avanzado en sus orientaciones y poco vale la posición del Parlamento para los programas del período 2000-2006. 
Ahora bien, conviene insistir en la necesidad de que esos fondos tengan como principal prioridad el desarrollo de los países y de las regiones con mayores dificultades y de las regiones ultraperiféricas, de que son ejemplo Portugal y las regiones de las Azores y de Madeira, con el objetivo de conseguir la cohesión económica y social. 
Ahora bien, la verdad es que las orientaciones de la Comisión no se ajustan totalmente a esos objetivos. 
Por otro lado, es importante que haya indicaciones precisas y fondos suficientes en los sectores de la creación de empleo de calidad y con derechos, así como de la efectiva promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en los apoyos a la economía social y de solidaridad, al desarrollo rural, a los pequeños y medianos empresarios, a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones urbanas de zonas necesitadas, en particular en el sector de la vivienda social, con vistas a un desarrollo urbano sostenible. 
(IT) Si los contenidos del artículo 158 del Tratado están orientados a promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, hemos de decir que la consecución de la supresión de las diferencias está todavía lejos, o mejor, en algunos casos, como para las regiones de Italia que forman parte del objetivo 1, paradójicamente, las diferencias aumentan, sobre todo por la todavía escasa capacidad de aproximación a los procedimientos comunitarios por parte del aparato estructural y de la persistente farragosidad de los procedimientos. De hecho, a pesar de las iniciativas normativas, la agilización de las estructuras comunitarias aún debe llevarse a cabo. 
Si no habrá ante todo una simplificación administrativa, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos comunitarios de reformas inspiradas en la eficacia y la concentración. 
En este sentido, el documento de la Comisión adolece de cualesquiera recomendaciones a los Estados miembros orientadas a simplificar los procedimientos y las normativas nacionales en materia de presentación y tramitación de los proyectos por parte de las autoridades nacionales, así como en materia de financiación, actuación y control. 
Las pequeñas y medianas empresas, las microempresas y los artesanos, en particular, continúan siendo "sujetos débiles", dado que precisamente las trabas normativas y administrativas impuestas por algunos Estados miembros, entre ellos Italia, les plantean grandes obstáculos de cara a acceder a los Fondos estructurales. 
Un handicap considerable es la incapacidad y la imposibilidad de las regiones y de los demás agentes de programar a tiempo, por lo que la Comisión que, sobre la base de la Decisión 97/99 sobre las líneas directrices (informe Howitts) ) tenía que haber consultado en su día al Parlamento, de hecho encontró una especie de cómoda excusa en el establecimiento de la reducida fase de programación en los Estados miembros y ya hizo publicas las directrices en julio de 1999, antes de que el recién elegido Parlamento emprendiera sus actividades legislativas impidiendo al Parlamento incidir en la actual estructura de las líneas directrices. 
Por este motivo revestirá mucha importancia la valoración intermedia del artículo 42 del Reglamento nº 1260/99. 
Por lo general, las directrices actuales carecen de claridad y de transparencia. 
A pesar de su importancia, las mismas tan solo aluden al tema de la posibilidad de medir los progresos realizados en función de objetivos comprobables y en total sintonía con las estrategias de las políticas comunitarias y no se detienen suficientemente en las repercusiones de la ampliación, ya que no contienen disposiciones específicas o aclaraciones al respecto ni para las autoridades regionales y nacionales ni para los países candidatos. 
Dicho esto, puede valorarse positivamente el diferente planteamiento de directrices que, dejando a un lado los objetivos geográficos, obedecen a políticas sectoriales. 
En teoría, si esto puede responder a las exigencias de concentración y, por lo tanto, de eficacia de las intervenciones, surge espontánea la pregunta de si la situación actual de las regiones del objetivo 1 es tal que permite, de hecho, una política de intervenciones integradas, para cuya consecución es necesario un instrumento operativo de coordinación de las ayudas. 
En teoría, podríamos incluso responder positivamente a la petición de la Comisión de crear un centro de gestión para la promoción estructural en los Estados miembros, encargado de coordinar la actuación y la gestión de las ayudas estructurales in situ, con tal que dicho centro no resulte ser un instrumento centralizador de carácter supranacional y garantice una efectiva atención a aquellas regiones- vuelvo a repetirlo- que, por una serie de factores negativos convergentes, no han alcanzado todavía niveles correctos de utilización de los Fondos estructurales, por lo que la sustitución del objetivo geográfico por las políticas sectoriales, en la práctica podría resultar una intervención negativa. 
Las directrices, tal como se aprobaron por la Comisión, presentan un grave límite, ya que, en vez de responder al objetivo de indicar unas orientaciones, facilitan un catálogo de posibles medidas, un catálogo que, al carecer de una definición progresiva de las prioridades, podría incluso despistar a los Estados miembros y orientarles hacia un abanico de propuestas que está en conflicto con la deseada concentración. 
Así las cosas, podríamos decir que una vez más se ha perdido la ocasión de potenciar realmente el desarrollo urbano sostenible, mediante una contención del creciente fenómeno del traslado masivo de la población hacia los centros industrializados y de la consiguiente degradación del entorno. 
No ha sido valorada adecuadamente la importancia del instrumento de la subvención global que podría revelarse extraordinariamente útil de cara al reequilibrio entre zonas urbanas y rurales confiriendo, por otra parte, una justa dignidad a las entidades locales que, en su autonomía, podrían determinar condiciones de desarrollo territorial en plazos más cortos y contribuir de hecho a los esfuerzos de reforma de los Fondos estructurales y a los objetivos de eficacia, concentración y agilización administrativa. 
El entorno rural debe considerarse como un recurso en el cual hay que invertir cada vez más con vistas a estimular a los jóvenes a quedarse en las zonas rurales para evitar su desintegración económica y social. 
Es un hecho que para alcanzar este objetivo habrá que crear en las zonas rurales puestos de trabajo relacionados no tan solo con la agricultura, entendida de manera tradicional, aunque es importante para la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, sino con sectores como el turismo rural, el deporte, la cultura, el medio ambiente, las pequeñas y medianas empresas, los servicios. 
Un vacío propiamente dicho en las directrices se debe a la falta de orientaciones concretas para llevar a cabo la coordinación entre el Fondo Social Europeo y las estrategias para el empleo, una coordinación que, precisamente porque se aplica por primera vez en el período de programación 2000-2006, implica que los Estados miembros necesitan "directrices". 
Debe señalarse asimismo que una vez más la Comisión elude el problema de las acciones concretas en el ámbito de la igualdad de oportunidades. 
En conclusión, nos encontramos ante un documento no especialmente satisfactorio y en algunos aspectos decepcionante. 
Informe Berend (A5-0107/1999) 
Compartimos, en lo esencial, la evaluación y las consideraciones que el ponente formula respecto del sexto informe periódico sobre la situación social y económica y el desarrollo de las regiones de la Unión Europea. 
Por consiguiente, nos limitamos a subrayar algunos aspectos. 
En primer lugar, y como dice la Comisión, el hecho de que la fuerte progresión del PIB por habitante de algunas regiones más pobres entre 1991 y 1996 vaya en gran medida determinado por la inclusión de los nuevos Länder alemanes en los cálculos de la media comunitaria, a partir exactamente del primero de aquellos años, lo que, evidentemente, determinó una reducción sensible del nivel del PIB por habitante de la Unión. 
Además, consideramos particularmente importante la observación de que la recuperación habida en algunas regiones- en las que se produjo- fue acompañada de un mínimo aumento del empleo, lo que impone, consiguientemente, nuevas estrategias de desarrollo, con bastante mayor nivel de preocupación al respecto. 
Situación ésta que contradice la remisión de la adopción de medidas de fomento del empleo al dominio interno exclusivo de los Estados miembros, como se hace en el informe. 
Por último- y no es poco importante -, una referencia a la propuesta del ponente en el sentido de que en el futuro este tipo de informe incluya también, y entre otros aspectos, un análisis de la evolución interregional de la cohesión en cada uno de los Estados. 
La multiplicidad de situaciones y la evolución diferenciada que se da de región a región, dentro del mismo Estado, imponen, en efecto, una evaluación más profunda de esta cuestión a fin de permitir y garantizar correcciones en las políticas regionales (y de otra índole) con vistas a garantizar la cohesión en el nivel interno de cada uno de los Estados miembros. 
. (FR) Habida cuenta de la situación del empleo en la Comunidad y de la ambición pregonada por la Unión Europea de luchar enérgicamente contra el paro, el análisis de las concentraciones realizado por la Comisión debería tener en cuenta otros elementos además de la competencia. 
Me refiero, por ejemplo, a la reestructuración de la empresa ABB-Alsthom Power, de la que una importante delegación de asalariados de toda Europa se encuentra hoy en Estrasburgo. 
La dirección de ABB-Alsthom Power, que es el resultado de una fusión realizada en junio de 1999, ya ha anunciado una reestructuración con perspectivas de reducción de puestos de trabajo en varios países. 
Esta situación nefasta para el empleo plantea numerosos interrogantes, en particular, acerca de la información facilitada al Comité de Empresa Europeo, que existe desde 1996. 
Exige una actualización y una intensificación de la directiva comunitaria sobre los comités de empresa europeos. 
Exige asimismo un control de las concentraciones que tome en consideración el empleo, el medio ambiente y a los consumidores. 
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es insuficiente desde este punto de vista, motivo por el que me he abstenido. 
Al pretender aplicar el principio de subsidiariedad en el nivel de la política de competencia comunitaria, la Comisión delega en las autoridades y tribunales nacionales la competencia en materia de decisiones y de abusos de la posición dominante respecto de acuerdos de empresas que creen distorsiones del mercado, aunque continúen en el régimen de notificación cuestiones de concentración de empresas y ayudas estatales. 
La posición ahora adoptada va encaminada a crear formas más expeditas y con menores costos de aplicación de la política de competencia, con lo que pasa a aplicarse el derecho comunitario en el nivel de los tribunales nacionales y no en el nivel del Tribunal de Justicia Europeo y se habla incluso de la posibilidad de tribunales especializados. 
Esa renacionalización parcial de la política de competencia podría tener mayores costos para los Estados miembros. 
Por otro lado, como recuerda el ponente, muchas veces, en nombre de la política de competencia, se han substituido monopolios públicos por monopolios privados con las privatizaciones de importantes sectores y empresas públicos, como ha ocurrido en Portugal, con consecuencias negativas para el país y para los trabajadores. 
. (FR) El Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (81 y 82 nuevos) ciertamente no propone una "renacionalización" de la política de competencia, como temen algunos en el Parlamento Europeo. 
Pero en todo caso deja entrever posibilidades de evolución bastante interesantes para la Unión Europea. 
En efecto, tras haber tomado nota del atasco de sus servicios a causa de las notificaciones previas de acuerdos de empresas susceptibles de torcer el comercio y por temor a que su número siga creciendo con la llegada de nuevos países miembros, la Comisión propone la supresión del régimen de autorización previa de estos acuerdos y una aplicación más descentralizada de las normas de competencia a nivel de los Estados miembros. 
Lo más destacable, en mi opinión, es la señal que nos envía esta propuesta: la Comisión se anticipa a las consecuencias de la ampliación y comprende que ésta implica necesaria y casi mecánicamente una reforma del sistema centralizado. 
Claro es que, en este caso, la reforma consiste en favorecer la flexibilidad y no en el desmantelamiento. 
Sobre el papel está previsto que la Comisión conservará el control y la dirección central del nuevo sistema. 
Por otra parte, el informe von Wogau, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar, le anima en este sentido. 
Pero al mismo tiempo, se percibe perfectamente que la sacudida ocasionada por la ampliación puede traer consigo una limitación de las competencias comunitarias y una mayor subsidiariedad. 
Al final podría perfilarse una Europa diferente. 
¿No es esto precisamente lo que preocupa a los socialistas del Parlamento Europeo? 
Los socialdemócratas alemanes han votado en contra del informe von Wogau, porque según ellos podría fragmentar la política europea de competencia, es decir, en definitiva, perjudicar al super-Estado uniformador. 
Extrañamente, una parte del empresariado se ha unido a ellos, porque prefiere el sistema de "ventanilla única" europea, que le parece más económica y más estable jurídicamente. 
En realidad es una ventaja del sistema actual. 
Pero por otro lado, hay que considerar también, en un término más amplio, que el principio de descentralización que hoy se inicia puede terminar por traer consigo una mayor libertad para tener en cuenta las necesidades de cada país, lo que beneficiará a todos. 
Informe Rapkay (A5-0078/1999) 
. (FR) Los elegidos de la lucha obrera no votarán a favor de estos informes sobre la política de competencia europea. 
La competencia, es decir, la guerra que libran las grandes empresas entre sí, se traduce siempre en despidos, en cierres de empresas, por no hablar de los enormes despilfarros a nivel de la utilización de las capacidades de producción. 
Tenemos un nuevo ejemplo con el plan de reducción de plantilla en Europa del consorcio ABB Alsthom Power. 
En la Unión Europea existen 18 millones de parados y 50 millones de pobres, a pesar de ser una de las regiones más ricas del mundo: he aquí el resultado de esta competencia que las instituciones europeas se proponen favorecer. 
La voluntad de reglamentar las condiciones de competencia en el mercado europeo manifestada por la Comisión es irrisoria, porque la única ley que acata la competencia es la ley de la selva, en la que los más poderosos aplastan o devoran a los más débiles. 
Es indignante, sobre todo en el plano social. 
El informe de la Comisión Europea demuestra con toda crudeza que las instituciones de la Unión sólo se interesan por los grandes grupos capitalistas que libran esta guerra económica, y en absoluto por las víctimas de esta guerra. 
Nada para impedir el crecimiento del desempleo, nada para proteger a los asalariados, nada para impedir que las grandes empresas empujen a la miseria a un sector de la población, sencillamente para un enriquecimiento aún mayor de sus accionistas. 
Aunque reconocemos que este informe tiene un mérito, el de demostrar que la mayoría trabajadora de la sociedad no tiene nada que esperar de las instituciones europeas para preservar y, menos aún, para mejorar sus condiciones de existencia. 
Al pronunciarse sobre el informe anual de la Comisión relativo a la política de competencia, el ponente recuerda que la política de competencia no puede ser disociada de la política social y medioambiental, pues debe contribuir al empleo, la cohesión económica y social, la protección medioambiental y la defensa del consumidor. 
Ahora bien, cuando se habla de algunos instrumentos esenciales para conseguir los objetivos citados, el ponente se limita prácticamente a criticar varios aspectos de las ayudas estatales y a exigir la armonización de las normas relativas al reembolso de ayudas estatales ilegales, con lo que pone en entredicho el derecho de los Estados miembros de economías más débiles y estructuralmente más frágiles a apoyar sectores económicos víctimas de la liberalización y de la competencia internacional. 
Por otro lado, el ponente pasa por alto las principales causas de la distorsión de las normas de la competencia, en particular la concentración en aumento de empresas y sus consecuencias en la distorsión de las normas de la competencia; la transformación de empresas públicas en monopolios privados con graves consecuencias sociales, en particular en el empleo y en el precio de los servicios públicos; el abuso de las posiciones dominantes de diversos grupos monopolísticos con métodos inadmisibles en los sectores medioambientales y sociales, incluidos los despidos de millares de trabajadores. 
A eso se debe nuestro voto en contra de este informe. 
. (FR) Al votar en contra de este informe, nos convertimos en portavoces de todas aquellas y de todos aquellos que han expresado su rechazo en Seattle y en toda Europa a un mundo reducido a la estricta lógica mercantil. 
Votamos en contra de este informe en nombre del desarrollo de los servicios públicos y, en particular, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Paddington, que murieron víctima no de la fatalidad, sino de una obstinación absurda de introducir la competencia allí donde sería necesaria la regulación. 
En el fondo, este informe es un texto primitivo que no tiene otra inspiración que la ley de la selva, porque la competencia no puede resolver ninguno de los problemas que a los que se enfrenta la humanidad en este cambio de siglo. 
Tanto si trata del equilibrio de la biosfera, de la promoción de la cultura o de la cooperación con el Tercer Mundo, la competencia a ultranza es un factor de regresión y de inseguridad. 
Y los 18 millones de parados que existen en Europa, ¿creen ustedes que son víctimas de una aplicación demasiado tímida de esta política de competencia? 
Estamos convencidos de lo contrario, y tampoco creemos que las ayudas estatales sean, por definición, demasiado elevadas. 
¿Con respecto a qué norma inquebrantable, a qué criterios de eficacia lo serían? 
Por último, ¿después de Seattle, les parece serio preconizar un mayor papel de la OMC? 
Únicamente los asesores jurídicos de las multinacionales pueden demostrar semejante obstinación. 
Informe Jonckheer (A5-0087/1999) 
. (FR) Me felicito por la calidad del séptimo informe de las ayudas estatales en la UE, del carácter ya anual de su publicación y del hecho de que la Dirección General de la competencia difunda en su página de Internet información general y especial destinada al gran público. 
Me satisface el enfoque del ponente con respecto a las ayudas estatales y le felicito por ello. 
Con demasiada frecuencia, existe la tendencia a fustigar a las ayudas estatales, como medidas que falsean la competencia. 
Es cierto que una política de competencia eficaz constituye una condición previa para el buen funcionamiento del mercado interior y de la Unión Económica Europea. 
No obstante, como subraya el ponente, dichas ayudas son a veces indispensables y hacen posible, además de la supervivencia de esta o aquella empresa, una contribución al desarrollo sostenible (artículo 6 del Tratado) , a los servicios de interés general (artículo 16) y a la cohesión económica y social (artículo 158). 
Es evidente, no obstante, que estas ayudas deben ser controladas, misión que recae sobre la Comisión Europea. 
Las ayudas que los Estados miembros de la Unión destinan cada año a los sectores considerados alcanzaron un total de 95.000 millones de euros durante el período 1995-1997, del que un 40% correspondió a la industria. 
Las ayudas han disminuido considerablemente con respecto al período anterior, 1993-1995 (un descenso del 13% del importe total y de entre el 3,8 % y el 2,6 % del importe de las ayudas a la industria). 
Este retroceso de las ayudas obedece principalmente a la disminución de las ayudas concedidas a los nuevos Estados federales alemanes. 
Deploro, al igual que el ponente, que las cifras presentadas en el informe no cubran todas las ayudas estatales. 
La Comisión Europea debe paliar estas carencias con más celeridad. 
Asimismo debe cooperar con los Estados miembros para mejorar la calidad de los datos en tiempo hábil, es decir, para el noveno informe. 
Sería bueno que la Comisión publicara un registro que recoja el importe de las ayudas estatales desglosado por Estados miembros. 
Lamento también que el Parlamento Europeo quede totalmente excluido del comité consultivo sobre las ayudas estatales. 
Para compensar esta situación, la Comisión Europea se debe a la elaboración, para el Parlamento Europeo, de informes regulares. 
Terminaré con un aspecto de la utilización de las ayudas estatales que me parece especialmente peligroso: se trata de las ayudas que desembocan en la deslocalización de empresas desde un Estado miembro hacia otro, que encierra el riesgo de una caza de subvenciones que nada aporta a los objetivos comunes de la UE. 
Es por lo que deseo que el próximo informe sobre las ayudas estatales incluya una evaluación de las repercusiones que estas ayudas tienen sobre el empleo, así como sobre los sectores de la industria y del artesanado, en los países beneficiarios. 
Informe Langen (A5-0073/1999) 
. (FR) Esta mañana he intervenido en el importante debate sobre la competencia en relación con el texto del Sr. Langen, relativo a la aplicación en 1998 del 6º código de las ayudas estatales a la siderurgia. 
Como reconocía el Tribunal de Justicia en su mandamiento judicial de 3 de mayo de 1996, el sector siderúrgico es especialmente sensible a las perturbaciones de la competencia. 
Es el motivo por el que es legítimo instaurar un régimen de ayudas a este sector, que tenga por objeto garantizar la supervivencia de las empresas eficientes, a pesar de que el punto c del artículo 4 del Tratado de la CECA prohibe toda ayuda estatal a la siderurgia. 
En realidad, es el objeto del 6º código de ayudas a la industria siderúrgica. 
Al mismo tiempo, es importante, naturalmente, evitar cualquier daño de las condiciones de competencia y toda perturbación grave de los mercados, por lo que es importante reglamentar estas ayudas. 
Es necesario, por consiguiente, continuar limitando las ayudas estatales a aquéllas a la investigación, al desarrollo, a la protección del medio ambiente y a las ayudas concedidas en caso de cierre de instalaciones. 
En el mismo orden de ideas, es primordial que los Estados miembros cumplan con su obligación de informar a la Comisión sobre las ayudas concedidas en favor de sus empresas siderúrgicas, según establece el artículo 7 del código en cuestión. 
La Comisión sugiere que los Estados envíen estos informes en un plazo de dos meses a partir del fin de cada semestre y, en todo caso, sobre una base anual, sin necesidad de que la Comisión deba repetírselo. 
Al igual que el ponente, acojo con satisfacción el informe de la Comisión, pero he deplorado que este informe no cubra todos los aspectos de las ayudas. 
A pesar de que el código de las ayudas a la siderurgia está formulado con toda claridad, la Comisión ha autorizado, en varias ocasiones, la concesión de ayudas a empresas siderúrgicas que no responden a las categorías contempladas en el código. 
En aras de la imparcialidad, convendría aplicar estrictamente el código de ayudas o bien modificarlo en caso de que la Comisión quiera autorizar ayudas distintas a aquéllas legalmente admitidas actualmente. 
Por último, se plantea el problema de las consecuencias de la expiración del Tratado de la CECA. 
Será necesario que el sistema de ayudas se mantenga más allá del 2002. 
Respecto a este punto, soy de la opinión de que únicamente un reglamento del Consejo podrá ofrecer la seguridad jurídica necesaria y garantizar la prohibición formal de todas las ayudas que no estén contempladas en el código. 
Por todas estas razones, he votado a favor del informe Langen y espero que la Comisión atienda ahora a nuestras peticiones y a nuestras exigencias. 
(La sesión, interrumpida a las 13. 05 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la marea negra en Francia. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. de Palacio para abrir el debate. 
. Señor Presidente, quiero en primer lugar agradecer la ocasión que me brinda el Parlamento de debatir sobre la catástrofe ocurrida en las costas francesas como consecuencia del hundimiento, el pasado 12 de diciembre de 1999, del petrolero Erika y que ha contaminado más de 400 kilómetros de costa con el petróleo vertido, que ha supuesto la muerte de miles de aves y que ha tenido otros efectos enormemente negativos desde el punto de vista medioambiental y del mantenimiento de nuestros mares y de unas costas saludables y conformes a los mínimos que debemos exigir dentro de una sociedad desarrollada. 
De alguna manera, el naufragio del Erika representa la antítesis de aquello por lo que venimos luchando todos: el desarrollo duradero, el desarrollo respetuoso con el medio ambiente. 
Es un caso clarísimo de violación de esa forma de entender el desarrollo y el progreso, un caso flagrante de cómo no se deben hacer las cosas. 
Podría extenderme sobre los datos concretos que han hecho posible este suceso. 
No lo haré. 
Son conocidos por todos y lo único que quiero manifestar es que la Comisión comparte la indignación no sólo de los ribereños afectados en primer lugar por este desastre de las costas francesas, sino de todos los europeos- y no sólo europeos- ante semejante hecho. 
La Comisión manifestó inmediatamente su solidaridad y ha pretendido contribuir por todos los medios de los que dispone a luchar contra las trágicas consecuencias de este acontecimiento. 
Pero en mi opinión no basta con luchar contra las consecuencias sino que de lo que se trata es de plantear soluciones y propuestas que permitan evitar al máximo que se repitan acontecimientos como éste. 
Así, desde el punto de vista medioambiental, tengo que decir que, en colaboración con y a petición de las autoridades francesas, inmediatamente después del naufragio, la Comisaria Wallström, responsable del medio ambiente, creó una célula de crisis medioambiental. 
Esta célula puso en marcha el Grupo de trabajo comunitario "Contaminación marina" y ofreció a las autoridades francesas los mejores expertos europeos en la lucha contra la contaminación. 
La Comisión participó también en el despliegue de instrumentos de lucha contra la contaminación en el lugar de la catástrofe, coordinando la acción de once Estados miembros de la Unión, que han enviado más de 26 kilómetros de barreras flotantes al lugar. 
Entendemos que la coordinación y los resultados suponen un cierto avance y un éxito en el sentido de que existe una auténtica solidaridad europea. 
Este estado de cosas es fruto, en parte, del trabajo realizado por la Comisión desde hace varios años. Este trabajo se plasmó en particular en la creación de un sistema comunitario que recopila todas las informaciones relativas a los medios de lucha existentes en la Comunidad contra este tipo de contaminaciones, en la instauración del Grupo de trabajo comunitario y en la financiación conjunta del proyecto de formación y mejora de las técnicas de lucha contra la contaminación en el ámbito de la Unión Europea. 
Por encima de la propuesta de emergencia, es necesario mantener también, a largo plazo, la capacidad de hacer frente a otras catástrofes similares. 
Así pues, la Comisión se alegra de la favorable acogida que el Parlamento Europeo ha concedido en primera lectura a su proyecto de decisión relativo a la instauración de un marco jurídico que permita mejorar la cooperación en el ámbito de la lucha contra la contaminación accidental. 
La Comisión espera que los recientes acontecimientos permitan agilizar la aprobación definitiva de este texto en el Parlamento y en el Consejo y, por lo tanto, que se desbloquee la situación actual. 
Pero si me refiero al ámbito de los transportes, quiero decir que el naufragio del Erika plantea de nuevo el problema de la prevención de los accidentes marítimos y, más concretamente, el de la seguridad del transporte de productos contaminantes. 
En este caso en el ámbito marino. 
En este ámbito creo que, en primer lugar, es esencial destacar que la Unión Europea no ha permanecido inactiva desde el famoso naufragio del Amoko Cadiz en el año 1978, también frente a las costas francesas. 
Aunque quizás debemos preguntarnos si no se debería hacer más y, por lo tanto, si no debemos hacer más. 
En los seis últimos años se han adoptado una quincena de reglamentos y de directivas comunitarias. 
Esta legislación es aún reciente. 
Los Estados disponen ahora de un fundamento jurídico que les permite luchar contra los pabellones de conveniencia, así como contra todos aquellos que no respetan sus obligaciones de seguridad. 
Ahora les corresponde a los Estados miembros demostrar que tienen la voluntad política de dotar a sus administraciones marítimas con los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas de control y aplicación de las normas comunitarias, de aplicar y de exigir adecuadamente el cumplimiento de estas normas comunitarias ya aprobadas. 
Y, desde luego, la Comisión debe velar por asegurar que en todos los Estados miembros se aplican estas normas de manera homogénea. 
Con respecto al naufragio del Erika, los resultados de la investigación preliminar realizada por las autoridades francesas sobre las causas del accidente se han comunicado ya a la Comisión. 
El informe muestra la ligereza- utilizando un eufemismo- de los controles que se han aplicado en este caso. 
Tengo que decir que la Comisión, por su parte, a partir del 21 de diciembre de 1999 se ha dirigido a las autoridades italianas encargadas de las inspecciones en los puertos, así como a la sociedad de clasificación RINA, responsable de las últimas clasificaciones del Erika, con el fin de obtener explicaciones sobre la forma en que se ha controlado al Erika. 
En efecto, la Comisión debe comprobar si se aplicaron correctamente en este caso las directivas comunitarias pertinentes, tanto por parte de las autoridades italianas, como Estado de puerto, como por la sociedad RINA, como sociedad de clasificación. 
Esta comprobación, señor Presidente, es primordial para perfeccionar las directivas en el futuro y para que así podamos mejorar lo que se está haciendo. 
En cualquier caso, quiero comunicar al Parlamento que se desplazará el día 28 del mes que viene una misión especial de la Comisión para inspeccionar a la sociedad RINA y que, en función de las conclusiones que resulten de esa misión, tomaremos las medidas pertinentes. 
Cuando digo "tomaremos las medidas pertinentes" incluyo la posibilidad de suprimir la sociedad RINA de las lista de sociedades calificadas por la propia Comisión. 
La Comisión presentó además, Señorías, una solicitud similar a la autoridad marítima de Malta- éste era el pabellón del Erika- que, tengo que decir, nos ha ofrecido su plena y total colaboración hasta el momento. 
No obstante, sin prejuzgar los resultados de todas estas investigaciones- cómo ha sucedido el naufragio, cuáles son las razones últimas y cuál ha sido la actuación en las inspecciones realizadas, tanto por la sociedad RINA como por las autoridades portuarias italianas -, todo indica ya que el accidente del Erika ha revelado una serie de cuestiones que merecen una reflexión minuciosa y que nos obligan a actuar- en mi opinión- con la máxima urgencia. 
Señorías, la Comisión preparaba ya una comunicación sobre la seguridad en el tráfico marítimo, la seguridad en los puertos. 
Pero, indudablemente, estos sucesos nos obligan a acelerar la presentación de esta comunicación y a concentrarnos, sobre todo, en el transporte de productos peligrosos, contaminantes, especialmente de petróleo, gas o productos químicos. 
Este documento irá acompañado de una serie de propuestas legislativas destinadas a reforzar la seguridad marítima en aguas de la Comunidad. 
La Comisión prevé adoptarlo antes de junio de este año, de modo que los debates sobre las medidas propuestas puedan comenzar, tanto aquí, en el Parlamento, como en el Consejo, a partir del segundo semestre de 2000, bajo Presidencia francesa. 
En cuanto al contenido de esta comunicación, nos proponemos abordar esencialmente los temas siguientes: 
En primer lugar, el refuerzo de los controles de los buques de riesgo, cualquiera que sea su pabellón- aunque hay datos estadísticos que hablan por sí solos: en las inspecciones en puerto, los buques de pabellón de los quince Estados miembros de la Unión Europea tienen del orden de 5,9 incidencias por cada 100 inspecciones realizadas. 
La media mundial está en torno a 15,6 incidencias por inspecciones realizadas en puertos europeos. 
En el caso de buques de pabellón de Malta- como es el caso del Erika- la cifra es de 19,7 y en el caso de otros pabellones, aún mucho más altas. 
Para reforzar los controles procederemos a modificar las directivas existentes relativas a las sociedades de clasificación, al control de los buques en los puertos y a la frecuencia de las inspecciones, relacionándolas con la edad y con el pabellón del buque. 
En el caso de los coches, todos sabemos que a partir de los cuatro primeros años hay que someterlos a una inspección técnica todos los años. 
Sin embargo, en los barcos, lamentablemente la situación no es esa. 
Queremos impulsar estas actuaciones- que, por otro lado, han sido incorporadas a los últimos acuerdos internacionales celebrados en el seno de la OMI (Organización Marítima Internacional) a través de los acuerdos SOLAS (Convenio sobre la Seguridad de la vida humana en el mar) y MARPOL (Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques) -y hacerlas obligatorias. 
En segundo lugar, se debe fomentar la utilización de petroleros respetuosos con el medio ambiente por lo que respecta a la utilización de los puertos europeos. 
Es decir, que los petroleros que vienen a nuestros puertos se vayan transformando en petroleros de doble casco, en lugar de los petroleros monocasco, que presentan más riesgo de contaminación en caso de accidente. 
Estos últimos deberían ser objeto de medidas destinadas a acelerar su abandono progresivo a imagen y semejanza de lo que está sucediendo en Estados Unidos, con lo cual también evitaremos un riesgo que vivimos actualmente: que petroleros que no pueden arribar a los puertos norteamericanos vean su tráfico desviado a los puertos europeos. 
En tercer lugar, Señorías, la comunicación abordará la compleja y delicada cuestión de la responsabilidad y de la compensación de daños en caso de contaminación debida a una catástrofe. 
La Comisión tiene intención de salir del actual embrollo jurídico y presentar propuestas para elevar los límites máximos de responsabilidad de las partes implicadas y, además, incorporar nuevos responsables en la cadena de responsabilidades que, en este momento, recae toda prácticamente en los armadores, en los dueños de los barcos. 
Más concretamente, tenemos la intención de instaurar un sistema que permita definir y exigir la responsabilidad del propietario o del transportista de la carga- en efecto, si hay armadores de conveniencia se debe a que hay fletadores poco atentos a la calidad de los buques que fletan -, además de incrementar la cifra del seguro por parte de los armadores respecto a la cifra total de los seguros por buque. 
Finalmente, la Comisión piensa proseguir sus esfuerzos para mejorar la transparencia en lo que respecta a la calidad de los buques que frecuentan las aguas europeas. 
En este orden de cosas, la Comisión se propone acelerar la implantación del sistema Equasix, que debe ser una realidad a partir del mes de mayo de este año, que no es ni más ni menos que un sistema de información en tiempo real sobre la situación de la flota internacional de todos estos barcos. 
Este programa se está desarrollando de común acuerdo con las autoridades francesas y permitirá disponer en tiempo real de una información completa sobre la situación de los distintos barcos, por no hablar de la formación de las tripulaciones, un elemento también importante. 
Señorías, en conclusión, se trata no sólo de hablar de la catástrofe del Erika y de lo que se ha hecho hasta ahora, sino de sacar conclusiones para evitar que catástrofes de este tipo se vuelvan a producir. 
Tenemos que garantizar la eficacia de la aplicación de las normas sobre seguridad marítima. 
La Organización Marítima Internacional- todos lo sabemos- no tiene capacidad ni de control ni de hacer obligatorias las normas suscritas por algunos Estados que, a menudo, olvidan los compromisos adquiridos o hacen la vista gorda- por decirlo suavemente- sobre lo que han firmado en estos convenios. 
En segundo lugar, debemos seguir intentando conseguir una mayor competitividad del sector naviero europeo, que es un sector capaz y de enorme seguridad, manteniendo el nivel de exigencia, pero debemos también ser capaces, en lo que se refiere a los pabellones de conveniencia, de luchar contra los abusos que se producen al amparo de estas banderas. 
Al final, Señorías, se trata de luchar contra la irresponsabilidad de algunos armadores, de algunos fletadores, de algunos Estados, de algunas sociedades, de algunos actores en el terreno del transporte marítimo que, con su irresponsabilidad, ponen en peligro nuestro medio natural y pueden crear catástrofes como la que lamentablemente han soportado en estos días las costas francesas. 
Señor Presidente, intervengo en nombre del PPE, pero también en mi calidad de elegido bretón, afectado directamente y consternado por estos acontecimientos. 
Junto con Françoise Grossetête y el PPE, hemos presentado una propuesta de resolución. 
Henos aquí hoy con una propuesta de compromiso, lo cual me alegra. 
El naufragio del Erika es en realidad un asunto europeo, por un lado, porque mutila y ensucia algunas de las playas europeas más bellas con consecuencias muy graves para el turismo, los profesionales del mar y los defensores del medio ambiente y, por otro, porque lo que está en cuestión es la reglamentación y el control, que tienen una evidente dimensión natural europea. 
Una catástrofe semejante, casi con toda seguridad, no se habría producido frente a las costas norteamericanas. 
¿Por qué? 
Porque los norteamericanos supieron aprender la lección de la catástrofe del Exxon Valdez y porque en 1990 establecieron la Oil Pollution Act que tiene a la vez un ámbito más amplio de responsabilidades, porque puede implicar la responsabilidad del fletador, es más vinculante y sobre todo está mejor controlada a través de diversas reglamentaciones y, en particular, debido a la existencia del cuerpo de guardacostas norteamericanos. 
Sin hubiéramos contado con semejantes disposiciones, repito, la catástrofe sin duda no se habría producido. 
Por eso creemos que hay que revisar los textos aplicables y, en particular, el protocolo de 1992, que ha exonerado a los fletadores, en este caso al petrolero fletador, de toda responsabilidad. 
Ahora bien, si el fletador es exonerado, ciertamente se implicará menos en los controles que son responsabilidad de las compañías petroleras. 
Por ello hay que revisar la reglamentación y le agradezco, señora Comisaria, que haya señalado todas las insuficiencias actuales de las disposiciones europeas. 
Por otra parte, como usted ha dicho, debemos sobre todo reforzar los controles: los controles del Estado del pabellón y aquéllos de las sociedades de clasificación. 
Usted nos ha dicho que la sociedad RINA es un registro de clasificación italiano reconocido por la Comisión. 
¿En qué condiciones se realiza este reconocimiento? 
¿Cuáles son las garantías de fiabilidad? 
La Comisión enviará una misión. 
Esperamos los resultados con gran interés. 
También hay que reforzar los controles de las autoridades marítimas y el control en los puertos europeos. 
Existe, hay que recordarlo, un memorándum de París que implica un mínimo de control, una cuarta parte de los buques que hacen escala en los puertos europeos deben ser controlados por las autoridades marítimas del país en cuestión. 
Esta obligación no se respeta ni en Francia ni en muchos otros países europeos. 
¿Por qué? 
¿Cuáles son las consecuencias que ha sacado o que piensa sacar la Comisión de esta situación? 
Considero igualmente necesario reforzar el control del fletador, en este caso, el petrolero. 
Si su responsabilidad financiera está comprometida, sin duda se ejercerá un mayor control. 
Por último, es necesaria una coordinación de las autoridades marítimas para conseguir una especie de dispositivo europeo análogo a los Guardacostas que vigilan las costas de los Estados Unidos. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias a los colegas de mi Grupo que se ocupan del medio ambiente y que han abordado este problema junto con el equipo encargado del transporte. 
Este desastre es tan medioambiental como de transporte y no está limitado a un sector. 
Una vez más nos encontramos en este Parlamento debatiendo sobre otro desastre marítimo. 
Podría recitar de un tirón la lista de desastres que han afectado a esa industria en los 10 años que llevo en este Parlamento, pero sólo dispongo de tres minutos. 
No cabe duda de que ya es hora de que no sólo los Estados miembros, sino también ese tigre desdentado denominado Organización Marítima Internacional y las compañías petroleras y los propietarios de los buques- a los que caben no menos responsabilidades- asuman sus responsabilidades adoptando medidas para poner fin a esas tragedias ecológicas y humanas que se repiten año tras año. 
¿Cuántos Erika más habremos de soportar antes de que quienes tienen el poder nos doten de un control del Estado del puerto idóneo y eficaz en toda la Unión Europea y no sólo en ciertas zonas de ella? 
¿Cuánta contaminación más debemos soportar antes de que la industria nos dote de buques con tanques segregados y con doble casco? 
¿Cuántas aves marinas más deben morir antes de que las compañías de transporte marítimo pongan fin al procedimiento de limpiar sus depósitos en el mar, que, como señala nuestra resolución, causa más contaminación que desastre alguno del tipo del de Erika? 
Si bien reconozco que se han logrado algunos avances en sectores como los de control por el Estado del puerto y normas sobre tripulación mínima, seguimos afrontando lo que nuestro difunto colega Ken Stewart llamaba "buques de la vergüenza que entran en nuestras aguas de la Unión Europea y salen de ellas: cubos oxidados y con tripulación deficiente". 
Es necesario que los Estados miembros actúen rápida y decisivamente. 
Es necesario que nuestros gobiernos aporten los recursos financieros necesarios para dotarnos de un control eficaz y también que dejen de dar largas al asunto de la seguridad marítima. 
El Erika no se ha cobrado vidas humanas, pero puede haber arruinado los medios de vida de muchas personas. 
Igual que el Sea Empress, igual que el Braer. 
No cabe la menor duda de que los tres nos dejaron un desastre ecológico. 
Mi Grupo expresa su condolencia a la población de Bretaña que ha visto su zona saqueada por ese desastre, como también se lo expresó en ocasiones anteriores a la población del Gales occidental y a la de las islas Shetland. 
¿Acaso no es hora ya de que dejemos de manifestar condolencias y empecemos a comunicar requerimientos para librarnos de esos buques de la vergüenza en pro de la seguridad de los mares? 
De lo contrario, más adelante volveremos a debatir, este mismo año, una nueva propuesta de resolución cuando otro buque-cisterna con pabellón de conveniencia se hunda y vierta a borbotones su crudo por todo el mar. 
Ya ha pasado el momento de las resoluciones. 
Ahora lo que se necesita son acciones. 
Lamentablemente, el Consejo volverá- me temo- a dejar de actuar y en el futuro volveremos a debatir sobre otro desastre marítimo y ecológico. 
Señor Presidente, siempre que hay un desastre de este tipo, se dice que no debe volver a suceder. 
En realidad, nunca podemos poner fin a los accidentes que suceden en el mar, pero nos incumbe aprender las enseñanzas que se desprenden siempre que se produce un accidente de este tipo y aplicarlas para reducir los riesgos en el futuro. 
El accidente del "Erika" fue grave, en particular para la población de Bretaña más directamente afectada, pero fue devastadora para la fauna y la flora de gran parte de Europa. 
Hay quien dice que es el peor accidente que haya sucedido jamás a la vida de las aves de esta parte de Europa. 
La Sociedad Real para la Protección de las Aves cree que nada menos que 400.000 aves, tal vez araos principalmente, pueden haber muerto. 
Las fotografías que muchos de nosotros hemos visto de aves empapadas de petróleo y que veterinarios oficiales estaban sacrificando eran a un tiempo penosas y trágicas. 
Todos queremos que existan las normas más estrictas para los buques, cualquiera que sea el pabellón que enarbolen. 
Debemos imponer el cumplimiento de los reglamentos y velar por que se aplique el principio de que "el que contamina paga" para que se utilicen sanciones y también incentivos financieros a fin de presionar a los propietarios de los buques y las compañías petroleras y lograr que se introduzcan los procedimientos mejores. 
Estoy de acuerdo con todas las palabras que la Comisaria ha pronunciado en sus observaciones, pero la cuestión es: ¿cuánto se tardará en lograr que se presenten las medidas encaminadas a abordar ese problema como ella propone? 
Como político, debe recordar a sus funcionarios lo difícil que sería que hubiera de volver a este Parlamento dentro de un año, si se produjera un accidente similar, igualmente devastador, en caso de que algunas de las medidas que ha propuesto hoy siguieran, sencillamente, siendo bonitas palabras y no hubiese tenido la oportunidad de ponerlas en práctica. 
La idea de que un accidente de este tipo ocurra en un futuro próximo debe hacer que su cabeza y las de sus funcionarios se concentren intensamente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, le he traído un pequeño regalo: una torta de aceite pesado que me ha enviado una habitante de la isla de Noirmoutier, que me escribe lo siguiente: " con cada marea, la playa se cubre de aceite pesado que escapa del Erika. 
Con cada marea, voluntarios, militares, bomberos retiran inmensas tortas de este alquitrán negro, viscoso y espeso. 
¿Cuándo volverá a estar limpia y para cuándo el fin de este accidente devastador? " 
Sí, este accidente del Erika, al igual que el del buque ruso en Turquía, es inaceptable e intolerable precisamente cuando la alta tecnología está en todo su apogeo. 
Es tanto más inaceptable que se produzca veinte años después de la catástrofe del Amoco Cadiz, a pesar de que ya se había dicho y repetido en varias ocasiones "¡ nunca más algo así !" 
Naturalmente es responsabilidad de los políticos, y por tanto nuestra, garantizar la seguridad de los transportes marítimos. 
Debemos realmente garantizar a los ciudadanos que un desastre semejante no volverá a producirse. 
Ahora bien, al escucharla, señora Comisaria, nos sentimos algo frustrados, porque aquellos que ya se han ocupado de estas cuestiones saben que la Comisión y el Parlamento habían preparado, creo que en 1992, un texto muy interesante que ya incluía todas las propuestas contenidas en la resolución que hoy presenta la Comisión de Transportes. 
Porque es cierto que hay que decirlo y repetirlo: el Erika es la catástrofe que colma el vaso. 
Por ello es urgente que la Unión Europea se comprometa a realizar una revisión drástica de sus directivas en materia marítima para hacerlas más vinculantes y establecer un régimen de responsabilidades claro y preciso de los propietarios de los cargamentos. 
Debe saberse, por ejemplo, que Shell y British Petroleum se negaron a que el Erika transportara su petróleo. 
¿Por qué, en semejantes condiciones, no se reconoce la responsabilidad del fletador, que es Total? 
Es necesario asimismo que la Comisión imponga en sus propuestas el doble casco y el cumplimiento, por fin, de la prohibición de limpiar los fondos de los buques en el mar. 
Hay que crear un cuerpo europeo de inspectores que controle efectiva y eficazmente el estado de los buques. 
Por otra parte, es igualmente urgente que la Unión Europea se comprometa a reformar la OMI. 
¿De qué sirve la implantación de directivas vinculantes si, después la mayoría de los buques hacen lo que quieren cuando están en alta mar? 
Por último, señoras y señores, quisiera dedicar un pensamiento emocionado a todos los voluntarios, amigos de la naturaleza y de los pájaros, que de forma espontánea y generosa responden presentes y corren a socorrer a las aves embadurnadas de crudo y organizan su salvamento con los medios disponibles. 
Como sin duda saben ustedes, aproximadamente 200.000 pájaros perecerán como consecuencia de esta marea negra, una de las mayores catástrofes ecológicas que prácticamente no tiene precedentes. 
También saben a ciencia cierta lo difícil que resulta actualmente preservar las especies y lo difícil que resulta preservar los espacios. 
Y, en este sentido, señora Comisaria, no ha dicho nada sobre cómo se propone la Comisión contribuir a la restauración de la naturaleza y del medio natural. 
Una vez más, no habrá ningún responsable claramente definido. 
Mientras tanto, siempre paga el pato la naturaleza. 
Señor Presidente, mi Grupo ha pedido la celebración de este debate para brindar a nuestro Parlamento la oportunidad de expresar su solidaridad a las personas directamente afectadas por esta catástrofe ecológica, a la vez en su actividad económica y en sus relaciones afectivas con su medio natural. 
Permítaseme, a ese respecto, acoger con satisfacción la presencia en nuestras tribunas de la Sra. Javette-Le Besque, portavoz del colectivo "Marée noire" ("Marea negra") , constituido por ciudadanos del departamento de Morbihan. 
Expresar su solidaridad es algo que muchos voluntarios de Francia y de diferentes países europeos han hecho al echar una mano a las víctimas sobre el terreno. 
Expresar nuestra solidaridad, como Parlamento Europeo, significa en primer lugar actuar para conseguir el desbloqueo inmediato de una ayuda de emergencia a las familias afectadas por la marea negra y, al mismo tiempo, exigir un fortalecimiento cualitativo, a escala europea e internacional, de las reglas y las normas de seguridad de los transportes marítimos para establecer controles mucho más frecuentes y sanciones claramente más disuasorias para los infractores. 
Nuestras propuestas se refieren en particular a la edad de los petroleros. 
De entre los que fueron controlados y considerados infractores el año pasado, 15 tenían veinte años o más, algunos más de treinta e incluso más. 
Eso ya no es tolerable. 
Además, los pabellones de conveniencia. 
Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, más del 40 por ciento de los buques naufragados en 1998 llevaban pabellón de conveniencia, símbolo del beneficio y de la explotación de los hombres en detrimento de la seguridad. 
Eso ya no es tolerable. 
Por último, la falta de transparencia. 
Se hace todo lo posible para volver lo más opaca posible la concatenación de las responsabilidades y la identidad de los propietarios y de quienes de verdad deciden. 
Eso ya no es tolerable. 
En todos esos planos, debemos conseguir cambios reales y significativos, entre ellos la fijación de una fecha-límite para la observancia de las normas nuevas, incluido el doble casco, bajo pena de prohibición de fondear en los puertos de los Estados miembros o cruzar sus aguas territoriales. 
También debemos conseguir un mayor rigor tanto en la expedición de los certificados de navegabilidad como en la comprobación de la edad y del mantenimiento de los buques. 
Por último, debemos conseguir que todos los responsables de una catástrofe contribuyan a las reparaciones. 
En el caso presente pienso, en particular, en el grupo Total-Fina. 
La Unión Europea puede, señor Presidente, hacer la misma gestión ante la Organización Marítima Internacional. 
Así demostrará su utilidad ante una opinión pública que esta vez espera actos claros y concretos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como representante de la costa atlántica francesa, representante de Vendée, quisiera expresar ante todo el sentimiento de rebelión de las poblaciones víctimas de la marea negra del Erika ante los desastres ocasionados no por una catástrofe natural como el huracán que acaba de golpearnos, sino por un delito. 
Con la urgencia, ante la adversidad, se ha manifestado un magnífico impulso de solidaridad: solidaridad local, solidaridad nacional, solidaridad intergubernamental. 
Lo que ahora esperan las poblaciones siniestradas, quienes lo han perdido todo, en particular entre los profesionales del mar y del turismo, aquellos cuya actividad está comprometida para varios años, es no sólo que los contaminadores reparen los daños que han causado, sino también que se haga todo lo necesario para que su desgracia actual sirva en el futuro a los demás para impedir la repetición de semejantes delitos. 
Estamos pagando- resulta más que evidente- el precio de nuestras dejaciones. 
Porque nuestros Estados, con la bendición de la Comunidad, no han considerado oportuno seguir teniendo su propia flota mercante y han dejado desaparecer una pericia rigurosa en materia de construcción naval, ya no disponemos de una rastreabilidad clara de los buques y vemos auténticos barcos-basura surcar nuestras aguas con pabellón de conveniencia, a merced de los intereses a corto plazo de las compañías multinacionales. 
Hay que poner fin a toda costa a la cascada de irresponsabilidad, fletadores irresponsables, armadores inencontrables, sociedades de certificación complaciente. 
Ahora bien, hoy estamos inmersos en la mayor confusión. 
Se deben tratar esos asuntos- resulta más que evidente- en el nivel mundial, pero las normas internacionales actuales de la OMI son muy insuficientes y mucho más laxistas y ni nuestros países ni la Comunidad han procurado con tesón volverlas más rigurosas, pese a las catástrofes recientes. 
Cierto es que el Fondo internacional contra la contaminación con hidrocarburos (FIPOL) existe, pero diluye las responsabilidades y su nivel de prescripciones es totalmente insuficiente, y se debe revisar. 
Hay que revisar imperativamente la cuestión de los pabellones de conveniencia en el marco de la OMI. 
Corresponde a los Estados miembros y a la Comunidad adoptar las iniciativas necesarias para ese fin. 
He de recordar que el Erika llevaba pabellón de conveniencia de un Estado candidato al ingreso en la Unión. 
Por otra parte, existen directivas comunitarias, pero no se aplican o se aplican poco por falta de un número suficiente de controladores nacionales. 
Hay que remediar urgentemente esa carencia. 
Desde hace muchos años, está en preparación una directiva sobre la seguridad marítima, pero avanza muy despacio. 
Desde ese punto de vista, hay una inercia inadmisible y una carencia inaceptable por parte de la Comisión. 
Se debe adelantar imperativamente la fecha de presentación de la comunicación de la Comisión dedicada a esa cuestión esencial, perpetuamente aplazada y ahora prevista para julio. 
En cuanto a las disposiciones de fondo que se deben establecer, deben ser particularmente claras y estrictas. 
Voy a mencionar tres que nuestro Grupo considera prioritarias. 
En primer lugar, la responsabilidad de los propietarios de los cargamentos de petróleo debe quedar establecida claramente y las víctimas de la contaminación deben poder entablar acciones judiciales sin ambigüedad contra los responsables. 
La mejor prevención para el futuro es la certeza de los fletadores de que, si no están extraordinariamente vigilantes sobre la seguridad de los buques que elijan, recibirán severas condenas civiles, penales y financieras. 
En segundo lugar, se debe imponer lo más rápidamente posible la condición de un doble casco para los petroleros a los que se permita surcar las aguas comunitarias y no se debe dejar para las calendas griegas. 
En tercer lugar, se debe establecer rápidamente una limitación estricta de la edad de los buques a los que se permita surcar las aguas comunitarias. 
Podría ser de quince años como máximo. 
De no conseguirse un marco reglamentario comunitario suficientemente claro, estricto y riguroso, se debería autorizar a los Estados miembros que lo deseen, por su parte, a establecerlo para proteger a su población y su territorio, del mismo modo que los Estados Unidos han sabido, por su parte, aprovechar las enseñanzas de la catástrofe del Exxon Valdez exigiendo el doble casco y vedando sus aguas a todos los buques de más de veinte años. 
Así, los Estados Unidos denegaron al Erika el acceso a sus aguas. 
Si la Comunidad hubiera hecho lo propio, se habría evitado una inmensa catástrofe. 
Procuremos, señor Presidente, señora Comisaria, aprovechar esta vez la enseñanza de verdad, aun cuando haya decaído la emoción parlamentaria y en los medios de comunicación. 
Señor Presidente, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cádiz, Gino, Tanio: se trata de nombres de siniestro recuerdo. 
Y ahora Erika. 
¿A quién le toca ahora? 
Veintiún años después del Amoco Cádiz, esta enésima marea negra, la séptima desde 1967, demuestra la irresponsabilidad de nuestros sucesivos gobernantes. 
El oeste atlántico paga una vez más el caro precio de su incapacidad para reaccionar, de su capitulación ante las multinacionales. 
Cuesta comprender por qué franceses y europeos autorizan lo que los americanos deniegan y por qué Europa, habitualmente tan dispuesta a legislar en materia de medio ambiente, no ha hecho lo propio con la seguridad marítima. 
El resultado está ahí. 
El Erika, buque que enarbolaba pabellón maltés, pecio ambulante clasificado entre los petroleros más peligrosos, ha mancillado nuestras costas a lo largo de más de 400 kilómetros, lo que representa una contaminación mucho más grave que la provocada por el Amoco Cádiz. 
Como representante de Loira-Atlántico, puedo, por desgracia, atestiguarlo. 
Esas catástrofes repetitivas nada tienen de natural, nada deben a la fatalidad. 
Son la consecuencia de la inconsecuencia de los hombres. 
Se trata sin lugar a dudas de una catástrofe ecológica. 
Sólo quienes están separados de las duras realidades del terreno han podido dudarlo. 
Se trata también de una catástrofe económica para todos los que viven del mar y del turismo: pescadores, ostreicultores, conquilicultores, salineros, comerciantes, etc. 
El fallo del Erika debe ser el último de la serie. 
Antes que nada, debemos aclarar totalmente ese naufragio. 
¿Por qué no se nombra una comisión de investigación parlamentaria o se permite la participación de los diputados en la misión que acaba de anunciar la Comisión? 
Después, debemos legislar urgentemente, y ante todo, para que se conozcan las características exactas de las mercancías transportadas. 
En efecto, según los expertos, el petróleo del Erika debía manar por el fondo y nunca llegar a las costas. 
Ya sabemos lo que ocurrió. 
Además, habría que instaurar un control técnico fiable, semejante al control técnico obligatorio que se hace en Francia de los vehículos de más de cinco años. 
Habría que reglamentar la utilización de los pabellones de conveniencia, exigir el doble casco para el transporte de las materias contaminantes o peligrosas, innovar en materia tecnológica para lograr tratar o recoger los hidrocarburos en el mar. 
Sería- me parece a mí- lo mínimo, al alba del tercer milenio. 
Habría que prohibir a los buques que no se ajusten a las normas el acceso a las aguas europeas, determinar la responsabilidad de los contaminadores, armadores, fletadores, en nombre del principio de que "quien contamina paga", reforzar la vigilancia marítima para evitar cualquier tipo de limpieza de los fondos en el mar, imponer un control serio y fiable de los buques-cisterna, restablecer una línea presupuestaria consecuente sobre catástrofes naturales, para los países miembros y, entretanto, desbloquear una ayuda comunitaria excepcional y permitir que los departamentos afectados por el siniestro reciban ayuda con cargo a los Fondos estructurales. 
También he presentado, en nombre del Grupo EDD, un proyecto de resolución al respecto. 
Señor Presidente, en los últimos años los petroleros han causado repetidas catástrofes en todo el mundo sin que se hayan adoptado medidas apreciables o eficaces para evitarlas. 
Esta vez la situación es particularmente grave, no en último término porque afecta a un gran Estado europeo, un hecho que se puede repetir en cualquier momento. 
Necesitamos urgentemente una directiva que limite estos riesgos. 
Las 15 normas que tenemos no son, al parecer, suficientes. 
Éstas ofrecen como mínimo- sin pretender ser exhaustivo- tres garantías: ningún petrolero o buque de carga en condiciones para el desguace podrá hacer ya escala en ningún puerto de la Unión Europea; todas las partes que intervengan, incluido el consignatario del transporte, deberán responder por los daños causados y deberán suscribir pólizas de seguro suficientes. 
Sólo de este modo será posible garantizar que los perjudicados puedan hacer valer su derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 
Sin embargo, debemos tener claro que el objetivo a largo plazo ha de ser mucho más amplio. En otras palabras, tenemos que evaluar los verdaderos costes de todo nuestro sistema de abastecimiento de energía. 
Señor Presidente, permítame que empiece dando las gracias a la Comisaria De Palacio por su respuesta clara, adecuada y también muy firme. 
Muchísimas gracias. 
Esto significa también que tengo en cualquier caso mucho respeto por la comunicación de la reunión que envió el 10 de enero, pero también por las medidas que ha anunciado hoy. 
La catástrofe del Erika demuestra que cuando faltan regulaciones ajustadas en materia de tráfico y transporte a nivel europeo e internacional, entonces la naturaleza y el medio ambiente quedan malparados. 
El daño infligido, también en materia medioambiental, no se puede cuantificar en dinero. 
De ahí que mantengamos ahora este debate conjunto con los colegas de transporte y protección medioambiental. 
En las vacaciones navideñas, cuando los medios de comunicación neerlandeses iban prestando atención a la catástrofe del Erika, miré en Internet para averiguar qué había para tomar medidas, sobre todo después de que el primer ministro Jospin hubiera dicho que Europa debería hacer más. 
Lo que deduje de todo aquello es que en realidad hay suficiente regulación, pero el problema estriba en que no se controla. 
Permítanme que mencione unas cuestiones aquí, que han sido señaladas también por la Señora Comisaria. 
En primer lugar el "port-state control", el 25% de los barcos que debe ser controlado. 
No solamente creo que hay que mantener ese 25% sino que hay que procurar que se controle más, o sea que se aumente ese 25%. 
Además, cuando ya no se permite que un barco navegue, no sólo hay que controlar los hechos sino que debe haber un sistema jurídico que establezca: es recomendable que ya no navegue o ya no se permite su navegación. 
Pero esto no existe. 
Presidente, con respecto a esta cuestión quisiera que se emprendiera una acción. 
Como punto final, en lo respecta a los requisitos técnicos para los barcos, mis colegas también acaban de señalar que desde 1999 en los Estados Unidos los petroleros deben disponer de doble casco. 
Me parece que en esta cuestión hemos de ir más lejos y también opino que habrá que estudiar bien el convenio MARPOL, que entrará en vigor en 2001. 
Presidente, también convendría mirar críticamente a las negociaciones para el ingreso de Malta y agradezco y admiro a las muchas ONG que han remangado la camisa para salvar a los animales. 
Hasta ahora no hemos conseguido nada y hemos desperdiciado la oportunidad de adoptar una posición unánime desde la Unión Europea. 
Por esto, yo creo que el presente debate sólo puede tener sentido si todo lo que hoy digamos y lo que usted ha anunciado, señora Comisaria, se traduce realmente en una norma legislativa, o sea, si todos ustedes les dicen a sus Jefes de Gobierno y a sus ministros que deben adoptar dichas propuestas en el Consejo de Ministros. 
Ante todo, yo quiero recordar que estamos hablando de un desastre ecológico que también tiene consecuencias económicas y que amenaza los medios de vida de las personas. 
¿Qué debemos hacer ahora? 
No voy a remontarme al pasado. Prefiero dirigir la mirada al futuro. 
¿Qué debemos hacer ahora? 
Yo voy a decirles algunas cosas que debemos hacer. 
Desde luego, necesitamos buques con doble casco. 
Esto es evidente, pero es algo que sólo surtirá efecto a medio o largo plazo. 
¿Qué necesitamos de inmediato? 
Necesitamos una inspección técnica de los buques, concretamente una inspección técnica bianual obligatoria, sin cuya certificación no pueda operar ningún buque. 
Necesitamos dicha inspección a escala europea y también a escala internacional, como una ITV, como la inspección técnica de vehículos, que en Alemania se debe pasar cada dos años. 
Si no se obtiene el certificado, el vehículo no puede circular. 
Necesitamos hacer lo mismo en el caso de los buques. 
En tercer lugar, tenemos que establecer un control de dichos certificados y de la certificación del seguro en los puertos, en cada uno de los puertos de la Unión Europea. 
El buque que no presente dicho certificado y la certificación del seguro quedará inmovilizado y no podrá abandonar el puerto, por altos que sean los derechos portuarios. 
Tenemos que mantener una posición unánime en este sentido, en todos los puertos de la Unión Europea, desde Marsella hasta Wilhelmshaven y Cuxhaven, pasando por Rotterdam y cualquier otro lugar al que arriben los buques. 
En cuarto lugar, es necesario establecer la responsabilidad del armador y no sólo por la ridícula suma de 12 millones de dólares, sino por 400 millones de dólares como mínimo, que el armador deberá cubrir mediante la certificación del seguro suscrito. 
También es necesario establecer, además, la responsabilidad del país bajo cuyo pabellón navega el buque. 
Tenemos que tener la seguridad de que el país del pabellón asumirá la responsabilidad en caso de dudas. 
¡Sería un excelente control! 
Yo les aseguro que los países que ceden su pabellón ya se preocuparían entonces de no tener que responder por ningún daño. 
En quinto lugar, necesitamos tener la garantía de que estas exigencias se impondrán a todos los buques que arriben a un puerto y naveguen en las aguas de la Unión Europea, así como también de los países candidatos a la adhesión. 
Es decir, que las condiciones que he citado se apliquen en todas las aguas. 
Finalmente, necesitamos lo más importante de todo: necesitamos un buen planteamiento, pues en el futuro vamos a hablar más a menudo de normas legislativas. 
Vamos a hablar más de normas medioambientales. 
Y yo no quisiera que entonces alguien venga y declare que estas condiciones están provocando la pérdida de puestos de trabajo en los puertos. 
Que vengan a quejarse los sindicatos, y la industria. 
Necesitamos un buen planteamiento, Señorías. 
Yo puedo ver desde aquí a muchos de ustedes que jamás se han situado a la cabeza del movimiento a favor de la defensa del medio ambiente. 
Vuelvan a sus países y digan: hasta ahora jamás nos habíamos preocupado de las normas medioambientales. Necesitamos un buen planteamiento para contemplar las condiciones que se imponen en los puertos. 
Necesitamos un buen planteamiento para poder decir: estamos de acuerdo en lo que se refiere a los derechos portuarios y a las condiciones que se impondrán en los puertos, y en la Unión Europea no vamos a contraponer lo uno a lo otro. 
Si lo conseguimos, dentro de un par de años quizá habremos logrado mejorar la situación. 
Señor Presidente, la Sra. Roth Behrendt expresó muchas de mis ideas. 
Estamos ante una lista perfecta de medidas. 
Pero, ¿cómo usamos la conciencia de crisis que nos ha despertado esta catástrofe ecológica? 
Hago la comparación con la marca de Plimsoll, que era un indicador que establecieron las generaciones anteriores para evitar los fraudes en los seguros de las naves en mal estado. 
¿Dónde está esa conciencia de crisis que tenían las generaciones que nos precedieron? 
Creo que hay que tratar de obtener la homologación a la que se refería Roth Behrendt, esos distintivos verdes para los barcos petroleros de los que se está hablando en algunos puertos. 
Además, tenemos que hacer un examen crítico de las sociedades de clasificación. 
Creo que no debemos aceptar sus procedimientos. 
Necesitamos procedimientos independientes y con transparencia. 
Finalmente, quiero decir que cuando mi país otorga ayudas medioambientales a los armadores que quieren mejorar la calidad del medio ambiente, hay departamentos en el seno de la Comisión que las considera como subvenciones no permitidas a los astilleros. 
En la Comisión no sabe una mano lo que hace la otra. 
No es aceptable un procedimiento en el que no se puedan tomar medidas para mejorar el medio ambiente, cosa que está de acuerdo con las directrices de la Comisión, porque tales medidas se consideran como subvenciones no permitidas a los astilleros. 
Señor Presidente, vamos a votar a favor de la resolución del Grupo GUE/NGL, porque denuncia la responsabilidad de Total-Fina en esta catástrofe ecológica y subscribo la propuesta de prohibir los pabellones de conveniencia y la utilización de buques que hayan superado el límite de edad o imponer la obligación de un doble casco para los buques petroleros. 
Tan sólo añadiré que lo mínimo sería que Total financiara íntegramente la reparación de los daños directos e indirectos causados por la marea negra. 
¿Cómo vamos a impedir que se reproduzcan catástrofes semejantes sin imponer medidas draconianas contra los grandes trusts del petróleo, como, por lo demás, muchos otros que, para lograr beneficios suplementarios, se arriesgan a volver inhabitable el planeta? 
¿Cómo no indignarse cuando un banco se niega a revelar el nombre de los propietarios del Erika, invocando el secreto bancario, sin que los gobiernos reaccionen? 
El fondo del problema es que todos los gobiernos, como todas las instituciones europeas, reconocen a los grandes trusts como Total-Fina y a todos sus semejantes el derecho de lograr el máximo de beneficios en detrimento tanto de sus asalariados como del medio ambiente. 
Reconocen a las empresas y a los bancos el secreto de los negocios, aun cuando dicho secreto proteja actos propiamente delictivos. 
En esas condiciones, incluso las mejores resoluciones seguirán siendo peticiones de principio impotentes para impedir que los grandes trusts causen daños. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo estoy a favor del endurecimiento de las normas relativas a las inspecciones de los Estados portuarios y a las sociedades de clasificación. 
Sin embargo, también debemos atenernos a los hechos. El Erika fue inspeccionado cuatro veces en los últimos dos años. 
El número de inspecciones no puede ser lo determinante; es mucho más importante garantizar la intensidad de los controles. 
En los debates de la semana pasada, oí decir que los Estados miembros no tienen dinero para financiar los controles. 
Esto me parece inaceptable. 
Si los Estados miembros deciden conjuntamente con nosotros que un 25% de los buques serán controlados mediante inspecciones realizadas por los Estados portuarios, también deben aportar el personal necesario. 
Y los controles no deben consistir en que el inspector se limite a subir a bordo y comprobar que no falte ningún extintor, sino que debe realizarse un examen de los materiales, pues este buque al parecer se partió debido a la fatiga de los materiales. 
Esto sólo se puede comprobar si se realizan controles más intensos. 
Nuestro objetivo debería ser garantizar que los controles de los estados portuarios no sean superficiales, sino que incluyan los materiales. 
En segundo lugar, yo también comparto las insinuaciones que ha apuntado la Sra. Comisaria y quisiera alentarla a que siga adelante por ese camino. 
Si se demostrase que una o varias sociedades de clasificación han concedido certificados de conveniencia, habrá que suprimirlas de la lista de sociedades calificadas. 
Es la única medida disuasoria posible para evitar que otras también concedan certificados de conveniencia. 
Apreciada colega Roth-Behrendt, ya tenemos una ITV para los buques. 
¡Las sociedades de clasificación son la ITV de los buques! También las hay que funcionan bien. 
Usted conoce algunas que funcionan bien, nuestros colegas franceses conocen algunas que funcionan bien, pero tenemos que comprobar meticulosamente cuáles no cumplen los requisitos necesarios y suprimirlas de la lista. 
Finalmente, deberíamos decirle con toda claridad a Malta que si desea llegar a ser miembro de esta Comunidad, antes de la adhesión debe aplicar unas normas de registro y de control en el Estado del pabellón que respondan realmente a nuestras exigencias, pues el medio ambiente es uno y compartido, y no se puede dividir. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Erika se hundió delante de mi casa y allí sigue, con 20.000 toneladas en sus flancos, con los que no sabemos qué va a ocurrir. 
Habría podido hundirse en otra parte. 
Se hundió allí, por azar, y Bretaña, de la que yo procedo, no tiene que excusarse por ser geográficamente una península, ya que es ella la que con frecuencia soporta los naufragios. 
Pienso en primer lugar en los 26 marineros indios, de los que no se habla y que fueron salvados. 
Podría haber habido muertos en aquella catástrofe y la seguridad marina significa en primer lugar la vida de los hombres. 
Hoy están lejos. 
Es un milagro que se salvaran. 
Conque vuelta a empezar como hace veinte años con el Amoco, un golpe en la costa septentrional, otro en la costa meridional, otro en la costa occidental. 
Y así puede continuar. 
Quisiera, señora Comisaria, desgranarle rápidamente, ya que aquí el tiempo está muy racionado, los siete puntos que nos parecen- y usted ha citado, por lo demás, algunos- esenciales para trabajar: el doble casco lo antes posible en nuestras aguas; el control por el Estado del puerto más severo posible. 
Es necesario, en particular, que las sociedades de clasificación tengan la obligación de hacer públicos sus informes, pues no los conocemos. 
Además, la armonización de las sanciones entre los quince Estados miembros; no deben ser diferentes, sino las mismas, en todas partes. 
Hay que endurecer los pabellones de conveniencia, no porque sean forzosamente barcos malos, sino porque hay muchos barcos malos con esos pabellones; mejorar la información sobre todos los buques del mundo, pero eso está previsto; poner la mira bien en la responsabilidad y endurecer. 
A ese respecto, me gustaría saber quién es el propietario del Erika, pues una cosa es el concepto de persona jurídica en nuestro derecho, pero siempre hay por detrás accionistas físicos: ¿dónde están los propietarios del Erika? 
Tal vez en hermosas quintas delante de hermosas playas dorándose al sol. 
Nos gustaría conocer sus nombres y sus rostros. 
Y, por último, la mejora de la formación de las tripulaciones. 
En nuestra sociedad no hay riesgo cero y debe haber al menos una precaución máxima. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito la declaración de la Comisaria. 
Como yo mismo he pasado mucho tiempo en el mar, conozco perfectamente el poder y la fuerza destructiva del mar, por lo que un diseño y un mantenimiento idóneos de los buques resultan esenciales. 
Quisiera expresar mi condolencia a todos cuantos están afrontando las consecuencias de la rotura y el hundimiento del buque-cisterna Erika. 
Ha sido un desastre medioambiental y un deplorable desperdicio de recursos. 
Conviene observar que la industria petrolera, mediante los Fondos Internacionales de Compensación de la Contaminación por Petróleo, se considera responsable, conforme al Convenio de 1969 y su Protocolo de 1992, de más del 90% del costo, calculado aproximadamente, de este accidente, es decir, unos 170 millones de dólares de los EE.UU. Eso me hace pensar que deberíamos recurrir a los propietarios del buque, al Estado del pabellón y a las autoridades de inspección para que arrostren su parte de responsabilidad. 
Sin embargo, antes de apresurarnos a presentar un montón de nuevas medidas y nuevos reglamentos, debemos examinar detenidamente los acuerdos vigentes para asegurarnos de que se aplican adecuadamente. 
Es mejor hacer caso a las peticiones de modificación y mejora de la legislación vigente que lanzarse a formular nuevas propuestas. 
En ese marco apoyo las peticiones de que fortalezca el control del Estado del puerto para garantizar una inspección plena y eficaz. 
Apoyo las peticiones de que las sociedades de clasificación supervisen eficazmente las condiciones estructurales de los buques y se las considere responsables de sus acciones. 
Las peticiones de mejoras en el diseño de los cascos, en particular la de que los buques lleven doble casco, son acertadas, pero su aplicación en toda la flota requiere tiempo. 
No pueden substituir una inspección periódica y rigurosa. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a mis compañeros socialistas, fundamentalmente de las comisiones de Transportes y de Medio Ambiente, que no hayan olvidado que este desastre afecta también al sector pesquero. 
Porque, además de los daños irreparables para el medio ambiente, de los daños al ecosistema y de las pérdidas para el sector turístico, la marea negra es un mazazo para la pesca, para la conservación de los recursos en el medio marino, y serán necesarios largos años para la recuperación del litoral dañado. 
No es una casualidad, señora Comisaria, que las zonas afectadas sean siempre aquellas regiones europeas con retrasos de desarrollo, aquellas que viven malamente del binomio turismo-pesca y que no disponen, en la mayoría de los casos, de otros recursos. 
Son las mismas, señora Comisaria, que ya soportan durante todo el año prácticas desaprensivas de ciertos armadores que limpian los fondos de sus buques frente a sus costas, fuera de todo control. 
Procedo de una región, Galicia, que ha sufrido en el pasado accidentes similares. 
Bretaña y Galicia, los dos Finisterres europeos, son víctimas permanentes de la irresponsabilidad de quienes prefieren incumplir las normas de seguridad y transportar el petróleo crudo en embarcaciones que son en sí mismas potenciales mareas negras. 
Por eso, creo que es necesario actuar en dos sentidos. 
De una parte, pidiendo a la Comisión que, dentro de las ayudas previstas para el sector pesquero, arbitre medidas especiales para paliar los efectos de esta catástrofe en el sector productivo de las zonas afectadas, y pidiéndole, además, que exija, a los organismos internacionales y a sí misma, un control extremo de los buques bajo bandera de conveniencia. 
En este sentido, el actual proceso de negociación para la adhesión de Malta a la Unión Europea debe servir para exigir a este país que controle rigurosamente a los petroleros bajo su pabellón. 
Por otra parte, es necesario prevenir. 
Portugal es un país que ha demostrado sobradamente su sensibilidad hacia los temas relacionados con el mar. 
Yo pediría a la Presidencia portuguesa que estudiase la posibilidad de poner en marcha una estrategia integral de prevención de accidentes marítimos a nivel europeo, concentrando todos los medios que ya tenemos a nuestro alcance- tecnológicos, estructurales y socioeconómicos- para evitar que en el futuro pueda repetirse una catástrofe como ésta. 
Quiero, por último, señor Presidente, resaltar el trabajo realizado por los voluntarios y las autoridades locales, que me recordaron viejos tiempos en los que- yo entonces alcaldesa- viví situaciones similares. 
Es necesario agradecer a quienes, desde la indefensión y la falta de medios, han luchado con coraje contra los graves efectos de este desastre para las regiones costeras, el ecosistema marino y los recursos pesqueros de Europa. 
Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quisiera felicitar a la Comisión, y especialmente a la Comisaria, Sra. Loyola de Palacio, por su reacción ante este suceso, que ha sacudido realmente a toda Europa. 
En la Comisión de Transportes, debo decir, estamos preparados para debatir la comunicación de la Comisión sobre la seguridad marítima y, por supuesto, estamos también preparados para debatir posteriormente las implicaciones jurídicas que se desprendan del examen de esta comunicación. 
Dicho esto, quisiera hacer algunas observaciones: 
Primero, la Comisión ha hecho bien en centrar su investigación en las responsabilidades de la sociedad italiana de clasificación RINA, porque tenemos que comprobar si aplicó el derecho comunitario. 
Por ahí debe comenzar nuestro esfuerzo. 
Segundo, además de las responsabilidades de los armadores, bueno será que en casos como éste depuremos también las responsabilidades de los fletadores; de las compañías petroleras, por ejemplo, que tienen también su responsabilidad en el desencadenamiento de desastres ecológicos como éste, y, por supuesto, en la reparación de los daños. 
A partir de ahí, la reacción ante el desastre ecológico está totalmente justificada. 
No deberá, sin embargo, conducirnos a la culpabilización del conjunto de la marina mercante, que es un sector muy importante para la economía, habida cuenta de que cubre aproximadamente un tercio de los transportes, y por ello, nuestras reacciones deberán ser mesuradas; severas, pero ajustadas. 
No soy en absoluto contrario a estudiar la modificación del derecho comunitario en el sentido de hacerlo más severo, pero, como otros colegas han señalado, tenemos que empezar por aplicarlo, porque ya existe un marco jurídico- y es algo que no debemos olvidar en ningún momento- en el ámbito de la Unión Europea. 
Se trata de un marco jurídico bastante avanzado- al menos si se compara con lo que ocurre en el resto del mundo -, y, por consiguiente, los países miembros, con la supervisión de la Comisión, deben emprender el esfuerzo de aplicar realmente el derecho comunitario. 
Señor Presidente, yo creo que debemos acoger ciertamente con satisfacción las sensatas y objetivas declaraciones de la Sra. Comisaria, que no ha hecho como otros, que se han entregado a una hipócrita lamentación colectiva. 
La catástrofe del Erika no nos coge por sorpresa. 
Yo no sé cuántos buques que prácticamente son bombas de relojería flotantes navegan a diario por las aguas comunitarias, pero son muchísimos, y tal como están las cosas, cualquier día puede volver a repetirse otra catástrofe similar. 
En esta Cámara hace más de diez años que lo sabemos: la Comisión presentó entonces una comunicación y nuestro colega Ken Stewart elaboró su informe, en el que ya se enumeraban todos los aspectos en los que era preciso adoptar disposiciones legales. 
En este asunto intervienen los buques, la tecnología, el equipamiento; intervienen los puertos, su organización y las exigencias que imponen; y evidentemente también interviene la calidad de las tripulaciones. 
Sabemos muy bien de dónde ha procedido en los últimos años la oposición frente a cada medida legislativa concreta. 
La oposición ha procedido siempre de los Estados miembros, del Consejo de Ministros, donde ha habido que forcejear tenazmente por cada pequeño detalle para conseguir avanzar un poco. 
Si, por un lado, esperamos del ciudadano que conduce un automóvil que esté sano y que cumpla los debidos requisitos personales, y por el otro lado, éste está obligado a someter su vehículo a un control periódico, lo mismo se les tiene que poder exigir a los buques. 
La palabra clave en este contexto es control. 
En efecto, ¿es en verdad casual que estos buques naveguen siempre bajo el pabellón de prácticamente los mismos Estados? 
¿Por qué no se establece entonces una lista negra? 
Si por las aguas europeas navegan buques desvencijados, inseguros y peligrosos, ¿por qué no se declara, como se hace en otros lugares, que estos buques no pueden entrar en aguas europeas ni arribar a ningún puerto europeo? 
Yo desearía, por lo tanto, que su lista de medidas para este verano incluya también una revisión total de todos los petroleros que en estos momentos navegan por aguas europeas y también me gustaría conocer los datos más recientes sobre las normas y convenios de la OMI que efectivamente hayan suscrito entre tanto los Estados miembros de la Unión Europea y también sobre su transposición, pues sigue existiendo un retraso en este aspecto. 
Lo ocurrido en el caso del Erika no es, a mi modo de ver, una chapuza, sino una irresponsabilidad colectiva criminal y el Parlamento tendrá la oportunidad de demostrar en los próximos meses si se toma en serio este asunto, concretamente cuando se debata el tema de las instalaciones destinadas a la inmovilización de los buques en los puertos, que afecta a los Estados miembros. 
Entonces volveremos a vernos y a hablar de esta cuestión, y ojalá todos sigan pensando igual que hoy. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que el lamentable incidente del Erika debería, en efecto, como se ha dicho aquí esta tarde, ser el punto de inflexión definitivo que marque el antes y el después de este tipo de accidentes en la Unión Europea donde, desde 1967, ha habido diecisiete accidentes de grandes petroleros, más de uno cada dos años. 
Los daños sociales y económicos, de los que ya se ha hablado aquí hoy, en términos tanto de pérdida de empleo como de recursos pesqueros y turísticos, son de tal magnitud que justifican con creces una acción decidida y contundente por parte de las instituciones comunitarias. 
Yo también, señora Comisaria, quisiera agradecerle la rápida respuesta de su departamento a este incidente y las medidas que se están tomando ya y que están en marcha. 
Y confío en que estas medidas den lugar, en pocos meses, a un instrumento legal claro y contundente- una directiva, posiblemente- que acabe de una vez por todas con estos piratas del siglo XXI, que nos arrebatan a todos la riqueza y la belleza del mar. 
Quisiera hacer una observación, al hilo de una de las medidas a tomar mencionadas por la Comisaria y por varios de mis colegas. 
Me refiero al doble casco, que consiste en una doble capa de acero, estando los depósitos divididos en dos cisternas. 
Señora Comisaria, hay muchos expertos que consideran que el doble casco no es suficientemente seguro y proponen el llamado "casco ecológico" en el que, en caso de accidente, el agua del mar penetra en los depósitos y, debido a la presión, el petróleo es transferido a otros tanques. 
Creo, señora Comisaria, que es el momento de apostar por las medidas más seguras técnicamente posibles. 
En este sentido, creo que limitarnos a reproducir una legislación vigente en otros países no es suficiente. 
Creo que podemos y debemos mejorar la legislación existente al respecto. 
Cualquier análisis coste-beneficio, que contabilice realmente todo el daño a las personas y al medio ambiente de estos accidentes, nos dará la razón. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera en primer lugar que nos felicitáramos todos del procedimiento seleccionado y que requiere que, después de que cada uno de los Grupos políticos se haya movilizado, haya manifestado su emoción, se presente al final un proyecto de resolución común. 
Creo que, en semejantes circunstancias dramáticas, no se entendería y resultaría indecente, en el plano de los principios, que hubiera diferentes voces. 
Por otra parte, el hecho de que el Parlamento emita hoy con una sola voz una resolución, respecto de la cual se ha visto la convergencia entre los diferentes oradores que me han precedido, brinda- me parece a mí- la oportunidad para que las dudas o las fintas de ciertos gobiernos sean sometidas tal vez a presión parlamentaria y se trata- creo yo- de un acto parlamentario muy firme que ponemos en manos de la Comisión para preparar un espacio marítimo europeo. 
Creo que está muy claro- y ésta es la primera conclusión que podríamos sacar de la catástrofe del Erika- que la opinión pública no comprendería que se reglamentara el chocolate, pero no se reglamentara el transporte marítimo. 
La opinión pública no entendería que se hable de espacio judicial común, que se hable de espacio aéreo común, que se hable de espacio ferroviario común, de Mercado Único y no de espacio marítimo, por lo que creo que se trata hoy de una labor que se debe iniciar con una voluntad absoluta de continuidad y de continuidad concreta. 
La Comisaria nos ha indicado los tres grandes capítulos por elaborar: nivelación de nuestra legislación, con la que podemos formular la normativa. 
Por lo demás, he observado con gran satisfacción que incluso los Grupos soberanistas o euroescépticos piden que Europa reglamente y creo que ése es el nivel adecuado, en efecto, para hacerlo. 
En esa esfera debemos dar una respuesta a las opiniones públicas. 
Es muy importante y todo el mundo debe sentirse incumbido, pues, al fin y al cabo, somos una península a escala mundial. 
Así, pues, es necesario que haya un derecho de continuidad, después de la nivelación de nuestra legislación, hay que establecer también controles sistemáticos y, por último, aplicar el principio de responsabilidad "el que contamina paga", que es, naturalmente, un principio preventivo. 
Voy a concluir y quisiera decir que, personalmente, he solicitado una audición pública de la Comisión de Transportes, que nos permitiría dar curso inmediatamente al expediente del Erika y alimentar nuestras reflexiones futuras. 
Espero que todos los Grupos políticos quieran apoyarnos en esta petición de audición pública. 
Presidente, el petrolero Erika, cuya propiedad queda difusa por empresas de apartados de correos en Malta y tal vez Italia y Grecia, fletado por Total-Fina para el transporte de petróleo, se ha hundido delante de la costa bretona con todas las consecuencias desastrosas que eso conlleva. 
Las consecuencias para el medio ambiente, la flora y fauna del entorno marítimo europeo son enormes. 
Habrá que buscar la causa de la catástrofe en la estructura debilitada del petrolero. 
O sea, hay la gente duda de la seguridad de los barcos que transportan mercancías peligrosas o contaminantes. 
La organización marítima internacional ha instaurado una regulación internacional para ello. 
Los estados pueden realizar inspecciones en el puerto. 
En Europa la regulación es más estricta hay una obligación de controlar el 25% de los barcos entrantes según la directiva "port-state control". 
No obstante, parece que en ningún Estado miembro se alcanza este porcentaje por la falta de inspectores. 
Está claro que no hay falta de regulación. 
Me parece que la Comisaria tiene toda la razón al respecto. 
Donde falla es en el control de la regulación existente. 
Pero estimada Comisión, ¿cómo vamos a hacerlo si hay efectivamente una falta de inspectores? 
¿La Comisión puede asegurarnos que se aplique correctamente la directiva 93/75 respecto a los requisitos mínimos para barcos que abandonan un puerto europeo y que transportan mercancías peligrosas o contaminantes? 
¿No se debería intensificar el control de esta aplicación? 
¿No sería recomendable que se empezara a corto plazo a controlar según un sistema de puntos, siguiendo el ejemplo de Rotterdam, en que se computan por ejemplo la antigüedad de la embarcación, si dispone de casco simple o doble, si navega bajo bandera barata? 
Dicho de otra forma, hay que dar mayor prioridad al control de barcos más antiguos de categorías inferiores que a los barcos que cumplen todos los requisitos de calidad. 
El Erika fue construido en un astillero japonés y es de casco sencillo. 
Hay todavía cuatro buques gemelos que navegan en este momento. 
Pararon entonces la construcción porque el peligro de corrosión en este tipo de barco fue mayor de lo normal. 
Algunos de ellos navegan bajo bandera maltesa. 
¿No debería haber sanciones, como ha dicho la Comisaria, para la "classification society"? 
La sociedad RINA está ahora en entredicho. 
Malta va a empezar con las negociaciones de ingreso. 
Creo que la Unión Europea sólo puede admitir a Malta si se garantiza que la bandera maltesa navegará de ahora en adelante sin accidentes. 
Señorías, yo les agradecería que se disciplinaran porque nos estamos retrasando, y este retraso va a incidir negativamente en el tiempo dedicado al turno de preguntas a la Comisión. 
Señor Presidente, instantes antes de bajar a la Asamblea, recibí un mensaje por el correo electrónico que contenía un relato bastante sensible de una mujer sueca que había decidido pasar la Nochevieja en la costa francesa de Bretaña, en lugar de quedarse en casa para celebrarla con sus parientes. 
Igual que centenares de voluntarios, ella ha visto la destrucción, ha lavado pájaros y ha limpiado, ya que los responsables no estuvieron en la costa en las tardes y noches cuando realmente se les necesitaba. 
Me pregunto, igual que tanta gente, dónde están los responsables. 
¿Dónde están los navieros y los que han encargado los transportes cuando ocurren estas catástrofes? 
Quizá haya llegado el momento de empezar a pensar en constituir una autoridad común para combatir los delitos medioambientales, que se encargue de este tipo de delitos. 
No es la primera vez que vemos vertidos de petróleo, con o sin intención. 
(La oradora es interrumpida por el Presidente) 
Quisiera agradecer a la Sra. Grossetête y a sus colegas la presentación de esta propuesta en el Parlamento. 
Los medios de comunicación británicos han informado ampliamente sobre el desastre medioambiental del hundimiento del Erika ante las costas de Bretaña y el vertido de 10.000 toneladas de petróleo. 
Aunque Gran Bretaña y Francia han tenido diferencias recientemente, puedo asegurar a Sus Señorías que existe considerable solidaridad en mi país para con los afectados. 
Las imágenes televisivas de los daños causados a las costas y la fauna y la flora del país de Sus Señorías, en particular las aves y las poblaciones de peces, ya en disminución, han vuelto a traer recuerdos de desastres británicos similares, como el del Torrey Canyon en 1967, y han movido a muchos voluntarios británicos a prestar ayuda. 
Acojo con satisfacción esas actuaciones conjuntas para reparar los daños. 
Se trata claramente de un problema para todas las costas, que requiere soluciones imaginativas. 
En lugar de permitir que los costos de esos desastres recaigan sobre las comunidades más afectadas y mercados de seguros como Lloyds en Londres, debemos crear nuevas tecnologías para recuperar del mar mucho más que el 10% del petróleo perdido. 
Actualmente, existen pocos incentivos financieros para ello, cuando el mercado de seguros carga con los gastos. 
En última instancia, el que contamina debe pagar. 
Además, debemos preparar una directiva del Consejo que aborde la imposición del cumplimiento de las normas internacionales en materia de seguridad de los buques y prevención de la contaminación velando por que se cumpla el objetivo de inspección del 25% de los buques que hagan escala en puertos de la UE y que se haga una inspección de alto nivel. 
Además, si bien no me opongo a que los propietarios de buques los registren en el país que prefieran, creo que es necesaria una aplicación más estricta de la reglamentación internacional. 
En lugar de prohibir los pabellones de conveniencia, lo que violaría el derecho de todo Estado soberano a contar con una flota mercante, conforme a la directiva de la UE de 1995 relativa al control del Estado del puerto, las autoridades marítimas nacionales deben imponer sanciones más eficaces a los Estados del pabellón que no cumplan con las obligaciones que les imponen los tratados internacionales. 
Espero sinceramente que, en particular durante la Presidencia francesa en la segunda mitad de este año, la Comisión y el Consejo examinen detenidamente todas estas opciones y recomiendo encarecidamente esta resolución al Parlamento. 
Señor Presidente, casi parece increíble que volvamos a encontrarnos reunidos aquí, tal como se ha repetido regularmente desde hace casi diez años, a causa de una desgracia causada, no por una fuerza superior, sino por la mano del hombre y debido a la falta de discernimiento humana. Afuera esperan los afectados. 
Ellos desean recibir respuestas. No quieren más promesas que luego no se cumplen, no quieren más trabajos que luego se transponen. 
La población se pregunta con razón: ¿nuestras regiones van a engrosar ahora el grupo de las definitivamente condenadas? 
¿Quién nos va a dar un nuevo empleo? 
¿Cuándo comprenderán por fin los causantes del desastre que la protección de los recursos naturales no es una actividad de tiempo libre, no afecta a un solo sistema ni representa únicamente un nuevo sector de trabajo, sino que es un reto común europeo? 
Por esto, señora Palacio, yo acojo con gran satisfacción su plan de trabajo. 
También esto es importante. Prevenir es más importante que curar. 
Pero es necesario poder hacer también esto último. 
La intervención del buque polivalente alemán Neuwerk- está amarrado justo delante de mi casa en Cuxhaven- fue un rápido gesto de auxilio de un vecino europeo. 
Debemos expresar nuestro agradecimiento a toda la tripulación por su difícil misión. 
Se hizo un valioso acopio de experiencias, pero también se constató que incluso las más modernas técnicas no bastan para controlar este tipo de catástrofes medioambientales. 
Por esto, con toda la razón, pedimos controles, sanciones y medidas de prevención más adecuados. 
Yo vengo luchando desde hace casi diez años desde esta Asamblea a favor de la creación de una guardia costera medioambiental europea. 
El tema conserva toda su actualidad. 
Por mi parte, no voy a escatimar en adelante mi apoyo, sino que me propongo colaborar con otros para conseguir mejoras y proyectos capaces de aportar soluciones en el marco de una cooperación europea e internacional. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente no sólo las iniciativas de distintos grupos, de la Sra. Grossetête y del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sino también las iniciativas del Sr. Wurtz y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica, en el sentido de proponer este debate, que nos ha permitido generar una discusión positiva e importante. 
Me propongo presentar antes de que termine el mes de marzo una comunicación y en ella es posible que ya pueda presentar textos legislativos, es decir modificaciones de directivas concretas para que se pueda iniciar su discusión en el Consejo y en el Parlamento. 
Quiero decirles que, efectivamente, no se trata sólo de un problema medioambiental; es un problema medioambiental importantísimo, pero también es un problema social importantísimo; hay hombres y mujeres que dependen del marisqueo, de la pesca, del sector de servicios o del turismo en esas zonas de costa; son zonas frágiles desde el punto de vista medioambiental, pero también frágiles desde el punto de vista del desarrollo social y de equilibrio territorial. 
Y por eso tenemos que tener un especial cuidado para evitar, en la medida de lo posible, que se reproduzca una situación como ésta. 
Decía la Sra. Roth-Behrendt que nunca se había hecho nada. 
Yo creo que sí se han hecho cosas antes en la Comisión, pero hay que hacer todavía más. 
Y la prueba es que los norteamericanos, después del Exxon Valdez, en un año sacaron una legislación, enormemente rigurosa y enormemente dura, que amenaza, como ya he señalado, con desviar hacia aquí barcos no aceptados en los puertos norteamericanos. 
En Europa, después del Amoko Cadiz, o del Urquiola en las costas españolas, en el año 1976, o del Torrey Canyon, también en la misma fecha, o de tantos otros casos que ha habido, hemos empezado de verdad a legislar a partir de 1994 y 1995, y sobre todo en estos últimos años. 
Se ha insistido, además, fundamentalmente, en estos años pasados, en la seguridad del transporte de pasajeros. 
Esta es la realidad. 
En mi opinión, hay que hacer ahora un esfuerzo importantísimo y urgente por enfrentarse a nuevos problemas, derivados también de la legislación norteamericana, insistiendo en la seguridad de los transportes de mercancías peligrosas en el sector marítimo. 
Yo, señorías, me he referido a una serie de cuestiones que detallaremos con más precisión, si quieren, en una comparecencia mía en comisión específica para este tema, o si no cuando les presente las iniciativas concretas en los próximos meses. 
Mi pretensión es- insisto- que a partir de finales de marzo empecemos a discutir, coincidiendo además con un Consejo de Ministros, y desde luego, que antes de que termine el semestre de la Presidencia portuguesa, ya tengamos textos sobre los cuales discutir. 
Los pabellones de conveniencia son un problema, pero no es el único. 
Rumania no es un pabellón de conveniencia y, sin embargo, tiene un altísimo índice de incidencias cuando se hacen inspecciones. 
Más que los pabellones de conveniencia. 
Malta y Chipre han pedido su ingreso en la Comunidad. 
Hay que ser exigentes en esta cuestión y sobre ello se está negociando. 
Eso nos va a obligar a reconsiderar los registros de la Unión Europea, y a plantear el famoso problema, que seguro que volverá a surgir, de la pretensión de un registro comunitario. 
Yo creo que eso será difícil pero, en cualquier caso, debe llevarse a cabo una revisión de lo que son los registros de los países de la Unión Europea. 
En cuanto a los controles, cuestión clave en gran medida, lo primero que hay que ver es cómo ha funcionado la legislación de que ya disponemos, como ha dicho el Sr. Hatzidakis. 
Tenemos ya una legislación. 
Según la información que me suministran los servicios de la Comisión, esta legislación no se aplica suficientemente en muchos Estados miembros por falta de personal, de medios y de inspectores. 
El problema no es que se controle sólo un 25%, sino cómo se seleccionan, cómo se buscan los barcos que tienen más riesgo, por la edad de los buques o por la historia de riesgo de los pabellones. 
Lamentablemente muchas veces se cubre el 25% con pabellones de los que se sabe que van a cumplir todos los requisitos: las inspecciones son más rápidas y el trabajo se hace más fácilmente. 
Por lo tanto, más que modificar, habrá que tomar medidas para controlar lo que ya se hace, aparte de algunas exigencias suplementarias en cuanto a revisiones, sobre todo en función de la edad de los distintos barcos. 
Y ahí están SOLAS (Convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar) y MARPOL (Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques) , dos convenios de la Organización Marítima Internacional que habrá que hacer obligatorios en su momento en todos los Estados de la Unión y controlar cómo se aplican. 
En cuanto a la cuestión de los inspectores de la Unión, creo que el principio de subsidiariedad justifica permitir que sean los Estados miembros quienes hagan esas inspecciones, lo cual no quiere decir que la Comisión no tenga que controlar que los Estados llevan a cabo adecuadamente su tarea. 
Por último, quisiera insistir en la cuestión de la responsabilidad. 
No sólo en los importes máximos, que yo creo que deben ser parecidos a los norteamericanos. 
Nosotros fijamos 180 millones de dólares; en Estados Unidos están hablando de 1.000 millones de dólares de techo máximo para cubrir indemnizaciones. 
Creo que hay que aumentar la cantidad actual, acercarnos a niveles parecidos a los de Estados Unidos, pero obligar también a reconsiderar el monto de los seguros de los barcos, y por lo tanto de la responsabilidad de los armadores, y a incluir en esta responsabilidad a aquéllos que contratan los barcos, a los dueños de la carga. 
Mientras no se exija responsabilidad a los dueños de la carga, señorías, no se terminarán de arreglar, en mi opinión, estos problemas. 
Termino, no me voy a extender más. Tendremos ocasión de hacerlo en otros momentos. 
Pero, obviamente, como algún orador ha dicho- y les agradezco a todos sus intervenciones totalmente positivas y pertinentes -, no podemos permitir que, dentro de uno, dos o tres años, volvamos a decir otra vez que no hemos hecho lo que debíamos. 
Por mi parte, puedo decir, después de haberlo debatido en el Colegio de Comisarios, que la Comisión está dispuesta a traer al Parlamento y al Consejo las medidas legislativas, las modificaciones y las directivas necesarias para dotarnos de los mayores niveles de seguridad posibles. 
Hace falta la voluntad política de este Parlamento- y compruebo que cuento con ella- como también la del Consejo de Ministros. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Hemos tomado buena nota de su disponibilidad. 
He recibido 8 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, para cerrar la presente declaración de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12 horas. 
Tempestades en Europa 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las tempestades en Europa. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Barnier. 
Señora Presidenta, Señorías, se acaba de hablar de las consecuencias humanas, ecológicas, sociales de la marea negra que una vez más ha afectado a las costas francesas. 
Y ahora hablamos- cosa de la que, personalmente, me alegro mucho- de las consecuencias de una tormenta histórica, de un auténtico huracán que ha afectado, también y en un período simultáneo a Francia, pero también a la República Federal de Alemania y a Austria. 
Señorías, cuando se habla de las consecuencias de semejantes accidentes o tormentas, no se trata sólo de daños ecológicos o patrimoniales. 
Se habla también, yo quiero hablar también, en relación con las consecuencias de la tormenta, como también de la marea negra, de los hombres y de las mujeres, como ha dicho hace un momento la Sra. Loyola de Palacio, de las familias que están en verdad- puedo atestiguarlo- traumatizadas, heridas, lastimadas, desanimadas para mucho tiempo y, las más débiles de ellas, desesperadas. 
Me parece bien que se manifieste hoy aquí la expresión de la solidaridad europea, que esa solidaridad se plasme en palabras de apoyo moral, pero debe ser ante todo humana. 
Esa solidaridad es la que quiero expresar en nombre de todo el Colegio de Comisarios y, en particular, en el nombre de mis colegas del Colegio que no olvidan sus raíces ni su ciudadanía: Franz Fischler en el caso de Austria, Michela Schreyer o Günther Verheugen en el de Alemania y Pascal Lamy y yo en el de Francia. 
Esa expresión viene a sumarse a la que ya han manifestado las autoridades nacionales de esos países mediante el formidable despliegue de generosidad y voluntariado que ha habido. 
Y, puesto que hablamos de Europa, quiero también descubrirme ante la espontaneidad, la disponibilidad de voluntarios de servicios públicos de electricidad, teléfono, bomberos, agentes de vías y obras públicas que han acudido desde toda Europa, espontáneamente, para ayudar a restablecer aquí la circulación, allá la electricidad o el teléfono. 
Señorías, hasta ayer o anteayer no han recuperado algunas familias el teléfono o la electricidad en ciertas regiones francesas. 
A petición del Presidente Romano Prodi, la Comisión celebró un primer intercambio, un primer examen, durante su primera reunión del año, sobre toda esta cuestión, por lo que, como nos ha pedido el Presidente, quiero exponer el resultado del trabajo que hemos hecho entre nosotros, para encontrar todas las respuestas que la Unión puede aportar, en el marco de los reglamentos, del presupuesto, después de haber expresado su solidaridad humana y moral, en el plano de la reconstrucción, de lo que ha resultado afectado en el patrimonio económico, social o cultural. 
Señorías, la Comisión movilizará, por tanto, todos los instrumentos de que dispone para ayudar a los Estados miembros afectados en su reconstrucción y prestar la ayuda que se pueda prestar a las personas y a las empresas afectadas a fin de acompañar, de completar los apoyos, las ayudas que ya han decidido las autoridades nacionales o regionales. 
Como saben Sus Señorías, la Comisión dispone de varios instrumentos que pueden prestar una ayuda en ese esfuerzo de rehabilitación y reconstrucción y nos proponemos utilizar todos esos instrumentos, con el mismo voluntarismo que el expresado por Loyola de Palacio, cuando hablaba de las enseñanzas que se deben extraer de la catástrofe del Erika. 
Por lo que se refiere a la política estructural, voy a examinar personalmente cómo se pueden utilizar las decisiones en curso sobre la nueva generación de estrategias de desarrollo económico, que se aplicarán durante los siete próximos años y cómo pueden servir los planes financieros, ya atribuidos, en particular para las regiones en reconversión rural, industrial, urbana, para las zonas de pesca, es decir, todas las regiones cubiertas por el objetivo 2, para esa reconstrucción. 
La Comisión ha interrumpido la zonación del objetivo 2, después de consultar a los diferentes gobiernos. 
En el caso de Alemania, la decisión de la Comisión fue adoptada en el mes de diciembre y hoy mismo la Comisión ha establecido el mapa del objetivo 2 no sólo en lo relativo a Luxemburgo y Suecia, sino también a Francia y Austria. 
En el caso de Francia, donde los daños son objetivamente los más importantes, los créditos totales disponibles para el nuevo objetivo 2 ascienden a 5.400 millones de euros para el período 2000-2006. 
Un primer análisis de los servicios de la Comisión demuestra que, a partir de una asignación financiera establecida mediante prorrateo de la población abarcada, el 70 por ciento de las poblaciones afectadas por la tormenta podrán disfrutar de ayudas con cargo a dicho objetivo 2. 
Así, pues, los 69 departamentos franceses siniestrados podrían recibir unos 4.100 millones de euros en los siete próximos años. 
En los casos de Alemania y Austria, los importes globales correspondientes ascienden a 3.000 millones de euros en el de Alemania y a 600 millones de euros en el de Austria. 
He de recordar igualmente, Señorías, que las zonas siniestradas que no figuran en ese nuevo mapa- y, por desgracia, las hay- y que no corresponden al objetivo 2, pero que sí que correspondían a la zonación anterior para el objetivo 2 y el objetivo 5b, podrán tener acceso también a los créditos disponibles del nuevo período de programación, como apoyo transitorio. 
Así, pues, deseo indicar de la forma más clara que los créditos estructurales podrán contribuir en gran medida a la rehabilitación económica de las zonas siniestradas. 
No se trata, naturalmente, de ayudas urgentes- por lo demás, Sus Señorías saben perfectamente que hace dos años se suprimieron los modestos créditos disponibles en el presupuesto europeo para la ayuda urgente -, se trata de restablecimiento, de rehabilitación duradera, en el marco de programas que están en preparación y eso es, desde mi punto de vista, lo más importante. 
La programación de las acciones y la elección de las prioridades están- como saben Sus Señorías- descentralizadas en el nivel de cada uno de los Estados y, por tanto, cada uno de los Gobiernos va a tener que establecer, en las condiciones que acabo de decir, sus prioridades y elegir entre diversas opciones. 
Probablemente nuevas prioridades para tener en cuenta las consecuencias de esa tormenta o de la marea negra. 
Compete a los gobiernos de los países afectados repartir el apoyo financiero comunitario entre las diferentes regiones que tienen derecho a recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales y, por tanto, proponer a la Comisión los planes para las acciones que se deberán llevar a cabo en el terreno. 
Pero, a título de ejemplo, y para ser más concretos, quiero recordar que todos esos programas, en las regiones siniestradas, podrán financiar la reconstitución del patrimonio histórico y cultural, las zonas de actividad económica, las zonas industriales o zonas artesanales, las vías y obras públicas necesarias para la circulación de materias primas y productos industriales, las infraestructuras portuarias: puertos comerciales o deportivos; las infraestructuras aeroportuarias que tienen interés para los viajes de negocios o de turismo; las inversiones industriales productivas; las ayudas a las empresas; el patrimonio histórico y cultural de interés turístico, así como la formación del personal competente conforme al Fondo Social Europeo. 
Así, pues, la Comisión está a disposición totalmente de cada uno de los Estados miembros a fin de ajustar, de redesplegar de la mejor forma posible, más eficaz, esa programación y ello es aplicable- quisiera subrayarlo- a quienes han sufrido los efectos de otras tormentas, al comienzo del mes de diciembre, en Dinamarca, en el Reino Unido, en Suecia. 
Sé que a ese respecto el Parlamento adoptó el pasado 16 de diciembre una anterior resolución. 
También es aplicable- permítaseme recordarlo, porque me he trasladado allí dos veces- a Grecia, en lo relativo a las consecuencias del temblor de tierra del comienzo del mes de septiembre y del objetivo 1 del Fondo de Cohesión. 
Señorías, mi colega Franz Fischler sigue el mismo planteamiento en lo relativo al desarrollo rural. 
Después de la reforma de la Política Agraria Común que este Parlamento aprobó el año pasado, el FEOGA-Garantía puede por primera vez cofinanciar las medidas de desarrollo rural en todo el territorio rural de la Unión. 
Francia recibirá, así, 760 millones de euros al año, Alemania 700 millones de euros y Austria 423 millones de euros. 
Esas ayudas están a disposición de las regiones siniestradas sin que se aplique la limitación de la zonación que estoy obligado a aplicar en el caso del objetivo 2. 
Entre las medidas adoptables con cargo al FEOGA-Garantía, quiero citar la reconstitución del potencial de producción agrícola y silvícola dañado, la reforestación, las infraestructuras para las vías y obras públicas rurales, las infraestructuras de prevención y protección, tales como los diques o los sistemas de alerta. 
En ese marco, la cuestión probablemente más específica es la de la industria maderera, que ha resultado particularmente afectada por esas tormentas y que será objeto de nuestra atención desde el punto de vista económico y desde el medioambiental. 
Me interesa decir que el FEOGA podrá atribuir una cofinanciación comunitaria para el almacenamiento de madera. 
Por otra parte, en la esfera de la pesca, también es posible movilizar los instrumentos estructurales para confinanciaciones. 
Así, Francia tiene acceso a 225 millones de euros para el período 2000-2006. 
Así, pues, la ayuda comunitaria podrá contribuir a la indemnización de los pescadores y propietarios de buques por la interrupción temporal de sus actividades en caso de acontecimientos imprevisibles y durante un máximo de dos meses al año. 
También se puede pensar en la asistencia por parte del instrumento financiero de orientación de la pesca, el IFOP, en su utilización, para los proyectos de inversiones clásicas. 
Me refiero al equipo acuícola, a los equipos colectivos, a la reestructuración, a las instalaciones acuícolas, al equipo de los puertos pesqueros, a la modernización de los buques, y ya he hablado de esas cuestiones con Franz Fischler. 
Por último, la Comisión subraya que se pueden considerar las ayudas estatales destinadas a remediar los daños causados por las calamidades naturales o por otros acontecimientos extraordinarios compatibles, después de celebrar consultas, naturalmente, con los servicios de mi colega Mario Monti, con el mercado común y, por tanto, serían autorizadas, en esas condiciones, por la Comisión. 
Así, pues, desde este momento ya se pueden emprender diferentes acciones, por ejemplo, en materia de energía, en el marco del programa de redes transeuropeas de la energía. 
Sé perfectamente que, en materia de transporte de la energía, los problemas técnicos son numerosos, en particular en el caso del transporte de energía de muy alta tensión. 
No obstante, recordando el período bastante reciente en que yo era ministro de Medio Ambiente en Francia y luchaba por el soterramiento de las líneas, he de recordar, como uno de Sus Señorías ha dicho antes, que, en esa esfera como en muchas otras, resulta mucho menos caro prevenir que curar. 
Así, pues, desearía que los Estados miembros favorecieran, cuando sea posible técnicamente, el soterramiento de las redes telegráficas, telefónicas o eléctricas y que se los instara a hacerlo. 
Esto, Señorías, por lo que se refiere a la presentación de los instrumentos comunitarios que ofrecen un gran número de posibilidades de intervención muy concreta. 
La Unión Europea no hace ni hará todo. 
Pero puede hacer mucho, a condición de que se sepa movilizar esos instrumentos, que Sus Señorías lo hagan saber y que, después de esas tormentas, los Estados miembros puedan establecer sus prioridades y adoptar sus decisiones. 
Así, pues, es muy importante que esta Asamblea, como la Comisión, transmita a todos los socios interesados, a las personas interesadas y afectadas, esa información y ese mensaje concreto de solidaridad. 
Por lo que a mí respecta, Señorías, voy a dedicarme esta misma semana a hacerlo trasladándome, pasado mañana, a dos departamentos franceses que han resultado particularmente afectados por las tormentas: Charante-Maritime, también afectada por el huracán y la marea negra, y Creuse. 
También presentaré la decisión, que data de hoy, relativa al objetivo 2. 
Mañana, 19 de enero, mi colega Michaele Schreyer visitará la región, que es una de las más siniestradas de Alemania, la Selva Negra, en el Land de Bade-Würtenberg. 
Al tiempo que agradezco su comprensión a Sus Señorías, quisiera concluir esta relación, señor Presidente, mencionando un asunto que me es caro y que es una de las enseñanzas que se desprenden de estas catástrofes, no todas naturales, pero con frecuencia sí. 
Estamos convencidos de que semejantes catástrofes abonan la necesidad, dentro de nuestra Unión, de una mejor coordinación de los medios que existen en cada uno de los Estados para la reparación, el socorro urgente, o la protección civil. 
La Comisión cuenta ya con una unidad de coordinación en la esfera de la protección civil, que depende de mi colega Margot Wallström. 
Por lo demás, cuando ha habido que afrontar la marea negra, encontrar buques, proteger las playas, máquinas para limpiar en la medida de lo posible las aves cubiertas de petróleo, esa unidad ha funcionado bien. 
Se han movilizado los medios de once países europeos, cosa que a veces se ignora y justifica que me descubra ante esa solidaridad espontánea de todos los países europeos. 
Sin embargo, creo que hay que avanzar más. 
El Presidente Prodi, Margot Wallström y yo estamos convencidos de que habría que desarrollar de forma más sistemática una capacidad de intervención europea que se apoye en los dispositivos nacionales existentes, en unidades especializadas- bomberos, equipos de vacunación, de protección civil, de perros de rastreo en casos de aludes y demás -, cuyos miembros, aun permaneciendo en su país, seguirían formaciones y entrenamientos comunes y podrían, en caso de necesidad, ser movilizados tanto en el territorio de la Unión Europea, como se ha visto con esta tormenta y con el temblor de tierra de Grecia, como fuera de la Unión, como ha ocurrido en el caso de Turquía, América del Sur o América central, a raíz de los trágicos acontecimientos que ya sabemos. 
En realidad, la cuestión que se plantea es la de si es oportuno crear una auténtica fuerza de protección civil europea. 
Hoy aún estamos muy lejos de eso, aunque el Consejo de Helsinki dio un paso adelante en esa dirección y los servicios de Margot Wallström trabajan en la ampliación del papel de la "fuerza de intervención y búsqueda". Naturalmente, de momento la Comisión no tiene ni los medios humanos ni los medios financieros para hacerse cargo de semejante misión, pero Margot Wallström y yo, y bajo la autoridad del Presidente Romano Prodi, pensamos que ésa es ahora una de las enseñanzas que se desprenden de esa sucesión de catástrofes, naturales o no, de consecuencias dramáticas. 
Sería, desde el punto de vista de la eficacia y también la inteligibilidad política, el símbolo de la idea que tenemos de la Unión Europea. 
Por lo que a mí respecta, tengo la intención de hacer avanzar en el Colegio de Comisarios esa idea como una de las enseñanzas de esas catástrofes. 
Señor Presidente, los últimos días del año 1999 fueron barridos por una tormenta de una violencia inusitada, que afectó principalmente a Francia, pero también a Alemania, España, Gran Bretaña y Suiza. 
Por desgracia, se han contado más de 100 muertos, 88 de ellos en Francia. 
Los daños humanos son enormes, pero también los materiales, equipos públicos y bienes privados han resultado destruidos o gravemente dañados. 
Millones de hogares se han quedado sin electricidad, teléfono o agua corriente. 
Se han interrumpido actividades económicas. 
Tan sólo en Francia, los aseguradores calculan ya el costo de los daños en un importe de 35.000 a 40.000 millones de francos, de 5.000 a 6.000 millones de euros. 
Esa catástrofe natural, sin precedentes, movilizó a todas las fuerzas disponibles y suscitó solidaridades dentro y fuera de las fronteras de la Comunidad. 
Por eso, quisiera dar las gracias aquí a todos cuantos acudieron a echar una mano a los servicios de socorro, a las colectividades o a las empresas públicas desbordadas ante la amplitud de la tarea. 
A todos, desde el fondo del corazón, gracias por esa ayuda preciosa. 
Una vez pasada la conmoción, una vez restablecidas las funciones vitales de nuestras colectividades, me pregunto- y pido a la Comisión y al Consejo que hagan lo propio- por la oportunidad de restablecer en el presupuesto de la Comunidad una línea dedicada a la ayuda urgente para afrontar ese tipo de sucesos. 
No se deben pasar por alto los riesgos relacionados con los accidentes climatológicos y, ante las consecuencias de semejantes catástrofes y la rapidez de intervención que entrañan, creo que estaría bien que la Comunidad se dotara de nuevo de esos medios. 
Esa ayuda urgente que antes existía debería estar exenta de las estrictas normas aplicadas a los Fondos estructurales. 
También estoy de acuerdo con la propuesta del Comisario Barnier de crear progresivamente una fuerza de seguridad civil europea, que lanzó hace ya unos meses y de la que hablamos, señor Comisario, en el momento de los temblores de tierra. 
Es evidente que se debe responder afirmativamente a la pregunta que formulo sobre la oportunidad de restablecer una ayuda comunitaria de urgencia. 
Además, quisiera abordar los inmensos problemas que encuentra un sector particularmente afectado por esa tormenta. 
Me refiero al sector silvícola, que ve su actividad particularmente comprometida por los estragos causados en los bosques por las intemperies. 
Hay que comprender que el bosque no es una simple dimensión paisajística y medioambiental. 
Constituye también un sector socioeconómico de la mayor importancia en ciertas regiones, que no se debe desatender. 
En Francia, más de 120 millones de metros cúbicos de madera han sido derribados por el viento, lo que representa unos tres años de cosecha plena para los productores. 
Las consecuencias son inmediatas. 
Algunos silvicultores lo han perdido todo. 
Parcelas enteras han resultado devastadas, lo que dentro de unas semanas planteará el problema de la seguridad y de la lucha contra los incendios. 
Ya se han desplomado los precios en vista de la enorme disponibilidad de madera, habida cuenta de la saturación del mercado. 
Las infraestructuras van a padecer una afluencia inhabitual de camiones de carga pesados y máquinas de transporte y manipulación de árboles. 
En esas condiciones, es urgente restablecer el acceso a las parcelas, restablecer los terrenos y aplicar soluciones técnicas que permitan acondicionar zonas de almacenamiento, apoyar los precios de la madera y, a más largo plazo, habrá que facilitar, por todos los medios, la reforestación. 
Se trata de toda una serie de medidas que conviene adoptar, señor Presidente, y me alegro de las indicaciones que ha dado el Comisario, en vista de que no todo queda cubierto por el objetivo 2. 
Así, señor Comisario, Médoc queda fuera y, en esas condiciones, deseo que sea el FEOGA el que substituya en ese caso al objetivo 2. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nuestro Parlamento no debe considerar las tormentas de una violencia fuera de lo común que se abatieron sobre diferentes regiones europeas como un fenómeno esporádico, dramático, desde luego, pero excepcional. 
Esas tormentas y sus consecuencias constituyen, al contrario, una acontecimiento político de gran importancia. 
¿Por qué? 
¿Por qué no es un asunto excepcional? 
En primer lugar, porque hoy sabemos que la aparición de semejantes fenómenos climáticos nunca es totalmente imprevisible. 
Ahora sabemos que semejantes tormentas están relacionadas con frecuencia con fenómenos de cambio climático, con fenómenos propios del efecto de invernadero, respecto de los cuales nuestros conciudadanos esperan que la Unión Europea formule una estrategia global de estudios y previsiones. 
Pero, aparte de eso, lo que está en juego en este caso- y por eso digo que para nosotros es un fenómeno político de una amplitud excepcional- es la capacidad de Europa para ser lo que afirma ser: una Europa próxima a sus ciudadanos. 
Eso significa, naturalmente, que hoy debemos dirigir un mensaje sólido de solidaridad a todos cuantos han resultado afectados por la tormenta, a las familias que han perdido a un allegado- he de recordar que se deplora la muerte de al menos 90 personas durante esa tormenta -, a los artesanos que han perdido sus herramientas de trabajo, a los agricultores que han visto desaparecer en unos instantes años de trabajo y a todos cuantos han festejado el paso al siglo XXI con frío y alumbrados por velas. 
A ese respecto, me felicito de los trabajos que se han hecho estos últimos días en este recinto entre los diferentes Grupos políticos para conseguir una resolución común, que será aprobada- espero- mañana. 
Pero concretamente, y más allá de las palabras, esa solidaridad debe plasmarse, evidentemente, en una movilización financiera importante que permita reconstruir los sectores económicos siniestrados, las redes de comunicación destruidas, y devolver pura y simplemente a la población condiciones de vida decentes. 
He oído decir, desde luego, que una parte de las zonas siniestradas podrá recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales comunitarios y que se hará el máximo para movilizarlos lo más rápidamente posible. 
Pero permítaseme decir a Sus Señorías que no es suficiente. 
No es suficiente porque el redespliegue de esos créditos de importe constante a favor exclusivamente de la reparación de los daños castiga a los proyectos de inversión y desarrollo previstos a largo plazo. 
Y, sobre todo, esa solución me parece inaceptable en el plano de nuestra responsabilidad política europea ante nuestra opinión pública. 
Nuestros conciudadanos no comprenden por qué puede la Unión Europea desbloquear, de forma excepcional y urgente, sumas importantes para ayudar a terceros países víctimas de catástrofes naturales, aun cuando esas ayudas sean totalmente legítimas. 
De modo que, si queremos que Europa no sea vista por nuestros conciudadanos como una máquina de producir reglamentaciones complejas y puntillosas, debemos cambiar eso. 
Debemos imaginar un nuevo dispositivo presupuestario que permita a corto plazo movilizar con urgencia fondos suficientes y, a la luz de la gran movilización logística y humana que hemos visto, con técnicos procedentes de toda Europa, debemos efectivamente favorecer la creación de un eurocuerpo de seguridad civil. 
En la desgracia se reconoce a los allegados y se aprecia su solidaridad, creo que la construcción de una Europa de los ciudadanos lo requiere. 
Señor Comisario, quiero agradecerle las palabras que ha pronunciado, en particular por las propuestas totalmente concretas sobre los siniestrados que esperan enormemente de la Unión Europea, de la ayuda que podemos prestarles. 
Personalmente, en los primeros días de después de esa terrible tormenta, le envié una carta para pedirle que solicitara a las autoridades francesas un reajuste de los perímetros del objetivo 2 a fin de que todas las zonas siniestradas por las tormentas, tanto en Francia como en otros países, pudieran beneficiarse del objetivo 2. 
Creo que se ha hecho, porque no se ha referido usted a ello. 
En efecto, todos sabemos que, si no se forma parte de un perímetro del objetivo 2, se encontrarán todas las dificultades del mundo para obtener esas ayudas. 
Así, pues, más vale remediar en seguida ese problema. 
También sabe usted que no se plantea el problema tan sólo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. 
Me explico. 
Yo estaba en Lorena cuando se produjo esa terrible tormenta, que devastó el 20%, aproximadamente, del bosque de árboles frondosos. 
Efectivamente, para ciertos municipios llamados forestales, siniestrados en un 20%, representa una pérdida enorme. 
Sabemos, por ejemplo, que hacen falta entre 150 y 200 años para que un árbol llegue a su madurez. 
Así, pues, la pérdida que van a sufrir esos municipios no durará un año, dos años, cinco años, sino muchos más. 
Los municipios afectados consideran que durará 40 años. 
Por consiguiente, creo que será en verdad muy difícil compensar las pérdidas en el nivel de los ingresos financieros de esos municipios rurales mediante subvenciones. 
Creo que se trata de un aspecto que debemos grabar en nuestra memoria para no olvidarlo en nuestras diferentes políticas. 
Cierto es que el problema del sector maderero es terriblemente complejo. 
En efecto, ha hablado usted de desbloquear fondos para el almacenamiento de madera, porque no debe depreciarse. 
Por un lado, los municipios que no se han visto afectados por las tormentas van a sufrir también un perjuicio, ya que el Instituto Forestal Nacional ha decidido congelar las talas forestales durante cuatro años. 
Así, pues, esos municipios que no han sufrido pérdidas van a ver disminuir sus ingresos, de todos modos. 
Con todo esto quiero decir que el problema es eminentemente complejo y vuelvo a agradecer a la Comisión que profundice al máximo el análisis de esta situación. 
También quisiera señalar que hay- cierto es- una catástrofe económica, pero que las verdaderas catástrofes ecológicas están por venir. 
Lo ha dicho usted mismo, señor Comisario, esas catástrofes, esas tormentas, no siempre son naturales y consideramos que son las primeras señales del cambio climático. 
Así, pues, debemos revisar nuestras políticas para integrar ese dato. 
Señor Presidente, señor Comisario, Francia está aún conmocionada por esa terrible catástrofe que ha causado la muerte de decenas de personas. 
Ningún sector se ha librado: las infraestructuras de carreteras, aéreas, ferroviarias, portuarias, eléctricas y telefónicas, las viviendas, los edificios escolares, los monumentos históricos, sin olvidar, naturalmente, la agricultura y el bosque, devastado en numerosas regiones. 
Si bien la población ha quedado traumatizada allí donde los daños han sido más importantes, nadie ha cedido ante la fatalidad. 
Desde los primeros días, se desarrolló un formidable despliegue de solidaridad, de generosidad, y que aún sigue hoy día. 
Representantes elegidos, empleados municipales, ciudadanos de Francia y de toda Europa se movilizaron para prestar su ayuda. 
Quiero rendir un homenaje particular al empeño y al desvelo de los agentes de los servicios públicos que se han desvivido sin cuento con el único objetivo de acudir en ayuda de las personas siniestradas, restablecer unas condiciones de vida normales en cuanto a electricidad, transportes, teléfono, equipos. 
En esos momentos agotadores, al demostrar su eficacia, el servicio público ha recordado a todos que es un elemento indispensable para nuestra vida social. 
Creo que eso invita a reflexionar, en particular para detener los procesos de desreglamentación y privatización que están en marcha. 
La urgencia obliga también, naturalmente, a seguir vendando heridas, preparando la reconstrucción y el restablecimiento sacando todas las enseñanzas de esa catástrofe excepcional. 
He escuchado atentamente al Comisario Barnier, cuyas propuestas aprecio, desde luego, pero, personalmente, yo no opondría la urgencia y el largo plazo. 
Al contrario, me parece que la situación vuelve pertinente a posteriori la propuesta que hizo mi Grupo de restablecer una línea presupuestaria específica para las catástrofes naturales en la Unión. 
Naturalmente, conviene también aumentar los Fondos estructurales en favor de las regiones siniestradas para su reconstrucción, en particular los créditos dedicados al desarrollo rural, a las medidas agroalimentarias, a la silvicultura. 
He tomado nota, en particular, de las propuestas relativas al objetivo 2. 
Por último, se ha emitido, efectivamente, la hipótesis según la cual ese tipo de catástrofes está relacionado con los cambios climáticos debidos a las consecuencias de las actividades humanas para el medio ambiente. 
Si se confirmara, convendría también que la Unión desplegara muchos más esfuerzos para hacer respetar los compromisos contraídos en la conferencia de Kyoto y conceder prioridad a la salvaguardia del planeta más que a la carrera desenfrenada por la rentabilidad. 
Señor Presidente, todos los que han llegado aquí en automóvil, en tren o en avión han podido comprobar la amplitud de los daños causados, particularmente en Francia, por los huracanes de una violencia inusitada que afectaron a Europa al final del mes pasado. 
Ante una catástrofe de semejante amplitud, ¿qué pueden hacer los diputados al Parlamento Europeo? 
En primer lugar, quiero felicitar a todos mis colegas alcaldes, representantes locales, que en el plano cotidiano han tenido que tranquilizar a la población, organizar la solidaridad, cooperar con los servicios públicos. 
Han merecido la confianza de sus conciudadanos. 
A continuación quiero dar las gracias a los servicios de socorro y a las fuerzas armadas de los Estados miembros de la Unión, que, en el marco de una cooperación intergubernamental ejemplar, han acudido a respaldar las intervenciones de sus colegas franceses. 
También quisiera preguntarme por la paradójica situación en la que nos encontramos en materia de ayuda de urgencia. 
Si esta catástrofe hubiera sucedido en Guatemala o en Turquía, habríamos podido recurrir inmediatamente al presupuesto comunitario en favor de las víctimas, pero para nuestros países nada semejante es posible, a falta de líneas de crédito adecuadas. 
También debemos pedir a la Comisión que no impida a las colectividades locales y a los Estados que acudan en ayuda de las empresas siniestradas por la catástrofe, en nombre de una aplicación demasiado estrecha de las normas comunitarias de la competencia. 
Pienso muy en particular en las empresas de pesca y de conquilicultura particularmente afectadas. 
Como ha dicho usted, señor Comisario, es necesario que se puedan indemnizar las interrupciones forzosas de las actividades y que las inversiones que se deben volver a hacer enteramente puedan recurrir al IFOP. 
Además, creo que la aplicación mecánica de los POP ya no es idónea en las regiones costeras siniestradas. 
Así, pues, pido a la Comisión que renuncie a ello para ayudar, al contrario, a los profesionales del mar a hacer nuevas inversiones que, para ellos, revisten urgencia. 
Señor Presidente, Señorías, las tormentas que devastaron Francia en la noche del 26 al 27 de diciembre causaron- ya se ha dicho- 90 muertos, 75.000 millones de francos, es decir, 11.000 millones de euros, de daños. 
Casi tres semanas después del siniestro, varios millares de personas seguían privadas de electricidad y teléfono, 500.000 hectáreas de macizos forestales y 1.000 millones de metros cúbicos habían quedado devastados, el patrimonio histórico había resultado afectado también, como lo demuestra el triste ejemplo del parque del castillo de Versalles. 
Parece bastante natural que, ante semejante desastre, la solidaridad nacional y europea juegue a favor de las regiones siniestradas y las personas más afectadas. 
Ahora bien, como han dicho los oradores anteriores, y como lo ha dicho usted, señor Comisario, en una respuesta a mi colega Jean-Claude Martinez sobre otro drama, el de las inundaciones de noviembre en el sudoeste de Francia, ha tomado usted nota- cierto es- con preocupación de las catástrofes, pero no puede usted limitarse a recordar la supresión de la línea presupuestaria, de los créditos urgentes por lo que se refiere a las catástrofes naturales, lo que conduce a la chocante paradoja, subrayada por el orador anterior, de que es más fácil, mucho más fácil, acudir en ayuda de las víctimas de las catástrofes naturales fuera de la Unión que en su territorio. 
Se limita usted, señor Comisario, y lo comprendemos, a remitirnos a una hipotética y lejana posibilidad de recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales del nuevo Objetivo 2 o del régimen transitorio de los Objetivos 2 o 5b. 
Ésos son los términos de la respuesta escrita que dio usted a mi colega el 11 de enero de 2000. 
Tengo la copia a su disposición. 
Comprenderíamos perfectamente que no pudiera usted decir otra cosa, ante la irresponsable actitud que no es sólo la de la Comisión, sino también la de este Parlamento, que, a falta de marco jurídico y financiero, nada puede hacer. 
Pero, por favor- y lo digo sin agresividad para con usted- no presente como una ayuda a las víctimas de la tormenta créditos ya previstos anteriormente, en el marco de una política regional que nada tiene que ver. 
Así, pues, es necesario restablecer con urgencia, en el marco de un presupuesto complementario, la línea presupuestaria que teníamos asignada para catástrofes naturales. 
Hay que utilizar los créditos de ayuda de la Cumbre de Berlín y hay que modificar la política forestal que se sigue en la mayoría de los Estados de la Unión, pero ése es otro problema. 
El huracán "Lothar" debería servirnos de acicate para abandonar nuestro principio de acción exclusivamente reparadora- que vuelve a ocupar muy visiblemente el primer plano también en este momento- y adoptar el principio de prevención, el cual requiere que también se exijan responsabilidades a los causantes potenciales. 
Es preciso acelerar la aplicación de los programas actuales. Con los actuales planteamientos de la Comisión no se pueden cumplir, por ejemplo, los compromisos de Kioto. 
La tráfico de certificados de emisiones es inmoral, a mi modo de ver, y no resuelve el problema sino que únicamente lo aplaza. 
Es necesaria una ecologización de todo el sistema fiscal a medio plazo. 
Es preciso agilizar la aplicación de los procedimientos previstos en el Libro Blanco en favor de las fuentes de energía renovables, que permitirían reducir enormemente las emisiones de gases de invernadero. 
Todas las propuestas que ha presentado hasta ahora la Comisión en este sentido distan mucho de ser satisfactorias y son muy insuficientes. 
Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, hasta ahora Lothar- Lotario- era un nombre común y corriente, pero por desgracia acaba de adquirir una triste notoriedad. 
El huracán del mismo nombre arrasó Europa causando numerosas víctimas, sobre todo en Francia y Alemania, pero también en Suiza, y dejó una estela de desolación. 
El vendaval derribó postes del tendido eléctrico, tejados, señales de tráfico y finalmente también los bosques. 
Las noticias de que la tormenta derribó en un breve tiempo alrededor de 120 millones de metros cúbicos de madera en Europa son sólo estimaciones. 
Señor Comisario, he escuchado con mucha atención sus palabras y acojo con una gran satisfacción que se proponga acudir a examinar el desastre sobre el terreno en Francia y Alemania. 
Si la Sra. Schreyer viaja en los próximos días a la Selva Negra, algún agricultor quizá le preguntará: ¿qué ayuda me puede prestar ahora la Comisión? 
¿Qué ayuda me puede dar Europa? 
¿Qué le van a responder al silvicultor cuya explotación tal vez no se encuentra en una zona del Objetivo 2, ni en una zona del Objetivo 5? 
¿Qué respuestas va a ofrecer la Comisión sobre el terreno, después de decirle al silvicultor que apoyan la silvicultura, que apoyan la construcción de diques de contención, que se proponen reconstruir el patrimonio cultural, que van a impulsar las ofertas turísticas, etc.? 
Todo ello son sugerencias bienintencionadas, pero yo misma procedo de una región silvícola del norte de Alemania y les aseguro que estos enormes daños ya están afectando a nuestra región. 
No se realiza el aclareo necesario de los bosques y éstos no se cuidan como es debido. 
Lo que también necesitamos urgentemente de la Comisión es que se aprueben las ayudas nacionales, a fin de evitar que luego se vuelva a sacar a colación tal o cual situación en materia de competencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, permítanme que empiece por recordar dos hechos. 
Primero: a principios de 1999, la OTAN, con la participación de la mayoría de los Estados miembros, arrasó Kosovo con sus bombardeos en nombre de la libertad. 
Ahora estamos intentando volver a poner en pie el país y ayudar a sus gentes con un coste gigantesco. 
Y es justo que así sea. 
Segundo: a finales de 1999 soplaron increíbles vendavales y provocaron la destrucción de amplias franjas del territorio de la UE. 
En Bruselas, la Comisión se encogió de hombros ante las peticiones de auxilio de los afectados. 
No tenemos recursos ni posibilidades de ayudar, fue la respuesta. 
Estimadas y estimados colegas, ¡esto no está bien! 
Nadie puede comprenderlo y mucho menos quién sufre el temor a perder su medio de vida. 
Los habitantes de la Unión Europea esperan una respuesta solidaria, también dentro de la Comunidad. 
Tienen derecho a la solidaridad, añado yo. En este momento de necesidad, el Parlamento Europeo debe velar por que se haga efectivo este derecho. 
Yo exijo que la Comisión no se haga rogar demasiado y se adelante a ofrecer ayuda a las víctimas de la tempestad. Ella conoce mejor que las organizaciones y autoridades locales los medios y las vías para canalizar la ayuda. 
Estimadas y estimados colegas, yo les pido su apoyo para hacerle comprender a la Comisión que, más que posibilidades de prestar ayuda, lo que falta es buena voluntad en algunas oficinas de Bruselas. 
Permítanme otra observación adicional: en el caso de los efectos de los temporales resulta menos evidente, pero el accidente del petrolero deja bien claro que también debemos impulsar a la Comisión a dar un paso en relación con otro tema. 
La Unión Europea necesita urgentemente unas normas que regulen la responsabilidad por los daños medioambientales. 
No se puede seguir admitiendo que la colectividad tenga que pagar por los daños causados por actores individuales, a menudo como resultado de actos delictivos. 
Tenemos que establecer la responsabilidad de los causantes de cualquier tipo de daños a nuestro medio ambiente. Entonces todos se lo pensarán, por ejemplo, antes de decidir transportar petróleo en un petrolero que está a punto de caerse en pedazos. 
Cuando me incorporé a la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Cámara en 1994, hace más de cinco años, se me asignó la tarea de ponente para el ámbito de la responsabilidad medioambiental. 
Desde entonces vengo esperando una iniciativa de la Comisión en la que poder trabajar. 
Esto es un escándalo que se tiene que acabar cuanto antes y yo espero que este tema no vuelva a quedar aplazado en febrero. 
Señor Presidente, señor Comisario, este temporal en torno a las fechas del cambio de milenio debería servirnos de estímulo para reflexionar sobre algunos problemas. 
Ha quedado claro que, hoy como ayer, el hombre no puede escapar a las catástrofes naturales. 
Siempre ha habido desastres naturales y seguirán ocurriendo. 
En este contexto es necesaria, evidentemente, la solidaridad. Es preciso contar sin duda con un sistema de protección civil de ámbito europeo y también se debe consignar dentro del presupuesto de la UE una línea presupuestaria destinada a hacer frente a las catástrofes naturales. 
Sin embargo- y esto es lo más importante -, en las relaciones entre el hombre y la naturaleza los errores los comete siempre el hombre- aunque a menudo éstos tengan lugar a lo largo de siglos -, no la naturaleza, que no puede equivocarse. 
En este caso, los daños aparecen asociados a la densidad de población, la forma de las infraestructuras y evidentemente también al abundante monocultivo, en el caso de los bosques. 
Yo apoyo, como es natural, que prestemos ayuda en la medida de lo posible. Pero en el contexto de dicha ayuda se debería tener en cuenta que en adelante quizá convenga que el tendido eléctrico y las líneas telefónicas discurran más a menudo bajo tierra. 
Debemos prestar atención a los ciclos biológicos menores y dar prioridad en la reforestación a los bosques mixtos estables frente a los monocultivos. 
Sin embargo, el debate más importante en este contexto es el relativo al clima. 
Hasta ahora, en Europa seguimos gozando de una situación privilegiada, pues contamos con la corriente del Golfo y ésta todavía funciona. 
En América y en el Sureste asiático la situación es mucho peor en lo que se refiere al clima y los huracanes. 
Nosotros tenemos la suerte de contar con la corriente del Golfo, pero también sufrimos las consecuencias del efecto invernadero como todos los demás. 
Éste- aun cuando resulte difícil demostrar el cambio climático con ejemplos matemáticos- es en parte de origen humano. 
Tenemos que prestar mayor atención al cumplimiento de las directrices de la Conferencia sobre el Medio Ambiente de Kioto. 
Tenemos que reducir las emisiones de CO2, utilizar fuentes de energía renovables y preguntarnos en general, dentro de este contexto, cuál es el estado de los bosques de Europa. 
Señor Presidente, creo que lo que tenemos que lamentar en primer lugar son las víctimas. 
Es una pérdida irreparable. 
En segundo lugar, saludamos la solidaridad entre departamentos y ciudadanos franceses, y la del resto de los países con Francia, que es el país más afectado. 
Como tengo muy poco tiempo, señor Presidente, quisiera incidir en dos cuestiones de nuestra resolución. 
La primera creo que la reconoce implícitamente el Sr. Comisario en su intervención cuando se pregunta si las catástrofes son naturales o no. 
Es decir, que los expertos están cada vez más convencidos de que el cambio climático y las actuaciones del hombre, en términos generales, tienen que ver con el aumento en los últimos años de catástrofes naturales. 
De hecho, en esta última década, la temperatura ha subido más que en el resto del siglo. 
Por ello Europa debe comprometerse claramente con el Protocolo de Kioto y llevar adelante propuestas concretas. 
En segundo lugar, yo fui ponente de la protección civil en Europa y estoy completamente de acuerdo con la propuesta del Sr. Comisario de crear un cuerpo de protección civil europea. 
Además, se debe utilizar una línea presupuestaria extraordinaria, como extraordinaria es la situación catastrófica. 
En primer lugar, quisiéramos expresar nuestra condolencia a todas las familias y comunidades que han perdido a algún miembro en esa terrible tragedia. 
La pérdida de vida es la que en verdad hace que este desastre particular resulte extraordinario en Europa. 
Es lamentable que no tengamos un instrumento con el que prestar asistencia en situaciones como ésta. 
Quiero agradecer al Comisario su detallada declaración sobre este asunto y su propuesta de que nos organicemos en el nivel europeo para prestar asistencia a los Estados miembros y aquellas de sus regiones que padecen tragedias como ésta. 
Eso es importante. 
Otra cosa que debemos recordar es que en el pasado sí que tuvimos una línea presupuestaria. 
No podía hacer gran cosa, pero los diputados a esta Asamblea abusaron de ella repetidas veces al proponer acciones cuando los desastres ni siquiera eran importantes. 
Los funcionarios y ministros de los Estados miembros acudían a Bruselas, cuchicheaban con la Comisión, obtenían unos euros y se apuntaban un tanto político al volver con ayuda para sus circunscripciones. 
De modo que no hubo demasiada compasión por esa línea presupuestaria, cuando se la abolió. 
Creo que debemos restablecer esa línea presupuestaria. 
Cuando hubo el terremoto en Grecia, que fue un gran desastre, la Comunidad carecía de un instrumento con el que ofrecer su condolencia o solidaridad a los griegos. 
Lo mismo ocurrió cuando hubo inundaciones en Francia y lo mismo ahora. 
Ésos son desastres importantes y deberíamos contar con un instrumento, que no tenemos. 
Debemos restablecer ese instrumento y debemos hacer que las normas sean muy estrictas para que sólo en situaciones en las que ocurran desastres graves recurramos a ese instrumento determinado. 
Podemos guardarlo de un año para otro y velar por que, cuando suceda algo importante, contemos con un instrumento para afrontarlo. 
Esta vez en Irlanda no ha sido tan grave, aunque hemos tenido vendavales muy fuertes del Atlántico. 
También hemos tenido inundaciones en Irlanda, por lo que quiero expresar mi solidaridad con las personas de Irlanda que las han padecido. 
Señorías, no deberíamos, unos y otros, perder la memoria. 
Es cierto que hay una decisión conjunta de la Comisión y del Parlamento destinada a suprimir las líneas de urgencia. 
Es cierto también que hay mucho dinero europeo- el Comisario Barnier ha indicado que, en el caso de la ostreicultura y la agricultura, se recurriría al artículo 30 del Reglamento relativo al desarrollo rural, en el de la silvicultura al artículo 33, en el de las empresas a las derogaciones de la legislación sobre la competencia enunciada en el apartado 2 del artículo 87 del Tratado, en el de los equipos públicos, a los Fondos estructurales. 
Aun así, no se va a desbloquear hoy ni un céntimo más de lo que estaba distribuido antes de la tormenta para manifestar una solidaridad concreta, activa. 
Se trata simplemente de que los Estados jueguen a los vasos comunicantes y tomen aquí lo que darán en otro sitio. 
Es insuficiente y me alegro de que el Sr. Barnier haya mencionado aquí una idea que me agrada mucho y que, por lo demás, expresé ante la prensa de Burdeos, a saber, la constitución de una política reforzada de seguridad civil europea. 
Si queremos que la ciudadanía europea que deseamos exista, si queremos que sea efectivo este mandato al que nuestra Presidenta, la Sra. Fontaine, ha atribuido como distintivo el acercamiento de la Unión y de los ciudadanos de Europa, creo que la urgencia debe ser palpable para nuestros conciudadanos. 
Así, pues, creo que un Eurocuerpo de Seguridad Civil, la constitución de auténticos Cascos Azules de socorro civil, presentes en los lugares con dificultades, dentro de la Unión, ya que actualmente no tenemos un procedimiento de urgencia, pero también fuera, si se deja sentir su necesidad, en Venezuela o en otro sitio, sería algo que deberíamos propugnar, por lo que deseo decir al Comisario Barnier que en mi persona encontrará a un aliado activo de esa idea, que considero generosa y europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en Europa estamos relativamente a salvo de los huracanes, en comparación con la frecuencia con que se producen en otras regiones del mundo. 
Aun así, los temporales de la última semana de diciembre demostraron cuáles pueden ser sus consecuencias y que todavía pueden causarnos grandes problemas. 
Cuantos hayan viajado hasta Estrasburgo en coche o en tren habrán podido constatar la violencia con que sopló el temporal también en Alsacia. 
Yo quiero expresar, por lo tanto, mi condolencia a todas las ciudadanas y ciudadanos y a las regiones tan seriamente castigadas por el temporal, y resaltar al mismo tiempo en esta Cámara la importancia del apoyo a dichas regiones y a sus habitantes. 
Todos sabemos que otras regiones de Europa pueden verse igualmente afectadas en el futuro. 
Ahora es preciso retirar cuanto antes toda la leña abatida. Todos sabemos, en efecto, que pueden producirse desastres aún más graves si ésta permanece abandonada en el bosque durante demasiado tiempo. 
También conviene recordar, por ejemplo, que el barrenillo o perforador de la corteza encuentra en los árboles caídos un medio óptimo para su propagación y para depositar sus larvas, lo cual puede tener ulteriores consecuencias todavía imposibles de evaluar. 
Es imprescindible, por consiguiente, retirar la madera dañada antes de que llegue la temporada cálida. 
El verdadero alcance de los daños sufridos en el sector de la silvicultura sólo se podrá apreciar dentro de varias décadas. Todos sabemos, en efecto, cuánto tarda un árbol en crecer. 
Es un proceso de décadas, no de años. 
También quiero recordar, además, que la silvicultura no está asociada, desde luego, únicamente a la producción de madera, sino que en algunas regiones es sobre todo un factor esencial para el mantenimiento de las reservas forestales. 
En consecuencia, me siento muy orgullosa de poder anunciar que los técnicos forestales austríacos también se han ofrecido... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, expreso mi más profunda solidaridad a todos cuantos resultaron afectados por las tormentas. 
A veces en la Comunidad no somos conscientes en realidad de lo que está ocurriendo en otros países. 
En Irlanda se informó muy poco sobre el buque-cisterna que se hundió. 
Se me ha pedido que ponga de relieve los efectos de las tormentas en Irlanda. 
Tuvimos vendavales y lluvias prolongadas, inusitadas, que, sumadas a las dificultades existentes, tuvieron como consecuencia la sumersión de miles de hectáreas, a veces hasta cinco metros de profundidad. 
Experimentamos el sufrimiento humano provocado por la inundación de hogares y granjas, la pérdida de los servicios sanitarios, la falta de agua potable y los desastres medioambientales de agua infectada por la bacteria E-coli. 
Hablé con agricultores cuyas ovejas estaban abortando a consecuencia de haber bebido agua infectada. 
Los hábitats naturales quedaron destruidos. 
Conque pido que se recuerde a Irlanda en este caso. 
Doy las gracias al Comisario y apoyo totalmente su propuesta de fuerza europea de protección. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo me sumo a las palabras de cuantos ya han expresado su solidaridad con las víctimas del temporal. También quisiera volver a resaltar sus importantes consecuencias para la silvicultura en toda Europa. 
Esto va a tener, en efecto, enormes repercusiones para la silvicultura en todas las regiones de Europa y yo creo que es necesario empezar a plantearse desde un punto de vista a largo plazo cómo se van a abordar estos problemas en el futuro. 
Desde luego, no pretendemos que se establezca una ordenación común de mercados para el sector forestal, pero a la larga tendremos que impulsar algún sistema, tal vez en colaboración con el sector de los seguros privados, que permita mitigar de algún modo las consecuencias para los afectados. 
Lamentablemente, debemos contar con la posibilidad de que en el futuro se repitan catástrofes graves de este tipo. 
Existen indicios en este sentido, como ya se ha comentado aquí; aunque todavía no se ha demostrado, existen sin embargo claros indicios de que el incremento de los temporales en todo el mundo está relacionado con la catástrofe del cambio climático. 
Los científicos todavía no mantienen una opinión unánime al respecto, como es lógico. Pero la mayoría se manifiestan relativamente convencidos de que si continuamos emitiendo gases de invernadero como hemos venido haciendo hasta ahora, los temporales se abatirán, obviamente, aun con mayor fuerza sobre nosotros en este siglo que acabamos de inaugurar. 
Yo creo que en este contexto deberíamos volver a recordar una propuesta que planteó en esta Asamblea un antiguo colega, Tom Spencer, en el sentido de que no deberíamos bautizar a los huracanes con nombres masculinos o femeninos corrientes, sino con el nombre de los causantes del efecto invernadero; él citó entonces a las grandes compañías petroleras. 
En cualquier caso, habría que excluir, desde luego, a las compañías Shell y BP, que se han orientado hacia otra política y no se concentran exclusivamente en la venta de combustibles fósiles dañinos para el clima, sino que también invierten en otras formas de energía sostenibles. 
Tenemos que tener presente esta vinculación; yo no estoy de acuerdo con quienes declaran sin matices que el efecto invernadero es el responsable del huracán, pero parece relativamente seguro que debemos temer nuevas catástrofes si no viramos pronto. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera darle las gracias por haber hecho la propuesta de prolongar este debate para que conserve su unidad. 
Además, quisiera decir que, como Comisario, pero también como ciudadano francés, me han emocionado extraordinariamente los testimonios de simpatía y solidaridad expresados por muchos diputados europeos de toda la Unión, con lo que se ha dado, gracias a este debate, la idea, en la que creo, de una Europa que no se resume en un supermercado, sino que sea también una Europa humanista. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Scallon, al Sr. Martin, al Sr. McCartin, a la Sra. González Álvarez y al Sr. Savary, que han recogido o respaldado, en particular, la idea que propongo de una respuesta más común, más operativa, más inteligible, en materia de seguridad civil o protección civil, que podría plasmarse en la creación de una fuerza europea de seguridad civil y vamos a seguir haciendo avanzar esa idea y próximamente daremos cuenta a Sus Señorías al respecto. 
Muchos de Sus Señorías- y he escuchado con atención a la Sra. Gebhardt, a la Sra. Patrie, a la Sra. Isler Béguin, al Sr. Souchet, al Sr. Gollnisch, al Sr. Savary- han dicho que no hay bastante dinero o, mejor dicho, que no hay dinero suplementario. 
Pero, Señorías, yo fui diputado durante mucho tiempo y, aunque no pretendo dar lecciones, Sus Señorías conocen el presupuesto, conocen el reglamento general de los Fondos estructurales, votan dicho presupuesto y, por tanto, saben muy bien en qué marco trabajo yo. 
No quiero contar cuentos, sino que quiero hacer mi trabajo en serio, lo que no me impide pensar que, en efecto, se podría restablecer con rigor, con un pliego de condiciones extraordinariamente preciso, la línea de socorro urgente, que, por lo demás, ascendía tan sólo a unos millones de euros. 
Eso nada tiene que ver con la amplitud de las catástrofes y las consecuencias que padecemos. 
Sus Señorías conocen ese presupuesto. Es el marco en el que yo trabajo y, por lo que se refiere a mi propia responsabilidad, intento, junto con la Sra. Diamantopoulou en lo relativo al presupuesto relacionado con el objetivo 3, y junto con el Sr. Fischler en lo relativo al FEOGA, hacer que, al reaccionar ante esas catástrofes con urgencia y a medio plazo, podamos atribuir la máxima eficacia a ese dinero europeo. 
Por tanto, no me opongo a que evolucionen esas normas presupuestarias, volveremos a hablar de ello en el momento del próximo presupuesto, tal vez para establecer, en particular, al menos en el plano simbólico, la línea de urgencia que se suprimió hace dos años. 
Entretanto, hay mucho dinero, mucho dinero, y no puedo permitir que el Sr. Gollnisch diga que servirá en un período hipotético y lejano. 
Ese dinero está disponible ahora, este año. 
Y, si las autoridades nacionales hacen bien su trabajo- y creo que lo harán -, se podrán movilizar los créditos para problemas y proyectos precisos, a partir de mediados del año 2000 y para los años siguientes. 
Y es un dinero abundante, aunque, por tratarse del objetivo 2, no cubra todas las zonas siniestradas. 
Se podría movilizar en parte: se lo digo al Sr. Liese, a la Sra. Mathieu- no he hablado de política balbuciente, señora Mathieu, en lo relativo a la silvicultura -, a la Sra. Keppelhoff-Wiechert y a la Sra. Schierhuber. 
Más allá del objetivo 2, en lo relativo a la silvicultura, que es para mí algo muy importante, de la reconstrucción del patrimonio forestal, hay posibilidades, fuera de la zonación, para los substanciales créditos del FEOGA-Garantía. 
Por último, quisiera decir, o repetir, que todas esas catástrofes no son forzosamente naturales. 
Lo digo con mucha humildad. 
Entre Sus Señorías hay diputados extraordinariamente competentes y entendidos a ese respecto, si bien yo he tenido ocasión de escribir varias obras sobre los asuntos ecológicos y de medio ambiente. 
En efecto, creo que hay ciertas catástrofes cuyas consecuencias se podrían limitar con voluntad política. 
Así me parece en el caso de las inundaciones y también de las tormentas. 
El Sr. Kronberger, el Sr. Messner, la Sra. González Álvarez, han mencionado los grandes imperativos climáticos y no puedo dejar de decir que probablemente haya alguna relación entre las consecuencias de esas catástrofes naturales y las políticas, respecto de las cuales Europa debe seguir siendo uno de los elementos motores de prevención en lo relativo a los grandes imperativos en materia de medio ambiente. 
Señor Presidente, quiero darle las gracias, y también al Parlamento, por haber brindado a la Comisión la oportunidad de expresarse. 
Ahora vamos a trabajar, en el marco del presupuesto y de las normas actuales, para que los créditos disponibles, que Sus Señorías han puesto a nuestra disposición, se utilicen de la forma más útil y rápida para afrontar las consecuencias de dichas catástrofes y representen una respuesta económica, política y humana para las familias que se han visto afectadas gravemente. 
Seguridad alimentaria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la comunicación relativa a la seguridad alimentaria y la Comisión procede a hacer una declaración. 
Señor Presidente, me complace mucho aprovechar esta primera oportunidad disponible para exponer al Parlamento las líneas principales del Libro Blanco de la Comisión sobre la seguridad alimentaria, aprobado el pasado miércoles 12 de enero, junto con mi colega el Sr. Liikanen. 
En mi audición del pasado septiembre, prometí una rápida conclusión de este Libro Blanco. 
El Libro Blanco representa de tres a cuatro meses de trabajo intenso desde el nombramiento de la Comisión el pasado septiembre. 
Tiene en cuenta las extensas consultas celebradas en los dos años transcurridos desde la publicación del Libro Verde de la Comisión sobre la legislación alimentaria. 
También refleja nuestras experiencias de las recientes alarmas alimentarias en sectores como los de la dioxina y los lodos, así como la crisis de la EEB. 
El Libro Blanco refleja también las preocupaciones de este Parlamento, que Sus Señorías han expuesto ante el Presidente Prodi y ante mí en las numerosas ocasiones en que hemos debatido la seguridad alimentaria en esta Asamblea desde que fu nombrada la Comisión. 
No necesito recordar a Sus Señorías que la confianza de los consumidores en el régimen de seguridad alimentaria de Europa ha resultado gravemente afectada por las crisis y alarmas de los años y meses recientes. 
La Comisión está plenamente comprometida con el restablecimiento de dicha confianza estableciendo el régimen de seguridad alimentaria más eficaz y actualizado del mundo. 
Cuando lancé el Libro Blanco la semana pasada, dije que el carrito de los supermercados es una de las armas más potentes sobre la faz de la tierra. 
Las decisiones más exigentes son las que adoptan los consumidores de Europa. 
Si se menoscaba su confianza, eso se refleja en las decisiones a la hora de comprar. 
Eso tiene, a su vez, consecuencias espectaculares para los agricultores, los productores y la industria en general. 
En una industria cuyo volumen de negocios asciende a 600.000 millones de euros al año, incluso un ligero descenso en los niveles de confianza puede tener consecuencias importantes. 
Entre el sector agroalimentario y el sector agropecuario cuentan con más de 10 millones de puestos de trabajo. 
Para aumentar los puestos de trabajo y la competitividad, son necesarios niveles altos de confianza. 
Esa crisis de confianza ha tenido también la desafortunada, pero inevitable, consecuencia de erosionar la fe de los consumidores en los sistemas e instituciones en los niveles nacional y europeo que deben supervisar y garantizar los más altos niveles de seguridad alimentaria. 
Al decir todo esto, quisiera que quedara claro que Europa tiene, no obstante, una de las industrias alimentarias mejores del mundo y también uno de los sistemas de control alimentario más seguros. 
El imperativo es el de hacer que dichos sistemas sean los mejores de todos. 
Así, pues, el objetivo general del Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria es el de establecer la legislación y las estructuras necesarias para garantizar el más alto nivel posible de protección de la salud para los consumidores resultante del consumo de alimentos. 
Vamos a establecer un programa ambicioso y estimulante para el cambio. 
Para que logremos la realización de nuestras ambiciosos programas, la Comisión va a necesitar el pleno apoyo del Parlamento Europeo. 
También vamos a necesitar el máximo apoyo del Consejo y de otros interesados decisivos. 
En el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria se expone toda una amplia serie de medidas necesarias para complementar y modernizar la legislación alimentaria vigente en la UE. 
Todas esas medidas van encaminadas a volverla más coherente, comprensible y flexible. 
Queremos promover una mejor aplicación de la legislación y brindar una mayor transparencia a los consumidores. 
El detallado plan de acción en materia de seguridad alimentaria establece un calendario preciso para la adopción de medidas a lo largo de los tres próximos años. 
Están previstas más de 80 medidas. 
Nuestro objetivo es el de establecer un corpus legislativo coherente y actualizado al final de 2002. 
También estamos pensando en la posibilidad de crear un organismo alimentario europeo en 2002 como complemento esencial del nuevo régimen de seguridad alimentaria. 
Esa idea será objeto de muchos exámenes minuciosos y debates. 
Ya ha inspirado muchos comentarios, incluidas las reacciones de los diputados al Parlamento. 
El capítulo del Libro Blanco dedicado a la creación de un organismo alimentario europeo va encaminado claramente a suscitar opiniones y observaciones. 
Deseamos que se nos hagan llegar las opiniones en abril, a más tardar, sobre lo que nos proponemos. 
Dentro de unos momentos volveré a referirme a ese proceso de consultas. 
La Comisión cree que en nuestro sistema de seguridad alimentaria es necesario un importante cambio estructural para garantizar la consecución de los dos objetivos: garantizar el mayor nivel de seguridad alimentaria y restablecer la confianza de los consumidores. 
¿Por qué habría de ser un organismo alimentario europeo una parte esencial de esa estructura de cambio? 
La primera preocupación fundamental es la independencia. 
Los interesados decisivos, incluidos los consumidores, buscan un sistema que sea independiente y que todos ellos consideren independiente de toda clase de intereses creados. 
También debemos garantizar la excelencia y la transparencia. 
Hemos logrado muchos avances en los dos años transcurridos desde que se aprobó el sistema reformado de asesoramiento científico como consecuencia de la crisis de la EEB. 
Sin embargo, la Comisión cree que debemos avanzar más. Debemos crear un sistema permanente y de verdad independiente, excelente y transparente de evaluación de riesgos. 
La misión principal de ese organismo será la evaluación de riesgos en la esfera de la seguridad alimentaria. 
Tenemos previsto que se transfiera a ese organismo la labor de los cinco comités científicos que ahora se ocupan de la seguridad alimentaria. 
Puede ser que no se los transfiera en su forma o estructura actual: se trata de una cuestión sobre la que vamos a solicitar opiniones antes de formular nuestras propuestas definitivas sobre la creación de ese organismo. 
Sin embargo, si propusiéramos un simple traslado de sillas, es evidente que no sería suficiente. 
Como queda claro en el Libro Blanco, el nuevo organismo debe ser una estructura con valor añadido. 
Yo opino que hay que fortalecer el sistema vigente de asesoramiento científico. 
Creo que el organismo debe contar con un apoyo científico y de otra índole mucho mayor para los científicos independientes. 
También tengo previsto que ese organismo sea mucho más previsor que nuestro sistema actual: que se adelante en lugar de reaccionar, que reconozca los problemas antes de que se conviertan en crisis. 
Ese planteamiento previsor debe llegar a ser el sello distintivo de ese organismo. 
En el Libro Blanco se señalan diversos sectores nuevos que ha de abarcar ese nuevo organismo para ser previsor. 
Entre ellos figuran una función de vigilancia y de recopilación exhaustiva de información, la coordinación de la información científica en la UE y la creación de redes sólidas con los organismos y órganos de seguridad alimentaria de los Estados miembros. 
Como parte de su ámbito de competencias, también hemos pensado que ese organismo debe contar con un sistema de alerta rápida en materia de alimentos y piensos. 
La Comisión ha llegado a la conclusión de que no es apropiado ni viable transferir competencias en materia de gestión de riesgos a ese organismo. 
Creemos que las decisiones relativas a la gestión de riesgos deben seguir siendo dominio exclusivo de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. 
No me disculpo por ese planteamiento; estoy firmemente convencido de que es el correcto. 
Cierto es que hay quienes sostienen que deberíamos conceder competencias legislativas a semejante organismo. 
No acepto esas opiniones y las rechazo con cierta pasión. 
Tan sólo hace un año que se modificó el Tratado para conceder al Parlamento un papel mucho mayor en el proceso legislativo. 
Atribuir ese papel a un organismo a estas alturas sería, en mi opinión, un paso atrás y representaría un debilitamiento de la rendición democrática de cuentas. 
Me interesará mucho oír las opiniones del propio Parlamento a ese respecto. 
También hay quienes sostienen que la Comisión podría pasar por alto en realidad el asesoramiento del nuevo organismo. 
También rechazo ese argumento. 
¿Cómo iba a poder un Comisario de Salud y Protección del Consumidor rechazar o pasar por alto el asesoramiento científico independiente y fundamentado en relación con la seguridad alimentaria? 
¿Redundaría en provecho de los ciudadanos de Europa? 
En mi opinión, no cabe la menor duda de que no, a no ser que ese rechazo de los argumentos científicos estuviera acertadamente fundamentado, racionalmente argumentado y totalmente justificado. 
Puedo asegurar aquí a Sus Señorías que la Comisión, al desempeñar sus funciones en materia de gestión de riesgos, tendrá plenamente en cuenta el asesoramiento científico de ese organismo. 
Ya he dicho que el organismo estará encargado de establecer redes con las agencias y los órganos nacionales de seguridad alimentaria de los Estados miembros. 
Se trata de una misión de la mayor importancia. 
Debemos lograr una mayor certidumbre en la ciencia que respalda la seguridad alimentaria en la Unión Europea. 
El organismo debe pasar a ser la fuente autorizada de asesoramiento e información científicos sobre las cuestiones de seguridad alimentaria. 
No se llegará a esa situación con la simple creación del organismo, sino a medida que el propio organismo se granjee, con el paso del tiempo, la confianza. 
No creo que podamos adoptar una actitud prescriptiva en la esfera de la ciencia y del asesoramiento basado en la ciencia. Sin embargo, gracias a la solución de las redes dinámicas con los órganos y agencias científicos, el organismo adquirirá una posición preeminente en la escena europea. 
También estoy deseoso de oír las opiniones del Parlamento a este respecto. 
Como parte integrante de una estructura con valor añadido, en el Libro Blanco se propone que el organismo desempeñe un papel primordial en materia de notificación de riesgos: difundir información científica compleja de forma asequible para los consumidores; ser el destinatario evidente e indispensable de los datos más recientes sobre riesgos; tener un gran relieve público; dar las buenas noticias sobre los alimentos; ser previsor. 
En el Libro Blanco figuran también propuestas muy importantes respecto de los controles. Se trata de un componente enormemente importante del sistema de mecanismos de control para velar por que los Estados miembros y las empresas cumplan la legislación comunitaria. 
En ese marco vamos a proponer también un fortalecimiento importante de la función de control desempeñada por la Oficina Alimentaria y Veterinaria con sede en Dublín. 
Podrían ser, entre otros, la retirada del apoyo comunitario o la reducción de los fondos ya comprometidos para un Estado miembro. Se deben considerar estas propuestas como parte de nuestra misión de dotarnos de los niveles más altos del mundo en materia de seguridad alimentaria, aumentar la confianza de los consumidores y los mercados para los agricultores y productores de la Unión. 
Además de las propuestas sobre un nuevo organismo alimentario europeo y un sistema perfeccionado de controles en el nivel comunitario, el Libro Blanco propone un plan de acción con una gran diversidad de medidas, que abarquen todos los aspectos de los productos alimenticios desde las explotaciones agropecuarias hasta las mesas, para mejorar la legislación comunitaria y darle coherencia. 
Expone más de 80 medidas distintas previstas para el futuro inmediato y se propone colmar las lagunas jurídicas existentes en la legislación actual. 
El nuevo marco jurídico abarcará los piensos para animales, la salud y el bienestar de los animales, la higiene, los contaminantes y los residuos, los nuevos alimentos, los aditivos, los condimentos, el envasado y la radiación. 
Comprenderá una propuesta de legislación general sobre los alimentos en la que se plasmarán principios de seguridad alimentaria tales como responsabilidad de los fabricantes de piensos, agricultores y empresas alimentarias, rastreabilidad de piensos, alimentos e ingredientes y análisis adecuado de los riesgos mediante, por ejemplo, la evalución de riesgos, es decir, asesoramiento científico y análisis de datos; gestión de riesgos, es decir, reglamentación y control; notificación de riesgos y aplicación del principio cautelar cuando proceda. 
Por lo que se refiere al principio cautelar, podría añadir que la Comisión está ultimando actualmente una comunicación que será aprobada- espero- muy pronto. 
Estoy impaciente por participar esta tarde en un útil intercambio de opiniones con los diputados al Parlamento que, si hubiera habido un foro parlamentario apropiado y disponible habrían preferido- está claro- celebrarlo la semana pasada. 
Sin embargo, habida cuenta de mis contactos con los presidentes de las comisiones competentes, reconozco que no era viable. 
Pero también sé que vamos a tener muchas más oportunidades en los próximos meses de examinar las propuestas del Libro Blanco sobre el organismo. 
Ahora disponemos de unos meses para celebrar el necesario debate sobre las ideas de la Comisión que figuran en el Libro Blanco acerca de la creación de un organismo alimentario europeo. 
El Parlamento desempeñará un papel decisivo en dicho debate. 
El Parlamento desempeñó un papel decisivo en la reacción de Europa ante la crisis de la EEB. 
Ha estado particularmente activo desde entonces a la hora de poner en primer plano las preocupaciones de los ciudadanos sobre las cuestiones de seguridad alimentaria. 
Espero que la contribución del Parlamento al debate sobre el organismo sea igualmente incisiva y constructiva. 
Si bien disponemos de varios meses, hasta el final de abril, para debatir la cuestión y recoger las opiniones de Sus Señorías, reconozco plenamente que se trata también de un marco temporal muy justo. 
Así, pues, quisiera pedir al Parlamento que adopte las disposiciones adecuadas para velar por que pueda formular sus opiniones lo más rápidamente posible. 
Es esencial que la Comisión cuente con la contribución del Parlamento a la configuración de un componente decisivo para alzar la protección de la salud de los consumidores a un nuevo plano y con ello restablecer la confianza de los consumidores en el régimen de seguridad alimentaria de la Unión Europea. 
El organismo alimentario europeo será un componente decisivo del régimen de seguridad alimentaria de la UE en los próximos años. 
Es esencial que hagamos la mezcla correcta. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario su declaración. 
Quisiera acoger con beneplácito la división del trabajo que ha hecho para que la gestión alimentaria siga siendo competencia de las instituciones europeas, incluidos la Comisión y el Parlamento. 
Ése es el planteamiento en verdad correcto. 
Pero hay una palabra que no le he oído mencionar aquí esta noche. 
Necesitamos un corpus de legislación alimentaria, como ha dicho usted, y necesitamos acordarlo juntos. 
Es muy importante que incluyamos la responsabilidad en ese proceso. 
Ésa es la palabra a la que me refiero. 
Hasta ahora el problema es que, cuando algo ha tenido consecuencias negativas, quienes han pagado los costos han sido los contribuyentes. 
Eso no puede continuar. 
Cuando haya una crisis, debemos señalar claramente y por anticipado que, si hay un problema, los responsables deberán pagarlo. 
Señor Presidente, el Libro Blanco es excelente y yo no tengo nada que decir con respecto a la creación de dicha oficina. 
Mis preguntas se refieren a la lista positiva de piensos. 
Este aspecto no queda claro en el Libro Blanco. 
¿Cuál es el calendario previsto, cuándo se propone presentar usted una lista positiva? 
¿Cuándo se van a imponer los mismos requisitos a los piensos y su producción que ya se exigen en el caso de la producción de alimentos y su control? 
La parte final de mi pregunta es la siguiente: ¿Cuándo se establecerá la obligatoriedad de los análisis para la detección de la EEB en todos los Estados miembros? 
También en este aspecto se muestra usted algo impreciso en su Libro Blanco en lo que se refiere a la obligatoriedad. 
Gracias, Comisario, por su declaración. 
Creo que la exposición que ha hecho usted sobre el organismo de Seguridad Alimentaria es un reconocimiento de la realidad. 
Los Estados miembros no aceptarían un organismo reglamentador, por lo que carece de sentido que lo proponga. 
Algunos sectores de la industria alimentaria necesitan claramente una mejor reglamentación, cosa que resulta clara en materia de piensos y alimentos para animales. 
Sin embargo, como Presidenta de la Comisión que parece no ocuparse de otra cosa que de los alimentos en los tres últimos años, he de preguntar lo siguiente: si Europa tiene el sistema más seguro de control alimentario, como ha dicho usted, ¿por qué necesitamos 24 nuevas directivas y reglamentos y 20 directivas rectificativas? 
En segundo lugar, ¿no agravará eso el problema de la excesiva reglamentación de Bruselas y la insuficiente aplicación en los Estados miembros? 
Estamos deseosos de celebrar un diálogo fructífero con usted al respecto. 
Respecto de la ampliación: ¿qué planes tiene la Comisión para que los Estados candidatos participen en los debates sobre esa nueva legislación, dado que, como resulta evidente, la Comisión espera que la legislación prevista en el Libro Blanco forme parte del acervo comunitario en 2003, a más tardar? 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer a la Sra. Ahern, a la Sra. Roth-Behrendt y a la Sra. Jackson sus palabras de apoyo en relación con el Libro Blanco. 
Me resulta estimulante y estoy deseoso de participar en nuevos debates con ellas y otros diputados al Parlamento en relación con las cuestiones que han planteado. 
La Sra. Ahern ha planteado la cuestión de la responsabilidad. 
Naturalmente, no se aborda concretamente en el Libro Blanco, exceptuada la referencia a que estableceremos disposiciones- y ya hay algunas- relativas a la cuestión de la rastreabilidad. 
Una vez hecho eso, se podrán abordar cuestiones como la de la responsabilidad. 
No he examinado detalladamente las cuestiones relativas a la responsabilidad, pese a mis antecedentes, pero me parece que puede entrañar cuestiones subsidiarias. 
Pero he tomado nota de su propuesta y la examinaré más detenidamente. 
La Sra. Roth-Behrendt me ha preguntado por la confección de una lista positiva. 
Ésa es una de las cuestiones que abordamos en el anexo a la legislación y tenemos la intención de confeccionar una lista positiva sobre el material de los piensos. 
De momento, la lista es, como he dicho, negativa y se le hacen las adiciones procedentes. 
La confección de la lista positiva es una de las cuestiones expuestas en el anexo con una fecha atribuida: 2002, en realidad. 
El sistema de alerta rápida en el caso de los piensos es algo que hemos señalado como una laguna en la legislación. 
Existe la alerta rápida en el caso de los alimentos, pero no en el de los piensos. 
Es lamentable e inapropiado y creemos que es importante señalarlo y formular una legislación que colme esa laguna, cosa que se hará. 
La labor relativa a la EEB en los Estados miembros y el establecimiento de pruebas aleatorias para descubrir los niveles de infección en los Estados miembros está en curso. 
Sé que la Sra. Roth-Behrendt me ha formulado esta pregunta antes y he dicho que se estaba avanzando rápidamente, pero, según tengo entendido, se trata de una consulta entre servicios de la Comisión y actualmente esa labor está en curso. 
Espero que la próxima vez que Su Señoría me formule la pregunta, esté en condiciones de facilitarle una información más detallada. 
La Sra. Jackson se ha centrado en el hecho de que haya 24 instrumentos legislativos nuevos y 20 rectificativos y pregunta si eso agrava el problema de la excesiva reglamentación. 
He de decir que los instrumentos legislativos que hemos propuesto van encaminados a colmar lagunas de la legislación vigente. 
No se trata tanto de establecer nuevos regímenes o una reglamentación suplementaria, aunque eso forma parte de la labor, sino de descubrir dónde hay lagunas en la cadena que va de las explotaciones agrarias a las mesas y colmarlas. 
Hay una referencia a los Estados candidatos y eso es algo que tenemos presente. 
Las normas relativas a la seguridad alimentaria y, de hecho, otros sectores de la seguridad revisten, evidentemente, importancia decisiva en relación con la ampliación y se trata de un asunto que he señalado a la atención del Sr. Verheugen. 
Señor Comisario, la ignorancia de algunos Estados miembros ha provocado una gran crisis en el sector alimentario en Europa y yo lamento tener que volver a manifestar mi malestar por que una vez más el Consejo en pleno esté ausente hoy en el momento de la presentación de su interesante informe. 
Yo desearía saber cómo se propone garantizar que esta nueva oficina, cualquiera que sea luego su denominación concreta, pueda influir también sobre el Consejo, y quién tendrá la última palabra en la misma, quién dará las órdenes. 
Evidentemente, no debemos prejuzgar ningún aspecto de contenido, pero yo insisto en que el Parlamento debe conservar e incluso ampliar las competencias adquiridas a partir de los Tratados de Maastricht y de Amsterdam. 
Me preocupa mucho que volvamos a establecer una oficina que sobrevuele anónimamente Europa como un satélite, una oficina de esas características me gustaría tan poco como al diablo el agua bendita. 
También yo acojo con beneplácito el Libro Blanco. 
Pero, ¿piensa usted que el Organismo Alimentario Europeo va a tener capacidad suficiente para prevenir algo como la guerra de la carne de bovino que ha habido y la negativa de Francia a levantar la prohibición? 
Ha dicho usted que la Comisión podría retirar las subvenciones a los países que actúan como lo está haciendo Francia. 
¿Propondría usted también que la Comisión hiciera pagos provisionales, por ejemplo, similares al que están pidiendo los ganaderos británicos en este momento? 
Señor Presidente, señor Comisario, en el acto informativo que tuvo lugar la semana pasada, usted dijo que pensaba que la futura Agencia de Seguridad Alimentaria de la UE no debería ubicarse en la periferia, pero no mencionaba cuál era exactamente esa periferia. 
Por ejemplo, el funcionamiento de la unidad que la UE tiene en Dublín ha demostrado que actualmente la distancia geográfica no representa ningún obstáculo para ejercer una acción eficaz y mantener los contactos necesarios. 
Las funciones que se han propuesto para la futura Agencia de Seguridad Alimentaria son la recogida de datos, la publicación y coordinación, la presentación de recomendaciones para desarrollar la seguridad alimentaria y- como usted ha dicho- la recogida de información científica y la divulgación de la misma entre los consumidores. 
Todo esto se puede llevar a cabo desde cualquier zona de la Unión Europea mediante la tecnología actual. 
Así pues, pregunto: ¿en qué se basa su idea sobre el lugar de ubicación? 
En relación con la composición del organismo: en primer lugar, contará con científicos internos que se mantendrán en contacto y celebrarán consultas con científicos expertos en la esfera determinada que se esté examinando en un momento determinado. 
Además, el organismo de seguridad alimentaria tendrá un consejo. 
Como se verá en el Libro Blanco, no hemos concretado la composición de dicho consejo. 
Se trata de una cuestión que el Parlamento y la Comisión examinarán- espero- en las próximas semanas y los primeros meses. 
Tengo previsto que el consejo esté compuesto por interesados o representantes de los interesados. 
Habrá que exponer detalladamente su función en la propuesta que llevaré a la Comisión en septiembre. 
No lo hemos hecho aún, pero se hará en septiembre. 
No espero que el consejo desempeñe función alguna en la orientación de la labor de los científicos. 
Eso erosionaría la independencia del asesoramiento científico. 
Pero tendría una competencia general, en particular a la hora de pedir, por ejemplo, al organismo que estudie sectores determinados que requieran investigación. 
El Sr. Florenz pregunta si tendrá voz al respecto el Parlamento. 
Ésa es una cuestión que se debe examinar y debatir. 
Puede haber diferentes opiniones a ese respecto. 
Habrá quienes opinen que sería inapropiado que el Parlamento o diputados al Parlamento- o incluso representantes nombrados por el Parlamento- fueran miembros del consejo. 
Otros pueden opinar que sería valioso que el Parlamento, por mediación de representantes nombrados por él o incluso diputados al Parlamento, pudieran tener la oportunidad de examinar qué cuestiones se deberían investigar. 
Es una cuestión que se debe examinar, pero aún no se ha descartado. 
El Sr. Florenz ha planteado también la cuestión del anonimato. 
Me alegro de que lo haya hecho, porque es particularmente importante para ese organismo ocupar un lugar destacado. 
Debe tener relieve público. 
Debe ser conocido. 
Los consumidores de la Unión Europea deben conocer la existencia del organismo alimentario. 
El Director Ejecutivo del organismo debería ser alguien conocido, que apareciera periódicamente en la televisión para hablar de cuestiones relativas a los alimentos, en particular en relación con las buenas noticias alimentarias en materia de nutrición, dieta y cuestiones de ese tipo, para que, si surge otra crisis alimentaria, los consumidores conozcan la existencia del organismo. 
Conocerán lo que hayan oído sobre el organismo antes, en otras circunstancias, y tendrán- es de esperar- una firme base de confianza ya arraigada en los dictámenes del organismo. 
Así, pues, es esencial que el organismo no sea anónimo. 
Debe tener relieve público. 
Yo haré todo lo que pueda para fomentar ese papel destacado del organismo. 
La Sra. Lynne pregunta si tendrá suficiente capacidad el organismo. 
Supongo que esa pregunta se centra en la cuestión de dónde comienza y acaba la competencia del organismo y dónde empiezan y acaban la competencia y la autoridad de las agencias de seguridad alimentaria de los Estados miembros. 
Tendría que haber una interacción en el nivel científico. 
Es evidente que no es conveniente que se presenten situaciones en que científicos que trabajen para el organismo de seguridad alimentaria en el nivel comunitario o le presten asesoramiento discrepen de un dictamen científico en el nivel de los Estados miembros. 
Ésa es una situación inconveniente, no queremos que se produzca esa situación en el futuro. 
Hay varias cosas que socavan la confianza de los consumidores: una de ellas es la falta de información. 
Pero una información que comprenda una discrepancia fundamental entre científicos sobre cuestiones básicas relativas a la seguridad alimentaria es también una cuestión que suscita grave preocupación. 
Debemos intentar evitarlo y crear estructuras para velar por que haya una difusión adecuada de la información entre los científicos, por que haya debates y consultas en toda regla y que el organismo en el nivel comunitario tenga la oportunidad y el cometido de solicitar el asesoramiento y la opinión de científicos independientes de todos los Estados miembros y, de hecho, de otros países incluso, donde haya expertos. 
Con el tiempo, como he dicho hace un momento, no sólo adquirirá el organismo un lugar destacado, sino que, además, su competencia, su autoridad moral, aumentarán para que se acepten y no se impugnen sus dictámenes. 
Se puede lograr esa situación al cabo de un período de tiempo. 
No se puede legislar para lograr la confianza de los consumidores. 
Es algo que se consigue al cabo de un período de tiempo. 
Sin embargo, la Comisión tendrá la posibilidad de procurar que se apliquen los dictámenes del organismo sobre asuntos científicos mediante la promulgación de legislación, que es la función de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. 
Comprendo que todo eso requiere tiempo, pero, aun así, la formulación de legislación fundamentada en los dictámenes del organismo es- no me cabe la menor duda- la vía que se debe seguir. 
Cualquier incumplimiento de la legislación se puede ver en los tribunales de la forma normal. 
Una de las cuestiones que puede que hayamos de abordar con el tiempo es la de la rapidez de respuesta en esas circunstancias. 
Espero que podamos establecer algo para obtener una respuesta más rápida del proceso judicial. 
En relación con las subvenciones: sí, se ha examinado esa cuestión. 
Requerirá el asesoramiento de servicios jurídicos y se solicitará, en particular teniendo presente que puede brindar una respuesta rápida ante un incumplimiento del derecho comunitario en espera de una sentencia de los tribunales. 
En relación con la pregunta de la Sra. Lynne sobre los pagos provisionales: se trata de una cuestión que podría perfectamente abordar el Parlamento, pues está relacionada con los asuntos presupuestarios. 
Después la Sra. Myller me ha preguntado por la ubicación del organismo. 
No se ha adoptado otra decisión a ese respecto que la de que es más probable que el organismo esté ubicado en el centro y no en la periferia. 
Reconozco que la Oficina Alimentaria y Veterinaria está ubicada en Dublín y, aunque yo mismo procedo de esa parte del mundo, ¡he de reconocer que no es el centro de Europa! 
Pero esa Oficina tiene una situación muy diferente del Organismo de Seguridad Alimentaria. 
La Oficina está compuesta de científicos y veterinarios independientes que viajan desde un punto en el que hay un aeropuerto: es evidente que en Dublín tenemos un aeropuerto. 
La situación del Organismo de Seguridad Alimentaria es totalmente diferente. 
Debe estar cerca de la Comisión por la necesidad de interacción entre los científicos que participen en él y quienes participan en la presentación de legislación. 
Una parte importante de la comunicación entre las dos instituciones será, evidentemente, la de velar por que quienes participamos en la formulación de la legislación entendamos clara y perfectamente lo que quieren decir los científicos, qué problemas han descubierto, qué legislación es necesaria para abordar las cuestiones que planteen. 
Igualmente, los científicos desearán recibir aportaciones sobre el proceso jurídico o el de formulación de políticas o el de redacción de legislación para velar por que la legislación aborde las deficiencias que hayan descubierto. 
Me parece conveniente que un organismo de ese tipo esté ubicado en el centro. 
Habrá científicos internos, pero también será necesario que estén en contacto con otros científicos para la celebración de consultas y, en esas circunstancias, como los científicos tendrán que viajar, probablemente sea mejor que se trasladen a un punto central, en el que radican- repito- las estructuras parlamentarias, la Comisión y el Consejo. 
Ésa es mi opinión en este momento. 
Puede ser un tema de debate aquí y en otros foros y escucharé todas las propuestas que se hagan, pero mi primera conclusión es la de que ese organismo debe estar ubicado en el centro y no en la periferia. 
Señorías, me encuentro en una posición muy difícil, porque no puedo cambiar el orden del día. 
Quisiera proponer a Sus Señorías que consulten este asunto con sus Grupos políticos y lo planteen en la Conferencia de Presidentes. 
Si consideran que estas sesiones después de una declaración de la Comisión son importantes, quisiera proponer que solicitemos más tiempo que la media hora que tienen asignada. 
En esta ocasión ha habido seis minutos de preguntas formuladas por los diputados y 29 minutos de respuestas del Comisario, junto con su declaración. 
Espero que puedan examinarlo en sus Grupos políticos para que en ocasiones futuras dispongamos de una sesión mejor estructurada con la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0003/2000). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Les comunico que dedicaremos a este turno de preguntas aproximadamente una hora y 15 minutos. 
Vamos a hacer un pequeño recorte de nuestro tiempo porque los intérpretes hoy están trabajando en sesión continua. 
Tiene la palabra el Sr. Purvis para una cuestión de orden. 
Desapruebo que reduzcamos el tiempo del turno de preguntas; es una de las pocas ocasiones en que los diputados de a pie tienen la oportunidad de hacer uso de la palabra, por lo que le pido que lo amplíe a una hora y media, como figura en el orden del día. 
Ése es el orden del día y creo que debemos atenernos a él. 
Lo que ocurre, estimado colega, es que el orden del día decía que comenzaríamos a las 17.30 horas, y ustedes tienen el reloj a la vista. 
Espero que no lleguemos a la sesión nocturna en todo caso. 
Primera parte 
Pregunta nº 28 formulada por (H-0781/99): 
Asunto: Construcción de una central nuclear en Turquía, vulnerable a los seísmos Los dos recientes seísmos de intensidad superior a los 7 grados en la escala Richter ocurridos en Turquía suscitan enormes dudas en relación con la insistencia de dicho país en construir unos costosísimos reactores nucleares en Akköy, mientras que las reservas energéticas de la presa Ataturk se exportan a terceros países y la UE, recortando su presupuesto, paga por los daños provocados por los seísmos. 
Los proyectos nucleares turcos, que ignoran los riesgos que entrañan para los habitantes y ecosistemas de Turquía y de toda la región, dan pie para sospechar que tras ellos se esconden planes preconcebidos de la jerarquía político-militar turca para adquirir la tecnología nuclear que posibilite la construcción de armas nucleares, dado que se pretende adquirir reactores de procedencia canadiense semejantes a los que poseen India y Pakistán. 
¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar la Comisión para que se eviten los accidentes nucleares y la proliferación de armas nucleares en un país que desea ingresar en la UE y gasta sumas enormes en programas nucleares, mientras percibe fondos europeos como ayuda económica? 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Verheugen. 
La Comisión está siguiendo con interés los planes de construcción de una central nuclear en Akköy, Turquía, y reconoce la importancia de garantizar que la construcción de la nueva central se ajuste a los más estrictos criterios de seguridad nuclear internacionalmente aceptados. 
Según la información de que disponemos, no se ha decidido aún la elección de un licitante. 
La Comisión reconoce que Turquía ha firmado y ratificado el convenio sobre la seguridad nuclear y que la responsabilidad de conceder licencias y regular el establecimiento, la elección del emplazamiento, la puesta en marcha, el funcionamiento y el cierre definitivo de centrales nucleares en Turquía corresponde completamente a la Autoridad Turca de Energía Atómica. 
La Comisión no está facultada para imponer límite alguno a las decisiones adoptadas por ningún país en lo que se refiere a la producción de energía, incluida la opción nuclear. 
Tal como señaló la comisaria Wallström durante las audiencias del Parlamento Europeo de septiembre de 1999, la Comisión abordará el tema de la seguridad nuclear y la protección radiológica en toda reunión pertinente con el Gobierno turco en el futuro y me satisface informarles de que yo tendré una reunión con el ministro turco de Asuntos Exteriores dentro de un par de días y que desde luego plantearé la cuestión. 
En particular, la Comisión es consciente de las preocupaciones de los ciudadanos acerca de la actividad sísmica registrada en la zona de la falla Ecemis, situada en las proximidades del lugar propuesto para la central. 
De acuerdo con la información recibida del Organismo Internacional de Energía Atómica, el diseño de la central tiene en cuenta la posibilidad de terremotos más intensos que cualquiera de los jamás registrados en el área y, en particular, terremotos de una intensidad 10 veces mayor que el registrado en junio de 1998 en Adana. 
Se están dando grandes márgenes de diseño con el fin de garantizar un funcionamiento seguro de la central de acuerdo con las condiciones del entorno. 
La Comisión es consciente asimismo de las preocupaciones sobre la posible intención de utilizar la central para fabricar material con destino bélico. 
Reconoce el hecho de que Turquía ha firmado y ratificado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y que ha suscrito posteriormente un acuerdo exhaustivo de garantías con el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Gracias por la respuesta. 
Quiero destacar los siguientes extremos: Turquía es ahora un país candidato a la adhesión. 
Con este proyecto se propone incrementar en un 2% su potencial energético. 
Al mismo tiempo pretende adquirir reactores tipo Candu, de Canadá, que, como es sabido, ya han sido utilizados para las armas nucleares de la India y el Pakistán. 
En este sentido, existe el serio peligro de que algún estúpido considere que los nuevos equilibrios geoestratégicos en el Cáucaso exigen la presencia de un país cercano con tecnología nuclear de carácter militar. 
Esto por lo que respecta a los aspectos políticos. 
Me refiero ahora a los aspectos técnicos. 
El coeficiente de seguridad en obras de semejantes características- y hablo como ingeniero- no tiene relación con el aumento 10 ó 20 veces de los niveles de seguridad contra el colapso. 
En tales casos, cuando hay incertidumbre, se recurre a los simuladores. 
Pero, no es posible utilizar simuladores en asuntos que se refieren a la energía nuclear. 
En este sentido, todas las zonas de alto riesgo sísmico deber ser excluidas, o son excluidas a priori, para instalaciones nucleares como ésa. 
Así pues, y habida cuenta de que las posibilidades de la Unión Europea y de la Comisión ante Turquía son ya diferentes, bueno será debatir algunas cuestiones tanto sobre la seguridad de la región en su conjunto como sobre la evolución pacífica de Turquía en el seno de la Unión Europea. 
Hace un par de semanas mantuvimos un debate en el Parlamento sobre el tema de la seguridad nuclear, prestando especial atención a los países candidatos. 
He explicado la postura de la Comisión. 
Han de aceptar el hecho de que no existe un acervo comunitario en materia de seguridad nuclear. 
Por ello lo que hicimos fue emplear medios políticos para convencer a algunos países candidatos de que tiene que haber planes de desmantelamiento de algunos reactores que no se consideran susceptibles de mejora. 
En el caso de Turquía la cuestión es diferente. 
La central aún no existe. 
Ya he dicho que Turquía es parte del TNP y del Convenio sobre la Seguridad Nuclear. 
Si llegamos a observar en el desarrollo de esa central nuclear motivos de preocupación en materia de seguridad, lo hablaremos con Turquía. 
Si la conclusión es que Turquía está planeando construir una central nuclear que no responde a los criterios normales de seguridad europeos, entonces haremos lo mismo que hicimos con Lituania, Eslovaquia y Bulgaria. 
Señor Presidente, el Comisario ha dicho que Turquía ha firmado el Tratado de No Proliferación, que ha firmado los tratados de seguridad nuclear: ¿por qué habrían de existir dudas de ningún tipo salvo que la central nuclear de Turquía no vaya a ser tan segura como cualquiera de la Comunidad? , ¿estaría dispuesto el Comisario a adoptar una postura bastante más enérgica junto al Sr. Souladakis a este respecto? 
Creo que todo diputado al Parlamento está en su derecho de manifestar sus propias preocupaciones y miedos. 
Yo no tengo tales preocupaciones. 
Estoy convencido de que Turquía reconoce plenamente las normas y criterios del Convenio sobre la Seguridad Nuclear y del Tratado de No Proliferación, pero no cabe duda de que los ciudadanos de Europa sí tienen preocupaciones y creo que es muy justo discutirlas aquí en el Parlamento. 
Pregunta nº 29 formulada por (H-0786/99): 
Asunto: Armas con uranio empobrecido ¿Ha realizado estudios la Comisión sobre los efectos que la contaminación transfronteriza originada por la utilización de armas con uranio empobrecido durante el conflicto kosovar puede tener sobre los Estados de la UE? 
De no ser así, ¿por qué motivos no los ha efectuado? 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. Wallström. 
Gracias, señor Bowe, por su pregunta. 
La Comisión Europea ha vigilado los efectos medioambientales del conflicto desde el comienzo de la intervención de la OTAN. 
Ya el mes de junio pasado la Comisión financió un primer estudio. 
Éste fue llevado a cabo por el Centro Regional del Medio Ambiente para la Europa Central y Oriental y en él se llegaba a la conclusión de que no se había producido ninguna catástrofe ecológica de gran escala. 
Ninguna de las evidencias o análisis posteriores han echado abajo esa valoración inicial. 
La Comisión también ha estado estrechamente vinculada a la elaboración del reciente informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente- grupo operativo para los Balcanes (BTF). 
Es el informe más detallado y completo realizado hasta la fecha acerca de los efectos del conflicto de Kosovo sobre el medio ambiente y lo recomiendo a todos aquellos que no lo hayan estudiado todavía. 
El uso de armas con uranio empobrecido fue uno de los muchos temas considerados, y el informe está ahora ampliamente disponible también en Internet. 
El grupo operativo para los Balcanes vio entorpecida su labor por el hecho de que se disponía de muy poca o ninguna información sobre el uso real de estas armas durante el conflicto. 
Durante la misión de indagación de hechos del BTF no se hallaron indicios de contaminación en Kosovo. 
Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que haya zonas de Kosovo contaminadas por uranio empobrecido. 
A partir de una valoración de despacho unida a una misión de campo, el informe llega a la conclusión de que los riesgos, de existir, se limitan a los alrededores de los objetivos. 
Las actividades futuras se inscribirán en el marco del pacto de estabilidad para Europa sudoriental. 
También se está elaborando un plan especial de reconstrucción medioambiental regional, que servirá de marco para prestar ayuda de emergencia para combatir los daños ocasionados por la guerra en caso de que resulte necesario. 
En primer lugar, señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisaria por su muy útil respuesta. 
Está claro que la Comisión ha prestado cierta atención a este problema y me satisface que en estos informes que se han elaborado hasta el momento se haya estudiado detenidamente el tema. 
Pero quisiera señalar que la preocupación por las armas con uranio empobrecido reside en la forma en que se utilizan. 
Este uranio pasa a la atmósfera, es inhalado y ahora lo podrían estar portando efectivamente miembros de la población de Kosovo, con unos efectos bastante más a largo plazo de lo que hasta ahora se ha podido determinar. 
Este parece ser el patrón seguido por los acontecimientos después de la utilización de armas con uranio empobrecido en la guerra del Golfo. 
Por lo tanto, querría preguntar a la Comisión si desearía considerar la posibilidad de proseguir el seguimiento y durante cuánto tiempo podría contemplar proseguirlo en el futuro para ver los efectos a largo plazo, no sólo de las armas con uranio empobrecido, sino también de algunos de los otros efectos sobre el medio ambiente que sabemos se han producido, al menos de forma localizada, en Kosovo. 
¿Durante cuánto tiempo continuará observando los efectos de estas armas? 
Gracias, señor Bowe, por esta pregunta. 
Hemos de decir otra vez que aún no existe confirmación de que se utilizara uranio empobrecido en el conflicto y no se ha detectado uranio empobrecido en la limpieza de Kosovo. 
Pero esos síntomas y esos problemas que usted ha mencionado podrían encontrarse allí y ser la consecuencia del uso de uranio empobrecido. 
También esto se menciona en el informe. 
No se han detectado efectos transfronterizos y casi todas las armas se habrán utilizado en el territorio de la República Federal de Yugoslavia. 
El problema es que el actual aislamiento político del país supone que el acceso a la zona está restringido. 
Las Naciones Unidas tienen una gran responsabilidad, ya que a ellas se dirige este informe, de modo que tienen que asumir la responsabilidad. 
Pero mediante este plan de reconstrucción regional y medioambiental podemos proseguir el seguimiento y la ayuda que podamos prestar y este es, por ahora, el tipo de marco que podemos dar al trabajo de la Unión Europea. 
Es importante hacer un seguimiento y ello da a los Estados miembros, al igual que a las Naciones Unidas y a la Comisión, algo en que pensar cuando están en juego secretos militares y sus efectos sobre el medio ambiente. 
También tiene un efecto a largo plazo sobre las ideas cuando se trata de utilizar armas de este tipo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, dentro de pocos meses centenares de miles de veraneantes viajarán a la costa del Adriático para pasar sus vacaciones allí. 
Sabemos por las noticias difundidas por los medios de comunicación que se dejaron caer bombas y otras armas en las proximidades de esa costa. 
¿Puede confirmar usted que los veraneantes podrán bañarse sin peligro en el Adriático este verano y se ha previsto alguna medida para estudiar los riesgos existentes? 
Ojalá pudiera ofrecer garantías para muchas cosas, pero desgraciadamente no puedo. 
Formulamos nuestros juicios a partir de informes como éste y de las misiones que organizamos para comprobar cosas como ésta. 
Eso es en lo que nos basamos cuando aconsejamos a la gente sobre qué hacer. 
Lo que hemos visto es que la guerra afecta al medio ambiente a largo plazo y es peligrosa. 
En materia medioambiental acabamos de aprobar una directiva sobre la contaminación marina, que incluye asimismo proyectiles, armas, etc. y sirve de sistema de alerta rápida. 
Desgraciadamente, no podemos ofrecer garantías y lo único que podemos hacer es proseguir el seguimiento e intentar llevar a cabo las operaciones de limpieza. 
Quisiera preguntar a la Comisaria si es cierto que los soldados de las fuerzas armadas de la OTAN ahora estacionadas en la región se someten a controles especiales contra la radiación nuclear y que no se aplican las mismas medidas a los civiles que viven en la zona. 
No puedo responder a esa pregunta. 
En lo referente a pruebas médicas, etc., no dispongo de toda la información necesaria para responder adecuadamente. 
Lo que sabemos desde el punto de vista medioambiental es lo que ya he mencionado: que ahora existe un plan de reconstrucción medioambiental; pero en lo referente a las pruebas médicas no tengo información al respecto. 
Desde luego puedo volver y ver si podemos obtener la información necesaria. 
Pregunta nº 30 formulada por (H-0793/99): 
Asunto: Designación por la Unión Europea de un responsable para el Tíbet En 1998, el Gobierno tibetano en el exilio informó de que más de 4.000 tibetanos buscaban la libertad huyendo de su país a través del Himalaya a riesgo de sus vidas. 
Muchos de ellos sufrieron graves congelamientos y muchos otros perecieron. 
El grupo de trabajo intergrupo "Tíbet" está profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación en el Tíbet, y, además, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de la política actual de la Unión Europea para poder paliar las graves violaciones de los Derechos humanos a que cotidianamente están expuestos los tibetanos. 
Profundamente preocupado por las continuadas violaciones de los Derechos humanos en el Tíbet, y en apoyo a la propuesta del Dalai Lama de dialogar con el Gobierno chino para solucionar la situación en el Tíbet, el grupo de trabajo intergrupo "Tíbet" pide a la Comisión que designe a un responsable para el Tíbet que se ocupe de los asuntos de la Unión Europea al respecto y encamine sus esfuerzos a conseguir que las autoridades chinas y tibetanas, o sus representantes, establezcan un diálogo. 
¿Cuándo piensa la Comisión designar a un responsable para el Tíbet? 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Patten. 
Las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo acerca del Tíbet son ampliamente compartidas. 
Creo desde hace mucho en la necesidad de exponer firmemente y con franqueza a las autoridades chinas nuestras opiniones sobre las cuestiones de derechos humanos, Tíbet incluido. 
Así lo hizo la Unión Europea en la Cumbre Unión Europea-China de Pekín del mes pasado, en la que hicimos presión ante los chinos en varias cuestiones de derechos humanos, entre ellas la del Tíbet. 
Exhortamos una vez más a los chinos a iniciar un diálogo con el Dalai Lama. 
Yo les insto de nuevo en este sentido. 
Seguiremos planteando el tema del Tíbet a las autoridades chinas. 
También estamos haciendo algunas otras cosas: en el diálogo sobre derechos humanos Unión Europea-China, hemos centrado la atención en varias medidas de índole práctica, entre ellas enviar expertos en misión al Tíbet, planificar programas de ayuda al desarrollo y actividades relativas a la salud, la educación y la formación de los tibetanos. 
La designación de un enviado especial de la UE para el Tíbet sería un tema que primordialmente tendría que decidir el Consejo, de modo que quizá el Parlamento quiera someter la cuestión directamente a su consideración. 
Pero, por mi parte, no estoy seguro de que ello añadiera mucho valor práctico a nuestros esfuerzos. 
Es poco probable que influyera mucho en las autoridades chinas y ya disponemos de cauces efectivos de comunicación con la comunidad tibetana en el exilio. 
También es mi deseo evitar un crecimiento exponencial del número de enviados especiales, por muy loable que sea la causa. 
Señor Presidente, señor Patten, usted tiene obviamente excelentes experiencias sobre el terreno como resultado de su vida en China y sabe muy bien que los tibetanos están realizando grandes esfuerzos para que se llegue a celebrar un diálogo, que hasta ahora se ha impedido siempre. 
Sin embargo, si su respuesta es que debemos dirigirnos a "Míster PESC", o sea, al Sr. Solana, yo mucho me temo que esto se traduzca en una orientación unilateral en el ámbito de la política exterior. 
Su enfoque, que yo desde luego apoyo como un enfoque coherente, está inspirado, en efecto, en el tema de los derechos humanos; yo coincido plenamente con usted en que debemos ocuparnos del tema de los derechos humanos. 
Las detenciones, las torturas, las violaciones de mujeres jóvenes y muchas otras cuestiones del mismo orden podrían ocuparnos, desde luego, tardes enteras de debates. 
Yo mucho me temo que estas cuestiones relacionadas con los derechos humanos no saldrán a la luz si reducimos el tema a la declaración de que el Consejo también es competente en este ámbito. 
La posibilidad de resaltar, por un lado, los aspectos económicos y comerciales, pero incluyendo desde luego también los derechos humanos, sería una medida para la cual de hecho esperamos poder contar con la colaboración de la Comisión y que no se diga que esto es asunto del Consejo. 
Permítanme dejar claro a Su Señoría cuál es la situación. 
No he dicho otra cosa que la verdad cuando he afirmado que la designación de enviados especiales es asunto del Consejo. 
Resulta que nosotros nos ocupamos de las consecuencias presupuestarias y el Consejo hace la designación. 
Algunos podrán pensar que el aspecto presupuestario debería estudiarse a su debido tiempo. 
No olvidando esto, puesto que así es la situación, no significa que no tengamos una opinión y unas competencias en temas de derechos humanos. 
Tengo la gran esperanza de que en los próximos meses la Comisión pueda elaborar una comunicación sobre derechos humanos en la que se señale, entre otras cosas, que el respeto hacia los derechos humanos en China u otras partes del planeta y los intereses comerciales y de otro tipo de la Unión Europea no están ni mucho menos desconectados. 
Creo desde hace mucho tiempo que todos debiéramos reconocer que los países en los que es mejor hacer negocios son aquéllos que tratan más correctamente a sus propios ciudadanos, en todas partes del mundo. 
Repito que hemos dado a conocer nuestra postura sobre el Tíbet a los chinos. 
Durante los pocos meses en que he sido comisario, ello se ha hecho en dos ocasiones, la primera en Nueva York en nuestra reunión con el ministro Tang y la más reciente en la reunión de Pekín, y seguiremos haciendo ostensible esta preocupación. 
Si puedo hacer una recomendación literaria a Su Señoría, a quien reconozco que le interesan estos temas, le recomiendo un libro publicado justo antes de Navidades, escrito por Isabel Hilton, la reputada periodista, sobre los problemas del Tíbet. 
Señor Presidente, permítame que abra mi pregunta complementaria con el saludo tibetano, que significa nada menos que paz y felicidad. 
En el Tíbet no sólo están amenazados los derechos humanos y el medio ambiente, sino también un patrimonio cultural único, que puede transmitir a los europeos valores importantes como los de la tranquilidad, la pausa y la compasión, como la llama el Dalai Lama. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas puede adoptar la Comisión para apoyar de manera más concreta la propuesta de Su Santidad, el Dalai Lama, a favor de una solución pacífica del problema del Tíbet? 
Yo quiero recordar que la inacción acabará suponiendo la muerte de la cultura tibetana y la extinción del pueblo tibetano. 
Me solidarizo con lo que ha dicho Su Señoría sobre la herencia cultural y la tradición budista. 
Como Su Señoría, he leído la autobiografía del Dalai Lama. 
Es una descripción sumamente emotiva, no sólo de sus responsabilidades en y hacia el Tíbet, sino también de sus puntos de vista espirituales. 
La Comisión, como otros, ha instado al diálogo. 
El Dalai Lama ha dejado claro que lo que desea es un diálogo pacífico. 
Ojalá las autoridades chinas hubieran respondido de forma consecuente y positiva a esa apertura del Dalai Lama. 
Por la época de la visita del presidente Clinton a China, el Presidente de la República Popular de China daba la impresión de tener el diálogo en su agenda. 
Sería muy beneficioso, no sólo para el Tíbet y para todos los que creen en la paz y la estabilidad en Asia, sino que también lo sería mucho para la reputación del Gobierno de la República Popular de China, que respondieran a esos intentos de entablar un diálogo. 
Pregunta nº 31 formulada por (H-0795/99): 
Asunto: Reglamentación relativa a la buena administración de la UE rechazada por la Comisión Según informaciones aparecidas en la prensa, la Comisión ha rechazado la propuesta del Sr. Jacob Söderman, Defensor del Pueblo europeo, sobre el derecho de los ciudadanos a una buena administración en la UE. 
La propia Comisión ha aceptado la idea de una reglamentación en la materia, pero no ha admitido en este momento la propuesta concreta realizada, sino que se ha limitado a dar una serie de instrucciones complementarias sobre la mejora del servicio. 
¿Es cierta esta información? 
¿Cuál es el motivo de la actuación de la Comisión y cómo piensa explicar ésta la diferencia que su proceder genera entre las palabras y los hechos en lo que se refiere a la reforma de la administración de la UE? 
¿Considera la Comisión que lo ocurrido está en consonancia con el programa quinquenal acordado en septiembre por el Parlamento Europeo y la Comisión? 
¿Está dispuesta la Comisión a presentar una propuesta detallada sobre la reglamentación relativa a la buena administración de tal forma que también el Parlamento pueda opinar sobre ella? 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Patten. 
Las informaciones aparecidas en la prensa a las que hace referencia Su Señoría son, a mi parecer, engañosas e inexactas. 
En noviembre de 1999 la Comisión aprobó en primera lectura un código de buen comportamiento administrativo para incorporar a su Reglamento. 
En este momento la Comisión está consultando a los representantes de su personal acerca del documento, un proceso que estará finalizado en las próximas semanas. 
La Comisión aprobará entonces el código en segunda lectura. 
Hay que precisar que la nueva Comisión dio curso inmediato a la decisión del Defensor del Pueblo europeo de 28 de julio de 1999 con su consulta por iniciativa propia acerca del código. 
La Comisión querría destacar en particular que en la redacción del código ha tomado en consideración todos los proyectos de recomendaciones del Defensor del Pueblo europeo. 
El código será un documento que tratará exclusivamente de las relaciones de la administración de la Comisión con los ciudadanos. 
Se aprobará mediante una decisión jurídicamente vinculante de la Comisión que se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
El documento se ha elaborado teniendo plenamente en cuenta las disposiciones recogidas en el borrador elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo europeo. 
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los Tratados, el legislador responsable de establecer el Reglamento de la Comisión es la propia Comisión. 
Sin embargo, huelga decir que la Comisión se adhiere al principio de mantener un diálogo político regular con el Parlamento Europeo sobre todos los aspectos de la reforma administrativa. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Comisario y le preguntaría todavía que ¿cuándo está previsto que entren finalmente en vigor estas instrucciones? , habida cuenta que éstas llevan realizándose desde el año 1997. 
Las informaciones aparecidas en la prensa eran engañosas. 
Yo no creo que exista ninguna diferencia entre nosotros y el Defensor del Pueblo. 
Está la cuestión de la base legislativa, sobre la que nos hemos asesorado bien, y creo que pisamos terreno firme a ese respecto. 
Quiero reiterar que los diputados que, al igual que la diputada que ha formulado la pregunta, tengan un especial interés en este tema, querrán mantener un diálogo sobre el mismo. 
Es sumamente importante y entiendo la preocupación de Su Señoría. 
Quiero dar las gracias a la Comisión por algo que considero una respuesta muy positiva. 
Para estar seguro, quisiera una confirmación de que realmente no hay nada en la propuesta de Jacob Söderman, en cuanto a la Comisión y a la buena administración, que la Comisión encuentre inaceptable. 
¿Es exacto que se va a aprobar el contenido de la propuesta en todas sus partes? 
Déjeme leer lo que dice en mis notas- ¡y puesto que está en mis notas debe ser cierto! 
"Quisiera volver a destacar que la Comisión ha aceptado todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo contenidas en su borrador de recomendaciones de julio de 1999". 
Ambos documentos, esto es, el documento de la Comisión y el borrador del Defensor del Pueblo, tocan en gran medida los mismos puntos. 
La única cuestión de importancia que ha surgido es la de la base legislativa. 
Puedo entrar en detalle si Su Señoría lo desea, pero no cabe duda de que estamos en completa armonía con el Defensor del Pueblo en este importante tema. 
Con mucho gusto incorporamos a la bibliografía las notas del Sr. Patten, como otro libro de cabecera que tendremos en cuenta los diputados. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 32 decae. 
Le pido disculpas al Sr. Vitorino por esta descortesía parlamentaria, que lamento. 
Queda exonerado, según el Reglamento, de contestar. 
Le deseo muy buenas tardes. 
Preguntas dirigidas al Sr. Nielson, a quien sustituye el Sr. Patten 
Las preguntas 33 y 34 de la segunda parte del turno de preguntas a la Comisión tenían como destinatario al Sr. Nielson. 
El Sr. Nielson no puede estar presente hoy por encontrarse en Sudáfrica. 
Tengo que decirles que la vicepresidenta de la Comisión, Sra. Loyola de Palacio, me ha enviado una atenta carta dando todo tipo de explicaciones y comunicando que el Sr. Patten será el que conteste estas preguntas. 
Pregunta nº 33 formulada por (H-0829/99): 
Asunto: Integración de la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en la política de ayuda al desarrollo de la UE En 1995 el Consejo de Ministros elaboró las directrices para la integración de la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en toda la política de ayuda al desarrollo de la UE. 
Estas directrices exigen que todo el personal que trabaja en cuestiones de desarrollo reciba una formación continua en materia de igualdad. 
No obstante, hasta ahora sólo unas 50 personas han recibido dicha formación, que sigue sin ser obligatoria en el seno de la Dirección General encargada de esta ayuda. 
La integración de la dimensión de la igualdad implica la toma en consideración de la igualdad entre mujeres y hombres como parte integrante de cualquier política, estrategia o iniciativa en el ámbito del desarrollo. 
Para conseguir este objetivo, la directrices del Consejo deben aplicarse en su integridad. 
El personal actual debe recibir formación obligatoria en cuestiones de igualdad y una formación de 1-2 días en tales cuestiones debe ser un elemento esencial en los cursos introductorios de la Dirección General para el nuevo personal. 
¿Se propone la Comisión aplicar estas medidas? 
Quisiera antes de nada destacar cuánto ha sentido mi colega el Sr. Nielson no poder estar aquí, pero a los diputados que les interesan estas cuestiones de desarrollo sabrán lo importante que es su misión, intentando garantizar que sobreviva nuestro acuerdo con Sudáfrica. 
La Comisión está dispuesta a considerar la posibilidad de que haya en los cursos de iniciación para el nuevo personal una parte dedicada a la igualdad entre hombres y mujeres en la política de ayuda al desarrollo, algo que ya se ha hecho pero, admitámoslo, no de forma regular. 
La formación del personal que se traslada a las delegaciones en las diferentes regiones es otro punto de acceso. 
La formación se realizaría entonces automáticamente sin ser obligatoria. 
También nos proponemos incluir la formación sobre estos temas en la formación básica que reciben nuestros funcionarios dentro de la gestión del ciclo de los proyectos. 
En la medida de lo posible, queremos que este tipo de formación entre automáticamente en los programas al principio, en lugar de tener que ser abordada aparte y posteriormente. 
Mi propio punto de vista como antiguo ministro de desarrollo es que estos temas deben pasar a ser una parte básica de la formación y ser abordados dentro del núcleo de ésta, no convertirse en una especie de añadido opcional. 
No debo seguir mencionando libros, pero he estado leyendo últimamente el libro de David Landis Barnhill, que trata sobre qué hace que algunos países sean prósperos y otros menos prósperos, y es interesante ver la importancia que concede a los temas de igualdad entre los sexos, en la prosperidad económica y la estabilidad política de las sociedades, remontándose varios milenios. 
En segundo lugar, desde mi punto de vista, aunque la formación de la que hablamos no debiera ser obligatoria- al fin y al cabo no existe formación obligatoria sobre ninguna cosa en la Comisión -, sí debiera ser esencial. 
Y, puesto que debiera ser esencial, yo esperaría que todo el mundo se ocupara de contar con una adecuada formación en la materia. 
Esto es válido para todos, sea cual sea su rango. 
No es algo que los funcionarios que tengan un cargo más alto puedan considerar adecuado para sus subalternos y pensar que ellos son demasiado mayores o tienen demasiada antigüedad para recibirlo ellos mismos. 
En tercer lugar, uno de los mejores enfoques de este tema es el de integrar las cuestiones de igualdad entre los sexos como tema transversal en los cursos más populares para los funcionarios dedicados a temas de desarrollo y, sobre todo, quizá para el curso de gestión del ciclo del proyecto, que es fundamental para una buena gestión de los proyectos sobre el terreno. 
Por lo tanto, me solidarizo mucho con lo que ha dicho Su Señoría. 
Espero que el enfoque que estamos siguiendo demuestre a la vez el carácter práctico y la necesidad imperiosa de dar a esto la atención que merece. 
Desde 1991 la Comunidad ha prestado una considerable ayuda financiera a los Nuevos Estados Independientes, incluidos los países de Asia central. 
La mayor parte de la ayuda de la Unión Europea se ha prestado dentro del programa TACIS. 
En 1998 y 1999 Kirguizstán, Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán recibieron asistencia técnica por valor de 75 millones de euros. 
Esta ayuda ha producido beneficios en todos los sectores, en particular la agricultura, el desarrollo de infraestructuras, la economía privada y el fortalecimiento de las instituciones. 
Consideraciones de seguridad han impedido que Tayikistán se beneficiara plenamente de TACIS, pero en 1998 y 1999 ha estado en marcha un programa de rehabilitación de 7,2 millones de euros. 
Además de los programas nacionales, la Unión Europea ha apoyado importantes acciones regionales en los sectores de la energía, el transporte y el medio ambiente. 
En 1996 se iniciaron programas de seguridad alimentaria en Asia, tras un período de dos años en los que la Unión Europea prestó ayuda alimentaria en especie. 
Estos programas han beneficiado a Kirguizstán y, en una medida algo menor, a Tayikistán. 
La financiación de programas con NGO en Tayikistán ascendió a 7,42 millones de euros en 1998 y 1999. 
Durante el mismo período, Kirguizstán recibió 17 millones de euros. 
Desde 1993, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea de la Comisión, ECHO, ha estado prestando ayuda a los grupos y sectores más vulnerables en Tayikistán y Kirguizstán. 
En 1998 y 1999 se concedieron a Kirguizstán 3,8 millones de euros, y Tayikistán recibió más de 35 millones de euros, principalmente para alimentos, suministros médicos, agua y saneamiento. 
Los frecuentes informes de seguimiento y de situación han puesto de manifiesto que la ayuda de la Unión Europea está contribuyendo a la estabilidad de estos países y, por lo tanto, al proceso de paz en marcha. 
Señor Presidente, señor Comisario, Asia central y la zona del mar Caspio amenazan con convertirse en los Balcanes del siglo XXI. 
Por esto también es precisamente muy importante la estabilización de los grandes Estados de Turkmenistán y Uzbekistán. 
Por consiguiente, yo quisiera preguntarle por un tema de su competencia, a saber, cuál es el estado de las negociaciones de los acuerdos de cooperación con ambos países, o sea, de las relaciones políticas. 
Esto es de su competencia directa; mi otra pregunta se refiere al ámbito de competencias del colega Nielsen, concretamente a la cooperación ecológica, en particular en lo que se refiere al agua y a la problemática de los monocultivos de algodón, que agravan la sequía. 
Hace un par de semanas, en la cumbre de Estambul, pudimos reunirnos y mantener conversaciones con algunas de las repúblicas de Asia Central. 
Es mi ferviente deseo que intensifiquemos nuestras relaciones con ellas. 
Si lo desea, puedo enviar a Su Señoría un análisis pormenorizado de en qué punto se encuentra exactamente la negociación de los acuerdos de asociación y cooperación con cada una de las repúblicas de Asia Central. 
Obviamente, todo el mundo esperará que su predicción de lo que pueda pasar en el futuro sea más bien pesimista. 
Pero no tengo ninguna duda de que tiene razón al señalar la importancia estratégica de Asia Central. 
También he escuchado a Su Señoría hablar del Cáucaso en el pasado. 
Tiene toda la razón al afirmar que una Unión que habla de prevención de conflictos tendría que ver qué puede hacer en estas áreas concretas para garantizar que en el futuro no haya el tipo de conflicto que tanta devastación ha causado en los Balcanes y que nos ha costado muchísimo más de lo que habríamos podido gastar de otro modo, si hubiéramos tomado más medidas preventivas de haber sido posible. 
Por lo tanto, las reflexiones de Su Señoría acerca de la importancia estratégica de estas regiones están extremadamente bien realizadas. 
Estamos contribuyendo a programas en la región que tienen alguna repercusión ecológica. 
Nuestros programas alimentarios están directamente relacionados con reformas estructurales en el sector agrario, así como con la erradicación de la pobreza. 
Estos programas en sí están destinados a garantizar que la agricultura tenga una posición más sólida en esas sociedades y que no consista simplemente en esquilmar la tierra. 
Hay un aspecto ecológico al que debemos continuar dando prioridad. 
Tomamos muy buena nota también de que el diputado autor de la pregunta ha aplaudido la contestación del Sr. Comisario. 
No es un hecho habitual. 
Y además no le ha citado bibliografía el Sr. Comisario en este caso. 
Muchas gracias, Sr. Patten, por sus intervenciones de hoy. 
Pregunta nº 35 formulada por (H-0778/99): 
Asunto: Plan de acción griego para el empleo Según los resultados de la evaluación del plan de acción para el empleo, Grecia constituye, junto con Italia, el principal objetivo de las observaciones de la Comisión en lo que concierne a su inconsecuencia en cuanto a las medidas y políticas de apoyo al empleo. 
El informe menciona que Grecia e Italia no han logrado aún los objetivos referentes a la mejora de la "empleabilidad", y es incierto si las políticas que prevén aplicar permiten satisfacer las directrices relativas a la prevención del desempleo de larga duración y la lucha contra el mismo. 
Con respecto a Grecia, se afirma igualmente que carece de todo proyecto para adoptar a corto y medio plazo medidas dirigidas a reducir las cargas fiscales y sociales del trabajo con el fin de utilizar de modo satisfactorio los recursos del FSE destinados a apoyar las políticas de empleo, y que no hay datos concretos sobre el empleo. 
¿Puede indicar la Comisión si el Gobierno griego ha adquirido compromisos concretos sobre el modo en que piensa abordar el problema del desempleo juvenil y de larga duración, y, en caso afirmativo, de cuáles se trata? ¿Ha instaurado y aplicado un sistema idóneo de detección, registro y control de las oscilaciones del desempleo, o sigue limitándose la mayoría de las medidas a un mero recuento de los desempleados? 
- (EL) Por lo que respecta a la pregunta del Sr. Papayannakis, en el paquete de medidas de 1999 para el empleo, la Comisión proponía ciertas recomendaciones para Grecia con el objetivo de aumentar la eficacia de las medidas para el empleo. 
Las más importantes se refieren a la necesidad de reforzar el proceso de reforma de los servicios públicos, en los que hay problemas, la necesidad de mejorar el sistema estadístico de seguimiento, y la necesidad de aplicar políticas preventivas de acuerdo con las directrices 1 y 2 del paquete para el empleo. 
Hemos de decir que el gobierno griego, en el marco de la aplicación de la política contra el paro, tenía dos programas concretos en 1999: «sí a la vida profesional» y «de nuevo al trabajo». 
Carecemos por el momento de resultados definitivos de estos programas para constatar si se han alcanzado los objetivos cuantitativos. 
Hoy el gobierno griego reconoce el problema existente en cuanto a la imposibilidad de registrar el flujo de personas que consiguen y pierden los puestos de trabajo, y por ello se ha comprometido, primero, a una reorganización de los servicios públicos de empleo del país; segundo, a la creación de oficinas de empleo eficaces- este programa ya está en marcha, pero no se ha completado todavía -; tercero, a la introducción de un sistema de tarjetas electrónicas de empleo y al uso de los sistemas electrónicos adecuados para garantizar el seguimiento de todas estas políticas. 
En el nuevo programa presentado para el período 2000-2006, financiado por el Fondo Social Europeo, se tendrán que activar, con el apoyo también de la Comisión, los recursos necesarios y las políticas adecuadas para la materialización de los objetivos a los que me he referido. 
La Comisión seguirá de cerca la acción del gobierno griego en cumplimiento de los compromisos que ha contraído. 
Agradezco su respuesta a la señora Comisaria. 
Con todo, señora Comisaria, nos encontramos en la siguiente situación: ocupamos el segundo lugar en cifras de paro en Europa, es decir, el 11,3 % -no lo ocupábamos anteriormente -, tenemos el mayor índice de aumento del paro, gastamos menos que nadie en los parados, es decir, menos del 1% del PIB, cuando los demás países gastan el 3 ó el 4% (Francia, Bélgica y Alemania, por ejemplo) , y además no está claro cómo se gastaron los dineros del Fondo Social Europeo concedidos, entre otras cosas, para la lucha contra el paro. 
Me dice usted que han hecho ciertas recomendaciones desde la Comisión. 
Lo acepto y me congratulo por ello; ojalá que las recomendaciones sean observadas. 
Sin embargo, desde hace tiempo me pregunto: ¿qué ha pasado con las anteriores políticas? 
¿Ha encontrado alguien trabajo? 
Durante los dos años anteriores, si es que no puede darnos datos de este año. 
¿Qué ha pasado con la formación? 
¿Esos famosos centros de formación están para emplear a los formadores o para que encuentren empleo quienes allí reciben formación? 
¿Tenemos datos? 
¿Tenemos, pues, la posibilidad de controlar de alguna manera cómo se está desarrollando esta política del gobierno griego? 
- (EL) Señor Papayannakis, lo que podría responderle es que realmente el gobierno griego tendrá que redoblar los esfuerzos para implantar el registro estadístico electrónico y para dotarse de estructuras que permitan, por una parte, que los programas que se aplican arrojen los resultados cuantitativos a los que usted se refiere, y, por otra, que pueda hacerse un seguimiento que facilite el trazado de las políticas adecuadas. 
Grecia presenta un aumento del porcentaje de empleo y un aumento también- por lo que veo aquí- de la productividad. 
Lo que la Comisión puede hacer atañe a las directrices concretas. 
Como usted sabe, las directrices, por las que cada uno de los países es juzgado, son veintidós. Se refieren al acceso a la formación, al porcentaje de acceso de hombres y mujeres a la formación, y a las medidas especiales para los parados de larga duración. 
La Comisión intentará, en todos estos ámbitos, porcentualizar las magnitudes y disponer de los datos concretos, sobre la base de la materialización del nuevo marco comunitario 2000-2006. 
Pregunta nº 36 formulada por (H-0782/99): 
Asunto: El sistema danés de prejubilación ¿Puede indicar la Comisión si se ha reconocido el sistema danés de prejubilación en su totalidad y si existe alguna discrepancia entre Dinamarca y la Comisión en otros ámbitos sociales? 
- (EL) Con el sistema danés de jubilación, el sistema Efterløn, se pueden jubilar sólo los residentes en Dinamarca que hayan completado los períodos de trabajo exigidos en dicho país. 
Hay trabajadores que se han quejado a la Comisión Europea porque no tiene derecho a la jubilación. 
Las autoridades danesas no se consideran obligadas por la legislación comunitaria a desembolsar compensación alguna a los trabajadores prejubilados cuando éstos no cumplen los requisitos fijados por la ley de Dinamarca. 
Hay que señalar que el reglamento en vigor dedicado a los sistemas de seguridad social no menciona en su redacción actual nada referido a la prejubilación. La Comisión ha propuesto ciertas modificaciones al reglamento, las cuales, sin embargo, están pendientes del Consejo. 
Hasta ahora no existe jurisprudencia sobre el Efterløn en el Tribunal Europeo, pero se podría defender con fundamento que el requisito de residencia es incompatible con las disposiciones generales hoy vigentes que prohiben las discriminaciones basadas en la nacionalidad. 
Los servicios de la Comisión Europea han iniciado un proceso de encuentros y reuniones con el Gobierno danés, a fin de hallar una lengua común y un tratamiento común de la cuestión. 
La última reunión dedicada a este asunto tuvo lugar en noviembre de 1999 y estamos a la espera de las propuestas definitivas de los servicios de la Comisión para considerar si habrá que abrir procedimiento por infracción contra Dinamarca. 
He observado que la señora Comisaria no ha respondido directamente a la pregunta de si el régimen danés de jubilaciones anticipadas ha sido aprobado en su totalidad por la Comisión, no obstante, de su respuesta indirectamente se desprendió que la respuesta es negativa. 
Me gustaría pedirle la señora Comisaria que certificara explícitamente que el régimen no ha sido aprobado por la Comisión. 
Y tanto más cuando la señora Comisaria indicó que se está considerando seriamente someter toda la cuestión del régimen danés de jubilaciones anticipadas al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, precisamente sobre la base de que existe una discriminación de hecho con respecto a los asalariados no daneses que no pueden cumplir las condiciones como consecuencia de que el tiempo durante el que han desempeñado un trabajo asalariado no es el que se exige en el sistema danés. 
Me gustaría preguntarle a la señora Comisaria si puede dar algún margen de tiempo aproximado en este asunto, pues es un problema que precisa ser aclarado en el debate danés en materia de política social. 
Le estaría agradecido a la señora Comisaria si pudiera profundizar en esta cuestión. 
- (EL) Señoría, lo que yo quiero resaltar es que tanto en Dinamarca como en muchos otros países hay problemas de interpretación de las directivas y de incorporación de las directivas al derecho nacional. 
Éste es uno de esos casos, y en estos momentos hay un debate en curso entre el Gobierno danés y la Comisión, a fin precisamente de que el problema pueda resolverse del mejor modo posible en beneficio de los trabajadores que cumplen los requisitos y que, de acuerdo con el régimen vigente, tienen derechos a esa jubilación. 
Brevemente, sólo para continuar con el último punto. Invito a la Comisión a que deje absolutamente claro que sus objeciones, tal y como se presentan, no infringirán en modo alguno los derechos de los ciudadanos daneses a beneficiarse de este sistema, sino que simplemente se preocupa, tal como tiene derecho a hacer de acuerdo con el Derecho comunitario, de garantizar que el sistema sea aplicable a todos los ciudadanos de la UE que cumplan las condiciones. 
- (EL) Creo que la respuesta es breve y precisa. 
Naturalmente, es como usted acaba de decir. 
No habrá ningún problema para los ciudadanos daneses; no está ahí el problema. 
El problema afecta a ciudadanos, daneses o no daneses, no residentes en Dinamarca. 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0791/99): 
Asunto: Directiva relativa al tiempo de trabajo ¿Podría indicar la Comisión qué medidas propone para garantizar un nivel de protección equivalente al establecido en la Directiva relativa al tiempo de trabajo de 1993, para los médicos generalistas que trabajen en hospitales, que quedaron excluidos de dicha Directiva y que han vuelto a quedar excluidos de la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/104/CE (COM (98) 0662-C4-0715/98- 98/0318 (SYN) )? 
- (EL) Hay una propuesta de directiva para la modificación de la directiva en lo que respecta al tiempo de trabajo de los médicos en prácticas que trabajan en hospitales. 
El contenido de la propuesta atañe a la jornada semanal media de 48 horas de los médicos, con posibilidades, mediante negociación, de que llegue a las 54 horas. 
En este asunto hay acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento por lo que respecta al contenido; hay desacuerdo, sin embargo, en cuanto al período transitorio para la aplicación práctica de la directiva. 
Y es así que la propuesta del Parlamento es cuatro años, la de la Comisión es siete, y la del Consejo, trece años. 
Esta propuesta sigue siendo objeto de debate entre el Consejo y el Parlamento, de conformidad con el procedimiento de codecisión. 
A pesar de este desacuerdo, debemos destacar que en el contenido hay acuerdo de los tres órganos, y que se está haciendo el mayor esfuerzo posible para que este asunto tan importante y delicado, que atañe a un número extraordinariamente elevado de trabajadores médicos en toda Europa, pueda tener un tratamiento común. 
Pregunta nº 38 formulada por (H-0805/99): 
Asunto: Medidas para hacer frente a la igualdad entre hombres y mujeres Uno de los grupos de trabajo de los Comisarios anunciado por el Presidente Prodi tiene como objetivo promover medidas para hacer frente a la igualdad de los hombres y mujeres (mainstreaming). 
¿Quiénes son los Comisarios que forman el grupo? 
¿Cuántas veces se ha reunido hasta ahora? 
¿Cuáles son las medidas concretas que han sido discutidas? 
- (EL) La pregunta contiene diferentes apartados. 
Se refiere al grupo especial de la Comisión dedicado a los asuntos relacionados con la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Los Comisarios que participan son: el Presidente Prodi, el Vicepresidente Kinnock, el Sr. Reding y yo misma. 
Las reuniones del grupo son abiertas y la primera reunión se celebró el día 11 de enero. 
Se trataron tres serios asuntos: en primer lugar se debatió por primera vez sobre el quinto programa para las mujeres, del que yo presenté un primer análisis; en segundo lugar se trató del informe del Sr. Busquin sobre investigación y sobre la participación de las mujeres en la investigación y la ciencia; el tercer asunto, finalmente, fue presentado por el Sr. Kinnock, que informó a la Comisión del esfuerzo que se está haciendo para que se tome en consideración la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en la reforma general que se está impulsando en la Comunidad. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por su respuesta, aunque tengo que lamentar que este grupo de trabajo haya tardado tanto en reunirse, siendo éste un asunto de la mayor importancia; nosotros confiábamos en que esta Comisión, desde el principio, empezara a trabajar en todo lo que se refiere a conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
Espero que en el futuro las cosas cambien y que las reuniones sean frecuentes, porque hay muchos asuntos que requieren la atención de la Comisión para agilizar y llevar a buen término, en el menor plazo posible, las medidas que faciliten una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
Sra. diputada, se trata de una exhortación y no de una pregunta. 
Pero si la Sra. Comisaria quiere dar doctrina o buenas intenciones... 
- (EL) Me dará, en todo caso, la oportunidad de decir sólo una cosa: estoy de acuerdo en que esa primera reunión del grupo debería haberse celebrado antes, pero nos compensa el contenido, puesto que se tomaron inmediatamente decisiones importantes. 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0807/99): 
Asunto: Iniciativa comunitaria EQUAL El 13.10.1999, la Comisión aprobó la iniciativa comunitaria EQUAL, que tiene por objetivo la colaboración transfronteriza con el fin de encontrar y desarrollar nuevos modos de combatir la discriminación y la desigualdad en el mercado laboral, principalmente en lo que concierne a los solicitantes de asilo. 
En este marco, cada Estado miembro presentará propuestas a través de un Programa de Iniciativa Comunitaria que abarcará su territorio. 
¿Con qué criterios aceptará o rechazará la Comisión los citados programas de los Estados miembros? 
¿Qué órgano comunitario controlará la financiación del grupo de dirección y del comité de supervisión así como la aplicación fiable y correcta del programa? 
Teniendo en cuenta que la contribución del Fondo Social Europeo para el período 2000-2006 ascenderá a 2.487 millones de euros y que la iniciativa EQUAL es de financiación conjunta con los Estados miembros, ¿cuál será la tasa de contribución de Grecia? 
- (EL) La iniciativa EQUAL no se circunscribe a determinados grupos de personas. 
Se propone hacer frente a la discriminación en el espacio laboral. 
La decisión de poner en marcha esta iniciativa se tomó en Berlín y allí se decidió que tomara en consideración e incluyera en sus acciones a los grupos profesionales de las personas solicitantes de asilo. 
El Programa de Iniciativa Comunitaria de cada uno de los estados miembros tiene que ajustarse a los reglamentos, que son iguales que el reglamento del Fondo Social Europeo, es decir, la iniciativa EQUAL se atiene al reglamento del Fondo Social Europeo. 
Ha sido presentada al Parlamento y esperamos el próximo mes el dictamen del Parlamento. 
Debo destacar que la iniciativa EQUAL responde a necesidades nacionales y a planes nacionales, que se definen con arreglo a la estrategia europea acordada. 
Responsables en primera instancia de la constitución de las agencias comunes, de la presentación de las propuestas, de la elección de las personas que materializarán los programas- y también del control en primera instancia- son los gobiernos nacionales. 
En la Comisión Europea, la Dirección General de Empleo tiene competencias sobre la aplicación, mientras que el control financiero será ejercido, claro está, por la Dirección General de Control Financiero, así como por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y por el Tribunal de Cuentas. 
La última pregunta se refiere a la cantidad concedida. 
A Grecia se le han concedido 98 millones de ECUs y la obligación de participación es del 80%, mientras que para las regiones insulares, y sobre todo para las islas griegas más alejadas, la participación de la iniciativa llega al 85% con participación propia correspondiente del 15%. 
Señor Presidente, soy de la opinión de que las directrices sobre la iniciativa comunitaria EQUAL, y especialmente las cuatro actuaciones que en ella se describen, conducen a un esquema burocrático muy complejo y, paradójicamente, poco transparente. 
Por ejemplo, uno se pregunta de que manera una asociación para el desarrollo podrá demostrar que tiene espíritu de colaboración o capacidad de representación como dice la acción 2 en el párrafo 33 de las directrices. 
Por otra parte, la obligatoriedad de colaboración interestatal y las complejas exigencias al planeamiento y a la plasmación de una asociación para el desarrollo remiten fatalmente a grandes formaciones, que son los únicas que pueden responder a semejantes exigencias. 
Esto, sin embargo, entra en contradicción con la pregonada voluntad de los objetivos generales, que contemplan planes de acción descentralizados, y, precisamente en el ámbito de la administración local y del mundo rural. 
Y además, al mismo tiempo, hace la participación de los realmente más desfavorecidos- como los solicitantes de asilo, los emigrantes y otros- imposible o meramente simbólica. 
Finalmente, si se considera la cantidad global, que es más bien pequeña- 2.800 millones de euros para 15 países y objetivos tan ambiciosos -, me temo que lo único que finalmente conseguiremos será demostrar que el paro es una cosa muy mala. 
- (EL) En primer lugar, diría que ya que nos encontramos en la fase de elaboración por el Parlamento, realmente nos ayudará mucho que se nos hagan propuestas concretas, que serán tomadas por nosotros en consideración. 
En segundo lugar, tengo que decir que el objetivo de la iniciativa EQUAL no es la reducción del paro. Esta iniciativa no puede plantearse la cuestión de la reducción del paro, ni tampoco el apoyo a la creación de empleo. 
Para estos objetivos está la estrategia europea para el empleo, está el Fondo Social Europeo, con cantidades verdaderamente grandes y extraordinarios recursos, especialmente para países como Grecia. 
La iniciativa EQUAL tiene una misión concreta. 
Estimular, ayudar el impulso; elaborar datos estadísticos, animar investigaciones e instancias que apoyen a los grupos de población con problemas de discriminación. 
Lo que pedimos, por tanto, es la colaboración entre grupos locales, instituciones de la administración local, entre los países, de suerte que se propicie el intercambio de experiencias, que es lo que ante todo pretendemos, que un país transmita su experiencia a otro para que pueda reproducirse. 
Con esta lógica se ha estructurado la inicativa- por ello su presupuesto es el que corresponde -, y nuestro objetivo es asociar a la iniciativa al máximo de agentes del desarrollo, a organizaciones no gubernamentales, a los poderes locales, de manera que llegue lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Pregunta nº 40 formulada por (H-0808/99): 
Asunto: Artículo 13 del TUE y empleo El proyecto de directiva de la Comisión por la que se establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo prevé una excepción para las organizaciones religiosas (apartado 2 del artículo 4). 
¿Podría la Comisión informar al Parlamento de las circunstancias y de los grupos a que se refiere el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea que previsiblemente se verán afectados por dicha excepción? 
- (EL) Hace un mes la Comisión presentó una propuesta que establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo, de acuerdo con el mandato del Tratado para la materialización del artículo 13. 
La prohibición de la discriminación es la norma que preside el paquete de directrices y programas que hemos presentado. 
A propuesta, sin embargo, de la Comisión, y tras unos dos años de consultas- con agentes sociales, con los estados miembros, con el Parlamento Europeo -, se han introducido ciertas excepciones. 
Y estas excepciones afectan a profesiones que han de ser ejercidas por personas con una especialización profesional genuina. 
Y voy a poner un ejemplo muy concreto para que quede claro. 
En un colegio religioso, es lógico que se solicite, y sea aceptada, la excepción; de suerte que los docentes profesen la confesión a la que pertenece el colegio religioso en cuestión. 
La excepciones son, pues, de este tipo. 
Es evidente que no se trata de una excepción general, sino que estas diferencias de trato que permiten a los estados miembros tener disposiciones especiales están justificadas sólo cuando atañen a esta singular especialización profesional. 
Esta es una interpretación perversa de la terminación de la discriminación. 
Por ejemplo, las escuelas religiosas podrían decir a un católico romano, con bastante razón: no queremos emplearle a usted porque es homosexual o porque es lesbiana. 
Aquí tenemos por parte de la Comisión un refuerzo de la jerarquía de la opresión. 
Seguramente lo que tendríamos que estar haciendo, y espero que usted esté de acuerdo, Comisario, es contratar a la persona para que haga el trabajo basándonos en su capacidad, y no consagrar esa intolerancia y esos prejuicios, por mucha sinceridad con que se sostengan. 
- (EL) Debo destacar que esta excepción no puede adoptar la forma de negación de trabajo por cualquier razón. Por lo que usted ha mencionado, por razones de orientación sexual, a causa de la discriminación nacional o cualquier otra. 
Ofrece sencillamente, y sólo donde se requieren determinados requisitos que tienen relación directa con la actividad, la posibilidad de selección. 
Se trata, por consiguiente, de una discriminación positiva. 
En el ejemplo que usted ha puesto, en el colegio católico parece lógico que los profesores sean católicos. 
Sólo este tipo de excepción puede ser aceptado. 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0813/99): 
Asunto: Promoción de empleo para las mujeres en zonas muy desfavorecidas A la vista de las enormes dificultades que tienen las mujeres en algunas zonas muy desfavorecidas para acceder a empleos y teniendo en cuenta que muy frecuentemente no disponen del mínimo capital económico, de tradición empresarial o cooperativa ni de facilidades de formación y viven en zonas rurales en las que el umbral de pobreza llega a afectar al 80% de la población, ¿qué medidas o acciones se prevén para que estas mujeres puedan superar las barreras sociales de su entorno? 
¿Propondrá la Comisión políticas de mínimos adecuadas a estas situaciones límite pero reales? 
¿Se quedarán de nuevo estas mujeres al margen de las nuevas políticas de empleo? 
- (EL) Es evidente que para las zonas muy desfavorecidas de Europa existe la política de cohesión, y para la política de cohesión están la colaboración y la acción conjunta de los Fondos Estructurales, del Fondo Social Europeo y del Fondo Agrícola. 
Hay que decir que los recursos disponibles para las regiones con problemas representan un tercio del presupuesto total. 
Estas políticas regionales, que se llevan a cabo, siguiendo las directrices acordadas en común, claro está, en cada uno de los estados miembros- es decir, cada uno de los países es responsable de la aplicación de este programa -, persiguen el objetivo de incrementar las oportunidades de trabajo tanto para los hombres como para las mujeres. 
Tenemos que decir que el 70% de la financiación para el período 2000-2006, que es de 195.000 millones de euros, se concederá a las regiones más desfavorecidas de Europa. 
Por lo respecta, ahora, especialmente al asunto del acceso de las mujeres a las oportunidades que se presentan, hay que decir, primero, que en el Fondo Social Europeo se contempla todo un eje de actuación, que debe ser materializado por los estados miembros, que se refiere a la igualdad de oportunidades, es decir políticas específicas para las que se deben usar los fondos del Fondo Social y que atañen a las mujeres. 
Segundo, en la iniciativa LEADER, que en estos momentos está todavía en estudio, se concede prioridad especial a las estrategias de desarrollo que se proponen un apoyo específico a las mujeres en pequeñas empresas en el sector agrícola, en el turismo rural, con el fin de incrementar la participación e intervención de las mujeres en las zonas rurales. 
Gracias, señora Comisaria, porque me ha dado una respuesta bienintencionada, hecha con rigor y que valoro en sus términos. 
Sin embargo, le aseguro que, con los medios existentes- a los que usted alude- no llegamos a estas zonas muy desfavorecidas. 
Porque son zonas donde las carencias se superponen y hay que equipararlas con aquellas zonas en las que trabajamos en cooperación, donde casi no existe nada. 
Por eso, mi pregunta es si no podría usted estudiar la posibilidad de que algunas de las políticas de microcréditos, que han dada resultado en la cooperación, pudieran también aplicarse a estas mujeres en zonas muy desfavorecidas, que tienen todo en contra. 
Soy buena conocedora de los programas a los que usted alude. 
Le puedo asegurar que no llegamos allí donde más falta hace. 
Con esas previsiones de la política estructural- que conozco muy bien -, con las previsiones de LEADER y de desarrollo rural no llegamos a formentar, como hace falta, el empleo de las mujeres en las zonas muy desfavorecidas. 
Por eso, ruego que estudien la posibilidad de aplicar políticas de microcréditos. 
La Sra. Comisaria asiente y toma buena nota de la intervención de la Sra. Izquierdo Rojo. 
Pregunta nº 42 formulada por (H-0817/99): 
Asunto: Planes de la Comisión en relación con la presentación de un nuevo programa de acción social Es importante que la Comisión presente cuanto antes un nuevo programa de acción social en el que exponga un plan concreto, incluyendo el calendario para su aplicación, tanto en lo que respecta al trabajo legislativo en el ámbito de la protección social como en lo referente a la iniciativa para un acuerdo marco en el ámbito del diálogo social. 
¿Que planes concretos tiene la Comisión en relación con la presentación de un nuevo programa de acción social? 
- (EL) Calculamos que el nuevo programa para todo cuanto atañe a la acción social de la Comisión durante los próximos cinco años estará listo a finales del verano del 2000. 
Para que este programa se complete y podamos presentarlo, tendrán, antes, que culminar las consultas con el Parlamento, con los agentes sociales y con las organizaciones no gubernamentales. 
Un debate que ahora empieza, pero tendremos que tomar nota de los resultados de Lisboa. 
En el Consejo Europeo de Lisboa se va a intentar una nueva aproximación al problema de la exclusión social, la conexión de la exclusión social con la sociedad de la información y con la política económica y las reformas. 
Estos resultados serán muy importantes para la configuración del programa social de la Comisión. 
He repetido en el Parlamento Europeo que en abril, después de la reunión de Lisboa, se celebrará una reunión común del Parlamento y la Comisión, al objeto de debatir todos los aspectos de la cuestión y propiciar la cristalización definitiva del programa social para el período 2000-2006. 
Queremos ver las alternativas concretas y las iniciativas de acuerdos que presentará la Comisión en el próximo período. 
- (EL) Puedo expresar mi completo acuerdo con usted; primero, en que se tendrá en cuenta la sociedad de la información; es algo que yo misma he mencionado. 
La exclusión social, el programa para las mujeres, el esfuerzo que hacemos en el ámbito de la protección social, todo ha de contemplarse desde el prisma de la nueva realidad de la sociedad de la información. 
Segundo, es evidente que habrá calendarios en los que deberán materializarse las iniciativas, y habrá también un seguimiento sistemático. 
A lo que ya no puedo yo comprometerme es a lo que entraña su mención a la tarea legislativa en el ámbito de la seguridad social, que, como usted sabe, no está incluida en los artículos del Tratado; no hay base jurídica para cuestiones de seguridad social en el Tratado. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 43 decae. 
Pregunta nº 44 formulada por (H-0819/99): 
Asunto: Posibilidad de los discapacitados de beneficiarse de la libre circulación en la UE De conformidad con el artículo 13 del Tratado de Amsterdam, todos los ciudadanos de la UE deberán poder beneficiarse de la libre circulación en la Unión. 
Sin embargo, la libre circulación sigue siendo muy limitada para las personas con discapacidades físicas, que necesitan transportes adaptados y una asistencia personal. 
¿Qué medidas va a tomar la Comisión para mejorar las posibilidades de los discapacitados de beneficiarse de la libre circulación? 
- (EL) El 26 de noviembre de 1999, la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas para la lucha contra las discriminaciones. 
Por lo que respecta al paquete en cuestión y a las personas discapacitadas, hay una directiva dedicada a la erradicación de las discriminaciones, especialmente en el ámbito laboral. 
La Comisión Europea considera que esta iniciativa de lucha contra las discriminaciones contribuirá a un mayor nivel de empleo de las personas discapacitadas y, en definitiva, a la promoción de la libre circulación de las personas. 
Está claro que es especialmente importante el libre acceso de las personas discapacitadas a los medios de transporte, a los servicios, a todo tipo de instalaciones, de suerte que para los discapacitados sea materialmente posible la libre circulación. 
La Comisión Europea ha aprobado una propuesta de directiva relativa a ciertas disposiciones especiales para autobuses, autocares y otros, al objeto de que en estos vehículos se facilite el acceso a personas con problemas de movilidad, a personas que utilizan silla de ruedas. 
Hay que decir, además, que el 4 de junio de 1988 el Consejo aprobó una recomendación para la implantación de un modelo paneuropeo de tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas; algo que pretende contribuir a la libre presencia de estas personas con una tarjeta común en todos los países miembros, de modo que puedan beneficiarse de todos los aparcamientos organizados existentes en Europa. 
Agradezco a la Comisaria por su respuesta. 
Mi pregunta se refiere, en primer lugar, a las posibilidades de los discapacitados para cruzar las fronteras en Europa. 
Resulta bastante caro viajar de Gotemburgo a algún otro sitio de Europa, de vacaciones o en visita de estudios, si se está en una silla de ruedas y hay que tener un asistente personal para ayudar en lo que sea necesario. 
Doy las gracias a la Comisión por haber redactado un plan de acción. 
No obstante, si se tienen discapacidades físicas, resulta fundamental que se tengan medios económicos y posibilidades para cruzar las fronteras. 
Sería interesante saber si la Comisión también está dispuesta a destinar recursos económicos para que las personas con discapacidades puedan llegar más lejos que lo que les permite la silla de ruedas. 
- (EL) Me he referido a la directiva que ha propuesto la Comisión para la adaptación obligatoria de todos los medios de transporte colectivo, a fin de que puedan ser utilizados por personas discapacitadas. 
Esto no ha sido impulsado todavía por el Consejo; se encuentra en fase de consultas. 
Creo que semejante decisión estratégica puede tomarse en el ámbito europeo. 
Considero, por el contrario, excepcionalmente difícil especializarnos en programas de apoyo y para el transporte de cada persona en particular. 
Eso o bien puede darse a través de programas especiales que existen para la educación, los jóvenes, las mujeres y los intercambios, o bien ha de constituir asunto de las políticas nacionales. 
Pregunta nº 45 formulada por (H-0006/00): 
Asunto: Cumplimiento de la Directiva 96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores La Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores todavía no se aplica en Dinamarca a pesar de que ya ha vencido el plazo previsto. 
La propuesta de ley presentada en el Folketing no contiene norma alguna que regule los derechos de los trabajadores como consecuencia de los convenios colectivos. 
En virtud del apartado 8 del artículo 3 de la Directiva, las condiciones de trabajo y de empleo deben ser conformes a "los convenios colectivos celebrados por las organizaciones de los interlocutores sociales más representativas a escala nacional y que sean ampliamente aplicados en el conjunto del territorio nacional". 
No obstante, no se puede imponer a los interlocutores sociales la aplicación de un convenio de este tipo, es decir, fuera de su campo personal, sin un fundamento jurídico. 
Por lo tanto, existen dos posibilidades: que la Directiva no se pueda aplicar en Dinamarca o que la Directiva obliguea Dinamarca a introducir convenios de aplicación general. 
¿Puede confirmar la Comisión que la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores no se puede aplicar en Dinamarca en lo que respecta a los convenios colectivos... de aplicación general... , de conformidad con el apartado 1 del artículo 3, teniendo en cuenta que en la legislación danesa no existe este tipo de convenios? 
En caso negativo, ¿puede indicar la Comisión cómo se debe cumplir la Directiva en este punto? 
- (EL) La directiva de la Unión Europea relativa al desplazamiento de trabajadores establece que las normas obligatorias referidas a los términos y condiciones de trabajo y empleo vigentes en el país de acogida han de considerarse vigentes también para los trabajadores desplazados al país en cuestión. 
Lo que se contempla es que pueden tener validez dos enfoques: o la legislación del país de acogida o los convenios colectivos, que han sido adoptados como normas de aplicación general en un sector determinado. 
Dado que Dinamarca carece de un sistema de adopción de los convenios colectivos como normas de aplicación general, ha de prever en la legislación de aplicación que, además de las condiciones de trabajo vigentes establecidas por la legislación, las horas de los convenios colectivos que tienen aplicación general y han sido acordados por las organizaciones más representativas deben considerarse vigentes también para los trabajadores desplazados. 
O sea, dicho de forma más sencilla, Dinamarca tiene dos opciones: o legislar, o, por vía en cualquier caso legislativa, elegir un convenio colectivo y activarlo jurídicamente. 
La cuestión se está debatiendo entre la Comisión Europea y Dinamarca, y esperamos que Dinamarca anuncie la incorporación de esta directiva a su derecho nacional. 
El plazo del que disponía para responder a las preguntas de la Comisión venció el 6 de diciembre de 1999. 
Hasta el momento no hemos obtenido respuesta alguna. 
Seguimos a la espera; ya veremos cuáles serán los pasos siguientes. 
Gracias por darme una respuesta tan clara que- si mi interpretación es correcta- apunta a que la directiva en materia de desplazamientos laborales implica el compromiso para el Estado danés de establecer un sistema de convenios de aplicación general. 
Es una respuesta muy clara, aunque también es una respuesta, y debo llamar la atención sobre ello, que coloca a las organizaciones danesas, al Gobierno danés y al Parlamento danés en una situación política muy, muy difícil, pues es bien conocida la existencia de problemas elementales vinculados a la relación existente entre el modelo danés, fundado muy claramente en los convenios colectivos, y el modelo continental, que prima la legislación. 
El desacuerdo y la correspondencia a los que usted, señora Comisaria, hace referencia, afectan sobre todo a otra directiva, la directiva sobre jornada laboral; no obstante, ahora podemos prever un nuevo escrito de requerimiento y un futuro recurso por incumplimiento, como consecuencia de que el Gobierno danés no tiene la intención o ha manifestado expresamente que no quiere poner en práctica la legislación y recuperar los convenios de aplicación general. 
- (EL) Primero, no hay ningún intento de que cambie ni el sistema de Dinamarca ni el de ningún otro país. 
Como ya he dicho en mi respuesta anterior, siempre hay problemas de interpretación de las directivas de la Comisión Europea, y ello porque su marco es muy general y porque los sistemas son muy diferentes de país a país. 
En cuanto a la pregunta que usted plantea, el problema en cuestión no lo tiene sólo Dinamarca. 
No es Dinamarca el único país que tiene cuestiones pendientes. 
Cinco países han incorporado la directiva a sus legislaciones nacionales, los demás se encuentran en fase de estudio. 
Lo que hay que hacer, y para ello han tenido lugar consultas y conversaciones entre la Comisión y el Gobierno danés, como con otros gobiernos, es encontrar el mejor modo de que algo que ha sido aprobado en el ámbito europeo por todos los países, y constituye el marco general, pueda incluir también a los trabajadores de otros países desplazados a Dinamarca. 
Y en este sentido esperamos que se muevan el Gobierno danés y otros nueve gobiernos. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por su dedicación. 
Ha conseguido usted cumplir su objetivo de hoy: contestar todas las preguntas. 
La felicitamos. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 46 a 68 serán contestadas por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.50, se reanuda a las 21.00 horas) 
Aprobación de la gestión 1997 
De conformidad con el orden del día, pasamos al informe (A5-0004/2000) de la Señora van der Laan, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión (SEK (1998) 520- C4-0350/1998, SEK (1998) 522- C4-0351/1998, SEK (1998) 519- C4-0352/1999) y sobre el cierre del balance presupuestario para la ejecución del plan presupuestario general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1997 (planes individuales: I- Parlamento; II- Consejo; 
La Señora Comisaria no se encuentra aquí en este momento, pero espero y deseo que llegue en los próximos minutos. 
Propongo que, no obstante, comencemos ya, en la esperanza de que la Señora. Comisaria, si se encuentra en su despacho, pueda seguir las intervenciones, en particular la de la ponente. 
Señor Presidente, estoy segura de que la Sra. Scheyer debe tener un motivo muy importante para no estar aquí presente porque de lo contrario su ausencia sería inexcusable. 
Quisiera empezar agradeciéndoles a mis colegas su colaboración en este informe, éste no sería lo que es hoy sin ese espíritu de colaboración. 
Señor Presidente, la aprobación de la gestión de 1997 se aplazó a principios del año pasado porque resultaba imposible que el Parlamento pudiera exonerar a una Comisión dimisionaria, que no podía asumir ninguna obligación de cara al futuro. 
El Parlamento estableció en su resolución que la aprobación de la gestión podría tener lugar una vez que la nueva Comisión Europea nos presentara propuestas de reforma serias y ambiciosas. 
Este informe se examina en un momento crucial: la víspera de las reformas del Sr. Kinnock. 
Es una oportunidad excelente para que el Parlamento imprima un sello radical a estos planes relativos a la reforma. 
Ya en la primera fase, la Comisión efectuó promesas muy importantes basadas en sus ideas iniciales. 
Solicitábamos un sistema de denuncias y se ha adoptado. 
El Parlamento quería una separación entre el control financiero y las funciones de auditoría. 
Ya la tenemos. 
El Parlamento exigió un código de conducta para los Comisarios y los gabinetes. 
También lo hemos logrado. 
El Parlamento pidió a la Comisión que abandonara sus privilegios desmedidos. 
También lo ha hecho. 
Además, la Comisión se ha comprometido a colaborar con el Parlamento en el ámbito del SEM-2000. 
También se examinarán los cambios fundamentales llevados a cabo en las oficinas de asistencia técnica. 
Estos primeros pasos positivos muestran que si el Parlamento quiere, los cambios no sólo son posibles sino que también se pueden convertir rápidamente en hechos. Sin embargo, queremos todavía más. 
La Comisión debe adoptar un programa ambicioso y avanzado. 
No sólo es necesario para contar con una administración pública seria. Es una conditio sine qua non para el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en Europa. 
Ahora exigimos a la Comisión Europea compromisos claros sobre las siguientes cuestiones. 
En primer lugar, el Parlamento debe tener pleno acceso a todos los documentos de la Comisión. 
Ello implica que debemos adoptar rápidamente un reglamento interno para poder garantizar la confidencialidad de los documentos sensibles. 
En el contexto de la información, quiero llamar la atención de la Comisión en cuanto a nuestra preocupación sobre los planes relativos al acceso del público a los documentos. 
Si el proyecto actual es cierto, se trata de un tremendo retroceso respecto de la situación actual. 
Se debe poner fin a la posibilidad de que las organizaciones financieramente sólidas, que cuentan con representantes en Bruselas, sí puedan acceder a la información y el ciudadano de a pie, no. 
Tampoco es admisible que una institución pública posea el copyright de documentos públicos. 
Además, queremos descripciones claras de las tareas de cada funcionario europeo, de manera que un funcionario que tenga objeciones de conciencia, pueda oponerse con mayor facilidad a conductas que no son éticas o legales. 
Así mismo, debe ser posible que cuando el Tribunal de Cuentas señale que una falta se ha cometido, no un año, sino dos años seguidos, la gestión sea responsable y tenga repercusiones en el desarrollo de la carrera profesional. 
Finalmente, también hay que mejorar la cooperación entre el Tribunal Europeo de Cuentas y los correspondientes tribunales nacionales. 
Este Parlamento también pide a la Comisión que presente su primer esbozo de la reforma de la política de ayuda exterior el 31 de marzo de este año. 
No puede permitirse por más tiempo que Europa sí sea una potencia económica, pero que carezcamos de influencia política porque, si llega el caso, no podemos prestar una ayuda efectiva en territorios que la necesitan mucho. 
Como ejemplo, me refiero a Gaza. 
Es inaceptable que la Comisión construyera un hospital en 1996 y que hasta la fecha no haya en él ni un solo paciente. 
Señor Presidente, la aprobación de la gestión ha adquirido un importante significado desde 1996. 
Es uno de los instrumentos más poderosos con que cuenta el Parlamento y debe, por ello, utilizarse con cuidado. 
De ahí que, con toda probabilidad, aprobemos mañana la gestión. 
Sin embargo, no cedemos el control de esta arma sin colocar una bomba de efecto retardado. 
La gestión de 1999 será aprobada si las irregularidades financieras señaladas por el Tribunal de Cuentas se solucionan en su totalidad. 
Por último, este informe sobre la gestión está, por supuesto, dirigido a la Comisión. 
No obstante, ello no quita que el Parlamento Europeo también tenga que poner sus asuntos internos en orden. 
Mientras no contemos con un estatuto, no seremos creíbles en tanto motor de las reformas de la Unión. 
Las reformas de las instituciones europeas son una condición necesaria para seguir construyendo Europa. 
Sólo podemos lograr una Europa dinámica y justa si es transparente y democrática. 
Todas las instituciones deben darse ahora la mano para luchar por esa Europa. 
Señor Presidente, la Comisión de Industria decidió actuar y redactar un informe sobre la aprobación de la gestión de 1997 aunque específicamente no se nos instara a ello. 
Lo hicimos porque sentíamos que debíamos comenzar en este Parlamento de acuerdo con la forma en la que queremos seguir actuando, es decir, asegurándonos de cuidar adecuadamente el dinero de los contribuyentes europeos. 
Durante el transcurso de nuestro trabajo se hizo evidente que existen problemas persistentes en las áreas de gasto que están bajo el control de nuestro presupuesto. 
No son exclusivos del año 1997 y parece que discurren por dos líneas. 
La primera de ellas es la tendencia de la Comisión a embarcarse en programas muy ambiciosos, particularmente en terceros países, careciendo de suficientes estudios acerca de la viabilidad de la puesta en práctica y de una adecuada financiación. 
La segunda comprende serios defectos de gestión de la Comisión, especialmente en relación con la coordinación entre departamentos y la gestión de contratos externos. 
Me consta que todas las instituciones tienen cierta responsabilidad por la creciente carga de trabajo de la Comisión y por parte de la falta de recursos. 
Esto no puede excusar todo con lo que nos hemos topado. 
Los ciudadanos europeos esperan que las instituciones europeas sean gestionadas adecuadamente y hacen bien al esperarlo. 
Esta es la razón por la que quisiera hacerme eco de las palabras de mi colega sobre la importancia del proceso de reforma que el Sr. Prodi y el Sr. Kinnock han prometido a los ciudadanos europeos. 
Por lo que he visto del proceso de reforma, éste tiene buen aspecto. 
Hoy he visto algunos de los documentos del Sr. Kinnock, he escuchado algunas de las cosas que tenía que decir. 
Tengo la absoluta certeza de que si nosotros y los políticos europeos le prestamos nuestro apoyo podremos ver el tipo de reforma que necesitamos. 
Pero ese proceso de reforma es necesario. 
Muchas de las cuestiones generales planteadas en el informe de nuestra comisión han sido tratadas en el informe de la Sra. van der Laan. 
Es un informe excelente y todos deberíamos felicitarla por el mismo. 
Hace mención a todas las cuestiones relevantes sin ser, como algunos de los informes anteriores, una mera enumeración de detalles. 
Lo que hace es agruparlas y eso es muy importante. 
Hay dos asuntos sobre los que quisiera llamar su atención. 
Uno es la seguridad nuclear en Europa del Este aquí debemos actuar adecuadamente. 
El Comité de expertos independientes afirmó que la Comisión no estaba gestionando esta cuestión acertadamente. 
Esto debemos remediarlo. 
El segundo trata de los mecanismos de evaluación. 
Necesitamos que la Comisión nos facilite materiales que nos ayuden a evaluar el gasto. 
Necesitamos información pertinente que nos sea facilitada adecuadamente y debemos tomarnos todo este proceso con mucha más seriedad que en el pasado. 
Ha sido contemplado como un proceso burocrático que debe ser completado de la forma más rápida posible, en el menor tiempo posible. 
Espero que mis colegas en esta Asamblea apoyen los fundamentos para la aprobación de la gestión de 1997 y, al mismo tiempo, que la Comisión avance en el proceso de reforma que está muy atrasado. 
Solo de esta forma podemos crear una nueva cultura en la Comisión y al mismo tiempo recuperar la confianza pública. 
Señor Presidente, estimados colegas, el Pleno del Parlamento debe adoptar ahora una decisión sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio 1997, denegada el 4 de mayo del año pasado. 
Ante esta situación, verdaderamente histórica para la UE, debemos preguntarnos: ¿Qué ha cambiado? 
¿Qué ha mejorado? 
¿Qué justificaría hoy la aprobación de la gestión? 
Por un lado, tenemos ­al menos en parte­ una nueva Comisión. 
Tenemos una enorme cantidad de declaraciones de intenciones y de anuncios de reformas, todos poco concretos. 
Hasta ahora se ha obviado la redacción de un código de conducta para los miembros de la Comisión y sus gabinetes. 
Hoy he tomado nota de las manifestaciones de hoy de la Señora Schreyer sobre la demanda interpuesta contra los dos bancos y sobre su apoyo a la creación de un régimen de protección jurídico-penal de los intereses financieros de la UE. 
También son éstos signos positivos. 
Sin embargo, ha de reconocerse que representan un coste relativamente reducido para la Comisión. 
La Comisión ha anunciado que presentará el programa de reformas en febrero de 2000. 
Pero una cosa son anuncios y declaraciones de intenciones y otra el cumplimiento de promesas. 
Los esfuerzos de la Comisión sólo pueden medirse por sus resultados concretos, pues solo así puede recuperarse la confianza perdida de los ciudadanos europeos que la UE ha sufrido por sus deficiencias e intrigas poco claras. 
El balance que podemos hacer desde mayo de 1999 no obliga, ni mucho menos, a adoptar un acuerdo de aprobación de la gestión. 
Si, a pesar de ello, se concede la aprobación de la gestión para el ejercicio, ésta supondrá un ­nuevo­ gran anticipo de confianza por nuestra parte. 
Si nuestros ciudadanos, a la vista de las graves equivocaciones que cometió la anterior Comisión y que, como es natural, pesan sobre la actual, no comprenden ese nuevo anticipo de confianza por parte del Parlamento, la institución de control elegida democráticamente, ya es otro asunto. 
A ello se le añade, y es algo importante para la impresión general que reciba la población, que hasta ahora ­cuanto menos, según conozco­ el Tribunal de Cuentas no ha emitido ninguna declaración de fiabilidad de las cuentas desde que se creó este instrumento. 
Con todo, apoyo la aprobación de la gestión para ejercicio 1997 y, asimismo, pido a los colegas que voten en sentido afirmativo, pues así puede producirse un corte definitivo, un signo de un nuevo comienzo, y darse a la actual Comisión la oportunidad, también visible desde fuera, de comenzar de nuevo para superar la ­reconozcámoslo­ difícil herencia. 
Esto significa, por otro lado, que todos los fraudes e irregularidades han de seguir siendo perseguidos y completamente aclarados. 
Si ahora se aprueba la gestión de la Comisión para 1997, ello no debe entenderse como un certificado de buena conducta en el pasado o como un permiso para una gestión económica deficiente en el futuro. Porque, como se sabe, donde hay dinero se acaba la amistad. 
Esta es una expresión que también vale para las relaciones entre el ciudadano y las Instituciones europeas. 
La amistad, que en este caso significa la confianza en la seriedad del trabajo de las Instituciones europeas, es hoy más necesaria que nunca. 
En particular, la inminente ampliación de la UE con los estados de Europa Central y del Este entrañará problemas de mayor calado y sobrecargará su estructura interna y las tareas administrativas. 
Una Comisión sacudida por escándalos financieros podría muy bien convertirse en pelota de un juego de intereses y objetivos que seguramente no se encuentran en el catálogo de objetivos del Tratado de Amsterdam. 
Por desgracia, los problemas surgidos en el pasado, en particular en el año objeto de este informe, se dieron en los sectores de las ayudas, por ejemplo, en los Fondos Estructurales y en la actuación de los departamentos de ayuda técnica. 
Debe ponerse freno inmediatamente a estos actos ilícitos, pues no podremos exigir a los nuevos miembros lo que nosotros mismos, los antiguos Estados miembros, no cumplimos. 
Tampoco resuelve nada que la Comisión y los Estados miembros se señalen con el dedo y se echen la culpa unos a otros. 
Como Ponente del Presupuesto para el ejercicio 1998 puedo anunciar ya que en las próximos semanas y meses observaré muy atentamente si y cómo la Comisión da cumplimiento a sus propuestas de reforma y cómo desarrolla sus relaciones con el Parlamento en este ámbito. 
Señor Presidente, estoy seguro de que la Comisión se sentirá aliviada al escuchar que es improbable que la aprobación de la gestión de 1997 vaya a tener el mismo impacto que la de 1996, la cual, como todos ustedes saben perfectamente, condujo a la dimisión forzada de la Comisión Santer. 
El Grupo Socialista va a votar por la aprobación de la gestión. 
Estoy seguro de que también sentirán alivio al escuchar esto. 
Pero esto no quiere decir que estemos satisfechos, ni que todo el monte sea orégano. 
Está claro que hace tiempo que una revisión radical de la Comisión es necesaria. 
Sin embargo, expresa el reconocimiento por nuestra parte de que se están dando pasos en la dirección correcta. 
Quisiera destacar algunos de los asuntos que nosotros, en tanto socialistas, hemos planteado en la forma de enmiendas. 
Confiamos en que sean llevadas adelante ya que son importantes por el modo en que van a afectar en la futura reforma. 
En primer lugar la inmunidad de los funcionarios: ésta debería ser levantada cuando y si lo solicita un fiscal nacional. 
Debemos conseguir que sea más fácil enjuiciar a funcionarios que son culpables de fraude o corrupción. 
Es imprescindible mencionar que la Comisión ha fracasado demasiado a menudo en la ejecución de las reformas recomendadas por el Tribunal de Cuentas. 
El informe del tribunal tiene su razón de ser, nuestra respuesta al mismo tiene su razón de ser y es importante que se siga en toda su extensión. 
Acabo de escuchar que la Comisión va a crear un órgano de evaluación de progresos. 
Incluso si no llega a nuestros oídos nada más sabemos que se está avanzando en la dirección correcta en relación con la reforma que todos nosotros queremos ver. 
En demasiadas ocasiones hemos hecho recomendaciones y éstas no han sido llevadas a cabo a pesar de que muy a menudo ustedes dijeran que lo harían. 
En el futuro deseamos ver un cumplimiento mucho más amplio. 
La otra cuestión es el acceso a documentos oficiales. 
En el pasado hemos tenido problemas en términos de responsabilidad al aprobar la gestión porque no hemos tenido acceso a documentos a los que debíamos haberlo tenido. 
Entendemos que en esto también tenemos la responsabilidad de que si se nos entregan documentos tenemos que garantizar que los documentos confidenciales ciertamente van a seguir siendo confidenciales. 
Hemos presentado una enmienda a tal efecto. 
Un asunto al que se hace mención en el informe van der Laan es toda la cuestión del hospital de Gaza. 
La situación allí es totalmente inaceptable. 
No vamos tolerarlo por mucho más tiempo y esperamos que se emprendan acciones inmediatas respecto de este asunto. 
No suelo entretenerme en felicitar a la gente, pero creo que ha elaborado un informe muy convincente y merece nuestra gratitud. 
Señor Presidente, Señorías, Comisario, seamos realistas, nos encontramos en una situación algo extraña. 
Hablamos de la aprobación de la gestión de un año que ha quedado atrás, pero también de la responsabilidad de la Comisión. 
Quiero referirme a los problemas que todavía se acumulan ante nosotros. 
La posibilidad de no aprobar la gestión depende un poco de en qué se haga mayor hincapié. 
El asunto afecta a una Comisión que ya no existe. 
Tenemos una nueva Comisión. Por tanto, es lógico aprobar la gestión, puesto que de qué puede culparse a la actual Comisaria si se trata del año 1997. 
Los problemas siguen existiendo y empiezan a surgir dudas por ello. 
Tenemos que decidir sobre las buenas intenciones de la Comisión, pero todavía no hay una visión de conjunto sobre las mismas. 
El Sr. Kinnock presentará su propuesta el próximo mes. 
Todos esperamos mucho, aunque todavía no sabemos nada y tenemos que resolver ahora sobre la gestión. 
Está claro que se trata de un dilema al que el ponente también se ha enfrentado. 
Ese dilema afecta a más ámbitos de los que ya he mencionado. 
Por ejemplo, respecto de las promesas de la Comisión. 
Éstas, en sí, parecen buenas. 
He leído algunos documentos del Sr. Kinnock y confiamos plenamente en ellos. 
No obstante, tengo dos ejemplos en los que no es obvio que las buenas intenciones que ahora ha manifestado la Comisión, conduzcan a un buen resultado. 
El acceso, la confidencialidad de los documentos. 
El orador anterior ya ha dicho algo acerca de esta cuestión. 
Actualmente circula un documento por la Comisión, no en todos los niveles sino en las altas esferas, conforme al cual, el acceso a los documentos, no se amplía, sino que, precisamente, se reduce. 
Constituye un ejemplo de cómo estas bellas promesas no dan lugar automáticamente a un buen resultado. 
Esto también se aplica a las denuncias. El Sr. Kinnock ha dedicado unas bellas palabras a esto, pero, al mismo tiempo, no está completamente claro; en este momento tenemos que decidir todavía sobre esta cuestión, qué sucede, por ejemplo, con los denunciantes que internamente no tienen ocasión de decir lo que quieren, pero sí lo comentan fuera, a la prensa, al Parlamento. 
Todavía no se ha dado repuesta a semejante tipo de preguntas cruciales en este ámbito. 
Por tanto, existe la duda, ahora que debemos decidir, acerca de si estas promesas de la Comisión son lo suficientemente firmes. 
Eso se aplica también, por ejemplo, a los proyectos muy concretos que la Comisión de Industria ha puesto sobre el tapete. 
Creo que la Comisión y el Sr. Kinnock deben mostrar sus buenas intenciones, deben presentar planes adecuados respecto de la política de personal, respecto de la gestión financiera, pero todo Comisario responsable de un ámbito en el que se han dado importantes inexactitudes en el pasado, debe presentarnos proyectos adecuados para mejorar la situación y no bonitas propuestas de carácter general. 
En este momento, existe todavía compasión y paciencia en nuestro Grupo con la Comisión porque no puede ser responsable de muchas faltas cometidas en el pasado, pero esa paciencia es limitada. 
Los progresos deben ser claros y manifiestos. 
Confiamos ahora en que la Comisión presente esas buenas propuestas, pero esto no es automático. 
Por último, señor Presidente, la aprobación de la gestión de 1996 supuso el principio del final de la anterior Comisión. 
Manifiesto mi esperanza, pero más firmemente aún, realmente quiero exigir a la Comisión actual que la aprobación de la gestión de 1997 suponga el inicio de una reforma real de la política financiera de la Comisión, ya que, en caso contrario, esta aprobación de la gestión no habrá tenido ningún valor. 
Cuando se discute la aprobación de la gestión de la Comisión, hay que fundamentar las decisiones en lo que realmente ocurrió ese año presupuestario, en este caso, en el año 1997. 
Nuestro Grupo no ve que la administración económica en 1997 haya sido mejor que la del año 1996. 
Ese año votamos en contra de la aprobación de la gestión. 
Consecuentemente, votaremos también en contra de la aprobación de la gestión del año 1997. 
Creemos que nuestros criterios se ven confirmados por los dictámenes del Tribunal de Cuentas. 
Nos parece bien y necesario que se prometan reformas. 
Sin embargo, esas promesas tendrán que ser cumplidas, incluso en lo que se refiere a la transparencia. 
Por eso votaremos a favor de las reformas que se proponen en la resolución, pero en contra de la aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, en primer lugar, unas palabras de elogio hacia el muy competente trabajo que la Sra. Van der Laan ha hecho con este informe. 
El Grupo de la Europa de las Naciones no puede votar a favor de la aprobación de las cuentas de 1997. 
El informe sobre la llamada aprobación de la gestión contiene un análisis exhaustivo y sumamente crítico de las cuentas. 
Apoyamos estos comentarios críticos y por ello debo señalar que parecería totalmente asburdo en estas circunstancias decir sí a la aprobación. 
No le ha sido posible al Tribunal de Cuentas emitir una declaración auditora sobre la legalidad de las disposiciones incluidas en las cuentas y nos parece un problema sumamente grave que como miembros de este Parlamento debiéramos votar a favor de unas cuentas sin tener la seguridad de la legalidad de las disposiciones. 
La mayoría ha condicionado su aprobación a la puesta en marcha por la nueva Comisión de una serie de reformas destinadas a garantizar que los acontecimientos que conocimos durante la anterior Comisión no se repitan. 
Nuevamente debo decir que se trata de una mezcolanza muy desafortunada de la responsabilidad de la antigua Comisión en lo que a 1997 se refiere y de la responsabilidad de la nueva Comisión de cara al futuro. 
Nos parece una equivocación hablar de la responsabilidad de la Comisión como institución. 
Los errores cometidos hasta 1999 son achacables a las personas que eran responsables en aquel entonces y si la nueva Comisión lo puede hacer mejor, todavía no tenemos posibilidad de saberlo. 
Con este extraño procedimiento, el Parlamento se impide a sí mismo depurar responsabilidades por las disposiciones de las cuentas de 1997 allí donde se sitúan estas responsabilidades, es decir, en la anterior Comisión. 
Fueron las cuentas de 1996 las que hicieron caer a la anterior Comisión y las cuentas de 1997 presentan exactamente los mismos vicios. 
No existe ningún motivo por el que cual dadas las circunstancias debiéramos aceptar la aprobación de la gestión. 
En lo que a la decisión sobre el cierre de las cuentas se refiere, nos abstendremos en la votación y en lo que a la propuesta de resolución se refiere, pondremos énfasis en los numerosos y acertados consejos que ésta incluye y votaremos a favor. 
Señor Presidente, el acuerdo de aprobación de la gestión para el ejercicio 97 fue aplazado porque la Comisión, a cuya gestión se refería el acuerdo, había presentado su dimisión por aquel entonces y ocupaba su cargo solamente en funciones. 
Hoy se propone en el informe de la Sra. van der Laan ­en el que ha trabajado afanosamente, por lo cual le estoy sinceramente agradecido­ aprobar la gestión de la Comisión para el ejercicio 1997. 
Uno puede preguntarse por qué la actual Comisión recibe la aprobación de la gestión presupuestaria de su antecesora ­como el Sr. Camre acaba de comentar­, máxime cuando se denegó la aprobación de la gestión para el ejercicio 1996. 
El asunto es muy simple. A partir del momento en que asume el cargo, la Comisión debe asumir la responsabilidad de los aciertos, pero también de los fallos en su actividad en el pasado. 
Dado que, por razón del sistema colegial de la Comisión la aprobación de la gestión sólo puede concederse, suspenderse o denegarse para la totalidad de sus miembros, ya no reviste importancia alguna que cuatro Comisarios de la Comisión anterior, cuya gestión no ha sido aún aprobada, sean miembros actuales de este mismo órgano. 
Esta cuestión debería haberse planteado en el momento de la constitución de la nueva Comisión. 
Si el Parlamento aprueba esta semana la propuesta de la Comisión de Control Presupuestario y acuerda la aprobación de la gestión, la Comisión no deberá entenderlo como un cheque en blanco. 
En mi opinión, la tercera parte del informe de la Señora van der Laan es la más importante, y ésta es la propuesta de resolución. 
Las condiciones allí contenidas, redactadas bajo ocho epígrafes son parte integrante de la aprobación, condiciones de cuyo cumplimiento parte nuestro acuerdo. 
Con ocasión de la aprobación de la gestión para los próximos ejercicios ­ya se está trabajando en la de 1998­ el Parlamento deberá analizar cuidadosamente si ha coronado de laureado a la Comisión demasiado rápido. 
Pronto dispondremos de una piedra de toque, cuando la Comisión presente su programa de reformas. 
Con motivo de la aprobación de la gestión para el ejercicio 1998 examinaremos si la Comisión muestra eficiencia, transparencia y responsabilidad, así como una inequívoca actitud de apertura informativa frente a la autoridad que debe conceder la aprobación a la gestión para el ejercicio 1998. 
Señor Presidente, la colega van der Laan recomienda aprobar la gestión para el ejercicio 1997, y lo interpretamos como un gesto de buenas intenciones frente a la nueva Comisión, como han señalado los anteriores oradores. 
Esta aprobación se concede ante el anuncio de que la Comisión quiere llevar a cabo amplias reformas, tal como dice el punto 1 de la resolución. 
Pero el que crea que tras la denegación de la aprobación de la gestión para 1996 todo está de nuevo en orden, está muy equivocado. 
A mi juicio, queda aún por responder la pregunta de hasta qué punto la Comisión está realmente dispuesta a someterse a sí misma y a sus funcionarias al control del Parlamento y de la Justicia. 
Un ejemplo: uno de los primeros asuntos de que tuvimos que ocuparnos como Comisión de Control Presupuestario recién constituida fue el llamado caso Fléchard, un caso de fraude en la exportación de mantequilla a la extinta Unión Soviética a principios de los años noventa. 
El 7 de enero de 1994, funcionarios de alto rango de la Comisión acordaron condonar a la empresa en cuestión una multa, aún pagadera, por un importe de casi 18 millones de euros. 
Esto representaba una infracción manifiesta de disposiciones comunitarias. 
Tuvimos conocimiento de los hechos a través de una carta anónima recibida a finales de 1998. 
Todo lo que he oído hasta ahora de miembros de la Comisión Prodi puede resumirse en que no se siga insistiendo en casos ya pasados, sino que se mire al futuro. 
Lo terrible del asunto es que los Directores Generales y Directores le digan a uno con toda su inocencia que el acta de la reunión decisiva, de 7 de enero de 1994, ha desaparecido desgraciadamente de un modo inexplicable. 
No había un solo ejemplar, sino varios. 
Cada uno de los participantes recibió una copia, pero todas se han perdido, ¡todas!. 
Llegado este punto ya no se puede decir: ¡vamos a dejarlo pasar!. 
Este es un asunto que debería estar en la lista de los casos con implicaciones internas que ha de investigar la OLAF, pero, que yo sepa, sigue sin estar incluida. 
Este es también uno de los casos que deberían notificarse al órgano jurisdiccional competente, pues al fin y al cabo la sustracción de documentos y actas no es un delito carente de reprobación social, sino que está penado expresamente en el artículo 241 del Código Penal belga. 
Sólo puedo decirles una cosa: volveremos con toda seguridad a este asunto en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 1998. 
Señor Presidente, todos recordamos que el Parlamento decidió posponer la aprobación de la gestión del ejercicio de 1997 hasta que hubiera compromisos acerca de la reforma interna por parte de la nueva Comisión Europea. 
En respuesta a esto la Comisión ha adquirido ciertos compromisos y ciertamente ha adoptado numerosas medidas de reforma. 
Es justo decir que el nuevo Presidente, el Sr. Prodi, y su equipo están verdaderamente comprometidos con la ejecución de los requisitos de control financiero tal y como fueron planteados por este Parlamento. 
No obstante, la reforma de la Comisión Europea debe ser encuadrada ahora en el contexto del debate que va a tener lugar durante los preparativos de la próxima Conferencia Intergubernamental y la reforma de varias de las políticas e iniciativas de la UE. 
Los Tratados existentes de la UE van a ser enmendadas de suerte que se garantice, por ejemplo, el éxito del proceso de ampliación. 
No me cabe la menor duda de que la posterior reforma de las instituciones europeas será analizada en el transcurso de este debate. 
Pero desde la perspectiva de los Estados miembros más pequeños es importante que la reforma de la Unión Europea sea llevada a cabo de modo que se garantice que los Estados miembros más pequeños sigan teniendo representación en la Comisión. 
Señor Presidente, ahora la Comisión obtiene la aprobación de su gestión durante 1997; no obstante, realmente no se la merece. 
1997 pertenece al mandato de la antigua Comisión y por ello la nueva piensa que no puede asumir la responsabilidad. 
Es cierto que la puesta en marcha del presupuesto de 1997 fue competencia de la antigua Comisión. 
No obstante, la nueva Comisión se ha comprometido en cambio a limpiar a fondo tras los antiguos escándalos y he de reconocer que no estoy nada impresionado. 
La mentalidad del pasado de ocultar las cosas debajo de la alfombra y defender a los amigos sigue existiendo lamentablemente. 
Hay algunos que piensan que lo que más nos conviene es enterrar anteriores pecados y empezar de cero. 
Creo que no podemos empezar de cero si no limpiamos a fondo. 
Me refiero especialmente a los anteriores escándalos en la ECHO. 
Me irritan terriblemente las enormes dificultades para recibir documentos sobre este asunto. 
Soy ponente de la ECHO en la Comisión de Control Presupuestario y tengo grandísimas dificultades para desempeñar mi trabajo si la Comisión no me facilita las informaciones necesarias. 
Desde fuera da la impresión de que la Comisión tuviera algo que ocultar. 
Mis investigaciones desgraciadamente apuntan a que tal pudiera ser el caso. 
La Comisión no pone todo sobre la mesa y con ello repite antiguas prácticas en la Comisión. 
Fueron estas prácticas las que llevaron a la caída de la Comisión. 
De ahí que me adhiera plenamente a la petición para que se dé al Parlamento acceso ilimitado a los documentos. 
De lo contrario, no podemos llevar a cabo nuestro trabajo. 
Señor Presidente, Señora Ponente, estimados señoras y señores Diputados, espero poder responder con un sí a la pregunta de si merecemos la aprobación de nuestra gestión. 
Junto al informe del Tribunal de Cuentas, el procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio presupuestario informa al ciudadano que paga sus impuestos la información acerca de si y hasta qué punto los fondos presupuestarios se han empleado adecuadamente y con sujeción a las prioridades políticas, dónde se han cometido fallos, y, sobre todo también, qué medidas hay que adoptar para corregirlos. 
La opinión pública sabe que el procedimiento de aprobación de la gestión que se sigue en el Parlamento Europeo no es un simple rutina, sino que se tramita con todo rigor, y lo sabe también la Comisión desde el año pasado, cuando no se concedió la aprobación, lo cual supuso el primer paso hacia la dimisión de la anterior Comisión. 
Con el debate de hoy sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 1997 se cierra, por tanto, un largo proceso, un proceso que ha pasado revista a casi todos los asuntos de que se ha ocupado la Comisión en sentido amplio. 
El informe de la Señora van der Laan aborda todos estos instrumentos. 
El informe es muy ambicioso. 
Se concentra en las medidas de reforma que se han adoptado, y sobre todo en las que deben adoptarse. 
La Comisión comparte la ambiciosa postura de la Ponente. 
Querría examinar ahora de forma más detenida algunos puntos del informe. 
Por un lado, la cuestión, a la que con toda razón se dedica un gran espacio, relativa a la externalización de tareas. 
Ya en comisión discutimos profusamente este asunto, así como en el marco del procedimiento presupuestario para el ejercicio 2000. 
La Comisión se ha comprometido frente al Parlamento a adoptar próximamente medidas a este respecto. 
En el ámbito de la BAT, la política exterior desempeña un papel fundamental. 
Mi colega Chris Patten, junto a los demás comisarios competentes en materia de política exterior, constituyeron a finales del año pasado un grupo review que revisa con gran rapidez las actuales BAT en lo relativo a las tareas y examina que tareas deberían cumplirse en un futuro de una forma distinta. 
Este grupo se ha propuesto presentar propuestas específicas para este ámbito de la política exterior una vez se haya presentado el paquete de reformas generales. 
La Comisión no podrá posiblemente presentar una propuesta detallada sobre este punto antes del 31 de marzo, pero sí esperamos hacerlo poco después. 
En su informe ha resaltado el concepto general. 
Dicho concepto general es un elemento integrante del paquete de reformas. 
No obstante, también quiero mencionar que se están preparando medidas específicas ­también en el sentido del informe del Señor Bourlanges­ para este ámbito de la política exterior. 
Otras exigencias del informe tienen como objetivo aumentar la transparencia. 
También a este respecto quiero asegurarles que con ello aluden a un objetivo de reforma de la propia Comisión. 
Quiere ser una Comisión abierta, y sólo restringir la información a este Parlamento cuando deban salvaguardarse intereses dignos de protección. 
Estoy convencido de que todas estas cuestiones podrán regularse en el Acuerdo Interinstitucional. 
La Comisión mejorará asimismo el contenido informativo de sus cuentas anuales, más allá de las obligaciones jurídicas existentes, tal como ustedes y el Tribunal de Cuentas lo exigen. 
En el debate sobre el informe del Tribunal de Cuentas ya me comprometí a asumir este punto igualmente contenido en su informe, a saber, el de hacer un follow up sistemático, pues lo considero necesario. 
La Comisión ha acordado a mi propuesta que los auditores de cuentas estén obligados, ya para el ejercicio 1999, a llevar las cuentas de tal modo que tengan en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas, relativas a practicar en los libros una anotación separada de los pagos anticipados, para tener preparada la información sobre los mismos. 
La lucha contra el fraude ha de aumentar en intensidad. 
Esta mañana hemos hablado brevemente sobre el OLAF. 
Permítanme que me refiera ahora al aumento de personal previsto en los presupuestos para el año 2000. 
Señora Stauner, el recurso del que he hablado esta mañana no está sólo anunciado, sino que ya se ha presentado. 
Creo que ello muestra igualmente que la Comisión no está dispuesta a aceptar que algunas Instituciones quieran eludir esta normativa acordada por el Parlamento y el Consejo, sino que dicha normativa se extiende a todas las Instituciones de la Unión Europea. 
Por último, plantea usted la exigencia de un mejor diálogo, más diálogo con los Estados miembros sobre las mejoras necesarias en los ámbitos en que estos deciden sobre el uso de fondos comunitarios. 
También en este caso me sumo a sus exigencias y cuidaré de su puesta en práctica en la medida que incumba a la Comisión. 
Sobre las cuestiones relativas al hospital de Gaza y el Parlamento palestino puedo comunicarle que el hospital se abrirá el 15 de julio para pacientes externos y estará preparado para hospitalizaciones de pacientes a partir del 15 de octubre de 2000. En segundo lugar, la Comisión informará al Parlamento Europeo sobre la evolución de las obras de acondicionamiento del hospital y sobre los avances en la elección de los consultants, que prepararán la documentación relativa al concurso para la construcción del Parlamento palestino. 
Todas las medidas de reforma que he mencionado son parte de un concepto general. Mi colega Kinnock les presentará este concepto general en nombre de la Comisión y les hablará sobre las prioridades políticas de este mandato, así como sobre el concepto en detalle, en atención a una planificación temporal concreta, pero sobre todo verificable y comprensible. 
La Comisión es verdaderamente consciente del modo tan detallado y riguroso en que el Parlamento Europeo lleva a cabo este control. Por ello estoy tanto más contento de que las medidas de reforma introducidas reciban su valoración positiva y de que estén dispuestos a concluir de manera positiva el procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 1997. 
Muchas gracias, Señora Comisaria Schreyer. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 12.00 horas. 
Seguimiento del segundo informe del Comité de Expertos Independientes 
De conformidad con el orden del día sigue el informe (A5-0001/2000) del Sr. van Hulten en nombre de la Comisión de Control Presupuestario sobre las medidas que deben adoptarse a raíz del segundo informe de la Comisión de Expertos Independientes sobre la reforma de la Comisión. 
. (EN) Señor Presidente, el año pasado por estas fechas el Parlamento Europeo creó un comité de expertos independientes, presidido por el Sr. Middlehoek, para investigar las acusaciones de fraude, nepotismo y corrupción de la Comisión Europea. 
El 15 de marzo el comité hizo publico su primer informe concluyendo que: "se está haciendo difícil encontrar a alguien que tenga el menor sentido de responsabilidad". 
Horas después de la presentación del informe el Presidente Santer anunció la dimisión de todo su equipo. 
La dimisión marcó el final de una amarga lucha entre un Parlamento Europeo cada vez más seguro de sí mismo y una Comisión Europea inmersa entre acusaciones de escándalo. 
Como el paisaje de Bruselas ha cambiado de tal modo que casi es irreconocible, se ha elegido un nuevo y reforzado Parlamento y se ha confirmado el ejercicio de una nueva Comisión. 
Cuando el Presidente Prodi se dirigió a esta Asamblea el 21 de julio se comprometió a tener en cuenta en toda su extensión el segundo informe del Comité de Expertos Independientes sobre la reforma de la Comisión, el cual contiene 90 recomendaciones detalladas y estamos debatiendo hoy aquí. 
La comisión ya ha dado pasos importantes para alejarse del modo en que solía operar. 
Se ha adoptado un código de conducta para los Comisarios y sus oficinas privadas. 
En un gesto simbólico pero importante los Comisarios han renunciado voluntariamente a la compra libre de impuestos de alcohol, tabaco, combustible y bienes de consumo. 
Se han establecido y puesto en práctica nuevas reglas que rigen el nombramiento de altos funcionarios. 
El número de departamentos se ha reducido. 
En mi opinión, la Comisión ha mostrado un compromiso claro y sin precedentes por el cambio, y por esta razón deben ser felicitados. 
El fin general de las reformas debe ser la creación de una administración pública europea sólida y honesta, preparada para llevar a cabo sus tareas de forma eficiente y efectiva, una administración en la que los funcionarios dispongan de los medios para ejecutar sus tareas, una administración que reconozca y recompense el mérito y estimule a los funcionarios para que desarrollen todo su potencial. 
Para alcanzar esto es necesario actuar en cuatro áreas. 
En primer lugar, se debe mejorar la gestión y el control financiero en la Comisión. 
Uno de los principales problemas es la ausencia de un sistema operativo de control financiero. 
Las DG de la Comisión deben ser completamente responsables de su propio gasto, incluyendo el control financiero. 
Se debe establecer un nuevo servicio independiente de auditoría. 
Las DG deben publicar sus propias cuentas anuales para posibilitar una clara identificación de las áreas problemáticas y para establecer objetivos anuales para la reducción del fraude y las irregularidades. 
A cambio de este mayor grado de autonomía los gestores deberán ser completa y personalmente responsables de sus actos. 
Es evidente que la transición a un nuevo sistema de ese tipo llevará su tiempo. 
Será necesario hacer cambios en el reglamento financiero y el Parlamento tendrá mucho que decir sobre esos cambios. 
Pero mientras la Comisión debe garantizar que respeta el Tratado y el Reglamento financiero durante la fase de transición esto no debe constituir una excusa para la inercia. 
Los cambios urgentes son necesarios hoy. 
En segundo lugar, debe reforzarse la lucha contra el fraude, la mala gestión y el nepotismo, primero creando una cultura en la que no puedan prosperar. 
Esto requiere el ejemplo de los Comisarios y del alto funcionariado así como una formación adecuada y, segundo, reforzando los actuales mecanismos para tratar el fraude. 
OLAF, la agencia de la Comisión establecida a comienzos de este año, debe ponerse bajo la dirección de un fiscal público europeo independiente cuyo trabajo consistirá en realizar los preparativos para el enjuiciamiento por tribunales penales nacionales de delitos contra los intereses financieros de la Unión cometidos por miembros y funcionarios de las instituciones europeas. 
Se puede presentar una propuesta y se debe presentar una propuesta, con base en el artículo 280 del Tratado, a mediados de este año. 
En tercer lugar, las pautas de la vida pública europea deben ser confirmadas. 
La crisis política que condujo a la caída de la Comisión a principios de año demostró claramente la necesidad de reglas de conducta sin ambigüedades y ejecutables. 
Desde entonces se han establecido varios códigos de conducta. 
Estos deben ser evaluados por el Parlamento y debe otorgárseles obligatoriedad legal. 
Las instituciones europeas deberían seguir el ejemplo de algunos países, especialmente el reino Unido, e instituir un comité para las pautas de la actividad pública, con el mandato de prestar consejo en cuestiones de ética profesional y normas de conducta en las instituciones europeas. 
Los denunciantes de malas prácticas que actúan de buena fe deben ser protegidos. 
A finales del año pasado el Sr. Kinnock anunció nuevas medidas para la protección de los denunciantes de malas prácticas. 
Éstas deben ser ejecutadas sin dilación. 
A pesar de que tales medidas no pueden ser nunca una alternativa a una correcta gestión deben constituir una válvula de escape para cuando las cosas no funcionen bien. 
Es muy importante que las reformas no se limiten a la Comisión. 
El Propio Parlamento debe considerar la necesidad de hacer mejoras en sus normas internas, procedimientos administrativos y su gestión. 
Por último, la política de recursos humanos de la Comisión debe ser modernizada. Es evidente que ya no se adecua a las necesidades de una organización moderna y multinacional. 
El diálogo social ha operado en ocasiones como un freno para la reforma y su revisión hace mucho tiempo que se retrasa. 
La carrera en las instituciones europeas debe hacerse más atractiva. 
Demasiados funcionarios jóvenes abandonan sus trabajos apenas después de unos pocos años. 
El mérito debe ser reconocido y recompensado, el desarrollo específico de ciertas habilidades debe constituir una condición sine qua non para la promoción a un nivel superior. 
El proceso de promoción debe hacerse más justo y más transparente. 
Finalmente, el paquete de salarios y beneficios debe ser revisado. 
Debe ser más flexible y más responsable respecto de las condiciones del mercado laboral. 
Deben eliminarse algunos de sus elementos más obsoletos, y debe confrontarse con las legítimas quejas del público, que no puede entender por qué los funcionarios europeos deben recibir una subvención indefinida por expatriación en una Europa sin fronteras, o hacer frente a un nivel impositivo que en muchas ocasiones es mucho más bajo que el de los Estados miembros. 
El Comisario Kinnock presentará mañana su comunicación sobre la reforma. 
Con una nueva Comisión y un nuevo Parlamento el impulso para la reforma es más fuerte ahora de lo que lo ha sido nunca y probablemente será. 
La ampliación de la Unión solo dista unos pocos años. 
Ahora es el momento de que Europa ponga su propia casa en orden, de imbuir a sus instituciones- como probablemente hayan dicho los expertos independientes- un sentido de la responsabilidad. 
En junio del año pasado los votantes europeos dieron una clara señal de que estaban hartos de estas interminables historias sobre nepotismo y mala gestión. 
Hay un modo muy sencillo de enfrentarse a estas historias. Desembaracémonos del nepotismo y de la gestión deficiente. 
Señor Presidente, no quiero que se me malinterprete, y espero que no ocurra, y, por lo tanto, antes que nada diré que estoy a favor de la lucha contra el fraude y que respaldo con fuerza las reformas precisas. 
Se trata de un tema difícil que merece un estudio mucho más exhaustivo, sin embargo, me limitaré a destacar algunos puntos, al objeto de que, a ser posible, se tome conciencia de lo que estamos hablando. 
Cualesquiera expertos pueden facilitar informaciones y noticias, dar opiniones y consejos, pero, justamente, carecen de responsabilidad política y electiva. 
Creo que los políticos, por el contrario, deben examinar lo que se puede aprovechar de un informe de expertos y qué no puede ser tomado enteramente con un espíritu que, en algunos casos, me ha parecido y parece de autolesión. 
Creo- aprovecho sólo algún ejemplo- que en los miembros de este Parlamento sólo puede actuar e influir este Parlamento y nadie más porque, de lo contrario, la autoridad y la representatividad del Parlamento Europeo resultarían profundamente debilitadas en los próximos años y esta Institución no progresaría como, en cambio, es justo que haga. 
Asimismo estimo importante que nadie pueda o deba negar documentación alguna al Parlamento Europeo y a sus comisiones. 
La moral, la disciplina y la confidencialidad respecto a las cuestiones delegadas debe ser propia de los miembros de este Parlamento y no impuesta por nadie. 
Quiero subrayar que no existe una justicia europea, sino una justicia diversificada para cada uno de los Estados miembros. 
Corremos el riesgo de delegar asuntos por delitos iguales que luego, en cambio, serán sancionados de manera distinta. 
Concuerdo en que ha de ponerse en marcha un sistema de investigación, pero estoy profundamente convencido de que hay que reconocer una misma dignidad y, en cualquier caso, una misma necesidad al derecho a la defensa. 
No comparto el hecho de que se puedan incriminar con extrema facilidad y sencillez los funcionarios de la Comunidad Europea: la denuncia es un sistema que ya no pertenece al tercer milenio. 
En conclusión, señor Presidente, considero que de este Parlamento debe partir un principio de democracia: han de realizarse reformas que vean crecer al Parlamento y ampliar sus poderes y no retroceder. 
Este debate sobre el informe van Hulten nos aproxima a uno de los periodos más traumáticos para las instituciones europeas desde su creación en 1957. 
La negativa del Parlamento Europeo a aprobar la gestión y el definitivo rechazo del presupuesto de 1996, la moción de censura presentada por diversas causas en esta Asamblea hace un año, y el primer informe del Comité de Expertos sobre la reforma de la Comisión que condujo a la dimisión masiva de la propia Comisión, constituyen ahora parte del folklore europeo. 
Aquellos de nosotros involucrados en esos acontecimientos históricos somos muy conscientes de que ninguno de los cambios se hubieran producido si no hubiésemos ejercido la presión del poder parlamentario para forzar el cambio en el modo en que operaba la Comisión. 
Recuerden que el Consejo de Ministros, esta noche de nuevo ausente del debate, aprobó la gestión de 1997- no la de 1996- el 15 de marzo, el mismo día en que la propia Comisión dimitió. 
Ahora abordamos el segundo informe de la Comisión de Expertos Independientes que ya tuvimos la oportunidad de saludar y debatir brevemente el pasado septiembre. 
Nuestra mayor preocupación en el PPE es asegurar que se recupere la confianza pública en la Comisión Europea. 
Los pasos futuros para construir una Europa fuerte serán en balde si los pueblos europeos perciben que no existe un sistema adecuado de responsabilidad democrática para funcionarios con exceso de celo. 
Bajo ninguna circunstancia vamos a ceder el terreno que hemos ganado en los últimos meses y que creemos que lo ha sido en interés de la apertura y la transparencia. 
Por ello, nos preocupa contemplar que en breve se vayan a incluir en un Libro Blanco la batería de anuncios de la Comisión, que han sido realizados en las últimas semanas por el Comisario Kinnock, sugiriendo propuestas políticas de diversa naturaleza. 
Al expresar el deseo de proceder rápidamente también se da la impresión de que la Comisión tiende más bien a transmitir que a escuchar. 
Nuestra preocupación crece si se confirma el rumor difundido hace algunos días- en concreto que la Comisión tiene la intención de limitar severamente el acceso del Parlamento a la información. 
Después de todo, este fue uno de los motivos de la caída de la última Comisión. 
¿No se ha aprendido la lección? 
Saber que el marco de las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea aun debe ser negociado propició nuestro desacuerdo con el ponente al debatir su informe en comisión. 
De ningún modo podíamos estar de acuerdo con su opinión de que sería humillante para el Parlamento Europeo establecer instrucciones detalladas relativas a lo que deseamos que la Comisión incluya en su paquete de reformas. 
Señor van Hulten, cuanto menos precisos seamos en nuestras resoluciones, más espacio se otorgará a la Comisión y a sus antiguos colegas del Consejo para hacer lo que les plazca. 
Creemos que la mayoría de las recomendaciones del informe de los Sabios debe ser puesta en práctica. 
Nosotros, como Grupo PPE-DE, hemos presentado todas las recomendaciones del informe de los Sabios a la comisión y muchas de ellas han sido ahora incluidas en el informe, cambiando totalmente la naturaleza del informe van Hulten en comisión. 
Hemos vuelto a presentar algunas enmiendas que fracasaron en comisión, en especial nuestro deseo de que se revisen específicamente los códigos de conducta para poder incluir la referencia al mérito y la capacidad gestora que usted, señor Comisario aceptó- con ocasión de nuestro debate del pasado septiembre- debían ser incluidas en estos códigos de conducta, especialmente a la hora de considerar nombramientos y promociones. 
Contemplando el futuro nos consta que nos encontramos al principio de un largo proceso de reforma continuada en la Comisión Europea. 
En particular queremos ver que en el mundo exterior se constate que, por norma, los funcionarios de la Comisión son altamente competentes y trabajadores- reputación que ha sido oscurecida por la conducta inadecuada de unos cuantos individuos. 
Señor Comisario, por su presencia en la última Comisión usted sabrá por qué se desencadenó la crisis. 
En pocas palabras: se gestionaban programas para los que no se disponía de suficientes recursos humanos. 
Le instamos a que aproveche la oportunidad para determinar las verdaderas necesidades de personal de la Comisión con base en las actividades esenciales de las que es responsable. 
Nuestra posición respecto de este asunto quedó muy clara en el presupuesto para el año 2000. 
En los próximos cinco año permaneceremos vigilantes para asegurar que las reformas que ahora se sugieren sean ejecutadas en toda su extensión y apoyaremos los esfuerzos realizados para modernizar las instituciones. 
Pero, de la misma forma, no dudaremos en retirar nuestro apoyo, financieramente o de otro modo, si se dieran pasos que no se adecuasen a la apertura prometida por el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, con antelación a su nombramiento. 
Confiemos en que podemos evitar trastornos institucionales manteniendo un dialogo continuo que asuma desde el principio que el Parlamento va a ser un interlocutor en igualdad ala hora de decidir sobre el resultado de la reforma de la Comisión. 
Señor Presidente, debo empezar excusándome por no poder ser tan dramático en mi intervención como el Sr. Elles. 
En primer lugar quiero dar las gracias al Sr. van Hulten por su informe. 
Se trata de un informe excelente. 
Hubiera sido un error del Parlamento tomar a la fuerza cada una de las recomendaciones procedentes de un órgano externo porque el Parlamento debe tener su propia opinión sobre estos asuntos. 
Es acertado que tengamos un informe específico, que es lo que el Sr. van Hulten ha elaborado. 
Me gustaría invitar al Sr. Elles a que no pusiera el carro delante de los bueyes. 
Ciertamente, muchos asuntos fueron perdidos por los socialistas, pero aun no han sido batidos en el Pleno, y quisiera advertirle de que probablemente mañana no se de el caso. 
Me gustaría dar las gracias al Comisario Kinnock por todos los esfuerzos realizados hasta la fecha. 
Ha sido muy claro acerca de que su compromiso ha sido provocar un cambio radical. 
En esto ha sido esencial el intento de crear y generar responsabilidad. 
Es evidente que es necesario que esto se desarrolle a todos los niveles y que es necesario reconocer las demandas de cada nivel en el seno de la Comisión. 
Esta claro que necesitamos ver cambios en el Reglamento Financiero. 
Esto es importante. 
Es necesario que demos fin a que la gente se pase el balón los unos a los otros. 
Allí donde se produzcan fallos en la Comisión debemos pedir responsabilidades personales. 
Debemos tener la seguridad de que un rendimiento deficiente constante conduce al despido. 
Esto resulta natural en cualquier otro lugar pero parece ser una sugerencia extremadamente radical cuando se aplica a la Comisión. 
No podemos continuar con una situación en la que la incompetencia, la gestión deficiente y el fraude estén costando el dinero de los contribuyentes europeos y esté provocando la prestación de un pobre servicio. 
Les voy a dar un ejemplo de ello. 
En el informe del Tribunal de Cuentas sobre 1998 un error de cálculo del tipo de cambio en relación con el vino italiano les costó a los contribuyentes europeos de 8 a 10 millones de PIB. 
Es evidente que esto es inaceptable. 
¿Qué ocurrió con la persona responsable del error de cálculo? 
Necesitamos un sistema que otorgue incentivos y la posibilidad de promoción, así como necesitamos saber que ésta se fundamenta en el mérito. 
Reconocemos que la mayoría de los funcionarios de la Comisión son excelentes trabajadores. 
Pero también nos consta que algunos de los procedimientos están obsoletos. 
Esperamos leer la propuesta completa de la Comisión relativa a la reforma y esperamos poder desarrollar los detalles junto a la Comisión porque, en contra de lo que el Sr. Elles acaba de decir, el Comisario se ha comprometido a discutirlo con el Parlamento en el tiempo que media entre hoy y el 1 de marzo. 
También es necesario reconocer que la gente que vive en casas de cristal no debería arrojar piedras. 
El Parlamento Europeo no ha sido precisamente limpio en su aproximación a algunos asuntos a lo largo de su historia. 
Nos queda un largo camino hasta que nosotros mismos alcancemos la perfección. 
Nuestra propia política de personal es obsoleta. 
Algunos de nuestros métodos de trabajo precisan cambios radicales. 
Confío en que el Parlamento se aferre a la Comisión en este proceso de reforma. 
Reconocemos las propuestas relativas al presupuesto basado en las funciones. 
Reconocemos que implica disciplina por parte de los funcionarios de la Comisión y reconocemos que en el seno del Parlamento tenemos una responsabilidad respecto de la disciplina cuando hablamos de prioridades negativas. 
Por último, debo decir que la Comisión necesita trabajar en su relación con el público. 
Es necesario dar garantías a los contribuyentes europeos. 
El destino de la Comisión, de toda la Unión Europea, descansa en el resultado (DELIVERY) de esta reforma. 
Este es el asunto clave, la DELIVERY de las propuestas. 
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al ponente, el Sr. Van Hulten, por su primer informe. 
Siento una especial admiración por él, ya que no se le cayó el alma a los pies cuando se vio abrumado por tantas enmiendas. 
Creo que el informe de los Sabios ha resultado un informe útil, así como creo que también es útil para este Parlamento- ya lo ha señalado la Sra. Morgan- que, nosotros mismos, pidamos a expertos independientes que investiguen cómo funciona nuestra administración. 
Hemos presentado una enmienda en ese sentido. 
De los muchos puntos del informe del Sr. Van Hulten, quisiera hacer hincapié en algunos, no según su importancia, sino de forma puramente arbitraria. 
En primer lugar, creo que la Comisión debe prestar mucha más atención a la buena conservación de los documentos. 
Los archivos de la Comisión dejan mucho que desear en este sentido. 
Lo señalamos cuando tuvimos que examinar el asunto Flechard, asunto, por otra parte, en el que todavía queda mucho por resolver. 
Curiosamente, muchos documentos muy importantes desaparecieron de los gabinetes, incluso del presidente, y de las distintas direcciones generales, y esto es algo que en absoluto puede volver a suceder. 
Si el Parlamento quiere realizar un buen control, estos documentos deben estar disponibles y quisiera saber qué piensa hacer la Comisión para introducir mejoras en este ámbito. 
Ahora algo sobre el control a posteriori, la DAS. 
Esto ya se ha tocado parcialmente en el informe Van Hulten. 
Creo que sería positivo que demos notas sobre cómo se ejecuta el presupuesto por categoría y por sector. 
Existe ahora la impresión general de que en Europa todo lo relacionado con el presupuesto anda mal. 
Está claro que se ha manifestado una tendencia a la mejora en agricultura y un empeoramiento en relación con los gastos estructurales en los últimos años, ¿Cómo es posible? 
Quisiera proponer a la Comisión que fije un deadline para poner en práctica las reformas. 
Si aceptamos la entrada de nuevos Estados miembros, no es admisible que todavía no tengamos nuestra propia Casa en orden. 
Señor Presidente, antes de nada quisiera dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Van Hulten. Es el primer informe que presenta al pleno. 
Mi más sincera enhorabuena, aunque lamento, por supuesto, que no haya presentado este informe en su lengua materna. 
Señorías, estamos ante un informe que ha entrañado dificultades y que, quizá, llega demasiado tarde. 
En mi opinión, esto tiene que ver sobre todo con los dimes y diretes que enfrentan a los dos grandes grupos en la Comisión de Control Presupuestario. 
Seamos sinceros. 
El segundo informe del Comité de Sabios se presentó en septiembre. 
Han transcurrido ahora cuatro meses. 
Mientras tanto, el Sr. Van Hulten se ha visto abrumado con las enmiendas, más de 100 enmiendas en la primera vuelta. 
Se puso otra vez de manos a la obra, redactó de nuevo su informe, tuvo en cuenta bastantes sugerencias, pero, de nuevo, en la segunda vuelta, se presentaron casi 100 enmiendas. 
Me temo un poco que todo esto ocasione un informe tal vez demasiado detallado, demasiado amplio y presentado demasiado tarde. 
Además, tal como me han dicho, la Comisión acaba de adoptar hoy un informe sobre la reforma de esa institución, que será remitido a las distintas instituciones, también al Parlamento, espero, a fin de realizar una consulta ¿Podría el Sr. Kinnock desvelar ya algo esta tarde? 
Señor Van Hulten, el Grupo de los Verdes y Regionalistas respalda los esfuerzos de la sesión plenaria de mañana a mediodía a fin de mejorar todavía más este informe. 
Al fin y al cabo, no tiene sentido que se recojan las numerosas buenas recomendaciones del Comité de Sabios en su informe, palabra por palabra. 
Por tanto, si mañana votamos en contra de algunas enmiendas o de algunos párrafos, no se debe con toda seguridad a su contenido, sino a fin de lograr que su informe sea más legible. 
En cualquier caso, debe quedar claro que mi Grupo, por supuesto, respalda plenamente las recomendaciones del Comité de Sabios. 
En cualquier caso, espero impacientemente el documento que la Comisión ha adoptado hoy. 
Espero impacientemente el Libro Blanco que debe presentarse en febrero. 
De todas formas, debo comunicarle, señor Comisario, que tanto el informe del Comité de Sabios como el informe del Sr. Van Hulten se convertirán en cuestiones de peso para nuestro Grupo, cuestiones de peso que determinarán si podemos confiar o no en la Comisión Prodi. 
Termino con esto. 
Pedimos respecto del Libro Blanco relativo a la reforma de la Comisión lo mismo que en el caso de el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que se adoptó la semana pasada, se ha hecho público y en el que se establece una fecha límite. 
Creo que esto es necesario porque la opinión pública espera el cambio y mi Grupo desea, en cualquier caso, que a finales de 2002 se efectúe un cambio claro. 
Señor Presidente, es positivo que este informe esté ante nosotros, pero realmente se necesita algo más. 
El fraude, la mala administración y el amiguismo político no surgen casualmente. 
Tienen mayores oportunidades si el control democrático sobre los flujos monetarios es escaso. 
Una parte importante del presupuesto europeo se maneja a través de los fondos estructurales. 
Esto tan sólo es sensato cuando se trata de la solidaridad con que los Estados miembros ricos contribuyen en materia de ingresos y de desarrollo a ayudar a los Estados miembros más pobres. 
No obstante, también se maneja el dinero de tal manera que vuelve a los mismos Estados miembros ricos, pasando por Bruselas. 
Los ayuntamientos y las administraciones regionales consideran que se trata de su propio dinero, pero sólo pueden conseguir ese dinero dedicando mucho capital y recursos humanos a acciones de presión y a negociar. 
Ante cada uso involuntario de ese dinero y, con toda seguridad, ante el fraude, se efectúa un llamamiento para introducir controles más estrictos. 
Incluso los controles más severos no pueden solucionar este problema. 
A lo sumo, ocasionarán más burocracia y dejarán menos espacio a la actuación de las democracias locales y a la participación de la población en cuanto a la elección y realización de proyectos. 
Es mejor que este dinero sea directamente entregado por las administraciones nacionales a las administraciones bajo su control, sin la injerencia europea. 
En los próximos años, debemos reflexionar de nuevo sobre la posibilidad de transformar los fondos estructurales en un fondo de compensación que se limite a prestar apoyo presupuestario a los Estados miembros, o a sus regiones, que cuenten con bajos ingresos per cápita. 
Éste es probablemente el único camino para lograr que disminuya el fraude, los costes overhead, y haya más transparencia y democracia. 
Señor Presidente, aún no ha pasado un año y ya es evidente la diferente manera en que este Parlamento está a punto de valorar el primer y segundo informe. 
El primer informe se hizo público ampliamente y se debatió y utilizó solemnemente, al igual que las polémicas y las filtraciones que lo precedieron, para acabar ante todo con el Presidente de la Comisión y luego con la mayoría de los Comisarios europeos, a pesar de que nada tenían que ver con fraudes, mala gestión y nepotismo. 
Al leer ahora lo que ocurrió hace ahora casi un año, lo que está claro es que ese informe tenía que servir para todo menos para tratar de decir la verdad o de reformar, como se suele decir hoy, tanto es así que este segundo informe que, en cambio, podía plantear elementos mucho más consistentes, fue encargado con el mandato concreto de no abordar casos específicos, ya que no interesa perseguir los ilícitos contenidos en este informe. 
No les interesa a los grandes Grupos de este Parlamento ni a la inmensa mayoría de los sindicatos, volcados de palabra en la defensa de la función pública europea pero, de hecho, dedicados a la protección corporativa de sus miembros, para lo cual utilizan de forma discutible los amplios poderes que tienen conferidos. 
Los representantes sindicales están en el Comité disciplinario del Estatuto con el fin de convertir en inamovible al funcionario infiel y de mantener inmovilizado el Estatuto. 
Incomprensiblemente, los representantes sindicales forman parte asimismo de las comisiones relacionadas con los concursos y no me sorprendería que los miembros del sindicato formaran parte de la OLAF causando un grave perjuicio a esta Institución que debería, por lo menos formalmente, garantizar que está por encima de las partes. 
Ahora me explico la razón de que nos reunamos a esta hora que suele destinarse a otras actividades y no al debate, al intercambio de opiniones y a la información. 
Señor Presidente, el Parlamento subraya en el informe Van Hulten la amarga necesidad de que se lleven a cabo reformas profundas en la gestión financiera. 
El control de los gastos debe mejorar mucho, tanto por parte de la Comisión como por parte de los Estados miembros. Para ello, el Tribunal de Cuentas y los tribunales nacionales de cuentas deben reforzar su colaboración. 
Además, es necesario que se adopte un sistema para las llamadas denuncias. 
Respaldamos plenamente todas las recomendaciones. 
Sí quiero hacer algunas observaciones. 
Una de las conclusiones del Comité de Sabios señala que el marco jurídico actual de la lucha contra el fraude en la Unión Europea es incoherente e incompleto ¿Cómo tenemos que enfocarlo? 
No asumiendo competencias de los Estados miembros y transfiriéndolas a un ministerio público europeo. 
Algo semejante supone un derecho penal europeo y éste no existe en absoluto. 
Esto afecta, además, al núcleo de la soberanía de los Estados miembros. 
Entonces, tenemos que buscar la solución en la mejora de la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la justicia. 
La coordinación puede llevarse a cabo mediante la creación de una especie de fiscal europeo. Él mismo no debe perseguir los delitos, sino que debe transmitírselos a las autoridades judiciales nacionales. 
El informe del Comité de Sabios también tiene algo que decir respecto del Consejo y del Parlamento. 
Así, el Consejo debe otorgar mucho más peso al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión. 
De la misma manera, el Parlamento debe aceptar el desafío. 
Ya es hora de que se adopte el estatuto de los eurodiputados y dietas de viaje basadas en los gastos reales. 
Se plantea la cuestión de si el Parlamento todavía está dispuesto a salir de este callejón sin salida. 
El dictamen Rothley se ha discutido esta semana en la Comisión de Asuntos Jurídicos y no hay nada que apunte en ese sentido. 
Señor Presidente, ante la perspectiva de su reforma, la Comisión se encuentra en un dilema. 
Tras los acontecimientos que condujeron a la dimisión de la anterior Comisión se han generado grandes expectativas. 
A veces tengo la impresión de que las propuestas reciben en este Parlamento una mejor acogida cuanto más radicales suenen. 
Por otro lado, la situación no se arregla de un día para otro con un borrón y cuenta nueva, y las dificultades comienzan en cuanto llega el momento de la puesta en práctica de las medidas, en cuanto ha de hablarse sobre los detalles. 
Esta es posiblemente la explicación de por qué en la Comisión de Control Presupuestario tuvimos con este asunto más dificultades que las esperadas. 
A pesar de ello puede verse los resultados, ahora sobre la mesa, y quiero agradecer expresamente al colega van Hulten su trabajo en este informe. 
Si este informe pierde de nuevo su consistencia mediante la aceptación de enmiendas, concedemos a la Comisión una clara y evidente ventaja en varios puntos decisivos. 
Permítanme que les cuente las principales ventajas. No queremos que se supriman los controles financieros. 
Debe seguir siendo posible que el auditor examine las asignaciones de recursos y los pagos antes de que se hagan efectivos, si bien no en todo caso, sí cuando exista alguna incertidumbre o riesgo. 
Por ello la Comisión emite señales equivocadas, por ejemplo, cuando cambia de nombre la Dirección General de Control Financiero, pasando a llamarla Dirección General Audit. 
Resulta sencillo cambiar el organigrama de la Comisión, pero será más complicado cuando la Comisión pase a los textos, en particular al reglamento presupuestario. 
No lo he contado con exactitud, pero el procedimiento presupuestario de la Comunidad y sus disposiciones de desarrollo hablan en casi cien lugares distintos del interventor, de su independencia y de las tareas que se le asignan. 
Esto no puede ni ignorarse ni eludirse, ni tampoco con el llamado soft law como se oyó decir en una ocasión en una reunión de nuestra comisión. 
Con independencia de tales consideraciones de orden jurídico, sería un error imperdonable, por razón de la naturaleza del asunto, suprimir el control financiero en sentido clásico justamente en el momento en que las personas competentes en dicha materia de la Comisión ya no se hallan solos, sino que están integrados en una cadena de mecanismos de control e investigación en funcionamiento. 
Según nuestras previsiones, en un futuro tres mecanismos acabarán por incidir recíprocamente: el control independiente previo del interventor, el controles de acompañamiento y complementarios del servicio de revisión aún en fase de constitución, también llamado servicio Audit, y, finalmente, el control de la nueva oficina de lucha contra el fraude, la OLAF, que buscará cualquier signo de irregularidad. 
Es positivo que el informe del colega van Hulten establezca la conexión entre los tres ámbitos y que ponga de manifiesto dónde se encuentran las principales deficiencias que hay que atajar. 
Sólo diré a modo de aseveración que los procedimientos disciplinarios resultan insuficientes, en particular cuando se trata de pedir cuentas a funcionarios por comportamientos desviados, también en materia financiera. 
Hay una gran zona gris y muchos puntos poco claros cuando se trata de imponer sanciones penales, y justamente a este respecto los anuncios que ha hecho la Comisión son más bien vagos. 
¡Sólo puedo decir que estas son las nueces duras de verdad que hay que cascar de una vez por todas! 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar sinceramente a mi colega, el Sr. Van Hulten. 
Es agradable poder decir que pertenece a nuestra delegación y puedo estar un poco orgulloso de él, creo yo. 
En cualquier caso, felicidades por su informe. 
Señor Presidente, la dimisión de la Comisión ha ocasionado una sensación de miedo a muchos funcionarios de la escala jerárquica y burocrática. 
Me parece fundamental todo el alegato acerca de efectuar un cambio hacia una cultura de la responsabilidad. 
En la Comisión de Desarrollo he podido ver muy de cerca cómo miles de proyectos se paralizaban; cómo, a veces, hasta el 80 por ciento del dinero no se invertía, creándose, en ocasiones, una enorme bolsa de dinero. Y esto, no porque no sea totalmente necesario, no porque no haya buenas propuestas, sino porque todo el sistema se atasca por sí mismo. 
Falta de responsabilidad, demasiada ex ante, muy poca ex post y de ahí surge una cultura basada en la realización de muy pocas inversiones verdaderamente efectivas. 
Gastar el dinero de forma eficaz y organizar todo el trabajo en torno a esto; sería fantástico que diéramos una señal en esa dirección con este informe. 
Espero con ansiedad que la contribución que realizaremos aquí, si el primer borrador de informe de la Comisión se convierte en informe oficial el 1 de marzo, nos permita ver cambios reales. 
Sin lugar a duda, se tratará de un servicio, señor Presidente, prestado al público europeo y, gracias a los resultados que mostremos, reconquistaremos y recuperaremos algo de lo que obviamente hemos perdido en los últimos años. 
Éste es el mejor respaldo que podemos dar a la democracia europea. 
Si con ello salimos de la cultura de los años 50 y pasamos al siglo que viene, viviremos aquí una experiencia agradable. 
Señor Presidente, en primer lugar mi enhorabuena a Michiel Van Hulten por su primer informe. 
Señoría, creo que tras esta prueba puede clasificarse para las olimpiadas. 
Hay dos puntos que, en mi opinión, merecen especial atención por parte del ELDR. 
En primer lugar, la responsabilidad individual de los Comisarios. 
Ésta debe regularse durante la CIG. 
Preferimos, sin embargo, que esta importante cuestión no quede completamente en manos del Consejo y, por ello, hemos presentado una enmienda en la que pedimos que se adopte un acuerdo interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento, a fin de asegurarnos una especie de fall back-position y no dejar nuestra suerte totalmente en manos del Consejo. 
El segundo punto, y mi colega, el Sr. Mulder, ya lo ha dicho, es que el ELDR considera que el Parlamento Europeo debe ser investigado por expertos independientes. Esto contribuirá mucho a recuperar, en particular, la confianza de los ciudadanos europeos en esta institución. 
No podemos oponernos con credibilidad a esta Comisión reformada en tanto no hagamos un examen de conciencia y el Parlamento Europeo también ponga sus asuntos en orden. 
Solamente si reformamos todas las instituciones europeas, lograremos finalmente la Europa abiertamente democrática y dinámica que merecen nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a mi compañero Van Hulten por este primer trabajo que presenta en el Pleno. 
Estoy seguro de que le va a servir, entre otras cosas, para que su segundo informe gane en flexibilidad y para trabajar buscando más el consenso de todos los Grupos. 
A estas alturas, el proceso de reforma de la Comisión que pide la ciudadanía es inaplazable. 
Este Parlamento ha escuchado muchas veces, incluso de Presidentes de la Comisión, su deseo de reformarla. 
Ahora parece ser que va más en serio. 
Después de que una Comisión haya dimitido y de que un comité de expertos haya señalado un número casi inagotable de insuficiencias, tiene lógica la promesa que el Sr. Prodi hizo el día 14 de septiembre de presentar ante esta Asamblea un proyecto completo de reforma para el mes de febrero. 
El informe que ahora debatimos pretende dar fuerza política a buena parte de las recomendaciones del comité de expertos encargado por este Parlamento. 
El Sr. Prodi dijo que actuaría de todas formas, que prefería acertar, pero que el miedo a no acertar no le impediría actuar. 
Por eso, nosotros solicitamos que su programa sea valiente, pues, si lo fuera, le puedo asegurar que este Parlamento estará con la Comisión en ese proceso de reformas. 
Queremos una Comisión fuerte, que pueda ejercer sus funciones con independencia y neutralidad pero con sentido político. 
Los Comisarios no deben considerarse altos funcionarios sino políticos en ejercicio. 
Por eso, el informe les permite la militancia política y la pertenencia a órganos políticos colegiados en sus partidos. 
Tal vez la referencia a los cargos sea inexacta. 
No sé cuál será exactamente, señor Kinnock, su apreciación al respecto, pero es claro que queremos unos Comisarios políticamente fuertes y políticamente comprometidos. 
Y queremos una estructura que permita la eficacia del gasto de cada euro, pues estamos demostrando, en cada cierre de cuentas, que esto no sucede. 
Por eso, señor Comisario, animamos al Sr. Prodi a que acuda aquí con un programa valiente, y comprobará que puede tener problemas con aquellos colectivos que se puedan sentir perjudicados en su statu quo, pero no precisamente con este Parlamento, que espera cambios profundos y valientes. 
Señor Presidente, la Comisión Santer fracasó también porque el control financiero falló en todos sus frentes. 
Por ello, el futuro de esta nueva Comisión dependerá en buena medida de hasta qué punto se lleven a cabo reformas con rapidez y el control financiero vuelve a ser eficaz. 
En este contexto se ha dicho aquí en varias ocasiones que la Comisión quiere mejorar y reforzar sus controles complementarios de forma eficiente, y que dichos controles deben llevarse a cabo con absoluta independencia, sin que en el futuro tenga que barrerse nada debajo de la alfombra. 
Cómo es lógico, estas medidas se acogen con satisfacción. 
Lo que no comprendo es que, digámoslo así, como precio que haya que pagar por ello, deba renunciarse a controles independientes ­insisto, independientes. 
Hasta ahora, los pagos sólo pueden efectuarse cuando el autorizado a ordenar el pago ha firmado la solicitud y el interventor ha dado su aprobación mediante visto bueno. 
Se aplica por tanto el principio de las dos llaves. 
En un futuro bastará con una sola llave. 
El interventor ya no podrá examinar con carácter previo, por lo menos de acuerdo con los planes de reforma, tal y como se están discutiendo en el seno de la Comisión. 
Con su permiso, Señor Kinnock, esto es un poco como si se suprimiera la policía porque no fuera capaz de impedir la comisión de delitos. 
Lo importante sería diseñar los controles de manera más eficaz. Ello puede conseguirse si en futuro se deja de obligar a los interventores a que den su visto bueno sin excepción a toda operación de pago. 
El que quiere controlar todo acaba por no controlar nada. 
Los controles previos deben producirse únicamente donde existan incertidumbres o riesgos. 
Los funcionarios competentes para el control financiero deberían colocados de manera descentralizada, es decir, en las Direcciones Generales operativas junto al resto de sus compañeros funcionarios que ejecutan el gasto, de modo que pueda acudirse a ellos en cuanto surjan problemas y los controles resulten menos pesados y exijan menos tiempo. 
Pero quienes ejecuten el control financiero deben trabajar de manera independiente. 
Esta es la diferencia decisiva con los que la Comisión proyecta cuando habla de descentralización. 
Los funcionarios que efectúen el control financiero no deben estar sujetos a los distintos Directores Generales, como la Comisión abiertamente propone. 
Así nos lo enseñan los hechos del caso Leonardo, en el que los interventores internos de la Dirección General competente efectuaron advertencias, pero ni fueron observadas ni comunicadas a los superiores. 
Independencia es, por tanto, el requisito de unos controles eficaces. 
Esta es la posición que la Comisión de Control Presupuestario ha adoptado de manera claramente mayoritaria. 
Para los controles suplementarios sí se decanta la nueva Comisión a favor de esta independencia. 
¿No es lógico entonces que también se dé esta independencia en los controles previos? 
Creo que en la votación de mañana deberíamos poner de manifiesto esta cuestión de forma inequívoca. 
Nuestra colega la Señora Theato así lo ha expresado. 
A este respecto sólo me queda prestarle mi más firme apoyo. 
Señor Presidente, hace un par de años la anterior Comisión trató de ajustar cuentas con las rígidas y anticuadas estructuras. 
Este intento tuvo como resultado huelgas y campañas de difamación por parte de algunos sindicatos obstinados, después de lo cual se abandonaron las propuestas y fueron sustituidas por un laxo compromiso. 
Fue la estupidez de la anterior Comisión y el Parlamento no fue de ninguna ayuda en aquel entonces. 
Al leer el capítulo del Sr. Van Hulten sobre política de personal, me da miedo que el Parlamento vuelva a fallar en puntos decisivos manteniendo un discurso débil y banal. 
Hay demasiados derechos, demasiadas normas y demasiado poco espacio para el liderazgo. 
Faltan la espina dorsal y los dientes. 
¿Dónde está la carne? 
Y también quiero decirle lo siguiente, señor Comisario: Por favor, entréguenos la carne aunque sea británica. 
El Señor Prodi prometió una revolución. 
Sus propias palabras han sido positivas y firmes, sin embargo, ¡cuidado ahora y no ceda en aquellos puntos decisivos donde duele! 
¡Despeje esa selva que son las subvenciones de personal! 
¡Manténgase firme en la exigencia de movilidad, no como un derecho, tal como aparece en el informe, sino como una herramienta de liderazgo! 
¡Ocúpese de que el esfuerzo formativo sea también una herramienta de liderazgo! 
¡No escuche la exigencia del informe de convertir en fijos a los empleados temporales! 
Son puestos que llegado el caso habrá que hacer fijos, y no necesariamente los empleados eventuales actuales son quienes han de pasar a ser fijos. 
Por último, señor Presidente, como antiguo miembro de la Mesa- hasta hace medio año -, me gustaría pedirle que se ocupara de este asunto en la Mesa, de manera que este Parlamento cumpliera al menos en nuestra propia administración los requisitos que les pedimos a otros. 
No lo hemos hecho hasta ahora y usted debe contribuir a que esta situación cambie. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. van Hulten por su informe y decir que vote a favor del mismo. 
Así, me referiré a aquello con lo que no estoy de acuerdo. 
No estoy de acuerdo con los párrafos relativos al Parlamento. 
Este informe versa sobre la Comisión. 
El Parlamento es una cuestión separada. 
No tenemos ninguna necesidad de incluir al Parlamento en la discusión acerca de la Comisión. 
Además está el asunto de las tiendas libres de impuestos. 
Esa fue una vara usada por los grupos de presión de las tiendas libres de impuestos para flagelar a la Comisión resentidos por el hecho de que la Comisión suprimiese las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos. 
Tampoco merece la pena incluirlo en este informe. 
La mayoría del informe trata del control financiero. 
Esto resulta razonable porque proviene de la Comisión de Control Presupuestario. 
Pero no deberíamos dar la impresión de que se están arriesgando ingentes cantidades de recursos por la negligencia de la Comisión Europea. 
Después de todo, en comparación con el gasto nacional solo constituye un 1% del PIB. 
Esto ya lo hemos vivido antes pero algunos de los miembros de este Parlamento son jóvenes y no parecen percatarse de lo escasos que son los recursos financieros de la Comisión Europea y de que el 80% de los mismos son gastados por los Estados miembros. 
Así, la negligencia en el seno de la comisión respecto del gasto financiero no supone arriesgar ingentes cantidades de dinero. 
Deberíamos tener esto en cuenta. 
Es importante recordar esto. 
La cuestión de la Comisión Europea tiene poco que ver con el gasto de dinero. 
Disponen de muy poco. 
Tienen una responsabilidad mucho mayor. 
Esa mayor responsabilidad comprende la gestión del medio ambiente, la seguridad de los alimentos, el comercio exterior, el mercado interior y muchas otras responsabilidades que le hemos otorgado sin los recursos necesarios para hacerles frentes. 
No soy una de esas personas que opinan que hay una gran falta de confianza. 
Si existe, la hemos propiciado en esta Asamblea a lo largo del año pasado. 
Llevo aquí 20 años y he encontrado confianza absoluta entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Hemos tenido nuestros problemas y hemos contemplado dificultades, pero no ha existido una situación en la que los ciudadanos de la Unión Europea desconfiasen, dudasen o temiesen a esta Comisión burocrática por que estuviese gestionando defectuosamente nuestros asuntos. 
Esta es una enorme exageración de las dificultades existentes. 
Esta Comisión no debe vivir por siempre a la sombra de los errores que causaron la dimisión de la Comisión precedente. 
Si bien hubo problemas- y tenemos que resolverlos en previsión de la ampliación, por ejemplo- en algunas ocasiones llevamos los aspectos negativos demasiado lejos. 
Señor Presidente, estimados Comisarios, en primer lugar, no puedo dejar de pensar en que este debate, en lo que refiere a los oradores, es neerlandés-inglés-escandinavo. 
Quizás sea un poco inquietante. 
Espero, como muchos otros, que esté desapareciendo el estado de excepción de las relaciones entre la Comisión y el Parlamento. 
No está bien que sigamos corriendo de un lado para otro para apagar incendios. 
Por el contrario, como dijo Blak, hay que crear un sistema con funciones claras. 
En primer lugar, necesitamos un sistema de normas sólidas, cuya aplicación sea posible. 
No basta con códigos de conducta ni con comités de ética. 
Tiene que haber normas consistentes que, entre otras cosas, señalen lo que se puede descentralizar, lo que se puede encargar a otros y lo que es independiente. 
Me parece un poco alarmante que en este debate se hable de independencia, sin definirla y sin precisar el derecho de decisión. 
Por tanto, en la UE se necesita un sistema básico de normas administrativas, para sus instituciones y para sus relaciones con los países miembros. 
Esto no existe. 
Hemos señalado hace falta una Fiscalía y un Derecho penal comunitarios, pero también se precisa un Derecho administrativo comunitario. 
Avanzaríamos bastante si la Comisión aprobase como norma obligatoria la propuesta de código de conducta para buenas prácticas administrativas hecha por el delegado. 
El informe Van Hulten constituye un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. 
En segundo lugar, hay que aclarar nuestro propio papel en las revisiones. 
El Tribunal de Cuentas estudia si algo está en concordancia con las normas, pero no se ocupa de controlar su utilidad. 
Es el Parlamento Europeo el encargado de hacer las evaluaciones políticas. 
Nosotros no perseguimos delincuentes, es tarea de la OLAF. 
Díganme, por ejemplo, a qué parlamento nacional se envían los documentos de un sumario. 
Quiero decir, con la tozudez del borracho, que el reglamento de publicidad de documentos tendrá que ser mucho mejor que el borrador que ha circulado por Internet; en caso contrario, no llegaremos a ninguna parte en esta lucha. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias sinceramente al ponente por su informe. 
Me alegra poder dirigirme ahora a él en neerlandés, después de haberlo hecho el Sr. Van den Berg. 
En caso contrario, quizás me hubiera sentido algo culpable. 
Quiero decir que este informe supone una increíble mejora, también mediante las enmiendas. 
Pertenezco a la Comisión de Asuntos Sociales y un ponente nuestro siempre está orgulloso de recibir 100 enmiendas, ya que, entonces, sabe que se trata de un tema interesante. 
Creo que éste es también el caso, pero opino que es un poco exagerado hablar demasiado de las 100 enmiendas. 
Quiero señalar además, que nuestro coordinador de la Comisión de Control Presupuestario es el Sr. Pomés Ruiz, que es español y, por tanto, la contribución española ha sido muy relevante en este debate. 
Señor Presidente, creo que una de las cosas más importantes que se han mencionado es la propuesta del ponente relativa a la creación de un Comité permanente sobre Normas en la Vida Pública. 
Se trata de una propuesta muy importante. 
Únicamente me sorprende que el Grupo Socialista quiera eliminar esta propuesta mediante la propuesta de la Sra. Morgan, ya que ésta pretende anularla totalmente. 
No entiendo en absoluto por qué. 
Por una parte, dirige todo tipo de elogios al ponente, pero, al mismo tiempo, la Sra. Morgan quiere seguir en este punto, al igual que respecto de otros puntos importantes, una especie de estrategia de tierra quemada que, en el fondo, vacía completamente de contenido este informe. 
No sé si es para satisfacer los deseos del Sr. Kinnock. 
No obstante, conozco al Sr. Kinnock; le gustaría escuchar nuestras pretensiones y está muy preparado para apartarse de las mismas si lo considera necesario. 
No creo que realmente sea necesaria semejante táctica radical de tierra quemada. 
Por último, la cuestión de los funcionarios. 
No estoy del todo de acuerdo con el Sr. Haarder. 
Coincido en que el informe sobre los funcionarios se ha desarrollado de forma totalmente insuficiente. 
En primer lugar, no se ha hecho hincapié en la importancia de un servicio público en general. 
En segundo lugar, se han mencionado todo tipo de propuestas sobre las que hay que preguntarse si realmente son tan sensatas y si verdaderamente suponen una mejora. 
Por ejemplo, estamos ocupándonos de esas OATs, es una cuestión importante, y, al mismo tiempo, queremos eliminar el personal temporal de la Comisión. 
Las dos propuestas se oponen diametralmente y realmente no entiendo cómo ha salido a relucir semejante sugerencia. 
Señor Presidente, señor van Hulten, su trabajo, en castellano, merece calificativos relevantes: esforzado, ímprobo, complejo, y creo que es importante en un primer informe. 
Entienda, por lo tanto, lo que voy a decir a continuación como una crítica desde la leal contradicción, que creo que es la que enriquece este debate. 
Este informe me parece redundante, prolijo, confuso y carente de precisión en los conceptos utilizados. 
"Redundante" quizás es el calificativo más grave, y usted no es responsable, es la responsabilidad del Parlamento. 
Es decir, si este Parlamento encarga a un comité de expertos- y no voy a repetir lo que ha dicho el Sr. Casaca, pero coincido bastante con él- el análisis de un problema, qué sentido tiene entrar aquí en una tradición medieval de glosar a los glosadores y así ad infinitum. 
Evidentemente estamos esperando esa reforma de la Comisión, estamos esperando las propuestas que nos va a hacer la Comisión y este Parlamento deberá pronunciarse sobre ellas. 
Entre tanto, tenemos que dar un voto de confianza a la Comisión. 
"Prolijo". 
No voy a mencionar la extensión de este informe. 
No sé si bate el récord de todas las resoluciones presentadas aquí pero, desde luego, de este tipo de resoluciones sin lugar a dudas. 
No creo que haya habido antes una resolución- y mire que en este Parlamento hacemos resoluciones complejas- que haya tenido párrafos de más de 16 líneas sin un punto. 
Además es "confuso". 
No voy a volver sobre lo que se ha dicho sobre el análisis de cuestiones que conciernen al Parlamento. 
Eso debería ser objeto de otro informe y habremos de hacerlo y es necesario que reflexionemos, pero no en este informe. 
Y por último, francamente, señor Presidente, no voy a poner ejemplos, pero hay muchos en los que se utiliza el lenguaje jurídico con una falta de precisión alarmante. 
Por lo tanto- y resumo -, espero- somos muchos los que esperamos -, señor Comisario Kinnock, su informe para, de verdad, pronunciarnos por él, que es lo que debe hacer el Parlamento. 
Señor Presidente, el ámbito y la prolijidad de las propuestas de medidas de reforma necesarias permiten deducir en la importancia de tal reforma. 
A la vista de los acontecimientos que estos esfuerzos han provocado, la necesidad se hace particularmente manifiesta. 
Los Comisarios Prodi y Kinnock despertaron aún mas esperanzas y expectativas con sus rotundas manifestaciones. En el informe llama particularmente la atención el concepto de transparencia. 
Garantizar ésta es uno de nuestros principales deseos. La importancia de un trabajo controlable tampoco puede dejar de resaltarse. 
Pero no se trata únicamente de una reforma burocrática, sino más bien de una demostración de buena voluntad ante el ciudadano. 
Ha de recuperarse su confianza en la política de la UE. 
El ciudadano desea ejercer su derecho a un acceso rápido y abierto a la Institución y a la inteligibilidad de las disposiciones. 
De ellas extrae su entendimiento, y quiere una política de resultados que concibe como un servicio a un ciudadano ya mayor de edad cuya prestación se sobreentiende. 
Sin embargo, me molesta escuchar hoy que la Comisión dice ahora que quiere discutir el informe provisional con el Parlamento de manera solamente informal. 
Su intervención, Sr. Kinnock, en la Comisión de Control Presupuestario el martes próximos no debe ser una calle de dirección única, sino que nosotros en cuanto parlamentarios queremos y debemos colaborar. 
Y también choca con mi idea de la política que en esta semana se celebre una rueda de prensa antes de que en la Comisión de Control Parlamentario hayamos discutido en detalle el informe. 
Señor Kinnock, creo que, a pesar de todos sus éxitos personales, la Comisión debe hacer algo más por satisfacer nuestras justificadamente ambiciosas expectativas. 
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(EN) Me gustaría comenzar, para que conste en Acta y para ilustrar a la Sra. Langenhagen, diciendo que la decisión de que no comparezca mañana ante el Pleno y por tanto no estar disponible para dar respuestas formales relativas al informe no ha sido mía ni de la Comisión- ¡ha sido una decisión de este Parlamento! 
Por tanto, si tiene alguna lección que dar más vale que las de en esta Asamblea. 
Me conoce suficientemente bien como para saber que a todos los niveles en los que a lo largo de cinco años hemos trabajado juntos no ha habido ni una sola ocasión en la que me haya negado a responder completamente, formalmente y en detalle de todo lo que he hecho. 
Señor Presidente, permítame empezar rindiendo tributo al Sr. van Hulten por el sufrido trabajo que ha supuesto la elaboración de su informe que, además, por lo que he podido oír, ha sido un sufrimiento aceptado de buena gana. 
Aunque relativamente nuevo en esta Asamblea, también es relativamente veterano en algunos aspectos, ciertamente en la familiaridad con la Instituciones por su calidad de antiguo funcionario- y creo que el valor de esto queda patente en su habilidad para lidiar con esta cuestión que, como han dicho varios diputados, reviste tanta importancia para todas nuestras Instituciones. 
Le doy las gracias y le deseo una larga y distinguida carrera como diputado. 
Señor Presidente, como usted sabrá, el informe del Sr. van Hulten sobre el segundo informe del Comité de Expertos Independientes es necesariamente largo y dado que deseo dar una respuesta completa, especialmente a los asuntos relativos a la gestión y el control financiero, apelo a su indulgencia. 
Naturalmente no voy a emplear el tiempo de la Asamblea más allá de lo que sea absolutamente necesario. 
Cuando el pasado septiembre esta Asamblea trató el segundo informe del Comité de Expertos, en nombre de la Comisión entrante, prometí que el informe sería considerado como uno de los ingredientes fundamentales de las propuestas de reforma de la Comisión. 
Nuestros esfuerzos por hacer honor a esta promesa se harán evidentes a esta Asamblea cuando se proceda a debatir el paquete de reformas aprobado por la Comisión en el día de hoy, sobradamente dentro del exigente plazo que nos impusimos hace cuatro meses. 
Estoy seguro de que esto animará al Sr. Pomes Ruiz. 
La mayoría de las propuestas del documento son muy semejantes a las señaladas por el Sr. van Hulten y- me dirijo a él y al Sr. Staes- el documento incluye un calendario muy explícito de las acciones que se han de tomar para acometer la reforma. 
No hay, por tanto, nada que se hay dejado abierto o sea vago sobre el informe que he tenido el honor de compilar. 
El punto de vista de este Parlamento en el periodo de consulta de las próximas cuatro o cinco semanas va a ser, por razones obvias, de gran importancia. 
Le diría al Sr. Elles que definitivamente estamos en posición de escuchar. 
Pero seguro que sabrá apreciar- con su acostumbrada generosidad- que para que nosotros podamos escuchar la respuesta a lo que estamos proponiendo es necesario que antes transmitamos lo que estamos proponiendo. 
Por lo tanto, he aquí la transmisión. 
Aunque el tiempo me impide en este debate, señor Presidente, comentar ante la Asamblea cada uno de los elementos de la resolución, puedo inmediatamente asegurar que los detalles serán tratados como una aportación importante a nuestras propuestas de reforma durante todo este periodo de consulta y, ciertamente, a nuestro trabajo en otras áreas relevantes. 
Volviendo a los asuntos principales de la resolución voy a realizar las siguientes observaciones. 
Se insiste acertadamente en la necesidad de mayor transparencia, porque una mayor transparencia en el modo de operar de la Comisión mejorará la eficiencia y desmitificará aquello que realiza la Comisión. 
Esto es esencial para una administración ejecutiva que debe ser responsable, no sólo ante esta Asamblea, sino ante el público europeo. 
Naturalmente, se necesitan salvaguardias coherentes para proteger información especialmente sensible, pero los casos en las que éstas sean necesarias deben reducirse al mínimo. 
He enfatizado esto repetidas veces, y ciertamente no solo como Comisario, sino durante 25 o 30 años. 
Esta es, con toda seguridad, la intención de la Comisión. 
Evidentemente, la gestión y el control financiero constituyen un área esencial de la reforma. 
Como le consta a la Asamblea y ha dicho en repetidas ocasiones, la escala y el espectro de las intervenciones financieras de la Unión han aumentado inmensamente durante la última década sin un crecimiento proporcional del personal o un ajuste de los procedimientos. 
Varios diputados han vuelto a mencionar esta circunstancia en el transcurso del debate de hoy. 
Compartimos la opinión, necesariamente citada por el Comité de Expertos Independientes y repetida en esta resolución provisional, de que ha llegado la hora de una extensa revisión de nuestras normas y procedimientos. 
Los medios para realizar esto se establecen en la estrategia para la reforma y la Comisión presentará en abril sus propuestas para reformulación radical del Reglamento Financiero. 
El apoyo parlamentario será absolutamente vital para discurrir por ese esencial camino hacia el cambio. 
Comparto la opinión expresada por la Sra. Theato de que no sería aceptable de ningún modo que intentásemos hacer nuevos ajustes sin un cambio jurídico. 
El cambio de la ley es fundamental. 
Hay ciertos deberes que pueden realizarse y están establecido y especificados con todas las garantías en la estrategia para la reforma, pero la promulgación de un cambio legislativo es, evidentemente, de crucial importancia para el funcionamiento del nuevo sistema. 
Esencialmente- y con un cambio legislativo- la Comisión se alejará sistemáticamente del actual sistema centralizado de la previa autorización del Interventor Financiero para cada transacción financiera y, en su lugar, reforzará los sistemas internos de control dentro de los departamentos de gasto de suerte que los Directores Generales estén mejor dotados para asumir la responsabilidad por las decisiones que tengan influencia en el presupuesto de la Unión Europea. 
Además, y para lograr mayores garantías que las prestadas por el sistema actual, el nuevo sistema de control descentralizado debe ser complementado estableciendo un servicio interno de auditoría- "la segunda llave" como dijo el Sr. Bösch, planteado de una forma prácticamente coincidente con las recomendaciones del Comité de Expertos. 
Este servicio se abriría el 1 de mayo de este año. 
Sería dirigido por un miembro profesionalmente cualificado del mundo de la auditoría y su independencia debe y será garantizada por un nuevo precepto que deberá añadirse al Reglamento financiero. 
El nuevo servicio responderá ante mí y será acompañado por un Consejo de Desarrollo del Control de Cuentas presidido por mi colega, la Sra. Schreyer, a quién celebro ver esta noche en la Asamblea. 
Como Comisario para el presupuesto, entre las correspondientes responsabilidades ya se encuentran las relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
Este Consejo de Desarrollo del Control de Cuentas garantizará un seguimiento efectivo y riguroso de la auditoría interna. 
Quisiera enfatizar que cambiar nuestros sistemas de control no va significar en absoluto que éstos se relajen. 
El cambio propuesto los hará más efectivos tanto en términos de insumos como en términos de resultados mensurables y contrastables. 
También puedo asegurar específicamente a la Asamblea que no buscamos lo que algunas veces se denomina una "aproximación de big bang". 
Al control financiero de autorización ex ante para cada departamento de gasto sólo se renunciará cuando y en tanto el sistema de control interno de un departamento se muestre plenamente adecuado. 
Estoy algo sorprendido de que no aparezca el párrafo 10 para tratar las críticas fundamentales realizadas por ambos informes del Comité de Expertos Independientes al funcionamiento del actual sistema centralizado de control financiero. 
Ese Comité fue muy claro sobre la necesidad de abolir el sistema centralizado de autorización ex ante. 
También fue muy claro sobre la necesidad de separar la auditoría interna del control financiero. 
Además, no creo que el párrafo 10 refleje completamente la opinión del Tribunal de Cuentas acerca de 1997. 
Naturalmente, el Tribunal de Cuentas podrá dar su apreciada opinión sobre los cambios propuestos para el reglamento Financiero pero resulta útil recordar los comentarios realizados a esta Asamblea el mes pasado por Sr. Karlsson. 
"El control interno de la Comisión", dijo, " no es suficientemente enérgico para prevenir el funcionamiento incorrecto. 
Por ejemplo, el interventor Financiero concedió autorización ex ante en la mayoría de los casos de mala gestión o irregularidad recientemente descubiertos. 
Al mismo tiempo, la función de auditoría interna es llevada a cabo de forma descoordinada por varios órganos, especialmente por el mismo Interventor financiero, la Inspección general y ciertas unidades de Direcciones Generales. " 
El sistema de autorización ex ante fue, sin duda, diseñado originalmente para asegurar la cautela pero, a lo largo de los años, ha desplegado el efecto perverso de reducir el punto hasta el que se sienten responsables los gestores por sus decisiones. 
No creo que hay ningún verdadero desacuerdo entre nosotros respecto de esto. 
Del párrafo 10 infiero que la preocupación subyacente de sus Señorías es que debe haber una transición cuidadosamente gestionada. 
Con toda seguridad ese va a ser el tenor del cambio como podrán comprobar sus Señorías cuando lean el documento de la estrategia para la reforma. 
Nuestro objetivo, el objetivo del comité, el objetivo del Tribunal de Cuentas no es el de abolir el control financiero, sino el de desembarazarnos del control financiero centralizado y mejorar sobre la base del mismo. 
Antes de dejar este tema quisiera añadir que coincidimos con el ponente en que la función existente de auditoría interna debe conservarse mientras se esté a la espera del establecimiento del nuevo sistema independiente de auditoría interna que tendrá lugar en cuestión de meses. 
Cambiando rápidamente a la parte de la resolución dedicada a la lucha contra el fraude, la corrupción, la mala gestión y el nepotismo: la nueva propuesta más importante del informe versa sobre la denuncia de los funcionarios cundo perciben malas prácticas. 
Como dije claramente durante los debates del pasado septiembre y en otras ocasiones, todos creemos que es positivo definir lo mejor posible los mecanismos a tal efecto aunque, evidentemente, esperamos que rara vez se hagan necesarios. 
Desde junio del año pasado el Reglamento de la OLAF ha orientado mejor al personal sobre la denuncia de posibles irregularidades. 
Proponemos completar estas disposiciones definiendo los derechos y obligaciones del personal a la hora de denunciar las sospechas de malas prácticas mediante canales internos aunque no exclusivamente a través de la misma línea jerárquica. 
También se tratara la posibilidad de recurrir a canales externos específicos. 
Lo que estamos persiguiendo es la implementación de las mejores prácticas. 
Se garantizará la respuesta seria a las denuncias, la confidencialidad en los primeros niveles y la protección profesional de aquellas personas que comuniquen de buena fe malas prácticas, y se hará de un modo en el que no se comprometan las investigaciones por una revelación inoportuna. 
Como corolario existirán salvaguardias para los funcionarios objeto de falsas acusaciones. 
Una comunicación que se emitirá más tarde durante el transcurso del año dará todos los detalles. 
No creo que el Parlamento quede decepcionado con lo que vamos a proponer. 
No obstante, me convence la sugerencia del párrafo 34 del informe relativa al uso de órganos externos para reforzar las disposiciones existentes sobre responsabilidad financiera. 
Ya estamos proyectando la reforma de los actuales procedimientos disciplinarios para garantizar la profundidad, la equidad, la coherencia y la profesionalidad. 
Y vamos a proponer el establecimiento de una Comisión Disciplinaria Interinstitucional- otro asunto en el que vamos a necesitar el apoyo y la comprensión del Parlamento. 
En junio, una comunicación formulará la propuesta de reforma en toda su extensión. 
Las normas de la actividad pública constituyen la siguiente sección principal del informe ante la Asamblea. 
Con la introducción de una serie de códigos de conducta, la Comisión actual ha comenzado a desarrollar un marco ético explícito. 
Esto será llevado más allá con una propuesta en junio para realizar un acuerdo interinstitucional que establezca una comisión sobre normas de la actividad pública. 
Una función importante de esta comisión será prestar consejo acerca de normas y ética así como supervisar los códigos de conducta comunes y específicos de las instituciones. 
Saludo el apoyo del Parlamento para esta cuestión. 
Actualmente también estamos examinando el modo en el que vamos a poner en práctica, de forma más efectiva, la propuesta de un sistema de clasificación de documentos, contenida en el párrafo 50 del informe del Sr. van Hulten. 
La resolución provisional recuerda acertadamente que la Comisión es responsable ante este Parlamento. 
El Presidente Prodi y la Vicepresidenta de Palacio, así como otros colegas han demostrado el compromiso material de la Comisión respecto de ello. 
Confío en que pronto podamos acordar un código de conducta para las relaciones entre nuestras instituciones que incluya normas actualizadas sobre el acceso a documentos. 
La cuestión fue acertadamente planteada por el Sr. Elles, y la Sra. Thors también hizo referencia a la misma. 
Estoy seguro de que ambos están al corriente de que a mediados de diciembre recibimos oficialmente el provisional acuerdo marco con el Parlamento. 
Ahora estamos aguardando a que el Parlamento decida cuando desea comen zar las negociaciones sobre el texto. 
Nos sentimos satisfechos de poder proceder tan rápidamente como sea posible. 
El informe enfatiza acertadamente la importancia esencial que la política de recursos humanos debe tener en la reforma. 
Celebro poder decirles a los Sres. Hulten y Haarder que las detalladas recomendaciones relativas al reclutamiento, formación, evaluación y el nombramiento para puestos de gestión se encuentran en la misma línea de nuestras propias propuestas y nuestra propia concepción. 
Yo también quisiera avanzar hacia un sistema de carrera lineal ya que el actual sistema de categorías ya no se adapta a las necesidades de nuestras instituciones. 
Ciertamente, bloquea el progreso y la movilidad de personas con capacidades probadas. 
Aquellos de sus Señorías que durante el transcurso de este debate han alabado a los funcionarios de la Comisión, quienes típicamente y en su gran mayoría son completamente íntegros, tienen gran capacidad y son excelentes trabajadores, han hecho unos comentarios absolutamente acertados. 
Mientras el Libro Blanco sobre la estrategia para la reforma va a perfilar nuestras ideas sobre estas y otras cuestiones, es evidente que los detalles y las precisiones son esenciales. 
Cada un de ellas estará a disposición de este Parlamento para la reflexión y la respuesta. 
Entretanto, está claro que será necesario que trabajemos estrechamente con el Parlamento, como institución, en asuntos esenciales, especialmente los salarios y las pensiones y la revisión de los reglamentos de personal. 
Respecto de este último tema estamos considerando si sería útil adoptar un reglamento marco que estableciera disposiciones comunes para las cuestiones más importantes tales como los salarios, las condiciones, los derechos de representación del personal etc., pero que permita actuar a las diferentes instituciones promulgando normas para otras cuestiones. 
Las primeras impresiones del Parlamento respecto de esta idea serían especialmente bienvenidas. 
Termino haciendo referencia al párrafo 15 de la resolución ante el Parlamento concerniente a los recursos necesarios para nuestras políticas para el cambio. 
Desde luego, esto es de la mayor importancia. 
Estamos seguros de que surgirá un importante "dividendo de la reforma" a medida que las medidas de reforma comiencen a propiciar una mayor eficiencia y una mejor gestión del uso de los recursos. 
Está muy claro, no obstante, que algunos sectores de los servicios de la Comisión ya se despliegan hasta el límite. 
El Parlamento ha comentado frecuentemente esta circunstancia. 
En segundo lugar, también está claro que la reforma precisará algunas nuevas inversiones para formación tecnológica y de habilidades. 
En tercer lugar, está muy claro que se han de emprender más preparativos para la ampliación. 
Éstos ya están teniendo repercusión en la disponibilidad de recursos. 
También es evidente que, si aceptamos nuevas tareas- cosa que el Consejo y el Parlamento nos pedirán que hagamos- deberemos identificar las llamadas "prioridades negativas" y abandonarlas para poder crear capacidad de ahorro. 
Un elemento fundamental de la reforma lo será, por tanto, un procedimiento más riguroso para anudar el proceso de establecimiento de prioridades a la asignación de recursos bajo un sistema de gestión basado en la actividad. 
Quisiera enfatizar, no obstante, que mientras la Comisión va a introducir con toda seguridad la disciplina interna en el establecimiento de prioridades, solo puede ser completamente efectivo si el Parlamento y el Consejo lo comparten y adoptan una actitud igualmente estricta respecto de lo que se demanda de la Comisión. 
Por ello, la Comisión saluda el párrafo 15 del informe del Sr. van Hulten. 
Termino, señor Presidente, agradeciéndole a la Asamblea la atención prestada durante una intervención inevitablemente larga y expresando mi gratitud al ponente, a la Comisión de Control Presupuestario y al resto de comisiones que dieron su opinión. 
Esperamos seguir colaborando estrechamente con esta Asamblea en la conclusión del paquete de estrategias para la reforma y, lo más importante, seguir trabajando con esta Asamblea en su ejecución a lo largo de los años que será necesaria en situaciones complejas de este tipo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión se levanta a las 23.15 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quiero tocar un tema de gran importancia para todos en esta Asamblea. 
Ayer por la tarde tuvimos la reunión habitual de Comisión con el turno usual de respuestas a las preguntas. 
El Sr. Provan, en la presidencia, tuvo un problema muy grande porque el Sr. Byrne se tomó 29 minutos para responder a las preguntas. 
Es de particular importancia para el Parlamento que tengamos la oportunidad de hacer preguntas a los comisarios, y que un comisario consuma 29 minutos contestando preguntas en mi opinión es ridículo. 
Creo que estaba particularmente preocupado por tener que responder una pregunta que sé que varios de mis colegas- aunque no yo- querían hacerle, relativa a la causa por la que no promovía medidas contra Francia por el tema de la carne de bovino. 
Aparte de esto, sugiero que, esté quien esté presidiendo, si se produce otra situación en que un comisario sólo esté consumiendo su tiempo, la presidencia tenga la atribución de interrumpir al comisario o de obligarlo a que abrevie sus respuestas. 
Gracias, señor Sturdy. 
Voy a dar la palabra al señor Provan. 
Señalo de paso que ha gestionado de forma notable una situación delicada, habida cuenta del escasísimo tiempo que teníamos. 
Creo que, para unas comunicaciones tan importantes como ésta, media hora es, con todo, un tiempo verdaderamente corto. 
Pienso que sería necesario que consideráramos la posibilidad de ampliar este tiempo del uso de la palabra. 
Señora Presidenta, me alegro de que se haya planteado este asunto, pero tenía pensado proponerlo en la Mesa del Parlamento, tal como lo establece el procedimiento. 
Quizá deberíamos mantener una discusión interna de la Mesa para determinar cómo se puede organizar debidamente la estructura de este tipo de debate en el futuro. 
La de ayer no fue una sesión satisfactoria. 
Nos excedimos de nuestro tiempo en cinco minutos. 
Como ha dicho el Sr. Sturdy, el Comisario habló durante 29 minutos y los diputados sólo tuvieron 6 minutos para hacer sus preguntas. 
Fue una situación ridícula que debemos rectificar. 
Señora Presidenta, perdone, tomo raramente la palabra ante una situación de este tipo, pero lo hago para enviar una apelación dirigida a nosotros mismos. 
Pues, a pesar de todo lo que aprecio al Sr. Sturdy, no me parece muy justa su crítica al Sr. Byrne pues al fin y al cabo hemos pedido al Sr. Byrne que nos presente el Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos. 
Se trata de un asunto muy complejo que no se puede tratar en diez minutos. 
El Sr. Byrne ha necesitado para ello 15 ó 17 minutos y a continuación algunos de nosotros han planteado preguntas que a veces han durado más de un minuto. 
Yo he necesitado menos de un minuto, otros no. 
Depende de nosotros que para la exposición de la posición de la Comisión no se dedique sólo media hora sino una hora y que tengamos luego tiempo suficiente para debatir sobre la misma. 
Lo que ha dicho el Sr. Provan es correcto. 
Ayer estuve aquí en el Pleno desde las 15.00 horas y nosotros, el Parlamento, hemos colocado en el orden del día el desastre del petrolero Erika así como los huracanes que han tenido lugar en Europa. 
Todo esto junto, que ha tenido lugar bajo la Vicepresidencia de los Sres. Colom y Provan, ha hecho que todos hayamos hablado más tiempo. 
El mismo Parlamento tiene la culpa de que nos hayamos excedido en el tiempo. 
Los Vicepresidentes no han tenido una papeleta fácil y me parece poco justo que ataquemos al Comisario por ello, pues el Sr. Byrne ha esperado y ha estado también padeciendo por ello. 
Nosotros mismos tenemos que modificar nuestro orden del día y ser algo más disciplinados. 
Gracias, señora Roth-Behrendt, me confirma mi impresión de que un debate así hubiera merecido una hora bien cumplida. 
Creo que lo tendremos en cuenta en el futuro. 
Señora Presidenta, esta tarde vamos a celebrar el debate anual sobre el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Está inscrito en el orden del día como preguntas al Consejo. 
En realidad, la pregunta oral es para introducir el debate previsto en el cuarto guión del artículo 2 del Tratado. 
Querría pedir a la Presidencia que garantice que el Consejo, que no ha respondido por escrito a estas preguntas, conteste, en primer lugar, a las preguntas hechas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, para proceder después al debate previsto por el Tratado de la Unión de manera más eficaz. 
Vamos a examinar esto, por supuesto, con el Consejo. 
Hemos salido un poco del marco de la aprobación del Acta. 
¿Hay alguna otra observación sobre este tema? 
De acuerdo, señor Howitt. 
Por supuesto, no sólo su intervención se reflejará en el Acta del día de hoy, sino que escribiré a la Comisión en el sentido que usted mismo ha propuesto. 
(El Acta queda aprobada) 
Programa de actividad de la Presidencia portuguesa, incluida la situación en Angola 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre el Programa de actividad de la Presidencia portuguesa, incluida la situación en Angola. 
Señora Presidenta, Señorías, es para mí una gran satisfacción encontrarme aquí en el Parlamento Europeo para presentar el programa de trabajo de la Presidencia portuguesa en este primer semestre del 2000. 
Sus Señorías ya conocen el texto de este programa, por lo que me limitaré a subrayar algunos de sus aspectos más relevantes. 
Para comenzar, quisiera decir que mi país entiende que el trabajo de la Presidencia no sólo debe responder a una eficacia deseable a nivel del Consejo de Ministros, sino también a un esfuerzo en pos de una amplia cooperación con las instituciones y con todos los órganos comunitarios, así como a una transparencia permanente de las actividades de la Presidencia ante la opinión pública europea. 
La articulación de la Presidencia portuguesa con el Parlamento Europeo merecerá una atención especial, habida cuenta de su papel específico en el marco interinstitucional, y porque sobre este órgano recae una legitimidad que se deriva de la elección directa de los ciudadanos europeos en los distintos países. 
Es el primer mensaje que me gustaría transmitir desde aquí, junto con la garantía de que la Presidencia estará permanentemente dispuesta a ofrecer cualquier aclaración y a mantener una cooperación total y franca con esta Asamblea. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, Europa vive hoy un momento decisivo en la definición de su modelo de organización política y económica y en la afirmación de su identidad en el plano mundial ante los nuevos desafíos a los que entiende que debe responder. 
El proyecto de creación de las condiciones necesarias para la estabilidad y el desarrollo en todo el continente, que constituye el gran objetivo político de la actual generación europea, nos obliga a tomar algunas decisiones que repercuten en el formato del propio proyecto futuro de la Unión. 
En los últimos años, hemos sido capaces de garantizar progresos muy significativos en lo que respecta a la creación del mercado interior y a la progresiva consolidación de ese ambicioso proyecto que es la moneda única. 
Ahora debemos ir más lejos: tenemos que garantizar que esas ventajas irán acompañadas de una evolución paralela de otras políticas con vistas a dar mayor consistencia a un proceso coherente que responda a las grandes preocupaciones y a los anhelos de la población europea. 
Si no sabemos utilizar eficaz y convincentemente los instrumentos de que disponemos, es decir, la Europa que hemos sido capaces de construir, es obvio que no será posible despertar la voluntad de nuestros ciudadanos para que acepten la construcción de más Europa. 
La Presidencia portuguesa se esforzará en intentar garantizar que el modelo social europeo evolucione en el futuro de manera compatible con el mantenimiento de la capacidad de la Unión para situarse en la vanguardia de la competitividad económica en el plano mundial. 
Con vistas a facilitar la concreción de este proyecto, el próximo mes de marzo celebraremos un Consejo Europeo extraordinario dedicado al tema "empleo, reformas económicas y cohesión social en la Europa de la innovación y del conocimiento". 
¿Qué pretendemos con esta iniciativa, se preguntarán algunos de ustedes? 
¿Aportará esta idea un valor mayor con respecto a lo que se ha venido haciendo? 
¿O acaso pretende Portugal iniciar un nuevo proceso que venga a sumarse a los que ya fueron diseñados en Luxemburgo, Cardiff o Colonia? 
La pregunta es legítima y una parte de la respuesta ya les ha sido presentada en el documento que el Primer Ministro portugués anunció hace dos días. 
Con este proyecto de trabajo, tenemos la intención de crear una mejor articulación, una mejor coordinación de los procesos en curso, que introduzca, sin embargo, una nueva dimensión. 
Debemos garantizar que Europa recibe un nuevo impulso que le permita convertirse en un plazo de diez años en el espacio económico más dinámico y más activo del ámbito mundial. 
Para ello es importante garantizar que la economía europea consigue optimizar todos los instrumentos de que dispone y, en especial, que no se queda atrás en la batalla decisiva de la competitividad. 
A nuestro entender, esa batalla pasa hoy por una democratización de la sociedad de la información y del conocimiento a nivel europeo que reduzca radicalmente la distancia que la separa en este ámbito de otros espacios con los que compite en la economía global. 
Es ese esfuerzo de modernidad, de actualización y de conjugación de nuevos recursos lo que nos proponemos lanzar en el Consejo Europeo de Lisboa. 
Para llevar a cabo este objetivo fundamental, contamos con todos, con este Parlamento, con los interlocutores sociales, con otros ámbitos de la sociedad civil y, naturalmente, con los gobiernos de los Estados miembros. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, la división política del continente europeo llegó a su fin hace ya algunos años. 
La unificación de Europa se ha convertido en el objetivo estratégico que debe asumir la Unión Europea en pleno y sobre el que no puede haber vacilaciones. 
Durante décadas se ha dicho a los pueblos que sufrían limitaciones para expresar su voluntad que aquí, a este lado de Europa, estaba construyéndose un modelo de libertad y de progreso que nos gustaría compartir con todos. 
Ya ha llegado la hora de demostrar que nos mantenemos fieles a lo que dijimos. 
El proyecto de ampliación de la Unión Europea y todos los modelos de convenios que pretendemos crear con otros países del continente van en esa misma dirección: garantizar un gran espacio de estabilidad y desarrollo que proporcione a toda Europa un futuro de paz y de progreso. 
La Presidencia portuguesa tiene ante sí la importante tarea de dar continuidad a las negociaciones de ampliación iniciadas en 1998 a la luz de criterios técnicos rigurosos y de una valoración del mérito objetivo de cada uno de los candidatos. 
Tenemos la intención de iniciar con esos países todos los capítulos negociables posibles a un ritmo rápido y eficaz, que tendrán como base las propuestas presentadas por la Comisión Europea. 
Con los seis países candidatos que ahora inician las negociaciones también vamos a trabajar con todo el empeño con vistas a garantizar que se les brinda la oportunidad de recuperar el tiempo que hayan podido perder, sin que con ello se cuestionen en absoluto los procesos de negociación ya en curso. 
El caso particular de Turquía merecerá nuestra atención especial, habida cuenta de que representa una realidad especial y de la necesidad de garantizar una expectativa coherente de aproximación a la Unión de uno de los países bisagra del panorama mundial. 
La ampliación es pues un objetivo europeo que la Presidencia portuguesa no eludirá y que intentará impulsar. 
Para que la ampliación pueda tener lugar, la Unión Europea considera indispensable llevar a cabo una reforma de sus instituciones para que éstas tengan un funcionamiento más democrático, más eficaz y más transparente. 
Algunas de estas reformas pueden llevarse a cabo sin modificaciones de los Tratados, a través de la mejora de los métodos de trabajo de las instituciones. 
Otras reformas exigen una revisión de los Tratados, que se llevará a cabo en el marco de una Conferencia Intergubernamental que lanzaremos en cuestión de semanas con el objetivo de que concluya a finales del presente año. 
Es una tarea manifiestamente difícil y delicada, porque va ligada a la gestión de la toma de decisiones dentro de la Unión. 
Es nuestra intención iniciarla en un modelo que aúne simultáneamente ambición y realismo, es decir, que consiga ir todo lo lejos que sea posible y necesario, dentro de un consenso que garantice la aceptación de los resultados por parte de los Estados miembros antes de que finalice el año 2000. 
Como todos ustedes saben, el cumplimiento de este plazo va unido a la circunstancia de que cualquier prolongación del debate pueda retrasar el proceso de ampliación, circunstancia que no dejaría de tener repercusiones políticas negativas que deben ser tomadas en consideración. 
Somos conscientes de que en esta nueva reforma corremos el riesgo de no cumplir las expectativas de algunos, y conocemos perfectamente el anhelo legítimo de muchos en este Parlamento de llegar más lejos. 
Puedo asegurar que la Presidencia portuguesa, en virtud del mandato que le fue conferido en Helsinki, hará todo lo posible para que el orden del día de esta Conferencia sea un conjunto de temas que permitan constituir una reforma sustancial, pero al prometer este empeño de la Presidencia, no estoy naturalmente garantizando milagros y, en particular, no puedo prometer que la voluntad conjunta de los gobiernos de los Estados miembros esté a la altura de las expectativas del Parlamento y de sus deseos. 
Este es el lenguaje de verdad y de franqueza que hoy les presento, porque no quiero crear falsas ilusiones. 
En este contexto, quisiera hacer referencia a otro aspecto que preocupa a la Presidencia portuguesa, o mejor dicho, que siempre ha preocupado a mi país, incluso antes de iniciar el ejercicio de la Presidencia: la representación del Parlamento Europeo en esta Conferencia Intergubernamental. 
En lo relativo a este aspecto, que también sabemos que es delicado, nuestra posición, sin dejar de cumplir estrictamente lo estipulado en las conclusiones de Helsinki, es intentar llegar lo más lejos posible con la participación de este Parlamento, ya sea en el marco formal establecido en dichas conclusiones, o según los modelos informales que esta institución estime oportunos para contar con la colaboración de la Presidencia. 
Aunque hay que reconocer que nos encontramos ante un modelo de representación que viene a mejorar el estatuto de que dispuso el Parlamento Europeo durante las negociaciones del Tratado de Amsterdam, consideramos importante trabajar de cara a favorecer la creación de un ambiente de confianza y de colaboración efectiva del Consejo con el Parlamento. 
En este sentido, he tenido ocasión de remitir un escrito a la Sra. Presidenta del Parlamento Europeo en el que le comunico que la Presidencia se propone iniciar los trabajos de la Conferencia Intergubernamental en una reunión ministerial especial, al margen del Consejo de Asuntos Generales de febrero, tal y como se decidió en Helsinki. 
Por consiguiente, tendremos la oportunidad de intercambiar impresiones con la Sra. Presidenta y con dos representantes de este Parlamento al inicio de cada conferencia ministerial. 
Por otro lado, este órgano contará con dos observadores en todas las reuniones del grupo preparatorio, que estará presidido por el Secretario de Estado de Asuntos Europeos. 
En mi escrito añadía que la Presidencia se ha comprometido a garantizar la participación eficaz del Parlamento Europeo en el debate sobre el orden del día de la CIG. 
Estamos abiertos a estudiar nuestra participación en cualquier otro modelo de trabajo, que en cumplimiento de las conclusiones de Helsinki, el Parlamento estime oportuno. 
Quiero asegurarles que pueden contar con nosotros para este trabajo en común. 
Señora Presidenta, Señorías, el papel de la Unión en el mundo sólo podrá reafirmarse en la defensa de sus principios y de sus intereses si conseguimos dar credibilidad a la voz de Europa, si conseguimos asegurar una respuesta efectiva a las crisis que surgen en panoramas estratégicos ante las que no podemos permanecer indiferentes. 
Con posibles lecturas distintas, la crisis de Kosovo fue y sigue siendo para todos nosotros una lección de la que debemos sacar las consecuencias necesarias. 
Considero que ahora, más que en el pasado, ha quedado patente la necesidad de una Europa que tenga capacidad propia para poder intervenir de manera eficaz y en tiempo útil en la gestión de las crisis y en la ejecución de operaciones que garanticen la estabilidad y la paz en zonas vitales para nuestra seguridad colectiva. 
El Consejo Europeo de Helsinki confirió a la Presidencia portuguesa la tarea de poner en práctica nuevos mecanismos de seguridad y de defensa en el marco europeo, que sean compatibles con los compromisos asumidos por algunos de nosotros en el marco de la Alianza Atlántica, así como con la situación específica de algunos interlocutores dentro de la Unión Europea. 
Además de eso, es importante garantizar que este nuevo modelo es perfectamente compatible con los intereses de nuestros socios de la OTAN, tanto en el ámbito europeo, como en el ámbito transatlántico. 
Durante estos seis meses vamos a poner a prueba la voluntad conjunta de trabajar en este ámbito e intentaremos garantizar el diseño de un modelo de articulación que resulte cómodo para las distintas sensibilidades e intereses existentes. 
Es una tarea manifiestamente difícil, pero estamos convencidos de que se trata de un desafío de la máxima importancia para la credibilidad de la actuación exterior de la Unión, y exploraremos naturalmente las posibilidades que nos brinden nuestras Presidencias simultáneas de la Unión Europea y de la Unión Europea Occidental. 
Y siguiendo en el ámbito de las relaciones exteriores de la Unión, señora Presidenta y Señorías, quisiera hacer algunas reflexiones en mi intervención y subrayar algunos aspectos complementarios del programa de trabajo de la Presidencia portuguesa. 
Entendemos que el esfuerzo europeo encaminado a dotarse de instituciones sólidas y operativas a nivel interno debe ir siempre unido al mantenimiento de una gran atención a lo que ocurre fuera de su propio espacio. 
Europa siempre ha salido ganando cuando ha sabido mantener una dimensión exterior activa y abierta, cuando no se ha refugiado en sí misma para no hacer frente a los desafíos que le presentaba el mundo exterior. 
Ahora tenemos ante nosotros la necesidad de mirar de frente a ese mundo y de estar ahí presentes de manera operativa. 
Por esta razón, nuestra Presidencia tiene intención de llevar a cabo un conjunto de acciones que fomenten y potencien la presencia de Europa en el mundo, que den seguimiento a las líneas tradicionales de las relaciones ya existentes o fomenten nuevas iniciativas en ámbitos que en nuestra opinión no pueden dejar de estar en el centro de la agenda europea. 
Prestaremos una atención privilegiada, naturalmente, a la grave situación en los Balcanes y a las relaciones con Rusia y Ucrania, haciendo hincapié en los focos de tensión que afectan a esta zona próxima a la Unión. 
Asimismo pretendemos garantizar que la zona mediterránea se mantenga entre las prioridades de nuestra agenda de asuntos exteriores, por lo que presentaremos varias iniciativas en el marco del Proceso de Barcelona e intentaremos garantizar la visibilidad de la intervención de la Unión en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Hemos dado un primer paso importante con el periplo que he realizado recientemente por aquella región, en la que, en compañía del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Comisión, he visitado Siria, Israel, Palestina, Jordania, Egipto y Líbano. 
Mantenemos el propósito de desarrollar un diálogo político con toda África, así como el de garantizar que el proceso creado en el ámbito del Convenio de Lomé tenga una continuidad futura satisfactoria. 
América Latina merecerá un lugar especial en este marco de relaciones exteriores, habida cuenta de la creciente importancia que tiene ese espacio para Europa y para la complementariedad de los intereses que hoy nos unen con aquella zona del mundo. 
El diálogo transatlántico con los Estados Unidos y Canadá ocupará igualmente un lugar importante en nuestra agenda, sin olvidar aquello que constituye nuestra participación común en las instituciones euro-atlánticas y, en especial, nuestro compromiso de relanzar en un futuro próximo el debate en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
Cabría destacar muchas otras iniciativas, principalmente en el marco multilateral y del diálogo político bilateral. 
Me limitaré, sin embargo, a subrayar una novedad, a saber, la celebración de una cumbre con la India, así como reuniones ministeriales con Australia y Nueva Zelanda. 
Señora Presidenta, señores diputados, no quiero alargar mucho más mi intervención con el fin de dejar tiempo para el turno de preguntas al que responderé con sumo gusto. 
No obstante, no quisiera terminar sin hacer referencia a dos prioridades fundamentales que impulsarán nuestros trabajos y a una cuestión que está directamente relacionada con el funcionamiento de esta Asamblea. 
La primera cuestión es relativa al ámbito de la justicia y los asuntos interiores: se trata muy probablemente de uno de los sectores de expansión de la actividad de la Unión que, desde Amsterdam, se ha revelado más prometedor. 
En este sentido, esperamos propuestas concretas de la Comisión Europea que nos permitan concretar la creación de un Espacio de libertad, seguridad y justicia que esté a la altura de las expectativas que en este sentido han depositado los ciudadanos en el proyecto europeo. 
La segunda cuestión es relativa al problema de la seguridad alimentaria: atravesamos actualmente por una situación muy delicada a nivel europeo, en la que se ha creado un ambiente de desconfianza que repercute sobre el mercado interior y tiene una proyección negativa en el ámbito de la protección de los consumidores, llegando incluso a afectar a nuestras relaciones exteriores. 
Creemos que es importante invertir esta tendencia. 
Para ello es imprescindible que consigamos garantizar un marco armonizado a nivel europeo, en particular, a través de la creación de una agencia que funcione como instrumento de articulación de las distintas dimensiones nacionales. 
El proyecto que ha presentado recientemente la Comisión en el marco de su Libro Blanco recibirá un tratamiento adecuado durante la Presidencia portuguesa, especialmente, a través de un informe que deberá ser presentado en el Consejo de Feira en junio. 
Por último, quisiera dejar claro que la cuestión del estatuto de los diputados y funcionarios de este Parlamento recibirá la atención necesaria de la Presidencia, porque consideramos indispensable garantizar un aspecto importante relacionado con la dignidad de las funciones de cuantos trabajan en el marco de esta institución. 
En este contexto haremos todo lo posible para conseguir, en diálogo con sus Señorías y en un trabajo conjunto en el seno del Consejo, una solución justa y equilibrada a este problema. 
Éstos son, señora Presidenta, señoras y señores diputados, los principales mensajes que quería transmitirles en nombre del Gobierno portugués en el momento en que se inicia la Presidencia portuguesa de la Unión. 
Naturalmente, quedo a su entera disposición para las aclaraciones complementarias que estimen oportunas. 
Muchas gracias por su atención. 
(Aplausos prolongados) 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por esta intervención, y doy la palabra al señor Comisario Patten, en nombre de la Comisión. 
. (EN) Agradezco al Ministro de Asuntos Exteriores, señor Gama, su presentación tan conceptuosa y amplia. 
Me alegra que su visita al Oriente Medio haya ido tan bien. 
Sólo lamento no haber podido acompañarlo porque, en esos días, estaba tratando llegar a Salónica para la primera reunión de la Agencia de Reconstrucción. 
Y debo insistir en esto de "tratando", porque pasé la mayor parte del lunes en el aeropuerto de Munich. 
No tengo intención de hablar extensamente hoy, en parte porque no quiero anticipar el discurso que el Sr. Prodi pronunciará aquí el mes próximo. 
Ese discurso no abarcará sólo los siguientes seis meses sino los siguientes cinco años. 
Sin embargo, me hago eco de la Presidencia al decir que, naturalmente, la Comisión seguirá dando gran importancia a su responsabilidad ante este Parlamento. 
También apoyamos los esfuerzos de la Presidencia para lograr una mayor eficacia por parte del Consejo de Ministros. 
Como Comisión ya estamos comprometidos en un ejercicio de reforma máxima, que discutiremos con esta Asamblea en los próximos meses. 
Pero sobre todo quiero centrar mis observaciones en asuntos que entran en mi campo de acción como Comisario de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
La Presidencia ampliará sus intereses. 
Será la guía para la primera fase de la Conferencia Intergubernamental. 
También tendrá que hacer un seguimiento de las muchas obligaciones asumidas en los Consejos Europeos de Helsinki y de Tampere. 
Por ejemplo, en el tema de la ampliación, las negociaciones formales con los seis candidatos recientemente admitidos comenzarán en febrero. 
Al mismo tiempo, habrá que mantener el ritmo de las negociaciones con los otros candidatos, y se establecerá la estrategia previa a la incorporación de Turquía. 
En todas estas áreas, la Comisión trabajará a toda máquina. 
Otras iniciativas de importancia serán el Consejo Europeo de marzo sobre Empleo, reforma económica y cohesión social para una Europa de la innovación y el conocimiento, y el Ministro ha tocado este asunto. 
Planeamos, después de este Consejo, poner en marcha el plan de acción "Europa para la sociedad de la información". 
En mi propio campo, la Presidencia considera, con razón, que los adelantos en la formulación de la seguridad común europea y la política de defensa son una prioridad básica. 
El ministro Gama ha señalado con acierto la importancia de que se cierre la brecha entre la fortaleza económica de Europa y nuestra influencia política, no por una especie de vanagloria posimperial, sino porque nuestros ciudadanos esperan que lo hagamos, y el mundo quiere que lo hagamos. 
La Presidencia se ocupará de la creación del Comité interino de Política y Seguridad. 
He propuesto que la Comisión cree un reducido centro de crisis que nos permita reaccionar con mayor rapidez en caso necesario, sobre todo en la entrega de ayudas. 
La Comisión también considera prioritaria la creación de un fondo de reacción rápida destinado a brindar una pronta financiación para la prevención específica de crisis y las actividades de gestión de las crisis. 
Por ejemplo, esto cubrirá el rápido despliegue de las fuerzas policiales y de monitores de derechos humanos o de procesos electorales, y la ayuda para el trabajo de socorro civil, para la seguridad del fortalecimiento de la institución y para la reforma de los medios y las campañas de información pública. 
Continuaremos con nuestro serio compromiso en los Balcanes; apoyaremos a Bernad Kouchner y a la administración de Naciones Unidas en Kosovo; desarrollaremos nuestras relaciones con la oposición en Serbia para alentar un cambio de régimen; daremos nuestra asistencia al gobierno democrático de Montenegro, a la vez que se continuará la difícil tarea de contribuir a la construcción de una Bosnia multiétnica, se dará ayuda al nuevo gobierno de Croacia y se procurará que Albania y la antigua República Yugoslava de Macedonia se acerquen a Europa. 
Destacaré tan sólo tres puntos generales. 
Primero, necesitamos hacer todo lo posible para asegurar que nuestros recursos finitos se usan con el máximo rendimiento. 
Antes me he referido a la gestión lenta e ineficaz de nuestros programas de ayuda. 
Estoy consiguiendo una reputación de obsesionado con este asunto: una reputación que me honro en tener. 
Cualquiera que acuda a mi despacho verá que ya me he comido las alfombras y he trepado a todas las paredes por la frustración que representa el tiempo que nos lleva hacer las cosas. 
Esto es intolerable, tiene que cambiar y cambiará. 
Como he dicho antes, tengo el honor de trabajar con funcionarios que son excelentes, pero que se ven obligados a emplear procedimientos que son repulsivos. 
Por esta causa hemos puesto en marcha una revisión de las entregas de nuestros programas de ayuda externa, y tengo la esperanza de presentar al Parlamento las propuestas de cambio en la primavera. 
Me llena de alegría que éste sea un tema al que Sus Señorías otorgan una evidente prioridad. 
Se está elaborando un proyecto de nuevo reglamento para aplicar a nuestra ayuda a los Balcanes. 
La intención es simplificar nuestros procedimientos y agilizar nuestra asistencia. 
Con Javier Solana, informaremos ante el Consejo Europeo de Lisboa acerca de nuestra política en los Balcanes y de la formas de hacer llegar mejor nuestra ayuda. 
El lunes se puso en marcha en Salónica la Agencia de Reconstrucción Europea, que ha de tener un papel vital, primero en Kosovo y después, supongo, en un ámbito más amplio. 
Espero que seré capaz de seguir las huellas de nuestra Fuerza Especial en Pristina que ahora está a punto de terminar sus tareas. 
Esta Fuerza Especial ha demostrado que la Unión puede realizar un trabajo serio, y puede hacerlo con rapidez, con una dirección adecuada, con el mínimo de papeleo y delegando autoridad a la gente en el campo. 
El elogio de esta labor no es una demostración de complacencia sobre la posición en Kosovo. 
Es muchísimo lo que tenemos que hacer allí para mantener vivas nuestras promesas y nuestros ideales. 
Hay otro punto más, de importancia para la cuestión de los recursos. 
Los Estados miembros deben estar preparados para afrontar decisiones difíciles acerca de lo que la Unión puede y no puede hacer y para reconocer con franqueza que a veces le ponen muy duro a la Comisión dar muestras de eficiencia, por las condiciones con que entorpecen nuestros esfuerzos. 
Éste será un año crítico para Rusia, con la elección del sucesor de Yeltsin. 
Chechenia aún proyectará su larga sombra. 
Mantendremos nuestra política en revisión constante. 
La Comisión necesita una directriz clara por parte de los Estados miembros en cuanto a la manera de usar los medios disponibles: la estrategia común, el partenariado y los acuerdos de cooperación, TACIS, los programas de respeto a los derechos humanos y a la democracia, la ayuda alimentaria y demás. 
Estamos considerando con el Consejo la forma de aplicar las decisiones adoptadas en Helsinki. 
En Oriente Medio puede haber bases para la esperanza. 
La marcha de los avances en el proceso de paz de Oriente Medio se ha acelerado últimamente, a pesar de los reveses de esta semana. 
Permítanme que les diga que somos conscientes de que la Unión Europea hará, y seguirá haciendo, una contribución primordial y no sólo por hurgar en nuestro bolsillo colectivo, aunque la contribución económica ha sido y será sustancial. 
Dentro de nuestra propia casa, necesitamos respirar aire limpio en el proceso de Barcelona, y estoy a la expectativa de la conferencia que hacia fines de año se organizará sobre el tema del partenariado en la UE mediterránea, así como espero la cumbre de la UE y África. 
Tengo la ilusión de que seremos capaces de trabajar con la Presidencia para fomentar una relación política y económica creciente entre la Unión Europea y Asia. 
La Comisión organizará, dentro de poco, contactos con Indonesia. Deseamos que nuestras discusiones con China acerca de su ingreso en la OMC, por difíciles que sean, lleguen a un final feliz. 
Me complace que, gracias a la iniciativa de la Presidencia, celebremos una cumbre con India. 
Creo que debemos trabajar para fortalecer nuestros vínculos con la que, después de todo, es la mayor democracia del mundo, un país donde, elección tras elección, vota en comicios libres un número de personas mayor que el que suman Europa y América del Norte. 
Como es lógico, este Parlamento siempre ha mostrado un interés estricto en la forma en que la Unión Europea apoya los derechos humanos y la democracia en todo el mundo, incluso con los cien millones de euros disponibles en la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. 
Comparto este interés por completo. 
Muchos cambios se han producido en los últimos años, y no fue el menos importante la adopción que en 1999 se hizo de dos reglamentos de derechos humanos. 
En la primera mitad de este año, la Comisión se propone emitir un comunicado en el que se establecerá su enfoque político en este campo, donde se incluirá la gestión oficial de nuestros programas de derechos humanos y de democratización. 
El Parlamento pidió a la anterior Comisión que valorase la participación de la Unión Europea en las misiones de observación de procesos electorales enviadas en los años recientes, una experiencia cuya mejor definición es la de "mixta". 
En respuesta a esta petición y al cambio del medio legal y presupuestario que brindan las nuevas normativas, la Comisión tiene pensado dar a conocer antes de Pascua una comunicación en la que se establecerán algunas propuestas para racionalizar y mejorar nuestra actividad en las áreas de observación y ayuda en los procesos electorales. 
Sé que éste será un tema de particular interés para esta Asamblea. 
Sin duda serán seis meses muy movidos, un período en el que se podrá, creo, establecer una diferencia. 
Deseo trabajar con Sus Señorías y con la nueva Presidencia, a la que doy la enhorabuena por su programa. 
Espero que podré trabajar con todos para alcanzar esos objetivos. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Ministro Jaime Gama, Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Socialista, quisiera darle la bienvenida, felicitarle por su intervención y por la presentación del programa de la Presidencia portuguesa y decirle que, en lo que a nosotros respecta, la cooperación con el Consejo, así como con la Comisión, aunque en este caso con el Consejo, no es una cooperación que obedezca únicamente a un criterio institucional, se trata de una cooperación que responde también a la aprobación que nos merece el contenido del programa presentado por la Presidencia portuguesa. 
El programa revela una visión, a nuestro entender, equilibrada y ambiciosa de lo que debe ser la Unión Europea ante los desafíos a que deberá hacer frente: afirmación desde el punto de vista exterior, a través de una política con visión estratégica de las relaciones con los distintos puntos y las distintas regiones del mundo y, en particular, para saber qué está sucediendo en América Latina y en el Mercosur, pero el programa también da prioridad a la ampliación y a la necesidad de profundizar en la política de defensa y en la política exterior de esta misma Unión Europea. 
Pero el programa de la Presidencia, junto a esa visión bien difundida, contiene también una prioridad y una preocupación por los problemas de los europeos, por los problemas de los países que constituyen la Unión Europea, en el que se da prioridad al Espacio de libertad, seguridad y justicia y se da prioridad también a los ciudadanos a través de la seguridad alimentaria y la protección de los derechos de los consumidores, así como a las cuestiones del medio ambiente en una visión de desarrollo sostenible por sí mismo y no por otros. 
Pero de todos estos aspectos, señor Ministro, hay una cuestión que merece nuestro elogio y que es la prioridad que esta Presidencia portuguesa concede a los asuntos sociales y a la cuestión del empleo. 
La Presidencia portuguesa no se ha limitado a incluir en su programa la herencia de otros Consejos; ha preferido, ha querido dejar su marca, una marca que para nosotros, los socialistas- y estoy convencido de que para la mayoría de los diputados de esta Asamblea- es importante: no sólo convertir la Unión Europea en un espacio dinámico y competitivo en su afirmación mundial, sino sobre todo, permanecer fiel a sus valores de civilización y defender el modelo social europeo. 
Esa preocupación por la competitividad basada en la innovación y el conocimiento es, afortunadamente, al inicio de este nuevo milenio, el mejor tributo que puede rendirse a los fundadores de Europa y al verdadero proyecto de solidaridad de la Unión Europea. 
Por el modo en que el Presidente del Consejo presentó el documento la semana pasada y por el modo en que está elaborado, me complace señalar que este punto puede que no sea sólo la prioridad de una Presidencia, sino además un designio para el futuro de la Unión Europea. 
Por ello, le felicitamos por haber escogido esa prioridad y estamos dispuestos a cooperar para profundizar en ella y para que realmente pasemos de las palabras a los hechos. 
La segunda cuestión es relativa a la Conferencia Intergubernamental, a la que ha hecho referencia el diputado Sr. Poettering. 
El Parlamento Europeo se sintió profundamente decepcionado con las conclusiones del Consejo de Helsinki. 
Decepcionado por el modo en que el Consejo mira a este Parlamento Europeo y decepcionado por su agenda. 
En la reforma del Tratado, este Parlamento Europeo no quiere ser relegado al papel de observador del trabajo de esa Conferencia Intergubernamental. 
Tenemos opiniones, tenemos trabajos, tenemos experiencia y queremos contribuir con esa experiencia para ayudar a Europa y a la Unión Europea a desarrollarse y a profundizar cada vez más; y en cuanto al orden del día, en cuanto a su contenido, no se trata de un capricho ni de una obstinación de este Parlamento Europeo. 
Consideramos que no puede celebrarse una CIG todos los años y que en estos momentos existe la oportunidad de intervenir en algunos temas- no en todos, no se trata de realizar toda la reforma, sino de intervenir en algunos temas- de ese orden del día. 
Cuestiones como la política de defensa, los derechos de los ciudadanos que, afortunadamente, serán tratados aparte, en la Convención sobre la Carta de derechos fundamentales, y la cuestión del fiscal de la Unión Europea son algunos de los temas que, en nuestra opinión, surgirán con más fuerza y podrían estar en ese orden del día; por eso me complace señalar que la Presidencia afirma en su declaración estar a favor de un orden del día sustancial. 
Llamémosle sustancial, llamémosle global, llamémosle con más puntos, pero me complace señalar que, con seriedad y sin voluntarismos, según la expresión utilizada por el Sr. Ministro, la Presidencia portuguesa está dispuesta, en colaboración con el Parlamento Europeo, a intentar sensibilizar a los demás gobiernos para que incluyan más temas en ese orden del día. 
No podemos exigir a la Presidencia portuguesa que realice este trabajo en solitario. 
Cada uno de nosotros, en nuestros países, cada uno de nosotros junto con nuestros colegas de los parlamentos nacionales tiene la responsabilidad de sensibilizar a los otros gobiernos para que alcancemos un consenso sobre esta materia; y quería hacerle, señor Ministro, la siguiente pregunta: en caso de que haya progresos y de que este Parlamento Europeo dé su dictamen conforme en tiempo hábil para que el 14 de febrero se inicie la CIG, ¿tiene intención la Presidencia portuguesa de presentar ya en el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa una propuesta relativa al orden del día de esa nueva CIG? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le deseo muchas felicidades. 
Su tarea no es nada fácil, el programa de la Presidencia portuguesa, como ha dicho el diputado Sr. Barón Crespo, es muy ambicioso, pero como escribió un día un poeta portugués, "cuando un hombre sueña, el mundo da saltos y avanza" y precisamente cuando existen grandes ambiciones pueden darse pasos, aunque sean pequeños, en dirección de la afirmación de una Unión Europea más sólida, más solidaria y, sobre todo, más profunda para todos sus ciudadanos. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, quiero aprovechar esta ocasión, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, para hacer tres sugerencias a la Presidencia que ahora se inicia. 
En primer lugar, con respecto a la ampliación, nos congratulamos del cambio en lo que yo describiría como la "música ambiental" y las ambiciones políticas que rodean el debate de la ampliación. 
Esto se confirmó en Helsinki, y ahora le toca a esta presidencia llevar adelante ese dossier. 
Para los Estados candidatos que ya están en negociaciones avanzadas, es obvio que estamos llegando a las partes más críticas y difíciles del proceso de negociación; en el caso de los que acaban de recibir luz verde en Helsinki, debemos iniciar esa tarea. 
En este contexto, es importante que algunos de los elementos que emergen con claridad se reconozcan y encaren en términos de opinión pública y de debate. 
Es evidente, en el caso de algunos de los Estados candidatos, que existe cierta baja en la opinión pública en lo relativo al proyecto europeo. 
Es importante que se reconozca y encare esto en términos políticos. 
En algunos casos hay pruebas de que está surgiendo una mentalidad de "ellos y nosotros", a la que debemos hacerle frente. 
Sugiero a la Presidencia que, más allá de los canales ordinarios de la diplomacia, por cuyo cauce, en la declaración de objetivos, se ha comprometido a consultar a la CIG y a los Estados candidatos sobre sus perspectivas, considere la posibilidad de utilizar la Conferencia Europea como un mecanismo y un método para escuchar y entablar diálogo, de un modo público, con los Estados candidatos sobre sus puntos de vista. 
Y sugiero esto como una manera de indicar en el más alto nivel político la paridad de estimación que acordamos a los Estados candidatos. 
Es importante, según el criterio de mi Grupo, asumir y demostrar el compromiso de la creación de una Europa de la asociación y no de una Europa por decreto. 
Debemos encontrar mecanismos, a lo largo de todo el camino, para dejar esto bien claro en las mentes de los candidatos a la asociación. 
El segundo punto al que me referiré es la Conferencia Intergubernamental. 
Corresponde a la Presidencia llevar adelante la tarea primordial de establecer el orden de los asuntos y poner en marcha la Conferencia, una tarea que, sospecho, a veces es poco agradecida y además muy difícil. 
Es evidente que la Conferencia está destinada a examinar los flecos de Amsterdam, muy necesario todo ello, pero en mi opinión no suficiente para un orden del día ambicioso, y comparto los criterios de otros colegas que hoy han hablado aquí. 
Casi podemos sentir la corriente fría que se produjo al cerrar la puerta en Helsinki sobre el asunto de una ambición mayor, pero las conclusiones dejaron esa puerta entreabierta. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le pido que interponga su pie con fuerza en esa puerta abierta, y que elabore un orden del día más ambicioso. 
Es de máxima importancia que aprovechemos la oportunidad de esta CIG para volver a insuflar un alma a nuestra Europa. 
Es indiscutible que la actual construcción de los Tratados no consigue capturar de un modo significativo y accesible las aspiraciones de la Europa contemporánea. 
El Tratado actual no consigue explicar, de un modo claro y comprensible que cualquier persona pueda entender, cómo funciona este lugar. 
Tenemos que definir mejor esto, poniendo claridad en la formulación de los documentos básicos, y hago votos por que se vuelva sobre todo ello. 
Tal vez era demasiado temprano en Helsinki para decirle "sí" a la ambición. 
Ahora será demasiado temprano para decir "no". 
Vuelva sobre ello, Sr. Presidente, y tendrá el apoyo de esta Asamblea. 
Con mucho gusto me felicito por su compromiso con esta idea de una Europa de la innovación y del conocimiento, y espero contribuir a ese debate en este Parlamento y directamente con la Presidencia. 
Hemos trabajado mucho con los Estados Unidos sobre el diálogo digital, especialmente en cuanto al campo de la vida privada y de la transmisión de datos, pero no ha habido conclusiones. 
El PE y el Congreso de Estados Unidos celebrarán un foro legislativo, y disponemos de una salida para dejar cerrados algunos de los dossiers con el equipo de gobierno saliente. 
Señor Presidente, le insto a que se haga cargo de esos asuntos y conduzca el diálogo digital transatlántico hacia conclusiones específicas e inmediatas, y no permita que queden a la deriva para ser renovados dentro de un tiempo, con el Gobierno siguiente. 
Ahora tenemos una oportunidad concreta, y es posible que la Presidencia la aproveche como parte de su compromiso con la Europa de la innovación. 
Vaya a por ello: le deseamos todo el éxito del mundo. 
Señor Presidente del Consejo, por una feliz casualidad hereda usted una responsabilidad particular: poner en marcha una Conferencia Intergubernamental que resulta manifiestamente crucial para el futuro de Europa. 
Por otro lado- ése será el segundo tema que yo aborde -, va a presidir también una conferencia cuya importancia no se le escapa nadie, sobre el empleo y la cohesión económica y social. 
Con respecto a la Conferencia Intergubernamental, permítame decirle cuál es la posición de mi Grupo y nuestras propuestas. 
Sobre el contenido, en primer lugar, los diferentes colegas que han intervenido han señalado con toda razón el carácter insuficiente de lo que ha pasado en Helsinki. 
Un orden del día tan apretado no nos parece aceptable. 
Deseamos claramente que se incluyan en la agenda cuatro puntos concretos: el estatuto jurídico de la Carta de derechos fundamentales y sus implicaciones en la ciudadanía; la cooperación reforzada, mecanismo esencial; la integración progresiva de la política exterior y de seguridad, haciendo hincapié especialmente en la prevención de los conflictos en el pilar comunitario; finalmente, la revisión de ese Tratado obsoleto que es Euratom, que ha de revisarse en sus objetivos e integrarse en el Tratado sobre la Unión. 
En lo que se refiere al método, el planteamiento gubernamental ha mostrado claramente sus límites, desde hace bastante tiempo, además, con su corolario, la regla de la unanimidad. 
El Consejo, equivocadamente, ha decidido no cambiar de método. 
Nos desilusiona, pero si el Consejo desea acreditar la tesis según la cual se pretende una Unión más democrática y más fuerte, es imperativo cuando menos asociar lo más estrechamente posible al Parlamento Europeo y, añadiría, a los Parlamentos nacionales. 
El Parlamento Europeo ha de estar asociado al mismo nivel que la Comisión, porque somos las dos instituciones que tienen una visión comunitaria, y sería lógico que disfrutara de un procedimiento de dictamen conforme al final de las negociaciones. 
Sin ello, temo como otros colegas que se agrande el abismo entre la opinión pública y las instituciones europeas. 
Hemos vivido en Seattle un proceso importante, una reacción viva de la sociedad civil con respecto a una institución mundial que no es comprendida y cuyo funcionamiento se percibe como peligroso por la sociedad en su conjunto. 
No debería la Unión Europea sufrir ese proceso, personalmente lo lamentaría. 
Va usted a hacer pronto una gira por las capitales para convencer a sus colegas de que amplíen la agenda y modifiquen el método. 
Esperaremos los resultados de sus actuaciones para pronunciarnos sobre el futuro de esta Conferencia Intergubernamental. 
Quisiera insistir finalmente en un punto, a mi juicio no suficientemente destacado: el carácter cuasi imperativo de que esta conferencia triunfe si no se quiere bloquear definitivamente la Unión Europea. 
Creo que hay una materia que a todos nos interesa, y que es la fiscal. 
Desde hace varios años somos incapaces de adoptar decisiones ambiciosas sobre la fiscalidad en materia de medio ambiente porque la regla de la unanimidad nos lo impide, y llego así al segundo punto de mi intervención, el empleo, al ser este tipo de fiscalidad generador de empleo. 
Con respecto a la Cumbre sobre el empleo, se ha hablado de innovación y todo el mundo es favorable a ello. 
Si bien es de forma manifiesta un factor de competitividad, no se debe enmascarar una realidad que es con todo menos brillante y más inquietante. 
Y es que, con frecuencia, la innovación juega sin ninguna duda un papel sustancial pero la competitividad se adquiere a veces mediante mecanismos dudosos: degradación, en ciertos casos importante, de las condiciones de trabajo en Europa, incremento de los riesgos, degradación de la situación del medio ambiente y estrés generalizado. 
No se trata en este caso de palabras al aire: un reciente informe de la Fundación Europea de Dublín muestra que las condiciones de trabajo son malas o se deterioran para un número importante de trabajadores; en cuanto al medio ambiente, el informe de 1999 de la Agencia Europea de Medio Ambiente señala que de cada 12 parámetros estudiados, 11 corresponden bien a un statu quo, o bien a una degradación. 
Por otro lado, el naufragio del petrolero Erika muestra bien que la competitividad de un sector económico puede lograrse al precio de una degradación de las condiciones de trabajo, de un incremento de los riesgos y de una amenaza grave para el medio ambiente. 
Creo por tanto que ya es hora de revisar algunos paradigmas en curso y lamento que esto no aparezca con más claridad en su documento. 
Como ejemplo, creo que la innovación puede también ir en paralelo con una búsqueda de crecimiento no de la productividad del trabajo sino de la productividad de los recursos poco comunes y de los recursos no renovables. 
Es una vía ciertamente real, no solamente para un desarrollo duradero, sino también para la creación de empleos más estables, más seguros, menos estresantes y más prometedores para el futuro. 
Volvemos así al punto de partida de mi exposición. 
Todo esto no puede hacerse más que si cambiamos el funcionamiento de las instituciones europeas. 
Por tanto, es por este objetivo por el que hay que apostar. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero saludar a la Presidencia portuguesa y afirmar también que seguiremos con la máxima atención los caminos que se seguirán en lo relativo a las cuestiones más relevantes y a las prioridades de esta Presidencia: desde la ampliación hasta la revisión de los Tratados, desde el futuro del Convenio de Lomé hasta la Cumbre Europa-África, desde los problemas del empleo hasta aquéllos relativos al segundo y tercer pilares. 
Y lo haremos, en particular, por los recelos que suscitan en nosotros algunas de estas cuestiones o, si se quiere, por el modo en que vienen siendo abordadas. 
Es el caso de la ampliación, cuya concreción no despierta en nosotros objeciones de principio, pero consideramos que su aplicación será irresponsable, si antes no se lleva a cabo un análisis en profundidad de las respectivas y diferentes incidencias y del modo de remediarlas. 
A lo que ahora se suma el redoblado recelo ante la aceptación de Turquía como país candidato, a pesar de que continuamos asistiendo a una total falta de disponibilidad, por parte del correspondiente Gobierno, para solucionar adecuadamente el problema kurdo o para poner fin a la ocupación de Chipre. 
También la revisión de los Tratados suscita serias preocupaciones. 
No tanto por una eventual y efectiva adecuación de los mismos a la ampliación, sino porque tememos que, con ese pretexto, se caiga en la tentación y en el inadmisible error de avanzar por el camino de la creación de directorios políticos para la Unión Europea. 
En lo relativo a África, recibimos con una mezcla de satisfacción y de cierta inquietud el anuncio, no confirmado aquí por la Presidencia, de que las puertas volverán a estar abiertas a la celebración de la cumbre que se venía anunciando. 
Satisfacción, porque siempre consideramos necesaria y oportuna su concreción, en particular, si va encaminada hacia el lanzamiento, en los marcos adecuados, de una verdadera cooperación entre ambos continentes, pero también porque siempre afirmamos que es indispensable hacer todo lo posible para garantizar su realización. 
No obstante, también con cierta inquietud, porque nos parece muy corto el plazo hasta abril, mes en que está prevista la celebración de la cumbre en cuestión, lo que seguramente dificulta una preparación adecuada de la misma, si es que no compromete incluso su celebración. 
En este sentido, tomamos debidamente nota de la reciente declaración de la Presidencia sobre Angola. 
Aunque tardía por parte del Consejo, nos parece que va en el buen sentido, a pesar de que a la luz, en particular, de las propias posiciones adoptadas por este Parlamento y la Asamblea Paritaria, esperábamos una posición condenatoria más firme de la UNITA a raíz de las inequívocas responsabilidades que tiene en el drama vivido en aquel país. 
Pero tanto o más que el perfil que adoptarán algunos de los temas centrales del próximo semestre, nos preocupa el hecho de que algunas de las cuestiones que tanto nos importan no figuren entre las prioridades de la Presidencia portuguesa. 
La cohesión económica y social se está dejando de lado, ha sido casi proscrita a nivel comunitario, por lo que hay que constatar que también en esta ocasión, la Presidencia portuguesa omite cualquier referencia particular al fomento de la cohesión, a pesar de venir de uno de los países de menor desarrollo relativo. 
El elevado nivel de abstención constatado en las recientes elecciones al Parlamento Europeo confirmó el profundo déficit democrático existente y un notable alejamiento de los ciudadanos de las orientaciones neoliberales predominantes. 
A pesar de ello y a pesar de que nos encontramos en vísperas de una modificación de los Tratados, no se prevén modificaciones institucionales de ningún tipo que pongan fin a dicho déficit, y se sigue insistiendo en las mismas orientaciones, sin intentar, en particular, luchar de manera eficaz contra el desempleo y fomentar el empleo, cuestiones que tanto preocupan a los ciudadanos. 
No nos tranquiliza la celebración de una cumbre extraordinaria, subordinada a un tema pomposo, porque ya han sido varias las cumbres que han tratado sobre la problemática del empleo sin que de ellas resultara ninguna voluntad de modificación de las políticas monetaristas predominantes; y también, porque los objetivos y los plazos son tan vagos y las ambiciones programáticas tan contradictoriamente desmedidas, que más parece que nos encontremos ante una simple cortina de humo que ante un acontecimiento con intenciones reales de cambiar de manera perceptible el statu quo comunitario. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hoy sólo podemos analizar el programa que ha presentado y las intenciones en él recogidas. 
Pero, el próximo julio, podremos realizar una evaluación definitiva y cabal con todo rigor de la actual Presidencia portuguesa, y no dejaremos de hacerla. 
Señora Presidenta, señor Ministro y Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, queridos colegas, la presidencia rotativa es una de las características más singulares de la Unión Europea. 
Cada semestre es como si todos nos encontráramos ante un nuevo comienzo, rememorando el espíritu de siempre, el mismo espíritu de siempre, ni más ni menos. 
Las líneas que nos han traído hasta aquí, realizando lo impensable hace cincuenta años, son las mismas líneas fundamentales- ésas y no otras que quisiéramos inventar- las que podrán llevar más lejos a éstos y a otros Estados futuros unidos en la misma Europa. 
La sensación de vuelta a empezar tiene mucho de ilusión, ciertamente. 
La continuidad de los dossieres no se apiadaría de una Europa diferente cada seis meses, sino que es un mecanismo que se reanuda a través de nuevos abordajes y que nos recuerda lo que somos: una Europa de aparcería de Estados, una Europa de Naciones. 
Espero que se cumplan las expectativas del Gobierno portugués relativas a la fusión creativa y duradera de los procedimientos de Luxemburgo, de Cardiff y de Colonia, a las relaciones con África, al avance de los dossieres de la modernidad- la sociedad de la información y de la televisión digital- o a la atención a las regiones ultraperiféricas. 
Valoro que se afronte con mayor audacia, en general, la consolidación de cara la futuro de la cohesión económica y social, objetivo central de los Tratados que está lejos de su realización y que además es uno de los que más atraen a los países candidatos. 
Al inicio de la Conferencia Intergubernamental, recomendamos prudencia y realismo. 
La cuestión del debate europeo de hoy es la participación: la participación efectiva de los pueblos, la adaptación del ritmo a los sentimientos reales de las opiniones públicas nacionales. 
Se han hecho reiteradas referencias a la baja participación en las elecciones europeas. 
Es un problema que no cuestiona nuestra legitimidad en este Parlamento, pero que aconseja humildad democrática a todos nosotros, a reprimir los ímpetus de transformación de la naturaleza de la Unión o de la estructura de los Tratados y de su equilibrio; en vez de transformar todo, podemos mejorar lo que somos, comenzando aquí mismo, por esta Casa, cómo debatimos, cómo votamos, cómo transmitimos, cómo comunicamos y cómo nos relacionamos con nuestros colegas de los parlamentos nacionales, lo que aconseja también un poco de modestia. 
Por eso no secundo los rumores de que podría aplazarse el dictamen de este Parlamento en respuesta a un supuesto déficit de estatuto. 
Sería una grave irresponsabilidad y el problema no es ése. 
El problema, porque de lo que se trata es de la revisión de los Tratados, es un déficit de participación previa de los parlamentos nacionales, ámbito en el que seguiremos con interés las líneas del programa de la Presidencia. 
El problema en este caso es que sólo habrá dos observadores de los dos Grupos políticos principales, en vez de uno de cada grupo constituido. 
El problema de la participación se resuelve ampliando la participación, no insistiendo en más de los mismo Dupont y Dupont. 
No quisiera terminar sin antes hacer dos observaciones indispensables sobre acontecimientos recientes. 
Hoy, de un portugués a otro portugués, no lo digo como crítica, sino como un desacuerdo necesario. 
Primero, estoy en desacuerdo con la decisión que se ha tomado de no prolongar el embargo de armas a Indonesia. 
Es una decisión desafortunada y gravemente inoportuna. 
Parece que ya nos hemos olvidado de los muertos que aún siguen siendo desenterrados en Timor Oriental, de los factores de incertidumbre que prevalecen, de la cínica duplicidad de las autoridades militares indonesias. 
Se ha hecho realidad lo que siempre hemos criticado: la total fragilidad de una decisión tomada de antemano, en vez de en unas condiciones claras. 
Segundo, estoy en desacuerdo también en lo relativo a la reciente declaración sobre Angola. 
Es otra acción desafortunada. 
Es parcial y desequilibrada y no contribuye a la solución de un trágico conflicto que se eterniza. 
La actuación de la UNITA en los últimos años tampoco nos merece ningún aprecio, pero eso no significa que deba aceptarse el camino de la guerra, que se ignoren las gravísimas denuncias de una tenebrosa economía de guerra que al parecer fue obra del propio Estado angoleño, que se tome partido por una de las partes, que se ayude o colabore, incluso, en el pillaje de los recursos por encima de la desgracia de un pueblo sometido a una guerra de décadas, que se dé la razón a las críticas contra la inaceptable parcialidad de los agentes externos. 
En lo relativo a Angola, sólo puede haber un objetivo: la paz. 
Sólo puede haber un medio: el pacífico. 
Y sólo puede existir un discurso: el radicalismo humanitario. 
En el sufrimiento al que someten a su pueblo, ninguna de las partes beligerantes angoleñas tiene razón. 
¡Así es que no! 
En cualquier caso, hecho este paréntesis indispensable, deseo los mejores éxitos a la Presidencia portuguesa. 
Señor Gama, nos alegramos de su presidencia que abre el milenio, pues en Bruselas, con la actualidad de Timor y de Macao, ha anunciado a Europa lo que podría ser su destino: haber sido y ya no ser. 
El azar del calendario le da un papel que conoce bien, ya que su homónimo Vasco de Gama era también un descubridor. 
Va usted a abrir la senda de la CIG. 
Pero antes están los demás expedientes, como el acuerdo de cooperación con Suráfrica y el acuerdo especial sobre el vino: el oporto, el ouzo, la grapa, el jerez son pirateados por Suráfrica, y este país no respetará su compromiso. 
¿Qué va a hacer? 
Entre los demás expedientes está el euro; el euro camina como moneda común. 
¿Por qué cambiar esa situación que funciona? 
Para el IVA se ha mantenido el período transitorio, ¿por qué no hacer lo mismo con el euro? 
En muchos de los nuevos expedientes está la Cumbre sobre el empleo de marzo. 
Salvo que se produzca un milagro de Fátima, si no se ataca el exceso de globalización, el exceso de inmigración, el exceso de impuestos, no se resolverá el problema. 
¿Qué va usted a hacer en ese caso? 
Está también la Conferencia Intergubernamental. 
Esperamos con angustia sus resultados, sobre todo porque algunos quieren derrapar hacia la instauración de un fiscal europeo. 
Va usted a hacer de la justicia una prioridad. 
Tiene en su país a Sid Ahmed Rezala, el asesino que Francia ha dejado salir, que España liberó y que en estos momentos se encuentra en su país. 
Vamos a ver lo que deciden ustedes sobre este asunto. 
Está finalmente la apertura al Este; por el Oeste Europa comienza en su país. 
Por el Este, ¿hacia dónde va? 
¿Hasta la frontera con Irán, hasta el Cáucaso, de Lisboa a Moscú? 
Sobre todos esos puntos, señor Gama, plantee las preguntas adecuadas. 
Veremos si sus camaradas socialistas franceses que le sucedan dan las respuestas adecuadas. 
Señora Presidenta, ahora hay un calendario para lograr una mayor unión; no obstante, lo que necesitamos es un calendario para alcanzar una mayor democracia. 
El diez de febrero, Portugal presentará una propuesta de orden del día para la conferencia gubernamental. 
El catorce de febrero se abrirá la conferencia. 
El veinticuatro de febrero se reunirán los Ministros de Asuntos Exteriores y posteriormente volverán a reunirse cada mes para debatir en cualquier caso cinco importantes temas. 
En primer lugar está la cuestión de las decisiones por mayoría. 
¿En cuántas de las 65 áreas donde hoy tenemos unanimidad habrá a partir de ahora decisiones por mayoría de modo que las democracias de nuestros países miembros puedan ser derrotadas por ministros y funcionarios ocultos tras las puertas de Bruselas? 
En segundo lugar está la composición de la Comisión. 
Seguro que seguirá habiendo un comisario por país, pero las más de las veces los países pequeños tendrán una cartera menor. 
En tercer lugar, están la cuestión del peso de los votos en el Consejo de Ministros, la composición del Parlamento y el Tribunal de Justicia de las Comunidades. 
Los cinco países más grandes tendrán quizá un 25% más de votos en el Consejo, aunque todos perdemos por igual en la ampliación. 
En cuarto lugar están las cooperaciones reforzadas. 
Portugal y otros países federales presionarán a favor de que una mayoría de países miembros pueda ampliar la cooperación aunque otros países estuviesen en contra y aquí se subyace verdaderamente una eliminación del derecho de veto en asuntos importantes. 
En quinto lugar, habrá un departamento judicial que estudiará todo lo que les remitan los países miembros y en la cumbre a celebrar en Oporto en junio podrá ampliarse el orden del día acordado en la cumbre de Helsinki. 
Al final todo acabará en un nuevo Tratado de la Unión que reemplace al Tratado de Amsterdam antes del año 2003. 
Será aprobado en Niza el ocho de diciembre de este año, pero tendrá poco de nice, a menos que los electores barajen de nuevo las cartas. 
Me gustaría exhortarles a que así lo hagan desde la Europa de las Democracias y del Pluralismo, mi Grupo en esta Asamblea, y desde nuestro intergrupo común con mis correligionarios, llamado SOS Democracia, pues lo que hace falta es un "SOS Democracia" y no más poder para la burocracia de Bruselas. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones al Sr. Presidente del Consejo por su declaración de principios, sobre todo en lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo. 
Sin duda, se va a tener que enfrentar a una gran tarea si bien apenas va a poder recoger los frutos de su trabajo, tal como parece ser la esencia de la Presidencia. 
Si solamente me limito al problema de la Conferencia Intergubernamental, ya sólo el debate sobre el orden del día revela las diferencias de opinión que existen entre los países miembros. 
Corriendo el peligro de repetirme y siendo consciente de que defiendo una opinión contraria a la mayoría de los diputados en esta Asamblea, insisto en considerar correcta la moderación del Consejo de Helsinki. 
Todos hemos sido testigos de cómo antes de Amsterdam se han aplazado y a la postre no se solucionaron los asuntos que ahora van a ser los temas centrales de la Conferencia Intergubernamental. 
El catálogo de deseos del Parlamento Europeo tiene sin duda como objeto unas cuestiones importantes. 
Pero se deben atacar solamente cuando se hayan solucionado los leftovers y no se abra la posibilidad de pasar de nuevo de largo ante las cuestiones más importantes. 
Sólo cuando se hayan cascado estas duras nueces, seguirá existiendo la posibilidad de ocuparse de los otros temas. 
Me preocupan los iluminados que dan preferencia a la velocidad frente a un trabajo bien hecho. 
Señor Presidente, señor Ministro Jaime Gama, Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, a quien felicito cordialmente, señores Comisarios, señores diputados, en el sistema rotativo de la Presidencia, el semestre actual corresponde a Portugal. 
Este sistema garantiza la equidad en la contribución que hace cada Estado miembro a la construcción europea, siempre que la Presidencia se ejerza con eficacia y buscando el sabio equilibrio entre la afirmación de las perspectivas nacionales y la percepción del interés general de Europa. 
Es evidente que el sistema rotativo exige que en lo esencial del camino que debe recorrerse exista consenso entre los Estados miembros y los respectivos ciudadanos. 
De lo contrario, tendremos una sucesión discontinua de Presidencias sin ideas ni fuerza o que estén dirigidas por una mano invisible, lo cual es inaceptable. 
Espero mucho de la Presidencia portuguesa. 
Espero que ayude a responder a la cuestión política central: ¿hacia dónde y por dónde avanza la Unión Europea? 
Sólo entonces podemos pasar a la reforma institucional, condición o consecuencia de la ampliación que debe realizarse respetando el equilibrio entre las naciones, los poderes y las políticas de la Unión Europea, perseguido con tanto afán durante décadas. 
Construir es un proceso difícil y lento, destruir es rápido, lo que justifica toda la prudencia en el tratamiento de esta cuestión. 
A partir de aquí puede iniciarse un proceso de desintegración de la Unión Europea. 
Habrá quien piense: eso es complejo y muy ambicioso, ¿por qué Portugal? 
Y yo respondo: debe hacerse, ¿por qué no Portugal? 
Una vez decidido lo fundamental, pasemos a otros temas. 
Lo que pensamos de la Unión Europea es inconciliable con algunas soluciones. 
No admito que se hable de ampliación a toda costa, como hacen algunos, quizá demasiados. 
No admito que en una redistribución de poder, y básicamente ésa es la cuestión, la del poder, éste sea confiado a un directorio formado por los Estados más fuertes o que sólo éstos tengan lugar y poder en la Comisión Europea. 
No admito que mi idioma no sea lengua oficial. 
No admito el desmantelamiento de la Política Agrícola Común ni que ésta siga privilegiando a algunos y olvidándose de otros, al igual que rechazo que se rompa la solidaridad, la búsqueda de la convergencia real de los niveles de desarrollo. 
La cohesión económica y social, principio del Tratado, tiene que volver a figurar entre las principales preocupaciones de la Unión y dar cuerpo a todas las políticas. 
No admito el mantenimiento del actual sistema de financiación, al igual que no admito la inexistencia de una política exterior y de seguridad común. 
Se habla mucho de la Europa de los ciudadanos. 
Buscar su participación, mantenerlos informados y movilizarlos con la ayuda de ideas sólidas forma parte de las expectativas de realización. 
Con el estatuto de minoría que el Consejo Europeo ha atribuido al Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental no se reconoce su carácter representativo. 
Al igual que no se tendrá éxito si se dice lo contrario de lo que el Parlamento decidió el mes anterior, como ha ocurrido con el tema del embargo de venta de armas a Indonesia. 
¿Pero cómo despertar el interés de los ciudadanos que tantas veces parecen alienados? 
Busquemos la respuesta. 
Junto con mis conciudadanos, miro a la Unión Europea desde su frontera occidental de las Azores, una de las regiones denominadas "ultraperiféricas" en el Tratado de la Unión Europea. 
Lo que quiero ver desde allí es igualdad de oportunidades y una aproximación de las condiciones de vida, al tiempo que sigo viviendo allí. 
No veo la ampliación como una mera suma de territorios para responder a los desafíos de la política exterior; quiero ver distribución, solidaridad, la misma capacidad de realización personal donde vivo que en el Norte, el Este, el Sur o el centro. 
Porque me preocupan los grandes temas y creo en los Tratados desde una perspectiva en la que las personas cuentan, sigo con atención el impacto de las pequeñas decisiones que toma la Unión Europea en mi región, que sin embargo es grande para mis conciudadanos. 
En este momento, queremos saber qué medidas se destinarán a la ultraperiferia. 
¿Cuál es el futuro de la producción de leche, de la que depende nuestra economía, que producimos en condiciones desiguales y sabemos cómo hacerlo en una simbiosis casi perfecta con la naturaleza? 
Como puede verse, espero mucho de la Presidencia portuguesa. 
Espero que ayude a trazar un camino que mantenga el delicado equilibrio, que en ese contexto haga avanzar los temas de mayor importancia y les imprima su propia huella. 
Espero que cuente con la participación de los ciudadanos y se mantenga alerta a sus aspiraciones legítimas. 
Espero que al tiempo que sirve a Portugal, sirva también a la Unión Europea. 
Señor Presidente, uno de los mayores retos que debe enfrentar la Presidencia portuguesa es la Conferencia Intergubernamental. 
Como lo sabe muy bien el señor Presidente, este Parlamento está insatisfecho con la estrechez de la agenda prevista. 
Los tres llamados "leftovers de Amsterdam" son muy importantes e incluyen el asunto específico más crucial para la Conferencia Intergubernamental que tratará la ampliación, que es la extensión de la mayoría cualificada para el voto. 
Esto es verdad. 
Pero estos tres asuntos son bien conocidos por nuestros Estados miembros, que los han estudiado en profundidad durante las negociaciones de Amsterdam. 
Todos saben con exactitud qué temas son éstos. 
No se necesita un estudio de un año entero, sino que se requiere un acuerdo. 
Se necesita una noche, tal vez una semana, de negociaciones y un paquete sobre el cual establecer el acuerdo. 
Eso deja libre el resto del año, es decir, casi un año entero, que es el doble del tiempo en que en 1985 la Conferencia Intergubernamental negoció el Acta Única Europea. 
También es el tiempo en que la Conferencia Intergubernamental negoció el vasto Tratado de Maastricht. 
Esta última Conferencia Intergubernamental duró un año. 
Por lo tanto es perfectamente posible dedicarse a otros asuntos. 
Nadie pide de verdad una Conferencia Intergubernamental que abarque cien temas o más, o que tenga un árbol de Navidad donde cada uno ponga su decoración favorita. 
Simplemente pedimos que se agreguen a la agenda un número limitado de temas esenciales, temas que se deben tratar en lo que es la última Conferencia Intergubernamental anterior a la ampliación, la última vez que se celebrarán estas negociaciones sin que haya en torno a una mesa casi 30 Estados miembros que hagan que todos los acuerdos sean más difíciles de lo que lo son en la actualidad. 
Hay que aprovechar la ocasión. 
Sería el colmo de la irresponsabilidad no aprovechar esta oportunidad. 
Helsinki dio a la Presidencia portuguesa el mandato para proponer nuevos puntos en la agenda. 
Esto, en palabras del Sr. Cox- los liberales siempre roban las mejores líneas de los discursos de los demás -, significa que la puerta está entreabierta. 
Nosotros estamos muy dispuestos a poner el pie en la puerta para que quede entreabierta e, incluso, se abra aún más. 
Hay que dar las gracias a la providencia porque la puerta está entreabierta, pues de lo contrario este Parlamento casi con seguridad estaría tentado de dar una opinión negativa acerca de la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental, o aun pensaría en dar su opinión tardíamente y así demorar el inicio de la Conferencia Intergubernamental, o tal vez hasta retiraría a sus representantes de la Conferencia Intergubernamental. 
Pero el hecho de que la puerta esté entreabierta implica que todavía tenemos un camino posible por delante. 
Lo que para mi Grupo constituye una diferencia es la actitud mostrada por la Presidencia portuguesa, que con toda claridad comparte nuestras preocupaciones sobre la estrechez de la agenda. 
También es evidente que la Presidencia portuguesa prefiere que la agenda se amplíe, y nos ha adelantado la promesa de hacer todo lo que pueda para conseguirlo, así como se ha comprometido a asegurar la interpretación más amplia posible de las disposiciones de Helsinki relativas a la participación del Parlamento en la Conferencia Intergubernamental. 
Esto representa una gran diferencia según el criterio de mi Grupo. Nos alegramos por ello. 
Pero como mi colega el Sr. Seguro, quiero pedirle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que diga con claridad que, ya en la primera reunión del Consejo Europeo que se celebrará en marzo en Lisboa, hará propuestas para ampliar la agenda, y que no esperará hasta junio. 
Esto sería muy importante para convencer a este Parlamento de que dé su opinión a tiempo para que la Presidencia esté en condiciones de poner en marcha la Conferencia Intergubernamental el día de San Valentín. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, es indudable que la Presidencia portuguesa tendrá mucho que hacer durante la primavera, especialmente en lo concerniente a la Cumbre Intergubernamental y a la ampliación. 
No habrá pasado desapercibido para ustedes que este Parlamento desea un programa que contenga reformas institucionales relevantes, encaminadas a la consecución de una UE más eficaz y democrática. 
Se puede hablar mucho tiempo sobre este tema. 
Sin embargo, deseo ocuparme de otro asunto que, por razones inexplicables, ha quedado en este punto del orden del día. 
Es un asunto que interesa a Portugal y que inquieta mucho a mi Grupo, el Grupo Liberal. 
Vemos con angustia que la situación se empeora en Angola. 
Hemos visto con creciente intranquilidad que la guerrilla de la UNITA refuerza su actividad militar y ataca indiscriminadamente a la población civil; la última vez en la provincia de Bie, donde más de cien civiles fueron asesinados. 
También vemos con gran preocupación que se ahoga la libertad de expresión. 
Al menos veinte periodistas fueron encarcelados el año pasado, a pesar de que el gobierno angoleño ha asegurado que respeta la libertad de prensa. 
Hay muchos periodistas que esperan ser juzgados, por motivos bastante dudosos, acusados de difamar al presidente. 
Esperamos que esos juicios sean abiertos, justos y sin esperas. 
El pueblo angoleño ha sufrido demasiado tiempo esta cruel guerra civil que ha ocasionado miles de muertos, mutilados y desnutridos, y donde más de dos millones de personas han perdido sus viviendas. 
La situación de la población civil es grave. 
La UE tiene un interés histórico en Angola y aporta mucha ayuda a su desarrollo. 
Ha llegado la hora de presionar a Savimbi, junto con la ONU, para retomar las fracasadas conversaciones de paz, pero también hay que presionar al gobierno para obligarlo a terminar con las acciones de pillaje y para que respete la libertad de expresión y los derechos humanos. 
Los liberales confiamos en que este asunto tendrá especial prioridad en el trabajo de Portugal relacionado con los nuevos acuerdos de colaboración entre la UE y África. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señor Presidente, un país pequeño está acostumbrado a tener muchas relaciones con el exterior y eso es muy esperanzador, entre otras cosas para los asuntos a los que se ha referido la oradora anterior. 
La manera en que su pueblo, señor Presidente del Consejo, ha vivido la situación de Timor Oriental suscita la esperanza de que también podrán ustedes sentar las bases para una nueva paz y colaboración en África. 
Nos ha decepcionado sumamente la cumbre de Helsinki, así como el restringido orden del día de la CIG, y confiamos en que su Presidencia dedique y emplee el máximo tiempo posible a favor de una cooperación reforzada. 
Hoy, y en el futuro, Europa debe poder funcionar como una democracia y, sin reformas, eso es imposible. 
De lo contrario, la ampliación equivaldría a una Unión descafeinada. 
En nombre de nuestro Grupo, y específicamente en nombre de la Alianza Libre Europea, quiero llamar la atención de su Presidencia acerca de las regiones y las comunidades culturales que, es verdad, no son Estados miembros, pero que constitucionalmente tienen competencias para colaborar en una serie de materias con Europa. 
Señor Presidente del Consejo, abogamos por que esto pueda realizarse de inmediato. 
Para nuestra decepción, en Helsinki, una tierra que, no obstante, es conocida por su defensa de la transparencia, se ha dado un paso en la dirección contraria con el famoso anexo 3. 
Quiero señalar que esta semana se ha hablado en esta Cámara con gran preocupación de las grandes diferencias de bienestar que hay entre las regiones de Europa. 
El paro en nuestras regiones más pobres apenas disminuye. 
¿Cómo vamos a hacer realidad las grandes ambiciones de la ampliación si ni tan siquiera en la propia Europa podemos lograr que se garantice el respeto hacia las culturas y las lenguas y si ni tan siquiera estamos en condiciones de poder equilibrar las grandes diferencias de bienestar entre nuestras regiones? 
Sé que su Presidencia tiene interés y comprensión por todas estas cuestiones y por ello le deseo mucho éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera en primer lugar felicitarle por una iniciativa de la Presidencia portuguesa. 
Resulta muy significativo que ningún colega haya hablado de ello y es de la primera cumbre Europa-India. 
Los colegas, como han hecho con la Unión Soviética, prefieren continuar hoy debatiendo con China, de la cual, por otra parte la mayoría de las empresas occidentales están retirándose. 
Seguimos priorizando la política de las alfombras rojas, de las zalamerías con Pekín y no vemos que no podemos llegar, como pretende hacer usted, a un acuerdo estratégico con la India. 
A nivel de la CIG, creo que el señor Poettering ha demostrado mucho sentido del humor, esta mañana, cuando decía que si los tres leftover se resolvieran en el transcurso del próximo Consejo sería un éxito para la Unión Europea. 
Hay que estar realmente miope para no darse cuenta de que si no afrontamos la cuestión fundamental, la de la codecisión constitucional, si no imaginamos un mecanismo digno de una dialéctica parlamentaria, con 28, con 30 o con 32 miembros, vamos a llegar muy rápidamente a una parálisis total. 
Así pues, le invitaré, señor Presidente en ejercicio del Consejo, a no tomar demasiada buena nota de esta muy larga lista de tantos puntos, que muchos colegas querrían añadir a una lista, que por otro lado ya conoce usted, sino a limitarse si ello es posible a la introducción de este único punto que puede garantizar a la Unión Europea no quedar paralizada, mañana. 
A los colegas que imploran un gesto de su parte sobre la cuestión de los dos miembros de grupos de presión que tenemos en la Conferencia Intergubernamental, creo también que es hora de que sepamos que no será con los miembros de los grupos de presión con quienes podamos reforzar una dialéctica institucional, sino que es nuestro deber pedir que la Unión Europea se base en mecanismos parlamentarios reales, con una dialéctica entre este Parlamento y el Consejo que sea digna de ese nombre, y no pequeñas victorias que arranquen un punto marginal, o menos marginal, al orden del día de una Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Portugal, en su calidad de primera Presidencia de este milenio, ha elaborado un claro programa de trabajo. 
No obstante, quisiera plantear una serie de preguntas que agradecería pudiesen ser aclaradas por parte de la Presidencia. 
En primer lugar, me satisface que Portugal apueste por la próxima ampliación de la Unión Europea. Esto deja margen para ampliar el orden del día de la próxima CIG. 
Tras los tres leftovers, las tres cuestiones pendientes de Amsterdam, es necesario emprender urgentemente más reformas para poder acoger a los nuevos Estados miembros. 
Junto a ello, la Presidencia da prioridad a reforzar la PESC. 
La semana pasada, en la reunión conjunta celebrada por el Congreso de los Estados Unidos y nuestro Parlamento, quedó claro que por parte americana había gran inquietud sobre cómo se sufragará la PESC. ¿Se sufragará con cargo al presupuesto que los países de la UE asignan a la OTAN actualmente? 
La Presidencia organiza una cumbre extraordinaria para, entre otras cosas, debatir la política de empleo. Reitero nuestro punto de vista de que esto puede conseguirse mejor a nivel local. 
Con respecto a las reformas económicas quiero poner como ejemplo a Irlanda y a los Países Bajos. 
Estos países han puesto en orden sus asuntos y son dignos de ser imitados. 
El programa de trabajo contiene algunos pasajes referentes a la seguridad alimentaria. 
Ahora bien, ¿qué va a hacer exactamente la Presidencia en la actualidad? 
Mi última pregunta se refiere a cómo espera la Presidencia alcanzar un acuerdo sobre el estatuto y qué posición adopta ante la investigación de expertos independientes sobre la situación del estatuto de los miembros del Parlamento. 
¿Defenderá la Presidencia los resultados de la investigación en el Consejo? 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la agenda de la Conferencia Intergubernamental es insuficiente. 
Se lo ha dicho la Comisión y se lo han dicho todos los Grupos políticos de este Parlamento. 
Es insuficiente, pero las conclusiones de Helsinki también dejan abierta la posibilidad de conseguir colmar esa insuficiencia: yo creo que esa es la tarea de la Presidencia portuguesa en estos momentos y lo que le pide el Parlamento en este mismo instante. 
Y no creo que sea una tarea muy ambiciosa; es una tarea de puro sentido común. 
Necesitamos que la Conferencia Intergubernamental trate otros temas precisamente porque no queremos que haya conferencias intergubernamentales cada tres o cuatro años. 
Queremos que ésta sea una Conferencia Intergubernamental que resuelva estos temas para mucho tiempo. 
En nuestra opinión, los temas que hay que introducir en la agenda de la Conferencia, señor Presidente, son esencialmente tres. 
El primero se refiere al papel de Europa en el mundo. 
Los aspectos institucionales de la política de seguridad y de defensa, que han conocido un enorme progreso en estos últimos tiempos, que cuentan con un apoyo mayoritario en las opiniones públicas europeas, tienen que confluir, al final, en Niza. 
Otro tema importante sobre el cual hay que hacer una reflexión son las cooperaciones reforzadas. 
La ampliación, nuestro objetivo para los próximos años, el reto histórico de la Unión Europea, requerirá fórmulas flexibles a la hora de llevar a cabo nuestras políticas. Creo que la justificación la conocemos todos. 
Por tanto, creo que, para facilitar la ampliación, habrá que incluir una reflexión sobre cooperaciones reforzadas en esa agenda. 
Finalmente, hay otro tema que también me parece importante. 
Hace unas pocas semanas hemos comenzado un ejercicio novedoso y que, a los ojos de los ciudadanos europeos, tendrá una importancia capital: la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
En las conclusiones de Tampere se habla de la posibilidad de una declaración o de su inclusión en el Tratado. 
Yo creo que, al final, habrá que incluir la Carta de los derechos fundamentales en el Tratado. 
Con ello, conseguiremos algo importante: enlazar la Unión Europea con los ciudadanos, -lo diré en palabras de su bella lengua y de un poeta portugués -, enlazar los derechos humanos con ese "comboio de corda que se chama o coração" 
Por tanto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tienen ustedes una tarea importante por delante y este Parlamento confía en ustedes para llevarla a cabo. 
El Sr. Seguro le ha hecho una interpelación y también a mí me gustaría escuchar el compromiso de la Presidencia portuguesa a la pregunta del colega del Grupo Socialista. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señorías, la Presidencia portuguesa ha presentado un programa ambicioso. 
Los socialistas europeos confían en el equipo de Antonio Guterres para llevar a la Unión por el camino del desarrollo económico duradero. 
Europa padece varios déficits importantes. 
Sigue habiendo mucho desempleo. 
Tenemos un nivel de empleo inferior al de los Estados Unidos y Japón. 
En Europa, las inversiones públicas y privadas son insuficientes. 
La necesaria consolidación presupuestaria ha llevado a muchos Estados a reducir las inversiones en infraestructuras, pero el sector privado no ha tomado el relevo. 
Las inversiones llamadas de «capital riesgo» son dos veces más importantes en Estados Unidos que en Europa. 
Los americanos invierten tres veces más que los europeos en la creación de nuevas empresas. 
En Estados Unidos, el 80 % del capital riesgo va hacia las nuevas tecnologías, frente solamente al 27 % en Europa. 
Japón invierte en investigación y desarrollo el 2,9 % de su PIB, los Estados Unidos el 2,8 %, y Europa sólo un 1,8 %. 
Los investigadores no representan más que un 2,5 % del total de trabajadores de nuestras empresas, frente a un 6 % en Japón y un 6,7 % en Estados Unidos. 
Tenemos menos estudiantes de tercer ciclo que los americanos o los japoneses. 
Cerca de la mitad de los estudiantes europeos que realizan un doctorado en Estados Unidos se quedan allí a trabajar. 
En el campo tecnológico hay de 700.000 a 800.000 empleos libres en Europa a falta de personal cualificado. 
Los americanos tienen el mismo problema. 
Sin embargo, el año pasado, el Senado americano abrió una cuota de cerca de 500.000 visados de inmigración de cuatro años para trabajadores denominados de alta cualificación. 
Europa no puede organizar un brain drain como ése, un robo de cerebros como ése. 
Hemos de invertir más en la formación, en la educación, en la innovación. 
La innovación y el conocimiento son hoy las principales fuentes de riqueza de las naciones. 
Hay que felicitar a la Presidencia portuguesa por su militancia en favor de una Europa de la innovación y del conocimiento. 
El Presidente del Consejo acaba de anunciar que no habrá proceso de Lisboa. Es loable. 
Es preciso, al contrario, reunir los procesos de Luxemburgo, de Cardiff y de Colonia en una sola acción coordinada, dotada de objetivos precisos y verificables. 
El pacto de estabilidad y crecimiento de Dublín tiene todo de estabilidad pero nada de conocimiento. 
La estabilidad es necesaria, pero no es un fin en sí misma, con la mejora de las perspectivas económicas mundiales, podremos esperar de la Presidencia portuguesa un pacto de Lisboa por el crecimiento. 
Señor Presidente, me referiré al empleo y los temas sociales. 
Recibo con mucho gusto el documento que esta semana dio a conocer la Presidencia como parte de los preparativos para la cumbre especial de marzo. 
En él se presenta un enfoque encomiable y coherente, un enfoque global que siempre es muy bien venido, muy en especial porque toma en cuenta un cierto número de las importantes propuestas que hemos hecho en este Parlamento en los últimos años. 
En ellas se incluye la necesidad de mejorar la coordinación entre la estrategia de empleo y las directrices económicas generales. Espero la ejecución de las propuestas que se acordarán en marzo y espero que el Sr. Presidente obtenga el apoyo que necesita. 
Una única cosa impidió que mi alegría fuese completa, algo relacionado con la convergencia de la protección social. 
Muchos de nosotros en esta Asamblea esperábamos un procedimiento del tipo del de Luxemburgo sobre la convergencia de la protección social, pero me temo que el lenguaje del documento se queda muy lejos de eso para hablar, en cambio, de un análisis conjunto, de cooperación y de la transferencia de las mejores prácticas. 
Esto no basta para concretar la modernización en los sistemas de protección social que necesitamos dentro de la Unión Europea. 
En cuanto a los dossiers sociales específicos, hay dos que quiero considerar brevemente. 
Uno muy importante para nosotros es el marco general sobre información y consulta. 
Espero que haya adelantos en este dossier durante la Presidencia portuguesa. 
Pero también está la modernización de la directiva relativa al Comité de Empresa Europeo, de su revisión y enmienda. 
En estos últimos meses he recibido a trabajadores de la empresa Michelin de Francia, de la Ford de Portugal, y ayer mismo a trabajadores de ABB afectados por la fusión, trabajadores a los que se negaron sus derechos con la base de la directiva relativa al Comité de Empresa Europeo. 
Es preciso que se actualice y que la Comisión la aplique, y la Comisión no está cumpliendo con su deber. 
Si somos serios en cuanto a la asociación que está en marcha y a las mejoras que puede aportar; si somos serios en cuanto a la innovación y la productividad, tenemos que revisar la legislación en este campo y asegurarnos de que las dos partes de la industria se respeten mutuamente en este proceso de asociación. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, usted nos ha presentado unos proyectos muy ambiciosos. 
Mi Grupo político desearía que pudiese llevar a cabo realmente una gran parte de ellos, sobre todo en el campo de la seguridad interior. 
Quiero destacar dos puntos que me parecen especialmente significativos. 
Primero: la optimización del sistema de Schengen, el aseguramiento de las fronteras interiores. 
Segundo: la mejora de la política de asilo y la lucha contra la ilegalidad y la trata de personas. 
En el inicio de mi intervención quiero exponer la situación actual en Bélgica y en sus fronteras exteriores. 
La situación es conocida: se ha producido una sorprendente introducción de los controles internos fronterizos, casi de la noche a la mañana, lo que ha ocasionado retenciones de horas de duración, problemas en el transporte fronterizo, tanto en lo que se refiere a las personas como a las mercancías, para gran enojo de los ciudadanos y en perjuicio de la economía. 
El motivo ha sido la inminente legalización de los aproximadamente 75.000 ilegales que al cabo de tres o cuatro años de estancia en Bélgica siguen esperando que se responda a su petición de asilo o que llevan ya cinco o seis años de residencia ilegal en Bélgica. 
Quiero decir al respecto que las medidas que Bélgica ha elegido son conformes a la ley y al Tratado. 
Sin embargo, no pueden ser la solución a los problemas sino que tenemos que buscar nuevas vías y, a la postre, la solución sólo se podrá buscar en una regulación común. 
Por lo demás, Bélgica ha elegido aquí una vía similar a la que eligieron antes Francia, Italia y Luxemburgo. 
La competencia radica en el Consejo. 
De ahí nuestras exigencias. 
Lo que deseo y deseamos es que usted optimice Schengen como un instrumento de seguridad, que reglamente de nuevo la reintroducción provisional de los controles fronterizos interiores, que envíe a los Estados miembros informaciones previas indicando la duración y que todo esto solamente se pueda realizar en situaciones absolutamente excepcionales y que lleve a cabo una comunitarización rápida y completa del tema. 
El segundo punto requiere naturalmente la ejecución de procedimientos de asilo unitarios y rápidos y es muy urgente la introducción sin demora de EURODAC para que se determine la competencia de los Estados y se disponga de unos instrumentos eficaces contra los ilegales. 
Señor Presidente, quiero comenzar saludando al señor Presidente en ejercicio del Consejo y plantearle tres cuestiones relevantes relacionadas con las comisiones parlamentarias a las que pertenezco. 
La primera cuestión tiene que ver con el proceso de toma de decisiones de la PAC, en el que se reserva al Parlamento Europeo sólo una función marginal de simple consulta. 
Ahora bien, en una época en la que la PAC es contemplada cada vez más como una política rural, pilar principal de la ordenación del territorio, de la conservación del medio ambiente, del patrimonio y del empleo, no se entiende que el Parlamento siga teniendo apenas una función consultiva, lo que significa además que no tiene poder de decisión sobre más del 40% del presupuesto de la Unión. 
La segunda cuestión es relativa a la necesidad de acelerar la concreción de la recientemente anunciada autoridad europea de seguridad de los alimentos. 
Pero es importante aclarar si sólo nos preocupa el organismo europeo de evaluación y gestión del riesgo o si lo que buscamos es un refuerzo sustancial de la política común de calidad y seguridad de los alimentos, que incluya las actuaciones veterinarias. 
Si fuera así, los medios deberán ser reforzados considerablemente, ya sea a nivel de la Unión o de los Estados miembros. 
Ahora bien, si esta última fuera la verdadera opción, como considero que debe ser, debo decir entonces que no me tranquiliza el anuncio que hizo la Comisión Europea la semana pasada, en el que parece prevalecer la óptica de crear "otro" comité científico desprovisto de poderes y aislado de una acción conjunta en todos los frentes, incluidos aquéllos de la cadena agroalimentaria. 
La tercera cuestión que me gustaría plantear es relativa al acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. 
En realidad, me preocupa el aplazamiento del inicio de las negociaciones por parte de la Comisión, así como la lentitud que estamos presenciando en la dirección del proceso por parte del Consejo. 
Debo decir que me preocupa también no haber encontrado en ninguna parte del programa de la Presidencia portuguesa una referencia a la aceleración de las negociaciones de este acuerdo. 
En cambio, sí he visto en ese mismo programa una referencia a la necesidad de profundizar en el análisis de la relación coste/beneficios con respecto a los acuerdos de pesca con países terceros, que suele ser el argumento que invocan en la Unión Europea aquellos que se oponen a los acuerdos de pesca entre ésta y países terceros. 
Por tanto, me gustaría oír la opinión de la Presidencia sobre estas cuestiones que acabo de plantear. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Patten, Señorías, tengo unos recuerdos muy positivos sobre la última Presidencia portuguesa en 1992. 
Marcó unas importantes pautas y le deseo a usted, señor Presidente, y a todos nosotros que su Presidencia tenga el mismo éxito. 
Usted ha presentado un programa amplio y ambicioso y querría destacar un aspecto del mismo relacionado con la política exterior y de seguridad y plantear algunas preguntas. 
Le ruego que dé una respuesta detallada a estas preguntas. 
Primera: Turquía. 
He apoyado desde el principio la candidatura de Turquía y me alegro por el resultado de Helsinki. 
¿Va ahora la Presidencia a apoyar esta candidatura mediante la elaboración de un catálogo de medidas y de un calendario y hacer posible a este país que participe en las negociaciones al igual que los otros doce candidatos? 
¿Está dispuesta la Presidencia a adoptar una iniciativa para solucionar el problema kurdo- para lo que me remito a las ideas expuestas antes por el colega Poettering cuando ha hablado sobre el problema kurdo- y a apoyar por ejemplo la convocatoria de una conferencia como la de Madrid para el Cercano Oriente? 
Respecto a la política de seguridad común: Colonia y Helsinki hacen albergar muchas esperanzas pero hay que hacer algo concreto. 
Debe tratarse de algo que pueda ser aceptado por todos los países miembros de la UE, también aquellos que no son miembros de la OTAN. 
Señor Presidente del Consejo, tengo la sensación de que usted está orientado hacia la OTAN y que se pregunta cómo podemos realizar una construcción que encaje en la OTAN. 
Pero no se trata de esto. 
Necesitamos una construcción europea y debemos actuar de tal modo que sea también compatible con la OTAN. 
Señor Presidente, después de haber escuchado tantas cosas ambiciosas e importantes sobre política exterior y de empleo, casi me da vergüenza expresar algo parecido a una lamentación. 
Sin embargo, debo hacerlo. 
He leído su programa de trabajo y le he escuchado atentamente. 
Habría deseado que en los campos para los que yo trabajo aquí en el Parlamento, medio ambiente, protección del consumidor y política sanitaria, hubiese sido tan ambicioso como en los demás. 
Comprendo que una Presidencia no puede trabajar y ser tan ambiciosa en todos los lugares, por lo que respeto que haya centrado su actividad en otros lugares. 
Sin embargo, no puedo dejarle ir así sin más. Creo que lo entenderá. 
Voy a realizar algunas observaciones al respecto. 
En el programa que ha presentado por escrito y también en lo que usted ha expuesto hoy aquí, ha dado importancia a la seguridad en los alimentos. 
Esto me parece importante. 
El Parlamento se va a ocupar del Libro Blanco "Seguridad en los alimentos". 
El Sr. ministro ha indicado que la cumbre se va a ocupar en junio de este Libro Blanco. 
Confío en que usted muestre tanto respeto ante el Parlamento Europeo que espere a los debates del mismo y sus resoluciones si bien tengo dudas de que esto se haga hasta junio. 
Sin embargo, lo vamos a intentar para salir al paso de la Presidencia portuguesa del Consejo. 
Usted concede asimismo importancia a la directiva marco sobre el agua. 
También aquí le ruego que recoja sencillamente las enmiendas que el Parlamento apruebe a comienzos de febrero en Bruselas. Así tendremos un elevado nivel de coincidencia. 
Permítame que añada aún algo. 
Usted ha indicado que quiere vincular la política de medio ambiente y de ordenación del territorio. 
Esto es algo en lo que le apoyo plenamente. 
Usted tiene la posibilidad de hacer en la Conferencia Intergubernamental que el nuevo Tratado contenga una competencia europea para la ordenación del territorio. 
Para finalizar, quiero añadir algo: le ruego que en los sectores de la política de medio ambiente e integración en otros sectores políticos, preste atención para que se llegue al compromiso de hacerlo y se tenga que demostrar. 
Por favor, dígaselo a sus colegas en los países miembros y preste atención para que se aplique la legislación pues no siempre se hace cuando se trata de la legislación sobre medio ambiente. 
Si lo hace, quizás no haya anunciado tanto como otros, pero habrá realizado un buen trabajo. Le deseo mucha suerte. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de las ricas bodegas de esa nave de quince remeros, feliz hallazgo de símbolo europeo de la Presidencia portuguesa, permítanme que me centre en el reto digital europeo. 
La revolución digital es para mí, además de otras muchas cosas y, ante todo, una revolución en el sistema y en la cultura de distribución de bienes y servicios. 
Eso nos obliga a tomar posición en determinados puntos concretos que están en su programa. 
En primer lugar, nos obliga a una nueva reflexión sobre el equilibrio entre reglamentación pública y reglamentación privada, sobre el equilibrio entre la ley y lo que se suele llamar soft law. 
Y la razón es que en el tiempo digital- como decía el otro día alguien en la Conferencia de Madrid- un año equivale a dos meses y cuatro años, que es un tiempo razonable para la tramitación de una directiva normal, equivalen a 24 años en este caso. 
Es excesivo. 
En segundo lugar, necesitamos dar confianza a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas y crear un clima y una cultura de asunción del riesgo controlado, aunque parezca contradictorio. 
Para los consumidores hay que poner en marcha las excelentes iniciativas, a raíz de Tampere, de la Comisión en materia de resolución extrajudicial de conflictos, pero, también, hay que tratar a los consumidores como mayores de edad. 
Para las pequeñas y medianas empresas, hay que reforzar ese diálogo que ustedes plantean con las empresas y los ciudadanos en el marco del mercado interior. 
Pero también cosas muy concretas, como tomar una postura clara y acorde con la cultura empresarial sobre el artículo 15 del nuevo Reglamento de Bruselas y Lugano, pues si no se hace así puede dar al traste con todo ese gran proyecto de la E-Europe. 
Por último- y ahí me uno a lo que decía el Sr. Cox- tenemos el reto del diálogo transatlántico. 
No haremos nada si no salvamos la distancia que nos separa de los Estados Unidos, en coordinación con ellos. 
Por lo tanto, en este aspecto, creo que necesitamos enorme coordinación, enorme cooperación y, desde luego, muchísimo empuje. 
"La nave va" -es una idea de los pilotos portugueses desde la Edad Media-. 
Señor Presidente, queridos colegas, de este ambicioso programa semestral de la Presidencia portuguesa, me quedaría con dos cuestiones, para mí, fundamentales: cooperación económica con los países de la ribera mediterránea y promoción y sostenibilidad del empleo. 
Este Parlamento, señor Presidente, aprobó en noviembre una resolución en la que defendía unas relaciones de cooperación cada vez más estrechas entre Marruecos y la Unión Europea, en el marco del Acuerdo de asociación. 
No se entendería que ahora, en materia pesquera, la cooperación fuera a menos. 
El sector pesquero, Señorías, es un sector muy frágil. 
El desastre del Erika acaba de ponerlo de relieve. 
La tradición marítima de Portugal y sus excelentes relaciones con Marruecos, señor Presidente, deberían ser utilizadas para impulsar durante este semestre las negociaciones totalmente bloqueadas del nuevo acuerdo de pesca. 
El sector pesquero se concentra, Señorías, en las regiones europeas más desfavorecidas y lo necesita con urgencia. 
Necesitamos una política económica, social y territorial progresista para que los beneficios de la actual bonanza económica no se dirijan a los sectores industriales más boyantes. 
Pido a la Presidencia portuguesa decisión y coraje para afrontar este desafío. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, me voy a referir a dos cosas. 
Una es la vinculación entre la política de transportes y la Conferencia Intergubernamental. 
Muchos colegas han expuesto ya que no deseamos una Conferencia Intergubernamental que trate solamente sobre los leftovers de Amsterdam sino que queremos un amplio debate en un marco limitado sobre nuevas competencias que son necesarias para que esta Comunidad Europea siga manteniendo su capacidad de funcionar. 
Y la Presidencia portuguesa del Consejo puede hacer algo muy decisivo para la política europea de transportes, la seguridad y el medio ambiente en Europa. 
Lo que aprobó el Parlamento en noviembre, a saber, que el establecimiento de un sistema unitario europeo de seguridad en los vuelos es una tarea central que debe ser competencia de la Unión Europea, usted puede llevarlo a cabo poniéndolo en la agenda de la Conferencia Intergubernamental. 
No queremos centralizar todo. 
El nivel operativo debe seguir residiendo en los Estados miembros o en las organizaciones privadas. 
Pero la función reguladora debe realizarse unitariamente en el ámbito europeo. 
La actual dispersión existente en el tráfico aéreo conduce naturalmente a retrasos y peligros para los pasajeros y a una interminable e innecesaria carga para el medio ambiente. 
Si se quiere tener una prueba de dónde radica la ventaja europea, esta se encuentra en una seguridad unitaria europea del tráfico aéreo. 
Se tiene un mercado interior en el suelo pero en el cielo reina la dispersión. 
Esto no puede funcionar. 
Por ello, como Parlamento Europeo vamos a seguir insistiendo en nuestra posición y espero, señor Presidente del Consejo, que lo apoye. 
Un segundo punto en el que también podría poner algo en marcha para el medio ambiente, la economía y los transportes es la rápida formulación de una posición común sobre el paquete de los ferrocarriles. 
La Presidencia finlandesa logró romper en diciembre la resistencia del Gobierno francés frente a la apertura del transporte por ferrocarril. 
Pero ahora tengo la impresión de que se juega de nuevo con el tiempo. 
Como Presidencia portuguesa del Consejo tiene una gran oportunidad si formula con rapidez esta posición común. 
Queremos que las mercancías se trasladen de la carretera al ferrocarril. 
Ayúdenos en esta tarea. 
Señor Presidente, colegas, voy a ocuparme de un asunto que toca muy de cerca a la Presidencia portuguesa, la situación de Angola, país asolado por una guerra civil durante veinticinco años y donde actualmente se registra una de las mayores catástrofes humanitarias. 
Sabemos quienes están tras el fracaso del Tratado de Lusaka; en primer lugar la UNITA. 
Por eso el mundo les ha impuestos sanciones. 
También existe riesgo de que el conflicto se extienda en la región, ya que las tropas gubernamentales han incursionado en los países limítrofes y la UNITA se ha unido a grupos armados de otros países. 
Como he señalado, ésta es la mayor catástrofe desde el punto de vista humanitario, con dos millones de ciudadanos que buscan refugio en su propio país y con enormes sufrimientos en ambos grupos rivales. 
Por eso queremos que Portugal, especialmente su gobierno, con su tradición democrática y anticolonial, diga al Parlamento qué medidas piensa tomar para ayudar a encontrar una solución. 
Sólo una solución política podrá llevar la paz y la concordia a Angola. 
Señor Presidente, señor Comisario, sepa, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que la voluntad de dialogar con el Parlamento Europeo ha tenido aquí una buena acogida, lo que no es de extrañar, teniendo en cuenta la vasta experiencia del Gobierno portugués en materia de diálogo. 
Al contemplar los objetivos de la Presidencia- que reconocemos que son ambiciosos- vemos varias prioridades, bastante diálogo y muchos dossieres que se esperan iniciar o continuar. 
Nos preocupa ver menos perspectivas de dossieres para concluir y de objetivos que alcanzar, pero deseamos sinceramente que la Presidencia sea una buena presidencia para Europa, para los ciudadanos de Europa y para los portugueses. 
Para la Europa que deseamos ayudar a construir y reforzar y en la que todos se sientan representados y con la que se sientan identificados, una Europa que no sea sólo de algunos ni en la que los grandes ahoguen a los pequeños. 
Para esa Europa también es necesario en unos momentos en que se estudian modificaciones de los Tratados, una vez más, que la Presidencia que ejerce un país pequeño no sea, por ese motivo, peor o menos eficaz de la que ejercen los países grandes. 
Para los ciudadanos europeos, que quieren una Europa enfocada hacia sus problemas y no sólo hacia sus cuentas bancarias o hacia sus mercancías, que quieren una Europa que se preocupe por la seguridad, por la lucha contra la droga, por la represión de la delincuencia, por el control de la inmigración ilegal y por la adopción de medidas en el ámbito del Espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Tengo la certeza de que el Sr. Ministro coincidirá conmigo en una evaluación positiva de la gran competencia y calidad del Comisario portugués António Vitorino, y hago votos para que en los ámbitos que le sean confiados, el Consejo dé pasos concretos de conformidad con el tablero de mando o scoreboard decidido en Tampere. 
Y para los portugueses, que aún recuerdan el buen ejercicio de la Presidencia del Consejo cuando Portugal la ejerció por primera vez, hace exactamente ocho años, y esperan que el Gobierno socialista esté a la altura de esa herencia de prestigio y eficacia. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Presidente del Consejo, usted, señor Presidente del Consejo, intenta crear una actitud más positiva hacia el Parlamento Europeo. 
Usted acepta la voz de los ciudadanos europeos como una parte del proceso de toma de decisión en Europa, cosa que celebramos. 
Esperamos confiados que esta actitud se mantendrá durante el período de seis meses. 
Hacen falta medidas europeas en el campo judicial. 
Usted destaca el asunto de las víctimas de delitos. 
Este problema simboliza la situación judicial de los ciudadanos, desde muchos puntos de vista. 
Se trata de terminar con las discriminaciones a los ciudadanos que ejercen su libertad de circulación. 
He luchado durante mucho tiempo para fortalecer la protección a las víctimas de delitos. 
Si los estados no están dispuestos a proteger a los individuos y a suavizar las consecuencias de los delitos, jamás podremos crear la seguridad de la que todos hablan tan inspiradamente. 
Sin derechos individuales contemplados en los tratados y sin recursos suficientes para los cuerpos de policía y para los tribunales de justicia no alcanzaremos la libertad y seguridad que se esperan los ciudadanos europeos. 
Usted puede impulsar este proceso demostrando, mediante la publicación de la tabla de resultados, que hay que progresar. 
La fijación de plazos también podría contribuir a acelerar el ritmo. 
Usted fija las prioridades que necesita su ambicioso programa. 
Quiero proponer algunas: las víctimas de delitos, las scoreboard, y la delincuencia organizada. 
Espero que usted confirme que estos asuntos y los derechos de los ciudadanos son a los que usted da mayor preferencia. 
Así quisiera desearle mucho éxito. 
Causa satisfacción observar que África se encuentra entre las prioridades de la Presidencia portuguesa. 
Europa tiene una gran responsabilidad histórica a este respecto, y realmente sería una irresponsabilidad dejar el continente negro en manos de Estados Unidos. 
Confío en que se celebre la Cumbre Euroafricana y que la Unión consiga finalmente adoptar una posición comunitaria con vistas al conflicto en África Central. 
Es lógico que la atención de Portugal se dirija sobre todo hacia Angola. 
No obstante, quiero realizar algunas observaciones con respecto a la declaración sobre la guerra de Angola, en la que se señala como principal culpable al movimiento rebelde UNITA. 
Efectivamente, es cierto que Savimbi rompió el primer acuerdo de paz cuando perdió las elecciones en 1992. 
También es verdad que UNITA ha aprovechado el periodo de desmilitarización para rearmarse y que en la guerra actual es responsable de graves violaciones de los derechos humanos. 
Debemos seguir juzgando estas actuaciones con gran severidad. 
Pero esto no exime de culpa a los dirigentes angoleños. 
Fue el Gobierno el que a finales de 1998 declaró la guerra total a los rebeldes y, desde luego, de esa guerra no eximió a los ciudadanos. 
Es igualmente cierto que el Gobierno también se ha rearmado masivamente durante este periodo de paz. 
Las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Global Witness culpan al Gobierno de corrupción a gran escala, de emplear miles de millones de dólares procedentes del petróleo para tratos militares- por cierto, entre otros, con Portugal- y de la represión de la oposición y la prensa. 
El segundo país africano productor de petróleo tiene uno de los peores indicadores socioeconómicos del mundo, con niños desnutridos y epidemias de cólera hasta el mismo centro de la capital. 
Europa debe seguir abogando por el diálogo sin caer en la lógica militar. 
En este sentido Portugal puede desempeñar un papel importante. No adoptando una posición unilateral, sino señalando a ambas partes su responsabilidad. 
De este modo podrá arrojar un poco de luz en el oscuro túnel angoleño. 
Señor Presidente, señor representante del Consejo, en primer lugar, quiero sumarme a la opinión del Sr. Coelho, de que un país pequeño puede verdaderamente hacer avanzar a la Unión de forma notable durante el período de su Presidencia. 
Esto lo demostramos durante la Presidencia finlandesa y estoy segura de que también Portugal tendrá éxito en este trabajo. 
Quizá el reto más grande que Finlandia le ha dejado a Portugal sea el relacionado con el establecimiento de una reglamentación sobre los impuestos, la adopción definitiva del llamado paquete fiscal. 
Cuando Portugal informó por primera vez a los Estados miembros, hace ya medio año, tras la cumbre de Helsinki, sobre los puntos fundamentales del programa de actividad de su Presidencia, me sentí muy decepcionada por la forma de abordar el paquete fiscal, como si ya se hubiese abandonado el intento de llegar a un compromiso en esta materia. 
Sin embargo, la nueva Presidenta del ECOFIN, la Sra. Pina Moura, intervino la semana pasada en este Parlamento de una forma mucho más decidida y me devolvió la fe en que, al igual que la precedente Presidencia finlandesa, también Portugal considera importante la armonización de los impuestos en los Estados miembros tal y como se representa en el paquete fiscal. 
También fue un placer escuchar que el paquete fiscal seguirá abordándose en el futuro como un todo. 
No estamos ante un caso perdido. 
En la Declaración de la cumbre de Helsinki, los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre el principio de que todos los ciudadanos de la Unión deben pagar un impuesto adecuado sobre los rendimientos de todos sus ahorros. 
Es verdad que este tipo de impuesto se puede establecer de muchas formas. 
Por ello, es esencial prestar atención también a las diferentes obligaciones de información para garantizar una fiscalidad justa y de gran cobertura. 
Desearía que el Consejo designase lo antes posible un Grupo de alto nivel, del cual ya se habló en Helsinki, para examinar la cuestión fiscal y continuar el trabajo a partir de lo que se consiguió en Helsinki. 
Además del paquete fiscal, crece la presión para establecer un sistema de impuestos energéticos de efecto neutro en relación con la presión fiscal total. 
Por mi parte, apoyo con entusiasmo este objetivo, siempre que la reforma se lleve a cabo sin poner en peligro la competitividad de la industria europea. 
El tercer reto en materia fiscal concierne al impuesto sobre el valor añadido. 
Nuestro objetivo es pasar a la adopción de un sistema definitivo del impuesto sobre el valor añadido tan pronto como sea posible. 
Espero que esto también se tenga presente durante la Presidencia portuguesa. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, usted ha presentado realmente un programa muy ambicioso de actividades. 
En el PPE depositamos unas grandes esperanzas en la cumbre prevista sobre el empleo. 
Lo que exigió en 1997 el presidente demócrata cristiano de Luxemburgo, el Sr. Juncker, en lo tocante a la cumbre del empleo es aplicable también a la próxima cumbre especial de Lisboa. 
No debe convertirse en una cumbre retórica, a lo que se refirió el Sr. Juncker remitiéndose a las numerosas declaraciones no vinculantes de muchas cumbres. 
Por el contrario, los jefes de Gobierno alcanzaron con el llamado procedimiento de Luxemburgo, es decir, la coordinación de las directrices políticas de empleo y los planes de acción nacionales, un éxito muy concreto. 
Pero desde 1997, no se han logrado auténticos grandes éxitos. 
Sobre todo hay fallos en la aplicación práctica de las directrices. 
El informe común de empleo de 1999 menciona en este contexto la ausencia de actividades en los países miembros en la reforma de los sistemas fiscales y de prestaciones sociales, en la participación en el aprendizaje a lo largo de toda la vida así como carencias en la promoción de la cooperación social para la modernización de la organización del trabajo. 
Desde hace muchos años, la política de empleo desempeña en este Parlamento un gran papel. 
Lamentablemente, el Consejo y los Jefes de Gobierno apenas han hecho nada con nuestras propuestas, por ejemplo, sobre el llamado pacto europeo por el empleo de Colonia o sobre las directrices 2000. 
Ruego a la Presidencia portuguesa del Consejo que lo haga mejor y que tenga más en cuenta nuestras posiciones, tal como ha anunciado en su documento. 
Se debe compaginar una nueva dinámica económica, competencia y flexibilidad con las necesidades vitales de seguridad social. 
El principio de éxito de la economía social de mercado es el modelo de futuro para Europa. 
Señor Presidente Gama, hemos valorado muchas de las cosas que usted ha dicho- el papel del Parlamento, la Conferencia intergubernamental, el Estatuto de los diputados -, sin embargo, también se deberá hablar de la ampliación de la Unión Europea. 
La ampliación al Este es importante, queremos construir una Europa política, no obstante, hay que mirar con atención- y Portugal, como Italia, es un país del Mediterráneo- la gran cuenca del Mediterráneo para llevar a cabo una política mediterránea de gran calado y equilibrar el desarrollo hacia el Este con el desarrollo hacia el Sur. 
Por lo que respecta al Consejo Europeo, creo que debemos detenernos rápidamente en tres temas. 
Usted se ha referido al empleo y para nosotros éste es extraordinariamente importante, es una necesidad prioritaria. 
Se lucha ayudando a las pequeñas y medianas empresas y relanzando el turismo con una política de desarrollo y una fuerte reducción de la presión fiscal. 
Nos interesa mucho además- usted lo ha subrayado- el tema de la justicia. 
La política de justicia en Europa es una política de hondo calado. 
Hay procesos lentos, procesos injustos- en este sentido, lamentablemente, Italia posee un récord negativo- y en muchos Estados de Europa una justicia politizada, con algunos jueces que no utilizan su poder para llevar a cabo una acción de justicia, sino una acción política y, con frecuencia, para castigar a la oposición y las minorías. 
Para terminar, después del empleo y la justicia, quiero señalar un tercer tema: el peligro de la droga. 
Se trata de un gran tema social que nos interesa especialmente porque afecta a millones de jóvenes. 
La lucha contra la droga debe ser uno de los compromisos de la Presidencia portuguesa, de la Comisión Europea y de este Parlamento. 
Esta lucha debe emprenderse contra las viejas y, también y sobre todo, contra las nuevas drogas, sin caer en la tentación de liberalizar los estupefacientes, sin caer en la tentación de legalizar y autorizar el uso terapéutico de sustancias como la heroína, rechazadas por este Parlamento. 
Millones de jóvenes nos siguen con atención: siguen con atención a Europa y esperan una respuesta significativa de Europa. 
Señor Presidente, quisiera hacer tres observaciones. 
La primera está relacionada con Europa sudoriental y con el Mediterráneo. 
Todos sabemos que es una región agitada y sería una ingenuidad pensar que en el semestre de la Presidencia portuguesa se pudieran solucionar los problemas. 
Sin embargo, ruego a la Presidencia portuguesa y a la Comisión que hagan cuanto esté en su mano para que la Agencia para la Reconstrucción de los Balcanes, con sede en Salónica, cumpla su misión de la mejor manera. 
También querría expresar mis deseos, por un lado de que Turquía se dé cuenta de que el estatuto de país candidato a la adhesión implica también el deber de atenerse al acervo comunitario y, por otra, que la Presidencia y la Comisión le recuerden tal deber. 
La segunda observación atañe a la Conferencia Intergubernamental. 
Sería correcto incorporar la Carta de los Derechos Humanos en el texto del Tratado revisado, porque es algo que interesa mucho a los ciudadanos de Europa. 
Además debe ampliarse la Agenda. 
Deberá haber base jurídica para una política común exterior y de defensa. 
Especialmente quiero recordar aquello que también ha apoyado el Parlamento Europeo en el informe de los Sres. Dimitrakopoulos y Leynen, a saber, que deberán destinarse nuevos capitales a temas importantes y visibles, como son el turismo y la cultura. 
La tercera observación la hago como Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Su programa, señor Presidente en ejercicio del Consejo, se encuentra en la dirección correcta; pero esperábamos que fueran ustedes más ambiciosos. 
Especialmente quisiera subrayar que para nosotros es necesario poner fin al problema del conjunto de medidas para la liberalización de los ferrocarriles y fomentar la solución al problema de los retrasos de los sistemas de circulación aérea durante la Presidencia portuguesa. 
Es decir, deberemos pasar del sistema intergubernamental actual del Eurocontrol a un sistema de gobierno único, en el que la Comisión tenga la iniciativa, para que los pasajeros que vuelan sobre Europa dejen de sufrir tantas incomodidades. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Costa, Comisario, la Presidencia portuguesa tiene una gran cantidad de responsabilidades para los próximos seis meses. 
Quiero expresar mis mejores deseos de que se obtengan buenos resultados en todas ellas. 
La prioridad en la que todas convergen es, sin duda, la ampliación de la Unión Europea, una ampliación que, por su escala y por su naturaleza, es diferente a cualquiera de las anteriores. 
También sabemos que los asuntos exteriores de la UE se extienden hasta Europa Oriental, y el plan de acción para la estrategia común en Ucrania ya ha dado frutos tras la cumbre de Helsinki con el anuncio de la abolición de la pena de muerte. 
El Sr. Gama, ministro de Asuntos Exteriores, en la primera frase del discurso que nos dirigió esta mañana, se refirió a la importancia de la opinión pública y al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos europeos. 
Tengo una pregunta que quizá el Presidente en ejercicio del Consejo podría contestar en su respuesta, tal vez podría dar la seguridad de que su preocupación por la opinión pública incluye la opinión pública de los países candidatos de Europa Central y Oriental. 
Puede que no considere que éste es el momento apropiado para dar detalles de las iniciativas que tiene en mente para garantizar que no sólo se mantiene el impulso de las negociaciones, sino que además se asegura el apoyo a los países candidatos. 
Le agradecería mucho que incluyera esta garantía en su respuesta. 
Señor Presidente, voy a señalar algunos temas que, en mi opinión, se abordan muy positivamente en el programa de la Presidencia portuguesa. 
Se trata de la necesidad de conciliar la ampliación de la Unión con reformas institucionales que garanticen el papel político de Europa, tal como este Parlamento ha pedido a la Conferencia Intergubernamental. 
Europa dispone del mercado único y la moneda única, sin embargo, es oportuno afrontar con más fuerza el problema del empleo y volver a proponer el objetivo de la armonización de las políticas fiscales y sociales que son elementos fundamentales de la cohesión social. 
Debemos fortalecer la competitividad en una economía cada vez más globalizada que debe enfrentarse con el reto de la revolución de la información. 
Hace falta una nueva estrategia para la investigación, la innovación y la formación, temas sobre los cuales el documento aprobado ayer abre un debate decisivo. 
La ampliación de la Unión que se orienta sobre todo hacia el Este, es una realidad y una perspectiva para todos los Estados europeos. 
No obstante, coincido con la Presidencia portuguesa en que esta prioridad política no debe reducir la atención hacia el Mediterráneo, habida cuenta de que la paz y el desarrollo de esta región afectan directamente al futuro de Europa. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, este debate ha sido de una utilidad extraordinaria para la Presidencia, y recogeremos y examinaremos muy atentamente las sugerencias y las observaciones que aquí se han hecho. 
Durante esta Presidencia trabajaremos mucho con el Parlamento Europeo, así como con la Comisión, el Alto Representante Javier Solana y también con la Unión Europea Occidental, que también presidimos, y esperamos que esa colaboración sea fructífera en todos los sentidos. 
Nos llevamos de aquí la noción de que las orientaciones básicas de la Presidencia portuguesa gozan de consenso y de que han sido consolidadas por el Parlamento Europeo, y eso para nosotros es importante, porque nos estimula para trabajar con más coherencia. 
En lo relativo a la cuestión del empleo y de la innovación, el Consejo extraordinario de Lisboa encuentra aquí en el Parlamento una Asamblea sumamente atenta, motivada y empeñada en convertir a Europa en el siglo que ahora iniciamos, simultáneamente, en un espacio de cohesión social y en el área económica más dinámica del mundo para afrontar la globalización y ser capaz de democratizar las tecnologías de la información a través de la creación de una economía del conocimiento, libre de los patrones y de los estigmas de una economía que se limite a la producción. 
Y también en el campo de la ampliación, ese marco histórico del fin de la Guerra Fría y de la construcción de la Europa reunificada. 
Respecto al capítulo de Turquía, profundizaremos en él con rigor para simultáneamente poner en marcha la verificación del acervo o screening, la aplicación de los criterios de Copenhague y el objetivo estratégico de conseguir que Turquía sea un país orientado hacia el acercamiento a Europa. 
Sé que en este Parlamento existen algunas dudas al respecto. 
Pero quisiera tranquilizarles y decirles que una política diferente de ésta sería peor para Europa, sería muy negativa, tendría consecuencias graves para lo que queremos hacer con respecto a la Unión, tanto a nivel interno como también en el marco internacional. 
En lo relativo a la Conferencia Intergubernamental, creo que hemos conseguido alcanzar un consenso de confianza entre la Presidencia y el Parlamento en lo relativo a la necesidad de involucrar a éste de manera más fundamental, más auténtica, más continuada en el proceso de negociaciones. 
Estamos abiertos a eso. 
En el escrito que remití a la Sra. Presidenta del Parlamento al inicio de la Presidencia portuguesa, tuve el cuidado de especificar que, en nuestra calidad de Presidencia, estamos dispuestos a participar en las reuniones de su Comisión Constitucional o incluso en el Pleno, si el Parlamento Europeo quisiera algún día debatir a fondo sobre los temas que deberán ser abordados en la Conferencia Intergubernamental. 
De esta forma se respetarían la separación de poderes, las responsabilidades propias de cada órgano, y creo que estimularía el debate europeo sobre la reforma institucional. 
No tenemos ningún inconveniente en lo que se refiere a este tipo de opciones. 
Por otra parte, tampoco tenemos una visión "inamovible" en lo relativo a la agenda de Helsinki. 
Ésta contempla, en los propios términos en que está formulada, la posibilidad de incluir puntos nuevos. 
En el viaje que he realizado por las capitales europeas, he tenido ocasión de tratar personalmente sobre estos puntos con mis colegas. 
El Secretario de Estado para Asuntos Europeos también lo hará ahora. 
A comienzos de enero, sin pérdida de tiempo, escribí a mis colegas europeos, los ministros de Asuntos Exteriores, para pedirles que me indiquen qué puntos preveían sus respectivos gobiernos como susceptibles de ser añadidos a la agenda de los left-overs, para que tuviésemos muy pronto, durante el ejercicio de la Presidencia y de la Conferencia Intergubernamental, una visión clara sobre este problema que pudiéramos venir a compartir también con el Parlamento Europeo. 
Escribí también a los colegas de los países candidatos a la adhesión, a los de la primera tanda y a los de la segunda tanda de la ampliación- que, por otra parte, deseamos que un día pasen a constituir una sola línea -, a quienes pedíamos también que nos hicieran saber su opinión sobre la Conferencia Intergubernamental, porque lo peor que podría ocurrir para la ampliación de Europa es que esta reforma institucional se percibiera en la Europa central y oriental como una especie de medida preventiva contra los que se incorporen. 
Eso crearía unas relaciones de gran desconfianza. 
Las medidas que la Conferencia deberá adoptar son medidas para que Europa funcione mejor, ciertamente no son medidas destinadas a impedir que los países que un día se incorporen hagan oír su voz en el sistema de toma de decisiones europeo. 
Por ello es importante que estos países participen desde ahora y que sus opiniones sean escuchadas y oídas. 
Cabe pensar, por consiguiente, que no es irreal, como ha dicho una de sus Señorías, considerar que para cuando se celebre el Consejo Europeo de Lisboa ya tendremos una idea más clara, siempre que haya consenso en ese sentido, de cuál será el espectro o ámbito del orden del día de la Conferencia Intergubernamental. 
En lo relativo a la Política Común de Seguridad y Defensa, se trata de una dimensión que aún nos falta para reafirmar a Europa en el plano exterior. 
La política exterior de la Unión Europea no será nada mientras no dispongamos de este componente. 
Durante el semestre daremos pasos decisivos para que eso se produzca, será el primer mandato en que la OTAN transferirá competencias a la Unión Europea Occidental, y ésta actuará bajo la orientación política de la Unión Europea. 
Pero estén tranquilos, colegas y señores diputados que no pertenecen a países miembros de la Alianza Atlántica: el ejercicio de este mandato se realizará siempre no para disminuir, sino para aumentar la seguridad europea. 
En este sentido, implicará siempre una relación mucho más atenta y muy sensata con aquellos de nosotros que no participan en la Alianza Atlántica, pero que podrán acceder a todos estos sistemas en el momento en que quieran participar en los mismos. 
En caso de no querer hacerlo, actuarán en condiciones de absoluta igualdad con los demás miembros. 
En lo relativo a algunos de los puntos de la política exterior que han planteado sus Señorías en relación con la Cumbre Unión Europea-África, no la hemos incluido como objetivo expreso de la Presidencia portuguesa, porque cuando asumimos la Presidencia, considerábamos que ese objetivo no estaba suficientemente consolidado y no queríamos frustrar a los europeos con la introducción de un marco sobre el que no teníamos ninguna garantía. 
Nuestra lógica de trabajo es la siguiente: seguimos desarrollando acciones con vistas a poder recuperar en cualquier momento esta idea si fuera susceptible de ser recuperada en tiempo útil y en condiciones logísticas para poder llevarla a cabo. 
Si no es así, seguiremos profundizando en su tratamiento con nuestros socios africanos y estableceremos una base para que pueda ser debatida y desarrollada en el futuro. 
En lo relativo al problema del embargo de armas a Indonesia, la Unión Europea decidió en septiembre, en el momento más dramático de la situación por la que ha atravesado Timor Oriental, imponer un embargo de armas a Indonesia por un período limitado que finaliza ahora en enero. 
Dicha resolución no incluía ningún mecanismo de prórroga automática y el consenso susceptible de ser establecido a nivel del Consejo fue en términos de no imponer en estos momentos un nuevo embargo de armas a Indonesia, al tiempo que se hacía hincapié con toda claridad en que los países miembros de la Unión Europea están sometidos, en este sentido, a un riguroso código de conducta que estipula normas muy estrictas en materia de los destinos finales del armamento y de su utilización. 
Y nuestro consenso fue muy claro en el sentido de subrayar que este asunto seguirá bajo vigilancia y que la Unión Europea dispone en todo momento del mecanismo de embargo para actuar, utilizar y aplicar en cualquier situación dramática con vistas a su corrección y a su contención. 
En lo relativo a Angola, se trata de un país de vastísimos recursos que tiene una rara peculiaridad en África, que es la de no tener una población excesiva ni en relación con la extensión de su territorio ni en relación con sus recursos. 
La situación de Angola ha arrastrado un conflicto, una inestabilidad y ha creado una situación de gran carencia alimentaria y de gran preocupación humanitaria. 
Una de las partes no cumplió los Acuerdos de Lusaca. 
Una de los principales problemas del proceso angoleño fue la negativa por una de las partes de desmilitarizarse y convertirse en un partido civil para integrarse en el juego institucional normal. 
Es importante que eso ocurra y, por eso, la toma de posición de la Unión Europea va en el sentido de alentar a todos aquellos que en uno de los campos, la UNITA, deseen y estén dispuestos a actuar por la vía política y no por la vía del recurso a las armas. 
Pero además existen necesidades reconocidas por todos. 
He pasado casi cuatro días en Angola y he hablado no sólo con el Presidente y con los miembros del Gobierno, sino también con diputados de todos los Grupos parlamentarios, incluidos diputados pertenecientes a las que hoy podemos considerar las distintas tendencias de la UNITA, y he sacado la conclusión de que son muchos los que reconocen la necesidad de una mejora del sistema angoleño. 
Algunas de estas mejoras están a punto de iniciarse y es necesario fomentar su implantación: la mejora del sistema financiero, la mejora de la contabilidad nacional, de su transparencia y de sus normas. 
Con este fin, el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la posible firma en breve de un primer acuerdo creará seguramente las condiciones necesarias para que se constituya, en el marco del Club de París, un mecanismo multilateral de acompañamiento de la regularización de la deuda de Angola, lo que permitirá a la Unión Europea desbloquear los fondos asignados hace años, durante la Mesa Redonda sobre Angola, pero que permanecen retenidos hasta hoy por los motivos que todos conocemos. 
Mejora del sistema institucional, con una revisión constitucional, cuyo debate se inicia naturalmente con el reconocimiento de los valores del pluralismo, del Estado de derecho y de la libertad de prensa. 
Hago hincapié, en este sentido, en la importancia del debate que celebrará el Parlamento angoleño sobre los derechos de los periodistas y la necesidad fundamental de que exista una prensa independiente en un sistema político moderno. 
Es evidente que eso favorecerá una nueva situación de Angola en el sistema internacional, y la mejora del propio sistema de las Naciones Unidas, lo que es sumamente importante. 
Destaco, en este sentido, el hecho de que han concluido las negociaciones entre el Gobierno de Angola y el Secretario General de la Naciones Unidas sobre la apertura de una Oficina de las Naciones Unidas en Angola con funciones de seguimiento y asistencia en la ayuda humanitaria, lo que no dejará de tener consecuencias importantes para la población angoleña. 
O sea, que existe simultáneamente la necesidad de desmilitarizar un partido político y, por otro lado, la necesidad de una mejora institucional, de una mejora del sistema financiero y de una mejora del sistema de articulación con el marco general de las organizaciones de las Naciones Unidas. 
La participación de la Unión Europea en ese proceso es evidentemente de gran relevancia e importancia, tanto en el marco de la ayuda humanitaria inmediata, como en el marco de la elaboración de un programa de ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación. 
Señor Presidente, señores diputados, me es completamente imposible, por razones de tiempo y por la inclusión de un nuevo punto sobre Oriente Medio en el orden del día de los trabajos del Parlamento, prolongar más mi intervención, pero quisiera terminar diciéndoles que para la Presidencia supone una gran satisfacción haber verificado, como ha sido el caso en este debate, que es posible encontrar una sintonía general con los ejes fundamentales propuestos por nosotros y también que haya podido- y creo que lo hemos conseguido- definir un método de trabajo con el Parlamento Europeo que, estoy convencido, contribuirá en buena medida al enriquecimiento del Consejo y del Parlamento en el marco general de funcionamiento de nuestras instituciones. 
(Aplausos prolongados) 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el proceso de paz en Oriente Medio. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, muy sucintamente diré que acabo regresar, junto con el Alto Representante para la Política Exterior, Sr. Javier Solana, el enviado especial de la Unión Europea, Sr. Miguel Moratinos, y el representante de uno de los Comisarios de un viaje a Oriente Medio, donde, en nombre de la Unión, hemos tenido ocasión de visitar y de reunirnos con las más altas autoridades de Siria, Israel, los Territorios Palestinos, Jordania, Egipto y Líbano, además de haber asistido al encuentro organizado con el Secretario General de la Liga Árabe. 
El proceso de paz en Oriente Medio va bien encaminado en el plano general, pero encuentra dos escollos inmediatos: uno en el componente palestino-israelí relacionado con los retrasos que se han producido en la devolución con respecto al calendario, así como con el aplazamiento de la fecha del inicio de las negociaciones sobre el estatuto final; el otro tiene que ver con la vertiente siria y está relacionado con los retrasos resultantes de la negativa de Siria a proseguir por el momento las negociaciones en Washington. 
Este aplazamiento del capítulo sirio tiene una gran importancia, en la medida en que dificulta y condiciona la apertura de negociaciones relativas al capítulo de Líbano. 
La Unión Europea ha desarrollado una participación progresiva muy coherente a lo largo de los años a través de la figura del enviado especial, Sr. Miguel Moratinos, cuya labor deseo destacar, de la acción continuada de la Comisión y, ahora, del Alto Representante; y esta visita tendrá continuidad en la medida en que el próximo lunes contaremos en el Consejo de Asuntos Generales con la presencia del Presidente Arafat, tras su viaje a Washington y, al igual que hiciéramos con el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Levi, tenemos previsto en breve un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, en el marco de la reanudación de las negociaciones. 
Asimismo participaremos- la Presidencia, el Comisario Sr. Christopher Patten y el Alto Representante- en una reunión multilateral que ha sido convocada en Moscú el 1 de febrero, donde presentaremos las posiciones de la Unión Europea. 
La Unión, aunque no es un elemento de las negociaciones, ha realizado una acción continuada de apoyo a la consolidación del proceso de paz., ha tenido una fuerte presencia en el proceso multilateral y ahora, en febrero, tendrá la oportunidad de relanzar el funcionamiento del grupo de trabajo relativo al desarrollo económico y regional presidido por la Unión; y, naturalmente, ha estado presente a través de la cooperación euromediterránea en la elaboración de un conjunto de acuerdos de asociación con los países de la zona, así como a través de programas de ayuda financiera y también a través del Banco Europeo de Inversiones. 
En todos los países existe la conciencia- y así pudimos constatarlo durante nuestro viaje- de que a pesar de no formar parte de la acción negociadora debido a la circunstancia de ser el principal socio comercial de prácticamente todos los países de la zona y de ser el principal donante de ayuda pública a los Territorios Palestinos, la Unión debe desempeñar a medio y largo plazo un papel insustituible en la consolidación de la paz en Oriente Medio, y ya cuenta con los marcos adecuados que están siendo desarrollados para calcular la verdadera naturaleza de esta cooperación, tanto en la ayuda a los refugiados, como en la elaboración de programas de cooperación integrada, en particular, para el problema del agua, así como para la gestión integrada del agua o también en relación con los programas específicos de desarrollo regional. 
Asimismo hemos conseguido que nuestra participación en este proceso no interfiera con la de los Estados Unidos, sino que por el contrario, se han realizado intercambios regulares de puntos de vista, y a raíz de nuestra misión, que finalizó ayer, hemos sacado la conclusión de que es necesario un refuerzo del ya auténtico compromiso de la Unión en toda la problemática de Oriente Medio. 
Es otro de los puntos sobre el que es absolutamente necesario que exista una colaboración permanente entre el Consejo y la Comisión, así como una colaboración permanente entre estas dos instituciones y el Parlamento. 
Muchas gracias, señor Presidente del Consejo, por su declaración. 
Interrumpimos aquí el debate para dar inicio a la votación. 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, tengo que plantear un ruego: en el siguiente apartado 48 se trata de del muy sensible tema de la pertenencia de los Comisarios a un determinado partido político. 
Como la votación sobre la primera y segunda parte podría llevar a error ya que no se trata de una primera y una segunda parte reales sino de una frase intermedia, ruego que lea esta frase para que todas y todos los colegas sepan sobre qué votan hoy. 
Vamos a proceder de ese modo. 
Enmienda 27 
Señora Presidenta, considero que la enmienda nº 27 decae después de que hemos acordado graciosamente que podemos debatir y determinar nuestras propias reglas y que ningún otro órgano las acuerde por nosotros. 
Hemos suprimido las correspondientes palabras y la frase intermedia que se quiere introducir con la enmienda nº 27 ya no tiene ningún sentido. 
Solamente tendría sentido si otro gremio acordase por nosotros las reglas que luego trataría con nosotros a modo de graciosa concesión. 
Pero como este Parlamento ha demostrado entereza al indicar que al menos quiere decidir él mismo sobre sus propios procedimientos, considero que esta enmienda decae. 
Señora Presidenta, en esta ocasión no puedo estar de acuerdo con el orador que me ha precedido, porque esto se relaciona con el Reglamento del Parlamento. 
Es la diferencia entre el Parlamento y el Consejo en esta circunstancia. 
Es un tema distinto del que tratamos antes. 
Mantenemos nuestra enmienda. 
. (EN) Señora Presidenta, estoy de acuerdo con el Sr. Elles en cuanto a que se trata de un asunto independiente, pero también estoy de acuerdo con el Sr. Kuhne en que tendríamos que quitárnoslo de encima. 
Párrafo 56, enmienda 6 
. (EN) Señora Presidenta, la enmienda núm. 6, tal como se incluye aquí, no refleja con exactitud la votación realizada en la Comisión de Control Presupuestario. 
Lo he consultado con el presidente de la comisión, que no está de acuerdo. 
Pero es importante destacarlo aquí. 
Explicaré cuál es la diferencia. 
La Comisión de Control Presupuestario votó la primera parte de la enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, porque es lo que es, y contra la segunda parte. 
Es decir que el texto tendría que decir concretamente: "(... ) cree que mientras el paquete general de paga y beneficios tiene que ser atractivo y competitivo en lo que respecta al nivel general de remuneración, la estructura del paquete necesita una modernización". 
La comisión estaba a favor de la primera parte, lo que implica un cambio de formulación, pero en contra de la segunda parte, lo que implica un cambio sustancial. 
Temo, señor van Hulten, que sea un poco confuso para algunos de nosotros. 
Todos le habrán entendido bien. 
Por mi parte, someto a votación lo escrito en el texto. 
Señora Presidenta, entre su primera y su última versión, el informe Theato sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad ha registrado una evolución interesante. 
La propuesta de un reglamento comunitario que instituye un fiscal independiente ha sido desclasificada, ya que es claramente contraria al artículo 280 del Tratado y se ha transformado en una simple llamada a la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Ha sido sustituida por la propuesta de un reglamento que crea una nueva entidad bastante extraña, un organismo europeo independiente que ejerza poderes de control sobre la regularidad de las investigaciones de la Oficina de lucha contra el fraude, la OLAF. 
En esta segunda propuesta encuentro el eco de mi intervención del pasado 25 de octubre, en la que me preocupaba, como algunos otros diputados, por las condiciones de aplicación en el Parlamento Europeo del acuerdo interinstitucional relativo a las investigaciones de la OLAF. 
¿Quizá se está intentando tomar en consideración nuestras críticas, aunque sea con retraso? 
Desafortunadamente, este nuevo organismo independiente que tendría una oficina independiente me parece muy extraño y no responde siempre a la pregunta fundamental que yo me planteaba, que es la de la autonomía de esta Asamblea. 
En cuanto al fiscal europeo independiente, se trata de una propuesta contraria a nuestra concepción de una Europa de las naciones, como he explicado en el debate de ayer y en el del 13 de septiembre pasado sobre el segundo informe del comité de expertos independientes. 
Sin embargo, continúa siendo adelantada por toda una serie de juristas, llamados intelectualmente independientes, pero en realidad con mucha frecuencia pagados directa o indirectamente por la Comisión. 
Harían mejor ocupándose de los privilegios e inmunidades de la Comisión que, según el informe de expertos independientes, obstaculizan la lucha contra el fraude. 
Por otra parte, nos parece realmente extraordinario que la idea del fiscal europeo figure en el informe Theato sin la menor consulta a nuestra comisión encargada del seguimiento de los asuntos institucionales, mientras que una innovación así modificaría profundamente el equilibrio de las instituciones. 
Pero como ocurre generalmente en los asuntos europeos, se plantean reformas sin explicar realmente, en el momento de su inicio, la amplitud de sus implicaciones. Eso forma parte de la desinformación con la que sigue avanzando el sistema. 
Señora Presidenta, en nombre del Partido de los Pensionistas, he votado a favor de esta recomendación sobre el establecimiento de una protección penal de los intereses financieros de la Unión. 
Considero que éste es el primer paso hacia la creación de un verdadero espacio jurídico europeo en materia civil y penal. 
De lo contrario, no habría votado a favor, porque a Europa no le interesa preocuparse por la existencia de una Institución jurídica europea solamente para castigar a sus funcionarios infieles, ovejas negras que existen en todas partes. 
Espero y pido que los ciudadanos de toda Europa tengan realmente un Código civil europeo y un Código penal europeo. 
- (DA) Hemos votado hoy en contra de la creación de un fiscal europeo por las siguientes razones: 
No apoyamos ni la idea de un Código Penal europeo común ni la de un Ministerio público europeo común. 
Partimos de la base de que la lucha contra la delincuencia puede ser igual de efectiva con los instrumentos ya existentes, entre ellos, Europol y los Convenios sobre extradición y asistencia legal mutua. 
En realidad, no existen diferencias tan grandes entre los Códigos Penales de los Estados miembros que no pueden ser superadas con los instrumentos interestatales ya existentes. 
No obstante, nos sumamos plenamente a la crítica de los diez Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio contra el fraude de 1995. 
No creemos que haya base jurídica en el Tratado para la creación de un fiscal europeo. 
No procede introducir una autoridad que afecta a los Códigos Penales de los Estados miembros o a sus Leyes de Enjuiciamiento Criminal. 
Una alternativa a este fiscal europeo bien pudiera ser en su lugar Eurojust, tal como se propuso en la cumbre de Tampere. 
Una unidad de coordinación compuesta por fiscales nacionales que apoye la investigación de causas criminales. 
Damos la bienvenida a esta iniciativa. 
Es precisamente este tipo de colaboración práctica la que hace falta. 
El fiscal europeo en primera instancia sólo podría encargarse de los delitos cometidos por empleados comunitarios. 
En realidad, es mucho más necesaria una reforma a fondo del Estatuto de Personal y de los procedimientos disciplinarios. 
Sólo los casos más graves tienen consecuencias penales. 
El 90% de los casos serán expedientes disciplinarios por negligencia o incompetencia. 
En su lugar, hacen falta buenos procedimientos de control internos y una revisión de la inmunidad de los empleados. 
. (EN) El Grupo del Partido Popular Europeo señala su compromiso con la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 
Nos gustaría que, lo antes posible, todos los Estados miembros firmaran el convenio y los dos protocolos sobre ese asunto. 
Creemos que debe haber una estrecha colaboración entre los Estados miembros para garantizar que se concrete este objetivo. 
Pero no apoyamos el concepto de un marco uniforme de derecho penal ni la creación de una Fiscalía Pública Europea para proteger los intereses financieros de la UE. 
Por lo tanto, hoy hemos votado en contra del informe de la Sra. Theato. 
- (DE) Los liberales hemos estado desde siempre a favor de un control eficaz y de la lucha contra el fraude precisamente en relación con las irregularidades en el presupuesto de la UE. 
Este es precisamente también el motivo de nuestro asentimiento básico al informe Theato. 
A pesar de ello, somos conscientes sobre todo de la problemática que se deriva de los aspectos jurídico competenciales. 
Ante este trasfondo, los Estados miembros deben revisar en el marco del debate sobre la reforma de los Tratados si la creación de unos actos propios de la UE es razonable y nos lleva al objetivo deseado. 
En nuestra opinión, la actual situación jurídica no permite esto. 
El papel de un "fiscal europeo" -aunque se le dé el nombre que se quiera- representa una grave injerencia en la soberanía y precisa de un debate a fondo. 
Hace poco, sólo unos pocos Estados miembros han ratificado el Convenio sobre la protección de los intereses económicos de la Unión. Esto revela de nuevo los límites de las posibilidades de integración. 
Sin embargo, subrayamos expresamente que no se plantea una comunitarización y que la armonización de los actos punibles debe limitarse a los sectores propuestos. 
La creación de un derecho penal europeo no corresponde en cualquier caso a nuestros objetivos. 
. (EN) Este informe trata de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 
Es obvio que los métodos actuales aplicados para juzgar a las personas que hayan cometido fraude contra las finanzas de la UE son inadecuados. 
Por ejemplo, sólo cinco Estados miembros han ratificado el convenio sobre la protección de los intereses financieros de la UE a pesar de haberse comprometido a reconocerlo hace cinco años. 
El Gobierno conservador no lo firmó, pero el Gobierno laborista, junto a Alemania, Austria, Finlandia y Suecia, ratificó el acuerdo. 
En la semana en que la Comisión está elaborando sus propuestas de reforma, y subraya la necesidad de cambiar las actitudes dentro de la Comisión, los diputados del Partido Laborista en el PE recomendamos en nuestro voto que los funcionarios transgresores sean procesados. 
El sistema actual de procesamiento de los funcionarios transgresores no funciona, y por esta razón apoyamos el criterio de que se cree una Fiscalía Pública Europea sólo para las personas que trabajan en las instituciones europeas. 
Hemos votado abiertamente contra toda propuesta de una Fiscalía Pública Europea que vaya más allá de esto, y hemos votado categóricamente en contra de cualquier referencia a un Corpus Juris. 
Con nuestro voto, los diputados del Partido Laborista en el PE demostramos que no toleramos el fraude dentro de las instituciones de la UE, y a quienes han votado en contra de este informe los desafiamos a que expliquen cómo esperan triunfar en la lucha contra el fraude en las instituciones europeas. 
Señora Presidenta, el informe que se nos ha presentado en el día de hoy proponía conceder a la Comisión, en aplicación del artículo 276 del Tratado, la aprobación de la gestión sobre la ejecución del presupuesto de las Comunidades europeas para el ejercicio 1997. 
Los diputados franceses del Grupo Europa de las Naciones han rechazado conceder su voto afirmativo a este planteamiento. 
El informe sobre la gestión presupuestaria para 1997 fue suspendido por este Parlamento el 4 de mayo último, ya que parecía que la Comisión Santer, dimisionaria y limitada sólo a la expedición de los asuntos ordinarios, no estaba en condiciones de asumir los compromisos de reforma a plazo que parecían necesarios, a la vista de la importancia de las críticas del Tribunal de Cuentas. 
Hoy, la Comisión Prodi ha asumido esos compromisos y ha planteado ya varias reformas. 
¿Significa eso que por ello debemos aprobar la gestión? 
Es necesario recordar que el informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 1997 era muy severo y se negaba a aprobar la declaración de seguridad sobre la fiabilidad de las operaciones subyacentes, tal como queda definida en el artículo 248 del Tratado. 
El Tribunal, en efecto, mencionando que las operaciones de compromiso le parecían regulares, añadía esta precisión esencial: "como en los años precedentes, la incidencia de los errores que se atribuyen a las operaciones subyacentes a los pagos de la Comisión es de una importancia tal que el Tribunal no puede dar la seguridad de que estas operaciones son legales y regulares". 
Ahora bien, si el Tribunal no quiere conceder su declaración sobre la fiabilidad para todo el presupuesto 1997, ¿por qué los diputados europeos han decidido conceder su garantía moral aprobando la gestión? 
Por supuesto, se nos argumenta que la Comisión ya no es la misma, pero contestamos que la ejecución del presupuesto 1997, sigue siendo la que es. 
No ha cambiado nada desde hace seis meses. 
Por otra parte, las operaciones subyacentes equivocadas no dependen todas de la responsabilidad de la Comisión. 
Los Estados miembros han estado con frecuencia implicados. 
Señora Presidenta, en nombre del Partido de los Pensionistas, he votado a favor de la aprobación de la gestión de la Comisión para el año 1997. 
¿Qué tienen que ver los pensionistas con la aprobación de la gestión? 
Me he acordado que también soy contable y como tal me gustaría que quedara en los bolsillos de los ciudadanos el mayor número de euros posible. Por lo tanto, a la hora de aprobar la gestión, el control del Parlamento es una función importante y confío en que tanto el Tribunal de Cuentas como el Parlamento tengan mayores poderes y, sobre todo, ejerzan mayores poderes en esta actividad de control. 
Quisiera asimismo que se vigilara a fin de que, para hacer llegar un euro al ciudadano, no se gasten diez euros. 
Quisiera asimismo que se garantizara una actividad no solo formalmente correcta, sino correcta también en su contenido y en sus objetivos concretos. 
Señora Presidenta, el informe Van Hulten sobre las reformas destinadas a poner remedio a la crisis de la Comisión sigue con bastante fidelidad al segundo informe de expertos independientes sobre el que mi Grupo se manifestó ya el pasado 13 de septiembre. 
Pero las reformas propuestas no se ponen en perspectiva suficientemente, de modo que la multiplicidad de propuestas de mejoras puntuales, a veces buenas, otras malas, oculta quizá los verdaderos problemas de funcionamiento de las instituciones europeas. 
En particular, al haber detectado algunos casos de incumplimientos individuales el primer informe de expertos independientes, se hubiera podido esperar que el segundo analizara los sectores corruptos que funcionan de manera permanente en torno a instituciones europeas, como algunos documentos que han circulado en el momento de la redacción del informe han descrito. 
Por supuesto, vale más proponer reformas de futuro que volver permanentemente sobre el pasado. 
Pero creo que en este caso edulcorar el pasado impide ver la importancia de las reformas que se necesitan. 
Evidentemente, estas reformas son múltiples, pero lo que se cuestiona ante todo es la teoría de la independencia de la Comisión que impide tomar conciencia de que ésta no debe ser otra cosa que un simple servicio común a los Estados miembros y que impide a éstos ejercer sobre ella un verdadero control. 
Es preciso por tanto combatir todo aquello que contribuya a hacer de la Comisión una fortaleza opaca al control y principalmente volver a dar al Consejo un verdadero control político sobre la Comisión, reforzar la cooperación en los dos sentidos entre el Tribunal de Cuentas europeo y los Tribunales nacionales, con el fin de mejorar los controles al mismo tiempo en los Estados y en Bruselas, suprimir los privilegios cuasi diplomáticos de los que disfruta la Comisión y que obstaculizan las investigaciones, abrir mucho más la función pública europea a funcionarios nacionales especializados con traslado temporal. 
Finalmente, tal como ha propuesto nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, en un dictamen que no tuvo ningún efecto, revisar completamente la posibilidad de financiar grupos de interés, sin autorización previa, sobre la parte A del presupuesto; posibilidad que abre hoy la puerta a la distribución de subvenciones sin base legal y favorece el clientelismo en torno a la Comisión. 
Señora Presidenta, en nombre del Partido de los Pensionistas, he votado a favor de este informe sobre la reforma de la Comisión. 
En la exposición de motivos se señala que se aprueba esta resolución porque es necesario restablecer la confianza de los ciudadanos europeos en el proceso de integración europea. En consecuencia, es justo que no existan fraudes y que haya un reglamento de la Comisión que nos impida volver a estas situaciones que, como he dicho antes, pueden ser la oveja negra de costumbre. 
Con todo, como bien ha indicado el colega Sr. Berthu que ha hablado antes que yo, lo que cuenta es el contenido de lo que se hace. 
La confianza de los ciudadanos, y entre ellos, la de los pensionistas de la Unión Europea, no sólo se ganará con cien mil reglamentos y apartados, sino sobre todo a través de una labor concreta y ágil de la Comisión, una reducción del personal del Parlamento, de la Comisión y del Consejo. 
. (DA) Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Van Hulten, pues contiene muchas buenas recomendaciones para la reforma de la Comisión. 
En especial queremos destacar la reforma radical de la política de personal y la mejora en la eficacia y descentralización del control financiero. 
No obstante, hay ciertos puntos en los que hemos optado por votar en contra de las propuestas presentadas. 
Hemos votado en contra de la creación de un fiscal europeo. 
Nos parece mejor idea una ampliación de la cooperación interestatal en materia de investigación de causas criminales como se propuso en la cumbre de Tampere. 
Además, es mucho más necesaria una reforma del Estatuto de Personal, pues sólo una mínima parte de los casos tiene consecuencias penales. 
Hemos votado en contra de la completa eliminación del control previo. 
Debe mantenerse algún tipo de control previo. 
No basta únicamente con el control mediante muestreo cuando el dinero se ha gastado. 
En su lugar, se debe reformar y descentralizar este control. 
Hemos votado en contra de limitar el acceso del Parlamento a la información. 
El Parlamento debe tener derecho a todo el material que la Comisión puso a disposición del Comité de Expertos. 
Hemos votado también en contra de la creación de varias de las llamadas comisiones de expertos. 
Deben de ser las comisiones competentes del Parlamento las que realicen sus estudios y presenten propuestas de reforma. 
El peligro de las comisiones de expertos radica en que pueden llegar a socavar al Parlamento como institución elegida por el pueblo. 
. (EN) El informe Van Hulten es una contribución vital al trabajo sobre la reforma de la Unión Europea y al trabajo emprendido por el comisario Kinnock. 
Una Comisión eficiente y dinámica es un requisito previo para la ampliación de la UE. 
La protección de los intereses financieros de la UE es una parte básica de la agenda de la reforma. 
Los diputados del Partido Laborista en el PE, al mismo tiempo que reconocen la necesidad de mejorar la protección de los intereses financieros de la UE, creen que el enfoque en tres etapas destinado a crear una Fiscalía Pública Europea contenido en este informe no es la mejor manera de avanzar, y que se necesitan discusiones más detalladas para conseguir un medio de evitar el fraude eficazmente en todos los Estados miembros. 
Los diputados del Partido Laborista en el PE sólo apoyan la creación de una Fiscalía Europea como se menciona en el párrafo 38 para que se brinde una información que facilite el enjuiciamiento, en tribunales nacionales, de los que defraudan al fisco. 
Los diputados del Partido Laborista en el PE también creen que la creación de una Comisión Normativa de la Vida Pública beneficiará a todas las instituciones de la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo. 
(La sesión, interrumpida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el proceso de paz en Oriente Medio. 
. (EN) Agradezco sinceramente al Presidente del Consejo sus manifestaciones de esta mañana sobre Oriente Medio al inicio de este debate y que haya escuchado las perspicaces observaciones del Ministro Gama, que acaba de llegar de aquella región. 
Sólo lamento que mi obligación de inaugurar la Agencia Europea para la Reconstrucción el lunes supuso que no pudiera tomar yo mismo parte de tal viaje a Oriente Medio, aun cuando, como ya he comentado anteriormente ­esto ya es otra historia­ los acontecimientos conspiraron para dejarme abandonado en el aeropuerto de Munich en vez de llevarme a Salónica. 
Así es la vida. 
Espero que los honorables Diputados me excusen si no puedo permanecer aquí hasta el final del debate, tal y como, en circunstancias normales, desearía hacer. 
El debate se había fijado para esta mañana, y con arreglo a ello había concertado una reunión para esta tarde con unos visitantes de los Balcanes. 
Así que espero poder contar con la comprensión del Parlamento en esta ocasión. 
No es algo, puedo asegurarles, que quiera convertir en costumbre. 
Al igual que los honorables Diputados, acojo con satisfacción los esfuerzos de los Estados Unidos que han relanzado las conversaciones sirio-israelíes, a pesar de que los sirios decidieron que necesitaban más tiempo antes de reanudar las conversaciones cuya apertura estaba prevista para hoy. 
Hay una esperanza razonable en que en un futuro próximo puedan ponerse las bases de un acuerdo de paz. 
Asimismo, espero que los progresos con Siria allanen el camino para una pronta reanudación de los conversaciones entre Líbano e Israel, que podrían, así, avanzar paralelamente hacia un acuerdo total en las relaciones de Israel con sus vecinos del norte. 
Al mismo tiempo, no debemos perder de vista la vía palestina. 
La situación de los palestinos ha sido siempre el asunto central del conflicto. 
Un acuerdo justo y verdaderamente generoso con ellos sigue siendo la llave de una paz duradera en Oriente Medio. 
Israelíes y palestinos han hecho progresos sustanciales en la aplicación del Acuerdo de Sharm el-Sheikh. 
Si bien se ha producido una cierta ralentización, confío en que la retirada del resto de tropas israelíes se materializará pronto. 
De igual modo, a pesar de que se señaló anteayer que la fecha de adopción del acuerdo marco para el estatuto permanente ha sido atrasada más allá del plazo de mediados de febrero, confío plenamente en que se cumplirá el plazo, mucho más importante, de septiembre para el acuerdo definitivo sobre el estatuto permanente. 
Me reafirmó en mi confianza saber que esta era también la opinión del Primer Ministro Barak y del Presidente Arafat en su encuentro del lunes. 
Los honorables Diputados sabrán que una de nuestras principales preocupaciones es que ha de producirse una continuación de los progresos en las conversaciones multilaterales. 
Actualmente la situación está lejos de ser así, pero haremos lo que podamos por hacer que sea posible, en estrecha colaboración con los copatrocinadores estadounidenses y rusos, así como con las partes de la región. 
Hemos asumido una particular responsabilidad en el fomento del desarrollo económico regional. 
El inicio de las conversaciones con Siria abrirá el camino de la reunión del grupo multilateral de dirección en Moscú a finales de mes. 
Deseo asistir a dicha reunión y espero que al menos podamos llevar las cosas hacia adelante de nuevo. 
La Unión Europea debe desempeñar un papel importante en el proceso de paz, como todas las partes ­palestinos, israelíes, sus vecinos árabes y los EE.UU­ han reconocido. 
Nuestro papel no está limitado a hacer de banqueros. 
Hemos de estar preparados para actuar rápidamente con el fin contribuir a la consolidación de la paz en la región. 
Pero no debemos engañarnos: por un acuerdo de paz amplio para Oriente Medio hay que pagar un precio alto. 
La Comisión está valorando las consecuencias que tienen para la Unión Europea los nuevos y alentadores acontecimientos. 
Tenemos la intención de compartir nuestros criterios más elaborados sobre el asunto con el Parlamento y el Consejo. 
Pero permítanme recordarles, honorables Diputados, que la Comisión Europea no actúa con indolencia cuando ha de prestarse ayuda financiera al proceso de paz. 
Somos los más importantes donantes de los palestinos. 
Asimismo, hemos ofrecido una ayuda muy sustancial a Jordania, Siria y Egipto. 
Con los israelíes hemos establecido relaciones de cooperación más estrechas en diversos ámbitos de su interés. 
La contribución de la Comunidad de más de 600 millones de euros en subvenciones y préstamos entre 1994 y 1998 ha apuntalado efectivamente a la Autoridad Palestina y ha contribuido de manera sustancial a la reconstrucción de las deterioradas infraestructuras del oeste y de Gaza. 
Los Estados miembros de la Unión Europea aportaron conjuntamente otros 860 millones de euros durante aquel crucial período. 
En este contexto, permítanme que aplauda las importantes medidas que ha adoptado recientemente la Autoridad Palestina para mejorar la transparencia presupuestaria. 
El Presidente Arafat se reunirá con el Consejo de Ministros la semana próxima. 
Esta será una buena oportunidad para abordar la necesidad de adoptar medidas igualmente valientes con el fin de mejorar la administración palestina y reforzar el imperio de la ley. 
La Comisión participa activamente en estos esfuerzos. 
Asimismo, la Comisión ha aumentado sus previsiones de ayuda a proyectos de cooperación regional entre israelíes y árabes. 
El año pasado destinamos más de 20 millones de euros a tales proyectos. 
Este paquete incluía nuevas ayudas a actividades a nivel particular y a la cooperación transfronteriza en la que israelíes y árabes se reúnen en organizaciones no gubernamentales y en encuentros de expertos. 
Los Diputados recordarán que la Unión Europea es la principal aportante de fondos a los esfuerzos en conseguir la reconciliación de los pueblos de Oriente Medio. 
Diversos asuntos aparecen como objetivos potenciales adicionales de la ayuda de la comunidad en la fase que se abre del proceso de paz ­entre otros, ayuda para consolidar el establecimiento en el Golán tanto a efectos de contribuir a los acuerdos de seguridad, como de contribuir al desentierro de minas y a la refundación de comunidades en los Altos del Golán. 
El desarrollo económico sirio necesitará ayuda para la transición desde un período de guerra a una economía de paz. 
La reconstrucción y la rehabilitación del sur del Líbano, la única zona de Oriente Medio que sigue viviendo un conflicto militar, exigirá asimismo considerables esfuerzos. 
De igual modo, tenemos que seguir prestando nuestra ayuda a las reformas económicas y al desarrollo social de Líbano en su totalidad. 
Es necesario encontrar una solución al problema de los refugiados palestinos ­éste es el grupo de refugiados más grande del mundo, que llega casi a los cinco millones­ una muestra de los formidables desafíos que tenemos por delante. 
Hemos de fomentar iniciativas que aumenten la disponibilidad y que mejoren la distribución y gestión de los muy escasos recursos hidrológicos de la región. 
Por último, aunque quizá sea ésta una cuestión de una importancia fundamental, estamos fomentando una cooperación regional más estrecha en diversos ámbitos, juntando a todos los países afectados en un esfuerzo común para afrontar los problemas comunes. 
Ya se ha hecho patente que los recursos financieros actualmente disponibles para la ayuda de la Comunidad a esta parte del mundo no serán suficientes para hacer frente a la cuantía de la ayuda que se requerirá en caso de paz permanente. 
Quiero resaltar este punto. 
Deseo recordar de nuevo al Consejo y, si fuera necesario, al Parlamento, que no debemos seguir permitiendo que se produzca una fractura entre nuestra retórica y lo que realmente somos capaces de hacer. 
Repito que un cambio en la política de Oriente Medio requerirá un cambio de velocidad en el apoyo que se nos pida y que se espera que prestemos. 
Deseo poder añadir que querremos prestarla. 
En los últimos meses y semanas hemos realizado progresos, como el Sr. Gama ha señalado antes. 
Pero, inevitablemente, va a ser un proceso duro jalonado de dificultades y decepciones. 
Haremos todo lo posible por contribuir a que el proceso llegue a un resultado satisfactorio y por afrontar las obligaciones y desafíos que se derivarán de tal resultado. 
Por último, repetiré para los que han entrado en la sala en los últimos minutos lo que he dicho al principio de mi intervención: que no podré permanecer aquí hasta el final del debate, en buena parte debido a que daba por hecho que el debate se iba a celebrar esta mañana y a que he fijado una reunión sobre los Balcanes para esta tarde. 
Espero contar con la comprensión del Parlamento. 
Señor Presidente, el Comisario Patten cuenta con nuestra comprensión. 
Quisiera decirle que las comunicaciones con Madrid suelen ser más fluidas y que, por lo tanto, espero verlo pronto por allí. 
Las declaraciones que hemos oído a lo largo del día sobre el proceso de paz en Oriente Medio son muy oportunas en el tiempo por la apretada gira que el Ministro, Sr. Gama- lamento también su ausencia en el debate -, ha realizado a la zona, acompañado por otros representantes del Consejo. 
El tono de las noticias que han aparecido en los medios de comunicación sobre los últimos acontecimientos en la zona podría hacernos concebir una visión pesimista de la situación. 
Creo honestamente que una valoración de este tipo no se ajustaría a la realidad de los hechos. 
Comparto, en ese sentido, las perspectivas positivas del Comisario Patten. 
Me explicaré: es cierto que el Gobierno israelí ha aplazado la tercera entrega del territorio de Cisjordania a la Autoridad Palestina. 
Pero también lo es que desde la firma de los acuerdos de Sharm el-Sheikh se ha hecho entrega a la Autoridad Nacional Palestina del 39% del territorio de Cisjordania y de las dos terceras partes de la Franja de Gaza, y- lo que es más importante -, tal acuerdo, hasta el presente, se está cumpliendo de una manera escrupulosa, ya que incluso su aplazamiento es una prerrogativa del Gobierno de Israel prevista en Sharm el-Sheikh. 
Siempre, naturalmente, que no sobrepase el término de tres semanas, como así lo ha prometido el Primer Ministro Barak. 
Por otra parte, la decisión de aplazar la segunda tanda de conversaciones, iniciada en Shepherdstown por la República Árabe de Siria, sin duda es un hecho importante, pero estoy convencido de que no quebrará la esperanza que se ha abierto el pasado 3 de enero en esa ciudad. 
Señor Presidente, el hecho de que los diferentes Grupos políticos de esta Asamblea nos presentemos a este debate, que siempre es controvertido, con una propuesta de resolución que es producto de un amplio consenso me parece significativo de la clara voluntad política de apoyar decididamente los procesos de paz abiertos. 
En consecuencia, con la misma firmeza proclamo nuestro rechazo del uso de la violencia para resolver las diferencias, sin duda aún profundas, entre las partes. 
A mi juicio, ello constituye una garantía para ambas partes, tanto desde el punto de vista político como financiero, del compromiso que pueden esperar de la Unión Europea en su contribución al sostenimiento de los costes de la paz que todos anhelamos. 
A nadie se le oculta que ello es indispensable para garantizar la seguridad en la zona y aportar cooperación al desarrollo que sirva para paliar las graves diferencias sociales existentes. 
Pero también sirve de llamada de atención para reclamar para la Unión Europea una participación política en el proceso, coherente con su contribución económica- tampoco nosotros tenemos aspiraciones de banqueros -, que tenga su correspondiente visibilidad pública. 
A ello contribuirá, no me cabe la menor duda, el próximo viaje que la Presidenta del Parlamento Europeo hará a la región. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Patten por su detallada descripción. 
Quiero manifestar que me adhiero al tono impuesto por Galeote Quecedo. 
Desde el Parlamento apoyamos enérgicamente el proceso de paz en Oriente Medio. 
A pesar de las dificultades y retrasos, hay una gran diferencia, como entre el día y la noche, si pensamos en el estado del proceso hace un año. 
Quiero subrayar cuatro puntos. 
En primer lugar, el acuerdo de Sharm el-Sheikh contiene un calendario concreto, conocido por todos, para el cumplimiento de los compromisos de Israel; se trata del pacto de transición y de los acuerdos de Hebron y de Wye. 
Mientras se inician las negociaciones sobre la paz definitiva, creo que es importante mantenerlos separados. 
Si no resultasen exitosas las negociaciones sobre un acuerdo definitivo, no debe correr riesgos la realización de los tres pactos de transición ya nombrados. 
En este contexto hay que controlar lo que ocurra con el puerto en Gaza, con la ruta norte de tránsito entre Gaza y Cisjordania, con la continuación de la liberación de los presos de seguridad y con el cumplimiento de los compromisos económicos. 
El segundo punto se refiere a Siria. 
En esto, el asunto limítrofe es esencial. 
Aún no sabemos nada sobre el resultado de las negociaciones. 
Sin embargo, lo importante es que se hayan iniciado. 
Un tema importante en este contexto es la distribución de las aguas. 
En la actualidad Golán suministra entre una tercera y una séptima parte del agua de Israel. 
El tercer aspecto son las conversaciones de paz en Siria, que están íntimamente ligadas a la retirada de Israel del sur del Líbano. 
Según datos de UNIFIL, hay señales concretas de que Israel prepara una retirada, cosa que celebramos. 
Otros asuntos controvertidos son también el abastecimiento de agua y la situación de los refugiados palestinos en el Líbano. 
Mi último punto es el futuro estado palestino. 
Es posible que se cree este año, con o sin el apoyo de Israel. 
El gobierno de Barak ha dado a entender que está preparado para firmar un acuerdo de paz con un estado. 
Aunque las negociaciones de paz no hayan concluido en septiembre de este año, no hay impedimentos en los tratados para la creación del estado palestino después de esta fecha. 
En este contexto, es importante para quienes apoyamos esta idea, que se concrete lo que señaló el Comisario Patten, es decir, un estado con transparencia y democrático. 
Todos queremos contribuir a ello. 
Señor Presidente, quisiera referirme en primer lugar a la resolución común que se elaborará como conclusión de este debate, a la que mi Grupo ha contribuido y que naturalmente aprobamos. 
Pero, de manera más específica, quiero expresar aquí nuestra satisfacción por el hecho de que Israel y Siria, después de tanto tiempo, hayan vuelto a entablar conversaciones para solucionar sus diferencias de opinión. 
Las recientes negociaciones constituyen ya un paso importante en dirección a una paz permanente en Oriente Medio. 
Por eso es de lamentar que actualmente se hayan interrumpido las conversaciones de paz. 
Ambas partes deben realizar verdaderamente un esfuerzo ímprobo. 
La paz duradera en la región sólo podrá alcanzarse por medio de un acuerdo en el que se garanticen la seguridad de las fronteras de Israel y la integridad de Siria. 
Para ello es necesario el inicio de relaciones diplomáticas estables y un diálogo constante. 
Además de los encuentros bilaterales con Siria, espero que, en un plazo de tiempo previsible, Israel inicie también negociaciones con Líbano y que, en el marco de la cooperación económica y regional, sea posible adoptar un enfoque multilateral. 
No obstante, hay que seguir lamentando el hecho de que la Unión Europea, uno de los donantes financieros más importantes, no siempre sea capaz de desempeñar un papel político influyente en el proceso de paz. 
Este proceso de paz en Oriente Medio es una de las prioridades de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
Al Sr. Solana, en su calidad de Alto Representante del Consejo, le corresponde desempeñar un papel especial en este sentido. 
Asimismo es preciso instar a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen proyectos que puedan ayudar a la creación del concepto de partnership, de asociación, entre los diversos pueblos de la zona. 
También he de señalar la importancia del proceso de Barcelona, que debe ejercer una influencia positiva en la cooperación regional. 
En este sentido apoyamos la participación de Libia, a condición de que reconozca los derechos humanos, abandone el apoyo a los terroristas y apoye plenamente el proceso de paz. 
Indudablemente, sigue habiendo muchos problemas no resueltos y preguntas sin respuesta, también con los palestinos. 
Es sabido que el proceso de paz es largo y difícil, pero estamos convencidos de que con la confianza precisa, la voluntad política imprescindible y la perseverancia necesaria, alcanzaremos nuestro objetivo común, a saber, la paz y el bienestar en Oriente Medio. 
Señor Presidente, resulta satisfactorio que, a pesar de algunas prórrogas y problemas, se estén realizando negociaciones de paz entre Israel y Palestina y entre Israel y Siria. 
Se acerca la hora de la verdad. 
¿Estará dispuesto Israel a cumplir las resoluciones de la ONU y devolverá los territorios árabes conquistados en 1967 a cambio de paz y seguridad? 
¿Permitirá Israel el regreso de los refugiados palestinos o los indemnizará? 
¿Compartirá Israel la ciudad de Jerusalén y las aguas del río Jordán? 
¿Llegará a ser el estado libre de Palestina totalmente democrático y, consecuentemente, un socio fiable para la construcción de la paz? 
¿Aceptará Siria completamente la existencia de Israel y se implantarán allí la democracia y el estado de derecho? 
El hecho de que la principal responsabilidad por el proceso de paz recaiga en el ocupante Israel, no exime a las partes árabes de su gran responsabilidad. 
La paz en Oriente Medio nos atañe a todos. 
Por eso es beneficioso que la UE apadrine al estado palestino. 
A la luz de esto, quisiera concluir con una extraña historia ocurrida en Suecia, país miembro de la UE. 
Allí se realiza una conferencia internacional, que obviamente aplaudimos, sobre el exterminio de judíos organizado por Hitler. 
Entre los cuarenta y siete estados invitados, provenientes de todos los continentes, no hay un solo estado árabe que participe en el proceso de Barcelona impulsado por la UE. 
Esto ha sido interpretado como que los europeos entienden la postura árabe respecto a Israel del mismo modo que el antisemitismo nazi, cosa que es completamente errónea. 
La crítica del mundo árabe a Israel se fundamenta en la misma clase de anticolonialismo que, por ejemplo, la lucha contra Francia para la liberación de Argelia. 
Pero hoy Egipto, Jordania y Palestina tienen una paz basada en tratados con Israel. 
Por eso me pregunto si el Comisario Patten está de acuerdo conmigo en que habría sido lógico y adecuado que se hubiese invitado al menos a algún estado árabe a la conferencia de Estocolmo sobre el exterminio. 
Señor Presidente, mucho le agradezco al Comisario Sr. Patten la actitud que ha demostrado al darse cuenta de las dificultades del proceso de paz y del reto que la Unión Europea debe afrontar para que el mismo culmine. 
En Oriente Medio ha llegado la hora de la paz; ha llegado la hora de cerrar la etapa histórica iniciada con la Declaración de Balford de 1917 y la guerra árabe-israelí de 1948; ha llegado la hora de que haya fronteras seguras para cada país de la región, derechos políticos, sociales y económicos, derechos humanos reconocidos y practicados en Siria, Palestina e Israel, en todas partes. 
Se trata de una práctica de soberanía, de democracia de cada pueblo y persona. Para ello, sin embargo, es indispensable que una de las partes implicadas tenga el coraje de la paz y de los derechos y que reconozca a la otra como socio y no como súbdito al que hay que hacer alguna concesión. 
Me refiero principalmente a la cuestión palestino-israelí, pero esto vale también para los territorios ocupados en el Golán desde 1967 y en la franja sur de Líbano desde 1982. 
Israel debe asumir sus responsabilidades, retirarse de los territorios ocupados y compartir los recursos hídricos, aunque al tiempo debe tener la certeza de su seguridad y de poder vivir en paz en el intercambio económico y político con todos los países de la región. 
La seguridad, sin embargo, no solo afecta a Israel. 
Lo mismo vale para los demás países, en primer lugar, para los palestinos que viven todavía bajo la ocupación militar y que incluso hoy, a pesar de los acuerdos firmados a partir de Oslo, ven su tierra confiscada en las zonas B y C. Después de Oslo y hasta el 17 de octubre de 1999 se han confiscado 174.000 dunans de tierra, de las cuales 8.462 bajo el nuevo Gobierno Barak: los árboles han sido talados, los edificios derruidos y, especialmente en Jerusalén Este, el uso del agua potable se ha reducido o prohibido, mientras que los asentamientos continúan y aumentan constantemente. 
Sin embargo, no cabe duda de que con la elección del nuevo Gobierno se han dado pasos positivos, por lo menos se vuelve a negociar. 
Pero en Oriente Medio no podrá haber una paz estable y duradera si los palestinos no tendrán su propio Estado, si no podrán moverse libremente dentro de su territorio. 
La comunidad internacional debe cumplir simplemente las Resoluciones 332, 248, 245 y 194. 
Consideramos preocupante el aplazamiento de las relaciones con Siria, así como la decisión de Barak de retrasar la retirada del ejército israelí y los acuerdos de Sharm el-Sheikh. 
Estimamos sumamente importante que en las negociaciones la Unión Europea desempeñe un papel político igual al papel que juega en el ámbito de las ayudas económicas. 
No podemos conformarnos con permanecer entre bastidores, sino que debemos ser los protagonistas, sin por ello enemistarnos con los Estados Unidos, como decía el Ministro, Sr. Gama. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar al Comisario Patten mi agradecimiento y reconocimiento por sus observaciones manifestadas hoy aquí, en particular en relación al papel de la Unión Europea en el proceso de paz, y por reafirmar que nuestro papel no es sólo el de "banquero" de toda la operación. 
La noticia de que las conversaciones entre Israel y Siria se habían suspendido me causaron una gran decepción. 
Es mi deseo que se alcance un compromiso para superar esta situación, de modo que las conversaciones de paz puedan reanudarse próximamente. 
No obstante, no podemos negar que no hace mucho tiempo se ha realizado algún progreso en lo político en Oriente Medio. 
El hecho de que el Ministro de Asuntos Exteriores sirio y el Primer Ministro Israelí se sentasen recientemente en la misma mesa en los EE.UU por primera vez en la historia, pone de manifiesto que los viejos odios y enemistades pueden superarse. 
Los líderes políticos deben mostrar ahora valor para crear un marco que pueda conducir a un establecimiento general de la paz en Oriente Medio. 
Sé que si dicho acuerdo entre Siria e Israel puede alcanzarse, el Primer Ministro israelí encontrará una oposición real a cualquier nuevo acuerdo con Siria en cualquier futuro referéndum. 
Los colonos de los Altos del Golán exigirán una compensación y deberán darse garantías de seguridad. 
Si Siria estuviera dispuesta a ofrecer concesiones en lo relativo a la seguridad, las perspectivas de una solución satisfactoria de la cuestión Israel/Siria podrían ser prometedoras. 
En el tema de Palestina, reconozco que aún existen algunas dificultades en lo relativo a la puesta en práctica de algunos aspectos de los Acuerdos de Wye Plantation. 
Los principales ámbitos de problemas en la actualidad comprenden las dificultades en la retirada de las tropas, así como el traspaso de territorios; el bajo número de liberaciones de prisioneros palestinos y el hecho de que el Gobierno israelí parece querer detener la ejecución de licencias de construcción ya concedidas, así como no aprobar más, poniendo nuevos obstáculos. 
Estos asuntos han trabado manifiestamente las negociaciones sobre el estatuto permanente, si bien creo que estas conversaciones no se interrumpirán indefinidamente. 
En el momento actual, la principal dificultad en abordar las negociaciones parece ser que los palestinos insisten en que debe haber desde el principio un acuerdo sobre la cuestión de la frontera, mientras que el Gobierno israelí afirma que esto sólo sería posible si se alcanzase una solución en el asunto de los asentamientos y de la seguridad. 
Actualmente, ambas partes parecen haber aceptado que no se acordará nada hasta que se haya acordado todo. 
En conclusión, mientras otros países de Oriente Medio han manifestado sus reservas sobre el modo en que se ha conducido el proceso de paz, ahora que se ha incluido al Gobierno sirio en el proceso de paz, Egipto y otros países de la región están dispuestos a seguir hacia adelante. 
Yo espero sinceramente que en el interés de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los pueblos que habitan Oriente Medio, todos los principales protagonistas avancen rápidamente en un futuro muy cercano para alcanzar un acuerdo general sobre todos los asuntos clave a los que debe darse una solución. 
Señor Presidente, Señorías, las numerosas propuestas de resolución presentadas a este Parlamento hacen un retrato más o menos real de la situación en Oriente Medio. 
Hay quien aplaude los nuevos acuerdos entre Israel y Siria, pero son muy pocos los que llaman la atención sobre el problema real y central de la cuestión de Oriente Medio. 
De hecho, Señorías, ha llegado el momento de solucionar el nudo gordiano de los equilibrios mundiales. 
Ha llegado la hora de que Israel cumpla los viejos compromisos retirándose definitivamente de los territorios ocupados reconociendo finalmente y de una vez por todas a la Autoridad Palestina, cuya recuperada acción diplomática tendrá un futuro cierto mientras esté en las sabias manos de Yasser Arafat. 
Es importante asimismo no perder de vista la cuestión iraquí, de la cual ya nadie habla relegando al olvido los problemas de millones de mujeres, ancianos y niños, víctimas de un embargo tan arrogante como infame. 
No sé lo que Siria e Israel querrán y podrán hacer realmente, sin embargo, sé que nuestra Institución puede hacer mucho y ya sería hora de que se ocupase de la vida de la gente con el mismo énfasis que pone cuando piensa en los balastos de nuestras frías, amorfas y artificiales lámparas fluorescentes que pueden iluminar una casa y no el mundo del tercer milenio. 
Señor Presidente, la verdad es que la noticia de la suspensión o del retraso sine die de las conversaciones entre sirios e israelíes no es una buena noticia, como tampoco es una buena noticia el hecho de que se haya producido anteayer, nuevamente, un atentado con bomba en el que resultaron heridas 16 personas. 
Está claro que, por una vez, los Estados Unidos no han conseguido desbloquear la reanudación de estas negociaciones, y la verdad es que los obstáculos son difíciles: los sirios pretenden tener nuevamente bajo su soberanía y jurisdicción los Altos del Golán y recuperar las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967, mientras que los israelíes pretenden, por considerar que se aviene mejor a su situación, tener las fronteras fijadas en el año 1923. 
El bloqueo de estas conversaciones entre sirios e israelíes no es el único retraso que se está sufriendo en el proceso de paz en Oriente Medio. 
En estos momentos, se encuentra también suspendida la aplicación del acuerdo marco entre la Autoridad Palestina e Israel. 
Tras las conversaciones que tuvieron lugar anteayer entre el Primer Ministro israelí y el Jefe de la Autoridad Palestina, el Primer Ministro israelí ha solicitado un aplazamiento de dos meses a partir del 13 de febrero, fecha límite para la ejecución del acuerdo marco relativo a la situación de Cisjordania y de la Franja de Gaza. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea ante esta situación? 
Desgraciadamente no demasiado. 
Tiene que apoyar, lógicamente, estas negociaciones, auspiciadas por los Estados Unidos; tiene que multiplicar los contactos; es positiva la presencia del enviado de la Unión Europea, el Embajador Moratinos, que ha desempeñado su misión- dentro de los poderes que tiene la Unión Europea- ciertamente con gran diligencia y eficacia. 
Pero todo ello no nos impide ver que hay cierta impotencia, porque cuando los negociadores de ambas partes tomen este fin de semana el avión para volver a los Estados Unidos, no podremos dejar de recordar que de cada 100 dólares que se gastan en el proceso de paz de la región, 60 los pone la Unión Europea. 
Y cuando uno piensa que próximamente se celebrará una conferencia en Moscú, queda en evidencia la situación algo patética de la presencia de la Unión Europea en este proceso. 
Quisiera insistir ante la Presidencia portuguesa en que hay que tener mayor protagonismo, en que es hora de tomar el relevo y de asumir mayor presencia de la Unión Europea en este tema. 
Espero que la próxima visita de la Presidenta del Parlamento Europeo a la región, así como de los presidentes de las delegaciones interparlamentarias correspondientes, permitan iniciar una etapa de mayor iniciativa y de mayor presencia de la Unión Europea en este complicado y difícil proceso de paz. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Patten, quiero expresarles mis felicitaciones por sus exposiciones, en especial al Comisario Patten, cuyo análisis comparto plenamente. 
Por ello, no voy a repetir nada de lo que ya ha dicho. 
Sólo quiero realizar tres observaciones que quizás sean consideradas de modo similar por el Comisario Patten pero que por diversos motivos no se han podido formular del modo tan abierto como han hecho algunos diputados. 
En primer lugar, creo que nos podemos alegrar de los acuerdos alcanzados entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. 
Pero ya tenemos suficientes acuerdos: Oslo, Wye Plantation, Sharm-el-Sheik. 
Ya basta de acuerdos, lo que hay que hacer ahora es cumplirlos. 
Comparto el escepticismo de mi colega Salafranca cuando dice que esta semana hay malas noticias de Israel ya que este último acuerdo no se va a poder cumplir en el tiempo previsto. 
El segundo punto se refiere al reinicio de las negociaciones entre Siria e Israel. 
Me parece una noticia muy alentadora. 
Pero esta semana hemos tenido noticia de que el Sr. Barak no va a ir a Washington, por lo que no podrán proseguir las negociaciones. 
Quiero constatar muy claramente que si las alturas del Golán se devuelven a Siria, se soluciona el problema en esa región. 
Respecto a la cuestión del referéndum al que se han referido varios colegas, tenemos que recapacitar sobre si para cumplir las obligaciones derivadas del derecho internacional siempre hay que llevar a cabo un referéndum. 
En Alemania probablemente se alegrarían mucho de si se dijese que se va a celebrar un referéndum sobre los pagos a la Unión Europea y que dichos pagos dependerán de lo que el pueblo alemán esté dispuesto a pagar. 
Se trataría de una situación similar. 
El tercer y último punto: el papel de la Unión Europea. 
Quiero destacar el extraordinario papel que ha desempeñado el enviado especial a esta región, el Sr. Moratinos, así como las financiaciones que hemos realizado allí, señor Comisario Patten. 
Usted sabe que siempre encontrará apoyo en este Parlamento, también para su propuesta. 
Estaremos presentes cuando se vaya a financiar. 
Pero también debemos desempeñar un papel político y este papel no lo puede desempeñar el Sr. Moratinos él solo en esta región. 
Aquí tiene que actuar la Presidencia del Consejo y el Mister PESC tiene que viajar a la región. Y nosotros, al igual que han hecho los rusos, tenemos que invitar a los protagonistas del proceso de paz. 
Entonces desempeñaremos el papel que corresponde a nuestra participación y aportación. 
Señor Presidente, señor Comisario Patten, señorías, los recientes conversaciones de paz iniciadas en Estados Unidos entre Israel y Siria marcan un giro en la historia de Oriente Próximo, un giro que se esperaba desde hace cincuenta años y que es decididamente difícil de negociar. 
No habrá encuentro hoy en Sheperdstown, pero hemos de esperar, como decía el Comisario Patten hace unos instantes, que este aplazamiento de las negociaciones debido a las últimas exigencias sirias no será más que una peripecia en el camino hacia un acuerdo de paz llamado a cambiar toda la fisonomía de Oriente Próximo. 
Esto es lo que expresa nuestra resolución: la esperanza de un acuerdo justo y equilibrado, basado en el respeto por las soberanías y el derecho a vivir en seguridad en el interior de unas fronteras seguras y reconocidas. 
Todas las tropas extranjeras, por tanto, incluidas las fuerzas sirias, deberán evacuar el Líbano, de conformidad con la resolución 520 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
¿Podemos esperar para julio del 2000- ésa es la fecha prometida por Ehud Barak- una retirada del sur del Líbano? 
¿Puede esperar la Unión un doble acuerdo de paz entre Israel y sus vecinos del Norte? 
Nunca la determinación de las partes habrá sido tan firme. 
Me gustaría insistir también en un punto que considero fundamental: el equilibrio, que ha de caracterizar a nuestro mensaje europeo, equilibrio político entre los participantes en las negociaciones, por supuesto, y también equilibrio entre las poblaciones. 
Tras el atentado de Hadera de este lunes, hemos de reiterar nuestra condena a cualquier forma de terrorismo. 
A propósito de equilibrio, o más bien, en este caso, de desequilibrio, quisiera añadir hasta qué punto es una lástima una vez más tener que constatar ahora el débil papel político que juega Europa en la resolución de este conflicto. 
Este mediodía, el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Gama, mencionaba el apoyo financiero y comercial de Europa a favor de la región. 
Es obligado a pesar de todo constatar que el relanzamiento del proceso de paz es por el momento principalmente la obra de Washington. 
Los sirios, como otros países árabes antes que ellos, han elegido a los americanos para patrocinar las negociaciones. 
Ésa es la elección que ha hecho también el Estado hebreo, en la que Europa se ve perjudicada, se trata de un hecho y no de un juicio, de una imagen pública partidaria. 
Es por tanto la ocasión de volver a decir al Comisario Patten, al Sr. Solana, al Sr. Moratinos, hasta qué punto contamos con sus esfuerzos para hacer oír la voz europea en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. 
Y aunque sea difícil para Europa hablar con una sola voz del proceso de paz, puede y debe hablar de ello en el mismo espíritu de confianza y de solidaridad. 
Señor Presidente, creo que nos encontramos en uno de esos casos en los que, a pesar de los diversos matices, en general, hay una dirección consensual en el ámbito del Parlamento Europeo, así como un acuerdo con las posturas, en general positivas, que ha tomado el Sr. Patten. 
En los poquísimos segundos de los que dispongo quisiera subrayar este punto, que casi todos los ponentes han mencionado; estoy hablando del papel, subestimado y políticamente enfermizo, que desempeña Europa. 
Reclamar que la función de Europa sea más importante no es sólo por desempeñar un papel y por estar presentes y recibir algo del esplendor de los Estados Unidos, sino porque creo que en la intervención americana hay una patología, que se debe también a la parcialidad con la que ve algunas cuestiones sobre Oriente Medio: no sólo en su postura respecto a diversos países como Irak, Libia y Siria, sino también en una política que da una importancia mínima a los principios básicos del derecho Internacional. 
Una política que la Unión Europea podría fomentar mucho más sustancial, más agresiva, más dinámicamente y además, basándose en las decisiones de la ONU con que contamos hasta el día de hoy. 
En este sentido, creo que algunos puntos, como el tema de la retirada de Israel de los territorios que había ocupado en 1967, son puntos claves en los que Europa podría desempeñar su papel para desarrollar una dinámica positiva más general. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el proceso de paz israelí se ha atascado antes de que se haya puesto realmente en marcha. 
Desgraciadamente. 
Esto no es demasiado sorprendente ni tampoco un motivo de intranquilidad, pero muestra lo importante que es que la Unión Europea y también el Parlamento Europeo apoyen el proceso de paz entre Siria e Israel que se paralizó hace cuatro años y que constituye uno de los elementos esenciales para la paz en Cercano Oriente. 
En vista de la dimensión política de seguridad de este proceso de paz hay que ser pacientes. 
El hecho de que al Presidente Clinton al final de su Presidencia le gustase tener un éxito de política exterior en Cercano Oriente es comprensible, pero no debe llevar a unas negociaciones precipitadas. 
Si la Unión Europea se incluye entre los mayores donantes de dinero en esta región y se quiere que se la tome políticamente en serio, no sólo necesita hablar con una voz sino sobre todo mostrar ponderación. 
Tiene que evitar caer en una posición partidista, lo que en el pasado no siempre ha logrado y por esta causa su peso en el Cercano Oriente es reducido. 
En este contexto tengo que plantear la pregunta de cómo está de coordinada realmente la política exterior de la Unión Europea. 
Esta pregunta se plantea no sólo en lo tocante a la distribución de papeles entre el Comisario de Asuntos Exteriores de la Comisión, Chris Patten, y Míster PESC, Javier Solana sino también en lo tocante a la invitación del Jefe de Estado de Libia, Gadafi, por parte del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi. 
Recuerdo al antiguo Canciller Federal austríaco, Kreisky, quien tuvo una actitud muy activa en lo concerniente al Cercano Oriente; con su invitación a Gadafi hace muchos años provocó más daños que beneficios. 
En vista de la dimensión política de seguridad de la devolución de los altos del Golán, la UE tiene que mostrar claramente que un paso de este tipo solamente puede darse al final de un proceso de paz con Siria y no al principio. 
La contraprestación de Siria no puede limitarse solamente a una normalización de las relaciones diplomáticas con Israel. 
Incluso en la era de los cohetes, que pueden sobrevolar todo, hay que excluir el peligro de que alguien pueda disparar desde los altos del Golán contra territorio de Israel como ocurrió en el año 1967. 
Para ello hace falta un sistema de supervisión efectivo. 
En segundo lugar, una paz con Siria tiene que ir paralela a una paz con el Líbano. 
Hay que apoyar el objetivo del Jefe de Gobierno israelí Barak de retirar las tropas israelíes de la zona de seguridad del sur del Líbano hasta julio del 2000. 
Pero Siria debería dar también los correspondientes pasos pues sigue teniendo una considerable presencia de tropas en la llanura de la Bekaa y tiene además influencia sobre las organizaciones terroristas en el Líbano. 
Depende de Siria cercenar al menos en parte estas organizaciones terroristas en el Líbano. 
El último atentado terrorista perpetrado en el norte de Israel muestra lo urgente que es esto. 
El momento para lograr la paz entre Israel y Siria es favorable, pues también el Jefe de Estado Assad, en vista de su avanzada edad quiere dejar a su sucesor, su hijo, una casa ordenada. 
Pero para ello falta una condición básica, es decir, un orden democrático. 
Por lo demás, la UE puede ofrecer lo siguiente: para llegar a la paz mediante su modelo de entrelazamiento económico, fronteras abiertas y ausencia de barreras aduaneras hay que exponer este modelo atractivamente en todo el Cercano Oriente. 
Señor Presidente, señor Comisario, en este debate y en esta resolución, somos conscientes de que aún son muchos los obstáculos en el camino de la plena realización del proceso de paz en Oriente Medio. 
Dicho esto, confiamos en que la voluntad de paz manifestada por las poblaciones de la región acabará triunfando y pedimos que la Unión Europea contribuya a la misma con un nuevo protagonismo Reconocemos que la Unión ha desempeñado un papel en este ámbito se ha recordado la labor del Embajador Sr. Moratinos, la visita de la Presidencia portuguesa y la próxima reunión en Moscú, pero queremos que sea más incisivo. 
La reanudación de las negociaciones entre Siria e Israel, pese a los problemas que han aflorado en estos días, abre una nueva perspectiva en la justa dirección y será importante que los actos vayan al compás de los plazos establecidos en Sharm el-Sheikh. 
En nuestra resolución común señalamos que las cuestiones pendientes son muchas y complejas, quizás las más complejas ya lo han recordado los colegas que han intervenido antes que yo y a las mismas hay que añadir el hecho de que Líbano no participa todavía en las negociaciones. 
En consecuencia, la Unión Europea debe alinearse con los Estados Unidos como parte activa en las negociaciones y debe hacerlo a través de una fuerte inversión política con la vista puesta en el futuro de toda la región mediterránea y en su indestructible destino común con Europa. 
La Unión debe intervenir porque la inestabilidad, la guerra y la pobreza en esa región ya se proyectan sobre nosotros y van a condicionar cada vez más nuestro proyecto político, económico y social. 
Espero asimismo que la Comisión y el Consejo actúen de manera más coherente y que se den cuenta de que, hoy, la cuenca mediterránea es la mayor prioridad para la Unión Europea. 
Sin embargo, si se analiza con honestidad el desarrollo del proceso de Barcelona, hay que admitir que la atención que actualmente Europa está deparando a la ampliación podría conducir a relegar la política en esa región a la rutina burocrática de los programas en curso y de los acuerdos bilaterales. 
No obstante, los avances del proceso de paz y la evolución política en muchos de esos países, así como el intento de revitalizar las organizaciones regionales como, por ejemplo, la Unión del Magreb Árabe, indican que los tiempos están maduros para una nueva dinámica en la asociación euromediterránea. 
En conclusión, señores del Consejo y de la Comisión, el mensaje que les dirigimos es que, a pesar del compromiso financiero que sigue siendo significativo, el papel político de Europa no está todavía a la altura de los progresos en curso ni de los posibles progresos tanto en Oriente Medio como en toda la cuenca mediterránea. 
Señor Presidente, señorías, quisiera comenzar mi intervención personal alegrándome yo también de la reanudación por parte de Israel del proceso de paz con los palestinos y con los sirios. 
Es el resultado tangible de la fuerte voluntad de Ehud Barak y de su Gobierno de asegurar la paz dentro de la seguridad. 
Sin embargo, todos, en el fondo, sabemos que nunca hay nada fácil, y en este terreno no hay nada ganado de antemano. 
Hoy, cualquiera que sea el estado de las negociaciones sigue siendo posible tanto lo mejor como lo peor. 
Por ello, en lo que respecta a Europa, quisiera sugerir tres cosas: en primer lugar que los europeos nos esforcemos por terminar de jugar permanentemente a ser reiterativos, censores o distribuidores de buenos o malos puntos. 
Quisiera también que no se abusase tanto de las giras rápidas a Oriente Próximo, con frecuencia realizadas tras la estela de Madeleine Albright. 
Quisiera sobre todo, finalmente, que comprometiéramos un debate en profundidad con cada uno de los interesados, y en especial los israelíes, para medir bien su margen de maniobra y determinar los puntos precisos en los que podemos influir. 
Y para ello es preciso que podamos reunirnos personalmente con Ehud Barak, ya que tiene en sus manos las claves de la paz. 
Y estoy seguro de que nuestros amigos palestinos preferirían sin duda una Europa más comprensiva frente a Israel, pero que fuera al mismo tiempo capaz, al igual que Estados Unidos, de presionar para desbloquear algunas situaciones. 
Termino, señor Presidente, diciendo que ya es hora de dejar de lamentarnos de nuestro escaso peso político. 
Si deseamos pasar del estatuto de observador al de actor, deberemos saber pagar el precio político. 
Señor Presidente, me dirijo especialmente a la Presidencia portuguesa y doy la bienvenida a Portugal como nuevo país que ejerce la Presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
Creo que el futuro papel de Europa en Oriente Medio puede ser diferente. 
Europa, igual que EE.UU., tiene que tener credibilidad, ganarse el respeto y alcanzar un amplio apoyo de los ciudadanos y los electores en Israel, única democracia en Oriente Medio. 
Tenemos que crear confianza en los ciudadanos israelíes. 
Podemos observar un país que está fuera de la Unión, Noruega, que mediante Kjell Magne Bondevik, Primer Ministro, y Knut Vollebaek, Ministro de Asuntos Exteriores, ha continuado de modo fiable con sus buenas relaciones, tanto con Israel como con la parte árabe. 
La relación no es sólo con el gobierno de Israel, sino también con su pueblo. 
También podemos aprender de los Países Bajos y sus proyectos acuíferos. 
Creo que Portugal, como país que ejerce la Presidencia de la UE, puede ganar mucho si se ocupa, a nombre e la UE, de los asuntos referentes al abastecimiento de agua, que son una de las principales tareas de la UE en Oriente Medio. 
Permítanme terminar diciendo lo siguiente: Israel es la única democracia en Oriente Medio. 
Nunca olvidemos en nuestra lucha por la democracia, por el pluralismo político y por los derechos humanos que Israel es un ejemplo, y que Siria, con Hafez el-Assad, es una de las peores dictaduras de la región. 
Señor Presidente, como sostiene la resolución de transacción alcanzada sobre el tema que nos ocupa por la mayoría de los Grupos de esta Asamblea, los compromisos de carácter financiero de la Unión Europea en Oriente Próximo tendrían que ir acompañados de una clara presencia política, y la Unión debería estar involucrada en todas las negociaciones del proceso de paz. 
Desde hace décadas- casi tantas como dura el proceso bélico en la zona -, amplios sectores de la opinión pública europea se han movilizado con la intención de contribuir a que el odio y el sin sentido den paso a la racionalidad, a la concordia y al mero sentido común entre las partes implicadas. 
Y, sin embargo, tal empeño de la opinión no ha tenido una repercusión proporcional en las instituciones europeas. 
Declaraciones notables sobre el particular, como la de Venecia, las ha habido, pero han languidecido a lo largo de los años. 
Tal ausencia política, la falta de una verdadera voluntad política para actuar y la existencia simultánea de demasiadas voces nacionales discordantes no sólo perjudica a la Unión en cuanto proyecto común europeo sino que, además, defrauda las expectativas de muchos extraeuropeos que verían con agrado que adquiriéramos mayor responsabilidad y una adecuada coordinación entre la política exterior y las demás políticas. 
Me pregunto y les pregunto, señores representantes del Consejo y de la Comisión, si la reciente creación del Alto Representante para la PESC va a ir acompañada de la puesta en práctica de una genuina voluntad política común y comunitaria. 
Señor Presidente, Europa no puede pretender trazar las perspectivas políticas en Oriente Medio cerrando los ojos ante ciertas realidades, aunque éstas sean desagradables. 
El 1 de enero de 2000 Irán pidió la disolución del Estado de Israel, exactamente igual que Gadafi, con quien el señor Prodi planea sin embargo reunirse próximamente, lo cual sería un error. 
Y cuando leo: disolución del Estado judío, oigo el eco de la destrucción del pueblo judío. 
Todos deseamos de todo corazón que se materialice la paz con Irán y sin duda no contra o sin ese gran país. 
Sin embargo, les recuerdo que entre Europa e Irán están esos 13 judíos presos de los que no sabemos casi nada, sólo que corren peligro de muerte. 
Hemos adoptado iniciativas en su favor y adoptaremos aún más. 
Finalmente, no podemos seguir sin reaccionar leyendo en la prensa que los fondos públicos europeos serían utilizados en los territorios palestinos de manera cuando menos irregular y desviados de su objetivo. 
Será sobre este desarrollo económico y cultural como se construya la paz. 
Sólo a eso han de asignarse los fondos comunitarios y yo pido a la Comisión que se inicie una misión de evaluación y dé cuenta al Parlamento en seis meses. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 3 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Espacio de libertad, seguridad y justicia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de sendas preguntas orales al Consejo (B5-0040/99) y a la Comisión (B5-0041/99) , en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre el debate anual 1999 sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia (artículo 39 TUE). 
Señor Presidente, el año 1999 ha sido el año de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, de la comunitarización del Acuerdo de Schengen y del Consejo extraordinario de Tampere. 
Estos han sido los momentos más importantes de la expresión, por parte del Consejo, de su voluntad política de establecer un espacio de justicia, seguridad y libertad en la Unión Europea. 
El Consejo ha decidido redactar la Carta de derechos de los ciudadanos- y nos alegramos de ello -; ha decidido implementar el artículo 13 del Tratado, la lucha contra todas las formas de discriminación y contra la xenofobia, y ha decidido aproximar las legislaciones sobre condiciones de admisión y residencia, así como garantizar a los residentes un trato justo y equiparable a los ciudadanos de la Unión. 
Ha llegado también a un acuerdo político- y nos felicitamos por ello- para las primeras propuestas de cooperación civil. 
Este ha sido el año en que se ha dado un marco comunitario a las políticas de justicia e interior. 
Se han puesto en manos de un único Comisario, el Sr. Antonio Vitorino, y nos felicitamos por ello. 
Además, se le ha encomendado el diseño de un tablero de mando que permita verificar los progresos efectivamente realizados en este terreno en el ámbito comunitario, pero también- y eso me parece importante- en el ámbito de los Estados miembros. 
Nos alegramos y felicitamos al Consejo por estas decisiones, a pesar de que, para esta Asamblea, el Tratado de Amsterdam incorporó una decepción: la de aplazar durante cinco años nuestro papel, nuestra posibilidad de participar activamente, de controlar democráticamente este espacio de justicia, libertad y seguridad, así como el papel que el Tribunal de Justicia debe tener en él. 
Pero si, al verificar los progresos realizados durante 1999, como le compete a este Parlamento por mandato del Tratado, salimos del ámbito de las grandes declaraciones y entramos el de las decisiones efectivamente tomadas y realizadas, el panorama, señor Presidente, se oscurece bastante. 
Es como si el Consejo tuviese más de un rostro y de dos manos, y lo que una firma y declara la otra lo escatimara. 
A pesar de todos los compromisos contraídos al más alto nivel, el Consejo no ha logrado tomar las decisiones que el propio Consejo había previsto. 
Los programas se multiplican y se solapan y no hay modo de comprobar los niveles de realización y eficacia o, por lo menos, este Parlamento no lo consigue. 
Nosotros hemos transmitido al Consejo una serie de preguntas y sé que es voluntad de la Presidencia portuguesa contestar a todas y cada una de ellas. 
Esperamos que esta Presidencia signifique el inicio de un cambio de actitud por parte del Consejo hacia esta Asamblea. 
Decía que no hay correspondencia entre las decisiones que toma el Consejo y las políticas efectivamente realizadas. 
Hay dudas en mi Grupo y hay dudas en esta Asamblea, por ejemplo, sobre algo que debería ser una buena noticia: la incorporación de Schengen en el marco comunitario. 
Schengen se ha incorporado- lo decíamos antes- al acerbo, pero esto se ha hecho en un marco muy poco transparente. 
Ni una información, ni una consulta ha llegado al Parlamento Europeo durante este proceso; ni sobre la asociación del Reino Unido, ni sobre la incorporación de Grecia, ni sobre las negociaciones con Noruega o Islandia. 
Lo mismo ocurre en lo que respecta a la política de inmigración. 
Nos hemos entretenido haciendo un montón de informes, pero no sabemos qué ha pasado con esas iniciativas; han desaparecido. 
Esperamos que el 2000 sea el año de las realizaciones, como 1999 lo ha sido de las expectativas. 
Y esperamos que el Consejo haga también un esfuerzo de sometimiento al control de esta Asamblea. 
El Consejo ha decidido que la política de justicia e interior debe formar parte del edificio de la Unión. 
El Consejo puede actuar en consecuencia con sus decisiones o seguir escatimando miserablemente la asociación de las demás instituciones a este proyecto de importancia vital. 
Si elige el segundo camino, debe saber que ello tiene riesgos y que debilitará las bases sobre las que se asienta el espacio de justicia, libertad y seguridad. 
Creo que podría, en cambio, aceptar la oferta de un acuerdo entre las instituciones para avanzar de otra manera. 
Cumpla sus obligaciones con el Parlamento de manera generosa, preparando así el futuro. 
Dote a la Comisión Europea de los recursos necesarios y del reconocimiento indispensable para que haga su trabajo y para que pueda verificar los avances reales en el ámbito comunitario y en los Estados miembros, y estaremos- y estará el Consejo- a la altura de las decisiones tomadas en Tampere para avanzar hacia una Unión más libre, más justa y más segura. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, me produce una cierta emoción regresar ahora a este Parlamento como miembro del Consejo. 
Fui uno de los primeros diputados portugueses que en 1986 dieron sus primeros pasos en esta Asamblea a raíz de la integración de Portugal en la Unión Europea, y debo decirles, Señorías, señor Presidente, que la experiencia que acumulé aquí, la experiencia política, fue sumamente importante para mi vida, y que la información y la contribución que todos aportamos a la construcción de Europa marcaron definitivamente los años que pasé aquí, marcaron definitivamente mi vida. 
Por eso es para mí motivo de orgullo y satisfacción estar aquí, donde he vuelto a encontrarme con algunos colegas de entonces que aún permanecen en este Parlamento. 
Todo esto para decirles que la Presidencia portuguesa- al igual que yo mismo y el ministro de Justicia, que nos ocupamos del ámbito de justicia y asuntos interiores- queremos iniciar con este Parlamento un nueva era, fomentar las relaciones entre el Consejo y el Parlamento, unas relaciones que estarán marcadas por mi experiencia parlamentaria en el Parlamento Europeo y, necesariamente, por la experiencia parlamentaria del gran diputado nacional que ha sido hasta hoy el Sr. Ministro de Justicia y mi colega. 
Dimos un primer paso cuando, antes del inicio de la Presidencia portuguesa, nos reunimos con el presidente y los vicepresidentes de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores en Bruselas. 
Tuvimos la ocasión de invitar al presidente de la comisión, el diputado Sr. Watson, y a algunos de sus miembros a visitar Lisboa donde les expusimos nuestros puntos de vista en lo relativo al ejercicio de la Presidencia portuguesa en este ámbito. 
Allí asumimos un compromiso que quiero volver a reafirmar formalmente aquí: un representante del Consejo a nivel político, no un funcionario, sino un representante del Consejo a nivel político, alguien de nuestros respectivos gabinetes, asistirá a todas las reuniones de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y hará un seguimiento permanente de los trabajos de la comisión... 
(Aplausos) 
y siempre que la comisión lo estime oportuno y así lo solicite su presidente, yo mismo o mi colega de Justicia acudiremos a Bruselas para participar en las reuniones de trabajo. 
Ahora mismo entregaremos al presidente de la Comisión de Libertades los proyectos de orden del día de las reuniones del Consejo de marzo y del Consejo de mayo para que previamente tengan conocimiento de las materias que serán discutidas en el Consejo. 
Respecto al año 1999, y nos encontramos aquí en la circunstancia particular de hacer balance de las Presidencias alemana y finlandesa, podría decir para comenzar que, sin prejuicio de la respuesta escrita que al final de estos trabajos será entregada a la diputada Sra. Ana Terrón i Cusí, que presentó aquí una propuesta en nombre de la comisión, independientemente de las respuestas que aquí le daremos, entregaremos a su Señoría una respuesta por escrito al final de los trabajos. 
Independientemente de eso, quisiera decirles que, en opinión del Consejo, 1999 fue un año relevante en lo que respecta a los ámbitos de justicia y asuntos interiores. 
La cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos interiores estuvo marcada por las profundas modificaciones realizadas en el Tratado de Amsterdam y, como corolario, por la integración de Schengen en la Unión. 
La Presidencia alemana, hay que reconocerlo y hay que decirlo, realizó una tarea importante al asegurar la transición del sistema de Maastricht hacia el sistema de Amsterdam. 
Luego vino la puesta en marcha de EUROPOL, al inicio de la Presidencia finlandesa, el 1 de julio de 1999. 
A continuación, un tercer aspecto destacado: la Cumbre de Tampere, un Consejo Europeo dedicado exclusivamente a los ámbitos de justicia y asuntos interiores. 
La Cumbre de Tampere estuvo marcada por un espíritu nuevo y por la voluntad de situar el Espacio de libertad, seguridad y justicia en el primer plano de la agenda política con la afirmación de que debía permanecer ahí. 
La Presidencia portuguesa así lo reafirma aquí y reafirmamos nuestra voluntad de seguir dando prioridad en la agenda política de la Presidencia a los asuntos relacionados con el Espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Pasando a las preguntas formuladas directamente por la diputada Ana Terrón i Cusí, intentaré responder a aquéllas relacionadas con los asuntos interiores, y mi colega abordará a continuación los asuntos relativos a la justicia. 
Como es sabido, el acervo de Schengen se aplica plenamente en diez países, y durante el año 2000 se llevarán a cabo actividades que permitan tomar una decisión sobre la entrada en vigor del acervo de Schengen en Dinamarca, Finlandia y Suecia, al igual que en Islandia y Noruega. 
La Secretaría General del Consejo ha publicado una recopilación de documentos que incluye la totalidad del acervo de Schengen, en espera de su publicación en el Diario Oficial cuando todas las traducciones estén disponibles. 
Esta recopilación está disponible actualmente en seis idiomas y las traducciones restantes están en vías de realización. 
Otra de las preguntas es relativa a las políticas de inmigración y asilo y su aplicación a los PECO. 
En marzo de 1998, el Consejo adoptó el programa ODYSSEUS, un programa de formación, intercambio y cooperación en los ámbitos de las políticas de asilo, inmigración y las fronteras exteriores. 
Se aplica en los quince Estados miembros de la Unión y se prevé la posibilidad de incluir a los países candidatos a la adhesión, además de, eventualmente, a terceros países. 
El programa abarca el período comprendido entre 1998 y 2002, y el importe de referencia para su ejecución es de 12 millones de euros. 
Los países candidatos pueden participar en los proyectos seleccionados por el comité de gestión siempre que se ajusten a los objetivos del programa. 
La dotación financiera prevista para el 2000 asciende a 3 millones de euros. 
En el marco del programa de 1999, la Comisión ha recibido 80 solicitudes de financiación por un importe total que asciende a 7,5 millones de euros, mientras que la dotación presupuestaria disponible para 1999 es de 3 millones de euros. 
La Comisión propone mantener 35 proyectos, de los cuales 12 por un importe de 50.000 euros y 23 por un importe superior a 50.000 euros. 
Respecto al programa OISIN y al ejercicio 1997, se aprobaron proyectos relativos a seminarios, formación, intercambio de funcionarios, investigación, estudios y acciones de carácter operativo. 
De los 62 proyectos, 7 abarcan países candidatos a la adhesión. 
Respecto al SIS, hay que decir que su funcionamiento y la utilización de información de Schengen han sido calificados de muy positivos por los Estados miembros. 
El aumento del número de resultados positivos demuestra la eficacia del sistema y el número de señalizaciones no ha dejado de aumentar. 
Para el desarrollo del sistema de información aduanera se alcanzó un acuerdo con los servicios de la Comisión sobre un sistema que hiciera posible una aplicación provisional del Convenio sobre el Sistema de Información Aduanera, cuando un cierto número de países haya ratificado dicho convenio. 
Luego, su Señoría ha hablado de un acuerdo interinstitucional. 
Debería abordar este último punto después de que mi colega de Justicia haya intervenido, pero es evidente que lo que aquí diré es el resultado de un intercambio de impresiones en el seno del Consejo y, en particular, entre nosotros dos. 
Además de aquello a lo que ya me he referido, o sea, mantener una nueva relación con la Comisión y con el Parlamento en el sentido de trabajar más estrechamente y mantener puntualmente informado al Parlamento sobre las materias que discutirá el Consejo, quisiera asumir aquí, ante ustedes, el compromiso de consultar al Parlamento Europeo no sólo en los casos contemplados en el Tratado, porque a eso estamos obligados, sino también el de informar y consultar al Parlamento siempre que consideremos relevante ampliar ese tipo de consultas y cuando, en contacto directo con la comisión, se estime que el Parlamento debe pronunciarse sobre dicha materia. 
Respecto a la información, nos mantendremos en contacto con el Parlamento en todos los ámbitos relevantes para la creación del Espacio de libertad, seguridad y justicia, de manera que esta cooperación entre el Consejo y el Parlamento, basándonos en la ayuda de la Comisión y en el excelente trabajo que siempre ha realizado el Comisario António Vitorino, permita que la Presidencia portuguesa deje una huella indeleble en la creación del Espacio de libertad, seguridad y justicia. 
(Aplausos prolongados) 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, al no haber sido anteriormente diputado al Parlamento Europeo, comprenderán que la emoción que siento al encontrarme aquí sea aún mayor que la que pueda sentir mi colega Fernando Gomes. 
Como decía en su intervención la. diputada Sra. Anna Terrón, 1999 ha sido un año de grandes expectativas en el ámbito de justicia y asuntos interiores. 
Hubo expectativas que se concretaron en la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y las conclusiones del Consejo de Tampere, pero hay expectativas que a partir de este año deberán traducirse en acciones concretas, en realizaciones y, en este sentido, todos somos conscientes de que es fundamental que el Consejo apruebe cuanto antes el tablero de mando cuya realización ha sido encomendada al Comisario Sr. António Vitorino. 
No puedo dejar de formular una vez más el profundo deseo de la Presidencia portuguesa de que se celebre un acuerdo político relativo al tablero de mando o scoreboard en el Consejo informal de Lisboa, que tendrá lugar los días 3 y 4 de marzo. 
En cuanto a las preguntas concretas que nos ha dirigido la Sra. diputada Anna Terrón, las agruparía en tres temas fundamentales: la lucha contra el crimen organizado, el funcionamiento de la red judicial, en particular, en materia penal, y las cuestiones relativas a EUROPOL. 
En lo relativo a la lucha contra el crimen organizado, 1999 fue el año en que se concretaron algunas acciones importantes procedentes del plan de acción de Viena, lo que se tradujo particularmente en la firma de la Carta de las Asociaciones Profesionales Europeas o en los avances en la cooperación y el establecimiento de puntos de contacto entre los Estados miembros respecto a la recepción de información relevante para la lucha contra el blanqueo de capitales; y no quisiera dejar de señalar la iniciativa de la Presidencia finlandesa relativa a una decisión del Consejo que está siendo estudiada en el grupo multidisciplinario. 
Es un ámbito en el que es necesario proseguir e incrementar los esfuerzos, no sólo para conseguir que se apruebe una estrategia de la Unión en materia de lucha contra el crimen organizado en el nuevo milenio, sino también en el sentido de perfilar las dificultades derivadas de la fragmentación que existe en el seno del Consejo, en particular, en la apreciación de las materias de la lucha contra el crimen organizado y, en ese sentido, no quisiera dejar de subrayar la importancia que atribuimos a la cooperación que tuvimos ocasión de desarrollar con la Presidencia francesa, con vistas a la celebración de un Consejo "Jumbo" JAI-ECOFIN que, para que no se quede en un mero acontecimiento mediático, debe ir precedido de un minucioso trabajo de preparación que tenga como base un comité mixto, que la Presidencia portuguesa ya ha tomado la iniciativa de proponer. 
Otra dimensión importante de la cuestión de la lucha contra el crimen organizado es relativa a las relaciones con terceros países. 
En este sentido, además del trabajo que está desarrollando el grupo de expertos sobre el acuerdo de preadhesión, es importante que consigamos desarrollar un plan de acción conjunto entre la Unión Europea y la Federación Rusa de lucha contra el crimen organizado, plan que está siendo ultimado, así como la celebración de encuentros de los agentes de enlace de los Estados miembros que están destinados en Moscú y el desarrollo de una serie de otras iniciativas. 
Existe un área que está relacionada con la participación de la Unión en el ámbito del Convenio de la Naciones Unidas y que es relativa a los protocolos de lucha contra el crimen organizado y a los convenios que se han celebrado en el marco del Consejo de Europa, me refiero al "delito informático". 
Por tratarse de una materia que ha adquirido una dimensión importante en el contexto del programa de justicia y asuntos interiores, la Presidencia considera de interés explorar, a la luz de los principios del Título VI del Tratado, las formas adecuadas de proporcionar al Parlamento Europeo una información mejor sobre la marcha y la celebración de estas negociaciones en el ámbito del Convenio de las Naciones Unidas. 
En lo relativo a la red judicial, ha habido realizaciones importantes, en particular, la puesta en marcha, a finales de 1999, del sistema de telecomunicaciones destinado a la red judicial europea, y el grupo multidisciplinario ha desarrollado un conjunto de acciones que han permitido llevar a cabo el plan de acción de 1997. 
Pero subrayamos que es fundamental la aprobación, cuanto antes, de una estrategia para el nuevo milenio que dé un nuevo impulso y continuidad al trabajo desarrollado en el ámbito de dicho plan de acción. 
En lo relativo, una vez más, a la cooperación en materia judicial, se han realizado avances importantes en cuanto a la protección penal del euro y se ha presentado para consulta al Parlamento Europeo una decisión marco de importancia estratégica y fundamental. 
A nuestro entender, la credibilidad de la protección penal del euro exige que evitemos la multiplicación de instrumentos y, por lo tanto, debemos realizar un esfuerzo conjunto que permita la aprobación en marzo de un instrumento único para tratar sobre el conjunto de materias que deben ser abordadas, tanto las que constan de iniciativas ya presentadas por Francia, como aquéllas que la Comisión ha subrayado que deben ser adoptadas. 
Es importante, en este sentido, que se concreten medidas encaminadas al reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, y habida cuenta del trabajo que ya se ha realizado, consideramos que es posible, al menos en el ámbito del embargo de bienes, que se adopten en breve medidas que permitan el reconocimiento mutuo de las decisiones. 
Por último, en lo que respecta a EUROPOL, que inició sus actividades efectivas precisamente en 1999 y que propició la aprobación por parte del Consejo de un conjunto de instrumentos que son del conocimiento del Parlamento para hacer posible su funcionamiento, prevalece, evidentemente, una cuestión de fondo que tiene que ver con el control democrático y el control judicial de EUROPOL, cuestiones que naturalmente adquieren una dimensión diferente tras la opción política adoptada en Tampere de incrementar las competencias de EUROPOL y, sobretodo, de darle una dimensión operativa. 
La Presidencia francesa nos legó un importante documento de trabajo que establece las diferentes hipótesis para afrontar y resolver las cuestiones relativas al control democrático y el control judicial de EUROPOL. 
La Presidencia portuguesa tomará la iniciativa de presentar en breve un documento de trabajo sobre la red EUROJUST, porque al no ser necesario, evidentemente, que el control judicial de EUROPOL se realice a través de la red EUROJUST, no se puede excluir en este momento que ésa pueda ser una opción. 
Por eso es fundamental que el Consejo debata simultáneamente sobre la evolución de EUROPOL y de EUROJUST para que también se saquen conclusiones simultáneas. 
Creo que en este ámbito y en el ámbito del diálogo que el Consejo y el Parlamento deberán mantener necesariamente sobre la evolución de EUROPOL y de EUROJUST tenemos la posibilidad de encontrar una solución aceptable desde el punto de vista institucional para las relaciones entre el Consejo y el Parlamento en lo que respecta a EUROPOL. 
Conocemos las posiciones del Parlamento y sabemos que el Parlamento conoce las posiciones de los servicios jurídicos del Consejo. 
Creo que en el ámbito de la resolución de la cuestión del control democrático de EUROPOL esta cuestión encontrará una solución definitiva y una solución que impulse y refuerce la cooperación institucional entre todos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en los últimos 40 años esta Asamblea se ha dedicado fundamentalmente a crear un mercado interior y ahora tenemos ante nosotros la gran tarea de crear un espacio de libertad, seguridad y del derecho. 
Una tarea que sólo podremos superar con éxito si todos los órganos de la Unión trabajan conjuntamente respetando sus correspondientes competencias. 
Señor Comisario Vitorino, así como considero que la cooperación con usted ha sido armónica y productiva, sin embargo, en el pasado me han faltado con frecuencia las palabras ante el comportamiento que ha mostrado frente a nosotros el Consejo. 
Tal como dijo en una ocasión acertadamente el colega Schulz en la comisión, parecía como si el Consejo comprendiese bajo el espacio de la libertad, la seguridad y del derecho un espacio para su propia libertad de bufón, la seguridad frente al Parlamento y el derecho a hacer o dejar de hacer lo que le parece. 
Señor ministro Gomes, he escuchado naturalmente su exposición al respecto. 
Espero en este sentido una clara mejoría de la cooperación durante la Presidencia portuguesa. 
Quiero destacar tres puntos que para nosotros, como miembros del Grupo del PPE, son unos puntos centrales para la creación de un espacio de tal tipo. 
Primero: la creación de un derecho de asilo común y una distribución de cargas en la acogida de refugiados. 
En primer lugar, el Consejo tiene que ocuparse por fin de la aprobación de EURODAC para crear la condición previa para una asignación de solicitantes de asilo. 
En lo tocante a un derecho de asilo en toda Europa, aunque en Viena y Tampere se detectan los primeros pasos, sin embargo, muestran más bien las dificultades que existen que unos enfoques de solución. 
Instamos aquí a los representantes del Consejo a mirar por encima de los muros nacionales y a poner en marcha un procedimiento de asilo unitario para toda la Unión. 
Tampoco puede ser correcto que sólo unos pocos Estados miembros soporten la totalidad de la carga de la miseria de los refugiados en nuestro continente. 
Por ello, debe gozar de la máxima prioridad un acuerdo sobre la distribución de las cargas. 
Segundo: el establecimiento a nivel europeo de una lucha contra el crimen organizado, entre otros medios mediante Europol y Eurojust. 
El previsto establecimiento de Eurojust es para nosotros un éxito esencial de Tampere y se tiene que aplicar ahora con rapidez. 
Saludamos que Europol haya podido iniciar por fin su trabajo. 
Sin embargo, el Consejo no debe olvidar que para aumentar la efectividad de la lucha contra el crimen no sólo es necesaria la distribución de tareas de Europol acordada en Tampere sino que esto debe ir acompañado de un fortalecimiento del personal, de una profundización de tareas y de la realización de tareas operativas. 
No sólo pedimos más control ni exclusivamente más control a través de Europol sino que para nosotros es aquí válido el lema de "menos es a veces más". 
Si actualmente una gran parte de los empleados de Europol está ocupada sobre todo con un autocontrol jurídico de protección de datos y llegan demandas de 15 Parlamentos nacionales, esto es mucho control y además inefectivo. 
Queremos menos jaleo de control y más control parlamentario ejercido por el Parlamento Europeo sin querer por ello obstaculizar el trabajo de la Europol. 
Al mismo tiempo, apoyamos la creación de una academia de policía europea propuesta en Tampere como un paso en la dirección correcta. 
Tercero: la ampliación de los derechos del Parlamento en este contexto. 
Si la creación de un espacio de este tipo en el que la Unión puede interferir también en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, solamente es decidida por diplomáticos y burócratas mientras que los representantes electos de Europa sólo pueden ver desde fuera la evolución como el conejo observa los movimientos de la serpiente, entonces ese espacio no logrará la aceptación de los ciudadanos. 
Por ello, es urgente que se concedan al Parlamento derechos de codecisión al respecto y- tal como ya he indicado- se fortalezca el principio del control democrático. 
Queremos un espacio de libertad, seguridad y del derecho para los ciudadanos de Europa y no contra ellos. 
Acojo con gran satisfacción el hecho de que la Presidencia portuguesa haga de la justicia y de los asuntos de interior una de sus prioridades básicas o joyas de la corona. 
También me han animado los comentarios de esta mañana del Sr. Patten sobre un fondo de acción rápida para casos de crisis de seguridad. 
Quizá ello ponga fin a los escándalos como el no despliegue por parte de los Estados de una policía, tal como habían prometido. 
Quiero poner de relieve tres ámbitos, entre otros muchos, en los que necesitamos cambios rápidos. 
El primero es el asilo. 
Resulta fundamental establecer un sistema europeo único, pero uno basado en la justicia, en el pleno respeto a la Convención de Ginebra y en unas condiciones de acogida decentes, incluida la terminación de las detenciones rutinarias. 
Las decisiones sobre el asilo deberían adoptarse en meses ­no en años. 
El segundo ámbito es la libertad: libertad de movimiento y de residencia en cualquier lugar de la Unión en que se desee; libertad de información, libertad de votar para todos los que ostenten la ciudadanía europea ­y ello incluye no sólo a los ciudadanos de los Estados miembros, sino también a los nacionales de terceros estados. 
Digamos a nuestros ciudadanos que nuestras políticas comunes en asuntos de justicia e interior tienen como referencia la libertad, no la represión. 
Los euroescépticos alegan que esto constituye una amenaza a la soberanía, el final de la nación-estado, etc. Pero el caso del sospechoso reclamado para ser interrogado en relación con el asesinato de tres mujeres en Francia, incluida una estudiante inglesa, Isabel Peake, que fue arrojada de un tren, pone de manifiesto por qué necesitamos el reconocimiento mutuo. 
Digan lo que digan los escépticos, establecer la cooperación en estos asuntos interesa a todos. 
Por último, como ya se ha señalado, es esencial, y espero que la CIG así lo establezca, forzar a la codecisión con el Parlamento Europeo en estos ámbitos, bajo un control democrático y judicial. 
Señor Presidente, respecto a 1999 sólo puedo decir brevemente lo siguiente: tras la oleada de frío proveniente de Finlandia damos la bienvenida al sol de Portugal. 
Sin duda, en 1999 la cumbre de Tampere ha supuesto un importante acontecimiento para Europa precisamente en lo que se refiere al espacio de la seguridad, la libertad y el derecho. 
Sin embargo, siguen estando abiertas aún muchas preguntas y respuestas. 
Desde Tampere existe un desequilibrio entre las medidas positivas que se van a adoptar y las meras declaraciones de intenciones. 
Aún no se han realizado las regulaciones relativas a la nacionalidad e integración de las personas de terceros Estados. 
Por otro lado, se han establecido unas medidas muy concretas relativas al tema de la seguridad. 
La creación de una Carta de los Derechos Fundamentales va a ser uno de los importantes proyectos del próximo futuro. 
Sin embargo, es difícil de predecir cómo va a ser el contenido concreto de dicha Carta y cuál va a ser su aplicación jurídica cuando pienso en las personas que actualmente no son miembros de la Unión. 
Ha entrado en vigor oficialmente el Convenio de la Europol. 
En Tampere se ha previsto distribuir competencias operacionales. 
Seguimos reclamando una revisión del convenio para introducir unas mejores posibilidades de control parlamentarias y judiciales. 
También de cara a EURODAC se debe considerar críticamente el convenio. 
El Parlamento ha modificado el texto del contrato. 
Hay que garantizar que el Consejo respete el proceder del Parlamento. 
Respecto a los demás temas, lamentablemente no se ha puesto aún en marcha ninguna iniciativa. 
Estamos esperándolas. 
Una Europa como espacio de la seguridad, la libertad y el derecho es aún un campo sin una clara regulación en importantes sectores. 
Sin embargo, se lo debemos a los ciudadanos de Europa. 
Soy optimista después de haber escuchado las palabras de los Ministros de Interior y de Justicia. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, creo que la pregunta oral de la señora Terrón I Cusí presenta el interés de poner las cosas sobre la mesa, pues seis meses después de la constitución de este Parlamento, hemos de estar en condiciones de enviar un mensaje político fuerte a nuestros ciudadanos de Europa. 
Creo que la Presidencia portuguesa puede contribuir positivamente a ello. 
Todos conocemos las enormes expectativas de nuestros conciudadanos en materia de libertad, de seguridad y de justicia, principalmente social. 
Pero su desinterés, su alejamiento, a veces incluso su desgana de la cosa política nos obligan a adoptar medidas concretas frente a sus dificultades. 
Ésta es la condición indispensable para reconciliarlos con la política. 
Para que Europa se convierta en el símbolo de la paz y de la fraternidad, es necesaria una política audaz y generosa para ayudar a los más desprotegidos. 
Ha de ponerse en práctica un verdadero plan de lucha contra el desempleo, ya que es la lacra sobre la que prosperan el racismo, la xenofobia, el nacionalismo y los movimientos de extrema derecha racistas. 
Entre los más desprotegidos, es importante que yo intervenga sobre este punto, se encuentran los inmigrantes y los refugiados. 
Así, las condiciones de detención casi sistemáticas, la criminalización del solicitante de asilo ya no son aceptables. 
Cualquier solicitante de asilo debe tener derecho a una audición equitativa y a un recurso con efecto suspensivo. 
La semana pasada asistí, un poco por casualidad, en el aeropuerto de Roissy, a una escena de una violencia poco común en la que dos mujeres jóvenes, clandestinas sin duda, eran devueltas a Conakry. 
Fueron tratadas como los peores criminales. 
Estaban desnudas, fueron arrastradas por tierra de los cabellos y escoltadas por una horda de CRS. 
La Presidencia portuguesa ha de poner fin a este tipo de actos bárbaros. 
Nuestro papel es, al contrario, el de acompañar, tranquilizar, ayudar a los que huyen de las dictaduras. 
La Comisión propuso la creación de un fondo europeo para los refugiados. 
El Parlamento era muy favorable a ello. 
En lugar de vacilar sobre el presupuesto concedido a este fondo, creo que puede usted adoptar la decisión de aplicarlo. 
La Presidencia y el Consejo pueden concretar lo que se rechazó de manera incomprensible en Tampere, aunque Tampere haya constituido una base importante. 
De la misma manera, nosotros no podemos conformarnos con constatar el incremento de las corrientes xenófobas en Europa, la trivialización de las discriminaciones, sin adoptar medidas de envergadura. 
Se impone la armonización de las legislaciones contra el racismo. 
¿Qué sentido piensa darle al artículo 13 del Tratado? , ¿qué piensa hacer para promover la igualdad de trato en materia de salarios entre hombres y mujeres? , ¿cómo espera trabajar por la erradicación de la homofobia, del racismo y del sexismo? 
Es preciso tomar lo mejor de lo que ya se está haciendo en cada uno de los países de la Unión. 
Cuando seis países europeos conceden el derecho de voto, su presidente puede permitirse ampliar ese derecho de voto y de elegibilidad en las elecciones municipales y europeas a todos los ciudadanos extracomunitarios que residan desde hace más de cinco años en el territorio europeo. 
Así, la regularización de los sin papeles en algunos países, entre ellos el de usted, ha de convertirse en ejemplo para los demás, ya que esos sin papeles constituyen actualmente una masa de gente fragilizada en manos de los mercaderes de sueños y una mano de obra sujeta a prestación personal y a una explotación económica que hace de ellos esclavos modernos. 
De manera más general, esta Presidencia ha de dar inicio a un principio de cambio en los comportamientos y en las relaciones de nuestros conciudadanos con las minorías y los inmigrantes. 
La inmigración es con demasiada frecuencia sinónimo de inseguridad y de violencia y las respuestas son puramente represivas. 
¿Cómo piensa usted hacer comprender a nuestros conciudadanos que hoy, como desde siempre, la inmigración es una fuente de riqueza social y cultural, cuya función es y será indispensable en el contexto demográfico que conocemos? , ¿qué acción cuenta llevar a cabo para valorizar el lugar de los inmigrantes en nuestra sociedad y garantizar una verdadera protección a los solicitantes de asilo? 
Señor Presidente, hay una gran falta de transparencia en los ámbito de la seguridad, la libertad y la justicia. 
La Unión Europea es un portento económico, pero no estamos en condiciones de pontificar cuando toca hablar del tratamiento de los refugiados. 
El nivel de racismo en nuestra sociedad es terrorífico. 
Irlanda envío durante generaciones a sus hijos e hijas a lugares seguros de todo el mundo, pero ahora, cuando el tigre celta proporciona riqueza y prosperidad por encima de nuestras previsiones, mostramos una parte muy fea de nuestro carácter. 
El racismo en Irlanda es endémico. 
Ha supuesto una considerable sacudida para nuestros líderes políticos encontrarse con que ahora debemos acoger a una parte de los refugiados que han venido entrando desde hace largo tiempo a la Unión Europea. 
Hemos comenzado con retraso a abordar este asunto, y el Gobierno está haciendo todo lo posible por ponerse al día. 
Hay una cierta disposición, pero el miedo gana terreno, y para aplacar este miedo debemos encontrar un liderazgo político y religioso no sólo en Irlanda, sino en toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, podemos tomar nota de que ha acabado la presidencia justificacionista y reticente que durante estos meses ha impedido celebrar un debate como el de hoy. 
Comparto plenamente lo que han dicho los Sres. von Boetticher y Schulz y considero totalmente cierto que el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia deben implicarse más aún, si cabe, en el espacio de libertad, seguridad y justicia sin tener que renunciar a sus poderes. 
Sin embargo, para no repetir el habitual espectáculo que cada seis meses no ve atacar indiscriminadamente a la Presidencia del Consejo, quizás convendría que este Parlamento tuviese el valor de emprender una fuerte acción política, al objeto de que la próxima Conferencia Intergubernamental tome la decisión de extender ya desde ahora el procedimiento de codecisión y de no esperar otros cinco años más. 
Las dos preguntas de igual tenor a debate están influidas por un mantra que estos años troca cada vez más la política en una especie de ideología- eufónica, pero perversa. 
Y el mantra comunitario de nuestros días responde al nombre de ELSJ, espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Tras estas palabras, la Comisión, el Consejo y la inmensa mayoría de esta Asamblea albergan otra ambición: implantar este espacio. 
¿Y quién no es partidario de la seguridad, la libertad y la justicia? 
El único problema es que no es algo que la UE pueda implantar por medio de decretos legislativos y de otras decisiones supranacionales. 
La libertad, la seguridad y la justicia son el sistema radicular de una sociedad. 
Son reflejo de la historia de cada sociedad, de sus experiencias sociales y de su desarrollo político. 
No es algo que la UE implante sin dañar con ello a la sociedad. 
Sin embargo, es precisamente aquí donde vemos lo verdaderamente lógico del mantra sobre la seguridad, la libertad y la justicia. 
El orden del día no es asegurar al ciudadano justicia. 
Esto ya sucede mediante los sistemas jurídicos nacionales. 
El orden del día es traspasar partes vitales del Código Penal, de la política judicial y de la ley de enjuiciamiento criminal de la sociedad a los dominios comunitarios. 
Se trata de reforzar la integración, que dentro de un embalaje engañoso entraña incluso un mayor control y represión. 
Piensen tan sólo en todas las decisiones sobre Fuerte Europa, Schengen, Eurodac etc. Cualquier demócrata puede ver dos problemas fundamentales. 
En primer lugar, las iniciativas planteadas no son nada realistas. 
¿Cómo es posible que alguien piense que las instituciones comunitarias, que cargan ya con muchas más tareas de las que pueden realizar, podrán llevar a cabo estos ambiciosos proyectos? 
Recuerden solamente las durísimas críticas de años pasados ante la falta de formalidad, ética y responsabilidad de la Comisión. 
También hay alusiones indirectas en la pregunta. 
Además, en segundo lugar estos proyectos debilitan las democracias nacionales, incluso las mutilan. 
Mientras que la UE trató la cuestión del mercado interior, sólo atacó el cuerpo. 
Ahora ataca el alma. 
Señor Presidente, hoy el pueblo de Irlanda del Norte observa una extraña ironía. 
Hemos tenido al Comisario Patten hablando esta mañana en este Parlamento en defensa de la libertad, la seguridad y la justicia, y, sin embargo, su informe presentado ante el Parlamento británico, que ha sido aceptado, eliminará la Policía Real del Ulster y sus reservas y pondrá al pueblo de Irlanda del Norte de las dos comunidades religiosas en manos de los terroristas. 
Los terroristas del IRA no han entregado ninguna de sus armas, ni lo han hecho los terroristas leales, pero la policía está siendo constreñida en una posición en que no tendrá la capacidad de resistir a la comunidad terrorista. 
Permítanme repasar las cifras del día en que se firmó el acuerdo. En 1998 tuvimos 55 muertos. 
Entre 1998 y 1999 los leales asaltaron y dispararon a 123 personas, mientras que los republicanos asaltaron y dispararon a 93. 
Entre 1998 y 1999, los leales asaltaron y dispararon a 123 personas, mientras que los republicanos asaltaron y dispararon a 93 personas. 
En 1999 se incoaron procesos contra un total de 193 leales, mientras que los abiertos a republicanos ascendieron a 97. 
Desde enero de 2000 los leales han provocado seis tiroteos, por dos los republicanos; los leales han participado en seis atentados graves, uno de los cuales produjo una muerte, mientras que los republicanos han tomado parte en cinco atentados graves. 
Señor Presidente, esta situación no puede continuar así y debe ponérsele remedio. 
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam ha marcado un objetivo importante a la Unión. 
Una tarea que todos los parlamentarios, el Consejo y la Comisión debemos asumir en esta legislatura: la creación, como se ha dicho ya, de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
El Consejo de Tampere, motor y artífice de este objetivo, ha propuesto unas metas, pero cinco años, plazo previsto para desarrollar el Título IV del Tratado, son demasiados años para esperar la solución urgente que algunos problemas necesitan. 
Mi primera reflexión es que el Parlamento no debe quedarse al margen de las importantes decisiones que se van a tomar en este ámbito y que se debe garantizar su participación en el proceso de toma de decisión, especialmente tratándose de un proyecto de los ciudadanos, como bien ha dicho el Sr. Comisario. 
Mi segunda reflexión es que se debe avanzar rápidamente en la adopción de un sistema común de asilo, aprobando normas de procedimiento comunes y, sobre todo, poniendo fin a la confusión actual entre la emigración por causas políticas y la motivada por causas económicas. 
Las últimas leyes de extranjería aprobadas en mi país, España, o en Bélgica, son un toque de atención para que la comunitarización de la política de inmigración se adopte con urgencia. 
Mi tercera y última reflexión está en relación con la acción exterior de la Unión en el ámbito de la inmigración y el asilo. 
No debemos ni podemos dar la impresión de que la Unión pretende exclusivamente defenderse de una avalancha de refugiados y de inmigrantes económicos. 
Debemos apostar por una política de cooperación al desarrollo con nuestros países limítrofes del Este y del área mediterránea, pero haciéndolo con rigor, con medios económicos y en estrecha colaboración con las instituciones públicas, que cooperan en la protección de los ciudadanos que ven violados sus derechos más fundamentales o que desean emigrar para hacer frente a sus necesidades más elementales. 
Finalmente, en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales, los ciudadanos europeos necesitan visualizar su ciudadanía. 
No les basta el euro ni el empleo, ni siquiera su seguridad. 
A diferencia de algunos oradores anteriores, quiero retomar las palabras de nuestros ministros portugueses y del Señor Vitorino. 
Las palabras de este trío eran música para nuestros oídos, como ha señalado el Señor Ceyhun. 
Como toda música, tiene que estar bien afinada y adecuadamente orquestada. 
Muchos de los presentes aquí somos muy optimistas con respecto a los próximos seis meses. 
La melodía que se interprete será la música que el pueblo de Europa escuchará y querrá oír el tipo de melodía adecuado. 
Como se ha señalado esta tarde, llevará largo tiempo ahogar algunas de las melodías desagradables que escuchamos durante las elecciones europeas y en los últimos meses. 
El Tratado de Amsterdam y el Consejo de Tampere levantaron este proyecto para un ámbito de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. 
No obstante, hay un ámbito de extrema importancia en el que el Parlamento debe participar: el control. 
Hay mucha legislación ­y acojo muy favorablemente el programa portugués que se nos expuso la semana pasada­, pero necesitamos estar absolutamente seguros de que es sometida a control, de que los Diputados de este Parlamento y de los Parlamentos nacionales y los ciudadanos de Europa sean conscientes de todo lo que atañe a aquélla. 
Y debemos cerciorarnos de que sus detalles son aplicables, apropiados y pertinentes a los diferentes países. 
Me gustaría centrar la atención en algunos aspectos de las resoluciones que han de adoptarse esta tarde, de las cuales a una o dos ya se ha hecho referencia con anterioridad. 
Acojo con satisfacción los pasos dados hacia el reconocimiento de los sistemas judiciales en los diferentes países y la cooperación en materia penal. 
Este es un ámbito en el que los ciudadanos europeos responderán positivamente y mostrarán su satisfacción por la cooperación. 
Pero la Comisión y el Consejo deben saber que hay muchas personas en este Parlamento que muestra reservas respecto al sistema Eurodac, por ejemplo. 
Reconocemos el papel predominante del Consejo en este ámbito, pero dichas reservas existen, y estoy seguro de que el Consejo escuchará las palabras que vengan de los parlamentarios elegidos cuando aborden el asunto de manera más pausada. 
El Señor Schultz señaló antes que no tenía claro el concepto de "scoreboard" (marcador). 
Cualquiera que sea británico o inglés o sea aficionado al cricket sabe qué es un marcador. 
El marcador dice a la gente el resultado, debe estar actualizado y ser claro y visible. 
Estoy seguro de que el Comisario Vitorino se cerciorará de que sea así. 
Espero que la música siga sonando y que el pueblo europeo la siga escuchando una vez hayan transcurrido los seis meses. 
Señor Presidente, deseo dar la bienvenida al Presidente en ejercicio y a su colega del Ministerio de Justicia, el Sr. Costa, y agradecerles la acogida que brindaron en Lisboa a mi comité la semana pasada y las constructivas reuniones de que disfrutamos. 
Amsterdam y Tampere nos han dado mucho trabajo para hacer juntos, como pone de manifiesto la excelente propuesta de resolución de la Señora Terrón. 
Querría resaltar tres puntos concretos. 
El primero es que necesitamos un diálogo reflexivo entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Apenas han transcurrido seis meses desde que Amsterdam impuso a nuestras dos organizaciones el deber de colaborar; nos hemos juzgado mutuamente, hemos tenido disputas de poca importancia, pero necesitamos trabajar juntos de manera efectiva. 
Dejemos de hacer boxeo de sombra. Dejémosnos de adivinanzas y observemos las obligaciones que nos imponen los Tratados y los turnos que hacen posible un debate plenamente democrático. 
Cuenten con nosotros en sus discusiones sobre política y procedimientos. 
No finjamos que los parlamentos nacionales están facultados para ejercer un control democrático efectivo de las actividades de los gobiernos en este ámbito. 
El segundo punto consiste en que necesitamos una Comisión dotada de recursos adecuados. 
Hemos establecido una nueva Dirección General, aunque sólo cuenta con setenta personas, lo cual ya dice todo. 
Hay un acuerdo para doblar este número, pero creo que, hasta ahora, no ha llegado una sola persona. 
Estamos asignando a la Comisión una misión enorme, de no menor importancia en lo referido a la llevanza del marcador. 
El Consejo y el Parlamento deben trabajar juntos para proporcionar a la Comisión los recursos que necesita. 
Por último, en relación al contenido del debate, celebro el hecho de que la Presidencia haya puesto el área de la libertad, la seguridad y la justicia en el primer lugar de su agenda. 
Todo lo bueno viene en tríos, especialmente en este área política. 
Hace doscientos años eran la libertad, la igualdad y la fraternidad, y las cosas fueron bien hasta que los gobiernos de izquierda antepusieron la igualdad a las demás. 
Ahora es libertad, seguridad y justicia, y espero que los gobiernos de izquierda actuales presten atención a las palabras del Comisario Vitorino y se resistan a la tentación de situar la seguridad, por muy importante que sea, por encima de las necesidades igualmente importantes de libertad y de justicia. 
Señorías, si bien es conveniente recordar las principales realizaciones relativas a la construcción de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, quedan aún progresos que completar. 
El papel del Tribunal de Justicia es aún muy limitado y la comunitarización sigue siendo incompleta. 
Basta con ver la decisión unilateral de Bélgica de restablecer el control de sus fronteras. 
La decisión de dotarse de una Carta de derechos fundamentales es de desear, pero es difícil presagiar nada de su contenido y de su alcance jurídico, vinculante o simbólico, que integre a todos los ciudadanos cualquiera que sea su nacionalidad, o que excluya a algunos. 
Sólo se puede lamentar la falta total de avances en la ciudadanía europea y en los derechos políticos de todos los residentes de Europa. 
Si bien algunos planes de acción del grupo de trabajo de alto nivel pretenden limitar en el futuro el flujo migratorio, dichos planes no mejoran en nada la situación de los derechos humanos, de las libertades públicas y la situación económica de los países implicados. 
Sabemos que hay incluidas cláusulas de readmisión en los acuerdos de cooperación y de asociación. Ahora bien, éstas representan una grave amenaza para el principio de no devolución. 
Por otro lado, es necesario señalar que estas disposiciones han sido adoptadas en el seno del Consejo mediante un procedimiento sin debate y sin consulta al Parlamento. 
Sin embargo, la preocupación fundamental sigue siendo... 
(El Presidente interrumpe al orador). 
Señor Presidente, quiero unirme a mis colegas en su bienvenida a los representantes del Consejo así como al Comisario. 
Les agradezco sus intervenciones en esta Asamblea. 
Más que volver sobre los ámbitos que ya se han tocado, me gustaría ocuparme de un tema específico: el problema de las drogas y de cómo atajamos la penetración de la cultura de la droga en nuestras sociedades. 
Apelo a la Presidencia portuguesa para que trabaje en particular sobre la enorme actividad desarrollada por la Presidencia finlandesa y dirigida a llevar hacia adelante planes y acciones coordinados entre los Estados miembros. 
Ya tenemos, en el plano internacional, planes para combatir el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, etc. Pero llevar todo ello a un plano más humano: prestar ayuda a los que intentan dejar las drogas, disponer de medios de control apropiados y de mecanismos de rehabilitación adecuados; en segundo lugar; coordinar los esfuerzos de las fuerzas políticas y de los Tribunales para establecer delitos comunes y dictar leyes comunes; en tercer lugar, promover campañas de información y concienciación de la juventud; y desterrar de una vez por todas palabras tan peligrosas como "normalización" y "reducción del daño", y poner de manifiesto que cualquier debilidad en nuestro propósito de garantizar que las drogas no se legalicen deben ser por el bien de todo nuestro pueblo. 
Señor Presidente, quisiera hacer uso del escaso tiempo de palabra que se me concede para mencionar o recordar al representante de la Comisión que en este momento, en Bélgica, el Gobierno está llevando a cabo una política de legalización de miles y quizá decenas de miles de extranjeros ilegales, a los que se concederá derecho de residencia permanente, derecho de reunión con sus familias, etcétera. 
Esta medida del Gobierno belga constituye una violación flagrante del Acuerdo de Schengen. 
Por ello, el 23 de diciembre presenté una queja ante el Comisario Vitorino. 
Quisiera pedirle que tome en consideración esta queja y que en un plazo de tiempo previsible me haga saber qué pasos dará la Comisión para sancionar esta violación del Acuerdo de Schengen, conforme al artículo 226 del Tratado. 
Señor Presidente, señores procedentes de Portugal, en especial los representantes del Consejo. Depositamos grandes esperanzas en ustedes. 
Voy a utilizar un ejemplo para mostrarles cómo pueden cumplir con relativa rapidez esas esperanzas, al menos en un pequeño segmento. 
Se trata de EURODAC. 
Recordarán que en diciembre aprobamos aquí en el Parlamento Europeo, depositando en ello grandes esperanzas, que EURODAC fuese una realidad como reglamento y como sistema, es decir, como un instrumento comunitario que necesitamos urgentemente para no seguir permitiendo solicitudes de asilo múltiples, para tener un instrumento contra la ilegalidad y sobre todo determinar claramente qué Estado miembro es responsable de la ejecución de procedimientos de asilo. 
Nos hemos pronunciado aquí claramente a favor de la introducción de ese instrumento, además con una comisión ejecutiva que dependa de la Comisión como si fuese el correspondiente banco de datos. 
Eramos de la opinión de que EURODAC era ya una realidad. 
Pero ya en la siguiente cumbre de diciembre el Consejo marchó por otro camino y dio de nuevo un paso hacia atrás acordando- lo que rechazamos totalmente- que las potestades ejecutivas deben seguir estando en el Consejo, que el comité de reglamentación radique en el Consejo y que se emplee como medio de presión si es posible incluso Gibraltar. 
Este es un ejemplo típico de cómo no queremos ver el trabajo. 
Mi encarecido ruego en nombre del Grupo político es que hagan todo lo que esté en sus manos para que EURODAC se haga realidad lo más rápidamente posible como instrumento para combatir el abuso del asilo y de la ilegalidad y como instrumento para una rápida tramitación de los procedimientos de asilo. 
Si hoy nos dicen cómo quieren proceder, nos harían un gran favor. 
Señor Presidente, señores Ministros, señor Comisario, la cosecha de decisiones del año 1999 ha sido realmente buena. 
Diría que ha sido tan rica que es difícil de asimilar, es decir, de asimilar su realización. 
Me estoy refiriendo especialmente al Consejo y a la inercia de los Estados miembros en la materialización de cuanto decide el colectivo. 
Sin embargo, el año pasado estuvo positivamente marcado por decisiones de importancia crucial, como el inicio de la aplicación del Tratado de Amsterdam, la incorporación de Schengen al pilar comunitario, la decisión del Consejo de Colonia sobre la elaboración de una Carta Europea de derechos fundamentales, la Cumbre Extraordinaria de Tampere que comprometía a los países miembros en materia de direcciones comunes, prioridades y objetivos con vistas a la creación de un espacio común de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Sin ignorar el progreso realizado, como Parlamento Europeo, señalamos la indisponibilidad que hemos observado en el Consejo para materializar las decisiones en muchos sectores, la falta de una visión común y, sobre todo, la falta de transparencia y de colaboración con el Parlamento Europeo 
Como he dicho, tal vez constaten que en Parlamento Europeo no está dispuesto a desempeñar únicamente el papel de observador. 
Tampoco va a dejar de plantear cuestiones cruciales, tal como hasta qué punto están ustedes dispuestos a avanzar y qué medidas jurídicas y de otro tipo van a tomar para combatir la vergüenza de la trata de seres humanos, de la pornografía infantil en Internet, de las drogas, del crimen organizado. 
¿Van a avanzar en una política común de asilo y de migración? 
¿Qué van a hacer para incorporar socialmente a los migrantes, qué van a hacer por la reagrupación familiar de los migrantes y el reconocimiento de derechos y de obligaciones equivalentes a los que están en vigor para los ciudadanos de la Unión? 
¿No será que, con vistas al nuevo orden demográfico internacional, tal como lo describen los expertos de las Naciones Unidas, deben abandonar sus puntos de vista tradicionales y conservadores sobre los refugiados y los migrantes? 
Tengo grandes expectativas en la Presidencia portuguesa. 
Señor Presidente, acojo con gran, e incluso enorme, satisfacción lo que se ha dicho en este debate. 
Pero quiero añadir una palabra de advertencia. 
Nos arriesgamos no a contar con pocas cartas de derechos en esta Comunidad, sino con demasiadas: nacionales, de la Unión Europea y el Convenio Europeo; no pocos tribunales tienen la última palabra sobre nuestros derechos, sino posiblemente demasiados ­tenemos el Tribunal al otro lado del río, tenemos el Tribunal de Luxemburgo. 
También hay Tribunales en Karlsruhe, Londres, Lisboa, Dublín y Edimburgo. 
No debemos generar confusión ni conflictos de jurisdicciones sobre los derechos, pues ello sería el enemigo de la libertad, la justicia y la seguridad. 
Necesitamos, en pocas palabras, tener y sostener los más altos niveles comunes posibles y hallar formas de garantizar que sea así. 
Pero debemos velar siempre por la subsidiariedad. 
Al igual que todos los presentes en esta Asamblea, yo quiero libertad, justicia y seguridad, No quiero que éstas degeneren en un exceso de centralización, en el caos y la confusión. 
Señora Presidenta, Señorías, muy rápidamente, quisiera decir lo siguiente: en las intervenciones de Sus Señorías se han planteado varias cuestiones sobre la Presidencia portuguesa. 
El Presidente del Parlamento nos ha hecho saber que el tiempo de que disponemos es corto, por lo que mi colega de justicia y yo nos proponemos responder objetivamente a todas las preguntas que aquí se han formulado en la reunión de la comisión parlamentaria en que estaremos presentes la próxima semana. 
(Aplausos prolongados) 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, me alegro de la respuesta dada por el Consejo oralmente y también por escrito. 
Realmente, la eficiencia ha sido notable. 
Me ahorro algunos segundos porque quería proponerle al Consejo que sigamos debatiendo en la próxima reunión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Allí tendremos la oportunidad de comentar estas respuestas y de expresar nuestras preocupaciones también ante la Comisión. 
Me alegro personalmente de algunas respuestas recibidas, por ejemplo, en relación a temas tan sensibles como Schengen o como el Convenio Europol- que esperamos sea revisado -, y me alegro de las palabras del ministro de Justicia en el sentido de que se va a intentar poner bajo la jurisdicción del Poder judicial. 
Espero también que se haga lo mismo en relación con el control parlamentario. 
Señores representantes del Consejo, nosotros vamos a someter a esta Asamblea, dentro de un mes, una propuesta de resolución. 
Estoy segura de que, con el talante que han demostrado hoy aquí, la primera cosa que va a suceder, en este nuevo clima de entendimiento entre nosotros, es que tomarán en consideración la propuesta de resolución que les someteremos. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0003/2000). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0780/99): 
Asunto: Construcción de una central nuclear en Turquía, vulnerable a los seísmos Los dos recientes seísmos de intensidad superior a los 7 grados en la escala Richter ocurridos en Turquía suscitan enormes dudas en relación con la insistencia de dicho país en construir unos costosísimos reactores nucleares en Akköy, mientras que las reservas energéticas de la presa Ataturk se exportan a terceros países y la UE, recortando su presupuesto, paga por los daños provocados por los seísmos. 
Los proyectos nucleares turcos, que ignoran los riesgos que entrañan para los habitantes y ecosistemas de Turquía y de toda la región, dan pie para sospechar que tras ellos se esconden planes preconcebidos de la jerarquía político-militar turca para adquirir la tecnología nuclear que posibilite la construcción de armas nucleares, dado que se pretende adquirir reactores de procedencia canadiense semejantes a los que poseen India y Pakistán. 
¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Consejo para que se eviten los accidentes nucleares y la proliferación de armas nucleares en un país que desea ingresar en la UE y gasta sumas enormes en programas nucleares, mientras percibe fondos europeos como ayuda económica? 
Señor Presidente, el Consejo desea aclarar que Turquía es signataria del Convenio sobre Seguridad Nuclear, cuyos objetivos coinciden con las preocupaciones expresadas por Su Señoría. 
En efecto, ese convenio, que entró en vigor el 24 de octubre de 1996, tiene precisamente por objetivo alcanzar y mantener un alto nivel de seguridad nuclear a escala mundial gracias a las medidas nacionales y a la cooperación que se establece en el plano internacional, así como establecer y mantener en las instalaciones nucleares una protección contra los riesgos radiológicos potenciales a fin de proteger a los individuos, a la sociedad y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes que pueden emitir ese tipo de instalaciones. 
Como es sabido, el convenio abarca también la prevención de accidentes que tienen consecuencias radiológicas y la atenuación de esas consecuencias cuando se producen accidentes de ese tipo. 
Por lo demás, quisiera indicar a Su Señoría que Turquía, como país candidato a la adhesión a la Unión Europea, deberá, tarde o temprano, es decir, como condición previa a la adhesión- y creo que este punto es importante- aceptar en el ámbito de su propia estrategia de preadhesión un conjunto de políticas a fin de poder, en tiempo útil, aceptar el acervo comunitario en su integridad, incluidas, por consiguiente, todas las disposiciones en vigor en materia de seguridad nuclear. 
Gracias por la respuesta. 
Pero quisiera añadir lo siguiente: Con esta unidad, Turquía pretende aumentar sólo en un 2% su potencial energético. 
Sin embargo, se dice que quiere adquirir reactores del tipo Candu, los mismos que adquirieron Pakistán e India, con los cuales fabricaron armas nucleares. 
Desde este punto de vista debe investigarse el tema, porque la inestabilidad del Cáucaso puede llevar a muchos a pensar inadecuadamente. 
Segundo, en cuanto a la seguridad de las instalaciones. 
En regiones de un elevado peligro sísmico, no es suficiente tener edificios antisísmicos resistentes, porque en los casos excepcionales, y les estoy hablando en calidad de ingeniero, utilizamos modelos para investigar las consecuencias de algunos peligros. 
Sin embargo, no podemos hacer modelos con instalaciones nucleares que están funcionando. 
Es imposible. 
En este sentido, en regiones de alto peligro, a priori, no se construyen centrales nucleares. 
Así las cosas, como Turquía está a las puertas de la Unión Europea, debemos ayudarla a convertirse en un país de seguridad, de paz y de colaboración en la región. 
Esta es nuestra función y este es el objetivo de mi pregunta. 
Señor Presidente, reconozco la pertinencia de los argumentos aducidos por Su Señoría. 
En realidad, se trata de una cuestión muy delicada. 
Por lo demás, como se comprenderá, es una cuestión que no se refiere sólo a Turquía en cuanto a su proximidad al territorio actual de la Unión Europea, sino también a otros Estados con los cuales tenemos una relación en el marco de nuestra propia cercanía. 
Comprendemos la preocupación de Su Señoría y no dejaremos de tenerla en cuenta, en particular en el marco de los contactos futuros que vamos a celebrar con Turquía al formular el propio orden del día de la estrategia de adhesión prevista para ese país. 
Esa cuestión figurará también en el núcleo de nuestras preocupaciones y la Comisión Europea no dejará en modo alguno de tenerla en cuenta. 
Señor Presidente, respecto de la pregunta formulada por el Sr. Newton Dunn, creo que es de conocimiento general, aunque vale la pena mencionarlo para que conste en acta, que el Secretario General del Consejo está elaborando desde 1996 una relación mensual de los actos legislativos definitivos aprobados por el Consejo. 
Esa relación va acompañada, como es sabido, de posibles declaraciones para el acta, con los votos en contra, las abstenciones y las declaraciones de voto. 
A partir de mayo de 1999 (y, por tanto, estamos refiriéndonos al período posterior a la entrada en vigor del propio Tratado de Amsterdam) , en esa relación se incluyen también los actos en que el Consejo no actúa en calidad de legislador, excepto en ciertos actos de alcance limitado, como las decisiones de naturaleza procesal. 
En este caso, la relación puede incluir también el resultado de la votación, si el Consejo así lo decide. 
Además, y en aplicación del reglamento interno aprobado en 1993 y después substituido precisamente por la decisión del Consejo de 31 de mayo de 1999, el Secretario General publica en los comunicados a la prensa, después de cada sesión del Consejo, los posibles resultados de las votaciones y de las declaraciones de voto, siempre que el Consejo actúa en su calidad de legislador, así como en otros casos, mediante una decisión ad hoc que adopta el propio Consejo. 
Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y siempre que el Consejo actúa en calidad de legislador- y esta diferencia es importante respecto del modo como funcionan las reuniones ministeriales -, los resultados y las declaraciones de voto, así como las declaraciones registrada en el acta, se publican para todos los efectos, es decir, de forma sistemática. 
Dado que las normas de publicación son las mismas para la elaboración de las relaciones mensuales de los actos del Consejo y para los comunicados de prensa, la posible votación reflejada en uno u otro tipo de información es exactamente idéntica, salvo algún error que pueda producirse. 
En cuanto a las preguntas de la Sra. Frahm y del Sr. Sjösted, puedo afirmar que efectivamente, de conformidad con el apartado 2 del artículo 255 del Tratado con las modificaciones introducidas por el Tratado de Amsterdam, los principios generales y los límites que por razones de interés público o privado han de regir el ejercicio del derecho de acceso a los documentos serán formulados por el Consejo, deliberando conforme a un proceso de codecisión con este Parlamento, a partir de una propuesta de la Comisión Europea, que, de conformidad con lo dispuesto en el marco del Tratado de Amsterdam, se deberá presentar, como saben Sus Señorías, en el plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, o sea, antes del 1 de mayo de 2001. 
Dado que hasta el momento el Consejo no ha recibido aún ninguna propuesta de la Comisión a ese respecto no podré, como comprenderán Sus Señorías, responder a las observaciones de detalle que planteen las preguntas de Sus Señorías. 
Gracias, Señor Presidente, y gracias, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Estoy convencido de que el Presidente de turno del Consejo es una persona muy agradable y es muy afable con su mujer y sus hijos y su perro. 
Sin embargo, permítanme que desconfíe un tanto de la respuesta que acaba de darnos. 
No creo que las afirmaciones que se hagan dentro del Consejo y las votaciones estén a disposición del público con carácter inmediato. 
Por tanto, ¿se compromete usted, antes del próximo pleno de febrero, a decirme por escrito donde puedo encontrar esta información en nombre del público, inmediatamente después de que el Consejo haya adoptado un acto legislativo, en vez de esperar a que aparezca publicada semanas más tarde en un comunicado de prensa? 
¿Me mandará por escrito esa información antes del próximo Pleno? 
Señoría, ante todo quisiera decir que dispenso los comentarios de carácter personal con que ha iniciado su segunda pregunta y, si pudiera abstenerse de hacerlos en el futuro, se lo agradecería. 
Respecto de lo que ha dicho Su Señoría, nos da idea de que la crítica que se hace al Consejo, además de ser formulada de forma muy concreta y de lo cual también tomamos nota, no se refiere a la opacidad- digámoslo así- del proceso legislativo, sino casi a un exceso de transparencia. 
Pero quisiera decirle, Señoría, que los resultados de ese tipo de proceso de transparencia están, para nosotros, claros y los consideramos indudables. 
No tenemos inconveniente, Señoría, en repetirle esta información por escrito, pero no podremos ir más allá de lo que hemos dicho, porque lo que hemos dicho corresponde exactamente a lo que exige el Tratado. 
Por tanto, pensamos que en este momento todos los elementos que el Secretario General del Consejo pone a disposición del público son los elementos esenciales respecto del modo como funciona el Consejo en cuanto autoridad legislativa. 
Opino que el Consejo no intentó contestar mi pregunta. 
No pregunté la opinión del Consejo acerca de la propuesta que la Comisión aún no ha presentado, sino que mi pregunta se refiere a la interpretación del artículo 255 del Tratado de Amsterdam. 
¿Permite éste que se legisle sobre las leyes nacionales de apertura y no sólo sobre las tres instituciones de la Unión Europea que se señalan en él? 
Quisiera que se me respondiera esta pregunta. 
¿Opina el Consejo que, fundamentándose en el artículo 225 del Tratado, es posible regular las normas nacionales sobre apertura, es decir, materias que no se relacionan con las instituciones de la UE? 
Señoría, la respuesta dada ha sido la respuesta posible. 
Ahora bien, quiero decirle lo siguiente: la interpretación que se hace del artículo 255 del Tratado es una lectura que se debe relacionar también con el principio de subsidiariedad. 
Y en este momento no hay ninguna propuesta concreta que nos permita trabajar en la reglamentación de ese artículo y, sin esa propuesta, no es posible avanzar a ese respecto. 
En cualquier caso, la primera interpretación que hacemos es la de que el artículo 255 no permite trabajar con un fundamento que pueda afectar al principio de subsidiariedad. 
Visto así, me preocupa cómo quiere el Consejo luchar a favor de los principios recogidos en el Tratado de Amsterdam y que tienen como fin asegurar a los ciudadanos mejores oportunidades de participar en el proceso de decisión. 
¿Cómo se va a hacer cuando al mismo tiempo se dice en la propuesta de la Comisión- ha habido una filtración y la opinión pública se ha enterado- que la libertad de pensamiento de los empleados prevalece sobre la transparencia y que no se tendrá acceso a los documentos de trabajo, informes, borradores, etc.? 
¿No cree el señor representante del Consejo que esto dificulta la participación en el proceso de decisión democrático? 
Señoría, esta cuestión que ha planteado es de la mayor importancia y durante la última Conferencia Intergubernamental debatimos por extenso sobre ella. 
Y quiero decirle una cosa: la transparencia no funciona sólo de las instituciones comunitarias hacia "afuera", funciona también "entre" las instituciones comunitarias. 
Es decir, que hay elementos sobre la forma y el proceso de funcionamiento de las instituciones comunitarias que no son accesibles a las otras instituciones y no sólo en el caso de la Comisión respecto del Parlamento, sino también de la Comisión respecto del Consejo. 
Así las cosas, este asunto ya se planteó y se examinó, por lo demás, en varias ocasiones anteriores. 
El Parlamento Europeo va a tener la oportunidad de participar en el grupo preparatorio de la nueva Conferencia Intergubernamental. 
Es una cuestión que está pendiente. 
La presentación y la transparencia real del funcionamiento de las instituciones en el plano europeo es una cuestión de la mayor importancia y que es necesario, en mi opinión, analizar una vez más, en particular en el ámbito de la próxima Conferencia Intergubernamental, no nos cabe la menor duda al respecto y pensamos que los diputados que van a participar en ese grupo preparatorio tendrán la oportunidad de suscitar este problema una vez más. 
Creo que la propuesta hecha por la Comisión debe tener elementos que permitan una mayor transparencia respecto del modo de funcionamiento de las diversas instituciones, pero creo que siempre hay margen para mejoras a ese respecto. 
Por nuestra parte, estaremos dispuestos a analizar las propuestas que se hagan en ese ámbito. 
La pregunta formulada por Jonas Sjöstedt y por otros es muy importante. 
En Suecia hay un principio de publicidad de documentos que fortalece la democracia y permite un buen diálogo entre los ciudadanos, los políticos y las autoridades. 
Nos interesa mucho que la UE también vaya en esa dirección; así está estipulado en el Tratado de Amsterdam. 
El Parlamento aprobó un informe de Lööw, hace uno o dos años, que es muy importante en este contexto. 
En él se advertía que el proceso futuro implicaría menoscabo en materia de publicidad de los documentos en los países miembros. 
Ahora vemos que quizá esa advertencia del Parlamento era justificada. 
Quiero preguntar al Consejo si comprende esta advertencia, pensando en lo que hemos visto en el documento de trabajo de la Comisión. 
Señoría, conviene que todos tengamos conciencia de una cosa: entre el Consejo y el Parlamento, entre los miembros del Consejo y los diputados a este Parlamento, no hay necesariamente un foso respecto de las ventajas o desventajas de la transparencia. 
Es que a veces se crea un poco la idea de que el Consejo es una sede para la opacidad de las cuestiones y que el Parlamento es una sede para la transparencia. 
No es verdad. 
Nosotros tenemos las mismas preocupaciones que Su Señoría respecto del modo como funcionan las instituciones y del modo como ese funcionamiento repercute en el plano exterior. 
Y, por tanto, nosotros compartimos las mismas preocupaciones y hacemos la misma interpretación de los principios. 
Lo que puede ser, Señoría, es que aquí y allá no hagamos la misma interpretación sobre el modo exacto como el propio proceso de transparencia puede funcionar o no en relación con la verdadera transparencia, es decir, que muchas veces la idea de que la divulgación de determinado tipo de documentación y el funcionamiento transparente de algunas instituciones es un factor que funciona en pro del carácter democrático de esas mismas instituciones es una idea peligrosa, porque, en la realidad, muchas veces eso no sucede. 
Y nosotros sabemos- y no quiero extenderme mucho sobre esto- que, cuando a veces la transparencia supera determinados límites, nos colocamos sistemáticamente en el ámbito de las conversaciones y las negociaciones de pasillo. 
Hay un equilibrio general en cuanto a la transparencia. 
Y hay un equilibrio que pasa exactamente entre el realismo y la demagogia. 
He escuchado con mucha atención todo lo que ha dicho el Sr. Seixas da Costa sobre la transparencia y la Conferencia Intergubernamental. 
Mi pregunta es si puedo deducir de lo que ha dicho el Sr. Seixas da Costa, de tan interesantes cosas sobre la transparencia y la Conferencia Intergubernamental, que la Presidencia portuguesa se compromete a ocuparse y a luchar por la ampliación de la Agenda de la Conferencia Intergubernamental. 
Porque el análisis de la cuestión "transparencia" en el funcionamiento de las instituciones no puede estar oculto, de ninguna manera, en algún lugar o entre algunos temas o en algún pasillo- aunque comprendo bien la importancia de los pasillos. 
Es necesario un título especial en la Agenda de la Conferencia Intergubernamental, algo que significa ampliación. 
Señoría, la de la transparencia es una cuestión que tiene, naturalmente, que ver con las instituciones. 
Esa Conferencia Intergubernamental es una conferencia centrada, al menos en el punto de partida, en un mejor funcionamiento de las instituciones, en particular teniendo en cuenta el deseo que todos nosotros tenemos de que sean precisamente más democráticas, transparentes y eficaces. 
Todo ello respetando un marco general que es el de la aceptabilidad global de todas las soluciones que podamos encontrar para llevar a cabo esos mismos tres desiderátums. 
Es evidente que esta cuestión de la transparencia estará permanentemente en el orden del día europeo y figurará, evidentemente, en el orden del día de esa Conferencia Intergubernamental. 
Es una cuestión que- puedo asegurárselo a Su Señoría- no dejará de plantear la Presidencia portuguesa a los Estados miembros y a los representantes en el grupo preparatorio de la Conferencia y que, en ese marco, debe poder contar con el apoyo de los diputados al Parlamento Europeo, que sin duda se movilizarán para apoyar esa misma propuesta. 
Después veremos en el nivel ministerial qué curso podremos darle. 
Ahora bien, conviene hacer constar que acabamos un Tratado de Amsterdam que fue aprobado en mayo del año pasado, que hay un conjunto de medidas de aplicación sobre transparencia que aún están en curso y la cuestión estriba en saber si es o no prematuro iniciar un nuevo proceso en materia de transparencia. 
Yo considero que, pese a todo, ésta es una cuestión que debe estar siempre en el orden del día, porque es patente cierta sensibilidad de la opinión pública respecto de ella y porque tiene que ver con lo que es verdaderamente la necesidad de la responsabilización de los órganos de las instituciones europeas ante los ciudadanos. 
Por nuestra parte, es así. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0785/99): 
Asunto: Propuesta de Reglamento en el que se fijan los Totales Admisibles de Capturas de determinadas poblaciones de peces para el año 2000 (Caso concreto de la "anchoa") Según los últimos informes del Consejo Internacional de Exploración de los Mares, el stock de anchoa en la zona VIII CIEM presenta, en la actualidad, un estado crítico. Por todo ello, se pregunta al Consejo: 
¿Han evaluado el Consejo de Ministros de Pesca y la Comisión la incidencia que ha tenido sobre el stock de anchoa de la zona VIII CIEM la cesión de cuota de las zonas CIEM IX, X y COPACE 34.1.1 de Portugal a Francia (sobrepesca de 5.000 Tm./año) , así como su responsabilidad en la situación actual del mismo y en las repercusiones económicas y sociales que en el futuro pueden darse en este sector pesquero? 
¿Considera admisible el Consejo consolidar para el futuro una sobrepesca que vulnere el TAC inicialmente establecido de 33.000 Tm./año con las evidencias actuales de crisis que presenta este recurso? 
¿Qué medidas piensa adoptar y cuándo el Consejo de Ministros para conjugar el estado crítico de este stock de anchoa con la cesión de cuota comentada y con el principio de estabilidad relativa? 
Señor Presidente, la Presidencia portuguesa tiene todo el interés en responder de forma completa a esta pregunta, entre otras cosas porque está relacionada con un problema que se refiere de forma positiva a Portugal y voy a explicar por qué. 
El Consejo es consciente de la crítica situación de las poblaciones de boquerón en el mar Cantábrico a la que se refiere Su Señoría. 
No obstante, en el último Consejo de Pesca del año pasado, celebrado el 16 y el 17 de diciembre, los Estados miembros que participan en esa pesca, que son precisamente Francia, España y Portugal, consideraron que la aplicación del principio de precaución, que establece, a propuesta de la Comisión, un TAC reducido de 5.000 a 2.000 toneladas, era excesivamente cauteloso. 
Entonces se llegó a una solución de transacción a fin de conseguir un equilibrio entre la necesidad de reducir los riesgos biológicos, por tanto, la asignación de las especies haliéuticas, y las dificultades socioeconómicas causadas por una limitación de la pesca, por lo que se fijó el TAC en el nivel intermedio de 16.000 toneladas, en vez de las 33.000 previstas en 1999. 
También quedó prevista su revisión en función de las nuevas informaciones de carácter científico respecto de la preservación de las especies de algunos de cuyos elementos se espera poder disponer en el primer semestre de este año. 
Para la población de boquerón, en la zona CIM y 9ª, se fijó el TAC en 10.000 toneladas para todo el año 2000, frente a 13.000 toneladas en 1999. 
Los intercambios de posibilidades de pesca ente Portugal y Francia quedaron reducidos proporcionalmente de 5.008 toneladas en 1999 a 3.000 toneladas en 2000, por pescar en aguas francesas. 
Quisiera decir que esta transferencia no va a aumentar la presión pesquera en las poblaciones de boquerón en su totalidad, en el ámbito de todo el espacio comunitario de pesca. 
Y, de conformidad con el principio de estabilidad relativa, la clave del reparto del boquerón en el mar Cantábrico atribuye el 90% de la población de peces a España y sólo el 10% a Francia. 
Sin la transferencia de las aguas portuguesas, el nivel del TAC del mar Cantábrico se debería haber aumentado diez veces para permitir una pesca adecuada para Francia. 
Ésa es la razón por la que considero que hay un elemento de carácter positivo respecto del caso portugués. 
Es evidente que esta solución sería aún más perjudicial para la situación de las poblaciones de peces que el riesgo mencionado por Su Señoría, pero que nosotros comprendemos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, he de decir que no me han satisfecho, en absoluto, sus manifestaciones. 
Yo comprendo que en esto está afectado Portugal. 
Pero a mí me parece un atentado contra la razón y contra la inteligencia, el que el 80% de las anchoas que hasta 1995 se estaban pescando en los bancos de Portugal por un acuerdo entre este Estado miembro- Portugal- y Francia, pase a pescarse en el Golfo de Vizcaya y que el Consejo de Ministros quiera mantener que esto no tiene ninguna incidencia con respecto a la población de las anchoas del Golfo de Vizcaya o del Mar Cantábrico. 
Se ha demostrado, como nosotros venimos denunciando desde 1995, que este trasvase es una barbaridad y, si Portugal y Francia quieren llegar a un acuerdo, nos parece muy bien, pero esas anchoas deben pescarse en los bancos de Portugal y no en los bancos del Golfo de Vizcaya. 
Hoy los estudios científicos demuestran que la población de la anchoa en el Golfo de Vizcaya está en peligro de extinción. 
Y ahora vienen las medidas de restricción de la cantidad de anchoa que se puede pescar en el Golfo de Vizcaya. 
No sé si son ustedes conscientes, señores del Consejo de Ministros, de la responsabilidad en la que han incurrido durante estos años y también en el 2000 con respecto a las miles de familias que viven de la pesca de la anchoa en el norte de la península ibérica. 
Quisiera decir, Señoría, que en su acuerdo del 5 de octubre de 1999, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas decidió que esa transferencia, que fue aprobada, era compatible con los principios establecidos en el Reglamento del Consejo 37/60/92 y, en particular, con el apartado 1 de su artículo 9, que dispone que los Estados miembros pueden intercambiar la totalidad o parte de las disponibilidades de pesca que se les hayan atribuido. 
El Tribunal declaró también que no se había violado el principio de estabilidad relativa, dado que la cuota de boquerón atribuida a España en la subdivisión 8 se mantenía en el 90% y la cuota de Francia en el 10%. 
Además, el Tribunal opina, Señoría, que la transferencia hecha entre Portugal y Francia no viola el principio de explotación racional y responsable de los recursos marinos y acuáticos vivos, ya que la presión de pesca en las subdivisiones 8 y 9 no aumenta ni afecta negativamente a la cuota global de esos recursos atribuidos a España. 
De conformidad con ello, el Consejo reitera, Señoría, su opinión de que, sin esa transferencia, las posibilidades de pesca de Francia en cuanto al boquerón en el golfo de Vizcaya aumentaría. 
Por tanto, el Consejo reitera, Señoría, su opinión de que la presión de pesca sería mayor y sería más perjudicial para las unidades poblacionales que la solución por la que al final se optó. 
Concretamente, 3.000 toneladas representan el 57,5 % de las posibilidades de pesca de Portugal en el año 2000, frente a 5.008 toneladas, o el 73,9 %, en 1999. 
Estas cifras representan, a nuestro juicio y desde la perspectiva del Consejo, una mejora real desde el punto de vista de la conservación, si las comparamos con el nivel del 80% establecido en el Reglamento del Consejo 685/95. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0788/99): 
Asunto: Medidas para atajar la persistente limpieza étnica en contra de las etnias serbia y gitana en Kosovo La Cumbre de Ministros de Defensa de la OTAN hizo el 2.12.1999 un enérgico llamamiento para que cese la limpieza étnica en contra de las minorías étnicas de Kosovo. 
También el Parlamento Europeo, mediante una resolución en la que hace referencia a ciertos actos de violencia de naturaleza odiosa perpetrados contra la población serbia y gitana, condena firmemente la persistente violencia contra la población serbia de Kosovo y pide a los líderes de la comunidad albanokosovar que respeten plenamente la Resolución 1244 de las Naciones Unidas. 
La resolución destaca asimismo que las persecuciones sufridas en el pasado por la población albanesa no pueden constituir "un pretexto para la continuación de las muertes, los secuestros, las detenciones, los abusos de poder, los actos de hostigamiento e intimidación, los incendios premeditados, los saqueos, la destrucción de bienes y la ocupación de viviendas". 
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿se propone el Consejo reconsiderar la financiación destinada a la reconstrucción de Kosovo, tal como solicita el Parlamento Europeo? 
¿Qué otras medidas prácticas piensa adoptar para que cese la limpieza étnica? 
Señoría, quisiera decir que siento la mayor simpatía por la preocupación subyacente a la cuestión que ha planteado. 
Compartimos realmente las preocupaciones que Su Señoría siente ante la situación de amenaza que existe dentro de Kosovo para las minorías étnicas, ya sea en relación con la población serbia o en relación con la población zíngara, y los aspectos de discriminación, asedio e intimidación que siguen produciéndose en ese territorio. 
El Consejo ha subrayado siempre la necesidad de que se juzgue a todos cuantos perpetraron tales actos y a quienes siguen perpetrándolos. 
El Consejo reiteró también, en sus conclusiones de diciembre, la necesidad de la aplicación íntegra de la resolución 12/99 del Consejo de Seguridad y ha venido apoyando sistemáticamente las gestiones llevadas a cabo por el Sr. Bernard Kouchner en el sentido de aplicar las medidas que puedan entrañar la garantía de que en aquel territorio hay una protección efectiva de las minorías y, en particular, una aplicación efectiva de medidas que permitan la preservación del carácter multiétnico de ese territorio. 
En los contactos que hemos mantenido con las personalidades políticas más destacadas de los albaneses de Kosovo, cosa que hizo muy recientemente el Primer Ministro portugués, hemos puesto de relieve que las persecuciones a poblaciones serbias, a poblaciones de etnia gitana y a otros grupos étnicos es totalmente inaceptable. 
No será tolerada y deberá cesar inmediatamente. 
Se comunicó de forma explícita y reiterada a los dirigentes de Kosovo que el apoyo internacional dependería en gran medida del trato que se dé a las minorías no albanesas. 
Este punto me parece de la mayor importancia; este sentimiento de condicionalidad que está subyacente a esta posición por parte de la Unión Europea va a mantenerse por parte del Consejo. 
Hemos venido apoyando plenamente las gestiones de la misión de las Naciones Unidas y de la fuerza internacional de seguridad en Kosovo en el sentido de evitar nuevas manifestaciones de violencia contra las minorías y proteger a las poblaciones amenazadas. 
La KAFOR y la policía de la MINUC consideran una de sus principales tareas la supresión de todas las formas de malos tratos debidas a origen étnico. 
En ese marco, el Consejo, en sus conclusiones de diciembre, se congratuló de las substanciales contribuciones anunciadas por la Comisión Europea que propiciarán indirectamente a la normalización de la situación, junto con las contribuciones semejantes hechas por los Estados miembros. 
Ahora bien, el Consejo también tiene conciencia, Señoría, de que el conjunto de medios puestos a disposición de las estructuras internacionales competentes en Kosovo no corresponde, en cuanto a movilización de los diversos Estados miembros, a lo que sería deseable y eso ha venido limitando la capacidad efectiva de actuación en el terreno de dichas estructuras. 
Ahora bien, no dejaremos de centrar toda nuestra atención en ese problema, porque todo el crédito de las autoridades y de las estructuras representativas albanesas en el territorio depende también de la capacidad de dichas estructuras para demostrar que pueden aplicar medidas que garanticen el carácter multiétnico dentro de dicho territorio. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo. 
Tengo en cuenta- creo que todos nosotros- que Portugal, su entonces Presidente, el Sr. Soares, y su Gobierno mantuvieron una postura prudente y mediocre durante los bombardeos en los Balcanes. 
La declaración política actual sobre este tema es muy positiva. 
Esto quiero subrayarlo y aplaudirlo. 
A pesar de todo, estamos intranquilos porque, aunque la Unión Europea hace verdaderos y sinceros esfuerzos, los resultados son mínimos. 
Por desgracia, últimamente estamos viendo que en Kosovo van desapareciendo todas las minorías, la serbia, la roma, la turca, la croata y nos preguntamos qué es lo que va a suceder. 
Hemos fracasado en la misión de las Naciones Unidas y del Sr. Kouchner en Kosovo. 
Es un fracaso el hecho de que, tras una guerra que tuvo lugar para que no se llevara a cabo una limpieza étnica, la está llevando a cabo el otro bando. 
Por esta razón, repito mi pregunta sobre si el Consejo va a tomar medidas concretas más prácticas para debatir estos temas con el Sr. Kouchner, quien tiene una gran responsabilidad sobre la situación que sufren en Kosovo hoy en día. 
Señor Alavanos, no puedo estar de acuerdo con lo que acaba de afirmar, con la última frase que ha dicho respecto de las responsabilidades del Sr. Kouchner y quisiera distinguir aquí dos planos que son muy importantes: la que se aplica en Kosovo es una estructura bajo tutela de las Naciones Unidas. 
Es una estructura respecto de la cual la Unión Europea ha dado el apoyo posible y a la que los países de la Unión Europea, en cuanto tales, han contribuido de diversas formas. 
Pero hay una cosa que no podemos negar y es la de que las gestiones hechas por el Sr. Kouchner con vistas a una normalización de la situación interna de Kosovo son extraordinariamente positivas. 
Independientemente de que Su Señoría pueda considerar- y también nosotros consideramos- que algunos de los resultados de dichas gestiones, por razones que superan al señor Kouchner, puedan no ser todo lo eficaces que desearíamos. 
Ahora hay que hacer aquí una distinción final: la cuestión de la responsabilidad de la Unión Europea y, en particular, en este caso, de la posible acción del Consejo en ese marco y la responsabilidad de la comunidad internacional, en cuanto tal, que es quien tiene la tutela general de la situación en Kosovo. 
Y, por tanto, la responsabilidad de la Unión Europea se produce en un marco determinado. 
Es a la comunidad internacional, en cuanto tal, en particular las Naciones Unidas, a la que se deben pedir responsabilidades sobre la aplicación de la resolución 12/99 y, en particular, sobre la propia lógica subyacente a esa resolución y sobre la compatibilidad de dicha resolución con la realidad. 
Ésas son cuestiones que todos nosotros debemos plantearnos, pero el foro para plantear esas cuestiones corresponde al ámbito de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, me congratula en gran medida que usted haya dicho que hay que mejorar las estructuras y la credibilidad de las autoridades. 
Creo que tenemos que recapacitar también sobre cual es el mejor modo de presentarlo ante la opinión pública. 
Por ello, para mí se plantea la pregunta de si hay enfoques de cómo podemos fomentar en este campo los medios, de cómo podemos formar a los periodistas y cómo podemos informar mejor a la opinión pública sobre una coexistencia pacífica. 
Nos hemos esforzado para proporcionar ayuda material. 
Hemos intentado defender la paz militarmente. 
¿Cuál es la situación en lo tocante a los esfuerzos para trabajar también con métodos psicológicos en esta zona de crisis y proporcionar aquí el mejor apoyo posible? 
Señoría, como he dicho, comprendo sus preocupaciones. 
Me parece que en este momento y, en particular, en los últimos meses, hay algunos acontecimientos de carácter positivo respecto de los medios de que el Sr. Kouchner podrá disponer para una acción eficaz. 
Recuerdo que oí al Sr. Kouchner durante la reunión ministerial del Consejo de Europa sobre esta materia y considero que muchas de las preocupaciones que entonces expresó respecto de la falta de medios para conseguir superar algunos de los problemas, hoy están resueltas, digámoslo así, se le han proporcionado esos medios. 
En particular, hay dos cuestiones esenciales: en primer lugar, el aumento de los refuerzos policiales, que era un elemento importante para la garantía de las poblaciones civiles y, en particular, para la protección de determinadas poblaciones civiles, y el aumento de asignaciones que permitiera, en particular, el mantenimiento de algunos funcionarios con funciones importantes en el proceso, digámoslo así, administrativo y funcional dentro de Kosovo. 
La cuestión, es, Señoría, una cuestión que todos debemos plantearnos y hace poco lo he hecho de forma diplomática, se refiere a la propia consistencia de la resolución 12/99 del Consejo de Seguridad. 
Sé que es una cuestión extraordinariamente delicada, pero todos nosotros debemos preguntar por la lógica subyacente a esa resolución y a la posibilidad de su aplicación. 
Nosotros somos partidarios de su aplicación plena y total: ahora bien, tenemos que examinar esa resolución- y probablemente eso sea algo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas habrá de hacer, tarde o temprano -, en el sentido de que, como ocurrió en el pasado en otros marcos y otros escenarios estratégicos mundiales, se pueda examinar si se deben o no mantener en el futuro determinado tipo de procedimientos y determinado tipo de lógica y de equilibrios, que, por lo demás, fueron la lógica y los equilibrios a los que se debió la aprobación de la resolución. 
Lo que debemos hacer, lo que estamos haciendo por parte de la Unión Europea, es garantizar al Sr. Kouchner todos los medios y Su Señoría tiene razón, tenemos la obligación, ante nuestros ciudadanos, de explicarles periódica y claramente en qué medida se utilizan bien o no esos medios. 
Por parte del Consejo, nos proponemos facilitar durante la Presidencia portuguesa informaciones al respecto. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, estoy totalmente de acuerdo con usted. 
El problema no es el señor Kouchner, es el fundamento legal sobre el que trabaja, es decir, la resolución 1244. 
Dicho esto, creo que la responsabilidad de la Unión, es decir, la suya, pero también la nuestra, es comenzar a trabajar para superar este carácter provisional de la resolución 1244 e imaginar un escenario futuro para toda la región. 
Creo que es la falta de definición de este escenario lo que provoca o favorece los excesos, los accidentes, los asesinatos de los que ha hablado el señor Alavanos. 
¿Piensa el Consejo plantear la cuestión del estatuto definitivo de Kosovo? 
Y si es así, ¿piensa hacerlo en una redefinición general de la región, evitando al máximo multiplicar los microestados, como algunos tienen tendencia a hacer, y reunificando las partes, en este caso, Kosovo y Albania? 
Es evidente, Señoría, que no habrá por parte del Consejo un intento de trabajar en la modificación del estatuto de Kosovo, fuera del marco establecido en la resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad. 
Permítaseme decir que incluso el examen de esa cuestión en el Consejo de Seguridad suscita otra cuestión bastante interesante, que es la de cómo está representada la Unión Europea en ese Consejo y, por tanto, en qué medida sigue o no la representación de la Unión Europea en ese Consejo las normas de la política exterior y de seguridad común. 
Pero eso probablemente requeriría más que una sesión de este Parlamento para examinarlo. 
Ahora bien, quiero decirle que entendemos que la situación en Kosovo es una situación que tiene mucho que ver también con la situación en todos los países y en todas las zonas circundantes. 
La existente en Kosovo es una situación que no se resuelve por sí sola, se resuelve con la estabilidad global de la región. 
Para ello, hacen falta, naturalmente, las medidas que se están adoptando en el ámbito de la Unión Europea, ya sea sobre la estabilización de la situación en Bosnia-Herzegovina o sobre la nueva relación contractual que estamos intentando entablar con la Antigua República Yugoslava de Macedonia o sobre el conjunto de medidas de carácter positivo que estamos intentando aplicar con Albania o, naturalmente, ante las presiones que estamos ejerciendo sobre las autoridades serbias, en particular, el apoyo, mediante el proyecto "Energía para la democracia", que estamos prestando a las comunidades municipales serbias vinculadas con estructuras democráticas. 
Éste es el conjunto de acciones que, en su totalidad y por su sinergia, pueden propiciar también un ambiente que resuelva la situación en Kosovo. 
La situación en Kosovo no se resuelve por sí sola, si no hay un proyecto global de estabilidad en la región. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 7 decae. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0796/99): 
Asunto: Nueva iniciativa INTERREG En el punto 1 del Anexo 2 de su proyecto de comunicación sobre INTERREG titulada "Fomento del desarrollo urbano, rural y costero", la Comisión autoriza la renovación y el desarrollo de los centros urbanos históricos mediante una estrategia transfronteriza conjunta de la que, no obstante, se excluye expresamente a la vivienda. 
Habida cuenta del elevado número de casas de interés histórico que existe en las zonas rurales, incluidas pequeñas casas de campo, y considerando la necesidad, por varios motivos, de mantener la población de las zonas rurales y de atraer nuevos habitantes a las mismas, ¿no cree el Consejo que se podrían lograr dichos objetivos si se financiaran proyectos a favor de la vivienda en las zonas cubiertas por INTERREG? 
Señor Presidente, el Consejo- y podríamos decir incluso la Presidencia portuguesa en particular- es sumamente consciente de la importancia que revisten los problemas abordados por su Señoría en su pregunta y quiero decir que siempre dedicamos toda la atención a las políticas comunitarias de desarrollo de las zonas rurales. 
En ese marco, quisiera subrayar la aprobación en mayo de 1999 de un nuevo régimen de apoyo al desarrollo rural, que constituye el marco comunitario de referencia en pro de un desarrollo rural sostenible, y ésa ha sido, como saben Sus Señorías, una de las evoluciones habidas en el ámbito de la negociación de la Agenda 2000 y en la propia evolución del tratamiento de las cuestiones agrarias en el plano comunitario. 
Mediante el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, el FEOGA, ese marco de apoyo comunitario va encaminado a ayudar a invertir la tendencia a la desertización del medio rural, a la que Su Señoría hace, con toda razón, referencia en su pregunta. 
Por otro lado, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, el FEDER, contribuye también en el ámbito de su misión al fomento de la cohesión económica y social mediante las correcciones de los principales desequilibrios regionales y de la participación en el desarrollo y en la reconversión de las zonas rurales. 
A ese respecto, conviene tener presente que el FEDER contribuye también al fomento de un desarrollo rural sostenible y a la creación también sostenible de puestos de trabajo en el medio rural. 
El conjunto de esos instrumentos comunitarios es el que nos permite trabajar con una política de desarrollo rural que es hoy, por lo demás, uno de los desarrollos y de las líneas de evolución de la Política Agraria Común, en una de sus dimensiones, y de la política regional, por otro lado. 
Creemos que dentro del concepto de multifuncionalidad hoy vinculada con la evolución de la Política Agraria Común, ésta es una de las cuestiones fundamentales y al FEOGA-Garantía corresponde al respecto, naturalmente, un papel fundamental. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0798/99): 
Asunto: La agricultura y la Presidencia portuguesa ¿Puede indicar el Consejo en líneas generales cuáles serán las prioridades de la Presidencia portuguesa para los próximos seis meses por lo que se refiere a la política agrícola común, así como indicar los pasos que juzga necesarios para aumentar la confianza de los consumidores tanto en el sector agrícola como en los productos que se han visto negativamente afectados por la alarma provocada por las recientes crisis sanitarias? 
La pregunta que Su Señoría plantea respecto de la Política Agraria Común es una pregunta que nos afecta de cerca y que vale la pena que esté siempre presente en los debates de esta Asamblea, porque probablemente vamos a tener mucho que hablar, en el futuro, sobre esta cuestión. 
Durante la Presidencia portuguesa habremos de proseguir el proceso de examen de la PAC mediante la adaptación de algunas de las organizaciones comunes de mercado con vistas a un desarrollo armonioso de las zonas rurales de la Unión y la garantía de una evolución positiva de las rentas de los agricultores, prestando atención particular a las medidas que puedan tener repercusiones en las pequeñas explotaciones agrarias familiares. 
Por otro lado, la Presidencia portuguesa no dejará, naturalmente, si- y cuando así sea- la nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio comienza dentro de su Presidencia, cosa que en modo alguno es segura, de garantizar la consolidación de la presencia de la producción comunitaria en los mercados internacionales y un mayor equilibrio entre los productos agrícolas comunitarios exportados y la preservación de una agricultura europea multifuncional, como, por lo demás, acabo de decir. 
La Presidencia portuguesa atribuirá también relieve a la profundización de la política de seguridad alimentaria y considero que el Ministro de Relaciones Exteriores portugués y Presidente del Consejo de la Unión Europea ya se ha referido aquí, esta mañana, a ese aspecto. 
Creemos que el papel de la seguridad alimentaria, en particular en todo lo relacionado con la salud pública, es un elemento fundamental que desarrolla nuestra Presidencia; por lo demás, constituye una de las prioridades de nuestro programa. 
Vamos a desarrollarlo en cuatro dimensiones paralelas en el ámbito del Consejo de Agricultura, en el ámbito del Consejo de Salud, en el ámbito del Consejo de Protección del Consumidor, en el ámbito del Consejo del Mercado Interior y la Presidencia portuguesa presentará al Consejo Europeo de Santa Maria da Feira, en junio de este año, un informe sobre este asunto, en particular a la luz de lo que la Comisión presentó hace días en su Libro Blanco. 
Creemos que el trabajo que se debe hacer a partir de aquí para la constitución de una agencia europea es un trabajo esencial para la credibilidad del Mercado Interior, para la estabilización de la propia confianza dentro de dicho mercado, para la disipación de algunas tensiones entre Estados miembros en ese mismo sector e incluso- ¿por qué no decirlo? -para la creación de un actitud común por parte de la Unión Europea en su relación con terceros países en sectores relacionados con la seguridad alimentaria. 
Ése es el esfuerzo que vamos a intentar hacer durante la Presidencia portuguesa y al final esperamos poder presentar a esta Asamblea el resultado de dicho esfuerzo. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Estoy convencido de que es consciente de la muy seria amenaza que se cierne sobre el modelo europeo basado en la explotación ganadera familiar, especialmente sobre aquellos ganaderos que producen carne de vacuno y de cordero y que, según se prevé, van a tener que vender sus productos al precio de coste o por debajo del mismo. 
Me gustaría preguntar qué nuevas medidas puede adoptar el Consejo para salvaguardar sus intereses en las próximas conversaciones sobre el comercio mundial, en particular frente a la producción en ranchos y en fábricas de EE.UU. y de Nueva Zelanda, donde las economías de escala hacen que sea enormemente difícil para los ganaderos mantener explotaciones ganaderas familiares a un nivel competitivo, y donde, por supuesto, no se aplican los estándares europeos de seguridad en la alimentación. 
Entiendo perfectamente las preocupaciones de Su Señoría y veo que hay una necesidad de actuación y de coherencia también dentro de la propia Unión Europea a ese respecto. 
También es preciso pensar en las consecuencias, en particular en materia de financiación y de compensación para los agricultores. 
Ahora bien, como sabe Su Señoría, esa cuestión está en manos de la Comisión Europea y ésta es la que tendrá que ocuparse de ella. 
A ese respecto, el Consejo tiene una capacidad limitada de intervención. 
Señorías, las preguntas formuladas afectan muy hondamente a las preocupaciones subyacentes al programa de la Presidencia portuguesa y a las preocupaciones del Gobierno que respalda dicho programa. 
El Consejo de la Unión Europea es consciente de los problemas de las personas sin hogar, cuyas causas, como saben Sus Señorías, son múltiples, desde la droga hasta la violencia contra las mujeres y los niños y el desempleo de larga duración. 
Es una manifestación extrema del fenómeno de la exclusión social y de la pobreza, que el Consejo intenta combatir de diversas formas. 
Y, en efecto, dado que las causas son múltiples, la acción de las diversas intervenciones de carácter político tiene que ser diversificada y examinada de acuerdo con el conjunto de sectores en que la Unión interviene y el conjunto de políticas que se van a aplicar a ese respecto. 
La primera esfera de la acción política es la lucha contra la violencia cometida por hombres contra mujeres y niños, que muchas veces provoca la huida de mujeres acompañadas o no de hijos y eso tiene o no consecuencias importantes al respecto. 
Puede ser también la violencia cometida por hombres y mujeres o ambos contra niños, lo que incita a dichos niños a huir y hoy propicia fenómenos de toxicodependencia, prostitución, etc. Para luchar contra esos fenómenos de violencia este Parlamento y el Consejo aprobaron, el pasado mes de diciembre, el programa DAPHNE, que es un programa de acción de lucha contra la violencia que sufren las mujeres y los niños y que pronto entrará en vigor. 
Ese programa deberá apoyar las acciones que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales en esa esfera. 
A comienzos de mayo de este año, la Presidencia portuguesa va a organizar precisamente en Lisboa una conferencia sobre la violencia contra las mujeres. 
Por lo que se refiere a la lucha contra la toxicodependencia, conviene recordar el programa de prevención de la toxicodependencia aprobado en diciembre de 1996 por el Parlamento Europeo y por el Consejo con el objetivo de incentivar un planteamiento multidisciplinar, en particular teniendo en cuenta las consecuencias sociales e individuales de ese fenómeno. 
En cuanto a la lucha contra el desempleo y contra la exclusión social, quisiera señalar a la atención de Sus Señorías- y me parece que ya hoy aquí se han hecho varias veces referencias a ello por el Presidente del Consejo en ejercicio y por varios de Sus Señorías- la iniciativa que Portugal adoptó en el sentido de celebrar en Lisboa, al final de marzo de este año, un Consejo Europeo extraordinario precisamente dedicado a la cuestión del empleo, reformas económicas y cohesión social, todo ello vinculado con una perspectiva de innovación y conocimiento. 
Se trata de una iniciativa encaminada precisamente, como una de sus vertientes, a luchar contra la exclusión social y a favor de la inclusión social mediante el fomento activo de medidas concretas y de una mejor coordinación de las políticas de empleo o de todo el conjunto de políticas que puedan garantizar un aumento de la competitividad europea y, por tanto, un aumento del desarrollo de nuestra propia economía con consecuencias evidentes en el nivel de la capacidad de recuperar todos esos fenómenos colaterales negativos que provocan la exclusión social y que, evidentemente, están vinculados con la pobreza. 
Por lo que se refiere también a las medidas concretas de lucha contra la exclusión social, conviene recordar que la Comisión Europea anunció que propondría un programa de acción quinquenal basado en el artículo 137 del Tratado, encaminado a luchar contra la exclusión social. 
La Presidencia portuguesa ya se ha comprometido a iniciar los trabajos, una vez que reciba propuestas de la Comisión. 
Esta cuestión fue, Señoría- y lo recuerdo por mi propia participación durante la última Conferencia Intergubernamental- una cuestión que movilizó a algunos países europeos durante esa conferencia y que conseguimos- digámoslo así- plantear en el ámbito del propio Tratado de Amsterdam revisado. 
Creo que es un asunto que debe estar siempre presente, porque ésta es una de las cuestiones decisivas que nos permite mostrar a los ciudadanos la utilidad que Europa puede tener para ellos; si no fuera así, sería difícil conseguir que desearan más Europa. 
Pero ése es un problema, Señoría, que supera los seis meses de la Presidencia portuguesa. 
Señor Presidente, deseo también dar la bienvenida al Parlamento al Presidente en ejercicio. 
Pero no creo que haya respondido a mi pregunta, en particular en lo relativo a combatir el problema de las personas sin techo, y a si la Presidencia portuguesa estaría dispuesta a reunirse con organizaciones no gubernamentales que actúan en este ámbito. 
Agradezco y apoyo totalmente su punto de vista sobre la necesidad de la existencia de múltiples políticas y de un enfoque multidisciplinar, así como la necesidad de combatir las causas subyacentes de la exclusión que pueden conducir a la falta de hogar y entrañar problemas de drogodependencia. 
Mi pregunta específica se refiere al problema de los sin techo y a si una nueva Presidencia podría asumir una nueva iniciativa para intentar superar alguna de las dificultades a las que ha aludido el Presidente el ejercicio con respecto a la ayuda a nivel intergubernamental. 
Tengo la sensación de que éste es un ámbito en el que Europa puede desempeñar un papel muy activo, incluso si sólo muestra una actitud de intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre los Estados miembros. 
Señoría, respecto de la posibilidad que la Presidencia tiene en el sentido de apoyar acciones de las organizaciones no gubernamentales, muy en particular en el caso concreto de la lucha destinada a resolver los problemas de las personas sin hogar, quiero decirle que ese tipo de iniciativas son dignas de beneplácito y por nuestra parte existe la mejor disposición para considerar la posibilidad de apoyarlas. 
Hemos colaborado con organizaciones no gubernamentales portuguesas y con algunas iniciativas que esas mismas organizaciones no gubernamentales presentaron en el marco de acción de la Presidencia portuguesa y que nosotros vinculamos con el conjunto de preocupaciones subyacentes a nuestro propio programa. 
No tenemos ninguna iniciativa concreta a ese respecto, pero no descartamos la hipótesis de que una iniciativa de las organizaciones no gubernamentales que se nos proponga a ese respecto sea examinada durante nuestra Presidencia: eso- conviene decirlo- en el ámbito de las capacidades de actuación del Consejo. 
Pero hemos de comprender que todo lo que pueda afectar al derecho de iniciativa de la Comisión deberá hacerse, evidentemente, por mediación de la propia Comisión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nos ha dicho mucho sobre el futuro: Qué va a hacer la Comisión, qué va a hacer en Lisboa la Presidencia, etc. Y nos ha comunicado algo que me ha asustado, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Ha dicho usted que en Lisboa van a debatir un desarrollo más dinámico y más competitivo. 
He empezado a tener miedo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, porque de ahí viene la exclusión social, por lo menos en parte. 
No veo cómo va a poder contestar, si tiene opiniones de este tipo. 
Lo que he preguntado y vuelvo a preguntar es lo siguiente: ¿Cuáles son las opiniones de la Presidencia portuguesa en relación con cuestiones como las que, por ejemplo, han presentado las redes de lucha contra la pobreza y contra la exclusión, con la división del trabajo y seguridad social, con la aplicación de la política fiscal, especialmente del capital especulativo, con la política de la redistribución de ingresos? 
Quisiera una respuesta con relación a esto, si la Presidencia portuguesa lo tiene en mente, y si tiene la intención de hacer algo. 
Su Señoría debe entender que la capacidad efectiva de una Presidencia en el sentido de invertir tendencias generales de carácter social o económico en sus seis meses de ejercicio es efectivamente limitada. 
Creo que está perfectamente claro que nuestra capacidad está también muy relacionada con la lógica de intervención, mediante su derecho de iniciativa, de la propia Comisión. 
He hablado del Consejo Europeo extraordinario y de la iniciativa que Portugal adoptó de celebrarlo y me he referido al futuro porque hay dos formas complementarias de ver esta cuestión de la exclusión social: una de ellas es el conjunto de medidas inmediatas que se deben adoptar para afrontar sus efectos concretos; la segunda es la creación de condiciones de competitividad en el plano internacional que nos permitan mejorar el propio tejido económico dentro de la Unión Europea con efectos colaterales de carácter positivo sobre los problemas de la exclusión social. 
Y, por tanto, la Presidencia portuguesa no tiene claves milagrosas para responder en seis meses a las cuestiones que se prolongan desde siempre. 
Tiene disponibilidad para actuar ante propuestas de la Comisión en estas esferas en todo lo que sea competencia comunitaria. 
Tiene, naturalmente, la posibilidad y el interés de incentivar todo el conjunto de medidas que se puedan presentar, en particular por parte de organizaciones no gubernamentales, pero también en una articulación intergubernamental tradicional en esas esferas. 
Pero conviene tener presente, Señoría, que no es posible actuar en un sector con unas repercusiones tan grandes, desde el punto de vista financiero, pura y simplemente con medidas que pueda proponer una Presidencia en el plazo de seis meses. 
Por eso, pensamos que todas las medidas que indicamos respecto de estrategias a más largo plazo, independientemente de que sabemos que, a largo plazo, algunas de las personas sin hogar pueden estar muertas, es verdad, son las que nos permitirán garantizar políticas sostenidas en el ámbito de la Unión Europea. 
Y ésas son las estrategias a las que intentaremos contribuir de la mejor forma posible durante nuestro ejercicio. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0801/99): 
Asunto: Presidencia portuguesa y política de desarrollo ¿Tiene previsto el Presidente en ejercicio del Consejo hacer una declaración sobre las prioridades de la presidencia portuguesa en relación con la política de desarrollo, el Convenio de Lomé y la lucha contra las situaciones de hambruna? 
Señor Presidente, la cuestión de la política europea de ayuda al desarrollo es una cuestión que ha tenido, en los últimos años, una evolución sensible. 
En particular, asistimos a todo el debate que ha habido respecto de la renovación del Convenio de Lomé y la formulación del nuevo marco contractual que va a suceder al Convenio de Lomé. 
Yo creo que- y digo esto con la autoridad de quien ha participado en las negociaciones tanto de la entrada de Portugal en Lomé III como en las negociaciones de Lomé IV, como presidente de la delegación portuguesa- éstas son algunas cuestiones que hoy atraviesan la perplejidad de todas las opiniones públicas y muy en particular la perplejidad de los gobiernos (y considero que también de Sus Señorías) , es decir, las relativas a la eficacia efectiva de las asignaciones que se han venido dedicando a la ayuda al desarrollo en la lucha contra aquellos aspectos negativos a que se destinaban. 
La prioridad de la Presidencia portuguesa va a ser, desde ahora mismo, la celebración durante el mes de enero de una reunión oficiosa de Ministros de Desarrollo cuya base es precisamente la formulación de una estrategia europea en materia de cooperación para el desarrollo; es decir, que consideramos muy importante que, en particular en el marco del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y en el marco mundial de preparación de la próxima UNCTAD, podamos tener una posición colectiva y organizada a fin de hacernos una idea de cómo se utilizan los recursos de la Unión en materia de ayuda al desarrollo. 
¿Y eso por qué? 
También porque nuestros propios parlamentos nacionales están atentos, exactamente como este Parlamento debe estarlo, en el plano comunitario, a la forma como se atribuyen y utilizan esas asignaciones. 
Nuestra preocupación es la de garantizar que ese debate sea útil y fructífero y tenga efectos concretos, principalmente en el futuro de nuestra acción en el plano internacional. 
Creemos también que el nuevo modelo contractual formulado para el Convenio de Lomé es un modelo más responsable, equilibrado y eficaz que el que funcionó en los anteriores Convenios de Yaoundé y de Lomé. 
Quisiera también decir, señor Presidente y Señorías, que, en el caso de que llegue a celebrarse aún la Cumbre entre la Unión Europea y los países africanos, estas cuestiones de la cooperación para el desarrollo y de una interpretación global sobre la forma como se podrán tratar las cuestiones para el desarrollo en un marco de relación bilateral entre esas dos zonas estarán, naturalmente, en el centro de nuestras preocupaciones y constituirán uno de los temas fundamentales de ese orden del día. 
Quiero agradecer a la Presidencia su amplia respuesta a mi pregunta, así como al Ministro que se dirigió al Comité sobre el Desarrollo la semana pasada en Bruselas, esbozando su posición. 
Pero aún quedan algunas cuestiones pendientes. 
En el programa no parece ponerse énfasis alguno en la lucha contra el SIDA. 
La situación del SIDA en África es actualmente tan grave que está muriendo más gente de SIDA que en conflictos armados. 
Espero que el Ministro se guarde cierto tiempo para acometer este particular asunto. 
Las medicinas pueden conseguirse en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no las abaratan lo bastante para la gente de África. 
Desearía preguntar al Ministro qué esta haciendo exactamente con respecto a la situación que se está desarrollando en Etiopía, en donde hay sequía, las cosechas se pierden y dentro de seis meses volveremos inevitablemente a la situación de hace varios años, de hambruna y de gente muriendo a millares. 
A la vez hay una guerra entre Eritrea y Etiopía, y la industria de armamento europea no dejará de enviar pistolas, después de lo cual les enviaremos el pan. 
Su Señoría tendrá que comprender que, en primer lugar, no estoy de acuerdo con la interpretación que hace de la intervención de mi colega durante la reunión de la Comisión de Desarrollo; no hay ninguna contradicción entre esas posiciones: todo lo contrario. 
En un programa de una Presidencia, no podemos- a menos que queramos ser megalómanos- hacer como un inventario exhaustivo de todas las situaciones posibles e imaginarias respecto de todas las grandes cuestiones que se plantean, en particular en el marco de relaciones exteriores. 
Basta recurrir a un glosario sobre desarrollo y plantear todas esas cuestiones, unas detrás de otras. 
Somos suficientemente responsables como para darnos cuenta de que debemos plantear sólo las que estamos en condiciones de gestionar durante nuestra Presidencia y dentro de lo que es- y conviene que se sea siempre consciente de ello- la capacidad de los gobiernos, en el ámbito del Consejo. 
Conviene darse cuenta de que a ese respecto hay limitaciones en materia de gestión, en particular de los programas indicativos nacionales. 
Su Señoría se ha referido a la cuestión de Etiopía, que se enmarca en el ámbito de los programas indicativos nacionales, pero hay, como sabe Su Señoría, diversas acciones de carácter comunitario de lucha contra el sida y, a ese respecto, Su Señoría tiene razón, probablemente los Estados Unidos tampoco estén haciéndolo mejor. 
Por lo demás, en materia de política de ayuda al desarrollo considero que Europa no tiene rigurosamente nada de que preocuparse por la sencilla razón de que nuestro comportamiento al respecto no tiene comparación ni mucho menos con el de los Estados Unidos. 
La pregunta de Su Señoría ha derivado hacia el problema de los armamentos, de carácter político más amplio, que no me parece que quepa en el ámbito de esta pregunta, pero que en el futuro el Consejo afrontará, naturalmente, si lo considera oportuno, y decide plantearla en un marco concreto. 
¿Es consciente el Consejo de los problemas sociales que origina la exportación de alimentos a los países en desarrollo por debajo de los costes de producción de la UE? 
¿Tiene previsto el país en ejercicio de la Presidencia intervenir en este asunto? 
Su Señoría plantea un problema que es tradicional en la cuestión de la ayuda alimentaria, es decir, si la ayuda alimentaria no provocará situaciones de ruptura precisamente en el nivel de las agriculturas de los países en vías de desarrollo. 
Ésa es una cuestión recurrente, para la que no se ha encontrado respuesta en el ámbito de la ayuda al desarrollo, que tradicionalmente se plantea, porque, en la realidad, muchas de las acciones en materia de ayuda alimentaria acaban reflejándose negativamente en la capacidad para la creación de estructuras agrarias en esos países y, en particular, en el nivel de las agriculturas familiares. 
No tengo soluciones para eso y, por la experiencia que tengo de veinte y muchos años abordando estas cuestiones, considero que nadie las tiene. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 13 decae. 
Respecto de la pregunta que ha formulado el Sr. Marinos, permítaseme subrayar, en primer lugar, que el Consejo tiene plena conciencia de que la dimensión cultural es sin duda uno de los principales triunfos de Europa y que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para salvaguardar nuestra identidad cultural. 
Considero que esos elementos han estado presentes en varias dimensiones de la afirmación exterior de la Unión y, en particular, en el marco de las preocupaciones que hemos tenido en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. 
Tampoco subestima el Consejo la importancia que revisten la cultura y el deporte en el plano económico. 
Sentado lo cual, permítame, Señoría, señalar a su atención que, si la dimensión cultural de la política europea debe merecer la atención de las autoridades competentes, deberá hacerse siempre, en principio, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta lo que se debe hacer en el nivel nacional y a escala comunitaria. 
En cuanto a la pregunta formulada por el Sr. Nogueira Román, sobre el empleo, repito lo que he dicho hace poco: esa cuestión sigue siendo una de las preocupaciones de los diputados y de los Gobiernos de los Estados miembros y, naturalmente, estará en el centro de las preocupaciones de la Presidencia portuguesa. 
Hay quien dice incluso que está demás en el centro de las preocupaciones de la Presidencia portuguesa, dado que Portugal ni siquiera es de los países que tienen una tasa de desempleo muy elevada, pero tenemos una perspectiva europea de la forma como ejercemos nuestra Presidencia. 
Creo que el Consejo Europeo de Lisboa y la realización a que ya me he referido en el pasado responden perfectamente a eso. 
Considero, señor Presidente, que las cuestiones que me ha planteado están relacionadas con las preguntas formuladas por el Sr. Bushill-Matthews y el Sr. Nogueira Román. 
Quisiera decir respecto de la futura Conferencia Intergubernamental que el Consejo sólo podrá remitir a Sus Señorías a las conclusiones de los Consejos Europeos de Colonia y Helsinki, en los que se formularon los mandatos de dicha Conferencia y, por tanto, incumbe a la propia conferencia, que es una estructura de carácter intergubernamental, y en el ámbito de su mandato, analizar en qué medida podrían tenerse en cuenta en sus trabajos las cuestiones planteadas por Sus Señorías. 
Pero, naturalmente, la forma extensiva como la Presidencia portuguesa se propone interpretar el papel de los diputados al Parlamento Europeo que estarán presentes en el grupo preparatorio les permitirá hacer una intervención y la canalización de lo que son las preocupaciones de este Parlamento en el ámbito de dicho grupo preparatorio. 
Y, evidentemente, la Presidenta del Parlamento Europeo tendrá también la posibilidad de avanzar a ese respecto en el nivel ministerial. 
En cuanto a las presidencias semestrales, de trata de una cuestión que la Presidencia portuguesa no se propone plantear, como iniciativa suya, en la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Si alguien quiere plantearla, tomaremos nota y la presentaremos a la Conferencia. 
Nosotros no tenemos, Señoría, una concepción economicista de nuestra gestión de la Presidencia portuguesa y, por tanto, la dimensión cultural, como comprenderá, está en el centro de nuestras preocupaciones. 
Pero esas dimensiones culturales tienen casi siempre una dimensión economicista, a su vez, es decir, el conjunto de recursos susceptibles de movilización precisamente para el apoyo a las acciones culturales. 
Y ésa es una dimensión que es difícil de superar en el ámbito de la Unión Europea y, en particular, en el ámbito del Consejo. 
Por nuestra parte, vamos a intentar fortalecer y consolidar la posición europea en lo relativo a los bienes y servicios culturales y a las actividades en esa esfera, porque pensamos que éste es uno de los elementos de la identidad esencial de la propia imagen de la Unión y de su propia identidad específica. 
Y eso está y va a estar en el futuro vinculado con lo que va a suceder en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Esta cuestión, como sabe Su Señoría, tiene por nuestra parte y tuvo por parte del Consejo el tratamiento adecuado y, en particular, fue posible encontrar un lenguaje en el nivel del mandato conferido a la Comisión para las negociaciones en el ámbito de la próxima ronda de la Organización Mundial del Comercio, que tiene esta cuestión en su centro. 
Ahora bien, quisiera añadir que respecto de la política cultural y, en particular, en la dimensión audiovisual, la Presidencia portuguesa prestará una atención muy particular a la profundización y al enriquecimiento de la política europea en el sector audiovisual mediante la aprobación de un programa MEDIA-PLUS que satisfaga- digámoslo así- las grandes preocupaciones europeas. 
También tenemos intención de iniciar un nuevo debate, más innovador, respecto de la cuestión de la herencia cinematográfica europea, por considerar que ése debe ser uno de los más importantes elementos en el desarrollo de una identidad cultural europea y de una economía del sector audiovisual europeo. 
La Presidencia se centrará también en los debates sobre la creación de un sistema de televisión digital en Europa, que será objeto de una conferencia que vamos a organizar durante la Presidencia portuguesa, junto con la Comisión, en febrero de 2000. 
Pero la cultura, Señoría, en el ámbito de la Unión Europea es una cuestión que aparece recurrentemente vinculada con los órdenes del día de las Conferencias Intergubernamentales. 
Si acaso en el quinto capítulo negociador de la próxima Conferencia Intergubernamental se puede consensuar la inclusión de la dimensión cultural, pues eso podrían proponerlo los Estados miembros o los diputados al Parlamento Europeo que participarán en el grupo preparatorio. 
Si se consensuara esa cuestión en el marco de la Conferencia Intergubernamental, podría haber un avance, naturalmente. 
Falta por saber si hay o no consenso para ello. 
Ya se verá. 
Por nuestra parte, tomaremos nota de las propuestas al respecto. 
Señor Presidente, me uno a los demás oradores al desear a Portugal una presidencia exitosa. 
Advierto que usted dijo que este particular asunto no se encontraba actualmente en su agenda para la próxima CIG, pero que si algunos lo deseasen, lo tomaría en consideración. 
Bien, mis colegas, 35 diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo y yo lo deseamos, y nos gustaría que lo tomase en consideración. 
Se que es éste un asunto provocador. 
Se pretende que sea provocador porque estamos aquí ante un asunto muy serio: algunos países no guardan al Derecho de la UE el respeto que merece. 
Hemos de encontrar un modo de presionar a tales países para que lo hagan, de modo que podamos volver a conectar con nuestros ciudadanos. 
No puedo imaginarme un modo mejor de hacerlo. 
¿Usted sí? 
La cuestión estriba en si la dimensión europea resultará más o menos fortalecida mediante su integración, en particular, en los Tratados. 
Ésa es una cuestión que, como comprenderá Su Señoría, tendrá que examinarse en el nivel de la Conferencia Intergubernamental y ése es uno de los temas que sólo un Consejo Europeo extraordinario autorizará a la Presidencia portuguesa a abordar, porque se trata de una de las cuestiones que están fuera del marco institucional en que se va a celebrar la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Ahora, las Conferencias Intergubernamentales son como un acontecimiento y pueden ser también como un árbol de Navidad. 
Y, por tanto, no se excluye la posibilidad de que estas cuestiones, que son recurrentes y han pasado de una conferencia a otra, lleguen a plantearse. 
El problema que se plantea es el de si hay consenso en este momento, en el ámbito de la Unión Europea, para que se incluya esa cuestión, teniendo en cuenta en particular que, si se incluye un asunto de esa clase, probablemente otros asuntos de carácter similar aumenten el orden del día de la Conferencia. 
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, el Sr. Dimitrakopoulos. 
Le ruego que sea breve. 
Señor Presidente, yo entiendo que tengo que hacerlo muy rápido. 
Me ha gustado mucho lo que el Sr. Seixas da Costa ha dicho sobre Santa Claus. 
En España se dice la carta a los Reyes Magos. 
Yo simplemente quiero recordarle que el Parlamento Europeo ha mandado ya la carta a los Reyes Magos con sus informes. 
Ahora es la Presidencia, y el Consejo, quien tiene que traer los regalos que nosotros hemos pedido en nuestra carta a los Reyes Magos. 
Como yo sospechaba, no era exactamente una cuestión de orden, sino un cierre de debate. 
Le damos las gracias al Sr. Seixas da Costa, pero también puede escribir su carta a los Reyes Magos. 
Sólo quisiera decir que esta cuestión de carácter navideño que ha planteado Su Señoría es de la mayor importancia. 
Ahora bien, en este caso Papá Noel sólo puede dar regalos cuando son autorizados por otros. 
No dependerá de la Presidencia portuguesa dar los regalos que todos quieran, en particular los que reclama el Parlamento Europeo. 
Después de este interesante intercambio de opiniones, y de acuerdo con el Reglamento, les comunico que las preguntas 17 a 27 serán contestadas por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
Impuesto sobre el capital 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
la pregunta oral (B5-0004/2000) del Sr. Désir y otros al Consejo, sobre la posición del Consejo respecto de la idea de un impuesto sobre el capital. 
la pregunta oral (B5-0005/2000) del Sr. Désir y otros a la Comisión, sobre la posición de la Comisión respecto de la idea de un impuesto sobre el capital. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, todos han podido medir, en el momento de la crisis asiática de 1997 como después de la que azotó Méjico en 1995, o el SME en 1993, los daños en la economía de países enteros que puede producir la especulación financiera, en especial la que se ejerce sobre las monedas. 
De 1.500 a 2.000 millardos de euros se cambian diariamente en los mercados financieros, o en cuatro días, el equivalente a la totalidad de la producción anual mundial, del PIB mundial, que es de aproximadamente 6.000 millardos de euros. 
Es decir, que en lo principal, esas operaciones financieras son puramente especulativas sin vínculo con intercambios de mercancías o inversiones. 
Pero el desplazamiento errático de esas masas considerables de capitales puede provocar en unas horas el hundimiento de una moneda, de la economía de un país, y hundir a toda la población en la recesión. 
Frente a esta situación, se ha despertado un interés con la propuesta de James Tobin, premio Nobel de economía, de crear un impuesto sobre las transacciones de divisas, impuesto que sería muy débil de manera que no afectase a los intercambios de mercancías o a las inversiones pero de forma que operase como un grano de arena en los engranajes de la especulación, es decir, que frene la multiplicación de las operaciones a corto plazo. 
Observen que esta propuesta de impuesto, que parece provocar una alteración tan grande entre muchos, sería el impuesto más bajo del mundo, el más bajo de toda la historia de la fiscalidad mundial, pero sería también una reconquista de los espacios confiscados a la democracia por la esfera financiera. 
Una de las razones del éxito de esta propuesta, así como de las campañas de las ONG como ATTAC, SOLIDAR u otras que la han popularizado se debe también al hecho de que ésta liberaría recursos que se podrían asignar a programas de desarrollo en los países más pobres, en ámbitos como la educación o la salud. 
Es su carácter de redistribución en un mundo en el que hay al mismo tiempo cada vez más riqueza y cada vez más pobres. 
Muchas personalidades e instituciones han tomado posición a favor de este impuesto, como el Presidente de Brasil, Fernando Cardoso, el Gobierno de Finlandia, el Parlamento de Canadá el pasado marzo, pero también Lionel Jospin en 1995. 
Esta cuestión fue debatida en varios parlamentos nacionales de la Unión Europea. 
La respuesta ha sido con frecuencia que éste no puede ser tratado sólo a nivel nacional y que el nivel correcto para tratarlo es la de la Unión Europea, de ahí la pregunta oral que hemos presentado con otros 37 diputados al Consejo y a la Comisión. 
Me alegro del proyecto de resolución de compromiso al que hemos llegado con el Grupo GUE, el Grupo de los Verdes, el Grupo Liberal y el PSE que piden a la Comisión que presente un informe al Parlamento en seis meses sobre la viabilidad de este impuesto y también examinar las presiones y las sanciones financieras que pueden aplicarse contra los países que estimulan la evasión fiscal o que mantienen paraísos fiscales. 
Se argumenta con frecuencia que un impuesto así se vería sorteado, pero se puede decir lo mismo de cualquier impuesto y, si nos quedáramos en ese argumento, no se hubiera creado ninguno. 
El proyecto de resolución pide también que se someta, antes de la próxima asamblea anual del FMI, un documento de posición elaborado por la Comisión y por el Consejo. 
Creo que la Unión Europea ha de tomar la iniciativa, que también debe, como se pide en el proyecto de resolución, proponerla al G7 porque es en principio una cuestión política. 
Si la Unión toma la iniciativa, ello tendría un efecto de arrastre porque el debate se produce por todas partes, incluidos los Estados Unidos y Japón y que tiene, cada vez más fuertemente en el mundo, una aspiración más manifiesta, que quiere que el mundo no lo dirijan los "traders", sino los ciudadanos, sus parlamentos, sus gobiernos, sus instituciones democráticas. 
Creo que Europa ha de jugar un papel en esta nueva regulación internacional y me siento enormemente feliz de que hoy, con este debate y con este proyecto de resolución, esta cuestión esté en el orden del día de la construcción europea. 
Señora Presidenta, yo no tengo mucho que adelantar a este respecto. 
El Consejo no ha examinado, hasta el momento, la posibilidad de la introducción de un impuesto sobre los movimientos de capital, como propuso el profesor Tobin. 
Se trata de una iniciativa creativa, que ha tenido acogida- lo sabemos- en diversos sectores en el nivel mundial y en diversos sectores políticos europeos, pero es una cuestión respecto de la cual no ha habido hasta hoy propuesta ni iniciativa alguna por parte de la Comisión. 
Como compete a la Comisión la adopción de cualquier iniciativa, el Consejo no puede, de momento, tomar posición al respecto. 
. (NL) Señora Presidenta, en principio, la base de recaudación del impuesto Tobin deben constituirla una serie de operaciones de cambio a muy corto plazo. 
Estas transacciones, según se sostiene, guardan escasa relación con variables económicas fundamentales. 
Esto también lo ha señalado el Sr. Désir. 
En cualquier caso, los partidarios del impuesto Tobin, como el Sr. Désir, opinan que un impuesto de estas características aplicado a nivel internacional en principio reduciría los movimientos especulativos y por ende la volubilidad de los tipos de cambio, lo que conduciría a una mejora del bienestar económico. 
Teniendo en cuenta el considerable alcance de los flujos financieros a corto plazo, incluso si el impuesto Tobin fuera de bajo nivel nominal produciría sustanciales ingresos fiscales. 
En realidad, la razón que motivó el creciente interés por ese impuesto y por otras fuentes de financiación internacional a mediados de los años noventa no era de carácter económico; en concreto, la capacidad potencial del impuesto como fuente de ingresos para programas internacionales abiertos en un tiempo en que la demanda de este tipo de fondos aumentó rápidamente y en que resultaba cada vez más difícil obtener financiación. 
Recientemente la Comisión ha observado un interés renovado por establecer un impuesto global como el planteado por Tobin como medio de alcanzar, por así decirlo, una globalización socialmente responsable. 
También el Sr. Désir ha hecho referencia al creciente interés generalizado. 
Pero si el impuesto Tobin se aplicara unilateralmente para evitar ataques contra una moneda específica, el impuesto no sería efectivo y podría perjudicar a los mercados financieros interiores. 
Es más, a largo plazo podría ocurrir que para grandes cantidades de fondos se evitase el impuesto Tobin mediante la transferencia de transacciones de divisas extranjeras a centros financieros off-shore. 
En ese caso, los impuestos podrían conducir a una pérdida neta de bienestar económico total. 
Así pues, el impuesto Tobin sólo puede funcionar si hay un número suficiente de países industrializados que estén dispuestos a participar. 
Por último, incluso en el caso de que el impuesto Tobin pudiera contener los movimientos especulativos de divisas, sigue existiendo el riesgo de que se vieran afectados los flujos no especulativos y ese no es el objetivo pretendido. Por las razones señaladas, no veo ninguna razón a favor de un impuesto Tobin en Europa. 
En cualquier caso, la Comisión es contraria a cualquier intento de restringir los movimientos de capital en la Unión Europea. 
Es más, en la medida en que estas medidas pueden considerarse como un modo indirecto de limitar los flujos de capital, contravendrían el Tratado de Roma. 
El planteamiento adecuado contra la especulación, a mi modo de ver, es eliminar las causas reales que motivan las perturbaciones financieras y no intentar reprimir los síntomas introduciendo obstáculos en el funcionamiento del mercado. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, tengo que decir de nuevo algo brevemente sobre el modo de proceder y la táctica ideológica que ha conducido a esta pregunta oral. 
Lo hago también porque sé cuántos social demócratas de esta Asamblea, no sólo los expertos en economía y finanzas, comparten nuestra crítica. 
Conocemos el problema. 
Se trata de la inestabilidad en los mercados como consecuencia de especulaciones. 
Pero hay que decir a los autores de la pregunta que no cualquier inestabilidad- tal como el Comisario nos ha expuesto tan sugestivamente- es consecuencia de especulaciones. 
La Tobin tax no habría podido impedir las crisis del Espacio Económico Europeo de los años 1992 y 1993 ni las crisis de las monedas de sudeste de Asia en el año 1997. 
Los iniciadores de esta pregunta no proponen ninguna solución sino que exigen nuevas cargas, más burocracia, una medida en contradicción con los mecanismos del mercado y ocupan al Pleno con un método intergroup excluyendo a la comisión parlamentaria competente, lo que contradice varias resoluciones del Parlamento. 
Desde mi punto de vista- y lo digo abiertamente- la pregunta está motivada ideológicamente y no está orientada a encontrar soluciones. 
Lo considero como la vía errónea. 
¿Porqué rechazamos la Tobin tax y la consideramos tan críticamente? 
En primer lugar- lo que ha confirmado también el Comisario- porque grava fuertemente los mercados de capitales. 
Un impuesto reducido también tendría unas graves repercusiones sobre los mercados de capitales ya que un impuesto especulativo de tal tipo reduciría fuertemente la rentabilidad de las inversiones. 
Además, una medida de este tipo dañaría fuertemente la evolución de los mercados financieros. 
Se opondría al principio de la libre circulación de capitales, que constituye un centro de gravedad del mercado interior. 
Segundo: el capital especulativo es difícilmente identificable. 
Tercero: las medidas fiscales se pueden eludir fácilmente si no se introducen al mismo tiempo en todos los países, pues de lo contrario, habrá demasiadas posibilidades de escape. 
Cuarto: esta medida es técnicamente apenas realizable y conduce a un elevado grado de burocracia, administración y ausencia de control. 
La medida que deberíamos adoptar es una parte de la resolución que hoy se ha presentado aquí. 
Se trata del fortalecimiento de la supervisión de los bancos, de la aclaración de la responsabilidad de las transacciones, de un marco de regulación a nivel internacional y de una revisión de las leyes nacionales para comprobar si cumplen con las reglas del Comité de Basilea y cómo se pueden difundir éstas más intensamente. 
En la presente resolución veo un grave problema en un punto central que no podemos aceptar sin más. 
Se trata del apartado 9. 
Después de haber escuchado al Comisario, sabemos que según los datos de la Comisión se va a producir un no a la Tobin tax. 
Si estos datos, este debate y los argumentos son tal como los exponemos y que además considero correctos, entonces el que la Comisión se ocupe durante otros seis meses y la subsiguiente inseguridad del mercado financiero y de capitales supone una irresponsabilidad. 
Por ello rechazamos el apartado 9 y exigimos una votación por separado. 
Señora Presidenta, el debate sobre una imposición de las transacciones financieras a corto plazo no es nuevo. 
Desde hace veinte años estamos debatiendo sobre la propuesta del impuesto Tobin y a pesar de ello esta cuestión es siempre actual pues necesitamos realmente unas respuestas concretas y sinceras que se basen en unos estudios esmerados. 
Tenemos que saber lo deseable y factible que es una fiscalización de transacciones financieras a corto plazo. 
La cuestión se plantea hoy ciertamente en otra dimensión cuando diariamente 1.500 millones de dólares USA deambulan por el mundo durante las 24 horas en búsqueda de depósitos atractivos y como máximo un 3% están vinculados a la economía real. 
Nos preocupamos por la estabilidad de los mercados financieros, no por los mercados financieros en si sino porque se trata de nuestro propio crecimiento, de nuestras propias inversiones, de nuestros propios puestos de trabajo en la Unión Europea. 
Tenemos que preguntar qué instrumentos podemos utilizar para crear realmente un cierto orden que hasta ahora falta. 
Hemos hecho todo para liberalizar las transacciones financieras pero hasta ahora no tenemos ninguna regulación que funcione y hemos tenido que sufrir amargamente las consecuencias en la crisis asiática y en la de Latinoamérica. 
Por ello, es urgente que, por un lado, pensemos en normas de supervisión y, por otro, en la transparencia de los mercados financieros y en sus informaciones. 
Es importante que sepamos qué actores hay y que solvencia tienen. 
También tenemos que preguntarnos si no hay un mandato de justicia fiscal. 
En unos tiempos en los que el gravamen fiscal del factor trabajo aumenta en toda Europa y también internacionalmente, tenemos que recapacitar sobre las formas con que podemos llegar a una fiscalización eficaz de los rendimientos de los capitales y aquí tenemos que plantearnos también la cuestión de la fiscalización de las transacciones financieras a corto plazo. 
Me parece realmente necesario que recibamos a este respecto un detallado informe y unas conclusiones de la Comisión para que podamos ver como Parlamento Europeo si no tenemos que adoptar las medidas necesarias para que la Unión Europea, junto con los EE.UU y Japón, llegue realmente a una solidaridad internacional para hacer la economía y los mercados financieros más estables y seguros. 
Esta es la intención que se esconde tras la pregunta oral. 
A continuación tenemos que llegar en el Parlamento, en el marco de los informes y procedimientos ordinarios de las comisiones y de las sesiones plenarias, a una propuesta ponderada y realmente de futuro. 
Señora Presidenta, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, debo manifestar mi sorpresa ante el debate que ahora nos ocupa en relación con los flujos internacionales de capital y de su posible imposición fiscal que, aunque no se menciona en el texto, parece un intento de resucitar, como se ha hecho en la introducción, el tema del impuesto propuesto hace unos años por el Sr. Tobin, al cual se opuso nuestro Grupo, de manera clara y rotunda, en la legislatura pasada con una serie de argumentos expuestos con claridad y coherencia por nuestro presidente, el Sr. Cox. 
Argumentos que, modestamente, tendré que repetir en esta intervención, porque vuelve a ser el mismo tema. 
Nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de imposición porque su aplicación, caso de que pudiese llevarse a cabo, no serviría a los objetivos que en su día presentó el Sr. Tobin y que la Izquierda de esta Asamblea parece querer resucitar. 
En primer lugar, no hay ninguna evidencia de que la imposición del flujo internacional de capital pudiera reducir los peligros de volatilidad o inestabilidad en los mercados internacionales. 
Al contrario, como es seguro que no todos los países lo aceptarían, abriríamos una vía a la especulación y al fraude y eso sí que produciría volatilidad, inestabilidad, inseguridad, opacidad y competencia desleal en el ámbito de los servicios financieros que operan a nivel internacional. 
Además, la idea de obtener unos recursos para aplicarlos a países económicamente más necesitados presenta tal complejidad, cuando se piensa en su aplicación en la práctica, que lo hace sencillamente imposible. 
Estamos, Señorías, ante un falso debate que no tiene otra finalidad que cubrir un objetivo político, pero sin ningún fundamento ni viabilidad técnica. 
Además- ya que estamos en este Parlamento Europeo- si aún no hemos conseguido un mínimo acuerdo en relación con el paquete de medidas fiscales que propone la Comisión dentro de la Unión Europea ¿cómo pretender intentar conseguir un acuerdo fiscal a nivel internacional? 
Supongo que lo primero que nos dirán es ¡a ver si sois capaces de llegar a un acuerdo fiscal dentro de la Unión! 
Pero en todo caso, Señorías, el Grupo Liberal no ha querido cerrar las puertas a un nuevo análisis sobre este tema y, por ello, hemos aceptado en la propuesta de resolución común que se lleve a cabo un estudio sobre la posibilidad y conveniencia de aplicar esta imposición fiscal en determinados aspectos de los flujos internacionales de capital. 
Estoy seguro de que este estudio- si se realiza de una manera objetiva, con conocimiento de los mercados financieros y sus mecanismos a nivel internacional- demostrará que no es conveniente ni posible, no únicamente en su aplicación, sino tampoco como medio de alcanzar los objetivos que propone. 
La globalización en sí misma es positiva. 
Nunca la economía había crecido tanto ni había favorecido a tantos países a nivel global. Ello es debido a la progresiva apertura y mayor libertad de intercambio de bienes y servicios a nivel internacional y también a una mayor capacidad para que existan flujos de capital adecuados. 
Que analice cualquiera el desarrollo económico de los últimos años y, si es objetivo, lo comprobará, por el resultado de las cifras, que no tienen ningún color ni orientación política. 
Nosotros- como he dicho- no nos oponemos a que se realice este estudio. 
Apoyaremos la resolución de transacción a favor de que se haga este estudio, insistiendo simplemente en que, como está recogido también en la propuesta de resolución, es precisamente a través de la liberalización y la apertura internacional como se consigue el progreso económico, tanto a nivel de los Estados como a nivel general. 
Señora Presidenta, señor Comisario, pienso que el problema no es ideologizar el debate, sino hacer política. 
Creo que es necesario recordar, como ha dicho la señora Randzio-Plath, que la razón por la cual una serie de diputados desean volver sobre esta cuestión está vinculada a las últimas crisis financieras internacionales y a sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales que son conocidas por todos en muchos países. 
El objetivo prioritario de esta reflexión es ver los instrumentos de los que puede disponer la comunidad internacional para estabilizar el sistema monetario y financiero internacional. 
Desde este punto de vista, señor Bolkestein, la propuesta de resolución no aísla la cuestión del impuesto Tobin. 
Si la lee atentamente, esta propuesta de impuesto sobre los flujos de capital es un instrumento entre otros para intentar obligar a los inversores internacionales a mantener comportamientos responsables en los mercados financieros. 
En segundo lugar, no se dice en la resolución que nosotros queramos una iniciativa sobre una base únicamente europea. 
Ésta es la razón por la que hacemos explícitamente referencia al período de sesiones de otoño del Fondo Monetario Internacional para que la Unión Europea, es decir, la Comisión, pero también el Consejo, tomen posición sobre la forma de defender la oportunidad de estabilizar el sistema financiero y monetario internacional e introducir una fiscalidad internacional. 
No quisiera que hubiera confusión en este debate. 
No deseamos nosotros, ecologistas, una resolución que sólo sea una coartada. 
Se trata no de añadir un estudio a las decenas que ya se han hecho- el de la Comisión sería sin duda interesante- sino de lograr de la Comisión y del Consejo, es decir, de cada uno de los Gobiernos que componen la Unión, una actitud política clara, positiva o negativa, para saber si están dispuestos a defender en los foros públicos competentes, el Fondo Monetario Internacional en primer lugar, la oportunidad de un impuesto así de los demás instrumentos necesarios para la estabilidad del sistema monetario internacional. 
En cuanto al argumento según el cual esta iniciativa aumentará la incertidumbre, que yo sepa, los movimientos de capitales a muy corto plazo tienen precisamente como función jugar con la incertidumbre y apostar por las evoluciones entre monedas o entre diferentes activos financieros de corto plazo. 
Este argumento no me parece por tanto pertinente. 
No entraré más en el debate de fondo. 
Creo que cada cual tiene sus argumentos. 
Llamo su atención sin embargo no sólo sobre el párrafo 9 de la resolución sino sobre el párrafo 10. 
Se trata claramente de una toma de posición política lo que esperamos, en un plazo muy claro, la preparación del período de sesiones de otoño del Fondo Monetario Internacional, y pedimos, si esta resolución se vota mañana en el Pleno, que la Comisión y el Consejo se presenten ante el Parlamento para decirnos qué posiciones defenderían en esta ocasión. 
Señora Presidenta, señorías, mi Grupo se felicita enormemente de que tenga lugar en el día de hoy un debate así, más aún en la medida que no hemos ahorrado esfuerzos con colegas de diferentes grupos para conseguirlo. 
Naturalmente, no tenemos todos el mismo planteamiento y creo que nuestro debate y las propuestas de resolución que hemos presentado al principio lo demuestran. 
Dicho esto, no somos, en lo que nos concierne, indiferentes al paso adelante que constituye la resolución de compromiso, que invita a la Comisión a presentar un informe en seis meses. 
Pensamos que el Parlamento Europeo puede así jugar su papel tomando la iniciativa, aunque sea tímidamente, en este tema, aunque por supuesto que- y estoy de acuerdo con el orador precedente -, si el párrafo 9 se cuestionara, esta resolución perdería evidentemente su esencia. 
Nuestro debate toca, efectivamente, una cuestión vital que cada vez más ciudadanos se plantean de manera legítima: ¿Qué lugar atribuir respectivamente al hombre y a la esfera financiera en la economía de hoy? Son 1.800 millardos de dólares el volumen monetario que transita diariamente por los mercados de cambio en el mundo, lo que representa más de una cuarta parte del volumen mundial anual de intercambios reales de bienes y servicios. 
Al situar las finanzas en el puesto de mando, un movimiento así ha reforzado las exigencias de rentabilidad y ha endurecido por todas partes las condiciones de explotación. 
Ésta es la óptica del movimiento creciente de fusiones, de adquisiciones y de reestructuraciones de empresas. 
De la percepción de recursos gigantescos de los mercados financieros que no deja de crecer. 
El desempleo y la presión sobre los asalariados de todo el mundo están incrementándose. 
Las salidas y el crecimiento real están obstaculizados. 
Y la afluencia o la retirada repentina de capitales especulativos amenaza las economías de muchos países hasta el hundimiento, como en Asia, en Rusia o en Brasil. 
Frente a esta globalización neoliberal, bajo la dominación de los mercados financieros, aumenta la exigencia, de la que es testigo nuestra petición, de otra idea del mundo según la cual la ley común sería la que dicta el deber de solidaridad en un mundo cada vez más interdependiente. 
Nadie puede ignorar el desafío que constituye la falta de cerca de un millardo de empleos, la necesidad de hacer esfuerzos sin precedentes en materia de desarrollo, de acceso a los conocimientos. 
En este sentido, todas las ideas merecen un examen y nosotros pensamos que la del impuesto Tobin es una importante, al igual que otras formas de transacciones previsibles. 
Este impuesto puede contribuir a frenar la especulación, sin penalizar las actividades de la economía real, y permitir que se liberen nuevos recursos para las inversiones en capital humano y ello en el momento en que el PNUD evalúa en 40 millardos de dólares por año la suma necesaria para erradicar la pobreza, permitir el acceso de todos al agua potable, satisfacer las necesidades sanitarias. 
Mientras que se ha lanzado a escala planetaria el debate sobre la capacidad que tiene la política para influir en la esfera económica, la instauración de este impuesto podría convertirse en uno de los símbolos de voluntad política de reconquista de los espacios democráticos confiscados por los operadores financieros internacionales. 
Y quisiera responder al Comisario que decía que era necesario un número mínimo de países industriales para lograrlo. 
Me parece que la Unión Europea está constituida por un número importante de países industriales y creo, como Harlem Désir y varios otros que han intervenido, que la Unión Europea que nosotros estamos formando puede tomar la iniciativa en este sentido. 
En todo caso, creo que el Parlamento Europeo se honraría haciéndose eco de la voluntad de sus ciudadanos de controlar el mundo en el sentido de un bienestar para todos. 
Señora Presidenta, aunque se pueda apoyar perfectamente una parte de los objetivos del impuesto propuesto por el Sr. Tobin, el establecimiento exclusivamente en el territorio de la Unión Europea de este impuesto, sin precedente en el mundo, significaría un golpe mortal para los mercados de divisas europeos. 
Si el resto de los mercados importantes de divisas del mundo se abstuviera de aplicar el impuesto Tobin, el impuesto aplicable en Europa conduciría al traslado del comercio de divisas a esas zonas. 
Esto ya ha quedado claro algunas veces durante este debate. 
No bastaría que todos los países industrializados acogieran este impuesto, ya que, en tal caso, el mercado de divisas se trasladaría a los paraísos fiscales, fuera de las fronteras de los países industrializados. 
Por esta razón, la entrada en vigor del impuesto debería ser universal; no es suficiente con que los países del G-7 o los demás países industrializados lo adopten. 
Por otro lado, es tarea tan difícil establecer este impuesto de forma simultánea y universal- al menos personalmente no creo que se consiga nada en este sentido -, que valdría la pena enterrar el sueño de la aplicación del impuesto Tobin. 
Además, aun cuando se llegase a un acuerdo internacional sobre la adopción del impuesto, quedaría pendiente la cuestión del reparto de los fondos recaudados mediante el mismo. 
Los contados centros importantes del comercio de divisas difícilmente accederían a que los fondos recaudados sean destinados a financiar todo tipo de buenos propósitos, por ejemplo, a través de la ONU, sin que les correspondiera una parte considerable de los mismos. 
En cuanto al impuesto Tobin como instrumento de prevención de futuras crisis de divisas, hay que tener en cuenta que el impuesto no elimina las causas de la sobrevaloración de las divisas. 
Por ello, habría que integrar políticas- y de esto también habló el Sr. Karas- que controlen la sobrevaloración de una divisa determinada en función de su potencial real. 
Esto requeriría, a su vez, medidas de regulación sobre la exportación e importación de capitales, pues, de otro modo, no sería posible esta integración de políticas. 
A pesar de su aparente sensatez, el impuesto Tobin no deja de ser problemático, ni aun cuando se llegase a un acuerdo sobre su aplicación, cosa que no creo. 
Debemos recordar que actualmente el dinero es primordialmente información y que, en el futuro, el funcionamiento de la economía mundial dependerá cada vez más del capital intelectual e informativo. 
Por esta razón, el ininterrumpido flujo de enormes caudales entre los centros financieros mundiales no será simplemente una actividad especulativa sin lazos con la economía real propiamente dicha. 
Si mediante instrumentos similares al impuesto Tobin dificultásemos el funcionamiento de este mecanismo 'feed back' de interconexión, el cual concede al usuario la posibilidad de elegir, podríamos cometer errores cuyas consecuencias económicas saldrían tan caras, que los fondos recaudados mediante el impuesto no podrían nunca cubrir esas pérdidas. 
Así pues, como meritoriamente expuso el Sr. Karas, nuestro Grupo rechaza de plano la adopción del impuesto Tobin. 
Señora Presidenta, hablo en mi condición de persona que apoya el establecimiento de un impuesto sobre los movimientos especulativos de capital que cruzan fronteras monetarias. 
Me parece de una manifiesta evidencia que es necesario actuar. 
En los últimos 30 años, el volumen de transacciones monetarias se ha multiplicado por 83: en primer lugar, las reservas mundiales totales de todos los bancos centrales no suman más que un día de comercio de cambio de divisas; en segundo lugar, el comercio mundial anual en bienes físicos y en servicios es igual a tres días y medio, de un total de 350, de volumen de actividad de mercados de cambio de divisas extranjeras, es decir, un 1% de los movimientos de capitales se dan en razón de negocios con bienes y servicios, y un 99% con fines especulativos. 
El tamaño, la impredecibilidad y la irracionalidad de los mercados mundiales de divisas hacen cada vez más difícil gestionar las economías nacionales y regionales. 
Los programas de venta controlados por ordenador convirtieron un pitidito casual en una avalancha que ha enterrado trabajos, vidas e industrias en todo el mundo. 
Los únicos argumentos en contra son: en primer lugar, menoscabaría la eficiencia del mercado de divisas ­un tanto extravagante a la luz del frenesí financiero que hemos observado y que ha destruido puestos de trabajo por todo el mundo, en Asia Oriental, Europa y Latinoamérica. 
El Señor Chirac describió a los que participan de estas actividades como el virus del SIDA de la economía mundial. 
Lo que hay que hacer es echar algo de arena en las ruedas de los especuladores de divisas, agentes de bolsa y de opciones. 
Por supuesto, esto no puede hacerse en un solo país; no puede hacerse sólo en la zona de la moneda única, pero podría hacerse a escala internacional con una cooperación a nivel mundial. 
Europa, Japón y los EE.UU ­el euro, el dólar y el yen constituirían, en mi opinión, dicho bloque. 
El PPE me ha decepcionado. 
Yo pensaba que al menos habían leído las resoluciones sobre las que íbamos a votar. 
Sí, estoy a favor de tal impuesto, pero eso no es lo que vamos a votar mañana. 
Lo que vamos a votar mañana es pedir a la Comisión que estudie el asunto, que vea qué medidas y qué condiciones serían necesarias para la aplicación de dicho impuesto. 
De igual modo, comprendo que el Comisario no establezca dicho impuesto, pero no comprendo por qué no tuvo el valor para aprovechar la oportunidad de demostrar la verdad de su posición mediante un estudio del asunto. 
No hay nada tan cerrado como una mente cerrada. 
Este impuesto cuenta con el apoyo del 47% de los habitantes del Reino Unido, según una reciente encuesta de War on Want. 
En Francia ha tenido una enorme resonancia, en particular cuando se le ha asociado con la exigencia de utilizar este instrumento para ayudar al Tercer Mundo a salir de su situación de deuda y de pobreza. 
El Parlamento, el Consejo y la Comisión no pueden seguir ignorando este asunto. 
Ahora hay una parte de la opinión pública que exige una respuesta más elaborada que la de "no se ha hecho antes". 
En el nuevo milenio, con nuevos problemas globales que requieren nuevas soluciones globales, tienen que dar buenas razones que expliquen por qué no puede hacerse ahora, en vez de por qué no se ha hecho en el pasado. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, tener una resolución política de compromiso sobre la utilidad de un impuesto sobre los flujos financieros internacionales constituiría un primer paso hacia la indispensable limpieza de muchas reglas internacionales. 
Tengo dos o tres cosas que recordar aquí. 
Una de las demandas principales de los manifestantes en Seattle era precisamente la aplicación de este tipo de impuesto, y ello no por casualidad. 
Proponerlo hoy es una señal fuerte de los países europeos ricos que prueban que desean salir de su egoísmo, señor Comisario. 
Ante los ojos de todos, un impuesto solidario como ése es una medida bienintencionada que no impide el comercio, sino que se dirige en primer lugar contra la especulación y sus efectos perversos, queridos colegas de derechas. 
Ello simboliza la necesidad de la solidaridad con los países del sur, en particular los de África, del Caribe, del Pacífico, que nos han interpelado también en Seattle en este sentido. 
Para alcanzar plenamente su objetivo, la redistribución de la masa monetaria liberada por un impuesto así ha de ir necesariamente en dirección a los países más pobres. 
De este modo damos sentido y a la moralización de las reglas comerciales y a la solidaridad con los pueblos del sur. 
Señora Presidenta, no sólo hay que repetir continuamente la cifra que muchos oradores anteriores ya han mencionado sino que además hay que mencionar, señor Comisario, que el 80% de estas gigantescas transacciones diarias de divisas no tienen una duración de depósito superior a ocho días. 
No puede ser que las inversiones y la creación de puestos de trabajo sean menos lucrativas que las operaciones a corto plazo de divisas y acciones. 
No podemos permitir se nos sustraigan las posibilidades de configuración política ni que los ingresos por una actividad no económica aumenten cada vez más rápidamente. 
Desde que Tobin desarrolló su idea, en Alemania se ha visto que la proporción de los patrimonios en efectivo de un 7,6 % en la totalidad de los ingresos de la sociedad casi se han duplicado actualmente. 
No se puede admitir que los países más pobres de la Tierra sean los que se ven más intensamente sometidos a las pugnas especulativas de las oscilaciones monetarias a corto plazo. 
Tampoco creo que sea algo impracticable. 
¿Porqué no debe ser posible llegar a un acuerdo entre los Estados G7, los demás Estados de la UE, China, Singapur y Suiza sobre la introducción del impuesto Tobin? 
Tiene que existir un interés económico general. 
¿Porqué no puede ser practicable- pues es identificable- que las transacciones para un intercambio inmediato de divisas, todas las así llamada operaciones de caja, las operaciones de divisas y de opciones a plazo sean objeto de este impuesto? 
¿Porqué no puede ser practicable determinar el montante de este impuesto de tal modo que no ponga en peligro las necesarias inversiones económicas a largo plazo pero que haga por fin no atractivas las realizadas a corto plazo y con fines especulativos? 
Sin duda, se plantearán muchas cuestiones difíciles pero el único gran problema que veo hasta ahora es la voluntad política y esta actitud de ir pasando la responsabilidad de un lugar a otro. 
Señor Presidente, no estamos pidiendo más burocracia, como el Señor Karas ha señalado unos minutos antes. 
Estamos buscando soluciones. 
Por supuesto, los mercados de capital necesitan transparencia ­esa es la idea. 
El impuesto Tobin traerá algo de claridad a una cuestión muy oscura. 
"Cuantos más progresos se hacen hacia la liberalización del comercio, más normas se necesitan", como dijo el Comisario Lamy durante la Ronda del Milenio celebrada en Seattle. 
Reconoció que el esfuerzo combinado del Mercado Único y de la Moneda Única que caracterizan el proceso de construcción de la Unión Europea está íntimamente ligado a una enorme cantidad de nuevas normas. 
Ahora que puede buscarse rápidamente financiación a través de las fronteras nacionales sin dificultad alguna, será estrictamente necesario emplear el mismo enfoque, y tanto más si consideramos que cada día se emplea una enorme cantidad de recursos financieros en transacciones especulativas. 
Nosotros, los ciudadanos del mundo, no podemos permitir las actuales tasas de especulación. 
Su persistencia supondría el suicidio económico. 
Estimados colegas, señor Comisario, a menudo oímos que Europa ha logrado la estabilidad en el sector financiero; algo que es verdad sólo si nos limitamos al sector público. 
Si incluimos también el sector privado, constataremos que esta famosa financial stability no sólo no se ha logrado, sino que además, muy probablemente, estamos sentados sobre un volcán a punto de estallar en cualquier momento. 
Hace ya tiempo que la insolvencia del sector privado y el correspondiente volumen exagerado del valor bursátil, los dos índices principales de la estabilidad financiera, han entrado en la zona peligrosa, tal como el propio informe de la Comisión sobre la situación económica de Europa lo demuestra de forma irrefutable. 
El que el público acepte estos valores y no abandone, presa del pánico, la actividad financiera, se puede explicar por sus expectativas demasiado optimistas sobre los futuros beneficios. 
La actividad especulativa está creciendo más allá de cualquier medida y alimenta también beneficios que, en algún momento, se demostrará que son ficticios. 
La decepción y también el miedo van a suceder al optimismo actual, y la consecuencia va a ser la crisis financiera y posiblemente también la económica. 
El peligro es demasiado grande para ignorarlo. 
Debemos combatirlo por muy difícil que parezca. 
La ciencia económica moderna nos ha dado un instrumento excepcional con la propuesta Tobin y con otras propuestas que podremos utilizar si tenemos la voluntad política de comenzar. 
Esto es lo que no tenemos, señor Comisario. 
La voluntad política de empezar a combatir la especulación. 
Pero la admiración extrema o el fatalismo frente a las potencias del mercado, que es lo que pregonan los liberales- y lamento que se haya marchado el Sr. Gasoliba i Böhm- no pueden seguir siendo las características de la democracia indefinidamente, ¡porque la llevan directamente al fracaso! 
Señora Presidenta, señor Bolkenstein, es increíble con qué ignorancia se debate aquí. 
Necesitamos un colega griego que nos diga por fin de qué se trata este Tobin tax. 
Lo rechaza en redondo porque no entiende nada del mismo. 
Que la derecha está en contra de impuestos es algo totalmente claro, sólo que no debería haber transportado esos importe de millones y miles de millones a Suiza. 
Esto es lo que ha resultado claro. 
Le insto muy conscientemente a que realice una aportación para detener el capital financiero especulativo que socava los long term projects con long term capital. 
Esto no se ha hecho nunca en el sudeste asiático ni en Europa y puedo comprender que el colega Karas de Austria ya no esté debido a su régimen financiero. 
Es la misma porquería. 
Necesitamos el Tobin tax para poder intervenir con un instrumento fiscal. 
Señora Presidenta, estoy absolutamente enojada por la ignorancia política de esta Comisión, es decir, del Sr. Bolkestein. 
Con su actitud ante el Tobin tax debería recapacitar porqué está aquí. 
Señora Presidenta, a mí también me ha parecido el debate parcialmente como auténticamente fantasmagórico. 
Quizás no sea ninguna casualidad que por parte de los conservadores no haya ahora nadie aquí pues lo que se ha defendido aquí como libertad del mercado no tiene nada que ver con los dignos principios de la economía social de mercado que nos han aportado tanto bienestar en Europa occidental durante los decenios pasados. 
Pues si seguimos la vía- y esta es la ideología- de declarar como sacrosantos los mercados financieros e incluso de afirmar que cualquier intervención en el funcionamiento de dichos mercados se opone al progreso y al crecimiento económico, estaremos en el camino equivocado y esto puede adoptar unas dimensiones realmente peligrosas. 
Los propietarios de patrimonios en efectivo están acumulando actualmente unos patrimonios gigantescos que a su vez urgen para ser reinvertidos. 
Nos encontramos ante una asset inflation de magnitud mundial. 
De este modo, en los mercados financieros se originan continuamente burbujas especulativas que provocan una creciente inestabilidad económica, lo que a su vez pone en peligro a la totalidad de la economía. 
Son precisamente las pequeñas y medianas empresas y muchos trabajadores los que sufren las consecuencias. 
Es posible oponerse a esto. 
Lo mínimo que se debería hacer para ello es realizar por fin unos estudios a fondo sobre el tema, no sólo por parte de la Comisión sino también de institutos económicos renombrados en toda Europa. 
Esto también es factible. 
Y finalmente, no se debería poner al lobo a cuidar las ovejas. 
No es cierto que la Tobin tax no sea técnicamente viable. Es posible en la era de los ordenadores. 
No se puede ignorar que los oasis fiscales con frecuencia no son otra cosa que memoras de discos duros de grandes bancos europeos aquí entre nosotros. 
En resumen: no podemos permitir que el capital real y el capital financiero se alejen tanto entre si, pues de lo contrario, nos encontraremos ante una situación que ya hemos vivido en varias ocasiones en el siglo pasado en este continente y que ha conducido a grandes catástrofes. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, apliquemos impuestos a la especulación de capitales, pues esto no tendrá consecuencias sin precedentes. 
Este impuesto afectaría a quienes deben ser gravados: a los especuladores. 
¿Quién defiende a estos especuladores, mientras que los enfermeros y los profesores pagan impuestos altísimos? 
El artículo 73 c del Tratado de la Unión Europea regula la posibilidad de la transacción de impuestos. 
Los que se oponen al impuesto sobre el capital apoyan los centros de evasión de impuestos, los paraísos fiscales, que suman un total de 62. 
La Unión debería llegar a un acuerdo fiscal que, en un principio, pudiera ser suscrito por cualquier país. 
El moderado impuesto Tobin no causaría grandes problemas de evasión de impuestos. 
Es curiosa la afirmación de que si todos no aplican el impuesto, no se podrá conseguir nada en este terreno. 
La Unión Europea se fundó gracias al empuje de algunos países, y pueden ustedes ver en qué nos hemos convertido en la actualidad. 
En realidad, el mayor problema es político: no se quiere gravar los capitales, sino subir los impuestos de los ciudadanos. 
Y es que el impuesto sobre el capital politizaría el antidemocrático y poderoso sistema global de finanzas. 
Estimados colegas, debemos desafiar los privilegios de la élite mundial de especuladores que, permaneciendo al margen de los sistemas fiscales, dirige la planificación de la economía mundial. 
. (NL) Señora Presidenta, si me permiten, quisiera comenzar agradeciendo cordialmente a todos los oradores y, naturalmente, por encima de todo al Sr. Désir, por el hecho de que se esté celebrando esta tarde este debate. 
Se piense lo que se piense del contenido del debate, no cabe duda de que es un tema importante. 
Dado que el tema está sobre el tapete desde hace años, es motivo de satisfacción que la Comisión esté hoy en condiciones de dar una respuesta. 
Me gustaría comenzar con dos observaciones que han sido planteadas por un miembro de su Parlamento, el Sr. Gasòliba. 
Creo que la globalización ha contribuido a que muchos países que hasta el momento estaban al margen de los flujos comerciales mundiales ahora tomen parte en ellos y estén integrados en el sistema de comercio mundial; a mi modo de entender, hasta ahora ningún país ha ido a peor por el comercio internacional. 
En otras palabras, opino, al igual que el Sr. Gasòliba, que la globalización es positiva y pienso que ha contribuido a un nuevo reparto del trabajo internacional al que se ha aspirado durante muchos años. 
Una segunda observación del Sr. Gasòliba ha sido que en este momento no hay ninguna evidencia de que el impuesto Tobin vaya a estabilizar los tipos de cambio. 
Creo que tiene razón en ese sentido. 
Yo tampoco conozco ninguna razón por la cual un impuesto sobre los movimientos de divisas vaya a conducir a su estabilización. 
Opino que estas dos observaciones son importantes, por eso las repito. 
Permítame señalar, señora Presidenta, que ninguno de los oradores de esta noche ha establecido una relación entre el impuesto Tobin, por un lado, y el funcionamiento de la Unión Europea, por otro lado. 
Sin embargo, a todos nos es familiar el Tratado de Roma. 
Sabemos que una de las cuatro libertades es la libre circulación de capitales. 
Señora Presidenta, puedo asegurar a su Parlamento que, en mi trabajo diario, junto a los colegas de mi servicio, intento entre otras cosas integrar plenamente los mercados financieros en Europa, de modo que el tráfico financiero se mueva con la mayor facilidad y flexibilidad posibles. 
En otras palabras, en razón de mi cargo, soy contrario a todas las medidas que puedan obstaculizar la circulación financiera. 
Así, difícilmente pueden ustedes esperar de este comisario que esté a favor de un impuesto que precisamente supone un obstáculo al tráfico económico internacional. 
Una vez más, en mi opinión, el impuesto Tobin va en contra del Tratado de Roma y esta es una importante objeción teórica que no ha sido planteada esta tarde por ninguno de los oradores que han intervenido. 
Señora Presidenta, tras estas- a mi juicio- observaciones fundamentales, también hay objeciones prácticas contra el impuesto Tobin, objeciones que ya han sido mencionadas por el Sr. Karas y por otros oradores. 
Se ha señalado- por desgracia, lamento decir- que la Unión no ha conseguido llegar a un acuerdo interno sobre determinadas medidas fiscales. 
Esto refleja la dificultad que encierran estos temas. 
Si ni siquiera hemos podido llegar a un acuerdo interno, ¿estaremos en condiciones de convencer de ello a otros socios comerciales? 
Pienso que será muy difícil. 
Señora Presidenta, el Sr. Jonckheer ha dicho que esta podría ser una de las medidas para estabilizar los mercados financieros. 
Pero a mí me parece que, en tal caso, nos enfrentamos con el síntoma y lo que debemos hacer es abordar las causas; me parece que es mejor luchar contra las causas que intentar paliar los síntomas, precisamente donde eso es imposible, como ya se ha dicho, ya que va claramente en contra del Tratado de Roma. 
Para eliminar las causas debemos analizar qué es lo que ocurre en los países en cuestión. 
¿Es que estos países pueden preciarse de garantizar lo que en inglés se denomina good governance, buen gobierno? 
¿Es que hay una inflación baja y unos tipos de interés poco elevados? 
¿Es que los mercados de los factores de producción, entre ellos el mercado laboral, funcionan con flexibilidad? 
No siempre es así. 
Así que debemos analizar las causas de la inestabilidad de los tipos de cambio, debemos examinar los elementos del buen gobierno y dirigir nuestra atención principal a ellos. 
Además de esto- también se ha mencionado ya, lo han hecho, por ejemplo, el Sr. Gasòliba I Böhm y otros -, se necesita más vigilancia. 
Más vigilancia nacional, vigilancia de los gobiernos regionales sobre los bancos nacionales e internacionales, por ejemplo a través del FMI. 
En resumen, creo que podemos abordar mejor las causas velando, por un lado, por que en los países de los que se trate se respete el buen gobierno y, por otro lado, por que haya más vigilancia nacional e internacional para evitar estas desviaciones. 
Diversos miembros de su Parlamento, señora Presidenta, han dicho que deberían asignarse más fondos para grandes proyectos. 
El Sr. Kreissl-Dörfler, por ejemplo, ha hecho referencia, en inglés, a la financiación a largo plazo para proyectos a largo plazo, long term financing for long term projects, lo cual es una cuestión evidente. 
Mi respuesta a eso es que, en primer lugar, los países deben hacer lo que consideren en conciencia que deben hacer, en concreto, ofrecer el 0,7 % de su Producto Nacional Bruto para ayuda y cooperación al desarrollo, de modo que se asignen más fondos para este tipo de proyectos a largo plazo por la vía destinada a ello, es decir, mediante contribuciones a la cooperación al desarrollo, y no por una vía artificial y probablemente perjudicial, a saber, el impuesto Tobin. 
En lo que respecta a la resolución, de la cual he visto un proyecto, la Comisión espera el resultado de la votación y en función de ello determinará su postura. 
Yo le agradezco que me haya concedido la oportunidad de participar en este debate. 
He recibido cuatro propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el párrafo 5º del artículo 40 del Reglamento. 
Señora Presidenta, lamentablemente no domino el francés como usted, pero me alegraría si el Sr. Bolkestein escuchase brevemente, lo que me parece que no es posible ya que está hablando con la Sra. Randzio-Plath. 
¿Puede indicarle que aún tengo que decirle algo? 
Monsieur Bolkestein, je veux vous dire quelque chose! 
Desgraciadamente, no sé holandés con la perfección que usted, pero deseo decirle aún algo más. 
No se trata de ninguna iniciativa del Parlamento para enojar ahora a la Comisión que estemos a favor de una Tobin Tax. 
Queremos examinar las posibilidades de la introducción de una Tobin tax. 
Va a ser sólo un instrumento de entre otros muchos. 
Desde una perspectiva política, no comparto cuando la gente dice que no la necesitamos, o no la queremos o no la podemos lograr. 
Esta no es su tarea sino que es la nuestra decidirlo. 
Esto tiene algo que ver con la nueva consciencia que se ha despertado en este Parlamento. 
Me gustaría debatir al respecto con usted, ni más ni menos. 
Pero nos podemos ahorrar todas las demás disertaciones que nos llevan a cualquier otro sitio. Le respeto como Comisario que se quiere tomar su trabajo en serio. 
Por favor, respétenos como diputados que quieren realizar su trabajo seriamente y aquí se incluye la Tobin tax. 
Señora Presidenta, parece que se haya producido un olvido y que, en la lista de resoluciones presentadas, que acaba usted de mencionar, no se haya tenido en cuenta la propuesta de resolución de compromiso común al PSE, a los Liberales, al GUE, a los Verdes, y a la señora Kuntz y al Sr. Coûteaux. 
Elogio póstumo 
Ayer falleció el Sr. Bettino Craxi, ex miembro del Parlamento Europeo, en Hammamet, Túnez. 
Bettino Craxi fue miembro de este Parlamento del 17 de julio de 1979 al 20 de agosto de 1983, y del 25 de julio de 1989 al 30 de abril de 1992. 
El Sr. Craxi fue asimismo Presidente en ejercicio del Consejo en su calidad de Presidente de la República de Italia. Asumió esta función del 4 de agosto de 1984 hasta su dimisión el 3 de marzo de 1987. 
Les ruego guardemos un minuto de silencio en su memoria. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, antes de comenzar con el debate sobre pesca, me gustaría plantear una cuestión. 
Es posible que Sus Señorías estén al corriente de la terrible tragedia que ha supuesto la pérdida de un buque pesquero y sus siete tripulantes en Escocia. 
El Solway Harvester se hundió con toda la tripulación a bordo cerca de la Isla de Man a principios de este año mientras pescaba vieiras. 
Los siete pescadores eran del pequeño pueblo de Whithorn y de sus alrededores en la región de Galloway, al suroeste de Escocia. 
Sé que hablo en nombre de los ocho diputados de Escocia y de todos los colegas de este Parlamento al solicitarle que envíe una carta de condolencia en nombre del Parlamento Europeo al Primer Ministro escocés, Donald Dewer. 
Esta tragedia representa quizá un triste y oportuno recordatorio para todos nosotros, ya que vamos a comenzar otro debate sobre la industria pesquera, de que cada día hombres y mujeres valientes arriesgan sus vidas en una de las profesiones más peligrosas del mundo para que nosotros tengamos pescado en nuestras mesas. 
Confío en que el Presidente apoye esta solicitud. 
Señor Stevenson, pediré a la Presidenta que envíe dicha carta. 
Me parece obvio. 
Señor Presidente, quiero solidarizarme- como presidente de la Comisión de Pesca y en nombre, por tanto, de todos los colegas de esta comisión- con la solicitud que acaba de formular nuestro colega de Escocia, el Sr. Stevenson, y decirles que también- recientemente y desgraciadamente- ha habido un accidente de un pesquero gallego, el Ros Alcedo, con tripulación gallega y portuguesa, que se incendió en aguas del Gran Sol. 
Desgraciadamente, estos accidentes son más frecuentes de lo que todos desearíamos y por eso quiero recordar que nuestra comisión ha solicitado elaborar un informe de iniciativa sobre las causas de la siniestrabilidad y de la peligrosidad de la profesión de los pescadores y espero que dicho informe sea autorizado, porque realmente esta sufrida profesión necesita el apoyo de esta Asamblea y de todos nosotros. 
Gracias, señor Varela. 
Resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras (1997) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0096/1999) del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 1997 (COM (1999) 175- C5-0109/1999- 1999/2112 (COS) ). 
A este respecto ha pedido la palabra el Sr. Hudghton. 
Espero que los diputados perciban mi profundo interés por este asunto. 
Deseo proponer, de acuerdo con el artículo 144, que el informe del Sr. Cunha se devuelva a comisión, y lo hago contando con el apoyo del grupo Verts/ALE. 
El lunes, mi colega, el Sr. MacCormick, planteó algunas cuestiones sobre la admisibilidad de parte del apartado 6 del informe del Sr. Cunha, y esto implica asuntos muy serios que también pueden plantearse hoy. 
No obstante, antes de entrar en ese tema, creo que el apartado 6 y las propuestas en él incluidas también suscitan problemas prácticos y políticos. 
Nos interesa a todos intentar alcanzar un consenso en nuestra aproximación al tema. 
Por lo tanto, sería muy útil para todas las partes que la Comisión de Pesca prosiguiera con el debate y que existiera la posibilidad de que la Comisión de Asuntos Jurídicos emitiera un dictamen al respecto. 
En vista de las dudas y la polémica que suscitan entornmo al apartado 6, devolver el informe a comisión también permitiría y debería proporcionar la oportunidad de realizar una nueva consulta tanto con las empresas del sector como con nuestros expertos de la Comisión o de cualquier otro organismo. 
Solicito que votemos para devolver este informe a comisión y que se remita de nuevo al Parlamento cuando corresponda, después de haber sido estudiado con mayor profundidad. 
Asimismo solicito que la votación, si se celebra, sea nominal. 
Señor Hudghton, de hecho formula usted una solicitud formal de devolución a la Comisión de Pesca de conformidad con el artículo 144 del Reglamento. 
Todos conocemos las normas correspondientes. 
En este caso, pueden intervenir dos personas; una que esté a favor y otra que esté en contra de la solicitud. De ser necesario, también puede tomar la palabra el ponente o el presidente de la comisión. 
¿Alguien desea intervenir a favor de la solicitud que acaba de formularse? 
Señor Presidente, como ha dicho el Sr. Hudghton y como recordarán los diputados a este Parlamento, el lunes intervine para señalar que, en mi opinión, este informe contiene un elemento inadmisible porque carece de base jurídica. 
Es más bien un arma "apocalíptica" y me entristecería si tuviésemos que usarla cuando existe un método mucho más sencillo a nuestra disposición para reconsiderar la cuestión antes de que vuelva al Parlamento. 
Se trata de un tema muy importante. 
El apartado 6 del informe Cunha, tal como yo y como muchos de mis colegas lo interpretamos, en realidad propone debilitar el principio de estabilidad relativa que, desde 1983, ha cimentado la Política Pesquera Común y al que el propio Comisario Fischler ha calificado de fundamental para la Política Pesquera Común en su audiencia ante este Parlamento. 
La introducción de un sistema de sanciones sobre las cuotas lo debilitaría enormemente, y eso es lo que sugiere el apartado 6. 
El informe debería devolverse tanto a la Comisión de Pesca, como a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que lo examinen de nuevo. 
Me complace solicitar al Parlamento que apoye la petición del Sr. Hudghton. 
Señor Presidente, estoy en contra de la propuesta que se ha formulado. 
En primer lugar, porque el informe Cunha es un informe que ha sido aprobado mayoritariamente por la Comisión de Pesca. 
Y no sólo eso. 
La filosofía mantenida en este informe es la que tradicionalmente este Parlamento viene manteniendo en los sucesivos informes sobre la evaluación de los POP. 
Respondiendo a la pregunta concreta del Sr. MacCormick, sobre si el apartado 6 ataca o no el principio de estabilidad relativa, le digo que el apartado 6 no ataca en absoluto el principio de estabilidad relativa. 
Simplemente propone, como una posible sanción a los incumplidores de los POP, que son los que justamente más daño hacen a los recursos, una suspensión temporal de las cuotas, que no es ni una suspensión definitiva, ni supone un trasvase de cuotas de unos Estados miembros a otros. 
Resumiendo, se mantiene el principio de estabilidad relativa y se mantienen, y esto les da miedo a algunos, las claves de reparto del principio de estabilidad relativa. 
Por lo cual, les digo que no hay el más mínimo temor de que semejante principio, sagrado principio de la Política Pesquera Común, sea atacado. 
Simplemente se proponen sanciones serias- y porque duelen mucho, algunos se quejan- que puedan hacer efectiva la protección de los recursos. 
Muy brevemente, quisiera decir que no está en entredicho el principio de estabilidad relativa por la simple razón de que no hay transferencia de cuotas entre Estados miembros, eso no está en entredicho. 
Y, por otro lado, estamos hablando de una suspensión temporal de cuotas para obligar a los Estados miembros a cumplir las metas de los POP. 
Queda aún más claro con la aprobación de la enmienda nº 3 del Sr. Ford; como ponente, voy a proponer que se vote a favor. 
En segundo lugar, quiero decir que el objetivo del punto 6 de mi informe va encaminado exactamente a alertar a la Unión Europea en el sentido de que se cree un régimen eficaz de sanciones, porque, si no conseguimos crear sanciones que obliguen a los países a cumplir las metas de los POP, no sólo no servirán para nada, sino que, además, serán- cosa más grave- un instrumento de discriminación entre los Estados miembros que cumplen y reducen sus flotas y los que no cumplen y no son sancionados. 
Señor Presidente, el párrafo 1 del artículo 143 dispone que: " al abrirse el debate sobre un punto del orden del día, se podrá presentar una solicitud cuyo objeto sea rechazar el debate sobre ese punto por razón de inadmisibilidad. 
Se procederá de inmediato a votar esta solicitud ". 
Propongo que este punto es inadmisible y solicito que sea sometido a votación inmediatamente. 
No me han impresionado en absoluto los argumentos que acabo de oir. 
Señor MacCormick, también en este caso se aplica la regla de que puede intervenir alguien a favor y alguien en contra. 
¿Alguien desea intervenir a favor de esta cuestión de orden que propone rechazar el debate sobre este punto del orden del día por razón de inadmisibilidad, de conformidad con el artículo 143 del Reglamento?. 
Señor Presidente, me complace en gran medida apoyar la petición de mi colega sobre la inadmisibilidad del apartado 6 del informe. 
Existen dudas suficientes sobre la legalidad de la propuesta en cuanto a las reducciones de cuotas automáticas como para declarar inadmisible el apartado 6, no el resto del informe. 
Señor Presidente, me sorprende que algunos diputados vuelvan a atacar con el mismo argumento que han utilizado previamente, porque el punto previo era también cuestión de la admisibilidad del apartado 6. 
Creo que aquí la gran mayoría de los diputados hemos dejado claro que estamos a favor de este apartado, y ya hemos votado sobre ello. 
Yo, si quiere, repito los mismos argumentos. 
Este apartado 6 no va en contra del principio de estabilidad relativa porque se respeta el principio y se respetan las claves de reparto. 
El orador que me ha precedido en el uso de la palabra dice que hay dudas. 
Hay que tener seguridad para decir que se rechaza el apartado 6. 
Si tiene dudas que las aclare primero. 
Yo no tengo ninguna duda, señor Presidente, y esta Asamblea ya se ha manifestado. 
Señor Presidente, quiero plantear otra cuestión de orden, de observancia del Reglamento en relación con lo que se ha dicho aquí. 
Nosotros hemos votado ya sobre el fondo. 
Hemos votado sobre la cuestión de si uno de los principios contenidos en el apartado 6 era admisible o no. 
Una gran mayoría ha rechazado la devolución a comisión, entendiendo, por tanto, que ese punto era admisible. 
No podemos votar, con esta argucia, otra vez sobre la misma cuestión diciendo que ahora apliquen el artículo 143, ya que se aduce para ello la misma causa de inadmisibilidad. 
Y yo le digo a usted que el artículo 143 habla de inadmisibilidad, entendiendo ésta por causas formales: porque no estaba en el orden del día, porque faltaban versiones lingüísticas, etc., pero no por una cuestión de fondo y menos si ya ha sido discutida y votada. 
No podemos volver a plantear ahora otra cuestión de orden, utilizando otro artículo, cuando esta Asamblea se ha pronunciado ya sobre el fondo de la cuestión y ha dicho que no se devuelva a comisión. 
Por lo tanto, no valen más argucias de filibusterismo parlamentario y creo que la cuestión debe quedar zanjada, como ha quedado zanjada, por la mayoría que se ha expresado en la Asamblea. 
Voy a recapitular. 
En este momento estamos ante una segunda cuestión de orden de conformidad con otro artículo del Reglamento y como Presidente tengo que atenderla. 
Las reglas del juego son claras. 
Ha intervenido un orador a favor y otro en contra y también ha tomado la palabra el presidente de la comisión. 
Me resta conceder la palabra al ponente, el Sr. Cunha, antes de proceder a la votación nominal. 
Señor Presidente, yo no voy a intervenir a favor ni en contra, sólo voy a decir que estamos asistiendo aquí a una farsa. 
Haga usted el favor, señor Presidente, de leer bien el Reglamento, porque lo que nuestro colega ha pedido ya se ha votado. 
Es muy grave que volvamos a votar de conformidad con el artículo 143. 
¡Esto es una farsa inadmisible! 
Señor Presidente, el Parlamento se ha pronunciado claramente sobre este tema y no cabe votar dos veces sobre la misma cuestión. 
Llamo su atención sobre este hecho, porque es un principio que siempre hemos respetado. 
Y es absolutamente inadmisible el comportamiento de la Presidencia en este momento. 
Lo lamento, señor Barón Crespo. Me puedo imaginar cómo se siente, pero lo que usted dice no es del todo correcto. 
Antes hemos votado de conformidad con el artículo 144 sobre la devolución a comisión. 
Hemos procedido a la votación correspondiente y la devolución ha sido rechazada. 
Por tanto, el punto se mantiene en el orden del día. 
A continuación, y es algo que no me puede reprochar, se ha formulado otra cuestión de orden, solicitando que el punto del orden del día y el informe se declararan inadmisibles. 
En este caso se trata de otro artículo, a saber, del artículo 143 del Reglamento. 
(El Parlamento rechaza la cuestión de orden) 
Señor Presidente y Señorías, el informe de la Comisión Europea relativo al primer año de ejecución del cuarto Plan de Orientación Plurianual de la Pesca, el llamado POP IV, para el período 1997-2001, muestra que en 1997 hubo una reducción de 2% en la capacidad de la flota comunitaria en cuanto a registro bruto y de 3% en cuanto a potencia. 
De esa forma, el 1 de enero de 1998 la flota comunitaria se encontraba ya cerca del 16% por debajo de los objetivos finales del POP IV en cuanto a potencia y del 7% en cuanto a registro bruto. 
Pero resulta que esa evaluación global aparentemente optimista sobre la eficacia de los POP como instrumento de adecuación de la dimensión de la flota comunitaria a la disponibilidad de recursos haliéuticos merece algunas reservas profundas. 
La primera reserva se debe a las dificultades de comparación de metas y objetivos entre el POP III y el POP IV por la modificación de los criterios de medición y segmentación de las flotas. 
La segunda reserva que nos merece es que seguimos teniendo diferentes criterios de medición en cada uno de los Estados miembros, lo que hace difícilmente comparable cualquier evaluación. 
Por lo demás, debo decir que en esa materia la propia Comisión hace, efectivamente, una advertencia en el informe sobre la poca fiabilidad de los datos que se nos proporcionan. 
La tercera reserva que nos merece esta evaluación aparentemente optimista del informe es la de que es consecuencia, de hecho, de que la situación de cumplimiento de esas metas es muy desigual entre Estados miembros, pues hay dos que no han cumplido esas metas y uno que manda elementos informativos de forma poco aceptable. 
Y, en cambio, hay Estados miembros, como, por ejemplo, Portugal, España, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, que ya han cumplido o incluso han superado- Portugal las ha superado- las metas fijadas por el POP IV. 
En vista de ello, propongo esencialmente dos tipos de medidas en mi informe. 
El primer tipo de medidas consiste en la homologación y homogeneización de los criterios de medición y segmentación de las flotas a fin de que se pueda hacer una evaluación comparativa, precisa y continua de la flota comunitaria en cada uno de los Estados miembros. 
Y eso es fundamental para la eficacia de los POP. 
El segundo tipo de medidas tiene que ver con la necesidad de que dispongamos de una normativa comunitaria que establezca en particular un régimen sancionador eficaz. 
En ese sentido, y sólo en ése, propongo, a título de ejemplo- debo subrayarlo -, en mi informe que haya una suspensión de las cuotas para los Estados miembros no cumplidores a fin de obligarlos a cumplir. 
Por eso he considerado oportuno aceptar la enmienda nº 13, del Sr. Ford, en el sentido de subrayar que esa suspensión era temporal. 
Subrayo que ya no hay aquí ninguna transferencia de cuotas entre Estados miembros, no hay ninguna violación del principio de estabilidad relativa, hay tan sólo, y apenas, una suspensión temporal para obligar políticamente a los países a cumplir los POP. 
Eso es fundamental, porque ha quedado probado que las sanciones financieras dentro del IFOP no han servido para nada. 
Si no fuera así, los Estados miembros no tendrían incentivo alguno para cumplir las metas establecidas. 
Además, cumpliendo unos y otros no y no sancionando a quien no cumple estamos creando, de hecho, una grave discriminación en la aplicación de la Política Pesquera Común entre Estados miembros y castigando más a unos pescadores que a otros. 
Por último, he de decir que, si esos dos tipos de medidas que figuran en mi informe no se materializaran, los Programas de Orientación Plurianual de la Pesca no sólo no servirán para nada, rigurosamente para nada, sino que serán- cosa peor aún- un elemento de discriminación y distorsión de la competencia entre Estados miembros, entre armadores y pescadores. 
Y, en ese caso, sería mejor acabar con ellos. 
Señor Presidente, un año más tenemos ante nosotros el informe de la Comisión sobre el cumplimiento por los Estados miembros de las medidas de reestructuración de la flota, correspondiente al año 1997. 
Y, un año más, causa asombro que la Comisión haya podido hacer un informe con el galimatías de datos que envían algunos Estados miembros y que lo convierte, una vez más, en nuestra opinión, en un documento prácticamente inservible. 
En el informe de la Comisión vemos que hay cuatro tipos de comportamiento de los Estados miembros respecto a las obligaciones del cumplimiento de los Programas de Orientación Plurianuales (POP). 
Unos pocos, además de cumplir los objetivos globales de reestructuración de la flota, envían datos armonizados, como exige la normativa comunitaria, dicho sea de paso. 
Otros, la mayor parte, siguen enviando aún datos mezclando los GT y los TRB, lo que hace muy difícil comprobar el grado de cumplimiento en materia de reducción de tonelaje. 
En un tercer grupo hay dos Estados miembros que no cumplen en absoluto los objetivos globales de los POP. 
Por último, un tercer Estado miembro se permite el lujo de no enviar ni un solo dato, y lleva haciéndolo así tres años. 
Esto supone una discriminación intolerable no sólo ya entre los países que cumplen sus objetivos globales a costa de imponer grandes sacrificios a su flota, sino también entre los que, incumpliéndolos, al menos respetan la obligación de confesar sus datos, a la vista de los cuales son sancionados por el imcumplimiento de los mismos. 
Ello no ocurre con un Estado miembro que, despreciando toda normativa comunitaria al respecto, ha ocultado sus datos durante tres años consecutivos y a quien, como no se conocen sus cifras, ni siquiera se puede sancionar. 
Esto es una tomadura de pelo de tales proporciones que sólo con un gran sentido de la responsabilidad podemos seguir animando a los Estados cumplidores a seguir adaptando su flota a los recursos existentes y no al contrario. 
El resultado triste es que seguimos imponiendo estas obligaciones cuando no sabemos, al día de hoy, en realidad, de cuántos barcos se compone la flota comunitaria y, mucho menos, cuánto tonelaje tiene. 
Respecto a ello, la Comisión ha informado que el próximo mes estará disponible un estudio de expertos sobre las mediciones de la flota en todos los Estados miembros, menos en uno, y me gustaría saber si éste es el de siempre. 
¿Quiere esto decir que, el año que viene y los siguientes, el Sr. Cunha tendrá que volver a presentarnos otro de sus excelentes informes sobre la evaluación del cumplimiento de los POP, advirtiendo de nuevo del peligro que se corre si algunos Estados miembros siguen considerando que la salvaguardia de los recursos comunitarios es siempre cosa de los demás? 
Esta situación, señor Presidente, tiene que acabar. 
Y por ello, con muy buen criterio, nuestro ponente pide sanciones, en forma de reducciones de cuota de pesca, no sólo para los incumplidores, sino para los que se obstinan en el ocultismo y el fraude. 
Es cierto que las sanciones contenidas en el nuevo IFOP significan un paso adelante, pero no son suficientes para evitar una situación de incumplimiento que dura ya demasiado tiempo. 
Por ello, apoyamos al ponente en su petición de medidas verdaderamente disuasorias y consideramos, frente a lo que piensan algunos, que este tipo de penalización es completamente procedente. 
Primero, porque la situación ha llegado a un punto en que se necesita golpear donde más duele; segundo, porque, aunque las cuotas no se incluyan en la política estructural, el incumplimiento de los POP amenaza el recurso. 
Y es la protección de los recursos el objetivo último de la Política Pesquera Común. 
Señor Presidente, después de lo que ha pasado esta mañana, quiero decir una cosa: si bien siempre he estado convencida de que los informes y las propuestas del Sr. Cunha al respecto eran buenas, esta vez estoy todavía más convencida y creo que ha puesto, efectivamente, el dedo en la llaga. 
Me gustaría que las otras dos instituciones, que son las que tienen que tomar resoluciones al respecto, se dieran cuenta de que la aplicación de sanciones eficaces podría realmente resolver el problema de exceso de flota que tenemos actualmente en la Comunidad y, con eso, protegeríamos nuestros recursos y, sobre todo, a nuestros pescadores. 
Señor Presidente, queridos colegas, la Política Pesquera Común es para mí, en esencia, un conjunto de reglas que todos los actores deben cumplir. 
Imaginemos una partida de ajedrez en la que un jugador mueva los alfiles en diagonal- conforme a las normas- pero que utilice los caballos como si fueran torres y que, además, pretenda seguir jugando después de que le hayan dado el "jaque mate". 
Imaginemos, además, que el árbitro de la partida está mirando hacia otro lado. 
Eso- para mí- es, en buena medida, lo que hizo la anterior Comisión. 
Confiamos en que la actual cumpla con su misión de guardiana del Tratado y que no permita que "le metan tantos goles". 
La conservación de los recursos pesqueros depende, justamente, del respeto de los acuerdos fijados en torno a los TAC y a las cuotas, los períodos de descanso y los compromisos adquiridos por los Estados para la reducción de sus flotas, de tal manera que si, en este delicado castillo de naipes que entre todos construimos, alguien quita una carta, la construcción, Señorías, cae. 
El cumplimiento de los POP es un requisito imprescindible para asegurar el equilibrio entre los recursos y la capacidad de la flota. 
El grado de cumplimiento de los distintos Estados miembros de sus obligaciones contraídas con el POP va- como pone en evidencia este informe- de la noche al día. 
En este primer informe nos encontramos con países que, con un gran esfuerzo económico y social, con uno enorme de sus flotas pesqueras y de sus gentes, han cumplido más que correctamente. 
Así lo reconocen la Comisión y el Sr. Cunha en su informe. 
El Sr. Cunha- a quien felicito por su excelente informe- explica también en qué medida incumplen algunos Estados miembros y denuncia la clara falta de voluntad de algunos otros que, además, se niegan a facilitar datos fidedignos. 
Como bien dice el ponente, resulta inconcebible la tolerancia de la Comisión hacia un Estado que lleva años sin proporcionar informaciones fiables sobre la situación de su flota. 
Ello ha sido posible, probablemente, debido a una situación de debilidad política de la anterior Comisión. 
Pero también hay otros motivos a los que me gustaría referirme y que competen a la Comisión y a los Estados miembros, porque es necesario que ambos, en esta nueva etapa, realicen un esfuerzo para armonizar los criterios de referencia que rigen para medir el tonelaje y la potencia de los buques. 
Sólo así podremos evitar que algunos- como ocurre ahora- puedan burlar la norma. 
La Comisión tendrá también- como dice el Sr. Cunha en su informe- que ser más estricta en los criterios de segmentación de las distintas flotas nacionales, mejorar la determinación de las zonas geográficas y utilizar su capacidad sancionadora, aunque sea con carácter temporal, para obligar a los Estados a cumplir con sus obligaciones en lo que se refiere a la reducción de flota. 
Los socialistas exigimos a la Comisión que se comprometa aquí, en el Parlamento, a poner fin no sólo a esta tolerancia con el incumplimiento de los POP sino también a la falta de transparencia de ciertos Estados que, con su actitud, no hacen sino perjudicar a aquéllos otros que ponen el máximo interés en cumplir todos los objetivos marcados por los POP. 
La Comisión debe velar, en el ejercicio de sus competencias, por el interés comunitario. 
Señor Presidente, antes de comenzar mi intervención, debo felicitar al Sr. Cunha por haber elaborado un excelente informe que apoyamos en su totalidad. 
Observamos preocupados los comentarios de la Comisión en el informe anual sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de la flota pesquera comunitaria. 
En este punto también hay que tener en cuenta que el informe corresponde a 1997 y que hoy ya estamos en el año 2000. 
El informe anual ha estado caracterizado por una serie de modificaciones en la base de referencia y por las complejas evaluaciones de las mediciones, que son aún más frágiles, pues no todos los países miembros cumplen los programas. 
Algunos países cumplen los objetivos finales del POP IV mientras que otros países todavía dudan o se hallan muy retrasados. 
Además, se habla de que no existen datos fiables de otros países. 
Es importante señalar que quizá haya grandes inexactitudes, pues no hay criterios de comparación uniformes. 
El Sr. Cunha hace referencia en su informe a que el objetivo de los programas de orientación plurianuales es establecer un equilibrio entre los recursos pesqueros disponibles y el esfuerzo pesquero de la flota comunitaria. 
Se subraya como requisito imprescindible para garantizar un desarrollo sostenible del sector llevar a cabo una reducción importante de la flota pesquera. 
Aquí pienso sobre todo en los jóvenes que están empezando. 
Pienso en las inversiones en nuevos barcos de pesca. 
Asimismo, también presupone, evidentemente, un reparto equitativo y justo de las víctimas socioeconómicas entre los Estados miembros. 
Nos preocupa la negligencia de una serie de Estados miembros- sí, incluso indiferencia- a la hora de suministrar datos fiables sobre el estado de sus flotas pesqueras. 
Además, es muy evidente el escaso interés que muestra una serie de países miembros por reducir la capacidad de sus flotas pesqueras de acuerdo con las decisiones y los objetivos previstos en los programas. 
La Comisión de Pesca insta a la Comisión y a los países miembros a que aprueben criterios comparables y homogéneos para las mediciones, y ésta ha de ser una exigencia absoluta. 
Además, se insta a la Comisión a que aumente la vigilancia sobre la evolución de las flotas de los países miembros. 
Además de esta mayor vigilancia, se insta a la Comisión a que ponga en marcha acciones, y llegado el caso prosiga las acciones entabladas, para obligar a los Estados miembros a que cumplan las disposiciones sobre reducción de flota. 
Éstas pueden consistir en la negativa de fondos públicos para la renovación y modernización de flota y en las acciones jurídicas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades. 
El Sr. Cunha propone que no suministrar datos pueda suponer a los Estados miembros una reducción de sus cuotas pesqueras. 
No nos parece la solución adecuada, pues creemos que no hay que castigar a los pescadores por la negligencia mostrada por los países miembros. 
En esta enmienda hemos pedido una votación separada. 
De igual forma hemos solicitado votación separada en el caso de la remisión a la estabilidad relativa, pues creemos que aquí se han mezclado varias cosas de tal forma que se corre el riesgo de atacar este principio establecido en el Tratado. 
Para enfocar el debate de forma objetiva, recordemos que el POP actual, la cuarta generación, está muy por debajo del asesoramiento científico de la comisión Lassen, que recomendó una drástica reducción de las flotas comunitarias para permitir que las reservas de pesca se recuperaran. 
El Consejo no pudo aceptarlo, así que el reglamento final exige unos recortes relativamente modestos. 
De esta forma, se supone que las flotas combinadas de la UE sólo se van a reducir un 2,3 % en cuanto a su tonelaje y un 3% en potencia del motor durante los cinco años que dura el programa. 
Como muestra el informe de la Comisión, a principios de 1998, apenas después de un año de programa, las flotas agregadas de la UE ya estaban muy por debajo de estos objetivos. 
En vez demostrar lo buenos que han sido los Estados miembros, lo que en realidad demuestra esto es que las reducciones exigidas eran muy modestas y mucho menores de lo necesario. 
Sin embargo, y éste es el verdadero asunto en discusión, muchos Estados miembros no han respetado el reglamento y muchas flotas siguen siendo demasiado grandes. 
¿Qué puede hacerse con estos Estados miembros que se creen por encima de las leyes comunitarias e incumplen sus obligaciones? 
La Comisión ha propuesto varias soluciones: puede retener los fondos estructurales, pero esto sólo sirve si los Estados miembros en cuestión se benefician de estos fondos. 
También puede llevarlos ante los tribunales, pero llevaría mucho tiempo y resultaría muy costoso y complicado. 
En su propuesta para la reciente renovación del IFOP, la Comisión sugirió que se negara la posibilidad de beneficiarse de los acuerdos de pesca con terceros países a los Estados miembros que incumplieran sus obligaciones. 
Como era de esperar, el Consejo lo rechazó. 
Hay que encontrar algún medio que persuada u obligue a los Estados miembros de forma eficaz para que respeten sus obligaciones jurídicas. 
El Sr. Cunha ha solicitado a la Comisión que estudie la posibilidad de imponer sanciones sobre las cuotas si no se respetan los objetivos de los POP. 
Algunos creen que esto contraviene el principio de estabilidad relativa, pero recordemos que la estabilidad relativa es sólo uno de los principios de la Política Pesquera Común. 
El reglamento básico también dice que los sistemas de gestión comunitarios deben permitir que se establezca permanentemente un equilibrio entre los recursos y la explotación. 
Es decir, si nos quedamos sin recursos, la estabilidad relativa de una cuota cero no servirá para nada. 
Creemos que la idea merece, cuanto menos, que la consideremos seriamente. 
Ya existe un antecedente en el Reglamento 847/96 relativo a los TAC plurianuales, según el cual, si un Estado miembro sobrepasa su cuota en una pesquería determinada, su cuota para el año siguiente se reduce, no sólo de acuerdo con la cantidad sobrepescada, sino también en una cantidad suplementaria que va aumentando cuanto mayor sea la cantidad sobrepescada. 
Esto constituye claramente una sanción, pero en ningún momento se consideró que infringiera la estabildad relativa. 
Quizá podría haberse formulado la sugerencia del Sr. Cunha de manera más cuidadosa para dejar claro que las reducciones no serían definitivas, sino que tendrían una duración limitada, y es por esto por lo que apoyaremos la enmienda del PSE sobre este punto para incluir la palabra "temporal". 
Estoy convencida de que todos estamos de acuerdo en que hay que encontrar la forma de asegurar que todos los Estados miembros se ciñan a la ley. 
Señor Presidente, el análisis del primer año de aplicación de la cuarta generación de programas de orientación plurianuales, realizado por la Comisión, demuestra que en los Estados miembros hay situaciones muy diversas. 
Mientras que algunos países no han cumplido los objetivos fijados o no han presentado datos fiables, otros no sólo han cumplido, sino que, además, han superado las metas indicadas, como, por ejemplo, Portugal. 
Así, al comienzo de 1998, la flota comunitaria ya se encontraba por debajo de los objetivos finales del POP IV en cuanto a registro (con menos del 16%) y en cuanto a potencia (con menos de 7%). 
Pero, mientras que Francia y Holanda aún no han alcanzado los objetivos del POP y de Italia se desconocen los datos, Portugal no sólo ha superado la media europea, sino que, además, con una reducción de 38% en cuanto a registro y de 21% en cuanto a potencia, ha sido el país que más ha reducido el esfuerzo de pesca de su flota, con lo que ello entraña de reducciones, pérdidas de puestos de trabajo y amenaza para la supervivencia de casi 180 comunidades importantes. 
Así, pues, hay una clara desigualdad en la situación de la pesca en la Unión Europea, aun teniendo en cuenta la necesaria prudencia que requiere el análisis de los datos presentados en el informe, como subraya el ponente. 
Para Portugal, la situación actual es particularmente grave y es resultado, fundamentalmente, de una Política Pesquera Común que no tiene en cuenta las especificidades de cada uno de los Estados miembros, aunque también haya responsabilidades en la política nacional de quien quiere ser el mejor alumno en el cumplimiento de las normas europeas. 
Hoy está claro que una política de pesca basada en apoyos escasos a la modernización y renovación de la flota, en medidas de incentivación de la retirada de los buques y el cese de la actividad, en malas condiciones de trabajo y bajos ingresos de los pescadores, unida a una fuerte competencia exterior, ha contribuido a reducir drásticamente la capacidad de pesca nacional y está provocando la emigración de los pescadores portugueses a flotas de otros países, en particular de aquellos que no han cumplido los objetivos del POP e incluso han aumentado su capacidad de pesca. 
Así, pues, es necesaria una profunda modificación de la Política Pesquera Común y no sólo de la cuestión concreta del POP, con atención particular a la especificidad de cada país, con apoyos especiales a la renovación y la modernización de la flota de Estados miembros que ya han cumplido los objetivos, con medidas de apoyo a la supervivencia de las comunidades pesqueras, con mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores y el establecimiento de indemnizaciones compensatorias para períodos de veda, como, por ejemplo, la veda de la sardina en Portugal, o para otras posibles reducciones necesarias del período de pesca. 
Señor Presidente, la aplicación del Cuarto Programa de Orientación Plurianual en el sector pesquero resulta particularmente difícil. 
En efecto, dicho sector ya ha realizado, con ocasión de los planes anteriores, esfuerzos sustanciales de adaptación de la capacidad de su flota. 
No obstante, la Comisión pide que se siga reduciendo esta capacidad. 
Ahora bien, si no se alcanza un determinado límite, el nivel de la flota ya no es suficiente para amortizar y rentabilizar las infraestructuras portuarias y comerciales, lo que puede conducir a deslocalizaciones y a reducciones totalmente injustificables del número de buques, en la medida en que no rebasamos nuestras cuotas de captura. 
Los planes de orientación, en tanto que planes de reducción continua de la flota, no deben convertirse en elementos permanentes de la Política Pesquera Común. 
Por eso los diputados del Grupo Europa de las Naciones no pueden aprobar el informe Cunha en su estado actual. 
Y por eso nuestro colega Dominique Souchet ha presentado cinco enmiendas tendentes a señalar que la capacidad de captura debe adecuarse y que no debe ser necesaria, sistemática y continuamente reducida. 
Nuestro objetivo es, en efecto, garantizar la continuidad de la flota pesquera de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Nuestras enmiendas señalan igualmente que resulta difícil establecer una comparación entre el tercer y cuarto planes debido a la introducción de nuevos elementos, tales como la composición de las capturas y la naturaleza de los artes de pesca. 
Nuestras enmiendas señalan asimismo que para los Estados miembros resulta difícil facilitar, dentro de unos plazos muy breves, los numerosos y pormenorizados datos que se les solicitan. 
Por otro lado, nuestro Grupo se opondrá al apartado 6 del proyecto de resolución. 
En efecto, el Parlamento Europeo no debe pedir que las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de los planes o del procedimiento de notificación puedan consistir en reducciones adicionales de cuotas. 
En primer lugar creemos que no existe un fundamento jurídico para ello, y, de todas maneras, no se debe desvirtuar el principio de los planes de orientación, cuyo objeto- repito- no es la desaparición de la actividad pesquera en Europa, sino establecer controles para garantizar su continuidad. 
Finalmente, con motivo de la reciente marea negra que ha afectado a Francia, nuestro Grupo ha presentado asimismo dos enmiendas que piden se suspenda la aplicación de los planes de reducción con respecto a las zonas afectadas. 
En efecto, dicha catástrofe ha conmovido, esta semana, al conjunto del Parlamento Europeo. 
Nuestros colegas Dominique Souchet y Philippe de Villiers, miembros de nuestro Grupo, visitaron la zona del desastre, en Vandea, y nos han transmitido la urgente necesidad de adoptar medidas de solidaridad. 
Es evidente que la actividad pesquera en estas zonas afectadas se verá debilitada durante cierto tiempo. 
En estas condiciones, el hecho de pretender aplicar de manera uniforme medidas restrictivas en la Unión Europea, sin tener en cuenta estas situaciones excepcionales, podría agravar los desastres. 
Señor Presidente, mi partido está en contra de la existencia de una Política Pesquera Común, partiendo de la base de que la pesca debería estar gestionada únicamente y de forma individual por los Estados miembros. 
En consecuencia, me opongo al programa de orientación plurianual, o "Magpie", como lo denominamos en el Reino Unido, en referencia a ese común pájaro negro y blanco al que se le da tan bien matar a las crías de forma indiscriminada y que además es un ladrón reconocido- que es exactamente como el sector pesquero británico ve la Política Pesquera Común. 
Sin embargo, incluso si no me opusiera a esta política en términos generales, seguiría sin estar de acuerdo con el informe Cunha por sus contenidos específicos. 
El motivo principal de mi actitud proviene de las propias palabras del informe, por ejemplo las que aparecen en el punto A de la página 4: "Señalando que una adecuada política de conservación de recursos es un requisito imprescindible para garantizar el futuro de un sector pesquero comunitario rentable y competitivo." 
Haciendo especial hincapié en la palabra "adecuada", mi problema consiste en que el "Magpie" no constituye una política de conservación de recursos adecuada. 
Desde el punto de vista del Reino Unido, la pega principal es que hemos tenido que aceptar un elevado número de barcos pesqueros en nuestras aguas sobre los cuales no podemos ejercer ningún control directo. 
Para nosotros no se trata de que haya demasiados barcos persiguiendo a muy pocos peces, como la Comisión nos quiere hacer creer, sino de que haya muchos barcos de la UE persiguiendo a muy pocos peces. 
Otro defecto de mayor importancia es el sistema de cuotas. 
Los cálculos más recientes apuntan que cada año se devuelven al mar 3,7 millones de toneladas de peces muertos, lo que representa un auténtico desastre medioambiental. 
Debemos atacar el sistema de cuotas ya que ha sido totalmente ineficaz a la hora de controlar los recursos pesqueros. 
Votaré en contra de este informe Cunha porque crea aún más sanciones y convierte a más pescadores en delincuentes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, yo creo sinceramente que el informe elaborado por nuestro ponente, el Sr. Cunha, es un gran informe y es muy oportuno, como ha quedado patente esta mañana. 
Le felicito sinceramente por ello. 
Voy a ser claro y breve. 
Constantemente hacemos referencia al problema existente entre la dimensión de la flota pesquera y los recursos pesqueros existentes. 
Se habla así de sobrecapacidad de pesca, de sobrexplotación de los recursos por sobredimensionamiento de la flota. 
La Comisión puso en marcha los denominados Programas de Orientación Plurianuales (POP) , tendentes a reequilibrar dicha relación. 
Pero el respeto por la aplicación de los POP, como es patente también, es muy diferente de unos Estados a otros. 
Algunos han cumplido a rajatabla y han reducido su flota hasta un 40%, otros no han cumplido; otros se niegan incluso a facilitar los datos de su cumplimiento, y lo más grave es que los incumplidores pretenden que se les trate de la misma manera que a aquéllos que, con rigor y con dolor, han reducido su capacidad pesquera con el subsiguiente sacrificio económico y social. 
Por eso el informe del Sr. Cunha es importante y oportuno. 
En él se señalan a la Comisión los defectos fundamentales: planes poco rigurosos, control desigual y, sobre todo, falta de homogeneidad en los criterios aplicados por los diferentes Estados para medir sus flotas. 
Por si esto fuera poco, el informe denuncia la inexistencia de sanciones eficaces para aquéllos que no cumplen, cosa que, a la postre, significa que unos mecanismos que podrían ser útiles para el objetivo para el que se crearon, simplemente, no sirven. 
Es por eso necesario armonizar los criterios y sancionar a los que incumplen las medidas eficaces, como la que propone, a modo de ejemplo, el informe del Sr. Cunha sobre la reducción o suspensión- al menos temporal, al haber aceptado la enmienda del Sr. Ford- de las cuotas para el Estado infractor. 
Esperemos que el Pleno de este Parlamento adopte este informe, tal y como ha sido aprobado en nuestra Comisión de Pesca, con las enmiendas a que el ponente ha hecho referencia, y que la Comisión y el Consejo tomen buena nota para dar nuevo vigor a un instrumento clave para el logro de los objetivos de la actual Política Pesquera Común, basados en el desarrollo sostenible del sector, que es lo que, desde la Comisión de Pesca de este Parlamento, defendemos.. 
Señor Presidente, me gustaría puntualizar algo esencial sobre el informe Cunha. 
Estoy de acuerdo hasta cierto punto con la posición política que han defendido esta mañana nuestros colegas nacionalistas por lo que respecta al apartado 6, pero la forma en que han enfocado el asunto no es correcta. 
No es adecuada y hemos votado no devolver el informe a comisión. 
Tampoco consideramos que el apartado 6 sea inadmisible. 
Lo mejor que podemos hacer es realizar la votación sobre el informe y seguir la lógica política. 
He presentado una enmienda por la que la sugerencia del apartado 6 de suspender las cuotas de forma "definitiva" si los Estados miembros incumplen el sistema se convierte en una "suspensión temporal". 
Si se aprueba esta enmienda o cualquier otra que se le parezca, daremos nuestro apoyo al informe. 
Si no, votaremos en contra. 
Una enmienda de este tipo presionaría a los gobiernos para que obedeciesen las leyes sin atacar el principio de estabilidad relativa que, como todos bien sabemos, ha sido la base de la Política Pesquera Común desde 1983. 
Este es el mejor enfoque, el que nosotros vamos a mantener, y esperamos que los demás Grupos políticos permitan que se apruebe el informe con las enmiendas necesarias. 
Señor Presidente, me preocupan dos puntos del apartado 6 del informe del Sr. Cunha, si bien le felicito por su conjunto. 
En primer lugar, la reducción automática de las cuotas para los Estados miembros infractores. 
Me inquieta que esta medida provoque la imposición de sanciones a quien no se las merece. 
Si reducimos las cuotas, los perjudicados serán los pescadores y su sustento. 
Castigar a unas personas por culpa de otras va contra los principios de la justicia. 
También me preocupan las referencias al principio de estabilidad relativa. 
En mi opinión, el argumento de que el apartado 6 socava este principio es muy convincente. 
Tal y como está, el apartado hace referencia a una reducción automática de las cuotas sin especificar su alcance o duración. 
Esto podría derivar en una grave erosión de los derechos de pesca tradicionales, y no tiene nada que ver con la reducción en caso de sobrexplotación, que simplemente restablece el equilibrio. 
Conozco la enmienda que sugiere que las reducciones sean temporales, pero creo que sería mucho más seguro si eliminásemos cualquier referencia a las cuotas o al principio de estabilidad relativa. 
Estoy completamente de acuerdo en que necesitamos sanciones serias y eficaces pero, por favor, asegurémonos de que respetan los principios de la Política Pesquera Común y de que son aplicadas a quienes se las merecen. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Cunha es muy importante ya que pretende comprobar si los Estados miembros cumplen con sus obligaciones. 
Es obvio que, si se aprueban las normas y los reglamentos de la Unión Europea, los Estados miembros y los gobiernos tienen la responsabilidad de cumplirlos. 
No tengo absolutamente ningún problema en apoyar este principio, pero, ¿cómo sancionar a los que incumplen? 
¿Se necesitan en este caso nuevas sanciones? 
Y, si es así, ¿es posible que las sanciones propuestas por el Sr. Cunha sean eficaces? 
El apartado 6 intenta tratar el tema de las sanciones sobre las cuotas que el Sr. Cunha y la Sra. Fraga Estévez defienden con tanta energía. 
No me arrepiento de haber apelado a la observancia del Reglamento en relación con este asunto esta mañana. 
La propuesta de utilizar reducciones de cuotas automáticas es de dudosa legalidad, poco práctica, no se puede hacer cumplir y, como ha apuntado mi colega escocés hace un momento, castiga a los pescadores, no a los Estados miembros; además, lo que es más grave, amenaza con socavar el principio de la estabilidad relativa. 
La Sra. Fraga Estévez nos ha recordado acertadamente que en debates previos en el seno de este Parlamento ya se han planteado sanciones sobre las cuotas en este contexto; en 1998 se discutió una propuesta similar, que probablemente fue elaborada por el mismo autor. 
La entonces Comisaria, la Sra. Bonino, como respuesta a ese debate señaló y cito textualmente: "que una de las enmiendas contenía propuestas de sanciones". 
La Comisión no está de acuerdo con esta propuesta por varios motivos. 
Primero, porque la reducción automática de las cuotas a los países que incumplen debilita gravemente el principio básico de la Política Pesquera Común, que es el de la estabilidad relativa. 
La Sra. Bonino concluyó afirmando lo siguiente, y vuelvo a citar: "solicito, por tanto, al Parlamento que reconsidere la idea de las reducciones de cuota como sanciones debido a esas posibles implicaciones." 
Espero que la nueva Comisión siga en esta misma línea después del debate de hoy. 
Lamento que el Sr. Fischler no se encuentre aquí hoy para contestar él mismo, aunque en su intervención hizo unos comentarios muy positivos sobre la estabilidad relativa, que yo aplaudo. 
Se han presentado enmiendas al apartado 6, pero no puedo apoyarlas porque ambas aceptan el uso de la reducción de cuotas como sanción. 
El establecimiento de cuotas debería estar basado únicamente en objetivos científicos y conservacionistas y no usarse como sanción automática. 
Si hay que fomentar que los Estados miembros incumplidores respeten los objetivos de los POP, entonces habrá que dirigir a los gobiernos- no a los pescadores- un sistema de sanciones eficaz. 
Hemos pedido una votación por partes sobre el apartado 6 y espero que tengamos la oportunidad de hacerlo. También espero que los diputados a este Parlamento rechacen, en principio, el uso de sanciones sobre las cuotas como elemento disuasorio en este tema. 
Señor Presidente, en este debate sobre los programas de orientación plurianuales debemos ser muy conscientes del objetivo final de nuestra política. 
En última instancia se trata de proteger los recursos pesqueros limitando las capturas. 
Para que el sector pueda respetar las cuotas la Unión Europea ha adoptado una medida complementaria en la que insta a los Estados miembros a reducir sus flotas. 
En otras palabras, los programas de orientación plurianuales no son una finalidad en sí, sino que deben considerarse como instrumentos que están al servicio de los regímenes de cuotas. 
Desafortunadamente, no puedo sino constatar que el ponente invierte la relación objetivo-instrumento. Es lo que sucede cuando propone imponer una reducción de las cuotas a los Estados miembros que no cumplan los POP, aun cuando respeten las cuotas. 
De este modo, erige los programas de orientación plurianuales en finalidad prioritaria en tanto que degrada las cuotas convirtiéndolas en instrumentos prácticos. 
Así, los Estados miembros que no respetan plenamente los objetivos de los POP, pero sí respetan las cuotas- lo cual no deja de ser el objetivo final- reciben un castigo desmesurado. Pienso por ejemplo en los Países Bajos. 
Aunque este país no haya reducido su flota en la medida prescrita consigue mantenerse dentro de los límites de las cuotas gracias al sistema de los días navegables. 
¿No sería mucho más justo imponer una reducción de la flota a los Estados miembros que rebasan continuamente las cuotas establecidas y, por tanto, constituyen una verdadera amenaza para los recursos pesqueros? 
Por último, existen serias dudas acerca de la fiabilidad de los datos relativos a la capacidad de las flotas en los diferentes Estados miembros. 
Una gestión que se fundamenta en datos poco fidedignos es una mala gestión y, además, pone en tela de juicio la integridad de las autoridades públicas. 
Por todo ello, ruego encarecidamente a la Comisión que mande verificar los datos de los Estados miembros por una organización experta e independiente. 
Señor Presidente, antes que nada quiero dar las gracias al Sr. Cunha por su gran competencia. 
Debo admitir que ha planteado con éxito una serie de problemas relacionados con el programa de orientación plurianual. 
Afirma con razón que muchos de los datos son poco fiables, que es difícil obtener los datos correctos y que ése es uno de los problemas de la política europea de pesca. 
Hasta aquí el planteamiento merece mi elogio. 
Hay, sin embargo, algunos otros puntos que debo criticar. Si uno llega a la conclusión de que los datos no son fiables y que en el fondo el programa no es más que un programa complementario, pero, a pesar de todo, propone unas sanciones radicales, corre el riesgo de discriminar a los Estados miembros y a los mismos pescadores. 
Es decir, desde el momento en que uno comprueba que los datos no son fidedignos debe tener cuidado con las sanciones que maneja. 
De lo contrario, puede darse el caso de que los países que incumplan una parte del programa de orientación y hagan frente a las sanciones financieras correspondientes- porque eso es lo que ocurre en la política actual- reciban un castigo complementario, en tanto que los países que no disponen de los datos exactos se vean libres de ellas. 
En mi opinión, esto es inaceptable. 
Creo que debemos mejorar el sistema de comparación de datos de la Unión Europea, también en el marco del presente informe. A este fin necesitamos la armonización de los datos y un mejor control para que, sobre esta base, podamos elaborar una política adecuada. 
En segundo lugar, hago un llamamiento para que las sanciones, en caso de que las haya, se limiten a la política que se esté llevando a cabo. En este caso se trata del programa de orientación plurianual, lo cual quiere decir que los Estados miembros que de una u otra forma no son capaces de cumplirlo son susceptibles de sufrir sanciones al respecto. 
Ello significa que corren el riesgo de recibir menos dinero. 
Es una sanción que se limita a este programa concreto. Insisto en ello porque, si no, temo lo peor. 
A este respecto critico duramente el programa de orientación plurianual porque no presta la debida atención al mantenimiento de las cuotas. Ello puede dar lugar a que los Estados miembros que se rigen por un sistema ligeramente distinto o ejercen un control muy estricto sobre el cumplimiento de las cuotas salgan doblemente perjudicados. 
Desde este punto de vista quiero romper una lanza por los países pesqueros situados a orillas del Mar del Norte y en la zona norte del Atlántico. 
Señor Presidente, quisiera reiterar que valoro positivamente el planteamiento del programa del Sr. Cunha y de su informe. Ello no obstante, me opongo por principio a la propuesta de imponer sanciones que suponen una reducción de las cuotas, aun cuando se trate de medidas meramente provisionales. 
Es un instrumento que no se puede aplicar en este caso. Pertenece a una política radicalmente distinta y, por tanto, opino que este Parlamento debe rechazarlo por principio. 
Debemos luchar por una política de pesca más adecuada que garantice un mejor control de lo que sucede en este ámbito. 
Un mejor control nos permitirá llevar a cabo una mejor política. 
Es el primer paso que hemos de dar. El segundo paso consiste en respetar las cuotas, pero para ello disponemos de otros instrumentos. 
El tercer punto está en que los programas de orientación plurianuales deben tener como única finalidad la reestructuración, nada más. 
Señor Presidente, una felicitación especial para el Sr. Cunha por su buen informe. 
Señorías, el informe de la Comisión analiza las ejecutorias de los diferentes Estados miembros e indica que Portugal ha cumplido ampliamente los objetivos establecidos en todos los segmentos de flota, por lo que existe una concordancia entre las informaciones constantes en los ficheros de los buques y la situación presentada en el informe del Gobierno portugués. 
En el momento del informe sobre el año 1997, faltaba simplemente transmitir una información sobre cinco buques de la flota, cosa que actualmente está resuelta, porque sólo faltan informaciones sobre tres navíos. 
Ese aspecto del cumplimiento de los objetivos de los POP, que podría y debería ser positivo, ha tenido repercusiones negativas en el nivel nacional, por parte tanto del sector pesquero como de la prensa y la opinión pública en general, dado que el cumplimiento de los objetivos significa, normalmente, la reducción de la capacidad y de la dimensión de la flota. 
No se puede castigar a los cumplidores y se debe explicar eso a los pescadores, por lo que proponemos sanciones eficaces, como, por ejemplo, la reducción temporal de las cuotas del Estado infractor o que no cumpla los plazos previstos para la presentación de los datos. 
Así, quisiéramos poner en perspectiva las cosas: cuando se dice que cada vez se retiran más embarcaciones, no corresponde a la realidad, al menos si comparamos con la situación existente. 
Así, en Portugal, en el período de 1992 a 1995, se presentaron 144 nuevos proyectos; en el período de 1996 a 1999, se presentaron 194 nuevos proyectos; en el año 1999 se presentaron 40 nuevos proyectos. 
Un aspecto importante que, no obstante, quisiera señalar a la atención de la Comisión es el siguiente: se debe hacer el ajuste de la flota atendiendo a la necesidad de salvaguardar las condiciones de trabajo a bordo y las condiciones de higiene y sanitarias para el pescado. 
Ahora bien, eso puede exigir, a veces, un aumento del registro bruto. 
Por último, quisiera pedir que la Comisión, en la formulación de un posible POP V futuro, no parta de cero, sino que atienda a las medidas ya adoptadas por los Estados miembros y a los resultados por éstos obtenidos en los POP anteriores. 
Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo incondicional al informe elaborado por el Sr. Cunha. 
Aunque tengo algunas reservas, no veo otra forma de avanzar. 
Es interesante pensar que aquellos Estados miembros que hoy tienen grandes flotas fortalecieron esas flotas en los siglos XVI y XVII. 
En Irlanda nos sentimos profundamente ofendidos por la magnitud de nuestras cuotas y la capacidad de nuestra flota. 
Debemos recordar que cuando las otras naciones marítimas- Gran Bretaña, España y Holanda- fortalecían sus flotas en los siglos XVI y XVII, había una ley que prohibía el transporte de pescado en barcos irlandeses. 
De esta forma, hemos llegado a este siglo con el mismo tipo de embarcación, el pequeño curragh, que utilizara San Brendan para navegar a América en el siglo VIII, y este es el motivo por el que los pescadores a los que represento se sienten tan agraviados. 
En la actualidad, los holandeses tienen siete veces más barcos de más de 24 metros que Irlanda, incluso a pesar de que nosotros tenemos muchos más recursos en el océano. 
Quiero hacer constar que no estamos satisfechos y aclarar que si explotamos los mares y conservamos y gestionamos nuestras pesquerías como es debido, podríamos doblar las capturas en las aguas Europeas. 
No crearíamos más empleo, porque ya contamos con la capacidad de hacerlo, pero doblaríamos los beneficios que obtenemos ahora. 
Un sistema sensato de conservación y restricción por el momento garantizará los recursos para las generaciones venideras. 
Espero sinceramente que, cuando hayamos logrado este objetivo y a pesar del hecho de que la "estabilidad relativa" se haya convertido en un principio sagrado, un país como Irlanda, al borde del Atlántico y con inmensos recursos, disfrutará algún día de una porción más equitativa. 
Señor Presidente, los programas de orientación plurianuales han sido concebidos para garantizar que los países respeten las cuotas de captura convenidos. 
Como los Estados miembros incumplían las normas al respecto, fue necesario imponer una reducción de las flotas. 
En los Países Bajos se ha optado por una solución característica de nuestro país. 
Se ha llegado a un acuerdo con el sector pesquero para reducir el número de días navegables. 
De este modo, no hace falta retirar buques modernos y rentables y se evita la quiebra de muchas empresas. Lo más importante es, sin embargo, que gracias a ello los Países Bajos no superan las cuotas prescritas. 
El informe del Sr. Cunha, que por lo demás valoro positivamente, pretende reducir automáticamente las cuotas de los países que no aplican el POP. 
Ello no sólo atenta contra todo principio de justicia, sino que, además, no hace otra cosa que comenzar la casa por el tejado. 
Es decir, el POP tiene por objeto obligar a los países a respetar las cuotas. 
Sería absurdo que se sancionara con una reducción de las cuotas, y más si ello sucede de forma automática, a un país que las respeta, como es el caso de los Países Bajos. 
De este modo, el instrumento se antepone al objetivo. 
Además, se trata de una medida precoz. 
Países Bajos es uno de los pocos países que proporcionan datos unívocos sobre la capacidad de su flota y las cuotas de captura. 
Mientras no exista un método uniforme para medir los datos de los diferentes Estados miembros no se podrá averiguar si todos ellos cumplen los objetivos. 
Para finalizar quiero subrayar que, al reducir los días en que salen a pescar, a fin de respetar las cuotas de captura, los pescadores holandeses cumplen asimismo la directiva relativa al tiempo de trabajo. 
Aunque en principio el sector pesquero quede excluido de esta directiva es obvio que los pescadores también tienen derecho a un período de descanso adecuado. 
La reducción del número de días navegables puede contribuir a este fin. 
Señor Presidente, mi delegación votará en contra del informe en caso de que se apruebe el apartado 6 de la resolución. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Cunha su excelente informe y congratularme por la resolución relativa al informe anual de la Comisión sobre los Programas de Orientación Plurianual. 
Quiero decir que tanto este informe como la resolución anterior preparados por el Sr. Cunha en relación con el cumplimiento de los programas plurianuales en otros años han resultado de enorme utilidad para la Comisión a la hora de elaborar nuevos reglamentos, concretamente el de aplicación de los fondos IFOP, aprobado para los próximos años. 
La Comisión coincide plenamente con el Sr. Cunha y con otros oradores en cuanto a la importancia de los Programas de Orientación Plurianual para garantizar el futuro de los flotas pesqueras comunitarias. 
En primer lugar, en lo que se refiere a los requisitos en materia de medición- una de las cuestiones claves a la hora de conocer el cumplimiento real de los POP por los distintos Estados- si bien es cierto que aún no se ha logrado la total armonización de las unidades de medida al pasar de un sistema al otro, la Comisión está trabajando en ello y ha tomado distintas iniciativas. 
Entre otras, solicitar un informe exhaustivo a una entidad externa experta en la materia, la Seafish Industries Authorities, que ha visitado a las autoridades competentes de los distintos Estados para estudiar de manera adecuada cómo armonizar estas mediciones. 
Sobre la base de este informe, junto con informes y otros trabajos elaborados por los propios inspectores comunitarios, la Comisión elaborará en su caso una propuesta de revisión del reglamento de medición, es decir, una propuesta de revisión del paso del POP III al POP IV. 
Desearía añadir asimismo, Señorías, Señor Presidente, que la Comisión está colaborando con el Comité Europeo de Normalización (CEN) a fin de determinar la manera de establecer una norma común también para la medición de la potencia motriz, otro elemento clave para saber la capacidad del esfuerzo pesquero en cada una de las flotas. 
Y llegamos al punto más polémico, una vez estudiado cómo mejorar la definición del POP y las mediciones de las capacidades de cada una de las flotas: el control del cumplimiento de los programas plurianuales, el control del cumplimiento de lo que el Consejo acuerda a propuesta de la Comisión. 
La Comisión no está satisfecha de la manera como se está desarrollando esta cuestión y, aunque se han hecho avances, no se ha hecho todo lo que en su momento propuso la Comisión. 
Se han hecho avances porque la suspensión de las ayudas públicas es un instrumento eficaz, por lo menos de cara a alguno de los Estados miembros, que ha modificado su actitud y ha empezado a suministrar más información. 
Por lo tanto, se está avanzando en el cumplimiento más efectivo del programa plurianual. 
La nueva política estructural del sector pesquero para el período 2000-2006 incluye claramente disposiciones en materia de sanciones que vendrán a dar- de una vez por todas- medios a la Comisión para hacer más exigible el cumplimiento de los objetivos de los distintos POP por parte de los Estados miembros. 
Permítanme señalar a aquéllos de entre ustedes que han manifestado su insatisfacción por considerar insuficientes las sanciones aprobadas, que no ha sido por falta de voluntad de la Comisión. 
La Comisión había propuesto sanciones suplementarias y el Consejo las rechazó. 
Sanciones suplementarias como, por ejemplo, que aquellos países que no hubieran cumplido adecuadamente con los POP vieran denegada la posibilidad de participar en nuevas pesquerías en terceros países, financiadas con cargo a los Fondos comunitarios. 
Esta medida, que hubiera sido muy eficaz, fue rechazada por el Consejo. 
Por lo tanto, no es la Comisión la que no quiere disponer de métodos más eficaces para obtener un mejor cumplimiento. 
Es el Consejo. 
Desde luego, la Comisión está dispuesta a seguir avanzando en este terreno y lo que hace falta es que haya una voluntad semejante por parte del Consejo. 
En cuanto a la polémica propuesta del artículo 6, he de decir que plantea algunos problemas desde el punto de vista jurídico. 
Es verdad que al ser una retirada únicamente temporal quizás se pudiera contemplar. 
Pero, quiero decir que hay otro tipo de sistemas y tampoco el Consejo los ha querido adoptar. 
Dudamos, francamente, que el Consejo cambie y acepte una propuesta de este tipo. 
Si cambia de posición, estas u otras propuestas serían bienvenidas. 
Se presentarían propuestas porque, desde luego, la Comisión ya lo ha hecho y ha sido el Consejo quien se ha negado. 
Señorías, evidentemente hay que recordar que las sanciones, al final, muchas veces las sufren los propios productores. 
Si hacemos un paralelismo entre agricultura y pesca- y obviamente se puede hacer -, cierto tipo de sanciones acaban afectando a los agricultores, que ven reducidos sus ingresos en un momento dado. 
La reducción de la flota en un país concreto evidentemente se hace con el sacrificio de las poblaciones marineras y costeras, que se ven afectadas por esa reducción. 
Cierto tipo de actuaciones afectan al sector social y, por lo tanto, son los Estados- y la Comunidad, en su caso- los que deben adoptar las medidas complementarias para paliar ese tipo de problemas. 
Señorías, es en el cumplimiento de los POP y, sobre todo, en el cumplimiento de las cuotas de pesca, en la gestión racional de los recursos pesqueros donde nos estamos jugando realmente el porvenir del sector pesquero europeo. 
Agradezco y felicito de nuevo al Sr. Cunha por su informe, y reitero que, por lo que se refiere al cumplimiento y a las sanciones, la Comisión ha hecho propuestas positivas y son otros los que no las quieren y que, desde luego, la Comisión seguirá intentando que se dé el mayor cumplimiento de todos los compromisos por parte de todos los Estados miembros. 
Muchas gracias, señora Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Eficacia energética de los balastos de las lámparas fluorescentes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0102/1999) del Sr. Turmes, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de eficacia energética de los balastos de las lámparas fluorescentes (COM (1999) 296- C5-0010/1999- 1999/0127 (COD) ). 
. (DE) Señor Presidente, estimados colegas, ¿por qué necesitamos una directiva europea relativa a la eficacia energética de las lámparas fluorescentes? 
En los quince países de la UE se utilizan cada año 130 millones de lámparas fluorescentes, la mayoría de ellas en edificios de oficinas, donde este tipo de lámparas ya proporciona dos terceras partes de la luz eléctrica. 
En 1992, con motivo de la Conferencia de Río, la Comisión Europea llevó a cabo un estudio sobre los pasos concretos que podrían darse en nuestros países para fomentar la protección del medio ambiente. 
Se descubrió que en la UE una de las medidas menos costosas podría consistir en incrementar la eficacia de las lámparas fluorescentes. 
No se debe olvidar que estas lámparas brillan diez horas diarias, entre cinco y siete días por semana, 50 semanas por año y eso durante varios años y que, por tanto, cualquier diferencia de eficacia, por reducida que sea- incluso si se trata solamente de tres o cinco vatios -, supone al cabo de los años una diferencia considerable en el consumo de electricidad. 
En 1993 la Comisión Europea entabló negociaciones con CELMA; los representantes de los fabricantes de balastos, y en 1996 realizó un estudio a fin de poder adoptar una decisión fundada en argumentos científicos. 
En el estudio de 1996 se calcularon diversos escenarios. El escenario más drástico, según el cual en un momento determinado todos los balastos magnéticos habrían desaparecido del mercado y solamente quedaría la mejor tecnología disponible, los balastos electrónicos, que en la actualidad ya representan el 20% del mercado, supondría en el ámbito de la UE un ahorro de 250 horas de teravatios ó 250 mil millones de horas de kilovatios. 
Yo soy de Luxemburgo. 
En total, el consumo eléctrico de mi país- de la industria, las familias, los edificios de oficinas- asciende a 6 horas de teravatios al año. 
Pues bien, la presente directiva nos permite ahorrar cada año el doble de la electricidad que se consume anualmente en Luxemburgo. No es, pues, tan irrelevante como podría parecer a primera vista. 
En 1999 la Comisión presentó una propuesta. 
Sin embargo, esta propuesta se queda por debajo del escenario mínimo considerado en el estudio que ella misma ordenó realizar en 1996. 
Ello se debe a que la progresiva retirada de los balastos magnéticos no se lleva a sus últimas consecuencias, de modo que permanecerán en el mercado muchos aparatos magnéticos. El resultado es que en los próximos años ahorraremos 100 mil millones de horas de kilovatios menos. 
Por eso mismo, nosotros, como Parlamento, debemos mejorar la propuesta de la Comisión. 
Disponemos de argumentos ecológicos a los cuales ya me he referido. 
Pero también podemos aducir un argumento técnico, financiero. 
La propia industria ha intentado evaluar sobre la base de la propuesta actual de la Comisión las señales transmitidas al mercado de balastos a través de las inversiones. La conclusión es que dentro de 5 a 8 años el 50% de los balastos estará formado por los mejores balastos magnéticos, lo cual quiere decir que en el fondo estamos emitiendo una señal errónea al mercado. 
En lugar de concentrar todo el volumen de las inversiones en la mejor tecnología disponible, los balastos electrónicos, parece ser que gran parte de las inversiones irá a parar a la segunda tecnología más adecuada. 
Así las cosas, es fácil imaginarse que si la industria invierte en los próximos 3 a 4 años en la segunda tecnología más adecuada, dentro de 5 a 6 años- cuando está previsto volver a examinar la situación- se mostrará aún mucho más reacia a anular las inversiones recién desembolsadas. 
Para terminar les proporciono un punto de referencia procedente del contexto internacional. En EEUU está previsto que el abandono progresivo de todos los balastos magnéticos llegue a su fin en el año 2010. 
En realidad, nuestra propuesta- y quiero aprovechar para dar las gracias a los ponentes colaboradores de los demás partidos, a la Sra. McNally, al Sr. Rovsing y al Sr. Beysen- se limita a llevar a la práctica lo que ya está en fase de tramitación en EEUU. 
Señor Presidente, le agradezco al Sr. ponente su introducción, con la que estoy totalmente de acuerdo. 
Quiero agradecer la buena colaboración habida entre los grupos, gracias a la cual, hemos alcanzado compromisos que me parecen responsables, correctos y apropiados. 
De ahí que los respaldemos desde nuestro Grupo. 
¿Por qué nos ocupamos de este asunto? 
Por resumirlo en pocas palabras, porque conviene limitar las emisiones de CO2 producidas por el hombre. 
Sabemos que conforme Asia disfrute de un nivel de vida más alto, 1400 millones de chinos y 1000 millones de indios comenzarán a utilizar cada vez más energía, lo que significa que su consumo energético aumentará espectacularmente del actual 10% del consumo medio comunitario cuando demanden comodidades elementales y corrientes tales como agua caliente y quizá incluso aire acondicionado, transporte y una industria moderna. 
Adquirimos en Río el compromiso de proteger el clima. 
Este documento satisface plenamente ese objetivo. 
Hemos observado que un 30% del CO2 producido por el hombre proviene de la producción de electricidad. 
Y un 35% de todo el consumo energético comunitario proviene de la electricidad. 
Las largas lámparas fluorescentes lineales suponen en la UE el 53% del consumo eléctrico para alumbrado. 
Y si logramos poner en práctica lo programado, evitaremos en el año 2020 seis millones de toneladas de emisiones de CO2 al año. 
Ahorraremos un 10% del consumo eléctrico en alumbrado mediante lámparas fluorescentes, lo que traducido en dinero, supondrá un ahorro de 250 millones de euros al año. 
Esta propuesta tiene repercursiones importantísimas sobre el clima y la economía y llevándola a la práctica tal como figura en la propuesta, damos mucho tiempo a nuestra industria para que se adapte. 
El Sr. Turmes mencionó este punto y quiero recordar a todos que la industria ya sabía, al menos desde 1992, que aproximadamente en torno al año 2009 los balastos magnéticos estarían más o menos prohibidos. 
Luego esta propuesta no supone ninguna novedad. 
En el compromiso que hemos elaborado, nos hemos mostrado unidos a la hora de llevar a cabo una mejora. 
Nuestro deseo ha sido proteger el clima. 
También hemos querido obtener ventajas económicas y asegurarnos durante la retirada que emprendemos de que no carguemos innecesariamente sobre el consumidor de a pie inversiones que no pueden ser amortizadas. 
Al mismo tiempo, nos hemos asegurado de que podamos seguir utilizando los balastos magnéticos en el norte de la Unión, en el norte de Finlandia, Suecia y de Noruega, en Groenlandia y en otros lugares donde no sirven los balastos electrónicos. 
Con todo, es una propuesta excelente y recomiendo que todos la respaldemos, tal y como se acordó en los grupos, y la apoyemos. 
Señor Presidente, me complace que este debate esté siendo tan instructivo y esclarecedor para usted. 
Algunas veces, los debates no son nada entretenidos; es mucho más interesante hablar de las tormentas y las terribles condiciones climáticas en Francia. 
Sin embargo, si queremos poner fin a acontecimientos como esos, este es el tipo de trabajo técnico detallado que tenemos que hacer. 
Me gustaría felicitar al Sr. Turmes por su minucioso trabajo, su pericia técnica y su predisposición a participar en debates serios para alcanzar compromisos con los diputados de otros grupos. 
Valoro su actitud y creo que todos deberíamos ser igual de responsables en este Parlamento. 
Si nos tomamos en serio nuestras obligaciones de Kyoto y las demás, y queremos evitar incidentes climatológicos trágicos, debemos trabajar con cierto sentido de urgencia. 
Ya han pasado ocho años desde que comenzaron las negociaciones, con el sector afectado y con expertos en energía, para encontrar la forma de utilizar el sector de la iluminación para ahorrar electricidad. 
Existen numerosos motivos para hacerlo, es una inversión sumamente acertada para que las empresas de la Unión Europea dispongan de eficacia energética en el sector de la iluminación. 
Debemos disponer de un mercado interior carente de barreras comerciales injustificadas y obstruccionistas. 
Nuestras empresas tienen que trabajar en todo el mercado único en las mismas condiciones; todo el mundo tiene que jugar en igualdad de condiciones, siempre teniendo en cuenta las preocupaciones y circunstancias particulares de cada país. 
La electricidad, según nos recuerda la Comisión, supone el 35% del uso total de energía primaria y produce el 30% de las emisiones de dióxido de carbono provocadas por el hombre. 
Tratar de resolver los problemas de este sector, así como los del de transportes, es esencial. 
Por lo tanto, conviene que consideremos unos niveles mínimos de eficacia en cualquier ámbito en el que se utilice la electricidad. 
Ya nos hemos ocupado con éxito de las calderas domésticas e industriales, de los frigoríficos y los congeladores y hemos alcanzado algunos acuerdos voluntarios- sobre los que puede que tenga algunas reservas- en otros sectores dedicados a los electrodomésticos. 
Permítanme citar un estudio llevado a cabo en el Reino Unido por el famoso Centro de Investigación de la Construcción: "A este estudio nos lleva a la conclusión de que la elaboración de niveles de rendimiento, en especial para los balastos de las lámparas fluorescentes, parece ser una de las medidas más eficaces que la CE puede emprender para reducir el consumo de energía en la iluminación de los edificios comerciales y, por tanto, esta idea merece ser estudiada y desarrollada en mayor profundidad." 
Este centro de investigación, que goza de gran prestigio, ha llegado a la conclusión de que éste es un sector en el que deberíamos trabajar. 
El problema es que aquellos que compran las lámparas no son necesariamente los que van a utilizarlas. 
Los inversores inmobiliarios no son los que van a pagar las facturas de la luz en el futuro. 
Sin embargo, el elevado número de lámparas nos obliga a asegurarnos de que los compradores compren con sensatez, y podemos hacerlo garantizando que los productos disponibles en el mercado cumplen los niveles de calidad más altos posibles. 
Simplemente estamos hablando de los balastos de las lámparas fluorescentes recién fabricados. 
No sugerimos que haya que reemplazar cada uno de los ya existentes mañana o la semana que viene, eso sería absurdo. 
Proponemos que, de forma escalonada, moderada y bien estudiada, a medida que se vayan sustituyendo las lámparas actuales, durante los próximos 15 o 20 años, se utilice la mejor tecnología a nuestro alcance. 
Un periodo de adaptación muy largo, así es como trabajamos en la Unión Europea. 
No nos abalanzamos sobre nuestras empresas con paquetes sorpresa sobre los que no han recibido ningún aviso y que les causarían enormes problemas. 
De hecho, el Sr. Turmes ha sido muy razonable. 
Los 800 trabajadores dedicados a la elaboración de balastos magnéticos no perderán sus empleos la semana que viene, habrá tiempo suficiente para introducir los cambios de forma progresiva. 
Nosotros, el Grupo Socialista, estamos en contra de las enmiendas suplementarias que se han presentado, ya que no están en consonancia con los objetivos del informe. 
No obstante, apoyamos aquellas enmiendas que firmamos como parte del acuerdo, muchas de las cuales añaden, y confío en que la Comisaria esté de acuerdo, definiciones muy acertadas. 
Espero que la Comisaria nos confirme que esto es sólo parte de su objetivo de incrementar la eficacia de la energía dentro de la UE y convertir nuestras promesas en algo más que simples titulares políticos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, a primera vista puede parecer que el informe que tenemos delante y que el Sr. Turmes ha elaborado con sumo esmero se limita a un asunto meramente técnico. 
Sin embargo, a mi modo de ver tiene un alcance mucho mayor, tal y como han subrayado mis colegas. 
Por una parte, es el primer informe del nuevo milenio que contribuye al ahorro de energía, y nadie negará que las probabilidades de supervivencia de nuestro planeta en este nuevo milenio dependerán en gran parte de la manera en que utilicemos la energía en el futuro. 
De ahí que no podamos actuar con indiferencia ante la presente iniciativa. 
Por otra parte, opino que la forma en que este informe ha visto la luz, previa consulta a la industria implicada así como a los políticos y la Comisión, constituye un buen ejemplo de lo que, sirviéndonos de un término francés, podríamos llamar cohabitation. 
Con ello quiero decir que las deliberaciones y las mesas redondas que precedieron a la propuesta de directiva han desembocado en un consenso entre la industria y la Comisión. 
El informe, tal y como se presenta ahora, es asimismo el resultado de las enmiendas de transacción aprobadas por los Grupos políticos más importantes. En este sentido afirmo con la oradora anterior, la Sra. McNally, que se trata de un método que debería utilizarse más a menudo en el futuro. 
Las enmiendas de transacción prevén sobre todo largos períodos de transición. 
El resultado es que la industria dispone de casi diez años para introducir las reformas necesarias. 
A ello se añade que la industria ya tenía conocimiento de que los cambios iban a ser inevitables desde 1992. 
Además, es bueno saber que los balastos magnéticos no habrán de sustituirse definitivamente hasta el año 2009. 
Señor Presidente, el presente informe también es importante en la medida en que la directiva correspondiente incide en la creación de miles de puestos de trabajos y previene una distorsión de la política de competencia. 
Es decir, está claro que la delimitación de períodos de transición demasiado breves no sólo haría peligrar una gama de productos entera, sino que también perjudicaría al productor, puesto que éste no lograría adaptar a tiempo su gama de productos. 
Obviamente, es preciso que durante la aplicación de este informe se consulte regularmente a todos los implicados para que aquellos que en este momento no son partidarios de proceder a una sustitución de los balastos tengan la oportunidad de identificarse paulatinamente con el proceso de desarrollo. 
Sopesando los diferentes intereses y colaborando estrechamente con todos los implicados, el Parlamento ha conseguido presentar un trabajo legislativo diáfano y bien fundamentado. 
El Sr. Turmes merece ser felicitado por ello. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión muy técnica del informe, pero que tiene una gran importancia tanto para el ahorro de energía, como para el empleo europeo. 
El ponente de este informe ha realizado un extraordinario trabajo para aclarar los impactos de la energía, pero, al mismo tiempo, no ha prestado la suficiente atención al hecho de que, si se llevara a la práctica el contenido del informe, se quedarían muchas personas sin trabajo en Europa, la mayoría en Alemania, pero también en Finlandia, Austria, Italia y España. 
En las lámparas fluorescentes se usan dos tipos de balastos que influyen en su eficiencia energética. 
Los balastos magnéticos producen mucha luz y mucho calor. 
En los países nórdicos este calor ahorra energía en la calefacción, así que no se desperdicia todo el calor. 
Los balastos electrónicos producen más luz y menos calor, y son claramente mejores que los balastos magnéticos en cuanto a eficiencia energética. 
El futuro está en los balastos electrónicos, siempre que se consiga que sean competitivos económicamente con los balastos magnéticos. 
Seguro que la compañía Philips ha acertado al invertir en este tipo de tecnología. 
Sin embargo, sus productos no deberían establecerse como únicos estándares europeos mediante imposición política. 
El Sr. Turmes propone en su informe la prohibición de los balastos magnéticos de las lámparas fluorescentes, al contrario que la Comisión y el Consejo. 
Si se aprueba este informe, la postura del Parlamento destruiría la industria del sector en Europa. 
En otros lugares del mundo seguirían fabricándose y utilizándose balastos magnéticos, que son imprescindibles en condiciones climáticas como las de mi tierra: en climas fríos y húmedos sólo pueden utilizarse balastos magnéticos. 
La fabricación de balastos magnéticos se trasladaría de Europa a los países en desarrollo como consecuencia de esta prohibición. 
De esto ya se tienen experiencias en los Estados Unidos. 
Si queremos conservar puestos de trabajo en Europa, el informe del Sr. Turmes no debe ser aprobado en lo que se refiere a las enmiendas propuestas por el Sr. Westendorp y Cabeza. 
El coste de producción de los balastos electrónicos es diez veces superior al de los balastos magnéticos, y la preservación del medio ambiente también debe ser considerada desde el punto de vista de la utilización y reciclaje de materiales. 
Señor Presidente, intervengo por el Grupo TDI, a pesar de que hago uso de la palabra en nombre de uno de sus miembros. 
Se nos somete el asunto de los balastos de las lámparas fluorescentes. 
¿Dé qué se trata? 
La corriente eléctrica de las lámparas fluorescentes, como estas que nos iluminan ahora, está regulada, estabilizada, por unos pequeños aparatos denominados "balastos". 
Desde hace 50 años estos balastos están compuestos por una bobina de cobre instalada dentro de una caja de chapa. 
Se les llama "ferromagnéticos". 
Pero actualmente existen balastos electrónicos. 
Los ferromagnéticos tradicionales supondrían una pérdida de energía, debido concretamente al fenómeno de resistencia. 
La pérdida alcanzaría los 8 vatios por hora, mientras que los electrónicos sólo producirían una pérdida de 3 vatios. 
Permitirían, por tanto, un ahorro de 5 vatios, y si multiplicamos por 130 millones de balastos, se ahorrarían millones de toneladas de energía: disminuiría el CO2, el efecto invernadero, y la humanidad podría respirar mejor. 
Así pues, en un plazo de diez años habría que dejar de utilizar los balastos ferromagnéticos, y sustituirlos por la electrónica. 
Por desgracia, el Sr. Turmes no nos dice que el balasto electrónico tiene una duración más corta que el ferromagnético. 
Por lo tanto, hay que aumentar su fabricación, consumir mayor cantidad de energía, y parte del ahorro antes citado desaparece. 
Además, estos balastos electrónicos contienen metales pesados, como el tantalio, el germanio, incluso arsénico, sin hablar del plástico; es decir: contaminantes no biodegradables, mientras que el cobre y la chapa del balasto magnético son biodegradables. 
Dicho de otro modo, para ahorrar menos energía de lo que parece, nuestros colegas verdes vierten en la naturaleza metales pesados y arsénico. 
Al mismo tiempo, además de aumentar la contaminación, se incrementa el desempleo, porque los componentes utilizados en la fabricación del balasto electrónico y la maquinaria que los fabrican no son europeos. 
Por consiguiente, para evitar los costes de importación, nuestros industriales se "deslocalizarán" para así reducir los puestos de trabajo. 
En resumen, al pretender ahorrar una modesta cantidad de energía con la electrónica, cuando nuestros industriales sólo piden una prohibición progresiva y selectiva, estaremos vertiendo contaminantes y aumentado el desempleo. 
No se ataca la verdadera cuestión del despilfarro, es decir, las lámparas de incandescencia, que producen una pérdida de hasta 50 vatios con respecto a las lámparas fluorescentes. 
Pero es cierto que las lámparas de incandescencia se fabrican por dos multinacionales, Philips y Osram. 
Y quizá exista un buen magnetismo entre los mundialistas de la Comisión Europea, los mundialistas de la difusa multinacional verde y las transnacionales de la industria, pero no pretendo sacar a la luz este punto. 
Señor Presidente, señoras y señores, miro hacia arriba en este Hemiciclo y veo que estamos rodeados de una gran cantidad de balastos. 
Creo que esta sala constituye un buen ejemplo de la cooperación entre tubos de neón y balastos. 
Estoy seguro de que aquí ya disponemos de las lámparas electrónicas que permiten ahorrar energía, puesto que también ha quedado demostrado que los balastos electrónicos comienzan a ser rentables al cabo de uno o dos años. 
Ello significa que el rendimiento de la inversión es muy alto y, por eso mismo, prácticamente todos los constructores y diseñadores de edificios modernos optan ya por balastos electrónicos. 
Tanto es así que en este momento el mercado no es susceptible de producir todos los aparatos que se requieren. 
El principal problema es que la tecnología es tan moderna y tan atractiva que en los próximos tiempos la industria realmente no será capaz de fabricar las cantidades reclamadas. 
Con esto nos encontramos ante el problema de tener que elaborar una normativa que garantice que los aparatos lleguen a tiempo, puesto que, de lo contrario, habría escasez. 
Si ya no se pueden fabricar balastos magnéticos y no disponemos de suficientes aparatos electrónicos pueden originarse serias complicaciones en el mercado. 
Ello no obstante, soy partidario de una normativa legislativa, aunque me he preguntado mucho tiempo si una directiva europea sobre balastos tiene sentido. 
Estoy a favor porque creo que en el futuro debemos realizar más investigaciones sobre esta tecnología. 
Asimismo debemos asegurarnos de que las futuras inversiones se concentren en los aparatos electrónicos, lo cual es obvio si se observa las tendencias actuales del mercado. 
Pero creo sobre todo que la presente directiva puede ser un estímulo para invertir más y más rápido ganando más dinero. 
Señor Presidente, los oradores que han hablado antes que yo, han demostrado su competencia en una materia tan sumamente técnica como la de los balastos de las lámparas fluorescentes. 
Sin embargo, me parece que el debate no se ha seguido mucho y me pregunto cuántos colegas podrán votar con conocimiento de causa, dado que entre los conocimientos comunes de una persona- en los estudios, la vida diaria o incluso política de los diputados- muy difícilmente puede encontrar cabida un conocimiento profundo de los balastos de las lámparas fluorescentes. 
Por lo tanto, me pregunto si estos temas deben ser debatidos necesariamente en el Pleno o si, por el contrario, no sería mejor, valiéndose de las disposiciones reglamentarias, debatirlos únicamente en comisión. 
De hecho, el excesivo tecnicismo de algunos temas impide votar con conocimiento de causa, a menos que, evidentemente, no nos limitemos a las cruces y rayas de costumbre de las listas de votación elaboradas por otros. 
Esto es menospreciar el trabajo del diputado. 
Nos preguntamos asimismo si es necesario que el Parlamento se tenga que ocupar de estas cuestiones complejas y extremadamente técnicas o si no sería mejor, como sucede en las normativas nacionales, atribuir la competencia en estos temas a otros órganos, habida cuenta de que sus implicaciones políticas- lo han dicho también los oradores que me han precedido- son mínimas. 
Quisiera formular asimismo una observación acerca de la llamada energía limpia que me parece que muchos han pasado por alto. 
No es verdad que la energía eléctrica sea una energía limpia: está claro que si caliento mi casa con radiadores eléctricos en lugar de hacerlo con radiadores de agua alimentados por una caldera de gasoil, habrá menos contaminación en la ciudad. Sin embargo, si consideramos que, como se dice en el informe, para producir energía eléctrica se emite en la atmósfera el 30% de CO2, quizás sería oportuno que también la opinión pública reexaminase sus conocimientos y sus convicciones y, sobre todo, que los medios de comunicación fuesen más claros respecto a cuáles son realmente las energías limpias y cuáles, por el contrario, no lo son. 
Comisión- Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar al ponente, Sr. Turmes, por su excelente informe y también quiero agradecer a todos los oradores y al Parlamento el amplio apoyo que han prestado a esta propuesta que la Comisión cree que puede contribuir significativamente a aumentar la eficiencia energética, y que plantea como objetivo conseguir un ahorro del 20% en el consumo de electricidad del sector terciario. 
Todo ello es necesario para lograr una mejora sustancial en la eficiencia del uso final de la electricidad, contribuyendo de este modo al cumplimiento de nuestros compromisos de Kioto. 
En la propuesta se ha adoptado un cuidadoso planteamiento encaminado a conseguir una mejora de la eficiencia sin que suponga una sobrecarga insoportable para los fabricantes de balastos. 
Quiero decirles, Señorías, que, como ya ha sido resaltado por alguno de los oradores, antes de llevar a cabo esta propuesta, se ha consultado y se ha hablado con el sector afectado. 
Señorías, partimos de una propuesta en distintos escalones. 
El primer nivel, que será efectivo un año después de la adopción de la directiva, supondrá la eliminación progresiva de los balastos de baja eficiencia. 
A partir de ahí, un segundo nivel de normas más exigentes reducirá progresivamente el número de balastos convencionales, haciendo obligatoria la utilización de los balastos de alto rendimiento, de alta eficiencia. 
Tengo que decir- para que se den cuenta del cambio que ello supondrá- que, en la actualidad, los balastos convencionales suponen aproximadamente los dos tercios del total de las ventas actuales, lo que quiere decir que este segundo escalón tendrá unos efectos muy importantes y repercutirá indudablemente en la industria y, por ello, proponemos un período transitorio de cuatro años. 
En cuanto a las enmiendas propuestas, me complace anunciar, Señorías, que la Comisión puede aceptar todas las presentadas por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, a excepción de las enmiendas 1, 17, 19 y 20, relativas a la introducción del tercer nivel de eficiencia de una manera automática. 
La Comisión está de acuerdo con que es necesario un planteamiento dinámico y, por ello, la propuesta prevé una posible tercera fase. 
Sin embargo, entendemos que sería difícil fijar al día de hoy esta tercera fase en todos sus aspectos. 
En nuestra opinión, es preferible evaluar la situación técnica y económica en el momento de la entrada en vigor del segundo nivel y determinar, consultando con las partes interesadas en ese momento, si llevamos a cabo esa tercera fase, cómo la llevamos a cabo, cuáles son las definiciones técnicas y las exigencias que se deberían imponer y en qué período se puede poner en marcha. 
En consecuencia, la Comisión puede también aceptar la segunda parte de la enmienda 23, pero no la primera parte. 
La Comisión puede aceptar también en ese mismo sentido una parte de la enmienda 1, con una redacción distinta. 
Además, estamos de acuerdo con la enmienda 12 para que los Estados miembros realicen una aplicación eficaz. 
Las enmiendas dirigidas a clarificar que todos los balastos comercializados como componentes independientes o incorporados en lámparas están cubiertos por la propuesta, es decir, las enmiendas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 21 y 22, como he dicho, son todas aceptables para la Comisión. 
La enmienda 2 también se acepta puesto que la Comisión está de acuerdo con la exclusión de los tipos de balasto mencionados. 
Y también las enmiendas 15 y 16, que amplían el período de transición a 18 meses. 
Finalmente, la Comisión acepta la enmienda 8 sobre la promoción de las normas de eficiencia en los foros internacionales. 
Señor Presidente, Señorías, he resumido la postura de la Comisión respecto al informe. 
Reitero mi felicitación al ponente, Sr. Turmes, que ha hecho un trabajo excelente y confío en que el Consejo pueda adoptar una posición común que permita resolver rápidamente esta cuestión. 
Muchas gracias, señora de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, en observancia del Reglamento. 
Mi intervención tiene que ver con mi informe sobre las mujeres y la ciencia. 
El debate puede celebrarse esta tarde, pero mañana no será posible efectuar la votación sobre el informe debido a la existencia de errores graves y engañosos en la traducción, en especial en la versión francesa. 
Le pido que aclare que tan pronto como esté disponible una versión corregida de las enmiendas y de mi resolución, se celebrará la votación en el periodo de sesiones correspondiente. 
Me temo que no es posible votar mañana porque las traducciones, en particular la francesa, contienen errores muy graves. 
Señor Presidente, la presente enmienda se refiere a un simple error que se ha colado en el texto de la resolución, en el apartado 5. 
Con mi enmienda se pretende restablecer el texto convenido durante la elaboración de la resolución común. 
Se trata, pues, de una equivocación que pretendemos rectificar con esta enmienda. 
Señor Presidente, lamento hacer algo que no suelo hacer, a saber, aclarar enmiendas. 
El Sr. De Clercq ha comenzado con ello y ahora me veo obligado a exponer mi punto de vista al respecto. 
Hemos acordado el texto tal y como está impreso. 
Se trata de instar a Israel a que abandone los territorios ocupados del Líbano. 
Hemos acordado el texto tal y como lo tenemos delante. 
Y ahora los liberales y quizá otros de los aquí presentes pretenden tachar la frase en la que se emplaza a Israel a retirarse del Líbano. 
Están en su derecho, pero no se puede decir que es lo que hemos acordado. 
Hemos acordado lo que está en el texto. 
Señor Presidente, como representante del Partido de los Pensionistas, he apoyado la resolución sobre la eficacia energética de los balastos de las lámparas fluorescentes, a pesar de que voté a favor de algunas enmiendas que han sido rechazadas por el Pleno. 
Estoy de acuerdo con el ahorro de energía- mejor dicho, para contribuir, aunque sea modestamente, al ahorro energético, desde hace algún tiempo, por la noche leo a la luz de la vela los informes que debo discutir en el Parlamento Europeo- y considero que hay que ahorrar energía, aunque estimo que hay que tener la capacidad de entender que esto no debe provocar un desmantelamiento total de las actividades que dan trabajo a los ciudadanos europeos. 
. (FR) La propuesta de directiva de la Comisión sobre los balastos de las lámparas fluorescentes está encaminada a mejorar el rendimiento de éstos y a reducir el consumo energético. 
La misma propone la aplicación de medidas de manera progresiva y equilibrada. 
Al aprobar numerosas enmiendas, la Comisión de Industria no respeta este equilibrio, ya que desea suprimir la fabricación y la comercialización de los balastos ferromagnéticos en beneficio exclusivo de los balastos electrónicos. 
Este enfoque maximalista no toma en consideración el conjunto de los argumentos técnicos y científicos, tanto en el plano del ahorro energético como en el del progreso tecnológico. 
Dicho enfoque parece ignorar, por ejemplo, que existen balastos ferromagnéticos de bajo consumo energético, que ocupan un sitio destacado en el mercado. 
Y lo que es mucho más grave: el informe de la Comisión de Industria ignora totalmente las repercusiones de sus propuestas en el empleo. 
La supresión de la fabricación de balastos ferromagnéticos podría provocar el cierre de numerosos emplazamientos de producción y numerosos despidos, como, por ejemplo, en la fábrica Vossloh-Schwabe de Colmar. 
Por eso he votado en contra del informe final, tras la adopción de numerosas enmiendas cuya aplicación sería muy peligrosa para el empleo en este sector. 
Hago un llamamiento al Consejo para que rechace las enmiendas que acaban de ser aprobadas. 
Resolución común relativa a la marea negra en la costa francesa 
. (FR) Las regiones francesas del litoral oeste se encuentran hoy contaminadas debido al naufragio del "Erika". 
Todos sabemos que, cuando más tiempo pase, más posibilidades habrá de que se reproduzca este funesto incidente. 
En efecto, la legislación norteamericana adoptada en 1990, tras el hundimiento del "Exxon Valdez" en las costas de Alaska, prohibe el acceso a los puertos norteamericanos de los buques petroleros que no cumplan con los criterios de seguridad, actualmente más rigurosos y sometidos a un control estricto. 
De ello resulta, forzosamente, que los buques que no cumplen con estos criterios confluirán cada vez más a las aguas europeas, incrementando así la probabilidad de que se produzcan contaminaciones. 
Es necesario, pues, que nuestro Parlamento Europeo estudie de manera prioritaria estos problemas, y obtenga de inmediato, primero de la Comisión, y luego de los gobiernos de los Estados miembros, la aplicación de un conjunto de disposiciones destinadas a proteger las actividades marítimas y turísticas del litoral europeo. 
Es indispensable la creación inmediata de una Agencia marítima operativa europea, cuyo primer objetivo sería coordinar los controles de seguridad efectuados en los buques petroleros que utilizan los puertos europeos, conforme a unos métodos normalizados y unificados. 
Señorías, es sin duda necesario elaborar y aprobar una resolución, pero ahora lo importante es adoptar medidas concretas, enérgicas y valientes que impidan nuevas catástrofes. 
Resolución común relativa a las tormentas en Europa 
. (FR) El temporal que ha afectado a Europa y en particular a Francia requiere por mi parte varias observaciones: 
1- A pesar de no existir claramente una relación directa entre dicho temporal, el efecto invernadero y la contaminación, estos hechos constituyen, como mínimo, una advertencia de lo que nos ocurrirá en el futuro si seguimos contaminando irresponsablemente la atmósfera de nuestro planeta. 
2- A pesar de que a menudo, también en Europa, se "ha construido barato", de que se ha privilegiado la construcción de redes eléctricas externas, de muy feo aspecto, hoy se valoran los costes reales y gravosos de este falso ahorro. 
3- En la acción llevada a cabo para reparar los daños del temporal se ha podido apreciar a la vez nuestros puntos débiles, nuestra falta de recursos, y al mismo tiempo la importante solidaridad que ha sido puesta de manifiesto, así como la noción- no menos importante- de "servicio público", en algunas de nuestras empresas públicas, generalmente vapuleadas por la ideología ultraliberal dominante. 
Deseo saludar a todos los asalariados y a todo el personal de las empresas, que han trabajado sin descanso y sin escatimar esfuerzos para restablecer la circulación, el servicio eléctrico y telefónico y para ayudar a alojar a las familias damnificadas. 
4- Finalmente, si desea mantenerse próxima o acercarse a los ciudadanos, ¡Europa debe intervenir financieramente de manera significativa! 
En todo caso, es preciso que los Estados miembros, por lo general demasiado pusilánimes, le proporcionen los medios necesarios. 
. (FR) El problema de los temporales que han conocido diferentes países europeos demuestra la fragilidad de nuestra sociedad, a pesar de estar caracterizada por su desarrollo económico y tecnológico. 
Nos damos cuenta de que estamos expuestos a las consecuencias desastrosas que pueden causar las catástrofes de orden climatológico, como las inundaciones, los terremotos o los maremotos. 
Algunos países han podido solucionar el problema de las indemnizaciones de las víctimas de estos fenómenos. 
Francia es un ejemplo de ello, pero se trata de un gran país que posee recursos importantes. 
Esto no ocurre con países de menor tamaño. 
Así, desde hace diez años, en Bélgica se está elaborando un proyecto de indemnización de las víctimas de catástrofes naturales. 
Es en el plano Europeo donde los diferentes proyectos han encontrado obstáculos. 
En primer lugar, si bien antes de la realización del mercado interior era posible imponer precios y exenciones, ahoya ya no lo es, lo cual me parece normal. 
En cambio, resulta más difícil admitir que no se pueda crear una mutualidad de reaseguro, en la cual las compañías que operan en el mercado belga estarían obligadas a asegurarse. 
En segundo lugar, la garantía del Estado sólo intervendría en caso de que el sistema hubiese agotado todos sus fondos (en la hipótesis de una catástrofe de proporciones importantes). 
Ahora bien, tenemos una prioridad: la de ofrecer a los damnificados una garantía total, ilimitada. 
La suerte ya se ha cebado con ellos, sin que les incumba ninguna responsabilidad: ¿por qué perjudicarlos aún más con una cobertura de reaseguro demasiado reducida? 
Por eso es indispensable la garantía del Estado, ya que ningún reasegurador clásico ofrece condiciones ilimitadas. 
Este es el único modo de mantener un precio razonable frente al consumidor. 
El hecho de recurrir a los reaseguros clásicos tendrá un efecto regulador en el plano internacional, lo que significa que los asegurados belgas pagarán en algún lugar los huracanes de América Central... 
La idea no consiste en desolidarizarse, sino en organizar un sistema justo y fuera del alcance de las simples leyes del mercado. 
Añado que este es el único medio que posee el Estado para asegurarse de que el sistema juega en favor del respeto del interés general, controlando la acumulación y la utilización de las provisiones técnicas. 
Si no se autoriza este "derecho de fiscalización", el Estado no aceptará jamás ofrecer su garantía. 
Un mecanismo de reaseguro controlado es el único capaz de evitar una selección de los riesgos a través de las leyes naturales del mercado. 
Si no se garantiza un mecanismo de solidaridad nacional mediante un sistema que deje sin efecto, aun temporalmente, las leyes del mercado, se excluirán los riesgos mayores, cuando son éstos, precisamente, los que se intentan proteger (por ejemplo, las viviendas situadas a orillas de ríos). 
Por eso planteo la cuestión referente a la inaplicación del Derecho europeo, del derecho clásico de la competencia. 
Por otro lado, se trata de una idea que se ajusta al Tratado. 
El apartado 2 del artículo 87 autoriza las ayudas estatales "destinadas a remediar los daños causados por las calamidades naturales". 
La posibilidad de que se repitan estos siniestros está lejos de ser improbable. 
Aún deben hallarse soluciones para la financiación de las indemnizaciones de las víctimas de catástrofes naturales. 
Un supuesto de inaplicabilidad del derecho de competencia, de manera temporal, representaría una esperanza para resolver, en un país como Bélgica, este angustioso problema. 
. (FR) He votado a favor, naturalmente, de las resoluciones sobre los temporales y la marea negra, y expreso todo mi pesar a las poblaciones afectadas. 
Desearía recordar muy especialmente a los habitantes de mi región, Champaña-Ardenas, que ha sido muy afectada por los temporales de diciembre. 
Deploro las nuevas consecuencias que podrían derivarse de la marea negra para los municipios del litoral atlántico. 
Me preocupo, en efecto, por las escasas posibilidades que tendrán los puertos de recreo y las colectividades locales de obtener la bandera azul 2000. 
La bandera azul europea acredita desde hace 20 años los esfuerzos considerables que los municipios han realizado para fomentar un desarrollo económico respetuoso del medio ambiente. 
La bandera azul 2000 atañe a unos cincuenta municipios situados en los cinco departamentos afectados por la marea negra. 
Me preocupo asimismo por los rumores sobre una petición de suspender la atribución de banderas azules a las playas francesas del Atlántico. 
En efecto, ¿qué podemos decir entonces del renombre que han perdido las playas, de la injusticia que ello representa, puesto que algunos municipios ya no tendrían la bandera azul y otros sí? 
¿Debemos aceptar que se conceda a algunos municipios para destacar la reputación turística de toda una costa o que no conceda a ninguno de ellos para garantizar cierta igualdad? 
Pido a los Estados y a la Unión Europea que alivien las dificultades que originan estas catástrofes, mediante ayudas financieras a largo plazo, naturalmente, pero también apoyando moralmente- estas resoluciones se asocian a ello- a estas poblaciones, cuya sensibilidad se ve afectada por la contaminación de playas, por los árboles arrancados y por los bosques arrasados y devastados. 
Lo que importa es la noción de tiempo, ya que no se habla pensando a corto plazo como las compañías multinacionales, sino que se necesitan siglos para reforestar Francia, y eso nos da una lección de modestia. 
Resolución común relativa al proceso de paz de Oriente Medio 
Señor Presidente, he señalado con antelación que quiero dar una explicación de voto respecto a la resolución sobre el proceso de paz en Oriente Medio. 
Con anterioridad, el Parlamento Europeo ha expresado su apoyo a un Estado palestino, y lo repite en los puntos 2 y 3 de la resolución de hoy. 
Como democristiano sueco, opino que la Unión Europea puede contribuir a una paz duradera en Oriente Medio, basándose en la democracia, en el pluralismo político, en el respeto a los derechos humanos, en la independencia del poder judicial y en una economía de mercado social y ecológica. 
Esto puede hacerse si la UE actúa de modo que despierte mayor confianza y credibilidad en el pueblo de Israel, la única democracia en Oriente Medio. 
Por eso los puntos 2 y 3 que hablan de la eventual creación de un Estado palestino, no contribuyen al proceso para crear confianza. 
El gobierno americano jamás ha hablado a favor de un Estado palestino y goza de gran confianza como mediador de paz, con iniciativas constructivas en la región. 
Europa también podría asumir un papel de este tipo. 
La declaración de hoy sobre un Estado palestino no fortalece las posibilidades futuras de la UE para conseguir este papel. 
Por eso, me he abstenido en la votación final. 
. (IT) Las recientes noticias procedentes de Tel Aviv demuestran que, por desgracia, los caminos de la paz, contrariamente a los de la providencia, no son infinitos. 
Pueden ser bloqueados y destruidos por atentados terroristas, pueden sembrarse de víctimas, pueden interrumpirse o ralentizar los esfuerzos de aquellos hombres de buena voluntad que, de uno y otro lado, desean la paz sinceramente. 
Los acuerdos de Sharm el-Sheikh y las negociaciones de Shepherdstown demuestran que, a pesar de las dificultades y las divergencias iniciales, se pueden conseguir resultados de compromiso con miras a lograr el objetivo de la paz que, lamentablemente, no se divisa todavía. 
Está escondido detrás de las cortinas de humo de los atentados, es boicoteado por el terrorismo, es alejado por los fundamentalismos de todo tipo, enemigos siempre y en cualquier caso del equilibrio y de la seguridad. 
Dado que la seguridad es uno de los factores del resultado: sin seguridad no puede haber paz y sin paz en Oriente Medio el Mediterráneo será una región insegura y expuesta a toda clase de aventuras. 
Por otra parte, es comprensible la actitud del Primer Ministro israelí Barak que ha propuesto al Presidente palestino Arafat retrasar durante uno o dos meses el plazo previsto del 13 de febrero para la conclusión de un acuerdo de máximos sobre los puntos principales del futuro estatuto permanente de los territorios palestinos, ocupados por Israel desde 1967. 
Asimismo, el aplazamiento de la tercera ronda de las negociaciones de paz entre Israel y Siria forma parte del clima de incertidumbre generado por la falta de una seguridad garantizada. 
Por otra parte, consideramos que la delimitación de una nueva frontera entre Israel y Siria que prevea una solución pacífica a la cuestión de los altos del Golán y que tenga en cuenta las necesidades de seguridad de ambos países, es una condición indispensable para establecer nuevas relaciones pacíficas entre las poblaciones implicadas y para alejar el riesgo de nuevos atentados y de actos de violencia que aquellos generan. 
La consecución de unos nuevos acuerdos de paz entre Israel y Siria responde al interés de toda la región del Mediterráneo y sería una contribución importante de cara a establecer un nuevo equilibrio en Oriente Medio. 
Sin embargo, estamos convencidos de que en el mundo existen y actúan, algunas veces con una crueldad inaudita, también los que son enemigos del equilibrio y de la seguridad. 
Estos son los verdaderos enemigos de la paz. 
Emplean todos los medios a su alcance para desestabilizar los Gobiernos y crear desorden. 
Están presentes en las zonas de tensión, o mejor, a veces la provocan conscientemente para echar por tierra una negociación o para fomentar emociones en la opinión pública, al objeto de ejercer presiones sobre los Gobiernos. 
Europa debe encontrar el valor de desenmascarar a estas fuerzas y de ofrecerse no sólo como mediadora o consejera a nivel diplomático en el proceso de paz, sino también como interlocutora válida y fuerte ante los enemigos de la paz. 
Es impensable que las relaciones internacionales se vean alteradas siempre por la violencia y los atentados. 
El terrorismo- porque se trata de esto- debe denunciarse y combatirse sin tregua. 
Nos solidarizamos con los amigos israelíes cada vez que son golpeados por el terrorismo ciego y odioso, pero debemos ser cada vez más eficaces contra aquellos que arman las manos de los terroristas. 
Si no pueden ser infinitos los caminos de la paz, tenemos que conseguir que sean infinitos los caminos que conducen a detener y neutralizar a los mercaderes de muerte, es decir, a los verdaderos enemigos de la paz. 
Resoluciones relativas al impuesto sobre los movimientos de capital 
Señor Presidente, la resolución del Parlamento Europeo sobre los movimientos de capital internacionales, que acabamos de rechazar, abordaba un asunto muy amplio y muy interesante, pero, desgraciadamente, lo hacía de manera superficial y de cualquier manera. 
Francamente, el asunto merecía algo mejor. 
Tras algunas consideraciones deshilvanadas, la resolución revelaba su verdadero objeto en el apartado 9: pedir que "la Comisión elaborara en un plazo de seis meses un informe sobre el interés y las viabilidades de un impuesto sobre los movimientos especulativos de capital internacionales". 
Si se aborda la cuestión desde este punto de vista, lamento decir que el informe que se había pedido no tenía razón de ser. 
Ya todos saben que es imposible. 
En efecto, es totalmente imposible distinguir un movimiento de capital especulativo de un movimiento no especulativo, a no ser que se utilicen criterios arbitrarios y burocráticos, que desnaturalizarían los intercambios. 
Y aunque lo lográramos, habría que distinguir también las buenas especulaciones, aquellas que están encaminadas a poner en entredicho las situaciones artificiales, para tomar más en cuenta la economía real, de las malas especulaciones, aquellas que consideraríamos, también arbitrariamente, que pretenden esencialmente dañar a otra persona. 
Este ejercicio sería aún más imposible que el anterior. 
En resumen, la resolución del Parlamento Europeo, con esta formulación, soslayaba totalmente la cuestión. 
No obstante, esta cuestión podría haberse planteado de otra manera: si era o no oportuno crear un impuesto sobre todos los movimientos de capital internacionales, más allá de su naturaleza, sin establecer distinciones inviables. 
Se trata de un interrogante más razonable; pero, repito, no se había formulado. 
Sin embargo, a este segundo interrogante respondo que un impuesto uniforme no resolvería probablemente las crisis monetarias, que corresponden, en general, a desequilibrios reales subyacentes. 
En lugar de crear un nuevo impuesto- para alimentar, además, no sabemos qué cajas -, sería mejor sanear las políticas económicas y reducir los impuestos y cargas existentes, concretamente sobre el trabajo. 
Considero positivo que el tema de la fiscalidad de los movimientos internacionales de capitales haya llegado al Parlamento Europeo, por fin, para su debate y decisión. 
Ha sido una iniciativa de nuestro Grupo, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria, que después han apoyado también otros grupos. 
El problema es especialmente grave, si pensamos que a diario los intercambios mundiales en los mercados bursátiles llegan a 1,8 billones de dólares y que el comercio anual de bienes y de servicios es del orden de 6 billones de dólares. Es decir, es igual a cuatro días de especulación bursátil. 
Tenía razón el Presidente Sr. Delors, que había equiparado la economía mundial a un casino. 
Es positivo que los parlamentos de Finlandia y de Canadá se hayan declarado a favor de la fiscalidad del capital, así como la UNCTAD de las Naciones Unidas. 
Hace falta que la Comisión avance en la propuesta de la creación de un impuesto sobre los movimientos de capital de carácter especulativo y a corto plazo, del tipo del impuesto Tobin, así como que las Presidencias francesa y portuguesa sitúen este tema entre sus prioridades. 
Un impuesto así, bajo pero progresivo, debe ser formulado de tal modo que no influya negativamente en la economía real- comercio e inversiones- y que permita garantizar recursos para la educación, el medio ambiente o el desarrollo. 
Esta medida debe constituir un primer paso en la creación de un requisito regulador y fiscal que combata el fenómeno del crecimiento enorme de la especulación internacional. 
Me he declarado a favor de la propuesta de resolución común y es lamentable que los democristianos y los liberales hayan impedido su aprobación. 
. (DA) Hemos votado a favor de la propuesta de compromiso en vista de las buenas intenciones que en ella se expresan. 
No obstante, debe señalarse al mismo tiempo cuán importante es que el debate sobre la implantación de un posible impuesto Tobin se lleve a cabo a escala global en foros naciones e internacionales y sin que ello aumente colateralmente las competencias de la UE a costa de éstos. 
. (FR) Nuestro sistema económico ha mostrado sus límites. 
La esfera financiera no está en consonancia con la economía real, y muy a menudo la desequilibra. ¡Los altos índices de desempleo que conocemos, el acrecentamiento del foso entre el Norte y el Sur, el aumento de la pobreza a escala planetaria, revelan esta triste realidad! 
¡Los movimientos de capital a escala internacional son factores desestabilizadores! 
Por eso debemos hallar medidas tendentes a gravar las transacciones en los mercados de cambio, a fin de reducir la volatilidad y de contener, a corto plazo, las operaciones especulativas. 
Un impuesto como el que imaginaba James Tobin- premio Nobel de economía- sería un "grano de arena" en los engranajes demasiado bien lubricados de la especulación, y las sumas considerables que éste podría suponer abogan en favor de su aplicación, desde el momento en que sabemos que, aun fijando un tipo muy bajo (alrededor del 0,05 %) , ¡el impuesto produciría un beneficio de cerca de 600 millardos de francos anuales, según los cálculos más pesimistas! 
En este sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED) propone que este importe revierta a los Estados en los que se recaudaría el impuesto y a un fondo de redistribución para los países más pobres. 
Esta riqueza así obtenida de los grandes capitalistas internacionales se centraría en los ciudadanos, y podría constituir un formidable instrumento de desarrollo para los países menos favorecidos. 
Entraríamos por fin dentro de una lógica en que la solidaridad sustituiría al egoísmo. 
Por todas estas razones he votado a favor de esta resolución, y me felicito de que nuestra Asamblea haya vuelto a poner este expediente sobre la mesa, a pesar de que ello podría molestar a los especuladores poco escrupulosos, cuyas acciones desestabilizan las economías más vulnerables y a veces incluso el conjunto de nuestro sistema, como lo demuestran las recientes crisis financieras del sudeste asiático. 
. (FR) Hemos votado positivamente la iniciativa de incluir en el orden del día un debate sobre el impuesto Tobin, puesto que estamos convencidos de que su aplicación, incluso limitada a Europa, constituiría un primer paso hacia una mayor justicia social y un reparto diferente de las riquezas. 
Sin embargo, no nos hacemos la menor ilusión en cuanto al hecho de que este impuesto, por sí solo, pueda suprimir las propias causas de la miseria, ligadas al sistema económico y financiero que domina el planeta. 
Nosotros votamos positivamente todo aquello que está encaminado a apoyar la iniciativa por la que se pide a la Comisión que estudie la viabilidad del impuesto "Tobin". 
En cambio, no votamos a favor de los considerandos de la resolución de compromiso, presentada por los socialistas, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, los verdes y los liberales, que pretenden defender y regular el sistema económico dominante, así como "garantizar el funcionamiento de los mercados financieros globalizados y eliminar sus excesos". 
. (FR) Las diputadas de Lucha Obrera votarán en contra de la resolución de compromiso relativa al impuesto sobre los movimientos de capital. 
Esta resolución, con el pretexto a la vez ridículo y utópico de "estabilizar" el sistema financiero internacional y de "eliminar" sus excesos, afirma sobre todo que su objetivo es protegerlos. 
Nuestra perspectiva es que la humanidad sea liberada no sólo de los excesos del sistema financiero mundial, sino del propio sistema financiero y de la organización capitalista de la economía, de la que constituye uno de los elementos esenciales. 
No son sólo las operaciones de capital especulativas a corto plazo en los mercados financieros las que suponen un enorme despilfarro material, social y humano para la sociedad, sino simplemente el capital. 
Los actuales despidos y reducciones de puestos de trabajo, de Michelin a Alsthom, que llevan a cabo la casi totalidad de las grandes empresas europeas, a pesar de obtener beneficios, con la única finalidad de hacer subir el precio de sus acciones bursátiles: ¿es especulación o la actividad normal del capital? 
Si existiera una resolución que propusiera claramente la creación del impuesto "Tobin", nosotros no hubiésemos votado en contra, a fin de que nuestro voto no se confundiese con el de los admiradores ingenuos del sistema capitalista, que consideran como una injuria cualquier tipo de impuesto sobre el gran capital. 
Por nuestra parte, el objetivo político que proponemos a las clases trabajadoras consiste en que se apliquen impuestos muy elevados no sólo sobre los capitales especulativos, sino también sobre los beneficios de todas las grandes empresas capitalistas, para que el dinero, concentrado de esta forma en manos del Estado, pueda servir para crear empleos útiles en los servicios públicos. 
Pero el ridículo impuesto "Tobin" no es ciertamente una medida de justicia social; ni siquiera molestaría a los especuladores, y en lugar de impedir el embrollo y las injusticias de la economía capitalista, sólo serviría para disimularlas. 
Las preocupaciones expresadas en la propuesta de resolución común son de la mayor importancia, pues abordan un problema grave respecto del cual no podemos seguir metiendo la cabeza bajo el ala y fingiendo que no existe el problema. 
Así, he apoyado expresamente todos los párrafos de la propuesta de resolución común, con excepción de los párrafos 4 y 8, en los que me he abstenido por la razón de que entraban ya en especificidades innecesarias o prematuras. 
En el párrafo 4, porque un diagnóstico hecho con ligereza respecto de un problema de gran complejidad no me ha parecido correcto en todos sus términos; en el párrafo 8, porque propugnaba ya medidas inmediatas contra los centros off-shore, cosa que, desvinculada de marco global y equilibrado alguno, crea suspicacias en Portugal en relación con el actual off-shore en Madeira. 
Ahora bien, como, entretanto, ese párrafo 8 había sido aceptado por mayoría, me he visto obligado, a regañadientes, a abstenerme también en la votación final global. 
Lamento que al final no se haya aprobado la resolución común, por lo que resulta urgente que se vuelva al asunto con mayor prudencia, pero con una orientación correcta y eficaz. 
Después, no me he sumado a ninguna propuesta de resolución de los diferentes grupos, votadas por separado, porque ninguna tenía el equilibrio que la propuesta de resolución común había procurado acoger. 
Informe Cunha (A5-0096/1999) 
Señor Presidente, como representante del Partido de los Pensionistas, he expresado mi opinión favorable respecto a esta propuesta relativa a la valoración de los programas de pesca. 
Considero justo que se impongan sanciones a quien no cumpla con las Directivas, sin embargo, he de decir que, tras mi intervención del viernes 17 de diciembre de 1999, por lo tanto, del siglo pasado, en que formulé mi explicación de voto ante el Pleno, la noticia ha llegado hasta los peces que, por escrito, pues, como sabemos, no pueden hablar, me han dicho: "! Muy bien, has hablado a nuestro favor! 
Vuelve a hacerlo en nuestro nombre, es decir, en nombre de los peces pequeños, sobre todo tú que eres un pez pequeño, pero habla también en nombre de los peces más grandes que querrían vivir más tiempo y que, por consiguiente, se muestran favorables a que se limite la pesca allí donde hay incumplimientos ". 
Me piden asimismo- pero lo haré en otra ocasión- que presente sus propuestas acerca de las medidas de las redes de pesca para que puedan vivir más tiempo y para que ellos también puedan llegar a jubilarse. 
Mis votos corresponden a las posiciones del CDS-Partido Popular, en Portugal, a este respecto: por un lado, somos muy críticos con la Política Pesquera Común, de la que tantos perjuicios han resultado para la pesca y los pescadores portugueses, y vemos con particular desconfianza la actuación del Comisario Fischler; por otro lado, nos sumamos a las posiciones del informe Cunha, cuando reclama a la Comisión medidas de fiscalización y control efectivo: la Comisión, al no castigar realmente a los países infractores, discrimina, además, a los países cumplidores como Portugal. 
Así, que he votado a favor de las partes primera y última del punto 6, si bien me he abstenido en sus secciones intermedias, que proponen una sanción concreta, porque es demasiado precipitado antes de que se disponga de un fundamento jurídico adecuado y porque dicha sanción económica podría ser inapropiada para la segunda situación, cuando corresponda a una simple infracción administrativa. 
Y me he abstenido en la votación global, porque, entretanto, se habían aprobado esas secciones intermedias y porque el punto 5 no ha sido objeto de votación separada. 
Sumándose a las preocupaciones del informe y de la resolución, el CDS-PP no quiere apoyar, en este momento, nada que se pueda confundir con la alineación con una Política Pesquera Común que en la práctica ha ido orientada en sentido perjudicial para Portugal. 
Señor Presidente, en observancia del Reglamento, quiero expresar mi gran alegría al verle presidir la sesión con un aspecto tan saludable después de su reciente enfermedad. 
Muchas gracias, con esto concluye la votación. 
(Se suspende la sesión a las 12:44 horas y se reanuda a las 15:00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
El siguiente punto del orden del día es el debate de los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Chechenia 
Empezamos con el debate conjunto acerca de las siguientes propuestas de resolución sobre Chechenia: 
(B5-0048/2000) del Sr. Schori y la Sra. Krehl, en nombre del Grupo PSE, relativa a la situación de Chechenia; 
(B5-0065/2000) del Sr. Haarder y otros, en nombre del Grupo ELDR, relativa a Chechenia; 
(B5-0067/2000) del Sr. Markov y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, relativa a la guerra de Chechenia; 
(B5-0080/2000) de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, relativa a la guerra de Chechenia; 
(B5-0082/2000) del Sr. Oostlander y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, relativa a la situación de Chechenia. 
Señor Presidente, señoras y señores, el Parlamento vuelve una vez más sobre la situación en Chechenia, y con razón. 
En anteriores reuniones hemos reiterado una y otra vez que tenemos mucho interés en que la Federación Rusa encuentre una solución pacífica y política a este problema. 
Hemos hecho un llamamiento serio al gobierno ruso para que no resuelva este caso incumpliendo la totalidad de las convenciones internacionales suscritas. 
Desafortunadamente, no hay indicio alguno de que la guerra tienda a remitir. 
¡Todo lo contrario! 
Las circunstancias han empeorado considerablemente. 
La situación de la población civil en Chechenia se ha vuelto insostenible. 
No se nos permite adoptar medidas humanitarias a pesar de nuestras reiteradas peticiones y el compromiso que la Federación Rusa adquirió en la Cumbre de Estambul al garantizar que se admitiría la presencia de observadores de la OSCE y de organizaciones humanitarias en Chechenia. 
No me queda más remedio que repetir una vez más lo que se ha dicho en esta Casa y lo que volvemos a subrayar en una resolución común. 
Queremos una solución política para este conflicto. 
A este fin debemos instar a todas las partes a que entablen negaciones. 
Queremos aliviar la situación de la población civil y pedimos de nuevo a la Federación Rusa que dé su permiso para que tanto las organizaciones humanitarias como los observadores de la OSCE puedan desplazarse a Chechenia. 
Señor Presidente, la guerra de Chechenia se desencadenó por motivos relacionados con la política interior de Rusia más que por la propia situación en Chechenia. 
Por eso mismo, tengo más bien pocas esperanzas de que la guerra se acabe antes de que las elecciones del 26 de marzo confirmen el triunfo de Putin, a no ser que Rusia obtenga una victoria aplastante antes de esa fecha. 
Lo importante es lo que suceda una vez superado el conflicto, y eso es difícil de prever. 
Es obvio que los problemas de Chechenia y el norte del Cáucaso, unas de las regiones más pobres de Rusia, no se resolverán en cuanto acabe la guerra. 
El día que los chechenos puedan regresar a su país les quedarán pocas cosas para reconstruir su vida. 
En el pasado, después de la guerra anterior, la reconstrucción a la que se habían comprometido los rusos nunca llegó y resultó difícil prestar ayuda extranjera debido a las trabas puestas por la parte rusa y la parte chechena. 
Pero al mismo tiempo es bueno fijarse en los ejemplos positivos, entre ellos los avances logrados por los tres Estados independientes del Cáucaso: Armenia, Azerbaiyán y Georgia. 
En esos países ya no hay amenaza de guerra y las instituciones europeas deben ser conscientes de que viven una situación radicalmente distinta. 
Como se puede ver, es una alternativa viable. 
Señor Presidente, la guerra de Chechenia dura ya cuatro meses. 
El Parlamento Europeo la ha condenado y ha reclamado un armisticio y el inicio del diálogo político. 
El Parlamento ha contribuido a que se preste ayuda humanitaria encauzando los recursos financieros de la Unión Europea por buen camino. 
El final de la guerra y del sufrimiento de la población civil no parece estar cerca, por no hablar de la posibilidad de encontrar una solución duradera al conflicto. 
¿Ha hecho la Unión Europea realmente todo lo que está en su poder? 
Lo cierto es que el Consejo y algunos Estados miembros, entre ellos la República Federal de Alemania, se muestran excesivamente reticentes en sus reacciones políticas, diplomáticas y económicas ante la persistente negativa de Rusia a optar por el diálogo político. 
La Unión Europea y sus Estados miembros deben poner de manifiesto que el uso desproporcionado de la violencia militar para la solución del conflicto en Chechenia y la masiva violación de los derechos humanos son inadmisibles. 
El Parlamento Europeo debe abogar por la anulación del acuerdo de asociación y cooperación con Rusia hasta que este país acepte un armisticio. 
Además, debemos instar a los Estados miembros a que adopten medidas de sanción políticas, diplomáticas y económicas complementarias. 
Se impone la prohibición inmediata de la venta de armas y la concesión de ayuda financiera a las partes beligerantes. 
El derecho soberano de Rusia a proteger su integridad territorial y combatir el terrorismo es indiscutible. 
El problema está en los instrumentos que se utilizan para conseguir este fin. 
Buscar el equilibrio entre el diálogo y la cooperación con Rusia y las sanciones que deben imponerse con motivo de la guerra es una empresa arriesgada. 
No podemos humillar y aislar a Rusia como hicimos reiteradamente el año pasado. 
La mutua cooperación y asociación con Rusia, aparte de ser beneficiosa, es imprescindible para el desarrollo pacífico de Europa. 
Por otra parte, la política exterior de la Unión Europea sólo podrá ser creíble si en casos de guerra y masiva violación de los derechos humanos se dispone a emprender acciones políticas, diplomáticas y económicas consecuentes. 
Señor Presidente, ayer mis colegas recordaban que ya hace varios meses que Chechenia es el punto prioritario del orden del día. 
¿Y qué ha sido de todas nuestras peticiones? 
Las hemos de repetir una y otra vez, como bien dice el Sr. Sakellariou. 
Creo que no debemos cansarnos de ello puesto que mientras en Rusia la violencia militar contra la propia población civil tome un cariz cada vez más dramático debemos levantar la voz y decir: " ¡Basta ya! 
¡No lo aceptamos! ¡Va en contra de los derechos humanos internacionales! 
No se trata de un asunto interno de Rusia. " 
La lista de los crímenes de guerra se vuelve cada vez más extensa. 
Trátese de los jóvenes capturados de entre el flujo de refugiados o de la lista de violaciones que ha llegado hoy a mi despacho y que ha sido elaborada por observadoras independientes de los derechos humanos. 
Ello hace que las mujeres de la sociedad islámica se encuentren en una situación muy dramática. 
Por eso, es importante que intercedamos a su favor. 
Y hay tantos destinos individuales que impiden que nos callemos. 
Además, a raíz de los bombardeos muchos depósitos de agua potable han sido contaminados con aceite. 
Ruego a mis colegas que acepten todavía esta enmienda. 
Nos ha llegado después de haber debatido entre todos la resolución. 
¡Realmente no podemos quedarnos con los brazos cruzados! 
A diferencia de lo que sucedió en Kosovo, las 100.000 personas que se han refugiado en Inguschetia no reciben ayuda internacional. 
Esta pequeñísima república vecina está totalmente desbordada. 
A decir verdad, me extraña que no hayamos recibido ninguna respuesta a nuestras peticiones por parte de la Comisión. 
En realidad, espero que hoy mismo nos expliquen con detalle cómo piensan aplicar las decisiones del Parlamento y de la resolución de Helsinki. 
¡Su intervención de ayer fue realmente humillante para el Parlamento! 
En este contexto espero que asimismo se averigüe si lo que está ocurriendo en Rusia realmente se ajusta al apartado 2 de... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, el gobierno de la Federación Rusa se considera miembro de pleno derecho del Consejo de Europa, por ejemplo. 
Ello implica una serie de obligaciones que van mucho más allá de las distintas convenciones internacionales sobre la protección de los derechos humanos y del derecho de la guerra. 
Las relaciones que nosotros hemos entablado con Rusia a través de los acuerdos alcanzados entre ambas partes se inscriben en esta misma línea. 
Sin embargo, la forma en que Rusia pretende resolver sus problemas con Chechenia es diametralmente opuesta a las normas internacionales vigentes. 
Podemos imaginarnos que el terrorismo y, por ejemplo, la agresión contra Daguestán requerían una respuesta. 
Es cierto que las autoridades chechenas no pueden ser tildadas de representantes de un Estado de derecho democrático regulado. 
Así, por ejemplo, no fueron capaces de prevenir los crueles raptos y secuestros llevados a cabo en su propio territorio. 
Ello no obstante, los medios utilizados por Rusia son desproporcionados y condenables en sí, y con eso me refiero sobre todo a los bombardeos de la población y el trato a las personas que están abandonando el país. 
Es nuestro deber oponernos a esta situación. 
No por autocomplacencia, porque como ciudadano de una antigua potencia colonial conozco este tipo de guerras y el remordimiento que se siente unos veinte o treinta años más tarde por los crímenes cometidos. 
Lo que realmente nos preocupa es el futuro de Rusia y Chechenia y es por eso por lo que hacemos este llamamiento. 
Por todo ello, la resolución merece nuestro más fuerte apoyo. 
Se centra principalmente en aspectos humanitarios, la prestación de ayuda, la reorientación del programa TACIS en esa misma dirección, el diálogo diplomático y un posible debate en el marco de la OSCE sobre la estabilidad en el Cáucaso. 
Como Parlamento Europeo queremos colaborar con las organizaciones internacionales de las que Rusia desea y espera recibir ayuda. 
Pero lo fundamental es que prosigamos el diálogo con Rusia de todas las formas posibles, incluso cuando hemos de adoptar posturas enérgicas, como ahora. 
Señor presidente, ¿qué es lo que ha cambiado en los cuatro meses que llevamos con este asunto? 
En primer lugar se produjo el golpe de guante blanco del Sr. Putin- la última noche vieja del milenio, no podía haber elegido un momento más oportuno- que le ha colocado en una posición muy poderosa, al tiempo de haberle convertido en uno de los políticos de nuestra era que más se han beneficiado de la guerra. 
Sin embargo, opino que debe utilizar el poder que detenta ahora para firmar lo que el General de Gaulle llamó la paix des braves, la paz de los valientes. 
Se trata de que ahora mismo tiene la oportunidad de poner fin a esta guerra sangrienta, tanto más cuanto que se encuentra en una posición francamente privilegiada. 
Si no lo consigue, bien podría ser que su sueño de llegar a ser el Presidente de Rusia se ahogue en sangre. 
Hay otro punto fundamental. Se ha producido otro cambio, a saber, la actitud de la opinión pública rusa. 
Afortunadamente, empiezan a levantarse voces críticas. 
Se escuchan críticas de las madres de los soldados, de los medios de comunicación y de los militantes de los derechos humanos. 
De momento, no es más que una minoría, pero es un claro indicio de que la conciencia del pueblo ruso sigue viva y que no podemos responsabilizar a la población rusa de la conducta de sus gobernantes. 
En tercer lugar, opino que la misma Chechenia ha dado muestras de una admirable voluntad de resistencia. Desde este punto de vista, el punto 4 de nuestra resolución me plantea un enorme problema, puesto que comprendo perfectamente que se intente evitar que los ciudadanos de Chechenia se conviertan en víctimas de un genocidio. 
A mi modo de ver, es hora de que nosotros, como Unión Europea, ejerzamos una fuerte presión política. A este fin, es importante que nos ocupemos seriamente del artículo 2 del acuerdo de asociación y que también la Comisión y el Consejo se decidan a ejercer una presión concreta, tal y como lo lleva haciendo el Parlamento desde el principio en el marco de las pocas posibilidades que le están reservadas al respecto. 
Como UE debemos hablar con una sola voz, y cuando llega la hora de decir la verdad no podemos dejar solo al Parlamento Europeo. 
Por lo que a la ayuda humanitaria se refiere, se nos debería caer la cara de vergüenza ante el hecho de que algunas ONG hayan conseguido prestar su ayuda desde hace tiempo. 
Sé, por ejemplo, que ha llegado una carga de alimentos para recién nacidos. 
Desafortunadamente, la Comisión no consigue crear los canales necesarios en los países vecinos y quisiera que la Comisión nos explicara el porqué de este fallo. 
Va siendo hora de que prestemos una ayuda humanitaria concreta contra el genocidio, porque lo que está ocurriendo en Chechenia no es otra cosa que un genocidio. 
Señor Presidente, estimados colegas, no hemos comenzado a debatir el problema de los pueblos del Cáucaso y Rusia en los últimos cuatro meses a raíz de este segundo conflicto militar. 
Ya lo solíamos hacer antes. 
Sin embargo, hasta la fecha no hemos conseguido nada en el actual conflicto bélico que Rusia lleva a cabo contra el pueblo checheno. 
Aún no se ha restablecido la paz en la zona y, aunque el Parlamento Europeo siempre se ha expresado con una gran claridad en el ámbito político, hasta ahora nuestros esfuerzos han sido vanos. 
Creo que a raíz de las elecciones de la Duma y la dimisión del Presidente Yeltsin se nos han abierto algunas posibilidades nuevas en Rusia. 
En mi opinión, el Parlamento Europeo, aparte de estudiar cuáles son las sanciones más eficaces, también ha de iniciar un diálogo político con los políticos rusos. Dado que la composición de la Duma ha sido modificada drásticamente, debemos aprovechar la oportunidad para buscar aliados políticos a fin de encontrar una solución política al conflicto militar de Chechenia y restablecer la paz en la zona. 
Todos sabemos que el problema de los pueblos del Cáucaso no se acabará con el fin del conflicto militar. 
La colaboración política es un factor clave, puesto que el conflicto no es de ayer ni de hoy. 
Tiene su origen en la historia de los pueblos del Cáucaso, en y contra Rusia, en su lucha contra la deportación y la ocupación por parte de Rusia. 
Creo que si queremos actuar de pleno acuerdo con el espíritu del Parlamento Europeo, debemos buscar aliados dispuestos a iniciar un diálogo político, también después de que el conflicto militar haya llegado a su fin. 
Señor Presidente, estamos indignados, naturalmente, por la barbarie de la intervención rusa en Chechenia, indignados por ver como Boris Yeltsin y su camarilla han podido utilizar estas matanzas para que se olvidara la miseria en la que su política ha hundido al pueblo ruso. 
Hoy los asesinatos en Chechenia significan votos en Moscú. 
Pero la indignación no puede limitarse a esto. 
¿Cómo entender la pasividad cómplice de las potencias occidentales, que se consideran paladines de la urgencia humanitaria y militar y que no dudaron en bombardear Irak y la antigua Yugoslavia? 
Hoy estas potencias hacen la vista gorda a las camarillas "alcohólicomafiosas" que dirigen Rusia. 
Recordemos los discursos entusiastas de los dirigentes norteamericanos y europeos, que alababan los méritos de Boris Yeltsin. 
Al solidarizarse con el Gobierno ruso, han privilegiado el restablecimiento de las leyes del mercado, sin tener en cuenta la defensa de los derechos de los pueblos. 
Abandonemos esta hipocresía vergonzosa, y exijamos la retirada inmediata de las tropas rusas y el derecho a la autodeterminación, es decir, a la independencia del pueblo checheno. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desearía rendir homenaje a Dimitri Neverovsky, miembro del Partido Radical Transnacional, miembro de mi Partido, que ha sido condenado a dos años de prisión por objeción de conciencia, por haber censurado la guerra en Chechenia. 
Desearía asimismo rendir homenaje a los militantes del Partido Transnacional, que en Moscú han sido los únicos que se han manifestado contra la guerra en Chechenia. 
Desgraciadamente, creo que no podremos rendir homenaje, por las razones que ha recordado la Sra. Schroedter, a nuestro comisario, al Comisario Poul Nielson, quien, en cuatro meses, no ha tenido tiempo para trasladarse a Chechenia, a la región, a fin de procurar que la Unión Europea, al menos en el plano humanitario- no me refiero aquí al plano político -, diera una respuesta satisfactoria a la tragedia que en este momento tiene lugar. 
Creo que es muy grave. 
Espero que en los próximos días podamos ver por fin al Sr. Nielson en Chechenia, en la región, en Ingushetia, para ocuparse de estos refugiados. 
Señor Presidente, cito a dos mujeres chechenas, a dos refugiadas. 
Primera cita: " Mi hijo tiene 13 años. 
Temo que si regresamos los rusos lo detengan inmediatamente y le hagan desaparecer ". 
Segunda cita: " Los rusos no son nuestros libertadores, sino nuestros invasores. 
Antes nos aterrorizaban los musulmanes. Ahora lo hacen los rusos ". 
El final del conflicto sangriento que azota al norte del Cáucaso no parece estar cerca. 
Sin recato alguno el Primer Ministro y Presidente interino ruso, Vladimir Putin, ha indicado a una delegación oficial del Consejo de Europa que no fundamente su crítica acerca de la guerra del Kremlin en material propagandístico. 
Es cierto que esta vez Moscú se ha molestado desde el principio en cuidar el aspecto publicitario de esta segunda guerra contra Chechenia de cara al futuro. 
Pero todo esto no le sirve de nada. 
Las historias de la enorme cantidad de refugiados chechenos hablan por sí mismas. 
Además, los políticos rusos tampoco se dejan manipular o intimidar por Putin y sus secuaces. 
Así, por ejemplo, el candidato a la Presidencia reformista, Grigorij Javlinskij, afirma sin ambages que utilizar una guerra con fines electoralistas es un auténtico crimen. 
Javlinskij aboga por un diálogo con los líderes chechenos y con la población. 
Esta sensatez rusa merece nuestro apoyo. 
La alternativa que nos amenaza es una guerrilla continua sin perspectiva alguna. 
La resolución políticamente equilibrada del Parlamento Europeo que tenemos delante pretende prevenir a toda costa este escenario aterrador y altamente peligroso. 
Conoceremos su efecto cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Putin, Ivanov, se presente la semana próxima en Estrasburgo, en el Consejo de Europa. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, nosotros hemos presionado a Rusia para que llegue a una solución política en Chechenia. 
Nuestras amenazas de sanciones no han surtido efecto. 
Para que se pueda influir en la adopción de una solución política en el caso de Chechenia, deberíamos, a mi juicio, entablar un diálogo político con los dirigentes de Rusia, es decir, servirnos de medios políticos con los nuevos dirigentes rusos para encontrar una solución política. 
El 70 por ciento de los diputados de la Duma son nuevos, y Rusia tiene un nuevo Presidente en ejercicio. 
Este Presidente en ejercicio ha expresado su deseo de entablar un diálogo político. 
Ya se ha entrevistado con la Delegación del Consejo de Europa y ha mantenido un debate con la misma durante tres horas. 
Mi propuesta es que una Delegación del Parlamento Europeo se desplace a Moscú para mantener un diálogo exclusivamente político con los nuevos dirigentes. 
En segundo lugar, propongo que el Comisario responsable de Asuntos Exteriores, Sr. Christopher Patten, también abra las conversaciones políticas sobre la situación de Chechenia. 
Es acudiendo a medios políticos como podemos influir en una guerra política, que es de lo que se trata en este caso. 
. (FR) Señor Presidente, la Comisión sigue básicamente vinculada a Rusia a través de una asociación a largo plazo, basada en el acuerdo de asociación y cooperación y en la estrategia común, con miras a reforzar la seguridad y la estabilidad en Europa, y ello en un marco más amplio. 
Por consiguiente, de acuerdo con la clara posición adoptada por el Parlamento, la Comisión considera que sería un error cerrar todos los canales de comunicación. 
Debemos sobre todo estar en condiciones de discutir con los rusos nuestro profundo desacuerdo y nuestras graves preocupaciones ante la situación en Chechenia. 
El Consejo Europeo de Helsinki dirigió un mensaje muy claro con respecto a la situación crítica en la que se encuentra la población civil y a la necesidad de que Rusia respete las normas del derecho humanitario, concretamente en un contexto en el que se inscribe el ultimátum dirigido a los habitantes de Grozni, la utilización excesiva de la violencia y el empleo indiscriminado de la fuerza contra la población civil, los obstáculos que se ponen al envío rápido y seguro de la ayuda humanitaria por los organismos de ayuda, la falta de un verdadero diálogo político con las legítimas autoridades chechenas. 
Desde la Cumbre de Helsinki, la situación no ha mejorado. 
Si bien el ultimátum dirigido a la población de Grozni no ha sido aplicado, seguimos muy preocupados por el peligro que corre la población civil y particularmente las personas atrapadas en esta capital. 
Las condiciones en que se llevan a cabo las operaciones humanitarias siguen siendo difíciles. 
Puesto que las fuerzas rusas encuentran una resistencia bastante fuerte, no se prevé ninguna salida con respecto al conflicto militar. 
El Presidente provisional, Poutine, habla ahora de una operación prolongada. 
Aumenta el temor de que la vecina Georgia se vea afectada por una situación de inestabilidad. 
La Presidencia y la Comisión trabajan activamente con el fin de aplicar las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, es decir, volver a examinar la aplicación de la estrategia común, suspender algunas disposiciones del acuerdo de cooperación y aplicar estrictamente sus disposiciones comerciales, considerar la posibilidad de transferir fondos de TACIS en favor de la ayuda humanitaria y limitar TACIS 2000 a un programa básico de alcance restringido. 
Estas cuestiones se discutirán el próximo lunes por los ministros de Asuntos Exteriores en la reunión del Consejo "Asuntos Generales". 
Es evidente que hoy no podemos anticipar sus resultados. 
Pero haré todo lo que esté en mis manos para que mi colega, el Sr. Chris Patten, sea informado de los puntos tratados en el presente debate, a fin de que pueda transmitirlos al Consejo. 
Finalmente, desearía subrayar que la Declaración de Helsinki ya ha dado lugar a medidas concretas, teniendo en cuenta en particular los puntos de vista del Parlamento, a saber: el aplazamiento de la firma del acuerdo científico y tecnológico y la aplicación estricta de las disposiciones comerciales, empezando por una acción en el sector del acero contra el impuesto sobre la exportación de los residuos de metales no férreos. 
Por otro lado, la Comisión ha decidido no pedir a la Autoridad Presupuestaria que prorrogue los créditos del programa de ayuda alimentaria a Rusia que no se utilizaron el pasado año. 
Señor Presidente, ¿el Sr. Comisario Nielson ha presentado su dimisión? 
Nada se sabe al respeto. 
En cuanto al Sr. Patten, ¡de acuerdo! Pero el Sr. Nielson, comisario responsable de las cuestiones humanitarias está ausente. 
No vamos a celebrar el debate, pero me consta que existen circunstancias atenuantes por las cuales el Sr. Nielson no puede estar esta semana con nosotros. 
La Presidenta ya lo anunció el lunes, dijo que el Sr. Nielson le había escrito una carta personalmente explicándole por qué no podía acudir al Pleno de esta semana. 
Señor Presidente, es habitual que se pueda formular una breve pregunta al Comisario. 
Concretamente quería preguntarle- puesto que se trata de una pregunta a la que no se ha respondido- si está previsto prestar ayuda humanitaria o no. 
Voy a permitir al Comisario que responda si lo desea, pero no es normal realizar preguntas adicionales durante un debate de actualidad y urgencia, ya que se trata de debates a los que se les concede muy poco tiempo. 
Sin embargo, si el Comisario quiere tomar la palabra, puede hacerlo. 
. (FR) Señor Presidente, el Sr. Nielson ya ha hecho hincapié en las dificultades para el envío de la ayuda humanitaria. 
Este es el problema que concretamente se plantea. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará a las 17:30 horas. 
Costa de Marfil 
El siguiente punto del orden del día es el debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución relativas a la Costa de Marfil: 
(B5-0049/2000) de las Sras. Carlotti y Sauquillo Pérez del Arco, en nombre del Grupo PSE, relativa a la situación de la Costa de Marfil; 
(B5-0063/2000) del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, relativa a la Costa de Marfil; 
(B5-0068/2000) de los Sres. Sjöstedt y Alavanos, en nombre del Grupo GUE/NGL, relativa a la situación de la Costa de Marfil; 
(B5-0077/2000) del Sr. Rod y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, relativa a la Costa de Marfil; 
(B5-0087/2000) del Sr. Novelli y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, relativa al golpe de estado de la Costa de Marfil. 
Los malos gobiernos han de desaparecer a través de las urnas, no con la ayuda de fusiles. 
Ello también se aplica a Costa de Marfil. 
La insatisfacción que produce el régimen corrupto de Bedié, aunque fundada, no justifica un golpe de Estado. 
Ahora la cuestión es que los nuevos dirigentes cumplan su palabra, restablezcan la democracia a corto plazo, elaboren una constitución y celebren elecciones libres, a más tardar en junio, bajo auspicios internacionales. 
También es fundamental que se inicie la lucha contra la corrupción. 
Si el nuevo régimen incumple sus promesas, el acuerdo de cooperación con Europa habrá de ser suspendido. 
El gobierno de unidad nacional dispone de muy poco tiempo para recuperar la confianza internacional. 
Cuanto antes desaparezca a través de las urnas, mejor. 
La resolución de compromiso sobre la situación en Costa de Marfil exige restaurar la legitimidad democrática. 
¿Pero, en que consiste el problema? 
Después de la ignominia de la dominación colonial francesa, pasando por la dictadura de Houphouët-Boigny y el régimen tan autoritario como corrupto de Konan Bédié, hasta el régimen militar de Guei, la población marfileña nunca ha conocido unas elecciones realmente libres ni los derechos y libertades democráticas. 
Tras las frases hipócritas sobre la democracia, la resolución se preocupa sobre todo por la restauración de la autoridad del Estado y por la seguridad de los bienes. 
Expresamos nuestra solidaridad para con esa aplastante mayoría de la población marfileña, trabajadores, desempleados, pequeños agricultores, que no poseen bien alguno, a quienes ya les cuesta simplemente sobrevivir. 
Ellos siempre han tenido que soportar la autoridad represiva del Estado, además de la dictadura y la miseria. 
Deseo también recordar la responsabilidad del Estado francés, independientemente del gobierno de que se trate, que no sólo ha apoyado el régimen de partido único en Costa de Marfil, sino que lo ha presentado como un ejemplo de estabilidad, incluso de democracia, para el conjunto de África. 
Todo eso con el fin de proteger los intereses de los grandes grupos industriales franceses, que se enriquecen en estos países, empobreciéndolos. 
Pongamos orden en nuestra casa, ya que si el verdadero régimen militar de Guei y la falsa democracia de Bédié son condenables, aún más condenables son las grandes potencias y su apoyo a las dictaduras de los países pobres. 
Señor Presidente, señor Comisario, hace unos meses el Sr. Johan Van Hecke condenó aquí en términos horrendos, pero fundados, al ex gobierno, derrocado por un golpe de Estado. 
Estoy de acuerdo con los colegas que dicen: ése no es el método adecuado. 
Pero en países como el que estamos tratando ahora los buenos métodos escasean. 
El régimen fue un régimen malo. 
Esperamos que de ahora en adelante se pueda iniciar un proceso duradero puesto que, en nuestra opinión, la democracia va más allá del momento de las elecciones. 
La democracia es un proceso, y en aplicación de los artículos del Convenio de Lomé insistimos en la posibilidad de que unas negociaciones que puedan contar con un fuerte compromiso por parte de los países europeos puedan surtir el efecto deseado. 
También se podría haber optado por la inmediata exclusión del país de la ayuda concedida en el marco del Convenio de Lomé. Creo, no obstante, que el procedimiento elegido alberga ciertas posibilidades siempre y cuando sepamos exactamente lo que queremos y a condición de que estemos dispuestos a ayudar debidamente a este país. 
Señor Presidente, Señorías, el 24 de diciembre un golpe de Estado militar interrumpía brutalmente la democracia en Costa de Marfil. 
Todo ha sido dicho, o casi todo, por los oradores que me han precedido, sobre las imperfecciones del régimen anterior. 
Se han hecho acusaciones de corrupción. 
Aprovecho la oportunidad para llamar la atención de la Asamblea sobre el caso de otro país, del que se habla poco, Senegal, donde se llevarán a cabo unas elecciones presidenciales que suponen los mismos riesgos de manipulación que en las de Costa de Marfil. 
Pero seamos claros. 
En Costa de Marfil, como en otros lugares, estos riesgos no pueden servir de excusa para lo que ha ocurrido. 
En efecto, un golpe de Estado militar no es, y jamás será, un triunfo para la democracia. 
Nuestro Parlamento, señoras y señores, debe condenar este golpe de Estado militar, pero no puede, naturalmente, limitarse a ello. 
Se ha formado un gobierno de transición, y el Parlamento Europeo debe presionar para que se organicen elecciones libres y transparentes a partir del mes de junio del 2000, como lo ha pedido la Comunidad Económica de África del Oeste, en presencia de observadores de la comunidad internacional y sobre la base de listas electorales fiables. 
Paralelamente, pido que sean liberados los dirigentes políticos detenidos con ocasión de este golpe de Estado. 
La libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos deben ser nuevamente garantizados. 
En estas condiciones, nuestro Parlamento debe seguir de cerca la acción de la Comisión por la que se solicita la apertura del procedimiento de consulta, con vistas a una posible suspensión de la cooperación entre la Unión Europea y Costa de Marfil. 
Señoras y señores, señor Presidente, Señorías, el retorno de la democracia en Costa de Marfil debe ser, a partir de hoy, una preocupación constante de nuestro Parlamento y, más allá de éste, de todas las personas que desean que el derecho triunfe sobre la fuerza. 
Señor Presidente, señor Comisario, en África la democracia continúa siendo un punto muy frágil. 
Ha quedado demostrado una vez más. En este caso se trata de Costa de Marfil, un país que se consideraba como un modelo de relativa estabilidad política y económica. 
Es cierto, en los últimos tiempos el régimen de Bedié se estaba degradando. 
El año pasado, el FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea suspendieron su ayuda a Costa Marfil por falta de transparencia y malversación de fondos públicos. 
Las cosas también iban mal en el ámbito político. 
El Presidente comenzó a adoptar una actitud autoritaria y represiva que llegó a su punto culminante en la muy controvertida eliminación de su principal contrincante, Watara. 
¿Pero puede concluirse que estas consideraciones legitiman un golpe de Estado? 
Es la pregunta clave. 
No puedo evitar la sensación de que en comparación con otras situaciones similares la Unión Europea se muestra mucho más indulgente con Costa de Marfil. 
No es razonable que se preste apoyo a un embargo para castigar el golpe de Estado en Burundi al tiempo que en Costa de Marfil se vuelve enseguida al orden del día. 
Si este coup no se condena unívocamente, se corre el riesgo de ofrecer una coartada a los dirigentes militares de África para que tomen el poder con la ayuda de las armas. 
Por eso mismo, es importante que la Unión Europea no deje de presionar y convierta el restablecimiento del Estado de derecho y la democracia mediante elecciones libres y justas en conditio sine qua non para cualquier tipo de colaboración con Costa de Marfil. 
Lo importante es que no midamos con dos raseros. 
Señor Presidente, en mi opinión no hay golpes de Estado buenos o malos. 
Dondequiera que sea las soluciones militares son soluciones de miras estrechas por definición. 
. (FR) Señor Presidente, la Comisión, la Presidencia y los Estados miembros han expresado su honda preocupación con respecto a la disolución de las instituciones públicas y legales, tras el golpe de Estado militar. 
La Unión Europea ya seguía con particular atención la evolución de la situación en Costa de Marfil, a la vista de la detención y del encarcelamiento de dirigentes de la oposición, de la orden de detención contra el Sr. Ouattara, del aumento de las tensiones interétnicas y del deterioro de la situación económica. 
Hoy nuestro primer objetivo es fomentar un rápido retorno al Estado de derecho y al funcionamiento normal de las instituciones democráticas. 
En tal sentido, la Comisión ha decidido iniciar el procedimiento de consulta establecido en el artículo 366 bis del Convenio de Lomé. 
Este procedimiento es similar al aplicado el año pasado en Nigeria y en Guinea-Bissau. 
El Consejo ha aprobado dicha propuesta. 
La Comisión y el Consejo han dirigido la petición a Costa de Marfil. 
Las autoridades marfileñas disponen de un plazo de quince días para responder a dicha petición. 
Luego, estas consultas deben realizarse en el plazo de un mes. 
El Parlamento Europeo será permanentemente informado del desarrollo de las mismas. 
Los objetivos de estas consultas serán los siguientes: efectuar una evaluación pormenorizada de la situación en Costa de Marfil; hacer hincapié en la importancia que para la Unión Europea reviste el respeto de los elementos esenciales del artículo 5 del Convenio de Lomé, a saber: el respeto del Estado de derecho, de la democracia y de los derechos humanos; conocer concretamente las intenciones de Costa de Marfil para garantizar el respeto de estos elementos esenciales; llegar a un acuerdo sobre las medidas que se adoptarán para terminar con los incumplimientos de estos elementos esenciales. 
La Comisión y el Consejo se esfuerzan por preparar estas consultas, pero puedo adelantarles que nuestro objetivo es obtener un compromiso firme de las autoridades marfileñas para que se restablezca el orden constitucional y se anuncie un calendario para esta transición. 
Si a pesar de ello los resultados de las consultas no son satisfactorios, la Unión Europea tiene entonces la posibilidad de adoptar medidas adecuadas, incluyendo si es necesario la suspensión total o parcial de la cooperación con este país. 
Hasta ahora no se ha propuesto la suspensión, puesto que deseamos no tener que penalizar a las poblaciones. 
Dicho esto, de momento no se aprobará ninguna nueva decisión de financiación, con excepción de los proyectos de ayuda humanitaria en favor de las poblaciones más desfavorecidas. 
En conclusión, puedo asegurarles que la Comisión otorga la mayor importancia a las consultas que se iniciarán los próximos días con Costa de Marfil. 
La Comisión continuará efectuando un atento seguimiento de la situación en este país, así como del respeto de los derechos humanos, y el Parlamento Europeo será informado de ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará a las 17:30 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, con la resolución de hoy presento la inquietud del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos por lel aumento de la violencia y de los conflictos sangrientos entre grupos de distintos dogmas religiosos. 
En Egipto, en Indonesia, en Nigeria, en Líbano, en Chechenia, en Kosovo, las pasiones y odios religiosos ponen en peligro la propia paz, la estabilidad, el desarrollo. 
La entrada del nuevo milenio ha estado acompañada no sólo por celebraciones y fiestas, sino también, desgraciadamente, por sacrificios sangrientos- los más graves de los últimos años- en aras del ciego odio que engendra el fanatismo religioso. 
Ciertamente, entendemos que el Gobierno egipcio ha realizado serios esfuerzos para combatir a los extremistas y para indemnizar a las víctimas de las agresiones. 
Sin embargo, estos esfuerzos deben intensificarse, debe realizarse una investigación a fondo, debe castigarse a los culpables y, sobre todo, hacen falta medidas para reforzar la democracia, el respeto a los derechos humanos y la tolerancia ante los distintos dogmas religiosos. 
Por supuesto, una medida de respeto a los derechos humanos podría ser anular el castigo de tipo medieval, que sigue estando en vigor en Egipto, la pena de muerte. 
Sabemos que al comenzar el nuevo año, la policía egipcia tuvo serias dificultades para reprimir los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes al sur del país, que costaron la vida a 25 personas, en los que se prendió fuego a decenas de hogares y de establecimientos. 
Claro, que estos actos violentos en Egipto se han añadido a episodios y a ataques sangrientos anteriores de los fundamentalistas musulmanes a los cristianos en 1992 y en 1997, muy caros para el turismo egipcio, y que tuvieron efectos adversos en el desarrollo económico y social del país. 
Finalmente, con esta resolución quisiera invitar al Consejo y a la Comisión a programar, en el marco del programa MEDA, acciones de sensibilización a favor del respeto a los derechos humanos y de la tolerancia religiosa. 
Señor Presidente, deseo en primer lugar subrayar que para nuestro Grupo la resolución de urgencia es ante todo un enérgico medio de presión para hacer frente a un problema de actualidad, cuya falta de control en el plano político puede acentuar un peligro real. 
Ahora bien, en este caso creemos que el texto propuesto no responde a la necesidad de aplicar a la propuesta el procedimiento de urgencia, sobre todo en la medida en que, al examinar el expediente, todos hemos observado que los hechos referidos no poseen el alcance político denunciado en los primeros considerandos de la resolución que se nos propone. 
Se trata más de enfrentamientos de derecho común en una zona de Egipto, que de actos derivados de un antagonismo religioso. 
Por otro lado, hay que subrayar la falta de elegancia consistente en copiar lisa y llanamente algunos párrafos que contenía la carta dirigida por el Presidente del Parlamento egipcio a la Presidenta del Parlamento Europeo. 
El hecho de apropiarse de los argumentos presentados por otras personas para defenderse, no me parece, incluso intelectualmente, recomendable. 
Además, conociendo la interpretación agresiva que algunos medios islamitas hacen de nuestras iniciativas, tememos darles efectivamente un arma para demostrar que el Parlamento Europeo va demasiado lejos con respecto a una situación que no justifica este apresuramiento ni esta determinación política. 
Por eso el Grupo de los Liberales no votará a favor de esta resolución. 
Nos abstendremos, reservándonos el derecho de presentar una propuesta de resolución, para que el Parlamento Europeo no vea de un modo exagerado lo que ocurre en Egipto y en el conjunto del África septentrional desde el punto de vista de la defensa de los derechos de las minorías y de los derechos democráticos. 
Señor Presidente, Señorías, tienen ante ustedes una propuesta de resolución común sobre los actos de violencia recientemente perpetrados en el Alto Egipto, en los que más de 20 ciudadanos han encontrado la muerte. 
Señorías, quizá sepan que también soy ponente del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Egipto. 
Las negociaciones sobre los expedientes técnicos se cerraron en el pasado mes de junio y próximamente se nos debería someter el texto final. 
Espero que este acuerdo marque unas futuras relaciones cada vez más estrechas entre Egipto, actor esencial de Oriente Medio y del espacio mediterráneo, y la Unión. 
Hoy la situación política se halla en una fase favorable a Oriente Medio, y desearía hacer hincapié en estos elementos, para replantear nuestra iniciativa en un contexto más amplio. 
Con esta resolución nuestro Parlamento desea expresar su preocupación ante los acontecimientos que se han producido, pero también desea recordar que estará muy vigilante en materia de derechos humanos, en el marco de las negociaciones con nuestros socios mediterráneos, del mismo modo que también lo estamos con el conjunto de nuestros socios. 
La defensa de los derechos humanos y de la democracia está en el centro de nuestra acción, y creo que es indispensable demostrar que nos mantendremos intransigentes en estas cuestiones, y alentaremos a aquellos que emprendan esta vía. 
No ha pasado desapercibido para el conjunto de los colegas el hecho de que las autoridades egipcias han reaccionado con rapidez, como era de esperar, con el fin de realizar una investigación in situ y sobre todo de organizar ayudas en favor de las víctimas de estos actos de violencia. 
El Presidente Mubarak intervino personalmente en los momentos más difíciles de la crisis. 
Así pues, es evidente, en mi opinión, que esta resolución debe considerarse como una señal positiva y esperanzadora de nuestra parte, y pido a todos los colegas que aprueben este texto, que es fruto de un compromiso. 
Dentro de este espíritu, desearía agradecer a los colegas cofirmantes de esta propuesta por la buena voluntad que han manifestado para lograr un texto común. 
Desearía concluir, señor Presidente, diciendo que es verdad que se han efectuado progresos en este texto; y lo que es más: en contacto con las autoridades egipcias, lo cual es un muy buen augurio. 
Señor Presidente, Señorías, desde hace alrededor de diez años una ola de violencia atraviesa Egipto. 
Ahora bien, lo único que podemos constatar es un largo silencio tanto por parte de la comunidad internacional como de nuestra institución europea. 
Es cierto que Egipto representa un papel fundamental en el proceso de paz en Oriente Medio, y, debido a su situación geopolítica, nadie se atreve a insistir sobre aspectos que pueden resultar molestos. 
No podemos menos que congratularnos de que por fin se celebre un debate sobre este país, un país que está situado en el centro de la asociación euromediterránea. 
En cambio, es lamentable que ello se haga por razones de actualidad tan poco afortunadas. 
Nosotros apoyamos, ciertamente, los esfuerzos del Gobierno egipcio en su lucha contra la ascensión del integrismo religioso, pero esta lucha contra los extremistas no puede justificar una violación de los derechos del pueblo egipcio, sobre todo de los derechos políticos. 
No puede esconder las violaciones de la libertad de expresión ni de los derechos humanos. 
En este sentido, condenamos el mantenimiento de la pena de muerte en dicho país. 
Finalmente, pedimos al Consejo que establezca, en el marco del programa MEDA, acciones específicas en pro del desarrollo socioeconómico, del desarrollo democrático y de la promoción de la tolerancia entre todas las minorías étnicas y culturales, que constituyen la riqueza de la sociedad egipcia. 
China 
Señor Presidente, lo justo es que el Parlamento Europeo deje constancia de sus preocupaciones respecto a la situación de los derechos humanos en China. 
Se han dado ya demasiados casos como para que hagamos oídos sordos a la intolerancia religiosa, la discriminación de los grupos étnicos minoritarios y el uso continuado de la pena de muerte. 
También nos preocupan las libertades políticas en Hong Kong y dentro de poco, en Macao. 
Debemos presionar a China para que mejore su historial. 
Es muy importante que continuemos ejerciendo esa presión en el seno de la UE. 
No obstante, hay dos cosas que me inquietan. 
En primer lugar, hemos de tener mucho cuidado para no poner en peligro de forma innecesaria el ingreso de China en la OMC, ya que, a medio plazo, ser miembro de esta organización hará más por transformar la economía y la situación de los derechos humanos en China que ninguna otra cosa. 
Abrir e introducir a este país en la economía mundial tiene que tener consecuencias muy positivas en materia de derechos humanos. 
Muchas personas pertenecientes a los círculos de poder chinos lo saben y lo aprueban. 
Debemos tener cuidado de que el bebé no se escurra por el desagüe cuando tiremos el agua de la bañera y no acabar alineándonos con los intereses de los peores cuando intentemos conseguir lo mejor. 
En segundo lugar, tenemos que seguir reprendiendo a China. 
Yo seguiré haciéndolo siempre que haga falta, pero espero que no la tomemos con este país en detrimento de otras dictaduras del mundo que tienen unos antecedentes tan malos, o incluso peores, ya que esto sólo serviría para dar una excusa a China para que desoiga nuestras demandas. 
Señor Presidente, lo más preocupante de este tema es que, a pesar del diálogo que hemos mantenido con China al respecto, la situación de los derechos humanos, tal y como denuncian muchas personas, se está deteriorando. 
Continuamente se toman medidas enérgicas contra disidentes, activistas de los derechos laborales, grupos religiosos, y en los últimos meses hemos presenciado la detención sin juicio de muchos dirigentes del movimiento Falun Gong. 
En China tienen verdaderos problemas con la tortura y los campos de trabajos forzados, pero quizá lo más grave es que existen más de 60 delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte, y muchos de ellos ni siquiera implican violencia. 
El principal motivo de preocupación son probablemente las ejecuciones legales. 
En 1998 Amnistía Internacional registró 2700 condenas a muerte y 1769 ejecuciones confirmadas. 
Estamos ante un problema muy grave. 
Tenemos que seguir dialogando con China, tenemos que buscar, a través del diálogo y del comercio, la apertura de la sociedad china a la mentalidad occidental e intentar convencerles de que no están obrando correctamente. 
Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en China ha seguido empeorando claramente. 
Hong Kong es un caso aparte, que también tiene especial importancia como "indicador de síntomas". 
Por su parte, la huida de Karmapa Lama trajo a primera plana el recrudecimiento de las persecuciones religiosas en China. 
En esta situación, digo sí a la integración de China en la OMC, pero hay que exigir que vaya acompañada de la ratificación de la Convención universal sobre los derechos humanos y civiles de la ONU. 
Los compromisos retóricos son importantes en materia de derechos humanos, pues se trata del primer paso. 
También hay que hacer uso de otros medios para que la UE transmita su preocupación, y habría que apoyar, en particular, las resoluciones críticas que se adopten en la próxima Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar en Estados Unidos. 
Señor Presidente, debido a la presencia en Estrasburgo esta semana de Martin Lee, el eminente líder democrático de Hong Kong, y a la llegada a Bruselas el lunes de un grupo de alto nivel encargado de negociar la entrada de China en la OMC, el tema de los derechos humanos en China vuelve a gozar de máxima actualidad. 
Al destacar este asunto no pretendemos enfrentarnos a China, un país al que profesamos gran respeto y una considerable admiración, pero es una lástima que el enorme progreso económico que China ha alcanzado en los últimos diez años más o menos, no haya ido acompañado de un progreso similar en el ámbito de la libertad política y religiosa y del estado de derecho. 
Por supuesto, hay que dialogar sobre estos asuntos, pero este diálogo debe dar sus frutos propiciando reformas auténticas y sustanciales. 
No es de recibo decir que las normas occidentales no son aplicables a China. 
Los derechos humanos son universales y, a este respecto, los valores asiáticos no difieren de los nuestros. 
En Hong Kong se está produciendo una grave erosión de libertades y garantías que ha costado mucho conseguir. 
No obstante, puede que no sorprenda a nadie el hecho de que allí estén prohibidas las manifestaciones a favor del Tíbet, si Londres apenas las autoriza cuando coinciden con una visita del Presidente chino. 
En la China continental, deberíamos estar felicitando a los nuevos dirigentes por haberse librado del comunismo, pero en su lugar, hemos presenciado el crecimiento de una forma viciada de capitalismo sin democracia. 
El gobierno chino debe poner fin al acoso y encarcelamiento de cristianos, como el de Li Dexian en la provincia de Guangdong, y a la represión de los budistas del Tíbet o de cualquier otro lugar. 
Invito a las autoridades chinas a que tengan el valor de permitir a los demócratas como Martin Lee que viajen con libertad por todo el territorio nacional. 
Queremos ver una China perfectamente integrada en la comunidad internacional, con una democracia auténtica y un estado de derecho. 
¿Cuándo va a fijar China una agenda para la democracia? 
Comisario Busquin, aunque comprendo que los derechos humanos y las negociaciones comerciales se tratan por separado en la UE, quisiera pedir a la Comisión que se asegure de que la próxima semana se llama firmemente la atención a los delegados de China que van a negociar la entrada de su país en la OMC sobre las inquietudes de este Parlamento. 
Señor Presidente, la Unión Europea se enorgullece de su historial en la defensa de los derechos humanos. 
Desgraciadamente, los Estados miembros individuales evitan censurar la situación en China por miedo a que esto perjudique sus relaciones comerciales. 
Esta carta política debilita la autoridad moral de la UE a la hora de hablar sobre la violación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. 
Soy el ponente del informe sobre Hong Kong en este Parlamento y me preocupa la gran cantidad de incidentes que han ocurrido en esa parte del mundo que, una vez más, da muestras de violación de los derechos humanos. 
El despido de Cheung Man-Yee como director de difusión de la radio y la televisión de Hong Kong constituye un ataque directo a la libertad de prensa y la decisión del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de solicitar la reinterpretación de una reciente e impopular sentencia de un tribunal supremo ataca el mismísimo corazón del estado de derecho, ya que la decisión del último tribunal de apelación debería haber sido aceptada. 
El tratamiento dado a los miembros de Falun Gong y la negativa a permitir que los miembros del Consejo Legislador viajen a la China continental son claros indicadores de los problemas que todavía existen en esa parte del mundo y son temas que voy a tratar en mi informe. 
Es de vital importancia que la UE, tanto como institución como a través de sus Estados miembros, censure, cuando sea conveniente, las violaciones de los derechos humanos en China. 
Señor Presidente, a lo largo del pasado año la situación de los derechos humanos en China ha empeorado mucho. 
Pensemos en el creciente número de ejecuciones, la alianza del movimiento Falun Gong y la opresión sobre el Tíbet, que se manifiesta entre otras cosas en la reciente huida, a los catorce años de edad, del Karmapa Lama tibetano a la India. 
En opinión del Grupo Liberal, basta ya. 
Nos parece excelente que la UE y China dialoguen sobre los derechos humanos, pero si no da resultado, es necesario pasar de las palabras a los hechos. 
Ahora que los EEUU están dispuestos a apoyar en la próxima reunión en Ginebra una resolución de Naciones Unidas sobre China, insto al Consejo a que haga lo mismo, y por unanimidad. 
El pasado ha demostrado hasta qué punto resulta perjudicial que algunos Estados miembros hagan prevalecer sus intereses nacionales. 
Los Países Bajos se dieron cuenta de ello hace tres años, cuando al ostentar la Presidencia de la Unión Europea apoyaron una resolución de Naciones Unidas que no contó con el apoyo unánime de los demás Estados miembros. 
Los Países Bajos pagaron su apoyo con sanciones económicas. 
La presente resolución es la prueba definitiva para nuestro Sr. PESC, el Sr. Solana. A él le incumbe la difícil tarea de poner de acuerdo a los Estados miembros a fin de que el Consejo se erija unánimemente en defensor de los derechos humanos universales. 
Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en China sigue siendo muy grave. 
No se respetan los más elementales derechos humanos y democráticos. 
Los intentos de formar una oposición política son combatidos con encarcelamientos, terribles castigos o destierros. 
Hoy hay miles de presos políticos en el país. 
No se toleran los intentos de constituir organizaciones sindicales independientes ni las luchas sindicales que no están controladas por el partido comunista. 
Es lamentable ver que un Estado que dice actuar en favor de los intereses de los trabajadores oprime justamente a esa clase cuando se decide a luchar por sus legítimos derechos. 
Las condenas a la pena capital son tan numerosas que causan espanto. 
No se respeta la libertad religiosa. 
La persecución a los seguidores del movimiento Falun gong es insólita e indefendible. 
Muchas minorías étnicas, por ejemplo los tibetanos, son oprimidas y carecen no sólo de derechos democráticos, sino también de derechos culturales. 
Existe una serie de casos documentados que dan cuenta de abusos y violencia por parte del personal penitenciario y de la policía. 
Por eso hay motivos que avalan la resolución crítica que votaremos dentro de unos momentos. 
Es obvio que votaré a favor de ella. 
Esto no significa que opine que el texto sea perfecto en todas sus partes. 
Por ejemplo, opino que el contenido del punto 4 debió, en parte, haberse redactado de otra manera. 
También me hubiese gustado que se incluyera algo sobre las deficiencias de los derechos sindicales en China. 
Vemos las reacciones del Gobierno chino frente a las huelgas, manifestaciones e intentos de organización sindical que han aparecido en los últimos tiempos. 
También quisiera dar un toque de alarma, puesto que el tono de las críticas a las violaciones de los derechos humanos se está haciendo más débil, con el objeto de conseguir ventajas económicas y de política comercial. 
Señor Presidente, el lunes por la tarde, cuando se abrió la sesión, pedí al Parlamento y a la Presidenta que hicieran un llamamiento al Gobernador de Texas para evitar que se ejecutara en estos días una condena a la pena de muerte. 
Por lo tanto, con mayor motivo y con argumentos muchos más contundentes, hoy este Parlamento debe abordar la situación en China donde la violación de los derechos humanos está alcanzando cotas muy altas. 
Todo esto ya lo han dicho los demás colegas y yo me sumo a ellos. La realidad es que en China la situación de los derechos humanos empeora: paralelamente a una difícil apertura de nuevos procesos económicos, se asiste a una dramática regresión en el ámbito de los derechos humanos. 
Un dato de Amnistía Internacional habla de unas 700 condenas a la pena capital y otro dato de una fuente diferente señala, en cambio, que a lo largo del pasado año se ejecutaron 1.400 condenas a la pena de muerte. 
Sea cual sea el dato real, está claro que nos encontramos ante una revelación dramática. 
La cuestión es cómo la Unión y el Parlamento pueden llevar adelante esta situación. 
En mi opinión, lo primero que hay que hacer es concentrar nuestros esfuerzos en la próxima sesión de la Comisión de la ONU que comenzará el próximo 20 de marzo en Ginebra con este punto del orden del día. 
Me pregunto, y lo pregunto también a este Pleno, si no puede pedirse la participación de la Unión o incluso del Parlamento en esta sesión. 
No obstante, lo fundamental es y ya se ha señalado que la Unión no solo haga oír su voz, sino que logre presentar una posición común, fuerte y firme de cada uno de los Estados respecto a este punto. 
Se ha comentado justamente que las grandes tomas de decisiones de la Unión acaban siendo débiles si cada uno de los Estados, por intereses económicos o comerciales, hace lo contrario. 
En este punto, debe examinarse una cuestión: la solicitud de adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio que, me doy cuenta, presenta fuertes aspectos positivos y que, indirectamente, puede presentar ventajas, no debe condicionarse a una posición mundial de la ONU y, respecto a este punto, a una solicitud fuerte de China de avanzar. 
En ese caso, a lo mejor podemos pasar del terreno de los llamamientos, que son necesarios pero insuficientes, al terreno de las acciones concretas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo anunciarles una buena noticia: el movimiento de desinversión en China de las empresas occidentales, incluidas las empresas europeas, se acentúa, se acelera. 
Nuestro Parlamento no es, pues, el único que se opone al Consejo y a la Comisión, a este Consejo y a esta Comisión, que aplican desde hace años una política miope con respecto a la República Popular de China, una política basada, como en el caso de la Unión Soviética, en la complicidad con un régimen dictatorial, con un régimen comunista. 
Así pues, se trata de una buena noticia, ya que tenemos un aliado: los empresarios y los industriales europeos. 
Debemos esforzarnos en reforzar esta alianza para que el Consejo y la Comisión adopten, finalmente, posiciones severas y firmes en relación con la República Popular de China. 
Será necesario asimismo que nos ocupemos de crear una alternativa, por que, como Sus Señorías saben, los comunistas sólo entienden el lenguaje de la fuerza. 
Es importante, pues, que sepan que nuestras palabras serán respaldadas por actos, que nuestra política tendrá credibilidad. 
Tenemos- y creo que debemos dar las gracias a la Presidencia portuguesa- una alternativa importante y viable: crear con la mayor democracia del mundo, con la democracia más poblada del mundo, una alianza estratégica. 
Me refiero a la India, y la Presidencia portuguesa, que ha anunciado la celebración de una primera Cumbre Unión Europea-India, nos brinda la ocasión de trabajar concretamente para desarrollar esta alternativa. 
Creo que se trata de la única iniciativa que puede hacer entender a las autoridades chinas que no hablamos en vano, que trabajamos seriamente para que finalmente el imperio comunista chino se hunda, para que finalmente nazca la democracia en China, en el Tíbet, en el Turkestán oriental, en Mongolia Interior, que, como Chechenia, son lugares que aún están sometidos a una feroz colonización. 
Señor Presidente, hoy abordamos los diferentes aspectos de la dramática cuestión de los derechos humanos y, aunque nos encontramos en otra parte del mundo, es necesario que el Parlamento haga oír con firmeza su voz en un momento en que la situación en Irak continúa siendo grave. 
Este país representa, en primer lugar, una amenaza para toda la región y, en segundo lugar, una evidente, continua y patente violación de los derechos humanos. 
Es preciso pedir la puesta en libertad de los prisioneros de Kuwait según datos fehacientes, son cerca de 600 los prisioneros de guerra que, parece, están confinados en condiciones inhumanas teniendo en cuenta las voces autorizadas que se elevan desde el mundo árabe como, por ejemplo, la del Secretario General de la Liga Árabe, Abdel Meguid, que pide que se respeten los derechos humanos y que haya una reconciliación de los Estados árabes. 
No debemos olvidar que, en definitiva, todo esto es consecuencia de una evidente violación del derecho de los Estados, como sucedió con ocasión del ataque de Irak a Kuwait. 
Invito al Parlamento Europeo a que eleve su voz en relación con esta cuestión teniendo en cuenta, sin embargo, que, según fuentes fidedignas, lamentablemente, también en Kuwait parece que se encuentran todavía retenidos muchos prisioneros de guerra iraquíes y que también en este caso las condiciones de los prisioneros son preocupantes. 
Hay que convencer a Kuwait de que la justa reivindicación de sus derechos sería mucho más fuerte si fuera el primero en cumplir sus obligaciones para con la humanidad y sus derechos. 
Señor Presidente, el caso de los prisioneros de guerra kuwaitíes es dramático. 
Son más de 600 hombres y mujeres que fueron arrastrados fuera de su país por las fuerzas iraquíes en su retirada, derrotadas después de haber invadido y devastado Kuwait hace ahora diez años. 
Se trata de personas perfectamente identificadas gracias a una circunstancia particular: eran unos 4.000 los prisioneros confinados en Bassora al final de la guerra. 
Entonces los militares iraquíes se llevaron, en una primera expedición, una parte de sus cautivos previsiblemente hacia Bagdad. 
En ese momento estalló la revuelta chiíta de Bassora, ferozmente reprimida, pero que permitió a los más de 3.000 detenidos que quedaban escapar y regresar a su país. 
Los que volvieron, pudieron así establecer con precisión la identidad de quienes habían sido sus compañeros de cautiverio. 
Más de 600 desaparecidos en una población de 700.000 kuwaitíes es una cifra elevadísima, de modo que el caso se ha convertido en una auténtica catástrofe nacional. 
Entre tanto, y a pesar de los esfuerzos de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas, el régimen iraquí se viene negando a ofrecer información alguna sobre la suerte corrida por estas personas. 
Conste que las dificultades materiales de sus familias han sido resueltas por las autoridades kuwaitíes, pero la tragedia humana es enorme. 
Me he entrevistado con padres que habían visto desaparecer a cuatro hijos, con mujeres que vieron cómo se llevaban a sus maridos y con jóvenes que eran niños cuando sus padres fueron detenidos. 
Al calvario de la propias víctimas se añade, pues, el dolor de sus familias y serios problemas jurídicos, como los de las mujeres que, al cabo de tanto tiempo, no saben si son casadas o viudas. 
Mi convicción es que la comunidad internacional debe exigir de Irak una respuesta sobre estos casos. 
Por terrible que sea esa respuesta, el sufrimiento de las familias será menos espantoso que la actual situación de incertidumbre, insoportable para ellos e intolerable para nosotros. 
Terminaré insistiendo en un punto que recoge el proyecto de resolución. La recomendación que hará el Parlamento a la Unión Europea y sus Estados miembros de mantener, como condición previa a la normalización de las relaciones con Irak, el que los gobernantes de este país den respuesta a la cuestión de los prisioneros de guerra kuwaitíes. 
Para el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no puede ser menor que la exigencia planteada a Irak de su desarme nuclear, químico y biológico. 
Ojalá que nuestra resolución sirva a la vez de aliento para quienes, desde Kuwait, mantienen la presión y la esperanza, y de advertencia para quienes en Irak son responsables de tan grave situación. 
Señor Presidente, con la autoridad que a nuestro Grupo confiere el habernos opuesto continuamente a todo tipo de embargo, porque son las poblaciones las que sufren, y también con la autoridad de estar siempre defendiendo la legalidad internacional como norma de convivencia y solución pacífica de conflictos, exigimos en este momento no solamente que se aclare la suerte de estos prisioneros tomados de forma ilegal en la invasión de Kuwait, sino que se devuelvan a su patria- Kuwait- porque es una forma de allanar la solución del resto de los problemas. 
Pero no se trata sólo de esta cuestión- muy bien descrita por nuestro compañero Martínez Martínez- sino que, además, en Irak se sufre una continua violación de los derechos humanos que hace insufrible la vida cotidiana. 
Por ello pensamos que es conveniente situar esta propuesta en el contexto de que Irak cumpla con todos los requisitos que imponen las Naciones Unidas, para que desaparezca el embargo y para que la democracia vuelva a su pueblo. 
Señor Presidente, el problema de los prisioneros de guerra y de los desaparecidos es parte de la catastrófica situación de los derechos humanos y civiles en Irak. 
Ya en 1992, el Enviado Especial de ls Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Sr. Max van der Stoel, declaró que la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Irak no tenía parangón en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. 
En su informe más reciente del año pasado, el Enviado Especial se ve obligado a constatar que la situación ha empeorado. 
Debemos intervenir en este asunto de algún modo. 
Los prisioneros de guerra son el primer paso, pero la situación de los ciudadanos se deteriora y, por ejemplo, habría que poner en orden el control sobre el armamento. 
El caso Ekeus, -las controversias al respecto -, es un buen ejemplo. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme unir mi voz a la de nuestros colegas que ya han tomado la palabra en este debate, para subrayar lo insoportable que resulta- tanto respecto a los derechos humanos, ciertamente, como al derecho de la persona a la dignidad humana- el problema de la incertidumbre en la que se encuentran las familias en cuanto a la suerte que han corrido esos 605 prisioneros y desaparecidos. 
¿Se trata de un problema que, por su actualidad, justifica la urgencia? 
Pienso que sí. 
Es cierto, en efecto, que este problema existe desde el final de la guerra, desde hace más de 9 años, y que nuestras exhortaciones apremiantes, las del Parlamento y las de la Cruz Roja internacional, hasta ahora no han sido satisfechas. 
Desearía aprobar y subrayar lo que nuestro colega Martínez Martínez acaba de decirnos. 
Hoy debemos aprovechar la oportunidad que nos ofrece la reanudación de las negociaciones entre la Unión Europea e Irak, a la vista del posible levantamiento del embargo. 
Esto es lo que justifica, en mi opinión, la inscripción de este asunto en el marco del procedimiento de urgencia, y lo que justifica la propuesta de resolución que se somete a votación del Parlamento. 
Si no aprovechamos esta oportunidad, creo que faltaríamos a nuestro deber. 
Señor Presidente, algo se mueve en el mundo árabe. 
Los conflictos en Egipto, que hemos tratado hace un momento, en principio no tienen un trasfondo religioso sino más bien económico, y el Estado egipcio y las comunidades religiosas hacen todo lo posible por aplacar los ánimos, dando muestras de un gran sentido de la responsabilidad. 
La iniciativa tomada por Egipto y Libia para fomentar la paz en Sudán merece nuestro más fuerte apoyo. 
Siria está hablando con Israel a pesar de numerosos problemas. 
Sólo Irak persiste en su más absoluto inmovilismo, lo cual me lleva a pensar que debemos reconsiderar nuestra postura. 
Debemos llevar a cabo una política unívoca en el ámbito de los derechos humanos y el desarme, especialmente de cara a Saddam Hussein. 
Ello no obstante, apoyo expresamente lo que ha dicho el Sr. Morillon: necesitamos nuevas negociaciones. 
Necesitamos un nuevo impulso para ayudar realmente a la gente, para lograr avances, para emitir señales positivas ante progresos muy concretos, incluida la indicación de los nombres de las personas perseguidas y encarceladas. 
Va siendo hora de que también en este ámbito se tome una iniciativa europea para desbloquear la situación. 
Violación de los derechos humanos en el Chad y en el Camerún, en conexión con la planificación actual del oleoducto 
Señor Presidente, en el fondo es un milagro que estemos tratando hoy en este Parlamento la cuestión del oleoducto, puesto que se ha ejercido toda la presión del mundo para evitarlo. 
Nos alegra que hoy podamos hablar del tema. 
Se pretende construir un oleoducto entre el Chad y Camerún, dos países que dejan mucho que desear en el ámbito de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la seguridad jurídica. 
Se nos viene a la mente el ejemplo del país de los ogoni cuando pensamos en las consecuencias perjudiciales que puede tener la construcción de un oleoducto si no se toman las precauciones necesarias ni se ofrecen las debidas garantías. 
Tanto es así que en este mismo momento la sombra del oleoducto ya planea sobre el país. El que se atreva a verter críticas contra el proyecto acaba en la cárcel. 
Si es ésta la manera de afrontar protestas ecológicas en un Estado de derecho, en esta fase inicial, debemos preguntarnos qué no sucederá en situaciones más graves, cuando un régimen corrupto se beneficie de las ventajas de dicho oleoducto. 
Así las cosas, tememos que los miembros europeos que forman parte de la dirección del Banco Mundial no tengan tiempo suficiente para preparar su punto de vista al respecto, sencillamente porque apenas existe información objetiva. 
Por eso mismo, le ruego, señor Comisario, haga todo lo posible por evitar que el Banco Europeo de Inversiones preste su apoyo a este oleoducto mientras no se hayan tomado todas las precauciones sociales y medioambientales necesarias. 
Señor Presidente, hay muy buenas razones para que el proyecto del oleoducto entre Chad y Camerún, que se ha planificado durante varios años, sea objeto de una propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre temas de actualidad, urgencia y especial importancia, tanto porque se dice que el Banco Mundial está a punto de tomar una decisión, como por la profunda preocupación que despiertan los informes de acoso e intimidación contra los opositores del proyecto. 
Me he reunido con representantes del Gobierno del Chad que, en contra de las alegaciones de los del otro lado de la Cámara, dicen que nunca han amenazado con retirar su invitación a la misión del Parlamento a Chad porque estamos manteniendo este debate. 
De hecho, ellos sostienen que se respeta la democracia, los derechos humanos y la transparencia en todo lo relativo a este proyecto. 
Sin embargo, si es así, ¿por qué seguimos recibiendo informes de consulta a punta de pistola? 
¿Por qué una ONG alemana dedicada al desarrollo amenaza con irse debido a las amenazas y ataques del ejército del Chad? 
¿Por qué el pasado 4 de enero una expatriada residente en N ' Djamena se encontró con que su casa había sido atacada por soldados chadianos? 
Si el proyecto del oleoducto es transparente, ¿por qué los estudios independientes cuestionan tanto su eficacia? 
Por ejemplo, al profesor Rosenblum de Harvard le preocupa el impacto en la pobreza; el profesor Downing de la Universidad de Arizona señala que el proyecto no cumple las directrices del Banco Mundial sobre la gente indígena; y la Universidad de Warwick, de mi país, considera que el proyecto causará una pérdida potencial en la renta nacional si se tienen en cuenta los posibles vertidos y fugas. 
El Parlamento Europeo hace bien al expresar su preocupación sobre un Banco Mundial que todavía continúa con las viejas políticas de privatización, los grandes proyectos de infraestructuras y las exportaciones agrícolas masivas que se han desprestigiado tanto. 
En cuanto a las empresas petrolíferas, ¿por qué necesitan que desaparezcan los requisitos de protección medioambiental, que se suspendan los controles de desarrollo y que se les conceda el derecho de acción ilimitado en caso de urgencia civil, que supuestamente les daría "carta blanca para actuar como un poder paramilitar". 
¿De verdad puede justificar el Banco Europeo de Inversiones los 8 millones de euros que ha concedido directamente a Exxon bajo estas circunstancias? 
No queremos ver otra Ogoniland en África. 
Señor Presidente, señoras y señores, para clarificar el debate que nos ocupa, desearía citarles algunas cifras elocuentes. 
Ante todo en cuanto al Chad. 
Se trata de la quinta nación más pobre del mundo. 
En este país la esperanza de vida es inferior a los 50 años. 
Un niño de cada cinco, señoras y señores, muere antes de los 5 años. 
La renta anual per cápita es de 180 dólares. 
Con respecto al Camerún, éste es apenas más favorecido, con una renta por habitante del orden de 650 dólares. 
¿Por qué hay que citar todas estas cifras? 
Simplemente porque expresan e ilustran la imperiosa necesidad de ofrecer a estos países, sobre todo al Chad, las oportunidades de desarrollo a las que tienen derecho. 
Creo que es en este contexto donde conviene examinar, con esmero, el gran proyecto de explotación de los campos petrolíferos del sur del Chad, así como la construcción de un oleoducto entre el Chad y las costas del Camerún. 
Hoy se considera que dicho proyecto es esencial para el desarrollo de estos dos países. 
Pensemos un instante que las probables consecuencias de la explotación de los campos petrolíferos podrían aumentar en casi 10 puntos el producto nacional bruto del Chad, y procurar a este país unos beneficios comprendidos entre los 5 y los 10 millardos de dólares. 
El Banco Mundial, que aún no ha emitido su dictamen definitivo, sigue muy de cerca este proyecto, y ayuda al Chad en su realización. 
Los tres principales interrogantes- a saber: el medio ambiente, los problemas sociales y la gestión de los ingresos derivados de los proyectos- están siendo estudiados a fondo desde hace casi cuatro años. 
Juzguen ustedes: se han celebrado 900 reuniones sobre el trazado del oleoducto, 40.000 personas y 250 ONG han sido consultadas. 
El director de una de ellas, la World Wide Fun for Nature, indica incluso que, desde el punto de vista del medio ambiente, el proyecto de implantación del oleoducto es uno de los mejores del mundo. 
No obstante, hay que continuar, naturalmente, siguiendo de cerca las consecuencias de este proyecto, y hacer todo lo posible porque éstas sean lo menos dañinas posible en relación con el medio ambiente y el aspecto humano. 
Esta es la razón del debate de hoy. 
Si el Banco Mundial, cuyas críticas no logro entender, emitiera al término de estos estudios complementarios un dictamen desfavorable, no se puede continuar. 
Pero si, en cambio, esta institución apoya finalmente este programa, ello querrá decir que nuestros legítimos temores pueden ser disipados; ello querrá decir también que el desarrollo de los países pobres, que aquí son objeto de muchos discursos, será por una vez y concretamente el tema de nuestra atención. 
Los derechos humanos, señoras y señores, son también los derechos al desarrollo. 
Tenemos malas experiencias al respecto de proyectos petrolíferos en África. 
Por eso, es importante que evaluemos con sentido crítico su relevancia para el desarrollo de la zona así como las condiciones medioambientales. 
El oleoducto entre el Chad y Camerún puede generar importantes beneficios a estos dos países que no pueden obtenerse de ninguna otra forma. 
Mi Grupo constata que los proyectos originales presentaban serios defectos. 
Mientras tanto, éstos han sido remediados y la pregunta clave es si el resultado es satisfactorio. 
En nuestra opinión, el proyecto sólo puede llevarse a cabo a corto plazo a condición de que quede demostrado que cumple los criterios más estrictos y siempre y cuando el Banco Mundial dé su visto bueno de forma explícita e inequívoca. 
Al mismo tiempo debemos asegurarnos de que ya no se violan los derechos humanos. 
Únicamente en este caso, el Banco Europeo de Inversiones puede conceder créditos. 
Para nuestro Grupo ésta es una prueba para averiguar si los proyectos petrolíferos en África pueden dar lugar también a experiencias buenas. 
. (FR) Señor Presidente, a la Comisión le preocupan los recientes actos de violencia que han sufrido algunas poblaciones cristianas de la región de Al Kocheh, en el Alto Egipto, y deplora la pérdida de un alto número de vidas humanas. 
La Comisión toma nota de las medidas ya adoptadas por el Gobierno egipcio, con miras a restablecer la calma en la región, y se felicita de su compromiso en el sentido de perseguir judicialmente a los responsables. 
La misma espera con interés el informe preliminar del Fiscal general egipcio, previsto para la semana próxima. 
Según las primeras declaraciones, los recientes incidentes diferirían esencialmente de los ocurridos en agosto de 1998, que se habían desencadenado sobre todo por la reacción violenta y la incompetencia de las fuerzas de orden público, y no por un comportamiento sectario de éstas. 
Los últimos acontecimientos, en cambio, parecen ser de carácter religioso, aunque hayan sido desencadenados por un simple desacuerdo de orden comercial. 
En el Alto Egipto, como en otros lugares, el subdesarrollo crónico puede exacerbar peligrosamente las tensiones religiosas, razón por la cual las medidas tendentes a restablecer la armonía entre las diferentes comunidades deben correr parejas con el desarrollo socieconómico. 
La Comisión, en el marco de su cooperación con Egipto, se esfuerza ante todo por encontrar un equilibrio entre las medidas que favorecen la modernización económica y las medidas sociales, incluyendo las medidas de lucha contra la pobreza y de promoción de la sociedad civil y de los derechos humanos. 
El Alto Egipto constituye una de las regiones inscritas en el marco de las medidas sociales y de las medidas de lucha contra la pobreza. 
Con respecto a China, la Comisión comparte las preocupaciones de los diputados del Parlamento en relación con la situación de los derechos humanos en este país, y en particular en el Tíbet. 
Estas cuestiones se trataron al más alto nivel en la segunda cumbre Unión Europea/China, el 21 de diciembre de 1999, en Pekín. 
La Unión ha efectuado asimismo una gestión formal frente al Ministerio de Asuntos Exteriores chino, para expresar su enérgica preocupación en cuanto a la situación de los disidentes políticos, a la libertad de culto de los miembros de las iglesias cristianas y al trato recibido por algunos practicantes del movimiento Falun Gong. 
Estas cuestiones, al igual que las condiciones de detención, los campos de trabajo, la libertad de expresión, la libertad de asociación y los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas, serán incluidas igualmente en el orden del día de la próxima sesión del diálogo Unión Europea-China sobre los derechos humanos, que se celebrará el 25 de febrero en Lisboa. 
Será al término de esta sesión y del diálogo, y a la vista de sus resultados, cuando se definirá la posición que adoptará la Unión en la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
La Unión considera que la mejora de la situación de los derechos humanos en China, así como las negociaciones de adhesión de este país a la OMC, constituyen dos desafíos de máxima importancia, que es conveniente tratar de forma diferenciada y sobre la base de instrumentos, en el marco de organismos específicos. 
En general, la Comisión considera que la apertura económica y la liberalización de los intercambios, que acelerarán la adhesión de China a la OMC, constituyen un terreno favorable, a la larga, para el desarrollo de los derechos humanos, el fortalecimiento de la sociedad civil y la constitución de un Estado de derecho en China. 
La Comisión estará particularmente vigilante en cuanto a estos últimos aspectos, en el marco del diálogo de la Organización Mundial del Comercio. 
El caso del Tíbet ya ha sido ampliamente tratado a través de los canales de comunicación que existen actualmente con las autoridades chinas. 
Los embajadores de la "troika", por otra parte, han efectuado en 1998 una misión de observación en el Tíbet, y la Comisión se compromete a continuar por esta vía. 
Con respecto al problema de los prisioneros de la guerra del Golfo en Irak, la Comisión, al igual que el Parlamento, se preocupa por la falta de cooperación de Irak en el expediente de los kuwaitíes dados por desaparecidos, y evalúa los efectos intolerables de esta situación en relación con las familias. 
La Comisión exhorta a Irak a que respete las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la materia, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, como ustedes han señalado, ha sido encargado del expediente de los kuwaitíes dados por desaparecidos, de conformidad con dichas resoluciones de las Naciones Unidas. 
Pero Irak se niega, desgraciadamente, a cooperar, incluso por mediación de este organismo internacional. 
La Comisión apoya los esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero como la Comisión no mantiene relaciones contractuales con Irak, no existe, pues, un diálogo oficial con el Gobierno iraquí. 
Además, desearía confirmar que la Comisión se inscribe de pleno derecho en el marco del régimen de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas, que constituyen una respuesta a la situación dramática de los derechos humanos en este país. 
No obstante- y creo que también se trata de un punto importante, como algunos de ustedes lo han expresado -, a pesar de estas violaciones por Irak de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión continuará, a través de ECHO, proporcionando ayuda humanitaria a los iraquíes, a fin de mitigar sus sufrimientos. 
La Comisión es el principal abastecedor de ayuda humanitaria a Irak, por un importe de 240 millones de euros desde 1991, y en el marco de su programa para el año 2000 ECHO ha asignado diez millones de euros en concepto de la ayuda humanitaria en favor de Irak. 
Nosotros distinguimos muy bien, pues, entre las poblaciones y las dificultades que existen con respecto a los derechos humanos a causa de Irak. 
La Comisión apoyará todas las disposiciones en la materia. 
Finalmente, en relación con la violación de los derechos humanos en el Chad y en el Camerún, en conexión con la planificación actual del oleoducto, la Comisión Europea efectúa un atento seguimiento de esta situación respecto a la profundización del proceso democrático, a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento del Estado de derecho. 
Asimismo, la Comisión sigue con atención el proyecto de explotación de petróleo en el sur del país, y que atravesará el Camerún. 
La Comisión no está directamente implicada en la financiación de este proyecto. 
Pero en varias ocasiones ha manifestado su comprensión en cuanto al derecho del Chad de querer explotar su único recurso, siempre que se tomen las precauciones necesarias en relación con la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de las poblaciones locales, por una parte, y la asignación real de los futuros ingresos del petróleo para el desarrollo del país, por otra. 
Nosotros haremos todo lo posible por que estas preocupaciones se transmitan al Banco Europeo de Inversiones. 
La explotación del petróleo en el Chad podrá constituir un factor muy importante de desarrollo y de consolidación del Estado de derecho, si dichos ingresos se utilizan razonablemente. 
Por eso la Comisión Europea se esforzará por alentar al gobierno a proseguir el diálogo sobre las cuestiones planteadas por el proyecto petrolero con los principales socios del país, incluso con la propia Comisión, y a asociar estrechamente a las colectividades locales y a las organizaciones no gubernamentales a las acciones preparatorias. 
Ello con el fin de que los progresos efectuados con respecto a los puntos más críticos del proyecto petrolero puedan, en su caso, ser intensificados. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación, a las 17.30 horas. 
Situación en las islas Molucas (Indonesia) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre la situación en las islas Molucas: 
B5-0034/00 de la Sra. Maij-Weggen, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre las islas Molucas e Indonesia; 
B5-0054/00 de los Sres. Schori y Wiersma, en nombre del Grupo del PSE, sobre las Molucas; 
B5-0059/00 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR, sobre las Molucas; 
B5-0071/00 de los Sres. Vinci, y Brie, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en las Molucas en Indonesia; 
B5-0073/00 del Sr. Lagendijk, entre otros, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, sobre las Molucas; 
B5-0085/00 de la Sra. Maij-Weggen, entre otros, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre las Molucas en Indonesia. 
Señor Presidente, en realidad es la tercera vez en medio año que nos vemos obligados a llamar la atención de la Comisión sobre la situación en las islas Molucas. 
No estamos satisfechos con la forma excesivamente limitada en que la Comisión ha reaccionado hasta la fecha a nuestras resoluciones. 
La violencia en las islas Molucas se remonta al año pasado. 
En un principio los acontecimientos en Timor Oriental hacían sombra a lo que ocurría en las islas Molucas, pero no por eso la situación era menos grave. 
En octubre hablamos de centenares de muertos. 
Ahora, tres meses más tarde, ya se dice que los muertos son miles y que el número de heridos y refugiados es aún mayor. 
Obviamente, las causas son varias. 
Desde el punto de vista económico la zona ha sido discriminada por el régimen de Suharto. Este mismo régimen también ha contribuido a que se llevara a cabo una sospechosa política de migración. 
Pero lo peor es que ahora hay instigadores, como en Timor Oriental, que siembran cizaña entre la población y que el ejército desempeña desafortunadamente un papel dudoso. Esto último lo confirmó anoche el Presidente Wahid en una entrevista emitida en la televisión neerlandesa cuando dijo que el ejército también muestra una conducta reprobable en este conflicto. 
Nuestra resolución explícita que las críticas no van dirigidas al nuevo gobierno de Indonesia, que realmente está haciendo todo lo posible por restablecer la democracia y afrontar el problema de la violación de los derechos humanos. 
Todos los indicios apuntan a que en Indonesia el mal reside más bien en las agresivas organizaciones musulmanas y los instigadores presentes en determinados sectores del ejército. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea? 
Podría comenzar por lanzar un aviso, tal y como ha hecho el Sr. Holbrooke, advirtiendo que no se tolerará un golpe de Estado por parte del ejército en Indonesia. 
En segundo lugar, podría crearse una comisión de investigación que se desplazara a Indonesia, a ser posible con un mandato de la ONU, para comprobar lo que ha ocurrido en los últimos meses. 
Al mismo tiempo se podría enviar a la zona un comité de conciliación que se encargase de acercar posiciones entre musulmanes y cristianos. 
El Presidente Wahid ya ha formulado una petición en este sentido e incluso ha mencionado un nombre. 
Sería buena idea que la Unión Europea prestara su apoyo a una iniciativa de estas características. 
Y evidentemente se requiere una mayor ayuda de la que se concede ahora. 
Por último, quisiera insistir en que se prolongue el embargo de armas. 
Mientras persista la ambigua postura del ejército tenemos motivos más que suficientes para ello. 
Quisiera indicarle que el conflicto y la violencia en las islas Molucas duran ya demasiado tiempo. 
Los Países Bajos cuentan con una amplia comunidad moluqueña. 
Se trata de una comunidad europea y, por eso, mismo, la Unión Europea no puede hacer caso omiso de los problemas de las islas Molucas. 
Instamos al Consejo y también a la Comisión a que muestren una decisión considerablemente mayor de la que han mostrado hasta la fecha. 
Señor Presidente, hablo en nombre del Sr. Wiersma. 
Señor Presidente, la decisión del Consejo de Ministros de levantar el embargo de armas impuesto a Indonesia es prematura y poco previsora. 
Si bien es cierto que Indonesia ha dado los primeros pasos en dirección a una sociedad democrática, la transición hacia la democracia no es ni mucho menos un hecho consumado, como ha vuelto a subrayar el embajador americano de la ONU, Holbrooke, en la advertencia que lanzó esta misma semana al ejército indonesio. 
El papel desempeñado por el ejército indonesio en los disturbios vividos en Timor Oriental aún no ha quedado esclarecido. 
Las tensiones en Indonesia van en aumento. 
Yakarta ha perdido el control de la situación en las islas Molucas. Es lo que acaba de resaltar mi colega Maat. 
Amplios grupos de la población se sienten inseguros. 
Si Europa levanta el embargo de armas antes de tiempo corre el riesgo de convertirse en cómplice de una escalada de la violencia. 
Por ello, opinamos que el Consejo ha de reconsiderar su decisión. 
Rogamos encarecidamente a los Estados miembros que, en espera de una nueva decisión, no reanuden el suministro de armas. 
Pedimos a la Comisión y al Consejo que den cuatro pasos. 
En primer lugar, la Unión Europea ha de enviar una misión a Yakarta para intercambiar ideas con el gobierno de Wahid sobre una posible salida a la crisis. 
En segunda instancia, la UE debe llegar a un acuerdo con el gobierno indonesio sobre la admisión de observadores independientes en las islas Molucas. 
En tercer lugar, es preciso prestar más ayuda a todos los sectores de la población. 
Por último, es necesario incrementar el apoyo a los refugiados y los desplazados a través de la ONU y las ONG. 
No quisiera finalizar mi intervención sin expresar la profunda decepción que sentimos como delegación de los socialdemócratas neerlandeses con respecto a la actitud adoptada por nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. No sabe qué partido tomar en este debate. 
La Unión Europea debe actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. 
Hago un llamamiento especial a la Presidencia Portuguesa de la Unión Europea para que tome la iniciativa. 
Señor Presidente, me enfadé muchísimo cuando me enteré el lunes de que el Consejo de Ministros no va a continuar con el embargo de armas. 
Entiendo que Francia, Italia, España y Bélgica querían suprimirlo y Gran Bretaña, como siempre, se mantiene a la expectativa. 
¡Todo esto respecto de una política exterior ética! 
Pido encarecidamente al Consejo de Ministros de la UE que reconsidere su decisión. 
Entretanto, los Estados miembros no deberían reanudar el comercio de armas, ya que esto da las señales equivocadas en el momento equivocado. 
Incluso el Secretario de Estado indonesio ha dicho que es un error. 
La democracia es frágil. 
Existe el peligro de un golpe de estado militar, cada vez hay más violencia en las islas Molucas y ahora nos enteramos de que se han quemado doce iglesias en Lombok y 5000 personas han huido, y de nuevo nos llegan informes que aseguran que el ejército está involucrado. 
Suplico al Consejo de Ministros que restablezca el embargo de armas por el bien de la estabilidad en Indonesia. 
Señor Presidente, el actual Estado unitario de Indonesia es el producto de 350 años de dominación colonial neerlandesa. 
Se reclutó a la población de las islas Molucas, convertida al cristianismo, para un ejército colonial cuyo cometido era garantizar que los demás pueblos respetasen la autoridad neerlandesa. 
Hace cincuenta años gran parte de los moluqueños de las islas sureñas se trasladaron a los Países Bajos y desde entonces tuvo lugar una masiva emigración de los habitantes de la poblada isla de Java a las demás islas. Ello ha hecho que los moluqueños que aún permanecen en la zona se hayan convertido en minoría. 
En 1965 el ejército indonesio dio un golpe de Estado que probablemente costó la vida a un millón de personas. 
Y ahora, después de las elecciones de 1999, el ejército sigue sin doblegarse al mando democrático. Fomenta los conflictos entre los diferentes grupos de la población. 
El lunes pasado pedí al Consejo que mantuviera el embargo de armas contra Indonesia. 
De este modo, se podría evitar que empresas neerlandesas y francesas sean acusadas de incumplimiento de contrato al no suministrar pedidos de material militar realizados con anterioridad. 
No debe extrañar a Europa que Indonesia continúe sufriendo guerras civiles si nos negamos a reconocer que el ejército tiene interés en librar batallas étnicas y religiosas con origen en la historia colonial del país. 
Señor Presidente, la última vez que hablamos en esta sala de las islas Molucas dije que en aquel momento nos referíamos a la situación en las Molucas, pero que temía que no tardaríamos mucho en vernos obligados a centrarnos en otras partes de Indonesia. 
Para mayor claridad quiero precisar que con esas palabras no pretendía quitar importancia al debate específico sobre las islas Molucas ni negar los problemas propios de la zona, sino afirmar que el análisis del problema de Indonesia va mucho más allá de las Molucas, puesto que se trata de un problema estructural y muy profundo. 
Desafortunadamente, acerté. 
Las últimas noticias hablan de incidentes horribles en Lombok que recuerdan lo ocurrido en las islas Molucas y en otros lugares de Indonesia azotados por el conflicto. Y es más, se anuncian otros focos de disturbios, por ejemplo en Sulawesi. 
Todo ello es en gran parte el resultado de las campañas de odio orquestadas por el Presidente de la asamblea legislativa, entre otros. 
Esta situación contrasta con la reacción esperanzadora del Presidente Wahid. 
Por eso mismo, considero oportuno que el Parlamento Europeo le preste apoyo en su lucha contra la intolerancia y a favor de una alternativa musulmana liberal y moderada. Pero sobre todo necesita nuestra ayuda en su lucha contra amplios sectores del ejército, este ejército que no trata con mano dura a los instigadores y que ni siquiera está dispuesto a rendir cuentas de su conducta, por ejemplo en Timor Oriental. 
Sin embargo, no veo cómo la reanudación de los suministros de armas puede beneficiar al Presidente Wahid. 
La UE tiene otras posibilidades a su alcance para incidir en el proceso en Indonesia. Mis colegas ya se han referido a ellas: observadores, ayuda humanitaria. 
Pero no podemos olvidarnos del embargo de armas, y con esto hago sobre todo un llamamiento a los Estados miembros. 
Por el bien de Indonesia debemos mermar el papel del ejército, no reforzarlo suministrándole más armas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tomo nota de que el Consejo Europeo, al decidir no mantener el embargo de venta de armas a Indonesia, adopta este mes una posición contraria a la que el Parlamento recomendó el mes pasado a partir de un gran consenso. 
Para demostrar que las razones que motivaron el embargo no se han modificado, lo que corrobora la coherencia de la posición del Parlamento, ahí está la situación en las Molucas, bien expresada en el texto de la resolución común en debate. 
Como sostuve hace un mes, el actual Gobierno indonesio, resultante de elecciones libres, al inclinarse por los valores de la democracia, entre los cuales destaco el respeto de los derechos humanos, es merecedor del aprecio y la solidaridad de la comunidad internacional. 
La situación en las islas Molucas, que en Indonesia no es un caso aislado, consecuencia, en particular, de la política de migración interna promovida por la dictadura militar de Suharto, con la que se relaciona la presente actuación de las fuerzas armadas indonesias que repite lo sucedido en Timor oriental en su fase peor, como si nada hubiera cambiado en su país, justifica una actitud de prudencia en la forma de expresar solidaridad. 
Así, pues, apoyo el necesario fortalecimiento de la cooperación internacional, plasmado en particular en ayuda humanitaria, a Indonesia y en la contribución a su desarrollo, con lo que se demuestra el aprecio por el carácter democrático del gobierno actual de ese país y se contribuye a aumentar su capacidad de afirmación. 
Rechazo la venta de armas destinadas a las fuerzas armadas que aún no han comprendido su estatuto en un Estado de derecho, que las hace depender del Gobierno. 
Dadas las circunstancias, la señal acertada será la de mantener el embargo a la venta de armas a Indonesia. 
Sería desastroso que los militares volvieran a tomar el poder en Indonesia. 
Por ello, Europa ha de apoyar al Presidente Wahid en sus esfuerzos por restablecer la paz en las islas Molucas. 
Hasta ahora la Unión Europea ha fallado. 
Tenemos que prestar más ayuda humanitaria y apoyar a los indonesios en su intento de entablar negociaciones entre musulmanes y cristianos. 
Es probable que una misión europea, por ejemplo bajo la dirección del Sr. Lubbers, el antiguo Primer Ministro de los Países Bajos, pudiera lograr avances en este sentido. 
El Grupo del ELDR lamenta que no se proceda a una prórroga del embargo de armas, puesto que continúa habiendo un foco de tensión y los derechos humanos aún no se respetan. 
En otras palabras, el Consejo de Asuntos Generales no se ciñe a sus propios criterios europeos relativos a los embargos de armas. 
La decisión de la Unión Europea redunda en beneficio de los militares y eso es precisamente algo que deberíamos evitar. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después de Egipto, Turquía, Oriente Medio en general, hoy las presiones, los excesos, los asesinatos de cristianos, se extienden a Asia. 
Ya es hora de expresar con energía nuestra rebelión frente a estos dramas. 
Sin embargo, el mensaje de las religiones del Libro santo es claro, simple y positivo. 
Es inconcebible que sea tergiversado para justificar estos horrores. 
El islamismo, a través de una lenta y constante presión, ya ha empujado al exilio a la mayoría de los cristianos de Oriente. 
¿Qué hacemos nosotros concretamente para apoyarlos? 
Una constelación de asociaciones, en Francia y en Europa, intenta acudir en su ayuda para que el exilio no sea la única solución que les quede. 
Hoy los saludo con entusiasmo. 
¡Qué empobrecimiento y qué pérdida para estos países! 
Los cristianos, presentes en estos países desde mucho antes de la expansión del Islam, también forman parte de sus raíces culturales. 
Naturalmente, en las islas Molucas la situación es diferente, ya que el Gobierno indonesio trata, sin éxito, de controlar la situación, por ser claramente incapaz de controlar a sus propias fuerzas armadas; de ahí la imperiosa necesidad de no levantar el embargo sobre las armas. 
Es de temer una vez más que los cristianos, pagando con su sangre, sirvan de víctimas propiciatorias de crisis que los superan. 
La crisis del Estado indonesio tiene raíces profundas, que son, tanto económicas, sociales y políticas, como religiosas. 
Por consiguiente, Señorías, nuestro Grupo expresa enérgicamente su horror ante todo cuanto ocurre en las islas Molucas, del mismo modo que lo ha hecho con respecto a Timor Oriental, así como su profunda preocupación sobre la suerte que les espera a los cristianos en Oriente Medio, y ahora en Asia. 
Señor Presidente, el Presidente Wahid sigue negando que el conflicto en las islas Molucas haya desembocado en una crisis. 
Sostiene que las hostilidades de índole religiosa que se registran en la zona son obra de una minoría violenta, las llamadas dark forces, que avivan el conflicto una y otra vez. 
Sin embargo, las últimas imágenes y noticias parecen desmentir estas afirmaciones. 
Los frecuentes incendios provocados de iglesias y mezquitas y el reiterado llamamiento a la guerra santa, la jihad, demuestran cuan grave es la situación. 
También es preocupante que la violencia se extienda hacia Lombok y Sulawesi. 
Mientras tanto el derramamiento de sangre en las islas Molucas, iniciado hace un año, continúa. 
Obviamente, es fácil caer en la tentación de buscar los culpables directos de este tipo de conflictos. 
Sin embargo, queda aún por ver si ello contribuye a la solución de los conflictos. 
En este momento incluso parece ser que los medios de comunicación alientan la violencia. En no pocas ocasiones, las noticias dan lugar a nuevos atentados. 
No sólo la prensa desempeña un papel ambiguo, también es el caso del ejército. 
Tanto musulmanes como cristianos lanzan acusaciones contra el ejército. 
Wahid intenta dominar al ejército, pero hasta la fecha no lo ha conseguido del todo. 
Por todo ello, no parece sensato levantar el embargo de armas contra Indonesio en este momento. 
La resolución común hace un llamamiento al Consejo, a la Comisión y al Parlamento para que contribuyan a la solución de los conflictos en Indonesia mediante delegaciones. 
Evidentemente, no podemos invadir el país y recetar una serie de soluciones. 
Las minorías étnicas y religiosas y todos los demás agentes sociales de la sociedad indonesia deben aunar sus fuerzas para construir una sociedad civil. 
Es necesario que prestemos cuanto antes ayuda humanitaria. 
. (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte lo expresado por el Parlamento en su propuesta de resolución; a la vez con respecto al compromiso firme del Gobierno indonesio de promover la democracia y el respeto de los derechos humanos y a la necesidad de apoyar al Gobierno indonesio en sus esfuerzos por limitar la violencia y restablecer los derechos humanos en la provincia de Molucas. 
En cuanto al diálogo pacífico, como instrumento para restablecer la paz entre las comunidades musulmanas y cristianas, la Comisión está convencida de que la situación actual- que es tan preocupante- exige un esfuerzo de la comunidad internacional. 
Dentro de este espíritu, es necesario apoyar al Gobierno indonesio y evitar cualquier reacción de naturaleza punitiva. 
La última declaración de la Presidencia, del 17 de enero, traduce muy bien esta actitud y, en nombre del comisario Patten, puedo asegurarles que la Comisión suscribe las ideas expresadas en la declaración. 
Sin embargo, en el Consejo "Asuntos Generales", previsto para el lunes 24 de enero, se podrá examinar la petición del Parlamento. 
Además, la visita inminente del Presidente indonesio a Bruselas, así como a otras capitales europeas, ofrecerá la oportunidad de garantizar, a él y a su gobierno, nuestra voluntad de apoyar todos los esfuerzos necesarios, para solucionar pacíficamente el expediente. 
Con respecto a la ayuda humanitaria, ECHO y la Comisión están dispuestos a intensificarla. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Venezuela 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las 6 propuestas de resolución siguientes: 
B5-0047/00 de los diputados Muscardini y Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN, sobre Venezuela; 
B5-0055/00 del Sr. Medina Ortega, en nombre del Grupo del PSE, sobre las catastróficas inundaciones en Venezuela; 
B5-0060/00 de los diputados Sánchez García y Di Pietro, en nombre del Grupo ELDR, sobre las inundaciones catastróficas en Venezuela; 
B5-0072/00 del Sr. Wurtz, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las inundaciones en Venezuela; 
B5-0076/00 de los diputados Knörr Borràs y Lipietz, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, sobre las inundaciones catastróficas en Venezuela; 
B5-0086/00 de los diputados Marques y Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del PPE, sobre la catástrofe en Venezuela. 
Señor Presidente, el que siga el debate de urgencia en este Parlamento se dará cuenta de que parece que la historia de Europa vuelve de nuevo sobre nosotros. 
Es decir, en el debate anterior sobre las Molucas hemos oído mucho neerlandés y ahora me temo que el Sr. Comisario va a oír mucho español, porque estamos hablando de Venezuela. 
Lo que ocurre es que la historia de Europa vuelve sobre nosotros. 
Es decir, los europeos que fueron y ocuparon el mundo, ahora, de alguna forma, estamos influenciados por lo que está ocurriendo fuera de aquí, de forma que, cuando cada uno de nosotros habla, aunque- sobre todo, para el Sr. Comisario- esto pueda parecer una letanía de quejas, lo hace expresando la opinión de los electores. 
Concretamente, en mi país- España- y en la región de la que yo vengo- las islas Canarias- la catástrofe de Venezuela se ha sentido como si fuera en nuestro propio territorio. 
Lo que lamento es que, en este momento, el Sr. Busquin, que es un gran Comisario y un gran político y que está en condiciones de conocer los problemas, no sea el Comisario responsable del asunto, porque probablemente tenga ya la respuesta escrita y lo que yo pueda decirle no va a influir en su respuesta, porque estoy seguro de que no podrá hacerlo. 
Pero sí espero que, por lo menos, lea la propuesta de resolución y se fije en alguno de los temas que nos preocupan. 
La catástrofe de Venezuela no ha sido una catástrofe ordinaria. 
Estamos hablando de 50.000 desaparecidos- prácticamente 50.000 muertos -, de la desaparición de un estado- el de Vargas -, donde están el aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira, que es la entrada o hall de Venezuela. 
Hay que reconstruir ese Estado y hacerlo de tal forma que no se vuelva a producir una catástrofe. 
Porque la catástrofe no se produjo por una simple negligencia de las autoridades. 
Se produjo por el desplome de toda una cresta- la cresta del Parque Nacional de Ávila- y, por tanto, habrá que tomarlo en cuenta a la hora de la reconstrucción. 
Espero que la Comisión tome en cuenta las consideraciones del Parlamento y que considere la posibilidad de convocar algún tipo de "conferencia de donantes", o algo así, con otras organizaciones y Estados al objeto de que, entre todos, podamos ayudar al Gobierno venezolano a reconstruir una parte muy importante del país. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, para los ciudadanos que vivimos en las islas Canarias, una región ultraperiférica de la Unión Europea, todo lo que suceda en Venezuela nos afecta de manera significativa, por cuanto que miles de canarios tuvieron que emigrar a dicha república a mitad del siglo pasado, hasta tal punto que consideramos Venezuela como nuestra octava isla. 
Por ello, nos quedamos impresionados ante la catástrofe sufrida en los estados de Vargas y Miranda, a mediados de diciembre pasado, por culpa de lluvias torrenciales, avalanchas e inundaciones en el litoral venezolano, al pie del Avila, parque nacional en el que he tenido la oportunidad de trabajar profesionalmente. 
Las pérdidas humanas fueron elevadas, así como los damnificados, mientras que las pérdidas materiales alcanzaron miles de millones de euros. 
Ante la magnitud de la catástrofe reaccionamos todos, desde Europa y desde América, con ayuda humanitaria y con apoyo económico, con una ejemplar solidaridad, es decir, que hubo una respuesta internacional rápida a todos los niveles, incluyendo la Comisión Europea, algunos Estados miembros y algunas comunidades españolas ligadas familiarmente con Venezuela. 
Superada la fase inicial, y pese a otras amenazas naturales de estos últimos días, se hace necesario más que nunca rehabilitar y reconstruir las viviendas, los equipamientos y las infraestructuras afectadas- además de las correcciones hidrológicas pertinentes -, así como apoyar moral y económicamente a las víctimas de esta catástrofe natural, que constituye una de las tragedias más importante de la historia reciente de América Latina, y particularmente de Venezuela. 
Por estas razones, todos hemos presentado una propuesta de resolución orientada a conseguir, fundamentalmente de la Unión Europea, un plan de cooperación técnica y financiera, entre otras cosas, en coordinación con los Estados miembros y otras instituciones, que permita paliar y compensar los efectos de este desastre natural. 
Les puedo garantizar que en esta ocasión la catástrofe de Venezuela se ha convertido, de verdad, en una cuestión "de actualidad, de urgencia y de especial importancia". 
Señor Presidente, creo que quizá lo triste sea que cada poco tiempo nos veamos obligados a hablar de las diferentes catástrofes que asolan a determinados lugares del mundo con más insistencia que a otros, y quizá también de países que, afectados por una pobreza mayor y por unas infraestructuras más débiles, pagan más duramente que si fueran más fuertes. 
Y lo mismo se puede decir de sus ciudadanos, porque en el caso de Venezuela hay que hablar- como en el del Mitch- de las numerosas víctimas mortales. 
Naturalmente, nosotros pedimos a las instituciones europeas que acudan con ayuda económica- que ya han acudido, ya han propuesto 3.500.000 euros para atender a los gastos inmediatos -, pero también pedimos que colaboren en otro sentido con el Gobierno y con los ciudadanos venezolanos. 
En esta misma semana hablamos de una catástrofe ocurrida en Europa y mencionábamos que el cambio climático puede tener que ver- y muchos expertos ya lo afirman- con la proliferación continuada de catástrofes mal llamadas "naturales". 
Creemos que la mano del hombre tiene que ver con ello. 
Y en el caso de Venezuela- nosotros tuvimos ocasión de estar allí con motivo de la Conferencia entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano -, son visibles la urbanización salvaje y los ataques al medio natural que quizás agraven estas situaciones. 
Por lo tanto, señor Presidente, hay que atender las necesidades urgentes de recomposición de todas las infraestructuras. 
Las instituciones europeas, los países miembros y algunas organizaciones no gubernamentales deben colaborar con otros países, para que esta catástrofe, que ha causado daños irreversibles, pueda ser paliada en la medida de lo posible. 
Señor Presidente, no quiero resultar redundante con lo manifestado por los que me han precedido en el uso de la palabra. 
También provengo de un territorio, el País Vasco, donde hay un gran sentimiento de solidaridad en la medida en que Venezuela ha sido un país de acogida de emigración de toda España en general y del País Vasco en particular, y que prestó, durante los largos años de la dictadura franquista, una inestimable ayuda tanto desde el punto de vista moral como material. 
Además, como "en perro flaco todo son pulgas", estos días hemos sabido que se ha registrado un terremoto de 6 grados en la escala Richter e incluso un maremoto. 
Como el sentimiento de pesar y solidaridad es compartido, quiero centrar también esta intervención en algunos aspectos que van más allá de la ayuda material a corto plazo y de la propia resolución. 
Es necesario examinar el modelo de desarrollo, no solamente de Venezuela sino también de otros países, reconduciéndolo en lo que tiene de incoherente con el mantenimiento y respeto al medio ambiente. 
Hay que destinar ayudas también al estudio de estos aspectos y a la influencia negativa que determinados sectores industriales están teniendo en el equilibrio medioambiental, y no solamente en Venezuela. 
Es preciso que se celebre una Conferencia Unión Europea-Latinoamérica para la reversión de tendencias de dependencia y de exportación de recursos energéticos así como de la ciega explotación de éstos. 
Es preciso hacer todo lo necesario para la prevención de estas catástrofes. 
Por lo tanto, se debe prestar atención a todos estos puntos y también- ¡cómo no! -a los puntos recogidos en la resolución. 
Finalmente, no quiero dejar pasar la ocasión de llamar la atención también sobre las denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela bajo capa de actuación contra el saqueo de las zonas afectadas. 
No podemos cerrar los ojos tampoco ante eso. 
Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano no debe hacernos bajar la guardia en la vigilancia de individuos como el Presidente Chávez, un Presidente populista que ha dado inquietantes muestras de intolerancia y de amenaza a diversos sectores, incluidos los medios de comunicación, aunque haya mandatarios europeos dispuestos a "reírle las gracias". 
Venezuela constituye para más de 300.000 compatriotas míos la tierra de oportunidades para una vida mejor. 
Venezuela los acogió con los brazos abiertos. 
Lo mismo ocurrió con centenares de miles de otros emigrantes europeos. 
Por lo demás, he de decir que más del 70% de los portugueses emigrados a Venezuela proceden de mi región, la isla de Madeira. 
Esa gran proximidad hizo que siguiéramos la catástrofe con profunda tristeza y emoción. 
Pero hizo también surgir un gran sentimiento de solidaridad. 
Así, fue muy grato oír a la Comisión anunciar la prestación de la ayuda humanitaria. 
Ahora bien, la dimensión de la tragedia, entretanto, revelada, vino a demostrar la insuficiencia de esa ayuda. 
La verdad es que Venezuela está afrontando la mayor catástrofe natural ocurrida en América Latina en el siglo XX. Ya es seguro que al menos murieron 15.000 personas. 
Centenares de miles perdieron sus viviendas. 
De 10.000 a 20.000 millones de dólares son los daños materiales estimados. 
Ante ese cuadro impresionante y trágico, la Unión Europea debe fortalecer substancialmente la solidaridad con Venezuela. 
Con ese propósito presenté en este Parlamento una propuesta de resolución. 
Quisimos que fuera el Parlamento Europeo, órgano representativo de los pueblos de Europa, quien manifestara su pesar y solidaridad. 
También quisimos que el Parlamento instara a la Comisión a reforzar la ayuda humanitaria a fin de atender las innumerables necesidades en esferas como las de la asistencia médica, agua, higiene pública, abastecimiento alimentario, etc. Quisimos también proponer a la Comisión que elaborara un plan de acción a medio plazo para la reconstrucción de infraestructuras y viviendas, ya que la recuperación de la zona siniestrada podría requerir más de siete años. 
Ese plano debe dar prelación y estimular la reanudación de las actividades económicas mediante incentivos financieros, financiación bonificada y asistencia especializada. 
Quisimos también invitar a la Comisión a que movilizara hasta el máximo de sus posibilidades los medios necesarios para afrontar las medidas citadas. 
No quisimos quedarnos sólo en las buenas intenciones. 
Señor Presidente, eso era el mínimo que podíamos hacer por las poblaciones víctimas de las inundaciones. 
Señor Presidente, creo que la Unión Europea cometería un grave error si minusvalorase las dimensiones de esta tragedia que ha vivido Venezuela en la que, como se ha recordado aquí, han perdido la vida miles de personas. 
Está muy bien que expresemos nuestra solidaridad, pero es importante y urgente que pasemos de las palabras a los hechos. 
La respuesta comunitaria debe pasar por un amplio plan de reconstrucción y rehabilitación del país, que contemple varios capítulos: el de reforzar la ayuda humanitaria y la ayuda de urgencia y el establecimiento de líneas para la rehabilitación y la reconstrucción, con carácter adicional. 
Y cuando digo con carácter adicional, lo digo porque el Consejo de Ministros aprobará una declaración el lunes próximo sobre la base de un acuerdo que han convenido los embajadores en el COREPER, en el que se dice que se hará un esfuerzo en función de las disponibilidades existentes. 
Es imposible que con los recursos del Mitch se pueda financiar esta prioridad. 
Lo que este Parlamento está pidiendo- y lo está pidiendo también como brazo de la autoridad presupuestaria -, es que la Comisión haga una ambiciosa propuesta que dé una respuesta a la situación que se ha creado. 
Sería interesante también que se examinasen, por parte de la Comisión, las posibilidades que presenta la aplicación de medidas comerciales, dentro del esquema que prevé el sistema de preferencias generalizadas comunitario, y la ampliación y extensión de créditos por parte del Banco Europeo de Inversiones. 
También la Unión Europea debería apoyar la "conferencia internacional de donantes", como prueba de su solidaridad, como prueba de su concurso y para estar a la altura de lo que un pueblo que está sufriendo, un pueblo amigo de la Unión Europea, como es el pueblo de Venezuela, espera en estos momentos de nosotros. 
Señor Presidente, si trasladamos los daños sufridos por Venezuela al territorio de la República Federal de Alemania sería como si dicha catástrofe hubiera destruido toda la zona costera alemana y se hubiera cobrado 200.000 vidas humanas. 
Esta comparación permite hacernos una idea de las dimensiones desmesuradas que esta catástrofe ha tenido en un país como Venezuela. 
No es macabro decir que lo mejor que le puede pasar a Venezuela en este momento sería una subida del precio del petróleo. De este modo, Venezuela podría financiar gran parte de la reconstrucción con medios propios. 
Nosotros sin duda saldríamos perdiendo, porque deberíamos pagar más, pero Venezuela saldría ganando. 
En este sentido, Venezuela se encuentra en una posición más favorable que los países de Centroamérica después del paso del huracán Mitch, a pesar de todos los daños que ha sufrido. 
Pero, evidentemente, este razonamiento sirve de poco consuelo ante los inmensos estragos. 
Ello justifica nuestra petición de que se organice una conferencia internacional de donantes que cuente con la participación activa de la Comisión. 
Por lo demás, espero- al igual que mis colegas- que la Comisión nos presente en breve, de ser posible, un plan de ayuda previa consulta al gobierno de Venezuela. 
Los venezolanos saben que los acompañamos en el sentimiento, pero también necesitan dinero, imaginación y colaboración para poder llevar a cabo la reconstrucción. 
Si me permiten, quisiera añadir que la globalización no sólo se aplica al comercio, sino también a la solidaridad. 
Cuando se produce una catástrofe tan devastadora también es indicado ir en busca de las causas. 
Temo que tendremos que afrontar cada vez más catástrofes naturales en las que el hombre tiene parte de la culpa. 
Es cierto que el hombre no puede hacer nada contra un cambio climático natural, pero no podemos pasar por alto el papel de los gases de efecto invernadero. 
Ahí está el problema. 
Desafortunadamente, Europa no cumple los compromisos adquiridos en Kioto. 
Espero que esta catástrofe- y desgraciadamente otras más- nos haga reflexionar y adoptar las medidas necesarias para que en el debate de actualidad y urgencia también podamos debatir medidas preventivas destinadas a reducir el impacto de las catástrofes en lugar de tener que hablar siempre de sus consecuencias desastrosas. 
Ya que la naturaleza nos juega estas pasadas, no parece muy sensato que el hombre incremente su impacto. 
. (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte las preocupaciones expresadas por los diputados del Parlamento sobre la situación catastrófica de Venezuela, y transmitiré al Sr. Nielson las diferentes observaciones de Sus Señorías. 
Habida cuenta de las proporciones del desastre, la Comisión ha reaccionado inmediatamente, adoptando decisiones a partir del 23 y del 30 de diciembre de 1999, que ya han sido aplicadas, sobre la concesión de una ayuda humanitaria de 3,2 millones de euros. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad inmediata de efectuar una evaluación de las necesidades, un experto de la Oficina humanitaria ECHO viajó a Venezuela el 22 de diciembre. 
Un experto de ECHO se trasladará in situ los próximos días, a fin de coordinar la ayuda humanitaria y garantizar la aplicación de los programas. 
A la vista del elevado riesgo de que se produzcan epidemias de cólera y de lepra, entre otras, lo que ha sido confirmado por el Ministerio de Sanidad de Venezuela, la Comisión prepara una tercera decisión, por la que se asignan 2 millones de euros para restablecer el sistema de agua potable y organizar una vigilancia epidemiológica. 
Suscribo la opinión del Sr. Linkohr en cuanto a la oportunidad de efectuar una futura reflexión general sobre las catástrofes; en este sentido, se están realizando algunos estudios. 
Además de la Comisión, la comunidad internacional ha respondido rápida y generosamente al llamamiento lanzado por el gobierno. 
Según la Oficina de coordinación de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, el importe global de la ayuda se eleva hoy a alrededor de 24 millones de dólares, de los que casi 10 millones proceden de la Unión Europea. 
Como respuesta a los deseos del Parlamento, la Comisión también prepara, no obstante, una misión de expertos, para evaluar la situación en Venezuela y establecer acciones específicas. 
En función de los resultados de este estudio de expertos, la Comisión decidirá un plan de reconstrucción a medio plazo. 
La Comisión estará particularmente atenta a las cuestiones vinculadas con el medio ambiente, en el momento de aplicar acciones de rehabilitación. 
En este estadio, no estamos en condiciones de indicar el importe de la ayuda, que será determinado en función de los resultados de la misión de expertos y de la consulta de los demás donantes. 
La Comisión cooperará estrechamente con el resto de los donantes, para fomentar la coordinación de los esfuerzos de la comunidad internacional y fijar las prioridades de acción. 
Es, pues, esencial que se cree lo antes posible un sistema de coordinación de la ayuda internacional. 
Señor Presidente, quiero que conste en acta mi protesta por el retraso de la votación, que estaba prevista a las 17.30 horas, sin mediar la más mínima explicación. 
Es una falta de respeto absoluto hacia la Asamblea y hacia cada uno de los colegas que estábamos aquí a la hora fijada. 
Sólo vería justificación si hubiera una razón de causa mayor, como infarto de miocardio de la Presidenta o del Presidente. 
Si no es así, me parece un hecho injustificable de desprecio hacia los compañeros parlamentarios. 
(Fuertes aplausos) 
Señor Presidente, se trata de la resolución sobre Chechenia. 
Solamente quería decirle que en la versión alemana del punto 4 se habla de milicias chechenas, en tanto que en el texto original inglés aparece la palabra fighter. 
Fighter significa combatientes. 
Por tanto, le ruego que este fallo se rectifique en todas las versiones lingüísticas, puesto que existe una gran diferencia entre fighter y milicias. 
En resumen, pido que se compruebe el punto 4 de todas las versiones lingüísticas. 
Tiene mucha razón, señor Posselt. 
Se corregirá el texto según sus observaciones. 
Antes de la votación sobre Egipto 
Señor Presidente, pido disculpas, pero se trata otra vez del mismo problema. 
En el texto original inglés que hemos tratado se habla de sectarian clashes o cosa por el estilo. 
En todo caso, lo que importa es la palabra sectarian. 
La versión alemana reza como sigue: "Conflictos entre sectas musulmanas y coptas". 
Tampoco tiene nada que ver, así que le ruego que la traducción alemana se ajuste a la versión inglesa. 
De nuevo, nos aseguraremos de que el texto se traduce al alemán de forma adecuada. 
Tras la votación sobre las islas Molucas (Indonesia) 
Señor Presidente, el Comisario aquí presente ha dicho que en el Consejo de Asuntos Generales del día 24, es decir, el próximo lunes, se podría analizar probablemente el problema del embargo de armas a Indonesia. 
Por tanto, quisiera pedir a la Mesa particular solidaridad y gran cuidado para que la resolución que se acaba de votar sea enviada de inmediato al Consejo. 
Y, por consiguiente, que haya una gran rapidez de la secretaría. 
Creo que los ministros leen los periódicos, pero, dado que se trata de la segunda vez que el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de la renovación del embargo, es importante que se de a conocer inmediatamente al Consejo la resolución que acabamos de votar. 
Así lo haremos. 
Señor Presidente, en observancia del Reglamento. 
Esta mañana ha habido dos cuestiones de orden, una presentada por mi colega el Sr. Hudghton y la otra por mí mismo. 
En ambas cuestiones hemos solicitado una votación nominal y hemos considerado que era importante celebrarla. 
Hasta ahora, en el acta impresa de las votaciones nominales consta como nominal sólo la primera votación de admisibilidad, pero no la segunda. 
Los diputados recordarán que ésta también fue una votación nominal, realizada por procedimiento electrónico. 
¿Podemos estar seguros de que el acta estará disponible antes de mañana por la mañana? 
Nos ocuparemos de ello, señor MacCormick, y puede estar seguro de que tendrá el acta para llevársela a casa. 
Mercado interior y protección jurídica del consumidor 
El siguiente punto del orden del día es el debate sobre la pregunta oral (B5-0039/99) formulada en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior por la Sra. Palacio Vallelersundi a la Comisión relativa a la creación de una estrategia equilibrada para el mercado interior y la protección jurídica de los consumidores. 
Señor Presidente, la holgura de tiempo me va a permitir, señor Presidente y señor Comisario, intentar la didáctica del ejemplo: Érase una vez, antes del advenimiento del Tratado de Amsterdam, un Consejo que debatía la modificación del Convenio de Bruselas y Lugano: para quienes no están en los arcanos de estas cuestiones técnicas, es un problema de jurisdicción. 
Es decir, ante qué juez tiene uno que plantear sus cuitas cuando se tiene un conflicto transnacional. 
Y el Consejo, por unanimidad y en el marco de la cooperación intergubernamental, es decir, muy poco comunitaria, muy cerca del Derecho internacional público, había llegado a un principio de acuerdo. 
Pero hete aquí que entró en vigor el Tratado de Amsterdam y, de acuerdo con el artículo 65, había que comunitarizar esa modificación del Convenio de Bruselas y de Lugano y había que hacer de ese nuevo convenio un acto comunitario: un reglamento. 
Entró entonces en escena la Comisión que, muy expedita y para conseguir pronto un primer fruto de este nuevo Tratado de Amsterdam, decidió que la comunitarización de un acto era sencillamente cambiarle el título: donde dice convenio, dígase reglamento. 
Y ya está. 
Y así la Comisión, sin ninguna consulta previa, sin ninguna consulta entre las distintas direcciones generales, lanzó un proyecto de reglamento sobre estas cuestiones de jurisdicción. 
Hoy, ante este Parlamento, se está tramitando el informe- simple opinión todavía, puesto que en este ámbito el Parlamento todavía tiene unos poderes limitados- bajo la autoría de la Sra. Diana Wallis, que espero que hable del asunto. 
Pero de ahí- y aquí termina mi historia- debemos sacar algunas conclusiones: 
En primer lugar, la falta de coordinación en el Consejo. 
Porque el Consejo no es el Consejo, es el Consejo en su formación "Justicia". 
Y más he de decir, en una formación de expertos, de profesores de Derecho internacional privado, que son los que han estado negociando estos tratados internacionales que, a fin de cuentas, tratan de esta materia específica. 
Tampoco se había consultado con el Consejo de Mercado Interior ni con el de Asuntos Generales. 
Pero también- y esto es más importante para el futuro -, falta de coordinación por parte de la Comisión, es verdad que ésta pasaba por unos momentos muy difíciles- era una Comisión dimisionaria -, pero falta de coordinación al cabo porque, señor Presidente, la audición sobre este asunto tuvo lugar después de publicarse la propuesta de reglamento, contrariando los más elementales criterios de eficacia e incluso de respeto por los ciudadanos y por esta Asamblea, al margen de otras cuestiones. 
Además de eso, creo yo que en este ejemplo se pone de manifiesto la difícil o la comprometida situación, o el reto- como usted quiera, señor Presidente- ante el que estamos: criterios de mercado interior, criterios de Derecho internacional privado. 
Es decir, comunitarizar un acto, y lo vamos a tener que hacer en muchas ocasiones ¿es, sencillamente, poner reglamento donde dice convenio? 
En opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, esto no puede ser así y espero que el Parlamento tenga este mismo criterio. 
Comunitarizar un acto es, ante todo y sobre todo, hacer un screaning de cada una de sus propuestas normativas respecto de lo que son los principios fundadores del mercado interior. 
En particular, el principio de reconocimiento mutuo y el principio de control en el Estado de origen. 
Comunitarizar es tener, en realidad, respeto por el mercado interior. 
Esto es muy importante porque, en estos momentos, completar el mercado interior significa abordar ese territorio de frontera que rodea a las normas que tenemos ya en vigor y que, por estar anclado en el Derecho procesal, y, por supuesto, en muchas áreas de este Derecho internacional privado, tiene una falta de definición clara. 
Por lo tanto, si ahí perdemos los criterios que informan el mercado interior, estamos indirectamente vaciando de contenido el mercado interior y yendo hacia una situación extremadamente peligrosa. 
A esto se une otro peligro. 
Y es que, en esta situación de la revolución digital, hay una cierta tendencia a decir "somos globales, el mercado interior se nos ha quedado pequeño, regulemos en el mundo, para qué el mercado interior, saltémonos el mercado interior". 
Pues bien, sepamos que la integración europea se ha construido sobre el mercado interior y que, además, estamos obligados por un Tratado a respetar los principios que sustentan y conforman esta realidad. 
Y ahora ¿dónde están los consumidores? , me dirá usted. 
Pues los consumidores están en que, en el ejemplo que yo ponía, resulta que se pretende protegerles dándoles la posibilidad de ir a pedir justicia al juez de la puerta de al lado, al juez del lugar en que se encuentra su domicilio. 
¿Es eso protegerlos? 
No, señor. 
Y la prueba es que los consumidores no plantean pleitos cuando compran un pequeño aparato, cuando compran cualquier cosa en la tienda de al lado. 
¿Por qué? 
Porque es muy caro y porque es muy largo. 
Es decir, si queremos proteger a los consumidores, arbitremos medidas. 
Por ejemplo, las dos que está lanzando la Comisión, del small claims procedure o de la solución extrajudicial de los conflictos de los consumidores. 
Eso protege a los consumidores: procedimientos rápidos, baratos y eficaces. 
Y además, señor Presidente, proteger a los consumidores también es tratarlos como mayores de edad, no pensar que los consumidores son seres que no pueden efectuar una elección. 
Creo que, en estos momentos, uno de los grandes retos que tiene Europa en esta revolución digital es cambiar la cultura y los principios de la protección de los consumidores. 
Hay que proteger a los consumidores, pero protegerlos realmente no formalmente, y hay que asumir una cultura del riesgo, del riesgo calculado para el consumidor, es decir, que pueda efectuar una elección con plena consciencia. 
Europa tiene que defender sus valores, pero Europa tiene otro gran reto, que es el equilibrio entre la legislación pública y la self regulation. 
Para la defensa de los consumidores, necesitamos un marco sólido y protector de legislación pública, pero también un espacio en el que, desde la sociedad civil, se establezcan unos sistemas más acordes con los tiempos que corren de los que podemos establecer desde las instituciones públicas. 
El otro día, en la cumbre de Madrid, alguien me decía: " Señora Palacio, en Internet, un año son dos meses. 
Una directiva que ustedes tardan cuatro años en establecer es mucho tiempo ". 
Seamos más rápidos, mantengamos nuestros valores, pero, desde luego, entendamos que nuestro mercado interior tiene que ser una prioridad. 
(NL) Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi gratitud a la estimada diputada, la Sra. Palacio, por darme la oportunidad de pronunciarme sobre una cuestión extremadamente importante y al mismo tiempo sumamente compleja. Quisiera decir lo siguiente al respecto. 
En vista de la realización de un espacio sin fronteras interiores, tal y como se estipula en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, la Comisión, al igual que la Sra. Palacio, concede mucha importancia al principio de que las empresas deben poder ofrecer sus mercancías y sus servicios en toda la Unión sin que el Estado miembro de destino les imponga impedimentos discriminatorios e infundados. 
Nuestra postura se fundamenta en que estos impedimentos pueden entrañar una fragmentación del mercado interior una vez que las empresas se ven obligadas a adaptar sus mercancías o sus servicios a la normativa de todos los países de la Unión Europea en los que realizan su actividad. 
Ése es nuestro punto de partida. 
Es un punto de partida que comparte la Sra. Palacio, puesto que acaba de decir que la Unión Europea está basada en el mercado interior. 
A este respecto la Comisión está totalmente de acuerdo con la Sra. Palacio. 
Ahora bien, para que el principio de reconocimiento mutuo pueda aceptarse plenamente debe cumplirse la condición de que todos los Estados miembros presenten un nivel de protección del consumidor adecuado y comparable. 
En la propuesta de directiva relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico a la que se ha referido la diputada se estipula explícitamente que el concepto de mercado interior del artículo 3 no se aplica a las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con consumidores. 
Como sabe la Sra. Palacio, las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con consumidores se rigen por el Convenio de Roma I y, por tanto, no están vinculadas a la directiva relativa al comercio electrónico sobre la que el Consejo alcanzó un acuerdo político el pasado 7 de diciembre. 
Por lo que se refiere a las iniciativas emprendidas recientemente por la Comisión en el marco del nuevo Título IV del Tratado de la Comunidad Europea, supongo que la Sra. Palacio alude principalmente- es algo que en el fondo también acaba de expresar- a la propuesta de reglamento aprobado por la Comisión en julio de 1999 sobre la base del trabajo realizado por un grupo ad hoc del Consejo y el acuerdo político de los quince Estados miembros. Dicha propuesta tiene por objeto incorporar en el Derecho comunitario derivado el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
La Sra. Palacio ha hecho referencia a este tema criticando el procedimiento de elaboración del reglamento propuesto por la Comisión. 
Ha dicho asimismo que ha habido poco diálogo, no sólo entre la Comisión y el Parlamento, sino incluso entre los diversos Consejos. 
La Comisión ha propuesto las modificaciones y el convenio original de 1968 con idea de ajustar un acuerdo un tanto anticuado a los métodos comerciales modernos, y sobre todo al comercio electrónico. 
Y ahora la diputada considera la posibilidad de que los puntos de partida de dicha propuesta de directiva, con la que se pretende comunitarizar el Convenio de Bruselas, atenten contra el principio de país de destino. 
Ello significaría, en el supuesto de que la diputada tenga razón, que la competencia judicial también se rige por este principio, y ése no es el caso. 
Además, el artículo 1 de la mencionada propuesta de directiva sobre el comercio electrónico, tal y como se determinó en el acuerdo político alcanzado en diciembre, estipula que la propuesta no se aplica al tema de la competencia judicial. 
Como sabe la Sra. Palacio, el tema de la competencia judicial se rige por el Convenio de Bruselas. 
Está el Convenio de Roma, al que me he referido antes, y está el Convenio de Bruselas. 
En este momento se trata de tres realidades independientes. Señor Presidente, la Comisión procurará que se tengan en cuenta las objeciones formuladas, sobre todo durante la audición de 4 y de 5 de noviembre, respecto a las posibles consecuencias de esta propuesta de reglamento para el mercado interior, así como las declaraciones que se han recibido a favor de la propuesta. 
En este momento, la Comisión está analizando los numerosos y muy detallados puntos de vista que le han llegado y a su debido tiempo dará a conocer eventuales propuestas. 
Pero en todo caso, considero oportuno, sobre todo a la luz de las críticas vertidas por la Sra. Palacio, que la Comisión no tome ninguna iniciativa antes de conocer el punto de vista que adoptará el Parlamento Europeo en febrero sobre la propuesta. 
Asimismo me parece imprescindible que busquemos soluciones complementarias adecuadas para contrarrestar las objeciones formuladas por los representantes de los consumidores durante la audición. 
Por eso mismo, es importante que consultemos en breve a todas las partes implicadas a fin de encontrar alternativas- aquí me sumo al llamamiento de la Sra. Palacio- para los largos, costosos y complejos procedimientos jurídicos que permitan resolver los contenciosos transfronterizos causados por las transacciones comerciales electrónicas en poco tiempo y con menos gastos para el consumidor. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar expresar lo mucho que aprecio las palabras que acaba de decir el Sr. Bolkestein asegurando que la Comisión va a estudiar detenidamente toda la compleja y entrecruzada normativa que va a afectar al nuevo mundo en el que vivimos, el mundo del comercio electrónico. 
Tuve la buena fortuna de poder asistir a parte de los debates de los días 4 y 5 de noviembre, y la cantidad de gente que participó y la calidad de las contribuciones dan fe de la seriedad con la que se está tratando este tema. 
Esto refleja la preocupación que suscitaba el planteamiento inicial. 
Mi colega, la Sra. Wallis, que está preparando nuestro informe, va a intervenir en breve y no quiero anticiparme ni quitarle la primicia. 
Luego discutiremos sobre ello y sé, señor Comisario, que ya habrá visto algunos detalles. 
Yo les quiero hablar, no desde el punto de vista de un abogado, porque tengo el privilegio de ser uno de los pocos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por la Sra. Palacio, que no ha estudiado Derecho, sino desde el punto de vista de los comerciantes y los consumidores. 
La palabra clave en esta cuestión que le planteamos, señor Comisario, es "equilibrio". 
Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que la aparición del comercio electrónico o las comunicaciones electrónicas está cambiando de forma significativa el equilibrio del mercado, inclinando la balanza considerablemente a favor de los consumidores. 
Nos estamos convirtiendo en consumidores muy poderosos porque la nueva tecnología de comunicaciones nos da el enorme poder de comprar a escala mundial, de comparar precios, de tomar nuestras decisiones basándonos en una gran cantidad de información de fácil accesibilidad. 
Aquellos de ustedes que aún no lo hayan probado deberían hacerlo, porque el comercio electrónico, debido a esta combinación de poder informático e información, permite a la gente comparar los productos ofrecidos y comprar de una forma completamente nueva. 
Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo y que tiene especial relevancia en lo que estamos haciendo en materia de legislación en todo el sector público. 
La oficina de telecomunicaciones del Reino Unido tiene un sitio web al que pueden acceder los consumidores y comparar los productos ofrecidos por todas las empresas de telecomunicaciones. 
Introducen los detalles de sus necesidades telefónicas y comparan los distintos productos ofrecidos; ese es el tipo de poder del que pronto dispondremos. 
A esta nueva generación de consumidores no le van a preocupar las dudas que nosotros, como legisladores, podamos tener sobre los principios de justicia y las leyes pertinentes ya que, como ha señalado la Sra. Palacio, el acceso a los tribunales no ocupa un lugar prioritario en las mentes de la mayoría de las personas que realizan sus compras en Internet o donde sea. 
Antes de decidirse por adquirir un producto, los clientes va a querer estar seguros de que la organización con la que están tratando ofrece buenas condiciones y garantías y acceso a la reparación. 
Si se trata de una marca poco conocida- y deberíamos animar a las pequeñas empresas a que usen el comercio electrónico para presentar sus productos a los consumidores- es lógico que esos consumidores exijan la seguridad de algún tipo de marca acreditada, una marca de comerciante electrónico, como por ejemplo, lo que está haciendo con gran éxito la asociación de consumidores de Gran Bretaña, que merece nuestra felicitación por ello. 
Esta es la clase de iniciativas que tenemos que promover en toda la Unión Europea, y es algo que me gustaría que el Comisario asuma como parte de la gran variedad de tareas asociadas a la legislación para la protección de los consumidores. 
La gente querrá tratar con organizaciones que se ocupen de los problemas y las reclamaciones con la misma rapidez y eficacia con la que ellos hacen sus compras por Internet. 
Querrán un sistema de reparaciones sencillo y eficaz y tener acceso a alguien que resuelva su problema. 
Hay una cosa segura sobre el comercio electrónico y es que se mueve muy deprisa. 
Se introducen en el mercado nuevos formatos de productos y servicios mucho más rápido que antes y nuestro trabajo como legisladores de este Parlamento consiste en fomentar ese dinamismo y no ralentizarlo. 
Tenemos que animar a los consumidores a que utilicen información electrónica a la hora de realizar sus compras y a las empresas de cualquier tamaño, en especial a las pequeñas empresas, a que participen en el comercio electrónico, y es obvio que para ello tendremos que replantearnos nuestro esquema regulador. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario, hoy debatimos aquí una estrategia equilibrada para el mercado interior y la protección jurídica del consumidor sobre la base de una pregunta oral que, en esencia, tiene por objeto la oposición entre el principio de país de origen que se aplica en el marco del mercado interior y el principio de país de destino que se aplica en el marco de la protección del consumidor. 
Este tipo de reducciones son inevitables en el caso de las preguntas orales. 
No obstante, opino- y este debate lo está demostrando- que en el fondo la discusión sobre estos dos principios no nos lleva a ningún lado, sobre todo en la medida en que se trata de encontrar un marco jurídico adecuado para el comercio electrónico. 
Se teme, y con razón- lo reconozco -, que la posibilidad que tienen los consumidores de interponer una demanda ante los tribunales de su país de residencia conforme a su Derecho nacional puede tener un efecto retardatario o incluso disuasorio sobre el desarrollo del comercio electrónico. 
Sin embargo, al mismo tiempo sabemos que en numerosas ocasiones esta posibilidad de interponer una demanda a nivel nacional es meramente teórica y apenas se emplea. 
Por otra parte, es aún menos indicado exigir a los consumidores que acudan a los tribunales en el país de origen del proveedor, puesto que, en tal caso, se corre el riesgo de que los proveedores se establezcan en aquellos Estados miembros donde las condiciones en el ámbito de la protección del consumidor sean menos estrictas y los derechos del consumidor sean más débiles. 
Con esta fórmula la confianza del consumidor, que también es imprescindible para el desarrollo del comercio electrónico, ciertamente no sale reforzada. 
Por todo ello, creo que ninguna de las alternativas, ni el nuevo artículo 15 del reglamento propuesto en sí, ni su restricción al comercio off line, nos sirven realmente. 
Lo que nos hace falta son sistemas que permitan resolver los litigios de forma extrajudicial así como procedimientos orientados hacia una rápida solución de los famosos small claims. 
En este contexto valoro positivamente las medidas anunciadas por la Comisión en su comunicación sobre la futura estrategia, especialmente el apoyo a las iniciativas para una solución extrajudicial de los conflictos que se tramiten on line y la elaboración de un nuevo Libro Verde sobre el acceso a la justicia y los recursos jurídicos de los consumidores. 
Por otra parte, creo que deberíamos desarrollar, de común acuerdo con los bancos y los proveedores de tarjetas de crédito, sistemas electrónicos seguros que nos permitan mover fondos y realizar transferencias sin riesgos y hacer negocios electrónicos en el acto. 
Pienso asimismo que en la vida cotidiana una mayor colaboración entre las asociaciones para la defensa del consumidor y la atribución de competencias transfronterizas a dichas organizaciones al fin y al cabo pueden resultar más útiles que una lucha teórica entre los principios de país de destino y país de origen. 
Después de las críticas que se han vertido aquí contra las propuestas de la Comisión acerca de un nuevo proyecto de reglamento quisiera subrayar explícitamente que yo considero correcto el procedimiento de la Comisión. 
En este mismo momento el artículo 13 del Convenio ya regula la cuestión de la competencia judicial relativa a los consumidores, al tiempo que la mayoría de los juristas se muestran a favor de extender esta norma al comercio on line. 
Es decir, la Comisión no modifica el fundamento jurídico existente. 
También es sabido que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 95, la Comisión ha de partir en todas sus propuestas de un elevado nivel de protección del consumidor. 
Es por eso por lo que creo que la Comisión ha actuado correctamente al elaborar su propuesta. 
Como Grupo Socialista también apoyamos las sugerencias formuladas por la Sra. Wallis en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Propone que se introduzcan algunas modificaciones en la propuesta de reglamento, al tiempo que insiste en la necesidad de completar el sistema actual y desarrollar procedimientos complementarios. 
Para finalizar quisiera añadir en nombre de mi Grupo que, en nuestra opinión, un posible cambio al principio de país de origen debe ir necesariamente unido a un incremento de la protección jurídica del consumidor mediante la aplicación de procedimientos complementarios que le confieran más posibilidades en este ámbito. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Sra. Palacio y al Comisario Bolkestein por haber empezado este debate con su lucidez y cortesía típicas. 
Es increíble- y aunque tal vez sea trivial decirlo, no puedo evitar mencionarlo- el enorme cambio que va a suponer el desarrollo del comercio electrónico en nuestras vidas durante las próximas décadas y a lo largo de todo el siglo. 
Por ejemplo, yo he hecho mis primeras compras navideñas electrónicas este año, en parte debido a las nuevas circunstancias de mi vida y por lo lejos que me quedan ahora las grandes tiendas de Edimburgo. 
De hecho, envié flores virtuales a mi hija por su reciente boda en Texas y- como usted comprenderá, señor Presidente- a este escocés le pareció bien que las flores llegaran allí sin tener que pagar el envío. 
Nos estamos trasladando a un nuevo mundo, pero, como ya se ha dicho, existen problemas extraordinariamente complicados. 
Si nos apartamos del ámbito nacional, a las pequeñas empresas les será difícil introducirse en el mercado. 
La Sra. Berger ha señalado parte del problema, pero carece de importancia recordar que la gente que se está metiendo en un negocio necesita saber contra qué riesgos debe asegurarse, y recibir asesoramiento local al respecto es la mejor solución. 
Esto subraya la importancia de que prevalezca el principio del país de origen, pero entonces surge el problema contrario. 
Se darán casos de estafas de larga distancia por parte de empresas de otros países que saben que no es muy posible que tengan que enfrentarse con una tal Sra. Smith que está muy enfadada porque ha recibido un artículo defectuoso por correo. 
Ya se ha mencionado dos veces- y me parece una sugerencia muy acertada- que debería haber alguna forma de usar a las compañías de tarjetas de crédito como un mecanismo para diseminar los riesgos si se muestran dispuestas a participar. 
Los consumidores pueden tener derechos frente a la compañía de tarjetas de crédito de su país, y dicha compañía puede tener derechos frente al fabricante o al vendedor del suyo. 
De esta forma, todas las partes implicadas en el mercado participarían a pequeña escala de los riesgos de todo el mercado. 
La Comisión debería considerarlo. 
Sin embargo, a largo plazo debemos tender a la armonización del derecho civil y mercantil en toda la Unión. 
Como sabe, señor Presidente, el mercado interior del Reino Unido ha funcionado satisfactoriamente durante 300 años basándose en dos sistemas jurídicos que se han desarrollado juntos de forma espontánea, sin imposiciones. 
A la larga necesitaremos buscar ese tipo de desarrollo para Europa. 
En la UE deberían existir replanteamientos como los estadounidenses para permitir que nuestro derecho evolucione. 
Señor Presidente, voy a exponer la posición consensuada con el Sr. Nobilia que como yo forma parte de un grupo específico dentro del Grupo Unión por la Europa de las Naciones. 
Creemos que la pregunta formulada por la Sra. Palacio Vallelersundi es quizás una de las cuestiones más importantes que ha de afrontar el mercado interior. 
La normativa en la materia adolece de lagunas y es extemporánea y, en lugar de ofrecer una certeza operativa general y una protección jurídica uniforme del consumidor, deja amplios márgenes de infundada discrecionalidad y de indeterminación. 
No cabe duda de que dicha situación afecta al tema, mencionado a título de ejemplo, por quien plantea la pregunta el comercio electrónico, así como a las modalidades de venta, los derechos del comprador, sus posibilidades de rescisión y, al mismo tiempo, al diferente grado de imposición fiscal que grava la propia venta. 
Pero este problema afecta asimismo a muchos otros campos como, por ejemplo, la producción de componentes electrónicos, en que la producción puede tener lugar en varios países, incluso extracomunitarios, el almacenamiento y/o la aplicación de la marca en un Estado miembro y el montaje final en otro Estado miembro. 
Además, el problema no consiste tanto en la fiabilidad de cada uno de los componentes o en el hecho de que cumplan la legislación del Estado importador o productor, sino más bien en su correspondencia global con una mayor flexibilidad. 
La Unión Europea respalda con fuerza estos últimos argumentos, especialmente si los países de residencia de su consumidor final, al objeto de conseguir una mayor competitividad de los agentes económicos que actúan en el territorio, han atribuido especificidades de producto sobre la base de características claras, determinadas previamente y, en cualquier caso, a más de las establecidas por la Unión. 
Por otra parte, el concepto expresado anteriormente afecta a la producción agroalimentaria, en la cual el problema, en particular en lo que atañe al lugar de origen, tras las excepciones concedidas al respecto a los Estados miembros, se basa sobre todo en la información que debe constar en la etiqueta del producto destinado a la venta final. 
Lo que está claro es que este tipo de situación no solo genera indeterminación e incertidumbre, sino que, al mismo tiempo, distorsiona la competencia en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas, no tanto en el debido respeto de una o de otra legislación nacional, sino en las menores oportunidades que se les brindan precisamente a causa de las lagunas de la legislación comunitaria. 
Lo que también está claro es que, de seguir dicha desventaja para las pequeñas y medianas empresas, se teman las consecuencias en el empleo, las cuales, en el caso específico, no pueden obviarse ni con la simplificación de los procedimientos administrativos y con la reducción de los costes de establecimientos ni tampoco a través de la implicación de los interlocutores sociales y de su disponibilidad. 
Lo dicho, supone que junto con la elaboración de los distintos reglamentos relativos a las materias presentadas y a los argumentos específicos concernientes al tema, debe reforzarse asimismo esa necesaria visión de conjunto y esa filosofía legislativa que ha de servir como verdadera regulación al mercado interior y como pauta de referencia y de certeza eficaz a los Estados miembros y a cada operador económico. 
En conclusión, consideramos que, junto con el seguimiento y el control del factor de fragmentación realizados por la Comisión- una labor realmente encomiable en lo que al proceso de armonización de las legislaciones nacionales se refiere- no se ha de escatimar esfuerzo alguno para lograr una incorporación más correcta y una traducción más fiel del mandato conferido por el Consejo de Viena y posteriormente ratificado en lo que respecta al mercado interior, al objeto de mejorar el marco normativo europeo de referencia y en el ámbito de la competitividad respaldada, no obstante, por la eliminación de las barreras que dificultan los intercambios y por la mejora de las prestaciones y los servicios. 
Señor Presidente, por de pronto la pregunta oral de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la posible aparición de barreras comerciales como consecuencia de la normativa relativa al consumidor tiene solución: una mayor armonización. 
¿Pero es eso necesario? 
Gracias al mercado interior productores y consumidores pueden hacer negocios más allá de sus fronteras. 
Es imprescindible que estas transacciones transfronterizas se rijan por una legislación adecuada. 
A este fin se impone una armonización mínima de las leyes nacionales. 
Un elevado nivel de protección del consumidor no implica que sea necesario regularlo todo a escala europea a través de una armonización máxima. 
Al contrario, debemos buscar la solución ideal para el consumidor, que, en este caso concreto, pasa por un marco de referencia que le resulte familiar. La mayoría de las veces se optará por un marco nacional. 
Por lo que al comercio electrónico se refiere, la Unión prevé la posibilidad de elegir el país de destino de forma bastante arbitraria, lo cual no redunda en beneficio de la confianza del consumidor. 
Por eso, es importante que al consumidor se le ofrezca la posibilidad de elegir la legislación de su propio país. 
No me parece correcto concluir que ello pueda levantar barreras comerciales indeseables. 
Desde el punto de vista político, la protección del consumidor es una condición esencial y deseable para el comercio, puesto que es necesario proteger a la parte más débil. 
En todo caso, el enfoque de la Comisión no produce un interminable tira y afloja sobre el recomendable nivel de armonización. Tampoco requiere la elaboración de una nueva legislación a escala europea o nacional, y respeta el principio de subsidiariedad. 
La estrategia de la Comisión no da ninguna muestra de desequilibrio. 
Es más, de haberlo, hay que buscarlo en la estrategia de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que no deja de insistir en la comunitarización con argumentos que a mí me parecen impropios. 
Señor Presidente, la prioridad absoluta de la Comisión, y también de la industria y del comercio europeos, es el e-commerce, el comercio electrónico. 
No podemos olvidar que la correcta aplicación del comercio electrónico supone numerosas ventajas para el consumidor. 
¿Qué sucede? Que se ha desatado un vehemente debate entre la industria y los consumidores sobre el derecho aplicable al comercio transfronterizo, que se realiza cada vez más por vía electrónica. 
Los proveedores de productos y servicios son partidarios del principio de país de origen, según el cual se aplica el derecho del país de residencia del proveedor. Es algo que comprendo perfectamente. 
Señor Presidente, pongamos un ejemplo. Imaginémonos que un portugués adquiera un ordenador de un proveedor finlandés a través de Internet. 
Por cierto, en Finlandia la protección del consumidor es muy buena. 
En este caso, se aplicaría el derecho finlandés, de acuerdo con el principio de país de origen. 
Supongamos, sin embargo, que el costoso ordenador no llegue, a pesar de que el consumidor ya lo haya pagado con tarjeta de crédito. 
¿Creen que a nuestro portugués le atraería la idea de incoar un proceso en Finlandia? 
Yo creo que no. 
Ello significaría que debería realizar consultas jurídicas en Finlandia e informarse sobre el derecho finlandés. 
Pero hay mucho más, señor Bolkestein. 
Mucho más de lo que usted ha dicho, puesto que el consumidor europeo no está únicamente protegido por la normativa sobre el comercio electrónico o los reglamentos a los que usted acaba de hacer referencia. También existe una directiva sobre venta a distancia. 
Y habrá una directiva sobre servicios financieros. Y, además, disponemos de una directiva sobre el respeto de la intimidad. 
En todas estas directivas se recogen garantías mínimas y algunas garantías máximas para el consumidor. 
Las propuestas en el ámbito de la normativa sobre el comercio electrónico añaden algunas medidas complementarias a estas normas. 
Por lo demás, disponemos de dos propuestas diferentes de la Comisión con respecto a este tema. 
Se trata de la protección jurídica, a saber, ¿a qué tribunal hay que acudir? 
Por una parte, está el comercio electrónico que se basa en el principio de país de origen y, por otra, la propuesta de reglamento por la que se adapta el Convenio de Bruselas. 
Aunque según la letra, y en esto coincido con el Sr. Bolkestein, sería aconsejable que ambas propuestas se combinaran, la idea subyacente es contradictoria. 
Esto crea confusión e impide el correcto funcionamiento de la protección jurídica en el caso del comercio electrónico. 
Señor Presidente, pienso que nosotros, como parlamento Europeo, también tenemos la responsabilidad de garantizar una adecuada protección del consumidor. 
El consumidor se beneficia de un sistema transparente y consistente en el ámbito de la protección jurídica, y no olvidemos que sin la confianza del consumidor el comercio electrónico difícilmente podrá funcionar bien y desarrollarse plenamente. 
Por ello, creo que debemos reflexionar más de lo que lo hemos hecho hasta ahora sobre posibles alternativas que nos permitan garantizar protección jurídica al consumidor, incluso en el caso de que algo falle. 
Desde este punto de vista, creo, y por eso hago un llamamiento al Comisario Bolkestein, que debemos prestar más atención a los sistemas alternativos para la solución de contenciosos. 
Como sabe, en este ámbito los Países Bajos cuentan con un sistema muy equilibrado de soluciones alternativas que ya se aplican más allá de sus fronteras. La Fundación Comisiones para la Solución de Litigios ya prevé la posibilidad de que personas extranjeras reclamen ante la Fundación en La Haya y que sea ahí donde se administre justicia. 
Señor Presidente, una de las soluciones es buscar otro camino. 
Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, permítanme que comience dando las gracias a la Sra. Palacio Vallelersundi por haber tomado la iniciativa de formular una pregunta oral. 
La temática podría resumirse de la siguiente manera: tensiones entre la protección del consumidor y el comercio electrónico. 
O dicho de otro modo: ¿Cómo podemos proteger debidamente a los consumidores de la Unión Europea sin obstaculizar el desarrollo del comercio electrónico? 
En este momento el debate se ciñe a la pregunta de cuál es el principio de competencia judicial y, por tanto, cuál es el derecho que ha de aplicarse en contenciosos transfronterizos relacionados con el comercio electrónico. 
¿Debe el consumidor en caso de conflicto hacer valer sus derechos en los tribunales del país en el que reside el proveedor de mercancías o servicios o en su propio país de residencia? 
¿Qué derecho se aplica? 
No voy a referirme una vez más a las ventajas y desventajas de estas cuestiones. 
Ya las conocemos de sobra. 
En noviembre la Comisión organizó una audición al respecto. 
Hoy quería limitarme a subrayar que, en mi opinión, el debate sobre la protección del consumidor, por una parte, y el comercio electrónico, por otra, presenta un enfoque demasiado estrecho, demasiado escueto. 
Además, va en contra de la estrategia que la propia Comisión ha formulado en su comunicación sobre una estrategia para el mercado interior. 
La comunicación de la Comisión insiste explícitamente en la necesidad de encontrar soluciones equilibradas en caso de que los intereses de los consumidores y de la economía diverjan. 
Al mismo tiempo debemos dar una oportunidad real al desarrollo del comercio electrónico en la Unión Europea. 
Ahora bien, si queremos encontrar una solución equilibrada a las tensiones entre la protección del consumidor y el comercio electrónico no podemos ceñir la discusión al problema de la competencia judicial y el derecho aplicable, sino que debemos ampliar el debate. 
A fin de cuentas, las reflexiones acerca de una adecuada protección del consumidor deben tener por objeto la creación de procedimientos jurídicos rápidos, baratos y nada burocráticos. 
¿Es éste el caso cuando el consumidor puede poner una demanda en su lugar de residencia en virtud del derecho de su país? 
Al imponerle una sentencia dictada en su país de residencia le damos una piedra cuando pide pan, puesto que se verá obligado a ejecutarla o hacerla efectiva en otro Estado miembro. 
Si queremos sustituir los procedimientos jurídicos costosos y laboriosos, independientemente de cuál sea el tribunal competente o el derecho aplicable, por una protección del consumidor eficaz debemos evaluar soluciones alternativas. 
A mi modo de ver, la palabra mágica reside en la solución extrajudicial de los conflictos, acompañada, en su caso, de una mayor armonización. 
La Dirección General competente ya se ha ocupado detenidamente del tema de la solución extrajudicial de contenciosos al tratar de los servicios financieros transfronterizos. 
En el pasado mes de octubre organizó una audición al respecto. 
Pido que los conocimientos e ideas reflejados en el documento de trabajo de la Comisión, que sentó las bases para dicha audición, así como la comunicación sobre los resultados de la misma, que se espera hacia mediados del año en curso, sean evaluados con todo detalle. 
En mi opinión, el punto de partida de la directiva sobre el comercio electrónico es más recomendable desde una perspectiva política y, por tanto, no debe ser obstaculizada por la normativa del Convenio de Bruselas/Lugano y de Roma II. Por todo lo anterior, propongo como futuro procedimiento que aplacemos la modificación de Bruselas/Lugano hasta que todas las cuestiones jurídicas que aún quedan pendientes en este ámbito hayan sido solucionadas, o que la modificación de Bruselas/Lugano respete el statu quo que garantice el equilibrio entre los intereses de los proveedores y los consumidores. 
. (NL) Quisiera referirme brevemente a algunos de los puntos importantes señalados por los diputados de su Parlamento. 
Quisiera comenzar con una expresión que ha utilizado el Sr. Harbour, aprovechando la ocasión para manifestarle mi gratitud por el vivo interés que demostró durante la audición de los días 4 y 5 de noviembre. 
La Comisión valora siempre muy positivamente el que los diputados del Parlamento participen en una audición o en otras actividades. Aprovecho esta oportunidad para subrayarlo, señor Presidente. 
Bien, el Sr. Harbour ha hablado de equilibrio y, evidentemente, es lo que persigue la Comisión. 
Usted comprenderá, señor Presidente, que yo no hablo únicamente en mi propio nombre ni en el nombre de mi propia Dirección General, sino en nombre de toda la Comisión. 
Uno de los miembros de la Comisión es mi colega Byrne, que defiende los intereses de los consumidores, y, obviamente, señor Presidente, las respuestas que yo formulo a lo largo del presente debate también tienen en cuenta los puntos de vista del Sr. Byrne, de modo que damos muestras de lo que la Sra. Wallis ha calificado como joined up-administration. 
Bien, aspiramos a ese equilibrio, que es un equilibrio entre los intereses del productor, por una parte, y los intereses del consumidor, por otra. 
Es un tema archiconocido y los argumentos hablan por sí mismos. 
Considero que hemos logrado alcanzar dicho equilibrio en la directiva relativa al comercio electrónico. 
Esta directiva se fundamenta en el principio de que el país de origen desempeña un papel decisivo en los litigios derivados del comercio electrónico. 
Hablando en términos generales podría decirse que se trata de una violación del orden público. Pero una violación muy particular. 
Debe tratarse de una situación muy bien delimitada que no puede ser otra. Debe tratarse necesariamente de una infracción muy concreta. 
El país donde se ha cometido la infracción, la violación del orden público, debe rendir cuentas. 
Debe tener la oportunidad de adoptar las medidas oportunas y la Comisión debe ser avisada. 
La Comisión debe estar facultada para proceder contra el país que dejó que se cometiera la infracción. 
En otras palabras, el principio básico de la directiva sobre el comercio electrónico es el país de origen, pero se añade una definición muy estricta de la infracción tenida en cuenta. 
Señor Presidente, con su permiso, quisiera aprovechar esta ocasión para instar al Parlamento a que apruebe la directiva adecuadamente, es decir, lo antes posible, a fin de que pueda emprender el camino hacia el Derecho europeo una vez finalizado el Consejo del Mercado Interior de mayo. 
Todo el mundo está a la espera de una directiva europea relativa al comercio electrónico y confío en que podamos responder a estas expectativas en el mes de mayo. 
Señor Presidente, quisiera ahora abordar otro tema al que también se han referido varios diputados. Es sobre todo el caso de la Sra. Palacio, pero también, por ejemplo, de la Sra. Oomen. 
Se trata del Convenio de Bruselas. Tomo nota de la crítica de la Sra. Palacio acerca de la forma en que la propuesta de la Comisión ha sido elaborada. 
Aprenderemos nuestra lección. 
A pesar de ello, quisiera emplazar al Parlamento, y especialmente a la Comisión de Asuntos Jurídicos, a reflexionar sobre el punto problemático del artículo 15. 
Porque, si no me equivoco, señor Presidente, el artículo 15 de la propuesta de la Comisión sobre el Convenio de Bruselas se diferencia del convenio original en un punto importante a favor de la protección del consumidor. 
Me explico, en el convenio original de 1968 la posibilidad que tiene el consumidor de hacer valer sus propios derechos queda supeditada a dos requisitos. 
En la propuesta de la Comisión uno de estos dos requisitos ha sido suprimido. 
Bien, es un asunto muy importante que también inquieta a las diferentes organizaciones que se ocupan del tema. 
Es una cuestión que preocupa a la Comisión. 
El próximo miércoles celebraré una pequeña reunión con otros cuatro Comisarios, entre ellos el Comisario Byrne, el Comisario Vitorino y el Comisario Liikanen, a fin de aclarar nuestras ideas con respecto al artículo 15. 
Pero al mismo tiempo, y con su permiso, señor Presidente, y con el de la Sra. Palacio, quisiera hacer un llamamiento a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se fije en el artículo 15, de modo que la Comisión pueda conocer el punto de vista de la comisión de la Sra. Palacio en una fase temprana. 
La Sra. Wallis ha aludido con razón al concepto de joined up administration. 
Propongo que previa consulta al Parlamento ajustemos el concepto del artículo 15 tal y como figura en la propuesta de la Comisión. 
Además, algunos miembros de este Parlamento, entre ellos la Sra. Wallis, la Sra. Oomen y obviamente también la Sra. Palacio, se han referido a los small claim procedures, de un lado, y a los alternative dispute settlements, de otro. 
El Parlamento comprenderá que estos asuntos no pertenecen directamente a mi cartera. Son más bien cuestiones que son de la competencia de mi colega Vitorino. 
Ello no obstante, está claro que guardan estrecha relación con toda esta materia. Y, obviamente, existe una fuerte vinculación entre estos dos métodos acelerados y simplificados destinados a resolver los contenciosos jurídicos y el funcionamiento del mercado interior. 
Por todo ello, me siento muy implicado en este expediente. 
Pero la sinceridad me obliga a decir que, a pesar de ello, Antonio Vitorino es el primer responsable de este tema. 
Bien, hace un momento he dicho que el próximo miércoles nos reuniremos cuatro o cinco Comisarios. 
Prometo que insistiré y llamaré la atención sobre la necesidad de implantar esos dos métodos acelerados y simplificados para solucionar pequeños contenciosos jurídicos en el ámbito del comercio electrónico. 
Lo reitero una vez más, y con esto quisiera concluir mi intervención, procuramos buscar el equilibrio. 
Procuramos encontrar el equilibrio. 
Por una parte, no queremos lo que ha dicho el Sr. MacCormick. 
No queremos long distance rip-offs. 
Es algo que no queremos. 
Doy las gracias al Sr. MacCormick por esta frase tan expresiva. 
Por otra parte, tampoco queremos lo que ha dicho la Sra. Wallis, el que un exceso de protección tenga un impacto negativo sobre el mercado interior. 
Es algo que no queremos. 
No queremos lo uno, pero tampoco queremos lo otro. 
Entre Escila y Caribdis tendremos que buscar el camino adecuado, en beneficio del mercado interior, es decir, en beneficio de todos los consumidores de Europa. 
El debate queda cerrado. 
Mujeres y ciencia 
El siguiente punto del orden del día es el informe (A5-0082/1999) redactado por la Sra. McNally en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades sobre la comunicación de la Comisión "Mujeres y ciencia" -Movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea (COM (1999) 76- C5-0103/1999- 1999/2106 (COS)) 
. (DE) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Sra. McNally que, debido a obligaciones inaplazables, no puede estar aquí para presentar su informe. 
Mujeres y ciencia- movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea. 
La comunicación propone dos objetivos. El primero es estimular el debate entre los Estados miembros y promover la mejor práctica posible a la hora de fomentar la participación de las mujeres en los sectores de la ciencia y la tecnología. 
El segundo es aumentar el número de mujeres que participan en la investigación apoyada por la Unión Europea, cumpliendo los compromisos consagrados en el Tratado de la Unión sobre la igualdad de oportunidades y enriqueciendo la calidad de la investigación, es decir, garantizando el gender mainstreaming. 
Los ámbitos de la investigación y la tecnología son el tercer sector más importante del presupuesto de la UE, después de la agricultura y los fondos estructurales. 
Acogemos con satisfacción la comunicación de la Comisión y sus objetivos y pedimos a los Estados miembros que intenten alcanzar el objetivo de la igualdad de trato y cooperen con la Comisión. 
A ésta pedimos que reúna datos comparativos y más adecuados sobre el problema de la mujer y la ciencia y que proponga directrices y nuevas medidas, de tal forma que pueda presentarnos aquí, en el Parlamento, un informe especial en un plazo de dos años. 
La Comisión trabajará en adelante en una mejor comparación entre los datos relativos a la situación de las investigadoras y organizará reuniones entre las partes afectadas, así como dos conferencias de mayor envergadura en la que se reúnan funcionarios nacionales, mujeres científicas y todas las partes implicadas. 
La ponente manifiesta explícitamente su acuerdo con las medidas que se han adoptado en el ámbito del Quinto Programa Marco para incrementar la participación de las mujeres, situar la representación femenina en un 40%, tanto en lo que a las becas Marie Curie como a los demás grupos consultivos se refiere, y presentar las acciones propuestas para el Sexto Programa Marco. 
La subrepresentación de las mujeres en la investigación científica es el fruto de una larga tradición y el movimiento feminista ha tenido que luchar mucho para llegar a la situación actual. 
A principios de siglo, en Finlandia, las primeras mujeres europeas por fin pudieron frecuentar la universidad. 
Sin embargo, incluso hoy día las universidades continúan siendo baluartes de la superioridad masculina, aun cuando en la actualidad prácticamente la mitad de los estudiantes son mujeres. 
En mi país, que es Alemania, por ejemplo, en 1995 hubo por primera vez una mayoría de mujeres entre los nuevos estudiantes. 
Para el conjunto de los estudiantes, la media europea es de 103 mujeres frente a 100 hombres. 
Alemania cierra la lista de la UE, con 77 mujeres frente a 100 hombres. 
Sin embargo, hay más mujeres que hombres que terminan la carrera; la proporción es de 110 mujeres frente a 100 hombres. 
Alemania e Irlanda se quedan por debajo de esta cifra. 
En lo que a las especialidades elegidas se refiere una tercera parte de las estudiantes opta por ciencias filológicas y humanísticas, en tanto que en las ciencias naturales queda mucho camino por recorrer. 
Los padres deben despertar el interés por las ciencias naturales y la tecnología. Más tarde este incipiente interés debe fomentarse en la enseñanza en general, en la escuela, en la guardería, en todas partes, imponiéndose la necesidad de ir por nuevos derroteros. 
La educación mixta no es siempre la única vía posible, puesto que las clases separadas por sexos también pueden dar nuevos impulsos, especialmente en el ámbito de las ciencias naturales y la tecnología. 
A pesar de todo lo anterior, las posibilidades abiertas por la mejor cualificación de la mujer no se manifiestan en el sector de la investigación. La política de contrataciones de las universidades continúa reflejando la misma situación catastrófica. 
La igualdad de trato en el sector de la ciencia ha de conducir asimismo a un fortalecimiento de la influencia de las mujeres en el ámbito de los temas de investigación. 
Los estudios sobre la mujer y las diferencias socioculturales entre sexos deben considerarse como una línea de investigación básica imprescindible para la Unión Europea. 
Los nuevos instrumentos que los Estados miembros han de crear en este terreno deben llevar a un mejor aprovechamiento de todas las posibilidades existentes en el ámbito de la investigación y los estudios y a un mayor intercambio de experiencias. 
Hay que respaldar las redes de mujeres científicas y fomentar y divulgar proyectos innovadores. 
Así, ha quedado demostrado que en España e Italia la representación femenina en las ciencias naturales es mayor. 
Es un dato que requiere un estudio más detenido. 
En Alemania también se pueden encontrar ejemplos. Durante la Expo 2000, que tendrá lugar en Hannover este verano, se creará durante 100 días una universidad internacional para mujeres que versará sobre la tecnología y la cultura. 
Mil futuras científicas y cien profesoras están preparando un programa interdisciplinar orientado a la investigación y dedicado a siete campos de trabajo: inteligencia, información, cuerpo, agua, ciudad, trabajo y migración. 
Estas valiosas experiencias serán puestas en común y serán evaluadas minuciosamente y a partir de ahí se decidirá si la universidad como campus virtual equipado con las modernas tecnologías de la información tiene futuro. 
Como miembro fundacional de la universidad de mujeres estoy convencida de que este think tank nos ayudará a encontrar una solución para muchos de nuestros problemas. 
Por el bien de la investigación europea y la posición que ocupa en el marco de la globalización, la UE no puede perder ninguna oportunidad. 
La Conferencia de las Naciones Unidas Pekín +5, que se celebrará en Nueva York a mediados de este año, es una oportunidad más. 
Ahí se hará un balance internacional tanto de los objetivos que se han alcanzado como de los que no se han conseguido. 
La coherente actuación de los responsables políticos de la Unión Europea y de todos los Estados miembros nos debe permitir que junto con las direcciones de las universidades, los consejos de los centros de investigación y la economía podamos introducir reformas estructurales en el marco general promoviendo un proceso de cambio que contribuya a la consecución del objetivo comunitario de la igualdad de trato, tal y como queda estipulado en el Tratado de Amsterdam. 
Nuestro futuro está en el siglo XXI, como bien dice la ponente, la Sra. McNally. 
Y en este caso la cosmética no basta. 
Hacen falta unos cortes profundos. 
De nuevo quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. McNally 
Señor Presidente, comienzo aclarando que hablo en nombre de la Sra. Elisabeth Monfort, que es portavoz del Grupo UEN sobre esta materia y, por tanto, voy a leer el texto que ella había preparado en francés. 
Señor Presidente, me congratulo de que el debate iniciado en la Comisión de Industria sobre el informe de la Sra. McNally, tendente a aumentar y facilitar la participación de las mujeres en la labor de investigación, haya sido objeto de un amplio consenso. 
Con el fin de evitar cierta confusión, el mismo requiere una profundización de la noción de igualdad de oportunidades, que no parece englobar para todos las mismas realidades. 
En efecto, la versión inicial de este informe de opinión había establecido una definición compatible no sólo con las legítimas aspiraciones de las mujeres- en el sentido de poder gozar de una igualdad de acceso a los estudios científicos y de poder contar con unas medidas urgentes de acompañamiento que les permitan desempeñar puestos de responsabilidad que estén en consonancia con los resultados obtenidos, -sino también con la noción de complementariedad, la única capaz de justificar una política voluntarista en la materia. 
La reflexión de nuestro Parlamento debe responder a estos valores, respetuosos de las diferencias, y no a un postulado de igualdad de sexos, que encierra en sí mismo sus propias contradicciones. 
En efecto, si el hombre y la mujer son estrictamente equivalentes, si la mujer sólo es, después de todo, una persona como las demás, no hay razón para imponer una paridad entre hombres y mujeres, y sólo los criterios de competencia deben ser tomados en cuenta en la asignación de puestos. 
Por lo tanto, es la aceptación de la diferencia y la idea de complementariedad lo que debe, por el contrario, restablecer el equilibrio y servir de base a una política voluntarista, realista y pragmática, orientada sobre todo a la supresión de los obstáculos concretos, de los obstáculos específicos basados esencialmente en su condición de madres, con que se topan las mujeres y sólo ellas. 
Una política cuantitativa arbitraria basada en la práctica de cuotas no contribuirá a resolver los problemas de fondo. 
Sería bueno que el Parlamento tradujera su buena voluntad, con miras al acceso de las mujeres a determinadas tareas- y sobre todo a las de investigación, donde aún están considerablemente subrepresentadas -, en unos términos que dejaran definitivamente de lado la retórica reivindicativa. 
Señor Presidente, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha quedado plasmada en los artículos 2 y 3 del Tratado de Amsterdam y es ahora uno de los objetivos de la Unión Europea que deberá tenerse en cuenta en todas las políticas comunitarias. 
La presencia de mujeres en el ámbito científico ha aumentado considerablemente en los últimos años, pero es aún insuficiente. 
Ha aumentado la presencia de las mujeres en la universidad, en todos los ámbitos, pero en las carreras que podríamos llamar esencialmente "científicas" -como son matemáticas, informática, ingenierías y arquitectura- están todavía subrepresentadas, con el agravante de que después de finalizar los estudios con buenas calificaciones, en la mayoría de los casos no continúan la carrera científica debido fundamentalmente a las enormes dificultades que les supone. 
Por una parte, a causa de la organización del desarrollo de la profesión científica y también por la dificultad añadida en la conciliación de la vida profesional y familiar. 
Por ello, nos parece especialmente importante la voluntad de la Comisión y su interés en la defensa de la participación de las mujeres en el mundo científico, en programas específicos, aunque lo que verdaderamente consideramos importante es su participación en el contexto del Quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico para los años 1998-2002. 
Las medidas de integración de las mujeres deberían adoptarse en los programas específicos antes mencionados. 
Las mujeres pueden ofrecer con su aportación a la investigación todas las cualidades que les son propias y que, sin duda, enriquecerán el mundo científico. 
Debe promoverse una participación equilibrada, teniendo como objetivo una participación paritaria, sin olvidar que la cualificación profesional es imprescindible. 
La promoción de las mujeres en este ámbito debe empezar desde las universidades más específicamente científicas y en la continuación posterior de la carrera profesional. 
Se debe fomentar la promoción de jóvenes investigadoras mediante las becas Marie Curie, dotándolas suficientemente. 
Las mujeres deben participar en todos los niveles de consulta y toma de decisiones y no sólo en la investigación científica, ya que el objetivo es el enriquecimiento y la complementariedad. 
Desde la edad escolar se debe fomentar la participación de las mujeres en el mundo científico y, particularmente, en la informática, por la enorme importancia que tiene para acceder a otros campos científicos no sólo en la Unión Europea, sino también en los países asociados y en las zonas de países subdesarrolladas donde se realizan programas de la Unión. 
Debe ayudarse a las mujeres desde la edad escolar a participar en el mundo científico y en las nuevas tecnologías. 
La mayor presencia de mujeres en el mundo científico debe ser un reflejo de la importancia de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de las esfera social. 
Una mayor presencia de mujeres en los Quinto y Sexto Programas marco será un ejemplo de la igualdad entre hombres y mujeres, facilitando su incorporación a un sector en el que tradicionalmente han estado subrepresentadas. 
Será necesario perfeccionar la conciliación entre vida profesional y familiar, ya que esto es clave para una mayor presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad. 
En el Parlamento- y particularmente en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de oportunidades- vamos a continuar trabajando para lograr estos objetivos fundamentales para un mayor equilibrio en la sociedad. 
Señor Presidente, para empezar quisiera dar mi enhorabuena a la Comisión Europea por la iniciativa que ha emprendido para movilizar a las mujeres con vistas a su mayor participación en la ciencia y en beneficio de la investigación europea. 
Es una realidad que el sexo femenino está muy poco representado en el sector de la investigación científica y que no hay correspondencia con los progresos que se han señalado, no sólo gracias a la política europea, en otros sectores. Y es especialmente en la educación donde realmente podemos hablar de un triunfo de las mujeres, puesto que en casi todas las universidades europeas la mayoría de los estudiantes son mujeres. 
La Sra. Gröner nos ha dado muchos e interesantes datos anteriormente. 
Ciertamente, el lugar de las mujeres en la investigación científica en puestos de carrera está conectado, en gran medida, a sus opciones en el sistema educativo, y también con su lugar en la familia. 
En los estudios, las distintas direcciones de los dos sexos, afectan a su desarrollo futuro. 
Por esta razón debemos intervenir a tiempo, en la fase de la orientación profesional en la escuela e informar a las jóvenes mujeres sobre las consecuencias de sus decisiones en su vida profesional. 
Por otra parte, el papel tradicional de los dos sexos y la división del trabajo por sexos influyen negativamente el desarrollo y en la carrera de las mujeres. 
Y claro, por eso, siguen siendo necesarias las medidas para reconciliar la vida familiar y la carrera profesional. 
Pero podría decir que esto es más válido para los hombres. 
Los hombres deben reconciliar su profesión con su presencia en la vida familiar, en la vida privada. 
Las mujeres constituyen la mitad de la mano de obra, la mitad de la fuente mundial de talentos, de competencia profesional y de creatividad. 
Mantener el desequilibrio existente en el sector crítico de la investigación equivale a la pérdida de recursos muy valiosos. 
Está conectado con el propio desarrollo y con el futuro de la Unión Europea. 
No podemos hacer frente a ninguno de los retos actuales sin la aportación de las ideas, de la imaginación y de la competencia de las mujeres. 
Aparte, pues, de exigir justicia entre los dos sexos, existe también el problema del desarrollo. 
Es decir, la necesidad de ayudar a la competitividad y a la innovación en la Unión. 
El Quinto Programa marco también ambiciona la incorporación de la igualdad política de los sexos. 
Nosotros apoyamos las iniciativas que movilizan las múltiples redes científicas de las mujeres y garantizan una participación equilibrada entre hombres y mujeres en las comisiones y en las instituciones que crean políticas, eligen y evalúan proyectos y deciden sobre la disponibilidad de los recursos. 
Invitamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que analicen si la mujer está representada satisfactoriamente en la Política Agrícola Común, en los Fondos estructurales, en el Quinto Programa marco, en las múltiples comisiones científicas y técnicas, así como en los puestos clave. 
Para terminar, señor Presidente, querría solicitar que la Comisión Europea, en los programas de ayuda preparatoria destinada a los países candidatos y a Turquía, apunte a evaluar los conocimientos científicos de las mujeres y a aumentar las oportunidades de que estas hagan su aportación en la investigación y en el desarrollo científicos y tecnológicos. 
Señor Presidente, Comisario Busquin, estimados colegas, nosotros, el Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, hemos leído con mucho interés el informe de la Sra. McNally sobre las mujeres y la ciencia y, obviamente, no estamos satisfechos con el desequilibrio que existe en la ciencia entre la posición de la mujer y la del hombre. 
Consideramos fundamental que esta situación reciba la debida atención y que se formulen propuestas que mejoren la posición de la mujer. 
En este sentido, el Comisario Busquin ha publicado el informe de un estudio llevado a cabo por encargo de la Comisión Europea. 
Los datos reales puestos sobre la mesa por doce prestigiosas mujeres científicas de diferentes Estados miembros demuestran que el desequilibrio en el mundo científico es un hecho. 
Además, han formulado propuestas muy concretas para mejorar la actual situación de la mujer. 
Del estudio se desprende que la causa del desequilibrio está en el mundo científico y no en la mujer, puesto que no vale el argumento de que las mujeres tienen otros intereses y ambiciones o eligen otras vías. 
Resulta que todo esto son prejuicios. 
Los escollos surgen tanto en las universidades y los centros de investigación como en la industria. 
Cada uno de estos ámbitos laborales presenta un desequilibrio en lo que al reparto de las funciones se refiere. 
Así, se observa que en los diferentes Estados miembros el porcentaje de profesoras de Universidad oscila entre un 4% y un 18%, como máximo, de la plantilla del profesorado. 
Además, ha quedado demostrado que en una misma universidad el porcentaje de profesoras es considerablemente inferior al porcentaje de ayudantes. 
Tras analizar una serie de datos relacionados con solicitudes de empleo se ha llegado a la conclusión de que las mujeres que ambicionan una carrera científica tienen muchas menos probablidades de ser seleccionadas que sus colegas masculinos. 
Tener hijos no parece ser un obstáculo, al contrario, los indicios apuntan a que las mujeres con familia e hijos publican más que las mujeres solteras. 
Un hecho sorprendente es que en los países Europeos del sur el porcentaje de mujeres que ocupan un puesto científico es mayor que en los países del norte. 
La explicación es que, aunque en este último grupo de países existe una gran flexibilidad en lo que al régimen de interrupción de la actividad profesional se refiere, la reincorporación a la trayectoria científica no es tan evidente. 
Por eso mismo, es importante que no bajemos la guardia, que adoptemos medidas respetuosas con la familia y que tomemos las precauciones necesarias para que las mujeres tengan las mismas posibilidades que los hombres. 
Esperamos que este estudio, junto con el informe de la Sra. McNally, impulse el desarrollo de nuevas iniciativas a fin de colmar la falta de datos. 
Confiamos en que la Comisión dé los pasos necesarios para crear las circunstancias que permitan llevar a la práctica las propuestas formuladas. 
Quisiera finalizar mi intervención con las palabras de la Sra. Diamantopoulou: luchamos por nuestros derechos y no por privilegios. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme ante todo decir que me parece bastante lamentable que el debate sobre "Pekín + 5" haya sido relegado, hace un mes, a un final de sesión, como ocurre de nuevo con "Mujeres y ciencia". 
Desde el momento en que se trata de las mujeres, parecería que se aplazara siempre la discusión para el final de todos los debates. 
Lo lamento. 
Señor Presidente, Señorías, al leer el informe de la Sra. McNally nos damos cuenta de inmediato que abordamos una cuestión esencial. 
"Mujeres y ciencia" es un título que podría llamar a engaño si lo incluyéramos en una lista siempre incompleta de "Mujeres y... " uno u otro asunto; la enumeración es necesaria, aunque a veces sea inoperante para explicar la importancia de un problema. 
Ahora bien, abordamos aquí una cuestión esencial, que alimenta desde hace siglos la controversia sobre la igualdad de sexos. 
¿Las mujeres poseen un entendimiento parecido al de los hombres? 
¿Las mujeres son capaces de realizar una actividad científica? 
Algunos dudan todavía; y, sin embargo, la respuesta es, ahora y para siempre: sí. 
Pero ahí comienzan las dificultades. 
Si la situación de las mujeres en el campo científico es preocupante, ello obedece a que existe una serie de problemas difíciles de solucionar. 
La ciencia, actividad simbólica, sigue siendo privilegio masculino, exactamente como la responsabilidad política. 
Nos topamos con los mismos obstáculos cuando se trata de compartir el poder político o el del pensamiento. 
En ambos casos, el poder masculino está en juego. 
Propongamos entonces los mismos remedios, tales como la instauración de la paridad en la política, como procuran hacerlo algunos países de la Unión. 
Las niñas obtienen excelentes resultados en la escuela, y nada justifica el hecho de que sean tan poco numerosas en el campo de la investigación. 
Los obstáculos a la carrera científica son exteriores a la propia investigación. 
En otras palabras, no es suficiente con acceder al espacio científico; en todo caso, es necesario que las mujeres puedan ocupar un lugar, y que dejen de ser las eternas invitadas, como lo señalaba muy bien el coloquio de abril de 1998, organizado por la Comisión. 
La orientación escolar y universitaria sigue siendo un enigma en materia de igualdad de sexos. 
Las ciencias exactas se organizan a menudo para desanimar a las mujeres. 
El carácter mixto del aprendizaje, así como el posible sexismo de los profesores, de los padres y de las instituciones, son dificultades que distan mucho de ser resueltas. 
En cuanto a las ciencias humanas, éstas sólo tendrán sentido si integran la necesidad de reflexionar sobre la dimensión "hombre-mujer" en todos los problemas sociales y humanos. 
Se necesita tener, evidentemente, una visión amplia de la ciencia, y es preciso saber que no se puede concebir la sociedad sin introducir la dimensión "hombre-mujer". 
Hoy hemos avanzado menos de lo que esperábamos. 
El informe de la Sra. McNally cuya integridad y complejidad valoro, me parece importante, puesto que insiste en los remedios, cuando no en las soluciones, respecto del problema que representa el difícil ejercicio de la ciencia, a saber: datos, cuantificados, naturalmente, sobre la presencia de mujeres en los diferentes sectores; becas y titulaciones; instauración de medidas obligatorias para aumentar la presencia de las mujeres en el campo de la investigación, así como la promoción de estudios sobre los mecanismos de la discriminación sexual; creación, en la Direcciones Generales de la Comisión, de grupos de trabajo y de organismos de vigilancia. 
Me felicito de que este informe no haya omitido ni el problema del poder de las mujeres en el ámbito científico... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, en tanto que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ocupa un lugar primordial en los Tratados, por ejemplo en los artículos 2 y 3 del Tratado de Amsterdam, deja mucho que desear en la vida profesional. 
En el ámbito de la ciencia y la tecnología- el tema que nos ocupa hoy- apenas está presente. 
En este sector las mujeres suelen ocupar puestos inseguros. 
Por regla general, su sueldo es inferior al de los hombres. 
Menos del 10% de estas mujeres llevan a cabo tareas de investigación o desempeñan funciones directivas. 
La escasa presencia de mujeres no concuerda con sus talentos y sus destrezas, su creatividad y su flexibilidad de alto nivel. 
En este mismo momento, los programas europeos ya garantizan una considerable mejora de la calidad de los resultados de investigación, aparte de que refuerzan la cooperación entre los Estados miembros. 
Los cambios positivos pasan necesariamente por la elaboración de materiales estadísticos que recojan datos específicos de cada sexo, por una parte, y por el conocimiento de diversos modelos destinados a mejorar la situación de la mujer, por otra. 
Hay otros programas de la Comunidad, entre ellos determinados aspectos de Sócrates y Leonardo en el ámbito de la educación y la formación, que deben enlazarse con medidas adoptadas a escala nacional, por ejemplo con planes de estudio que pongan más énfasis en asignaturas como matemáticas y ciencias naturales. 
Gracias a ello, las mujeres jóvenes conquistarán el acceso a la tecnología de la información. 
Muchas de ellas se convertirán en renombradas científicas. 
De este modo, lograrán abrirse camino en sectores profesionales distintos a los ámbitos reservados tradicionalmente a la mujer, como pueden ser las profesiones relacionadas con la enseñanza, la medicina y las ciencias sociales. 
¿Qué hace falta? 
Más puestos de trabajo parcial, más instalaciones para la atención de los niños en las empresas y sobre todo más mujeres en los grupos consultivos y los grupos que seleccionan y deciden sobre los proyectos y los puestos de trabajo. 
Sin embargo, no me identifico plenamente con la necesidad de establecer cuotas. 
Si imponemos una representación femenina de al menos un 40% en los programas y centros de investigación atentamos contra la autoconciencia de las mujeres que se han abierto o se abrirán camino sin este tipo de ayuda, si es que se puede llamar así. 
En todo caso, y habida cuenta de la considerable subrepresentación de las mujeres en la ciencia, sí puedo aceptar el sistema de cuotas si se concibe como una directriz flexible o una indicación orientadora. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Comisión por la oportunidad y la calidad de su comunicación sobre las mujeres y la ciencia, en la que se evidencia el desequilibrio existente y la necesidad de cambiar esta situación. 
Quiero también felicitar a mi colega Eryl McNally por el excelente informe que ha elaborado y las propuestas que hace. 
Desde mi punto de vista, este informe no podía llegar en mejor momento. 
Está reconocido que la participación de las mujeres en la vida activa es esencial para el futuro de Europa. 
La tasa de empleo en Europa es inferior a la de Estados Unidos y del Japón y a ese hecho no es ajena la tasa aún baja de actividad femenina en la mayoría de los Estados de la Unión. 
Si bien el papel de las mujeres es esencial para aumentar la producción europea, la importancia de su contribución a la financiación de la seguridad social y, por tanto, al mantenimiento de un modelo social, es también digna de mención. 
Pero no basta con analizar la cantidad de trabajo ejercido por las mujeres en la Unión Europea. 
Para nosotros también es fundamental la calidad del trabajo desempeñado y el reconocimiento por la sociedad que, asociado a la aptitud profesional de las mujeres, debe estar a la altura de su participación en los sectores más exigentes desde el punto de vista de la formación profesional y en los cuales la Unión Europea tiene déficit enormes. 
En efecto, la Unión Europea dispone de 700.000 a 800.000 empleos libres por falta de personal con formación adecuada para el desarrollo de la sociedad de la información y la utilización de las nuevas tecnologías. 
Por tanto, se debe dar a las mujeres científicas de Europa todo el apoyo y la apertura para que en ese sector puedan desempeñar no sólo el papel que merecen, sino también el que Europa necesita. 
Asocio la oportunidad de este informe al hecho de que la Presidencia portuguesa celebre una cumbre extraordinaria en Lisboa, en el próximo mes de marzo, sobre el empleo, las reformas económicas y la cohesión en pro de una Europa de la innovación y del conocimiento, que pretende lanzar las bases de un modelo de desarrollo que coloque a Europa en la vanguardia de la competitividad económica en el plano mundial. 
Ahora bien, eso no será posible sin una enorme participación de las mujeres científicas europeas. 
Para eso hay que adoptar medidas positivas al respecto y no sólo dejar actuar a la evolución de la sociedad y las políticas de mainstreaming. 
Tengo fundadas esperanzas de que la Presidencia portuguesa preste la debida atención a la participación de las mujeres en este programa, no sólo porque el Ministerio para la Igualdad portugués participa en él, sino también- y no por casualidad- porque la coordinación del programa que se presentará en la Cumbre de Lisboa fue encomendado por el Primer Ministro portugués a una mujer científica. 
Espero que las buenas intenciones de la Comisión y del Consejo se plasmen en propuestas concretas con vistas a una mayor participación, cuantitativa y cualitativa, de las mujeres europeas en las esferas de la ciencia y de las nuevas tecnologías. 
Señor Presidente, señores colegas, hoy estamos analizando el problema del acceso de las mujeres a la ciencia y a la investigación. 
Ni el texto de la Comisión, ni el informe logran su objetivo. 
Para empezar, no conectan el tema con la cuestión más general de las mujeres. 
Aparte de algunas estadísticas sobre las correspondencias de los sexos en los estudios universitarios, no presentan datos cuantitativos que den una imagen más clara de la situación. 
Sin embargo, entre estudiar en la universidad y lograr un empleo en el mundo de la investigación hay una distancia tremenda. 
Con todo, el mayor problema de estos textos es que no profundizan en el tema y no ponen de relieve sus causas. 
De hecho, la referencia indeterminada a la existencia de complejas barreras estructurales o incluso la referencia a que la cultura de la investigación sigue siendo masculina, en general, no pueden ser consideradas como intentos serios de interpretar la situación. 
La incapacidad de evaluar las capacidades de producción, y principalmente de la persona, así como la ausencia de las mismas oportunidades, son características básicas del sistema capitalista. 
Esto tiene una repercusión importante, especialmente en las capas sociales más sensibles, como son los jóvenes y las mujeres. 
No es ninguna casualidad que en los que fueron los países socialistas, la situación y el lugar social de las mujeres fueran mucho mejores de lo que lo eran en Occidente. 
La sociedad en la que vivimos ha creado un marco hostil contra las mujeres. 
Por ejemplo, la política de la reducción cada vez mayor de la asistencia social y la de la demolición de los sistemas públicos de seguridad social tiene como consecuencia que se presione más a la mujer y que esta se dedique a su papel tradicional. 
Esto es aún más patente en el caso de las mujeres científicas. 
Con toda seguridad, el problema no se resuelve con la llamada flexibilidad, ni con el trabajo a media jornada, ya que no se puede investigar sin dedicación y sin un trabajo permanente. 
Nadie tendría objeciones a muchas propuestas de la resolución, como las estadísticas tan detalladas, la base de datos de expertas y otras propuestas. 
Sin embargo, estas medidas no pueden solucionar el problema. 
Mucho menos se soluciona el problema con cuotas. 
Hace falta otra política que respete a la persona en general, y a las mujeres en especial. 
Una política que no tenga como fuerza motriz el beneficio de unos pocos y como objetivo explotar a la mayoría. 
Por supuesto, no esperamos que la Unión Europea siga una política de este tipo. 
Pero sí esperamos que la impongan los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, me es muy grato intervenir para expresar mi apoyo a este programa, presentado por la Sra. McNally, en pos de la integración lo más amplia posible de las mujeres en el ámbito científico. 
Por primera vez hablo como representante del Partido de las Pensionistas. 
Soy el secretario nacional del Partido de los Pensionistas en Italia, mientras que su presidenta es una mujer, Giuseppina Cardazzi, lo que demuestra que reconocemos ampliamente la importancia de las mujeres. 
Creo que en ningún otro ámbito como en el de la ciencia es tan importante lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Hemos tenido- por mencionar algún ejemplo- sólo científicos hombres: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, von Braun, Einstein, etcétera. 
Imagínese, señor Comisario Busquin, si las mujeres hubiesen disfrutado de las mismas oportunidades que los hombres en los últimos dos mil años. 
Imagínese, señor Presidente Provan, si las mujeres llevaran dos mil años disfrutando de la posición en que la Comisión quiere colocarlas con esta propuesta. 
Estoy profundamente convencido de que, si hubiese sido así, a estas alturas gozaríamos de un progreso notablemente mayor que el que ha habido. 
Las mujeres, como es sabido, viven mucho más que los hombres. 
Nos seguimos preguntando qué tienen ellas que nos falta a nosotros, sin embargo, estoy seguro de que es algo que todavía no conocemos y que se manifestará también en las investigaciones científicas. 
Esta propuesta es mucho más importante por permitir a las mujeres mostrar su capacidad científica- hasta hoy oculta- que por ofrecerles oportunidades de trabajo. 
Por esto, estoy muy contento de expresar mi opinión favorable sobre este informe. 
Señor Presidente, señoras y señores, sabemos por experiencia que el que no se hace notar, desafortunadamente suele pasar desapercibido, y es de lo que estamos hablando esta tarde. 
Muchas gracias, señor diputado, por sus amables y alentadoras palabras. 
Pero todos también sabemos por experiencia y por los discursos que se han pronunciado aquí esta tarde que el origen del problema no está en la falta de buena voluntad ni en las mujeres. 
Debido a impedimentos complejos y estructurales, tal vez podríamos decir incluso que se trata de impedimentos típicamente femeninos, aún no ha sido posible reforzar la actividad de la mujer en el sector de la ciencia y la investigación. 
En dichos ámbitos las mujeres estamos subrepresentadas, y ninguno de los oradores que han tomado la palabra esta tarde se ha pronunciado en otro sentido. 
Ciencia e investigación. Quien desee trabajar en este campo, quien quiera abrirse camino en este mundo debe tener la posibilidad de permanecer en contacto con él. 
Y ello supone un grave problema para muchas mujeres. 
Hay que ser flexible. 
Las mujeres están atadas a una familia, a sus hijos y quizá también al puesto de trabajo de su cónyuge. 
Es ahí donde debemos ofrecer flexibilidad y facilidades a las mujeres a fin de brindarles la posibilidad de seguir formándose en este campo que cambia tan deprisa. 
El Quinto Programa Marco confiere una especial atención a la incorporación de la igualdad de oportunidades. 
Es muy importante que la obligación de la UE de implantar la igualdad de trato también se haga efectiva en el ámbito de la ciencia. 
A este fin es fundamental que se fomenten instrumentos y métodos que desde pequeñas inicien a las niñas en las asignaturas clásicas de las ciencias naturales. 
Por mucho que las mujeres den muestras de sus habilidades académicas en las carreras científicas, el sueldo que cobran las científicas suele ser inferior al de sus colegas masculinos. 
Son muy pocas las mujeres que desempeñan funciones directivas u ocupan puestos de gran responsabilidad. 
Más de una vez, los grupos de evaluación atribuyen menos valor a la investigación científica de una mujer que a la de su compañero masculino. 
Esta tarde reina la unanimidad en esta sala. 
Nos felicitamos del informe de la Comisión y esperamos que, gracias a él, un mayor número de mujeres logre abrirse camino en la ciencia. 
Señor Presidente, el principio de igualdad impregna todas las políticas de la Unión como corriente principal y la actividad científica no tiene que ser una excepción. 
Por tanto, hay que dar la bienvenida a este informe de la Sra. McNally, así como a la correspondiente comunicación de la Comisión, y es de esperar que obtenga el respaldo total de la Asamblea. 
Quisiera señalar tres puntos que me parecen de interés. 
El primero se refiere a que, tal como señalan el informe y la comunicación, es precisamente en los países del sur- Italia, Portugal y España- donde la presencia de mujeres, en el campo científico, es más equilibrada, lo cual nos indica que, en ciencia, es importante, como en la vida en general, desconfiar de los clichés. 
El segundo punto se refiere a las cuotas. 
Es imposible evitar elementos cuantitativos para evaluar una política, pero las cuotas deben ser entendidas de manera global y tendencial, es decir, como una meta a conseguir a medio o largo plazo, como algo a aplicar en términos generales, pero no como un número rígido a ser impuesto en cada grupo consultivo, en cada grupo de evaluación y seguimiento de forma automática. 
La incentivación, el estímulo, la promoción, la remoción de obstáculos, la eliminación de perjuicios ha de ser perseguida sin descanso. 
Pero, en cualquier caso, lo que no se puede hacer nunca es poner el carro antes de los bueyes. 
Es el viejo problema de los fines y de los medios. 
Los medios han de ser adecuados y proporcionados y, sobre todo, no han de poner en riesgo el bien superior a preservar, que es la calidad, el rigor y el alcance de la actividad científica. 
Y por último, el tercer punto sería que el método científico no tiene sexo. 
Madame Curie pensaba de la misma forma que Lord Rutherford y madame Kowaleska no pensaba de modo distinto que Elie Cartán. 
Hemos de hacer todo lo posible para equilibrar la presencia de mujeres en el campo científico, pero no busquemos atajos que nos hagan perder el camino. 
. (FR) Señor Presidente, al presentar esta comunicación, la Comisión ha querido tomar una iniciativa política firme sobre la cuestión del lugar que ocupan las mujeres en el campo de la investigación. 
Me felicito de poder constatar que esta iniciativa ha sido bien acogida por el Parlamento, al que doy las gracias por el importante papel que representa en la dinámica "mujeres y ciencia". 
La propuesta de resolución que hoy discutimos apoya ampliamente las orientaciones que la Comisión ha preparado. 
Ello representa un estímulo importante y significativo. 
Pero la cuestión de la mujer y de la ciencia se inscribe en una perspectiva más amplia sobre la política de investigación de la Unión. 
Como ya he indicado a la Comisión de Industria, el objetivo es desarrollar una estrategia política para crear un espacio europeo de investigación. 
La Comisión acaba de aprobar una comunicación en tal sentido, el 18 de enero pasado. 
La creación de este espacio permitirá movilizar mejor el potencial que representan las mujeres científicas y aceptar el reto común de la subrepresentación de las mujeres en la investigación. 
La Comisión es consciente del debate sobre el principio de las cuotas en el ámbito de la participación de las mujeres en general. 
Este debate abarca asimismo, naturalmente, la participación de las mujeres en la investigación científica. 
La Comisión no ha optado por el enfoque de las cuotas obligatorias, y prefiere el enfoque de los objetivos cuantitativos de participación, acompañado de un seguimiento y una evaluación. 
La Comisión considera que dicho enfoque permitirá hacer progresar la participación de las mujeres, dentro del respeto del principio de la excelencia científica. 
El informe de la Sra. McNally, aprobado por unanimidad por la Comisión de Derechos de la Mujer, apoya las orientaciones de la Comisión, cuyo objetivo es alcanzar, como mínimo, el 40% de participación femenina en determinados aspectos de la aplicación del Quinto programa marco. 
Este apoyo es importante. 
En este momento la presencia de las mujeres es del orden del 26% en los grupos consultivos y del 24% en los grupos especiales de control y de evaluación, lo que significa un progreso considerable con respecto al Cuarto programa marco. 
No obstante, aún quedan muchos esfuerzos por realizar, pero pienso que vamos por buen camino. 
La Sra. McNally recomienda igualmente que los estudios de incidencia sobre los sexos en los programas específicos del Quinto programa marco sean tomados en consideración por el Sexto programa marco. 
La Comisión ya ha publicado la licitación referente a estos estudios. 
La misma está efectuando la evaluación de las ofertas recibidas. 
Los resultados de dichos estudios permitirán definir las orientaciones del Sexto programa marco. 
Pero la promoción de la igualdad de oportunidades supera el simple marco de los programas comunitarios de investigación, y entiendo la preocupación del Parlamento al ver que las demás políticas de la Unión toman en cuenta esta cuestión. 
La Comisión ya está actuando en este ámbito y continuará haciéndolo. 
Por ejemplo, en el marco de las líneas directrices para el empleo, cuarto eje, y en las disposiciones reglamentarias relativas a los Fondos estructurales. 
En su proyecto de reforma, que ha sido objeto de un Libro Blanco, la Comisión se fija como objetivo un amplio equilibrio en la representación de sexos en todos los ámbitos y a todos los niveles de la jerarquía. 
La Sra. McNally sugiere examinar las razones de la diferencia entre la cifra de mujeres tituladas en las disciplinas científicas y la cifra de aquellas que ejercen in fine una profesión en dichos ámbitos. 
Las razones de dicha diferencia son complejas, y el informe publicado recientemente por los expertos de ETAM trata esta cuestión. 
Es importante seguir profundizando el análisis, para identificar mejor los obstáculos y las formas de solucionar el problema. 
En este sentido, la aplicación del plan de acción presentado en la comunicación prosigue activamente, y el informe de los expertos de ETAM, del cual la Sra. Sorensen ha efectuado un balance muy pertinente- informe que fue presentado el 23 de noviembre, en presencia de diputados, entre los que se contaba la Sra. McNally -, hace un balance de la subrepresentación de las mujeres en la investigación. 
Este informe, realizado por expertos independientes, constituye un instrumento muy útil para promover la discusión y extraer medidas concretas. 
La versión final de este documento se transmitirá al Parlamento. 
Pero existen otros desarrollos en curso. 
Recuerdo que en julio de este año se organizó una reunión de las redes de mujeres científicas y que un grupo de funcionarios nacionales se reunió los días 29 y 30 de noviembre para comparar las políticas de promoción de las mujeres en el campo científico en los diferentes Estados miembros. 
En este sentido la Comisión adopta medidas en cooperación con los Estados miembros- la Sra. Gröner ha subrayado el esfuerzo alemán en esta materia-. 
Junto con grupos de expertos nacionales, nosotros desarrollamos indicadores estadísticos sobre la participación de las mujeres en la investigación europea, porque es muy importante disponer de indicadores fiables a todos los niveles, y los expertos nacionales son, en este sentido, muy útiles. 
Finalmente, desearía señalarles que el 3 y 4 de abril se celebrará en Bruselas una gran conferencia europea, con el fin de hacer el balance con todas las partes afectadas: Parlamentos nacionales, administraciones nacionales, institutos de investigación y redes. 
Naturalmente, están ustedes más que nunca invitados a participar en estos trabajos. 
Conforme al compromiso asumido en la comunicación, la Comisión informará regularmente al Parlamento de los avances obtenidos. 
Como Sus Señorías han subrayado, dispondremos de una comunicación en el 2001, sobre la base de todos los informes elaborados. 
Concluiré diciéndoles que la cuestión "Mujeres y ciencia" obliga a mirar más allá de los programas de investigación de la Unión, y debe ser objeto de un amplio debate. 
Nosotros lo hemos realizado en este recinto, pero pienso, y desearía darles las gracias por ello, que la resolución del Parlamento constituirá un apoyo importante en este contexto. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará en el próximo periodo parcial de sesiones.. 
(Se cierra la sesión a las 20:00 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en el informe Cunha sobre pesca aparece que voté "a favor", cuando mi propósito fue votar "en contra". 
Quisiera que se corrigiera el Acta. 
Asimismo, en el debate sobre China de ayer, voté a favor del informe. 
Quisiera que esto se hiciera constar en el Acta. 
Señor Presidente, solamente quisiera plantear una pregunta. 
En el Acta de ayer figura que hemos debatido sobre el Informe McNally y que se votará este informe el día 2 de febrero. 
Sólo quisiera preguntar por qué es necesario esto. 
He oído que algo no funciona con los documentos. 
Pero, realmente, no debería pasar tal cosa. 
Se ha discutido el informe, hoy hemos tenido tiempo de votarlo, y no entiendo, en absoluto, por qué una votación ha de estar tan distanciada del debate. 
El principio de la Asamblea ha sido propiamente que la votación se celebre tan próxima al debate como sea posible. 
La razón para votarlo en febrero es que existen ciertos problemas de traducción que hay que solucionar. 
Hay que buscar coherencia entre los distintos textos y esto requiere un tiempo. 
Es una razón estrictamente técnica derivada de la traducción. 
Señor Presidente, ya hice un comentario sobre el Acta ayer por la tarde. 
En el punto 6 del Acta, páginas 6 y 7, se hace referencia a la moción que presenté acerca de la inadmisibilidad del apartado 6 del informe Cunha. 
Solicité una votación nominal y el Presidente que dirigía la sesión en ese momento afirmó claramente que habría una votación nominal al respecto. 
Efectivamente votamos haciendo uso de nuestras máquinas para votar. Pero me parece que no ha quedado registrado. 
Quisiera que se hiciera constar que se tendría que haber realizado una votación nominal y que tendría que haber existido una lista nominal de los votos a favor y en contra de la moción. 
Señor MacCormick, la presidencia es consciente de este problema. 
Lo que sucede es que hubo un error técnico involuntario, es decir, que el personal encargado cometió un error técnico absolutamente fortuito, involuntario, imprevisible e inevitable. 
Y por tanto, aunque se realizó la votación nominal correctamente, no quedó registrado su resultado. 
No hay otra razón ni hay posibilidad de solucionar el problema. 
Son cosas del destino, señor MacCormick. 
Señor Presidente, en el mismo punto, el punto 6 del Acta de ayer, cuestiones de procedimiento sobre el informe Cunha, dice que yo pedí la devolución a comisión, sobre la base del artículo 144 del Reglamento, principalmente a causa de las dudas relativas a la admisibilidad del apartado 6. 
Esto es incorrecto. 
Aunque me referí a la posibilidad de una moción por inadmisibilidad que mi colega, el Sr. MacCormick, podría promover, las razones de pedir la devolución a comisión eran que existía una considerable controversia política, así como dudas de orden práctico sobre la propuesta. 
Por lo tanto, mi intención era que prosiguiera el debate y las consultas con las partes interesadas. 
La presidencia toma nota de su observación, señor Hudghton. 
Señor Presidente, no tengo ningún problema con lo que está en el Acta; lo que representa un problema para mí es lo que no está. 
En el Acta del miércoles hay una relación de diputados que modificaron su voto. 
Observo que en el Acta de ayer no hay ninguna lista de ese tipo, aunque sé de al menos dos diputados que rectificaron su voto acerca de la resolución relativa al impuesto sobre el capital. 
¿Puede decirme cuándo se nos informará de estas rectificaciones de voto? , porque es algo que, evidentemente, resulta de interés para algunos diputados. 
Supongo que se añadirá un addendum en la siguiente serie de actas, y que tendremos la oportunidad de hacer comentarios en ese momento. 
Señor Ford, se va a hacer esta comprobación y, en su caso, el Acta será debidamente corregida. 
Señor Presidente, solamente quería dar una información: esta mañana ha habido un atentado terrorista en Madrid. 
Han puesto una bomba en un coche. 
Ha fallecido una persona. 
Simplemente quería, en nombre de mi Grupo, condenar, una vez más, estos actos terroristas. 
Efectivamente, tenemos noticia de que se ha producido este lamentable suceso. 
Por desgracia, una vez más, el terrorismo asesino castiga a la sociedad española y la presidencia recoge sus palabras, como usted puede comprender con especial intensidad, siendo en este momento también española la presidencia de la sesión. 
(El Acta queda aprobada) 
Política Pesquera Común: intensificación del diálogo " Industria/Grupos interesados 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0094) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen disposiciones para intensificar el diálogo sobre la política pesquera común con la industria y los demás grupos interesados (COM (99) 0382- C5-0145/99- 1999/0163 (CNS)) 
. Señor Presidente, el Reglamento que hoy examinamos pretende mejorar el diálogo de la Política Pesquera Común con la industria y con los demás grupos interesados. 
La Comisión quiere asegurarse así una buena recepción de la información sobre las necesidades del sector profesional y, al mismo tiempo, favorecer la difusión hacia ese sector de la normativa y de las decisiones comunitarias en el marco de la Política Pesquera Común. 
La Comisión de Pesca, como no podría ser menos, apoya esta propuesta de reglamento. 
La Comisión Europea necesita, para formular propuestas y para ejecutar sus competencias, conocer la realidad del sector a través del diálogo con los profesionales que lo forman. 
Esta propuesta de reglamento ha sido precedida por la reforma del Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura, órgano de consulta creado en 1971 e integrado por todos los sectores profesionales. 
Dicha reforma ha supuesto, en síntesis, la actualización de este órgano, incorporando a otros protagonistas que en estos últimos años han ido cobrando un papel cada vez más relevante en la gestión de la explotación racional de los recursos, como son las organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo, los grupos medioambientalistas, los consumidores y también los científicos. 
La reforma incide también en una mayor presencia de ciertos sectores hasta ahora infrarrepresentados- el sector acuícola y el de la comercialización de los productos-. 
Se modificó también el número de los miembros del comité en pleno y se crearon grupos de trabajo especializados. 
Como nudo de esta reforma del Comité Consultivo destacaría la prioridad dada a las organizaciones de carácter representativo a nivel comunitario, con objeto de que el Comité no se limite a ser un mero portavoz de posiciones nacionales. 
La Comisión de Pesca de este Parlamento, y sobre todo yo- como ponente de este informe- hemos criticado mucho el hecho de que la Comisión no nos hubiese consultado sobre la reforma de este Comité. 
Ello supone que hoy nos tenemos que limitar a dar nuestra opinión sobre esta propuesta de reglamento, que me atrevería a calificar de menor. 
Por lo que se refiere a los ámbitos concretos de esta propuesta de la Comisión de impulsar la difusión de la información sobre la PPC: sus objetivos, sus mecanismos y las disposiciones legislativas que afectan al sector, la apoyamos plenamente. 
Nada nos agradaría más, Señorías, que la Comisión se decidiese por fin a realizar ese esfuerzo informativo. 
El propio Comisario, en su última comparecencia ante la Comisión, lo reconocía como absolutamente necesario. 
Decía el Sr. Fischler que tenemos un problema de marketing y que es necesario informar y defender mejor nuestro modelo. 
Información hacia dentro- hacia el propio sector, que en muchos casos desconoce o malconoce su propia realidad- e información también hacia fuera. 
Como miembro de la Comisión de Pesca me he visto en muchos casos sorprendida por este profundo desconocimiento del gran público acerca de una Política Común- la de pesca- de enorme importancia para muchos Estados miembros y para la Unión en su conjunto. 
Por lo que refiere a la información hacia adentro, hacia el propio sector, sí pedimos a la Comisión que sea consciente de la realidad en la que viven muchos pescadores. 
No todo el mundo, Señorías, tiene acceso a las nuevas tecnologías, por lo que la información y las campañas divulgativas deben darse a conocer por todos los medios a nuestro alcance, incluidos los más tradicionales. 
En este sentido, quiero destacar la labor de la prensa escrita- cada vez más preocupada por el futuro de la pesca en Europa- así como el de la radio y la televisión, medios democráticos al alcance de todo el mundo. 
Quiero, para concluir, llamar la atención de la Comisión sobre la representatividad de las organizaciones presentes en el Comité Consultivo. 
El diálogo entre la Comisión y los profesionales del sector es esencial. 
Pero, para que este diálogo produzca sus frutos, es necesario que los profesionales con los que se contacta sean realmente representativos de los diferentes sectores que intervienen en la Política Pesquera Común. 
Ni en la propuesta de la Comisión ni en la reglamentación del Comité Consultivo se han previsto mecanismos que garanticen que ello sea así. 
En un sector tan atomizado, con una enorme dispersión geográfica y escasa cultura asociativa, existen grandes dificultades para que los interlocutores de la Comisión a nivel comunitario sean representantes fidedignos del correspondiente sector. 
Quizás sería bueno que la Comisión, para aumentar la representatividad y como acciones complementarias a las que está realizando, adoptase iniciativas destinadas a incentivar los índices de afiliación a las organizaciones profesionales que en la actualidad existen. 
Porque los representantes del sector, elegidos como interlocutores de la Comisión, los miembros, por tanto, del Comité Consultivo, están obligados a representar el interés común. 
Señor Presidente, apoyo ampliamente lo que la Sra. Miguélez acaba de exponer de manera tan resuelta. 
En efecto, en el orden del día de hoy figura un tema que entraña efectos trascendentales para el futuro de la política pesquera en Europa: el reforzamiento del diálogo con la industria piscícola sobre la Política Pesquera Común. 
En el Parlamento Europeo tenemos ya desde hace años un intenso diálogo con la industria piscícola. 
También viajamos con delegaciones a las regiones pesqueras de Europa para plantearnos allí, in situ, las cuestiones. 
De esta manera podemos tener una mejor visión de los problemas de quienes día a día tienen que vivir y trabajar in situ con los reglamentos europeos. 
En esta semana he estado invitado en la denominada Semana Verde, la Feria de Agricultura de Berlín, y he mantenido allí un diálogo semejante con los representantes del sector pesquero alemán. 
El tema es extremadamente actual y explosivo, tanto más cuanto que nos hallamos ante la reforma de la Política Pesquera Común en el año 2002. 
Fundamentalmente la política tiene que velar por que se tomen en cuenta adecuadamente todos los intereses y, sobre todo, por que se produzca una explotación sostenible de los recursos piscícolas. 
La comunicación entre el sector pesquero y los órganos de la Comunidad debe funcionar en ambas direcciones. 
La industria debe articular sus necesidades y comunicarlas a la Comisión. 
Por otro lado, la Comisión debe preparar las normas y las decisiones y darlas a conocer. 
No se necesita un monólogo, sino un diálogo. 
Esto lo ha advertido la Comisión. 
Y sólo conociendo la problemática, las dificultades y las posibilidades de solución, que los afectados conocen muy bien, será posible adoptar las decisiones apropiadas en el futuro. 
Para lograr este objetivo, la Comisión ha emprendido dos pasos. 
Con la presente propuesta de reglamento la Comisión se propone acertadamente el fortalecimiento de las asociaciones profesionales. 
Pero, el diálogo sólo se puede celebrar si los interlocutores pertinentes del sector pesquero son apoyados también financieramente, para poder participar en las conversaciones en Bruselas, sin minar su autonomía. 
Para este propósito se han previsto en este año cerca de 400.000 euros. 
No obstante, el éxito del diálogo va a depender solamente del grado de inteligibilidad con que se expongan in situ los complejos aspectos técnicos mediante acciones de información de la Comisión en las regiones. 
Por consiguiente, apoyo insistentemente la iniciativa de hoy de la Comisión. 
Sin embargo, al mismo tiempo tengo un gran "pero". Se refiere, en concreto, al otro paso que la Sra. Miguélez ha expuesto también aquí. 
Se trata de la reforma del importante Comité Consultivo de Pesca. Éste es la base del diálogo. 
¿Por qué no ha sido consultado el Parlamento a la hora de la configuración y organización y también de las tareas de este ente tan decisivo y tan central del diálogo que se pretende, es decir, del Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura? 
Éste es un déficit que vamos a seguir criticando también. 
Veo otros pequeños "peros" en las dificultades de encontrar representantes auténticamente representativos de los diversos sectores en la fragmentada estructura de la pesca con su diversidad geográfica y la débil estructura asociativa. 
Aquí hay que crear, por fin, condiciones practicables. 
Sin embargo, esto presupone también que quizá debamos reflexionar sobre una nueva estructura organizativa en el sector pesquero. Pero, a su vez, esto presupone la confianza de los pescadores afectados, por un lado, en principio, en la política y, por otro, específicamente, en la Política Pesquera Común. 
Por consiguiente- se lo ruego- en el futuro deberíamos esforzarnos mucho más. 
Señor Presidente, ayer debatimos el informe Cunha. 
Una de las quejas que planteaban los diputados holandeses del Parlamento Europeo se refería a que en la propuesta no se tenían suficientemente en cuenta las conversaciones mantenidas en los Países Bajos entre la administración pública y el sector de la pesca para llegar a acuerdos de base voluntaria sobre el cumplimiento de la cuota de capturas. 
Cuando es posible alcanzar acuerdos voluntarios que tengan la misma validez que la legislación y que sean fruto de la concertación entre la administración pública y las organizaciones socioprofesionales, el Partido del Trabajo concede preferencia a este tipo de acuerdos por encima de otros esfuerzos inútiles como los realizados desde arriba. Esto, indudablemente, también se aplica al ámbito europeo. 
Por ello, me produce suma satisfacción el informe de mi colega Miguélez Ramos. 
Aunque tenemos opiniones muy diferentes sobre el informe Cunha, apoyo plenamente sus propuestas destinadas a reforzar el Comité Consultivo. La felicito por su informe. 
Únicamente quiero hacer una observación al respecto. El Comité Consultivo sólo podrá funcionar bien si es representativo de los diferentes sectores que se ven afectados por la política pesquera y si todos los países pesqueros de la Unión están representados en él. 
Eso es algo que, por el momento, no se plantea. 
Por ello, nuestro Grupo votará a favor de la enmienda 3, con la que se pretende ejercer cierta presión en esa dirección. Asimismo, hago un llamamiento a la Comisión Europea para que vigile si el Comité Consultivo es representativo y se mantiene en la línea que acabo de describir. 
Por último, señor Presidente, puedo comunicarle que mi Grupo votará a favor de la resolución de la Sra. Miguélez Ramos, ya que dicha resolución supone una importante contribución a la política pesquera de la Unión Europea. 
Señor Presidente, cualquier cosa que vaya encaminada a alentar y favorecer un mayor diálogo ha de ser bien recibida, y un mayor diálogo con el sector de la pesca y la acuicultura es algo que hay que propiciar. 
Pero no sólo con el sector profesional en sí; debemos ampliar el diálogo para incluir a las asociaciones que trabajan en los campos del medio ambiente y el desarrollo y dejar que tengan un papel más importante los organismos de investigación especializados. 
Hay que propiciar un flujo de comunicación en ambos sentidos, y no en un solo sentido. 
Mi partido ha abogado siempre por una consulta más amplia con el sector profesional. 
De hecho, una ventaja fundamental de dar un enfoque regional a la PPC sería la participación de los directamente afectados, los propios pescadores, en las decisiones que les incumben, favoreciendo así el objetivo de conservar los recursos pesqueros mediante una pesca sostenible y de procurar una viabilidad a largo plazo a las comunidades dependientes de la pesca en Europa. 
Aparte de las reformas que puedan hacerse del comité consultivo como parte de la actual evaluación de la PPC a escala europea, tenemos otra oportunidad para que Europa encuentre mejores formas de asociar a los pescadores al ejercicio de las competencias de pesca, mediante la expansión del principio de la regionalización. 
La vinculación del sector profesional y de otras partes interesadas de las poblaciones establecería un sistema que reflejaría más adecuadamente las necesidades del sector pesquero y promovería, en lugar de dificultar, el respeto de la PPC. 
El hecho de garantizar que se realicen consultas adecuadas también con la sociedad civil, en particular con las ONG dedicadas a la pesca y el medio ambiente, permitirá que la política pesquera de la Comunidad refleje adecuadamente los objetivos de conservación y desarrollo sostenible en el sector pesquero. 
Pero la participación de las ONG ha de ser efectiva, no simbólica, y hemos de trabajar duro para que así sea. 
La integración de todos los que trabajan en actividades relacionadas con la pesca en los procesos de toma de decisiones y el apoyo a los pescadores son requisitos indispensables para el éxito de cualquier política futura de pesca, así como un elemento esencial de la PPC. 
Ayer tuvimos una controversia acerca de algunas partes del informe Cunha, en concreto, la propuesta de sanciones que afecten a las cuotas. 
Si queremos que haya una consulta efectiva, éste es exactamente el tipo de propuesta sobre el que habría que consultar, y lamento que mi propuesta de dar tiempo para que ello no prosperara aquí. 
Espero que podamos aprender de estos errores y hablemos en serio cuando decimos- como en este informe que apoyo- que deseamos mejorar la comunicación y los contactos con lo sectores profesionales de la pesca y con aquellos a los que ésta afecta. 
Señor Presidente, la Comisión ha creado un Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura sin consultar al resto de las Instituciones de la UE. 
La Comisión ha elegido preferentemente como interlocutores a organizaciones con representación a nivel comunitario. 
Sin embargo, sí que lo es. 
Por lo menos, sí lo es desde el punto de vista de Finlandia y del Báltico. 
Para los pescadores finlandeses resulta demasiado caro afiliarse a la Organización EUROPÊCHE, que tiene representación a nivel comunitario. No pueden participar en el funcionamiento de dicha organización porque no tienen recursos para pagar las cuotas. 
Así pues, sus intereses no son defendidos por ninguna de las organizaciones que la Comisión ha elegido como interlocutores suyos. 
Los pescadores no tienen fondos para ser representados a nivel de la UE, pero los dueños de piscifactorias sí. 
Éstos son los capitalistas del sector de la acuicultura. 
Este hecho despierta en nuestro país sospechas sobre la política pesquera de la Unión. 
Se escucha solamente la voz de los acuicultores, capitalistas del sector, pero no la de los proletarios, o sea, de los profesionales que pescan peces libres en zonas marítimas abiertas, en una palabra, la voz de los pescadores. 
Además, en los países nórdicos también pescamos en aguas interiores, cosa que no se tiene en cuenta en la UE. 
Esta representatividad en el seno de las organizaciones supranacionales es un asunto problemático, ya que la UE no le presta la suficiente atención. 
La Organización supranacional EUROPÊCHE es ineficaz. 
Tiene carencias de representatividad, sus decisiones no son vinculantes para las asociaciones que la integran, el dinero y el tamaño de los Estados miembros es el factor decisivo y se considera intereses supranacionales lo que, en realidad, son intereses nacionales. 
Una misión importante de la Comisión es aplicar este reglamento de tal forma que las organizaciones con representación comunitaria tengan mayor representatividad y que sea escuchada también la voz de los pescadores que no pueden permitirse el lujo de afiliarse a organizaciones representadas a nivel de la UE. 
Señor Presidente, los diputados del Grupo Europa de las Naciones no pueden menos que manifestar su acuerdo con los objetivos de una propuesta de reglamento tendente a intensificar el diálogo con los profesionales de la pesca. 
Pero al mismo tiempo debemos decir que algunos aspectos de la organización de este diálogo nos dejan profundamente perplejos. 
En primer término, la necesaria intensificación del diálogo. 
Si bien la Política Pesquera Común es aplicable al conjunto de los operadores de la Unión Europea, dicha política debe hacer frente a una considerable diversidad de situaciones, en función de la zona de pesca, del lugar de amarre de los buques, de las tradiciones, de los artes utilizados, de la organización del mercado en el plano social, etcétera. 
A tal punto, además, que algunas personas bienintencionadas se han llegado a preguntar si, en lugar de una política unitaria común, no sería preferible aplicar políticas nacionales bien coordinadas. 
En cualquier caso, puesto que la política actualmente en vigor es una sola y las situaciones de los profesionales son diversas, es tanto más importante que se organicen contactos muy estrechos con éstos, a fin de tomar en consideración lo mejor posible sus necesidades y de eliminar los efectos perversos de algunos reglamentos, o incluso de evitar la inaplicación pura y simple de este reglamento, el cual, como desgraciadamente comprobamos a veces, no se corresponde en absoluto con la realidad. 
Por eso los diputados de nuestro Grupo votarán a favor de las tres enmiendas presentadas hoy, cuyo objeto es mejorar el funcionamiento del Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura, adaptarlo mejor a las profesiones y a las necesidades de los Estados y pedir finalmente a la Comisión que presente un informe anual al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los debates que allí se celebran. 
En efecto, estos debates no sólo interesan a la Comisión, sino también al conjunto de las instituciones comunitarias, con el objeto de poder contribuir a una orientación de la Política Pesquera Común, conforme al interés bien entendido de nuestras flotas. 
No obstante, algunos aspectos de la reforma nos causan una profunda sensación de malestar, ya que la Comisión permite la entrada en el Comité Consultivo de la Pesca de grupos de presión muy diversos, relacionados esencialmente con Bruselas, por otra parte, y que están centrados en objetivos muy generales- desarrollo, medio ambiente, consumo, etcétera. 
Y, al mismo tiempo, con respecto a los pescadores, la Comisión desearía aumentar a golpe de financiaciones comunitarias el poder de las organizaciones profesionales europeas, que de momento apenas existen en el papel. 
Se diría que la Comisión busca contrapesar a través de un conjunto diverso de participantes las organizaciones nacionales, a pesar de estar estructuradas, enraizadas, y de ser perfectamente representativas. 
Todo ocurre como si la Comisión buscara evitar la discusión con interlocutores difíciles de manejar, y crear de inmediato una estructura de concertación más dócil que le devolvería la agradable imagen de sí misma y de sus concepciones, que es, precisamente, lo que espera. 
Lo que resulta más preocupante todavía es que uno acaba por preguntarse cuántos sectores ya han sido organizados de esta manera y si en Bruselas no se ha construido una amplia red de asociaciones o de organizaciones que carecen de representatividad real, financiada esencialmente mediante subvenciones comunitarias, y que participan en consultas absolutamente artificiales. 
El ejemplo que examinamos hoy nos permite pensar que esta hipótesis puede muy bien ser la correcta. 
En estas condiciones, las instituciones de Bruselas no deben sorprenderse de perder el contacto con las opiniones públicas. 
Los Estados miembros harían bien en preocuparse seriamente de ello, si no desean que las democracias nacionales que representan se vean pronto excluidas por grupos de presión inconsistentes. 
Con respecto al sector que ahora nos ocupa, el de la pesca, nos parece absolutamente necesario velar por la correcta representatividad de los diversos actores en el seno del Comité consultivo. 
Todos los Estados miembros interesados por la actividad pesquera deben estar representados, y también sus profesionales. 
En ellos hay que apoyarse, y no en organizaciones artificiales. 
Señor Presidente, es positivo que la Comisión adopte iniciativas para reforzar el diálogo con las organizaciones pesqueras. 
La Comisión debe saber lo que se vive en la base. No tenemos ninguna necesidad de una Comisión que establezca las normas desde una torre de marfil. 
El diálogo con los diferentes sectores es necesario para evitar que se adopten normas que en la práctica no son viables. 
También es necesario el diálogo para tener una visión más clara de los diferentes intereses, a fin de poder tomar decisiones ponderadas. 
Con la propuesta de reglamento que ahora se presenta, la Comisión pretende reforzar las organizaciones profesionales europeas. 
Hay argumentos a favor de ello. 
Tanto el sector pesquero como la Comisión tienen interés en la existencia de una organización que coordine las acciones a nivel europeo. 
Para el sector pesquero representa una plataforma importante para atraer la atención de la Comisión acerca de los intereses comunes. 
Y la Comisión sabrá mejor a qué atenerse si el sector pesquero se dirige a ella con una sola voz. 
Sin embargo, no debemos perder de vista que el sector de la pesca por excelencia es un sector con grandes intereses nacionales. 
Si hablan ustedes con un pescador común y corriente descubrirán que en su opinión los pescadores europeos no existen como tales. 
La flota europea se compone de pescadores belgas, daneses, holandeses, etc., y en gran parte están en competencia unos con otros. 
Así pues, el pescador medio tiene más confianza en las organizaciones nacionales que representan sus intereses que en una organización europea, que está compuesta principalmente de representantes de otros países. 
No debemos perder de vista esta realidad. 
Así pues, no debemos considerar la organización europea como un sustituto, sino como un complemento de las organizaciones nacionales. 
La Comisión Europea tiene que seguir manteniendo conversaciones con las organizaciones nacionales. 
Esto me lleva a la enmienda que ha presentado mi Grupo con respecto al Comité Consultivo. 
Es cierto que la Comisión no nos ha consultado sobre la composición de dicho Comité. 
Pero la Comisión no me lo tomará a mal, espero, si le doy un parecer a pesar de que no lo ha solicitado. 
El 16 de julio de 1999, la Comisión y la industria llegaron a un acuerdo en el que adoptaban un compromiso sobre el nuevo Comité Consultivo. Llegaron al acuerdo de que todos los Estados miembros de la Unión, sobre todo los países pesqueros, deberían estar representados en él. 
Como ya se ha dicho, las diferencias de intereses imposibilitan que los distintos miembros de las organizaciones profesionales cedan su mandato a miembros de otra nacionalidad. 
Entre tanto, el Comité Consultivo se ha reunido con una nueva composición. 
Desgraciadamente, he de señalar que el acuerdo ha dado lugar a un equilibrio deficiente. 
Algunas nacionalidades tienen una representación excesiva mientras que otros muchos Estados miembros no están representados en absoluto. 
Esta circunstancia motivó incluso que el antiguo presidente del Comité Consultivo, bajo cuya dirección se alcanzó el compromiso, se negara a presidir la primera reunión del Comité. 
La Comisión Europea podrá objetarme quizá que la representatividad es algo más que un reparto equitativo entre Estados miembros. 
Esto es cierto, naturalmente. 
Ha de tratarse también de un reparto equitativo por sectores. 
Pero lo que quiero preguntar a la Comisión es lo siguiente: "¿ Por qué no ha dado curso al compromiso del 16 de julio en el que se afirma claramente que, en lo que respecta a las nacionalidades, se precisa también un reparto equitativo ?" 
Por esta razón, quiero dirigir a la Comisión una llamada perentoria. Reconsidere la composición del nuevo Comité Consultivo. 
Si desea mantener un diálogo adecuado con los sectores implicados, si da valor a la creación de una base de apoyo para aplicar su política, debe velar por la creación de un órgano de diálogo representativo. 
Señor Presidente, al igual que mis colegas, y en el mismo sentido en que queda reflejado en el informe de la Sra. Miguélez, quiero subrayar los métodos de trabajo arbitrarios de la Comisión, que han llevado al absurdo de que no se consulte al Parlamento ni al Consejo al emprender la remodelación del Comité Consultivo de la Pesca y sí se consulte esta propuesta de reglamento para potenciar el diálogo entre la Comisión y el sector. 
Es decir, no se consulta sobre la normativa de base, pero sí sobre los aspectos complementarios; no sobre las normas que establecen el diálogo, pero sí sobre cómo potenciar este diálogo ya establecido. 
Todo ello cuando, además, la remodelación que ha llevado a cabo la Comisión de un organismo tan importante como el Comité Consultivo, único órgano previsto para implicar al sector en las decisiones que les afectan, ha suscitado grandes críticas y dudas en el Parlamento, en el Consejo y en el propio sector que consideran que, en este nuevo Comité, gran parte del sector verdaderamente protagonista de la pesca no tiene la representatividad necesaria. 
Dicho esto, y por no alargarme, bienvenidos sean los recursos financieros de la propuesta. 
Sólo me resta, por tanto, felicitar a la Sra. Miguélez por su informe, y en particular defender la enmienda que impone la obligación de remitirnos un informe anual sobre el contenido de los debates de los grupos de trabajo que propicia este reglamento. 
Y también quiero aplaudir la petición contenida en la opinión del Sr. Gallagher, que ha elaborado en nombre la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que solicita además informes detallados sobre el reparto de fondos a los diferentes Estados miembros y asociaciones que puedan beneficiarse de esta propuesta. 
Señor Presidente, quizás de manera extraordinaria, hablo acerca de esta propuesta en calidad de diputado que no es miembro de la Comisión de Pesca. 
Represento en cambio- concretamente en el oeste de Escocia- a un inmenso número de pescadores y a sus familias y frágiles comunidades cuya existencia depende del mantenimiento de una actividad pesquera próspera en la Comunidad Europea y de una sensibilidad apropiada por parte de la Comunidad hacia esas regiones de la misma frágiles y con frecuencia remotas que más dependen de la pesca. 
Es muy loable decir que el Comité Consultivo de la Pesca no ha de ser simplemente un lugar de encuentro de los intereses nacionales, especialmente si los intereses nacionales se interpretan exclusivamente con arreglo a los intereses de los Estados miembros, considerados según los principios de igualdad proporcional con que están representados los Estados miembros en los órganos de la Comunidad. 
Hay otro tipo de igualdad que sería proporcional al esfuerzo dedicado a la actividad y, claro está, proporcional a la cantidad de aguas marinas y de litoral que las diversas regiones de esta gran Comunidad aportan a ella. 
Pido a los diputados que hagan un pequeño experimento. 
Imaginen que quitan a Escocia de la Comunidad. 
¿Cuánta actividad pesquera les quedaría? 
Consideran ahora esta pregunta: ¿hasta qué punto tiene efectivamente voz el sector pesquero escocés en las instituciones de la Comunidad, en la forma que éstas presentan actualmente? 
La respuesta es: ¡no muy efectivamente en absoluto! 
Por lo tanto, sería bueno sin duda que este informe consiguiera una representación mucho más satisfactoria de los pescadores, de los intereses medioambientales y de otros intereses de la sociedad civil. 
No creo que vayamos a avanzar mucho gracias a este informe, pero un poco sería bien recibido. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, quiero iniciar mi intervención felicitando, en primer lugar, a nuestra ponente, la Sra. Miguélez, por el buen informe que ha realizado sobre una materia tan importante y de tanta repercusión social como es el reforzamiento del diálogo entre la Comisión y el sector implicado en la aplicación de la Política Pesquera Común. 
Subraya nuestra ponente- y no quiero dejar de señalarlo yo también hoy aquí- el hecho de que resulta cuando menos curioso que la Comisión consulte al Parlamento aspectos que podríamos considerar secundarios en la organización de este diálogo y no haya sometido al Parlamento precisamente la composición, la organización y las funciones del Comité Consultivo de la Pesca, propiamente dicho, órgano clave en la organización de este diálogo. 
Creo que el Parlamento Europeo, representante directo y democrático de los ciudadanos, debería haber dicho algo sobre este órgano y sobre la representatividad de los subsectores presentes en el mismo. 
Dicho esto, habrá que esperar el funcionamiento del nuevo Comité para poder ir evaluando su actividad, razón por la que me parecen también positivas aquellas aportaciones del informe de la Sra. Miguélez que inciden en los aspectos relativos al control financiero de los gastos y a una mayor transparencia en la gestión, a fin de transmitir la mayor información posible, tanto al Parlamento como al Consejo, para llevar a cabo entre todos el seguimiento del reforzamiento del diálogo que pretende la Comisión Europea. 
Espero que la Comisión tome buena nota de nuestras observaciones y preocupaciones ya que estaremos muy pendientes de la evolución y del funcionamiento del nuevo Comité, con el que esperamos tener desde la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo un trato fluido para favorecer un auténtico reforzamiento del diálogo social y sectorial de la pesca. 
Señor Presidente, desde mi perspectiva de democratacrisitiano quisiera formular un par de observaciones a la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, se respeta el principio de subsidiariedad, los países están suficientemente involucrados y, en segundo lugar, se tiene en cuenta de modo suficiente a las organizaciones o medios sociales. 
En este sentido me produce satisfacción la creación de un Comité Consultivo reforzado que quizá pueda ejercer más influencia en la política pesquera. 
Hasta ahí, mi valoración es positiva. 
Con respecto al contenido real de la propuesta mi postura ya no es tan positiva. 
A mi modo de ver, la propuesta es deficitaria en dos aspectos. 
Para empezar, no todos los Estados miembros están representados y eso, a mi juicio, es negativo, porque en esta Cámara respetamos la subsidiariedad de los Estados miembros. Esto significa que no pueden estar ausentes Estados que tienen un sector pesquero importante. 
En segundo lugar, si los medios sociales y las organizaciones se ven afectadas por la política pesquera, ésta debe ponerse en práctica de modo equilibrado y adecuado, por lo que la distribución geográfica tiene suma importancia. 
Con respecto a esta cuestión, la propuesta, sencillamente, se queda corta. 
Por estas razones, yo, junto con otros diputados, entre ellos el Sr. Van Dam, pido que se siga trabajando por la creación de un Comité Consultivo, pero que sea representativo de todo el sector y de toda Europa. 
Y, en concreto, esto significa que todos los países pesqueros de la Unión tienen que estar representados en él. 
En el antiguo Comité Consultivo se llegó a un acuerdo entre el sector pesquero y la Comisión. 
El hecho de que las propuestas actuales que han presentado las organizaciones profesionales se hayan pasado por alto es, desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de la democracia cristiana, un asunto muy serio. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a nuestra colega Rosa Miguélez Ramos por el trabajo que ha hecho. 
Y sobre todo por la serenidad del análisis que muestra en este informe y por haber puesto el dedo en la llaga, o, mejor dicho, en las llagas, porque hay aquí dos cuestiones fundamentales ya subrayadas por varios colegas y que este Parlamento no puede dejar de tener en cuenta. 
La primera es nuestra sorpresa- nuestra estupefacción, podríamos decir- por que el Parlamento sea oído ahora sobre aspectos reglamentarios del Consejo Consultivo de Pesca y Acuicultura, cuando no lo fue en su momento sobre su composición. 
El año pasado, como sabemos, la Comisión, sola, aprobó la decisión nº 478/99, por la que se creó ese consejo consultivo, y no oyó al Parlamento en una materia tan importante como esta de la representatividad de las organizaciones de pesca y del carácter fundamental que tienen para la formulación y la gestión de la Política Pesquera Común. 
Para mí, ¡que no se oyera al Parlamento es incomprensible! 
Y un misterio incluso. 
Hay razones que la razón desconoce. 
No sé si hay aquí alguna razón que yo desconozca para que no se oyera al Parlamento. 
La segunda observación es la de que tenemos muchas dudas sobre la representatividad de esos órganos. 
Por ejemplo, un país como el mío, Portugal, que es una potencia pesquera en el nivel de la Unión Europea, el quinto país en cuanto a dimensión de la flota, no lo vemos representado aquí de la forma que sería apropiada. 
Estoy estupefacto: eso, para mí, es un misterio. 
Para terminar, la segunda cuestión, es decir, la segunda herida y, teniendo en cuenta esas lagunas del consejo consultivo y de su representatividad, es fundamental que se prevea y pondere ayuda financiera para otras organizaciones que no forman parte del comité consultivo. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe y doy las gracias a la Sra. Ramos por su presentación, que fue completa y constructiva. 
Es positivo realizar este esfuerzo para fomentar un mejor diálogo entre la Unión Europea y los dedicados a la pesca. 
En la parte de la Unión Europea de la que procedo, una región periférica, siempre hemos tenido una especial dificultad para vender la idea de una política pesquera común a los pescadores. 
Puesto que el Sr. MacCormick ha sacado el tema- y ya me he referido a ello anteriormente -, la posición de Irlanda es difícil, ya que si la quitaran de la Unión Europea, se estarían llevando una gran cantidad de pescado. 
Tradicionalmente, los pescadores irlandeses no capturaban ese pescado porque, como algunos sabrán, hubo un período de nuestra historia en la que estuvo prohibido por ley que entrara pescado en barcos irlandeses. 
Esa situación se prolongó durante mucho tiempo hasta comienzos de este siglo, con lo que la gente seguía pescando aún con barcas anticuadas ("curraghs") 20 años antes de que ingresáramos en la Unión Europea. 
En cualquier caso es un hecho real que de aguas irlandesas sale pescado por valor de aproximadamente 700 millones de euros- quizá incluso más, porque el precio del pescado ha variado. 
A causa de la reducción de los fondos estructurales asignados a Irlanda debido a su crecimiento económico, el valor de la pesca obtenida de lo que serían aguas irlandesas si no existiera la Unión Europea superará en un par de años la cantidad total de fondos estructurales que entren en Irlanda. 
Esto hace que esta propuesta sea incluso más difícil de vender. 
No me consta que suceda lo mismo en ningún otro país de la Unión Europea. 
Escocia, como parte del Reino Unido, se lleva su parte junto con el Reino Unido, pero Irlanda es el único país que no lo hace. 
Este es el único recurso natural que sé que todos los Estados miembros reconocen como propiedad común de la Unión Europea. 
No significa que no debamos proseguir este diálogo. 
La ampliación del límite de 20 millas, con la que el Parlamento se ha mostrado de acuerdo, podría contribuir a solucionar el problema y podría ayudar a satisfacer a los pescadores locales, dándoles un mayor control sobre sus vidas. 
Yo no deseo una renacionalización, pero la regionalización indudablemente ayudaría en los problemas de Escocia e Irlanda. 
Señor Presidente, me gustaría preguntar una cosa a la Comisaria. 
Creo que todos los diputados que hemos intervenido hemos hecho la misma pregunta a la Comisión: ¿por qué la Comisión no ha consultado al Parlamento Europeo sobre la reforma del Comité Consultivo cuando, en la anterior legislatura, estando la propuesta aún sobre la mesa, este Parlamento así lo solicitó? 
Me gustaría que la Comisaria contestara a esta pregunta y, sobre todo, que se comprometiera formalmente a que en el futuro estas cosas no vuelvan a suceder. 
Señor Presidente, la pregunta es comprensible, pero tengo que repetir que la Comisión funciona, de acuerdo con el Tratado, en un marco determinado que ella misma debe respetar. 
Este comité es un comité de la Comunidad y en ninguna parte se contempla consulta alguna con el Parlamento cuando se introducen reformas en estos comités, cuya constitución es responsabilidad de la Comisión. 
Señor Presidente, antes de proceder a la votación quisiera efectuar una pequeña verificación. 
Poco antes de empezar esta reunión todavía no había una lista de votaciones definitiva. 
Quisiera que confirmara, como ya hemos recibido de los servicios del Parlamento, que la votación de la enmienda 3 es nominal. 
Con respecto a esta enmienda quiero asimismo señalar que no sólo la ha presentado el Grupo EDD, sino también una decena de miembros del Grupo del PPE. 
Está prevista la votación nominal. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) EXPLICACIONES DE VOTO 
Señor Presidente, ¿acaso no somos algo sádicos al hablar de pesca cada viernes, cuando el pescado acaba frito en nuestras sartenes? 
En Camogli, mi ciudad natal, que está cerca de Génova, hay una gigantesca sartén donde cada año se fríe pescado que luego se regala a todos los vecinos. 
Esto, para explicar por qué estoy interesado por la pesca y por qué he votado a favor de esta propuesta. 
Considero justo que los ciudadanos sean consultados y, a pesar de que la Comisaria Sra. Diamantopoulou ha explicado que la Comisión no está obligada a consultar a los ciudadanos, quisiera sugerir y pedir que se permita a los representantes ancianos de los pescadores participar en las consultas. 
Acabo de votar en contra tanto en la votación final como en la resolución legislativa, dado que, lamentablemente, una mayoría del Parlamento, tal vez obedeciendo dócilmente a la oposición oral manifestada en el debate por la Comisaria presente, no ha aprobado la propuesta de enmienda nº 3, presentada por el Grupo EDD y por otros diputados individualmente. 
No se entiende semejante resultado, cuando en el mismo debate fueron prácticamente generales las críticas a la Comisión por no haber consultado al Parlamento en el momento de la reforma de la composición del Comité Consultivo de la Pesca. 
Ahora bien, la enmienda nº 3 era precisamente la única que intervenía en ese plano, en un sentido indispensable para garantizar la representatividad real de esa estructura de concertación, superando su carácter desequilibrado y en gran medida ficticio. 
Es lamentable que la Política Pesquera Común siga mal servida también en este asunto tan sencillo. 
Cooperantes en Colombia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes preguntas orales: 
B5-0006/2000 de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre la protección del personal cooperante y humanitario; 
B5-0007/2000 de los Sres. Kreissl-Dörfler, Lipietz y Nogueira Román, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, a la Comisión, sobre la protección de cooperantes humanitarios en Colombia. 
Señor Presidente, no quiero ser dramática, pues sé que hay muchas personas de la población civil que sufren violencia durante los conflictos armados en diferentes países. 
Pero, entre 1992 y 1997, 131 cooperantes, personal humanitario y activistas de los derechos humanos al servicio de Naciones Unidas en zonas de conflicto, fueron asesinadas. 
Entre el 1 de enero de 1994 y el 17 de marzo de 1997, 119 personas, cooperantes y también personal humanitario, fueron secuestrados en 35 incidentes. 
En 1992, moría violentamente un representante de Naciones Unidas al mes. 
En 1993, lo hacía uno cada dos semanas y, en 1994, uno cada semana. 
En los dos primeros meses de 1997, murieron 9 cooperantes. 
En 1996, 153 delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja sufrieron incidentes de seguridad, incluidos asesinatos y secuestros. 
Quiero recordar, particularmente, a los tres muertos de Médicos del Mundo-España, en Rwanda en 1997. 
En definitiva, como decimos en la resolución de compromiso, con la que queremos cerrar este debate, los asesinatos de los cooperantes Iñigo Eguiluz y Jorge Luis Mazo, el 18 de noviembre pasado en Quibdó, a 500 km al norte de Bogotá, en el río Atrato, en Colombia, de la organización Paz y Tercer Mundo, son sólo los últimos de una larga serie de atentados no ya contra la integridad de estas personas, sino contra los derechos humanos, el Derecho internacional humanitario y, dentro de éste, el derecho de las víctimas de los conflictos a ser socorridas y a que los autores de estos hechos sean juzgados y a la reparación que sea necesaria para que tales delitos no queden impunes. 
Influye, en esta reciente inseguridad de los agentes humanitarios, el aumento de los conflictos, el crecimiento exponencial de las organizaciones humanitarias y, sobre todo, la naturaleza de los conflictos actuales. 
Ya no son conflictos entre unas fuerzas armadas regulares, sometidas a un control político y unos movimientos guerrilleros con jerarquía de mando e ideologías definidas, en los que las partes en conflicto eran, de alguna forma, responsables de la protección del personal humanitario, de cuya acción se beneficiaban las poblaciones. 
Hoy no existen esos referentes. 
El personal humanitario y cooperante está expuesto al bandidaje; la población civil es considerada un elemento más del conflicto, parte de la estrategia tanto política como militar. 
Por tanto, la acción humanitaria se convierte en un obstáculo para los objetivos de las partes en conflicto, que con frecuencia consiste en la eliminación por razones étnicas, religiosas o culturales de una parte de la población civil. 
Ante esta realidad, la seguridad del personal humanitario es un tema de gran alcance que preocupa al Parlamento y que debería preocupar a la Comisión, financiadora de más 180 ONG que trabajan en zonas de conflicto, y al Consejo, empeñado en sacar adelante una política exterior de acuerdo con los Tratados, en la promoción de los derechos humanos y en una política de seguridad que, de momento, se concreta precisamente en las acciones humanitarias. 
Por eso pedimos que la preocupación del Parlamento, la asuman también las otras instituciones. 
La Comisión, elaborando una comunicación sobre las condiciones de seguridad del personal cooperante y humanitario y adoptando medidas que garanticen esta seguridad de nuestros cooperantes. 
Antes de llegar a las medidas que proponen algunos gobiernos, como la protección militar de sus cooperantes, debemos proponer otras que sean más eficaces en situaciones de conflicto. 
Y el Consejo, a través de la promoción, desde la PESC, del Derecho internacional humanitario y, quizás, con la posible creación de un cuerpo civil europeo de paz. 
Precisamente hemos conmemorado en 1999 el 50º aniversario de los Convenios de Ginebra sobre el Derecho internacional humanitario, el que protege a la población civil en los conflictos armados y garantiza su acceso a la ayuda internacional. 
Se trata de instrumentos que obligan jurídicamente a los Estados y, sin embargo, son incumplidos sistemáticamente. 
Pedimos al Secretario General del Consejo que utilice la incipiente capacidad de acción exterior de la Unión Europea en la promoción de estos principios de la Unión Europea. 
Y el Secretario General de Naciones Unidas ha pedido últimamente al Consejo de Seguridad que imponga el Derecho internacional humanitario incluso aplicando los capítulos 5, 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas. 
Nosotros, hoy aquí, sólo pedimos que empecemos a adquirir conciencia y que se tomen medidas para hacer frente a un problema que no afecta sólo a las ONG, sino a los fundamentos de nuestro concepto del orden mundial. 
La Comisión lamenta especialmente el trágico suceso, que es uno de los que se dan a diario en todo el mundo, uno más de los que ha mencionado su Señoría. 
La Comisión expresa su pesar y al mismo tiempo destaca una vez más el valor y la entrega de este personal humanitario que trabaja en lugares tan difíciles en todos los rincones del planeta. 
Particularmente en el caso de Colombia, se les ha expreado repetidamente a las autoridades colombianas la preocupación de la Comisión por este asunto. 
Seguimos de cerca la situación y mantenemos una colaboración permanente con las embajadas de los países miembros en Bogotá. 
Por lo que respecta al asesinato de Íñigo Eguiluz, que trabajaba en proyectos de ECHO, y del sacerdote Jorge Luis Mazo, tanto la Comisión como los Estados miembros han urgido a las autoridades colombianas para que se lleve a cabo la investigación oportuna y se esclarezca el crimen. 
La Comisión Europea y el Embajador de España se han reunido con el Vicepresidente de Colombia e insisten en la necesidad de que los responsables del crimen sean conducidos ante la justicia. 
La preservación y la protección de la vida en el curso de estas excepcionales situaciones son parte integrante de la legislación humanitaria. 
El papel de la oficina ECHO en Colombia y en otros países es el seguimiento, desde el punto de vista humanitario, de la situación del país, y también, muy especialmente en Colombia, de la situación de las personas desplazadas contra su voluntad, y se hace un esfuerzo constante por controlar la aplicación de las leyes humanitarias. 
Su Señoría ha destacado, por supuesto, la necesidad de medidas y actuaciones especiales de la Comisión que garanticen la seguridad del personal cooperante y humanitario. 
Se ha referido al documento, ya existente, de la Comisión, que es un documento sobre la seguridad del personal cooperante presentado en mayo de 1998, que señala las prioridades y se refiere también a las acciones concretas. 
A causa del empeoramiento de la situación, la oficina ECHO de la Comisión organizó en abril de 1999 un seminario en Bogotá, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, sobre la cuestión de la seguridad, y se pidió a todas las organizaciones que actúan en Colombia dotarse de una Carta de Seguridad y que anuncien con antelación sus viajes al Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Esto se hace para garantizar que los diferentes grupos armados sean informados del carácter humanitario de la misión. 
Debo destacar también que, además del planeamiento, además de la medidas de acción, además de la formación del personal, hay también necesidad de financiación. 
La aplicación de la ayuda humanitaria no resulta gratuita. 
Por esta razón, la Comisión no soló impulsa las actuaciones para la aplicación de la ayuda humanitaria, sino que financia actividades con las personas que participan en esas misiones encaminadas a su formación y entrenamiento, así como a un mejor conocimiento por su parte de los peligros que corren. 
Permítanme mencionar algunos ejemplos más o menos recientes de iniciativas adoptadas con este objetivo: la presentación de los documentos sobre la ayuda humanitaria, el seminario sobre seguridad en Lisboa, el taller para personal humanitario celebrado en Bruselas sobre temas de seguridad, la incorporación de los temas relativos a la seguridad del personal en los manuales de ECHO, la reunión, finalmente, de los corresponsales de ECHO que tendrá lugar en febrero-marzo del 2000 con el mismo objeto. 
Naturalmente se tendrán en cuenta las propuestas del Parlamento. Dadas las extraordinarias dificultades y la complejidad del asunto, la colaboración más estrecha, así como la aportación de nuevas ideas y propuestas son muy importantes para la propia acción de la Comisión. 
Señor Presidente, el asesinato del cooperante misionero Iñigo Eguiluz y del sacerdote colombiano Jorge Luis Mazo en el río Atrato, en Colombia, es un hecho trágico que, una vez más, hemos de añadir a la serie de muertes violentas que en los últimos años han afectado a los voluntarios que dedican su vida a la consecución de la paz y que, además, van implantando una cultura entre las poblaciones más desfavorecidas. 
Es lógico, por tanto, que este Grupo y este Parlamento levanten su voz para enviar un mensaje de comprensión y dolor a los familiares de las víctimas y de apoyo y aliento a los compañeros que siguen trabajando y continúan su tarea. 
Al mismo tiempo, instamos a las instituciones responsables a que velen por la justicia, a la Comisión, al Secretario General del Consejo y al Gobierno de Colombia a que hagan los esfuerzos necesarios para que la justicia cumpla su función y los hechos sean sancionados de acuerdo al Derecho. 
El encarcelamiento de un supuesto culpable es un signo positivo que alabamos, como alabamos también la voluntad y el talante expuesto por el Presidente Pastrana en su reciente visita a este Parlamento. 
Sin embargo y entendiendo la complejidad del problema, recordamos al Gobierno que el apoyo a la Cruz Roja y a la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados es una medida que siempre contará con nuestro apoyo, así como el esfuerzo para aplicar rigurosamente las normas dadas en 1998 y otras precedentes para la protección jurídica y real de estos grupos. 
También reconocemos que es preciso reforzar los sistemas de detección y protección jurídica de los cooperantes y voluntarios. 
Desarrollan su trabajo precisamente en zonas en conflicto, en espacios cautivos de la violencia y la pobreza, en zonas de sombra donde la mirada de la justicia no consigue penetrar y, por eso, es preciso buscar otras medidas diferentes, imaginar nuevos sistemas. 
Precisamente por eso, nosotros, los que vivimos en prosperidad, las Instituciones europeas y los Gobiernos, estamos obligados por un código de honor a tejer en torno al personal humanitario una malla de medidas protectoras, dando un apoyo total a la justicia, pues mientras nosotros tratamos de ayudar desde el exterior ellos construyen la paz y la solidaridad desde dentro, ellos penetran en las zonas opacas para aportar salud y soluciones. 
Son la versión más noble de una sociedad autocomplaciente y, por ello, nuestra respuesta ha de ser eficaz y responsable. 
Señor Presidente, las declaraciones de la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, nos tranquilizan en la medida en la que la Comisión es consciente de los problemas que plantea la falta de seguridad de los cooperantes en ciertos países. 
La Sra. Sauquillo puso de relieve, tanto en la formulación de su pregunta oral como en la exposición que acaba de hacer, que el problema no es un tema específico de un país determinado. 
Es cierto que Colombia es uno de los países cuya situación no le permite garantizar la seguridad de los cooperantes. 
Pero no se trata solamente de Colombia. 
Se trata de otros muchos países en África, en Asia y en otras zonas. 
La propuesta de resolución pide a la Comisión que haga una comunicación al respecto. 
No sé si es el instrumento más adecuado pero, parece que la Comisión está dispuesta a trabajar en ese sentido y probablemente sería útil que se pensara en la elaboración de un documento. 
Lo que no me parece que tenga mucho sentido es singularizar Colombia o apoyar las propuestas de algunas de las enmiendas presentadas, dirigidas, por ejemplo, a suspender la cooperación. 
Suspender la cooperación con este tipo de países supone producir gran daño a sus ciudadanos. 
No impidamos que esa cooperación siga llegando porque, además, es una cooperación desinteresada de gente que sabe los riesgos a los que se expone. 
Por otro lado, decir que se puede suprimir la participación gubernamental en la canalización de las ayudas es desconocer la situación real. 
He visitado bastantes zonas de Colombia y, aparte de los factores naturales- es un país difícil -, existe la dificultad añadida de que hay una serie de movimientos de diferente naturaleza y no sabemos cuál es el que puede acabar con la vida de uno. 
Sin un mínimo de ayuda gubernamental, la cooperación sería absolutamente imposible. 
Por lo tanto, creo que la utilidad de este debate es importante en cuanto a recordatorio a la Comisión de lo que está sucediendo. 
La Comisión, en cierta medida, nos ha tranquilizado al señalar que es un tema que le preocupa pero tenemos que ver la situación con serenidad. 
La cooperación internacional tiene que continuar. 
Tenemos que seguir dando ejemplo desde esta Comunidad Europea de lo que es la cooperación internacional, tenemos que apoyar a nuestros cooperantes y, desde aquí, lo que sí sería deseable es que las Instituciones comunitarias, los Gobiernos de los Estados miembros y, desde luego, los Gobiernos de los países beneficiarios garantizaran la seguridad de esas personas. 
Primero, haciendo una protección preventiva. Y segundo, con la acción judicial. 
Las autoridades colombianas me aseguran que han iniciado ya un procedimiento judicial, sobre la base de la detención de una persona. 
Colombia es un Estado en el que hay una gran independencia del poder judicial y el poder ejecutivo no tiene la facultad de reducir a los delincuentes, sino que tiene que seguir los procedimientos penales ordinarios. 
Por lo tanto, señora Comisaria, señora Diamantopoulou, le animo a seguir por el camino que ha empezado y esperamos que podamos reforzar la seguridad de nuestros cooperantes. 
Señor Presidente, hablo hoy aquí por los diputados en cuyo nombre se ha sometido a la Asamblea la segunda moción que figura en el orden del día. 
Se disculpan por no poder estar presentes ellos mismos. 
Aunque tengo menos experiencia, me alegro de contar con esta oportunidad de hablar en su nombre y como representante del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Como parlamentarios, con frecuencia se nos puede culpar de quejarnos de las privaciones de nuestra vida, viajar entre dos, tres o cuatro ciudades, ocupar oficinas estrechas, etc. Por lo tanto, es un acto de modestia ponerse en pie en este Hemiciclo para hablar de este tema y considerar los problemas y peligros a los que se enfrentan las valientes personas que se van como trabajadores humanitarios a países del Tercer Mundo. 
Lo único que podemos hacer es pararnos a reflexionar acerca de las condiciones de su vida y, a veces, por desgracia, de su muerte. 
Dicho esto, a mi Grupo y a mí nos decepciona que nuestros colegas del Partido Socialista- aunque afirmen con razón que éste es un problema general- parezcan estar perdiendo de vista- en nuestra opinión- la necesidad de concentrarse en Colombia. 
Es importante recordar que el Presidente Pastrana visitó este lugar en una fecha tan reciente como octubre e hizo promesas sobre la protección de los derechos humanos y sobre el procesamiento del crimen y la desintegración de las fuerzas paramilitares. 
Estas promesas han resultado no tener casi ningún valor. 
No se ha hecho lo suficiente. 
En la propuesta en nombre de mi Grupo se afirma que la Comisión debiera insistir, como condición de su presencia y de su trabajo en el país, en el cumplimiento de las leyes relativas a la protección de los trabajadores desplazados, y en el establecimiento de garantías por parte del Gobierno colombiano con respecto a su seguridad física y bienestar material. 
Es justo que la Comisión insista en estas exigencias. 
En el siguiente apartado de la propuesta se afirma que nos oponemos al mantenimiento de la ayuda al Gobierno colombiano. 
Pero no al pueblo colombiano, porque en el siguiente apartado se dice que debiéramos mantener la ayuda a través de otros cauces y dirigirla a garantizar que se desautorice a las fuerzas paramilitares y que se restablezca el orden civil en Colombia tan pronto como sea razonablemente posible. 
El personal humanitario constituye una parte crítica del problema, pero no la totalidad del problema. 
La única manera de detener los asesinatos será desmantelar las tropas paramilitares y proporcionar suficiente personal de seguridad al personal humanitario. 
Tanto ECHO como la Comisión tienen que presionar a los gobiernos para que sea así. 
Señor Presidente, el Presidente de Colombia, el Sr. Pastrana, habló aquí en el Parlamento Europeo el 26 de octubre del año pasado. 
En esa ocasión dijo que quería trabajar a favor de los derechos humanos en su país, para dar protección a los cooperantes que trabajan en materias relacionadas con los derechos humanos y para no dejar impunes a los responsables de asesinatos y delitos con violencia, todos ellos cometidos principalmente por los grupos paramilitares. 
Antes de que pasara un mes desde la visita ocurrieron los asesinatos que han dado origen a este debate. 
Un grupo paramilitar atacó a la organización Paz y Tercer Mundo, una organización que con la ayuda del Programa ECHO trabaja dando ayuda humanitaria a campesinos sin tierra. 
Un sacerdote colombiano y un cooperante español fueron asesinados. 
El cooperante español trabajaba para las Brigadas de Paz, que con su presencia protegen a quienes trabajan por los derechos humanos. 
Estos son sólo dos asesinatos en la larga lista de abusos que se cometen en Colombia, pero esta vez ha muerto también un ciudadano de un país comunitario. 
Los asesinatos y las desapariciones son comunes en Colombia. 
Por ejemplo, hace muy poco desaparecieron dos importantes representantes del movimiento campesino, arrestados por un grupo paramilitar, y no han sido encontrados. 
Los grupos paramilitares, con mayor o menor conexión con la estructura militar y política del país, están tras gran parte de este terror,. 
En repetidas oportunidades se ha demostrado que los militares han estado directamente involucrados en diferentes actos de violencia. 
Las víctimas son civiles en territorios que apoyan a la guerrilla, personas de izquierdas, activistas sindicales y trabajadores por los derechos humanos. 
La izquierda legal del país ha sufrido muchos ataques. 
Miles de sus representantes, entre ellos alcaldes y parlamentarios, simplemente han sido asesinados. 
Casi nunca se ha encontrado a los culpables. 
En un país como éste no es extraño que mucha gente se una a la guerrilla y a la lucha armada. 
Sin embargo, hay que subrayar que la guerrilla también es responsable de actos de violencia que son indefendibles. 
Es decisivo un mayor respeto por los derechos humanos en Colombia para alcanzar una solución pacífica a la guerra civil. 
Hay que apoyar los esfuerzos para lograr la paz, al mismo tiempo que la Unión Europea tiene que presionar constantemente al gobierno colombiano en materia de derechos humanos. 
La participación militar extranjera, es decir, americana, debe ser rechazada. 
Nuestro Grupo GUE/NGL no ha firmado la resolución de transacción que se ha negociado. 
Opinamos que las críticas al gobierno colombiano son insuficientes. 
Resulta extraño que en el punto D de la resolución se destaque la ocupación de una oficina de la Cruz Roja por campesinos al mismo tiempo que no se mencionen, de una manera clara, los miles de asesinatos políticos ocurridos en Colombia. 
Hemos presentado dos enmiendas junto con el Grupo de los Verdes. 
Con la primera de ellas, queremos que la ayuda al gobierno colombiano dependa del respeto a los derechos humanos y que se proteja a quienes trabajan en este campo. 
Con la segunda enmienda queremos aumentar la ayuda humanitaria a través de organizaciones independientes del gobierno de Colombia, por ejemplo, los grupos pacifistas civiles. 
Si se aprueban estas enmiendas, la resolución será algo mejor y más clara. 
Señor Presidente, la fundación de la Cruz Roja después de la batalla de Solferino fue una respuesta a una dimensión de la crueldad, no conocida hasta entonces, la llamada guerra total moderna, que ha dejado su impronta en el siglo XX. Pero en los inicios del siglo XXI estamos viviendo una propagación cada vez más intensa de nuevas formas de guerra, bajo la modalidad de conflictos étnicos. 
Grupos militares, bandos de guerras civiles o, simplemente, meras bandas criminales se enfrentan entre sí. 
En tales conflictos los gobiernos se encuentran implicados o se sienten total o parcialmente inermes. 
Esto amenaza, naturalmente, también de forma masiva la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo. Por esta razón, nuestra tarea como Parlamento Europeo es la de ocuparnos intensamente de esta cuestión, rendir admiración a lo que aportan en este punto las personas en la ayuda al desarrollo y en la ayuda humanitaria, pero velar también por que mejoren sus condiciones de vida y de trabajo. 
Creo que aquí tenemos que recuperar mucho terreno. 
Hemos de ocuparnos de que la Unión Europea preste ayuda también de forma efectiva allí donde, por ejemplo, las ONG, de manera ejemplar, la estén prestando. 
No sólo tenemos esta problemática en Sudamérica, en esta semana hemos celebrado el debate sobre Chechenia, hace algún tiempo celebramos uno sobre Asia central y, luego, nuestro colega el Sr. Madelin, sobre Afganistán. 
Y siempre nos hemos encontrado el mismo problema: la retirada de la ayuda humanitaria, porque la seguridad no está garantizada. 
Algunas ONG nos enseñan cómo, a pesar de todo, se puede prestar ayuda con grave peligro. 
Pero la Unión Europea, así como otras grandes organizaciones, como la Cruz Roja; emprenden con demasiada frecuencia la retirada. 
Tenemos que estar atentos a que esta tendencia no prospere, pues algunos gobiernos se aprovechan de la misma sin pudor, pidiendo que se preste esta ayuda a ellos y no directamente in situ a través de las ONG. 
Esto es peligroso, pues estos gobiernos no son, ciertamente, la solución del problema sino parte del mismo y también su causa. 
Por consiguiente, hemos de mantener aquí las riendas en la mano. 
Por esta razón, como Parlamento comenzamos a estar muy decepcionados de nuestro Comisario competente en la materia, el Sr. Nielsen. 
Señora Comisaria, le ruego que transmita también esto al Comisario. 
Existe desde hace semanas un creciente descontento en esta Asamblea. 
Hicimos una crítica administrativa a la Sra. Bonino. 
Pero la Sra. Bonino se hallaba presente. 
No sólo estaba presente en el Parlamento, sino también en los territorios de crisis. 
La Unión Europea tenía un rostro en lo que se refiere a la ayuda humanitaria y a la ayuda al desarrollo. 
La Comisión tiene que recuperar aquí mucho terreno. 
En este punto estamos comenzando a desarrollar- lo escucho en todos los grupos- una actitud muy crítica. 
Creo que habría que proceder anticipadamente desarrollar de nuevo en este punto iniciativas comunes encaminadas a la estabilización del entorno político, al apoyo de las ONG y, también, a lograr la presencia de la Unión Europea in situ allí donde sea necesario. 
Señor Presidente, el diálogo es realmente algo importante en asuntos tan difíciles como la ayuda humanitaria, la gestión de la ayuda humanitaria y la seguridad del personal cooperante en los cuatro puntos cardinales del planeta. El diálogo es importante, y es muy importante el papel del Parlamento Europeo. 
Quisiera, no obstante, y por ello he tomado la palabra, referirme a las observaciones acerca del Comisario Nielsen. 
En primer lugar, no está hoy aquí porque se encuentra de viaje en Suráfrica. En segundo lugar, en estos tres meses se ha encontrado en el corazón de muchas crisis, ha trabajado duramente, y ya ha presentado a la Comisión planes para una completa reestructuración y para una nueva reglamentación de la gestión de la ayuda humanitaria, así como nuevas formas de colaboración con las organizaciones no gubernamentales. 
Comprendo y hago mías muchas de las observaciones de sus Señorías sobre los problemas existentes, pero considero una exageración que se critique así a un Comisario que es Comisario desde hace tres meses y ya tiene en su haber una importante labor. 
Señor Presidente, me he abstenido porque considero necesario que por parte de la Comisión se sigan manteniendo contactos intensivos con el gobierno, pero que, por otro lado, se realicen también esfuerzos por cooperar con más intensidad con organizaciones no gubernamentales. 
Creo que la política de medios de prensa es muy importante, que informemos también in situ a la población acerca de lo que sucede. 
Debería ser también nuestra política reunir a las dos partes contendientes. 
Aquí ha hecho ya mucho la Comisión y por esto le deseo todo lo mejor en el futuro. 
Señor Presidente, he votado a favor de esta propuesta sobre la protección de los cooperantes humanitarios en el mundo porque creo que para la Comunidad Europea es muy importante defender a sus ciudadanos cooperantes que desarrollan una labor tan significativa en el mundo. 
La Unión Europea debe regular este sector. 
Espero que la Comisión tenga en cuenta que, al negociar comercialmente con todos los Estados, también se ha de pedir que se ayude y se proteja a los ciudadanos cooperantes y que se debe hacer lo propio para que los que van a ayudar a otros ciudadanos en las diferentes partes del mundo estén preparados, formados y protegidos y se les permita realizar su tarea. 
La Unión Europea no debe olvidar a sus ciudadanos que llevan a cabo una labor tan importante en todo el mundo. 
Señorías, hemos agotado el orden del día. 
El Acta de la sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al comienzo del próximo período parcial de sesiones. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 10.40 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 21 de enero de 2000. 
Señora Presidenta, permítame recordar que mañana se cumple el segundo aniversario de la tragedia del Cermis. 
En efecto, hace dos años, en Cavalese, un avión americano de la base de la OTAN de Aviano, durante un ejercicio de vuelo a baja altura- más allá de los límites de seguridad- seccionó los cables de un teleférico y provocó la muerte de más de 20 ciudadanos europeos. 
Desde entonces, los familiares de las víctimas que no han recibido el consuelo de la justicia, dado que el piloto responsable del hecho no ha sufrido consecuencias penales, esperan de los Estados Unidos por lo menos una rápida indemnización económica. 
Por lo tanto, hago un llamamiento al Presidente de este Pleno y al Presidente de la Comisión para que aseguren la inmediata indemnización frente a las autoridades estadounidenses y ello en defensa de las familias de las víctimas. 
Señoría, le doy las gracias y tomo nota de su intervención. 
Orden del día 
De conformidad con el orden del día, se procede a la fijación del orden de los trabajos. 
A raíz de la solicitud que me han formulado en ese sentido varios Grupos políticos y de la reunión de la Conferencia de Presidentes que acabamos de celebrar, propongo a Sus Señorías que se inscriba un debate de hora y media sobre un problema de actualidad, urgencia y especial importancia, conforme al artículo 50 de nuestro Reglamento, sobre la reacción de la Unión respecto de las negociaciones para la formación de gobierno en Austria. 
Si Sus Señorías deciden inscribir dicho debate, será introducido por las intervenciones del Sr. Seixas da Costa, Presidente en ejercicio del Consejo, y del Sr. Romano Prodi, Presidente de la Comisión. 
¿Desea intervenir algún diputado a favor de esta propuesta? 
Señora Presidenta, intervengo para apoyar la decisión de la Conferencia de Presidentes, y aprovecho la ocasión para decir que, como yo critiqué públicamente a la Presidencia en el mes de enero, en este momento, en mi nombre propio y en el del Grupo Socialista, encontramos que las declaraciones que sobre este tema ha hecho la Presidencia han sido oportunas, las compartimos en el fondo, en el momento y en la forma. 
Y dicho esto, señora Presidenta, verdaderamente es difícil encontrar un debate que se ajuste más a lo que dice el artículo 50 de nuestro Reglamento. 
Éste es un debate de actualidad, de excepcional importancia y urgente. 
Por eso, creemos que debemos modificar el orden del día para incluirlo. 
(Aplausos) 
¿Desea intervenir algún diputado en contra de esta propuesta? 
Señor Gollnisch, discúlpeme, pero dispone de un minuto. 
Sé que Su Señoría está muy atento siempre para que se respete el Reglamento. 
Le ruego que me disculpe. 
Si Sus Señorías ratifican esta evolución, ratificarán la evolución de la Unión hacia un organismo que violará la soberanía y la libertad de las naciones de los Estados miembros y no nos quedará más remedio que salir de esa Unión. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Negociaciones en Austria para la constitución del Gobierno 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las negociaciones en Austria con vistas a la constitución del Gobierno. 
Concedo ahora mismo el uso de la palabra al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señora Presidenta, Señorías, se me ha solicitado que, en nombre de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea, exprese ante este Parlamento una posición relativa a la situación política que se vive en Austria y sus consecuencias para las relaciones de ese país con los demás Estados que forman parte de la Unión. 
En primer lugar, quisiera dejar claro que la declaración hecha pública el 31 de enero por el Primer Ministro portugués, en representación de tres Estados más que también son miembros de la Unión Europea, se hizo en ese marco concreto, es decir, que se trata de una toma de posición común adoptada por los Jefes de Estado o de Gobierno de catorce países que Portugal transmitió en nombre de todos. 
El texto de dicha toma de posición conjunta tiene un ámbito y un marco de efectos bien determinado: la relación bilateral entre cada uno de esos catorce países y un gobierno austríaco del que formen parte elementos del Partido Liberal de ese país. 
Recuerdo lo que entonces se dijo. 
1- Los Gobiernos de los catorce Estados miembros no promoverán ni aceptarán contacto bilateral oficial alguno en el nivel político con un gobierno austríaco del que forme parte el FPÖ. 
2- Los candidatos austríacos a puestos en organizaciones internacionales no podrán contar con el apoyo de esos catorce países. 
3- Los embajadores austríacos en las capitales de la Unión serán recibidos sólo en el nivel técnico. 
Considero que en los últimos días ha quedado bien claro el conjunto de razones a que se debió esa toma de posición por parte de los catorce Estados que la subscribieron. 
En lo esencial, la interpretación de la situación política interna austríaca compartida por dichos Estados ha propiciado la conclusión de que la posible inclusión en el Gobierno de Viena desde un partido como el FPÖ podría configurar una modificación del modelo común de valores que los países que forman parte de la Unión Europea se comprometieron a salvaguardar. 
Nadie desconoce las tomas de posición públicas hechas por el Sr. Jörg Haider y algunas ideas en materia de políticas concretas que su partido ha venido defendiendo. 
Considero innecesario recordar sus propósitos desculpabilizadores del régimen nazi, las actitudes ante las comunidades extranjeras o inmigradas y el relieve dado a un nacionalismo populista que recuerda a otros tiempos. 
Nuestra interpretación común es la de que ese partido tiene una posición manifiestamente contraria a los valores que consideramos esenciales en el marco europeo y que, por lo demás, configuran el marco de referencia que la Unión ha venido promoviendo en sus relaciones exteriores en lo relativo a su próxima ampliación y en el marco de su política exterior y de seguridad común. 
Se dirá que la presente situación es resultado de una libre toma de posición del electorado austríaco que se debe respetar y que cualquier actitud a ese respecto puede constituir una injerencia en los asuntos internos de ese país. 
En primer lugar, nadie puede, señora Presidenta, Señorías, poner en entredicho la existencia en Austria de un régimen democrático y la verdad electoral subyacente al resultado de las últimas elecciones. 
De esas elecciones resulta- y conviene que eso quede claro también- que una gran mayoría de los austríacos sigue sin estar a favor del partido del Sr. Jörg Haider. 
Lo que nosotros impugnamos y lamentamos es la circunstancia de que se haya optado por una solución de gobierno que pone parte del poder político de ese país en manos de un partido cuyos dirigentes no dan manifiestamente el mínimo de garantías de salvaguardia de los principios esenciales que Austria se comprometió a respetar, defender y fomentar. 
Austria tiene todo el derecho a elegir el gobierno que considere oportuno, pero nosotros también tenemos el derecho y el deber de afirmar nuestra opinión sobre todas las opciones de naturaleza política que, a nuestro juicio, infrinjan los compromisos que Austria ha contraído en el plano internacional. 
Esto es válido hoy para Austria y lo será en el futuro para cualquier otro país de la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Repito: esto es válido hoy para Austria y lo será en el futuro para cualquier otro país miembro de la Unión Europea. 
Y, por otro lado, todos sabemos que, hoy día, las cuestiones de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, los grandes principios democráticos y del Estado de derecho, las normas de protección de las minorías y la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia no son asuntos puramente internos de un país. 
En particular cuando ese país forma parte de una comunidad de Estados que tiene esa matriz como centro de su proyecto de civilización. 
La Europa que queremos construir y solidificar ya no es un proyecto puramente económico, sino una comunidad de valores y principios que pueda servir de base para una unión política y la creación de un gran espacio de libertad, seguridad y justicia caracterizado por los valores de la solidaridad. 
(Aplausos) 
Por eso, consideramos, señora Presidenta, Señorías, que tenemos el derecho y el deber de decir a nuestros amigos austríacos, como, por lo demás, lo han hecho otros países de fuera de la Unión Europea, que su opción de gobierno no puede dejar de tener consecuencias en el modo como nos relacionaremos con ellos en el futuro, en caso de que el partido del Sr. Haider forme parte del gobierno. 
Respecto de las consecuencias en el plano concreto, de las que la declaración formulada ayer por la Comisión dio ya algunas pistas, la Unión Europea procurará proseguir con su labor y, a la luz del respeto estricto de los Tratados, como es natural, seguirá muy de cerca la actuación del próximo Gobierno austríaco. 
El marco comunitario es un terreno concreto, regido por normas político-jurídicas muy concretas, por lo que será también objeto de un tratamiento particular. 
Así, procuraremos velar por que el funcionamiento de la máquina comunitaria no se vea afectado por la presente situación. 
(Aplausos prolongados) 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, la Comisión se ha reunido ayer por la mañana y ha tomado, en virtud de su autonomía y por unanimidad de todos los miembros del Colegio, decisiones políticas de fundamental importancia. 
Ayer mismo la Comisión declaró las preocupaciones expresadas por 14 Estados miembros de la Unión y aquí reiteradas por el representante de la Presidencia. 
Hoy, ante ustedes, en nombre de todo el Colegio, puedo repetir estas preocupaciones. 
Antes que nada, permítanme llamar con fuerza su atención sobre cuál es el papel político de la Comisión en un momento come este. 
Al igual que el Parlamento, la Comisión es una institución supranacional de la Unión que, en cuanto tal, no mantiene relaciones diplomáticas bilaterales con los Estados miembros. 
Y es precisamente en el momento en que la continuidad, la coherencia y la defensa de los valores de la Unión parecen amenazados, cuando el papel político de la Comisión resulta más fuerte y más evidente. 
Señorías, debemos recordar que el Tratado de Roma no prevé ninguna cláusula de salida ni voluntaria ni forzada de un Estado miembro. 
Y esto porque la lógica, el presupuesto mismo de esta extraordinaria construcción que es la Unión Europea, es que cada Estado, en el momento en que se convierte en miembro de la Unión, acepta hasta el fondo y para siempre sus principios fundamentales. 
Por otra parte, los Tratados contienen disposiciones precisas para que estos principios sean respetados. 
Desde este punto de vista, la Comisión renunciaría a su papel si dejara de mantener relaciones de trabajo con Austria, así como con cada uno de los Estados miembros. 
Señorías, cuando uno de sus miembros se encuentra en dificultades, es toda Europa la que se encuentra en dificultades. 
El deber de una institución supranacional fuerte no es aislar a uno de sus miembros, sino vincularlo indisolublemente a sus profundos valores. 
La Comisión se volcará con ahínco en este deber. 
Por otra parte, no es necesario decir que la Comisión continuará siguiendo paso a paso las evoluciones de la situación en Austria. 
De hecho, la Unión Europea no sobrevive sin los principios de libertad, de democracia y de respeto a los derechos humanos. 
Estos son los pilares de la Unión. 
Son la razón misma de la existencia de la Unión y son el fruto y el reflejo del solemne compromiso contraído por todos los Estados miembros con el respeto de las personas y de los pueblos, sea cual sea su fe, su origen y su condición. 
Estos principios forman un todo con el respeto del Estado de derecho y la Comisión, que es garante del Estado de derecho, será inflexible a la hora de defenderlos. 
Perseguiremos en la forma más dura posible cualquier infracción por pequeña que sea en el ámbito de los derechos de las personas y de cualquier minoría. 
Europa, como me dijo un diputado de un parlamento de uno de los países candidatos, es una unión de minorías y, en cuanto tal, exige un profundo sentido del respeto por parte de todos. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, permítanme una brevísima reflexión. 
Con sus más de 900 años de vida, la Universidad de Bolonia, mi alma mater, es la más antigua universidad del mundo. 
En las paredes de una de sus salas más bonitas se ven aún los escudos de los estudiantes y de los profesores que hace siglos eligieron esa universidad como centro del saber. 
Hay todavía más de 7.000 escudos de toda Europa, de Transilvania a Inglaterra. 
Ya en aquel entonces ésta era Europa: un espacio en que las fronteras ideales no conocían las fronteras y los límites de la política de la época; una comunidad que compartía valores, ideales y conocimientos. 
Pero la historia de Europa no se fraguó sólo con los intercambios culturales, la difusión del saber y la participación en un fuerte núcleo de valores compartidos. 
Frente a los escudos de las comunidades universitarias, en cada pequeño pueblo o país de Europa los monumentos a los caídos de las guerras dan fe de las tragedias de nuestro continente. 
A lo largo de los siglos la historia europea ha estado marcada por una serie ininterrumpida de guerras y de conflictos. 
Cuna de civilizaciones, Europa ha generado las atrocidades más terribles de la historia humana. 
Por esto, como primer acto de mi Presidencia, he decidido ir en peregrinaje a Auschwitz, para decir en voz alta y fuerte, con el debido silencio, en el que es por excelencia el lugar de la memoria, que Europa no olvida y para repetir que la Europa de hoy y del futuro es, no puede más que ser y será siempre, una unión de libertad, de derecho, de seguridad y de paz. 
Libertad, derecho, seguridad y paz: esto es lo que de hecho fue la Unión Europea y lo que es la Unión Europea. 
La más extraordinaria, valiente y feliz construcción política del siglo que acaba de concluir ha sabido garantizar a sus ciudadanos la libertad, el derecho, la seguridad y la paz. 
Y esto es lo que la Europa unida quiere ofrecer en el siglo que comienza a aquellos que se preparan para formar parte de ella. 
Esta tarde, en este preciso momento, tenía que haber estado en la Universidad de Lovaina para recibir, junto con el Primer Ministro francés y la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Sra. Brundtland, el doctorado honoris causa. 
Llegaré a esa ceremonia con algo de retraso, sin embargo, creo que no existe un modo más justo para honrar a una universidad que es uno de los símbolos más importantes del saber europeo, que el venir aquí ante el Parlamento, la expresión más elevada de la soberanía popular, para dar testimonio del apasionado compromiso de la Comisión Europea y mío personal, con la defensa de esos principios que son el fundamento constitutivo de la Europa unida. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiere en este acto enviar tres mensajes a la opinión pública europea. 
Y que conste: estamos profundamente unidos en los tres. 
En primer lugar, queremos expresar nuestro total apoyo y nuestra identificación con la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo y de 14 Estados miembros porque pensamos que esa declaración responde a la comunidad de valores que, entre todos, no solamente una fuerza política, hemos construido. 
La Europa que estamos construyendo precisamente parte de amargas experiencias que todos hemos sufrido, y el Grupo Socialista condena las injurias que se han proferido contra el Presidente de la República francesa y contra el Gobierno belga, pero también contra los socialistas, que también somos ciudadanos europeos, porque, en este momento, Señorías, se está hablando de los socialistas austríacos como de traidores a la patria. 
Y les digo una cosa: yo he sido muchos años traidor a mi patria, al menos lo decía el general Franco. 
Y el Presidente Guterres también fue traidor a Salazar, y eso creo que también debería ser afirmado y defendido por parte del PPE. 
Y es más, creo que la Comisión, Presidente Prodi, ha sido guardiana de los Tratados. Pero le recuerdo al Presidente Prodi que, en el debate de investidura, habló de la Comisión como un gobierno europeo. 
Y un gobierno tiene que tener más nervio y más coraje. 
Y eso es lo que le pido al Presidente Prodi en este momento. 
(Aplausos) 
Y con todos los respetos para un Comisario tan eficaz como el Sr. Fischler, dado que ha habido manifestaciones contradictorias, según los idiomas, en relación con la posible petición de dimisión del Sr. Fischler por parte del Presidente Prodi, le agradecería mucho que clarificara este punto ante el Parlamento. 
En segundo lugar, señora Presidenta, queremos enviar un mensaje muy claro al pueblo austríaco. 
Un llamamiento a la mayoría del pueblo austríaco que no ha votado a Haider, que ha votado opciones claramente democráticas, comprometidas con Europa- y tengo que señalar que si el Sr. Schüssel era ministro de Hacienda, el canciller Vranitzky también echó una mano en el proceso de integración de Austria. 
No se puede ser tan sectario políticamente. 
La entrada de Austria en la Comunidad la hicimos conjuntamente. 
Fue obra de todos, no de un sólo Grupo. Por lo tanto, señora Presidenta, creo que estamos en nuestro derecho y en nuestra obligación de pedir a los austríacos que reconsideren y que recapaciten porque ese tipo de peste que hemos sufrido ya en Europa no sólo puede perjudicar a Austria, puede, en su caso, extenderse, y hablo con el recuerdo de la historia. 
Por lo tanto, querría saber si el PPE, aparte de la apología que ha hecho del Sr. Schüssel, que nos va a garantizar todo, como en 1938 Chamberlain y Daladier lo hicieron en Munich, piensa tomar medidas en relación con el Partido Popular austríaco si sigue adelante con este delirante proyecto. 
En tercer lugar, si no nos elevamos contra esta alianza contranatura, les puedo decir, Señorías, que el principal objetivo de la Unión Europea, que es la ampliación, se puede dar por terminado porque, si ustedes fueran checos o eslovenos o húngaros, ¿qué dirían si tienen un vecino que les trata sobre una base racial y que no quiere que entren? 
Por lo tanto, Señorías, creo que éste es un gran día para el comienzo de la Europa política. 
Apoyamos al Consejo y creemos que estamos en nuestro derecho y en nuestra obligación de dirigirnos al pueblo austríaco para que reconsidere seriamente esta opción absolutamente delirante. 
(Aplausos del grupo PSE) 
Señora Presidenta, hoy la Unión Europea afronta, a juicio de mi Grupo, un desafío político y ético sin precedentes desde su creación. 
Desde luego, ha conocido situaciones en las que formaban parte del Gobierno de un país miembro hombres cuyas ideas y práctica contradecían los valores de referencia de la Unión. 
Pero con Haider y sus hombres la extrema derecha abiertamente racista, antisemita y xenófoba sería la que resultaría propulsada al rango de codirigente de nuestra Comunidad. 
Inscribirse en semejante perspectiva, aunque fuera de mala gana, equivaldría a proporcionar un certificado de respetabilidad a una fuerza que no es respetable. 
Sería trivializar lo inaceptable a escala de toda Europa, sería transformar en papel mojado las solemnes proclamaciones de las instituciones europeas sobre los valores fundamentales que nos unen y cuyo respeto exigimos, y con razón, a los países candidatos a la adhesión. 
Ésa es la razón por la que apoyamos el espíritu de la declaración de la Presidencia y de los catorce Estados miembros, como también la de la Presidencia del Parlamento Europeo en la medida en que, contrariamente a la apagada y ambigua toma de posición de la Comisión, va encaminada a calibrar el peligro y suscitar un sobresalto. 
Naturalmente, no se trata de que arrojemos oprobio sobre el pueblo austríaco. 
Cualquier medida que se adopte deberá tener, a nuestro juicio, por doble objetivo la proscripción de Haider sin aislar a la sociedad austríaca. 
Más que nunca, los demócratas de ese país necesitan nuestra solidaridad. 
La gran movilización del pasado 12 de noviembre en Viena debe conocer los desarrollos adaptados a la nueva situación. 
Hay que dialogar con ellos, concertarse, actuar a su lado, para contribuir juntos a brindar al pueblo austríaco una perspectiva. 
Por último, habrá que hacerse por fuerza esta pregunta: ¿cómo se ha podido llegar a eso? 
Desde luego, en primer lugar los dirigentes políticos austríacos deberán responder a esa pregunta existencial para el futuro de la democracia, empezando por quienes acaban de correr el inmenso riesgo de permitir que la extrema derecha ponga el pie en el estribo. 
Pero, aparte de eso, nadie, incluida la Unión Europea, puede, en nuestra opinión, dejar de interrogarse sobre las razones que permiten a un demagogo sin escrúpulos explotar las frustraciones y los miedos suscitados por políticas en las que demasiadas poblaciones no se sienten representadas. 
Tenemos este debate ante nosotros, pero cada uno de nosotros va a asumir sin demora sus responsabilidades. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, habríamos podido debatir la necesidad de dar más fuerza a los principios fundadores de la Unión, para poder defenderlos todos juntos. En cambio, nos vemos obligados a debatir los errores formales y sustanciales cometidos en estos días. 
Nos asombra la ignorancia política de quien con palabras imprudentes ha reforzado a Haider en Austria, ha ridiculizado a la Unión y pisoteado el artículo 7 del Tratado anunciando medidas anticonstitucionales. 
Nunca hemos tenido que asistir a una injerencia tan grave y burda en los asuntos internos de un Estado miembro. 
Lo que está claro es que no se puede faltar a los valores fundaméntales de Europa, y a este propósito, el Jefe del Gobierno italiano ha declarado que estos principios están contemplados en un Tratado. Ha mencionado el Tratado de Copenhague que, al igual que todos ustedes, desconozco porque no existe. 
Quizás se refería al Tratado de Amsterdam que en su artículo 6 enumera algunos principios y en su artículo 7 los procedimientos para constatar la existencia de una violación grave y persistente de un Estado miembro de los principios contemplados en el artículo 6. 
Hasta la fecha, sin embrago, no existe ninguna violación ni grave ni persistente de Austria. 
Además de constituir una injerencia, la declaración de la Presidencia resulta discriminatoria porque autoriza a penalizar a un pueblo y a negarle el derecho de elegir a quién votar. 
Hasta ahora, no se ha alcanzado la cohesión política ni siquiera para luchar contra la delincuencia organizada ni tampoco para defender a las víctimas de los genocidios y no se ha logrado una moneda con un mínimo de estabilidad o una economía que, de hecho, luche contra el desempleo y la pobreza. Sin embargo, en un minuto se ha destruido con furia iconoclasta la credibilidad de la Unión. 
Las sanciones se pueden imponer después de la violación de los Tratados y no si llega al Gobierno un partido elegido democráticamente. 
De lo contrario, qué pasaría con los países comunistas que se reafirman comunistas. ¿Si llegan al Gobierno les echaremos también de la Unión o a los nietos de Stalin se les perdonará todo? 
(Aplausos de la derecha) 
Es a través de la diplomacia, la persuasión, la cultura, la solidaridad y no con las amenazas o con medidas anticonstitucionales que las Instituciones pueden hacerse respetar y hacer que se respeten los principios. 
Las relaciones bilaterales implican a los Estados, motivo por el cual los Catorce nada tienen que ver. 
Esto es pisotear las Instituciones europeas para defender lógicas partidistas, con una incompetencia digna de los partidos que acaban de salir de los sistemas totalitarios y no de los representantes de las tradiciones democráticas. 
Como hemos escrito con frecuencia, muchas, demasiadas cosas, nos separan de Haider, entre las cuales está su reivindicación sobre el italianísimo Alto Adigio. 
Pero esto ya lo sabíamos: hoy nos enteramos con angustia que, al parecer, otros exponentes de la Unión han renunciado al papel democrático de la misma. 
Estamos a favor de la legalidad y de la democracia expresada por los pueblos, estamos a favor del respeto de la soberanía nacional con tal que la misma no viole los principios del Tratado o los derechos humanos. 
Creemos en Europa, mientras que otros parece que han puesto en marcha el proceso de disgregación de la Unión. 
Estos son los resultados de unas ampliaciones apresuradas y de una falta de transparencia de los papeles y de los cometidos. 
Se ha realizado la Europa del mercado inestable y no la de los principios, de los derechos y de la política. 
He aquí las consecuencias. 
No podemos, por lo tanto, más que invitar a la Comisión a que continúe desempeñando un papel de moderación y apreciar a los que trabajan para que la autonomía y la soberanía del pueblo austríaco continúen a fin de conseguir que este pueblo siga siendo libre y solidario con los demás pueblos. 
Señora Presidenta, Señorías, hoy tenemos cita con la hipocresía. 
Tenemos un Consejo que ha logrado despreciar el Tratado y utilizar un método completamente ajeno al artículo 6 y al artículo 7, que permitían, en caso de graves y persistentes violaciones, condenar a un Estado. 
En este caso, no hay graves y persistentes violaciones en Austria. 
Hay riesgos- todos somos conscientes de ello -, pero en este momento no hay absolutamente ninguna violación ni grave ni persistente. 
Si hubiera que aplicar los criterios del artículo 6 y del artículo 7, si hubiese que aplicar los criterios de Copenhague a nuestras instituciones, a la Unión Europea- como se pide a los países de la Europa oriental -, no cabe la menor duda de que esta Unión Europea no podría ingresar. 
Y, si hablamos de violaciones graves y persistentes, tal vez podamos hablar de ciertos Estados miembros, podemos hablar de Italia y de Francia, primero y tercer país, respectivamente, condenados por el Consejo de Europa, por el Tribunal de Estrasburgo. 
Podemos hablar, Señorías belgas, de Bélgica, del caso Dutroux, de las decenas y decenas de niños raptados, torturados, violados, asesinados por personalidades de ese país y cuyas investigaciones están encalladas, siempre encalladas. 
Podríamos, Señorías, imponer al Consejo y a la Comisión, con una tercera parte de los diputados, la obligación de interrogarse a ese respecto. 
Podríamos interrogarnos por el hecho de que los austríacos rechacen diez años, trece años, de partitocracia que ha corrompido y podrido un país- Austria -, como está corrompiendo y pudriendo países como Italia, Bélgica y otros países miembros de la Unión. 
Podríamos, en verdad, preguntarnos, Señorías, por qué el 76% de los ciudadanos belgas no tienen la menor confianza en la justicia de su país, el 56% de los ciudadanos franceses no tienen la menor confianza en la justicia de su país, el 53% de los ciudadanos italianos no tienen la menor confianza en su justicia... 
(La Presidenta retira el uso de la palabra al orador) 
Señora Presidenta, mi Grupo, el EDD, y en especial mi partido, sienten una gran preocupación por este debate. 
No podemos apoyar, y no lo hacemos de ninguna manera, los sentimientos ni la política del Sr. Haider y deploramos las referencias que ha hecho al Tercer Reich. 
No obstante, también deploramos el hecho de que su Parlamento se plantee la posibilidad de interferir en la política de un gobierno elegido de cualquier país, especialmente de un país que forma parte de la Unión Europea. 
Mi partido en mi país no es en absoluto racista, pero no aceptamos de buen grado el dictado ni la interferencia de la Unión Europea. 
¿Piensan ustedes interferir en el Parlamento de Gran Bretaña si salimos elegidos? 
Señora Presidenta, la población de Austria ha hablado al elegir a Herr Haider a su Parlamento. 
Creo que le concedió el 28% de los votos, por lo que se constituirá un gobierno de coalición. 
Su Parlamento, permítame que le sugiera, señora Presidenta, debería esperar para ver si el partido del Sr. Haider tiene repercusiones sobre la política de aquel país. 
Luego, y sólo luego, podría estudiar si se ven afectados los derechos humanos. 
Su Parlamento puede estudiar medidas adecuadas para contrarrestar esa situación y entonces, señora Presidenta, y sólo entonces podría su Parlamento plantearse la posibilidad de interferir en los asuntos constitucionales de un país de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, este momento es histórico porque, por fin, nos ha quedado bien claro a todos que la Unión Europea se ha ido convirtiendo paulatinamente en una comunidad de valores. 
Y esto lo percibimos en un momento en el que accede al Gobierno de un Estado miembro un partido que, como es sabido, no respeta todos estos valores. 
También quiero señalar que la postura adoptada por catorce Estados miembros del Consejo está bien justificada, ya que también se trata, en cierto modo, de la composición del Gobierno de la Unión Europea, y, por tanto, esta cuestión entra también dentro de las competencias del Consejo y deja de ser un mero asunto interno de Austria. 
En nuestra calidad de diputados al Parlamento, debemos subrayar con especial énfasis que el trabajo iniciado en favor de la consolidación de los derechos fundamentales cobra aún más importancia. 
Es cada vez más importante que el respeto e integridad de la dignidad humana y los derechos de las minorías, incluidos los derechos de todas las personas residentes en territorio de la Unión Europea, se conviertan en parte esencial de los principios del Estado de derecho de la Unión Europea y, por consiguiente, hay que conseguir que la Carta de los derechos fundamentales sea vinculante jurídicamente. 
Esta Carta no debe quedarse en mera declaración. 
Asimismo, es importante que las fuerzas democráticas austríacas sean apoyadas, pues no hay ninguna intención por nuestra parte de aislar a Austria. 
Nosotros sabemos que la mayoría de los austríacos respeta estos valores. 
También los austríacos han organizado manifestaciones; no todas las manifestaciones han tenido lugar fuera de Austria. 
Seguramente, también se han movilizado muchos ciudadanos de los que se abstienen activamente en las elecciones votando a candidatos inexistentes y que llevan mucho tiempo deseando un cambio en la política austríaca. 
En mi opinión, el Parlamento debe apoyar a estas fuerzas democráticas. 
También hago un llamamiento al Presidente de Austria para que examine todas las posibilidades de formar un gobierno integrado por fuerzas democráticas. 
Señora Presidenta, Señorías, sólo quiero subrayar el valor de una postura como la que acaba de recordar el presidente de nuestro Grupo, Sr. Francis Wurtz. 
Valoro las declaraciones de la Presidencia del Consejo y la posición de los 14 Estados que han rechazado contactos oficiales con el Gobierno austríaco en el caso de que se incluyera el partido de Jörg Haider. 
Nuestro comentario es aún más importante porque, como saben, disentimos sustancialmente de las políticas practicadas por esta Europa: de sus políticas económicas y sociales, de su déficit democrático, de la implicación de estos mismos Estados en la dramática guerra de los Balcanes. 
Este desacuerdo resalta aún más, si cabe, la apreciación de hoy: un elemento excepcional, porque excepcional es el peligro de un renacimiento de un componente irracional y neonazi en Europa. 
Este peligro no afecta a Austria, afecta a Europa. 
Estamos hablando de nosotros, no de Austria. 
Conocemos las causas sociales que junto con el desempleo y la incertidumbre contribuyen a fomentar las tendencias hacia esa dirección. Conocemos las causas culturales- xenófobas, racistas- pero no podemos dejar de reconocer en la incapacidad y en la no voluntad de estas fuerzas de extrema derecha de ajustar cuentas al nazismo, la posibilidad de crear una mezcla explosiva en Europa. 
Habla del arco alpino, habla de todos nuestros Estados: se están creando unas condiciones por las cuales puede renacer un peligro para la democracia y la civilización europea. 
La toma de posición de la Presidencia se ha mostrado consciente de este drama de civilización. 
Europa demuestra que no ha olvidado Auschwitz, Europa encuentra un alma. 
Ahora, sin embargo, debería ser consecuente con sus acciones y la primera en ser consecuente debería ser la Comisión que, por el contrario, ha demostrado en este tema una falta de transparencia y una debilidad que convierten en aún más evidente el valor de la posición de la Presidencia. 
Ésta es la corrección que hay que imponer a la acción de la Comisión. 
Señora Presidenta, Señorías, en el fundamental principio democrático del respeto a los derechos humanos y de la libertad y soberanía de los pueblos, en contra de cualquier nuevo o viejo fascismo, nazismo o comunismo, y teniendo en cuenta que todos los oradores anteriores han hablado de soberanía del pueblo austríaco, comprobamos que hoy es precisamente este Parlamento el que niega dicha soberanía. 
De la lectura del programa del Partido Liberal austríaco no se extraen elementos que justifican las acusaciones de atentado a los principios de libertad, democracia y de respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y al Estado de derecho, contemplados en el artículo 6 del Tratado. 
En cambio quisiera llamar la atención de sus Señorías sobre el hecho de que recientemente el Presidente en ejercicio del Consejo, tan crítico respecto a Austria, ha entregado a los habitantes de Macao a la soberanía de la democrática República Popular China. 
Pero hoy quizás, para reforzar la democracia de la Unión, es oportuno aislar a Austria, criminalizar a un partido elegido democráticamente por los ciudadanos austríacos y permitir la entrada en Europa de la Turquía de los Lobos Grises. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, estamos debatiendo una cuestión de extrema gravedad. Nada más y nada menos que la presencia en un Gobierno de un Estado miembro de una fuerza política cuya doctrina y cuyos principios son incompatibles con las bases conceptuales y morales que inspiran a la Unión y que están consagradas en sus Tratados constitutivos. 
Una simple lectura del artículo 1 del capítulo 4 del programa político del Partido Liberal austríaco estremece a cualquier conciencia democrática. 
La asunción de la etnia como factor definidor de una nación y la afirmación de la superioridad de una etnia sobre las demás, tal como aquí está escrito, resucita viejos espectros de un siglo que acabamos de dejar atrás y que algunos historiadores han definido como el siglo de los horrores, horrores que la filosofía inaceptable del programa político del Sr. Haider vuelve a agitar ante nuestros ojos atónitos. 
Por supuesto que el pueblo austríaco es soberano y por supuesto que debemos respetar el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado miembro. 
Pero el problema no es ése. 
El problema es si la Unión puede permanecer indiferente ante la formación de un Gobierno en un Estado miembro que incluya un partido de semejantes características. 
Nuestra respuesta a esta pregunta crucial es no. 
Más allá de consideraciones estratégicas o tácticas, más allá de posibles exculpaciones extraídas de comportamientos ajenos, más allá, y por encima de intereses de partido o de coyunturas electorales, la delegación española del Grupo Popular de este Parlamento, en plena sintonía con el Partido Popular español y con el Gobierno de España, expresa con rotundidad su plena coincidencia con la declaración de la Presidencia portuguesa del Consejo del pasado día 31 de enero, con su contenido, con su tono y con su alcance. 
(Aplausos) 
Konrad Adenauer dijo en cierta ocasión- y sabía lo que decía- que la manera más segura de apaciguar a un tigre es permitir que te devore. 
La historia es el compendio de aquellas cosas que podían haber sido evitadas. 
Por eso, señora Presidenta, queridos colegas, la Unión y esta Asamblea deben lanzar una señal inequívoca a la opinión de rechazo al tigre de la intolerancia, de la xenofobia y del totalitarismo para no añadir un error más a la larga lista de abdicaciones, renuncias y oportunismos que jalonan el pasado de Europa y que tan caro hemos pagado. 
(Fuertes aplausos) 
Señora Presidenta, Señorías, nuestra Unión se ha construido en torno a esta idea: "nunca más", y eso quería decir: "nunca más xenofobia, campos de concentración, antisemitismo, nunca más nacionalismos exacerbados, ni guerras". 
La Unión Europea no tiene otro sentido que la voluntad de transcender esa horrible historia del siglo XX, que, en el corazón de Europa, mataba todo el ideal del humanismo, que sigue siendo hoy de una profunda actualidad. 
No es cierto, como se ha dicho, que, cuando un Gobierno se alía con neofascistas en alguna parte de Europa es un simple problema de soberanía nacional. Pues nuestra Unión no es la yuxtaposición de Estados-nación que hacen acuerdos entre ellos para mejorar su suerte. 
Es una comunidad de destino, en la que, cuando lo esencial está en entredicho, cuando los valores están en entredicho, todos los demócratas juntos deben aunar esfuerzos para encontrar soluciones a fin de que no se vuelva a cometer nunca más los errores del pasado. 
Aprovechemos las enseñanzas del pasado. 
En el decenio de 1930, cuando Adolf Hitler fue elegido democrática, aunque minoritariamente, muchos pensaban que no era tan grave y, señor Poettering, en mi país, algunos hombres y mujeres de derechas, pero tal vez también de otras orientaciones, pensaban: "mejor Hitler que el Frente Popular". 
Dieron preferencia a sus disputas de campanario y se produjo el drama. 
Tenemos que reaccionar rápida, firme y conjuntamente. 
Me habría gustado, señor Poettering, oír hablar al Presidente austríaco, que hoy se siente- lo sabemos muy bien- muy violento ante esta sucia alianza para formar gobierno. 
Así, pues, debemos reaccionar rápida y firmemente. 
Desde luego, el Tratado pone un freno cuando los actos resultan insoportables y casi iba a decir "irremediables". 
La Historia nos ha enseñado que los fascistas empiezan jugando con dos barajas: primero una, con los discursos populistas y xenófobos, y después la otra, para volverse presentables en las instituciones e infiltrarse progresivamente en ellas, gangrenarlas, hasta el día en que pasan a la acción. 
Y ese día es demasiado tarde. 
Por eso, nuestro Tratado ha establecido frenos para cuando sea demasiado tarde; pero aún no hemos llegado a eso: hoy hay que evitar que lleguemos a echar esos frenos. 
Así, pues, debemos encontrar una solución política. 
A ese respecto, apoyo las propuestas del Consejo y lamento un poco cierta fragilidad, cierta blandura, de la Comisión, pese a que debería estar vigilante día tras día, con determinación y de forma duradera, pues los fascistas cuentan con la blandura de la democracia, cuentan con el tiempo para desgastarnos y esperan imponerse al final. 
Así, pues, hay que reaccionar rápidamente. 
Si hoy no apoyamos con vigor al Consejo, la Historia nos juzgará diciendo: hicieron un Munich político. 
Presidenta, me alegro de que en Austria se respete la voluntad de la gran mayoría del pueblo y de que con esta formación del Gobierno, en mi opinión, se haya conseguido una victoria importante de la democracia. 
Que quede claro: una Europa que evoluciona como una especie de "big brother", que vigila de forma estalinista y con métodos estalinistas la "political correctness" izquierdista de cualquier Estado miembro, a esa Europa le decimos claramente: no gracias. 
La democracia europea y la democracia austríaca no tienen que recibir lecciones de nadie y menos de un Gobierno belga al que pertenecen unos partidos corruptos financiados por traficantes de armas. Un Gobierno belga que nombró Comisario europeo al presidente de uno de estos partidos corruptos que la justicia había condenado. 
Hoy agradecemos al pueblo austríaco esta victoria democrática que tiene mucha importancia para todos los pueblos de Europa y para todo el mundo que hace de esa libertad y de la libertad de expresión su bandera. 
Señora Presidenta, este debate lo ha abierto el Sr. Da Costa, que se limita a confirmar que la Presidencia de la UE está intentando mediar en la constitución del gobierno de uno de los Estados miembros. 
Este debate y su trasfondo reafirman la opinión de que el Consejo, la Comisión e incluso este Parlamento están dominados por los socialistas. 
Mi delegación, formada por 37 diputados Conservadores y Unionistas procedentes del Reino Unido, rechaza por completo la filosofía subyacente, el programa y el tono del Partido Liberal de Austria. 
Compartimos la indignación generalizada por su actitud ante la historia y, en particular, la II Guerra Mundial, así como por sus políticas de ampliación, inmigración, sobre la raza y su actitud ante la propia Unión Europea. 
No obstante, también nos hemos sentido indignados por la tolerancia de la izquierda respecto a la tiranía, el terror y los excesos de la antigua URSS. 
Indignación que se mantiene hasta el día de hoy, porque ya es hora de que el Partido de los Socialistas Europeos rompa sus lazos fraternales con el Partido Comunista de China. 
Estos mismos gobiernos de la UE no dijeron ni una sola palabra sobre los gobiernos de coalición en los que participan compañeros de viaje comunistas, como en el caso de los Gobiernos francés o italiano, o en los Gobiernos estatales alemanes, ni tampoco cuando el Gobierno británico se mostró dispuesto a apoyar a antiguos asociados con terroristas que se han convertido actualmente en ministros de Irlanda del Norte. 
Ésa, señora Presidenta, es la hipocresía de la izquierda. 
Por tanto, condenamos esa hipocresía y el doble rasero, especialmente del Gobierno británico y de otros gobiernos de la UE de mayoría socialista, incluido el de los Estados Unidos. 
Deberíamos reconocer, no obstante, que el proceso democrático produce a veces resultados incómodos. 
Esto exige medidas para corregir las causas subyacentes, incluido un examen del propio proceso electoral. 
Ésa debería ser nuestra tarea, y no la de adoptar simples gestos políticos. 
Señora Presidenta, representante del Consejo, señor Comisario, hace una semana concluyó en Estocolmo una gran conferencia internacional sobre el exterminio judío. 
Su objetivo fue combatir el olvido y la maldad, que en la sociedad actual adopta las formas de xenofobia y neonazismo. 
Invitar a participar en las instituciones comunitarias, en estos tiempos, a un partido xenófobo que coquetea con el nazismo, sería burlarse de la idea de esta conferencia y de la colectividad internacional. 
En segundo lugar, quiero decir que tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos y con nuestros valores. 
Exigimos a los países candidatos y a los países que participan en el Acuerdo de Lomé que respeten los derechos humanos y muestren tolerancia con sus semejantes. 
Nosotros tenemos que hacer lo mismo. 
Por eso reaccionamos contra todo el desorden que hay en Austria. 
No es posible seguir como si nada hubiese sucedido. 
Estamos frente a un hito en la Unión. 
La Unión no es sólo una comunidad económica, sino una comunidad de valores, que tomamos muy en serio. 
Algo ha sucedido: en la Unión se está formando una columna vertebral y un espíritu. 
Señora Presidenta, todo el mundo lo ha dicho, es un día muy importante: el del primer debate de la vida política europea. 
Y no es una casualidad. 
Me parece que la cita que tenemos hoy no es la cita de Europa, de nuestras instituciones, con Austria o con el partido del Sr. Haider. 
Es la cita de Europa consigo misma, con las razones de su vida, con las razones por las que estamos presentes en este Hemiciclo. 
Este Hemiciclo no se hizo para las mercancías, no se hizo para el dinero. 
Este hemiciclo, y las instituciones europeas, fueron construidos en pro de los valores, de una moral y un espíritu. 
Ahora bien, en el siglo XX hemos comprobado que las democracias podían verse amenazadas y que las moral, los valores y el espíritu que he citado podían verse afectados mortalmente por virus que reciben un nombre: exaltación nacionalista, populismo y primacía de la raza. 
Ahora bien, basta con leer el programa del partido del Sr. Haider, el FPÖ, para que en cada uno de sus capítulos encontremos la exaltación nacionalista, el populismo y la primacía de la raza. 
Leo tan sólo una frase que mi amigo Vidal-Quadras ha leído antes que yo: "La patria se define por su lugar, por su cultura y por la raza, local, étnica y culturalmente". 
Pues bien, no podemos aceptar esas declaraciones. 
Si Europa tiene un sentido y- perdónenme que se lo diga a mis amigos -, si la democracia cristiana tiene un sentido, si la historia de la democracia cristiana tiene un sentido, debe declararse radicalmente incompatible con las afirmaciones que figuran en ese programa y, sean cuales fueren las excelentes razones que se aduzcan siempre que la Historia brinde una nueva oportunidad, rechazar el acuerdo con ese tipo de ideología y ese tipo de organización. 
Ésa, es, pues, la razón por la que me parece que el Parlamento Europeo, que es más libre para sus actos y para sus declaraciones que el Consejo y que la Comisión, debe felicitar a los Estados y las instituciones europeas que han tenido el valor de decir "no", decir, señora Presidenta, que ha hecho usted, en nuestro nombre, una declaración que nos honra, pronunciar claramente, sin rodeos, su oposición y su condena ante lo que se está preparando en Austria y recordar esa declaración, el día del acuerdo de Munich, de un gran demócrata cristiano francés que dijo: "cuando de lo que se trata es de decir que no, el mejor momento es el primero". 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, nosotros, los democristianos belgas estamos preocupados y afortunadamente muchísimos de nuestros colegas también. 
El acuerdo de coalición que se está sellando en uno de los Estados miembros, desde luego es una cuestión austríaca, pero no cabe duda de que también tiene una dimensión europea. 
Porque lo que nos une en Europa son en primer lugar los valores y principios de libertad, democracia y el respeto de los derechos humanos. 
El presidente del Partido Liberal austríaco, Haider, ha expresado en repetidas ocasiones su menosprecio por estos valores. 
Asimismo, menosprecia también las formas más elementales de la cortesía diplomática. 
Es un hombre peligroso. 
Hace mucho los partidos democristianos en mi país hicieron la elección, y siguen fieles a esa idea, de sí prestar atención a la protesta de los electores de la extrema derecha, pero de no negociar nunca con los líderes de la extrema derecha. 
Los valores deben ir por encima del poder. 
Por lo tanto, lamentamos lo que está ocurriendo en Austria. 
Es más, nos sentimos completamente estremecidos. 
Pedimos al ÖVP que busque en última instancia otras soluciones. 
Seguimos insistiendo en el artículo 6 del Tratado. 
Seguimos luchando contra la banalización de la extrema derecha. 
Si al final se llega a formar gobierno con esta coalición, entonces hacemos un llamamiento a nuestros colegas del ÖVP para que garanticen en el programa, tanto en las palabras como en los hechos, que se respeten los principios y los valores que son los cimientos de la integración europea. 
Presidenta, Señorías, Austria tiene aquí una gran responsabilidad. 
. (EN) Señora Presidenta, en mi tierra suele decirse: "para un galés, no hay dos sin tres", y en tres ocasiones, como creo que descubrirán en el transcurso del debate, he expresado mi deseo de responder muy brevemente al que ha sido un excelente debate e incluso, en ocasiones, emocionante. 
En primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento en nombre del Presidente Prodi y de mi colegas de la Comisión por el apoyo y la comprensión que han manifestado varios diputados con respecto a la posición adoptada por la Comisión en su declaración de ayer. 
Debo responder también, naturalmente, al hecho de que durante el debate se han hecho referencias- y utilizo las palabras que se han utilizado- a la ambigüedad, la autocomplacencia y la fragilidad de la opinión de la Comisión. 
Mi deber me obliga a decir a esta Asamblea que no existe ninguna ambigüedad ni fragilidad ni autocomplacencia en la opinión ofrecida ni tampoco en las medidas adoptadas por la Comisión en relación con este asunto. 
En nuestra declaración de ayer por la mañana hicimos referencia explícita, al igual que ha hecho el Presidente esta tarde, al hecho de que compartimos la inquietud manifestada por los catorce Estados miembros en su declaración del lunes. 
En segundo lugar, dijimos en términos muy claros que trabajaremos en estrecha colaboración con todos los Estados miembros en el examen de la situación en Austria según se vaya desarrollando. 
En tercer lugar, expresamos en términos muy claros que defenderemos con imparcialidad los valores y las disposiciones del artículo 6 del Tratado y que, en virtud del artículo 7 del Tratado, cumpliremos con nuestro deber de garantizar el respeto de dichos valores de libertad, democracia y libertades. 
No existe en absoluto ninguna autocomplacencia ni fragilidad respecto a nada de esto. 
Y cuando digo que la Comisión adoptó esa opinión, incluyo a mi querido colega Franz Fischler, que es austríaco y que, una vez más, ha demostrado su integridad y su independencia como miembro de la Comisión Europea, bajo juramento, al tomar parte en la declaración que realizamos ayer por la mañana. 
Por consiguiente, cualquiera que invite a Franz Fischler a su casa para, de algún modo, pedirle cuentas por el hecho de que su nacionalidad sea austríaca, debería examinar sus propios motivos en el contexto de un debate que necesariamente se ha visto ensombrecido por las referencias a la xenofobia e incluso a males más letales de este mundo. 
Digo esto en defensa de la amistad y del honor de mi amigo y colega, Franz Fischler. 
Permítame mencionar también, señora Presidenta, que la conformidad de la Presidencia, la Presidencia portuguesa, con nuestra posición quedó perfectamente patente en los términos más claros cuando el Sr. Da Costa dijo, y cito sus palabras, que "Portugal y los demás Estados miembros quieren garantizar que el funcionamiento de la maquinaria comunitaria no se ve afectado por la situación actual". 
Es algo que ciertamente beneficia a todos. 
Para garantizar que se respeta el Tratado y que respaldamos lo que se ha descrito como la maquinaria comunitaria, estamos adoptando las medidas que presentamos ayer en nuestra declaración. 
Y seguiremos haciéndolo, señora Presidenta, con imparcialidad. 
Es nuestro deber. Además es una cuestión de convicción. 
Mi última observación es la siguiente: comprendemos el contexto de este debate fundamental. 
Hay varias personas aquí que al igual que yo se han ido acostumbrando durante muchos años a las declaraciones ofensivas de Herr Haider, a la xenofobia de muchos de los elementos de su política y a la estrategia que ha desarrollado de alternar declaraciones agresivas con disculpas, a veces en días sucesivos. 
Comprendemos eso y también recordamos su en ocasiones corta y selectiva memoria del Nazismo. 
Y cuando recordamos eso, al igual que muchos diputados procedentes de todas las tendencias de esta Asamblea, mi instinto y el de mis colegas se despierta de forma natural. 
Pero la Comisión debe actuar sobre la base de valores y leyes y no únicamente sobre la base del instinto. 
Y a ello obedece la conclusión a la que llegamos ayer por la mañana. 
Por ello respaldamos esa conclusión al tiempo que seguimos defendiendo los valores y la ley. 
Sin fragilidad, sin autocomplacencia, sin ambigüedad, pero al servicio de toda la Unión y de cada uno de los Estados miembros de la Unión y de sus pueblos. 
Seguiremos haciendo eso con energía y con coherencia y, como ha dicho el Sr. Cox en el debate, mantendremos una estrecha vigilancia. 
Habida cuenta de que el Sr. Da Costa escucha estas observaciones desde el fondo de la Asamblea, me pregunto si el Sr. Kinnock podría confirmar que la Comisión apoya la opinión declarada explícitamente por el Sr. Da Costa hoy y en la reciente declaración de la Presidencia en nombre de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
¿Respalda la Comisión al Consejo? 
. (EN) Señora Presidenta, cuando la Comisión dijo ayer por la mañana que toma nota de las opiniones expresadas como una declaración conjunta de catorce Estados miembros y que comparte la inquietud que ha dado lugar a esa opinión, creo que podemos dar por descontado que desde ayer por la mañana, tan pronto como pudo tratar sobre el tema, la Comisión ha mantenido una opinión coherente con aquélla de catorce de los Estados miembros. 
Recursos al principio de precaución 
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a hacer una declaración sobre el recurso al principio cautelar. 
(EN) Para comenzar, deseo decir que me complace presentar esta comunicación sobre los recursos al principio de precaución, que ha sido redactada en colaboración con los Sres. Byrne y Liikanen. 
El principio de precaución no es un concepto nuevo. 
La Comunidad ha venido utilizándolo desde hace algún tiempo en una serie de políticas de ámbitos como el medio ambiente, la salud pública, animal y fitosanitaria, y se menciona explícitamente en las disposiciones en materia de medio ambiente del Tratado de la CE desde Maastricht. 
También aparece en una serie de documentos internacionales, como por ejemplo en la Declaración de Río y más recientemente en el Protocolo sobre Bioseguridad. 
La esencia del principio de precaución es clara. 
Implica la adopción de medidas en un ámbito político determinado cuando no existe evidencia científica, pero existen motivos razonables de preocupación de que los riesgos en potencia sean lo suficientemente grandes como para exigir medidas. 
No obstante, el recurso al principio de precaución ha acaparado un interés cada vez mayor en estos últimos años. 
Acontecimientos como la EEB y la crisis de las dioxinas han estimulado un creciente debate público sobre cuándo están justificadas y son necesarias las medidas de precaución. 
Habida cuenta de este creciente interés, la Comisión ha considerado que sería de utilidad presentar una comunicación para exponer su posición con respecto a la aplicación del principio de precaución. 
La comunicación tiene un doble objetivo fundamental. 
Explicar de manera clara y coherente el modo en que la Comisión aplica y se propone aplicar el principio de precaución en su gestión de los elementos de riesgo y establecer las directrices para su aplicación sobre una base de principios razonados y coherentes. 
Esperamos también que la comunicación favorezca un mejor entendimiento común de cómo deben gestionarse los elementos de riesgo y disipe los temores de que el principio de precaución pueda ser utilizado de manera arbitraria o como una forma encubierta de proteccionismo comercial. 
El punto de partida de la Comisión en la aplicación del principio de precaución es la necesidad de garantizar un alto nivel de protección en las políticas de medio ambiente, salud pública, animal y fitosanitaria. 
Ni que decir tiene que no se puede recurrir a este principio para justificar medidas irracionales o arbitrarias; significa por el contrario que podrán adoptarse medidas incluso en situaciones en las que la opinión científica no sea concluyente. 
Así, a pesar de que el principio de precaución no incluye la politización de la ciencia, como han alegado algunos, nos conduce a la encrucijada entre ciencia y política. 
La decisión inicial de aplicar el principio de precaución depende en buena medida del nivel de protección deseado y del nivel de riesgo que en opinión de los responsables de la toma de decisiones puede asumir la sociedad. 
Por ello, tiene un carácter político. 
No obstante, las medidas que podrán adoptarse a continuación deberán ajustarse, evidentemente, a los principios generales aplicables a la gestión de los elementos de riesgo, y las directrices sobre la aplicación del principio de precaución son por consiguiente un elemento clave del documento. 
Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales al nivel de protección elegido; es decir, no recurriremos a una maza para cascar una nuez. 
Su aplicación deberá ser no discriminatoria, es decir, las medidas no deberían ser distintas por razones de origen geográfico. 
Asimismo deberán ser coherentes con medidas similares ya adoptadas. 
Por ejemplo, si un producto ha sido aprobado, productos similares también deberán serlo. 
Las medidas tienen como base un examen de los posibles beneficios y el coste de las medidas o de la falta de medidas; es decir, las medidas deberían presentar una buena relación coste-beneficios y ser sometidas a revisión a la luz de nuevas evidencias científicas y ofrecer claridad sobre quién es responsable de aportar la evidencia científica necesaria para una evaluación más exhaustiva de los elementos de riesgo, es decir, la carga de la prueba. 
Todos estos elementos deberán aplicarse de manera acumulativa. 
Es importante asimismo tener presente que existe una amplia gama de medidas que pueden ser adoptadas en el recurso al principio de precaución. 
Por ejemplo, un programa de investigación, campañas de divulgación, recomendaciones, etcétera. 
El recurso al principio de precaución, por consiguiente, no implica automáticamente una prohibición. 
La presente comunicación no pretende ser la última palabra sobre este asunto; no obstante, es la primera vez que la Comisión realiza una presentación estructurada del principio y de su aplicación operativa. 
Al exponer de manera detallada cómo la Comisión aplica y se propone aplicar el principio de precaución, esperamos poder aclarar la situación a nivel comunitario y contribuir al debate que se está desarrollando a nivel europeo e internacional. 
Señor Presidente, señora Comisaria, muchas gracias por la explicación. 
La primera: hemos tenido que esperar mucho tiempo a una opinión de la Comisión sobre el principio de precaución y en el pasado no estaba en absoluto claro si la Comisión hablaba con una sola voz. 
¿Es lo que usted ha expuesto hoy aquí también la opinión de su colega el Comisario de Industria, su colega el Comisario de Comercio Exterior, de su colega el Comisario para la Competencia y de su colega el Comisario para el Mercado Interior? 
Usted me va a decir sin duda que sí, pero yo quiero saber de usted si estos señores saben también qué consecuencias tiene. 
La siguiente pregunta, señora Wallström: ¿cuándo va a comenzar a aplicar esto en la legislación, por ejemplo, en las leyes sobre productos químicos o en otros campos? 
La última pregunta: ¿vamos a poder reconocer dónde se ha aplicado esto en las leyes? 
Es decir, ¿va a existir un pliego extra en cada propuesta que diga que se ha examinado el principio de precaución y que se ha llegado a ese resultado? 
. (EN) Muchas gracias, señora Roth-Behrendt, por estas preguntas. 
Naturalmente toda la Comisión la comparte. 
Se trata de una comunicación común que hemos redactado tres de nosotros, los Sres. Byrne, Liikanen y yo, pero que ha sido aprobada hoy por unanimidad en la Comisión. 
Ha recibido el firme respaldo de los demás Comisarios y ha sido sometida a consulta en los distintos servicios de la Comisión. 
Por tanto, hemos trabajado a fondo en este documento y estoy segura de que todos los Comisarios conocen las directrices y los principios recogidos en el presente documento. 
Sí, quisiera decir que ya utilizamos este método de trabajo en el caso de varios asuntos difíciles como una nueva estrategia con respecto a los productos químicos, por ejemplo. 
Y estoy segura de que también lo mencionaremos de manera explícita cuando trabajemos con este principio. 
Recientemente hemos tenido un caso en el que se ha recurrido al principio de precaución cuando hubo que prohibir la utilización de ftalatos en la fabricación de juguetes blandos de PVC, y naturalmente lo aplicamos en diferentes ámbitos medioambientales. 
Principalmente, se ha recurrido a este principio en el ámbito de medio ambiente y también, naturalmente, en otros campos relativos a la salud pública. 
Por consiguiente, intentaremos ser perfectamente claros sobre cómo y cuando aplicarlo. 
Presidente, señora Comisaria, la comunicación afirma, en referencia a la relación entre la ciencia por una parte y el recurso al principio de precaución por otra, que la invocación del principio de precaución exige siempre una decisión política cuando faltan pruebas científicas. 
De esta forma se pone bastante poder en manos de la ciencia. 
Podemos preguntarnos ¿qué tipo de científicos nos facilitarán esa documentación y qué defienden? 
En la comunicación consta también que basta con que haya una minoría de científicos suficientemente reconocida para invocar el principio de precaución. 
Me gustaría preguntarle ¿cuál es la definición de una minoría reconocida? 
¿Cómo la define usted? 
¿Y cómo se llega a una minoría reconocida? 
¿La Comisión? 
¿El Consejo? 
¿En qué medida va a tener el Parlamento Europeo un papel en ello? 
¿Cuál es el papel de los comités científicos? 
¿Cuál va a ser el papel de las autoridades en materia de alimentación que usted va a instaurar? 
Como punto final, ¿toda la toma de decisiones se hará de una forma transparente, y de forma pública? 
Esas son mis tres preguntas. 
. (EN) Sí, señor Presidente, eso es cierto. 
Existen muchos aspectos que son difíciles y no siempre perfectamente claros, pero intentaré responder a algunas preguntas. 
¿Quién tomará la decisión, quiénes son los responsables de la toma de decisiones? 
Pues bien, eso depende de quiénes sean los legisladores. 
Forma parte de la gestión de los factores de riesgo. 
Hay que analizar, por ejemplo, el grado de preocupación de la sociedad en relación con un asunto concreto y juzgar en base a lo que se sepa sobre la evidencia científica en algunos casos. 
Pero es cierto que no es necesario que una amplia mayoría de la comunidad científica recurra al principio de precaución. 
El principio puede ser utilizado en base a la evidencia de una minoría o en casos en que la ciencia es incompleta. 
Es ahí donde hay que buscar el equilibrio entre este principio, como herramienta política, y la ciencia. 
No siempre resulta fácil describir con exactitud cómo se realiza este proceso, pero no se trata de modificar el fundamento científico. 
Recurrimos a expertos para obtener toda la información científica posible antes de adoptar medidas; y así se hará también en el futuro. 
Debemos considerarlo una herramienta de gestión de los factores de riesgo. 
Debemos decidir si queremos poner en peligro a las personas, por ejemplo, o si queremos proteger el medio ambiente; y debemos estudiar los datos científicos disponibles. 
Es necesario hacer una evaluación de todos esos factores y de la evidencia científica. 
A continuación tomamos la decisión de adoptar medidas o no, de emprender acción o no. 
Por tanto, no hay respuesta a todas sus preguntas, pero eso no altera el sistema de recurrir a científicos como hacemos en la actualidad ni el sistema de expertos que utilizamos actualmente. 
Señor Presidente, quiero formular una pregunta sobre un caso concreto y actual, en el cual podría aplicarse el principio de precaución. 
Se trata de los productos ignífugos con bromo. 
Se han descubierto estas sustancias; ahora hay una gran concentración de ellas en las personas y en el medio ambiente. 
Hay quienes sostienen que estas sustancias conllevan muchos riesgos, y otros que cuestionan su nocividad. 
Hace poco tiempo, Suecia y Dinamarca instaron al Consejo de Ministros para que tome la iniciativa de prohibir los productos ignífugos con bromo. 
Mi pregunta es si se está preparando una prohibición en este sentido y si semejante iniciativa no se ajustaría con gran precisión a su opinión sobre el principio de precaución. 
. (SV) Señor Presidente, gracias señor Sjöstedt por esta pregunta. 
El asunto de los productos ignífugos con bromo es importante. 
Algunos ministros que quieren que la Comisión se ocupe de estudiar la situación y de ver qué se necesita hacer, trataron hace muy poco tiempo este tema en el Consejo de Medio Ambiente. 
Estamos estudiando este asunto para discernir cuánto sabemos sobre él y qué se puede hacer. 
No obstante, permítanme recordarles que la aplicación del principio de precaución no necesita ser equivalente a una prohibición, una prohibición total. 
Es posible que exista una serie de medidas que se puedan adoptar. 
Por eso, no debe interpretarse inmediatamente como una prohibición. 
En cuanto a los productos ignífugos con bromo, puede suceder que se llegue paulatinamente a eso, pero es importante decir que el principio de precaución permite la utilización de todo el espectro de medidas políticas. 
Éste es un asunto de gran actualidad. 
La Comisión hará su trabajo y realizará minuciosos estudios antes de emitir un juicio sobre lo que se debe hacer. 
Usted ha dicho que el principio de precaución no debe ser utilizado como una barrera comercial encubierta. 
¿Existe el mismo entendimiento de este punto a ambos lados del Atlántico? 
Creo que tendremos problemas, en particular, con la carne de vacuno tratada con hormonas y con los cultivos genéticamente modificados. 
¿Adoptarán los norteamericanos la misma opinión que nosotros sobre este punto? 
. 
(SV) Señor Presidente, me satisface poder anunciar que acabamos de suscribir en Montreal un protocolo sobre seguridad biológica. 
Allí, en un foro internacional, logramos ponernos de acuerdo sobre una definición del principio de precaución. 
Opino que la materialización de este protocolo constituye un avance que va a ser modélico en las futuras discusiones sobre este principio. 
Lo podremos usar como ejemplo de interpretación. 
Además, es aceptado como un instrumento importante y eficaz. 
Señor Presidente, quiero formular dos preguntas; trataré de ser breve. 
La primera de ellas se refiere a la aplicación del principio de precaución. 
A mi entender, ha habido ciertas dudas en la forma de concebirlo. 
¿Hay que hacer primero un examen de los riesgos, en los que se incluya un estudio de costes y de beneficios, es decir, un análisis de cost-benefit? 
Si es así, me preocupa bastante, ya que la intención era que no se recurriría a un análisis de cost-benefit como herramienta para decidir la instauración del principio de precaución, sino que éste debería implantarse primero. 
Mi segunda pregunta se refiere a la carga de la prueba. 
Recuerdo cuando Margot Wallström hizo su presentación como Comisaria ante la comisión. 
Allí se mostró partidaria de invertir la carga de la prueba, es decir, que el fabricante de un producto debe demostrar si éste es peligroso. 
Quiero saber si también se estipula esto en el documento que ha presentado la Comisión. 
. 
(SV) Muchas gracias, señora Schörling. 
Estas dos preguntas son importantes. 
Está bien que se me dé la oportunidad de contestarlas. 
No, no hay que empezar haciendo un análisis de cost-benefit, sino que hay que fundamentarse en lo que sabemos, en lo que la ciencia nos puede aportar y en nuestra forma de entender todo esto en relación con los riesgos para el medio ambiente o para la salud de las personas y de los animales. 
Por el contrario, cuando se opta por adoptar medidas, hay que elegir aquellas más eficaces en relación con sus costes, de modo que no se elijan medidas que sean totalmente absurdas desde el punto de vista de su eficacia. 
Por tanto, no hay que empezar con un análisis de cost-benefit. 
La segunda pregunta se refiere a la inversión de la carga de la prueba. 
Es verdad que en algunos casos tenemos que aplicarla. 
He usado el ejemplo de la estrategia sobre sustancias químicas, sector que es un buen modelo de aplicación. 
Sin embargo, éste es un sector específico, en tanto que se puede decir que la comunicación sobre el principio de precaución es horizontal, que atañe a todos los sectores políticos. 
Por eso, en este contexto no se discute especialmente la carga de la prueba o su inversión, sino que, por el contrario, se habla de decisiones políticas y de sus fundamentos. 
No obstante, es verdad que tratándose, por ejemplo, de sustancias químicas, hay que abogar por la inversión de la carga de la prueba. 
Señor Presidente, pienso que el principio de precaución debería ser bastante radical en su funcionamiento funcionar, de lo contrario nos perdemos en los tortuosos meandros de las interpretaciones. 
Hagamos un ejemplo: está comprobado que un anticriptogámico provoca el nacimiento de niños ciegos y, por lo tanto, es un teratógeno. 
Pues bien, esto es un anticriptogámico, un antimoho. 
El único que ha probado el efecto teratógeno es un laboratorio inglés, porque quizás es el único que ha realizado pruebas. 
Entonces, dado que existe una amenaza tan grave para la salud, considero que el principio de precaución impone que el producto sea retirado de inmediato del mercado, come ha hecho, por ejemplo, Nueva Zelanda. 
Por esto quiero formular esta pregunta: ¿Acaso, cuando está en juego la salud humana o se prevén graves efectos en la salud humana, hay que hacer el análisis costes-beneficios? 
En mi opinión, el coste de un niño ciego es demasiado alto, no hay beneficios que puedan compensarlo. 
Por lo tanto, quisiera saber si, en definitiva, en este caso, el principio de precaución, tal como usted lo entiende, señora Comisaria, presupondría que, hasta que otros laboratorios no demuestren lo contrario, el producto se excluyera en todo caso del comercio. 
. (SV) Señor Presidente, soy la primera en desear la aplicación del principio de precaución de tal modo que sea entendida como una protección radical para la salud de las personas y para el medio ambiente. 
Está claro que yo no puedo opinar sobre el caso y el producto concreto que se ha mencionado aquí, pero recabaré inmediatamente información sobre este caso. 
La verdad es que muchos Estados miembros, obviamente también otras naciones, han adoptado medidas para proteger la salud de sus habitantes aplicando el principio de precaución, aunque no siempre lo han llamado así. 
Obviamente que los costes no son lo más importante, ya que también puede resultar muy costosa la falta de aplicación de una determinada medida. 
Tampoco nos sentaremos a calcular el valor de las vidas humanas para compararlo con los costes de las medidas. 
Sin embargo, creo que es obvio que cuando llegue el día de adoptar medidas habrá muchas maneras de proceder. 
Entonces contemplaremos lo que produzca los mejores resultados. 
No puedo dejar de referirme a una ocasión en que la expresión eficacia de costes fue usada por personas que quizá nunca habrían pensado usarla, esto es, en una visita a África. 
En un hospice para enfermos de SIDA conocí a dos monjas irlandesas que cuidaban a un paciente moribundo. 
Fueron ellas las primeras en pedir que todos los días hiciésemos lo más eficaz en relación con los costes, ya que tendríamos que ser muchos más cuidadosos con la forma de usar los recursos para que alcancen para ese pobre paciente. 
Creo que podemos aprender algo de esto. 
Siempre tenemos que intentar usar nuestros recursos de la forma más eficaz, para brindar la ayuda más amplia posible. 
Por tanto, no es correcto empezar con una suerte de análisis de cost-benefit, cosa que también se aclara en esta comunicación. 
Tenemos que estar atentos a los conocimientos que ofrezca la ciencia y hay que usar esto como un instrumento político importante para proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 
Señor Presidente, es una gracia especial tener una segunda posibilidad de preguntar. 
Señora Comisaria, quiero volver de nuevo a mi primera pregunta que quizás sonó algo jocosa cuando pregunté sobre los demás Comisarios. 
Usted ha respondido como sabía que iba a responder. 
Deseo relacionarla con algo que ha preguntado el Sr. Goodwill, a saber, con nuestra relación con el principio de precaución y el mundo fuera de la Unión Europea. 
No lo pregunto sin motivo. 
Usted ha dicho con razón que el principio de precaución es precisamente necesario cuando la ciencia aún no tiene pruebas. 
¿Cómo podemos garantizar que no quedamos en todo momento vulnerables, por ejemplo, frente a nuestros interlocutores en los EE.UU y el protocolo bio safety no es aquí suficiente? 
¿Cómo podemos garantizar que los colegas políticos de la industria y de comercio exterior no le vayan a poner continuamente la zancadilla como han hecho la últimas veces con sus predecesoras? 
Es exactamente esto de lo que se trata pues por lo demás no tenemos que hablar aquí sobre el principio de precaución, señora Comisaria. 
. (SV) Señor Presidente, creo que es muy importante mostrar las directrices para el uso del principio de precaución existentes en esta comunicación, como una forma de refutar las afirmaciones de que siempre lo aplicamos con objetivos proteccionistas. 
Estoy segura de que habrá más conflictos, por ejemplo, con EE.UU. No podemos ser ingenuos y creer otra cosa. 
Sin embargo, desde que firmamos el protocolo de Montreal, contamos con un reconocimiento internacional y con una definición común establecidas en un protocolo sobre el medio ambiente, la salud y el comercio. 
Por eso constituye un buen ejemplo. 
No pensemos que en el futuro no habrá conflictos, pero entonces podremos demostrar que no aplicamos arbitrariamente el principio de precaución. 
Ahora hay una serie de directrices para su aplicación y tenemos el fuerte apoyo de nuestros pueblos para hacerlo, lo que queda muy claramente corroborado en esta comunicación. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
La atención prestada al principio de precaución política ha hecho que lo debatiéramos durante casi dos horas y que ahora este tema se considere, por decirlo de alguna manera, más de ordinaria administración, aunque, como hemos podido comprobar a raíz de las intervenciones, de las preguntas y de las respuestas, se trata de un tema al que se atribuye mucha importancia. 
El debate queda cerrado. 
Conferencia Intergubernamental 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0018/2000) de los Sres. Dimitrakopoulos e Leinen, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (14094/1999- C5-0341/1999- 1999/0825 (CNS) ). 
. (EL) Señor Presidente, ante todo, mi agradecimiento a la Presidencia portuguesa y a la Comisión por los utilísimos contactos que hemos mantenido durante todo este tiempo. 
Permítame también dar las gracias una vez más a mi compañero de ponencia, Sr. Leinen, por nuestra extraordinaria colaboración. 
Señor Presidente, Señorías, la Conferencia Intergubernamental que va a empezar es importante en términos generales, y muy especialmente en la perspectiva de la ampliación. 
De sus trabajos surgirán la estructura y los mecanismos que fundamentarán el funcionamiento de la Europa del siglo XXI. 
Y no cabe duda de que un funcionamiento más eficaz, más democrático y plenamente transparente de la Unión Europea del futuro exige una reforma amplia y profunda, tanto de sus instituciones como de sus métodos de trabajo. 
Presupuesto y condición principal para el éxito de esta reforma es la agenda que guiará los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
De las decisiones tomadas en el Consejo Europeo de Helsinki resulta que el orden del día allí acordado no es satisfactorio y no garantiza los cambios sustanciales necesarios para la creación de una Europa más funcional, más eficaz, más democrática, más transparente. 
Y ello porque se circunscribe al examen de sólo tres temas que atañen de modo fragmentario a la estructura y al funcionamiento de sólo dos órganos institucionales de la Unión Europea. 
No lo repetiré puesto que es de sobra conocido por todos. 
Esta constatación mía está justificada, de un lado, por la demanda permanentemente planteada, algunas veces con especial intensidad, por parte de los ciudadanos europeos; y de otro lado, por las enormes retos que encierra la gran empresa acometida por la Unión Europea, la empresa de la ampliación. 
En estas condiciones, la nueva Conferencia Intergubernamental no puede dejar de incluir en su agenda asuntos cuyo tratamiento aseguraría el funcionamiento adecuado de todas instituciones de la Unión Europea, no sólo de algunas. 
De la misma manera que no puede dejar de incluir asuntos bien palpables que preocupan a diario al ciudadano europeo. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo en sus debates e informes se ha mostrado abierta y repetidamente favorable a la celebración de la Conferencia Intergubernamental. 
Mi demanda, no obstante, es que la Conferencia aborde también asuntos que perfeccionan y completan la reforma de todos, repito, los órganos institucionales. Y asuntos que afectan e interesan directamente a los ciudadanos europeos; como, por ejemplo, la salud, el desempleo, la cultura, los transportes, e incluso el turismo. 
El que se consiga o no la ampliación de la agenda es algo que aún es objeto de debate. 
Y en este punto quiero realmente destacar el comportamiento político de la Presidencia portuguesa, que repetidamente se ha comprometido ante el Parlamento Europeo a hacer los esfuerzos necesarios en esa dirección. 
Por otra parte, la adición o no de nuevos asuntos a la agenda en ningún caso ha de menguar la importancia que todos los países miembros deben conceder a la Conferencia Intergubernamental. 
Y ello porque el marco institucional en el que se moverá la Europa del futuro es un principio fundamental de la integración europea y, por consiguiente, una cuestión de suprema importancia nacional para cada uno de los países miembros de la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, considerando todo esto, pido a la Cámara que apruebe el informe presentado por el Sr. Leinen y por mi mismo, de tal suerte que el día 14 de febrero comiencen los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y nuestros dos representantes en ella, el Sr. Brok y el Sr. Tsatsos, aborden, con el acuerdo del Parlamento Europeo, la difícil tarea que los aguarda. 
Lo mismo cabe decir respecto a la Comisión Europea; quiero, una vez más, mostrar mi agradecimiento al Comisario Sr. Barnier por su relación con el Parlamento Europeo y por las propuestas tan constructivas que nos ha presentado. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, coincido con mi compañero de ponencia Dimitrakopoulos en que la Agenda acordada en Helsinki no es suficiente para superar los desafíos de una ampliación en 13 nuevos Estados. 
En nuestra opinión, una minireforma sería dejar pasar una oportunidad. 
La minireforma pondría además en peligro la estabilidad de la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo no puede ni debe aceptar un peligro de este tipo para la Unión Europea debido a un exceso de dilatación y poca profundización. 
Queremos recordar en este lugar de nuevo a los Gobiernos que el Parlamento tiene que dar su asentimiento antes de acoger a un nuevo miembro en la Unión. 
El Parlamento adoptará esta decisión sobre la ampliación a la luz de los resultados de la Conferencia Intergubernamental. 
El 18 de noviembre de 1999 indicamos los puntos cardinales de nuestra Agenda para esta Conferencia Intergubernamental 2000. 
Voy a mencionar solamente algunos: normas para una cooperación más intensa con estos 20 y 25 países miembros, la integración de la política de seguridad y de defensa en el marco comunitario, la inclusión de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos en el nuevo Tratado, una constitucionalización de la Unión mediante una división de los Tratados en una parte fundamental y una segunda parte, la reforma del artículo 48 para que el Parlamento pueda participar realmente y con igualdad de derechos en tales negociaciones y- lo que también quiero mencionar- un estatuto para partidos europeos, para que las próximas elecciones al Parlamento Europeo se realicen realmente sobre temas europeos y no sean una confrontación sobre temas nacionales de política interior. 
Finalmente, además el fortalecimiento de las instituciones e instrumentos para la política económica, social y de empleo común como contrapeso a la integración monetaria europea y al dinero común que ya hemos acordado. 
Aparte de una Agenda ampliada queremos también un método mejorado para la elaboración de este nuevo Tratado Europeo. 
En interés de las ciudadanas y los ciudadanos tiene que garantizarse una mayor transparencia en el proceso político durante la Conferencia Intergubernamental. 
Por ello, exigimos una participación del Parlamento a todos los niveles. 
La Unión tiene una doble legitimación: una unión de los Estados y también una unión de los pueblos. 
Ha llegado el momento de que esto se refleje también en el método de elaboración del nuevo Tratado. 
Los representantes del Parlamento Europeo deben participar también realmente en el grupo de preparación, a nivel de Ministros así como en las reuniones del Consejo Europeo en lo que este Consejo se ocupe de la Conferencia Intergubernamental. 
Los Gobiernos han acordado inaugurar el 14 de febrero esta Conferencia Intergubernamental. 
El Parlamento expondrá su dictamen en esta miniconferencia de mañana creando de este modo las condiciones para el inicio de la Conferencia Intergubernamental. 
No quiero ocultar que muchas y muchos colegas habrían preferido esperar hasta que tengamos un informe de la Presidencia del Consejo portuguesa tras su gira por las capitales, para saber si hay movimiento o una dinámica para una Agenda ampliada. 
Pero confiamos en la Presidencia portuguesa, confiamos en el compromiso que ha anunciado en el sentido de que en la cumbre de marzo en Lisboa va a proponer para el orden del día otros puntos. 
Rogamos a los Gobiernos que sigan esta propuesta de la Presidencia portuguesa. 
En este aspecto, existe un adelanto de confianza y esperamos que no se nos defraude cuando emitimos ahora nuestro dictamen sin saber exactamente cuál es la dinámica existente y cuáles van a ser los demás puntos de la Agenda. 
El dictamen consultivo que presentamos es una clara señal a los Gobiernos para que no dejemos pasar de largo la última oportunidad de llevar a cabo antes de la ampliación una ambiciosa reforma de la UE y elevar la aceptación de este siguiente Tratado Europeo creando más transparencia y garantizando la plena participación del Parlamento. 
Yo también expreso mi agradecimiento a la Presidencia portuguesa y al Comisario Barnier por la cooperación mostrada. 
Ruego un gran apoyo aquí en el Parlamento para la aceptación de nuestro dictamen. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada, quisiera pronunciar unas palabras de agradecimiento por la confianza que nos han manifestado los dos oradores anteriores respecto del trabajo que ha venido haciendo la Presidencia portuguesa a este respecto. 
Creo haber dejado bien claro, desde la reunión celebrada en la Comisión de Asuntos Constitucionales el empeño- más tarde confirmado por las afirmaciones que el Ministro de Asuntos Exteriores portugués formuló en el Pleno de este Parlamento- con que Portugal entendía su papel de impulsor del lanzamiento de esta Conferencia Intergubernamental. 
De hecho, consideramos que ésta es una oportunidad única para adaptar la Unión a la ampliación y debemos hacerlo de una forma que combine cierta ambición con la necesidad de conseguir resultados hasta el final del presente año. 
Ése es el obstáculo que todos afrontamos, aumentado, desde luego, por las dificultades que algunos Gobiernos encontrarán para hacer aprobar algunas de las medidas en el nivel de sus parlamentos o, en su caso, mediante referendos nacionales. 
Debemos pensar que tenemos por delante casi dos años de proceso de ratificación y que es importante que garanticemos su éxito. 
Cualquier hipótesis de fracaso es un fracaso global para la Unión. 
Por tanto, debemos garantizar que los resultados finales de la labor de esta Conferencia tengan un grado de aceptabilidad suficientemente amplio en el nivel de todas las opiniones públicas y de todos los cuadrantes políticos en los diversos países. 
Considero que el mecanismo que hemos propuesto para esta Conferencia ha sido muy bien acogido por los diversos Gobiernos. 
La creación de un grupo preparatorio que presido ha sido también la respuesta a las preocupaciones que el Parlamento Europeo manifestó en cuanto al grado de intervención de sus representantes en ese nivel de negociación. 
Por eso, cuento con el trabajo de nuestros amigos Brooke y Tsatsos que van a ser, seguro, extraordinariamente útiles para el debate que se va a celebrar en ese grupo. 
Quiero añadir que, según nuestra interpretación, su participación se hará en el pleno, como cualquier otro miembro del grupo indicado por un Estado miembro o como representante de la Comisión. 
Considero también que la circunstancia de que la Presidencia portuguesa haya optado por que el Ministro de Asuntos Exteriores sea el presidente y encabece el grupo ministerial es también una señal que se pretende dar, en el sentido de garantizar que la Presidenta del Parlamento Europeo tenga un representante en el nivel adecuado y no en un nivel que se pueda interpretar como menos digno que el papel de la Presidenta de una institución como este Parlamento. 
Es difícil, señora Presidenta, Señorías, hacer una síntesis de los contactos- y del sentido de los contactos- que he venido manteniendo con los diversos países, entre otras cosas porque aún no he concluido esa gira por las capitales durante la cual procuraré averiguar cómo interpretan la Conferencia los diversos países y qué esperan de ella. 
Ahora bien, creo poder concluir que en los diversos países hay una disponibilidad para iniciar el debate, lo que no significa necesariamente- y conviene que esto quede muy claro desde ahora mismo- una disponibilidad para concluirlo de un modo que esté en consonancia con la interpretación que este Parlamento hace del sentido de algunas reformas necesarias. 
Es evidente que dichos asuntos tienen que ver con las cuestiones de naturaleza institucional que, según interpreta la Presidencia portuguesa, caben en su mandato. 
Y quisiera dejar eso claro: nuestro mandato, el mandato procedente de Helsinki, no es sólo, desde el punto de vista portugués, el de los tres leftovers de Amsterdam; el mandato que recibimos en Helsinki son esos tres leftovers, pero también las cuestiones de naturaleza institucional que pueden estar vinculadas con ellos. 
Y en ese marco tenemos, como resulta evidente, la labor relacionada con las instituciones comunitarias, con los órganos de la Unión, el problema de las cooperaciones reforzadas, cuestión vinculada de forma bastante marcada con los propios leftovers, pero también asuntos como la personalidad jurídica de la Unión, como la simplificación de los Tratados, así como otros tipos de cuestiones que están relacionadas de forma orgánica con una revisión del Tratado de la Unión Europea y que nos parecen importantes, en particular las referentes, por ejemplo, a la propia estructura de este Parlamento en un escenario posterior a la ampliación, las medidas transitorias que se deben adoptar en la práctica en caso de que la ampliación se haga antes de que concluya el mandato de este Parlamento, así como la competencia particular de los Comisarios. 
Por último, todo un conjunto de materias que pueden y deben formar parte- nos parece- del orden del día de esa Conferencia. 
Hemos visto, por parte de los Estados miembros, apertura respecto de esa posibilidad. 
Quiero decir que tengo la intención de que las iniciativas durante la Presidencia portuguesa se inicien y arranquen con rapidez y con una labor substantiva. 
No me propongo lanzar la labor del grupo preparatorio tan sólo como una pequeña revisión de los asuntos, en cierto modo, como- según decía el Sr. Napolitano- un notario, de lo que son las posiciones de los diferentes Estados miembros. 
No me propongo ser notario, me propongo hacer propuestas concretas relativas a cuestiones determinadas, con lo que corro, evidentemente, el riesgo de que dichas propuestas no sean acogidas con beneplácito. 
Quiero decir que nos proponemos dividir la labor del grupo preparatorio en dos ciclos durante los cuales se analizarán todos los asuntos. 
En un primer ciclo se comenzaría con las votaciones por mayoría cualificada, después se procuraría determinar las cuestiones de naturaleza institucional relacionadas con los leftovers y hasta después no nos ocuparíamos de la cuestión de la Comisión y de la ponderación de votos. 
En las cuestiones institucionales incluiremos las relativas a las cooperaciones reforzadas. 
En la parte final, en el segundo ciclo, veríamos de nuevo todas las cuestiones que ya se hayan abordado entretanto, que hayan pasado por las reuniones ministeriales, y procuraríamos también determinar el conjunto de nuevas cuestiones que pudieran añadirse al orden de los trabajos. 
Y para eso es fundamental saber si las cuestiones de seguridad y defensa ya han madurado en el momento del debate en la sede idónea para poder integrarlas en la fase final de la Conferencia. 
Lo mismo se puede decir de la Carta de Derechos Fundamentales. 
En su momento, veremos si los debates en la sede idónea nos permiten llegar a la conclusión de que podemos integrar ese asunto en la Conferencia Intergubernamental, en particular en el segundo semestre de este año. 
Éstas son, en principio, las intenciones de la Presidencia sobre este asunto. 
Presentaremos un informe al Consejo Europeo de Lisboa, un informe que, naturalmente, habrá de ser de carácter factual, dado que lo haremos en el mes de marzo y la Conferencia habrá comenzado en febrero. 
Esperamos que el segundo informe, que la presidencia presentará bajo su responsabilidad en el segundo Consejo Europeo, pueda ser más substantivo y pueda presentar ya algunos elementos más concretos, en materia de textos de tratados, a ser posible. 
Tomamos nota de las propuestas presentadas por la Comisión. 
Como Presidencia, acogemos esas propuestas, que se abordarán de forma adecuada en el nivel de los debates de nuestra Conferencia, independientemente de lo que cada uno de los Estados miembros piense sobre las soluciones que la propia Conferencia promueva en su propuesta. 
Esperamos poder incluir todas las propuestas y documentos que los Estados miembros nos envíen a ese respecto. 
Por lo demás, vamos a hacer un llamamiento a dichos Estados miembros en el sentido de que nos faciliten lo antes posible sus contribuciones a esa Conferencia para que no se retrasen. 
Evidentemente, la Conferencia estará siempre dispuesta a recibir las propuestas de los Estados miembros, pero nos gustaría que formularan sus posiciones lo más rápidamente posible. 
Ésa es, señora Presidenta y Señorías, la que consideramos labor útil de esa Conferencia. 
Es decir que, por nuestra parte, hay una determinación concreta en el sentido de que el semestre de la Presidencia portuguesa sea, por lo que se refiere a la Conferencia Intergubernamental, una labor eficaz y seria. 
Y esperamos poder transmitir a la Presidencia francesa algo tangible y en la medida de lo posible representativo de las líneas tendenciales que se vayan dibujando entre los Estados miembros durante nuestros trabajos. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo no quedó satisfecho con el resultado del Consejo Europeo de Helsinki. Nos pareció que la agenda era escasa, porque nuestro Grupo se situaba en la lógica del Tratado y, en concreto, en el protocolo sobre las instituciones de la Unión. 
En Helsinki aprobaron los gobiernos que, mientras la Unión Europea estuviera compuesta por menos de 21 Estados, sería suficiente una reforma de mínimos; con más, sería necesaria una reforma en profundidad. 
El mismo Consejo Europeo de Helsinki aprobó una ampliación a 13 nuevos Estados miembros. 
Luego existe una incoherencia entre abrir las negociaciones de adhesión con 13 y querer una reforma de mínimos. 
Nosotros estamos, por tanto, en la lógica del Tratado y queremos que la agenda de la próxima Conferencia Intergubernamental permita una reforma más en profundidad de la Unión. 
Dicho esto, señor Presidente, este Parlamento celebra este debate hoy porque no hemos querido retrasar el inicio de la Conferencia. 
En teoría, podíamos haberlo hecho. 
Podíamos haber votado el 17 de este mes y la Conferencia no hubiera podido comenzar el 14. 
Pero no lo hemos querido hacer porque deseamos dar una señal política clara a los Gobiernos y a los países candidatos a la adhesión de que queremos hacer esta reforma precisamente para facilitar la ampliación. 
Señor Presidente, me alegra poder decírselo a la Presidencia portuguesa porque ha adquirido un gran crédito ante esta Asamblea. 
La Presidencia portuguesa comparte muchas de las aspiraciones de este Parlamento y se ha comprometido a hacer lo posible para que la agenda de la Conferencia Intergubernamental pueda nutrirse de otros temas que son absolutamente necesarios. 
Y forma ya parte del acervo comunitario que en aquellos temas legislativos en los que haya mayoría cualificada haya también codecisión del Parlamento. Por tanto, como habrá extensión de la mayoría cualificada, habrá también ampliación de la codecisión del Parlamento. 
Creemos que ese diseño político de la Unión requiere tratar otros temas. Entre otros, aquellos que se refieren a la incorporación al Tratado de las cuestiones de seguridad y defensa, temas que han avanzado mucho en los últimos tiempos pero que deberán ser introducidos en el Tratado. 
Por lo tanto, señor Presidente, nuestras propuestas, que concretaremos en otro informe, junto con las propuestas de la Comisión, que ha hecho un excelente documento- y me alegra poder decírselo aquí al Sr. Barnier -, van a ser documentos de la Conferencia. 
Pero de eso hablaremos otro día. 
Hoy tenemos que dar nuestra luz verde a la convocatoria de esa Conferencia, y el Grupo del Partido Popular Europeo, señor Presidente, se apresta a dar esa luz verde. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista puedo afirmar que apoyaremos el proyecto de opinión presentado por los ponentes en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Respaldamos la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental, precisamente porque nos ha impresionado la actitud de la Presidencia portuguesa en lo que se refiere a que ha tenido en cuenta nuestra solicitud de ampliar la agenda de la Conferencia. 
Los "flecos" de Amsterdam no es un término demasiado bueno porque se trata de asuntos muy importantes en sí mismos. 
Llamémoslos los tres primeros temas de la Conferencia. 
Estos tres primeros temas son muy importantes, pero se trata de temas que ya fueron explorados en profundidad por nuestros Estados miembros en el transcurso de la anterior CIG. 
No llegaron a una conclusión al respecto, pero ciertamente no necesitarán otros nueve meses de estudios. 
Lo que necesitan es un acuerdo político. 
Es más bien una cuestión de nueve minutos, o quizá de nueve horas si les resulta difícil, encerrados todos juntos en una sala, encontrar una solución a estos temas, pero no nueve meses. 
En semejantes circunstancias habría sido poco sensato no ampliar la agenda. 
Hay otros temas que deberían analizarse fructíferamente, en especial, antes de una ampliación tan grande de la Unión a tantos nuevos países. 
Nadie pide un árbol de Navidad. 
Nadie pide una CIG al estilo de Maastricht con cientos o más puntos para debatir. 
Pero hay seis, siete, ocho, quizá nueve temas que sería muy adecuado y útil que se abordaran. 
Hay tiempo. 
Recuerden la CIG que dio lugar al Acta Única Europea; sólo duró cinco meses. 
La CIG que desembocó en el enorme Tratado de Maastricht duró un año. 
Únicamente el Tratado de Amsterdam duró un año y medio, y fue debido a que todos sabían que había que esperar a los resultados de las elecciones británicas si se quería que la CIG diera resultados, o sea que fue por una causa diferente. 
Un año es tiempo suficiente para abordar un gran número de temas y ciertamente debería bastar para tratar sobre los cinco puntos cruciales que deseamos que se añadan a la agenda. 
Me complace comprobar que la Comisión comparte nuestra opinión. 
La Comisión acaba de publicar su opinión y ha hecho exactamente lo que el Parlamento le había pedido que hiciera- presentar una propuesta completa que incluya proyectos de artículos del Tratado reales. 
Agradezco a la Comisión que lo haya hecho, a pesar de que, naturalmente, no estamos de acuerdo con todo lo que ha dicho la Comisión. 
Creo que existen algunas lagunas en sus propuestas. 
No obstante, la Comisión ha prestado un servicio y rindo homenaje al Comisario Barnier, que hoy está aquí con nosotros, por haberlo hecho. 
La Comisión ha expuesto, para que el público pueda verlos, algunos de los temas cruciales que deberemos abordar en esta CIG. 
Eso está muy bien. 
El Parlamento, la Presidencia del Consejo y la Comisión todos empujan en la misma dirección en favor de una agenda más amplia. 
Le deseo mucho éxito, señor Presidente en ejercicio del Consejo, cuando deba asegurarse de que el Consejo Europeo aprueba esta agenda y para que cuando el día de San Valentín dé la señal de salida de la Conferencia, lo haga bajo buenos auspicios y para que sea conducida a buen puerto también cuando la Presidencia francesa tome el relevo, antes de que finalice el presente año. 
Ya no debería preocuparnos la posibilidad de que se limite la agenda de la Conferencia Intergubernamental. 
Es una de las conclusiones políticas que debemos sacar de la grave decisión que ayer tomaron 14 Estados miembros de congelar prácticamente las relaciones con un socio. 
Esa decisión hace imposible que esos mismos Estados miembros dejen de dar un significado operativo en la CIG a la protección y al avance de los derechos fundamentales. 
Ya resulta extraño ver en la convención que está redactando la Carta a representantes de algunos Estados miembros, especialmente de Gran Bretaña y Francia, que intentan sostener que una Carta vinculante sería algo así como una injerencia en la soberanía nacional. 
Es fundamental que la Conferencia prepare el camino para aceptar la implantación de un régimen de derechos fundamentales en el marco del Tratado. 
Uno de esos derechos es mejorar el acceso del ciudadano al Tribunal de Justicia. Otro es que la propia Unión suscriba el Convenio Europeo. 
Otro es, sin duda, que los parlamentos nacionales y los partidos políticos nacionales vean reforzado el papel que pueden desempeñar en los asuntos de la Unión Europea y compartir el peso de la responsabilidad de construir una democracia parlamentaria europea. 
Mi Grupo acoge con gran satisfacción la Conferencia Intergubernamental y contribuirá en la medida de lo posible a esta reforma del Tratado. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea considera que la decisión del Parlamento Europeo de precipitarse en emitir su dictamen sobre la Conferencia Intergubernamental neutraliza el significado político de la solicitud de contraste con el Consejo y, al final y a la postre, lo convierte en más bien irrelevante. 
Habríamos preferido tener alguna idea más clara del orden del día y alguna seguridad más respecto al método antes de emitir nuestro dictamen y, francamente, no hemos apreciado en absoluto la descortesía que la Presidencia portuguesa ha cometido con el Parlamento Europeo al fijar el inicio de la Conferencia Intergubernamental para el día de San Valentín, primer día del período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
Creo asimismo que, siendo este dictamen bastante importante, lo podemos incluso votar y, de hecho, la mayoría de nuestro Grupo va a votarlo. 
Sin embargo, quiero subrayar que es bastante cruel ver las pocas pasiones que suscita esta reforma. 
Los acontecimientos en Austria demuestran muy claramente la necesidad de una forma, de una estructura de la democracia en Europa y de una definición de los principios en los cuales deben basarse todos los Estados miembros. 
Asimismo duele pensar que, en realidad, la iniciativa respecto a Austria es fruto de un acuerdo entre Gobiernos y que, en todo caso, la Unión Europea y sus Instituciones no habrían conseguido los medios y el consenso para actuar y para prevenir y corregir el curso de los acontecimientos. 
Creo que debemos actuar respecto a esto, esto es lo que debemos hacer en la Conferencia Intergubernamental y espero vivamente que el Parlamento Europeo no agote en este dictamen, emitido de mala gana, su acción de presión sobre el Consejo y los Estados miembros, al objeto de lograr que esta Conferencia Intergubernamental no sea un mero ejercicio técnico, sino que provoque esas pasiones que, en todo caso, hemos visto encenderse en este Parlamento hace algunas horas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, creo que no se puede repetir con la suficiente frecuencia e intensidad que lo que el Consejo ha acordado como orden del día para la próxima Conferencia Intergubernamental es políticamente absolutamente inaceptable y añado que vergonzoso. 
Nos encontramos en una situación histórica en la que estamos negociando con 12 Estados miembros o vamos a iniciar negociaciones y ante situación en la que el crecimiento conjunto de Europa se puede hacer realidad en un tiempo previsible. 
Pero, ¿cómo se puede ampliar la Unión si ahora, es decir, antes de la ampliación, no se hacen las cosas bien? 
Por ello, nuestro Grupo político está a favor de la Conferencia Intergubernamental. 
Nos parece irrenunciable y urgente y esperamos que arroje realmente unos resultados que hagan posible una pronta ampliación de la Unión Europea. 
Señor Presidente del Consejo, mi Grupo político ha tomado nota con satisfacción de que la Presidencia del Consejo no está satisfecha con la situación actual. 
Por ello, esté seguro de que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica va a trabajar para que la Unión haga por fin sus tareas. 
Se trata ni más ni menos que del futuro de Europa y sobre todo de una Europa que las ciudadanas y ciudadanos comprendan como algo suyo porque pueden participar en su configuración y porque las preocupaciones, problemas y cuestiones que les mueven realmente sean tomadas realmente en serio por la política. 
La política tras puertas cerradas, deliberaciones en silenciosas camarillas, todo esto tiene que acabar de una vez por todas. 
Por ello, la transparencia es absolutamente necesaria. 
Creo que como Presidencia de Consejo, usted debería ocuparse de que el tren no siga rodando como hasta ahora y que las personas no sean dejadas atrás en los andenes como analfabetas en cuestiones de Tratados. 
Nos parece irrenunciable no sólo que se haga todo para informar a fondo a las ciudadanas y ciudadanos sobre la evolución y los resultados de la Conferencia Intergubernamental sino que además se les debe incluir mucho más intensamente en la totalidad del proceso de reformas. 
También nos parece que los políticos que adoptan las decisiones tienen que hacer por fin algo y, una vez concluida la Conferencia Intergubernamental, preguntar a las ciudadanas y ciudadanos mediante referéndums cómo se debe seguir desarrollando su Europa. 
Así tendríamos realmente una Europa de las ciudadanas y de los ciudadanos y una nueva cualidad totalmente nueva en la legitimación democrática de la Unión. 
Voy a referirme a otra cuestión democrática central. 
Como miembro de la asamblea que acaba de iniciar sus trabajos con la Carta de Derechos Fundamentales, quiero decir claramente que tanto a mí como a mi Grupo político no nos es suficiente una declaración solemne de la Carta. 
¿Qué dirán las ciudadanas y ciudadanos si se les anuncian solemnemente unos derechos pero si no los pueden reclamar individualmente por la vía judicial? 
No, creo que esto profundizaría aún más la crisis de credibilidad de la Unión. 
La reducida participación en las elecciones al Parlamento Europeo debería ser realmente para todos una suficiente señal de alarma. 
Lo que necesitamos son derechos visibles para todas y todos, la Carta de Derechos Fundamentales tiene que ser jurídicamente vinculante para todas las personas que viven en la Unión, para todas sus ciudadanas y ciudadanos. 
Tenemos que trabajar conjuntamente persiguiendo este objetivo en interés de las ciudadanas y ciudadanos y espero de la Conferencia Intergubernamental que a final del año revise la resolución de Colonia adoptada al respecto. 
Naturalmente, también se trata de la eficacia de las decisiones y de unas instituciones que funcionen en una Unión de los 27 y aún más Estados. 
Sólo que con una minireforma como el Consejo ha propuesto esto no se podrá realizar y por ello, todas las instituciones deben colocarse en el banco de pruebas. 
Necesitamos unos cambios valientes y aquí debemos al mismo tiempo velar para que se preste la máxima atención a la igualdad de derechos de los Estados grandes y pequeños. 
Lo subrayo como diputado de un Estado miembro grande. 
Expreso mi agradecimiento a la Comisión por las propuestas que ha presentado y estoy seguro de que se van a producir amplios debates al respecto también en el Parlamento Europeo con las ciudadanas y ciudadanos sobre todas las cuestiones que han planteado. 
Me voy a referir aún a una última cuestión. 
En el dictamen del Parlamento se exigen expresamente cambios del Tratado en el campo de la política económica. 
La globalización de las economías nacionales, pero sobre todo la introducción del euro y el pacto de estabilidad subsiguiente hacen necesario no sólo revisar los procesos decisorios. 
Lo que sobre todo es necesario es valor para realizar una revisión crítica de las políticas actuales de la Unión. 
Lo que necesitamos es una Europa socialmente justa. 
Y una Europa socialmente justa es algo tremendamente actual pues en primera línea se trata de colocar en el punto central de la política de la Unión la lucha contra el paro masificado y la pobreza. 
Por ello, aquí se incluye, en mi opinión, tener el valor de modificar el artículo 4 del Tratado de la CE que define a la Unión de un modo clásico neoliberal como una economía de mercado abierta de competencia libre y aquí se incluye también en mi opinión el artículo 105 del Tratado de la CE, pues el Banco Central Europeo tiene que recibir por fin el mandato político determinado contractualmente de impulsar un crecimiento sostenible y el empleo con su política monetaria. 
Señor Presidente, el Grupo Europa de las Naciones considera que se debe respetar el orden del día de la próxima Conferencia Intergubernamental, tal como lo formuló el Consejo de Helsinki, es decir, centrado estrictamente en las cuestiones de adopción de decisiones en una Europa ampliada. 
Se debe respetar por el propio bien de una labor eficaz y rápida de la Conferencia, antes de la ampliación. 
Por eso, no podemos compartir ni el dictamen del Parlamento Europeo ni, por lo demás, la opinión de la Comisión, que quieren ampliar demasiado ese orden del día y, además, en el mal sentido, es decir, en el de la centralización y del bloqueo cada vez más estrecho del sistema europeo. 
Así, pues, nuestro Grupo ha presentado un conjunto de enmiendas que, colocadas una tras otra, forman una auténtica resolución substitutiva. 
Decimos en ellas que la próxima CIG debe reflexionar sobre un sistema de adopción de decisiones más respetuoso con las soberanías nacionales. 
Lamentamos que la Comisión, en su dictamen del pasado 26 de enero, se limite a seguir la vía rutinaria de una Europa uniformizada y extendida hacia el Este, de un superestado centralizado que funcione a base de decisiones adoptadas por mayoría. 
Los federalistas se imaginan que así van a crear la unidad mediante la coacción, pero se trata de una idea completamente superficial. 
Al contrario, en una Europa ampliada, señor Presidente, la uniformización forzosa mediante la utilización abusiva de la adopción de decisiones por mayoría conducirá por fuerza a una explosión. 
Además, el sistema europeo centralizado, tal como lo vemos desarrollarse hoy y tal como podemos extrapolarlo, lamina las naciones y, con ello, lamina el patriotismo nacional, que constituye el corazón de nuestra voluntad de defensa. 
La Europa entonces resultante no es más fuerte, sino más débil, pues ya no sabe quién es ni qué defiende. 
Por eso, siempre hemos dicho que la ampliación sólo era posible aceptando claramente la diversidad y la libertad de los pueblos que forman Europa, es decir, adoptando una geometría variable basada en el respeto de las soberanías nacionales. 
Hoy nos alegramos de ver los avances de esa idea en medios que, por desgracia, son aún exteriores al Parlamento Europeo y a la Comisión. 
Una Europa de geometría variable es una Europa que respeta sus democracias nacionales, que se apoya en sus naciones, en sus patriotismos nacionales, en lugar de perseguirlos continuamente. 
De ahí sacaremos la voluntad de defendernos contra las amenazas exteriores y no de los procedimientos de adopción de decisiones apremiantes y alambicados que a la Comisión se le ha ocurrido proponer a la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre de los radicales italianos y quisiera decir al Presidente del Consejo que habrá constatado cuál es la opinión del Parlamento. 
No es casualidad que la única intervención que ha compartido del todo haya sido la última- lo digo sin pretender ironizar sobre la posición, totalmente respetable, del Sr. Berthu y de su Grupo- pero no es casualidad que la decisión del Consejo Europeo haya sido respaldada por aquellos que están en este Parlamento porque, en el fondo, luchan contra- cosa totalmente respetable- una ulterior integración europea. 
Éste es el mensaje que el Parlamento lanza al Consejo. 
Espero que la Presidencia portuguesa- también yo quiero sumarme a las felicitaciones que ha recibido- pueda ser portadora del mensaje de este Parlamento y llevar el resultado de nuestros trabajos compromisorios al altar de San Valentín; sin embargo, mañana, emitiremos un dictamen negativo sobre el orden del día de la Conferencia Intergubernamental. 
Este mensaje debe ser muy claro. De esta forma interpretamos el voto que daremos mañana. 
Emitimos un dictamen- técnica y jurídicamente necesario- para convocar la Conferencia Intergubernamental el 14 de febrero, pero emitimos un dictamen negativo sobre su contenido. 
Basta analizar los hechos. Señor Presidente, hace poco hemos visto a Austria, pero también podemos mirar las bolsas: cuando, en un año, la gran empresa del euro pierde un 16% frente al dólar, probablemente, no digo un Gobierno, sino un buen padre de familia debería preguntarse si puede decir a los ciudadanos que las únicas materias que han de abordarse son el número de los Comisarios europeos u otras cosas por el estilo. 
Lo que está claro es que el objetivo es más ambicioso. 
Nosotros los radicales hemos presentado algunas enmiendas que sometemos al Pleno para reforzar este texto, para pedir, por ejemplo, ya desde ahora lo que- haciendo una referencia a los artículos 6 y 7- debería ser lo mínimo, es decir, que la Constitución europea sea también un hecho del Parlamento Europeo, que se presente la propuesta de que las enmiendas al Tratado sean aprobadas por el Parlamento Europeo. 
Sabemos que hay más temas, por ejemplo, muchísimos colegas han suscrito, junto con nosotros, la cuestión de la sede de las Instituciones, una cuestión que, en nuestra opinión, debe formar parte de una reflexión, cuando menos, en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental. 
En conclusión, espero que el mensaje que lanzaremos mañana sea un mensaje fuerte y, por una vez, amplio, para que, gracias también a los esfuerzos de la Presidencia portuguesa, se replantee este orden del día, ya que de lo contrario no podremos hacer frente al reto no solo a corto plazo, sino también durante muchos años en el futuro. 
Señor Presidente, el Presidente de la Comisión no fue del todo honesto la semana pasada cuando habló de la Conferencia Intergubernamental. 
Dijo que se mantendría la unanimidad en cuestiones sociales y sin embargo, en el borrador de la Comisión se plantea expresamente la posibilidad de introducir decisiones por mayoría en cuestiones relativas a la seguridad social y a los impuestos vinculados al mercado interior, lo que implica que una mayoría en Bruselas podría modificar la mayor parte de los sistemas sociales de los países miembros, aunque toda la Asamblea Nacional francesa, la Cámara de los Comunes británica o la Cámara Baja holandesa estuvieran en contra. 
Y aquí entramos en el corazón de la democracia en lo relativo a política distributiva y condiciones sociales de los ciudadanos que es en lo que uno quiere influir cuando acude a votar. 
Ya no podremos decidirlo como electores. 
Ya no podremos modificarlo en las urnas. 
Bruselas sabe hacerlo mejor. 
El Sr. Prodi anunció también mayor transparencia, sin embargo, su propuesta de reglamento supone directamente un paso atrás y no sólo es mi valoración, sino también la valoración del Defensor del Pueblo Europeo. 
Hoy la Comisión está obligada a sopesar individualmente la atención a la confidencialidad frente a las demandas de los ciudadanos y sus esperanzas de transparencia y si se aprueba el reglamento de la Comisión, la Comisión tendrá derecho a clausurar una serie de categorías de documentos sin necesidad de realizar una reflexión concreta. 
También se creará la pretensión judicial de confidencialidad y se clausurarán documentos que hoy son públicos en una serie de países miembros. 
Bajo el epígrafe de "avances en transparencia", se impide el acceso de la opinión pública a una serie de documentos. 
Algo de tintes claramente orwellianos. 
Me gustaría pedirle al Sr. Prodi que nunca más vuelva a comentar una propuesta en esta Asamblea que al mismo tiempo no esté a disposición del control crítico de la opinión pública. 
El Sr. Prodi se aseguró buena prensa para una propuesta que de otra forma habría sido recibida con críticas, puesto que en la nueva propuesta de reglamento se presenta como avance el que ahora vaya a poder permitirse el acceso a todos los documentos en poder de la Comisión, para presentar poco después una lista tan larga de excepciones y además, está la pretensión judicial de confidencialidad sobre las excepciones. 
En el texto francés se habla de "refuse", en el inglés de "shall", lo que significa que la Comisión ocultará informaciones que hoy son públicas, por ejemplo, en mi país. 
Por tanto nos hallamos ante un párrafo elástico sobre la eficacia de las instituciones y de las negociaciones, que se puede utilizar para cualquier cosa, por lo que... 
(El Presidente interrumpe al orador). 
Señor Presidente, estimados colegas, tras la exposición de la Presidencia portuguesa del Consejo tengo la sensación de que se está preparando esta Conferencia Intergubernamental con ideas bien reflexionadas y con un elevado grado de transparencia. 
Como Parlamento Europeo utilizaremos estas posibilidades para introducir allí del modo correspondiente nuestros temas. 
Los actuales preparativos de la Comisión apuntan en una dirección acertada si bien no llegan lo suficientemente lejos tal como se pide en las resoluciones del Parlamento Europeo. 
Habrá que hablar más al respecto. 
Lo decisivo de esta Conferencia Intergubernamental es que se logre la triple sintonía, es decir, la capacidad de actuación, la legitimación democrática y la transparencia. 
Solamente si se dan estas tres cosas, existirá al final la aceptación de la Unión Europea. 
Naturalmente, se deberá establecer la capacidad de actuación para que la Unión Europea pueda ampliarse. 
Un importante indicio de ello es que antes hemos mantenido otro debate en esta Asamblea. 
También debemos tener capacidad de actuación en una Unión Europea por si en alguna ocasión hubiese algún Gobierno que ejerciese el bloqueo total. 
Este es un importante argumento para que las decisiones mayoritarias sean una condición previa decisiva y para que la Unión Europea pueda trabajar bajo cualquier circunstancia. 
Esto es especialmente importante en relación con la ampliación en el campo de la legislación, en el campo de los Tratados que conllevan modificaciones legislativas. 
Naturalmente, queremos ampliar los derechos del Parlamento Europeo en este contexto. 
Como Parlamento Europeo tendremos que actuar también en el campo de la Unión Económica y Monetaria, pues aquí no hay un control suficiente. 
Los Ministros de Hacienda actúan en el Consejo Ecofin, en el Consejo euro de los 11 como si se tratase de un acto intergubernamental y esto no es aceptable. 
Al contrario que la Sra. Kaufmann no estoy a favor de una ampliación del control del Banco Central Europeo ya que yo defiendo la independencia de este Banco. 
Pero desde el lado político hay que restablecer el control adecuadamente. 
También hay que restablecer el triángulo Comisión, Consejo y Parlamento en el campo de la política exterior y de seguridad allí donde hasta ahora transcurre demasiado en el lado del Consejo y aquí en especial en lo referente a las groseras medidas de gestión de crisis en las que las competencias son exclusivamente de la Comisión. 
Todo esto no se ha introducido suficientemente en este concepto global. 
Tenemos que examinar si en este aspecto no es necesario introducir cambios en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
La Presidencia portuguesa del Consejo ha dicho sí, que va a recapacitar al respecto para lograr eventualmente una ampliación del mandato. 
Quiero llamar la atención aún sobre otro importante punto. 
Los debates que mantenemos estos días, por ejemplo, sobre el Gobierno de un país en Europa muestran, sin embargo, que tenemos que reflejar la orientación moral, de Estado de derecho y de bienestar común de la Unión Europea y, que también por este motivo, hay que introducir en el Tratado derechos fundamentales vinculantes jurídicamente pues esto será un elemento estabilizador decisivo. 
Ruego a aquellos que mantienen aún grandes reservas al respecto que recapaciten si no es ahora el momento de verlo también en este contexto y quizás tener el valor necesario para que impulsemos del modo correspondiente los derechos fundamentales en este campo. 
La Unión Europea no necesita o apenas necesita nuevos instrumentos o nuevas competencias. 
Lo que necesita son los instrumentos para poder hacer uso de sus competencias. 
Por este motivo, tenemos que adoptar las medidas necesarias para que los instrumentos sirvan para que podamos cumplir en nombre de los ciudadanos las tareas que nos reconoce ya formalmente el Tratado. 
Creo que los esfuerzos de esta Conferencia Intergubernamental deberían concentrarse especialmente en este punto. 
Si logramos progresos en este campo entonces podremos enfrentarnos con mayores garantías a la tarea histórica de la ampliación de la Unión Europea. 
Este es el punto decisivo. 
Honorable Presidencia del Consejo, estoy convencido de que bajo su dirección se logrará configurar positivamente. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha podido comprender, al escuchar varias intervenciones, que, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y también a nivel de los presidentes de los Grupos políticos de este Parlamento, ha prevalecido, no sin diferencias, la idea de confiar en la Presidencia portuguesa y de no aumentar sus dificultades aplazando el inicio de la Conferencia Intergubernamental. 
Puedo asegurarle que no ha sido fácil lograrlo la semana pasada en el seno de la comisión que presido, sin embargo, al final, hemos decidido apostar por la Presidencia portuguesa y quisiéramos realmente ganar la apuesta. 
Usted nos ha hablado del inicio de su gira por las distintas capitales y nos ha hablado de las dificultades de algunos Estados para alcanzar un consenso en sus países y, por lo tanto, en sus parlamentos. 
Quiero hacerle presente que ayer hemos tenido un día, creo, muy interesante de debate y de diálogo con los representantes de los 15 parlamentos nacionales que estaban representados por delegaciones cualificadas y comprometidas. 
No se trataba de sacar conclusiones- era imposible hacerlo- pero, sin duda, el debate ha sido muy alentador. 
Considero que hay que estar atentos, estar seguros de que los Gobiernos nacionales tratan de convencer a sus respectivos parlamentos para que ratifiquen soluciones que correspondan a las necesidades de crecimiento de la Unión y que no se atrincheren en presuntas resistencias de los mismos parlamentos para no firmar unas conclusiones adecuadas a la mesa de la Conferencia Intergubernamental. 
En cualquier caso, vamos a intensificar nuestra colaboración y nuestro diálogo con los parlamentos nacionales a lo largo de toda la Conferencia Intergubernamental. 
Ayer también se abordó la cuestión de la Comisión- representada por el Comisario Sr. Barnier- que ha dado su opinión. Se ha apreciado el esfuerzo, aunque, después, por lo que se refiere al fondo de las propuestas, se han expresado posiciones encontradas, como, por otra parte, señor Presidente del Consejo, me parece que encontradas han sido las que ha expresado también usted. 
Sin embargo, hay que resaltar la presencia en el ánimo de muchos, también ayer, del riesgo de que con la ampliación el proyecto originario de construcción de una Europa política pueda ser cuestionado, un riesgo que, por otra parte, se señaló en una entrevista que ciertamente nadie ha pasado por alto, dada la autoridad de su autor, Jacques Delors. 
En consecuencia, tenemos que lograr que en la Conferencia Intergubernamental se debata realmente cómo fortalecer las bases democráticas de la Unión, cómo reforzar- ya se ha debatido también hoy en este Pleno a propósito de la situación austríaca- el sistema de principios, valores y derechos que está en la base de la Unión y el papel de las Instituciones políticas, también en el ámbito del gobierno de la economía. 
Contamos con la Presidencia portuguesa, contamos con nosotros y contamos con la Comisión para que se pueda debatir todo esto constructiva y decididamente en la Conferencia Intergubernamental. 
Presidente, sólo una Europa reforzada puede afrontar la ampliación. 
Sólo una Europa reforzada será invulnerable a los oportunistas políticos que quieren explotar la insatisfacción. 
Para ello son necesarias unas reformas en profundidad y por lo tanto una agenda más amplia de la CIG. 
La Presidencia finlandesa sólo hizo caso a los Gobiernos minimalistas y, lamentablemente, se mostró completamente sorda hacia este Parlamento. 
Portugal puede aprender de su predecesora la forma en la que no hay que actuar. 
Es de gran importancia que el Parlamento Europeo y la Comisión actúen conjuntamente en esta CIG. Comparten en muchos temas los mismos intereses y los mismos puntos de vista. 
Una parte fundamental de esta apuesta en común debe ser, en todo caso, el derecho de codecisión del Parlamento para las próximas modificaciones del Tratado. 
Esta es la que más peso tiene de todas las prioridades. 
¿Qué opina la Comisión al respecto? 
Esto significa también que nuestro Presidente del Parlamento y los dos representantes tienen que poder participar al mismo nivel político, o sea no sólo en el grupo de trabajo, sino al mismo nivel político que la Comisión. 
No hay ningún motivo por el que los representantes elegidos directamente por los ciudadanos deban debatir esto a un nivel inferior que la Comisión. 
No solamente estamos obligados a acometer profundas reformas de cara a los nuevos Estados miembros, sino también de cara a nosotros mismos. 
Si dejamos que Europa se diluya por la ampliación, nos ahogaremos en nuestra propia ciénaga política. 
Señor Presidente, hay días en que no comprendo, la verdad, este Parlamento que siente un placer masoquista en automutilarse. 
Después de haber limitado de motu proprio su participación en la CIG a dos pequeños puestos, el Parlamento renuncia hoy a completar el orden del día de dicha CIG. 
En efecto, ya sea por debilidad o por necedad, y ninguna de esas opciones es en verdad gloriosa- reconocerán Sus Señorías- nuestro Parlamento, al precipitarse para conceder su dictamen conforme, abandona el único medio de acción que le confiere el Tratado, es decir, el de exigir como cuestión previa un orden del día completo de la CIG antes de pronunciarse. 
¿Por qué hemos de votar ese dictamen conforme mañana, 3 de febrero, con urgencia, cuando podíamos esperar, en posición de fuerza, a la apertura del período de sesiones de Estrasburgo, el 14 de febrero, e imponer así al Consejo un orden del día por fin completo y, por tanto, coherente? 
Hacía falta no poca hipocresía para enmascarar nuestra debilidad de hoy día. 
Hipocresía que debemos lamentar amargamente en nuestra resolución, que el orden del día de la CIG no esté a la altura de los imperativos, cuando, al apresurarnos, con una ingenuidad culpable, nos vedamos la posibilidad de imponer ese programa más ambicioso. 
Si al final de esta CIG hay vacíos democráticos, he de decir que los responsables serán los Grupos políticos que han querido esta precipitación. 
Se quiera o no, como nuestro Parlamento va a apagar por sí mismo el único reflector que le permitía aclarar un poquito los debates, el lugar de la adopción de decisiones se va a desplazar ahora hacia los quince Estados de la Unión. 
Así, pues, pido a los diputados de la inmensa mayoría de este Parlamento que en noviembre consideraron que el futuro de Europa merecía debates más amplios que los restos de Amsterdam que tomen su cayado de peregrino parar ir a convencer a su Gobierno de que se debe ampliar esa CIG, ya que la resolución del Consejo de Helsinki lo permite. 
A causa de la situación de Austria, este día es sombrío para Europa. 
Entonces nos damos cuenta de que la victoria de la democracia nunca es definitiva y que debemos convencer y convencer una vez más. 
Para afirmar nuestros valores fundamentales, es urgente ponerlos por escrito y, aparte de esa CIG, creo que debemos una constitución a Europa. 
Señor Presidente, en la propuesta de resolución que estamos discutiendo se pide, igual que antes, que la futura Conferencia Intergubernamental tenga una agenda amplia, que contemple la reforma profunda de las instituciones. 
Se da como argumento para esto la futura ampliación de la Unión. 
Estoy convencido de que esta concepción es errónea. 
Una UE federal, que tienda a la centralización y que gobierne cada vez más a los países miembros, estará, en realidad, en peores condiciones para la ampliación. 
Una UE flexible, que se concentre en menos pero más importantes asuntos y que respete las diferencias y las democracias nacionales, estará en mejores condiciones para englobar a muchos otros países. 
En el punto D de la resolución se aboga por una política económica comunitaria más abierta y coordinada. 
Sin embargo, no es posible hablar de esto sin referirse también a la Unión Monetaria. 
En este texto no se dice nada sobre los grandes problemas democráticos y políticos que plantean la Unión Monetaria y el Banco Central; no es aceptable. 
Si se quiere una Unión más democrática habrá que revisar toda la construcción de la UEM. 
El Banco Central tiene que someterse al control político, de manera que la política monetaria se oriente hacia objetivos políticos, tales como el empleo y el bienestar; para que esto sea posible, tiene que mejorar la transparencia del Banco Central. 
Para alcanzar una política que ponga los objetivos del bienestar en primer lugar, hay que revisar y abandonar el monetarismo rígido y fracasado del pacto de estabilidad. 
Hay que derogar el artículo 56 del Tratado que prohibe las restricciones a la libertad de circulación de capitales, especulación con divisas, para poder eliminar estas perniciosas maniobras mediante control político. 
En la mayoría de los países comunitarios hay actualmente gobiernos con mayoría socialdemócrata. 
Llama la atención que ninguno de ellos exija cambios en la orientación de la Unión Monetaria, ahora que pueden hacerlo. 
También dañan la credibilidad cuando dicen que la Unión Monetaria podría constituir un contrapeso para el capital globalizado. 
En la resolución se pide mayor participación para el Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental. 
No obstante, es importante subrayar que la Conferencia Intergubernamental es y será una conferencia de Estados miembros. 
Serán los parlamentos de los Estados miembros, o los ciudadanos en plebiscitos, los que decidirán el futuro del Tratado. 
Por este motivo es imposible que se dé participación formal al Parlamento Europeo en el proceso de negociación o en la ratificación. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha propuesto un texto sustancialmente positivo que voy a votar, a pesar de que presenté muchas enmiendas de ampliación. 
Sin embargo, lo que ha ocurrido en estos días demuestra que tenían razón todos aquellos que habían dirigido críticas de fondo al modo en que se plantearon la ampliación y la revisión de los Tratados. 
No se puede ampliar la Unión a 28 miembros sin afrontar la cuestión de si Europa desea tener algunos principios, algunos valores comunes, si desea reducirse a una zona económica de librecambio o si, en cambio, aspira a algo más: si desea ser una unión supranacional, en formas que todavía están por definir, que quiere construir un nuevo camino de civilización y de democracia en el mundo. 
Esto es lo que se quería y se quiere decir cuando se pide una Constitución europea. 
La modificación de los Tratados, en cambio, se ha limitado a una revisión de algunas disposiciones internas, una revisión necesaria e importante, aunque no responde a la pregunta fundamental que la precede: ¿qué es Europa, cuáles son sus principios comunes y, por ende, sus objetivos y sus límites? 
Pero la política se venga y, tirada por la ventana por un debate de una agenda limitada, de hecho vuelve a aparecer por la puerta, por la puerta principal con el caso austríaco, ya que en Austria llega al gobierno un partido que parece valerse de la intolerancia, de la xenofobia y de las formas de racismo. 
Y no se trata de un problema de vínculos con el pasado, es un problema de perspectivas para el futuro, y no hay nada más equivocado que dividirse a causa de esto en derecha e izquierda. 
Pertenezco a un mundo, el de los católicos liberales, que no es de izquierda, pero que está muy apegado a los valores de la tolerancia, a los valores comunes europeos, al igual que todos los demás y que no tiene nada que ver con líneas que niegan estos valores. 
El Consejo ha hecho bien al plantear este tema a Europa y al mundo y si no se contemplan estos valores en una Carta de derechos fundamentales, en una Constitución europea, vamos a construir una Europa que carecerá de bases sólidas y duraderas. 
Señor Comisario Barnier, sé- por lo menos creo que sé- que usted y los representantes de la Presidencia portuguesa comparten estos valores: aprovechen los resquicios que les deja la Conferencia de diciembre para incluir estos temas y estos principios, porque sólo así construiremos una Europa duradera. 
Señor Presidente, tengo la suerte de poder referirme a un par de intervenciones notables de un pequeño grupo de escépticos escandinavos contrarios al violento y cada vez más extendido proceso de integración que analizado en profundidad amenaza a toda la Europa democrática. 
Pienso en las intervenciones del Sr. Bonde y de la Sra. Sjöstedt que señalan que este borrador encierra una serie de iniciativas relativamente sin sentido, pero indudablemente racionales y dictadas por el poder que tienen como objetivo final una UE centralizada y federalista. 
Trataron con razón el problema de la unión monetaria y el gobierno centralista y presentaron varios principios democráticos como alternativa a éste. 
Puedo añadir que toda la agitación política racional en mi país de origen, Dinamarca, tiene que por fin que cuando ampliemos el círculo de países de la UE a esta cifra enorme y ampliemos también a lo ancho, no podamos seguir integrando simultáneamente en profundidad, es decir emprender una integración cualitativa más intensa hacia los Estados Unidos de Europa. 
No obstante, esto es lo que está sucediendo. 
Con respecto a todas las ampliaciones geográficas del ámbito comunitario hemos visto cómo las ampliaciones a lo ancho han sido seguidas por ampliaciones intensivas en profundidad y esto es precisamente lo que plantea la propuesta de resolución de la comisión, especialmente en su punto séptimo, donde se dice que es preciso tener una integración más amplia en profundidad y a la luz de los acontecimientos de los últimos días, cabe preguntarse para qué nos sirven estas conferencias integubernamentales y modificaciones del Tratado, cuando los Jefes de Gobierno- en realidad, el Consejo de Ministros Europeo- adoptan decisiones con respecto a un Estado miembro independiente, interviniendo así en el proceso democrático de este Estado miembro. 
Cada uno puede opinar lo que quiera sobre el Sr. Haider, a mí personalmente me parece un personaje político muy peligroso, sin embargo, el caso es que no se puede intervenir en el proceso democrático de un país independiente y amigo. 
Cuando llevemos a cabo conferencias intergubernamentales y nos replanteemos modificar el tratado, hemos de tener en cuenta que la UE se amplía todos los días, también contrariamente al Tratado, como acabamos de ver. 
Doy la bienvenida aquí esta tarde al Comisario Barnier y a la Presidencia portuguesa. 
El 14 de febrero se inaugurará la Conferencia Intergubernamental que deberá finalizar antes de que termine el año 2000. 
Es una gran empresa, pero puede hacerse. 
Creo que existe acuerdo general aquí esta tarde entre todos los grupos respecto a que la agenda de Helsinki no será suficiente para emprender la reforma necesaria que prepare a Europa para la ampliación. 
En otras palabras, debemos ir más allá de lo que ha dado en denominarse los importantes "flecos de Amsterdam". 
Estos flecos incluyen la extensión de la votación por mayoría cualificada- en mi país lo aprobamos, pero no en el ámbito de tributación -, una nueva ponderación de los votos en el Consejo para favorecer a los Estados más grandes y el número de Comisarios en una Europa ampliada. 
En relación con el último punto, Irlanda quiere conservar su derecho a nombrar a un miembro de pleno derecho y equitativo de la Comisión independientemente del número de Estados miembros que se adhieran. 
Estamos dispuestos a considerar la nueva ponderación de los votos en el Consejo de Ministros, a condición de que los Estados miembros más grandes acepten que cada Estado miembro tenga un miembro de pleno derecho y equitativo de la Comisión. 
Creo que hablo en nombre de muchos países pequeños al hacer esta observación en particular. 
En la CIG debería debatirse también sobre las posible división de los Tratados en dos- en un ámbito político y en un ámbito relativo a la Constitución. 
Aceptaríamos la división de los Tratados a condición de que no limite el control que tienen los Estados miembros más pequeños en la nueva negociación de todo el ámbito político del Tratado. 
En otras palabras, si no estamos plenamente representados en la Comisión, no tendremos ninguna influencia en los debates políticos. 
Por tanto nos mantenemos muy atentos al desarrollo de todo ese punto. 
Esperamos con interés la presentación de la Carta de derechos fundamentales y conocer su contenido. 
El Tratado de Amsterdam, señor Presidente, estableció el número de diputados al Parlamento Europeo en 700 y será necesario debatir en este Parlamento el modo en que se distribuirá ese número entre una Europa ampliada. 
Mis colegas, la Sra. Frassoni y el Sr. Onesta ya han intervenido, con cierto escepticismo, en relación con algunos aspectos del asunto que nos ocupa. 
Deseo sumar mi voz de preocupación respecto al tema de la subsidiariedad, no sólo entre la Unión y los Estados miembros, sino entre los Estados miembros y sus propias comunidades autónomas. 
Es un tema al que no se ha dedicado la atención que merece y son muchos los aspectos por los que debemos sentir preocupación. 
Permítame llamar la atención, en particular, sobre una de las repercusiones de la ampliación en lo que respecta a este Parlamento. 
Se estableció el límite de 700 como el máximo de diputados que pueden constituir un Parlamento en el que sean viables las deliberaciones de la Asamblea. 
Si aplicamos el actual principio de proporcionalidad difusa, seis escaños para cada Estado y un escaño más por cada medio millón de habitantes, tendremos la situación en que Luxemburgo, con una población de 367.000, tendrá más diputados en esta Asamblea que el País de Gales, que es en parte una comunidad autónoma del Reino Unido. 
Escocia, con una población de 5 millones, tiene en estos momentos ocho escaños en esta Asamblea; Dinamarca y Finlandia, con la misma población, tienen dieciséis. 
¿Qué sucederá si mantenemos el límite en 700, si con el tiempo se incorpora un 26% más de población y luego aprobamos la propuesta, en mi opinión poco meditada, de la Comisión, en el sentido de que debería existir una lista europea de candidatos? 
¿Qué ocurrirá con un lugar como Escocia, al que aquí represento? 
¡Pasará a ser totalmente invisible! 
En semejantes circunstancias, los diputados a este Parlamento no deberían sorprenderse lo más mínimo si en estas negociaciones, la población de Escocia y de otros países semejantes preguntan si la ampliación no debería también adoptar la modalidad de admitir a nuevos Estados miembros integrados en aquéllos ya existentes. 
En Escocia cada día son más los que apoyan este punto de vista. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el debate de hoy tiene un significado político especial: no se trata de que celebremos un debate sobre el contenido de los puntos que ya figuran en el orden del día o de los que todos nosotros deseamos que se incluyan en él, sino de expresar la posición política del Parlamento Europeo sobre la convocación de la Conferencia Intergubernamental. 
Y a ese respecto no hay novedades, a no ser una: la de que el Parlamento Europeo adopta, con este dictamen y con su aprobación mañana, una estrategia positiva de contribución a que la CIG tenga un orden del día amplio. 
Y también expresa su disponibilidad para contribuir, por mediación de sus dos representantes y de su Presidenta, al enriquecimiento de una solución final de esa revisión del Tratado. 
Es un dictamen positivo en cuanto a la convocación de la CIG, pero crítico, como no podía dejar de ser, en relación con el contenido de dicho orden del día. 
Y en este momento el marco institucional está aclarado. 
Es conocida la posición positiva y ambiciosa de la Presidencia portuguesa, es conocida la posición de este Parlamento Europeo, la Comisión acaba de elaborar un documento en el que expone también algunas de sus posiciones, algunas como opción, por lo que en este momento "la pelota", como se dice en la jerga futbolística, está en el campo del Consejo Europeo. 
Y, en ese sentido, señor Presidente y querido amigo mío Dr. Seixas da Costa, la pregunta que le hago es la siguiente: por no querer saber más de lo que debemos saber en este momento para no comprometer el objetivo común, quisiera saber si en el marco de sus contactos resultantes de la gira por las capitales que ha ido a hacer y de su punto de vista hay algunos elementos que pueda facilitarnos y que nos sean útiles, porque en este momento más que la labor en el Parlamento Europeo importa nuestra labor de lobbying, de sensibilización e influencia en los gobiernos nacionales más renuentes a incluir más puntos en dicho orden del día de la CIG. 
Mi segunda pregunta va dirigida al Comisario Barnier. 
Tiene que ver con la iniciativa de la Comisión. 
Yo fui uno de los críticos: consideré que la Comisión debería haber ido más lejos en el Consejo Europeo de Helsinki. 
Pero también me parece que la Comisión ha hecho un trabajo excelente, independientemente de que concuerde o no con las soluciones presentadas en el documento aprobado el día 26. 
Pero, ¿por qué se ocupa la Comisión sólo de los leftovers de Amsterdam o, si acaso, de algún punto más? 
¿Por qué se limita a manifestar tan sólo que se pueden incluir otros asuntos, en particular la Carta de Derechos Fundamentales o las cuestiones de política exterior y de seguridad común? 
Por eso, quisiera pedir a la Comisión que, de la misma forma que ha hecho un trabajo serio en relación con las propuestas ya conocidas, se adelante y empiece, al menos en cuanto a opciones, a trabajar con esos otros elementos que tal vez más adelante lleguen a formar parte del orden del día y a contribuir a su éxito. 
Termino, señor Presidente, deseando las mayores felicidades a la Presidencia portuguesa. 
No es una tarea fácil, pero sé que está en buenas manos. 
Señor Presidente, decir que la Unión Europea se encuentra en una encrucijada no es, sin duda alguna, afirmar nada nuevo. 
Se ha repetido en muchas ocasiones. 
Pero esta vez es verdad: hemos puesto en marcha- y es algo extraordinariamente positivo- la moneda única y tenemos enfrente la ampliación. 
La cuestión es: ¿vamos a ir hacia la ampliación preparados o no? 
¿Estamos por ampliar sin profundizar o estamos por ampliar profundizando? 
Ese es el debate y hacia eso va cualquier discusión que se tenga con respecto a la Conferencia Intergubernamental, a su agenda y al método. 
Es evidente que el Consejo, de momento, no ha apostado por ampliar profundizando. Y eso es peligroso para la ampliación. 
Peligroso para cualquier perspectiva de unión política y, desde luego, difícilmente comprensible para la opinión pública. 
El Consejo debe darse cuenta de que, si queremos que el futuro de la Unión Europea pase por una ampliación bien fundamentada, hay que ir mucho más allá en la próxima Conferencia Intergubernamental. 
El Consejo nos consulta y el Parlamento le da su opinión. 
Queremos una Conferencia Intergubernamental, pero no ésta. 
¿Tiene que haber una CIG? 
Pero no esta clase de Conferencia Intergubernamental. 
Hay que ir mucho más allá en la agenda, hay que ser mucho más audaz en los temas que se aborden en la CIG y se tiene que ser mucho más transparente y mucho más democrático. 
Y ser más democrático significa dar más participación al Parlamento Europeo, permitir que la Comisión ejerza todavía más- más, sí- su capacidad de iniciativa. 
Y sin duda alguna, plantearse objetivos claros. 
El método funcionalista terminó, para bien o para mal. 
Hasta aquí hemos llegado con el método funcionalista. 
Sí, pero la cuestión es dar un salto cualitativo y, hablando en política, eso quiere decir, señor Presidente en ejercicio del Consejo, convencer a los otros socios comunitarios de que quedarse cortos es lo peor que podemos hacer en estos momentos. 
Señor Presidente, Señorías, en esta fase y al final de este debate, que he escuchado con gran atención y mucho interés, quisiera exponer algunas reflexiones para completar las orientaciones o las afirmaciones que ya tuve el honor de formular ante sus Señorías en las pasadas semanas, junto al Presidente Prodi. 
Señor Presidente, Señorías, los dos ponentes de este Parlamento, el Dr. Dimitrakopoulos y el Sr. Leinen, en el informe que han presentado, después de hacer un trabajo extraordinariamente preciso y serio, han propuesto que el Parlamento apruebe un dictamen conforme en toda regla, de conformidad con el artículo 48 del Tratado, y que así, gracias a la aprobación de dicho dictamen, la Conferencia Intergubernamental pueda arrancar efectivamente el 14 de febrero, como ha propuesto la Presidencia portuguesa. 
Por nuestra parte, y tras haber preparado, conforme al mismo artículo 48 del Tratado, el dictamen que se esperaba de la Comisión, nos alegramos de que esa Conferencia pueda iniciarse, antes, por lo demás, de lo que se había pensado en un principio. 
Sabemos, sé, que todas las semanas que tenemos por delante van a ser útiles. 
Quisiera hacer simplemente unos comentarios, tras haber leído este proyecto de dictamen y haber escuchado a los oradores de los diferentes grupos. 
En primer lugar, la Comisión comprende, Señorías, la aprensión que algunos de Sus Señorías han expresado a propósito de la amplitud del orden del día de la Conferencia. 
Comprendo esa aprensión, ese temor, a que el orden del día sea demasiado limitado y, sin embargo, me parece que se puede trabajar, como dije justo después de Helsinki en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a partir del mandato de Helsinki. 
Con esa intención y en el marco de ese mandato, pero utilizando todas las frases, todo lo comprendido entre líneas, de ese mandato, es como ha trabajado sin duda la propia Comisión para emitir su propio dictamen. 
No nos hemos limitado a los llamados- impropiamente, por lo demás- los tres restos. 
Como a Richard Corbett, tampoco a mí me gusta esa palabra: "restos", que puede dar la sensación de que se trata de tres asuntos menores o sin importancia. 
Se trata de tres asuntos extraordinariamente graves e importantes, difíciles, tan difíciles, que en Amsterdam faltó valor político colectivo para tratarlos a fondo. 
Por lo que a nosotros respecta- respondo al Sr. Seguro, que antes ha expresado su preocupación a ese respecto -, no nos contentamos con esos tres asuntos, aunque los considero prioritarios y que ahora hay que abordar. 
Son los primeros, pero no los únicos, asuntos, Señoría, que la Conferencia debe abordar. 
Nosotros hemos abordado otros asuntos y hemos expuesto nuestra idea de que, si la Presidencia portuguesa, en primer lugar, y después, la Presidencia francesa, lo desean, en esa Conferencia se deberían abordar otros asuntos, habida cuenta de la gravedad del momento que vivimos antes de la ampliación. 
Estamos dispuestos a ello, ya se trate de la Carta de Derechos Fundamentales, cuya labor ha comenzado, o de la PESC y de las consecuencias institucionales de las negociaciones que versan sobre la política de defensa o también de un asunto extraordinariamente difícil, sobre el que seguimos trabajando: el de la reorganización de los Tratados. 
He oído muchos comentarios sobre el dictamen de la Comisión, que mencionaban todos esos asuntos y abordaban muchos en el fondo, incluso con demostraciones precisas de proyectos de artículos nuevos, pero nadie ha dicho que nos situáramos fuera del mandato de Helsinki. 
Ésa es, pues, la prueba de que, respetando dicho mandato, utilizando todo lo que figura en dicho mandato y todas las aperturas que entraña, se puede ir hasta el fondo de los asuntos. 
Respecto de la participación del Parlamento Europeo en los trabajos de la Conferencia, creo que el ministro Seixas da Costa estará de acuerdo conmigo, porque tenemos una experiencia común, a la hora de decir que Sus Señorías harían mal en desatender el nivel del grupo de reflexión y negociación, en el que van a trabajar sus dos representantes: el profesor Tsatsos y Elmar Brok. 
Naturalmente, los últimos arbitrajes, como ocurre en toda negociación institucional, se harán- y creo que es oportuno que así sea- en el nivel del Consejo y sobre todo en el nivel del Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno, que tendrán en sus manos el éxito de esa Conferencia. 
Por lo demás, he de observar, de pasada, que el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, forma parte del Consejo y tiene sin duda la intención de utilizar este puesto y este papel, junto a los Jefes de Estado o de Gobierno, en particular en el período final. 
Pero conviene preparar esa labor del Consejo. 
Así, pues, no hay que desatender, Señorías, esa labor de preparación, de afinación, que es- lo sé por haberlo experimentado en Amsterdam- extraordinariamente importante y útil y que no se contentará simplemente con precisiones técnicas. 
Creo que los representantes personales de los Ministros de Asuntos Exteriores, los dos representantes de este Parlamento, y yo, como representante de la Comisión, iremos hasta el fondo de los asuntos, pero será después, en otro nivel- y también participaremos en él -, donde se deberán hacer los últimos arbitrajes. 
Durante toda esta Conferencia, Señorías, no es sólo el estatuto de los negociadores lo importante, es la calidad de lo que digan. 
Y quiero recordar una vez más delante de este Parlamento, habida cuenta de mi experiencia anterior a Amsterdam, que, fuera cual fuese la ambigüedad o la debilidad del estatuto que se reconoció a los dos representantes del Parlamento Europeo, antes de Amsterdam, la calidad de lo dicho por la Sra. Guigou y el Sr. Brok contó en esa negociación. 
Estoy seguro de que lo mismo ocurrirá y en lo que a mí respecta, velaré en mi puesto por que las ideas transmitidas por los dos representantes de este Parlamento sean escuchadas y respetadas a lo largo de esta negociación. 
Estoy seguro de que el Parlamento Europeo no será, así, un espectador de esa negociación, como tampoco lo será, por lo demás, la Comisión. 
Así, pues, ahora esperamos, Señorías, con mucho interés, su dictamen posterior, en el que precisarán las prioridades y las propuestas concretas del Parlamento para esa negociación. 
Reviste gran importancia que las dos instituciones europeas que estarán presentes en esas negociaciones, la Comisión, por un lado, y el Parlamento Europeo, por otro, junto a los miembros del Consejo expliquen claramente a los candidatos a la Unión, expliquen siempre y todos los días a los ciudadanos de la Unión, cuáles son los imperativos de esa Conferencia y cuáles las respuestas que propugnamos, como instituciones europeas encargadas de velar por el buen funcionamiento de esta Unión ampliada y por el interés común. 
Así, pues, en los próximos meses, la Comisión trabajará, Señorías, en estrecha concertación, con buen entendimiento, con los dos representantes de este Parlamento, el profesor Tsatsos y Elmar Brok, a fin de aproximar nuestros puntos de vista, en caso necesario. 
Probablemente nuestros puntos de vista y nuestras posiciones no sean siempre los mismos, seguramente habrá diferencias, como es normal. 
Lo importante es que haya coherencia, y al comenzar a desempeñar mis funciones en el Colegio de Comisarios, me comprometí a trabajar en pro de dicha coherencia. 
Así, pues, tenemos el interés y la ambición de estar en la misma longitud de onda y elevar esta negociación en relación con gran número de asuntos. 
No será casualidad, ya que me parece que tenemos- lo repito- la misma ambición para esa negociación y sentimos juntos que constituye sin duda un momento de verdad para la Unión Europea. 
Por último, quisiera hacer rápidamente tres observaciones complementarias, señor Presidente. 
En primer lugar, para felicitar y dar las gracias al presidente Napolitano y a la Comisión de Asuntos Constitucionales por la iniciativa extraordinariamente válida y original que se adoptó ayer al reunir a los representantes competentes de los parlamentos nacionales, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión para un primer debate común. 
Ese diálogo entre los parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y nosotros es extraordinariamente importante. 
Por lo demás, ya he dicho que participaría en él trasladándome a cada uno de los parlamentos nacionales. 
Mañana estaré en Londres. 
Dentro de quince días, estaré en Berlín. 
Dentro de tres semanas, estaré en París y seguiré, capital tras capital, participando, desde mi puesto, en ese diálogo. 
Considero extraordinariamente positivo- y quería agradecérselo- que Sus Señorías hayan adoptado esta iniciativa. 
En segundo lugar, quisiera agradecer a la Presidencia portuguesa, y, en particular, al Sr. Seixas da Costa, su voluntarismo. 
Por lo demás, lo que ha dicho antes expresa bien ese voluntarismo y ese interés: la portuguesa no puede ser una Presidencia intermedia. 
Es la que va a poner en marcha esa negociación. 
Sabemos perfectamente que no podrá concluir durante estos seis meses y que después se pasará el testigo a la Presidencia francesa, con la esperanza de que concluya antes del final del año 2000. 
Y no sólo que concluya, sino también que tenga éxito, lo que no es exactamente lo mismo. 
Terminar una negociación no es lo mismo que lograr éxito en ella. 
Se transmitirá el testigo, pero las condiciones en las que usted, señor Presidente, y la Presidencia portuguesa transmitan dicho testigo, van a ser extraordinariamente importantes, como también su naturaleza. 
Todo el trabajo que se va a hacer conjuntamente, en particular, el impulsado por usted, durante estos meses, es extraordinariamente importante. 
Tenemos una gran confianza, grandes esperanzas, en la forma como la Presidencia portuguesa, la de un país pequeño- pero no por ello dejará de tener, sino que deberá tener, grandes ambiciones- llevará a cabo con éxito esa tarea. 
Por haber escuchado al Primer Ministro Sr. Guterrez, al Ministro de Asuntos Exteriores y a usted, tengo esa confianza en la ambición de la Presidencia portuguesa y en la forma, muy voluntarista, como orientará esa negociación. 
En estos meses puede contar con la cooperación de la Comisión. 
Por último, repito: tendremos que hacer un gran esfuerzo para popularizar los asuntos de esa negociación. 
Son asuntos difíciles. 
Son asuntos de política y de mecánica institucional que no siempre son fáciles de explicar. 
Mayor razón para que los diputados europeos, los ministros, los Comisarios, dediquen un poco de tiempo a la explicación ante los ciudadanos, al debate público. 
Por lo que a ella respecta, la Comisión adoptará iniciativas, Señorías, para poner en marcha y animar ese debate público. 
Prestaciones de servicios transfronterizos 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar me debo disculpar ya que mi voz está un poco afectada, pero como diputada austríaca hoy ha habido mucho de que decir y declarar. 
En primer lugar, quiero felicitar encarecidamente a la Comisión por la iniciativa que ha adoptado y por estos dos proyectos de directiva sobre los que debatimos hoy aquí. 
Con ello cierra dos grandes lagunas en el mercado interior que son de gran importancia para la economía europea y 5 millones de ciudadanos de terceros países que están aquí en la Unión Europea como trabajadores o autónomos. 
La situación actual, y esto hay que imaginárselo vívidamente, es tal que en el campo de los trabajadores hay sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, en especial, la sentencia en el asunto Rush Portuguesa y van del Elst, que han indicado que la libertad de prestación de servicios tiene que permitir emplear ciudadanos de terceros países para realizar servicios transfronterizos además sin necesidad de obtener permisos de trabajo. 
Sin embargo, la cuestión de las condiciones de los visados y de residencia no ha sido tratada explícitamente por el Tribunal Europeo de Justicia y tampoco los Estados miembros han podido aclarar esta cuestión posteriormente. 
En lo referente a la supresión del permiso de trabajo no todos los Estados miembros se han atenido a los dictámenes del Tribunal de Justicia y siguen manteniendo aún un gran número de barreras ilícitas para los servicios transfronterizos, barreras que con frecuencia son insuperables en especial para las pequeñas empresas. 
En el caso de los autónomos la situación es que el actual acervo jurídico comunitario no concede ningún derecho a los ciudadanos de terceros Estados para aportar servicios transfronterizos. 
Aquí es necesario en cualquier caso realizar un acto legislativo. 
Ambos proyectos de directiva apuntan a facilitar la libertad de prestaciones de servicios a las empresas de la UE. 
No se trata de derechos originarios para ciudadanos de terceros países que se asemejen a la libertad de circulación. 
Todas las regulaciones, la entrada y las cuestiones relacionadas con la estancia deben considerarse como accesorias a dicha libertad de prestación de servicios. 
Por ello, tanto yo como la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo, creemos que los fundamentos jurídicos elegidos por la Comisión son los correctos y que la opinión contraria defendida en el informe de los servicios jurídicos del Consejo es errónea. 
Por tanto, no veo ningún obstáculo jurídico real para que estos dos proyectos de directiva sean tratados con rapidez en el Consejo. 
También creo que las enmiendas propuestas por el Parlamento facilitarán la aprobación de las directivas en el Consejo frente a la propuesta de la Comisión. 
Muchas de nuestras enmiendas se basan en objeciones que se expresaron también en el Consejo y nosotros intentamos conciliar estas objeciones con el mandato que nos concede el derecho en vigor y el sentido común económico. 
Precisamente de cara a la aceptación en el Consejo, solamente puedo apelar a la Comisión para que recoja las enmiendas aprobadas por el Parlamento del modo más completo posible aunque diverjan en parte sensiblemente de las propuestas originarias de la Comisión. 
Estoy plenamente convencida de que lograremos más fácilmente en el Consejo una unidad de criterio sobre esta base. 
Me voy a referir ahora a las enmiendas más importantes que proponemos. 
Una diferencia esencial consiste en que nosotros en lugar de un sistema "de tarjeta de prestación de servicios más indicación de cada encargo individual", no prevemos ninguna posibilidad de que para cada encargo individual se pueda pedir al Estado de recepción el aviso previo. 
Este sistema nos parece prácticamente inviable. 
Sin embargo, como compensación, antes de la extensión de una tarjeta de prestación de servicios debemos eliminar todos los obstáculos posibles y frente a la propuesta de la Comisión deben cumplirse unas condiciones más estrictas para la extensión de la tarjeta. 
Los requerimientos de un trabajo regulado, de residencia legal y de la protección del seguro no sólo tienen que existir en el momento de la extensión de la tarjeta sino durante la totalidad del período de validez de la misma y tres meses después. 
De este modo, se quiere ofrecer al Estado receptor la garantía de que el trabajador o autónomo regrese de nuevo al Estado de partida una vez realizado el encargo y que en caso de enfermedad o accidente esté cubierto por el seguro. 
La entrada y la situación legal de residencia debe aclararse asimismo antes de extender la tarjeta, además en el marco de un procedimiento contradictorio. 
Nosotros prevemos que la tarjeta de prestación de servicios de la UE no sólo se tenga que solicitar para todos los Estados miembros sino que también pueda hacerse para países miembros individuales. 
Creo que este sistema sale asimismo mejor al paso de las necesidades prácticas. 
Lo mismo espero de la propuesta de reducir a tres meses la duración mínima del empleo anterior y de orientar de un modo más flexible el período de vigencia de la tarjeta a la duración del empleo anterior. 
Sin embargo, consideramos que el plazo máximo de vigencia de la tarjeta debe ser de 12 meses. 
En el caso de los autónomos, proponemos adicionalmente a las enmiendas descritas que se agudice el criterio del domicilio y que preveamos una posibilidad de atajar los eventuales abusos mediante pseudo actividades autónomas. 
Quiero referirme también brevemente a las enmiendas presentadas que van más allá de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Quiero también decir que yo también apoyo todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos que fueron aprobadas allí unánimemente. 
Yo misma he presentado en nombre de mi Grupo político cuatro enmiendas que se refieren en lo esencial a la cita correcta de una resolución del Consejo. 
Tengo que decir que en este aspecto he recibido unas informaciones extraordinariamente contradictorias de los servicios del Parlamento sobre cómo se debe citar correctamente esta resolución del Consejo; sólo con la cifra, sólo con la fecha, con ambas y cómo de extensa debe ser la cita de la mencionada resolución. 
Dos enmiendas han sido anuladas por los servicios porque, por lo visto, su contenido ya se tiene en cuenta en el informe. 
Retiro las otras dos enmiendas, la enmienda nº 18 del informe sobre los autónomos y la nº 21, de los no autónomos. 
Sólo me queda apelar a la Conferencia de los presidentes para que lleguen lo antes posible a un acuerdo sobre cómo se debe proceder y citar correctamente en la cuestión de la comitología. 
Esto facilitaría sensiblemente en el futuro la vida de los ponentes en esta Asamblea. 
Se ha presentado también una enmienda a los dos informes de la colega De Palacio. 
Lamentablemente, tengo que decir que no puedo apoyar esa enmienda porque modificaría sustancialmente el resultado que hemos encontrado unánimemente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y quiero atenerme al resultado que hemos acordado conjuntamente en esta comisión tras largos debates. 
Para finalizar, me permito expresar mi agradecimiento a todos los colegas que me han apoyado en la elaboración de este no precisamente sencillo informe en la Comisión de Asuntos Jurídicos Quiero mencionar en especial al colega Wieland que ha desempeñado el desagradecido papel de ponente en la sombra y ha participado mucho más de lo que usual con unas ideas muy buenas y constructivas en la realización de este informe sin poder cosechar los laureles del ponente. 
Por ello, quiero mencionarlo aquí expresamente. 
. (NL) Señor Presidente, después de las palabras de la ponente, la Sra. Berger, me alegra tener la oportunidad de hacer algunas observaciones preliminares después de las cuales escucharé naturalmente con toda la atención requerida a los siguientes oradores y si me lo permite, Presidente, al final del debate me gustaría entrar en detalle sobre las diferentes enmiendas. 
Permítame decir que la Comisión se alegra del apoyo del Parlamento Europeo a las dos propuestas respecto a la libre prestación de servicios y de trabajadores de terceros países, el tema de los debates. 
Estoy muy agradecido por el trabajo que la Sra. Berger ha realizado en el debate de estas propuestas que políticamente son sensibles y que constituyen un reto jurídico. 
También quiero agradecer a la Sra. Palacio su importante aportación como Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
La Comisión celebra especialmente las sugerencias del Parlamento para un procedimiento más eficaz en la expedición de la tarjeta de prestación de servicios. 
Cuando se ofrezca la posibilidad de solicitar la tarjeta de prestación de servicios para uno, más de uno o para todos los Estados miembros, entonces el procedimiento se hará aún más flexible. 
La Comisión apoya también la propuesta de un periodo de validez flexible de la tarjeta. 
Pero un periodo de tres meses trabajando me parece insuficiente como prueba de que el trabajador está establecido en un Estado miembro. 
La Comisión también está de acuerdo con una disposición para los casos en los que el contrato entre el prestador de servicios y el trabajador desplazado quede anulado súbitamente. 
Un procedimiento eficiente de expedición de la tarjeta significa que las empresas que prestan servicios transfronterizos pueden ejercer efectivamente sus derechos basándose en el mercado interior. 
Nos parece exagerado que otros Estados miembros, para expedir una tarjeta, tengan la posibilidad de efectuar controles regulares por normas de orden público. 
Un ciudadano de un tercer Estado que reside legalmente en un Estado miembro debe poder ser admitido en los demás Estados miembros. 
Eso no impide que estos Estados miembros tomen medidas en relación con el orden público en el marco de la obligación de declaración previa. 
Para la Comisión tampoco es aceptable la propuesta de que la residencia legal en un Estado miembro sigua vigente tres meses tras la expiración del periodo de validez de la tarjeta. 
No es aceptable que el nacional de un tercer Estado siga residiendo durante más tiempo en el estado receptor después de la prestación de servicios. 
Por esa razón, la Comisión apoya en ambos aspectos la enmienda 22 de la Sra. Palacio. 
En lo que respecta a la segunda propuesta, la Comisión comprende el deseo de que debe quedar claro qué se entiende por trabajador independiente y quiere aportar una solución para ello en la propuesta modificada. 
Estas son algunas observaciones preliminares sobre las enmiendas más importantes. 
Espero que me conceda nuevamente al final de este debate, cuando hayan hablado todos los oradores, la posibilidad de entrar en detalle sobre las diferentes enmiendas. 
Señor Presidente, señoras y señores, la gran mayoría de los miembros del Grupo del PPE votará mañana a favor de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la versión modificada. 
Me limitaré a comentar dos puntos. 
En primer lugar debemos preguntarnos qué es lo que se pretende conseguir- en el sentido literal del término- con la directiva propuesta. 
Por un lado están los intereses de la economía y también del individuo. 
En mis consideraciones parto del supuesto de que se trata de un individuo honrado que realiza un buen trabajo. 
Por otro lado están los intereses de los Estados miembros que, de cara a los afectados, tal vez deberían partir de la idea de que se trata de un worst case. 
Si nos inclinamos por uno de los extremos, a saber, los intereses de los Estados miembros, sin duda se encuentran motivos suficientes para supeditar la tarjeta de prestación de servicios a condiciones relativamente estrictas. 
Desde este punto de vista, resulta legítimo introducir la obligación de declaración previa, aun cuando se implante el uso de la tarjeta. 
Si opto por el otro extremo, es decir, por la menor cantidad de trámites posible, corro el riesgo de que el procedimiento se quede en agua de borrajas, puesto que, en tal caso, esta directiva seguramente no contará con el visto bueno de los Estados miembros. O sea, una de dos. 
O bien dispongo de una directiva relativa a la tarjeta de prestación de servicios que en realidad no permite expedir la tarjeta a nadie, puesto que las exigencias impuestas a la economía son demasiado rígidas, o bien me encuentro sin directiva. 
Ambos resultados son insatisfactorios. 
Quizá sea ésta la razón por la que, según nos cuentan, las negociaciones en el seno del Consejo también se hallan en vía muerta. 
Nos hemos esforzado por encontrar un punto de intersección entre un interés- el orden público- y otro. 
Nos hemos esforzado por encontrar la solución más sencilla. Queremos una solución que imponga exigencias a la economía, pero que, una vez superadas estas exigencias, garantice una aplicación sencilla. 
Por eso, queremos que la tarjeta de prestación de servicios se solicite para uno o para varios Estados miembros. 
Caso de que una empresa ubicada en Francia decida que uno de sus colaboradores trabajará en adelante en Dinamarca y únicamente en Dinamarca, debe estar previsto que la tarjeta de prestación de servicios solamente pueda solicitarse para Dinamarca. 
En este caso, habrá menos tramites burocráticos. 
Pero como contrapartida queremos que se suprima la obligación de declaración previa y que el trabajador únicamente esté obligado a llevar encima un documento que acredite el motivo de su desplazamiento al otro Estado miembro, por ejemplo el contrato subyacente. 
Por todo ello, coincido con quienes se pronuncian a favor de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Tal vez la Comisión aún no haya despejado todos los malentendidos. 
Queremos obtener una solución flexible. 
En caso de que un Estado miembro de repente ponga reparos porque la persona implicada haya cometido un robo, a pesar de que la tarjeta de prestación de servicios haya sido expedida para el país de que se trata, dicho país está autorizado para revocar en cierto modo la validez de la tarjeta de prestación de servicios por las razones contenidas en la presente directiva, con una gran flexibilidad y mucho sentido común. 
Con su permiso quisiera referirme brevemente a otro asunto. 
Hasta ahora, la mayoría de las personas que se han ocupado de la directiva son juristas. 
Todos sabemos que a estas alturas determinados componentes del Tratado, algunos de ellos muy antiguos, aún se denominan CE. 
Sabemos que la presente directiva se fundamenta en el Derecho de la CE y no en el Derecho de la UE. 
Sin embargo, ante la elección todos- el Consejo, la Comisión, el Parlamento, los medios de comunicación, los sindicatos, las sociedades- nos hemos esforzado por acercar esta última Europa al ciudadano. 
Los ciudadanos han tenido que asimilar el paso de la CEE a la CE y a la UE. 
Por fin, comprenden qué es la UE. 
No hacemos ningún favor ni a nosotros mismos ni a los ciudadanos al expedir un producto llamado tarjeta de prestación de servicios-CE en vez de tarjeta de prestación de servicios-UE. 
Los ciudadanos sienten interés por el mundo de la UE, puesto que es ése el entorno que tiene validez para ellos. 
Es por lo que pido al Consejo y a la Comisión que se muevan en esta dirección. 
Señor Presidente, es más tarde de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido prever cuando planeamos esta sesión, por lo que seré muy breve. 
Uno de los motivos por los que vamos con retraso es el tiempo que antes hemos dedicado, acertadamente, a manifestar la arraigada oposición de este Parlamento a cualquier forma de xenofobia o racismo. 
Trata sobre cómo atender a las necesidades del mercado interior, crear flexibilidad y comportarse de un modo razonable y flexible que permita la contratación de personas de terceros países como asalariados y también como autónomos. 
Básicamente se trata de evitar ser innecesariamente restrictivos con los extranjeros por el mero hecho de serlo. 
Acogemos con satisfacción esta posición y debido a que pensamos que establece una disposición sensata y adecuada, apoyaremos la versión más liberal que, a nuestro entender, se ajuste a Derecho. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero destacar en primer lugar el excelente trabajo que ha hecho la Sra. Berger y, en general, la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha incluido ideas innovadoras en esta directiva que espero que se vean refrendadas por la Comisión y el Consejo. 
Sin embargo, he presentado una enmienda. 
Señora Berger, en su enmienda nº 2 al considerando 6, usted invoca la seguridad jurídica. 
El primer punto en el que discrepamos es la extensión de los tres meses del permiso de residencia, pues lo único que hace es crear inseguridad jurídica. 
Usted plantea- y es lógico- una preocupación, de la que también se ha hecho eco el Sr. Wieland, por la posibilidad de que desaparezca en la naturaleza un trabajador después de que se le agote su permiso de trabajo, pero creo que, a la vez, está facilitando esa posibilidad con la extensión de tres meses. 
Si la validez de la tarjeta de prestación de servicios termina en una fecha, debe terminarse en esa fecha. 
La seguridad jurídica así lo exige. 
Por otra parte, en cuanto al punto d) de la enmienda 10, que se refiere a la primera directiva, usted plantea que, por seguridad pública o por normas de orden público, un Estado miembro pueda rechazar la validez de la tarjeta. 
Ya hay unos controles ex ante que están previstos en el artículo 4 de la directiva. 
No tiene ningún sentido para cualquier trabajador del ámbito Schengen, pues ya ha sufrido un screening para entrar en el primer Estado miembro, y el segundo Estado miembro puede, ex ante, rechazar de manera justificada la entrada de ese trabajador en su territorio. 
No tiene, pues, sentido mantener esa inseguridad jurídica. 
Si no se trata de un Estado Schengen, en el último párrafo de mi enmienda 22, se prevé esa posibilidad, que queda perfectamente recogida, y creo que con una seguridad jurídica mayor. 
La discrecionalidad del Estado que usted plantea en el punto e) de su enmienda 10 me parece que no es consistente con todo el texto de su excelente informe. 
Invito, por tanto, a los colegas a examinar mi enmienda con interés, y espero que mañana podamos llegar a un resultado. 
Aparentemente, estas dos propuestas parecen querer aplicar determinadas modificaciones de procedimiento para facilitar la libre circulación en Europa y hacer efectivos los recientes casos judiciales a los que se refería la Sra. Berger en sus observaciones de introducción. 
No obstante, en el caso del Reino Unido, creemos que las propuestas van más lejos hasta el punto de ser inaceptables. 
En parte en su esencia y en parte con respecto al fundamento jurídico en lo que se refiere a la situación especial del Reino Unido. 
De conformidad con las disposiciones que recogen los Tratados, el Reino Unido mantiene sus controles sobre sus fronteras. 
Según el sistema que proponen estas directivas, los nacionales de terceros países que deseen trasladarse al Reino Unido en virtud de los procedimientos descritos, podrán hacerlo con la tarjeta de prestación de servicios emitida por otro Estado miembro, eludiendo así los controles fronterizos en el Reino Unido. 
Si debe producirse una modificación de las actuales disposiciones fronterizas del Reino Unido, dichas modificaciones deberán hacerlas el Gobierno del Reino Unido y el Parlamento del Reino Unido y no en passant a través del proceso legislativo europeo. 
Por este motivo votaremos en contra de ambas propuestas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, en primer lugar quisiera manifestar mi gratitud hacia la ponente y el Sr. Wieland, que se han tomado la molestia de resumir con una sorprendente homogeneidad las diferentes enmiendas e intereses relativos a este informe. 
Ambas propuestas desempeñan un papel fundamental en la transposición de los cuatro principios clave que sientan las bases para el mercado interior de la libre prestación de servicios. 
La nueva normativa en el marco de la libre prestación de servicios transfronterizos redundará ciertamente en beneficio del funcionamiento del mercado interior y de la competitividad y la capacidad de acción de las empresas. 
La elaboración de la tarjeta de prestación de servicios de la UE- y a este respecto coincido con el Sr. Wieland- necesariamente debe regirse por condiciones generales estrictas, puesto que nos ayuda a prevenir posibles abusos como la inmigración ilegal y los falsos contratos. 
Veo tres razones: el peso económico de los trabajadores nacionales de un tercer Estado en la UE, la competitividad de las empresas y el buen funcionamiento del mercado interior. 
Es por eso por lo que, por un lado, valoro positivamente el rígido marco normativo y, por otro, pido que las medidas de control adoptadas por los Estados miembros sean lo más eficaces y lo más sencillas posibles. 
Para finalizar quisiera formular una pregunta a la Comisión, puesto que me la plantean una y otra vez. 
¿Hipotecará la directiva las negociaciones en el marco de la adhesión? 
¿Cómo interpreta y explica usted el artículo 1, habida cuenta de que desempeña un papel importante de cara a nuestro país, que limita con numerosos nuevos países, y las negociaciones de adhesión? 
Presidente, Señor Comisario, Señorías, los hombres de negocios se topaban hasta ahora con la realidad de que dos de las libertades más importantes, y en especial la libre circulación de personas y servicios, no se les podía aplicar todavía. 
Efectivamente, se tenían que someter a unos procedimientos burocráticos interminables de los Estados miembros donde querían prestar algún servicio. 
Parto de la idea de que el número de hombres de negocios, aunque no se conocen cifras exactas, probablemente no es escaso. 
Por lo tanto, hasta ahora su acceso a todo el territorio de la Unión no estaba regulado por el derecho comunitario. 
Las dos propuestas de directiva aquí presentadas tienen por objeto fomentar la libre circulación de servicios dentro del mercado interior mediante la introducción de una tarjeta de prestación de servicios-UE. 
Me parece importante subrayar que la expedición de esta tarjeta de prestación de servicios se tiene que hacer de forma flexible, es decir dentro de los cinco días después de haber entregado una declaración simple al Estado miembro donde se tenga que prestar el servicio y que este documento también tiene que tener un periodo de validez limitado y no ser automáticamente prorrogable para poder evitar los abusos. 
He escuchado con atención las objeciones expresadas aquí por el Comisario. 
Después de haber estudiado también las enmiendas presentadas he comprobado que, en gran medida, estamos de acuerdo con estas objeciones y mañana nuestro voto concordará con ellas. 
Como punto final, permítame agradecer a la Sra. Berger el gran esmero con el que ha estudiado las diferentes enmiendas dándole de este modo un importante sentido a su informe. 
Creo que con este informe hemos dado de nuevo un paso hacia la realización del mercado interior. 
. (NL) Señor Presidente, gracias por concederme la oportunidad de entrar en detalle sobre las diferentes enmiendas y en el transcurso de mi intervención me gustaría decir también algo a Lord Inglewood con respecto a la observación que acaba de hacer. 
En lo referente a la primera propuesta sobre los trabajadores de terceros países, la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas 2, 11, 12, 15, 16 y 22. 
También las enmiendas 7 y 8 son aceptables, siempre y cuando se produzca la condición de desplazamiento en el Estado miembro de procedencia. 
La Comisión está también de acuerdo con la enmienda 11, excepto con el periodo propuesto de tres meses antes de la expedición. Ya lo he mencionado anteriormente. 
También damos la bienvenida a la enmienda 13 siempre y cuando se introduzca con ella un ámbito de aplicación flexible de la tarjeta de un Estado miembro a todos los Estados miembros. 
Con respecto a la comitología, podemos aceptar parcialmente las enmiendas 14 y 21 en lo se refiere a los derechos del Parlamento. 
La enmienda 10, siento tener que decirlo, no es aceptable para la Comisión por lo que se refiere al periodo de tres meses y al papel del Estado miembro de destino. 
La Comisión sí apoya en ese sentido la enmienda 22, como ya ha observado antes. 
Las demás enmiendas son inaceptables. 
Personalmente tengo simpatía por el término "tarjeta de prestación de servicios-UE", como se propone en la primera enmienda, pero no nos lo permite el Tratado de Amsterdam. 
La enmienda 18 se refiere a la directiva 96/71 en materia de salarios mínimos que ya se aplica, de modo que ya no es necesaria una modificación. 
Si la Comisión adoptara la enmienda 17, eso significaría que se establecería una obligación de declaración simple si no se hubiera expedido una tarjeta válida. 
Esto va en contra de las normas de orden público de los Estados miembros. 
Tampoco la enmienda 19 es aceptable vistas mis consideraciones a la enmienda 10. 
La Comisión tiene el mismo punto de vista sobre enmiendas parecidas a la segunda propuesta. 
Quiero añadir que aceptamos plenamente la enmienda 10 a esa propuesta. 
En cuanto a la enmienda 15 sobre la definición del concepto "independiente", la Comisión se encargará, como he observado antes, de buscar una solución satisfactoria a las objeciones expuestas. 
A continuación quiero reparar en lo que ha observado Lord Inglewood. Se ha referido a los controles fronterizos que existen en el Reino Unido y me gustaría decirle que no hay ninguna obligación para ningún Estado miembro, y por lo tanto tampoco para el Reino Unido, de suprimir ni de modificar los controles en las fronteras aún existentes. 
Esto vale también, como se ha dicho, para el Reino Unido. Esto también vale para Bélgica, donde hace poco se dio este caso. 
Con respecto a la observación que ha hecho el Sr. Karas, tal vez me permitan que puntualice que tengo la impresión de que está hablando de la posibilidad de que se utilicen trabajadores de Polonia para trabajar en su país. 
La Comisión quisiera proponer que se dé una solución a este problema y que esa solución fuera aplicable a todas las empresas establecidas en la Unión Europea que empleen a trabajadores de países de fuera de la UE. 
La cuestión es entonces si se deberían considerar los dos casos de igual forma. 
A mi modo de ver es más bien una cuestión que forma parte del debate sobre la ampliación de la Unión Europea y tal vez no de este debate. 
No obstante, en nombre de la Comisión me gustaría ponerme a disposición del Sr. Karas en caso de que quisiera tener más información sobre esta cuestión verdaderamente importante. 
Estoy a su disposición. 
Como punto final quisiera agradecer al Parlamento el debate tan constructivo sobre los aspectos más importantes de estas propuestas y, naturalmente, a la ponente, la Sra. Berger. 
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Tribunal de Primera Instancia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Marinho (A5-0003/2000) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, 
I. sobre la propuesta de decisión del Consejo (5713/1999- C5-0020/1999- 1999/0803 (CNS) ) por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, EURATOM, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas; 
y 
II. sobre la propuesta de decisión del Consejo (9614/1999- C5-0167/1999- 1999/0805 (CNS) ) por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, EURATOM, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. 
Señor Presidente, no está claro que la futura revisión de los Tratados en la CIG vaya a abrir la puerta a una revisión de los sistemas jurisdiccionales comunitarios. 
La idea de hacer incluir este problema en el orden del día que hoy se examina se mantuvo hasta la Cumbre de Helsinki, sigue defendida por diversos Estados miembros y por los propios Tribunales y se mantiene viva en el Parlamento Europeo, cuya Comisión de Asuntos Jurídicos prepara una opinión, a mi juicio, de gran calidad sobre la naturaleza y el alcance de la reforma jurisdiccional. 
No tengo dudas de que el próximo informe de este Parlamento sobre la preparación de la Conferencia Intergubernamental recogerá con todo relieve esta cuestión por tres motivos de naturaleza, a mi juicio, consensual: porque es preciso hacer más justicia en menos tiempo, porque es preciso lanzar las bases jurisdiccionales de un espacio de libertad, seguridad y justicia y porque, por último, es necesario superar una concepción mercantil y económica del espacio europeo, dando a los ciudadanos la convicción de que forman parte de una comunidad de derecho basada en la ley democrática y en los tribunales y que respeta sus valores éticos y jurídicos fundamentales y defiende sus intereses, incluso cuando la fuerza de la ley nacional no es suficiente para garantizarle la ciudadanía plena. 
Esas razones de fondo que justifican una profunda reforma del sistema jurisdiccional comunitario en su conjunto son, en verdad, las que también explican la reforma posible del Tribunal de Primera Instancia de que hoy vamos a tratar, pero con otro fundamento jurídico, que es el del Tratado de Amsterdam. 
Pero la justifican y en particular dos o tres razones que también paso a citar: el desequilibrio entre el volumen cada vez mayor de los procesos y la capacidad técnica y humana de las jurisdicciones de Luxemburgo, la estricta obligación del multilingüismo procesal que es el corolario del respeto de la lengua y las tradiciones jurídicas nacionales y, por último, la circunstancia de que ese Tribunal- el Tribunal de Primera Instancia- sea la única instancia a la que pueden recurrir los ciudadanos y las empresas en materia de contencioso económico en cuanto a decisiones de órganos que les afectan. 
Por eso, la propuesta de aumento a 21 jueces está plenamente justificada, pues, al fin y al cabo, tiene que ver con el aumento de la eficacia del Tribunal, que facilita la constitución de dos salas suplementarias más de tres jueces cada una para que examinen la información. 
La segunda reforma propuesta tiene que ver con la ampliación de las competencias del Tribunal de Primera Instancia, hacia el que sólo se podían encauzar, hasta ahora, recursos de anulación de los particulares y que se abre en este momento también a los recursos introducidos por los Estados miembros. 
Hay posibilidades de recurso por parte de los Estados en materia de política de transportes, normas de la competencia aplicables a las empresas, ayudas estatales, medidas de defensa comercial, aplicación de fondos y otros programas de acción que establezcan la concesión de apoyos financieros comunitarios, en particular recursos relativos al fraude contra el presupuesto de la Unión. 
Al brindarse a los Estados miembros la posibilidad de recurrir al Tribunal de Primera Instancia, en el que ya puede haber un proceso con el mismo objeto que uno desencadenado por un particular, dicho Tribunal podrá conocer los recursos interpuestos por un Estado miembro, con lo que se sitúa a los Estados y a los particulares en condiciones de igualdad a la hora de recurrir a esa instancia. 
Se dirá, señor Presidente, algunos dirán, que es una reforma menor, pero es una reforma posible, basada en las normas que lo permiten de conformidad con el Tratado de Amsterdam. 
Es, en el fondo, la que el propio Tribunal de las Comunidades previó y pidió, independientemente de la CIG y basada en el Tratado que hoy está en vigor. 
Tengo para mí, entre otras cosas porque en comisión hubo un gran consenso, que el Parlamento va a concordar con estas dos propuestas de reforma, dará al tribunal su voto favorable, y lo único que falta es esperar que el Consejo también lo haga. 
Y mi voto final es por que el Tribunal pueda hacer el mejor uso posible de los nuevos poderes, de las nuevas competencias que este Parlamento en buena hora decidió concederle. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al ponente por un informe, que, cuando se lee, da la impresión de que sólo confirma y acepta. 
Sin embargo, detrás de este informe hay un trabajo largo y eficaz que ya ha tenido ciertos frutos: la incorporación al documento de la Presidencia finlandesa de 7 de diciembre de 1999 del compromiso de ampliar la agenda de la Conferencia Intergubernamental al estudio de la futura modificación de la organización, composición y competencias de los tribunales comunitarios. 
Por lo tanto, mi reconocimiento expreso a la labor del vicepresidente Marinho. 
Señor Presidente, reformar el sistema judicial comunitario se ha convertido en una necesidad primordial si, en el futuro, se pretende hacer justicia en unos plazos razonables, si, en el futuro, la Unión Europea se quiere dotar de una justicia que esté a la altura del proyecto político que hemos emprendido. 
Hoy- lo he de decir con orgullo y con satisfacción- hemos tenido en esta Asamblea una buena oportunidad de demostrar hasta qué punto los europeos creemos que el proyecto político europeo es mucho más que el mercado interior, un proyecto que se funda mucho más en principios que en intereses económicos. 
Y detrás de los principios, señor Presidente, siempre está la justicia. 
Pero justice delayed is justice denied (justicia aplazada es justicia denegada) , y tenemos que reflexionar sobre ello. 
Hay datos alarmantes en el documento de trabajo preparado por el propio tribunal. 
Y a partir de ahí, este proyecto de reforma, del que ha sido ponente el vicepresidente Marinho, sea bienvenido. 
Es una solución de parcheo, pero también de parcheo hay que ir viviendo, porque de momento- y él lo ha destacado- no podemos esperar la gran reforma del sistema en la Conferencia Intergubernamental. 
Tenemos que dar soluciones que, aunque sean provisionales, ayuden a que se haga una justicia más rápida y más eficaz. 
Hay dos reflexiones que me gustaría hacer en esta intervención, y que se salen del informe propiamente dicho, debido a la obligación que tiene el Parlamento, de acuerdo con el Tratado, de emitir un informe muy escueto, sin entrar en el fondo. 
Son dos ideas del vicepresidente Marinho y, creo poder decir, secundadas por toda la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La primera es que se dote de más medios a los jueces de primera instancia, que se les dote de un référendaire más. 
La segunda es que se separen los servicios de traducción del Tribunal de Primera Instancia de los del Tribunal de Justicia. 
En estos momentos, el Tribunal de Primera Instancia tiene que esperar larguísimo tiempo para que se traduzcan sus sentencias. 
Estamos en una comunidad que, en su Tratado, incluye como principio fundador la pluralidad cultural y lingüística y no podemos ni siquiera pensar en suprimir la posibilidad de algo tan importante como leer una sentencia en la propia lengua de cada uno. 
Ya que hablamos de la Conferencia Intergubernamental, pensemos sólo en dos cosas. 
La primera concierne a este Parlamento. 
Creo que no es ocioso insistir en que queremos más participación en lo que respecta al Tribunal de Justicia, incluso en el nombramiento mismo de los jueces. 
Y queremos, sobre todo y ante todo, que el Tribunal de Justicia vea ampliadas sus competencias y paralelamente su capacidad para hacer frente a sus obligaciones, es decir, sus medios. 
Queremos ver ampliadas sus competencias, especialmente en el título IV del Tratado de la Comunidad Europea y respecto del título VI del Tratado de la Unión, y que se revisen, de paso, algunas posibilidades de opción, algunas limitaciones claras de la protección en esos ámbitos tan extraordinariamente importantes para nuestra ciudadanía. 
Y vuelvo hacer referencia a las recientes declaraciones que hemos presenciado en estos días. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente y dar la bienvenida al contenido de su informe. Me ha hecho reflexionar sobre dos problemas que se me han presentado recientemente en mi circunscripción. 
Ambos son relativos a casos en los que las sentencias están pendientes en el Tribunal de Justicia. 
El primero es relativo a un gran puente colgante y sobre si el peaje para pasar por el mismo debe o no estar sujeto al IVA. 
La decisión podría tener amplias repercusiones sobre nuestra economía local. 
En segundo lugar, hay una señora a la que le faltan trece semanas para jubilarse y que está impaciente por conocer la sentencia que afectará seriamente a su situación financiera en su vejez. 
Son apenas dos ejemplos de problemas de la vida real que se esconden tras los retrasos del sistema judicial comunitario. 
Los retrasos en la justicia pueden acarrear dificultades personales e incluso la tragedia. 
Esto no quiere decir que todos nuestros sistemas nacionales de justicia sean perfectos, pero con demasiada frecuencia se ven obligados a esperar una sentencia previa del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Las estadísticas apuntan hacia una preocupante tendencia al alza del tiempo que tardan las referencias preliminares. 
Esto no debe tomarse como una crítica al Tribunal de Justicia ni a su personal, sino a su estructura y a su falta de recursos en una Unión Europea cada vez mayor. 
Las propuestas contenidas en el presente informe son bienvenidas como paliativo provisional, pero Europa es una construcción jurídica y sus tribunales son fundamentales para su buen funcionamiento. 
Con vistas a la próxima ampliación, la Conferencia Intergubernamental debe tratar sobre una reforma y una reestructuración a fondo del sistema judicial. 
De lo contrario, todos nosotros, en nuestra calidad de representantes elegidos, nos enfrentaremos cada vez al clamor de nuestros ciudadanos que no tienen acceso a una justicia rápida y eficaz. 
Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, yo también quisiera dar las gracias al ponente por su excelente informe. 
Además, estoy plenamente de acuerdo con las conclusiones por él perfiladas. En concreto, propone que se incremente el número de letrados por juez en el Tribunal de Primera Instancia y que dicho Tribunal se dote de un servicio de traducción propio. 
Es algo que considero realmente imprescindible puesto que durante la visita de la Comisión de Asuntos Jurídicos a los Tribunales en Luxemburgo nos han dicho que, como es lógico y natural, el Tribunal de Justicia tiene preferencia sobre el Tribunal de Primera Instancia a la hora de acudir al servicio de traducción común. El resultado es que en numerosas ocasiones los asuntos tramitados por el Tribunal de Primera Instancia no pueden ser diligenciados como es debido. 
Pero por otra parte, opino que las reformas deben ir más allá de lo que vamos a acordar aquí. 
Así, por ejemplo, creo que debemos considerar la posibilidad de convertir el Tribunal de Primera Instancia en última instancia, otorgándole la última palabra en aquellos ámbitos en que los órganos sentenciadores, que son similares a los tribunales, toman una decisión previa. Basta mencionar la palabra Alicante o recordar que está previsto aplicar este procedimiento en el ámbito del Derecho europeo de la función pública. 
Y me parece que probablemente también tendremos que adoptar medidas ante la tendencia de la Comisión Europea a renacionalizar las decisiones en materia de competencia, remitiéndolas al nivel nacional. 
Este asunto es digno de reflexión puesto que, de este modo, dichos casos ya no irán a parar al Tribunal de Primera Instancia, sino que serán tramitados por el Tribunal de Justicia como resoluciones de remisión. 
Debemos buscar una salida a esta situación. 
Llegado el caso, asimismo se podría considerar la posibilidad de presentar resoluciones de remisión en materia de competencia a la sala especializada del Tribunal de Primera Instancia. 
Por otro lado, también conviene averiguar si es correcto- no olvidemos que ya se han producido casos de diputados o Grupos políticos que han demandado al Parlamento Europeo- que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre este tipo de asuntos, ya que en el fondo se trata de cuestiones constitucionales y, como es lógico, estos temas incumben más al Tribunal de Justicia que al Tribunal de Primera Instancia. 
Me queda por comentar un último punto. Creo asimismo que la OLAF requiere un control propio de un Estado de derecho. 
En la actualidad, la OLAF se encuentra en un vacío y puede hacer lo que le venga en gana. 
Considero imprescindible que la OLAF se someta al control de un tribunal. 
El único tribunal susceptible de llevar a cabo esta tarea con buen criterio es el Tribunal de Primera Instancia. 
Ésta es otra sugerencia para un proceso de reforma más profundo. 
Señor Presidente, para comenzar quisiera sumarme a aquellos que han felicitado al ponente por este trabajo. 
La Unión Europea es un sistema basado en Derecho. 
Por tanto, debe disponer de un sistema judicial que aplique ese Derecho. 
Asimismo, si los tribunales no pueden hacer frente debida y rápidamente al volumen de trabajo que reciben, lo que sucede, como ha señalado la Sra. Palacio Vallelersundi, es que la justicia retrasada se convierte, como sabemos, en justicia denegada. 
La evidencia del Tribunal de Justicia es que eso está sucediendo actualmente y apunta a las medidas que pueden adoptarse para paliar el problema. 
No obstante, como ha señalado el Sr. Marinho, hay que hacer más, pero para eso habrá que esperar a la Conferencia Intergubernamental. 
En mi país, la mitología habla de las ingentes hordas de burócratas anónimos de Bruselas, pero nunca menciona el número de jueces europeos. 
No llegan a tres docenas en la cúspide del sistema judicial europeo; un número que no es precisamente excesivo habida cuenta de la responsabilidad de sus tareas en el corazón del sistema judicial europeo. 
El alcance de su importancia queda patente en las repercusiones políticas del retraso en la resolución de la disputa pendiente anglo-francesa sobre la carne de vacuno británica que ha ocasionado tanto malestar en mi país y tanta frustración con respecto al funcionamiento de los procedimientos de resolución de conflictos de la Unión. 
Este caso se ha visto exacerbado, en opinión de alguien que me asesora, por el Reglamento de los tribunales franceses que hace prácticamente imposible que nacionales no franceses puedan interponer una demanda contra Gobierno francés. 
En realidad es algo que, de facto, se considera imposible. 
Esta situación contrasta muy desfavorablemente con los tribunales del Reino Unido en los que pescadores españoles demandaron con éxito al Gobierno del Reino Unido en circunstancias perfectamente comparables. 
Lo que sucede en Francia, señor Presidente, parece prima facie ser un caso de discriminación contra nacionales de la UE por motivos de nacionalidad y como tal es contrario a los Tratados. 
Por consiguiente quisiera preguntar al Comisario, que ha tenido la amabilidad de hacer algunos comentarios sobre mis observaciones en el debate anterior, que estudie este caso e informe al Parlamento y a mí personalmente sobre sus resultados. 
Agradecería al Comisario que confirmara en sus observaciones finales si está dispuesto a hacerlo. 
. (NL) Presidente, en nombre del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, me gustaría dar la siguiente respuesta. 
La Comisión toma nota del punto de vista del Parlamento Europeo con respecto a la solicitud del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia que consiste, por una parte, en confiar el conocimiento de determinadas categorías de asuntos, que ahora pertenecen a la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia, al Tribunal de Primera Instancia y, por otra parte, aumentar los miembros del Tribunal de Primera Instancia. 
Permítanme añadir que he escuchado con mucho interés en nombre de la Comisión los argumentos que se han expuesto aquí y comprendo la inquietud en la que estaban basados estos argumentos. 
Esa inquietud está justificada. 
Se ha dicho una y otra vez "justice delayed is justice denied". 
La Comisión comprende estas consideraciones. 
A la luz de esta comprensión, me gustaría continuar con mi respuesta de la siguiente manera. 
Como sabe el Parlamento, la Comisión está convencida de que sin una profunda reforma los órganos judiciales comunitarios corren el riesgo a corto plazo de no poder hacer frente a sus tareas en unos plazos razonables. 
Por lo tanto, la Comisión ha pedido asesoramiento a un grupo de expertos sobre la totalidad de las reformas que se podrían realizar para que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia sean capaces de garantizar la calidad y la coherencia de su jurisdicción en los próximos decenios. 
La Comisión es consciente de la solicitud del Tribunal de Primera Instancia de reforzar sus medios, pero opina en estos momentos que el traspaso de competencias propuesto debe estar en función de la investigación que acabo de mencionar. 
Dicho de otra forma, cuando esta investigación termine la Comisión presentará su opinión a la mayor brevedad posible. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Ayuda financiera excepcional a Kosovo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0022/2000) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (99) 0598- C5-0045/00- 1999/0240 (CNS) ) por la que se concede una ayuda financiera excepcional a Kosovo 
Me indican que nuestro ponente va a retrasarse unos minutos. 
Propongo a Sus Señorías que iniciemos el debate sin más tardar. 
El ponente se reunirá con nosotros e intervendrá en cuanto esté en el hemiciclo. 
Así, pues, paso el uso de la palabra sin más tardar al Sr. Bourlanges, en su calidad de ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, como tantas otras veces hablamos hoy de Kosovo y va siendo hora de que hagamos balance de lo que ya se ha conseguido en Kosovo, si es que se ha conseguido algo. 
Lo que quiero decir es que ya se han dado algunos pequeños pasos hacia la normalización de la situación y creo que en un debate como el que estamos celebrando ahora es legítimo enumerarlos. 
El 9 de febrero entró en funciones el llamado consejo provisional- se conoce con el nombre de Kosovo Transitional Council -, en el que tienen representación los partidos políticos, las minorías y la sociedad civil. La idea es que se convierta en una especie de parlamento provisional. 
Es sin duda un paso positivo del que nos alegramos, pero, por otra parte, pienso que es preciso dotar al consejo de un instrumento y un plan estratégico de cara a aquello que se pretende preparar, es decir, las elecciones previstas para el próximo otoño. 
Nadie sabe a ciencia cierta adónde deben conducir dichas elecciones ni cuál debe ser el Parlamento que se constituya a raíz de ellas. 
Nadie sabe cuáles deben ser las competencias de este Parlamento ante la UNMIK. 
Resumiendo, son muchos los factores imponderables sobre los que no tenemos ninguna información y es probable que los demás tampoco estén en condiciones de juzgarlos correctamente. 
Pero sobre todo los albaneses, que también forman parte del consejo provisional, deberían saber un poco mejor qué es lo que se espera realmente. 
Aparte de emprender acciones económicas y colaborar en la reconstrucción de la zona debemos fomentar la convivencia entre serbios, albaneses y otras minorías- incluidos los roma- en este país, en la esperanza de que en el camino hacia la convivencia algún día, ojalá no se haga esperar demasiado tiempo, se produzca la reconciliación. 
Quiero enumerar una vez más los logros que se han obtenido a estas alturas y que son motivo de alegría. 
En el ámbito administrativo ya se cuenta con 34 inspectores fiscales. ¡Es una noticia estupenda! 
Así, la gente tiene la obligación de pagar sus impuestos. Es un dato fundamental puesto que a largo plazo resulta inconcebible que todos dependan únicamente del bolsillo de la UE y de los demás donantes. 
Es importante que ellos mismos también aporten su granito de arena. Además, es preciso señalar que de los 19 departamentos 4 ya disponen de dirección administrativa, lo cual supone un avance en comparación con la situación anterior. 
Me queda por comentar otro punto decisivo para el Estado de derecho que pretendemos construir. Hay 130 jueces y fiscales. 
Ya han tomado posición de su cargo y pueden comenzar a trabajar. Deben administrar justicia y promover la cultura de la tolerancia en la zona, pero sobre todo están llamados a sacar a la luz los crímenes y dictar sentencia al respecto. 
Otro elemento positivo que les quiero recordar radica en el hecho de que el antiguo ELK está ahora comprometido con la reconstrucción del país. 
Me parece positivo. 
Comparto plenamente la opinión de la Comisión de Presupuestos acerca del tema de la financiación. Creo que debemos recordar a la Comisión que insista sin falta en que los demás donantes paguen por fin la parte que les corresponda. 
La Comisión de la UE no puede cargar con todo. 
Debe velar por la reconstrucción, debe velar por el IV Pilar, pero no es lícito que se le inste una y otra vez a cubrir los gastos corrientes del Sr. Kouchner. 
Eso se puede hacer una o dos veces, pero, en mi opinión, los donantes de las Naciones Unidas también deben aportar ayuda, y es ahí donde se abre un agujero enorme que no se puede tapar, o que nosotros al menos no podemos tapar. 
Nos espera una gran tarea, la de la reconstrucción, ésa es nuestra tarea y se nos evaluará según nuestra capacidad de llevarla a buen término. 
Señor Presidente, quisiera hacer algunas puntualizaciones. 
En un debate, existe siempre el peligro de repetirnos mucho los que intervenimos. 
Pero quisiera centrarme en cuatro puntos. 
En primer lugar quisiera que quedara bien claro que la Unión es el mayor contribuyente a la ayuda a la reconstrucción de Kosovo. 
Y quisiera decirle a la Sra. Albright, que lo que hemos leído últimamente en la prensa es así, que las cifras no mienten. 
Esto que quede bien claro, por mucho que no se quiera ver así. 
La Unión ha decidido ayudar con otros 35 millones de euros de ayuda macrofinanciera adicional a la reconstrucción de Kosovo, sobre la base de un informe del FMI que estima que se necesitan 115 millones más para la reconstrucción. 
Y quería decirle a la Sra. Pack que estoy totalmente de acuerdo con ella, que la Comisión debería instar a los otros contribuyentes a cumplir con su compromiso. 
También quiero manifestar mi preocupación- que es muy honda- por la declaración de algunos ministros del último ECOFIN en la que se hace ver que se quiere poner como una prioridad de la Presidencia portuguesa el que no se alteren, bajo ningún concepto, las perspectivas financieras tal como fueron acordadas en Berlín. 
Eso pone en entredicho el acuerdo que el Parlamento logró, con grandes dificultades, en diciembre con el Consejo, según el cual cuando la Comisión presenta un programa plurianual para la reconstrucción, se procedería, en su caso, a una revisión de las perspectivas financieras. 
Hago aquí un llamamiento a estos ministros para que no pongan en duda ese acuerdo que fue realmente muy difícil de alcanzar. 
Quisiera decir a la Comisión, con el agrado de tener al Comisario Solbes aquí esta noche, que nos presente a tiempo este programa plurianual de financiación, con el informe correspondiente, tal como el Parlamento ha pedido, para que pueda ser tenido en cuenta en la elaboración del anteproyecto del próximo presupuesto, en coherencia con lo que nos han prometido. 
Por último, deseo insistir en que, por mucho que hayamos acordado ahora 35 millones, sabemos que esto es un parche y que no es suficiente, pues deberíamos llegar lo antes posible a un acuerdo sobre un programa plurianual para la reconstrucción, tan necesaria, de Kosovo. 
Señor Presidente, estimados colegas, les pido disculpas por mi retraso, pero, desafortunadamente, este otro tema político continúa hoy en el orden del día. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa les recomienda librar los 35 millones de euros. Optamos por esta recomendación para que dichos recursos realmente puedan redundar en beneficio de las personas afectadas. 
Nuestra crítica no es tan virulenta como para que nos neguemos a ayudar a la gente de la zona, lo cual no quiere decir que la perdonemos. 
Obviamente, en este momento nuestro procedimiento estaría mucho más adelantado si la administración del Consejo no se hubiera olvidado de informar al Parlamento Europeo con la debida antelación, transmitiéndole los documentos oficiales. 
En ese caso, hubiéramos podido llevar a cabo una deliberación razonada y profunda. 
Pido a la administración que adopte las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. 
Si no actuamos en consecuencia es porque nos lo impide la situación de las personas afectadas. 
Sin embargo, debemos garantizar que se introduzcan determinadas condiciones. 
Una de estas condiciones es que el dinero se destine a quienes lo empleen en proyectos útiles y no a quienes posiblemente lo utilicen para conseguir fines distintos. Es decir, estos recursos deben ir a parar al ámbito de competencia del Sr. Kouchner, no a otros terrenos de acción. 
En segundo lugar, opinamos que los demás donantes también han de cumplir los compromisos adquiridos por mucho que la Comisión y el Consejo adopten otro punto de vista, aduciendo que esta exigencia plantea problemas reales. 
Se trata de una misión que está bajo el mando de Naciones Unidas y, por tanto, ¡es inaceptable que solamente la Unión Europea cumpla con sus obligaciones! 
Por el bien de las personas afectadas los demás países donantes han de cumplir asimismo con sus deberes dentro del plazo acordado. 
Todo ello me lleva a pensar que en el futuro tendremos que estudiar esta cuestión con más detenimiento, no sólo este proyecto concreto, sino la situación en la Europa sudoriental en general, así como la ayuda que se presta a la zona. Es otro ejemplo más de que la voluntad de la Unión Europea de ayudar, de librar fondos, se ve contrarrestada por las desavenencias surgidas en el seno de la dirección política. 
Tenemos tantos coordinadores, que deben rendir cuentas ante tantos patronos, que dentro de nada nos veremos obligados a designar un coordinador de coordinadores. 
Pero tal vez sería más oportuno que los cargos competentes de la Unión Europea y de las demás instituciones, de la OSCE hasta las Naciones Unidas, aunaran sus fuerzas para implantar un procedimiento uniforme y coordinado y averiguar cómo se puede ayudar realmente a las personas afectadas. 
Sé que esta cuestión es objeto de intensas deliberaciones en la Comisión. Ahora bien, si es la Unión Europea la que más se esfuerza por lograr este fin, le corresponde asumir la dirección en la zona, desplegando las acciones de modo uniforme con objeto de que las personas afectadas salgan realmente beneficiadas. 
No tiene sentido que las diferentes instituciones y asociaciones internacionales comiencen a competir entre ellas en casa. ¡Lo importante es que empleemos nuestra fuerza en ayudar a la gente in situ! 
Cuando veo que la conferencia de donantes para el pacto de estabilidad se aplaza una y otra vez- de momento ya ha quedado postergada hasta finales de marzo- y que nadie sabe cuáles son los proyectos concretos subyacentes, cuando nadie ve claro en qué se debe emplear la ayuda y las conferencias de prensa se suceden in eternis, se llega a la conclusión de que éste no puede ser el camino correcto para fomentar la paz y la reconciliación entre los habitantes de esa parte de Europa. 
Es con este motivo, estimada Comisión, estimada Presidencia del Consejo, que les instamos a aprovechar esta iniciativa política para evitar que volvamos a encontrarnos en una situación de emergencia que nos obligue a restablecer la capacidad de pago al cabo de un mes. 
Al contrario, debemos elaborar una estrategia de ayuda a largo plazo para la región. ¡Espero que por fin cumplan sus obligaciones políticas y que la situación que hemos vivido durante los últimos meses no se mantenga! 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, antes que nada quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Brok, por su informe. 
Es cierto que si el Consejo hubiera trabajado con la misma celeridad con la que ha trabajado el Sr. Brok, estaríamos más adelantados. 
¡El retraso del Consejo en este expediente realmente no tiene perdón! 
El ponente y el informe parten con razón del supuesto de que debemos ayudar urgentemente, aunque también puntualizan con razón que no puede tratarse de una ayuda ilimitada ni arbitraria. 
Quisiera referirme en concreto a la enmienda 5, que estipula inequívocamente que con cargo a los fondos de la ayuda financiera excepcional sólo podrán financiarse aquellas necesidades presupuestarias kosovares que deriven de las administraciones e instituciones públicas, semipúblicas, municipales y otras que sean controladas directa o indirectamente por la UNMIK. 
Esto debe quedar claro, señor Comisario, respaldamos a la UNMIK, respaldamos a las instituciones implantadas por las Naciones Unidas, prestando especial atención al IV Pilar, como es natural. Por tanto, es inconcebible que apoyemos las estructuras paralelas que se han ido creando en Kosovo y que siguen funcionando del mismo modo que antes. 
¿Qué se debe hacer con este dinero? 
Los derechos humanos merecen una mención especial. 
Occidente ha luchado por los derechos humanos en Kosovo. 
¿Qué sucede actualmente en la zona? 
Se ha puesto fin a las masivas expulsiones orquestadas por los serbios, pero a pesar de ello se producen prácticamente todos los días situaciones inaceptables en las que se mata a la gente o se le impide vivir donde y como quiere. 
Todos los días se registran agresiones contra serbios, roma y bosnios, al tiempo que continúan produciéndose ataques contra albaneses. 
En realidad, me ha atemorizado la noticia, si es que es cierta, de que un médico albanés, que sin duda ha trabajado en condiciones harto difíciles en el hospital de la parte serbia de Mitrovica, se ha visto obligado a dejar de atender a su pueblo en dicho hospital porque recibía continuas amenazas de muerte. 
Son incidentes y situaciones que no podemos tolerar. 
Me ha llegado la noticia- no sé si es verdad o no- de que los serbios continúan explotando una mina en Kosovo, en la parte serbia. 
Corre el rumor de que las milicias serbias siguen activas. 
A mí me da igual que sea un serbio, un roma, un bosnio o un albanés el que recibe amenazas o es asesinado en Kosovo. 
A mí me da igual quién intenta dividir y separar Kosovo. 
Lo que me importa es que los órganos que financiamos consigan lo que queremos conseguir, a saber, un Kosovo multiétnico, un Kosovo de la convivencia. 
Necesitamos más policías, puesto que las fuerzas actuales son insuficientes. 
Necesitamos una justicia independiente- cosa harto difícil -, necesitamos asimismo medios para el Alto Comisionado para los derechos humanos. 
Todo esto se debe hacer y cuanto antes se haga mejor. 
Si tardamos en prestar ayuda la situación empeorará, con el riesgo de que estallen nuevos conflictos y situaciones de crisis. 
Por eso mismo, me parece correcto que hayamos actuado con celeridad, que hayamos reconocido el carácter urgente de la operación y que libremos los fondos. 
Ahora bien, queremos ver hechos y también queremos ver resultados en Kosovo. Por ello, pido a la Comisión que procure que el dinero se destine a fines eficaces, sobre todo a la organización de la policía y a la organización de la justicia. 
. 
Señor Presidente, muchas gracias, en primer lugar, a los señores diputados, y especialmente al ponente, por la celeridad con la que han tratado este tema. Nos va a permitir, sin duda alguna, librar los fondos a Kosovo de forma rápida y hacer frente a las preocupaciones que tanto el Sr. Swoboda como la Sra. Pack nos han planteado. 
En el debate de esta noche, creo percibir tres tipos de preocupación fundamentales. 
En primer lugar, aunque se ha avanzado mucho, y podríamos hacer referencia a la administración de aduanas, a la administración bancaria, a la administración tributaria, es verdad que tenemos que seguir adelante. 
¿Adelante para financiar qué? 
Ahí tenemos un primer punto de un cierto desacuerdo. 
Ustedes nos plantean en alguna de sus enmiendas que se establezca de forma más limitada el tipo de entidades a las que se refiere la aportación de la financiación de la Unión. Por ejemplo, en las enmiendas 3 y 5. 
Sin embargo, de acuerdo con nuestra percepción, en ambos aspectos debería dejársele un mayor margen de maniobra a la administración de las Naciones Unidas que, sobre el terreno, conoce la realidad mejor que nosotros. 
Creemos que predefinir en estos momentos hacia dónde deben dirigirse los recursos generaría más dificultades prácticas. 
Tendremos, en definitiva, que depositar nuestra confianza en aquellos que, sobre el terreno, pueden, mejor que nosotros, tomar ciertas decisiones. 
La segunda preocupación, que he visto compartida por algunos de ustedes- la planteaba en primer lugar el Sr. Bourlanges, pero lo han repetido algunos más -, se refiere a lo que sucede con los demás donantes. 
¿Está la Comisión haciendo un esfuerzo excesivo mientras que los demás no están llevando a cabo su cooperación? 
Algunas de las enmiendas de su informe van en este sentido. Por ejemplo, las enmiendas 1, 2 y 4. 
Yo le diría al Sr. Bourlanges y a los que han planteado este tema que el problema fundamental no está en la idea, que compartimos absolutamente. 
El problema fundamental está en que, en el momento actual, el reparto de la carga entre los diferentes donantes está establecido- es cierto- en las declaraciones del high level steering group, pero es cierto también que no tienen un valor legal, que es sólo un compromiso político. 
Esa es la razón por la que nosotros pediríamos, y hemos dado una nota al Sr. Brok en este sentido, que la enmienda nº 1, aceptando el espíritu, estuviera redactada de otra forma que no implicara una condicionalidad para la aportación de los recursos comunitarios. 
Otro tanto diría respecto a la enmienda nº 2, que también consideramos que sería aceptable con una ligera modificación, ya que, en cuanto al fondo, la idea nos parece correcta. 
La enmienda nº 4 tiene un poco la misma naturaleza. 
En este punto concreto, posiblemente podríamos darle una mayor satisfacción al Sr. Bourlanges. 
Ya se ha hablado con el Consejo para que incluya en su decisión una declaración de la Comisión que establezca ese elemento de condicionalidad. 
Exactamente lo que proponemos es, en cuanto a la segunda aportación, que el montante exacto y el momento en que se lleve a cabo la puesta en marcha del segundo tramo, se decida tomando en cuenta las necesidades financieras externas de Kosovo y la contribución de otros donantes bilaterales. 
Dicho de otra forma, no establecemos una condicionalidad, o pensamos que es más efectivo no establecer una condicionalidad desde el momento inicial, y, sin embargo, la establecemos en cuanto a esa posible liberalización del segundo tramo. Con ello, no tendríamos problemas para actuar de inmediato, no crearíamos problemas a la población de Kosovo, pero, sin embargo, forzaríamos a los restantes donantes a que lleven a cabo sus esfuerzos financieros lo mismo que lo estamos haciendo nosotros. 
Un tercer problema lo ha planteado la Sra. Dührkop sobre los programas plurianuales. 
Recordaría que los proyectos son plurianuales. 
Los programas, evidentemente, tienen que tomar en consideración las aportaciones presupuestarias anuales. 
Por último, haría algún comentario sobre los deseos de información adicional que se nos plantean. 
Por una parte, se nos ha pedido que facilitemos al Parlamento la evolución de las licitaciones y en este sentido, le podría decir que la Comisión ya ha tenido la ocasión de facilitar a la Comisión de Presupuestos del Parlamento la semana pasada el último estado de contratos y pagos efectuados desde que la task force se puso en marcha en Kosovo. 
La Comisión puede comprometerse a continuar manteniendo informado al Parlamento de forma regular sobre las licitaciones que se publiquen. 
Nuestro deseo es que se incluyan también en Internet, de forma que exista la máxima transparencia respecto a este punto concreto. 
Un segundo punto sobre el que querría hacer algún comentario es el resto de la información que puede ser de importancia para el Parlamento en cuanto al cumplimiento de la asistencia macroeconómica. 
En ese sentido, les comunico también que la Comisión está dispuesta a mantener informados a los presidentes de las distintas comisiones parlamentarias implicadas en ese tema de forma regular sobre una base confidencial, si así lo exige la naturaleza de la información que se facilita, y sobre los distintos esquemas que se ponen en marcha para las operaciones de asistencia macroeconómica. 
Muchas gracias, señores diputados y espero que, con la decisión final del Consejo, podamos desbloquear estos fondos y llevar a cabo una aportación positiva que nos permita continuar el importante esfuerzo que se está haciendo en Kosovo por parte de unos y otros para lograr esa situación de mayor convivencia y mayor paz que todos deseamos. 
Señor Presidente, me felicito por la convergencia de opiniones existente entre el Parlamento, la Comisión de Presupuestos en particular, y la Comisión y aseguramos que, por nuestra parte, seremos siempre fieles a la cita para ayudar a la Comisión a desempeñar su tarea. 
Sin embargo, siento una pequeña inquietud, al escuchar al Comisario, ante los compromisos contraídos por los servicios en la Comisión de Presupuestos. 
Se había convenido claramente- no digo que sea bueno o malo, pero es un contrato- entre los servicios de la Comisión y la Comisión de Presupuestos que había acuerdo sobre las enmiendas 4 y 7, es decir, que había un acuerdo sobre la idea de vincular la movilización, la aplicación, del segundo tramo de la macroayuda financiera al respeto previo de los compromisos contraídos por los donantes. 
Ahora bien, he creído comprender, al escuchar al Sr. Solbes, que se debe poner entre paréntesis ese compromiso. 
Señor Comisario, un acuerdo es un acuerdo. 
¿Confirma usted, sí o no, el acuerdo que concertaron sus servicios en la Comisión de Presupuestos o relaja usted esa condicionalidad, lo que constituiría una ruptura del compromiso con nosotros? 
No, señor Bourlanges, creo que es un problema de fondo. 
El problema es el siguiente: cómo instrumentar el compromiso que aceptamos. 
Lo que le propuse, y le repito ahora, es que la Comisión hará una declaración, en la decisión del Consejo, del siguiente tenor: 
La cantidad exacta y el tiempo de ejecución del segundo tramo seá decidida en el momento oportuno, teniendo en cuenta la evolución de las necesidades de financiación exterior de Kosovo, así como las contribuciones de otros donantes bilaterales. 
En ese sentido, creemos que respetamos totalmente lo que concluimos. 
Pido simplemente a la Comisión, antes de ejecutar el segundo tramo, que venga a informar a la Comisión de Presupuestos. 
Estoy totalmente de acuerdo y así lo haremos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
ALTENER 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0011/2000) del Sr. Langen sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0333/1999- 1997/0370 (COD) ) por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad- ALTENER 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Langen- aunque no esté presente- por el trabajo que ha realizado para que este programa sea aprobado tanto en el Parlamento, como en el Consejo. 
Este proyecto ha sido largo y complicado. 
En el futuro, también habrá que seguir estimulando de forma importante la investigación destinada a determinar la utilización de las fuentes de energía renovables. 
A pesar de que esta nueva directiva tiene muchas virtudes, también tiene muchos defectos. 
Por ejemplo, la ausencia en la misma de la turba de pantano. 
La turba no debe clasificarse en el mismo grupo que los combustibles fósiles. 
Si la turba no puede incluirse directamente entre las energías renovables, entre las fuentes de energía no fósiles, entonces debería considerarse como un grupo específico, sobre todo, a la hora de aplicarle un impuesto ecológico. 
No es justo que la turba sea evaluada con los mismos indicadores que, por ejemplo, la hulla. 
El desarrollo de las fuentes de energía renovables forma parte del conjunto de soluciones para acabar con la dependencia de la energía de importación por parte de la Unión. 
La investigación también desempeña un papel fundamental en el marco de la próxima ronda de negociaciones para la ampliación de la UE. 
La dependencia de la energía de importación afecta con mayor gravedad precisamente a algunos países de Europa del Este, cuyas infraestructuras económicas están sometidas aún a la dependencia de la energía rusa que se creó en los tiempos de la Unión Soviética. 
La UE se atiene al Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. 
Todos estamos preocupados por el medio ambiente y por el futuro de nuestros hijos. 
Hay que aumentar la proporción de las fuentes de energía renovables en el grueso de la producción energética, pero esto debe hacerse también de una forma racional. 
Debemos recordar que deberá pasar mucho tiempo antes de que estemos en condiciones de construir nuestra producción básica de energía sobre la única base de las fuentes de energía renovables. 
Y para ello necesitaremos energía sin impacto sobre el clima, la energía nuclear. 
. (DE) Señor Presidente, pido disculpas por mi pequeño retraso, pero el debate se ha cerrado antes de lo previsto. 
Doy las gracias a mi colega por haberme sustituido. Ya se ha referido brevemente a los programas ALTENER y SAVE. 
Son el resultado final de un procedimiento de conciliación sobre medidas en el ámbito energético para el período 1998-2002. 
ALTENER, en concreto, se centra en el importante tema de las energías renovables. 
Con ello se pretende crear las condiciones necesarias para la puesta en práctica de un plan de acción en este ámbito y fomentar aún más las inversiones privadas y públicas para la producción y utilización de energías renovables 
Habida cuenta de que el programa vigente venció a finales del año pasado y de que el Consejo no aceptó las enmiendas aprobadas por el Parlamento, resultó necesario convocar el Comité de Conciliación. 
La tenacidad con la que los Estados miembros se han opuesto en el seno del Consejo a este programa para las energías renovables y la dotación presupuestaria correspondiente es realmente asombrosa. 
Pero también debo decir que la capacidad de acción del Presidente finlandés del Consejo se vio reducida considerablemente mientras los Estados miembros se negaban a aceptar el necesario incremento de dichos recursos presupuestarios. 
La dotación inicial por valor de 81,1 millones de euros, tal y como la propuso la Comisión, fue rebajada unilateralmente y sin explicación alguna a 74 millones de euros por parte del Consejo. 
Por tanto, no era más que lógico que el Parlamento exigiera que se restableciera la cantidad inicial. 
Aparte de la dotación financiera del programa había algunos otros puntos acerca de los cuales el Consejo y el Parlamento tenían opiniones divergentes. 
En el marco del procedimiento de conciliación logramos alcanzar un acuerdo con el Consejo sobre nuestras peticiones más importantes, así como sobre la necesidad de examinar la apertura del programa ALTENER a los países mediterráneos asociados en el contexto de la próxima revisión del mismo. 
Se nos aseguró que a este fin el Consejo publicaría una declaración en el Diario Oficial. 
En lo que al marco financiero se refiere el Consejo estuvo a punto de hacer peligrar la continuación del programa al reducir sustancialmente la dotación inicial. 
Antes que nada la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación quiso garantizar la continuidad del contenido de un programa bien pensado. Es por eso por lo que al final hemos optado por apoyar el compromiso aun cuando no nos convenza del todo. 
Hemos aceptado que la dotación financiera se incremente hasta un total de 77 millones de euros. Es un resultado plausible, aunque no plenamente satisfactorio. 
Nos hemos pronunciado a favor de este compromiso a fin de no poner en peligro la continuidad del programa. 
Sin embargo, parece ser necesario que los Estados miembros hagan esfuerzos suplementarios para alcanzar el objetivo de que en el año 2010 el 15% del suministro total de energía correspondiente a la demanda primaria de energía se produzca por medio de energías renovables. 
De este modo, queda garantizada la continuidad de un programa comunitario que desempeña un papel fundamental en la política económica y de medio ambiente y que contribuye a la limitación de las emisiones de CO2, el aumento de la cuota correspondiente a las energías renovables en el balance energético global, la reducción de la dependencia con respecto a las importaciones de energía, la seguridad del suministro, la cohesión y el desarrollo local y regional. 
Pero, obviamente, no basta con esto; es fundamental que los Estados miembros hagan un esfuerzo suplementario. 
El pasado 9 de diciembre el Comité de Conciliación aprobó el texto final del programa despejando el camino para que en el futuro sigan fomentándose los estudios y acciones en el ámbito de las energías alternativas destinados a desplegar el potencial de las energías renovables. 
Además de ello, la continuación del programa ALTENER garantiza la promoción y la puesta en práctica de medidas piloto orientadas a la concepción y la creación de infraestructuras, la transmisión de conocimientos y acciones concretas dirigidas a facilitar el acceso al mercado de las energías renovables. 
Ello se aplica sobre todo al calor geotérmico, la energía eólica, las pequeñas centrales hidroeléctricas, la utilización pasiva y activa de la energía solar en edificios y el uso de la biomasa. 
Basta con echar una ojeada a la lista anterior para comprender hasta qué punto es necesario e importante que en el futuro se sigan estableciendo a escala europea medidas de fomento adecuadas en el terreno de las energías alternativas. 
Muy en particular quisiera manifestar mi gratitud hacia la Comisión y la Comisaria competente, la Sra. De Palacio, por haber respaldado la postura del Parlamento. 
El Parlamento Europeo ha logrado un compromiso razonable modificando la posición común del Consejo. 
Agradecería a mis colegas que aprobaran el resultado del Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE me felicito de que hayamos obtenido un resultado en el procedimiento de conciliación relativo al programa ALTENER II. En primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Langen, por el excelente trabajo que ha realizado con respecto a este informe. 
Asimismo quiero agradecer al jefe de la delegación en el Comité de Conciliación, el Sr. Provan, porque como ya ha señalado el Sr. Langen, la lucha en el Comité de Conciliación ha sido dura. 
Sin embargo, hoy podemos ver que el resultado de la conciliación lleva claramente el sello del Parlamento Europeo. 
El Sr. Langen ha destacado que se han adoptado numerosos puntos y peticiones de fondo formulados por el Parlamento. E incluso en cuanto a la principal fuente de discordia con el Consejo, a saber, la dotación financiera de este programa plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad, nos hemos vuelto a encontrar prácticamente a mitad de camino, como ya se ha mencionado. 
Debo admitir que no es una solución satisfactoria, pero hemos aceptado este compromiso en el convencimiento de que el programa debe ponerse en marcha lo antes posible. 
Es fundamental que en los próximos años la cuota de las energías renovables en el consumo energético se duplique y alcance al menos un 12%. 
Es ésta la meta perseguida por la Unión Europea. 
En este contexto, el programa ALTENER desempeña un papel fundamental por ser el único programa de la UE que se destina exclusivamente al fomento de las energías renovables. 
Por una parte, este nuevo programa de cinco años de duración pretende ampliar las acciones estipuladas en el programa ALTENER I. Entre ellas, figuran entre otras medidas el refuerzo del intercambio de información y experiencias entre los actores activos en el ámbito de las fuentes energéticas renovables, así como la fundación de agencias de energía locales y regionales, la creación de nuevas redes y el fomento de las redes ya existentes, por poner algunos ejemplos. 
Sin embargo, el mayor interés del programa ALTENER II radica- en mi opinión- en las nuevas acciones dirigidas a facilitar el acceso al mercado de las energías renovables, así como en las nuevas medidas de puesta en práctica, acompañamiento y control de la estrategia y el plan de acción comunitarios. 
En este momento tenemos delante un documento de trabajo de los servicios de la Comisión para una campaña destinada al triunfo definitivo de las energías alternativas que constituye una parte fundamental de dicha estrategia comunitaria. Prevé medidas de fomento en todos los ámbitos clave de las energías renovables. 
El presente programa ALTENER ha de acompañar esta campaña, ha de respaldarla. 
En total los gastos de inversión de la campaña se estiman en unos 30 mil millones de euros. 
Está previsto que el 75 u 80% de este importe se financie con fuentes privadas. El resto se completará con fondos públicos procedentes de los Estados miembros y de las regiones. 
No cabe duda de que el programa ALTENER puede dar un nuevo e importante impulso a las inversiones. Puede aliviarlas y ayudarnos a alcanzar realmente nuestro objetivo, en beneficio de la protección del medio ambiente, en beneficio de la economía y en beneficio de la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero darle las gracias al Sr. Langen por el buen trabajo que ha realizado en este importante asunto. 
El resultado final concertado que ha presentado el Comité de Conciliación sobre el programa ALTENER, después de los momentos difíciles por los que pasado, es cuanto menos satisfactorio. 
La mayor parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento han sido tomadas en cuenta y, como factor positivo, hay que señalar el aumento de la financiación del programa hasta un total de 77 millones de euros. 
La Unión tiene objetivos muy ambiciosos en cuanto al incremento de la utilización de las energías renovables. 
Sin embargo, los fondos destinados al programa son insuficientes para alcanzar estos objetivos. 
Estos fondos deben ser dedicados a financiar proyectos piloto, la investigación, el intercambio de información y también a modificar las actitudes de tal modo que sean favorables a la utilización de las energías renovables. 
Los Estados miembros asumen la responsabilidad principal a la hora de incrementar la utilización de las fuentes de energía renovables. 
Es de desear que este programa impulse a los Estados miembros a actuar con determinación para aumentar la utilización de las energías renovables. 
Pero en el futuro, la Unión también tendrá que contribuir en mayor medida al fomento de la utilización de las energías renovables y deberá garantizar que éstas puedan acceder a los mercados sin obstáculos. 
El fomento de la utilización de las energías renovables es de extrema importancia para el medio ambiente. 
La Unión no podrá alcanzar sus objetivos, si no se incrementa activamente el uso de las fuentes de energía renovables. 
Las fuentes de energía renovables reducen la dependencia de la energía de importación y, a su vez, el aumento de su utilización mejora la competitividad. 
Europa también puede conseguir el liderazgo de la industria especializada en proveer los equipos necesarios para la utilización de las energías renovables. 
Hay que recordar también que el uso de las fuentes de energía renovables influye positivamente en el desarrollo y en el empleo de las regiones. 
Yo también me permito mencionar aún la turba de pantano. 
En la relación de las fuentes de energía renovables no está incluida la turba. 
Sin embargo, la turba es, al menos en Finlandia, una fuente de energía importante que se ha usado tradicionalmente y que se renueva lentamente. 
Deseo que, en un futuro, la turba pueda ser incluida en el listado de fuentes de energía renovables. 
Señor Presidente, permítame para comenzar felicitar al Sr. Langen por su trabajo. 
Las actividades del programa ALTENER fomentarán las energías renovables, y creo que programas como éste merecen recibir ayuda financiera en la fase de desarrollo, porque tienen un enorme potencial comercial en el futuro. 
Por este motivo, me complace de manera especial comprobar que los fondos van destinados a proyectos de pequeñas y medianas empresas. 
Los objetivos aprobados a nivel internacional de reducir las emisiones no podrán alcanzarse únicamente con estos programas. 
En este sentido, conviene recordar que la política energética sigue siendo competencia nacional. 
Es imperativo que los gobiernos nacionales presten todo su apoyo a mejorar la eficacia energética y a desarrollar fuentes renovables. 
Me complace que Irlanda haya anunciado recientemente que destinará 125 millones de libras al desarrollo de un sector energético ambientalmente sostenible. 
Me gustaría pensar que la contribución del programa ALTENER dé lugar a más iniciativas. 
Como acertadamente dice el texto final, acciones como éstas pueden repercutir en la reducción de las desigualdades entre regiones. 
Doy fe de que ya he recibido importantes muestras de interés por el programa ALTENER en mi circunscripción de Leinster, una buena parte de la cual forma parte de la única región de Irlanda de Objetivo 1. 
Apoyo todos los esfuerzos encaminados a salvar la distancia en materia de desarrollo económico en la provisión de infraestructura, incluido el sector de la energía. 
En un palabra, nos enfrentamos al importante reto de cumplir nuestros compromisos relativos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector energético, de conformidad con el Protocolo de Kioto, al tiempo que fomentamos el crecimiento de nuestras economías. 
El programa ALTENER hará una valiosa aportación a los esfuerzos combinados de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor ponente, Señorías, como ha recordado nuestro ponente, llegamos al final de una larga y difícil conciliación con el Consejo sobre el programa Altener. 
Nuestro ponente nos ha recordado que el plan financiero propuesto por el Consejo era, en el punto de partida, de 74 millones de francos, mientras que la Comisión había propuesto 81,1 millones, importe que el Parlamento Europeo había apoyado. 
Una primera reunión de conciliación fracasó, porque el Consejo tan sólo aceptaba entonces un aumento de 1,9 millones de euros. 
No podíamos estar de acuerdo con semejante propuesta, que ponía en entredicho los poderes del Parlamento Europeo. 
Una segunda conciliación permitió añadir 1,1 millones de euros más para lograr esta transacción de 77 millones. 
Pese al aumento de 3 millones respecto de la propuesta inicial, personalmente deploro una vez más que los medios financieros no estén a la altura de las ambiciones anunciadas y que el interés por el ahorro manifestado por el Consejo en esta situación contraste demasiado con sus declaraciones a favor de la seguridad de aprovisionamiento energético, de la creación de puestos de trabajo, de la protección del medio ambiente, que son otros tantos imperativos que hemos de afrontar. 
Ahora bien, las energías constituyen un medio indiscutible para lograr esos objetivos. 
Sin embargo, pese a las reservas que expreso sobre la deficiencia de la dotación financiera, apoyo personalmente la transacción en pro del contenido del programa, al que el Parlamento Europeo ha contribuido activamente, ya que, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, esa esfera ha entrado en la codecisión. 
Es casi seguro que con la panoplia de medidas y acciones propuestas deberíamos poder acercarnos al objetivo del 12% de energías renovables en 2010, es decir, su duplicación, siempre que se mantengan todos los créditos, incluidos los estatales. 
Así, pues, este programa, junto con el programa SAVE II, con la integración de la dimensión medioambiental en la política energética, pone las bases de una verdadera estrategia comunitaria para lograr una energía poco contaminante, al tiempo que reducimos nuestra dependencia. 
Y, para concluir, señor Presidente, me permitiré también insistir para que, aparte de las medidas propuestas, haya también medidas legislativas y sobre todo presupuestos consecuentes para acompañar esas voluntades políticas. 
Y termino, naturalmente, felicitando al Sr. Langen, nuestro ponente, por su trabajo, como también a todos los miembros de la comisión y del Comité de Conciliación. 
. 
Señor Presidente, Señorías, quiero, en primer lugar, expresar mi satisfacción por el acuerdo alcanzado sobre el programa ALTENER II en el Comité de Conciliación y sumarme a las manifestaciones hechas por los distintos intervinientes y, por supuesto, señalar que este acuerdo va a permitir que el programa ALTENER se incorpore en breve al programa marco de energía. Todo esto proporcionará una mayor coordinación, transparencia y eficiencia en nuestros programas energéticos, a los que también tendrá que incorporarse el programa SAVE, del cual vamos a discutir pronto. 
Quiero decir que los trabajos realizados a lo largo de este tiempo por el Parlamento han sido de una alta calidad, y en ese sentido felicito al ponente Sr. Langen y también a los distintos oradores que han intervenido tanto en comisión como aquí en el Pleno. 
Obviamente, ha habido discusiones, tuvimos que ir a una conciliación, como recordaban hace un momento el ponente y el Sr. Caudron, pues en la primera reunión no se consiguieron resultados, y hubo que reunirse una segunda vez, a pesar de que las cifras tampoco eran excesivas. 
Pero yo creo que al final hemos conseguido un acuerdo razonable, que, como todos, quizás no sea perfecto pero que, yo creo, permite sacar adelante los proyectos que teníamos entre manos. 
Quiero reiterar, por lo tanto, mi felicitación al ponente Sr. Langen, por el trabajo realizado, dar las gracias a todos los oradores y, desde luego, celebrar la actuación del Vicepresidente Provan a lo largo de la conciliación, que contribuyó eficazmente a la obtención de un resultado positivo. 
Celebro también la actuación razonable y flexible por parte del Consejo. 
SAVE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0010/2000) de la Sra. Ahern, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de la eficiencia energética- SAVE (C5-0334/1999- 1997/0371 (COD)) 
. (EN) Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento al Consejo y a la Comisión por el útil y minucioso procedimiento de conciliación, en el que además ha reinado la concordia, algo que no siempre sucede. 
Me complace afirmar que considero muy satisfactorio el resultado final del trámite de conciliación para el Parlamento, porque el texto conjunto incorpora todas sus enmiendas íntegramente o con modificaciones en el texto conjunto. 
El importe financiero que finalmente ha sido asignado al programa también supone una mejora considerable con respecto a la propuesta del Consejo en segunda lectura, que el Parlamento consideró del todo inaceptable, y hemos avanzado mucho en este sentido. 
Por ello propongo que esta Asamblea apruebe en tercera lectura las propuestas relativas al programa SAVE y la conclusión alcanzada en el procedimiento de conciliación. 
Quisiera recordar a la Asamblea que el Parlamento aprobó en segunda lectura este informe que contenía ocho enmiendas, entre las que se incluía la restitución del presupuesto original de la Comisión. 
La Comisión aceptó cinco de las enmiendas propuestas, incluida la relativa a la dotación presupuestaria, y agradezco a la Comisión su continuo apoyo al presupuesto durante el procedimiento de conciliación, porque lo que proponía el Consejo era inaceptable. 
En el procedimiento se logró alcanzar un acuerdo sobre los estudios y acciones destinados a elaborar, aplicar, completar y evaluar las medidas comunitarias. 
Se lograron textos de compromiso para otras cinco enmiendas, incluida la mención de medidas legislativas y no legislativas y la inclusión de los centros energéticos locales y, lo que es muy importante, los sistemas de auditoría energética en el seguimiento de los avances de la eficiencia energética. 
El Parlamento defendió estoicamente el tema de la dotación financiera ante la muy exigua oferta inicial del Consejo. 
Lo cierto es que fue necesario celebrar varias reuniones hasta que por fin el Consejo accedió a conceder un incremento sustancial de la dotación. 
Conseguimos un incremento de 2 millones de euros con respecto al importe inicial, lo que supone un aumento decisivo que puedo recomendar a la Asamblea y con el cual la Comisión ha confirmado que puede ejecutar los programas. 
Ésta fue una consideración importante para nosotros. 
No obstante, quisiera decir que es y siempre ha sido un presupuesto muy modesto y que, por tanto, la financiación de este programa es más simbólica que real. 
La financiación del ahorro energético sigue dependiendo principalmente de los Estados miembros. 
Debemos tenerlo presente cuando aprobemos este programa. 
Es una pena que sea más simbólico que real lo que podemos alcanzar a nivel comunitario, porque existe un gran entusiasmo a nivel local para que se adopten medidas, incluidas medidas comunitarias, destinadas al ahorro energético. 
La Comunidad puede intervenir poniendo en contacto a los activistas locales entre sí con el fin de evitar que no intenten reinventar la rueda en cada región. 
Debemos desempeñar un papel importante en la Comunidad de la Unión Europea en este sentido. 
SAVE es el único programa a escala comunitaria destinado a fomentar el consumo racional de energía. 
Se centra en elementos no técnicos que ayuden a construir infraestructura de eficiencia energética y la finalidad del programa es crear un entorno en el que se fomenten las inversiones y la eficiencia energética. 
En este sentido, debemos reconocer que existe también una oportunidad de mercado para el sector del ahorro energético. 
Hemos oído muchas cosas sobre los problemas de competencia en el ámbito de las energías renovables, pero la eficiencia energética permitirá a las empresas economizar, de hecho supone un ahorro para todos y por tanto no debería ser problemático. 
Es algo que todos podemos apoyar. 
Debo decir que, al igual que la maternidad, a pesar de que todos la apoyamos, a veces es muy poco lo que hacemos para ayudar de manera sustancial y concreta a las madres o las personas que se dedican al ahorro energético. 
Podríamos hacer bastante más, teniendo en cuenta que hemos asumido grandes compromisos en lo relativo a la reducción de las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, además de una reducción de la dependencia de las importaciones de energía. 
No estamos adoptando el tipo de medidas que los ciudadanos desean. 
No estamos conectando de manera que los ciudadanos puedan realmente hacer algo concreto ya sea en el hogar o en sus oficinas o en las fábricas para apoyar las medidas de lucha contra el cambio climático global. 
Deseo agradecer una vez más a todos los que han contribuido en este proceso de conciliación. 
Señora Presidenta, Señorías, de nuevo quiero agradecer a la Sra. Ahern su trabajo como ponente en esta propuesta, pues ha contribuido, con la colaboración de los otros parlamentarios, a obtener al final un resultado muy razonable, que mejora en algunos aspectos incluso alguna de las propuestas de la propia Comisión y, desde luego, lo que en el primer momento, desde el punto de vista presupuestario, había aceptado el Consejo. 
Como muy bien ha dicho la Sra. Ahern, tanto el presupuesto del programa SAVE, como el del programa ALTENER, son presupuestos más que nada simbólicos, pues el peso lo llevan los países, los Estados de la Unión, las regiones o incluso, en algún caso, los ayuntamientos. 
Pero en cualquier caso, no por ser relativamente reducido su volumen deja de tener el importante valor simbólico que supone el que hay una voluntad en la Comunidad en su conjunto de apoyar este tipo de actuaciones que contribuyen a que cumplamos realmente nuestros compromisos de Kioto y además a que consigamos una mayor diversificación en nuestras fuentes de energía, una mayor seguridad en nuestro abastecimiento y, en el caso del SAVE, a que vayamos hacia un menor consumo, una mayor eficiencia en la utilización de la energía, contribuyendo de esa manera a alcanzar los objetivos marcados. 
Además, entorno a estos programas, es decir, el programa SAVE, mayor eficiencia y ahorro de energía, y el programa ALTENER, energías renovables, hay un reto tecnológico importantísimo, que desde el punto de vista económico puede dar lugar a importantes posibilidades para la industria y también para la generación de empleo en nuestros países, y, por lo tanto, en el conjunto de la Unión. 
En cuanto a lo que ha sido la tramitación parlamentaria, quiero reiterar mi agradecimiento a todos los que han actuado e intervenido, fundamentalmente a la ponente, porque en la propuesta aceptada por el Consejo se han incorporado la mayoría de las enmiendas del Parlamento, en este caso, prácticamente la totalidad, aunque con algunas modificaciones, y porque, además, se ha conseguido mejorar la oferta primera en cuanto a fondos. 
Se ha conseguido mejorar con dinero fresco, como hablamos en su día, y se ha conseguido salvaguardando lo que son prerrogativas y competencias de este Parlamento. 
En cuanto Comisión, en este juego interinstitucional, creo que eso siempre es importante y me satisface mucho resaltarlo. 
Reitero mi agradecimiento a todos los que han intervenido, muy especialmente también al Vicepresidente, Sr. Provan, por su magnífica actuación a lo largo de todo este debate, sobre todo durante el trámite de conciliación, al presidente de la Comisión de Industria y, también muy especialmente, a la ponente, Sra. Ahern, y a todos los diputados que han participado en estos trabajos. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
CULTURA 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al informe del debate (A5-0009/2000) del Sr. Graça Moura, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y el Consejo (C5-0327/1999- 1998/0169 (COD) ) por la que se establece un único instrumento de financiación y de programación en favor de la cooperación cultural (Programa "Cultura 2000") 
Señora Presidenta, pese a lo dispuesto en el artículo 151 del Tratado de Amsterdam, la cultura ha sido el pariente más pobre en el desmultiplicado aparato de programas y medios financieros, técnicos y humanos movilizados para el proyecto europeo. 
Se dirá que los objetivos que presidieron hace cincuenta años la fundación de la "Casa Europea", en la que hoy vivimos, eran más específicamente económicos y sociales. 
Se dirá también que las políticas europeas han sufrido, a lo largo de estos cinco decenios, muchos y encontrados impulsos en las más diversas coyunturas y por las más diversas razones. 
Pero en el espíritu de los países fundadores de Europa no podía dejar de estar presente la matriz de civilización que los movió a desear crear condiciones duraderas para la paz. 
Esa matriz de civilización está hecha de una profunda diversidad cultural. 
Una Europa de las identidades nacionales puede vivir por mucho tiempo en paz y prosperidad, si esa diversidad cultural conserva su vitalidad, eliminando la mezquindad y la agresividad de los resentimientos que por lo general conducen a los nacionalismos exacerbados. 
Para que así sea, son imprescindibles el conocimiento recíproco y la comunidad de los valores del humanismo cívico y de la tolerancia, del saber, de la creación artística y demás creaciones culturales, que arraigan en el fértil humus europeo y expresan lo más noble y más profundo del espíritu humano. 
En consecuencia, y para que ese conocimiento y esa comunidad resulten posibles en plenitud, deben basarse en una concepción de la cultura con la dimensión esencial de la democracia europea. 
No cabe duda de que la convergencia real, la cohesión económica y social, la moneda única, la lucha contra el desempleo y la exclusión y también la competencia corresponden a la creación de conjuntos de condiciones encaminadas a proporcionar una mayor igualdad, un mayor desarrollo, una mayor calidad de vida y mejores oportunidades para los ciudadanos europeos. 
No cabe duda de que la política de defensa y seguridad común podría fortalecer una identidad y una afirmación europeas en el mundo. 
No cabe duda de que la política de defensa de los derechos humanos aspira a una proyección universal. 
Pero, si las políticas dirigidas a la cultura no llegan a dar un sentido superior y claramente distintivo a todo eso, ni Europa ni la democracia europea podrán llegar demasiado lejos. 
Por la vía de la cultura y sólo por ella pueden muchos millones y millones de ciudadanos reconocerse como europeos y cultivar, desarrollar y profundizar ese sentimiento de su pertenencia a Europa. 
Ahora bien, ese acicate es, señora Presidenta, el que ha faltado a la política europea. 
Se habla de cultura, de cooperación cultural, de acciones emblemáticas, de grandes iniciativas, de redes de agentes y operadores culturales, pero se evita cuidadosamente la referencia a una política cultural de las instituciones europeas, que, por lo demás, en nada chocaría con el principio de subsidiariedad. 
Se habla incluso, como retórica a veces razonablemente expresiva, de la importancia de la cultura para el proyecto europeo, pero se destinan sumas ridículas a programas que deberían servir con permanencia y regularidad a más de 300 millones de personas, dándoles acceso a un patrimonio que les pertenece y suscitando en ellas una apetencia activa e interactiva de contacto con los grandes valores y las grandes creaciones que lo constituyen. 
Los ciudadanos europeos a los que aquí representamos tienen el derecho a exigir de las instituciones de la Unión una actitud más coherente, más eficaz y, sobre todo, más europea. 
Estas consideraciones sirven de introducción a la apreciación por esta Asamblea del proyecto común relativo al programa CULTURA 2000, aprobado por el Comité de Conciliación el pasado día 9 de diciembre. 
Recuérdese que CULTURA 2000 crea un instrumento único de financiación y programación para la cooperación cultural. 
En la conciliación se lograron soluciones satisfactorias sobre casi todas las enmiendas abordadas en segunda lectura, por lo que se puede considerar consagrado en términos razonables el entendimiento de fondo de este Parlamento y, en particular, la prioridad política de la creación de condiciones para que las acciones abarcadas por CULTURA 2000 alcancen al mayor número posible de ciudadanos. 
Ya en cuanto a los aspectos presupuestarios la delegación del Parlamento hubo de afrontar la irreductibilidad del Consejo en lo relativo al aumento de la asignación de 167 millones de euros prevista inicialmente. 
Sin embargo, se logró una solución mitigadora de esta posición, sólo posible, por lo demás, por el empeño personal de la Comisaria Viviane Reding para encontrar una solución constructiva. 
Gracias a ella, la Comisión se comprometió a presentar, antes del 30 de junio de 2002, un informe sobre el funcionamiento del programa y en el que se pronunciará sobre la suficiencia o insuficiencia de los recursos financieros disponibles y propondrá, en su caso, una revisión de ese aspecto. 
No se debe ocultar que el éxito de esa propuesta dependerá, en última instancia, de que entretanto se haya encontrado un mecanismo institucional correspondiente al sentido elemental del término "conciliación", por lo que concluyo proponiendo a este Pleno que se vote a favor del proyecto común aprobado por el Comité de Conciliación sobre el programa CULTURA 2000 y desde ahora mismo hago votos por su éxito. 
Señora Presidenta, en el fondo pienso que hubiéramos hecho mejor en no volver a abordar este tema, puesto que en el último debate se dijo todo lo que se puede decir al respecto. 
Desafortunadamente, el hecho de que el Consejo hable constantemente de cultura pero no esté dispuesto a destinar dinero a este fin no ha variado. 
Tenemos la sensación, o mejor dicho, en el fondo estamos convencidos de que, de ser posible, todos los Estados miembros desearían borrar lo que plasmaron en 1992 en el Tratado de Maastricht. 
Nadie está realmente dispuesto a librar fondos para la cultura. Lamentablemente, eso es así. 
No tenemos más remedio que constatarlo. 
Quisiera manifestar mi gratitud al ponente, ya que no ha escatimado esfuerzos en llevar a buen término este arduo trabajo, por supuesto en colaboración con la Sra. Comisaria. 
No podemos sino constatar que desde el punto de vista del contenido hemos alcanzado nuestro objetivo, en tanto que el marco financiero obviamente deja mucho que desear. 
Lo que sucede es que uno se encuentra en un procedimiento de conciliación en el que se debe lograr la unanimidad cueste lo que cueste, lo cual produce una sensación de impotencia. 
¡En realidad no es un trato justo! 
Hay gente que se puede permitir el lujo de rechazarlo todo y en el otro lado estamos nosotros, mendigando un poco más para la cultura. 
¡En el fondo es una vergüenza lo que hacemos ahí! 
No es más que un horrible bazar árabe, donde las relaciones son desiguales. 
Apoyamos las pequeñas y medianas manifestaciones, no los grandes eventos. 
Facilitamos el acceso de los particulares y los pequeños agentes. Por otra parte, también creo que el hecho de que cultura, educación y juventud estén en manos de un solo miembro de la Comisión garantiza una mayor sinergia entre estos tres programas manifiestamente importantes para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Si sumamos todos los fondos y procuramos obtener efectos sinérgicos podemos estar levemente satisfechos, aunque sólo muy levemente. 
Espero que seamos capaces de surtir muchos efectos con los pocos medios que tenemos a nuestra disposición. 
Señora Presidenta, comparto las grandes palabras con las que comenzó su intervención el ponente y debo añadir que, durante la conciliación, he sufrido una pequeña decepción personal con el Consejo. 
Por un lado, siguió negándose a aceptar el término "política cultural europea" u otros similares, incluso, rebajando lo escrito en los Tratados, y define "Cultura 2000" solamente como un instrumento para la cooperación cultural y de ahí no pasan. 
Por otro lado, ha mantenido una cerrada intransigencia con la financiación pedida por este Parlamento, que ya era una financiación mínima. 
Ahora bien, decir esto último sería injusto para catorce miembros del Consejo, pues sólo uno, los Países Bajos, fue el protagonista de dicha intransigencia. 
Se ha demostrado de nuevo que es incompatible la conciliación con la exigencia de unanimidad en el Consejo. 
Esta exigencia hace casi imposible la conciliación y afecta incluso a la dignidad de la institución parlamentaria. 
Señora Presidenta, estas consideraciones no deben ocultar, sin embargo, que con el texto conjunto que mañana votaremos, los socialistas lo haremos a favor, se pone en marcha uno de los más importantes programas de la Unión Europea. 
Actuando en materia de cultura, construimos directamente el alma de Europa, y más en este caso en que los subprogramas que componen "Cultura 2000" son estupendos. 
En los últimos años se encuentran entre los más aceptados por los ciudadanos más dinámicos y más jóvenes de la Unión Europea. 
Por último, quiero manifestar la profunda impresión humana que me ha causado el ponente Sr. Graça Moura: sus conocimientos, su ponderación, su altura intelectual le definen, a mi juicio, como el mejor ponente que ese informe haya podido tener. 
¡Enhorabuena! 
Finalmente, quisiera felicitar a la Comisaria Reding, al vicepresidente Imbeni y al Sr. Gargani, presidente de la Comisión de Cultura, por la firme e inteligente postura que, cada uno en su papel, han mantenido durante toda la conciliación. 
Señora Presidenta, Señora Comisaria, Señor ponente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Graça Moura por su gran esfuerzo durante el debate de este programa "Cultura 2000". 
Ya se ha dicho antes y lo hemos hablado algunas veces entre nosotros, la cultura es, por supuesto, enormemente importante como ámbito autónomo, quiero subrayarlo nuevamente, pero también lo es como instrumento esencial para que prospere la dimensión europea y, además, la cultura es de gran importancia para los ciudadanos. 
No deberíamos olvidarlo. 
El estímulo europeo que proporciona este programa va a tener grandes consecuencias, sobre todo para las áreas lingüísticas pequeñas como los Países Bajos donde no solamente hay posibilidades nacionales, pero que necesitan apoyo sobre todo por el idioma. 
Hoy hemos llegado al final de un largo trayecto. 
Sin embargo, quiero abordar, como han hecho otros, el procedimiento poco claro y sobre todo indeseado. 
La codecisión y la unanimidad están reñidas entre si. 
Es como una pescadilla que se muerde la cola. 
No hay mucho que negociar cuando una de las partes manifiesta de antemano: podemos hablar de todo pero el presupuesto está fijado ya. 
Con respecto a los Países Bajos, eso sí quiero decirlo, las negociaciones tuvieron lugar en un estadio anterior. 
El resultado es un incremento del 30%, por lo tanto no nos sentimos infelices con el resultado. 
Naturalmente, y no dejaré de abogar por ello, siempre es mejor disponer de más fondos y de manera más ágil. 
Pero me parece sin embargo que este programa ofrece buenas oportunidades para muchos otros programas. 
Quisiera resaltar que la cultura no solamente se apoya con este fondo. La cultura no sólo abarca los departamentos de cultura sino también otros ámbitos. 
También en los Fondos Estructurales hay mucho dinero disponible para la cultura y eso lo tenemos que tener en cuenta y vigilarlo. 
Afortunadamente soy miembro de la Comisión de Política Regional. Por consiguiente, yo misma puedo controlar que también se aborde con seriedad esta cuestión. 
Me parece que hemos optado también por dar nuestro visto bueno a un presupuesto suficientemente alto, porque si no se llevara a cabo perjudicaría al ciudadano. 
En ese sentido también he apoyado siempre al ponente. 
Pero sí me parece necesario, y así lo pone de manifiesto todo el tiempo, que en la próxima CIG se cambie al principio de codecisión, y que entonces ya no haya unanimidad. 
Nos parecen muy positivas las innumerables mejoras que se han introducido. 
Nada de megaproyectos, sino más espacio para las redes culturales, mayor atención al fomento de la lectura, la traducción y las casas de traductores que son importantes para áreas lingüísticas más pequeñas. 
Quiero felicitar al ponente y también a la Sra. Reding por "Cultura 2000". 
Sólo me queda por decir: ¡manos a la obra! 
Señora Presidenta, me siento plenamente representado en las intervenciones de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, y creo que hay acuerdo unánime entre los grupos del Parlamento Europeo y entre todos cuantos formamos parte de la Comisión de Cultura. 
He de decir también yo que voy a votar con muy poco entusiasmo este proyecto común de decisión del Consejo y del Parlamento Europeo. 
No porque nuestros representantes, nuestro ponente, el Sr. Graça Moura, y nuestro presidente, el Sr. Gargani, no hayan hecho un buen trabajo- han hecho un gran trabajo -, no porque tenga algunas objeciones importantes a la posición mantenida por la Comisaria Sra. Reding- creo que, dado el marco en el que se movía, ha mantenido una posición especialmente positiva -, sino por la negativa e inaceptable posición del Consejo. 
¡Esta cantidad es una vergüenza para la Unión Europea! 
Nos vemos obligados literalmente a degradar a jóvenes músicos, a grupos de teatro, iniciativas artísticas vanguardistas, escritores; degradarlos, aceptarlos una vez y rechazarlos treinta, de manera que lleguen a sentir a Europa extraña a ellos, opuesta, contraria y hostil al esfuerzo creativo, a un esfuerzo cultural en el que la Unión Europea ha de estar presente. Porque nuestra senda no es sólo la senda del euro, no es sólo la ampliación y los intereses geoestratégicos; nuestra senda es darle un horizonte cultural a la causa de la construcción europea. 
Y es que no podremos avanzar mientras dependamos de la unanimidad; mientras pueda un gobierno, como ayer el gobierno de Holanda, imponer estos 167 millones de euros en un ultimátum; mientras pueda un gobierno con Haider decirnos mañana qué actividades culturales debemos impulsar. 
Por ello es trascendental que en la Conferencia Intergubernamental se tomen decisiones importantes, que se introduzcan transformaciones de calado, de tal suerte que el esfuerzo del Parlamento Europeo por dar un serio impulso cultural al espacio europeo se libere de esta supeditación a cada uno de los gobiernos. 
Señora Presidenta, comparto plenamente las valoraciones hechas por el ponente y agradezco al Sr. Gargani, presidente de la Comisión de Cultura, la labor realizada en un proceso de mediación sustancialmente difícil. 
Lo cierto es que se advertía la necesidad de simplificar y reforzar los programas anteriores, sin embargo, todos deseaban que el programa Cultura pudiera contribuir eficazmente a exaltar, por ejemplo, las especificidades de cada sector cultural y, me atrevo a decir, sobre todo de los sectores menos conocidos, o mejor, precisamente de estos últimos. 
Esperamos que así sea, al menos en lo que se refiere a la escala de valoración. 
Creemos mucho en la validez de las acciones culturales, también en términos de contribución al crecimiento social y económico de un pueblo. 
Europa puede competir de pleno derecho con el resto del mundo redescubriendo sus raíces, evidenciando el legado cultural común, valorizando y dignificando las islas culturales y lingüísticas menos conocidas hasta ahora. 
Con respecto a la gran tarea pedagógica de la dimensión cultural que debe cumplir la Unión Europea, uno de los límites más evidentes del programa es la cuantificación de la financiación- lo hemos escuchado muchas veces- que pone de manifiesto la falta de concienciación- al menos del Consejo y no de la Sra. Comisaria- acerca de la trascendencia de la operación cultural. Prueba de ello es el documento que antepone el factor económico a la integración social. 
Crecimiento global de la Unión Europea y conciencia de ser ciudadanos europeos: es por esto que consideramos que el programa Cultura 2000, a pesar de lo limitado de la financiación, puede contribuir sustancialmente a este gran objetivo común. 
Señora Presidenta, me sumo a la unanimidad que existe esta noche y diré que apoyo la aprobación de Cultura 2000, al tiempo que me uno a los que han expresado su agradecimiento al ponente, Sr. Graça Moura, que ha sustituido a nuestra antigua colega Nana Mouskouri. 
Ambos han realizado una labor de primera categoría. 
En comparación con el debate que hemos celebrado antes, la cultura puede no parecer tan importante, pero lo es; y en el Parlamento Europeo debemos tener cuidado de no permitir que lo urgente impida lo importante. 
¿Por qué digo que la cultura es importante? 
En simples términos económicos, la cultura de Europa es un auténtico factor de prosperidad. 
¿Cuál sería la situación de la industria turística de Europa sin la riqueza de nuestra cultura? 
Y lo que es más importante, las actividades culturales son las que hacen que la humanidad sea civilizada. 
La cultura está en el origen de nuestras creencias democráticas; y una sociedad no cultivada no apoyará la tolerancia, la libertad y la democracia. 
La diversidad cultural es importante y está amenazada. 
Pero no está amenazada por Europa. 
En mi país son muchos los que afirman que la cultura británica se ve amenazada, por ejemplo, por Portugal, por Alemania, por Finlandia, ¡por favor! 
Bebemos oporto y nos gusta la cerveza alemana, e incluso utilizamos saunas finlandesas, pero la amenaza de la cultura no viene de Europa. 
Lo que veo en toda Europa es gente bebiendo Coca Cola, comiendo hamburguesas, luciendo gorras de béisbol, viendo películas de Hollywood y, a menudo, haciendo todas esas cosas al mismo tiempo. 
Ahora bien, no creo que el proteccionismo y la regulación sea el modo de defender la cultura de Europa, pero sí creo en echar una mano siempre que podamos. 
Es lo que pretende el programa Cultura 2000. 
Por tanto, le digo al Consejo de Ministros: hagan un seguimiento real de este programa. 
¿Es suficiente lo que estamos haciendo? 
Y a la Sra. Reding le doy las gracias por el apoyo y la ayuda que ha prestado hasta ahora y le animo a que continúe con su buena labor; estamos de su lado. 
Señora Presidenta, yo también quiero felicitar calurosamente al ponente, Sr. Graça Moura, y a la Comisaria, Sra. Reding, por su contribución a la consecución de este programa. 
El programa "Cultura 2000" quedó conformado definitivamente a finales del año pasado en la conciliación entre el Parlamento y el Consejo. 
La solución final concertada puede considerarse aceptable, si tenemos en cuenta que la aprobación del programa requería la unanimidad del Consejo. 
Es de desear que en la próxima CIG se decida ampliar la mayoría cualificada también al ramo de la cultura. 
Es verdaderamente inusitado que las disposiciones legislativas, cuya tramitación se somete al procedimiento de codecisión, requieran la unanimidad del Consejo. 
Este programa marco de cultura sustituye a los actuales programas Caleidoscopio, Ariane y Rafael. 
Quisiera de forma especial que, una vez que se ponga en marcha, se aprovechen en su totalidad todas las posibilidades que el programa ofrece para la traducción de libros y de obras literarias. 
Espero y creo que, a pesar de la avalancha de las nuevas tecnologías, la literatura conservará su rango. 
Estamos necesitados de la profundidad que nos transmite la literatura en un mundo de superficialidad e inconstancia. 
Además, la literatura tiene gran importancia a la hora de transmitir nuestra tradición cultural y de aumentar nuestro conocimiento mutuo, así como a la hora de velar por la riqueza y por la pluralidad lingüísticas. 
En este contexto, me es muy grato señalar que algo después de la inauguración oficial de los programas Sócrates y Cultura 2000, que tendrá lugar el mes de marzo en Lisboa con motivo de la reunión del Consejo de Ministros, la Presidencia portuguesa organizará una reunión en la que se reflexionará sobre la situación de la bibliotecas públicas. 
Espero que esta reunión también aliente a la Comisión a tomar en cuenta de forma activa a las bibliotecas públicas en el marco del quinto programa de la sociedad de la información. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor ponente, señoras y señores, en cierto modo se cierra el círculo del presente orden del día. 
Hoy hemos hablado mucho de Europa como comunidad de valores, de tolerancia, dignidad humana, derechos humanos, de una actitud positiva ante el proceso de ampliación, apertura y respeto por los demás. 
Las políticas en materia de juventud, educación y cultura constituyen un instrumento importante para garantizar el respeto de estos valores, para garantizar la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea y para garantizar la credibilidad de la Unión Europea ante los ciudadanos. 
Los recursos financieros con los que el Consejo ha dotado este programa de cultura contrastan fuertemente con la importancia que tienen la política en materia de cultura y educación y el programa para los objetivos perseguidos por la Unión Europea. La actividad cultural crea una identidad. 
La actividad cultural es la expresión de la individualidad, es la expresión de la propia personalidad, entabla relaciones y establece comunicación. 
Queremos una Europa variopinta. 
Queremos una Europa fundamentada en el principio de la diversidad en la unidad. 
Queremos que la gente comprenda y aprenda a valorar las diferencias. 
En virtud de esta razón nos hemos pronunciado a favor del reparto del presupuesto y la designación de los recursos a los diferentes tipos de medidas. 
En virtud de esta razón hemos rechazado la fuerte concentración de los medios en grandes redes y estructuras de red. Queremos fomentar las pequeñas y medianas unidades, la actividad individual, porque queremos hacer florecer miles de flores. 
Me sumo a las palabras de los oradores anteriores. 
Estamos ante una auténtica contradicción- principio de unanimidad, procedimiento de codecisión y Comité de Conciliación- si lo que queremos es reforzar los principios de la política cultural a favor de una conciencia europea en lugar de seguir debilitándolos. 
Señora Presidenta, señoras y señores, como han podido oír tenemos todos, independientemente del Grupo político al que pertenezcamos, un enemigo político común, que es el Consejo. 
Las decisiones de la Comisión de Cultura van a parar poco menos que por sistema al procedimiento de conciliación, puesto que siempre hay algún Estado miembro que toma como rehén a la cultura a cambio de otros intereses. 
En otras palabras, el principio de unanimidad aparece como un instrumento de bloqueo de primer rango. 
La lucha por un compromiso aceptable ha durado casi dos años, hasta que el Parlamento Europeo por fin ha podido dar luz verde. 
Ni siquiera el vencimiento de los programas anteriores, Caleidoscopio, Ariadna y Rafael, ha podido ablandar la postura del Consejo. 
Se impuso la necesidad de crear un programa piloto de transición. 
Todo ello ha puesto de manifiesto una vez más las debilidades de las actividades desplegadas por la Unión Europea en el ámbito de la política cultural. 
La batalla política por la dotación financiera y la elaboración del programa es totalmente desproporcionada en comparación con los fondos concedidos. 
De las 410 solicitudes que se presentaron en 1999 solamente 55 proyectos fueron retenidos, por el escaso valor de 6,07 millones de euros en total. 
¡En el contexto del presente programa el Consejo no estaba dispuesto a ceder ni un solo euro al Parlamento! 
El resultado es que hasta el año 2004 nos quedamos con el moderado importe de 167 millones. 
Ello equivale a los gastos que soporta un solo teatro de ópera alemán de tipo medio durante ese mismo período. Pues bien, en Europa se reserva esta cantidad para 29 países y un período de 5 años. 
¡Es una enorme desproporción! 
A pesar de nuestro enfado, debemos contentarnos con los avances obtenidos en el ámbito del contenido. 
Es algo que hemos dejado bien claro y que es digno de gratitud. 
Nos queda la esperanza de que algún día el Consejo se deje convencer y cambie de actitud. 
¡Tal vez acabe comprendiendo que las actividades culturales de la Unión Europea no entrañan ningún peligro, sino que suponen una oportunidad! 
La colaboración cultural- es otro punto en el que hemos insistido- realmente crea una identidad, mucho más que cualquier directiva sobre transporte, por importante que sea. 
Todo el mundo está de acuerdo en que es necesario fomentar la cultura, cosa que no se puede decir de todas las decisiones políticas. 
Así las cosas, le pregunto al Consejo a qué tiene miedo. 
Señora Presidenta, quien como yo tiene el honor de presidir la Comisión de Cultura, no puede más que compartir lo manifestado por los distintos colegas y no puede sino que felicitar al ponente y a la Comisaria Sra. Reding, así como, todos lo han dicho, a quien ha trabajado y a quien, también durante la conciliación, ha tenido momentos de dificultad y ha luchado contra el Consejo. 
He podido comprobar que se ha afirmado fuertemente el principio de una cultura necesaria en el plano organizativo pero con escasas posibilidades de atender todas las solicitudes que formularán los Estados de Europa. 
Quiero subrayar que no estoy satisfecho de que, al final, no se haya conseguido aprobar una cláusula de revisión. 
Existe, eso sí, la disponibilidad y la previsión de la Sra. Reding que se ha comprometido personalmente a abordar de nuevo el tema y a hacer una evaluación global dentro de unos años y, en consecuencia, a determinar una nueva situación. 
A los programas culturales- CALEIDOSCOPIO, ARIADNA, RAFAEL- que se establecieron en los pasados años, les sustituye un programa único, Cultura 2000, en que- debo recalcarlo con mucho énfasis- el ponente estigmatiza una posición que debe hacer reflexionar a un Parlamento Europeo- como alguien ha dicho esta tarde- pero que siempre resalta la gran importancia de formar parte de una amplia comunidad donde la interpretación de la cultura es un factor de democracia. 
Creo que éstas no son palabras retóricas, sino un nuevo elemento de un liberalismo moderno que une a los Estados europeos y constituye el giro del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Estamos en sintonía con esta línea y el resultado que esta tarde exponemos, a pesar de lo exiguo de la financiación, creo que sirve para relanzar de manera notable esta estrategia y esta oportunidad para Europa que, a la postre, determina un factor económico y un factor de desarrollo y, por lo tanto, la cultura, el elemento institucional y organizativo de una gran comunidad como presupuesto del desarrollo económico, y no todo lo contrario, como quizás Europa, siguiendo una costumbre cultural, estaba acostumbrada a considerar hace años. 
Existe una prevalencia del ser humano, una prevalencia de la cultura y esta cultura puede determinar el desarrollo económico. 
Tenemos que considerar este resultado, felicitarnos por él y darnos una patente de gran apertura respecto a una estrategia útil. 
Señora Presidenta, permítame en primer lugar expresar mi agradecimiento al Sr. Graça Moura por haber sabido tejer de esa forma en la trama algo complicada que ha constituido este tapiz de conciliación. 
Considero muy adecuado que al inicio del procedimiento de conciliación para Cultura 2000 hayamos podido contar con un poeta que nos guíe en nuestra labor. 
Una vez más, debido a que estas conciliaciones no son del todo fáciles, debemos agradecer al vicepresidente Imbeni sus ejemplares aptitudes negociadoras en el intrincado ámbito de garantizar que en nuestra Comunidad se nos concedan fondos para la cultura y se haga un uso adecuado de los mismos. 
La pregunta fundamental, en mi opinión, que debe hacerse este Parlamento, la Comisión y el Consejo es la siguiente: ¿Qué es Europa? 
¿Qué significa y que nos da Europa más allá y por encima de los parámetros de nuestras fronteras nacionales? 
Europa es su población, su historia y ahora su colectividad; pero el motivo por el que Cultura 2000 es tan importante para nosotros es el siguiente: apuesto a que cuando hacemos la pregunta "¿ qué es Europa ?", respondemos diciendo "es nuestro arte, es nuestra literatura y es nuestro patrimonio". 
Eso es lo que representa Cultura 2000. 
Representa la posibilidad de mantener una identidad europea en el siglo XXI, una identidad que acalle los ecos de división, de guerra, de pobreza, de oportunidad, de pobreza dans la realité. 
Y además de eso, y esto es más prosaico, señora Presidenta, significa que tenemos la capacidad de aprender de iniciativas políticas anteriores y de ponerlo en práctica en nuevos programas que sean amplios, que sean transversales y que beneficien a nuestras industrias creativas en la medida que sea necesario. 
El programa fomenta la movilidad y abre las puertas de la cultura a los socialmente desfavorecidos y excluidos. 
Sólo lamento que no dispongamos de los fondos suficientes para fomentar este programa de acuerdo con nuestras aspiraciones y para hacerlo llegar a todos. 
Señora Presidenta, Señorías, ya hemos llegado al final de un largo recorrido. 
Después de la etapa de la conciliación, nuestras instituciones pueden ya aprobar oficialmente el nuevo programa-marco "Cultura 2000". 
Así dispondremos de un instrumento totalmente idóneo para llevar a cabo, durante los cinco próximos años, una acción clara, bien estructurada y- estoy segura- fructífera a favor del sector cultural. 
Acojo con satisfacción hoy aquí este happy end y expreso mi agradecimiento a Sus Señorías. 
Doy las gracias a todos cuantos en este Parlamento han laborado en pro de que fuera posible un buen fin para la conciliación. 
Deseo expresar mi agradecimiento particular a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y en particular a su ponente, el Sr. Graça Moura, a su presidente, el Sr. Gargani, a la delegación del Parlamento Europeo y a los dirigentes de los Grupos políticos, al Comité de Conciliación y a su presidente, el Sr. Imbeni. 
Todos ellos han hecho una aportación constructiva, equilibrada y determinante. 
A lo largo de toda esta negociación, han representado una gran ayuda y conviene decir que la difícil, a veces penosa, negociación se ha hecho, pese a todo, en un lapso mínimo. 
Ahora tenemos un programa-marco, el primero de esta clase para el sector cultural, que nos permite considerar nuestra acción desde un ángulo nuevo y laborar en pro de la cultura de forma más global, pero también más completa y más profunda. 
Quisiera congratularme junto con Sus Señorías de estos satisfactorios resultados que, pese a una situación presupuestaria que no está a la altura de nuestras ambiciones, deben permitirnos considerar el futuro de forma totalmente positiva y quisiera poner de relieve lo que acaba de decir el presidente Gargani: la Comisión ha hecho una declaración sobre la evaluación de mitad de período. Ha declarado que, con ocasión del informe que debe elaborar, conforme al artículo 7 de la decisión del Parlamento y del Consejo, procederá a la evaluación de los resultados del programa y dicha evaluación versará también sobre los recursos financieros en el marco de las perspectivas financieras de la Comunidad. 
En caso necesario, figurará en el informe una propuesta de modificación de la decisión y todo ello antes del 30 de junio de 2002. 
Señorías, se trata de un compromiso en toda regla y no sólo de una frase escrita en el papel. 
Todo esto debe propiciar el fortalecimiento de nuestra acción a favor de la valorización de un espacio cultural común, en el que nuestras culturas puedan desarrollarse más con todas sus especificidades, con todas sus diversidades, pero también podrán enriquecerse mutuamente y los otros ciudadanos europeos podrán participar en ellas plenamente. 
Se debe también a la acción del Parlamento, que ha querido que se lleven a cabo más acciones pequeñas cerca de las raíces de los ciudadanos que grandes acciones de envergadura espectacular. 
De ese modo el programa "Cultura 2000" va a pasar a ser el programa del ciudadano. 
Así, pues, deseo que esta mayor participación de nuestros ciudadanos, por la que hago votos, sea lo más amplia y fecunda posible y me comprometo a laborar en pro de que durante los cinco años abarcados por el programa llegue a ser una realidad tangible. 
Sé que Sus Señorías en sus regiones, en sus países, van a laborar, junto con todos los participantes en el programa, en pro de que todas esas florecitas, como ha dicho un diputado, compongan un vasto tapiz multicolor. 
Quisiera que este programa llegara a ser una realidad tangible y que la cultura representase para nuestros ciudadanos no sólo un factor de enriquecimiento, tanto en el plano personal como en el socioeconómico, sino también un derecho que se deberá afirmar y también el distintivo de la recuperación de una buena convivencia en la Unión. 
Eso es lo que aporta nuestro programa "Cultura 2000" europeo. 
No es una competencia para las políticas culturales aplicadas en los diferentes Estados miembros. Éstas son necesarias y yo quisiera que se desarrollasen aún más. 
Es simplemente una adición, una complementariedad, es la construcción de un puente entre las diferentes culturas de nuestros diferentes países. 
Así, pues, ampliar y enriquecer la participación de los ciudadanos europeos en la cultura me parece una tarea esencial que justifica nuestros esfuerzos y con la que debemos calibrar el éxito de nuestra acción y del de nuestra Unión. 
Varios diputados lo han planteado atinadamente: si una Unión se basa únicamente en lo económico, nace muerta. 
Pero, si se basa en la cultura, si se basa en la civilización, si se basa en la participación, cobrará vida. 
Sobre esa base me propongo, Señorías, actuar y tendré en cuenta en particular los cinco ejes siguientes: en primer lugar, ofrecer oportunidades de carácter innovador a nuestros creadores para que su talento encuentre en nuestro programa el apoyo que merece. 
En segundo lugar, fomentar los intercambios, la movilidad, las formaciones, en el sector cultural. 
En tercer lugar, favorecer las cooperaciones entre agentes culturales. 
En cuarto lugar, ampliar los públicos haciendo sitio en particular a los jóvenes y, en quinto lugar, salvaguardar y dar a conocer mejor el patrimonio común de importancia europea, así como la historia de los pueblos europeos. 
El nuevo programa, por su estructura, su organización basada en la transparencia, la eficacia y el equilibrio será- no me cabe la menor duda- un instrumento tan eficiente como esencial al servicio de nuestra acción. 
Señora Presidenta, reitero mi agradecimiento al Parlamento por su apoyo y por haber demostrado una vez más la importancia que concede a la cultura en el marco de la Unión. 
Estoy segura de que no se arrepentirá de habernos prestado su apoyo y me comprometo a ir informando personalmente sobre las diferentes etapas de aplicación progresiva de nuestra acción- de la acción de nuestros ciudadanos- que debe ser- así lo deseo- una gran acción para el futuro de la Unión. 
Gracias, señora Comisaria. 
Creo que podemos dar las gracias una vez más a nuestro ponente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 21.55 horas) 
Vehículos al final de su vida útil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0006/2000) en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil (8095/1/1999- C5-0180/1999- 1997/0194 (COD) ) (Ponente: Sr. Florenz) 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, estimadas colegas, nueve millones de vehículos al año son triturados y convertidos en chatarra en Europa. 
A pesar de que ya no pueden circular, estos automóviles tienen la cualidad de que pueden ser objeto de transacciones comerciales y transportados más allá de las fronteras, y no sólo de las fronteras interiores de la Comunidad, sino también de fronteras que se hallan fuera de la Unión. 
Por ello es en principio correcto que en este ámbito la Unión Europea establezca una normativa comunitaria sobre el reciclado y tratamiento de estos nueve millones de vehículos anuales. 
La directiva tiene, en nuestra opinión, algunos defectos que queremos rectificar en esta Asamblea para convertirla en una directiva con vocación de futuro. 
Por ello, hay una cantidad considerable de enmiendas. 
Yo creo personalmente que el ámbito de aplicación de esta directiva va más allá de sus objetivos. 
No estimo necesario que los vehículos de época formen parte del contenido de esta directiva. 
Tampoco creo que las motocicletas deban quedar comprendidas en el ámbito de aplicación de esta directiva, pues en el campo de las motocicletas existe una cultura de la reutilización tan extendida que no se hace necesaria una directiva europea a este respecto. 
En el caso de los vehículos especiales tampoco pretendo que se fije una cuota de reciclaje tan alta. 
Desearía que los vehículos especiales como las ambulancias tuvieran unas altas cuotas de rescate. 
Esta es mi principal preocupación en este ámbito. 
A mi juicio, la directiva impone de manera correcta las obligaciones de prueba de cómo se eliminan los automóviles en Europa. 
Este punto puede dejarse tal como lo ha propuesto la Comisión. 
Los Estados miembros velarán porque se creen las instalaciones de recogida correspondientes en que se desequen los automóviles, se eliminen, por ejemplo, más de 32 millones de aceite usado, se extraiga el líquido de frenos, etc. 
Un factor importante de esta Directiva es la pregunta de qué hacemos con los componentes para desguace, qué hacemos con los productos triturados. 
En este punto no debe ignorarse que la cuota es un aspecto importante del reciclado, de la reutilización y demás, pero no el único. 
Pues no olviden que en la movilidad de un automóvil un 80% de los daños al medio ambiente se deben a su circulación, un 1% a su valorización y un 19% a su construcción. 
Las cuotas, por tanto, no constituyen el único parámetro en la cuestión del respeto al medio ambiente, sino uno de muchos. 
Soy, por supuesto, de la opinión de que debemos establecer objetivos rigurosos. 
Pero las cuotas no pueden ser un fin es sí mismas, sino que debemos entender que es importante tener una visión general de la carga al medio ambiente que supone un automóvil. 
Yo encuentro preferible que pasemos de un automóvil que hoy pesa 1.400 kg. que son trasladados una media de 200.000 km., a un automóvil que en el futuro sólo pese 1.000 kg. y que también recorra 200.000 km. Al menos así se transportarían 400 kg. menos a lo largo de 200.000 km. Este es el verdadero progreso medioambiental, que implica una gran reducción de las emisiones de CO2, y ello es, si he entendido correctamente el Protocolo de Kioto, una parte integrante fundamental del mismo. 
Por ello creemos que los vehículos que en futuro empleen métodos de construcción ligera convincentes y comprobables producirán menos CO2 y disfrutarán de preferencia especial en la cuota de combustión. 
No debe decidir cada Estado miembro sino usted, señora Comisaria, junto a su gabinete si estos vehículos de construcción ligera- muchos hablan también de vehículos de tres litros- deben disfrutar de preferencia especial. 
Permítanme que diga algo sobre los costes. 
Unos dicen que el fabricante debería correr con todos los gastos, que es lo adecuado y lo que más favorece al consumidor. 
Esto debe analizarse en profundidad, pues los fabricantes repercutirán los costes sobre los consumidores y se harán dueños de un monopolio del reciclaje concedido por el Estado. 
Sólo puedo advertirles contra su aprobación. 
Hay enmiendas que proponen un reparto de los costes, una mitad para el fabricante y otra para el comprador del coche nuevo. 
Con arreglo a una constelación así, a un sistema o como lo quieran llamar, a partir del 2006 podrán retirarse todos los vehículos en circulación sin ningún gasto para su último titular. 
Este es también el deseo expreso de mi Grupo. 
Nuestra propuesta de reparto de los costes ofrece una ventaja determinante, a saber, que no nos convertiremos en candidatos para pasar por el Tribunal de Justicia una vez hayamos aprobado esta directiva. Pues el efecto retroactivo que inquieta y preocupa a la industria automovilística es un serio problema que debemos tener en cuenta en su justa medida. 
Por ello propongo un reparto de los costes entre el primer propietario y el fabricante. 
Prohibición de utilización de materiales: necesitamos indudablemente una prohibición de utilización de materiales. 
Los automóviles llevan componentes peligrosos que deben ser prohibidos a la larga. 
Para ello necesitamos un instrumento de presión. 
La Comisión ha formulado algunas propuestas muy rigurosas, y nosotros hemos desarrollado alternativas a las mismas. 
Hay una gran cantidad de buenas enmiendas. 
Se han atribuido a este Parlamento más competencias. 
¡Aprovechémoslas! 
Tengamos el valor de proponer y desarrollar una directiva que avance hacia el futuro. 
Elaborar una directiva sólo porque sí no sería digno de este Parlamento. 
Por ello les pido su apoyo. 
Señor Presidente, casi tengo ganas de decir "¡ uf !" por fin hemos llegado a la segunda lectura de esta directiva que nos ha dado tanto trabajo " y que, evidentemente, también se lo ha dado a su ponente, el Sr. Florenz. 
En mi opinión, esta directiva no es del todo satisfactoria porque no responde al verdadero problema, que es el de saber qué se hará con los vehículos ya abandonados y que, hoy, sólo se pueden retirar a expensas de la comunidad, o sea, de los contribuyentes. 
Es decir que no se aplica el principio de quien contamina paga. 
Los vehículos ya abandonados también lo son por esta legislación comunitaria, porque no se han tomado en cuenta ni en los textos relativos a su retirada, ni en este texto sobre los vehículos al final de su vida útil. 
El único mérito de esta directiva consiste en prever el futuro. 
Sin embargo, no se ha conseguido resolver el problema de los vehículos actualmente en uso, pero ya viejos, cuyo reciclado saldrá mucho más caro. 
En cambio podemos confiar en el futuro, pues son conocidos los esfuerzos que los fabricantes de automóviles hacen para encontrar, por una parte, los materiales que se puedan reciclar con mayor facilidad y, por otra, para instalar cadenas de reciclado. 
También insistiré en el hecho de que es indispensable mantener una flexibilidad entre el reciclado, la reutilización y la incineración, por los materiales nuevos particularmente ligeros que permiten disminuir el consumo de los vehículos y, por tanto, las emisiones contaminantes. 
Es un problema de compatibilidad entre nuestras directivas sobre los vehículos al final de su vida útil y las antiguas directivas, entre otras la relativa al programa Auto Oil, que votamos hace algunos años. 
Podemos congratularnos por la sabiduría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que, para que no quepa ninguna duda, ha vuelto a introducir la excepción relativa a los vehículos de época que integran nuestro patrimonio industrial y cultural. 
En conclusión, diré que esta directiva no es lo bastante ambiciosa para resolver los problemas ligados con el parque automovilístico actual y que es bastante hipócrita en lo que respecta a la suerte reservada a los vehículos abandonados que aún llenan nuestros bosques, nuestros lagos, nuestros jardines. 
Una vez más, el principio de quien contamina paga no se aplica y siempre es el contribuyente quien paga. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, al leer las octavillas que se han repartido en las últimas semanas, puede pensarse que aquí discutimos sobre el campo ecológico o sobre la muerte de la industria automovilística en Europa. Ninguna de las dos cosas son correctas. 
Debemos apreciar con serenidad que la directiva que tenemos sobre la mesa es una buena directiva. 
Para Europa supone un adelanto en el campo de la ecología, y podremos estar orgullosos cuando incorporemos esta directiva al ordenamiento jurídico y la pongamos en el buen camino. 
Dada la dimensión de la directiva, quizá sea una cuestión de rango menor, pero en ella se centra la discusión. 
Afecta a la cuestión de los gastos de reciclaje. 
En ello mantenemos una postura básicamente distinta de la expresada en los debates del Consejo el año pasado. Allí se mezclaron las cuestiones del carácter gratuito del reciclaje para el último titular y de la financiación, y se puso en duda la gratuidad para el último titular. 
¡En este Parlamento acordamos de manera inequívoca en febrero del año pasado- y nosotros los socialdemócratas lo apoyamos- que la gratuidad para el último titular está fuera de toda duda! 
Pero, ¿quién paga por los vehículos que deben eliminarse? 
Para nosotros está claro que, con respecto a los vehículos nuevos, debe hacerlo el fabricante, pues así se estimula al fabricante a diseñar y construir vehículos aptos para el reciclaje. 
Pero, ¿qué pasa con los vehículos que ya están en la calle? 
Un ejemplo: en Gran Bretaña, la empresa Rover, si fuera responsable de todos los vehículos para desguace, respondería de 5,8 millones de vehículos en la Unión Europea y debería constituir inmediatamente reservas por 250 millones de euros para hacer frente a los gastos de reciclaje, mientras que un fabricante de Corea que construye vehículos similares, tiene que reservar, como dijo un representante del Deutsche Bank, una cantidad irrisoria. 
Estas son distorsiones de la competencia que no tienen nada que ver con la protección del medio ambiente, sino que sólo afectan a la capacidad inversora y a los puestos de trabajo de quienes construyen automóviles en Europa. 
Por tanto, proponemos que se constituya un fondo con el que se haga frente a los gastos de reciclaje de los vehículos para desguace, para así garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad. 
Comprendo que los colegas de otros países en que no se construyen automóviles digan que los fabricantes deben pagar todos los costes, ¡y el problema de las distorsiones de la competencia con los fondos no nos interesa! 
Pero pido a estos colegas que sean solidarios con los más de dos millones de personas que construyen vehículos en Europa y que se ganan la vida con ello, para que estos puestos de trabajo puedan garantizarse también en un futuro. 
Estoy a favor de imponer exigencias estrictas en materia medioambiental, ya lo saben ustedes por el programa del aceite de los vehículos y el debate sobre los valores máximos de las emisiones de escape. 
Pero, en mi opinión, ¡estas exigencias deben ser iguales para todos! 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, en mi opinión, necesitamos esta directiva. 
En primer lugar, porque recoge claramente los objetivos de medio ambiente. 
En segundo lugar, porque puede fomentar el reciclado, y eso es importante. 
En tercer lugar, porque constituye un procedimiento claro para hacer frente a la contaminación por metales pesados. 
Este también es un aspecto importante. 
La directiva proporciona un marco europeo, también para los países que ya tienen en marcha un sistema y que quieren seguir trabajando con ese sistema. 
Así pues, debemos mantener en primer lugar los porcentajes de reciclado, porque de esa manera se incentiva naturalmente la renovación tecnológica, con el fin de encontrar una solución acerca del modo de reciclar materiales con los que todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer con ellos. 
En segundo lugar, debemos mantener los datos tal y como se establecen en la posición común. 
Así, a partir del año 2006, entrega sin costes de todos los vehículos, sin costes para el último propietario. 
Esto, por supuesto, es un punto sumamente esencial, que no es susceptible de ser modificado. 
Hay una cosa que no debemos olvidar. 
La directiva trata de vehículos enteros, es decir, vehículos a los que no les falta ninguna parte esencial. 
Hay pocos automóviles enteros, a juicio de los especialistas, que no tengan valor. 
Porque el reciclado, la reutilización de componentes, es un sector que no necesariamente debe generar pérdidas, al contrario, en este momento hay una gran cantidad de empresas que viven de eso y que se ganan el sustento adecuadamente. 
La directiva estimula todo este sector, que es un sector de pequeñas y medianas empresas. 
Como quiera que los costes de transporte en este caso son elevados, será necesario implantar un sistema totalmente descentralizado, porque desplazar chatarra más de 100 kilómetros no es un actividad rentable. 
Creo que es positivo que la directiva no se aplique a los vehículos históricos, y creo que esto debemos añadirlo. 
Así pues, los vehículos de época, los "oldtimers", a mi modo de ver, deben quedar exentos. 
También es bueno que atribuyamos claramente la responsabilidad a los fabricantes. 
Constituye un principio básico que debemos mantener. 
Son responsables de la fase de concepción. 
Por consiguiente, pueden hacer mucho por el medio ambiente a través de dicha fase de concepción. 
También tenemos que seguir apoyando que los costes, en su totalidad o en buena parte, como se establece en la posición común, corran a cargo de los fabricantes. 
Pienso que es una fórmula equilibrada y que no excluye otra serie de aspectos. 
Por ello, nuestro grupo se atendrá lo más posible a la posición común y no modificará dicha posición común en sus aspectos esenciales. 
Porque, por supuesto, todos sabemos que en el Consejo se ha llegado a esta posición común con muchas dificultades, que se ha realizado un ejercicio de equilibrio muy difícil para alcanzarla. 
Por nuestra parte, considero que no podemos poner en peligro esta posición común, porque es una directiva que necesitamos a toda costa por razones medioambientales. 
Les pido que apoyen esta posición común. 
Nuestro grupo, en cualquier caso, hará todo lo posible para ello, por razones medioambientales, y porque tenemos esta directiva, y porque es una directiva equilibrada que contiene una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de objeciones, por ejemplo, el reparto de los costes. 
Si el Parlamento Europeo apoya el principio ecológico de responsabilidad del fabricante, esto significará que los fabricantes de vehículos también serán responsables de los vehículos al final de su vida útil. 
No, dicen los democratacristianos en la enmienda 38: los fabricantes de vehículos y los automovilistas deben compartir a medias los costes. 
Con la directiva sobre los embalajes, donde se llegó a ese compromiso de reparto a medias, se pudo ver que la solución no funcionaba. 
Los embalajes siguen representando un enorme embrollo en Europa y entrañan una carga para el medio ambiente. 
Un sector de los socialistas, encabezado por Bernd Lange, afirma que sí, que el principio es bueno, pero que no debemos introducirlo hasta el año 2010 o 2012, según refleja la enmienda 45. 
La posición común establece el año 2006. 
Esto es, a juicio del Grupo de los Verdes, tiempo más que suficiente para que la industria automovilística se preparare para el cambio. 
Por tanto, pido a mis colegas que no apoyen ni la enmienda 38 de los democratacristianos y ni la enmienda 45 de un grupo de diputados socialistas. 
Cuando los fabricantes de vehículos deban correr ellos mismos con los costes del reciclado de los vehículos entonces los diseñarán de modo que sea más fácil y barato reutilizarlos. 
Por ejemplo, los plásticos problemáticos, el PVC, desaparecerán de los coches y serán sustituidos por plásticos biológicos fabricados a partir de plantas. 
En última instancia serán más baratos, también para los consumidores. 
Hace 20 años, la mayoría del Parlamento intentó conseguir que el medio ambiente europeo fuera más ecológico. 
Hoy, esta posición ecologista corre peligro, sometida a la presión, sobre todo, de la industria automovilística francesa y alemana. 
Por ello, señores diputados, votemos en contra de las enmiendas 38 y 45. 
Como Grupo de los Verdes, apoyamos grosso modo la posición común. 
Señor Presidente, los restos de los vehículos al final de su vida útil constituyen uno de los grandes problemas medioambientales, tanto por la cantidad de vertidos y chatarra como por las sustancias nocivas para el medio ambiente. 
Por este motivo, el Grupo GUE/NGL aboga por la implantación de normas, tan amplias y consecuentes como sea posible. 
Esta directiva nos permite avanzar, pero siempre que el Parlamento no destruya ni debilite la posición del Consejo. 
Si se aprobasen, muchas de las enmiendas presentadas debilitarían considerablemente esta directiva. 
Me refiero especialmente a las enmiendas del Grupo PPE, pero, desgraciadamente, también a algunas enmiendas del Sr. Lange, según mi entender. 
No es difícil imaginarse que la industria automovilística de algunos países, por ejemplo la alemana, ha trabajado intensamente, mediante grupos de presión, en torno a la aprobación de esta directiva. 
Para nosotros, es decisivo que se consideren los siguientes puntos: 
El que contamina, paga. 
Esto implica que el productor debe asumir su responsabilidad, incluso en términos económicos, para el reciclado de los vehículos. 
También hay que tener reglas para los coches que ya existen. 
En esta materia, no podemos aceptar que se debilite la posición del Consejo sobre la fecha de entrada en vigencia. 
Los porcentajes y las exigencias de reciclado en determinados años no deben empeorarse. Además es importante limitar el uso de elementos peligrosos como, por ejemplo, el plomo. 
Votaremos en contra de todas las enmiendas que se opongan a esto. 
Sería muy negativo, no sólo desde el punto de vista medioambiental sino también para la credibilidad del Parlamento Europeo en temas medioambientales, que se aprobasen las enmiendas que debilitan considerablemente a la directiva. 
En el debate se ha dicho que hay que pensar en los millones de personas que en los diferentes países trabajan en la industria automotriz y en los países que cuentan con una gran industria de automóviles, por ejemplo, mi propio país, Suecia. 
Yo he sido trabajador de la industria automovilística antes de ser elegido diputado. 
Creo que soy uno de los pocos en este Parlamento que ha trabajado en una cadena de montaje de coches. 
Creo que hay que poner grandes exigencias a la industria automovilística. 
Esto beneficia a las industrias modernas, que piensan en términos medioambientales, y que avanzan rápidamente. 
Éste es precisamente el tipo de industria automovilística que tenemos que impulsar en Europa. 
Señor Presidente, me satisface mucho que la protección medioambiental sea ahora una prioridad para este Parlamento, como ciertamente lo es para los ciudadanos europeos. 
No hay ninguna duda que los coches abandonados representan una seria amenaza para el entorno visual y físico. 
A este respecto nuestros ciudadanos esperan de nosotros que protejamos sus intereses. 
Cada año se desechan entre 8 y 9 millones de vehículos en la Unión Europea. Este hecho, de por sí, genera una gran cantidad de residuos. 
Los fabricantes de automóviles, los proveedores de materiales y los fabricantes de equipamiento deben hacer un esfuerzo para limitar el uso de sustancias peligrosas y, por tanto, deben asegurar en la etapa de diseño que los materiales reciclados puedan ser usados en la fabricación de automóviles. 
Sabemos que en Holanda existen centros de tratamiento autorizados para la recogida de vehículos al final de su vida útil y este procedimiento debería extenderse a lo largo y ancho de la Unión Europea. 
Desde una perspectiva irlandesa, me consta que el Departamento Irlandés de Medio Ambiente ya mantiene conversaciones con representantes de la industria del motor para garantizar que en breve se establezcan en Irlanda centros de recogida adecuados para hacerse cargo de los vehículos al final de su vida útil. 
No veo ninguna razón por la cual no se puedan establecer en toda Europa acuerdos de licencia para instalar centros de recogida para gestionar los 8 o 9 millones de vehículos que se desechan anualmente en el seno de la Unión Europea. 
Los fabricantes de vehículos deberán facilitar información sobre los índices de reutilización, reciclaje y recuperación de coches usados que van a ser alcanzados en los próximos años. 
De acuerdo con las nuevas disposiciones incluidas en el Tratado de Amsterdam, los 370 millones de consumidores de la Unión Europea tiene el derecho a la información relacionada con el consumo. 
Creo que los consumidores de la UE apoyarán a aquellos fabricantes de automóviles que en el año próximo incorporen aquellas prácticas que sean más respetuosas con el medio ambiente. 
Mi argumento final es que los reglamentos y la legislación deben tener en cuenta la especial posición en toda la Comunidad Europea del sector de los coches de época en relación con el sector social y las consideraciones económicas y medioambientales. 
Señor Presidente, Señorías, seguramente la directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil representa el punto de partida de una nueva fase en el ámbito de la mejora medioambiental en nuestra Europa. 
Creo asimismo que se ha realizado un gran esfuerzo para llegar a un reciclaje inteligente de los materiales y a una reducción de los residuos contaminantes, así como para promover la innovación tecnológica. 
Y en este sentido, llevamos ciertamente buen camino, sin embargo, como ya han subrayado algunos oradores, el problema real es la posibilidad de que la responsabilidad de los productores sea una responsabilidad solidaria. 
Quisiera decir que en Italia se han realizado grandes avances en este ámbito. Quizás fuimos los primeros en Europa en tener una normativa que animaba a que se eliminaran del mercado los vehículos al final de su vida útil, sin embargo, en nuestro país tenemos un parque móvil bastante obsoleto y, en consecuencia, graves preocupaciones en orden a los problemas de mercado que esta directiva podría plantear. 
Considero que hay que analizar seriamente este hecho. 
En Italia se ha procedido a una retirada y a un reciclaje que gira en torno al 80%, pero existe un problema de mercado que podría provocar un momento de crisis- desde el punto de vista del empleo, dado que en Italia tenemos un tipo de industria que recurre con frecuencia a expedientes de regulación de empleo y a despidos- y que pondría plantear serias dificultades a los trabajadores de muchas partes de Italia. 
Por lo tanto, me parece que hay que tratar de conciliar las dos necesidades- veo que a veces el Parlamento es algo extremista, con posiciones o extremadamente verdes o extremadamente opuestas -, de lograr hacer una síntesis que me parece que, a fin de cuentas, no es sino el esfuerzo del Sr. Florenz y de otros diputados, los cuales, de una manera u otra, tratan de conciliar ambas posiciones. 
Estas interesantes enmiendas son el resultado de ello. Sobre la base de esta posición, me parece que se puede encontrar una solución mediata al problema, es decir, se pueden conciliar las necesidades medioambientales con las necesidades de mercado y de empleo. 
Señor Presidente, esta directiva trata el relativamente pequeño, aunque creciente problema de los vehículos abandonados y la cuestión de una retirada más estructurada de todos los vehículos al final de su vida útil. 
Hasta este punto, esto puede considerarse deseable aunque no se trate de una cuestión de urgente necesidad. 
La propuesta del Consejo, la posición común, es que los fabricantes deben pagar todo. Esto supondría miles de millones de libras o euros para cada una de las principales compañías en cada uno de los países de la Unión Europea. 
Este coste sería inevitablemente trasladado al precio y, consecuentemente, a los compradores de coches nuevos. 
Dado que los fabricantes europeos han estado operando aquí desde hace muchas más décadas que las compañías japonesas, coreanas y de otros países, ello supondría una carga mucho mayor para las compañías europeas con más antigüedad y una dádiva competitiva para sus competidores de otros lugares. 
Alabo al Sr. Florenz, al Sr. Lange y a otros que han perseguido que ambas partes lleguen a un compromiso de costes compartidos. 
También alabo la enmienda presentada en mi nombre y en el de mis colegas de Alemania, Italia, Irlanda, España, Suecia y Gran Bretaña, para eliminar la naturaleza retroactiva de esta medida. 
La legislación retroactiva es una legislación perversa, una legislación injusta y a menudo una legislación impracticable. 
La mayoría de los parlamentos democráticos del mundo libre la rechazan de principio a no ser que exista un interés público abrumador, que claramente no es el caso que nos ocupa. 
Esta es la razón por la que he solicitado una votación nominal para este asunto. 
Podremos comprobar quién esta dispuesto a votar a favor de una retroactividad de dudosa legalidad, que supondría una costosa carga para los futuros compradores de automóviles y un golpe devastador para la industria automovilística europea. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más quiero recordar brevemente las apuestas económicas de esta directiva y renovar mi apoyo a las enmiendas presentadas por mi colega Bernd Lange. 
Justamente estas enmiendas implican la ventaja- quiero insistir sobre este punto- de conciliar las obligaciones con el medio ambiente y los imperativos económicos. 
La posición común del Consejo ha sido decir que los fabricantes de automóviles debían hacerse cargo de la totalidad o de una parte significativa del coste de recuperación y de reciclado. 
Pero como muy bien ha dicho el Sr. Lange, esta solución no es para nada equitativa con los fabricantes europeos. 
Porque soy de un país donde hay muchos fabricantes de automóviles, puedo decir a Sus Señorías que no es posible imponerles, retroactivamente, la carga financiera total del conjunto de los vehículos de su marca que actualmente están en uso, o sea, la carga de los costes que impone el 80% del parque automovilístico europeo. 
Esta solución es inaceptable, porque esos fabricantes no pudieron integrar en sus procedimientos de fabricación y en sus costes las exigencias medioambientales que hoy les imponemos. 
La posición común pone a los fabricantes europeos en una situación desfavorable respecto de los fabricantes recién llegados al mercado europeo. 
Sin duda, si no estamos aquí para defender un determinado interés nacional, un determinado grupo de presión industrial, sino que estamos aquí para construir una Europa competitiva en el mercado mundial y defender los empleos en los sectores económicos en que somos verdaderamente competitivos. 
Por esta razón pido a Sus Señorías que apoyen las enmiendas presentadas por Bernd Lange, que tendrán el apoyo del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos porque, en efecto, concilian el conjunto de los intereses presentes- intereses económicos y obligaciones medioambientales- a la vez que dejan a los Estados miembros libres en cuanto a las modalidades de aplicación de esas obligaciones, porque estas enmiendas prevén que los sistemas aplicados en la actualidad en los Estados miembros- y los hay que funcionan muy bien- continúen funcionando. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la propuesta de directiva sobre los vehículos al final de su vida útil que nos ocupa hoy procura garantizar, por una parte, un alto nivel de protección del medio ambiente en la Unión Europea y, por otra, quiere preservar el buen funcionamiento del mercado interior en ese sector. 
Una palabra sobre los vehículos históricos y de época: deben estar excluidos del campo de aplicación de esta directiva pues, pienso que estaremos todos de acuerdo en ello. 
Los automóviles también integran nuestro patrimonio cultural. 
Dicho esto, uno de los obstáculos se refiere al artículo 12, es decir, a la fecha de aplicación de la directiva. 
La solución propuesta por el Parlamento, a saber, 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de esta directiva para los vehículos nuevos, es poco realista. 
El parque automovilístico europeo se compone de varias decenas de millones de coches que tendrán que ser recuperados aunque no fueron pensados para el reciclaje. 
La posición común era mucho más razonable, porque preveía la fecha del 2006 para los vehículos que ya están en circulación. 
Además, esto permitiría que se las empresas tuviesen el tiempo necesario para disponer de los fondos que implicarían esos gastos suplementarios. 
Por lo tanto, al respecto, mi grupo y yo personalmente, apoyaremos la posición común que presenta un compromiso equilibrado, creo, entre las obligaciones de las empresas y los indispensables adelantos en la protección del medio ambiente. 
Señor Presidente, queridos colegas, el Parlamento Europeo afronta hoy una importante decisión. 
¿Estamos a favor de una protección del medio ambiente y del consumidor con vocación de futuro, o, como las enmiendas de Florenz, Lange y otros hacen temer, el Parlamento permite que lo reduzcan a sicario de la industria automovilística alemana? 
Está en juego la credibilidad del Parlamento como uno de los abanderados de la protección medioambiental. 
¡Sería más que vergonzoso que el PE cediera ante lo que los Gobiernos de los 14 Estados miembros y la Comisión Europea han dispuesto por la responsabilidad del productor y la protección del medio ambiente! 
Lo que pretenden Florenz y Lange con sus enmiendas está muy claro: ¡hay que cargarse la directiva! 
Con la propuesta de reparto de responsabilidad se vacía de contenido el principio de quien contamina, paga, y se socavan las innovaciones en la producción. 
Poniendo tantos obstáculos no pretenden más que impedir una política en materia de flujos de residuos efectiva y ecológica, y que se retrase en 12 o más años la ejecución de las directivas por la vía de las homologaciones. 
Por ello, hago un particular llamamiento a los diputados alemanes: ¡no permitan que se cause hoy un grave perjuicio político! 
El Gobierno Federal de socialistas y verdes no se ha lucido en el debate sobre la directiva sobre vehículos para desguace. 
¡Cambien ya de actitud! 
Sus quejas por los perjuicios a la competencia son ridículos si sólo se refieren a los perjuicios a la competitividad de la industria alemana del automóvil. 
¡Compórtense como representantes del pueblo y no se rebajen a convertirse en representantes de Volkswagen! 
¡Voten a favor de la protección al medio ambiente y al consumidor y de las innovaciones en la industria del automóvil y del reciclaje! 
Señor Presidente, desde el año 1997 se está discutiendo esta directiva. 
Ya era hora de que llegáramos a un acuerdo. 
Como comparto más o menos lo dicho por mi compañero Sjöstedt y por el representante de los Verdes De Roo, no voy a utilizar los dos minutos de que dispongo y hacer hincapié en sólo dos cuestiones. 
En primer lugar, y es quizás lo fundamental de la propuesta, la idea, consustancial al reciclaje y utilización de los residuos, de que se utilicen materiales que después puedan contaminar menos. 
Otro punto importante es que los residuos no debieran incinerarse ni triturarse, pero no sólo los que contienen plomo, cadmio y mercurio, sino también los que tienen PVC. 
Hay una discusión en este Parlamento sobre ese tema en otro ámbito. 
La otra cuestión se refiere a quién debe pagar los gastos. 
Yo estoy de acuerdo con los oradores anteriores cuando dicen que quien contamina paga y nunca mejor dicho que en esta propuesta. 
Deben pagar los productores, aunque todos sabemos que al final quizá el gasto vaya a repercutir en los consumidores, y deben de hacerse cargo de los costes antes del 2006 como proponen algunas de las enmiendas. 
Estamos más de acuerdo con la enmienda de la primera lectura. 
Es importante también fijar el tanto por ciento y la fecha en que los vehículos habrán de tener materiales reciclables. 
Creo que la propuesta se fía a plazos muy largos. 
Por último, señor Presidente, creo que es preciso favorecer la creación de pequeñas y medianas empresas que, homologadas con rigor y con la debida autorización, puedan fomentar la creación de empleo en este ámbito tan importante, evitando los monopolios de las grandes empresas. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo tiene que enfrentar hoy responsabilidades reales. 
Se trata de saber qué vamos a hacer con los millones de vehículos que abandonamos cada año. 
En algunos de nuestros Estados ya se firmaron acuerdos medioambientales voluntarios para que en los arcenes, los canales y los campos dejen de acumularse esos restos horribles y peligrosos de donde a veces se ve salir una gallina espantada. 
Es bien cierto que mi país está orgulloso de su industria automovilística y de sus éxitos comerciales, tanto en Europa como en los países terceros. 
Mido su importancia por la aureola internacional de mi país. 
Conozco la actitud previsora de la industria automovilística europea, que ha puesto en marcha un amplio programa de investigación para definir un sistema nacional de información para el desmantelamiento de los vehículos al final de su vida útil. 
Soy consciente de la dificultad que el Consejo halla para establecer un compromiso. 
Por esta causa debemos ser hoy alquimistas comprensivos, cuidadosos de nuestro medio ambiente. 
Este siglo será el de la gestión de los residuos o no será. 
En mi opinión, por supuesto, hay que aplicar el principio de quien contamina paga. 
Tengo la certeza de que la industria automovilística, cada vez más respetuosa del medio ambiente, había anticipado esta concienciación y, además, ha asumido sus responsabilidades. 
Pero toca a los Estados la aplicación de esta directiva, y cuidémonos de detallarla excesivamente, porque las tradiciones industriales, las cadenas de profesionales del desguace y de la trituración son distintas en Italia o en Finlandia. 
Me opongo a que se haga responsables a los propietarios de los vehículos. 
Esos hombre y mujeres que se desplazan por Europa pagan sus coches, sus impuestos nacionales, sus catalizadores, sus impuestos sobre los combustibles y, por consiguiente, ya pagan muy caro el precio de su magnífico coche y la libertad de circular. 
Sería muy imprudente que mis colegas de los grandes grupos de vocación federalista hicieran al Parlamento Europeo terriblemente impopular imaginando una responsabilidad común del propietario y el fabricante. 
Además, ¿cómo se podría crear un fondo para pagar el reciclaje de vehículos y gestionar las operaciones dentro de Europa? 
¿Quién pagará el reciclaje de mi coche comprado en Francia, si lo matriculo en Bélgica? 
¿Qué fondo nacional se hará cargo de mi vehículo al final de su vida útil? 
Cuidémonos también de inquietar al mundo empresarial con una inseguridad jurídica derivada de una retroactividad inaceptable. 
No es nuestro propósito, aquí, poner en marcha una expedición legislativa de castigo, sino que debemos continuar nuestro camino de apoyar un desarrollo duradero. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo, encabezado por la Comisión de Medio Ambiente, por lo general, adopta en esta Cámara la postura de juzgar críticamente las propuestas de la Comisión Europea o el Consejo para mejorarlas desde una perspectiva medioambiental. 
Ahora existe el riesgo de que, desde una perspectiva medioambiental, en este Parlamento se logre empeorar una concienzuda posición común. 
Cada año nos deshacemos de muchos automóviles que contienen materiales peligrosos. 
Por eso es importante prevenir la formación de residuos. 
Tenemos que procurar también reducir al mínimo las cantidades de metales pesados y de otros materiales peligrosos. 
Además, los fabricantes de vehículos deben tener en cuenta la importancia de que éstos se produzcan y construyan de manera que sea fácil desmontarlos y reutilizarlos. 
El resto de la chatarra requiere también un proceso de tratamiento adecuado. 
Por tanto, apoyo plenamente los porcentajes de reutilización y reciclado propuestos por el Consejo. 
Actualmente, el desguace completo de la chatarra es económicamente viable. 
Esto se debe a que hemos abandonado el cizallamiento. 
Los objetivos establecidos son con toda seguridad factibles y en los Países Bajos en estos momentos ya se ha alcanzado un nivel del 86%. 
La mejor manera de garantizar un buen sistema de recogida es que el último usuario del automóvil pueda entregarlo sin costes a una instalación de tratamiento conocida. 
Los costes del reciclado pueden imputarse a los precios de los nuevos automóviles. 
Las propuestas que han planteado algunos diputados perjudican seriamente a este sistema. 
La denominada responsabilidad compartida es muy poco útil y no estimula la innovación. 
Si se maneja un sistema de entrega sin costes, se comprobará que los costes del reciclado también disminuirán considerablemente. 
Por último, esta directiva debe entrar en vigor lo antes posible. 
Un costoso procedimiento de conciliación implica un retraso innecesario del que el medio ambiente sufrirá las consecuencias. 
Contentémonos, pues, con la posición común que ahora tenemos. Así, no nos queda sino felicitar y elogiar al Consejo por el resultado previsto. 
Señor Presidente, tengo en alta consideración al Sr. diputado Florenz. Ha hecho un buen trabajo bajo la presión de sus colegas, y también bajo la presión de la industria automovilística. 
A esto se añade que el Sr. Florenz ha tenido que hacerlo desde su condición de diputado ecologista, ha tenido que buscar un compromiso desde un segundo plano y eso no ha sido fácil. 
En términos globales, no me parece del todo mal la posición común que se nos ha presentado hoy y, en todo caso, no me parece mal la filosofía que subyace a la misma. 
Tengo un par de observaciones que formular al respecto: una es que los vehículos de época y las motocicletas deben excluirse de la directiva, la otra es la cuestión muy controvertida de a quién debe atribuirse realmente la responsabilidad de la retirada de los vehículos. 
No quiero introducir cambios en el texto de la posición común. 
El fabricante es responsable, debe ser responsable y el último usuario debe poder entregar el automóvil sin costes. 
A mi juicio hay muchos temores injustificados. 
El grupo de presión de la industria automovilística ha creado confusión en muchas ocasiones. 
Quiero reiterar una vez más a sus señorías que, según dicta la experiencia, los costes del tratamiento deben repercutirse. 
No son unos costes tan elevados. En mi país se calculan en unos 150 florines por automóvil. 
Con ello se empieza desde el primer día y al mismo tiempo se puede efectuar el tratamiento de los coches antiguos. 
Asimismo, puede crearse ya mismo una gran industria que se ocupe de que los cementerios de coches, que antes eran algo normal en nuestros Estados miembros, ya no existan. 
Por ello, no quiero introducir cambios a ese respecto en el compromiso alcanzado. 
Pienso que es positivo que aprobemos lo antes posible la legislación que se nos ha presentado. 
Esto es bueno porque así los nueve millones de coches que se fabrican cada año en Europa también podrán reciclarse adecuadamente y ello redundará en beneficio de todos. 
Señor Presidente, la propuesta actual es importante en la apuesta por prevenir la producción de residuos peligrosos procedentes de vehículos al final de su vida útil y es importante de cara a promover el reciclado y la recuperación de los materiales procedentes de vehículos desguazados. 
De ahí que me parezca fundamental desde el punto de vista medioambiental que la prohibición del empleo de metales pesados tóxicos se ponga completamente en práctica y que no debilitemos la responsabilidad de los fabricantes. 
De hacer esto último, eliminamos los alicientes para que los fabricantes construyan y fabriquen automóviles que produzcan menos residuos. 
La posición común alcanzada con gran trabajo en el Consejo, a la que se sumó la Comisión y que también fue ratificada por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, cumple plenamente las exigencias en materia medioambiental y por ello me resultan muy extrañas e incomprensibles las enmiendas presentadas por miembros de la Comisión de Medio Ambiente que tienen como objeto debilitar las exigencias en materia medioambiental y fundamentalmente moderar la responsabilidad de los fabricantes de automóviles. 
Si se aprueban estas enmiendas, creo de veras que habremos echado por la borda la credibilidad del Parlamento en cuestiones medioambientales. 
Hasta ahora, este Parlamento ha actuado positivamente como catalizador en la defensa del medio ambiente, y si se aprueban las enmiendas presentadas por los Sres. Florenz y Lange, en este caso seremos ahora un factor medioambiental negativo. 
A esto hay que añadir que si suavizamos la responsabilidad de los fabricantes en este caso, esto repercutirá gravemente en el futuro en otros ámbitos como, por ejemplo, la próxima directiva sobre chatarra electrónica e informática. 
Por ello, me gustaría recomendar a los miembros de este Parlamento que a pesar de su afiliación política voten en contra de las enmiendas presentadas a la posición común que debilitarán el estándar medioambiental y suavizarán la responsabilidad de los fabricantes. 
Así, podremos alcanzar un resultado decoroso en términos medioambientales. 
Señor Presidente, esta excelente directiva va a acabar con el abandono de coches viejos, va a estimular el reciclado y, por encima de todo, va a estimular a los fabricantes para que diseñen automóviles que puedan ser reciclados fácilmente. 
Cualquiera que sea el sistema que se adopte, en última instancia el coste será repercutido a los consumidores. 
El mejor camino para alcanzar nuestros objetivos medioambientales es convertir a los fabricantes en nuestro instrumento tanto para recaudar el dinero como para la eliminación y reciclado de los automóviles. 
Los fabricantes han engañado al Sr. Florenz y al Sr. Lange para que presenten aquí unas enmiendas que debilitan considerablemente estas propuestas. 
¡No se dejen embaucar por los fabricantes de automóviles! 
Si quieren alcanzar todos los beneficios de esta directiva usen su voto para rechazar estas enmiendas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en contra de lo que podríamos pensar, este debate no es de carácter técnico, sino que se ha vuelto eminentemente político. 
Ayer honramos a nuestra institución con un debate político. 
Hoy, si 314 diputados cediesen ante el poder los grupos de presión de ciertos fabricantes de automóviles, nos deshonraríamos. 
Al pedir a los consumidores que aseguren la mitad del coste del reciclaje de los vehículos al final de su vida útil, como lo establece la enmienda 38, mientras que la posición común pide que la totalidad del reciclaje esté a cargo del productor, por primera vez el Parlamento no se presentaría como la garantía de la defensa de los consumidores y de los ciudadanos europeos, sino que se convertiría en cierto modo en una caja de resonancia de los grupos de presión. 
No podemos aceptarlo. 
Sentaría un precedente que dejaría la puerta abierta a todas las presiones en muchos otros campos. 
Asimismo, sería la primera vez que el Parlamento Europeo debilitase una posición del Consejo, cuando en general creo que lo que hacemos es reprochar las posiciones. 
El sistema de recogida gratuita de vehículos viejos, por ejemplo, y el incremento del porcentaje a reciclar hará que aumenten proporcionalmente las actividades de reciclaje y el número de puestos de trabajo que genera. 
Por lo tanto, por el bien del consumidor, por el medio ambiente, por los nuevos empleos que se crearán en el reciclaje, no se debe enmendar la posición común del Consejo que, en su estado actual, es completamente aceptable. 
Señor Presidente, como muchos otros han expresado hoy aquí creo que ésta es una medida acertada. 
Se trata de una medida útil y una medida que todos necesitamos. 
La mayoría de las cuestiones técnicas han sido resueltas. 
Hay algunos detalles que deben ser ultimados pero la mayoría de las cuestiones técnicas han sido resueltas. 
Hemos llegado a la cuestión final. 
En el debate de la primera lectura, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios fue la única que planteó esta pregunta y yo fui el único, en tanto ponente de opinión de esa comisión, que planteó esta pregunta. 
Ésta es muy simple: ¿quién paga? 
La posición común del Consejo alcanzó un compromiso razonable en cuanto que los fabricantes deberían pagar una parte sustancial de los costes, no su totalidad, como ha dicho erróneamente el Sr. Bowis. 
De hecho, una parte tan reducida, como nos dicen los juristas, del 20% o una quinta parte de los costes. 
Esto no es descabellado. Si tomamos, por ejemplo, al consumidor británico que compra un Rover, como ha indicado el Sr. Lange, o, para el caso, cualquier otro automóvil en el Reino Unido, y que durante años ha estado pagando precios excesivos por esos automóviles, comparativamente por encima de los existentes en otras partes de Europa, ¿por qué debería pagar? 
Ya lo ha hecho. 
¿Por qué la gente que tiene la misma condición de contribuyentes o de futuros compradores de automóviles, debe volver a pagar por la eliminación del vehículo sobre el que el fabricante ya ha realizado el beneficio? 
No puedo aceptar esto. 
Aquí hay hoy algunas enmiendas que proponen que este debería ser el caso. 
No lo puedo aceptar y no voy a votar a su favor. 
La responsabilidad sobre estos coches corresponde al fabricante. 
Es el fabricante el que tiene que proporcionar la infraestructura y proporcionar una parte sustancial de los costes de eliminación. 
La posición común no excluye la posibilidad de que los gobiernos aporten su contribución. 
La posición común constituye un compromiso razonable. 
Algunas de las enmiendas de hoy son totalmente descabelladas por cuanto eximen totalmente al fabricante de automóviles de la responsabilidad de pagar algo del coste de eliminación de los coches abandonados. 
No puedo aceptar esto y en nombre de los contribuyentes y de los consumidores de Europa voto en contra de estas enmiendas. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, estamos todos de acuerdo en que debemos reflexionar sobre cómo acometer adecuadamente la cuestión de los vehículos para desguace en Europa, pero, en esta ocasión, el Consejo no nos ha dado ningún ejemplo de una política medioambiental razonable a nivel europeo. 
La Presidencia alemana del Consejo actuó en esta cuestión de una manera vergonzosa. 
En primer lugar, el Sr. Trittin, el Ministro de Medio Ambiente, no concertó suficientemente su actuación con los demás miembros del Gobierno, y después el Canciller Federal, el Sr. Schröder, como elefante en una cacharrería, se inmiscuyó en este procedimiento sin conocimiento alguno del tema. 
Pero el acuerdo de la Presidencia finlandesa del Consejo tampoco fue lo mejor que podría haberse alcanzado. 
Hay algunas deficiencias. El mayor defecto es, desde mi punto de vista, que no se toma suficientemente en cuenta la situación de la mediana empresa, pues la industria del automóvil no se compone solamente de grandes empresas. 
Justamente en el sector de los suministros, la mediana empresa desempeña un papel muy importante, y debemos tener en cuenta los intereses de los trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas. Son más de 2 millones de personas las que ocupan un puesto de trabajo en este sector. 
Muchas de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al Consumidor, así como las enmiendas presentadas por nuestro Grupo al artículo 5, relativo a los gastos, tienen por objeto esta situación de la mediana empresa. 
Desde un punto de vista de política medioambiental, la posición común del Consejo no es tampoco una maravilla. 
Falta la agudeza para ver la interrelación de las diversas cuestiones, y no puede decirse, como hace la colega de Los Verdes, que sería la primera ocasión en que el Parlamento Europeo rebajaría el contenido de una posición común del Consejo, ¡pues no es razonable desde un punto de vista medioambiental que pongamos obstáculos a la producción de automóviles modernos de bajo consumo, como el coche de tres litros, en los que se emplea mucho material plástico, mediante la imposición de cuotas de reciclaje rígidas y altas! 
Por ello ha de apoyarse una enmienda que al menos admita excepciones, si queremos contar con automóviles de bajo consumo. 
No les falta fundamento, con toda seguridad, a las objeciones formuladas por la industria en este asunto. La fuerza de los argumentos planteados por la industria del material plástico y automovilística sería aún mayor si en este contexto no nos limitásemos a comprometernos a una reducción de las emisiones de CO2 en Europa. 
Señor Presidente, ciertamente nos encontramos en una situación muy extraña: aquéllos que quieren defender los valores de respeto al medio ambiente, defienden también la posición común del Consejo. 
En discrepancia con el orador anterior, señalo que estoy muy orgullosa de que, durante el período de la Presidencia finlandesa, se llegase a una posición común que defiende los valores ecológicos. 
Si nos apartamos de esta posición común e intentamos redistribuir los costes de reciclaje, estaremos acudiendo a un subterfugio: no podremos crear un sistema racional e inequívoco, en el que las responsabilidades estén claramente definidas. 
Así pues, pienso que los fabricantes deben asumir la mayor parte de la responsabilidad. 
Solamente de esta manera podremos resolver satisfactoriamente este problema y, al mismo tiempo, tendremos en cuenta que hay que estimular a los productores a que fabriquen vehículos, cuyo reciclaje resulte lo más barato posible en el futuro. 
Señor Presidente, hay dos asuntos de principio en la propuesta de directiva del Consejo. 
Una de ellas se refiere a la ilimitada responsabilidad de los fabricantes para hacerse cargo de los vehículos al término de su vida útil. 
Se corre el riesgo de que se cree una situación de monopolio en el sector de los desguaces, especialmente en las regiones de la Unión en que las distancias son considerables y en las que hay muchas pequeñas empresas dedicadas a esto. 
Opino que las directivas de la UE, independientemente de la materia que traten, no deben lesionar los intereses de las pequeñas empresas. 
La absoluta responsabilidad de los productores también hace peligrar al mercado de recambios usados. 
Los productores tienen mayor responsabilidad en la venta de recambios nuevos. 
Este comercio es importante, especialmente para quienes coleccionan y acondicionan vehículos antiguos. 
Este principio también es problemático desde la perspectiva de los principios de la economía de mercado. 
Hay que posibilitar la renovación, venta y desmantelamiento de las empresas. 
Estas tienen que poder instalarse en nuevos mercados, pero también deben poder abandonar los viejos. 
El hecho de atar a los productores a responsabilidades que se pueden arrastrar por mucho tiempo, casa mal con la flexibilidad y el fomento al desarrollo, propios de la economía de mercado. 
El otro principio de la postura común del Consejo se refiere a la retroactividad de la directiva. 
La imposición retroactiva de responsabilidad a los fabricantes por sus productos se opone a principios económicos y jurídicos generalmente aceptados. 
También se modifica retroactivamente la responsabilidad de los propietarios. 
Un consumidor puede cambiar las características del producto en el transcurso de los años. 
Todos los países en el ámbito de la UE tienen normas que regulan el desguace de los coches. 
Estas pueden ser mejores o peores. 
Sin embargo, mientras esperamos la entrada en vigor de esta directiva comunitaria, los países de la Unión, cada uno por su cuenta, deben hacerse cargo del desguace de vehículos de la mejor manera posible, de modo que las normas comunitarias no se apliquen retroactivamente. 
Esto no se opone a un modelo de financiación mediante la creación de fondos. 
Señor Presidente, la importancia medioambiental e industrial de la propuesta objeto de examen es evidente y compartida. 
La posición común ofrece un compromiso aceptable pero muy delicado y precario, tanto es así que ofrece márgenes de mejora más bien limitados, so pena de poner en peligro toda la directiva. 
En consecuencia, considero que el Parlamento debe abstenerse de forzar nada y que sería paradójico que lo hiciera en una línea de redimensión del alcance medioambiental de la propuesta. 
Recuerdo que los productores de automóviles han admitido que pueden convivir con la directiva; los costes no son exorbitantes: reciclar un vehículo vale menos del 1% del precio del vehículo nuevo. 
Además, la responsabilidad financiera de los productores entrará en vigor sólo en el año 2006, cuando una buena parte del parque móvil existente ya habrá desaparecido del mercado; para los vehículos restantes se puede plantear, en todo caso, una forma de reparto de los costes, come proponen las enmiendas 44 y 45 presentadas por el Sr. Lange, las únicas que me parecen compatibles con el equilibrio de la posición común y con las experiencias en curso en algunos Estados, y que, por lo tanto, hay que respaldar. 
Señor Presidente, esta directiva es extremadamente negativa. 
En primer lugar, como ha resaltado mi colega el Sr. Bowis, es retroactiva y errónea de principio. 
En segundo lugar, repercute grandes costes sobre la industria europea del motor que dañarían la competitividad y el empleo. 
En este Parlamento hablamos constantemente de la necesidad de promover el empleo y los puestos de trabajo en Europa y, no obstante, aprobamos continuamente medidas cuyo efecto será reducir el empleo. 
También quisiera sugerirles que la directiva es mala en otro sentido que no ha sido examinado suficientemente en este debate. 
Tiene el cariz de mucha de la legislación europea. 
Es demasiado prescriptiva. 
Acuña un modelo determinado de reciclado. 
La línea de producción fue inventada hace más o menos cien años, creo que por Henry Ford, y lo que estamos proponiendo que se haga es la creación de una línea de producción al estilo del siglo diecinueve, pero a la inversa- desmantelando vehículos, separando piezas y persiguiendo su reciclaje. 
Una cuestión en la que deberíamos detenernos y reflexionar es sobre el hecho de que hay un mercado muy incierto para los parachoques de plástico reciclados. 
La mayor parte de la industria de plásticos no desea recuperar éstos y no puede permitírselo económicamente. 
Ya existe una industria muy exitosa que está despiezando coches, recuperando metales y recuperando energía con la incineración de partes no metálicas. 
Este es un enfoque medioambientalmente muy razonable. 
Desde el punto de vista medioambiental, es tan bueno quemar plástico viejo como quemar nuevo combustible para recuperar energía. 
Este método de eliminación de coches no implica costes y, de este modo, eliminaría toda la cuestión acerca de quién paga porque el coche "muerto" tendría, en efecto, un valor reducido en el proceso de reciclaje y de reclamación. 
Me opongo a esta directiva sobre la base de que es demasiado prescriptiva, ignora como opera efectivamente el actual mercado del reciclaje de automóviles y acuña métodos que no son necesariamente los mejores desde el punto de vista del medio ambiente, y ciertamente muy dañina. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la posición común relativa a los vehículos al final de su vida útil es buena, pero es tarea del Parlamento mejorarla aún más. 
El Grupo socialdemócrata ha formulado propuestas importantes de mejora en los últimos días. 
Sobre todo llamo su atención sobre la enmienda 45. En ella se opta por que los costes del desmontaje y el reciclado corran a cargo de los fabricantes, en cualquier caso si se trata de automóviles nuevos. 
De esa manera, tanto en la fase de concepción y como en la de fabricación se tendrá en cuenta el reciclado. 
En el caso de los coches que aún están en funcionamiento es razonable compartir los costes, por ejemplo, creando un fondo como se ha hecho en los Países Bajos. 
En la posición común, los productores no sólo tienen que correr con todos los costes sino que deben encargarse de recoger todos los vehículos al final de su vida útil. 
A mi modo de ver esto constituye un grave problema. 
Abogo por que la organización del desguace y el reciclado no recaiga únicamente en los fabricantes de coches, porque con ello los fabricantes tendrían una intervención excesiva en el mercado de componentes de segunda mano. 
Incluso fijarían ellos mismos los precios. 
Todo el mundo que haya conducido un coche viejo sabe lo perjudicial que será eso para los usuarios y para los mecánicos aficionados. 
La organización de consumidores europea que nos ha pedido que apoyemos en este punto la posición común, a mi juicio, deja en la estacada a los consumidores. 
Un segundo argumento a favor de que el reciclado de coches se mantenga fuera de la competencia de los fabricantes es el de los costes de transporte. 
Si todos los fabricantes de coches instalan sus propias empresas de desguace, esto hace necesario que la chatarra se transporte a grandes distancias. Esto no es ecológico y encima es caro. 
Tampoco sirve a los intereses del consumidor. 
Por eso pido su apoyo para la enmienda 45. 
Señor Presidente, señora Comisaria, he pedido de nuevo la palabra para añadir un par de frases después de este debate. 
Queridos colegas, si alguien viaja a los Países Bajos, podrá comprobar que en este país todo último titular de un automóvil puede entregarlo sin incurrir en gastos. 
También podrá comprobar que estos automóviles se eliminan de una manera adecuada, que se han abierto nuevos flujos de material para su reutilización, que se recicla un 85% del peso de un automóvil, que en los Países Bajos se recicla un 92% de los automóviles. 
Todo ello se financia mediante un fondo al que realiza sus aportaciones el comprador del vehículo nuevo. 
Señora Beyer, ¿es reprochable desde un punto de vista medioambiental que esto ocurra? 
Yo digo que no. 
Los Países Bajos cuentan con un modelo ejemplar en el que los automóviles son eliminados en el modo querido por la Directiva, ¡y la cuestión de si paga el comprador del vehículo nuevo o el fabricante por los vehículos para desguace no tiene nada, absolutamente nada que ver con la ecología, sino que es un pura cuestión de competencia! 
La cuestión que importa es si un fabricante debe pagar 250 millones de euros o un coreano quizá sólo 2 millones de euros, y, con respecto a las personas que construyen automóviles en Europa, no estoy a favor de organizar un régimen competitivo desigual, sino que, a efectos de la protección del medio ambiente quiero la gratuidad para el último titular, financiada por un fondo, y para los vehículos nuevos quiero la responsabilidad del fabricante, porque así asumirá también la responsabilidad de construir vehículos aptos para el reciclaje. 
Señor Presidente, la propuesta que estamos debatiendo tiene puntos sumamente positivos, especialmente los destinados a la eliminación de los residuos, la reutilización, la valorización y el reciclado de componentes, la valorización de materiales, etc. Pienso que hemos presentado una buena propuesta. 
Fundamentalmente, la discusión versa sobre si el constructor o el último comprador, o quien sea, debe entregar el vehículo sin coste alguno o no debe hacerlo. 
Sólo voy a poner como ejemplo a mi propio país para decir que en él ha funcionado esta solución sin el menor problema. 
Hemos llegado a un acuerdo con todos los afectados por esta cuestión. Esto incluye a los fabricantes de vehículos, los comerciantes de coches de segunda mano, la federación de la industria automovilística, los trabajadores del metal, los cizalladores y la administración pública. 
Es un acuerdo de política medioambiental suscrito sobre una base voluntaria. 
La industria del automóvil- y Bélgica es un país que tiene una alta producción de coches- no ha causado absolutamente ningún problema. 
Mis compatriotas pueden entregar gratuitamente su coche al último vendedor. 
A raíz de ello hemos observado- en contraposición a las afirmaciones aquí vertidas de que esto redundaría en perjuicio del empleo -, repito, hemos observado a raíz de ello cómo una gran cantidad de pequeñas empresas han asumido con plena conciencia el reciclado del material y lo llevan a cabo muy adecuadamente. 
Algunas de estas empresas se han convertido en empresas punta, porque han conseguido reciclar determinados materiales, incluso materiales que no están incluidos en la directiva. 
Así pues, esto quiere decir que estamos desarrollando un nuevo sector, estamos creando nuevos empleos y al mismo tiempo estamos haciendo un gran servicio al medio ambiente. 
Estoy a favor de la recogida gratuita. 
A nosotros nos ha ido bien. No sé por qué no va a irles bien a los demás. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, sólo quiero señalar que a lo largo del procedimiento no se ha permitido presentar ni, en consecuencia, votar enmiendas en comisión. 
No sé si esto es normal y por esto le ruego que compruebe si el procedimiento seguido antes de que esta resolución llegara al Pleno adolece de algún defecto. 
Señora Presidenta, en este terreno también tenemos un montón de problemas de traducción. 
Como punto de partida, la versión inglesa es la que hace fe. 
Por ponerles un ejemplo, en el punto 4 y en el punto 5, tanto en la versión neerlandesa como en la alemana se han omitido- cito en inglés- las cuatro palabras "in so far as". 
Por ello, les pediría que tomen la versión inglesa como punto de partida. 
Le hago la misma observación que he hecho a la Sra. McNally hace unos momentos. 
Estoy muy preocupada por estos problemas de traducción que desafortunadamente se repiten una y otra vez, y puedo asegurarle que estudiaremos el asunto con muchísimo cuidado. 
En cualquier caso, hay que atenerse a la versión original, por supuesto. 
. (FR) La Comisión, en su comunicación "Mujeres y ciencia", nos anuncia sus buenas intenciones de movilizar a las mujeres para enriquecer la investigación europea. 
Esto está muy bien y nos alegra. 
Es verdad que son pocas las mujeres que participan en trabajos de investigación en la Unión Europea. 
Sabemos que no podemos cambiar esta circunstancia de escasa representación femenina en el sector de las ciencias si no es a través de una política de orientación escolar que, sistemáticamente, aliente la diversificación de las elecciones profesionales de las jóvenes y, una vez que hayan obtenido sus diplomas, mediante acciones positivas en el campo profesional. 
En estas condiciones, algunos diputados manifestaron su verdadera concepción porque, en el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer que hemos votado, hay un punto que se presta a confusión y que algunos interpretan como una cuota, por la que se exigiría un 40% de mujeres en la investigación europea. 
No se trata de esto, obviamente, porque esa cuota no sería realista. 
El informe no menciona el plazo dentro del cual habría que alcanzar esa cuota. 
Para calmar los espíritus y tranquilizar a Sus Señorías, he presentado una enmienda a la resolución por la que simplemente tomamos nota de que la Comisión se compromete a hacer esfuerzos importantes para aumentar la participación de las mujeres en los programas de investigación comunitaria, lo que es incluso loable. 
Además, no se puede dejar de señalar que la Comisión nos ha escrito textualmente que considera esencial que se obtenga un mínimo del 40% de participación de las mujeres en todos los niveles de la aplicación y de la gestión de los programas de investigación. 
No se trata de una cuota. 
Se trata de una declaración de intenciones muy legítima por parte de la Comisión, en la medida en que se trata de sus propios programas y no de los programas de los Estados miembros, que harían bien en inspirarse en este buen ejemplo de la Comisión y en seguirlo desplegando los mismos esfuerzos en el marco de sus programas de investigación. 
¡Que así se les transmita! 
. (FR) Es satisfactorio que el debate sobre el informe de la Sra. McNally, sobre el tema de aumentar y facilitar la participación de las mujeres en las tareas de la investigación y de la ciencia, sea objeto de un consenso bastante amplio. 
En este asunto, una mejora de la traducción, en la realidad cotidiana, de la noción de igualdad de oportunidades son ambas muy deseables, y no puedo hacer otra cosa que felicitarme por la aplicación de una política que redundará en la satisfacción de las legítimas aspiraciones de las mujeres: beneficiarse de la igualdad de acceso a los estudios científicos, conseguir puestos de responsabilidad realmente acordes con sus resultados y capacidades, así como el rápido establecimiento de medidas de acompañamiento que les permita conciliar la vida familiar y la vida profesional. 
Pero esta necesaria política realista y pragmática, que debería centrarse en la supresión de los obstáculos concretos identificados como factores indiscutibles de esta desigualdad, para nosotros debe fundarse en el concepto de complementariedad, el único que puede justificar una política voluntarista en la materia. 
En el respeto a estos valores, que son los verdaderamente respetuosos de las diferencias, y no sobre el postulado de una igualdad de los sexos que tiene dentro sus propias contradicciones, se deben concentrar nuestra reflexión y nuestras acciones futuras: nada justifica el abandonarse a la facilidad de una política cuantitativa, fundada en la práctica de las cuotas, contraria a la noción de ciudadanía con la que los diputados del Grupo UEN se sienten identificados, y cuyas probables consecuencias tendrían un efecto inverso al que parece buscar el informe de la Sra. McNally: el de la participación de las mujeres en las tareas de la ciencia y de la investigación en términos proporcionales a su valía. 
Si tienen la ocasión de demostrar sus méritos reales, si suprimen al máximo las barreras relacionadas con lo específico de su condición, y no en el marco de un conflicto en que ellas darían la impresión de combatir contra los privilegios de los hombres, las mujeres darán prueba de su interés en conseguir la eclosión de sus carreras profesionales, y llegarán a modificar los desequilibrios que aún los desfavorecen. 
El Parlamento Europeo ha elegido votar un texto que apela expresamente a esta política de cuotas, y por ello mi informe de opinión trató de plantear una denuncia enérgica; a pesar de las orientaciones generales que en gran parte apruebo, lo único que podía hacer era abstenerme en la votación del informe de la Sra. McNally. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, queridos colegas, hoy hemos votado en segunda lectura las enmiendas a la directiva sobre vehículos para desguace. 
He rechazado la directiva en su totalidad porque la enmienda 34 al artículo 12 y las enmiendas al apartado 4 del artículo 5 no han obtenido una mayoría suficiente en este Parlamento. 
Soy de un país en el que se fabrica el 50% del parque automovilístico de la UE, y justamente la recogida gratuita de los vehículos para desguace es lo que, en mi opinión, resulta costoso e inaceptable. 
Así, el mercado de trabajo se verá perjudicado de manera considerable por los gastos que recaen sobre estas empresas. 
Esto no puede ser bueno en una Unión Europea en la que reflexionamos todos los días sobre las cuestiones relativas al empleo. 
Creo que esta es una grave deficiencia y que básicamente no se adapta a nuestro ordenamiento jurídico. 
Por ello, estimo que, en tales condiciones, esta directiva no es aceptable. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi opinión sobre el informe Florenz. 
A mi juicio, la votación ha mostrado que, si bien se ha rebajado el contenido de la posición común del Consejo, los grandes Grupos parlamentarios no han conseguido, gracias a Dios- en particular, los representantes alemanes de los grandes Grupos -, destruir el corazón de la Directiva, a saber, la responsabilidad del fabricante. 
Por desgracia, sí se ha hecho valer una desvalorización de una política eficaz y ecológica en materia de flujos de residuos, mediante la imposición de una valoración de los riesgos inherentes a los materiales, materiales cuyos efectos nocivos para la salud se conocen realmente desde hace años. 
Sabemos que el plomo, el mercurio, el cadmio y el cromo hexavalente son altamente tóxicos y nocivos para la salud, y que se ha conseguido en muchas directivas comunitarias limitar su utilización sin que fuera necesario un análisis de riesgos. 
En este caso, desgraciadamente, el Parlamento Europeo se ha plegado a los intereses de la industria. 
No obstante, me alegra mucho que no se haya conseguido alcanzar la mayoría necesaria para aprobar las enmiendas de Florenz, Lange y otros, que en realidad pretendían eliminar la responsabilidad del fabricante y trasladar a los consumidores la obligación de responder de los gastos de una eliminación de vehículos para desguace respetuosa con el medio ambiente. 
En mi opinión, este intento ha sido vergonzoso y me alegra que esta iniciativa no haya recibido el apoyo mayoritario; una iniciativa, emprendida por el Gobierno y los parlamentarios de un Estado miembro importante, consistente en dirigir el sentido de las votaciones del Parlamento Europeo en virtud de los intereses de su industria nacional. 
Señora Presidenta, aunque he pasado la mayor parte de mi vida conduciendo vehículos rápidos de competición, estoy de acuerdo con mi colega, el Sr. Florenz, en que la directiva sobre vehículos al final de su vida útil debe excluir claramente de su ámbito de acción a los vehículos de museo. 
Estos magníficos vehículos no son residuos. 
Por lo tanto, he votado a favor de las enmiendas. 
Tampoco debe establecerse una edad específica para los vehículos de museo, ya que existen diferencias muy grandes entre las distintas disposiciones nacionales. 
Así, estos vehículos, que tienen un gran valor histórico, podrán se conservados para las generaciones venideras. 
Tampoco podemos olvidar a los aficionados a los automóviles de época, que solamente en Finlandia ascienden a más de 50.000. 
Estos aficionados realizan un trabajo silencioso, pero que tiene un gran valor desde el punto de vista histórico-cultural. 
. (SV) El proceso en el Parlamento en torno a este asunto ha sido, cuanto menos, desconcertante. 
Se han presentado nuevas enmiendas, aquellas que ya habían sido rechazadas en la comisión, cuando se iba a votar en el Pleno. 
Por eso, en la difusa situación que se ha producido, opinamos que el texto del Consejo es el mejor. 
Necesitamos una directiva en esta materia, por eso queremos evitar un complicado proceso de conciliación. 
La directiva sobre los vehículos al final de su vida útil va a constituir un ejemplo para futuros trabajos legislativos. 
Por este motivo, es importante que la responsabilidad de los fabricantes sea clara, por ningún motivo debe ser puesta en peligro. 
El Parlamento examina hoy, por última vez, este texto relativo a los vehículos llamados fuera de uso y su destino: la destrucción; intención loable con respecto a nuestro medio ambiente. 
Pero este texto contiene dos consideraciones que hay que vigilar. 
En primer lugar, la asunción financiera de esta destrucción. 
Hemos de velar todos para que no sea siempre el mismo el que paga, es decir el propietario del vehículo. 
Ya se le grava bastante el coche que, en el aspecto financiero, no es más que un pozo sin fondo. 
Se ha podido hablar, muy recientemente del principio de que "el que contamina paga", hemos de aplicarlo racional y pausadamente, sin ideología y sin equivocarnos de objetivo. 
El otro punto fundamental que ha de contener este texto es prever expresamente la exclusión de los vehículos de colección del campo de aplicación. 
Se puede decir en cualquier parte que no hay necesidad de escribirlo, ya que es evidente, pero por mi parte, deseo que se refleje porque tenemos todo el interés en adoptar textos claros. 
Por consiguiente, hemos de votar estas enmiendas para poder preservar estas joyas de la industria automovilística. 
Esos vehículos antiguos son testigos de una cultura, de una pasión, por ello han de ser reconocidos y respetados por Europa si no queremos que se diluyan nuestras especificidades. 
No faltan los ejemplos entre los textos europeos, donde se sabe lo que la vaguedad o la imprecisión hacen para provocar importantes contenciosos o debates. 
No citaré más que el caso de las directivas 79/409 y 92/43. 
La precisión de los textos es una garantía y una seguridad jurídica para aquellos que apliquen o vivan estos textos diariamente. 
El diputado europeo no tiene como vocación la de ser un creador de contenciosos o un proveedor de procedimientos para los jueces, cualesquiera que sean, ya que en ese caso no cumpliría su función. 
Al contrario ha de adoptar textos nítidos para limitar los contenciosos. 
. (NL) El hecho de que el informe Florenz haya causado tanto revuelo demuestra cómo se ha puesto en marcha la enorme maquinaria de los grupos de presión, tanto por parte de la industria como del movimiento ecologista. 
Lamento que los constructores hayan hostigado al Parlamento Europeo y al Consejo con una serie de argumentos que no se sostenían o eran falsos. 
Me atrevo a decir esto porque yo también me he tomado la molestia de ir al terreno de juego y de informarme, entre otras, en empresas de desguace que ya trabajan con resultados satisfactorios en el sector del reciclado de componentes de vehículos. 
Me han dejado muy claro que, por ejemplo, los argumentos con respecto a la inseguridad son una tontería. 
El grupo de presión de la industria del automóvil no ha conseguido sus objetivos hoy y eso me alegra. 
La directiva sigue en pie. 
Espero que en la fase de conciliación consigamos un resultado excelente y que la apuesta por un medio ambiente mejor dé el alto a las exigencias irracionales de la industria. 
por escrito, - (EN) Mi partido se opone a esta medida y a las enmiendas propuestas. 
En la vida hay pocas cosas más ciertas que los impuestos, la muerte y la contaminación. 
Pero tampoco existe nada más cierto que las directivas medioambientales de la UE que tienen loables intenciones pero que no consiguen alcanzar los objetivos expresados. 
Cuando hablamos de contaminación, como del pecado, todos estamos en contra, pero desde ahí nos encontramos muy lejos de la certeza de que sólo por que se proponga una medida contra este mal ésta sea necesariamente buena. 
De hecho, esta directiva, como muchas otras que tratan asuntos medioambientales, no es buena. 
Como tantas veces es el caso, proporciona, de nuevo, una mera estructura burocrática para controlar un problema, que solo va a servir para crear más puestos de trabajo para funcionarios y que va a suponer grandes cantidades de dinero para la industria del motor y para los consumidores. 
Lo que no va a hacer es solucionar el problema- se trata de un martillo demasiado grande que no dará en el clavo. 
Nadie, y menos mi partido, puede negar que se debe estimular el reciclaje, pero el mejor camino de lograrlo es trabajar con el mercado, no crear otra monstruosidad burocrática. 
Por tanto, un modo adecuado de promover el reciclaje es establecer impuestos para aquellos fabricantes que no aumenten las cantidades de material reciclable de los vehículos, estimular a las compañías de reciclaje del sector privado, mediante un paquete de incentivos fiscales y asistencia para el cumplimiento de las exigencias medioambientales, y promocionar el uso de materiales reciclados. 
Desde luego, estas son áreas sobre las cuales la UE carece de jurisdicción y tampoco debería tenerla. 
No obstante, ante la ausencia de estos poderes, no debería pretender la sustitución de una medida menos efectiva. 
En su lugar, debería dejar que los Estados miembros desarrollen sus propios sistemas, y evitar la tendencia de interferir allí donde no es bien recibida y no puede hacer nada positivo. 
Informe Berger (A5-0007/2000) 
Con esta propuesta de directiva se pretende establecer las condiciones de desplazamiento de los trabajadores por cuenta ajena, ciudadanos de un tercer país, en el ámbito de una prestación transfronteriza de servicios. 
Es que los ciudadanos de terceros países con permanencia legal en un Estado miembro no gozan del derecho de libre circulación en la Unión Europea. 
Y hasta ahora las restricciones que afectan a la libre circulación de trabajadores extracomunitarios en la Unión Europea han sido severas. 
Así, es positivo que se facilite la circulación de los trabajadores en la Unión Europea, aun cuando sean ciudadanos de terceros países. 
Ahora bien, la propuesta de directiva va encaminada tan sólo a permitir su traslado a otro Estado miembro cuando se encuentren en régimen de desplazamiento por cuenta de un empresario establecido en el país donde tengan su residencia habitual, por lo que la posibilidad de circulación queda limitada al período de desplazamiento, y sólo al Estado miembro al que sean destacados. 
Eso significa que esta propuesta no tiene como preocupación fundamental la de resolver el problema de la circulación de esos trabajadores, sino tan sólo la de crear mejores condiciones a las empresas prestadoras de servicios. 
Por otra parte, en el informe Berger, en nombre de la simplificación de procedimientos, se introducen enmiendas profundamente discutibles, uno de cuyos ejemplos es la creación de un sistema común de información para el acceso a las tarjetas expedidas por una entidad de cualquier Estado miembro. 
Informe Berger (A5-0007/2000) y Berger (A5-0012/2000) 
. (FR) Con la mayor de las satisfacciones acojo las dos propuestas de directivas destinadas a facilitar la libre circulación de los trabajadores provenientes de terceros países y también la libre circulación de los servicios. 
En lo esencial, estas propuestas introducen la tarjeta de prestación de servicios CE que, en el futuro, permitirá que unos 5 millones de oriundos de países terceros que residan legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea proporcionen servicios a otros Estados miembros, cosa que hoy impiden problemas como la obtención de visados y de permisos de trabajo. 
La primera propuesta de directiva autorizará a las empresas establecidas en un Estado miembro que emplean trabajadores nacionales de un tercer Estado a hacer que temporalmente esos asalariados se desplacen a otro Estado miembro para prestar servicios. 
En los términos de las disposiciones previstas, el empleador sólo tendrá que pedir una tarjeta de prestación de servicios para cada trabajador. 
Como es lógico, para tener derecho a esta tarjeta, el trabajador tendrá que residir legalmente en un Estado miembro y estar cubierto por un régimen de seguridad social. 
La segunda propuesta confiere los mismos derechos a los trabajadores independientes nacionales de un tercer Estado. 
Aunque en el fondo me adhiero a las propuestas de la Comisión Europea, reconozco que algunas disposiciones podrían crear confusión. 
Por lo tanto, votaré a favor de las enmiendas presentadas por la ponente. 
Así se aclararán las disposiciones y se evitarán los abusos. 
Otras enmiendas se proponen simplificar los procedimientos administrativos, por ejemplo al autorizar a los Estados miembros a designar una sola autoridad competente para la expedición de la tarjeta. 
Esta modificación me parece indispensable para evitar la lentitud administrativa que demasiado a menudo frena la buena aplicación de nuevas disposiciones. 
No puedo menos que congratularme por la adopción de estas directivas así modificadas, porque nos sería imposible tolerar por más tiempo que las personas establecidas legalmente en la Unión Europea se enfrenten a tantas dificultades. 
Esto concuerda con el principio fundamental de no discriminación consagrado en los Tratados fundadores de nuestra Unión. 
Informe Marinho (A5-0003/2000): 
. (SV) La principal tarea de la Conferencia Intergubernamental que se aproxima es reformar la UE frente a la incorporación de nuevos países miembros. 
Por eso es obvio que apoyemos la aprobación formal del Parlamento Europeo a la realización de esta Conferencia. 
No obstante, opinamos que la Conferencia Intergubernamental deberá limitarse a temas necesarios para la realización de la ampliación. 
Sostuvimos lo mismo en noviembre de 1999, y, por esta razón, queremos remitirnos a nuestra explicación de voto del 18 de noviembre de 1999. 
. (FR) En el dictamen que acaba de adoptar acerca de la próxima Conferencia Intergubernamental, el Parlamento Europeo hace un llamamiento para "lanzar un proceso constitucional". 
Esta voluntad de poner a todas las naciones bajo un texto jurídicamente superior se expresa igualmente en las primeras reuniones del ámbito encargado de la elaboración de una así llamada Carta de los derechos fundamentales, que en realidad es una constitución encubierta. 
Incluso se expresa en la increíble deriva del Parlamento Europeo que hoy, a través del voto de una resolución, pretende borrar el resultado de las elecciones libres celebradas en Austria. 
La misma voluntad de llevar a las naciones al nivel de meras regiones administrativas subordinadas se transparenta en todas las páginas del dictamen elaborado por la comisión para la Conferencia Intergubernamental. 
La idea principal consiste en generalizar las votaciones por mayoría calificada, a la vez que se modifica el contenido de esta mayoría calificada para transformarla en una doble mayoría simple, de los Estados y del pueblos, con el fin de aumentar el margen de maniobra de la Comisión y de disminuir el de los Estados minoritarios. 
Los franceses, sin duda, tendrán mucho interés en saber, de paso, que la Comisión pide la modificación del artículo 67 del Tratado de Amsterdam para instaurar la votación por mayoría y la codecisión con el Parlamento Europeo. 
Recordemos que este artículo, que trata sobre la transferencia de la política de inmigración en el campo comunitario, preveía que durante cinco años las decisiones tuviesen que ser tomadas por unanimidad por el Consejo, que después se ocuparía de apreciar la posible oportunidad de modificar el sistema. 
En Francia, en la Asamblea Nacional y en el Senado, en el momento de la ratificación, se tranquilizó a muchos parlamentarios diciendo que de todas maneras el Consejo tendría la libertad de elegir y que podría conservar la unanimidad. 
No obstante, hoy, el propio Ministro de Asuntos Europeos que preparó el Tratado de Amsterdam y que al cabo de los años se ha convertido en comisario europeo, el Sr. Barnier, propone que en la próxima Conferencia Intergubernamental se decida que el Consejo trate estas materias por mayoría. 
Éste es el tipo de engranaje al que sin cesar nos vemos sometidos cuando se juega a la integración europea con las instituciones de Bruselas. 
Los franceses deben tener conciencia de que no sólo el fin de todas estas operaciones es hacer desaparecer su país como centro de decisiones responsable, sino también que se usarán todos los medios para arrebatarles su consentimiento. 
Si ceden, están perdidos, porque están tratando de quitarles, uno por uno, todos sus medios de defensa. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental. 
Nos parece fundamental que esta Conferencia Intergubernamental se cierre antes del final del año 2000, de tal modo que no sean temas formales como la ponderación de votos en el Consejo de Ministros, la composición de la Comisión y del Parlamento Europeo los que planteen obstáculos en el camino de la ampliación de la UE. 
Por este motivo, estamos muy satisfechos con las resoluciones adoptadas al respecto en la Cumbre de Helsinki celebrada en diciembre pasado. 
Una ampliación demasiado ambiciosa del orden del día en el momento actual conlleva el riesgo de un retraso en el proceso de ampliación. 
Algo que no deseamos- y por ello hemos votado en contra. 
No obstante, estamos de acuerdo con nuestros compañeros en la necesidad de actuar con transparencia con relación a la Conferencia Intergubernamental de tal forma que los ciudadanos sepan cómo discurre el trabajo. 
. 
(SV) Nos satisface que en Helsinki se haya fijado un temario limitado para la Conferencia Intergubernamental. 
Los futuros Estados miembros también deben influir en el diseño de la futura UE. 
La elección al Parlamento Europeo de 1999 demostró con gran claridad que los ciudadanos no aprueban la idea de una UE cada vez más federalista y dependiente de Bruselas. 
. (FR) Con la apertura de la próxima Conferencia Intergubernamental, el proceso de la Unión Europea está nuevamente de actualidad. 
Una vez más, monopolizarán el debate los jefes de Estado y de Gobierno. 
Es decir que quince personas van a discutir y decidir a puertas cerradas la suerte de más de 350 millones de ciudadanos. 
Por tanto, se comprende el desinterés de los pueblos ante una construcción europea que se hace a sus espaldas y lejos de sus preocupaciones. 
Efectivamente, no hay más que mirar el orden del día de la Conferencia Intergubernamental: las instituciones, la ampliación y la defensa autónoma. 
En realidad, se trata de reforzar el poder ejecutivo, de desarrollar las anexiones al liberalismo por parte de los países del Este y de relanzar la militarización de Europa aumentando en especial los presupuestos militares. 
La Europa social, utilizada como valedora por la Unión Europea, lisa y llanamente ha desaparecido del orden del día. 
Todo esto no hace más que legitimar el desarrollo, a escala europea, de los movimientos de resistencia deseosos de imponer una carta social que armonizaría por lo alto las principales reivindicaciones de los trabajadores. 
Por estas razones voto contra el informe. 
He votado a favor de la resolución en la que se emite el dictamen conforme para la convocación de la CIG, porque consagra la concepción de la Presidencia portuguesa, con apoyo en gran medida mayoritario del Parlamento, de la apertura del orden del día de la CIG a asuntos distintos de los estrictamente relacionados con el reequilibrio del poder entre Estados miembros, grandes y pequeños, como originariamente figura en la convocatoria del Consejo de Helsinki. 
Por desgracia, en los asuntos abordados en las resoluciones sobre las futuras materias de revisión del Tratado de la Unión Europea nada figura, hasta hoy, sobre la necesidad de revisar su artículo 7, que trata de la suspensión de un Estado en caso de violación grave y persistente de los principios "fundadores" de la Unión, establecidos en el artículo 6. 
Como demuestra la presente crisis con Austria, la Unión tiene derecho a defenderse. 
Ahora bien, los mecanismos jurídicos existentes en el Tratado son débiles, de difícil aplicación política y jurídica, no clasifican los poderes de las instituciones y no garantizan un tratamiento jurisdiccional a un proceso de mayor importancia, que es precisamente el de condenar y suspender a un Estado miembro. 
Por eso, considero que se debe incluir urgentemente este asunto en el orden del día de la CIG y que justifica por sí solo una revisión ampliada. 
Las cuestiones fundamentales que, a nuestro entender y en el momento actual, se plantean respecto de la convocación de una Conferencia Intergubernamental con vistas a la revisión de los Tratados superan, en gran medida, la controversia aquí establecida en torno a la dimensión de su orden del día, en cuanto a la oportunidad de formular o no propuestas de nuevos asuntos que incluir en él o incluso sobre el nivel de participación del PE en ella. 
Para nosotros, la oportunidad y los objetivos de la CIG y los asuntos que en ella se debatirán con seguridad plantean cuestiones relevantes. 
Dudamos de la oportunidad, porque tememos los objetivos realmente en perspectiva, tal vez distantes de la siempre citada adecuación a la ampliación prevista, lo que revela, en particular, de los contenidos que se pretende dar, en particular a las esferas no resueltas en Amsterdam- que ofrecen indicios para sospechar de la formación de inaceptables directorios futuros -, pero también a las relativas a los pilares segundo y tercero, que tienden a perfilarse en particular en el sentido de una indeseable militarización de la Unión Europea. 
Éstas son algunas de las razones esenciales por las que no compartimos el sentido de la propuesta de resolución que ahora se está examinando. 
, - (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo se ha abstenido en la votación final del Informe Leinen Dimitrakopoulos. 
El texto es demasiado ambicioso, y los diputados laboristas británicos piensan que la CIG debería ocuparse de las "cuestiones pendientes de Amsterdam" para prepararse ante la ampliación y no ir más allá de éstas. 
Actualmente ya existe una considerable cantidad de acciones para la reforma y, por el momento, ésta debe ser prioritaria para permitir la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones del UE. 
La ampliación de la agenda y una revisión profunda de los tratados acarrearía un riesgo de desestabilización. 
El factor clave de este texto, tal y como ha sido enmendado, es la demanda de una Carta de Derechos Fundamentales para su incorporación a los tratados. 
Desde nuestro punto de vista esto supondría una compleja carga legislativa, siendo preferible una carta política y declarativa que explicara a los ciudadanos los derechos que les asisten. 
Nuestras prioridades (por ejemplo, "las cuestiones pendientes") deben ser: 
El número y las responsabilidades de los Comisarios 
Ponderación de los votos en el Consejo 
Extensión de la votación por mayoría cualificada en las áreas en las que sería beneficioso para Gran Bretaña y Europa (pero no en la modificación de los tratados, cuestiones de defensa y control fronterizo o fiscalidad) , y extensión de la codecisión allí donde se extienda la votación por mayoría cualificada. 
Más allá de esto, nos tememos que la "flexibilidad" o la cooperación reforzada no sea apropiada en este momento. 
Las disposiciones de Amsterdam no han sido contrastadas y permitir un mayor espacio para los "opt-outs" puede debilitar a la UE en un momento en el que se está considerando la ampliación y se le esta pidiendo a los países candidatos que se adecuen al mercado único y a otras normas europeas. 
. 
(SV) Para poder influir, el Parlamento Europeo tiene que adoptar una actitud más constructiva, en torno al temario de la Conferencia Intergubernamental, que la contenida en esta resolución, que da demasiada importancia al desaliento y la decepción producidos por las decisiones del Consejo Europeo en Helsinki, en diciembre de 1999. 
El Parlamento Europeo y su Comisión de Asuntos Constitucionales se deberían haber concentrado en algunos puntos no contenidos en la decisión del Consejo en Helsinki, indicando, de este modo, aquello cuya discusión era más importante, entre otras cosas, el asunto de la instauración de un fiscal especial para la delincuencia que afecta a las instituciones de la Unión Europea y a sus intereses económicos. 
Los cristianodemócratas suecos nos oponemos también a las amenazas de retrasar la ampliación hacia el Este si la Conferencia Intergubernamental no se extiende sobre aquellos temas que no se trataron en la anterior Conferencia Intergubernamental de Amsterdam en 1997. 
- (SV) La principal tarea de la próxima Conferencia Intergubernamental es reformar la UE frente a la incorporación de nuevos países miembros. 
Por eso, obviamente, doy mi apoyo a que el Parlamento Europeo apruebe formalmente su realización. 
Sin embargo, opino que la Conferencia debe limitarse a los temas que son necesarios para llevar a cabo la ampliación. 
Me remito a mi explicación de voto del 18 de noviembre de 1999, en la que explico mi postura respecto al estado supranacional y a la defensa común. 
Resolución común sobre Austria 
Señora Presidenta, el Grupo Europa de las Naciones no suscribe la resolución común PPE/DE-PSE sobre la situación política en Austria con motivo de que en ese país se haya formado un gobierno de coalición entre los conservadores y los liberales de Jörg Haider. 
Esta resolución común PPE/DE-PSE aplaude la iniciativa de los catorce Estados miembros para presionar a Austria organizando una especie de boicot diplomático. 
Lo que más nos choca es que esta intervención común se apodera de los principios del Tratado, como si en algún lugar estuviera escrito que la expresión libre y democrática de un pueblo puede ser anulada por la voluntad de los Jefes de Gobierno de los países vecinos que, además, en estas circunstancias, se han cuidado muy bien de consultar a sus respectivos pueblos. 
Sean cuales sean los exabruptos verbales de Jörg Haider, que sin duda alguna deploramos, los austríacos han hecho una elección democrática y debemos respetarla. 
A nuestros ojos está claro que la izquierda del Parlamento Europeo, unida a la izquierda austríaca, derrotada en el terreno electoral, ha montado una operación puramente política apelando al recuerdo de una época siniestra, pero felizmente pasada. 
Aunque la asimilación de Haider a Hitler carece de toda credibilidad, ha conseguido en parte su fin al desestabilizar a algunos diputados del PPE-DE. 
Pero más allá de esta operación política, lo que la mayoría del Parlamento Europeo teme sobre todo es que en Austria la nueva etapa de la cohabitación derecha-izquierda, que pudrió la vida política, se extienda pronto al sistema europeo de gestión compartida que produce efectos tan lamentables. 
Para evitar esta nueva etapa, está decidida a todo, incluido el desconocimiento del resultado de unas elecciones libres, incluida la instauración de una policía del pensamiento, incluido el establecimiento de una nueva forma de totalitarismo. 
Señora Presidenta, en nombre de los diputados del Frente Nacional, del Vlaams Blok y del Movimiento Social Italiano, planteo estas preguntas: en esta pasmosa injerencia interna a la que se ha entregado la Unión Europea, violando el derecho internacional general, violando los Tratados, violando la moral, ¿quién tira de los hilos? 
¿Es espontánea la histeria? 
¿Es fruto de la mera tontería o, de manera más verosímil, de una estrategia deliberada, la misma en todo el mundo? 
¿Quién dicta su voluntad a las naciones europeas, con la pretensión de impedirles que elijan su destino? 
¿Las redes ocultas? 
¿El Gobierno de Washington? 
¿El de Israel? 
¿O sus cipayos socialistas que, en esta Asamblea, tienen la frescura de imponernos sus valores? 
¿Cuáles son los valores de esos socialistas que hicieron su agosto electoral el siglo pasado, mostrando a los desheredados una imagen virtual de esa justicia social y que hoy no son más que el partido de los funcionarios protegidos, de los sindicalistas permanentes y del capitalismo de Estado? 
¿Cuáles son los valores del Partido Socialista belga, que de los asuntos de pedofilia va a los de corrupción pasando por los de Vandam, como el caso Agusta? 
¿Cuáles son los valores del Partido Socialista francés que ha chantajeado a todos los municipios que están en su poder con los casos Urba, Sages, Graco? 
El partido de François Mitterrand, condecorado con la Francisque por el mariscal Pétain, el partido cuyos dirigentes más destacados acaban de ser sorprendidos con las manos en la masa, mientras viven confortablemente de la malversación de los fondos públicos destinados a la mutualidad de estudiantes enfermos. 
No hablaré de las corrupciones del Partido Socialista italiano, porque no se dispara contra una ambulancia, y menos aún contra un coche fúnebre. 
Pero hablaré del Partido Socialista español, que acaba de hacer un pacto con los carniceros de Albacete, y que arreglaba cuentas con los nacionalistas vascos contratando a asesinos a sueldo. 
Hablaré del Partido Socialista alemán, que pretende darnos lecciones sobre la Segunda Guerra mundial, aunque es internacional socialista, como sus pares eran nacional socialistas, siempre marchando con el paso de la oca, el partido de Waffen-SS... 
(La Presidenta retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, he tenido grandes problemas con esta resolución. Finalmente, me he abstenido en la votación por varios motivos. 
Simpatizaba con la enmienda del Grupo EDD que hablaba de rechazar las interferencias de la UE en la formación de gobiernos de Estados miembros, pero tuve que abstenerme porque proseguía condenando la xenofobia, el racismo, etc. y sentía que pudiera ser mal interpretada. 
Sin embargo, me pregunto si esto es acertado. 
En primer lugar está la cuestión de combatir la intolerancia con intolerancia y las consecuencias a largo plazo. 
También me pregunto acerca de la sabiduría de la UE y su reacción a la formación del Gobierno de Austria y como ésta va a afectar a la opinión pública de ese país. 
En este momento parece que con la oposición de los gobiernos extranjeros el partido de Haider está obteniendo más apoyo en lugar de menos. 
Incluso los Estados Unidos ha manifestado ahora que está considerando romper relaciones diplomáticas. 
Nos preguntamos si, en realidad, esto está alimentando las llamas de la xenofobia y a los partidos y personas que la apoyan. 
Ciertamente creo que la gente debería ser extremadamente cautelosa. 
Si se quiere combatir la xenofobia y el racismo, y creo así deberíamos hacerlo, debemos contemplar las causas que están en su raíz. 
Tenemos que observar a la gente que vota a estos partidos y averiguar por qué surge esta situación. 
No es una circunstancia que la mayoría de este Parlamento desee, pero debemos ser cuidadosos con el enfoque que tomemos, de suerte que no acabemos topándonos con lo contrario a lo que intentamos conseguir. 
Señora Presidenta, Señorías, repudio firmemente cualesquiera declaraciones, manifestaciones o sentimientos de xenofobia o racismo. 
Defiendo intensamente el patrimonio de los derechos humanos y del Estado de derecho, que es el de Europa. 
Pero no estoy de acuerdo, por eso mismo, con las actuaciones insensatas iniciadas por la Presidencia (por desgracia, la Presidencia portuguesa) en una auténtica salida de tono institucional en nombre de los otros catorce Estados. 
Ésa no es la forma de luchar contra el extremismo. 
Puede ser incluso una forma de hacerle favores inestimables. 
La cascada de confusiones y precipitaciones desencadenada sobre Austria combina toda clase de despropósitos, perturba mucho a los ciudadanos de buena fe y representa riesgos que no se han tenido en cuenta. 
Hay una contradicción irremediable entre posiciones adoptadas en nombre de la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho, pero que, al mismo tiempo, agravian a los austríacos en materia de derechos fundamentales y atropellan las reglas básicas del Estado de derecho, en este caso las normas de los Tratados. 
¿Qué es lo que queremos, a fin de cuentas, cuando iniciamos una Conferencia Intergubernamental? 
¿Una Europa de 27 miembros o de 14 o de menos aún? 
Somos partidarios de Europa, una Europa que honre todos los pasos que hemos dado hasta aquí, una Europa que respete los Tratados y el derecho, una Europa en la que Austria es necesaria. 
¡Hay que decirlo! 
Señora Presidenta, estoy encantada y orgullosa de que este Parlamento, por abrumadora mayoría, haya condenado la formación en Austria de la coalición que incluye al Partido de la Libertad del Sr. Haider. 
El Sr. Haider ha demostrado en los últimos años, tanto con palabras como con hechos, que se merece ser excluido del normal discurso democrático. 
No solo ha admirado a Adolf Hitler, alabado a las SS, sino que también ha sido miembro del gobierno regional de Carintia. 
Ha liderado los esfuerzos por acabar con el apoyo a la minoría austríaca de habla eslovena y con la asistencia a los inmigrantes. 
Algunos han dicho que no tenemos el derecho a interferir en la política austríaca. 
No están en lo cierto. 
Los tratados de la Unión Europea nos obligan a proteger los derechos fundamentales. 
Algunos han dicho que debemos aceptar los resultados de las elecciones democráticas. 
Pero unas elecciones democráticas no convierten en demócratas a aquellos que han amenazado la democracia. 
Ahí está el trágico monumento al Holocausto, la muerte de 6 millones de judíos, para aquellos que argumentaban del mismo modo para la Alemania de los años treinta. 
Pero no deberíamos condenar al Sr. Haider por su ambición. 
Los leopardos no se les caen las manchas. 
Los verdaderos culpables son los democratacristianos austríacos que hacen las veces de Judas para resucitar una amenaza para Europa que creíamos había muerto en Berlín en 1945. 
Señora Presidenta, acabamos de aprobar una resolución que condena el historial racista y xenófobo del Partido de la Libertad de Jörg Haider, y que saluda las acciones de nuestros gobiernos por las que se cortarían las relaciones políticas con cualquier gobierno en el que éste sea incluido, y que envía nuestro apoyo a los grupos antirracistas de la mayoría democrática del pueblo austríaco. 
Queremos advertir sobre el hecho de que esta coalición, caso de formarse hoy, legitima inaceptablemente a la extrema derecha, directamente en contradicción con los principios de paz y reconciliación, que nos unen en esta Unión Europea. 
Estos son los valores que les exigimos a otros que se quieren unir a nosotros. 
Este parlamento Europeo exige a la Comisión Europea que permanezca vigilante ante cualquier acción racista en Austria, y que amenace con suspender la condición de miembro de la Unión Europea a Austria si ésta se produce. 
Me siento orgulloso de apoyar una resolución de este tipo. 
A pesar de que nuestra propuesta de retirar las invitaciones políticas al Parlamento Europeo a cualquier representante del Gobierno austríaco no ha prosperado hoy, les hago saber que vamos a seguir promoviendo esta propuesta para garantizar que, dentro de las competencias de este Parlamento Europeo, se pueda y efectivamente se tome cualquier acción para combatir el retorno de los neonazis a un gobierno europeo. 
Señora Presidenta, voy a intervenir muy brevemente. 
Respeto la voluntad del Parlamento tal como se ha manifestado, sin embargo, he de decir que la autodeterminación de los pueblos no puede ser puesta en tela de juicio ni siquiera por el Parlamento Europeo. 
El documento es injusto en lo que se refiere a los colegas austríacos tanto diputados nacionales como diputados europeos y huele a celos y a intereses políticos, así como a negocios. 
No me parece que con estas señales se preste atención al desinterés de los ciudadanos por Europa. 
Se ha hecho un regalo injustificado a la extrema derecha austríaca. 
He valorado mucho la posición de los radicales italianos y lo digo manteniendo con claridad la diferencia histórica y sustancial entre liberales italianos y liberales austríacos. 
Llevo muchos años comprometido de obra y palabra en la lucha antifascista, en la lucha por la igualdad de derechos y en la lucha contra la xenofobia. 
No obstante, no puedo apoyar los últimos acontecimientos que se han producido, primero, esas verdaderas amenazas del Consejo de Ministros, luego, las amenazas del Sr. Prodi al Comisario austríaco y por último, esta resolución. 
No he podido votar a favor de esta resolución, aunque esté de acuerdo con muchas de sus premisas. 
Ante todo, se trata de una combinación increíblemente ominosa de poder, arrogancia e impotencia por parte de la Unión Europea. 
No sólo son estas resoluciones contrarias al Tratado y otorgan a los órganos comunitarios más poder del que les corresponde, sino que lo peor es que tendrán un efecto contraproducente. 
No debilitarán al Sr. Haider o al FPÖ, al contrario, los fortalecerán. 
Hemos logrado justamente lo contrario. 
Así no se combate el racismo y el giro a la derecha. 
. (DA) Los diputados del Partido Liberal al Parlamento Europeo hacemos hincapié en que con la aprobación de hoy el Parlamento NO ha respaldado las sanciones diplomáticas de los catorce Primeros Ministros a Austria. 
De ahí que los diputados del Partido Liberal al Parlamento Europeo apoyemos el claro distanciamiento incluido en la resolución liberal de cualquier forma de xenofobia en Austria y en otros lugares. 
Hacemos especial hincapié en que se utilicen las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre necesidad de tal forma que a un país que en la práctica viole derechos ciudadanos fundamentales mediante la discriminación, etc., se le retire el derecho de voto en el Consejo de Ministros de la UE (Art. 7). 
. (EL) La participación del Partido Liberal en el gobierno de Austria constituye un hecho peligroso para el devenir político de la Unión Europea. 
Se trata del «huevo de la serpiente» que desgraciadamente reaparece, con más vigor que nunca desde la Segunda guerra Mundial, en el espacio europeo. 
El Parlamento Europeo y los gobiernos de la Unión están obligados a aislar políticamente a un gobierno que incluye a amantes del nazismo y adalides de la xenofobia. 
La Unión Europea- y al mismo tiempo las dos grandes corrientes políticas, socialdemócratas y cristianodemócratas- han contraído al respecto una grave responsabilidad, pues con la observación dogmática de las estrictas políticas presupuestarias de la Unión Económica y Monetaria, con el desmantelamiento el estado del bienestar, con la deificación de una competencia incontrolada, ha empujado a amplios sectores sociales a la marginalidad, y ha brindado a demagogos de extrema derecha como Haider la posibilidad de reclutar partidarios para su proyecto neonazi. 
. (FR) En vista de que el Reglamento del Parlamento Europeo no nos permite presentar nuestra propia resolución de condena al partido de Haider, y a todos los partidos de cualquier país de Europa que dé lugar a infamias racistas, xenófobas y hostiles a los trabajadores inmigrantes, hemos votado la resolución de compromiso sin aprobar varios considerandos o términos, para mostrar nuestra solidaridad con los que, en la propia Austria, se oponen a la extrema derecha austríaca y a su demagogia. 
Nuestro voto no significa una garantía para los partidos signatarios de esta resolución de compromiso, ni para su política presente, ni para su actitud futura en caso de que se agrave la amenaza de la extrema derecha. 
Algunos de esos partidos, que se presentan como republicanos y democráticos, por complacencia o por cálculo electoral retoman la demagogia de la extrema derecha, con lo que abierta o hipócritamente hacen responsable del paro a la presencia de los trabajadores extranjeros y les dificultan la vida. 
En términos más generales, los partidos signatarios que dirigen o han dirigido los gobiernos de los distintos países de la Unión Europea tienen su parte de responsabilidad en el hecho de que la extrema derecha adquiriese esta influencia, porque adoptaron una política que, por obediencia a los intereses de la gran patronal, no quiere tomar medidas que puedan terminar con el paro y la miseria de él derivada, que facilita la demagogia xenófoba de la extrema derecha. 
. (FR) En el momento de votar una resolución común contra la entrada de los neonazis en un Gobierno de la Unión Europea, debo dar a conocer mi pesar ante un texto de compromiso que, sobre todo, carece de firmeza. 
Lo voto porque no se puede imaginar que el Parlamento Europeo, después del buen debate político de ayer, no tome posición sobre este tema. 
Pero, personalmente, continúo combatiendo contra la extrema derecha, y haré firmar una petición para exigir la adopción de medidas que incluso pudiesen llegar a la exclusión de Austria, y para organizar una gran manifestación ciudadana este sábado a las 15 horas en Lille. 
El fascismo, el neonazismo son un cáncer. 
¡La bestia inmunda ha despertado! 
Yo no puedo dejar que se desarrollen y medren sin oponer una lucha enérgica. 
Europa nació de la voluntad de paz, de libertad y de tolerancia. 
No puede tolerar en su seno a ministros xenófobos, racistas y antisemitas. 
Que nadie cuente con que yo permanezca paralizado y mudo. 
. (EN) En el debate de ayer en el Parlamento Europeo algunos diputados expresaron su preocupación por que estemos interfiriendo en los asuntos internos de un Estado miembro. 
Tal preocupación es injustificada. 
El Parlamento Europeo nunca se ha retrasado en comentar las evoluciones políticas de los Estados miembros con las que estaba en desacuerdo. 
Hemos condenado el terrorismo vasco e irlandés. 
Nos hemos opuesto al racismo y a la violación de los derechos de las minorías. 
Es nuestra responsabilidad como Parlamento, especialmente como la voz de la Unión Europea elegida democráticamente, comentar las actuales evoluciones políticas en Austria que están en conflicto con las políticas de este Parlamento. 
Haciendo comentarios y dando a conocer nuestra opinión no impedimos que cualquier partido de Austria forme un gobierno de coalición. 
No obstante, como es nuestro derecho y nuestra responsabilidad, les estamos diciendo que si prosperan surgirán consecuencias de tal decisión y, de hecho, les estamos advirtiendo por adelantado. 
Otros argumentarán que deberíamos mantener en suspenso nuestro juicio hasta que veamos los detalles de tal acuerdo. 
Tal perspectiva no solo supone un desistimiento político sino que, positivamente, es peligrosa. 
Al alcanzar un acuerdo con Jörg Haider y su partido, los democratacristianos austríacos, de un solo golpe, estarían confirmando la respetabilidad política de la extrema derecha y les estaría dando el acceso al poder- dos circunstancias que utilizarán como rampa de lanzamiento para alcanzar un éxito electoral incluso mayor. 
Esta es la razón por la que la Unión Europea debe expresar claramente su posición respecto de la situación actual de Austria. 
. 
(SV) Hemos votado a favor de la resolución común para expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas de la xenofobia y del racismo. 
También hemos votado a favor de la resolución para protestar por la detestable política que representa Jörg Haider. 
Sin embargo, criticamos enérgicamente los métodos usados por los 14 países miembros en este asunto. 
En la resolución falta una clara referencia al respeto por la identidad nacional de los países miembros y a las tradiciones constitucionales, como lo señala el artículo 6 del Tratado. 
También falta un punto sobre la responsabilidad de la UE en el desarrollo político de Europa y Austria, que ha sido una de las condiciones para la victoria electoral de Haider. 
Hoy, igual que en otros períodos de la historia europea, el extremismo de derechas es el resultado de la inseguridad social y económica. 
La política de recortes que se llevó a cabo como consecuencia de la adaptación a la UE ha alimentado los éxitos del extremismo de derechas. 
Una política radical en favor de la seguridad y la justicia en todos los países es la mejor garantía para el desarrollo democrático en Europa. 
- (DE) Hago esta declaración en nombre del Grupo del CSU. 
Es inadmisible que la UE interfiera en la formación del Gobierno de un Estado miembro. 
En lugar de condenar previamente al FPÖ y al Gobierno austríaco, que se halla en proceso de formación, es necesario proceder, en primer lugar, a un examen y valoración críticos de la declaración de gobierno, del programa de los partidos y de la política de la coalición. 
Una vez se haya producido tal examen en profundidad de la futura política de los partidos que actualmente mantienen conversaciones para formar coalición, podrá decidirse si este Gobierno es contrario al espíritu democrático de Europa. 
Esto no significa que simpaticemos con Haider. 
Los eurodiputados del CSU no sienten ninguna simpatía por Haider, el líder del FPÖ. 
En nuestra condición de políticos debemos formularnos la pregunta de por qué un 27% de los austríacos votaron a un partido como el FPÖ en las elecciones de octubre de 1999. 
Debemos debatir sobre las razones de ello e intentar eliminar las causas que conducen a estos resultados. 
Sólo un estudio en conciencia de los argumentos y de los contenidos políticos del FPÖ podrá impedir una radicalización de la política en Austria. 
La resolución del Parlamento Europeo, en cambio, no analiza las causas del resultado de las elecciones en Austria y no contempla posibles soluciones. 
Por estas razones, el Grupo parlamentario del CSU se declara en contra de esta Resolución. 
Con gran preocupación presenciamos el recrudecimiento de las fuerzas de extrema derecha en Europa, en particular en Austria, Alemania, Francia, Bélgica e Italia. 
Es fundamental que se examinen las causas más profundas y se adopten las medidas necesarias para debelarlas. 
Como sabemos que la agravación de las desigualdades sociales, el desempleo, los problemas de la pobreza y de la exclusión social inspiran desconfianza en los ciudadanos y crean condiciones favorables para el populismo de extrema derecha, es urgente que las instituciones europeas adopten las medidas necesarias para impedir el avance de las ideologías racistas y xenófobas, lo que exige una modificación profunda de las políticas económico-sociales del capitalismo neoliberal, la prioridad para la creación de empleos de calidad y con derechos, políticas de fortalecimiento de la democracia participativa y de una educación para la ciudadanía con atención especial a los valores democráticos y de la solidaridad. 
Del mismo modo que condenamos y combatimos las ideas y actividades de la extrema derecha, manifestamos solidaridad al pueblo de Austria y apoyamos todas las fuerzas que luchan por la profundización de la democracia, contra el racismo y la xenofobia. 
. (FR) "Porque sabía lo que esa chusma ignoraba, lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que durante decenas de años puede permanecer latente en los muebles y la ropa, que espera pacientemente en las habitaciones, las cuevas, los baúles, los pañuelos, los papeluchos, y que puede que llegue el día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad feliz". 
Con estas frases Albert Camus, tras un largo relato alegórico que describe la difícil lucha de los habitantes de Orán contra la peste, nos recuerda al cabo de la Segunda Guerra mundial que la contienda contra el nazismo, "la peste negra", como se le llamaba entonces, no puede tener una victoria definitiva. 
El odio racial, la violencia xenófoba, el miedo a la diferencia y el rechazo a ella hunden sus raíces en lo más sórdido del ser humano, y por lo tanto pueden resurgir en cualquier momento e imponerse en cualquier grupo humano. 
En este sentido los acontecimientos que se desarrollan en Austria deben considerarse trágicos. 
Por primera vez desde la Segunda Guerra mundial, un partido abiertamente pronazi, racista y xenófobo está a las puertas del poder en un país de Europa. 
Frente a esta amenaza, que implica la negación de la propia idea que está en el corazón de la construcción europea, nada puede tener ningún peso: ni las argucias jurídicas sobre lo que permite o no permite el Tratado, ni los interrogantes legítimos sobre el derecho de injerencia, ni el ridículo respeto a una democracia formal, y sobre todo no debe pesar el sentimiento de impotencia que nos invade ante un hecho que rechazamos con toda la fuerza de nuestras convicciones, pero que no podemos controlar. 
He sido elegido en un departamento francés de Ultramar, Reunión, tierra de mestizaje, de mezclas, cuya población se forjó a lo largo de los tres últimos siglos con el aporte de europeos, negros africanos o de Madagascar, personas contratadas en India o Pakistán, o incluso llegadas de China, y por ello experimento todos los días la verdad profunda de la frase de Saint-Éxupéry: "¡ Si eres distinto de mí, hermano, antes que dañarme me enriqueces !". 
La diversidad humana es la que hace nuestra principal riqueza, y es la razón por la que debo perseguir y condenar todo lo que la ponga en peligro, se presente donde se presente. 
Por todas estas razones he votado con convencimiento la resolución sometida a nuestra Asamblea acerca de la constitución del Gobierno de Austria. 
. (FR) El ascenso de Jörg Haider, a causa de la formación de un Gobierno del Partido Liberal y de la derecha conservadora, concreta la terrible resurrección en Europa de un monstruo parido por el liberalismo. 
El éxito del Partido Liberal debe a los certificados de respetabilidad concedidos por la derecha y la social democracia austríaca tanto como a la política de estos últimos, cuyos desastres sociales abrieron los caminos al populismo de extrema derecha. 
La resolución anuncia eventuales medidas diplomáticas para aislar políticamente al nuevo gobierno sin decir nada sobre las causas profundas del ascenso del fascismo, que se explica por la inquietud del pueblo, que es víctima del dinero rey, y porque las clases dirigentes prefirieron decantarse por un régimen fuerte para llevar cada vez más lejos las políticas de austeridad y de desregulación. 
Para hacer frente al discurso xenófobo de un aprendiz de dictador nostálgico del Tercer Reich, toda ocasión es buena a fin de expresar nuestra solidaridad con los antifascistas austríacos. 
Por esto votamos esta resolución a pesar de sus referencias hipócritas a un "modelo democrático europeo" que se parece bastante a una fortaleza que persigue, expulsa y encarcela a los ilegales, cuando no ficha a los adolescentes. 
- (DE) Acabo de votar en contra de la propuesta de resolución sobre la situación en Austria a la vista de una posible coalición de gobierno entre el ÖVP y el FPÖ. 
Considero contraproducente que se tilde a Jörg Haider de "culpable de Europa", y aún peor de neonazi y de acendrado racista. 
Por supuesto, no comparto de ningún modo las declaraciones públicas de este populista de derechas y condeno enérgicamente la xenofobia y toda banalización del régimen de Hitler. 
No obstante, temo que una respuesta emocional de Europa a los actuales acontecimientos en Austria multiplicará el número de seguidores de Haider. 
La UE no debe prestarle ningún servicio de relaciones públicas, que tienen un valor impagable. 
La fuerza del FPÖ se basa en la debilidad de los Gobiernos anteriores. De ello son los socialistas austríacos los principales responsables. 
Después de que pidieran sin éxito al FPÖ que tolerase la formación de un Gobierno en minoría y de que ofrecieran en vano, como es sabido, ministerios a los Liberales, el SPÖ inició una campaña masiva contra Haider. 
Transformó su temor por la pérdida del poder en una "lucha heroica por la preservación de valores" y en una inminente "decisión entre el ser o no ser de la democracia" por antonomasia. 
Esto es un insulto a los electores de mi país vecino al que no puedo sumarme. 
Nosotros, los democratacristianos, empleamos otra estrategia en la lucha contra los extremistas y nos hemos desmarcado de ellos de manera inequívoca. 
Destapamos las oscuras intenciones de los REPs ("republicanos") , que defendían posturas nacionalistas, xenófobas y hostiles a las minorías. 
Hoy, los republicanos ya no tienen representación en la mayor parte de los parlamentos de los Estados Federados. 
El modo en que hemos actuado en Alemania no garantiza que el movimiento radical no se fortalezca de nuevo. 
Tampoco es extrapolable sin más, dado que cada en cada Estado miembro se dan unas condiciones particulares. 
El ÖVP (Partido Popular Austríaco) , al que ya no puede ignorarse a nivel europeo, se atreve a intentar formar una coalición por la gobernabilidad de Austria. 
Este intento cuajará solamente si se adoptan acuerdos que de forma imperativa se fundamenten en la observancia de valores fundamentales democráticos. 
El Consejo se ha inmiscuido anticipadamente, sin esperar los resultados de las negociaciones de coalición ni la elaboración de un programa de gobierno. 
Esta condena es tan inadmisible como la amenaza de ruptura de contactos oficiales con la República de Austria. 
Permanecer alerta y con los ojos bien abiertos es propio de una democracia capaz de defenderse a sí misma. 
Debemos actuar de forma decidida y pertrechados de argumentos frente a los radicales de derecha y de izquierda. 
Ojalá se hubiera producido la misma airada protesta a nivel europeo cuando los socialistas mostraron su disposición a colaborar con los herederos de un régimen como el de la RDA, que desdeñaba y perseguía a sus ciudadanos. 
Me adhiero expresamente a las manifestaciones de la sesión de hoy del Comisario Prodi. 
Habló de la tarea de no aislar a los Estados miembros, sino de hacer todo lo posible para vincularlos a los valores comunes europeos. 
. 
(FR) He votado contra la resolución común relativa a la situación austríaca. 
Austria es una nación libre, independiente y soberana. 
Por consiguiente, ni el Consejo ni la Comisión ni el Parlamento Europeo pueden inmiscuirse en la organización interna de un Estado miembro. 
Las elecciones austríacas se desarrollaron de modo libre, regular y democrático. 
Por consiguiente, la injerencia de las instituciones europeas en ese país es inaceptable; viola el Tratado Europeo (artículo 7 del Tratado de Amsterdam). 
Y sin embargo, estas mismas instituciones no dudaron en aceptar la adhesión de Turquía a la Unión Europea, cuando se sabe que en ese país se producen actos de violación de los derechos del hombre. 
Nada semejante se ha producido en Austria. 
Este precedente, establecido por iniciativa de la Presidencia portuguesa, es inquietante para el porvenir de la Unión Europea, pues la incomunicación política con Austria, por una parte, no hace más que revelar la influencia del pensamiento conformista; por otra parte, si mañana los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea deben recibir previamente no ya la confianza de sus pueblos sino la investidura de organismos supranacionales, se destruirá el principio mismo de la democracia. 
En semejantes situaciones, ¿aún tendrá sentido organizar elecciones? 
No es así como se crean las condiciones para que los países de Europa vivan de manera armoniosa y puedan cooperar en un futuro común. 
Voto contra la propuesta de resolución común sobre el resultado de las elecciones legislativas en Austria y la propuesta de formar un gobierno de coalición entre el ÖVP y el FPÖ por tres tipos de razones: 
en primer lugar, porque no se han aprobado ni las votaciones separadas que hemos solicitado ni algunas de las enmiendas propuestas, que, en conjunto, darían otra coherencia y sentido al texto; 
en segundo lugar, porque la resolución ahora aprobada encierra una contradicción en sus propios términos; por un lado, en el considerando D se reconoce que la insistencia en el fomento y la defensa de los valores democráticos europeos por parte de la UE y de sus instituciones entraña el reconocimiento de la integridad de los derechos democráticos y de las prerrogativas constitucionales del pueblo y del Estado austríacos y, por otro, se permite concordar con la intención política- e incluso congratularse (párrafo 4) -de la declaración de la Presidencia portuguesa, que ha sido- en nuestra opinión- una injerencia precipitada, lamentable e ilegítima en el resultado del libre ejercicio de los derechos democráticos y de las prerrogativas constitucionales del pueblo y del Estado austríacos; 
así lo entendemos, efectivamente, y éste es el tercer tipo de razones del sentido de nuestro voto, porque no se deben juzgar, sino respetar- o al menos no se deben juzgar a priori, como está sucediendo en este caso -, los resultados del libre ejercicio democrático del derecho de voto por parte del pueblo austríaco. 
En efecto, con la presente resolución y todas las demás posiciones semejantes, no se demuestra la menor consideración para con la voluntad expresada por el electorado de un Estado miembro de la UE y, además, no se permite (curiosamente, en nombre de la tolerancia) que la solución de gobierno permitida por ese resultado siga su camino y demuestre sus reiteradas intenciones y propósitos políticos frente a las acusaciones, en particular, de que es objeto. 
La resolución permite también, tontamente, que mediante la manipulación y la victimización se fortalezcan las posiciones que se quiere condenar y, por último, se sienta un gravísimo precedente, dentro de la propia UE, que sólo puede propiciar un socavamiento cada vez mayor del clima de confianza y respeto mutuo que debe existir entre naciones y ciudadanos que quieren seguir, con espíritu de igualdad y respeto de las soberanías nacionales, un camino común, incluso de quienes como nosotros están en los antípodas de las posiciones racistas y xenófobas que van extendiéndose prácticamente por toda Europa, pero que prefieren abordarlas abordando con decisión las causas que las originan. 
. 
(FR) La votación que acaba de desarrollarse en este Hemiciclo es histórica, porque es la primera vez que debatimos con tanta inquietud sobre la situación política interna de uno de nuestros Estados miembros. 
Creo que hay circunstancias en que la cuestión de los principios y de las reglas institucionales se borra. 
Insto al Consejo y a su Presidencia a continuar defendiendo los valores fundamentales de la Unión. 
Invito a la Comisión a mostrarse menos temblorosa. 
Por esta resolución, nuestro Parlamento asume su responsabilidad. 
Dicho esto, también debo decir que, en mi opinión, la resolución adoptada hoy es un minimum minimorum, lo menos que podemos hacer. 
Personalmente, he defendido una posición más firme aún, y he apoyado las enmiendas 1, 4, 6, 7 y 8, además de la enmienda oral presentada por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Creo obligado que el Consejo no acepte más que las relaciones técnicas con los representantes del Gobierno austríaco que tenga miembros del Partido Liberal. 
Integrar el partido de Jörg Haider en una coalición gubernamental trivializaría a la extrema derecha de Europa, y constituye un precedente extremadamente grave que podría generar efectos similares en otros miembros de la Unión o en los países candidatos. 
El Partido Conservador austríaco asume una responsabilidad histórica. 
Nuestros valores fundamentales están en entredicho: como representantes democráticamente elegidos por los europeos no tenemos elección. 
Nuestros electores lo exigen, y debemos rechazar lo inaceptable, porque cuando resucita el espectro de la barbarie, "No oponerse ya es capitular". 
. (FI) He votado en blanco en la aprobación de la resolución. 
Condeno la línea de racismo y xenofobia de Jörg Haider. 
Sin embargo, no puedo aceptar que una Institución de la UE intervenga políticamente en la política interna de un Estado miembro. 
Así pues, no puedo aprobar el punto 4 de la resolución común, ni tampoco puedo votar a favor de la resolución en su conjunto, ni aun cuando ésta se dirija contra la extrema derecha. 
. 
(SV) Parece obvio que los líderes políticos europeos tienen el derecho y la obligación de reaccionar contra Haider y su partido. 
Los líderes políticos en Europa tienen derecho a expresar ideas sobre la evolución política en otro país miembro, del mismo modo que un Primer Ministro puede opinar sobre políticos racistas en algún ayuntamiento. 
La experiencia finlandesa es, no obstante, que la integración es una mejor manera de combatir las fuerzas antidemocráticas que el aislamiento. 
Por eso voté en contra del punto 2 de la resolución. Sin embargo, esto requiere que todas las partes respeten los derechos humanos. 
La "reacción común" de la Presidencia de la UE acerca de la formación del gobierno en Austria, es jurídicamente errónea. 
La reacción de los 14 países miembros carece de fundamento en el Tratado. 
Tampoco hay que aislar a las fuerzas que quieren trabajar en Austria a favor de los derechos humanos. 
A pesar de mis objeciones contra la actuación del Consejo y de mi opinión de que mejor que el aislamiento es esforzarse por alcanzar la integración, era importante mostrar claramente la postura del Parlamento Europeo respecto al racismo, y por eso voté a favor de la resolución en la votación final. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12, 25 horas) 
Declaro reiniciada la sesión del Parlamento Europeo, que había sido interrumpida el jueves, 3 de febrero de 2000. 
Se ha distribuido el acta de la sesión del pasado jueves, 3 de febrero. 
¿Hay alguna observación al respecto? 
Constato por la reacción de ustedes que muchos diputados no han recibido este acta, y es evidente que no pueden adoptar un acta a la que no han tenido acceso. 
Propongo en consecuencia someterla a su aprobación mañana por la mañana, puesto que queda claro que no la han recibido. Les ruego me disculpen por ello. 
La adopción del acta queda por tanto aplazada. 
Señora Presidenta, una cuestión relativa al Reglamento. 
La BBC ha informado esta mañana de que un diputado británico de esta Cámara que ocupa un puesto de gran responsabilidad dentro de su delegación sigue ofreciendo asesoramiento estratégico a clientes del sector privado, sin declarar en el Registro de intereses quiénes son dichos clientes. 
Los ciudadanos europeos tienen derecho a esperar que sus representantes mantengan el interés público separado de los beneficios privados, pero sólo pueden estar seguros de que siempre se va a actuar así si disponen públicamente y tienen fácil acceso a toda la información al respecto. 
Señora Presidenta, puesto que los cuestores están estudiando ahora este asunto, me gustaría solicitarle que utilice su influencia para asegurar que el Registro de intereses se actualice y modifique hasta cubrir este tipo de casos y, sobre todo, para garantizar que este Registro no sólo se facilite a esta Cámara en sus inspecciones, sino que también sea publicado en Internet. 
Gracias, señor Davies. 
Voy a consultar este tema con la Junta de cuestores. 
Señora Presidenta, una cuestión relativa al Reglamento. 
Ya que hoy es el primer día de San Valentín del nuevo milenio, espero que coincida conmigo en que sería muy adecuado que este Parlamento celebrase este día comprometiéndose con firmeza a luchar contra las enfermedades coronarias, la principal causa de defunción en la Unión Europea. 
Desearía instar a los diputados para que se unan al compromiso que se ha tomado hoy en la conferencia Winning Hearts de que todo niño nacido en el nuevo milenio tiene derecho a llegar hasta por lo menos los 65 años sin padecer ninguna enfermedad cardiovascular evitable. 
Feliz día de San Valentín. 
Señora Presidenta, quiero llamar su atención sobre el artículo 9 del Reglamento de este Parlamento y referirme a la cuestión que ha planteado el Sr. Davies sobre las alegaciones tan graves difundidas por la emisora BBC esta mañana. 
Le agradecería que nos asegurase que va a encargar una investigación para garantizar que los dos diputados mencionados en esta entrevista de la BBC en particular no están dirigiendo sus empresas desde este Parlamento o desde ninguna oficina parlamentaria, porque si es así estaríamos ante un asunto muy grave. 
En el pasado, el doble rasero con el que los conservadores británicos han medido sus principios ha desacreditado a la Cámara de los Comunes del Reino Unido, y existe el riesgo de que tal comportamiento tenga unos efectos parecidos en este Parlamento. 
Gracias, señor Murphy. 
Tal y como le he dicho al Sr. Davies, le prometo que estudiaré este tema con los cuestores a partir de esta misma tarde. 
Señora Presidenta, en observancia del Reglamento. 
Ya me he dirigido a usted por escrito en más de una ocasión respecto a la forma en que se plantean las cuestiones relativas al Reglamento en esta Cámara. 
Me gustaría saber sobre qué cuestión reglamentaria estaba hablando el Sr. Davies. 
¿Por qué no ha mencionado que la BBC también está investigando una asesoría que pertenece a uno de sus propios colegas liberales? 
¿Va a permitir esta Cámara que los informes difamatorios de un programa de radio que basa sus noticias en mentiras determinen su orden del día, o va a ponerse a trabajar en serio y a afrontar los retos a los que se enfrenta Europa? 
Señorías, es evidente que los cuestores que vayan a examinar este tema no van a tener en cuenta únicamente la información difundida por la radio. 
Harán las cosas con mucho rigor. 
Señora Presidenta, creo expresar el sentir de un gran número de diputados de la mayoría de los Grupos políticos al afirmar que el mensaje dirigido por el Presidente de la Comisión al nuevo canciller austríaco hace ocho días ha creado un cierto malestar. 
¿Era realmente necesario precisar en este mensaje, y cito textualmente: "le deseo todo el éxito", o bien "no dudo de que perseverará en el compromiso de sus predecesores a favor de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales", e incluso "espero que lleguemos a una cooperación fructífera y constructiva"? 
Por todo ello, señora Presidenta, me gustaría que el Sr. Prodi nos precisara mañana lo que quería o no dar a entender con sus palabras, con el fin de que nadie, absolutamente nadie, pueda utilizar este mensaje, insólito y desafortunado cuanto menos, incluso en contra de la voluntad del Sr. Prodi, para contribuir a la banalización de la peligrosa operación política que se desarrolla en Austria. 
Gracias, Señor Wurtz. 
Les pido, señorías, que no susciten un debate: se trataba únicamente de una cuestión de procedimiento. 
Le recuerdo, señor Wurtz, que mañana estamos citados con el Sr. Prodi, quién hará unas declaraciones acerca del programa de la Comisión. 
En las intervenciones que realicen ustedes tras estas declaraciones, podrán por supuesto si lo desean hacerle preguntas, al igual que el Sr. Prodi podrá, si lo desea, responderles. 
Si ustedes y el Sr. Prodi están de acuerdo, propongo aclarar definitivamente este tema en ese momento. 
Señora Presidenta, lamento muchísimo tener que molestarla con una cuestión que ya he abordado aquí en dos ocasiones. 
Ya le he dicho varias veces en nombre de los colegas neerlandeses que querríamos tener un canal de televisión neerlandés. 
Ahora ya hay 28 canales en este Parlamento, entre ellos dos griegos, uno portugués, uno finlandés y uno belga, pero todavía ninguno neerlandés. 
Sin embargo, sí hay siete canales ingleses, seis alemanes y seis franceses. 
Se prometió ya en septiembre que a partir de enero iba a haber un canal neerlandés. 
Ahora estamos en febrero y todavía no hay ninguno. 
Quisiera pedirle una vez más que tome cartas en el asunto. 
Me pregunto qué burocracia medieval está impidiendo que se reciba un canal neerlandés por satélite. 
Señora Plooij-van Gorsel, puedo expresarle mi decepción, porque yo misma estaba convencida de que este tema había quedado resuelto hace tiempo. 
He tomado buena nota de sus repetidos mensajes al respecto, y creo que la Sra. Banotti puede darle una respuesta. 
En consecuencia, si me lo permite, le paso la palabra a la Sra. Banotti para que le responda en una cuestión de procedimiento. 
Señora Presidenta, como ya sabrá mi querida amiga Elly, haré cualquier cosa para contentarles tanto a ella como a mis colegas holandeses. 
Quiero garantizarle como cuestora competente de este asunto que hemos celebrado discusiones técnicas sobre los distintos canales de radio y televisión, y ya he comenzado a cartearme con algunos colegas en relación a este tema. 
Muchas gracias por darme la oportunidad de aclararlo. 
No estoy segura de que nuestros colegas neerlandeses estén plenamente convencidos, porque nuestros colegas irlandeses tampoco pueden captar una cadena nacional. 
Creo que hay que estudiar lo que se debería hacer para que todos nuestros colegas puedan acceder a su propia cadena 
Le doy las gracias, señora Banotti, extensivas a los demás cuestores, por los esfuerzos que va a realizar en este sentido. 
Señora Presidenta, quisiera indicarle al Sr. Wurtz que la doctrina Brejnev de soberanía limitada no es doctrina de la Comisión, y que, salvo prueba en contrario, no estamos en el marco de los artículos 6 y 7. 
En consecuencia, Austria tiene todo el derecho a formar gobierno y el Presidente de la Comisión tiene todo el derecho, e incluso el deber, de manifestarle sus mejores deseos a Austria. 
El Sr. Wurtz debería quizás recordar que no hace mucho tiempo, algunos colegas de su partido, alcaldes comunistas franceses, enviaban bulldozers contra hogares de inmigrantes en Francia. 
Orden de los trabajos 
De conformidad con orden del día se procede al debate del proyecto definitivo de orden del día tal y como ha quedado establecido por la Conferencia de Presidentes, de conformidad con el artículo 110 del reglamento. 
a) Sesiones del 14 al 18 de febrero de 2000 en Estrasburgo Miércoles: 
Dado que el Consejo no podrá asistir el miércoles por la tarde, varios grupos- Partido Popular Europeo, Socialistas Europeos, Liberales, Verdes, Izquierda Unitaria, han solicitado que tratemos en una única discusión la declaración del Consejo sobre la cuestión chipriota y el informe del Sr. Brok sobre la estrategia de pre-adhesión de Chipre y Malta, y que avancemos estas dos cuestiones, junto con el informe del Sr. Swoboda, en el orden del día. 
Por tanto, tendríamos para la jornada del miércoles, las dos declaraciones del Consejo relativas a la coherencia de las políticas de la Unión con la política de desarrollo y a la sesión de la ONU "Derechos humanos", seguidas de la discusión única sobre Chipre, y en segundo lugar de los dictámenes del Sr. Swoboda, del Sr. Corrie, de la Sra. Frassoni y del Sr. Knörr Borràs. 
¿Quién desea presentar esta petición en nombre de estos grupos? 
Como nadie desea intervenir, someto a votación esta solicitud. 
(El Parlamento manifiesta su conformidad) Jueves: 
Tratándose de los derechos humanos, tengo dos solicitudes de inclusión: una del grupo de los Liberales para el subapartado titulado "Camboya", y otra del Grupo de los Verdes, para el subapartado denominado "Pinochet". 
Como ustedes saben, el apartado "Derechos humanos" no puede englobar más de cinco temas. 
Actualmente, hay cuatro temas inscritos, según la lista incluida en el proyecto definitivo de orden del día. 
Por tanto, solo podemos contemplar uno más. 
¿Quién desea presentar, en nombre del Grupo Liberal, la solicitud de un subapartado sobre Camboya? 
Señora Presidenta, es llamativo que el Parlamento Europeo todavía no haya adoptado ningún punto de vista sobre la posible puesta en libertad de Pinochet, a pesar de las órdenes internacionales de detención que han sido cursadas. 
Como el recurso del Gobierno belga fue admitido a trámite la semana pasada y como la decisión aún no ha sido tomada, es importante que el Parlamento dé por fin una señal seria, una señal que debería entrañar que nadie puede librarse de un juicio justo. 
Es impensable que el Parlamento Europeo, que con razón dedica tanta atención al respeto de los derechos humanos, no se pronuncie sobre este caso. 
Señora Presidenta, éste es un tema demasiado serio como para tratarlo como una urgencia en este momento. 
En primer lugar, el Parlamento Europeo se ha pronunciado ya sobre el tema del General Pinochet, pero además, en este momento, hay que recordar varias cosas. 
La primera es que éste es un tema que está sub iudice en varios países europeos, y recuerdo a sus señorías que todavía no existe un espacio penal europeo ni una jurisdicción europea. 
Estamos a favor del Tribunal Penal Internacional, pero todavía no existe. 
En segundo lugar, en este momento hay un gobierno democráticamente elegido en Chile, presidido por Ricardo Núñez, cuya primera manifestación ha sido que todos los que han cometido este tipo de delitos tienen que rendir cuentas a la justicia, y recuerdo que, en estos momentos, la justicia chilena, que es independiente, está examinando 60 querellas contra el General Pinochet y sus crímenes contra la humanidad. 
Creo que éste es un tema suficientemente serio como para que lo sigamos, pero no para que lo resolvamos por un procedimiento de urgencia. 
Nosotros estamos a favor de que se haga justicia en este caso pero no creemos que éste sea el procedimiento más indicado. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) La Presidenta. 
Esto nos sitúa en la tercera solicitud, del Grupo de los Verdes, que es la de "Las catástrofes medioambientales de las aguas del Danubio". 
¿Hay algún diputado que presente esta solicitud? 
Señora Presidenta, señorías, lo que ha ocurrido en un afluente del Danubio ha sido considerado por numerosos especialistas como un accidente de un impacto medioambiental tan grave como el del accidente de Chernobyl. 
Este suceso afecta no solamente a Rumania, si no también a Yugoslavia, de hecho afecta a todo el valle del Danubio. 
Estimamos que el tema es suficientemente importante como para que la Comisión reaccione rápidamente ante la situación, y creo que el Parlamento debe explicarse y votar una resolución sobre este asunto. 
(El Parlamento manifiesta su aprobación) La Presidenta. 
Siguiendo con el tema de la jornada del jueves, el Grupo del PPE ha solicitado adelantar al miércoles, como último punto, el informe de la Sra. Cederschiöld sobre el reforzamiento del marco penal para la protección contra la falsificación de moneda, de cara a la puesta en circulación del euro. 
¿Hay algún colega que desee intervenir en nombre del PPE para la presentación de esta solicitud? 
Señora Presidenta, sólo quiero pedir a la Asamblea que dé su apoyo a esta propuesta, puesto que ha habido muchos cambios en el orden del día. 
Es un asunto bastante breve, pero es extremadamente importante que hoy se apruebe en el Parlamento y que no se produzcan nuevos retrasos. 
De lo que se trata es de las falsificaciones del euro, un asunto que es muy urgente. 
Lo hemos tratado de sacar adelante. 
Por eso estaría muy agradecida si la Asamblea le diera su apoyo. 
(El Parlamento manifiesta su conformidad) 
Viernes: La Presidenta. 
En cuanto al viernes, tenemos por la mañana una pregunta oral sobre los servicios postales, y el Grupo de los Socialistas Europeos pide que las propuestas de resolución sean sometidas a votación inmediatamente después del debate, y no en Bruselas como contempla el proyecto definitivo de orden del día. 
¿Hay algún colega que desee intervenir en nombre del Grupo PSE para presentar la solicitud? 
Señora Presidenta, efectivamente yo le debo una explicación al Sr. Wurtz, y se la voy a dar a todo el Parlamento. 
Habíamos llegado a ese acuerdo de principio en la Conferencia de Presidentes. 
Yo en ese momento no sabía que el Comisario, Sr. Bolkestein, fuera a comparecer la semana próxima para hablar de este tema ante la Comisión de Transportes, Política Regional y Turismo, y en mi Grupo se ha debatido la cuestión y se considera que, dada la situación actual en todo el proceso de integración del mercado y de desregulación en un tema tan sensible, es oportuno que el Parlamento, independientemente de lo que haga en el futuro, tenga un primer pronunciamiento para que el Comisario, Sr. Bolkestein, tome buena nota y para orientar el debate la semana próxima. 
Señora Presidenta, quisiera pedir, sin más, a nuestro colega, el Sr. Wurtz, que relea de qué se trata. 
No se trata de una discrepancia sustantiva, sino sólo de la siguiente cuestión: ¿Cuándo la Comisión, de una vez por todas, va a estar en condiciones de presentar la directiva después de haber tenido ya tres años y medio para hacerlo? 
Lo que queremos con la resolución es solamente que ahora se cumplan, por fin, los plazos que se prometieron, y a este respecto es importante que actuemos con la mayor rapidez posible. 
Por esta razón quisiera apoyar la solicitud de los socialdemócratas de que se realice la votación el viernes. 
(El Parlamento manifiesta su conformidad) 
Señora Presidenta, ciertamente, el informe Cederschiöld ha sido retirado del orden del día del jueves. Por esta causa deberíamos disponer de un poco más de tiempo el jueves. 
En mi opinión, la economía de las sesiones en las últimas semanas me ha parecido un poco caótica. 
Tuvimos una gran apretura en lo que respecta al turno de palabra y, de repente, el pasado jueves tuvimos un espacio de tiempo de una hora a hora y media, en el que no figuraba materia alguna en el orden del día y tuvimos que esperar a la votación. 
En el viernes de esta semana tenemos un solo tema. Esto es, ciertamente, absurdo. 
Quisiera pedir realmente que se revise la gestión del periodo parcial de sesiones. 
Esto es muy posible: vamos a ver si podemos prolongar la sesión de urgencia una media hora más, teniendo en cuenta la retirada del informe de la Sra. Cederschiöld. 
Se trata única y exclusivamente de esto. 
Señora Presidenta, quería intervenir en relación con un punto del orden del día del miércoles, que su Señoría no ha anunciado. 
Entiendo que no es un tema polémico que en la declaración del Consejo sobre la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no se vaya a incluir la declaración sobre el 50º Aniversario de las Convenciones de Ginebra, y que esta declaración, para hacerla de una manera noble y solemne, se haya pospuesto para el pleno del mes de marzo. 
Entiendo que hay un acuerdo sobre este punto. 
Señora Presidenta, esta tarde, en esta Cámara, se ha hecho referencia a una serie de informes del programa de la BBC Today de esta mañana, en el que se aseguraba que algunos de mis colegas están dirigiendo empresas de su propiedad que actúan como grupo de presión o abusando de algún modo de su posición como diputados de esta Cámara. 
Estas alegaciones son muy graves, y son completamente falsas, malintencionadas y tendenciosas desde el punto de vista político, además fueron difundidas con pleno conocimiento de su falsedad. 
En estos momentos estamos recibiendo asesoramiento jurídico. 
El Registro de intereses de mis colegas está completo. 
Si descubrimos que algún diputado de este Parlamento o cualquiera de sus empleados ha colaborado con la BBC en este fárrago, les expondremos al oprobio de esta Cámara. 
Eso es, exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. 
b) Sesiones del 1 y 2 de marzo de 2000 en Bruselas 
Desarrollo urbano sostenible- Desarrollo rural- Iniciativa EQUAL 
. (FR) Señora Presidenta, señorías, señores Comisarios y miembros de la Comisión de Política Regional de Transportes y Turismo, me ha sido encargada la elaboración del informe del Parlamento Europeo sobre el programa de iniciativa comunitaria Interreg III. 
Cuando el tema pasó a comisión, estudiamos más de cien enmiendas y a fecha de hoy, han sido presentadas 17 enmiendas más, algunas de ellas ya presentadas anteriormente en comisión. 
Antes de entrar en el debate del contenido de la resolución que les propongo, desearía informarles acerca de los elementos que he tenido en cuenta para orientar mi trabajo de ponente. 
En primer lugar, quiero recordarles el papel de la iniciativa comunitaria Interreg, basada en los principios de transnacionalidad e innovación. 
Este programa supone un motor de desarrollo de dimensión europea. 
Interreg forma parte de las cuatro iniciativas comunitarias programadas para el periodo 2000-2006, y contará con la mayor dotación financiera, es decir, 4,872 billones de euros frente a los 3,604 billones de hoy. 
La iniciativa Interreg, creada en 1990, se basa en la voluntad de preparar a las regiones europeas para la creación de una Europa sin fronteras, en el marco de la consecución del gran mercado único. 
Cuando se reformaron los Fondos estructurales en 1994 y 1996, el PIC Interreg integró nuevos aspectos que contribuían al desarrollo de las redes transeuropeas de transporte y de distribución de energía. 
Estos programas han fomentado la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional en la Unión Europea, privilegiando un desarrollo equilibrado del espacio comunitario. 
Este es el objetivo del programa Interreg III, cuyas orientaciones nos somete hoy la Comisión europea, de conformidad con las disposiciones del reglamento de la Comunidad europea nº 1260 de 1999 relativo a disposiciones generales de los Fondos estructurales. 
Se basa en tres aspectos: el capítulo A, que organiza la cooperación transfronteriza entre las colectividades territoriales de las regiones fronterizas, interiores y exteriores a la Unión europea, a partir de estrategias comunes de desarrollo cuya puesta en práctica depende de los Estados miembros y de los poderes locales y regionales; el capítulo B prevé una cooperación transnacional entre autoridades nacionales, regionales y locales, en varios países miembros o candidatos a la adhesión a la Unión Europea, dentro de los ámbitos de la ordenación del territorio, de las redes de transporte y del medio ambiente. 
La puesta en práctica de este apartado queda bajo la responsabilidad de los Estados miembros y de las autoridades nacionales; y el capítulo C, que organiza la cooperación interregional entre las distintas regiones de los Estados miembros o de países terceros mediante la puesta en común de experiencias relativas a los capítulos A y B, así como la cooperación en el campo de la investigación, del desarrollo tecnológico, tema a definir con la Comisión europea, que es la encargada de su aplicación. 
El nuevo programa Interreg, tal y como se nos ha descrito, toma en consideración las necesidades derivadas de la ampliación a los PECOS y a las regiones insulares y ultraperiféricas. 
La Comisión nos propone distribuir la dotación de Interreg de la siguiente forma: del 50 al 80% para el capítulo A, el 6% para el capítulo C, y el resto para el capítulo B, es decir, del 14 al 44% como máximo. 
La Comisión establece la lista de las regiones elegibles en los capítulos A y B. Se ha basado esencialmente en el mapa de las regiones elegibles en el periodo anterior de programación. 
Las regiones ultraperiféricas pueden optar a una ayuda dentro del capítulo B. La Comisión establece una lista de temas prioritarios y de medidas elegibles no exhaustivas para el capítulo A, que sin embargo sí lo son en el capítulo B. En el capítulo C, se reserva la posibilidad de proponer a posteriori temas que considere importantes para los intercambios de experiencias y la cooperación reforzada entre las regiones. 
El proceso de adopción de los programas viene fijado por el reglamento general de los Fondos estructurales. 
Las propuestas son presentadas por los Estados miembros y sometidas a su aprobación por la Comisión europea, que comprueba su conformidad con las orientaciones generales que he indicado. 
Estas propuestas deben incluir un cierto número de elementos, un resumen de las estrategias y prioridades transfronterizas o transnacionales, una descripción de las medidas necesarias para su puesta en práctica y un plan de financiación a título indicativo. 
Me incluyo entre la gran mayoría de parlamentarios que ha votado a favor del mantenimiento del programa de iniciativa comunitaria Interreg. 
Lamento que el Parlamento no haya sido informado de la evolución del programa anterior, lo que habría permitido obtener una eficacia óptima en las nuevas medidas aplicadas, pero sé de la dificultad de esta operación. Lamento asimismo la extrema brevedad del calendario de trabajo, dado que el texto se estudió en Comisión parlamentaria los pasados 24 de noviembre y 26 de enero, y siento también que no se haya integrado ni a las regiones ni a las organizaciones regionales representativas en la elaboración del programa. 
Al favorecer la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, este instrumento transversal es la encarnación misma de una política regional de dimensión europea, favorable a una ordenación armoniosa y equilibrada del territorio comunitario. 
Señora Presidenta, Señorías, señores Comisarios, la Conferencia sobre desarrollo rural, que se celebró en Cork del 7 al 9 de noviembre de 1996, definió el desarrollo rural como una de las prioridades de la Unión Europea porque es esencial para la agricultura, para sostener la existencia y el desarrollo continuo, para proporcionar a los agricultores un ambiente dotado de las infraestructuras y de los servicios necesarios, para un mayor respeto al medio ambiente y una mejor calidad de vida, para la diversificación y la creación de puestos de trabajo. 
Por esto se considera necesaria una política de desarrollo integrado para todas las zonas rurales de la Unión Europea que abarque: un enfoque integrado y multisectorial, la simplificación de los procedimientos administrativos, la mejora de la cooperación entre las instituciones nacionales y los agentes nacionales y locales, la protección del medio ambiente. 
En su documento programático de 1998 Agenda 2000, la Comisión estableció dos principios clave sobre los que se ha de basar la política de desarrollo rural: el reconocimiento del papel multifuncional de la agricultura y la necesidad de una estrategia integrada para las zonas rurales en desarrollo. 
Mediante el primero se pretende crear un nuevo pacto entre el agricultor y la sociedad, con objeto de que el agricultor se convierta en administrador del espacio rural, a la vez que la sociedad esté dispuesta a pagar los servicios ecológicos necesarios para salvaguardar el valor recreativo del espacio rural. 
El segundo principio se basa en la comprobación de que buena parte de las oportunidades de trabajo en las zonas rurales está fuera del sector agrícola tradicional, por lo que es necesario aplicar un programa de desarrollo completo, que integre las políticas de desarrollo rural con las sectoriales de la agricultura: así, el desarrollo rural se convierte en un pilar de la propia política agrícola común. 
La iniciativa comunitaria LEADER se adoptó en 1991 para promover un nuevo enfoque de desarrollo rural ascendente y para diversificar las intervenciones, adaptándolas a las necesidades locales. 
Sus objetivos eran: mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales utilizando las iniciativas locales, promover la adquisición de conocimientos en el sector del desarrollo rural y difundir estos conocimientos en otras zonas rurales. 
LEADER I tenía por objeto las zonas rurales de los Objetivos 1 y 5b de los Fondos estructurales, y en esta iniciativa participaron 217 grupos de acción local con una financiación equivalente a 1.155 millones de euros. 
LEADER II (1994-1999) , del que lamentablemente no tenemos aún una evaluación total, ha tenido un alcance mayor que LEADER I: los beneficiarios habrían sido más de 800 y, tras la redistribución de los recursos, los fondos deberían haber superado los 4.000 millones de euros. 
En octubre de 1999, tras el éxito obtenido por LEADER I y LEADER II, la Comisión decidió prorrogar la iniciativa. 
Para el período 2000-2006, infortunadamente, se ha previsto una contribución total de sólo 2.020 millones de euros y un reparto indicativo por Estado miembro. 
La iniciativa LEADER+ se diferencia de las fases precedentes porque podrán beneficiarse todas las zonas rurales; de otra parte, es más ambiciosa y está más adaptada a los retos que deberán afrontar las zonas rurales. 
Las principales modificaciones se refieren a los siguientes aspectos: todas las zonas rurales de la Unión podrán beneficiarse de LEADER+; los criterios de selección de las acciones locales serán más rigurosos, con objeto de dar mayor relieve a aquellas estrategias de desarrollo rural de tipo piloto; se introducirán como temas prioritarios los proyectos de desarrollo local integrados con el empleo de las tecnologías de la información, la mejora de la calidad de vida y la valorización de los productos locales. 
Me declaro satisfecho por la continuación de la iniciativa, porque, como he dicho, da mayor relieve a las estrategias de desarrollo innovadoras y porque es más ambiciosa, aunque se mantiene la necesidad de flexibilizar los criterios de definición de los territorios en cuestión para no perjudicar ni a las zonas rurales con gran densidad de población ni a las de baja densidad. 
Considero fundamental el sistema de redes para el intercambio de información y conocimientos y para la realización de proyectos comunes entre varias regiones de la Unión, y recuerdo que, para lograr su realización plena, se deben aprovechar los instrumentos ya existentes, como los Carrefour. 
Comparto la preferencia de la Comisión por la solución de la subvención global, aunque insisto en que se necesita una definición pronta y exacta de las necesidades contables de los gobiernos nacionales y regionales. 
Expreso mi contrariedad por el retraso con que LEADER, como las otras tres iniciativas, se presentó al Parlamento y por el consiguiente retraso que ello implica en todo el procedimiento. 
Por último, manifiesto mi preocupación por la exigüidad del importe atribuido, en especial si se considera que el programa en esta ocasión está abierto a todos los territorios de la Unión y se aplicará por un año más que el anterior LEADER II. 
Doy las gracias a los servicios de la comisión ejecutiva por la disponibilidad y la colaboración demostradas y doy las gracias a los colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por la contribución que, con sus enmiendas, han aportado al trámite. 
. (DE) Señora Presidenta, distinguidos colegas, mi informe EQUAL tiene el carácter de una opinión en el marco del proceso de consulta acerca de una nueva iniciativa comunitaria, cuyo objetivo es la cooperación transnacional para el fomento de nuevos métodos encaminados a la lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda índole relacionadas con el mercado de trabajo. 
El informe ha sido muy laborioso pues incluye también las opiniones de otras cuatro comisiones, en concreto, las de las comisiones de Industria, de Política Regional, de Asuntos de la Mujer y de Asuntos Interiores. 
Esta iniciativa comunitaria constituye la continuación de dos programas precedentes, ADAPT y EMPLOYMENT, y dispone de un presupuesto sensiblemente más reducido, en concreto, aproximadamente unos 2,8 millardos de euros. 
La iniciativa pretende un planteamiento completamente nuevo, en concreto, explorar a nivel geográfico o a nivel sectorial modelos innovadores de empleo en el marco de partenariados transnacionales de desarrollo. 
La intención es clara: se pretende desarrollar expresamente a nivel transnacional proyectos que se guíen por las directrices relativas a la política de empleo, es decir, por la empleabilidad, por el espíritu emprendedor, por la capacidad de adaptación y por la igualdad de oportunidades. 
Estos objetivos merecen celebrarse y cuentan con un amplio consenso en la Asamblea. 
Por lo demás, EQUAL debe desembocar en los planes nacionales de acción a favor del empleo o hacer visible su realización a través de tales planes de acción. 
Constituye una iniciativa comunitaria importante será financiada junto con las otras tres iniciativas, URBAN, LEADER e INTERREG, con cargo a los Fondos estructurales. 
En mi informe he intentado reducir el excesivo trabajo administrativo y configurar con un poco más de apertura y de flexibilidad el planteamiento de los partenariados de desarrollo. 
Considero necesario el apoyo técnico pero debido a los problemas habidos con los anteriores BATS no debe procederse a ninguna nueva fundación de OATs antes de la resolución del Parlamento, renunciando así a trasladar la responsabilidad política a la ayuda técnica. 
No obstante, el apoyo técnico es necesario. 
Se pone también un énfasis especial en la difusión de los resultados y en el aprendizaje mutuo mediante la best practice y el mainstreaming. 
Mi intención ha sido la de asegurar al informe la aprobación más amplia posible. 
Esto ha tenido ha llevado a reducir el número de enmiendas- de más de 100 en la comisión a 22 en el Pleno- y, en consecuencia, esto ha facilitado también un gran numero de posibilidades de compromisos. 
En la cuestión de los solicitantes de asilo se ha alcanzado también un compromiso ahora. 
Pero, a este respecto, señora Presidenta, con el fin de que podamos elaborar aún los detalles, solicito que la votación del informe EQUAL se realice el miércoles en lugar de mañana. 
Considero importante que la iniciativa comunitaria pueda comenzar a su debido tiempo, que el informe cuente con una aprobación convincente, para que se pueda instar a la Comisión a tener en cuanta las propuestas constructivas del Parlamento Europeo, pues los recursos para EQUAL han sido inscritos por el Parlamento Europeo en la reserva a fin de que, justamente, las ideas de los diputados puedan encontrar su realización en la presente iniciativa comunitaria. 
A este respecto, es también legítimo que el Parlamento Europeo insista en que no se realice ninguna modificación de los puntos principales temáticos antes de una nueva audiencia del Parlamento. 
EQUAL, y ésta es mi decidida intención, debe hacer honor a su nombre. 
Debe posibilitar la igualdad de oportunidades a todos los desfavorecidos de la Unión Europea. 
Debe impedir que se escinda la sociedad. 
Debe impedir que la exclusión se convierta en algo cotidiano. 
Hay que dar a todos la posibilidad de sacar provecho en este punto de una iniciativa común, con independencia de la edad, del sexo y de la procedencia. 
Esta es mi intención y pido a la Asamblea que otorgue a este informe una aprobación convincente. 
Señora Presidenta, el que estemos celebrando este debate sobre la nueva iniciativa comunitaria URBAN ya constituye un logro en sí mismo, como también es todo un logro que yo esté aquí esta tarde, ya que Air France ha cancelado mi vuelo de las 14:10 horas, pero bueno, aquí estoy. 
Hace justo un año, cuando la Comisión elaboró sus propuestas relativas a la Agenda 2000, canceló la iniciativa URBAN. 
Sin embargo, nosotros, como políticos, sabíamos que existía una corriente de apoyo para que esta iniciativa se ampliara al año 2000. 
En consecuencia, el Parlamento puede llevarse el mérito por su exitosa campaña de presión con la que ha conseguido volver a incluir esta iniciativa en el orden del día y que la Comisión y el Consejo den un giro de 180º. 
La política urbana ha estado siempre a la cabeza de la política comunitaria. 
En mi país, por ejemplo, estamos elaborando un Libro Blanco en el que se expone un nuevo planteamiento estratégico y un grupo de trabajo gubernamental sobre el desarrollo urbano está estudiando los problemas de las comunidades urbanas. 
En Europa, ocho de cada diez personas viven en zonas urbanas, por lo que es lógico que hagamos todo cuanto esté en nuestras manos para ayudar a las comunidades con más carencias a atajar los problemas tan conocidos de la privación, la exclusión social, el desempleo, la delincuencia, la toxicomanía y todos los problemas que ello implica. 
Por ejemplo, en mi región, Manchester, la iniciativa comunitaria URBAN ha gozado de un éxito tremendo. 
Sus fondos se han invertido en uno de los barrios más desfavorecidos del Reino Unido, Moss Side. 
El proyecto Millennium Youth Park está contribuyendo a que la gente joven participe de nuevo en la rehabilitación de su propia comunidad, y además de ayudar a las pequeñas empresas y respaldar la política social, estamos empezando a ver cómo se sanea una comunidad urbana muy deprimida. 
Las actividades realizadas en el marco en la iniciativa URBAN se han dado a conocer entre la opinión pública en general a través de una activa campaña publicitaria en los supermercados locales y en pubs británicos famosos. 
Este es el tipo de buenas prácticas que deberían reproducirse en toda la UE por lo que se refiere a comunicación y publicidad. 
Las directrices específicas que regulan esta iniciativa han sido ampliamente definidas para dar cabida a la diversidad local y regional. 
Estamos de acuerdo en que debían ser indicativas por naturaleza, permitiendo la máxima flexibilidad para asegurar que nos centramos en programas concretos. 
Somos partidarios de una reducción general, pero creemos que la cifra arbitraria de 50 no es el factor clave. 
En vez de eso, deberíamos apostar por proyectos de buena calidad que sirvan de catalizador para lograr el cambio y la renovación, para atraer la inversión interior en forma de préstamos y capital de riesgo y para conseguir un efecto multiplicador. 
Los Estados miembros deberían ser capaces de proponer un número razonable de medidas que no sobrepasen los límites económicos de sus asignaciones. 
Es necesario que hagamos un buen uso de los indicadores y las estadísticas locales sobre privación e higiene a la hora de designar los programas URBAN locales para que nos sea posible centrarnos de forma eficaz en las zonas más afectadas. 
El índice local de privación del Reino Unido es un muy buen ejemplo de estadística y un criterio muy usado que contribuye a establecer no sólo los programas de ayuda de la UE, sino también los regionales y nacionales. 
Deberíamos reconocer este índice como un instrumento y recurso que añadir a los criterios de la UE. 
Los barrios urbanos más desfavorecidos se enfrentan a abundantes problemas: altas tasas de desempleo, empleo precario a menudo mal remunerado, pobreza y exclusión social. 
Con frecuencia, la falta de higiene y de viviendas y un ambiente de drogodependencia agravan estos problemas. 
En consecuencia, existen comunidades inestables en las que se acaban infiltrando la delincuencia, el tráfico de drogas y las bandas. 
Muchas zonas urbanas conocen este caso demasiado bien. 
Estos problemas tan complejos empeoran la calidad de vida de los residentes urbanos, aunque en estas zonas exista el potencial necesario para crear crecimiento y prosperidad. 
Esta es la razón por la que solicito en mi informe que las medidas incluidas en el programa URBAN no se limiten a dar una única solución a un único problema: estas zonas no tienen problemas individuales. 
Tendríamos que animar a las comunidades de las zonas urbanas a que presenten planes de acción integrados para tratar de resolver sus problemas urbanos específicos utilizando los recursos de la UE como un valor añadido a las medidas locales. 
Me gustaría que dichas medidas incluyesen también la mejora de la higiene y la lucha contra la discriminación, como dicta el Tratado de Amsterdam. 
Una iniciativa comunitaria implica la participación de la comunidad local. 
Algunos de los defensores y agentes de cambio más activos y comprometidos en las zonas urbanas son residentes locales. 
Es necesario que les animemos a colaborar en la planificación y puesta en práctica de proyectos enmarcados en estos programas, por lo tanto, el calendario propuesto por la Comisión es demasiado ambicioso. 
Es mejor contar con proyectos de gran calidad en los que participen activamente los distintos colectivos de una comunidad a proyectos puestos en práctica en el tiempo previsto pero que carecen de participación local. 
Por supuesto, la Comisión debe ser totalmente transparente con los criterios de selección empleados para las nuevas iniciativas urbanas y debe revelar también las redes de asesoría de las que se está valiendo para facilitar el intercambio de buenas prácticas. 
Todo esto es fundamental para asegurar la transparencia y la eficacia general de las redes. 
Por último, quisiera recalcar que para poder resolver los problemas a los que se enfrentan las ciudades post-industriales necesitamos la participación local. 
Tenemos que desplegar la energía de los desempleados, las habilidades infrautilizadas de los jóvenes y la experiencia de los mayores para afrontar estos problemas. 
Así, seremos capaces de sustituir pobreza, dependencia y alienación por igualdad, iniciativa y participación, y conseguiremos restaurar la credibilidad de la UE y que los ciudadanos estén seguros de que Europa puede aplicar medidas locales para solucionar problemas locales. 
Señor Presidente, como ya ha recordado la ponente, Sra. McCarthy, sin duda se puede considerar que URBAN es una victoria del Parlamento Europeo con respecto al debate que se desarrolló el año pasado sobre la reforma de los Reglamentos. 
Se ha dicho ya que el objetivo de URBAN es la promoción de estrategias innovadoras de regeneración económica y social en las áreas urbanas, habida cuenta de que no menos del 80% de la población europea está concentrado en las ciudades. 
Un ambiente urbano positivo en el sector de la política social se genera a través de la aplicación de una política volcada hacia la creación de puestos de trabajo a largo plazo, la erradicación de la pobreza, medidas de ayuda en favor de los grupos de bajo nivel de ingresos y de las personas de edad, instalaciones y servicios para los niños, la integración étnica y cultural, mejores técnicas de participación y una política sanitaria eficaz que incluya medidas de prevención de la toxicomanía, así como una política concertada de prevención de la delincuencia. 
La comunicación de la Comisión toma en cuenta la necesidad de continuar con los planes que abarquen todo un abanico de medidas económicas y sociales infraestructurales. 
Sin embargo, hay que recordar que en el sector social además de URBAN operan varios otros instrumentos comunitarios: acciones innovadoras con arreglo a lo previsto en el artículo 6 del Reglamento del FSE, proyectos piloto- en particular la nueva acción preparatoria de un "compromiso local en favor del empleo" recientemente ideada por el Parlamento Europeo- y las iniciativas EQUAL e INTERREG, así como el núcleo principal de acciones del FSE. 
Como destaca la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en su opinión, es necesario que la Comisión tenga debidamente en cuenta las sinergias que pueden explotarse en este ámbito, y evite al mismo tiempo la duplicidad de proyectos y de financiación. 
Si por una parte consideramos preciso que los comités de dirección garanticen las coherencia y complementariedad entre las distintas intervenciones, por otra, pedimos a la Comisión que intensifique el intercambio de información y mejore la coordinación entre sus servicios interesados. 
No sólo es esencial esta coordinación sino que, como se recuerda en nuestro informe, también lo son los intercambios y la difusión de las experiencias y de las buenas prácticas. 
Señor Presidente, la importancia de esta iniciativa es tanto mayor cuanto que los problemas económicos y sociales se intensifican en las grandes ciudades de Europa y que sus ciudadanos se sienten ajenos a la administración de su ciudad o de su barrio. 
En este caso vienen a añadirse las mutaciones sociales a causa de la ampliación de la Unión Europea, así pues, debemos prever los problemas a tiempo para lograr la regeneración económica y la cohesión social de nuestras ciudades. 
Es urgente abordar los problemas en cuestión teniendo en cuenta la influencia que ejercen las ciudades sobre la región que las circunda, así como su papel histórico y cultural. 
Pero para que tenga éxito un esfuerzo así es necesario que se impliquen y participen en él los ciudadanos y que se activen las categorías sociales menos motivadas y las categorías afectadas especialmente por la crisis económica y social. 
Y en este punto queremos acentuar la necesidad de una participación equilibrada de las mujeres o de las asociaciones que representan a las mujeres en la planificación y materialización de los programas de la iniciativa URBAN. 
Igualmente subrayamos, como Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, la necesidad de financiar infraestructuras que faciliten la actividad profesional de las mujeres, principalmente en la armonización de sus obligaciones profesionales y familiares, y más ampliamente, infraestructuras que fomenten la solidaridad entre las generaciones, la solidaridad social. 
La aplicación eficaz de esta iniciativa podría tener un carácter multiplicativo porque podría inspirar acciones semejantes a nivel local y periférico. 
Así pues, su importancia política será aún mayor ya que las mujeres necesitan sentir con intensidad los resultados de la política europea en su vida. 
Señor Presidente, en nuestra comisión hemos celebrado que la Comisión haya propuesto como prioridades para el programa URBAN la mejora de la integración de las comunidades locales y de las minorías étnicas, así como el aumento de la seguridad y la prevención de la criminalidad. 
En la comisión hemos considerado necesario que una reanimación económica y social debe ir acompañada de la creación de una atmósfera de tolerancia frente a minorías, de suerte que las medidas que sean apropiadas para reducir el racismo y la xenofobia han de ser una parte integrante de los programas que se financien en el marco de URBAN. 
Hemos considerado que el aumento de la sensación de seguridad de los ciudadanos y, en consecuencia, la lucha contra la criminalidad cotidiana en las ciudades, constituye una tarea central de la reanimación de las zonas urbanas. 
Nuestra comisión ha constatado que una lucha y una prevención innovadoras y eficaces de la criminalidad en el ámbito comunal requieren medidas diferenciadas; entre éstas se encuentran la introducción de la prevención de la criminalidad en la planificación urbana, medidas encaminadas a la prevención de la criminalidad juvenil, la reintegración de los delincuentes, así como modelos encaminados a una cooperación eficaz de los diversos actores a nivel local, por ejemplo, la policía, la justicia o los servicios sociales. 
Como comisión hemos aprobado por unanimidad nuestra recomendación pues nos pareció muy importante proseguir precisamente URBAN- que en el pasado ha sido conducido de manera eficaz- porque estamos persuadidos de que sólo con estos programas va a ser posible hacer realidad a largo plazo en la Unión Europea una convivencia pacifica de todos sus habitantes. 
Por esta razón, damos una cordial bienvenida a estos programas. 
Señor Presidente, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo consideró, entre otras cosas, el informe sobre LEADER+ y, en este sentido, acordó apoyar el proceso de descentralización en la gestión de las acciones, considerando que tal proceso podrá ser eficaz si se respetan dos condiciones: que los grupos de acción local sean representativos de los intereses generales de la comunidad local y que se utilicen los mecanismos de control de la Comisión para evitar que los poderes políticos territoriales y locales usen los recursos LEADER+ para mantener organizaciones y grupos civiles relacionados con el poder. 
Se pide que en los órganos de decisión de los proyectos se garantice una representación igual de tres componentes: los representantes políticos y las administraciones públicas, las empresas y los operadores económicos, y los actores sociales, incluidos los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales. 
Y se subraya especialmente que, en todos estos órganos, ha de haber una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
Se subraya además que el objetivo principal es la promoción de estrategias de desarrollo sostenible, cuyos efectos positivos se extenderían a un área geográfica más amplia que la misma comunidad local, y se considera, por lo tanto, apropiado que los proyectos se integren en los programas de desarrollo, incluidos los objetivos 1 y 2, y en los planes de ordenación territorial de las regiones y países en los que se localizan. 
Se felicita de que LEADER+ pueda intervenir en todos los territorios rurales de la Unión, considerando, sin embargo, que es necesaria una concentración de los recursos comunitarios en las regiones más desfavorecidas para facilitar el proceso de cohesión socioeconómica en la Unión sin que los gobiernos estatales desvíen estos recursos hacia objetivos ajenos a la cohesión. 
La comisión es de la opinión de que los proyectos financiados en el marco de la acción 1 deberían valorar el potencial de desarrollo endógeno, apoyándose, en particular, en las tradiciones, técnicas y prácticas locales, en las producciones específicas y en prácticas de gestión energética sostenible. 
La comisión apoya la propuesta de la Comisión de concentrar las acciones en áreas seleccionadas reducidas y es de la opinión de que, dado el carácter disperso de muchos núcleos habitados en ámbitos rurales, el techo demográfico mínimo para la elección de un proyecto debería ser reducido a 10.000 habitantes. 
Se considera necesario coordinar los objetivos de desarrollo y los mecanismos de gestión de las acciones 2 y 3 financiadas por LEADER con los de las demás acciones financiadas por otros programas comunitarios de cooperación y partenariado interregional e internacional, como INTERREG, SAPAR, PHARE, TACIS Y MEDA en las mismas áreas. 
. (IT) Señor Presidente, voy a hablar sobre el informe EQUAL durante dos minutos en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y otros dos minutos en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos representado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
La iniciativa EQUAL, cuyo objetivo es fomentar nuevos medios para luchar contra todas las formas de discriminación y desigualdades, se trató con gran atención en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades en lo relativo a la discriminación, en especial porque la discriminación por motivos de sexo tiene carácter estructural y horizontal y, tomando en cuenta que las mujeres no constituyen una minoría, sino que representan más de la mitad de la población mundial, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades opina que fue un error incluir la discriminación por razón de sexo entre todas las discriminaciones. 
Pensamos que la discriminación por razón de sexo debería haberse incluido en un capítulo especial del Tratado dedicado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como una consecuencia lógica del nuevo papel central otorgado por el Tratado a la igualdad entre mujeres y hombres. 
Dicho esto, nos congratulamos por las propuestas de la Comisión, y consideramos que la igualdad entre mujeres y hombres debe promoverse como parte integrante de los cuatro pilares de la estrategia de la ocupación y de los campos temáticos, y al mismo tiempo debe constituir el contenido de un pilar independiente. 
Dentro de la Iniciativa EQUAL, consideramos que en los programas de las iniciativas comunitarias debe establecerse una clara distinción entre las acciones prioritarias dirigidas a luchar contra la discriminación por razón de sexo y la desigualdad entre mujeres y hombres, de una parte y, de otra, otros tipos de discriminación y de desigualdades; también pensamos que debe adoptarse un enfoque destinado a incluir la paridad entre los sexos en todas las políticas comunitarias, y que por lo tanto se ponga de relieve la necesidad de aplicar también proyectos destinados no sólo a promover la lucha contra la discriminación por razón de sexo, sino también a facilitar la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional. 
En términos más generales, el informe de la Sra. Stenzel suscitó una viva discusión en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, porque el criterio propuesto por la Sra. Stenzel y el de mi Grupo eran muy distintos. 
Hemos hecho una valoración muy positiva de la propuesta de la Comisión; no obstante, dado que se busca que el Parlamento Europeo exprese una opinión que más tarde tenga peso en las valoraciones de la Comisión y del Consejo, hemos procurado encontrar soluciones dentro de una posible convergencia, para que el informe reciba el voto favorable de una amplia mayoría. 
Algunos puntos eran más delicados que otros: los partenariados, por ejemplo, sobre los que me parece que será necesario encontrar un compromiso a fin de fortalecer y sostener la propuesta de la Comisión. 
Al mismo tiempo, es preciso reclamar de la Comisión cierta flexibilidad para que con posterioridad se puedan incluir otros temas. 
Asimismo, es necesario que la asistencia técnica y la simplificación estén entre los asuntos fundamentales. 
Desde el punto de vista político, el tema más delicado ha sido el de los solicitantes de asilo, y a él quiero dedicarle unos instantes, porque consideramos que la propuesta de la Comisión es comprensiva y positiva. 
Empleamos mucho tiempo para encontrar una definición de los solicitantes de asilo porque es jurídicamente difícil, pero creo que se llegó a un compromiso con la ponente, o al menos así lo espero, y el hecho de que en el informe que votará el Parlamento no se hable de los solicitantes de asilo debe entenderse como un apoyo del Parlamento a la posición de la Comisión. 
Jamás aceptaríamos del Parlamento- ésta es nuestra postura- que retrocediera frente a lo ya propuesto por la Comisión, y así debo subrayarlo. 
Estoy de acuerdo con la ponente en cuanto a que se vote el miércoles, como ha propuesto, para que aún haya algo de tiempo a fin de encontrar todas las soluciones posibles, con objeto de que el informe del Parlamento sea más avanzado, es decir, no represente un retroceso ante la propuesta de la Comisión. 
No obstante, el informe de la Sra. Stenzel se ha desarrollado bien, al menos en el marco de las directrices establecidas. 
Las peticionarias y peticionarios de asilo y los refugiados han de ser incluidos de manera explícita en el programa, algo que, sin embargo, debería resultar evidente. 
No obstante, los conservadores de la comisión han votado en contra. 
Yo les pregunto a éstos: ¿Es el objetivo de su política marginar a las personas? 
¿Qué idea se esconde detrás de prohibir el trabajo a las personas cuando éstas quieren trabajar? 
¿No está esto en crasa contradicción con la directiva sobre "empleabilidad ?" 
También es digno de mencionarse que aquí se trata de un programa mainstreaming pues el informe sigue adoleciendo de una deficiencia. 
Así, se destaca especialmente el aspecto de que las mujeres deberían alcanzar mejores oportunidades en el mercado de trabajo si se establecen más guarderías infantiles. 
Quien permita tranquilamente que los hombres asciendan por la escalera del éxito sin luchar contra la desigualdad de distribución de las labores reproductivas, ése y, lamentable, también ésa, no ha entendido el mainstreaming. 
Señor Presidente, señoras y señores, después de su discusión final la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha aprobado la presente opinión sobre el informe EQUAL sin votos en contra y con una abstención. 
Damos un valor especial a la conexión entre la creación de nuevos puestos de trabajo para personas desfavorecidas y excluidas en el ámbito social, en el turismo y en las pequeñas y medianas empresas y el fomento de nuevas bases de existencia en las empresas pequeñas y medianas teniendo en cuenta el necesario cambio económico estructural. 
Engranar las actividades que se realicen en el marco de la iniciativa comunitaria con las iniciativas europeas para el empleo constituye un requisito esencial y una condición decisiva para lograr el planteamiento de las tareas del programa EQUAL. 
Apoyamos insistentemente el innovador planteamiento de la constitución de partenariados internacionales de desarrollo y de la organización del intercambio de experiencias a nivel europeo como un elemento integrante del programa EQUAL. 
La finalidad especial de conseguir un beneficio europeo eleva la cooperación regional hasta el nivel europeo, conservando a la vez la cooperación entre los diferentes actores regionales. 
Esto es bueno así y por esta razón lo hemos preferido también. 
Señor Presidente, distinguidos ponentes, estimados oyentes, felicito a los ponentes, quienes han realizado informes muy documentados en un corto período de tiempo. 
Sin embargo, en el seno de mi Grupo se ha criticado el calendario de los trabajos de elaboración de la comisión parlamentaria. 
Los informes llegan con retraso y, además, su tramitación ha sido muy precipitada, al menos en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Por lo tanto, hemos perdido una buena oportunidad de hablar sobre los resultados de los programas anteriores, de sus carencias y de los métodos adecuados de ejecución. 
En el ámbito del programa INTERREG, mi Grupo destaca las actividades transfronterizas y, particularmente, la cooperación con los territorios fuera de las fronteras de la Unión. 
Regiones importantes son, entre otras, los Balcanes y la zona del Adriático, pero pienso que no debemos olvidar tampoco la cooperación que llevamos a cabo con Rusia. 
Mi Grupo quiere sacar a relucir de nuevo el control de la utilización de los fondos y quiere resaltar la necesidad de una mejor coordinación de los programas INTERREG, TACIS, ISPA y PHARE, entre otros. 
Esta coordinación no existe por el momento, y la Comisión tampoco ha presentado todavía propuestas concretas para mejorar la coordinación. 
Aquí, en el Parlamento, estamos esperando que la Comisión le entregue a nuestra comisión parlamentaria lo antes posible un informe más detallado sobre este asunto. 
Es de una importancia decisiva conseguir que las empresas, las organizaciones y demás agentes locales participen en la ejecución práctica de los programas. 
La experiencia demuestra que los proyectos de cooperación han de ser mejor planificados, que el seguimiento de los mismos debe ser más preciso y que es necesario que comporten un rendimiento mayor. 
Muchos proyectos se han quedado a medio camino y han perdido eficacia en el entramado de la administración y de la burocracia. 
También se debe exigir a las partes que se comprometan con los proyectos y que cumplan sus obligaciones. 
Nuestro Grupo vuelve a retomar varias enmiendas que fueron rechazadas por la comisión parlamentaria durante los preparativos. 
Quiero presentar a consideración el informe sobre URBAN, en cuya argumentación el ponente ha abordado de forma plausible las directrices de la Comisión en cuanto al establecimiento de una suma mínima de 500 euros por habitante. 
Esto no procede llevarlo a cabo como objetivo mecánico, sino que debe ser adaptado a las condiciones específicas de la región de destino. 
Este punto de vista es tan importante que debe ser incluido en las conclusiones, y no quedarse en mera argumentación. 
Señor Presidente, una tercera parte del dinero de la Unión Europea se gasta en fondos para toda clase de objetivos de desarrollo. 
A mi Grupo le parece estupendo si con ello se consigue superar las diferencias con regiones, ciudades y grupos de población más desfavorecidos o si se mejoran las condiciones de salud y el entorno vital. 
Es una cuestión de solidaridad y de progreso. 
Pero el reparto de cada vez más dinero no es ninguna garantía de que se gaste cada vez mejor. 
Los municipios y regiones a los que se destina el dinero ya van tomando experiencia y constatan que es extremadamente difícil que se destine este dinero a los objetivos que lo necesitan con más urgencia. 
Todo lo relacionado con el crecimiento económico y las infraestructuras se suele aprobar la mayoría de las veces, pero los objetivos sociales y medioambientales muchas veces no llegan a aprobarse. 
Como existen grandes dudas acerca de la manera de interpretar las disposiciones, los municipios y regiones contratan unas asesorías muy caras. 
Se encarga a estos expertos que valoren hasta qué punto los funcionarios de la Comisión Europea están dispuestos a aprobar los planes. 
En algunos casos tengo la impresión de que no se trata de solidaridad o de solventar los problemas más acuciantes, sino de apoyar unos intereses creados y para hacer propaganda de las bondades de la Unión Europea. 
La colocación de las vallas publicitarias diciendo que la Unión Europea cofinancia el correspondiente proyecto parece haberse convertido en el objetivo principal. 
Se pierde demasiado dinero en propaganda y en asesorías, en negociaciones y control, y mucho dinero vuelve al país de donde había salido. 
Tras la programada adhesión de los nuevos Estados miembros con una población de 100 millones, cuyo nivel de bienestar está entre un tercio y dos tercios por debajo de la media de los actuales Estados miembros, se clamará aún más contra este despilfarro. 
En la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo el Grupo de la Izquierda Unitaria estaba de acuerdo con el ponente de opinión sobre LEADER, el Sr. Nogueira Román. 
Este constató acertadamente que no es bueno que se repartan estos fondos entre todas las regiones rurales. 
Al tener que elegir entre los proyectos de innovación y la concentración de recursos para luchar contra los atrasos, optamos por lo último, porque esto conduce a mayor igualdad. 
La innovación en las regiones donde las cosas ya van bien, ya es rentable y ya se hace sin la ayuda europea. 
Un segundo punto que requiere nuestra atención es la posibilidad del abuso de poder y de política de favoritismos por las autoridades regionales y municipales. 
Se insiste en la creación de grupos de acción locales en que la administración, las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas colaboren. El debate se centró en el grado de participación que habría que manejar. 
Se ha puesto sobre el tapete, entre otras cosas, una variante que recuerda al modelo pólder neerlandés, la organización de una colaboración estructurada entre la administración, los sindicatos y las asociaciones empresariales. 
No olvidemos que las elecciones para las corporaciones municipales y los parlamentos regionales se convocan para que haya una representación de la población entera. 
Por lo tanto, estos órganos deberían tomar sus decisiones contando ya con los deseos de los sindicatos y las organizaciones medioambientales. 
Mi Grupo no está en contra de que se conceda a los sindicatos y a las organizaciones medioambientales, cuya aportación a la sociedad estimamos importante, un papel específico propio. 
De este modo se puede evitar que no se tome en consideración lo que digan cuando se trata de administraciones locales miopes o que funcionan con un índice democrático insuficiente. 
Pero el hecho de que temamos el abuso de poder y la política de favoritismos nos indica que la democracia, lamentablemente, no está funcionando de forma ideal. 
Un inconveniente del papel más limitado de los órganos electos es que se crea una mayor influencia de las empresas. 
Mientras la economía no esté basada en consideraciones democráticas de las necesidades de todos en lugar de buscar beneficios para unos pocos, es dudoso que la democracia funcione mejor con la influencia de los empresarios que con la influencia de las corporaciones municipales. 
Para nosotros se trata de "una persona, un voto" en lugar de "una acción, un voto". 
Señor Presidente, dentro de la Unión Europea existen fronteras económicas al mismo tiempo que está funcionando plenamente el mercado interior, que implica la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital. 
Sin embargo, para que el mercado interior funcione de forma eficaz y para que la moneda única europea tenga éxito, es fundamental que todas las regiones de Europa, más de 100, puedan competir económicamente en un entorno tan desafiante. 
Algunas zonas de la Unión Europea son muy fuertes desde el punto de vista económico y superan con creces la renta per capita media. 
Por otro lado, existen regiones muy pobres que necesitan de la ayuda europea para mejorar su tejido económico y ser competitivas dentro de la estructura de la Unión. 
Por ello, si examinamos las perspectivas financieras de la UE entre 1989-1993 y entre 1994-1999, nos daremos cuenta de que gran parte del presupuesto de la UE se ha destinado al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo Social Europeo. 
En muchas regiones de la UE todavía persisten dos problemas que siempre van de la mano: en primer lugar, la falta de una infraestructura apropiada por lo que se refiere a carreteras, instalaciones para el tratamiento de las aguas y redes de transporte interconectadas; en segundo lugar, la necesidad de poner en práctica iniciativas que combatan el desempleo de los jóvenes y el de larga duración, un problema social constante en muchas zonas urbanas y rurales de Europa. 
Tenemos que afrontar el compromiso de asegurar que no sólo construimos una Europa de las ciudades. 
También es necesario garantizar que se aplican iniciativas para la creación de empleo que aumenten las posibilidades de colocación en la pequeña y mediana empresa de las zonas rurales de Europa. 
El núcleo del debate de esta tarde es el funcionamiento de los programas de iniciativas comunitarias, es decir, la nueva iniciativa INTERREG III, EQUAL y el proyecto LEADER+. 
Estos tres programas deben evidenciar claramente el compromiso de la UE de promover el desarrollo fronterizo, combatir los problemas del desempleo de larga duración y apoyar los planes de desarrollo rural. 
Señor Presidente, hay muchas ciudades en la Unión Europea que se ven confrontadas con desigualdades. Para abordarlas de forma eficiente no siempre se dispone de recursos suficientes dentro de los Estados miembros mismos. 
Por eso nos parece prudente que la Unión Europea siga ayudando y, si es necesario, poniendo recursos adicionales a los Estados miembros en el marco de URBAN. 
Las propuestas de la Comisión en materia de URBAN consisten en una reducción a lo largo de los próximos siete años, tanto del presupuesto comunitario como del número de regiones favorecidas. 
He de constatar con mi colega McCarthy que el número de regiones se ha visto reducido muy drásticamente. 
Sería deseable que los Estados miembros tuvieran cierta libertad para poder determinar el número de proyectos dentro de un presupuesto determinado. 
En lo que respecta al presupuesto, URBAN sirve como ayuda y apoyo a la política nacional, como se ha dicho. 
Para generar más recursos en caso de necesidad, es completamente lógico, en mi opinión, que se recurra en primera instancia a los Estados miembros y a la financiación privada. 
La enmienda 2 de los verdes no cuenta por lo tanto, como tampoco en los debates en comisión, con nuestro apoyo. 
Además, soy de la opinión que la ayuda a una ciudad o barrio, sobre todo cuando se trata de ayudas comunitarias, debería tener un efecto estimulante. 
La ayuda estructural causaría una dependencia de las subvenciones. 
Y así no se alcanzaría el objetivo propuesto. 
Como punto final quisiera hacer una observación general sobre INTERREG. 
A mi juicio, sólo se puede conceder alguna ayuda a iniciativas transfronterizas cuando también lo deseen realmente las regiones. 
En la ejecución de los proyectos también es importante que no vaya en contra de la legislación comunitaria general. 
Según el informe del Tribunal de Cuentas de 1998 esto no constituye un riesgo inimaginable. 
De ahí que hayamos presentado una enmienda para evitar las contradicciones entre la política general y los proyectos concretos. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la iniciativa comunitaria LEADER se ha acreditado positivamente como un instrumento impulsor de desarrollos innovadores y de proyectos pilotos radicados en el ámbito rural y procedentes del mismo. 
Por consiguiente, hay que celebrar sobre manera el mantenimiento de esta iniciativa comunitaria y su nueva edición en el programa LEADER+. 
Ahora bien, el nuevo programa LEADER + es aplicable en todo el espacio rural de la Unión Europea, lo cual conduce a mayores posibilidades de financiación de proyectos. 
Es importante coordinar el LEADER+ con las demás posibilidades de fomento de la Unión Europea, pero también es igualmente importante una coordinación con los otros apoyos nacionales. 
Es preciso evitar un entrecruzamiento de las ayudas y, al mismo tiempo, es preciso que se puedan aprovechar también los efectos sinérgicos. 
En este sentido hay que celebrar también sobremanera el objetivo de fortalecer la interconexión de las zonas de financiación LEADER. 
La agricultura es uno de los pilares sostenedores del espacio rural y ella debe poder participar en el programa LEADER, es decir, el cambio estructural en la agricultura puede ser acompañado por la iniciativa LEADER en la medida en que se generen nuevos puestos de trabajo en el espacio rural. 
Todas las configuraciones económicas del espacio rural deben encontrar atención en el programa LEADER y sólo por medio de estos esfuerzos comunes será posible luego obtener resultados óptimos. 
El programa LEADER debe pasar ahora a la fase de ejecución. 
Los programas operativos deben ser aprobados con la mayor rapidez posible por la Comisión, es decir, debe haber un manejo practicable y eficiente de la presentación de instancias y una ejecución lo más rápida posible de la aprobación de instancias. 
Esto me parece demasiado tiempo. 
Habría que esforzarse aquí por lograr tiempos más breves. En efecto, quien tenga desarrollado y terminado un proyecto querrá comenzar también lo antes posible con su ejecución. 
Sin embargo, a pesar de toda la satisfacción por la nueva configuración de esta iniciativa comunitaria LEADER+ me preocupa una cosa: la Comisión de la UE ha pedido en su documento un observatorio del programa LEADER+ sin entrar exactamente en la realización de esta propuesta. 
Es decir, se me plantean las siguientes preguntas: ¿Quién trabajará allí? 
¿Cómo se seleccionarán estas personas? 
¿De donde procederán, sobre todo, los recursos pertinentes y cuál va a ser la sede de este observatorio? 
Creo que al programa LEADER+ no le sobra un solo céntimo para más tareas administrativas que por su propia naturaleza tendrían que ser desempeñadas por la Comisión. 
Por lo demás, las experiencias habidas en otros ámbitos en los que se han constituido observatorios muestran que éstos no aportan más beneficio que la de una dudosa creación de puestos de trabajo. 
Por consiguiente, insto a la Comisión a que asuma por sí misma y directamente sus tareas de control y trabaje por un buen decurso de los programas LEADER+. Esto implica también, precisamente, la valoración y la publicación, cosas que también se han hecho hasta ahora. 
Señor Presidente, la mayor parte de las fronteras, que durante siglos han dividido Europa, se trazaron de manera artificial, separando espacios geográficos únicos y creando fuertes disparidades en términos de desarrollo equilibrado y de cohesión. 
Nuestras fronteras internas, o lo que queda de ellas, ya no causan guerras, pero sí siguen generando atraso económico, barreras sociales e incomunicación cultural entre los pueblos de Europa. 
Desde las instituciones comunitarias, estamos obligados a trabajar para superar estas cicatrices fronterizas, que suponen una contradicción con el espíritu de unidad europea. 
La cohesión económica y social que propugnamos se concretiza, a través de la iniciativa Interreg, en la cohesión territorial y en la integración de los espacios fronterizos y de las periferias de nuestro continente. 
Interreg está desde su origen en el germen de una auténtica política comunitaria de ordenación del territorio y de una concepción verdaderamente policéntrica del territorio europeo. 
El Parlamento Europeo, de acuerdo con esta iniciativa, sólo lamenta que tengamos que aprobar una resolución sobre la misma cuando aún no conocemos la evaluación sobre Interreg II, pero somos conscientes de que no conviene demorar más la aplicación de esta tercera edición, puesto que pondríamos en peligro el éxito de varios proyectos y la continuidad de proyectos que están ya en marcha, porque el éxito de Interreg es evidente y así lo expresan las autoridades locales, regionales y nacionales que han participado en proyectos cofinanciados. 
Aprender juntos, innovar, compartir proyectos y compartir buenas prácticas, comprenderse y tolerarse mutuamente, son algunas de las lecciones que permite aprender de esta iniciativa a quienes participan en ella. 
Hay toda una serie de cuestiones interesantes a su alrededor, el observatorio, el principio de concentración... 
A mí me gustaría detenerme en los órganos de gestión. 
Es necesario buscar órganos de gestión comunes, interregionales y transnacionales, en los que participen activamente todas las autoridades locales y regionales, así como los agentes económicos y sociales. 
No se deben repetir casos de proyectos paralelos a uno y otro lado de la frontera. 
Necesitamos crear una cultura transfronteriza, y para ello es necesario innovar en materia de cooperación administrativa, superando con imaginación las barreras existentes, superando las dificultades que suponen los diferentes grados de competencias de cada Estado miembro, de cada región y de cada municipio. 
No puede ser que un proyecto no pueda llevarse a cabo por dificultades de interlocución. 
Durante los debates en comisión, hemos constatado también la dificultad de coordinar Interreg con otros instrumentos financieros de carácter anual o bianual, como MEDA, TACIS o PHARE. 
La propuesta de resolución de este Parlamento ha estado muy atenta a estas dificultades, formulando a la Comisión propuestas capaces de solventarlas y poniendo plazos razonables para que efectúe las modificaciones necesarias. 
Señor Presidente, deseo intervenir en este debate porque la iniciativa URBAN ha tenido mucho éxito, sobre todo en Irlanda, y me satisface que la Unión Europea siga contribuyendo en ese ámbito. 
Es muy triste que cientos de comunidades, por no decir miles, sufran una pobreza y unas desventajas tan profundas. 
Incluso en los Estados miembros y ciudades más ricas existe un gran número de gente que vive en ghetos, en situaciones en las que existen instalaciones inadecuadas, donde la educación es bastante mala, donde las infraestructuras físicas están subdesarrolladas y donde las drogas y otros problemas están muy extendidos. 
Me parece que, para que la Unión Europea demuestre que de verdad ayuda a los ciudadanos de la CE, debe colaborar con los Estados miembros para dejar claro que la UE trabaja para los ciudadanos y sus familias. 
El programa ha tenido gran éxito en Irlanda, y me consta que también en otros países. 
Allí ha tardado bastante tiempo en despegar, pero si el desarrollo de los programas ha sido lento, es porque era necesaria la participación local. 
Es muy importante que estas personas se valgan de su propia iniciativa y pericia a escala local para desarrollar esta iniciativa. 
Sería muy fácil desarrollar estos programas con rapidez y a tiempo si trajésemos de fuera a profesionales expertos, pero eso acabaría con el propósito del programa URBAN. 
Me gustaría añadir algo más antes de concluir: debemos insistir en que donde se invierta este dinero, donde se desarrolle este programa, se haga en el contexto de una política de desarrollo seria. 
Lamentablemente, este no es el caso de Irlanda. 
Aplaudo el planteamiento innovador del programa EQUAL y su objetivo de integrar a los grupos discriminados en el mercado laboral. 
Las asociaciones de desarrollo son una idea muy buena, aunque todavía están en fase experimental. 
No obstante, hay dos puntos sobre estas asociaciones que me inquietan. 
Los pequeños grupos deberían poder acceder a ellas con facilidad para ser capaces de concebir, aplicar y controlar los programas. 
Debemos dotar al programa de gran flexibilidad. 
También me preocupa, y ya lo he mencionado con anterioridad, el uso del lenguaje, que debe ser sencillo, sin jergas, para que todo el mundo lo entienda. 
Me agrada comprobar que esto se admite en el informe, pero no puedo estar de acuerdo con la enmienda 9 ya que no se ha formulado con sencillez. 
En segundo lugar, algunos grupos discriminados tienen problemas específicos, por ejemplo, a las personas con discapacidad les es difícil acceder al lugar de trabajo. 
Los proyectos también tendrían que afrontar este problema de forma específica. 
Debemos tener en cuenta estos aspectos a la hora de establecer los programas, y eso es lo que yo voy a hacer con las organizaciones y los grupos de mi distrito en West Midlands. 
Por último, quisiera referirme al polémico tema de los refugiados y los solicitantes de asilo. 
Aunque no soy partidario de que aquellos refugiados a los que se les ha denegado la condición de refugiados políticos y que pueden ser repatriados tengan acceso a EQUAL, apoyo la idea de que los demás solicitantes de asilo y refugiados sí tengan acceso a esta iniciativa. 
Es justo y correcto que estas personas se beneficien de EQUAL como el resto de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señorías, con el informe LEADER se honra al desarrollo rural. 
Esto, que no es demasiado frecuente, es gratificante, dado que los programas LEADER han sido puntos clave en la política de la Unión para el desarrollo rural. 
Hay que recordar que estos programas han sido no solo elementos de estructuración de la ordenación territorial, si no también instrumentos primordiales para la cohesión económica y social en zonas a menudo frágiles como, por ejemplo, las zonas en proceso de desertificación. 
Hay que subrayar que los agentes locales se han unido, han debatido, han elaborado proyectos para ser elegibles dentro del programa LEADER. 
De hecho, estos programas han sido elementos importantes de la democracia participativa, de la lógica ciudadana para Europa. 
Por todo ello, el concepto LEADER + debe conservar todos los aspectos positivos de los programas anteriores. 
En consecuencia, surge con fuerza una cuestión: tras diez años de éxito de estos programas, ¿por qué seguir limitando al LEADER + a un papel experimental? 
¿Tantas otras acciones europeas hay que puedan vanagloriarse de haber realizado con notable éxito 800 experiencias originales específicas? 
¿Cuánto tiempo más va a relegar la Comisión al LEADER a la experimentación, en lugar de introducirlo en el concepto general de mainstreaming del desarrollo rural? 
Por otra parte, tengo dudas sobre las limitadas orientaciones a las que la Comisión quiere reducir el LEADER +. 
En el momento en que, señor Comisario, después de Seattle, nosotros los Europeos luchamos por la multifuncionalidad de los proyectos de desarrollo rural, ¿por qué quedarnos encerrados entre algunos criterios reductivos, con medios extremadamente insuficientes?. 
Le habla una ecologista: el principio de precaución, el desarrollo estable, requieren un acercamiento mucho más diversificado y mucho más multiforme. 
En relación a esto, la Comisión nos propone reducir aún más las acciones de cooperación de los grupos de acción local, limitándolas únicamente a los países candidatos a la ampliación. 
Sería mucho mejor que hubiera una coordinación reforzada entre el LEADER + y los programas comunitarios de cooperación y de partenariado, como INTERREG, PHARE, SAPARD o MEDA, tal y como propone, por cierto, la Comisión de Política Regional. 
Efectivamente, está bien ser solidario con la Europa del Este, pero no es suficiente. 
No debemos abandonar la tradición que establecieron los programas anteriores con los países del Sur, en particular con los del área mediterránea. 
Por ello, una vez más, podemos subrayar que lo que falta en el campo agrícola y del desarrollo rural es la codecisión, que nos permitiría realmente contar con los medios necesarios para hacer avanzar programas de este tipo, que requieren de cooperación y transversalidad. 
Señor Presidente, quiero hacer unas observaciones muy breves. 
Estamos debatiendo el periodo de programas y la orientación de las cuatro iniciativas comunitarias sin tener disponible ni una sola evaluación esencial e integral del periodo anterior. 
Esto es muy negativo. 
Generalmente, los programas y los objetivos son exageradamente optimistas, sin embargo, los resultados no son siempre suficientes, y sin embargo, a menudo la opacidad y la complicación de los proyectos dejan un margen muy amplio de mala administración e incluso de fraude. 
Las iniciativas comunitarias de las que estamos hablando pueden desempeñar un papel importante en determinadas condiciones. 
Pero es necesario no someterlas a objetivos y a aspiraciones de una política más general, social y económica negativa, y que estas desarrollen su papel independiente. 
Por ejemplo, la adaptación del programa EQUAL a los objetivos de la empleabilidad y de la flexibilización de las relaciones laborales transforman la iniciativa en una nueva versión de los acuerdos laborales. 
La extensión de la iniciativa LEADER a todas las zonas de la Unión encierra un peligro aún mayor de marginar las regiones menos favorecidas en beneficio de las más desarrolladas. 
La iniciativa INTERREG debe incluir regiones elegibles poniendo un énfasis especial en las regiones fronterizas, insulares, montañosas y no montañosas como la provincia de Arta, en Grecia, que está exceptuada del anexo I de la comunicación de la Comisión. 
Señor Presidente, este Parlamento y la Comisión han señalado el desarrollo rural como un factor prioritario en su política, y me gustaría dar la bienvenida al Comisario responsable, el Sr. Fischler. 
Nuestra respuesta al deterioro rural se ha producido a última hora del día, pero más vale tarde que nunca, supongo. 
Ahora se reconoce que la agricultura familiar es de vital importancia para el modelo agrícola europeo, y es un objetivo que hay que afrontar dentro del calendario de la Agenda 2000. 
En mi opinión, los próximos cinco años serán decisivos para el futuro de miles de explotaciones familiares poco rentables. 
Es nuestro deber hacer todo lo posible para garantizar su supervivencia. 
Como bien sabe el Comisario, la agricultura por sí sola no será suficiente para asegurar la sostenibilidad de las comunidades rurales. 
Por ello, necesitamos que todas las políticas que puedan influir de forma positiva en el desarrollo rural estén bien coordinadas. 
En este sentido, LEADER ha resultado ser una iniciativa muy eficaz para el desarrollo, porque ofrece a las comunidades locales la posibilidad de determinar su potencial de desarrollo y de participar activamente en la solución de los problemas. 
La participación voluntaria de los ciudadanos en los programas de desarrollo es algo que no siempre valoramos como es debido. 
No obstante, gracias a LEADER, no cabe duda de su eficacia como parte integral de las políticas nacional y comunitaria. 
En conclusión, aunque me alegro de que la Comisión haya aprobado LEADER+, me preocupa el lapso de tiempo existente entre el final de LEADER II y el principio del nuevo programa. 
Les insto a estudiar seriamente este problema, ya que la ruptura de la continuidad tendrá consecuencias muy graves para el programa y un efecto negativo en los trabajadores profesionales y voluntarios. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras, señores, tras haber conocido la comunicación de la Comisión relativa a la iniciativa Interreg III, tengo interés en renovar explícitamente nuestro acuerdo de principio con la iniciativa tal y como se presenta y, muy particularmente en el marco de Interreg III B, con el reconocimiento de la Comisión de las actividades que contribuyen a la restauración de paisajes degradados a causa de los precios agrícolas, sector en el que numerosas asociaciones, en particular cinegéticas, se implican ya enormemente en mi país. Les recuerdo además que he participado, en el marco de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, en la votación del informe del Sr. Decourrière. 
Asimismo, tengo interés en manifestar mi apoyo sensible a las observaciones de la comisión regional, de transporte y turismo, especialmente y sobre todo cuando se trata de echar de menos la falta de integración de las regiones ultraperiféricas en el capítulo A del programa, o también de subrayar la imprecisión de los criterios de selección de las modalidades de puesta en práctica del capítulo III C, y, para terminar, cuando se trata de solicitar que los diputados estén vinculados al observatorio de cooperación transfronteriza, transregional e interregional. 
Por otra parte, quiero formular una importante reserva en relación a la tendencia desarrollada en la comunicación de la Comisión, en el tema Interreg III y III B, que consiste en asociar la protección del medioambiente exclusivamente con el desarrollo de Natura 2000, lo cual me resulta a menudo un medio demasiado abstracto para la defensa de los ecosistemas, cuyos usuarios corren el riesgo de ser excluidos o de quedar fuertemente limitados. 
Finalmente, desearía subrayar, solicitando por anticipado la comprensión de la Comisión y de los Consejos de Ministros afectados, que convendría informar más a los representantes europeos de los procedimientos vinculados a la aplicación de los expedientes Interreg y, por ende, de todas las iniciativas similares. 
Más aún, habría que implicarles más a fondo en los procesos de elaboración y puesta en práctica de los programas afectados, ya que en caso contrario su papel frente a las colectividades locales, frente a las autoridades nacionales e incluso frente a los ciudadanos será difícil de definir y de defender. 
Presidente, en primer lugar quisiera agradecer sinceramente a la ponente del informe Equal, la Sra. Stenzel, todo lo que ha hecho para dominar esta materia tan difícil para todos nosotros. 
Equal es un programa sumamente difícil, porque intenta englobar muchos programas antiguos y sin embargo quiere enfocarlos desde otro ángulo, disponiendo además de menos dinero que en los programas anteriores. 
Es una tarea complicada. 
Sólo el número de personas a las que estos programas están destinados no ha variado mucho. 
Por este motivo es muy difícil llegar a un equilibrio, no solamente entre los diferentes países, no solamente entre los distintos sectores, sino también entre los diferentes grupos que se mencionan en el programa, y eso es justamente lo que hemos tenido entre manos hasta ahora. 
Se vienen haciendo algunos comentarios de que un grupo debe recibir más que otro. 
Yo mismo me he ocupado de la situación de los minusválidos y de los ancianos en el marco del programa, y he de decir que se podría haber perdido completamente de vista la situación de los ancianos y minusválidos de no haberse ocupado el Parlamento Europeo activamente. 
Se han mencionado muchos otros grupos, pero son sobre todo los Estados miembros los que están al acecho. 
Por ejemplo, sé que un Estado miembro quiere emplear una parte importante del programa entero para un solo sector, el de los refugiados. 
Quisiera pedir al Comisario que vele por que haya un equilibrio entre esos diferentes grupos. 
No puede ser que un Estado miembro, invocando falsamente el principio de la subsidiariedad, decida destinar todo a un grupo. 
Me parece que se debe controlar esto rigurosamente, de lo contrario conseguiríamos lo que el Sr. Meijer acaba de advertir, es decir que se vayan creando intereses y que la gente piense que el dinero es suyo. 
¡No es así! 
Se ha de repartir cada vez de nuevo. 
Se debe destinar a proyectos innovadores y es inaceptable que desaparezca en las arcas del Ministro de Hacienda. 
Eso no es lo que se pretende, y es una cuestión importante a tener en cuenta. 
Me parece que se pueden solventar los problemas restantes que hemos tenido en el seno del Parlamento, que provienen en gran parte del hecho de que sea tan complicado sopesar los pros y los contras. 
En lo que respecta a la Comisión, espero que pueda sumarse al compromiso al que se ha llegado en este Parlamento y que está principalmente enfocado al equilibrio. 
Para subrayar esto- la situación es un poco complicada por supuesto- el Parlamento ha puesto de momento el programa Equal, por comodidad y seguridad, en la reserva, de modo que queda convencer al Parlamento más adelante de cómo se realizará el gasto. 
Creo que eso es bueno. 
La posición del Parlamento en todo este procedimiento ha quedado un poco confusa. En el Reglamento la posición tampoco queda muy clara y por eso esa reserva es muy positiva. 
Señor Presidente, señorías. Es indiscutible que la iniciativa INTERREG fomenta el esfuerzo por la cohesión económica y social en la Unión Europea. 
Pero quiero subrayar la importancia especial que tiene el programa INTERREG para la región de los Balcanes, donde los cambios políticos y la actividad bélica, en los últimos años, han tenido serias consecuencias económicas para los países vecinos y especialmente para mi país, Grecia, que es el único país miembro de esta península atormentada. 
Para Grecia, para los países vecinos Italia y Austria, y para toda Europa, la reconstrucción económica y social de los Balcanes, que va a llevarles la estabilidad política es un tema de importancia vital. 
Hasta el día de hoy, los programas PHARE y OBNOVA han financiado a algunos de los países de los Balcanes y a otros no. 
Según el nuevo periodo de programas, con vistas a la ampliación y teniendo en cuenta que se han previsto financiaciones de nuevos recursos y reglamentos financieros, como son el ISPA y el SAPARD, es totalmente imprescindible coordinar las financiaciones de los tres aspectos del INTERREG con las demás financiaciones a países terceros. 
Así pues, damos la bienvenida a las referencias relativas al capítulo 7 del texto de la Comisión Europea sobre la adopción de orientaciones del INTERREG. 
Los esfuerzos por coordinar y, por consiguiente, por una mayor eficacia de la planificación, deben concernir por igual a todos los programas, y digo esto porque en el programa MEDA, en la legislatura anterior, hubo algunos problemas que deberán superarse para tratar igual a todos los países que participan en este programa. 
Quisiera terminar, señor Presidente, con la constatación de que en la nueva planificación de las zonas de colaboración transnacional no se ha tenido en cuenta la particularidad del Mediterráneo, que justificaría la creación de una zona especial para las regiones marítimas e insulares. 
Así pues, pedimos a la Comisión que tenga especialmente en cuenta el tema de la colaboración marítima e insular en una próxima revisión de la planificación de las zonas. 
Termino, señor Presidente, señalando la necesidad de que la Unión Europea insista en tales iniciativas que aspiran a hacer desaparecer las desigualdades entre nuestras periferias y a su desarrollo armónico. 
Y, ya que hoy es el día de San Valentín, como antiguo alcalde de una ciudad periférica, propongo que hoy declaremos todos nuestro amor hacia las periferias europeas, que tanto lo necesitan. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario, Fischler, el desarrollo en las zonas rurales puede y tiene que responder a tres planteamientos, en concreto, al mantenimiento de los puestos de trabajo, al cuidado del paisaje y, no en último termino, al cuidado de la cultura local, pues, en efecto, ésta es importante. 
Sólo si la población permanece en el campo estará también garantizada a largo plazo la calidad de vida en el campo. 
En algunas zonas de los Alpes podemos observar qué significa la huida del campo y las consecuencias son desastrosas. 
Sin embargo, quisiera prevenir acerca del intento de querer trasladar con estos programas la cultura urbana al campo. 
Tampoco deberíamos crear estructuras dependientes de subvenciones, que dependan para siempre de estas subvenciones. 
Ahora bien, para garantizar esta sostenibilidad- un término, entretanto, que se ha convertido en algo vacío, pero cuyo significado todos entendemos- es preciso, entre otras cosas, engranar en el campo el turismo y la agricultura. 
Las inversiones han de tener una orientación visionaria. 
Hay que enraizar en el campo cabezas jóvenes creativas. Pues si todos se marchan, no sucederá ya nada allí. 
Todos tenemos en poco aprecio el principio de la regadera y los proyectos piloto deben arrastrar tras de sí, como los aludes, otros proyectos semejantes. 
Yo soy partidario de circuitos cerrados que sean subvencionados y aunque el LEADER II y el LEADER II hayan tenido quizá algunas deficiencias, a fin de cuentas, una vez sumados, han sido, sin duda, positivos. 
Quisiera pedir que se piense en permitir excepciones, no sólo en los países nórdicos, sino también en las zonas montañosas, en los Alpes, en los Pirineos, en Sierra Nevada, de donde acabo de llegar, y en concreto, en lo que respecta al número de habitantes y a la densidad de la población. 
Señor Presidente, quisiera referirme al informe EQUAL, especialmente a la política de asilo. 
La semana pasada discutimos la formación del gobierno austríaco con gran entusiasmo. 
Hoy ya estamos discutiendo la política de asilo de la coalición de gobierno austríaca, ya que la Sra. Stenzel, que ha redactado el informe EQUAL, representa al partido conservador del gobierno austríaco y a su política. 
Lo más asombroso en su informe original era que ella quería circunscribir las ayudas solamente a aquellos refugiados pertenecientes al pequeño grupo de personas comprendidas en la Convención de Ginebra, es decir, a los llamados refugiados de cuota o refugiados de Naciones Unidas, que tienen las mayores necesidades de ayuda. 
La comisión desechó esta propuesta discriminatoria y decidió que todos los refugiados tuvieran un lugar en el Programa EQUAL, en las mismas condiciones. 
Una parte de la comisión se solidarizó, sin embargo, con la propuesta y expresiones de la Sra. Stenzel. 
En mi opinión, significa que la política de Haider ya ha comenzado ha proyectar su sombra sobre este Parlamento. 
Por eso es de vital importancia que el Parlamento, con la mayor energía, deje en claro que todos los refugiados tendrán un lugar en el Programa EQUAL. 
Finalmente quisiera decir que la semana pasada me surgieron algunas dudas cuando discutíamos la formación del gobierno, pero, tratándose de la discusión y crítica de la política austríaca de refugiados, no me cabe ninguna duda. 
Espero que el interés de la Asamblea en esta ocasión sea igualmente grande. 
Señor Presidente, durante la última perspectiva financiera de la UE, de 1994 a 1999, cuando estaban en marcha 13 iniciativas distintas, el programa fronterizo INTERREG II desempeñó un papel muy importante. 
Me parece que el hecho de que se haya incluido esta iniciativa en la siguiente partida de Fondos Estructurales 2000-2006 indica claramente la importancia que le conceden los Estados miembros nacionales. 
Los programas INTERREG I entre 1989 y 1993 e INTERREG II entre 1994 y 1999 han demostrado ser un éxito rotundo en cuanto al acercamiento del desarrollo social y económico entre los Estados miembros fronterizos. 
Yo, que soy de la frontera del noroeste de Irlanda, he sido testigo con el paso de los años del papel tan decisivo que han desempeñado INTERREG I y II, y es un placer para mí dar la bienvenida a INTERREG III. 
La Comisión ha destinado 67 millones de libras al programa INTERREG III, que servirán para continuar con el desarrollo de proyectos económicos fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. 
La Unión Europea ha desempeñado una función primordial en el desarrollo de las regiones fronterizas de Irlanda durante años. 
LA UE es el mayor donante individual, con una contribución de 80 millones de libras al Fondo Internacional para Irlanda. 
Además, aporta el 75% de la financiación del Programa para la paz y la reconciliación. 
En general, INTERREG, el Fondo Internacional para Irlanda y el Programa para la paz y la reconciliación han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo del proceso de paz. 
Señor Presidente, voy a hablar sobre INTERREG, y me limitaré a algunos aspectos críticos, en parte para respetar los límites de tiempo de mi intervención. 
Todos hemos expresado una valoración positiva sobre la confirmación de este programa y sobre el hecho de que, más allá de la cooperación transfronteriza, se proyecte hasta los campos de la cooperación transnacional e interregional. 
Sin embargo, esto no nos impide ser conscientes del hecho de que la mayor parte de los recursos- entre el 50 y el 80%- se reservará a la cooperación transfronteriza, al capítulo A del programa INTERREG III; por lo tanto, ya se ha elegido la opción de consolidar en este capítulo los actuales campos de cooperación, una elección que en lo relativo a las regiones admisibles seguimos considerando errada y contradictoria. 
Esperamos y deseamos que la Comisión quiera detenerse en esto y reconocer, no como un homenaje formal sino de modo sustantivo, la posición del Parlamento. 
La cooperación transfronteriza sigue referida casi exclusivamente a las fronteras terrestres y, en los casos en que se han hecho excepciones relativas a las fronteras marítimas, se trata de excepciones poco transparentes en la selección, pues a menudo tienen el aire de ser compensaciones por lo que sucede en otros frentes de las políticas comunitarias. 
La discriminación resulta mucho más grave para las islas que viven una situación regional imposible de vincular con fronteras de exclusivo carácter marítimo. 
Esto concuerda con una discriminación que se aplica en total ignorancia del artículo 158 del Tratado, relativo a las regiones insulares en lo que respecta a las políticas de cohesión. 
Más grave aún es que se ignore la nueva dirección asumida con el proceso de ampliación ante regiones como Malta. 
De aquí nacen nuestras propuestas de extender las regiones elegibles como mínimo a las fronteras NUTS III de Sicilia en la relación con Malta y a todas las regiones adriáticas en la relación con los Balcanes. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, me gustaría expresar mi satisfacción al constatar que las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentran los departamentos franceses de ultramar, han sido objeto de cierta atención en el marco de la iniciativa Interreg III. Esto abre nuevas perspectivas para su cooperación con los países de su entorno geográfico incluso dando por cierto que se podría esperar más, sobre todo a nivel del acceso a los diferentes apartados. 
Durante largo tiempo, nuestras regiones, sin duda a causa de la supervivencia del pacto colonial, han mantenido fija la mirada en la metrópolis europea, despreciando incluso a sus vecinos más cercanos. 
Esta época ha desaparecido totalmente a fecha de hoy. 
Nuestras regiones se han dado cuenta de que pertenecen a un entorno al que están vinculadas, no solo geográficamente, si no también por su cultura y por la historia de sus pueblos. De aquí surge el deseo fuertemente expresado de anclarse más profundamente en este entorno. 
Pero esta toma de conciencia no se refiere solo a nuestra identidad. 
Se nutre de una justa apreciación de nuestras ventajas. 
Así, por ejemplo, la isla de la Reunión se encuentra posicionada en un eje de intercambios entre los países del Africa austral y los del Sudeste Asiático. 
No puede permitirse el lujo de quedarse al margen de las agrupaciones regionales que se operan en esta zona, ya que sería desaprovechar una ocasión histórica, y lo mismo ocurre con nuestras regiones del Caribe. 
Finalmente, estamos convencidos de que nuestra juventud puede entrever una salida al dramático desempleo que la desespera si podemos exportar a los países vecinos su know how, adquirido gracias a la acción de los Fondos estructurales europeos. 
La utilización de los créditos de Interreg puede convertir a nuestras regiones en verdaderas cabezas de puente de la Unión europea en sus zonas geográficas, confiriéndoles así una dimensión planetaria. 
Cuento con la Comisión, y muy en particular con usted, señor Comisario, para asegurarles los medios de una intervención eficaz. 
Señor Presidente, señores Comisarios, me satisface que existan posibilidades de que aumente la cooperación transeuropea mediante INTERREG, pero me preocupa el hecho de que la propuesta ofrezca muy pocas oportunidades a este respecto para el sector marítimo en comparación con otros sectores. 
Comprendo el planteamiento de la Comisión de que la distancia puede resultar perjudicial para una colaboración eficaz. 
Sin embargo, existen muchas zonas marítimas entre las que ya se ha establecido algún tipo de vínculo. 
Diversas autoridades locales del Mar del Norte son un excelente ejemplo de ello. 
INTERREG también debería permitir la mejora de tal cooperación. 
Por lo tanto, propongo unos pequeños ajustes en las directrices para dar mayor flexibilidad y prever la forma en que los intereses de las zonas marítimas tengan cabida entre los capítulos A y B. Estos ajustes incluyen aclarar las posibilidades de colaboración entre las zonas marítimas y permitir un mayor desarrollo de proyectos prácticos y palpables, en especial aquellos de tipo infraestructural. 
Tales medidas situarán a las zonas marítimas e insulares en igualdad de condiciones con otras zonas de la UE. 
Espero que las aprueben. 
Señor Presidente, mi Grupo acoge con satisfacción el carácter horizontal de la iniciativa EQUAL, gracias al cual, si eres un musulmán británico con alguna discapacidad física ya no tienes que elegir a qué categoría de discriminación perteneces como objetivo de un programa: puedes usar tu pericia y experiencia para resolver problemas, en vez de ser definido como el problema. 
Las organizaciones pertinentes tienen un montón de talento que merece la pena compartir. 
Asimismo, aplaudimos que se haya reconocido la necesidad de evaluar y difundir las mejores prácticas para reforzar la escala transnacional. 
En consecuencia, como ya han apuntado otros, nos preocupa el número de enmiendas que pretenden excluir aún más a algunos de los colectivos más excluidos de la sociedad, apostando por una definición muy limitada de la palabra "refugiado". 
Mi Grupo no votará a favor de esas enmiendas. 
También nos inquieta la cantidad de enmiendas que, al intentar introducir una mayor flexibilidad, quizá corren el riesgo de minimizar la responsabilidad de la gestión de la iniciativa EQUAL. 
Señor Presidente, me alegro de ver el URBAN orientado hacia una solución más integral e intentando resolver problemas interdependientes. 
Sin embargo, señor Presidente, existe el peligro de la diseminación, es decir, que intentado alcanzar muchos objetivos, seamos totalmente ineficaces. 
Por supuesto, cada región urbana degradada es un caso aparte. 
Pero hay una resultante, un núcleo sólido que consiste en el paro, en la dimisión o en la retirada de los servicios públicos y en la desaparición de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas comerciales etc. Desearía que el URBAN intentase dar respuesta a estas causas de la degradación urbana. 
Y, claro, ahora hace falta un entendimiento y una coordinación de la política central con la política de desarrollo para que esta última también se oriente de nuevo y colabore con cualquier objetivo URBAN que se aplique en nuestros países y no sólo que presente estos programas como coartada de su ausencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, mi intervención se limitará al informe del Sr. Francis Decourrière. 
El programa de iniciativa comunitaria Interreg es una herramienta extremadamente importante en cuanto al desarrollo y a la ordenación del territorio europeo, sobre todo bajo la óptica de una consideración efectiva de la relación entre el centro de la Unión europea y su periferia. 
Interreg debe ser por tanto un instrumento que favorezca la cohesión territorial de la Unión si queremos evitar la visión de un territorio europeo a dos e incluso a tres velocidades. 
Me parece evidente que las autoridades regionales y locales, las organizaciones que las representan, el Comité de regiones y, por supuesto, el Parlamento Europeo, deberían haber sido invitados lo más claramente posible a participar con la mayor brevedad en la elaboración de este programa. 
Sin embargo, tengo que constatar que esto no se ha producido en el momento de la preparación del comunicado de la Comisión, publicado el pasado 13 de octubre. 
Aunque apruebo las orientaciones generales de Interreg III, me parece muy importante velar por una mejor articulación entre este programa- financiado por el FEDER- y los demás Fondos de cooperación exterior, sobre todo con el Fondo europeo de desarrollo, destinado a los países ACP. 
Sobre este punto, quisiera agradecer a la Comisión de Política Regional de Transporte y Turismo que haya adoptado una de mis enmiendas que incorpora el FED a la lista de estos Fondos. 
Las regiones ultraperiféricas, en particular los cuatro departamentos de ultramar franceses, deben poder coordinar Interreg III y el FED con el fin de poder también financiar proyectos de cooperación con sus vecinos ACP en sus respectivas zonas geográficas. 
Por otra parte, le ruego a la Comisión que reconsidere las escasas posibilidades que se han ofrecido a las regiones ultraperiféricas e insulares dentro de las orientaciones presentadas en la comunicación. 
Estas regiones deben poder beneficiarse plenamente de Interreg III, al igual que el conjunto de las demás regiones de la Unión, ahora que el programa REGIS, que les estaba destinado, ha sido abandonado. 
Finalmente, para concluir, me gustaría lamentar la escasez de la dotación financiera que se ha reservado para el capítulo C, destinado a la cooperación interregional, cuyo valor añadido comunitario es sin embargo innegable. 
Señor Presidente, mi punto de partida va a ser el informe EQUAL y la igualdad entre hombres y mujeres, aunque debo admitir que de vez en cuando resulta fastidioso debatir esta cuestión que tiene el carácter de la repetición, en cualquier caso cuando se tienen mis años. 
No obstante, lamentablemente otra vez es necesario señalar que los sexos no están equiparados. 
Y quizá una eclosión aquí pueda comportar cambios en otros ámbitos. 
Para mí, igualdad en absoluto significa que los dos cónyuges trabajen a jornada completa y dejen a sus hijos al cuidado de una niñera, es decir, una inmigrante que no ha tenido oportunidad de obtener otro trabajo. 
De no ser así, no habríamos avanzado ni un paso desde la época de los reyes absolutistas. 
No, la igualdad pasa por que todos participemos tanto en la vida laboral como en la vida familiar. 
El progreso no va desgraciadamente en esta dirección, al contrario. 
Por ello, creo que el punto séptimo contiene un punto importantísimo. 
Dice: "EQUAL será empleado como laboratorio de prueba para el desarrollo y la gestión de nuevos métodos para la puesta en marcha de políticas de empleo". 
Ha de esperarse que se logre. 
Y señor Presidente, quiero decir con respecto al reglamento que si no estoy presente cuando la Comisión responda- no porque haya hecho preguntas concretas, aunque espero que la Comisión haya estado atenta- es porque este debate se está celebrando al mismo tiempo que la reunión de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre la presencia de las mujeres en el proceso de decisión. 
Señor Presidente, aplaudo la iniciativa EQUAL y el informe, que subraya la necesidad de distinguir entre las medidas para combatir la discriminación contra la mujer y las medidas para combatir la discriminación contra los grupos minoritarios. 
Las mujeres no son una minoría y a menudo sufren una doble discriminación tanto por pertenecer a un grupo minoritario como debido a su condición femenina. 
Es por ello por lo que son necesarias medidas concretas para las mujeres, así como fomentar la transversalidad. 
El informe aborda este problema y sugiere medidas integradoras para conseguir la igualdad de hombres y mujeres en todos los aspectos laborales; también reconoce la importancia de colaborar con órganos locales y regionales, ya que son los que están más cerca de los ciudadanos, para garantizar que todos los resultados de los proyectos son transversales. 
La participación de grupos comunitarios voluntarios será un ingrediente esencial de la iniciativa EQUAL y sus proyectos. 
Las asociaciones de desarrollo dentro de los distintos campos temáticos, mencionadas en la enmienda 22, permitirán que incluso las organizaciones más pequeñas tomen parte en la iniciativa EQUAL. 
Mi grupo votará a favor de la enmienda 22. 
Señor Presidente, señores Comisarios, queridos colegas, Leader I fue un verdadero éxito, en particular gracias a la gran flexibilidad existente en la gestión administrativa de la comisión con los actores locales. 
Es lamentable, en mi opinión que la Comisión no haya hecho el mismo balance de Leader II, balance sobre la calidad de los proyectos, el número de créditos consumidos y ante todo sobre la desmovilización de algunos agentes locales frente a los obstáculos administrativos y financieros hallados. 
Sin embargo, me congratulo por el hecho de que, en el marco de Leader+, se hayan comprometido nuevos medios para ayudar a los territorios rurales a desarrollar su potencial y a poner en práctica los objetivos del desarrollo local y duradero. 
Me parece importante que se recalque particularmente la experimentación de nuevas formas de valorización del patrimonio natural y cultural, así como el reforzamiento de los entornos económicos para favorecer el empleo. 
Me parece oportuno considerar que el intercambio de estas experiencias positivas de desarrollo pueda también inscribirse en el marco de la cooperación transnacional. 
Es interesante subrayar que todos los territorios rurales podrán ser elegibles en el Leader II. 
Sin embargo, aunque en el marco de esta iniciativa queda abierta para los Estados miembros la posibilidad de definir zonas, la Comisión deberá velar por una cierta concentración de los recursos y por la priorización de los proyectos de las zonas menos prósperas. 
Por supuesto que la transparencia se impone sobre los criterios de selección de los proyectos y de los grupos de acción local. 
Igualmente, creo que habrá que velar sobre todo por que los circuitos financieros de los Estados o de las colectividades locales no vuelvan a generar retrasos en el pago, que han podido llevar a algunos grupos de acción local a la quiebra financiera dentro del marco de Leader II. 
Señor Presidente, como diputado procedente de una región ultraperiférica tengo que señalar que ésta es una tarde muy especial en lo que a política regional se refiere, y lo digo por el debate de dos iniciativas comunitarias como son URBAN e INTERREG. 
Quiero recordar que dichas iniciativas están orientadas, la primera, URBAN, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en los barrios de las distintas ciudades europeas, e INTERREG a facilitar la cohesión y a reconocer la diversidad y la potencialidad de las regiones de la Unión Europea, particularmente a la hora de incluir las regiones ultraperiféricas en los capítulos B y C. 
Deploramos, al igual que el ponente, que haya sido excluida del capítulo IIIA. 
Nos parece muy acertada, en INTERREG, la referencia a la creación de un observatorio europeo a los efectos de cooperación. 
Gracias a los ponentes, particularmente al Sr. Decourrière, por su sensibilidad regional y por la aceptación de nuestras enmiendas. 
Espero que el Sr. Comisario acepte la propuesta que le hacemos. 
Señor Presidente, respecto a las distintas iniciativas que esta tarde estamos analizando, me quiero centrar estrictamente en una reflexión sobre una de ellas, concretamente en el programa URBAN. 
Es cierto que estamos hoy debatiendo este programa porque el Parlamento Europeo se empecinó en que esta iniciativa debía mantenerse. 
La propuesta de la Comisión era eliminarla, junto con otras iniciativas, pero la propuesta del Parlamento y la propia sensibilidad de la Comisión en su momento hicieron que se mantuviera la iniciativa URBAN. Creo que hay que felicitarse por ello. 
Pero, ¿qué argumentos tenía la Comisión, y concretamente la Comisaria Sra. Monika Wulf-Mathies y el director general Sr. Eneko Landaburu, para que no existiera el programa URBAN? 
Es tan importante la cuestión urbana que no la podemos ceñir y casi minusvalorar con un programa que tiene muy poco presupuesto. 
Hoy tenemos el programa y, por tanto, creo que hemos conseguido algo importante, esa seña de identidad de la Unión Europea que es URBAN. 
Pero yo me quería dirigir al Comisario Sr. Barnier para apoyar la argumentación de la Comisaria y del Sr. director general, porque creo que tenían mucha razón. 
La dimensión urbana debe incorporarse muchísimo más profundamente en todos los Fondos estructurales. 
El nivel presupuestario que necesitan nuestras ciudades- donde reside el 80% de la población europea y que se están convirtiendo en una gran parte de lo bueno y de lo malo que tenemos en Europa -, creo que reclama precisamente que esa dimensión europea sea tenida en cuenta y que este programa URBAN no sea la justificación para no analizar en profundidad, para no dar prioridad y, por tanto, para no introducir una dotación presupuestaria infinitamente mayor en programas que afecten a las ciudades a través de todos los fondos europeos. 
Por tanto, estimo que es innecesario reseñar el número de factores que reclaman esta inversión en las zonas urbanas, factores que están a la orden del día, y quiero transmitir al Sr. Comisario que esperamos su sensibilidad en esta dirección. 
Al acoger el planteamiento intersectorial plasmado en la nueva iniciativa EQUAL es crucial que el programa intente combatir las distintas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en especial las barreras físicas en el lugar de trabajo, que afectan a las personas de movilidad limitada, los sistemas de información visuales, que excluyen a los trabajadores ciegos, y los sistemas laborales que dan con la puerta en las narices a las personas con dificultades de aprendizaje o con problemas de salud mental. 
Las organizaciones de discapacitados y los representantes no discapacitados de las personas con discapacidad deben interesarse de verdad por cada etapa de la toma de decisiones. 
Por ello, este Parlamento ha propuesto los apartados 10 y 15 del reglamento, para garantizar que los Estados miembros no puedan dejar de lado a ninguno de los grupos a los que va dirigida esta iniciativa. 
Las personas con discapacidad ya se han quedado fuera de la lista con demasiada frecuencia. 
Debido a que las personas con discapacidad no forman un grupo homogéneo, por ejemplo muchos sordos se consideran una minoría lingüística discriminada por tener su propio lenguaje y cultura, es necesario permitir la definición de algunas asociaciones que son específicas de una discapacidad o de un colectivo en particular, según estipula el apartado 9. 
EQUAL sigue siendo crucial en regiones que, como la mía, al este de Inglaterra, quedan al margen de las principales subvenciones del Objetivo I. Nos hemos beneficiado de un incentivo extra para reanudar la financiación de iniciativas comunitaria que ha tenido un excelente récord de respuesta. 
Entre los antiguos proyectos ADAPT se incluyen desde proyectos como CORE, que ha desarrollado nuevas cadenas de suministro para la industria del automóvil en Bedforshire, a proyectos destinados a mejorar el nivel de las pequeñas empresas de Hertfordshire, en Essex. 
Hemos visto cómo el proyecto NOW ha ayudado a 70 mujeres a reinsertarse en el mercado laboral en Suffolk. Muchas de ellas pudieron venir a Bruselas, al Parlamento Europeo, y compartir con nosotros los resultados de su experiencia. 
EQUAL sigue siendo importante para nosotros porque es precisamente en las regiones más prósperas donde están desapareciendo los puestos de trabajo que requieren menor cualificación, que pueden ser un primer destino importante para las personas discriminadas en el mercado laboral. 
Por último, permítame añadir algo sobre INTERREG. 
La verdad es que es bastante absurdo que refinanciemos ahora las asociaciones creadas en 1994 hasta el punto de excluir nuevos vínculos interregionales. 
Durante este periodo, los puertos de Great Yarmouth y Harwick en la costa de Essex, Suffolk y Norfolk han establecido nuevos lazos económicos y de transporte muy significativos con socios de los Países Bajos. 
Insto al Parlamento a que apruebe la enmienda 2, que garantizaría la flexibilidad para incluir nuevas medidas, sobre todo relativas a las fronteras marítimas. 
Señor Presidente, señorías, no siempre me siento orgulloso del quehacer de este Parlamento, pero el programa URBAN es uno de los mejores ejemplos de nuestro trabajo, pues ha surgido de una iniciativa del Parlamento. 
La Comisión tenía la intención de acabar con el programa URBAN, pero en esta ocasión el Parlamento ha ganado la partida. 
Es bueno que el programa URBAN siga en marcha, ya que a través del mismo se han obtenido buenos resultados a nivel local. 
Los problemas de las zonas urbanas de Europa están agravándose; afortunadamente, estamos de acuerdo con la Comisión en este punto. 
La mayoría de la población europea vive en las ciudades y sus problemas forman parte de las cuestiones más importantes y complejas de la política regional. 
El riesgo de la marginación es grande. 
En muchas ciudades de Francia y de Inglaterra existen ya suburbios, en los que proliferan todo tipo de males. 
Ninguno de nosotros desea que se conformen en Europa las favelas de América. 
Tenemos que intervenir ahora, antes de que sea demasiado tarde. 
Las ciudades también tienen una importancia decisiva en la economía europea. 
Siempre volvemos al mismo problema fundamental de Europa: nuestra vida económica no incentiva suficientemente al individuo, ni es lo bastante dinámica. 
La economía tiene que ser sólida para podamos cubrir las necesidades del prójimo y tomar en cuenta nuestro entorno. 
No se trata de política, sino de simple lógica vital. 
En cuanto a los fondos, es bueno que el dinero disponible esté ahora concentrado, porque si disparamos al azar, la pólvora se pierde a los cuatro vientos como si de una desbandada de gorriones se tratase. 
Ahora debemos concentrarnos en solucionar los problemas de las ciudades pequeñas y medianas, porque en ellas no existe el suficiente sentido crítico colectivo. 
De esta forma podremos impulsar también el desarrollo de las zonas rurales circundantes; se suele olvidar que, en realidad, los problemas de la ciudad y del campo van de la mano. 
La cuestión de fondo es que se deben fomentar las innovaciones individuales y el espíritu emprendedor, ya que la movilización colectiva con origen en la iniciativa individual renueva a la región internamente. 
La concesión de medios financieros sin que haya una economía con bases sólidas es como si llevásemos agua al pozo: habrá agua potable por un momento, pero mañana el pozo volverá a estar vacío. 
Señor Presidente, con la aplicación de INTERREG III, la política de cooperación europea entra en una nueva fase. 
Ya no centran nuestra atención tan sólo las fronteras internas sino también las externas. 
En el contexto de la globalización y de la apertura cultural que caracteriza a esta situación, la Unión Europea necesita instrumentos que le permitan reforzar sus vínculos y sus canales de comunicación con las regiones limítrofes, en especial del este y del sur de Europa. 
Las fronteras de la Unión no deberán representar ya un obstáculo a un desarrollo equilibrado sino, por el contrario, una oportunidad, un puente que haga más fecunda la cooperación. 
A través de las enmiendas aprobadas en comisión, el Parlamento ha buscado la forma de completar el trabajo de la Comisión ejecutiva, introduciendo elementos nuevos en la lista de las zonas destinatarias de las ayudas, sobre todo a favor de las fronteras externas y marítimas del sur de Europa. 
En sus orientaciones, la Comisión reconoce que estas fronteras exigen una atención mayor que la recibida en el pasado, a la vista del proceso de ampliación hacia el este y del proceso de mayor integración con los países del Mediterráneo. 
Como también lo recordó el presidente Prodi en la exposición de los objetivos estratégicos 2000-2005, el relanzamiento del proceso de Barcelona representa una prioridad para la Unión, y la iniciativa INTERREG III podrá contribuir a la consecución de este objetivo estratégico. 
Felicitamos al ponente por el trabajo magnífico que ha hecho, y pedimos que la Comisión tome en cuenta las propuestas del Parlamento, dentro del respeto de los compromisos asumidos en el campo del código de conducta para la aplicación de las políticas estructurales, y confirme con las modificaciones correspondientes que, de mero instrumento de redistribución interna, esta iniciativa comunitaria ha pasado a ser una oportunidad de relanzamiento y de revalorización de las relaciones con los países vecinos. 
Señor Presidente, a partir de este año hasta el año 2006 cerca de 200 millardos de euros están disponibles para los Fondos estructurales, pero sólo el 5,75 % está reservado para las iniciativas comunitarias: INTERREG, LEADER, URBAN y EQUAL. 
Esto significa una minoración de 3,75 % frente a las actuales iniciativas comunitarias. 
Para EQUAL no hay reservados más que 2,8 millardos de euros, como lo pone de manifiesto el informe de nuestra colega, la Sra. Ursula Stenzel. 
Tanto más chocantes son el alto número de enmiendas y la lista demasiado larga de deseos sobre posibles tareas. 
¿Cómo se van a establecer allí las prioridades? 
Existe unanimidad en el siguiente principio: es preciso eliminar la exclusión, las discriminaciones y las desigualdades en el mercado de trabajo. 
Unas estrategias transnacionales facilitarán a los grupos desfavorecidos el acceso al empleo. 
No tengo comprensión alguna para las enmiendas que insisten últimamente en las OAT. 
Estas oficinas de asistencia técnica han sido objeto de las más enconadas y justificadas críticas al trabajo de la actual Comisión. 
Nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha sido competente para el fondo en el análisis de notables deficiencias y de comprobaciones no realizadas en asuntos tocantes al programa LEONARDO. 
Por consiguiente, en el programa EQUAL la Comisión tampoco puede ser eximida de la responsabilidad directa y del control. 
Sólo puede autorizar propuestas de los Estados miembros si éstas satisfacen todos los requisitos: en primer lugar; el trabajo de integración a través de partenariados de desarrollo sectoriales y geográficos y a tal respecto los principios de la política de empleo han de ser tenidos en cuenta; en segundo lugar, la inclusión sistemática de los actores afectados: las autoridades locales, regionales y nacionales, los centros de formación, las universidades, las ONG, los interlocutores sociales y el sector privado con el objetivo de un partenariado sostenible; en tercer lugar, el aseguramiento del carácter claramente innovador de los métodos y modelos. 
Por consiguiente, la Comisión debe ser hecha responsable en lo que respecta al marco estratégico para el fomento de la capacidad de trabajo y de la calidad del trabajo, a la valoración de los resultados y a la comunicación eficaz de las best practices. 
Sólo entonces se podrá lograr el deseado efecto multiplicador. 
Señor Presidente, me gustaría hablar de las propuestas de la Comisión sobre la línea presupuestaria para promover la PAC. 
El 26 de octubre de 1999, la Comisión Europea adoptó una propuesta para dotar de base legal a la línea presupuestaria dirigida informar a la opinión pública sobre la PAC. 
Esta propuesta sustituirá la línea actual B2-5122 y creará una nueva partida presupuestaria, la B1-382. 
Las medidas que favorecen el entendimiento entre los jóvenes agricultores y la UE y que establecen vínculos más estrechos con los países candidatos a la UE y con el mundo exterior son muy importantes. 
En consecuencia, he presentado estas enmiendas para que el Parlamento preste su apoyo a las contribuciones de este tipo de programas. 
Dada la necesidad de alentar a los jóvenes agricultores para que no abandonen el sector, es fundamental que éstos estén bien informados sobre la evolución de la Política Agrícola Común. 
Es esencial informar y formar a los jóvenes agricultores a escala europea. 
Les pido por tanto que voten a favor de que se destine parte del presupuesto disponible a mejorar los conocimientos de los jóvenes agricultores europeos. 
En cuanto a la información y formación, esta línea presupuestaria ya se ha empleado con anterioridad para información, comunicación y formación. 
No obstante, la Comisión propone ahora que deje de incluirse la formación, pero yo creo que la formación debe mantenerse cuando proporcione información relevante a escala europea sobre la PAC. 
Dicha formación europea es un elemento que garantiza que los agricultores jóvenes poseen los conocimientos necesarios sobre la PAC como para tomar decisiones empresariales sensatas para el futuro. 
Por ello presento estas tres enmiendas e insto al Parlamento a que las apruebe. 
Señor Presidente, tomo la palabra para expresar, desde la experiencia en una administración municipal, la conveniencia, me atrevo a decir la necesidad, de que los proyectos del programa URBAN se orienten en un triple sentido: en primer lugar, a favorecer la recuperación de infraestructuras y barrios históricos, viejos, quizá deteriorados. En segundo lugar, a favorecer y estimular la actividad económica y la vida social dentro de estos cascos históricos, dentro de estos trozos de vieja ciudad. 
De poco nos servirían unas calles, ahora quizá magníficamente iluminadas, con aceras nuevas, con el firme enlosetado, quizá encaladas y hermosas, si no somos capaces de llenarlas de actividad y, por lo tanto, de empleo. 
Y aclaro que no se trata de financiación o de ayuda a los distintos agentes sociales, sino de buscar también la orientación al empleo en la selección de los proyectos elegibles o, lo que es lo mismo, proyectos que tiendan a fomentar la creación, el impulso y la iniciativa del empleo. 
En tercer lugar- y quizá habría que decir que es el primero -, los proyectos han de orientarse principalmente a la recuperación integral de las personas y de las familias, porque no está hecho el hombre para el derecho, sino el derecho para el hombre. 
En estas áreas de nuestras ciudades, frecuentemente viven familias monoparentales, personas de la tercera edad que reciben una pensión y ya no ejercen una actividad productiva y familias en situaciones difíciles, a veces de desintegración y desestructuración. 
Viven en áreas que deberían beneficiarse de estos proyectos. 
Si lo conseguimos desde la perspectiva de esta triple orientación, creo que estas familias, estas personas, estos ciudadanos europeos creerán más en Europa, y esto me parece muy importante porque, al final, las ciudades van a ser cada vez más las protagonistas de la vida europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, hoy es evidente que la agricultura, por sí sola, cada vez es menos capaz de fijar a las poblaciones en las zonas rurales, en particular a los jóvenes. 
La reciente publicación del sexto informe periódico sobre las regiones europeas lo muestra, al revelar que las 25 regiones más agrícolas de la Unión Europea son las que tienen una tasa de desempleo más elevada, además de sus tradicionales problemas de envejecimiento y desertización. 
En ese marco la Comisión ha venido lanzando, poco a poco, iniciativas, por desgracia demasiado despacio, para que con el tiempo equilibren o complementen la PAC, con vistas a abarcar más completamente el conjunto de los recursos endógenos del medio rural, movilizándolos en iniciativas e inversiones que beneficien la riqueza y el empleo de las poblaciones, sean o no agricultoras. 
Así ocurre con la reciente política de desarrollo rural iniciada con la reforma de la Agenda 2000 y, en particular, con la iniciativa comunitaria LEADER lanzada mediante los LEADER I y II, en 1991 y 1994, y ahora continuada con LEADER+. 
Por eso, quisiera señalar tres cuestiones: 
la primera es que es fundamental que la selección de los grupos de acción local encargados de la organización y aplicación de los proyectos no esté politizada, sino que se deberá hacer una selección exclusivamente a partir del mérito de los proyectos y dar preferencia a los que tengan mayor participación de entidades no públicas, que en ningún caso deberán representar más del 50% de los socios de los GAL; 
la segunda cuestión es la de que en las acciones de cooperación entre los GAL y las organizaciones similares de terceros países se debe respetar la redacción original de la Comisión- el punto 18- y no la versión restrictiva del Comité STAR, hecha sin contar con este Parlamento. 
Por eso presenté una enmienda en ese sentido, que la Comisión de Agricultura aprobó y que el Pleno- espero- aprobará: 
en tercer lugar, quisiera recordar la necesidad de que, después de 2006, LEADER deje de ser sólo una iniciativa comunitaria de carácter experimental para pasar a integrar un componente de desarrollo rural de la PAC que, en mi opinión, debería pasar a llamarse "política agraria, regional y rural común". 
Quisiera felicitar a nuestro colega el Sr. Procacci por el excelente informe que nos ha presentado. 
. (FR) Señor Presidente, antes de que mis colegas y amigos, el Sr. Franz Fischler y la Sra. Anna Diamantopoulou, intervengan a su vez- dado que los tres, que estamos al cargo de estas cuatro iniciativas comunitarias, hemos tenido la suerte de seguir este debate con la misma atención -, me gustaría insistir en la evocación de URBAN e Interreg, que muchos de ustedes han recordado y sobre los cuales han intervenido. 
Quiero expresar de entrada mi agradecimiento a los ponentes de las comisiones, de todas ellas, y también a los oradores de los grupos y a cada uno y cada una de ustedes por la gran calidad, el gran interés que sus intervenciones revelan en relación a estas dos iniciativas. 
En particular, es muy cierto lo que ha dicho la Sra. Arlene McCarthy acerca de Urban. Quisiera agradecerle no solo el trabajo y el informe que ha presentado, si no, porqué no decirlo yo también, todo lo que lo debemos, lo que le deben ustedes en relación a esta iniciativa, que también se lo debemos, más en general, a su Parlamento. 
En efecto, no olvido que ha sido el Parlamento europeo el que ha decidido y deseado políticamente el mantenimiento de esta iniciativa en favor de la regeneración de las zonas urbanas en crisis, en favor de un desarrollo urbano duradero, generando al mismo tiempo este enfoque integrado, que tanto apreciamos, para tratar conjuntamente los aspectos económicos, sociales y medioambientales. 
Otros puntos de acuerdo subrayados por el informe de la Sra. Arlene McCarthy son: la eficacia de este instrumento a través de la concentración financiera y de una masa crítica para las intervenciones; el mecanismo horizontal- que es, a nuestro entender, más favorable para la difusión de los resultados y para la multiplicación de los intercambios de experiencias y de prácticas eficaces -; y, finalmente, el papel creciente de las autoridades locales en la concepción y en la gestión de los programas, sobre la base de un verdadero partenariado. 
Una vez recordados los puntos de acuerdo fundamentales entre las propuestas de la Comisión y su Parlamento, y una vez recalcado mi gran interés en escuchar las diferentes intervenciones, me gustaría responder a algunas críticas, a algunas sugerencias que se han hecho, disculpándome de antemano por no poder citar personalmente a cada uno de los que han intervenido. 
Primero el programa Urban, y el techo máximo de cincuenta ciudades, que algunos de ustedes han calificado de arbitrario. 
Comprendo esta preocupación. Por ello, he solicitado a mis servicios que estén dispuestos a considerar un incremento razonable del número de ciudades que serán elegibles en el programa Urban, mediante ciertas garantías, relativas en primer lugar a la concentración- pienso en concreto en zonas de intervención, que deberán contar con un mínimo de 20.000 habitantes y, excepcionalmente, 10.000 -, y en segundo término, a la masa financiera crítica: deberíamos quedarnos con la cifra de 500 euros por habitante para que la intervención de la Unión europea sea a la vez eficaz y legible, y para que no parezca una especie de maquillaje superficial que no ofrecería lectura alguna ni a los ciudadanos ni a los ayuntamientos. 
Esta es mi primera respuesta al tema del techo máximo. 
Y ahora, en relación a una segunda cuestión, relativa a criterios complementarios que deberían ser tenidos en cuenta para la selección de las zonas en dificultades, estoy dispuesto, también, a demostrar una mayor flexibilidad y a considerar otros criterios pertinentes, como complemento a los criterios comunitarios previstos en el punto 11 del proyecto de orientación. 
Tercer punto, que varios participantes de entre ustedes han recordado: acciones específicas a favor de ciertos grupos sociales (la mujer, y también los inmigrantes o los refugiados) , que deberían estar contempladas. 
Esta inquietud, señoras y señores Diputados, se encuentra en la esencia misma de nuestra iniciativa Urban, y si fuera necesario, estoy dispuesto a asumir una eventual nueva redacción del texto que permita expresar el mensaje de un modo aún más explícito. 
En relación a Urban, me gustaría concluir hablando de las modalidades de aplicación, refiriéndome en primer lugar al proceso de selección. 
Algunos desearían que fuera menos burocrático, más transparente, que evitara la duplicación a nivel de los proyectos y de la financiación. 
En relación a este punto, damas y caballeros, debemos ser claros: en el marco de la subsidiariedad, la selección de las zonas o municipalidades elegibles por URBAN queda ante todo bajo la responsabilidad de los Estados miembros. 
Por su parte, la Comisión está dispuesta a evitar toda sobrecarga burocrática no justificada, pero no podemos renunciar- en ese caso, serían ustedes tal vez los primeros en reprochárnoslo- a verificar la pertinencia y la calidad de los programas que se nos proponen. 
Segunda observación: los plazos de presentación de los programas y la posibilidad de adjuntar en el momento de la presentación un complemento de programación. 
No tengo ninguna objeción al respecto. Sin embargo, esto no podría suponer una ampliación del plazo principal, que, les recuerdo, es de seis meses para este programa. 
Este plazo, por cierto idéntico al que aprobamos para Interreg y para los Documentos únicos de programación de Objetivo 2, debería en general ser suficiente, a mi parecer, para establecer un programa, lo cual no obsta para que los proyectos sean definidos con posterioridad. 
A propósito de Urban, me gustaría terminar con una última reflexión. 
Uno de ustedes ha manifestado su deseo de que esta dimensión urbana no se reduzca a Urban. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
En la reunión de los ministros de fomento, territorial y urbano, yo personalmente expresé mi preocupación, en la que me ratifico, de que en los documentos únicos de programación, en los marcos comunitarios de apoyo, en las programaciones cuyas negociaciones comenzamos, mi preocupación, digo, de que la dimensión urbana se encuentre también fuera de Urban, en el conjunto de los programas de Objetivo 1 y de Objetivo 2. 
Creo poder expresar a la vez nuestro control y la traducción de esta dimensión urbana más allá de URBAN en el conjunto de las programaciones de los Fondos estructurales. Pero, como debemos mirar hacia delante, me preocupa mucho saber cómo irá URBAN en el futuro, en concreto, su puesta en práctica; me preocupa ver las experiencias o la lección que podamos aprender, porque es evidente que esta dimensión estará en el epicentro de lo que podría ser, para las nuevas perspectivas financieras, una nueva política de ordenación del territorio europeo. 
No olvido, no podemos olvidar, que el 80% de los ciudadanos europeos vive hoy en las ciudades, y este es el motivo de que el instrumento URBAN sea tan extremadamente importante. 
Lo digo y lo repito, seremos sensibles a la presencia de la dimensión urbana en el conjunto de las programaciones de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, me gustaría ahora referirme a Interreg y agradecerle a su ponente, el Sr. Francis Decourrière, la calidad y la oportunidad de su trabajo, tal y como lo he hecho con la Sra. Arlene McCarthy. 
Ha insistido en varios puntos en los que estamos de acuerdo, al igual que muchos de ustedes: la importancia de esta cooperación transeuropea, con sus tres capítulos, transfronterizo, transnacional e interregional; la plusvalía comunitaria de Interreg, su claridad con respecto al marco general de los Fondos estructurales, y el reforzamiento realmente transfronterizo y transnacional de los programas y de las operaciones elegibles; la importancia de las estructuras comunes- lo que he denominado, en otro debate que se inicia hoy, la Conferencia intergubernamental, el espíritu común de los Europeos -, que debemos reforzar; el hecho de que con Interreg y gracias a Interreg, tenemos un camino para reforzar el espíritu común mediante estructuras comunes, para llevar a cabo programas con una verdadera solidaridad financiera; la importancia del partenariado para garantizar la participación activa de todas las autoridades locales y regionales afectadas, así como de las asociaciones del sector privado y de los interlocutores socioeconómicos. 
Una vez realizados estos comentarios generales, me gustaría concentrar mi intervención relativa a Interreg en las principales observaciones planteadas por ustedes. 
Las primeras se refieren al calendario y al contenido de esta iniciativa. 
Dicen ustedes que estas orientaciones se han adoptado demasiado tarde, y han subrayado, principalmente a través del ponente, el riesgo de que se interrumpan los programas anteriores. 
Eso es cierto, lo reconozco, y ustedes conocen perfectamente cuáles son los motivos de ello, señoras y señores Diputados europeos. 
Hay un retraso en la adopción de las orientaciones de Interreg en marzo-abril de 2000. 
No lo niego, tomo nota al igual que ustedes. 
Sin embargo, advierto que los Estados miembros y las regiones están ya preparando activamente los programas de Interreg III, y además el proyecto de orientación ha sido distribuido hace ya más de tres meses. 
Advierto también que la elegibilidad de los gastos se admitirá a partir de la fecha de presentación de los programas, y confirmo la posibilidad de retroactividad hasta el 1 de enero si el programa se presenta antes del 30 de abril. 
Esto en cuanto a la primera observación. 
Segunda observación: en relación a la lista no exhaustiva de las medidas elegibles para el capítulo B, quisiera decirles y confirmarles que le he pedido a la Comisión que acepte incluir otros temas específicos, sobre todo a favor de las pequeñas y medianas empresas o del patrimonio cultural, dentro de la lista de las acciones elegibles en el capítulo B, y por consiguiente que no vuelva a considerar esta lista como exhaustiva. 
Tercer punto: la cooperación interregional, la importancia del capítulo C. La Comisión comparte las observaciones realizadas por su Asamblea acerca de la importancia de este capítulo C, relativo a la cooperación interregional. 
Cumpliendo el deseo de su ponente, les haré llegar información detallada sobre el sistema de aplicación de este capítulo. 
Cuarta observación: el observatorio y la eventual utilización de una junta de asistencia técnica. 
He decidido eliminar en el texto toda referencia al recurso a una junta de asistencia técnica, tal y como ustedes han solicitado, a la espera de que finalice el debate sobre los sistemas de externalización de los servicios, en curso en el seno de la Comisión. 
Pero, señoras y señores Diputados, si suprimimos toda referencia, y más tarde, todo recurso a una junta de asistencia técnica, la consecuencia será un incremento de algunas plazas de funcionarios para realizar este trabajo, porque será necesario que alguien lo haga, y no podré desdoblar indefinidamente al mismo personal, en el mismo instante en que además nuestras tareas se incrementan con el ISPA, y con el deseo de controlar mejor, con rigor y con transparencia, los créditos comunitarios, de los que soy responsable, a menudo en partenariado o en co-responsabilidad con los Estados miembros. 
En relación a la puesta en práctica de Interreg, tema que ha sido mencionado por muchos de ustedes, y a una eventual elegibilidad en el capítulo A, "Cooperación transfronteriza", de las acciones del Adriático, en Sicilia o en las regiones ultraperiféricas, la Comisión, damas y caballeros, comprende su preocupación y su solicitud relativa a estos distintos puntos. 
Por eso tengo la intención de modificar las orientaciones, con el fin de integrar en el capítulo transnacional B una prioridad específica: "Cooperación integrada de las regiones marítimas e insulares", de forma que queden cubiertas de un modo que considero apropiado las diferentes posibilidades de cooperación entre estas regiones. 
He aquí una primera apertura, a la que se añade una segunda que ya proponemos desde ahora a los Estados miembros: una mayor flexibilidad financiera entre el capítulo A y el capítulo B. Gracias a estas dos aperturas, sobre todo a la primera, puedo afirmar que la Comisión está dispuesta a examinar el caso de las regiones italianas y de las regiones de países terceros del Adriático, para favorecer la cooperación más adecuada en el marco de Interreg, e igualmente con otros instrumentos, en el momento en que estén disponibles. 
Finalmente, he decidido que las regiones ultraperiféricas, a las que estoy especialmente vinculado, tengan una prioridad específica en el marco del capítulo transnacional de Interreg, con una estrategia de cooperación cuyo objetivo será la mejora de los vínculos con sus vecinos y con las demás regiones de los Estados miembros. 
Quiero mencionar también la importancia que le concedo a una buena cooperación entre Interreg y el Fondo europeo de desarrollo, en particular para el Caribe y el Océano índico. 
Todo esto debería permitirnos, fuera de los créditos de objetivo 1 y con ellos, confirmar el papel de "frontera activa" de la Unión. 
Me quedo con este objetivo político y lo hago mío: el que las siete regiones ultraperiféricas de la Unión sean efectivamente fronteras activas de ésta, incluso, y precisamente por eso, si se encuentran alejadas y situadas en otras regiones del mundo, allí donde debemos ejercer nuestra influencia y actuar. 
Otro punto: la coordinación entre Interreg, PHARE, TACIS y MEDA. 
Es cierto que aquí persisten verdaderas dificultades jurídicas, y lo reconozco objetivamente. 
No desearía minimizarlas, pero se está progresando en la vía de la cooperación del capítulo A con los países candidatos, incluso si las dificultades vinculadas a los procedimientos de gestión y al tamaño de los proyectos continúan. 
En el mes de febrero tendrá lugar un primer comité conjunto PHARE/iniciativa comunitaria para hacer balance de esta coordinación, y les confirmo que estaré pendiente y disponible al respecto, junto con mis colegas Verheugen, Patten y Poul Nielson. 
Para finalizar, en cuanto a la asistencia técnica, sobre la que su portavoz y varios de ustedes han realizado observaciones, se da por sentado que la Comisión cumplirá las disposiciones del artículo 23 del reglamento general que le son relativas, si se trata efectivamente de una asistencia concebida como un instrumento útil para la política estructural en general. 
Sin embargo, en virtud del reglamento general, toda medida de asistencia técnica que pueda invocar un vínculo cualquiera con una iniciativa comunitaria debe proponerse al amparo del artículo 20, y no del artículo 23. 
Esto significa que el techo del 0,25 % previsto por el artículo 23 no es de aplicación para este tipo de asistencia técnica. damas y caballeros, manteniendo un espíritu de rigor y de transparencia, valoro el hecho de que, a pesar de todo, preservemos ciertos capítulos financieros en todo lo relacionado con los intercambios de experiencias, con la información y no la propaganda, y con la puesta en funcionamiento de canales que aseguren una buena comunicación entre los mejores procedimientos en el seno de la Unión. 
Mi conclusión acerca de Interreg, señor Presidente, damas y caballeros, es que estas iniciativas comunitarias, de las que soy responsable, responden a una verdadera necesidad, y todo lo que se ha dicho aquí lo demuestra; prefiguran también una verdadera política de ordenación de los territorios europeos en el seno de nuestra Unión ampliada. 
En consecuencia, al igual que ustedes mismos, la Comisión les concede el mayor de los valores. 
Me pongo a su entera disposición para, llegado el momento, presentarles el balance de la programación anterior que solicitan, pero también para tenerles periódicamente informados sobre la aplicación de estas iniciativas a lo largo de la nueva programación. 
Renovando mi agradecimiento a cada uno de ustedes, y en particular a Arlene McCarthy y a Francis Decourrière, me gustaría decir acerca de estas dos iniciativas que se sitúan en un marco financiero que ustedes conocen bien: sólo 700 millones de euros para Urban, aunque es mejor que nada; 4 800 millones de euros para Interreg. 
Operamos por tanto dentro de este marco, y no fuera de él. 
Consecuentemente, en relación a estas dos iniciativas, y teniendo en cuenta la luz que arrojan sobre las futuras reflexiones estratégicas y políticas en materia de ordenación de los territorios y sobre las próximas perspectivas financieras, quiero manifestar el gran interés con que hemos seguido este diálogo constructivo con el Parlamento y sus comisiones. 
Lo que acabo de manifestar ahora mismo, señoras y señores Diputados, demuestra que la Comisión está decidida a tenerlo en cuenta. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores diputados, señoras y señores, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Procacci por el informe que ha elaborado. 
Pero quisiera dar las gracias también a las comisiones que han colaborado y al Parlamento por el amplio apoyo que han prestado a la iniciativa LEADER+. 
Esta iniciativa pretende dar al espacio rural nuevos impulsos para desarrollar y ensayar nuevos y originales planteamientos, planteamientos que más tarde deberían ser incluidos como modelos en los programas generales. 
Celebro también que el Parlamento apoye en lo esencial la concepción de la Comisión de que el programa LEADER+ se aplique en todas las regiones rurales, que deben introducirse prioridades superiores y que, sobre todo, es preciso fomentar la cooperación activa y la interconexión de las zonas rurales. 
A este respecto constato que el Parlamento comparte la opinión de la Comisión de que hay que conceder prioridad a la ejecución de LEADER+ en forma de subvenciones globales. 
Para responder a algunas preguntas concretas que se han planteado aquí me cabe confirmar también que deseamos tener en el LEADER+ una participación y un partenariado lo más amplios posibles. 
Los diferentes grupos, sean organizaciones ecologistas o grupos cuyo objetivo sea el empleo, tienen la posibilidad de colaborar en la elaboración de las directivas de la Comisión. 
Y tampoco son menos, sino más, los recursos que se ponen a disposición en el presente período. 
Quisiera recordar también que no es algo nuevo que constituyamos un observatorio. 
También ha habido un observatorio en el LEADER I y en el LEADER II. Esta oficina tiene exclusivamente el objetivo de mantener justamente en marcha la interconexión de los grupos concretos del LEADER. 
La financiación de este observatorio no debe superar el 2% de los recursos LEADER. 
Por lo que concierne a la posibilidad de proyectos que tienen por contenido el adiestramiento y la formación, he de decir que éste es precisamente un punto que hemos integrado ahora en la nueva política de desarrollo rural, de suerte que desde nuestro punto de vista no es necesario ya hacer esto en el marco del LEADER. 
Paso ahora al contenido del informe. 
En el punto 14 el Parlamento insta a la Comisión a que presente sin demora un informe acerca de la evaluación del LEADER II. Quisiera indicarles solamente que en el momento actual esto no tiene mucho sentido pues, como en el pasado- en concreto, hasta finales del 2002- se pueden retirar fondos con arreglo al LEADER II. 
Por esta razón, somos de la opinión de que tiene más sentido realizar esta evaluación una vez que concluya el programa. Evidentemente, lo haremos y les haremos llegar un informe al respecto. 
En el punto 18 el Parlamento propone que se elabore un compendio de ejemplos de iniciativas exitosas. 
A este propósito no puedo menos que decir que éste existe ya. 
Ha sido elaborado ya por la Comisión y lo puedo poner a disposición de cada miembro de esta Asamblea que esté interesado en el mismo. 
En el punto 21 insiste el Parlamento en que hay que aprobar rápidamente las líneas directrices relativas al LEADER+ a fin de que los programas puedan comenzar. 
No puedo menos que compartir plenamente este deseo. 
En cuanto esta opinión sea aprobada aquí, en el Parlamento, se presentarán de nuevo a la Comisión STAR para que los Estados miembros puedan confirmar su conformidad, emitida provisionalmente el 14 de noviembre. 
Supongo que la Comisión podrá aprobar en marzo/abril la versión definitiva de las líneas directrices. 
Creo que es importante hacer mención de una cosa: Los gastos realizados en el marco del LEADER+ son subvencionables desde el momento a partir del cual el programa esté en manos de la Comisión. 
En aquellos programas que sean presentados antes del 30 de abril del presente año existe también la posibilidad de señalar retroactivamente el 1 de enero como el comienzo de la subvencionalidad. 
Finalmente, el proyecto de resolución contiene bajo el punto 20 siete enmiendas concretas de las líneas directrices. 
Tras un atento análisis puedo decirles que las enmiendas contenidas en los apartados 2, 4, 5 y 7 son aceptables para la Comisión y serán asumidas. 
La enmienda del apartado 6 se acepta también en parte, pues en ella se insiste en que el plazo para la autorización de los programas en el marco del LEADER+ sea de seis meses como máximo. 
La enmienda del apartado 1 ya no tiene objeto, a nuestro modo de ver, porque como consecuencia de las deliberaciones habidas con los representantes de los Estados miembros en la Comisión-Star se reformuló este punto en el sentido de la posición del Parlamento. 
Por consiguiente, sólo queda la enmienda del apartado3. 
La Comisión no puede menos que sumarse a este deseo de modificación pues éste responde exactamente a lo que la propia Comisión formuló originariamente. 
Sin embargo, debo añadir que para los Estados miembros la cooperación de nuestros grupos de acción con grupos semejantes de países terceros ha ido demasiado lejos. 
En consecuencia, en la comisión se ha realizado una enmienda, pero la Comisión satisfará ahora en la versión reelaborada el deseo del Parlamento y presentará así las líneas directrices. 
Seguirá luchando también para que esto resulte aceptable para los Estados miembros. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, es una coyuntura excepcional hablar hoy, en esta legislatura, sobre la iniciativa EQUAL en el Parlamento Europeo. 
Ultimamente, y a causa de los cambios políticos en Austria, en Europa hay una intranquilidad política ascendente y en aumento; hay declaraciones políticas y diálogo político. 
Es justo señalar que tanto el Parlamento como la Comisión pueden presentar determinadas políticas. 
Determinadas propuestas no sólo sobre la legislación sino también sobre los planes de acción relacionados con la lucha contra la discriminación, con la construcción de comunidades libres y justas. 
Así pues, voy a hacer una pequeña mención acerca de las discriminaciones y aprovecho esta oportunidad para pedir que las comisiones responsables correspondientes designen a sus ponentes para hacer avanzar lo más rápidamente posible dicho paquete contra la discriminación. 
Y voy ahora a la iniciativa EQUAL, que por supuesto está basada en el artículo 13. 
La iniciativa EQUAL contempla cualquier tipo de discriminación, según el artículo 13, es decir, la lucha contra la discriminación por razón del sexo, el origen racial, la edad, las discapacidades. 
Quisiera felicitar de una manera especial a la Sra. Stenzel, porque su intento de conseguir un acuerdo sobre la iniciativa EQUAL es excepcionalmente difícil y complicado, tanto porque están implicadas las comisiones que abordan el tema desde un ángulo distinto como porque es un tema político especialmente delicado. 
La primera observación que muchas de nuestras señoras colegas han formulado es sobre si debe hacerse una referencia especial a las mujeres. 
Estoy de acuerdo en que en el artículo 13 hay algo sobre lo que hemos expresado nuestro desacuerdo; pero así está el Acuerdo en este momento, y entre los tipos de discriminación, la discriminación por razón del sexo se presenta en la misma base. 
Así pues, basándonos en el Tratado tal como está hoy, la iniciativa EQUAL se estructura de esta forma. 
Pero quiero recordarles que hay un eje especial relativo a las mujeres en la estrategia sobre el empleo y que se está preparando un programa especial, el quinto programa para la igualdad entre hombres y mujeres. 
He clasificado los temas a los que se han referido sus señorías en cuatro grupos. 
Primero, la ampliación de los campos temáticos. 
Hay cuatro campos temáticos, como en la estrategia para el empleo, la empleabilidad, la operatividad, la adaptabilidad y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y estamos de acuerdo en la ampliación de estos campos temáticos según las propuestas que el Parlamento Europeo ha presentado. 
Sobre el peligro de que un país acumule el total del dinero en una de las categorías que soporta discriminaciones, diré que está expresado claramente en la iniciativa que los Estados miembros deben presentar un grupo temático sobre cada grupo que es víctima de la discriminación. 
Un segundo tema es la flexibilidad y la simplificación. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Leinen en que realmente la lengua de la iniciativa es muy difícil e incomprensible. 
Por esta razón, los servicios del Parlamento ya están intentando revisar el texto, para estructurarlo más simplemente y para que su lengua sea más comprensible. 
En cuanto al tema de la flexibilidad, nuestra propuesta es que se hagan asociaciones de desarrollo y colaboraciones, tanto a nivel geográfico, donde grupos de distinto tipo colaboren en una región geográfica concreta para combatir la discriminación en el ámbito del empleo, como a nivel temático donde, por ejemplo, en un determinado sector económico pueda haber colaboraciones. 
Ahí habrá un gran margen de flexibilidad en los Estados miembros para adaptar estas colaboraciones de desarrollo a sus particularidades. 
Y naturalmente, una condición es que se dé la colaboración entre los Estados miembros y que tengamos una red interna que ayude al intercambio de experiencias. 
Finalmente, voy a referirme a la asistencia técnica. 
Nuestro esfuerzo se encamina a que las categorías que se va a financiar sean cuatro. 
Primero, para financiar la preparación, segundo la aplicación. Tercero la intercolaboración para intercambiar experiencias y cuarto la asistencia técnica. 
Como ha habido una gran participación e inquietud sobre cómo se va a dar la asistencia técnica, debo decir que se van a utilizar oficinas externas. 
No es posible, tal como ha mencionado nuestro colega, el Sr. Barnier, que los funcionarios de la Comisión realicen toda esta labor, que hasta ahora llevaban a cabo colaboradores externos. 
El objetivo es que haya grandes grupos de acción a nivel nacional y europeo que saldrán a concurso y habrá una descripción completa de la labor para la que se pedirá ayuda externa y también una descripción completa del producto que esperamos por parte de cada oficina técnica, para que sea posible realizar un seguimiento y evaluar dicha labor. 
Quiero subrayar que tiene una importancia excepcional fomentar lo más rápido posible esta iniciativa no sólo por razones de la coyuntura política, sino también porque creemos que es importante que comience a llevarse a cabo cuando lo habíamos programado, es decir, que a finales del año 2000 estemos completamente preparados. 
Gracias, señora Comisaria. 
Haré llegar a mis colegas y a las comisiones competentes su deseo de una rápida designación de ponentes para los dictámenes que ha mencionado. 
Se cierra el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
(Se levanta la sesión a las 20.40 horas) 
Aprobación de las Actas de las dos sesiones anteriores 
Las Actas de las sesiones del jueves 3 y del lunes 14 de febrero han sido distribuidas. 
En realidad, el Acta del 3 de febrero había sido ya distribuida, pero en Bruselas. Quizá es ésta la razón por la que algunos colegas no la tenían. 
¿Hay alguna observación sobre las Actas? 
(Las Actas quedan aprobadas) 
Señora Presidenta, tengo la costumbre de estar siempre presente aquí en la inauguración de la sesión los lunes por la tarde a las 5. 
Ayer, a mí, como a muchos diputados europeos, nos fue imposible estar presentes porque el avión de Air France que normalmente nos trae aquí, el de las dos y cuarto, fue anulado sin ninguna explicación por parte de la compañía, con lo cual no pudimos llegar hasta muy tarde. 
Si Air France mantiene esta política de boicot al Parlamento Europeo, éste debería tomar medidas para evitar que esto se vuelva a producir. 
Gracias, señor Medina Ortega. 
Comparto totalmente las quejas que manifiesta usted. 
¿Tendría la amabilidad de escribirme para que yo pudiera, con pruebas en la mano, someterlo a las autoridades competentes, tanto de Air France como del Gobierno francés? 
Creo que, en verdad, resulta totalmente necesario que protestemos de la forma más enérgica. 
Señora Presidenta, ayer compartí la misma experiencia con el Sr. Medina Ortega. 
Considero que las autoridades gubernamentales francesas- que tienen el honor de albergar la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo- deben ser conscientes de la responsabilidad de garantizar enlaces apropiados con todas las capitales de la Unión. 
Totalmente de acuerdo, señor Napolitano, le doy las gracias. 
Señora Presidenta, no se trata en este caso de retrasos de aviones: quisiera excusar la ausencia, ayer, de mi colega del Grupo de los Verdes, Caroline Lucas, que es diputada británica. 
No pudo estar presente porque fue detenida en el transcurso de una manifestación antinuclear en Glasgow ayer por la mañana. 
Se reveló su identidad: quedó claro que es diputada europea, pese a lo cual se la mantuvo detenida todo el día. 
Considero que es absolutamente inaceptable y le pediré- le he escrito además con mi colega, la Sra. Hautala, a propósito de esto- que intervenga ante las autoridades británicas para que tales hechos no se repitan y para que se le presenten excusas a la Sra. Lucas. 
Gracias, señor Lannoye. 
He recibido su carta y ya he intervenido ante las instancias británicas. 
Señora Presidenta, con vistas a la votación de hoy, yo quisiera presentar una petición, que ya apunté ayer durante el debate oral del Informe sobre la iniciativa EQUAL. 
Concretamente, quiero solicitar un aplazamiento de la votación sobre la iniciativa comunitaria EQUAL, por la sencilla razón de que necesitamos un poco más de tiempo para negociar un punto importante. 
Yo soy optimista y espero con toda tranquilidad y confianza que el resultado de la votación será favorable; vamos a conseguir que esta importante posición común obtenga el máximo respaldo posible. 
Sólo necesitamos un poco más de tiempo para acabar de concretar algunos detalles en relación con el tema del asilo y, por esto, solicito que la votación se aplace hasta mañana. 
Señora Presidenta, al hilo de la intervención del Sr. Lannoye, la Sra. Lucas fue detenida a las afueras de Glasgow por protestar contra la base de Trident en Faslane. 
Me solidarizo con dicha protesta, pero no me parece bien que la Sra. Lucas se escude tras su inmunidad parlamentaria. 
También a mí me han arrestado por protestar en Faslane, pero no me escudé tras ninguna inmunidad. 
Asumí el castigo que se me impuso. 
La Sra. Lucas debería hacer lo mismo. 
Señora Presidenta, quisiera intervenir en orden a la propuesta formulada por la Sra. Stenzel de aplazar a mañana la votación sobre la iniciativa comunitaria EQUAL. 
En efecto, dicha iniciativa ha sido objeto de un muy animado debate en comisión y, al ser una propuesta importante de la Comisión ejecutiva que se refiere a los acuerdos que alcanzamos el pasado año, pienso que se puede aceptar. 
Estamos de acuerdo con la Sra. Stenzel en que la solicitud de remisión es aceptable al efecto de alcanzar la máxima convergencia entre los Grupos con el fin de que el Parlamento exprese con la más amplia mayoría posible su posición respecto a esta iniciativa. 
¿Hay algún colega que desee manifestarse en contra de la demanda de la Sra. Stenzel, que la Sra. Ghilardotti acaba de apoyar? 
Ya que no es el caso, la someto a votación. 
(El Parlamento da su acuerdo) 
Señora Presidenta, de conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del Reglamento, los Grupos políticos deben mantener informada a la Presidencia cuando un diputado se une a un nuevo Grupo político o abandona un Grupo político. 
¿Ha recibido alguna notificación sobre una posible salida del Grupo del Partido Popular Europeo o si el Partido Popular austríaco sigue incorporado en dicho Grupo político? 
Señor Corbett, no he oído hablar de nada. 
Señora Presidenta, en verdad me asombra la reacción del colega Corbett. 
Debería buscar otras maneras de llamar la atención, en lugar de sacar a colación un tema como ese en este momento. 
Nosotros somos solidarios con nuestros amigos austríacos, que en el pasado han demostrado ser buenos europeos. ¡Ellos cuentan con todo nuestro apoyo! 
(Aplausos) 
Orden del día 
Por lo que respecta al orden del día del jueves, les propongo, tras la solicitud que se hizo ayer en sesión plenaria, prolongar el debate sobre los problemas de actualidad, urgentes y de especial importancia una media hora, es decir, hasta las 18 horas; la votación tendrá lugar a las 18 horas. 
(El Parlamento da su acuerdo) 
Objetivos estratégicos y programa legislativo de la Comisión 
Señora Presidenta, Señorías, un programa quinquenal es un compromiso de gran envergadura y por esto he preferido que a todos ustedes les fuera distribuido el texto completo de la declaración en cuatro lenguas. 
A fin de respetar los límites de tiempo de que dispongo, me referiré únicamente a las grandes líneas de mi programa: un programa del inicio de una nueva legislatura, del inicio también de un nuevo siglo, en el cual es legítimo y necesario mirar a Europa desde un punto de vista más amplio, a una Europa que en este momento vive una paradoja. 
Hemos de recordar que, a lo largo de sus cincuenta años de historia, Europa nos ha dado paz, seguridad y libertad y la Europa unida también ha contribuido a ofrecernos una época de bienestar sin precedentes. 
Actualmente, estamos advirtiendo el comienzo de una sólida recuperación que, según parece, podrá durar mucho tiempo si seremos sabios en nuestras políticas, una recuperación que es la lógica consecuencia de los esfuerzos que hemos realizado y que no llega gratuitamente, sino como consecuencia del saneamiento de las cuentas públicas de los Estados europeos que han mantenido bajo control la inflación con una política sabiamente orientada a un control de los costes y a un incremento de la productividad, en una Europa que ha comenzado una enérgica reestructuración de sus industrias, bancos y servicios públicos, aunque este camino no ha llegado a su término y aunque queda mucho camino por delante. 
Sin embargo, pese a estos aspectos, en Europa hay decepción y preocupación: decepción y preocupación por el desempleo que no disminuye lo bastante rápido; por el retraso tecnológico que parece cada vez mayor y que, sobre todo, comienza a unirse con un grave retraso también en el campo científico; por las Instituciones europeas que, empezando por la misma Comisión, se muestran distantes y no parecen estar a la altura de los tiempos. 
De hecho, la crisis de la Comisión ha sido un punto crucial de la relación entre Europa y sus ciudadanos, y la baja participación en las elecciones europeas ha sido un signo preocupante de ella. 
Sin embargo, es todavía más profunda la sensación de inseguridad, de falta de preparación ante un nuevo mundo que avanza, un mundo que cambia radicalmente y que a través de la globalización acaba cambiando también nuestros puntos de referencia. 
No se trata de algo totalmente nuevo en la historia: ya en otra ocasión Europa se encontró frente a un cambio similar, a una eclosión de sus mercados, a un cambio de sus parámetros de referencia y a una percepción diferente del mundo. 
Me refiero al siglo XVI, en el cual, tras el descubrimiento de América, todo cambió. 
Algunos países- como Francia y España- supieron hacer frente al reto creando los grandes Estados nacionales; otros países- como Italia- no respondieron al reto y perdieron todas las primacías que habían acumulado en la primera parte del milenio: las primacías en la ciencia, la tecnología, el progreso económico, las estructuras de defensa y de organización militar, el pensamiento y en la literatura. 
Hoy Europa de encuentra ante un reto similar y sabemos que, como la Historia no perdonó en el pasado, tampoco lo hace hoy. 
En esta perspectiva de grandes cambios, para impedir que también hoy nuestros Estados nacionales desaparezcan ante la globalización que plantea dimensiones y retos sin precedentes en nuestra historia, es necesaria una Europa económicamente fuerte, porque la globalización impone la unidad, porque cada día nos enteramos de nuevos acuerdos a escala mundial y porque cada día nos enteramos de cambios también a escala europea. 
Pero es aún más necesaria una Europa que se sienta fuerte en el campo político. 
Hace unos años el mercado único y la moneda única fueron el eje de nuestra acción, el elemento fundamental de la vida europea. 
Actualmente, las nuevas fronteras de la integración europea son fronteras políticas: la política exterior y de seguridad común, la justicia y la seguridad interior y- subordinadamente- la crucial cuestión de los valores políticos fundamentales sobre los que se asienta nuestra convivencia. 
Por esto la Comisión ha aprobado el plan estratégico 2000-2005, un plan que ha sido remitido de inmediato al Parlamento Europeo, que ustedes ya conocen y que, por lo tanto, no voy a abordar en sus detalles. 
Alguien lo podrá considerar quizás demasiado sintético, sin embargo, ninguna estructura política formula planes quinquenales detallados. 
Ésta es la Unión Europea y no la Unión Soviética. 
Nuestro plan establece los grandes puntos de referencia, las grandes directrices de intervención: primero, el desarrollo de nuevas formas de gobierno para Europa; segundo, la expansión y la ampliación del espacio de paz, libertad y seguridad; tercero, el lanzamiento de una nueva etapa de desarrollo de la economía; cuarto, la protección y la mejora de la calidad de vida. 
Éstos son nuestras grandes pautas de actuación para los próximos cinco años. 
En cuanto a la primera- las nuevas formas de Gobierno para Europa- ustedes ya saben que la Comisión se ha comprometido a presentar un Libro Blanco y no un texto legislativo completo, puesto que, ante los grandes problemas que cambian estructuralmente nuestra forma de estar juntos, la Comisión prepara antes que nada el debate; seguidamente discute su contenido junto con ustedes; luego de aquí nace un documento político y, por último, un documento legislativo. 
Ésta es una forma de actuar transparente y fuerte para implicar a todas las Instituciones europeas y a la población europea. 
Este Libro Blanco es una respuesta a los retos que nos impone la ampliación, la ampliación que nos obliga a volver a reflexionar sobre el funcionamiento de todas nuestras Instituciones y nuestras políticas- todas nuestras políticas- a pensar ante todo sobre lo que debemos continuar haciendo en el ámbito de la Unión cuando los Estados miembros serán 25 o 30 y qué será mejor hacer en el ámbito de cada unos de los Estados, de las regiones y de las administraciones locales. 
Pero no es sólo la ampliación que nos empuja a hacer este replanteamiento: como decía, es también la misma globalización de la economía y de la política. 
Debemos gobernar Europa con el fin de ser más eficaces, de estar más cerca de los ciudadanos fomentando la participación de todos, empezando antes que nada por el gran problema de la participación de las mujeres. 
Una de las grandes diferencias en la comparación que se ha hecho en este período entre Europa y los Estados Unidos no es tanto la movilidad laboral o el problema del capital riesgo, cuanto más bien la participación de la mujer en la vida económica, una participación que en los Estados Unidos reviste una importancia muy diferente de la que tiene en Europa. 
Se trata de un campo en que Europa, en cambio, siempre ha estado a la vanguardia: por lo tanto, debemos reflexionar sobre esto a fondo y con apertura de miras, y todas las Instituciones- la Comisión, el Parlamento y el Consejo- deberán pensar en su papel, en sus políticas. 
En consecuencia, volveremos a ponernos a trabajar enseguida en este Libro Blanco, aunque para completarlo tendremos que esperar los resultados de la Conferencia Intergubernamental y, por lo tanto, no podrá ser presentado antes de la primavera del año 2001. 
No será un libro de filosofía, sino un libro concreto, rico en propuestas precisas. 
Nosotros- la Comisión- antes que nadie sabemos que debemos reflexionar firmemente sobre esto, y por ello haremos dos cosas: vamos a emplearnos y nos estamos empleando a fondo de cara a la reforma interna y replantearemos con detenimiento nuestras políticas. 
He pedido a todos los Comisarios- y lo pediremos de forma aún más analítica- que determinen todas las actividades que se pueden abandonar. 
La Comisión debe definir cuáles son sus actividades fundamentales, aquellas en las que debe concentrarse y abandonar las actividades no esenciales, al objeto de desbloquear nuevos recursos y de mantener una relación más correcta y de mayor cooperación con cada uno de los Estados, con las regiones y con las comunidades locales. 
Por lo tanto, vamos a desbloquear nuevos recursos, pero llegará el momento- temo y lo afirmo aquí ante el Parlamento- en que también estos nuevos recursos que ya estamos desbloqueando no serán suficientes para permitirnos hacer frente a nuestras nuevas tareas: pienso en la ampliación, en el nuevo ámbito de la justicia y de los asuntos interiores, en los problemas de la salud y en los del medio ambiente. 
Llegado ese momento, cuando hayamos utilizado al máximo todos nuestros recursos, no voy a dudar en presentarme ante ustedes para pedir nuevos recursos, sin embargo, les digo ya desde ahora que si dispondremos de los recursos necesarios, tendremos que renunciar a asumir cualesquiera nuevas tareas porque no existe una correspondencia entre las nuevas tareas que asumimos y los recursos de que disponemos. 
Por lo que respecta a la reforma interna, ustedes ya conocen bien el empeño que desde el primer día mi Comisión ha puesto en este punto. 
Sé muy bien que no podremos alcanzar ningún objetivo político si la Comisión no se reformará fuerte y totalmente en su interior, si no se convertirá en más eficaz, si no hará un esfuerzo de eficacia en cualquier sector empezando por el sector en que más dramáticamente hemos acumulado retrasos en el pasado, esto es, en el sector de las ayudas externas. 
Facilitar ayudas con rapidez, cuando sirve, salva vidas humanas; facilitarlas con retraso, en muchos casos puede ser peor que no facilitarlas en absoluto. 
Cuando hablo de ayuda externa mi pensamiento se dirige en primer lugar a los Balcanes, en que tenemos algún elemento de esperanza, gracias al esfuerzo de nuestros funcionarios sobre el terreno, un esfuerzo extraordinario, habida cuenta de los problemas de organización que tenemos. 
Pienso también en los esfuerzos de Bernard Kouchner, en el Pacto de Estabilidad al que dedicamos todas nuestras energías y nuestra total atención, pero también pienso en los nuevos acontecimientos, por ejemplo, en Croacia, donde en pocas semanas la situación ha cambiado: inmediatamente las Instituciones europeas han abierto la puerta a un diálogo con ese país, han recibido esta novedad sabiendo perfectamente que los problemas no sólo de Bosnia, sino sobre todo de Serbia se pueden resolver únicamente si se pone un cerco de democracia a Serbia. 
Éste es el nuevo elemento que debemos ayudar a llevar a los Balcanes. 
Hemos de incrementar nuestra eficacia en esta región, debemos abrir de nuevo el Danubio a las comunicaciones. 
Es una contradicción ofrecer ayudas a Rumanía y a Bulgaria y dejar que el gran recurso de estos países se impida. 
Debemos descontaminar el río y, con vistas a ello, en los próximos días la Comisaria de Medio Ambiente presentará proyectos precisos para seguir y controlar este grave problema. 
Hemos hecho mucho en los Balcanes: la nueva Agencia Europea de Reconstrucción de Kosovo, la Task force para los Balcanes, un nuevo reglamento para acelerar los procedimientos. 
Sin embargo, debemos hacer mucho más. 
Debemos liberalizar los intercambios en la región y los intercambios entre esta región y la Unión Europea; debemos contribuir a construir enlaces infraestructurales que rompan un aislamiento secular; debemos intensificar los esfuerzos para construir en estos países una sociedad democrática y pluralista a través de las instituciones, las estructuras publicas, las fuerzas de policía y la organización de la sociedad civil, pero sobre todo debemos empujar a estos países a trabajar en común en una perspectiva regional unitaria, tanto en política como en economía. 
Si no lo hacemos, habremos fracasado en nuestra tarea. 
Recuerden que cuando se puso en marcha el Plan Marshall, éste no fue eficaz sólo por la entidad de sus recursos: tuvo una eficacia aún mayor porque como europeos nos obligó a trabajar en común en una nueva perspectiva y nos obligó a dar un nuevo horizonte a nuestra política y a nuestra economía. 
Esto es lo que debemos hacer por los Balcanes. 
Europa debe demostrar- de los Balcanes a todos el resto del mundo- su capacidad de ampliar el espacio de seguridad, paz y libertad, su capacidad de ser protagonista en la escena internacional. 
Lo que está claro es que una vez más volvemos a la ampliación que debe realizarse ampliando al mismo tiempo el espacio de seguridad, paz y libertad. 
En este sentido, hemos prometido mucho, pero creo que lograremos mantener nuestras promesas, a pesar de que tenemos ante nosotros un camino extraordinariamente delicado. 
En efecto, la ampliación que nos acompañará a lo largo de todo nuestro quinquenio y también más allá del mismo- pienso en las esperanzas de los países candidatos- debe realizarse en la seguridad y en la objetividad de los criterios, pero también tranquilizando a las opiniones públicas en los países implicados y, más aún, tranquilizando a nuestras opiniones públicas. 
Habrá amistad, serenidad, apertura, pero también habrá severidad en la ampliación. 
Repito: debemos tranquilizar a las opiniones públicas de los países que quieren entrar, pero debemos tranquilizar mucho más a nuestras opiniones públicas. 
Nuestras responsabilidades no se acaban con la ampliación, no se acaban en los Balcanes. 
Existen algunos otros problemas que son problemas clave: la relación con Ucrania, la relación con Rusia y la relación con los países que están cerca de nosotros, y además el gran problema de la relación con el Mediterráneo del sur que será el punto crucial de la historia europea, de la seguridad y de la tranquilidad europeas en las próximas generaciones. 
En este sentido, tenemos una responsabilidad con toda África: el África en que se han depositado esperanzas en los últimos tiempos, a la que se han hecho ofertas, pero en la que no se ha realizado todavía nada de concreto; el África en que en los últimos años la transición no ha sido de los regímenes totalitarios a la democracia, sino lo contrario, de la democracia a los regímenes totalitarios; África que para nosotros es un preocupante elemento de debate. 
En consecuencia, tenemos otra tarea a escala internacional que ya ha sido planteada por el Comisario de Comercio: el compromiso con el relanzamiento de la Ronda del Milenio, con una gran disponibilidad que ya hemos hecho nuestra y que ya hemos propuesto antes de Seattle, pero que no se ha podido concretar, de hacernos cargo de algunos problemas fundamentales para los países más desfavorecidos, en términos no solo de condonación de la deuda, sino también de apertura unilateral al comercio de los países más desfavorecidos en el mundo. 
Hace falta una respuesta diferente, de lo contrario episodios como el de Seattle se repetirán siempre e impedirán una función positiva de Europa en la historia. 
En todas las partes del mundo la acción de Europa debe guiarse por el gran respeto de los principios de libertad, por el respeto de los derechos de la persona y de los derechos de las minorías. 
Hemos de recordar que nosotros, la Unión Europea, somos una unión de minorías: todos nosotros somos una minoría en Europa. 
También se advierten preocupaciones en el seno de los Quince, preocupaciones que podrán repetirse en la próxima década. 
Me refiero a Austria, en cuyo caso la Comisión ha sido fiel a su papel, empeñada en actuar en pos de la cohesión de la Unión pero inflexible y garante de los Tratados, dispuesta a sancionar cualquier infracción por pequeña que sea de los principios de democracia, de derecho y de respeto de las minorías. 
Algunos me han criticado por el mensaje de felicitación que envié al Canciller Schüssel. 
Y yo les que no tienen que confundir la necesaria y precisa cortesía formal con una menor firmeza de los contenidos. 
Les ruego que vuelvan a leer la carta: la referencia a los valores fundamentales de la Unión está sacada- no por casualidad- del artículo 6 del Tratado, repite el artículo 6 del Tratado. 
Y les pregunto además: ¿acaso piensan que algún otro jefe de Gobierno europeo se ha visto obligado por parte de la Comisión a recordar estos principios cuando ha sido elegido? 
Esto es lo que queremos hacer: cumplir nuestro papel de estructura supranacional y cumplir el papel que nos asignan los Tratados, así como ser inflexibles en los principios y juzgar los hechos. 
En el pasado mes de noviembre, la Comisión presentó una propuesta de directiva contra el racismo. 
Pido al Consejo que la apruebe rápidamente y pido al Parlamento que nos ayude en esta acción que profundiza más aún, si cabe, las bases fundamentales de nuestra cohesión social. 
Concluyo rápidamente recordando los últimos dos puntos de nuestro programa: la economía y la calidad de vida. 
De la economía ya he hablado: sabemos perfectamente cuáles son los factores básicos para conducir a Europa por el camino de un relanzamiento capaz de durar mucho tiempo y de crear por fin puestos de trabajo. 
Hemos de continuar manteniendo baja la inflación, seguir adelante con las liberalizaciones, garantizar cada vez más la competencia, fomentar la difusión de las tecnologías de la información y de todas las nuevas tecnologías; estimular la ciencia, la frontera de la ciencia, tener el placer de estar en la frontera de la ciencia. 
La próxima Cumbre de Lisboa que abordará estos temas- difusión de la tecnología, empleo- es una cumbre decisiva. 
Han hecho falta cuatro años para poder celebrar una cumbre de este tipo. 
Por fin la tenemos a nuestro alcance: no podemos perder la ocasión. 
El último compromiso es con una calidad de vida mejor. 
Hemos comenzado este capítulo con el Libro Blanco sobre la seguridad alimenticia: ahora tenemos que dar grandes pasos en el ámbito del medio ambiente. 
El caso del barco Erika y el envenenamiento del Danubio determinan una intervención urgente a escala europea para proteger el medio ambiente. 
Ha llegado el momento de pensar y, por ende, de crear una estructura de emergencia de protección civil europea. 
En demasiados casos se siente pedir esto después de que ha ocurrido el desastre. 
Creo que es oportuno comenzar a pensar en estas cosas antes de que se produzcan los desastres. 
Estos son los retos que tenemos ante nosotros: ante la Comisión y ante todas las Instituciones europeas. 
Señora Presidenta, Señorías, ¿cómo mediremos los cinco años de nuestra actividad? 
¿Cómo mediremos los resultados de esos cinco años? 
No lo sé, pero ciertamente una unidad de medida podría ser el reto al que nos enfrentamos en común. 
Tomamos un parámetro muy simple: la participación en las votaciones de las próximas elecciones europeas. 
Si será más elevada que la anterior, significará que habremos hecho frente a nuestro reto. 
Señora Presidenta, Señorías, tenemos ante nosotros todos estos grandes retos políticos, sin embargo, gracias a la reciente recuperación, también contamos con grandes oportunidades. 
Ésta, Señorías, puede ser la década de Europa. 
Y yo digo: ésta debe ser la década de Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo quiero saludar la presentación y el debate, por primera vez en la historia, del programa de gobierno- que es una palabra que le gusta mucho al Presidente Prodi; a mí también- de la Comisión para toda la legislatura. 
En primer lugar, porque permite explicar a nuestras conciudadanas y a nuestros conciudadanos lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo ya. 
También debemos lamentar y tratar de corregir, de cara al futuro, la situación actual: hemos tardado casi once meses- el Presidente Prodi fue propuesto en la Cumbre de Berlín de marzo del año pasado- en tener un programa legislativo. 
La culpa no es exclusivamente suya; estamos superando una crisis, pero yo creo que, de cara al futuro, lo que parece procedente es que la investidura de la próxima Comisión coincida con la presentación de un programa de legislatura. 
Estamos innovando y estamos innovando en circunstancias complejas. 
El Presidente Prodi ha iniciado su discurso hablando de una situación paradójica, de una paradoja en la Unión Europea y también en el mundo: estamos en el alba de un nuevo milenio laico, dominado por la telaraña de Internet y por la brujería del avance de la biotecnología, y realmente estamos viviendo un cambio de época, pero, ciñéndonos a lo que es la Unión Europea en este momento y hablando de gobierno y de gobernación- que, por lo menos en español, trae ciertos recuerdos del pasado nombre del Ministerio del Interior, pero quizá sea interesante hablar también de gobernación -, lo que importa fundamentalmente es que la Unión Europea se dote de un buen gobierno, y, ya que el Presidente Prodi defiende siempre su ciudad natal, Bolonia, yo le aconsejaría que por un momento fuera a Siena, y viera algo que entendemos todos, que son los frescos de Ambrosio Lorenzetti, cuando habla del bon governo y del mal governo. 
Aquí lo que necesitamos es buen gobierno, señora Presidenta. 
Como estamos en la convalecencia de una crisis muy compleja, tenemos que tratar de dar contenido a nuestras instituciones y de realzarlas. 
Yo quiero señalar a la Asamblea un hecho que no recordamos suficientemente, y es que la investidura de la Comisión Prodi, el pasado mes de septiembre, fue votada con un amplio apoyo que, en nuestra opinión, expresa una mayoría progresista y europeísta. 
Ahora bien, señalo que en ese amplio acuerdo había unos grupos que dijeron que la mayoría del Parlamento debería ser una oposición a la mayoría del Consejo. 
Precisamente esto, en cierto modo, está bloqueando algo importante, que es el desarrollo de la codecisión en el programa legislativo. 
Señalo esto porque creo que el apoyo a la Comisión también tiene que significar una continuidad en el trabajo a lo largo de la legislatura. 
Por otra parte, estamos viviendo el nacimiento de la Europa política, que es una comunidad de valores con la que estamos de acuerdo, y una Unión Europea al servicio del ciudadano. 
Y con respecto a los acontecimientos de estos días quisiera decir-y lo digo en el día o en el comienzo de semana en que se inicia la Conferencia Intergubernamental- que hay que dar un valor mucho mayor y un realce fundamental al trabajo de la Carta de derechos fundamentales que, después de lo que hemos dicho con motivo de la crisis austríaca, entiendo que verdaderamente debe formar parte de los Tratados. 
A mí no me cabe ninguna duda y creo que es un elemento esencial. 
Al respecto, señora Presidenta, querría también señalar que tenemos que ser conscientes y vigilar nuestro lenguaje. 
La semana pasada, el nuevo Ministro de Finanzas de la coalición austríaca habló del Parlamento austríaco como una farsa y un teatro. 
Los que hemos tenido que vivir bajo situaciones dictatoriales sabemos que puede haber una dictadura con un Parlamento de cartón. 
Lo que no hay es democracia sin un Parlamento vivo. 
Creo que ese tipo de lenguaje es enormemente peligroso, y quiero condenarlo desde aquí. 
En cuanto a las cuatro grandes prioridades a las que se refiere sistemáticamente el Presidente Prodi, en cuanto al análisis de los desafíos, yo diría que estamos muy de acuerdo. 
Sin embargo, señalaría a la Comisión que, para el Grupo Socialista, hay un cambio en las prioridades. Nosotros entendemos que la primera prioridad es la agenda económica y social, que incluye lo que también se llama en sus prioridades la calidad de vida, es decir, los derechos de los ciudadanos como consumidores y también como personas en relación con cuestiones que siempre afirmamos, pero que no destacamos suficientemente, que son el modelo social europeo y su adaptación a nuevas circunstancias, los derechos de los consumidores y el respeto del medio ambiente y un desarrollo sostenible. 
Cuando se habla del compromiso por el pleno empleo, hay que partir del hecho de que, hoy en día, el pleno empleo ya no es como en la época de Beveridge al final de la Segunda Guerra Mundial, el empleo del jefe de familia varón. 
Hay que afirmar la igualdad de sexos, el famoso gender mainstreaming, que es uno de los temas menos desarrollados en el programa de la Comisión Prodi. 
Y esto supone dar prioridad a la igualdad de sexos, a la adaptación del modelo social y, sobre todo, a una lucha clara contra el populismo en una situación en la que nuestra cohesión económica y social se ve amenazada, y eso también es algo que tiene que figurar como primera prioridad en el trabajo de la Comisión. Y que se debe complementar con una lucha clara contra el racismo y la intolerancia para poder afirmar en la práctica la evolución de una Unión que se ha convertido en un polo de atracción para el resto del mundo y en una zona de inmigración, dada su prosperidad y su demografía otoñal. 
Y esto, creo que debe ser el primer objetivo que tenemos que perseguir. 
A este respecto añadiría también otro elemento, que es el gobierno económico, con una moneda única- creo que se impone -, y también una cuestión en la que la Comisión tiene que avanzar. 
Me gustaría- le gustaría a mi Grupo, desde luego -, en relación con los objetivos ambiciosos y, sobre todo, con algo importante que ha hecho la Comisión, que es adoptar esa ampliación en el proceso de negociación e integración, que se fuera más claro en relación con la revisión de la Agenda 2000. 
¿Piensa la Comisión que hasta el final no va a haber ninguna revisión? 
Y el tema de la imposición también nos parece absolutamente clave. 
Sobre la gobernación en general, creo que puede ser muy interesante una reflexión teórica. 
Llamo la atención sobre una cosa: es peligroso replantear toda la gobernación de la Unión Europea desde aquí. 
Yo sería claramente partidario de la subsidiariedad. 
Si nosotros somos capaces de definir cuál es nuestra área de gobernación, me parece que sería muy positivo. 
En lo demás, creo que la subsidiariedad también se aplica a la reflexión. 
No sólo debe ser la Comisión, deben ser nuestros Estados, nuestros Parlamentos y nuestra sociedad civil quienes también reflexionen sobre ella. 
Por último, señora Presidenta, quisiera hacer una breve referencia al último objetivo, que nos parece absolutamente fundamental: la estabilización del continente y el reforzamiento del papel de Europa en el mundo. 
Ahí diría que hay un acuerdo y un apoyo en relación con la prioridad de Europa del sureste, con la ampliación y- ya lo he señalado- con el proceso de integración y con el reforzamiento del programa euromediterráneo y de nuestra capacidad de prevención de conflictos, y con un tema del que se habla muy poco, que es el desafío Norte-Sur. 
No debemos olvidar a África, que es el continente absolutamente dejado de la mano no sólo de Dios, sino de Europa, ni nuestra importante contribución a la cooperación al desarrollo. 
Y por último, una cuestión en la que somos cada vez más responsables, como primera potencia económica y comercial mundial, que es la voz de la Unión Europea en el mundo, lo cual supone no solamente una actitud activa en relación con la Ronda del Milenio. 
Supone la reforma de las Naciones Unidas y de las instituciones financieras internacionales, en las que Europa tiene una enorme responsabilidad. 
Y, sobre todo, y con ello concluyo, señora Presidenta, Señorías, tenemos que ser capaces de expresar esto en lenguaje llano, con claridad, cambiando en cierto modo la jerga que manejamos, porque no podemos pedir a los europeos, que están viviendo tiempos de profundos cambios, que se adhieran y que se entusiasmen con nosotros si seguimos manteniendo un lenguaje absolutamente cerrado y de espaldas a ellos. 
Éste es el medio fundamental para incrementar y reforzar la confianza que, en todo caso, espero que se pueda medir en las próximas elecciones europeas. 
Señor Presidente de la Comisión, permítame decirle, en nombre de mi Grupo, que apoyamos firmemente el punto de partida, el núcleo del análisis y la estrategia que hoy presenta a la Asamblea; a saber, que ahora la apuesta es innegablemente política. 
Y es política, porque estamos avanzando. 
A pesar de que aún no hemos terminado de construir todas las piezas básicas, estamos avanzando desde ese tipo de construcción funcional de Europa hacia una perspectiva política que supone un reto mayor. 
El reto de la ampliación es político. 
El reto de la creación de un espacio de justicia y asuntos interiores, de abordar el tema del asilo y de la inmigración y de la delincuencia es muy político. 
El reto de una política de defensa y de seguridad exterior común es muy político. 
Y porque es político, es más complejo. 
Porque es político es más susceptible a la soberanía. 
Porque es más susceptible a la soberanía, es más susceptible a los electores y a los ciudadanos. 
Por consiguiente, debemos encontrar el modo de avanzar hasta alcanzar esas metas y esos objetivos políticos, para superar no sólo el escepticismo, sino también el mayor enemigo de todos, que es la apatía a la que ha hecho referencia. 
Los medios para lograrlo no son fáciles, pero son reales. 
Aplaudo su opinión de que necesitamos más sinergia entre nuestras instituciones, no sólo entre la Comisión y el Parlamento, sino también entre estos dos y el Consejo para poner de relieve el alcance del desafío político. 
Necesitamos más diálogo, no sólo entre nosotros, sino también con la sociedad civil. 
Hacen falta más explicaciones para saber de qué va Europa. 
Debemos superar los temores y las ansiedades, porque en muchos casos, el mayor de los miedos es el propio miedo. 
Quizá con más diálogo y explicaciones podamos superar algunos de estos temores. 
Mi Grupo se siente especialmente atraído hacia las posibilidades creativas a las que usted ha apuntado con respecto a la perspectiva de presentar en la próxima primavera un Libro Blanco, que aborde el tema de la gobernación. 
Cuando contemplamos la Europa de las redes que usted describe, es muy importante que Europa se centre en sus temas principales, que tengamos el valor de enfocar los ámbitos en los que Europa podría quedar rezagada. 
De este modo se podría convencer a la población de que Europa, en su gobernación, no es algo que esté dirigido exclusivamente desde Bruselas, en un intento de concentrarse y absorber más competencias, más decisiones y más autoridad. 
He aquí el núcleo político del reto, y creo que usted lo ha expuesto hoy ante esta Asamblea perfectamente. 
Para mi Grupo, la ampliación es la primera prioridad con la que deben medirse todas las demás posibles reformas, ya sea la gobernación, ya sea la Conferencia Intergubernamental o la reforma de las instituciones. 
Contemplamos la ampliación como un proceso de cooperación, no un proceso de "ellos y nosotros". 
Contemplamos la ampliación como un logro positivo para los Estados miembros y para los países candidatos. 
Sugiero que la Comisión, como depositaria de una gran cantidad de información detallada sobre la ampliación, presente un documento que explique el valor de la ampliación, no sólo en términos presupuestarios, sino en un sentido más amplio; un documento, como el informe Cecchini antes del Acta Única, que explique a la población, de una manera que ésta se sienta partícipe, que se trata de un debate sobre un reto magnífico e histórico que Europa debe superar ahora. 
Debemos allanar cuidadosamente ese terreno. 
Respecto a la Europa suroriental, coincido con su opinión de que midamos las instituciones políticas por sus logros. 
En la legislatura de esta Comisión y de este Parlamento debemos realizar la tarea de conseguir la difícil y precaria paz en la Europa suroriental. 
Aplaudimos los acuerdos de estabilización y de asociación, pero queremos más. 
Publicaremos este material y lo presentaremos en el debate sobre el informe Swoboda de esta semana. 
El documento estratégico hace hincapié en el papel que la Unión Europea desempeña en el mundo. 
Nuestro principal objetivo debe ser dotar a la Unión de un peso en los asuntos mundiales que se corresponda con su peso en términos de ayuda, comercio y finanzas. 
Cuando nos encontramos al inicio de esta década, debemos prever cómo se desarrollarán internamente nuestras instituciones antes de que finalice la década y, en particular, cuál es nuestro lugar en los organismos monetarios internacionales, cuál es nuestro lugar en las agencias de la ONU, etcétera. 
Debemos iniciar ese debate. 
Para terminar, esta mañana, el día después de San Valentín, podemos leer en la prensa que su luna de miel ha terminado. 
No sé si usted es romántico o no, señor Prodi. 
Puede que sea muy poco romántico decir algo así en una mañana como ésta. 
No obstante, en el Grupo Liberal lo acogemos con satisfacción, porque significa que nos disponemos a entrar en materia. 
Y es así como debe ser. 
En lo relativo a los numerosos calificativos que le ha dedicado a Europa en su intervención- una Europa enérgica, una Europa emprendedora, una Europa que tenga un rostro humano y que sea global- permítame, añadir un adjetivo más, utilizando una palabra muy querida para mis colegas Liberales y que describe el tipo de Europa que queremos ver en su plan de gobernación: una Europa "habilitante". 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, valoro enormemente esa franqueza con la que usted reconoce que la Unión Europea debe transformarse completamente. 
En su programa, usted reflexiona sobre cuestiones de principios muy importantes. 
Creo que los ciudadanos comenzarán a interesarse más por la política, si somos capaces de sacar a relucir los pequeños asuntos cotidianos al lado de las grandes cuestiones. 
Sin embargo, también debo decir que, lamentablemente, su programa recuerda en muchos aspectos los programas de los partidos políticos. 
Y es que en ese programa hay muchos objetivos, pero en gran medida faltan las propuestas de cómo se alcanzarán todos esos objetivos. 
Del mismo modo que en los programas de los partidos políticos, en su programa hay bastantes contradicciones internas. 
En mi intervención, quisiera ayudarle a reconocer estas contradicciones internas. 
En primer lugar, el desarrollo económico y social: debemos ser capaces de reflexionar sobre las formas de conciliar el objetivo de la competitividad con el objetivo del pleno empleo; ambos se mencionan en su programa. 
¿Deberíamos, por fin, formular el criterio de aproximación, según el cual- tal y como usted también insinúa en este programa- se fijaría el objetivo de que la tasa de desempleo no pueda ser mayor en ningún Estado miembro a la tasa de desempleo de los tres países con mejores situaciones de empleo, por poner un ejemplo? 
La reforma fiscal en materia ecológica es la que mi Grupo quiere destacar. 
Puesto que solamente podremos crear empleo e ir por la senda del desarrollo sostenible si reformamos la estructura fiscal, pero, lamentablemente- como todos sabemos -, éste es un ámbito en el que la Unión Europea es completamente incapaz de actuar. 
Sea usted tan amable de abordar este tema en la Conferencia Intergubernamental. 
La Unión Europea sólo verá justificada su existencia si se concentra en aquellas funciones que no pueden ser desempeñadas por los países en solitario. 
En este sentido, seguro que el Parlamento defiende con usted la importancia de la toma de decisiones a nivel supranacional. 
Una pequeña contradicción de su programa tiene que ver con la globalización. 
Creo que tiene gran mérito que usted saque a relucir aquí el término "control global", como ya han indicado aquí otros oradores. 
Sin embargo, también usted podría aprender algo de los acontecimientos de Seattle: hay que combinar, por una parte, la libertad del comercio mundial y, por la otra, todos los valores humanos que nosotros queremos defender. 
Usted debe entablar un diálogo con la sociedad de los ciudadanos. 
Háganos el favor de democratizar las organizaciones internacionales. 
La Unión Europea puede desempeñar un papel decisivo en un proceso que conduzca a que las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio sean sometidas a un auténtico control democrático. 
Nosotros podemos presentar con usted esta iniciativa. 
Por último, considero muy positivo que usted hable con tanta frecuencia de la sociedad de los ciudadanos; pero esto, lamentablemente, presenta una contradicción interna. 
Usted tendría que llegar a conclusiones en esta materia también en la Conferencia Intergubernamental. 
Hay que presentar iniciativas para que, en efecto, los ciudadanos puedan influir directamente en la toma de decisiones. 
Es bien cierto lo que usted nos decía hace un momento: los ciudadanos quieren una democracia más participativa. 
Y yo creo que es la única posibilidad, si queremos que la gente llegue a aceptar a Europa y a interesarse por Europa. 
Señora Presidenta, mi Grupo fue de los que deseaban disponer de un documento que permitiera un intercambio en su seno sobre los objetivos estratégicos de la Comisión antes de este debate, en lugar de quedar reducido a una simple reacción en caliente, en un discurso en el pleno. 
El primer mérito del texto de esta comunicación es pues, en nuestra opinión, el de existir. 
Por otro lado, no somos indiferentes a una serie de observaciones que se le han transmitido o intenciones que se han proclamado, y que el señor Prodi acaba de señalar por su parte, o mejor, de concretar de manera útil. 
Sí, el actual proceso de globalización es, y cito, «más exclusivo que inclusivo y ha reforzado las desigualdades» , y la ambición de la Unión Europea ha de ser la de contribuir a la definición de "nuevas reglas de juego en su seno y en las relaciones internacionales". 
Sí, muchos de nuestros conciudadanos están "desencantados y angustiados", sin ver que se concreten soluciones reales y duraderas a problemas esenciales sino existenciales, tales como el desempleo y la exclusión social, algo que recuerda lo que ha de ser una de nuestras prioridades absolutas. 
Sí, necesitamos meditar sobre no pocos aspectos de la actual política comunitaria si queremos sacar adelante el gran pero difícil proyecto de ampliación, necesitamos igualmente "verdaderas asociaciones estratégicas con nuestros vecinos del Sur y del gran Este para contribuir a la estabilidad y a la paz". 
Por tanto, los terrenos en los que podemos comprometer debates serios no faltan. 
Estudiaremos cuidadosamente los libros blancos anunciados y nos integraremos de forma constructiva en numerosos trabajos ya iniciados o prometidos. 
En este espíritu formularé tres críticas, que nos parece han de ser oídas si queremos realmente, no en teoría sino en la práctica, "dar forma a la nueva Europa", por retomar el título ambicioso del documento de la Comisión y del discurso del señor Prodi. 
La primera de esas críticas y, a mi juicio, la más severa, es una cierta propensión a la autosatisfacción, algo grandilocuente de la Comisión en lo que respecta a la Unión Europea y a una visión somera, si no condescendiente, de nuestros socios. 
La ilustración perfecta de este vicio redhibitorio se encuentra ya en las primeras líneas de la comunicación de la Comisión. 
Se habla de la Unión Europea como de "una prueba viva de que pueden aportarse a un continente la paz, la estabilidad, la libertad y la prosperidad, y de un modelo que muestra al mundo el camino a seguir", antes de concluir que "nuestros vecinos tienen la posibilidad de asociarse a esta prosperidad y que nosotros tenemos la ocasión deseada de permitírselo". 
Un diagnóstico algo más matizado y más riguroso sería, creo, bienvenido. 
Igualmente, la idea según la cual el euro habría favorecido un consenso sobre la moderación salarial no me parece verdaderamente confirmada por las exhortaciones nerviosas y repetidas, transmitidas por el Banco Central Europeo a los sindicatos, considerados como muy exigentes. 
Mi segunda crítica se deduce de la primera. 
Esa extrema dificultad para ver las realidades en su contradicción y, si llega el caso, para ponerse en entredicho, está en el origen de límites serios puestos con la voluntad, oportunamente afirmada por el señor Prodi, de satisfacer las exigencias de los ciudadanos. 
Dudo, por ejemplo, al menos en los países que conozco bien, que la intención, reiterada en tres o cuatro ocasiones en el documento de la Comisión, de "reformar los regímenes de protección social, de asistencia sanitaria y de jubilación en Europa en un contexto de moderación del gasto público", dudo que esto responda a la expectativa de aquellas y aquellos de los que decimos que deseamos recuperar la confianza. 
Mi tercera crítica resulta de estas dos observaciones: la debilidad del diagnóstico y los bloqueos en la vía de los cambios necesarios conducen a un proyecto cuyo alcance me parece gravemente obstaculizado por la abundancia de generalidades, por una actuación algo veleidosa y, por lo mismo, por una falta de impulso. 
Pero no hay nada perdido. 
Se trata de un punto de partida, tenemos cinco años para llevarlo a buen término, a poco que exista voluntad política y se exprese con suficiente fuerza y claridad. 
Por su parte, mi Grupo está completamente decidido a contribuir a ello. 
Señora Presidenta, la reforma y democratización de las instituciones de la Unión Europea son aspectos fundamentales del reto histórico y moral que representa el proceso de ampliación. 
Ésa ha sido la declaración inicial del Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, al presentar los objetivos estratégicos de la Comisión Europea para los próximos cinco años. 
Aguardamos con interés el Libro Blanco sobre la gobernación de la Unión Europea, que tratará sobre el tema del equilibrio entre los gobiernos de los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea y que aparecerá este verano. 
Respecto a este punto concreto, creo que es importante que abordemos la reforma de los procedimientos internos de toma de decisiones en la Comisión. 
Junto con las propuestas que la Comisión ha transmitido a la próxima Conferencia Intergubernamental, ha indicado su preferencia de que los Estados miembros más pequeños pierdan su derecho automático a nombrar a un miembro de la Comisión Europea. 
Eso en la hipótesis de que la Unión Europea tuviera más de 25 Estados miembros. 
No quiero que se construya una Unión Europea de dos niveles. 
Creo que eso iría en contra del espíritu y del objetivo del Tratado de Roma y de todos los Tratados posteriores. 
En la Comisión debe existir igualdad en términos de representación nacional, al igual que en las demás instituciones europeas. 
Quisiera recordar a aquellos que intentan eliminar el derecho de los Estados miembros más pequeños a nombrar a un Comisario Europeo, que los Estados Unidos de América otorgan a los Estados más pequeños el mismo reconocimiento en el Senado que a los Estados más grandes. 
Prácticamente cada uno de los 50 Estados tiene derecho a ocupar dos escaños en el Senado de los Estados Unidos, independientemente de cuál sea su población. 
Toda futura reforma de los Tratados de la Unión Europea pasa por la celebración de un referéndum en mi país. 
Es muy difícil que los que defienden el "sí" a un futuro tratado de estas características consigan el respaldo de la población irlandesa, si perdemos nuestro derecho a nombrar a un miembro de la Comisión Europea. 
No hay duda de que en este Libro Blanco sobre la gobernación de la Unión Europea que aparecerá este verano se incluirá también la reforma del Consejo Europeo. 
Una vez más, existen ámbitos especiales en el plano político que deberían seguir siendo de la competencia nacional de los Estados miembros. 
No creo que en Europa exista un respaldo amplio a la introducción de la votación por mayoría cualificada en temas como tributación, justicia, asuntos interiores, así como asuntos exteriores a nivel de la Unión Europea. 
Actualmente, en virtud del artículo 99 del Tratado de Roma, las decisiones a nivel de la UE relativas a modificaciones del sistema tributario deben ser adoptadas por unanimidad. 
Creo que debería mantenerse esta propuesta, ya que un código común europeo de tributación entorpecería más que beneficiaría el funcionamiento de la Unión Europea. 
Estoy a favor de la ampliación de la Unión Europea. 
Estoy a favor de cambios institucionales que garanticen que la ampliación de la Unión se produce de manera agilizada y estructurada. 
No obstante, debemos recordar que la opinión pública de los 370 millones de personas de la Unión Europea es un factor decisivo para modificar los Tratados de la UE. 
Los cambios no deberían realizarse de manera precipitada y no pueden ser demasiado radicales, de lo contrario, la opinión pública hará realmente muy difícil la ratificación de cualquier futuro Tratado de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, voy a intervenir en nombre de los diputados radicales italianos. 
Señor Presidente de la Comisión, usted acaba de declarar que ninguna estructura política formula planes quinquenales. 
Esto es cierto si pensamos en los planes de la Rusia de los años treinta, sin embargo, hace algunos meses, al principio de su mandato, usted mismo anunció a la Conferencia de Presidentes que, en cambio, presentaría un programa de legislatura, esto es, las grandes líneas del Gobierno europeo que usted preside, y en cuyo ejercicio estamos hoy inmersos. 
Entonces, si debe ser un programa de Gobierno o un programa tendencial, el examen del documento que nos ha distribuido y de la declaración que lo ha acompañado revela más que nada un catálogo de buenas intenciones, o mejor, de los problemas que están sobre la mesa, sin dar la impresión de que la Comisión toma claramente una posición con respecto a ninguno de estos puntos, o sea, que cumple esa tarea que es propia de la Comisión Europea. 
En el pasado, en el Pleno de este Parlamento, llevamos a cabo amplios debates sobre las grandes opciones estratégicas que la Comisión, en virtud de su poder de iniciativa, lanzaba más que como ballon d ' essai, como propuestas que luego tenían más o menos éxito, pero que, con todo, han contribuido a la integración y al desarrollo de la Unión Europea. 
En este caso, señor Presidente, no cabe duda de que tenemos un decálogo: se ha enumerado toda una serie de problemas pero, permítame decirlo, lo que parece es que la Comisión no se atreve a decir "respecto a esto es preciso hacer esto". 
Me parece que usted ha insistido mucho- creo que demasiado- en el hecho de que casi la tarea que se están proponiendo como prioritaria es la de desmantelar las actividades "no necesarias". 
Sin embargo, señor Presidente, hay que estar atentos porque hemos sufrido una crisis de confianza de la Comisión y hemos apostado por esta Comisión- por lo menos la mayoría de este Parlamento ha apostado por esta Comisión- precisamente al efecto de que, antes de todo, la reforma de la Comisión estuviera ligada a un reforzamiento, a una nueva identidad, a una nueva conciencia de estar guiados de nuevo por una mano segura. 
Tenemos en cuenta el hecho de que la Comisión, por no considerarse a la altura, quiera desmantelar o se proponga desmantelar, por ejemplo, los poderes de ejecución de las políticas comunes que le confiere el Tratado. 
¿Qué pedimos a un Gobierno? 
¿Qué pedimos a esta estructura, por decirlo así, ambigua y especial que es la Comunidad Europea? 
Es bueno que los recursos comunes tengan un Gobierno supranacional y que no se confíen a los Estados miembros o a los BAT, como ocurrió en el pasado. 
Me parece que usted nos propone el mismo menú, pero nos lo propone de manera agravada limitándose, según dice y como nos ha propuesto, a las tareas de elaboración de algún Libro Blanco. 
Señor Presidente, temo- pese a que usted lo niega con la cabeza- que esto se traduce en lo que algunos países piensan desde hace años, es decir, que la Comisión tiene que ser una buena secretaría del Consejo de Ministros. 
Si éste es el papel que la Comisión pretende desempeñar durante los próximos cinco años, nosotros, federalistas convencidos, estamos seguros de que éste no es el camino correcto y con relación a esto le pediremos explicaciones y juzgaremos lo que la Comisión tiene intención de hacer. 
La reforma es importante, pero si la misma conduce a un menoscabo, a una reducción y a una disminución de los poderes supranacionales de la Comisión, está en juego la consolidación de la integración europea, lo que los padres fundadores habían pensado para la Comisión Europea. 
Señor Presidente, en cuanto a los demás puntos, por ejemplo, el de la política económica y social: es cierto que el modelo social europeo atraviesa una crisis profunda, es cierto que el problema del desempleo no es casualidad que sea el problema número uno que ninguna de nuestras políticas ha logrado resolver, pero no es cierto que el mismo puede resolverse formulando una lista de los problemas que abordamos en el pasado, sin tener una visión clara, una propuesta, una propuesta en cuya virtud en nuestra Europa existen unas economías que avanzan a un ritmo que es uno de los más sostenidos y no es casualidad que sean las economías que han sabido convertir la flexibilidad del mercado de trabajo y de la empresa en su objetivo número uno. 
Si continuamos atascándonos en las propuestas que hasta la fecha han dado pésimos resultados, no sé cómo haremos y qué podrá hacer la Comisión. 
Lo mismo vale para la ampliación por sí misma, sin que vaya unida a una reforma mucho más eficaz de la Unión Europea y de sus estructuras, así como a unas propuestas que la Comisión hubiera podido formular incluso en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, quiero decirle algo positivo, quizás en contra de la opinión de algunos diputados, acerca del telegrama que ha remitido al Gobierno austríaco. 
Su toma de posición nos ha convencido: ha hecho bien en no aislar aún más a ese país. 
Así y todo, veremos cuáles van a ser en la práctica los gestos concretos. 
Repito, señor Presidente, a nuestro juicio, es una visión algo miope. 
Falta ante todo un impulso en los ámbitos que he citado, por ejemplo, en lo relativo a los Balcanes. 
¿Acaso es posible continuar dejando a los Balcanes fuera de la ampliación, sin pensar en que Croacia, Macedonia y otros países también tienen derecho a estar en esta Casa común? 
Señora Presidenta, señor Prodi, me gustaría elogiar su propuesta de una radical descentralización de las actividades de la Unión y preguntarle por qué presenta entonces un catálogo legislativo que centraliza. 
Le recuerdo el discurso de su predecesor hace cinco años. 
Prometió como usted "menos y más" y el Sr. Santer acabó habiendo dado "mucho más y mucho peor" y creo que usted tampoco puede dar lo que promete. 
Habla de descentralización y centraliza. 
El catálogo legislativo es una larga enumeración de materias donde los ciudadanos pierdan influencia y donde usted, señor Prodi, se la quita a los ciudadanos, incluso en cuestiones sociales. 
Habla de más transparencia y presenta propuestas que cierran documentos que hoy están abiertos al público. 
Su Comisión está compuesta por las únicas veinte personas en la UE que pueden proponer la reducción del número de leyes. 
Algo que no puede hacer ningún político local, una vez que se ha legislado en Bruselas. 
De ahí que el catálogo legislativo de la Comisión deba ir acompañado al menos de un catálogo igual de grande con las tareas que se devuelven a manos de los países miembros y de la democracia de los ciudadanos. 
De lo contrario, el número de leyes en Bruselas aumentará permanentemente. 
Hemos aprobado 10.000 leyes y un número igual de modificaciones legislativas y se han enviado a los países solicitantes 26.000 documentos que en la tramitación del parlamento polaco cubren 140.000 páginas. 
Es demasiado, demasiado, demasiado ya en el día de hoy. 
Bruselas debe decidir menos y dejar más decisiones en manos de los ciudadanos, las regiones y los países miembros, las decisiones que queden en sus manos sólo deben afectar a cuestiones transfronterizas sobre las que los parlamentos nacionales ya no puedan legislar eficazmente. 
Y el trabajo en Bruselas debe tener una calidad mucho más alta y desarrollarse con plena transparencia de modo que los ciudadanos al menos experimenten un poco de "sentimiento de participación", cuando el Sr. Prodi y sus predecesores les han arrebatado ahora la capacidad de decidir por sí mismos. 
Y sólo un comentario al Sr. Dell ' Alba con respecto al sueño de nuestros padres: Eche un vistazo a las memorias de Jean Monet. 
Soñaba con lo que denominaba una pequeña y práctica secretaría. 
Ésta no es el órgano que hoy preside el Sr. Prodi. 
Señora Presidenta, esta mañana, el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, ha presentado los ambiciosos objetivos de la Unión Europea para los próximos cinco años, objetivos que son realmente dignos de alabanza: imponer en el mundo una presencia europea firme y eficaz; llevar a cabo la ampliación, superar el reto de vender e-Europa e introducir mejores principios de gobernación. 
Reconocemos la necesidad de presentar a los europeos, en particular, a la generación más joven, una amplia perspectiva de dónde se encontrará Europa en los años venideros. 
Pero ¿cómo vamos a lograrlo si los recursos disponibles son limitados y la credibilidad de nuestras instituciones no es muy alta? 
Debemos adaptar esta visión a la realidad. 
En primer lugar, necesitamos una economía europea próspera. 
Debemos garantizar que la tasa de desempleo sigue bajando en toda Europa, consolidar la tendencia hacia la privatización y desregulación, fomentar la inserción en la tecnología de la información y el conocimiento de Internet y demostrar que e-Europa es una buena iniciativa. 
Y deberemos evitar volver a tropezar en la regulación a la vieja usanza, que reprime la iniciativa individual y el espíritu de empresa. 
No debemos temer a la globalización, pero deberemos asegurarnos también de que conocemos sus repercusiones políticas en la sociedad de las redes. 
Sin una economía europea próspera no podremos superar los retos que nos aguardan, en particular, el de la ampliación. 
En segundo lugar, debemos garantizar que legislamos únicamente cuando sea necesario- subsidiariedad. 
Hacer menos, pero hacerlo mejor- uno de los principales puntales de la Comisión anterior- debe ser también el objetivo de esta Comisión. 
Analizaremos de cerca este aspecto cuando lleguemos a los programas anuales de propuestas de legislación. 
El Sr. Bonde tenía razón al afirmar que existe esta imagen de hacer menos, pero hacerlo mejor, y luego nos encontramos con un programa anual para el año 2000 con 500 propuestas y recomendaciones, que parece ir en la dirección opuesta. 
Debemos establecer prioridades y garantizar que en cada uno de estos programas existe una buena relación coste-beneficios. 
Por último, debemos garantizar que la reforma de la Comisión Europea es adecuada y auténtica. 
Sí, la Comisión- guardiana de los Tratados- debe ser un organismo independiente, pero también debe dar cuenta a los ciudadanos europeos a través de nuestro Parlamento. 
El problema de la información, al que acaba de referirse el Sr. Bonde, debe servir de indicio de cómo andan las cosas con una Comisión que parece restringir la información que recibimos como ciudadanos y diputados, a pesar de que en virtud de los Tratados tenemos derecho a esa información. 
Realmente, la Comisión no es hoy un gobierno europeo. 
La Comisión no refleja la mayoría de este Parlamento en particular. 
En el Parlamento tenemos un importante papel que desempeñar en la tarea de dar forma a la gobernación de Europa. 
Esta gobernación, por consiguiente, debe ser una gobernación sensata que nos permita trabajar juntos y comprender que cada una de las instituciones de la Unión Europea tiene un papel relevante que desempeñar. 
Por tanto, debemos demostrar credibilidad, coherencia y confianza en que si trabajamos unidos, podremos corregir la noción que tienen nuestros ciudadanos de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, en los últimos años se han dado muchos pasos encaminados a fortalecer la Unión Europea, desde el euro hasta las decisiones sobre la Política de Seguridad Común, y hasta la decisión de los 14 miembros de la Comisión y del Parlamento sobre la constitución del nuevo Gobierno en Austria. 
Son decisiones cuya filosofía y cuyos principios yo comparto plenamente. 
Sin embargo, señor Presidente de la Comisión, yo le doy toda la razón cuando afirma que en los próximos años será preciso dar muchos más pasos para fortalecer a la Unión Europea, ya que ésta no es aún lo bastante fuerte para poder culminar con éxito la gran tarea irrenunciable de la ampliación, ni tampoco para poder controlar algunos movimientos ya existentes o potenciales que, hablando sin rodeos, mantienen una actitud ambivalente y ambigua con respecto a los valores europeos de la democracia, la tolerancia y la integración de todos los habitantes de nuestro continente. 
Esta afirmación no es aplicable sólo a Austria. 
La Unión proclama en el Tratado de Amsterdam su adhesión a sus valores fundamentales y las instituciones de la UE la han ratificado una vez más con ocasión de la formación del Gobierno federal austríaco. 
Sin embargo, dichos valores sólo adquirirán pleno significado si figuran inscritos en el Tratado, como una parte detallada y claramente legible del mismo, y por fin se convierten también en un imperativo legal para las ciudadanas y los ciudadanos. 
Los artículos 6 y 7 del Tratado resultarían, en efecto, insuficientes llegado el peor de los casos. 
En este sentido, es necesario- y yo quisiera confirmarlo y ratificarlo ahora aquí- que la Comisión persevere en el esfuerzo para conseguir que la nueva Carta de derechos fundamentales que se debe elaborar quede incorporada al Tratado y establezca unos derechos de obligado cumplimiento, exigibles ante los tribunales. 
La Comisión debe perseverar asimismo, en este sentido, en la constante consolidación del espacio común de libertad, de seguridad y de justicia, y por consiguiente, en este aspecto yo mantengo una posición opuesta a la de los dos oradores que me han precedido. 
Sólo es posible responder a las declaraciones irracionales, engañosas y demagógicas de la derecha, de la extrema derecha, contraponiéndoles loa principios de la inmigración y del derecho de asilo. 
Sin embargo- quiero resaltarlo -, esta política debe ir acompañada, además, de una política coherente y convincente de empleo y contra la exclusión social, pues el paro, la marginación y unas desigualdades crecientes constituyen un caldo de cultivo óptimo para los sentimientos y acciones nacionalistas de carácter antieuropeo. 
Señor Presidente de la Comisión, yo también quisiera pasar revista en este contexto a los problemas que usted ha planteado en relación con el tema de la globalización y la percepción que de ella tienen amplios sectores de la población. 
La sensación de impotencia, de falta de influencia y de la carencia de un apoyo por parte del Estado conducen en el mejor de los casos al distanciamiento de la política y a la abstención electoral, como ocurrió en las elecciones europeas, y en el peor de los casos, a conductas electorales extremistas. 
En este contexto, la Unión- cosa que no todos comprenden- debe ofrecer a nuestros ciudadanos y ciudadanas de la UE la propia UE como un medio, como una protección frente a los efectos negativos de la globalización. 
Estamos construyendo una casa, pero demasiado pocos de nuestros propios ciudadanos y ciudadanas se sienten realmente en su casa en ella. 
Por consiguiente, no sólo es necesaria una reforma de la Organización Mundial de Comercio y de la arquitectura económica- y es significativo que al señor Presidente de la Comisión se le haya olvidado mencionar la reforma de las instituciones financieras, de la arquitectura financiera internacional -, sino que también es preciso adoptar medidas generadoras de confianza a favor de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que están autorizados a esperar con todo el derecho ayuda y apoyo de la UE, y dentro de la UE, frente a los inevitables pero dolorosos procesos de adaptación a las nuevas circunstancias mundiales. 
En este contexto, es importante lo que pueda decir la Comisión sobre el robustecimiento de la voz de Europa. 
Señor Presidente, usted mismo se ha hablado hoy de un modelo sobre el cual, lamentablemente, encuentro demasiado pocas referencias en el documento. Ha dicho que debemos ofrecer a nuestros ciudadanos y ciudadanas un modelo de desarrollo económico, social, cultural y ecológico, dentro y fuera de la Unión, que se distinga claramente de otros modelos, incluido también el estadounidense. 
Los Estados Unidos, además de ser nuestros socios, son también nuestros competidores en este sentido, no adversarios, pero sí competidores, y debemos competir para dirimir quién puede ofrecer el mejor modelo a nuestros ciudadanos. 
Yo desearía que las declaraciones que hoy pronunciamos con tanta vehemencia encuentren también mayor cabida en los documentos de la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, el mayor legado de su Comisión a la Unión Europa podría ser su contribución al restablecimiento y a una nueva distribución de los poderes y competencias de la Comisión, que cada vez están más entrelazados y son más confusos, y que quizá podría hacerse extensión incluso a la Unión. 
Usted ha empezado de una manera audaz, haciendo hincapié, acertadamente, en la necesidad de centrarnos en las denominadas "tareas centrales". 
Como usted mismo ha dicho hoy, eso significa que deberá también identificar las tareas, las políticas y los programas que son periféricos o irrelevantes para la vocación principal de la Comisión. 
Quizá muchas de las políticas y programas actuales de la Unión Europea han sobrepasado sencillamente su fecha de caducidad o han demostrado ser pesados y difíciles de dirigir o ineficaces cuando son aplicados a nivel europeo. 
Ahora el reto consiste en tener el valor de devolver el mayor número posible de tareas no centrales hacia niveles más bajos de gobierno nacional, regional y local. 
Si queremos conseguir persuadir a una sociedad europea escéptica de las ventajas de una mayor integración europea, deberemos ser capaces de demostrar que nos mantenemos tan activos en la devolución de competencias comunitarias injustificadas como en el desarrollo de nuevas competencias de la UE. 
No debemos permitir que aquellos que critican la integración europea reivindiquen, como hacen actualmente y no sin cierta justificación, como hemos podido oír del Sr. Bonde, que el incremento de las competencias comunitarias se produce en un único sentido. 
Hay que demostrar que es un proceso de doble sentido, en el que las actuales políticas y programas comunitarios que no están claramente justificados por motivos de subsidiariedad y proporcionalidad son devueltos y revocados. 
Si usted es capaz de secundar estas aspiraciones con acciones en los próximos años, hará una contribución sin precedentes al futuro de la Unión Europea en su conjunto y, como hemos escuchado hoy, podrá contar con un amplio respaldo de este Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, me incluyo totalmente en la lógica de las propuestas que ha hecho mi colega Heidi Hautala en cuanto a los objetivos estratégicos de la Comisión para los próximos cinco años. 
Por mi parte, me ceñiré a un tema que no ha abordado y que estaba previsto, que es el programa de trabajo de la Comisión para este año 2000. 
Soy consciente de los límites del ejercicio ya que trabajamos en el marco del actual tratado y estamos limitados por sus reglas de funcionamiento- pienso en especial en un tema importante como es el de las cuestiones fiscales. 
Pero quisiera justamente no hablar de éstas. 
Comenzaré por saludar una serie de propuestas que hace usted para este programa del año 2000. 
Pienso en todas esas propuestas en materia de seguridad alimentaria que son ambiciosas e importantes, y pienso también en la seguridad marítima, después de dos mareas negras que hemos conocido a lo largo de las costas bretonas y en Turquía. 
Está bien que la Comisión reaccione con rapidez en este tema. 
Por el contrario, para otros temas, considero que se podría ser más ambicioso, caminar más deprisa. 
Y quisiera hacer una serie de propuestas positivas, pienso en especial en el ámbito social, en el medio ambiente y en el seguimiento de Seattle. 
Una observación previa: ha dicho usted que es necesario reconciliar al ciudadano europeo con las instituciones, es evidente, y por tanto creo que es importante preguntarse sobre las preocupaciones prioritarias de los ciudadanos. 
Creo, por ejemplo, que en materia social, no es suficiente anunciar una comunicación sobre un programa de acciones sociales. 
Es preciso caminar más rápido. 
Es preciso que usted nos someta al final del año un nuevo programa de acciones sociales. 
Finalmente, un tema que ocupa la actualidad, y que la ocupa con fuerza, es el de los cierres de empresas y despidos colectivos. 
Trabajamos sobre la base de una directiva actual que ha mostrado sus límites y desearíamos- y les hago la propuesta- revisar este texto de directiva para que haya una directiva más eficaz en lo que respecta a la protección del empleo, y también más eficaz en lo que respecta a las posibles sanciones, con respecto a aquellos que no respeten este texto. 
Con respecto al medio ambiente, anuncia usted una propuesta de decisión sobre un sexto programa de acción relativo al medio ambiente, y eso está bien. 
Creo- aunque quizá va usted a quitar valor a mis palabras- que no habría, en el texto que va a proponernos, objetivos precisos y de calendario de realización. 
Personalmente considero indispensable tener objetivos cifrados y un verdadero calendario de realización. 
Creo también que, sobre el tema de la responsabilidad civil, es interesante que por fin dispongamos de un libro blanco, me refiero a la responsabilidad civil con respecto al medio ambiente, pero recuerdo que el Parlamento exige una iniciativa legislativa desde hace seis años y que el libro blanco, por supuesto, anuncia una legislación así, pero ¿para cuándo? 
En ese caso también, lo veo atento al hecho de que es preciso acelerar el proceso. 
Finalmente, último elemento, después de Kioto sería, con todo, positivo que llegáramos rápidamente a propuestas precisas, y termino diciendo una palabra sobre la OMC. 
Creo que pensar en relanzar un nuevo ciclo global no es necesariamente mala cosa, pero considero, y lo repito, que, previamente, es preciso que la Comisión nos remita propuestas para cambiar las reglas de funcionamiento de la OMC. 
La Comisión tiene una función interna, pero también un papel en el mundo. 
Me parece que la Unión Europea ha de estar en la base de una reevaluación del funcionamiento de la OMC, una reevaluación que ha de llevarnos a formular propuestas precisas en materia estatutaria. 
Señora Presidenta, usted se ha referido a los valores políticos fundamentales y uno de los valores políticos fundamentales, más aún que la democracia, es el respeto a los demás. 
Por esto consideramos que ha hecho bien en lanzar un mensaje y que aquellos que lo han cuestionado quizás se resienten todavía de una cultura bolchevique o nazi, porque democracia significa dialogar con los demás y hacer entender a los demás cuando se equivocan, así como escuchar también sus razones. 
Ampliar- Alianza Nacional lo viene repitiendo desde hace diez años en este Pleno- no puede significar disgregar, es decir, no puede significar ampliar los peligros. 
Las esperanzas de los países candidatos son importantes al menos como las esperanzas de nuestros conciudadanos actuales, los cuales empiezan a sentirse seriamente decepcionados por el funcionamiento de esta Europa que no está resolviendo los problemas más importantes. 
En consecuencia, hace falta severidad en la ampliación cumpliendo esos pactos que- en su caso- deberían replantearse en lo referente a algunos problemas fundamentales: lo que ha ocurrido en Rumanía, hasta Belgrado- la tragedia ecológica medioambiental- pero sobre todo la cada vez mayor y continua falta de interés por los grandes problemas de la seguridad. 
Hasta la fecha no hay respuestas seguras al problema del control de las centrales nucleares en las Repúblicas del Este. 
Por lo tanto, antes de llevar a cabo la ampliación, es preciso disponer de recursos para gastar, al objeto de instituir por fin una fuerza europea de control, encargada de comprobar la calidad y las condiciones de vida y al objeto de crear un mundo nuevo en el cual algunas tragedias dejen de ocurrir. 
Señora Presidenta, también quería dedicar algunas palabras a África. 
El Tercer y el Cuarto Mundo están abandonados: bastaría un dólar, un euro y medio, para salvar a muchos niños. 
Europa tan democrática, tan progresista calla y no se hace cargo de estos trágicos problemas, mientras la mitad de África muere de sida y de otras enfermedades. 
Y una última consideración acerca de Internet y de la globalización. 
La globalización de la economía no puede convertirse en homologación de los productos y de las calidades, del mismo modo que la globalización de la política no puede convertirse en un achatamiento de los valores, de las esperanzas y de los entusiasmos. 
Los pueblos que no participan y que se alejan lentamente, dejan espacio a una oligarquía que toma el poder y deja el control en manos de unos pocos. 
Por lo que respecta a Internet, Europa tiene que tener por fin el valor de decir que hacen falta unas normas. 
En este momento, permítame aplaudir, a título personal, a esos piratas que actuando como están actuando obligan al mundo a reflexionar sobre el único sistema que, hoy por hoy, adolece de normas. 
Nosotros somos el mundo de las normas: demos normas también a Internet con el fin de dar normas y esperanzas al futuro de nuestros conciudadanos. 
Señora Presidenta, como contribuyente padano ya conocí las tenazas del recaudador Prodi, entonces jefe del Gobierno en Italia, al que Padania está sometida también fiscalmente 
He escuchado con preocupación cuando se refería a nuevos recursos, un concepto que se puede traducir tranquilamente en imposición de nuevos impuestos, con vistas, entre otras cosas, a la ampliación, o sea, al ingreso de nuevos Estados en la Unión. 
Pero ¿por qué no se pagan ellos la entrada? 
Mis electores padanos que, gracias a Prodi, ya han pagado el que en Italia se conoce como impuesto sobre Europa- devuelto sólo en parte- no tienen en absoluto la intención, siempre gracias a Prodi, de pagar otro impuesto en lugar de otros. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señores miembros de la Comisión, cinco meses después de su constitución, la Comisión ha puesto por escrito en qué dirección quiere encauzar la Unión Europea. El texto resulta ambicioso, y también grandilocuente. 
¿No es patético decir que "el mundo mira hacia Europa"? 
Además, la parte del mundo que corresponde a Europa es mucho más que los 15 Estados miembros de la Unión Europea. 
Garantizar la paz, la democracia y los derechos humanos en toda Europa es apuntar demasiado alto. 
Me intriga sobremanera cómo piensa materializarlo la Comisión. 
El modelo de integración europea como fuente importante de dirección mundial, ¿significa exportar modelos a gran escala y concentración de poder? 
La Comisión opina que la política exterior puede tener éxito, siempre que se sepa exactamente quién lleva las riendas. 
¿Y quién las lleva? 
¿La Comisión en conjunto, su Presidente, el Consejo? 
La nueva dirección europea exige instituciones fuertes, dice usted, mientras que la Comisión quiere centrarse al mismo tiempo en sus tareas fundamentales. 
Con esto último estamos plenamente de acuerdo. 
Ya es hora de que las instituciones se centren en problemas verdaderamente transfronterizos y dejen de engalanar el carro europeo con competencias sustraídas a las autoridades nacionales. 
Varias veces se mencionan en el texto los valores comunitarios. 
Por desgracia se echa en falta la mención a las normas correspondientes. 
Se suscita la pregunta de dónde salen las normas y los valores. 
Estoy convencido de que la Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente pura de buenas normas y de verdaderos valores. 
En la tradición de nuestra parte del mundo, este concepto es un elemento importante que merece reconocimiento. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, yo ya no sé a qué debo atenerme, si a los objetivos estratégicos para el periodo 2000-2005 o a su intervención sobre el periodo 2000-2010. 
¿Ha querido incluir también su segundo mandato? 
Ahora hablando en serio, con vistas a la ampliación, es preciso fortalecer la Unión, reduciendo y delimitando sus actividades. 
Voy a empezar por la reducción. 
Las consideraciones relativas a la concentración en las tareas fundamentales de la Comisión que expone usted en su programa sólo pueden ser un primerísimo paso inicial. 
Es preciso que todas las actividades del conjunto de la Unión se vuelvan a concentrar en los ámbitos de las políticas esenciales. 
Éstas son la orientación social y ecológica del mercado, la consolidación de la moneda, la garantía de los derechos ciudadanos en el interior y la defensa de los intereses comunes en el exterior. 
En este sentido no sólo es importante hablar con una sola voz en el mundo, sino mucho más aún lo que nos proponemos decir con esa voz. 
En segundo lugar, la flexibilidad es ahora la palabra de moda. 
Sin embargo, una creciente flexibilidad puede dar paso, o corre el riesgo de dar paso, muy rápidamente a una intergubernamentalización. 
Debemos mantenernos absolutamente firmes en la exigencia de mantener unidos a los Estados miembros a través de órganos de decisión comunes. 
Esto también es aplicable, por otra parte, a la participación de la sociedad civil, que debemos acoger con satisfacción. 
Los ciudadanos y ciudadanas no necesitan, sin embargo, nuevos órganos o instituciones, y menos aún una nueva confusión de competencias. 
(Aplausos) 
La transparencia no significa, en efecto, un mayor acceso a más documentos, sino que para los ciudadanos la transparencia significa que por fin puedan tener más claro quién, cuándo y con qué legitimidad decide cada cosa en Bruselas y en Estrasburgo. 
¡Eso significa la transparencia! 
En tercer lugar, la Unión Europea no puede y no debe ampliarse ilimitadamente. 
Sus fronteras no dependen del número de Estados que deseen incorporarse, sino del número que la Unión pueda acoger. 
(Aplausos) 
Si el precio de la ampliación fuese una indefinición o incluso la disolución de la Unión existente, no estaríamos autorizados a pagar ese precio. 
Sería un precio demasiado alto, no sólo para los Estados miembros que ya forman parte de ella, sino también para los Estados que aspiran a ser admitidos en su seno. 
Una Unión concebida sólo desde un planteamiento geoestratégico no tiene futuro, como tampoco lo tiene una Unión que se reduzca a ser una mera zona de libre cambio. 
La Unión sigue siendo, sin embargo, algo más que un mercado y los pueblos de Europa sólo le otorgarán legitimidad si se concibe como una comunidad de destino. 
Esto abarca mucho más que su nuevo programa económico y político-social o que una nueva y mejor calidad de vida. 
No sólo la Comisión, ni sólo el Parlamento Europeo, sino también los pueblos y los Estados de nuestra Unión Europea deberán ofrecer nuevas respuestas a la pregunta de cómo y por qué queremos vivir y actuar unidos. 
¡Esto significa nada menos que reinventar la Unión Europea, sin destruir la actual! 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, en opinión del Grupo del Partido Europeo de los Liberales y Demócratas, la misión más importante de la Comisión y de toda la Unión durante los próximos años será conseguir que la ampliación se lleve a cabo con éxito. 
La Comisión debe abordar las negociaciones con firmeza, aspirando a que cada país candidato pueda adherirse a la Unión lo antes posible. 
Por otra parte, debemos encargarnos de que no sean desvirtuados los logros ya alcanzados por la integración, ni tampoco los objetivos fijados para la misma. 
Para evitar esta eventualidad, el Grupo Liberal ha presentado su deseo de que la Conferencia Intergubernamental reflexione sobre los modelos de diferenciación interna de la integración y sobre la posibilidad de crear una Unión concéntrica, cuyo núcleo sea una Confederación de Estados y cuya capa exterior esté formada por los países con un nivel menor de integración. 
Es obvio que la disgregación interna de la Unión será abordada en la CIG. 
El debate de esta cuestión debe llevarse a cabo sin prejuicios. 
No basta con una mejora técnica del sistema de flexibilidad, sino que también habrá que poner sobre la mesa el desarrollo de instituciones propias para los países que van a la cabeza de la integración- países avant garde -, como ha propuesto, entre otros, el Sr. Jacques Delors. 
De esta manera se podrá crear un sistema de toma de decisiones más eficaz, más claro, más abierto y más democrático. 
Espero que la Comisión presente su propia propuesta sobre las fórmulas para llevar a cabo la diferenciación institucional y las demás disgregaciones necesarias en el seno de una Unión ampliada. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, señores Comisarios, su inspirado discurso, señor Prodi, me ha seducido. 
Despierta expectativas, aunque también puede generar decepciones. Esto tiene que ver con lo que ha dicho el Sr. Van Velzen, con la diferencia entre las palabras y los hechos. 
La ampliación de la Unión ha sido fruto de nuestro deseo de paz, seguridad y estabilidad. 
Quiere usted tranquilizar a los aspirantes al ingreso y también a la opinión europea. 
Pero hoy en día podemos ver con nuestros propios ojos que ocurre lo contrario. 
Vemos el aumento del miedo y de la intranquilidad, incluso en regiones en las que el desempleo no es muy elevado y que disfrutan de un alto nivel de prosperidad. 
Debemos dar a nuestros ciudadanos la sensación de sentirse en casa, dice el Sr. Swoboda, y le doy la razón. Ese es un ámbito en el que compartimos los mismos valores y en el que cada uno debe asumir su tarea y su responsabilidad. 
Esto probablemente tiene que ver con las normas a que hacía referencia el Sr. Van Dam. 
Esto se refiere, en concreto, a la subsidiariedad. 
Responsabilidad clara de todos los niveles políticos, ser socios y no competidores en política. Ejercer la autoridad en el nivel más cercano posible de los ciudadanos, donde se pueda ejercer con toda transparencia e incluso pueda ser controlada por los propios ciudadanos. 
Esto exige una nueva cultura política, no solo de palabra, sino de obra, que tenga en cuenta la realidad de los Estados miembros y las regiones. Las regiones, que desde el punto de vista económico y cultural igualan a veces en importancia a algunos Estados miembros. 
La nueva Europa no sólo debe desarrollarse en amplitud, sino también en profundidad, dando vida a nuestros valores en la práctica y construyendo democráticamente una verdadera comunidad. 
Por ello se juzgará a la Comisión. 
Señora Presidenta, la Comisión nos presenta hoy sus objetivos estratégicos 2000-2005 en forma de un documento extremadamente general del que se han limado todas sus asperezas con el fin de no chocar demasiado unos con otros. 
Así, en la primera parte relativa a las nuevas formas de gobernación europea, en ninguna parte se leen, evidentemente, las palabras federalismo o superestado. 
Pero ambas sin embargo se perfilan cuando se trata de instituciones europeas fuertes, que descentralice las actividades ordinarias de ejecución solamente y que impulse su visión colectiva en un conjunto indistinto en el que los gobiernos y los parlamentos nacionales se encuentran mezclados con las autoridades regionales e incluso locales, así como con la sociedad civil, todos designados, sin ninguna jerarquización, como, "partes acreedoras en los asuntos europeos". 
Estas ambigüedades ocultan muchos malentendidos y en principio sobre nuestros valores. 
No basta, en efecto, declararse demócrata para serlo. 
Es preciso sobre todo, y en concreto, aceptar que los ciudadanos tomen libremente sus decisiones al nivel en el que mejor se reúnen las condiciones objetivas de un debate democrático cercano, leal y transparente, es decir, principalmente a nivel nacional. 
Ahora bien, precisamente toda la comunicación de la Comisión está construida sobre el postulado inverso, según el cual sería necesario, con el pretexto de defender mejor a los pueblos, limitar cada vez más su margen de decisión autónoma mediante nuevas reglamentaciones, nuevas integraciones de política o de nuevas estructuras jurídicas vinculantes como el proyecto de carta llamada, sin razón, de los derechos fundamentales. 
Señalo bien, "sin razón" ya que, de hecho, va a reducir esos derechos. 
En el Grupo Europa de las Naciones nuestros principios son muy diferentes. 
Queremos defender los países de Europa, pero también respetar las decisiones de los pueblos. 
No es en absoluto la cuadratura del círculo. 
Es preciso salir de los esquemas federalistas superados, esos esquemas según los cuáles todas las ideas en materia europea vienen de las memorias de Jean Monnet. 
Es necesario, al contrario, abrir las instituciones europeas al mundo moderno inventando una dinámica de la geometría variable que respete las naciones. 
Ésta es la gran idea sobre la nueva gobernación que nos hubiera gustado encontrar en su comunicación, señor Presidente. 
Desafortunadamente, no estaba. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, pretende usted dar forma a una nueva Europa pero le falta desafortunadamente una nueva condición esencial, la confianza. 
No se puede, efectivamente, atraer la confianza de millones de europeos cuando no se es digno. 
Y ¿cómo sería usted digno de confianza después del asunto de las "vacas locas", después de la dimisión de la Comisión Santer por corrupción? 
Tiene usted la responsabilidad de millones de parados y de millones de pobres, de la precariedad y de la miseria que aumentan a causa de sus políticas ultracambistas y ultraliberales, a causa de la marcha forzada hacia la moneda única. 
Ha deseado y organizado la desaparición de las fronteras interiores entregando así a Europa a la explosión de la criminalidad y de la inseguridad, a la ola de la inmigración sin control. 
Propone hoy conceder todo el poder de decisión a un puñado de funcionarios haciendo de los Estados, de los entes locales y de las ONG, todos además en pie de igualdad en su sumisión a Bruselas, simples ejecutantes de las decisiones venidas de arriba. 
Ni una vez, en su documento de catorce páginas, se menciona a los parlamentos nacionales, compuestos sin embargo por representantes del pueblo. 
Sin embargo es cierto que no tienen ningún papel en su estrategia. 
No se atreve ni siquiera a llamar las cosas por su nombre y se refugia detrás de una semántica supuestamente de moda para llamar "gobernación" a lo que no es más que un gobierno federal, autocrático y centralizado. 
Después de haber intentado durante años convencer hablando de soberanía compartida, confiesa usted hoy su objetivo último: entregar cualquier soberanía europea, ya sea nacional o colectiva, a un gobierno mundial, en el que no espera ni siquiera obtener un papel preponderante. 
Finalmente, se atreve a condenar y a sancionar, o a dejar condenar y sancionar, el voto libre y democrático de millones de austríacos con la única razón de que el resultado no le agrada. 
Y, al mismo tiempo, apoya a la China comunista y comercia con países que violan abiertamente los derechos humanos desde hace décadas. 
Aún hoy, los diputados europeos se comprometen personalmente contra un telegrama del Sr. Prodi al canciller Schüssel que, sin embargo, con toda evidencia, no es una manifestación de simpatía, sino una maniobra política. 
Sus baladronadas no engañan a nadie ya que sabe usted perfectamente que, lo quiera o no, necesitan de Austria para reformar los tratados y armonizar la fiscalidad del ahorro. 
Se servirá usted de Austria para despojar un poco más todavía a los Estados de los verdaderos poderes en la construcción de la Unión Europea, con cinismo, con hipocresía, pero se servirá de Austria como de un espantapájaros bastante cómodo. 
Sin duda, ustedes, los Comisarios no son los únicos responsables. 
Los gobiernos que le apoyan, por apatía o por ideología, también lo son. 
Bruselas no somos todos nosotros como usted pretende, son todos ustedes. 
No mienta más, ya se ríe bastante de la voluntad de los pueblos de Europa. 
Los europeos no son libres para elegir más que entre el mejor de sus mundos y la picota. 
Más de diez años después del hundimiento de la Unión Soviética, sus proyectos tienen resabios de gulag, el moralismo tranquilizador. 
Nosotros formamos parte del pequeño número de los que denunciaban la dictadura comunista. 
Somos y seguiremos siendo de los que combaten la dictadura europeísta y hacemos un llamamiento a todos los pueblos de Europa a iniciar la resistencia contra sus proyectos monstruosos. 
La salvación de las democracias europeas está en el Estado-nación, en el Estado nacional, la de Europa está en la cooperación de las naciones de la propia Europa. 
(Algunos aplausos) 
Señor Presidente Prodi, hoy usted nos ha presentado el programa quinquenal de la Comisión con muchos objetivos aceptables, un programa hecho de escenarios y de temas y, por lo tanto, más allá de los aspectos concretos, es justo detenerse en los grandes temas. 
Me parece que por sus palabras y por el documento que nos ha hecho llegar, ha quedado en segundo plano un tema que tanto a usted, señor Presidente, como a mí nos interesa mucho: la solidaridad, no tanto en el plano internacional, sino en el plano interno. 
El arzobispo de Milán, Monseñor Carlo Maria Martini, está invitando a todos los políticos y, en particular, a aquellos que como usted y como yo, señor Presidente, convertimos el compromiso de los católicos con la política en el origen de la cultura y el valor de su presencia, a que reconsideren un tema del desarrollo que, además del beneficio económico, preste mucha atención, muchísima atención a los últimos, a los excluidos. 
Un gran tema, el de los últimos, un gran tema que nos recuerda lo difícil y complejo que es establecer los indicadores de progreso y lo insuficiente que es el parámetro de la renta per cápita por sí solo. 
Nos recuerda asimismo la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, basado firmemente en la cultura de los católicos comprometidos en lo social que ven en la comunidad civil, en las articulaciones sociales que han de incentivarse y agilizarse por lo público, los instrumentos más aptos para construir la solidaridad. 
De esta forma se ensalza el elemento fundamental para el desarrollo de cualquier persona: su libertad que viene antes del beneficio económico. 
Esta libertad social que se manifiesta en iniciativas en beneficio de los últimos, sabe recompensar muy bien en términos de justicia y de equilibrio social. 
Señor Presidente, las instituciones públicas no deben aceptar sólo el criterio económico. 
Deben apostar por el servicio a las personas y por el compromiso en pos de la maduración de las libertades de cada uno, sin olvidar, como es obvio, que todo esto no puede y no debe ir en contra de la necesidad de crear empresas, de invertir y de arriesgar, y en un sistema ordenado y orientado, los empresarios pueden contribuir de manera considerable al crecimiento social y a la solidaridad. 
En la era de la globalización que de alguna manera queremos que vaya acompañada de un marco de normas seguras que ofrezcan garantías a los operadores económicos y a los consumidores, la Comisión Europea no puede olvidar la solidaridad y exaltar su manifestación a través de todas las riquezas del ser humano a la hora de relacionarse con su prójimo. 
Venimos de una historia en que nos han enseñado que la política debe tener corazón. 
Confiamos en que el Libro Blanco, sus actos y los de su Comisión lo demuestren en concreto. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señorías, Shaping the new Europe es una ambiciosa meta para la Comisión y para todos nosotros. 
Nuestro objetivo y nuestro trabajo van a ser seguidos por los ciudadanos de nuestros países y de muchos países situados fuera de Europa y de la Unión. 
¿Qué concepto se va a formar esa opinión pública interesada y el resto del mundo de nuestro programa quinquenal? 
Mi respuesta es: un volver a empezar, un calendario claramente reformista que confirma que la Unión del año 2000 no se conforma con ser una comunidad económica, sino que quiere ser una comunidad digna, a la que tomamos en serio. 
La Comisión señala, con razón, que la intención de la Unión es desarrollar y garantizar una sociedad del bienestar solidaria en la era de las globalizaciones. Una Europa más justa y eficiente, que también asuma responsabilidades fuera de su propio continente, por solidaridad y lícito provecho propio. 
Pensamos que la pobreza y la segregación son las principales amenazas a la paz y a la libertad. 
Aunque estoy de acuerdo con lo dicho por mis colegas de partido y con el espíritu de su documento, quisiera llamar la atención sobre dos deficiencias que hay que corregir en el futuro. 
La primera de ellas se refiere a las mujeres, al género o a los derechos de las mujeres. 
Usted se refirió a la contribución femenina para aumentar la producción y el crecimiento. 
Esto es importante, pero la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no es sólo necesaria para la productividad, sino que también para la democracia en nuestras sociedades. 
Por eso resulta sorprendente que las palabras igualdad de oportunidades, género o mujer no parezcan en Shaping the new Europe. 
En su discurso usted se refirió a la mujer, pero no se le nombra entre los objetivos estratégicos. 
¿Se debe esto, señor Comisario, a que el mainstreaming ya están ta consolidado en la Comisión que no es necesario mencionar a las mujeres? 
¿Cómo explica usted entonces esta ausencia femenina? 
La UE no debe convertirse en una Unión con rostro masculino. 
Mi segunda pregunta se refiere a África. 
Tampoco se nombra a África en Shaping the new Europe, pero sí a todos los otros continentes. 
En África se encuentra la mayor cantidad de refugiados, la mayor pobreza del mundo y hay una cruel epidemia de SIDA. 
Me consta que el Comisario Nielson y otros hacen un buen trabajo, pero se necesita que toda la Comisión, incluidos sus objetivos estratégicos, presten mayor atención a este continente. 
Finalmente quiero dar la bienvenida a la declaración de la Comisión y a que en ella, por primera vez, se dice que la UE está preparada unilateralmente para tomar medidas que favorezcan el acceso de los países en vías de desarrollo a nuestros mercados. 
Mi pregunta es: ¿cuándo se va a concretar esto? 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, tenemos ante nosotros un documento fundamental para el futuro y el destino de Europa. 
Sin embargo, de entre todos estos aspectos, se nos plantean especialmente dos, estrechamente ligados entre sí: la paz y la estabilidad en Europa y fuera de Europa. 
Se trata de unos objetivos que tienen que perseguirse de manera prioritaria. 
Desde hace tiempo, todos compartimos esta idea, pero también debemos afirmar con claridad que dichos objetivos no podrán alcanzarse sin la ampliación, pese a que ésta puede comportar unos costes. 
Hoy hemos de elegir para las próximas décadas entre una Europa quizás menos rica pero faro de paz y de civilización para todo el planeta y una Europa quizás más opulenta, pero sin profecías. 
Sin embargo, estas metas se podrán alcanzar sólo si de la Conferencia Intergubernamental que finalizará este año, arrancará una reforma constitucional que atribuya unos poderes adecuados y reales a la Comisión que ya no podrá ser el simple ejecutor de las decisiones del Consejo o de las codecisiones del Parlamento, sino que deberá desempeñar el papel de verdadero Gobierno de Europa. 
El primer valedor de esta reforma debería ser el Parlamento si quiere ampliar realmente su papel de intérprete de la voluntad de los europeos y adquirir esa importancia, propia de una Unión auténticamente democrática y fuertemente integrada. 
Por lo demás, la responsabilidad de los compromisos asumidos podrá atribuirse a la Comisión sólo de acuerdo con los verdaderos poderes que le serán atribuidos. 
Sin trazar estas perspectivas, Europa se replegaría en una historia sin futuro. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, podemos felicitarnos por la ambición global de los objetivos anunciados, objetivos que van paralelos a los desafíos que Europa deberá superar. 
Observo que la caída del muro de Berlín la considera usted el elemento esencial del fin de este siglo. Este acontecimiento ha de sostener la ampliación. 
Deseo, en lugar de utilizar el término «ampliación» , hablar de reunificación. 
Me parece que tiene una significación política mucho más fuerte. 
Retoma usted la idea de volver a centrar sus actividades en torno a las misiones más importantes, y eso forma parte de los objetivos de su reforma. 
Se trata, en lo esencial, de aplicar el principio de subsidiariedad. 
Una aplicación clara de este principio sólo podrá reforzar las acciones emprendidas y dar a los ciudadanos una imagen clara de cada nivel de competencias. 
Pero, señor Prodi, decirlo es una cosa y hacerlo es otra. 
Necesitará usted luchar contra la tendencia de toda institución que intenta en general aumentar más y más sus poderes. 
Juzgaré por tanto sus actos. 
Mientras, apruebo y animo esta voluntad claramente expresada en su comunicación. 
Sin embargo, hay dos puntos esenciales: la simplificación y la aplicación del derecho comunitario. 
En 1998 hubo 123 consultas del Tribunal de Justicia por no aplicación o no transposición y un 25% de las directivas en materia medioambiental no se aplican o no se ha procedido a transponerlas. 
Los acontecimientos de estos últimos días nos muestran bien hasta qué punto esto es indispensable. 
El derecho comunitario no debe seguir inaplicado porque es demasiado complejo o demasiado puntilloso. 
La Unión no debe caer en ese defecto y, en ese caso también, lamento que su comunicación no vaya más a los detalles. 
Es usted realista sobre el hecho de que el Estado-providencia ya no podrá proporcionar respuestas adecuadas a los problemas con los que nos encontramos y, entre otras cosas, al desempleo. 
Lamento sin embargo que no se haya adelantado ninguna opción clara. 
Debería haberse hecho hincapié en el rechazo de cualquier política de asistencia y, al contrario, en la puesta en valor de la iniciativa y de la responsabilidad. 
No insiste en el envejecimiento de nuestra población, un envejecimiento que tendrá incidencias fundamentales en la estructura de nuestra sociedad, no sólo desde el punto de vista económico sino también en el plano de la salud pública. 
Se trata de hecho de una revolución silenciosa y, desde este punto de vista, esperaba más de su comunicación. 
Finalmente, insiste usted en la investigación europea como centro de nuestro futuro. 
Sin embargo no nos indica los medios que desea aplicar. 
Los principios éticos están también en el corazón de esta investigación. 
Su comunicación no dice nada. 
Señor Presidente, desea informar mejor al ciudadano. 
Comience por reforzar los vínculos con el Parlamento: nosotros somos los representantes de esos ciudadanos. 
Señora Presidenta, Señorías, no se pueden sino que compartir los objetivos generales del programa quinquenal y del programa para el año 2000 que esta mañana el señor Presidente Prodi ha ilustrado tan apasionadamente. 
En ambos documentos se ha puesto el acento en la necesidad de definir nuevas formas de gobernación europea y de elaborar a este fin una nueva agenda de la Comisión estableciendo las prioridades más apremiantes a la hora de perseguir el objetivo del pleno empleo, a través de una coordinación más eficaz de las políticas económicas y sociales de los Estados y- me permito subrayarlo- en primer lugar de las naciones que se han adherido a la Unión Monetaria y que deben ser puestas en condiciones de constituir el primer ejemplo de cooperación reforzada. 
A este fin, me limitaré a subrayar, entre otras, la importancia de tres elecciones prioritarias que deberían inspirar, también en la formulación de los programas de acción de los Gobiernos de la Unión, además de la agenda de la Comisión, la labor de la Unión Europea en los próximos años. 
En primer lugar, la promoción y la participación en la definición de proyectos comunes para la creación de una red integrada de servicios en los sectores de los transportes y de la energía, con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones. 
En segundo lugar, la aprobación, como parámetros vinculantes en la formulación de los programas de acción en materia de empleo, de las inversiones que han de realizarse en cada Estado y mediante los proyectos comunitarios en los sectores prioritarios de la investigación, de la innovación y de la cualificación del factor humano. 
Considero que dichos parámetros- en particular los de orden cualitativo, resultantes de las inversiones en la formación continua, la actualización profesional, la adaptabilidad y la recualificación de los trabajadores mayores- son mucho más significativos y comprometidos por sus efectos duraderos a medio plazo que la mera formulación de los siempre opinables objetivos cuantitativos anuales en materia de nuevo empleo o de reducción del empleo. 
Si además, como también subraya el programa de la Presidencia portuguesa, la Comisión puede promover una nueva etapa del diálogo social, basada en una estrategia concordada de la socialización y la difusión de los conocimientos, en una palabra, una estrategia para el empleo y la definición de sus reglas, esto permitiría avanzar en una participación de los trabajadores en la gestión informada y consensual de los procesos de reestructuración y de recolocación. 
En tercer lugar, no pienso que para la Unión Europea la reducción del número del personal en activo por el envejecimiento de la población sea una fatalidad ineludible no solo por la existencia de márgenes para el aumento del empleo femenino y por la inmigración, sino porque es preciso invertir con determinación la extendida tendencia a las prejubilaciones y a las jubilaciones anticipadas del mercado de trabajo no orientando la reforma coordinada de los sistemas de protección social a reducciones significativas del tratamiento futuro de las pensiones, sino a la utilización activa de la mayor esperanza de vida y al retraso de la edad de jubilación. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías. Viene usted, señor Prodi, muy reformista y muy ambicioso. 
Bienvenidos sean usted y su ambición. 
Falta va a hacer ante la inmensa tarea que espera. 
Pero para hacer todas esas reformas, incluso para llevar adelante el programa legislativo de 2001, es preciso estar muy seguro no solamente de las propias fuerzas del reformador sino de las opiniones de los demás. 
Usted habla de que no dudará en venir a esta casa a pedir más recursos para la Comisión, pero la Comisión debe ser muy consciente de lo delgado que es el suelo financiero que pisamos. 
Disponemos del 1,27 % del PIB comunitario. 
Ni un euro más ni un euro menos. 
No seremos nosotros quienes negaremos esos nuevos recursos, debería usted preguntar al Consejo. 
Estas perspectivas financieras están ajustadas al milímetro. 
Para financiar su plan de estabilidad en los Balcanes habrá que negociar una importante revisión de la categoría 4, y recordará usted las enormes dificultades que hemos tenido para aprobar el presupuesto 2000. 
Le recuerdo que a este Grupo político, al PPE-DE, no le gusta financiar nuevas iniciativas políticas con el sacrificio de las ya existentes. 
Las prioridades políticas deben ser marcadas por este Parlamento y por los diputados europeos. 
No crea usted ni por un momento que la reforma del presupuesto que nos propone va a disfrazar las limitaciones del sistema financiero comunitario. 
Bien está que hagamos todos, de mutuo consenso, un esfuerzo de racionalidad presupuestaria pero sea usted muy consciente de que la insuficiencia de recursos, la ausencia de autonomía financiera y la mala ejecución presupuestaria siguen siendo las urgencias que se deben resolver. 
Así nos preguntamos: ¿tiene la Comisión la voluntad política de resolverlas? 
Señora Presidenta, la comunicación de la Comisión está bien escrita, pero es suficientemente vaga como para permitir cualquier interpretación. 
Porque, están las palabras pero también su significación política real. 
Los socialistas aplauden a la Comisión cuando ésta pretende luchar contra la exclusión social, contra la pobreza. 
Pero, cómo salvar el foso entre la retórica política y el mundo real. 
¿Qué quiere decir el objetivo declarado de la Comisión de una "reforma económica del mercado del trabajo"? 
¿Más flexibilidad, más inseguridad, más contratos de duración determinada? 
Todo el mundo sabe que la calidad de vida, que el pleno empleo, que un mejor empleo dependen de un crecimiento económico duradero. 
La Unión se limita en la actualidad a una política de estabilidad, sin duda necesaria pero insuficiente. 
Nosotros, socialistas, queremos un pacto europeo por el crecimiento y por el empleo. 
Los ingredientes de esta política son conocidos: relanzamiento de la inversión pública y privada, más inversión en investigación, en educación y en formación, promoción del espíritu de empresa. 
En este sentido, la iniciativa E-Europa es saludable. 
En el mundo de las nuevas tecnologías, el peligro principal sigue siendo el acceso más o menos fácil a la información según se sea rico o pobre. 
Los fosos que se abren por todas partes son el problema crucial de nuestros tiempos. 
Por un lado, está la exuberancia de los mercados financieros, la explosión de las riquezas, mientras que de otro se constata el incremento de las exclusiones. 
Se pide a los trabajadores que sean flexibles, innovadores, cada vez más productivos, pero los frutos de esta productividad benefician cada vez más sólo a los accionistas. 
El Banco Central Europeo sigue siendo muy discreto sobre los niveles de rendimiento exuberantes de los activos financieros, pero no deja nunca de recordar que cualquier aumento de salario debería quedar por debajo del nivel de aumento de la productividad. 
¿Cómo explicar a los trabajadores víctimas de las racionalizaciones del Monopoly mundial que deben estar dispuestos a cambiar varias veces de oficio en su vida laboral, cuando los grandes capitanes de empresa, tras haber perdido el golpe de suerte de un take over, se van con una indemnización de 30 millones de euros? 
Durante años se nos ha repetido que es preciso liberalizar la economía. 
En los sectores liberalizados, asistimos a una avalancha de fusiones y adquisiciones que conduce inevitablemente a situaciones monopolísticas. 
Todas esas batallas bursátiles no se construyen más que sobre anticipos de crecimiento de los beneficios de un 15%, un 20%, un 25%, es decir, niveles irreales en su duración. 
El incremento descontrolado de los activos financieros e inmobiliarios significa que los riesgos están también en alza. 
El riesgo principal que nos acecha a medio plazo no es la inflación, sino la deflación provocada por un hundimiento de las burbujas especulativas en los mercados financieros internacionales. 
Termino, señora Presidenta, diciendo que los cinco próximos años serán cruciales. 
Hacen falta nuevas reglas para la globalización, se necesitan inversiones en la economía real, en el hombre; es preciso que la mano visible de los Estados, la mano visible de la Comisión garanticen la dimensión social de la economía de mercado. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, el programa estratégico presenta, a mi modo de ver, dos puntos débiles evidentes. 
No sirve de nada redactar un nuevo programa económico y social sin haber agotado el antiguo. 
Concretamente, me refiero a la política de transporte o a la política regional. 
En ambos ámbitos cuenta usted con excelentes Comisarios en las personas de la colega Palacio y del colega Barnier, pero aun así les concede demasiado poca importancia en su documento estratégico. 
¿Por qué lo digo? 
En el caso de la política de transportes, es decisivo que ésta se defina a escala de la Unión Europea con un enfoque racional desde el punto de vista económico y de la política medioambiental, y esto debe hacerse antes de la adhesión de nuevos Estados. 
Si el Presidente de la Comisión quisiera escucharme, yo le estaría muy agradecido, pero ya veo que tendré que resignarme. 
En primer lugar, necesitamos una liberalización razonable del sector ferroviario, puesto que deseamos desplazar el transporte de mercancías de las carreteras al ferrocarril. 
Esto resulta razonable desde el punto de vista económico y de la política medioambiental. 
Sin una liberalización no será posible avanzar en el desarrollo de una política de transportes razonable. 
Otro tanto se puede decir en relación con el ámbito de la seguridad aérea en Europa. 
Los ciudadanos no pueden comprender que liberalicemos el transporte aéreo, pero en cambio mantengamos dividido el espacio aéreo en 15 sectores distintos, controlados a escala nacional, con las consiguientes desventajas económicas para las líneas aéreas y de contaminación medioambiental. 
En este aspecto todavía le quedan tareas pendientes. 
Señor Comisario, la política regional está demasiado poco presente en su documento. 
La cohesión social y económica de la UE es una tarea decisiva de la Comunidad. 
Si no la cumplimos, los ciudadanos de las regiones desfavorecidas van a temer la ampliación. 
Debemos decirles claramente que durante los próximos cinco años vamos a promover su aproximación a las regiones más ricas, dedicando unos recursos razonables al apoyo a las regiones desfavorecidas. 
Si así se hace, también ellos estarán dispuestos a apoyar decididamente una ampliación y a participar en la misma. 
Señor Presidente de la Comisión, si no somos capaces de poner en práctica una solidaridad ya probada entre las regiones ricas y las regiones pobres, la Unión se empobrecerá como resultado y no obtendrá el respaldo de la población. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores Comisarios, señorías, la formulación de nuevos programas no debe hacernos olvidar los antiguos que se encuentran ahora en la fase de aplicación. 
Desde este punto de vista será útil que el programa de trabajo de la Comisión retome los temas de la Agenda 2000, la Política Agrícola Común, en la que está incluida la pesca, y en segundo lugar, la actividad de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente de la Comisión, espero que esta referencia signifique que la reorganización de la Comisión no va a dañar el mecanismo de control y de aplicación actual para la Agenda 2000. 
Por supuesto, los temas de la Agenda 2000 son temas que se mencionan en su tercer y cuarto objetivo estratégico, la agenda económica y social y la mejor calidad de vida. 
Lo que no se vislumbra en sus textos es en qué medida se corresponden los elevados, los generosos objetivos con los medios que la Comisión va a movilizar. 
Y no me refiero necesariamente a los medios económicos. 
Al final, para aplicar la Agenda 2000 en el sector agrícola no hacen falta necesariamente más recursos, también hace falta ahorrar. 
Se trata de los medios analíticos: de invertir capital intelectual en estos temas. 
Porque es indispensable cumplir dos objetivos: salvaguardar el modelo europeo de la multifuncionalidad en la agricultura, y hacerlo facilitando la liberación del comercio mundial de productos agrícolas, principalmente en beneficio de los países en vías de desarrollo. 
No es fácil combinar los dos objetivos. 
No es obvio. 
Posiblemente haya contradicciones entre los dos objetivos y no tenemos ningún indicio de que la Comisión haya señalado estas contradicciones y de cómo piensa resolverlas. 
En cuanto al otro aspecto de la Agenda, señor Presidente de la Comisión, el de la cohesión y del desarrollo regional, por supuesto que ahí sí que tenemos grandes logros que presentar, pero seguimos teniendo aún regiones retrasadas, y especialmente regiones insulares, hacia las que deberíamos dirigir más nuestra atención. 
Y sobre el tema de la pesca, en su programa no hay nada que diga que la explotación depredadora de los peces, que al final ha hecho desaparecer especies enteras, vaya a tener cualquier tipo de resultado en el futuro. 
Quizás haga falta poner más atención y más esprit de finesse en estos temas. 
Señora Presidenta, quiero comenzar insistiendo en la cautela que han manifestado aquí muchos colegas al referirse a este plan quinquenal. 
Cuando establecemos objetivos muy ambiciosos a largo plazo, no debemos apartar la vista del presente. 
Es un argumento que ha presentado de manera muy convincente el dirigente de mi Grupo, Sr. Poettering, en su intervención inicial. 
La Unión no debe asumir toda una serie de tareas nuevas sin contar con el requisito básico para garantizar una economía europea próspera. 
Ese requisito es a todas luces el mercado único. 
¿Hasta qué punto se ha consolidado ya el mercado único? 
Quiero recordar al Sr. Prodi y a sus colegas que aún permanecen aquí los resultados del estudio que realizó la propia Comisión entre 3.000 empresas europeas. 
Cerca del 40% de las empresas de este estudio siguen soportando costes adicionales para homologar sus productos o servicios según las especificaciones nacionales. 
Se trata de un estudio de la propia Comisión. 
Son los síntomas clásicos de la obstrucción continuada que ejercen los gobiernos nacionales; los trámites burocráticos bloquean la entrada al mercado. 
El programa de la Comisión refleja una autocomplacencia preocupante en lo que se refiere a la realización del mercado interior. 
Debemos mantener alta la presión en todos los ámbitos, eliminando barreras adicionales, intensificando la presión sobre los Estados miembros que incumplen las normas del mercado único y, naturalmente, hacerla extensiva a nuevos ámbitos de importancia fundamental, como los servicios financieros. 
Únicamente sobre una base sólida como es el mercado único, podrá realizarse con éxito la agenda de la ampliación. 
Una Europa ampliada debe potenciar las actuales virtudes de la Unión. 
Un mercado único que se extienda a lo largo de la Unión ampliada será un logro colosal. 
Termino diciendo, en nombre de mis colegas Conservadores- y constituimos la segunda mayor delegación nacional de este Parlamento- que nos comprometemos a apoyar plenamente a la Comisión y al Sr. Prodi en la realización de esta tarea histórica. 
Señora Presidenta, señor Presidente, señorías, en el momento de nuestra votación de investidura le dimos una cita para hoy. 
Hoy comienzan los asuntos serios ya que precisamente ahora vamos a pronunciarnos sobre su programa. 
Permítame, en las palabras que ha pronunciado ante esta Asamblea, que concentre mi intervención en lo que usted ha llamado nueva gobernación. 
Hace de ella un instrumento de reconciliación con nuestros conciudadanos. 
Pero tras este término de «nueva gobernación» creo que se encuentra simplemente la cuestión del funcionamiento de las instituciones, la cuestión del funcionamiento de nuestros poderes públicos, si estamos de acuerdo en considerar que la Unión Europea ha de ser un poder público. 
La articulación entre las instituciones de la Unión, las competencias de los Estados miembros y las autoridades locales y regionales, muy bien. 
Pero, ¿es así como reconciliaremos ciudadanos y construcción europea? 
¿Es así verdaderamente como responderemos a las cuestiones fundamentales, que no son tanto «quién hace qué» , sino más bien «qué hacemos juntos» , ya que es esto lo que siembra el desconcierto en nuestros conciudadanos? 
En su intervención, menciona los desafíos que nos esperan, los de la globalización, los de la ampliación y, añadiré, el futuro de nuestro modelo social. 
Por ello, con mi Grupo insistimos tanto en este proyecto de carta, ya que nos parece que si, en nuestro calendario, hemos incluido la redacción de esta carta de derechos fundamentales es porque nos encontramos en un momento de cita con la historia, que nuestra Unión necesita redefinir los valores en torno a los cuales se ha construido en el interior de sus fronteras actuales, pero también en la perspectiva de las próximas ampliaciones que deseamos, aunque no a cualquier precio. 
Nuestros conciudadanos esperan de nosotros más Europa, pero no cualquier Europa. 
Esperan de nosotros, no que nos adaptemos a la globalización sino que, sobre la base de nuestro modelo social, seamos una capacidad de organización de la globalización. 
Desde este punto de vista, debo decirle que, cuando uno se compromete a favor de una unión política- y nosotros somos favorables a esta unión política- sólo podrá hacerse si está basada en nuestro modelo social, en lo que constituye nuestra originalidad y nuestra capacidad para regular mejor los asuntos de este mundo. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, señores Comisarios, apreciados colegas, permítanme que comience con una cita: " La Comisión seguirá trabajando en la elaboración de una Carta Europea de los Derechos Fundamentales y redactará propuestas que permitan aplicar un ambicioso programa. 
La Comisión se propone, en particular, desarrollar una verdadera política europea de asilo e inmigración. Desea reforzar la asistencia y la cooperación judicial y desarrollar un planteamiento eficaz de lucha contra todas las formas de delincuencia. " 
Este es todo el programa para los próximos años en el ámbito de la seguridad interior, las libertades, los derechos de los ciudadanos y la cooperación en el ámbito de la justicia. 
¡La brevedad del documento es una farsa! 
Es una farsa, pues conocemos y apreciamos el trabajo del Comisario Vitorino, y lo que aquí se nos presenta por escrito está en flagrante contradicción con la situación real. 
Semejante documento no puede servir en absoluto de base para una evaluación. 
Se ha elogiado y celebrado como un gran logro, pero yo insisto en que necesitamos un texto que sirva de base para realizar una evaluación. 
Desde el Parlamento queremos discutir seriamente la futura evolución en este ámbito sobre la base de un programa. 
Por nuestra parte, esperamos que se establezcan unas normas mínimas en relación con el procedimiento de asilo, que permitan auxiliar rápidamente a los refugiados, pero que también marquen unas pautas claras para los que no huyen de una persecución. 
Deseamos una definición de la política comunitaria de inmigración que también tenga en cuenta, naturalmente, la capacidad de integración de los Estados miembros, y necesitamos que se amplíen las tareas operativas de la Europol, por ejemplo, con el fin de poder adoptar medidas muy concretas para combatir a la delincuencia organizada. 
Nosotros nos ocupamos seriamente y con gran dedicación de estas tareas y estamos autorizados a esperar que la Comisión haga otro tanto, aunque sólo se trate de presentar un documento. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, Señorías, hago uso de la palabra para abordar el asunto de la Organización Mundial del Comercio, ámbito en el que, a diferencia de lo que ocurre en otros, existe, como ya se ha dicho, entre los documentos de la Comisión y las posiciones del Grupo Socialista, identidad de puntos de vista. 
Hay una identidad de puntos de vista porque estamos a favor de los intercambios comerciales en el nivel mundial, pero sobre todo de la creación de normas comunes, de reglas comunes, que regulen ese comercio mundial en torno a un objetivo: que ese comercio esté al servicio del desarrollo y, sobre todo, un desarrollo armonioso en el que los valores de la ciudadanía no sean exclusivos de las regiones más dinámicas y más competitivas del mundo. 
Que en el nivel de la Organización Mundial del Comercio esa regulación y esas normas han propiciado un aumento del volumen de los intercambios comerciales, es decir, un aumento de la riqueza, pero, cuando observamos los índices de distribución de esa riqueza, comprobamos, por desgracia, que el foso que separa los bloques y los países más ricos del mundo sigue aumentando en relación con los países más pobres y menos desarrollados. 
Por eso, es legítimo e imperativo que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿para qué sirven las actuales normas comunes, las actuales reglas comunes? 
¿Para qué sirve la negociación actual, tal como se hace, y el funcionamiento actual de la Organización Mundial del Comercio, si hace aumentar, por un lado, los intercambios comerciales, pero, por otro, engendra disfunciones y sobre todo hace que se agrande ese foso entre los países ricos y los pobres? 
Por eso, dijimos que estábamos a favor de la estrategia que la Comisión enunció aquí para las negociaciones de Seattle y siguientes. 
Y sobre todo estamos a favor de esa visión estratégica, pero hace falta valor y osadía: por un lado, ser exigentes para incluir los derechos sociales, los derechos medioambientales y la protección de los consumidores en las negociaciones inmediatas, pero, sobre todo, tener una visión ambiciosa y valiente a largo plazo, en el sentido de reformar no sólo la OMC, sino también la OIT, las Naciones Unidas y sobre todo las instituciones financieras, en particular el FMI y el Banco Mundial. 
Hay que tener valor y no observar la mundialización parcialmente, sino tener valor para verla en un plano más global para que la riqueza no sirva sólo, de hecho, para los países y los bloques más desarrollados, sino que haya una evolución y un desarrollo armoniosos en todas las regiones del mundo. 
Señora Presidenta, yo también quiero aplaudir la iniciativa de la Comisión de presentarnos un informe sobre sus objetivos estratégicos para los próximos cinco años, si bien espero que tenga la intención de corregir, en posteriores documentos, el exceso de generalidades y la vaguedad del escrito que hoy examinamos. 
Dicho esto, señora Presidenta, me dispongo a clamar, de nuevo, en el desierto por la ausencia de la política pesquera. 
Resulta verdaderamente sorprendente que la Comisión no sitúe como un objetivo estratégico para los próximos años el proceso de revisión de una de sus políticas comunes con vistas a la reforma que debe tener lugar en el año 2002. 
Este proceso de revisión es, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante de los que van a afectar al sector pesquero durante muchos años. 
Pero, al parecer, no lo es para la Comisión, que es la encargada de presentar al Consejo y al Parlamento, antes de finales del año 2001, el informe sobre el funcionamiento de la política pesquera común en la última década, sobre cuya base el Consejo deberá tomar las oportunas decisiones de modificarla. 
De hecho, el proceso de revisión ya ha comenzado para muchos estamentos e instituciones, como por ejemplo para el Parlamento Europeo, que ya en 1998 dictó y aprobó un informe en el que se señalaban todos los problemas y fallos que tiene ahora mismo la política pesquera común. 
Hemos pedido muchas veces un calendario mínimo sobre esta revisión y no hemos obtenido respuesta. 
Y menos de dos años no es mucho tiempo cuando hay que recordar, además, que la política pesquera vive una situación anómala respecto a las normas del mercado interior y que dichas anomalías habría que resolverlas dentro de este procedimiento de reforma. 
Por tanto, señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, pido que este tema, de vital importancia para un sector muy importante de la Unión Europea, sea tenido en cuenta en esta estrategia y en estos objetivos estratégicos para los próximos cinco años. 
Señora Presidenta, quisiera sumar mis felicitaciones al Comisario Prodi por su programa. 
Acojo con especial satisfacción su reconocimiento de este círculo virtuoso que supone haber mantenido el crecimiento: la sociedad de la información en un mercado europeo en expansión, sin olvidar la introducción de una moneda única plenamente operativa que nos brindará la oportunidad de fomentar de verdad la prosperidad, la innovación de las empresas y el espíritu emprendedor y sí- lo más importante de todo- crear puestos de trabajo de un alto valor sostenible para todos nuestros ciudadanos europeos. 
Debo hacer una observación, que no una crítica, relativa a la declaración de esta mañana del Sr. Prodi y es que ha adolecido un poco de falta de contenido real en lo que respecta a política económica. 
No debemos dar nada por descontado en términos de cómo lograremos la reestructuración de la economía europea. 
Después de todo, ¿qué es justicia social si carece del pleno empleo? 
El pleno empleo es la mejor forma de generar justicia social para nuestros ciudadanos. 
Es una prioridad clave en la que debemos centrarnos. 
Quisiera saludar una o dos iniciativas que ya ha presentado la Comisión y que nos servirán de ayuda, en particular, el compromiso del Comisario Liikanen de conseguir una economía innovadora impulsada por el conocimiento. 
Sí, la e-Europa será el futuro para nosotros, porque nos ayudará a crear nueva prosperidad y nuevos puestos de trabajo. 
Saludo las iniciativas de la Comisión de ahora y del pasado encaminadas a ayudar a nuestras pequeñas y medianas empresas, y quisiera felicitar a nuestra Presidencia portuguesa por su iniciativa de elaborar una carta para las empresas muy pequeñas. 
Es importante y puede desarrollarse en la Cumbre de Lisboa. 
También acojo con satisfacción la idea del Comisario Busquin de crear un ámbito común de investigación para toda la Unión Europea. 
Una vez más, de esta forma podremos contribuir a la creación de mejores oportunidades para el empleo y para la prosperidad. 
Usted ha dicho en su resumen, Comisario Prodi, que la liberalización, la competitividad, una tasa baja de inflación, la innovación, la ciencia y la tecnología son aspectos fundamentales para el futuro éxito de la economía europea y la creación de puestos de trabajo. 
Estoy muy de acuerdo con usted al respecto, pero no podemos dar nada por descontado. 
Aún quedan muchas más cosas por hacer y la Cumbre de Lisboa formará parte de eso. 
Con estas observaciones, quisiera felicitarle por su programa y desearle mucho éxito. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, yo voy a limitarme a exponer dos consideraciones que no figuran en su programa. 
Personalmente, tengo la impresión de que el documento estratégico de la Comisión para los próximos cinco años se puede leer como un trabajo científico sobre la Unión Europea o como una declaración de principios, pero lamentablemente no parece reflejar una auténtica estrategia política de la Comisión. 
En mi calidad de portavoz de mi Grupo político en el ámbito de la política cultural y educativa, yo habría esperado un mayor contenido en este aspecto justamente de un Presidente de la Comisión italiano. 
¡La Comisión no insufla un alma a Europa! La cultura y la educación sencillamente no existen para el documento. 
Sin embargo, existe una necesidad real de crear un espacio europeo de la cultura y la educación. 
Sólo voy a enumerar algunos temas clave. 
Quiero citar la integración de las políticas en el ámbito de la industria cultural en dicho espacio de la cultura y la educación; esas industrias crean puesto de trabajo. 
Quiero citar la introducción de un mainstreaming cultural- la integración de la cultura en todos los ámbitos de las políticas -, la consolidación y mejora de la orientación europea de los contenidos educativos y formativos, así como la interconexión entre las políticas educativas y de formación en Europa. 
También quiero destacar la formación permanente. 
Señor Presidente de la Comisión, tampoco dice usted nada sobre el espacio audiovisual europeo, ¡ahora que acabamos de inaugurar el nuevo siglo! 
Y tampoco encuentro ninguna referencia a la política de información y comunicación, al servicio de las necesidades de los ciudadanos. 
En resumen, yo creo que en el programa faltan algunas cosas. 
Una auténtica ciudadanía europea requiere la creación de un verdadero espacio de la educación y la cultura, y que éste sea visible. 
¡Las declaraciones de principios no bastan! 
Necesitamos contenidos, que la Comisión deberá transponer luego de manera continuada a la práctica por medio de acciones políticas, tal como acabo de describir. 
Señora Presidenta, señor Prodi, ¿cuál sería el balance de su política, de su programa de trabajo, cuál sería su evaluación, si tuviese que someterse a unas elecciones directas? 
Usted ha planteado la buena y sugerente idea de que una medida del resultado y la evaluación de su política y de su programa quinquenal podrían ser los resultados y el nivel de participación en las próximas elecciones europeas. 
Sin embargo, cuando considero la posibilidad de presentarles su programa de trabajo a mis electoras y electores, a quienes veo cada semana y debo dar explicaciones semanalmente- no en los altos círculos de la política, sino en la calle -, yo me pregunto: ¿qué podré decirles? 
¿Qué novedades podré decirles que contiene su programa? , señor Prodi. 
En su programa de trabajo no hay ninguna novedad. 
Ha ocupado cinco páginas para un periodo de cinco años, cuando su programa anual ocupaba 18. 
¿Esto me permite abrigar esperanzas para el año 2000? 
¡No, en absoluto! 
En su programa de trabajo para el 2000 usted dice algo muy acertado, a saber, que es preciso integrar las exigencias medioambientales en las políticas en todos los demás. 
Pero ¿lo ha hecho usted, señor Prodi? ¿Ha leído lo que dice su programa de trabajo de este año? 
¡Lo cierto es que no lo ha hecho! 
No ha integrado la política medioambiental en el ámbito de la ampliación, a pesar de que va a ser uno de los puntos conflictivos centrales en el contexto de la ampliación. 
Tampoco no la ha integrado en la política económica, ni en el ámbito de la competencia o del mercado interior. 
No la integrado en ningún aspecto. 
Se ha limitado a añadir algunos puntos decorativos, pero no ha elaborado ningún complemento global. 
Antes ha dicho en su declaración que una catástrofe como la del Danubio debe servir de acicate para elaborar un programa contra las catástrofes. 
No, señor Prodi, lo que debemos hacer es empezar a transponer finalmente la legislación y a velar por que también se controle su aplicación. 
En su programa quinquenal usted señala que los habitantes de la Unión Europea esperan, con razón, una mejora de las normas de calidad de los alimentos y una legislación más adecuada sobre los alimentos. 
Señor Prodi, ¡usted no sabe de qué está hablando! ¡La legislación de la Unión Europea sobre los alimentos es la más ambiciosa del mundo! 
Lo que falla y lo que falta es su transposición en los Estados miembros y los controles. 
Tómese en serio de una vez su tarea de Presidente de la Comisión: de les un tirón de orejas a los Estados miembros y oblígueles a cumplir sus tareas y su obligación. 
No debe dedicarse sólo a sus aficiones, sino que se ha de ocupar también del trabajo normal de cada día. 
¡Esto es lo que nosotros esperamos de usted en los próximos cinco años! 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías. Como presidente de la Comisión de Pesca de este Parlamento, señor Prodi, no me pone usted las cosas nada fáciles. 
Me veo en la obligación de denunciar aquí hoy públicamente la ausencia de la pesca en el programa que usted nos ha presentado. 
Los próximos cinco años de la Comisión Prodi- nos anuncia usted en la primera de sus conclusiones solemnemente- serán de gran cambio. 
Espero que este cambio que nos anuncia no consista en una todavía mayor marginación de la pesca, a juzgar por el clamoroso y absoluto silencio que le dedica usted en su programa. 
Ni una sola línea, ni una sola palabra referida a la pesca o a la PCP. 
No le pido a usted detalles o concreciones, pero una mención creo que sí sería necesaria. 
¿Cómo una política común- insisto, común- de tal impacto económico, social y regional- con incidencia, por tanto, en la cohesión económica y social de Europa- se le queda a usted en el tintero? 
Más grave, si cabe, -como se ha dicho aquí- teniendo en cuenta que su Comisión, señor Prodi, tiene que llevar a cabo nada menos que la revisión o la reforma de la política pesquera común actual, que por mandato legal tiene que producirse en el año 2002. 
¿No hará nada la Comisión- al menos no nos anuncia nada- tampoco en el año 2000 sobre esta reforma? 
¿Qué mensaje podemos dar a los pescadores de Europa, a sus familias y a las industrias pesqueras, tanto extractivas como transformadoras y de comercialización, y a las industrias conexas y auxiliares que dependen de la pesca en tantos y tantos puertos europeos de tantas y tantas regiones europeas, además, en la gran mayoría periféricas, que reclaman con justicia una atención principal a este problema? 
En los próximos años, usted anuncia explícitamente una referencia a la PAC pero no lo hace respecto a la PCP en la adaptación doble que tiene que hacer al mercado interior para que no existan excepciones- lo que se ha dicho aquí también- y en el contexto mundial, en esa mundialización. 
Este Parlamento se ha pronunciado ya sobre lo primero y lo hará también sobre lo segundo. 
Le pido, por eso, señor Prodi, una referencia explícita en su respuesta hoy. 
Nuestro Grupo parlamentario presentará una enmienda al respecto y yo querría que usted nos diera algún mensaje positivo. 
Señor Presidente de la Comisión, este es un momento histórico para el Parlamento: un programa de cinco años tras la crisis de la Comisión. 
En nombre del Grupo socialista, quisiera centrarme en el punto referente a la reforma interna. 
Apoyamos plenamente el programa que se ha presentado en un documento consultivo y que también se refleja en el programa del vicepresidente Kinnock elaborado en nombre de la Comisión. 
Consideramos que es de la mayor importancia que en las cuestiones de control financiero, política de personal y reducción de la burocracia, afrontemos líneas políticas rápidas y una burocracia más eficaz, en interés del ciudadano. 
Al mismo tiempo somos conscientes de que éste es un programa de enorme alcance y que durante la reforma de los próximos años tendremos que seguir con las actividades, con resultados concretos. 
Al igual que en los Países Bajos, en un momento dado, las mujeres se dieron cuenta de que podían recurrir la legislación europea porque estaban desfavorecidas en la seguridad social, lo mismo les ocurre hoy en día a otros tantos ciudadanos. 
La democracia, la trasparencia y la claridad van siempre unidas a los resultados, los ciudadanos valoran los resultados y por ellos se juzga a la Comisión. 
Esto es precisamente lo que el Sr. Swoboda y otros colegas han mencionado aquí: el miedo a la modernización, a la normalización, al individuo que pierde su protección y su seguridad. 
Esto puede evitarse poniendo en práctica el modelo social europeo y si se alcanzan resultados en esos ámbitos concretos. 
De ahí que mi firme alegato en favor de apoyar la reforma interna vaya unido tan claramente a resultados concretos en el terreno social, de modo que el ciudadano se sienta identificado, en Europa y en el exterior. 
Porque los ciudadanos, uno de cada cinco en el mundo, todavía no tienen acceso a prestaciones sociales elementales como la educación y la sanidad. 
Es a través de ellos como verdaderamente debemos practicar la solidaridad. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, he leído y releído el documento de la Comisión relativo a los objetivos estratégicos para el período de su mandato. 
Me congratulo de que se debata en el Parlamento y tomo nota de los compromisos y también de las omisiones. 
La Comisión hace referencia sólo muy lateralmente a la cohesión económica y social, a la solidaridad entre los Estados miembros, a la política regional de la Unión Europea, incluso en materia de ampliación. 
¿Serán objetivos ya alcanzados la reducción de la disparidad entre niveles de desarrollo y la consiguiente promoción de la convergencia? 
¡Desde luego que no! 
Entretanto, se dice, y con razón, que Europa debe valorizar el papel de interlocutor solidario de los países en desarrollo y fortalecer sus actividades en el sentido de la lucha contra la pobreza. 
Se subraya bien para fuera lo que se omite mal para dentro. 
Me parece grave que la Comisión no aborde la cohesión. 
Posterga un principio de los Tratados- el de la cohesión económica y social- que debe inspirar todas las políticas y todas las medidas de las instituciones europeas, parece desconocer que persisten profundos atrasos en varias regiones europeas, olvida que la ampliación justifica ajustes en la política regional. 
Sin convergencia real, lo que correrá riesgo será la cohesión de la Unión Europea. 
Téngase presente el sexto informe periódico sobre la situación de las regiones de la Unión Europea, cometido de la Comisión. 
En él se confirma que, para un nivel medio de desarrollo al que se atribuye el grado 100, las diez regiones designadas como "más fuertes" alcanzan la media de 158 y las diez denominadas "más débiles" rondan el 50. 
Sáquense las conclusiones al respecto. 
50: ése es exactamente el nivel de desarrollo de la región en la que yo vivo- las Azores -, una de las calificadas de ultraperiféricas en los Tratados. 
Espero el informe de la Comisión sobre las regiones ultraperiféricas que el Consejo determinó que se elaborase hasta diciembre de 1999. 
Termino reafirmando mi convicción: sin cohesión económica y social no habrá tipo alguno de cohesión, sólo desintegración. 
Señora Presidenta, señor Presidente, necesitamos, la opinión pública europea necesita, una Comisión fuerte, porque, tal como la han querido los tratados, tal como la ha querido también la voluntad de los pueblos, la Comisión es el motor de la construcción europea, esa roca de Sísifo que hemos de empujar hacia la cumbre después de cada ampliación. 
Por consiguiente, Comisión fuerte, pero que se apoye en un Parlamento, y el Parlamento es por tanto su aliado, pero un aliado poco cómodo, del que es preciso oír los mensajes, y yo quisiera dar uno o dos en esta breve intervención. 
En primer lugar, señor Presidente, creo que, si sus dos predecesores se han entregado esencialmente a desarrollar un mercado interior y a instalar una moneda única, a usted principalmente le corresponde desarrollar todo este valor ciudadano que está en el centro de la construcción europea. 
Efectivamente, no deberá dejarse distraer, cualquiera que sea su importancia, sólo por el expediente de la ampliación. 
Será preciso llegar más lejos, hacia la reconciliación del ciudadano con Europa y, principalmente, esos ciudadanos víctimas de las fracturas económicas, sociales y, sin duda, en el futuro, tecnológicas. 
La promoción del desarrollo científico, la promoción también de las nuevas tecnologías y el acceso de todos a esas tecnologías no quedarán garantizados por el mercado y por la competencia, no más de lo que el mercado y la competencia asegurarán la proximidad y la eficacia sociales de los grandes servicios colectivos, salud, educación, transportes, comunicaciones, agua y quién sabe cuánto más. 
Su programa de acción, sus objetivos son discretos, incluso mudos, precisamente sobre el relanzamiento necesario de la inversión pública. 
Son también discretos, incluso mudos sobre la consolidación y la financiación de los grandes servicios públicos y de interés general. 
Hay en ese caso una prioridad absoluta, señor Presidente, si desea reconciliar Europa con el ciudadano, actuar de forma que éste elija a Europa en lugar de a Jörg Haider. 
Señora Presidenta, la Comisión ha estado acertada al convertir la seguridad alimentaria en una de sus prioridades. 
El reciente susto de las dioxinas en Bélgica y, antes de eso, la crisis de la EEB en Gran Bretaña, así como la constante controversia sobre la seguridad de los alimentos que contienen organismos genéticamente modificados han contribuido todos ellos a debilitar la confianza de los consumidores en la seguridad de los alimentos que consumen. 
Si la Comisión consigue realmente restablecer la confianza en la cadena de producción alimenticia, restablecerá simultáneamente la confianza en las propias instituciones de la Unión Europea y demostrará su capacidad de proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Por ello, acojo con satisfacción que el tema de la seguridad alimentaria, la salud pública y la confianza de los consumidores ocupe un lugar destacado en el programa de trabajo de la Comisión para el año 2000. 
No obstante, me ha decepcionado el carácter de la propuesta relativa a la creación de una agencia alimentaria europea que se incluye en el reciente Libro Blanco. 
En su forma actual, lo que se propone parece más bien una agencia consultiva para la Comisión, y no un organismo independiente con competencia legislativa y que tome decisiones, más parecido al organismo estadounidense "Food and Drug Administration", que ya ha establecido su credibilidad en este ámbito en particular. 
Asimismo, será necesario introducir legislación adicional por la que se rija el modus operandi de las relaciones entre la agencia alimentaria europea y aquéllas nacionales de los Estados miembros, por ejemplo, la agencia de seguridad alimentaria de Irlanda. 
Este organismo, por ejemplo, junto con el organismo transfronterizo de seguridad alimentaria creado recientemente en Irlanda, ya están dando buenos resultados. 
Sería una tragedia si sus esfuerzos se vieran debilitados por deficiencias de la legislación comunitaria. 
Mi temor es que dichas deficiencias de la legislación comunitaria puedan provocar polémicas entre los organismos nacionales y aquéllos de la UE, que deberían aunar sus esfuerzos en vez de hacerse la competencia entre sí. 
Es algo que deberíamos evitar. 
Señora Presidenta, la presentación que hoy nos ha hecho el Presidente Prodi ha sido, como no podía ser de otra manera, a grandes rasgos. 
Nos mantendremos atentos a los detalles año tras año, por ejemplo, en lo que se refiere al programa de acción social que será desvelado este año. 
También lo analizaremos desde la perspectiva de la política social y de empleo, y lo someteremos a una serie de pruebas. 
Examinaremos la posibilidad de crear un triángulo político equilátero que combine la política económica, la política de empleo y la política social. 
Actualmente, la política social sigue muy a la zaga a la política económica y la política de empleo. 
En el marco de la estrategia por el empleo, esperamos que se profundice y amplíe la estrategia a raíz de la revisión bajo la Presidencia portuguesa y en el marco que propone dicha Presidencia. 
En cuanto a la dimensión social, esperamos que se profundice en el mercado interior y se le dote de un aspecto social. 
El aluvión de fusiones, absorciones y traspasos al que estamos asistiendo con el crecimiento del mercado, significa que deberemos adoptar medidas para actualizar la esencia de las directivas relativas a la información y consulta de los trabajadores que hemos aprobado en el pasado; pero además deberemos completarlas con el nuevo marco general de información y consulta, así como con una actualización de la directiva sobre los comités de empresa. 
También necesitamos un código de conducta empresarial que garantice que las empresas trabajan en colaboración con sus trabajadores en la gestión del cambio. 
Sólo así podrá llevarse a cabo el cambio con éxito y espero que la Comisión tome las medidas oportunas para garantizar su aplicación. 
Por último, con la aparición o el resurgimiento de la derecha xenófoba dentro de la Unión Europea, espero que nuestras instituciones aúnen e intensifiquen sus esfuerzos para dotar de realidad el artículo 6, a través de la aplicación del artículo 13 para luchar contra la discriminación, y el artículo 137 para luchar contra la exclusión. 
Debemos impulsar ese plan ahora con la máxima urgencia. 
Las aspiraciones están muy bien, Presidente Prodi, pero queremos que esas aspiraciones estén secundadas por la acción. 
Señora Presidenta, ojalá esta oportunidad que se me ofrece de resaltar aún algunos puntos al final del debate sea un buen augurio. 
Sin embargo, justamente para el sector económico de la pesca, que yo represento, esto exige un cambio. 
Tenemos que conseguir realizar la transición de las subvenciones subordinadas a un plan económico a una política liberal que fomente la responsabilidad individual. 
Tenemos que reducir el papel protector, a fin de garantizar la plena utilización efectiva de las empresas de la industria transformadora. 
Lo que está en juego, en definitiva, es la competitividad de la economía europea en el mercado mundial y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo en la industria transformadora y en la pesca de altura. 
No obstante, seguro que no hará falta que le recuerde la importancia de una rama económica, que no sólo constituye un factor político-económico, sino también un factor social, y que no afecta únicamente a Alemania, sino a todas las regiones costeras de Europa, sin distinción de países. 
Dicha rama económica es, además, uno de los pocos sectores con competencias europeas plenamente integradas en materia de decisión y de actuación. 
Por consiguiente, esperamos obtener el derecho de codecisión también en este ámbito. Esta petición parece que ahora cuenta con un respaldo unánime. 
La revisión de la Política de Pesca deberá tener lugar, empero, dentro de pocos meses, o sea, a principios del año 2000. Siendo así, resulta ciertamente molesto que esta rama económica ni siquiera se mencione en el documento presentado. 
¡Espero que se trate de un malentendido! 
Yo le ruego, señor Prodi, que cumpla sus promesas y las traslade a la práctica. 
Señora Presidenta, muchos de los oradores del Grupo Socialista ya se han referido a ámbitos clave de la declaración de la Comisión en los que existen lagunas. 
No obstante, hemos reconocido que se trata de una iniciativa innovadora de la Comisión que merece ser aplaudida. 
El ámbito en el que deseo centrarme, además de aquellos a los que ya se ha hecho referencia, es el de la diversidad cultural de Europa. 
En la introducción de esta declaración se reconoce su importancia en el capítulo relativo a la calidad de vida. 
Pero en la propia declaración no hay nada que apunte a la intención de la Comisión de adoptar algún tipo de medidas para tratar sobre el tema de la diversidad cultural. 
Si queremos garantizar la derrota de los que siembran el temor entre nosotros- aquellos que buscan el poder a costa de los ciudadanos aprensivos -, debemos ocuparnos seriamente de la cuestión de cómo podemos convivir y cómo podemos desmantelar los estereotipos negativos que tenemos unos de otros, tanto dentro de la actual Unión Europea, como entre aquellos que quieren unirse a nosotros y, también, entre aquellos de otras partes de Europa y del mundo que quieren venir a vivir y trabajar en Europa. 
A menos que solucionemos estos problemas, a menos que desmantelemos estos estereotipos negativos, a menos que tomemos lo mejor de nuestras distintas culturas y lenguas y lo protejamos y propaguemos, y garanticemos que hablamos en serio cuando nos referimos a crear una Europa diversa, fracasaremos, y prevalecerán aquellos que actualmente saltan a primera plana en Europa apoyándose en el miedo. 
Me preocupa seriamente el hecho de que, a menos que la Comisión reconozca la importancia de cómo crearemos una Europa unida, avanzaremos en el frente económico, en el frente del empleo e incluso en el tema de la política exterior y de seguridad, pero nuestros ciudadanos seguirán teniendo miedo, porque temerán lo desconocido y temerán a aquellos a los que no entienden. 
Si no tomamos medidas para corregir eso, al final fracasaremos. 
. Señoría, le felicito. 
Antes de dar de nuevo la palabra al Presidente de la Comisión, le comunico que he recibido, de conformidad con el artículo 37, siete propuestas de resolución para concluir el debate. 
. (IT) Señora Presidenta, Señorías, quiero darles las gracias por este fuerte, serio y constructivo debate. 
Ha sido un debate sosegado en el que ha habido un gran acuerdo en los puntos fundamentales, pero en el que también ha habido una gran reafirmación de los derechos del Parlamento y de la necesidad de una cooperación y de un intercambio entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Ha sido un debate constructivo para nuestra Europa. 
Se ha dicho que el documento presentado es un manifiesto político que contiene algunas contradicciones internas. 
Señora Hautala, usted lo ha dicho y creo que tiene algo de razón, porque el mío es realmente un manifiesto político. 
Sin embargo, no es un manifiesto político abstracto, es una manifestación de voluntad política que necesitamos en esta etapa tan delicada de Europa. 
Es inútil decir que Europa está en crisis si luego no somos capaces de lanzar un manifiesto político, de debatirlo, de discutirlo y de avanzar juntos sacando conclusiones del mismo. 
Además, las contradicciones que justamente la Sra. Hautala ha notado entre objetivos e instrumentos son las contradicciones de la realidad europea actual. Son las contradicciones que debemos paliar y superar: ésta es la grandeza del cometido político que hoy tenemos. 
He puesto en evidencia estas contradicciones sin esconder nada: estoy contento de que se hayan puesto de relieve tan bien y de que, a veces, se hayan puesto de manifiesto abiertamente, y por esto queremos modificar los instrumentos con los cuales guiamos nuestra acción, la acción del Parlamento, mí acción, la acción de todas las Instituciones europeas. Por esto hemos querido una Conferencia Intergubernamental fuerte y por esto Helsinki fue un momento de transición delicado. 
Se ha escrito que habíamos renunciado a un impulso hacia una Europa más fuerte y luego, en cambio, se ha visto que en Helsinki conseguimos mantener encendida una antorcha que luego se ha vuelto a encender. 
Piensen- lo recuerdo aquí porque ocurrió en este mismo Pleno- en el discurso del Presidente de la República francesa sobre los problemas de la cooperación reforzada que han reabierto un diálogo que antes parecía estar cerrado. 
Espero que la tenacidad con la cual hemos defendido las posiciones de Helsinki se reconozca en la Conferencia Intergubernamental que concluirá en la Cumbre de Niza. 
Todos- no sólo los Sres. Poettering y Fiori, sino muchos oradores- se han referido al problema de la globalización y a las dificultades que plantea a nuestra vida y a nuestra política. 
La globalización, la Comisión la quiere y la considera positiva porque está llevando hacia un mínimo de decencia a millones de personas marginadas del mercado mundial; porque es gracias a esta globalización que China e India y, repito, algunos millones de personas se están despertando. 
Espero que la globalización tenga este contenido positivo también en el futuro, pero la misma- y éste será uno de nuestros grandes compromisos futuros- plantea problemas tanto en los países pobres como en los nuestros, unos problemas que debemos afrontar. 
Y además plantea problemas a las clases más débiles de nuestros Estados. 
Es un examen de conciencia que deberemos hacer día tras día con respecto a los hechos operativos, porque está claro que la globalización está separando a nuestra sociedad, está incrementando nuestras pobrezas, está aumentando muchas rabias y está provocando divisiones y subdivisiones en los niveles salariales, incluso de categorías que parecían homogéneas, y deberemos concentrar nuestra atención sobre esto. 
Lo que está claro es que, cuando nuestros jóvenes licenciados se dan cuenta de las diferencias salariales, de entre uno a cinco, según la clase de empleo que encuentran, y cuando el sector financiero ofrece remuneraciones equis veces más elevadas que a quien trabaja, por ejemplo, en el sector de la investigación, todo esto plantea unos problemas de cara a la organización de nuestra sociedad futura. 
Hemos de reflexionar sobre esto atenta y honestamente- y con esto contesto al Sr. Trentin- aún no tenemos, por lo menos yo no tengo preparada todavía una respuesta completa al respecto. 
En Lisboa empecé a responder tratando de reducir la marginación de toda una categoría de edad, esto es, facilitando nuevos instrumentos de comunicación a todos los jóvenes de Europa, reuniendo todas las escuelas europeas con un ancho de banda grande y creando nuevas ocasiones para evitar marginaciones tanto geográficas como de clases sociales de Europa. 
Pero todo esto no es suficiente para conseguir un control de la globalización o al menos para entender las consecuencias de la globalización, sin embargo, es una respuesta fuerte y es una respuesta que debemos dar. 
Hay una respuesta a escala mundial que la Comisión ha propuesto con fuerza a través del Comisario Sr. Lamy en estas últimas semanas: restablecer la confianza en el crecimiento en el Tercer Mundo puesta tan gravemente en peligro en los días de Seattle; relanzar el papel como Organización Mundial del Comercio con una amplia agenda capaz de hacer frente al reto de la globalización. 
La Comisión propuso en Ginebra un paquete a corto plazo que es extraordinariamente valiente y que responde a muchas de sus solicitudes. 
La Comisión ha propuesto la eliminación unilateral de las aduanas para los 38 o 40 países más pobres de forma unilateral, total y general; ha propuesto la reforma de los procedimientos de la Organización Mundial del Comercio y una mayor transparencia; ha propuesto dar una respuesta a los países en vías de desarrollo acerca de los problemas del incremento de esta medida. 
Si estas medidas se implementarán en los próximos días, la Comisión- como ha presagiado- llevará adelante con fuerza el relanzamiento de la Ronda para el verano y, por lo tanto, su reanudación. 
Estamos tratando de curar la herida que se abrió en Seattle. 
Ésta es la gran tarea de la Comisión y a la vez un proyecto de reforma de la Organización Mundial del Comercio con la inclusión de la Comisión, que por fin estudie a fondo el problema, porque nunca se ha hecho en estos años. 
Ésta es una primera respuesta concreta en un programa quinquenal que no está hecho para dar respuesta a cada uno de los capítulos, sino que está hecho para ofrecer precisamente estas grandes orientaciones, estas líneas de nuestra acción futura, unas líneas en que el control del Parlamento es fundamental como es fundamental la colaboración entre el Parlamento y la Comisión. 
Las sinergias entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo son esenciales, señor Cox. 
Está claro que esto nos obliga, como hemos visto y según se desprende de una gran parte de mi declaración, a reflexionar sobre el concepto de subsidiariedad. 
Agradezco a los Sres. Poettering, Cox y otros que lo hayan vuelto a plantear. 
Éste es el pilar del programa. 
Demasiadas veces la subsidiariedad ha sido venerada en abstracto y no se ha entendido en concreto. 
Hemos de dar un cuerpo concreto y un alma política a la subsidiariedad: éste es el objetivo del Libro Blanco que debe devolver valor a Europa y establecer las acciones concretas que deben emprenderse. 
Señor Dell ' Alba, no quiero malbaratar a Europa, no quiero desmantelar la ejecución de las políticas comunes; lo que quiero es reforzar, acelerar y mejorar las decisiones y la ejecución de las políticas comunes y, paralelamente, quiero evitar que nuestros mecanismos se vean entorpecidos por un gran número de políticas fragmentarias que, en realidad, tienen muy poco de común. 
Recordemos cuantas veces se nos ha ridiculizado porque nos ocupamos de cosas que son absolutamente ridículas, que van en contra del sentido común y ofenden los intereses de nuestra población. 
En este ámbito y en esta transformación, la Comisión puede y debe ser realmente un líder, libre de las cargas inútiles y convertida en más creíble porque se concreta en el core business, porque no pide, sino que rechaza tareas y poderes innecesarios. 
La Comisión debe llegar a ser un acicate. 
Como decía el Sr. Cox, "enabling Europe" y no "including Europe", y con frecuencia fuimos, por un lado, enabling y, por otro, including. 
Segunda aseguración: estos no son propósitos vacíos de contenido. 
Ya hemos empezado a trabajar en ellos y no solo en la reforma interna de la Comisión, junto con el Comisario Sr. Kinnock, sino también en algunas primeras reformas de la arquitectura de cada una de las políticas. 
Les hago un ejemplo: si hay una política que es muy importante para la Comisión, ésta es la política de competencia. 
Pues bien, hemos presentado- y en enero este Pleno respaldó por amplia mayoría esta idea- un proyecto de reforma que permitirá a la Comisión concentrarse en la lucha contra las violaciones de la competencia más graves, más relevantes a escala europea y, en este ámbito, hemos implementado una mayor cooperación de las autoridades nacionales. 
Hemos hecho lo mismo en el Libro Blanco sobre la alimentación. 
Se nos ha reprochado- y entiendo el reproche- que "es menos poderoso que la Food and Drug Administration americana". 
¡Claro que sí! 
He querido utilizar a las autoridades nacionales que ya son parte muy activa en la materia. 
Si hubiera empleado un sistema organizativo como el americano, hoy aquí sus Señorías se habrían sublevado diciendo: "¡ Han creado la enésima maquinaria centralizada en Bruselas !" 
Ésta es Europa: éste delicado equilibrio entre las estructuras nacionales que hoy existen y que deben ser valorizadas, enlazadas con la autoridad europea, y no humilladas por la presencia de una autoridad europea. 
Es un reto difícil porque hasta la fecha nunca se ha tratado de hacerle frente, así como es difícil el reto de la ampliación. 
Aprecio esta gran unidad respecto a la ampliación. 
Casi no ha habido ninguna voz discordante en el debate de esta mañana, y lo agradezco porque la ampliación para nosotros será una decisión que implica un sacrificio, grandes cambios en nosotros mismos. 
En el momento de la decisión concreta, aquí, ustedes y nosotros, deberemos estar unidos para demostrar que la ampliación es en beneficio de la paz, de la prosperidad y que se hace, como decía, velando por nuestra gente, además que por los países que tratan de ampliarse. 
No tengo ninguna intención de llevar a cabo una ampliación que no sea seria, que no sea fuerte y, sobre todo, la ampliación- la Sra. Muscardini ha estado muy atenta y ha hecho una observación muy justa- no puede producir miembros de dos tipos: la grandeza de la ampliación está precisamente en el hecho de que, cuando un país entra aquí, es igual a todos los demás. 
Decía que es una unidad de minorías, una unión de minorías: esto es lo extraordinario de la Unión Europea. 
Pero la ampliación es un tema en que debemos mostrarnos severos. 
Se me ha recordado el problema de las centrales nucleares y el del Danubio. 
En estos días he estado en Lituania, en Eslovaquia, en Rumanía: tres países en que hemos tenido que pedir el cierre de las centrales nucleares. 
Lo hemos hecho conscientes de los graves problemas para las economías locales, pero explicando que estas son las reglas de Europa, explicando que se trata de una medida de seguridad que deberá ser adoptada por todos, que debe ser adoptada por todos, que es adoptada por todos. 
Estos países lo han entendido, unos países que hemos ayudado en su transformación. 
Se han comprometido a cerrar las centrales nucleares, lo cual es un enorme sacrificio para ellos. 
Pero ésta es Europa. 
Para alcanzar el objetivo que es de interés común para todos. 
Creo que también es importante alcanzar un acuerdo respecto a África. 
He escuchado muchas intervenciones apasionadas sobre África, que yo también he recordado en mi declaración, porque África es una de nuestras cruces: África está olvidada por todos. 
Recuerdo el gran viaje que el Presidente americano hizo hace unos años y que había brindado un momento de esperanza, luego no ha habido nada más. 
Africa es principalmente un problema nuestro. 
Y está en la jerarquía de los análisis de política exterior que hemos hecho antes: el problema de la ampliación, el Mediterráneo, Ucrania, Rusia y este problema de África que centra nuestra atención. 
La preparación de la Cumbre está avanzando, pero hay enormes dificultades: existen divisiones en África que son dramáticas y, también en este sentido, estoy intentando reducirlas, estoy tratando de curar unas fracturas sin cuya curación se convierte en imposible practicar una gran política en favor de esta África tan desesperada. 
La task force de la Dirección General para el Desarrollo está trabajando en estrecha cooperación con la Dirección General de Asuntos Exteriores para actuar con respecto a África también en nuevos campos. 
Estamos empezando a cooperar en los sectores de las comunicaciones, de la educación, de la ciencia. 
Si no nos movemos en estos campos de la civilización es imposible que África pueda moverse. 
Sin embargo, soy consciente de que estamos todavía al principio y, en consecuencia, pido una gran apertura y grandes ayudas respecto a esto. 
También se me ha reprochado el hecho de no haber abordado algunos capítulos importantes como la pesca. 
Es verdad no he abordado la pesca, ni la agricultura, ni la escuela ni tampoco toda la gran política social en favor de las personas mayores. 
No la he abordado porque creo que el plan quinquenal debe ofrecer las grandes líneas de desarrollo general, pero estoy convencido de su enorme importancia para la cohesión y la solidaridad europeas. 
Les garantizo un compromiso en este terreno, porque está claro que es una de las piezas del gran mosaico que hemos definido en nuestro debate de hoy. 
La Comisión debe emplearse a fondo precisamente en estas tareas esenciales en que debemos hacer valer nuestro insustituible papel político y moral para el liderazgo de Europa, para mostrar las ventajas y los costes de nuestra política, para ser muy claros ante la población que nos pide una claridad, una transparencia absoluta. 
En relación con dicho punto, este debate me reconforta y me anima. 
Me reconforta porque he percibido un amplio consenso respecto a las líneas de fondo de nuestro programa y porque tengo la impresión de que se ha comprendido su profundo contenido. 
Ha sido, como decía al principio, un debate sosegado pero no pobre, mejor dicho, ha sido un debate con un gran cariz político. 
En consecuencia, si el término "manifiesto" puede ser negativo, sin embargo, tiene también un gran valor, un fuerte contenido político. 
Hemos hablado con un lenguaje que el Sr. Barón Crespo ha reconocido como abierto y llano. 
Ha aflorado claramente, pero con fuerza, que los retos que tenemos ante nosotros son los grandes retos políticos que debemos afrontar juntos. 
Esto convierte en aún más importante, si cabe, la estrecha colaboración entre el Parlamento y la Comisión. 
Esto me anima. 
Hay alguien a quien el discurso no le ha convencido como el Sr. Wurtz que en su intervención ha dicho que tenía un espíritu constructivo y ha añadido: "Tenemos cinco años para conseguirlo". 
Estamos dispuestos a cooperar. 
Esto es lo que quiero, y no porque, señor Cox, no me haya dado cuenta de vivir en luna de miel. 
Usted ha dicho que la luna de miel ha terminado. 
Yo recordaba la luna de miel como algo distinto, después de los meses que hemos pasado juntos, sin embargo, es agradable que usted haya empleado este término. 
Con todo, después de este debate, estoy todavía más convencido de que los grandes retos que nos aguardan son retos políticos. 
Requieren una gran energía, una energía que será tanto más fuerte cuanto más profunda será la sinergia entre las Instituciones. 
Quisiera terminar recordando la alusión hecha por el Sr. Barón Crespo. 
Al referirse el fresco de Ambrogio Lorenzetti sobre el buen gobierno en Siena ha aludido a algo que aprecio mucho. 
Se trata de un fresco, si lo recuerdan, en que todo funciona. 
Hay gente que trabaja, hay comercios y se aprecian perfectamente las jerarquías en la sociedad de Siena. 
Era un verdadero plan quinquenal de la Comunidad de Siena; era el documento a través del cual trataban de ver la sociedad del momento. 
No podemos más que admirarlo porque, en el fondo, puede ser un punto de referencia. 
Señor Barón Crespo, tampoco podemos olvidar que ese plan quinquenal no pudo tener ninguna influencia práctica en el mundo y que desapareció de los manifiestos políticos con el debilitamiento del papel de Siena en el mundo. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida en nombre del Parlamento a una delegación de Kuwait, presidida por Su Excelencia el Jeque Salem Al-Sabah, viceprimer ministro y ministro de Defensa, delegación que se encuentra en la tribuna oficial. 
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión de orden relativa a la manifestación que había organizado para hoy la asociación de asistentes parlamentarios para apoyar su petición de que se adopte cuanto antes el estatuto del asistente parlamentario. 
Tengo entendido que el 26 de enero, la asociación escribió al colegio de cuestores solicitando autorización para colocar hoy una mesa fuera del Hemiciclo con el fin de promover su iniciativa. 
Ese mismo día, según tengo entendido, el Sr. Balfe autorizó a los asistentes seguir adelante con su iniciativa. 
Los servicios del Parlamento solicitaron ayer reunirse con los asistentes para ultimar los detalles físicos, pero la convocatoria fue anulada en el último minuto. 
El Parlamento no ha indicado aún por qué fue retirada la autorización. 
La Sra. Banotti prometió, al parecer, escribir una carta exponiendo los motivos de dicha retirada, pero hasta el momento no se ha recibido ninguna carta. 
¿Podría explicar por qué se retiró en el último minuto la autorización que se había concedido a los asistentes? 
¿Está dispuesto a reconocer que la reivindicación de los asistentes es legítima y que éstos deben ser escuchados? 
¿Hará todo lo que esté en su mano para garantizar que no se repite este tipo de cancelaciones en el último minuto? 
¿Hará todo lo que esté en su mano para garantizar que se adopta cuanto antes un estatuto de los asistentes parlamentarios? 
Por último, tomará las medidas oportunas para garantizar que, mientras tanto, se cumplen al pie de la letra las disposiciones del Parlamento y que los asistentes son compensados económicamente, como debe ser, en función de todo el trabajo que realizan para nosotros? 
Sin ellos no podríamos funcionar. 
Señor Presidente, yo también intervengo sobre una cuestión de orden. 
¿Existen normas o estatutos por los que deben regirse las manifestaciones en el interior del edificio de este Parlamento, en torno al Hemiciclo, y que garanticen el acceso de los diputados para poder ejercer su mandato? 
Si existen dichas normas, ¿quién es el responsable de velar por su cumplimiento y qué hacen para cumplir con esa responsabilidad? 
Señor Presidente, quisiera volver a plantear la cuestión del estatuto de los asistentes de los diputados que siempre hemos considerado prioritaria y comunicar que, como miembros italianos del Grupo y respondiendo a la invitación del presidente del Grupo, Sr. Barón Crespo, hemos remitido a los Cuestores los contratos que tenemos con nuestros asistentes. 
Creo que se trata de un gesto concreto para tratar de solucionar este asunto. 
En consecuencia, quisiera sugerir a la Presidencia del Parlamento que reflexione sobre la conveniencia de que la propia Presidencia pida a todos los diputados que hagan lo mismo. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame decir que estoy completamente a favor de un estatuto de los asistentes. 
Ayer, cuando llegué al Parlamento, me entregaron un documento sobre una manifestación que había sido convocada por los asistentes fuera del edificio del Parlamento. 
Como sabrán todos los colegas- y muchos de ustedes se han dirigido a mí durante los últimos seis meses por este motivo- todas las manifestaciones y actos de esta naturaleza pasan, en primer lugar, por el filtro de la comisión Comart del Parlamento. 
A modo de ejemplo no polémico, aquí en el Parlamento no se permite ninguna exposición comercial por motivos obvios. 
A raíz de la carta que recibí ayer, comuniqué inmediatamente a los asistentes que propondríamos la autorización de la celebración de una reunión o manifestación, probablemente en un futuro próximo y posiblemente el mes próximo. 
Pero todas las manifestaciones deben realizarse de forma que no interfieran con la buena marcha de las actividades del Parlamento. 
Ayer por la tarde firmé una carta en la reunión de la Mesa del Parlamento en la que se informaba a los asistentes al respecto. 
Pero según he podido saber también, ellos fueron informados verbalmente de esta decisión por el comité de presidentes de Grupos el pasado jueves, por lo que estaban al corriente de la decisión. 
No tenemos nada en contra de que los asistentes nos digan cómo se sienten, ni tenemos nada en contra de que se reúnan durante el próximo período parcial de sesiones del Parlamento. 
Pero ha habido un malentendido, puesto que recibieron una carta de otra persona que les hizo pensar que tenían autorización. 
Pero todas las manifestaciones son estudiadas en primer lugar por la denominada comisión Comart. 
Como pueden ver, asistimos a muchas manifestaciones alrededor del Parlamento, relativas a diferentes países o por otros motivos. 
No se trata de ningún intento de censurar ni de ir en contra del principio auténtico y justificado de que deberíamos tener un estatuto de los asistentes. 
Muchas gracias, señora Banotti. 
Me parece que su intervención puede aclarar muchas de las cuestiones planteadas. 
Personalmente considero escandaloso que algunos diputados a este Parlamento critiquen las manifestaciones, en vez de buscar la solución al problema, que pasa por unas condiciones justas, unos honorarios justos y un tiempo de trabajo justo. 
Se procede al turno de votaciones. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre de la delegación española del Partido Popular Europeo, la delegación del Partido Popular español, respecto a la resolución de la Sra. Terrón i Cusí sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
En efecto, en algunas votaciones no hemos seguido las directrices del Grupo del Partido Popular Europeo, y hemos votado a favor de la resolución Terrón i Cusí, que nos parece, en conjunto, excelente. 
Hemos votado, eso sí, en contra de los apartados 2 y 6, porque jurídicamente no son correctos en nuestra opinión. 
En cambio, hemos votado a favor del considerando J que, de hecho, está en línea con lo que yo misma, como ponente para opinión, he propuesto en la Comisión de Libertades Públicas para la Conferencia Intergubernamental. 
Hemos votado asimismo a favor del apartado 13. 
Un estatuto adecuado y el derecho de circulación y establecimiento para residentes de terceros Estados es algo que el Partido Popular español lleva defendiendo desde hace tiempo. 
Por razones equivalentes, hemos votado a favor del apartado 14, en el que, con la enmienda oral, quedaban a salvo determinadas y justificadísimas preocupaciones de un problema de subsidiariedad, en tanto en cuanto los derechos políticos, no ya el voto en las elecciones municipales, sino los derechos políticos en términos generales, forman parte de la soberanía de los Estados miembros. 
Con la enmienda oral nos ha parecido que podíamos votar a favor y así lo hemos hecho. 
. (DA) Los diputados socialdemócratas daneses al Parlamento Europeo hemos elegido votar a favor de la propuesta de resolución, no obstante, también tenemos en cuenta el hecho de que ciertos ámbitos chocan con la reserva que Dinamarca mantiene en el ámbito jurídico- una reserva que la delegación danesa en el Grupo PSE naturalmente desea respetar. 
. (FR) Este informe, que no he votado, trata menos de los derechos humanos que de la "comunitarización", en realidad la consolidación de la Europa fortaleza. 
Los «progresos» conseguidos en 1999 que menciona el informe no lo son más que respecto a los convenios de Dublín y de los acuerdos de Schengen, y el plan de acción de Tampere, que restringen los derechos de los inmigrantes, ya que en lo que respecta a los derechos humanos se trata de una regresión. 
Europa sigue expulsando nacionales de países terceros hacia países considerados como peligrosos por el Alto Comisariado para los refugiados, mientras que algunos países de Europa central y oriental candidatos a la UE recogen refugiados zíngaros expulsados masivamente de Bélgica. 
Albaneses de Kosovo y desertores serbios ven cómo se les rechaza el estatuto de refugiado, mientras Pinochet escapa tranquilamente a su proceso. 
La Europa de Schengen acosa fácilmente y con decisión a los perseguidos del Sur que a los dictadores, mientras la ONU considera que necesitaremos 159 millones de inmigrantes para mantener un equilibrio demográfico de aquí al año 2025. 
Que Europa regularice a todos los sin papeles, les conceda el derecho de asilo y el derecho de voto en todas las consultas electorales y entonces podremos hablar en este hemiciclo de espacio de libertad y de justicia. 
Informe McCarthy (A5-0026/2000) 
Señor Presidente, quisiera señalar antes que otra cosa que, habiendo sido alcalde de Bilbao en la década de los noventa, tuve oportunidad de presentar uno de los primeros proyectos piloto urbanos para ser subvencionados por la Comisión. 
La experiencia que tuvimos en Bilbao con aquel proyecto piloto nos llevó a cuatro conclusiones: la primera, que es necesario que Europa mantenga una política urbana y que, lejos de disminuir los recursos de los 900 millones de euros en el quinquenio anterior a los 700 del quinquenio presente, se debería aumentar la financiación de este programa, por ejemplo- y como hemos propuesto desde el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea -, reinvirtiendo en proyectos URBAN aquella parte de los Fondos estructurales que cada Estado miembro no haya consumido dentro de los plazos previstos para ello. 
En segundo lugar, a la hora de decidir qué áreas deben subvencionarse, hay que concentrar los esfuerzos en proyectos integrales. 
Las actuaciones diseminadas no son eficaces. 
Hay que elegir, priorizando los casos de situaciones más degradadas y necesitadas, en función del conjunto de los objetivos fijados, es decir, de las dimensiones social, económica, medioambiental y de gestión democrática, así como de sus interrelaciones. 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta las sinergias que generen otros programas comunitarios, así como las oportunidades de desarrollo sostenible dentro del entorno o región de que se trate. 
Finalmente, hay que confiar en las instituciones más próximas y cercanas a los ciudadanos, que son los municipios y entes locales y apoyarlos. 
Ellos conocen más de primera mano las necesidades sociales, se involucran más en los problemas y, además, saben idear proyectos y ejecutarlos eficazmente sin recargarlos de burocracia y consiguiendo los mejores resultados. 
Finalmente, en la votación que hemos tenido hoy, de cuatro enmiendas nuestras, dos han sido aprobadas y otras dos rechazadas. Ello nos ha obligado a abstenernos en la votación final, porque no entendemos cómo no se puede considerar el aspecto medioambiental a la hora de decidir los proyectos que deben financiarse y no entendemos cómo no se acepta que cada Estado miembro pueda destinar a proyectos URBAN aquella parte de los Fondos estructurales que no haya consumido de acuerdo con los programas comunitarios. 
Señor Presidente, quisiera recordar que en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, hemos discutido mucho sobre la iniciativa Urban. 
Se han propuesto muchas ideas. 
Quisiera recordar también que lo que existía era una mínima iniciativa comunitaria, que nosotros propusimos aumentar esta dotación mediante una enmienda, que ha sido rechazada. Lo lamentamos, ya que quedaba dinero de los Fondos Estructurales en algunos países y ese dinero hubiera podido ayudar a proyectos piloto puesto que, les recuerdo, los proyectos Urban, son expresamente proyectos piloto que permiten poner en práctica una verdadera política urbana. 
Quisiera también llamar la atención de la Comisión sobre la coherencia que hay entre las diferentes políticas que se han puesto en práctica y también quisiera que la Comisión hiciera coordinar los proyectos Urban con los futuros proyectos de líneas presupuestarias llamados «política duradera de las ciudades». 
Finalmente, señor Presidente, me gustaría también recordar que sigue sin haber una política europea urbana en el seno de la Unión Europea y debo precisar que, quizá, en el marco de la reorganización y de la Conferencia Intergubernamental, este punto podría ampliarse para que por fin la Unión Europea conociera realmente una verdadera política urbana. 
Señor Presidente, quería recordar que he votado a favor de este informe sobre el desarrollo urbano sostenible, llamado URBAN. 
Como todas las demás iniciativas comunitarias, es un hecho muy positivo. 
Europa demuestra que está presente precisamente en el momento en que se hace algo para todos los ciudadanos europeos y no simplemente para el desarrollo de un Estado en concreto, sea cual sea. 
URBAN se plantea encontrar soluciones a la degradación de las ciudades y esto es algo que interesa mucho a las personas mayores y, en consecuencia, también al Partido de los Pensionistas. 
No existe una situación peor que la de las personas mayores en las ciudades. 
Espero que esta iniciativa comunitaria contribuya a dar ejemplo de cómo se resuelven los problemas de las personas mayores en las ciudades. 
. (DA) Los cinco diputados al Parlamento Europeo del Partido Liberal hemos decidido apoyar los programas LEADER+ e INTERREG y la iniciativa EQUAL, pero no el programa URBAN. 
En una futura revisión de estos programas, los esfuerzos comunitarios deben concentrarse en las tareas transfronterizas y tomar en cuenta la ampliación de la UE. 
. 
(DA) Hemos votado a favor del informe sobre la Comunicación de la Comisión por la que se fijan las orientaciones de la iniciativa comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible (URBAN). 
En principio somos contrarios a este tipo de programas y a los fondos estructurales, sin embargo, puesto que la votación sólo trata de cómo- y no si- estos recursos van a ser utilizados, sólo nos hemos expresado sobre el contenido del informe, siendo nuestra opinión general que la propuesta relativa a la regeneración de las zonas urbanas en crisis contiene reflexiones sensatas además de buenas propuestas y criterios para los proyectos. 
. (FR) Este informe enuncia generalidades relativas a lo que llama la estrategia de regeneración urbana de los centros de las ciudades y de los barrios periféricos azotados por la crisis de la economía capitalista y sus consecuencias: el crecimiento del desempleo, de la exclusión y de la delincuencia. 
El informe señala también el hecho de que se trata, para asegurar un desarrollo urbano duradero, de poner en práctica una política urbana que no deje de lado a las principales víctimas de la crisis económica: desempleados, inmigrantes, refugiados, mujeres, excluidos. 
Pero no se dice nada de las causas ni de los responsables de esta crisis. 
No se trata, en este informe, en la mejor hipótesis, más que de corregir algunos aspectos y repercusiones. 
Y aún, con unos medios escandalosamente reducidos ya que, según el propio informe, los fondos asignados al programa URBAN II para el período 2000-2006 son de aproximadamente un 30 % inferiores a los ya bastante bajos (900 millones de euros) del período precedente, sin contar que son unos cincuenta proyectos para toda Europa, algo irrisorio cuando afecta prácticamente a todas las periferias de las grandes ciudades de nuestro continente, incluso a los centros de esas ciudades. 
Por ello votamos puntualmente a favor de las medidas concretas anunciadas para ayudar a algunas categorías sociales más desfavorecidas, pero nos abstenemos sobre el propio informe, denunciando el hecho de que depende sobre todo de los votos bienintencionados financiados con rebajas. 
. (FR) Señora ponente, señorías, debo decir que me siento muy satisfecho de la prosecución de la iniciativa comunitaria URBAN, una iniciativa que pretende apoyar la reconversión social y económica de las ciudades y de los barrios periféricos en crisis, todo con vistas a promover un desarrollo urbano duradero. 
Con aproximadamente un 80 % de la población europea viviendo en un ambiente urbano, las ciudades están en el corazón de la evolución económica, social y cultural de Europa. 
Al mismo tiempo, los problemas sociales y económicos a los que la sociedad europea está enfrentada están más marcados en las ciudades. 
De hecho, muchas ciudades europeas se enfrentan a una fractura territorial interna: la coexistencia, en su seno, de barrios en los que se realizan actividades de alto valor añadido y en los que viven residentes que disponen de ingresos elevados, y barrios marcados por bajas rentas, un desempleo elevado, unas viviendas mediocres y superpobladas y una gran dependencia de la ayuda social. 
La concentración de problemas sociales y económicos en algunas zonas urbanas exige una intervención objetivada que tenga en cuenta la complejidad de los problemas. 
Por ello, este Parlamento ha reclamado con éxito la prolongación de la Iniciativa Comunitaria (IC) URBAN durante la reforma de los Fondos Estructurales. 
El éxito de URBAN durante el período de programación 1994/1999 es incuestionable. 
Los resultados son tangibles en materia de mejora de la calidad de vida en las zonas predeterminadas. 
Esta IC ha favorecido el desarrollo de buenas prácticas en los sectores económico, social y ambiental. 
Por otra parte, ha tenido el mérito de reforzar el papel de las autoridades locales, del sector no gubernamental y de los entes locales y de favorecer nuevas formas de asociación en el ámbito de la regeneración urbana. 
La nueva iniciativa va a proseguir con estos objetivos, reforzándolos, teniendo especialmente en cuenta la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la integración de las categorías socialmente marginalizadas y desfavorecidas. 
Podemos por tanto felicitarnos por su adopción. 
Es preciso sin embargo admitir que en el plano financiero no podemos cantar victoria. 
En efecto la dotación financiera asignada está muy lejos de situarse a la altura de los desafíos. 
El montante era de 900 millones de euros para el período 1994/1999, es de 700 millones de euros para el período 2000/2006, es decir, una bajada de un 30 %. 
Esta reducción de los medios financieros ha conducido a la reducción de muchos programas en el marco de la nueva iniciativa URBAN. 
El techo elegido parece demasiado bajo. 
Se ha fijado en 50 proyectos. 
Ha de aumentarse por tanto para tener en cuenta los factores regionales y locales manteniendo las dotaciones financieras destinadas a los Estados miembros. 
Habida cuenta de esta concentración en un número limitado de proyectos, la publicación y difusión de los resultados de la nueva iniciativa comunitaria URBAN juega en ese caso quizá un papel importante en la obtención de un efecto multiplicador. 
La propuesta de la Comisión reduce de más de 100 a sólo 50 las zonas urbanas que pueden beneficiarse del nuevo URBAN en el período 2000-2006 y disminuye las asignaciones en 30%. 
Portugal resulta sumamente perjudicado con esta propuesta, a pesar de ser el país de la Unión Europea con más carencias en ese sector. 
Es que hay una reducción a sólo dos proyectos financiados, mientras que para Alemania se prevén diez, para el Reino Unido nueve y para Italia ocho. 
Ahora bien, hasta ahora se han financiado seis proyectos en Portugal, de los que se han beneficiado los municipios de Oporto, Gondomar, Lisboa, Odivelas, Oeiras y Amadora. 
Así, pues, es fundamental que la Comisión revise su posición, en particular en lo relativo a la atribución de proyectos a Portugal, para que haya condiciones a fin de proseguir una importante labor de revitalización económica y social de ciudades y suburbios con vistas a garantizar un desarrollo urbano sostenible. 
- (FR) El informe McCarthy relativo a la iniciativa comunitaria URBAN nos da ocasión para reflexionar sobre la oportunidad de una intervención comunitaria en el ámbito de las ciudades. 
La situación de algunas zonas urbanas es alarmante, y el desamparo social se manifiesta bajo el rostro del desempleo, de la miseria y de la criminalidad. 
El tráfico de drogas en particular alimenta la inseguridad y la pequeña delincuencia. 
Frente a tales desafíos sociales, la eficacia de los Fondos Estructurales sigue siendo dudosa. 
La subsidiariedad debería llevarnos a reconocer que el Estado, en el ejercicio de las funciones que le son propias, junto con los entes locales, son los más aptos para intervenir de forma adaptada, garantizando el Estado la seguridad pública, viniendo los entes locales en ayuda de las personas con dificultades. 
Si bien podemos felicitarnos por la voluntad de creación de un sistema de intercambio de empresas exitosas, no pueden ponerse en el mismo plano los problemas específicos de cada zona urbana. 
La iniciativa comunitaria URBAN participa de la voluntad de la Unión Europea de comunitarizar la política urbana. 
Sería más pertinente que la Unión concentrase sus esfuerzos financieros en las políticas europeas ya existentes. 
Algunos, muy evidentemente, aprovechan la ocasión para entregarse a una nueva sobrepuja presupuestaria, especialmente inoportuna en el momento en que los criterios de convergencia de la UEM imponen en los presupuestos de los Estados una severa cura de adelgazamiento. 
Así, la señora McCarthy sugiere un aumento de los fondos asignados a URBAN y la promoción de esta iniciativa comunitaria mediante una costosa campaña de comunicación que servirá para ensalzar los beneficios de la Europa Federal. 
¿Es necesario recordar que la eficacia de un gasto no se mide por el volumen de los créditos asignados al proyecto? 
Por el contrario, los beneficiarios de subvenciones demasiado numerosas y elevadas las considerarán en un tiempo como logros. 
El objetivo no ha de ser el de asistir a los ciudadanos sino responsabilizarlos. 
El informe, finalmente, insiste mucho en las acciones a favor de las minorías, étnicas o sociológicas. 
No podemos más que reprobar una política de las minorías necesariamente peligrosa para la cohesión social. 
Por una parte, estimula la integración de los inmigrantes allí donde sería necesario favorecer su asimilación a la cultura del país de acogida para evitar la aparición de guetos étnicos que serán otros tantos polvorines urbanos. 
Por otra parte, maneja el principio de discriminación positiva, quimera tan políticamente correcta como nociva tal como ha mostrado el precedente americano. 
Por todas estas razones, la delegación francesa del Grupo UEN no ha podido aprobar el informe de la señora McCarthy. 
Informe Decourrière (A5-0028/2000) 
Señor Presidente, el programa Interreg nos interesa especialmente. 
Me alegro, como muchos de mis colegas, de que el Parlamento Europeo haya podido preservar esta iniciativa Interreg. 
Como habitante de la región Sarre-Lor-Lux Sur de Bélgica, sé que es allí donde se crea Europa, que vivimos Europa en lo cotidiano y que, efectivamente, el ciudadano hace vivir plenamente la construcción europea. 
Estos proyectos han de tomarse en consideración y han de integrar el desarrollo duradero. 
¿Por qué insisto en este punto? 
Simplemente porque los proyectos presentados actualmente son aún, con demasiada frecuencia, de la forma como son presentados, destructores del medio ambiente. 
Por ejemplo, aceptar nuevas carreteras es aceptar nuevos ruidos ambientales en el seno de la Unión Europea y eso va totalmente en contra de las políticas que proponemos en materia de lucha contra las emisiones de efecto invernadero, por ejemplo. 
Pido igualmente que la Comisión, en el marco de los proyectos que se han presentado, vele por que el pilar ambiental de la política de la Unión Europea se incluya en sus proyectos y que, efectivamente, el objetivo de reducción por ejemplo del CO2 pueda ser un valor añadido piloto de proyectos que se han propuesto. 
Pienso especialmente aquí en algunas infraestructuras en proceso de realización. 
Sabemos que algunos Estados miembros dudan entre el ferrocarril o la carretera para abrir pasos en zonas frágiles como los Pirineos- estoy pensando en el valle de Aspe. 
Pero pienso también en mi región, en la que mi Estado miembro duda aún entre hacer un paso ferroviario y proponer una segunda autopista, la A32. 
Por tanto, aquí también, pediré a la Comisión que esté especialmente atenta para que se produzca una verdadera cohesión entre las diferentes políticas, y especialmente en los programas Interreg que están presentados. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Decourrière sobre la iniciativa comunitaria INTERREG, sobre todo por la respuesta que el Comisario Sr. Barnier ha dado a algunos diputados que han intervenido y han pedido que en este programa se recuerden más aún, si cabe, las regiones fronterizas cuyos límites están marcados por el mar, y esto no solo porque he nacido en Génova, una ciudad que está a la orilla del mar, sino sobre todo porque también son fronteras las de las regiones bañadas por el mar. 
Estas fronteras nos llevan a los Estados de África y a Próximo Oriente: debemos tener más en cuenta el hecho de que es importante desarrollar también las regiones costeras de cualquier parte de Europa. 
. (FR) Como diputado europeo procedente de una región fronteriza, recibo con gran interés esta tercera iniciativa Interreg. 
No se recordarán suficientemente las dificultades con las que en el pasado se han encontrado las regiones fronterizas, terrestres y marítimas que han sido apartadas económica, social y culturalmente. 
Por la presencia de fronteras, éstas se han convertido en zonas periféricas de los Estados de los que forman parte, lo que ha llevado con demasiada frecuencia a las autoridades nacionales, en el marco de la política nacional, a dejar de lado estas regiones. 
Por ello, desde 1990, está instituida la iniciativa comunitaria Interreg. 
El objetivo de este programa pretendía estimular la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional así como un desarrollo equilibrado del espacio comunitario, con el fin de reforzar la cohesión económica y social en la Unión. 
Interreg pretende esencialmente financiar actuaciones comunes en materia de desarrollo de las PYME, de formación y de educación, de intercambios culturales, de problemas de salud, de protección y mejora del medio ambiente, de redes energéticas, de transportes y de telecomunicaciones. 
Insisto en el hecho de que la cooperación interregional contribuye a asociar los entes locales y regionales al proceso de integración europea. 
Es preciso promover una participación más activa de los poderes locales y regionales por lo que respecta a las iniciativas comunitarias teniendo en cuenta el hecho de que, con frecuencia, los entes locales y regionales tienen unas capacidades de cooperación muy limitadas en razón de la diversidad de los marcos jurídicos y de la disparidad de los niveles de desarrollo a una y otra parte de la misma frontera. 
En el marco de la cooperación transfronteriza ha de concederse una importancia creciente a la mejora de las condiciones de explotación de las pequeñas y medianas empresas creadoras de empleos. 
En el mismo sentido, y habida cuenta de que el 50 % del desempleo es imputable al desempleo estructural, los medios puestos a disposición con cargo a Interreg han de ser suficientemente importantes como para completar las medidas nacionales destinadas a favorecer el empleo. 
Más en concreto, algunos obstáculos vinculados con demasiada frecuencia a la fiscalidad (doble imposición) , a la protección social, impiden, frenan o hacen particularmente problemática la movilidad transfronteriza. 
Deseo que los proyectos inherentes a los programas contribuyan a encontrar soluciones para resolver esos problemas y a dar un contenido concreto al principio de libre circulación de los trabajadores, principio que, en mi región, lleva plomo en las alas. 
Los concursos Interreg han de contribuir igualmente a la constitución de un espacio europeo de investigación. 
Finalmente y, sobre todo, en las regiones, las expectativas con respecto a esta iniciativa son fuertes al creer, las localidades no elegibles en el Objetivo 2; que puedan encontrar compensaciones gracias a Interreg. 
Los desafíos son importantes: la integración de las regiones fronterizas constituirá un elemento esencial de la elaboración de una futura política de ordenación del territorio europeo. 
Ojalá cada cual pueda ser consciente, como F. Decourrière, a quien felicito. 
. (FR) La iniciativa comunitaria Interreg es un elemento de una política europea nefasta. 
Esta política, en apariencia generosa ya que oficialmente está destinada a ayudar a regiones en dificultades, es un mercado de engañados para los contribuyentes franceses. 
Francia, que contribuye con un 17 % al presupuesto europeo, no recibirá más que un 8 % de los Fondos Estructurales regionales. 
Entre 1994 y 1999, nuestras regiones recibieron cada año una media de 15,4 millardos de francos; éstas no recibirán más que 14,7 millardos entre el 2000 y el 2006. 
Mi región, el Nord-Pas-de-Calais se verá especialmente afectada, al perder el Hainaut francés las ayudas entregadas a las regiones objetivo 1. 
Supresión injustificada en una región en la que las actividades principales se han visto arruinadas por la Europa librecambista. 
La política regional europea refuerza también el centralismo bruselense, con el cual los poderes regionales están invitados a negociar directamente la utilización de los Fondos Estructurales. 
Es la Europa de las Regiones, que, menos fuertes que nuestros Estados-nación, se someterán con facilidad a Bruselas. 
La iniciativa Interreg, creada en 1990 con el fin de preparar «a las regiones fronterizas para la Europa sin fronteras, por tanto sin naciones, se encuadra bien en esta filosofía. 
Sin embargo, el señor Decourrière aporta reflexiones de sentido común, que denuncian las carencias de los tecnócratas de Bruselas. 
Éstas tendrán como consecuencia principalmente una aplicación tardía de Interreg III y por tanto de las pérdidas financieras para las regiones beneficiarias. 
También estamos de acuerdo con él para pedir más atención para las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto, rechazar el recurso a un prestatario de servicios exteriores. 
Procedimientos que están en el origen de los casos de corrupción de la Comisión precedente. 
Sin embargo, estos párrafos, marcados con el sello del sentido común y a favor de los cuales hemos votado, no corrigen la filosofía eurofederalista que caracteriza las iniciativas comunitarias, principalmente Interreg. 
Por ello, el Frente Nacional se ha pronunciado en contra del informe. 
. (FR) El Parlamento Europeo ha emitido un dictamen sobre las orientaciones de la Comisión relativas a la iniciativa comunitaria Interreg sobre la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 
Deseo defender una enmienda presentada por mi Grupo sobre la cuestión de la dimensión marítima de esta iniciativa comunitaria. 
No se trata de volver sobre las inquietudes relativas al futuro del Arco Atlántico, sino sobre la necesidad de integrar el principio de las fronteras marítimas en el apartado A relativo a la cooperación transfronteriza. 
En las orientaciones de la Comisión Europea, pocas zonas marítimas son elegibles en Interreg III A. Las enmiendas al informe del señor Decourrière van en el sentido de una "maritimización" de Interreg. 
Esta evolución es importante y ha de mantenerse en la medida en que es el futuro de la Unión lo que está en juego. 
Conozco las reticencias de la Comisión sobre la materia. 
Las hizo explícitas durante el coloquio del pasado mes de noviembre sobre la presentación de Interreg III. Pero debo señalarles que impedir el reconocimiento de las fronteras marítimas es como negar la existencia de un espacio potencialmente rico en proyectos e innovaciones. 
Un solo ejemplo, la zona llamada «céltica» que abarca los territorios de Bretaña en Francia, de Cornualles y Devon en el Reino Unido, de Cork y de Waterfold en Irlanda es un espacio que tiene una economía de proximidad basada en la dependencia del sector pesca y la importancia del sector agroalimentario, y de los vínculos privilegiados en materia cultural y de relación (hermanamientos). 
Interreg III, apartado A, permitiría a esas regiones sacar adelante una serie de proyectos estructurantes necesarios para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como para la investigación y el desarrollo tecnológico mediante la transferencia de conocimientos. 
Así, sería deseable que la Comisión pudiera participar en la realización de infraestructuras portuarias y aeroportuarias para las relaciones entre regiones. 
Esta política tendría así, para la pesca bretona, unas consecuencias económicas importantes en la medida en que podría desembarcar su pescado en bases avanzadas irlandesas para repatriarlo a continuación al sector agroalimentario bretón. 
La inserción de la frontera marítima en el apartado A permitiría por fin reconocer en la periferia occidental una zona económica única e importante frente a la "continentalización" de la unión Europea. 
Ello sería dar muestra de respeto hacia esas zonas periféricas algo inquietas con la ampliación hacia el Este. 
El mundo marítimo tiene un importante potencial. 
No dejemos de lado programas comunitarios innovadores y pilotos que permiten definir el nuevo mapa geográfico y económico de Europa. 
. (DA) El proyecto europeo comenzó como una cooperación entre estados. 
Esta cooperación ha asegurado paz y estabilidad en nuestra parte de Europa durante más de cincuenta años. 
Como resultado del éxito económico y político en nuestra parte del mundo, del que entre otras cosas la UE sirve de testimonio, y con la cada vez mayor propagación de nuestros valores occidentales, la competencia en el mercado mundial ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. 
La UE debe estar dispuesta a enfrentarse a esta competencia. 
Sólo podremos intensificando la cooperación dentro de la Comunidad. 
No se trata de aumentar la integración de los países bajo la forma de federación, sino de explotar nuestro potencial económico a través de las fronteras. 
Se trata de cooperar en proyectos comunes y en unir los esfuerzos procedentes de todas partes. 
Un programa como Interreg contribuye precisamente a apoyar proyectos de desarrollo regionales a través de las fronteras. 
Proyectos que hacen posible construir centros de crecimiento económicos en el ámbito europeo que podrán aceptar los desafíos lanzados por nuestros competidores en el ámbito mundial. 
Por ello saludo la continuación del programa. 
El informe del Sr. Decourrière no carece de cualidades: al cabo de una presentación tan clara como exhaustiva de la iniciativa INTERREG y del papel que desempeña para integrar a las regiones fronterizas, interviene, en el apartado 16, en favor de las PYME. 
Presenté, con mi compañero Dominique Souchet, sensible a este tema, cinco enmiendas que insisten en el papel de las PYME y el sector artesanal en el marco de INTERREG, sobre la importancia de la cooperación entre las empresas y la necesidad de asociar a los agentes económicos y sociales en la concepción y aplicación de los programas. 
Estas enmiendas fueron adoptadas unánimemente, de lo que me felicito. 
No obstante, la delegación francesa de nuestro Grupo no podría aceptar que la iniciativa INTERREG sea desviada de su misión, por la Comisión y el clan federalista, a fin de desdibujar un poco más el papel político de las naciones. 
No tenemos la intención de abandonar a Bruselas el cuidado de reglamentar la ordenación del territorio de los Estados miembros, como lo sugiere el considerando L del informe. 
Sólo pedimos una cosa a la Comisión: que se contente con vigilar que la puesta en práctica de las políticas comunes no amenace el equilibrio de la ordenación de nuestros territorios. 
Las nocivas consecuencias de la PAC y de la UEM sobre el equilibrio entre las regiones y en especial sobre la vitalidad de las más rurales, las más periféricas y las menos pobladas muestran que tal ambición estaría lejos de ser una canonjía. 
Por tanto, no podríamos aprobar el desarrollo del capítulo IIIC de la iniciativa comunitaria, capítulo que, al estimular la cooperación interregional bajo la responsabilidad de la Comisión, mantiene al margen a los Estados miembros. 
El entusiasmo manifestado por el capítulo IIIC es tanto más singular que el propio ponente reconoce en su exposición de motivos que "el proyecto de orientaciones objeto de examen no incluye ninguna indicación sobre los posibles ámbitos de cooperación" (p.17) y que "las responsabilidades son difusas y vagas" (p.18). 
Reclamar, en tales condiciones, más créditos para este capítulo, como figura en el apartado 20, forma parte de esas demagogias presupuestarias tan irresponsables como ideológicas que son costumbre en esta Asamblea. 
Por último, mencionamos la voluntad manifestada, tanto en el documento de la Comisión como en el informe del Sr. Decourrière, de utilizar INTERREG para la paz y la reconstrucción en los Balcanes: yo no creo que los Fondos estructurales puedan servir para reparar los estragos infringidos por los americanos a Serbia en el curso de bombardeos tan criminales como ineficaces. 
Correspondería a Washington, y no a nosotros, asumir las responsabilidades de un conflicto desencadenado únicamente para servir sus intereses. 
Por ello, la delegación francesa de nuestro Grupo no pudo apoyar el informe Decourrière, eligiendo abstenerse en la votación final. 
Informe Procacci (A5-0025/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Procacci sobre el desarrollo rural, no solo porque estoy de acuerdo con las orientaciones más importantes del programa LEADER, sino también porque éste es la otra cara del programa URBAN, del que he hablado antes. 
Del mismo modo que las personas mayores se encuentran muy solas en las ciudades, las personas mayores están convirtiéndose en la única población en las zonas rurales, porque los jóvenes se marchan a las ciudades: las luces les fascinan, las cervecerías también, y el campo y las zonas rurales se quedan vacíos. 
Por lo tanto, creo que es muy importante que este proyecto de la Unión Europea consiga el respaldo de todos y que se potencie lo más posible. 
Señor Presidente, yo quisiera señalar un aspecto que en gran parte se pasó por alto durante el debate de ayer sobre el programa LEADER+, el cual espero que se pueda empezar a aplicar muy pronto. 
Sin embargo, antes quisiera aprovechar también la ocasión para expresar mi pleno acuerdo con los puntos centrales del nuevo programa de la Comisión. 
Me refiero sobre todo al enfoque integrado y multisectorial, cada vez más importante en el ámbito de la agricultura y en el que insisten asimismo repetidamente los Ministros de Agricultura de los Estados miembros. 
Sin embargo, para nuestro futuro común también es sumamente importante que se preste mayor atención a la protección del medio ambiente en el contexto del tema de las zonas rurales. 
La designación de los agricultores como gestores del medio rural es, sin duda, la que mejor expresa la orientación que va a adoptar cada vez más la política agraria futura y naturalmente también su transposición. 
Me parece igualmente muy positivo que una de las modificaciones más importantes del programa LEADER+ sea la posibilidad de que ahora se beneficien de él la totalidad de las zonas rurales y, por lo tanto, un 80% de la superficie total de la UE y un 25% de la población de los 15 Estados miembros. 
El montante total de 2.020 millones de euros para sus seis años de duración es, sin embargo, demasiado bajo. 
Además, y esto es lo que más me preocupa, lamentablemente sigue sin preverse ninguna iniciativa específica destinada a las zonas de montaña. 
El Parlamento menciona a las regiones poco pobladas del norte de Europa en el marco del programa LEADER+, pero no a las zonas de montaña, a menudo también poco pobladas y, por consiguiente, desfavorecidas. 
Muchas gracias por su atención. 
Esta iniciativa comunitaria LEADER+, aunque da continuidad a otras anteriores, presenta algunas particularidades: desde luego, la reducción a cerca de la mitad de las asignaciones consignadas, pese al aumento del período. 
Ahora bien, se incluyen nuevos objetivos, en particular la financiación de la Red Natura 2000 y todas las regiones rurales pasan a poder acogerse a ella. 
Pese a que esta iniciativa comunitaria va encaminada al desarrollo rural, no aborda de forma coherente la agricultura y la producción agrícola, cosa inaceptable. 
Sin agricultura no hay mundo rural, por lo que cualquier estrategia de desarrollo rural debe basarse en las posibilidades endógenas de la agricultura, si bien con el desarrollo de otras actividades en los sectores básico y de elaboración, para evitar la desertización del mundo rural. 
Por eso, consideramos fundamental mejorar el informe con las propuestas que hemos hecho para incluir expresamente la actividad agrícola y a los agricultores en la estrategia de desarrollo rural, solicitar más asignaciones para no poner en entredicho la continuación del programa en las regiones rurales abarcadas anteriormente y sostener que el nuevo programa debe seguir dando preferencia a las regiones más desfavorecidas. 
Nuestra postura sobre la iniciativa LEADER es enlace de nuestra apreciación más general sobre el total de la política agrícola de la Unión Europea. 
Tanto el LEADER I como el LEADER II que se aplicaron en la década de los 90 eran elementos constituyentes de la nueva PAC que se produjo tras la revisión de 1992 y que, junto con otras medidas complementarias, fueron el llamado segundo pilar de la política de desarrollo rural de la Unión Europea. 
Su verdadero objetivo era amortiguar y camuflar las consecuencias catastróficas de la nueva PAC y desorientar a los pequeños y medianos agricultores; y no eran ni el desarrollo rural ni retener a la población rural en el campo, como proclamaban con hipocresía en sus objetivos. 
Esto se puede demostrar porque en las regiones en las que se han aplicado estas iniciativas, la renta y el empleo agrícola han disminuido a un ritmo rápido, y el resultado ha sido una desertización rural más intensa. 
Un ejemplo característico es Grecia que, como país del objetivo 1 se incluyó, entera, en las iniciativas comunitarias LEADER y que ha visto una reducción anual media del empleo rural del orden del 2,3 % y una reducción de la renta rural de 1994 a 1999 de un 15,2 %. 
Creemos que el LEADER+ será más ineficaz en relación con los LEADER I y LEADER II por las razones siguientes: 
Los objetivos reales del LEADER+ son los mismos que los de los LEADER I Y LEADER II. Es decir, amortiguar y ocultar las consecuencias negativas de la PAC que se va a aplicar en el marco de la Agenda 2000 y de la OMC. 
Sin embargo, esta Política Agrícola Común es peor que la anterior y además empieza desde una base peor, ya que la revisión de la PAC de 1992 y el acuerdo del GATT en 1995 han creado grandes problemas y callejones sin salida en la economía rural. 
En el mejor de los casos, los criterios de elección y las actividades subvencionadas en el marco del LEADER suavizan algunos problemas del campo secundarios, en tanto que en el peor de los casos, degeneran en gastos de relaciones públicas y en corrupción. 
Pero en ningún caso constituyen programas de desarrollo integral de las regiones elegidas y no crean nuevos puestos de trabajo permanentes en el campo, porque la mayoría de las actividades no tienen orientación productiva. 
Los fondos reales de los que se dispone para el LEADER+ en relación con el LEADER II están reducidos, a pesar de su aumento en un 15% (de 1775 millones de euros del LEADER II a 2020 millones de euros del LEADER+). 
Y esto es así porque el aumento del 15% es nominal y no real porque la inflación media comunitaria anual, estos últimos años, es de un 2% aproximadamente. 
El LEADER+ dura un año más que el LEADER II. 
En el LEADER+ se pueden clasificar todas las periferias de la Unión Europea, mientras que en el LEADER II se clasificaban las periferias del objetivo 5b y 6. 
Sin embargo señalamos que, en el caso de que los fondos reales del LEADER+ fueran aumentados también así sería ineficaz la iniciativa comunitaria porque el carácter antirural de la PAC que se va a aplicar en el marco de la "Agenda 2000" y de la OMC no se puede compensar ni amortiguar con programas de este tipo cuya consecuencia en muchas regiones es el camuflaje, la desorientación y la corrupción. 
Somos contrarios a muchas de las apreciaciones del informe. 
Señalamos una vez más los cambios negativos de la PAC (1992-Agenda 2000). 
Consideramos que el LEADER+ no va a contribuir esencialmente a solucionar el problema del campo, que está caracterizado por el debilitamiento de la agricultura, que era, y debe seguir siendo, el ramo socioeconómico básico del campo. 
Nosotros, por nuestra parte, vamos a informar a los agricultores de la conveniencia de estos programas. 
Realizaremos todos los esfuerzos por explotarlos de la mejor manera posible y por que no se derrochen y, lo más importante, intentaremos desarrollar la lucha de los agricultores en contra de esta Política Agrícola Común catastrófica que los extermina y los lleva al debilitamiento económico y a la desertización del campo. 
Porque si no se anula esta PAC ningún programa puede garantizar la supervivencia de los pequeños y medianos agricultores ni la reanimación socioeconómica del campo. 
. (FR) Todos los diputados del Grupo Unión por la Europa de las Naciones han votado a favor de la casi totalidad del informe de nuestro colega Procacci relativo a la iniciativa comunitaria Leader+. 
Sin embargo hemos enmendado el proyecto de informe tal como se había adoptado en la Comisión de Agricultura, con el fin de precisar algunos puntos que permitan hacer más operativa esta iniciativa comunitaria. 
Nos parece particularmente esencial simplificar los procedimientos administrativos y financieros que se han revelado demasiado pesados y lentos en el marco de la iniciativa Leader II. Nos parece igualmente indispensable asegurar una mejor consideración de las prioridades de desarrollo de los actores locales y no limitar el beneficio de los fondos Leader + sólo a las regiones agrícolas de baja densidad de población. 
La enmienda 10, que he presentado en nombre de mi Grupo, hace referencia a la noción de "cohesión económica y social", para sustituir a la de "ordenación del territorio", ya que la Unión Europea no tiene ninguna competencia reconocida en este ámbito. 
La enmienda 11 sustituye los términos "administración gubernamental o municipal" por "el conjunto de las administraciones públicas". 
Efectivamente, si bien es cierto que los grupos de acción locales han de constituir un conjunto equilibrado representativo de los socios de los diferentes medios socioeconómicos del territorio, en el plano de las decisiones las administraciones públicas en su conjunto (municipios, departamentos, regiones, Estados) han de verse representados en su totalidad, cualquiera que sea su nivel. 
La redacción del ponente era por tanto, a nuestro juicio, demasiado reductora. 
La enmienda 12, por su parte, responde a las expectativas de la Comisión de Política Regional de este Parlamento. 
Incluye la necesaria coordinación entre Leader+ y los programas comunitarios de cooperación y de asociación como Interreg, PHARE, Sapard o MEDA. 
En el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, de los países candidatos a la adhesión o de los Estados miembros de la AELE, puede haber interrelaciones entre las diferentes iniciativas comunitarias. 
Es preciso recordar que las prioridades reales para el continente europeo son poner en marcha un nivel operativo, en un marco europeo y no en un marco mundial, como propone el ponente. 
La creación de organizaciones similares a los GAL puede ser estimulada de forma útil por la Unión Europea, a condición claro está de que los costes correspondientes sean con cargo a los distintos socios. 
En cuanto al fondo, claro que estamos a favor de esta iniciativa comunitaria Leader +. 
Es necesario recordar que durante la Conferencia sobre desarrollo rural que tuvo lugar en Cork del 7 al 9 de noviembre de 1996, el desarrollo rural fue definido como una de las prioridades de la Unión Europea, en la medida en que resulta esencial preservar la integridad de nuestra agricultura y de todo el tejido rural (infraestructuras, servicios, públicos y privados... ). 
En ese contexto, deploramos en comisión unos créditos dedicados al desarrollo rural y hemos dado nuestro apoyo a las enmiendas que piden un aumento del presupuesto para esta iniciativa comunitaria, con el fin de que se adecue a las anteriores iniciativas Leader I y Leader II. Comparado con esta última iniciativa que tenía una duración limitada a 6 años, el presupuesto asignado a Leader+, para una duración de 7 años, es del 50 %. 
Esto no es admisible con relación a la importancia del desarrollo rural y de las consecuencias para los agricultores, de la bajada de los precios y de las ayudas tal como está prevista en la reforma de la PAC consecutiva a los acuerdos de Berlín. 
Finalmente, entre los parámetros prioritarios que se verán introducidos a escala europea para permitir las inscripciones locales, se deberá conceder una atención especial a la calidad y a la originalidad de los proyectos que ya han sido llevados por los GAL en el marco de la iniciativa Leader II, pero que no han salido adelante en razón del calendario y de la pesadez de los dispositivos de gestión previstos. 
(La sesión, interrumpida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Aditivos en la alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0015/2000) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (1999) 388- C5-0134/1999- 1999/0168 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación animal. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario Byrne, la Directiva 70/524 dispone actualmente un trato diferenciado de los aditivos de alta tecnología en cuanto a la sustitución de las autorizaciones vigentes. 
La Comisión propone ahora la armonización de los procedimientos de autorización previstos para las sustancias autorizadas antes de 1988 y las que se autoricen ahora. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no tiene nada que objetar al respecto. 
No obstante, la Directiva comprende asimismo la autorización de antibióticos, otras sustancias medicamentosas, activadores del crecimiento y organismos modificados genéticamente. 
En este contexto interviene un aspecto que afecta a la salud y que va más allá de una mera armonización de la norma. 
Por consiguiente, la Comisión de Agricultura considera que el fundamento jurídico adoptado- el articulo 37- no es apropiado y que la Comisión debe someter la presente propuesta con el fundamento jurídico del artículo 152, o sea con la codecisión del Parlamento. 
Consultada la Comisión de Asuntos Jurídicos, ésta manifestó que dado que el objetivo es la armonización de la norma, el fundamento jurídico del artículo 37 sería suficiente en este caso. 
La Comisión de Agricultura no se ha limitado a considerar, sin embargo, dicha armonización, sino que, toda vez que la propuesta afecta a los organismos modificados genéticamente, hemos presentado también otra enmienda, que afecta al contenido y por lo tanto también a la salud de la población. 
Estuvimos negociando durante dos años con la Comisión en torno a la Directiva sobre el comercio de semillas y alcanzamos un compromiso que regula la liberación de organismos modificados genéticamente en el marco de dicha Directiva. 
Para ello nos apoyamos en el mismo texto en el que se basa la presente Directiva 70/524. 
Nos resulta incomprensible, señor Byrne, que la Comisión, una vez que ha decidido proceder a una armonización, no prevea también la armonización del texto en lo que respecta a los organismos modificados genéticamente. 
Hemos presentado una enmienda que recoge literalmente el citado compromiso de la Comisión. 
Por lo demás, se trata del mismo redactado que ya se adoptó en la Directiva sobre el material de reproducción forestal y, a nuestro parecer, es imprescindible que dicho texto se incluya asimismo en la presente directiva. 
La Comisión indicó en comisión que tiene previsto presentar en el futuro una directiva sobre nuevos alimentos (novel food). 
Esto no debería ser, sin embargo, un obstáculo para proceder ya a una armonización en el presente caso y evitar así que la existencia de dos directivas diferenciadas pueda crear inseguridad jurídica. 
Por consiguiente, contamos con que también harán suya nuestra enmienda relativa a los organismos modificados genéticamente. 
El hecho de que en la Directiva 70/524 siga figurando el antiguo texto se debe a que la Directiva sobre el comercio de semillas se presentó al Parlamento en 1986 y estuvimos negociándola con la Comisión hasta 1988, mientras que el informe sobre la presente directiva se negoció en 1994 y el Parlamento, como salta a la vista, no concedía entonces a los organismos genéticamente modificados la importancia que empezamos a otorgarles luego, cuando yo fui ponente. 
Por consiguiente, señor Comisario Byrne, nos parece que también ha de poder aceptar las enmiendas que hemos presentado en relación con el fundamento jurídico. 
Si no fuese así, nos reservamos la facultad de devolver a comisión el informe, con objeto de poder negociar este punto sensible igual que hicimos en el caso de la Directiva sobre el comercio de semillas. 
En este contexto, yo quiero volver a recordar que el texto que hemos redactado tiene valor de compromiso tanto para sus servicios jurídicos como para los nuestros. 
Por consiguiente, no tendríamos que volver a negociar el texto, sino sólo su inclusión en la directiva. 
Aguardo con mucho interés su respuesta a nuestras propuestas, señor Comisario Byrne. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¿la regulación de aditivos para la alimentación animal es un tema que afecta a la competencia o a la política del consumidor? 
En opinión de la Comisión y de la Comisión de Asuntos Jurídicos es un tema que afecta a la competencia. 
Desde luego, debemos tomar en consideración las condiciones de competitividad de la industria productora de piensos mediante una armonización de las disposiciones aplicables a los aditivos autorizados antes y después de 1998. 
Es preciso evitar un aumento de los precios de los piensos y, por consiguiente, debemos apoyar las enmiendas 4 y 5 presentadas por el Sr. Doyle. 
Sin embargo, tal como expresa el Sr. Graefe zu Baringdorf en su informe, se trata ante todo de un tema que afecta a la política del consumidor. 
La seguridad alimentaria debe tener absoluta prioridad en todos los debates sobre la alimentación animal. 
Cuando se trata de la transparencia de la cadena alimentaria, ésta debe abarcar desde la horquilla de estiércol hasta el tenedor, y la protección del consumidor debe empezar lógicamente por la alimentación animal. 
Los antibióticos, activadores del crecimiento y organismos modificados genéticamente empleados como aditivos en la alimentación animal acaban incorporándose a la cadena alimentaria humana. 
Como resultado del escándalo de la dioxina, todos comprendimos que tenemos que salir de una vez de este rincón mugriento. 
La regulación del uso de aditivos en la alimentación animal constituye un paso en la dirección adecuada. 
El artículo 152 del Tratado CE nos obliga a evitar las fuentes de peligro para la salud humana. 
El texto destaca claramente que se trata de las fuentes de peligro. 
En consecuencia, tenemos que actuar sobre las fuentes originarias de las sustancias nocivas, o sea, los aditivos nocivos en los alimentos para animales. 
De lo contrario, a mi modo de ver, estaremos actuando sobre los síntomas, pero sin atacar las causas. 
La población mantiene una actitud particularmente crítica en relación con los OMG. Tenemos que responder a la creciente sensibilización de la población con respecto a los OMG y regular, por consiguiente, su uso en la alimentación animal. 
En primer lugar, si un aditivo se compone de organismos modificados genéticamente o contiene dichos organismos, solamente podrá ser autorizado si es inocuo para la salud humana y para el medio ambiente. 
En segundo lugar, parece razonable adoptar disposiciones sobre el uso de aditivos modificados genéticamente en la alimentación animal, a semejanza de la regulación del comercio de semillas, tal como ya ha expuesto también el ponente. 
Y en tercer lugar, una política del consumidor transparente requiere un etiquetado de los alimentos para animales que contengan organismos modificados genéticamente. 
Una declaración clara del contenido de los alimentos para animales garantiza, por lo tanto, la libertad de decisión por partida doble, tanto para el usuario de dichos alimentos para animales como posteriormente para el consumidor. 
Yo creo que al ciudadano adulto le corresponde adoptar la decisión. 
Todos hablamos de los ciudadanos que han perdido la confianza en la seguridad de los alimentos, abrumados por los escándalos. 
Una regulación consecuente del uso de aditivos en la alimentación animal nos permitiría contribuir de manera significativa a la recuperación de la confianza. 
Por consiguiente, yo también aguardo con gran interés su decisión con respecto a la inclusión de nuestras enmiendas. 
Según cuál sea ésta, vamos a votar, naturalmente, la devolución a comisión del informe si es necesario. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la presente propuesta de modificación de la Directiva del año 1970 sobre los aditivos en la alimentación animal es la primera de una serie de propuestas sobre el tema de los alimentos para animales. 
El enorme interés que han suscitado entre la opinión pública europea los escándalos de la dioxina, los antibióticos, los fangos de depuradora, etc., demuestra la importancia central de esta cuestión. 
Nos encontramos, por lo tanto, ante un elemento importante para la protección de la salud pública. Por esto, consideramos que se debería aplicar el fundamento jurídico del artículo 152 y no el del artículo 37, como propone la Comisión. 
La modificación propuesta por la Comisión, esto es, la igualdad de trato para los aditivos autorizados antes del 31.12.1987 y los autorizados después de esa fecha, es indiscutible y la apoyamos plenamente. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó, no obstante, por unanimidad algunas enmiendas importantes a la propuesta de la Comisión. 
La regulación que propone la Comisión entraña el riesgo de que se establezcan monopolios para la comercialización de determinados aditivos. 
En efecto, sólo se admite el derecho a solicitar la autorización a las empresas que obtuvieron la autorización original, pero no a las que puedan haberla obtenido con posterioridad. 
Debemos evitar que se puedan crear monopolios de este tipo- que podrían provocar un aumento de los precios de los alimentos para animales -, concediendo una autorización provisional a todas las empresas que en fecha 1 de abril de 1988 comercializaban una sustancia determinada. 
Dicha autorización provisional será válida hasta que se haya completado la nueva evaluación. 
La modificación más importante con respecto a la propuesta de la Comisión es, no obstante, la incorporación a la directiva sobre los aditivos de las disposiciones relativas a los organismos modificados genéticamente, tal como recomienda el ponente. 
Para ello se ha basado en el compromiso alcanzado entre el Parlamento y la Comisión con respecto a la autorización de OMG al margen de la Directiva sobre su liberación en el medio ambiente. 
Dicho compromiso ya constituye el fundamento para la autorización de OMG. 
Por consiguiente, parece lógico, a la vista de las disposiciones ya adoptadas en otros ámbitos- como el relativo al material de reproducción forestal, por citar sólo un ejemplo -, prever también en el caso que nos ocupa disposiciones específicas para la incorporación de aditivos modificados genéticamente a los alimentos para animales. 
Un aspecto particularmente importante en este contexto es la identificación de los aditivos modificados genéticamente. Ésta permite, por un lado, una decisión informada del agricultor sobre si desea utilizar o no esa clase de alimentos y, por el otro lado, ofrece al consumidor la posibilidad de abstenerse de adquirir alimentos en cuya producción se hayan empleado OMG. 
Antes de acabar, quiero manifestar, en nombre de mi Grupo, nuestro más sincero agradecimiento al ponente, que ha trabajado con ahínco. 
Yo creo que la expectación con que aguardamos la respuesta del Sr. Byrne está justificada. 
Señor Presidente, señorías, este informe se ocupa más de las formas, es decir, de cómo hacer para aprobar los aditivos y menos de cuáles son y de su modo de actuar. 
Quiero aprovechar la ocasión para subrayar la importancia de que todas estas directivas se tramiten en el futuro de acuerdo al procedimiento del artículo 152, ya que tanto la salubridad de los alimentos como los asuntos medioambientales requieren una política coordinada, una perspectiva de conjunto. 
No podemos seguir haciendo como hasta ahora, es decir, examinando cada detalle por separado y, a menudo, cuando el daño ya se ha producido. 
El ponente ha hecho hincapié en la prueba y etiquetado de los OGM en los aditivos de la alimentación animal. 
Una vez más quisiera referirme a los antibióticos. 
Es cierto que ya se han prohibido cinco de los nueve antibióticos que originariamente estaban permitidos en los piensos, pero es muy importante que se prohiban los cuatro restantes, no sólo en beneficio de la salubridad pública sino que también en provecho de los animales. 
Hemos llegado tan lejos que percibimos la enorme amenaza para la salubridad pública que constituye la resistencia a los antibióticos, especialmente para los niños pequeños. 
En muchos Estados miembros ya se puede probar que los abusos que se cometen en materia de zootecnia son totalmente innecesarios. 
Hay muchos países que eliminaron los antibióticos de los piensos hace mucho tiempo y hay otros que lo están haciendo con buenos resultados. 
El principio de la cautela, del que tanto hablamos, ya ha sido sobrepasado hace mucho tiempo en materia de antibióticos. 
Sin embargo, hay otro principio que es importante en el trabajo medioambiental, el principio del reemplazo. 
Quisiera referirme brevemente a las sustancias para combatir los coccidios. 
Son antibióticos técnicos, que no son absolutamente necesarios. 
Hay sustitutos. 
Los pollos pueden ser vacunados. 
Cuesta un poco más, pero resulta menos nocivo para el medio ambiente. 
Estos antibióticos se eliminan através del estiércol en los campos. Después van al agua, que es nuestro alimento más importante. 
Señor Presidente, Señorías, la presencia de organismos modificados genéticamente en la alimentación animal exige una información detallada sobre su uso por parte de los actores- y es sabido que éstos son numerosos -, a fin de poner coto a las prácticas que contravienen el Derecho comunitario. 
La presente directiva sobre los aditivos en la alimentación animal no puede cumplir esta función por sí sola. 
Se van a presentar otras propuestas de directiva y yo creo que la Comisión de Agricultura es un buen lugar para examinarlas. 
Los alimentos para animales y aditivos pasan por múltiples procesos de estructuración, combinación, recomposición, separación y transporte antes de que la carne, la leche, el pan y otros productos lleguen al mostrador de la tienda. 
La competencia entre los productores de alimentos para animales para ampliar al máximo su cuota de mercado resulta tan problemática como la que se desarrolla en el ámbito de la producción de alimentos para el consumo humano. 
Sus efectos negativos son bien conocidos; los positivos, no tanto. 
Yo estoy firmemente convencido de que el medio más adecuado para proteger la salud del consumidor europeo a lo largo de la cadena ecológica es la producción de alimentos para el consumo humano y alimentos para animales en la región y para la región. 
Sin embargo, todavía es necesario elaborar más este enfoque. 
Señor Presidente, para comenzar, permítame felicitar al ponente, Sr. Graefe zu Baringdorf, por su informe. 
Refleja las opiniones y las inquietudes de todos los ciudadanos de la UE en materia de seguridad y calidad alimentarias. 
Los acontecimientos de estos últimos años han despertado sin duda la sensibilización y preocupación ante la amenaza real que se cierne sobre la seguridad alimentaria y la salud pública. 
La rapidez con que este Parlamento ha reaccionado debe ser interpretada por todos los ciudadanos como su principal garantía de cara al futuro, puesto que usted ha creado una agenda sobre la calidad alimenticia que deberán cumplir los Estados miembros. 
Pero incluso en este ámbito crucial de la administración, el Parlamento refleja su compromiso con la subsidiariedad alentando a los Estados miembros a asumir y a afrontar sus responsabilidades. 
En la Agenda 2000, en mi opinión, hemos dado prioridad a las políticas que más preocupan directamente a los ciudadanos: seguridad alimentaria, calidad del agua, protección del medio ambiente y desarrollo rural. 
Si seguimos esta agenda con compromiso y diligencia, los primeros años del nuevo milenio marcarán un hito en la ejecución de las políticas enfocadas hacia las personas y que reflejan perfectamente las necesidades comunitarias. 
Saludo, en particular, los nuevos y estrictos procedimientos de autorización de aditivos en la alimentación animal. 
Aquellos que los incumplan deberán ser sancionados severamente. 
Felicito al nuevo Comisario responsable de la seguridad alimentaria, Sr. Byrne. 
Sobre él recae una pesada carga, pero ha respondido con rapidez y eficacia a los llamamientos de esta Asamblea, así como a las inquietudes de los consumidores. 
Me complace en particular que mi país, Irlanda, se encuentre entre los primeros que han aplicado la nueva normativa sobre alimentación, que se basa en el principio de la identificación de la procedencia. 
Eso convertirá la isla de Irlanda en el centro de excelencia del futuro en materia de alimentación. 
Señor Presidente, señor Comisario, también yo quisiera felicitar al ponente, que ha hecho un trabajo excelente, y sobre todo congratularme de la unanimidad que ha habido sobre este expediente en el nivel del Grupo. 
Así, pues, está previsto que la Comisión substituya las autorizaciones existentes por autorizaciones vinculadas a los encargados de la puesta en circulación de los aditivos, mediante un reglamento, y que esas substituciones se hagan en el mismo momento en relación con todos los aditivos de que se trate. 
Hay que restablecer un marco jurídico coherente. 
La Comisión proponía introducir a partir del mes de octubre de 1999 un fundamento jurídico en la directiva 70/524/CEE para la substitución de las autorizaciones. 
Sin embargo, debemos procurar no crear distorsiones de la competencia, como han recordado el Sr. Kindermann y la Sra. Auroi. 
También hay que identificar claramente los aditivos genéticamente modificados en los alimentos para animales a fin de permitir y garantizar al consumidor final la posibilidad de elegir un alimento sin OGM o basado en los OGM. 
El consumidor debe conservar su libertad de decisión con todo conocimiento de causa. 
Esta propuesta no tiene, señor Comisario, consecuencias financieras para el presupuesto de la Comunidad. 
Por eso, en materia de seguridad alimentaria hará falta una total transparencia para los productores y los consumidores. 
Estoy convencido de que la Comisión podrá seguir al ponente, que consiguió- recordémoslo- la unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, desde los tiempos de la EEB, en esta Asamblea siempre hemos repetido que la alimentación de los animales es uno de los elementos más importantes y primordiales para garantizar la seguridad en la producción de alimentos y la salud y protección de las consumidoras y consumidores. 
Por consiguiente, nos satisface que la Comisión presente una propuesta sobre los aditivos en la alimentación animal. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en cuyo nombre intervengo, decidió en el mes de diciembre que podíamos renunciar a presentar una opinión, a la vista del buen informe elaborado por el presidente de la Comisión de Agricultura, en su calidad de ponente. 
No obstante, aun así, yo quisiera exponer algunos comentarios y expresar mi opinión sobre algunos puntos. 
En primer lugar, tal vez unas pocas palabras sobre el tema del fundamento jurídico. 
A pesar de que el Parlamento tiene ahora un nuevo Reglamento y es muy posible que, con un presidente de la Comisión de Agricultura tan ambicioso, cada vez sean más frecuentes los problemas entre dicha comisión y la Comisión de Medio Ambiente en torno a las competencias para examinar las propuestas legislativas, cuando se plantee un conflicto de este tipo yo siempre voy a tener muy clara una cosa, a saber: que la cohesión de esta Cámara es decisiva y que el fundamento jurídico de una materia es una consideración determinante para mí. 
Por esto- tengo que decírselo así, señor Byrne -, yo rechazo rotundamente la elección del fundamento jurídico. 
Si se trata de una mera traslación del fundamento jurídico heredado de la Directiva anterior, ha sido un error conservarlo. 
En efecto, el Tratado de Amsterdam dice claramente que cuando una materia afecte a la salud de las personas, se debe adoptar el fundamento jurídico del artículo 152, y debo decirle a la Comisión de Asuntos Jurídicos de nuestra propia Asamblea que sencillamente no basta con echarle un vistazo a la propuesta de la Comisión y declarar que, puesto que en ella no se dice nada sobre la salud y la protección del consumidor, de ello se desprende que el tema no afecta a la salud y la protección del consumidor. 
Por consiguiente, en la votación de mañana, mi Grupo- tal como ya ha señalado antes el Sr. Kindermann- se va a pronunciar a favor de que se modifique el fundamento jurídico, y yo espero que los demás Grupos de la Asamblea hagan lo mismo. 
Señor Byrne, en nombre de la transparencia y de la buena colaboración, yo le ruego que acepte y haga suya la enmienda relativa al fundamento jurídico. 
Si, por el contrario, nos guiásemos por la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, abriríamos la puerta de par en par a la manipulación. 
En efecto, eso supondría permitir que la Comisión escogiese el fundamento jurídico amparándose en que en el texto sencillamente no se menciona la política sanitaria, y de repente nos encontraríamos aplicando el artículo 37. 
Finalmente, permítanme que comente muy brevemente otros dos puntos relativos a la presencia de microorganismos modificados genéticamente en los alimentos para animales. 
No es admisible que se hable de la normativa vertical y se diga que habrá que adoptar algún día una normativa distinta. 
¡Por ahora no la tenemos! 
Y mientras no la tengamos, cada vez que adoptemos una norma tendremos que incluir también el tema de los microorganismos modificados genéticamente, mencionarlos explícitamente y exigir su identificación. 
El ponente así lo ha hecho y es una buena orientación. 
Vuelvo a repetir lo que ya he dicho tantas veces: sí, yo desearía que la Comisión presentase propuestas para la adopción de una lista positiva. 
Seguro que ello suscitaría controversias y debate en esta Asamblea, pero es necesario empezar a plantear al menos la elaboración de una lista positiva de aditivos utilizados en la alimentación animal. 
Como también es igualmente importante establecer unos requisitos rigurosos en materia de higiene para la producción de aditivos y que ésta se controle debidamente en los Estados miembros. 
En ambos ámbitos existen aún deficiencias y todavía queda mucho por hacer. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su informe. 
Es un tema del que sin duda volveremos a ocuparnos más de una vez en el futuro. 
Lo que ha sucedido en estos últimos años nos ha puesto sobre aviso acerca de los tremendos problemas a los que se enfrentan no sólo los productores del sector alimentario, sino también los consumidores. 
Debemos lograr un equilibrio entre ambos. 
Debemos encontrar una solución a este problema, porque es importante que los consumidores recuperen la confianza en los alimentos que consumen. 
Una forma de lograrlo es a través de la total transparencia en lo que se refiere al etiquetado de los alimentos. 
Los OGM representan el nuevo reto que debemos afrontar. 
Es algo que preocupa mucho a la sociedad y con toda la razón; es una preocupación que personalmente comparto. 
Pero creo que no debemos permitir que nuestras inquietudes acerca de los OGM nos hagan olvidar nuestras inquietudes acerca de los activadores del crecimiento o los antibióticos que se utilizan en la alimentación animal. 
En realidad, no deberíamos permitir que los OGM alejen nuestra atención del hecho de que en muchos países de Europa se sigue utilizando carne y harina de huesos en la alimentación animal. 
Uno de los factores que se esconden tras esta realidad a la que se ha hecho referencia en este debate es la competencia; la competencia entre los Estados miembros en el coste de producción de piensos. 
Son todos ellos ámbitos en los que debemos garantizar la igualdad de condiciones: los piensos deben estar sujetos a las mismas normas en todos los Estados miembros. 
Hemos pasado el susto de las dioxinas, la EEB y muchos otros problemas. 
El principal problema es de carácter financiero, a saber ¿quién se hace cargo de los costes? 
El problema es que los costes no son compartidos equitativamente entre el consumidor y el productor: el productor se ha visto obligado a soportar la totalidad de los costes. 
Necesitamos una distribución equitativa de los costes adicionales en los que se ha incurrido. 
Asimismo, debemos garantizar que los productos alimenticios que importa la Unión Europea se ajustan a las normas comunitarias en vigor. 
Si no imponemos esas mismas normas a los productos importados, nos encontraremos con grandes dificultades en el futuro. 
. (EN) En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a su ponente, el presidente de la comisión, Sr. Graefe zu Baringdorf, por haber examinado la propuesta de la Comisión. 
La propuesta de la Comisión, como han dicho algunas de sus Señorías, es bastante técnica. 
No obstante, su objetivo es muy simple: armonizar los procedimientos de autorización de aditivos en la alimentación animal. 
Actualmente existe una diferencia de trato entre las autorizaciones, dependiendo de si las solicitudes se presentaron antes o después del 1 de enero de 1988. 
La finalidad de la propuesta de la Comisión es armonizar los procedimientos para garantizar que desaparecen dichas diferencias. 
El alcance de la enmienda propuesta es, por consiguiente, muy limitado. 
El Parlamento ha presentado cinco enmiendas. 
Lamento que la Comisión no pueda aceptarlas, a pesar de que comprendo perfectamente las opiniones y el compromiso del Parlamento, de la Comisión de Agricultura y, en particular, del ponente, Sr. Graefe zu Baringdorf, respecto a estos temas. 
Trataré sobre cada una de las enmiendas por separado. 
La primera enmienda propone que el fundamento jurídico de la propuesta, el artículo 37, sea sustituido por el artículo 152. 
Sólo quisiera señalar que la propuesta de la Comisión no hace ninguna referencia a la salud pública ni a la protección del consumidor. 
La enmienda propuesta es técnica y no puede ser interpretada como si su principal objetivo fuera la protección de la salud pública. 
Tomo nota de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento también reconoce que el artículo 37 es el fundamento jurídico adecuado. 
Recuerdo al Parlamento que el principal objetivo del artículo 152 es la protección de la salud pública. 
Les remito a los argumentos presentados en la carta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que, en mi opinión, expone la posición con una precisión, una claridad y una brevedad dignas de encomio. 
Las enmiendas 2 y 3 van mucho más lejos que la propuesta de la Comisión, ya que persiguen la introducción de disposiciones adicionales sobre los aditivos genéticamente modificados. 
Soy el primero en reconocer que el asunto de los OGM es muy serio. 
También acepto y reconozco que hacen falta iniciativas destinadas a actualizar la legislación comunitaria en el ámbito de los OGM. 
No obstante, esta enmienda técnica no es el instrumento adecuado para introducir ese tipo de iniciativas. 
La Comisión opina que en estos momentos es prematuro enmendar las normas establecidas actualmente por la Directiva 70/524 sobre aditivos genéticamente modificados. 
Sí es adecuado, en cambio, esperar a los acontecimientos en relación con la posición común sobre la enmienda de la Directiva 90/220, que actualmente se encuentra en segunda lectura en el Parlamento. 
La Comisión prevé ir mucho más lejos de lo que ahora propone el Parlamento en sus enmiendas. 
Asimismo, puedo garantizar al Parlamento que me aseguraré de que las disposiciones pertinentes de la Directiva 90/220 son incluidas en la propuesta de modificación de la redacción de la Directiva 70/524 presentada por la Comisión en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y que llegará al Parlamento antes de julio de 2001. 
También puedo garantizar al Parlamento que todas las observaciones que aquí se han hecho hoy serán tenidas en cuenta en su totalidad. 
Las enmiendas 4 y 5 también son inaceptables, porque conceden una preferencia innecesaria a la copia de productos, otorgándoles la autorización para ser puestos en circulación incluso antes de haber presentado la solicitud de autorización. 
La Comisión insiste en evaluar primero dichas aplicaciones respecto a su seguridad y eficacia, antes de conceder la autorización. 
Sólo puedo pedirles una vez más que tengan presente el carácter técnico de la propuesta de la Comisión y que esperen a la propuesta sustantiva de una nueva directiva sobre aditivos en la alimentación animal que abordará temas más amplios. 
Quisiera referirme a algunos de los temas específicos planteados durante el debate. 
En primer lugar, en lo que respecta a las observaciones que ha hecho el Sr. Graefe zu Baringdorf, deseo asegurarle que cambiaremos el procedimiento de autorización de los aditivos que contienen OGM en la Directiva 70/524 sobre aditivos, y no en la directiva sobre alimentos nuevos. 
Esta directiva trata más concretamente sobre la materia prima que sobre aditivos. 
El texto que ha tomado el Parlamento es de la directiva adoptada en 1998. 
Pero la legislación vertical en la Directiva 90/220 sobre cómo realizar una evaluación de los peligros de la liberación intencional en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados ha cambiado desde entonces y sigue cambiando. 
Creo que deberíamos esperar al resultado final de la Directiva 90/220 y en particular, el artículo 11. 
También se ha hecho referencia a la cuestión de que esta propuesta pueda entrañar el peligro de que surjan monopolios. 
El Sr. Kindermann y la Sra. Aurori se han referido a ello. 
Quisiera hacer algunas observaciones al respecto. 
En primer lugar, este asunto está en proyecto desde 1993, por tanto no ha sido ninguna sorpresa para ninguno de los otros productores. 
De hecho, cualquiera de estos solicitantes puede aún presentar una solicitud para su producto en particular. 
Quisiera también hacer hincapié en que la Comisión nunca ha aprobado ninguna solicitud de autorización para incluir OGM en los aditivos. 
La Sra. Roth-Behrendt ha hecho referencia a la cuestión del fundamento jurídico adecuado, si debería ser el artículo 37 o el artículo 152. 
Le remito, una vez más, a lo que he dicho antes en relación con esto y le aseguro a ella y a la Asamblea que sería enteramente inadecuado que la Comisión intentara justificar cualquier medida basada en el artículo 37 sencillamente excluyendo de la disposición toda referencia a la salud pública. 
Es un tema que ha sido examinado en al menos dos ocasiones diferentes por el Tribunal de Justicia, que ha establecido los criterios jurídicos para situaciones como ésta, en las que el fundamento jurídico apropiado no ha sido debidamente tenido en cuenta en el momento de presentar la legislación. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia parece estar fuera de toda duda en este sentido. 
Como comentario general sobre las enmiendas que aquí se han presentado, en particular, en relación con el tema del fundamento jurídico, sería inadecuado, en mi opinión, cambiar el fundamento jurídico por el artículo 152 en semejantes circunstancias, ya que sería muy probable que se viera obstaculizado por los criterios objetivos establecidos por el Tribunal de Justicia. 
Varios diputados han hecho referencia- el Sr. Nicholson, en particular- al tema del etiquetado. 
La Directiva 70/524 prevé el tema del etiquetado en la modificación genética de los aditivos. 
Ya contempla la indicación de las características particulares como consecuencia de los productos de elaboración. 
Esa fórmula nos permitía obligar a los solicitantes a poner en la etiqueta que se habían utilizado técnicas de modificación genética en el producto, que es el objeto de la solicitud. 
. (DE) Señor Presidente, permítame que le plantee una última pregunta al señor Comisario. 
En primer lugar, una observación, señor Comisario Byrne: el Parlamento Europeo carece del derecho de iniciativa en materia legislativa. 
Sin embargo, cuando ustedes proponen la modificación de una directiva o de un reglamento, nos tomamos la libertad de examinar todo el texto y no sólo la parte que ustedes han seleccionado. 
Aun así, en nuestras enmiendas nos hemos limitado a una armonización formal con otras directivas e incluso hemos dejado de lado las cuestiones de contenido. 
Por consiguiente, sólo se trata de armonizar las disposiciones legales de las distintas directivas. 
Mi pregunta, señor Comisario Byrne, es la siguiente: en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Montreal se aprobó la necesidad de una identificación de los organismos modificados genéticamente en el comercio internacional. 
¿Cree usted seriamente que el Parlamento- ahora que tenemos esta oportunidad- puede permitir que en la Unión Europea no se exija dicha identificación en el caso de los aditivos utilizados en la alimentación animal? 
Señor Comisario Byrne, va a iniciar usted una prueba de fuerza con el Parlamento Europeo. 
Estuvimos negociando durante dos años la legislación sobre el comercio de semillas. 
Me alegra por anticipado ante la perspectiva de las conversaciones que vamos a mantener. 
. (EN) Quisiera hacer hincapié en el hecho de que no se ha autorizado ningún OGM en virtud de esta directiva; la directiva es aplicable únicamente a los aditivos. 
Quisiera decir también en relación con las cuestiones del etiquetado que es un asunto complejo. 
Se está estudiando y será estudiado en profundidad, en particular en la Directiva 90/220. 
Este asunto se encuentra en estos momentos ante el Parlamento y habrá otras directivas que traten sobre el mismo, y que también tendrán como fundamento jurídico el artículo 152, que otorga al Parlamento competencia plena en los ámbitos de codecisión. 
Quisiera asegurar al Sr. Graefe zu Baringdorf que de ninguna manera es mi intención ni mi deseo dar lugar a un enfrentamiento o una prueba de fuerza con el Parlamento sobre este asunto. 
Mi intención, como lo ha sido siempre, es trabajar en cooperación con el Parlamento para garantizar que los resultados que alcancemos sean los mejores posibles. 
El mejor modo de abordar este asunto es a través de la propuesta de legislación que el Parlamento tiene ante sí en estos momentos, así como la legislación que está en fase de preparación, y no a través de este documento técnico, y en unas circunstancias en las que las cuestiones establecidas en la Directiva 90/220 y que deberán debatirse puedan no ser tenidas plenamente en cuenta. 
Es mejor esperar a dicho debate, que según tengo entendido se celebrará en breve. 
Todos estos asuntos serán contemplados en dicha legislación. 
Gracias, señor Comisario. 
El Parlamento toma buena nota de sus observaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
La tembladera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0023/2000) del Sr. Böge, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1998) 623- C4-0026/1999- 1998/0324 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 91/68/CE del Consejo en lo relativo a la tembladera. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, que hasta la fecha no contemos con ninguna disposición comunitaria destinada a combatir la tembladera de los ovinos era y sigue siendo uno de los hechos curiosos y de los enigmas no aclarados hasta el momento que rodearon el tratamiento del caso de la EEB. 
La Comisión responde ahora plenamente a las peticiones formuladas por el Parlamento como resultado de los trabajos ulteriores de la Comisión de investigación de la crisis de la EEB, con la presentación de sus propuestas con vistas a modificar la Directiva 91/68 y suprimir las referencias al prurigo lumbar (tembladera) en la especie ovina, así como en el marco del informe de la colega Roth-Behrendt, todavía pendiente de debate, sobre la prevención y la lucha contra las infecciones de EET en general. 
Yo quisiera añadir, no obstante, que no era necesario esperar a disponer de nuevos datos científicos que prueban que la contaminación experimental de ovejas, inducida mediante la alimentación con piensos contaminados con EEB, ha dado origen a manifestaciones clínicas que no se diferencian de la enfermedad del prurigo lumbar. 
No era necesario esperar a disponer de estos nuevos datos porque, desde el principio, siempre se barajó la hipótesis, cada vez más sólida, de que la EEB debía tener muy posiblemente alguna relación con la tembladera. 
Desde este punto de vista, hemos actuado con un cierto retraso. 
Yo puedo suscribir, por lo tanto, plenamente la propuesta de la Comisión con respecto a la tembladera. 
No obstante, también quisiera añadir que ésta sólo tiene sentido si el futuro nuevo reglamento sobre las EET combina en una simbiosis razonable la rigurosa protección del consumidor con unas propuestas aplicables en la práctica. 
Por esto en el futuro debate sobre la propuesta relativa a las EET- incluida también, en todos los casos, la tembladera- será preciso tomar en consideración de manera consecuente seis o siete puntos. 
En lo que se refiere a la reglamentación sobre las EET, al mismo tiempo también debe quedar claro, Señor Comisario, que se van a presentar en breve propuestas diferenciadas, con el fundamento jurídico pertinente del artículo 152, sobre los productos excluidos del citado reglamento, como los cosméticos, los medicamentos o las harinas animales. 
Insistimos en esta necesidad. A mi parecer, también es necesario que las disposiciones más fundamentales de la propuesta de reglamento no queden relegadas al Anexo, sino que se incluyan en el texto de la propuesta propiamente dicha, ya que el Parlamento desea y va a corresponsabilizarse de esta cuestión. 
También es necesario que cuando, en el contexto de la lucha contra dichas infecciones, se plantee el problema de la retirada de rebaños completos afectados por la tembladera o la EEB, se siga contemplando también el tema de la delimitación de unas zonas geográficas. 
Si bien acojo con satisfacción que en el reglamento sobre las EET se incluya también la lucha contra la tembladera, las propuestas de la Comisión con vistas a combatir la enfermedad del prurigo lumbar no me parecen lo bastante consecuentes. 
Por esto me propongo presentar también, en nombre de la Comisión de Agricultura, algunas enmiendas al Informe Roth-Behrendt que permitan endurecer dichas disposiciones. 
Dicho esto, quisiera mencionar, además, otros dos aspectos. Ante todo, acogemos con evidente satisfacción la aplicación del principio de regionalización de la calificación de los Estados miembros respecto a la infestación de prurigo lumbar o de EET. 
La Comisión se está aproximando cada vez más a los trabajos y las exigencias del Parlamento también en este aspecto. 
Finalmente, en lo que se refiere al tema de la futura aplicación de pruebas de diagnóstico, debemos tener presente, naturalmente, que todavía no disponemos de pruebas de diagnóstico que se puedan aplicar de manera generalizada. 
Sin embargo, las pruebas actualmente disponibles son del todo adecuados, no para garantizar la inocuidad de cada animal concreto desde el punto de vista de la política de protección de la salud del consumidor, pero sí para decidir la recalificación de una región de una evaluación negativa a otra más favorable desde la perspectiva de la lucha contra la epizootia. La evaluación epidemiológica de la situación de una región mediante la realización de pruebas de diagnóstico aleatorias en los mataderos puede ofrecer también una vía adecuada en el marco del debate político y científico, que permitiría tomar en consideración la protección preventiva del consumidor y afrontar mejor que en el pasado los casos conflictivos con un fundamento apropiado, basado en la aplicación de dichas pruebas. 
Le ruego, señor Comisario, que traslade estas reflexiones previas, planteadas siguiendo en cierto modo la estela del informe sobre la tembladera, al informe general sobre la lucha contra las EET y que empiece a tener presente que vamos a pedirle que contemple estos puntos. 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. (DE) Señor Presidente, con el paso del tiempo se ha creado la siguiente situación: un tema concreto se ha ramificado en muy diversas facetas en el curso de los años. 
Muchos diputados de esta Asamblea nos hemos pasado años- tanto si esa era nuestra intención inicial como si no- dedicados en gran parte exclusivamente a examinar las consecuencias del escándalo de la EEB hasta sus últimas facetas. 
Éstas todavía siguen siendo un tema que nos ocupa. 
No es de extrañar, por lo tanto, que el Sr. Böge y yo misma nos refiramos a él, y que el Sr. Graefe zu Baringdorf también lo acabe de mencionar en su informes. 
Las personas siguen siendo, en efecto, las mismas. 
Ciertamente no ha sido la peor experiencia de esta Cámara, aunque el motivo desencadenante era grave. 
Mi tarea, en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, ha sido muy sencilla. 
Estoy de acuerdo con el ponente y puedo anunciar que la Comisión de Medio Ambiente pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que apruebe la propuesta de la Comisión. 
Esto me permitió ganar mucho tiempo, que a veces también quisiera poder dedicar a otras cosas y que ahora también voy a aprovechar para anticiparme un poco a los acontecimientos, igual que acaba de hacer el Sr. Böge. 
Todavía no se ha presentado a la Asamblea mi informe sobre las EET. 
Al principio estábamos un poco indecisos y ahora lo lamentamos. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que el timing ha sido, de hecho, muy acertado. 
En realidad, es muy favorable, señor Byrne, que podamos aprovechar el presente debate para plantearle a la Comisión un par de temas de reflexión. 
Después del diálogo no demasiado positivo que hemos mantenido antes en relación con el informe del Sr. Graefe zu Baringdorf, respecto al cual seguramente tampoco conseguiremos aproximar demasiado nuestras posiciones, quizá las cosas sigan un curso algo distinto en este caso. 
Permítanme que señale ya de entrada que la parte de este complejo informe a la que se ha referido el Sr. Böge- en lo que, por otra parte, constituye una muestra de la buena colaboración entre ambas comisiones, en virtud de la cual una asume la competencia para el fondo mientras la otra ofrece su opinión y viceversa, lo que quizá pueda servir de ejemplo en el futuro- es un aspecto relativamente sencillo. 
El tema será seguramente más arduo, señor Byrne, cuando examinemos la propuesta relativa a las EET. 
Cuando planteemos preguntas directas saldrán a relucir también los temas que ya ha citado el Sr. Böge. 
Se plantearán preguntas- y yo voy a tener que formulárselas a usted y a los representantes de la Comisión en nuestra comisión- sobre la calificación sanitaria de los Estados miembros y de terceros países respecto de la EEB. 
¿Cómo se va a definir dicha calificación en la práctica? 
¿Se proponen contemplar también la aplicación de una prueba de diagnóstico de la EEB en determinadas circunstancias? 
Y volveré a repetirle la pregunta que le hago siempre, señor Byrne, y que sin duda ya conoce y tampoco debe cogerle por sorpresa. 
¿Qué va a ocurrir con la prueba de diagnóstico de la EEB? 
¿Van a imponerla con carácter obligatorio? Quizá podrían hacerlo incluso antes de que la Asamblea debata el informe sobre las EET. 
No es que quiera retrasarlo, pero desde luego sería un gesto si pudiera decirnos: ¡y aquí tienen la propuesta legislativa sobre la prueba de diagnóstico de la EEB! 
Ya sé que le estoy azuzando, señor Byrne, pero a veces es necesario. 
Voy a decirlo muy claramente- también como una observación retrospectiva con respecto al informe del Sr. Graefe zu Baringdorf, que está muy relacionado con el planteamiento global -, la alimentación animal, la cría y la producción ganadera deben ser, por un lado, adecuados para cada especie pero, por el otro lado, sobre todo no deben ser perjudiciales ni peligrosos para los humanos. 
Es inadmisible que se excluyan los cosméticos, los productos farmacéuticos y otros con el pretexto de que no pueden causar ningún daño o que son inocuos. 
Esto es sin duda demasiado sintético, demasiado tajante e insuficiente. 
En el caso del informe del Sr. Böge, ha tenido usted la suerte de que el tema sólo se toca de manera marginal. Pero cuando se debata mi informe, se verá obligado a justificarlo de manera un poco más contundente y tendrá más problemas con esta cuestión. 
Para acabar, una breve observación final, señor Byrne. Ahora tenemos una nueva Comisión. 
Todavía está por demostrar si en el futuro estaremos de acuerdo con el trabajo de esta Comisión y del Presidente de la Comisión. 
En cualquier caso, hay una cosa que, desde luego, no vamos a poder admitir y, en su calidad de jurista y de político, seguro que lo comprenderá. No es admisible que se regule en un anexo lo que en realidad es lo verdaderamente importante. 
Esto debe figurar en el texto de la norma. Si yo fuese comisaria quizá también seguiría esa vía, pues un anexo se puede modificar sencillamente a través del procedimiento de la comitología y esto me evitaría tener que trabajar siempre con este Parlamento, que necesita tanto tiempo y plantea, además, tantas dificultades. 
Pero debe comprender que es algo que no podemos dejar pasar. 
En otras palabras, siempre que yo pueda ejercer alguna influencia, voy a sacarlo todo del anexo para incluirlo en el texto principal. 
¡Sería preferible que lo hiciera usted mismo ya de entrada! 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo quisiera recordar hoy la composición de nuestra cadena alimentaria y la importancia de que ésta proporcione a las personas alimentos seguros y sanos. 
Éstos deben obtenerse sin excepción sin que intervengan productos intermedios o finales dudosos o que entrañen un riesgo. 
En los últimos años se pasaron por alto estos principios fundamentales en la cría de animales y en su alimentación y a menudo también en el tratamiento jurídico de las epizootias, por desidia o por un desmedido afán de lucro. 
El Parlamento Europeo ya adoptó una posición clara en relación con la EEB y yo creo que debería hacer lo mismo con respecto a todas las epizootias. 
No podemos permitir que se ponga en peligro la seguridad de los alimentos, puesto que en definitiva está en juego nuestra salud. 
La propuesta de la Comisión no se limita únicamente al transporte y la comercialización de ovinos y caprinos, sino que también incluye disposiciones comunitarias para la lucha contra el prurigo lumbar. 
Esto es particularmente importante, toda vez que aun no se ha establecido de manera inequívoca que no exista alguna relación entre la EEB y la tembladera. 
Los animales se compran en toda Europa y se transportan a través del continente. 
La propagación de epizootias a través de la introducción inadvertida de un animal enfermo puede tener enormes consecuencias para los ganaderos. 
Y quiero señalar que hace unas cuatro semanas se detectó por primera vez un caso de tembladera también en Austria. 
La tembladera es una enfermedad particularmente insidiosa, pues el microorganismo causante puede permanecer activo durante años en el polvo y ser ingerido de nuevo con los alimentos. 
La enfermedad es mortal en todos los casos. 
Puesto que tampoco existe una vacuna, el único medio de protección para el ganadero es no comprar animales procedentes de países en los que se hayan detectado casos de tembladera. 
Aunque esta enfermedad no es transmisible a los humanos, todavía no se ha aclarado su conexión con la EEB, como ya he señalado. 
En mi calidad de agricultor, yo tengo muy claro que no se puede exponer al consumidor a ningún riesgo. 
Yo soy partidario de que se adopten medidas preventivas, empezando por una alimentación de los animales adecuada a las características de cada especie, en vez de tener que adoptar medidas para combatir una epizootia ya declarada. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión de establecer una nueva base jurídica para la lucha contra la tembladera. 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe del Sr. Böge sobre las medidas para combatir la tembladera- enfermedades EET- forma parte de las cuestiones que se basan en las propuestas presentadas por la comisión provisional EEB del Parlamento Europeo. 
El ponente, el Sr. Böge, ha realizado un trabajo muy valioso en esta comisión, y es un consuelo darse cuenta de que, lógicamente, la revisión del trabajo de la comisión provisional EEB en el seno de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural le ha correspondido a él, pues es una persona con experiencia. 
Hubiese preferido abordar en mi intervención el debate paralelo sobre la segunda parte de la propuesta de la Comisión. 
No me parece coherente mantener el mismo debate por partes, habida cuenta de que el informe de la Sra. Roth-Behrendt se abordará en sesión plenaria, tras ser tramitado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
En la intervención anterior, la Sra. Schierhuber señaló que la tembladera es una enfermedad muy traicionera. 
Así es. 
Como finlandés y como miembro que he sido de asociaciones relacionadas con el sector agrícola y de sanidad y transporte de los animales, para mí lo importante es que se les siga garantizando el derecho de hacer los controles necesarios en los transportes de animales vivos a aquellos Estados miembros de la UE, en los que no hay ningún brote de enfermedades EET. 
Quiero destacar la gran importancia que tiene para nosotros la no existencia de esas enfermedades. 
La posibilidad de proceder, en caso de necesidad, a inspecciones extraordinarias de animales en estas regiones no es ningún proteccionismo artificial ni ninguna limitación de la libre circulación, pues para ello existe una razón bien fundamentada. 
Estas inspecciones deben ser consideradas como medidas justas y de prevención eficiente de gastos, ya que mediante las mismas se fomenta el bienestar de los animales y se ahorran fondos de la UE. 
En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales y Demócratas, podemos apoyar la propuesta de la Comisión en cuanto al informe del Sr. Böge, mientras que en lo que se refiere al debate del informe de la Sra. Roth-Behrendt, nos veremos obligados a reconsiderar la situación de aquellos países, en los que no hay brotes de enfermedades EET. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente. 
No hay duda de que el Sr. Böge y la ponente para opinión de la Comisión de Medio Ambiente se han convertido en grandes expertos en este ámbito. 
Es estupendo que en nombre del Parlamento sigan de cerca la evolución de este asunto, porque es de la máxima importancia. 
Independientemente de los muchos otros aspectos que puedan preocuparnos, la EEB nos ha dejado un terrible legado del que debemos ocuparnos y al que debemos encontrar una solución. 
Es evidente que la incidencia de la tembladera en la especie ovina ha sido un factor que ha contribuido al problema general. 
Saludo el fundamento jurídico que se ha establecido y el enfoque tan integral de las nuevas disposiciones que, espero, permitirán corregir esta situación. 
Debemos garantizar que no entra nada en la cadena alimenticia ni en los piensos compuestos que pueda provocar en el futuro situaciones como por las que ya hemos conocido. 
Nadie quiere que se repita la situación de los agricultores a raíz de la EEB. 
Debemos introducir las disposiciones más estrictas posibles y debemos asegurarnos de que funcionan. 
Es de la máxima importancia para el productor, así como para el consumidor que restablezcamos la confianza, y el único medio de hacerlo pasa por atajar con rigor el problema y resolverlo. 
La EEB no ha desaparecido. 
Podemos encontrarla en algunos países. 
No quiero señalar con el dedo a ningún país en particular, pero muchos países se enfrentan actualmente a problemas similares a aquellos que tuvimos en el Reino Unido. 
El problema permanecerá durante algún tiempo. 
Debemos garantizar que todo el sistema de identificación del origen y de seguimiento del animal desde que nace hasta que es sacrificado y a lo largo de toda la cadena alimenticia forma parte de dicho mecanismo de restablecimiento de la confianza. 
Si no somos capaces de lograrlo, nos enfrentaremos a enormes problemas en el futuro. 
Por último, creo desde hace mucho tiempo, porque provengo de un entorno agrícola, que si hubiéramos alimentado a los animales de la manera adecuada y si los piensos se hubieran elaborado a base de los compuestos adecuados, nunca se habría producido la EEB. 
El responsable no fue en ningún momento el agricultor, los que ocasionaron este problema fueron los productores de piensos, y tenemos la obligación de garantizar que no vuelve a repetirse jamás. 
. (EN) Señor Presidente, me alegra que se me haya brindado esta oportunidad de tratar sobre un tema en el que existe una buena cooperación entre el Parlamento y la Comisión, a saber, la lucha contra las EET. 
Asimismo quisiera agradecer al Sr. Böge la labor que ha realizado sobre este asunto. 
Se ha avanzado considerablemente sobre nuestra propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de conformidad con el artículo 152 del Tratado, relativa a la prevención y el control de la tembladera. 
La presente propuesta trata sobre todos los peligros de la EET en todos los animales y en todas las fases de la cadena de producción. 
Hoy estoy aquí para escuchar sus opiniones sobre el primer paso de este proceso destinado a establecer un sistema comunitario realmente integral para el control de estas enfermedades. 
En la propuesta que nos ocupa propongo la eliminación de todas las disposiciones comunitarias actualmente en vigor relativas a la tembladera en las especies ovina y caprina, y transferirlas al marco de la propuesta de directiva. 
A continuación se introducirían en dicho marco disposiciones detalladas. 
He podido saber que el Parlamento acoge con satisfacción esta iniciativa de formular un texto único, como se desprende de sus intervenciones de esta tarde. 
Espero con interés poder tratar sobre cualquier otra mejora adicional que el Parlamento desee sugerir en el marco de la propuesta de legislación, especialmente, después de la referencia que ha hecho la Sra. Roth-Behrendt a su propio informe y opinión al respecto. 
Espero con interés recibir dicho documento, que será tenido en cuenta en todas las futuras consideraciones en relación con este asunto. 
Por último, quisiera decir algo en relación con la observación sobre incluir legislación en los anexos y la observación de que debemos lograr un equilibrio eficaz entre el derecho a opinar del Parlamento y, al mismo tiempo, la posibilidad de que la Comisión proceda con celeridad a la introducción de resoluciones, legislación y enmiendas a la legislación en vigor. 
En los meses que llevo de Comisario he podido observar el modo en que la legislación avanza a través del sistema, y reconozco que aún queda mucho por hacer en este aspecto en particular, para que entre todos hagamos realidad lo que nos proponemos, es decir, traducir las políticas en legislación. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Política comunitaria en el ámbito del agua 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (9085/3/1999- C5-0209/1999- 1997/0067 (COD) ) por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, la del agua será una de las grandes cuestiones medioambientales y planetarias del siglo XXI. 
Ya se trate de los cambios climáticos, de los recursos en todo el planeta o de la calidad de nuestros ríos y nuestras capas freáticas, sabemos que esos grandes azares constituyen riesgos para nuestro futuro común. 
O bien seremos capaces de restituir una calidad de las aguas que corresponda al ecosistema del planeta o veremos toda una serie de perturbaciones amenazar el desarrollo de ciertas regiones y las condiciones de vida de los habitantes en otras e incluso- más fundamentalmente- el equilibrio global. 
Tomo como prueba un excelente informe que nuestro colega Mário Soares ha preparado en instancias internacionales sobre el estado de los mares y los océanos. 
Cuando hemos hablado de los cambios climáticos, nos hemos referido, y con razón, al efecto de invernadero y al estado de la atmósfera. 
Pero sabemos también que el deterioro de los océanos va a desestabilizar considerablemente zonas enteras de nuestra Tierra. 
Así, pues, conviene que Europa sea, en cierto modo, ejemplar en su actuación, porque debe promover determinado modelo de desarrollo y también porque afronta, a su vez, graves problemas de contaminación y deterioro de sus aguas, ya se trate de sus aguas subterráneas, sus aguas de superficie o sus mares. 
Por lo demás, nuestra Europa ha firmado convenios internacionales. 
Pienso, en particular, en el Convenio OSPAR, en virtud del cual contrajo compromisos. 
Dijo: "Dentro de unos años deberemos haber puesto fin a los vertidos de contaminación, deberemos haber cesado el aumento de las contaminaciones e incluso deberemos acercarnos a un nivel casi nulo en materia de substancias tóxicas o peligrosas". 
Así, pues, Europa pone su firma en acuerdos internacionales y después llega la directiva, así como las políticas concretas en el terreno, y entonces anuncia que no podrá alcanzar los objetivos fijados o los aplaza para fechas tales, que se plantea la cuestión de si merece crédito la firma de dichos convenios internacionales. 
Por eso, al entablar el debate relativo a la directiva-marco sobre el agua, ya en primera lectura, el Parlamento Europeo tuvo mucho interés en pedir una coherencia entre la directiva-marco y los objetivos internacionales y, en particular, en lo relativo a la observancia de OSPAR, una convergencia que sea efectiva, concreta y que nos comprometa a la adopción de medidas. 
La política del agua de la Unión Europea no parte de la nada. 
Se han aprobado numerosas directivas y, por lo demás, la Comisión abriga la voluntad de llegar a volverlas más legibles, más compatibles entre sí, con objetivos más claros. 
Así, pues, ha sido un interés por la racionalidad lo que ha propiciado la formulación de esta directiva-marco. 
Pero nuestro Parlamento, en primera lectura, insistió en que la directiva actual no sólo fuera compatible con los compromisos que hemos contraído- tipo OSPAR -, sino que, además, nos permita invertir el rumbo. 
Pues, pese a esas numerosas directivas, pese a declaraciones frecuentes sobre el esfuerzo que se debe hacer en materia de protección del agua, cuando examinamos el estado del medio ambiente en Europa, vemos que no se han alcanzado los objetivos. 
En muchos casos la situación se ha deteriorado y, por tanto, no podemos contentarnos con un esfuerzo de racionalización de los textos. 
Debemos fijarnos objetivos a la altura de los imperativos que afrontamos y no disponemos de mucho tiempo, pues, si lo hacemos, como propuso la Comisión, con plazos demasiado largos, cuando ella misma y el Consejo han vuelto a prorrogar los plazos, no sólo tendremos un problema de crédito ante la opinión, sino que, además, se dejarán los esfuerzos- bien que lo sabemos- para mañana y mañana serán aplazados de nuevo y, por tanto, no se alcanzarán los objetivos deseados. 
Insisto en este aspecto, pues no se debería esperar por enésima vez a que todos los días se comuniquen catástrofes en nuestros periódicos para decir: " ¡Ah! Europa no ha actuado. 
¡Ah! Europa debería haber actuado ", y entonces, con precipitación, hacer como si fuéramos a arreglar los problemas que no quisimos afrontar a brazo partido en tiempo útil. 
El ejemplo hoy del Danubio, de la contaminación que se está produciendo en Rumania, muestra muy claramente que, si no aplicamos un nuevo modo de desarrollo económico, exigencias claras, controles y medidas precisas sobre el estado de nuestros ríos, no sólo se reproducirá- lo sabemos- ese tipo de incidentes, sino que, además, se multiplicará con el tiempo. 
Sabemos también que, si no hacemos nada, el desarrollo de nuestra agricultura seguirá haciéndose con grandes desequilibrios. 
Ya ahora los ríos bretones de mi propio país se encuentran en plena situación de eutrofización, cosa que perjudica al turismo. 
Quisiera simplemente concluir, señor Presidente, diciendo que los imperativos están claros en segunda lectura. 
¿Queremos, sí o no, normas compatibles con OSPAR, es decir, aproximarnos a cero en el caso de las substancias peligrosas? 
¿Queremos reducir los plazos que el Consejo ha propuesto para esta directiva? 
¿Queremos tener una política de precios que dé a todos los agentes públicos y privados la capacidad para descontaminar, para actuar contra la contaminación y economizar nuestra agua? 
¿Queremos en serio responder a la aspiración de nuestros pueblos? 
La mayoría de las enmiendas votadas por la Comisión de Medio Ambiente responden a ese objetivo; espero que obtengan el apoyo de la Asamblea. 
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Lienemann acaba de exponer de manera contundente la importancia que tienen para nosotros el agua y el aire, sobre todo como fundamento sencillamente imprescindible de la vida humana. 
Además de la calidad del agua, también es importante su cantidad, ya que ésta no es suficiente en toda Europa, sobre todo en las regiones con zonas muy áridas. 
Yo lamento que la Comisaria que de hecho es competente en esta materia, la Sra. Wallström, no pueda estar aquí, pues desde luego se trata de una directiva sumamente importante, en la que la Comisión lleva muchísimo tiempo trabajando, y la legislación para la protección de las aguas, que hoy se debate en segunda lectura, afecta a todos los ciudadanos de la Unión Europea y también a todos los habitantes de los países candidatos, que deberán cumplir la legislación de la UE en el momento de su adhesión. 
Venimos trabajando desde hace diez años en este tema y este enfoque amplio sólo llegó a ser posible después de una audiencia impulsada y organizada en 1994 por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Desde ese momento hasta la segunda lectura de hoy, muchas personas han trabajado duramente en el tema en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros. 
Conseguimos reducir las 243 enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente a 27, a las que ahora se han vuelto a añadir, sin embargo, otras 30. 
Como pueden ver, están en juego muchas aspiraciones y éstas son muy diversas. 
Unas se proponen endurecer las disposiciones, otras persiguen una mayor precisión, muchas están marcadas por intereses nacionales. 
También en mi Grupo político, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratacristianos) /Demócratas Europeos, había naturalmente distintos puntos de vista. 
Nuestra línea es intentar que se establezcan objetivos realistas y soluciones aplicables en la práctica. 
Algunas de las enmiendas que yo misma y algunas y algunos otros colegas hemos presentado en nombre de nuestro Grupo mejoran sin lugar a dudas, desde esa perspectiva, los requisitos propuestos en la posición común. 
Algunas enmiendas, que nosotros apoyamos, se proponen fortalecer la posición negociadora del Parlamento Europeo en la posterior conciliación con el Consejo de Ministros. 
Nosotros rechazamos claramente todas las exigencias poco realistas, que minan la credibilidad del Parlamento Europeo. 
Entre éstas yo incluyo la exigencia de una entrada nula de sustancias peligrosas, o sea, la exigencia de que ésta se reduzca a cero para el año 2020. 
Esto supondría el fin de cualquier tipo de actividades agrícolas y de muchas actividades industriales. 
En este contexto, yo quisiera resaltar una vez más que, a pesar de todo, ya hemos conseguido progresos considerables con las leyes nacionales y europeas sobre protección de las aguas actualmente existentes, por incompletas que sean y aunque los Estados miembros las hayan respetado poco. 
Sólo quiero recordar que ahora tenemos salmones en el Rin, algo que habría sido impensable hace 20 años, y que incluso en el Elba, que sufría una carga particularmente elevada de contaminantes, se van a volver a introducir salmones. 
Lo cual no significa que no tengamos que seguir haciendo enormes esfuerzos para continuar mejorando la protección de las aguas y para conservar las aguas de superficie y las aguas subterráneas todavía en buen estado, lo cual también llevará aparejados, que duda cabe, unos costes elevados. 
Justamente en estos últimos días se han manifestado muchas preocupaciones desde el sector de la agricultura. 
También la agricultura necesita disponer de agua no contaminada en cantidad suficiente para poder desarrollarse. 
Con la orientación que ha mantenido nuestro Grupo en las negociaciones con el Consejo de Ministros será posible alcanzar una solución favorable también para la agricultura. 
Yo condeno los falsos argumentos con que, desde ambos bandos, se ha intentado engañar a los diputados y a la opinión pública en el contexto de esta temática difícil y en parte muy técnica. 
Por esto agradezco especialmente la intervención de las y los colegas de mi Grupo que contribuyeron a hacer posibles algunos compromisos. 
Sobre todo, quiero agradecer muy especialmente el enorme trabajo que ha realizado nuestra ponente, la Sra. Lienemann, y su actitud cooperativa, aun cuando todavía subsistan discrepancias en relación con algunos puntos. 
También quiero manifestar, por otra parte, mi agradecimiento a los representantes de la Comisión Europea, que siempre han estado a nuestra disposición para aconsejarnos y ofrecernos ayuda técnica. 
Si los representantes del Consejo de Ministros adoptan la misma actitud constructiva, no me cabe la menor duda de que en el procedimiento de conciliación conseguiremos alcanzar entre todos una solución todavía más adecuada para la protección del medio acuático en Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Lienemann por el excelente trabajo que ha presentado y por el esfuerzo que ha realizado a la hora de aproximar las diferencias que nos separan en el tema del agua. 
La Directiva marco sobre el agua es una iniciativa necesaria. 
Sin embargo, y partiendo de que la idea de la solidaridad es intrínseca al proceso de construcción europea, es preciso que esta directiva tenga en cuenta que los recursos hídricos deben ser entendidos como un factor de cohesión social. 
El agua- nadie lo duda- es un bien de interés general. 
Sin embargo, en el caso de España y de otros países del sur, que presentan una climatología irregular, la gestión de los recursos hídricos requiere planteamientos políticos para racionalizar su uso y otras medidas de carácter solidario. 
Por ello, consideramos que esta Directiva marco debe propugnar un aprovechamiento del agua que permita vencer los desequilibrios territoriales y, con este fin, solicito su apoyo a la enmienda 95, que ha presentado nuestro Grupo. 
Queremos asegurar que en el artículo 1 de la Directiva se promueva un uso sostenible, eficiente, justo y solidario del agua. 
Voy a hacer ahora un breve repaso de las principales cuestiones en las que la delegación socialista española mantiene alguna divergencia con respecto a ciertos posicionamientos que aquí se defienden. 
Consideramos que, dadas las características hidrográficas del Estado español, donde se realizan trasvases de carácter estructural, deben ser las autoridades del país las que decidan sobre los recursos de su propio territorio, decisión que, por supuesto, siempre debería tomarse desde los criterios de la búsqueda de cohesión y del uso racional del agua. 
Por lo que respecta a uno de los puntos más polémicos de nuestro debate, el de la tarificación, los socialistas españoles hemos venido defendiendo que, desde el respeto al principio de "quien contamina paga", la Directiva propugne políticas de precios accesibles para todos los niveles de consumo. 
Es evidente que en España una política de recuperación íntegra de los costes del agua no tendría la misma repercusión que en los países del centro y del norte de Europa. 
Los españoles verían aumentado el precio del agua por sus diversos usos debido, precisamente, a la escasez de recursos hídricos y a la internalización de los costes ambientales que será preciso realizar en el marco de lo dispuesto por la Directiva. 
Por eso, siempre hemos defendido un sistema progresivo de recuperación de los costes, un sistema que tenga muy presentes los efectos sociales, ambientales y económicos, y cuya aplicación sea modulada en virtud de las distintas condiciones geográficas y climáticas. 
Queremos construir una Europa cuyo entorno sea sostenible y saludable. 
Pero la Europa del medio ambiente no se puede construir, de ningún modo, a diversas velocidades, sino que debe construirse desde la solidaridad. 
Señor Presidente, el desastre ecológico del Danubio ha venido a recordarnos lo unidos que están entre sí todos los países de Europa y la importancia que tiene el agua para todos nosotros. 
Los vertidos procedentes del sector químico de mi circunscripción en el Noroeste de Inglaterra terminarán en las playas de la Europa continental. 
Esto hace que nos demos cuenta de los lazos que nos unen. 
Esta directiva marco tiene el objetivo de trazar las bases de la política para las próximas décadas y no ha sido poco el pánico que ha despertado sobre los pormenores. 
Es importante que recordemos que se trata de un marco. 
Las bases son realmente muy amplias. 
A los distintos países y a los distintos sectores de la industria no les resultará difícil escapar a los efectos que nos han descrito estos últimos días. 
Las posibilidades para esconderse son muchas. 
Lo cierto es que los detalles de esta legislación serán establecidos en directivas de desarrollo en los próximos meses y años. 
Será entonces el momento de debatir sobre algunos de estos pormenores pendientes. 
La amplitud de los principios nos permitirá sin duda aprobarlos- los amplios principios de que deseamos una reducción de los residuos peligrosos que se filtran hasta las aguas subterráneas, los amplios principios de que deberíamos aspirar a garantizar que los productos químicos, que todos necesitamos en la sociedad en cualquier circunstancia, no puedan llegar hasta nuestro sistema de abastecimiento de agua. 
Una fábrica de productos químicos del Noroeste me escribió para decirme que debemos votar en contra de esta directiva. 
Deberé preguntarles qué productos químicos están introduciendo en el sistema de abastecimiento de agua y por qué no comunican a todos los residentes de la zona qué es exactamente lo que están haciendo. 
Es algo que prefieren no tener que hacer. 
Este principio afecta también al precio del agua. 
La noción básica que actualmente compartimos muchos de nosotros es que debemos introducir un impuesto ambiental para fomentar la conservación y aplicar el enfoque del palo y la zanahoria para hacer el mejor uso posible de nuestros recursos, de manera que no contribuyamos a la contaminación o a la pérdida de un recurso tan valioso como el agua. 
Quiero referirme a la posición política que existe aquí. 
La posición común ha debilitado la posición adoptada por el Parlamento en primera lectura. 
Algunas de las ONG dirán que la directiva, tal y como ha sido enmarcada ahora, es peor que inútil. 
Es un paso atrás. 
Ahora tenemos la oportunidad de mejorar la situación. 
Debemos adoptar una posición de conciliación. 
Hemos visto cómo perdíamos votación tras votación. 
La Comisión de Medio Ambiente ha lanzado una medida tras otra. 
No hemos podido conseguir una mayoría cualificada. 
Nuestro intento de mejorar el medio ambiente de Europa ha fracasado. 
Debemos adoptar esa posición de conciliación. 
A fin de cuentas, debemos garantizar que al final terminaremos con una política sensata y equilibrada de auténticas mejoras y a un precio razonable. 
Señor Presidente, señorías, hace casi treinta años, la Comisión Europea intentó adoptar una política europea en el ámbito del aguas. 
Había que regular 129 sustancias químicas. 
Finalmente sólo se establecieron normas para una decena de sustancias. 
La causa del fracaso fue el principio de unanimidad. 
Hace unos siete años parecía también que la política de las aguas iba a ofrecerse como víctima propiciatoria en el altar de la subsidiariedad. 
Al calor de la cumbre de Edimburgo, los dirigentes conservadores Major y Kohl decidieron que no era en absoluto necesario que los españoles tuvieran una agua potable tan buena como los alemanes o los británicos. 
Este sentimiento se refleja ahora en parte en la posición común que se ha alcanzado durante la Presidencia socialista británica. Esta posición común es como un queso lleno de agujeros o, para expresarlo con un símil más acuoso, tiene más agujeros que un colador. 
Esto explica la avalancha de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. Cerca de 100 enmiendas para la segunda lectura. 
La industria química- y, desgraciadamente, también la Comisión Europea y el Consejo de Ministros- quieren realizar un análisis de riesgos independiente para cada sustancia peligrosa. Esto requiere mucho tiempo y, lo que es más importante aún, no existe un nivel aceptable de contaminación por sustancias químicas peligrosas. 
Sólo el nivel de base del océano es aceptable. 
Esto se expresa con el término "close to zero", "próximo a cero". 
Estas sustancias, incluso en la cantidad más ínfima, provocan cambios en el sexo de los animales, y hasta los seres humanos, como confirman los científicos cada vez con mayor frecuencia. 
Por eso es tan importante que el Parlamento Europeo se pronuncie en favor de los objetivos OSPAR de nivel próximo a cero en el año 2020. 
Quisiera destacar dos sustancias incluidas en la lista de la Comisión: mercurio y tributilo, abreviado TBT. 
En el fondo del lago Wadden los valores de mercurio y TBT son respectivamente diez y mil veces más elevados que los valores OSPAR. 
La industria química y la sociedad en su conjunto deben aprender a sustituir estas sustancias químicas peligrosas por sustitutos inocuos y, en la medida en que no se pueda, a manejarlas en sistemas cerrados. 
En el caso del TBT esto significa que ya no puede utilizarse como medio contra el crecimiento de algas. 
La limpieza mecánica de las paredes de los buques es una buena alternativa. 
Quisiera terminar expresando mi esperanza de que el Parlamento Europeo vuelva a rescatar su imagen ecologista y se pronuncie a favor de la opción próxima a cero en lo que respecta a las sustancias químicas peligrosas y de regulación hormonal para el año 2020. 
Señor Presidente, en la tramitación de esta directiva sobre las aguas, el papel del Parlamento es decisivo. 
La posición común del Consejo es totalmente insuficiente en muchos aspectos. 
Por eso, nuestra tarea tiene que ser ajustar y concretar las exigencias de la directiva. 
Hay algunos principios que han sido especialmente importantes para el Grupo GUE/NGL a la hora de decidir sobre las diferentes propuestas. 
En primer lugar, opinamos que los plazos para realizar las medidas de la propuesta tienen que ser más cortos que los señalados por el Consejo. 
Por eso apoyamos la propuesta sobre plazos más restringidos para la realización de las diferentes partes de la directiva. 
En segundo lugar, me gustaría que la eliminación de las sustancias peligrosas se hiciese de manera consecuente. 
No hay que esperar nuevas evaluaciones antes de tomar medidas. 
En el trabajo legislativo se debe señalar también el respeto a las convenciones internacionales, tales como la Convención de Ospar. 
En tercer lugar, queremos que se exprese claramente la política de precios. 
Esto significa que el principio esencial debe ser que se pague por los costes reales del agua. 
A menudo, los contribuyentes subvencionan a la industria y a la agricultura. 
El fundamento obvio de la legislación tiene que ser que el que ensucia o el que consume sea quien pague, aunque en determinados casos extremos se puedan hacer excepciones. 
En cuarto lugar, queremos que las excepciones a las reglas de calidad de las aguas sean escasas y claramente delimitadas. 
En quinto lugar, queremos que la protección a la calidad de las aguas subterráneas y las medidas en contra de su contaminación sean claras y precisas. 
A la luz de todo esto, nuestro Grupo vota a favor de muchas de las enmiendas del ponente Lienemann, tal como fueron aprobadas en la comisión. 
Quisiéramos ir un paso más lejos en un par de puntos. 
Por eso votaremos a favor de las enmiendas 102, 103 y 104 de los Verdes que, en nuestra opinión, mejoran aún más la posición. 
En cuanto a la política de precios, a veces se producen situaciones extremas que aconsejan hacer excepciones a los principios del informe. 
Yo estimo que la posibilidad de hacer excepciones está bien establecida en la enmienda 43 de la comisión y expresada aún mejor en la enmienda 105 de los Verdes. 
No veo que sean necesarias más excepciones que las establecidas en esas dos enmiendas. 
Pero hay distintas opiniones sobre este punto en nuestro Grupo. 
La enmienda 107, que trata de este asunto, ha sido presentada por una parte de nuestro Grupo. 
Opino que las propuestas de la comisión sobre el informe Lienemann son, en su conjunto, buenas, y pueden constituir una buena base para una difícil conciliación. 
Señor Presidente, todas las fotografías tomadas por los satélites prueban que vivimos efectivamente en el planeta azul: sin embargo, esa abundancia es una ilusión. 
La catástrofe, recentísima, que se ha producido en el curso del Danubio nos recuerda que los ríos son las arterias vitales de nuestro planeta y que la contaminación carece de fronteras. 
El agua es un recurso natural renovable y limitado. 
Escasea cuando no está bien administrada y cuando las condiciones geográficas y climáticas no son favorables. 
En la Unión, esa cuestión reviste importancia decisiva en la región mediterránea, pero también en otros países de Europa, en los que presenciamos una desecación progresiva de las zonas húmedas. 
Zonas delicadas, húmedas o áridas, desigualdades entre los Estados, desigualdades entre las diferentes regiones dentro de los Estados, particularidades climáticas, económicas, geográficas, geológicas, son otras tantas pruebas que deseamos recordar, pero que no por ello deben propiciar distorsiones de la competencia en la Comunidad. 
Sin embargo, hemos presentado enmiendas para recordar la importancia de la relación específica de la agricultura con el agua, factor capital de ocupación y valorización del territorio. 
No cabe duda de que las necesidades de la agricultura en el Sur son muy superiores, por lo que en esta directiva-marco se debe tener en cuenta esa especificidad. 
Por lo demás, no sólo en los Estados de la Unión se buscan soluciones para esos problemas: en octubre los países de la asociación euromediterránea pidieron resueltamente en Turín un plan Marshall del agua en la ribera meridional del Mediterráneo. 
Por fortuna, nosotros no estamos en esa situación. 
Sin embargo, en Europa hay sequías, desertización en ciertas regiones, pero también inundaciones, como bien subraya la directiva. 
En Francia las hemos padecido recientemente y también en el valle del Rhin y en la Europa central. 
Necesitamos esta directiva-marco como elemento esencial de una política de desarrollo sostenible, que deberá hacer compatibles, entre sí, los diferentes usos del agua. 
Pero es necesario integrar en esa gestión nueva la protección y la conservación de la biodiversidad. 
De todos modos, hoy no se va a concluir el expediente del agua. 
Efectivamente, la cuestión de la ampliación y las evoluciones climáticas abren nuevas perspectivas. 
Señor Presidente, el agua de buena calidad quizá alcance en este siglo una importancia estratégica aún mayor que el petróleo. Esta es una razón suficiente para dar las gracias a la señora Lienemann por su dedicación en favor de mantener en buena condición las aguas superficiales. 
Parece bastante complicado adoptar un marco legislativo europeo adecuado. 
Con la directiva marco sobre la política del agua queremos poner fin a la dispersión de la legislación al respecto en la Unión. 
Pero a pesar de todo no hemos podido evitar que la directiva sea extensa y complicada. Esto requiere que los organismos encargados de su aplicación tengan mucho cuidado al aplicarla. 
En concreto, es preciso aprovechar las posibilidades que plantea el enfoque de las cuencas hidrológicas para poner en práctica una política específica por parte de los Estados miembros y los organismos encargados de la gestión de las aguas. 
Los objetivos más importantes siguen siendo luchar contra la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la protección de los ecosistemas, el fomento del uso sostenible del agua, la lucha contra las inundaciones y las sequías, y acabar con los vertidos de sustancias peligrosas en las aguas superficiales. 
En lo que respecta al vertido de sustancias en las aguas superficiales, opino que los objetivos del Consejo son demasiado poco comprometidos y demasiado poco ambiciosos. 
La presente propuesta de la Comisión de Medio Ambiente para reducir los vertidos a un nivel próximo a cero me parece encomiable y merecedora de apoyo. 
No obstante, debe prestarse mucha atención a su viabilidad. 
Para ello hay que tener en cuenta las emisiones de base naturales que no son influenciables, así como las emisiones difusas, de difícil control, que también contaminan de modo sustancial las aguas. 
Señor Presidente, en el siglo XXI tenemos que asimilar la noción fundamental de que nuestra relación con el agua se ha modificado por completo. 
En el siglo XX, el medio acuático era para nosotros un sistema gratuito de vertido y eliminación de venenos, residuos especiales, productos químicos, etc. 
¡La consecuencias ya son visibles! 
Tenemos que modificar este modo de pensar y reconocer que el agua es uno de los elementos más importantes para nuestra vida y nuestra responsabilidad en este aspecto se extiende mucho más allá de nuestras generaciones actuales. 
La directiva también se debe explicar en este contexto y la población tiene que poder comprender claramente qué es lo que nos proponemos hacer en este ámbito y que se propone hacer la Comisión. 
La protección del agua también es en el fondo un tema social, y un tema social decisivo. 
Por esto es preciso reforzar la aplicación del principio de que "quien contamina, paga", pues de lo contrario todos tienen que cargar con las consecuencias. 
A la vista del progresivo deterioro de los recursos hídricos es importante que no nos limitemos a preservar su estado actual, sino que en la votación de mañana procuremos asegurar una mejora cualitativa real. 
Señor Presidente, han pasado ya unos seis años desde que nuestro colega Karl-Heinz Florenz, apoyado por Ursula Schleicher, pidió que se reorganizarse toda la política en el ámbito del agua. 
Ya se ha hecho. 
No es un asunto fácil y pienso que el esfuerzo que ha realizado la Sra. Lienemann merece todo nuestro respeto. 
El proceso de decisión en torno a esta directiva marco sobre el agua se encuentra en una fase muy importante. 
El tema se ha planteado conforme al procedimiento de codecisión y en la primera lectura ya hemos podido adoptar una legislación importante y más ajustada. 
La posición comunitaria que se planteó a finales del pasado año ya supuso una importante mejora con respecto a la propuesta original. 
Es muy difícil adoptar políticas en esta materia porque las diferencias son muy grandes. 
Quiero decir lo siguiente a mi colega español: en el norte de Europa hemos tenido que luchar muy a menudo contra las inundaciones, y también contra la contaminación de las aguas, producida por la industria, mientras que el problema de los colegas del sur de Europa suele ser que el agua ha de ser transportada a través de largas distancias, simplemente para suministrar agua potable o agua para la agricultura. 
Permítanme abundar en dos elementos de esta propuesta. 
En primer lugar, la calidad. 
Los Países Bajos se ven influidos en gran medida por la política europea sobre las aguas. 
Una parte muy importante, un tercio del agua potable que consumimos, se extrae en los Países Bajos de las aguas superficiales. 
Los Países Bajos están situados río abajo, en un delta, y por tanto la calidad de las aguas superficiales que nos llegan es de la máxima importancia. 
Otro punto importante de debate es el establecimiento de normas sobre la calidad de las aguas. 
En una serie de enmiendas se han planteado interrogantes con respecto a las normas propuestas, sobre todo a la norma OSPAR para el año 2020. 
Comprendo que algunos no encuentren defendible la norma desde el punto de vista de su imprecisión o desde el punto de vista jurídico. 
Más bien pienso que debemos apoyarla porque después, en el procedimiento conciliación, podemos velar por que se establezcan normas más precisas. 
Ahora quisiera referirme brevemente a la gestión de la cantidad. 
Un conocido poeta holandés se hace eco en su poema "Recuerdos de Holanda" del interés y el temor que ha provocado siempre el agua y sus catástrofes seculares. 
En 1953 tuvimos una catástrofe de enormes dimensiones gracias a la cual a la vez pudimos desempeñar un papel precursor en el terreno de la construcción de diques. 
En 1990 nuestros ríos se inundaron y pudimos comprobar que la construcción de obras artificiales repercute antes o después en el patrimonio de recursos hídricos y puede ocasionar grandes daños. 
Esto significa que en el terreno de la gestión de la cantidad es preciso hacer un gran esfuerzo para velar por que los flujos río abajo y río arriba sea una solución adecuada. 
Señor Presidente, me gustaría empezar felicitando de todo corazón a la Sra. Lienemann. Ha llevado a cabo un trabajo excelente. 
El agua es una necesidad vital de primer orden y un derecho básico. 
Todo el mundo debería disponer de agua limpia, pero la disponibilidad y la buena calidad de las aguas no es evidente, esto lo han experimentado muchas personas, en el sur de Europa, pero también en los países del Danubio. 
El agua a menudo es una fuente de conflictos entre países y entre grupos de población. Por eso es muy importante que sea objeto de coordinación internacional. 
Debemos reconocer que el agua es una responsabilidad común. La colaboración entre cuencas hidrológicas debe darse por sentada. 
La poca capacidad de actuación río arriba, o tan sólo un uso excesivo, puede ocasionar problemas río abajo. 
A este respecto, coordinación es la palabra clave. 
El problema del agua es cada vez de mayor actualidad. 
Los cambios climáticos, los ligeros incrementos de temperatura tienen una influencia directa en las precipitaciones pluviales. 
Algunas cuencas sufren más la sequía, otras la humedad. 
Es hora de pasar a la acción. 
En marzo se celebra el II Foro mundial sobre las aguas en La Haya. 
El foro plantea una visión mundial. Esta visión debe conducir a planes de acción regionales para una gestión y control sostenible de las aguas. 
Para el Parlamento Europeo ha llegado ya el momento de pasar a la acción. 
Debemos votar a favor de una política de las aguas sostenible como punto de partida y al mismo tiempo demostrar que somos realistas. 
Pero tampoco podemos poner el listón muy bajo. 
La posición común no es lo suficientemente ambiciosa. 
Por ello es necesario basarse en acuerdos internacionales anteriores o en los objetivos OSPAR. 
Debemos luchar por eliminar las sustancias peligrosas para el año 2020. En el caso del medio ambiente marino esto ya se ha acordado. 
Es evidente que este acuerdo deberá regir también para otras aguas. 
Los objetivos OSPAR se están elaborando actualmente. 
Hay una lista de 400 sustancias que entrañan daños evidentes para el medio ambiente. 
Tanto desde el punto de vista técnico como económico es viable reducir las emisiones de estas sustancias hasta un nivel próximo a cero. Una vez más, debemos votar a favor de ello. 
Naturalmente, la directiva debe ser vinculante. 
Los países río abajo deben poder contar con que los países río arriba cumplen objetivos de calidad. 
La calidad tiene un precio, pero la contaminación puede cobrarse un precio mucho mayor en el futuro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero manifestar mi profundo respeto por el excelente trabajo realizado por la Sra. Lienemann en relación con esta directiva sobre aguas. 
Permítanme recordarles que los problemas medioambientales realmente grandes en la actualidad- el cambio climático, la tala de las selvas vírgenes, el agotamiento de los bancos de peces- siempre afectan a nuestros recursos comunes, absolutamente necesarios y que, de algún modo, escapan a nuestro control. 
Entendamos también que las aguas en Europa están, podríamos decir, en el límite entre ser propiedad de todos y de nadie. 
Por este motivo es importante, desde el punto de vista estratégico, que se fijen responsabilidades en materia de aguas. 
También es importante que los distintos cursos de agua se mantengan unidos y se les trate como lo que son, unidades, independientemente de quién sea el propietario de las diferentes partes de los cauces comunes. 
Estimadas y estimados colegas, la propuesta de directiva representa efectivamente, como ya se ha repetido varias veces, una oportunidad histórica para simplificar y mejorar el barullo y la colcha de retales de reglamentos y directivas europeos existentes, y conseguir al mismo tiempo un elevado nivel de protección medioambiental en Europa. 
Sin embargo, yo tengo la impresión de que la política de la directiva marco sobre el agua está marcada por el sello de la desregulación y la renacionalización. 
También espero que la votación no se quede en un golpe al aire- al agua en este caso -, para lo cual es absolutamente esencial, a mi parecer, que se contemplen dos cuestiones. 
Por un lado está el tema de la OSPAR. 
Ya sabemos que la propuesta de la Comisión no es suficientemente ambiciosa y, por desgracia, otro tanto puede decirse de la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. 
No basta con hacer propuestas vagas. Lo que necesitamos es un objetivo absolutamente vinculante para la OSPAR. 
Sólo de este modo conseguiremos claridad jurídica y, sobre todo, la posibilidad de actuar jurídicamente contra los infractores. 
Cualquier otro enfoque resultará ineficaz y no contribuirá a evitar catástrofes ecológicas, como la que ahora estamos viendo en Rumania y Hungría, pero que también podrían producirse entre nosotros. 
Me parece lamentable que los Gobiernos nacionales no estén dispuestos a suscribir una protección internacional jurídicamente vinculante, a pesar de que alcanzaron un compromiso internacional en el marco de la OSPAR. 
Sin embargo, esto es precisamente lo que debemos subsanar desde el Parlamento, a fin de demostrar que no vamos a permitir el deterioro y la pérdida de credibilidad de nuestra política. 
Otro punto importante es que se refuerce la aplicación del principio de que "quien contamina paga", ya que es preciso que los precios reflejen los verdaderos costes ecológicos. 
No debemos plegarnos a los intereses de los grupos de presión de la industria agraria y la industria química, sino que por contrario es preciso que difundamos dicho principio de que "quien contamina paga" y que expresemos también en la votación nuestra voluntad de que este se aplique, de manera que los precios reflejen los costes reales. 
El agua es nuestro recurso vital más importante y al emitir nuestro voto debemos velar por que se establezcan incentivos y presiones que promuevan un cumplimiento real del Convenio OSPAR. 
Esto se podrá conseguir mediante circuitos de producción cerrados, cualquier otra cosa sería diluir la eficacia de la directiva. 
¡Aprovechemos esta oportunidad! 
Señor Presidente, en el poco tiempo que tengo quiero saludar el informe de la ponente y recordar tres principios, a los que debe supeditarse todo lo demás, que están claramente expuestos en las enmiendas de la ponente: el agua no es un bien comercial, sino un patrimonio de los pueblos de la Unión; el objetivo último es lograr la eliminación de todos los contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas, y la necesidad de informar a la población para que pueda participar en la recuperación del agua y no gaste agua en exceso cuando es un bien tan precioso. 
Sé que esta directiva puede tener problemas, porque se habló aquí de las diferentes realidades de los diversos países de la Unión. 
No es igual lo que ocurre en el Norte que lo que ocurre en el Sur, ni que lo que ocurre en aquellos países que tienen problemas de desertificación. 
Lo sé. 
Pero hay algunas enmiendas que intentan ayudar a los países del Sur, en concreto la enmienda 43 que, cuando se refiere a la recuperación de costes, indica también que los Estados miembros deberán tener en cuenta las condiciones sociales y medioambientales de los países a la hora de tomar decisiones. 
También hay dificultades con el tema de los trasvases. 
En mi país- yo vivo en el norte de España -, hay una gran diferencia entre el norte y el sur, y surgen dificultades cuando hay que trasvasar agua de un lugar a otro. 
Pero también dice el informe de la Sra. Lienemann que las cuencas receptoras de los trasvases deben ahorrar y velar por su agua. 
Sé que es un informe difícil, que hay dificultades debido a las diferentes realidades de los países, pero debemos sacar adelante una directiva marco que evite que se repita lo que está ocurriendo hoy en el Danubio y lo que ocurrió en Doñana. 
No podemos permitir que nos envenenen las aguas de Europa, señor Presidente, y debemos hacer una directiva que refuerce la voluntad política de los Gobiernos de preservar un recurso como el agua, que es precioso para todos. 
Señor Presidente, mi enhorabuena a la ponente por un informe magnífico. 
Como diputado irlandés al Parlamento Europeo procedente de un país rico en grandes reservas de agua, apoyo la gran mayoría de las propuestas incluidas en la presente directiva. 
No obstante, a continuación quisiera analizar las diferencias de planteamiento entre la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento y el Consejo. 
Este último ya ha presentado su posición común al respecto. 
Según el Consejo, el objetivo de alcanzar una buena situación del agua de superficie debería estar garantizado a más tardar 16 años a partir de la entrada en vigor de la directiva, mientras que la Comisión de Medio Ambiente querría reducir este plazo a diez años. 
No veo ningún motivo por el que los Estados miembros de la Unión Europea no pueden esforzarse para aplicar las disposiciones clave de esta directiva en el plazo más breve posible. 
Paso a continuación a las enmiendas que mañana serán presentadas al Parlamento relativas al sistema de recuperación de los costes del consumo de agua. 
El Consejo declara en su posición común que los gobiernos de la Unión Europea deberán tener en cuenta el principio de recuperación de los costes del uso de agua. 
En la posición común no se incluye ningún plazo concreto para la aplicación de este principio. 
La enmienda 43 persigue garantizar que a más tardar en 2010, las políticas de tarificación del agua en Europa proporcionen los incentivos necesarios para un consumo eficiente del agua. 
Asimismo, una contribución adecuada de los diferentes sectores económicos, desglosados entre los sectores industrial, de la vivienda y agrícola, debería garantizar el cumplimiento de esta política. 
A menos que estas enmiendas reciban mañana un fuerte apoyo, transmitiremos el mensaje de que en todos los Estados miembros de la Unión Europea deberá aplicarse la medición y tarificación del agua para el consumo doméstico. 
Desde una perspectiva irlandesa es algo poco práctico políticamente, al igual que lo sería desde la perspectiva de otros Estados miembros de la UE como Portugal, Grecia y España. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Sra. Lienemann por su informe. 
Aquí y ahora decidimos si los países de la UE van a trabajar eficazmente en pro de unas aguas más limpias en los años venideros. 
Lo haremos modificando como Parlamento la posición común adoptada por el Consejo e indicado el camino a seguir para trabajar en favor de un medio ambiente más limpio. 
En su forma actual, esta directiva puede tener consecuencias muy aciagas y a largo plazo sobre el medio ambiente y el agua potable. 
Sería enviar las señales erróneas tanto a la industria europea como a la población europea. 
Es fundamental que mantengamos la limitación sobre el conjunto de vertidos de sustancias químicas a nuestras aguas. 
A todas luces nos da un plazo de tiempo demasiado largo para medir cada una de las aproximadamente 100.000 sustancias químicas en circulación. 
No nos podemos permitir esperar. 
A este respecto, le pido al Parlamento que apoye la enmienda 108, donde las palabras "contaminación de las aguas causada por una sustancia contaminante" han sido sustituidas por "prevención de la contaminación de las aguas reduciendo ininterrumpidamente los vertidos". 
No podemos retrasar el trabajo medioambiental pecando de detallistas antes que trabajando en reducir el conjunto de vertido de sustancias peligrosas a la naturaleza. 
Los Ministros de Medio Ambiente comunitarios han de cumplir por tanto con su adhesión al Convenio OSPAR que ahora ya define qué es peligroso para el medio ambiente. 
Este Convenio debe marcar la pauta en el trabajo en favor de un medio ambiente limpio, algo que nos debemos a nosotros mismos pero sobre todo a nuestros descendientes. 
Señor Presidente, es difícil resumir los puntos de una directiva tan importante y compleja como ésta. 
El Tratado de Amsterdam reitera el criterio de la prioridad de la prevención, de la aplicación del principio de "quien contamina paga" y del desarrollo sostenible evaluando el impacto ambiental. 
Está claro que la importancia de reconocer el valor económico de los hechos ecológicos en la formulación de los precios y de responsabilizar a los operadores a través de las adopción de incentivos para los sistemas no contaminantes, parece indiscutible a la luz de los acontecimientos que caracterizan la relación entre desarrollo económico y protección del patrimonio medioambiental, en particular de los recursos hídricos. 
Esta situación encuentra respuestas específicas en muchos sectores económicos, pero sobre todo en la agricultura. 
Dentro de la complejidad de las relaciones existentes entre la agricultura, el medio ambiente y las aguas, entre efectos positivos y negativos, entre la multiplicidad de las situaciones locales y los sistemas de producción, etcétera, se ha introducido el concepto de práctica agrícola correcta, con el cual se indica el sistema de producción agrícola utilizado con el fin de cumplir la expectativa comunitaria de llevar a cabo la protección medioambiental de los recursos hídricos superior a los estándares de base, con los costes y reducciones de renta consiguientes. 
De esta concepción deriva la obligación de potenciar y reforzar una estrategia para la integración, al objeto de mantener la gestión de las aguas en el centro del modelo económico productivo sostenible frente a las condiciones vigentes. 
En esta óptica, no hay que perseguir la estrategia de separar el objetivo de impedir el deterioro del estado de las aguas superficiales y subterráneas de los objetivos de proteger, mejorar y restablecer la calidad de las mismas creando una superflua escala de prioridades en menoscabo de una organicidad de intervenciones y medidas específicas orientadas a un enfoque combinado y a la utilización de las mejores técnicas disponibles. 
En lo que se refiere a la eliminación de la contaminación producida por sustancias peligrosas en el medio ambiente acuático, la optimización del enfoque debería prever una reglamentación tanto a escala nacional como comunitaria con el fin de permitir una identificación mejor de las distintas tipologías de cuerpos hídricos contaminantes como consecuencia de las actividades productivas humanas. 
Por último, es necesario crear un sistema que elabore una lista objetiva de sustancias potencialmente peligrosas, a través del mayor número de datos sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas a fin de crear un modelo integrado de intervención, en diversos niveles estratégicos con la protección de un bien como el agua que es fundamental para todos nosotros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, si nos tomamos en serio el principio de la sostenibilidad, que está inscrito en el Tratado de Amsterdam, nuestro objetivo a largo plazo en realidad sólo puede ser alcanzar una emisión nula de contaminantes en nuestras aguas. 
En efecto, es evidente que debemos garantizar la conservación del agua, a fin de que las generaciones futuras no tengan que pagar el precio de nuestro consumo de agua. 
Por esto, es preciso definir una serie de pasos, con unas normas exigentes, que permitan alcanzar dicho objetivo a largo plazo. 
En este sentido, yo apoyo firmemente las enmiendas de la Sra. Lienemann, encaminadas a definir una vía razonable, con unas normas de calidad que nos permitan afirmar sinceramente algún día que el uso humano del agua ya no la consume, sino que garantiza su conservación en el mismo estado. 
La directiva presenta algunos aspectos muy positivos, que sin duda vale la pena resaltar de nuevo. 
En primer lugar, cabe citar la amplia información y participación de la opinión pública, como no se ha dado en prácticamente ninguna otra directiva europea. 
En segundo lugar, se ha impuesto la necesidad de una cooperación. 
Para mí es un motivo de satisfacción que se contemplen todos los medios acuáticos y que las autoridades se vean obligadas a trabajar por fin conjuntamente, tanto a escala de cada Estado nacional como también a escala transfronteriza, con objeto de alcanzar un alto nivel de calidad global de todas las aguas. 
En tercer lugar, quisiera referirme asimismo al tema del calendario. 
Estoy firmemente convencido de que necesitamos un calendario estricto y riguroso, que garantice que también se realicen esfuerzos para alcanzar nuestro objetivo a largo plazo. 
A mí me gusta establecer una comparación con lo que ocurre en el mes de diciembre. 
Todos sabemos que el 24 de diciembre se celebra la Navidad y nos disponemos a comprar los regalos. 
Pero ¿qué ocurriría si en diciembre supiésemos que la Navidad se iba a celebrar al cabo de treinta años? 
Todos sabemos que entonces no nos moveríamos. 
Por esto necesitamos un calendario riguroso justamente en el ámbito de la política de aguas. 
Yo apoyo firmemente las propuestas de la ponente y considero que necesitamos un calendario riguroso para todos los aspectos de la directiva, desde el catálogo de medidas hasta el tema de las medidas en materia de empleo. 
Señor Presidente, el propósito de esta directiva debe ser garantizar que los países miembros emprendan una protección global de las aguas subterráneas, potables y de superficie y que el nivel de protección se corresponda con la legislación comunitaria existente en materia medioambiental. 
No obstante, en este punto debo recordar que anteriores resoluciones relativas a la directiva sobre nitratos aún no han sido implantadas en todos los países miembros, a pesar de tratarse de una resolución común comunitaria. 
Esta propuesta incluye una serie de puntos que aumentan la protección de las aguas y que superan nuestros objetivos medioambientales actuales. 
Se propone la necesidad de alcanzar un objetivo final para las concentraciones en el medio marino, cercano a los valores de fondo para las sustancias que hubiera naturalmente y cercano a cero para las sustancias sintéticas creadas por el hombre. 
Esto no es posible e incluso es antinatural. 
La aprobación de este informe tendrá graves repercusiones sobre la actividad agraria en la UE si la concentración de, por ejemplo, fósforo y nitrógeno no puede sobrepasar los valores de fondo fijados para estas sustancias en el agua y si se quiere establecer un valor límite de 0 para la presencia de pesticidas en el agua. 
La agricultura europea no podrá, por ejemplo, cultivar cereales con un alto contenido proteínico de modo que el grano pueda emplearse en la fabricación de pan. 
El resultado será que la producción agraria se trasladará a otros países situados fuera de la UE lo que tendrá como consecuencia grandes costes socioeconómicos y laborales. 
No puedo votar a favor de los párrafos de la directiva marco sobre aguas que tratan estas cuestiones. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el agua es una sustancia muy preciada. 
Millones personas no disponen de agua limpia, una condición absolutamente imprescindible para sobrevivir. 
Así pues, no debe sorprendernos que el agua sea una de las causas de las guerras. 
También el mundo capitalista mueve sus piezas para garantizar el máximo control del agua. Raras veces se habla de interés general o de solidaridad. 
Así pues, Europa tiene ante sí una pesada tarea: reunir tanto los objetivos como los medios de la difusa política de aguas comunitaria en una legislación marco más coherente. 
Debo señalar que también en mi tierra, Flandes, aún queda mucho camino por recorrer. 
También a nosotros nos ha dado un toque de atención recientemente la Comisión. 
Toda persona sensata querrá que esta directiva sea un acicate para los responsables políticos que ahora faltan. 
En lo que a esto respecta, la posición común es una farsa, un documento carente de compromiso, una verdadera afrenta a los acuerdos OSPAR. 
Ante nosotros surge un proceso de aplicación que puede durar 34 años. 
Mis hijos tendrán más edad que la que tengo yo ahora. 
Admitámoslo: esto no es serio. 
Mañana podemos votar por un marco débil y falto de compromiso que envenene el futuro de nuestros hijos, o podemos votar las enmiendas de mi Grupo, de la ponente o de la Comisión de Medio Ambiente. 
Para terminar, una última observación: en los últimos meses hemos asistido a una enorme presión. 
Lo que llamaba la atención de este expediente era la enorme presión del Consejo de Ministros. 
En mi país esto ocurrió en las administraciones de medio ambiente, tanto en Flandes como en Valonia. Escogieron una posición común débil en favor de la posición más avanzada de nuestro Parlamento. 
Me pregunto realmente si esto se ha hecho con la aquiescencia de los ministros ecologistas de medio ambiente de mi país. 
Señorías, las bellas palabras ya no bastan. 
En la votación de mañana tenemos que dejar claro que Europa trabaja en favor de una política en el ámbito del agua responsable y orientada al futuro. Esto no hará sino aumentar nuestra credibilidad. 
Se interrumpe el debate, que será reanudado a las 21.00 horas. 
Diálogo sobre Europa: retos de la reforma institucional 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión: Diálogo sobre Europa: retos de la reforma institucional. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión está en este momento en pleno debate y falta mucho para que concluya sus trabajos. 
Así, pues, acudo esencialmente a hablar a sus Señorías, como se les ha indicado en el orden del día de esta Asamblea, de una iniciativa nueva que propone la Comisión para dar su respuesta, que no es la única, a un gran imperativo que debe movilizar a todos los agentes de la construcción europea, en primera fila de los cuales se encuentran, naturalmente, sus Señorías, pero también un Comisario como yo y también los ministros que se reúnen en el Consejo y los diputados a los parlamentos nacionales y añadiré incluso a los funcionarios que trabajan en nuestras diferentes instituciones y que están empeñados y motivados por esta construcción europea. 
Esta mañana, en el largo debate al que he asistido junto al Presidente Prodi, muchos de sus Señorías han mencionado el déficit democrático, el alejamiento de las instituciones europeas. 
Al decirlo, no pretendo plantear la cuestión- lo ha dicho uno de sus Señorías con mucha claridad y fuerza- de qué tareas corresponden a cada cuál. 
Lo mínimo es que los ciudadanos comprendan qué tareas corresponden a cada una de nuestras diferentes instituciones. 
La cuestión inmediata es también la de qué hacemos juntos y qué queremos hacer juntos en el futuro, en particular con los países que van a unírsenos. 
Así, este déficit democrático nos obliga a hacernos preguntas también y ésa es la razón por la que, nada más inaugurarse la Conferencia Intergubernamental, durante la cual voy a tener el honor de representar a la Comisión junto al Sr. Prodi, y trabajando- repito- en estrecha confianza con los dos representantes de sus Señorías- el Sr. Brok y el Sr. Tsatsos- hace poco que hemos decidido, en el Colegio de Comisarios, lanzar el "Diálogo para Europa y sobre Europa", participar, por nuestra parte, en ese contacto directo con los ciudadanos. 
Todos los Comisarios se han comprometido, siempre que deban trasladarse a un país y no sólo a sus países de origen, a una región- yo lo hago tres o cuatro veces al mes -, a dedicar un momento de su empleo del tiempo a un diálogo directo con los ciudadanos y no sólo con las personalidades o los representantes institucionales con los que nos reunimos habitualmente, a establecer también un contacto directo, en una universidad, en un instituto de bachillerato, en una fábrica, a ir al contacto de la gente, responder a las preguntas y escuchar. 
Ésa será, pues, nuestra participación, como también participarán sus Señorías en ese esfuerzo necesario, en esa ardiente obligación, que consiste en reducir el déficit democrático, es decir, el alejamiento de los ciudadanos de lo que hacemos. 
Esa iniciativa deseamos llevarla a cabo en cooperación con los Estados miembros, en contacto con el Parlamento Europeo. 
Haremos una síntesis periódica al respecto a fin de que se calibre bien el estado de la opinión y se pueda ajustar o reorientar. 
Deseamos llevarla a cabo también en concertación con los diputados a los parlamentos nacionales, los representantes locales, las organizaciones no gubernamentales, los medios socioprofesionales y los medios de comunicación: los transmisores de opinión, grupos y partidos políticos, diputados europeos, nacionales, representantes- acabo de decirlo- de las colectividades locales o de los parlamentos nacionales, el Comité de las Regiones, el Comité Social, las organizaciones de la sociedad civil y los medios universitarios. 
Por lo demás, he de recordar- y necesito hacerlo- que el propio Parlamento Europeo adoptó ya, el pasado 1º de febrero, la iniciativa- y quiero agradecérselo de nuevo al Sr. Napolitano- de organizar una primera reunión de trabajo con los representantes de los parlamentos nacionales, es decir, los representantes de los ciudadanos en cada uno de los Estados. 
La Comisión propondrá a los Estados miembros que participen en esa operación, ya sea en el marco de una cooperación concreta o en el de una asociación más estructurada. 
Estamos preparando un plan para los medios de comunicación, contactos estrechos con la Presidencia de la Unión y el Parlamento Europeo. 
Ya he dicho en qué condiciones participarán los propios Comisarios durante los encuentros y las visitas en el terreno. 
Lo que queremos es celebrar debates ciudadanos. 
Permítaseme- sin pretender dar lecciones, eso desde luego, ni consejos siquiera- recordar que, cuando tuve el honor de ser Ministro de Asuntos Europeos de mi país, sentí esa necesidad de ir a dialogar directamente con los ciudadanos y que, al celebrar todas las semanas ese diálogo en cada una de las regiones, directamente, me di cuenta de que existía la urgente necesidad de que la Unión Europea tuviera un rostro, de modo que iba todas las semanas, junto con un Comisario europeo, no sólo los comisarios franceses, por lo demás, embajadores acreditados en París, diputados europeos, a dialogar y me di cuenta de que las preguntas eran innumerables, inteligentes, que la gente necesitaba que se la respetara, que se la escuchase y que se le dieran explicaciones. 
Eso es lo que vamos a hacer apoyándonos en una dotación presupuestaria de unos cuatro millones de euros, si sus Señorías tienen a bien ponerlos a nuestra disposición. 
Habrá que negociar una dotación con cargo al presupuesto 2001, porque queremos llevar a cabo esta idea y aplicarla no sólo de forma experimental, sino también bastante duradera en 2000 y 2001, es decir, durante el período de negociación de la Conferencia Intergubernamental y del proceso de ratificación. 
Lanzaremos ese diálogo el 8 de marzo próximo en Bruselas, delante de 700 jóvenes que están haciendo prácticas en la Comisión. 
La Presidenta de este Parlamento, Nicole Fontaine, ha aceptado estar al lado del Presidente Prodi y de varios Comisarios para entablar ese primer diálogo y procuraré, Señorías, que siempre que un Comisario entable el diálogo, los diputados europeos más inmediatamente disponibles in situ estén presentes y aporten el punto de vista y expliquen la labor y el papel del Parlamento Europeo. 
Esto es lo que quería decir, señor Presidente. 
Por lo demás, estoy dispuesto a responder a las preguntas y las propuestas de los diputados aquí presentes. 
Señorías, ya conocen el Reglamento. 
Ahora ustedes deberían formular preguntas, pero no necesariamente hacer largas declaraciones. 
Disponen de un minuto cada uno para formular su pregunta. 
Señor Presidente, deseo expresar mi aprecio y también, creo que puedo decirlo, el de la Comisión de Asuntos Constitucionales que presido, por esta iniciativa de la Comisión. 
Por otra parte, esta iniciativa se ajusta a las indicaciones del Parlamento que figuran en la resolución del pasado 18 de noviembre. 
He escuchado asimismo las explicaciones del Comisario Sr. Barnier sobre las relaciones y los contactos con el Parlamento Europeo durante el desarrollo de este programa. 
Si me permite, señor Comisario Barnier, en el texto de la comunicación, al margen de la simple frase, algo fría, "elle sera conduite en liaison avec le Parlement européen" quizás se podría decir algo más al respecto. 
Pienso que sería útil subrayar esta convergencia de intenciones y de esfuerzos, también porque veo un problema específico de coordinación precisamente entre la iniciativa de la Comisión que, sin duda, no solo se dirige a los disputados nacionales, sino también a los diputados nacionales, y el programa de nuestra comisión que, tras la jornada de estudio del pasado 1 de febrero, a la que ha hecho referencia el Comisario Sr. Barnier y que ha aprovechado la importante aportación de la Comisión, tiene la intención de recapitular los avances de la Conferencia Intergubernamental en todas sus reuniones. 
En consecuencia, contaremos con la participación, esperamos que cualificada y considerable, de los diputados nacionales en todas nuestras reuniones. Éste será un canal que podrá dar apoyo a los de la iniciativa de la Comisión. 
Gracias, señor Presidente Napolitano, confirmo que lo que nos proponemos coincide totalmente con el espíritu de la resolución de 18 de noviembre y quiero también decir en esta fase que pude proponer esta iniciativa a la Comisión gracias a la cooperación y a la comprensión de mi colega Viviane Reding y que se lleva a cabo también en contacto con Günther Verheugen, ya que todos los grandes imperativos que debemos explicar y que interpelan e interrogan a nuestros compatriotas en cada uno de los países son los de la ampliación- de las oportunidades y los riesgos de la ampliación- y también de esa reforma institucional. 
He comprendido su preocupación perfectamente, señor Presidente Napolitano, por lo que habrá un grupo de trabajo interinstitucional, que se va a crear (la primera reunión debería celebrarse en el mes de marzo). 
Voy a velar por que se vaya más lejos de lo expuesto, de forma un poco árida, en el texto de la Comisión, que se hable, más que de contacto, de trabajo en común y se pueda coordinar así a lo largo de estos dos años las iniciativas que adopten sus Señorías, las que nosotros adoptemos, cada cual por su lado, pero que adoptaremos juntos. 
Permítanme decirles, Señorías, que, si se quiere entablar ese diálogo, habrá trabajo para todo el mundo. 
Señor Presidente, señor Comisario, resulta una música agradable oírle citar tanto la palabra "ciudadano". 
En este Parlamento se habla cada vez más de opinión pública: el miedo a la opinión pública es una idea, como usted sabe, un poco paternalista, pero nuestro Parlamento es lo que es y debemos amoldarnos a ello. 
Quería formularle una pregunta precisa en el marco de la pregunta sobre la CIG: tengo entendido que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo está examinando muy atentamente una cuestión importante, la de la lucha contra el fraude y de la OLAF. 
Como usted sabe, hay problemas que incumben a nuestro Parlamento, desde luego, pero también a funcionarios europeos, que son, también ellos, ciudadanos europeos. 
Quisiera preguntarle si, dada la urgencia que cobra esta cuestión, ha reflexionado la Comisión sobre la posibilidad de modificar completamente la estructuración y organización de la lucha contra el fraude pensando en una solución según la cual dicha lucha en los Estados miembros y en las instituciones europeas fuera competencia del Tribunal de Justicia. 
Señor Dupuis, en primer lugar concedo mucho valor, en mi vida pública, a la palabra "ciudadano". 
Es una de las más bellas en democracia y creo que hay que utilizarla. 
Vamos a celebrar el diálogo con los ciudadanos, incluidos los más modestos o los más alejados de los centros de decisión e información. 
Ya que habla usted de la CIG, quiero simplemente recordar, a propósito de esa cuestión de la lucha contra el fraude, en particular- si se trata efectivamente de luchar contra los fraudes que afectan a los intereses y el presupuesto comunitarios -, que, conforme al espíritu, por lo demás, de la labor de esta Asamblea y tal vez siguiendo la misma vía, hemos adoptado la idea, en las propuestas de la Comisión, de la creación de un puesto específico y nuevo de ministerio fiscal europeo, que tendría capacidad, reconocida por el Tratado y, por tanto, por los Estados miembros, de instruir de cabo a rabo un asunto que pusiera en entredicho los intereses y el presupuesto comunitarios. 
Comprobamos, de forma lúcida, casi de forma clínica, que la cooperación judicial ya no basta, no basta actualmente para luchar contra esos fraudes, procedan de donde procedan, de dentro o de fuera, y ésa es la razón por la que hemos hecho esa propuesta de la creación de un ministerio fiscal europeo, que, después de haber instruido de cabo a rabo un asunto, podría hacer que lo instruyera, que lo juzgase la jurisdicción nacional más apropiada. 
Aún no hemos precisado- respondo a su segundo punto- nuestras propuestas sobre el Tribunal de Justicia, porque estábamos esperando el informe Douai, entregado hace unos días. 
En las próximas semanas la Comisión va a completar- cosa a la que yo me había comprometido- sus propuestas sobre el dictamen relativo a la CIG, a propósito del sistema jurisdiccional y del Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, señor Comisario, anteayer hubo una noticia estrella en el informativo danés de mayor audiencia que quiero pedirle que comente. 
La historia giraba en torno a un funcionario de la Comisión que había dicho a un empresario austríaco que debido a su condición de austríaco, posiblemente estaría descartada su participación en un proyecto de intercambio científico junto a empresas de otros países, entre ellos, Dinamarca. 
Me gustaría pedirle que confirmara que si un funcionario ha dicho que una empresa austríaca está excluida de alguna forma de participar en proyectos comunes de intercambio, este funcionario estaba equivocado; si no lo ha dicho, no hay más que decir. 
¿Querrá confirmarlo? 
Señor Haarder, que yo sepa, ningún funcionario ha sido autorizado para decir cosa semejante. 
No sería normal- y, al decir esto, me expreso a título personal- ni justo castigar a ciudadanos, empresas, asalariados austríacos por las inquietudes que inspira la creación en ese país de una nueva coalición gubernamental. 
Así, pues, a reserva de una verificación que voy a hacer o encargar inmediatamente después de esta sesión, confirmo lo que le he dicho; la Comisión nunca ha dicho ni autorizado nada de ese estilo. 
Hay otras lecciones que sacar, señor Haarder, de forma general, de lo que está sucediendo en Austria. 
Yo mismo he mencionado diferentes reacciones posibles a ese desafío, que consiste en que todos nosotros recordemos, demostremos de nuevo, lo que hacemos juntos desde 1957: Comunidad Económica, naturalmente, pero en primer lugar Comunidad de valores y Carta de Derechos Fundamentales, que protegerá más y más claramente a los ciudadanos individualmente; el artículo 13 del Tratado, relativo a las discriminaciones, respecto del cual propusimos, en nuestro dictamen del 26 de enero, antes incluso de la crisis austríaca, que después de la CIG se rija por la mayoría cualificada y no por la unanimidad: la posible- digo bien: posible; lo digo a título personal- hipótesis de que se complete el artículo 7 con un párrafo nuevo que dotaría el procedimiento de vigilancia o de alerta democrática con un fundamento jurídico y, por último, el debate público. 
La única forma de hacer retroceder las malas ideas es la de expresar otras. 
Vuelvo así al tema de nuestro debate: en este momento, creo profundamente en el valor y la fuerza democrática del debate, en particular para luchar contra la demagogia. 
Señor Comisario Barnier, en su declaración ha hecho mucho hincapié en la importancia que tiene el diálogo con los ciudadanos de Europa. 
En lo que se refiere a la CIG, como usted sabe, de conformidad con las decisiones de Helsinki, se ha otorgado a la Presidencia portuguesa el derecho concreto de añadir nuevos temas al orden del día de la CIG durante el transcurso de la misma. 
El Parlamento tiene sus propios representantes en la conferencia, el Sr. Brok y el Sr. Tsatsos. 
Pero, ¿estaría dispuesto, señor Comisario, a prometernos que si el Consejo ampliara la agenda, usted lo comunicará al Parlamento al objeto de que lo podamos debatir entre nosotros y también con usted, con vistas a mantener dicho diálogo con los ciudadanos en el que usted ha insistido tanto? 
Señor Beazley, mi respuesta es claramente afirmativa, pero no es francamente nueva. 
El presidente Napolitano y muchos miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y aún más diputados, aquí mismo, en Pleno, saben que estaré disponible para explicar, en nombre de la Comisión, a lo largo de toda esa negociación, con espíritu de transparencia y en tiempo real, la evolución de la situación. 
Tal vez lo diga de forma diferente que el profesor Tsatsos y Elmar Brok, que son los representantes directos de sus Señorías. 
Por lo demás, es probable que en muchas circunstancias lo digamos juntos. 
Considero muy importante que esta negociación no sea clandestina ni para con el Parlamento Europeo ni para con los parlamentos nacionales, que, a fin de cuentas- he de recordarlo -, tendrán que emitir su dictamen y adoptar sus posiciones en el proceso de ratificación. 
Por eso he rendido homenaje a la iniciativa del Sr. Napolitano de una concertación conjunta, regular, entre los parlamentos nacionales de los quince países y el Parlamento Europeo. 
Ahora bien, el deber de transparencia y debate comienza aquí, a propósito de la reforma de las instituciones. 
Así, pues, estaré disponible, siempre que sus Señorías lo deseen, para darles cuenta de nuestras posiciones y de los avances de esa negociación durante todo el año que comienza. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión por su enfoque. 
Pienso que es sumamente muy positivo que se pida previamente el acuerdo de los ciudadanos, porque eso no se hizo verdaderamente con el Tratado de Amsterdam ni con el Tratado de Maastricht, y eso no hizo sino producir mucha desconfianza. 
Dos preguntas: en primer lugar, ha dicho usted que quiere actuar de acuerdo con los ciudadanos y quiero empezar refiriéndome a los setecientos becarios de la Comisión Europea. 
¿Tiene intención de dirigirse a los ciudadanos a través de los medios, es decir, a través de la televisión y de Internet? 
Mi segunda pregunta es una pregunta crítica. 
Se acaba de plantear una propuesta de transparencia de la Comisión Europea. 
Comparándola con la propuesta de transparencia que funciona en mi país, los Países Bajos, con respecto a la legislación, es una pequeña copia de ésta, y esta propuesta ha provocado muchas críticas en los Países Bajos. 
Mi pregunta plantea de qué modo se va a enfocar la transparencia con vistas a la CIG, porque la directiva ahora presentada no es un buen ejemplo de ello. 
Señora diputada, señora ministra Maij-Weggen, ya que hablamos de la transparencia a propósito de la CIG, ya saben cómo se va a actuar. 
Por lo demás, la negociación comienza en este mismo momento. 
El grupo de los representantes está reunido en Bruselas y voy a procurar reunirme con él después. 
La mayoría de los documentos serán documentos abiertos, documentos de trabajo. 
No se va a debatir delante de los medios de comunicación durante las sesiones de negociación que se desarrollarán a lo largo del año entre los ministros y el Consejo Europeo, pero me he comprometido- en esta fase no puedo hacer otra cosa- a practicar esa transparencia y a dar cuenta, en las sedes más apropiadas, de esa negociación y del punto de vista de la Comisión. 
Confirmo a su Señoría, al tiempo que le agradezco que me haya preguntado a ese respecto, que vamos a utilizar todos los medios modernos, la televisión en particular, que podrá retransmitir en tal o cual país, o incluso en el nivel europeo, nuestros debates públicos. 
Vamos a abrir un foro en Internet, crear foros permanentes de debate. 
Los Comisarios van a comprometerse a responder rápidamente a todas las preguntas que se formulen. 
Vamos a utilizar todos esos medios modernos. 
Pero creo que hay que esforzarse también para acercarse lo más posible a la gente. 
Quisiera que en todas las regiones de Europa- seguramente aún es un poco utópico- un Comisario, cuando pudiese, un diputado europeo, un ministro participaran en debates públicos. 
Tengo la prueba de que es posible. 
La mayoría de sus Señorías celebran esos debates en sus circunscripciones, en sus regiones. 
Desde el punto de vista un poco más egoísta de la Comisión, quisiera que esta institución tenga un rostro ante los ciudadanos, que los hombres y las mujeres que la constituyen se pongan en contacto lo más frecuentemente posible con los ciudadanos. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el compromiso del Sr. Barnier de visitar las regiones para ofrecer explicaciones y escuchar lo que tienen que decir los ciudadanos. 
Quisiera invitarle a mi región de Yorkshire, una región importante de Europa que participa de lleno en el mercado único europeo y una de las principales beneficiarias de los Fondos estructurales europeos. 
Puede acudir como responsable de las dos funciones que desempeña como Comisario. 
Quisiera preguntarle cómo de enérgica será la Comisión en esta campaña divulgativa. 
En algunos Estados miembros no se trata sólo de proporcionar información al gran público que no está todo lo bien informado que podría estar. 
Sin duda es importante, pero se trata además de luchar contra la información errónea que ponen en circulación el movimiento antieuropeo y las organizaciones antieuropeas que se mantienen muy activos. 
La Comisión deberá ser muy enérgica en las respuestas que dé a algunos de los comentarios que recibirá durante la campaña. 
Señor Corbett, le agradezco su apreciación. 
Acepto con mucho gusto su invitación y, si no he entendido mal, su Señoría desea que, cuando vaya a Yorkshire, no me refiera sólo a la reforma de las instituciones europeas, sino también a los Fondos estructurales. 
Por lo demás, he olvidado expresar el interés que siento por acudir- y ya lo he hecho- ante los parlamentos nacionales, no sólo al verme con sus representantes aquí, sino también yendo a verlos in situ. 
Hace diez días estuve en Westminster. 
Como ve, señor Corbett, no temo las dificultades. 
Ya he acudido ante el Senado francés. 
Así, pues, a lo largo de todo ese debate, siempre que pueda, iré directamente a ver también a los diputados nacionales. 
No se trata, a propósito del diálogo con los ciudadanos, de hacer propaganda o publicidad ni comunicación siquiera. 
Me gustaría que fuese un diálogo de verdad y que, después de la exhibición de una pequeña filmación en la que se expliquen objetivamente los imperativos de la reforma institucional, los aquí presentes en las tribunas puedan intervenir y responder con el micrófono abierto. 
Vamos a llevar a cabo- repito- esa iniciativa de diálogo en cooperación esporádica o estructurada con los Estados miembros y deseo ardientemente que los Gobiernos de los Quince, con el apoyo de sus Señorías, participen, según las modalidades que consideren más oportunas y adecuadas, en esa iniciativa de diálogo. 
Señor Presidente, me gustaría sumarme al círculo de estudios del Sr. Barnier compuesto por los 700 becarios para tener así con quien debatir. 
No resulta muy divertido tener que discutir la Conferencia Gubernamental y la transparencia con uno mismo. 
Con respecto a la Conferencia Gubernamental, el Sr. Barnier dijo durante su presentación en el Parlamento que la política social no estaba sometida a las decisiones por mayoría, no obstante, al echar un vistazo a la página 63, veo que la lucha contra la discriminación, el derecho de libre circulación y establecimiento- es decir, las directivas sobre estancia -, toda la seguridad social, la renovación del Reglamento núm. 1408, de medidas en el ámbito de la política social- con contadas excepciones- se van a someter a mayoría cualificada. 
¿No le produce reparos al Sr. Barnier tocar con ello la espina dorsal de los procesos electorales de los países miembros? 
Son estos temas los que hacen que la población acuda a las urnas y los que llevan a una nueva mayoría en el Parlamento danés y en otros parlamentos. 
¿Pueden ser regulados desde Bruselas? 
¿Forma esto parte del proceso de radical descentralización del que esta mañana habló el Sr. Prodi? 
Experimenté una gran satisfacción cuando la semana pasada me enteré de que la Comisión prestará especial atención durante varios años al concepto de la subsidiariedad, y su referencia, no únicamente a las relaciones entre la Unión y los Estados miembros, sino también entre la Unión, los Estados miembros, las regiones y las ciudades. 
Espero que en la búsqueda del diálogo por las regiones de Europa, el Comisario Barnier profundice en ese pensamiento y aprenda de lo que oiga. 
Señor Comisario, me refiero a una de sus respuestas a las preguntas anteriores en la que ha mencionado usted lo que yo llamo las posibilidades de cierre del Tratado ante los riesgos de desviación y, en particular, la diversificación de las sanciones que pueden recaer sobre un Estado miembro, de conformidad con el artículo 7, por violación de las libertades fundamentales. 
¿Cree usted que esas propuestas o propuestas de esa naturaleza pueden formar parte del mandato de la CIG, tal como se formuló en Helsinki? 
Por mi parte, a mí no me lo parece. 
¿No teme usted que semejantes sanciones se desvíen y no sirvan para castigar violaciones de los derechos humanos, sino simples divergencias, delitos de opinión o divergencias respecto del pensamiento europeo dominante? 
Resulta que van a trabajar en las instituciones y en la Comisión, por lo que creo que es un buen punto de partida para ese diálogo con jóvenes motivados. 
Respecto de la protección social, confirmo que hemos hecho propuestas sobre el bando de la mayoría cualificada o el de la unanimidad, sin ideología. 
En su país, señor Bonde, como en todas partes, creo que se da importancia al buen funcionamiento del Mercado Interior, a las condiciones más justas de competencia y circulación para las mercancías y las personas. 
Y, por tanto, ésa es nuestra norma. 
En efecto, proponemos que se decidan por mayoría cualificada ciertas políticas o ciertas medidas en materia fiscal o en materia de protección social, de seguridad social, cuando están directamente vinculadas con el funcionamiento idóneo del Mercado Interior. 
Nuestra propuesta no es general, no es sistemática. 
Sé perfectamente que esos asuntos de fiscalidad y protección social son delicados. 
No creo que se deba meter en el mismo molde todos los sistemas nacionales de protección social, nunca se ha planteado eso, sino simplemente garantizar perfectamente en la Europa de treinta o veintisiete países las mejores condiciones de funcionamiento del Mercado Interior sin que un Estado pueda bloquear a los otros 26 o 27. 
Sí, señor MacCormick, le confirmo que ese diálogo debe rebasar las capitales nacionales, debe acercarse lo más posible a la gente, allí donde vive, allí donde están sus raíces, y, si le dijera otra cosa, no estaría de acuerdo conmigo mismo, como Comisario encargado de la política regional, es decir, de una de las políticas más concretas, más visibles, destinada a contribuir al empleo y a la calidad de vida de la gente en su región, y su Señoría me oirá decir con frecuencia que esa política no va encaminada exclusivamente a la consecución del objetivo prioritario de la cohesión y la solidaridad entre las regiones, sino que va destinada también, como complemento, a que la gente, allí donde vive, pueda conservar sus raíces, sus tradiciones, su alma, su identidad. 
Así, pues, vamos a celebrar ese diálogo con las ciudades y las regiones. 
Señor Berthu, el mandato de Helsinki es claro y estamos en ese marco. 
Dispone que se traten en primer lugar y prioritariamente los tres asuntos fundamentales que se dejaron de lado en Amsterdam. 
Añade cuestiones institucionales conexas y, por último, cuestiones que, según las Presidencias portuguesa y francesa, será oportuno inscribir a lo largo de la negociación. 
La Comisión cumple con su papel, si, sobre tal o cual punto, considera que debe completar su dictamen, que trata de muchas cuestiones institucionales. 
No estoy aún seguro de que vayamos a hacerlo con el artículo 7 y, si lo hacemos, no lo haremos sólo como reacción a una situación coyuntural lo bastante grave como para que los catorce Gobiernos de la Unión se hayan movilizado juntos para dar su respuesta, lo haremos también pensando en el futuro, de forma general. 
Todo lo que se pueda hacer, todos los medios que puedan reafirmar de forma definitiva la comunidad de valores que constituimos juntos desde que los padres fundadores crearon la Unión en 1957 e incluso antes, sobre los escombros de la segunda guerra mundial, serán útiles. 
Estoy seguro de que, a ese respecto al menos, usted y yo, señor Berthu, podemos estar de acuerdo. 
Gracias, señor Comisario. 
Ha respondido a las preguntas con precisión y además ha abierto el diálogo sobre Europa al que hacía referencia. 
Hoy ha dado un excelente ejemplo en lo que se refiere al cumplimiento del tiempo de intervención. 
El debate queda cerrado. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0009/2000). Examinamos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 36 formulada por (H-0025/00): 
Asunto: Elevada mortalidad infantil en Kosovo Según los últimos datos de las Naciones Unidas transmitidos a la Organización Mundial de la Salud, Kosovo registra la tasa más alta de mortalidad infantil en Europa; el 50% de los niños que nacen prematuramente mueren y, a causa de la guerra, se ha registrado un aumento vertical de los abortos, y los niños que llegan a cumplir los nueve meses de gestación presentan un desarrollo fisiológico menor. 
Considerando la ayuda humanitaria que proporciona la Unión Europea y los esfuerzos del Sr. Bernard Kouchner, Jefe de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas, ¿puede indicar la Comisión qué medidas se han tomado para salvaguardar el derecho a la maternidad de las mujeres de Kosovo y proteger la salud de las mujeres embarazadas y puérperas y de los recién nacidos? 
Señor Presidente, la Comisión es consciente de la difícil situación por la que atraviesa la salud y los servicios sanitarios en Kosovo, no sólo en el caso de las mujeres embarazadas, sino de la población en general. 
Es el resultado del reciente conflicto y de los años de negligencia y falta de mantenimiento que lo precedieron. 
Las estadísticas citadas de mortalidad infantil hablan por sí solas y son completamente inaceptables. 
No obstante, la situación no es mucho mejor para otros sectores de la población. 
La respuesta de la Comisión ha sido la siguiente: en primer lugar, el sector sanitario ha sido un beneficiario importante de los fondos ECHO. 
ECHO se centra actualmente en el suministro de productos sanitarios y en la asistencia médica de urgencia, en la ayuda a las instituciones, así como en vacunas. 
No obstante, los esfuerzos se orientan cada vez más hacia el establecimiento de un sistema sanitario autosuficiente en la provincia. 
En segundo lugar, en el marco del programa de reconstrucción, ya se ha puesto en marcha un programa de rehabilitación con un presupuesto de 1 millón de euros con la intervención urgente en el hospital de Mitrovica. 
Los progresos son lentos debido a las tensas relaciones que existen entre los grupos étnicos de esta ciudad dividida. 
No obstante, la Comisión mantiene sus esfuerzos para llevar adelante este proyecto con la ayuda de la Misión de las Naciones Unidas. 
Esperamos que un día se convierta en un símbolo que promulgue las ventajas de la reconciliación étnica. 
Según la evaluación de daños realizada por la Comunidad Europea, los costes estimados de la reconstrucción del sistema sanitario y el suministro de equipos a los dispensarios y centros médicos se elevan a 4 millones de euros. 
La Comisión estudia actualmente la programación de los fondos para el año 2000. 
Esperamos destinar una suma considerable a la mejora del sistema sanitario. 
Se dará prioridad a las reformas a largo plazo que abarquen la financiación de la asistencia sanitaria, así como a la formación y la adquisición de material. 
Ya se han iniciado las labores con la colaboración de la Misión de las Naciones Unidas para determinar cuál sería una contribución adecuada de la Comisión a esta empresa. 
Señor Comisario, hoy por la mañana el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, entre otras cosas, ha subrayado que en los Balcanes se está poniendo a prueba nuestra capacidad de actuar con eficacia, que está en tela de juicio la propia credibilidad de la Unión Europea y que, de una vez por todas, debemos acabar con el desfase entre palabras y obras. 
¿Considera, señor Comisario, que los datos de los que disponemos sobre la mortalidad infantil en Kosovo- la más elevada en Europa- y en general la imagen de la desgracia y del desastre humano que hay en Kosovo no está dañando ya seriamente nuestra credibilidad y que no pone en tela de juicio nuestra capacidad de llevar a cabo lo que hemos prometido? 
¿Y, señor Comisario, la llamada intervención militar humanitaria, está justificada por la imagen actual del desastre humanitario de Kosovo? 
¿No cree que no se puede justificar tanta inercia cuando en el propio continente europeo está en riesgo este mismo derecho a la vida? 
No creo que nuestra agencia de reconstrucción ni las unidades operativas antes de ésta, que han realizado enormes esfuerzos en Kosovo, consideren como descripción acertada de sus trabajos la sugerencia de que su intervención ha consistido en permanecer cruzados de brazos. 
Estoy seguro de que su Señoría no ha querido decir eso. 
Ni que decir tiene que su Señoría está en lo cierto al afirmar que la credibilidad de la Unión dependerá de lo que ocurra, no sólo en Kosovo, sino en toda la región de los Balcanes. 
Me preocupa mucho que la ayuda que proporcionamos llegue cuanto antes y de manera que potencie al máximo nuestra asistencia. 
Sólo quisiera hacer dos observaciones sobre la situación en Kosovo, de la que nos ocupamos con todo el entusiasmo que podemos junto con la OMS. 
En primer lugar, estoy seguro de que su Señoría reconoce que durante el período de los años noventa, el Gobierno de Belgrado recortó los fondos destinados al servicio sanitario de Kosovo, y muchos albaneses descubrieron que no estaban recibiendo ningún tipo de asistencia sanitaria. 
Como resultado de ello, se creó un sistema sanitario paralelo a través de la Sociedad Madre Teresa. 
Por tanto, estamos hablando no sólo de las consecuencias del conflicto, sino de las consecuencias de años de negligencia y de una falta de inversión crónica. 
En segundo lugar, y estoy seguro de que su Señoría también reconocerá esto, algunas de las trágicas historias procedentes de Kosovo durante las últimas semanas no trataban sobre la mortalidad infantil durante el parto, sino de la mortalidad infantil después del nacimiento de un niño sano. 
Se trata de casos en los que las mujeres han dado muerte de forma trágica a sus propios hijos durante las hostilidades o antes de las hostilidades. 
Estamos hablando de una historia terrorífica en Kosovo. 
Debemos realizar todos los esfuerzos posibles en el ámbito de la asistencia sanitaria, entre otros, para restablecer unas normas que se acerquen a un enfoque civilizado y a un comportamiento civilizado, pero no será tarea fácil. 
Señor Comisario, he de darle las gracias por su respuesta a la primera pregunta de mi colega y también a la pregunta adicional. 
No obstante, los contactos que mantengo en Kosovo me dicen que los paquetes de alimentos que se distribuyen, entre otros, a través de ECHO a menudo tienen una calidad ínfima. 
En algunos casos incluso se han encontrado insectos en los alimentos. 
¿Está usted enterado de ello? 
¿Está dispuesto a hacer algo para evitarlo? 
Esta es mi primera pregunta adicional. 
Mi segunda pregunta se refiere a su mención de la reconstrucción del hospital de Mitrovica. 
Tal vez sea usted consciente de que este hospital se encuentra en la parte norte de la ciudad y que, en vista la tensa situación existente, los albanokosovares no pueden acceder bajo ningún concepto al hospital. 
¿Qué hace la Comisión para garantizar que los albanokosovares tengan acceso al hospital? 
Respecto a la primera pregunta, viajaré personalmente a Kosovo a comienzos del mes próximo para realizar otra visita y sin duda examinaré las alegaciones que ha hecho su Señoría sobre el paquete alimenticio de ECHO. 
No había oído antes nada de ese indicio, pero es una observación importante y no dejaré de investigarla cuando esté allí. 
En segundo lugar, comprendo perfectamente lo que dice su Señoría sobre Mitrovica. 
Estuve en Mitrovica hace un par de meses y pude ver por mí mismo cuál era la situación. 
Mantuve conversaciones con los dirigentes municipales de ambas comunidades, incluido el dirigente de la parte albanesa, que en el pasado había ejercido como médico y se ganó el reconocimiento de todos por su asistencia médica durante y después de las hostilidades. 
Por tanto, conozco el serio problema que existe en ese hospital y puedo asegurar a su Señoría que no escatimaremos esfuerzos para garantizar que todo el mundo en Kosovo tiene acceso a una asistencia sanitaria adecuada, con independencia del grupo étnico al que pertenece. 
Las dificultades específica que existen en Mitrovica- por ejemplo, no es sólo una cuestión de que los pacientes albaneses tengan dificultades para acceder al hospital, sino que el personal albanés ha tenido dificultades para trabajar allí- representan un problema especialmente grave. 
Intentaremos encontrar soluciones, pero no es fácil. 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0029/00): 
Asunto: El bloqueo mantenido por Turquía contra Armenia Teniendo en cuenta que la Unión Europea promueve activamente las relaciones sociales, económicas y políticas con Armenia en virtud del Acuerdo de colaboración y cooperación firmado el 12 de octubre de 1999, ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión para persuadir al Gobierno turco de la necesidad de levantar el bloqueo económico que mantiene contra Armenia? 
La Comisión apoya todos los esfuerzos encaminados a encontrar una solución a los conflictos entre Turquía y Armenia y lamenta que aún no se haya alcanzado una normalización de las relaciones entre ambos países. 
En las actuales circunstancias políticas resulta, sin embargo, poco realista imaginar que la frontera entre Armenia y Turquía, así como aquélla entre Armenia y Azerbaiyán, puedan abrirse sin haber alcanzado antes una solución del conflicto Nagorni Karabaj. 
Señor Presidente, la Comisión también negocia con la mirada puesta en el futuro, a la vista de la incorporación de Turquía a la Unión Europea. 
¿Está dispuesta la Comisión a imponer el levantamiento previo del bloqueo como condición para el inicio de las conversaciones, habida cuenta que en definitiva todos somos vecinos y también queremos cultivar relaciones de vecindad positivas dentro de la Unión Europea? 
Mi pregunta es, por lo tanto, la siguiente: ¿Se propone la Comisión imponer esto como una de las condiciones para mejorar el resultado de las futuras deliberaciones? 
El tema fundamental es el apoyo a los esfuerzos del grupo Minsk de la OSCE encaminados a encontrar una solución al conflicto Nagorni Karabaj, y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que podamos. 
Asimismo hemos contribuido sustancialmente con ayuda al desarrollo en Armenia en el marco del programa TACIS. 
Permítame que relacione mi respuesta específicamente a la cuestión de la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
La situación de las relaciones de Turquía con sus países vecinos será examinada detenidamente, tal y como pide su Señoría, en el marco de la estrategia de preadhesión. 
Como se recoge en la Agenda 2000, la ampliación no debería traer consigo los conflictos fronterizos los países candidatos. 
La declaración no podría ser más clara. 
Pero repito que la principal contribución que podemos hacer es intentar ayudar en la resolución de este conflicto, que ha tenido unas consecuencias económicas y humanitarias tan nocivas. 
Pregunta nº 38 formulada por (H-0040/00): 
Asunto: Consecuencias para los derechos humanos de la construcción en Turquía del embalse de Ilisu Habida cuenta de que recientemente se ha concedido a Turquía la categoría de país candidato a la adhesión, ¿qué opina la Comisión de las consecuencias para los derechos humanos de la construcción del embalse de Ilisu, a la vista del desplazamiento masivo de kurdos y de los demás habitantes de la región que provocará dicha obra? 
La Comisión no dispone de ninguna información sobre las repercusiones que tendrá para la población de la región la construcción del embalse de Ilisu. 
No obstante, estudiaremos la posibilidad de plantear la cuestión a las autoridades turcas, junto con otros temas relativos a la política de desarrollo regional, en el marco de la nueva estrategia de preadhesión con respecto a Turquía. 
Quiero hacer una observación que está relacionada con este asunto. 
Se trata de las repercusiones que tendrá el embalse sobre el acceso a agua potable en toda la región. 
Como usted sabe, el embalse limitará el suministro de agua potable en Siria e Irak en particular. 
Habida cuenta de la extrema volatilidad de esta región y de la auténtica preocupación de muchos comentaristas en el sentido de que asistiremos a una escalada del conflicto de la denominada "guerra del agua" en las próximas décadas, ¿qué opinión le merece a la Comisión los posibles disturbios que traerá consigo este embalse, tanto en Turquía como en toda la región? 
¿Puede decirnos si realmente piensa abordar también este punto? 
Ciertamente plantearemos el asunto al que ha hecho referencia su Señoría. 
Hemos oído las preocupaciones expresadas sobre este asunto y me aseguraré de que se incluyen en las conversaciones. 
También se han expresado temores considerables acerca del peligro que puede correr el patrimonio arqueológico de la zona. 
También plantearemos este extremo en las representaciones que llevaremos a cabo. 
Varios otros proyectos hidroeléctricos realizados durante los últimos 30 años en Turquía fueron motivo de preocupación, como las repercusiones para los agricultores desplazados. 
En general, dichos proyectos parecen haber sido solucionados de manera relativamente satisfactoria y espero que ocurra otro tanto con este proyecto en el que- para despejar cualquier duda- la Comisión no participa en modo alguno. 
Le damos las gracias al Sr. Patten por haber representado a la Comisión en estas contestaciones. 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0036/00): 
Asunto: Redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales Expresando la satisfacción de la sociedad civil por la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales, pero también la esperanza de que dicha Carta responda a los retos de Europa en el siglo XXI, se pide a la Comisión que responda a lo siguiente: 
¿Qué opina del contenido de la Carta? 
¿A qué ciudadanos se refiere (a los de la Unión Europea o a los de todos los países europeos; comprenderá a los ciudadanos de la ampliación y a los inmigrantes, etc.)? 
¿Recogerá el acervo comunitario de la Unión Europea, o poseerá un carácter programático más amplio? 
¿Cuáles son los mecanismos que utilizará para establecer con claridad la igualdad de sexos? 
¿Qué opina la Comisión de la incorporación de la Carta al Tratado de la Unión Europea? 
Igual que su Señoría, la Comisión se felicita de la decisión adoptada por los Jefes de Estado o de Gobierno de lanzar el proceso de redacción de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Los propios Jefes de Estado o de Gobierno fijaron en las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia las grandes líneas del contenido de la Carta. 
Según dichas conclusiones, la Carta debe abarcar tres categorías de derechos: los derechos de libertad, igualdad y procedimiento, garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los derechos reservados a los ciudadanos de la Unión y los derechos económicos y sociales, enunciados en la Carta Social Europea y en la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, en la medida en que no justifican únicamente objetivos para la acción de la Unión. 
La Comisión considera que la Convención encargada de la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales debe respetar el mandato que le encomendó el Consejo Europeo de Colonia. 
Sin embargo, eso no significa que la Convención deba limitarse a un papel codificador de simple compilación de los derechos en vigor a partir de diferentes fuentes. 
Como ya tuve ocasión de decir ante este Parlamento, la Comisión está convencida de que, llegado el caso, la Convención debe poder adaptar y desarrollar dichos derechos teniendo en cuenta las circunstancias actuales, en particular las evoluciones tecnológicas y sociales. 
Sin embargo, en vista del mandato y del objetivo final del texto por presentar a los Jefes de Estado o de Gobierno, se debe ejercer ese poder con precaución y atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. 
Los derechos conferidos por esa Carta tendrán al menos dos tipos de beneficiarios. 
Algunos se aplicarán a toda persona presente en el territorio de la Unión y otros tendrán por beneficiarios exclusivos a los ciudadanos de la Unión. 
Se podría también considerar la posibilidad de que ciertos derechos económicos y sociales estén garantizados sólo a los ciudadanos de la Unión y a los ciudadanos de terceros países que reúnan ciertas condiciones. 
En esta fase inicial del proceso de elaboración de la Carta, no es posible prejuzgar de su contenido de forma más detallada. 
Sin embargo, se puede afirmar que el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre los hombres y las mujeres, puesto que figura ya entre los derechos garantizados por el Tratado de la Comunidad Europea y por el derecho derivado y constituye sin duda una tradición constitucional común de los Estados miembros, será sin lugar a dudas uno de los derechos garantizados por la futura Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. 
La Comisión- ya lo he dicho también ante este Parlamento- es partidaria de la inserción de la Carta en el Tratado. 
Sin embargo, es totalmente consciente de que la decisión final al respecto corresponderá a los Jefes de Estado o de Gobierno. 
Así, pues, la difícil tarea que incumbe a la Convención consiste en preparar un texto ambicioso y políticamente significativo, que se pueda integrar sin modificaciones en los Tratados. 
En su dictamen sobre la reunión de una Conferencia Intergubernamental con vistas a la modificación de los Tratados, la Comisión recuerda que el Consejo Europeo deberá pronunciarse durante el año 2000 sobre la inclusión de ciertos temas en el orden del día de la CIG, en particular la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Señor Comisario, es muy importante que al principio de este nuevo siglo, los ciudadanos de Europa, hombres y mujeres deban orientar de nuevo sus derechos y sus obligaciones. 
Deseamos sinceramente que se haga realidad esta importante decisión del Consejo de Colonia. 
La mundialización por un lado, y la ampliación por otro hacen que sea urgente definir estos derechos. 
Seattle es una fuente real de reflexión en este sentido y esperamos que el Consejo Europeo de Niza no sea una cita nula. 
Pero para que los ciudadanos participen en esta nueva planificación, desearíamos saber cuál es el plan que las instituciones europeas- y en concreto la Comisión Europea- proponen para el modelo social y económico de la Europa del siglo XXI. 
He escuchado sus principios básicos y quisiera preguntarle qué lugar ocupan los niños, como individualidades independientes, en esta planificación de la Comisión Europea del nuevo modelo de la sociedad del siglo XXI. 
Señor Presidente, Señoría, debo decirle con toda claridad que, a mi juicio, y como ha dicho el Presidente Prodi esta mañana, la elaboración de la Carta es una operación políticamente muy importante, porque demuestra que la Unión coloca los derechos fundamentales de los ciudadanos a la cabeza de las preocupaciones políticas, para el futuro de nuestro proyecto común. 
En este marco, hay que decir claramente en qué criterios se basa para elegir esos derechos. 
Creo que el criterio esencial son los derechos de los ciudadanos respecto de las instituciones europeas. 
Son los derechos de los ciudadanos, según se desprenden del proyecto europeo consagrado en los Tratados de la Unión. 
Comprendo la preocupación de sus Señorías por los derechos de los niños. 
Creo que varios elementos de nuestro trabajo y sobre todo de mi trabajo como encargado del sector de la justicia y los asuntos de interior, consisten en proteger los derechos de los niños. 
Se trata de una esfera en la que se aplica completamente el principio de subsidiariedad. 
Cada Estado miembro tiene el cometido principal de formular sus responsabilidades respecto de los niños. 
Por lo que se refiere al cometido de la Unión en cuanto tal, creo que los derechos de los niños deben estar reconocidos en la Carta, teniendo en cuenta las esferas en las que la Unión puede aportar un valor añadido al fomento de la situación social, económica e incluso ciudadana, en el sentido más amplio, de los niños. 
Espero que lograremos afrontar el imperativo que su Señoría ha planteado a la Comisión y a toda la Convención. 
Señor Presidente, he tenido el privilegio de escuchar al Comisario manifestarse en varias ocasiones sobre este asunto y estoy muy de acuerdo con su enfoque. 
No obstante, quisiera preguntarle algo diferente. 
Acabamos de oír decir al Comisario Barnier que tiene un gran interés en mejorar la comunicación con la población y enfocar la política de información de la Comisión hacia los principales temas de los que se ocupará la Comunidad durante el presente año. 
¿Estaría dispuesto el Comisario a defender que se destine parte del presupuesto de la Comisión para información a informar y consultar a los ciudadanos sobre este tema de la Carta de los Ciudadanos? 
Es muy importante que la población se sienta partícipe de este proceso. 
Me consta que el Convenio tendrá una gran repercusión en este sentido, pero no cuenta con los recursos de que dispone la Comisión. 
¿Estudiará la Comisión la posibilidad de utilizar su presupuesto para información para asegurarse la participación de la sociedad en este debate? 
La política de la Comisión es fomentar un debate abierto y amplio sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, no sólo con organizaciones no gubernamentales, sino también con los ciudadanos, sobre todo en el caso de un proyecto de repercusiones tan amplias como es el caso de esta Carta. 
Puedo asegurarle que la Comisión hará todo lo posible por fomentar el debate sobre la futura Carta de los Derechos Fundamentales. 
El mejor medio de sacar el máximo provecho es disponer de un texto claro, un texto que los ciudadanos puedan leer con facilidad y, al mismo tiempo, un texto que sirva de instrumento jurídico. 
Ambas cosas no son incompatibles en absoluto. 
El reto al que nos enfrentamos consiste en aunar ambos conceptos en la versión final de la Carta. 
Me alegra mucho saber que puedo contar con su apoyo en este sentido. 
Pregunta nº 40 formulada por (H-0095/00): 
Asunto: Apartado 1 del artículo 6 y apartados 1 y 2 del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea El apartado 1 del artículo 6 del TUE estipula que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Es evidente que, como se puede deducir de las declaraciones realizadas a lo largo de los últimos años, Jörg Haider y el Partido Liberal de Austria no respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales de los nacionales de países terceros y de las minorías residentes en Austria. 
Así pues, ¿puede indicar la Comisión cuándo piensa constatar, en virtud del apartado 1 del artículo 7, "la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6", e instar al Consejo a que, por mayoría cualificada, suspenda ciertos derechos derivados de la aplicación del Tratado a Austria, en particular el derecho al voto del representante de Austria en el Consejo? 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que comience recordando la posición que adoptó la Comisión- y esta mañana ha reiterado de nuevo el Presidente Romano Prodi- en cuanto a la composición del nuevo Gobierno austríaco, del que forman parte ministros procedentes del Partido Liberal Austríaco de Jörg Haider. 
Me refiero, naturalmente, a la declaración que la Comisión emitió el día 1 de febrero de 2000 y cuyas líneas esenciales comenzaré recordando. 
La Comisión reafirmó y reafirma hoy que comparte las preocupaciones subyacentes a la declaración de 31 de enero de la Presidencia portuguesa. 
Dichas preocupaciones son legítimas y fundamentadas. 
No será necesario recordar aquí la trayectoria política de Jörg Haider y sus numerosas declaraciones públicas, xenófobas y racistas y, por tanto, antieuropeas. 
Que un partido claramente extremista, racista y xenófobo llegue al poder en un Estado miembro de la Unión Europea no puede dejar de preocupar a los restantes Estados participantes en el proyecto europeo, como tampoco deja indiferente a la Comisión Europea. 
En segundo lugar, la Comisión reiteró y reitera su compromiso de seguir ejerciendo su deber como garante de los Tratados, en particular en lo relativo a los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión. 
Una de las importantes innovaciones del Tratado de Amsterdam fue precisamente la explicitación de los principios fundamentales que son patrimonio común de los Estados miembros y la institución de un mecanismo de control de su cumplimiento y de reacción en caso de violación de uno de dichos principios. 
La Comisión no es un Estado, no puede ni debe actuar como si lo fuera. 
Pero para responder concretamente a la pregunta de su Señoría, debo recordar que el mecanismo instituido por el apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la Unión exige, para ser activado, la verificación- cito- "de una violación grave y persistente de los principios consagrados en el artículo 6". 
Violación grave y persistente es- repito- la condición indispensable para que la Comisión pueda proponer al Consejo la adopción de medidas contra un Estado miembro. 
Me parece evidente que no se cumplen las condiciones para su aplicación a la situación habida en Austria. 
Por lo demás, todos deseamos- no creo engañarme al decirlo- que nunca lleguen a darse esas condiciones de grave y persistente violación de los derechos humanos y de la democracia, ni en relación con Austria ni en relación con ningún otro Estado de la Unión. 
Pero quiero garantizarle aquí, hoy, mi empeño personal y el de la Comisión, como ha reafirmado el Presidente Prodi esta mañana, de hacer todo lo que haga falta para que no sea necesario aplicar el dispositivo del artículo 7. 
Pero también quiero asegurar a sus Señorías que no vacilaremos en aplicarlo, si fuera necesario. 
Están en juego valores demasiado nucleares y esenciales para que se puedan admitir contemplaciones o componendas. 
Los hombres y los gobiernos deben ser juzgados más por lo que hacen que por lo que dicen. 
Y en el caso de Austria, las declaraciones son por lo menos contradictorias. 
Por un lado, cualquiera de nosotros puede recopilar un conjunto de frases incendiarias del dirigente del Partido Liberal austríaco. 
Por otro, el programa del nuevo gobierno austríaco renueva su compromiso con la defensa de la democracia y de los derechos humanos. 
Dentro de poco tendremos una primera y excelente oportunidad de verificar cuál de esas dos caras es la verdadera. 
Me refiero a la actitud que el Gobierno austríaco adoptará en el Consejo en relación con las propuestas de la Comisión de creación de un programa de acción de lucha contra la discriminación y de dos directivas. 
Una que aplica el principio de la igualdad de trato entre las personas sin distinción de raza u origen étnico y otra que ofrece protección en materia de empleo contra la discriminación por motivos de origen étnico o racial, de religión, deficiencia u orientación sexual. 
Se trata de textos relevantes, adoptados en virtud del artículo 13 del Tratado, que confirió a la Comunidad competencia para luchar contra la discriminación basada en la raza, en el origen étnico, en el sexo, etc. 
Permítanme concluir garantizando a su Señoría que la Comisión seguirá vigilante y no dejará de asumir sus responsabilidades, si fuera necesario. 
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta a mi pregunta. 
Pero ¿tiene conocimiento el Comisario Vitorino no sólo de las palabras del Sr. Haider y del Partido Liberal, sino también de sus hechos? 
El Sr. Haider ha formado parte del Gobierno de la provincia de Carintia al sur del país, donde ha dirigido una campaña racista y xenófoba contra la minoría de habla eslovena que habita en esa región y que tiene la ciudadanía austríaca, provincia en la que ha intentado eliminar la educación bilingüe y donde existe una clara discriminación contra las comunidades gitanas y de inmigrantes. 
¿Podría el Comisario responder a dos preguntas? 
En primer lugar, ha hablado de verificación. ¿Puede decirnos cómo se realizará dicha verificación y quién se encargará de realizarla? 
En segundo lugar, ¿no estaría dispuesto a reconocer que en caso de que el actual Gobierno, de ámbito nacional, llevara a cabo el tipo de políticas que el Sr. Haider y el Partido Liberal han seguido a nivel regional, existiría un claro incumplimiento del apartado 1 del artículo 6 del Tratado con respecto a las libertades fundamentales y los derechos humanos, y que incumbiría a la Comisión tomar las medidas oportunas? 
No estamos hablando de palabras en este caso. 
Estamos hablando de hechos del Partido Liberal y del Sr. Haider. 
Tengo perfectamente claro que la Comisión tiene la responsabilidad de vigilar de cerca la evolución de la situación en los Estados miembros, en lo que respecta a los procedimientos y normas consagrados en el artículo 6 y que justifican la aplicación del artículo 7 del Tratado. 
Por consiguiente, confío plenamente en que la Comisión podrá seguir muy de cerca el desarrollo de la situación en Austria, al igual que en cualquier otro Estado miembro. 
Si se diera el caso concreto de que el gobierno de un Estado miembro perpetrara una violación persistente de los derechos humanos, somos perfectamente capaces de reaccionar y de actuar en consecuencia. 
Además, no sólo cuento con la cooperación de los diputados al Parlamento Europeo, sino también con la de las organizaciones no gubernamentales, que siempre han realizado una contribución importante a la política de la Comisión en materia de lucha contra la discriminación. 
En lo que respecta a la situación en Carintia, deberemos analizarla detenidamente. 
Su Señoría ha planteado la cuestión. 
La protección de las minorías étnicas y de las minorías lingüísticas es uno de los elementos del programa y de las dos directivas que la Comisión ha presentado al Consejo. 
No sólo deberíamos enfocar este debate hacia la cuestión austríaca. 
Es una cuestión que exige reflexión, debate y, en caso necesario, acción. Espero sinceramente que todos los Estados miembros aprovechen la oportunidad de este plan de actuación y de estas dos directivas que la Comisión ha presentado al Consejo para reiterar en términos claros y concretos su aprobación del plan de actuación y de las directivas, así como su compromiso con la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia allí donde se produzca. 
Muchas gracias, señor Vitorino, por su importante contribución a este turno de preguntas. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Wallström 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0021/00): 
Asunto: Residuos de equipos eléctricos y electrónicos Cada año la Unión Europea debe hacer frente a un volumen creciente de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (6 millones de toneladas en 1998) debido principalmente al carácter cada vez más obsoleto de los equipos. 
Los problemas medioambientales ligados a la incineración y a la descarga de estos deshechos son imputables fundamentalmente a la presencia de sustancias peligrosas (plomo, cadmio, cromo hexavalente, PVC y retardadores del fuego halogenados). 
Se han elaborado tres versiones sucesivas de un anteproyecto de directiva destinado a regular la gestión de estos residuos; la última versión data del mes de julio de 1999. 
¿Podría explicar la Comisión la razón de la larga gestación de este proyecto que, en principio, debería haberse concretado ya en 1998? 
¿Es cierto que el Gobierno estadounidense se opone a las disposiciones esenciales del proyecto actual y amenaza incluso con recurrir a la Organización Mundial de Comercio (por infracción del artículo XI del GATT y del artículo 2.2 del Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio) en caso de que se apruebe? 
La Comisión está de acuerdo con el diputado en que el tratamiento de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos en la Unión Europea causa problemas medioambientales de consideración. 
Por este motivo, la Comisión ha decidido preparar una propuesta sobre la materia y, desde 1997, ha tratado el asunto con las diferentes partes interesadas. 
La Comisión está examinando los resultados de estas discusiones y de los serios estudios que se realizan en esta materia. 
Se han criticado partes de la propuesta, entre otras, la eliminación de algunos metales pesados y de productos ignífugos con bromo, además de la aplicación del principio de la responsabilidad del fabricante en el tratamiento de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. 
La delegación de Estados Unidos en la Unión Europea ha mostrado sus dudas respecto a algunos puntos del último documento de consulta, entre otras cosas, por la eliminación de las sustancias antedichas y por algunos aspectos relacionados con la responsabilidad de los fabricantes. 
El principal argumento de Estados Unidos es la incompatibilidad de esas normas con las del Derecho Mercantil Internacional. 
La Comisión está estudiando los argumentos de la delegación. 
Permítanme añadir que mis planes son presentar antes de Semana Santa una propuesta a la Comisión sobre el tratamiento de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. 
Mi pregunta se refería concretamente a la reacción del Gobierno americano respecto del texto del anteproyecto. 
En realidad, ha habido tres textos de anteproyecto, el último, que yo sepa, en julio de 1999. 
¿Es, pues, ése el texto que van a presentar ustedes o una modificación de su versión original? 
En efecto, la tercera versión era ya más débil que la segunda, a raíz de las observaciones formuladas por la industria americana por mediación del Gobierno americano. 
He de indicar, en particular, que, cuando dice usted que el texto no es compatible con el derecho internacional, hace referencia, en realidad, a las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
Las alegaciones del Gobierno americano se refieren, al parecer, a que prohibir a plazo la presencia de substancias peligrosas en los desechos eléctricos y electrónicos es contrario a las normas de la OMC. 
Eso me preocupa personalmente, porque quiere decir que, si aprobamos este texto, estaremos continuamente bajo la amenaza de un ataque ante la Organización Mundial del Comercio, por lo que la legislación europea en materia de medio ambiente y, en particular, esta propuesta resulta completamente debilitada. 
Gracias por esta pregunta complementaria. 
Es importante que se me dé la oportunidad de contestarla. 
Es evidente que en un proceso como éste, en el que discutimos un gran flujo de residuos de equipos eléctricos y electrónicos en Europa, exista un diálogo permanente entre las partes interesadas. 
El diálogo ha sido provechoso y durante el proceso se han desarrollado propuestas. 
Se han reforzado algunos aspectos y, en otros, hemos hecho demasiadas concesiones. 
Todavía estamos redactando los textos y las partes dialogan hasta el último minuto. 
Creo que la intervención de Estados Unidos en esta materia no nos debe conducir a rebajar las metas medioambientales. 
Me resisto a las constantes remisiones a la OMC y a las normas de comercio para impedir que logremos normas medioambientales más radicales en el ámbito de la UE. 
Mi punto de partida es que debemos hacerlo. 
Sin embargo, estoy dispuesta a escuchar todos los argumentos. 
Por ejemplo, me he reunido hace poco con representantes de la industria electrónica. 
Ellos me entregaron proposiciones- incluso algunas de ellas prácticas- sobre la forma de mejorar nuestra propuesta. 
Sin embargo, quiero rechazar enfáticamente la afirmación de que yo dejaré a Estados Unidos diseñar nuestra directiva. 
Creo que tenemos que mostrar el camino a seguir, lo cual también va a notarse en la propuesta definitiva. 
Pregunta nº 42 formulada por (H-0026/00): 
Asunto: Mujeres y medio ambiente La casi totalidad de los participantes en los procesos de Río y de Kyoto- organizaciones, movimientos ciudadanos, gobiernos, Banco Mundial, Naciones Unidas y organizaciones caritativas- consideran que las mujeres deberían participar más en las decisiones en materia de medio ambiente. 
El nombramiento de un mayor número de mujeres para puestos de responsabilidad en los organismos medioambientales permitiría que los marcos de referencia, principalmente masculinos, no se limitasen a las cuestiones relativas a las empresas sino que incluyeran también las relativas a la justicia social. 
¿Se propone la Comisión adoptar un plan de acción para hacer que aumente la participación activa de las mujeres en las decisiones en materia de medio ambiente? 
La Comisión tiene, desde 1988, un plan de acción para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
Con el actual Programa, que comprende desde 1997 hasta 2000, se intenta desarrollar una cultura en la que se integren valores masculinos y femeninos y en la que se tomen en cuenta las necesidades específicas de cada sexo. 
Uno de los objetivos del Programa es preparar y controlar métodos, estrategias y medidas que fomenten la distribución equitativa de los sexos en los procesos de decisión, entre ellos, en los altos cargos. 
En el marco de este Programa, cada Dirección General prepara un plan de acción específico. 
Uno de los objetivos del plan de acción es aumentar el número de mujeres en cargos de dirección. 
La nueva Comisión tiene como meta duplicar el número de mujeres en cargos de jefatura durante su legislatura. 
La Dirección General de Medio Ambiente, en la que actualmente el 60 por ciento de los directores y el 20 por ciento de los jefes de departamento son mujeres, es especialmente activa en esta materia. 
Nuestra política es favorecer la incorporación de las mujeres a los cargos administrativos, para crear una reserva de candidatas idóneas para los futuros cargos de dirección. 
Actualmente, el 24,5 por ciento de nuestros empleados de la categoría A son mujeres. 
Esperamos que esta proporción crezca continuamente. 
Además, hacemos esfuerzos para atraer a mujeres cualificadas para que participen en nuestros foros de discusión. 
En lo que se refiere a nuestros socios externos, sólo podemos darles buenos ejemplos e instarlos a hacer esfuerzos para democratizar sus procesos de decisión. 
En cuanto a asuntos de carácter más general sobre la integración de la perspectiva de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, seguramente saben que este principio está establecido en el Tratado de Amsterdam. 
En el artículo 3 del Tratado se estipula que la comunidad, en todo lo que concierne a ese artículo, deberá tener como objetivo eliminar las deficiencias y fomentar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
La Comisión da su apoyo a los esfuerzos que se hacen en esta materia y está estudiando qué medidas específicas se pueden adoptar en materia medioambiental. 
Obviamente, quiero aprovechar para decir que valoro el papel de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo y, especialmente, el de su Presidenta. 
Permítame solamente recordar que cuando la actual Comisión fue aprobada, la Comisión de Derechos de la Mujer preguntó a cada Comisario de qué manera se ocuparían de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su área de trabajo. 
Vamos a controlar minuciosamente a cada uno de los Comisarios; de esta manera quiero advertirles también a los otros. 
Gracias por la respuesta. 
La interpreto como un sí, como que es un plan de acción que es necesario; un plan de acción para incorporar a más mujeres en campos medioambientales específicos. 
Permítanme también decir que la Declaración de Pekín subraya la importancia de poseer una capacidad institucional para incluir la perspectiva de igualdad de oportunidades en todos los programas medioambientales. 
Las instituciones medioambientales carecen a menudo de conocimientos y de métodos para incorporar esta perspectiva en su trabajo cotidiano. 
Quisiera, obviamente, saber si la Comisaria está dispuesta a integrar la perspectiva de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la política medioambiental y en los programas medioambientales. 
Esto es importante. 
Para que toda la política adquiera esta perspectiva, creo que es especialmente importante que los jefes, en puestos de responsabilidad, posean estos conocimientos elementales. 
. (SV) Obviamente mi idea es que el mainstreaming debe estar presente en todo lo que hacemos. 
En el plan que se está preparando en mi Dirección General, los asuntos sobre igualdad de oportunidades para hombres y mujeres tienen un papel muy destacado. 
También estoy dispuesta, por ejemplo, a organizar personalmente seminarios sobre liderazgo o sobre otras materias para alentar a las mujeres a asumir nuevas tareas en el seno de la Comisión. 
Para motivarlas a todas, creo que es muy importante que se envíe este mensaje desde arriba hacia abajo, o desde abajo hacia arriba si se prefiere así. 
En general, mi idea es que en el trabajo medioambiental hay mayoría femenina. 
Se trata de que esto se asiente, de manera que las mujeres también puedan acceder a puestos de responsabilidad o alcanzar cargos más altos en el trabajo medioambiental. 
Quiero afirmar que nuestro plan de acción refleja estas ideas, pero seguramente se puede mejorar. 
Tengo cierta experiencia en la elaboración y evaluación de planes. 
Espero que me sirva de algo. 
Pregunta nº 43 formulada por (H-0045/00): 
Asunto: El estuario del Boyne y la sociedad Drogheda Port Company El estuario del Boyne está catalogado como zona de protección especial al amparo de la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres y está pendiente de designación como zona de conservación especial al amparo de la Directiva relativa a la protección de los hábitats naturales, por ser una zona de importancia internacional. 
No obstante, el Ministerio de Marina, el Consejo del Condado de Lough y la corporación local de Drogheda han autorizado el desarrollo de un nuevo puerto en la zona de protección especial y la desecación, en Stegrennan, de un barrizal que se añadió recientemente en la zona de protección a instancias expresas de la Comisión. 
Además, se ha construido allí una nave de almacén de muy grandes dimensiones (sin que sea fácil acceder a la documentación relativa al correspondiente permiso de obras) y la corporación de Drogheda proyecta otras obras de infrastructura. 
¿Cómo puede garantizar la Comisión que esta clase de desarrollo, financiado con cargo a los Fondos estructurales, no choque con las necesidades de conservación del medio ambiente? 
¿Está dispuesta la Comisión a suspender por completo la financiación mientras no se revisen los planes de desarrollo de la zona? 
La Comisión tiene conocimiento de la construcción del puerto, pero no sabe nada acerca de la nave de almacén o de las otras obras de infraestructura que menciona la diputada. 
La construcción del puerto se financia con cargo a los Fondos estructurales y significa, a grandes rasgos, que el estuario del Boyne debe ser dragado y que el material que se obtenga se almacenará provisionalmente en la faja costera de Stegrennan. 
El estuario del río Boyne está catalogado como zona de protección especial al amparo de la Directiva relativa a la conservación de aves silvestres. 
Esto significa que todas las obras en el estuario del Boyne que puedan afectar a la zona de conservación especial deberán respetar las normas de conservación establecidas en la Directiva relativa a la protección de hábitats naturales. 
Desde 1998 están llegando a la Comisión protestas en las que se sostiene que las instalaciones portuarias dañarán la faja costera de Stegrennan, que actualmente forma parte de la zona de conservación especial, y que no se han cumplido las normas de protección. 
Después de analizar esas protestas durante 1998 y el comienzo del año pasado (el proyecto no recibió durante este período financiación con cargo a los Fondos estructurales) , la Comisión, en el verano de 1999, se convenció de que las obras portuarias habían cumplido con las normas de protección. 
Se hizo un minucioso estudio de las consecuencias medioambientales. 
El efecto más negativo del proyecto, la pérdida de la faja costera de Stegrennan, será temporal y los constructores son responsables de la recuperación de esa faja. 
A instancias de la Comisión, se añadió formalmente la faja costera de Stegrennan en la zona de protección especial del estuario del Boyne, de la cual había sido excluida anteriormente. 
Para compensar los efectos negativos de la desaparición temporal de la faja costera en la vida de las aves silvestres, se pensó en mejorar otros espacios aptos para la vida de estas aves en la zona del estuario. 
Sin embargo, desde el verano del año pasado, esta medida ha sido puesta en entredicho. 
Primero, las autoridades irlandesas retiraron su compromiso de hacer mejoras. 
Posteriormente, renovaron su compromiso, después de las protestas presentadas por una organización medioambiental no gubernamental ante los tribunales irlandeses. 
El nuevo compromiso contenía, no obstante, pequeños cambios que, a su vez, dieron origen a nuevas protestas. 
Considerando que Irlanda ha asumido el compromiso de adoptar medidas compensatorias y que otros asuntos ya han sido resueltos, la Comisión, por el momento, no quiere proponer la congelación de los Fondos estructurales. 
Sin embargo, la Comisión quiere estudiar las medidas compensatorias de las autoridades irlandesas, especialmente las relativas al mejoramiento de los hábitats, a la luz del aún inconcluso proceso ante los tribunales de ese país. 
- (EN) No he entendido bien lo que ha dicho la Sra. Comisaria. 
El barrizal de Stregrennan, que fue declarado zona de protección especial por petición de la Comisión, ya ha sido destruido por completo. 
Es evidente que las actividades que allí se han llevado a cabo incumplen claramente las directivas de la UE. 
Usted afirma que no se concederán más fondos. 
Quisiera saber si se propone suspender por completo la financiación en esta fase, hasta que se realice una investigación como es debido. 
De lo contrario, ¿por qué no? 
Si se propone suspender la financiación ¿cuándo lo hará exactamente? 
¿Es correcto y adecuado que la corporación que es propietaria de la empresa sea también la responsable de conceder la licencia, así como la que básicamente recibe los fondos de la UE y los entrega a una empresa que es de su propiedad al 100%? 
¿Es eso correcto y apropiado? 
¿Cuál es su opinión al respecto? 
Debe ponerse fin a la concesión de cualquier tipo de fondos para el proyecto, porque éste incumple claramente las directivas comunitarias. 
Incluso la zona declarada por los Comisarios como zona de protección especial ha sido destrozada. 
Una compensación posterior no reparará los daños ocasionados. 
El primer desafío legal se produjo cuando comenzaron las obras de desarrollo del puerto a comienzos de otoño de 1999, sin que se hubieran realizado las mejoras compensatorias del hábitat. 
Por consiguiente, las autoridades irlandesas acordaron proceder a la retirada de las gramíneas, pero esta vez lo hicieron utilizando medios mecánicos. 
El uso de medios mecánicos dio lugar a un nuevo desafío legal- al que me he referido en mi primera respuesta- en base al argumento de que la retirada mecánica puede haber dañado las capas subyacentes del barrizal y ocasionado la proliferación de gramíneas en el estuario con el consiguiente daño para el medio ambiente. 
Hasta la fecha no hay ningún resultado concluyente de dicho desafío legal. 
La adopción de las medidas compensatorias oportunas es competencia de las autoridades nacionales y no requiere la aprobación previa de la Comisión. 
El papel de la Comisión consiste en velar por el fiel cumplimiento de las normas establecidas por la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres, y no hay duda de que habría problemas con las medidas compensatorias que también han causado daños. 
En este caso, la Comisión propone solicitar nuevas aclaraciones de las autoridades irlandesas sobre la posición actual respecto a las medidas compensatorias y los posibles problemas con la retirada mecánica de las gramíneas. 
En estos momentos no estamos dispuestos a proponer la suspensión de la financiación con cargo a los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, lamentablemente, el caso específico que ha planteado la Sra. McKenna no es un caso aislado. 
Hay otros ejemplos de conservación en ámbitos científicos especiales que se están viendo perjudicados como resultado de la financiación comunitaria. 
¿Estudiará la Comisión la posibilidad de impartir instrucciones a todos los Estados miembros en el sentido de que, si en el futuro se descubre que se incumplen las directivas europeas sobre medio ambiente o no se lleva a cabo una evaluación del impacto ambiental adecuada, no sólo suspenderá la financiación, sino que retirará los fondos que ya han sido concedidos, en otras palabras, que reclamará los fondos de los Estados miembros? 
Únicamente medidas de este tipo pondrán freno a estas prácticas en el futuro. 
. (SV) Éste es un asunto de gran importancia. 
Como los diputados al Parlamento Europeo seguramente saben, nuestras predecesoras en la Comisión, Ritt Bjerregaard y Monika Wulf-Mathies, enviaron conjuntamente el año pasado una carta sobre la relación entre los Fondos estructurales, el dinero de los Fondos estructurales, y la Directiva sobre protección del hábitat y de las aves. 
El mensaje que se envió en esta carta conjunta está todavía vigente. 
No podemos dar dinero a los países con una mano y con la otra llevarlos a los tribunales y, quizás, obligarlos a pagar multas. 
Por eso es importante que esto se coordine. 
Obviamente que el resultado puede llevarnos a tener que tomar decisiones difíciles. 
Sin embargo, a mi juicio, el principal efecto es que los países se lo van a pensar mucho y, sobre todo, van a enviar sus listas de los sitios amparados por Natura 2000, de modo que podremos controlar y hacer estudios de manera adecuada. 
En esto Irlanda tiene deficiencias, igual que otros países miembros, pero esperamos que esta presión dé resultados. 
Una vez más quiero hacer hincapié que el contenido de esta carta aún es válido. 
No es posible según el Reglamento. 
Tienen ustedes que hablar ya fuera del hemiciclo, señora diputada. 
Preguntas dirigidas al Sr. Barnier 
- 
Pregunta nº 44 formulada por (H-0020/00): 
Asunto: Principio de asociación y tercer MCA en Grecia El nuevo Reglamento 1260/1999 sobre los fondos estructurales, a diferencia del Reglamento anterior, hace hincapié en el fomento de la relación de asociación y prevé la cooperación de las autoridades regionales y locales, así como de otras autoridades públicas competentes, de los interlocutores económicos y sociales y todos los demás sectores competentes tanto en la preparación como en la financiación, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones. 
Sin embargo, de acuerdo con el MCA griego, y con repetidas declaraciones de la administración local, los procedimientos han reducido de forma sustancial la función de los "interlocutores". 
¿Se ha producido por parte del gobierno griego un cambio en los procedimientos para ampliar el contenido de la relación de asociación, sobre todo en lo referente a las autoridades locales y otros sectores representativos? 
¿Cuál es la mayor función de las autoridades locales en la preparación y aplicación del tercer MCA, y qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar una mayor participación de los "interlocutores" en todos los procedimientos del nuevo MCA? 
¿Me autoriza a prolongar con una frase la respuesta que Margot Wallström acaba de hacer al presidente David Martin? 
Es para decirle, ya que se trataba de una carta conjunta entre nuestros dos predecesores, que, como sucesor de la Sra. Wulf-Mathies, considero que esa carta sigue siendo efectivamente válida y que, en perfecta concertación con Margot Wallström, me encargo de verificar la compatibilidad de los proyectos financiados por los Fondos estructurales con las directivas y políticas de la Unión en materia de medio ambiente. 
También es un antiguo Ministro de Medio Ambiente quien le responde, señor presidente Martin. 
Ahora quisiera decir unas palabras al Sr. Alavanos, que me perdonará esta incursión en otro asunto para decirle que en efecto, en respuesta a su pregunta, la Comisión ha velado y velará, en el marco de la preparación del nuevo período de programación, por la aplicación del principio de cooperación. 
La participación de las autoridades regionales y locales en la acción de la Comunidad constituye- me permito recordarlo aquí, pero sus Señorías ya lo saben- uno de los elementos esenciales del nuevo reglamento de los Fondos estructurales desde Berlín. 
Respecto de la aplicación- más específicamente- de ese principio de cooperación en el marco del próximo marco comunitario de apoyo para Grecia, la Comisión ha podido comprobar que, en la elaboración del plan griego de desarrollo regional para el período 2000-2006, se recurrió a las autoridades públicas. 
Por lo demás, me he trasladado a ese país- como sabe el Sr. Alavanos- en dos ocasiones y en circunstancias bastante trágicas, que prolongaron el drama del temblor de tierra y con ocasión de dichas visitas pude hablar con las autoridades del Gobierno griego y recordar ese interés por que se tenga debidamente en cuenta el objetivo y la exigencia de cooperación. 
Por lo que se refiere, Señoría, a las fases siguientes, es decir, la elaboración de los programas nacionales y regionales, no basta con que se tenga en cuenta ese objetivo en el nivel nacional y teórico, es necesario que así sea, concretamente, en los programas que aplican el MCA, en los planes nacional, regional y local. 
Por lo que se refiere al seguimiento y a la gestión de dichos programas, aún no he recibido, en este momento, las disposiciones nacionales propuestas por el Gobierno griego conforme al artículo 8 del nuevo reglamento. 
Puedo indicar a sus Señorías que he pedido, en el marco de las negociaciones sobre este tercer marco comunitario de apoyo actualmente en curso, que se respeten plenamente las disposiciones vinculadas con el principio de cooperación, incluido el caso de las autoridades regionales y locales y en todo lo relativo a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones. 
Ese principio debería, así, plasmarse, en el marco del tercer MCA, en particular en la participación de todos esos socios en el comité de seguimiento. 
Ésta es la respuesta, Señoría, que puedo darle. 
Gracias señor Comisario. No tengo ninguna duda de sus intenciones ni de sus intervenciones, que se han movido en la dirección correcta. 
Pero es que las cosas son totalmente distintas. 
Hay una mano centralizadora sobre el funcionamiento del marco comunitario de apoyo, y ciertamente, en esta época estamos viviendo un delirio estatal, gubernamental y de los partidos relacionado con las financiaciones de la Unión Europea. 
No le puedo hacer llegar aquí los programas televisivos como le hago llegar los periódicos griegos pocas semanas antes de las elecciones. 
En los periódicos dominicales de toda Grecia: Ministerio de Obras Públicas, en relación con el fondo estructural: la labor del Sr. Ministro; 
Ministerio de Agricultura: la labor del Sr. Ministro de Agricultura- pocas semanas antes de las elecciones- Ministerio de Telecomunicaciones: la labor del Sr. Ministro de Telecomunicaciones. 
Ministerio de Educación: la labor del Ministerio de Educación y la fotografía del Sr. Ministro. 
Ministerio de Empleo: la labor del Ministerio de Empleo, la fotografía del Sr. Ministro y la del Secretario y detrás de todo el emblema del marco comunitario de apoyo. 
Tenemos unas pocas semanas antes de las elecciones. 
Propaganda del partido y de los candidatos con financiaciones de la Unión Europea, del marco de apoyo comunitario. 
Pregunto al Sr. Comisario: ¿Qué va a pasar? 
¿La Comisión se va a quedar sin decir nada? 
¿Lo va a debatir? 
¿Lo va a discutir con el Gobierno griego o nos vamos a estar moviendo en las mismas situaciones patológicas que teníamos con la Comisión anterior? 
Señor Alavanos, he comprendido perfectamente que su Señoría tirara a su izquierda todos los documentos que ha citado. 
Lo que me gustaría es que me los diera para que yo pudiese leerlos- en fin, mandaría traducirlos- y viera lo que parece información, comunicación, de lo que no podré por menos de felicitarme como Comisario encargado de la política regional, y lo que parece propaganda. 
Y, después, si resulta totalmente necesario que lo haga, formularé observaciones o recomendaciones al Gobierno griego. 
Así, pues, me gustaría mucho que su Señoría me remitiera esos documentos o, si no, iré después a buscarlos en el suelo entre las filas de su Grupo. 
Ahora bien, yo creía que la pregunta de su Señoría versaba más sobre la cooperación. 
Aparte de esas cuestiones vinculadas con el período preelectoral señalado por su Señoría, vuelvo a expresarle mi interés por que participen las autoridades locales y regionales, además de las organizaciones no gubernamentales. 
Pero tampoco puedo reformular el reglamento general de los Fondos estructurales, que dispone que la Comisión trabaje con los gobiernos de los Estados miembros, por lo que mi interlocutor, mi primer interlocutor, es el Gobierno griego. 
Después debo asegurarme de que se difunde, se descentraliza, esa cooperación, voy a asegurarme de ello. 
No puedo hacer otra cosa que trabajar con el Gobierno griego. 
Creo que nuestro colega, el Sr. Alavanos, dará todos estos datos al Sr. Comisario para que los pueda tener en cuenta, porque verdaderamente se trata de propaganda y no de una proyección de los programas comunitarios. 
Pero, sobre el fondo el asunto, yo también quiero pedir al Sr. Comisario que tenga en cuenta lo siguiente: que para el total de los programas nacionales y regionales, Grecia se considera una región a la que representan la administración central, el gobierno central- a nivel de la relación de asociado con la Unión Europea-. 
Desde este punto de vista, ni la administración local, ni, muchísimo menos, las organizaciones no gubernamentales como por ejemplo las asociaciones de los agricultores que estarían interesadas en el desarrollo en el sector rural, toman parte en la formación de las propuestas sobre el tercer marco comunitario de apoyo y, por supuesto, ni por los marcos comunitarios de apoyo anteriores. 
¿Cómo puede solucionar esto la Comisión? 
Una vez más, señor Theonas, vuelvo a decirle lo que he dicho al Sr. Alavanos: examinaré muy detenidamente y, si es necesario, formularé observaciones, en el marco y la observancia del reglamento de los Fondos estructurales, sobre el uso que se hace no de los Fondos estructurales, que aún no están comprometidos, sino de la negociación previa a la atribución de dichos Fondos. 
Pero una vez más, me veo obligado a respetar la autoridad nacional con la que debo celebrar esa negociación. 
De todos modos, observaré la situación objetivamente. 
Por lo demás, señor Theonas, si su Señoría tiene recomendaciones o propuestas que hacer sobre la participación de tal o cual estructura- su Señoría ha hablado de cooperativa, si no he entendido mal -, estoy dispuesto a hacer de intermediario para las propuestas de los diputados europeos- su Señoría desempeña su función y yo la mía -, siempre que respeten el espíritu y la letra del reglamento de los Fondos estructurales. 
No puedo negar que en años pasados hemos observado cierta carencia por parte del Gobierno griego en lo relativo a la aplicación del nuevo reglamento y del reglamento anterior para la participación de los representantes de la sociedad civil. 
Lo digo objetivamente y, cuando se observa un problema o una carencia, hay que eliminarlos. 
Así, pues, voy a velar por ello en el marco de la aplicación del nuevo marco comunitario de apoyo. 
- 
Pregunta nº 45 formulada por (H-0041/00): 
Asunto: Financiación con cargo a los Fondos estructurales de la investigación en el ámbito de la tecnología nuclear civil ¿Puede confirmar la Comisión que durante el último período de programación de los Fondos estructurales 1994-1999 no se ha asignado ninguna ayuda a la investigación en el ámbito de la fusión y de la fisión nuclear? 
¿Puede igualmente comprometerse a descartar cualquier medida de financiación de este tipo de investigación durante las actuales negociaciones con los Estados miembros sobre los planes y los programas para el nuevo período 2000-2006? 
¿Qué importancia tendrá, en cambio, la ayuda de los Fondos estructurales en la promoción de las energías renovables? 
¿Se puede esperar que la financiación de los Fondos estructurales en materia de política energética se centre en la promoción de los recursos energéticos regionales y renovables? 
¿Financiarán los Fondos estructurales también las grandes redes de transporte de energía? 
Quisiera responder a la Sra. Isler Béguin sobre el primer punto y recordarle que la mejora de la base científica y de las capacidades técnicas de las regiones para aumentar su competitividad constituyó una de las prioridades comunitarias durante el anterior período de programación. 
El apoyo que los Fondos estructurales representan para la cohesión tecnológica, es decir, de la investigación y la innovación tecnológicas en el marco de los marcos comunitarios de apoyo durante este período se calcula en unos 7.500 millones de euros. 
Respecto de su preocupación, quiero decirle que, a semejanza del período anterior, la Comisión no tiene la intención de financiar directamente la investigación y la innovación tecnológicas en la esfera de la fusión o de la fisión nuclear mediante los Fondos estructurales. 
La selección de los proyectos que se ejecutan en el marco de esos MCA sigue siendo competencia de las autoridades de gestión de los Estados miembros. 
Por consiguiente, Señoría, aun cuando no constituya una prioridad de la Comunidad, un Estado miembro puede decidir financiar proyectos de investigación e innovación en la esfera nuclear civil, siempre que dichos proyectos contribuyan al desarrollo regional y se informe sistemáticamente de ellos a la Comisión. 
Por lo que se refiere al segundo punto mencionado por su Señoría- las energías renovables -, que, como sabe su Señoría, me interesa y sigue interesándome mucho, el planteamiento de la Comisión figura en el documento sobre los Fondos estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión. 
Según los dispuesto en ellos, se deben fomentar las inversiones en el sector de las energías renovables en la medida en que favorezcan el desarrollo de los recursos locales, en que contribuyan a la reducción de la dependencia de las importaciones de energía y también creen puestos de trabajo en el nivel local. 
Pude comprobarlo, por ejemplo, en una visita que hice a Portugal, hace unos días, a las Azores, en relación con una fuente natural de energía renovable. 
También en la campaña en pro del despegue de las fuentes de energías renovables, lanzada por la Dirección General de Transportes y Energía, se subrayó también la contribución de los Fondos estructurales en pro de una mayor penetración del mercado de las energías renovables. 
Por último, respecto de las grandes redes de energía, las orientaciones establecen también una participación financiera de los Fondos en el desarrollo de las redes de transporte de energía, cuando éstas contribuyen a reducir la dependencia de un proveedor exterior o a luchar contra los efectos del aislamiento. 
Ello es aplicable, en particular, a la región que he mencionado de las Azores, pero también a todas las regiones ultraperiféricas y- he de añadir también- a ciertas regiones montañosas desfavorecidas por su aislamiento, por ejemplo. 
Señor Comisario, entiendo perfectamente su respuesta, pero, por otra parte, la razón de que la haya formulado es que estamos preocupados, precisamente, dado que en el marco del informe sobre el tercer programa-marco de investigación figura un proyecto denominado "International Thermonuclear Experimental Reactor". 
Asciende, en efecto, a varios millares de millones de euros, manifiestamente, y zonas que pueden obtener Fondos estructurales como las correspondientes al objetivo 1 podrían acoger ese tipo de instalación. 
Lo que nos gustaría saber es si la Comisión estaría efectivamente en condiciones de financiar ese tipo de proyecto en el marco de la instalación de ese centro de investigación y tal vez no directamente en el marco concreto de la investigación nuclear. 
Señor Barnier, le ruego que me disculpe, pero no ha respondido del todo a la última parte de mi pregunta sobre las grandes redes de transporte de energía. 
¿Podría dar una respuesta a ese respecto? 
¿Le preocupa a su Señoría saber si se va a financiar con cargo a los Fondos estructurales la instalación de centrales nucleares en algún sitio? 
Estoy esquematizando. 
Podríamos decir que no hay ni que pensar en eso. 
Le he dicho, Señoría, que, conforme al reglamento de los Fondos estructurales, la selección de los proyectos sigue siendo competencia de los Estados miembros. 
Por consiguiente, los servicios de la Comisión no son informados sistemáticamente de todos los proyectos seleccionados. 
No obstante, su Señoría hace bien en preguntarme, es su trabajo y el mío es el de responderle. 
Como ya ha ocurrido en el pasado, los Estados miembros se ven obligados a responder, en la medida en que la Comisión los interroga o les pide precisiones. 
Así, pues, voy a ir un poco más lejos que la confianza habitualmente compartida entre los Estados miembros y la Comisión y voy a ver exactamente de qué se trata, en el caso concreto mencionado por su Señoría. 
El Estado miembro o los Estados miembros interesados deberán entonces responderme y yo transmitiré su respuesta a su Señoría, cuando la reciba. 
Me parecía haber respondido sobre la cuestión de las grandes redes. 
La situación energética es extraordinariamente variable según las regiones de la Unión Europea y la ayuda de los Fondos, en ciertos casos y regiones, podría justificarse, en particular en caso de que la conexión a las redes energéticas básicas esté aún subdesarrollada. 
Ésta es la respuesta que puedo dar sobre esa vinculación entre las grandes redes de transporte de energía y los Fondos estructurales. 
- 
Pregunta nº 46 formulada por (H-0052/00): 
Asunto: Fondos estructurales y adicionalidad A la luz de la atenta respuesta que dio la Comisión en fecha reciente a mi pregunta escrita prioritaria sobre Fondos estructurales y adicionalidad, ¿podría indicar la Comisión si tiene previsto modificar de algún modo las normas relativas a la adicionalidad? 
¿Sería partidaria, en particular, de modificar las normas de tal modo que la adicionalidad no se aplicara únicamente a nivel de los Estados miembros sino también dentro de los mismos, en lo que respecta a las disposiciones presupuestarias entre los Gobiernos centrales y las regiones o países con un estatuto de autonomía interna? 
Quisiera responder al Sr. MacCormick que la Comisión no ha pensado modificar la reglamentación relativa a la adicionalidad, que, para el período 2000-2006, figuraba en el artículo 11 del reglamento general de los Fondos. 
Como en el pasado, se aplica el principio de adicionalidad, según dispone dicha reglamentación, a la relación entre los Fondos estructurales y el conjunto- digo bien: el conjunto- de gastos del Estado miembro en materia de desarrollo. 
A ese respecto, conviene subrayar que los gastos financiados por los Fondos estructurales son los que deben ser adicionales. 
No es obligatorio que la cofinanciación aportada por el Estado miembro lo sea, es decir, que se añada a sus gastos. 
Mientras el Estado miembro no reduzca el conjunto de sus gastos propios, se puede considerar, y consideramos, que los Fondos estructurales se suman a los gastos nacionales y, por tanto, se respeta el principio de adicionalidad. 
En cuanto a las disposiciones presupuestarias aplicables en los Estados miembros, entre el gobierno central y las regiones o los países que gocen de una autonomía interna, se determinan en virtud de consideraciones exclusivamente nacionales, por lo que no se ven afectadas por la adicionalidad, en el sentido formulado en los reglamentos. 
Perdóneme que haya dado una respuesta extremadamente jurídica. 
En todo caso, ésa es la forma como, después de la verificación, jurídica y precisamente en función del reglamento de los Fondos estructurales desde Berlín, debemos formular e interpretar el principio de adicionalidad. 
- (EN) Gracias por la clara respuesta, aunque, naturalmente, su contenido me ha decepcionado un poco. 
Nos queda el apartado 1 del artículo 11, que dice que las asignaciones de fondos no pueden sustituir el gasto público u otros gastos estructurales equivalentes de los Estados miembros. 
Muy bien: ésa debe ser la norma inalterable. 
¿Cabe la posibilidad de que el apartado 1 del artículo 11 autorice la práctica siguiente? 
Cuando se aumenta la financiación con cargo a los Fondos estructurales para una región autónoma o un país, el Estado realiza una reducción concomitante de la financiación central para la región, de manera que el paquete total de fondos disponibles se ajusta a una fórmula establecida a nivel nacional con independencia de la cantidad de Fondos estructurales concedidos por la Unión. 
¿Es eso lícito realmente? 
Por desgracia, me falta tiempo para ir hasta el fondo y, si el Sr. MacCormick me autoriza, quisiera decirle, dándole la razón en parte sobre su razonamiento, que completaré mi respuesta por escrito y le expondré de nuevo los fundamentos jurídicos, a la vez sobre el artículo 11 en general y su apartado 1 en particular. 
Conozco la competencia con que su Señoría sigue todas estas cuestiones. 
Conozco también los problemas particulares que se plantean en su circunscripción de Escocia, donde surgen ciertos litigios o discusiones sobre estos asuntos. 
De todas formas, he de recordar, en un plano general, que los gastos de los Fondos estructurales son los que deben ser adicionales, en cualquier caso, de modo que, mientras el Estado miembro no reduzca el conjunto de sus gastos propios, el Fondo estructural se suma a los gastos nacionales y consideramos que se respeta el principio de adicionalidad. 
De todos modos, ahondaré un poco más en la respuesta escrita que le he prometido para exponérselo de forma aún más objetiva y precisa. 
- (EN) Además, es un problema importante también en Gales, país que represento. 
La semana pasada, un asunto de este tipo dio lugar a una votación de no confianza y a la dimisión del Primer Secretario de la Asamblea Nacional de Gales. 
Ya en 1991 y 1992, la Comisión ganó una batalla contra el Reino Unido sobre adicionalidad, que en aquella ocasión estaba relacionada con la financiación de RECHAR. 
Ello dio lugar a la firma de un acuerdo mediante el cual el Gobierno del Reino Unido se comprometía a introducir procedimientos para garantizar que los fondos comunitarios llegan hasta las zonas a las que van destinados y son realmente adicionales. 
Y sin embargo, seguimos teniendo estos problemas en Gales y Escocia. 
¿Podría la Comisión analizar la situación relativa al acuerdo firmado con el Gobierno del Reino Unido? 
Comprendo, Señoría, que el debate del que tenía conocimiento en Escocia se dé también en el País de Gales. 
Voy a verificar lo que su Señoría indica en su observación y, si le parece, al mismo tiempo le daré una respuesta, por escrito, a su pregunta, como he prometido al Sr. MacCormick. 
Voy a esforzarme, señor Presidente, por dar una respuesta breve diciendo a su Señoría que el plan de desarrollo regional presentado por las autoridades españolas el pasado 29 de octubre no me permite conocer a ciencia cierta el reparto de los recursos comunitarios entre las regiones españolas de objetivo 1- puesto de eso se trata en el caso de Andalucía- y, por tanto, los destinados a la región que representa su Señoría. 
Así, pues, quiero decirle que el 14 de diciembre me dirigí, mediante una carta que tengo aquí, al ministro de Economía y Hacienda, Sr. Rato, para pedirle informaciones complementarias sobre el documento presentado, porque no acababa de ver claro al respecto. 
En las próximas semanas la Comisión va a iniciar negociaciones con las autoridades españolas para preparar el marco comunitario de apoyo para el nuevo período 2000-2006 y durante esos encuentros puedo asegurar a su Señoría que la Comisión obtendrá las precisiones necesarias sobre el reparto región por región. 
Así, pues, en el caso de Andalucía, si le parece bien, en cuanto disponga de dicha información por sectores, por regiones, me apresuraré a comunicársela personalmente. 
Señor Comisario, el problema es que, cuando Aznar viene a la Unión Europea a cobrar por cada uno de los andaluces, los cuenta a todos, pero, cuando Aznar va a pagar en servicios a la Junta de Andalucía, por cada uno de los andaluces deja de ver a cuatrocientos mil, y esto es muy grave, porque cuatrocientos mil niños son como todo Estrasburgo o una ciudad mayor que Granada llena de niños que Aznar no ve. 
La cuestión tiene mucha importancia y yo quisiera saber, porque puede hablarse de baby estafa, si el señor Comisario velará por que estos fondos no se sustraigan a los andaluces, por que los fondos que la Unión Europea va a pagar a Andalucía, utilizando el censo como criterio, tengan en cuenta a esos cuatrocientos mil niños que Aznar no cuenta cuando se trata de darles escuelas, servicios. 
Señora diputada, les ruego a todos- no tomen esto como ninguna advertencia- que tratemos temas estrictamente comunitarios. 
Yo sé que son temas muy importantes en España y hay diferentes visiones... 
Le digo al señor Comisario que Aznar es el Presidente del Gobierno español. 
Puede usted contestar la pregunta. 
Señoría, como la he oído y veo que tiene voz, espero que haya sido suficientemente fuerte para que se oiga en Madrid, pero he comprendido perfectamente que lo que su Señoría decía no iba dirigido directamente a mí. 
Le he dado mi respuesta. 
Estoy muy atento a que los Fondos estructurales y, en particular, los del objetivo 1 sean atribuidos allí donde se necesitan. 
Tenemos criterios que se aplican y sabemos aquí, a título indicativo, lo que debería o podría recibir cada una de las regiones de Europa. 
De todos modos- y no es que pretenda cubrirme, pero estoy obligado a hacer referencia siempre al reglamento general- debo examinarlo con las autoridades nacionales y con el gobierno de cada uno de los países. 
Es competencia suya hacer el reparto lo más objetiva y justamente posible. 
De todos modos, necesito saberlo, razón por la cual le he dicho que no podía responder hoy. 
Como no recibí la respuesta, el 14 de diciembre escribí al Ministro de Economía y Hacienda. 
Así, que se acerca el momento en que voy a impacientarme por no haber recibido respuesta, que transmitiré a su Señoría, cuando la reciba. 
Lamento que el señor Comisario se vea envuelto una vez más en una imaginativa, y en este caso apasionada, intervención. 
En España- quiero recordárselo a todos ustedes- no es que estemos en período electoral, es que faltan veinticinco días para las elecciones. 
Es un consuelo para el señor Comisario que dentro de veinticinco días se celebren estas elecciones, con lo que, probablemente, no se le volverán a plantear este tipo de preguntas. 
Sí considero importante decir que Andalucía va a recibir un 50% más en el marco comunitario y que España ostenta también un récord en cuanto a la ejecución de los Fondos estructurales, lo que quiere decir que el reparto se basa estrictamente en los Reglamentos de aplicación y que está descentralizado a través de los planes de desarrollo regional y de los diferentes marcos de apoyo comunitario. 
Por último, quisiera hacerle una pregunta concreta al señor Comisario: ¿considera necesario un cambio en los Reglamentos de aplicación de los Fondos estructurales o considera aceptables los actuales criterios de reparto? 
Este debate me parece apasionante. 
Comprendo perfectamente que hay una dimensión no exclusivamente comunitaria. 
Ahora bien, hay que hacerse a la idea de que en todos los países de la Unión hay elecciones permanentemente. 
Lo que me complace es que, en el fondo, los Fondos estructurales sean objeto de debates en Grecia, en España. 
Antes, hablábamos aquí mismo de debates ciudadanos, de debates públicos. 
Cuanto más se hable de Europa y de lo que hace Europa por la vida cotidiana, siempre que se hable con objetividad, incluso cuando hay ciertas diferencias, mejor. 
No voy a decir mi opinión, Señoría, sobre un posible cambio del reglamento de los Fondos estructurales. 
No hace mucho que fue aceptado- el año pasado- en Berlín. 
Lo pongo en práctica durante los siete próximos años. 
Volveremos a hablar de ello con ocasión del debate sobre el informe de cohesión, que para mí es una cita importante, aquí, con sus Señorías, y ante sus Señorías, para hacer el balance y al mismo tiempo para trazar perspectivas y, al comienzo del año próximo, llegará el momento de hablar de posibles ajustes, posibles modificaciones. 
De momento, permítanme, se lo ruego, aplicar el reglamento que aún no se ha aplicado, ya que data del Consejo de Berlín. 
Esto es lo que puedo decir hoy. 
Pregunta nº 51 formulada por (H-0049/00): 
Asunto: Nuevas instalaciones de la OAMI En la actualidad la Oficina de Armonización del Mercado Interior sigue funcionando en sus mismas instalaciones provisionales a pesar de hacerse inaugurado el nuevo edifico en el mes de junio de 1999. Ante tal insólita situación se pregunta la Comisión: 
¿Cuáles son las razones por las que la OAMI no se haya trasladado todavía a las nuevas instalaciones? 
Su señoría planteó una pregunta sobre este tema en noviembre de 1999 y quisiera remitirme a la respuesta que se le dio en aquella ocasión. 
Por otra parte, a propósito de esta nueva pregunta, he consultado al presidente de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior- es decir, la oficina de Alicante- y en nombre de la misma puedo comunicar a su señoría lo siguiente: 
La Oficina aún no está preparada para alojarse en el nuevo edificio. 
Por desgracia algunos plazos se han incumplido. 
Aún es preciso adoptar una serie de medidas, como la red informática, espacio para archivos, restaurante y mobiliario. 
La OAMI se está encargando de todo esto y espera poder mudarse al nuevo edificio en junio. 
Con ocasión de la pregunta anterior, hablábamos de cuestiones electorales. 
Creo que el tema viene a colación en relación con esta pregunta porque, señor Comisario, usted no se encontraba presente en una fantasmagóricamente llamada "inauguración oficial" de la sede de la OAMI el día 9 de junio, en plena campaña electoral, que en España no solamente se realizaba para las elecciones europeas sino también para las locales y regionales. 
Si usted hubiera estado presente allí, seguro que se hubiera avergonzado. 
Sí estuvieron presentes el Presidente de la Comisión y algunos secretarios. 
En plena campaña electoral, una serie de autoridades, todas ellas del partido en el gobierno, hicieron unas intervenciones marcadamente electoralistas que, además, fueron transmitidas en directo por televisión. 
Particularmente curiosa fue la del presidente de la Comunidad Valenciana, que se dedicó a lanzar incienso sobre la labor del Gobierno español y sobre la suya propia, sin que viniera a cuento. 
Inaugurar en plena campaña electoral un edificio que no estaba terminado, que ocho meses después de la inauguración no ha podido ser ocupado, resulta un gran ridículo para el Gobierno español. 
No me preocupa que el Gobierno español haya hecho el ridículo porque, al fin y al cabo, fue su responsabilidad, pero sí me preocupa que lo haga la Comisión avalando con su presencia esta actuación tan impresentable. 
Por ello le pregunto, señor Comisario: ¿le parece normal que se haya inaugurado un edificio en plena campaña electoral sin estar terminado? 
¿A usted le parece normal que la Comisión avalara con su presencia esa actuación tan impresentable del Gobierno español? 
No entra dentro de mis funciones pronunciarme sobre sucesos de política interna de uno u otro Estado miembro. 
Dios me libre de hacer ningún comentario a la situación que plantea el Sr. Berenguer. 
Debo reconocer que escapa a mi comprensión por qué razón debe realizarse una determinada ceremonia de apertura en España. 
Sólo puedo decir que espero que el edificio se ponga en funcionamiento lo más rápidamente posible. 
Puedo señalar también que confío en estar presente a finales de mayo en Alicante para pronunciar una conferencia. 
Espero que para entonces el edificio esté en funcionamiento. 
Quisiera decirle al Sr. Comisario que no es una pregunta electoral. 
Como miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, hemos seguido el tema de la creación de esa institución y, desde luego, está claro que se inauguró por razones electoralistas. 
En este momento- un año después- todavía no está funcionando, lo cual quiere decir que la Comisión gastó dinero para una inauguración falsa. 
Cabría plantearse en qué medida ese gasto de fondos para una inauguración falsa estaba justificado. 
Una vez más, repito que la Comisión no se ocupa de las motivaciones que hay detrás de las negociaciones en los Estados miembros. 
La Comisión se ocupa de aquello que se anuncia y se realiza con carácter oficial. 
No tenemos intención de involucrarnos en lo que en francés se denomina un procès d ' intention. 
Nos ocupamos de actos y acontecimientos oficiales públicos, y no de los posibles motivos subyacentes. 
Por eso, a este respecto me parece difícil responder a la pregunta del Sr. Medina. 
Vuelvo a repetir, la Comisión no se pregunta por qué razón ha sucedido algo antes o después, ahora bien, la Comisión valora en gran medida que un edificio como el de esta oficina se inaugure y se ponga en funcionamiento lo antes posible. 
Por otra parte, a la Comisión no le interesa especialmente si ha habido verdadera o virtualmente determinados gastos. 
En lo que a mí respecta, todos los gastos son reales. 
Más allá de eso, dejo que el suceso quede en su contexto. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 52 decae. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 53 y 54 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 53 formulada por (H-0057/00): 
Asunto: Excepción sueca en materia de importación de bebidas alcohólicas Suecia tiene una excepción hasta el año 2004 que permite una limitación en la importación de bebidas alcohólicas. 
El gobierno sueco, al igual que una gran parte de la opinión pública, ha expresado el deseo de prolongar esta excepción por razones de salud pública. 
¿Puede la Comisión indicar cuál es su posición respecto a la excepción sueca en materia de importación de bebidas alcohólicas? 
Pregunta nº 54 formulada por (H-0117/00): 
Asunto: Monopolio de alcohol y mercado interior ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para impedir la prolongación del monopolio de alcohol que, al parecer, ha previsto Suecia y las correspondientes limitaciones a la exportación y garantizar así la aplicación de las normas del mercado interior? 
Quisiera contestar a estas dos preguntas de la manera siguiente: Al ingresar en la Unión Europea, Suecia tuvo que atenerse a unas restricciones cuantitativas de las bebidas alcohólicas que los viajeros podían entrar en el país procedentes de otros Estados miembros. 
Esta desviación del principio de libre circulación de personas y mercancías rige hasta el 30 de junio de este año. 
Suecia desea una prórroga de esta medida hasta que transcurran otros cinco años, aduciendo que ello es necesario para proteger la salud pública. 
Mi postura al respecto es clara. 
Suecia ha tenido tiempo suficiente desde su ingreso en la Unión para ajustar su política a una situación en la que no sean necesarias estas restricciones al comercio. 
Por tanto no veo ninguna razón para proponer una prórroga de la medida. 
Los ciudadanos europeos tienen derecho a comprar mercancías para su propio uso, impuestos incluidos, y llevárselos de un Estado miembro a otro sin que esas mercancías se vean sometidas a controles y sin que haya que pagar nuevamente impuestos por ellas. 
Este es un principio básico del mercado interior y las desviaciones del mismo deben constituir excepciones y deben ser restringidas con el tiempo. 
Queremos garantizar que los ciudadanos suecos puedan disfrutar de las ventajas del mercado interior, exactamente igual que o hacen los restantes ciudadanos de la Unión Europea. 
Esto no significa en absoluto que no comparta la preocupación existente en Suecia sobre los posibles problemas de salud que puede causar el abuso de alcohol. 
Un reciente estudio realizado por el profesor Lindgren de la Universidad de Lund ha señalado, no obstante, que la supresión de las restricciones no tiene por qué conducir a un mayor consumo de alcohol en Suecia. 
Me ha sido posible exponer mi postura en dos ocasiones al Sr. Ringholm, ministro sueco de Finanzas. 
La semana pasada también hablé de este asunto con una comisión parlamentaria sueca de finanzas. 
Ahora corresponde al Gobierno sueco tomar las medidas oportunas. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Lamento que haya un error en mi pregunta a la Comisión. 
Allí pone año 2004 pero, evidentemente, debe ser el 1 de julio de 2000. 
Hasta cierto punto entiendo la postura de la Comisión sobre la transitoriedad de las excepciones. 
Es una regla normal. 
De todos modos quisiera formular dos preguntas: ¿piensa usted continuar las conversaciones con el gobierno sueco sobre una prórroga de las excepciones, por ejemplo, tan amplia como las excepciones de Dinamarca y de Finlandia? 
Mi otra pregunta se refiere a la política de bebidas alcohólicas. 
Este asunto puede verse como propio del mercado interior pero, también, como un asunto que concierne a la salud pública en el ámbito comunitario. 
¿Qué papel representa la política de bebidas alcohólicas en el trabajo de la Comisión y qué papel representan los aspectos de salud pública? 
La política de bebidas alcohólicas en toda Europa no sólo es un asunto que concierne al mercado interior sino que también a la salud pública. 
Si se hubiesen tomado en consideración estos aspectos, tal vez las conversaciones con Suecia habrían sido más fáciles. 
Quisiera agradecer al Sr. Andersson por la continuación de su primera pregunta y quiero responder a la pregunta del modo siguiente: 
En primer lugar, Finlandia y Dinamarca tienen medidas de excepción al principio general de libre circulación de mercancías hasta el año 2003. 
Los países preparan la adopción de medidas preparatorias de modo que en el año 2003m estarán preparados para una acceso libre de productos espirituosos. 
En el caso de Suecia la situación es ligeramente distinta. 
En 1995 se decidió un periodo de excepción de cinco años que termina ahora. 
No he oído ningún argumento que justifique que la Comisión debería conceder una prórroga de dicho periodo. 
En segundo lugar, se ha mantenido un diálogo constante con el gobierno sueco. 
Puedo comunicar al Sr. Andersson que iré el 6 de marzo a Estocolmo para hablar con el ministro Ringholm, con miembros del parlamento sueco y, si así lo desean, con el ministro presidente o con otros ministros para seguir hablando sobre este asunto que- soy plenamente consciente de ello- ha despertado en Suecia grandes pasiones. 
En tercer lugar, comprendo perfectamente la importancia de las cuestiones de salud involucradas en el asunto. 
Una vez más reitero la opinión del Sr. Lindgren de la Universidad de Lund de que, con independencia de las restricciones a la importación, el consumo de alcohol en Suecia no experimentará cambios. 
La pregunta, naturalmente, es de dónde proceden las cantidades de alcohol no introducidas por los viajeros. 
La respuesta es que el alcohol, o bien es de contrabando o lo fabrican los propios habitantes y, como bien sabe el Sr. Andersson, este es un procedimiento sumamente peligroso e insalubre. 
Ahora bien, el Sr. Andersson parece pensar que la salud pública mejorará si se limita la importación de alcohol. 
Pero en tal caso, no sólo Suecia, sino todos los países de la Unión Europea deberían aplicar el principio de que se prohiban todas las ventas de alcohol. 
El Sr. Andersson conocerá sin duda lo que en su momento se denominó la prohibición. 
Todo esto quiere decir que, por supuesto, hay que proteger la salud, pero no prohibiendo el alcohol, por que no sirve de nada. 
Señor Presidente, el tema de fondo son, en realidad, los ingresos del monopolio sueco sobre el alcohol y si el Gobierno sueco declara que los necesita para cubrir costes sanitarios, ello ya prueba que existe una distorsión de la competencia, pues otros países tienen que financiar sus costes sanitarios con sus propios recursos, sin contar para ello con un monopolio sobre el alcohol. 
Yo quisiera preguntarle si está al corriente de los estudios que indican que el consumo de alcohol de mejor calidad, como por ejemplo vino de Franconia o cerveza bávara, podría ser incluso beneficioso para la salud, de modo que hasta podría contribuir a descargar el presupuesto sueco. 
Creo haber entendido que el Sr. Posselt ha empezado a referirse a los aspectos fiscales de este asunto. 
Tengo entendido que la elevada imposición de los productos del alcohol en Suecia se remonta al año 1638 y que desde entonces el Estado recauda una gran parte de sus ingresos fiscales procedentes de la venta de productos del alcohol. 
Como ya es sabido, actualmente en Suecia hay un monopolio estatal, lo cual una vez más está en contradicción con la legislación de la Unión. 
Ahora bien, en lo que respecta a los efectos saludables del alcohol- porque creo que el Sr. Posselt se refería a eso- estoy totalmente de acuerdo con él: pienso que una botella de buen vino puede ser extraordinariamente buena para la salud y, sobre todo, puede ser sumamente agradable como costumbre social. 
Quizá uno de estos días el Sr. Posselt, el Sr. Andersson y yo personalmente podamos encontrarnos en el bar del Parlamento para tomarnos juntos un trago. 
Señor Presidente, he escuchado con interés la respuesta del Comisario sobre la necesidad de aplicar las normas del mercado único. 
Me pregunto si puede decirnos si considera que su respuesta es compatible con la negativa de la Comisión a llevar al Gobierno francés ante el Tribunal de Justicia por la aplicación por parte de Francia de su Loi et Vin, que impide de hecho el cumplimiento de las normas del mercado único en lo que se refiere a la venta de productos alcohólicos en Francia. 
¿Podemos esperar ahora de la Comisión Europea que adopte medidas contra la República Francesa ante el Tribunal de Justicia? 
Quisiera responder muy brevemente a la pregunta de su Señoría, ya que la Comisión está estudiando este asunto en estos momentos. 
La Comisión debe tomar una decisión respecto a si el caso está cerrado o si debe remitirlo al Tribunal de Justicia. 
Mi respuesta es quizá poco satisfactoria en estos momentos, pero quisiera asegurar a su Señoría que la Comisión tomará esa decisión en cuestión de semanas. 
Pido su comprensión por este pequeño retraso en la decisión de la Comisión. 
Señor Comisario, ¿tiene usted alguna razón, por motivos de salud pública, para hacer una diferencia en los tipos impositivos que se aplican, por ejemplo, sobre el whisky escocés o el vino burdeos francés o incluso sobre la cerveza bávara de mi colega? 
¿Cabe prever la aplicación de una base equivalente para las bebidas alcohólicas en el sistema tributario de Europa? 
La cuestión de los impuestos sobre consumos específicos, a la que hace referencia su Señoría, es una prerrogativa del Estado miembro en cuestión. 
La Comisión no dispone de instrumentos para aplicar un aumento o una reducción de los impuestos especiales sobre los productos alcohólicos ni sobre ningún otro producto. 
Hacia finales de este año, la Comisión presentará un informe sobre las diferencias que existen entre los Estados miembros en materia de impuestos sobre consumos específicos. 
El informe desencadenará sin duda un debate con el Parlamento y con el Consejo sobre la situación actual, que refleja la existencia de grandes diferencias entre los Estados miembros en lo que se refiere a los tipos impositivos especiales. 
Por ejemplo, en Francia- y creo que es a lo que se refería su Señoría- el vino está exento de impuestos especiales, mientras que en el Reino Unido no lo está. 
Esto produce una distorsión del mercado interior, que da lugar al contrabando de vino francés en el Reino Unido. 
La cuestión es relativa específicamente a la relación que existe entre los impuestos especiales y el grado del alcohol de los productos sujetos a los impuestos sobre consumos específicos. 
La Comisión no tiene medios a su alcance para intervenir en este ámbito. 
En el caso de Suecia, el instrumento de los impuestos sobre consumos específicos se utiliza para frenar el consumo de alcohol. 
Aunque esta práctica da lugar a desigualdades en los impuestos especiales entre Suecia y otros Estados miembros de la Unión- lo que por sí solo incrementa el contrabando transfronterizo de productos alcohólicos -, es un instrumento legítimo para reducir el consumo de alcohol. 
Existe naturalmente elasticidad de la demanda, en este caso, una elasticidad del precio de la demanda. 
No estoy muy seguro de cuál es exactamente, pero no es cero, por consiguiente, tiene que tener repercusiones. 
Mi pregunta habría sido casi idéntica a la que ha formulado el Sr. Purvis, pero me gustaría insistir un poco más en el tema. 
De acuerdo, como usted dice, los impuestos sobre consumos específicos forman parte de las prerrogativas de los Estados miembros. No obstante, el uso de esa prerrogativa de manera que discrimina injustamente contra los productores de una parte de la Comunidad con respecto a los de otras podría infringir el principio del mercado único. 
Por ejemplo, si tomamos el caso en que el Sr. Purvis y yo estábamos pensando, el de las Highlands donde se produce el whisky de malta- una zona muy periférica de Europa que se encuentra en una situación difícil, en la que toda una comunidad agrícola, además de la comunidad de destilerías depende del whisky -, la práctica general de gravar el alcohol contiene el whisky escocés, la ginebra neerlandesa o el aquavit danés con un tipo más alto que el alcohol de la cerveza o el alcohol del vino, me parece que es una discriminación y que hace un uso discriminatorio de algo que, reconozco, forma parte de las prerrogativas de los Estados miembros. 
Permítame asegurar al Sr. MacCormick, entre otras Señorías, que la situación actual, en la que los impuestos sobre consumos específicos difieren entre los Estados miembros, es realmente poco propicia para la buena marcha del mercado interior. 
Aunque esta situación no se limita a los productos alcohólicos. 
Si analizamos la gasolina, por ejemplo, veremos que los impuestos especiales en Alemania son diferentes de aquéllos en Holanda y, por consiguiente, los automovilistas holandeses cruzan la frontera para llenar sus depósitos en Alemania. 
En realidad es una distorsión del mercado interior. 
Si de mí dependiera, agitaría una varita mágica e igualaría los impuestos sobre consumos específicos en toda Europa. 
Con lo cual, desaparecería el contrabando, salvo si los productos son intrínsecamente más caros en un Estado miembro que en otro. 
Pero no tengo ninguna varita mágica y no depende de mí. 
Es un ámbito en el que debe existir unanimidad, como sabe el Sr. MacCormick, y a menos que todos los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre la armonización de los impuestos sobre consumos específicos, nunca se alcanzará. 
Una vez más, hacia finales de este año, la Comisión presentará una informe sobre la situación de los impuestos sobre consumos específicos y, evidentemente, estaré disponible para debatir con el Parlamento sobre dicho informe. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Hoy le haremos caso y procuraremos tomar un vasito- o dos, quizá- de vino de Alsacia, que no sabemos qué imposición tiene, aunque supongo que también tendrá impuestos elevados. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 55 a 114 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.30, se reanuda a las 21.00 horas) 
Política comunitaria en el ámbito del agua (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la recomendación para la segunda lectura sobre la política comunitaria en el ámbito del agua. 
Señor Presidente, la situación de las aguas dulces en Europa no es tan grave como en otras partes del mundo pero, en términos generales, es un hecho constatado que la demanda de agua no ha dejado de crecer y la calidad de disminuir. 
A esto habría que añadir los problemas de contaminación de las aguas que aquejan a los posibles nuevos Estados miembros del Este. 
Por cierto, se acaba de romper una balsa con cianuro en Rumania amenazando acuíferos que abastecen a la población de Yugoslavia. 
Tengo entendido que la Sra. Wallström, a quien agradezco mucho su presencia esta noche, va a hacer una visita a la zona. 
Creo que ningún país, ningún gobierno y, desde luego, ningún miembro de este Parlamento puede dejar de reconocer la necesidad de esta directiva para acabar con la fragmentación actual de la política de aguas y facilitar la puesta en marcha de un programa de medidas específicas para cada cuenca hidrográfica. 
La gestación ha sido difícil y compleja, los intereses en juego múltiples y las opiniones están divididas. 
No me cabe duda de que la ponente en esta legislatura, la Sra. Lienemann, ha dedicado gran esfuerzo y dedicación a conciliar y reconciliar posturas, y lo ha logrado en una importante medida. 
Sin embargo, conocer y valorar justamente todas las situaciones y expectativas es tarea poco menos que imposible. 
Pertenezco a un país cuya mitad sur se asoma al Mediterráneo y en el que la disponibilidad de agua responde históricamente a los caprichos de una climatología voluble y a una difícil conformación del terreno. 
La región mediterránea ha tenido que luchar por su desarrollo tratando de superar esta adversidad siglo a siglo, año a año, día a día hasta hoy mismo. 
Por eso, nos parece esencial la aplicación práctica que hace la directiva de la obligación recogida en el artículo 164 del Tratado relativa a que la legislación comunitaria tenga en cuenta la diversidad de sus regiones. 
Precisamente en aplicación de este principio, la delegación española del Partido Popular Europeo se opondrá a las enmiendas 4- considerando 21 -, 13 y 49- artículo 11, letra d) -, ya que suponen una grave limitación para un área de gestión exclusiva de los Estados miembros como es la regulación de sus recursos hídricos. 
Sería muy difícil que la Comunidad pudiera llegar a determinar las condiciones para su regulación en las diferentes regiones, dados los diferentes equilibrios internos que están siempre en juego y que requieren en todo caso un conocimiento profundo de las distintas zonas e intereses afectados. 
Asimismo, rechazamos las enmiendas que pretenden incorporar el coste íntegro del agua para el año 2010. 
Indudablemente, debemos fijar unos precios del agua que incentiven su uso eficiente pero que, al mismo tiempo, permitan mantener la competitividad de los sectores productivos en las regiones más desfavorecidas y no impidan su legítimo desarrollo. 
Quiero, por último, referirme a las enmiendas relativas a sustancias peligrosas que establecen que hay que llegar a un grado de contaminación cero o cercano a cero. 
Todavía no se ha descubierto el grado de contaminación cero de ninguna actividad humana. 
Señoras y señores, haríamos un mal servicio en general a los objetivos de esta importante directiva si no somos capaces de dotarla de la necesaria flexibilidad y adaptabilidad para garantizar su cumplimiento. 
Espero que, una vez más, este Parlamento vote con sentido de la realidad y respeto al principio de subsidiariedad, buscando un adecuado equilibrio entre los objetivos ambientales y las consideraciones económicas y sociales, los tres elementos esenciales para lograr el desarrollo sostenible que tanto deseamos todos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ésta es una directiva muy importante. 
Su objetivo es mejorar la calidad del agua y la seguridad de los sistemas de distribución. 
Los ciudadanos deben tener el derecho al agua limpia. 
Esto es importante tanto para el medio ambiente, como para la salud pública. 
No hablo tanto en nombre propio, ya que casualmente formo parte del reducido grupo de europeos privilegiados que pueden beber agua directamente en el lago más próximo de la vecindad. 
Debemos esmerarnos para que se ponga en marcha rápidamente la mejora de la calidad del agua. 
Demos empezar a trabajar ya. 
No podemos permitirnos demoras. 
Es importante que el calendario sea ambicioso. 
En mi opinión, no es demasiado ambicioso, si tenemos en cuenta que el objetivo es que para el año 2020 dejemos de verter impurezas en las aguas y aspiramos a que, para esa fecha, se reduzca a cero el índice de vertido de impurezas y de materiales nocivos. 
De lo que se trata es de que hagamos lo que técnicamente sea posible; a más no podemos llegar, pero tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos. 
Quiero llamar la atención sobre un asunto del que ya se ha hablado antes. 
Creo que la Comisión de Medio Ambiente ha puesto límites demasiado rígidos a los trasvases de agua. 
Este problema no afecta solamente a España, sino que también es un problema de Escandinavia, y deseo fervientemente que, en este campo, se haga confianza a las soluciones nacionales en los casos en que éstas sean mejores, ecológica y económicamente, que la directiva ahora propuesta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ¡enhorabuena, señora Lienemann, por este excelente trabajo! 
Estamos rodeados de agua y de aire que compartimos con todos los habitantes del planeta. 
El agua es una condición para la vida humana y cada vez somos más. 
La Sra. Schleicher observó anteriormente que no es factible la existencia de aguas limpias. 
Nada puede ser más erróneo. 
Lo que no es factible es el sucesivo empeoramiento de la calidad de las aguas, el sucesivo empeoramiento de los requisitos para la vida. 
Especialmente poco viable resulta para la agricultura, que es el sector más dependiente de la limpieza de la naturaleza y de los recursos. 
Por este motivo, quiero pedir a los diputados que piensen que las severas exigencias para mantener limpio el medio ambiente implican, a largo plazo, el mayor realismo. 
Señor Presidente, nosotros apoyamos, y yo personalmente, el informe de la Sra. Lienemann y los objetivos que plantea también la directiva que estamos estudiando. 
Sin embrago deberíamos ver unos puntos más. 
Por ejemplo, en mi país, señor Presidente, un problema tremendo lo constituyen las desviaciones de los ríos y las absorciones de las aguas de los pantanos con argumentos que supuestamente aspiran a un mayor desarrollo y con graves peligros para las aguas subterráneas, para delimitar la capa freática y para las aguas superficiales. 
Por esta razón creo que, independientemente de quién decida al final que se hagan dichos trasvases, las condiciones que serán comunes para todos nosotros, deberán ser muy severas. 
Pero en mi opinión, el gran problema, señora Comisaria, es la programación de la restitución de la capa freática y del caudal natural de los ríos y del contenido natural de los pantanos, que debe llevarse a cabo en los 10 años que hemos programado. 
Y creo que trabajos de este tipo deben ser elegibles, para que puedan financiarse, porque, al fin y al cabo, esta restitución puede ser una política de desarrollo excepcional. 
Señor Presidente, tenemos aquí lo que es fundamentalmente una buena medida. 
Establece unas normas viables basadas en los principios de subsidiariedad y en la gestión de las cuencas hidrográficas. 
Su objetivo de garantizar la buena calidad del agua para el consumo humano, para la fauna y la flora, el medio ambiente y para fines económicos es acertado. 
La prevención de la contaminación y el deterioro del agua es sin duda algo bueno, así como la capacidad de gestionar el agua en épocas de sequía y de inundaciones. 
El primero es el trasvase de agua entre las distintas cuencas. 
Es un asunto que afecta a mis colegas de España, Irlanda y del Reino Unido. 
Las enmiendas 4, 49 y 87 no serían aceptables, porque limitarían la capacidad de un país de trasvasar agua de donde abunda hacia otras zonas donde escasea, ya sean zonas áridas o zonas urbanas. 
En segundo lugar, necesitamos objetivos realistas, pero objetivos al fin y al cabo. 
Si analizamos la enmienda 7, por ejemplo, que defiende la total eliminación de todos los contaminantes del agua de procedencia natural, podemos ver que algunos de los objetivos establecidos son poco realistas. 
Asimismo, algunos de los objetivos marcados se aproximan a cero- que es un término que en inglés quiere decir que carece de sentido. 
Debemos analizarlos con mucha atención. 
El concepto de mantener la reducción, según la enmienda 58, es mucho mejor. 
En tercer lugar, quiero referirme al problema al que se enfrenta el whisky escocés. 
El whisky escocés- especialmente el whisky de malta, que es el mejor- exige la extracción de agua que se utiliza en una cantidad considerable y que posteriormente es devuelta a la corriente de agua. 
Parte del agua termina en la botella y es consumida. 
Debemos asegurarnos de que las enmiendas 49 y 87 descartan la excepción de eliminación, de manera que pueda seguir tomándose whisky de "alta calidad", lo que significa que debe utilizarse un buen agua de turba escocesa. 
Es mi tercera petición; que analicemos atentamente estas medidas antes de aprobar esta medida en su totalidad. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, la directiva-marco que hoy examinamos en segunda lectura es como una carta constitucional del agua a escala de la Unión Europea. 
Representa al mismo tiempo un punto de llegada y un punto de partida. 
Es un punto de llegada porque fue preparada por una batería de directivas, pero fragmentarias y dispersas, e imprime una lógica de conjunto y coherencia sistemática a la legislación sobre el agua. 
Es también un punto de partida porque se crea un nuevo marco de referencia en el que entroncará y desembocará la futura legislación europea sobre el agua. 
La directiva-marco pretende, atinadamente, ser ambiciosa y realista, voluntarista y meditada y en gran medida lo consigue. 
Las enmiendas propuestas por la Comisión, gracias al excelente trabajo de la Sra. Lienemann van encaminadas a fortalecer el texto de la directiva y volverla más rigurosa, lo que no quiere decir volverla más rígida pasando por alto las diferencias climáticas y geográficas, evidentes en el territorio europeo. 
La propuesta de la ponente merece globalmente mi apoyo, pero permítanme que exprese una felicitación y dos preocupaciones. 
En primer lugar, una felicitación: considero que la exigencia que figura en la directiva de la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y de que se hagan trasvases de agua entre cuencas sólo cuando se demuestre su absoluta necesidad es un progreso innegable. 
Se trata de un principio saludable y pedagógico, por ejemplo, en la Península Ibérica. 
La primera preocupación se refiere al calendario que figura en la directiva: puede resultar un corsé obstaculizador, aunque represente también, a mi entender, un poderoso imperativo. 
La segunda preocupación es fácil de adivinar: consiste en las dificultades para establecer los costos del agua y fijar sus precios, en particular en cuanto a la incorporación de los costos medioambientales, que provoca recelos, sobre todo entre los agricultores. 
Pagar el precio justo por el agua puede también engendrar injusticias. 
Esta directiva-marco encierra una gran apuesta: la de que en el año 2020 se devuelva a las aguas europeas su estado natural, exento de contaminación y sin substancias peligrosas. 
¿Utopía? 
¿Regreso a la sociedad preindustrial? 
No lo creo. 
Expreso mi voto de confianza y optimismo. 
La reciente catástrofe en el río Danubio viene, como en una pesadilla, a ilustrar que la política y la estrategia a largo plazo de protección ecológica de las aguas, por más costos que entrañe, no es un lujo de ricos, sino un imperativo de la civilización. 
Señor Presidente, para empezar queremos denunciar la crasa hipocresía de aquellos que, mientras se desviven por el medio ambiente y el agua, causan con sus acciones criminales, como los ataques contra Yugoslavia, aparte de miles de muertos y de heridos, desastres ecológicos tremendos en los recursos hidráulicos, haciéndolos no sólo inservibles sino también excepcionalmente nocivos. 
Igualmente, sobre el informe quisiéramos decir que creemos que en cuanto a la recuperación de costes de los servicios de agua, su aplicación no debe llevar, en ningún caso, a la fiscalización adicional de las capas menos favorecidas económicamente o incluso al exterminio de los pequeños y medianos agricultores, a causa del precio prohibitivo del agua de riego. 
También queremos señalar que es necesario financiar obras de infraestructuras para ahorrar agua, especialmente en las regiones con serios problemas para su recogida, como es mi país, y especialmente en las islas, no aumentando el coste, sino aumentando la cantidad, recogiendo principalmente las aguas pluviales; que hoy en día se derrochan, que llegan hasta el mar y erosionan el terreno con todos los problemas que esto ocasiona. 
Con este espíritu apoyamos la enmienda 107 de nuestro colega, el Sr. Marset Campos. 
También se deben explotar mejor las aguas de los ríos con lo referido anteriormente para que se garantice la vida en las regiones que sufren a causa de falta de agua crónica. 
Finalmente, en cuanto a la afirmación del Consejo, que comparte también la Comisión, de que no hacen falta muchas referencias concretas o aclaraciones porque las cubren los ejemplos de la directiva o están incluidas en otros de sus puntos, es deliberada. 
A lo que aspira es a mantener un plan de acción traslúcido que permita finalizar opciones cruciales en beneficio del gran capital durante el primer periodo de aplicación de la directiva. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que la protección de las aguas, tanto subterráneas como de superficie, es precisamente uno de los compromisos más importantes a los que nos enfrentamos. 
Tanto de cara a garantizar la existencia de recursos hidráulicos suficientes como también en gran medida de cara a proteger los recursos hidráulicos de la contaminación para que podamos disponer a partir de ahora de agua potable limpia. 
El agua potable limpia es un derecho de todos nosotros. 
Me gustaría expresar todo mi reconocimiento hacia el trabajo de la Sra. Lienemann en este asunto. 
Ha sido un trabajo enorme y me gustaría expresar mi apoyo a todas las enmiendas de la Sra. Lienemann, todas mejoran la posición común. 
Sin embargo, sólo voy a destacar las más importantes. 
En primer lugar, me parece importante que dejemos establecido ciertos objetivos claros con respecto al estado de las aguas para dentro de un período de diez años. 
También me parece importante presionar a los países miembros a fin de que elaboren los necesarios programas de trabajo más rápidamente de lo que se planteaba en la posición común. 
Y por último, quiero decir que me parecen correctas las medidas de endurecimiento con respecto a los regímenes de pago y la fijación de precios, de modo que como consumidores tengamos un incentivo para emplear los recursos hidráulicos eficazmente y al mismo tiempo un régimen que promueva alcanzar los objetivos medioambientales, sobre los que creo que existe un consenso generalizado. 
También creo que el plazo hasta el año 2010 es un plazo adecuado. 
Por último, quiero insistir en la importancia de que iniciemos el abandono de los vertidos, las emisiones y las fugas de sustancias peligrosas, en que podemos hacerlo gradualmente, pero en que tenemos que fijar al mismo tiempo un objetivo final, que se llama 2020, donde es de esperar que hayamos reducido éstos a 0. 
Si no es posible su aprobación como objetivo, naturalmente estoy preparado para respaldar la enmienda que pretende que lleguemos lo más cerca de 0 en el año 2020. 
Creo que la propuesta de la Sra. Lienemann es una buena base desde la que continuar en un futuro las negociaciones con el Consejo. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por su meritorio trabajo en la elaboración de esta importante directiva. 
La segunda lectura de la directiva sobre el ámbito del agua coincide con un momento fructífero: debemos sacar partido positivo de las estremecedoras noticias sobre la catástrofe ecológica ocurrida en Rumanía, tanto en el debate de hoy, como a un nivel más general cuando reflexionemos sobre la dimensión ecológica de la ampliación de la Unión. 
Lo primero que hay que hacer es encontrar a los culpables y exigirles responsabilidades. 
El vertido a los ríos de cianuro y de metales pesados es un ejemplo escalofriante de hasta qué punto las actitudes negligentes hacia el medio ambiente pueden arruinar el entorno por décadas. 
Este suceso demuestra que las normas medioambientales y el pensamiento ecológico de algunos de los países aspirantes a la adhesión están todavía a años luz del nivel de la UE. 
Sería bueno que la Unión reconsiderase la reasignación de los fondos de los proyectos medioambientales para que apoyen mejor el desarrollo sostenible de la política en el ámbito del agua. 
En lo que respecta a esta propuesta de directiva, es preocupante que las enmiendas consideradas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no hayan tomado en cuenta suficientemente la importancia que tiene la pureza de las aguas de superficie para incrementar los espacios naturales con venas de agua subterránea limpia. 
En Finlandia las aguas de superficie son muy limpias. 
La producción artificial de aguas subterráneas es una fórmula ecológica de filtrar agua limpia de superficie para completar las reservas de aguas subterráneas. 
Este proceso se lleva a cabo sin necesidad de depuradoras químicas. 
La directiva no debe poner en peligro esta actividad. 
En discrepancia con la posición común del Consejo, la Comisión de Medio Ambiente también intenta limitar aún más las posibilidades de realizar trasvases de agua. 
Esto sería problemático para los países cuyas reservas de agua están repartidas heterogéneamente. 
Los trasvases que sean ecológicamente sostenibles no deben ser limitados por las normas comunitarias. 
Las actividades en este sentido deberán seguir siendo controladas mediante normas y contar con la debida autorización, pero las mismas disposiciones no son aplicables, por ejemplo, a Finlandia y a un país que sufre sequías como Grecia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el agua es un bien natural inestimable, indispensable para algunas funciones vitales, y es nuestro deber protegerla. 
Considero que es imprescindible una directiva marco sobre la política de aguas en la Unión Europea, que sea el instrumento jurídico básico para mejorar la calidad y para la correcta administración de los recursos hidráulicos, y doy mi enhorabuena a la ponente por el esfuerzo realizado por solucionar este espinoso tema y por conciliar todas las opiniones. 
Pero debo mencionar que hay diferencias en la cuestión del agua entre los países del norte y los del sur, por eso no puede darse la misma solución. 
Hay regiones de Europa con una falta estructural de agua y esto debe tenerlo en cuenta la presente directiva. 
En los últimos años, a causa de los cambios climáticos, los países de la cuenca del Mediterráneo se están enfrentando a graves problemas por las inundaciones o por la sequía. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo con la posición común; pero también aceptamos bastantes enmiendas que se han presentado cuyo objetivo es mejorarla. 
Pero no podemos aceptar enmiendas como las que se refieren al tema del cálculo del coste del agua porque en mi país, un gran número de los usuarios son agricultores. 
Además las enmiendas que no permiten transportar el agua de una cuenca fluvial a otra, condenarían a muchas regiones de mi país a la falta de agua. 
Creo que el tema de la eliminación de las sustancias peligrosas debe plantearse con una base realista para lograr resolverlo. 
En cuanto al tiempo necesario para aplicar la directiva, debe tenerse en cuenta que hay países donde la infraestructura, para aplicar la presente directiva, exige tiempo y recursos significativos. 
Señor Presidente, creo que a pesar de hacer estas observaciones, se mantiene el objetivo común de un uso sostenible de los recursos hidráulicos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las medidas previstas en la presente directiva abarcan desde la elaboración de planes de gestión del agua, unos amplios derechos de información y de consulta, y una mayor cooperación entre los Estados miembros, hasta la lucha contra la contaminación del agua por sustancias nocivas particulares. 
Sabiendo los años que lleva esta Cámara intentando conseguir una directiva marco de estas características, yo me congratulo de que hoy hallamos llegado a este punto y quisiera felicitar a la Sra. Lienemann, que ha tenido la fortuna de poder presentar hoy este informe. 
Sin embargo, también me parece sumamente importante constatar un aspecto que muchos consideran, de hecho, evidente. 
Aun así yo quisiera resaltarlo. La directiva no ofrece ninguna base jurídica, bajo ninguna forma, para desviar agua del territorio de un Estado miembro contra su voluntad. 
Con objeto de confirmar una vez más este punto, he presentado una enmienda- con un gran apoyo del PPE, que yo agradezco- y sería una gran satisfacción para mí que ésta obtuviese el voto afirmativo de la Asamblea mañana. 
Su finalidad es dejar claro que el agua- tal como ya se ha resaltado repetidamente hoy- no es una mercancía corriente, sino un bien que pertenece a la población del correspondiente Estado miembro de la Unión y que debe recibir una protección y un trato que tengan en cuenta este hecho. 
Ya sé, y la oradora que me ha precedido lo ha destacado, que algunos Estados de la Unión Europea tienen problemas con el agua. 
Yo creo que todos nosotros tenemos posibilidades de gestionar mejor el agua en nuestros países y de promover un uso menos contaminante del agua. 
Ningún país puede estar exento de este esfuerzo. 
Sólo cuando cada país haya realizado el máximo esfuerzo para conservar sus recursos de agua, cuando en el propio país se haya hecho realmente cuanto se podía hacer, sólo entonces podremos contemplar, a mi parecer, un aprovechamiento solidario del agua, si fuese necesario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, debiera ser motivo de alegría que ya estuviera sobre la mesa la segunda lectura de esta directiva. 
Sin embargo, he de decir que no me alegro demasiado porque creo que es una directiva que no tiene gran calidad, que va a plantear muchos problemas de aplicación y que tiene muchas deficiencias. 
En primer lugar, creo que es una directiva excesivamente dura y simplista, reduccionista. 
No se han cumplido muchas veces otras directivas que ya existían respecto al agua y los gobiernos y la Comisión en muchas ocasiones no han impuesto disciplina como deberían haberlo hecho, aunque sé que no es agradable. 
No es cuestión de disponer de una normativa mucho más dura porque los problemas en muchos casos son de gestión, de asumir las competencias que uno tiene y no trasladar al Legislativo los grandes problemas que tiene el sistema de las aguas, cuya complicación todos conocemos. 
Se ha hecho una directiva reduccionista; no se pueden meter en un mismo saco países que tienen ríos navegables junto con otros que tienen falta de agua, cuya tierra se abre con grandes grietas por carecer de ella y que están a 55º o 60º al sol. 
Digo esto porque la pelota no tiene que estar en nuestro tejado, la pelota está en manos de los gobiernos y de la Comisión. 
Del mismo modo, estos destrozos y tragedias que están produciéndose, como la de Rumania, no son un problema del Legislativo, sino del Ejecutivo y de los gobiernos. 
Además, no es una directiva solidaria porque se ha olvidado de los grandes espacios, de la diversidad climática, de las zonas desérticas, de las zonas áridas. 
Así ha sido redactada la posición común. 
En el ámbito de los trasvases ocurre lo mismo. 
Hablar de trasvases es hablar de distribución de riqueza, de solidaridad entre los pueblos y entre los territorios, porque la Tierra desgraciadamente no es perfecta y unas zonas tienen menos y otras más. 
Por último, critico enormemente que la directiva no vaya acompañada de un estudio de impacto. 
Es muy fácil para nosotros exigir a los demás que evalúen el impacto pero, en cuestiones de medio ambiente, debiéramos exigírnoslo a nosotros mismos, ver cuánta gente, cuántos agricultores se podrían arruinar pagando los costes. 
Se ha hecho algún estudio que ni siquiera se ha leído, y creo que debiéramos establecer como buena práctica política la realización de estudios de impacto; de lo contrario, haremos doctrina. 
Señor Presidente, a través de la consolidación de las directivas actuales, esta directiva marco establece el principio básico de una política de aguas sostenible en la Unión Europea. 
Es un marco para la protección y la gestión de nuestras aguas- de superficie, subterráneas, de trasvase y costeras- a través del establecimiento de zonas de cuencas hidrográficas a nivel nacional y, naturalmente, en el caso de Irlanda, a nivel transfronterizo. 
Irlanda está decididamente a favor de la posición común y de muchas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. 
Un plazo de 25 años para la legislación, por ejemplo, difícilmente puede ser aceptable. 
No tenemos ningún inconveniente con el principio de "quien contamina paga" en relación con la recuperación de los costes por el consumo de agua en los ámbitos industrial, comercial y agrícola. 
No obstante, creo firmemente que puesto que el agua es vida y el acceso a agua limpia es un derecho humano fundamental, esta directiva debe hacer posible la provisión gratuita de agua para el consumo doméstico, una cuota por vivienda para beber, cocinar y para la higiene. 
Ni que decir tiene que debemos pagar por el derroche y por el consumo con fines de lujo a nivel doméstico, con lo que podría equilibrarse la recuperación de los costes. 
La introducción de contadores de agua es contemplada con gran desconfianza en Irlanda, donde desde 1977 no hemos tenido recibos del agua para el consumo doméstico y, por tanto, tampoco contadores. 
Los contadores podrían ser vistos como una herramienta muy importante en la gestión del agua a través de las nuevas zonas de cuencas hidrográficas para contribuir a la eliminación de las aguas residuales y para la planificación adecuada de las necesidades futuras. 
El objetivo de esta directiva es fomentar un uso sostenible del agua en la UE. 
El agua es un recurso natural escaso y precioso. 
En el mejor de los casos, me gustaría que la enmienda 45 fuera rechazada mañana, de manera que la posición común sobre el artículo 9 se mantenga en lo que se refiere a la tarificación del agua. 
De este modo sería posible la subsidiariedad sobre la base de una política de tarificación del agua, en la que cada Estado miembro trazaría su propio plan, siempre que los principios de esta directiva sobre incentivos para un uso sostenible y eficiente del agua estén plenamente protegidos. 
Si no se rechaza la enmienda 45, deberé recurrir mañana a una enmienda oral que garantice que los Estados miembros pueden garantizar las excepciones a las disposiciones de este artículo con el fin de permitir un nivel básico de provisión de agua para el consumo doméstico, antes de las contribuciones para la recuperación de los costes de la provisión de agua. 
Toda legislación debe poder cumplirse y estar basada en el principio general de aceptación política. 
Creo que ese acceso gratuito a agua potable limpia es un derecho humano fundamental tanto en el mundo desarrollado, como en el mundo en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a estas alturas del debate voy a insistir en algunos aspectos que, desde el punto de vista agronómico y procediendo de un país del sur, encuentro sumamente transcendentales en esta directiva. 
Por ejemplo, los temas de los costes y los trasvases. 
En lo que se refiere a los costes, me gustaría que se especificara de qué costes estamos hablando. 
¿Estamos hablando de la distribución y procedencia de los recursos? 
¿Estamos hablando de las calidades de las redes de distribución? 
¿Estamos hablando de la naturaleza de las obras necesarias para su servicio? 
¿O estamos hablando de las grandes obras hidráulicas y pantanos? 
Hacer repercutir en el sector agrario el total de estos costes sería una barbaridad. 
En cuanto a los trasvases, estos se definen como las transferencias de agua superficiales entre los distintos ámbitos territoriales. 
¿Sabe la Sra. Comisaria que en nuestro país tenemos un sistema de trasvases de los más antiguos de Europa? 
Ya existían en épocas muy antiguas: en tiempo de los romanos ya los había pero más pequeños. 
Uno de los trasvases más importantes- el trasvase Tajo-Segura -, que lleva funcionando muchos años, casi 30 años, tiene una concesión de 658 hm3/año. 
La mayor cantidad transferida en un año ha sido de 453 y la media de transferencia en 20 años se sitúa en doscientos y pico. 
No se nos puede acusar de mala gestión. 
¿Y sabe la Comisaria que de estos 263 hm3 se han destinado 25 a riego en la margen izquierda de Levante, 30 a abastecimientos en la zona del Júcar, 7 a abastecimientos en la zona sur del Júcar y el resto, en el Segura, a abastecimientos y regadíos a partes iguales? 
No estamos gestionando mal nosotros tampoco. 
No se nos puede prohibir hacer trasvases cuando de ello depende nuestra economía y el desarrollo de nuestras zonas. 
No abordo el tema de la calidad y de las mejores técnicas disponibles, porque creo que volveremos a negociar esta directiva. 
Pero mire usted: en esta Europa plural, que vamos construyendo en solidaridad, hay que buscar soluciones plurales, no soluciones únicas. 
Por eso, apelo al sentido común de la Comisión, del Consejo y de esta Asamblea para que, a la hora de votar, no uniformen los distintos países europeos en temas donde la subsidiariedad debe imponerse. 
Señora Comisaria: Andalucía no es Laponia. 
Quisiera escuchar la opinión de la Comisaria sobre la enmienda 45. 
Puede que se me haya escapado cuando dio a conocer la lista. 
. (EN) Acepto la enmienda. 
Muchas gracias, señora Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Instrumento financiero para el medio ambiente (Life) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0014/2000) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el instrumento financiero para el medio ambiente (Life) (Ponente: Sra. Lienemann). 
. (FR) Señor Presidente, ya tuvimos la oportunidad de examinar ese informe en primera lectura, y en comisión creí entender que existía un amplio consenso en el seno de esta asamblea. 
LIFE es la única línea presupuestaria de intervención directa en materia de medio ambiente incluida en el presupuesto comunitario, y hace falta reconocer que no está a la altura de nuestras ambiciones ya que desde hace varios años los montos que le están asignados permanecen congelados: a pesar de la ampliación que tuvo lugar cuando renovamos el primer programa LIFE para pasar al segundo, los créditos fueron mantenidos tal cual. 
Y resulta que cada vez más, las regiones, los diferentes operadores, las empresas y las asociaciones presentan proyectos LIFE tanto para LIFE-NATURALEZA como para LIFE-MEDIO AMBIENTE; que esos proyectos son de muy buena calidad, ya que tras haber sido sometidos a la consideración del conjunto de comités competentes, todos coinciden en opinar que merecerían el apoyo de la Unión Europea, y sin embargo no podemos financiarlos por falta de asignaciones presupuestarias. 
Debemos recordar además que la tasa de consumo de los créditos de ese presupuesto es excepcional dentro del presupuesto comunitario. 
Es por consiguiente evidente que se trata de una herramienta muy bien adaptada a las políticas que queremos desarrollar. 
Insistiré en particular en el ámbito de LIFE-Naturaleza. 
Sabemos que una serie de directivas relativas a "Hábitats" y "Aves migratorias" se topan con dificultades de aplicación en la Unión Europea: con LIFE-NATURALEZA, deberíamos estar en capacidad de apoyar políticas que demuestren la factibilidad, la legitimidad y la capacidad de cumplimiento de los objetivos planteados por esas directivas. 
Y estamos perdiendo esa legitimidad debido a la falta de créditos, dejando que se difunda la idea de que nuestras directivas europeas no son razonables ni aplicables. 
Los debates que se celebran hoy se centran en dos grandes temas: en primer lugar la comitología, eterno debate en el seno de nuestra Asamblea, pero nuestro Parlamento quiso implementar políticas que se solventan más bien a través de comités de gestión y de comités consultivos, los cuales proporcionan cierta flexibilidad a la Comisión y limitan la facultad del Consejo de bloquear y hacer prevalecer, diría yo, la filosofía intergubernamental sobre la filosofía comunitaria de la cual somos garantes aquí, en el seno del Parlamento Europeo. 
Pero esos debates sobre comitología surgen con respecto a la mayoría de los programas financieros y de las herramientas financieras de la Unión Europea. 
Me parece- y los contactos que tuvimos tienden a demostrarlo- que es más fácil lograr reconciliar los puntos de vista sobre la comitología que sobre el presupuesto. 
Recuerdo que nuestro Parlamento pide créditos de 850 millones de ecus, lo cual no es nada descomunal en el presupuesto comunitario, y que las propuestas actuales son de 613 millones de ecus. 
En cualquier caso, me parece que la Unión Europea podría hacer un gesto presupuestario significativo a favor del medio ambiente, por lo menos para llevar a su término la aplicación de LIFE. 
Permitidme que concluya hablando del modo de funcionamiento de nuestras instituciones. 
Puesto que si no logramos fijar el marco reglamentario de LIFE, de acuerdo al procedimiento de codecisión, se demorará su ejecución en el año 2000, y es cierto que las ONG y los operadores en el campo están esperando nuestros créditos. 
Quisiera sin embargo recordar que el Consejo se toma mucho tiempo para hacerse una idea y que nos entrega sus propuestas a escasos meses del plazo fatídico. 
Nosotros tenemos que atenernos a los textos: cuatro meses máximo. 
Respetamos los plazos, y luego nos dicen: " ¡Esperad! 
¡Si queréis ser razonables, tenéis que aceptar nuestra posición porque el procedimiento de codecisión no deja mucho tiempo! ". 
Nuestro Parlamento suele protestar contra ese procedimiento, me parece, sin por ello cuestionar a nadie en particular dentro del Consejo, y no quisiera que la Presidencia portuguesa se sienta culpable de esa situación, puesto que en realidad es casi una tradición que el Consejo mantiene a lo largo de los años. 
Pero quisiera insistir en el hecho de que en materia de medio ambiente, la cuestión presupuestaria es fundamental, y que el Parlamento no puede ceder al chantaje que le obligaría a ser el único razonable en ese asunto. 
Espero por lo tanto que nuestros colegas nos apoyarán en la conciliación- pero los votos siempre han sido muy convergentes en ese aspecto- y también que el Consejo y la Comisión sabrán escucharnos, y que daremos un paso el uno hacia el otro. 
Señor Presidente, Señorías, es verdad que discrepamos abiertamente de algunas de las opciones adoptadas por el Consejo y por la Comisión. 
Y a eso tendré oportunidad de referirme más adelante. 
Pero, en honor a la verdad, hay que empezar diciendo que este reglamento es mejor que los relativos a LIFE I y LIFE II. En primer lugar, porque la propuesta básica ha infundido a LIFE más rigor, transparencia y racionalidad. 
En segundo lugar, porque la posición común integra algunos puntos de vista esenciales, defendidos por el Parlamento Europeo en primera lectura, en particular la determinación del fomento del empleo como factor que se debe tener en cuenta en la selección de los proyectos candidatos, así como la determinación de la reducción de las repercusiones globales de los productos desde su producción hasta su reciclaje y eliminación como uno de los objetivos por alcanzar con LIFE Medio Ambiente. 
En tercer lugar, consideramos muy positivo que la posición común haya introducido por primera vez la valorización y la ordenación territorial de las zonas costeras como una de las prioridades de LIFE Medio Ambiente. 
Pero, a pesar de todas esas virtudes, el reglamento de LIFE III falla, señor Presidente, Señorías, en lo que es, evidentemente, más importante para las repercusiones de un instrumento financiero: su presupuesto. 
La Comisión y el Consejo, al persistir en su propuesta de 613 millones de euros como importe de referencia para el período 2000-2004 y al imposibilitar la propuesta del Parlamento Europeo de 850 millones de euros, adoptan una decisión que, a nuestro entender, no se basa en los mismos criterios de racionalidad y justicia que introdujeron, atinadamente, en otras disposiciones de LIFE III. 
Por nuestra parte, la Comisión y el Consejo deben saber que no abdicamos de dotar a LIFE del presupuesto que merece y que garantice mejor los resultados medioambientales que se pretenden obtener con un instrumento de este tipo, Justificamos esta opción nuestra con cuatro argumentos muy sencillos. 
En primer lugar, LIFE es el único instrumento financiero directo destinado al fomento de la política de medio ambiente en la Unión Europea. 
No existe ningún otro. 
En segundo lugar, LIFE es un instrumento que ha dado buenos resultados, ha permitido el desarrollo de métodos y técnicas innovadoras y tiene una excelente tasa de ejecución. 
En tercer lugar, el presupuesto de LIFE ha disminuido en términos reales y no ha seguido la enorme dinámica y creatividad de la demanda. 
En cuarto lugar, el Parlamento, dado el mérito que atribuye a LIFE, ha inscrito en su presupuesto anual dotaciones cada vez mayores para este programa, por lo que la aprobación de la propuesta defendida por el Consejo y la Comisión significaría una inversión inaceptable de esa tendencia. 
Pero nuestra preocupación no radica sólo en la cuestión presupuestaria. 
Las enmiendas sobre el clima y la política del agua se refieren a materias que preocupan mucho a los ciudadanos europeos y que han merecido una atención muy grande por parte de esta Asamblea. 
Por eso, para nosotros es determinante la aprobación de nuestras enmiendas núms. 
5 y 6, encaminadas a asignar la gestión sostenible de las aguas subterráneas y de superficie, así como la reducción de los gases con efecto de invernadero, como objetivos por alcanzar con LIFE Medio Ambiente. 
Unas últimas palabras para felicitar a la Sra. Lienemann por su informe y aprovechar la oportunidad para decirle que votaremos a favor de sus enmiendas sobre comitología, dado que- pese a que preferimos, como quedó bien patente en la Comisión de Medio Ambiente, que el seguimiento de LIFE corriera a cargo de un comité consultivo- no queremos contribuir a la viabilización de la solución propuesta por el Consejo, que es francamente peor. 
Señor Presidente, señora Comisaria, usted está presionando con razón a los Estados miembros que no han transpuesto la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, incluido también mi propio Estado miembro. 
Con razón, porque siguen existiendo pretensiones de ocupar nuestros espacios naturales y es preciso que se proceda de una vez a la creación de las zonas especiales de conservación Natura-2000. 
Sin embargo, cuando esto suceda, habrá una enorme demanda de fondos del programa LIFE-Naturaleza, como es lógico, ya que evidentemente también nos corresponde financiar medidas de conservación en esas zonas de conservación que por fin se habrán delimitado. Se creará una situación en la que ni siquiera nos será posible consolidar los logros ya alcanzados con los programas LIFE I y LIFE II. 
En relación con este tema, quiero dirigirme también al Consejo. Éste es amo y señor justamente en lo que respecta a la decisión de los gastos en el ámbito de la política exterior, que luego tenemos que financiar de algún modo con cargo a nuestro presupuesto. 
Sólo voy a citar como muestra la ayuda para Bosnia: para cubrirla introdujimos recortes en todos los ámbitos imaginables. 
En cambio, ahora, en un contexto en el que está en juego nuestro desarrollo sostenible, el Consejo se niega a incrementar el presupuesto de LIFE en una suma ridícula en comparación con el montante global del presupuesto. 
Esto me resulta del todo incomprensible y quiero instar a todos los colegas a que voten afirmativamente la enmienda de la colega Lienemann que eleva el presupuesto a 850 Millones de euros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero en primer lugar felicitar a la Sra. Lienemann por el informe que ha hecho, y también a la Comisión- por qué no- porque este informe, esta posición, mejora en términos generales los textos vigentes. 
Además, tiene una sistemática más aceptable y es más clara y transparente. 
También quiero felicitar a los servicios de la Comisión, ya que la evaluación, el control y el seguimiento del programa LIFE garantizan razonablemente la selección y ejecución de los proyectos. 
Pero hay aspectos en los que me gustaría insistir. 
En primer lugar, en su continuidad, que, en principio, no pongo en duda. 
Y, en segundo lugar, en su dotación financiera. 
Lamentablemente, sólo el 7,2 % de los proyectos solicitados encuentra financiación. 
De 1.919 millones de euros solicitados sólo se han subvencionado 784 millones de euros. 
Y ahora en la ficha financiera aparecen solamente 613 millones de euros para más países y más competencias. 
El Parlamento ya ha propuesto 850 millones de euros, pero el documento repite la primera propuesta, 613. 
Señora Comisaria, crecen las obligaciones medioambientales en todas las áreas y decrece el único instrumento financiero dedicado exclusivamente al medio ambiente. 
¿No es una contradicción? 
¿No exigimos a los demás lo que no estamos dispuestos a dar? 
¿Por qué se nos llena a todos la boca hablando de medio ambiente y no estamos dispuestos a pagarlo entre todos, sino que queremos que lo paguen y lo mantengan los de siempre, los que viven allí todo el año? 
Señora Comisaria, seamos consecuentes. 
El coste del mantenimiento del medio ambiente, que todos disfrutamos, debe correr a cargo de todos, y el programa LIFE es el único instrumento financiero destinado exclusivamente al medio ambiente y cuyos proyectos han sido en general eficaces. 
Señor Presidente, el programa LIFE es el instrumento por excelencia del que dispone la Comunidad desde 1992 para apoyar y desarrollar la política medioambiental tanto dentro de la Comunidad como en periferias con países terceros. 
Basándonos en la experiencia que hemos adquirido en los últimos ocho años, queremos hacer más efectivas las acciones por el medio ambiente en la tercera fase de desarrollo de este instrumento financiero. 
La financiación de acciones para aplicar, readaptar y desarrollar la política comunitaria en el sector del medio ambiente, y para incorporar el medio ambiente a otras políticas, así como la aportación al desarrollo sostenible, son puntos centrales del reglamento que se somete a votación. 
En la temática LIFE-Naturaleza, que aspira principalmente a la materialización de la red naturaleza 2000, para evitar la división de los biotopos y proteger la biodiversidad, es significativo introducir el enfoque multinacional en la creación de proyectos de trabajos y acciones internacionales. 
En la segunda temática, LIFE-medio ambiente, que concierne sobre todo a labores de exhibición a favor de la industria de las pequeñas y medianas empresas y de los órganos de administración local, se plantea claramente la incorporación del medio ambiente a las demás políticas. 
En cuanto al expediente financiero para la materialización del programa LIFE para los próximos cinco años, estoy completamente a favor del aumento de 613 millones de euros a 850 millones, como propone la ponente, Sra. Lienemann. 
Si no garantizamos los medios imprescindibles para la protección medioambiental, deja de tener sentido, por un lado, reforzar la importancia del medio ambiente que ha tenido lugar en los últimos años, y por otro, la incorporación del aspecto medioambiental a las otras políticas. 
Además, los desafíos mayores alrededor de la Unión, así como la solución de problemas muy agudos en el ámbito de la protección del medio ambiente en los países candidatos, no nos puede dejar indiferentes. 
Señor Presidente, un ejemplo es la contaminación del Danubio y, antes, de su afluente hace unos días. 
Por consiguiente, considero que la ayuda a las acciones por el medio ambiente mediante el instrumento financiero LIFE garantiza el fomento a la política de la Comunidad en el sector del medio ambiente y contribuye significativamente al cumplimiento de la misión de la Comunidad por un nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente. 
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención felicitando a la Sra. Lienemann por la gran sensibilidad demostrada para con el medio ambiente en los dos informes que debatimos esta tarde. 
Lo cierto es que dos minutos no son suficientes para tratar un tema tan importante. 
En consecuencia, dirijo a la señora Comisaria un llamamiento para que se haga cargo de una materia de este calado. 
Desde hace cinco años, soy el responsable de la Comisión de Medio Ambiente en otra institución que, al tener carácter regional, seguramente no tiene una visión tan amplia como la de este Parlamento. 
La situación del medio ambiente es muy, muy grave. 
Como ya han indicado los colegas que han intervenido antes que yo, quisiera detenerme una vez más en el problema económico y en el de la financiación de los proyectos que, en mi opinión, deberían tener carácter público en su conjunto. 
Señora Comisaria, en cuanto a las financiaciones, 613 millones de euros son inadecuados. 
También lo son 850 millones de euros. 
A finales del pasado mes de agosto, participé en una reunión de la Comisión de Medio Ambiente en que incluso se llegó a hablar de 2 millones de euros, es decir, 4.000 millardos de liras, para la eliminación o, al menos, la reducción de los problemas del tabaquismo. 
Sin embargo, el medio ambiente es un problema mucho más grave, mucho más importante que el tabaquismo. 
Le aseguro, señora Comisaria, que 850 millones de euros- siempre que dicha financiación se conceda realmente- en la práctica no son suficientes para llevar adelante ningún tipo de proyecto. 
En muchos territorios, se han construido parques que en el programa LIFE representan un elemento de fundamental importancia. 
Pero se trata de parques construidos con escasos medios financieros, carentes de señalizaciones y, en definitiva, ineficaces e inútiles. 
Por esto invito al Parlamento y a la Comisión a que dediquen una gran atención a este tema. 
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados, las instituciones, desde comienzos de 1999, discuten el reglamento propuesto para la tercera etapa del instrumento financiero para el medio ambiente, LIFE. 
Una vez más quiero agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y a la Sra. Lienemann la buena y constructiva cooperación en esta materia. 
Como resultado de esto, puedo confirmar que la Comisión aprueba, totalmente o en principio, nueve de las catorce enmiendas aprobadas en la comisión. 
La Comisión da especialmente la bienvenida a las enmiendas 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 13, sobre los procedimientos en los comités. 
En estos casos, el Parlamento ha tomado en consideración las objeciones de la Comisión respecto a la posición común. 
En principio, la Comisión también aprueba la enmienda 4 que, con todo, debe incorporarse en otra parte del texto. 
En cuanto a las enmiendas 5 y 6, quiero hacer hincapié en que el proyecto para el uso sostenible de las aguas subterráneas y superficiales y el proyecto para la disminución de la contaminación que contribuye al efecto invernadero están comprendidos, en gran medida, en LIFE. 
Sin embargo, la Comisión opina que, si se señala esto separadamente, se contradice la decisión originaria, es decir, que la propuesta se concentre en algunos sectores preferentes. 
También existe el riesgo de yuxtaposición con otros programas comunitarios, como el quinto programa marco para investigación, desarrollo tecnológico y demostración. 
Las medidas clave de este programa- la calidad de las aguas, las ciudades del mañana y los productos y procesos innovadores- comprenden, hasta cierto punto, el mismo tipo de asuntos. 
En cuanto al tema presupuestario, me complace la confianza demostrada por la comisión. 
En la enmienda 12 se aboga por un mayor presupuesto que el señalado en la postura común. 
Estoy convencida de que LIFE encierra un gran potencial. 
Este instrumento podría financiar buenos proyectos, con cantidades mayores que las fijadas por el presupuesto que se ha propuesto. 
Las sumas que se señalan en la enmienda 12 no están, sin embargo, en concordancia con el plan presupuestario que se fijó basándose en la Agenda 2000. 
Permítanme decir también que si se aumenta el presupuesto, también es obvio que aumentará la carga sobre la Dirección de Medio Ambiente, que deberá manejar una mayor cantidad de proyectos. 
También hay que tener en cuenta otros programas en los que se toman decisiones de acuerdo al procedimiento de codecisión. 
En este momento, la Comisión mantiene las sumas establecidas en la posición común. 
En relación con la enmienda 3, que no aprobamos en la primera lectura, quiero hacer hincapié en que cada programa tiene sus objetivos, su financiamiento y sus formalidades para presentar solicitudes. 
Por eso resulta vano, y a menudo imposible, traspasar directamente proyectos de LIFE a otros instrumentos. 
Si se tuvieran que estudiar otras formas de financiación para todos los proyectos, se necesitarían, además, mayores recursos que con los que se cuenta actualmente. 
Ahora que la Comisión debe estudiar minuciosamente los recursos que se necesitan para cada actividad, nos encontramos ante un ejemplo de tarea no centralizada, que requiere mayores recursos y que hay que evitar. 
La Comisión tampoco puede dar su aprobación a la enmienda 14, que se opone al derecho a la iniciativa de la Comisión. 
En cuanto a la discusión sobre la fecha de inicio de LIFE, quiero decir que la fecha que se fijó en la postura común, el 31 de marzo de 2000, tiene que ser aplazada. 
Se fijará una nueva fecha tan pronto como se apruebe este reglamento. 
Finalmente quiero reiterar que estoy convencida de que LIFE será un instrumento poderoso para dar apoyo al desarrollo y a la ejecución de la política medioambiental comunitaria. 
El Parlamento ha contribuido, en gran medida, a mejorar este instrumento. 
Estoy convencida de que ustedes comparten mi anhelo de que se apruebe el reglamento cuanto antes, especialmente pensando en la gran expectación existente en los Estados miembros y en otros países, especialmente en los países candidatos, a los cuales ahora se les da la posibilidad de participar en LIFE. 
Muchas gracias, señora Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Modernización de la protección social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0033/2000) , del Sr. Andersson, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión: Una estrategia concertada para modernizar la protección social (COM (1999) 347- C5-0253/1999- 1999/2182 (COS) ). 
. 
(SV) Señor Presidente, la protección social es un asunto importante. 
Esto es una consecuencia obvia de la cooperación en el ámbito comunitario. 
La base es la cooperación monetaria, que después ha sido seguida por una cooperación macroeconómica y en asuntos relacionados con la política de empleo. 
Ahora es obvio continuar con el sistema de protección social. 
La estabilidad económica sirve de base para el crecimiento y puede dar origen a un aumento del empleo. 
También posibilita desarrollar el estado del bienestar. 
Sin embargo, también se puede producir la situación contraria: una política de protección social bien desarrollada puede contribuir a aumentar el empleo y el crecimiento. 
La seguridad social es, en otras palabras, un factor productivo. 
Hay diferencias en el ámbito comunitario en materia de protección social. 
Muchas de ellas tienen antecedentes históricos. 
Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una serie de retos comunes. 
Por ejemplo, el desarrollo demográfico, en el que no sólo aumenta el número de ancianos sino que también disminuye la natalidad. 
El mercado laboral también cambia. 
Las mujeres se incorporan, cada vez más, al mercado laboral. 
Otro reto es el desarrollo tecnológico. 
Tenemos que hacer frente a estos retos mancomunadamente. 
La comunicación de la Comisión propone un aumento del intercambio de experiencias, la formación de un grupo de alto nivel y la realización del benchmarking. 
Además, el informe sobre protección social se publica anualmente y se examina junto con el informe sobre el empleo. 
Esto es provechoso, pero no basta. 
Proponemos un procedimiento como el del Proceso de Luxemburgo. 
Se necesitan directrices e indicadores claros, al mismo tiempo que los Estados miembros deben crear métodos en los planes de acción nacionales. 
Creamos un modelo común, pero mantenemos el principio de la subsidiariedad. 
La convergencia social es un proceso que se va a desarrollar durante largo tiempo. 
Por eso, hay que involucrar al Parlamento en este trabajo, no haciéndolo formar parte del grupo de alto nivel, sino permitiendo que representantes del Parlamento sigan el trabajo del grupo de alto nivel y presenten propuestas relacionadas con el desarrollo del proceso. 
La propuesta de la Comisión, igual que la cooperación en materias de empleo, se fundamenta en cuatro pilares. 
Estos son: hacer que los sistemas favorezcan el empleo, hacer el sistema de pensiones sostenible a largo plazo, fomentar la integración social y garantizar una sanidad de alta calidad y sostenible. 
En nuestro informe hemos destacado especialmente la importancia de la lucha contra la pobreza en el ámbito de la UE y de encontrar indicadores, tan pronto como sea posible, de modo que avancemos en esta materia. 
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no tiene un pilar. 
Aquí se aplica el mainstreamer. 
Por esta razón, los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades deben encontrarse en los cuatro pilares. 
Así lo hemos hecho. 
Proponemos muchas cosas, por ejemplo, pasar a un sistema de protección social individualizado, que las permisos por natalidad posibiliten a los padres conseguir beneficios en el sistema social, mejores posibilidades para coordinar la vida familiar y laboral y que las pensiones por jubilación garanticen niveles de vida dignos. 
Estas propuestas benefician especialmente a las mujeres. 
Paralelamente a esta estrategia europea de convergencia social, se necesita un plan concreto para el trabajo legislativo en el campo social y propuestas de acuerdos marco, con calendarios prefijados, en el ámbito del diálogo social. 
Esperamos que la Comisión presente esto en su propuesta de programa de acción social. 
La convergencia social también es necesaria para la ampliación, por una parte, para fortalecer el modelo social y, por otra, para prevenir los riesgos de dumping social. 
La Comisión debe considerar, en relación con la ampliación, la presentación de un plan de acción especial en materias de política social. 
Las discusiones en la comisión han sido constructivas. 
Había muchas enmiendas, pero logramos ponernos de acuerdo en torno a un informe. 
Las enmiendas que se van a votar en el Pleno son ahora solamente quince. 
Esto significa que ha habido gran unidad de criterios. 
Algunas de esas enmiendas provienen de la tramitación en la comisión. 
Ésas las voy a rechazar. 
También rechazaré las enmiendas presentadas por el Grupo TDI, puesto que, en mi opinión, no agregan nada nuevo al informe. 
Creo que es una buena propuesta. 
Es cierto que se parece a la enmienda 1, pero la 14 es mejor. 
Finalmente quiero decir que la UE no sólo es una colaboración de carácter comercial. 
La UE es también una Unión para el empleo y la justicia social. 
La política social tiene un gran papel en la creación de la Europa de los ciudadanos. 
Con este informe, el Parlamento quiere entregar su contribución al fortalecimiento de la dimensión social en la sociedad europea. 
Esperamos que el Consejo y la Comisión tomen en serio esta contribución y la incorporen en la futura política social. 
La Cumbre de Lisboa es una excelente oportunidad para presentar una estrategia de esta naturaleza. 
- (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la cohesión social y la estabilidad de nuestra sociedad requieren imprescindiblemente un sistema de protección social sostenible a largo plazo, que conceda a hombres y mujeres el mismo derecho de cobertura atendiendo a sus circunstancias vitales particulares. 
La interdependencia en los aspectos económicos generales y en materia de política de empleo y de protección social en el marco del mercado interior exige un planteamiento común a escala comunitaria también en este ámbito. 
La igualdad entre hombres y mujeres no se ha alcanzado en la vida laboral ni tampoco en el ámbito de la protección social. 
La tasa de paro femenina es considerablemente superior a la masculina. 
Las mujeres siguen encontrando mayor dificultades para acceder a las profesiones y su participación en el empleo precario y a tiempo parcial es muchísimo más alta. 
El nivel de los salarios femeninos sigue estando por debajo del de los salarios masculinos. 
Esto tiene como consecuencia una menor protección social o incluso la carencia total de la misma, puesto que los sistemas vigentes están basados en el trabajo remunerado. 
Muchas mujeres sólo disfrutan de derechos de protección derivados, lo cual refuerza su dependencia económica. 
Habida cuenta de las transformaciones económicas y sociales, se debe aspirar a establecer una protección social individualizada, que facilite a hombres y mujeres una protección social permanente, independiente de su cónyuge. 
Sin embargo, el trabajo debe seguir siendo rentable una vez deducidas todas las cotizaciones. 
Una reforma de la protección social debe incluir el fomento y el reconocimiento en materia de derechos de protección social de los períodos dedicados al cuidado de los niños o a la asistencia de familiares que precisen ayuda. 
Es alarmante el progresivo incremento del número de mujeres mayores que viven en la pobreza. 
Su dedicación a la familia les impidió cotizar al sistema de seguridad social, pero a pesar de todo es necesario que también ellas tengan garantizada la protección. 
Se debe garantizar el derecho general a disponer de servicios sanitarios de alta calidad, sin tener en cuenta la situación económica personal. 
Los Estados miembros siguen siendo competentes por principio en lo que se refiere a la definición y la financiación de sus sistemas de protección social. 
La cooperación a escala de la UE a través del grupo de expertos, en el cual obviamente tienen que estar debidamente representadas las mujeres, puede contribuir a una aproximación de los sistemas sociales a largo plazo. 
Presidente, quisiera felicitar sinceramente al ponente, el Sr. Andersson, por el informe sobre la modernización de la protección social aquí presentado. 
Como coordinador del Partido Popular Europeo en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales estoy muy satisfecho con el compromiso alcanzado, por el que el Sr. Andersson se ha esforzado mucho. 
Estoy también muy satisfecho de que haya continuado a partir de un informe del Parlamento anterior, cuyo ponente fui yo, y las líneas de este informe son en parte también las líneas del anterior. 
El objetivo de la comunicación de la Comisión de junio de 1999, que es la base del informe Andersson, es profundizar la colaboración entre los Estados miembros y la UE en el ámbito de la protección social. 
Los otros objetivos secundarios son: fomentar el empleo, es decir, garantizar que el trabajo ofrezca unos ingresos fijos; en segundo lugar, conseguir pensiones seguras y sistemas de pensiones viables; en tercer lugar, promover la inclusión social y en cuarto lugar, garantizar una atención sanitaria viable y de alta calidad. 
En todos estos objetivos deberán jugar un papel importante los aspectos relacionados con el sexo. 
Me parece que hemos de felicitar también a la Comisión por esta comunicación, porque estos cuatro puntos son extremadamente importantes para muchos ciudadanos de la Unión Europea, si no son los más importantes que se están debatiendo. 
La comunicación de la Comisión constituye un importante documento estratégico para llevar a cabo la convergencia social europea. 
La política macro-económica, la política de empleo y la política social están interrelacionadas y por ello deberían estar más estrechamente vinculadas entre si. 
La Comisión ha sabido reconocer esta interrelación. 
El objetivo es la creación de una estrategia social integrada que naturalmente está íntimamente ligada a una buena estrategia macro-económica y a una buena estrategia de empleo. 
Estos asuntos no se pueden contemplar por separado. 
Curiosamente, este tema no había formado parte hasta ahora de ninguna estrategia, y por eso la comunicación de la Comisión constituye un hito en cierto sentido. 
Lo que nos parece extraordinariamente positivo es que también el Consejo parezca dispuesto a aceptar este cambio y que quiera presentarlo en Lisboa. 
No deberíamos albergar demasiadas esperanzas. 
Es sólo el principio de un largo proceso, no el final. 
Algunas personas han dicho: ¿no estamos pidiendo y diciendo demasiado poco? 
Pero es importante que se inicie el proceso. 
Se trata de cosas muy importantes, a pesar de que los sistemas de la Unión Europea sean muy distintos. 
Los retos son muy variados. 
Los índices de empleo son diferentes y por ello es muy importante que todo esto se ponga en marcha modestamente pero que se siga con ello. 
De esta forma podemos afrontar los enormes retos. 
Dentro de mi Grupo parlamentario la mayoría opina que habrá que hacerlo así. 
Lo curioso del informe Andersson es que no entra en muchos detalles sobre cómo habría que llevar a cabo todo esto; en ese aspecto no se trata en absoluto de un informe que haga castillos en el aire. 
Es un informe que intenta indicar un camino. 
Sin embargo, hay algunas cuestiones sobre las que me pregunto si no hemos sido demasiado específicos. 
Creo que algunos colegas querrán volver sobre este tema. 
Pero esto no quita que la importancia del informe resida en que se desarrolla una estrategia, y que haya una posibilidad real de que pueda aportar algo constructivo a Lisboa. 
Si esto se adoptara tal cual en Lisboa, me parece que la Cumbre de Lisboa sería un éxito. 
Si no se adopta, entonces la Cumbre no habrá dicho mucho más de lo que ya se ha dicho en el pasado. 
A ese respecto, bien es verdad que este informe es sólo una parte, pero tal vez la parte más importante de la Cumbre de Lisboa, porque es realmente nuevo, cuando muchas otras cosas son sólo un guiso recalentado de cuestiones planteadas en el pasado. 
Por todo ello quiero agradecer al ponente y también a la Comisión este informe. 
Espero que Europa dé un paso hacia adelante en el ámbito de la protección social, respetando la subsidiariedad, porque sin ella no se puede avanzar. 
Señora Comisaria, Señorías, permítanme que dé las gracias a la Comisión, tal como ha hecho mi colega Bartho Pronk, por esta comunicación y que felicite sobre todo también a nuestro ponente por su trabajo en la elaboración de este informe. 
Señora Comisaria, no porque este informe ya no suscite controversia en el Parlamento significa que haya dejado de ser muy importante. 
He vivido otros tiempos en que estos debates sobre la seguridad social eran realmente difíciles en este Parlamento. 
Además, el debate llega en un momento oportuno- el Sr. Pronk lo acaba de decir -, es decir, en el momento en que se está preparando la Cumbre de Lisboa, que tiene que estudiar la cuestión de cómo poner el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social en la agenda de Europa a través de la sociedad de la información. 
Ni que decir tiene que la protección social constituye para mi Grupo parlamentario un elemento importante de esa cohesión social y que por lo tanto tiene que formar parte de la agenda de Lisboa. 
Mi Grupo está satisfecho de que el Consejo de Asuntos Sociales diera luz verde a finales del año pasado a la puesta en marcha de una estrategia de cooperación mejor y que ya se haya encargado a un grupo de alto nivel que presente en junio de 2000 el primer informe al Consejo. 
Pero como Parlamento y sobre todo como Grupo parlamentario socialdemócrata quisiéramos que se dé un paso más en Lisboa. 
Es muy importante que este Parlamento Europeo abogue en este informe de nuestro colega por una estrategia realmente europea de convergencia social, por analogía con la que se puso en marcha, la denominada estrategia de Luxemburgo, en materia de creación de empleo, es decir, con objetivos comunes, con directrices, planes de acción nacionales y evaluación de resultados. 
Somos de la opinión de que este camino es ambicioso, pero alcanzable sin embargo. 
Está claro que la armonización de los sistemas de seguridad social a nivel europeo no es un objetivo alcanzable. 
Los sistemas en el ámbito de la financiación y organización son demasiado diferentes, y esa es también una razón importante por la que la protección social apenas se ha puesto en la agenda europea, y por la que las iniciativas como el decimotercero Estado miembro de Danny Peters o la serpiente social europea apenas se han desarrollado. 
Pero este nuevo camino es muy interesante. 
La estrategia de la creación de empleo ha demostrado que puede funcionar y también la convergencia social es necesaria, ya que nuestros sistemas de seguridad social se enfrentan a los mismos retos y, de otra forma, con la UEM los sistemas de seguridad social corren el peligro de convertirse en un elemento de la competitividad social. 
Pero permítanme aclararles algo en nombre de mi Grupo: las estrategias de convergencia social no deben ser una alternativa de una legislación social. 
Sólo pueden cumplir la función de un complemento muy útil de lo que desarrollamos y de lo que esperamos de la Comisión por lo que respecta a la legislación social. 
También me parece positivo que el Parlamento Europeo intente convencer además al Consejo para concretar la estrategia común ya en Lisboa y empezar a principios de 2001 con un procedimiento anual para la reducción de la pobreza. 
Me alegro de que el Parlamento Europeo apoye esta idea de mi Grupo parlamentario y esperamos, señora Comisaria, que usted la apoye también. 
Como punto final, insistimos en que el Parlamento Europeo, los interlocutores sociales y las ONG sociales puedan participar activamente en este proceso. 
Sólo un amplio apoyo democrático garantizará el éxito de esta estrategia y esperamos contar con su apoyo. 
Señor Presidente, los cuatros objetivos fundamentales a los que los gobiernos de los países de la UE se sumaron en noviembre del año pasado y que se han mencionado aquí antes: velar por que traiga cuenta trabajar y asegurarse un ingreso fijo, garantizar las pensiones y hacer sostenibles los regímenes de jubilación, promover la integración social y garantizar una atención sanitaria sostenible de alta calidad, son cuatro objetivos formulados de forma tan amplia que todos han de poder respaldarlos. 
Y permitir que un grupo de altos funcionarios sea el centro del intercambio de experiencias en materia de coordinación y evaluación del desarrollo en las políticas social y de mercado laboral, sí, todos nos vamos a enterar de lo que vale un peine. 
La Comunicación de la Comisión que hoy debatimos y que introdujo la decisión del Consejo en noviembre explica de forma bien equilibrada cómo podemos tener un debate más cualificado, cómo podemos saber más de los desafíos a los que los países miembros se enfrentarán en materia de política social en los años venideros, donde tendremos poblaciones envejecidas y viviremos los efectos de la ampliación. 
Hoy ya tenemos graves problemas sociales y cuantiosos gastos sociales en los presupuestos públicos, lo que es un problema para muchos países miembros. 
De no poner en marcha reformas, nos arriesgamos a mermar la base económica de la política social, siendo una vez más una economía fuerte y competitiva la base más segura para mantener una buena estabilidad social. 
Luego resulta razonable incluir estos temas en el orden del día. 
En el debate en torno a la coordinación de la política social en la UE, a menudo utilizamos la expresión "convergencia social". 
Como liberales, somos partidarios del concepto de convergencia social cuando se trata de establecer en la UE amplios objetivos comunes que los países tratan de alcanzar mediante la política social nacional. 
No se trata entonces de armonizar, sino de tener objetivos comunes. 
Es un hecho comprobado que los países comunitarios tienen formas diferentes de organizar su política social. 
Tenemos tradiciones diferentes, hay diferencias en la cultura y a pesar de los muchos puntos de semejanza, existen también grandes diferencias en el carácter de los problemas sociales y en su dimensión de un país a otro. 
De ahí la importancia de subrayar que la política social es una cuestión nacional. 
La política nacional está sometida naturalmente a una serie de marcos comunes que rigen los derechos mínimos sociales fijados por los tratados, las consideraciones a la hora de garantizar la libre circulación de los trabajadores sin que pierdan sus derechos laborales, coordinar las economías y facilitar la cooperación económica. 
Debe existir coordinación y colaboración. 
No obstante, la convergencia debe estar en los objetivos y no en los medios. 
También me gustaría dar las gracias al ponente, Sr. Andersson, por su informe, por el constructivo esfuerzo que ha realizado buscando conciliar diferentes posturas y garantizar el respaldo a su informe. 
Respaldo el informe, sin embargo, hay puntos que no acaban de gustarme del todo. 
No estoy de acuerdo con la exigencia de que la Comisión intervenga ante lo que se denomina competencia desleal entre sistemas fiscales y sociales si tal intervención se usa para poner diques a nuevas ideas, al desarrollo y la optimización de nuestros sistemas sociales o se emplea para impedir la reducción de la presión fiscal demasiado alta que se aplica en muchos países comunitarios. 
Me muestro escéptico ante la detallada regulación que podría ser el resultado de que la Comisión vaya a mostrar su opinión sobre el alcance y calidad del cuidado infantil y de ancianos y escéptico ante el valor de un umbral de pobreza común. 
La coordinación de la política social y del diálogo es positiva, sin embargo, no debemos medir a todos con el mismo rasero, debe haber lugar para la diversidad en lo que a soluciones se refiere. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, con respecto a la estrategia aquí presentada sobre la modernización de la seguridad social, quisiera hacer hincapié en algunos puntos, algunos positivos y otros más cuestionables. 
Me parece positivo que haya habido un movimiento lento pero seguro que ha desembocado en este informe. 
Creo que es bueno y me parece útil. 
También me parecen positivas las grandes líneas de la comunicación, es decir, el enfoque estratégico. 
Por lo tanto esperamos que se alcancen los cuatro objetivos, a mi juicio razonables, aquí recogidos. 
También queremos hacer hincapié en la importancia del cómo se abordan, por una parte, al igual que en la estrategia de Luxemburgo, por medio de directrices, pero también pensamos que es importante que se redacten directivas, ya lo ha dicho la Sra. Van Lancker anteriormente, por ejemplo en relación con el trabajo atípico, trabajadores autónomos sin personal, etcétera. 
No obstante, prevemos dos problemas para los cuales habrá que buscar una solución. 
El primero es que estamos presenciando adaptaciones de la seguridad social en sentido decreciente, cuando esperábamos que hubiera convergencia al mismo nivel. 
Permítanme que ponga algunos ejemplos de un estudio que hicieron los sindicatos neerlandeses recientemente sobre las reformas de la seguridad social en la Unión Europea. 
Del mismo se desprende que hay adaptaciones por doquier. 
Pero muchas de estas, incluso la gran mayoría, son adaptaciones a la baja, y las demás son mejoras. 
La mayoría de estas adaptaciones están enfocadas a las pensiones, y consisten en once limitaciones y dos mejoras. 
En el caso de los subsidios de desempleo vemos seis limitaciones y cinco mejoras. 
Los motivos de estas adaptaciones son, por ejemplo, la creación de empleo, la reducción de los gastos de la seguridad social, pero también la política de la competencia y los criterios de la UEM. 
Esa política de competencia la encontramos sobre todo en los países nórdicos. 
La mayor estabilidad e incluso una mejora de la seguridad social las encontramos en los países del sur. 
Y globalmente no vemos nada más que un papel limitado para los interlocutores sociales en todo este proceso. 
Esto nos entristece y significa que la estrategia de convergencia deberá estar enfocada a los mejores planteamientos. 
El cappuccino, por así decirlo, no siempre nos sienta bien. 
Señor Presidente, vengo del mismo país y de la misma región que el ponente Andersson. 
En mi circunscripción hay un profundo escepticismo por los intentos de control y gobierno por parte de la Comisión. 
Si los electores del Sr. Andersson supiesen que él propone que se coordine la política social en toda Europa, la armonización fiscal y que se incorpore el sistema de estado del bienestar en el proceso de la UEM, protestarían a viva voz. Estoy seguro de que la mayoría de ellos votaría por otro partido la próxima vez. 
Es verdad que el informe de Andersson contiene algunas propuestas concretas buenas, a las que yo doy mi total respaldo. 
Lo que critico es la perspectiva de conjunto de la protección social, que caracteriza tanto la comunicación de la Comisión como el informe del Sr. Andersson. 
Parece que creen que la Comisión es el motor, el centro, la impulsora del proceso y los cambios en Europa. 
Así como el Sr. Prodi en la mañana se describía como una persona que soporta todas las responsabilidades del mundo sobre sus hombros, también encontramos aquí, en los asuntos sociales, esta perspectiva de ver las cosas desde arriba. 
Se habla de convergencia y armonización desde esta perspectiva. Se intenta hacernos creer que la integración social puede ser un proceso paneuropeo común. 
La realidad es muy diferente. 
Una Europa integrada socialmente es una utopía lejana, que ni siquiera una Comisión todopoderosa podrá realizar. 
Se han dado grandes pasos hacia la integración económica. 
Se está creando una integración política. 
Pero la integración social es un proceso de otra naturaleza, que presupone una comunidad cultural y comunicación directa entre las personas. 
La idea de la Europa social es un producto de escritorio, muy lejos del mundo real. 
La política social es, en general, un proceso nacional. 
En mi país, hemos aprendido que una gran parte de la protección social debe crearse localmente, en el marco de los ayuntamientos. 
La descentralización y la cercanía son importantes para que la sanidad, la escuela y los servicios sociales tengan calidad. 
Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de casi toda la producción de servicios de bienestar. 
La democracia, en ese nivel, es el marco para la protección social. 
Ahora que hay coordinación económica, creo que también se necesita un mayor grado de coordinación de la política social en el ámbito europeo. 
Una estrategia europea de coordinación tiene que fundamentarse en iniciativas locales, en la diversidad. 
Tiene que respetar el principio de la cercanía y tener arraigo democrático. 
Pertenezco a un partido que alguna vez creyó en gobiernos centralizados, planes quinquenales y profundas exigencias de convergencia. 
Nos equivocamos y la historia nos ha obligado a la autocrítica, a volver a pensar y a cambiar nuestro concepto de democracia. 
No creo que la responsabilidad principal recaiga en Prodi y su Comisión. 
Estoy convencido de que tiene que ser asumida por las personas directamente afectadas por los problemas sociales. 
Presidente, yo también quisiera felicitar a la Comisión y al ponente. 
A la Comisión porque ha dado un nuevo paso de convergencia hacia la seguridad social y al ponente por el buen informe que ha redactado. 
La política de la Unión Europea abarca, aparte de una política económica y de empleo, también una política social. Hasta ahora se quedaba limitada tanto en el concepto como en los medios. 
Pero por la influencia de la libre circulación de los trabajadores, del mercado interior y del euro se están integrando también los mercados laborales. 
Esto tiene sin duda consecuencias para la protección social, que está vinculada en gran medida al empleo. 
Los trabajadores transfronterizos, los trabajadores desplazados, los trabajadores emigrantes, pero también los que buscan un empleo, los que hacen prácticas y los estudiantes se ven limitados en el ejercicio de su derecho de libre circulación por culpa de la falta de coordinación y de la falta de convergencia en el ámbito de la protección social. 
Por cierto, el mismo fenómeno se produce en el ámbito fiscal. 
Para combatir tanto las distorsiones de la competencia como para evitar el dumping, la Comisión ha desarrollado, a mi modo de ver, un planteamiento equilibrado que está a mitad de camino entre la armonización por un lado y la no-intervención por el otro. 
Por una parte se hace uso de normas impositivas y vinculantes en materia de igualdad salarial o para pensiones complementarias, y por otra parte se usan programas para ofrecer estímulos en relación con la no discriminación o la exclusión social. 
Basándose en una serie de recomendaciones, informes y comunicaciones, la Comisión ha dado un paso más hacia la convergencia, sobre todo porque por una parte ha marcado unos objetivos y por otra parte ha puesto en marcha un grupo de funcionarios de alto nivel. 
El Consejo ya ha adoptado ambas propuestas y se trata por lo tanto de que se apoye este planteamiento para poder evaluar más adelante, con conocimiento de causa, si hay que modificar y en qué medida la protección social en la Unión Europea. Porque la ampliación, la globalización, el envejecimiento, la individualización y los cambios en el seno familiar nos fuerzan inevitablemente a una modificación. 
Si se niegan estos cambios estamos renunciando de hecho a la protección social. 
A los euroescépticos y a los nacionalistas les digo que una protección social que abarca exclusivamente el territorio dentro de las fronteras de un Estado miembro no es social y no ofrece ninguna protección. Porque un desmantelamiento de la protección social por motivos de competencia perjudica al mismo tiempo la protección social como factor productivo. 
Y una protección social menor significa menos poder adquisitivo, menos trabajadores sanos y un menor número de empleados contentos. 
Y a los supereuropeos les digo que una protección social europea no es alcanzable ni tampoco deseable. 
Las diferencias entre los Estados miembros son demasiado grandes en términos de servicios, de derechos, de ingresos o gastos etc. Por lo tanto, una convergencia total es imposible. 
El camino que la Comisión está recorriendo ahora es el que más lógico resulta. 
Tiene la ventaja de ser claro, de poder recopilar datos, de poder intercambiar experiencias para después ponerse de acuerdo sobre los objetivos y redactar unos indicadores comparativos sólidos en este punto y hacer recomendaciones. 
Me sumo a este punto de vista y muestro mi apoyo a la Comisión esperando que en Lisboa se dé de nuevo un paso hacia adelante en esta cuestión. 
Quisiera felicitar al ponente por su espléndida contribución enriquecedora de la iniciativa de la Comisión. 
Contra el escepticismo de algunos, hay consenso en cuanto a la necesidad de una estrategia concertada para modernizar la protección social. 
Los debates celebrados en los decenios de 1980 y 1990 demuestran la importancia de las transferencias sociales. 
Más del 50% de los ciudadanos de la Unión reciben beneficios no derivados de las pensiones. 
Dinamarca y Holanda son ejemplos positivos del esfuerzo de cohesión que todos debemos hacer. 
En estos países, más del 60% de los ciudadanos en riesgo superan la línea de la pobreza, mientras que en los países del Sur sólo entre 7% y 15% de los pobres dejan de serlo. 
Ese hecho engendra desequilibrios sociales y de competencia ya subrayados aquí. 
Los criterios de convergencia han infundido la tentación de reducir el gasto público, fenómeno que induce a un sentimiento antieuropeo. 
En verdad, se observa que elevados niveles de protección social coexisten perfectamente con los mejores indicadores de productividad. 
Ahora bien, también en materia de políticas sociales una estrategia de convergencia, a la que va orientada el informe, redunda en beneficios para el ciudadano y éxito para el Mercado Interior. 
Todos los sistemas afrontan nuevos problemas determinados en el informe. 
La cuestión demográfica es nuclear, pero las nuevas formas de trabajo, la movilidad dentro de la Unión, el acortamiento de la vida activa (los jóvenes llegan hoy más tarde al mercado laboral y se anticipa la jubilación de los 65 años legales a 57/59 reales, por la fuerza de las reestructuraciones industriales) , no son cuestiones menores. 
A ello se suma que la pobreza es un fenómeno persistente, en particular para las mujeres en la jubilación, por culpa de los salarios y contribuciones insuficientes. 
Hay que dar una respuesta urgente a esos imperativos. 
Acogemos con satisfacción la iniciativa de la Presidencia portuguesa: crear un grupo de alto nivel que sea la preparación para la acción legislativa y programática y no ya un aplazamiento o una simple contribución al diagnóstico. 
Necesitamos objetivos comunes en un horizonte temporal realista. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Andersson contiene muchas cosas interesantes. 
Sin embargo, desgraciadamente, lo más interesante es que el informe, que se supone que se ocupa de una estrategia coordinada para la modernización de la protección social, propone, en cambio, una ampliación de la política social tradicional y más injerencia supraestatal en materias sociales. 
La política social tiene que renovarse para que pueda disminuir el desempleo en los Estados miembros. 
Aunque los socialdemócratas, que ahora están al frente de tantos gobiernos, hablen mucho menos del desempleo que antes, éste todavía sigue siendo muy alto. Esto, a pesar de la ventajosa coyuntura económica internacional. 
Hay que hacer algo para que el desempleo no transforme el modelo europeo en una parodia. 
La política social tiene que facilitar el empleo, crear estímulos para aumentarlo, tanto para los patronos como para empleados. 
En el informe del Sr. Andersson se exige convergencia social, es decir, que el sistema, cada vez más, se unifique, tanto dentro como a través de la Unión. 
La UE va a aprobar los llamados criterios de convergencia verdaderos, que serán obligatorios y eficaces. 
Andersson también quiere alcanzar una eficaz y ambiciosa coordinación fiscal, es decir, injerencia supraestatal en materia de impuestos. 
También la UE, fundamentándose en una definición de límites de pobreza, presentará recomendaciones sobre los llamados mínimos aceptables de subsistencia en los Estados miembros. 
La UE prepara directrices sobre la calidad de los puestos de trabajo que se creen, sin saberse muy bien lo que esto pueda significar. 
El desempleo no va a disminuir con la ayuda de todas estas reglamentaciones e intervenciones. 
Los problemas estructurales, que hacen que el desempleo sea mayor en Europa que en Estados Unidos, van a aumentar aún más. 
En esta materia no se necesita un superestado. 
Los Estados miembros pueden diseñar sus propios sistemas en temas sociales, cada uno en el marco de sus recursos económicos y preferencias políticas. 
Esto resulta particularmente importante para no crear problemas innecesarios a la hora de la ampliación. 
El Sr. Andersson piensa que hay que recordar a los países pobres del Este que la convergencia social también les concierne. 
Sin embargo, es evidente que esos países, empobrecidos en un sistema económico comunista, no pueden mantener una política social como, por ejemplo, la de Suecia. 
Las reglas mínimas y los límites de pobreza carecen de sentido para los actuales Estados miembros y son inadmisibles para los países candidatos pobres. 
Señor Presidente, al igual que han hecho otros, yo también quisiera felicitar al Sr. Andersson por el informe que ha elaborado. 
Ha realizado una ardua tarea en nombre del Parlamento hasta conseguir un amplio consenso sobre lo que, bajo cualquier concepto, es un tema espinoso, no sólo en este Parlamento, sino prácticamente en todos los Estados miembros. 
También acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión. 
Ha tardado en llegar, pero la espera ha valido la pena. 
Podría marcar un hito en el desarrollo de una Europa social, a condición de que nos lo tomemos en serio y no permitamos que ningún Estado miembro ponga trabas a las medidas que deberán adoptarse para su realización. 
Podemos y debemos tomar el excepcional modelo social europeo que tenemos y reformarlo para adaptarlo al siglo XXI, un siglo en el que la globalización avanza rápidamente. 
Me temo que las propuestas que ha presentado el Sr. Herman Schmid no tratan sobre esta globalización del mundo. 
Para tener éxito, debemos garantizar la integración de nuestra política económica, nuestra política de empleo y nuestra política de protección social en su sentido más amplio, y que abordamos todas ellas de manera global. 
Debemos asegurarnos de que nuestros ministros de ECOFIN y nuestros ministros de Empleo reconocen la necesidad de que los ministros de Asuntos Sociales contribuyan al establecimiento de una sociedad en Europa que sea creativa, que tenga iniciativa y que proporcione una alta calidad de vida a todos nuestros ciudadanos. 
Para nosotros ha dejado de ser una opción. 
Es un imperativo. 
Los ciudadanos europeos no se conformarán con nada por debajo de una calidad de vida que sea apropiada para ellos como seres humanos. 
No queremos el modelo estadounidense; un modelo que ha fracaso estrepitosamente a la hora de crear los puestos de trabajo necesarios para proporcionar una calidad de vida decente. 
Lo que ha hecho es incrementar de forma alarmante el número de trabajadores empobrecidos en los Estados Unidos. 
Eso no es lo que queremos en Europa. 
Tenemos una tradición de solidaridad en Europa y tenemos experiencia en un modo mejor de hacer las cosas. 
Pero para ello deberemos hacer uso de las herramientas necesarias. 
Por consiguiente, quiero animar a todos a que no sólo hagamos realidad el grupo de alto nivel según propone la Comisión, sino que además vayamos más allá y celebremos un proceso al estilo del de Luxemburgo, de manera que adoptemos un enfoque integrado de este asunto de la protección social. 
Señor Presidente, señora Comisaria, éste es uno de los sectores sociales al que la Unión Europea debe prestar mayor atención. 
La verdad es que las políticas macroeconómicas, el pacto de estabilidad y los criterios de convergencia nominal han servido de traba a una modernización de la protección social que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones, en particular mediante un aumento considerable de las pensiones y jubilaciones, sobre todo de las mínimas, y a la lucha contra la exclusión social. 
Esta situación es particularmente grave para países como Portugal, en el que las pensiones y las jubilaciones mínimas poco superan la mitad del salario mínimo nacional, que, a su vez, es el más bajo de toda la Unión Europea. 
Así, mientras la Comisión no reconozca la necesidad de modificar las políticas macroeconómicas para crear más empleo de calidad y con derechos, base fundamental para el mantenimiento y la modernización de un sistema fuerte de protección social pública, abrigamos las mayores dudas sobre su posición. 
Aunque el informe Anderson ha acogido propuestas positivas, incluidas algunas presentadas por nosotros, subsisten partes de las bases que criticamos en la propuesta de la Comisión y las preocupaciones que nos inspira la estrategia de modernización de la protección social. 
Señor Presidente, en mi trayectoria anterior dirigía dos empresas de producción, una en el Reino Unido y otra en los Países Bajos. 
A medida que crecía la empresa del Reino Unido, invertimos en más personal, a medida que crecía la empresa neerlandesa, invertimos en más maquinaria. 
Esta manera de proceder obedecía a la sencilla razón de que los costes sociales en los Países Bajos eran demasiado elevados en comparación. 
Estoy a favor de la protección social, estoy a favor del documento original de la Comisión, pero no quiero que la gente pierda sus puestos de trabajo debido a que los precios de la protección social alcanzan unas cuotas tan altas que se alejan de la realidad. 
Es por lo que en comisión propuse que se realizara algún tipo de evaluación de las repercusiones para la empresa, que permita tener en cuenta los costes y los riesgos que éstos suponen para los puestos de trabajo. 
El Grupo PPE-DE respaldó dicha enmienda, pero debo confirmar que otros grupos, encabezados por el Grupo PSE, bajo la dirección de mi compatriota Stephen Hughes, la rechazaron en la votación. 
Reconozco que el informe del Sr. Andersson está muy bien intencionado, y le respeto por la labor que ha realizado, pero en mi opinión, el modo en que el informe define y fomenta la convergencia social haría subir los costes sociales en toda la UE. 
Esto haría peligrar más puestos de trabajo y haría peligrar también la credibilidad de esta Asamblea, al demostrar lo lejos que nos encontramos del mundo real. 
Por ello insto a esta Asamblea a que rechace el informe en su totalidad y mantenga sin ninguna enmienda la propuesta original de la Comisión, que está muy bien equilibrada. 
Señor Presidente, no podemos votar a favor de ese informe. 
En efecto, la construcción de la Unión Europea debería hacerse en torno a lo social. 
Los derechos sociales deberían prevalecer sobre las opciones políticas, y no a la inversa. 
Por ello nos oponemos al establecimiento, en materia de protección social, de mecanismos copiados del procedimiento de Luxemburgo que van en contra de esa lógica: grandes orientaciones económicas, luego criterios de convergencia, y por fin lo social, tratado de manera residual. 
La Unión Europea debería afirmar un principio general: los derechos sociales adquiridos en los Estados no se pueden reducir. 
Cualquier intervención comunitaria debería tender a completar y luego armonizar las garantías existentes desde los más altos niveles. 
Para reforzar el financiamiento de los sistemas de protección social, hace falta una política de aumento general de los salarios y la instauración de un salario mínimo interprofesional de crecimiento legal en cada uno de los Estados miembros. 
El derecho a un ingreso y el derecho al empleo son indisociables para luchar contra la pobreza. 
Finalmente, para evitar cualquier comercialización de la salud, la Unión Europea debería pronunciarse claramente en contra de los fondos de pensiones y oponerse a que las compañías de seguros privadas tengan acceso al sistema de salud. 
Para concluir, estoy convencido de que la Europa social no puede contentarse con discursos y deseos piadosos. 
La situación es demasiado trágica para millones de personas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el objetivo de poner a punto una estrategia para modernizar la protección social en la Unión Europea es, sin duda, acertado. 
Como lo fue poner en marcha, con la Cumbre de Luxemburgo, la estrategia europea de convergencia para el empleo y las políticas de trabajo. 
En realidad, el mercado de trabajo y la protección social son dos caras de la misma moneda y requieren necesariamente sincronías de políticas y de regulación. 
Si el mercado de trabajo funciona por los niveles de empleo, flexibilidad y eficacia salarial, no pueden no funcionar el Estado benefactor y la protección social, y viceversa. 
Hasta hace poco, cada uno de los Estados europeos establecía de manera, por así decirlo, autárquica las reglas de funcionamiento y de financiación de ambos mercados. 
Las políticas presupuestarias y de control de cambios determinan el equilibrio interior y exterior. 
Con Maastricht y la moneda única se han limitado fuertemente las políticas presupuestarias y ya no es posible recurrir a la devaluación, a la búsqueda de los márgenes de una competitividad perdida. 
En consecuencia, las diferencias estructurales y coyunturales de los distintos Estados no podrán reequilibrarse mediante el déficit y el tipo de cambio. 
Así las cosas, y a falta de una plena movilidad laboral dentro de la Unión y de una política fiscal redistributiva a escala confederal, el único grado de flexibilidad se deja a los mercados de trabajo y de bienestar, al objeto de obviar tanto los desequilibrios estructurales como los coyunturales, los llamados choques exógenos asimétricos. 
Y aquí está la paradoja. 
La convergencia de la Europa política y monetaria implica ineludiblemente la convergencia de las reglas del juego en el mercado de trabajo y del bienestar, pero al mismo tiempo la moneda única y la falta de movilidad del trabajo, así como de una política fiscal redistributiva nos obligan a la no convergencia en términos salariales y de bienestar, al efecto de compensar los diferentes márgenes de productividad a nivel nacional y regional. 
Estas contradicciones no se superan con la hipocresía y las palabras bonitas como convergencia, benchmarking, modernización, concertación. 
O la Unión Europea se convierte en un verdadero Estado federal con un verdadero presupuesto redistributivo, una verdadera movilidad laboral y, por lo tanto, sólo en ese momento, con reglas comunes de trabajo y de bienestar, o será mejor no ilusionar ni ilusionarnos con imposibles vías de convergencia que suenan bien, pero que, de hecho, hacen daño sobre todo a los más débiles. 
Y será conveniente que todos seamos conscientes de ello. 
Señor Presidente, a diferencia de algunos de mis colegas que han intervenido en el debate de hoy, yo me inclino más bien a votar afirmativamente el Informe Andersson, entre otras cosas porque percibo unas diferencias muy claras con respecto a las comunicaciones de la Comisión. 
En particular, me parece que el informe- y quiero felicitar por ello al ponente- defiende el planteamiento solidario del modelo social europeo. 
Quiero resaltar su clara toma de posición contra el dumping social, así como el derecho a una protección social básica, el objetivo de la convergencia social y, en particular, la enumeración de objetivos muy concretos a favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres, que deben guiar la política social. 
Yo también aprecio las deficiencias que supone la ausencia de una crítica debidamente consecuente de la política macroeconómica de la Unión Europea, que actúa en contra de esta renovación solidaria del modelo social europeo, pero aun así mi valoración del informe es en conjunto positiva. 
Señor Presidente, tomo la palabra para referirme, reafirmándola, a la necesidad de la modernización de la protección social como un instrumento mucho más que como otro paso en la construcción de Europa. 
Así se pone de manifiesto en el informe- que me parece excelente- del Sr. Andersson. 
Europa, la Unión Europea, aunque sea muy fuerte en lo económico y en lo político, se nos quedaría coja, débil y limitada, quizá corta, si no somos capaces de hacerla fuerte en lo social. Esto último supone, a mi entender, posibilidades de empleo para quienes lo demandan, pero también una acción decidida en favor de los socialmente más débiles. 
Considerando que toda persona tiene derecho a la protección social y a un ingreso social mínimo garantizado, pienso que no ha de olvidarse una situación: la de quienes no han nacido en la Unión Europea. 
No se olvide que en 1999 han sido 717.000 los que han venido a compensar nuestra baja tasa de natalidad. 
Por ello, en el orden social, es absolutamente necesaria una política de inmigración con conciencia social, como recientemente declaraba en España el Presidente Gutierres. 
Es preciso tener muy en cuenta la situación de quienes, ante cambios económicos, fusiones, absorciones, nuevas tecnologías, etc., ven amenazadas o debilitadas sus posibilidades de trabajo. 
Se impone aquí una política de formación habilitadora y preparadora para nuevos empleos, para afirmar el que ya se disfruta o para tener una segunda oportunidad, porque a veces, confirmando el título de la película, el cartero llama dos veces. 
Creo, modestamente, que es responsabilidad de todos los Gobiernos europeos, nacionales y regionales, hacer que llame en más de una ocasión. 
A mí me parece, señora Comisaria, que es la Comisión quien tiene la responsabilidad de impulsar y de coordinar estas posibilidades. 
Señor Presidente, quisiera dar mi enhorabuena al Sr. Andersson por la espléndida labor que ha realizado, esta es la razón por la que hay un acuerdo más amplio, y quisiera agradecer a sus Señorías su aportación. 
Querría hacer algunas observaciones a cuanto se ha dicho. 
En primer lugar quiero subrayar que el debate entre las instituciones europeas sobre temas de protección social empezó hace ya años, y en 1995 hubo una comunicación titulada: "El futuro de la protección social", hubo comunicaciones del Parlamento Europeo, de la Sra. Weiler y del Sr. Pronk. 
Hoy tenemos la comunicación del Sr. Andersson. 
Creo que hemos hecho avances significativos, puesto que ya hablamos de la modernización de la protección social. 
El segundo punto es que deberemos tomar en cuenta la base jurídica con la que puede funcionar la Comisión Europea. 
Ustedes saben muy bien que por el Tratado no hay base jurídica para las políticas a nivel europeo, pero tenemos el acuerdo que expresó el último Consejo, hay un acuerdo para emprender acciones de coordinación y de intercambio de experiencias, intercambio de programas realizados con éxito entre los Estados miembros. 
La tercera observación es que, en los cuatro temas en los que se centra la comunicación en concreto, que conciernen al trabajo asalariado, a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, a la inserción social y, finalmente a la calidad en la salud, hay una confrontación horizontal del tema de las mujeres, porque en cada una de estas categorías- como han referido las Sras. diputadas- hay problemas especiales que afectan a las mujeres, y estos problemas deberán solucionarse en muchos casos con políticas especiales. 
El siguiente punto son las acciones que hemos emprendido. 
Como ustedes saben, la Presidencia portuguesa ya ha compuesto un grupo de alto nivel, que va a presentar su primer informe en junio, en la Cumbre. 
La Presidencia portuguesa se centra en dos temas: en los sistemas sostenibles de pensiones y en la inserción social. 
Creo que la propuesta sobre un grupo correspondiente a nivel del Parlamento es muy positiva y podrá contribuir a avanzar un paso más tras la aprobación de este grupo de alto nivel. 
En determinadas observaciones sobre el papel de los sistemas de protección social y sobre su coste, y sobre el papel que estos sistemas desempeñan en la competitividad de los Estados miembros, quisiera hacer observar que lo que intentan combinar las políticas en la Unión Europea es la competitividad y la cohesión social. 
Naturalmente debemos tener en cuenta el tema de la competitividad, y la planificación de la protección social deberá hacerse de tal manera que la protección social sea un factor de la ampliación económica y del empleo. 
Y creo que esto es evidente en el texto de la comunicación. 
Señoras y señores colegas, el objetivo es que el año que viene, tras la decisión unánime del Consejo, avancemos en un primer nivel de coordinación, de intercambio de opiniones, de registro de los problemas sociales, de creación de una base de datos para la mejor coordinación de las políticas. 
Tal como muchos de los Sres. diputados han expresado, creo que hemos dado un primer paso importante. 
Ya en la Conferencia Intergubernamental los temas de política social se afrontan de una forma más amplia, y creo que nos encontramos en una nueva fase, donde la política social va a constituir, en gran medida, una política europea. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Tratado de la OMPI 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A5-0008/2000) de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (1998) 249- C5-0222/1999- 1998/0141 (AVC) ) relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado OMPI sobre derecho de autor y del Tratado OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. 
. 
(SV) Señor Presidente, vamos a tomar una decisión en un asunto importante, un acuerdo internacional, un asunto que puede llegar a tener influencia en el desarrollo del bienestar en muchos países. 
En mi país, Suecia, concierne a uno de los mayores sectores de exportación. Los ramos a que afecta son los de la música y los fonogramas. 
Se trata del derecho de autor de los artistas, para proteger sus creaciones artísticas. 
Se trata del WCT (World Copyright Treaty) y del WPPT (World Perfomance and Phonograms Treaty). 
Sin protección del derecho de autor, se frenan los incentivos económicos y la creatividad. 
Las falsificaciones son big business. 
Se cree que sólo en Europa se pierden ingresos de cuatro mil quinientos millones de euros a causa de las copias piratas. 
El problema afecta a muchos puestos de trabajo en el mundo del espectáculo. 
Este tratado es histórico, ya que la UE es una de las partes que lo ha suscrito. 
Así es, aunque los miembros de la organización son los Estados de la Unión y no la UE. 
Hay una cláusula especial que exige la aprobación del Parlamento en dos casos. 
En relación con este tratado, ambas condiciones están cumplidas. 
Se crea una nueva institución, un organismo que se encargará de seguir el desarrollo del tratado y sus consecuencias. 
Además, este tratado se ocupa de asuntos que se tratan de acuerdo al procedimiento de codecisión. 
Así, el Parlamento tiene que dar su aprobación, ya que afecta a su competencia. 
El futuro dirá si ha sido correcto recortar la competencia de la Comisión en estos asuntos mediante este nuevo organismo parlamentario. 
En cualquier caso, el Parlamento, por el momento, no puede hacer nada al respecto. 
Este tratado complementa la Convención de Berna en materia de obras literarias. 
Se crea una protección jurídica internacional para la difusión, venta, alquiler, reproducción pública y suministro. 
Además, se crea una protección para los programas de ordenador y bases de datos. 
El problema se produce en torno al concepto de "autor". 
No está definido. 
Otro asunto que causa algún problema es el relativo al almacenamiento. Tampoco está del todo resuelto. 
Esto es tratado en una cláusula general que carece de definición. 
Si no se hacen especificaciones en estos asuntos, la consecuencia puede ser que se apliquen diversos criterios en los distintos países, sin uniformidad. Esto no sería provechoso. 
También queda por resolver el asunto de la conciliación. 
El Parlamento no puede cambiar estas cosas. 
Sólo podemos decir sí o no al tratado, en el estado en que se encuentra. 
Sí o no a un tratado con deficiencias. 
Tanto yo como ponente como la comisión opinamos que hay que decir que sí. 
Aquí hay un tratado que, a pesar de sus deficiencias, implica un paso adelante considerable para el derecho de autor. 
Durante mucho tiempo hemos discutido la competencia del Parlamento y de la UE en temas relacionados con las patentes y los derechos de autor. 
Es mi opinión. 
Sin embargo, no existen todavía normas comunitarias en materia de derecho de patentes y de protección de diseños, pero se necesitan. 
La patente europea está en camino y me parece bien. 
La Unión y los países miembros dan ahora el primer paso en materias relacionadas con el derecho de autor. 
Es provechoso para nosotros, si tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, a pesar de que no estamos completamente satisfechos. 
También podemos ser un buen ejemplo para los países candidatos. 
Nos interesa económicamente que estos asuntos se regulen antes de la ampliación. 
Quiero agradecer a la Comisión sus esfuerzos en este campo y la colaboración con sus funcionarios, que ha sido muy buena. 
Finalmente quiero dar las gracias también al Parlamento por la gentileza de escuchar mis palabras a esta hora de la noche. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente, Sra. Cederschiöld, por la seria labor que ha realizado. 
Ha situado con claridad los problemas que crea la aprobación de los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Su aprobación es, sin duda alguna, un hecho histórico porque la Unión Europea participa por primera vez, siendo parte, en un tratado internacional que regula el ámbito de la propiedad intelectual. 
El camino ha sido muy largo, especialmente por el problema jurídico que sobrevino por la medida en que podía considerarse que la Comunidad tenía competencias plenas en los temas de la propiedad intelectual. 
El problema se ha superado. 
Hoy debemos dar nuestro dictamen conforme, esencialmente, sobre dos tratados: el tratado sobre la propiedad intelectual y el tratado sobre las interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. 
En cuanto al primero, parece que resuelve de una forma eficaz las demandas de los autores de obras artísticas y literarias, creando al mismo tiempo el marco de protección en temas de distribución, alquiler y presentación de sus obras al público. 
En cuanto al segundo tratado sobre las ejecuciones y fonogramas, debemos subrayar que por primera vez están reconocidos por un tratado internacional, que firma también la Comunidad, los derechos exclusivos de intérpretes y artistas para la producción, distribución y alquiler al público, así como el derecho a una retribución justa por radiodifusión. 
En este marco hay que señalar el gran avance que supone el tratado en el tema del derecho de reproducción. Aunque, tal como menciona la Comisión, en los textos de los tratados no hay disposiciones especiales que regulen todos los temas adicionales que surgen con el desarrollo tecnológico, se puede afirmar, no obstante, que en este marco legislativo que se está creando, los intérpretes disfrutan de una protección más amplia que la que derivaba del Tratado de Roma o incluso de las directivas comunitarias. 
La interpretación del artículo 7 del Tratado nos lleva a la conclusión de que la aplicación de la protección frente a la reproducción no significa únicamente protección frente a la reproducción de las propias interpretaciones o de las ejecuciones de las mismas que están incorporadas a fonogramas, sino también, protección frente a la copia, parcial o total, permanente o efímera, así como protección de todo tipo de producción. 
Sin embargo, sería conveniente referirnos a algunos puntos que deberán ser el epicentro de los futuros trabajos de la OMPI o de otras conferencias diplomáticas. 
Se trata primero del derecho de distribución tal como lo refiere el artículo 8, primer apartado. 
La posibilidad que se da a los Estados, desde el siguiente apartado del mismo artículo, de regular el ejercicio del derecho mencionado anteriormente, es peligrosa y constituye uno de los puntos más negativos del Tratado, puesto que no hay nada que impida a los Estados miembros aprobar condiciones especiales para ejercer este derecho, algo que va a tener consecuencias negativas para los artistas. 
Sobre el derecho de alquiler, la interpretación del artículo 9 nos lleva a la conclusión de que del derecho exclusivo de alquiler disfrutan sólo los artistas o los intérpretes, siempre y cuando esté previsto en la legislación nacional, y creo que aquí hay una diferencia en relación con el artículo 13. 
Para terminar quiero decir que la ratificación de estos tratados abre horizontes al derecho de propiedad. 
Para el siglo XXI, siglo del conocimiento y de la economía intangible, la propiedad intelectual va a ser una forma primordial de propiedad y, en muchos casos, más importante que la propiedad tradicional. 
Estamos al principio de una época de creación de un nuevo derecho, en que el derecho a explotar la propiedad intelectual se enfrentará con el interés público por su difusión y su explotación por el público en general. 
Señor Presidente, yo también quiero expresar mi agradecimiento a la ponente. 
Creo que ha señalado algunos aspectos importantes, a los que yo también voy a referirme en seguida. 
Sin embargo, para empezar, antes quiero recordar que hoy se debate la concesión del dictamen conforme del Parlamento a los citados Tratados de la OMPI, pero éstos todavía no han entrado en vigor, o sea, que en esta ocasión la decisión del PE tiene un peso. 
La adhesión de la UE responde a su voluntad de asumir todas las competencias internacionales y también internas, pero todavía no está claro cuál será el destino de las competencias que se sustraigan al control nacional. 
Por lo tanto, sólo debería emitirse un dictamen conforme condicionado a la participación y codecisión del PE en todo el desarrollo posterior de las disposiciones de la OMPI, desde el principio hasta el fin. 
Esto no está previsto en el Tratado de Amsterdam. 
¿Cuál es la posición de la Comisión al respecto? 
En el anteproyecto de los Tratados de la OMPI no se precisan algunos aspectos esenciales; así lo señala también la ponente. 
Por citar sólo un ejemplo: el concepto de "autor" no se define en ningún momento en el Tratado. 
Esto abre las puertas a conflictos jurídicos entre las partes contratantes. 
A la vista de ello, yo le pregunto a la Comisión si piensa cerrar los ojos ante este problema. 
¿Se propone imponer a las demás partes contratantes su definición del derecho de autor? 
El planteamiento de la OMPI se apoya, además, en el concepto del derecho individual. Esto plantea problemas, por ejemplo en el caso del pueblo indígena (indigenous people) de los sami, que tienen otra concepción de los derechos, basada en los derechos colectivos. 
Además, también están en juego los intereses públicos. 
Por ejemplo, no queda claro si las bibliotecas públicas estarán autorizadas a mantener en el futuro el préstamo gratuito de libros, vídeos y casetes. 
Esto afecta directamente al derecho a la igualdad de oportunidades de acceso a la formación. 
¿Por qué no dice nada al respecto la Comisión? 
¿Se propone acaso privatizar también la formación? 
Los intereses económicos ocupan un lugar muy destacado en los Tratados, mientras que los intereses públicos reciben, en cambio, muy poca atención. 
Se presenta la imagen del poeta pobre, pero lo que en realidad se persigue es la comercialización sin fisuras de la banda sonora de Titanic. 
Asimismo, tampoco se aclara la relación entre la OMPI y los TRIPS-los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -, a pesar de que algunas partes de ambos Tratados se solapan. 
Alguien podría decir: claro, en el caso de los TRIPS la diferencia está en que se trata de la propiedad intelectual relacionada con el comercio. Pero el Tratado de la OMPI se ocupa sobre todo de los aspectos relevantes para el comercio. 
Por consiguiente: ¿dónde se sitúa la frontera entre ambos Tratados? 
¿Se debería establecer una colaboración entre ambos? 
Y en caso afirmativo, ¿qué forma debería adoptar? 
¿Los Tratados OMPI se deberían utilizar como precedente para situar también los TRIPS bajo la competencia exclusiva de la UE? 
En resumen, aun es preciso clarificar y mejorar bastantes aspectos de la propuesta. 
Yo quedo a la espera de que la Comisión aclare los interrogantes que he planteado, antes de poder anunciar la intención de voto de mi Grupo. 
Señor Presidente, gracias al ponente por este excelente informe que, no obstante, llega a la conclusión de que nuestra adhesión, como Comunidad, a esos dos tratados de la OMPI no debe limitarse a una simple evolución institucional, por más importante que sea: la posibilidad para la Comunidad Europea y la Asamblea de la OMPI de trabajar conjuntamente. 
Esa ratificación se hace también necesaria con respecto a la ampliación de Europa. 
Pero detrás de esa adhesión comunitaria se perfila un objetivo en mi opinión aún demasiado virtual y sin embargo demasiado ofensivo para algunos Estados miembros. 
Se trata de la afirmación de una política cultural europea respecto a la cual espero que nosotros, Parlamento, Comisión y Consejo, estemos de acuerdo. 
Quien se refiere a la política cultural se refiere entre otras cosas a la defensa del papel de la creación, al reconocimiento de los autores y a la producción de una cultura exigente. 
Y más aún hoy, cuando Europa debe dotarse de una nueva política de derechos de autor y afines, urge- lo acaban de subrayar en varias oportunidades- definir y volver a definir lo que es un autor. 
Mantenemos demasiada imprecisión al respecto y de ahora en adelante las nuevas tecnologías nos imponen ese esfuerzo de clarificación. 
Señor Presidente, señor Comisario, la firma de los Tratados de la OMPI significó un considerable paso positivo en el desarrollo global de la sociedad de la información. 
Estos Tratados cristalizan una tradición de derechos de autor de décadas, y constituyen una solución equilibrada y muy bien pensada en cuanto a la reglamentación en materia de derechos de autor y derechos afines. 
Sin embargo, la entrada en vigor de los Tratados y su forma definitiva dependerán tanto de esta recomendación, como de la ejecución que del mismo hagan las partes interesadas. 
El Tratado de la OMPI ya ha entrado en vigor en Estados Unidos con la ayuda del Digital Millenium Corporate Act, medida legislativa que ha contribuido a conservar el delicado equilibrio del Tratado de la OMPI. 
También la Unión Europea debe avanzar en el proceso de adaptación de sus leyes a lo acordado en el Tratado de la OMPI. 
También es preocupante que las posiciones adoptadas por el Parlamento precedente no apoyen el sistema equilibrado del Tratado OMPI. 
El dictamen aprobado en primera lectura de la directiva sobre los derechos de autor se vio muy distorsionado, y el equilibrio, a su vez, se está modificando en una dirección perniciosa para Europa. 
Con las recomendaciones que se han propuesto no se mejora la posición de la cultura en Europa, muy al contrario. 
Las modificaciones propuestas por el Parlamento se limitarían a mejorar las posibilidades de las empresas de comunicación afincadas en los mercados para trasladar sus antiguas cuotas, superiores al 80 por ciento, a un nuevo marco a través de derechos de autor rígidos y dimensionados. 
No me refiero ahora a la recomendación de la Sra. Charlotte Cederschiöld, que en sí es una propuesta estupenda, sino a los derechos de autor tal y como los abordó el Parlamento anterior. 
A modo de observación particular, quiero dar las gracias a la Sra. Cederschiöld por haber aclarado en su documento, entre otras cosas, el concepto de las llamadas copias provisionales. 
En el Tratado de la OMPI no se ha adoptado conscientemente ninguna posición ante las copias provisionales. 
Si estas copias técnicas fueran incluidas en el ámbito de protección, el intercambio de información resultaría muy caro y complicado sin motivo- como acertadamente se constata en esta recomendación. 
Sería como si el cartero tuviera que pagar derechos de autor cuando le lleva un libro a su destinatario. 
Lo verdaderamente beneficioso para la cultura sería que el arte y la información se pudiesen transmitir de forma cómoda y segura, directamente del artista al usuario, al consumidor. 
Este nuevo marco de actuación proporciona, ante todo, enormes posibilidades de crear y transmitir la cultura de una forma nunca antes vista. 
Es esencial que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes implicadas. 
Esto es precisamente lo que este Parlamento ha intentado tomar en consideración en su recomendación. 
Señor Presidente, en el campo de la protección de los derechos de propiedad intelectual la realidad parece ir siempre por delante de las normas. 
La evolución de la economía, la aparición de nuevas modalidades contractuales, las innovaciones tecnológicas son fenómenos que introducen cambios frecuentes y rápidos que deben contemplar los encargados de elaborar las normas. 
En este campo, el proceso de producción normativa es un mecanismo que se mueve lentamente, demasiado lentamente para la rapidez de los cambios de la realidad que se pretende regular. 
Si tal afirmación es cierta en cualquier caso, resulta aún más evidente cuando intervienen organismos multinacionales, supranacionales, como la OMPI, en cuyo seno se han debatido los tratados cuya rectificación se propone. 
Cuando vamos a prestar nuestra conformidad a la ratificación de estos tratados, podemos preguntarnos si responden a las necesidades más actuales en la materia. 
La respuesta difícilmente puede ser positiva. 
No cabe ninguna duda de que estos tratados actualizan las normas en la materia, pero tampoco cabe ninguna duda de que en la actualidad existen muchos problemas que no se resuelven. 
La reciente inclusión en Internet de la Enciclopedia Británica y la aparición de bibliotecas virtuales han puesto de manifiesto que son muchos los problemas que quedan por resolver. 
La solución dada, por ejemplo, por una de las más importantes bibliotecas virtuales- que, por cierto, es la de mi universidad de origen, la Universidad de Alicante -, que consiste en no incluir obras con derechos de autor vigentes, constituye una limitación importante para el desarrollo de este tipo de bibliotecas virtuales. 
Por otra parte, la ratificación en estos momentos de estos tratados va a tener poca relevancia. 
Por un lado, los problemas que vienen a resolver ya están resueltos en buena medida por la Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y afines en la sociedad de la información. 
Por otro, la mayor parte de los Estados ya han adaptado sus legislaciones a los tratados que ahora se ratifican. 
Hay que señalar finalmente que las modificaciones legislativas introducidas en algunos países, como España, han resuelto algunos conflictos pero han generado otros que son habituales cuando se trata de poner precio a derechos y materiales. 
Cuando se trata esta materia tan delicada deben ofrecerse soluciones equilibradas entre los diferentes intereses en juego. 
Sólo así se aceptarán las normas. 
. (NL) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando a la ponente por el trabajo que ha realizado. 
La Comisión tiene la impresión de que ha trabajado de forma rápida y concisa. 
Eso es importante. A la Comisión le corresponde ahora expresar su agradecimiento a la ponente. 
Les comunico inmediatamente la conclusión de la Comisión: estamos de acuerdo con las conclusiones del proyecto de recomendación. 
Esto significa, por lo tanto, que la Comisión está de acuerdo con la ratificación del Parlamento. 
Me gustaría resaltar la importancia de ambos Tratados. 
El Tratado de la OMPI en materia de derechos de autor y el Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas constituyen ambos un avance en la protección internacional del derecho de autor y los derechos afines y por ello supondrán una mejora sustancial de los Tratados de Berna y Roma. 
Sendos Tratados contribuirán a un alto nivel de protección de obras y otras cosas, pero también ofrecen al público el acceso al contenido a través de las redes electrónicas. 
Los dos Tratados permiten explícitamente que la Comunidad se convierta en parte contratante y que desempeñe en la gestión de este ámbito una tarea importante. 
Por consiguiente, es de gran importancia que se aprueben los Tratados porque de ello se desprende que la Comunidad da mucha importancia a los derechos de propiedad intelectual. 
La aprobación lleva también a un mayor reconocimiento internacional del papel de la Unión Europea en el ámbito de los derechos de autor. 
A nivel internacional se apoya fervientemente una entrada en vigor más rápida de los Tratados. 
Ahora han sido ratificados respectivamente por trece y doce Estados miembros de la OMPI, entre ellos los Estados Unidos. 
Esta entrada en vigor depende en gran medida de la Unión Europea, porque hacen falta treinta instrumentos de ratificación para la entrada en vigor de los Tratados, y estos instrumentos que deberán ser firmados por la Unión Europea y los Estados miembros más los países asociados son de gran importancia para alcanzar este número. 
Asimismo, hay muchos países en desarrollo que esperan que la Unión Europea los ratifique rápidamente, ya que esto constituiría una buena señal hacia el mundo entero. 
En este marco, el Parlamento ya desempeñó un papel determinante en los debates sobre el proyecto de directiva en materia de derechos de autor en la sociedad de la información, que condujo a la aprobación del informe Barzanti en febrero de 1999. 
Esta directiva es el contrapeso necesario de la decisión propuesta y contiene en esencia los principios más importantes de los Tratados de la OMPI. 
El Parlamento Europeo debe seguir de nuevo el procedimiento excepcional de dictamen conforme del apartado 3 del artículo 300. 
Esta clara señal hacia el mundo exterior, en forma de esta recomendación, es de gran importancia. 
En otras palabras y a fin de reiterar la conclusión de la Comisión: apoyamos la recomendación y esperamos que tenga mucha repercusión para todo el mundo que esté interesado en la propiedad intelectual. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.55 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, veo por el Acta que dos diputados se refirieron ayer al retraso de los vuelos con destino a Estrasburgo que hubo el lunes. 
Quisiera añadir que el vuelo desde el aeropuerto de Schipol en Amsterdam se retrasó también y al final se anuló. 
Se nos envió por otro vuelo al aeropuerto de Basilea-Mulhouse. 
Se nos dijo que habría un autobús esperándonos a la llegada. 
En realidad, después de nuestra llegada tuvimos que esperar 45 minutos al autobús. 
Acabamos por llegar aquí el lunes a las 8.30 de la noche, y para algunos de nosotros el viaje había durado 12 horas. 
Ese tipo de servicio y las dificultades con que tropezamos para venir un lunes a Estrasburgo son una verdadera pesadilla. 
Si el Gobierno francés insiste en que sigamos reuniéndonos en Estrasburgo, lo menos que podría hacer es, cuando a los pasajeros se les desvía hacia Basilea, que haya autobuses en el aeropuerto a tiempo para recoger a los pasajeros cuyo vuelo se ha desviado; de lo contrario no tiene sentido que nos esforcemos por llegar aquí el lunes con la intención de hacer algo positivo. 
Me gustaría que se hiciera constar en el Acta lo que acabo de decir. 
Señor Presidente, yo tenía previsto volar en el mismo avión y me da vergüenza decir que se trataba de KLM, nuestra compañía aérea nacional. Espero que la próxima vez se haga mejor, también en cuanto a la cooperación con otra compañía aérea. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, en lo tocante al orden del día de hoy sólo quiero llamar la atención sobre algo. 
El lunes acordamos que se aplazase la declaración del Consejo sobre el 50 aniversario de la Convención de Ginebra. 
Sólo quiero aclarar que hoy sólo se trata de los demás puntos de este orden del día y no del 50 aniversario de la Convención de Ginebra. 
Este punto fue aplazado hasta el siguiente período parcial de sesiones de marzo y se ha incluido por error en el orden del día de hoy. 
Señor Swoboda, confirmo lo que usted acaba de afirmar. 
Efectivamente, se trata de un error de imprenta. 
El texto que ha sido distribuido no da fe, ya que se ha tomado la decisión de aplazar el debate. 
Señor Presidente, lo único que quiero decir es que esta mañana, cuando venía, pude observar que dos personas estaban fumando fuera del Hemiciclo. 
Ese olor es verdaderamente molesto. 
¿Podría hacer usted algo a ese respecto? 
Personalmente, no creo que podré hacerlo, sin embargo, usted tiene razón: se debería encontrar una forma rápida de educación también para los que no respetan las prohibiciones que nosotros mismos hemos decidido. 
Por lo que se refiere a los retrasos de los aviones y a los problemas que originan, se podría constituir una pequeña asociación- por cierto, no sé si muy pequeña- formada por todos aquellos que han tenido dificultades para llegar a Estrasburgo con ocasión de este período parcial de sesiones, y esto para determinar cuántos y qué problemas se han encontrado realmente. 
Coherencia de las diferentes políticas de la Unión con la política de desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de sendas declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la coherencia de las diferentes políticas de la Unión con la política de desarrollo. 
Señor Presidente, con mucho gusto me dirijo por primera vez, en nombre de la Presidencia del Consejo, a esta Asamblea reconociendo el muy importante papel que el Parlamento Europeo habrá de desempeñar muy pronto respecto de la necesidad de ahondar en las políticas de desarrollo en el nivel de la Unión Europea y el tema de la declaración que hoy tengo el honor de presentar a sus Señorías es la coherencia de las políticas de la Unión Europea, en materia de desarrollo. 
Dejaré, evidentemente, a la Comisión la tarea de complementar algunas de las observaciones que tendré oportunidad de hacer, comenzando por subrayar la necesidad que todos nosotros sentimos en el nivel de la Unión Europea de compatibilizar el extraordinario desarrollo y progreso que han experimentado muchas de las condiciones de vida, sobre todo con el fuerte impulso tecnológico que en los últimos decenios se ha acentuado y que ha beneficiado a grandes capas de la población mundial en cuanto a bienestar y mejora de las condiciones de vida, con la particularidad de que simultáneamente se han acentuado los desequilibrios profundos entre algunas regiones y algunos espacios geopolíticos del planeta, lo que ha puesto en entredicho la estabilidad del sistema internacional y ha constituido una amenaza para la paz y, por consiguiente, ha impuesto a todos el deber de conciencia de procurar adecuar mejor nuestras políticas a ese objetivo de conseguir mayor estabilidad y mayor equilibrio en los diferentes espacios que constituyen nuestro planeta. 
El resultado de ello es una revalorización de las políticas de desarrollo como respuesta a la globalización en los mercados económicos y financieros. 
Ha habido un acentuado desequilibrio de las condiciones en que funcionan dichos mercados, lo que impone, naturalmente, la necesidad de correcciones importantes que, a su vez, imponen también necesariamente nuevas opciones a las políticas de desarrollo. 
Por eso, estamos en el umbral de un nuevo paradigma de las políticas de desarrollo que exige- quisiera subrayarlo- que nuestra acción incida en cuatro aspectos esenciales: 
En primer lugar, una actuación más concertada entre todos los agentes internacionales en el nivel de los donantes, imponiendo mayor coordinación, más coherencia y mejor articulación entre la ayuda humanitaria y las políticas de desarrollo, el fortalecimiento del sistema multilateral y una mayor atención a la deuda y a los problemas de la financiación y del desarrollo; ahora bien, también en el nivel de los países que hoy son beneficiarios de la ayuda se imponen algunas referencias nuevas, en particular la exigencia de lucha contra la corrupción, democracia y buena administración, como principios fundamentales del desarrollo de sus sistemas políticos y también la necesidad de prestar una atención particular a las políticas propias en el nivel de esos países, centradas en la reducción de la pobreza. 
Un segundo aspecto de ese nuevo paradigma de las políticas de desarrollo tiene que ver con la necesidad de que se tenga una visión más integrada del desarrollo y no una visión reductora de la ayuda para el desarrollo como único elemento de esa política, sino valorizar cada vez más también el papel de otras políticas en las esferas financiera, del comercio y de la inversión, sin lugar a dudas, pero también tiene que ver con la necesidad de que se afronte esa visión integrada del desarrollo en el nivel de las políticas globales y en el de las políticas de los diferentes Estados donantes. 
Un tercer aspecto de ese nuevo paradigma que quisiera subrayar tiene que ver con una política orientada a la prosecución de objetivos. 
A partir de 1995, después de un esfuerzo de concertación entre los principales Estados donantes en el nivel internacional en torno sobre todo a una reflexión importante hecha en el nivel del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE, fue posible establecer algunos objetivos importantes que deben guiar la orientación y la ejecución de las políticas de desarrollo, ya sea a escala de los Estados nacionales o a escala internacional. 
Esos objetivos van encaminados, como es sabido, a reducir la pobreza a la mitad en el año 2015 ya sea por el aumento de la escolaridad obligatoria, por la reducción en gran medida de la mortalidad infantil o mediante un conjunto de intervenciones en el nivel del bienestar social que permita efectivamente alcanzar ese objetivo. 
Eso significaría sacar de la situación de pobreza extrema en que vive más de la tercera parte de la población mundial, sacar de la pobreza extrema de condiciones de vida, a casi mil millones de personas, lo que no podemos por menos de considerar extraordinario, pero, para que se pueda alcanzar ese objetivo, son necesarias sin lugar a dudas una intensa participación y una intensa intervención de la comunidad internacional en conjunto. 
Y ése es el cuarto aspecto del nuevo paradigma del desarrollo que quisiera subrayar: hoy, en los últimos años en particular, se afrontan las políticas de desarrollo como una cuestión cada vez más global que necesita una clara orientación internacional. 
A ello han contribuido en gran medida las acciones concertadas de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, pero también del de Breton Woods. 
Conviene señalar en particular los impulsos muy pertinentes dados a ese debate por el Banco Mundial, mediante, en particular, su documento Comprehensive Framework, o por el Fondo Monetario Internacional: por primera vez una institución de esa naturaleza coloca el problema de la reducción de la pobreza en el centro de sus orientaciones políticas y establece una conexión asta entonces inimaginable por parte de una institución con esa orientación- entre el alivio de la deuda y la pobreza. 
A la luz también de ese nuevo papel que desempeñan las organizaciones internacionales en relación con los problemas del desarrollo debemos reflexionar sobre el papel de la Unión Europea en ese marco. 
La Presidencia portuguesa ha subrayado la necesidad de que la Unión Europea compatibilice más su importantísima función a escala internacional como principal donante con un papel de dirección y más activo en ese movimiento de renovación de las políticas de desarrollo a escala internacional, estableciendo una mayor capacidad de articulación y coordinación, en particular con el sistema de las Naciones Unidas y con el de Breton Woods. 
Para que sea posible fortalecer el papel de la Unión Europea en el marco de las políticas internacionales de desarrollo, pensamos que es necesario fundamentalmente llevar a cabo tres tipos de acciones. 
En primer lugar, mejorar la eficacia de su política de desarrollo. 
Como es sabido, en 1995 se hizo un ejercicio de evaluación global de las políticas de desarrollo y durante la Presidencia alemana fue posible presentar sus conclusiones. 
Las principales conclusiones subrayan la necesidad de una política más coherente de la Unión Europea y de una visión estratégica general de la Unión Europea en relación con los problemas de desarrollo. 
Se subrayan los aspectos relativos a la necesidad de mayor coordinación y mayor complementariedad entre las políticas, de armonización y simplificación en el marco organizativo en el que hoy se ejecuta la política de cooperación de la Unión, la necesidad de volver más eficiente la gestión de la ayuda y revisar, en particular, sus mecanismos de intervención, la necesidad también de fortalecer el sistema de evaluación y volver más transparente la forma como se desarrolla el proceso de ayuda. 
Un segundo aspecto digno de mención refuerza la necesidad de mayor complementariedad entre la Unión Europea y las políticas de los Estados miembros. 
Sabido es que una parte importante de la ayuda corre hoy a cargo de políticas nacionales de los Estados miembros, no siempre complementarias y no siempre coordinadas; gran parte del desperdicio o de la ineficiencia de la ayuda procedente de la Unión Europea se debe precisamente a esa incapacidad de coordinación y complementariedad entre lo que cada Estado miembro va haciendo y lo que las instituciones de la Unión Europea se proponen o hacen. 
Desde nuestro punto de vista, es absolutamente indispensable también que cuanto antes podamos todos contribuir a fortalecer mecanismos de complementariedad y coordinación entre las políticas aplicadas por los Estados miembros y las de la Unión Europea. 
Tercer aspecto digno de relieve: fortalecimiento y coherencia de sus políticas, el tema de debate hoy propuesto. 
En primer lugar, todos nosotros tenemos la idea de que no basta con mejorar las condiciones de la ayuda y que es necesario articular mejor otras políticas de la Unión Europea a fin de que se puedan alcanzar los objetivos del desarrollo no sólo por la vía de la ayuda y la asistencia, sino también y sobre todo mediante una visión más integrada de las diferentes políticas que contribuyen a sus consecuencias. 
Como es sabido, en junio de 1997 fue aprobada una resolución del Consejo y la Comisión quedó en presentar informes de evaluación: el primero de ellos, en el que ya se establecen algunos aspectos de coordinación de políticas, en particular en la esfera de la construcción de la paz, la seguridad alimentaria, la pesca y las migraciones, fue comunicado al Consejo en mayo de 1999. 
Pero, como también es sabido, se espera una comunicación de la Comisión sobre la coherencia, junto con la comunicación sobre "política de desarrollo". 
Es natural que en los próximos meses, todavía durante la Presidencia portuguesa, se pueda enriquecer este debate a la luz de las contribuciones que la Comisión se propone presentar a ese respecto. 
La coherencia de las políticas será siempre- resulta evidente- limitada y es natural que alguna contradicción entre las políticas sea también un elemento de equilibrio y ponderación entre intereses contradictorios y conflictivos que se mueven en el espacio de la Unión y que sólo por esa vía es posible regular también alguna contradicción entre las políticas. 
Pero, independientemente de eso, quisiéramos subrayar que el fortalecimiento de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en el marco actual y en la coyuntura actual que vive la Unión presupone una reflexión seria sobre algunos aspectos relativos a la dinámica de la propia Unión Europea: desde luego, la dinámica interna de la Unión Europea. 
Sabemos que la Unión Europea vive una dinámica propia que se desprende sobre todo del Tratado de Amsterdam, que fortalece su dimensión política, lo que no deja de tener una consecuencia importante en relación con el presupuesto de la coherencia de las políticas en materia de desarrollo. 
También habremos de esperar al desarrollo de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, ver qué dinámica se adopta respecto de la ampliación para verificar hasta qué punto la dinámica interna de la Unión Europea se orienta en el sentido de fortalecer la coherencia de sus políticas y, en particular en materia de desarrollo, contribuye a acuerdos institucionales adecuados también con vistas a ese objetivo. 
Segundo aspecto por considerar respecto de la coherencia de las políticas: la política de desarrollo en el marco de la política exterior de la Unión. 
Sabemos que la Unión vive una nueva dimensión de su política exterior, sabemos que con la creación del Alto Representante, de la fuerza de intervención rápida, del centro de gestión militar de las crisis, hay toda una dinámica de afirmación de la Unión Europea que no podemos menospreciar cuando afrontamos el papel de las políticas de desarrollo y también que hay aspectos relacionados con el diálogo político, la adopción de posiciones o acciones comunes, la preparación de estrategias comunes, la diplomacia preventiva, el desarrollo de capacidades regionales de prevención y gestión de crisis. 
No cabe la menor duda de que todos esos aspectos, en su aplicación y en su desarrollo, harán sin falta contribuciones importantes al fortalecimiento del papel de las políticas de desarrollo en el marco de la política exterior de la Unión Europea. 
Hemos de decir que, también en ese nivel, en el nivel de la Unión Europea, el encuadre de la política de desarrollo en el marco de la política exterior tendrá que recorrer sin duda el mismo camino que las políticas de desarrollo en muchos Estados miembros, en el marco de sus políticas exteriores, y su afirmación presupone necesariamente la necesidad de fortalecer mecanismos de decisión y estructuras institucionales de medios PESC, que permitan una mejor articulación entre los instrumentos de la política de desarrollo y los de la política exterior. 
En este marco, tenemos la convicción de que necesitamos pasar de un paradigma poscolonial a otro europeo de la política de desarrollo, sabiendo, como sabemos, que en este último dicha política ha estado muy condicionada por las de algunos Estados miembros, en función de sus referencias poscoloniales. 
Tercer aspecto por considerar: la política de la Unión Europea y la de los Estados miembros. 
La coherencia de las políticas en el nivel de la Unión Europea presupone sin lugar a dudas una mejor coordinación de las de los Estados miembros con la de la Unión Europea en materia de desarrollo y, si no fuera posible establecer mejores mecanismos de coherencia entre las nacionales, sería sin lugar a dudas más difícil reflexionar sobre un marco de mayor coherencia para la política de la Unión Europea en materia de desarrollo. 
Cuarto y último aspecto que quisiera someter a consideración de sus Señorías, necesariamente sobre este aspecto de las políticas de desarrollo: el papel del Consejo de Desarrollo. 
Se ha examinado, sobre todo en los últimos meses, el papel que el Consejo de Desarrollo puede desempeñar en el marco de las políticas de la Unión. 
Sabido es que la diferencia de estatuto entre las de desarrollo y otras políticas en el nivel de la Unión es flagrante- basta con ver las difíciles condiciones en que se ha planteado la presupuestación o no del FED- y resulta difícil admitir que podamos infundir una mayor coherencia a las políticas de la Unión Europea sin un papel más activo y más intervención del Consejo de Desarrollo en el asesoramiento respecto de decisiones políticas que corresponden eminentemente a la esfera del desarrollo y que se adoptan en otros Consejos, en otros centros de decisión, que van de los Consejos de Agricultura y Pesca a los de Medio Ambiente, pero respecto de los cuales el Consejo de Desarrollo no ha tenido hasta ahora ninguna posibilidad de ser oído ni de intervenir. 
Por consiguiente, sin un papel más activo también del Consejo de Desarrollo en la coordinación global de las decisiones políticas que, aun afectando directamente a la política de desarrollo de la Unión Europea, se adoptan al margen de su centro de decisión, será sin duda difícil aplicar una política de mayor coherencia de la Unión Europea en relación con los objetivos de desarrollo. 
También a ese respecto las palabras y la reflexión del Parlamento Europeo serán oportunas y como tales serán acogidas. 
. (EN) Para empezar me gustaría decir algo acerca de las negociaciones entre la UE y los países ACP, que han acabado con éxito. 
He de decir que la participación en esas negociaciones fue una experiencia sumamente positiva. 
Pude ver a los Estados miembros trabajando como un equipo, lo que es una experiencia realmente reconfortante. 
Las dos partes quedaron profundamente satisfechas cuando acabaron las negociaciones, no solamente porque habían acabado ya, sino porque todos sabíamos que habíamos conseguido algo en común, la UE y los 71 países ACP. 
Eso es algo que el mundo necesita y representa una señal muy positiva en el marco de los debates sobre la globalización. 
Me gustaría destacar algunas de las principales innovaciones del nuevo acuerdo. 
Nos ocupamos explícitamente de la corrupción; establecimos un marco para ocuparnos del problema de la inmigración, por vez primera. 
Promovimos enfoques de participación, establecimos la consulta de la sociedad civil acerca de las reformas y políticas que la UE vaya a apoyar. 
Volvimos a centrar las políticas de desarrollo en estrategias de reducción de la pobreza. 
Basamos la asignación de fondos no solamente en una evaluación de las necesidades de cada país, sino también de los resultados de su política. 
Creamos un mecanismo de inversiones para prestar apoyo al desarrollo del sector privado. 
Racionalizamos instrumentos e introdujimos un nuevo sistema de programación en régimen continuo, gracias al cual la Comunidad y el país beneficiario podrán ajustar regularmente su programa de cooperación. 
Descentralizamos las responsabilidades administrativas y, en algunos casos, las financieras, y las trasladamos al plano local con miras a dar mayor eficacia a la cooperación. 
Mejoramos el marco normativo del comercio y el desarrollo de inversiones. 
Promovimos la cooperación en todas las esferas de importancia para el comercio, con inclusión de nuevas cuestiones como las normas laborales y los vínculos entre el entorno y el comercio. 
Después de Seattle estoy seguro de que apreciarán ustedes la importancia de todos esos acuerdos. 
Permítanme que me refiera ahora a algunos de los puntos más importante. 
En primer lugar el acuerdo sobre las cuestiones políticas. 
El nuevo acuerdo entrañará un firme compromiso de ambas partes a la buena gestión pública como elemento fundamental y positivo de la asociación, como tema para un diálogo regular en una esfera que goza del apoyo activo de la Comunidad. 
En segundo lugar, se ha establecido un nuevo procedimiento para los casos de violación de los derechos humanos, los principios democráticos y el imperio de la ley. 
En comparación con el procedimiento actual el nuevo procedimiento hace más hincapié en la responsabilidad del Estado de que se trate y prevé una mayor flexibilidad en el proceso de consulta, con miras a instituir un diálogo eficaz que conduzca a la adopción de medidas encaminadas a restablecer la situación. 
En casos de urgencia especial que entrañen graves violaciones de uno de esos elementos esenciales, se adoptarán medidas inmediatamente y se notificará a la otra parte. 
En tercer lugar, la UE y los países ACP han convenido también en iniciar un nuevo procedimiento específico para los casos graves de corrupción. 
Esto es una verdadera innovación, tanto en el contexto de la UE/ACP como en el contexto de las relaciones internacionales en general. 
Ese procedimiento se aplicará no solamente a los casos de corrupción que afecten a dinero del FED sino también mucho más ampliamente a cualquier país en el que la CE participe financieramente y en el que la corrupción obstaculice el desarrollo. 
Por lo tanto no se limita a las actividades de la CE. 
Éste es un aspecto importantísimo, si tenemos en cuenta la financiabilidad de la economía pública. 
Con la aprobación de esa disposición en el acuerdo de asociación, la UE y los países ACP envían una señal común clara y positiva que sin duda alguna será apreciada por los contribuyentes europeos y es de esperar que también por los inversionistas europeos. 
Otro tema nuevo en el acuerdo UE/ACP es la migración. 
En esta esfera hemos conseguido un acuerdo equilibrado en materia de cooperación. 
Esta nueva dimensión del acuerdo de asociación refleja las directrices que hizo suyas la UE de conformidad con el Tratado de Amsterdam y con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (Finlandia) en octubre de 1999. 
La Unión Europea se compromete a elaborar y aplicar una política de inmigración y asilo basada en el principio de la asociación con los países y regiones de origen. 
El acuerdo concertado con los países ACP prepara el camino para nuevas iniciativas, en particular acerca de los derechos de ciudadanos de terceros países en la UE, y para medidas que faciliten su integración. 
También convinimos en disposiciones para ocuparnos de cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal. 
La UE y los países ACP iniciarán el proceso cuya finalidad última será la definición, dentro de un marco que ha de negociarse con cada uno de los países ACP, de las formas y modos de repatriar a los inmigrantes que se hallen presentes ilegalmente en los territorios de cada parte. 
Esto abarca también a las personas de terceros países y a los apátridas. 
Estos enfoques sumamente innovadores brindan una buena oportunidad para mejorar la buena gestión pública. 
El acuerdo ofrece también un buen marco para destacar los efectos mutuamente potenciadores de la cooperación comercial y de la ayuda al desarrollo. 
Hemos convenido en un proceso para establecer nuevos arreglos comerciales que fomenten la liberalización comercial entre las partes, y para formular disposiciones sobre cuestiones relacionadas con el comercio. 
Hemos podido atender las preocupaciones de los países ACP en lo que se refiere al calendario de las negociaciones comerciales. 
Las negociaciones comenzarán en 2002 a más tardar. 
Este período preparatorio de dos años se utilizará para reforzar los procesos de integración regional y la capacidad de los países ACP para llevar a cabo negociaciones comerciales. 
Para esas negociaciones se ha programado un período de seis años. 
Nosotros tendremos en cuenta las limitaciones económicas y sociales de los países ACP de dos formas: en primer lugar, mediante políticas de desarrollo humano y social que acompañen las reformas económicas y comerciales, y, en segundo lugar, ayudando a los países ACP a empezar a desempeñar un papel activo en el sistema económico y comercial internacional mediante la creación de capacidades y la cooperación en foros multilaterales. 
Esta manera de proceder nos conducirá hacia un régimen totalmente compatible con la OMC. 
Los agentes económicos estarán más inclinados a establecer relaciones más estrechas con sus asociados ACP. 
Las inversiones nacionales y extranjeras aumentarán y se transferirán más conocimientos técnicos y tecnologías, todo lo cual fomentará la competitividad de los países ACP y facilitará su integración gradual en la economía mundial. 
Además, los acuerdos con la UE harán de ancla gracias a la cual los países ACP podrán mantenerse aferrados a las reformas económicas, de igual manera que las reformas nacionales y económicas se estabilizarán en virtud de los compromisos contraídos por ambas partes con arreglo a los acuerdos. 
La doctrina de este nuevo enfoque se basa también en la idea de que las políticas comerciales abiertas, combinadas con políticas de desarrollo social, llevarán al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. 
Otro aspecto importante es la mejora del régimen comercial de la UE para todos los países menos desarrollados, de los cuales 39 se hallan en el grupo ACP. 
Este proceso tendrá lugar en los cinco próximos años, de forma que para el año 2005 los países menos desarrollados exportadores tendrán acceso libre al mercado de la UE para prácticamente todos sus productos. 
En cuanto a la cuantía del próximo FED, la UE ha formulado ya su propuesta financiera. 
Se basa en el principio de armonizar la necesidad de mantener una cantidad sustancial de recursos financieros en un período caracterizado por lo limitado de los presupuestos oficiales de asistencia al desarrollo con la necesidad de dar mayor eficacia a la ayuda comunitaria. 
En la actualidad unos 9.500 millones de euros de recursos anteriores del FED siguen sin asignarse. 
La UE se ha comprometido a movilizar esos saldos pendientes, más los nuevos recursos del FED, a lo largo de un período de siete años, es decir, antes de que entre en vigor el próximo protocolo financiero. 
De esta manera la Comunidad podrá aumentar considerablemente la corriente anual de obligaciones y pagos durante ese período. 
Por lo tanto no nos dirigimos hacia un período de actividad reducida en los próximos años, sino hacia un período de actividad mayor. 
Ese compromiso entraña una reforma profunda de procedimientos y de modalidades de aplicación por ambas partes. 
Hay un vínculo muy claro entre el proceso de reforma de la Comisión propiamente dicha, y nuestra capacidad de fomentar y de prestar servicio, que constituye la base del trato con los países ACP. 
En cuanto a nuestra política de desarrollo, he de decir que el contexto mundial ha cambiado radicalmente. 
La marginación de muchas economías, el aumento de la pobreza en el mundo, la necesidad de una gestión mejor de la interdependencia ambiental, los efectos desestabilizadores de la migración y las inquietantes consecuencias de los conflictos armados y de las enfermedades pandémicas constituyen otros tantos temas de preocupación. 
Frente a ese marco mundial de cambio tenemos que encontrar la posición que nos corresponde. 
Afortunadamente las evaluaciones de la ayuda de la CE nos brindan un importante medio de mejorar lo que estamos haciendo y esperemos que también de superar los retos que acabo de mencionar. 
Para ocuparme con más detalle de los resultados que han dado las evaluaciones, quisiera mencionar los siguientes problemas: las objeciones de la política comunitaria son demasiado numerosas y demasiado imprecisas y eso afecta negativamente a la coherencia. 
Esa situación se debe a la complejidad de nuestras propias estructuras, pero también a algunas incongruencias muy claras entre políticas sectoriales e intereses de los Estados miembros. 
La Comisión tiene un sistema de ayuda que es demasiado complejo y que está demasiado fragmentado en términos de instrumentos, procedimiento y mecanismos institucionales. 
A menudo las políticas están más determinadas por los instrumentos de que se dispone, que por los objetivos que tenían y por prioridades claramente definidas. 
Los recursos humanos son demasiado escasos en relación con el volumen de la ayuda que se supone que tenemos que gestionar. 
Por término medio, para la gestión de diez millones de dólares de ayuda hay 2,9 personas en la Comisión, en comparación con 4,3 en el Banco Mundial y entre cuatro y nueve en los principales Estados miembros. 
Esto plantea un verdadero problema: hay muchos y muy diferentes instrumentos financieros, cada uno de los cuales tiene sus propias características y particularmente una serie de títulos presupuestarios diferentes. 
Es difícil armonizar esta situación con las necesidades de un sistema eficaz de gestión. 
A fin de enfrentarse con esos problemas y de resolverlos la Comunidad tiene que entablar un diálogo efectivo con los Estados miembros y el Parlamento. 
Es absolutamente indispensable que abordemos la cuestión de la coherencia de forma realista y pragmática, lo que significa que hemos de sostener el debate en el marco institucional apropiado, es decir, en el Consejo y en el Parlamento. 
La falta de acción concertada entre los 15 Estados miembros y entre ellos y la Comunidad requiere también estudio. 
Si centramos la política de desarrollo comunitaria en estrategias y objetivos convenidos en el plano internacional, prepararemos el camino para una mejor complementariedad con los Estados miembros. 
Esto coincide en gran parte con lo que acaba de decir el Ministro Amado. 
Cuando hablamos de políticas en la actualidad, nos estamos refiriendo a un proceso de convergencia. Esto nos brinda ya una parte de la solución. 
Nos hallamos en pleno proceso de formular nuevas directrices normativas y tenemos que identificar esferas prioritarias para la acción comunitaria. 
Todo se complica cada vez más. Lo mismo cabe decir de la cooperación para el desarrollo. 
No hay un sólo donante que esté en condiciones de ocuparse de toda la gama de temas, que van desde cuestiones macroeconómicas hasta el marco reglamentario o desde políticas sectoriales hasta una diversidad de nuevos temas interrelacionados como el género, el medio ambiente, la buena gestión pública y las reformas institucionales. 
Es importante encontrar mecanismos flexibles que puedan acomodar una división del trabajo según los conocimientos técnicos y la capacidad de los diversos donantes en cada país en desarrollo. 
Esto hay que hacerlo en el plano de los Estados miembros y debería conducirnos a la formulación de políticas sectoriales para la acción comunitaria. 
Eso es lo que queremos conseguir. 
Para identificar las zonas prioritarias de apoyo de la CE, hay que tener en cuenta las características específicas de la Comunidad en relación con los Estados miembros y con las instituciones internacionales. 
Me limitaré a mencionar solamente unas cuantas: nuestra capacidad para combinar la política de desarrollo con la política comercial y para lograr que haya sinergias entre la ayuda y la cooperación económica; nuestra neutralidad y la defensa de los intereses comunitarios supremos; el hecho de que representamos una masa crítica y estemos en condiciones de afrontar retos relativamente grandes en comparación con lo que puedan hacer normalmente cada uno de nuestros Estados miembros. 
No me olvido de nuestra presencia sobre el terreno: fundamentalmente me parece que el máximo valor que representamos es el hecho de que, siendo como somos una empresa de cooperación regional que actúa con éxito, se nos pueda ver como un asociado neutral y deseado para ese experimento en todo el mundo; eso es algo que nadie, aparte de nosotros, puede pretender. 
Es indispensable que la política comunitaria sea más efectiva y que desarrollemos un marco estratégico más cooperativo. 
Ese doble reto es el que tiene que afrontar la Comisión, para lo cual en los próximos meses tendrá que preparar una propuesta en forma de declaración general de política. 
Iniciaremos un proceso de consulta amplio y abierto a fin de recabar las opiniones de todas las diferentes partes interesadas. 
Considero que ese proceso es casi tan importante como su contenido, y asignaremos todos nuestros recursos a una participación activa e invitaremos a todos a que participen con nosotros. 
Al mismo tiempo nos hemos embarcado también en el proceso de mejorar la coherencia y de aclarar y poner de relieve abiertamente los problemas reales o imaginarios con que tropezamos a ese respecto. 
Ése será un proceso continuo que considero como una especie de esfuerzo permanente de control de la calidad, e invito al Parlamento a que participe en ese esfuerzo continuo destinado a mejorar la coherencia de lo que estamos haciendo. 
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al Sr. Amado, así como al Sr. Nielson, sus palabras. 
También me alegra que el Sr. Amado se haya referido al FED. 
El problema no se encuentra aquí, en este Parlamento, y tampoco en la Comisión; el Consejo debe dar los pasos necesarios para establecer el presupuesto del FED, por tanto, este sermón realmente debe pronunciarse en el Consejo. 
Señor Presidente, también doy las gracias al Sr. Nielson. Se ha referido ampliamente al nuevo Convenio de Lomé, pero ésta no es ciertamente la materia de la reunión de esta mañana. 
Queríamos hablar sobre la coherencia. 
Ése es el tema. 
Ya desde principios de los años noventa, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de Ministros han reconocido que la coherencia de la política europea no opera adecuadamente, especialmente en el ámbito de la política de desarrollo y en otras políticas de la Unión. 
Se ha pedido atención para este problema en diversas ocasiones: en 1992, en 1995 y 1997. 
Todos los ejemplos figuran en la resolución que está ante nosotros. 
Yo misma he planteado durante años preguntas sobre esta cuestión. 
La obligación de que exista coherencia se introduce, incluso, en el Tratado de Amsterdam en 1997. 
Además, en 1998 se acordó que la Comisión Europea elaborara un informe anual en el que deberían recogerse los avances realizados. 
Pero, ¿qué hemos visto desde entonces? 
Buenas palabras, también hoy, pero ningún informe. 
Es demasiado ridículo como para poder explicarlo. 
Se reconoce que existe una política incongruente. 
Se realizan buenos propósitos una y otra vez, pero, de hecho, no sucede nada. 
Por tanto, es justo que hoy lo pongamos de manifiesto. 
Algunos países en desarrollo producen caña de azúcar destinada a la producción de azúcar. 
En la Unión también se produce azúcar mediante remolachas azucareras. 
Con el fin de evitar que este azúcar barato procedente de los países en desarrollo compita con el azúcar más caro de la UE, se le impone una severa exacción reguladora. 
El resultado es una seria limitación de las importaciones de caña de azúcar procedentes de esos países. 
Al mismo tiempo, destinamos una ayuda al desarrollo muy importante a esos países. 
Un ministro de una de las islas caribeñas que producen esta caña de azúcar me dijo una vez: "si ustedes permitieran la entrada normal de nuestra azúcar en la Unión Europea, no necesitaríamos en absoluto su ayuda al desarrollo." 
Otro ejemplo: el cacao. 
La Unión Europea quiere permitir la utilización de un 5% de grasa alternativa en el chocolate para armonizar el mercado interior. 
También podría acordarse un cero por ciento y el mercado interior se armonizaría igualmente. 
Si se establece el 5%, algo que por ahora parece que va a suceder, es sabido que, casi con seguridad, se va a perjudicar a cientos de miles de pequeños productores de cacao de los países en desarrollo. 
Sin embargo, parece que ésta es la dirección seguida ¿Qué estamos haciendo? 
Es la típica política de la que nuestros ciudadanos dicen: realmente, ¿qué hace Bruselas? 
Parece que las empresas europeas son más importantes que nuestros propios principios, nuestras propias coherencias y los intereses de los países en desarrollo. 
Así mismo, en el ámbito de las sanciones y embargos, se encuentran ejemplos chocantes ¿Por qué un boicot en cuanto al suministro de petróleo a Haití y no contra Birmania, donde una presidenta electa ha sido arrestada, el parlamento se ha disuelto y algunos diputados están en la cárcel o, incluso, han sido asesinados? 
¿Por qué no un boicot en cuanto al suministro de petróleo a Sudán, donde continúan produciéndose enfrentamientos armados, en los que las armas, atención, se han pagado con dinero procedente de las compañías petrolíferas que trabajan en los territorios en los que se encuentran los refugiados? 
La incoherencia es, evidentemente, colosal. 
El Sr. Nielson nos ha proporcionado un bonito ejemplo sobre el nuevo Convenio de Lomé. 
Si el nuevo Convenio de Lomé se pone en marcha sin más, sin que se solucionen todas las incoherencias, se construye una política con pies de barro, utilizando una expresión bíblica. 
El Consejo ha mencionado una y otra vez dónde radica el error: en la agricultura, el comercio, la prevención de conflictos, las operaciones de paz, la pesca, la inmigración, el medio ambiente. 
Comisario Nielson, lo que esperamos es un buen informe sobre estas incoherencias y algunas propuestas concretas para terminar con ellas. 
Repito, de lo contrario sus bonitos ejemplos, toda su maravillosa política- y también se lo digo al Secretario de Estado- estará construida con pies de barro y, con razón, no logrará mucho. 
Los ciudadanos nos lo recuerdan. 
Desde 1992, venimos diciendo: éste es el tema de este debate. 
Espero que reciba claramente este mensaje y nos presente en breve un informe en el que se contemplen una serie de medidas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, siguiendo la línea de la intervención de mi colega, la Sra. Maij-Weggen, creo que nos encontramos ante un grupo de parlamentarios que desea abordar en profundidad esta cuestión. 
Hablamos de una materia que tiene un interés fundamental para la Unión Europea. 
Permítanme empezar señalando con exactitud cuál es el debate. 
El artículo 178, título XX del Tratado consolidado de la Unión Europea reza lo siguiente: "la Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados en el artículo 177 en las políticas que aplique y que puedan afectar a los países en desarrollo" ¿cuáles son los objetivos que deben tenerse en cuenta en cada política? 
El artículo 177 señala que estos objetivos son "el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y, particularmente, de los más desfavorecidos; la inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la economía mundial; y la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo". 
Señor Presidente, estos no son objetivos carentes de compromiso, son artículos, artículos jurídicos que forman parte del acervo europeo fijado por ley; que las instituciones y los Estados miembros deben respetar. 
Cada artículo del Tratado no debe, por supuesto, interpretarse sólo conforme a su legalidad, sino también conforme a su contenido. 
Opino, y afortunadamente muchos conmigo, que el principio de la coherencia política es esencial para cada administración que pretende servir con credibilidad a sus ciudadanos. 
Solamente una administración creíble, que sea digna de crédito, puede servir a los intereses de los ciudadanos. 
Esto es importante de cara a la confianza que la sociedad deposita en la administración, pero también es importante desde el punto de vista de la eficacia, puesto que la coherencia es necesaria para un uso eficiente de nuestros limitados medios. 
No debemos pintar la realidad más de color de rosa de lo que realmente es. 
La realidad es perturbadora. 
El deber de la administración es actuar de forma transparente y abierta en este asunto, sin que exista una política en la sombra. 
La administración está obligada a mostrar cuáles son sus dilemas, dónde, cuándo y por qué hay problemas con la coherencia política, en lugar de utilizar subterfugios. 
No hablamos hoy aquí de un problema superfluo: la cuestión de la pobreza en el tercer mundo es un problema inmenso y penoso, que requiere una seria atención. 
Por supuesto que, en tanto Parlamento, velamos por los intereses de nuestros ciudadanos, pero también es positivo para ellos vivir en un medio internacional estable, en el que se persiga la seguridad de las personas. 
Es un interés moral, una cuestión de seguridad y, finalmente, es positivo, incluso, para nuestra economía. 
¿A quién beneficia realmente que el dinero del ciudadano europeo que proviene de los impuestos, se destine a Namibia para favorecer el desarrollo económico cuando, al mismo tiempo, se socava la actividad económica de los ganaderos pobres en el mismo país por las fuertes subvenciones de las exportaciones, pagadas por el mismo contribuyente? 
Todos hacemos como si no sucediera, pero todos sabemos que sí sucede. 
Señorías, no debemos, en tanto parlamentarios, esconder nuestra cabeza en la arena como el avestruz. 
El interés general de la coherencia política es, por tanto, una responsabilidad de la Comisión en su conjunto, del Consejo y del Parlamento Europeo. 
Esta responsabilidad no puede ser sólo asumida por el Comisario encargado de la cooperación al desarrollo, a pesar de que nos agrade verle aquí y escucharle, o por el Consejo de Desarrollo o por la Comisión parlamentaria de Cooperación al Desarrollo. 
Necesitamos un planteamiento integral. 
Tras las clarísimas y perspicaces explicaciones sobre esta cuestión de tanto el Sr. Amado como el Sr. Nielson, quisiera señalar que esperamos con impaciencia las propuestas de la Comisión para que la política en su conjunto sea coherente. No sólo, por tanto, del Comisario Nielson, sino de toda la Comisión. 
De ahí que hagamos un llamamiento a esta institución en esta severa y clara resolución a fin de que desarrolle instrumentos concretos. 
Debemos dejar claro dónde hay un problema de coherencia y hacer un inventario de las dificultades. 
Debemos indicar cuáles son los obstáculos que ya hemos vencido y cuáles no hemos superado todavía. 
Por ello, abogo por un observatorio de la coherencia que deje esto claro. 
De ahí que debemos crear grupos interservicios en la Comisión, el Consejo y el Parlamento que puedan velar por el objetivo de la coherencia. 
Señor Presidente, Señorías, si el tejado de nuestros vecinos gotea, podemos prestarles botes y cacerolas para recoger el agua, pero, por supuesto es más práctico ayudar a arreglar la gotera. 
La crisis del año pasado en la Comisión está hoy cerrada, pero la Comisión tiene que presentar en este momento una política que merezca todo nuestro apoyo por su enfoque, por su coherencia, algo que todo el Parlamento solicitará, sin lugar a dudas, a continuación, en la resolución. 
Deseo al Comisario mucha suerte en su lucha dentro de la Comisión, y al Sr. Amado mucho éxito en el Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, digámoslo de una vez, en materia de cooperación, la coherencia está lejos de imponerse. 
Efectivamente, los Tratados prevén que la Unión ayude en su desarrollo a los países que se encuentran en vías de desarrollo, pero como ya lo han dicho muy bien los demás diputados, existen múltiples distorsiones a estas declaraciones. 
La primera incoherencia se debe a la ausencia de concertación entre la Unión y los Estados miembros sobre sus respectivas políticas de cooperación. 
Ello acarrea disfunciones importantes, ya que algunos programas comunitarios vienen a añadirse a los programas nacionales, cuando hubieran podido ayudar a otros proyectos a los que no se da curso. 
Asimismo, recordemos que la política neocolonialista de facto de algunos Estados miembros no contribuye en modo alguno al desarrollo de los países a los que se dice ayudar. 
La segunda incoherencia se debe a la ayuda que se presta a los regímenes despóticos. 
Se declara obligatorio el buen gobierno y el fin de la corrupción, sin embargo, siguen ingresándose centenares de miles de euros en cuentas en Suiza, por la cartera de un determinado número de jefes de Estado. 
La tercera incoherencia se relaciona con los derechos humanos. 
Se dice querer protegerlos. 
Se incita a los países en desarrollo a respetarlos. 
Se votan, incluso, múltiples resoluciones para condenar cada violación de éstos. 
Asimismo, nos hacemos eco de las protestas, de las campañas internacionales. 
Sin embargo, al mismo tiempo, se deja desarrollar el comercio de armas, sin preocuparse por lo menos en limitar el comercio de las armas más atroces: las minas antipersonales, por ejemplo. 
Ni tampoco se hace mucho para impedir realmente las violaciones de los derechos humanos. 
La cuarta incoherencia de la política de cooperación de la Unión Europea es la siguiente: ¿cómo quieren ayudar al desarrollo saqueando los recursos naturales de los países a los que ayudan? 
Es preciso que la Unión Europea deje sus peces a los pescadores locales para nutrir a las poblaciones locales, en lugar de destruir sistemáticamente los fondos marinos con su pesca intensiva. 
Es preciso dejar las materias primas a los productores locales para que ellos las transformen. 
Ya no hablemos del petróleo, puesto que lamentablemente conocemos la política de grupos tales como Elf o Total en Africa. 
Para ir más lejos, y esa será quizás la quinta incoherencia, pedimos que se respete la biodiversidad, entre otras razones para permitir a todos producir con sus propias semillas y preservar la riqueza natural. 
Sin embargo, al mismo tiempo, y todavía lo vimos durante las últimas negociaciones, se obliga a los países ACP a firmar los acuerdos TRIPS, cuando éstos corren el riesgo de ser ampliados a los organismos vivos. 
Esta ampliación significaría, por tanto, la muerte de la biodiversidad y volver a una esclavitud de facto para los pequeños agricultores del Sur a merced de las multinacionales. 
En cambio, y esta es una sexta incoherencia, no se defiende la aplicación de los Tratados existentes. 
Así, por un lado, se vota una dotación presupuestaria destinada a la lucha contra el SIDA y, por otro, no se hace nada por imponer que se cumpla con las licencias obligatorias en el marco, precisamente, de los mencionados TRIPS, lo que permitiría, por tanto, a los países en desarrollo producir sus propios medicamentos y frenar la hecatombe provocada por el SIDA. 
En el mismo sentido, durante las negociaciones de la OMC, y cuando el informe Schwaiger observaba, desde el segundo apartado, que amplios sectores de la población de los países en desarrollo, especialmente los más pobres, apenas se benefician del proceso actual de liberalización de los intercambios, la Unión Europea continúa defendiendo la liberalización de los intercambios comerciales y pone fin, con algunos años de transición, es cierto, al régimen favorable concedido a los países ACP cuando habría sido necesario reforzarlo, especialmente para los países más pobres. 
La octava incoherencia es de orden político y práctico. 
Siempre se dice: pensar globalmente y actuar localmente. 
No obstante, se descuidan los agentes locales del desarrollo, prefiriendo discutir con los gobiernos nacionales, subvencionar a las ONG del Norte a costa de los programas locales de las ONG del Sur. 
Agricultura, medio ambiente, son otros problemas, otras incoherencias que también habrían podido mencionarse, sin olvidar la investigación, la emigración o la salud. 
En resumen, se pretende querer ayudar a los países en vías de desarrollo y, al mismo tiempo, se estimula la liberalización de los mercados, reconociéndose que va en contra de dicho objetivo. 
Digámoslo una vez más: la política de cooperación y de desarrollo de la Unión Europea no es coherente. 
Por tanto, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, pido al Parlamento, a las instituciones, a la Comisión a que traten de dar, por fin, coherencia a nuestra política. 
Señor Presidente, considero particularmente oportuno el presente debate no sólo por la importancia del tema del desarrollo en general, sino también por su actualidad. 
La reunión de Seattle fracasó y las relaciones norte-sur estuvieron allí en evidencia por más razones. 
La reunión celebrada en aquella ciudad norteamericana puso de relieve que la globalización entraña resultados profundamente desiguales y desfavorables para los países más pobres. 
En este preciso momento- y con influencia evidente de ese fracaso- se está celebrando aún en Bangkok la Décima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
Entretanto, se han concluido, como se ha dicho, las negociaciones que han determinado el futuro del Convenio de Lomé. 
Con eso basta para poner de relieve la importancia de la actualidad de este asunto. 
Y podemos añadir, además, la próxima cumbre Unión Europea- OUA, por fin acordada para el próximo mes de abril en El Cairo. 
Pero, además, cualquier análisis, por ligero que sea, nos lleva inevitablemente a la conclusión de que algo, o incluso mucho, va mal en el plano de las relaciones norte-sur, incluso entre la Unión Europea y los países menos adelantados. 
Basta considerar que la categoría de los llamados países menos adelantados ha pasado, en los treinta últimos años, de 25 a 48 países, que representan hoy ya el 13% de la Humanidad, pero a los cuales corresponde tan sólo el 0,4 % de las exportaciones y el 0,6 % de las importaciones mundiales. 
O también la desgraciada circunstancia de que la ayuda pública para el desarrollo, promovida por los países ricos, se ha reducido desde 1990 en casi 23%. 
Por lo demás, los recientes recortes relativos a esa esfera en el presupuesto comunitario para el presente ejercicio se insertan en esa tendencia, además de constituir una mala y errada señal política. 
El poco sospechoso Sr. Michel Camdessus, aún director del Fondo Monetario Internacional, afirmó en el discurso que pronunció el pasado domingo al comienzo de los trabajos de la CNUCED- y paso a citar- que "la comunidad internacional da con una mano y tira con la otra". 
Se refería, naturalmente, a los apoyos concedidos por los países desarrollados a los de menor desarrollo. 
Semejante afirmación, que parece una ironía, viniendo de quien viene, pero la verdad es que la profirió, yo mismo tuve la oportunidad de oírla, no me parece que discorde nada de la realidad actual y me mueve a afirmar que es indispensable volver a pensar y lanzar en nuevos moldes las relaciones norte-sur, en particular la necesidad de volver a pensar el papel de la Unión Europea en este marco, pues lo cierto es que el fomento de un nuevo orden mundial más justo y equitativo no puede- o no debe- dejar de constituir un objetivo estratégico de la Unión, por lo que resulta indispensable reflexionar sobre la globalización en marcha teniendo en cuenta las orientaciones esenciales y los intereses dominantes subyacentes y, en ese marco y en particular, las enormes consecuencias y los efectos perniciosos que tiene para los países menos desarrollados. 
Es un hecho que se ha concluido un nuevo acuerdo con los países ACP. 
En sí mismo es un hecho positivo, en particular si tenemos en cuenta las presiones encaminadas a ponerle fin y que fueron incluso varios los Estados miembros no partidarios de su continuidad. 
En su momento, tendremos oportunidad de analizar más profundamente los términos exactos en que se estableció dicho acuerdo. 
Ahora bien, no cabe duda de que los negociadores europeos fueron más tímidos y se quedaron cortos respecto de las propuestas que oportunamente formulamos nosotros, aun cuando en el nuevo acuerdo figuren elementos nuevos e innovadores. 
Y a ellos habrán contribuido algunas características de importancia política del nuevo acuerdo de asociación. 
Ése ha sido sin duda el resultado de una negociación compleja en la que las dos partes han hecho concesiones substanciales, con lo que es cierto en el caso de la Unión Europea, en particular en materia de buena administración y comercio. 
Pero fue sobre todo el resultado de un fortalecimiento del grupo ACP, que manifiestamente encontró un nuevo espíritu a raíz de lo sucedido en Seattle. 
Quiero subrayar en particular que parece estar surgiendo una nueva forma de considerar estas cuestiones, en particular en materia de comercio, por lo que resulta muy necesario un planteamiento a ese respecto. 
Por último, es necesario ir más lejos en las políticas de apoyo al desarrollo de los países en desarrollo. 
En los planos financiero-presupuestario, en el nivel de la deuda, en el apoyo a esferas delicadas como la de la seguridad alimentaria y humanitaria o de la educación y la salud y también las de medio ambiente, inversión o acceso a la información y a las nuevas tecnologías, como también en la esfera comercial, asegurando simultáneamente una cabal coherencia de las políticas de desarrollo con las demás políticas comunitarias y también entre unas y otras y las correspondientes aplicadas por los Estados miembros. 
No podemos contentarnos con dar continuidad en lo esencial a algo que ha resultado insuficiente y erróneo en el pasado. 
Señor Presidente, tras haber escuchado hoy a la Comisión y al Consejo, he tenido sencillamente que echar un vistazo a mi orden del día. 
Pues sí, ahí figura realmente: "Coherencia de las diferentes políticas de la Unión con la política de desarrollo". 
No obstante, no hemos oído ni una sola palabra al respecto y me parece sumamente bochornoso. 
Hemos esperado un informe sobre la coherencia durante años. 
Debería haberse presentado por escrito hoy aquí y tras haber escuchado la intervención del Sr. Nielson, no me cuesta imaginar que haya encontrado fuerzas contrapuestas muy poderosas en la Comisión. 
Sé que el propio Comisario mantiene puntos de vista tan sólidos como sumamente sensatos con respecto a la coherencia y me habría gustado escucharlos hoy aquí. 
Puesto que la propuesta de resolución común plantea algunos mecanismos eficaces de cara a garantizar la coherencia, me gustaría limitarme dentro del poquísimo tiempo del que dispongo a mencionar otro, la obligación de que la Comisión también realice a este respecto una valoración de la nueva legislación que sea relevante. 
Y también dicho sea de paso quiero centrarme en el catastrófico efecto que la política agrícola común de la UE ha tenido sobre los países en vías de desarrollo. 
Vertidos al mar de carne de vacuno en Sahel y Sudáfrica, puré de tomate en África Occidental, leche en polvo en Jamaica, es de esperar que todos los ejemplos sean bien conocidos. 
En cualquier caso, son conocidos hasta la saciedad por los fabricantes afectados en los países ACP que deben destruir sus productos porque no pueden competir con los productos comunitarios que reciben subvención. 
Los contribuyentes europeos aportan 40.000 millones de euros al año para apoyar la agricultura comunitaria. 
Dinero que contribuye a coartar el desarrollo del sector agrario en los países en vías de desarrollo que constituye en éstos el 69% del conjunto de la población activa frente al 1.7 % comunitario. 
Añádase a ello que el sector agrario es responsable del 34% del producto nacional bruto de los países en vías de desarrollo frente al 5.3 % comunitario. 
Ni es coherente ni decente. 
¿Por qué no quieren reconocerlo ni el Consejo ni la Comisión? 
Señor Presidente, me parece que la forma de llegar a una decisión normativa es fundamental. 
El Primer Ministro del Reino Unido y su Ministro de Asuntos Exteriores formularon ayer declaraciones acerca de su política respecto del sistema de votación en el Consejo. 
Pusieron de relieve que el Reino Unido, Francia y Alemania tienen una población que excede con mucho de la de otros países de la Unión Europea, y llegaron a la conclusión de que la dimensión de la población debe reflejarse en el sistema de votación y que el Reino Unido no renunciará a su veto. 
¿Está discutiendo el Consejo esa cuestión? 
¿Está dispuesto a mantener un veto democrático basado en el volumen de la población o sigue desplazándose hacia una votación por mayoría sencilla de los miembros del Consejo, en vez de una votación que refleje la población de Europa que representan democráticamente? 
¿Han comunicado los representantes del Reino Unido al Consejo su decisión y su propuesta y, en caso afirmativo, qué resultado ha tenido? 
Como la cuestión de la votación es de importancia vital para el futuro democrática de esta Unión, me supongo que recibirá consideración prioritaria. 
La forma de llegar a una decisión es un asunto de la máxima importancia. 
Señor Presidente, el debate de esta mañana es un debate muy importante. 
Por ello, quiero agradecer a la Comisión y al Consejo que dediquen una declaración a la coherencia de las políticas comunitarias en relación con el desarrollo, porque ello demuestra una voluntad de aportar mayor eficacia a la política en esta materia. 
Pero si lo único que hacemos es un diagnóstico de las incoherencias de nuestra política nos quedaremos absolutamente frustrados y, además, será negativo. 
Como en los sistemas de fuerzas que se estudian en física elemental, no tiene sentido poner en marcha políticas que se contrarresten mutuamente. 
El resultado de este juego absurdo no es cero, sino que sería un valor negativo, formado por los recursos materiales, financieros y humanos desperdiciados en un esfuerzo inútil. 
Valor negativo que, en política, se multiplica por el número de resultados que no se alcanzan cada vez que una medida anula los efectos pretendidos por otra. 
En el mundo globalizado de hoy, esta realidad es todavía más patente. 
No hay fronteras tampoco para las políticas comunitarias. 
Por ello me alegro de que la Comisión y el Consejo retomen su interés por la coherencia de las políticas comunitarias, y que, junto a la complementariedad entre las políticas nacionales y la comunitaria y la coordinación entre los servicios de la Comisión, pretendan configurar la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Tanto la Comisión como la Presidencia portuguesa del Consejo recogen en sus respectivos planes de trabajo la voluntad de dotar de coherencia a las políticas que tienen un impacto muy importante en los países en desarrollo, pero sin especificar medidas concretas en las que se traduzca esta coherencia. 
Ambas instituciones identifican los ámbitos mayores en los que debe aplicarse este concepto. 
Por ejemplo, la Comisión, en sus orientaciones a largo plazo, dice que el objetivo del desarrollo sostenible debe traducirse en una solidaridad fuerte, apoyada en una política comercial que tenga en cuenta los intereses comunes. 
La Comisión se refiere a un ámbito muy importante, que es la política comercial. 
Pero nosotros, en el Parlamento, queremos añadir las políticas de ayuda al desarrollo, la agrícola, la de pesca, las migraciones, la posición en las instituciones financieras internacionales, la política exterior y de seguridad común y las ayudas al ajuste estructural. 
El Consejo- lo ha dicho esta mañana el Sr. Luis Amado- ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre la necesidad de coherencia- la última, es verdad, en noviembre de 1999 y también en otras ocasiones, como en los Consejos de Desarrollo de mayo de 1999 y de junio de 1997 -, pero sin ningún tipo de resultados concretos. 
Estando de acuerdo con lo que él ha planteado- que es muy importante -, el Consejo de Desarrollo, poco podemos decir, como ya ha señalado alguna persona que ha intervenido anteriormente. 
En cambio, como Parlamento, queremos proponer- como se ha dicho también y se plantea en la Resolución- la creación de un grupo de trabajo interservicios del que formen parte los responsables de todas las políticas citadas, el establecimiento de un observatorio de la coherencia de las diferentes políticas comunitarias, capaz de prever los efectos de cada una de ellas en los países en desarrollo y entre sí. 
Pero la realidad es que queremos ser realistas y no se nos oculta que la consecución de esos objetivos de coordinación, complementariedad y el más complejo que ahora estamos tratando- de la coherencia requerirá una política más elaborada que la que actualmente tenemos en la Unión Europea. 
Esperemos- y esperamos- dejarnos guiar por los vientos de cambio que nos traen la Conferencia Intergubernamental, la reforma de la Comisión- que también va a afectar a los servicios de desarrollo -, esta nueva legislatura y las perspectivas de la ampliación para perfeccionar una unión política más coherente. 
Por ello esperamos que la Comisión, en el informe que nos va a plantear sobre política global, presente también la cuestión de la coherencia como parte integrante para el uso eficaz de los recursos comunitarios y la gestión concreta de los intereses públicos. 
Señor Presidente, también quiero dar las gracias al Consejo y a la Comisión por sus explicaciones y al igual que otros diputados lamentar que la política de coherencia no haya ocupado un lugar más destacado. 
No obstante, a los que ocupamos un escaño en este Parlamento no nos cabe la más mínima duda sobre la razón. 
Por ello, me gustaría abordar un tema más general y comenzar con un par de cifras, en mi opinión, bastante útiles. 
A comienzos del siglo diecienueve, el ingreso real por habitante en los países más ricos del mundo era tres veces superior al de los países más pobres, en el año 1900 era diez veces superior y en el año 2000, sesenta veces superior. 
Y no hay ninguna señal que indique una inversión en esta evolución, al contrario, parece que estamos inmersos en una curva exponencial que hará las diferencias aún mayores. 
Así lo muestran las cifras siguientes: el abismo existente en los ingresos entre el quinto más rico y el quinto más pobre era en 1960 de 30 a 1, en 1990 de 60 a 1 y en 1997 de 74 a 1. 
Estas cifras son anteriores a la consolidación de la revolución de Internet. 
En otras palabras: hace falta un salto cuántico en la política de desarrollo si no queremos que los países ricos, entre ellos los países comunitarios, tengan que construir muros de contención alrededor suyo para impedir la inmigración masiva. 
En una aldea global, las grandes diferencias en el mundo no serán toleradas a largo plazo por la parte más pobre de la aldea. 
En algún momento habrá un ajuste de cuentas y estará plenamente justificado. 
Por ello, voy a pedir a la Presidencia del Consejo que ponga en marcha lo más rápidamente posible el debate anunciado y sobre todo que lo dé por finalizado, y que así todos nosotros, incluidos los ciudadanos europeos, caigamos en la cuenta de lo que comporta la globalización de forma que comprendamos que un elemento fundamental será las profundas modificaciones en materia de política de desarrollo, en lo que concierne a nuestra ayuda al desarrollo y a su nivel, estamos lejos del prometido 0,7 % en la UE por término medio. 
Puede ser que otros estén peor, pero eso no es ningún consuelo. 
Ante todo, debemos dar a los países la oportunidad de negociar con nosotros. 
Por lo que escuché- pero se me puede haber escapado -, la palabra comercio no fue mencionada ni una vez en la intervención del Presidente del Consejo. 
Al Sr. Comisario sólo quiero decirle que espero que logre sacar adelante sus propuestas en la Comisión y en los Estados miembros y también quiero pedirle al Sr. Comisario que dé ejemplos concretos de intereses sectoriales que mantienen un bloqueo no sólo en la Comisión sino también en los Estados miembros. 
Por lo demás, me gustaría decir que creo que lo más eficaz sería que el Parlamento exigiera una ponencia al Consejo de Desarrollo y al Comisario de Desarrollo respectivamente de modo que tuviéramos un punto de partida desde el que comenzar el debate, en lugar de exigir una ponencia a todos los gobiernos y a toda la Comisión, de la que apenas se saca nada positivo. 
Concluiré con unas palabras sobre la revolución de Internet. 
Como el Sr. Comisario Liikanen viaja por ahí diciendo, Europa lleva ventaja en el ámbito de la telefonía móvil. 
Utilicémosla, no sólo en provecho de nuestra propia población, sino también en provecho de los países en vías de desarrollo. 
La técnica posibilita precisamente el necesario salto cuántico y aquí la UE puede fijar el orden del día, influir el desarrollo y cumplir con su responsabilidad global. 
Señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, señor Comisario Nielson, sin coherencia en los diversos campos políticos no se puede lograr nada si se quiere que la política de desarrollo conduzca realmente al éxito. 
Pues yo no puedo construir algo, por un lado, con una mano y derribar lo construido poco después con la otra. 
Lamentablemente, hay que constatar que una gran parte de las políticas de la UE no es coherente. 
Esto es en especial aplicable a la política agrícola pues la Unión Europea sigue impidiendo con su política exportadora agresiva y el cierre de sus mercados a los países en vías de desarrollo a) un desarrollo agrícola autónomo y b) estar presentes en nuestros mercados de un modo adecuado con sus productos. 
Esta política agrícola no sólo perjudica a los productores pequeños y medios en esos países sino también a los productores en la Unión Europea. 
Se les manipula para que se enfrenten. 
Hay que verlo así y decirlo con claridad. 
Señor Presidente del Consejo Armado, cuando veo que un país como Brasil, con más 8 millones de km2 de superficie, tiene, entretanto, que importar alimentos y que casi 40 millones de personas están subalimentadas y pasan hambre, tengo que decir que esto tiene algo que ver con el modo con que practicamos nuestra política agrícola al importar, por ejemplo, soja de este país para producir nuestras montañas de carne de vacuno y a continuación congelarla de nuevo en los almacenes frigoríficos. 
Aquí se ve también claramente que hay que modificar la política y que también hay que introducir cambios en los países en vías de desarrollo en beneficio de las estructuras regionales. 
En el futuro, lo decisivo va a ser qué política va a seguir la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio precisamente en beneficio de los países del sur, cómo va a proporcionar allí a estos países una voz, una codecisión adecuada y naturalmente también cómo la Unión Europea va a abrir sus mercados a estos países. 
Pues no es admisible que exijamos de esos países una apertura de los mercados mientras que aquí en la Unión Europea seguimos amurallándonos. 
La regulación TRIPS tampoco hace justicia a los recursos en esos países, pues tienen que pagar mucho por sus productos básicos que hemos patentado nosotros antes. 
Permítanme que diga aún una cosa sobre la coherencia en esta Asamblea. 
Con frecuencia se vota aquí en las más diversas comisiones y también en el Pleno, lo que no es coherente y no concuerda con la política de desarrollo. 
La política de desarrollo debería ser un campo del que se ocupasen todas las comisiones y no se debería hablar al respecto solamente una vez al año, como hoy, cuando nos parece que es oportuno. 
También hay que coordinar del modo adecuado las políticas de los 15 países de la UE pues no puede ser que se mezclen los intereses nacionales con la política de desarrollo y se vincule la ayuda al desarrollo a unas condiciones como, por ejemplo, la siguiente: si compras mis armas obtendrás más ayuda al desarrollo. 
Esto no puede seguir así en el futuro. 
Es urgentemente necesaria una mayor coherencia, lo que no sólo es aplicable a la Comisión Europea sino también a nosotros en esta Asamblea. 
Señor Presidente, los informes dan cuentas pero también revelan la creciente contradicción de la política de desarrollo de la Unión y sus Estados miembros. 
Cuando se constata que la supresión de la pobreza es el denominador común, se trata más bien de un deseo que de una realidad. 
El hecho es que el número de pobres no ha descendido en los 20 años pasados sino que ha aumentado a 1.400 millones de personas. 
Si se hace un balance sincero de la política norte-sur, no se puede ignorar que el abismo entre los países más pobres y más ricos se ha agrandado. 
En lugar de calificar esto como una consecuencia directa de la política neoliberal se subraya la necesidad de definir con mayor claridad el concepto de "buena gestión gubernamental" para la ayuda al desarrollo. 
Sin embargo, me pregunto con qué derecho moral se puede plantear esto cuando los criterios de democracia y de Estado de derecho que se exigen son violados en los mismos Estados miembros de la UE. 
La corrupción florece, se crean cajas negras de partidos políticos y fondos de la UE se desvían probablemente a cajas para financiar campañas electorales. 
Una actitud crítica con nosotros mismos es condición previa para determinar unos criterios reales. 
Tampoco hay que olvidar que los Estados miembros de la Unión no se aproximan al 0,7 % del producto social bruto para la ayuda al desarrollo sino que, por el contrario, cada vez se alejan más. 
Lamentablemente, en el informe no se dedica ni una sola palabra a los negocios de armas, lo que han señalado ya otras y otros colegas. 
Los países industrializados, en connivencia con las castas dominantes de ciertos países ACP, no sólo obtienen unos fabulosos beneficios sino que además se pone en marcha una terrible dinámica que no debemos olvidar. 
Primero se suministran armas, a continuación surgen violentos conflictos hasta que, finalmente, se envían tropas de los Estados suministradores de armas, comenzando todo otra vez desde el principio. 
Quiero apoyar en especial en el informe del Sr. Corrie la constatación que realiza de que debemos examinar y tratar con justicia la solicitud de Cuba para ingresar en los Estados ACP. 
Se destacan los cambios que están apuntando allí. 
No debemos seguir aquí a los EE.UU sino partir de nuestras propias posiciones y no crear nuevos y mayores obstáculos. 
Señor Comisario, está muy bien exigir coherencia a las políticas, pero también tiene que configurarse mediante un trabajo político de la Comisión en cooperación con el Parlamento y aquí creo que tenemos ante nosotros grandes tareas en las que voy a participar. 
Señor Presidente, "la cooperación al desarrollo va mal". No es sino una cita cualquiera de un artículo de periódico que se publicó la semana pasada sobre la política de desarrollo de la Unión. 
No es algo nuevo. 
Desde que intentamos hacer algo en Europa en cuanto a la cooperación al desarrollo, la eficacia y la calidad se cuestionan. 
La esperanza de lograr mejoras amenaza con desaparecer si la Comisión continúa resistiéndose a mirarse en el espejo ¿Por qué no se ha hecho público el crítico informe sobre la coherencia en la política de desarrollo? 
Una conclusión importante de este informe hacía referencia a la incongruencia interna de la política europea. 
Ésta es especialmente incoherente en el ámbito del comercio y de la agricultura. 
No logramos contribuir de forma seria al desarrollo de los países menos desarrollados. 
Esto tiene que ver en su totalidad con las diferencias en el planteamiento de la cooperación al desarrollo entre los distintos países de la Unión. 
No debemos continuar considerando la cooperación al desarrollo como un instrumento de las relaciones externas y exteriores, sino como un ámbito político independiente. 
Abogo por una política de desarrollo transparente, solidaria y eficiente. 
En tanto el planteamiento europeo de la problemática del desarrollo ocasione más ineficacia y un despilfarro de dinero, continúa siendo aconsejable que los Estados miembros tengan reservado un gran papel. 
Por último, quiero pedir a la Comisión que remita cuanto antes al Parlamento el documento al que me he referido, a fin de que podamos pensar de manera constructiva en las posibles soluciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que ésta es una iniciativa pertinente y que tiene mucho sentido. 
Como ya han dicho varios oradores, con frecuencia observamos situaciones de gran contradicción entre lo que, por un lado, pretendemos hacer con la política de desarrollo y cooperación y, por otro, lo que deshacemos con otras políticas sectoriales que representan intereses contrarios desde el punto de vista del desarrollo de los mismos países. 
Y no hablamos sólo de las repercusiones concretas de nuestras políticas comunes: el turismo, el medio ambiente, la agricultura, la pesca, la industria. 
Hablamos en general, cosa grave, de contradicciones entre nuestras políticas económicas y comerciales y nuestras políticas de defensa. 
Por último, hay un conjunto de titulaciones que son contradictorias. 
En mi opinión, las contradicciones no son tan graves desde el punto de vista de las políticas comunitarias; sí que son más graves en lo relativo a ciertos objetivos e industrias de algunos Estados miembros. 
Debemos tenerlo en cuenta. 
Con frecuencia aprobamos resoluciones sobre procesos de paz en otras partes del mundo, por un lado, como en el reciente caso de Indonesia, que clama al cielo, y después verificamos, por otro lado, que había algunos países europeos que les suministraban armas y material de guerra. 
Ésas son, a mi juicio, las contradicciones más graves en todo este asunto, más que las representadas por alguna incompatibilidad de las políticas sectoriales, que también existen. 
Evidentemente, sabemos que siempre hay contradicciones entre las diferentes políticas, incluso dentro de un país concreto. 
Es normal. 
Y también hemos de comprender que en el nivel de la Unión Europea habrá contradicciones entre las diversas políticas comunes, en este caso la de desarrollo. 
Hemos de comprender que esas contradicciones existen y debemos reducirlas al mínimo, objetivo justo y sabio, al que se debe la presentación de esta resolución. 
Creo que la idea de la creación de un observatorio sobre la evolución de esa coherencia entre las políticas comunitarias y la de cooperación y desarrollo, cuyo ámbito de acción no debe limitarse a las políticas comunitarias, sino que debe abarcar también las acciones o políticas de los Estados miembros, incluidas las acciones de grupos económicos, cosa que me parece importante, es bastante sabia y pertinente. 
Ese observatorio deberá preparar un informe anual sobre la evolución y las repercusiones de esas políticas y de su conjugación. 
He dejado para el final una cuestión que me parece fundamental y que este Parlamento debe- me parece a mí- tener en cuenta y aprobar. 
Ese nuevo objetivo de reducir al mínimo las contradicciones entre la política de cooperación y desarrollo y las demás políticas debe ser un objetivo válido no sólo dentro de la Unión Europea, sino también en el nivel mundial, dada la globalización en aumento de la economía. 
Si queremos un comercio mundial justo tenemos que imponer ese mismo principio en el nivel de la próxima ronda de negociaciones multilaterales en la Organización Mundial del Comercio, porque sería contradictorio que la Unión Europea estuviera imponiéndose a sí misma una disciplina férrea, aunque justa, para que después los Estados Unidos y otras grandes potencias vinieran a hacer lo contrario y aprovechar lo que nosotros no hacemos. 
Por eso, es justo y fundamental que esos principios queden establecidos en la próxima ronda de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, quisiera limitarme a la relación existente entre la cooperación al desarrollo y la agricultura. 
Una parte considerable de los fondos se ha destinado en años pasados al desarrollo de la agricultura y de la ganadería en los países en desarrollo y especialmente en los países de Lomé. 
Los resultados no han mostrado lo que esperábamos. 
¿Cuál puede ser la causa? 
Creo que el origen debe buscarse, en primer lugar, en la inexistencia de una política agrícola clara en los distintos países en desarrollo, con las correspondientes excepciones. 
Creo que la Comisión debe desempeñar un importante papel en el desarrollo de esa política. 
Ningún agricultor, dondequiera que sea, producirá algo si los precios son demasiado bajos. 
Los gobiernos de los países en desarrollo se encuentran siempre ante una difícil elección: ¿a quién debemos apoyar, a los agricultores o a la gente de las grandes ciudades que quiere alimentos baratos? 
Este sutil equilibrio debe lograrse con el respaldo de la Comisión, y no sólo por esta institución; también los propios Estados miembros prestan ayuda en la mayoría de los países en los que la Comisión es activa. 
No puede permitirse que la política de los Estados miembros entre en contradicción con la de la Comisión. 
Las delegaciones de esta institución en los países en desarrollo deben desempeñar un papel rector en la realización del diálogo político y deben ocuparse de que todos los países sigan la misma línea. 
Así mismo, es necesario que se preste especial atención a los costes de los medios de producción. 
Con demasiada frecuencia, se suministra al agricultor de forma gratuita abono, medicamentos veterinarios y muchas otras cosas. 
Cuando termina el proyecto, transcurridos cinco años, también se termina la política de suministros gratuitos. 
Creo, por tanto, que el elemento del coste debe introducirse desde el principio en la política de todos los proyectos y, por lo que yo sé, no siempre es ése el caso. 
Por último, me pregunto si los fondos no se pueden invertir un poco mejor. 
Cada año, descubro en el presupuesto de la Comisión y en el del Fondo Europeo de Desarrollo que se lleva mucho retraso en la inversión de los fondos. 
Señor Presidente, ya hemos podido comprobar que no existe ningún informe de la Comisión, pero pienso destacar tres cosas en concordancia con los objetivos que presentó el Consejo en su memoria de 1997. 
La primera de ellas es sobre la solución de conflictos. 
He intentado averiguar durante muchos años, a través del Consejo y de la Comisión, por qué ninguna institución trabaja activamente para resolver el conflicto producido por la ocupación del Sahara Oriental por Marruecos. 
La ONU tiene un plan de paz. 
Deberíamos aprovechar esta oportunidad para poner fin al último episodio colonial en África. 
También quiero ocuparme de las migraciones. 
Me preocupan las nuevas disposiciones del convenio de colaboración y cooperación con los países de ACP que facilitarán la expulsión, sin fundamentos sólidos, de emigrantes, solicitantes de refugio y refugiados. 
Quisiera que la UE realmente diera ejemplos en materia de patentes sobre organismos vivientes. 
Hoy sabemos que cada cuatro segundos alguien muere de hambre. 
Las tres cuartas partes de ellos son niños de menos de cinco años. 
La causa de esto no es la escasez de alimentos sino aquello de lo que tanto hemos hablado hoy, la creciente pobreza. 
La salubridad de los alimentos y las garantías de diversidad biológica deben anteponerse a los intereses comerciales. 
Quiero decir que el único objetivo de las patentes sobre organismos vivientes es controlar el abastecimiento mundial de alimentos, especialmente con fines comerciales, y nada más. 
También quisiera ver algo sobre las mujeres en ese informe que espero que presente la Comisión. 
En todos los ámbitos, incluida la política de desarrollo, las mujeres están totalmente ausentes, cosa que en la realidad no es así. 
Señor Presidente, el debate de hoy subraya enérgicamente la necesidad de discutir la política de desarrollo en términos muchos más amplios que solamente la medición de los flujos de ayuda. 
El nivel de las ayudas al desarrollo es, obviamente, importante y los países ricos en su conjunto deben aumentarlas, especialmente para combatir la pobreza y mediante apuestas por el desarrollo de la capacitación. 
No obstante, el nivel de las ayudas es sólo uno de los muchos instrumentos que influyen poderosamente en el desarrollo de los países pobres. 
Muchos colegas han señalado sectores que son importantes, además de las ayudas al desarrollo, y en los que los contrastes y contradicciones entre las distintas políticas son muy graves. 
Entre otros, se pueden nombrar la política comercial, la política agraria y la política de pesca. 
Otros sectores importantes son el flujo de inversiones privadas, la colaboración en materias de investigación y tecnología y el manejo y financiación por parte de la comunidad internacional de diferentes problemas globales que nos conciernen a todos. 
Algunos de estos problemas son el clima, la diversidad biológica, los problemas de salubridad, etc. La comprobación de estos hechos se acentúa por la globalización, es decir, la nueva economía que está surgiendo. 
En esta economía son cada vez más fuertes las relaciones entre las diferentes políticas. 
Lo que se discute aquí es, en mi opinión, la contribución de la UE al debate sobre las posibilidades y riesgos de la globalización y las reglas del juego que se precisan para dar buenas oportunidades a los países pobres. 
Es esencial, como lo ha exigido Maij-Weggen, la presentación, o inventario, de la forma en que se yuxtaponen las diferentes políticas y de las contradicciones existentes entre ellas. 
Me pregunto por qué la Comisión no ha hecho más al respecto. 
La Comisión es nueva, hay que darle tiempo, pero la ausencia de un inventario de esta naturaleza es un indicador de las grandes tensiones existentes en el seno de la Comisión. 
Espero que Nielsen tenga éxito en las futuras discusiones en la Comisión. 
Además de un inventario de este tipo, quisiera ver un análisis más positivo y continuo. 
En este análisis no sólo se debería examinar el flujo de las ayudas al desarrollo sino que, además, todas las formas de ayuda y transferencias que influyen en los países pobres. 
Hablo de técnica, asuntos comerciales, colaboración en materia de investigación, etc.; sería una contribución muy constructiva a nuestro debate. 
Finalmente, en el punto 6 de la propuesta de resolución, el Parlamento recomienda la formación de un grupo de trabajo que se ocupe de la coordinación. 
Creo que es pura casualidad, pero es obvio que la Comisaria de Medio Ambiente tendrá que formar parte de este grupo. 
Confiemos en que el debate de hoy sea un hito. 
Hasta ahora, la política se ha caracterizado por dar con una mano y quitar con la otra. 
Mucha gente seguirá el desarrollo futuro con gran interés. 
Señor Presidente, en estos últimos días hemos podido escuchar una bella oratoria acerca de la necesidad de que haya mayor coherencia, coordinación y eficacia en los programas de ayuda exterior de la Comunidad y de los Estados miembros. 
Hay una esfera relativamente pequeña de actividad que goza de una enorme visibilidad pública y que brindaría un foro óptimo a la capacidad de la Unión para predicar con el ejemplo. 
Me estoy refiriendo a la continua tragedia de las minas terrestres antipersonal que representan un obstáculo para tantos programas de desarrollo, para las actividades de reconstrucción después de los conflictos, y que arruinan la vida de muchas de las personas más vulnerables de algunas de las regiones más pobres del mundo, particularmente en países en desarrollo. 
En los últimos años la Comunidad ha gastado más de 200 millones de euros en la limpieza de minas, la asistencia a las víctimas y actividades conexas. 
Los Estados miembros han desembolsado cantidades análogas. 
Pero sigue habiendo una enorme ineficiencia y falta de voluntad de aplicar una estrategia convenida con otros miembros de la comunidad internacional para superar el problema de las minas terrestres antipersonal dentro de un plazo de tiempo determinado. 
El Sr. Nielson identificó el problema de la falta de acción concertada y de la necesidad de que haya mejor complementariedad con los Estados miembros. 
Eso se viene diciendo desde hace años. 
La Comisión tiene que llevar a cabo cambios de organización, tiene que reforzar la coherencia y la eficacia de sus acciones, y lo ideal sería que lo hiciera con una dependencia central que se ocupara de la política de acción en materia de minas y que dispusiera de los recursos necesarios. 
También necesitaría procedimientos contractuales y de aplicación más rápidos así como un renglón presupuestario multianual mejor dotado y una gestión de sus programas mucho mejor. 
En cada uno de los países gravemente afectados por las minas terrestres debería efectuarse un buen inventario de la eficacia de los programas relativos a la lucha contra las minas. 
Me parece que la cuestión de las minas terrestres refleja muchas de las dificultades organizativas, de procedimiento, de gestión financiera y operacionales que vienen aquejando a la Comisión y a la Unión. 
¿Se trata de achaques del pasado, o vamos a descubrir que en esta esfera relativamente compacta y limitada la Unión Europea sigue sin poder conseguir sus aspiraciones? 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario Nielson, la conclusión del nuevo Convenio UE-ACP es un importante paso hacia una mayor coherencia. 
Y es positivo que en este nuevo acuerdo se establezcan más que hasta ahora criterios como derechos humanos, democracia, Estado de derecho o good governance, que las relaciones coloniales pasadas ya no impregnen tanto la mayor parte de nuestras relaciones sino que estos criterios políticos hayan obtenido aquí un mayor peso. 
Pues esta es la condición previa par cualquier desarrollo. 
Si no se respetan estos criterios, el desarrollo no tendrá ninguna oportunidad. 
Esto, colega Modrow, es aplicable también a Cuba. 
Saludo que Cuba se acerque a este proceso, pero tienen que producirse aún algunas transformaciones en ese país. 
Todos conocemos los informes de Amnesty International. 
Puede ser que usted, como uno de los últimos detentadores del poder del comunismo, lo vea posiblemente de modo diferente a la mayor parte de esta Asamblea y que usted vea problemas en la good governance. 
Sin embargo, se trata de un importante criterio para la Unión Europea. 
Me quiero referir a un segundo tema. 
Estamos hablando aquí sobre coherencia. 
Muchos colegas han expuesto ejemplos de hasta qué punto las diversas políticas no son coherentes. 
Pero, desde mi punto de vista, la política de desarrollo en sí necesita algo más de coherencia. 
No es coherente que la coordinación con los Estados miembros siga sin funcionar, que en los países en vías de desarrollo países miembros de la Unión Europea lleven a cabo en parte unos proyectos muy opuestos. 
Tampoco es coherente frente al contribuyente europeo que realicemos una política de desarrollo que está regulada en el presupuesto de la Unión pero que el FED siga quedando fuera. 
Señor Presidente del Consejo, si usted logra que estos 13.500 millones de euros queden sometidos en el futuro al control del Parlamento, de la Comisión de Control Presupuestario, queden sometidos a mecanismos como el OLAF, entonces creo que elevará el grado de aceptación. 
Creo que esto debería ser también una exigencia a la Conferencia Intergubernamental: el establecimiento del FED en el presupuesto de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, en su conjunto, este texto nos parece efectivamente bien intencionado y, no obstante, no lo votamos en comisión ni tampoco lo votaremos en el Pleno, por dos razones que, por lo demás, dieron lugar, de nuestra parte, a enmiendas que quisiera desarrollar aquí rápidamente. 
Ante todo, la Comisión de Desarrollo y Cooperación desea la comunitarización del Fondo Europeo de Desarrollo y es evidente que en este sentido se equivoca. 
La cooperación es y, a nuestro juicio, debe seguir siendo, un ejercicio intergubernamental. 
En el momento en que Europa prepara su ampliación, una comunitarización del Fondo Europeo de Desarrollo permitiría a algunos disimular muy fácilmente su falta de compromiso detrás de la pantalla del presupuesto comunitario, sin contar, por otra parte, que de esa manera se suprime una manera fructífera y prometedora de asociar a nuestra política de cooperación a nuestros socios del Sur. 
Por último, la Comisión demostró, recientemente, como muy oportunamente acaba de recordar la Sra. Maes, las dificultades que experimenta para administrar de manera transparente los fondos que dedica a sus programas de desarrollo y de ayuda humanitaria. 
Cabe preguntarse por qué tendrían que añadirse ahora. 
En segundo lugar, es sumamente lamentable para nosotros que el informe del Sr. Corrie mencione el acuerdo comercial y de desarrollo con Sudáfrica. Ya que, para abreviar, este acuerdo es un ejemplo de la diplomacia de aficionado que practica la Comisión Europea, y ello cada vez con más frecuencia. 
Efectivamente, sorprende totalmente comprobar que la Unión haya podido negociar para sus Estados miembros un acuerdo donde uno de los aspectos esenciales haya sido lisa y llanamente dejado en blanco. 
Dicho sea de paso, es todavía más asombroso que el Consejo no haya intervenido. 
Hoy día, por tanto, nos encontramos en la situación absurda de negociar en posición de debilidad aspectos tan esenciales como las producciones vitícolas y agrícolas, en el marco de un acuerdo que ya hemos firmado. 
La parte de este acuerdo que bloquea las negociaciones podría conducir a la Unión a tener que indemnizar a los productores para que dejen de producir Sherry, Porto, todo un conjunto de productos que, en lo que atañe al derecho comercial internacional, son lisa y llanamente imitaciones fraudulentas y ya se imagina el coste potencial de semejante precedente. 
Esta es la prueba, si todavía era necesaria alguna, de que una diplomacia inmadura, que no defiende ningún interés, salvo, sin duda alguna intereses particulares, acorralada entre la teología del libre cambio, los grupos de presión y las ONG más o menos amigas, es no solamente eficaz, sino peligrosa. 
Por último, un comentario sobre la inspiración general del informe Corrie. 
Hoy día, la Asamblea Paritaria se considera, no nos lo ocultamos, un obstáculo al libre cambio internacional para los teólogos de Ginebra y de Washington. 
Esa era la ocasión de recordar que nuestro modo de cooperación con los países del Sur, original y ejemplar, debería desarrollarse, reforzarse. 
Esta ocasión es una ocasión fallida por el informe Corrie y debemos, con pesar, sancionar el hecho de que se haya perdido hasta ese punto. 
Señor Presidente, a modo de conclusión y síntesis, quisiera subrayar tres aspectos esenciales de este debate. 
En primer lugar, en la generalidad de las intervenciones sobresale la idea muy firme de que la globalización acentúa los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales y aumenta la pobreza, por lo que algo hay que hacer, so pena de que se agraven las tensiones y surjan mecanismos de desarrollo de conflictos que pongan en entredicho la paz y la estabilidad internacionales. 
En segundo lugar, con esas miras sería importante dar otra dimensión a las políticas de desarrollo, valorizando su papel en la corrección de desequilibrios, en la atenuación de desigualdades. 
Creo que todos han atribuido gran importancia al papel de la Unión Europea en las políticas de desarrollo a escala internacional. 
Todos reconocen- y ése era el tema del debate de hoy- que, para que la Unión Europea desempeñe un papel más activo y directivo en las políticas de desarrollo a escala internacional, deberá necesariamente fortalecer la coherencia de sus diversas políticas que contribuyen a la consecución de los objetivos del desarrollo. 
Creo que en algunas intervenciones se ha subrayado mucho también que esa responsabilidad por la coherencia de las políticas de la Unión Europea no incumbe al Consejo ni a la Comisión ni al Parlamento en exclusiva; al contrario, debería ser objeto de una concertación de trabajos de reflexión y preparación legislativa e institucional, en el nivel de la Comisión o en el del Consejo o en el del propio Parlamento Europeo, pues, por lo demás, algunos diputados han presentado propuestas, como la de la creación de un observatorio o de un grupo de trabajo encargado del seguimiento de la acción de las diferentes políticas en la esfera concreta del desarrollo. 
Por último, quisiera subrayar que también conviene tomar nota- por haber sido ésa una de las prioridades del programa de la Presidencia portuguesa- de la afirmación de que es necesario valorizar la política de desarrollo en el marco de las políticas de la Unión Europea y en particular en el de su política exterior. 
Creemos que es algo absolutamente indispensable, so pena de no conseguir llevar a cabo ninguna acción consecuente en materia de coherencia de políticas, si no somos capaces de dar el relieve que las políticas de desarrollo deben cobrar como instrumento de afirmación de principios y valores que modelan la inserción de Europa en el sistema internacional. 
Para eso será necesario, en su momento, como he subrayado, cambiar de paradigma o dejar atrás el paradigma poscolonial para que las políticas de desarrollo cobren una dimensión europea. 
Creo a ese respecto (y algunas intervenciones también lo han indicado aquí) que la aprobación del nuevo convenio que substituye los Convenios de Lomé es un instrumento importante de renovación de una nueva dinámica en el planteamiento de la cooperación con un grupo tan importante de países del Sur en un momento en que es digna de mención la considerable inestabilidad existente en torno a procesos de negociación a escala internacional como los que se dieron en torno a la primera ronda de negociación de Seattle. 
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(EN) En muchas de las contribuciones a este debate me parece percibir cierto grado de frustración. 
He formulado ante ustedes una declaración en nombre de la Comisión que en mi opinión brinda una útil base para este debate. 
Les facilitaremos informaciones más detalladas que traten directamente de todas las cuestiones relativas a la coherencia. 
Este debate no es nuevo. 
Estamos trabajando actualmente sobre esta cuestión en la Comisión y una vez que ese trabajo haya acabado informaré sobre él, pues han sido numerosos los que han pedido que se les facilite el informe sobre la coherencia. 
No tengo la menor duda de que como resultado de la creciente atención política que suscitan esos problemas- algo que se refleja claramente en el debate de hoy- será más fácil para la Comisión y para la DG de Desarrollo incluir a la coherencia en primera página de nuestro programa de trabajo. 
Esto requiere también la introducción de otros mecanismos nuevos en el sistema de la Comisión que pueden muy bien incluir, como han sugerido algunos de los Grupos políticos del Parlamento, el establecimiento de un grupo de trabajo especial en que estén representados varios servicios y el establecimiento de una especie de atalaya de la coherencia en la Comisión. 
He leído- y he oído en el debate- que se está utilizando la coherencia como una especie de panacea que vale para todo. 
Me parece que es importante mantener a la coherencia como disciplina definida y relativamente clara que trata de subsanar las incongruencias cuando realmente existen, y no cabe duda de que en nuestro caso existen. 
Gran parte de ello se debe a verdaderos desacuerdos entre los sectores sectoriales de cada Estado miembro, como se ha dicho con toda franqueza en este Parlamento: la gente tiende a identificarse más o menos con sus esferas de interés, cosa que por lo demás es legítima. 
Sin embargo, me gustaría prevenirles contra la ilusión de que la incoherencia es el producto de alguna clase de deficiencia mecánica del sistema. 
Puede serlo, pero esa incoherencia no es más que una parte pequeña de lo que estamos debatiendo ahora. 
La mayor parte de esas incoherencias tienen que ver con diferencias conocidas y bien establecidas de intereses entre hombres y mujeres, etc., y ahí estriba el problema. 
El Sr. Mulder ha dicho que ningún agricultor empezará a producir nada cuyo precio sea demasiado bajo. 
Eso es cierto por lo que se refiere a la parte del mundo en que vivimos, pero nuestros asociados y beneficiarios de África tienen una perspectiva ligeramente diferente. 
En esos países se cultiva, no solamente para ganarse la vida, sino para vivir, y ésa es la diferencia. 
La agricultura de subsistencia no se basa en ningún cálculo de precios, se basa en la esperanza de que llueva durante la próxima estación. 
Eso no se aplica a toda la agricultura de los países en desarrollo sino a una agricultura destinada a reducir la pobreza respecto de la cual tenemos que intervenir más y mejor que hasta ahora. 
Desde ese punto de vista lo que estoy diciendo es muy pertinente. 
Se han mencionado otras cuestiones: la ganadería en Namibia, los tomates y la leche en polvo en el Caribe. 
No pequemos por exceso de masoquismo. 
Hay un límite para la utilidad de todo. 
Todos los casos mencionados se caracterizan por el hecho de que nos hemos ocupado de ellos. 
Se han reglamentado los precios de intervención, y los problemas que tuvimos con el ganado vacuno en África occidental y en Namibia se resolvieron reduciendo el apoyo a la intervención. 
Se trataba de verdaderos problemas, pero los hemos resuelto todos. 
En cuanto a la cuestión del cacao, o del chocolate, repito que en un 5% tiene que ver con la creación de una base de vida en los países vecinos. 
De lo que estamos hablando es de las nueces de cacao locales que son tan importantes para el pueblo que las cosecha para ganarse la vida con ellas en Burkina Faso como los cocos para los agricultores de Ghana. 
Éste no es un caso claro de incoherencia, es más bien un caso de competencia entre proveedores. 
Lo que se ha dicho acerca del azúcar en el Caribe es más complicado. 
En el marco de países y territorios de ultramar, la acumulación de algunos de esos aspectos comerciales representa un problema complicado, pero puede muy bien suceder que lo que estamos mencionando aquí tenga más que ver con la promoción de los intereses de algunas empresas europeas que con la generación de ingresos en el Caribe. 
Sea como fuere, se trata de una cuestión de la que nos estamos ocupando. 
Me he comprometido a tratar de crear el debido equilibrio en todas esas cuestiones y me permitiré mencionar la consecución del acuerdo de cooperación y desarrollo comercial con Sudáfrica. 
Diré con toda modestia que ese ejemplo es algo que indica que la Comisión está dispuesta a hacer un esfuerzo suplementario para lograr la coherencia entre la perspectiva de la cooperación para el desarrollo y la perspectiva de los intereses comerciales. 
No hay duda de que hemos hecho todo lo que correspondía para resolver este problema, y espero sinceramente que ahora tengamos un período de tranquilidad y de aplicación pacífica en los próximos años de ese acuerdo. 
Por último, quisiera darles de nuevo gracias por este debate. 
Volveremos de nuevo ante ustedes con informaciones sobre esas cuestiones, porque estos problemas, de una u otra manera, no van a desaparecer, sencillamente porque la cooperación para el desarrollo representa fundamentalmente el hecho de hacer algo en el mundo que es diferente que ocuparse de intereses comerciales tradicionalmente definidos, etc. Tenemos que armonizar esos enfoques diferentes. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
He recibido ocho propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Próxima sesión "Derechos Humanos" de la ONU 
De conformidad con el orden del día, el Consejo procede a hacer una declaración sobre el establecimiento de las prioridades de la Unión para el próximo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 20 de marzo de 2000. 
Señor Presidente, Señorías, como es sabido, la Unión Europea desempeñó un papel activo en el quincuagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra en marzo y abril de 1999. 
Presentó resoluciones relativas a la situación de los derechos humanos en el Irán, en el Iraq, en las colonias israelíes, en Myanmar, en la República Democrática del Congo y en el Sudán y negoció declaraciones que pronunciaría la Presidencia sobre Colombia y sobre Timor Oriental. 
La Unión Europea presentó por primera vez una resolución sobre la pena de muerte, que obtuvo un enorme éxito, y encabezó los trabajos relativos a una resolución sobre los derechos de los niños, iniciativa conjunta con el grupo de países latinoamericanos. 
La Unión proseguirá su papel en el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que se celebrará en marzo y abril en Ginebra. 
En particular, tal como quedó acordado en el grupo del Consejo de Derechos Humanos, el 9 de febrero de 2000, la Unión Europea se propone presentar proyectos de resoluciones sobre las colonias israelíes, el Irán, el Iraq, el Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar, un proyecto de declaración de la Presidencia sobre Colombia y, posiblemente, sobre Timor Oriental y otro sobre la situación en los diferentes países. 
La Unión Europea proseguirá los debates sobre la preparación del quincuagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en la próxima reunión del Grupo de Derechos Humanos, en marzo. 
Se debatirá, en particular, la cuestión de la posible presentación de un proyecto de resolución sobre la pena de muerte. 
Hasta el momento, el grupo no ha llegado a un acuerdo en cuanto a la estrategia que seguir en el planteamiento de esa cuestión y, en particular, en cuanto a la formulación de la transacción que presentar en última instancia en respuesta a posibles enmiendas de sentido opuesto, incluido el apartado 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que hace referencia a la cuestión de la soberanía. 
Se procuró llegar a un consenso previo sobre un texto de transacción, dadas las dificultades surgidas en el período de sesiones de 1999 de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que la posición de los Estados miembros divergía respecto de una enmienda por la que se introducía una referencia al apartado 7 del artículo 2 en el proyecto de resolución patrocinado por la Unión Europea sobre la pena de muerte. 
Como es sabido, el año pasado, en una fase ya muy avanzada del quincuagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, los Estados Unidos decidieron presentar un proyecto de resolución relativo a China, que fue derrotado por una propuesta china de no injerencia. 
La Unión Europea votó en contra de dicha propuesta. 
La posición de la Unión Europea sobre la actitud que adoptar para con China en la Comisión de Derechos Humanos fue confirmada de nuevo en el Consejo de Asuntos Generales de 21 de marzo de 1999: ausencia de iniciativa de la Unión Europea respecto de China o de copatrocinio de una resolución de China, voto de la Unión Europea contra la propuesta de no injerencia. 
No es cierto que, si se hubiera sometido a votación la resolución, se habría podido mantener la cohesión de la Unión Europea. 
Los Estados Unidos de América presentaron un proyecto de resolución relativo a China en el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y están presionando a la Unión Europea para que lo subscriba. 
Esa circunstancia ha provocado vivas reacciones por parte de ese país: las autoridades chinas están haciendo gestiones ante los países e instituciones de la Unión Europea en el sentido de que se abstengan de apoyar la iniciativa de los Estados Unidos de América. 
Esa iniciativa está en debate en la Unión, pero no se espera una decisión en breve. 
Interesa a la Unión Europea no descartar ninguna opción en la medida de lo posible, en todo caso hasta después de la reunión que se celebrará el 25 de febrero de 2000, en el ámbito del diálogo Unión Europea-China sobre los derechos humanos. 
A la luz de las modificaciones habidas en la composición de la Comisión de Derechos Humanos, se calcula que la votación sobre la propuesta de no injerencia será apretada. 
Por consiguiente, es importante que también este año los países de la Unión Europea lleguen a un consenso sobre la posición que adoptar en lo relativo a la posible votación de la resolución. 
En ese marco, es importante hacer constar que la Unión Europea se opone sistemáticamente a las peticiones de China de que en el diálogo sobre los derechos humanos se excluya automáticamente la presentación de una resolución en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. 
La Unión Europea considera inequívocamente que, aunque sea un instrumento muy valioso para el intercambio de puntos de vista y para conocer las condiciones de la posición de la otra parte, el diálogo debería también dar resultados concretos en el terreno y, de no ser así, podría ser necesaria una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, posiblemente a medida que prosiga el diálogo. 
La Unión Europea reafirma también sistemáticamente ante China que la Comisión de Derechos Humanos es la instancia adecuada para plantear cuestiones de derechos humanos y que, independientemente de su decisión de subscribir o no la iniciativa, ésta es, en cualquier caso, legítima desde ese punto de vista. 
El próximo diálogo sobre los derechos humanos se celebrará el 25 de febrero en Lisboa y, entre otras cosas, consta de seminarios sobre cuestiones jurídicas y derechos de la mujer y se prevé la participación de representantes del mundo académico y de la sociedad civil. 
El próximo seminario sobre derechos humanos lo celebrará la Presidencia portuguesa en mayo de 2000 y en la última ronda del diálogo, en octubre de 1999, la parte china aceptó la propuesta de la Unión Europea de asistencia técnica para apoyar el proceso de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, firmados por el Gobierno chino. 
La Unión Europea está debatiendo aspectos sobre los que espera que China adopte medidas concretas. 
Y, a partir de dichos debates, la Presidencia transmitirá a las autoridades chinas el mensaje de que la Unión Europea espera que China anuncie medidas positivas en el período de sesiones de 25 de febrero. 
La Presidencia presentará también a las autoridades chinas una lista de casos individuales sobre los que se propone manifestar su profunda preocupación. 
La reunión celebrada en Pekín, en octubre de 1999, confirmó que, por un lado, las autoridades chinas estaban dispuestas a hacer concesiones sobre cuestiones relacionadas con el propio diálogo, como su reestructuración, y con el debate sobre las normas jurídicas de represión (pena de muerte, detención administrativa) , pero, por otro lado, no iban a ceder en cuanto a las cuestiones fulcrales relacionadas con el sistema de partido único y la integridad territorial. 
Los debates en la Unión Europea sobre la situación en China, subsiguientes a los resultados de las rondas de los diálogos de 1999, movieron a la Unión Europea a decidirse a manifestar con la mayor firmeza su preocupación en lo relativo a las violaciones de los derechos humanos en ese país y a la falta de resultados concretos del diálogo, si bien se reconocen los pasos positivos dados por China en el nivel internacional. 
La Unión Europea ha reiterado en varias ocasiones ante las autoridades chinas su descontento con los resultados del diálogo, afirmando que esperaba mejores resultados en ciertas esferas más delicadas. 
Se decidió proseguir el diálogo, a condición de que estuviera mejor orientado y fuese más eficaz, y China concordó con la propuesta de la Unión Europea de reestructurar el diálogo mediante una mejor utilización de los expertos y establecer una vinculación más estrecha con los seminarios. 
Por último, durante la próxima Comisión de Derechos Humanos habrá también un debate sobre la racionalización de sus propios trabajos. 
Existe un grupo de trabajo dedicado a la revisión de los mecanismos de la comisión, que ha llevado a cabo una intensa labor y conviene en que es imprescindible fortalecer la eficacia de los mecanismos existentes y dotarlos de mayor rigor, con insistencia particular en las esferas financieras. 
La Unión Europea se opondrá a cualquier intento espurio de menoscabar su capacidad de intervención, mediante una reorganización de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos, y reducir al mínimo su ámbito de actuación y su permanente atención a todo lo relacionado con los derechos humanos en el mundo. 
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(EN) Señor Presidente, quisiera dar gracias a la Presidencia por la labor que ha efectuado para preparar para Ginebra cuestiones como el racismo, los derechos civiles y políticos y el derecho al desarrollo. 
Como ha dicho la Presidencia, aún queda mucho por hacer, a pesar de la petición comprensible del Parlamento y de muchas organizaciones no gubernamentales de que la Unión Europea fije su posición con suficiente antelación a la reunión de Ginebra. 
Eso es más fácil de decir que de hacer, pues estamos discutiendo todavía alguna de las cuestiones más difíciles. 
Por ejemplo, estamos discutiendo acerca de las cuestiones planteadas en la resolución del Parlamento y es demasiado temprano para decir cuáles serán los resultados en todos los casos. 
No es sorprendente que el debate sea largo y difícil. 
Esto no quiere decir que haya falta de voluntad para mejorar los derechos humanos, sino que indica sencillamente la usual ansiedad por exponer adecuadamente nuestras ideas a fin de que consigamos realmente hacer algo diferente. 
Sin embargo, me gustaría reflejar esa ansiedad refiriéndome a tres cuestiones discutibles: la pena de muerte, Cuba y China. 
Voy a permitirme el lujo de ser imprudente y de permitir que una o dos ideas personales se deslicen en mis observaciones. 
Actualmente estamos examinando las opciones y las posibilidades de introducir una resolución sobre la pena de muerte ante la Comisión de Derechos Humanos. 
Éste es un asunto acerca del cual mis opiniones personales han sido siempre sumamente inequívocas, pues siempre he votado contra la pena de muerte. 
Impulsado por Amnistía Internacional y por otros, una de las primeras decisiones que adopté como Gobernador de Hong Kong consistió en abolir la pena de muerte. 
Todos sabemos lo que ha sucedido recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas: tuvimos que bloquear nuestra resolución sobre la pena de muerte, porque corríamos el riesgo de que se aprobara una resolución que hubiera incorporado argumentos totalmente inaceptables que afirmaban que los derechos humanos no eran universalmente aplicables y válidos. 
El foro de Nueva York es diferente del de Ginebra. 
El debate del año pasado en Nueva York sobre la soberanía y la intervención humanitaria se centraba en un tema tan sensible que acabó por influir en todas las demás cuestiones. 
Sin duda alguna influyó en el debate sobre la moratoria acerca de la pena de muerte. 
Ahora bien, los debates de Ginebra se centran más en cuestiones de derechos humanos. 
Por eso tenemos más posibilidades de conseguir progresos en Ginebra. 
En segundo lugar, Cuba. 
Quiero tratar directamente de esta cuestión porque a los europeos se nos critica indebidamente por no tomar suficientemente en serio los derechos humanos en ese país. 
Estamos sumamente inquietos por decisiones adoptadas el año pasado por el Gobierno de Cuba que han reducido aún más la libertad pública, decisiones como por ejemplo cambios del código penal y del ámbito de la pena de muerte. 
También nos preocupa el reciente incremento del número de detenciones políticas. 
Estamos vigilando la situación de los derechos humanos mediante los informes de organizaciones no gubernamentales y la labor de nuestro Grupo de trabajo sobre derechos humanos que está basado en embajadas de la UE en la Habana. 
Hemos comunicado regularmente nuestras críticas a las autoridades cubanas, y este Parlamento ha hecho lo mismo. 
Ahora bien, me parece que lo que hay que hacer no es tratar de aislar a Cuba. 
Queremos que en Cuba haya una sociedad equitativa y abierta, queremos que Cuba respete los principios del mercado, la santidad de los contratos y el imperio de la ley. 
Queremos estimular un proceso de transición hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Mi parecer es exactamente el mismo en cuanto se refiere al tercer tema del que voy a tratar, que es China. 
Diré sencillamente que lo que quiero es que negociemos con China. 
Cualquier otra cosa sería una prueba de pretensión y sería contraproducente, además de representar un insulto a más de la quinta parte de la humanidad. 
También quisiera que China se transformase por medios pacíficos en una sociedad pluralista y libre que no encarcelase a los activistas democráticos ni a los creyentes religiosos. 
Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? 
Es evidente que podemos comerciar entusiásticamente con China y espero que podamos dar la bienvenida a China en la Organización Mundial del Comercio en condiciones razonables. 
Es absurdo hablar de una Organización Mundial del Comercio en la que no figura China, ni Rusia, que tampoco está. 
Pero no creo en la actualidad, ni he creído nunca, que nuestra floreciente relación económica con China- que se manifiesta, por ejemplo, con los 25.000 millones de euros de excedente de China respecto de la Unión Europea- nos obligue a guardar silencio cuando llega el momento de tratar del historial de China en materia de derechos humanos. 
Para mí la cuestión no estriba en saber si debemos ocuparnos de la cuestión de los derechos humanos en China- tenemos la obligación de hacerlo, y un interés legítimo en hacerlo- si no más bien en determinar cuál es la forma más eficaz de hacerlo. 
Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto de la presentación de una resolución en Ginebra este año? 
Como ha indicado la Presidencia, la Unión en su conjunto está considerando la actitud que debe adoptar, pero me permitiré sugerir firmemente que hay una serie de factores que los Estados miembros han de tener debidamente en cuenta. 
En primer lugar, aunque hay personas que alegan que el hecho de presentar una resolución en Ginebra no cambia nada, algunos de los más distinguidos promotores chinos de la democracia creen firmemente que sería un acto valioso, y no solamente porque significa que se envía un mensaje a la población de China. 
Éste es un aspecto que merece seria consideración. 
En segundo lugar, todos queremos tener debidamente en cuenta lo que ha estado sucediendo en China en los últimos meses, por ejemplo las duras penas impuestas a los que luchan por la democracia, la detención y las recientes sanciones infringidas a miembros de iglesias cristianas y las detenciones y sentencias contra los miembros de Falun Gong. 
Los dirigentes chinos no tienen ninguna duda acerca de nuestra posición respecto de todas esas cuestiones y respecto de los sucesos del Tibet. 
Ya les hemos expuesto nuestro parecer con toda claridad. 
Aunque todos sabemos que para muchos habitantes de China se ha registrado una verdadera mejora a largo plazo de sus perspectivas económicas y de sus libertades sociales y económicas, la otra cara de la moneda no es tan lisonjera. 
Los que se oponen a que presentemos una resolución dicen que ahora tenemos por lo menos un diálogo con China en materia de derechos humanos. 
Éste es un argumento cierto y potencialmente valioso, aunque he de decir- y se lo he dicho a los funcionarios chinos como también se lo he dicho a la Presidencia- que la satisfacción suscitada por nuestro diálogo dista mucho de haber alcanzado las proporciones que hubiéramos deseado. 
Claro está que el diálogo nos ha permitido identificar y aplicar programas de cooperación de la UE en materia de derechos humanos y en las esferas jurídicas. 
Ésta es una evolución bien acogida y creo también que nuestro programa de buena gestión pública de poblados debe ayudar a promover la democracia en el plano de la comunidad. 
Es evidente que un diálogo tan complejo como el diálogo sobre derechos humanos va a durar mucho tiempo, pero me gustaría haber identificado ya algunos claros beneficios. 
El próximo diálogo que tendrá lugar en Lisboa el 25 de febrero constituirá una prueba importante. 
Nos demostrará si el diálogo está dando resultados o no. 
¿Qué es lo que, a fin de cuentas, queremos que sean los primeros resultados? 
Bueno, por ejemplo nos gustaría que China, que ha firmado el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Sociales y Culturales, tome medidas con miras a su ratificación. 
Me gustaría que estuviéramos más próximos a ese momento. 
Todo lo antedicho, ¿dónde nos sitúa este año? 
Repito que los Estados miembros tendrán que decidirse. 
Lo que espero es que, en primer lugar, adoptemos en Europa una posición común y nos atengamos a ella, que no permitamos que algunos se separen de los demás, que nuestra actitud no se base en la pretensión o el autoengaño y que sea una posición común y una posición sensible. 
Sé que algunos dicen que tenemos que contar con una forma mejor de insistir en nuestra inquietud acerca de los derechos humanos que el recurso a la presentación de resoluciones. 
Si eso es verdad, entonces por lo menos tendríamos que ser más imaginativos y más honrados con nosotros mismos en esa forma de considerar la situación. 
Si hemos de apoyar nuestra posición en el diálogo sobre derechos humanos, entonces necesitaremos estar en condiciones de convencerles a ustedes, a la comunidad de organizaciones no gubernamentales y a la población en general de que estamos progresando realmente. 
Esto, en mi opinión, es el reto para las próximas semanas. 
Quedo agradecido a este Parlamento por su inquietud acerca de los derechos humanos en el mundo, y particularmente en China. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
Interrumpimos aquí el debate sobre la declaración conjunta relativa al próximo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para iniciar las votaciones. 
Bienvenida 
Tengo el placer de dar la bienvenida a este Parlamento a una delegación del Consejo Legislativo de Hong Kong. 
(Fuertes aplausos) 
VOTACIONES 
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tras esta votación quiero preguntar al Comisario competente, el Sr. Byrne, si está ahora dispuesto a aceptar las enmiendas después de haber visto el elevado grado de aceptación en esta Asamblea. 
. Lamento decir que creo que la posición bien estudiada que propuse ayer es la posición adecuada. 
El enfoque amplio que la Comisión desea adoptar a este respecto se presentará tan pronto como sea posible con arreglo al artículo 152 según el cual el Parlamento tendrá una función de codecisión. 
Ésta es la forma apropiada de tratar este asunto. 
Señor Presidente, de conformidad con el apartado 2 del artículo 69 solicito la devolución a la comisión. 
El motivo es que aquí se trata de la aproximación de una norma jurídica que ha propuesto la Comisión. 
Lo hemos aceptado pero hemos propuesto otras aproximaciones de normas que afectan a esta directiva, sobre todo la recogida de un texto- que ha sido aprobado en su totalidad por la Comisión- sobre el empleo y etiquetado de organismo modificados genéticamente. 
Somos de la opinión de que en este momento se debe incluir en la mencionada aproximación, pero la Comisión no lo recoge. 
Creo que de conformidad con el apartado 2 del artículo 69 debemos intentar hablar con la Comisión, por lo que ruego a las y a los colegas que aprueben la devolución. 
(El Parlamento decide devolver el informe a la comisión) 
Informe (A5-0034/2000) de la Sra. Stenzel, en nombre de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen las orientaciones relativas a los Programas de Iniciativas Comunitarias (PIC) para los que se invita a los Estados miembros a presentar propuestas para la consecución de subvenciones en el marco de la iniciativa EQUAL (COM (1999) 476- C5-0260/1999- 1999/2186 (COS)) 
Señor Presidente, permítame que diga públicamente a la Sra. Stenzel como miembro de la presidencia del ÖVP que muchos diputados están espantados de que haya establecido una coalición con Haider y que queremos condenarlo aquí. 
(Aplausos de la izquierda, exclamaciones de la derecha) 
. (DE) Señor Cohn-Bendit, Señorías, me parece que el Parlamento Europeo no es el lugar para inmiscuirse en la política interior de un país del modo tan masivo como usted lo hace. 
Puedo hablar en nombre de mi partido político que fue un abanderado para que Austria se adhiriese a la Unión Europea, lo que así hizo. 
Como fuerza política, somos la garantía de que Austria permanezca vinculada a los valores europeos. 
Me niego a que por motivos de política interior y partidistas se me encasille en un rincón de extrema derecha. 
Esto no corresponde a los hechos sino que es mera polémica. 
Lo rechazo con toda decisión. 
(Vivos y largos aplausos del centro y de la derecha, protestas de la izquierda) 
Bienvenida 
Me parece que éste es un momento sumamente apropiado para recibir en la galería oficial a una delegación de cuatro miembros del Parlamento marroquí, al frente de la cual figura el Sr. Brahim Rachidi, Presidente adjunto de la Cámara de Representantes. 
Nos honra la visita de esta delegación que tiene lugar poco antes de que entre en vigor el 1 de marzo del 2000, el Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la Unión Europea. 
En tan histórica ocasión acogemos con satisfacción esta evolución de nuestras relaciones y la perspectiva de que haya vínculos más estrechos entre los dos parlamentos. 
Con este espíritu la delegación para las relaciones con los países del Magreb estará en Marruecos del 20 al 22 de marzo. 
Deseo a la delegación del Parlamento marroquí una estancia excelente en Estrasburgo. 
(Fuertes aplausos) 
Señor Presidente, quisiera solamente aprovechar que da usted la bienvenida a una delegación para señalarle que también tenemos el gusto de recibir en esta Casa, el día de hoy, a los principales responsables de las asociaciones antirracistas austríacas que nos hacen el honor de visitar el Parlamento. 
(Se suspendió la sesión a las 11.50 horas para celebrar una sesión solemne con ocasión de una declaración del Sr. Vaclav Havel, Presidente de la República Checa, y se reanudó a las 12.50 horas.) 
VOTACIONES (continuación) 
. (FR) Saludo la calidad y ambición de este informe relativo a LIFE. 
Debo recordar brevemente que LIFE es un instrumento financiero al servicio tanto de las políticas de medio ambiente en el seno de la Unión Europea como en países terceros, ya sean países mediterráneos vecinos, países ribereños del Mar Báltico o países candidatos a la adhesión. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, ha propuesto numerosas enmiendas que en su mayoría han sido aprobadas en la posición común adoptada por el Consejo. 
Para la tercera etapa de LIFE (2000-2004) , este instrumento se dividirá en tres ejes llamados Life-Naturaleza (47 % de los recursos) , Life-Medio ambiente (47 %) y Life-Países terceros (6%). 
Las modificaciones más importantes tienen relación, a mi juicio, con: 
la contribución de LIFE al desarrollo duradero en la Comunidad, así como al desarrollo de la política comunitaria en el ámbito del medio ambiente, principalmente en lo que respecta a la integración del medio ambiente en las demás políticas, y a la aplicación, así como a la actualización de la legislación sobre el medio ambiente; 
la mejora de la eficacia, de la transparencia y de la metodología de los procedimientos de aplicación de LIFE, de los procedimientos de información y difusión ante el público y de los procedimientos de cooperación entre los beneficiarios; 
el objetivo de LIFE: éste ha de buscar principalmente un desarrollo urbano duradero, en asociación estrecha con los proyectos piloto realizados en el ámbito de la iniciativa URBAN, sobre la que he tenido ocasión ya de manifestarme; 
la contribución de los proyectos sostenidos a la durabilidad de las actividades socioeconómicas y, por tanto, a la creación de empleo. 
Lo que considero esencial es que el instrumento LIFE siga abierto a la participación de los países candidatos de Europa central y oriental. 
Los demás países candidatos (por ejemplo: Chipre, Turquía, Malta) podrán participar igualmente en LIFE cuando se concluyan con estos países acuerdos que permitan esta participación. 
El escollo en las negociaciones con el Consejo reside, por supuesto, en el importe de la dotación financiera prevista para la tercera etapa del programa LIFE (2000-2004). 
La propuesta de la Comisión ratificada por el Consejo es de 613 millones de euros mientras que la Comisión de Medio Ambiente considera que el presupuesto debería ser de 850 millones de euros. 
Apoyo en este sentido la firmeza manifestada por la señora ponente. 
En efecto, la dotación financiera no ha sido adaptada desde la creación de este programa, ni siquiera en el momento del paso a quince Estados miembros después de la ampliación de la CEE. 
Si el informe se aprueba en el Pleno debería abrirse una conciliación, como prevé el procedimiento de codecisión, para resolver la cuestión del importe de los créditos previstos por el programa. 
Este tipo de procedimiento es una práctica corriente ya que los programas o las medidas legislativas están con frecuencia dotadas de presupuestos que no responden a las ambiciones. 
Informe Böge (A5-0023/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución sobre la reorganización de la legislación relativa al derecho de autor, ya que lo considero uno de los ámbitos más importantes en los que se despliega la actividad del Parlamento Europeo. 
Opino que el producto del ingenio es mucho más importante que las construcciones, los productos tangibles que conseguimos ver y tocar, porque del ingenio y la ciencia que, aunque no se pueden tocar con la mano, se derivan resultados muy notables que nosotros, como Comunidad Europea, deberíamos respaldar mucho más activamente no solo a través de la protección de las patentes, sino concediendo facilidades y apoyo a los científicos, a aquellos que- atesorando las enseñanzas recibidas- trabajan para ofrecer a las generaciones futuras algo mucho más importante que lo que tuvimos en el pasado. 
- (DA) Por principio, somos contrarios a que la Comunidad Europea celebre tratados sobre propiedad intelectual en nombre de sus Estados miembros. 
No obstante, vemos que se trata de una competencia conjunta entre los Estados miembros y la Comunidad y asimismo consideramos los Tratados WIPO como un avance fundamental de cara a garantizar los derechos de los distribuidores y de los artistas ejecutantes. 
De ahí que votemos a favor de la recomendación. 
, por escrito- (DE) El Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea se ha abstenido en este asunto porque el Comisario Bolkestein no respondió en el debate en Pleno del día anterior a ninguna de mis preguntas sobre la adhesión de la UE a los Tratados WIPO. 
Desde un punto de vista institucional no se ha aclarado el papel que desempeñará el PE en el posterior desarrollo de los Tratados WIPO. 
Además, va perfilándose la tendencia de, cada vez más a menudo, atribuir a la UE competencias en materia internacional. 
Pero, si no está claro en qué medida el PE puede participar en los procesos de decisión, se plantea entonces la cuestión de la legitimación. 
De igual modo, en los Tratados no se define el concepto de autor / autora. 
La Comisión tampoco ha respondido a las preguntas de sobre la base de qué definición quiere actuar y de si pretende resolver los previsibles conflictos imponiendo a los demás su definición del concepto jurídico. 
Uno de los puntos más delicados es el interés público: ¿conducirá la transposición y aplicación de los WIPO a la privatización de la creación? 
Y, por último, debe aclararse la cuestión de la relación entre los TRIPs y los WIPO ­también aquí el silencio de la Comisión por "respuesta". 
¡Si en un debate parlamentario anunciado no se contribuye nada al esclarecimiento de los problemas ni a la adopción de posiciones, entonces debemos, por lo menos, abstenernos! 
Informe Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000) 
Después de los escándalos de la EEB y de las dioxinas, las cuestiones de seguridad alimentaria son el centro de atención. 
Los OGM siguen presentando muchas incertidumbres, desde el punto de vista de sus repercusiones medioambientales, para la salud humana y animal. 
Por eso, allí donde no exista certeza científica debe imperar el principio cautelar. 
Se debe hacer un estudio más profundo de la utilización de la biotecnología y no se debe "empaquetar" ya desde ahora para su venta en nombre del lucro de algunas multinacionales del sector. 
Por lo demás, el lucro ha sido el motor de las actuales crisis en el nivel de la seguridad alimentaria. 
En ese marco es en el que se sitúa el ponente, al enmarcar jurídicamente la cuestión de los OGM con la alimentación animal, recordando que éstos "sólo pueden ser autorizados, en caso de que sean inocuos para la salud humana y para el medio ambiente". 
Además, considera que los "aditivos genéticamente modificados deben ser indicados claramente como tales en todos los rótulos, documentos administrativos o documentos acompañantes de otro tipo". 
Eso permitirá un mayor control y rastreabilidad de dichos aditivos y garantizará la libertad de elección del consumidor. 
Después del Acuerdo de Montreal sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) , considero positivo que el ponente haya incluido en su informe estos asuntos y, por eso, he votado a favor de su informe. 
Informe Stenzel (A5-0034/2000) 
Señor Presidente, quisiera dar muy brevemente una explicación de voto, en nombre del Grupo del PPE, respecto del informe sobre Equal. 
Hemos seguido una lista de votación que era exactamente igual a la acordada previamente con el Grupo Socialista. 
Ese grupo ha cambiado de opinión, de ahí que el informe resulte ahora menos claro de lo que, de otro modo, habría sido. 
Éste es el motivo de que nos abstengamos. 
Queremos que el informe sobre Equal, que es muy importante tanto para los refugiados como para las personas de la tercera edad, los minusválidos y las mujeres, continúe normalmente. 
Es lamentable que el procedimiento haya dado lugar a que este informe reciba una atención tan poco favorable en esta sesión plenaria. 
Estoy convencido de que la nacionalidad de la ponente ha desempeñado un cierto papel, algo que no debería suceder en este Parlamento. 
Es realmente contrario a los valores europeos, y, con toda seguridad, contrario a los valores de los que tan a menudo se habla en este Parlamento. 
Éstas han sido nuestras consideraciones a la hora de abstenernos en la votación de este informe. 
Queremos que Equal salga adelante. 
Estamos muy de acuerdo en su mayor parte, pero lamentamos el procedimiento y, especialmente, el abuso fácil que algunos grupos han hecho de este procedimiento. 
Señor Presidente, me he abstenido en la votación sobre la iniciativa EQUAL también en mi calidad de representante del Partido de los Pensionistas ante el Parlamento Europeo porque, a pesar de que introduce de manera más significativa que antes el apoyo a los proyectos dirigidos a luchar contra la discriminación por razón de edad, no ha sido bastante incisiva y concreta al respecto. 
Asimismo me he abstenido de votar por otro motivo: creo que ha llegado el momento de que las Instituciones de la Unión Europea dejen de ensayar y de buscar buenas prácticas con relación a qué debemos hacer y comiencen a dar indicaciones concretas a los ciudadanos europeos sobre lo que Europa quiere que sea Europa. 
Debemos tomar medidas concretas y pasar de la teoría a la práctica. 
- (DA) Hemos votado a favor del informe sobre la Comunicación de la Comisión sobre las directrices de los programas de iniciativa comunitarios (PIC). 
En principio, somos contrarios a este tipo de programas y a los fondos estructurales, sin embargo, puesto que la votación sólo trata de cómo- y no si- estos recursos van a ser utilizados, sólo nos hemos expresado sobre esta cuestión. 
Nos parece importante garantizar la igualdad de oportunidades para los grupos mencionados en el informe. 
. (EN) He votado a favor del informe de la Sra. Stenzel sobre la iniciativa EQUAL por estimar que es esencial para seguir la labor iniciada respecto de los aspectos NOW, HORIZONT, YOUTHSTART e INTEGRA de las iniciativas ADAPT y EMPLOYMENT. 
Hay que aprovechar las lecciones que hemos aprendido en virtud de esas iniciativas. 
EQUAL significa "igualdad". 
Hay que poder apercibirse de sus resultados. 
Me satisface la propuesta de que nos concentremos en la promoción de nuevas formas de lucha contra la discriminación y contra toda clase de desigualdad en el mercado laboral. 
Estoy también en favor de que nos alejemos de un formato anticuado y de que agrupemos a los asociados en la búsqueda de formas innovadoras de lucha contra el desempleo. 
Tiene que haber flexibilidad. 
Lamento profundamente que solamente se disponga de fondos limitados para esa iniciativa. 
En el último período de programación el 9% de los Fondos Estructurales estaba disponible para las iniciativas de la Comunidad. 
Ahora esa cifra es sólo del 5,35 %. 
Esto significa que hay que utilizar los fondos de forma que se aproveche al máximo sus efectos y que hay que difundir con amplitud y rapidez la información sobre las asociaciones que han tenido éxito. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales aprobó varias de las enmiendas que propuse, por ejemplo acerca de que se haga hincapié en el acceso al capital inicial, la forma de aprovechar nuevas oportunidades comerciales en las ciudades, las poblaciones y las zonas rurales y la crítica de que en las anteriores iniciativas no había suficiente participación de las empresas. 
Esto significa a menudo que buenos proyectos no se traducen en verdaderas oportunidades de empleo. 
La experiencia positiva de las actividades innovadoras de los pequeños promotores se vio perjudicada por estar alejados de los procesos normativos. 
También puso de relieve la necesidad de la prevención. 
Hay que hacer hincapié en la participación de los interlocutores sociales. 
Tiene que haber flexibilidad y uno de los asuntos prioritarios tiene que ser la reducción de la carga administrativa. 
Tiene que haber flexibilidad también para los países que tienen presupuestos pequeños. 
Aunque hay algunos aspectos del informe que en mi opinión hubiera sido mejor tratar de otra manera, en general estimo que el informe brinda un enfoque flexible y sensible y merece apoyo. 
Con esta iniciativa comunitaria EQUAL, la Comisión pretende substituir las iniciativas comunitarias EMPLEO y ADAPT y varios subprogramas que existían en esos sectores- NOW (nuevas oportunidades para las mujeres) , HORIZON (para las personas portadoras de deficiencias) , YOUTHSTART (inserción de los jóvenes en el mercado laboral) e INTEGRA (para grupos amenazados de exclusión) -con el agravante de que hay una importante reducción de las asignaciones previstas. 
Así, mediante esta iniciativa se formularán los que la Comisión considera nuevos métodos de lucha contra la discriminación y las desigualdades de toda clase en el marco del mercado laboral a partir de los cuatro pilares de las directrices de la política de empleo. 
Es mucho para fondos tan escasos. 
Pero, para garantizar posibilidades de éxito en esta nueva metodología, la Comisión debería haber optado por una propuesta menos compleja, más simple y directa, con la participación de las ONG desde el comienzo del proceso, para que las cooperaciones se desarrollen equilibradamente. 
No lo ha hecho. 
Esperemos que por lo menos revise aún los aspectos que hemos mencionado. 
Afortunadamente, el Parlamento Europeo continúa sus iniciativas en materia de lucha contra las discriminaciones y las desigualdades, y los cuatro ámbitos retenidos por el programa EQUAL- la capacidad de inserción profesional, el espíritu de empresa, la capacidad de adaptación y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres- parecen ser verdaderamente pertinentes. 
Sin embargo, el presente informe, probablemente animado por las mejores intenciones, toma aquí y allá una dirección que me parece sumamente peligrosa en la medida en que tiende a difuminar las nociones de ciudadanía y de desigualdad y hace de una multiplicidad de excepciones el derecho común sobre cuya base se construye la reflexión comunitaria. 
Efectivamente, si sólo puede aprobarse la decisión de aceptar medidas específicas para erradicar toda forma de discriminación en el mercado de trabajo susceptible de afectar a los solicitantes de asilo, ya- por definición- duramente golpeados por el destino, todavía es preciso conservar de esta noción una concepción legalista: en definitiva, si se tiene toda la razón en ayudar a los solicitantes de asilo debidamente reconocidos y en situación regular, la situación es totalmente distinta para numerosas categorías enumeradas por el informe- solicitantes objeto de examen, bajo protección temporal, excluidos del estatuto y amenazados de expulsión- para quienes este informe prevé una ayuda idéntica. 
Ahora bien, las medidas de ayuda prevista por el informe corren el riesgo, por capilaridad, de experimentar una nefasta extensión: solicitantes de asilo, naturalmente, luego solicitantes de asilo en instancia de juicio bajo protección temporal, por último, solicitantes cuya demanda ha sido rechazada y amenazados de expulsión, deberían poder, según el informe, gozar de esta serie de medidas cuando su propia naturaleza- ¿qué es un solicitante de asilo cuyo estatuto de refugiado ha sido rechazado y que está amenazado de expulsión si no un inmigrante en situación irregular? -debería, por lo menos para los últimos de entre ellos, excluirlos de una política de integración en una comunidad que no reconoce como legítima y regular su presencia en su seno. 
Una señal de este tipo constituiría, voluntariamente o no, un formidable llamamiento a una inmigración cuya única demanda de estatuto de refugiado, concedida o no, bastaría para justificar una serie de medidas que deberían conducir a su integración duradera en el mundo del trabajo, en un entorno general de penuria y en el que las poblaciones regulares, extranjeras autóctonas, se ven cruelmente confrontadas al problema del paro. 
En consecuencia, y a pesar de sus orientaciones generales que no pueden sino ser compartidas, no era posible que votara un informe que conlleva en sí mismo el germen de una nueva violación a las nociones de ciudadanía y de legalidad republicana, a las que estoy especialmente apegada. 
Informe Lieneman (A5-0027/2000) 
Señor Presidente, alguien de entre nosotros recordará una película de éxito titulada "Cocoon", en la que las personas mayores se convierten en jóvenes tras beber un agua especial. 
En consecuencia, a mi juicio, es sumamente importante dedicar la máxima atención al agua que todos nosotros bebemos y seguir y aprobar esas resoluciones relacionada con la misma. 
Por esto he aprobado esta resolución, aunque quiero subrayar que espero que se cuide ante todo que el grado de pureza del agua alcance el máximo nivel en el momento en que entra en nuestros hogares. 
En efecto, en la resolución aprobada constato la falta- aunque confío en que se solucione en el futuro- de una ayuda a los que purifican el agua en sus domicilios, en sus hogares. 
Salvo en la enmienda 76, en la que tuve un error, pues mi intención fue votar positivamente, el resto de mis votos podrían explicarse con el siguiente relato de ficción: 
Supuesto proyecto de directiva medioambiental: "Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece la obligación de mantener durante el invierno, en calles, plazas y jardines de las ciudades europeas una temperatura no inferior a dieciocho grados centígrados". 
Grandes líneas de la Directiva: a) cada ciudad habrá de dotarse de los medios energéticos y tecnológicos suficientes para que tal objetivo se consiga en el año 2012; b) los costes serán repercutidos íntegramente al habitante de cada ciudad, formando parte del precio de la electricidad. 
Opinión de un diputado de la Europa del norte: "Esta Directiva sería injusta ya que, por ejemplo, el coste para un habitante de Estocolmo sería más de doscientas veces superior al coste para un habitante de Nápoles". 
Opinión de un diputado de la Europa del sur: "Sin embargo, esto es la competitividad y la igualdad de condiciones". 
(Acaba la ficción). 
Y el diputado que ahora explica su voto considera positivo que haya una directiva comunitaria sobre el agua, pero estima que con dogmatismos medioambientales no se construye Europa, sino que se incurre en una caricatura legislativa. 
No puede tratarse igual a países con regímenes de inundaciones y sequías, como los mediterráneos, que a los países con régimen pluviométrico septentrional. 
En otro orden de cosas, sería insolidaria una Europa que hiciera prácticamente imposibles los trasvases de agua entre diferentes cuencas, en el futuro. 
Una vez más, hay que recordar que estamos en un proyecto continental de unión política. 
Beber, alimentarse, lavarse, cultivar... : el agua irriga cada uno de los actos de nuestra vida cotidiana. 
Un agua considerada equivocadamente como un recurso inalterable e inagotable. 
Porque un gesto tan sencillo como abrir un grifo parece tan evidente como el agua clara. 
Sin embargo, la fuente de agua clara amenaza con secarse... 
Todos los estudios científicos son ahora formales: el agua constituirá el elemento esencial que se encontrará en juego en los años que vienen, a partir de mañana. 
Sin embargo, mañana será demasiado tarde. 
Ya es hora, hoy día, de aclarar las reglas del juego, antes de que todos resulten perdedores. 
Al adoptar la directiva sobre las aguas, el miércoles 15 de febrero, el Parlamento Europeo afirma su ambición de proteger las aguas de superficie, las aguas marinas, las aguas interiores y las aguas subterráneas. 
Europa dispone de ahora en adelante de un marco que permite prevenir toda deterioración de la calidad del agua, de fomentar su utilización sostenible, de proteger los ecosistemas, de contribuir a luchar en contra de las inundaciones y las sequías y eliminar los vertidos de sustancias peligrosas. 
Es un salvavidas que se lanza al agua. 
Recibo esta ambiciosa propuesta de directiva marco sobre las aguas con la mayor satisfacción. 
Efectivamente, la catástrofe ecológica que hace estragos en las riberas del Danubio nos recuerda, si acaso era necesario, que demasiado a menudo la negligencia humana hace que se pongan en peligro los recursos naturales, tales como el agua. 
El objetivo de esta propuesta de directiva, que data de 1997, es de poner fin a la fragmentación que caracterizaba hasta ahora la legislación sobre las aguas y proteger las aguas de superficie, las aguas marinas, las aguas territoriales y las aguas subterráneas. 
Brinda un marco que permite prevenir una deterioración suplementaria de toda índole, proteger los ecosistemas, fomentar una utilización sostenible del agua, contribuir a luchar contra las inundaciones y sequías y eliminar progresivamente los vertidos de sustancias peligrosas. 
A continuación se adoptarán directivas específicas en el seno de este marco. 
El procedimiento relativo a la elaboración de este texto fue largo. 
La propuesta de directiva fue modificada en dos ocasiones. Una primera vez en 1997, una segunda en 1998. 
Un grupo de trabajo técnico integrado por representantes del Consejo y del Parlamento se reunió, en enero de 1999, para tratar de aproximar las posiciones de nuestras dos instituciones. 
Sin embargo, las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor siguen siendo numerosas. 
Yo sostengo la mayor parte de ellas. 
En lo relativo al calendario y los objetivos, el Consejo prevé que el objetivo de alcanzar un buen estado de las aguas de superficie se realice a más tardar 16 años después de la entrada en vigor de la directiva, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor desea que este plazo se reduzca a 10 años. 
La comisión pide igualmente que se ponga fin a todo vertido o pérdida de sustancias peligrosas para 2020. 
El objetivo final debe consistir en alcanzar valores próximos de cero para 2020. 
El Consejo espera llegar a un buen estado de las aguas subterráneas al cabo de un plazo de 16 años, pero la Comisión se propone poner fin a la deterioración del estado químico cualitativo de las aguas subterráneas para alcanzar el nivel de buen estado de las aguas subterráneas en un plazo de 10 años. 
Todas las normas y todos los objetivos relativos a las zonas protegidas deben realizarse antes de 10 años y no dentro de 16 años. 
Debo decir que estoy a favor de estas reducciones de los plazos, con mayor razón cuando se han previsto derogaciones. 
En lo relativo a los costes, apruebo la propuesta de que aquí a 2010, los Estados miembros tendrán que velar por que las políticas de fijación de los precios del agua inciten a una utilización más razonable de los recursos de las aguas. 
En el mismo sentido, espero que la Comisión Europea haga una declaración clara con la que se comprometa a presentar una propuesta tendiente a asegurar que los precios de la utilización del agua reflejan los costes medioambientales y los costes en términos de recursos para 2012. 
Terminaré citando una de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que no necesita ningún comentario: "el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que pertenece a los pueblos de la Unión Europea y que hay que proteger, defender y tratar como tal". 
. (EN) Quiero que conste oficialmente en acta mi preocupación acerca del informe Lienemann y también los motivos de mi voto. 
Hemos convenido todos en la necesidad de establecer controles adecuados para la protección de nuestro abastecimiento de agua y también para los usuarios del agua. 
Mucho de lo que dice el ponente respecto del problema del agua es digno de elogio. 
Ahora bien, la cuestión de los derechos o impuestos por la utilización del agua es una cuestión que, en virtud de las normas de subsidiariedad, son los Estados miembros quienes tienen que decidir. 
En mi opinión no procede utilizar un medio tan tosco como la imposición de una carga común europea respecto de esta cuestión. 
En Irlanda todos los usuarios principales de agua, que son el comercio, la industria y la agricultura, pagan ya la utilización del agua. 
Ésta es una decisión del gobierno nacional y local, y en ese nivel es donde deben seguir estando todas las decisiones futuras. 
Esos son los principales motivos de mi voto. 
. (EN) La Unión Europea se halla actualmente en pleno proceso de adopción de una nueva legislación de aguas en la Unión Europea con miras a actualizar y establecer una estrategia a largo plazo para conseguir un abastecimiento de agua de beber limpia y la protección de los actuales recursos hídricos, ríos y aguas costeras incluidos. 
Apoyo los objetivos de esta acción comunitaria en materia de política de aguas, pero no apoyo la propuesta de que los usuarios de aguas domésticas tengan que pagar derechos por el agua utilizada. 
En este contexto, el agua no es un producto comercial: es un elemento esencial para la vida y las personas tienen que tener libre acceso a un abastecimiento suficiente para su vida cotidiana normal 
Consideramos positivo que se procure invertir tendencias de degradación del agua, que son alarmantes, y que los gobiernos suelen pasar por alto con demasiada frecuencia. 
Todos sabemos que el agua es un bien esencial para la Humanidad y que es urgente defender su calidad. 
Pero igualmente esencial es tener en cuenta que los componentes de la política del agua son indisociables y la actuación en esa vertiente condiciona todas las demás. 
Ahora bien, en el debate y en las propuestas se ha dado preferencia al tema "calidad físico-química y ecológica del agua" y casi sólo marginalmente se han tenido en cuenta los efectos perversos en las restantes dimensiones. 
Así, pues, es necesario tener en cuenta la diversidad de las realidades de los Estados miembros, las especificidades climáticas, los regímenes hidrológicos y sus variaciones a lo largo del año, los efectos sociales, económicos y ecológicos de la aplicación de las normas o también de su ausencia. 
Las preocupaciones por esas cuestiones son las que nos han hecho discrepar de algunas propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre todo las que se refieren a un calendario demasiado restrictivo y al poco cuidado de los aspectos sociales y agrícolas, muy importantes para un país como Portugal, en el que hay problemas de escasez de agua y, además, un desarrollo socioeconómico deficiente. 
Pero también consideramos que en muchos casos las propuestas de la Comisión y del Consejo son demasiado retrógradas, por lo que deseamos que haya una votación equilibrada dentro de los condicionamientos de las propuestas presentadas. 
La posición común del Consejo sobre esta propuesta de directiva marco no ha decepcionado. 
Es minimalista en bastantes puntos, especialmente en lo relativo a las fechas de entrada en vigor de un número demasiado importante de disposiciones así como el número y las condiciones de aplicación de las derogaciones. 
No obstante, el problema principal reside en la definición del objetivo que la Unión Europea desea alcanzar con este texto. 
El objetivo es, naturalmente, crear, ante todo, un marco general claro que permita simplificar por fin el derecho aplicable en la materia. 
No obstante, además de este objetivo, la Unión debe tener la ambición de mejorar la calidad de las aguas de superficie así como las aguas subterráneas. 
Se encuentran en juego la salud pública y el abastecimiento de agua potable, la calidad y la diversidad biológica, la preservación de los paisajes y de las especies. 
Desde este punto de vista, la posición común es débil. 
Desearía que nuestro Parlamento defendiera una posición más ambiciosa que la del Consejo, pero desearía que esta posición fuera también verosímil. 
La exigencia del nivel "cero vertidos" y "cero contaminación", incluidas las sustancias naturalmente presentes en el agua, no es realista. 
No soy de esos diputados que piensan que es indispensable adoptar, en segunda lectura enmiendas "extremistas" cuyo único fin es acondicionarse un margen de maniobra con la perspectiva de una negociación con el Consejo de Ministros. 
Por el contrario, rechazo esta estrategia que ahora es sistemática. 
Perjudica a nuestro Parlamento. 
Nuestros mensajes dirigidos a los ciudadanos y al Consejo son confusos y no son verosímiles. 
Los objetivos demasiados estrictos desde el punto de vista medioambiental, que no tienen en cuenta las realidades, no se aplicarán, ya que jamás podrán ser alcanzados. 
¿Ese es el mensaje que deseamos transmitir? 
Por lo demás, hay un punto en particular en el que tengo especial interés: los Estados miembros deben poder, cuando lo desean, decidir establecer transferencias de aguas transnacionales. 
Este tipo de proyecto responde al principio de cohesión y de solidaridad regionales que siempre hemos defendido. 
En este espíritu, debería beneficiarse, ampliamente, del apoyo de la Unión Europea, en el marco del fomento de las redes transeuropeas y de la política regional (mediante los Fondos estructurales). 
Deseo recordar que nuestra Asamblea adoptó, hace dos años, un informe de iniciativas sobre la factibilidad técnica de las redes hidráulicas transeuropeas y apreciaría que la Comisión Europea pudiera informar próximamente al Parlamento Europeo sobre el seguimiento que dio a este informe. 
. De un informe preocupado por la calidad del agua en Europa, hemos asistido a su transformación en un instrumento de guerra comercial. 
Todos estamos de acuerdo en considerar la calidad del agua como un objetivo de primera magnitud, sobre todo a partir de las adversas consecuencias que el desarrollo del modelo de crecimiento industrial acelerado tiene sobre la naturaleza. 
Queda claro que la lógica del beneficio privado propia de ese modelo ha sido nefasta, por lo que el principio de quien contamina paga es adecuado para hacer frente a estas consecuencias. 
Pero más allá de estos principios está la consideración del agua como bien común que no puede ser sometido a las reglas del mercado. 
Sorprendentemente, yo imagino que con la mejor intención, se ha convertido este objetivo ecológico en un instrumento de guerra comercial al hacer recaer en los consumidores, sobre todo en el sector agrario, todo el precio de las instalaciones y de los procedimientos para su adecuada calidad. 
De hecho, el agua pasa a ser una mercancía más sometida a las leyes del mercado. Se consuma con ello la aplicación del modelo neoliberal imperante al ámbito del agua. 
Cuando no se diferencia entre países y regiones en los que el agua es abundante, y no constituye ningún problema, y regiones en las que la sequía y la baja pluviometría la convierten en un bien escaso, estrangulando sus posibilidades de mínimo desarrollo económico y social, ya se pervierte el principio ecológico para convertirlo en arma arrojadiza. 
De la misma forma es algo irónico que se dificulte la posibilidad de compartir este bien, que para algunas zonas es escaso, dando consejos los que viven en regiones de abundancia de agua sobre austeridad en su uso a los que habitan en sitios de sequía. 
A causa de esta ausencia de sensibilidad y solidaridad, el voto emitido por mí, diputado procedente de una de las regiones agrarias mediterráneas secas pero con perspectivas como la Región de Murcia, ha sido necesariamente consecuente con lo manifestado. 
. (EN) En nombre del Partido Laborista en el Parlamento Europeo quisiera indicar que, aunque hemos apoyado la mayor parte del informe Lienemann, tenemos algunas reservas que formular. 
El plazo fijado en el informe, o sea el año 2020, no es realista ni practicable, pero el plazo fijado por el Consejo, o sea el año 2034, está demasiado alejado. 
Por consiguiente estimamos que en el procedimiento de conciliación debe fijarse una fecha más realista. 
Hemos votado en contra de las enmiendas 25 y 72 que requerirían un valor mínimo de la contaminación antropogénica en todas las aguas subterráneas. 
Estimamos que esa obligación carece de realismo en vista de su costo elevadísimo y de los plazos de tiempo extremadamente largos que se requerirían para restablecer el valor prístino del agua. 
Lo que antecede es el motivo de nuestro voto. 
El agua es un recurso natural renovable y limitado. 
Su gestión correcta es esencial. 
La directiva marco sobre las aguas va a convertirse en la piedra angular de la política comunitaria en este ámbito. 
Sus objetivos son claros y ambiciosos. 
Los compartimos. 
Sin embargo, a nuestro juicio, es prudente no imponer plazos irrealistas que ni nuestros Estados ni nuestras industrias serían capaces de respetar. 
No cabe duda de que se necesita un calendario, pero más progresivo. 
La obligación legal de llegar a la situación de emisión cero, a cesar los vertidos de aquí a 20 años, significaría, efectivamente, una prohibición de todas las sustancias identificadas. 
Tales disposiciones correrían el riesgo de plantearnos problemas importantes para las cuencas transfronterizas y para los países candidatos, corriendo el riesgo de complicar la ampliación. 
Naturalmente, desearía hablar de un sector particular que sigo muy de cerca, el de la agricultura, principal consumidora del agua: la agricultura debe, como ya ha empezado ha hacerlo, aceptar su parte del principio según el cual el que contamina, paga, pero también es preciso tener en cuenta sus particularidades y limitaciones, especialmente en las regiones secas. 
En relación con las enmiendas relativas a las sustancias radioactivas, naturalmente soy favorable a los controles, pero se plantea la cuestión de los fundamentos jurídicos que dependen del Tratado Euratom. 
Informe Andersson (A5-0033/2000) 
El Grupo EDD no ha podido votar a favor del informe Andersson. 
Contiene, eso sí, hermosas reflexiones, por ejemplo, se reconoce en la página 15 de la exposición de motivos que "los diferentes niveles de desarrollo de los Estados miembros y las diferentes tradiciones en el ámbito de la seguridad social no permiten una armonización uniforme". 
Ahora bien, este concepto de "armonización uniforme" es una más de estas expresiones disparatadas que ocultan completamente el proceso de integración del que se está tratando. 
También es cierto como se dice en la exposición de motivos que una armonización sería perjudicial, pues " podría exigir niveles más altos en Estados miembros más débiles y, al mismo tiempo, por razones de competencia, podría presionar a los Estados socialmente más desarrollados a efectuar reducciones en el sistema de seguridad social. 
Nadie saldría beneficiado con esta armonización ". 
No obstante, la situación actual es que se está creando un modelo social que en realidad tiene por fin una armonización y encima, una armonización homogénea. 
En el punto D se subraya que "la Unión puede proporcionar un valor añadido mediante la adopción de criterios de convergencia vinculantes y efectivos" y a partir de aquí, en el informe se subraya que el desarrollo de este proceso de convergencia será promovido mediante conversaciones entre el Consejo ECOFIN y el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, para acabar recalcando en el punto 7 que "el proceso de convergencia social debe ir acompañado de una efectiva y ambiciosa convergencia fiscal". 
Y aquí nos acercamos al meollo del asunto: Este proyecto relativo a la armonización social no sólo toca la política social, es un seguimiento del proyecto comunitario de UEM que tiene un interés muy específico por los tres países que permanecen fuera y que pueden salvarse de este Titanic, es decir, Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca y de ahí la importancia que para nosotros tiene recalcar que no podemos apoyar una propuesta cuya base lógica es consolidar el proyecto de la UEM. 
Señor Presidente, he votado a favor de la comunicación de la Comisión sobre la modernización de la protección social porque, en mi opinión, va en la dirección- aunque no lo consigue del todo- de ofrecer por fin una legislación europea en el ámbito social y de las pensiones. 
He escuchado con pesar la anterior explicación de voto, ya que considero que el espíritu de este informe se orienta a la posibilidad de proteger más aún, si cabe, a las personas mayores. 
Y esto, a pesar de que sabemos que los Gobiernos de los quince Estados miembros querrían reducir al máximo la cuantía de las pensiones. 
Espero que cuanto antes el Parlamento tenga la facultad de legislar en materia de pensiones. 
Las personas mayores confían en que el Parlamento Europeo les permita vivir bien y dignamente y mejor que ahora. 
Las naciones menos desarrolladas deben alcanzar el mismo nivel de los Estados que, dentro de la Unión Europea, garantizan una mayor protección social. 
- (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe de nuestro compañero sueco, el socialdemócrata Jan Andersson, sobre la Comunicación de la Comisión. Una estrategia concertada para modernizar la protección social. 
La Comunicación de la Comisión toma como punto de partida la puesta en marcha de la UEM, que con su pretensión de estabilidad y crecimiento crea la base para que los Estados miembros afiancen sus sistemas de seguridad social. 
En el informe se deja sentado que modernización no quiere decir reducir el nivel de la protección social, sino aprovechar mejor los recursos existentes. 
Además, también nos hemos fijado en que en la exposición de motivos queda establecido que una modernización tampoco significa una armonización de los sistemas de seguridad social y que asimismo una armonización sería perjudicial ya que podría exigir niveles más altos en Estados miembros más débiles y, al mismo tiempo, por razones de competencia, podría presionar a los Estados socialmente más desarrollados a efectuar reducciones en el sistema de seguridad social. 
Una situación con la que nadie saldría beneficiado. 
Tanto en la Comunicación de la Comisión como en el informe del Sr. Andersson queda subrayado que son los Estados miembros los responsables y con ello quienes deciden el contenido de los sistemas de seguridad social. 
La colaboración en estos temas bajo los auspicios de la UE debe proporcionar un valor añadido, basado en el intercambio de experiencias, la evaluación mutua del desarrollo de políticas de cara a fijar una mejor práctica. 
. (SV) Opinamos que el informe contiene muchas propuestas prácticas buenas, a las que damos nuestro apoyo, pero somos muy críticos respecto a la perspectiva de convergencia que caracteriza al informe. 
Rechazamos especialmente los capítulos relacionados con la armonización fiscal y los que dan poder a la Comisión para intervenir en la conducta de los países miembros (ver, por ejemplo, el punto 7). 
Queremos subrayar que la política de protección social debe ser privativa de los países miembros, aún cuando la ampliación de la UE va a hacer necesaria una mayor coordinación. 
Las actuales dificultades de nuestros sistemas de protección social proceden ante todo de un déficit de ingresos debidos al paro, a la pobreza, al envejecimiento de la población y no a un exceso de gastos. 
Por lo demás, la Unión Europea tiene, debido a sus políticas, una gran responsabilidad en esta situación. 
No cabe duda de que debemos adaptar estos sistemas. 
En Francia, especialmente, es preciso cesar de hacer soportar únicamente al trabajo la financiación del seguro de enfermedad y de la pensión. 
Asimismo, es preciso reformar un modo de gestión arcaico, fuente de injusticias, engaños y despilfarros. 
Ante todo, es preciso aplicar una política familiar de crecimiento demográfico, una política económica, monetaria y fiscal de crecimiento y de reconquista de nuestro mercado interior que permita la creación de empleo. 
Lo que proponen la Comisión y el informe Andersson, no es una política social, es un medio de dar a Bruselas poderes de decisión exorbitantes en la financiación, por tanto, en la organización y las prestaciones de los sistemas de protección social de las naciones de Europa. 
Esta es la razón por la que votaremos en contra de este texto. 
La protección social debe traducir ante todo la solidaridad nacional. 
Y depende en primer lugar y exclusivamente de las competencias del Estado nacional. 
La protección social debe fundarse en el principio de preferencia nacional y comunitaria. 
De lo contrario, no es más que el tratamiento financiero, a costa y en detrimento de los ciudadanos europeos, de situaciones sociales insoportables provocadas por la inmigración. 
. (SV) Nos hemos abstenido en la votación del informe de Jan Andersson sobre una estrategia concertada para la modernización de la protección social. 
Tenemos una actitud positiva hacia la Unión Europea. 
Como liberales suecos, vemos la integración europea como una posibilidad para resolver problemas que traspasan las fronteras de los países, tales como el medio ambiente, el comercio, la circulación a través de las fronteras, los derechos humanos y el manejo de los conflictos. 
En esto, las democracias europeas pueden demostrar al mundo que la cooperación conduce a la paz y a un mayor bienestar. 
También creemos en el principio de la subsidiariedad, esto es, que las decisiones deberán tomarse tan cerca como sea posible de aquellos a quienes van a afectar. 
Por eso impulsamos enérgicamente la idea de una constitución de la Unión Europea, en la que claramente se señalen las responsabilidades. 
Tiene que estar absolutamente claro para los ciudadanos que la UE sólo se encargará de los asuntos que conoce mejor: los que traspasan las fronteras. 
Todos los demás deben ser resueltos en el ámbito local, regional o nacional. 
La política social es un ejemplo de un sector en el que la UE sólo debe tener competencia limitada, salvo cuando atañe a la libre circulación de los ciudadanos. 
Los Estados miembros deben tener la responsabilidad total y el derecho a decidir acerca de sus propios sistemas de protección social. 
La sanidad y la atención infantil y de ancianos son claros ejemplos de sectores que no tienen carácter internacional. 
Lo mismo vale para la política de mercado laboral. 
No creemos que una legislación europea común en estas materias sea la solución para los problemas de los sistemas de protección. 
Para nosotros, en cambio, es importante que la UE se concentre en pocos sectores, en aquellos en los que realmente pueda ser útil. 
Sin embargo, no hay impedimentos para que los países miembros colaboren e intercambien ideas en temas de carácter social. 
Tradicionalmente, los liberales hemos dado especial relevancia a los asuntos relativos a la protección social y a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
Damos nuestro incondicional apoyo, en el ámbito nacional, a muchas de las ideas contenidas en el informe del Sr. Andersson. 
. (IT) Miramos con interés y esperanza la estrategia concertada para modernizar la protección social en Europa no disociada, sin embargo, de un proceso de cohesión análogo: una modernización y una cohesión evidenciadas en el informe por el ponente, con el que coincidimos. 
Muchas políticas ya han tomado, aunque fatigosamente, este último camino, pero muchas tendrán que embocarlo antes de que Europa, aun en la subsidiariedad, se convierta realmente en una casa común no solo para los ciudadanos de los Estados miembros, sino también para los ciudadanos de los países candidatos. 
Por otra parte, los sistemas de protección social europeos siempre han desempeñado un papel positivo en los procesos de desarrollo civil y democrático de cualquier pueblo y si hoy, frente a las evoluciones de la economía, del trabajo, de las necesidades de la sociedad, dichos sistemas han de seguir desempeñando su papel de coadjutores del desarrollo, no hay duda de que precisan una acción de modernización. 
Sin embargo, los aspectos que queremos destacar son sustancialmente tres: el primero se refiere a la estrecha interdependencia que debe existir, en términos directamente proporcionales, entre las políticas económicas, de trabajo y de protección social. 
El segundo atañe a la gestión de los sistemas de protección social y a los sujetos que la llevan a cabo. 
De hecho, en la actualidad, se actúa con una cada vez mayor intensidad y eficacia en los ámbitos de previsión complementaria e integradora. 
Pero lo que, en nuestra opinión, no puede atenuarse es el papel del sujeto público tanto por la universalidad como- esperemos- por la calidad de las prestaciones de protección social básicas. 
Éste es, en definitiva, un principio de justicia que afecta a la sanidad y a los regímenes de pensiones, así como a la asistencia en que sigue siendo ineludible la coordinación estratégica, aunque renovada, del sujeto público. 
Es tercer aspecto se refiere al principio de subsidiariedad en el que se asienta Europa. 
Hasta la fecha no existe una estrategia de protección y de seguridad social común y los sistemas vigentes se basan sustancialmente en la acción y la solidaridad interna de cada uno de los Estados miembros. 
Un proceso de modernización de dichos sistemas no puede ignorar las diferencias en términos económicos, de trabajo y de protección social existentes entre cada uno de los Estados, ya se trate de miembros o candidatos. 
Por lo tanto, es preciso que la modernización, estrechamente ligada a un proceso de cohesión y moviéndose desde bases diferentes, quiera o sepa acelerar evoluciones hacia arriba y no viceversa. 
Por otra parte, es una cuestión de civilización, de progreso y de dignidad común de la Unión Europea actual y de la futura ampliada. 
. 
(SV) Los valores comunes de los países miembros de la Unión Europea se fundamentan en la democracia, las libertades, los derechos humanos y la economía social de mercado. 
Esos valores tienen su expresión en la solidaridad con los grupos más débiles de nuestras sociedades y del mundo. 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, son los propios Estados miembros los que diseñan sus sistemas de protección social. 
No obstante, los habitantes de la Unión Europea tienen que poder gozar de una red de protección social mínima, independientemente del país en el que se encuentren. 
En el informe se alude a una "armonización fiscal eficaz y ambiciosa", sin definir su contenido. 
Una postura de esta naturaleza es, en nuestra opinión, una intervención demasiado grande en las políticas fiscales nacionales y, por ese motivo, no le damos nuestro voto. 
De esta manera, votamos en contra del punto 7 del informe. 
El informe hace hincapié en la dimensión social de la colaboración europea, cosa que celebramos. 
Sin embargo, es importante aclarar el papel que tendrá, o no tendrá, la UE en la protección social. 
En el informe no hay una aclaración en este sentido, cosa que lamentamos. 
Con esto finalizan las explicaciones de voto. 
(Se suspende la sesión a las 13.55 horas y se reanuda a las 15.00 horas) 
Próxima sesión "Derechos Humanos" de la ONU (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo sobre el establecimiento de las prioridades de la Unión para la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (20 de marzo de 2000) , incluyendo la situación en China. 
Señor Presidente, creo que es de lamentar la ausencia de la Presidencia en ejercicio del Consejo; se trata de una declaración del Consejo, y entiendo que quizás hubiese sido útil que hubiera estado presente en la continuación del debate. 
Quisiera recordar, porque no me parece ocioso, que la inclusión de este punto en el orden del día obedece claramente a la necesidad, que han expresado todos los Grupos políticos, de que el Parlamento, antes de la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, celebrase un debate para hacer oír su voz en un tema tan sensible y tan querido para este Parlamento. 
Creo que, después de la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo y de la Comisión, podemos estar todos de acuerdo en que la situación actual en lo que se refiere a los derechos humanos dista mucho de ser la que todos desearíamos. 
A nivel de la Unión no podemos dejar de decir que la situación no es completamente satisfactoria, puesto que, por ejemplo, aunque el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye un elemento común a todos los Estados miembros, no todos sus protocolos posteriores han sido ratificados o firmados por todos ellos. 
También constituye un inconveniente claro en esta materia el hecho de que la Unión Europea en cuanto tal no sea firmante del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, con todos los inconvenientes añadidos que esta situación comporta. 
Espero que todos estos problemas puedan ser abordados y tratados en el ámbito de la discusión que se está celebrando en estos momentos sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
A nivel externo, creo que la mayoría de los puntos que hemos incluido en la Resolución nos proporciona una visión bastante aproximada de la realidad y no invita precisamente, señor Presidente, al optimismo, puesto que aspectos como el de la abolición de la pena capital, la tortura todavía practicada en muchos países pretendidamente democráticos o la situación de las minorías en muchas partes del planeta exigen de la Unión Europea una respuesta clara, visible y eficaz. 
En mi opinión, esta Resolución contiene una serie de puntos esenciales, pero yo me detendría en uno muy particular, que es la necesidad de una mayor coordinación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, en un mundo como el actual, cada día más dominado por el fenómeno de la globalización, y no sólo en el ámbito económico, tenemos que dar respuestas concertadas y coordinadas para que éstas puedan ser eficaces. 
Para alcanzar esta eficacia en nuestra acción, es necesario llevar a cabo una coordinación en la práctica que no existe hoy en día. 
Por ello, este Parlamento defiende el principio de la necesidad de participar en la Comisión de Derechos Humanos y en otros foros internacionales donde se abordan estas materias y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, a este Parlamento le gustaría poder participar lo antes posible en este tipo de reuniones. 
Próximamente, en el mes de mayo, la Comisión Europea tiene previsto presentar una comunicación sobre el desarrollo del papel de los derechos humanos y de la democratización en las relaciones exteriores de la Unión. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para pedir a la Comisión que tenga muy en cuenta esta necesidad de coordinación a la que acabo de referirme y que busque nuevas fórmulas que permitan reforzar el papel desempeñado por la Unión Europea en materia de derechos humanos y, en particular, por este Parlamento, especialmente desde una óptica de coherencia, reconociendo la buena disposición de aquellos países terceros que aceptan incluir la cláusula democrática. 
Entiendo que ello debería tener una traducción a todos los efectos- y me refiero muy especialmente también al efecto presupuestario. 
Por último, no quisiera dejar de reconocer las importantes contribuciones que puede realizar en este campo la sociedad civil, así como el papel, muchas veces infravalorado, de las numerosas organizaciones no gubernamentales que actúan sobre el terreno. 
La Unión debe esforzarse por facilitarles todo el apoyo necesario para que puedan llevar a cabo su importante labor. 
Señor Presidente, señores de la Comisión, cuando este Pleno debe razonar sobre el tema de los derechos humanos, corre un grave riesgo que, si quieren, se acentúa por el clima en que debemos debatir este tema tan importante. 
La ausencia del Consejo y de casi todos los diputados del Parlamento nos da a entender lo grande que sigue siendo el espacio que separa las declaraciones nobles, importantes y útiles, desde el punto de vista formal, de la aplicación concreta del tema de los derechos humanos en el terreno de la política cotidiana. 
Creo que este Parlamento, empezando por la contribución que la Unión Europea dará a la reunión de Ginebra, debe llenar este espacio y contribuir no solo en el plano de la enunciación de los principios, sino también en el de la verdad e incluso de la lealtad. 
Los derechos humanos no deben limitarse a una lectura ceñida únicamente al momento de la denuncia o del castigo. 
Como Parlamento, debemos afrontar el tema de los derechos humanos sobre todo desde el punto de vista de la prevención. 
En este sentido, debemos ser capaces de exportar una cultura de la legalidad, una cultura del Derecho, una conveniencia del Derecho. 
Creo que ha concluido definitivamente una larga etapa en que se iban amontonando los tratados y las firmas de los tratados. 
Hoy tenemos muchos, quizás demasiados tratados que se refieren al tema de los derechos humanos: si estos tratados se reducen a una mera enunciación, son únicamente ejemplos de pensamiento inútil. 
Hoy hemos de pasar a una etapa posterior y necesaria que es la de la aplicación cotidiana y obligatoria de lo que está escrito en nuestros tratados, aunque no debemos olvidar que algunos tratados fundamentales todavía tienen que ser incorporados. Me refiero a la Conferencia de Roma y a que 14 de 15 Estados de la Unión aún no han ratificado el Tratado relativo al Tribunal Penal Internacional. 
Creo que debemos revisar y modificar algunos instrumentos políticos a través de lo cuales medimos la calidad de los derechos humanos del planeta. 
Con frecuencia hemos utilizado instrumentos que, desde el punto de vista formal, pueden ser confortables pero que, desde el punto de vista del resultado político, son absolutamente inútiles. Me refiero al uso, y a menudo al abuso, que se ha hecho del embargo a lo largo de estos años y a la aplicación demasiado prudente de la cláusula de suspensión de los Acuerdos entre la Unión Europea y los terceros países, en el caso de que se violen los derechos humanos en dichos países. 
Creo que debemos actualizar el horizonte de protección de los derechos humanos. 
La globalización se expone al riesgo de una lectura especialmente punitiva. 
En este momento, en muchos países se pone en tela de juicio el principio de la universalidad de los derechos humanos. Se considera que muchos derechos humanos y el derecho a la vida, negado con la pena de muerte, son unas variables dependientes, mientras que la globalización, entendida con frecuencia en sentido punitivo, corre el riesgo de ser, de hecho, la única red que mantiene juntos los derechos, las acciones y las políticas de todos los países. 
En consecuencia, tenemos que poner al día nuestro campo de acción en el ámbito de este esfuerzo orientado a tutelar los derechos humanos. Pienso en los derechos sociales, en los derechos de los trabajadores, en la calidad del trabajo, en la necesidad de pretender el respeto de todos los criterios que se han indicado, como debe ser, por la Organización Mundial del Trabajo. 
Pienso en el derecho a la tolerancia, en el derecho al respeto que es un derecho de todas las minorías, sobre todo dentro de la Unión Europea. Me refiero asimismo al derecho al desarrollo que es un derecho de los pueblos que son a su vez una suma de individuos: todo individuo, dentro del pueblo al que pertenece, tiene derecho a un desarrollo, a un futuro que sea ante todo un lugar de esperanza y de crecimiento. 
Estimo que todo esto forma parte de un razonamiento, de un debate y de una contribución que la Unión Europea debe llevar al terreno de los derechos humanos. 
Espero que la participación del Parlamento Europeo en la reunión de Ginebra no sea únicamente un lugar o una ocasión de representación y que no solo sirva para escuchar y testimoniar, sino que sirva ante todo para afirmar que para nosotros esta dimensión de los derechos humanos es la dimensión principal, a la que confiamos la identidad de la Unión Europea, de la nación Europa, afirmando asimismo el principio de la universalidad de los derechos humanos que va más allá del tiempo y de los lugares. 
Lo esperamos y es la ferviente invitación que dirigimos a nuestros Gobiernos, incluso más allá de las conveniencias. 
Señor Presidente, aunque la Sala está bastante vacía, el Parlamento se ha destacado en el campo de los derechos humanos. 
Desde esta Asamblea hemos expresado nuestras inquietudes y hemos condenado a los regímenes que oprimen, torturan, ejecutan y discriminan a sus habitantes. 
Este interés crea inquietud y produce efectos. 
Hemos visto muchas pruebas de ello. 
Hace dos semanas recibí una carta de la Embajada de China en Bruselas. Manifestaban su estupefacción por las condenas a China en el Parlamento y dedicaban diez páginas a explicar que nuestras críticas se fundamentan en malos entendidos. 
Esta carta es un ejemplo que demuestra que lo que hacemos no carece de resonancia, sino que es seguido por el mundo con gran interés. 
Esto es provechoso y demuestra el importante papel del Parlamento Europeo en la formación de opinión. 
El papel de la UE es importante. Por eso, nuestra política de derechos humanos debe ser consecuente, clara y coordinada. 
A pesar de la carta de la Embajada de China, actualmente hay motivos para inquietarse por los acontecimientos en China. 
Este asunto, junto con muchos otros, se discutirá en la reunión de Ginebra dentro de un par de semanas. 
En el Grupo Liberal estamos muy interesados en que la Unión mantenga la bandera alta y que actúe enérgicamente en esta ocasión. 
Me alegró escuchar la intervención del Comisario Patten sobre China, pero me preocupó escuchar las dudas del Presidente del Consejo. 
Una resolución enérgica sobre China sería una señal importante hacia un país en el que sistemáticamente se violan los derechos humanos. 
Nuevamente han sido arrestados los miembros de Falun Gong, un movimiento espiritual, totalmente pacífico y actualmente prohibido. 
Nos llegan informes sobre torturas, incomunicaciones e, incluso, ejecuciones. 
Se condena a largas penas de cárcel sin juicios. 
Se envía a cientos de miembros del grupo a campos de desprogramación. Esto es totalmente inaceptable. 
También se hostiga a otros grupos, tales como los protestantes y los católicos. 
China dice que respeta la libertad de religión, pero demasiados casos de violencia y hostigamiento contra líderes religiosos indican lo contrario. 
Desde allí llegan todavía informes sobre torturas, encarcelamientos y hostigamientos. 
En China no se aceptan los derechos fundamentales. 
Tampoco se aceptan la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. 
La información tampoco es libre. 
China ha intentado en las últimas semanas hacer todo lo posible para impedir el acceso a Internet e impedir a los ciudadanos que se comuniquen y obtengan información de otros países por este medio y por el correo electrónico. 
Todo esto demuestra que la situación es preocupante y existen, desde luego, muchas estrategias posibles para actuar. 
Una forma son los diálogos bilaterales, pero no son suficientes. 
No hay que dejarse engañar por los gestos simbólicos que hace China, en el último momento, para dar la impresión de que las cosas mejoran. 
La reunión de Ginebra es una ocasión importante para que el mundo le diga a China que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos no son aceptables. 
Señor Presidente, uno de los rasgos que salvan a este Parlamento es que aquí se practica una política coherente y activa en materia de derechos humanos; sigamos ondeando la bandera bien alto, como dijo la Sra. Malmström. 
Sin embargo, al mismo tiempo cerramos los ojos ante los propios problemas de la Unión: ante la violencia, ante la desigualdad, ante la realidad del cuarto mundo que forma parte de la vida cotidiana de la UE. 
Es justo que prestemos seriamente atención a las violaciones de los derechos humanos que se tratarán en Ginebra. 
Sin embargo, la retórica que usamos suele traslucir cierta autosatisfacción que roza el narcisismo norteamericano a la hora de hablar de los derechos humanos. 
Es francamente hipócrita condenar las violaciones de los derechos humanos ocurridas en terceros países, por muy escandalosas que sean, si no estamos dispuestos a echarles una mano a los auténticos refugiados y solicitantes de asilo, cuya situación se hace cada vez más difícil en la UE. 
Me refiero en particular a las cláusulas de readmisión que ponen en peligro la Convención de Ginebra y que deben ser rechazadas. 
Si no somos capaces de mantener el alto nivel de derechos humanos existente en relación con los refugiados y con los solicitantes de asilo, tampoco seremos merecedores de aplicarnos los valores europeos que, según ha manifestado aquí hoy el Sr. Vaclav Havel, conforman la identidad europea, entre los cuales él destacó, en particular, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad. 
Durante algunos años formé parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, y me causó gran impresión observar cómo y en qué circunstancias tan difíciles la nación iba avanzando hacia una sociedad más abierta, hacia una sociedad democrática y plural de corte europeo. 
Mucho me temo que estemos avanzando ahora en la dirección contraria, hacia un aislamiento y un apartheid europeos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pienso que el tema que ha de plantearse en Ginebra este año no es de ninguna manera el de la pena de muerte. 
Ya hemos hecho aprobar tres resoluciones en Ginebra sobre la pena de muerte. 
Fracasamos en la Asamblea General del año pasado, debido a un pretexto falaz, el apartado 7 del artículo 2, que, por lo demás, adoptamos tranquilamente en todos los demás textos. 
Por tanto, el tema de la pena de muerte, es para la Asamblea General de este año, de ninguna manera para la sesión de Ginebra. 
El punto crucial, y el Sr. Patten lo dijo, le agradezco las posiciones que defendió, es China. 
Lamentablemente, la distancia entre las posiciones de la Comisión y del Consejo o, en todo caso, de la Presidencia, no es poca, y creo que es grave, habida cuenta sobre todo de las posiciones viriles que han sido las del Consejo a propósito de Austria. 
Pienso lo siguiente: en lo relativo a China, y conociendo el fracaso total de la política de la Unión Europea con respecto a China, el diálogo pretendidamente constructivo no ha dado ningún resultado o, peor aún, ha dado nuevos argumentos a los chinos para incrementar la represión, para reforzar la represión religiosa y la represión de las libertades (la Sra. Wallström lo dijo en Internet) , en todos los sectores, en Tibet, en Mongolia interior, en Turquestán oriental. 
No hay un sector de la sociedad civil china en el que no presenciemos retrocesos. 
No cabe duda alguna: China es la gran amenaza, nuestra gran amenaza, la que debemos afrontar, es una amenaza para la paz. 
Es el antimodelo de la democracia y ustedes saben, como yo, que los chinos, que los dirigentes chinos, antes de ser chinos, son comunistas. 
China gusta del lenguaje ambiguo. 
Mientras no tengamos una posición firme, no obtendremos nada de las autoridades chinas. 
Pienso, pues, que es preciso aprovechar la ocasión. 
Es preciso que nos asociemos a la iniciativa estadounidense. 
Es preciso que presentemos un texto enérgico. 
Es preciso que ese texto sea votado. 
Es preciso que trabajemos. 
Es preciso que los Quince trabajen, desde hoy, con el conjunto de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que, finalmente, se pronuncie una condena firme y, luego, sobre estas bases, poder crear márgenes de diálogo. 
Señor Presidente, quisiera tratar de dar una nueva perspectiva a esta cuestión. 
Como saben ustedes, el lunes una nave espacial sin tripulación entró en órbita alrededor de un asteroide en forma de cacahuete denominado Eros, que no dista mucho de la Tierra. 
Las fotografías indican que no hay vida en el asteroide, pero mucho más lejos de nuestra galaxia, en la Via Láctea, hay unos 300.000 millones de estrellas, muchas de ellas con planetas. 
Más allá de la Via Láctea hay 300.000 millones de otras galaxias con innumerables estrellas y planetas. 
Por lo tanto, es probable que haya mucha vida en esa parte del Universo, y que en muchos casos estén mucho más adelantados que nosotros. 
Teniendo en cuenta que los primeros programas de televisión procedentes de la Tierra se hallan ahora a 50 años luz en el espacio más allá de las estrellas más próximas, les invito a que procuren imaginar conmigo lo que la vida que pueda haber en esos espacios piensa de nosotros cuando nos contempla. 
Ven un hermoso planeta, animado de vida, pero ven también que su atmósfera está siendo contaminada y se está recalentando. 
Ven bosques que se están talando y desiertos que se están extendiendo. 
De las criaturas vivientes pueden ver muchos animales tratados cruelmente, otros animales raros que desaparecen para siempre. 
¿Qué es lo que piensan de la especie actualmente dominante, es decir de los seres humanos? 
Bueno, ven que los recursos del planeta están distribuidos de forma desigual. 
Ven que luchamos por apoderarnos de tierras, que tenemos medicinas contra las enfermedades pero no en las partes del mundo en las que más se necesitan, que tenemos libros para las escuelas pero no en las regiones menos desarrolladas de nuestro mundo, que el 50% de la población mundial nunca ha tenido oportunidad de hablar por teléfono en toda su vida. 
¿Qué es lo que ven en las relaciones entre seres humanos? 
Ven que nos matamos unos a otros. 
Ven que procuramos limitar las libertades de los demás. 
Ven una serie incesante de guerras locales. 
Ven que algunos de nuestros niños son enrolados en el ejercito como soldados, o tratados como esclavos o condenados a la prostitución. 
Ven que se trata de forma desigual a los hombres y a las mujeres, a las personas de edades diferentes, a las minorías, a las personas con piel de diferente color, de raza diferente, de creencia diferente, a los inmigrantes, incluso a los vecinos. 
Todos sabemos lo que ven. 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos se aprobó hace 50 años para procurar corregir la situación. 
Todos deberíamos rendirle homenaje, y creo que lo hacemos. 
Únicamente en Europa están protegidos los derechos humanos por la ley. 
Aquí en el Parlamento Europeo algunos de los países no quieren que la Carta de Derechos, que está siendo objeto de debate en la actualidad, sea aplicable por ley. 
¡Qué vergüenza! , les digo a todos ellos. 
Los derechos humanos deben ser respetados en virtud de la ley en todos los países del mundo. 
Ése es el objetivo por cuya consecución debemos luchar y trabajar todos. 
Como ha dicho el Comisario Patten, aún queda mucho por hacer. 
Finalmente, si me preguntan: ¿Qué pasa si no hay vida entre las estrellas, qué pasa si somos los únicos en el universo? -cosa que sería horroroso imaginar- les diría: ¿No les parece que tenemos también la obligación de hacer que nuestros hijos se conduzcan bien, antes de dejarles que vayan a poblar otros planetas? 
Señor Presidente, los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. 
Muchos pueden recitar de memoria este famoso eslogan, extraído de las conclusiones de la Conferencia mundial de la ONU sobre Derechos Humanos de 1993. 
Es bonito, ¿pero cómo se vincula con la política de derechos humanos de la propia UE? 
¿Se refleja en ella este planteamiento de la interdependencia? 
¿Tiene la Unión Europea realmente una política de derechos humanos? 
No me refiero con esta pregunta a lo que cuesta a los Estados miembros acomodar sus posturas respecto de la política exterior y seguir una línea común en cuanto a las violaciones de los derechos humanos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, China. 
No, señor Presidente, me refiero a la inexistencia de una política de derechos humanos dentro de la propia Unión Europea. 
Un nuevo Gobierno ha llegado al poder en Austria, en el que participa un partido político que siempre ha predicado el racismo y la intolerancia hacia las minorías. 
He aquí una amenaza para los derechos humanos que la UE abandera, pero las reacciones ante estos hechos han puesto claramente de manifiesto la inexistencia de un marco coherente en el que se pueda actuar de forma adecuada. 
El tan citado artículo 7 del Tratado, que prevé la suspensión de los derechos de un Estado miembro en caso de constatarse en él violaciones graves y persistentes de los derechos humanos, constituye únicamente, por supuesto, un remedio heroico, un último remedio, que, en el caso de Austria, solamente se cita por no existir algo mejor y como amenaza. 
Por ello, es necesaria una política de derechos humanos plena para y de la Unión Europea, una política para favorecer y mantener el respeto de los derechos humanos en la propia UE. 
Semejante política debería reunir diferentes elementos. 
En primer lugar, debe existir un marco normativo, en el que figuren clara y abiertamente los derechos que la UE quiere salvaguardar para sus habitantes. 
La redacción de semejante carta ya ha comenzado, pero no podemos continuar cediendo o encomendando la cuestión del estatuto jurídico y del significado estratégico de este documento a juristas eruditos. 
Es una cuestión política que exige una pronta respuesta de la CIG y de este Parlamento. 
En segundo lugar, debe desarrollarse una serie de instrumentos que hagan posible una flexible respons y no nos pongan en el brete de tener que elegir entre un remedio heroico y una conjetura. 
Pienso a este respecto en la documentación sistemática, la recopilación de información, la utilización de formas profesionales de observación, el desarrollo de acciones de información, el empleo de dinero para respaldar a las fuerzas democráticas en el país en cuestión, un uso más creativo de los recursos de la diplomacia multilateral, tales como el diálogo organizado y las fact finding missions y cuestiones similares. 
En tercer lugar, debe determinarse claramente dentro de las diferentes instituciones de la UE cuál es la responsabilidad en materia de derechos humanos de la Unión Europea y cuáles son las actividades y competencias que ésta conlleva. 
La Comisión y el Consejo deben, por sí mismos, poner sus asuntos en orden en lo que a ello respecta. 
Esto ya no resulta necesario en el caso del Parlamento, dado que nuestro Reglamento otorga esta competencia a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior. 
No obstante, sí es curioso que la resolución que debe cerrar este debate haya sido preparada por el sector exterior del Parlamento y que la comisión que acabo de mencionar, y a la que yo misma pertenezco, no haya participado en la misma. 
Señor Presidente, este Parlamento está trastornado y dividido. 
Por nuestra credibilidad, cuando se trate de derechos humanos, deberíamos tener una sola voz y no hacer como si el respeto de los derechos humanos dentro de la UE fuera distinto de su respeto en otras partes del mundo. 
Creo que esto también resultaría positivo de cara a nuestra credibilidad en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
Señor Presidente, ¿qué se necesitaría para que el discurso sobre los derechos humanos fuera otra cosa de lo que es hoy día: un instrumento ideológico que contribuye a la esclavitud de los pueblos y no a la libertad de las personas? 
En primer lugar, sería preciso remontarse, más allá del hombre mismo, que no es el señor del universo, a la fuente de todo derecho verdadero y a los valores fundadores de la civilización, al margen de los cuales la eterna reivindicación de los derechos acaba siempre en tiranía y en tiranía sangrienta. 
Sería necesario, con toda la tradición europea antigua y medieval, remontarse al orden natural del universo, es decir, a la Creación y, más allá sin duda, a los planes del Creador. 
Entonces se caería en la cuenta de que los derechos del niño sólo se respetan en el seno de una verdadera familia, que los derechos de los trabajadores sólo se respetan en el seno de los cuerpos intermedios que se han destruido hace poco, que los derechos de los ciudadanos sólo se respetan en el seno de naciones soberanas. 
En segundo lugar, sería necesario que la doctrina de los derechos humanos dejara de ser instrumentalizada como lo es hoy día, una máquina de guerra ideológica en manos de una casta que se arroga el derecho de decretar unilateralmente quien representa a los derechos humanos y quien se sitúa fuera de su esfera, lo que permite negar toda legitimidad y, si es necesario, toda libertad a aquellos que el pensamiento único ha designado como políticamente incorrectos. 
No hay libertad para los enemigos de la libertad, decían, hace dos siglos, los promotores del terror revolucionario, de esa revolución que fue, lamentablemente, la matriz de todos los totalitarismos modernos. 
No hay derechos humanos para los enemigos de los derechos humanos, dicen hoy día los turiferarios del nuevo orden mundial, que reinan casi exclusivamente en los cenáculos financieros, en las instituciones internacionales, en las redes de los medios de comunicación y culturales, en las instituciones educativas, y me quedo corto. 
¿Qué queda, por ejemplo, del derecho humano del austríaco a elegir libremente su destino, si esa elección le es dictada por aquellos que deciden en su lugar lo que conviene o no hacer, y si sus dirigentes, que vienen de un proceso legal y legítimo, son recibidos de manera insultante, como recientemente fueron recibidos en su país, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Ministro de Portugal? 
No sé si está aquí para escucharme. 
¿Qué quedará de los derechos humanos de los que simpatizan con el Bloque Flamenco, uno de los más importantes de la región flamenca, si el Parlamento belga adopta mañana la increíble, la indecente, la ignominiosa propuesta de ley que emana de su principal competidor político, la Unión Popular, que pretende lisa y llanamente la disolución de su rival? 
¿Qué queda del derecho al estudio crítico de nuestra historia, cuando se persigue a los autores y editores, como lo fue ayer todavía, ante el Tribunal de Apelación de mi ciudad de Lyon, el joven historiador Jean Plantin, objeto de requerimientos absurdos, arrogantes e injuriosos por parte del fiscal del Tribunal Supremo Jean-Olivier Viout, expresión satisfecha del pensamiento único y del conformismo intelectual? 
¡Qué extraña concepción de los derechos humanos la que consiste en asimilar fraudulentamente el patriotismo apacible al nacionalismo belicoso, la legítima protesta contra la política de inmigración a yo no sé qué xenofobia y la necesaria defensa de las identidades al racismo! 
Cuáles son los derechos humanos de los millones de electores franceses del Frente Nacional, privados de toda representación política, vilipendiados a diario, como ocurrió todavía el lunes, en las televisiones estatales que deben pagar con sus impuestos, cuando la simple expresión legítimamente exasperada de uno de nuestros colegas, el Sr. Le Pen, sirve de pretexto a condenaciones ínicas, violando el derecho, violando la justicia, la equidad y la moral y que hoy se pretenda, contra los textos más claros, privar a ese representante de nuestros millones de conciudadanos del mandato que debe a sus votos y no a los favores del poder. 
En resumen, Señorías, creeré en su discurso sobre los derechos humanos en Europa cuando reconozcan a sus adversarios políticos los mismos derechos que los que se conceden a ustedes mismos. 
Creeré en su discurso sobre los derechos humanos en China cuando designen la verdadera causa del mal, es decir, el comunismo. 
Escuchen la gran voz de Soljenitsine en su carta a los estadounidenses, que nos dice que la principal causa de debilidad de las sociedades occidentales reside en la hipertrofia del individualismo jurídico, un individualismo que, lejos de permitir el completo desarrollo de la persona, prepara el camino de la dictadura futura, en resumen la peor de las dictaduras, puesto que aquellos a los que esclaviza ni siquiera tendrán conciencia de su terrible esclavitud. 
Señor Presidente, el principio de los derechos humanos universales constituye, sin duda alguna, una de las herencias políticas más importantes del siglo XX. El holocausto fue el motivo, hace cincuenta años, de la fijación de algunos derechos y libertades esenciales. 
Desde el final de la guerra fría, el cumplimiento de los derechos humanos también se ha convertido en uno de los requisitos para la cooperación internacional. 
Los dirigentes que violan estos principios, se enfrentan ahora a la crítica internacional, a sanciones o, incluso, a procesos judiciales, tal como el antiguo dictador Pinochet ha podido experimentar. 
Esta evolución es esperanzadora. 
No obstante, ello no quita para que la situación de los derechos humanos en el mundo continúe siendo muy preocupante. 
Cada vez se respeta menos a los ciudadanos, sobre todo, en las situaciones de guerra. 
Parece contradictorio. Nunca antes en la historia, el derecho humanitario ha estado tan bien organizado. 
Nunca antes, tantos países han ratificado tantos tratados internacionales. 
Sin embargo, las reglas más elementales de conducta se pisotean masivamente y hay más víctimas civiles que hace un siglo. 
Mujeres sistemáticamente violadas. 
Niños reclutados por la fuerza y arrojados en la lucha. 
Los excesos han dejado de ser la excepción; desgraciadamente, se han convertido en la regla. 
Esto es aplicable hoy en día a no menos de treinta conflictos a lo largo de todo el mundo. 
La política en materia de derechos humanos de la comunidad internacional se podría describir como demasiado tardía, demasiado selectiva y demasiado dispersa. Demasiado tarde. 
Como ha dicho este mediodía el Presidente Havel, resulta que la ONU, a pesar de los muchas advertencias, se encuentra desbordada por los acontecimientos, tanto en Ruanda como en Kosovo, como espectadora impotente de los asesinatos cometidos por las diferentes partes. 
Tampoco logramos evitar los genocidios cincuenta años después. 
Debe prestarse mucha más atención a la vigilancia y a la prevención de conflictos. 
El control del comercio de armas y un mejor control de los medios de comunicación son esenciales en este asunto. 
La política de derechos humanos también es demasiado selectiva. 
Los bombardeos durante meses de la OTAN en Kosovo y los esfuerzos de mediación en Oriente Medio contrastan claramente con la indiferencia internacional ante los conflictos que se desarrollan en África. 
No dejo de tener la impresión de que cuando se trata de derechos humanos, a pesar de toda la retórica, África no ocupa el primer puesto en la agenda de la Presidencia portuguesa. 
Es algo que lamento profundamente. 
No injustificadamente, los africanos tienen la impresión de que son ciudadanos del mundo de segunda categoría. 
Quisiera advertir de la desaparición de las normas en África en cuanto a la evaluación de las situaciones relativas a los derechos humanos, por lo que las violaciones terminarán considerándose como algo inevitable. 
Sin embargo, la política de derechos humanos es, sobre todo, demasiado difusa. 
No conseguimos diseñar una estrategia común en la comunidad internacional ni, incluso, en Europa. 
Tomemos el caso de Sudán. 
La comunidad internacional lanza señales contradictorias a ese país. Inglaterra ha vuelto a abrir su embajada en Jartún. 
Canadá invita a los sudaneses a que celebren conversaciones de paz. Europa presiona a los rebeldes del sur a que negocien y, al mismo tiempo, los americanos aíslan al régimen y apoyan a los militares rebeldes. 
Es necesaria una mayor coordinación, un mayor intercambio de información, y un planteamiento más coherente que evite la competencia. 
Solamente entonces, podremos continuar la obra de los autores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Señor Presidente, quisiera empezar por decir que si bastara con palabras para resolver todos los problemas, entonces ya no nos quedaría nada que hacer y podríamos volver tranquilamente a casa. 
Desgraciadamente, mientras hablamos hoy en la seguridad de esta sala, en todo el mundo libre se están cometiendo abusos de los derechos humanos. 
A veces cuanto más hablamos, menos oímos- mociones: palabras; convenciones: palabras; tratados: palabras -; si no somos cuidadosos, las palabras acabarán por reemplazar a los actos. 
Las palabras encuadradas en documentos bien rellenos y liberadores se convierten en tratados y en convenciones que a veces se muestran triunfalmente como testimonio del respeto de un país por los derechos humanos y su adhesión a ellos. 
Sin embargo las palabras, habladas, escritas o firmadas, no son de por sí suficientes. 
Fíjense en los firmantes de las convenciones sobre derechos humanos y sobre las minorías y comparen luego la situación con el trato que reciben esas minorías, esos grupos y esas personas: la lista es vergonzosa y vergonzante. 
¿Puede afirmar alguien con convicción que a las mujeres se les trata con igualdad y equidad, que los niños tienen derechos humanos, o que no se discrimina en contra de personas a causa de su religión, sus creencias, su género, sus discapacidades, su edad, su orientación sexual, su opinión, su afiliación política, etc?. 
La difamación de las minorías en periódicos y otros medios alimenta la discriminación. 
Incluso dentro de la UE hay ciudadanos que padecen todavía violaciones de los derechos humanos y respecto de los cuales se infringen nuestras convenciones o convenios. 
Todos los días la prensa desinforma y lo que escribe se utiliza para denegar la igualdad ante la ley a algunas minorías y para denigrar a las minorías étnicas. 
Francamente, se ha creado una jerarquía de la opresión. 
Y mientras la persona no tenga igualdad ante la ley, esta desigualdad será causa de discriminaciones y de erosión de los derechos humanos. 
En nuestro proceso de ampliación de la UE hemos hecho hincapié acertadamente en los derechos humanos y en la protección de las minorías. 
No tenemos que renunciar a ese compromiso, pero también nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y reconocer nuestras propias deficiencias. 
A pesar de ello, hemos firmado las convenciones, pero hay que pasar a la acción. 
Recomendaría a todos que en las prácticas continuas de auditoría de derechos humanos se ejerciera una vigilancia eterna, no solamente fuera de nuestras fronteras, sino también dentro de ellas. 
Por eso soy partidario de que haya un informe anual de los Estados miembros en el cual cada Estado tendría que hacer constar las demandas de que ha sido objeto y las medidas adoptadas. 
En efecto, lo que sucede en cada Estado miembro nos sucede también a cada uno de nosotros. 
Lo que sucede en otras partes del mundo también nos afecta. 
Pinochet en Chile es un caso tan pertinente como Haider en Austria. 
Los derechos humanos y las libertades civiles están inexplicablemente vinculados. 
Los derechos humanos no existen en total aislamiento, están conectados con nuestras políticas de desarrollo, con nuestras políticas económicas, con nuestras políticas de asuntos del interior, incluso son el meollo de nuestras funciones democráticas. 
Quisiera repetir lo que ha dicho el Sr. Patten: tenemos que actuar, tenemos que informar, tenemos que educar y para ello tenemos que efectuar cambios verdaderos y duraderos. 
Señor Presidente, " Europa representa ideales, valores y principios. 
Tenemos que resaltar la historia espiritual de Europa. 
Juntos tenemos que restablecer los valores que unen a Europa. 
Los valores espirituales se han difundido desde Europa hacia el resto del mundo. 
Tenemos que vivir con nuestras conciencias ". 
Así hablaba hace tres horas en esta Asamblea Vaclav Havel, Presidente de la República Checa. 
En un discurso particularmente reconfortante, caracterizado por el conocimiento de los hombres, sabiduría, conocimientos históricos y comprensión de la herencia espiritual y cristiana de Europa, indicó las fuentes de inspiración para nuestro trabajo en torno a los valores y derechos de los hombres. 
Hay que agradecer la existencia de jefes de estado como Vaclav Havel en nuestra Europa. 
Quiero ocuparme de dos cosas. 
La primera de ellas es la sociedad civil. 
Vaclav Havel dijo que en la Europa del Este los regímenes comunistas destruyeron sistemáticamente la sociedad civil: los movimientos populares, las iglesias y los sindicatos independientes. 
Esto ocurre en China con el movimiento Falun Gong y con las iglesias católica y protestante. 
Esto ocurre con el lamaísmo en el Tíbet. 
Nunca debemos olvidar la defensa de la sociedad civil. 
También quiero ocuparme de la pena de muerte. 
La UE y Suecia, mi país, fundamentan su concepción del hombre en la singularidad, la inviolabilidad y la unidad de los valores humanos. 
Basándose en este principio, los individuos siempre deben tener oportunidad de rehabilitarse. 
Hay que decírselo a los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia y de China. 
Señor Presidente, Presidente en ejercicio, Comisario, me parece que la actitud de los Estados miembros de la UE en Ginebra debe consistir en dar prioridad a la situación en Kosovo, México, Arabia Saudita, Sierra Leona y China. 
En relación con China, no debemos abstenernos de plantear la cuestión sencillamente porque las discusiones sobre ella puedan quedar bloqueadas. 
Sin embargo, es imperativo que la UE hable y actúe como una sola persona, y las amenazas de sanciones comerciales deben reforzar nuestra actitud y no debilitarla. 
Ahora bien, si queremos dar plena expresión a las decisiones que quizás se adopten en Ginebra, entonces la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos debe recibir los recursos necesarios. 
Los recursos financieros de las Naciones Unidas están demasiado extendidos y a causa de ello muchos programas indispensables dependen de la aportación de contribuciones voluntarias para poder seguir su curso. 
También se necesitan recursos para promover la cooperación práctica y los derechos humanos, la planificación estratégica, el establecimiento de prioridades y el fortalecimiento de las comunicaciones entre la comunidad de donantes y los Estados miembros de las Naciones Unidas. 
Con esa finalidad la Alta Comisionada hizo recientemente un llamamiento anual en favor de que se aporten 53 millones de dólares para que su oficina pueda llevar a cabo esas tareas. 
La Unión Europea y sus Estados miembros deben dar ejemplo y aportar una parte importante de esos fondos. 
De esa manera no solamente colocaríamos a los Estados Unidos en una situación embarazosa por lo que se refiere al cumplimiento de sus responsabilidades financieras respecto de la financiación de las Naciones Unidas, sino que demostraríamos también que nuestro compromiso en favor de la defensa de los derechos humanos es algo más que simple retórica. 
Señor Presidente, este debate tiene como objetivo preparar la próxima sesión anual de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y la actuación de la Comisión y del Consejo en la misma. 
En primer lugar, permítanme decir que me satisface mucho lo que hasta ahora han manifestado el Sr. Patten y el ministro, y creo que está bien que tanto China como Cuba sean objeto de debate. 
Cuba continúa siendo la última dictadura de Sudamérica y eso es algo que no podemos olvidar, a pesar de todas las simpatías que despierta Cuba en algunos círculos. 
Es una dictadura y, por tanto, no una democracia. 
Quiero pedir atención en mis dos minutos para dos países con los que me une un lazo especial. 
En primer lugar, Indonesia. 
Por supuesto, nos alegra mucho que Indonesia tenga un nuevo gobierno y que el Sr. Wahid y la Sra. Sukarnoputri ocupen la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. 
Nos alegra, asimismo, que la situación en Timor evolucione gradualmente en la buena dirección. 
Sin embargo, les comunico que la violencia no está todavía bajo control en las Molucas, un territorio que se encuentra al norte de Timor. 
Se han producido miles de muertos en los dos últimos años. 
Decenas de miles de personas han huido. 
No se controla bien la situación. 
Sé que mañana o pasado mañana se presenta un importante programa en la televisión neerlandesa en el que se ruega que se envíen observadores, solamente para que examinen con precisión lo que sucede allí, de manera que, en todo caso, se constate lo que está ocurriendo, también con vistas a después, para las comisiones de derechos humanos. 
Mi ruego urgente es, y se trata de algo que en diferentes ocasiones hemos recogido en las resoluciones, que negociemos el envío de observadores a las Molucas. 
Ya son suficientes los miles de muertos, miles de heridos, decenas de miles de refugiados. 
Mi segundo país, y quiero ser muy breve, puesto que el Sr. Patten lo conoce muy bien, es Birmania. 
Es inaceptable que no nos pronunciemos sobre este país. 
Tengo la idea de que Birmania ha ido cayendo progresivamente en el olvido. 
Hace ya diez años que la presidenta electa se encuentra bajo arresto domiciliario. 
Diez años ya, que el Parlamento no funciona. 
Un sinfín de parlamentarios han sido asesinados o han huido y sólo unos cuantos viven en Birmania. 
Cientos de miles de refugiados han salido de Birmania a Tailandia o la India y, sin embargo, parece que ya no se presta atención a ese país. 
Creo que debe volverse a incluir a este país en la agenda, especialmente ante el cambio acontecido en Indonesia. 
No puede ser que la Sra. Aung San Sui Kyi se sienta totalmente abandonada, también por Europa. 
Mi petición es que este país vuelva a tener una posición privilegiada en la agenda. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, la afirmación de la Unión Europea en el mundo no podrá tener como elemento determinante sólo el poderío económico. 
Un rasgo esencial de lo que nos distingue es la sistemática referencia a los derechos humanos por nuestra parte y por la de aquellos con los que nos relacionamos. 
El Parlamento Europeo, que viene consiguiendo superar los límites resultantes de egoísmos y "de intereses nacionales" plasmados a veces en posiciones de Estados miembros e incluso de otras instituciones de la Unión Europea, ha desempeñado un papel fundamental en el fomento y la defensa de los derechos humanos. 
Por eso, se puede afirmar, por ejemplo, que el Parlamento Europeo nunca ha dejado que se olvidara la situación en Timor Oriental, lo que podría haber sido el peor enemigo de una solución justa para su pueblo, que siempre se opuso a la ocupación indonesia. 
Por eso, aún recientemente nos opusimos a la venta de armas a Indonesia, posición que, por desgracia, el Consejo no tuvo en cuenta. 
Pero no basta con evitar o poner fin a situaciones de indignante agresión perpetradas por personas o instituciones contra los más débiles. 
Es esencial que, cometidas las violaciones, sus autores no queden impunes, sean quienes fueren, sea donde fuere, en Indonesia o en Angola, en Cuba, en China o en Birmania, ya sea el autor un civil o un militar, un soldado, un general o un ministro. 
Hágase justicia en Indonesia. 
Hágase justicia en Timor Oriental. 
El Presidente Wahid necesita nuestro apoyo para afrontar la difícil situación que tiene entre manos. 
En buena hora esta resolución, por iniciativa del PPE, incluye una referencia expresa a Timor Oriental. 
Lo que allí ocurrió en ese país y que en parte presencié, en representación de este Parlamento, no puede quedar sin responsables y éstos no pueden quedar impunes. 
Hablar de Timor Oriental tiene que ser también recordar la situación de decenas de millares de refugiados timorenses en territorio indonesio, en situación inhumana, controlados por militares indonesios y por milicias, utilizados como moneda de cambio. 
Es una situación intolerable a la que urge poner fin. 
Señor Presidente, algunos comentarios muy breves en nombre de la Presidencia del Consejo. 
En primer lugar, para recordar que la de la Presidencia es sobre todo una labor de coordinación, de búsqueda de posiciones comunes respecto de las iniciativas que los Quince deben adoptar en el Consejo, recordando que las experiencias de los períodos de sesiones anteriores de la Comisión de Derechos Humanos han revelado- gracias precisamente a esa labor de coordinación de las Presidencias- una gran capacidad de afirmación de la Unión Europea como entidad con una política propia dentro de la Comisión, cosa que conviene mantener. 
Quisiera decir también que la participación del Parlamento Europeo en los trabajos preparatorios es importante para la afirmación coherente de las posiciones de la Unión Europea sobre las diversas situaciones, por lo que la Presidencia acoge con natural agrado todas las propuestas, en particular todas las contribuciones que se desprenden de los textos de las resoluciones presentadas. 
Quisiera subrayar también que, como han destacado muchos de sus Señorías, la política de derechos humanos está en el centro de la identidad europea y se debe entender el respeto de los derechos humanos como el principio esencial para la cooperación internacional por parte de la Unión Europea. 
A eso se debe la necesidad de que entendamos la política europea de derechos humanos con la mayor coherencia, lo que impone, naturalmente, la necesidad de que adoptemos posiciones claras y sin gran ambigüedad sobre situaciones que consideramos más inaceptables, en particular la mencionada por muchos de sus Señorías en relación con China. 
Pero también tomamos nota de la preocupación de muchos otros diputados respecto de otras situaciones en otros países, en particular las referencias a Indonesia, a la situación en Timor, a las situaciones de las Molucas y de Birmania, que debemos tener en cuenta. 
Tampoco podría terminar sin un comentario en relación con una intervención concreta del Sr. Van Hecke respecto de la situación de los derechos humanos en África y al papel y la prioridad de la Presidencia portuguesa, poniendo en entredicho la sinceridad de nuestras opciones en relación con la prioridad que concedimos a las relaciones con la Unión Europea. 
Quisiera simplemente decir que en estos dos meses escasos la Presidencia portuguesa ha podido celebrar por primera vez un Consejo de Ministros de Desarrollo, aunque oficioso, cuyo orden del día ha estado precisamente acaparado por las relaciones de la Unión Europea con África- y ése fue el asunto que hizo reunirse a los Ministros de Desarrollo de los Quince en Lisboa para debatir precisamente la nueva dimensión que se debe dar a esas relaciones- y no puedo dejar de subrayar la circunstancia de que hayamos concluido las importantes negociaciones del nuevo convenio, que substituye el Convenio de Lomé, y hayamos conseguido, mediante una negociación muy compleja y difícil, celebrar o preparar la celebración de la primera cumbre Unión Europea-África. 
Por eso, no podría dejar de responder directamente a una pregunta pertinente del Sr. Van Hecke. 
. 
(EN) Señor Presidente, este debate ha sido muy útil. 
En una o dos intervenciones se han mencionado cuestiones específicas sobre las cuales deberíamos reflexionar muy cuidadosamente. 
Por ejemplo, la Sra. Maij-Weggen se refirió a Indonesia y a Birmania y formuló algunas ideas muy interesantes acerca de esos países y acerca de la situación de los derechos humanos en ellos. 
Quisiera ahora tratar muy brevemente de uno o dos temas que se mencionaron durante el debate. 
Uno de los primeros oradores, el Sr. Wuori, habló de las observaciones que había hecho anteriormente el Sr. Havel hoy. 
Fue una intervención notable y espero que el Sr. Gollnisch, que ya no puede estar con nosotros, haya podido seguir también la intervención. 
También espero que, si hay vida en el espacio extraterrestre, como ha dicho en términos conjeturales el Sr. Newton Dunn, esa vida haya podido sintonizar también la intervención del Sr. Havel. 
El Sr. Havel nos ha recordado que la Unión no trata únicamente de mercados, ni de crecimiento del PNB, sino que es una Unión de valores que se reflejan en los Tratados y que se reflejan en nuestras obligaciones en toda la esfera de la asistencia exterior y específicamente en lo que se nos ha encomendado que hagamos. 
¿Cómo podemos llevar a la práctica todo lo que los Tratados dicen tan detalladamente acerca de los programas de asistencia para el desarrollo? 
Uno o dos diputados, el Sr. Ferber y el Sr. Cushnahan, mencionaron la diferencia que hay entre retórica y realidad. 
El Sr. Cashman dijo, lo que en cierto modo es cierto, que las palabras no reemplazan a los actos. 
Es evidente que las palabras pueden marcar una diferencia, que es lo que dijo la Sra. Malmström. 
Dijo que había recibido una carta del Embajador de China, un representante muy amable e inteligentísimo, un buen servidor de su país, en la que le decía que estaba equivocada y que el Parlamento Europeo estaba equivocado en su actitud respecto de los derechos humanos en China. 
Tengo la impresión de que, después de su intervención, la Sra. Malmström recibirá una cascada de cartas de las autoridades chinas. 
Va a poder llenar un armario con cartas acerca de lo que se pretende que es la verdadera situación en China. 
Me parece que la Sra. Malmström estaba reflejando las opiniones de muchas organizaciones no gubernamentales, de muchas personas que admiran la civilización china pero que se preocupan por lo que está sucediendo en la China de nuestros días. 
Evidentemente es perfectamente normal que nos ocupemos de los actos, y en su primera intervención el Sr. Salafranca mencionó dos cuestiones aparte de Ginebra que representaban otras tantas acciones, una de las cuales, sin duda, se ha visto posibilitada por la generosidad del Parlamento Europeo en nombre del contribuyente europeo- se trata del presupuesto que podremos gastar en actividades de derechos humanos -, unos 100 millones de euros que se gastan por conducto de programas, de los cuales soy responsable, y que principalmente van a las organizaciones no gubernamentales para que promuevan los derechos humanos y para que promuevan la democratización. 
Todos queremos compartir con el Parlamento nuestra opinión sobre la forma de que el programa de gastos en favor de los derechos humanos pueda tener un mejor enfoque y mejores objetivos en los años venideros. 
Tampoco olvido el asunto que mencionó el Sr. Salafranca, que lamento no pueda estar con nosotros al final de este debate breve pero útil. 
No olvido tampoco la cuestión de nuestra política general en materia de derechos humanos y la relación entre los derechos humanos y la política exterior. 
Quisiera recordar al Parlamento que la Comisión va a publicar, antes de mediados de este año, un texto amplio e intelectual en favor de colocar los derechos humanos en el centro de la elaboración de la política exterior y de seguridad común. 
Esto es inmensamente importante, y si no hubiera pensado ya en ello, al escuchar la notable intervención del Sr. Havel esta mañana estoy seguro de que hubiera llegado a la misma conclusión. 
Este debate ha sido útil. 
Espero que haya más debates como éste. 
En particular, espero que podamos sostener debates acerca de una de las formas en que llevamos a la práctica estas buenas intenciones allí donde es realmente necesario, es decir donde todavía se tortura a personas, donde todavía se viola a personas y donde todavía se niega a las personas el tipo de derechos civiles que este Parlamento estima que existen de por sí, como pienso yo también. 
He recibido 7 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, para cerrar la presente declaración. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Chipre y Malta 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, quisiera dar algunas informaciones sobre la reanudación de las negociaciones intrachipriotas y la evolución reciente de esa cuestión. 
Considero que lo ocurrido en Helsinki al final del año pasado y el nuevo ambiente que se vive en el marco, en particular, de la relación entre la Unión Europea y Turquía refleja- resulta patente para todos- un telón de fondo en el plano comunitario al que no puede dejar de ser sensible también el propio marco de relación entre las dos comunidades, en el ámbito de Chipre. 
Quisiera subrayar que a comienzos de diciembre del año pasado se celebró en Nueva York la primera ronda de negociaciones- desde hace varios años interrumpidas- entre las comunidades chipriotas del norte y del sur de la isla. 
Fueron conversaciones de carácter indirecto, mediadas por el Representante Especial de las Naciones Unidas, Álvaro de Souto. 
En enero de este año- a partir del 31 de enero- se celebró otra ronda y está previsto que el 23 de mayo se inicie en Nueva York una tercera ronda y existe la posibilidad, aún no confirmada del todo, de que esas conversaciones sean directas y continuas, con lo que sus trabajos se prolongarían hasta septiembre de este año. 
Los aspectos substanciales en ese debate son esencialmente cuatro: la seguridad, la estructura gubernamental, los ajustes territoriales y los refugiados y las indemnizaciones resultantes de la situación creada después de la división de la isla. 
Ahora bien, se había acordado la posibilidad de incluir otras cuestiones, por lo que el representante de la parte septentrional de la isla, Rauf Denktash, propuso tres nuevos temas: la soberanía, las medidas creadoras de confianza y el levantamiento del embargo a los productos del norte de la isla. 
De las conversaciones hasta ahora celebradas se han obtenido esencialmente dos resultados: se perfila la posibilidad de estructurar un cauce directo de información entre la Unión Europea y la parte septentrional de la isla- sin que eso signifique necesariamente su reconocimiento como una entidad con personalidad jurídica en el plano internacional- a fin de facilitar la aprobación de un acervo comunitario para una posible adhesión de toda la isla, en el caso de que entretanto consiga una resolución del problema global de la división de la isla. 
El segundo resultado que nos parece importante es la declaración formulada por el Secretario General de las Naciones Unidas al final del primer día de conversaciones, al afirmar que, si se consiguiera un acuerdo global para la situación, entrañaría un reconocimiento de las especificidades del norte de la isla. 
Ésa es la posición que adoptó el Secretario General de las Naciones Unidas y es un elemento que deberá estar presente, naturalmente, en nuestro análisis futuro. 
Existen algunas esperanzas respecto de la tercera ronda de negociaciones, dadas las propuestas de planes que están en preparación y en las que intervienen representantes de los Estados Unidos y del Reino Unido, en particular en las esferas de la seguridad y la estructura constitucional, que, según se prevé, serán presentados en dicha ronda por mediación del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas, cosa que ocurrirá en un marco ya posterior a la celebración de elecciones en el norte de la isla, previstas para el 18 de abril. 
Por lo demás, la Presidencia portuguesa de la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de lo que hicieron Presidencias anteriores, ha decidido indicar un representante para que tengan contactos con las diversas partes interesadas al respecto, quien ya se ha puesto en contacto con ellas y, en estrecha relación con el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas, ha ido siguiendo los trabajos de varias rondas. 
En particular, tenemos la intención de que la Unión Europea mantenga permanentemente una actitud activa a ese respecto, tanto más cuanto que se da la circunstancia de que Chipre es, como resulta evidente, un candidato a la adhesión a la Unión Europea con un proceso de negociación bastante avanzado, lo que suscita, naturalmente, algunas esperanzas y determina que la Unión Europea tenga un papel de alguna relevancia en ese marco. 
La orientación que venimos siguiendo en ese debate y nuestra participación en él ha consistido esencialmente en aprovechar cierto clima de apaciguamiento de las tensiones creado por la convicción, comúnmente- nos parece- compartida, de que es necesario seguir negociando y de que la continuación de las negociaciones y el mantenimiento de su ritmo son también, en sí mismos, elementos de esperanza en cuanto a la conclusión de una solución final. 
Hay, además, otro elemento importante, ya citado en el comienzo de mi declaración y relacionado con el compromiso de Turquía de contribuir a la preparación del norte de la isla para la adhesión. 
Consideramos que no sólo debemos leer con cierta atención, cierto detenimiento, las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, sino que, además, debemos ir observando la disponibilidad de las autoridades turcas para contribuir a la resolución de esa cuestión. 
Yo mismo estuve en Ankara, donde tuve oportunidad de hablar con el Primer Ministro Bülent Ecevit a ese respecto, y, pese a que conocemos las dificultades, la sensibilidad específica y la propia idiosincrasia del planteamiento turco de esa cuestión, considero que se abre una ventana de oportunidad que no se puede desaprovechar. 
Para ello, hay que combinar varios factores, uno de los cuales tiene que ver- no vale la pena ocultarlo- con la propia dinámica de la relación entre Turquía y la Unión Europea. 
Ése es un elemento esencial para el futuro de esta cuestión. 
Por otro lado, nos parece importante- también en relación con el propio modo como la Unión Europea aborda lo esencial de esa cuestión- que se aliente el intercambio de informaciones entre las Comisión y los chipriotas del norte de la isla, sin que eso signifique- debe quedar claro- tipo alguno de reconocimiento de carácter oficial. 
Ahora bien, consideramos- y creo que ésa es la interpretación que hace la Comisión- que todo el proceso de aproximación, en el nivel de la evaluación del acervo encaminado al proceso de integración global de la isla en el ámbito de la Unión Europea en una futura adhesión, requiere la participación, lo antes posible, de las comunidades del norte de la isla y la posibilidad de que también la Unión Europea, en el esfuerzo que hace de evaluación de las condiciones de adhesión, pueda tener acceso a elementos que le permitan substanciar el propio proyecto de adhesión. 
Por otro lado, eso quiere decir que, por parte del Consejo, debemos alentar- y considero que este Parlamento podría hacerlo también- la participación de la Comisión en ese esfuerzo. 
Creo que no podemos dejar de enviar un mensaje de confianza a la Comisión respecto de su papel en ese sentido. 
Por último, creo que deberemos seguir colaborando activamente- y ésa es también la intención de la Presidencia- con las Naciones Unidas, dadas la habilidad, la inteligencia y la capacidad con que el Secretario General y la propia estructura de las Naciones Unidas han sabido dirigir ese debate y, en particular, han intentado contribuir a la armonización de las posiciones entre las partes. 
Como he dicho al principio, se observa que las conclusiones de la Cumbre Europea de Helsinki de diciembre del año pasado tuvieron repercusiones evidentes en la evolución de las posiciones de las diversas partes en el proceso. 
El Gobierno de Nicosia manifestó su satisfacción con las conclusiones de Helsinki, que brindan la posibilidad de adhesión a la Unión Europea sin la solución previa de la división de la isla. 
Ahora bien, no puedo dejar de observar que esas mismas autoridades se manifiestan preocupadas por las presiones que puedan llegar a sufrir para resolver las cuestiones suscitadas por esa división y que, como resulta evidente, entrañan algunas concesiones. 
Eso está relacionado con la evolución que ha habido en materia de traslado de poblaciones y la posibilidad de una reorganización al respecto en el caso de una solución diferente para la isla. 
Por otro lado, los chipriotas turcos temen- tampoco vale la pena ocultarlo- que la candidatura de Turquía a la Unión Europea induzca a Ankara a flexibilizar un poco su posición al respecto. 
Considero que, independientemente de que ésos puedan ser algunos de los recelos abrigados por las dos comunidades en esa aproximación, esos aspectos, que pueden configurar una interpretación negativa de la situación por parte de las autoridades de ambas partes, pueden también ser la razón de fondo para abrigar alguna esperanza respecto de una solución final. 
Para esa solución final, será claramente imprescindible uno de los elementos más importantes que caracterizan las relaciones en esa zona y en este período: la evolución extraordinariamente positiva de las existentes entre Atenas y Ankara y el importantísimo papel que han desempeñado en ellas el Ministro de Asuntos Exteriores griego, George Papandreu, y el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Ismail Cem. 
Consideramos que en ese marco se han creado las condiciones para una evolución positiva. 
Por nuestra parte, por parte de la Presidencia del Consejo, no dejaremos de seguir con toda atención esa evolución, no dejaremos de colaborar con el Secretario General y con su representante personal a ese respecto. 
Pondremos en conocimiento de las instituciones comunitarias lo que hemos podido hacer y lo que se puede hacer desde el punto de vista de la articulación no sólo en el plano político, sino también en cuanto a lo que la propia Comisión, en el ámbito de su capacidad de gestión respecto del proceso de adhesión, pueda llegar a conseguir y, en particular, daremos a conocer la flexibilidad que ambas partes demuestren a ese respecto. 
Señor Presidente, Señorías, el debate de hoy se ocupa de una cuestión que es especialmente importante bajo dos aspectos. 
Por un lado, se trata de la cuestión de la financiación de Chipre y Malta para que puedan incluirse plenamente en la estrategia de adhesión. 
Pero también se trata de modo muy especial del proceso de paz en Chipre y, en consecuencia, de la estabilidad y seguridad en el área del Mediterráneo. 
En primer lugar, quiero decir algunas palabras sobre el reglamento financiero para Chipre y Malta que presentó la Comisión en octubre del año pasado. 
Quiero felicitar muy encarecidamente al Sr. Brok, el ponente y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, por su informe que supone una excelente base para nuestros debates de hoy. Necesitamos este instrumento. 
Sustituye a los protocolos financieros que expiraron a finales de 1999. 
Necesitamos estos instrumentos para que podamos atender nuestros compromisos financieros en el marco de la estrategia de aproximación para Malta y Chipre. 
Quiero expresar mi agradecimiento por el apoyo dado por el Parlamento a la Comisión en los esfuerzos para aprobar lo antes posible el proyecto de reglamento. 
La Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Presupuestos han introducido una serie de enmiendas. La Comisión puede recoger una parte de ellas. 
Quiero decir algo sobre dos puntos de los que sé que son de especial importancia para el Parlamento. 
Por un lado se trata de la dotación financiera en sí, es decir, de cuánto dinero queremos gastar. 
La Comisión va a proponer un volumen financiero de 95 millones de euros. El Consejo se ha puesto también de acuerdo sobre esta cifra. 
Sé que el Parlamento desea una dotación mayor y puedo también comprender los motivos. 
Créanme que como miembro competente de la Comisión también me gustaría disponer de más dinero para este objetivo. 
Pero la situación es tal que actualmente una suma superior no es susceptible de consenso. 
A la postre, la autoridad presupuestaria deberá determinar el importe definitivo. 
La segunda cuestión que es aquí importante es la relativa a la transferencia de los créditos financieros en la Categoría 7 del Presupuesto. Aparentemente se trata sólo de una cuestión técnica pero es una cuestión profundamente política. 
Con motivo de otro asunto yo mismo dije aquí que considero acertada esta idea. 
Creo poder decir- sin que la Comisión haya adoptado aún una decisión formal- que la Comisión está dispuesta a seguir en principio esta consideración. 
Pero la decisión al respecto no se puede realizar con este reglamento sino que sólo será posible en el marco de la revisión de las previsiones financieras. 
Mediante este reglamento, que se extiende para el período del 2000 al 2004, ambos países candidatos tienen acceso a ayuda técnica y financiera para la aplicación del acervo comunitario, para la participación en los programas comunitarios y determinadas instituciones de la Comunidad así como para ampliar las capacidades de sus administraciones y tribunales. 
Del importe total previsto por un montante de 95 millones de euros, 57 millones están destinados a Chipre y 38 millones a Malta. 
En el caso de Chipre, el proyecto de reglamento prevé también la financiación de medidas para apoyar la reconciliación entre los dos grupos nacionales, representando esta suma la tercera parte del total. 
Quiero garantizar en nombre de la Comisión que la programación de los créditos se realizará en consonancia con las prioridades de las asociaciones de adhesión ya en las próximas semanas. 
Quiero realizar algunas breves observaciones sobre la evolución de la cuestión de Chipre tras el Consejo Europeo de Helsinki. 
Puedo adherirme plenamente a lo que el Sr. Seixas da Costa ha expuesto aquí en nombre de la Presidencia portuguesa del Consejo. 
En esta cuestión estamos cooperando muy estrecha y positivamente. 
De cara a Chipre, la Unión siempre ha dicho que las negociaciones de adhesión deben repercutir positivamente sobre la solución del problema político. 
Siempre hemos estado de acuerdo con ello y me parece totalmente correcto que las negociaciones para solucionar el problema político tengan lugar bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y también siempre hemos estado de acuerdo en que la solución debe apuntar hacia una Federación bicomunal y bizonal. 
El objetivo de la Unión Europea sigue siendo el de acoger en la Unión a un Chipre unido. 
El Consejo Europeo de Helsinki ha subrayado de nuevo que una solución del conflicto político facilitaría la adhesión de Chipre en la Unión Europea. 
Sin embargo, tal como acaba de exponer la Presidencia, el Consejo ha indicado que esta no es una condición previa para la conclusión de negociaciones. 
Para el caso de que no se haya logrado una solución política a la cuestión de Chipre en el momento de la conclusión de las negociaciones de adhesión, el Consejo adoptará la decisión sobre la acogida de Chipre en la Unión sopesando todos los factores relevantes. 
Esta es la situación política que tenemos. 
La decisión del Consejo Europeo de Helsinki sobre la futura configuración de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía ha impulsado una considerable dinámica. 
Quiero subrayar que aquí están transcurriendo al mismo tiempo varios procesos políticos que están estrechamente relacionados entre sí. 
Por un lado están las relaciones entre la UE y Turquía. Por otro, el desarrollo de las relaciones greco-turcas y finalmente el proceso de paz en Chipre. 
Se ha hablado de la window of opportunity, la ventana de la oportunidad que se ofrece tras Helsinki debido a la distensión greco-turca. 
¿Qué podemos hacer para aprovechar esta ventana de la oportunidad en relación con el problema de Chipre? 
Creo que debemos elegir una actitud inteligente y reservada. 
Si nos acercamos a este asunto con demasiada celeridad, despertaremos esperanzas que no se pueden cumplir, por lo que estoy a favor de mantener una actitud inteligente que avance paso a paso en función de la situación correspondiente. 
Lo primero que podemos y queremos hacer es intensificar el diálogo y la comunicación entre las dos comunidades de Chipre. Esta es una consideración que apoyan nuestros interlocutores griegos y turcos. 
Así pues, queremos reactivar las llamadas actividades bicomunales, sobre todo las actividades bicomunales entre los jóvenes. 
También queremos ocuparnos más intensamente en informar mejor a la comunidad turcochipriota sobre las metas de la Unión. 
Estoy plenamente convencido de que un mayor conocimiento del Tratado, una mayor comprensión de lo que es y quiere la Unión Europea, podrá contribuir a desmontar los miedos y prejuicios. 
A mediados de marzo voy a viajar a Chipre. Mi objetivo va a ser contribuir a que ambas comunidades se convenzan de la ventaja de una nueva cooperación. 
En el nuevo reglamento financiero hemos previsto créditos para esta finalidad. 
Estos créditos no son insignificantes. 
Me parece muy importante que apelemos a ambas partes para que superen por fin las sombras del pasado y desarrollen paso a paso una nueva forma de cooperación y finalmente también de convivencia. 
Las conversaciones en el marco de las Naciones Unidas han tenido lugar en diciembre en Nueva York y a comienzos de febrero en Ginebra. 
En mayo pasarán quizás a la tercera y decisiva ronda. 
Hay que negociar hasta que se encuentre una solución o al menos se logren unos importantes progresos en las grandes cuestiones que acaba de exponer la Presidencia. 
¿Cuál es aquí el papel de la Comisión? 
Es interesante comprobar que todos los participantes en este proceso consideran esencial el papel de la Unión Europea. 
Todos los participantes en el proceso buscan el contacto y la cooperación con nosotros. 
Para todos los participantes está claro que el proceso de paz y la recepción de nuestro acervo comunitario están unidos inseparablemente y que no pueden enfrentarse. 
Tengo que decir que yo también concedo una extraordinaria importancia a la cooperación con el Secretario General de las Naciones Unidas y su enviado especial en esta cuestión y puedo decir que transcurre con plena confianza y sin ninguna fricción. 
Por tanto, está justificada la conclusión de que desde Helsinki se ha producido una mayor dinámica para la solución de la cuestión chipriota. 
Por el momento no quiero ir más lejos en mi apreciación. 
La decisión de la Unión de comenzar las negociaciones de adhesión y de proseguirlas con rapidez para que sirvan así de catalizador para la solución del problema político me parece que es la vía correcta. 
En cualquier caso no veo ninguna alternativa razonable a esta vía por lo que sólo puedo decir que la Comisión va a seguir en la línea de contribuir hasta el final de las negociaciones de adhesión a encontrar la solución al problema político y utilizar las mismas negociaciones como un importante instrumento para la solución del conflicto. 
Señor Presidente, hemos escuchado las declaraciones del Consejo y de la Comisión Europea y quisiera hacer las siguientes observaciones: 
Señor Presidente del Consejo, me hago cargo de la sensibilidad con la que se enfrentan al asunto y el esfuerzo que hacen por mantener el contacto con la parte turcochipriota, sin embargo, tal vez sería todo más claro y correcto si el vocabulario que usan no dejara sombras de duda sobre la posibilidad de que estén ustedes promoviendo cierto reconocimiento; aunque ha destacado usted que no hay nada semejante. 
Por ejemplo, yo no diría "el Gobierno de Nicosia"». 
Se trata del Gobierno de Chipre, señor Presidente del Consejo, no se trata del Gobierno de Nicosia. 
Ese gobierno ha propuesto el modo en que puede participar la parte turcochipriota, y creo que lo correcto es que el Consejo y la Comisión animen a la parte turcochipriota a participar institucionalmente en el marco de las negociaciones entabladas por la República de Chipre. 
Por otra parte, el modo en que se ha manejado hasta hoy el asunto del final de los protocolos y de la estrategia de preadhesión nos crea ciertas dudas. 
Yo no comprendo por qué ha de hacerse una excepción con los dos países pequeños; o por qué hacía falta el enfrentamiento entre los órganos institucionales; o la presión del Parlamento para que se introdujeran los créditosen el capítulo 7 sobre la estrategia de preadhesión. 
¿Cómo es posible que toda una Unión Europea trate de semejante modo a dos pequeños países en los límites de la Unión, dos países a los que necesita, y que además están perfectamente preparados para funcionar dentro de la Unión y que se considera que ya podrían participar en la Unión Económica y Monetaria? 
Como ha dicho el Comisario, y estoy de acuerdo con él, es una cuestión de decisión política. 
Y se trata de una pequeña decisión política, señor Presidente del Consejo, a cambio de grandes ventajas, y, sobre todo, de la ayuda, al objeto de que las dos comunidades constituyan sustancialmente un Estado, a que haya un nuevo acercamiento- pues alguna vez se dio ese acercamiento entre las dos comunidades- y la República de Chipre pueda, realmente, liberarse de las tropas de ocupación. 
Señor Presidente, Señorías, en el marco del procedimiento de consulta, se nos presenta una propuesta de reglamento del Consejo para la ejecución de acciones relativas a la estrategia de preadhesión para Chipre y Malta. 
Se trata de una propuesta similar a la presentada para otros países candidatos y, una vez ejecutada, substituirá los protocolos financieros que han expirado. 
Los instrumentos de preadhesión están destinados a hacer una contribución técnica y financiera a los esfuerzos de los países candidatos a fin de cumplir la exigencias del acervo comunitario. 
En efecto, el examen analítico de la Comisión ha mostrado que Chipre y Malta- pese a estar clasificados en la categoría de países con ingresos elevados por el Banco Mundial- presentan las mismas dificultades que los PECO para transponer el derecho comunitario por la insuficiencia de sus capacidades administrativas y jurisdiccionales. 
En el examen en comisión del excelente informe del Sr. Brok, se precisó que los dos países podían beneficiarse también de la línea presupuestaria MEDA para acciones horizontales de interés regional. 
Rogaré al Comisario que lo confirme de forma explícita. 
Por lo que se refiere a Chipre, hay que precisar que una parte de la ayuda técnica y financiera prevista en los instrumentos irá encaminada al acercamiento de las comunidades griega y turca con vistas a la solución definitiva del problema de la división de la isla. 
Así, pues, las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la cuestión chipriota eran particularmente oportunas y se las agradezco al Presidente del Consejo y al Comisario Verheugen. 
Desde el 4 de julio de 1990, fecha de la solicitud de adhesión de Chipre, el Parlamento Europeo no ha cesado de reclamar, mediante numerosas resoluciones, una solución política conforme al derecho internacional y a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En abril de 1999, el Parlamento reiteró una vez más su posición según la cual la adhesión de Chipre debe beneficiar a toda la isla y facilitar una solución política, pero no debe estar condicionada por esta última. 
En otras palabras, la solución política no debe mantener como rehén la adhesión. 
Se trata de procesos separados. 
Esa posición inequívoca de nuestra Asamblea suscitó algunas controversias. 
Así, pues, hay que felicitarse de que el Consejo Europeo de Helsinki pusiera fin a las elucubraciones al declarar en sus conclusiones- y cito- que "de no haber habido una solución en el momento en que concluyan las negociaciones de adhesión, el Consejo adoptará su decisión sobre la adhesión sin que lo anterior constituya una condición previa". 
Como las cosas están claras, ahora hay que esperar que la mejora del clima de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía y de las grecoturcas influya favorablemente en la comunidad turcochipriota y que ésta renuncie a su negativa a enviar representantes a las negociaciones de adhesión. 
La presencia de tales representantes no prejuzgaría en modo alguno la solución política definitiva. 
Muy al contrario: permitiría valorizar los intereses de todos en un momento en que Chipre, al ingresar en la Unión Europea, se dispone a dar un giro decisivo a su historia. 
Señor Presidente, también quiero sumarme a la alegría de los otros ponentes al ser visible ahora una mejor oportunidad de seguir adelante con el desarrollo en Chipre a tenor de la mejora en las relaciones entre Turquía y la UE y Turquía y Grecia. 
No obstante, creo también que desde la UE debemos brindar una aportación constructiva. 
Creo también- como ya se ha mencionado- que existen ciertos problemas con el régimen financiero que hemos de solucionar. 
Se trata naturalmente de una ayuda previa a la incorporación, que pertenece a la categoría siete. 
El año pasado, el Parlamento aceptó excepcionalmente que el dinero de estos gastos fuera incluido en la categoría cuatro y con ello no se trata a los dos países solicitantes en igualdad de condiciones con respecto a los países candidatos de la Europa Central y Oriental y han de serlo según las manifestaciones realizadas en la Cumbre de Helsinki. 
Se ha de proveer con fondos a la categoría séptima, donde ha de llevarse a cabo una revisión de las perspectivas financieras. 
Éste es el punto capital. 
Lo más importante es que el dinero de la ayuda previa a la incorporación destinada a Chipre y Malta se recoja de la categoría siete y se lleve a cabo una revisión de las perspectivas financieras, pues si el Consejo no lo respalda, en realidad estaría chocando con las decisiones que adoptó en Helsinki en diciembre. 
En lo que respecta a la cuantía indicada en el informe Brok, 130 millones de euros, quiero decir también en nombre del grupo liberal que hemos de hallar una cantidad con la que podamos negociar hasta alcanzar la cuantía de la suma. 
Lo más importante es que se garantice un programa plurianual y en la categoría correcta, de modo que podamos empezar la planificación en Chipre y Malta. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea respalda la decisión adoptada por el Consejo Europeo de Helsinki, según la cual la solución al conflicto no puede ser una condición previa para la adhesión de Chipre. 
Debe seguir ejerciéndose una fuerte presión sobre el Gobierno de Chipre, a pesar de que la voluntad de la mayoría de la población no puede ser objeto de un blackmail, de un chantaje de una parte de la misma, también porque abrigamos serias dudas acerca de la representatividad del Gobierno de esa parte de la isla. 
Es evidente que la ventana de oportunidades- la "janela de oportunidades", mencionada por la Presidencia- debe aprovecharse al máximo. 
Sin embargo, estamos convencidos de que, aunque las relaciones turco-griegas han mejorado, esto no puede ser suficiente. 
La solución al conflicto de Chipre pasa ante todo por la mejora de las relaciones entre las dos comunidades con vistas a la constitución- esperemos no demasiado lejana- de una federación. 
En particular, debemos actuar de cara a solucionar la cuestión del establecimiento de una verdadera libertad de circulación y el problema de la desmilitarización y el desarme de la isla. 
La Unión Europea, más allá de la ayuda financiera, sin duda importante, debe desempeñar un papel activo de garante y de promotor de los contactos entre ambas comunidades estableciendo foros de debate y programas de confidence building. 
Quiero manifestar que en este momento siento mucho la ausencia en el seno del Parlamento de Alex Langer que fue un constructor de paz y un ejemplo para todos nosotros de cómo se construye la convivencia entre los pueblos. 
Señor Presidente, la mención del diálogo entre las dos partes chipriotas con la égida de las Naciones Unidas nos recuerda que, veintiséis años después de la invasión de la isla por el ejército turco, prosigue la ocupación de casi el 40% del territorio con 35.000 soldados, medios militares pesados y la instalación de más de 50.000 colonos, en total violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al respecto. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea en ese marco con vistas a favorecer- sin injerencia en las cuestiones que incumben exclusivamente a los chipriotas- la búsqueda de una solución justa y viable para ese dramático problema que afecta a un país vinculado con la Comunidad Europea desde hace casi treinta años y destinado a integrarse en la Unión en los próximos años? 
He oído, en particular por parte del Consejo, palabras o silencios un poco equívocos, que, en mi opinión, se deben precisar claramente. 
Creo que, en primerísimo lugar, conviene recordar la referencia capital al respecto para toda la comunidad internacional: las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Se debe buscar la solución para el problema chipriota, según el Consejo de Seguridad, en el marco de una federación bizonal, bicomunitaria, dicho de otro modo, de un Estado único- el Sr. Verheugen se ha referido a ello- que cuente con dos administraciones locales mandatarias de las dos comunidades. 
La soberanía, la personalidad internacional y la ciudadanía deben ser únicas y dicho Estado debe estar desmilitarizado. 
La comunidad internacional indica así claramente que rechaza el hecho consumado por la fuerza. 
En segundo lugar, la Unión Europea gana- creo yo- reduciendo lo más posible el margen de interpretación de la posición adoptada por el Consejo Europeo de Helsinki. 
Como ha recordado el Sr. Poos, la solución del problema chipriota no puede ser una condición previa para la adhesión de Chipre a la Unión. 
Lo contrario equivaldría, de hecho, a conferir a Turquía una suerte de derecho de veto en cuanto a la adhesión de Chipre a la Unión Europea, cosa que resulta, naturalmente, inaceptable. 
En tercer y último lugar, esa posición del Consejo Europeo de Helsinki no puede, a su vez, incitarnos a moderar nuestros esfuerzos para resolver el problema chipriota antes de la entrada de ese país en la Unión. 
Desde ese punto de vista, la otra decisión de Helsinki, a saber, el reconocimiento de la candidatura de Turquía a la Unión, confiere a los Quince una responsabilidad nueva, al tiempo que les ofrece posibilidades nuevas. 
Su diálogo con Ankara puede y debe, a mi juicio, integrar la voluntad determinada de lograr que Turquía muestre, respecto del diálogo entre las dos comunidades chipriotas, una actitud constructiva y respetuosa de la legalidad internacional y permita la reunificación en paz de Chipre en el Mediterráneo oriental. 
Señor Presidente, existen pocas diferencias de opinión en cuanto a la importancia que entraña la ayuda financiera a Chipre y Malta. 
El gran interrogante es con cargo a qué categoría presupuestaria debe financiarse. 
El Consejo y la Comisión proponen que se haga con cargo a los protocolos de la categoría 4. 
Esto es, conforme a la decisión presupuestaria del Parlamento de diciembre pasado. 
El ponente revisa la cuestión y propone que Chipre y Malta se clasifiquen en la categoría 7. 
La Comisión Presupuestaria propone, incluso, aplazar la adopción del informe Brok hasta que el Consejo se comprometa a aumentar los límites financieros máximos para la categoría 7. 
Ésta es una estrategia sumamente arriesgada. 
Al fin y al cabo, los protocolo financieros no pueden comenzar a aplicarse sin que se celebre una votación en el Parlamento. 
Chipre y Malta sufren, por tanto, las consecuencias del juego político entre Consejo y Parlamento respecto del nivel del límite financiero máximo. 
Además, ¿qué valor tienen los límites financieros máximos si éstos aumentan con cada nueva acción? 
De ahí que quiera abogar por que los 15 millones de euros se otorguen con cargo a la categoría 4, conforme a la propuesta de la Comisión. 
La solución definitiva respecto de los créditos para los próximos años puede establecerse en un presupuesto plurianual de la Comisión adoptado en el transcurso de este año. 
Señor Presidente, en todo el mundo se está trabajando a fin de resolver los conflictos de larga data y para reunir a las comunidades divididas por la historia y por odios y antiguas enemistades tribales. 
Ahora ha llegado el momento de dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a ayudar a los chipriotas de uno y otro lado de la "línea verde" a encontrar una solución de un conflicto que ha durado durante demasiado tiempo. 
Todos sabemos que es preciso actuar con especial cuidado para conseguir que Chipre ingrese en la Unión Europea, y las decisiones adoptadas en Helsinki dan una nueva dimensión a este debate, con la aceptación de Turquía como país candidato al ingreso. 
Espero que las decisiones que se han tomado en Helsinki ayuden a progresar en la cuestión de Chipre. 
Espero que esto signifique una nueva era de ilusión para Chipre. 
Espero que Turquía empiece a desempeñar un papel constructivo en el asunto chipriota. 
Me alegra oir las palabras de apoyo que el Consejo y la Comisión han dedicado a las Naciones Unidas y a la labor que están realizando para fomentar las conversaciones de aproximación entre las dos comunidades a fin de estimular la reconciliación y la reconstrucción de la confianza entre las dos comunidades de Chipre. 
Estoy totalmente en favor del apoyo de la Comisión por ese concepto de un Chipre federal, comunal y bizonal por el que tanto han luchado las Naciones Unidas durante tanto tiempo y que los grecochipriotas y los turcochipriotas deberían esforzarse por materializar. 
Me alegra presenciar ese calor renovado en las relaciones entre el Gobierno griego y el Gobierno turco. 
Espero que tenga efectos positivos para las conversaciones sobre Chipre. 
Espero que el dinero disponible para facilitar la adhesión de Chipre se utilice en parte para promover esa reconciliación y para restablecer la confianza y que las dos comunidades divididas de Chipre acepten y utilicen ese dinero para los fines a los que se destina. 
Todos nosotros, en todas las instituciones europeas- en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión- debemos hacer todo lo que podamos por ayudar a Chipre en sus esfuerzos por encontrar una solución pacífica que reúna a esas dos comunidades que han estado divididas durante demasiados años. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar muchas gracias a la Presidencia del Consejo, al Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Seixas da Costa y la Sr. Comisario Verheugen por sus explicaciones sobre Chipre. 
Me alegra mucho que ambos hallan subrayado que la Unión Europea quiere esforzarse más para encontrar una solución a la cuestión chipriota. 
Pues todos sabemos que es inaceptable que esta isla esté dividida desde 1974 y que desde hace más de 26 años aproximadamente el 38% de Chipre esté ocupado por Turquía. 
En el pasado, todos los intentos por llegar a una solución pacífica al problema de Chipre han fracasado ante la actitud inflexible de la parte turca o de los dirigentes turcochipriotas. 
Pero tal como también hemos escuchado de sus propias palabras, creo que a comienzos de este año 2000 nos encontramos quizás ante una nueva situación y tendremos nuevas oportunidades. 
Por un lado, vemos las nuevas actividades de las Naciones Unidas sobre las que ya se ha hablado; vemos las nuevas actividades del Gobierno de los EE.UU y vemos el claro acercamiento entre Turquía y Grecia. 
Pero es en especial tras las resoluciones del Consejo de Helsinki cuando se debería poder esperar una nueva situación. 
La Unión ha acogido a Turquía en Helsinki en el círculo de los países candidatos. 
Al mismo tiempo, se ha decidido que la solución del problema chipriota no es una condición previa para la adhesión de Chipre a la Unión, lo que era ya una clara posición de la Unión y también del Parlamento reflejada en diversas resoluciones, tema este al que se ha referido el colega Poos. 
Así pues, después de Helsinki, Turquía sabe sin ningún género de dudas que no posee ningún derecho de veto a la adhesión de Chipre y que la posterior profundización de sus relaciones con la Unión Europea va también estrechamente unida a la solución de la cuestión chipriota. 
Por ello, es muy de esperar que los políticos avispados en Ankara reconozcan la oportunidad que representa también para Turquía la finalización de la ocupación turca en Chipre. 
Espero realmente que- tal como se ha indicado aquí- se abra con la suficiente amplitud esta ventana de posibilidades u ocasiones y que representantes del Consejo y de la Comisión sigan trabajando en Ankara en esta dirección. 
Pues, al contrario que la colega Frassoni, no creo que la cuestión chipriota sea sólo una cuestión internacional sino sobre todo una cuestión de la política turca. 
Creo que podemos partir del hecho de que el proceso de adhesión de Chipre a la UE es irreversible. 
Y todos esperamos que pueda adherirse un Chipre unificado. 
Por ello, señor Presidente del Consejo, le quiero plantear aún una pregunta como aclaración: usted ha hablado de la participación de la parte turcochipriota. 
¿Hay algún tipo de señal en el sentido de que la parte turcochipriota quiera salir al paso de la oferta del Gobierno chipriota o de la Comisión Europea y que quiera aceptar esta oferta de participar en las conversaciones? 
Respecto al segundo punto: saludo en gran medida que en esta semana nos ocupemos debido al informe Brok- muchas gracias, señor ponente por este informe- también de los aspectos financieros de la estrategia de acercamiento para Chipre y Malta. 
Pues es urgentemente necesario que, una vez expirados los protocolos financieros con estos países, se ponga a disposición una ayuda financiera para la adaptación al acervo comunitario. 
Ambos países no son sin duda los más pobres de los países candidatos. 
Pero las ayudas a la adaptación son también importantes para Chipre y Malta. 
Chipre calcula unos gastos de unos 850 millones de euros, lo que corresponde a casi el 12% del propio producto interior bruto, para la adaptación a realizar entre 1999 y el 2002. 
Por este motivo, la Comisión de Asuntos Exteriores se ha pronunciado a favor de aumentar los 95 millones de euros previstos. 
Espero que tengamos posibilidades de elevar esa suma. 
Respecto a los chipriotas, tanto los griegos como los turcos, es de esperar que puedan fluir créditos considerables para las medidas previstas sobre cooperación bicomunal a las que se ha referido el Sr. Comisario Verheugen para alcanzar el objetivo del acercamiento de ambas comunidades. 
Tengo que plantear una última pregunta al Comisario Verheugen: ¿tiene usted indicios de que ahora es más fácil mantener contactos bicomunales en Chipre de lo que era posible desde Luxemburgo? 
Allí no hubo ninguna posibilidad porque Denktash lo prohibió. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Verheugen, el reglamento sobre las ayudas a la adhesión no es precisamente una medalla que se pueda colgar la Comisión por realizar un trabajo coherente. 
Este apaño de soluciones de emergencia me da la sensación de chapuza. Esto afecta tanto al contenido como al aspecto técnico financiero. 
Me parece que con ello difícilmente podemos presentar a las ciudadanas y ciudadanos en Chipre y Malta las actividades realizadas por la Unión de cara a la adhesión como prueba de que merece la pena la adhesión. 
Vaclav Havel ha dicho hoy acertadamente que la calidad política de la Unión Europea será medida en función de lo que aporte en concreto a los particulares. 
Desde la perspectiva de la sociedad de los ciudadanos es decisivo qué es lo que aporta un reglamento. 
Con el presente reglamento no se puede ganar precisamente demasiada confianza. 
Contiene artículos de determinación ajena y es provisional, lo que no le permite precisamente brillar. 
La cualidad de una ayuda se mide en función de los siguientes baremos: ¿es descentralizada, es transparente, es próxima a los ciudadanos y funciona? 
Sin embargo, para la isla dividida de Chipre esta estrategia de acercamiento va unida en total a un gran desafío político. 
Desde mi punto de vista, es tarea de la Unión Europea emplear todos los instrumentos y también éste para contribuir a una solución política del conflicto en la isla. 
En este lugar, tengo que decir que también precisamente la enmienda del Parlamento Europeo es de gran importancia para mí. 
Tanto la Comisión como el Consejo han realizado hoy aquí unas intervenciones muy esperanzadoras. 
Estoy muy satisfecho de que andemos en este aspecto en una dirección. 
Creo que es realmente la opción preferencial acoger a Chipre en la Unión Europea con una solución de paz. 
Señor Presidente, discúlpeme, pero hay un pequeño error de traducción en la cabina francesa, a propósito de lo que acaba de decir el Sr. Alyssandrakis, sobre la palabra más delicada de todo el debate. 
No quisiera que hubiese ambigüedad. 
Según la traducción francesa, el Sr. Alyssandrakis ha dicho que "la solución confederal es la mejor". 
Resulta evidente que el Sr. Alyssandrakis ha dicho: "La solución federal es la mejor". 
Es muy, pero que muy, importante precisarlo, señor Presidente. 
Muchas gracias por la aclaración, señor Wurtz. 
Señor Presidente, Malta y Chipre son muy diferentes de los países de Europa continental. 
En particular los malteses se han apañado muy bien para sobrevivir en entornos geográficos y geopolíticos hostiles. 
Su éxito se ha debido en gran parte a su espíritu de iniciativa, a su dinamismo y a su flexibilidad. 
Malta posee una industria ligera y pesada floreciente, servicios financieros en expansión, buena agricultura, magnífico turismo y una gama extraordinaria de oportunidades de empleo, y todo ello en una isla que está desprovista virtualmente de recursos naturales. 
Por eso tengo la seguridad de que una isla como Malta, con su población de 340.000 habitantes, no podría adaptarse a la rigidez de las estructuras económicas y jurídicas del continente, que tiene una población mil veces mayor. 
Cuando me fijo en este instrumento propuesto, no encuentro una medida de referencia para colocar a esos dos pueblos bajo el manto de la Madre Europa. 
La situación me parece más próxima a la de un agujero negro en el espacio, que absorbe masas con tal potencia que ni siquiera la luz escapa a su acción. 
No deberíamos sobornar a esas poblaciones insulares para que cooperen a su propia destrucción, dándoles dinero para que absorban leyes que son tan ajenas a su cultura como un agujero negro a la Madre Tierra. 
La UE debería dejar a Chipre y Malta por su cuenta. 
Me parece que las únicas personas de Malta que desean la adhesión son las que forman la clase política, y seguiré tocando madera con la esperanza de que una vez más el pueblo de Malta salga ganando. 
Señor Presidente, es ésta una de las raras veces en que, a través de las intervenciones de los colegas en este Parlamento, desde todas las partes, se manifiesta semejante convergencia de opiniones sobre la cuestión de Chipre, y, claro está, sobre el proceso de preadhesión de Chipre y Malta. 
Esto significa que hay una conciencia común en todos nosotros del así llamado problema político de Chipre. 
Al mismo tiempo, sin embargo, da gran fuerza al Consejo y a la Comisión, de modo que esta gran fuerza que expresan todos los partidos europeos y todos los pueblos se convierta en referencia y elemento de posibilidades políticas en sus manos para afrontar el problema. 
Señorías, Helsinki ha constituido un hito histórico, un punto de inflexión, un nuevo punto histórico de referencia. 
Si por cualesquiera razones este equilibrio allí alcanzado fuera considerado por algunos punto de partida para una nueva negociación en otra parte; si algunos con su posición desestabilizan este conjunto de datos y equilibrio, cometerán un trágico error. 
Las condiciones han madurado. 
Lo que se requiere de la Comisión Europea, del Consejo, de todos, es una serena determinación; serena determinación para continuar sin trucos ni subterfugios las negociaciones de adhesión de Chipre y de Malta- que, al fin y al cabo, son los más maduros de entre todos los países candidatos a la adhesión -, de suerte que esa determinación funcione como punto de referencia para cualquier parte que pueda tener una opinión diferente a ésta en la que todos coincidimos. 
El informe Brok es un buen instrumento en este sentido; para decir la verdad, no deja de ser desagradable el hecho de que, a causa del debate conjunto, el informe quede solapado políticamente por el pronunciamiento político del Consejo y de la Comisión, de tal modo que no podamos decir más cosas sobre este buen informe. 
En todo caso, el proceso se encuentra ahora sus manos. 
El proceso se encuentra en manos del Consejo y la Comisión en la medida en que les hemos proporcionado los pertrechos necesarios, en la medida en que les hemos proporcionado decisiones y posibilidades. 
En relación ahora con el informe Brok, Chipre y Malta son las últimas islas del Mediterráneo, y, si no me equivoco, de Europa, que no han ingresado todavía en la Unión Europea. 
Es algo con un valor emblemático, porque el Mediterráneo y sus islas- y yo también soy de origen isleño- es la región que principalmente ven quienes vienen en verano del norte de Europa a pasar las vacaciones, y quienes viven allí. 
Desde este punto de vista, la isla de Afrodita, como es conocido Chipre, y la isla de los piratas, como decimos con tanto cariño nosotros los isleños de los malteses, son dos diamantes que deben encontrarse rápidamente en el seno de la Unión Europea. 
Sus economías registran excelentes resultados, mantienen relaciones económicas de altura, y constituyen, en última instancia, un ámbito en el que se pondrá a prueba la voluntad política de la Unión. 
Finalmente, a la vista del acuerdo que aquí reina, no veo la necesidad de extenderme, quiero hacer simplemente una observación al Presidente en ejercicio del Consejo; considero que ha habido algo raro en su intervención. Espero que haya sido cosa de la traducción y que en el turno de réplica vuelva sobre el asunto y afine. 
Señor Presidente, Señorías, he oído con mucha atención lo que aquí se ha dicho y muy en particular algunas palabras más emocionadas relativas a la cuestión chipriota, en particular en defensa de lo que hoy es la legalidad en Chipre, que la Unión Europea reconoce, al reconocer precisamente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a ese respecto. 
No hay a ese respecto, señor Wurtz, silencio equívoco alguno por parte del Consejo: el Consejo asume a ese respecto toda la responsabilidad en la interpretación que hace de la situación que se vive en Chipre. 
Por lo demás, fueron esa situación y esa interpretación las que lo movieron a adoptar en Luxemburgo, a finales de 1997, la decisión de dar los primeros pasos de un proceso de adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea. 
Quisiera que sus Señorías comprendieran que, independientemente de las tomas de posición de carácter más o menos emocional sobre ese tipo de cuestiones, la realidad cotidiana de las negociaciones internacionales obliga normalmente a los gobiernos- y, cuando digo los gobiernos, me refiero a todos los gobiernos- a hacer una interpretación un poco más flexible. 
De hecho, necesitamos las tomas de posición de carácter más emocional para mantenernos en el escenario en el que se proyectan todas esas cuestiones en el plano humano. 
Pero debemos tener también la idea de que con la racionalidad de las posiciones de carácter político y la flexibilidad negociadora es como se consigue encontrar soluciones que permiten superar las grandes diferencias a que, en el fondo, se debieron algunas tragedias de la historia pasada. 
Independientemente de los culpables- y nosotros no estamos haciendo aquí inventarios de culpables: las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas al respecto son claras -, creo que debemos aprovechar, sin emociones y con más racionalidad, las oportunidades que brinda la nueva situación. 
El Consejo Europeo de Helsinki tuvo el valor de adoptar algunas decisiones y considero que en varios aspectos de ellas ya se apreciaban debidamente esas oportunidades, en el sentido de que pueden, como he dicho al principio de mi intervención inicial, abrir una ventana de oportunidad. 
En esa delicada fase negociadora, explotando las tensiones no será como podremos precisamente obtener resultados concretos. 
Precisamente por la vía de una labor discreta, una labor de apoyo a la tarea del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas a ese respeto, es por la que deberemos seguir avanzando. 
La Unión Europea ha tenido, Señorías, a ese respecto una posición inequívoca y considero que no vale la pena intentar hacer segundas interpretaciones sobre las frases que podrían figurar en el discurso del Consejo o en cualquier otra toma de posición. 
Nosotros no apostamos aquí, en este Parlamento, por lo políticamente correcto; apostamos por lo que es justo en el plano internacional y por las tomas de posición concretas, formuladas a ese respecto por el Consejo, a lo largo del tiempo y coherentemente y que la Comisión Europea también ha seguido con detenimiento, atención y pragmatismo. 
Y, cuando se habla de la necesidad de hacer participar en este momento a la comunidad del norte de Chipre en algunos intercambios de información, en particular en la vía para una futura adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea, debemos comprender que estamos intentando encontrar fórmulas de carácter práctico que nos permitan superar obstáculos en la vía para una resolución política. 
No estamos buscando subterfugios ni pretendemos en modo alguno crear, mediante soluciones prácticas, modelo alguno que configure un reconocimiento de naturaleza política. 
Considero que el Consejo de la Unión Europea ha dado, a lo largo del tiempo, pruebas claras a ese respecto de que no es ésa su posición. 
Se han adoptado las decisiones con gran sentido de la responsabilidad por parte del Consejo. 
Lo que ocurrió en Helsinki es, a nuestro entender, muy claro en ese sentido. 
La forma como nos hemos relacionado con la República de Chipre en su proceso de adhesión a la Unión Europea es algo que las propias autoridades de la República de Chipre reconocen claramente como positivo. 
No vale la pena hacer o intentar hacer segundas interpretaciones de nuestras intenciones. 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresarles mi agradecimiento por este debate que considero en su globalidad como alentador y una muestra de apoyo y que revela que en la Asamblea existe una gran coincidencia con la política de los Estados miembros y también de la Comisión. 
Sin embargo, voy a realizar gustosamente algunas aclaraciones que se han solicitado. 
Primero: en lo referente a las Categorías 4 y 7. 
Esto es muy sencillo. En Berlín, en el gran paquete de la Agenda 2000 se ha creado para los países de la Europa Central y Oriental que se encuentran en un proceso de transformaciones una Categoría especial, es decir, la famosa Categoría 7 y sólo para estos países. 
Malta, Chipre y Turquía no estaban previstos aquí. 
La colega Schroedter lo ha calificado como una falta de coherencia. 
Quizás debería preguntar al antiguo Presidente del Consejo, quien no está muy alejado de usted, cómo se ha llegado a esta falta de coherencia que usted sospecha. 
Yo también he participado algo en ello. 
Yo no creo que sea así sino que el motivo de esta decisión fue que se quería disponer de un instrumento especial para los Estados de la Europa Central y Oriental que se encuentran en el proceso de adhesión en unas condiciones diferentes a las de Malta y Chipre. 
Al mismo tiempo he dicho que comprendo los argumentos que se han expuesto aquí y la Comisión se va a esforzar para tener en cuenta estos deseos, pero como aquí se trata de la Agenda 2000 y de las previsiones financieras, no podemos hacerlo sin modificar estas previsiones financieras. 
Naturalmente, hasta ahora esto no ha sido posible en absoluto. 
Como aclaración: si lo llevamos de la Categoría 4 a la 7, esto no tiene ninguna repercusión sobre el balance general del presupuesto. 
Si lo hacemos, la Categoría 7 aumentaría y la Categoría 4 se reduciría en la cantidad correspondiente. 
La idea de que se podría realizar un aumento en la Categoría 7 y dejar la 4 como está no es factible. 
Tampoco el Parlamento puede gastar más dinero del que tiene, en cualquier caso mientras no tengamos en el sótano una máquina de hacer dinero con la que podamos imprimir euros. 
En lo que ahora se refiere al proceso de paz en Chipre y a relación con las negociaciones de adhesión, quiero repetir de nuevo que siempre las negociaciones para la adhesión han tenido una relación directa con aquel. 
La Comisión y el Consejo siempre se han esforzado por mover las dos comunidades que hay en Chipre a que realicen proyectos comunes. 
Como saben, hasta ahora no se ha logrado y se me ha preguntado si hay señales de que se mueva algo al respecto. 
Estimada colega Rothe, lo voy a expresar del siguiente modo: estoy convencido de que las condiciones marco han mejorado claramente para lograr tales acuerdos. Pero hasta ahora no he recibido promesas. 
Tampoco las espero hasta que no hayamos iniciado conversaciones directas que se iniciarán algo más adelante. 
Las condiciones marco han cambiado en el sentido de que gracias a las decisiones de Helsinki ahora son posibles toda una serie de cosas que hasta ahora no lo eran. Sobre todo, han cambiado enormemente las estrategias políticas de los afectados. 
Siempre he sido de la opinión de que la antigua línea consistente en decir que Chipre solamente sería acogida cuando se solucionase el conflicto político, tiene un punto flaco consistente en que no ofrece ningún estímulo convincente a la comunidad turca en Chipre para que participe realmente, pues con esa estrategia la comunidad turca no necesitaría hacer otra cosa más que reclinarse de espaldas y esperar. 
En esta situación, sería imposible una adhesión de Chipre. 
Ahora tiene que contar seriamente con el riesgo de que se lleve a cabo la integración de Chipre en la Comunidad Europea con las crecientes oportunidades de bienestar y seguridad para la comunidad griega mientras que la comunidad turca que ya está a un nivel de bienestar muy inferior seguiría cayendo. 
Así pues, el estímulo para vincular el proceso de adhesión a la solución del conflicto ha aumentado mucho en mi opinión desde Helsinki. 
Esta era también la idea que se perseguía. 
Estimada colega, al cabo de unas pocas semanas es aún muy pronto para emitir aquí un juicio, pero no tengo en cualquier caso ningún motivo para suponer que la nueva línea vaya a fracasar. 
No hay ningún motivo para suponerlo. Tampoco hay ningún motivo para decir que lo vayamos a lograr, pero puedo afirmar realmente que las condiciones para dar un paso hacia delante han mejorado sensiblemente. 
Un último punto: en las conversaciones con Turquía, la cuestión de Chipre desempeña naturalmente un papel. 
Con motivo de mi encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores turco hace pocas semanas en Bruselas, naturalmente solicité que Turquía mantuviese una actitud positiva y constructiva en este asunto. 
Solamente quiero indicar una cosa: no podemos estar cien por cien seguros- yo en cualquier caso no lo estoy- de que solamente con que se apriete un botón en Ankara el asunto de Chipre se va a solucionar. 
No es así de sencillo. Más bien nos tendremos que esforzar en intensas conversaciones con ambas comunidades para moverlas para que lleguen a un entendimiento recíproco. 
Esto es lo que estamos haciendo, los créditos y programas están para ello. 
Tengo que decirles con toda claridad que necesito este reglamento financiero que se ha presentado aquí para que se adopte una decisión que nos permita comenzar a trabajar. 
El reglamento financiero es el marco jurídico para que las prioridades previstas en las cooperaciones para la adhesión con Malta y Chipre se puedan poner en marcha. 
No puedo comenzar mientras no lo tengamos pues me falta el fundamento jurídico. 
Si la falta de coherencia que se achaca tiene algo que ver con este punto, tengo que decir que este reglamento es sólo un marco jurídico y nada más. 
El cumplimiento de este marco jurídico lo pueden encontrar en las prioridades de las cooperaciones para la adhesión que se acordaron el año pasado por la Comisión y el Consejo y que ahora se aplican en la correspondiente programación y gestión de los proyectos. 
Yo diría que hay muchos campos en la política europea donde se puede uno quejar de una falta de coherencia, pero en este caso reclamo para la Comisión y el Consejo que hemos desarrollado una política muy clara y coherente. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, después de que el Sr. Comisario nos ha expuesto de un modo extraordinariamente coherente que la falta de coherencia se debía a las competencias del antiguo Presidente del Consejo y de su Ministro para Europa, ¿podría quizás ayudarnos a nosotros y al Sr. Comisario para que se pueda adoptar esta resolución? 
Una solución de gran ayuda sería si respondiese positivamente a mis preguntas sobre las previsiones financieras hasta el 2004 y sobre la Categoría 7 o al menos si dijese que la Presidencia portuguesa del Consejo tiene la intención de compensar la falta de coherencia de entonces por un esfuerzo como el descrito, tal como el Sr. Comisario intentará también que se logre en la Comisión. 
Señor Presidente, creo que la cuestión planteada por su Señoría y mi amigo Elmar Brok va a ser examinada por el Consejo. 
Me parece que la crítica hecha a la Presidencia anterior no es pertinente. 
Considero que lo que hizo la Presidencia anterior en la formulación de las perspectivas financieras fue una labor excelente, independientemente de las personas que participaran en ella. 
En cualquier caso, la cuestión que plantea es importante y nosotros, en el nivel del Consejo, no dejaremos de apoyar las propuestas que presente la Comisión en ese sentido. 
Señor Presidente del Consejo, he comprendido; el colega Brok se refería a una Presidencia aún más antigua. 
Señor Presidente, he planteado al Sr. Comisario Verheugen una pregunta concreta sobre el instrumento de financiación Meda a la que no ha respondido. 
Le ruego que lo haga pues de su respuesta depende también el comportamiento de votación sobre diversas enmiendas que se nos han presentado. 
Estimado Sr. Poos, le ruego me perdone. 
Precisamente en el lugar donde usted me ha planteado la pregunta había un aspecto oscuro. 
En el caso de Meda la situación es de tal modo que Malta y Chipre pueden participar en los programas suprarregionales, pero no en los programas específicos de los países pues los ingresos son demasiado elevados. 
Muchas gracias, señor Comisario Verheugen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0009/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0022/00): 
Asunto: Control del acceso de petroleros a las aguas comunitarias En relación con el accidente con el petrolero ERIKA frente a las costas francesas, que ha producido una marea negra, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para controlar el acceso a las aguas comunitarias de petroleros con banderas de conveniencia que no cumplen las normas comunitarias de seguridad? 
Señor Presidente, Señorías, el 24 de enero el Consejo se ocupó de las consecuencias del naufragio del petrolero Erika, ocurrido el mes anterior. 
En aquel momento, el Consejo, al interpretar, por lo demás, la emoción pública por las desastrosas consecuencias de aquel suceso, manifestó sus preocupaciones en cuanto a la seguridad de los petroleros y la protección medioambiental que debe acompañarla. 
El Consejo no fue insensible a esa clase de cuestiones y a la necesidad de que se adopten medidas complementarias a ese respecto. 
En aquel momento se subrayó la importancia de que el Consejo adoptara nuevas medidas en el plano comunitario y también en el ámbito de su propia labor ante las organizaciones internacionales. 
Como es sabido, en su estado actual la legislación comunitaria obliga a las autoridades portuarias a hacer inspecciones a bordo de todos los navíos extranjeros, incluidos los que ostentan pabellones de conveniencia y a inmovilizarlos en el caso de que no cumplan las normas internacionales. 
Hay una directiva de 1995 a ese respecto. 
Respecto del futuro, el Consejo tomó nota de que el proceso de reflexión en curso en el nivel de la Comisión debía plasmarse próximamente en una comunicación sobre la seguridad de los petroleros y en nuevas propuestas con vistas a fortalecer los controles y las calificaciones de los organismos de inspección. 
También está prevista la exigencia de un fortalecimiento de las propias estructuras de los petroleros que frecuenten los puertos comunitarios. 
Se están examinando esos expedientes en el Consejo de Ministros de Transportes y, por tanto, puedo informar, en nombre del Consejo, de que no dejaremos de conceder la mayor prioridad a las propuestas que, según todos los indicios, presentará la Comisión en esa esfera esencial- nos parece- en materia de protección medioambiental. 
Naturalmente que este Parlamento habrá de pronunciarse también sobre esas propuestas, dado que se trata de materias sujetas a codecisión. 
Me congratulo de que el Consejo trate esta cuestión como objeto de reflexión. 
El Sr. Presidente del Consejo es de un país, Portugal, que está directamente amenazado por una situación de este tipo. 
Si reflexionamos demasiado pudiera ocurrir que, de aquí al próximo verano, un petrolero en condiciones parecidas encallara frente al Algarve, destrozara la industria turística portuguesa del verano, con un poco de suerte las corrientes marinas llevaran la contaminación hasta la isla de Madeira- porque van en esa dirección- y, además, se destrozara también el turismo de las Islas Canarias. 
¿No cree el Sr. Presidente del Consejo que hay que dejar la reflexión y empezar a tomar medidas duras en esta materia, teniendo en cuenta que hoy disponemos ya de los medios para controlar ese tipo de petroleros en alta mar? 
Desde luego, la historia del Erika es una historia que parece cómica. 
Un barco de propiedad francesa, bandera de conveniencia maltesa, tripulación hindú, certificado de navegabilidad expedido por Italia, en Sicilia, con una última inspección que creo que se hizo en Bulgaria. 
El barco se iba hundiendo y el capitán veía que se iba hundiendo y que no llegaba ni siquiera al próximo puerto. 
Creo que este tipo de cosas no se deben permitir. 
El daño puede ser tremendo para su país, señor Presidente, y para el mío, España. 
Señoría, no puedo dejar de compartir sus preocupaciones y no puedo por menos de decirle que el país costero, como el que ocupa la Presidencia, tiene, naturalmente, a ese respecto- entre otras cosas, porque no tiene petroleros- grandes preocupaciones. 
Pero vivimos en un marco normativo, que es el que es. 
El marco normativo es la directiva de 1995, un conjunto de disposiciones con un margen de flexibilidad que, en su momento, se debería estudiar de forma más rigurosa. 
En esa esfera debemos funcionar de acuerdo con lo que es el mundo, es decir, que reaccionamos en función de los hechos. 
Ante la gravedad de estas situaciones, debemos congratularnos de que haya al menos una reacción y una actitud por parte de las autoridades, en el sentido de reflexionar sobre los elementos de carácter legislativo que existen al respecto. 
La intención de la Comisión en esa esfera- la de fortalecer la aplicación de la directiva de 1995- es buena. 
La voluntad del Consejo va encaminada a conceder prioridad a ese asunto en el ámbito del Consejo de Transportes y tenemos la intención de darle el curso más rápido. 
Esperamos también que el Parlamento Europeo, cuando se le transmita como asunto de codecisión, pueda tratarlo con la misma rapidez. 
Señor Presidente, en la ciudad de Kotka, en Finlandia, hay en estos momentos un barco que transporta productos químicos y que navega bajo una bandera de conveniencia. 
El barco en cuestión está anclado fuera del puerto porque su estado representa un riesgo de seguridad tanto para el puerto, como para su entorno, y porque la inspección de sus condiciones de seguridad no puede teminarse, ya que nadie se hace cargo de los costes. 
¿Existe alguna posibilidad de crear en la UE un sistema común de control, en el que también se asignen fondos comunitarios para pagar los costes de inspección cuando se trate de barcos con banderas de conveniencia que no puedan hacer frente a dichos costes? 
Como comprenderá su Señoría, en este momento no tengo a mi disposición las informaciones necesarias para darle una respuesta concreta. 
Las que tengo se refieren a la directiva de 1995, que no establece medida alguna en ese sentido. 
En cualquier caso, el Consejo no dejará de darle una respuesta concreta sobre las posibilidades que se deben afrontar en el caso que cito. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0024/00): 
Asunto: Elevada mortalidad infantil en Kosovo Según los últimos datos de las Naciones Unidas, transmitidos a la Organización Mundial de la Salud, Kosovo registra la tasa más alta de mortalidad infantil en Europa: el 50% de los niños que nacen prematuramente mueren y, a causa de la guerra, se ha registrado un aumento vertical de los abortos, y los niños que llegan a cumplir los nueve meses de gestación presentan un desarrollo fisiológico menor. 
Considerando la ayuda humanitaria que proporciona la Unión Europea y los esfuerzos del Sr. Bernard Kouchner, Jefe de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas, ¿puede indicar el Consejo qué medidas se han tomado para salvaguardar el derecho a la maternidad de las mujeres de Kosovo y proteger la salud de las mujeres embarazadas, y puérperas y de los recién nacidos? 
Señor Presidente, la cuestión planteada por la Sra. Karamanou reviste la mayor gravedad y no vale la pena ocultarlo. 
Somos perfectamente conscientes de la difícil y dramática situación que se vive en Kosovo en materia humanitaria y del problema de las personas desplazadas en esa región, que proceden de Kosovo, con repercusiones, en particular, en la salud infantil y en las tasas de mortalidad. 
Considero patente que la Unión Europea ha contribuido de forma clara a las medidas de ayuda humanitaria de la comunidad internacional. 
Como es sabido, la Comunidad Europea contribuye con un total de 378 millones de euros tan sólo para la provincia de Kosovo, a la que se suman las contribuciones de carácter nacional de los diversos Estados miembros. 
Esa contribución abarca diversos proyectos en las esferas de la salud y del sistema de salud, así como en la del saneamiento de aguas, y, además, como es sabido, la Unión Europea hace una contribución a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, que en 1999 ascendió a 66,3 millones de euros. 
Su Señoría ha de saber que, por la necesaria división del trabajo entre los donantes internacionales, la recuperación del sector de salud de Kosovo fue encomendada a la Organización Mundial de la Salud. 
Por los informes que ha elaborado, dicha organización es totalmente consciente de la alarmante situación en lo relativo a la salud infantil y ha centrado sus esfuerzos en la mejora de las condiciones básicas en las maternidades y en los hospitales. 
Ahora bien, tenemos conciencia de que esa situación dista mucho de estar resuelta satisfactoriamente y tiene una dinámica y una dimensión que repercute también en los otros sectores de la salud, además de la infantil. 
Es una situación de carácter político, no meramente técnica, relacionada con la resolución de la situación política, porque en este caso hay dimensiones, que tampoco conviene ocultar, que repercuten en función de la incapacidad de la comunidad internacional hasta ahora para poner en práctica el funcionamiento de una sociedad multiétnica en Kosovo, lo que ha tenido efectos nefastos en las medidas adoptadas para intentar mejorar el sistema de salud en aquella región. 
Le doy las gracias, señor Presidente del Consejo, por su respuesta, que completa todo lo que sobre el asunto dijo ayer el Comisario Sr. Patten. 
No obstante, señor Presidente, la cantidad de 378 millones de euros, que usted ha mencionado que fue destinada en 1999, se ha revelado de hecho del todo insuficiente para la creación de unas mínimas condiciones humanas en Kosovo, muy especialmente por lo que respecta a la prestación de los servicios de salud. 
¿No cree usted, señor Presidente del Consejo, que el mero hecho del aumento de la mortalidad infantil representa una ignominia para el continente europeo, una vergüenza, que debe movilizarnos a todos, de manera que la ayuda que prestamos sea más efectiva y más generosa? 
La situación, por supuesto, no era idílica tampoco antes de los bombardeos; todo lo contrario, diría yo; pero no cabe duda del empeoramiento causado por la intervención de la OTAN en lo que respecta al entorno humano y natural. 
¿No constituye, pues, señor Presidente del Consejo, un imperativo moral para nosotros intentar crear condiciones humanas para los sufridos habitantes de Kosovo, y, sobre todo, hacer realidad todo cuanto les prometimos? 
Señoría, reconozco que todos los esfuerzos que se han venido haciendo en Kosovo en ese sector son insuficientes. 
Y a ese respecto creo que ninguno de nosotros abriga la menor duda. 
No quiero relacionar esta cuestión con las observaciones que ha formulado sobre el período "anterior" o "posterior" de la intervención de la OTAN: en otro momento de este turno de preguntas hablaremos probablemente de ese asunto. 
Ahora bien, quiero decir a su Señoría que la Unión Europea es consciente de que ha ido destinando recursos financieros para Kosovo en la medida de sus posibilidades. 
Hemos de comprender que compartimos nuestra responsabilidad en aquella región con la comunidad internacional, ante la cual la Unión Europea desempeña determinado papel, pero no podemos abrigar la pretensión de reconstituir rápidamente estructuras que, como ha dicho su Señoría, tampoco eran las mejores en el momento anterior a la intervención militar en Kosovo. 
Por lo demás, no me parece, Señoría, que las acciones militares en Kosovo contribuyeran a una destrucción tan importante de las estructuras de salud pública, que hayan tenido un efecto directo en la situación actual, relacionada esencialmente con la dramática situación en materia de poblaciones desplazadas, con un conjunto de elementos de naturaleza económica y con el nivel de satisfacción de necesidades esenciales en materia de salud resultantes de la desreglamentación global de la estructura organizativa de la administración en Kosovo. 
Ésa es la cuestión fundamental subyacente a toda la situación actual. 
Y, sin resolver el problema de carácter político, cosa que se debe hacer en el ámbito de la resolución pertinente de las Naciones Unidas, no hay solución para el problema de la salud infantil, como no lo habrá para otros sectores del desarrollo de la región. 
La comunidad internacional, también con la ayuda de Europa, ha reconstruido allí el hospital, pero éste se encuentra en la zona norte de la ciudad, de forma que el acceso al mismo por parte de los albanokosovares resulta particularmente difícil. 
Eso significa, por tanto, que los albanokosovares continúan careciendo de toda asistencia médica. 
Eso también sucede en otras zonas del país, así que se producen tensiones entre los albanokosovares y los serbios, puesto que ya nadie confía en nadie y los albaneses no quieren ser asistidos por los serbios, y viceversa. 
Entiendo, por supuesto, que usted diga, y con razón, que la Unión Europea debe actuar dentro de un marco de colaboración internacional más amplio. 
Sin embargo, ¿en qué hay que hacer hincapié? 
¿Cómo lograr que los albanokosovares también puedan ser asistidos en un hospital, entre otras ciudades, en Mitrovica? 
La cuestión de Matrovica es, Señoría, bien conocida. 
Se trata de una situación muy particular, con un grado de tensión interétnica que, por fortuna, no existe, con semejante gravedad, en otras zonas del territorio de Kosovo. 
Comprendo perfectamente la preocupación de su Señoría. 
Ahora bien, quiero decirle que lo que ha venido haciendo Bernard Kouchner a ese respecto ha seguido una línea de preservación de lo subyacente a la resolución pertinente de las Naciones Unidas a ese respecto, intentando crear estructuras multiétnicas que puedan servir, incluso en el nivel de las diversas dimensiones de la Administración, a las diversas comunidades. 
Me parece que no debemos hacer juicios precipitados sobre las responsabilidades al respecto, porque éstas tienen varios protagonistas. 
La situación que se vive en Matrovica es lamentable, es una situación con una tensión específica y creo que las medidas adoptadas en las últimas horas, en el sentido de crear condiciones de seguridad para aquella zona, son positivas. 
Ahora bien, quiero decirle que no tenemos- y lo lamentamos- capacidad en materia de fuerzas policiales- cosa que tiene que ver con las contribuciones de los Estados miembros- para poder garantizar lo que nos propusimos con ocasión de la intervención posterior a la acción militar, es decir, la creación de mecanismos de articulación interétnica suficientemente seguros para las diversas poblaciones, en particular para el acceso a las instalaciones hospitalarias. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0027/00): 
Asunto: Enjuiciamiento de la OTAN ante el Tribunal de Crímenes de Guerra Diversas organizaciones de derechos humanos, como el Observatorio de Derechos Humanos de los EE.UU., han recogido ya pruebas importantes en contra de la OTAN sobre crímenes relacionados con los bombardeos de Kosovo y Serbia, con el fin de recurrir al Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. 
Sobre la base de las pruebas citadas, algunas de las cuales ya se han presentado ante el Tribunal, se acusa a la OTAN de serias vulneraciones del Derecho humanitario internacional y de homicidios premeditados. 
¿Considera el Consejo que las denuncias de tal índole deben someterse al juicio del Tribunal de Crímenes de Guerra, para someterlas a una investigación judicial exhaustiva? 
En el caso de que se inicie la investigación judicial de las denuncias contra la OTAN, ¿qué se propone hacer con el Secretario General/Alto Representante de la PESC, quien durante el período decisivo desempeñaba el cargo de Secretario General de la OTAN? 
¿Existe algún procedimiento de suspensión de sus funciones hasta que haya concluido el examen judicial de las denuncias? 
Señor Presidente, la pregunta hecha por el Sr. Alexandros Alavanos suscita una reflexión de carácter global. 
El Consejo ya ha manifestado en varias ocasiones su convicción de que, para afrontar acciones extremistas e irresponsables, con violaciones claras de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue necesario- y justificado- recurrir a las medidas severas que adoptó la OTAN. 
Comprendo que se pueden hacer interpretaciones diferentes de la acción de la OTAN y su legitimidad. 
Todas las personas son libres de adoptar esas posiciones. 
Las cosas fueron lo que fueron. 
En cualquier caso, hay una posición clara del Consejo, en el sentido de considerar que la campaña aérea llevada a cabo por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la República Federativa de Yugoslavia tuvo como objetivo poner fin a la catástrofe humanitaria provocada por el régimen de Belgrado en Kosovo. 
Ese objetivo fue expresado completamente, en el plano formal, por la posición adoptada el 8 de abril por el Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo. 
Esas medidas de la OTAN no fueron adoptadas- conviene decirlo- a la ligera, sino como último recurso, al resultar evidente que se habían agotado las posibilidades de una solución negociada y que las autoridades de Belgrado estaban concentrando sus fuerzas para expulsar de su tierra a los albaneses de Kosovo. 
Su Señoría ha de estar al corriente de que la fiscal Del Ponte, en la reciente visita que giró al cuartel general de la OTAN, subrayó que el Tribunal Internacional estaba obligado a examinar todas las acusaciones presentadas, incluso las que se habían formulado contra la OTAN, en particular por parte de grupos pacifistas canadienses. 
A medida que se presenten esas acusaciones, se hará ese examen obligatorio. 
En cualquier caso, tengo conmigo una declaración hecha por la señora fiscal en la que dice que en este momento la OTAN no está sometida a investigación alguna por el ministerio fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y que no hay procedimiento alguno de investigación oficial sobre las acciones de la OTAN en el conflicto de Kosovo. 
El ministerio fiscal ha examinado todas las informaciones recibidas en los seis últimos meses de personas individuales o de grupos que solicitaban una investigación de las acciones de la OTAN durante el conflicto de Kosovo. 
Evidentemente, analizará cualesquiera otras informaciones y dirá, a su vez, si hay razón o no para actuar. 
Hasta este momento la fiscal ha decidido no plantear en el plano penal ninguna de esas cuestiones contra la OTAN. 
Le doy las gracias al Presidente en ejercicio, pero no estoy de acuerdo con él en que la intervención de la OTAN se proponía poner fin a un desastre humanitario, porque nos encontramos también hoy ante un desastre humanitario en Kosovo; el infierno de Milosevic ha sido sustituido por el infierno del UÇK y de las tropas de la OTAN. 
Y si se fija el Sr. Presidente en ejercicio verá que casi la mitad de las preguntas a las que tiene que responder hoy se refieren a Kosovo. 
A pesar de ello, el propio Sr. Presidente en ejercicio ha aceptado que la cuestión de la investigación judicial en contra de la OTAN por el Tribunal de Crímenes de Guerra es un asunto abierto a raíz de la denuncia, entre otras, de las organizaciones pacifistas canadienses. 
Y la pregunta que yo he formulado, y a la que no ha respondido el Sr. Presidente en ejercicio, es la siguiente: En el caso de que se inicie la investigación judicial de las denuncias contra la OTAN, en la que el principal, o, si se prefiere, uno de los principales enjuiciados, y posiblemente culpables, será el Sr. Solana, quien hoy es el Alto Representante de la PESC, en el caso de que esto ocurra, en el caso de que la Fiscal General del Tribunal dé el visto bueno a la apertura del proceso, ¿no habría que suspender de sus funciones al Sr. Solana al menos hasta que salga con las manos limpias del examen judicial? 
Señoría, en el caso de que se intente llevar a cabo una acción de esa clase contra la OTAN y se la personalice en la figura de Javier Solana, debemos entender que en aquel momento Javier Solana desempeñaba un cargo y hoy desempeña otro. 
Las funciones que hoy desempeña nada tienen que ver rigurosamente con las que desempeñaba en aquel momento como Secretario General de la OTAN. 
Mientras no haya por parte de una entidad judicial internacional indicio alguno que pueda justificar una tipificación en la figura de Javier Solana de acusación alguna, cosa que dista de haber ocurrido, la Unión Europea no adoptará, naturalmente, actitud alguna a ese respecto. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Alavanos confunde la OTAN con el Sr. Milosevic. 
El Sr. Milosevic tiene que ser llevado ante el tribunal por delitos de guerra y a la OTAN le deberíamos conceder el premio Sajarov. 
Pero tengo que plantear una pregunta muy diferente al Consejo. 
¿Cuál es la situación en la construcción de la administración y de la justicia y, sobre todo, de la policía en Kosovo? 
Usted lo ha mencionado antes, nos encontramos ante una catástrofe y no se hace nada. 
Hay que proyectar un modo rápido de actuar. 
Ante todo, quisiera decir que convengo con las prioridades en el nivel del esclarecimiento de las responsabilidades personales señaladas por su Señoría. 
Respecto de la estructuración judicial de Kosovo, hemos tenido oportunidad de oír en varias ocasiones la descripción por parte de Bernard Kouchner de las grandes dificultades que está teniendo para montar una maquinaria administrativa y una estructura judicial. 
Sabido es que los primeros pasos se dieron hace ya varios meses. 
Son conocidas las dificultades, en particular de carácter financiero, que Bernard Kouchner ha afrontado al montar esa maquinaria administrativa y, en particular, en materia de reclutamiento de fuerzas policiales para la seguridad pública diaria. 
Ése es un cometido, Señoría, que no dejará de examinarse en el ámbito de la Unión Europea y quiero decirle que en el Consejo de Asuntos Generales celebrado el lunes se subrayó esa cuestión repetidas veces, al abordarse la cuestión de Kosovo. 
Se han hecho declaraciones y se han ejercido presiones ante varios Estados miembros que se comprometieron a aportar fuerzas policiales. 
Algunos de los Estados miembros se amparan en que tienen fuerzas militares en el terreno y no pueden complementar, tan rápidamente como sería deseable, las fuerzas policiales, según se habían comprometido. 
Además, existe conciencia absoluta de que esa circunstancia está comprometiendo de forma decisiva el trabajo de Bernard Kouchner y la regularización y normalización de la estructura administrativa de Kosovo: muy en particular, de la parte judicial y de la cobertura policial. 
Eso tiene efectos nefastos, claros y evidentes en la capacidad de regular la articulación interétnica y todos somos conscientes de que, si no se adoptan medidas a corto plazo, podría haber situaciones de tensión como las habidas hace pocas horas y que podrían repetirse en otras zonas de Kosovo. 
Ésta es una cuestión que, evidentemente, se plantea esencialmente en el marco de la OTAN, pero la Unión Europea no tiene dificultad para asociarse a la interpretación hecha por la OTAN al respecto. 
Me gustaría que eso quedara claro: ésta es la posición del Consejo y no puede haber equívocos al respecto. 
Su Señoría ha de ser consciente, en primer lugar, de la dificultad existente en el nivel de la selección de los objetivos en una acción militar, en particular cuando se hace con medios aéreos, y también de que hay un conjunto de objetivos, no de carácter militar, sino infraestructural, encaminados a obstaculizar el funcionamiento de la maquinaria militar. 
Evidentemente, aquí entramos en un terreno, en una zona obscura, en la que su Señoría me dirá que son objetivos de carácter civil, como puentes, infraestructuras ferroviarias o de carreteras, mientas que otros dirán que son objetivos de carácter militar, porque sirven de apoyo a las estructuras militares para acciones agresivas como las que en aquel momento llevaban a cabo las fuerzas del Sr. Milosevic en el ámbito de Kosovo. 
Esa diferencia de interpretación de algunos objetivos es lo que nos separa. 
Lamentablemente, durante las acciones militares en Kosovo hubo también, como reconoció todo el mundo, sectores civiles, en particular relacionados con infraestructuras que afectaban directamente con las poblaciones, e incluso zonas pobladas, que fueron alcanzados en acciones aéreas de la OTAN. 
Eso está reconocido, eso ocurre en todas las guerras y la guerra de Kosovo no fue una guerra limpia, no fue una guerra ejemplar: fue la guerra posible. 
Sólo, que fue la guerra necesaria, además de posible, para poner fin a una agresión absolutamente inaceptable y perfectamente repudiable por parte de toda la comunidad internacional. 
Independientemente de la interpretación que podamos hacer a posteriori- es fácil hacer interpretaciones a posteriori, si no se actúa -, creo, Señoría, que, si examinamos lo que ocurrió en Bosnia-Herzegovina y la impunidad provocada por la situación en Bosnia-Herzegovina y su prolongación, tal vez podamos hacer una interpretación un poco menos catastrófica de la acción militar de la OTAN en Kosovo. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0028/00): 
Asunto: Bloqueo turco contra Armenia Teniendo en cuenta que la Unión Europea fomenta activamente las relaciones sociales, económicas y políticas con Armenia mediante el Acuerdo de Colaboración y Cooperación firmado el 12 de octubre de 1999, ¿qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo para persuadir al Gobierno turco de que levante el bloqueo económico contra Armenia? 
¿Ha llegado el momento de que el Gobierno turco levante el bloqueo económico contra Armenia? 
Señor Presidente, la pregunta formulada por su Señoría se refiere a un conflicto de carácter regional y, en su interpretación inmediata, la cuestión presupondría una relación sólo de naturaleza bilateral entre Armenia y Turquía. 
Es evidente que la cuestión subyacente y de fondo a ese respecto es la de Nagorno Karabaj y también el conflicto que enfrenta a Armenia con Azerbaiyán y que, dadas las relaciones preferentes que este último país mantiene con Turquía, tiene, naturalmente, repercusiones. 
Ahora bien, por lo que se refiere a la relación de la Unión Europea con Armenia, quiero decir que es la que puede interesarnos, que la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación y Cooperación en julio de 1999 y la primera reunión que celebramos en octubre del año pasado reflejan la importancia que la Unión Europea concede a las relaciones con Armenia. 
Uno de sus objetivos es la ampliación de las relaciones de carácter comercial, en particular en materia de comercio e inversión, y la posibilidad de mantener un diálogo político de carácter bilateral con Armenia, dado su importantísimo papel en el marco subregional. 
Como he dicho, la de Nagorno Karabaj sigue siendo una cuestión esencial por resolver y que dificulta, naturalmente, la estabilidad del Sur del Cáucaso. 
A nuestro entender y como primera prioridad, se deben intensificar todas las gestiones para alcanzar una solución para ese conflicto. 
La Unión Europea ha venido haciendo gestiones para facilitar ese proceso y, evidentemente, somos conscientes también de que Turquía tiene que adoptar una actitud constructiva y desempeñar un papel importante a ese respecto. 
Como es sabido, en diciembre de 1999 Turquía fue considerada país candidato a la Unión Europea. 
En función de esa nueva situación, se va a intensificar el diálogo político con Turquía. 
La Presidencia de la Unión Europea, por mediación de mí mismo, estuvo en Ankara inmediatamente después de que se adoptara esa decisión y el mensaje que dejamos a las autoridades turcas se refería a la importancia de que reforcemos nuestro diálogo político y, en particular, de que nos beneficiemos de la propia importancia de Turquía en el marco regional, en particular en relación con el Asia central y con el Cáucaso. 
En ese marco de relación que deseamos cada vez más preferente con Turquía en cuanto a asuntos políticos, en particular y, como he dicho, en relación con la región en que se inserta y la importancia de su situación geostratégica, vamos a intentar lograr convergencias de posiciones ante las cuestiones internacionales. 
Esperamos de Turquía una actitud constructiva, una actitud positiva. 
Esperamos, en particular, que Turquía, en el marco del diálogo político anterior a todo el proceso que podría concluir con el comienzo de la negociaciones, pueda asociarse a las declaraciones de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común y, en este caso, considero que Turquía no podrá pasar por alto la interpretación por nuestra parte de la necesidad de encontrar soluciones para la cuestión de Nagorno Karabaj con una fórmula razonable, que entrañe al mismo tiempo los aspectos legítimos de la posición de Armenia y de la de Azerbaiyán. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al representante de la Presidencia del Consejo por su respuesta. 
No obstante, estoy algo triste porque primero se ve bilateralmente aunque a la postre existe una relación triangular muy clara. 
Damos créditos de cooperación y tenemos un acuerdo de cooperación para ayudar a Armenia y, a pesar de ello, la ayuda no puede ser eficaz porque Turquía lleva a cabo un bloqueo económico de modo que muchas cosas destinadas a los armenios no pueden avanzar. 
Se negocia con Turquía sobre una posible adhesión y es de interés para todos nosotros que cualquier Estado que quiera convertirse en miembro mantenga unas relaciones amistosas también en las fronteras con sus vecinos. 
¿No puede influir más sobre Turquía para que sea posible una evolución pacífica y que los armenios puedan también experimentar un desarrollo que es necesario para la prosecución de la cooperación? 
su Señoría tiene toda la razón al decir que debemos aprovechar la relación con Turquía precisamente para que este país desempeñe un papel constructivo en esa situación y, en particular, pase a ser parte de la solución y deje de ser parte del problema. 
Pensamos que, precisamente porque Turquía ha entrado en una nueva vía de relación con la Unión Europa y también por la circunstancia de que ha de afrontar ahora la necesidad de dar respuesta a las posiciones de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común, vamos a poner a prueba- no vale la pena ocultarlo- su voluntad respecto de las prioridades de la Unión Europea en su relación exterior. 
Y naturalmente que la relación con Armenia, de la que fue prueba el acuerdo establecido el año pasado, es un elemento de esa relación exterior. 
Y pensamos que, si Turquía quiere avanzar, en el sentido de compartir los valores fundamentales de la Unión Europea y del marco general de relación de la Unión Europea- e independientemente de las idiosincrasias de carácter bilateral que pueda tener ante otro país -, debe comportarse en términos generales de acuerdo con las orientaciones básicas que la Unión Europea refleja en su relación exterior. 
Por lo demás, estamos seguros de que esa cuestión figurará entre las prioridades de la relación bilateral entre la Unión Europea y Turquía en un futuro próximo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 5 y 6 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0031/00): 
Asunto: Agravamiento de la situación en Kosovo El genocidio de los serbios y de las otras minorías étnicas, excepto la albanesa, sigue y se agrava en Kosovo. 
Incluso el propio Sr. Kouchner ha declarado recientemente que "la situación política y la seguridad en la zona son absolutamente insatisfactorias". 
Se denuncia asimismo que la Resolución 1244 de las NU no se ha respetado, puesto que, por una parte, se violan las disposiciones de las NU sobre la concesión de garantías a todos los habitantes de Kosovo, y, por otra, las fuerzas extremistas y separatistas cobran fuerza, hasta el punto de llegar a nombrar "primer ministro provisional" de Kosovo al antiguo dirigente del UCK, Hachim Thaçi, y de proclamar a éste "cuerpo de protección de Kosovo". 
¿Qué acciones piensa emprender el Consejo, a la vista de los hechos, para que se apliquen las resoluciones de las NU, especialmente la Resolución 1244, y para evitar la secesión de la provincia de Kosovo de Serbia? 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0122/00): 
Asunto: Limpieza étnica de serbios en Kosovo Desde que finalizó el bombardeo que la OTAN y la UE ejecutaron contra Yugoslavia bajo el argumento de impedir la limpieza étnica de albanokosovares por Serbia, y desde la entrada de la KFOR el 12 de junio de 1999, 200.000 serbios residentes en Kosovo han sido expulsados y 768 asesinados, reproduciendo una limpieza étnica de serbios comparativamente superior a la que hubo en sentido inverso. 
En los últimos días asistimos al asesinato de serbios por parte de mafias albanokosovares, de forma impune siempre. 
¿Qué decisión piensa adoptar el Consejo para acabar de una vez por todas con esta limpieza étnica, y para garantizar el respeto de los Derechos Humanos a toda la población de Kosovo, independientemente de razas o creencias? 
Señor Presidente, como he dicho en la respuesta a una pregunta anterior, la situación en Kosovo constituye una preocupación a la que el Consejo de Asuntos Generales del pasado lunes no dejó de ser sensible. 
Ese Consejo subrayó su apoyo a las gestiones de UNEMIC y del representante del Secretario General, Sr. Bernard Kouchner, en particular la creación de una estructura administrativa interina en Kosovo en la que no sería palabra vana la garantía de que estarían incluidas en ella todas las fuerzas, principalmente las que hasta ahora se han negado a formar parte de esa estructura interina. 
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, Javier Solana, presentó a ese Consejo de Ministros de Asuntos Generales una evaluación de la situación y se espera que haga propuestas a ese respecto, en particular medidas de reajuste interno que permitan no sólo cierta flexibilización de la relación interétnica, sino también- como ya he dicho en la respuesta a otra pregunta- la creación de nuevas estructuras de carácter policial y el montaje de sistemas que permitan evitar una deriva lamentable en la situación de Kosovo en materia de influencias, tráfico de drogas y delincuencia, que hasta ahora las fuerzas allí presentes no han conseguido superar. 
Por esa razón, es evidente, Señoría, que el Consejo de Ministros sigue gravemente preocupado por la situación que se dé actualmente en Kosovo y, en particular, por el éxodo de la población serbia y de otras minorías étnicas y religiosas de Kosovo (y, cuando se habla de las discriminaciones que se cometen en Kosovo, a veces no se cita suficientemente a esas minorías) y expresa su consternación y su preocupación por el grado de violencia interétnica que sigue habiendo. 
Como ya tuve oportunidad de decir también en otra respuesta, el nuevo estallido de hostilidades en Mitrovica es sólo un ejemplo de esa dificultad para superar las desconfianzas acumuladas a lo largo de decenios. 
Evidentemente, estamos sólo en una fase de un proceso que ha tenido otras en el pasado y creo que debemos considerarla siempre a la luz de la historia pasada. 
El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha manifestado en varias ocasiones su compromiso con la creación de un Kosovo democrático y multiétnico, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 12/44 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y, en particular, con el deseable regreso sin obstáculos y con seguridad de todos los refugiados. 
Para nosotros, Señoría, la resolución 12/44 sigue siendo- y quisiera que esto quedara claro independientemente de todas las dudas que pueda haber al respecto- el elemento fundamental de nuestra orientación para esa región. 
Y respecto de lo que redunda en su detrimento, quisiera decir que el Consejo condena todos los actos de violencia, persecución e intolerancia, sean cuales fueren sus autores. 
Así, a fin de dar respuesta a la situación actual, el Consejo ha apoyado firmemente el establecimiento de la misión de las Naciones Unidas en Kosovo, la MINUK ha contribuido a su presupuesto y ha asumido la responsabilidad del denominado "cuarto pilar de la MINUK", relativa a la reconstrucción y la rehabilitación económica. 
Al evaluar los avances logrados hasta la fecha por la MINUK, hay que tener en cuenta la situación extraordinariamente difícil en que actúa esa instancia, es decir, el elevado número de refugiados y desplazados a los que hubo que reinstalar, la destrucción de la mayor parte de las infraestructuras, la radicalización que aún se mantiene muy activa en todos los sectores de la población de Kosovo, el desplome de la economía, la total ausencia de ingresos internos y también la implosión de las estructuras administrativas en el nivel local y de distrito, así como del sistema judicial y policial, resultado de la guerra y de un decenio de negligencia después de la abolición por parte de Belgrado de la autonomía de Kosovo. 
Y ese elemento es importante: conviene que siga quedando claro en la conciencia de todos que la modificación del estatuto que tenía Kosovo en el ámbito de la República de Yugoslavia fue la causa del aumento de las tensiones étnicas que originó la situación actual. 
Y, para que no se olviden las acciones pasadas de los responsables históricos, no se debe olvidar tampoco esa cuestión. 
Y en esas circunstancias considero que la MINUK, junto con los restantes organismos y organizaciones internacionales interesados, ha de haber logrado algunos avances con vistas a la consecución de algunos de los objetivos enunciados en la Resolución 12/44, pese a que aún distamos de haber logrado una situación mínimamente satisfactoria. 
El Consejo apoya también la decisión del Representante Especial Bernard Kouchner de instituir- como he dicho- el consejo administrativo provisional conjunto, que debería abarcar todas las dimensiones étnicas de Kosovo. 
La Unión Europea ha venido haciendo llamamientos para que los serbios de Kosovo dejen de boicotear esa estructura a fin de contribuir a una zona multiétnica y asegurarse a sí mismos un lugar en las estructuras administrativas que están surgiendo. 
Por otro lado, con el objetivo de contribuir a la lucha contra la violencia multiétnica y crear un ambiente de seguridad necesario para impedir que los kosovares de etnia no albanesa abandonen la provincia, la Unión Europea apoya también las gestiones de la MINUK para la constitución de la fuerza policial civil kosovar. 
Tenemos que reconocer que, pese a que ya se ha hecho una contribución substancial, hasta la fecha los Estados miembros de la Unión Europea no han conseguido, como he dicho, desplazar a agentes para esa fuerza policial, lo que ha resultado un elemento profundamente negativo para el funcionamiento de una estructura de seguridad pública. 
Como he dicho, de conformidad con las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 24 de enero, los Estados miembros están haciendo esfuerzos para encontrar personal policial complementario y en el último Consejo de Asuntos Generales se reiteró esa posición. 
El refuerzo de las fuerzas policiales es también una importante tarea en el marco de la amenaza cada vez mayor que representa la delincuencia organizada, por lo que la Comisión tiene la intención de incluir la lucha contra la delincuencia organizada en su programa de asistencia a Kosovo para el año 2000 y pide a los Estados miembros que determinen la asistencia adecuada que pueden prestar a ese respecto. 
Creemos que gran parte de la solución para esa cuestión de Kosovo- y tampoco conviene abrigar grandes dudas a ese respecto- radica también en el problema de la estabilización de los países circundantes. 
Y no conviene pensar que sin ella se vaya a conseguir solucionar los problemas de Kosovo. 
Si no se logra una estabilización de la situación política en Albania- y en este momento hay propuestas en el sentido de que la Comisión evalúe la hipótesis de que Albania se orienta hacia la posibilidad de un acuerdo de estabilización y asociación -, si no se consigue una estabilización de la situación en la antigua República Yugoslava de Macedonia y si no se consiguen modelos integrados en otras zonas de la antigua Yugoslavia, no será posible encontrar soluciones autónomas para Kosovo. 
El marco global de la región y el de la aplicación del Pacto de Estabilidad son los que permitirán resolver la situación en Kosovo. 
Señor Presidente, lo siento mucho, pero la verdad es que escuchando al representante del Consejo no puede uno dejar de preguntarse hasta dónde llega la hipocresía, la complacencia y la complicidad. 
Claro, que, como decimos en mi país, no hay que mentar la soga en casa del ahorcado. 
Yugoslavia era un país pacífico, factor de estabilidad y de paz. 
Con las intervenciones de la OTAN, e inicialmente de Alemania, pasó lo que pasó. 
De manera que el responsable no es el gobierno de Belgrado, señor Presidente, sino la propia OTAN; los responsables son los imperialistas con sus intervenciones. 
¿Y con qué nos encontramos hoy? 
Hoy nos encontramos con una sistemática violación de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, y se demuestra que dicha resolución era una trampa. 
Nos encontramos con 350.000 serbios, gitanos y miembros de otras minorías étnicas, excepto albanokosovares, expulsados de sus hogares. 
900 personas asesinadas, 800 raptadas; 8 meses después nos encontramos ante una sistemática y virulenta violación de la Resolución del Consejo de Seguridad. 
De modo que, por ejemplo, el UÇK no sólo no se ha desarmado en tres meses, como se preveía en la Resolución, sino que, en contra de lo afirmado por el Sr. Kouchner en el Parlamento Europeo, ha renovado y modernizado su armamento, y ha sido promovido a la condición de "Cuerpo de Protección de Kosovo". 
Y quisiera para terminar, señor Presidente, puesto que el Sr. Ministro ha mencionado a Kouchner, decir que Kouchner con sus 25 decretos viola tanto la soberanía de Yugoslavia como la Resolución del Consejo de Seguridad. 
Ha creado una moneda diferente, un cuerpo judicial... 
(El orador es interrumpido por el Presidente) ¡Hay que ver la realidad tal y como es, señor Presidente! 
Considero que su Señoría no ha formulado ninguna pregunta, sino certezas. 
Y la primera de ellas- y que hago constar ante esta Asamblea- es la de que Belgrado no es responsable de la situación creada en Kosovo. 
Me gustaría que quedara claro, porque es una declaración que tiene su importancia y de la que resulta que la acción imperialista de la OTAN es la responsable de la situación creada en Kosovo. 
Una interpretación singular- aunque no tanto, porque también es compartida por las autoridades serbias -, pero su Señoría debe entender que hay otras interpretaciones diferentes y que la de la comunidad internacional y del Consejo de Ministros de la Unión Europea es distinta de la suya. 
En cuanto a la Resolución 12/44, si es una trampa, no comprendo por qué considera después su Señoría negativas todas sus violaciones. 
La Resolución 12/44 podrá no ser perfecta, pero es la que se pudo encontrar para poner término a determinada situación. 
Es una resolución que probablemente encuentre dificultades de aplicación por la simple razón de que presupone un clima de estabilidad, al que tampoco el Sr. Milosevic y su régimen han contribuido. 
Reconozco- y todos reconocemos- que tampoco el comportamiento de determinadas fuerzas kosovares albanesas en Kosovo fue lo más deseable o más brillante. 
Y considero que a ese respecto el Sr. Bernard Kouchner ha tenido una actitud de denuncia concreta de esa situación y ese comportamiento. 
No debemos pensar, Señoría, que las culpas recaen sólo en una parte y que podemos olvidar el pasado, cuando estamos analizando situaciones presentes. 
Todas ellas, y en particular en el caso de los Balcanes- su Señoría lo sabe mejor que yo -, tienen que ver con el pasado histórico y con la acumulación de situaciones históricas. 
Y no hay sólo "buenos de la película". 
Esas situaciones están muy claras- considero yo- y todos nosotros debemos sacar las consecuencias y asumir la responsabilidad de nuestros pasados silencios ante el comportamiento del Sr. Milosevic durante el tiempo en que pudo hacer impunemente lo que quiso en Kosovo, en particular a partir del momento en que lo privó de la autonomía. 
Quería agradecer la respuesta que ha dado el Sr. Ministro, pero también recordar que, estadísticamente, hay ahora en Kosovo más violencia que la que había antes del bombardeo de la OTAN. 
Es preocupante que el bombardeo haya agravado la situación, y habría que reconocer que la actuación de la OTAN y de la Unión Europea ha sido equivocada al tomar esa medida. 
El Sr. Ministro ha hablado, con toda razón- estoy de acuerdo -, de las culpas de Belgrado, pero también hay que recordar que los servicios secretos de los EE.UU., Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña han estado suministrando armas y dinero al UCK, a una mafia, para contribuir a que hubiese problemas en esa zona. 
Por lo tanto, todos tenemos la culpa. 
Quería hacerle una pregunta complementaria por su contexto global. 
¿No piensa usted que sería beneficioso levantar el bloqueo a Serbia para que hubiese una mayor normalidad económica en la zona y también se beneficiase Kosovo como provincia de Serbia? 
Quiero decir, Señoría, que tengo gran dificultad para juzgar con suposiciones lo que habría sucedido, si cierta cosa no hubiese ocurrido. 
Ni su Señoría ni yo podemos saber lo que estaría sucediendo en este momento en Kosovo, lo que podría haber sucedido en Kosovo, en caso de que la OTAN no hubiera bombardeado ni esas acciones agresivas y progresivas por parte del Sr. Milosevic y de su Gobierno que cada vez tenían más consecuencias habrían tenido un resultado mayor al que hoy se da en Kosovo... 
Respecto del levantamiento de las sanciones, pensamos, Señoría, que la actitud que la Unión Europea ha venido adoptando respecto de Yugoslavia ha sido de evaluación gradual de las situaciones. 
Aplicamos un programa de energía para la democracia, en el sentido de favorecer el apoyo a los municipios de Yugoslavia regidos por fuerzas democráticas, reaccionamos positivamente en el Consejo de Asuntos Generales del pasado lunes ante la solicitud que nos presentaron las fuerzas democráticas de Serbia, en el sentido de levantar el embargo aéreo para aviones internacionales y aviones de la compañía aérea de Yugoslavia. 
Son señales de buena voluntad por parte de la Unión Europea respecto de la situación en Serbia. 
Debemos considerar que dando determinado tipo de facilidades a las autoridades serbias, cuyo comportamiento, en particular en el plano interno de los derechos humanos, en particular en el nivel del funcionamiento del sistema político interno serbio, siguen siendo profundamente lamentables- y espero que su Señoría convenga conmigo respecto de la situación democrática que se da en ese país -, y enviando señales sin contrapartidas no es como se puede obtener un resultado. 
Y, a medida que ese país tenga un comportamiento, en el plano internacional y en el de su relación con los Estados vecinos y dentro de su propio territorio, que esté en consonancia con los que consideramos principios fundamentales que deben regir la comunidad internacional y el comportamiento de los "Estados de bien" en el plano internacional, daremos las señales necesarias a Serbia, en materia de facilitación, en materia de levantamiento de sanciones. 
Señor Presidente, no soy amigo de Milosevic ni de su Gobierno, pero siento dudas muy profundas acerca de la legitimidad de la acción de la OTAN contra Yugoslavia a causa de Kosovo, tanto por la falta de autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como porque creo que lo sucedido se hubiera podido evitar si no se hubieran impuesto términos inaceptables para la soberanía serbia en Rambouillet. 
La situación actual de Kosovo, que en la actualidad ha quedado depurado étnicamente de serbios y de romaníes, corrobora lo que he dicho. 
Creo que lo menos que debería hacer la OTAN es reconocer su culpa por el ataque deliberado contra la torre de la televisión de Belgrado, en el que perecieron más de 20 periodistas civiles, y que constituye una grave tacha moral para el desarrollo de la guerra y abre ahora la embarazosa posibilidad de que se acuse de crímenes de guerra a nuestros dirigentes occidentales. 
Señoría, nosotros no tenemos, en el nivel de las posiciones adoptadas por la Unión Europea, una interpretación y un análisis selectivos de los objetivos de carácter militar, en particular de las iniciativas adoptadas contra determinado tipo de infraestructuras que servían de apoyo al sistema político y de propaganda del Sr. Milosevic. 
Por tanto, no puedo decirle si conveníamos o no con una acción concreta llevada a cabo por la OTAN. 
Forma parte de un plan global respecto del cual estamos de acuerdo. 
Algunas de esas acciones podrían ser discutibles y algunas fueron consideradas lamentables incluso por la propia OTAN y otras serán acciones justificables por razones de carácter táctico, en el sentido de impedir al Sr. Milosevic mantener su campaña de propaganda interna. 
En cualquier caso, yo, en nombre del Consejo, no quiero hacer ningún juicio de valor respecto de alguna acción concreta llevada a cabo por la OTAN en la esfera militar. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, dado que conozco la historia de los Balcanes, quisiera recordarle que durante muchas décadas los pueblos de Yugoslavia vivieron pacíficamente. 
La desestabilización comenzó, hace aproximadamente una década, con la disolución de Yugoslavia, proceso en el que la Unión Europea desempeñó un papel determinante. 
El crimen de Yugoslavia consistía en ser el único país de los Balcanes que no había solicitado su ingreso ni en la OTAN ni en la Unión Europea. 
Y así, ahora lo que aún quedaba en pie, tras las incursiones aéreas, lo destruye el supuestamente desarmado UÇK, en las narices de la KFOR, cuyo papel de fuerza de ocupación se hace cada vez más evidente. 
A diario se hacen públicos nuevos crímenes- contra los no albaneses, y contra el patrimonio cultural de Kosovo -, así como cientos de violaciones de la Resolución 1244 de la ONU. 
En mi opinión, lo mejor que podría hacer el Consejo sería poner fin a la ocupación de ese territorio yugoslavo y buscar una solución aceptable para todas las partes, con respeto a las particularidades étnicas de la región, y, sobre todo, con respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de un país independiente. 
Respeto la interpretación y el conocimiento que Su señoría tiene de la región balcánica, aunque me cueste, con toda franqueza, comprender en qué medida el respeto de las características de la región puede ser, desde el punto de vista de la estabilidad política, una solución para el problema, porque, si examinamos la estabilidad democrática de la región, podríamos decir que lo que provocó la presente situación fue la destrucción de Yugoslavia. 
Pero no entremos aquí en una interpretación de una evolución internacional. 
Ahora bien, quisiera decir que Yugoslavia era lo que era, en el sentido de cierta compatibilización de algunas diferenciaciones étnicas en el plano de un Estado, pero mantenido- conviene que eso quede claro- en un marco político que distaba de ser el ideal desde el punto de vista de la representación democrática. 
La división de Yugoslavia es probablemente un hecho histórico que debemos afrontar, independientemente de los errores que pueda haber aquí o allá. 
No nos parece en modo alguno que la salida de las fuerzas internacionales en este momento pudiera ser la solución, sino que, al contrario, sería la solución para el descalabro. 
Señor Presidente, me ha decepcionado un poco la respuesta que ha dado el Presidente en ejercicio a mi colega. 
Es importantísimo, si insistimos en que Europa ha de ser una Europa de valores, que no vayamos por la calle diciendo que el fin justifica los medios. 
Si se fijan y destruyen objetivos civiles, matar a civiles es un acto ilegal en todos los ordenamientos. 
Es un acto que no pueden defender ni siquiera los que deploran profundamente la existencia del régimen de Milosevic. 
De todos modos, ésa no es mi pregunta. 
Mi pregunta se refiere a los presos políticos que hay ahora en Serbia. 
Creo que hay unos cinco mil kosovares que Serbia tiene actualmente en su poder como presos políticos. 
Mi pregunta al Presidente en ejercicio es doble: en primer lugar, ¿está el Consejo totalmente al corriente de la existencia de esos presos y preocupado por su destino? 
En segundo lugar, ¿qué es lo que propone al respecto? 
Señoría, quisiera referirme en primer lugar al comentario que he hecho. 
Yo no he defendido el ataque a los civiles. 
Lo que he dicho y he explicado en una respuesta anterior es que hay objetivos de carácter civil relacionada con estructuras que son objeto de una acción militar y- su Señoría lo sabe tan bien como yo- que algunas acciones militares no apuntan sólo a objetivos militares, sino también a objetivos y estructuras civiles complementarios de las acciones militares. 
Evidentemente, la de lo que es o no un objetivo legítimo es una zona obscura. 
Como he dicho, no hacemos juicios de valor respecto de las acciones concretas. 
Hacemos un juicio de valor global positivo sobre la intervención de la OTAN y compartimos la opinión sobre lo que fue la acción de la OTAN. 
Respecto de los presos políticos de Serbia, es evidente, Señoría, que, cuando me refiero a la circunstancia de que en ese país el Sr. Milosevic no se comporta hoy en día de acuerdo con las normas de una sociedad decente en el plano internacional, me refiero exactamente no sólo a lo que hace el Sr. Milosevic con sus conciudadanos, sino también a situaciones que mantiene, en particular, en materia de presos políticos, de atentados contra los derechos democráticos, contra los derechos de acceso de la oposición a los medios de comunicación social, contra las facilidades que se deben conceder a las organizaciones no gubernamentales para que actúen, en particular en el plano de la defensa de los derechos humanos. 
No obstante, todo ello es tan sólo uno de los muchos aspectos de la actuación sumamente perniciosa del Sr. Milosevic en el ámbito de la sociedad yugoslava y, naturalmente, la Unión Europea no puede por menos de estar preocupada por esa situación, razón por la cual, mientras Yugoslavia no tenga un comportamiento en el plano internacional que satisfaga los valores que, a nuestro juicio, debemos defender, mantendrá todas las sanciones. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0035/00): 
Asunto: Redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales Expresando la satisfacción de la sociedad civil por la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales, pero también la esperanza de que dicha Carta responda a los retos de Europa en el siglo XXI, se pide al Consejo que responda a lo siguiente: 
¿Qué opina del contenido de la Carta? 
¿A qué ciudadanos se refiere (a los de la Unión Europea o a los de todos los países europeos; comprenderá a los ciudadanos de la ampliación y a los inmigrantes, etc.)? 
¿Recogerá el acervo comunitario de la Unión Europea, o poseerá un carácter programático más amplio? 
¿Cuáles son los mecanismos que utilizará para establecer con claridad la igualdad de sexos? 
¿Qué opina el Consejo de la incorporación de la Carta al Tratado de la Unión Europea? 
La Carta de Derechos Fundamentales es uno de los elementos más promisorios de toda la labor en el plano institucional de la Unión Europea. 
Como saben sus Señorías, la Carta se deriva de la decisión del Consejo Europeo de Colonia. 
Es un elemento que nos parece fundamental para la constitución de lo que se puede considerar un pilar ético en la Unión Europea y la necesidad de que la Unión Europea, en la vía para la consecución de una unión de valores, fortalezca su dimensión no sólo en el plano interior, sino incluso para legitimar su propia afirmación en el plano exterior a partir de un conjunto común de valores. 
Eso, naturalmente, tiene mucha importancia en la Unión de Quince. 
Probablemente hace cuatro o cinco meses no pensábamos que esa importancia fuera tan grande en la Unión de Quince. 
Hoy ya pensamos- o al menos algunos de nosotros piensan- de forma tal vez diferente. 
También tiene mucha importancia en la Unión ampliada, en particular en el nivel de las culturas políticas futuras. 
En cuanto al contenido de la Carta: como saben sus Señorías, la Carta se encuentra aún en examen. 
Sólo ha habido dos reuniones del grupo que está preparándola, grupo que ahora se llama Convención para la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Hay varios problemas que se deben plantear así. 
En primer lugar, hay que saber si es un texto declaratorio o un texto vinculante. 
En segundo lugar, la cuestión del contenido de la Carta: en el caso de que sea un documento vinculante o no lo sea, también se plantea el problema del contenido, es decir, si se trata de una acumulación de todos los principios que los Estados miembros de la Unión defienden y han consagrado en el nivel de sus ordenamientos constitucionales internos o se trata de un corpus nuevo y que en cierto modo pueda ser la matriz común dentro de la Unión. 
Después se plantea un problema fundamental, que, por lo demás, va planteado en la pregunta y que me parece de la mayor importancia, pero que tampoco está resuelto. 
Se trata de si se aplica esa Carta a los ciudadanos de la Unión o a los ciudadanos de terceros países residentes dentro de la Unión. 
También está esa cuestión sobre la mesa. 
Y, por último, se plantea un problema de la mayor relevancia: el de la subordinación de los ordenamientos jurídicos, la compatibilidad entre el ordenamiento jurídico del Tribunal de Estrasburgo y el del Tribunal de Luxemburgo. 
En la formulación de la Carta de Derechos Fundamentales se debe resolver ese problema. 
Por otro lado, su Señoría aborda la cuestión de los derechos sociales. 
Bien, a ese respecto va a ser necesario encontrar un terreno común. 
Como delegación portuguesa, yo le diría que los derechos económicos y sociales son, a nuestro juicio, un patrimonio esencial de la Unión Europea y deben formar parte de cualquier Carta de la Unión Europea y cualquier cuerpo de valores de la Unión Europea. 
No sé si esa idea sea compartida por todos. 
Respecto de la última cuestión, está el problema de la igualdad de hombres y mujeres dentro de la Unión Europea. 
Estoy convencido de que ése es uno de los aspectos que con seguridad se abordará más detenidamente en esa Carta, tanto más cuanto que nosotros mismos, con ocasión del debate sobre el Tratado de Amsterdam, formulamos ya al respecto alguna doctrina, expresada en el Tratado de Amsterdam, lo que constituye un salto cualitativo frente a lo dispuesto en el de Maastricht. 
Por último y respecto de la inclusión de la Carta en el Tratado de la Unión Europea: en este momento encabezo el grupo de trabajo que dirige el grupo preparatorio para la Conferencia Intergubernamental. 
La Presidencia portuguesa tiene interés en garantizar que, en cuanto esté consensuada la Carta en el nivel de las personas que están elaborándola- como saben sus Señorías, la Carta no se encuentra en el marco del Consejo, sino en una convención con un presidente elegido, con representantes del Parlamento Europeo, de los parlamentos nacionales y de los Gobiernos de los Estados miembros y de la Comisión Europea -, en cuanto esté lista (se trata de un proceso que nosotros no controlamos, que tan sólo seguimos por mediación de un vicepresidente de la convención, que al mismo tiempo es representante de la Presidencia de la Unión Europea en dicho grupo) , formará parte, lógicamente, del nuevo Tratado de la Unión Europea y se remitirá esa cuestión inmediatamente a la Conferencia Intergubernamental. 
Le agradezco al Presidente en ejercicio la exposición de los problemas, y las certezas que me ha expresado sobre la marcha de los trabajos. 
Comprende usted, señor Presidente en ejercicio que mi pregunta no carece de sentido, pues el Consejo es un órgano político de la Unión Europea, y los ciudadanos europeos, hombres y mujeres, quieren saber cuál es su visión del modelo democrático y social de la Europa del siglo XXI. 
Quisiera, a título complementario, preguntarle si la Presidencia portuguesa ha previsto que los derechos de los niños, como entidades autónomas, se incluyan en la problemática que se va a desarrollar y en los derechos que serán incorporados a la Carta. 
Como he dicho, nosotros no controlamos, Señoría, el proceso de formulación de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Ese asunto compete a los miembros de ese grupo, que no lo remitirá al Consejo hasta que haya consenso sobre el tenor de dicha Carta. 
Ahora bien, respecto de los derechos de los niños quiero decir que es un aspecto que está de actualidad, en particular en el nivel del Consejo de Europa y en el de un conjunto de documentos relevantes de carácter internacional, que nosotros subscribimos y deberá formar parte de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Ésa será con seguridad una orientación que mi Gobierno, en cuanto tal, no dejará de proyectar en el ámbito de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Ya veremos, como, por lo demás, respecto de un conjunto de otras propuestas nuestras a ese respecto. 
No sé en qué medida serán o no acogidas con beneplácito esas propuestas. 
Ahora bien, presumo que ese asunto no es demasiado polémico y nos parece que constará tan sólo de una recopilación de lo que hoy es un cuerpo consensual de derechos y nos parece de la más elemental justicia que se incluyan en la Carta y los comparta la Unión. 
Les recuerdo a los señores diputados que, según las directrices para estas sesiones, las preguntas deben ser concisas y estar redactadas de forma que permitan una respuesta breve. 
Ustedes saben que hay una delegación del Parlamento presidida por el diputado Méndez de Vigo y una Comisión de Asuntos Constitucionales donde se pueden debatir estos temas con gran amplitud. 
Por eso les pido que las preguntas sean muy breves y las respuestas también. 
De lo contrario, estaríamos de alguna forma suplantando todo el proceso de elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Compruebo que el señor Presidente en ejercicio del Consejo está dispuesto a contestar todo, pero yo debo velar por que se desarrolle esta sesión con preguntas y respuestas. 
Tiene la palabra el Sr. Rübig. 
Señor Presidente, catorce Estados miembros han impuesto sanciones bilaterales contra un Estado miembro porque allí se ha formado un Gobierno elegido democráticamente. 
Ambos partidos participaron ya en una ocasión en el Gobierno. 
Hasta hoy no se han producido violaciones jurídicas. 
¿Son compatibles con la Carta de los Derechos Humanos las sanciones preventivas? 
¿Sería compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales un derecho de veto del Presidente del Consejo ante las formaciones de Gobiernos nacionales? 
¿Es compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales la llamada a manifestaciones violentas? 
Señoría, como Presidente en ejercicio del Consejo, no tengo respuesta alguna que darle por la simple razón de que la toma de posición del Primer Ministro portugués, en nombre de los catorce Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, corresponde a un plano bilateral y no a la Presidencia de la Unión Europea. 
Ahora bien, quiero decir que todas esas acciones preventivas adoptadas en el plano estrictamente bilateral por esos Estados miembros de la Unión Europea reviste un carácter- podríamos decir- de profilaxis política en el plano diplomático y nos parecen perfectamente justificadas y en consonancia con lo que sería sensato ante un comportamiento de un partido y de personalidades de un partido que, al formar parte un Gobierno de la Unión Europea, no parecen ofrecer garantías de cumplir las finalidades de la Unión. 
A ese respecto, no quisiera extenderme en nombre de la Presidencia Europea, porque se trata de una intervención de mi Gobierno hecha a petición y de conformidad con catorce Estados miembros y no como Presidente de la Unión Europea. 
Señor Presidente, tengo el honor de pertenecer al Grupo que está redactando la Carta así que no voy a pedirle a la Presidencia que haga conjeturas acerca de su contenido o que nos diga si cree que la Convención debe ser declaratoria o si ha de tener fuerza judicial. 
Lo que quisiera saber es lo que va a suceder al proyecto de Carta que va con la Convención. 
¿Va a considerarla el Consejo como un documento que tiene que aceptar tal como está, o se sentirá el Consejo en libertad de modificarlo? 
¿Dirá el Consejo sencillamente sí o no respecto de dicho documento, o estará en condiciones de volver a redactar el proyecto de Carta? 
La respuesta no es ni afirmativa ni negativa. 
No sé, Señoría: dependerá de la decisión que se adopte en el nivel del Consejo. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0042/00): 
Asunto: Concesión de garantías de crédito a la exportación y sus consecuencias para la construcción de la presa de Ilisu en Turquía. El G8, reunido en Colonia, invitó a la OCDE a iniciar un proceso para establecer unas normas comunes sobre la concesión de garantías de crédito a la exportación. 
Estas normas pueden servir para falsear la competencia y financiar proyectos dudosos. 
¿Tomará la Unión Europea la iniciativa de impulsar este proceso? Recientemente se puso de manifiesto su necesidad cuando el Gobierno británico declaró que estaba "dispuesto a conceder" la autorización de un crédito a la exportación a una empresa que participa en la construcción de la presa de Ilisu en Turquía. 
El Banco Mundial ha decidido no financiar el proyecto, que provocará el desplazamiento de 20.000 kurdos, limitará potencialmente los suministros de agua potable a la República Árabe Siria y al Iraq, y provocará daños ecológicos. 
¿Qué opina el Consejo sobre la participación de Gobiernos y empresas europeas en este proyecto? 
Respecto de la pregunta formulada por la Sra. Caroline Lucas, hay que examinar dos aspectos de esta cuestión: primero, el del régimen del crédito a la exportación en general; segundo, en lo que respecta concretamente al proyecto mencionado. 
Por lo que se refiere al aspecto general, conviene señalar que el Grupo de los Ocho no instó, como su Señoría sugiere en su pregunta, a la OCDE a que estableciera criterios comunes para la concesión de créditos a la exportación. 
Esos criterios ya existen hoy día. 
El convenio de la OCDE relativo a las directrices para el crédito a la exportación que goza de apoyo oficial está en vigor desde 1978. 
El objetivo de dichas directrices es precisamente el de ver la utilización ordenada de los créditos a la exportación que gozan de apoyo oficial mediante la transparencia y la disciplina. 
Como sabe su Señoría, la mayoría de los países de la OCDE son ya parte en ese convenio y la Comunidad Europea, en cuanto tal, y no los Estados miembros por separado, también lo es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133, antiguo 113 del Tratado de la Unión Europea. 
Se ha ido rectificando y perfeccionando progresivamente ese convenio y la Unión Europea desea seguir teniendo un papel de bisagra en ese proceso, porque lo considera de la mayor importancia en el plano de las relaciones económicas internacionales. 
Por lo que se refiere al G-8 y conforme al párrafo 32 del comunicado de la Cumbre de Colonia, de junio de 1999, se dice que trabajaremos con la OCDE con vistas a adoptar orientaciones comunes de tipo medioambiental para las instituciones de fomento de la exportación. 
Nuestro objetivo es el de concluir ese trabajo antes de la Cumbre del G-8, en 2001. 
Por tanto, el G-8 reconoce de esa forma la importancia de la cuestión de los créditos a la exportación y del medio ambiente y de los trabajos en curso en la OCDE a ese respecto. 
En 1999, el Consejo Ministerial de la OCDE, en el que participé, acogió con satisfacción los avances logrados en la preparación de un convenio de la OCDE relativo al intercambio de informaciones medioambientales sobre los grandes proyectos referentes al crédito a la exportación que goza de apoyo oficial e instó a que prosiguieran los trabajos con vistas a fortalecer las plataformas comunes, en espera de un informe sobre los avances logrados para la próxima sesión ministerial del Consejo, que se celebrará este año. 
Como se sabe, los Estados miembros de la Unión Europea están desempeñando un papel fundamental en ese proceso y en ese debate. 
Respecto del punto concreto de la presa de Ilisu propiamente dicho, se están celebrando conversaciones entre las autoridades turcas y aquellas cuyas instituciones de crédito a la exportación son potenciales proveedoras de seguros de crédito a la exportación a los proveedores del proyecto y que decidieron precisamente salvaguardar de forma satisfactoria sus consecuencias medioambientales, sociales y culturales. 
Por lo demás, en ese marco fue en el que un representante del Reino Unido declaró en diciembre de 1999 que tenía en perspectiva la garantía de la subordinación de los seguros de crédito a la exportación a la salvaguardia de cuestiones del tipo de las mencionadas por su Señoría en su pregunta. 
La cuestión de una licencia de crédito a la exportación no se plantea en el marco del proyecto. 
Cabe señalar que, como no se ha solicitado al Banco Mundial la financiación del proyecto, no está en juego decisión alguna de ese Banco al respecto. 
Es evidente que los gobiernos y de las instituciones de crédito a la exportación oficial de los Estados miembros participan en el proyecto de la presa de Ilisu de conformidad con las obligaciones y los compromisos políticos y jurídicos asumidos en el nivel de la Unión Europea, de la OCDE y del Grupo de los Ocho por los países que forman parte de él. 
La búsqueda de acuerdo sobre esas normas comunes comenzó quizá ya en 1978, pero es evidente que el hecho de que el Gobierno británico parezca llevar adelante un proyecto que entrañará daños ambientales masivos sugiere que dicho proceso no ha tenido mucho éxito hasta ahora. 
¿Le importaría contestar a una pregunta acerca de las inversiones de empresas de la UE en los países candidatos al ingreso en la UE? 
Se lo pregunto por la cuestión de la coherencia, tema de los debates de esta mañana. 
Por una parte pedimos a los países solicitantes que se hagan cargo del acquis ambiental y al mismo tiempo los Estados miembros de la UE están apoyando y estimulando inversiones en esos países que de por sí entrañan importantes daños ambientales. 
¿Podría decirnos usted si sí o no la cuestión completa de las inversiones en países solicitantes se ha planteado en cualquiera de los debates sostenidos hasta la fecha y a los que se ha estado refiriendo usted? 
Yo no estuve en el debate al que se ha referido su Señoría. 
Quiero decirle que, respecto de esa parte de su pregunta, el Consejo sólo podrá responder posteriormente y por escrito. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0044/00): 
Asunto: Problemas ambientales ocasionados por el proyecto de desarrollo de la sociedad portuaria Drogheda y el papel del Tribunal de Cuentas En la zona del estuario de Boyne, Irlanda, ha surgido un serio conflicto entre los intereses entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo estructural, debido al proyecto de desarrollo de la sociedad portuaria Drogheda. 
La zona afectada está designada como zona de protección especial de conformidad con la Directiva relativa a las aves silvestres y se está considerando la posibilidad de declararla zona especial de conservación de conformidad con la Directiva sobre los hábitats; se trata también de una zona de importancia internacional. 
Numerosas asociaciones locales y europeas han criticado enérgicamente el proyecto. 
Se dan casos parecidos en otras regiones de la Unión donde la financiación del desarrollo de la UE entra en conflicto con la insostenibilidad ambiental de las medidas de los beneficiarios. 
¿No cree el Consejo que habría que dotar al Tribunal de Cuentas de mayores recursos para que estudiara o revisara este tipo de medidas de desarrollo allí donde surjan conflictos ambientales? 
¿Qué medidas piensa adoptar en Consejo con vistas a reforzar las competencias de revisión y evaluación de las instituciones europeas en estos casos? 
Respecto de la pregunta de Su señoría, quiero subrayar, en primer lugar, que la misión del Tribunal de Cuentas está formulada en el Tratado por el que se instituye la Comunidad Europea. 
De conformidad con su artículo 246, la fiscalización de las cuentas corre a cargo del Tribunal de Cuentas, que, para ello, examina la totalidad de los ingresos y los gastos de la Comunidad, así como la regularidad y la legalidad de las operaciones a que se refieren, y garantiza la buena gestión financiera, conforme también, por lo demás, al artículo 248. 
El Tribunal de Cuentas dispone, así, desde ahora mismo, de todos los instrumentos necesarios para cumplir su misión. 
En cuanto a la propuesta de su Señoría destinada a aumentar los recursos del Tribunal de Cuentas, el Consejo considera que todas las instituciones de la Unión disponen, en el marco del presupuesto comunitario, de medios financieros que les permiten ejecutar correctamente sus misiones. 
Probablemente sería deseable, en algunos casos, que se pudiera aumentar esos medios, pero hay limitaciones de carácter presupuestario que Su señoría no desconoce. 
Aprovecho para recordar que el presupuesto de la Unión Europeo es aprobado de común acuerdo por el Consejo y por este Parlamento. 
Por tanto, el Consejo no tiene competencia alguna para modificar la misión encomendada al Tribunal de Cuentas por el Tratado. 
Si asignamos más recursos al Tribunal de Cuentas se tratará de dinero bien gastado, pues con él se conseguirá que los fondos de la UE no vayan a parar a proyectos que están en conflicto con los intereses ambientales. 
Durante años y años el Consejo ha estado bloqueando la evaluación estratégica de las consecuencias para el desarrollo de los planes y programas. 
Ahora que es usted Presidente del Consejo quisiera preguntarle si va a apoyar esta importantísima propuesta. 
En segundo lugar, como no se hace mención de los Fondos Estructurales en el proyecto actual, ¿puede usted asegurarnos que sí se volverá a hacer mención de dichos Fondos? 
Quisiera saber lo que puede usted hacer acerca de esta cuestión en su calidad de Presidente en Ejercicio del Consejo en la actualidad, porque es precisamente el Consejo el que ha estado bloqueando la cuestión durante mucho tiempo. 
Es una cuestión muy importante. 
Si el Tribunal de Cuentas pudiera evaluar regularmente los posibles conflictos entre intereses ambientales y el desarrollo estructural, se habría conseguido un importantísimo adelanto porque el Tribunal de Cuentas puede llevar a cabo una labor sumamente positiva. 
Sus informes son detalladísimos y muy importantes. 
Ésta es la forma de conseguir que se eviten ese tipo de conflictos en el futuro. 
Gran parte del problema que plantea su Señoría incumbe a cuestiones que son competencia de la Comisión. 
Por tanto, ella es la que debe verificar la conformidad de ciertos proyectos de desarrollo con las disposiciones aplicables en materia de medio ambiente. 
La Comisión es la que deberá responder concretamente sobre esas cuestiones. 
No me es posible dar una respuesta más completa respecto del caso concreto que ha citado. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0053/00): 
Asunto: Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo El Consejo y el Parlamento Europeo van a intentar llegar a un acuerdo sobre un estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 
Una de las cuestiones por solucionar es si todos los diputados cobrarán el mismo sueldo y dónde pagarán impuestos. 
Según datos procedentes de los medios de comunicación, la Presidencia portuguesa considera que todos los diputados deben pagar el mismo impuesto a la UE. 
Ello va en contra de la opinión de algunos Estados miembros que desean que sus diputados paguen impuestos en el país de origen. 
¿Puede la Presidencia portuguesa aclarar su posición al respecto? 
Considero que la Presidencia portuguesa de la Unión Europea está particularmente tranquila a ese respecto, porque supongo que es la primera vez que en un programa de trabajo de una Presidencia se plantea como una de las prioridades la resolución del problema del estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 
La Presidencia portuguesa presentó la consecución de ese estatuto como una de sus prioridades, como, por lo demás, lo hizo la Presidenta del Parlamento Europeo al afirmarlo también en el Consejo Europeo de Helsinki. 
Y, por tanto, estamos en perfecta y total sintonía respecto del interés en obtener un resultado positivo a ese respecto. 
Así, con esa voluntad política nos esforzamos por encontrar las grandes líneas de una transacción y ya hemos iniciado los trabajos al respecto. 
Dicha transacción deberá obtener- conviene recordarlo- la unanimidad del Consejo, de acuerdo con el artículo 190, y el informe conforme de este Parlamento, a quien compete aprobar ese estatuto. 
La Presidencia ha venido entablando contactos intensivos con una serie de interlocutores en este Parlamento y con el grupo que éste mandato para celebrar las negociaciones con el Consejo. 
Yo mismo tuve oportunidad de reunirme con ese grupo, por primera vez, al margen del período parcial de sesiones de enero y me propongo volver a hacerlo próximamente para proseguir los contactos. 
También se han reanudado los debates con más intensidad en las instancias competentes del Consejo de la Unión Europea y creo poder afirmar, con espíritu de apertura a una mayor flexibilidad y en la medida en que todos reconocemos la importancia que tiene, en particular para la opinión pública, que la elaboración de ese estatuto es un elemento fundamental para garantizar simultáneamente la dignidad de la función del diputado al Parlamento Europeo y la necesaria transparencia y buena gestión de los fondos públicos. 
En lo tocante, más concretamente, a la pregunta formulada por su Señoría, quisiera subrayar que un nuevo estatuto sólo tiene sentido, si representa un avance respecto de la situación actual y se asegura la mayor uniformidad posible entre titulares de cargos idénticos. 
Ésa es, en el punto de partida, la posición de la Presidencia portuguesa. 
Ahora bien, su papel de mediador obliga a tener en cuenta todas las sensibilidades existentes en el nivel del Consejo y su Señoría no ignora que esa cuestión fiscal plantea problemas a determinadas delegaciones. 
Ahora bien, sea cual fuere la solución encontrada, considero que deberá respetar siempre simultáneamente la legalidad democrática y ser aceptable para todos los Estados miembros, independientemente de sus sensibilidades nacionales. 
Lo que puedo prometer al respecto es el mayor seguimiento por parte de la Presidencia, en el sentido de trabajar hasta el término de su ejercicio sobre esta cuestión en un ambiente de la mayor transparencia y la mayor apertura para con sus Señorías y haciendo los mayores esfuerzos ante los miembros del Consejo, en particular aquellos que han tenido mayores dificultades para aceptar la propuesta surgida el año pasado, a fin de encontrar una solución de transacción que sea razonable y al mismo tiempo confiera la dignidad necesaria al estatuto de los miembros de esta Asamblea. 
Señor Presidente, doy las gracias al Consejo de Ministros por esta respuesta y formularé dos preguntas complementarias que se relacionan con los impuestos de los parlamentarios. 
Mi opinión es que se debe pagar impuestos en el país en que se vive, en el que vive la familia y donde se obtiene provecho de los servicios públicos. 
Pensé preguntar a la Presidencia si realmente existen razones para que no paguemos impuestos en nuestros países, igual que el resto de la gente. 
¿Hay algún motivo para que tengamos beneficios especiales justamente porque somos parlamentarios? 
Es mi primera pregunta. 
La segunda pregunta es si la Presidencia portuguesa aceptaría una solución que implique resolver el asunto de los impuestos de manera distinta para los parlamentarios de los diferentes países, o bien, si quiere una solución única para los parlamentarios de todas las nacionalidades. 
Sin pretender en modo alguno faltar al respeto a esta Asamblea y, en particular, al que me merecen las preguntas formuladas por su Señoría, me permitiría excusarme de responder a las preguntas formuladas. 
Estamos en plena negociación de cierta delicadeza, que se refleja en la forma como la Presidencia del Consejo de la Unión Europea se expresa en un marco concreto relacionado con determinadas situaciones. 
Y, naturalmente, eso tiene repercusiones, porque lo leen otros miembros del Consejo. 
En esta fase del debate, quisiera excusarme de responder directamente a las preguntas concretas que se me han formulado y me permitiría pedir que se nos juzgue por nuestros resultados, dentro de poco, cuando intentemos conseguir una solución más concreta. 
Y con mucho gusto acudiré aquí, a esta Asamblea, a responder y explicitar las dificultades que pueda haber habido, en caso de que no se haya conseguido un resultado, o a congratularme con todos sus Señorías, en caso de que así haya sido. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo, que ha pasado unas cuantas horas en este Hemiciclo trabajando con los diputados del Parlamento Europeo, si ha llegado a hacerse una idea de lo que valen en términos de remuneración 
Señoría, como este debate sobre los honorarios del Parlamento Europeo no es exclusivo de su país e incluso se extiende a mi país, tengo una idea exacta de a cuánto ascienden los honorarios de los diputados al Parlamento Europeo. 
Es una pregunta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que yo no sé si está obligado a contestar porque es filosófica realmente. 
Pero si usted quiere adentrarse en el campo de la filosofía, ¡adelante! 
No, señor Presidente, no me siento tentado a entrar en el campo de la filosofía. 
Éstas son cuestiones de fondo y relacionadas con la propia matriz del estatuto del diputado y de su papel, en el marco de la sociedad política. 
No quiero entrar en ese tipo de debate, porque me parece que podría- por utilizar una expresión francesa- préjuger la interpretación que la Presidencia portuguesa haga en el marco de las negociaciones, en que está inmersa, sobre el estatuto de los diputados. 
Quisiera pedir que a ese respecto me permitieran no adelantar comentario alguno. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 11 a 35 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05, se reanuda a las 21.00 horas) 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Parlamento Europeo, tengo el grandísimo honor de dar una efusiva bienvenida al Sr. Václav Havel, Presidente de la República Checa. 
Me gustaría expresar también la bienvenida a la Sra. Havel, que ha ocupado un puesto en la tribuna. 
Señora, sea bienvenida. 
(Aplausos) 
No es la primera vez que lo acogemos en nuestro Parlamento, señor Presidente. 
Ya habló usted ante el Pleno, en Estrasburgo, en marzo de 1994, hace casi seis años, y muchos de nosotros conservamos un recuerdo muy intenso de ello, es decir, aquellos de nuestros colegas que ya éramos diputados en aquella época. 
En efecto, justo después de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, se pronunció usted a favor de un fortalecimiento de los valores europeos, de la creación de una dimensión ética europea, de la apertura de la Unión a los países de la Europa central y oriental. 
Es decir que para muchos ciudadanos, y no sólo en su país, encarna usted esa Europa de los valores a la que sin cesar recordamos nuestro apego. 
Después de dos elecciones al Parlamento Europeo y una nueva reforma importante de los Tratados de la Unión Europea, las relaciones de la Unión con la República Checa han experimentado un desarrollo extraordinariamente dinámico. 
Ha entrado en vigor un acuerdo de asociación, se ha creado una comisión parlamentaria mixta Parlamento Europeo-Parlamento Checo. 
En 1996, su país presentó su solicitud oficial de ingreso en la Unión. 
Finalmente, en 1998 se iniciaron oficialmente las negociaciones de adhesión. 
Desde la caída del telón de acero el proceso de integración europea y el de la ampliación experimentaron una aceleración impresionante. 
El fin de esa separación artificial de Europa dio paso a una nueva época. 
Hoy tenemos ante nosotros un imperativo histórico y numerosas perspectivas para todos los europeos. 
Es usted, señor Presidente, un símbolo destacado de esas evoluciones. 
Es usted el fundador y el firmante de la Carta 77, movimiento de defensa de los derechos humanos que representaba y reivindicaba los valores fundamentales en un período sombrío de la historia de su pueblo. 
Por la defensa de la libertad y de la dignidad de la persona humana, un régimen comunista lo condenó a casi cinco años de cárcel. 
Pero usted nunca perdió la esperanza y la Historia le ha dado la razón. 
Hace diez años que la "revolución de terciopelo" reivindicó Havel na HRAD. 
Durante diez años, representó usted en primer lugar a la Checoslovaquia democrática y después, como Presidente, a la República Checa. 
La reconciliación con sus vecinos ha sido, y sigue siendo, para usted un objetivo esencial, que ha defendido con vigor y con perseverancia. 
Es usted un europeo de primera fila. 
Hoy Chequia se prepara para pasar a ser miembro de nuestra Unión. 
Convendrá usted conmigo, señor Presidente- y la experiencia nos lo ha demostrado ahora -, que el proceso de la ampliación de la Unión no siempre está libre de obstáculos y ello es aplicable a los dos interlocutores. 
La República Checa debe afrontar muchos esfuerzos para cumplir todas las condiciones de adhesión. 
La Unión Europea, por su parte, debe adaptar sus instituciones y sus políticas con vistas a la ampliación. 
Ya ha dado un gran paso adelante en el marco de la Agenda 2000. 
Este año, con la inauguración de la nueva Conferencia Intergubernamental, se pone en práctica la etapa siguiente, es decir, la reforma institucional. 
El Parlamento Europeo participa en ella plenamente. 
Nuestro cometido como diputados consiste en garantizar una apertura y una transparencia óptimas al proceso de ampliación a fin de que, llegado el momento, los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos de la República Checa aprueben, por mediación de sus representantes democráticamente elegidos, la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. 
Señor Presidente, tengo mucho gusto en concederle el uso de la palabra. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en nombre del Parlamento Europeo, quisiera agradecerle, en verdad, muy encarecidamente el mensaje muy sólido que nos ha aportado, como lo subrayan los aplausos de los diputados. 
Quisiera expresarle mi agradecimiento: tiene usted razón al recordar que las pertenencias nacionales son perfectamente compatibles con la europea. 
Y, partiendo de su experiencia personal, nos ha mostrado usted que la pertenencia europea no se decreta, sino que es un movimiento espontáneo, natural. 
He tomado nota de sus palabras: se trata de algo que todos sentimos profundamente. 
Lo hemos visto a usted fiel a los principios que siempre han guiado su actuación, ese apego a los valores fundamentales. 
Nos ha recordado usted las palabras que pronunció en 1994 y que usted mismo ha calificado de un poco provocativas, pero a veces hay utopías fecundas y hemos podido apreciar juntos el camino que hemos recorrido. 
Y, además, he de decir también que ha insistido usted muy oportunamente en el papel, en la importancia, de la sociedad civil, no sólo en los países candidatos, sino también en cada uno de los países de la Unión Europea, para volver a dar confianza a los ciudadanos, para volver a dar confianza a la solidaridad social, que necesitamos. 
Y para resumir lo que me ha parecido más sólido de todas sus palabras, he de decir tal vez que, ante todo, ha querido usted recordarnos que, más allá de sus aspectos económicos, la construcción europea es una obra del espíritu. 
Desde luego, deseamos muy intensamente proseguir esa labor con usted. 
(Se levanta la sesión solemne a las 12.40 horas) 
Asamblea Paritaria ACP-UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0032/2000) del Sr. Corrie, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los resultados del trabajo de la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1999. 
, ponente.- (EN) Señor Presidente confiaba en que mi intervención para presentar este informe sería a las nueve de la mañana, y no a las nueve de la noche. 
Espero que la cantidad de diputados presentes en esta Cámara no sea indicativo del interés que despierta el fomento del progreso en los países en desarrollo. 
Sin embargo, es habitual presentar un informe a los diputados de este Parlamento sobre el trabajo de la Asamblea Paritaria ACP-UE, y es para mí un placer hacerlo esta tarde. 
De nuevo puedo decirles que las dos Asambleas que se han celebrado en Estrasburgo y Nassau han tenido un éxito rotundo. 
En muchos sentidos han marcado el final de una antigua etapa y el comienzo de otra nueva. 
La Asamblea Paritaria ACP-UE es una organización única en la esfera política mundial. 
¿En qué otro foro se reúnen 86 naciones para discutir asuntos que les atañen y preocupan a todos? 
La Asamblea de Estrasburgo ha sido la última que ha presidido Lord Plumb. 
Para premiar el tremendo trabajo que ha desempeñado en un periodo tan duro, la Mesa Paritaria le nombró presidente honorífico en Nassau, y nosotros le deseamos lo mejor para el futuro. 
Las negociaciones sobre la renovación del Convenio de Lomé han marcado ambas Asambleas, y estoy ansioso por ver cómo todos los países afectados firman y ratifican en seguida el nuevo Convenio. 
Recuerdo que en la anterior revisión a medio plazo, cuando yo era ponente, el entonces Comisario Marín dijo que esa revisión sería la última. 
Bueno, está claro que se equivocó, y me gustaría rendir un homenaje a Philip Lowe y a su equipo por haber realizado entre bastidores una labor tan fructífera que ha permitido la firma de un nuevo Convenio en circunstancias muy difíciles. 
También me ha alegrado escuchar esta mañana el informe del Comisario Nielson, que ha trabajado incansablemente para conseguir que las negociaciones llegaran a buen puerto. 
Me gustaría rendirle un homenaje especial por su éxito. 
También quiero felicitar a la Sra. Kinnock y a su grupo de trabajo por el enorme esfuerzo que han dedicado al futuro de Lomé. 
Estoy convencido de que el resultado de estas negociaciones se debe en gran parte al informe de la Sra. Kinnock y al relativo a la cooperación e integración regional. 
Asimismo, quisiera dar las gracias a los grupos de trabajo sobre la situación de las pequeñas islas y el cambio climático y al grupo de seguimiento sobre pesca por sus excelentes informes. 
Hemos realizado turnos de preguntas al Consejo, a la Comisión y al Consejo ACP, y me gustaría agradecer a estas instituciones que hayan mostrado tanto interés por nuestro trabajo. 
En las dos Asambleas, nuestro trabajo se ha centrado en la erradicación de la pobreza. 
La resolución que hemos aprobado llega tan lejos como para afirmar que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos. 
También subraya la importancia de abolir la desigualdad por razón de sexo. Cada vez que viajo por África y veo el trabajo que realizan las mujeres, pienso que ojalá hubiese más mujeres entre los altos cargos del gobierno o en la presidencia. 
Quizá así se pondría fin a parte del fraude, la corrupción y la mala gestión que parecen ser endémicos en algunos países y que tenemos que frenar de una vez por todas. 
Como de costumbre, hemos celebrado muchos debates sobre los países que están en guerra. 
He visitado Etiopía y Eritrea para disponer de información de primera mano. 
La OUA está haciendo todo lo que puede para conseguir un acuerdo de paz, pero Etiopía sigue reclamando que se aclaren algunos temas y la situación humanitaria en ambos países es muy grave. 
En Nassau nos alegró enterarnos de que estaba a punto de alcanzarse un acuerdo comercial con Sudáfrica tras cuatro años de negociaciones. 
Estos casos recalcan los problemas de coherencia entre la UE y los países en desarrollo, que han llegado a su punto álgido en la cumbre de la OMC en Seattle. 
Todavía nos queda mucho por hacer para convencer a los países en desarrollo de las ventajas de la globalización y de los acuerdos internacionales de libre comercio. 
En Nassau se celebraron dos debates muy interesantes sobre Timor Oriental y Cuba. 
Cuba es un país observador, pero me parece que ahora ha dejado claro su deseo de formar parte de la ACP. 
Estoy seguro de que todas las naciones incluidas dentro de los límites del territorio ACP que cumplan los requisitos de consolidación de la democracia, respeto a los derechos humanos, buen gobierno e independencia del poder judicial son bienvenidas. 
Espero con interés los avances de Cuba. 
Cuando el Sr. Dalmau, vicecanciller cubano, se dirigió a la Asamblea no dudó en manifestar sus intenciones. 
En cuanto a Timor Oriental, el Sr. Da Costa, miembro del Consejo Nacional de la Resistencia Timorense, pronunció un discurso muy conmovedor en el que dio a entender que a Timor Oriental también le gustaría entrar en la ACP cuando sea un estado independiente y forme su propio gobierno. 
Debemos apoyarles a todos para que alcancen este objetivo. 
El tema de los derechos humanos es tan importante para la Asamblea Paritaria ACP-UE que a los vicepresidentes paritarios se les ha confiado la especial responsabilidad de controlar muy de cerca la situación de los derechos humanos e informar al respecto a la Asamblea. 
Se ha hecho hincapié en una serie de casos, incluido el tema de los niños soldado de Sudán, muchos de los cuales han sido raptados de países vecinos. 
Tuve el honor de ser nombrado copresidente europeo al principio de este quinto mandato, y la Sra. Clair, de Mauricio, es la nueva copresidenta ACP. 
Me gustaría que se produjera una serie de cambios en nuestra Asamblea, sobre, todo una vez que se haya firmado el nuevo Convenio en mayo. 
Debe existir una mayor igualdad entre nuestros socios ACP y los miembros de la UE, y quiero poner fin al síndrome de "ellos y nosotros". 
En primer lugar, me gustaría que se creara una Asamblea Parlamentaria Paritaria formada por miembros electos de los países ACP en vez de contar con la presencia de embajadores o ministros del gobierno que actúan como delegados. 
Creo que de eso trata el nuevo Convenio. 
En segundo lugar, este nuevo Convenio ofrece la posibilidad de celebrar asambleas regionales en las seis regiones, que nos permitirían ser mucho más específicos en nuestro trabajo. 
Desde estas asambleas se podría informar a la Asamblea Paritaria. 
Ya hemos celebrado un debate regional en Nassau, en el Caribe, y ha resultado ser extremadamente provechoso. 
También vamos a celebrar otro en Abuja, en África Occidental. 
Quiero que la Asamblea pase de las palabras a los hechos para que mejore la calidad de vida en los países en desarrollo. 
Quiero que la sociedad civil tenga un mayor protagonismo, pero para ello tenemos que acabar con la corrupción, combatirla de forma frontal. 
Debemos premiar a aquellos países que se están esforzando por vivir en un estado de derecho, del mismo modo que debemos tratar con mano dura a aquellos que son corruptos o cuyas constituciones no permiten los gobiernos pluralistas que propugnamos. 
Estoy encantado con la situación actual de Zimbabue. 
Los contribuyentes europeos ya no aceptan que se utilicen sus impuestos de forma fraudulenta. 
Debe soplar un nuevo viento de cambios en África, hay que establecer y cumplir nuevos principios. 
La Asamblea Paritaria, en colaboración con la Comisión, debería desempeñar el papel principal a la hora de controlar la promulgación de un buen gobierno, el respeto a los derechos humanos y la consolidación de la democracia. 
Creo que esta tarea depende de los delegados europeos y ACP como socios iguales. 
Les ruego que aprueben este informe. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al colega Corrie por su brillante y amplio informe. 
El fundamento de todas las reflexiones en materia de política de desarrollo debe ser el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. 
Si debe lucharse contra la pobreza, la reducción de los recursos en el ámbito de la ayuda al desarrollo en muchos Estados miembros y en la UE entra en abierta contradicción con dicho objetivo. 
Con respecto a la cuestión fundamental de la financiación, deben asignarse a la Asamblea Paritaria recursos adicionales de cara al futuro, recursos que se empleen, por ejemplo, en enviar, a petición de los Estados ACP, observadores a los procesos electorales. 
En el futuro, a la hora de concertar los proyectos de desarrollo, la UE deberán buscar, por un lado, una orientación plural y, por otro, coordinarse mejor con los distintos Estados con el fin de trabajar de forma más eficiente y emplear los recursos de manera más efectiva. 
Un ejemplo de ello sería el campo de la educación, que de cara al futuro merece y necesita un decidido impulso en los Estados ACP. 
Si se piensa en el veloz desarrollo de las posibilidades de la educación y de la tecnología a través de Internet, se deduce la existencia de nuevos recursos que ayudarán a conducir a los países en vías de desarrollo, con sus aún modestos recursos, hacia la globalidad, que no hacia la globalización. 
Aquí veo una futura tarea de la UE, que consistirá en contribuir a la formación de una clase media en los países ACP que esté en condiciones de prestar ayuda y ayudarse a sí misma. 
Como ejemplo a este respecto puede darse el problema de Nigeria, país que ha importado de todo el mundo productos industriales acabados, pero su mantenimiento está a cargo de técnicos extranjeros, lo cual ocasiona considerables gastos financieros. 
Una educación adecuada de la población nigeriana abriría el camino a la formación de una clase media. 
La optimización de los métodos de trabajo, una urgente necesidad cara al futuro puesta de relieve en el Informe, permitirá, en particular, mediante las proyectadas asambleas regionales, abordar en mejores condiciones los distintos y específicos problemas de los países en vías de desarrollo, para los cuales la ayuda de la UE podrá prepararse de forma selectiva y posteriormente ejecutarse. 
Muchas gracias, señor Zimmerling. 
Si estoy bien informado, ésta es la primera vez que habla en esta Casa. 
Es su primer discurso y quisiera felicitarle por ello. 
Le ha salido muy bien. 
Señor Presidente, señoras y señores, nunca se insistirá lo bastante en que el Convenio de Lomé constituye desde 1975 un pilar fundamental de la cooperación europea al desarrollo y asume, desde muchos puntos de vista, una función directriz. 
Sobre la base del principio de la colaboración y de la paridad, así como del seguimiento parlamentario por la Asamblea Paritaria, el convenio se ha convertido en un paradigma a escala mundial. 
Justamente en el año en el que conmemoramos el 25º aniversario de la cooperación en el marco de Lomé, nos hallamos ante la celebración de un nuevo y más avanzado acuerdo de colaboración, que convertirá para ambas partes la Asamblea Paritaria en una verdadera asamblea parlamentaria. 
Por ello, en este retrospectiva no quiero limitarme al año de 1999; sobre éste ya se ha pronunciado, y de forma brillante, el ponente, el Sr. Corrie. 
Mucho de lo que hoy nos produce agitación es el resultado de profundos procesos de transformación que se han producido desde finales de los ochenta en todas partes del mundo. 
Esto también ha provocado fuertes sacudidas en los países en vías de desarrollo, cuyos efectos persisten aún. 
La colaboración ACP es un proceso dinámico. 
Desde Lomé I a Lomé IV se han producido constantes avances en el contenido del convenio. 
Al mismo tiempo, el número de Estados ACP ha aumentado de forma considerable hasta los actuales 71. 
En particular, la adhesión de Namibia y Sudáfrica ha sido acogida con gran satisfacción por todos los que han tomado parte en este proceso. 
Cuba acaba de llamar a la puerta. La incorporación de Cuba a la comunidad ACP-EU será un paso de grandes consecuencias que no se dará en dicho país sin la apertura de procesos de cambio. 
La cooperación ACP sigue teniendo un enorme interés, y no sólo por el acento puesto en el nuevo convenio. 
La lucha contra la pobreza y el fomento de un desarrollo continuado en materia económica, cultural y social son importantes objetivos en el marco de los esfuerzos por la construcción en los Estados ACP de una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos. 
Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones democráticas. 
La historia de la Asamblea Paritaria da fe a este respecto, de manera rotunda, de una evolución positiva. 
Si antes los países ACP estaban representados en las reuniones por miembros de los Gobiernos, altos funcionarios o embajadores, hoy más de las tres cuartas partes de nuestros interlocutores y interlocutoras son parlamentarios elegidos. 
Debemos celebrar una gran fiesta cuando próximamente alcancemos el 100%, tal y como se quiere con el nuevo convenio. 
Los avances en los procesos de democratización, que, a diferencia de las diversas estallidos de crisis, se producen de forma discreta, pasan desgraciadamente demasiado desapercibidos. 
Un elemento específico de la colaboración multilateral ACP es la cooperación e integración regionales. 
Así se cumplirá un deseo de la larga lista de deseos del Parlamento. La Asamblea Paritaria celebrará próximamente reuniones a nivel regional. 
Ya lo hemos podido escuchar. 
El fortalecimiento de las cooperación regional puede contribuir a impedir el estallido de conflictos por razones de carácter étnico, económico, social o religioso, es decir, puede tener un efecto preventivo. 
Por la misma razón el Parlamento Europeo ha promovido desde un principio la participación de la sociedad civil en los procesos decisorios y en la gestión de la cooperación y ha puesto de manifiesto el significado de la colaboración descentralizada. 
La intensificación de los contactos entre la Asamblea Paritaria y los agentes sociales, prevista en el nuevo convenio, supone un paso más en la dirección correcta. 
Sólo queda un poso de tristeza por el hecho de que el Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo no esté aún integrado en los presupuestos de la UE. 
Espero que no tengamos que esperar otros 25 años hasta que a este respecto alcancemos nuestro objetivo. 
Señor Presidente, permítame felicitar al Sr. Corrie por su informe. 
El Convenio de Lomé ha dado fe de un auténtico partenariado entre la UE y los países ACP durante más de 25 años, y el hecho de que haya seguido adelante a pesar de la abrumadora presión en contra que ha recibido de muchas organizaciones, incluida la OMC, representa un todo un triunfo. 
Sin embargo, es obvio que no hay que evaluar el nuevo Convenio por su mera existencia, sino por la forma en que puede contribuir al compromiso de la UE de erradicar la pobreza y de alcanzar unos objetivos de desarrollo internacionales. 
Si aplicamos este criterio, nos daremos cuenta de que los nuevos acuerdos presentan una serie de deficiencias: por ejemplo, el acuerdo es bastante desilusionador para los países ACP que sufren fluctuaciones a corto plazo en sus ingresos por exportación. 
En diciembre, durante una ronda de negociaciones maratoniana se alcanzó el acuerdo de prestar ayudas a los estados isleños, a los que no tienen salida al mar y a los menos desarrollados cuando sufran pérdidas del 2% como mínimo en sus ingresos por exportación, mientras que a los demás países ACP se les seguiría aplicando el baremo del 10%. 
Sin embargo, al final de las negociaciones, la UE alegó que nunca había dado su aprobación para incluir a las islas y a los países sin salida al mar entre los candidatos merecedores de las ayudas basadas en el límite del 2%. 
Este cambio ha tenido consecuencias devastadoras, en especial para las Islas Windward, que posiblemente sea el único país ACP que en realidad va a salir perjudicado con los nuevos acuerdos. 
Esto resulta terrible porque las Islas Windward son uno de los países ACP más pequeños y vulnerables y serán las que tengan que pagar el precio más alto por este nuevo Convenio de Lomé. 
Por otro lado, en cuanto al comercio, la OMC nos ha presionado para asegurarse de que el nuevo Convenio de Lomé sea compatible con sus intereses, lo que ha provocado un enorme ímpetu a favor de los llamados acuerdos de asociación económica regionales o acuerdos de libre comercio. 
Es posible que los países ACP más desarrollados sean víctimas de una gran presión para que acepten estos acuerdos. 
No obstante, está muy claro que, incluso después de un periodo de adaptación, algunos países no van a estar en condiciones de abrir sus mercados a los fríos vientos del libre comercio sin que su economía interior se vaya a pique. 
Por lo tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos para asegurarnos de que se les están dando opciones auténticas a los países que aun no están preparados para los acuerdos de libre comercio. 
Debemos garantizar que de verdad se están buscando estrategias para promover la integración regional dentro de la ACP. 
Por ultimo, cuando se celebre cualquier otra cumbre sobre el comercio, los países de la UE y ACP deberían presionar de forma conjunta para conseguir la reforma del artículo 24 del GATT para prever de forma explícita los acuerdos comerciales regionales no recíprocos entre grupos de países con diferencias estructurales y económicas. 
El Convenio de Lomé es un partenariado único en el mundo; pero para que de verdad sea eficaz no basta sólo con los debates enmarcados en su contexto, hay que contar con la colaboración de la OMC y participar en otros foros de negociaciones internacionales. 
Señor Presidente, quiero, en este debate, denunciar la suerte reservada a esos países pobres de África, del Caribe y del Pacífico de los que algunos se atreven a decir que son beneficiarios del Convenio de Lomé. 
Incluso en el mero plano de las relaciones comerciales, el Convenio de Lomé no ha protegido para nada esos países cuya cuota de participación en el comercio con Europa, ya de por sí restringida, se ha reducido a la mitad. 
Eso refleja las crecientes desigualdades entre los países de la UE y los países ACP. 
El Convenio de Lomé favorece principalmente a algunos grandes grupos industriales o financieros que siguen saqueando esos países y perpetúan su dependencia económica, en particular con respecto a las antiguas potencias coloniales. 
En cuanto a las ayudas supuestamente dedicadas al desarrollo, es obvio que no sirven para ello, ya que el subdesarrollo de la mayoría de esos países se profundiza en vez de atenuarse, y eso cuando esas ayudas no constituyen una subvención disfrazada a los industriales europeos exportadores. 
Esas ayudas son ante todo un don providencial para los regímenes en el poder, sin que la mayoría pobre de las poblaciones obtenga algún provecho de ellas. 
Aunque fuesen debidamente reorientadas, serían insuficientes para financiar las infraestructuras imprescindibles en materia de salud, de educación o de abastecimiento de agua potable. 
Desde hace varios años, las grandes potencias disminuyen el monto de esas ayudas ya de por sí irrisorias. 
El colmo del cinismo es que a veces lo hacen bajo pretexto de inobservancia de los derechos humanos, o de corrupción. 
¿Pero quién protege esos regímenes que favorecen la corrupción, a no ser los gobiernos de los países ricos? 
En efecto nos hacemos la vista gorda sobre los principales corruptores, esos grandes grupos petroleros, de suministro de agua o de obras públicas, contra los cuales se podría actuar con rigor ya que tienen sus sedes aquí, en Europa, 
El debate entre la conveniencia de prolongar el Convenio de Lomé con sus cuotas y su proteccionismo, o al contrario de liquidar progresivamente las relaciones particulares entre la Unión Europea y los países ACP en nombre del libre cambio es un debate falso entre dos modos de perpetuar el saqueo y el empobrecimiento de esos países. 
Me rebelo contra una organización innoble e inhumana que hace que centenares de millones de seres humanos se estén literalmente muriendo de hambre para enriquecer a una minoría. 
Bastaría con sólo una fracción de las riquezas descomunales acumuladas por los grandes grupos para que esos países pudieran salir de la miseria, pero mientras no nos atrevamos a echar la culpa a los grandes grupos capitalistas, no haremos más que ocultar los verdaderos problemas. 
Señor Presidente, doy mi enhorabuena al señor Corrie, copresidente de la Asamblea Paritaria ACP-UE, que ha tenido la tarea nada fácil de elaborar un informe sobre el difícil asunto de la Asamblea Paritaria ACP-UE. 
En esta intervención me limitaré a exponer sólo algunos puntos que considero fundamentales. 
Creo que el Parlamento Europeo debe pedir con insistencia que la Asamblea sea realmente parlamentaria, instando a los países ACP a que envíen como representantes a miembros de los Parlamentos nacionales, para reforzar su propio tejido democrático. 
Mi contribución a este debate, en primer término, será centrar la atención en la globalización y en la OMC, que para los países ACP representan un peligro enorme en su desarrollo. 
Considero necesario un periodo de transición para estos países, aunque, dentro del espacio de la nueva lógica y de la regionalización de las ayudas, también es necesario que se sustenten no sólo con la agricultura y con la pesca, sino también que recurran a la valoración de los recursos minerales y del subsuelo, algunos de los cuales se están explotando con escaso provecho económico por parte de estos mismos países. 
El tercer punto se refiere al esfuerzo que, a través de un grupo de trabajo paritario dentro de la Asamblea Paritaria, el Parlamento Europeo debe comprometerse a hacer con objeto de alcanzar una estabilización de los presupuestos de los Estados ACP, mediante una selección calificada de los puntos de los presupuestos, para que haya un desarrollo económico pero sobre todo social, y también mediante el control de las políticas de rentas y de las políticas fiscales que están vigentes en el ámbito ACP. 
Debemos apoyar a los pueblos de estos países a través de la relación con sus gobernantes, que han de tener plena conciencia de que las ayudas al desarrollo por parte de la Unión Europea están destinadas al pueblo y no a las oligarquías eventuales, gestoras, en algunos de esos Estados, de todos los recursos internos y externos. 
Por último, cuarto punto: la prevención de los conflictos entre etnias o entre Estados debe ser nuestra preocupación constante y, en cierta medida, se podrían evitar esos conflictos o bien a través de una ofensiva diplomática vigorosa y autorizada, o bien a través de las propuestas que acabo de exponer. 
Señor Presidente, hago mía la valoración positiva del informe que expresó hace un momento mi compañera Karin Junker y añadiré que el Sr. Corrie inició su labor como copresidente de la Asamblea Paritaria ACP-UE con una actuación eficaz e imparcial que merece todo nuestro reconocimiento. 
Mi intervención se limitará a un hecho puntual que se ha producido hace unos días, en parte como consecuencia de acontecimientos a los que alude el informe que aquí debatimos. 
Me refiero a la intención expresada por Cuba, el 2 de febrero, de integrarse como miembro de pleno derecho en el grupo de países ACP. 
En la última reunión de la Asamblea Paritaria ACP-UE en Nassau participó una delegación cubana y compareció ante el pleno el vicecanciller Dalmau, con quien se produjo un vivo debate al que siguieron numerosas conversaciones con muchos de nosotros. 
Después de Nassau, una delegación de nuestro Parlamento, encabezada por el propio Sr. Corrie y por el presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, Joaquín Miranda, visitó La Habana, produciéndose una serie de intercambios de opiniones bien clarificadores. 
Tengo la impresión de que esta misión del Parlamento Europeo fue el empujón final que convenció a nuestros amigos cubanos de lo oportuno de dar un paso adelante en los mecanismos de cooperación con la Unión Europea. 
Estamos ante una situación de notable importancia política y espero que desde el Parlamento Europeo impulsemos la pertinente visión favorable y una actitud generosa por parte de la Unión, que en el plazo más breve suponga una respuesta positiva a las aspiraciones de Cuba. Eso será importante, al menos por tres razones. 
Lo será en primer lugar para Cuba, para el desarrollo y la prosperidad de su pueblo y para romper definitivamente el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que ha sido reiteradamente condenado por el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, debemos tener presente que la candidatura de Cuba ha sido propiciada por todos los países ACP. 
Si desde la Unión Europea se responde de forma positiva a la recomendación de nuestros asociados, estaremos dando una prueba de respeto y de consideración hacia dichos asociados que tendrá efectos positivos en todo el marco de nuestra cooperación con ellos. 
Tampoco puede ignorarse el valor de una decisión como la que propongo, como prueba de la coherencia y de la autonomía de la Unión Europea y de su no supeditación a presión alguna. 
Aceptando a Cuba en la Comunidad ACP demostraremos que no somos una Europa inmersa en la dinámica indigna del paying but not playing, y que cuando nos indignábamos ante disparates como la Ley Helms-Burton no lo hacíamos hipócritamente sino dispuestos a actuar hasta las últimas consecuencias. 
Dentro de unas semanas se reunirá de nuevo la Asamblea Paritaria ACP-UE y estoy seguro de que este tema será tratado en su seno. 
Sería deseable que, en ese trámite, la representación del Parlamento Europeo preste su apoyo a las intenciones cubanas como lo harán, sin duda, los colegas parlamentarios de los países ACP. 
Cuba deberá cumplir, naturalmente, con todas las condiciones previstas al igual que cualquier otro socio. 
Eso lo saben los cubanos y seguro que lo asumen. 
Debe también quedar claro que no se le va a pedir a Cuba más de lo que se ha pedido a otros interlocutores. 
Bienvenida sea la voluntad de adhesión de Cuba y bienvenida sea Cuba a este círculo nuestro. 
Lo digo de todo corazón pero también con la profunda convicción de que, así como el bloqueo no ha producido sino miseria y, como consecuencia de ella, crispación y endurecimiento por parte de los cubanos, la integración que aquí estamos apoyando y la prosperidad fruto de ella se traducirán en la distensión y apertura que todos deseamos y de las que todos, sobre todo el pueblo de Cuba, nos beneficiaremos. 
Señor Presidente, yo también quisiera empezar dando las gracias a Corrie por su excelente informe que, en mi opinión, describe y resume adecuadamente el trabajo realizado en la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1999. 
Mi tiempo de intervención es corto y quiero ocuparme de dos asuntos. 
El primero de ellos se refiere a la lucha contra la pobreza que, en mi opinión, empieza a ser una historia embarazosa tanto para la UE como para los Estados miembros. 
A pesar de que tanto en el Tratado como en las reuniones de la ONU en Río y en Copenhague nos hemos comprometido a trabajar para terminar con la pobreza, en la realidad se hacen recortes en los presupuestos para ayudas al desarrollo, contrariamente a lo que se ha dicho que hay que hacer. 
Tenemos que empezar por condonar las deudas. 
Hay que empezar a poner acción tras las palabras. 
Quisiera que tuviéramos un papel importante en este trabajo. 
El otro asunto es que, en muchas ocasiones, decimos que los países ACP tienen que aprender los fundamentos democráticos. 
En los puntos 2 y 3 de la resolución se pide, en el marco de la nueva convención, que se desarrollen y mejores los métodos de trabajo. 
Se instará a los países ACP para que permitan expresar sus opiniones a muchas corrientes políticas. 
Sin embargo, debemos preguntarnos también de qué modo nosotros mismos entendemos la democracia. 
¿Cómo funciona en la Delegación del Parlamento Europeo ante la Asamblea Paritaria ACP-UE? 
Contrariamente a cómo funcionan las cosas aquí en el Parlamento Europeo y en las comisiones parlamentarias, en las que se proponen y designan ponentes para los informes, en esta Delegación ante la Asamblea Paritaria no existen reglas. 
Los dos grandes Grupos se reparten todos los informes entre sí. 
Para cambiar esta situación antidemocrática, el Grupo Verts/ALE ha presentado la enmienda 6. 
En ella pedimos que los ponentes de los informes y memorias generales, además de los miembros de los grupos de trabajo, sean designados de acuerdo a normas claras y democráticas. 
En este contexto, hay que tomar en cuenta a los Grupos pequeños y su representatividad. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quiero en primer lugar felicitar a nuestro compañero el Sr. Corrie por la calidad de su informe que refleja pertinentemente el contenido de los debates de la Asamblea Paritaria cuya copresidencia asumió con mucha eficacia. 
La erradicación de la pobreza ha sido el tema central de nuestros trabajos, y para alcanzar ese ambicioso objetivo, muchos interventores llamaron la atención sobre la necesidad de preservar una herramienta fundamental: me refiero a los acuerdos preferenciales entre la Unión Europea y los países ACP, en el marco de los convenios de Lomé. 
Se trataba de un reto considerable. 
La globalización, la liberalización de los intercambios, así como la preeminencia de la OMC y la filosofía mundialista que ella vehicula, amenazaban la esencia misma del diálogo norte-sur. 
Por lo tanto no podemos por menos que felicitarnos por la formalización del nuevo acuerdo de asociación para el desarrollo, y por mi parte estoy convencido de que los trabajos de la última Asamblea paritaria contribuyeron decisivamente a desbloquear las negociaciones, lo mismo que el nuevo clima creado por los acontecimientos de Seattle. 
Sin embargo, aunque me felicite por la renovación de los acuerdos, lo que me más llama la atención son los nuevos vientos que de ahora en adelante soplan en nuestras relaciones y que se manifiestan en el carácter equilibrado de la negociación que se está concluyendo. 
Me parece que la Unión Europea salió por fin de la vieja lógica paternalista, y a decir verdad, neocolonialista, de los proveedores de fondos que se convierten fácilmente en aleccionadores, según una fórmula tan del gusto de nuestro amigo Michel Rocard. 
La Unión aceptó por fin la idea de que ningún diálogo es auténtico ni eficaz si no se traduce por un contrato que respete la dignidad de los socios. 
Al renunciar a hacer de la noción de buen gobierno la herramienta de una nueva condicionalidad a manos de los tecnócratas, la Unión Europea da muestras de sabiduría y de modestia. 
Tardamos dos siglos en sentar las bases de una democracia cuya fragilidad nos es constantemente recordada por la actualidad. 
¿Con qué derecho queremos imponer nuestro modelo a unos pueblos cuya historia, cuyos valores, cuya identidad a veces difieren tanto de los nuestros? 
Por mi parte, prefiero la voluntad claramente manifestada en esos acuerdos de abrir la asociación a nuevos actores- colectividades territoriales y organizaciones no gubernamentales- lo que me parece ser la única vía posible para evolucionar progresivamente hacia la apropiación de la cooperación por la población de esos países. 
En suma, para pasar de la ayuda humillante que infantiliza a la responsabilidad, garante de eficacia. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, Señorías, también quisiera en primer lugar felicitar al Sr. Alexander Corrie por la exactitud y rigor de la síntesis de su informe. 
Ha tenido gran importancia el informe del Parlamento Europeo sobre las actividades de la Asamblea Paritaria ACP- Unión Europea, con innegable contribución al alcance de la coherencia en la política y en el papel de la Unión Europea en materia de desarrollo y cooperación. 
Conviene destacar el relevante papel de la Asamblea Paritaria, cada vez más parlamentaria, en el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP. 
Ante esa acción positiva, revestiría el mayor interés dotarla de un presupuesto compatible con el fortalecimiento de la calidad de su trabajo. 
En el ámbito del funcionamiento de dicha Asamblea Paritaria, convenimos con la propuesta del ponente de introducir asambleas parlamentarias regionales en las seis regiones del Convenio: Caribe, Pacífico y cuatro regiones africanas. 
Dichas asambleas regionales seguirían las acciones en sus zonas. 
La pobreza ha sido el denominador común de todos los debates de la Asamblea Paritaria y su erradicación el objetivo prioritario de la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Conforme a la resolución de la reunión de Nassau, recordamos el cumplimiento de los compromisos de reducción de la pobreza cuantificados y acordados por la comunidad internacional. 
Hacen falta coherencia y acciones. 
En el próximo Convenio de Lomé se debe especificar la inversión en educación y estimular la cooperación regional y la participación de las entidades locales. 
La participación de las entidades locales reviste la mayor importancia. 
Y, en un marco mucho más amplio, considero prioritarias la conversión de la deuda de los países pobres en programas de erradicación de la pobreza y de desarrollo sostenible, así como el control del fraude y la corrupción. 
Debemos avanzar con acciones concretas y coherentes. 
Las poblaciones de los países pobres empiezan a desesperarse. 
Solicito a la Comisión que emprenda diligencias en el sentido de una urgente adhesión de Timor Oriental al Convenio de Lomé, como forma de promover, entre otras medidas, la erradicación de la pobreza y acelerar su desarrollo económico, cultural y social, para reforzar su democratización interna. 
Por último, felicito a la Presidencia del Consejo por la próxima Cumbre Europa-África y hago un llamamiento a todos los participantes para que consigan contribuciones a la materialización de las acciones prácticas en pro del desarrollo de la paz, la democracia y la erradicación de la pobreza en los países africanos subdesarrollados. 
Muchas gracias señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdo de Estabilización y Asociación con la ARYM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0031/2000) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la recomendación de decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a negociar un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (SEC (1999) 1279- C5-0166/1999- 1999/2121 (COS) ). 
Señor Presidente, estimado Comisario Patten, estimados colegas, hoy estamos debatiendo sobre un país que ha atravesado tiempos realmente difíciles, un país que gracias a su propio esfuerzo, su voluntad e, indudablemente, al apoyo de la comunidad internacional ha experimentado un avance muy positivo. 
Si, en consecuencia, la Unión Europea, el Consejo y la Comisión proponen ­me atrevo a emplear este concepto sin ninguna duda­ celebrar por primera vez un acuerdo de estabilización y de asociación en la Europa del Sudeste, en los Balcanes ­el Parlamento se sumará mañana, supongo, a esta propuesta­, ello será gracias a, o en reconocimiento de, que ARYM/Macedonia se ha trabajado disfrutar de una buena posición desde el punto de vista económico, pero también y sobre todo político, con respecto a la guerra en los países vecinos y en relación con su propia minoría étnica. 
Pues contar con una minoría étnica del 33 o incluso del 35% en el propio país no es ninguna menudencia si se tiene en cuenta del entorno en que se halla este país. 
El país y sus políticos ­seguramente con diferencias entre unos y otros­ han realizado siempre un muy buen trabajo, y ello merece nuestro reconocimiento. 
La Comisión nos propone celebrar un acuerdo junto con el Consejo. 
Querría formular unas cuantas observaciones relativas a los ámbitos en que posiblemente existan diferentes concepciones, si bien también quiero resaltar de manera particular y reconocer en este contexto el trabajo y el interés mostrado por el Comisario Patten por ARYM/Macedonia y por toda la región. 
Primero: el enfoque regional. 
En mi opinión, el enfoque regional es, si lo he entendido correctamente, importante y necesario. 
Debe haber disposición de colaborar. 
Si, en cierto modo, no debe ser entendido como una obligación, sino como disposición, posibilidad, que debe ser aprovechada por cada país, entonces este enfoque es el adecuado. 
Si volvemos nuestra mirada hacia ARYM/Macedonia, veremos que con algunos países vecinos esta cooperación, por ejemplo, en materia económica, es muy complicada, como con el Kosovo y Albania, o es difícil desde un punto de vista político, como, por ejemplo, con Yugoslavia. 
Por otro lado, la colaboración con Bulgaria y, en particular, con Grecia, ha evolucionado positivamente, lo cual merece también nuestro reconocimiento. 
En este contexto, la Unión Europea debe reflexionar ­ha comenzado a hacerlo a principios de esta semana­ sobre cómo puede hacerse parte, a pesar de todo, a la vecina Yugoslavia ­sin obviar ninguna crítica a este terrible régimen­ de la cooperación regional. 
Por ello mañana presentaré una enmienda en la que nos declaramos a favor de que la sanciones recaigan sobre el régimen y de que, por otro lado, no obstante, se alivie la situación de la población y de la economía mediante la cooperación económica. 
En este sentido estoy agradecido ­me permito mencionarlo aquí, dado que yo soy de un país por el que fluye el Danubio­ por las reflexiones planteadas por la Comisión, es decir, por el Comisario Patten, pero también por la Vicepresidenta Palacio, con quien estuve recientemente en Budapest, sobre la posibilidad de hacer navegable de nuevo al Danubio, para así promover una mínima recuperación económica en esta región, lo cual también sería sin duda alguna importante para Rumanía. 
A mi juicio, este enfoque regional, si lo he entendido correctamente, es decir, como método de contribuir de algún modo a la recuperación económica de la región, es el enfoque adecuado. 
Como ya he dicho, no puede interpretarse como una obligación ni tampoco imponerse como condición previa. 
Segundo: querría dejar bien claro que nosotros queremos que se abra y se ofrezca a ARYM/Macedonia el camino hacia la Unión Europea. 
Sostenemos que es ilusorio creer que sería conveniente presentar ahora la solicitud de adhesión, pero también consideramos equivocado decir que ya hablaremos alguna vez sobre ello. 
ARYM/Macedonia quiere obtener la respuesta de que, por principio, tendrá la posibilidad de hacerlo cuando llegue el momento adecuado. 
El país teme ser abandonado en cierto modo en una vía muerta. 
En la completa reorganización de los instrumentos de apoyo no ve peligro en ser el último vagón de un tren que circula en dirección a Europa, per sí en que este tren siga marchando hacia Europa y Macedonia acabe en vía muerta. 
Pero creo que el Comisario Patten mostrará comprensión por el problema. 
Le pido con toda insistencia que deje claro este extremo en las conversaciones en que participe 
Tercero: en mi opinión, ARYM/Macedonia ha mostrado ­hasta ahora, sin ninguna duda­ que es capaz de emplear correctamente los instrumentos puestos a su disposición. 
Aunque, como es lógico, se produzcan cambios, ARYM/Macedonia seguirá mostrando que muchas de las tareas que hoy se afrontan en Bruselas, podrán acometerse en un futuro en Skopje, en el propio país. 
Espero que los colegas aprueben que aceptemos estas enmiendas como muestra de buena voluntad para con ARYM/Macedonia. 
Señor Presidente, la República de Macedonia- prefiero utilizar este nombre abreviado- ha desempeñado un papel constructivo y de mantenimiento de la paz desde el comienzo de las guerras yugoslavas. 
Recordamos las propuestas de los Gobiernos de Macedonia y, en su momento, Bosnia-Herzegovina, que pretendían una flexibilización y abandono sin violencia de la estructura federal yugoslava. 
Nuestros amigos macedonios han desempeñado siempre, por tanto, un papel muy positivo, y por ese motivo debe decirse aquí que Macedonia no sólo es una pieza de nuestro llamado esfuerzo de estabilidad, sino que realmente constituye su origen. 
El anterior Presidente, Gligorov, puede atribuirse esto como una conquista particular, pero también el actual presidente se ha definido tanto como presidente de todos los ciudadanos macedonios, que la Unión Europea sólo puede alegrarse de contar con semejante interlocutor en los Balcanes. 
A pesar de las obvias razones para que se produzcan eventuales tensiones internas, ambos grupos de población han logrado un modus vivendi razonable y las perspectivas lejanas para encontrar una solución responsable a los restantes problemas son favorables. 
En su momento, me enteré por los roma de que, precisamente, en Macedonia, se encontraban realmente a gusto. Eso lo he escuchado poco respecto de ese grupo de población en Europa. 
Entre los problemas de Macedonia merece especial atención la enseñanza superior para los ciudadanos albanohablantes. 
Una enseñanza superior accesible, con la que se mantiene un cierto vínculo, constituye un medio importante para la emancipación de los grupos de población- lo digo por mi propia experiencia como visitante de una universidad protestante de Amsterdam. 
Semejante vínculo y semejante formación en la enseñanza superior es también importante de cara al desarrollo del Estado de Derecho y también para el correctamente denominado medio del campo social, que debe reforzarse en tales países. 
El acuerdo con Macedonia debe, así mismo, contemplar una compensación por el daño causado a este país por el boicot que hemos impuesto a Serbia, que no nos cuesta nada, pero sí mucho a los que rodean a ese país. 
Sería positivo que lo pudiéramos corregir, especialmente de cara a los países vecinos. 
No es nada más que justo que regulemos ahora en detalle la ayuda a Macedonia. 
Respaldamos plenamente las enmiendas de los Liberales en las que se pide que la ayuda no se vincule a los intereses de los estados donantes, puesto que deben darse todas las oportunidades posibles a las empresas de Macedonia y de la región con el dinero de la ayuda para la reconstrucción. 
También consideraría en ella a Bulgaria y Rumania, ya que me parece un error táctico y psicológico hablar sólo de los cinco países de la antigua Yugoslavia más Albania. 
Se trata de que las economías puedan funcionar de nuevo por sí mismas en la región, eso puede hacerse bien con el dinero de la ayuda. 
El acuerdo con Macedonia debe poder verse como la apertura de la puerta de entrada a la Unión Europea para ese país, aunque esto sea algo solamente a muy largo plazo. 
Mientras tanto, debemos seguir partiendo en nuestra política de que es deseable que la legislación de Macedonia realmente se vaya pareciendo a la de los Estados miembros, y nuestra política debe reflejar eso hasta en la nomenclatura de los programas de ayuda para Macedonia. Me refiero brevemente al programa PHARE. 
El nombre de la República, señor Presidente, supone todavía un problema debido a la sensibilidad griega. 
Deduzco que los Estados miembros cada vez van a sentirse más libres de usar el nombre en su propia lengua que se corresponda con el de la República. 
Si algunos países desean mantener las palabras Antigua Yugoslavia, es su problema; los otros no tiene la obligación de utilizarlas. 
No se trata de que se nos presione continuamente. 
De ahí mi respaldo al razonable informe del Sr. Swoboda; no nos tiene acostumbrados a otra cosa, y de ahí, también, mis elogiosas palabras sobre la respetable República de Macedonia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero expresar el calor y la esperanza con la que el Grupo de los Liberales Demócratas Reformistas Europeos saluda la iniciación de las negociaciones de un Acuerdo con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Tengo la gran esperanza de que este Acuerdo, según las líneas expuestas por el ponente, Sr. Swoboda, llegue a ser el ejemplo que se aplique lo antes posible a los demás países, en especial a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Kosovo y, en cuanto sea posible, a Serbia. 
Estamos convencidos de que el pronto inicio de la negociación del Acuerdo y su también pronta conclusión son el único camino para alcanzar la paz en la región- esa paz que no se produjo automáticamente tras el fin de la guerra de Kosovo -, con lo que se evitará que se reproduzcan condiciones de posterior desintegración y de vuelta al caos y a la violencia, con todas sus consecuencias en cuanto a inestabilidad continental e incluso mundial. 
Si el mantenimiento de la paz y de la seguridad es la motivación del valiente proceso actual de ampliación de la Unión Europea a los países de Europa oriental, esta motivación ha de estar presente con más fuerza aún en las relaciones con Albania y con los países de la Antigua República Federativa Yugoslava, y además exige que se vaya con decisión tras esta especie de ampliación paralela hacia la Europa del sureste, representada por los acuerdos que estamos discutiendo. 
Dentro de este enfoque, casi de un modo provocativo, hemos presentado una enmienda destinada a sugerir que las competencias para Europa del sureste se transfieran de los asuntos exteriores al campo de la ampliación. 
Un compromiso más rápido y directo de esta Europa del sureste en la vida de las instituciones europeas nos lleva a sugerir que se acepte un número limitado de observadores, enviados por los Parlamentos nacionales al Parlamento Europeo, y que en el Tribunal de Justicia y en la Comisión pueda trabajar personal proveniente de esos países. 
Sin embargo, para que la región encuentre un estímulo en la evolución hacia una sociedad más democrática y basada con amplitud en la economía de mercado, estamos convencidos de que, sobre todo, se deben dar pasos inmediatos y concretos para intensificar la lucha contra la corrupción y para lograr que sean más eficaces las ayudas internacionales destinadas a la reconstrucción y al desarrollo. 
Con este fin hemos presentado algunas enmiendas, y esperamos que el Parlamento las acepte: primero, ofrecer a la Antigua República Yugoslava de Macedonia la exención de las tasas aduaneras en sus exportaciones hacia la Unión Europea y una compensación de la reducción progresiva de los derechos aduaneros aplicados a Macedonia sobre los productos europeos, con la condición de que se acepte el principio de un control aduanero conjunto en las fronteras macedonias; segundo, que se aliente a la ARYM con un adecuado apoyo financiero a integrar su moneda en el euro, como primer paso hacia una europeización de toda su economía, con el fin posterior de eliminar cualquier posible corrupción en el sistema bancario; tercero, que la ayuda y la asistencia que el mundo debe dar a la región, y por tanto también a Macedonia, tenga bien marcado su carácter multilateral, sin que el país beneficiario resulte condicionado por obligaciones con el país donante. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, esperamos que el acuerdo pueda alcanzar todos los objetivos previstos, pero no podemos hacernos la ilusión de que la paz, la estabilidad y la prosperidad en el sureste de Europa se logren sin un previo estudio de los temas que plantean los grandes problemas que tratamos de eliminar, y me refiero al futuro Estado constitucional de Kosovo, a la necesidad de comprometer a Serbia en el proceso de reconciliación de la región y, ¿por qué no? , a una nueva discusión acerca de las relaciones entre la Unión Europea, la OTAN y Naciones Unidas, dentro del marco de ese nuevo equilibrio que se ha de encontrar entre injerencia humanitaria y soberanía estatal, que en mi opinión deberá traer una modificación de la propia Carta de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, señor Comisario, la guerra de Kosovo ha empeorado todo. 
Eso se aplica con seguridad, y sobre todo, a la relación entre la Unión Europea y los Balcanes occidentales. 
Se han levantado muchas esperanzas desde entonces. 
Eso es aplicable tanto allí como aquí. Allí porque- nos guste o no- además de la cuestión de la ayuda directa, la pregunta es: ¿qué pretende hacer ahora Europa con nosotros? 
¿Tiene en perspectiva el ingreso? 
Pero también aquí, en la Unión Europea, se han levantado muchas esperanzas. 
Si lo hacemos bien, será la primera prueba de una verdadera política exterior y de seguridad común ¿Conseguirá la Unión Europea actuar conjuntamente por primera vez y desarrollar una política conjunta para un acuerdo tan complicado? 
Así mismo, la cuestión es si la Unión Europea ha aprendido la lección tras las malas experiencias de Bosnia en lo relativo a la asistencia y las experiencias algo mejores de Kosovo ¿Podemos mejorarla, basándonos en las experiencias en Macedonia y en otros cuatro países? 
Ante este panorama de muy elevadas esperanzas, creo que no exagero si digo que este primer paso, el acuerdo de estabilización y asociación con Macedonia, tiene una importancia crucial. 
No es la única contribución de la Unión. 
A continuación, tenemos el debate sobre el pacto de estabilidad, sobre el programa Cara y la financiación a corto plazo. 
Ahora discutimos sobre los acuerdos de estabilidad y asociación, es decir, la perspectiva a medio plazo. 
De ahí que este primer acuerdo con Macedonia sea crucial, puesto que será el modelo. 
Estoy convencido de que los otros cuatro países se preguntan: ¿qué va a suceder? 
¿Qué va a hacer la Unión Europea con Macedonia? 
¿Hará lo mismo con nosotros? 
Como ese modelo constituye el primer avance, resulta tan importante. 
Macedonia es también un modelo en otro sentido. 
El ponente ya lo ha señalado muy claramente. 
La cuestión de las relaciones interétnicas. No es necesario que lo reproduzcamos aquí de una forma demasiado idealista. 
Durante las elecciones presidenciales parecía que no funcionaba en absoluto tan bien, pero en comparación con el resto de la región, podría hablarse del modelo macedonio. 
Se ganaría mucho si lográramos exportar ese modelo conjuntamente con los macedonios al resto de los Balcanes occidentales. 
Este prototipo también es válido en el ámbito de la cooperación regional. 
Estoy muy de acuerdo con el ponente en cuanto a que debe lograrse un equilibrio entre, por una parte, el fomento de la cooperación regional y, por otra, mantener la apertura a Bulgaria y Grecia, y no cerrarla. 
Señor Presidente, señor Comisario, si damos bien este primer paso, se habrá ganado mucho. 
Si lo malogramos, se habrá perdido mucho más todavía. 
Señor Presidente, permítame hacer constar en primer lugar que no tengo ningún problema en aprobar, en principio, este informe tan bien elaborado. 
Sólo quiero llamar la atención sobre una cuestión que, en mi opinión, no se ha tratado en el informe y que constituye un serio problema para Macedonia y para la efectividad de la ayuda financiera y de otra índole que presta la UE. 
Hablo de las sanciones a Yugoslavia. 
Para que no se produzcan malentendidos: yo también considero necesario abordar con decisión el problema del régimen de Milosevic. 
Pero, en primer lugar, estas sanciones afectan en una amplia y negativa medida a muchos Estados vecinos, entre los que se encuentra Macedonia, que se hallan en una situación económica muy complicada. 
En segundo lugar, de una forma políticamente contraproducente, se hace responsable a todo el pueblo yugoslavo de Milosevic y su camarilla, violándose así los derechos humanos. 
En consecuencia, creo que, como se recoge en la enmienda nº 10, el tema que se debate hoy debería conducirnos a poner rápidamente término a esta política de sanciones. 
Señor Presidente, Señorías, no ha sido necesario poner fin al conflicto de Kosovo para concluir que, después de varias guerras en el territorio de la antigua Yugoslavia con sus innumerables consecuencias negativas en la estabilidad de la zona balcánica, sería necesaria una estrategia global y duradera para toda la región con el fin de garantizar la paz y la estabilidad en la Europa sudoriental. 
Dicha estrategia, que cobró forma en el Pacto de Estabilidad, aprobado el 10 de junio de 1999 en Colonia, considera íntegramente la región de la Europa sudoriental, pero reconoce al mismo tiempo la diversidad y la desigualdad en materia de desarrollo de los diversos países que la componen. 
La contribución de la Unión Europea en el ámbito del Pacto de Estabilidad, plasmada en el llamado "proceso de estabilización y asociación", representa el desarrollo de la concepción regional que la Comunidad Europea preparó en 1996 para los cinco países de la región- Bosnia-Herzegovina, Croacia, República Federativa de Yugoslavia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania- y cuyo aspecto más importante consistió en el establecimiento de condiciones políticas y económicas destinadas a apoyar la ejecución del acuerdo de paz de Dayton, lo que debería contribuir a la estabilidad regional. 
Así, pues, establecer relaciones entre la Unión Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre una base absolutamente nueva y brindar a ese país la perspectiva de plena integración en las estructuras de la Unión Europea, mediante el dispositivo previsto en el proceso de estabilización y asociación, constituye una importante contribución a la estabilidad en la región balcánica, siempre y cuando los países estén dispuestos a aceptar cierto conjunto de condiciones. 
Estamos enviándoles una señal políticamente relevante, en el sentido de que es posible que un día puedan llegar a ser de los nuestros, con respeto, evidentemente, de sus propias soberanías. 
Sin falsas ilusiones, el mandato que hoy estamos reconociendo aquí a la Comisión puede consubstanciarse, una vez obtenido el acuerdo, en el primer gran paso para la paz y la estabilidad en esa martirizada región, cuyos pueblos han demostrado ya legítimamente que pueden ambicionar la adhesión a nuestro espacio de libertad y desarrollo. 
Basta y sobra con lo que sufrieron bajo el yugo soviético y, después de él, el precio que tuvieron que pagar por haber sido forzados a integrarse en el bloque comunista. 
Por lo que sabemos, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, desde el punto de vista político y económico, está habilitada para establecer con la Unión Europea relaciones contractuales nuevas, superando el acuerdo de cooperación en vigor desde el 1 de junio de 1998, encaminado, en la práctica, al respeto del acervo comunitario, sobre todo en sectores decisivos del Mercado Interior. 
Es verdad que la antigua República Yugoslava de Macedonia tendrá que hacer aún grandes esfuerzos, pero, teniendo en cuenta las reformas políticas y económicas ya ejecutadas en el ámbito del acuerdo de cooperación y la aceptación de períodos transitorios en determinadas esferas, ese país podría llegar a satisfacer las condiciones para un acuerdo de estabilización y asociación. 
Como compartimos la tesis de que su desarrollo es un factor de estabilidad en esa región, formulamos el mandato de negociaciones en los términos que se nos propuso, subrayamos que se trata de un acuerdo bilateral con la Unión Europea y convenimos con el ponente cuando subraya que ésta es la primera aplicación concreta de una estrategia integrada y a largo plazo para la Europa sudoriental y que la cuestión que se plantea es la de cómo se estructurarán los Balcanes a largo plazo para garantizar la paz y la estabilidad. 
En ese marco, las diversas referencias hechas a la cooperación regional con los países vecinos resultan, de hecho, políticamente relevantes. 
Este acuerdo podría y debería cobrar incluso un carácter ejemplar para los otros países de esa región. 
Por eso mismo, es particularmente importante. 
El caso es que haya una voluntad política efectiva de aproximación de la Unión Europea a esos países, subyacentes a todo ese proceso. 
No desconocemos que algunos de ellos tienen procesos de estabilización democrática en curso, otros necesitan aún afirmar la autoridad democrática de sus Estados, otros más presentan equilibrios que dependen de la presencia militar en esa zona, pero los países saben que en adelante, superadas las dificultades, tienen a su disposición un puente que debe propiciar una vinculación efectiva con la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, no voy a sumarme al coro unánime de mis compañeros. 
Considero ese informe como una obra maestra de hipocresía. 
En el párrafo 4, se menciona la ejemplaridad de ese acuerdo. 
Sabemos que, desde Lituania hasta Turquía, hay trece Estados candidatos y que existe un solo agujero negro en Europa, los Balcanes, y mientras que se niega a esos países la posibilidad de ser candidatos, quisiéramos hacerles creer que ese acuerdo es milagroso. 
El párrafo 11 indica que ciertas medidas simbólicas pueden reemplazar el acuerdo político, la perspectiva política que representa el hecho de ser candidato. 
No solo es una obra maestra de hipocresía, sino también una aberración, porque, queridos colegas, si las negociaciones empezaran mañana, ese acuerdo se firmaría dentro de un año y estaría vigente dentro de tres años. 
Y os apuesto a que, de aquí a tres años, habrá solicitudes de adhesión en debida forma de Croacia, de Macedonia, de Bosnia. 
El Sr. Racan anunció hace unos días la solicitud de adhesión formal de Croacia para el final del año 2000. 
Estoy seguro de que recibiremos más solicitudes de adhesión y que por lo tanto esa obra hermosa, esa bella arquitectura intelectual se derrumbará porque será desbordada por los acontecimientos, lo mismo que desde hace veinte años hemos sido desbordados por los acontecimientos en la antigua Yugoslavia. 
Eso no revestiría ningún carácter de gravedad si no existiesen los problemas que todos conocemos en esa región de Europa, los problemas que el nuevo gobierno de Macedonia afronta sin haberlos solucionado aún, los problemas de cohabitación entre la mayoría macedonia y la minoría albanesa, con los problemas conexos del Kosovo, si no existiesen los problemas económicos que conocemos, los problemas de vecindad con una mafia particularmente importante en Serbia, y el problema de veto que habría que denunciar por lo que es, el veto de Grecia que, al cabo de casi diez años, sigue impidiendo que ese país se llame por su nombre, y espero que los intérpretes no hayan utilizado el término ARYM cuando me refería a Macedonia. 
Es totalmente absurdo. 
En mi opinión es una ofensa en primer lugar para nuestros colegas griegos, y para los ciudadanos griegos. 
Finalmente, tuve entre manos, por una feliz coincidencia, una carta dirigida por el Sr. Georgievski, Presidente de Macedonia, al Sr. Fischler, con fecha del 8 de marzo, en la cual, refiriéndose al artículo O, hoy artículo 49 del Tratado, pide la adhesión de Macedonia a la Unión Europea. 
¿Por qué no nos informó el Consejo? 
¿Por qué la Comisión no nos informó de esa solicitud formal de parte de Macedonia? 
Señor Presidente, señor Comisario, los Balcanes no son puramente una zona oscura, políticamente hablando. 
Véase la evolución llamativamente positiva de la República de Macedonia en los últimos y críticos años. 
El horrible proceso étnico del vecino Kosovo no ha tenido éxito en su territorio. 
Paradójicamente, pero con bastante certeza, la guerra surtió precisamente el efecto contrario en el Campo de Mirlos, el Kosovo Polje: una clara reducción de la peligrosa falta de confianza entre la mayoría macedonia y la minoría albanesa. 
En opinión de los primeros, los segundos se comportaron lealmente hacia el estado común durante la explosión internacional del conflicto en Kosovo. 
Desde la perspectiva albanesa, tanto los macedonios como el estado macedonio cumplieron ampliamente con sus obligaciones hacia la acosada mayoría albanesa de Kosovo. 
Este notable resultado de las acciones militares en Kosovo permite que hablemos con todo derecho del segundo establecimiento político, esta vez interno, de la República de Macedonia 
El informe equilibrado y encomiable del Sr. Swoboda se articula muy concretamente con este resultado sorprendente y grato. 
La Unión Europea sabe, en resumidas cuentas, qué debe hacer en Macedonia. Ayuden a este reciente cobijo regional de una multitud de refugiados de guerra a cumplir razonablemente con su papel de activador del pretendido pacto de estabilidad para los Balcanes. 
Señor Presidente, desde hace ocho años me ocupo de la situación en Macedonia, y por ello querría responder al Sr. Dupuis. No es ninguna hipocresía lo que hacemos aquí. 
Creo que deberíamos afrontar este asunto con espíritu positivo. No hubo guerra en Macedonia. 
Quiero señalar expresamente que felicitamos a Macedonia por su ejemplar legislación en materia de minorías étnicas y por su actuación en este ámbito, y que la consiguiente vinculación del 30% de la población, de origen albanés, en la acción de Gobierno en la política gubernamental y en la sociedad es el requisito de una convivencia pacífica. 
Es para mí un motivo de alegría que el deseo expresado por el Sr. Swoboda en su informe se cumpla a principios de marzo, que por fin la UE cuente con una delegación en Macedonia, que por fin seamos valorados como Unión Europea. 
Creo que el inicio de estas negociaciones sobre el proceso de estabilidad y asociación son la consecuencia lógica de un desarrollo positivo y próspero de este país. 
En el marco de nuestro compromiso político, Macedonia debe ser consciente de que la cooperación regional que ella misma practique será acogida con satisfacción y recompensada por la UE con la efectiva ejecución de proyectos regionales. 
Permítanme mencionar dos pequeños: la rápida solución del problema en el paso fronterizo al Kosovo de Blace y el efectivo establecimiento del Corredor 8, es decir, desde Albania hasta Bulgaria, atravesando Macedonia. 
A mi juicio, el informe del colega Sr. Swoboda es magnífico, y me sumo a él plenamente. 
Señor Presidente, cumplidos, también por mi parte, para el informe de mi colega, el Sr. Swoboda. 
Creo que es positivo que manifestemos tanto apoyo al enfoque elegido en el mismo. 
Se trata de plantear de una forma estructural la estabilidad en la región y ésa es también la intención del acuerdo previsto con la república de Macedonia que examinamos hoy. 
Aunque la ejecución efectiva del pacto de estabilidad debe ponerse todavía en marcha, la Comisión ha desarrollado rápidamente un nuevo instrumento, este llamado acuerdo de estabilidad y asociación. 
Con él se inicia la estabilización de los países de la antigua Yugoslavia en el sentido del Tratado. 
Se trata de países que no se consideran todavía de cara a un preacuerdo de ingreso. 
El acuerdo que está ante nosotros es realmente una especie de pre- pre -, aunque sí desde la perspectiva del futuro ingreso. 
El hecho de vincular países mediante un tratado activo constituye un instrumento excelente, siempre que los compromisos estipulados se ejecuten con energía, de forma que se logre la estabilidad deseada. 
Macedonia continúa siendo un barril de pólvora, y tiene una historia que lo avala. 
No obstante, desea deshacerse de este calificativo. 
De ahí que la estabilidad interna sea necesaria. 
El nuevo Gobierno quiere ser responsable de su logro, y el acuerdo puede constituir una agenda para las reformas, incluido un papel directo y una posición de igualdad para la minoría albanesa. 
El país ahora necesita sobre todo tranquilidad para poner en orden sus asuntos y encontrar el camino hacia una mayor prosperidad. 
Nosotros, especialmente los socialdemócratas, hacemos un llamamiento a la oposición para que actúe conforme a estas ideas. 
Así mismo, debe asumir su responsabilidad respecto del tan valorado modelo macedonio. 
No obstante, el país necesita también, y especialmente, estabilidad exterior ¿Para que sirve la estabilidad interna si el entorno es inestable? 
Esta estabilidad es necesaria en las relaciones con Yugoslavia, Kosovo, Albania y Bulgaria. 
La región debe reconocer que Macedonia existe y continuará existiendo. 
La estabilidad exterior implica fronteras abiertas y cooperación regional. 
Las minorías y las mayorías deben lograr un espacio para los intercambios humanos y culturales. 
La estabilidad de Macedonia depende en gran medida del desarrollo de los países vecinos. 
La cuestión Kosovo es conocida, la comunidad internacional está allí presente de forma masiva. 
Parece, sin embargo, que el factor Albania se subestima. 
La Unión todavía no juzga oportuno celebrar un acuerdo de estabilidad y asociación con ese país. 
Pero, ¿entonces, qué? 
Precisamente, los argumentos para sí concluir un acuerdo con Macedonia y aún no con Albania nos suscitan tanta preocupación que realmente es inaceptable que la Unión se mantenga a la espera respecto de este país. 
¿Qué hace la Comisión ante esta consideración? 
Yugoslavia es también un eslabón débil en la estabilidad y, por tanto, una amenaza para una Macedonia estable. 
Debemos esperar a ver qué sucede allí. La tendencia de Belgrado es cada día más imprevisible. 
Respaldamos, así mismo, la decisión del Consejo de dar otro carácter a las sanciones. 
Con ella finalmente se intenta dar, al menos, un espaldarazo serio a la oposición que se prepara para una nueva tanda de manifestaciones. 
¿Qué más intentará la Unión en este sentido en caso de que se acepte la exigencia de la oposición- elecciones anticipadas? 
¿Qué más podemos hacer e intentar todavía para apoyar a la oposición? 
Señor Presidente, señor Comisario, confiamos en que Kosovo haya sido el último caso en que el Derecho Internacional pudo interpretarse como que los dictadores pueden perseguir a las minorías, de la forma más cruel, escudándose en que "tiene lugar dentro de las fronteras del propio país". 
Cuando EE.UU., la OTAN y finalmente la UE reaccionaron, era tarde, muy tarde. 
Se habrían podido evitar muchos sufrimientos si, entre otros, EE.UU. hubiera reaccionado antes y con más claridad. 
Por eso nosotros, la Unión Europea, tenemos una responsabilidad especial para socorrer, ayudar y construir los Balcanes. 
Nuestra meta tiene que ser la creación de las condiciones necesarias para que todos los países del sureste de Europa se integren económica, comercial y políticamente en la UE. 
La mejor manera de echar las bases para la democracia en esta parte de Europa azotada por la guerra, es mediante el comercio y la integración económica. 
Los liberales estamos dispuestos a llegar lejos y a hacerlo rápidamente, tal como lo ha señalado Paolo Costa. 
Por eso celebramos con gran satisfacción esta propuesta de Acuerdo de Estabilización y Asociación con Macedonia y damos las gracias a Swoboda por este excelente informe. 
Macedonia merece nuestra ayuda, pensando en el trabajo, sacrificado y abnegado, que su pueblo y sus gobernantes realizaron durante la guerra de Kosovo. 
Ahora que Macedonia se libera de las garras del comunismo y del nacionalismo, nuestra obligación es reaccionar muy claramente y dar nuestro apoyo. 
De la misma manera tenemos que actuar en los otros países balcánicos. 
Es una obligación para la UE. 
Señor Presidente, en este contexto permítame recordar a los diputados- pensando especialmente en el debate de esta tarde- que el hombre que tiene la principal responsabilidad por la guerra, los ultrajes, los asesinatos y la expulsión de sus hogares de personas inocentes, gobierna todavía en Serbia, el resto de Yugoslavia. 
El hombre que está acusado de genocidio y que debería ser juzgado en el Tribunal de La Haya, todavía está libre. 
Estoy hablando de Milosevic. Mientras Milosevic siga gobernando Serbia y ésta no elija un camino democrático, ese país seguirá siendo una amenaza constante para la paz en toda la región balcánica y, también, en Macedonia. 
Señor Presidente, el acuerdo impulsado constituirá la primera aplicación del Pacto de Estabilidad en la Europa del sudeste. 
Sin duda sus términos, aceptados por el informe Swoboda, no persiguen la paz, sino una mayor subordinación política y económica del país, el control de sus riquezas naturales, la sobreexplotación de su fuerza de trabajo, y una aún mayor utilización del país como base de ataque contra los países y los pueblos de la región que se resisten al nuevo orden. 
Y todo esto a cambio de la promesa de una futura adhesión a la Unión Europea. 
El informe acepta tanto esta orientación como, más en general, el conjunto de la política de la Unión Europea para la Europa del sudeste. 
Es significativo el hecho de que en el informe se felicite a la ARYM por la posición constructiva que mantuvo durante la agresión de la OTAN; se encomia su papel pacificador, por haber aceptado el acantonamiento en su territorio de las fuerzas otánicas; se silencia, por supuesto, la indignación de su pueblo, que no dejó de expresarse en forma de movilizaciones masivas durante los bombardeos. 
En definitiva, puesto que consideramos que tanto el Pacto de Estabilidad, como el proceso de Estabilización y Asociación que impulsa la Unión Europea para los países de la región crearán nuevos problemas, traerán nuevas calamidades a sus pueblos y fortalecerán más, si cabe, el papel hegemónico de los imperialistas americanos y europeos, votaremos en contra del informe, y mostraremos de este modo nuestra solidaridad con el pueblo de la ARYM. 
Señor Presidente, señor Comisario, uno de los objetivos principales del Acuerdo de Estabilización y Asociación de la Unión Europea con la ARYM es la consolidación de la estabilidad y de la paz en la región, cosa que, claro está, presupone el desarrollo y mantenimiento de relaciones de buena vecindad entre los países interesados. 
No voy a detenerme en los detalles del problema del nombre de la ARYM, que, como, sin duda, conocen, ha sido objeto de diferencias con Grecia y de negociaciones entre los dos países desde hace más de cuatro años, bajo la égida del Secretario General de la ONU y en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto, pero también de compromiso contraído por las partes, según el artículo 5 del llamado Acuerdo Interino de 1995. 
Considero oportuno, sin embargo, señalar que, con ocasión de la próxima negociación y adopción del Acuerdo de Asociación, será conveniente por parte europea indicarle al gobierno de la ARYM la necesidad de que muestre la oportuna voluntad política constructiva, y contribuya así positivamente a la conclusión exitosa de las conversaciones de Nueva York. 
Quiero creer que semejante demanda europea, acompañada de la explicación de las dificultades que para la culminación y aplicación del Acuerdo de Asociación podría suponer un nuevo aplazamiento, será objeto de la debida atención y valoración por el gobierno de la ARYM, que sabrá corresponder adecuadamente, por una parte a la demostrada posición conciliadora de Grecia en el asunto en cuestión, y, por otra, a la manifiesta y generalizada intención y disposición de todos los países miembros de la Unión Europea, Grecia incluida, de facilitar y apoyar la marcha de la ARYM hacia la Europa Unida. 
Porque, señor Presidente, no creo que el fluido funcionamiento diario, hoy asegurado, de las relaciones, los contactos y la comunicación de la ARYM con Grecia, tanto en el plano bilateral como en el multilateral; asegurado, principalmente en virtud de las disposiciones prácticas del Acuerdo Interino; no creo, digo, que ese funcionamiento satisfaga suficientemente los términos y los criterios de buena vecindad que demanda, entre otras cosas, la negociación y adopción de un Acuerdo de Asociación. 
Antes bien, entiendo que esta demanda podrá considerarse satisfecha sólo con una completa normalización de iure de las relaciones de la ARYM con todos sus vecinos. 
Eso, junto con la necesaria mejora de ciertos aspectos de la situación interior de ese país, en lo que respecta a las minorías y a las instituciones democráticas, completará la imagen de madurez política que, por lo demás, muestra, realmente, la ARYM, y que ha hecho posible y deseable el estrechamiento de sus relaciones con la familia europea. 
Señor Presidente, las declaraciones del colega Souladakis me han parecido mucho más razonables que las declaraciones de otros colegas del mismo Estado miembro. 
Debo decir bien claramente que quien intente supeditar el convenio con Macedonia a la solución del problema del nombre del Estado, no sólo se enfrentará a Macedonia, sino a los demás Estados miembros de la Unión Europea. 
Asimismo, quiero dejar bien claro que con esa actitud perjudica gravemente los intereses de su propio país. 
Estamos interesados en que en los Balcanes se establezca un orden pacífico estable, y tenemos la oportunidad de conseguirlo, si bien el pacto de estabilidad amenaza con convertirse en un cadáver que nunca haya llegado a cobrar vida. 
Espero que esto no ocurra, pero el peligro existe. 
Justamente por ello es absolutamente necesario que nosotros, como Unión Europea, establezcamos contactos bilaterales con cada Estado y que ofrezcamos a Macedonia una clara perspectiva europea. 
Por tanto, acojo con satisfacción el excelente informe del colega Swoboda y sobre todo el punto 12 del mismo, que pone de manifiesto con toda claridad la posición europea, la posición de la UE con respecto a Macedonia. 
Creo que esto es importante, y que debe llevarse a cabo sin caer en falsas ilusiones. 
Sabemos que esto no es posible de un día para otro, pero hay que decir claramente que Macedonia es, sin duda alguna, un país europeo y que, por ello, tiene derecho a ser miembro de la Unión Europea, es una medida muy importante que reforzará la confianza de dicho país. 
A mi juicio, en este momento disponemos de una oportunidad única de fortalecer una democracia que no sólo ha hecho posible un Gobierno multiétnico único en esta región, sino que ha ampliado la autonomía de los municipios, ha reformado la justicia y la economía, y todo en las más duras condiciones, determinadas por el nacionalismo, el comunismo y la guerra. 
Hace algunos años tuve el honor de recibir en visita privada al hoy Presidente del Estado y al hoy Primer Ministro. 
Entonces tuvieron dificultades en establecer contactos diversos. 
Estoy particularmente contento de que hayan cumplido lo que en aquel tiempo prometieron: construir una democracia profundamente europea. 
Debemos agradecerles que, como ya se ha dicho, en un momento tan crítico como el vivido el año pasados hayan desempeñado este importante papel en un punto estratégicamente tan decisivo para la paz, la estabilidad y la democracia. 
Por ello nosotros no sólo somos los que damos, sino los que recibimos, y estamos obligados a agradecer a los macedonios que hayan cumplido en aquel tiempo una misión europea tan decisiva. 
Por ello es importante que el convenio sea negociado y ratificado con rapidez; que la oficina de contacto de la UE, la delegación oficial, se abra; que nuestro Comisario, como he escuchado, realice próximamente un viaje a Macedonia y que abramos a este país una perspectiva inequívocamente europea, tal y como hace el informe Swoboda. 
. (EN) Este debate general sobre la región de los Balcanes está siendo muy interesante. 
Espero que me perdonen por centrarme casi exclusivamente en el informe, pero es que hay algunos temas de gran importancia que me gustaría tratar. 
Estoy encantado de poder exponer la opinión de la Comisión sobre este informe. 
Resulta muy útil y es una excelente contribución del Sr. Swoboda y sus colegas. 
Le estamos muy agradecidos por la forma en que él y varios colegas suyos, algunos de los cuales están hoy en esta Cámara, como la Sra. Pack y el Sr. Lagendijk entre otros, han llevado este asunto. 
Me satisface enormemente que nuestras relaciones con la ARYM sean tan buenas. 
Espero que el Sr. Dupuis y su intérprete me perdonen por utilizar la expresión "con espíritu de entente cordial". 
Todo ello ha sido posible gracias al extraordinario representante de la UE en este país, que ha sido un gran amigo del Parlamento y ha prestado un gran servicio a la Comisión. 
El inicio inminente de las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación es el mejor ejemplo de nuestras buenas relaciones, al igual que la colaboración de la ARYM en la reconstrucción de Kosovo. 
Estoy muy agradecido a las autoridades de Macedonia por la ayuda que han prestado en las últimas semanas para superar las enormes dificultades relativas al suministro de energía eléctrica en Kosovo. 
Como sus Señorías, yo también reconozco que este país ha desempeñado una labor estabilizadora durante la tragedia de los Balcanes, sobre todo, por lo que se refiere a la integración de la minoría albanesa en la vida social y política del país. 
Hace unas semanas, me entrevisté con el recién elegido presidente Georgievski, y su compromiso con la multietnicidad y el pluralismo me impresionó profundamente, a mí y a otros muchos. 
Permítanme exponer cómo van las negociaciones en estos momentos; unas negociaciones que, como ya ha dicho el Sr. Lagendijk, están siguiendo muy de cerca otros países de la región. 
El 24 de enero de este año, el Consejo aprobó sus directivas de negociación para la firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, lo que constituye el principal paso hacia delante en el proceso de estabilización y asociación en la región de los Balcanes occidentales, emprendido por la Comisión en mayo de 1999. 
Déjenme subrayar los elementos fundamentales de estas propuestas de directivas, que prevén que en el acuerdo se incluyan arreglos que establezcan un diálogo político con la ARYM. 
También prevén cláusulas para mejorar la colaboración regional, incluyendo la posibilidad de crear zonas de libre comercio ente los países de la región, aunque debo aclarar que cualquier intento de restablecer el estado de Yugoslavia queda totalmente fuera de lugar. 
Además, prevén la posibilidad de crear una zona de libre comercio entre ellos y la Unión Europea en un plazo de diez años desde la entrada en vigor del acuerdo. 
Asimismo, prevén cláusulas para el movimiento de trabajadores, la libertad de establecimiento, la prestación de servicios, los pagos corrientes y el movimiento de capital. 
Por último, prevén el compromiso de la ARYM de acercar su legislación a la de la Comunidad Europea, sobre todo en los puntos clave del mercado interior; y prevén cláusulas de colaboración con la ARYM en gran cantidad de ámbitos, como justicia o interior. 
En la Comisión estamos realizando los preparativos necesarios para que las negociaciones puedan comenzar en marzo. 
La segunda semana de dicho mes voy a visitar la ARYM, y confío en poder poner en marcha el proceso entonces, aunque las negociaciones formales no comenzarán hasta un poco después. 
Durante esa visita también mejoraré nuestra representación en la ARYM, como han recomendado sus Señorías entre otros. 
La fecha prevista para concluir las negociaciones es diciembre de este año, pero todo depende en gran medida de la buena voluntad y la determinación de los negociadores. 
El acuerdo podría entrar en vigor dentro de tres o cuatro años, puesto que se necesita tiempo para que los parlamentos de los Estados miembros lo ratifiquen. 
Me gustaría comentar brevemente algunos otros aspectos de la propuesta de reglamento. 
Admitimos que el acuerdo debería servir hasta cierto punto como modelo para otros acuerdos parecidos, aunque por otro lado tampoco podemos olvidar que estamos tratando con países distintos, cada uno con su propia identidad y sus propias preocupaciones. 
Comparto la idea mayoritaria de que debemos tratar a cada país según sus méritos y no obligar a todo el mundo a seguir el paso del más lento en desarrollar sus relaciones con la Unión. 
Esa nunca ha sido nuestra intención. 
El mero hecho de que comencemos las negociaciones con la ARYM antes que con los demás prueba que podemos distinguir y que lo hacemos. 
En cuanto a la cláusula de ayuda regional a la que se refiere el informe, estamos de acuerdo en que debe destinarse parte de nuestra colaboración técnica y financiera a proyectos dotados de una dimensión fronteriza o regional. 
También estamos de acuerdo en que debería existir una cláusula evolutiva sobre la posibilidad de entrada en la UE que contempla el Acuerdo de Estabilización y Asociación, y que reflejaría la posición de la UE en sus relaciones con los países de los Balcanes occidentales tal como fue establecida en las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia. 
Estamos completamente de acuerdo en que es necesario descentralizar nuestros programas de ayuda tanto como sea posible. 
Por lo que respecta a los arreglos que cubren las ayudas de la Unión Europea a los Balcanes occidentales, espero que sus Señorías sean conscientes de que estamos preparando otro reglamento para simplificar y racionalizar su gestión y para que todo quede incluido en un único reglamento. 
Me consta que en la ARYM y en todas partes, el final del programa PHARE y, en especial, el hecho de dejar de estar asociado al nombre PHARE está causando una gran preocupación, y francamente, me inquieta lo que los Estados miembros opinan sobre esto. 
Volveré a examinar el tema, aunque debería decir que al contar con dos programas PHARE en funcionamiento corremos el riesgo de crear una gran confusión. 
No obstante, quiero enfatizar que, tenga el programa el nombre que tenga, nuestro compromiso para con la integración de la ARYM y sus vecinos a la familia europea es mayor que nunca. 
En general, confío en que los miembros de este Parlamento compartan mi alegría porque Macedonia haya alcanzado su estado actual con relativa rapidez. 
Espero que los demás países de la región redoblen sus esfuerzos para lograr un progreso similar. 
Estoy deseando que se realicen muchos debates sobre el tema en esta misma línea durante los próximos años para señalar, espero, que lo que estamos intentando hacer en los Balcanes ha resultado todo un éxito, y para mí ésta sigue siendo la prueba de fuego más decisiva para determinar qué es capaz de hacer Europa en su propia puerta. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdo sobre la comitología 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0021/2000) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el acuerdo del Parlamento Europeo y la Comisión (1999/468/CE) , (ACI 1999/2202) relativo a las modalidades de aplicación de la nueva Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999- "comitología". 
Señor Presidente, estimados colegas, la comitología es un concepto que a la mayor parte de las personas no les suena a nada, y los menos saben qué ha de entenderse por él. 
Recuerda a alianzas secretas y conspiraciones, tal como ocurría antes. 
Pero tras este concepto no hay más que el establecimiento de las modalidades de ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 
Las modalidades de estas competencias de ejecución consisten en un número limitado de procedimientos en comités. 
Hasta la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam había cerca de 30 variaciones de estos procedimientos en comité, que no contribuían a aclarar el desarrollo del procedimiento legislativo ni a la transparencia en favor del ciudadano. 
Al contrario, el propio Parlamento Europeo no fue siquiera informado durante un largo período. 
El primer avance que se produjo en la lucha por conseguir una mayor transparencia en esta jungla de comisiones consistió, en lo referente al Parlamento Europeo, en estar al menos informado sobre todo lo que la Comisión se proponía regular en el marco de los diferentes comités. 
Ello ocurrió en el marco del intercambio de correspondencia Plumb/Delors. 
Un nuevo paso hacia la transparencia y la participación del Parlamento Europeo fue el llamado Modus vivendi, celebrado el de 20 de septiembre de 1994, en el que no sólo se atribuyó al Parlamento la posibilidad de informarse, sino también la de formular objeciones. 
De este modo, el Parlamento asumía funciones de control. 
Mediante el Tratado de Amsterdam la situación ha mejorado de manera decisiva, en la medida en que el número de procedimientos en comité ­tal y como el Parlamento Europeo había venido exigiendo desde hacía tiempo­ se redujeron drásticamente a tres, a saber, el procedimiento de gestión, el de reglamentación y el consultivo. 
Los derechos de información y control conferidos al Parlamento Europeo en el pasado deben ser, tras el Tratado de Amsterdam, fijados de nuevo mediante un acuerdo interinstitucional. 
Nuestra Ponente, la Sra. Frassoni, ha realizado un trabajo muy cuidado y ha puesto de manifiesto qué cuestiones deben resolverse en el marco de este acuerdo interinstitucional y qué procedimientos de gestión deben modificarse, en su caso, en el seno del Parlamento. 
Si el Parlamento Europeo es informado, deberá, por regla general, emitir su opinión en un plazo muy corto de cuatro semanas, si así lo desea. 
En los asuntos que afectan a la salud y a la seguridad de las personas en la Unión Europea, la Comisión Europea, guardiana de los Tratados y única Institución a la que se confiere el derecho de iniciativa, debe estar en condiciones de reaccionar en un muy corto espacio de tiempo, en casos urgentes, en pocas horas o días. 
A pesar de ello, debe garantizarse el derecho del Parlamento Europeo a recibir información y, en su caso, poder reaccionar. 
Nuestra ponente ofrece soluciones útiles a estas dificultades, que mi Grupo parlamentario y yo apoyamos sin reservas. 
Tengo que formular otra petición: en el texto alemán, el apartado 2 ha sido traducido de manera un tanto equívoca, y pido que se aclare urgentemente, también por la persona responsable de la impresión. 
A mi juicio, en vez de "weitergeführt werden müssen", debería figurar "erhalten bleiben müssen". 
No queda del todo claro en la versión alemana. 
Por ello pido que sea revisado de nuevo. 
Por lo demás, agradezco profundamente a la Sra. Ponente el trabajo realizado. 
Es ésta una materia difícil, y espero que la haya trabajado de modo tal que podemos ocuparnos de ella de una manera más adecuada. 
Señor presidente, felicito a la ponente por su informe, y debo añadir que ver a la Sra. Frassoni tan conciliadora y deseosa de alcanzar compromisos con las demás instituciones es un cambio que acogemos con satisfacción. 
Por lo que se refiere a las CIG, ella es una de las personas a las que los franceses llaman "les pures et dures": que no se comprometen ni hacen tratos con las demás instituciones, que prefieren que todo se bloquee antes que comprometer sus posturas. 
No obstante, esta vez está dispuesta a aceptar los pasos adelante que ya hemos dado y que están muy lejos de coincidir con la postura originaria del Parlamento sobre el tema de la comitología. 
Recordemos qué está en juego aquí: el Parlamento criticaba cuatro puntos del sistema de comitología tal y como estaba antes de la nueva decisión del Consejo que complementa este acuerdo interinstitucional. 
Para empezar, todo el sistema es muy oscuro. 
No es transparente, ya que cientos de comités se reúnen con órdenes del día secretos y sin que nadie sepa quiénes son sus miembros. 
En el nuevo sistema que hemos aprobado se ha dado un verdadero paso adelante a este respecto. 
Vamos a saber quién pertenece a cada comité y cuándo se celebran las reuniones. 
Vamos a recibir copias de los órdenes del día y los documentos que se les envíen. 
Todo el sistema será más abierto y transparente, aunque todavía sigue siendo algo complejo. Por lo menos es un paso adelante. 
En segundo lugar, no nos gustaba que el sistema fuese tan restrictivo para la Comisión. 
En la Unión Europea adoptamos leyes y esperamos que la Comisión las ponga en práctica, pero al mismo tiempo, contamos con un sistema diseñado para entorpecer a la Comisión y hacerlo más difícil, me refiero sobre todo al llamado sistema "de contrarred", según el cual, el Consejo podía bloquear a la Comisión por mayoría simple, incluso si no era capaz de encontrar una alternativa a la medida ejecutiva en cuestión. 
Aquí también hemos logrado algún avance. 
El Consejo ya no podrá bloquear las medidas ejecutivas de forma indefinida durante más de tres meses a no ser que exista una mayoría cualificada para bloquearlas, es decir, a menos que exista una oposición sustancial entre los Estados miembros representados en el Consejo. 
Ese es un sistema más razonable, y eso constituye también un paso adelante. 
Lamentablemente, se ha prestado menos atención a nuestras otras dos quejas. 
La primera se refiere al sistema que se aplica para la realización del seguimiento, la supervisión o, si se prefiere, al control de la Comisión por un solo comité nombrado por los Estados miembros o el Consejo, no por el Parlamento. 
El Consejo y el Parlamento, como autoridad legislativa, deberían estar en pie de igualdad. 
Conferimos a la Comisión poderes ejecutivos pero al mismo tiempo un solo órgano nombrado por el Consejo o los Estados miembros puede tocar el silbato, decir que no a la Comisión y acabar con la medida ejecutiva. 
El Parlamento no tiene un poder equivalente. 
Si bien es cierto que este nuevo sistema nos concede cierto poder. 
Vamos a recibir todas las propuestas de medidas ejecutivas presentadas a cada comité al mismo tiempo que se envían a dicho comité. 
Tendremos la oportunidad de analizar, debatir, preguntar, pero sólo tendremos derecho a cuestionar formalmente a la Comisión si creemos que se ha excedido en las competencias que le hayamos concedido por ley. 
Es decir, podemos cuestionar la medida por no estar amparada en ningún poder, pero no por su contenido, y en una democracia, el Parlamento debería poder cuestionar los contenidos. 
No es que vayamos a hacerlo cada semana. 
No pretendemos meternos de lleno en las decisiones ejecutivas, pero poder hacerlo en las pocas ocasiones en las que de verdad es necesario supone una garantía democrática. 
Esto no se da en el nuevo sistema, o por lo menos sólo aparece de forma embrionaria. 
Por ultimo, tampoco nos parece bien que si se bloquea una medida ejecutiva mediante el sistema de comitología, sólo sea devuelta al Consejo, que es el que tiene derecho a tomar una medida alternativa, y no a ambas ramas de la autoridad legislativa. 
No es justo, porque ambas ramas (Consejo y Parlamento) adoptan las leyes que confieren los poderes ejecutivos a la Comisión. 
Si dichas medidas ejecutivas son devueltas, deberían devolverse a las dos ramas, no a una sola. 
En general hemos conseguido algunos avances en el sistema. 
Los puntos adicionales que surgen del acuerdo interinstitucional con la Comisión son bienvenidos, pero no son suficientes para cambiar la decisión básica del Consejo. 
Incluso aquí hemos renunciado voluntariamente, porque esto no ha sucedido de forma automática, al acuerdo Plumb-Delors como parte del compromiso general. 
Hemos estado dispuestos a prescindir de las cláusulas al respecto, pero tenemos que estar alerta con aquello que cubría ese acuerdo y que no cubre totalmente la nueva decisión. 
Tenemos que ser muy cuidadosos. 
Bueno, es un paso adelante. 
Mi grupo lo acepta de mala gana como tal. 
No estamos tan entusiasmados con el compromiso como la Sra. Frassoni. 
Reconocemos que existen limitaciones y sin duda volveremos a discutir este tema dentro de unos años. 
Si queremos una Unión democrática y transparente al máximo, tendremos que volver sobre este asunto. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente, Sra. Frassoni, el trabajo realizado. 
Trabajar sobre comitología nunca es fácil. 
La Sra. Schleicher ha hecho referencia a esta especie de magia, de la que siempre hemos hablado, de los comités. 
Es cierto que el proceso siempre ha sido muy complejo como consecuencia de decisiones históricas pasadas que, al final, en algún momento hay que racionalizar. 
En mi opinión, el acuerdo al que hemos llegado Comisión y Parlamento es una clara racionalización del proceso. 
Desde nuestro punto de vista, satisface los intereses fundamentales del Parlamento. 
El Sr. Corbett ha hecho referencia a sus preocupaciones. Dice que parte de ellas se han solucionado y parte no. 
Yo diría que las que podía solucionar la Comisión se han solucionado. 
Lo que el Sr. Corbett plantea son otros supuestos no cubiertos por la decisión del Consejo, en los cuales, desgraciadamente, no podemos ir más lejos. 
¿Dónde hemos avanzado? 
Sin duda alguna, en un punto fundamental, puesto de relieve por la Sra. Frassoni, y es que tenemos un sistema automático de información. Ese sistema automático de información va a permitir las dos actuaciones que son de especial interés para el Parlamento. 
Por una parte, conocer cómo estaban funcionando los comités, su composición, órdenes del día, descripciones, etc., y, por otra, el droit de regard sobre decisiones concretas. 
Creo que es un buen pacto. 
Un buen pacto que mejora sin duda alguna la transparencia del proceso. 
A partir de aquí las cosas van a ser más fáciles. 
El acuerdo al que llegamos hoy, sin embargo, no debe ser considerado una marcha atrás respecto al Acuerdo Plan Delors. 
El Sr. Corbett hacía referencia a ese punto, pero es cierto que el nuevo modelo es mucho más complejo, distinto como consecuencia de la nueva situación y, en nuestra opinión, mucho más coherente. 
Hemos empezado ya el trabajo. Esperamos que ese trabajo dé unos excelentes resultados. 
Por otra parte, pensamos que son también positivos otros avances. 
Sobrepasamos en cierta medida acuerdos que ya están caducos e intentamos, con el sistema de realineamiento de los antiguos procedimientos a la nueva situación, limpiar todo lo que quedaba pendiente del pasado. 
Desde el punto de vista de la Comisión, nuestra conclusión es que es un buen acuerdo, que queremos agradecer a los parlamentarios- especialmente a la Sra. Frassoni- que han trabajado en él. 
Esperamos que con este nuevo clima se haya logrado el resultado que se pretendía conseguir, que es una mayor transparencia y un mejor conocimiento de las decisiones de la Comisión en su capacidad de ejecución. 
Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Déficit excesivo anejo al Tratado constitutivo de la CE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0013/2000) del Sr. Knörr Borràs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (1999) 444- C5-0174/1999- 1999/0196 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 3605/93 relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
. Señor Presidente, me complace también saludar al Comisario español, Sr. Solbes, a quien he felicitado en más de una ocasión, dentro y fuera de este Parlamento, por el excelente trabajo que llevó a cabo en el Reino de España en los temas de convergencia europea. 
La propuesta de modificación de este Reglamento, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, plantea una cuestión fundamentada con relación a la adaptación al Sistema Europeo de Cuentas SEC 95 que, como sabe, sustituye al anterior Sistema de Cuentas integrado en el 79 y, sobre todo, una cuestión referente a la aparición de nuevas categorías de productos financieros, a la coherencia en el cálculo de proporciones entre el déficit público y el producto interior bruto a la luz de este Sistema Europeo de Cuentas del 95 y, por último, a la toma en consideración de la importancia del cálculo de los gastos de intereses y a su coherencia de acuerdo con esta nueva metodología. 
La propuesta de reglamento, a mi entender, pretende actualizar las definiciones y las valoraciones de algunas de las operaciones económicas que intervienen en el cálculo del déficit tal como viene reflejado en el Tratado de Maastricht, en el cual se fijan unos porcentajes máximos que debe tener el déficit de las administraciones públicas con relación al PIB a precios de mercado en los diferentes Estados. 
Hasta la fecha, los Estados han calculado este PIB de acuerdo con la metodología del SEC 79. 
La última estimación de que disponemos fue la remitida en septiembre de 1999 y se refería al año contable de 1998. 
Por lo tanto, si se aprueba el presente reglamento, la correspondiente al mes de marzo de 2000, primera estimación del déficit del año contable de 1999, se hará ya con este nuevo sistema. 
Es sabido que los Estados miembros han hecho- si vale la expresión- los deberes, han calculado y elaborado sus cuentas nacionales conforme al SEC 95, y ya están publicadas sus correspondientes estimaciones. 
Esto ha supuesto, además de la incorporación de la nueva metodología, la revisión nominal de la mayoría de los agregados y operaciones contables debida tanto a los citados cambios metodológicos como a la mejor información estadística incorporada a las estimaciones. 
Naturalmente, esos cambios pueden modificar los déficit públicos en términos de contabilidad nacional de los Estados miembros. 
Y muy brevemente, paso a decir cuáles pueden ser las cinco materias en las que se producen las modificaciones más importantes. 
En primer lugar, los ajustes en la delimitación de lo que se entiende por sector institucional de las administraciones públicas según el SEC 95. 
Esto es importante, ya que el déficit público hace referencia al que, en su caso, se obtenga del conjunto de las administraciones públicas. 
No disponer de criterios precisos para su definición produciría desviaciones en las estimaciones de los déficit públicos de los Estados miembros. 
En segundo lugar, el déficit- o en su caso el superávit- público equivale al saldo denominado de necesidad, o capacidad de financiación, del sector de administraciones públicas del SEC 95. 
En tercer lugar, la inversión pública equivale a la operación de formación bruta de capital fijo, según el SEC 95 del sector administraciones públicas. 
En cuarto lugar, se define la deuda pública conforme al SEC 95, así como los flujos o intereses que de este pasivo o activo se deriven. 
En quinto y último lugar, el agregado al que se referirá el déficit público será el producto interior bruto a precios corrientes de mercado, estimado conforme a las definiciones del Sistema Europeo de Cuentas de 1995. 
En definitiva, esta propuesta de la Comisión es, a mi entender, una adecuación correcta y concreta de los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas 95, que, por lo tanto, apruebo en su totalidad, tal como fue expresada por la Comisión. 
Señor Presidente, es positivo que los datos estadísticos no sólo sean fiables sino también comparables. 
Esto resulta especialmente importante para la integración y consecución del mercado interior. 
De ahí que este informe tenga también un significado político, por el que felicitamos sinceramente al ponente. 
También da lugar a un par de observaciones políticas. 
El pacto de estabilidad es un hecho en Europa. 
Todos los países que participan en el euro se han obligado mediante ese pacto de estabilidad a lograr el equilibrio presupuestario a medio plazo o a tener un pequeño superávit. 
Eso, por supuesto, no quiere decir que cuando la coyuntura sea contraria, no pueda haber algún desequilibrio, pero a largo y a medio plazo se habla de equilibrio o de superávit. 
Cuanto más fuerte sea la posición de los países participantes, más firme será el euro. 
Por ello, la superación de la norma del tres por ciento deberá tener lugar en contadas ocasiones, tampoco ante circunstancias coyunturalmente desfavorables, eso dice al menos la lógica. 
Siempre hemos opinado que estos criterios deben cumplirse de manera estricta. 
Es muy importante para que la UEM también tenga éxito en el futuro. 
El estricto cumplimiento del pacto de estabilidad puede contribuir a la creación de una cultura de la estabilidad en todos los Estados miembros. 
Varios Estados miembros han adoptado disposiciones exclusivas para poder cumplir los criterios. 
Creemos que la política presupuestaria de los Estados miembros debe vigilarse estrictamente, de forma que las medidas adoptadas para cumplir los criterios establecidos se continúen aplicando. 
No se puede permitir su atenuación. 
Más aún, consideramos que una mayor reducción del gasto y la reducción de la deuda pública deben formar parte de las prioridades. 
Al fin y al cabo, el gasto todavía sigue repercutiendo en las generaciones futuras. 
. Señor Presidente, muchas gracias, en primer lugar, al ponente por el magnífico trabajo realizado. 
Era un tema que exigía altas dosis de tecnicismo y creo que el Sr. Knörr lo ha tratado con gran precisión y gran profesionalidad. 
Yo no me atrevería a resumir mejor que él el contenido de nuestra propuesta; únicamente haría un pequeño comentario adicional diciendo que, además de la adaptación al SEC 95, hay dos pequeñas modificaciones técnicas que el Sr. Knörr conoce muy bien referidas a los intereses y a la evaluación de la deuda en moneda extranjera. 
Únicamente lo digo como comentario para que quede completa la visión del proceso. 
En segundo lugar, agradecería al Sr. Knörr la rapidez. 
Él ha hecho un trabajo realmente bueno en un período de tiempo muy corto. 
Este es un tema importante por algunas referencias que posteriormente hemos oído. 
Es cierto que con esta norma lo que pretendemos no es que las estadísticas sean fiables y comparables- ya lo son- sino que sean más fiables y más comparables. 
Evidentemente, que el Parlamento haya tomado su decisión con tal celeridad nos va a permitir que las cifras del mes de marzo puedan ya calcularse sobre la base de estos nuevos criterios. 
A partir de ahí, creo que el resultado final será mejor. 
Las cifras serán más fiables y más comparables y creo que esas preocupaciones que han suscitado algunas de sus Señorías respecto al cumplimiento del pacto de estabilidad se podrán medir mejor. 
Este reglamento es puramente instrumental. Con él no entramos en el fondo del problema que algunos de ustedes han suscitado. 
El fondo del problema, sin embargo, debemos considerarlo como adquirido. 
El pacto de estabilidad existe, seguiremos adelante controlando el cumplimiento por parte de los diferentes Estados miembros, incluso en condiciones como las actuales, en las que los resultados son claramente positivos en todos los Estados miembros en los que hemos analizado la situación en cuanto a la estabilidad del déficit público. 
Sin embargo, creemos que no hay que bajar la guardia. 
Hay que seguir insistiendo en esta dirección porque nos parece fundamental. 
Nuevamente, por tanto- y con esto termino mi intervención -, quiero agradecerles su ayuda para que podamos hacer la medición de la estabilidad con más garantía técnica y con mejor comparabilidad. 
Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Euro: fortalecimiento de la protección penal contra la falsificación de moneda 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0020/2000) de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión marco del Consejo (SN 5116/1999- C5-0332/1999- 1999/0821 (CNS) ) sobre el fortalecimiento de la protección penal contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados, escasos pero muy bienvenidos, colegas, se podría creer que a esta hora se trataría un asunto sin importancia, pero no es así. 
Es un asunto concreto y definido. 
Se trata de nuestra moneda común. 
¿Cuántos de los aquí presentes saben que esa moneda se falsifica y que la situación actual es totalmente inaceptable? 
No podemos permitir que nuestra moneda común pierda fuerza porque se falsifica. 
Por eso el BCE, Ecofin, Europol, OLAF y el Comisario que tiene la responsabilidad de los asuntos jurídicos, han concluido que hay que tomar medidas rápidamente para llenar las lagunas existentes en la legislación. 
Es fácil olvidar que las antiguas monedas se podrán cambiar hasta veinte años después de la introducción de la nueva moneda. 
Por eso es importante incluir a esas monedas en la parte penal de estas medidas. 
El Parlamento ha querido hacer este añadido. 
El Consejo debió haber dado al Parlamento el plazo estipulado de tres meses, incluso para el último documento que se presentó en esta materia, pero todos conocemos la urgencia de esas medidas. 
Puesto que el Consejo decidirá sobre esta materia en marzo, es conveniente que el Parlamento decida sobre la propuesta ahora, para que los países miembros alcancen a incorporar estos criterios en las decisiones que se tomarán en marzo. 
Si algún país comenzase a presentar problemas y ocasionase un retraso, ese país tendría que asumir una responsabilidad, moral y económica, por la moneda. 
Una conducta de esta naturaleza conllevaría mucho badwill. 
El euro estará circulando el 1 de enero de 2002. 
Toda la Unión tiene que contar con la misma protección, una protección que impida las falsificaciones, no sólo de la moneda que circule sino que de las monedas que puedan entrar en circulación. 
Es importante que exista una protección penal oportuna, en todos los países, y que sea relativamente parecida. 
La Comisión ha propuesto medidas en el campo de la información, medidas preventivas, intercambio de experiencias y medidas penales que, de hecho, implican una necesaria aproximación, esto es, que la duración mínima aceptable de la pena máxima por falsificación de moneda sea de ocho años. 
También se va a penalizar el comercio con moneda falsa y la tenencia de material destinado a la falsificación de moneda. 
Habrá, simplemente, un nivel mínimo para la pena máxima. 
Las monedas divisionarias del euro son bien conocidas. 
Si no nos protegemos, se nos puede causar mucho daño con los ordenadores modernos. 
El Parlamento ha agregado una serie de enmiendas a esta propuesta, entre otras, las referidas a la competencia judicial, es decir, que sólo se puede juzgar y condenar en un país por el mismo delito. 
También activamos la inclusión de medidas en contra de empresas implicadas en la falsificación de moneda. 
También se insta a los países candidatos a adaptarse a estas reglas. 
El Consejo y la Comisión han tardado dos años en preparar esta propuesta. 
Es absolutamente necesario que se adopte una decisión ahora en marzo. 
Sería injustificable que retrasásemos este proceso e hiciésemos peligrar al euro. 
También sería una traición a los ciudadanos que van a manejar la nueva y desconocida moneda. 
Se cree que los falsificadores de moneda se concentrarán especialmente en los países que están fuera del sector del euro, donde habrá menor conciencia acerca de la nueva moneda. 
Las medidas de protección comprenden también a esos países, y sus opiniones han sido estudiadas en detalle. 
Por eso se puede considerar que esta propuesta es solidaria y recíproca en su afán de atender a los diferentes intereses en juego, cosa que compromete. 
El Consejo tiene que tomar esta decisión en marzo. 
Gracias colegas por haberme escuchado. 
Gracias también a quienes han contribuido a la rápida tramitación de este asunto; pienso especialmente en el Grupo PSE. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la ponente, Sra. Charlotte Cederschiöld, por la preparación de este informe, que es un excelente punto de partida para el fortalecimiento de la protección penal contra la falsificación de moneda con vistas a la introducción del euro, que entrará en circulación el 1 de enero de 2002 y pasará a constituir una de las más importantes monedas de reserva en el nivel mundial. 
Por su importancia a escala mundial, el euro estará particularmente expuesto al riesgo de falsificaciones. 
Este proyecto de decisión viene así a fijar una normativa mínimo con la que se intenta armonizar el derecho penal en esa esfera y volver más sencilla y eficaz su aplicación por parte de cada Estado miembro. 
Dispone, además, que la protección del euro se hará antes incluso de su entrada en circulación, lo que viene a colmar una laguna en la legislación de algunos Estados miembros. 
Quiero apoyar expresamente a la ponente en lo relativo a la necesidad de ampliar esa protección a las monedas nacionales, que se podrán seguir cambiando después de su retirada de la circulación. 
Incumbirá, así, a cada Estado miembro garantizar la institución de sanciones penales eficaces, adecuadas y disuasorias de la comisión de los actos tipificados como delitos en el proyecto de decisión-marco. 
En cuanto a la propuesta de establecer un límite máximo no inferior a ocho años para las penas privativas de libertad, creo que no planteará problema alguno en relación con mi país, que, pese a consagrar en este momento en su código penal la pena máxima de cinco años de prisión para delitos de falsificación de moneda, ya ha mostrado su disposición a modificarlo. 
Por otro lado, quisiera lanzar aquí un llamamiento a los pocos Estados miembros que aún abrigan algunas reservas para que las resuelvan a fin de que se adopte una decisión a ese respecto en un corto espacio de tiempo, como ya ha pedido nuestra ponente y por las razones que ha aducido. 
Señor Presidente, con este proyecto de decisión-marco se presenta por primera vez una propuesta penal común con normas aplicadas a los quince Estados miembros simultáneamente. 
Damos, así, pasos en la prosecución del objetivo de desarrollo y materialización de la Unión Europea como espacio de libertad, seguridad y justicia, según lo dispuesto en Tampere. 
Señor Presidente, estimados colegas, no necesito repetir lo que la Sra. Ponente ha dicho, ni lo que el colega Coelho ha expresado, pues todo me parece correcto y acertado. 
Es fácil falsificar el euro. 
Nos encontramos en una peligrosa fase de transición en la que, desde una perspectiva jurídico-penal, se da un fenómeno ­creo yo, en la historia de la numismática­ excepcional, que consiste en que una moneda que aún no existe, que no está aún en circulación, sino que sólo consta como valor contable, puede, sin embargo, ser ya objeto de falsificaciones, si bien, dado que no circula aún como moneda, el tipo penal de falsificación de moneda no es aún aplicable. 
Un problema muy complicado. 
Es decir, si no actuamos con rapidez ­en ello tiene razón la colega Cederschiöld­, uno pueda ya falsificar unos cuantos euros y no tener que dar cuentas de su puesta en circulación. 
Para algunos, me permito observar entre paréntesis, esto puede ser una perspectiva atractiva. 
¿Qué hace la Comisión por evitarlo? 
Algunas cosas correctas que la colega Cederschiöld ha descrito, pero el Parlamento debe decir, en relación con lo que ésta ha manifestado, algo no sobre el contenido del acuerdo marco, ni sobre el informe que la colega Cederschiöld ha redactado sobre ello, sino sobre los procedimientos que se han aplicado. 
El Parlamento ha sido consultado por el Consejo (que es, con diferencia, la Institución europea menos democrática) de un modo tal que se burla de la idea de democracia. 
Recibimos un documento de carácter consultivo, en el que el propio Consejo había trabajado largo tiempo, aunque, por cierto, con un éxito relativo ­ahora mismo paso a hablar de ello. 
El Parlamento Europeo debe elaborar en un plazo de tres meses un informe sobre este complejo, difícil y a veces contradictorio documento del Consejo. 
Gracias al enorme esfuerzo de la colega Cederschiöld y al Parlamento Europeo, que ha renunciado a hacer uso de su derecho democrático de abrir un procedimiento de consulta con el tiempo necesario y disponiendo de todos los documentos en todas las lenguas, podemos pasar a elaborar el informe en el tiempo fijado por el Consejo y a adoptar un acuerdo a finales de marzo. 
En un asunto tan importante como el de la falsificación de dinero o la protección ante la falsificación de dinero y el de la armonización jurídico-penal, tan necesaria en esta materia, no se puede trabajar a este ritmo tan acelerado que nos impone el Consejo. 
Por ello quiero decir claramente en nombre de mi Grupo lo siguiente: hemos discutido largo tiempo con la colega Cederschiöld si es razonable trabajar de este modo. 
Hemos llegado a la conclusión de que no lo es, pero que, habida cuenta de la importancia del asunto, hemos acordado aceptar el procedimiento tal como nos viene. 
La presente decisión marco representa sin duda alguna un avance. 
Pero la seguridad jurídica que, en verdad, desea el Consejo ­extremo que ya ha señalado la colega Cederschiöld­ no se consigue en última instancia por completo, porque en los estándares mínimos buscados, a saber, el estándar mínimo de la penalidad y, sobre todo, el de la aplicación de las mismas normas penales en todos los Estados miembros ­también en los que, si bien no han introducido aún el euro, teóricamente el euro podría ser igualmente falsificado­ estas deficiencias no han sido subsanadas. 
Y no han sido subsanadas, entre otras razones, porque el Consejo, como es habitual en él, no realiza esfuerzo alguno y en esta decisión marco prefiere, justamente en el ámbito de la cooperación en materia de justicia, persistir en la colaboración a nivel intergubernamental. 
Por ello ­quiero mencionarlo aquí­ este acuerdo marco es también un complemento de un convenio internacional que ya ha cumplido 71 años: el Convenio de 20 de abril de 1929 sobre la lucha contra la falsificación de monedas y los protocolos anexos. 
Es decir, esto que estamos elaborando para la protección del euro sobre la base del sometimiento a los Tribunales no se produce en la sede que le corresponde, es decir, en el ámbito del Derecho comunitario, sino que se produce como complemento de convenios internacionales que tienen 71 años. 
Si el futuro de la Unión Europea puede ser la colaboración en materia de justicia en la Unión Europea, eso ya es una cuestión cuya apreciación confío a este Parlamento. 
Les agradezco la atención que me han prestado en este programa nocturno conjunto. 
Me gustaría retomar el hilo del orador precedente. 
Hay algunas cuestiones fundamentales que plantean problemas pues el punto de partida es que la regulación penal es una cuestión nacional. 
El derecho penal forma parte de la tradición cultural de cada sociedad y es muy difícil alcanzar definiciones comunes de lo que se entiende por estos conceptos fundamentales jurídicos. 
Reconozco el trabajo de la Sra. Cederschiöld y me gustaría partir de su anuncio- relacionado con la cumbre de Tampere- de definiciones comunes y normas comunes sobre lo que es punible y sobre qué sanciones comunes pueden ser impuestas. 
A ella le gustaría elaborar estas sanciones en común para alcanzar un sistema penal coherente para las infracciones que tiene relevancia especial para la UE. 
Sin embargo, el problema es que no hay base legal para ello y por buenas razones, pues la regulación penal forma parte de las competencias nacionales. 
A este respecto, me gustaría plantear la siguiente pregunta a los representantes de la Comisión y del Consejo: ¿Basta la base jurídica alegada? 
En mi opinión, esto choca claramente y va más allá de lo que marca la letra b del párrafo 2 del artículo 34, donde se establece la base jurídica de las llamadas decisiones marco vinculantes para los Estados miembros con respecto a los objetivos intencionados, pero donde también se deja en manos de las autoridades nacionales decidir la forma y los medios para su puesta en marcha. 
Lo que caracteriza el borrador actual de decisiones marco es justamente que establece con detalle los compromisos de los Estados miembros, no hay libertad de elección con respecto a los medios y a la puesta en marcha. 
Y esto en mi opinión va más allá de lo que fijan los marcos de la base legal. 
Me gustaría obtener una respuesta de la Comisión y del Consejo, pues me parece obvio que no tiene base en el artículo 31. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer quiero felicitar y dar las gracias a la ponente, y señalar que en su informe no sólo ha acogido con satisfacción el proyecto de acuerdo marco, sino que también ha propuesto algunas enmiendas sobre las que ya se ha llamado la atención en las diversas intervenciones, enmiendas que completan y mejoran el texto y que ahora no podemos exponer en su totalidad. 
En todo caso, de lo que se trata es de dar continuidad a la brillante historia del euro, y debemos hacer todo lo posible para que esta historia no se vea dañada ni cuestionada por medidas poco contundentes contra la falsificación ­ los primeros intentos ya los conocemos. 
Todos hemos señalado que la fase de adaptación provoca inseguridades y peligros. 
Por ello, junto a la lucha contra la falsificación, junto a una ordenada aplicación de las disposiciones, la campaña de información prevista debe desempeñar un papel esencial, papel que debemos tratar en profundidad. 
Pero también se trata de cuestiones relativas a la cooperación. 
Necesitamos una definición precisa del reparto de competencias entre el BCE, los bancos centrales nacionales, la Comisión y Europol con respecto a todos asuntos que afectan al falseamiento del euro. 
Me pregunto si no sería necesario un órgano interinstitucional o de la UE que asumiera las competencias de coordinación de la cooperación. 
En relación con esto último se plantea la creación de un sistema de alarma previa que funcione las 24 horas del día, así como la de un sistema de información común para un rápido intercambio de datos entre las autoridades competentes. 
Además del informe, que acogemos con satisfacción, han surgido muchas cuestiones que deben aún ser aclaradas. 
Espero que el debate que estamos manteniendo aquí nos sirva para resolver algunas dudas. 
Señor Presidente, estimada ponente, estimados diputados, ¿cuán seguro es el euro? 
Es ésta una pregunta que los ciudadanos hacen muy a menudo. 
Esta pregunto se planteará con tanta más insistencia a medida que se acerque el 1 de enero de 2002, la fecha en que el euro estará en los monederos. 
La pregunta de cuán seguro es el euro se refiere no sólo a la estabilidad de la moneda y su valor externo, sino también a la cuestión de la protección del euro ante falsificaciones. 
Este problema intranquiliza también a la población, pues este dinero, como se ha dicho acertadamente, será nuevo para los ciudadanos y ciudadanas, tanto desde el punto de vista de su aspecto como en lo relativo a su manejo. 
Será una circunstancia igualmente nueva para todos los ciudadanos y ciudadanas de los Estados miembros el hecho de que su moneda sea válida en una zona tan amplia y también que se constituya en moneda de referencia más allá de Europa. 
También a esto deberá uno acostumbrarse. 
Así, es lógico que se plantee la pregunta de qué hace la UE para proteger el euro de falsificaciones. 
De ello estamos hablando en hora tan tardía. 
En efecto, es un tema que preocupa al ciudadano. 
Por eso es lamentable que el debate se produzca tan tarde. 
Pero tiene que hablarse de ello. 
Como es lógico, el Banco Central Europeo se ocupa desde hace tiempo de esta cuestión. 
Al Banco Central le incumben los aspectos técnicos de la protección ante la falsificación. 
En verano de 1998 la Comisión presentó ­a este punto ya se ha hecho referencia­ una comunicación en la que se enunciaron los más diversos ámbitos en que es necesario adoptar medidas, a saber, en el ámbito de la información, en el ámbito de su perfeccionamiento ­un punto importante­ en el ámbito de la cooperación entre los Estados euro y, naturalmente, la colaboración en el ámbito de las medidas de Derecho penal. 
De todo esto se trata en la presente decisión marco. 
Señora ponente, quiero agradecerles sinceramente en nombre de la Comisión, y sobre todo quiero también agradecer al Parlamento que en tan poco tiempo estuviera preparado para elaborar el informe. 
Lo aprecio sinceramente. 
En la decisión marco se trata de que los Estados miembros apliquen una misma definición de los delitos de falsificación de moneda. 
La Comisión también agradece, naturalmente, que gracias a la rápida decisión del Parlamento Europeo ­y espero que se vote de igual modo­ la decisión marco también pueda entrar en vigor lo más pronto posible, para que puede abrirse el proceso de adaptación de los Derechos nacionales. 
Se ha instado a la Comisión, y así hará en la primera mitad del año que viene, a presentar un informe sobre la marcha de la adaptación del Derecho interno de los Estados miembros a la decisión, y también sobre si la seriedad del asunto se refleja en la acción de los Estados. 
Ya se ha señalado que esta decisión marco es una decisión adoptada en el ámbito del Derecho Penal. 
En tal medida debe reconocerse esta novedad, este paso, aunque usted, Sr. Schulz, haya indicado que complementar un Convenio tan antiguo no es un paso demasiado valiente. 
Sobre su pregunta de si, a juicio de la Comisión, la decisión marco descansa sobre una base jurídica bastante en el mercado: a juicio de la Comisión, se aplica la base legal correcta. 
Además, la decisión marco deberá ser completada en lo sucesivo mediante otros actos jurídicos. 
La Comisión presentará una propuesta de reglamento relativo a la cooperación entre todas las autoridades competentes y a la cooperación con la Europol. 
Este propuesta debe prever una obligación de colaboración y regular la obligación de las autoridades nacionales de notificar los casos de falsificación de moneda y de entregar el dinero falso requisado al Banco Central Europeo para su identificación y clasificación, con el fin de poder adoptar medidas eficaces al respecto. 
Sobre la cuestión de la coordinación de las diferentes medidas: desde principios de 1998 la Comisión colabora (y en lo sucesivo, lo hará la OLAF) con los expertos en el tema de los Estados miembros del Banco Central Europeo y de la Europol para poder luchar anticipadamente y de forma efectiva contra las falsificaciones. 
Por parte de la Comisión, hace pocas semanas ­usted, Sr. Karras, ya lo ha señalado­ se presentó la propuesta de una campaña de información sobre el euro, a la que se destinarían, al menos, 32 millones de euros. 
Este es un volumen de recursos que puede aplicarse con eficacia, es decir, un volumen grande de recursos; por supuesto, en esta campaña de información ocupará un lugar preeminente la protección del euro contra falsificaciones. 
Creo que este debate también contribuye a que todos los falsificadores de dinero que piensen que ha llegado su hora a esta hora tan tardía porque la UE ya no permanece despierta, queden advertidos gracias a este debate poco antes de la media noche. 
Muchas gracias, señora Comisaria Schreyer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión a las 23.50 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, deseo hacer una observación referente a una reunión que tuvo lugar ayer por la noche entre varios diputados de este Parlamento, sin distinción de grupos. 
En la misma participaron varios vicepresidentes y cuestores, estando presentes los arquitectos que construyeron este hemiciclo, para buscar la forma de seguir mejorando las condiciones en que se desarrollan nuestros trabajos. 
Descubrimos, en dicha reunión, que esa cortina situada detrás de usted, señor Presidente, esconde en realidad un ventanal. 
Ahora bien, parece ser que, si se abriera, podríamos contemplar un magnífico espectáculo sobre el río; pero se nos ha explicado que se mantenía cerrada para evitar el contraluz, a fin de que el hemiciclo estuviese mejor iluminado durante los debates. 
Sin embargo, antes del inicio de los debates o durante las interrupciones de la sesión, ¿no podría abrirse, para así poder disfrutar, gratuitamente, de ese magnífico espectáculo que, según parece, hay detrás de usted? 
Comprendo perfectamente que deba ser la riqueza de nuestros debates la que ilumine nuestro hemiciclo; pero saldríamos ganando si de vez en cuando pudiera entrar la luz del sol para iluminar nuestra "burbuja" de democracia. 
Creo que sería muy positivo que se examinara la posibilidad de abrir dicha cortina. 
Muchas gracias, señor Onesta. 
Agradezco cualquier sugerencia que confiera una dimensión más humana a nuestro salón de sesiones. 
Quisiera hacerle la siguiente propuesta. Por el momento podemos proseguir la sesión dejando la sala tal como está. 
Mientras tanto mandaré averiguar si el cambio plantea problemas técnicos. 
De no ser así, haremos una prueba de media hora para ver qué sucede cuando el Presidente está sentado a contraluz. 
OICVM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0025/2000) del Sr. Olle Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre: 
I. la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) , con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados (COM (1998) 0451- C4-0465/1998- 1998/0242 (COD) ); 
II. la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (COM (1998) 0449- C4­0464/1998- 1998/0243 (COD) ). 
. 
(SV) Señor Presidente, señor Comisario, colegas, mi esperanza es que hoy el Parlamente esté dispuesto a adoptar la decisión de aumentar y fortalecer el mercado financiero en Europa. 
Como nuevo miembro del Parlamento Europeo, me ha resultado muy interesante e instructivo el tener la responsabilidad de este importante asunto. 
Quiero dar las gracias especialmente a mis colegas por su voluntad de alcanzar acuerdos, al Presidente y a la Sala por su sensibilidad frente a la complejidad de esta materia, a la Comisión- especialmente al Comisario- y al Consejo por nuestras buenas relaciones y, además, a la secretaría de la comisión por su generoso trabajo. En la comisión ha habido gran unanimidad, salvo en un punto, en el que yo espero que también nos pondremos de acuerdo. 
El asunto de los OICVM parece complicado, lleno de riesgos políticos y técnicos. 
Yo creo que hay quienes ni siquiera saben lo que significa OICVM. 
No obstante, permítanme afirmar que este asunto realmente concierne a los ciudadanos europeos, es decir, a la manera cómo se manejan sus ahorros, a las posibilidades de elección que se les ofrecen, al funcionamiento de la competencia entre los países en materia de ahorros, a las exigencias de seguridad por parte de los inversionistas y a sus posibilidades de ahorrar de manera inteligente para la vejez. 
Se trata de compensar las exigencias de liberalización para mejorar el mercado y obtener mayores beneficios con la protección y seguridad de los inversionistas. 
Durante la década de 1980, la mayoría de los mercados europeos experimentaron una liberalización considerable. 
Esto fue una consecuencia de que, especialmente los mercados de valores nacionales, se desarrollaron con gran velocidad durante algunos años. 
Entonces los fondos colectivos de inversión pasaron a ser una alternativa al ahorro bancario. 
En mi propio país, más del 60 por ciento de los suecos invierte en diferentes fondos. 
El ahorro en fondos da seguridad, que se fundamenta en la amplia base de sus inversiones. 
El mercado de capitales y valores ha seguido desarrollándose. 
La actual directiva OICVM ha quedado anticuada. 
Se han introducido nuevos tipos de fondos en algunos países miembros, que no pueden ofrecerse en otros. 
Esto frena evidentemente la competencia y la innovación, al mismo tiempo que limita las posibilidades del público para elegir opciones para sus ahorros. 
La propuesta de la Comisión que tratamos hoy tiene dos partes. 
La primera de ellas, trata del producto, es decir, de los fondos. 
La segunda se ocupa de las sociedades de gestión. 
La primera propuesta tiene como objetivo principal ampliar las posibilidades de inversión de las sociedades gestoras de fondos mediante la autorización de inversiones en participaciones de otras empresas administradoras de fondos, por ejemplo, fondos en fondos, la suscripción de contratos financieros sobre opciones y valores estandarizados a plazo, depósitos en instituciones de crédito y determinados tipos de instrumentos del mercado de divisas. 
Además, se incorporan reglas especiales para la dispersión de riesgos para las empresas cuyo objetivo sea la imitación de un índice de acciones, los llamados fondos índice. En relación con la propuesta de la Comisión, la comisión ha intensificado las exigencias. 
Para garantizar la apertura y la vitalidad, las inversiones hechas en fondos no armonizados sólo deben permitirse con la condición de que se incluyan criterios cualitativos como, por ejemplo, exigencias de apertura y de protección al inversor. 
Además, hay que incorporar criterios cuantitativos, es decir, la exposición a los riesgos. 
Señor Presidente, vamos al punto en que no se ha alcanzado acuerdo, y que yo confiaba en que se alcanzaría, esto es, los derivados OTC. 
En su propuesta, la Comisión hace una distinción entre derivados que se comercian en el mercado controlado y los instrumentos derivados que no lo hacen, es decir, los llamados derivados OTC. 
La propuesta de la Comisión consiste en que los derivados OTC no se incluyan en la ley general de inversiones que se aplica a las empresas administradoras de fondos, sino que sólo puedan usarse para alcanzar una administración eficiente de las carteras y para evitar riesgos monetarios. 
El mercado con derivados ha crecido mucho en los últimos años, prácticamente en todos los Estados miembros. 
Por eso es importante que la regulación de los derivados sea flexible, de modo que el mercado no se bloquee. 
Las definiciones "contrato estandarizado a plazo fijo" y "opciones estandarizadas" deben reunirse en una nueva definición, "instrumentos financieros derivados" que también comprenda a los derivados OTC. 
Sin embargo, las inversiones en derivados OTC deben autorizarse solamente si se incorporan criterios cuantitativos y cualitativos. 
En este caso son muy importantes. 
Hay que incorporarlos para dar protección a los inversionistas. 
La segunda propuesta de la Comisión se ocupa de quienes administran los fondos, es decir, de las sociedades gestoras. 
Las reglas que se aplican a estas empresas, entre otras las que se refieren a los requisitos para iniciar y desarrollar sus actividades, han sido adaptadas a la normativa vigente. 
Un aspecto fundamental es que se incorporan las normas sobre folletos simplificados. 
Se ofrecerá información relevante a los potenciales inversionistas en un idioma que les sea fácil de comprender. 
En esto la comisión también va más lejos que la Comisión. 
Un asunto que también se discutió en la comisión es el concerniente a las exigencias de aportaciones de capital de las sociedades gestoras. 
Hay diferentes opiniones al respecto. En mi opinión, es importante que las normas comunes no arruinen a las sociedades pequeñas. 
Durante los meses que he trabajado en este informe, se ha formulado una exigencia muy concreta, tanto de parte de la industria como de los representantes de los consumidores. 
La situación actual no es buena. 
Los inversionistas y la industria necesitan reglas más modernas en toda Europa. 
Creo que la propuesta de hoy compensa de manera adecuada las exigencias de liberalización del mercado con el anhelo de contar con una protección eficaz para los inversionistas. 
Quisiera terminar diciendo solamente que algunos colegas opinan que esta propuesta va demasiado lejos, en tanto que otros creen que yo no soy suficientemente liberal. 
A todos ellos quisiera decirles: You can't have it all. 
. 
(EN) Señor Presidente, para comenzar, quiero hacer constar en Acta mi agradecimiento por el formidable trabajo que ha realizado nuestro ponente, el Sr. Schmidt. 
En realidad, llegué a ser como el padre de estos informes durante el Parlamento anterior. 
Durante los últimos seis años no alcanzamos ningún compromiso ni acuerdo sobre este asunto. 
En un breve espacio de tiempo, el Sr. Schmidt ha conseguido sacarlo adelante en el Parlamento hasta esta fase final. Le doy las gracias por ello. 
En mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, también deseo hacer constar en Acta mi agradecimiento a la secretaría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la secretaría de Asuntos Económicos por su cooperación en este asunto. 
Hoy intervengo, primero, en calidad de, por así decirlo, padre de este informe; segundo, en calidad de ponente de opinión; y, lo más importante de todo, en calidad de alguien que ve las tremendas ventajas que puede aportar a la Unión Europea un sistema armonizado de inversiones de los OICVM que garantice que los beneficios que actualmente se obtienen en Europa, pero que son invertidos fuera de la Unión Europea y que no benefician a la economía de la Unión, puedan ser retenidos en la economía para la creación de empresas, de empleo y también para garantizar futuros planes de pensiones. 
Existe escaso desacuerdo entre los diputados con respecto a la primera propuesta. Establece un cierto número de controles y mecanismos para garantizar que podemos disponer de este tipo de organismos reguladores armonizados. 
No obstante, la segunda propuesta despierta mayor preocupación. 
Tengo algunas ideas que debería comunicar. 
En primer lugar, la idea de un pasaporte comunitario para los organismos de gestión merece ser saludada; así como la norma de la aprobación del Estado miembro de origen. 
No obstante, en vez de imponer un nuevo régimen, podríamos haber utilizado la Directiva sobre los organismos de inversión como analogía para este régimen. 
Parece inusual que no sepamos aprovechar esta oportunidad. 
Muchos diputados han estado trabajando sobre la base de un intento de proteger los intereses nacionales de sus respectivos países, en vez de mejorar el sistema global para Europa. 
Tendremos que volver sobre este asunto una vez más en un futuro próximo. 
Animo a los diputados a que hoy garanticen con sus votos que conseguimos establecer unas bases sensatas para Europa a corto plazo, si no puede ser a más largo plazo. 
Señor Presidente, sean mis primeras palabras de agradecimiento al ponente, Sr. Schmidt, a mi colega, el Sr. Goebbels, y a mis colegas de Grupo Villiers y Lulling, que, a pesar de mantener posturas discrepantes en algunos puntos, han tenido siempre una actitud extraordinariamente constructiva. 
Como ha señalado ya el ponente, estamos discutiendo probablemente uno de los temas más importantes que vayamos a discutir en esta legislatura. 
Los organismos de inversión colectiva constituyen, desde hace tiempo, el primer instrumento de ahorro, el instrumento a través del cual millones de ciudadanos individuales, no expertos, no profesionales, consagran o entregan los ahorros de su vida a estos organismos. 
Ésta sería la primera razón para decir que hay que proceder a la liberalización, pero con prudencia. 
¿Por qué? 
Porque la quiebra de un banco es un problema que puede tener solución para cualquier gobierno. 
La quiebra, la suspensión de pagos, de un organismo de estas características crearía un problema político, social y ciudadano de incalculables consecuencias. 
Un segundo argumento me lleva a acentuar la necesidad de prudencia en la regulación de estos organismos. 
Es mi creencia en la economía social de mercado, que se basa en un mercado que funcione, pero que funcione sometido a unas determinadas reglas destinadas a garantizar el interés general, que, en este momento y este tema concretos, se circunscribe a la protección de los consumidores. 
Este principio básico de liberalización, de aumento de la competencia, de aumento de las oportunidades de inversión, vinculado a la prudencia por la protección que los consumidores merecen, es el que ha determinado e inspirado la posición de mi Grupo en la mayoría de los temas controvertidos que han sido señalados aquí. 
En primer lugar, el problema de la inversión en los organismos no armonizados, es decir, en los organismos que acampan fuera de esta directiva. 
Es obvio que, al ampliar la propuesta que aquí estamos estudiando, las posibilidades, el abanico de inversión de los organismos de inversión colectiva, aquellos organismos que permanezcan fuera se verán obligados a invertir en fondos de alto riesgo. 
Y sería torpe permitir que los organismos regulados, los organismos protegidos, pudiesen invertir en organismos abocados a inversiones tan arriesgadas como las que he dicho. 
En segundo lugar, el problema de los derivados es uno de los que más nos ha dividido, internamente en el Grupo y en relación con los demás Grupos. 
Hemos llegado a una solución de compromiso. 
Todos admitimos que la inversión en derivados debe limitarse reglamentariamente, legalmente, para evitar que un fondo armonizado pueda perder todo su patrimonio por una inversión en productos de alto riesgo. 
Es obvio que este riesgo es mayor cuando la inversión se materializa en derivados no negociados en mercados regulados, los famosos OTC. 
Creemos que hemos llegado a una solución de compromiso aceptable, y yo me felicito por ello. 
Como este tema no termina aquí sino que volverá a esta Asamblea, quisiera hacer alguna alusión al método de trabajo entre la Comisión y el Parlamento. 
Los textos que aquí estamos discutiendo son viejos y eran ya viejos cuando llegaron a este Parlamento porque habían sufrido modificaciones importantes durante la Presidencia finlandesa del Consejo. 
Nos encontramos con dos opciones: devolver el toro al corral, es decir, devolver las propuestas a la Comisión para que nos mande un texto armonizado o seguir avanzando. 
Ha prevalecido esta segunda opción y yo me felicito, pero espero que, en el futuro, la coordinación entre las dos instituciones y el Consejo sea más estrecha para que nuestro trabajo sea más comprensible, más fructífero y más productivo. 
Señor Presidente, nuestro objetivo al establecer un marco para fondos de inversiones y otros OICVM es el de garantizar los máximos beneficios para los ahorros de nuestros inversores sin someterlos a grandes riesgos, que es el motivo por el que deseo referirme al tema de los derivados en mis observaciones de hoy. 
Creo firmemente que el uso prudente de derivados puede contribuir a consolidar unos beneficios más seguros y más elevados. 
A pesar de su reputación de peligrosos, los derivados son utilizados generalmente por los administradores de activos como prevención. 
Un contrato que, por ejemplo, paga una suma sustancial si, digamos, cae el índice NASDAQ o el CAC 40, ocasiona un pago adicional por parte del inversor si sube el índice NASDAQ o CAC 40. 
¿Es eso especulación? 
Imaginemos que hemos dedicado varios meses a crear una cartera de activos de empresas que nos inspiran confianza: son empresas que cuentan con una buena gestión, buenas perspectivas y representan una buena inversión. 
Luego nos asalta la preocupación de que todo el mercado de valores pueda caer, como sucedió en 1987. 
En ese caso tendremos la opción de vender todo y convertirlo en dinero en efectivo, pero eso significaría perder todo lo que hemos investigado sobre los ganadores. 
Además supondría incurrir en todos los gastos de transacción que entraña la venta de nuestras participaciones para luego volver a comprarlas de nuevo después de la caída. 
La solución consiste en sacar un derivado que nos compense si cae NASDAQ o CAC 40. 
Pero incluso con derivados a la medida o derivados OTC, que serían más económicos, que pudieran asegurarnos contra una caída relativa de nuestra cartera con respecto al índice, seguiríamos teniendo la cartera y las participaciones, pero nos habríamos protegido contra los peligros de una caída en picado. 
A cambio, es posible que nos hayamos deshecho de algunos de los valores más en alza del mercado. 
En ese caso, que puede que sea el uso más generalizado de los derivados por parte de los administradores de activos, reducimos nuestra posible recompensa, pero también reducimos nuestro factor de riesgo. 
Es un desarrollo deseable en un fondo bien gestionado. 
La historia demuestra que los inversores se benefician de un enfoque liberal y ligero. 
Un sistema autoritario- una prescripción de cómo deben invertir los administradores del sector privado y dónde deben invertir- sólo reducirá los beneficios para los inversores. 
Los fondos de pensiones que están sujetos a las normativas sobre dónde pueden invertir y dónde no, tal y como se exige para nuestros bonos del Estado, obtienen unos beneficios del 5,2 % anual, a penas la mitad del 9,5 % de beneficios anuales que obtuvieron los fondos libres entre 1984 y 1996. 
Estamos hablando, naturalmente, de beneficios tras haber deducido todas las pérdidas. 
No confundamos la preocupación real por los intereses de los inversores con un temor populista de un enfoque nuevo, innovador y liberal que merece la pena. 
De eso es de lo que hoy deberíamos ocuparnos aquí. 
Señor Presidente, el informe que hoy se nos presenta pretende finalizar la libre circulación de inversiones financieras en Europa, incluso en sus formas más sofisticadas. 
En principio, nosotros no nos oponemos a esta industria. 
Sin embargo, y contrariamente a la opinión del Sr. Christopher Huhne, nosotros pensamos que un continente que no ha sido capaz de controlar debidamente a sus petroleros no puede ir demasiado lejos en la liberalización de una industria que puede, a la larga, provocar el mismo tipo de crisis. 
Votaremos, pues, con prudencia, a favor de todas las enmiendas que limitan la utilización de determinados instrumentos que resultan demasiado derivados y a favor de las enmiendas que limitan la concentración excesiva de los activos en un mismo grupo financiero. 
Pero debemos decir, seguidamente, que votaremos "no" respecto al texto, en conjunto. 
Asimismo, en el futuro votaremos "no" respecto a todas las propuestas de liberalización de los mercados financieros, y pedimos a los demás Grupos políticos que hagan lo mismo, hasta que, por fin, se aplique una armonización del impuesto sobre la renta de las inversiones financieras. 
Desde hace varios años, algunos países, entre los que se encuentra el Reino Unido, bloquean esta armonización, y transforman sus centros financieros en paraísos fiscales. 
Dichos países rechazan incluso lo estrictamente necesario, es decir, el paquete "Monti", propuesto por la Comisión de Bruselas. 
Esta actitud transforma a Europa en una máquina de exonerar del impuesto sobre las rentas del capital, y transfiere toda la carga de los impuestos sobre la renta de actividades, con todas las consecuencias sociales e incluso morales que de ello se desprenden. 
Hay que acabar con esto. 
Bloqueando las exigencias de la industria financiera, el Parlamento Europeo dispone de los medios para poner entre la espada y la pared a los Estados que se han convertido en paraísos fiscales. 
Señor Presidente, la directiva de 1985 creaba una especie de pasaporte europeo para ciertos tipos de OICVM comerciables en toda la Unión. 
Desde entonces, el mercado de capitales y de valores mobiliarios ha continuado su desarrollo y conocido un estallido exponencial dentro de una globalización financiera desenfrenada. 
Esto nos lleva a las dos propuestas de directiva. 
Con respecto a la segunda, que no requiere ningún comentario en particular, el informe es excelente. 
El mismo trata de reforzar las medidas de protección y de seguridad en favor de los consumidores. 
Eso sería correcto si- nos preguntamos por qué, en nombre de qué legitimidad y de qué respeto de los pueblos- hubiese que reforzar aún más el monopolio de la lengua inglesa con respecto al conjunto de los documentos que se distribuyen en Europa. 
Este es el contenido de una enmienda que hemos presentado, y que privilegia todas las lenguas de la Comunidad, enmienda que condicionará nuestro acuerdo sobre la segunda directiva. 
No ocurre lo mismo con la primera propuesta. 
Podríamos haber estado de acuerdo con el texto inicial en la medida en que respondía a un interés legítimo de actualizar la legislación existente. 
Sin embargo, el texto del informe- y saludo el trabajo de nuestro colega Schmidt- no puede contar con nuestro acuerdo por varias razones. 
En primer lugar, favorece demasiado los productos basados en índices bursátiles que nada tienen que ver con la economía real, productos derivados que servirán para seguir calentando la burbuja financiera, a la que se refería nuestro colega Lipietz hace un momento. 
En segundo lugar, pienso- como él- que no debemos favorecer una excesiva concentración en fondos que luego podrían convertirse en un caballo de Troya para los fondos de pensiones norteamericanos. 
En tal caso, evidentemente, no se establece ningún tipo de reciprocidad en favor de los OICVM europeos. 
También nos opondremos a que se suprima la facultad de los Estados de aumentar al 35%... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, este asunto tiene una importancia fundamental para Europa. 
Una Europa que se enfrenta a la inminente bomba de relojería de las pensiones, debe adoptar todas las medidas necesarias para fomentar el ahorro y optimizar los beneficios que la población de Europa puede obtener de sus ahorros. 
Saludo muchos de los avances que nos trae el informe del Sr. Schmidt. 
Los OICVM son todo un éxito en la Unión Europea. 
Pero ha llegado la hora de actualizar la legislación. El Sr. Schmidt ha realizado una excelente labor en este sentido. 
No es ningún secreto que, personalmente, habría preferido con mucho que el informe del Sr. Schmidt no hubiera sufrido tantas alteraciones a su paso por el Parlamento. 
Pero apelo a esta Asamblea a que adopte un enfoque equilibrado y de sentido común sobre este asunto. 
La medida radical que defiende este informe es la de permitir que los OICVM utilicen derivados OTC. 
Apelo a todos los presentes a que hagan una evaluación de los productos que utilizarán dichos OICVM. 
No estamos hablando de la utilización de derivados con fines especulativos. 
Estamos hablando de la utilización de derivados para reducir los riesgos e incrementar los beneficios de los ahorros del ciudadanos europeo de a pie. 
El Sr. Schmidt merece ser aplaudido por haber conseguido el apoyo del Parlamento para los derivados over-the-counter. 
No debemos temer seguir adelante y reaccionar ante los cambios que experimente el mercado. 
Sí, debemos seguir garantizando que los OICVM proporcionan un producto equilibrado y protegido para los consumidores. El informe proporciona una protección muy adecuada de los consumidores. 
Pero algunas de las enmiendas van demasiado lejos en cuanto a que limitan la utilización de derivados OTC. 
Opino que estos derivados vendrán a sumarse a la cartera de "unit trusts", que lo único que pueden hacer es ayudar a personas de toda Europa a obtener altos beneficios por sus ahorros. 
Saludo al Sr. Schmidt. 
Señor Presidente, estimados colegas, se impone una modificación de la Directiva sobre los OICVM, puesto que la antigua directiva ya no se corresponde con las realidades de los mercados financieros. 
A este respecto es importante señalar que los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios realizan inversiones de capital por cuenta de inversores individuales. 
Es por eso por lo que los fondos "feeder" y "master" no se ajustan al objetivo de la directiva y, por tanto, es correcto que la Comisión de Asuntos Económicos haya rechazado la propuesta al respecto. 
Los inversores individuales necesitan que exista transparencia sobre los riesgos asociados a las sociedades de gestión y los productos. 
Éstos últimos han de concebirse de tal forma que incluso los pequeños inversores puedan comprender en la ventanilla del banco qué es lo que contratan exactamente. 
En el marco de la creación de un pasaporte europeo para OICVM ello significa que las autoridades nacionales competentes en materia de supervisión han de aplicar criterios idénticos en lo que a la vigilancia de los productos y sociedades de gestión se refiere. 
Los márgenes de evaluación con los que actúan las autoridades de supervisión han de restringirse si queremos crear transparencia y aumentar la confianza en los productos y las sociedades de gestión en el contexto del mercado interior. 
Por eso mismo, la definición de lo que se entiende por utilización de derivados OTC en el marco de una gestión eficiente de cartera supone un logro importante en el ámbito de la gama de productos OICVM, puesto que la antigua directiva presentaba el enorme inconveniente de que cada autoridad de supervisión interpretaba la gestión eficiente de cartera de un modo distinto. 
Es positivo que el Parlamento Europeo se comprometa a reforzar la protección del consumidor en Europa. 
Esta claro que la información acerca de todos los productos disponibles y los riesgos que muchos de ellos entrañan no le llega a éste por ciencia infusa. 
Europa no se puede convertir en un paraíso para los organismos de inversión, los bancos, las compañías de seguros o sus grupos de presión. 
Muchas gracias, señor Kuckelkorn. 
Estimados colegas, ya les puedo comunicar una primera respuesta sobre la cuestión de la cortina y la ventana. 
Si abrimos dicha cortina, nos encontraremos con una pantalla protectora que no se puede retirar fácilmente. 
Me temo, por lo tanto, que tendremos que aplazar el experimento hasta la próxima sesión plenaria. 
Procuraré que en aquel momento podamos averiguar cómo queda la sala con la cortina abierta. 
Señor Presidente, desde su entrada en vigor, el 1 de octubre de 1989, la directiva relativa a los OICVM ha obtenido un gran éxito, gracias sobre todo al muy elevado nivel de protección que garantiza a los inversores. 
La industria de los fondos de inversión ha quintuplicado sus activos en la Unión Europea, aprovechando la directiva y la buena imagen de los OICVM entre los inversores. 
La comercialización transfronteriza de las inversiones en el seno de la Unión Europea ha conocido un fuerte desarrollo, y la propia directiva se ha convertido en una legislación ejemplar a escala mundial. 
Pero es evidente que, después de diez años y a la vista del desarrollo de los mercados y de la oferta de nuevos productos financieros cada vez más sofisticados, la directiva está algo anticuada. 
Las propuestas de la Comisión que discutimos permiten el lifting que necesita esta directiva. 
Comparto algunas de las preocupaciones expresadas- en particular por mi colega García-Margallo -, pero este lifting sería aún más pertinente si los fondos que, simplemente, reproducen un índice bursátil, y que, por lo tanto, se gestionan pasivamente- de hecho, no se gestionan en absoluto -, así como aquellos que utilizan un índice como benchmark para un fondo gestionado activamente, recibieran el mismo tratamiento, aunque sólo fuese para permitir que las medianas empresas que cotizan en bolsa, pero que no figuran en el índice bursátil, lograsen un mayor acceso al mercado de capitales. 
Por otra parte, un fondo gestionado activamente puede a menudo garantizar mejor la protección de los inversores. 
Aviso a los aficionados: mi enmienda 47 va en esta dirección. 
Con respecto a la propuesta de una nueva disposición tendente a limitar al 15% las inversiones realizadas por entidades pertenecientes a un mismo grupo, deseo subrayar- prescindiendo del hecho de que este límite es demasiado bajo- que el texto no define el concepto de grupo, concepto que no existe en la legislación europea, porque no es factible y porque, además, es imposible de controlar en la práctica. 
Votaré, pues, en contra de esta propuesta de modificación. 
Para concluir, señor Presidente, permítame recordar a los colegas que la directiva necesita un "new look" que haga aún más atractivos los OICVM, pero no necesita un corsé europeo, lo cual los asfixiaría. 
Señor Presidente, la introducción del euro y la mayor liberalización de los mercados de capitales han contribuido a la creación de un espacio financiero europeo más amplio y más profundo que, a su vez, abre nuevos mercados de consumo y aumenta la transparencia de los precios, pero también agudiza la competencia. 
Además, hemos de ser conscientes de la importancia económica de los negocios financieros y sobre todo de los que constituyen el objeto del debate de hoy. 
A finales de 1999 se registraron casi 15.000 fondos de inversión OICVM autorizados, cuyo valor total ascendió a más de dos mil millones de euros, representando aproximadamente el 75% de todos los funds assets. 
Por tanto, es con razón que la Comisión subraya esta importancia económica en las propuestas que formula con respecto a la propuesta de directiva, y debo admitir que la propuesta de la Comisión me convence bastante. 
Todos sabemos cuán difícil es mejorar un marco jurídico para un fondo de inversión, cuán difícil es ajustar el pasaporte europeo para sociedades de gestión a criterios uniformes. 
Por todo ello, se puede concluir que el marco de referencia legal y jurídico en materia de supervisión de mercados y productos financieros ha experimentado un avance. 
A este respecto yo también insisto antes que nada en la necesaria optimización de la protección del consumidor, y me parece sumamente importante que ello quede reflejado tanto en la propuesta de la Comisión como en la propuesta del Parlamento Europeo y las propuestas de transacción. 
En cuanto a los derivados OTC, considero que entrañan un riesgo inestimable y estoy convencida de que nosotros como Parlamento Europeo tenemos el deber de informar a los consumidores. Éstos creen que los fondos de inversión, por ofrecer una seguridad a largo plazo, son comparables con las clásicas fórmulas de ahorro puesto que también se conocían con el nombre de fondo de ahorros. 
Por esa razón, hemos de reiterarles una y otra vez que estos dos productos no se pueden comparar entre sí, aparte de que conviene imponer una protección mínima. ¿Por qué no nos guiamos por la protección mínima contemplada en la directiva sobre las operaciones con valores mobiliarios, por ejemplo por el artículo 11 de la misma, que se refiere a la buena conducta? 
En mi opinión, se trata aquí de otro avance que podríamos obtener y creo que también sería bueno que los consumidores y los inversores pudieran hacerse una idea acerca de la estructura de riesgos de los fondos mencionados a partir del nombre de los mismos. 
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de directiva que estamos tratando trae consigo varias reformas de la normativa actual que son bienvenidas. 
En los trabajos de elaboración se ha encontrado, en gran medida, un equilibrio propicio para aumentar la eficiencia y el crecimiento de los mercados financieros, sin escatimar en la protección adecuada del consumidor que participa en fondos de inversión. 
Mientras mayor sea la confianza del consumidor en el funcionamiento de los mercados financieros, más serán los consumidores que se decidan a invertir en los mercados abiertos. 
Mientras más inviertan los consumidores, más prometedores serán los mercados de financiación de las empresas europeas. 
Es evidente que si las empresas reciben con más facilidad financiación con capital propio, el balance de las mismas tendrá unos cimientos más consolidados y, por consiguiente, mejorarán las posibilidades de crecimiento e inversión. 
En este contexto, carece de relevancia el hecho de que el aumento de capitales en los mercados de valores provenga de la inversión privada directa o de la realizada por organismos de inversión colectiva. 
Aunque en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios estábamos de acuerdo, por lo general, en cuanto a los objetivos de la reforma de la legislación, el proceso de elaboración en esta comisión parlamentaria no ha sido de los más fáciles. 
Al menos personalmente, a mí me causó dificultades la división técnica de la directiva en dos propuestas diferentes, hecho que no me facilitó de ningún modo la familiarización con esta difícil temática tan especializada. 
En cualquier caso, quisiera exponer mi opinión sobre algunas propuestas específicas. 
En primer lugar, me siento muy satisfecha de que la propuesta de directiva incremente, en su conjunto, la libertad de los fondos de inversión para encauzar los capitales de financiación hacia diferentes instrumentos. 
En cuanto a los derivados, considero que está justificada la postura aprobada por la comisión parlamentaria- al contrario que la Sra. Ranzio-Plath, por ejemplo. 
Los derivados no negociados en mercados regulados, los OTC, no deben ser tratados en esta directiva de forma diferente a los derivados tipificados, ya que los derivados OTC son de uso corriente en muchos Estados miembros y también han sido utilizados en el pasado. 
En lo que se refiere al artículo 5, letra g, de la segunda propuesta de directiva, o sea, el llamado artículo de delegación, creo que la propuesta original de la Comisión sobre la normativa que debe regir el otorgamiento de facultades era mejor que la que se ha aprobado ahora en la comisión parlamentaria, y, por lo tanto, apoyo algunas de las enmiendas realizadas por la Sra. Villiers en este punto. 
Señor Presidente, veo dos problemas en el debate de esta mañana. 
En primer lugar, cuando llegué a este Parlamento hace muchos años, me dijeron que cuando hay una tarea difícil, ésta se le encomienda a un Liberal. 
Ahora me dicen que si hay un debate difícil, sabemos que tendremos problemas si la mitad de los diputados de Luxemburgo están en la Asamblea al mismo tiempo- y lo están. 
En primer lugar, acojo con satisfacción la propuesta número 1. Simplifica las cosas y las actualiza. 
Creo que muchos diputados británicos votarán en contra de un gran número de enmiendas del informe. 
Apoyamos el informe Schmidt sobre la propuesta número 1, pero lamentamos que la directiva establezca un montón de limitaciones de la cantidad, lo que limita la capacidad de repartir los riesgos. 
Creemos que el mejor medio de avanzar es un mercado más liberal. 
En segundo lugar, consideramos que la propuesta número 2 es muy confusa. 
Resulta difícil de entender y creemos que la Comisión haría bien en volver a analizarla. 
Si hace falta más regulación, opinamos que ésta podría lograrse mejor a través de otros medios distintos de los que propone la directiva. 
En particular, no estamos de acuerdo con la propuesta sobre los requisitos de capital, porque si los requisitos son demasiado altos, podrían significar que algunas empresas tengan que abandonar este sector. 
Pedimos a la Comisión que vuelva a analizar estas propuestas. 
Por último, quisiéramos instar a los diputados a que voten en contra de la enmienda 41, en particular, relativa a los requisitos de capital, porque consideramos que serían muy perjudiciales para el sector. 
Señor Presidente, pecunia non olet, decían los latinos. 
Lo importante es que el dinero genere más dinero. 
Ésta es la única ocasión en que hacemos converger el interés de los economistas y el de aquellos que quieren hacerse ricos y sólo piensan en los dólares como el tío Gilito que tiene dibujado el símbolo del dólar en lugar de los ojos, sólo que en este caso el símbolo es el del euro. 
Aquí reunimos el interés de esos ciudadanos y el interés de los pensionistas que desean vivir una vida tranquila. 
Por ejemplo, mi cuñado que vive en Roma es pensionista desde hace un año y desde entonces todos los días- desde la siete de la mañana cuando se despierta hasta media noche- controla en pantalla la marcha de sus inversiones en fondos de pensión y en valores mobiliarios. 
En el futuro, los pensionistas van a disponer- como ya ocurre ahora- de ingentes cantidades de dinero. 
En efecto, mientras los jóvenes están sin blanca, las personas mayores han acumulado dinero y, dado que quieren rentabilizarlo, tienen mucho interés por esta directiva. 
Si los Gobiernos nacionales tuviesen corazón- como lo tiene la Unión Europea en esta directiva- la multiplicación del dinero ganado a lo largo de la vida laboral, el problema de la bomba de las pensiones ya se habría resuelto. 
Usted, señor Bolkestein, en su calidad de Comisario, tiene una grandísima responsabilidad de cara al futuro de las personas mayores y de los pensionistas, un futuro que espero que sea mejor una vez que habremos puesto a punto esta directiva, o sea, muy pronto, como proponen las Sras. Villiers y Kauppi. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, aunque muchas de mis enmiendas han sido rechazadas en comisión, aplaudo el compromiso y la propuesta. 
A guisa de conclusión estimo necesario señalar una vez más que tras la introducción del euro en 1999 es prioritaria para la presente directiva la creación de un mercado europeo único. 
Tampoco debemos olvidarnos de los inconvenientes de la normativa anterior. 
Los fondos de nivel nacional no podían beneficiarse de las ventajas del pasaporte comunitario contemplado en la Directiva de 1985. 
La oferta era reducida, no se fomentaban las innovaciones y la gran variedad de normativas y medidas de protección que se aplicaban a los inversores en los diferentes países constituía un obstáculo a la libre competencia. 
En este contexto sobre todo merecen mi elogio los folletos simplificados que facilitan la comparación y la evaluación de los fondos. Asimismo se crean nuevas modalidades de ahorro para el gran público, lo cual adquiere una especial relevancia en el marco de las previsiones suplementarias para la vejez, y nuevas formas de obtener capital para las empresas. 
Sin embargo, quisiera señalar que hay quien teme que la presente propuesta tienda a restringir las transacciones entre OICVM y depositarios. 
Hemos de evitar por todos lo medios posibles que dichas relaciones se reduzcan de forma desproporcionada puesto que ello no estaría en consonancia con la cultura bancaria universal de cuño europeo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0019/2000) del Sr. Di Pietro, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, con cartas de 3 de agosto de 1999 y de 3 de diciembre de 1999, el Consejo solicitó al Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 39 del Tratado, que emitiera su dictamen sobre un proyecto de convenio entre los Estados miembros por el que se garantiza una asistencia judicial mejor en materia penal. 
Por lo tanto, como pueden comprobar, se trata de un proyecto muy importante y que sirve realmente a los Estados de la Unión para poderse dotar de un instrumento de asistencia judicial más completo y más homogéneo. 
En realidad, en el seno de Consejo, continúan habiendo todavía hoy algunas divergencias respecto al tipo de convenio y a algunas cláusulas previstas en el mismo. 
Algunas de estas divergencias ya se han solucionado, otras subsisten todavía. 
El espíritu de la propuesta, en todo caso, es dotar a los profesionales del Derecho- los jueces en primer lugar, pero también los ciudadanos afectados- de un instrumento operativo eficaz para la lucha contra la delincuencia, en el respeto, sin embargo, de las garantías procesales fundamentales y de los principios generales de los derechos del ser humano. 
Ésta es la razón por la cual, pese a las numerosas lagunas del texto, las disposiciones previstas en el mismo se pueden aceptar- pueden serlo, señor Presidente- pero a condición de que sean enmendadas adecuadamente para garantizar la funcionalidad para los demás profesionales del Derecho y la aceptabilidad por parte de los ciudadanos. 
Por esto, la Comisión ha presentado varias enmiendas, dirigidas a replantear sistemáticamente la propuesta del Consejo sugiriendo una serie de ajustes técnicos para conseguir que el texto resulte más armonioso y coherente respecto a las modificaciones propuestas, unas enmiendas que pueden resumirse en una mayor exaltación de los derechos fundamentales de defensa y en distintas modificaciones técnicas necesarias para hacer más comprensible toda una serie de pasajes oscuros y contradictorios, así como para suprimir esa parte que se refiere a las escuchas telefónicas a distancia, cuando falta todavía, por un lado, un conocimiento técnico y, por otro, la aceptabilidad por parte de los Gobiernos de los distintos Estados de la Unión. 
La propuesta, tal como está formulada por el Consejo, y posteriormente modificada por la Comisión, prevé un convenio basado en tres títulos: en el primero se facilitan indicaciones para uniformar los procedimientos y los trámites que deben seguirse en las comisiones rogatorias; en el segundo se enumera toda una serie de solicitudes específicas de asistencia judicial y se establecen los trámites y los procedimientos que deben cumplirse en relación con estas actuaciones de asistencia judicial; en el tercero, por ultimo, se prevén y se establecen las formas conforme a las cuales pueden y deben realizarse las escuchas telefónicas a los ciudadanos que se encuentran en un Estado distinto del de su procedencia. 
Indudablemente, señor Presidente, la cooperación internacional es necesaria para hacer frente tanto a la delincuencia transfronteriza como a la delincuencia en el ámbito del Estado cuyas pruebas se encuentran en el extranjero. 
Sin embargo, es necesario que se elabore cuanto antes un nuevo convenio que tenga en cuenta otras problemáticas, aún más delicadas: toda la problemática inherente a la doble punibilidad y la inherente a la especialidad, así como la referente a la credibilidad de un Estado de la Unión respecto a la autoridad judicial de los demás Estados de la Unión. 
Se trata, por lo tanto, de cuestiones sumamente importantes que esperamos que el Consejo vuelva a abordar cuanto antes para emitir un nuevo dictamen. 
Señor Presidente, por lo que se refiere a otros muchos puntos de la cuestión, me remito al contenido de mi informe escrito. 
. Señor Presidente, quiero hacer una observación preliminar: me expreso en nombre del Partido Popular Europeo, como responsable de este expediente. 
Quiero señalar que el Consejo hoy no está aquí. 
Quiero por contra, saludar la atenta presencia, como lo ha sido siempre desde su nombramiento, del Comisario Sr. Vitorino. 
Esta observación me lleva a otra: en lo que se refiere a este Convenio, en el que el Parlamento sólo elabora un informe simple, se consultó al Parlamento sobre un texto que ya no era el texto sobre el que estaba trabajando el Consejo, y en el que no se contenían cuestiones que habían sido ya pactadas. 
Quiero denunciar esto junto con la ausencia del Consejo. Me parece grave. 
Creo que esta institución tiene que reaccionar. 
Nos encontramos en un territorio de frontera y ahí, señor Presidente, cuentan mucho las actitudes y los símbolos. 
Una comunidad política se refleja en la justicia que se quiere dar. 
Por eso este informe es tan importante. 
Es un paso en ese espacio de libertad, de seguridad, y sobre todo en ese espacio de justicia, al que todos aspiramos. 
Aspiramos al juez natural europeo, y éste es un paso importante en ese sentido, construido sobre la confianza mutua entre los Estados miembros y entre sus sistemas judiciales, sobre la confianza de la ciudadanía europea en cualquier juez europeo. Pero también construido sobre el respeto escrupuloso de las libertades y los derechos fundamentales y, en especial, de las garantías procesales. 
Ahí es donde este Parlamento ha modificado acertadamente- creo- el equilibrio propuesto por el Consejo, apostando firme y decididamente por un reforzamiento de esas garantías procesales en todas las enmiendas. 
Señor Presidente, como ha dicho el ponente, el Parlamento se ha centrado en un asunto, para suprimirlo, que es el de las escuchas telefónicas. 
En nombre del Partido Popular Europeo, he presentado una enmienda a la resolución, en la que se pide que, cuanto antes, el Consejo ponga sobre la mesa un texto sobre esta materia, porque la falta de regulación no es buena. 
La regulación, tal como estaba planteada, era incompleta y, por lo tanto, mala. 
Pero la falta de regulación también puede conducir- y de hecho somos conscientes de que conduce muchas veces- a abusos en el terreno de las telecomunicaciones. 
El otro punto que quisiera resaltar- que también ha sido objeto de mucho trabajo- es el de la utilización de videoconferencias en el caso de investigados, imputados, autores o procesados. 
En ese punto también, en nombre del Partido Popular Europeo, he pedido que el Consejo ponga sobre la mesa cuanto antes un convenio que aclare y complete la regulación, que es francamente insatisfactoria. 
Señor Presidente, los miembros del Partido Popular Europeo, salvo algunas excepciones, votaremos a favor de las enmiendas de la comisión y, por supuesto, a favor de las enmiendas que hemos presentado. 
Señor Presidente, parte de la construcción de Europa pasa, en nuestra opinión, por la construcción de un ordenamiento jurídico común que abarque un Derecho administrativo, un Derecho civil, sustantivo y procesal y un Derecho penal, sustantivo y procesal, de la Europa que queremos construir. 
El Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal que hoy debatimos, es sólo una pieza de ese gran corpus juris europeo que encuentra su fundamento natural en los derechos y en las libertades del ser humano. 
En consecuencia, también la cooperación judicial en materia penal debe llevarse a cabo en el respeto más riguroso de los derechos fundamentales, unos principios en que se asientan nuestra cultura y nuestra civilización: pienso en un juicio justo, en particular en los derechos a la defensa, en la imparcialidad y en la mediación del juez, en la larga duración de los procedimientos judiciales, en los cuales Italia, mi país, bate un récord lamentablemente negativo en lo que se refiere al número de condenas y de demandas pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Las limitaciones de los derechos fundamentales que se justifican por estar vinculadas a una violación real o presunta de la norma penal, no pueden y no deben encontrar aplicación en los ámbitos del Derecho. 
El informe que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha modificado ampliamente el planteamiento originario aceptando muchas enmiendas que hemos presentado, sigue causando algunas perplejidades por la manera en que se pretenden regular las escuchas telefónicas y las videoconferencias. 
Las noticias de estas últimas semanas sobre la manera en que las modernas tecnologías permiten efectuar escuchas, nos inducen a prestarle una mayor atención: no quisiéramos que los oscuros escenarios descritos por Orwell se convirtieran en una realidad todavía más cruda y preocupante. 
Ahora bien, éste es sólo el principio de una gran labor en el ámbito del Derecho que debe avanzar a la par que el crecimiento de la Europa que queremos. 
Señor Presidente, señoras y señores, el informe del Sr. Di Pietro- aun cuando esta mañana no reciba mucha atención por parte de esta Casa- es uno de los informes más importantes que la Comisión de Libertades y Asuntos Interiores ha elaborado en los últimos años. 
Es uno de los informes más importantes porque aborda un campo extremadamente sensible del futuro político europeo. 
A través del proceso cada vez más vertiginoso de la integración económica estamos creando en Europa un enorme espacio de actividades económicas libres y sin trabas. 
Pero ahí donde se crea un enorme espacio de actividades económicas libres y sin trabas, también se crea un enorme espacio de oportunidades para las actividades económicas ilegales. 
Dicho de otro modo, estamos ante una situación en la que disponemos de un espacio económico que permite una criminalidad ilimitada, pero la lucha contra esa criminalidad sigue asentada básicamente en el ámbito intergubernamental, tanto en materia de cooperación policial como judicial- a diferencia de la legislación en materia económica que se ha incorporado al Derecho comunitario. 
El informe DI PIETRO subraya con razón que la necesaria lucha contra la criminalidad ha de organizarse hasta en los más mínimos detalles mediante acuerdos intergubernamentales. 
Si hablan alguna vez con un juez o un procurador general en ejercicio sobre el tiempo que tardan en tramitarse las solicitudes de asistencia judicial en materia de crímenes evidentes y graves de índole transfronteriza, llegarán a la conclusión de que incluso, después del convenio que estamos debatiendo hoy, y acerca del cual el Sr. Di Pietro ha elaborado un informe, no podemos sino admitir que se producirán algunas mejoras técnicas y de organización, pero que acabamos de iniciar la andadura para una cooperación eficaz y fluida entre los jueces de la Unión Europea. 
Nos queda mucho camino por recorrer para obtener lo que necesitamos incondicionalmente, también en opinión de mi Grupo político, a saber una fiscalía europea que colabore en determinados ámbitos de competencia claramente definidos con una policía europea y que mediante dicha colaboración consiga no sólo la detención de criminales sobre la base de medidas policiales en la Unión, sino también la valoración judicial de los resultados derivados de la cooperación policial. 
Esta aplicación jurídica no puede frustrarse como consecuencia de la renuencia de los Estados nacionales a ceder parte de su soberanía, porque en última instancia es de lo que se trata. 
Hemos observado con mucha atención el presente informe y hemos respaldado la mayoría de los puntos propuestos por el Sr. Di Pietro. 
Quisiera destacar dos aspectos interesantes que han aflorado en el debate. 
En primer lugar, el ejemplo de las escuchas telefónicas y el debate que está surgiendo en torno a esta problemática demuestran que las posibilidades de injerencia en las libertadas fundamentales de los ciudadanos que se perfilan en la Unión Europea, por ejemplo, a raíz de la posibilidad de realizar escuchas telefónicas en llamadas internacionales, así como la cuestión consiguiente de las garantías que se ofrecen a las personas afectadas en el ámbito de los derechos fundamentales, no están suficientemente reguladas en el marco de la Unión Europea. 
Ésta es una prueba de que la Carta de los derechos fundamentales que estamos debatiendo actualmente, en el momento oportuno, lógicamente ha de ser integrada en el Tratado de la UE para que las autoridades europeas estén obligadas a respetar los derechos fundamentales. 
También hemos observado con mucho interés que el ponente es un famoso representante de la justicia italiana y que la mayor parte de las enmiendas a su informe han sido presentadas por un diputado que es perseguido por la justicia italiana. 
Es interesante comprobar que las autoridades penales italianas representadas en este Parlamento han de tratar enmiendas propuestas por personas que- si no me equivoco- son perseguidas por la justicia en la propia Italia. 
Estoy seguro de que el Sr. Dell ' Utri también figura en la lista de oradores. 
Señor Presidente, en el Pleno hay enmiendas de la comisión y enmiendas de los Grupos políticos. 
No hay ni puede haber enmiendas de ningún diputado a título individual. 
Digo eso para que se entere el Sr. Schulz. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, comprendo plenamente la frustración del Sr. Di Pietro. Se ha visto obligado a realizar esfuerzos extraordinarios en un lapso de tiempo mínimo a fin de poder presentarnos hoy este informe. 
La delincuencia en la Unión Europea se ha incrementado de tal manera que uno ya no puede contentarse con un planteamiento por pasos de la asistencia judicial recíproca en materia penal. 
La culpa ciertamente no la tiene el Parlamento Europeo. 
Son los Gobiernos de los Estados miembros quienes han reducido hasta este extremo el margen de actuación. 
El resultado es que el Parlamento Europeo se halla por así decirlo ante una misión poco más que imposible. 
Debemos contentarnos con la idea de que cualquier instrumento, por pequeño que sea, merece ser aprovechado para crear una mejor asistencia judicial. 
Paradójicamente podría ser aconsejable que habláramos lo menos posible de este informe, puesto que cuanto más insistamos en que se trata de pasos pequeños tanto más se frotará las manos el mundo del crimen y tanto más saldrá a la vista la enorme desproporción entre la delincuencia organizada y la acuciante falta de cooperación judicial. 
Por tanto, hago un llamamiento urgente al Consejo de Ministros para que de una vez por todas afronte la realidad y se dé cuenta de que la delincuencia no guarda proporción alguna con la codificación. 
Si no me equivoco es nuestro objetivo dotar a las instancias judiciales- en primer lugar a los magistrados, pero también a los ciudadanos afectados- de instrumentos para la lucha contra la delincuencia sin perjudicar las garantías fundamentales en lo que al respeto y los principios fundamentales de los derechos humanos se refiere. 
De lo contrario, nuestros esfuerzos no surtirán ningún efecto. 
Por todo lo anterior, abogo sobre todo por una mayor armonización del Derecho penal de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 
A mi modo de ver es ésta la única forma eficaz de combatir la delincuencia más allá de las fronteras. 
Y mientras no se lleve a cabo dicha armonización tendremos que actuar con coherencia si queremos fomentar la asistencia judicial entre los Estados miembros. 
A este fin presenté una enmienda en la que proponía que la asistencia judicial se circunscribiera a las causas criminales incoadas por las autoridades contra hechos tipificados como delitos en el Derecho nacional de la parte requirente y del Estado miembro requerido. 
Vuelvo a encontrar el contenido de mi enmienda en la enmienda 43, que también expresa esta condición conjunta. 
Es una condición imprescindible puesto que, en mi opinión, ha de respetarse el principio de legalidad del Derecho penal "nulla poena sine lege". 
En consecuencia, toda solicitud de asistencia judicial acerca de una acción supuestamente no delictiva según el Derecho penal del Estado miembro requerido es contraria a este principio de legalidad y, por tanto, atenta contra los principios fundamentales del Derecho del Estado miembro requerido. 
Por eso mismo, es muy importante que se adopte esta condición conjunta. 
Por último, quisiera reiterar que, a mi modo de ver, el Sr. Di Pietro ha realizado una labor magnífica al presentarnos un informe que, a pesar de las numerosas limitaciones con las que contaba, ofrece todas las garantías en lo que al respeto de los derechos individuales del hombre y las libertades fundamentales se refiere. 
Pero si queremos aumentar el sentimiento de seguridad del ciudadano europeo hemos de reforzar aún más la cooperación judicial. 
Señor Presidente, mi Grupo se congratula de que se haya alcanzado un convenio para traducir la práctica diaria de la asistencia judicial recíproca en materia penal en un conjunto de normas. 
Toda normativa tiene por objeto definir los deberes y los derechos entre Estados y entre ciudadanos o entre los ciudadanos y las autoridades. 
La propuesta que tenemos delante es una propuesta compleja dado que se centra en los convenios entre Estados, pero, al mismo tiempo, tiene consecuencias muy importantes para la relación entre el ciudadano y las autoridades. 
Es en esta parcela de la protección jurídica donde la propuesta del Consejo se queda corta. 
Y es más, según dice el ponente Di Pietro presenta enormes deficiencias. 
El convenio permite que se produzca una cadena de solicitudes de asistencia judicial implicando en cada eslabón a autoridades y sistemas jurídicos de Estados miembros diferentes. 
Debido a este método, ningún juez puede controlar la cadena en su totalidad. 
De ahí que se requieran medidas complementarias, como por ejemplo la obligación de los funcionarios de la policía judicial de prestar testimonio, siempre que así se desee, en todo juicio penal en que se utilice material suyo. 
Mi Grupo tampoco puede aceptar que la propuesta del Consejo quebrante el principio de proporcionalidad. 
Está claro que el ámbito de aplicación no está sujeto a restricciones. 
El convenio no solamente se aplica a la lucha contra delitos graves y la delincuencia organizada. 
Ni siquiera figura en ningún lado que se limite al Derecho penal. 
Por tanto, no es inconcebible que la Unión Europea acabe matando mosquitos a cañonazos y que los derechos de los ciudadanos se esfumen en el humo de la pólvora. 
Señor Presidente, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal que hoy estamos examinando, contiene lo mínimo indispensable para una rápida y eficaz cooperación entre los distintos órganos judiciales o de investigación. 
El mismo trata de las notificaciones, el intercambio de información, el traslado temporal de detenidos, la restitución de bienes, las declaraciones por videoconferencia, las actividades de investigación y las llamadas undercover, las escuchas telefónicas, etcétera. 
Es el mínimo sobre el que se podría llegar a un acuerdo y ni que decir tiene que si se aceptan algunas enmiendas como, por ejemplo, la 32 o la 81, la 70 revisada o la 71 revisada, todo el Convenio se reducirá al mero intercambio de notificaciones o de información y, de hecho, se debería tirar a la papelera, y nosotros votaríamos en contra. 
Espero que el sentido común de los diputados de los distintos Grupos les haga rechazar dichas enmiendas. 
Además, el hecho de que no se haya convertido en un acuerdo marco y haya quedado en el ámbito de los convenios es una derrota para el Parlamento. 
Como habrá podido comprobar el Comisario Sr. Vitorino a raíz de las distintas intervenciones, aflora la necesidad de elaborar un marco de normas comunes, esto es, de no seguir avanzando de esta manera, con este orden disperso, con estos pequeños convenios que abarcan distintos sectores como el de las investigaciones u otros. 
Por el contrario, es absolutamente necesario un mínimo de reglas seguras, válidas dentro de la Comunidad, con un obvio aumento de las garantías hasta los máximos niveles, precisamente para protegerse con vistas a la ampliación. 
Pienso en lo que se convertirían esta Comunidad, estos convenios o las relaciones judiciales si, por ejemplo, se incorporase a la Unión Europea un país fascista como Turquía: me quedaría realmente perplejo. 
Es preciso dotarse de un corpus juris- lo ha dicho todo el mundo- y de unas normas comunes, especialmente procesales, que garanticen un Estado de derecho común en toda la Comunidad. 
Es obvio que ésta es una materia que corresponde a la Conferencia Intergubernamental y que se trata de una aspiración a la que el Parlamento puede contribuir de manera limitada, ya que todo depende del Consejo y de la Comisión. 
Considero que este primer semestre, en que el Comisario es portugués y la Presidencia la ejerce Portugal, es una excelente ocasión para dar un primer impulso a esta aspiración común. 
Por esto, respaldamos las enmiendas 78 y 79 que prefiguran un mínimo de normas seguras en materia de escuchas telefónicas y de videoconferencias. 
Por un lado, esperamos con gran atención el resultado de esta votación con el objeto de evitar que se vacíe de contenido todo este convenio- que, repito, ya establece unas normas mínimas- y, por otro, estamos a favor de esperar cualesquiera propuestas que lleguen de la Comisión para que finalmente se elabore este Derecho comunitario mínimo. 
Señor Presidente, qué duda cabe de que, ante los crecientes fenómenos de delincuencia organizada a escala internacional, los Estados miembros deberían cooperar entre sí lo más posible, o mejor, se deberían sentar las condiciones institucionales para poner en marcha un proceso concreto y eficaz de cooperación en el ámbito judicial: un proceso que, sin embargo, debe afrontar todas las etapas necesarias para evitar que haya forzamientos inoportunos en perjuicio de las legítimas indicaciones nacionales en materia de justicia, respecto a las que los Estados miembros son soberanos, y sobre todo para evitar forzamientos que acaban menospreciando los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
En consecuencia, es preciso actuar con cautela ante un texto como el del Consejo, en que, como ha subrayado también el ponente, después de años de debate, ahora se pretende resolverlo todo en muy pocos meses. 
Además- y comparto las valoraciones del Sr. Di Pietro- el texto del Consejo parece incluso demasiado rico en contradicciones, formulaciones incoherentes y lagunas. 
Obviamente, la justicia, más que ningún otro sector, no puede tratarse de manera incoherente y contradictoria. 
En opinión de nuestro Grupo, también el informe en su conjunto parece muy discutible, a pesar de la introducción de algunas enmiendas correctivas, sensibles a la tutela de las libertades personales y al respeto de las soberanías nacionales. 
En el informe se abordan materias demasiado heterogéneas, no existe una gradación y se procede por aproximación. 
En conclusión, nosotros votaremos en contra de este informe reiterando que la Europa que deseamos debe ser una Europa de los derechos y de las garantías: derechos y garantías que precisan reflexiones graduales y responsables, así como profundizaciones muy serias. 
En primer lugar hay que establecer las reglas generales, las certezas institucionales, y sólo después se podrá proceder al establecimiento de convenios prácticos. 
Señor Presidente, en nombre de los diputados de la Lista Bonino, quiero confirmar la posición que mantuvimos en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y, en consecuencia, también anuncio el voto en nombre de nuestros diputados: un voto en contra de este informe, o mejor, un voto en contra del Convenio en que se basa el informe. 
Con todo, quiero agradecer y elogiar el trabajo del señor ponente que ha escuchado muy atentamente lo que sostuvimos en la comisión, en particular acerca de la cuestión de los derechos a la defensa tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la cooperación en materia penal de la asistencia jurídica europea. 
La comisión y el ponente han aceptado nueve de las once enmiendas que hemos presentado y que se basan precisamente en los derechos a la defensa. 
Esto nos lleva a considerar que el Parlamento Europeo ha realizado un excelente trabajo a fin de garantizar la tutela de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, si este fuera un parlamento legislador y si en este procedimiento fuéramos- y no lo somos- colegisladores. 
Éste es el problema y por esto criticamos la posición del Consejo que no nos satisface en absoluto. 
Se trata de un trabajo de tres años, sobre el que fuimos consultados, por decirlo de alguna manera, graciosamente, mientras que esta cuestión presenta, como ya se ha subrayado, aspectos formales y sustanciales muy importantes que hubieran requerido una valoración, una consulta, una concertación y una codecisión diferentes. 
Las distintas cuestiones- de las escuchas legales, de los derechos a la defensa, de los derechos de los detenidos, de las autoridades que están legitimadas a pedir la asistencia judicial- nos parece que se han abordado un tanto ligeramente por parte del Consejo. 
Teníamos que haber pedido y rechazado el Convenio solicitando otra copia del mismo. La mayor parte de la comisión no lo quiso hacer y por esto votaremos en contra, aunque confiamos en que las enmiendas que, en todo caso, mejoran el texto, sean aceptadas- lo dudamos pero lo esperamos- por el Consejo. 
Dentro de mi Grupo existen sin duda opiniones muy diferentes sobre el informe del Sr. Di Pietro. 
Estoy de acuerdo- tal y como se ha dicho- en que se trata de un trabajo competente y profesional realizado en difíciles condiciones. 
Los miembros daneses del grupo no podemos votar a favor de la propuesta, en cambio, apoyaremos una serie de enmiendas, sobre todo, las enmiendas presentadas por los Verdes. 
Hay dos razones para esta negativa. 
En primer lugar, hablamos de cuestiones jurídicas muy sensibles y sumamente complicadas y la propuesta entraña a mi modo de ver algunos riesgos para la seguridad jurídica de los que la gente no se ha enterado. 
Éste en sí mismo es motivo suficiente para decir que no podemos apoyar la propuesta. 
La otra razón fundamental es que aunque se trate de un convenio, es decir, una colaboración intergubernamental, no cabe duda de hacia dónde tiende esta propuesta. 
Y la tendencia es el deseo de crear a largo plazo un ámbito jurisdiccional europeo común, un derecho penal europeo común y una administración de justicia europea común. 
Tenemos el mantra del ELSJ- Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia- que con toda crueldad implica el establecimiento de sistemas comunitarios que mutilan algunas tradiciones jurídicas relacionadas con estas cuestiones tan importantes y sensibles que son eminentemente nacionales. 
Señor Presidente, consternado por la condena previa pronunciada por 14 Estados miembros insisto en que el convenio previsto tan sólo puede significar un primer paso en la buena dirección. 
Los esfuerzos que durante años se han venido realizando en esta materia demuestran cuán difícil es dar con el tan necesario camino comunitario. 
Sin embargo, no cabe duda de que la lucha contra la delincuencia organizada ha de situarse en el marco comunitario si es que pretende ser productiva y eficaz. 
Tenemos que acortar la ventaja natural que llevan los delincuentes. 
A este respecto el informe DI PIETRO adquiere una relevancia especial, y hasta aquí también coincido con el Sr. Schulz, lo cual es bastante excepcional. 
Por otra parte, también he de dar la razón al ponente cuando dice que desde el punto de vista de quienes conocen la práctica el texto del Consejo que tenemos delante difícilmente puede ofrecer una solución. 
No es un texto homogéneo ni suficientemente sistemático. 
Considero, no obstante, que puede ser mejorado sustancialmente con la ayuda de las enmiendas y, de todos modos, creo que en este caso más vale poco que nada. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, los expertos nos informan de que en este momento entre el 25 y el 30% de los crímenes en Europa pertenecen al ámbito de la delincuencia internacional transfronteriza. 
¡Se trata de una evolución dramática! 
Para afrontar dichos crímenes contamos con una policía nacional y con autoridades penales nacionales. 
Por tanto, no es de extrañar que la policía y la justicia se queden atrás cuando los criminales pueden actuar sin encontrarse con barreras fronterizas de ningún tipo y sin tener que respetar legislación alguna al tiempo que disponen de recursos financieros, humanos y técnicos prácticamente ilimitados. Está claro que estamos aún muy lejos del espacio común de libertad, seguridad y justicia. 
Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar la cooperación policial transfronteriza y garantizar acciones penales más eficaces. 
Mientras que en el ámbito policial hemos conseguido importantes avances gracias a la puesta en marcha de Europol, las actividades de análisis, las actividades de coordinación y los equipos de investigación comunes, en materia judicial- según dicen los expertos- llevamos un retraso de 20 años en comparación con la cooperación policial. 
Desde este punto de vista, el presente acto relativo a la cooperación judicial también supone un paso adelante, una medida en la buena dirección, en materia penal. 
Aun cuando haya lugar para algunas críticas, es preciso valorar positivamente toda una serie de mejoras fundamentales. Así, las solicitudes de asistencia judicial ya no han de ser tramitadas a través de los ministerios, sino que pueden intercambiarse directamente, los detenidos pueden ser transferidos de un Estado a otro y se pueden crear equipos de investigación comunes. 
Todas estas medidas nos ayudan a avanzar conjuntamente y de forma eficaz en el ámbito del Derecho penal. 
Las críticas ya las ha vertido Ana Palacio cuando se refería a la intervención de las telecomunicaciones y la audiencia por videoconferencia de testigos. 
Sin embargo, hay que admitir que en su conjunto el informe que tenemos delante supone un serio avance en dirección a la creación de un espacio jurídico común. 
Señor Presidente, yo también coincido en que el Convenio que estamos debatiendo es sólo un pequeño paso- todavía demasiado pequeño- en la construcción de ese espacio de libertad, seguridad y justicia que es de esperar que un día será Europa. 
Actualmente, es un espacio de libre circulación de bienes y de personas, en el cual no existen fronteras para la delincuencia, pero donde, por el contrario, continúan existiendo barreras difícilmente superables por aquellos que tienen la tarea de luchar contra ella. 
Un pequeño paso- decía- sin embargo, bienvenido sea, al que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores acertadamente ha querido imponer ulteriores límites y cautelas en nombre de la defensa de los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en los Estados y en la propia Unión, a pesar de que aún no están consagrados en una Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea que confiamos en que pronto saldrá a la luz. Limites y cautelas acertados porque, por desgracia, no siempre todas las autoridades públicas respetan concretamente todos los derechos vigentes en todos los Estados. 
En algún punto específico de las propuestas de la Comisión quizás ha habido un exceso de cautelas, como cuando se ha pretendido conceder al imputado detenido la opción de consentir o rechazar el traslado temporal a otro Estado miembro de la Unión por necesidades de instrucción. 
Personalmente no considero aceptable, por ejemplo, que se permita al Sr. Pinochet escoger si quiere trasladarse o no a España para un careo. 
O cuando se ha pretendido que también el testigo o el perito- y no sólo el investigado y el imputado- esté asesorado por un defensor en el interrogatorio a distancia. 
Sin embargo, se trata de pequeños fallos que el ponente ha cometido sin querer y que el voto de este pleno van a remediar. 
El ponente ha puesto un empeño encomiable que hay que reconocer y que le agradezco. 
El resultado global es apreciable y espero que el Consejo lo tendrá muy en cuenta. 
Según se ha dicho, queda un punto sin resolver, el más delicado: se refiere al artículo 18 del Convenio concerniente a las escuchas de comunicaciones que se realizan en un Estado miembro y que efectúa otro Estado miembro directamente, sin pedir la asistencia del Estado en que se lleva a cabo la escucha, cosa que hoy es posible, gracias a las modernas tecnologías. 
La cuestión es muy controvertida al ser una posible fuente de abusos. 
Se podría sostener que la compleja regulación propuesta es mejor que nada, pero a la Comisión le ha parecido insuficiente e inquietante. 
En consecuencia, cuando las contradictorias noticias sobre ECHELON evocan el fantasma del Gran Hermano, merece una ulterior reflexión que probablemente deberá ser más global sobre los medios y los sistemas a través de los cuales, por un lado, se han de proteger los derechos de las personas y, por otro, se ha de permitir una eficaz y a la vez correcta y legítima represión del crimen. 
Por consiguiente, el objetivo es conseguir en la medida de lo posible un delicado equilibrio entre eficacia de la lucha contra la delincuencia y respeto de la libertad y de la dignidad de las personas. Un objetivo que, hoy por hoy, no solo es algo propio de los Estados, sino que se ha convertido en algo propio de la política de la Unión que aspira a llegar a ser un espacio común de libertad, justicia y seguridad. 
Es una meta lejana, pero puede ser alcanzada por etapas progresivas. 
La más importante será la armonización de los Derechos de los Estados, pero, por hoy, conformémonos con este pequeño paso porque va en la dirección correcta. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente por su excelente declaración explicativa. Apunta a varios de los graves fallos de esta propuesta. 
La falta de claridad del lenguaje dará lugar inevitablemente a casos de incertidumbre judicial. 
La certidumbre judicial es algo fundamental en asuntos tan cruciales como éste. 
Debido a su deficiente redacción, el convenio se presta a interpretaciones muy amplias, y hace caso omiso de los estrictos requisitos a los que se supone que deben estar sujetas las escuchas telefónicas de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
El artículo 18 permite las escuchas en otro Estado miembro sin la participación de este último. 
Eso no sólo debe ser eliminado, sino que además debería desecharse todo el capítulo de las escuchas telefónicas. 
Una iniciativa del FBI redactó los requisitos del usuario que constituyen la base de la actual legislación. 
La propuesta del Consejo que contiene dichos requisitos, ENFOPOL 98, fue aprobada por este Parlamento el pasado mes de mayo en el informe Schmid. 
Ahora se nos pide que proporcionemos el fundamento jurídico para este tipo de escuchas, pero habría que examinar la combinación de estos dos documentos. 
Los requisitos proponen que se permita a las autoridades el acceso a las instalaciones de todos los proveedores de servicios, es decir, teléfonos, teléfonos móviles, Internet, etc.; y dada la actual redacción tan deficiente, esto podría dar pie a que se comentan abusos. 
También quisiera preguntar lo siguiente: habida cuenta de que los requisitos del usuario especifican que la policía tiene acceso a todos los proveedores de servicios sin excepción, ¿incluye eso a los servicios internos del Parlamento? 
¿Estamos aprobando unas normas que permitirán a la policía tener acceso a nuestros sistemas sobre unas bases tan deficientes? 
Asimismo, en esta propuesta no se establece ningún límite para los delitos graves, algo que la hace vulnerable a que se cometan abusos. 
Una vez más, en lo que respecta a la carga de la prueba, algo que es reconocido en el Derecho internacional y en el Derecho natural, la presunción de inocencia es fundamental. Eso no está garantizado. 
Ni el preámbulo ni el cuerpo del texto tienen debidamente en cuenta los derechos de la defensa, un principio fundamental del Derecho orgánico internacional. 
Es un asunto de la máxima gravedad. 
Sentimos una gran preocupación por el rumbo que estamos siguiendo aquí, sin un debate público adecuado en los parlamentos nacionales o en otros foros y sin la participación de las organizaciones que defienden las libertades públicas en toda Europa, que sienten una gran preocupación por la marcha de estos acontecimientos. 
Señor Presidente, yo ni soy miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos ni soy jurista; sin embargo, como prácticamente todos los colegas, comprendo la necesidad de que este Espacio Económico Común que es Europa tenga su correlato en un espacio común de derecho, libertad y seguridad. 
En este sentido, todo lo relacionado con la colaboración judicial en cuestiones de derecho penal es importante. 
¿Qué he comprendido yo al leer los textos? 
Que es peligroso confiar en las regulaciones del Consejo. En las contradicciones, en las opiniones encontradas sobre lo que es Europa, en los diferentes sistemas de justicia que generan situaciones no sólo de confusión y poca eficacia, sino de peligro. 
Como lo que propone el artículo 18, y en lo cual han centrado su atención muchos colegas, según lo que cualquier país, cualquier país grande si se quiere, cualquier país que disponga de los medios técnicos, cualquier país puede entrar en otro país y espiar sus telecomunicaciones, sin el visto bueno siquiera del segundo país. 
En mi opinión, la Comisión de Asuntos Jurídicos y su ponente, Sr. Di Pietro han hecho un trabajo verdaderamente interesante. 
Es una pena que este informe tan concienzudo y razonado del Sr. Di Pietro no haya encontrado la expresión que merecía en los telegráficos cinco minutos de que ha dispuesto hoy aquí. 
En cualquier caso, se han movido en la dirección de la defensa de los derechos de los países, de los acusados, de los ciudadanos; un camino por el que considero que hay que adentrarse de modo más resuelto y atrevido 
Quiero llamar la atención, sin embargo, sobre el hecho de que todo esto tiene lugar en un marco en el que reinan la confusión y la esquizofrenia por lo que respecta al derecho penal. 
Un joven, un estudiante de universidad o de enseñanza media, que fuma un cigarrillo de hachís, en un país es tratado de un modo pedagógico; en otro, considerado un criminal, es encerrado en las universidades del crimen que son el sistema penitenciario y las cárceles. 
¿Cómo puede darse aquí colaboración en lo penal? 
Por ello, y ya concluyo, entiendo que debemos avanzar principalmente por la senda de la armonización del derecho en lo que respecta, no ya a la actividad de la delincuencia organizada, sino a actividades penalmente sancionables de los ciudadanos convertidas hoy en fenómenos sociales. 
En nombre de la coordinación de las derechas europeas, aprovecho la oportunidad que me ofrece el informe de nuestro colega, el juez Di Pietro, sobre la asistencia judicial, para mencionar un asunto que ilustra trágicamente la erosión criminal de la seguridad en Europa. 
El 14 de diciembre pasado, en los coches cama del tren Calais-Ventimiglia, el pequeño Clément, de 5 años, pide llorando a su madre que lo acompañe a visitar a su abuela enferma. 
Corinne Caillaux aparecerá violada, acuchillada y degollada en un aseo del tren. 
El presunto asesino, Sid Ahmed Rezala, es también sospechoso de haber matado a la estudiante británica Isabel Peake, que fue violada y lanzada a las vías del tren que cogía para ir a ver a sus padres, y a otra joven, Émilie Bazin, cuyo cadáver fue encontrado en Amiens, bajo un montón de carbón, en la finca donde vivía. 
Rezala, procedente de Argelia- en una época en que, según las autoridades, la inmigración estaba cerrada y en que nada justificaba su entrada -, no tendría que haber estado nunca en Francia. 
No tendría que haber permanecido nunca en Francia, puesto que había sido denunciado más de 40 veces por la policía de tráfico, lo cual hubiera bastado para expulsarlo a su país de origen. 
Nunca debió estar libre, ya que, además, fue sometido a 14 juicios por robo, actos de violencia y violación, incluso de un menor. 
Nunca tendría que haber podido escapar de Francia, pero los agentes que lo seguían carecían de mandato y hoy las fronteras europeas son verdaderos coladeros. 
Nunca tendría que haber llegado a España, donde agredió con arma blanca a una mujer para quitarle dinero, pero las autoridades españolas lo dejaron libre de inmediato. 
Hoy, a causa de la complejidad de las redes de depravados sexuales, se encuentra en Portugal. 
Portugal se niega a extraditarlo por la razón de que en Francia podría aplicársele una pena de prisión más larga de la que establece el código portugués. 
Me dirijo al ministro portugués, Presidente en ejercicio del Consejo, para que ponga fin de inmediato a este escándalo. 
Me dirijo a nuestro Parlamento para que por fin tome conciencia de la horrorosa situación de las víctimas de políticas cuya responsabilidad incumbe, mucho antes que a los gamberros, a los partidos del establishment. 
Señor Presidente, el presente convenio trata una cuestión delicada: la cooperación en materia penal. 
Por tanto, no debe extrañar que el Consejo experimente dificultades para llegar a un acuerdo. 
Sin la unanimidad del Consejo este convenio no podrá aplicarse con éxito. 
En otras palabras, en la práctica sólo surtirá efecto un convenio que cuente con un amplio apoyo. 
Sin embargo, ello no significa que el Consejo pueda prepararlo en el más absoluto anonimato. 
Todo lo contrario. La propuesta del Consejo ha de ajustarse a la legislación de los Estados miembros nacionales en materia penal. 
El deseo de lograr una decisión unánime puede dar lugar a compromisos que no superen esta prueba. 
Por todo ello, es fundamental que el Parlamento Europeo y sobre todo los parlamentos nacionales ejerzan un control parlamentario minucioso. 
La propuesta de Di Pietro de suprimir el actual artículo 18 sobre la intervención de las conversaciones telefónicas, entre otras cosas, es comprensible, aunque excesivamente rigurosa. 
El texto del artículo 18 es muy controvertido: por una parte, limita las actividades de los servicios de inteligencia y, por otra, parece considerar la posibilidad de que un Estado miembro lleve a cabo actividades de intervención en otro Estado miembro sin la autorización previa de este último. 
De este modo, los Estados miembros adoptarían un postura muy vulnerable y quedaría por ver si se ofrecen suficientes garantías para proteger al Estado en el que se realiza la intervención y a los ciudadanos del mismo. 
Las adiciones propuestas, como por ejemplo las reiteradas referencias al CPDH, los derechos de la defensa y del acusado y el fracaso de los Estados miembros en lo que a la aplicación del CPDH se refiere, sobrecargan el texto del convenio. 
Reconozco la problemática, pero pienso que podría haberse aclarado con una sola referencia. 
No obstante, a pesar de sus dudas, los miembros neerlandeses del Grupo EDD no retirarán su apoyo al informe en la votación final. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos ante un informe que es de la mayor importancia no sólo por su contenido, sino también porque constituye un primer paso en cuanto al establecimiento de relaciones más fluidas en el nivel de la cooperación judicial. 
Ésta ha existido exclusivamente en el plano de la relación entre los Estados, por lo que al ciudadano europeo no le resulta fácil divisar en ese sector señal alguna de la tan invocada ciudadanía europea. 
Por un lado, las medidas judiciales son ajenas a la dimensión comunitaria; por otro, estamos ya ante una libre circulación de personas de la que se benefician también los delincuentes. 
Ahora bien, conforme al artículo 29 del Tratado, el objetivo de la Unión es el de proporcionar a los ciudadanos un elevado nivel de seguridad en un espacio de libertad, seguridad y justicia, mediante el desarrollo de una acción común entre los Estados miembros en los sectores policial y de cooperación judicial en materia penal y mediante la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Es de destacar que la creación de EUROPOL es ya un paso al frente, pero se debe dar el paso siguiente, fortaleciendo la cooperación judicial en materia penal a fin de establecer progresivamente un verdadero espacio judicial europeo de acuerdo con el objetivo de creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Este proyecto de convenio va destinado, así, a completar y facilitar la aplicación en el nivel de los Estados miembros de los instrumentos normales ya existentes relativos a otros ámbitos jurídicos con el fin de mejorar la cooperación judicial en materia penal mediante una ayuda judicial tan rápida como eficaz, pero sin perjuicio del pleno respeto de las garantías fundamentales de defensa y de los principios generales en materia de derechos humanos consagrados en el derecho interno de los Estados miembros y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Esa cautela con los derechos, libertades y garantías esenciales es la que nos ha movido a apoyar la retirada del texto propuesto en lo relativo a las escuchas telefónicas y recomendar al Consejo que presente un instrumento jurídico autónomo para abordar ese problema. 
En cuanto a las videoconferencias, hay que establecer una reglamentación más precisa para salvaguardar los derechos de defensa y las garantías procesales. 
Es imperativo que se respete el carácter procesal del sistema jurídico, defendiendo los derechos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, cuando se trata de legislar en materia penal, a menudo oponemos equivocadamente libertad individual y seguridad. 
¿Existe seguridad cuando las libertades no están garantizadas? 
¿Seguimos siendo libres cuando ya no hay garantías en el ámbito de la seguridad? 
El espíritu del Derecho penal moderno reside en la búsqueda de un equilibrio, de un diálogo entre los imperativos de seguridad y de libertad. 
Y este diálogo no acaba nunca; se adapta a las exigencias del tiempo presente. 
Hoy existen ciertas formas de delincuencia transfronterizas, e incumbe a los Estados, naturalmente, establecer una mayor cooperación para poder reprimirlas mejor. 
Pero el proyecto del Consejo no es satisfactorio. 
Primeramente, en cuanto a la forma: el proyecto de convenio está repleto de imprecisiones, que son totalmente incompatibles con el objetivo de seguridad jurídica de una sociedad moderna. Se trata de algo que va más de las cuestiones de estilo. 
Se trata de materia penal, y lo penal es de interpretación estricta. 
En segundo lugar, en cuanto al fondo: el proyecto del Consejo elude la dificultad, evidente, que está ligada con la gran disparidad de nuestros sistemas judiciales, con la diversidad de los procedimientos, con la ausencia total, en algunos Estados de la Unión, de estándares de calidad del servicio público de la justicia. 
El convenio establece (artículo 9) el traslado de los detenidos de un Estado a otro, cuando las garantías no son las mismas. 
Deseo hacer hincapié en este punto porque es esencial. 
Hay que recordar que actualmente en la Unión se encuentran detenidas varias decenas de miles de personas sin que aún se las haya juzgado y que en algunos Estados se utiliza la detención, de forma abusiva, como medio de presión para obtener confesiones. 
Se trata de una verdadera tortura legal. 
Otros países europeos, en cambio, no consideran la confesión como prueba suficiente de culpabilidad. 
Debemos enfrentarnos a esta diversidad de políticas penales, y legislar correctamente significa elaborar verdaderos criterios de convergencia judicial. Pero se trata también de una oportunidad para enfrentarnos con la realidad de las cárceles de Europa, a menudo superpobladas: son lugares donde no existe el derecho, indignos de la idea que tenemos de nosotros mismos. 
Señor Presidente, Señorías, como saben, desde hace tiempo todos nuestros países han abolido la pena de muerte, pero les aseguro que con los casi mil suicidios anuales que ocurren en las prisiones, no la han abolido realmente. 
Señor Presidente, indudablemente, la cooperación judicial es fundamental para la Europa del libre mercado, aunque debe llevarse a cabo en el respeto más riguroso de esos principios que están en la base de nuestra civilización: los derechos y las libertades fundamentales del ser humano, contemplados en la Convención Europea para la salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. 
No podemos sino dar las gracias a las Comisiones del Parlamento que han modificado de manera profunda y garantizada- mediante la introducción de numerosas enmiendas- un informe que, tal como se planteó inicialmente, no nos convencía en absoluto. 
Me dirijo al Sr. Schultz para recordarle que las enmiendas que presentamos nunca lo son a título personal o por motivos personales, sino que se sitúan en el marco de un interés político general. 
Luego, si se trata de hacer una lista de los investigados o de buscar a los investigados, los podríamos encontrar también entre los ponentes, incluido el autor del informe sobre este Convenio. 
Creo, por lo tanto, que el Sr. Schultz podía haberse ahorrado algunas inconveniencias. 
Como decía, se han incorporado numerosas enmiendas que garantizan los derechos a la defensa- pienso en la obligación del juez de pedir autorización para las escuchas- o la prohibición de acumular las funciones de investigación y las judiciales en lo que respecta a los equipos de investigación comunes. 
El Parlamento, en definitiva, ha querido que el Convenio abarcara la materia penal exclusivamente. Los límites a la libertad y a los derechos fundamentales previstos en el Convenio no pueden más que limitarse a la materia penal. 
Necesitamos normas comunes para conseguir un proceso justo en Europa. 
Lo cierto es que el Consejo ha actuado de manera desordenada, ha cambiado opinión durante el procedimiento y está ausente. 
Agradezco, por el contrario, al Comisario Sr. Vitorino su presencia en el Pleno a lo largo del debate. 
Como decía antes, necesitamos normas seguras para conseguir un proceso justo en Europa- sin que haya una invasión de escuchas y sin un uso ilícito de videoconferencias- para que en Europa no se vuelvan a repetir procesos con jueces que, en lugar de administrar justicia, hacen política, para que sean castigados los verdaderos culpables y no los inocentes incómodos para algunos. 
. 
(EN) Señor Presidente, se aproxima la aprobación por el Consejo del proyecto de Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
La opinión predominante es que ya era hora. 
Según el plan de acción para luchar contra el crimen organizado, adoptado por el Consejo en abril de 1997, el trabajo sobre el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal debería haber finalizado antes de que terminara 1997. 
Y aún deberá pasar más tiempo hasta que el Convenio entre en vigor, ya que debe ser ratificado por los Estados miembros. 
A pesar de las nuevas normas introducidas por el Tratado de Amsterdam, que prevén la entrada en vigor del Convenio tan pronto como éste haya sido aprobado por al menos la mitad de los Estados miembros, quisiera instar a los Estados miembros a que no escatimen esfuerzos para acelerar su ratificación. 
La experiencia de anteriores casos de ratificación de convenios de la Unión Europea en el ámbito de cooperación judicial en materia penal es lamentablemente decepcionante. 
Este Convenio no creará un sistema nuevo o diferente de asistencia mutua. 
Por el contrario, su objetivo es mejorar los mecanismos ya probados y experimentados que están en vigor desde hace mucho tiempo, como aquéllos previstos en el Convenio del Consejo de Europa sobre asistencia mutua de 1959 y el Tratado de Benelux. 
El proyecto que ha elaborado el Consejo contiene disposiciones sobre una serie de temas que han sido debatidos por varios diputados. 
Uno de los logros destacados del Convenio es que, en la medida de lo posible, los Estados miembros que reciban la solicitud de asistencia deberán seguir los trámites y los procedimientos indicados por los Estados miembros que presenten la solicitud. 
Esto es especialmente importante con respecto a la posibilidad de utilizar las pruebas obtenidas ante un tribunal. 
Asimismo, las solicitudes podrán hacerse directamente entre las autoridades competentes, sin necesidad de pasar por la Administración central. 
En términos generales, existen dos tipos de disposiciones: aquellas que establecen la obligación de prestar asistencia, como las disposiciones sobre el teléfono y las videoconferencias, las entregas controladas y sobre la intervención de las telecomunicaciones; y aquellas en las que no se establece dicha obligación y que sólo prevén un marco jurídico para los Estados miembros que deseen cooperar de la manera prescrita, por ejemplo, las disposiciones sobre equipos mixtos de investigación, investigaciones encubiertas y el envío y la notificación de documentos procesales. 
La Comisión acoge con especial satisfacción la inclusión de disposiciones relativas a técnicas de investigación nuevas o modernas, dada su eficacia en la lucha contra el tipo de crimen que tiene más probabilidades de sacar provecho de la apertura de fronteras; el crimen organizado. 
Resulta demasiado fácil dejarse llevar por la evidente necesidad de mejorar la eficacia de las investigaciones criminales. 
No obstante, no debemos olvidar un aspecto común a toda acción relativa a los procedimientos penales; el derecho a la defensa. 
Valoro enormemente que el informe del Sr. Di Pietro, a quien felicito por el excelente trabajo que ha realizado en un plazo tan breve, incluya el derecho a la defensa como uno de sus puntos principales. 
Actualmente, los Estados miembros son los únicos responsables de garantizar el respeto de este derecho, sujeto al control del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa de Estrasburgo. 
Queda por ver si esto cambiará con la nueva Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre la que acaban de iniciarse los trabajos. 
Debemos reconocer que el artículo 18 se refiere a lo que es, sin duda, una decisión controvertida. 
El artículo fue elaborado meticulosamente en el Consejo a través de negociaciones exhaustivas con el fin de garantizar que las actividades de inteligencia siguan siendo eficaces y que las investigaciones criminales están cubiertas. 
En lo relativo a las investigaciones criminales, que entran dentro de mis competencias, tomo nota de la invitación que varios diputados al Parlamento Europeo han dirigido a la Comisión y al Consejo para que se incluya este asunto y para que sean abordadas sobre un fundamento jurídico común, que tenga en cuenta la relevancia que puede tener la intervención de las telecomunicaciones como pruebas ante los tribunales. 
La Comisión sabe perfectamente que el proyecto que tenemos ante nosotros no es perfecto ni ideal. 
No obstante, debemos ser realistas. 
El texto que tenemos es el resultado de la combinación de los sistemas institucionales previstos para la cooperación judicial en materia penal en virtud de los Tratados de Maastricht y de Amsterdam respectivamente. 
Esto es lo que tenemos y sólo la práctica nos enseñará con todo detalle si existen deficiencias y dónde, así como qué medidas adicionales deberán adoptarse. 
No tengo la menor duda de que el aumento de la confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros allanará el camino que se abre ante nosotros. 
Aparte de esto, el Consejo Europeo de Tampere ya ha indicado la dirección que debemos seguir en la Comisión. 
Entre las medidas que deberán adoptarse estará la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de los dictámenes judiciales y la creación del proyecto Euro Just. 
La Comisión espera sinceramente que el Parlamento Europeo respalde sus esfuerzos para poder avanzar en este importante ámbito. 
No espero del Parlamento que apruebe o dé su visto bueno a todo lo que se le presente en los próximos años. 
Cuento más bien con que el Parlamento Europeo no sólo sea un observador crítico, como lo ha sido en este caso, sino también un interlocutor activo en la tarea de impulsar a la Unión en la lucha contra la delincuencia. 
VOTACIONES 
Señor Goebbels, le ruego me disculpe; tengo la impresión de que se adelanta, porque en la enmienda 37 usted proponía una enmienda oral para cambiar la ubicación de los términos "con un alto nivel de fiabilidad basada en una escala de fiabilidad reconocida". 
Señora Presidenta, le ruego me disculpe; yo me había referido antes a la enmienda 36, que precede, lógicamente, a la enmienda 37. 
Pero, en efecto, ahora discutimos la enmienda 37, donde se nos presenta un problema similar. No son las entidades, sino los instrumentos los que deben gozar de un alto nivel de fiabilidad. 
El texto, pues, es el siguiente: instruments with a high rating base on a recognised rating scale are subject to reliable and verifiable valuation. 
Le pido nuevamente disculpas por este error. 
¿Hay oposición a la toma en consideración de esta enmienda oral? 
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la enmienda oral) 
(En votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Señora Presidenta, he pedido la palabra, justamente antes de empezar la sesión, para decir algo solamente por respeto a usted como Presidenta de esta Asamblea, una Asamblea de todos los que estamos aquí. 
Por segunda vez en quince días, en las visitas a este Parlamento para denunciar situaciones- cosa que respeto y comparto totalmente, como comparto la libertad de expresión de todo el mundo -, se han producido ataques contra personas, partidos como el que represento e instituciones. 
Me parece que esa forma de proceder, sobre todo estando usted presente, señora Presidenta, no es de recibo y la rechazo profundamente, máxime cuando estamos en vísperas de una campaña electoral. 
Por lo tanto, sobre todo por el respeto que usted me merece, no puedo aprobar este tipo de procedimientos y los rechazo enérgicamente. 
Se me informa que se trataba de una respuesta por alusión personal. 
Tomamos nota de ello para que conste en el Acta. 
Señora Presidenta, sobre todo por respeto a usted, por el respeto que me merece, y por respeto a esta Asamblea, no he querido referirme explícitamente al tema específico del que estaba hablando, pero ahora lo hago, como diputado de esta Asamblea, como secretario general de un partido del País Vasco y como ciudadano normal de este país, por las gravísimas acusaciones vertidas contra personas y contra partidos como el mío, de larga tradición democrática y de escrupuloso respeto y defensa de los derechos humanos durante muchísimos años. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi preocupación por que esta defensa acendrada de los derechos humanos que acaba de hacer el Sr. Gorka Knörr aparentemente no le impide a su gobierno contar con la colaboración parlamentaria de un Grupo político que no sólo no condena sino que colabora y alienta la violencia contra ciudadanos y bienes. 
. (DE) Señora Presidenta, en las enmiendas 22 y 24 se señala que Chipre y Malta también pueden seguir beneficiándose del programa MEDA. 
Ello es incontrovertible. 
Sin embargo, creo que haríamos bien en no mezclar el programa MEDA con un reglamento que está directamente relacionado con la estrategia de adhesión. 
Por tanto, propongo, a modo de compromiso y garantía, que se incluya como considerando la siguiente idea, que se expresa en ambas enmiendas: knowing that Malta and Cyprus will participate in the MEDA-facility in the foreseen way. 
Si los autores de las enmiendas pueden aceptar mi propuesta, recomendaría a esta Casa que la votara y aprobara. 
De este modo, optaríamos por dar una solución elegante al problema. 
Señora Presidenta, quisiera denunciar la ausencia de la Presidencia en ejercicio del Consejo. 
Creo que en estas materias del tercer pilar, en estas convenciones tan importantes para la construcción de ese espacio de libertad, seguridad y justicia, no es de recibo que no esté la Presidencia en ejercicio del Consejo hoy aquí. 
Y luego, señora Presidenta, quisiera hablar del problema de las traducciones. 
Voy a dar sólo un ejemplo porque no tenemos tiempo, pero éste es un caso en que las traducciones son muy importantes porque son todos conceptos jurídicos muy precisos. 
En la enmienda 83 en italiano, que es el original, se dice que "il minore deve essere assistito da una persona di sua fiducia o da un perito o legale esterno". 
Este "legale esterno", en la versión francesa, se transforma en un "avocat neutre", y yo no sé lo que es un "avocat neutre". 
Creo que es una contradicción in terminis. 
Pero, en la versión española, desaparece el abogado, ya no hay abogado. 
Señora Presidenta- usted lo ha dicho varias veces -, éste es un problema muy serio. 
En este asunto, creo que los juristas lingüistas deberán realizar un trabajo muy minucioso para poder llegar a una versión que sea razonable. 
Completamente de acuerdo, Sra. Palacio Vallelersundi, no es la primera vez que esto ocurre y, en efecto, es muy preocupante. 
Vamos a estudiar dicho problema y comprobaremos todas las traducciones. 
Señora Presidenta, sólo quería unir mi voz a la de la Sra. Palacio Vallelersundi antes de que se dé inicio a la votación, para decir que lamento profundamente la ausencia del Consejo en este debate, cuando se celebran votaciones tan importantes sobre el Tercer Pilar. 
Quisiera rogarle, señora Presidenta, que exprese al Consejo nuestro deseo de que en el futuro asista a votaciones como ésta. 
Estoy totalmente de acuerdo, soy consciente de que su ausencia no es normal, y así lo transmitiré. 
Sobre la enmienda 31 
Señora Presidenta, me gustaría añadir que en el miembro de frase- lo voy a leer en francés que es la versión que tengo aquí a mano- s 'il est exigé par le droit de l' Etat membre requis ou requérant que la personne donne son consentiment. Añadir las palabras "par le droit de l ' Etat membre requis ou requérant". 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, no he querido interrumpirla durante la votación, pero me he dado cuenta de que la atención disminuye y que solamente ha mencionado a los Verdes cuando se refería a las enmiendas del Grupo Verdes/Alianza Libre Europea. 
Nuestro Grupo representa la unidad en la diversidad. Es algo que queremos dejar claro ante el Parlamento. 
Por eso mismo, quisiera pedirle que haga uso del nombre completo de nuestro Grupo. 
. (DE) Señora Presidenta, quisiera presentar una enmienda oral o, mejor dicho, una aclaración, puesto que el fragmento al que me refiero se formula de forma diferente en varias traducciones. 
Espero que el autor esté conforme con mi propuesta. 
La segunda frase debe rezar como sigue: ".., weshalb diese Hilfen", luego se tacha "ohne Bedingungen und", y sigue el texto "ohne Abhängigkeit von reziproken Anweisungen von seiten des Geberlandes gewährt werden müssen". 
En la versión inglesa debe figurar "and therefore that the aid must not be dependent on the reciprocal orders from the donor countries". 
Si se incluye esta aclaración podemos aceptar la enmienda. 
¿Hay oposición a la toma en consideración de esta enmienda oral? 
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la enmienda oral) -Sobre la enmienda 9 
Solamente quería aclarar que en todos los casos- en esta enmienda el término ha sido traducido de forma distinta- utilizamos el nombre oficial FYROM. 
Señora Presidenta, en lo que respecta a este acuerdo, deseo subrayar el problema de las traducciones: es necesario tomar como referencia la versión francesa o la italiana, porque el texto aprobado por el Parlamento hará fe también para la Comisión. 
Hemos encontrado varios problemas en algunas otras lenguas, sin embargo, no hemos podido revisarlas todas, por lo que le ruego encarecidamente que preste atención a este tipo de problemas. 
Muy bien, señora Frassoni, le doy las gracias por estas precisiones, de las que tomaremos nota. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Su Señoría ha abandonado el hemiciclo; por tanto, pasamos a las explicaciones de voto. 
Informe Olle Schmidt (A5-0025/2000) 
(SV) El informe de Olle Schmidt constituye un perfeccionamiento de la propuesta de la Comisión. 
No me opongo a una actualización de las normas mínimas para que las sociedades de gestión obtengan el llamado pasaporte comunitario. 
No obstante, creo que no es adecuado hacer esto antes de que todos los países miembros hayan aprobado la propuesta del Comisario Monti sobre impuestos mínimos al capital. 
En su forma actual, el informe va a contribuir a una liberalización aún mayor del mercado de capitales, a pesar de que lo más importante debería ser tratar de someterlo. 
Señora Presidenta, en estos últimos tiempos se ha hablado de la importancia de la ampliación de la Unión Europea. 
. (FR) Acojo con gran satisfacción este informe relativo a la estrategia de preadhesión para Chipre y Malta, adhesiones que resultan vitales con miras al futuro mediterráneo de la Unión Europea. 
El objetivo de la presente propuesta de reglamento consiste en crear el primer programa de aplicación de la estrategia de preadhesión para Chipre y Malta, a partir del año 2000 y por un período de cinco años (2000-2004). 
Por lo tanto, la propuesta pretende facilitar la aproximación legislativa al "acervo" comunitario y la correcta aplicación de dicho "acervo". 
Así, en dicho Consejo, a la vista de los progresos realizados por Malta, se decidió abrir conferencias bilaterales a partir de febrero del 2000, es decir, antes de finales de mes, a fin de iniciar negociaciones sobre las condiciones de adhesión a la Unión Europea y sobre las necesarias adaptaciones que deben llevarse a cabo. 
Con respecto a Chipre, si bien el Consejo confirmó "que una solución política facilitará la adhesión de Chipre a la Unión Europea", "ello no constituye, sin embargo, una condición previa respecto a su decisión sobre la adhesión", por lo que me felicito. 
En efecto, siempre he considerado totalmente injusto el enfoque consistente en condicionar el inicio de las negociaciones con Chipre a la búsqueda de una solución de la situación que afecta a la tercera parte del territorio de esta República, ocupado por Turquía. 
En general, es cierto que la situación socioeconómica de estos dos países es mucho más favorable que la de otros países candidatos. 
No obstante, éstos han podido beneficiarse de una ayuda técnica y financiera de la Unión Europea para la transposición del "acervo" comunitario. 
Dicha ayuda técnica y financiera se ha venido proporcionando hasta finales de 1999, en el marco de los cuatro protocolos financieros (B7-4011). 
En su primera y segunda lectura del presupuesto 2000, el Parlamento Europeo destaca que el nuevo título "preadhesión" (B7-0) propuesto por la Comisión en el anteproyecto de presupuesto no debía limitarse a los países asociados de la Europa Central y Oriental, puesto que el mismo debería igualmente englobar a Malta y Chipre. 
Simultáneamente, el Parlamento Europeo creó un nuevo capítulo relativo a la "estrategia de preadhesión en favor de los países mediterráneos" (B7-04). 
. (EN) Saludo el informe del Sr. Brok que refuerza con enmiendas las propuestas de la Comisión encaminadas a preparar a Chipre y Malta para la adhesión a la Unión Europea. 
El paquete destinará unos 15 millones de euros en total a ambos países en el presente ejercicio. 
Cabe lamentar, sin embargo, que la Comisión haya evitado la financiación multinacional y haya decidido a cambio asignar fondos sobre una base anual. 
Es muy probable que esta medida repercuta sobre la capacidad de Malta y Chipre de planificar el gasto. 
La financiación proporcionará la asistencia técnica y la ayuda financiera necesarias para que ambas islas cumplan los requisitos del acervo comunitario. 
. (DA) El informe de la Sra. Cederschiöld refleja una lógica sumamente extraña: la UE introduce una moneda común- el riesgo de falsificación de moneda aumenta- la falsificación de euros se percibe como un delito contra toda la UE- la pena ha de ser por ello idéntica en los países miembros. 
La armonización penal o la introducción de normas mínimas legales no debe estar legitimada con el argumento de problemas autocreados, sino desde consideraciones de necesidad y sensatez. 
No hay nada que justifique echar por la borda los principios jurídicos, las tradiciones jurídicas y los sistemas judiciales cuidadosamente adaptados de los países miembros con el argumento de un delito ya bien conocido como la falsificación de moneda. 
Sobre la base de la Convención internacional de 20 de abril de 1929, tampoco puede haber confusión sobre qué país debe tramitar un posible proceso penal. 
. (EN) Acojo con satisfacción esta propuesta destinada a proteger el euro contra las falsificaciones. 
Señora Presidenta, como representante del Partido de los Pensionistas, en reiteradas ocasiones he manifestado en el seno de la comisión que la Unión Europea debe intervenir en el tema de la regulación de la vida de las personas mayores, de la cantidad y de las reglas de pensiones, así como, tal como ocurre actualmente, en la coordinación. 
Del mismo modo, en lo que se refiere a la cuestión judicial y penal que hoy ha sido objeto de debate, considero que no solo han de coordinarse los distintos sistemas legislativos penales, judiciales y administrativos, sino que es preciso llegar por fin a formular normas comunes: lo que es delito en Italia debe serlo también en Gran Bretaña, en España, etcétera. 
. (EN) El Comisario Prodi ha señalado que "África es nuestra responsabilidad" y, al parecer, no de los Estados Unidos y de otros países importantes. 
Trabajé en África hace 30 años y ya entonces era pobre y subdesarrollada, pero ahora los problemas son más catastróficos. 
En Zambia, el 25% de los maestros ha muerto a consecuencia del sida. 
Nuestras políticas para África carecen de coherencia. 
Existe una enorme duplicación del esfuerzo. 
Además, el peso de la deuda sigue siendo un obstáculo para el desarrollo real. 
Dicha omisión deja al descubierto uno de los principales defectos de la Unión Europea, un defecto poco conocido, casi siempre implícito, pero que explica en gran parte el desinterés de los ciudadanos. 
En el programa de trabajo para el año 2000, anejo a las orientaciones estratégicas, hay un pasaje muy revelador al respecto. 
Al referirse a la cuestión esencial de las relaciones con los Estados Unidos, la Comisión menciona una sola prioridad: "nos esforzaremos por reducir y eliminar en lo posible los conflictos relativos a los intercambios transatlánticos" (página 5). 
. (FR) Comparto la profunda y viva insatisfacción que se ha manifestado claramente durante el debate. 
Puedo comprender, ciertamente, las dificultades del momento y el peligro de fracasar... 
Sin embargo, la experiencia me ha convencido de que en política ¡la modestia de las ambiciones nunca es factor de éxito! 
Tampoco diré que estoy decepcionado, porque para estar decepcionado tendría que haber abrigado esperanzas ,... y desde el debate de investidura ese no es mi caso. 
En cuanto al futuro, en el momento en que la Comisión confirma su incapacidad de actuar contra el fascismo en Austria, estoy convencido de que sólo un bloqueo de las medidas de liberalización del mercado único podría constituir un "electrochoque" saludable para todos los países de la Unión. 
. (IT) En nombre de los comunistas italianos, deseo manifestar una gran insatisfacción por los contenidos del documento que, según las expectativas, tenía que formular los objetivos estratégicos para Europa hasta el año 2005. 
Pensiones: en el documento se dice: "La responsabilidad de la modernización de los sistemas de protección social continuará correspondiendo a los Estados miembros"; sin embargo, precisamente la Comisión intervino en el caso de Italia pidiendo reiteradamente una rápida modificación del régimen de pensiones, orientada a reducir derechos y retribuciones. 
Por esto, no podemos aceptar invitaciones a realizar mayores recortes de las pensiones. 
Existe un acuerdo respecto a esta cuestión que prevé su revisión en el año 2001. 
No deberá ser revisado ni un día antes ni un día después. 
Por otra parte, la dinámica de los costes al respecto está totalmente bajo control. 
- (DE) El Presidente Prodi presentó ayer un magnífico programa, que comentó más en detalle a continuación. 
Por el momento se trata de una declaración de intenciones que aún debe plasmarse en hechos concretos. 
Sin embargo, dado el compromiso del Presidente de la Comisión no hay razón alguna para suponer que estos hechos no vayan a producirse. 
Además, hemos de agradecer al Presidente su actitud correcta ante la situación en que se halla la política interna austríaca. 
Ayer intenté seguir su discurso con atención y aun así no descarto que algunas cosas se me puedan haber escapado. 
Se trata de acontecimientos que no sólo no han ocurrido nunca en Austria, sino que, además, -y eso lo afirmo con total seguridad- nunca ocurrirán, puesto que son inconcebibles en el país democrático que es Austria. 
. (FR) Las propuestas de medidas y el programa presentados por el Sr. Prodi son sumamente imprecisos, y las cuestiones sociales, una vez más, están ausentes. 
Además, la palabra "social" parece estar proscrita del vocabulario de la Comisión, mientras que abundan las referencias liberales y norteamericanas. 
La única lógica que se impone al leer este documento es la prosecución del gran mercado, la desreglamentación generalizada, y ello nada tiene que ver con la nueva orientación de la política europea que esperan nuestros conciudadanos. 
La ampliación aparece como un fin en sí misma, pero si no se decide ninguna política social, ningún valor común, ni se crea ninguna institución capaz de fortalecer la cohesión y la democratización de la Unión, la Europa que recibiremos tras la Presidencia "Prodi" podría ser un simple espacio de mercado común dentro de una globalización generalizada, y no la comunidad de destino que esperamos. 
Desde el principio ha actuado en función de una decena de grandes grupos financiero-industriales y de los grupos de presión de estos últimos. 
Pero la Comisión "Prodi" quiere ahora transformar la UE para asumir la codirección mundial con los Estados Unidos, al mismo tiempo que compite y rivaliza con este país. 
Esta nueva política imperial pregona una reorganización de las instituciones europeas y nacionales, fortalecer el poder estatal, reforzar la competencia, crear un ejército europeo y decidir una nueva repartición de los medios financieros. 
Nosotros votamos en contra de estos objetivos, puesto que en el Parlamento y en la calle luchamos contra esta política. 
Nos hemos abstenido en la votación de la resolución por las siguientes razones: 
En primer lugar, la resolución no denuncia con suficiente claridad el carácter impreciso de las prioridades y los compromisos expresados en el programa de la Comisión. 
Además, consideramos que, en el ámbito de la determinación de prioridades para los próximos cinco años, la principal cuestión que debate la Comisión tiene que ver con su papel en el marco de las relaciones interinstitucionales dentro de la UE y a ese respecto se omiten tanto el programa como la resolución. 
A nuestro entender, hay un factor que condicionará el papel de la Comisión en el futuro próximo y tiene que ver con alguna recuperación de la iniciativa política europea por parte de los Gobiernos de los Estados miembros, a raíz del fracaso de la Comisión Santer. 
Consideramos que ese aspecto es muy positivo, ya que de esa forma los parlamentos nacionales, de los que dependen los Gobiernos, siguen pudiendo reivindicar la imprescindibilidad de su mandato democrático en la construcción de Europa. 
La verdad es que el Parlamento Europeo sigue sin granjearse la confianza o incluso el interés de las opiniones públicas nacionales, que se empeñan en no pensar en Europa, como lo prueba el nivel de abstención habido en las últimas elecciones. 
Por tanto, de lo que se trata es de fortalecer los mecanismos utilizados en la cooperación entre los Gobiernos de los Estados miembros, confiriéndoles más coherencia y transparencia y un carácter más democrático. 
Acogemos con beneplácito el esfuerzo de Romano Prodi para mejorar la reputación pública de la Comisión y la necesidad de que se concierte con el PE y el Consejo. 
Señora Presidenta, el trabajo de la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1999 ha estado marcado por una mayor preocupación sobre la continuidad del modelo de cooperación resultante de los acuerdos de Lomé. 
El contencioso del plátano constituye su más clara expresión. Se pide a los países en desarrollo que se adapten a la liberalización de los intercambios, a pesar de la fragilidad de sus economías. 
El Acuerdo de cooperación con Sudáfrica es el mejor ejemplo de ello. 
El Consejo ha aprobado este acuerdo negociado por la Comisión, cuando incluso el capítulo agrícola, que es esencial, no estaba finalizado. 
Como dijo muy bien nuestro colega Paul-Marie Coûteaux en su intervención de ayer y en sus propuestas de enmienda, uno se pregunta cuál es la coherencia política de este cheque en blanco. 
Esto resulta muy preocupante, sobre todo cuando un acuerdo similar parece esbozarse con México. 
Tampoco se puede apoyar al ponente cuando pide la incorporación del Fondo Europeo de Desarrollo al presupuesto comunitario. 
Nosotros deseamos mantener el compromiso claro y la responsabilidad de cada Estado miembro que permite el carácter intergubernamental. 
Desgraciadamente, existen demasiados ejemplos de desviación de la ayuda colectiva de los que nadie se siente responsable, y no queremos extender al FED este sistema desastroso. 
Señora Presidenta, saludo el informe del Sr. Corrie porque representa una evaluación equilibrada del trabajo realizado por la Asamblea durante el pasado año. 
El informe nos llega justo después de que se haya alcanzado un acuerdo sobre la renovación del actual Convenio de Lomé, que expira a finales de este mes. 
El nuevo acuerdo prevé un presupuesto para el desarrollo por valor de 13.500 millones de euros durante los próximos siete años. 
Es de vital importancia que esos fondos sean utilizados en beneficio de los colectivos e individuos más pobres de los países ACP. 
Deberán realizarse denodados esfuerzos para erradicar la corrupción y el despilfarro. 
La decisión de incluir una cláusula que obliga a los países ACP a readmitir a los inmigrantes ilegales que entran en Europa es motivo de preocupación y deberá aplicarse con la máxima sensibilidad. 
Espero que antes de que expire este nuevo Convenio de Lomé podamos acoger a Cuba como miembro de pleno derecho. 
. (EN) El programa conjunto de las Naciones Unidas de lucha contra el sida estimaba que a finales de 1998 había un total de 33,4 millones de personas en el mundo infectadas por el virus VIH. 
Más del 95% de todas las personas infectadas por el VIH vive en países en desarrollo y el África subsahariana es la región más afectada del mundo. 
El problema del sida en África no es solamente una cuestión de asistencia sanitaria privada o pública, sino un problema de desarrollo. Los efectos del sida endémico significan que cualquier progreso en temas de desarrollo en la región subsahariana es neutralizado o invertido. 
Incumbe a la Unión Europea y a las Naciones Unidas solucionar lo que es un problema social y mortal de una manera integral y estratégica. 
La formación sobre la prevención debería comenzar ya a partir de la escuela primaria en dichos países. 
Los niños de enseñanza primaria deben de recibir mensajes adecuados sobre los efectos del sida para la salud de boca de unos profesores que se sientan cómodos con la información que intentan transmitir. 
Los servicios y el personal sanitarios de las ONG deben recibir la ayuda y los recursos necesarios para poder atender a los pacientes de manera eficaz y adecuada. 
A un nivel más central, existe la necesidad de mejorar la eficacia de la coordinación entre los donantes gubernamentales, las ONG internacionales, las ONG del país y las iniciativas del sector privado, de manera que no se malgasten los escasos recursos disponibles. 
Unas economías ya de por sí débiles se están viendo debilitadas aún más en África a causa del virus del sida. Los recursos que ya se estiran son estirados aún más. 
El 50% o más de las camas hospitalarias están ocupadas actualmente por pacientes que padecen alguna enfermedad relacionada con el sida en los países que presentan las cifras más altas de casos de sida. 
Y pasando a una cuestión completamente distinta, quisiera apoyar la adhesión de Cuba como país ACP dentro del marco del nuevo Convenio de Lomé que se aprobará en breve entre la Unión Europea y países de África, el Caribe y el Pacífico. 
Sé que esto es bastante controvertido, en particular, debido a la actitud del Gobierno estadounidense hacia el régimen de Castro. 
Criterios de buena gobernación que abarquen ampliamente las cuestiones de los refugiados, la corrupción, los derechos humanos y la democracia formarán parte del acuerdo concretado entre la Unión Europea y todos los países firmantes del Convenio de Lomé de África, el Caribe y la región del Pacífico. 
. (FR) El Convenio de Lomé, sobre el que se basa el conjunto de la arquitectura de las relaciones entre la Unión Europea y los 71 Estados de África, el Caribe y el Pacífico, constituye actualmente la herramienta de desarrollo más efectiva y más ambiciosa en las relaciones Norte-Sur. 
Y ello sobre todo por cuanto la frágil estructura de esta construcción ambiciosa ha estado amenazada. 
La asociación entre la Unión Europea y los ACP ha negociado con dolor el hito que supone el milenio. 
Hoy me congratulo de que la razón y la generosidad se hayan impuesto a las dificultades, para abrir nuevos horizontes a esta asociación. 
Porque después de 30 años del inicio de una asociación inédita entre el Norte y el Sur, la adaptación de una herramienta que ha demostrado su eficacia, pero que también ya ha cumplido su tiempo, resulta indispensable para hacer frente a nuevos desafíos. 
El presente convenio consagra con brillantez la dimensión política de una asociación que constituye el único lugar de diálogo y de discusión política en el seno de las relaciones Norte-Sur. 
En el momento en que la Asamblea Paritaria se abre cada vez más a los representantes electos de los Parlamentos de los ACP, esta dimensión no sólo debe ser mantenida, sino también fomentada. 
La Asamblea Paritaria constituye, pues, una tribuna en cuyo seno países europeos y países en desarrollo defienden sus intereses comunes. 
La asociación puede ahora inscribirse en el tiempo. 
En segundo lugar, orientando las medidas hacia los microproyectos y la apertura a la sociedad civil de los países del Sur. 
Finalmente, apostando decididamente por la ampliación, con la inmediata adhesión de Cuba, como pidió en Nassau el conjunto de los países ACP, y que ahora acaba de solicitarse formalmente. 
Pero sepamos proteger el espíritu inicial del Convenio de Lomé, que ha permitido que las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP se convirtieran en lo que son: una verdadera asociación, basada en la equidad y el respeto recíproco. 
. (FR) Pocos días después de las manifestaciones de Seattle, los ministros de la Unión Europea imponían a los países ACP, sus ex colonias, un acuerdo compatible con las normas de la OMC. 
La Unión Europea prefiere orientar sus créditos hacia la Europa del Este, la ex URSS, Asia, donde los beneficios son más prometedores. 
Nosotros no aceptamos este acuerdo que impide a las poblaciones que dispongan de los medios para construir sociedades independientes de las multinacionales y de los bancos europeos. 
Probablemente en mi circunscripción muchos no sepan que la UE es el mayor donante de ayuda exterior del mundo. 
Aunque puede que sean otros los más poderosos, la UE es la más generosa. 
Es algo de lo que la UE puede sentirse orgullosa con toda la razón y creo que deberíamos proclamarlo a los cuatro vientos más a menudo. 
La diputada Clare Short es una de los pocos ministros de Desarrollo Internacional que existen en el mundo y, como tal, puede llevar su causa hasta el mismo corazón del Gobierno. 
El diputado Gordon Brown, por su parte, ha encabezado los esfuerzos internacionales encaminados a aliviar los atroces niveles de la deuda del Tercer Mundo y ha garantizado que la campaña Laborista para reducir la pobreza no termina en el Canal de la Mancha. 
El próximo gran reto consiste en volver a lanzar la nueva ronda de negociaciones sobre el comercio mundial, que fracasó en su intento de despegue el pasado diciembre en Seattle. 
Tiene que ser una "ronda del desarrollo", en la que los países en desarrollo, que en realidad estuvieron excluidos de las rondas anteriores, estén plenamente representados. 
Porque el mejor modo de reducir la pobreza del mundo pasa por ayudar a los países en desarrollo a ayudarse a sí mismos. 
Los países en desarrollo quieren comercio, no ayuda; un pequeño impulso, pero no limosna. 
Y el mejor modo de ayudar a los países en desarrollo a ayudarse a sí mismos es abrir los mercados del mundo para permitirles vender sus productos. 
De esta forma, el poder de la globalización puede ser aprovechado para el bien, para el beneficio del pobre y no sólo del rico, de la mayoría y no de una minoría. 
Después de haber sido aplastada por la bota del comunismo triunfante, la región sigue pagando, desde principios de la década de los noventa, la factura del hundimiento soviético. 
Ejemplar, porque demuestra que los Estados de los Balcanes no están asolados por ningún tipo de fatalidad y que, aquellos países que tienen la voluntad de hacerlo, están ahora en condiciones de satisfacer las exigencias habituales de los acuerdos de estabilización y asociación requeridas por la Unión Europea. 
Emblemático, porque ilustra positivamente el proyecto de los Quince de que debe surgir una política común a los cinco países de la región (Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Federal de Yugoslavia, ARYM y Albania) capaz de convertir la estabilización económica y política en una viva y urgente obligación. 
El Grupo UEN está de acuerdo en enviar esta señal a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, en la medida en que dicha señal privilegia la independencia y la soberanía de los Estados: si bien en los Balcanes no es posible encontrar una solución satisfactoria sin una importante política de cooperación entre los Estados que los componen, tampoco puede bloquearse su proceso de integración, con la justificación de que uno de sus países sería considerado indigno de esta promoción. 
La Unión cumple con su papel al buscar, a través de su política de cooperación, una incitación a las naciones para abrazar con ella una base de valores comunes, cuya piedra angular es la democracia y la libertad de los ciudadanos. 
La Unión se aleja de su cometido cuando, en sus opciones, sustituye a los pueblos o cuando, sin contar con ellos, vuelve a concebir una nueva forma de "sentido de la Historia" que no toma en cuenta la noción de autodeterminación de los pueblos sino en una sola dirección. 
- (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe de la Sra. Frassoni, por el cual el Parlamento Europeo acepta el acuerdo contraído con la Comisión relativo a las disposiciones para la puesta en marcha de la decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre la comitología. 
En todos los asuntos hacemos hincapié en que exista la máxima transparencia posible en torno a los procedimientos de decisión de la cooperación comunitaria, por ejemplo, de cara a garantizar el necesario control democrático. 
Con este acuerdo, el Parlamento Europeo recibirá automáticamente la documentación pertinente de los casos que haya sido aprobada conforme a las normas recogidas en el artículo 251 del Tratado. 
También nos gustaría ver extendido este convenio a otros ámbitos, donde tras este acuerdo las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo recibirán la documentación una vez la soliciten. 
Con la aprobación de este acuerdo no hemos alcanzado el objetivo final de transparencia y control democrático con los procedimientos de comitología. 
Sin embargo, se trata de verdaderos avances en la dirección correcta que no queremos bloquear. 
(EN) Señor Presidente, el cambio que experimentan las empresas, que puede ser gradual o repentino, se ve impulsado por las nuevas tecnologías, la competencia a escala mundial o las preferencias de los consumidores. 
Tiene repercusiones económicas y afecta al empleo y a la cohesión social, pero además, el cambio nos brinda nuevas oportunidades importantes cuando sabemos anticiparnos y prepararnos para su llegada y gestionarlo. 
La aceleración del progreso tecnológico y la creciente presión competitiva de la globalización de los mercados están impulsando a las empresas hacia una rápida adaptación de su producción y de sus estructuras. 
La Comisión es perfectamente consciente de esta situación, así como de la necesidad que tienen las personas de sentir una seguridad elemental en los difíciles tiempos de cambios. 
Estamos convencidos de que la piedra angular del éxito de la adaptación al cambio es el diálogo a todos los niveles que tenga como base una información plena y transparente. 
Últimamente, hemos conocido diferentes experiencias y enfoques sobre cómo superar operaciones de reestructuración de empresas a gran escala, que a menudo afectan a las vidas de un gran número de personas europeas. 
En algunos casos, estas operaciones fueron bien preparadas por adelantado, contaron con la plena participación de los representantes de los trabajadores y se prestó la debida atención a la búsqueda de soluciones que causaran el menor daño posible. 
En los casos que se consideraron necesarios, los trabajadores que podían verse afectados recibieron instrucciones sobre cómo buscar un puesto de trabajo y poder hacer frente al reto que suponía encontrarse de repente en el paro. 
En otros casos, estas operaciones fueron lanzadas y llevadas a cabo con menos cuidado y menos consideración por las personas afectadas. 
En primer lugar, las decisiones relativas a la reestructuración de empresas sigue siendo prerrogativa y competencia de la dirección. Eso significa que a la hora de estudiar acciones que podrían tener consecuencias sociales graves, como por ejemplo la pérdida de puestos de trabajo, las empresas deben siempre esforzarse en buscar soluciones y elegir la que sea menos negativa y menos perjudicial. 
En segundo lugar, cuando los despidos son inevitables, no deberán escatimarse esfuerzos para reforzar las posibilidades de los afectados de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Esta medida exige previsión, preparación con tiempo y una gestión cuidadosa de estos procesos. 
En tercer lugar, nada puede justificar la falta de información puntual, eficaz y exhaustiva, así como la falta de una consulta de los representantes de los trabajadores y de la patronal, antes del lanzamiento de dichas operaciones o de su anuncio público. 
La participación de los trabajadores es siempre, y en particular en el caso de la reestructuración de empresas, no sólo un derecho fundamental, sino además un requisito imprescindible para que la sociedad acepte estas operaciones. 
Cada vez es más inusual que las empresas se embarquen en operaciones de reestructuración perjudiciales, que hagan caso omiso de estas inquietudes fundamentales, como lamentablemente sucedía a veces en el pasado. 
Hemos establecido unos requisitos mínimos a nivel europeo, que todos los Estados miembros y todas las empresas deben respetar a la hora de plantearse una reducción de plantilla, especialmente cuando esa reducción es considerable, o cuando las empresas se disponen a tomar otras decisiones que puedan afectar a los trabajadores. 
La directiva sobre los despidos colectivos y las transferencias de empresas y la directiva sobre los comités de empresa europeos constituyen nuestro marco jurídico, que protege los derechos de los trabajadores y garantiza unas normas justas en el ámbito de la información y consulta a nivel nacional y transnacional respectivamente. 
Deseo recordar que, en principio, los tribunales nacionales son los responsables de castigar las posibles infracciones de estas normativas, siempre y cuando sean denunciadas por los representantes nacionales. 
No obstante, incluso cuando se respetan oficialmente las normas o disposiciones en vigor, eso no significa que la actitud de la dirección no pueda ser censurable en el plano social. 
En un mundo que se caracteriza por el cambio permanente y en el contexto de los altos índices de desempleo, las normas en vigor nos parecen desfasadas, ya que no contemplan o no fomentan las ideas clave que se esconden tras la estrategia por el empleo ni nuestro enfoque del cambio, a saber, la previsión, la prevención de los factores de riesgo y la "empleabilidad". 
Es por ello por lo que en noviembre de 1998, la Comisión presentó una propuesta de directiva relativa a la información y consulta de los trabajadores, que desde entonces ha obtenido el firme apoyo del Parlamento, por lo que le damos las gracias. 
Lamentablemente, la otra rama del poder legislativo, el Consejo, aún no ha comenzado a estudiar la propuesta, a pesar de que ha transcurrido más de un año desde su presentación. 
Espero que el presente debate contribuya a recordar a los Estados miembros la importancia y el carácter urgente de esta iniciativa. 
Recientemente hemos podido oír de la Presidencia portuguesa que en breve se lanzará un debate serio sobre esta propuesta. 
La Comisión espera sinceramente que el Parlamento y el Consejo concluyan pronto este importante dossier que, en nuestra opinión, constituye la respuesta más eficaz a las preocupaciones que despiertan casos como los que hoy nos han traído hasta aquí. 
En cualquier caso, deseo decir a aquellos que creen que no se han respetado sus derechos en este sentido, que tienen a su disposición los medios necesarios para que se cumplan y para reclamar una reparación, en particular, a través de las instancias jurisdiccionales nacionales pertinentes. 
La Comisión tiene conocimiento del deseo del Parlamento de que se proceda de inmediato a una revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. 
No obstante, como ya ha subrayado mi colega la Comisaria Diamantopoulou en otras ocasiones, a la hora de decidir si revisar o no inmediatamente la directiva, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones. 
Primero, toda revisión de la directiva tendría escasa repercusión inmediata sobre los acuerdos actuales, a menos que el principio fundamental de respetar la autonomía de las partes negociadoras ya no proceda. 
En segundo lugar, una revisión inmediata complicaría mucho más las cosas en lo que respecta a hacer avanzar otros dossiers pendientes en este ámbito, como el estatuto de empresa europeo y la propuesta de información y consulta nacional. 
El buen resultado de estos otros dossiers podría facilitar enormemente la posterior revisión de la Directiva sobre comités de empresa europeos e incluso proporcionar algún tipo de solución a los problemas enunciados más arriba. 
Para fomentar y apoyar el diálogo como la piedra angular del éxito de la adaptación al cambio, la Comisión está desarrollando además las recomendaciones del informe Lillehammer y preparando la creación de un observatorio europeo del cambio empresarial. 
También estamos desarrollando otra sugerencia de ese grupo de expertos, un informe sobre la gestión del cambio. 
Permítanme, para terminar, hacer referencia a algunas de las otras causas de preocupación recogidas en la propuesta de resolución presentada a esta Asamblea. 
En cuanto a la aplicación de los nexos entre la política de competencia y la política social, permítanme recordarles que existe una disposición en el Reglamento de Operaciones de Concentración que estipula la posibilidad de que los representantes de los trabajadores sean escuchados por la Comisión en el marco del procedimiento correspondiente. 
Con este fin, toda la ayuda regional está sujeta al requisito de mantener la inversión en cuestión durante un período de cinco años como mínimo. 
Las misma disposición fue incluida en el reglamento sobre los Fondos estructurales, lo que significa que es aplicable a todas las inversiones que son cofinanciadas con cargo a los Fondos estructurales. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señor Gorostiaga Atxalandabaso, entiendo que usted tiene una cuestión de orden. 
Si se tratase de una declaración personal ¿estaría usted dispuesto a esperar al final de este debate, momento en el que gratamente le invitaría a intervenir? 
Señor Presidente, el problema es relativo al honor público en este Parlamento, no se trata de una declaración personal. 
Esta mañana la Presidenta del Parlamento, la Sra. Nicole Fontaine, se negó a permitirme intervenir acerca de una cuestión de orden. 
Desgraciadamente esta no es la primera vez en que la Sra. Presidenta ha hecho evidente su inadmisible comportamiento hacia mi persona. 
Al proceder de este modo, la Sra. Presidenta ha incumplido el artículo 142 que establece que las cuestiones de orden deben tener preferencia sobre el resto de peticiones de intervención. 
Este comportamiento partidista de nuestra Presidenta debe ser criticado de la forma más enérgica. 
Muchas gracias por su intervención. 
Nos aseguraremos que la Sra. Presidenta quede informada de su intervención. 
Le puedo asegurar, por lo que me consta, que a la Presidenta no le gusta mantener debates en mitad de una votación. 
El tema objeto de debate reviste una gran importancia política y social. 
La libertad de empresa, la libertad de circulación, la libertad de competencia son pilares irrenunciables de la estructura político-económica de la Unión Europea. 
La reestructuración de las empresas responde al principio de libre determinación de las inversiones y, por lo tanto, debe defenderse. 
De entre estos hoy existe un caso que, en apariencia, puede parecer sectorial y de alcance no significativo pero que, si se pasa por alto, sin que la Unión Europea tome cartas en el asunto, se convertirá en una regla no escrita que pondrá en dificultad a muchos Estados miembros y a la Unión en su conjunto. 
Una industria americana- Goodyear- con establecimientos fabriles en Italia, Alemania e Inglaterra, está- legítimamente, desde su punto de vista- replanteando su producción y deslocalización. 
Sin embargo, quizás lo está haciendo sin respetar las normas comunitarias en la materia: ciertamente, sin un previo aviso razonable y no cumpliendo la obligación de dar cuenta de la utilización de financiaciones públicas italianas y europeas. 
En Italia, señor comisario Liikanen, Goodyear no está llevando a cabo una reestructuración, sino el cierre de una fábrica que con su producción cubre el 14% del mercado y que la misma Goodyear ha definido "para la mayor cualificación de sus empleados", una fábrica que se abrió invirtiendo dinero europeo por un total de 85 millones de euros. 
Por lo tanto, cierre sin previo aviso y sin ninguna voluntad de abordar el futuro de la fábrica y de sus obreros, no obstante el hecho de que con los fondos públicos utilizados en esa fábrica hay poco de privado y mucho de público. 
Sería muy grave si cada una de las empresas extraeuropeas aprendiera, de hecho, a utilizar a Europa como un autobús, donde no se paga el billete, no se paga la colaboración y se cobra por utilizar el servicio marchándose sin dar cuentas a nadie. 
El Comisario Sr. Liikanen acaba de hablar de reestructuración y que no debe llevarse a cabo de forma ignorante. 
En este caso, lamentablemente, ignora a quien la sufre y parece que ignore quien la lleva a cabo. 
Lo cierto es que como Parlamento esperamos poder colaborar en esa resolución que usted ha mencionado- estamos dispuestos- pero esperamos una intervención resuelta respecto a este caso que ciertamente no puede terminar y pasar por alto tal como casi ya ha pasado por alto. 
Señor Presidente, señor Comisario, como Grupo Socialista hemos querido presentar una resolución de compromiso junto con los demás Grupos de la izquierda, los Verdes y GUE, porque hemos querido poner de relieve y denunciar los aspectos más negativos y epatantes del comportamiento de las dos sociedades de las cuales estamos hablando en la resolución, ABB-Alstom y Goodyear Dunlop. 
El caso de Goodyear no es aislado y sectorial, sino que afecta a mil familias que, de la noche a la mañana, se han encontrado sin trabajo, sin ingresos y sin perspectivas de cara al futuro. 
Los casos que hoy debatimos, como otros muchos que hemos tratado en este Pleno- y temo que no serán los últimos- como usted, señor Comisario, ha recordado, nos brindan la ocasión de abordar la absoluta necesidad de completar la legislación europea. 
Pienso asimismo en la importancia del reforzamiento global de la legislación europea a través de la revisión de las directivas ya existentes. 
Creo que la Unión Europea y la Comisión deben pedir al Consejo y a los Estados miembros que presten atención a las formas de aplicación de dichas directivas en los distintos Estados. 
Italia no es una excepción, no está entre las naciones más avanzadas en materia de aplicación, sin embargo, hay muchos Estados en que las directivas que ya establecen derechos mínimos, se aplican mínimamente. 
Todo esto confirma nuestro convencimiento de que una medida como las sanciones- cuya importancia reiteramos cuando el año pasado emitimos nuestro dictamen sobre la directiva relativa a la información y la consulta- no puede abandonarse en absoluto. 
De otro modo los casos que hoy estamos abordando aumentarán cada vez más y llegará a faltar una gobernación por parte de la Unión Europea, especialmente en lo referente a la competencia y a las tecnologías que producen transformaciones, lo que contribuirá a generar un desempleo creciente en menoscabo de la cohesión social. 
Señor Presidente, señores Comisarios, estimados colegas, hoy debatimos por segunda vez en cuatro meses la reestructuración de las empresas en Europa. 
Al igual que en aquella ocasión, el motivo del debate es la reorganización de las grandes empresas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 
A pesar de ello, la empresa no se ha podido salvar. 
Ello demuestra que los puestos de trabajo no se compran y que el mercado se rige por una dinámica propia. 
Dicho de otro modo, las ayudas estatales suponen un doble gasto para la administración pública: primero en subvenciones, y luego en subsidios de desempleo. 
¿Es ése el objetivo de sus impuestos, mis impuestos y los impuestos de nuestros ciudadanos? 
Obviamente, ello no impide que nuestro Grupo comparta la preocupación de nuestros colegas italianos por las consecuencias que tiene el cierre de la empresa para la región afectada. 
En primer lugar porque se trata de una responsabilidad selectiva. 
Unas veces se recrimina a las empresas y otras veces no. 
El asunto Michelin provocó un gran revuelo, en tanto que no he oído hablar a nadie de Nissan o IBM, aunque allí también estaba en juego el puesto de trabajo de muchos europeos. 
En segundo lugar no es un procedimiento honesto de cara a los trabajadores de otras empresas que también se están reorganizando y que también están sufriendo. 
Mi Grupo ha firmado una resolución común del PPE, ELDR y UEN. Hemos dejado claro desde el principio que desaprobamos el uso de nombres de empresas concretas. 
Por todo lo anterior, el Grupo Liberal votará contra el párrafo 8 y la segunda parte del párrafo 9. 
En primer término, elaborar un informe muy preciso respecto a la aplicación de las directivas sobre los despidos colectivos y los comités de empresa europeos, llevar a cabo todo tipo de presiones, de requerimientos y de sanciones para su estricta aplicación. 
Se trata en el fondo de una desviación patente del espíritu de la directiva sobre los comités de empresa europeos. 
Y si el conjunto de las políticas comunitarias debe desembocar en el empleo y en la cohesión, ¿cómo es posible que la Comisión se exonere de este examen en la decisión de autorizar o no una fusión? 
Señor Presidente, la Presidencia portuguesa y los objetivos estratégicos de la Comisión hasta el año 2005 hablan de pleno empleo. 
Para el pleno empleo hay dos condiciones imprescindibles: la primera, crear nuevos empleos para los jóvenes que entran en el mercado de trabajo; la segunda, no perder empleos. 
Sin embargo, la realidad en Europa nos da ejemplos claros de cómo se destruye empleo, sobre todo por parte de empresas- y esto es lo más grave- que obtienen enormes beneficios. 
Antes se pedía la solidaridad de los trabajadores con las empresas para sobrevivir, pero es que ahora las empresas tienen unos enormes beneficios y, así y todo, despiden a trabajadores. 
También hay otra fórmula encubierta de despido, y es la que practica, por ejemplo, en España la empresa Ericsson con el término "externalizar" (se ocultan palabras preciosas, se oculta "despido"). 
Señor Presidente, lamentablemente, una vez más este Parlamento tiene que abordar la reestructuración de las empresas en Europa. 
Una vez más hay trabajadores que corren el riesgo de perder su puesto de trabajo. 
En esta ocasión, nos referimos a los trabajadores de Goodyear de Cisterna di Latina. 
Como se ha recordado, se trata de unas 600 personas y de otras tantas familias que, dentro de tres meses, podrían verse privadas de su única fuente de ingresos. 
Estos trabajadores- no obstante la disponibilidad demostrada para con la empresa y a pesar de su gran profesionalidad, gracias a la que la fábrica de Cisterna resulta ser una de las más productivas de Europa- corren el riesgo de quedarse fuera del ciclo productivo. 
Creo que esto no es justo: no lo es para los trabajadores de la fábrica de Cisterna y tampoco para todos esos ciudadanos italianos y europeos que, aunque indirectamente, a través de los impuestos, han permitido a Goodyear beneficiarse de esas ayudas estatales a las que me he referido antes. 
La Comisión Europea y el Consejo deben asumir por fin todas las responsabilidades tanto en lo que se refiere a la adopción de una posición común sobre la información y la consulta de los trabajadores como en el ámbito de las ayudas comunitarias y nacionales que deben concederse sólo a esas empresas que se comprometen a celebrar acuerdos a largo plazo en defensa del empleo. 
Hoy pedimos a la Comisión que defienda ante todo a los trabajadores de Goodyear de Cisterna y que, en consecuencia, ejerza todas las presiones posibles sobre la empresa para llegar a un acuerdo lo antes posible, al objeto de asegurar que la fábrica de Cisterna continúe existiendo y trabajando. 
Por último, señor Presidente, señor Comisario, deseo recordar que el tiempo de que disponemos es realmente corto y que, por lo tanto, cualquier medida- entre las cuales se encuentran las ya citadas por el señor Comisario en su informe introductorio- que se tome debe ser inmediata y tempestiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde el punto de vista de la reestructuración, es indudable que las empresas europeas deben adaptarse para poder aceptar mejor los nuevos desafíos, a menos que se resignen a desaparecer. 
En este sentido, los diferentes anuncios recientes, mencionados por mis colegas, tanto en el caso de Michelin como en el de Goodyear, son sintomáticos. 
Una gestión racionalizada, así como una mejora de los resultados- en mi opinión, y por orden de prioridad, deben estar al servicio de la empresa y, por tanto, de los trabajadores, y luego, eventualmente, las consecuencias financieras que de ello se desprenden. 
Existe, pues, el peligro de que el planeta se convierta en bicéfalo: por un lado, los países pobres, abastecedores de mano de obra y, por otro, los países ricos, proveedores de capitales. 
¿Europa no debe ser acaso la barrera para poder mantener cierto equilibrio entre una mayor rentabilidad y un mayor bienestar? 
No hay que olvidar que lo que básicamente hace que una empresa funcione y tenga buenos resultados es el capital humano. 
Para concluir, les recordaré que la tercera letra del nombre del Grupo EDD, al que pertenezco, significa "diferencia". 
Europa tiene el deber de hacer oír su voz como alternativa a las reestructuraciones no planificadas y con miras al "todo beneficio", la voz de la diferencia en esta oleada uniformizada de reestructuraciones. 
Yo, como todos los diputados presentes, lamento esta perdida de puestos de trabajo. 
Del mismo modo, lamento el anuncio hecho por Goodyear que ha propiciado esta resolución. 
Pero, ciertamente, pongo muy en duda que un Consejo Europeo de Empleo hubiera sido capaz de cambiar esta decisión empresarial. 
En los pocos meses que llevo aquí me ha parecido asombroso que mientras todos hablamos de incentivar a las empresas para que crezcan en la UE, prácticamente todas las resoluciones que aprobamos las animan a abandonarla. 
En nuestra última sesión plenaria de Bruselas votamos la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil e intentamos que sus normas fueran retroactivas, añadiendo unos costes enormes para los fabricantes europeos de coches que no podían haber previsto. 
Dos días más tarde, Toyota, que emplea a varios miles de personas en mi región, anunció que esta directiva no sólo aumentaría el coste de los coches sino que también podría conllevar despidos en su planta de Derbyshire. 
Los diputados hablamos a menudo sobre las PYMES y ahora nos hemos topado con un modo único para su creación. 
Tomen una gran empresa con éxito, aplíquenle normas europeas, y en pocos meses habrán creado una pequeña. 
Quizá antes de criticar a nadie de fuera de este lugar debiéramos contemplarnos a nosotros mismos y lo que aquí llevamos a cabo. 
Señor Presidente, no utilizaré mi tiempo de palabra para referirme a los casos individuales que se comentan hoy. 
A este respecto coincido con la Sra. Plooij-Van Gorsel en que no podemos tratarlos en detalle. 
Pero tal vez la próxima vez sí deberíamos hablar de CORUS, la reciente fusión entre nuestros Nederlandse Hoogovens y British Steel. 
Quisiera ampliar un poco este debate centrándolo en la coherencia entre la política de la Unión Europea en el ámbito de la fusión de empresas y las demás políticas. 
Desde este punto de vista me alegro de que el Sr. Liikanen esté aquí con nosotros y que el presente debate, que gira en torno a los intereses de los trabajadores, no se celebre únicamente con la Sra. Diamantopoulou sino también con Comisarios que se ocupan de esos otros terrenos. 
Soy partidaria de que la Comisión traduzca todas estas perspectivas diferentes en una política coherente, a diferencia del orador anterior que parte de la idea de que no debe haber reglas. 
En mi opinión, debemos desarrollar una visión de cómo son las empresas de ahora. 
Por todo ello, quisiera pedir a las diferentes direcciones generales de la Comisión y a los diferentes Comisarios que nos ofrezcan una visión más amplia sobre corporate governments. 
Me parece que ello estaría perfectamente en línea con los proyectos que se han presentado en los últimos días sobre good government en Europa, porque ahí también entra a formar parte la política en materia de empresas. 
También en Italia el Gobierno se reúne con la delegación de los sindicatos y con la de los delegados de Goodyear para tratar de dar una solución a la política de cierre decidida unilateralmente por la multinacional norteamericana en una zona de Italia central, Cisterna di Latina, que ya se ha visto afectada por reestructuraciones. 
El cierre supone la pérdida de más de mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos, centenares de familias sumidas en la inseguridad y en la nueva pobreza. 
Los trabajadores de Goodyear están llevando a cabo una lucha ejemplar, conscientes de que no solo defienden sus intereses, sino también los de los trabajadores de Goodyear en los distintos y numerosos países europeos: Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Luxemburgo y Eslovenia. 
La Unión Europea, en todas sus instancias, debe ejercer todo su poder para que se solucionen estas y otras controversias. 
Señor Presidente, al principio de esta semana el Presidente Prodi anunció que uno de los objetivos estratégicos de la Comisión para los próximos cinco años sería intentar alcanzar el pleno empleo. 
Reconoció que actualmente hay 15 millones de europeos que están buscando trabajo y que el desempleo es la causa principal de la pobreza y la exclusión social. 
Y, lo que es aun más, la Presidencia Portuguesa contempla la lucha contra el desempleo como su principal prioridad. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia, estas prioridades políticas se vuelven invisibles en la política diaria. 
La nueva compañía ha anunciado su intención de iniciar un plan de reestructuración con el objeto de ahorrar. Este plan de reestructuración global podría conducir a la pérdida de hasta 12.000 puestos de trabajo. 
En mi región del Reino Unido las consecuencias laborales de esta fusión han sido especialmente severas al anunciar ABB-Alstom que va a prescindir de 270 puestos de trabajo en Gran bretaña, de ellos 95 en Stafford y 112 en Rugby. 
El hecho de que la compañía no informase al Consejo de empleo acerca de las propuestas para la fusión es particularmente preocupante. Resulta especialmente importante en el caso de grandes compañías internacionales en las que las decisiones son tomadas lejos del empleado. 
No creo que simplemente sea cuestión de una Carta comunitaria. 
Lo que también necesitamos urgentemente es un estudio sobre el impacto que evalúe los efectos de una fusión sobre todas las áreas. Este es el único modo de respetar el Artículo 127 del Tratado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde. 
La sesión, interrumpida a las 15.50 horas, se reanuda a las 16.05. 
Incidentes racistas y xenófobos en El Ejido (España) 
B5-0149/2000 del Sr. Galeote Quecedo y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre los brotes de racismo y xenofobia en la comarca de El Ejido (España); 
B5-0159/2000 de los Sres. Gasòliba i Böhm y Sánchez García, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los incidentes racistas y xenófobos en El Ejido (España); 
B5-0162/2000 de la Sra. Díez González y otros, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre la explosión racista y xenófoba en El Ejido (Almería); 
B5-0169/2000 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el brote xenófobo en El Ejido (España); 
B5-0175/2000 del Sr. Bautista Ojeda y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre los incidentes xenófobos en El Ejido (España). 
Señor Presidente, me tranquiliza este debate porque veo que los tres primeros intervinientes conocemos bien la situación porque somos de origen africano. 
En primer lugar, quisiera felicitar a los grupos de esta Asamblea por el alto grado de consenso alcanzado en esta resolución, consciente como soy del esfuerzo que los diputados de este Parlamento hemos hecho para evitar utilizar una cuestión como esta con fines electorales. 
Los problemas de hoy no se pueden resolver dentro de cinco años. 
La legislación de los Estados miembros debe adecuarse a los acuerdos de los gobiernos en Tampere, como dice precisamente la propia resolución en su apartado 7. 
Por otra parte, señor Presidente, Señorías, el mercado laboral debe ordenarse con realismo para que los puestos de trabajo cubiertos por ciudadanos de terceros países estén sujetos a la normativa laboral que ampara salarios, seguridad social y cobertura social en plano de igualdad, erradicando de esta manera la explotación laboral y las bolsas de ciudadanos marginados que dan pie a los hechos que condena la resolución y que, en definitiva, son el trasfondo real del problema social que allí se ha planteado. 
Finalmente, desde esta sede parlamentaria debemos afrontar el fenómeno de la inmigración con la suficiente serenidad para colaborar en la ausencia de crispación en un debate que tiene que ir mucho más allá de las lógicas palabras y condenas que provocan conductas como las que aquí reprobamos. 
En definitiva, es un debate social de gran calado para contribuir a un espacio europeo donde los derechos a la libertad, la seguridad y la justicia queden recogidos en la futura Carta de los derechos fundamentales. 
Señor Presidente, la semana pasada, en la localidad andaluza de El Ejido, vivimos escenas más propias de otro tiempo y otro lugar que de la Unión Europea en el año 2000. 
Así lo reconoció el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, el pasado 9 de febrero, al afirmar que lo ocurrido en El Ejido era contrario a los principios mismos de la Unión Europea. 
Los sucesos de referencia nos causaron un gran dolor y vergüenza, despertaron nuestro temor ante la consumación de un hecho extremadamente racista, xenófobo e intolerante. 
Durante generaciones, el ser humano no ha permanecido siempre dentro de las fronteras de un Estado-nación sino que constantemente se han producido flujos migratorios. 
La movilidad geográfica no es un invento del siglo XX, como tampoco lo son sus motivos económicos y laborales. 
Todos somos inmigrantes, si no en primera persona sí en la figura de algún familiar o antepasado. 
En segundo lugar, exige la acción inmediata de todas las administraciones; la coordinación entre éstas es clave para combatir este tipo de actos xenófobos y racistas. 
Más concretamente, las autoridades locales, los alcaldes, tienen una responsabilidad directa en la prevención de cualquier manifestación racista o xenófoba, máxime cuando ésta implica sucesos violentos y de agresión contra las personas y sus bienes. 
Estas autoridades tienen también la obligación de favorecer los acuerdos difíciles entre las partes implicadas y de no obstaculizarlos, como es el caso del alcalde que nos ocupa. 
En tercer lugar, exige que los partidos políticos asuman una responsabilidad directa en la acción política de sus cargos públicos e impidan cualquier actuación o declaración de carácter individual contraria a los principios y valores de convivencia y tolerancia expresados por la Unión Europea. 
Señor Presidente, en un primer momento nuestro Grupo no tenía clara la necesidad de presentar esta propuesta porque la cuestión parecía un fenómeno local. 
Por esta razón, lo que parecía un fenómeno local- en El Ejido- pasa a ser un síntoma preocupante que coincide con el auge de partidos como el de Haider. 
No hay que olvidar a este respecto que el agresor de la víctima era un enajenado mental inadecuadamente tratado. 
Para terminar, quería indicar- como dice nuestro Premio Nobel José Saramago- que en el otro también estamos nosotros, y que no basta- como dice Jesucristo, que según Saramago estaba equivocado- que nos amemos los unos a los otros, sino que es más importante que nos respetemos los unos a los otros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como parlamentario europeo, pero fundamentalmente como ciudadano de Andalucía, una de las tierras más tolerantes y multirraciales de la Unión, que desde tiempos inmemoriales ha acogido a todos aquellos que han decidido quedarse allí, considerándolos andaluces desde el primer día, hubieran nacido o no en nuestra tierra, no siento más que pena, rechazo y condena por los incidentes xenófobos y racistas acontecidos, impropios de este pueblo tolerante. 
Quisiera, no obstante, dejar constancia de una realidad preocupante: todas las decisiones que se toman o se dejan de tomar, todos los acuerdos que se negocian o no por parte de las instituciones comunitarias y que tienen que ver con la economía de sectores primarios de territorios desfavorecidos como Andalucía pueden predisponer de manera indirecta a estas situaciones tan graves. 
Me refiero, por ejemplo, a la falta de acuerdo con Marruecos y a la falta de soluciones para el sector pesquero, que mantiene amarrada parte de la flota en Almería; me refiero a la errática gestión del régimen de importaciones de productos hortofrutícolas por parte de la Unión, que afecta de manera predominante las relaciones entre Almería y el Reino Alauita; y me refiero a la política inmigratoria de las regiones, de los Estados miembros y de la Unión que, por acción u omisión, provoca que sólo unos territorios como Almería soporten individualmente esta presión inmigratoria desde el Magreb. 
Todos estos hechos, que desgraciadamente se han sumado en el tiempo y en el lugar, hacen que los desalmados, intolerantes, racistas y hooligans que todos tenemos en nuestros territorios, y que gracias a Dios son minoría, enciendan la mecha de la xenofobia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hablo desde la experiencia que he adquirido en muchas visitas a El Ejido desde hace muchos años, conociendo cómo evolucionaba la situación allí. 
Aquí, en el Parlamento Europeo, como en muchas otras instituciones, hemos visto la situación con preocupación, nos hemos rasgado las vestiduras- porque realmente sentíamos el problema como nuestro, porque ha sido un problema nuestro- cuando hemos tenido conocimiento de lo ocurrido. 
Aquí, en el Parlamento Europeo, en España y en muchos países, todos nos hemos fijado en El Ejido, pero realmente no serviría de nada lo que aquí estamos haciendo y discutiendo, no serviría de nada este rasgamiento de vestiduras, si esto no nos condujese a adoptar una actitud mucho más profunda para conocer de verdad lo que está ocurriendo, no solamente en El Ejido, sino en muchos otros sitios donde, como allí, se pueden producir en un momento dado este tipo de problemas. 
Señor Presidente, esta resolución quiere ser solidaria con las fuerzas democráticas españolas, que luchan por el respeto de los derechos humanos. 
Los inmigrantes son indispensables para sus empleadores. 
Lo ocurrido en El Ejido responde a prácticas racistas y xenófobas, inadmisibles en la Europa actual. 
Durante cuatro días se ha generalizado la persecución colectiva de los inmigrantes. 
Mujeres y niños han sido golpeados. 
Huyendo de todas partes, centenares de inmigrantes se refugiaron en una colina situada en las inmediaciones de la ciudad. 
Tenemos razón en poner en el Índice al Austria de Haider, pero no podemos aceptar otros pequeños Haider locales, capaces de aplicar políticas de corte racista y de dominación económica implacable. 
Apoyo esta propuesta de resolución, en particular los puntos que se refieren a la aplicación del artículo 13 del Tratado de Amsterdam, así como el punto 11 de esta resolución, que establece una correlación entre la concesión de Fondos estructurales y la lucha contra la exclusión. 
Nos honrará el hecho de que el Parlamento Europeo condene enérgicamente estos sucesos y apoye todas las propuestas presentadas en favor del respeto de los inmigrantes en España y en toda la Unión. 
Señor Presidente, la Unión Europea, desde la firma del Tratado de Amsterdam, tiene competencias en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Para ello deberá desarrollar dos tipos de medidas: unas encaminadas a la integración de los ciudadanos de origen no europeo y otras dirigidas a organizar la inmigración. 
Con relación a las primeras, la Comisión nos ha enviado una serie de propuestas, contenidas en dos directivas y un plan de acción, que pretenden aplicar la siguiente decisión tomada por los Jefes de Gobierno en Tampere: "garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de sus Estados miembros y una política de integración más decidida que debería encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión". 
Todo lo contrario, señor Presidente, de lo que hemos visto y descubierto estos días en El Ejido: un mundo de irregularidades, explotación laboral y condiciones de vida indecentes, que ya había sido denunciado. 
Espero una pronta puesta en marcha de las medidas para la integración y espero también que los Gobiernos que redactaron tan bellas palabras en Tampere- el de España entre ellos- se empleen a fondo en aplicarlas. 
Fuera del ámbito comunitario algunos Gobiernos hacen esfuerzos para renovar sus políticas de inmigración. 
En mi país esto se hace, pero a pesar del Gobierno; su partido es el único al que no gusta la nueva Ley de Extranjería. 
El objetivo de combatir el racismo y la xenofobia, explicitado por los Tratados, debería serlo de todas las instituciones y de todos los responsables políticos de la Unión. 
Ello le obliga a un comportamiento coherente, pero dirigentes locales de ese partido están echando más leña al fuego desatado, boicoteando los intentos de otras instituciones para apagarlo. 
El partido al que pertenece el alcalde de El Ejido debería, consecuentemente con los compromisos firmados en esa Declaración, actuar de una manera contundente. 
Sólo con mucha unidad, como decía el Sr. Hernández Mollar, responsabilidad y firmeza podrá El Ejido, y con él España y Europa, superar unos hechos que hoy nos avergüenzan profundamente. 
Señor Presidente, no se puede sentir más que disgusto, vergüenza e indignación por las verdaderas escenas de linchamiento, registradas en El Ejido, de que fueron víctimas los jornaleros marroquíes. 
Desconocemos la responsabilidad que les corresponde a los comandos de extrema derecha y a las personas corrientes, que fueron lo suficientemente inconscientes como para seguir dócilmente a estos comandos. 
Deseamos reafirmar nuestra total solidaridad para con estos trabajadores marroquíes que no sólo son explotados por capataces sin escrúpulos, sino que encima deben enfrentarse a agresiones de esta naturaleza. 
Y si entre los agresores existen personas pertenecientes a las capas populares, sólo podemos decirles que, actuando como lo han hecho, están cavando su propia tumba. 
Al declarar la guerra a gente tan pobre como ellos, no hacen más que ayudar a sus propios explotadores y preparar para sí mismos un porvenir de opresión. 
(EN) Quisiera comenzar felicitando al distinguido diputado por el modo en que ha introducido este debate extremadamente importante. 
Queremos expresar nuestro apoyo a las familias y los amigos de las víctimas. 
El Presidente Prodi y la Comisaria Diamantopoulou han hecho ambos declaraciones separadas. Naturalmente respaldamos completamente lo que han dicho. 
Han sido especialmente conmovedores los comentarios de los diputados provenientes de esa región acerca de lo ocurrido, sorprendentemente, en un lugar de España que conozco razonablemente bien. 
Atacan al mismo corazón de los principios sobre los que- como bien dijo ayer el Sr. Havel- se fundamenta la Unión Europea: principios de libertad, democracia y respeto por los derechos humanos. 
Desde luego se han hecho progresos en los últimos años pero aun necesitamos trabajar juntos por un clima de tolerancia en el que el racismo y la xenofobia se consideren fuera de lugar, totalmente inaceptables, mientras que al mismo tiempo tratamos con rotundidad incidentes semejantes a los que estamos debatiendo esta tarde. 
La Unión Europea ya ha establecido las bases de una legislación comunitaria para combatir la discriminación por motivos de raza. 
La inclusión del artículo 13, al que se ha hecho referencia a lo largo del debate, que trata la no discriminación en el Tratado de la Comunidad Europea, supone uno de los cambios más significativos de la última revisión de los Tratados. 
Desde que el Tratado de Amsterdam entrara en vigor la Comisión ha presentado un paquete de propuestas para la puesta en práctica del artículo 13 incluyendo, en especial, una propuesta de directiva sobre la aplicación del principio de trato igual independientemente de la raza u origen étnico. 
Las Conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de Tampere, como ha dicho el Sr. Hernández Mollar, ilustraron claramente la voluntad de los Jefes de Estado y de Gobierno respecto de la introducción de una política común de inmigración y los principios sobre los que debería basarse, con especial énfasis en la política de la Unión acerca del respeto y la promoción de los derechos de los emigrantes. 
En Tampere los Jefes de Estado y de Gobierno también enfatizaron la importancia de aproximar las legislaciones nacionales sobre las condiciones de admisión y residencia de nacionales de terceros Estados con base en una evaluación conjunta de las evoluciones económicas y demográficas de los Estados miembros así como la situación de los países de origen. 
Aquellos que organizan la inmigración ilegal deben ser perseguidos con la máxima energía. 
La expresión que se utiliza en la sociedad china para designarlos es "cabezas de serpiente". A mí me parece que es una acertada descripción. 
La carta se haría extensiva a nacionales de terceros Estados residentes en Estados miembros incluso aunque se reservaran ciertos derechos a nacionales de Estados miembros de la Unión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas. 
Señor Presidente, antes de iniciar el debate sobre Kosovo o Mitrovica quisiera comunicarles que me invade una sensación desagradable. 
Ya hemos adoptado varias resoluciones, pero constatamos que no son más que salvas de advertencia que luego no se concretan en nada. Aprecio mucho que la Comisión esté siempre presente. 
Aprecio especialmente la presencia del Comisario Patten, con sus competencias. Pero ¿qué es lo que compruebo junto con otros muchos colegas míos? 
Compruebo que el Consejo brilla sistemáticamente por su ausencia en este debate. Sin embargo, es importante que trabajemos asimismo con el Consejo. 
Veo que está aquí con nosotros un diplomático de esta institución que está anotando minuciosamente todo cuanto se dice aquí y que seguramente informará de ello, pero, por lo demás, no sucederá absolutamente nada. 
Así las cosas, quiero insistir en que debemos modificar nuestros procedimientos y que el Consejo también ha de estar presente en el debate de actualidad y urgencia para que podamos intercambiar ideas en el acto. 
Muchas gracias, señor diputado. 
La Presidencia toma nota de su inquietud y la transmitirá por los cauces adecuados. 
Violencia interétnica en Mitrovica y situación de los prisioneros albaneses en Serbia, en particular el caso de la Sra. Flora Brovina 
La primera consiste en que uno de nuestros colegas, conocido por sus posiciones aperturistas y tolerantes, el Sr. Sakellariou, por no citarlo, ha puesto su veto viril, pretendiendo erigirse en defensor de la moralidad de Sus Señorías. 
La otra razón consiste en que, desgraciadamente, este texto no va muy lejos. 
Creo que evita, mediante una serie de artificios, afrontar el problema central del estatuto final de Kosovo. 
Dudo que alguno de ustedes llegue a creer que algún día Kosovo pueda aún formar parte de Yugoslavia. 
Dudo asimismo que alguno de ustedes crea que Milosevic podría resistir mucho tiempo más si la comunidad internacional resolviera finalmente el problema del estatuto final de Kosovo. 
Dudo también que alguno de ustedes pueda pensar que, en la situación actual, a Milosevic no le convenga hacer todo lo posible por desestabilizar Kosovo, lo que, por otro lado ha hecho, como ya hemos visto. 
Finalmente, no creo que alguno de ustedes pueda creer que el statu quo actual aporte un mínimo de estabilidad y, por tanto, de desarrollo a Kosovo. 
Es interesante señalar, por otro lado, un lapsus en el que probablemente no han reparado. 
Subrayo, finalmente, que, desde el mes de julio, pedimos una acción enérgica del Consejo y de la Comisión para liberar a los tres mil prisioneros kosovares, a la Sra. Brovina, al Sr. Kurti y al Sr. Hoti. 
Señor Presidente, en primer lugar le pido la palabra para contestar a la agresión verbal que acaba de hacerme el Sr. Dupuis y, por ello no debe descontarse del tiempo de palabra que me corresponde. 
No presentaremos ninguna propuesta común, no discutiremos con ellos y no aceptaremos que firmen una propuesta de estas características. 
Esto es lo que quería decir respecto al suceso mencionado por el Sr. Dupuis. 
Los Estados miembros de la UE han librado una guerra por Kosovo en colaboración con la OTAN. 
Llegados a estas alturas no quiero volver a abrir un debate sobre la eficacia de los medios que tenemos a nuestra disposición en el marco de la gestión de crisis. 
Entiendo que la OTAN y los Estados nacionales hayan dado luz verde para esta operación y que hayan creído que ésta era la única posibilidad que les restaba para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes cada vez más incontrolados cometidos por el régimen de Milosevic en Kosovo y para garantizar una vida digna a la población albanesa. 
El resultado de la intervención es que no se ha podido evitar la catástrofe humana. Kosovo está destrozado, los campos están sin cultivar, las fábricas están paradas y la economía se halla en una situación caótica. 
Serbia ha retrocedido varios decenios, sus habitantes, ya sean serbios o albanokosovares, estarán traumatizados por mucho tiempo. 
Cientos de serbios se han visto obligados a abandonar Kosovo y acabamos de escuchar que en los alrededores de Mitrovica incluso han sido objeto de las agresiones los soldados de la Kfor, junto con autobuses de refugiados y otras personas. 
Ésta es tan sólo una mínima parte de los continuos actos de violencia que se cometen, no sólo en Mitrovica, contra serbios, roma y demás minorías. 
De lo contrario, perderemos toda nuestra credibilidad. 
Ello me lleva a formular otra pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto son eficaces los protectorados internacionales? 
¿Pueden ser la panacea o más bien ahondan la división étnica de la provincia protegida? 
¿Es realista el que se pretenda crear una sociedad multicultural en un protectorado que haya sido objeto de una intervención militar? 
Y para que encontremos esta solución quisiera formular brevemente algunas propuestas concretas y prácticas. Los gobiernos han de proceder con mayor celeridad, es decir, inmediatamente, al envío de las fuerzas policiales internacionales que hagan falta en Kosovo. 
Los países donantes deben librar los recursos financieros prometidos a fin de que los representantes internacionales dispongan de los medios necesarios para realizar su trabajo. 
Es preciso comprobar si las sospechas de que miembros del KPC, el Kosovo Protection Corps, hayan participado en los crímenes son fundadas y habrá que atenerse a las consecuencias. 
Quisiera finalizar mi discurso con una petición que este Parlamento ya ha formulado con motivo de su última resolución. El representante del Secretario General de la ONU debe poner en marcha una administración que realmente trabaje por el bien de Kosovo. 
Señor Presidente, estimados colegas, estimado señor Sakellariou, no pretendo hablar en favor del Sr. Dupuis, pero no hay que ser tuerto. 
Si usted se presta a firmar acuerdos con el Sr. Modrow, puede hacer lo mismo con el Sr. Dupuis o con otros diputados. 
El Sr. Modrow pertenece al Grupo Comunista y es uno de los últimos dirigentes de la DDR. 
Desafortunadamente, no conseguiremos solucionar hoy, en este debate de urgencia, los problemas generales de Kosovo. 
Tampoco se ajustan a este marco las preguntas del Sr. Dupuis. 
No podemos preguntarnos aquí qué será de Kosovo. 
Realmente me pregunto por qué adoptamos esta resolución el pasado mes de septiembre. 
No he leído ni he escuchado que el Consejo la haya tomado en serio. 
¡Realmente me pregunto si al Consejo le queda la más mínima pizca de compasión! 
Si los representantes del Consejo tuvieran a sus hijos, sus hermanos o su padre en una prisión serbia seguramente reaccionarían con mayor celeridad. 
Sin embargo, debo admitir sinceramente que nadie les ayuda. 
Hace poco estuve en Pristina. En la Universidad busqué desesperadamente a tres estudiantes a los que conozco desde hace muchos años. 
Sé dónde están. ¡Están en una prisión serbia, sin motivo alguno! 
No hay ninguna razón por la que tengan que estar ahí. 
No han llamado la atención por participar en acciones terroristas o militares. 
La médica albanesa Flora Brovina, que fue condenada el 13 de enero en Nis, se encuentra actualmente en el hospital de la prisión de Nis y está gravemente enferma. 
Fue condenada porque, siendo médica, prestó ayuda a los heridos, independientemente de su procedencia. 
¡No fue terrorista ni activista del ELK! 
Sin embargo, nadie ayuda a esta mujer para que pueda abandonar la prisión. 
Pienso, por tanto, que en el fondo el Consejo de Ministros no se interesa por estas tragedias, lo cual me parece trágico. 
Es grave que ninguno de los responsables escuche los gritos de socorro que nosotros, como diputados, les transmitimos. 
Asimismo hemos de analizar la situación en Mitrovica. A este respecto admito que el Sr. Sakellariou tiene toda la razón. 
¡Mitrovica no puede seguir dividida! 
Hemos tenido suficientes ciudades divididas en Europa y las seguimos teniendo. 
Podemos esperar que no sean castigados por prestar servicios voluntarios en la zona. 
Es por lo que espero que todos, ya sean albaneses o serbios, dejen en paz a las tropas de la Kfor. 
Creo que hemos de cumplir nuestra palabra. 
El Sr. Seselj, ese nacionalista que en realidad es un criminal de guerra, está poniendo coto a los últimos restos de libertad de prensa que quedan en Serbia. 
¡Debemos pararle los pies porque, de no hacerlo, dejará de llegarnos información fiable del pueblo serbio! 
Señor Presidente, lo que está sucediendo en Mitrovica, Kosovo, es terrible e inadmisible. 
La violencia genera violencia y la venganza genera venganza. 
Las fuerzas policiales destacadas sobre el terreno no disponen de efectivos para detener los ataques. 
El comisario policial al mando, Svend Frederiksen, ha manifestado su desesperación ante el hecho de que aún deba arreglárselas con menos de la mitad de las fuerzas acordadas. 
La presencia de la fuerza policial debe ser tan grande que sea visible en el paisaje de modo que la población confíe en que ésta pueda detener las agresiones y tan grande que pueda esclarecer los crímenes y castigar a los culpables, de lo contrario se admite que la población se tome la justicia por su mano. 
Hace un año vimos lo que sucedía cuando no se hace un seguimiento de los acuerdos y las decisiones que se adoptan. 
Estuve en Kosovo el 27 de octubre de 1998, cuando los serbios se retiraron. 
El acuerdo implicaba la llegada de 1.800 observadores de la OSCE para garantizar la paz. 
Sin embargo, un mes más tarde, sólo había un puñado. 
Las agresiones ni siquiera quedaban registradas. 
De ahí que quiera preguntar, señor Comisario: ¿No podría hacer algo para que no repitamos las estupideces que hemos cometido en Europa? 
También le pregunto: ¿Cuándo calcula que estén sobre el terreno? 
Menciono esto último porque es la solución que debemos adoptar lo antes posible si queremos dar a la paz una oportunidad. 
Aquellos que están en contacto con la vida real en Kosovo comparten un juicio común: la trágica y desesperada situación de vacío democrático y de imposibilidad de convivencia entre las distintas etnias. Mitrovica es un trágico ejemplo de ello. 
La política de Milosevic en Kosovo, antes de la intervención militar de la OTAN, debía sin duda condenarse y eran justas las reivindicaciones de autonomía de las regiones de Kosovo por parte de las fuerzas no violentas como la de Rugova. 
Sin embargo, la elección de la intervención armada de la OTAN y el apoyo a las fuerzas armadas del UCK fueron devastadores y, hoy por hoy, han reducido Kosovo a una colonia, además de haber destruido infraestructuras civiles en Serbia. 
Actualmente, en Kosovo faltan una estrategia y una política capaces de defender a las minorías, entre las cuales no solo hay serbios y gitanos, sino también los albaneses moderados que siguen creyendo en que es posible la convivencia y que son perseguidos por los extremistas que están en el poder. 
Es inútil hablar de las casas de los gitanos quemadas y de los miles y miles de nuevos refugiados y de los refugiados de Krajina que hoy viven atrincherados en Kosovo, abandonados por la UNHCR, abandonada a su vez por los donantes, mientras la emergencia continúa siendo dramática. 
Flora se ha defendido invitando a serbios y albaneses a ayudarse. 
El marido de Flora Brovina se encuentra en Belgrado, huésped de mujeres serbias. 
Pienso que debe levantarse el embargo contra Serbia y que, por su parte, Serbia, ha de liberar a los presos políticos. 
Lo que ha dicho aquí es totalmente acertado. 
Me adhiero sin reservas a la propuesta de resolución que tenemos delante de nosotros. 
En ella condenamos todo tipo de violencia, como es debido, pero no podemos hablar de un genocidio en el que se hayan invertido los papeles. 
Obviamente, la situación en Mitrovica es muy peligrosa y todos sabemos por qué eso es así. 
Están en juego importantes intereses económicos y tampoco podemos olvidarnos del drama de las minas de Trepca. 
Ya nos hemos referido al destino de los prisioneros políticos. 
Hemos de ofrecerles una respuesta razonable. 
El caso de Flora Brovina es uno de los muchos casos pendientes. 
Es positivo que lo abordemos en la propuesta de resolución, pero como Flora Brovina hay cientos, hay miles. 
Ruego a la Comisión y al Consejo, que está ausente, que intervengan sin más tardanza en favor de los prisioneros políticos. 
El hecho de que éstos estén encarcelados en Serbia es uno de los factores que se hallan en el origen de los disturbios y la violencia en Kosovo. 
Yo tampoco apruebo todo lo que dice el Sr. Dupuis, pero le puedo asegurar que el Sr. Dupuis es un demócrata convencido y hasta la fecha ha sido habitual aquí en esta Casa que todos intercambiemos ideas con todos. 
Quisiera dejarlo claro para que no se formen frentes equivocados. 
En lo que al tema de este debate se refiere, quiero afirmar que aunque la ausencia del Consejo ha sido criticada con razón- me sumo a estas críticas -, ayer celebramos con el Consejo un debate sobre Kosovo de una hora y diez minutos de duración durante el turno de preguntas. 
Incluso se propuso que se llevara a la OTAN ante el Tribunal de La Haya. 
Y es la intervención de la OTAN la que ha puesto fin a esta vorágine. 
Por tanto, la OTAN no merece La Haya, sino que merecería el Premio Sajarov de esta Casa. 
Quisiera dejar claro que va siendo hora de que nosotros mismos también sepamos estar a la altura de nuestras obligaciones. 
Hemos asumido la responsabilidad de Kosovo con todo cuanto esto implique. Ello significa obviamente que ante los conflictos que se producen en lógicamente en la zona hemos de crear urgentemente una administración civil que funcione. 
Desafortunadamente, en este terreno hemos fallado. 
El primer error fue traspasar esta tarea a la ONU, puesto que está claro que es incapaz de controlar la situación. 
Escuchamos hablar de la reconstrucción de Kosovo, escuchamos hablar del pacto de estabilidad, pero todo ello se enmarca claramente en la línea de la sociedad del anuncio que actualmente está tan de moda. Es decir, se prometen y se anuncian millones o incluso miles de millones en concepto de ayuda, pero en la práctica solamente se hace efectiva una mínima parte de estas promesas. 
Es hora de que cuidemos nuestra credibilidad y de que nuestras actuaciones vayan dirigidas decidida e inequívocamente al restablecimiento de los principios democráticos propios de un Estado de derecho. 
Esta petición concuerda perfectamente con la visión del Alto Representante de la ONU en Kosovo, Bernard Kouchner. 
La ONU le ha prometido, por el contrario, el envío de una fuerza policial de 4.800 hombres. 
Sin embargo, de momento Kouchner solamente dispone de aproximadamente 2.000 agentes de policía. 
Es lógico que el Alto Representante de la ONU no esté nada feliz con esta situación, y menos habida cuenta de la endémica violencia étnica en la zona. 
Sobre todo es desconcertante el virulento reproche que Kouchner lanzó estos últimos días al Gobierno francés. 
París abandona a su suerte a su compatriota en plena zona de crisis tras enviarle un puñado de agentes de policía, no más de 37. 
Como culpable de esta postura francesa poco honrosa Kouchner señala nada menos que al Ministro de Asuntos Interiores, Chevènement. 
Según Kouchner, el Ministro impide el envío de funcionarios policiales franceses a Kosovo por motivos ideológicos. 
Señor Presidente, no voy a repetir la premisa anterior: se me podría acusar de hacer publicidad abusiva. 
Creo que el fuego cruzado de la Unión Europea y de occidente en general, converge desde hace algún tiempo en el Sr. Savimbi, sin discriminación alguna, pero que existe una corrupción tal en el régimen del Sr. Dos Santos, que incluso sus antiguos amigos comienzan a tener dificultades para simular no darse cuenta. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo ha estado, y con razón, en la vanguardia de la afirmación de los derechos humanos en la Unión Europea. 
Sabemos que los gobiernos son muchas veces más sensibles a los intereses de la realpolitik, a los intereses comerciales, geoestratégicos o económicos. 
Hemos formulado requisitos para los Estados que quieren entrar en nuestra Unión y debemos formularlos para los Estados que apoyamos. 
Porque somos de los que creemos en la democracia y en sus valores. 
Sabemos que el periodismo libre y una opinión pública ilustrada son los pulmones de la democracia. 
No hay democracia si no se respeta la libertad de información. 
Y, sin una comunicación social sin tutelas, no hay una opinión pública libre e informada y, con periodistas presionados, perseguidos, detenidos o amenazados, no hay una comunicación social libre y sin tutelas. 
Señor Presidente, ¿hasta cuándo podremos proseguir nuestra colaboración con Angola? 
Tendrá que consentir asimismo la presencia de observadores europeos en los juicios contra los periodistas. 
A pesar de ser el principal donante, Europa ha adoptado hasta la fecha una actitud demasiado pasiva con respecto a Angola. 
Si el Gobierno angoleño sigue negando su colaboración, nos veremos obligados a adoptar medidas. 
Sin reconciliación nacional no puede haber reconciliación con Europa. 
Señor Presidente, Señorías, convengo totalmente con la resolución que se debate en este Parlamento, porque la situación de represión que afecta a los periodistas angolanos o a los corresponsales extranjeros en Angola es escandalosa y muy grave y no podemos dejar que se la pase por alto. 
Pero no es ésa la situación. 
Angola no es un Estado de derecho: es una dictadura represiva. 
Y no podemos aceptar la teoría vigente de que, para llegar a la paz, es preciso aplastar y eliminar físicamente al adversario. 
Por eso, este Parlamento debe secundar los repetidos llamamientos de la iglesia angolana, los llamamientos que ayer hicieron, por ejemplo, Mandela y Mebeki para que se celebren nuevas negociaciones a fin de llegar a una situación de paz. 
Como ya ha dicho otro colega, debemos celebrar aquí un debate general sobre Angola y no sólo sobre la situación de ciertos periodistas víctimas de la represión en Angola. 
Por tanto, siguen repitiéndose esos casos. 
En Angola hay dos partidos o dos grupos armados: uno, el MPLA, que goza de los beneficios del petróleo; otro, el bando armado del Sr. Savimbi, que goza los beneficios de los diamantes. 
Y, si celebramos aquí un gran debate sobre la situación de Angola, extensivo también a toda el África austral, la autoridad de este Parlamento puede ser importante. 
Señor Presidente, Señorías, la resolución que hoy vamos a votar representa un momento importante, por el tema que aborda, por las preocupaciones de defensa del Estado de derecho y de la libertad de prensa, y muy importante también por el amplio consenso que, después de alguna tesitura entre bastidores, ha conseguido por fin congregar. 
El abordado en la resolución es un gran problema, pero, como ya se ha dicho aquí, hasta parece pequeño, si observamos el gran problema que constituye la situación general en Angola, expuesta a sufrir un desastre terrible en materia humanitaria. 
La situación en Angola, como en el vecino ex Zaire, es la de una herida purulenta, en la que no se sabe quién infecta a quién. 
Además, este asunto es importante porque el poder oficial de Angola, el Estado angolano, tiene que asumir las responsabilidades y la comunidad internacional y la Unión Europea deben indicarlo de forma muy clara. 
Esos periodistas son profesionales que aún hacen un esfuerzo- y son perseguidos por ello- para alertar a la opinión pública de su país y denunciar la situación de corrupción que se vive en ese régimen. 
Y es evidente que ése no es un marco que vaya a permitir alguna vez el establecimiento de la paz en Angola. 
Nosotros mismos, en nuestras historias nacionales y de Europa, tenemos esa experiencia: los pueblos sólo pueden vivir en paz duradera, si viven en libertad y pluralismo y con tolerancia mutua. 
Y, como ya se ha dicho aquí, me sumo claramente a los llamamientos hechos. 
En los últimos años el comportamiento de UNITA también nos ha inspirado reservas y críticas, pero eso no puede servir de disculpa para que el Estado angolano alimente una economía de guerra tenebrosa, con circuitos de corrupción terribles a costa del sufrimiento continuo de su pueblo. 
Ésa es la realidad que se vive en Angola. 
Tres millones de víctimas, dos millones de personas desplazadas dentro de su propio país, cientos de miles más allá de las fronteras, mujeres y niños, una guerra transfronteriza. 
La culpa de este permanente estado de violencia no la tiene únicamente la UNITA, también la tiene el Gobierno. 
Parte de la culpa la tienen los propios países occidentales. 
Señor Presidente, nosotros también somos culpables de esta guerra. 
El proceso se desarrolló a puerta cerrada y solamente se pudo citar a un testigo. 
El mes pasado otro periodista fue amenazado de muerte por un diputado del partido del Gobierno NPLA durante un debate parlamentario. 
Son sólo dos ejemplos de la tendencia que se manifiesta en Angola a hacer callar a quienes vierten críticas contra el Gobierno. 
Su único delito consiste en criticar aquello que las organizaciones para la defensa de los derechos humanos llevan denunciando desde hace tiempo, a saber, la corrupción a gran escala y la desaparición de cientos de millones de dólares que las compañías petroleras pagan al Gobierno angoleño. 
Lo admitió hasta el Ministro británico Peter Hain. El mes pasado dijo al Presidente Dos Santos que vigilarían que los ingresos procedentes del petróleo no se destinaran únicamente a la financiación de la guerra y que tampoco desaparecieran en los bolsillos de eminentes miembros del Gobierno. 
Pero al mismo tiempo comprobamos que tanto Gran Bretaña como Portugal siguen prestando ayuda militar al Gobierno. 
La organización para la defensa de los derechos humanos Global Witness concluye sobre la base de un informe que los países occidentales cierran los ojos antes las actividades de Dos Santos porque intentan sonsacar lucrativos contratos petroleros. 
Sin embargo, hemos de admitir que nuestra propia responsabilidad europea al respecto no es menor. 
De nuevo un pueblo indígena está amenazado en su derecho a la vida. 
De nuevo la peculiaridad, la dignidad y la salud de todo un pueblo son sacrificadas en nombre de un interés económico superior. 
De nuevo se pierde una parte del patrimonio cultural y ecológico de nuestro planeta, a pesar de los numerosos tratados y resoluciones sobre derechos humanos, protección de minorías, derechos de pueblos indígenas, etcétera, que ya han sido aprobados al respecto. 
Si la tradición y la cultura han de ceder ante los imperativos económicos al menos conviene prestar la debida atención a la acogida y la reintegración de los pueblos afectados. 
Pero a juzgar por lo que dicen los movimientos ecologistas ni siquiera esta premisa se cumple. 
Apenas existen programa de reintegración para las personas que ya han sido trasladadas a los llamados "new lands". 
Y aún queda por ver si estos "new lands" ofrecen suficientes garantías en lo que a la salud pública se refiere. 
Es muy importante que las autoridades americanas expliquen claramente cómo piensan proporcionar una alternativa digna a estas familias sin que tengan que abandonar su forma de vida tradicional. 
Porque ¿con qué derecho exigimos a los países en vías de desarrollo que concedan voz y voto a sus minorías, que protejan sus valiosas reservas naturales y que respeten los derechos humanos, si resulta que nosotros mismos no somos capaces de dar el ejemplo? 
Señor Presidente, el Sr. Van Hecke tiene razón, aquí se trata en efecto de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y, a este respecto, el Parlamento Europeo debe alzar la voz, sobre todo ante sus buenos amigos, y los Estados Unidos son un buen amigo. 
Es imprescindible que se ponga fin al programa de desplazamiento obligatorio. 
En los últimos 25 años nada menos que 25.000 personas han sido obligadas a trasladarse. Basta ya. 
La zona a la que son trasladadas las personas afectadas, y es éste el motivo de la presente resolución, es una zona contaminada, es una zona sin perspectivas económicas. 
Por todo ello, pienso que nosotros, como Parlamento Europeo, hemos de pedir a las autoridades americanas que en todo caso aplacen el programa de reinstalación de que se trata aquí y que después, de ser posible, lo supriman definitivamente. 
Debemos seguir defendiendo estos derechos, especialmente en nuestros propios Estados miembros, pero también fuera de ellos. 
Como ya ha dicho el Sr. Sterckx, debemos hacerlo sin falta ante los Estados Unidos puesto que están en la misma onda en lo que a los valores democráticos se refiere. 
Con motivo del descubrimiento y la explotación del oro negro y más tarde del uranio y del petróleo todos los medios eran buenos para expulsar a estas personas de su tierra, enviándolas a regiones donde las perspectivas que les esperaban eran poco más que pobreza, penuria y contaminación. 
En 1979 el territorio de Arizona que ha de transformarse en el nuevo país de los indios Dineh fue afectado por la mayor catástrofe nuclear de la historia de los Estados Unidos. 
Ahora se pretende enviar a esta zona a los últimos 4.000 indios Dineh. 
Más de 250 ONG respaldan la lucha de estos indios y es gracias a los esfuerzos de la organización belga Voor Moeder Aarde que nos llega esta información. 
Es otro rasgo característico de la sociedad americana, que apenas está al tanto del problema. 
Los americanos se ocupan con razón de las guerras y de los genocidios cometidos en otras partes del mundo, pero se callan sin razón sobre el genocidio que se está llevando a cabo en su propio país. 
Ya son muy pocos y su contrincante es un ente económico sumamente poderoso. 
El pueblo Dineh pertenece al grupo de los indios navajos norteamericanos. 
Tienen que hacer frente a la exclusión y desde hace varios decenios luchan por su supervivencia. 
Su actual estado de pobreza los obliga a doblegarse de mala gana ante la presión financiera y económica ejercida por las industrias del carbón. 
La ley de reasentamiento que entró en vigor en 1974, y que tiene por objeto la redistribución de las tierras de la reserva de los indios navajos, contempla el traslado de los grupos de población. 
Obviamente, estos realojamientos son inaceptables ya que constituyen una violación de los derechos humanos en el ámbito económico, social y cultural. 
La ley de reasentamiento fue promovida en el Congreso por un grupo de presión de la industria del carbón. 
La población no ha tenido ninguna participación en este proceso. 
En 1979 se rompió una presa en Nuevo México y se liberaron 370.000 metros cúbicos de agua radioactiva y mil cien toneladas de uranio puro. Desde entonces, este lugar es considerado como una de las zonas más contaminadas del mundo. 
¡Lo mejor sería que enviáramos un mensajero urgente a los Estados Unidos! 
Señor Presidente, en Rusia estamos asistiendo a una evolución preocupante cuyo catalizador es la guerra de Chechenia. 
En esta Casa hemos señalado más de una vez que la guerra de Chechenia era para el Sr. Putin una forma extremadamente sangrante para hacerse con la campaña electoral y el poder. 
Si observamos lo que el Sr. Putin ha hecho en las pocas semanas que lleva en el poder desde su golpe de terciopelo el día de Año Nuevo nos damos cuenta de que no sólo intensificó el genocidio en Chechenia, sino que, además, el presente caso es sintomático de una evolución en la política interior rusa que hace temer lo peor. 
El propio Sr. Putin dijo que el Sr. Babitski fue detenido por los servicios secretos rusos por orden suya. 
Él mismo declaró que había convertido el caso en un asunto de Estado. 
¿Qué Estado entrega a sus propios ciudadanos a personas que considera terroristas peligrosos? 
¡Desde aquí instamos al Gobierno ruso a que primero averigüe inmediatamente qué ha sucedido con el Sr. Babitski y luego haga todo lo posible por liberarle, con la garantía de que no seguirá mermando la libertad de prensa y el Estado de derecho! 
Señor Presidente, hasta la fecha, pese a las denuncias de la prensa internacional, no sabemos qué ha sido de Andrei Babitski, un valiente periodista ruso que ha desarrollado una intensa labor de cara a garantizar una información libre e independiente sobre el calvario de las poblaciones civiles de Chechenia y sobre la destrucción de la ciudad de Grozni. 
A la vista de la contradictoriedad de las versiones facilitadas, se ha tratado de tranquilizar a la opinión pública respecto a la suerte de Babitski acreditando la tesis de un intercambio de prisioneros por combatientes chechenos que, entre otras cosas, si se hubiera producido realmente, constituiría una violación del Derecho internacional que no prevé la implicación de civiles en estas circunstancias. 
Sin embargo, tenemos noticias más precisas: sabemos que el mismo Presidente interino de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido a los servicios especiales rusos que garanticen la protección de la vida y de la libertad de Andrei Babitski. 
Se trata de una admisión que confirma todas nuestras preocupaciones y que convierte en aún más oportuna la toma de posición de este Parlamento respecto a este caso, con la petición de esclarecer también otros casos de desaparición de periodistas en la región del conflicto checheno y de garantizar las actividades informativas sobre un conflicto que ha alcanzado niveles de violencia inadmisibles. 
Pedimos asimismo a las autoridades rusas que aclaren las condiciones que reinan en los llamados centros de detención recordando que los responsables de cualquier detención arbitraria, maltrato o matanza de civiles se exponen a ser acusados de crímenes contra la humanidad. 
Pedimos al Consejo y a la Comisión que actúen clara y rápidamente y una iniciativa política que no descuide la cuestión de los derechos humanos. 
Señor Presidente, no cabe duda de que la situación de los derechos humanos en Chechenia deja mucho que desear. 
Se dice asimismo que han quemado vivos a grupos de ciudadanos que se habían escondido en los refugios. 
Por decirlo con un término suave, tengo mucha curiosidad por saber cómo va este asunto. 
El destino de Andréi Babitski, el corresponsal en Grozni de Radio Liberty detenido por tropas rusas, es un ejemplo dramático de la política rusa. 
Atenta contra el artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1949 y constituye una flagrante violación de la libertad de prensa. 
Queremos que las autoridades rusas nos informen acerca del paradero y la salud de Babitski. 
La guerra de Chechenia, como todas las guerras, es un cortejo de horrores. 
Toda la federación se deja engañar por la propaganda bélica. 
Los comandantes en jefe de la guerra se convierten en presidentes y hasta cierto punto incluso son calificados de reformistas en Occidente. 
Los periodistas rusos, al contrario, son tratados como criminales, aunque sólo hacen su trabajo, es decir, intentan ofrecer la información más objetiva posible. 
Parece ser que el Gobierno ruso ha perdido el rumbo democrático y que la verdad le resulta peligrosa. 
Lo único que puedo hacer aquí es instar de nuevo al Consejo y a la Comisión a que se atengan a las reglas. 
La UE no puede mantener relaciones comerciales normales con Rusia si este país no reconoce los valores democráticos fundamentales. 
Señor Presidente, ¿qué Gobierno entrega a uno de sus propios ciudadanos a gente que él mismo tacha consecuentemente de "terroristas" y "bandidos"? 
A principios de esta semana el Ministro ruso de Asuntos Interiores, Vladímir Rushailo, dio una respuesta afirmativa a esta pregunta reveladora sin recato alguno. 
Según parece, la víctima de este canje habría sido el corresponsal de guerra de Radio Free Europe/Radio Liberty, Andréi Babitski, de 35 años de edad. 
Utilizo deliberadamente la forma "habría" porque la parte oficial chechena niega hasta el día de hoy haber intercambiado varios prisioneros de guerra rusos por Babitski. 
Entretanto, las máximas autoridades rusas envuelven en un halo de misterio la desaparición del valiente periodista, que no ha dejado rastro alguno. 
Así, el Presidente interino Vladímir Putin aseguró el lunes pasado haber dado órdenes a los servicios secretos del país para que buscaran al periodista desaparecido y le llevaran sano y salvo a Moscú. 
Sin embargo, el hombre fuerte de Rusia acompañó esta alentadora declaración con unas palabras enigmáticas: "Según tengo entendido, Babitski ya se siente libre". 
En realidad, esta desconsoladora ambigüedad del Kremlin no debe extrañarnos. 
El asunto Babitski al menos legitima una conclusión: los dirigentes de Moscú ya no pueden sostener que el secuestro y la trata de ciudadanos indefensos sea un delito típicamente checheno. 
Ésta es la cuarta resolución que dedicamos a la tragedia chechena en muy poco tiempo. 
No creo, en efecto, que la reconciliación sea posible, después de dramas tan sangrientos, sin que los responsables de su incitación sean juzgados y condenados. 
Pero tampoco creo que puedan llevarse a cabo juicios justos solamente por los pueblos que han sido víctimas de esta situación. 
Cada vez, en el momento de realizarse el intercambio, descubríamos que faltaban personas en las listas, a pesar de haber sido laboriosamente elaboradas. 
La respuesta que se nos daba era siempre la misma: "No podemos liberarlo, es un criminal de guerra". 
En medio de la emoción, el dolor, el ardor, de los compromisos, no era posible romper el círculo infernal de la sangre y de la venganza. 
Si queremos ayudar a los camboyanos en la tarea de reconciliación que han iniciado, es preciso juzgar y condenar a los responsables al más alto nivel y exonerar a los simples ejecutores y a todos aquellos que, obligados o no, fueron arrastrados tras ellos. 
Yo espero la creación de un tribunal, cuya imparcialidad estará garantizada por las Naciones Unidas, el juicio y la condena de Ta Mok y de sus principales oficiales. 
Será el único modo, para los camboyanos, de perdonar a aquellos que eran simples seguidores y, así, de conseguir una paz duradera. 
Se trata de dos periódicos que apoyan activamente al político oposicionista Sam Rengie. 
La razón de ello es que en el discurso que pronunció con motivo del nuevo milenio se atrevió a plantear el problema de la sucesión del Rey Sihanuk, exigiendo que se esclareciera el procedimiento que ha de seguirse en caso de que fallezca. 
El pasado mes de marzo un grupo de hombres con uniforme militar asesinaron a uno de los miembros del partido de Sam Rengie en la provincia de Kandal. 
En septiembre detuvieron a dos miembros de su partido alegando que habían estado implicados en un ataque con misil contra el Primer Ministro. 
Entiéndase bien que se trata del único partido de Camboya que no dispone de ala militar. 
Suceden más cosas en Camboya. Se tortura a los prisioneros, el ejército y la policía están implicados en la trata de mujeres y de niños y se hace un uso abusivo de la prisión preventiva. 
Es cierto que la guerra civil en Camboya se acabó y que las tensiones políticas han disminuido. 
Ejemplos vivos de esta doctrina son el caso de Pinochet Ugarte y la solución de Kosovo, así como el debate mantenido sobre la formación del Gobierno de Austria, que es un reflejo menos nítido de esta doctrina en el propio ámbito de la Unión Europea. 
Esta evolución se ve amenazada ahora en Camboya, si no se consigue que los dirigentes del anterior régimen opresivo sean juzgados. 
Al mismo tiempo, la lucha contra la impunidad se vería en peligro. 
Me satisface que hayamos tenido esta nueva oportunidad de contemplar diversas áreas del mundo- Kosovo, Angola, Chechenia y Camboya- en las que la protección de los Derechos humanos ha supuesto un duro desafío. 
En primer lugar, respecto de Kosovo, la Comisión comparte plenamente las preocupaciones expresadas en estas resoluciones provisionales en lo que atañe a la política general para Kosovo, en lo que atañe a la continuada violencia étnica y en lo que atañe a los prisioneros en las cárceles serbias. 
Nuestros programas de ayuda en las áreas de democratización y Derechos Humanos deben seguir creando confianza en general y, en particular, intentando crear confianza entre las diferentes comunidades. 
Siempre hemos condenado la violencia étnica, sin importar cual sea el grupo étnico perpetrador o víctima. 
Consideramos que es inaceptable contra las minorías serbias y de los roma igual que los fue en el pasado contra los albanokosovares. 
Apoyamos los esfuerzos de UNMIK, KFOR y la OSCE por construir una administración civil operativa y por asegurar la ley y el orden. 
A este respecto apoyamos firmemente el reciente llamamiento del Alto Representante a los Estados miembros para que aporten más policías a la misión de policía civil de la ONU en Kosovo. Esta ha sido una cuestión mencionada por varios oradores durante el debate. 
Confío en que subraye la importancia, al tratar el desarrollo de una Política Exterior y de Seguridad Común, de contemplar los aspectos no militares de esa política además de los militares. 
Es tan importante fijar unos objetivos principales para nuestra capacidad de construcción política e institucional como para nuestra capacidad militar. 
Seguimos estando muy preocupados con los numerosos civiles que actualmente se encuentran retenidos en prisiones serbias. 
Coincido plenamente con las cuestiones que de forma tan apasionada ha planteado la Sra. Pack, tanto anteriores al juicio como posteriores a la sentencia. 
La situación de albanokosovares que han desaparecido desde el final de la guerra es particularmente inquietante. 
Apelamos a todo el mundo, dentro y fuera de Kosovo para que apoyen estos objetivos comunes, para que apoyen a la UNMIK y al KFOR en sus esfuerzos por alcanzarlos. 
Volviendo brevemente a Angola, hemos disfrutado de nuevo de varias intervenciones muy ilustradas, en especial de la del Sr. Soares, quien tiene un conocimiento sin igual del asunto. 
La Comisión cree firmemente que la libertad de prensa y de expresión van a ser esenciales para el progreso de la paz y la reconciliación en Angola. Se trata de una precondición vital para fortalecer las instituciones democráticas y la sociedad civil. 
Un panorama de especial preocupación lo constituye el hostigamiento a los periodistas, incluyendo la detención temporal de miembros de la denominada prensa independiente. 
La Unión Europea hizo una démarche específica acerca de la libertad de prensa al Ministerio de Justicia angoleño en noviembre del año pasado. 
Apoyamos completamente el trabajo de la ONU a través de UNUA, dada su especial responsabilidad sobre el seguimiento del estado de los derechos humanos en Angola. 
Así mismo, estamos comprometidos con las sanciones del Consejo de Seguridad contra UNITA, incluyendo el control de armas. 
Mientras mantiene el énfasis en las necesidades humanitarias, la Comisión se está preparando para una fase postconflicto de nuestra ayuda financiera a Angola. 
Un elemento esencial será el apoyo a la democracia y los derechos humanos, incluyendo iniciativas específicas para fortalecer las instituciones democráticas y la sociedad civil. 
La Unión Europea ha condenado el uso de minas antipersonas y estamos apoyando las operaciones de retirada de las minas a través de una ONG internacional. 
Respecto de la cuestión de los pueblos indígenas de los EE.UU., estoy seguro de que las autoridades estadounidenses habrán tomado nota de la resolución que les fue originalmente remitida. 
La Comisión comparte la creciente preocupación por el Sr. Babitsky, el periodista ruso desaparecido, y, más en general, por los medios de comunicación independientes en Chechenia. 
Existen informes alarmantes sobre violaciones de los Derechos humanos. 
Desde luego, ha habido un uso desproporcionado de la violencia en el conflicto actual. 
La delegación de la Comisión en Moscú participó en una démarche de la Troika de la Unión Europea el 11 de del presente mes. 
Entre tanto, las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de principios de semana han confirmado el mensaje que yo he expresado hoy. 
Y ahora estamos en disposición de volver al asunto de la Troika ministerial UE-Rusia del 2 de marzo en Lisboa, si es necesario. 
Estoy totalmente de acuerdo con los argumentos planteados por el Sr. Morillon. 
Hemos apoyado firmemente la démarche del 4 de febrero de este año de la Troika al Ministro de Asuntos Exteriores Hor Namhong. 
Me siento reconfortado por el optimismo de Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, sobre las posibilidades de un acuerdo acerca del tribunal propuesto. 
Ha sido muy útil debatir dos veces sobre Derechos humanos en un par de días. 
Muchas gracias, señor Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas. 
Catástrofe medioambiental en las aguas del Danubio 
B5-0164/2000 del Sr. Leinen, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, 
B5-0167/2000 de los Sres. Maaten y Thors, en nombre del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, 
B5-0168/2000 de los Sres. Oostlander y Grossetête, en nombre del grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, 
B5-0173/2000 de los Sres. Papayannakis y Sjöstedt, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, 
B5-0179/2000 de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, 
sobre la catástrofe medioambiental provocada por el vertido de cianuro, procedente de una mina de oro rumana, en las aguas de los ríos Lapus, Somes, Tisza y Danubio. 
Señor Presidente, estimados colegas, estos días el Tisza y el Danubio están sufriendo una catástrofe medioambiental de gran envergadura. 
La vida en dichos ríos ha quedado aniquilada a lo largo de cientos de kilómetros y el agua potable de miles de personas corre peligro. 
Se trata de una catástrofe medioambiental grave, pero aún es más grave la forma en la que la empresa, los políticos y los medios de comunicación rumanos desmienten y niegan los hechos. 
Hay que plantear el problema, detectar las causas y luego hacer todo lo posible por evitar que vuelva a suceder. 
En mi opinión, han sucedido dos cosas. Por una parte está la negligencia de una empresa de ámbito internacional. 
Si esta enorme balsa con cianuro tan sólo tiene una capa protectora, ello ciertamente no está en línea con las normas medioambientales que se aplican en Europa y en otras partes del mundo. 
En primer lugar, la Unión Europea ha de prestar lo antes posible ayuda técnica y financiera para poner fin a la contaminación. 
Éste es un claro ejemplo de que no sólo necesitamos fuerzas de reacción rápida en el ámbito militar sino también en el terreno de las catástrofes civiles. 
En segunda instancia, debemos colaborar en la elaboración de nuevas leyes y normas medioambientales. 
Este caso demuestra que la protección del medio ambiente forma parte del acervo comunitario y que constituye un requisito imprescindible para la adhesión a la Unión Europea. 
Esta catástrofe ha puesto sobre la mesa una serie de cuestiones importantes que nos afectan como Unión Europea. 
Nos congratulamos de que la Unión Europea se haya comprometido a prestar ayuda para descontaminar los ríos. 
Es igual de importante que se refuerce la conciencia medioambiental, tanto en Rumanía como en la Europa Central y Oriental en general. 
Por todo ello, nos alegra que la Comisaria Wallström se haya apresurado a visitar la región, puesto que su visita puede redundar en beneficio de dicha conciencia. 
Yo sería partidario de esa opción. 
Señor Presidente, señor Comisario, no todos los días son iguales, pero las catástrofes ecológicas, por desgracia, son todas iguales. 
Como en España, en abril de 1998, como en Bretaña y en Vandea desde el mes de diciembre pasado, se encuentra de nuevo gravemente amenazada una zona natural excepcional. 
En sus resoluciones, el Parlamento Europeo no cesa de llamar la atención sobre esta clase de peligros que amenazan nuestro medio ambiente, trastornan nuestro ecosistema y vuelven a desestabilizar a las poblaciones. 
Esta nueva catástrofe plantea el problema de la integración del "acervo" comunitario en materia medioambiental para los países candidatos. Los obstáculos que deben superar las autoridades de estos Estados, todavía frágiles desde el punto de vista medioambiental, son numerosos. 
Hoy se hallan contaminadas las riberas y las aguas de más de cuatro ríos que atraviesan cuatro Estados. 
Por eso la Unión Europea debe concentrar sus esfuerzos y ejercer sus presiones para que todos los países candidatos se adapten necesariamente a las normas de protección medioambiental comunitarias. 
El medio ambiente debe ser una prioridad en el marco de la reunificación del continente europeo. Debe ser el núcleo de las voluntades políticas de nuestros socios. 
El continente europeo debe expresar su solidaridad y las responsabilidades deben estar claramente delimitadas en el marco del principio "quien contamina paga". 
Señor Presidente, cuando ocurrió la catástrofe de Doñana, la organización no gubernamental World Wide Fund- Fondo Mundial para la Naturaleza- nos presentó un informe sobre la cantidad de balsas que había en Europa de estas características. 
Todos sabemos que hay un número enorme de este tipo de balsas, que son una bomba ecológica y que afectan al abastecimiento del agua potable, a la riqueza ecológica y también al futuro económico de estas zonas. 
Estuve en Doñana después del vertido y pude ver como la agricultura, la pesca y la vida de los ciudadanos de la zona de alrededor se veía enormemente comprometida. 
Por lo tanto, creo que la Unión Europea debe hacer, en primer lugar, un análisis de la situación de estas balsas y un registro riguroso del número de ellas que tenemos en Europa. 
Señor Presidente, esta catástrofe en la mina de Rumania comprende un vasto sector hidrogeológico con ríos y arroyos en Rumania, Hungría, Serbia y Bulgaria. 
La respuesta, obviamente, es un rotundo ¡no!. 
Debe desaparecer todo lo relacionado con la producción y uso del cianuro. 
Yo supongo que la UE tomará iniciativas para conseguir la prohibición global de esto. 
Desde hace mucho tiempo está prohibido en la mayoría de los países de la UE. 
Me han informado que la Comisaria Margot Wallström ha viajado de Estrasburgo a Rumania para comprobar in situ lo que ha sucedido. 
Mi Grupo confía en que Margot Wallström prometerá ayuda a las comunidades afectadas, tanto económica como de conocimientos medioambientales, para sanear lo que sea necesario. 
También nos lleva a pensar en las insuficientes exigencias medioambientales existentes en algunos de los países candidatos. 
En este contexto ya se ha dicho que es fundamental que la Unión Europea preste ayuda técnica y financiera. 
Pero también hemos de advertir a Rumanía que no puede escurrir el bulto y que debe hacer todo lo posible por asimilar el acervo comunitario. 
Además, considero necesario que elaboremos y apliquemos lo antes posible una directiva que garantice una amplia responsabilidad medioambiental en el seno de la Unión Europea. 
Señor Presidente, no creo que se pueda acusar sin más a los países del Este que vienen a llamar a la puerta de la Unión, porque los desastres ecológicos también se producen tanto en nuestros países, como en el oeste y en el este. 
Los desbordamientos, por ejemplo, de los depósitos de decantación de las minas de oro de Salsigne, en Francia, han provocado, y siguen haciéndolo, una contaminación considerable y una enorme catástrofe económica 
Desearía asimismo decir a la Unión Europea que debe barrer delante de su puerta, es decir, que debe pedir a los Estados miembros que todavía poseen minas de oro que lleven a cabo un estudio de expertos, para saber realmente lo que ocurre en ellas. 
Pienso, en particular, en las minas de oro de la Guayana Francesa, donde precisamente los obreros, que en general son mujeres, son explotados, y se encuentran en una situación sanitaria absolutamente lamentable. 
En este momento una evaluación objetiva de los hechos no resulta fácil. 
En cuestión de días ha destruido todo un ecosistema. 
Ningún organismo vivo, desde los microbios hasta las nutrias, se ha salvado. 
Varios diputados han expuesto los que parece haber ocurrido. Todos hemos podido ver algunas de las consecuencias en las pantallas de nuestros televisores. 
Ha afectado a los pueblos de tres países- Rumanía, Hungría y Yugoslavia. 
El Tisza, el segundo río de Hungría, y probablemente el más bello y amado por su pueblo, es el que se ha llevado la peor parte. 
Como ocurre en todos estos desastres las consecuencias a largo plazo son las más perniciosas. 
Algunas estimaciones sugieren que la repoblación del río podría tardar hasta cinco años. 
Existe un riesgo permanente para otros animales derivado de la posibilidad de que se alimenten con peces tóxicos. 
Claramente tenemos la responsabilidad de hacer todo aquello que podamos, lo más rápido posible, para contribuir a superar esta catástrofe. 
Este es con certeza el punto de vista de mi colega, la Comisaria Wallström, que me consta hubiera deseado responder hoy personalmente a esta resolución. 
En relación con el accidente, a principios de mes nos hemos puesto en contacto con el Gobierno rumano y con la Comisión Internacional para la Protección del río Danubio para recabar urgentemente más información. 
Los rumanos se han dirigido a la UNEF y a la OCHA, en Ginebra, para obtener de un equipo de expertos internacionales independientes una evaluación acerca del daño en la zona de captación del Danubio. 
Nuestros esfuerzos se dirigen ahora a este fin. 
También existe una necesidad de aclarar las responsabilidades legales de la compañía minera y de las autoridades rumanas. 
Esta es una cuestión importante, como han sugerido algunos diputados. 
El principio de que el que contamina, paga, es la piedra angular de la política medioambiental de la Unión Europea. 
Está reflejado en la Convención Internacional para la protección y el uso sostenible del río Danubio, y debería aplicarse en este caso. 
La Unión Europea no puede suplantar a la compañía minera en el pago de compensaciones debidas. 
En el contexto de la ayuda de preadhesión a la región cabe la posibilidad de redirigir parte de la ayuda que estamos otorgando en ISPAR y PHARE para atajar los impactos más severos de este accidente, siempre que se respete completamente el principio de que el contaminador paga. 
A plazo más largo queremos comprobar que lecciones se pueden extraer de este desastre, sobre todo ver como se puede, en primer lugar, evitar que estos ocurran. 
Pero, por ahora, la prioridad es superar la crisis. 
Como ya he dicho, mi colega, la Comisaria Wallström, se encuentra hoy en el lugar de los hechos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
. (FR) La única razón por la cual hemos votado a favor de la resolución de compromiso PSE-Verts/ALE-GUE/NGL es que únicamente esta resolución nos permitía "condenar la decisión de la dirección de Goodyear-Dunlop de cerrar su fábrica en Italia". 
Sin embargo, las medidas propuestas en esta resolución son insignificantes para detener la política de los grandes grupos industriales, que suprimen puestos de trabajo y agudizan el desempleo. 
Por otro lado, sólo se trata de palabras, ya que los gobiernos socialistas, que son mayoría en Europa, son tan incapaces como los gobiernos de derechas de tomar las medidas necesarias para impedir los despidos. 
Es preciso que la sociedad disponga de los medios para imponer a las grandes empresas y a los propietarios de éstas sus propias prioridades, y en primer lugar la erradicación del desempleo. 
Las sumas necesarias para crear empleos útiles en los servicios públicos, así como para financiar la repartición del trabajo entre todos, sin disminución de salarios, deben obtenerse de los beneficios de las grandes empresas. 
(SV) No puedo dar mi apoyo a esta resolución, ya que en el punto 8 se señala a una industria determinada en Italia con el deseo de que se mantengan sus instalaciones, al mismo tiempo que se aconseja a la actual dirección de la empresa que venda la fábrica a un fabricante europeo de neumáticos. 
No es tarea que competa al Parlamento Europeo declarar qué fabricas en los quince países de la Unión Europea tienen que permanecer o desaparecer, ampliar o disminuir su plantilla de trabajadores, mantenerse en un sitio o mudarse, vender o no vender y cuáles hay que vender, dentro o fuera de Europa. 
En último término se trata de esferas de competencia; el Parlamento Europeo y sus miembros carecen de posibilidades jurídicas para cambiar las decisiones de esta empresa y de conocimientos más profundos sobre su situación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5­0030/2000) del Sr. Viceconte, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión: "Incrementar el potencial del turismo como generador de empleo- Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y Empleo" (COM (1999) 0205- C5-0112/1999- 1999/2115 (COS) ). 
, ponente. (IT) Señor Presidente, Señorías, a pesar del retraso y de la indecisión de la Unión Europea en realizar una verdadera política comunitaria de turismo, ha aumentado el interés por el turismo como sector capaz de crear nuevos puestos de trabajo. 
Uno de los motivos del interés comunitario es la flexibilidad estructural de este segmento del mercado de trabajo que explica la fuerza de atracción que el mismo ejerce sobre las mujeres y los jóvenes, a los que ofrece con frecuencia una primera ocasión de empleo. 
Sin embargo, la importancia de la industria turística, su impacto en el empleo- aunque todos se dan cuenta de ella- se basa más en sensaciones percibidas a través de una verificación empírica del fenómeno que en hechos demostrables estadísticamente. 
Esta identidad imprecisa, debida a un desconocimiento del fenómeno por la falta de datos estadísticos fiables y científicamente correctos, ha penalizado fuertemente la posibilidad de poner en marcha una política orgánica en favor del sector y la posibilidad de crear mayor empleo. 
Por lo tanto, en esta ocasión, es útil empezar por algunas consideraciones para recordar el impacto del turismo en la vida de los ciudadanos de la Unión, la necesidad y la conveniencia tanto económica como social de apoyar el turismo europeo. 
En primer lugar, quería recordar que la industria turística es una de las infraestructuras indispensables para una sociedad desarrollada: sin ella no podría funcionar el mundo de las instituciones, de los negocios y del trabajo. 
En consecuencia, el turismo debe considerarse como un conjunto de bienes y servicios necesarios para el ciudadano cuando éste se traslada de su residencia habitual, un factor que permite la movilidad que es la característica de la forma de vivir de la sociedad contemporánea. 
En segundo lugar, quería refutar un lugar común inspirándome en una paradoja aparente que se desprende claramente de las estadísticas Eurostat: las potencias turísticas mundiales no son los países tradicionalmente considerados turísticos, sino las naciones más desarrolladas, donde la calidad de vida de las poblaciones residentes se convierte en un factor determinante de promoción y de atracción. 
Está claro que la importancia del turismo para la vida de las regiones tradicionalmente consideradas turísticas como, por ejemplo, las meridionales, es muy distinta y ha de valorarse con una atención diferente. 
Lo cierto es que tanto porque es evidente como porque es mensurable con otros indicadores económicos y sociales, gracias al turismo muchas de las regiones mediterráneas han cambiado radical y positivamente su fisionomía económica y social y el modelo de vida de sus poblaciones, así como reducido drásticamente la plaga de la emigración. 
Sólo donde han nacido y se han desarrollado alrededor de este mercado todas esas actividades necesarias para responder a las demandas del consumidor turista y se ha creado un sistema productivo, se ha asistido a un desarrollo social. 
Esto demuestra que el turismo no es en absoluto el petróleo de los pobres, porque precisa grandes inversiones en estructuras, infraestructuras, empresariado, profesionalidad, servicios sociales y formación; que la industria del turismo es fundamental para el equilibrio de muchas regiones por ser fuente directa de empleo y mercado para todas las actividades productivas locales: agricultura, pequeña industria y artesanía, transportes, servicios, comercio, formación; que el desarrollo del turismo comunitario está estrechamente vinculado a su sostenibilidad respecto a los objetivos comunitarios; que deben protegerse y valorizarse las diversidades geográficas, histórico-culturales y medioambientales. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, hoy hablamos aquí del potencial del turismo como generador de empleo, algo que por fin parece haber reconocido la Comisión. 
Es sin duda un paso importante, aunque llegue tarde y en el fondo resulte insuficiente. 
Esta situación seguramente cambiará en el futuro con la nueva Comisión, aun cuando me hubiera gustado que el Comisario competente mostrara un poco más de entusiasmo. 
Y siempre hay una mezcla de esperanzas- como en el Consejo sobre Turismo y Empleo de 1997-y decepciones- a raíz de la negativa del Consejo y de la Comisión a incluir un artículo sobre turismo en el Tratado. 
Aún estamos a la espera de que la Comisión elabore una comunicación sobre este aspecto. 
En tanto que nuestra cuota de mercado se redujo en un 10% en los últimos años, sobre todo el Sureste Asiático, Australia y Nueva Zelanda están viviendo un boom turístico. 
Sin embargo, el turismo no sólo desempeña un papel importante desde el punto de vista económico, sino que también redunda en beneficio del buen entendimiento entre los pueblos. 
Quien realmente aprende a conocer y a comprender los países y la gente de Europa a través de sus viajes personales no se convertirá nunca en un nacionalista. 
Todas las formas de turismo refuerzan la mutua confianza y acaban con los prejuicios, la arrogancia, el recelo y el escepticismo. 
Ayudan a aceptar lo que es distinto y fomentan la tolerancia en la convivencia humana, algo que parece estar en vías de extinción. 
Felicito al ponente por su magnífico informe, con el que concuerdo plenamente. 
Faltan los datos: no tenemos ningún dato sobre el impacto económico que sigue siendo todo un misterio. 
Tenemos criterios de recogida e interpretación de las estadísticas que no concuerdan en absoluto entre sí, a pesar de lo que decía una directiva de la Comisión y del Parlamento del año 1995. 
Creo que, para poner a punto una estrategia, es fundamental una lectura homogénea y lo más rigurosa posible de estos datos, al objeto también de que el turismo pueda realmente generar empleo. 
No existe ningún automatismo en este sentido: con frecuencia en el pasado se acumularon grandes riquezas gracias al incremento de la industria turística al que, sin embargo, no correspondió un aumento del empleo. 
Falta un fundamento jurídico y consideramos que, hoy por hoy, éste es el gran límite de cualquier acción en el sector del turismo. 
Un fundamento jurídico se traduce en una capacidad de coordinación, de programación y de estrategia que son indispensables para que el turismo de la Unión Europea pueda ser competitivo respecto a los demás mercados. 
Desearíamos que dicha flexibilidad no se entendiera sólo de manera punitiva por la errónea creencia de que la estacionalidad presupone trabajo irregular. Hay que recordar que el 50% del empleo, especialmente en los Estados del sur de la Unión Europea, es trabajo sumergido. 
Señor Presidente, hay tres cuestiones que quisiera tratar. 
La primera es la inclusión de una base legal en el Tratado. 
Esto es algo por lo que abogo aunque actualmente como parte de una minoría dentro de mi propio Grupo. 
Somos completamente conscientes de la importancia del Turismo, tanto para las economías locales como en tanto factor de integración europea. 
No obstante, el problema para nosotros es la ausencia de especificaciones sobre la extensión de la base legal y cómo se relacionaría con cuestiones de subsidiariedad. 
En segundo lugar, existen cuestiones similares relacionadas con el establecimiento de un programa plurianual de turismo. 
La resolución contiene numerosas ideas brillantes para la promoción de diferentes tipos de turismo y para su creciente profesionalidad. 
Al mismo tiempo la Comisión está actualmente preocupada en limitarse a tareas esenciales. 
En tercer lugar, en la resolución se incluyen diversas referencias al empleo indefinido. 
Pero siempre habrá gente que busque un empleo estacional. 
Nos preocupa que la resolución no les tenga suficientemente en consideración así como al modo en que sus intereses puedan obtener una protección específica. 
Así, al mismo tiempo que alabamos al Sr. Viceconte por su informe y encontramos en la resolución numerosas cuestiones recomendables, vamos a solicitar una serie de votaciones separadas para tratar adecuadamente estas preocupaciones. 
Señor Presidente, yo también pienso que el turismo representará un papel muy importante no sólo en nuestras regiones europeas, sino en el resto del mundo, porque se trata de una baza considerable para el desarrollo económico y social. 
Pero se trata también de un sector muy frágil, como acabamos de ver con la marea negra, por ejemplo. 
Este tipo de turismo podría desarrollarse y convertirse claramente en una importante fuente de nuevos empleos. 
Pero es necesario que estas regiones tomen realmente en consideración las experiencias positivas y negativas de otros sectores turísticos. 
En efecto, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro, como es el turismo. 
El turismo debe respetar el medio ambiente si queremos que exista y que represente una baza, con miras al futuro. 
Pienso en los numerosos sectores de montaña que hoy se están degradando continuamente, para desarrollar en ellos un sector turístico. 
Las lesiones y las destrucciones en los medios naturales y zonas de montaña, por ejemplo, son incontables. 
Pero yo querría mencionar asimismo un turismo menos digno, el turismo que se exporta de nuestros países de la Unión Europea, es decir, el turismo sexual. 
Sé que se lucha contra este supuesto turismo, pero hay que señalar la responsabilidad de la Unión Europea en este sentido. 
Pienso, en particular, en países como Cuba, que están aislados, pero sé, puesto que conozco muy bien esta isla, que los ciudadanos cubanos que están en contacto con los turistas pueden abrirse al mundo, tener acceso a una información distinta y transmitir informaciones diferentes. 
Por todas estas razones pienso que la reforma de los Tratados permitiría integrar realmente este gran expediente del turismo, que también representa una importante baza para todo el planeta. 
Señor Presidente, estimados colegas, a mi modo de ver, el informe del Sr. Viceconte que tenemos delante es un excelente trabajo y el ponente merece mis más sinceras felicitaciones. 
En el presente informe se ha conseguido ofrecer una visión clara de un amplio campo, difícil de definir exactamente, de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y sanitarias relacionadas con el turismo, en toda su variedad, y teniendo en cuenta las diferentes exigencias y necesidades de los países de la UE. 
Se ponen de manifiesto las dificultades que plantea el tratamiento del turismo en su dimensión europea así como el imprescindible apoyo del Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Me parece muy loable que se tomen como punto de partida el peso y la importancia del sector económico del turismo para el empleo en la UE y que de ahí se derive la necesidad de elaborar y aplicar un marco comunitario en el que puedan inscribirse las actividades concretas. 
Además, es absolutamente imprescindible que la propuesta de transacción de la Presidencia austríaca del Consejo, que tiene por objeto adoptar un programa marco plurianual, se lleve a la práctica lo antes posible. 
Como es natural, ello supone que se emplaza encarecidamente a aquellos miembros del Consejo que bloquean la aprobación del programa a que reconsideren y abandonen su postura intransigente. 
Es posible y aconsejable que la realización de un programa marco se integre o corra en paralelo con la elaboración de directivas políticas en el ámbito del sector turístico por parte de la Comisión Europea e incluso por parte de los Estados miembros. 
La tarea específica de la Comisión consiste en analizar las diferentes normativas y acciones nacionales y en deducir luego de esta base conclusiones generales aplicables en el espacio de la UE. 
En este contexto es fundamental que las medidas adoptadas garanticen un desarrollo sostenible y que se protejan los espacios naturales del medio ambiente. 
Desde este punto de vista, son bienvenidos asimismo los pequeños y medianos proveedores de servicios turísticos que ofrecen fórmulas de recreo y de ocio así como estancias en balnearios y actividades deportivas en consonancia con el entorno natural. 
Las medidas de fomento del turismo que aparecen en los diferentes programas de la UE también han de incorporar los aspectos constitutivos del fundamento general de la aplicación de las políticas comunitarias, como puede ser el respeto de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. 
Es algo a lo que los fondos de la UE también han contribuido en el pasado. 
Señor Presidente, en la última reunión de la Comisión de Política regional, Transportes y Turismo me encontré con una grata sorpresa. 
Se trataba de una observación que hacía el Sr. Sánchez García en el marco de su opinión sobre la CIG para la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Tras escuchar a muchos colegas que se sumaban a esa postura mayoritaria, fue un verdadero alivio. 
Uno de los aspectos fundamentales del sector turístico es sin duda el empleo y el empleo potencial. 
Sobre todo en los Estados miembros del Sur la industria turística constituye una importante fuente de ingresos. 
Desde este punto de vista, las autoridades tienen motivos de sobra para elaborar medidas y políticas de fomento. 
Asimismo conviene prestar atención al carácter estacional del turismo y a las consiguientes fluctuaciones laborales. 
A mí me extraña que muchos pretendan lograr este objetivo a través de la política comunitaria. 
Ello no es aconsejable, ni desde el punto de vista del propio turismo ni desde la perspectiva del fomento del empleo. 
En numerosas ocasiones, las diferencias entre las diversas regiones se remontan a factores histórico-culturales. 
Es obvio que las autoridades locales y regionales, y en menor medida también las autoridades nacionales, son las más indicadas para evaluar la situación y diseñar una política apropiada. 
Desde este punto de vista no puedo aprobar que algunas competencias sean traspasadas al nivel europeo. 
En este ámbito también se comprueba que la estructura de la economía difiere de un Estado a otro y que las vías por las que se ha alcanzado el nivel actual divergen. 
Por tanto, no es bueno que se aplique una sola política, que probablemente estaría llena de excepciones y adaptaciones. 
Significaría que los Estados miembros sean privados sin fundamento aparente de algunas tareas que les corresponden y que la burocracia bruselense intervenga sin que haya necesidad de ello. 
Es preferible que los Estados miembros adopten ellos mismos medidas que fomenten el empleo. Evidentemente, entienden más de este asunto que la Comisión. 
De ahí mi reticencia con respecto a la adopción de medidas comunitarias en materia de fomento de empleo, incluso cuando se trata del sector turístico. 
Realmente nos causaría un gran disgusto que, a pesar de todo, el Parlamento intentara alcanzar este objetivo por vía extraoficial extendiendo sus competencias. 
Señor Presidente, como usted comprenderá, no podemos suscribir la resolución que tenemos delante en su versión actual. 
Habiéndolo establecido espero que la Comisión Europea haga efectivamente uso del mismo y, por tanto, no permita que languidezca en los pasillos y quede cubierto de polvo. 
El turismo se compone básicamente de pequeños negocios y por tanto constituye un área muy fértil para la creación de empleos. 
Como ya se ha dicho en este debate, tres millones de potenciales empleos para los próximos diez años es algo por lo que merece la pena luchar. 
Necesitamos una visión más dinámica basada en la contribución del turismo a la creación de empleo. 
Me consta que el Comisario está muy interesado en la informática. 
Pero sus carteras de informática y turismo, de hecho, casan muy bien juntas. 
La importancia del turismo para la economía y su potencial de crecimiento es evidente. 
Varios sectores de la población están empleados por la industria turística, especialmente los grupos más vulnerables tales como la gente joven, las mujeres y los trabajadores sin cualificación. 
No estoy diciendo que no sea necesario mejorar la cualificación dentro del sector- desde luego que hemos de hacerlo- pero consolidemos primero los puestos de trabajo. 
La disponibilidad de trabajo no cualificado, temporal y estacional es muy importante en algunas áreas económicas de la Comunidad. 
El turismo contribuye al desarrollo regional- en zonas rurales que quizá persigan la diversificación- y el turismo contribuye a que en las zonas urbanas se consiga el objetivo de elevar el perfil de su propia herencia cultural. 
Si tomamos todos estos aspectos tendremos el potencial de realmente hacer algo en Europa y puede que de extender la temporada turística escalonando las vacaciones a lo largo de Europa. 
Estamos perdiendo cuota de mercado. 
Creo que debemos hacer algo para ser más competitivos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, nos ocupamos hoy de un sector muy importante, que representa más de diez millones de puestos de trabajo directos en la Unión Europea, y que ayuda a ponerse en pie a las regiones más o menos desfavorecidas, las insulares y las ultraperiféricas. 
Habida cuenta de todo esto, entiendo que es una grave contradicción la inexistencia de una política europea para el turismo. 
Ejes que pueden crear la base de apoyo a nuestro turismo son, en nuestra opinión, los siguientes: capítulo dedicado al turismo, en la nueva revisión de los tratados, que dote de fundamento jurídico al sector; configuración de una política turística comunitaria que apoye al sector sin perturbar el funcionamiento del mercado turístico; coordinación de la política para el turismo y de las políticas comunitarias paralelas que lo afectan directa o indirectamente; estudio del sector y adopción de medidas a corto y largo plazo para reforzar la competitividad del producto turístico. 
Por el contrario, en el marco europeo se podrían estudiar medidas para sanear las relaciones hoteleros- mayoristas, un reglamento de las relaciones, impulsar un fondo especial para quiebras, en colaboración con los representantes de los dos sectores. 
Así pues, señor Presidente, señor Comisario, hay que adoptar medidas que mejoren la calidad y la competitividad del turismo europeo, y que al mismo tiempo garanticen, en la medida de lo posible, el funcionamiento de las empresas. 
Medidas que persigan, igualmente, el uso racional de los recursos naturales y culturales, así como de la infraestructura turística, contribuyendo de este modo a un desarrollo equilibrado y sostenible del turismo. 
Para terminar, felicito al Sr. Viceconte y, en mi condición de cretense, de habitante de una región turística, ruegos a todos que entendamos siempre el turismo no sólo como vacaciones agradables, sino también como creador de puestos de trabajo en una Europa que necesita esos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, a los que hemos seguido en los últimos años el turismo y su encaje en el mundo comunitario nos llama la atención el cambio de actitud que ha adoptado recientemente la Comisión con relación a esta importante actividad económica. 
En dicho sentido resultan oportunos la comunicación de la Comisión que hoy debatimos y, obviamente, el informe del Sr. Viceconte- por el que le felicito -, que contiene 34 conclusiones entre las que destacaría las 15 peticiones que hace a la Comisión- en las que se le invita a adoptar medidas y acciones concretas sin descuidar la dimensión ambiental y la protección cultural, particularmente en las regiones ultraperiféricas e insulares- y las cuatro peticiones a los Estados miembros, entre las que sobresale la necesidad de coordinar las acciones con las autoridades regionales así como el establecimiento de medidas favorables a las PYME turísticas, particularmente en el campo fiscal y en los accesos a los instrumentos financieros, al objeto de favorecer el crecimiento del empleo en los sectores que utilizan intensamente mano de obra, como sucede con el turístico. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desearía ante todo dar las gracias al Sr. Viceconte por su informe, que permite llamar la atención sobre un sector generalmente desconocido. 
En tanto que fenómeno social, económico y cultural, el turismo atañe a la mayoría de los ciudadanos europeos, tanto como beneficiarios o como proveedores de servicios muy diversos. 
Cada año, cerca de 200 millones de europeos dejan por un tiempo su lugar de residencia habitual, para hacer turismo, generalmente en otros países de Europa. 
Además, Europa sigue siendo el principal destino turístico de los terceros países, aun cuando deba hacer frente a una competencia cada vez mayor y a una oferta cada vez más diversificada y atrayente. 
Puesto que los Tratados no establecen una base jurídica específica para la creación de una verdadera política comunitaria del turismo, la Unión Europea debe contribuir a mejorar y a fomentar la cooperación en este sector, respetando el principio de subsidiariedad, para concretizar el potencial que ofrece el turismo desde el punto de vista del empleo. 
El empleo en el sector turístico es a menudo mayoritariamente estacional y precario, lo que constituye un obstáculo para su desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, es urgente adquirir y difundir los conocimientos especializados en materia de gestión y de tecnología, a fin de favorecer los nuevos métodos de producción y promover una oferta turística que responda lo mejor posible a la evolución del mercado. 
La adopción por los Estados miembros de medidas fiscales favorables a las PME, a fin de reducir, en particular, las cargas que pesan sobre el factor trabajo, sería, como lo indica el informe, una excelente manera de favorecer el crecimiento del empleo en los sectores en que la mano de obra es muy intensa, y, por consiguiente, en el sector turístico. 
No olvidemos que en estas regiones ultraperiféricas el turismo representa la primera industria en cuanto a ingresos se refiere. 
Los ingresos y el empleo proporcionados por el turismo contribuyen, en gran medida, a reducir los desequilibrios y a fomentar una convergencia de sus economías hacia el índice medio de desarrollo comunitario. 
Además, el turismo puede favorecer cierto acercamiento cultural y económico, en la medida en que permite una mayor sensibilización en cuanto a las diferentes culturas europeas, y contribuye, de este modo, al desarrollo del respeto de las formas de vida europeas. 
Es evidente, por consiguiente, que el turismo, desarrollado con discernimiento y a largo plazo, debe representar para las economías locales una fuente de ingresos sostenible, a la vez que se salvaguardan y valorizan las riquezas paisajísticas, culturales, históricas y medioambientales. 
Deseo insistir, finalmente, en el papel primordial que debería representar la Unión Europea en favor de las nuevas formas de turismo, en nuevos lugares: pienso precisa y concretamente en el hecho de hacer descubrir a los europeos, a quienes viven en el continente, los destinos europeos más alejados, las regiones ultraperiféricas. 
Señor Presidente, hemos hecho un gran debate sobre muy poca cosa, porque, en definitiva, el documento básico no es más que una comunicación de la Comisión que sigue las conclusiones y recomendaciones de un grupo de alto nivel sobre turismo y empleo. 
Y no sólo lo hemos hecho sobre poca cosa, sino que, además, lo hemos hecho sobre un documento algo antiguo, porque es un documento de 28 de abril de 1999, es decir, de hace casi un año. 
El documento viene de la Comisión anterior, resultado sin duda del trabajo que hizo el Comisario Papoutsis durante todo su mandato y que culminó en la Cumbre de Luxemburgo y en su programa Philoxenia, su fracasado programa Philoxenia. 
La segunda pregunta es mucho más directa y quizás mucho más comprometida: teniendo en cuenta los esfuerzos fallidos que tuvieron lugar durante la década anterior, como puso de relieve el Sr. Koch, ¿cree el Comisario Liikanen que durante su mandato podrá hacer algo para que este aspecto comunitario del turismo pueda ser objeto de una política propia, teniendo en cuenta la importancia que todos los oradores que me han precedido han otorgado al turismo precisamente como creador de empleo? 
Es decir, ¿es posible que la Comisión presente nuevas iniciativas al objeto de ver si- un poco como la gota de agua que erosiona la roca -, a través del esfuerzo continuo de la Comisión y del Parlamento, podemos convencer al Consejo de que hay que hacer algo en esta materia? 
Todos los Estados europeos son conocidos en el mundo entero por ser unos polos de atracción turística envidiados por todos, incluso por los Estados Unidos de América, país del cual hemos hablado esta tarde por el asunto de los indios. 
Generalmente veo a la Comisaria Sra. Diamantopoulou mesarse el pelo, desesperada porque los ancianos viven demasiado, circunstancia que causa problemas a la hora de pagar las pensiones. 
Lamentablemente, no todos, pero muchos viajan alrededor del mundo para ver las maravillas existentes, para aprender y para conocer más: los italianos para ver como son los ingleses, los griegos para ver como son los turcos, los franceses para ver a sus primos italianos. 
El turismo acerca a los pueblos de los quince Estados y de todo el mundo y seguramente lleva paz y comprensión. 
Este turismo debe ser fomentado y respaldado porque permite trabajar en las zonas turísticas no solo en verano cuando, por ejemplo, nos bañamos en el mar, sino también en invierno porque se respira aire limpio. 
Las personas mayores están siempre de vacaciones, todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, porque no trabajan, no tienen sólo un mes de vacaciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, por una parte se nos ha dicho que, según las previsiones, el turismo contribuirá al crecimiento de empleo generando 1,84 millones de nuevos puestos de trabajo hasta el año 2007. 
Por otra parte, sabemos que prácticamente en todos los países desarrollados el sector del turismo se enfrenta a una falta de personal que ni siquiera logra suplir del todo en tiempos de máximo desempleo. 
Todas nuestras reflexiones han de situarse en este campo de tensiones y no pueden hacer caso omiso de ningún aspecto relevante. 
En mi país, en Austria, el turismo y el ocio desempeñan un papel central en la economía. Es una importante fuente de ingresos, genera empleo y contribuye al equilibrio de la balanza de pagos por cuenta corriente. 
Sólo en 1998 el consumo total en materia de turismo y ocio fue de 450 mil millones de chelines. 
Por todo ello, quiero dar las gracias a quienes trabajan en el sector del turismo y a quienes preservan la naturaleza, la cultura y los espacios de recreo. 
Pido que las posibilidades ofrecidas por la ordenación del tiempo de trabajo se aprovechen para reducir cada vez más el período de desempleo. 
Pido que se lleve a cabo un análisis diferenciado del mercado laboral en el sector turístico. 
Necesitamos un concepto europeo de marketing, también en el contexto de la competencia con los demás continentes. 
Nuestras reflexiones han de centrarse asimismo en la distribución de los gastos, que hace que un vuelo a América resulte más barato que un vuelo de Viena a Bruselas. 
Se ha hecho referencia a la formación y a otras muchas cosas más, pero aún queda mucho por hacer para reforzar este sector en crecimiento, de tal modo que pueda continuar creciendo. 
Señor Presidente, ahora mismo cuenta con nueve millones de puestos de trabajo, dentro de diez años serán doce millones. 
El turismo es una inagotable fuente de puestos de trabajo para Europa. 
Sin embargo, todavía no disponemos de estadísticas probatorias que nos permitan identificar los diferentes sectores de creación de empleo. 
Tampoco se adoptan medidas de fomento previsoras ni se presta una atención especial a las pequeñas y medianas empresas. 
Como aún nos queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar una estrategia orientada hacia el conocimiento no es de sorprender que no haya conciencia de dimensiones comunitarias. 
No he comprendido nunca por qué algunos Estados miembros se empeñaban en boicotear el programa PHILOXENIA puesto que se trata de una iniciativa que pretende unir turismo, medio ambiente y cultura. 
De ahí mi pregunta al Comisario Liikanen: ¿considera que, a pesar de todo, este tipo de programa puede tener alguna posibilidad de éxito? 
El turismo sencillamente no aparece en la mayoría de los planes de acción nacionales destinados a llevar a la práctica la estrategia europea común en materia de empleo. 
En mi informe sobre los puestos de trabajo del futuro que el Parlamento Europeo adoptó hace casi un año pude demostrar que el turismo tiene una gran capacidad de crear empleo. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha incluido explícitamente elementos de este documento en su opinión. 
Existe un alto grado de sinergia entre turismo, historia, formación, deporte, salud, medio ambiente y desarrollo rural. 
Gracias a las mejoras introducidas en la infraestructura, la conservación del patrimonio cultural, la preservación de las tradiciones regionales y la oferta de productos locales incluso las regiones más remotas se vuelven atractivas. 
En el sector del turismo los solicitantes de empleo y los trabajadores poco cualificados se integran con mayor facilidad. 
En la mayoría de los casos resulta más fácil compaginar profesión y familia. 
Ello no obstante, en los empleos a tiempo parcial y de tipo estacional existe el riesgo de que las relaciones laborales no estén reguladas ni aseguradas. 
Se entrenan las aptitudes comunicativas y la creatividad. 
Trabajo en equipo, sentido de la responsabilidad y Management-know how son algunos de los logros obtenidos. 
El conocimiento de varios idiomas y la capacidad de integrarse en otras culturas ayuda a comprender mejor nuestra comunidad. 
De ahí que sea tan importante que se sienten las bases de una orientación europea que esté en línea con el principio de subsidiariedad. 
Resumiendo, hay mucho que decir a favor del potencial del turismo como generador de empleo y de integración. 
Pero sobre todo pone de manifiesto que, en última instancia, el vasto mundo es una aldea global. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Viceconte, y felicitarle por su informe. 
Creo que todos reconocemos la importancia económica, social y medioambiental del turismo en la Europa desarrollada de hoy y su gran potencial para el crecimiento y el empleo. 
Celebro comprobar que la Comisión y el Parlamento convergen hacia el mismo objetivo en esta área. 
Esto determinará el éxito de nuestro trabajo. 
Esto también será importante a la luz de la cumbre extraordinaria de marzo en la que el turismo está destinado a ser citado como contribuyente esencial al empleo. 
La coordinación de las actividades turísticas comunitarias con otras cuestiones relevantes como las políticas regionales, el transporte, el empleo, el medio ambiente, la cultura y la competencia debe involucrar a los Estados miembros y a la propia industria. 
En lo que respecta a políticas específicas quisiera destacar especialmente una a la que se refiere la resolución provisional- la política regional. 
El documento directivo de la Comisión para el nuevo periodo de programación de los fondos estructurales ya ha identificado al turismo como uno de los sectores con un especial potencial para la creación de empleo a través de empresas competitivas. 
En cuanto a los indicadores de sostenibilidad, la Agencia Europea del Medio Ambiente ya está trabajando en la cuestión junto con la Comisión. 
Estas oportunidades deben ser totalmente explotadas. 
El Sr. Provan ha dicho que a menudo hablo profusamente del turismo y de las tecnologías informáticas. 
Estoy personalmente convencido de que las tecnologías informáticas y de la comunicación serán un factor clave de competitividad e innovación para el turismo europeo. 
El sector turístico y de los viajes es pionero en el uso de herramientas ICT. 
Se espera que Marketing, reservas y transporte sean las áreas en las que se produzcan cambios y mejoras más profundas. 
El uso de las tecnologías informáticas y de la comunicación abre una dimensión completamente nueva en el ámbito del turismo y los viajes. 
Para la Comisión esto requiere que la acción en el sector turístico sea estrechamente ligada a medidas que promocionen la incorporación de las tecnologías informáticas y de la comunicación a la industria turística, en especial a través de los programas tecnológicos de innovación y de la sociedad innovadora que se encuentran en mi ámbito de competencia. 
La nueva estrategia perfilada por la comunicación de la Comisión sobre turismo y empleo, con la que coincide el Consejo, pone el énfasis en el encuentro turístico y la diseminación de información y buenas prácticas. 
La ejecución de la directiva sobre estadísticas persigue la mejora del conocimiento de la estructura y las tendencias del mercado en el turismo europeo y su industria. 
El informe sobre la experiencia adquirida en el trabajo llevado a cabo bajo esta directiva forma parte de nuestro programa de trabajo para el presente año. 
Actualmente se está trabajando más con organizaciones internacionales, tales como la Organización Mundial del Turismo, acerca del impacto social y económico del turismo. 
El papel principal de la Comunidad Europea es asegurar un marco que permita y estimule a los inversores y las autoridades de todos los niveles a optimizar y realizar el potencial del sector turístico. 
Un informe sobre el trabajo a realizar, junto con los Estados miembros y la industria turística estará disponible más o menos dentro de dos años desde la fecha de hoy. 
En lo que respecta al papel de la política turística en las comunidades afectadas, debemos entender que muchos sectores tienen un gran impacto sobre el marco del turismo. 
No sólo son importantes las acciones concretas, específicas del turismo, sino también otras acciones horizontales en el sector del transporte. 
Actualmente, el asunto de la congestión aérea y de las carreteras constituye un problema fundamental. 
Hay un problema que dudo si mencionar hoy ya que soy nuevo en el sector. 
He estado trabajando en todos los sectores industriales y de servicios, pero si se observa la estructura de organización del turismo resulta casi imposible. 
Es muy difícil para un Comisario intentar trabajar en un área en la que existen docenas de organizaciones diferentes cuya representatividad debe ser indagada en cada ocasión. 
Entonces podríamos tener un diálogo sólido en nuestro trabajo diario. 
En lo que se refiere al Tratado, la conferencia intergubernamental ha comenzado esta semana por lo que aun no sabemos sus resultados. 
Quisiera ser muy cándido: no he observado mucho entusiasmo sobre la conferencia o la propuesta de aumentar los poderes de la UE. 
El turismo también está en la lista de materias que no figuran como nuevas áreas de competencia de la UE. 
Por último, la Comisión saluda la resolución que discurre por la línea marcada por el grupo de alto nivel, la comunicación de la Comisión sobre la mejora del potencial del turismo para la creación de empleo y las correspondientes conclusiones del Consejo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en el Acta de ayer se habrán recogido, como es natural, intervenciones que se refieren a una llamada "declaración de Estrasburgo" que pretende implicar a este Parlamento Europeo en unas consideraciones que, al pie de la letra, llevarían a concluir que este diputado europeo es un nazi. 
La declaración- que, como digo, implica al Parlamento Europeo, aunque no hubo tal declaración ante el Parlamento Europeo- es una manipulación absolutamente inadmisible. 
Yo le agradezco a la Presidenta, Sra. Fontaine, que ayer mismo manifestara su postura, desmintiendo la implicación de esta Asamblea. 
En esa declaración, señor Presidente, además de descalificar llamando nazis al PNV, a Eusko Alkartasuna y al Gobierno democrático del País Vasco, que tienen una actitud que en otro caso, Irlanda, mereció incluso el Premio Nobel, se insulta a representantes de ciudadanos europeos- como es mi caso: represento a una parte de la sociedad gallega­, diciendo que somos más peligrosos que el nazismo y se insulta a formaciones inequívocamente democráticas, con decenas de años de historia, en una locura inadmisible que yo me permito en este momento condenar. 
Solicito, en todo caso, que se oigan nuestras palabras, porque no se puede implicar de tal forma al Parlamento Europeo en una locura que califico claramente de inadmisible. 
Gracias, señor Nogueira, por su aclaración. 
Recuerdo que las cuestiones sobre el Acta deben referirse al Acta. 
En todo caso, para los colegas que no tengan conocimiento de la posición de la Presidenta, leeré el comunicado oficial y así constará también en el Acta de hoy: 
" El 17 de febrero, la Sra. Nicole Fontaine, Presidenta del Parlamento Europeo ha recibido, a petición de los mismos, a los representantes del Foro de Ermua. 
Los vicepresidentes españoles del Parlamento Europeo estaban representados. 
Al final de esta reunión, los representantes de dicho Foro le han transmitido un documento intitulado "Declaración de Estrasburgo", cuyos términos la Presidenta en modo alguno puede avalar. 
Estrasburgo, 17 de febrero ". 
Por lo tanto, creo que queda totalmente zanjada la cuestión. 
Señor Presidente, solicito una rectificación en el Acta sobre la votación de la enmienda 5 del Informe Swoboda. 
Le ruego tome nota de que los Sres. Michel Raymond, Jean Saint-Josse y yo mismo votamos en contra de dicha enmienda. 
Se toma nota y así constará en el Acta. 
Señor Presidente, no para que conste directamente en Acta, sino para una comunicación que hoy tenemos sobre la mesa, a saber, que la Conferencia de Presidentes que estaba prevista para el 23 de febrero ha sido anulada. Debemos reflexionar sobre si este tipo de actos han de seguir celebrándose en esta forma. 
Tengo la sensación de que no es más que una parte mecánica del cumplimiento del deber. 
Lo que ahí escuchamos podríamos tranquilamente leerlo al día siguiente en los periódicos. 
Y cuando surge algo más, no me parece bien que el Orden del Día de las distintas comisiones, ya de por sí excesivamente cargado, sea siempre acortado a causa del show que organizamos. 
Por tanto, hagamos el favor de reflexionar si no deberíamos eliminar estas conferencias de una vez para siempre. 
Señor Bösch, tomo nota de su observación pero, evidentemente, la celebración de ese tipo de Conferencias de Presidentes abiertas a todos los diputados tiene su origen en una solicitud de los diputados, a fin de poder participar en algunas de ellas. 
Deberíamos ser más selectivos seguramente. 
En todo caso, la Mesa considerará su sugerencia. 
(El Acta queda aprobada) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, pedimos que la última frase de la enmienda 2 que reza: "Invita asimismo a los Estados miembros a que promuevan el turismo en la tercera edad" se anteponga y se incluya en el apartado 25, específicamente dirigido al turismo social, al final de la frase "el turismo para los grupos sociales organizados". 
Esta colocación nos parece más justa y más útil. 
De acuerdo con nuestro Reglamento, 12 diputados pueden oponerse. 
(Más de 12 diputados se oponen a la tramitación de la enmienda oral) No ha lugar a la tramitación de la enmienda oral. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Señor Presidente, durante la exposición del excelente informe del Sr. Viceconte no he tomado la palabra, a pesar de que contiene ideas magníficas y de que Baviera, el land que yo aquí represento, es una de las regiones más atractivas para el turismo de toda la Unión Europea. 
Le invito encarecidamente a que vaya allí de vacaciones tantas veces como pueda, así como a la vecina Austria. 
Pero independientemente de eso quisiera decir que me disgusta el planteamiento centralista de la comunicación de la Comisión. 
Creo que, precisamente en la política turística, necesitamos más descentralización, más regionalismo y menos paternalismo centralista y burocrático. 
Por ello no debemos deslizarnos hacia una política turística europea de carácter centralista. 
Señor Presidente, uno de los principios esenciales de la colaboración en la Unión Europea es el principio de la subsidiariedad. 
Ha llegado la hora de que se valore este principio y de que se estudie un sistema que aclare la esfera de competencias de la Unión Europea. 
A menudo se critica a la UE, hasta cierto punto con razón, por dedicarse a demasiadas materias. 
El turismo es una de estas materias cuyo carácter es nacional por naturaleza. 
En la medida que se haga política en materia de turismo, ella deberá ser, esencialmente, nacional, regional y local. 
El Turismo es un factor de empleo importante y por esta razón son importantes las ayudas de la UE a las regiones económicamente más débiles. 
No obstante, también en relación con esto, la cooperación debe ajustarse al principio de la subsidiariedad. 
El turismo también puede tener un efecto nocivo en el medio ambiente. 
Por este motivo hay que estudiar una estrategia para disminuir estos efectos. 
Sin embargo, esto debe hacerse dentro del marco de la política medioambiental. 
En el informe se lamenta la carencia de un fundamento jurídico para la política de turismo. 
Los democristianos suecos opinamos que tal fundamente no debe existir, puesto que creemos que este es un asunto en el que la UE tiene muy poco que decir. 
- (DA) El turismo es una fuente esencial para el entendimiento entre los pueblos y parte importante del mercado laboral que debe ser promovido y fomentado. 
Es de una importancia incalculable que tanto la población europea como el resto del mundo tengan la posibilidad de conocer de qué forma organiza cada uno su vida y su sociedad. 
La política turística no es, sin embargo, algo que deba ser planificado y decidido por el Parlamento Europeo o por la UE en su conjunto. 
Por ello voto en contra de la propuesta 
Señor Presidente, antes de que comience el debate, como diputado italiano- y creo que hablo en nombre de todos los diputados italianos- tan sólo deseo estigmatizar la posición asumida ayer por el Canciller alemán que ha intervenido en los asuntos internos italianos y ha amenazado con una intervención de Europa en el caso de que en el Gobierno italiano participen organizaciones neofascistas. 
Por fortuna el Gobierno italiano y el Presidente de la República han intervenido- y hoy lo hará también el Embajador de Italia en Alemania- para invitar al Canciller alemán a que no se inmiscuya en los asuntos internos italianos, ya que no se han presentado como candidatos al Gobierno partidos neofascistas. 
Damos las gracias al Presidente de la República, al Gobierno y a todas las fuerzas políticas que han intervenido e invitamos, también desde este Pleno, al Canciller alemán a que no intervenga en los asuntos internos italianos. 
El Sr. Tajani me concederá que es un tanto difícil entender la relación de su intervención con las cuestiones de orden pero comprendo su sentido político. 
Pasamos al debate propiamente dicho y concedo directamente la palabra al Sr. Monti, en nombre de la Comisión. 
Servicios postales europeos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0010/2000) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, a la Comisión, sobre los servicios postales europeos. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión relativa a una mayor apertura, controlada y gradual, del mercado postal a la competencia llega con retraso fundamentalmente a causa de la reorganización de los servicios y de la reasignación de las competencias de la Comisión, así como por la necesidad de que el nuevo Colegio reexamine estas cuestiones. 
En lo que respecta a las diferentes resoluciones del Parlamento concernientes al sector postal, mi colega, el Comisario Sr. Bolkestein, ya contestó a las principales observaciones durante las audiencias organizadas el año pasado por el Parlamento. 
Asimismo, en lo que se refiere a la consulta del Parlamento, el próximo lunes el Comisario Sr. Bolkestein se reunirá con la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento. 
Los estudios se remitieron a dicha comisión en el mes de septiembre de 1999, así como a los diputados que los solicitaron y, en cualquier caso, están a disposición de quien los pida. 
Dichos estudios pueden consultarse asimismo en el sitio de Internet de la Comisión. 
Estoy seguro de que el Comisario Sr. Bolkestein prestará la debida atención a todas las observaciones del Parlamento. 
Señor Presidente, la Comisión está firmemente convencida de la necesidad de una nueva propuesta con vistas a un mayor desarrollo y evolución del sector postal. 
Además, la presentación de una propuesta es una obligación jurídica. 
Estoy en disposición de confirmar que el Comisario Sr. Bolkestein tiene la firme intención de presentar una propuesta en este sentido a la Comisión, al objeto de remitirla al Parlamento y al Consejo en el primer semestre del año, a más tardar. La fecha establecida para la culminación de la próxima fase, el 1 de enero de 2003, continúa siendo la aspiración de la Comisión. 
La propuesta tendrá en cuenta los estudios realizados y en particular la necesidad de garantizar la universalidad del servicio, el desarrollo de protecciones eficaces para los consumidores, la creación de un clima favorable a nuevos puestos de trabajo y la solución a los problemas relativos a la competencia. 
Asimismo, con miras a modernizar y mejorar ulteriormente los servicios postales de toda la Unión con las nuevas tecnologías, se examinará el papel de la apertura del mercado a la vista de los potenciales beneficios para la industria en su conjunto. 
La propuesta, cuando se presente, tendrá en cuenta los puntos de vista expresados por los Estados miembros, el Parlamento, los usuarios, los prestadores de servicios universales y sus competidores, así como por las demás partes interesadas, con las cuales se han llevado a cabo consultas exhaustivas. 
El objetivo es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior de los servicios postales en beneficio de los consumidores y de las empresas de toda la Unión. 
Señor Markov, tendrá usted unos minutos dentro de cinco o seis minutos. 
Le agradecería que no interrumpiera a sus colegas. 
Señor Presidente, aquí hay un misterio. 
¿Qué sucedió con la Directiva sobre Servicios Postales que fue aprobada el 15 de diciembre de 1997? 
La Comisión ha mantenido un silencio abrumador durante el tiempo transcurrido desde entonces hasta el momento actual. 
Siento que sea el Comisario Monti quien esté hoy aquí. 
Le tengo en mucha estima. 
Es uno de los comisarios más diligentes y trabajadores. 
Lamento no poder decir lo mismo de algunos de sus colegas. 
No ha habido, durante este tiempo, verdaderos progresos en la Directiva sobre Servicios Postales. 
El Comisario Monti afirmó que se debe en parte a la organización y redistribución de las funciones. Esto no se hecho hasta hace poco. 
Durante más de un año la antigua Comisión podía haber trabajado algo en el tema. 
La verdad es que no hemos avanzado mucho. 
Sin embargo, y puesto que el Comisario Monti está aquí, quisiera que transmitiera un mensaje al Comisario Bolkestein diciéndole de qué trataba la Directiva sobre Servicios Postales. 
Trataba de una liberalización paulatina; trataba de un servicio universal garantizado a un precio asequible; trataba de que el correo directo y el correo transfronterizo permanecieran en el sector reservado. 
Estas cuestiones eran fundamentales en aquel informe y debieran seguir siéndolo en cualquier directiva futura. 
El servicio postal no es sólo para Navidades. 
Es para toda la vida. 
En la zona de Escocia de la que procedo, es mucho más que un simple servicio postal. 
Es un medio de mantener unidas a las comunidades. 
El servicio postal es también el servicio de autobuses. 
El servicio postal es también el servicio social. 
El servicio postal es también el médico. 
Si dejamos que los servicios postales deriven hacia una completa privatización, entonces perderemos todo eso y muchas de nuestras comunidades locales- antes votamos sobre el turismo- perderán su actividad turística. 
Las aislaremos. 
Los servicios postales son importantes. 
Este mensaje debe salir hoy de aquí. 
Y la Comisión debe escucharlo. 
Señor Presidente, somos partidarios de la liberalización de los servicios postales de la Unión. 
Esto significa ante todo que los clientes tendrán un servicio mejor. 
Esto es lo que se pretende y este debe ser el objetivo final. 
La liberalización ha comenzado porque se tenían dudas sobre la estructura de los servicios postales, sobre el valor de un monopolio. 
¿Son los monopolios lo suficientemente flexibles en un mercado en el que la demanda de los clientes puede cambiar con suma rapidez y donde también con suma rapidez pueden generarse otras condiciones de mercado, por ejemplo, por el uso creciente de los medios de información electrónicos? 
La pregunta es la siguiente: ¿qué requisitos debemos imponer eventualmente a un servicio gestionado por un monopolio? 
En esta cuestión, la mayoría de los Estados miembros han echado el freno. Me alegra comprobar que, en mi país, el nuevo gobierno finalmente ha hecho lo que tenía que hacer, algo que tenía que haber hecho mucho antes: los servicios postales y el gobierno belga están tomando medidas para garantizar que, para el año 2003, los servicios postales, al menos en parte, estarán preparados para afrontar la competencia. 
Como nuevo parlamentario que soy intento familiarizarme con el expediente y he de decirles francamente que tengo muchas dificultades para ello. 
He encontrado una serie de estudios que en su momento fueron encargados por la Comisión Europea, pero he encontrado también unos documentos sobre los servicios postales en Europa que aseguran que esos estudios no cuadran y que la base sobre la que se han llevado a cabo está equivocada. 
Pienso que en este extremo la Comisión podía haber sido más activa, podía habernos facilitado más información y pienso que podría habernos proporcionado los estudios que nos había prometido y que le habíamos pedido. 
Por lo que tengo entendido, todavía no lo ha hecho. 
Así pues, señor Comisario, le pido que ayude en su tarea a un nuevo miembro como yo. 
Al igual que el Sr. Miller, me gustaría que en los próximos meses o semanas, o si pudiera ser incluso días, nos explicara cuál es la situación con respecto a la aplicación de la directiva de 1997. 
Segundo punto: ¿cuál es la situación de la prestación de servicios universal y qué propuestas plantea usted? 
Me gustaría disponer de información más concreta al respecto. 
Con toda seguridad el de correos es un grupo de presión muy fuerte y es lógico que así sea. 
Hay cientos de miles de personas que se ganan la vida en este sector. 
Además- el Sr. Miller también ha hecho referencia a ello -, en mi país, por muy densamente poblado que esté, no se acabará el mundo si deja de pasar el cartero. 
Pero en mi país también hay muchas personas, personas mayores, por ejemplo, que durante el día ven a una sola persona, a saber, el cartero. 
Así que, tengámoslo en cuenta: el correo consiste en algo más que traer y llevar cartas y paquetes. 
También para las empresas es muy importante el correo. 
Un estudio pone de relieve que el 90% del tráfico postal tiene lugar entre empresas y sólo el 10% entre particulares. 
¿Qué se quiere liberalizar realmente? 
Me gustaría tener más información, porque la pregunta más esencial es cómo se puede ofrecer un mejor servicio a los clientes con los servicios existentes. 
Hay empresas postales que tienen un monopolio y que no obstante tienen buenos resultados. 
Debemos proteger este tipo de cosas y las otras debemos rechazarlas. 
Señor Presidente, señor Comisario, esta mañana he oído en radio nacional de Francia que la liberalización de los servicios postales sería prácticamente una cuestión de horas o de días y que era irremediable, a semejanza de lo que ocurrió con nuestros amigos suecos, neerlandeses y alemanes. 
Esto nos preocupa vivamente, y por esta razón hemos pedido el debate de hoy. 
La Comisión se ha decidido por un servicio postal universal, y el Parlamento Europeo ha señalado en varias ocasiones, como ya lo han expresado algunos colegas, que los servicios postales constituyen un factor esencial de cohesión social y territorial. 
Desearía, en este sentido, dirigirme quizá a nuestro colega sueco para preguntarle lo que piensa sobre el estudio que fue realizado, y que demuestra que en los sectores más apartados de Suecia los servicios postales serían más bien inadecuados desde el punto de vista de la distribución. 
Por lo tanto, nosotros no deseamos este tipo de servicios postales. 
El Tratado de Amsterdam reconoció el interés económico de los servicios postales, y consideramos que van mucho más allá de la distribución. 
Es el servicio más cercano a los ciudadanos, y que denominamos "servicio público", el que permite que cada habitante del territorio europeo pueda estar comunicado, y este logro debe seguir siendo un logro comunitario. 
El reconocimiento por la Unión Europea de unos servicios postales de alta calidad, y para todos, sigue siendo de recibo, y estamos cada vez más preocupados al respecto. 
Por eso pedimos hoy que, en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, el lunes no tengamos una mala sorpresa. 
Hacemos hincapié en que las posiciones del Parlamento fueron claramente definidas y que el Grupo Verts las apoyó. 
Dicha resolución del 14 de enero de 1999 pedía que antes de continuar con la liberalización de este sector clave- que, con todo, atañe a 1,7 millones de empleados -, la Comisión facilitara los estudios sobre los efectos de esta liberalización. 
Ahora bien, no estamos convencidos de que los estudios disponibles puedan hoy realizar esta liberalización, y estamos preocupados porque se sabe muy bien que dicha liberalización, a falta de un estudio sobre los efectos, supondría miles de supresiones de empleos, lo cual no deseamos en absoluto. 
A nosotros nos interesa nuestro servicio público, nuestro servicio universal de los servicios postales, puesto que sabemos, y aquí nosotros representamos también a los ciudadanos, que éstos desean este servicio, y la Comunidad se comprometió, con ocasión de la audición del Sr. Bolkestein, a defender este servicio universal en la Unión Europea. 
No insistiré en las diferentes consideraciones que efectuó durante su audición; creo que aún todos las recordamos. 
Nosotros mantenemos asimismo que esperamos que se realice esta verdadera evaluación antes de tomar cualquier decisión definitiva, como lo establecen la directiva y la revisión de la directiva de 1997. 
No aceptaremos fijar ninguna fecha para la liberalización del conjunto de las actividades postales mientras la Comisión no nos haya garantizado que el servicio universal se integrará en dicha directiva y que los servicios públicos postales se mantendrán en aquellos Estados que consideren indispensable prestar este servicio a los ciudadanos. 
Señor Presidente, la directiva de 1997, publicada el 21 de enero de 1998, que iniciaba una liberalización parcial de los servicios postales en Europa, establecía una revisión posterior, cuyo procedimiento era, por otra parte, complicado, porque debía ser objeto de una propuesta de la Comisión, antes de finales de 1998. Luego tenía que decidirse antes del 1 de enero del 2000, para entrar por fin en vigor antes del 1 de enero del 2003. 
Ahora bien, de momento, la revisión se encuentra en el punto cero. 
Las dos primeras etapas no han sido respetadas, lo que, lógicamente, debería comprometer la tercera. 
Primera pregunta: en cualquier caso, ¿los plazos previstos no eran demasiado breves? 
Es evidente que sí. 
No se entiende realmente cómo la Comisión habría podido evaluar, antes de finales de 1998, como establecía el artículo 7 de la directiva, los efectos de un texto que entró en vigor en febrero del mismo año. 
Por otro lado, la Comisión tampoco pudo proporcionar el informe sobre su aplicación, que ésta debía presentar antes del 31 de diciembre del 2000, en virtud del artículo 23. 
¿Debemos lamentar este retraso? 
Creemos que no. 
Si la Comisión dispusiera de elementos convincentes que demostraran, basándose en la experiencia, que es necesario ir más lejos en la liberalización, nadie duda que los presentaría de inmediato. 
El Parlamento Europeo, por su parte, que había luchado mucho porque la directiva de 1997 fuese equilibrada y respetase las exigencias del servicio público universal, está más bien satisfecho al ver que el compromiso que había obtenido en aquel momento resulta defendible. 
En estas condiciones, es normal que hoy nuestra Asamblea se preocupe y formule una pregunta oral para que la Comisión presente los estudios de viabilidad definitivos e indiscutibles, que hasta ahora nadie ha visto. 
¿Cuáles son, en efecto, las hipótesis de evolución y los posibles riesgos? 
El riesgo principal consiste en que la Comisión, sin una justificación satisfactoria, perturbe el equilibrio existente, al proponer avanzar rápidamente hacia una segunda etapa de liberalización, que desequilibraría, en algunos países, la financiación de los servicios postales universales, impidiendo su gestión. 
Hoy, al final del compromiso de 1997, los países miembros pueden confiar a monopolios públicos los servicios postales que atañen a correspondencias y objetos cuyo coste de distribución es inferior a la quinta parte la tarifa de base o cuyo peso no sobrepasa los 350 gramos. 
Se supone, por ejemplo, como el comisario Bolkestein lo sugirió en su audición del 6 de setiembre pasado, que la Comisión podría proponer reducir estos límites a 50 gramos y dos veces y media la tarifa de base. 
Esta solución, en nuestra opinión, no sería justa; además, la Comisión no dispondría de ninguna cifra irrefutable para apoyarla. 
Pero, desgraciadamente, después de Seattle, sabemos que la Comisión no necesita un balance serio de la etapa anterior, para proponer pasar de inmediato a la etapa siguiente. 
Segunda hipótesis, que es la que preferimos: el aplazamiento de la revisión y el mantenimiento de la situación actual hasta que dispongamos de un estudio serio, pormenorizado y objetivo sobre los efectos de la directiva de 1997. 
Al decir esto, no intentamos proteger monopolios, cuyos efectos perversos bien conocemos, pero queremos estar seguros de poder combinar la evolución progresiva de las organizaciones con el mantenimiento de los principios esenciales de servicio público. 
Finalmente, el Grupo Europa de las Naciones se pregunta si la idea de imponer normas de gestión unificadas a los servicios postales de los quince países miembros no estaría viciada en sí misma. 
En Francia, por ejemplo, la desigual repartición de la población en un vasto espacio territorial requiere la existencia de obligaciones de servicio público respecto a la distribución de la correspondencia, si se quiere mantener la igualdad de los ciudadanos y la cohesión social. 
Pero otros países, en otras situaciones, pueden hacer análisis diferentes. 
En nuestra opinión, cada uno debe estar en condiciones de elegir su propia organización. 
En efecto, el artículo 86 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el antiguo artículo 90, establece que los servicios de interés económico general están sometidos a las reglas sobre la libre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas reglas no impida el cumplimiento de la misión a ellos confiada. 
Pero ¿quién define esta misión? 
¿Quién traza el límite a partir del cual se compromete esta misión de servicio público? 
Nuestra respuesta es clara: no es la Comisión, no es siquiera el Consejo o el Parlamento Europeo, es el pueblo de cada país miembro, a través de un debate democrático. 
El hecho de querer proceder de manera diferente sería desvirtuar el espíritu de nuestras instituciones. 
Señor Presidente, soy uno de los que están de acuerdo en que es conveniente que este servicio concreto esté regulado a nivel europeo. 
Si se va a tener la libertad para prestar servicios a través de las fronteras, no es sino justo y razonable que haya reglamentos europeos que lo regulen. 
En Irlanda algunos servicios son prestados por empresas de fuera de Irlanda, por ejemplo, es seguro que operan allí empresas inglesas. 
Pero esta directiva nunca se ha transpuesto a la legislación nacional. 
Es tarea de la Comisión garantizar que los gobiernos nacionales tengan en cuenta sus obligaciones jurídicas en virtud del Derecho europeo y traspongan las directivas europeas. 
Esto no se ha hecho en Irlanda, aunque sí se ha producido una cierta liberalización que no ha sido impedida por el Gobierno nacional. 
Un pequeño segmento de nuestro mercado ha sido ocupado por operadores privados. 
Pero la necesidad de una legislación común viene subrayada por el hecho de que en los Países Bajos se ha producido la liberalización, en Alemania no, y sin embargo las empresas alemanas que gozan de la protección de la legislación nacional intentan hacerse con una cuota de mercado en los Países Bajos. 
Éste es otro ejemplo de la importancia de avanzar en la legislación común y garantizar que se ponga en vigor en toda la Unión Europea. 
Yo procedo de una zona rural. 
Apoyo el principio de la liberalización y el derecho de todos a competir y reconozco los beneficios que han reportado la regulación común y la liberalización a lo largo de los años. 
Por ejemplo, nos ha permitido volar desde regiones periféricas de la Unión Europea hasta su centro por una pequeña porción de lo que costaba hace 20 años. 
Recuerdo cuando venía gente a esta Cámara presionándonos en nombre de los intereses nacionales para que no permitiéramos la liberalización. 
Sí la permitimos y el resultado es que nuestros jóvenes pueden viajar y ampliar su formación. 
Nuestros mayores, aunque vivan de las prestaciones sociales, pueden gozar del beneficio de viajar. 
Por lo tanto, la liberalización nos ha quitado muchos parásitos de encima en muchas zonas y ha permitido a mucha gente disfrutar de un nivel de vida más elevado. 
Por otra parte, éste no es un libre mercado sin limitaciones y quien proceda de una zona rural reconocerá que algunos servicios no se pueden prestar ni se prestarán en una situación de libre mercado. 
Por ello la Comisión, al presentar sus nuevas propuestas, debe acordarse de esas zonas rurales poco pobladas y no poner nada en su legislación que las prive de la oportunidad de disponer de esos servicios. 
En las zonas rurales, durante muchos años, incluso antes de que naciera el Estado Libre irlandés, ya contábamos a veces con este servicio de una oficina de correos. 
En la actualidad, es probablemente el único servicio público en muchas regiones apartadas y a la gente le preocupa que la legislación europea termine haciendo difícil que se mantenga. 
Quiero subrayar el hecho de que la legislación existente protege más que amenaza el derecho de cada ciudadano de cualquier área remota a contar con este servicio. 
Pero hay quejas de particulares sobre el pago de prestaciones sociales en las oficinas de correos de Irlanda. 
Quiero que la Comisión reconozca que éste es un servicio social necesario. 
Debe ir estrechamente unido a nuestros servicios de correos en las áreas rurales. 
Debemos llevar a la práctica aquello en lo que insiste la directiva: que los servicios postales estén disponibles para todos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, los servicios postales además de desempeñar, sin duda, un papel muy importante por lo que respecta al empleo, contribuyen en alto grado al esfuerzo por lograr la tan ansiada cohesión, que constituye una de las razones fundamentales de existencia de la Unión Europea. 
Como es bien sabido, la Comisión Europea debería haber presentado, ya antes de finales de 1998, nuevas propuestas para la revisión de la directiva postal 97/67/CE, que garantizaran el mantenimiento de la prestación del servicio universal, aseguraran su viabilidad económica y dispusieran la liberalización gradual del mercado de los servicios postales, con la correspondiente previsión de las consecuencias derivadas para los diferentes sectores implicados, trabajadores y clientes incluidos. 
Con este objetivo, la Comisión había encargado estudios sobre el coste de los servicios universales, la repercusión de la liberalización del correo transfronterizo y publicitario, la repercusión de la reducción de los límites de peso y precio del sector reservado, la repercusión de la liberalización del resto de las fases del proceso postal, excepto la distribución, así como la valoración global de los resultados de los estudios. 
Y nos preguntamos ahora, señor Presidente, y le preguntamos al Sr. Comisario- no está con nosotros, claro, el Sr. Bolkestein, pero el Sr. Monti no carece de visión global y creo que puede tener opinión -: ¿no deberían esos estudios examinar las consecuencias económicas y sociales de los diferentes supuestos previstos de liberalización, para cada uno de los países? Repito, para el caso particular de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. 
Porque, claro, una cosa es el servicio postal en Grecia o en Gran Bretaña y otra cosa es en Holanda o en Bélgica. 
¿Cómo puede, con la liberalización, financiarse y funcionar correctamente el servicio postal universal en un país como, por ejemplo, el mío, Grecia, con sus particularidades en cuanto a la conformación del territorio, con tantas islas pequeñas habitadas? 
¿Cómo sobrevivirá en mi país la entidad responsable del servicio universal cuando se libere un correo transfronterizo que supone el 25%, cuando en otros países la proporción no llega al 5%? 
¿Cómo se hará frente al trapaso del objeto del correo nacional al exterior? 
Acaban de escuchar al Sr. McCartin al respecto. 
Es más que una posibilidad, dados los avances tecnológicos que hacen más sencillo, y, por consiguiente, más rentable, dicho traspaso. Habrá, pues, que decidir los pasos sucesivos de una liberalización gradual y controlada, definiendo los límites de peso y precio. 
¿Cuáles serán, sin embargo, esos límites? 
¿Se concederá, ingenuamente, a las empresas "francotiradoras" de la explotación selectiva el derecho a burlar con gran facilidad el límite de peso, desde el momento en que el contenido de las cartas no puede, lógicamente, controlarse? 
En definitiva, señor Presidente, señor Comisario, nosotros le pedimos a la Comisión que muestre sus cartas y que haga sus propuestas, examinando hasta el final la evolución previsible del asunto, en todos sus aspectos y para cada uno de los países miembros. 
Es evidente que la liberalización no constituye un fin en sí misma, sino un medio para la mejora de los servicios. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, la liberalización prevista de los servicios postales nacionales tradicionales suscita ineludiblemente la pregunta de qué es lo que estos servicios considerarán en el futuro como su core business, su actividad central, en otras palabras, qué es lo que querrán hacer los propios servicios postales, qué es lo que querrán hacer en cooperación con sus homólogos a nivel internacional y qué es lo que no harán. 
Esta pregunta hay que responderla partiendo del hecho de que el monopolio tradicional de hecho está siendo socavado por toda suerte de empresas de mensajería y por los avances tecnológicos como el fax y el correo electrónico. 
Por otra parte, una cuestión fundamental para la liberalización de los servicios postales es el empleo. 
Las experiencias del pasado han demostrado con suficiente claridad que las medidas de reducción de plantilla lineales y los incentivos al despido voluntario a menudo han producido efectos no deseados. 
Si mal no recuerdo, la compañía telefónica belga tuvo que volver a contratar a trabajadores que había despedido para evitar que la empresa perdiera demasiados recursos de conocimientos prácticos y experiencia. 
El punto de debate en la liberalización de los servicios postales será también sin duda alguna la reducción de plantilla. 
Para ello hay que estar atentos a que los incentivos al despido voluntario hagan que se vayan sobre todo personas que ya trabajan bajo presión o que podrían encontrar trabajo con facilidad en otra parte, dicho de otro modo, personas que la empresa en cuestión a menudo necesita. 
A mi modo de ver, la Comisión daría muestras de una gestión de recursos humanos equilibrada si despejara algunas de estas inquietudes, con el fin de que la liberalización de un sector sensible como el de los servicios postales se llevara a cabo en unas condiciones sociales los más calmadas que sea posible. 
Señor Presidente, parece que los servicios postales y las oficinas de correos son un tema muy de moda en el Parlamento en este momento, y con razón, dada su importancia. 
La semana pasada sin ir más lejos, en el Parlamento del Reino Unido en Westminster, el diputado recién elegido de nuestros socios de la Alianza Libre Europea, Plaid Cymru, el partido de Gales, hizo su discurso inaugural sobre ese tema. 
También en el Parlamento escocés se mantuvo hace poco un debate en el que se hacía especial referencia a la función que desempeñan las oficinas de correos, sobre todo en las áreas rurales, en lo relativo a la prestación de servicios y la continuidad de las comunidades rurales. 
La liberalización no es la única amenaza potencial para los servicios postales. 
Las oficinas postales en Escocia, tal como hemos oído, se ocupan de mucho más que meramente despachar el correo. 
Los gobiernos y algunas administraciones locales las vienen utilizando tradicionalmente como agencias para el pago de las pensiones y otras prestaciones, además de como centros para el cobro de alquileres de viviendas, la recaudación de impuestos locales, etc. Pero a medida que la modernización de los sistemas financieros públicos hace que cada vez se efectúen más transacciones electrónicas dinerarias directas desde y hacia las cuentas bancarias, la viabilidad de las oficinas postales rurales se ve amenazada. 
Si cierra una oficina de correos rural, normalmente ligada a la única tienda local, puede derivarse una grave amenaza para la continuidad de la comunidad y para la inclusión social. 
En vez de permitir que las oficinas postales resulten menoscabadas por la liberalización o por la modernización de los sistemas, los gobiernos, y también la Comisión, debieran estar fomentando y apoyando la extensa red de oficinas postales y considerarlas como un bien que se puede aprovechar, para prestar información y servicios públicos desde un lugar accesible para los habitantes. 
Señor Presidente, el servicio de correos tiene la tarea de garantizar que en todas partes, tanto en la ciudad como en las zonas rurales más recónditas, se reparta el correo todos los días con una misma tarifa para todo el mundo. 
Hace ciento cincuenta años los servicios de correos eran un asunto público y, por tanto, al igual que el transporte público y el abastecimiento de energía, constituían una tarea fundamental de las administraciones públicas. 
Estas tareas, de gran utilidad y reconocimiento, daban a los ciudadanos una razón para ir a votar. 
Actualmente muestran un interés mucho menor por una administración que ya no se ocupa de estas tareas. 
He oído decir a un político democristiano en un pueblo de los Países Bajos: "el correo es de todos y, si nos lo quitan, nos estarán robando". 
Mientras tanto, los servicios de correos existentes fueron perdiendo control democrático y cada vez se dio más paso a la competencia. 
Las empresas recién llegadas sólo están interesadas en aquellos aspectos del trabajo donde pueden sacar los máximos beneficios con los costes más bajos y a bajo precio. 
La única manera que tienen de ser las más baratas durante algún tiempo es a base de pérdida de calidad para los clientes y el personal. 
Estas empresas han existido siempre, pero antes estaban prohibidas y ahora se las alaba como signo de progreso. 
Al final, el resultado es que las empresas existentes también se ven obligados a imponer peores condiciones de trabajo. Hacen que su personal trabaje más por menos salario. 
Hacen menos repartos a domicilio, cobran más dinero por guardar el correo en vacaciones, cierran una gran parte de las oficinas de correos y, por último, aumentan considerablemente las tarifas de los clientes particulares, con lo cual sólo tienen beneficios las empresas que suscriben contratos colectivos a bajo precio. 
Ya es hora de que acabemos con esta situación. 
Más vale estar centrado a medias que estar equivocado del todo. 
Es mejor la existencia de un monopolio democráticamente controlado que la dispersión y el caos de una competencia descontrolada. 
Señor Presidente, señoras y señores, antes se convocaban manifestaciones mediante cartas y telegramas, hoy se hace por medio del correo electrónico y de las páginas web. 
Gracias, por cierto, al representante de los socialistas europeos, el Sr. Scharping, por haber quitado de su página web el llamamiento a acudir a la manifestación en Austria porque así no se estimula a las bandas de jóvenes anarquistas urbanos siempre listos para la violencia a emprender viaje a Austria mañana. 
Estamos viendo que el correo electrónico, el negocio electrónico en general adquirirá una gran importancia en el futuro. 
Y aquí veo yo un punto fuerte del servicio actual de correos. 
Sabemos que en el ámbito del correo electrónico no habrá hasta el año 2002 más o menos 1,2 millones de puestos de trabajo, porque no disponemos de la mano de obra cualificada necesaria para ese mercado. 
Creo que aquí hay, justamente para el servicio de correos, un amplio campo laboral, preparando a su personal mediante cursos de formación y especialización para afrontar este interesante reto. 
Las oficinas de correos del territorio nacional ofrecen también una ventaja estratégica, porque Correos tiene una red de distribución muy densa y estrechamente conectada por toda Europa. 
En cualquier pueblito hay una oficina de correos, y el servicio de correos será en un futuro muy utilizado en el comercio electrónico, porque mucha gente comprará vía e-mail y página web, por lo que las compras, las facturas, etc., habrán de ser enviadas por correo. 
El desarrollo físico de esos negocios tendrá una importancia creciente. 
Reunir, clasificar, transportar y servir a domicilio adquieren un significado totalmente nuevo. 
Creo que, en un futuro, hay que aprovechar esta oportunidad. 
Nuestro deber como políticos es defender con especial celo los intereses de los consumidores. 
Queremos que reciban lo máximo posible a cambio de sus ingresos. 
Por ello el abaratamiento del servicio de correos un reto muy importante. 
Debemos considerar- también con el benchmarking -, lo que ahora está pagando el usuario por un servicio en el ámbito del actual correo postal y lo que paga en el ámbito privado. 
Esta transparencia es también muy importante para los sindicatos, porque sino habría fricciones en un sindicato para defender a sus sindicados en el ámbito privado y a los del público. 
Creo que también para los sindicatos es importante que se establezcan unas condiciones marco tanto sociales como económicas comunes para todo el sector, de modo que se pueda lograr lo mejor para los trabajadores de un modo solidario, limpio y justo. 
Pero creo también que en un futuro será necesario configurar un servicio universal adecuadamente atractivo. 
Hemos de definirlo de un modo preciso, dotarlo de un catálogo de servicios y llevarlo a licitación pública. 
En el interior del país, donde albergamos razonables sospechas de que el servicio no será rentable ni para cubrir costes, se deberían, a mi parecer, establecer los servicios mediante una regulación que garantice unas condiciones de licitación justas y apropiadas, de manera que todas las fuerzas del mercado y también, naturalmente, el servicio de correos existente puedan concurrir a ella siguiendo la estrategia de ofrecer al usuario una gama variada de servicios de calidad. 
Creo que debemos impedir que halla más subvenciones y, en cambio, concentrarnos en que tanto el ofertante privado como el usuario se vean favorecidos por el nuevo sistema. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los servicios postales, como todo servicio público europeo, contribuyen a la cohesión social del territorio comunitario, según los términos del artículo 16 del Tratado de Amsterdam. 
Al garantizar un reparto equitativo de las tarifas, es decir, una estricta igualdad de los ciudadanos y de los actores económicos frente al coste del servicio, al asumir las obligaciones del servicio universal y al adecuarse a una exigencia de calidad de los servicios, los servicios postales forman parte de nuestra preocupación de fomentar la igualdad de los territorios y de las personas que viven en ellos. 
Los servicios postales constituyen asimismo un potente elemento, nada desdeñable, de vínculos cívicos. 
En efecto, como se ha recordado muchas veces en esta Asamblea, el empleado de correos ¿no es acaso el último contacto en las zonas territoriales que se denominan "desertizadas" o "fracturadas", bien se trate de zonas geográficas aisladas, o bien de extrarradios sensibles de nuestras ciudades? 
Citaré como ejemplo la iniciativa de la administración de servicios postales francesa, que se dispone a garantizar, entre otros servicios, la presencia de intérpretes y de notarios públicos en las oficinas de correos de las zonas urbanas sensibles. 
Sin mencionar los empleos que ello representa, las administraciones de servicios postales públicos europeas emplean hoy a un millón y medio de agentes, que pueden verse claramente amenazados por el espectro de una liberalización brutal y no controlada. 
El Parlamento Europeo se ha comprometido a conciliar apertura a la competencia con obligación de servicio universal respetuoso del empleo. 
Podemos felicitarnos por ello, pero procuraremos que se continúe por este camino, y por esta razón no podemos por menos que deplorar que al Parlamento Europeo se le mantenga hoy al margen del proceso de toma de decisiones que preside el futuro del sector postal en Europa. 
Es lamentable, en efecto, que hasta ahora- como lo subraya la presente resolución- la Comisión no haya tenido en cuenta la resolución del 14 de enero de 1999. 
Ésta exigía, como hay que recordar, que el Parlamento Europeo fuera asociado a la elaboración de las medidas previstas y que se afianzara la fiabilidad de los estudios de los efectos en materia de liberalización. 
Estos estudios sobre los efectos son necesarios para evaluar las consecuencias que cualquier liberalización salvaje tendría no sólo para la organización económica del mercado, sino también para su dimensión humana y social. 
Los retrasos de la Comisión deben reflejarse en el calendario propuesto, por lo que la fecha del 2003 debe necesariamente revisarse. 
Al mismo tiempo que define un sector reservado a los operadores públicos postales, sobre la base de límites de peso y de precio, la directiva sobre los servicios postales permitiría una liberalización por etapas y controlada. 
La reducción brutal de estos límites pone en entredicho el equilibrio entre obligación de servicio público y viabilidad económica para los servicios postales. 
En un contexto de globalización, donde la lógica de la rentabilidad y del beneficio se opone cada vez más al interés de equilibrio de los territorios y de la cohesión social, es urgente recordar aquí nuestra adhesión al servicio público europeo bien ataña hoy al sector postal, mañana al ferroviario o pasado mañana al sector de la salud. 
Señor Presidente, para garantizar un servicio postal universal de calidad es esencial que se mantenga su carácter público. 
El servicio universal, que entraña una oferta de servicios postales de calidad a precios asequibles y prestados en todos los puntos del territorio, constituye la base de todo el funcionamiento del sistema postal y debe propiciar una tarifa uniforme en todo el territorio nacional. 
Ahora bien, para que así sea, es fundamental que se mantenga como servicio público. 
Sólo así es posible dar garantías de que la red, desde la recogida hasta la distribución, sea una red integral que no podrá ser fragmentada ni utilizada sólo en parte de acuerdo con las conveniencias de los operadores del servicio postal. 
Pero, entretanto, sabemos que la Comisión, en el seguimiento de la directiva relativa a las normas comunes para los servicios postales comunitarios, ha encargado estudios que no ha dado a conocer al Parlamento Europeo, por lo que se desconocen las repercusiones de su aplicación, en el nivel de la atención a los ciudadanos o de los actuales operadores postales europeos, en los aspectos económicos o de empleo. 
Así, en nuestra opinión, se debe tratar todo el proceso de aplicación de la citada directiva, incluido su calendario. 
Y cualquier modificación de la situación actual debe ir precedida de un estudio riguroso de sus diversas consecuencias, teniendo siempre como objetivo el de garantizar un servicio público de calidad y el mantenimiento de las actuales operaciones públicas y los puestos de trabajo existentes. 
Señor Presidente, la liberalización de los servicios postales puede incrementar la competencia en el sector de correos, puede garantizar a los ciudadanos servicios más baratos y flexibles y puede responder también a los retos que trae consigo la tecnología moderna. 
Subrayo el verbo puede, pues la liberalización tiene que realizarse bien y de forma meticulosa. 
Si se hace incorrectamente, seguro que se hará realidad el escenario de amenazas que se ha dibujado aquí. 
Los problemas sociales aumentarán, las diferencias regionales crecerán y la competencia surgirá sólo en las zonas de mayor actividad económica, en las zonas con mayor densidad de población y, en particular, en el ámbito empresarial. 
En cambio, los perdedores serán las zonas más apartadas y sus habitantes, así como los ciudadanos que no puedan beneficiarse de las nuevas modalidades de servicios. 
Antes de tomar decisiones sobre la liberalización de los servicios postales, creo que deberíamos mantener un amplio debate sobre las formas de desarrollar los servicios existentes para que sean más flexibles y atiendan mejor al público, así como sobre cómo gestionar los sistemas de financiación para que se puedan llevar a cabo las inversiones que requiere la nueva tecnología. 
A mi juicio, en Finlandia se ha tenido un éxito apreciable siguiendo esta línea, la de desarrollar el actual sistema postal público. 
Sin embargo, pienso que hay que encontrar reglas del juego comunes para el sector, con el fin de evitar que nos encontremos eventualmente en pleno salvaje oeste o salvaje este, unas normas comunes que se basen en los principios de los servicios públicos y en la igualdad. 
Señor Presidente, lo menos que se puede pedir cuando se aborda el futuro del servicio público postal es un balance preciso sobre los efectos de la primera directiva. 
Sería indecente querer organizar de prisa y corriendo el futuro de cientos de miles de empleados de correos y de millones de usuarios. 
Pero, a pesar de la opinión desfavorable de diez administraciones de servicios postales europeas, una privatización, que no se presenta como tal, se trama en los pasillos de la Comisión. 
Bajando el límite precio/peso reservado a los servicios postales públicos y liberalizando la publicidad directa o el correo transfronterizo, la segunda directiva puede ofrecer a la competencia los sectores más rentables. 
Las administraciones de servicios postales se quedarán, a su vez, lo que no interesa a la ambición de los operadores privados. 
Total o parcial, la privatización no hará sino agravar una situación que ya es poco floreciente. 
Sólo el ejemplo de la privatización de los ferrocarriles británicos debería bastar para demostrar hasta qué punto la opción del beneficio máximo está en contradicción con el mantenimiento de un servicio de utilidad social. 
Más que declararse la guerra, las administraciones de servicios postales públicas deberían cooperar, contratar y garantizar unas condiciones de trabajo decentes y estables, respondiendo, al mismo tiempo, a las necesidades de los usuarios, tanto con respecto a la correspondencia como al ahorro popular. 
Señor Presidente, Correos no es ningún proveedor normal de servicios como una peluquería o un gimnasio. 
En un país de escasa población como el mío, Finlandia, ir a Correos es un acontecimiento social. 
En un mundo integrado en redes, el servicio de Correos es la red más democrática, ya que crea y mantiene relaciones humanas. 
El mercado común en el sector postal se realizará de acuerdo con las condiciones de las fuerzas del mercado. 
Para nosotros, en el norte, esto significa que la UE va a destruir la infraestructura social. 
Señor Monti, el principio de competencia no encaja en el ámbito de las relaciones humanas, y, por lo tanto, hay que desarrollar los servicios postales, y no acabar con ellos. 
Si queremos que todo el mundo tenga acceso a la informática y se sirva de ella, la única forma de garantizar esta aspiración en la sociedad es a través de un servicio postal público. 
El servicio de Correos es democracia y puede llevar a cabo essas funciones mejor que las empresas de telecomunicaciones. 
En el marco de las telecomunicaciones, los precios han subido debido a la continua compraventa de empresas y a que más del 50% del volumen de negocios de estas empresas se destina a publicidad. 
Tenemos que hacer inversiones democráticas para conservar unos servicios postales democráticos. 
Resulta particularmente conveniente que sea el Sr. Monti el que está respondiendo a este debate, ya que el gran dilema que se plantea con los servicios postales es cómo cuadrar un mercado abierto y una competencia libre y leal, por un lado, y la prestación de un servicio que sea universalmente disponible, aún en la región más remota y deshabitada de la Unión Europea. 
En las colinas y valles de Escocia, en la zona rural fronteriza con Inglaterra y el cinturón central, en las bellas pero frágiles islas Hébridas, Orkney y Shetland, existe una preocupación real por la posible pérdida de este servicio esencial. 
Sin embargo todos sabemos que la calidad del servicio sólo puede mejorar si a los servicios postales, al igual que a todas las actividades de servicios, se les da la libertad financiera y de gestión del sector privado y el acicate de una competencia abierta, incluso internacional. 
Voy a sugerir una posible solución, que ya se utiliza ampliamente en el sector del transporte. 
Las rutas aéreas, de transbordador, de tren o de autobús que operan dentro de las áreas más apartadas y hacia ellas se someten a licitación. 
El postor que ofrezca prestar el servicio específico con un nivel fijado de calidad y con el menor grado de subvención se lleva el contrato. 
Llamémoslo una "franquicia de licitación negativa". 
Esto permite que haya una competencia deseable en la prestación de estos servicios con arreglo a un sistema de franquicia apoyado con fondos públicos pero totalmente transparente. 
¿Por qué no se podría someter a una licitación negativa de este tipo la recogida y el envío postal en una determinada región? 
La menor subvención obtendría la franquicia durante un período determinado de tiempo. 
¿Por qué no se podría someter también a este tipo de licitación negativa la suboficina de correos de un pueblo apartado? 
Le correspondería en ese caso al órgano gubernativo democráticamente responsable, local, regional o nacional- probablemente bajo la supervisión general de la UE -, el establecer los criterios del servicio y los recursos financieros para atender a este objetivo social concreto. 
De otro modo, los servicios postales pueden quedar supeditados a todas las exigencias e imposiciones del mercado. 
Señor Presidente, Comisario, no es casualidad que yo sea el quinto diputado escocés de esta Asamblea que toma la palabra en el presente debate. 
Esta da la medida de la importancia que revisten para nosotros nuestros servicios postales. 
Escocia como país es mayor que algunos Estados miembros. 
Tiene en la isla principal muchas comunidades apartadas a las que sólo se puede acceder por carretera, a veces mal conectadas por transporte público, a veces por ninguno en absoluto. 
Dichas comunidades dependen para su supervivencia de tener instalaciones locales, como una escuela, una oficina de correos y una tienda. 
De éstas dos últimas dependen, en particular, las personas de edad avanzada. 
Con frecuencia se localizan en el mismo punto, haciéndose más viable cada servicio por la existencia del otro. 
Escocia tiene asimismo numerosas comunidades insulares, a algunas de las cuales se puede llegar por aire, pero que dependen en su mayoría de transbordadores marítimos. 
Se ha calculado que el coste real de llevar una carta de Edimburgo a las Highlands centrales equivale a aproximadamente diez veces el de llevar la misma carta de un lado a otro de Londres. Y equivale aproximadamente a cuatro veces lo que se cobra en realidad por gastos de envío. 
Cuanto más alejada esté la comunidad, mayor es la diferencia. 
Esto da la medida del problema. 
No es oponerse a la liberalización el pedir que se haga de manera que se tengan en cuenta estos factores y se permita la continuación de un servicio postal universal y asequible. 
Es por todas nuestras comunidades remotas e insulares, sin importar en qué lugar de la Unión Europea estén situadas, y no sólo por la población de Escocia, por lo que les pido que preserven la tabla de salvación que ofrecen sus servicios postales. 
Señor Presidente, considero un privilegio el sustituir a mi colega, el Comisario Bolkestein, con ocasión de un debate de tan alta calidad sobre los servicios postales. 
Intentaré responder al debate con arreglo a la información proporcionada por el Comisario Bolkestein. 
Quiero reiterar que el lunes estará a disposición de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento. 
Algunos diputados, como el Sr. Stenmarck, se quejan de ha habido retrasos con la nueva propuesta. 
Otros creen que al fin y al cabo no es tan malo que haya una breve pausa después del primer paso hacia la liberalización. 
Ésta es, por ejemplo, la postura expresada por el Sr. Berthu. 
La postura de la Comisión es que la nueva propuesta se retrasó fundamentalmente a causa de problemas internos de la Comisión, que estoy seguro el Parlamento no desconoce totalmente. 
Pero creemos que hay una obligación jurídica de que se presente una propuesta. 
Es la intención del Comisario Bolkenstein presentar dicha propuesta ante la Comisión para su aprobación en la primera mitad del presente año. 
La fecha de 1 de enero de 2003 programada para poner en práctica los siguientes pasos sigue siendo factible. 
La propuesta tendrá en cuenta los estudios realizados y se fijará en particular en aspectos como la universalidad del servicio, al que volveré dentro de un segundo. 
Por lo que se refiere a la directiva existente y su aplicación, casi todos los Estados miembros han adoptado las medidas jurídicas necesarias para trasponer la directiva. 
Existen algunos problemas relativos a la estructura de la autoridad reguladora y su independencia. 
El plazo de aplicación para los Estados miembros es enero de 2003. 
Después se producirá una mayor liberalización. 
En algunas áreas ya está habiendo competencia, como por ejemplo en el sector de la paquetería y de los servicios urgentes. 
La calidad de los servicios, en general, ha mejorado, en concreto en lo que respecta a la actividad transfronteriza. 
La calidad de los servicios, que tan importante es para los consumidores, ha sido una de las grandes preocupaciones de todos los intervinientes, algunos de los cuales, como el Sr. Rübig, fueron muy claros al respecto. 
Las experiencias en países donde la liberalización va más avanzada, como Suecia, Finlandia y los Países Bajos, demuestran que cuando la liberalización se realiza de manera ordenada, la calidad del servicio se puede elevar como resultado de las obligaciones de un servicio de mayor calidad impuestas por los reglamentos nacionales y normas de continuación. 
Por lo tanto, esto no supone hacer una liquidación del servicio y de su calidad. 
Con frecuencia la liberalización favorece unos niveles garantizados y también contribuye la normalización que hay en marcha de la medición de la calidad del servicio, ya que estas normas reflejarán mejor los resultados reales. 
Esto permitirá comparaciones de resultados significativas y una mejor orientación de los clientes por parte de los operadores titulares, debido a la presión conjunta de las autoridades reguladoras, la competencia y los clientes. 
Se puede observar en los operadores titulares, en las oficinas de correos, un cambio de cultura que creo nadie puede considerar negativo si continúa la actual tendencia a concentrarse en las necesidades de los clientes. 
Las preocupaciones expresadas esta mañana en este Parlamento por Sus Señorías integrarán el núcleo de la actividad de mi colega y de la Comisión en su conjunto durante la preparación de la próxima propuesta. 
Dicha propuesta tendrá plenamente en cuenta la necesidad de garantizar la universalidad del servicio, el desarrollo de medidas eficaces de protección de los consumidores y la creación de un clima que sea favorable a la creación de nuevos puestos de trabajo- no a su destrucción- en el marco de una evolución paulatina, gradual. 
El tema de la universalidad del servicio fue mencionado por la Sra. Isler Béguin, por el Sr. Miller, a quien agradezco su mensaje personal, y por muchos otros. 
Todos somos conscientes de lo sumamente importante del aspecto de la cohesión social y estructural, en especial en las zonas rurales poco pobladas, una de las cuales ha estado representada de forma particularmente enérgica y aplastante en el debate de esta mañana. 
Creemos que la universalidad del servicio constituye un pilar y estoy seguro de que mi colega podrá dar noticias tranquilizadoras ante la comisión parlamentaria pertinente. 
La Sra. Gilling y otras personas como los Sres. Markov y Éscople manifestaron preocupaciones acerca del empleo. 
La experiencia vivida en otros sectores sigue una especie de patrón en U: justo antes de que se produzca la liberalización comienza una fase de reducción del empleo, puesto que desde luego el titular se prepara para ser competitivo; sigue después una segunda fase de estabilidad en el empleo, ya que los nuevos puestos de trabajo creados por los nuevos operadores equilibran otras posibles reducciones de empleo; se da, finalmente, una tercera fase de creación neta de puestos de trabajo, tanto en el titular como en los nuevos operadores, mientras los beneficios de la liberalización alcanzan a los usuarios y el mercado se desarrolla más rápidamente. 
En el sector postal está ya en marcha la primera fase, ya que los prestadores del servicio universal se han embarcado en un proceso de modernización. 
Los factores que más influyen en el empleo son las nuevas tecnologías y la logística, y no el proceso de liberalización postal. 
En lo que se refiere a la disponibilidad de los estudios- un punto al que se han referido la Sra. Staes y otros -, se entregaron copias de cada uno de ellos al Parlamento en septiembre de 1999. 
Todos han estado disponibles en la página de Internet de la Comisión desde agosto de 1999 y la Comisión facilitará copias gustosamente a cualquiera que esté interesado. 
Los estudios han sido objeto de algunas críticas, sobre todo por parte de los servicios postales públicos. 
Soy consciente de que en todos los estudios emprendidos se tuvieron dificultades para recopilar datos suficientes. 
Esto no fue una sorpresa, ya que los operadores del servicio universal no siempre cuentan con sistemas de recogida pormenorizada de cartas. 
¿No dice esto mucho acerca de la capacidad de gestión? 
No hay una metodología única para conocer los costes y la financiación del servicio universal que sea aceptada por todas las partes. 
Sin embargo, el Sr. Bolkestein está convencido de que los estudios realizados aportan suficiente claridad y precisión como para servir de base al proceso de toma de decisiones. 
Me referiré finalmente a las tres intervenciones sobre un tema que se supone conozco mejor que los servicios postales, que es el de la competencia. 
Señor Purvis, me parece interesante su comentario metodológicamente provocador sobre la licitación y desde luego digno de examinar. 
Señor Medina Ortega, estoy tan convencido como usted de que debemos mantenernos incluso más vigilantes después de la liberalización, porque no deseamos que la desaparición de los monopolios públicos dé paso, mediante una concentración incontrolada, a operadores privados. 
Esto es válido tanto para el sector postal como para otros sectores. 
Si se me permite dar un ejemplo de este tipo de vigilancia, es el caso de Deutsche Post, en el que, a raíz de denuncias y de una acción judicial, la Comisión inició un procedimiento oficial en materia de ayudas públicas en julio. 
Acabamos de recibir la respuesta del Gobierno alemán a las observaciones formuladas. 
El procedimiento de ayudas públicas contempla la cuestión de las subvenciones cruzadas entre los servicios de correspondencia monopolísticos y las actividades comerciales de paquetería para empresas, así como la financiación de las numerosas recientes adquisiciones de Deutsche Post. 
No voy a entrar en detalles por falta de tiempo, pero esto quizá sirva de ilustración de que la Comisión no detiene su trabajo según va avanzando la liberalización. 
En cierto sentido su trabajo comienza aquí. 
Finalmente, señor Radwan, por supuesto que tiene que haber límites a la competencia y esos límites existen. 
En concreto, si cogemos el tema de la competencia y de los servicios de interés general, cuando un Estado miembro define una misión de servicio público, es importante contabilizar los costes de cumplir dicha misión y las ayudas estatales que compensen esos costes desde luego no constituyen una violación de la competencia. 
Quisiera mostrar mi ligero desacuerdo con la terminología que ha empleado, Sr. Radwan, al decir que ya es hora de que se tengan en cuenta las necesidades de los ciudadanos en vez de exclusivamente las necesidad de competencia. 
Rechazo firmemente esa idea, ya que la competitividad está ahí para los ciudadanos, y sólo para ellos. 
Casi todas las empresas detestan la competencia. 
Ésta se dirige y gestiona en beneficio de los ciudadanos, de sus intereses económicos y de su libertad. 
Los ejemplos de liberalización y competencia en el transporte aéreo y en los servicios de telefonía en Europa demuestran que los ciudadanos se han beneficiado de ellas. 
Sólo puedo volver a decir que el Comisario Bolkestein podrá abordar todas las preocupaciones el lunes, ante la comisión pertinente, con más competencia y mucho más detenidamente. 
Hemos votado a favor de la resolución porque así nos lo había pedido un sindicato de los de servicios postales franceses, que esperaba obtener, en caso de que la votación fuese positiva, un plazo suplementario para poder defender a los asalariados. 
Eso no significa que aprobamos todo el contenido, que es demasiado vago y que no se ocupa del fondo. 
La política aplicada por las instituciones europeas y por los gobiernos nacionales, sobre todo el francés, es una política retrógrada que contradice tanto los intereses de los usuarios, es decir, los de la mayor parte de la población, como los de los trabajadores de correos. 
Los servicios postales deben seguir siendo servicios públicos. 
Todas las personas, en el sitio en que se encuentren y más allá de su situación social, deben tener acceso a los mismos en un plano de igualdad y en las mismas condiciones. 
Cuando se trata de organizar el servicio público debe excluirse toda idea de rentabilidad y no debe autorizarse a las empresas privadas a acumular beneficios privados, acaparando las actividades que más se benefician del servicio público. 
De ello se deduce que tanto los servicios postales como sus equivalentes en los diferentes países de Europa deberían conservar el monopolio de dicho servicio. 
Para garantizar a escala de la Unión Europea unos servicios postales decentes, es indispensable frenar la política consistente en suprimir oficinas de correos de proximidad, en reducir el número de rondas y en sobrecargar al personal. 
Por el contrario, es necesario que los servicios postales y, en general, todos los servicios públicos contraten personal suplementario. 
La utilidad de estos empleos es indudable, y el hecho de crear un número suficiente de ellos haría disminuir el desempleo en Europa. 
Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución, ya que es absolutamente necesario debatir en el Parlamento Europeo sobre los servicios postales, y superar la ambigüedad actual. 
Será muy grave abolir el servicio público, y deseamos conocer las intenciones de la Comisión. 
Cuando se nos dice que se atenderá mejor al cliente y que costará menos, eso es, naturalmente, falso. 
Es evidente que las personas que viven lejos de los núcleos urbanos no serán atendidas, o bien las tarifas serán muy elevadas, y algunos no dispondrán de los medios necesarios. 
Los servicios postales no representan únicamente un servicio de correspondencia, sino también un servicio social. 
El cartero es a veces, para algunos, la única persona que ven en todo el día. 
Podemos felicitar a esos carteros, que, a pesar del tiempo que haga, caminan a menudo varios kilómetros para ofrecer este servicio a todos. 
Abolir los servicios postales- servicios de comunicación de proximidad- sería un grave error, y no podríamos proteger la igualdad de todos los ciudadanos. 
La rentabilidad a toda costa significa ir en contra de la fraternidad y en contra de la cohesión social. 
Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución y deseo explicar los motivos que me han impulsado a hacerlo. 
Numeroso oradores han recordado que, especialmente en los ayuntamientos de montaña, la única persona con la cual los mayores tienen algún contacto es el cartero. 
Sin embargo, considero que las pensiones de muchas personas mayores se reducen en función del presupuesto estatal. 
En Italia, mi país de origen, los funcionarios de correos son alrededor de 200.000 y cuestan al Estado unos 50 millones de liras per cápita, o sea, 25.000 euros. 
Por lo tanto, el coste total asciende a unos 5 millones de euros. 
Al liberalizar este servicio, el presupuesto del Estado desbloquearía, es decir, tendría un superávit de unos 10 millones de liras anuales por cada pensionista que se podría destinar a un millón de pensionistas, los cuales verían duplicada su pensión. 
Esto compensaría ampliamente el sacrificio de no tener contactos con el cartero. 
Señor Presidente, he votado con satisfacción a favor de la resolución sobre los servicios postales europeos, sobre todo porque vuelve a reiterar la posición que siempre he defendido aquí, a saber: la necesidad de un servicio universal de alta calidad, en particular para garantizar dicho servicio en las regiones menos pobladas, en las regiones rurales, que existen incluso en mi pequeño país, el Gran Ducado de Luxemburgo. 
Las oficinas de correos, los carteros, desempeñan en estas regiones, y también en algunos barrios de las grandes ciudades, como muy bien lo ha explicado mi colega Posselt, un papel, diría yo, casi sociocultural, que va más allá de la simple distribución de la correspondencia. 
Sé que este servicio es deficitario. 
Quizá sería menos costoso poner un telefax o incluso el correo electrónico a disposición de las viviendas aisladas o de las localidades pequeñas. 
En principio, soy partidario de la abolición de los monopolios del sector público, ya se trate de agua, gas, electricidad, teléfono, antenas, cables, etcétera. 
Sin embargo, la liberalización, que ha aportado mucho al consumidor en materia de precios y de calidad del servicio, sobre todo en el sector de la telefonía, debe detenerse ahí donde la oferta de servicio es insuficiente o desaparece, ahí donde las firmas que se benefician de la liberalización no ganan dinero. 
Si no se les puede obligar a garantizar lo que el monopolio del Estado ha garantizado, sobre todo por su obligación de servicio universal, entonces hay que salvar dicho servicio público. 
Creo que aún nos podemos permitir seguir manteniendo un servicio postal, incluso si ahora nuestras PTT funcionan como empresas. 
Evidentemente, deben realizar un esfuerzo para que no se las califique de snail mail, aun cuando no puedan alcanzar la velocidad del correo electrónico. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.10 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 18 de febrero de 2000 
Comunicación de la Presidenta 
Señorías, el 22 de febrero pasado, ETA actuó de nuevo brutalmente en España, asesinando a Fernando Buesa Blanco, Secretario General del Partido Socialista de Vizcaya y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento vasco, y a su escolta Jorge Díez Elorza. 
En ese momento envié, en nombre propio y en el del Parlamento Europeo, nuestra más sincera condolencia a las familias de las víctimas. 
Estos hombres pagaron con sus vidas su respeto por la democracia. 
Condeno enérgicamente este acto de barbarie, indigno de cualquier sociedad civilizada. 
El Estado de derecho y el respeto de los derechos y de las libertades fundamentales son los principios básicos en que se funda la Unión Europea. 
El terrorismo es inaceptable, cualquiera sea su forma. Deseo que estas personas sean las últimas víctimas de ETA, y hago un llamamiento a dicha organización para que termine definitivamente con el uso de la violencia, y utilice las vías democráticas que existen en España. 
Les pido, Señorías, que guarden un minuto de silencio en memoria de Fernando Buesa Blanco y de Jorge Díez Elorza. 
(El Parlamento, de pie, guarda un minuto de silencio) 
Señora Presidenta, ante todo quiero agradecer, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, la declaración que usted hizo el martes pasado y las palabras que acaba de pronunciar en recuerdo de Fernando Buesa Blanco, que era un diputado autonómico, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento vasco. Había sido vicelehendakari, vicepresidente del Gobierno vasco. 
Si me permite, señora Presidenta, creo que el mejor homenaje que pueden rendir mi Grupo y esta Asamblea a Fernando Buesa es recoger lo que él decía, como europeo, sobre su visión del País Vasco, de España y de Europa. Decía lo siguiente en su autobiografía: " Estamos en Europa. 
Cualquier persona de mi edad- 54 años- puede recordar a sus abuelos y la época que vivieron, la de nuestros padres, la de ahora, y pronosticar la que vivirán nuestros hijos. 
En la época de mis abuelos, costaba ir de Vitoria a Sevilla varios días. 
Hoy cuesta ir de Vitoria a Copenhague 2 ó 3 horas de avión. 
Hoy, a finales del siglo XX, en Europa funciona un mercado único, con una sola moneda dentro de poco. 
Y nos podemos desplazar con mucha más facilidad que la que tenían para desplazarse dentro de España, e incluso en el propio País Vasco, nuestros abuelos. 
Vamos a construir un gran espacio europeo, que primero se va a articular económicamente y luego se tiene que articular políticamente. 
Ese proceso tardará más, tardará menos, pero es imparable y, además, deseable. 
Todavía se percibe como lejano por los ciudadanos, pero es muy real, y debería servir para cuestionarnos algunas cosas de nuestra propia realidad. 
En un debate que hubo en el partido socialista sobre el proceso irlandés, alguien decía lo siguiente: ' Al final la clave en Irlanda ha consistido en que todos los agentes implicados se han hecho la siguiente reflexión: ¿Importa mucho ser irlandés o inglés? 
Que cada cual sea lo que quiera, porque si Irlanda e Inglaterra están en la Unión Europea no vale la pena matarse por si uno es irlandés o inglés. 
¡Qué más da, si ya no van a funcionar los esquemas nacionales! ' 
Aquí podríamos hacer la misma pregunta: ¿importa mucho eso de ser vasco, o español, europeo? 
Discutimos mucho qué es eso de ser vasco, pero un vasco de hoy viste como un danés y lee lo mismo que un inglés. 
Si la vida se va a desarrollar en un espacio mucho más global- se está desarrollando ya- y desde luego nuestros hijos vivirán en esa Europa, ¿por qué matarse por ello? " 
Y él decía- probablemente en Irlanda esta reflexión la ha interiorizado todo el mundo -: " Pero si nos estamos matando por nada- y allí se estaban matando porque había bandas paramilitares de todos los intervinientes -, también en Euskadi deberíamos hacernos esa pregunta en voz alta: ¿qué importa ser vasco, si da igual? 
Sea usted lo que quiera. 
Si vamos a funcionar en un ámbito europeo pasado mañana en la economía, en la política, en las decisiones vitales para cada país, no vale la pena matar por eso. 
Ni matar ni morir por eso ". 
Descanse en paz. 
(Fuertes aplausos) 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos, quisiera trasladar a las familias de Fernando Buesa, representante del pueblo vasco, y de Jorge Díez, miembro de la policía vasca, nuestro más hondo sentido de la solidaridad, que, naturalmente, extendemos a la familia del Partido Socialista de Euskadi. 
Señora Presidenta, tristemente, hemos tenido que hablar en los últimos tiempos de los extremismos en Europa en esta Asamblea. 
Sean del signo que sean porque, al final, todo son distintas expresiones de lo mismo. 
Y frente a todos ellos los demócratas no podemos resignarnos a la paz de los muertos; al contrario, nos debe dar fuerza saber que, en el País Vasco, la única fractura social que existe es el abismo que separa a los que matan, a los que les apoyan, a los que les expresan comprensión, de la inmensa mayoría del pueblo vasco, que aspira simplemente a vivir en paz y en libertad. 
(Fuertes aplausos) 
Señora Presidenta, Señorías, en nombre del Grupo Liberal expreso mi más categórica y decidida condena del atentado terrorista del pasado 22 de febrero, en Vitoria, que costó las vidas del diputado y portavoz socialista en el Parlamento vasco, don Fernando Buesa, y de su escolta, don Jorge Díez. 
Reiteramos que, en un Estado de Derecho, miembro de la Unión Europea, es posible defender todas las ideas y todas las opciones, siempre que se expresen democráticamente y se enmarquen en la defensa del respeto de los derechos de la persona y de los principios y valores de justicia, libertad y progreso económico y social en que se fundamenta la Unión, que además no permite, evidentemente, la transgresión de estos principios, como se expresa claramente en los Tratados. 
No hay ninguna justificación en nuestra sociedad para acciones terroristas como la que ha quitado la vida al portavoz socialista en el Parlamento vasco y a su escolta. 
Se trata además de un elegido por la voluntad popular de la sociedad vasca. 
Hagamos votos para que estas víctimas sean las últimas de un proceso- como usted ha dicho, lleno de barbarie- y que se encuentre la vía para asegurar la convivencia y la paz en el pueblo vasco. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, quiero sumar mi voz también a la de los compañeros que están expresando su dolor por el atentado, verdaderamente perverso y cruel, que ha ocurrido en el País Vasco, están trasladando el pésame a las familias y están condenando claramente unas actuaciones que vienen de muy lejos y que tienen que tener fin. 
Un día la organización terrorista ETA mató a unos policías; luego mató a unos militares; luego puso una bomba en un supermercado y mató a hombres, mujeres y niños; otro día, mató en las calles de Madrid a un capitán general, Quintana Lacaci, que había defendido la democracia el 23 de febrero; otro día, asesinó al portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordóñez; otro día, fue a la cátedra del profesor universitario de Derecho Constitucional Francisco Tomás y Valiente y le mató con absoluta frialdad, y hace pocos días, después de asesinar al teniente coronel Blanco, mataron de esta manera infame al diputado socialista don Fernando Buesa, que era portavoz en el Parlamento de Vitoria, y a su escolta, don Jorge Díez, de la policía autónoma vasca. 
Yo tengo que decir que hay que condenar a los que matan, a la organización terrorista ETA, pero también hay que condenar a los que apoyan y comprenden estos atentados. 
A estas personas y a estas organizaciones es inútil pedirles que entren por el camino de la democracia de un día para otro. 
Tenemos que apelar a todo el conjunto de la sociedad, sobre todo a los partidos democráticos, tengan una dimensión nacional o nacionalista, sean más o menos europeístas- esto es lo de menos-. 
Pero tenemos que también lamentar que hay organizaciones que callan, personas que callan, y otras que solamente lamentan los muertos como si fueran el resultado de un accidente de tráfico. 
Todo eso hay que decirlo aquí, en voz muy alta, para que se una la voz de todos los demócratas europeos y se oiga en el País Vasco que es hora no de partir, no de separar, no de matar. 
Es hora de compartir; compartir el País Vasco, compartir España, compartir Europa. 
Ése es el único camino, señora Presidenta. Por eso la apoyamos totalmente. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, quiero expresar mi dolor por las víctimas y mi rebelión contra el terrorismo y contra aquellos que lo protegen. 
Creo que nos encontramos ante una tragedia humana, cuando pienso en las familias y en los amigos y ante una tragedia política, cuando pienso en la familia política de pertenencia, así como ante una tragedia cultural porque es cada vez más fuerte la cultura de la muerte y de la violencia contra la cultura del respeto a los demás, a la democracia y a la vida democrática. 
Por ello, señora Presidenta, si nuestro dolor y nuestra rebelión quieren llegar a tener un significado concreto quizás debemos empezar a pensar también en alguna acción. 
¿Por qué el Parlamento Europeo no se reúne en todos los Estados de la Unión para una manifestación contra el terrorismo? 
Hagamos oír nuestra voz. 
No estamos relegados en Bruselas o en Estrasburgo. 
Volvamos todos juntos a nuestras respectivas naciones para gritar con fuerza que nuestro credo democrático y nuestra indignación no son sólo palabras, sino también una voluntad política concreta. 
Señora Presidenta, en mi doble condición de miembro del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y de eurodiputado del Partido Nacionalista Vasco, quiero expresar, en primer lugar, nuestra firme condena del cobarde atentado que costó la vida a dos personas: al ertzaina Jorge Díez Elorza y al diputado vasco y ex vicelehendakari Fernando Buesa. 
Segundo: expresamos nuestra condolencia, así como nuestra solidaridad y simpatía de todo corazón por el sufrimiento, a sus familiares, a sus compañeros socialistas, al Parlamento vasco y a la policía autónoma vasca. 
Tercero: denunciamos la gravedad de un atentado que no solamente ignora el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, sino que, además, menosprecia la voluntad popular al haberse dirigido a un representante electo de los ciudadanos. 
Cuarto: manifestamos nuestra repulsa porque este doble asesinato intenta destruir directamente el proceso de normalización política para conseguir la paz en el País Vasco. 
Quinto: hacemos un llamamiento para pedir de nuevo a los gobernantes y responsables políticos españoles y franceses la misma altura de miras que han tenido en el Reino Unido y en Irlanda para poder dar salida al actual conflicto político vasco con algo más que medidas policiales, las cuales, por sí solas, no lograrán la pacificación que todos deseamos. 
Sexto y último: proclamamos que el terrorismo y la violencia de ETA deben desaparecer y que ésta debe dejar de secuestrar la voluntad de los ciudadanos vascos, quienes, libremente y sin coacciones violentas, deben poder decidir sobre su futuro. 
Hace tan sólo tres meses, hice uso de la palabra en esta Asamblea, como muchos otros diputados, para felicitar a los irlandeses y británicos por su éxito al alcanzar el acuerdo de Irlanda del Norte. 
En Irlanda del Norte demasiadas personas han resultado muertas y heridas en los treinta últimos años... demasiadas familias destrozadas. 
Hasta ahora, y por desgracia, en España y Francia ha ocurrido precisamente lo contrario en relación con el conflicto existente en el País Vasco. 
Nosotros, Euskal Erritarrok, estamos convencidos de que sólo se puede encontrar una solución definitiva para la actual lucha mediante un proceso abierto de diálogo y negociación sin un orden del día limitado. 
Antes del pasado 20 de enero, durante diecinueve meses, la única muerte violenta que presenciamos en el Reino de España fue la de José Luis Geresta, miembro de ETA, en marzo de 1999. 
Pese a ello y a las detenciones hechas por las policías española y francesa, incluidas las de los negociadores de ETA con el acuerdo del Gobierno español, ETA respetó el cese del fuego unilateral. 
Después, el pasado mes de noviembre, antes de que acabara el cese del fuego, el portavoz del Gobierno español, Sr. Piqué, declaró que su Gobierno había hecho y haría en el futuro todo lo posible para dificultar las actuales iniciativas encaminadas a la consecución de una solución política en el País Vasco. 
Nosotros, Euskal Erritarrok, hemos lamentado en muchas ocasiones la pérdida de vidas humanas. 
Compartimos con todos los ciudadanos vascos los sufrimientos de nuestro pueblo. 
Estamos comprometidos con el diálogo y dispuestos a colaborar con todos cuantos estén deseosos de encontrar una solución democrática para el País Vasco. 
Veinte años han transcurrido desde que se planteó por primera vez en este Parlamento la cuestión de Irlanda del Norte. 
Le doy las gracias, señora Dührkop Dührkop, y le expreso toda mi simpatía y todo mi respeto 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Estamos a punto de examinar el asunto de la reforma de Comisión y, como recordará, señora Presidenta, al comienzo del último período parcial de sesiones le planteé la cuestión de si, en pro de la transparencia, se podía hacer que el registro de intereses de los diputados estuviera más disponible para el público publicándolo en la red Internet. 
Prometió usted al Parlamento que plantearía ese asunto a los Cuestores aquella misma noche. 
Me gustaría saber si está usted ahora en condiciones de confirmar al Parlamento si han acordado en principio los Cuestores que se debe publicar el registro en la red Internet y, en caso afirmativo, si les fijará usted, personalmente, un plazo- tal vez el 1º de abril- para hacerlo. 
Señoría, la Mesa ha expresado su acuerdo de principio de incluir en Internet el registro en el que los diputados deben declarar sus intereses financieros, pero los Cuestores reflexionan todavía sobre los problemas de naturaleza jurídica que ello implica. 
Muy pronto tendremos una decisión. 
(El Acta queda aprobada) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la reforma de la Comisión Europea. 
Concedo de inmediato la palabra al Sr. Presidente Romano Prodi. 
.- (IT) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en el pasado mes de julio, aquí ante ustedes, asumí solemnemente el compromiso de reformar la Comisión. 
Quiero recordar brevemente lo que sucedió en el pasado mes de julio: tras producirse la crisis de la anterior Comisión, yo acababa de ser designado y ustedes ratificaron por primera vez esa designación. 
Ese episodio tuvo como momento culminante el compromiso que asumí de reformar la Comisión: una reforma fuerte que debe producir una verdadera revolución en la manera de trabajar de la Comisión. 
Hoy, definitivamente, se ha mantenido este compromiso: la reforma está aquí ante ustedes en un orgánico Libro Blanco que la Comisión acaba de aprobar. 
Quiero subrayar que, también en este caso, la Comisión ha votado de manera unánime, con una sola voz. 
¿Cuáles son brevemente los ejes de esta reforma? 
Primero: definición de las prioridades políticas y su traducción en acciones concretas a través de una atenta utilización de los recursos. 
Éste es la médula del sistema y es con esto, es decir, con las prioridades y una atenta utilización de los recursos que se permite a la política afirmar su primacía y asumir sus responsabilidades hasta el fondo. 
A este fin, hemos creado un mecanismo totalmente nuevo en la programación política: un sistema que permite al Colegio establecer orientaciones políticas anuales, plantear el procedimiento presupuestario sobre la base de estos datos y asignar objetivos bien definidos a las Direcciones Generales, así como mantener bajo control la relación entre los recursos disponibles y las actividades asignadas, un problema que reviste una importancia fundamental. 
En esta perspectiva, el llamado activity based management es el instrumento clave para garantizar una correspondencia entre los objetivos, las acciones y los recursos. 
El segundo punto son los recursos humanos. 
Éste es el eje principal en que se basa nuestra acción: el personal es nuestra verdadera riqueza, es la riqueza de la Comisión. 
Se trata de un personal que reúne grandes cualidades, y una calidad que es difícil- quizás imposible- encontrar en cada una de las administraciones nacionales precisamente por las formas y los criterios de contratación del personal. 
Ésta fue la impresión que tuve al llegar a la Presidencia y que he confirmado a lo largo de mi trabajo cotidiano. 
Al mismo tiempo, sin embargo, he encontrado una moral muy baja en la administración: antes formar parte de una institución admirada por todos era un motivo de orgullo y de satisfacción; hoy abunda la desmoralización fruto de largos meses de críticas. 
Todo esto ha de cambiar y ésta es una de las razones fundamentales de nuestra reforma. 
Contratación, estructura de la carrera, movilidad, régimen disciplinario, todo se regula a través de criterios absolutamente nuevos: más espacio al mérito individual, sistemas de valoración creíbles y sobre todo verificables, formación continua y mayor responsabilidad de los directivos. 
Estos son los ámbitos en los que nos moveremos. 
Tercer punto, también muy delicado y clave en la crisis anterior: la gestión financiera. 
Éste es el vector que debe garantizar la eficacia y la seguridad. 
Vamos a crear en cada Dirección General un sistema de gestión y de control. 
Actualmente, tenemos un sistema de control totalmente centralizado; con la reforma pasamos a un sistema de control que combina la descentralización de los controles de gestión con un sistema eficaz de auditoría central: esto implica que tendremos un servicio financiero central que dirigirá y asesorará la gestión financiera, una descentralización en cada Dirección General de toda la cadena, o sea, de los programas, de los compromisos, de los contratos, de los gastos y de los correspondientes sistemas de control previo, y un servicio de auditoría externa que controlará todas estas operaciones. 
Ésta es una revolución radical en la manera de trabajar de la Comisión, es una organización totalmente nueva que exige también una cultura absolutamente nueva. 
Somos conscientes de los problemas ligados a esta etapa de transición y es esta transición la que ha causado más preocupación en nuestro personal. Por esto, adoptaremos las medidas de seguridad y de protección necesarias. 
De hecho, con la reforma la Comisión quiere convertirse en una administración que sea un modelo digno de respeto en toda Europa y en todo el mundo. 
Queremos ser un modelo también por el empleo avanzado de las tecnologías de la información. 
Queremos ser un modelo de administración totalmente informatizada. 
La Comisión ha sido acusada de estar sepultada por los papeles y, por ello, nosotros seremos una paperless Commission, es decir, una Comisión que no emplea soportes de papel. 
Y esto para que su funcionamiento interno sea más eficaz y para multiplicar el empleo de las nuevas tecnologías en el exterior. 
Ésta no es una revolución meramente técnica, sino una revolución organizativa radical. 
Dejaré al Comisario Neil Kinnock la tarea de ilustrarles los detalles de esta reforma, no sin antes agradecerle la inteligencia, el entusiasmo y la energía con que ha realizado esta labor. 
Junto con él les doy las gracias a todos aquellos que han colaborado en el proyecto y a todo el personal que trabaja en la Comisión que ha participado en el debate más amplio de toda la historia de esta Institución. 
Quiero hacer hincapié en que este método del debate es extraordinariamente nuevo y, en mi opinión, ha obligado a llevar a cabo cambios radicales también en nuestra manera de pensar. 
El Libro Blanco que tenemos ante nosotros es fruto también de su contribución: han comprendido que sólo una Comisión profundamente reformada puede volver a ser esa Institución admirada internacionalmente que estaba en la base de la historia de Europa. 
Con la adopción del Libro Blanco se cierra definitivamente- espero y confío en ello- un capítulo del pasado. 
Ahora hay que mirar al futuro, a los retos que esperan a la Unión y a lo que ya hemos señalado en las pasadas semanas, aquí en el Pleno, para el programa 2000-2005. 
La reforma tiene su profunda razón de ser política en estos objetivos del plan quinquenal. 
Nosotros necesitamos- toda la Unión necesita- una Comisión fuerte, una Comisión que recupere la capacidad de actuar como sujeto político, reconocible como tal en todas sus acciones. 
Por esto, estamos replanteando todas las prioridades en que hay que concentrar nuestro trabajo. 
Por esto- y es otro capítulo importante- nos estamos liberando de actividades cuya gestión ya no es oportuno que nos corresponda, si queremos ser coherentes con un principio de descentralización y de subsidiariedad. 
Por esto reformamos la maquinaria administrativa con objeto de crear las condiciones para cumplir con eficacia nuestros cometidos. 
Utilizaremos lo mejor posible nuestros recursos que ya desde ahora son muy escasos y que estamos utilizando hasta el final. 
Sin embargo, si fuese necesario, no excluyo volver aquí, ante ustedes, para solicitar recursos adicionales para las nuevas tareas que se nos confían y que nos serán confiadas. 
En septiembre nos comprometimos a llevar a cabo una reforma con la presentación del Libro Blanco y hoy cumplimos el compromiso adquirido, en los términos que hemos asumido ante ustedes. 
La Comisión quiere ser juzgada por los hechos, sólo por lo hechos, sobre la base de lo que vamos a realizar. 
Sin embargo, les recuerdo- es mi última reflexión- que la Comisión no es la única Institución comunitaria. 
El Parlamento y el Consejo están también llamados a aceptar plenamente el reto de estas reformas. 
La Comisión ha abierto el camino resueltamente: espero que todas las Instituciones lo recorran hasta el final, al servicio de los ciudadanos europeos, por una Europa cada vez más fuerte y cada vez más transparente. 
Me alegro de estar aquí con el Presidente Prodi y mi colega Michele Schreyer para presentar el Libro Blanco "Reforma de la Comisión" aprobado por la Comisión esta mañana. 
Como verán Sus Señorías en el documento, que estará a su disposición hoy, la consulta sin precedentes al personal de la Comisión, a este Parlamento y al Consejo, que se ha hecho desde la aprobación del documento sobre la consulta en enero ha sido muy productiva y, a consecuencia de ella, se han logrado mejoras útiles. 
Junto con Romano Prodi, expreso mi gratitud a esta Asamblea y al gran número de personas que han dedicado tiempo y esfuerzos a darnos sus constructivas respuestas. 
El Libro Blanco sitúa la reforma en su marco político adecuado. 
En la Comisión se han creado sistemas y estructuras durante cuarenta años en los que ha habido ampliaciones logradas. 
Se han revisado los Tratados, este Parlamento y el Consejo han atribuido a la Comisión nuevas tareas de gestión y en nuestra Unión, en nuestro continente y en el mundo ha habido muchos otros cambios de gran importancia. 
Esas realidades, junto con el planteamiento de nuevas ampliaciones, aconsejan encarecidamente la modernización de la Comisión para que esa institución esencial pueda desempeñar sus tareas primordiales de concepción y formulación de políticas, de aplicación de los Tratados y de gestión de los recursos públicos y hacerlo con la máxima eficacia, responsabilidad y rendición democrática de cuentas. 
Naturalmente, la independencia y fortaleza permanentes de la Comisión son fundamentales para esa misión, como ha reconocido reiteradamente esta Asamblea. 
La reforma y la renovación son también esenciales para ese fin. 
La Comisión no es ni será una secretaría de ninguna clase y eso resulta claro para todas las instituciones... eso es algo que se entiende perfectamente en todas partes. 
Pero la Comisión existe para estar al servicio de la Unión y sus pueblos con altos niveles de rendimiento. 
Eso es lo que los ciudadanos tienen derecho a esperar y lo que las personas que trabajan para la Comisión quieren ofrecer y ofrecerán. 
Como ha de saber, naturalmente, la Asamblea, la Comisión no puede alcanzar esos objetivos por sí sola. 
Todas las instituciones de la Unión Europea tendrán que afrontar las cuestiones planteadas por la reforma y hacerlo con honradez y responsabilidad. 
Sé que mis colegas y yo podemos contar con el apoyo de muchos diputados a esta Asamblea de todas las tendencias. 
Esta Asamblea afrontará uno de los imperativos más importantes que pueden resultar de las medidas esenciales adoptadas para que los recursos de la Comisión estén a la altura de sus tareas. 
El mes pasado, como acaba de decir Romano Prodi, iniciamos una completa evaluación de las actividades y los recursos de toda la Comisión y en septiembre informaremos detalladamente al respecto. 
Nuestro objetivo es centrar la labor de la Comisión en prioridades esenciales en materia de formulación de políticas y en actividades básicas, en consonancia con nuestros objetivos estratégicos en materia de formulación de políticas para los cinco próximos años. 
Inevitablemente, eso entrañará la determinación de actividades que se podría y se debería reducir o concluir. 
Entraña un examen muy estricto de cómo se puede equilibrar de la forma más eficaz en pro de la Unión la utilización de los recursos externos e internos. 
Entraña la asignación de personal a sectores de gran importancia en materia de formulación de políticas en los departamentos y en toda la Comisión. 
Y, cuando se haya cumplido esa asignación, podremos determinar si los recursos de que disponemos están a la altura de las tareas que se nos han encomendado. 
Si se demuestra que no lo están, plantearemos la cuestión del aumento de los recursos a la Autoridad Presupuestaria. 
Si no recibe una respuesta positiva, habrá que abordar la difícil cuestión de decidir aquellas de nuestras actividades menos prioritarias que se deben suspender. 
No deberá hacerlo sólo la Comisión, sino también este Parlamento y el Consejo. 
No formulo esta observación porque la Comisión Prodi abrigue el menor deseo de renunciar a actividades o cometidos. 
Al contrario, como muchos diputados a esta Asamblea comprenden, expongo estas consideraciones, porque queremos cumplir con nuestros cometidos de la forma más eficaz y responsable. 
Eso significa colmar cualquier desfase importante entre las obligaciones y los recursos operativos reduciendo las actividades o aumentando los medios o mediante una combinación de ambas cosas. 
En cada uno de los tres pilares de la reforma, el apoyo y la cooperación activos de esta Asamblea serán absolutamente decisivos. 
El nuevo sistema de gestión basado en las actividades, que el Presidente acaba de mencionar, vinculará por primera vez las prioridades políticas con la disponibilidad de recursos y, en consecuencia, con el presupuesto. 
Así, pues, el papel de la Autoridad Presupuestaria en el funcionamiento de la gestión basada en las actividades será decisivo. 
Es evidente que los intentos de gestionar en pequeña escala las actividades de la Comisión no redundarían en provecho de nadie. 
Así, pues, un acuerdo interinstitucional sólido y práctico será un requisito previo para el funcionamiento eficiente de la gestión basada en las actividades. 
En la política de recursos humanos, la participación del Parlamento tendrá que ser inevitablemente la de un empleador de funcionarios y la de una institución democrática ante la que la Comisión deberá rendir cuentas. 
Ése será también un imperativo muy arduo. 
Y, por ultimo, en el decisivo sector de la gestión financiera, en el que el Tribunal de Cuentas, el Comité de Expertos Independientes y otros análisis externos e internos han aconsejado encarecidamente cambios reales, el apoyo de esta Asamblea para la aplicación de las recomendaciones para que el dinero rinda el máximo posible sin merma de seguridad revestirá importancia primordial. 
En el limitado tiempo de que dispongo para esta declaración, resulta imposible, evidentemente, exponer con mayor detalle nuestras propuestas. 
No me cabe duda de que lo haremos en varias ocasiones en los próximos meses y años y, desde luego, espero con interés las preguntas que formularán Sus Señorías esta tarde. 
Naturalmente, está claro que la labor en verdad difícil comienza ahora, con la aplicación de nuestras propuestas. 
Estoy deseoso de colaborar con este Parlamento, con el Consejo y con el personal de las instituciones para velar por que se ponga en práctica la estrategia para la reforma en pro de la Unión y de todos sus pueblos. 
Doy las gracias al Sr. Comisario Kinnock. 
Procedemos a continuación al ejercicio de preguntas y respuestas. 
Señora Presidenta, entre las propuestas de la Comisión se encuentra la renuncia a las inmunidades de los funcionarios. 
Recientemente, se ha suspendido la inmunidad a un antiguo miembro de la Comisión, y en este momento está pendiente de un procedimiento ante un juez de Bruselas, sobre la base de que Bruselas es sede de instituciones comunitarias. 
Pero hay otras sedes de las instituciones comunitarias y, además, la actuación de la Comunidad se extiende sobre el conjunto del territorio comunitario, con lo cual hay miles de jurisdicciones que podrían pretender juzgar a funcionarios, Comisarios, etc. 
¿Es consciente la Comisión de que, para suspender la inmunidad, sería necesario adoptar un nuevo instrumento jurídico que regulara el procedimiento para exigir responsabilidades a los funcionarios de la Comisión, incluidos los antiguos Comisarios o Comisarios en ejercicio? 
Existe una preocupación jurídica real. 
En el caso concreto en que está pensando Su Señoría, no sólo adoptó la Comisión fácil y rápidamente la decisión de suspender la inmunidad de una antigua Comisaria, sino que la propia antigua Comisaria informó a la Comisión de su deseo de que se suspendiera su inmunidad. 
Entiendo las complejidades que preocupan a Su Señoría, pero he de decirle que en los cinco últimos años ha habido diez casos en los que las autoridades nacionales han solicitado la suspensión de la inmunidad de 26 funcionarios y se han satisfecho todas y cada una de dichas solicitudes y con prontitud. 
Así, pues, creo que la Asamblea puede confiar en que no sólo se salvaguardarán los derechos civiles de las personas que puedan verse acusadas u obligadas a presentar testimonio, sino también los intereses de los órganos jurídicos adecuadamente constituidos de todos los Estados miembros a la hora de solicitar información o el derecho a entrevistar o investigar a cualquier persona relacionada con la Comisión. 
Como ponente del Parlamento sobre los elementos relativos al personal de su informe, señor Kinnock, acojo con el mayor beneplácito que estemos iniciando ahora un proceso y, si se me permite decirlo a todos los diputados presentes, tenemos una importante tarea que llevar a cabo, que será absolutamente fundamental para el futuro de la Comisión y su eficacia. 
Y, antes de pasar a formular mis preguntas, quisiera hacer la observación de que lo que sucede con el Estatuto de los funcionarios en la Comisión desempeña un papel fundamental en relación con nuestro cometido también como empleadores de personal, porque el personal del Parlamento Europeo trabaja, naturalmente, en las mismas condiciones. 
Eso formará parte de la labor que tendremos que llevar a cabo y estoy seguro de que hoy todos Sus Señorías querrán participar en ese proceso. 
Ahora bien, quisiera recoger, si se me permite, dos observaciones del Sr. Kinnock. 
La primera se refiere a la escala temporal de esas importantes reformas. 
El Sr. Prodi ha dicho en su importante declaración introductoria que había descubierto varios problemas de moral baja y poca motivación en la Comisión y no cabe duda de que se trata de un problema grave. 
Tanto dentro de la Comisión como fuera de ella se han concebido muchas esperanzas en relación con dichas reformas. 
Y, para que avancemos, he de decirle que las reformas en el ámbito del personal- rápida evidencia de cambio de hábitos, participación activa y motivación del personal- tiene que darse lo antes posible. 
Y, si examinamos las propuestas originales- y sospecho que veremos lo mismo en las nuevas- hasta 2002 no íbamos a concluir la reforma global del Estatuto de los funcionarios. 
De hecho, hasta 2001 no se iban a introducir algunos de los elementos decisivos de evaluación. 
He de decir que se trata de un plazo demasiado largo y la verdad es que debemos avanzar mucho más rápidamente. 
La segunda observación que quiero formular se refiere a la tecnología de la información. 
¿Ha tenido en cuenta de verdad la Comisión los cambios en la estructura del personal que provocará la nueva tecnología de la información? Porque van a ser fundamentales para la nueva orientación de esas reformas. 
Sobre la segunda parte de la pregunta del Sr. Harbour, he de decir que a lo largo de este año verá que mostraremos con mayor precisión que la aplicación más amplia de la tecnología de la información facilitará el cambio no sólo en cuanto a los métodos y condiciones del personal, sino también en el funcionamiento de la Comisión, como ha expuesto brevemente el Presidente en su declaración. 
Permítaseme agradecer al Sr. Harbour el enérgico compromiso que ha demostrado con la cuestión sobre la que es ponente y responderle que la moral, la motivación y el compromiso profesional de los funcionarios de la Comisión, que ya es muy sólido, aumentará- lo creemos firmemente- con la introducción de la formación integral, la asignación de cometidos, el perfeccionamiento de la gestión y otros diversos cambios que introduciremos. 
Los hábitos son producto de unas estructuras y unos sistemas que han quedado anticuados. 
Renovándolos, en algunos casos radicalmente, ayudaremos a los funcionarios de la Comisión, que están firmemente comprometidos con el ideal europeo y tienen gran capacidad para dar a conocer talentos y manifestarse como nunca. 
Quisiera formular una última observación para responder al Sr. Harbour. 
Comparto su impaciencia por lograr la aplicación plena de los mecanismos de reforma y cambiar los métodos. 
Ojalá pudiera sinceramente decirle que compilaremos y ofreceremos en forma de propuestas comunicaciones antes de 2001 y que, desde luego, las pondremos en práctica antes de 2002, pero ha de saber que hay procedimientos de consulta y períodos impuestos por la legislación que debemos respetar. 
No los utilizo como excusa. 
La verdad es que nos ha alentado mucho la respuesta tan positiva y constructiva a la consulta celebrada el mes pasado, por lo que creo que, aunque haya un ligero retraso en la compilación y aplicación de reformas, éstas resultarán fortalecidas por la amplitud de la comprensión y del compromiso que propiciará la consulta que emprenderemos diligentemente. 
Me gustaría que todo sucediera mucho más rápidamente. Mejor es hacerlo de forma absolutamente idónea. 
Señora Presidenta, admiramos la visión y el realismo del Sr. Kinnock. 
A la vez que nos muestra su ideas acerca de una administración que funcione bien, nos expone los problemas que acarrearán éstas y que ya se pueden predecir. 
El Sr. Prodi señaló que pretendía renunciar a algunas actividades. 
Las prioridades políticas deben ocupar el primer lugar. 
Creo que resulta más importante definir primero qué se quiere hacer, antes de renunciar a esas actividades, ya que, en caso contrario, me figuro, que un montón de gente estará en contra. 
Además, la ampliación es uno de los grandes desafíos, me refiero a la ampliación de la Unión. 
Así mismo, quisiera señalar que el mantenimiento de la paz requerirá un esfuerzo mucho mayor para implicar a más gente. 
El enfoque más bien burocrático que actualmente conocemos de, por ejemplo, nuestra cooperación al desarrollo debe transformarse totalmente en una cooperación para la paz ¿Puede decir el Sr. Kinnock qué espera del Consejo, qué espera del Parlamento respecto del timing de tales prioridades? 
Agradezco a la Sra. Maes no sólo las observaciones que ha formulado ahora, sino también el permanente compromiso que ha demostrado con el cambio desde que llegó a esta Asamblea. 
Puedo asegurarle que nuestra actitud no está guiada por deseo alguno de subcontratar. 
Estamos centrándonos en las tareas básicas y en las prioridades no para eludir obligaciones, sino para garantizar absolutamente que podemos cumplir totalmente las obligaciones fundamentales que tenemos. 
Una de dichas obligaciones es claramente- y convengo con la Sra. Maes al respecto- la preparación de una ampliación eficaz, suave, tranquila y que redunde en provecho mutuo de los ciudadanos de los países que ingresen y de los ciudadanos de la Unión actual. 
Una de las razones por las que debemos procurar centrarnos muy firme y claramente en nuestras prioridades es la de garantizar que podremos desempeñar ese papel absolutamente decisivo de agentes de la ampliación con el máximo efecto. 
Permítame decirle que los mecanismos que vamos a introducir de planificación y programación estratégicas facilitados por la gestión basada en las actividades puede parecer inmensamente árido y completamente carente del menor idealismo. 
Como desde niño me enseñaron que la victoria de los ideales debe estar organizada, puedo hacerle un llamamiento para que entienda y apoye nuestra visión mecanicista al respecto, porque es redundar en provecho de las grandes metas fundamentales de la Unión y su ampliación. 
Espero que, desde el punto de vista del grado de cooperación de que podemos disfrutar en todos los aspectos de esta política con el Consejo y el Parlamento, no sólo logremos una rápida aplicación de la formulación de políticas de la forma más eficaz, sino también que podamos hacerlo con coordinación y en el momento oportuno, lo que rendirá el máximo beneficio a la Unión. 
Estoy convencido de que la reforma, con todo lo que entraña, incluidos los nuevos mecanismos, facilitará en muy gran medida los cambios de esa clase. 
Quisiera aprovechar la oportunidad en primer lugar para felicitar a la Comisión por haber presentado unánimemente este oportuno y sustancial Libro Blanco junto con el plan de acción y creo que, cuando el Presidente de la Comisión ha dicho que su Vicepresidente había actuado con inteligencia, entusiasmo y energía, ha hecho una descripción en verdad justa y válida en relación con este procedimiento. 
Permítaseme formular dos preguntas. 
Si no he entendido mal, se prevé la presentación en septiembre de un informe sobre las actividades básicas. 
¿Empezará ya eso a tener repercusiones posiblemente en alguna forma de modificación del ejercicio presupuestario que el Parlamento tendrá que concluir en el último trimestre de este año respecto del presupuesto para 2001? 
¿Y puede decir si la Comisión tiene previsto ese procedimiento? 
En segundo lugar, sobre la cuestión de las auditorías y los procedimientos ex ante y ex post, ¿estoy en lo cierto al pensar- y aún no he tenido oportunidad de examinar detenidamente ese documento- que la decisión unánime de la Comisión es, en realidad, la de habilitar las Direcciones Generales para liberarlas del sistema ex ante visae, pero poner en su lugar un sólido sistema de auditoría ex post independiente y centralizado? 
Si es así, puedo decir al menos que, después de un prolongado y a veces interesante debate en mi Grupo, creo que, puesto que hemos exigido en esta Asamblea que tengamos atribuciones en cada uno de los niveles de la Comisión, el corolario necesario es que demos libertad a los funcionarios para gestionar. 
Que los gestores gestionen. 
Quiero agradecer al Sr. Cox y, de hecho, a su Grupo el sólido compromiso e interés de varios diputados por los detalles de la reforma, cosa que a veces puede ser bastante ardua, pero siempre, como ha dicho, vale la pena. 
Por lo que se refiere a la comunicación de septiembre, carece de precedentes. 
No será simplemente uno de los exámenes que la Comisión ha emprendido periódicamente, sino que será un análisis muy completo y profundo dentro de las Direcciones Generales y en toda la Comisión, para lo cual hemos creado un mecanismo destinado a analizar las solicitudes que se nos formulen y los medios que tenemos para satisfacerlas. 
Así, pues, es concebible- aunque en este momento no puedo decirlo con absoluta certeza- que en esta fase del procedimiento presupuestario y en el ciclo en que el Parlamento se encuentra podría ser- subrayo con mucha insistencia el condicional- que hubiéramos de acudir al Parlamento con algunas conclusiones y examinar la posibilidad de una revisión. 
Ésa es una previsión razonable que podemos hacer, no es una ambición que abriguemos, pero es una posibilidad que podríamos vernos obligados a acariciar. 
Permítaseme agradecer al Sr. Cox que haya subrayado la virtud de seguir absolutamente la recomendación del Comité de Expertos Independientes e introducir un sistema que acabará definitivamente con la revisión del reglamento financiero y del control ex ante centralizado. 
Quisiera subrayar también que no tenemos sólo la intención de liberar al personal de la Comisión- ése es un objetivo, desde luego -, sino también la de "responsabilizar": se trata de una palabra atroz, pero todos sabemos lo que significa. 
Al emprender semejante innovación en nuestra organización, estoy seguro de que podremos estar a la altura- o incluso superarla- del éxito y del aumento de la motivación en el empleo resultante de innovaciones similares en varias administraciones del sector público y del sector privado en el último decenio, aproximadamente. 
Creo que el fin del sistema centralizado no tendrá, desde luego, como consecuencia relajación alguna del control financiero eficaz, sino que aumentará su eficacia y su relación con las tareas operativas. 
El control financiero estará absolutamente garantizado por la forma como introduciremos los cambios y porque introduciremos un servicio de auditoría interna independiente y completamente profesional. 
Como he dicho antes, nuestra ambición es la de que el dinero rinda al máximo sin merma alguna de la seguridad. 
También nos interesa el valor para las personas que trabajan con nosotros. 
Los cambios en la gestión y el control financieros aumentarán en gran medida la posibilidad de hacer todo eso. 
Señora Presidenta, agradezco al Sr. Presidente Prodi su clara exposición de los objetivos de la reforma. 
En los debates que hemos mantenido en las pasadas semanas, en particular con el Sr. Comisario Kinnock, hemos puesto de manifiesto ­y en este punto enlazo con lo manifestado por el Sr. Cox­ que no podemos apoyar la supresión total de un control financiero independiente. 
Descentralización sí, pero necesitamos un control financiero independiente, es decir, un departamento en cada Dirección General que esté directamente subordinado al Interventor General. 
No podemos reunir de este modo poder de instrucción y control. 
Hemos dejado claro este punto repetidas veces, y una vez más en el informe del Sr. Van Hulten, de 19 de enero, y en concreto, en los puntos 10 y 11. 
No ha caído aún en mis manos el Libro Blanco y, Sr. Kinnock, le pregunto: ¿veremos recogido en él nuestro punto de vista? 
Tengo una pregunta relativa al control ex ante, que, en la medida de lo posible, debe ser ejercido, y a demás de forma independiente. 
De las palabras del Sr. Prodi he colegido, o creo haber colegido, que en principio no se dará este control ex ante, pero que no se suprimirá por completo y que queda garantizada la independencia del control financiero. 
Lo leeré con gran interés y atención, pero quizá pueda decirme ya cómo han quedado recogidas estas cuestiones. 
El tema de los períodos de transición nos produce preocupación. 
Aquí se ha dejado caer el concepto de soft law ­pero no existe una cosa así. 
No hay una ley blanda o dura. 
Hay una ley, y en el contexto de esa reforma no puede establecerse período transitorio alguno que pueda dar lugar a problemas de inseguridad jurídica. 
También agradezco- a riesgo de resultar repetitivo- a la Sra. Theato la constante atención que ha prestado a estos asuntos y que haya hecho en verdad- si me permite que lo exprese así- de partera de muchos de los cambios cuya posible aplicación estamos examinando. 
Espero que llegue a sentirse orgullosa del retoño que en parte al menos ha engendrado. 
En primer lugar, no estoy seguro de que lo que he oído de labios del intérprete sea correcto, pues no me parece posible que una persona tan experta como la Sra. Theato hable de la abolición del control financiero independiente. 
Evidentemente, el reglamento financiero concede cierto grado de independencia al actual interventor. 
Sin embargo, dada la mezcla de papeles de gestión y control financieros y auditoría en el mandato actual, resulta muy difícil considerarlo un papel inflexible, por grande que sea la integridad de la persona que lo ocupe. 
De modo que los cambios que pretendemos hacer- en consonancia, como digo, con las firmes y claras recomendaciones del Comité de Expertos Independientes- no son negativos en modo alguno. 
Coherencia, consistencia y normas de validez universal en un sistema descentralizado de control financiero están garantizados por una serie de medidas. 
Una es la de lograr una formación de la mayor calidad, otra es la de velar por que ninguna Dirección General pueda asumir atribuciones en materia de control financiero a no ser- y hasta- que el servicio de auditoría esté absolutamente seguro de la solidez del sistema, otra es la creación de un servicio financiero central, como verán Sus Señorías en el Libro Blanco, para velar por el establecimiento y la supervisión de dichas normas y también existe, para mayor seguridad, el planteamiento precautorio de disponer de un servicio de auditoría interna eficaz e independiente. 
No voy a entrar en todos los detalles en una respuesta a una pregunta parlamentaria de este tipo, pero estoy seguro de que, tras examinarlo, la Sra. Theato podrá verlo en los detalles del Libro Blanco, hay garantías muy sólidas. 
También habrá testimonios de que hemos tenido en cuenta las protestas expresadas en esta Asamblea, en particular en la Comisión de Control Presupuestario, lo que reviste importancia en relación con la utilización de visados ex ante en las Direcciones Generales. 
Si en una Dirección General se considera que ésa es una forma pertinente y eficaz de aumentar el control financiero, se puede utilizar el sistema ex ante. 
Naturalmente, existen requisitos distintos en toda la Comisión según el número y la naturaleza de las transacciones financieras que deban llevar a cabo las Direcciones Generales. 
En el Libro Blanco se tiene también en cuenta eso, pero en los casos en que exista el deseo y la necesidad demostrada de utilizar ese sistema, se podrá hacerlo sin lugar a dudas. 
Por último, respecto de la transición, comparto las reservas de la Sra. Theato sobre las llamadas "normas flexibles". 
Eso es algo que ya hemos debatido y Su Señoría sabe que hago una distinción entre las diversas formas de códigos que pueden tener un efecto positivo y en su momento se las puede convertir en- podríamos decir, supongo- "normas imperativas". 
Pero a ese respecto no veo posibilidad alguna de normas flexibles, razón por la cual en el período de transición habrá un cumplimiento total del reglamento financiero actual hasta que se modifique la legislación mediante un proceso debidamente democrático en esta Asamblea y en el Consejo. 
En el Libro Blanco figuran garantías absolutas y disposiciones al respecto. 
Ahora bien, además- y se trata de algo muy importante, porque es un período de transición -, habrá formación, asesoramiento, apoyo, garantías: el nuevo jefe de la unidad de auditoría ocupará su puesto el 1 de mayo y con eso y con un cúmulo de otras garantías creo que podemos estar seguros, en la medida de lo humanamente posible, de que habrá un sistema totalmente seguro incluso durante el período de transición. 
Debo formular otras dos observaciones, porque se trata de una cuestión esencial para la reforma. 
La primera es la de que hay quienes tienen la sensación- por razones que entiendo perfectamente- de que en esa transición existe un peligro de irresponsabilidad o de inercia. 
Irresponsabilidad, porque existe la sensación en algunos medios de que no habrá control y disciplina suficientes. 
Lo rechazo por completo y para ello me baso, sencillamente, en los criterios de los funcionarios de la Comisión, la responsabilidad de los Directores Generales y las garantías que hemos introducido en el sistema. 
La inercia sería consecuencia exclusivamente de la ansiedad y estamos haciendo todo lo que podemos en cuanto a apoyo y formación para reducir la posibilidad de que se dé. 
Por último, el sistema que tenemos actualmente- como afirmó con mucha firmeza el Comité de Expertos Independientes- resulta ya insostenible. 
De hecho, el Tribunal de Cuentas lo ha considerado una ficción. 
En cualquier caso, tendrá que haber un cambio, que entrañaría un período de transición, porque no existe la posibilidad de inventar sistema alguno que pudiera permitirnos pasar de un sistema a otro de un viernes al lunes siguiente. 
En la medida en que es posible con toda la información de que disponemos y toda la capacidad de concepción que tenemos, estoy seguro de que hemos instalado- o instalaremos- a partir de nuestras propuestas un sistema que brindará a la Unión, a sus contribuyentes y a esta Asamblea una seguridad completa. 
Señora Presidenta, el proceso de reforma se ha valorado ciertamente de forma muy positiva, lo cual ha de reconocerse, aunque quizá un poco benevolentemente. 
Mi pregunta: La reforma se hará necesaria, entre otras razones, por la adhesión de nuevos Estados y, con ello, por la ampliación de la Unión. 
¿Cómo podemos nosotros ­Comisión, Parlamento y Parlamentos nacionales de los Estados que se adhieren­ afrontar de forma efectiva este desafío atendiendo a las ideas y planteamientos de los Estados que solicitan el ingreso? 
Las delegaciones están trabajando activamente ­yo lo hago en mi delegación para la República Checa­, pero debe ponerse de manifiesto que a menudo mantenemos unos con otros un actitud muy sabihonda. 
¿Qué puede aportar la reforma para que configuremos de forma más eficiente las relaciones y la colaboración, la acción común del Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales y la Comisión? 
Agradezco a Su Señoría que haya subrayado que, aparte de sus propios méritos inherentes, la reforma resultará necesaria por la adhesión, las ampliaciones, y, en particular, la clase de ampliaciones que nuestra Unión va a emprender en breve. 
Es esencial que logremos dicha reforma para bien de la Unión actual y, desde luego, para facilitar las adhesiones. 
Durante los próximos años seguiré con el método que he empezado a aplicar, junto con varios de mis colegas de la Comisión, naturalmente, de debates muy profundos con las administraciones de los próximos nuevos Estados miembros. 
Lo hacemos para intentar explicar de la forma más completa el sistema en el que ingresarán. 
También me gustaría el enriquecimiento de la labor de formación emprendida por los Estados miembros actuales y por la Unión en general para velar por que, a medida que lleguen nuevos funcionarios a la Comisión y los funcionarios y administradores de los Estados miembros tengan que abordar las realidades, las complejas realidades de la adhesión a la Unión y al Mercado Único, resulte difícil ver las costuras. 
Ése es el nivel de perfeccionamiento y prestaciones que desearía. 
Lo único que puedo hacer ahora es prometer que me esforzaré por conseguirlo. 
Permítaseme comenzar deseando al Comisario un feliz día de San David. 
Gracias por su exposición. 
Es importante que la Comisión nunca pierda de vista que, si el proceso de reforma no vuelve a conectar con el público europeo, será una absoluta e inútil pérdida de tiempo. 
Ése debe ser en verdad el centro de atención todo el tiempo. 
Tiene que brindarles un servicio y, desde luego, las recomendaciones sobre la reducción de los retrasos en los pagos será muy bien acogida- estoy segura -, pero la otra queja importante que recibimos de los ciudadanos a los que representamos se refiere al papeleo. Papeleo excesivo. 
¿Hay alguna referencia a la reducción del papeleo y la burocracia para los solicitantes de financiación europea sin por ello dejar de garantizar el control financiero? 
Ésa es la clara queja que recibimos y hay que atenderla. 
La otra pregunta que me gustaría formular se refiere al comité de auditoría. 
Desde luego, es digno de beneplácito, pero es esencial que figure en él una referencia a la supervisión de las recomendaciones procedentes del Parlamento Europeo en nuestro procedimiento de aprobación de la gestión. 
¿Lo incluirá en la labor de su comité de auditoría? 
Por último, el Grupo Socialista está de acuerdo con la presupuestación basada en las actividades y en la responsabilidad y, como dice el Sr. Prodi, será juzgado usted por sus acciones y no por sus palabras. 
Queda cerrado este punto. 
Doy las gracias al Sr. Presidente Prodi, así como al Sr. Comisario Kinnock. 
Declaración del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Tengo el gusto de dar una calurosa bienvenida al Sr. Javier Solana, a quien concedo de inmediato la palabra. 
-Señora Presidenta, como puede Su Señoría imaginar es para mí un gran placer volver a estar con Sus Señorías aquí en el Parlamento Europeo. 
Desde la última vez, Señoras, Señores diputados, que comparecí ante Sus Señorías para hablarles de los temas relacionados con política exterior y de seguridad en nuestro continente, muchas cosas han pasado. 
A veces pensaríamos que han pasado demasiadas. 
Me gustaría esta tarde compartir con ustedes algunas ideas, fundamentalmente sobre la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Es cierto, como he dicho, que el mundo se ha movido mucho en los últimos meses y un buen número de acontecimientos han tenido lugar, pero dejaré para el tiempo de preguntas y respuestas concretar, si Sus Señorías lo tienen a bien, alguna de las preguntas que me quieran formular. 
A lo largo de estos meses, desde la última vez que comparecí ante Sus Señorías, importantes acontecimientos han tenido lugar aquí, también en la Unión Europea. 
Permítanme que les recuerde dos. 
Uno muy querido para todos ustedes, miembros del Parlamento, y muy especialmente para la Presidencia: la inauguración de la Conferencia Intergubernamental y la apertura de las negociaciones con los futuros miembros de la Unión Europea. 
Sin duda, los acontecimientos de Kosovo y en general en los Balcanes han movilizado todos nuestros corazones y nuestra inteligencia; asuntos importantes en Oriente Medio, donde la Presidenta del Parlamento ha desempeñado un papel importante en su último viaje; algunos acontecimientos importantes para desbloquear la cumbre entre Europa y África, en los que tuve la satisfacción de participar en cooperación con la Presidencia portuguesa; la gran reunión que ha tenido lugar en Portugal, en Vilamoura, con los dieciocho países de Latinoamérica para intentar construir también una más profunda relación entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica. 
Sin duda, Chechenia ha estado también en el fondo de nuestros corazones y tendré ocasión de decir algunas palabras al final de mi intervención, tras una importante conversación que he tenido esta misma mañana con el representante del Consejo de Europa, D. Álvaro Gil-Robles, sobre la visita que acaba de realizar a la región. 
Pero entiendo que Sus Señorías me han pedido esta comparecencia para hablarles de forma más directa sobre la política exterior y sobre todo sobre la política de seguridad en Europa tras Helsinki. 
A eso me voy a referir brevemente; si tienen a bien Sus Señorías formular preguntas en la sesión de preguntas, con mucho gusto contestaré a las mismas. 
Permítanme recordar que en Helsinki, la cumbre bajo la Presidencia finlandesa tuvo lugar no hace un siglo, sino hace escasamente dos meses. 
En Helsinki se tomaron decisiones fundamentales para la política exterior y de seguridad en nuestro continente. 
Fueron básicamente tres tipos de decisiones y a ellas me voy a referir. 
La primera fue la decisión de constituir en el seno de la Unión Europea tres tipos de comités para la toma de decisiones en materia de gestión de crisis: primero, un comité de política y de seguridad; segundo, un comité militar, en representación de los Jefes de Estado Mayor de los quince países de la Unión; y en tercer lugar, decisiones sobre las relaciones que la Unión Europea debe tener con terceros países y otras organizaciones. 
Me refiero fundamentalmente a las relaciones entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica y a las relaciones entre la Unión Europea y aquellos países que, siendo europeos geográficamente, no forman parte de la Unión Europea o al menos no por el momento. 
Me limitaré fundamentalmente a estos tres puntos para poner a Sus Señorías al día de lo acontecido. 
En primer lugar, y con respecto a los órganos de toma de decisiones, en la misma mañana de hoy, 1 de marzo del año 2000, se ha reunido por vez primera el Comité de Política y de Seguridad (COPS) , instituido en el último Consejo de Asuntos Generales. 
Por lo tanto, dos meses después de la declaración y de la decisión que se tomó en Helsinki, tenemos en el seno de la Unión Europea por primera vez una reunión del COPS. 
He tenido la ocasión de estar con ellos esta mañana y de estar con los representantes a la hora de comer. 
Puedo transmitir a Sus Señorías que pueden estar contentos y satisfechos. 
Los quince países han nombrado expertos diplomáticos a nivel de embajador, para tomar bajo su responsabilidad uno de los temas más importantes a que vamos a tener que hacer frente en los próximos meses. 
En segundo lugar, el Comité Militar, que representa a los distintos Jefes de Estado Mayor de los quince países, tendrá su primera reunión el día 7 de marzo, es decir, dos meses y pocos días después de las declaraciones de Helsinki. 
Este Comité Militar, como pueden ustedes imaginar, tendrá varias obligaciones. 
En la etapa interina, provisional, tendrá como obligación fundamental asesorar al Consejo y asesorarme a mí mismo y tomar las primeras decisiones sobre cómo establecer los órganos definitivos que, sin duda, intentaremos poner en marcha al final del año 2000 o al principio del año que viene. 
En tercer lugar, el Estado Mayor Militar será la representación de altos militares de los quince países, que formarán conmigo la secretaría civil y militar, cuyo cometido será la preparación, con la ayuda del Comité Militar, de cualquier operación que en su día se haya de poner en marcha en el ámbito de la gestión de crisis en el seno de la Unión Europea. 
Esta gestión de crisis no será estrictamente una gestión militar, sino que estos militares, el Comité Militar, tendrán también bajo su responsabilidad asesorar sobre la logística para posibles operaciones de carácter humanitario, donde pueda necesitarse la implicación de fuerzas militares. 
En el día de hoy, Mozambique seguramente es un magnífico ejemplo de que a lo mejor hay que intervenir desde el punto de vista de la logística militar no para fines militares sino para fines estrictamente humanitarios. 
Estamos trabajando de manera intensa y seguramente, Señorías, Señora Presidenta, si hace unos meses, cuando tuve la satisfacción de estar aquí ante ustedes por primera vez, les hubiera dicho que el 1 de marzo del año 2000 podría anunciarles que hoy se ha reunido por primera vez el Comité Político, que dentro de una semana estará el Comité Militar en marcha y que mañana empezarán a llegar los primeros elementos del Estado Mayor Militar al edificio que tenemos en la Unión Europea, seguramente muchos de ustedes habrían pensado que el Alto Representante estaba empezando a convertirse en una persona loca. 
No estábamos locos, lo que hemos hecho es trabajar fuerte, con intensidad, con determinación y tener, sin ningún género de dudas, el apoyo y el sostén no solamente de Sus Señorías, sino de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países que Sus Señorías representan. 
Pocas iniciativas en el ámbito de la Unión Europea se habrán movido con tanta determinación, empuje y empeño como lo ha hecho la gestión de crisis desde Helsinki hasta aquí. 
En menos de dos meses hemos puesto en marcha una mecánica en cooperación con la Comisión. 
Quiero agradecer al Comisario Patten, que está aquí con nosotros, el apoyo, la tremenda energía que ha puesto él también en tratar de que todos estos temas puedan llegar a buen puerto en un tiempo relativamente corto. 
Señorías, permítanme que entre en el segundo tema que quería examinar con ustedes. 
Hemos visto ya los órganos que hemos puesto en marcha, pero tenemos una obligación fundamental para nuestra credibilidad: que Europa sea capaz de dotarse de las capacidades militares para actuar en tiempo de gestión de crisis. 
Quisiera reiterar que con estas capacidades militares la Unión Europea está tratando no de hacer la guerra, sino de hacer la paz, participar en gestiones de crisis para acudir allí donde exista guerra, o existan situaciones de conflicto, para tranquilizarlas, para relajarlas y para evitarlas, en esa dirección de Helsinki, que, como recordarán Sus Señorías, acordó de manera inteligente montar entre todos los Estados europeos una fuerza de 60.000 soldados capaces en un momento dado de desplegarse en 60 días- en dos meses- para evitar una crisis y ser capaces de permanecer en esa acción para evitar el conflicto durante el tiempo de un año. 
Es una operación de gran envergadura, un gran objetivo el que nos hemos planteado, pero les puedo decir que estamos en situación de poder hacer frente a este desafío que los Jefes de Estado y de Gobierno se plantearon en Helsinki. 
El lunes, hace exactamente dos días, en Sintra, una ciudad preciosa muy cerca de Lisboa, los Ministros de Defensa de los quince países aquí representados se reunieron y tomaron decisiones importantes para implementar esa Headline Goal definida en Helsinki. 
El calendario que se han propuesto es un calendario estricto, importante, que nos va a exigir a todos- al Parlamento también- gran determinación. 
Lo voy a definir en cinco puntos. 
Primero: antes del próximo Consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar en el mes de marzo, tendremos la capacidad de definir de manera precisa- ateniéndonos al punto de vista que los planificadores militares puedan entender adecuado- el significado profundo y específico de la Headline Goal. 
No es lo mismo decir que vamos a desplegar 60.000 soldados en una operación de mantenimiento de la paz que en una operación de hacer la paz, por lo tanto tenemos que haber contemplado todos los escenarios posibles, de manera que tengamos las capacidades para hacerlo y hacerlo bien. 
Antes del día 24 tendremos, por tanto, este calendario establecido para que el Consejo de Asuntos Generales de ese día lo pueda hacer, lo pueda hacer bien. 
Segundo: tenemos que ver cuáles son las capacidades que cada país tiene, de manera que esta fuerza global de 60.000 soldados pueda ser distribuida de manera ordenada y eficaz entre los quince países. 
Tercero: tenemos que ver cuáles son las diferencias que hay entre la Headline Goal y lo que cada país puede aportar. 
Es posible, Señorías, que no tengamos suficiente entre los quince países y que estos países tengan que hacer un esfuerzo complementario para hacer frente a las necesidades que nos hemos propuesto. 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
Lo queremos hacer mediante la convocatoria de una Conferencia entre los quince países para ver cuáles son las distancias que existen entre lo que queremos y lo que tenemos, y ver cómo se distribuye lo que nos hace falta entre los quince países que configuran la Unión Europea. 
El calendario, Señorías, Señora Presidenta, lo queremos hacer de tal manera que durante la Presidencia francesa en el mes de diciembre del año 2000 podamos terminar este proceso con una gran conferencia de generación de fuerzas de todos los países para que las necesidades y las capacidades sean equivalentes unas a otras y podamos, por tanto, decir sinceramente que tenemos ya el mapa de lo que tenemos que hacer de finales del año 2000 hasta el año 2003, fecha en la que hemos decidido tener las capacidades en marcha. 
Señorías, esto es lo que estamos haciendo, en esto estamos implicados. 
Creo que hemos trabajado bien en estos meses, en estas semanas y creo que podremos trabajar en lo que nos queda del año 2000 durante la Presidencia portuguesa- que por cierto está realizando un trabajo extraordinario, magnífico- y continuar durante la Presidencia francesa, que, sin ningún género de dudas, seguirá trabajando con la misma presteza y capacidad que ha demostrado en otras ocasiones. 
Les quisiera decir que entre medias va a haber al menos cuatro Consejos Europeos, el de Lisboa, el de Feria y dos Consejos Europeos durante la Presidencia francesa. 
En esos cuatro momentos, también los Jefes de Gobierno están dispuestos a seguir analizando estos temas, de manera que no perdamos el tren y que de aquí al año 2003 estemos en disposición de desplegar lo que hemos acordado, si fuera necesario. 
Por lo tanto, Señorías, Señora Presidenta, creo que en este tema estamos trabajando con determinación, con energía y con el gran apoyo de todos los Gobiernos y de todos los Jefes de Gobierno. 
Señorías, dos cosas más me gustaría decir en este trámite. 
La Unión Europea tiene la obligación de hacer toda esta operación en contacto con los terceros países a los que he hecho referencia, países que, siendo geográficamente miembros de Europa, aún no lo son de la Unión Europea. 
Son países con los que tenemos que trabajar, a los que tenemos también que incorporar, porque si se diera la ocasión, Dios no lo quiera, de tener una crisis, todas las fuerzas y todos los países serán más que bienvenidos. 
En segundo lugar, tenemos que ser capaces de establecer una relación fluida y transparente con la Alianza Atlántica. 
Las operaciones que en el futuro vamos a tener que llevar a cabo serán de tres tipos. 
Del primer tipo será la operación en la que se impliquen las fuerzas europeas en el marco de la Alianza Atlántica. 
Del segundo, una operación en la que se impliquen fuerzas europeas y sea dirigida por ellas, pero utilizando medios e infraestructura de la Alianza Atlántica. 
En tercer lugar, habrá operaciones en las que los europeos actuemos solos. 
En las primeras y en las segundas necesitaremos la cooperación con la Alianza Atlántica y por lo tanto, establecer un marco de relación transparente, positivo y de confianza entre nosotros y la Alianza Atlántica, como corresponde, lo que será bueno para la Alianza Atlántica y para nosotros. 
Señora Presidenta, Señorías les he hablado de las capacidades que estamos dispuestos a poner en marcha, del calendario que queremos aplicar y de lo que se ha hecho en estos últimos meses. 
Quisiera decirles también que no olvidamos que desde el ámbito de lo civil también tendremos que hacer frente a las operaciones de crisis. 
Crisis humanitarias, crisis de policía, como tienen lugar en este momento desgraciadamente en Kosovo, en los Balcanes: a todo eso también estamos dando o intentando dar solución en la medida de nuestras capacidades. 
Conjuntamente con la Comisión, con el Comisario Patten, estamos trabajando en esa dirección. 
El sábado por la mañana me reuniré con todos los Ministros de Interior de los quince países de la Unión Europea para intentar hacerles ver la necesidad que todos tenemos de movilizar también policía, porque hay momentos en que una crisis que se inicia con una necesidad de carácter militar se desarrolla de tal manera que a los pocos meses, más que militares, son necesarios policías, y más que policías, en el último momento de la crisis, quizás jueces o instituciones para crear las instituciones democráticas que el país necesite. 
En esa dirección estamos trabajando también en una relación entrañable y positiva con la Comisión. 
Señorías, no tengo mucho más que decirles sobre estos temas. 
Muchas más cosas han tenido lugar en estas semanas que me gustaría mencionar: Kosovo, el Oriente Medio, Chechenia; muchas cosas que me gustaría comentar con Sus Señorías. 
Preferiría, señora Presidenta- si me da usted el permiso -, parar aquí y permitir que se formularan preguntas para que tuviéramos tiempo de contestar a las mismas. 
Pero antes de hacerlo, permítanme que comparta con ustedes una conversación telefónica que he tenido hace muy pocas horas con el Comisionado del Consejo de Europa sobre el tema de Chechenia. 
El Sr. Gil-Robles ha regresado esta mañana de Chechenia, ha visitado Grozni, ha tenido ocasión de hablar conmigo por teléfono y de transmitirme sus primeras impresiones, que no son buenas, como Sus Señorías pueden imaginar. 
La situación en los campos de refugiados de Ingushetia es mala, se deteriora; en la mayoría de los casos ya no hay comida caliente a lo largo del día: las autoridades rusas ya no la suministran, con lo que son las organizaciones no gubernamentales las que lo están haciendo. 
En Grozni hay ahora mismo aproximadamente 20.000 personas que se encuentran en situación ciertamente desesperada, que tienen que andar kilómetros y kilómetros para llegar a encontrar un lugar donde puedan comer algo. 
Pero algo hay que puede significar un movimiento de carácter positivo, que me gustaría también compartir con ustedes. 
Me transmite el Comisionado del Consejo de Europa que ayer por la noche, hablando con el Presidente y con el Ministro de Asuntos Exteriores, habían aceptado las autoridades rusas que se incorporaran personas del Consejo de Europa a la misión humanitaria que en este momento existe ya en Grozni, dirigida por las autoridades rusas, y que estaban en negociación con la Presidencia en ejercicio de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para que, si fuera factible, también se pudieran incorporar personas de esta última organización. 
Estas son las únicas cosas positivas que puedo transmitir en este momento; espero que en las próximas horas tengamos más información del Comisionado Sr. Gil-Robles y sobre todo mejores noticias desde la perspectiva de las autoridades de la Federación Rusa. 
Solamente querría volver a decirles lo que he dicho al inicio. 
Es una gran satisfacción poder participar en la labor de este Parlamento, compartir con Sus Señorías el trabajo que se está realizando colectivamente entre todos los países y conjuntamente con la Comisión, con un objetivo claro, el objetivo de que nuestra Unión Europea pueda participar con el mayor peso posible en la esfera internacional en las operaciones de mantenimiento de la paz. 
Europa no está por hacer la guerra en ningún sitio, sino para cooperar a que haya paz y estabilidad en el mundo entero. 
Agradezco vivamente al Sr. Solana y concedo la palabra al Sr. Poettering, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos. 
Nos alegramos por los rápidos progresos alcanzados después de la Cumbre de Helsinki. 
Sabemos que usted ha tenido un papel destacado en esto. 
También me alegro de que usted mencione a Mozambique en este contexto, y que se pueda realizar un gran esfuerzo humanitario con esos recursos. 
Obviamente no podemos hablar de política exterior sin nombrar a Chechenia. 
Mi amigo Jacques Poos hablará sobre este tema a nombre de nuestro Grupo. 
Quiero concentrarme en Kosovo. 
Ha quedado muy claro que la situación en Kosovo demuestra que no se puede dar una solución durable a la crisis con medio militares. 
Las fuerzas de la KFOR han realizado y realizan una tarea importante e inapreciable; no es posible manejar por mucho tiempo los problemas de carácter político y las contradicciones étnicas con tanques y cañones. 
El asunto ha llegado tan lejos que el Pentágono ha prohibido a las fuerzas americanas que vuelvan al norte de Mitroviza. 
Éstas han sido sustituidas por robustas tropas danesas, finlandesas y suecas. 
Es fácil ser pesimista ante la violencia y el odio, pero, por el bien de Kosovo, de los Balcanes y de Europa, es importante que no fracasemos. 
En el ámbito del pacto de estabilidad, hemos adoptado importantes medidas vinculantes. 
Por este motivo, éstas constituyen un test de credibilidad para la política exterior y de seguridad común de la Unión. 
En este momento, la escasez de personal idóneo en Kosovo es muy grande. 
Ya en el otoño escuchamos a Bernard Kouchner que pedía más policías civiles. 
Me alegra escuchar que Javier Solana reunirá este fin de semana a los Ministros del Interior para discutir el asunto policial. 
Espero que, en primer lugar, la discusión trate de Kosovo, para así poder remediar esta situación desesperada. 
En cuanto a los Balcanes y a Kosovo, espero que el Consejo tome en consideración la exigencia del Parlamento, y entiendo que también de la Comisión, de contar con un presupuesto para las acciones en Kosovo que cubra varios años. 
Señor Solana, la situación en Kosovo nos ha enseñado muchas cosas, por ejemplo, la organización de una fuerza militar para el manejo de las crisis, lo cual ya se ha puesto en práctica. 
Otra experiencia igualmente importante es, sin embargo, que es preferible prevenir las crisis que tener que resolverlas. 
Por eso, la UE tiene que tener medios, dignos de crédito e independientes, para la prevención de conflictos. 
El Comisario Patten ha tomado iniciativas dignas de elogio a nombre de la Comisión. 
Pienso en la iniciativa para implantar una rapid reaction facility y una rapid reaction force para acciones no militares, en el establecimiento de headline goals para acciones no militares y de un Commission crisis centre. 
Mi última pregunta para Javier Solana es: ¿qué preparativos concretos se realizan para la prevención de conflictos? 
¿Cómo se han organizado éstos en las oficinas de Solana y cómo es la coordinación con la Comisión? 
Señor Presidente, señor Solana, goza usted de todo el apoyo y la confianza del Grupo Liberal, no obstante, nos gustaría recordarle la enorme responsabilidad que descansa ahora sobre sus hombros. 
Por una parte, pienso en las próximas e importantes misiones humanitarias y de pacificación y mantenimiento de la paz. 
Sin embargo, también pienso en su responsabilidad actual de cara a que la nueva cooperación europea en materia de defensa no cree ningún cisma entre la OTAN y la UE, los EE.UU. y Europa. 
Un cisma semejante sólo alegraría a los dictadores y a los estados malvados que amenazan la libertad y los derechos humanos. 
Creo que escuchó la preocupación mostrada ante esta Asamblea la semana pasada por varios miembros del Congreso norteamericano. 
Debe conjurar esta preocupación, señor Solana. 
Puesto que, como usted mismo ha dicho, si nos mantenemos unidos a ambos lados del Atlántico, podemos conseguir resultados. 
Si nos dividimos, nos debilitamos y se prolongan los sufrimientos de los oprimidos. 
Por ello, estimado señor Solana, mantenga el contacto más estrecho posible con nuestros aliados americanos y no olvide tampoco a Noruega, Turquía y Canadá. 
También comparte la dura responsabilidad de que no acabemos convertidos en tigres de papel. 
Disponemos, como George Robertson ha dicho tan a menudo, de dos millones de soldados y ni siquiera podemos desplegar 40.000 en Kosovo. 
Quizá fueran nuestra debilidad y falta de credibilidad las que condujeron a la guerra. 
La presión diplomática sólo tiene efecto cuando está respaldada por una amenaza militar y económica creíble. 
Todo lo demás es hablar por hablar. 
Y por ello, los países miembros deben destinar más fondos o modificar sus prioridades en beneficio de unidades móviles y modernas de forma que nuestros soldados estén protegidos por los mejores equipos, por lo que nos alegran las decisiones adoptadas el lunes pasado en Sintra. 
La tercera pesada carga que descansa sobre sus hombros es garantizar el control parlamentario. 
Éste debe realizarse ante todo en los países miembros. 
Ningún soldado puede ser enviado sin la aprobación del parlamento nacional. 
Por ello, también es un error hablar de un ejército de Europa. 
Es una fuerza compuesta por unidades nacionales. 
La novedad radica en que está preparada para actuar rápida y eficazmente gracias a un mando común y eficaz y a unos equipos modernos. 
No obstante, naturalmente hay lugar para que este Parlamento mantenga cierto conocimiento y control parlamentarios sobre las actividades de esta fuerza. 
Nos gustaría verle habitualmente tanto ante esta Asamblea durante el pleno como en la Comisión de Política Exterior interviniendo y escuchando a otros oradores. 
Por último, me gustaría unirme a usted a la hora de celebrar el increíble consenso y la velocidad con la que se pone en marcha esta nueva cooperación. 
Algunos de nosotros nos reunimos ayer con el Ministro de Defensa portugués. Se mostró igual de contento y gratamente sorprendido que usted por el hecho de haberse podido alcanzar un acuerdo tan amplio. 
Piense que también hay países no alineados sentados a la mesa. 
Compartimos la alegría siempre que no se avance tan rápido que quede dañada la cooperación transatlántica. 
Éste es un punto que quiero subrayar nuevamente y por último querría insistir en que el propósito de todo esto es conseguir para nosotros una credibilidad tal que cuando ejerzamos presiones económicas y militares el ejército no intervenga. 
Ésta es la finalidad última y de ahí la importancia de que usted coopere con el Sr. Patten pues son la presión militar, económica y diplomática las que juntas ponen freno a los desmanes en nuestro entorno. 
Señor Presidente, señor Solana, somos como niños grandes. 
Usted hace planes quiméricos, y en su esquema, de aquí al año 2003, incluye 60.000 soldados. 
Es asombroso lo que decidimos en Sintra con miras a los años 2004, 2005 y 2006. 
¿Pero qué pasa con el año 2000 en relación con Kosovo? 
Usted ha hablado con el Sr. Gil-Robles, y yo he recibido un mensaje electrónico de un antiguo colega, Pierre Pradier, que en este momento se encuentra en Pristina. 
Me dice que en esta ciudad acaba de ser asesinado un médico serbio. 
Este médico atendía a roma, albaneses, serbios, y eso es imperdonable en Kosovo. 
El médico asesinado tenía tres hijos. 
¡Hoy se necesitan policías en Kosovo! 
Soldados que no apliquen una doctrina. 
Yo no soy belicista, pero si en Kosovo los soldados no pueden detener a los criminales, estos soldados son inútiles. 
En Kosovo las personas arriesgan su vida, pero en este momento ese es el precio de la libertad. 
Si no ponemos término a lo que hoy ocurre en Kosovo- las provocaciones en la frontera, las provocaciones de los serbios, de los albaneses, etcétera -, avanzamos hacia la guerra. 
Dígame, señor Patten ¿existe una movilización civil? 
Hoy necesitamos una fuerza de intervención civil en Kosovo, para vigilar lo que ocurre, para decir a los militares y a los policías lo que deben hacer; de lo contrario, la realidad de un país que se hunde cada vez más en la violencia desmentirá todo lo que hemos hecho en Bosnia, en Kosovo. 
(Interrupción, desde los escaños de la extrema derecha, del Sr. Martinez) 
Tenemos un gran problema, porque si bien trazamos el itinerario para las poblaciones, somos incapaces de actuar cuando existe una enorme crisis humanitaria, como en Chechenia. 
El Sr. Poettering tiene razón- cuando tiene razón hay que decírselo-. 
No siempre tiene razón, pero en este caso la tiene. 
Soy favorable a una política dura contra Austria, pero entonces tendremos que asumir nuestra responsabilidad frente a Rusia. 
¡No me gustan los Ministros de Asuntos Exteriores- sean alemanes y de mi Partido, franceses de la izquierda plural o italianos del partido que sea- que no dicen nada! 
En la situación actual, debemos decir a los rusos: "si queréis dinero, si queréis continuar con la reducción de la deuda, dejad que entre una fuerza civil de paz en Rusia". 
De lo contrario, no estamos dispuestos a financiar su guerra, ya que al reducir la deuda, al darles dinero, estamos pagando a sus soldados y las masacres de éstos. 
Al financiar a quienes matan, somos cómplices de la masacre en Chechenia. 
No basta con decir, simplemente: "Señores asesinos, dejen de matar". 
Ellos saben muy bien que no deberían matar. 
¿Ustedes creen que el Sr. Putin no sabe que lo que está haciendo en Chechenia no está bien? 
Pero es su estrategia, él ha provocado esta guerra, desde el principio, para lograr ser presidente. 
Este es el mundo actual. 
Por eso les digo: a pesar de que mi grupo no está enteramente de acuerdo, yo, personalmente, estoy a favor de una defensa europea. 
Creo que una defensa europea debe estar controlada por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
Ante todo es necesaria la autorización del Parlamento Europeo; luego los Parlamentos nacionales decidirán si envían o no a sus soldados. 
Si no decidimos crear una fuerza de intervención civil, capaz de intervenir antes y después de que se inicie un conflicto, entonces no somos más que niños que juegan a los avances militares, pero incapaces de hacer avanzar civiles. 
Mientras no logremos un equilibrio entre lo militar y lo civil, careceremos de credibilidad. 
Señor Presidente, es la segunda vez que recibimos al Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, y yo soy de aquellos que desean que estas ocasiones se repitan regularmente. 
En cambio, lo que mi Grupo deplora, señor Alto representante, es que usted quiera ejercer sus importantes responsabilidades de un modo demasiado unilateral. 
En primer término, usted sólo se refiere a los objetivos de seguridad en su dimensión militar, saltándose lo que a nuestro juicio es esencial, es decir, una amplia política de prevención, en el marco de una fase muy anterior a los riesgos de conflictos, que merecería por sí sola ser objeto de una estrategia común a escala de la Unión. 
Además, en la concepción que usted defiende, si bien lo que se ha llamado "capacidad autónoma de defensa" resulta claro- puesto que se trata de duplicar, por término medio, las inversiones en el ámbito militar -, su autonomía, en cambio, resulta problemática a juzgar por el grado de implicación de la OTAN, o sea, de los Estados Unidos, en las decisiones europeas en materia de defensa, que una parte del Consejo y, al parecer, usted mismo desean. 
Finalmente, y sobre todo, usted no habla del otro capítulo de su misión: la política exterior de la Unión. 
En nuestra opinión, no es suficiente con una especie de servicios mínimos en este ámbito, como los acontecimientos actuales hoy nos lo recuerdan. 
Por ejemplo, Chechenia. 
Hace seis meses que, a causa de unas sórdidas ambiciones de poder, los dirigentes rusos llevan a cabo una guerra inmunda, de corte colonial, con su cuota diaria de crueldad. 
Más allá de las generalidades que nos ha dicho y que, sin duda, nos repetirá, ¿cuál es hoy la estrategia de la Unión frente a Rusia? 
Actualmente sólo se observa- discúlpeme- una inercia complaciente, cuando este gran país se hunde ante nosotros en una situación cada vez más incontrolable y peligrosa para la paz y la seguridad de todo el continente. 
El Oriente Próximo: el proceso de paz sufre un estancamiento y las tensiones se agudizan nuevamente de forma preocupante. 
¿Qué iniciativas prevén los Quince para evitar que el viso de esperanza surgido, en su momento, por el derrocamiento del Sr. Netanyahu no se malogre, a su vez, y permita esperar lo peor. 
Los Balcanes: un año después del inicio de los bombardeos de la OTAN, y a la luz de la significativa crisis de Mitrovica, ¿está usted dispuesto a efectuar una evaluación crítica de la estrategia global llevada a cabo en esta región, a fin de sacar enseñanzas útiles? 
El Sur, y concretamente África: las imágenes inadmisibles que nos llegan de Mozambique no sólo se explican por la catástrofe natural, sino que se unen a las terribles condiciones de subdesarrollo. 
Dichas imágenes cuestionan los objetivos que nos proponemos en relación con esta parte del mundo y, por consiguiente, con los cambios que deben promoverse en el actual orden- o desorden- mundial. 
Finalmente, la red Échelon: ¿se pedirá, por lo menos, que este increíble caso se inscriba en el orden del día de la próxima Cumbre Unión Europea/Estados Unidos? 
Mi Grupo desearía que nuestro diálogo, nuestra cooperación y, en su caso, nuestros enfrentamientos políticos también se sitúen, ante todo, en el terreno de dichos desafíos. 
Esto es lo que muchos esperan de nosotros, y pienso que no podemos faltar a la cita. 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Solana, tenemos dificultades para responderle, puesto que, en nuestra opinión, el expediente del que usted se ocupa es inexistente. 
Pensamos que esta pobre Europa no puede hablar con una sola voz si no es para decir nada o- y quizá sea aún más grave- si no es para decir que le es imposible resolver sus contradicciones diplomáticas más que sometiéndose pura y simplemente a la política norteamericana. 
Basándose en la ilusión lírica y en la huida hacia delante que tanto les satisface, los Quince decidieron en Sintra dotarse de una fuerza llamada "pomposamente" autónoma. 
La Unión puede, naturalmente, bautizar con el nombre de "fuerza de acción" lo que de momento no va más allá de la movilización de algunos fondos y, teóricamente hablando, del reclutamiento de soldados y de la reunión de armas y de elementos logísticos. 
Pero otra cosa es creer que este "magma" pueda tener autonomía. 
¿Qué tipo de intereses podrá defender esta supuesta fuerza, si las naciones europeas tienen intereses divergentes? 
¿Qué fundamento tiene una acción armada? 
La defensa del territorio, la protección de la patria y, en general, de unos intereses que se consideran vitales. 
¿Qué sentido tiene un ejército si no existe una patria, un territorio- porque Europa es incapaz de definir claramente sus fronteras -, si no existen unos intereses vitales claramente definidos, que los Quince nunca, y con razón, se han atrevido a discutir? 
En una palabra: ¿para qué puede servir una fuerza armada si no existe una política común? 
Nos abstraemos en una especie de sucedáneo, basándonos en derechos humanitarios, una especie de ejército al servicio de ideas vagas, de un ideal, cuyos peligros la Historia nos ha mostrado más de una vez. 
Una política exterior supone una definición clara de sí mismo y de sus intereses. 
Ahora bien, la PESC siempre será una especie de prótesis de los intereses nacionales, que ya consiguen dominar el sistema. 
Todos saben que se trata, en este caso, de la pareja formada por Londres y Berlín, escoltados por sus respectivos acólitos, que no conciben su diplomacia como algo separado de Washington, y que en el mejor de los casos se ven a sí mismos como figurantes. 
Por otro lado, usted, señor Solana, en su persona, es una ilustración perfecta de esta connivencia, en cierto modo, estructural, al pasar directamente de la OTAN a la PESC como si fuera lo mismo, y realmente es lo mismo. 
Se trata siempre de estar al servicio del imperio. 
Y en la ridícula competición que le enfrenta al comisario Patten, usted esgrimió, con cierta jocosidad, este argumento realmente exquisito. En cualquier caso, usted declaró un día a un diario alemán: "Es a mí a quien los norteamericanos llaman por teléfono". 
Hubiera podido añadir, señor Solana: "Es a mí a quien pasan las consignas", pues eso es lo que vemos. 
En los Balcanes, como en otras partes, un día los Estados Unidos nos piden que destruyamos los Balcanes, otro día nos piden que los reconstruyamos. 
Sí, Jean-Claude Martinez tenía mucha razón al interrumpirle; Daniel Cohn-Bendit representa la actitud de sumisión. 
¡Piensan que exagero! 
Cada día la actualidad nos proporciona una prueba más de nuestra sumisión. 
Échelon es un ejemplo entre otros, que, además, da una imagen de Europa muy diferente de la que nos gusta contemplar aquí. 
Los expertos dicen que se trata de un problema cultural; creo que son muy amables al decirlo. 
En nombre de la coordinación de las derechas europeas, debo decir al Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común que no tiene nuestra confianza. 
Dice usted que está en contra de la guerra, pero como Secretario General de la OTAN usted inició una guerra. 
Una guerra de agresión, aplicando servilmente la política militar norteamericana en una esfera ajena al Tratado del Atlántico Norte, contra un Estado que nunca había sido miembro del mismo, que no amenazaba ninguna frontera internacional, y violando las normas del Derecho internacional, que establecen el principio de no injerencia, así como las normas por la que se rige la declaración de guerra. 
Incluso el Sr. Cohn-Bendit- que ya es mucho decir -, a pesar de haberla exigido, hoy evalúa los resultados de esta política desastrosa. 
Por lo tanto, tenemos algunas preguntas que formularle, que, lo menos que puede decirse, revelan nuestra preocupación. 
En primer lugar, en su opinión, ¿el objetivo de la Política Exterior y de Seguridad Común es proteger la seguridad de los Estados miembros de la Unión, como sería de esperar, o reconoce usted a éstos la facultad de intervenir en cualquier lugar del mundo? 
En segundo lugar, si es así ¿en qué normas de Derecho internacional y de moral pública se basa usted? 
Imagino su respuesta: en criterios humanitarios. 
En Kosovo, ¿es basándose en criterios humanitarios por lo que se destruyeron metódicamente todas las estructuras civiles de Serbia? 
Cuando los Estados Unidos matan a 2.000 personas en Panamá, no es para imponer su política, sino para luchar contra el tráfico de drogas. 
Cuando desembarcan en Somalia, de donde tendrán que salir maltrechos, no es para ejercer su influencia en la ruta del petróleo, sino para devolver la esperanza. 
"Restore hope", ¿recuerda usted? 
En una palabra, ¿no se da cuenta de que hoy todas las infamias se cometen en nombre de criterios humanitarios? 
Finalmente, usted se ha referido al hecho de utilizar medios extraordinarios de gestión de crisis. 
No para hacer la guerra, naturalmente, sino para proteger la paz. 
Pero este es el mismo discurso de siempre de quienes justifican guerras preventivas. 
¿Puede usted garantizarnos que no habrá guerra preventiva en contra de cualquier Estado, y sobre todo de aquellos que no ratifiquen la política decidida por los demás Estados de la Unión? 
Estas preguntas al Alto Representante traducen nuestra preocupación. 
Dice que está en contra de la guerra, pero usted no será el único belicista en afirmarlo. 
¡Qué Dios nos proteja de las consecuencias funestas de los principios grandilocuentes que nos acaba de exponer! 
Señor Presidente, el desarrollo de una identidad de seguridad y defensa europea afecta también a los tres países recién llegados a la OTAN el año pasado, a saber, Polonia, la República Checa y Hungría. 
Estos países, en tanto candidatos a la Unión Europea, desean estar plenamente implicados en esta importante iniciativa desde el principio, es decir, desde ahora. 
Sin embargo, este deseo no fue atendido por el Consejo en la Cumbre de Helsinki de finales del año pasado. 
En la capital finlandesa solamente se realizaron vagas promesas en cuanto a la consulta y la cooperación. 
De ahí que pregunte al Alto Representante, el Sr. Solana, en qué medida Praga, Varsovia y Budapest se han visto o se verán implicadas en los planes de gestión de crisis. 
Esta pregunta urge tanto más vista la actitud bastante crítica del lado polaco. 
Exagerando un poco, la condición polaca dice: evitar el aislacionismo americano y también el separatismo europeo. 
El Ministro polaco de Asuntos Exteriores, Bronislav Geremek, formula esta preocupación, lógicamente, de forma más diplomática: " La creación de una identidad de defensa europea no puede efectuarse a costa de la unidad de la OTAN. 
Ésta, la identidad de defensa europea, debe servir precisamente para reforzar la OTAN " ¡Compartimos plenamente esta postura! 
El Ministro Geremek no es, seguramente, la única autoridad sensata entre los nuevos miembros de la OTAN de Europa Central y Oriental que sabe que actualmente está al margen de este proceso crucial. Cuenta con el respaldo de, por ejemplo, el Ministro checo de Defensa. 
"La seguridad de Europa no es divisible. No puede limitarse a un pequeño número de países, mientras que los restantes solamente pueden mirar o ejecutar las decisiones". 
Las posiciones mencionadas refuerzan la pregunta que dirijo al Sr. Solana. 
Polonia solamente necesita que se cumplan cinco palabras: ¡nada sin nosotros sobre nosotros! 
¿Qué hacen los actuales Estados miembros de la UE ante esta razonable petición de un Estado aspirante a ser miembro? 
Señor Presidente, yo también quisiera saludar la presencia del Alto Representante y su disponibilidad para responder a las preguntas de los diputados en esta segunda comparecencia, pues en su comparecencia del mes de noviembre- ciertamente, no por causa imputable al Sr. Solana- no fue posible, aunque es justo reconocer que tomó nota y que se comprometió a dar respuesta a las preguntas formuladas por los diputados en el plazo más breve posible. 
Creo que es justo también reconocer los esfuerzos que está desplegando el Sr. Solana al objeto de tener una política exterior y de seguridad común más eficaz, más visible y más coherente de la Unión Europea. 
Y en este sentido, coincido con las intervenciones que han hecho algunos colegas que me han precedido en el uso de la palabra en la necesidad de tener una política global que combine no sólo elementos militares, sino también elementos civiles, diplomáticos, humanitarios y también policiales, a los que ha hecho referencia el Sr. Solana. 
La Presidencia portuguesa ha avanzado un gran trecho, efectivamente, instalando una serie de órganos con carácter provisional o interino. 
En un tiempo récord, ha organizado este Consejo informal de ministros de Defensa y ha señalado toda una serie de jalones en la larga marcha hacia esta política exterior y de seguridad común. 
Uno de ellos ha sido este Consejo de Sintra sobre el que yo quisiera hacerle al Sr. Solana algunas preguntas. 
Este Consejo se ha basado sobre dos documentos. 
Un documento británico sobre los headline goals, sobre los objetivos prioritarios, y otro documento sobre los órganos militares permanentes de la Unión Europea. 
Señor Solana, quisiera preguntarle si usted estaría en disposición, en su próxima comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, de poder explicar largo y tendido a los miembros de esta comisión- junto con el Sr. Patten, al que le formulo la misma pregunta, y con el Presidente en ejercicio del Consejo, al que le ruego, señor Solana, transmita también esta petición- el contenido de estos documentos que han sido tratados en la cumbre. 
Un segunda pregunta, señor Alto Representante, sería la de saber en qué medida apoya usted las observaciones y manifestaciones que ha hecho el ministro francés de Defensa, en el sentido de que era necesario que los Estados miembros asignasen un 0,7 % del producto interior bruto a gastos de defensa. 
Me gustaría saber cuál es su opinión, si usted comparte ese punto de vista, si realmente considera necesaria una contribución más decidida por parte de los Estados miembros en este ámbito. 
En tercer lugar, ¿qué valoración hace de los ejercicios "Crisex 2000", que acaban de concluir, en los que la Unión Europea por primera vez ha compartido con la Organización del Atlántico Norte una serie de iniciativas? 
Y en cuarto y último lugar, señor Solana, me gustaría saber si, en el caso de que los Estados miembros se lo pidieran, estaría dispuesto a presidir el comité político y de defensa, y así añadirlo a toda la experiencia de que usted dispone en estos momentos como Secretario General del Consejo de Ministros, como Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, como Secretario General de la Unión Europea Occidental y como ex Secretario General de la OTAN. 
Señor Alto Representante, como ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre cuestiones de seguridad y de defensa, limitaré mi intervención a dichas cuestiones. 
Usted ha oído, señor Alto Representante, la firmeza de las críticas de los diputados que no aceptan la terrible situación en Kosovo, en Chechenia o en otras partes del mundo. 
Por lo que a mí respecta, no quiero desanimarme. 
Y hoy reconozco sus esfuerzos personales para construir una política europea de seguridad y de defensa digna de ese nombre, y que antes no existía. 
Ciertamente, aún distamos mucho de haber alcanzado el objetivo deseable; en todo caso, el que yo deseo. 
Pero reconozco su intenso trabajo, el ritmo de las reuniones, sus esfuerzos para crear una fuerza de intervención rápida, sus esfuerzos concretos para prevenir las crisis, gestionarlas o ponerles fin por medios civiles y, si es necesario, por medios militares. 
Desearía aprovechar su presencia entre nosotros para formularle dos preguntas con miras al "qué hacer". 
La primera se refiere a los próximos Consejos Europeos de junio y de diciembre, sin contar el Consejo extraordinario de Lisboa. 
Finalmente, ¿cuáles son sus mayores necesidades con ocasión de estas próximas Cumbres? 
Mi segunda pregunta es diferente, aunque está relacionada con la anterior. 
Se refiere a la próxima CIG. 
¿No cree usted que en el orden del día de la CIG debería incluirse el asunto relativo a la política europea de seguridad y de defensa, a fin de completar los Tratados, si resultara que éstos, en el estado actual de los textos, no permiten realizar una verdadera política de defensa? 
Creo que el Presidente del Consejo italiano mencionó este punto en la reunión del 24 de febrero pasado. 
¿Puede decirnos cuál es su posición al respecto? 
Señor Presidente, Bosnia y Kosovo han sacudido a Europa. 
La Unión Europea es consciente, por fin, de que no puede permitirse dejar siempre la iniciativa política y militar a los americanos. 
La decisión de crear su propia fuerza de paz es excelente. 
No obstante, si Europa quiere poder intervenir militarmente, debe introducir una cláusula de flexibilidad en el Tratado. 
El Sr. Solana puede desempeñar un papel importante. 
No está loco ¡Ciertamente no! 
Es un hombre apasionado y competente. 
Sin embargo, la pregunta es simplemente si este cúmulo de tareas no superan incluso demasiado su capacidad. 
El Sr. Solana es, además de Secretario General del Consejo, Secretario General de la UEO, amén de Alto Representante de la política exterior. 
Así mismo, es jefe de la Unidad de Planificación de la Política y de Alerta Rápida. 
En realidad, ¿tiene el Sr. Solana tiempo para dormir, señor Presidente? 
Desde el punto de vista democrático, considero que esta acumulación de funciones resulta verdaderamente inaceptable. Tanto más por cuanto que el Sr. Solana no es, por supuesto, un político democráticamente elegido, sino un alto funcionario que tampoco cuenta con la responsabilidad debida ante cualquier parlamento. 
Su posición amenaza con eclipsar la del Comisario Patten, tal como hoy se ha puesto de nuevo de manifiesto. 
Parece que cuanto más se perfila la política de seguridad y defensa europea, más al margen quedan la Comisión y el Parlamento. Considero que esto también es inaceptable. 
Efectivamente, debe hacerse todo lo posible para que la política europea sea más eficaz, pero ello no puede conducir a concentraciones de poder indeseables. 
Solana debe mantener despierta a Europa sin que él mismo se caiga de sueño. 
Señor Presidente, la Unión Europea se ha creado, en primer lugar, para la paz. 
Me alegra que el Comisario Patten y el Sr. Solana también hayan subrayado esto varias veces. 
Además nos hemos inclinado por una evolución común y conjunta de acuerdo con las vías de la democracia, la diversidad cultural y la tolerancia. 
No obstante, ¡mírennos! , contemplamos con impotencia las desgracias en Chechenia y con indiferencia las guerras en África, en tantos países con los que, sin embargo, mantenemos lazos por ser antiguas colonias. 
Por otra parte, son nuestros socios ACP. 
La guerra es el origen de un subdesarrollo tremendo. 
Hemos intervenido militarmente en Kosovo después de no haber sido capaces de evitar la guerra en la antigua Yugoslavia. 
Ahora no somos capaces de mantener la paz. 
Por ello, Europa, en tanto Unión, no resulta creíble. 
No creo, señor Solana, que podamos restablecer la credibilidad mediante el uso de la fuerza militar. 
En tanto representantes de la Alianza Libre Europea, todos venimos de naciones, regiones, que nunca han hecho la guerra con el extranjero, sino que se han defendido siempre frente a los que intentaban oprimirles. 
Somos muy escépticos respecto de sus planes actuales en cuanto a la rápida creación de capacidades militares. 
No porque estemos en contra de una defensa europea, sino porque una defensa europea solamente puede y debe ser el resultado de un buen proceso de decisión exterior democráticamente efectuado. 
Europa carece por el momento de una política exterior digna de mención. 
Me cuesta creer que podamos lograrla a través de la cooperación intergubernamental. 
Opino que es demasiado fácil reunirse con los militares y poner en común el material militar ¡Bueno! , a fin de cuentas, es un juguete muy bonito. 
Soy especialmente escéptica al respecto, a menos que el Comisario Patten nos pueda convencer de que tiene un plan a punto en materia de prevención, prevención de una mayor degeneración, del subdesarrollo y prevención de los conflictos en Europa y fuera de ella, ya que nuestras fronteras no se limitan a las fronteras del Mar Mediterráneo. 
Señor Presidente, empezaré por la situación en Kosovo. 
Ocho meses después de los bombardeos de la OTAN está claro que éstos no se organizaron para poner fin a cierta limpieza étnica y asegurar la paz y el orden, sino para consumar la fragmentación de Yugoslavia y el cambio de fronteras, para impulsar el Nuevo Orden. 
Hoy asistimos a una cruel limpieza étnica que padecen los serbios y otras minorías, a excepción de los albanokosovares, ante los ojos cómplices, con participación, diría, de las fuerzas de ocupación de la OTAN. 
Todo muestra que avanzamos hacia una segunda oleada de agresiones contra Yugoslavia; se trata de algo evidente, a juzgar por las agresiones del ELK contra los serbios de Mitrovica, los intentos de anexar a Kosovo tres ciudades del sur de Serbia, el impulso a la independencia de Kosovo, el envío a través de Grecia- a pesar de la oposición del pueblo griego-de dos mil hombres a Kosovo, y, al mismo tiempo, la intensificación de los esfuerzos de la OTAN y de la Unión Europea por derrocar al Gobierno legítimo de Yugoslavia. 
Por otra parte, a pesar de sus proclamas humanitarias y pacifistas, de lo que hoy nos ha dicho el Sr. Solana se desprende con toda claridad que, de acuerdo con las decisiones de Helsinki, avanzamos hacia la formación de un ejército terrorista, por lo pronto de 60.000 hombres, que arremeterá contra quien levante cabeza. 
Las palabras del Sr. Solana confirman nuestra previsión de que en la Unión Europea militarizada, la última palabra la tendrá la OTAN. 
Esta es la razón, precisamente, por la que ha sido nombrado Alto Representante de la PESC el Sr. Solana, Secretario General de la OTAN, culpable también del crimen perpetrado contra Yugoslavia; la persona adecuada en el puesto adecuado; una persona sobre la que pesa una denuncia por criminal de guerra por la que podría ser juzgado. 
Señor Comisario, señor Alto Representante, es indudable que va usted deprisa, que pisa fuerte y que ha hecho avanzar muchísimo algunos expedientes. 
Me pregunto si no estoy plenamente de acuerdo con las interpretaciones positivas de algunos órganos de prensa y de algunos colegas en cuanto a la dirección que hemos tomado. 
Pienso que, contrariamente al gran proceso de la Unión Económica y Monetaria, que era un proceso integrado en las estructuras comunitarias, hoy, desgraciadamente, la Política Exterior y de Seguridad Común es, en su totalidad, un procedimiento intergubernamental. 
Mi primera pregunta, señor Alto Representante, señor Comisario, consiste en saber si han elaborado juntos unas estrategias para que, al menos gradualmente, se pueda crear un proceso capaz de reintegrar la Política Exterior y de Seguridad Común dentro del proceso comunitario. 
La Unión Económica y Monetaria nos llevó quince años. 
La política de defensa y de seguridad nos puede llevar otros quince años, pero el proceso debe ser claro. 
Pienso asimismo que no ha de subestimarse- y le formulo una pregunta- el poder y la fuerza de los lobbies de los ministerios de Asuntos Exteriores. 
Conocemos la fuerza que han adquirido durante estos cuarenta años de construcción comunitaria. 
Hoy saldrían perdiendo con una comunitarización de la política exterior, y pienso que están trabajando a este respecto. 
Finalmente, sobre la cuestión de Kosovo- el Sr. Cohn-Bendit tenía razón en insistir en este punto -, creo que es urgente que la Unión Europea plantee la cuestión del estatuto final de Kosovo. 
A falta de dicho estatuto, no habrá más que inestabilidad, asesinatos, provocaciones por parte de Belgrado, y es necesario que la Unión se pronuncie urgentemente en este sentido. 
Doy las gracias al Sr. Poettering porque creo que las iniciativas de Bélgica- para entendernos- empiezan a estar bien orientadas. 
Pienso que muchos de los demás catorce Estados miembros tendrían numerosas razones como para no colaborar en las reuniones de la Unión Europea en materia de justicia, por ejemplo. 
Después de cuatro años de la detención del Sr. Dutroux y compañía, aún no se ha iniciado ningún juicio, y seguimos ignorando lo que ocurre. 
En materia de turismo, muchos de estos catorce Estados miembros podrían preguntarse sobre la oportunidad de evitar fomentar las vacaciones de los padres con hijos menores en Bélgica, por ejemplo. 
Así pues, ya sería hora- y pido al Sr. Solana y al Sr. Patten que transmitan al colega, el Sr. Michel, que quizá exagera en esta cuestión, que finalmente podría- así lo espero- volverse contra él. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar sinceramente al Sr. Solana este día, 1 de marzo, en el que se han puesto en marcha algunas estructuras relacionadas con la política europea de seguridad y defensa. 
En los documentos se menciona la buena cooperación con el Alto Representante. 
Usted mismo acaba de decir que ha hablado con los representantes de esas estructuras durante el almuerzo ¡Vaya! , sólo faltaría que no hubiera hablado con ellos y que no existiera una buena cooperación entre usted y esas nuevas estructuras. 
No obstante, ¿no lamenta no presidirlas usted mismo y no ser su eje? 
Quisiera, y creo que muchos en este Parlamento también, que usted fuera el motor de ese asunto y no se corriera el peligro de que, de alguna forma, quedara postergado. 
El Alto Representante, el Sr. Solana, y el Comisario Patten se han esforzado en los meses pasados por lograr una delimitación clara entre la política de defensa de la UE y la de la OTAN, también mediante las discusiones que han mantenido con los miembros de la Asamblea de la OTAN. 
Uno llega a la conclusión de que ambas consideran que las misiones de Petersberg sirven para desarrollar a la larga la política de defensa de la UE. 
Asimismo, los Tratados van en esta dirección, pero permiten un mayor margen de maniobra. Lo permiten en el sentido de una política de defensa más general, que guarde una mayor relación con el viejo discurso relativo a la integración de nuestra política en un pilar europeo. 
Nos manifestaríamos, entonces, mediante este pilar europeo en la OTAN. 
En realidad, esto se oye cada vez menos. 
Tengo la impresión de que la Unión Europea ha limitado sus ambiciones a las misiones de Petersberg, en las que el Sr. Patten se ocupa de los aspectos civiles, incluyendo el despliegue rápido de unidades de policía y funcionarios, al que se ha referido con entusiasmo, con toda la razón; y el Sr. Solana se ocupa de las capacidades militares y acciones militares, por supuesto, conjuntamente y gracias a una excelente cooperación. 
Esto me parece obvio. 
Sin embargo, ¿no hay nada más realmente? 
¿No se está haciendo verdaderamente nada que permita afirmar que se subraya mucho el papel de la OTAN respecto de la defensa colectiva en la política de defensa? 
El pilar europeo, como tal, realmente ya no funciona. Europa se limita a las misiones de Petersberg. 
¿Queremos que se haga así en realidad? 
Además, se ha hablado de la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea, pero ya no se habla del artículo V, que, por supuesto, entra en juego inmediatamente. 
Se habla, entonces, de misiones defensivas más amplias y no sólo sobre Petersberg. 
¿Desaparece esta primera parte? 
Al mismo tiempo, se ha hablado de manera general sobre el aumento de los presupuestos de defensa. 
Creo que es positivo, pero en ese alegato no se distingue claramente, en realidad, entre las misiones Petersberg y las misiones más amplias de defensa colectiva. 
Me pregunto cómo se está desarrollando este asunto. 
Quisiera preguntar a ambos cuál creen que será el resultado. 
¿Es necesario que en la CIG se preste una mayor atención a esta cuestión o puede resolverse por sí misma con los Tratados? 
Me alegra que aquí se inicie la política de defensa. 
Me pregunto si, en el caso de que Turquía ofrezca una brigada, deberemos permitirles intervenir en las decisiones de esa política. 
En el Gobierno turco participan de forma permanente algunos Haiders. 
Me parece raro. 
En segundo lugar, los estados bálticos también se ofrecen a colaborar. 
¿Van a participar en nuestra política de defensa? 
Se trata, cuando menos, de una situación muy interesante. 
Señor Alto Representante, usted ha recordado los progresos que hemos realizado en este ámbito de Amsterdam a Helsinki, así como algunas decisiones que se tomaron después de Helsinki como, por ejemplo, la constitución de los tres comités y la decisión de poner en marcha el contingente de 50.000- 60.000 hombres, unas decisiones que últimamente también se adoptaron en el Consejo informal de Sintra. 
Sin embargo, esta aceleración convierte en todavía más evidente la distancia entre estas decisiones y la Conferencia Intergubernamental en curso. 
Creo que deberíamos alcanzar un buen compromiso en ese ámbito entre quienes justamente empujan para acelerar la comunitarización de esta política y quienes piensan que dichos progresos deben permanecer en el ámbito intergubernamental. 
Quisiera decirles a estos últimos: cuidado, porque esta política necesita una gran legitimación democrática. 
Sabemos lo mucho que cuentan las opiniones públicas a la hora de intervenir en los ámbitos de la política exterior y de seguridad. 
Por esto, le pregunto, única y naturalmente por capítulos, si usted piensa que algunas de las siguientes cuestiones podrán afrontarse en la reforma: la doble estructura entre Comisión y Alto Representante hacia una nueva definición; una clara y no artificiosa distinción entre gestión civil y gestión militar de las crisis. 
Esto de momento podría prever, por ejemplo, la asociación de la Comisión con el Comité Político, la consolidación de la competencia comunitaria de cara a la gestión no militar, la creación de un Consejo de Ministros de Defensa, la coordinación entre el Tratado de la Unión Europea, la Carta de la OTAN y la Unión Europea Occidental; además, la personalidad jurídica de la Unión Europea, la cooperación reforzada también en este ámbito, el control parlamentario y, por último, las financiaciones. 
¿Piensa que algunos de estos temas podrán ser aceptados cuanto menos en el orden del día de la Conferencia en curso? 
Señor Presidente, señor Solana, señor Comisario Patten, queridos colegas, las recientes medidas adoptadas por el Consejo en materia de política de seguridad y defensa europea constituyen, a mi juicio, una manifiesta violación del principio del control democrático en caso de intervenciones militares. 
Si bien existen tres nuevos comités a partir de hoy, el control parlamentario sigue siendo una cuestión muy poco clara y abierta. 
Así lo reconoció la Presidencia portuguesa. 
En cambio, usted, Sr. Solana, no ha dicho una palabra al respecto. 
Por ello, exigimos que en la ampliación de la agenda de la conferencia de los Jefes de Gobierno o Estado se prevea una participación más intensa del Parlamento Europeo en cuestiones de seguridad. 
La segunda deficiencia de la Cumbre de Sintra es el hecho de que si bien ya existen estructuras decisorias eficientes en el ámbito militar, el concepto de una gestión de carácter no militar de las situaciones de crisis sigue siendo muy confuso. 
En nuestra opinión, la capacidad de la Unión Europea de prevenir situaciones de crisis con medios no militares tiene carácter prioritario. Esto significa que tiene prioridad de empleo, prioridad en la cuestión de la intervención europea, pero también en la dotación de recursos. 
Por ello, justamente en este orden de cosas debe producirse una concentración del aumento de recursos en el ámbito de las capacidades de índole no militar. 
Este asunto, Sr. Solana, no lo ha tratado usted en ningún momento. 
Si usted prevé que se destine un 0,7 % de los presupuestos nacionales a gastos militares, me pregunto si no es mucho más razonable destinar un 10% del presupuesto de la UE a la prevención de conflictos, porque así podríamos ahorrarnos el 0,7 % de los presupuestos, lo cual es mucho, mucho más, para intervenciones militares. 
Señor Solana, estamos cerca y puedo ver su rostro. 
Creo que ha envejecido usted, tiene la cara llena de arrugas. 
Me entristece verlo y me desespera escucharlo, por lo que dice, por los juegos con los soldaditos, como ha dicho la Sra. Maes, y por lo que no dice. 
Sale usted a hablar y no dice una palabra sobre Kosovo, cuando allí corre la sangre. 
Usted, que tiene una gran responsabilidad, pues con el pretexto de una limpieza étnica corre la sangre de otra limpieza étnica en Kosovo. 
Es usted español, es usted de un gran país, Sr. Solana. 
España no era Franco. 
España conservó su unidad; el País Vasco, Andalucía, Cataluña; y bien que hizo. 
Nadie identificó a España con Franco, nadie jugó con la unidad de España en nombre de un dictador fascista. 
Ustedes hoy identifican a Yugoslavia con Milosevic, y juegan con Voivodina, con Montenegro, con el sur de Serbia, y crean esta situación. 
Por esta razón, todos esos juegos suyos de estrategia, si no van acompañados de soluciones políticas claras que respeten las fronteras y la autonomía y todas las garantías democráticas, conducirán a un nuevo torrente de sangre en los Balcanes. 
Señor Alto Representante, la guerra de Kosovo, la crisis que allí persiste, han sido significativas para una opinión pública europea consciente de que la defensa, en el mundo, de los valores fundamentales que dieron origen a la Unión Europea no debe seguir estando a cargo solamente del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y de que ya es hora de compartir la carga, ese burden sharing, lo que nuestros amigos norteamericanos no han cesado de reclamar desde que Europa se ha convertido en potencia económica mundial. 
Así, el año pasado los Estados miembros de la Unión decidieron, naturalmente, aplicar las medidas concretas destinadas a reforzar la capacidad de acción de sus fuerzas armadas, y la Cumbre informal de Sintra, celebrada ayer con su presencia, acaba de confirmar las principales orientaciones de las mismas. 
En este sentido, tendría dos preguntas, a las que, por su conocimiento de los expedientes y de los actores, puede dar respuestas esclarecedoras para la continuación de nuestros debates y de nuestros trabajos. 
La primera pregunta se refiere a la creación de esta fuerza de intervención rápida de sesenta mil efectivos capaz de ejecutar, como usted ha dicho, misiones encaminadas a mantener y garantizar la paz, y ello- si fuese necesario- durante cierto tiempo. 
Para que nuestros colegas lo entiendan, debo indicar que los contingentes correspondientes deben, pues, distribuirse por tercios: un tercio para preparar la misión, un tercio para ejecutarla y un tercio para volver a ponerse en condiciones, al final de unas operaciones que a menudo ponen a prueba al personal y el material. 
Esto explica el hecho de que los primeros cálculos publicados en la prensa, que establecen en alrededor de 200.000 efectivos el volumen de las fuerzas que deben crearse, se acerque a la realidad, lo que no ha dejado de sorprender a quienes desconocen estas cuestiones. 
Mi primera pregunta será sencilla y quizá más directa, señor Alto Representante, que la de los colegas que me han precedido. 
¿Piensa usted realmente que los gobiernos de la Unión estén dispuestos a pagar el importe correspondiente, cuando muchos de ellos están decididos, aparentemente, a seguir recogiendo lo que hace diez años se había denominado "los dividendos de la paz"? 
Mi segunda pregunta será de carácter más técnico, pero es importante con miras a una transferencia- lo más armoniosa posible- a la Unión Europea de las responsabilidades de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea Occidental. 
Usted ha señalado, en este ámbito, la creación de tres comités; un comité político y de seguridad que hoy se ha puesto en marcha, el Comité Militar. 
A continuación usted ha mencionado sus relaciones con los países terceros miembros de la Alianza Atlántica o miembros asociados de la UEO, pero que no son miembros de la Unión Europea. 
En el marco del funcionamiento de las instituciones provisionales, cuya creación acaba de ser decidida, ¿podría decirnos, señor Alto Representante, qué estatuto piensa usted conferir a los miembros de la Alianza y a los Estados asociados a la UEO- repito- que aún no son miembros de la Unión Europea? 
¿Podrían, por ejemplo, ocupar un sitio de observadores en el seno de los diferentes comités políticos y de seguridad o del Comité Militar? 
Estos países están preocupados por el peligro de quedar aislados, y deseo manifestar que comprendo el deseo de los mismos de participar con usted en la realización de esta construcción. 
Señor Presidente, Alto Representante para la PESC, Sr. Comisario Patten, en nombre de mi Grupo parlamentario trataré un solo tipo de cuestiones que son responsabilidad tanto del Alto Representante como del Comisario. 
Éste es la candidatura de Turquía para su adhesión a la Unión Europea. 
Mi Grupo ha acogido unánimemente con satisfacción la decisión de Helsinki de ofrecer a Turquía una opción de acceso con la condición de que este país, al igual que cualquier otro candidato, debe cumplir los criterios de Copenhague. 
Mi Grupo da gran importancia a que se oriente a Turquía hacia el cumplimiento de estos criterios. 
Últimamente venimos sintiendo preocupación por los acontecimientos políticos que están produciéndose en Turquía, como por ejemplo el encarcelamiento de tres alcaldes. 
Estos actos no están encaminados hacia el cumplimiento de los criterios, sino, al contrario, hacia el incumplimiento de los criterios. 
Por ello mis preguntas, señor Solana, que se dirigen igualmente al Comisario Patten. ¿De qué forma y de acuerdo con qué plan quiere orientarse a Turquía hacia la UE tras el acuerdo de Helsinki? 
¿Hay un elenco de tareas y una agenda concreta con arreglo a las que Turquía deba ir cumpliendo los criterios fijados en Copenhague, en particular los criterios de índole política? 
¿Y qué instrumentos de control y de vigilancia han dispuesto tanto el Consejo como, sobre todo, la Comisión, para observar el cumplimiento de los criterios en este proceso? 
Señor Presidente, Señor Secretario General del Consejo, como usted entenderá nosotros hemos seguido en esta Asamblea con mucho interés la información que nos ha trasladado sobre el resultado de la reunión informal de Ministros de Defensa que se celebró en Sintra y su significación en el proceso de integración europea en materia de seguridad y defensa. 
También es de agradecer que haya compartido con este Parlamento la conversación telefónica que ha mantenido usted con D. Álvaro Gil-Robles. 
Sin embargo, en el ámbito de la política exterior, me cabe la duda de si avanzamos al ritmo que exigen las necesidades- como alguno de mis colegas ha dicho ya a lo largo de esta tarde- sin desconocer por supuesto las dificultades con las que usted se encuentra. 
Le voy a poner un ejemplo: En la reciente gira de la Presidenta del Parlamento Europeo a Oriente Medio, que usted ha mencionado, las distintas partes en conflicto coincidieron en demandar una presencia más activa de la Unión Europea en el proceso de paz abierto en la región. 
¿Cree usted, Señor Secretario General, que los representantes de las instituciones comunitarias y de los Gobiernos de los Estados miembros están actuando con la coordinación y el equilibrio que se exige a aquellos que, como nosotros, aspiran a mediar entre dos partes enfrentadas? 
Yo creo que este Parlamento alberga alguna duda al respecto; no sé si usted la comparte. 
En ese sentido, como sabrá, el Parlamento Europeo viene trabajando en la iniciativa de conformar un cuerpo diplomático común de la Comunidad, evidentemente sin el ánimo de sustituir a los servicios diplomáticos de los Estados miembros, sino de complementarlos y eventualmente contribuir a su mejor coordinación. 
Podría pedirle Señor Alto Representante, una primera reacción ante esa iniciativa, sin menoscabo de la que usted pueda darnos con mayor pormenor en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Señor Presidente, quisiera hacer algunas consideraciones, así como efectuar algunas preguntas acerca de los Balcanes, de acuerdo con el reparto de competencias de nuestro Grupo. 
Me doy cuenta de que formulamos muchísimas preguntas sobre muchísimos temas al Alto Representante. 
Eso da idea de la magnitud del problema del que se ocupa y al que se enfrenta el Sr. Solana. 
Hemos hablado en detalle sobre la futura estructura de seguridad de la Unión Europea. 
Hemos hablado en detalle sobre la necesidad de desplegar una fuerza de 60.000 hombres. 
Resulta un poco penoso hablar de ello cuando no parecemos estar en condiciones de encontrar policías suficientes para abordar la situación en Kosovo. 
Quisiera, por ello, hacer algunas observaciones, no sobre la estructura de seguridad del mañana, sino sobre la actual seguridad en la zona de los Balcanes. 
El coordinador Hombach y el Comisario Patten se toman muy en serio el pacto de solidaridad. 
La semana pasada el Sr. Hombach comunicó a este Parlamento que ahora ya hay planes y proyectos, y que están a la espera del pacto de estabilidad, de la Conferencia del Danubio que se celebra este mes. 
Hace dos semanas hablamos también ampliamente con el Comisario Patten en Estrasburgo sobre las relaciones con Macedonia. 
Todos éstos constituyen progresos positivos respecto de los Balcanes. 
¿Cuál es el papel concreto que se ha reservado el Alto Representante a sí mismo? 
¿Cuál es su contribución a la rápida integración del pacto de solidaridad en la Conferencia del Danubio, puesto que ahora debe realmente trabajarse en ello? 
Aguardamos la estrategia para los Balcanes de la Unión Europea, es decir, el embalaje político del pacto de estabilidad ¿Qué otras iniciativas prevé el Alto Representante por parte de la UE? 
Pero también algo de índole más práctica: ¿cómo cree que puede utilizarse la nueva situación en Croacia de cara al progreso político en la región? 
Con ello, me refiero, sobre todo, a una mayor estabilización de Bosnia. 
Debemos poder marcharnos de allí algún día. 
A cambio de ello, Croacia tiene derecho a saber, creo yo, a qué atenerse respecto de la UE. 
Opino que el nuevo Gobierno puede cooperar en relación con la política seguida respecto de Belgrado. 
Por último, una reflexión sobre los países que quedan más al margen de nuestra política: Ucrania, Moldavia y Bielorrusia ¿qué puede hacer la Unión Europea para luchar contra las tendencias negativas que se manifiestan en estos países? 
Todos sabemos también que, a más a largo plazo, no podemos replegarnos de forma segura tras las fronteras de una Unión Europea ampliada. 
Señor Solana, en este Pleno se ha dicho en reiteradas ocasiones que es mejor prevenir que intervenir. 
Ciertamente es mejor, pero no se ve por qué Europa no debe dotarse de los instrumentos que le permitan intervenir cuando la prevención fracasa. 
Sin embargo, hoy quiero hablar precisamente de prevención. 
En la región del Golfo se está preparando un nuevo conflicto bélico. 
El Gobierno iraquí, como usted sabe, se ha negado a cumplir la Resolución 1284 de las Naciones Unidas, y esta negativa supondrá, previsiblemente, dentro de las próximas seis o siete semanas, la denegación de los visados de entrada a la comisión que debe controlar la destrucción de las armas nucleares, biológicas y químicas. 
En dicho caso, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de su Majestad británica han dejado entender claramente que están decididos a recurrir a medidas militares. 
Mi visita a Irak y las reuniones con los líderes y personalidades de la administración iraquí, en particular con el Sr. Tarek Aziz, me han convencido de que en realidad existe una posibilidad de convencer al Gobierno iraquí para que colabore en la aplicación de la Resolución 1284. 
No obstante, es preciso que las autoridades responsables de los países occidentales digan con claridad que, una vez realizada con éxito la misión de la comisión de las Naciones Unidas, se levantará el embargo y que se podrán normalizar las relaciones comerciales. 
Quisiera saber qué está haciendo Europa y usted, señor Solana, o qué tiene intención de hacer en el próximo futuro, para alejar esta amenaza de guerra que, hoy, puede prevenirse: mañana podría ser demasiado tarde. 
En este contexto, quisiera saber asimismo si no es posible hacer algo para inducir al Gobierno iraquí a dar un paso humanitario, esto es, a facilitar información sobre los 615 desaparecidos de Kuwait o a dejarles en libertad en caso de que estuvieran bajo su control. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, en Francia se está manteniendo en la actualidad un interesante debate sobre las manifestaciones realizadas por el Primer Ministro con ocasión de su visita a Israel. 
El debate es interesante porque en él se trata la pregunta de quién es el terrorista. 
El debate también suscita interés porque se centra en las relaciones entre el Presidente de Gobierno y el Jefe del Estado. 
Pero no me voy a inmiscuir en ningún caso en este debate. 
Sólo me pregunto, señor Solana, por qué no se plantea la cuestión de cuál es la posición europea; por qué a nadie se le ocurre preguntar qué piensa Europa a este respecto, ¡pues esa debería ser la cuestión fundamental! 
El punto de fricción entre un primer ministro y un jefe de Estado en un asunto tan importante, en un escenario de crisis tan cercano a Europa, debería ser irrelevante a la vista del hecho de que Europa en su conjunto debería tener una posición. 
Por ello querría asimismo preguntarle en este contexto qué hará para, exponer y hacer prevalecer una posición europea por ejemplo, en la problemática de Oriente Próximo ­desgraciadamente, la paz no llegará tan rápido como queremos, sobre todo una paz duradera­, para conseguir que dicha posición sea efectivamente perceptible en esta región tan importante. 
Ello es en parte una tarea de la Comisión, pero es también una tarea que sin duda alguna usted debe cumplir. 
Lo mismo cabe decir en particular sobre el diálogo, especialmente importante, con el mundo árabe y con el Islam, así como sobre los diversos escenarios de conflicto existentes. 
Así, por ejemplo, la situación en el Sahara Occidental tampoco carece de importancia. 
Por ello digo que la Unión Europea ­junto a la componente militar, que quiero subrayar claramente, en particular en lo que respecta a la paz en esta región cercana a nosotros­ debería tener una posición clara e inequívoca. 
Espero que usted, cuando se hayan resuelto las otras cuestiones importantes, encuentre también tiempo para velar por que Europa adopte una posición conjunta. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, todos hemos observado la reacción particularmente moderada y casi conciliadora de la comunidad internacional en general, y de la Unión Europea en especial, sobre la guerra en Chechenia. 
Ahora bien, lo que ha ocurrido y lo que aún ocurre en Chechenia se parece a un genocidio. 
¿Si no es así, cómo puede calificarse el aniquilamiento completo de una capital regional de 400.000 habitantes, el constante y desmedido bombardeo de localidades, barrios, donde se encontraba, mezclada quizá con algunos contendientes chechenos, la totalidad de la sociedad civil? 
¿Cómo debemos calificar los siniestros campos de filtración, asimilables a campos de concentración, donde la población padece las peores humillaciones y de donde los hombres sanos, con edades de 15 a 65 años, raramente salen vivos? 
¿Cómo pueden calificarse las violaciones, los saqueos, los incendios voluntarios, las deportaciones, denominadas "limpieza", que recuerdan los peores episodios de la Edad Media europea? 
¿Y qué puede decirse de la dura situación que atraviesan los periodistas rusos e internacionales, así como de la expulsión, de los lugares donde ocurren las matanzas, de las organizaciones humanitarias y de todas las comisiones de investigación internacionales? 
Si eso es la Real Politik, si no disponemos realmente de medios, entonces, señor Alto Representante de la PESC, señor Comisario, me dirijo a ambos: utilicemos, al menos, los medios que tenemos, es decir, los programas de ayuda a Rusia. 
La guerra de Chechenia demuestra, si fuese necesario, que el deber o el derecho de injerencia se detiene en la frontera de los grandes. 
Procuremos, pues, en el futuro que cada euro que gastamos en la Federación de Rusia se utilice para aliviar los sufrimientos de las poblaciones víctimas de la guerra, con exclusión de cualquier otro objetivo. 
Señor Alto representante, nos ha explicado usted los progresos registrados hasta hoy en relación con lo acordado en Helsinki. 
Algunos de quienes estamos en esta Cámara somos fervientes partidarios de la creación de un organismo de seguridad específicamente europeo para la defensa de la paz en el mundo. 
Reconocemos, sin duda el papel del Consejo de Seguridad, tal y como se menciona precisamente en las resoluciones de Helsinki, en la preservación de la paz y la seguridad en el mundo. 
Observamos, sin embargo, que no nos ha dicho usted nada sobre el hecho de que el Consejo de Seguridad haya sido cuestionado recientemente en ese papel que le reconoce Helsinki. 
La cuestión es la siguiente: ¿Existe la voluntad política de que ese mecanismo, que cubrirá toda la gama de decisiones de Petersberg, adquiera realmente autonomía de gestión? 
¿Qué va a pasar con las infraestructuras? 
¿Hay alguna previsión que permita esa gestión autónoma de todo el sistema? 
Segundo, ¿qué será de la industria europea de defensa, que finalmente queda incluida en el marco de las actividades generales relacionadas con el sistema? 
¿Se mantendrán los programas existentes? 
Finalmente, si es necesaria la modificación del Tratado, ¿cómo ve usted, tras el informe que se presentará en Feira, su materialización e inclusión en el proceso general de modificación del marco institucional del Tratado, y cómo cree que se articula esto con la posibilidad de un sistema de mayoría cualificada? 
¿Se está pensando en este sentido? 
¿Se está reflexionando el asunto? 
¿Y en qué grado ha dado resultados concretos su colaboración con el Comisario competente y ha creado un marco de estrategia sobre el modo en que usted y el Comisario querrían qué este sistema se mostrara verdaderamente eficaz? 
Señor Presidente, de mis estudios de la historia europea me parece recordar que el Convenio de Sintra de 1809 fue un polémico acuerdo de paz que, más que acortar, probablemente alargó las guerras napoleónicas y casi costó el cargo al Duque de Wellington. 
Espero que no sea un mal augurio para este Acuerdo de Sintra. 
Ahora bien, quisiera felicitar al Alto Representante por los avances que se han logrado hasta ahora. 
Pero hemos de reconocer que gran parte de lo que ha dicho se refiere a avances en los asuntos institucionales y la auténtica prueba de la identidad de defensa europea radicará en su aptitud para crear capacidad en lugar de instituciones bien concebidas. 
Tampoco veo claro hasta qué punto hemos avanzado en la creación de capacidad en materia de aerotransporte para poder poner en funcionamiento esa tropa de 60.000 soldados o qué avances hemos logrado en la creación de capacidad autónoma en materia de inteligencia, en particular dadas las declaraciones de las autoridades americanas, en el sentido de que no cederán la información secreta a los europeos hasta que puedan encargarse de la seguridad. 
Todos hemos oído algunas de las historias procedentes del edificio del Consejo de Ministros en Bruselas. 
Tampoco veo claro hasta qué punto vamos a lograr alguna forma de convergencia sobre los gastos de defensa, pues algunos Estados miembros gastan considerablemente más que otros. 
Y, de hecho, algunos Estados miembros no están orientados hacia la movilidad. 
Son muy estáticos en sus fuerzas militares e inadecuados para esa clase de guerra. 
Tal vez podría dirigirme al Sr. Patten también y preguntarle, desde el punto de vista de la labor de prevención de conflictos que vamos a llevar a cabo, hasta qué punto podremos examinar situaciones causantes de conflictos a largo plazo, tales como degradación medioambiental y escasez de agua e incluirlas en las políticas principales de la UE, en particular en materia de desarrollo, porque carece de sentido intentar reaccionar rápidamente ante algo que hemos tardado años en preparar. 
Y, por último, permítaseme hacer mías también las observaciones de la Sra. Schroedter, en el sentido de que necesitamos una dimensión parlamentaria en este desarrollo de la defensa. 
No podemos limitarnos a dejarla en manos de los gobiernos. 
Cuando el Sr. Solana habló por última vez en este Parlamento, yo adopté una posición sumamente crítica ante el hecho de que apenas mencionara la idea de la prevención de conflictos y hoy se está hablando aquí mucho de dicha prevención, pero no de propuesta alguna para hacerla realidad en serio. 
Hablamos mucho y con orgullo de que en sesenta días se puede preparar un contingente de 60.000 soldados para todo un año, pero actualmente tenemos crisis en Europa y en sus fronteras y en otras partes que esta Unión no está abordando, lo que resulta abyecto. 
Lo que necesitamos son 60.000 policías civiles para intentar abordar esas situaciones. 
El Sr. Solana no nos ha dado información alguna sobre los resortes que se van a utilizar en relación con Rusia y Chechenia. 
El Sr. Solana no nos ha dicho nada sobre si está haciendo él o la Unión Europea alguna intervención diplomática en serio- intervenciones diplomáticas en serio- para detener la carnicería en Chechenia. 
Tenemos amplias lagunas en nuestra defensa, en principio, de los derechos humanos. 
Hicimos un acopio de capacidad para intervenir en Kosovo y ahora estamos creando un absoluto caos en esa provincia, al no enviar los recursos y el personal adecuados para abordar la situación, con lo que demostramos nuestra incapacidad para abordar de forma apreciable la prevención de conflictos. 
Así, pues, quisiera que el Sr. Solana explicara a esta Asamblea la posición de la Unión Europea en relación con Chechenia. 
¿Qué vamos a hacer en serio para poner fin a esa situación atroz? 
Tenemos resortes que podríamos utilizar con Rusia, si nos lo propusiéramos, pero nos hemos propuesto no hacerlo. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, quisiera formularle dos preguntas, señor Solana. ¿Cómo podrá usted, con alguna credibilidad, continuar la profundización de la colaboración en materia militar y de defensa si los Estados miembros no están dispuestos a cumplir con los compromisos comunes? 
Las reuniones son provechosas, pero son los resultados los que cuentan. 
Además, me pregunto qué plan tiene usted para que los gobiernos consideren a la fuerza de sesenta mil hombres como una realidad y no sólo como una cifra en un papel. 
Si miramos en nuestro entorno, la realidad muestra que la PESC amenaza con convertirse en palabrería hueca. 
Tomemos, por ejemplo, los recortes de la defensa alemana, no sólo son un problema para Scharping, el Ministro de Defensa, sino que afectan a toda Europa. 
En mi propio país, Suecia, la meta y el compromiso solidario para las acciones de la UE es de 2.500 hombres. 
En la actualidad, solamente podrían alistarse unos 1.500, a causa de los recortes presupuestarios. 
Si contamos a todos los países de la Unión, lo cual no es imposible si no se hace ninguna clase de cambios, no llegamos a los 60.000 hombres el año 2003 sino que, en el mejor de los casos, a unos 35.000 ó 40.000. 
Mi segunda pregunta se trata de lo siguiente: hace algunas semanas la prensa alemana publicó citas erróneas que se le atribuían a usted, cosa que aclaró su servicio de prensa. 
Sin embargo, quisiera saber los fundamentos de esto, es decir, si usted, en el marco de sus tareas como Alto Representante, ha tenido la idea de dar a Austria un trato especial y, si es así, quién le ha dado a usted mandato y espacio para actuar de esta forma. 
. (EN) Ha sido una larga sesión de preguntas. 
Me inclino a pensar que quizá tenga razón el Sr. Van den Bos cuando afirma que yo necesitaría la capacidad de los ángeles para responder a tantas preguntas en un espacio de tiempo tan corto, pero lo intentaré. 
Lo intentaré y responderé una por una a todas las preguntas que me han dirigido, aun cuando el diputado que haya formulado la pregunta ya no esté presente porque se haya cansado de la larga sesión o tenga cosas más importantes que hacer que escuchar. 
Pero permítanme que empiece con la primera. 
Al Sr. Poettering quisiera decirle que no intentamos duplicar nada. 
Han sido muchos los diputados que han preguntado al respecto. 
No intentamos duplicar nada. 
Intentamos hacer todo lo posible para que la Unión Europea disponga de las capacidades necesarias para intervenir en caso necesario y al mismo tiempo que se mantiene y se garantiza la seguridad global de la Unión Europea y de los países que pertenecen a nuestra alianza. 
No nos proponemos crear un Ejército Europeo. 
Si ha habido alguien que lo ha dicho, está equivocado. 
No nos proponemos crear un Ejército Europeo. 
Nuestro propósito es la creación de las capacidades necesarias que, unidas en caso necesario, permitan evitar tragedias como las que hemos presenciado recientemente. 
Es muy importante que hablemos de prevención. Es muy importante. 
Puedo decirles que, como ustedes saben, en la Unión ya existen capacidades de prevención. 
No tenemos que inventarlas. Ya existen. 
¿No es ECHO un organismo de prevención? 
¿No es nuestra capacidad de intervenir en el plano diplomático una capacidad de prevención? 
Lo que no teníamos en absoluto era la posibilidad de intervenir en el extremo opuesto del espectro de la gestión de crisis. 
La Unión Europea terminará siendo el más importante grupo de países capaz de afrontar problemas derivados de las crisis, desde crisis humanitarias hasta el despliegue de fuerzas. 
En Mozambique, si es necesario, o en los países de Europa si es necesario. 
Dentro de muy pocos días, un euroejército formado por países europeos será desplegado en Kosovo no para que se pasee por allí, sino para impedir que los habitantes se maten unos a otros. 
Y quisiera decir a mi amigo el Sr. Cohn-Bendit que en estos precisos momentos, 45.000 soldados procedentes de nuestro país- no de cualquier otro país, sino que la mayoría es de nuestro país- están destacados en Kosovo, ¿para qué? 
Para impedir que los habitantes se maten unos a otros. 
¿Cree realmente que por el hecho de que despleguemos soldados en la zona, haremos cambiar de parecer a las personas que llevan sufriendo durante siglos? 
¿Se imagina ni por un momento que el despliegue de soldados cambiará el sentir y el parecer de la población. 
¿Cuántos siglos serán necesarios para cambiar la mentalidad de países que han vivido enfrentados en el plano moral, psicológico e incluso físico durante años? 
Creen realmente que con el despliegue de tropas sobre el terreno la población cambiará de parecer? 
Los soldados pueden evitar que los habitantes se maten unos a otros, pero no pueden garantizar que se amen unos a otros. 
Sería fantástico, y para mí el don más importante sería poder desplegar una fuerza europea que consiguiera que las personas se amen unas a otras allí donde antes se mataban entre sí. 
Lamentablemente es imposible conseguir eso, ni siquiera con las capacidades de que disponemos, ni con el número de cargos que se supone que tengo, ni a pesar de las pocas horas que puedo dedicar al sueño. 
Pero permítanme decirles algo. 
Aunque despleguemos policías, como han solicitado algunos, el problema tampoco se resolverá del todo. 
¿Creen sinceramente que un cuerpo policial formado por países de la ONU resolvería el problema de Mitrovica? 
En estos momentos necesitamos mantener el despliegue del personal militar y, luego, en otros lugares, necesitamos policías, naturalmente. 
¿Pero disponen los gobiernos de la capacidad de desplegar fuerzas policiales al ritmo necesario? 
Estamos realizando grandes esfuerzos, pero es una tarea muy difícil. 
El personal militar de nuestros países se mantiene a la espera de una posible crisis. 
Los cuerpos de policía de nuestros países trabajan 24 horas al día, y a los gobiernos les resulta difícil a veces reunir a las fuerzas policiales adecuadas para el despliegue. 
No necesitamos policías que no vayan armados ni policías de tráfico. 
Necesitamos algo muy diferente que sirva de nexo entre los militares y la policía, y ése es un perfil muy difícil que no se encuentra en muchos países. 
Aquellos países que sí disponen de este perfil, participan en el despliegue y creo que están haciendo todo lo que pueden. 
Como saben, el Sr. Patten y yo estamos realizando grandes esfuerzos en este sentido para conseguir o convencer a los países de que desplieguen el mayor número de policías posible. 
El Sr. Haarder ha preguntado acerca del riesgo de que se produzca una escisión entre la Unión Europea y la OTAN. 
No creo que exista ese riesgo. 
Creo que podemos hacer algo que sea compatible y beneficioso para todos. 
Para nosotros, como europeos, representaría un nexo. 
No veo por qué deberíamos distanciarnos o debería romperse o dañarse nuestra capacidad de continuar trabajando juntos. 
Pero, repito una vez más, no intentamos crear un ejército europeo. 
Explicar al Parlamento toda la política exterior de la Unión Europea en los cincuenta minutos de que dispongo resultaría una tarea prácticamente imposible. 
En cambio, quisiera compartir con Sus Señorías los últimos pasos que hemos dado en los últimos tres meses, que creo que son muy importantes y me siento en la obligación de informarles al respecto. 
¿Necesitamos desplegar algún tipo de cuerpo civil? 
Hay personas que ya están allí con sus uniformes blancos, los uniformes blancos de la Unión Europea, que llevan destacadas en Bosnia muchos, muchos años y que ahora están siendo desplegadas en Kosovo. 
El enviado especial de la ONU es un europeo y un buen hombre, el Sr. Bernard Kouchner, que está haciendo mucho. 
Es una prueba más del compromiso de los europeos con la paz en Kosovo. 
No me he referido en particular a Oriente Medio, pero como saben podemos pasar horas hablando sobre ese tema. 
Permítanme que diga sólo dos cosas. 
La troica visitó Oriente Medio a comienzos de año. 
Visitó los tres países de la región y se hizo una idea clara de lo que allí sucede. 
Lamentablemente, en estos momentos, la vía siria sigue sin avanzar, aunque no se descarta la posibilidad de que lo haga en un futuro próximo. 
Como saben, la vía palestina atraviesa por dificultades en estos momentos. 
Si se enciende alguna luz, se podría avanzar algo, pero en estos momentos no tengo ninguna buena noticia que comunicar al Parlamento. 
La Unión Europea y los países europeos están haciendo todo lo posible por seguir cooperando en el proceso de paz y están ofreciendo a todas las partes su colaboración cuando ésta sea necesaria para aplicar los acuerdos que se alcancen. 
Esa ayuda será necesaria. 
Cuando llegue el momento, deberemos acudir aquí a solicitar ayuda, porque probablemente en el presupuesto que ahora tenemos en la Unión Europea no dispondremos de los fondos necesarios para resolver los problemas que quizá haya que resolver si en la región se alcanza un acuerdo, un acuerdo justo. 
Se han formulado muchas preguntas sobre lo que yo pienso acerca de la CIG, el tema de la seguridad, la defensa, etc. No sé cómo responder a esta pregunta. 
Como saben, la CIG tiene una estructura con un orden del día limitado. 
Tengo la impresión de que, con el paso del tiempo, el orden del día se irá ampliando, aunque puede que sólo sea una impresión mía, una impresión que puede que Sus Señorías compartan conmigo, pero no estoy en condiciones de hacer una afirmación ni de confirmarlo. 
Es algo que veremos evolucionar a medida que pasa el tiempo. 
Permítanme responder a las preguntas específicas sobre la declaración que hizo el ministro de Defensa francés sobre el 0,7. 
Cuando habló del 0,7 no se refería en absoluto al gasto de defensa. 
Se refería, si he entendido bien, a la investigación, incluida la investigación militar. 
Creo que es un objetivo sobre el que los países deberán decidir si quieren llevarlo a cabo o no. 
En lo que se refiere a los documentos de Sintra que están siendo ultimados, no tengo autoridad para compartir con el Parlamento en estos momentos el documento en el que está trabajando el comité político, pero no hay la menor duda de que el documento será compartido con el Parlamento. 
Para mí será un placer cooperar en lo relativo al comité político cuando surjan crisis en el futuro. 
En respuesta a la pregunta sobre el artículo V, tenemos dos artículos V, como saben Sus Señorías. 
Un artículo V para los países que pertenecen a la Alianza y otro artículo V para los países que pertenecen a la UEO. 
La UEO transferirá sus activos a la Unión Europea, o algunas partes determinadas. 
Aún no está claro que sucederá con el artículo V, propiamente dicho. 
Como saben, hay países en la Unión Europea que no están preparados y que no aceptarán la transferencia del artículo V, el artículo de Bruselas, al marco de la Unión Europea y, por consiguiente, no podremos hacerlo. 
Si quieren incluir el tema de la defensa en la CIG probablemente no será posible llegar hasta el punto de incorporar el artículo V del Tratado de Bruselas en la CIG. 
¿Hasta dónde se impulsará la política exterior en el marco comunitario durante los próximos años? No lo sé. 
Están dirigiendo la pregunta a la persona equivocada; no lo sé. 
Tengo algunas ideas al respecto, pero será la Conferencia Intergubernamental y, por definición, los países, los gobiernos, los que tomen las decisiones, y aunque tengo mis propias ideas, estoy seguro de que no están interesados en conocer mis ideas personales. 
Es mucho más importante comprobar las actitudes del país en cuestión. 
Quisiera responder a algunas preguntas del Sr. Morillon. 
Sé que es todo un experto en este tipo de preguntas, porque lleva muchos años dedicándose a estas cuestiones. 
Quisiera decir con respecto a aquellos países que no son miembros de la Unión Europea, pero sí lo son de la Alianza y que algún día también lo serán de la Unión Europea, que deseamos su participación. 
Para conseguir su participación de entrada, antes de que se adopte cualquier decisión sobre una operación, y más tarde, una vez tomada la decisión, y si quieren participar en la operación de gestión de la crisis, deberemos tratarlos en igualdad de condiciones con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás países. 
El Sr. Galeote Quecedo ha preguntado acerca del cuerpo diplomático de la Unión Europea. 
Es algo en lo que está pensando mucha gente. 
No creo que eso se produzca mañana. 
Después de las conversaciones que hemos mantenido con la Comisión, es una buena idea avanzar en esa dirección, pero estamos muy lejos de disponer de un cuerpo diplomático como tal. 
Es posible cooperar, ayudar todo lo posible, pero llegar hasta el final en esa dirección es, lamentablemente, una visión remota en estos momentos. 
Ha habido varias preguntas acerca del pacto de estabilidad. 
El pacto de estabilidad ocupará un lugar preferente en el orden del día de la primera conferencia financiera que se celebrará este mes de marzo y en la que se discutirán distintos proyectos. 
Marcha bien y tengo grandes esperanzas de que sea un gran éxito para los países de la región y también para la Unión Europea. 
La Unión Europea no es el único contribuyente, aunque no hay ninguna duda de que es uno de los más importantes. 
He luchado contra la dictadura durante muchos años, he sufrido muchas injusticias, he estado en la cárcel y me siento muy orgulloso de estar aquí para defender a la Unión Europea, al Parlamento democrático y decirles que estamos dispuestos a desplegar fuerzas no para hacer la guerra, sino para conseguir la paz. 
Sus Señorías saben perfectamente que en Helsinki se tomó una decisión muy importante, una decisión muy importante relativa a Chechenia. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron una decisión importante. 
Fuimos el único grupo de países que ha tomado una decisión semejante. 
Hemos decidido no sólo con palabras, sino también con hechos, y se han adoptado dos decisiones importantes relativas al comercio y a la ayuda humanitaria. 
Lo hemos hechos y seguiremos haciéndolo. 
Mañana y pasado mañana, Chris Patten y yo y, naturalmente, la Presidencia nos reuniremos con el Sr. Ivanov en Lisboa. 
Al día siguiente volveremos a reunirnos con los Estados Unidos y luego celebraremos una reunión a tres bandas con los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, en la que, como podrán imaginar, el punto número uno del orden del día será Chechenia. 
Hacemos lo que podemos. 
No hemos dejado de ejercer toda la presión que hemos podido, porque somos perfectamente conscientes de la crisis que podría desencadenarse no sólo hoy, sino también mañana, si Rusia termina evolucionando en una dirección que no será buena para nadie. 
Queremos mantener con Rusia unas relaciones bilaterales sólidas. 
Para Europa son muy importantes, pero queremos mantener dichas relaciones con una Rusia que comprenda que no pueden hacerse ciertas cosas. 
Eso es lo que venimos diciendo y eso es lo que ha guiado nuestras acciones desde el inicio, y creo que en lo que se refiere a la posición que el Sr. Patten y yo hemos mantenido desde un comienzo, pueden leer las actas y comprobar que lo que estamos diciendo- lo que estoy diciendo ahora- es cierto. 
Probablemente quedan aún muchas más preguntas por responder. 
Permítanme que les diga para terminar- no quiero abusar más de su tiempo- que estoy dispuesto a acudir aquí cada vez que lo deseen, aunque preferiría, en lo posible, celebrar sesiones en las que nos centremos en algunos temas concretos para poder desarrollarlos a fondo, porque de lo contrario, tenemos tantos temas, tantos problemas que resulta muy difícil tratar sobre ellos realmente en profundidad. 
Estoy dispuesto a hacerlo; saben que estoy realmente dispuesto a hacerlo siempre que sea necesario. 
En estos momentos quería compartir con el Parlamento algo importante. 
La Cumbre de Helsinki fue en diciembre, cuando nuestros Jefes de Estado y de Gobierno nos encomendaron un tarea muy importante por primera vez. Crear capacidades y realizar un esfuerzo para gestiones de crisis incluso en el plano militar. 
Me enorgullece comunicarles que cuando han transcurrido dos meses, estamos avanzando en la dirección acertada. 
Creo que Sus Señorías, como representantes de nuestros ciudadanos, deberían sentirse orgullosos de que así sea. 
. (EN) Estoy muy agradecido por esta oportunidad de contribuir al debate sobre la declaración realizada por el Alto Representante. 
No me extenderé mucho, pero permítanme hacer algunas observaciones y comenzar por algo que a veces resulta bastante peligroso en cualquier parlamento, como es atraer la atención de Sus Señorías hacia la relación que existe entre la retórica y la realidad. 
La Sra. Pack lo ha hecho en sus observaciones, y si ella está dispuesta a abrir camino, creo que el resto de nosotros deberíamos tener el valor suficiente para seguir. 
Yo también quisiera decir unas palabras sobre este tema concreto. 
La semana pasada participé en la interesante sesión organizada por miembros de la Asamblea parlamentaria de la OTAN y diputados a este Parlamento. 
También asistieron muchas de Sus Señorías y creo que no falto a la verdad si digo que podía cortarse con un cuchillo el escepticismo de muchos de los delegados parlamentarios de la OTAN cuando hablamos de las ambiciones de Europa en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Esto es particularmente cierto en el caso de algunos de los delegados estadounidenses que estaban presentes, pero también en el caso de otros. 
Como decía en mis observaciones, cuando hablaba con algunos de ellos tuve la sensación de que no sabían si reír o llorar y debe recordarnos a todos nosotros las pruebas que nos impusimos nosotros mismos y las pruebas que necesariamente deberemos superar durante los próximos meses y años, y en ese contexto, las observaciones que ha hecho hoy el Alto Representante han sido sumamente alentadoras. 
Es extraordinario lo mucho que hemos avanzado en tan poco tiempo, pero queda aún mucho camino por recorrer y durante los próximos meses y años nos encontraremos ante a cuestiones difíciles, como por ejemplo, aquéllas relativas a los recursos. 
Muchos argumentarán que, naturalmente, lo único que hace falta en Europa es que hagamos un mejor uso de los recursos disponibles, pero sospecho que en nuestros Estados miembros irá en aumento el debate sobre si realmente bastará con eso, sobre si eso garantizará la clase de política de seguridad que deseamos y de la que queremos sentirnos más responsables en nuestra Unión. 
Quisiera decir algo sobre los aspectos no militares de nuestra política de seguridad, de la prevención de conflictos y de la gestión de crisis. 
Como no podía ser de otra manera, hoy nos hemos centrado en el lado militar, pero no hemos olvidado el lado no militar, y Mozambique nos trae a la memoria la importancia de recordar esto. 
Presentaremos al Consejo antes de Lisboa nuestras propuestas sobre una unidad de intervención rápida de manera que podamos proporcionar ayuda allí donde sea necesaria, no al cabo de meses o años, sino en cuestión de días o semanas. 
En la Comisión estamos creando un centro de crisis que sirva de enlace operativo con el centro de situación de la unidad política del Alto Representante. 
Asimismo, y es para mí el ámbito más importante de todos, un ámbito en el que estamos abriendo nuevos caminos, poco después de haber presentado nuestras propuestas sobre una unidad de intervención rápida, presentaremos también otras propuestas sobre objetivos de primera plana. 
Repito que estamos abriendo nuevos caminos, pero es muy importante que lo hagamos por una serie de razones y la vigilancia policial en Kosovo, la vigilancia policial en cualquier parte, es el ejemplo más espectacular y obvio. 
No se trata apenas del tipo de vigilancia policial que relacionamos con los policías de barrio que montan guardia en una esquina. 
Cuando era niño crecí con la ilusión de que me dejaran permanecer levantado los sábados por la noche para ver un programa de televisión sobre un policía de barrio llamado Dixon de Dock Green. 
Antes de acudir aquí he estado escribiendo un informe, y es un buen informe, sencillamente para responder a mi distinguido amigo, sobre la vigilancia policial en algunas zonas de mi país. 
Recuerdo haber hablado sobre la vigilancia policial de barrio con algunos expertos norteamericanos en temas policiales y cuando les pregunté cuál era en su opinión el ideal de un agente de policía de barrio, la respuesta que recibí fue "una abuela negra". 
Pero, lamentablemente, ese tipo de enfoque de la vigilancia policial no es lo que hace falta en Kosovo. 
Ya contamos con fuerzas armadas, todos tenemos experiencia en la formación de agentes de policía de barrio. 
Lo que realmente hace falta en semejantes circunstancias es un término medio entre las fuerzas armadas y la policía de barrio. 
Necesitamos a personas capaces de detectar el delito, pero que además tengan una mayor capacidad de hacer frente a situaciones de orden público realmente difíciles. 
Es el tipo de cosas que debemos desarrollar en la Unión Europea y debemos afrontar el hecho de que eso repercute en los recursos. 
Por tanto, una vez más, retórica y realidad. 
El Sr. Titley ha hecho referencia a la prevención de conflictos en su sentido más amplio y ha preguntado qué aportación intelectual nos disponíamos a hacer en este debate. 
Me gustaría aconsejarle que sintonice Radio 4 a finales de marzo y escuche la primera conferencia del ciclo Reith, en la que podrá oír al Comisario de Relaciones Exteriores pronunciar una intervención muy conmovedora y convincente sobre todo este asunto. 
Aunque quizá pueda adelantar algunas cosas esta tarde. 
Creo que existe un cordón umbilical que une el incumplimiento de los derechos humanos, el incumplimiento del habeas corpus, el desprecio de todas las normas habituales de la buena gobernación, la tiranía y la degradación del medio ambiente. 
Todas estas cosas van unidas. 
Hablamos de las complejidades de nuestro ecosistema, pero existe un ecosistema de valores y de instituciones políticas que es igual de importante y absolutamente crucial si queremos mejorar la vida de las personas de países como Mozambique y mejorar la vida también de personas que viven mucho más cerca de nosotros, en los Balcanes. 
Por tanto, en los próximos meses presentaremos comunicaciones de la Comisión que están directamente relacionadas, por ejemplo, con el tema de la prevención de conflictos o con la gestión de crisis. 
Presentaremos en breve una comunicación sobre un tema que es de gran interés para este Parlamento, a saber, cómo podemos garantizar que el seguimiento de las elecciones se lleva a cabo de la manera más exhaustiva y más sensata posible sin restar por ello integridad a las instituciones responsables de su realización. 
Presentaremos una comunicación sobre las minas antipersonas y sobre la utilización de sensores. 
Las labores de limpieza de minas terrestres ha sido todo un éxito en Mozambique. 
Se ha conseguido limpiar senderos que conducen desde las aldeas hasta los pozos, se ha conseguido limpiar senderos que conducen desde las aldeas hasta las escuelas primarias. 
Podemos imaginarnos cuáles han sido las consecuencias de las inundaciones de estos últimos días; una nueva dispersión de las minas antipersonas por todas partes. 
Deberemos volver a realizar esas mismas labores de rastreo. 
Lo que deberemos analizar es el modo en que podemos relacionar un tema como éste con nuestras políticas en otras partes del mundo. 
Deberemos analizar qué hacer con las reservas de minas antipersonas que existen en Ucrania, en Moldavia, las consecuencias ecológicas de la eliminación de esas reservas, las consecuencias financieras de la eliminación de esas reservas, las consecuencias políticas de la eliminación de esas reservas. 
Por tanto, lo que quiero dejar claro es que todas estas cosas están estrechamente relacionadas entre sí. 
Disponemos de todos los instrumentos, disponemos de todos los instrumentos necesarios, pero deberemos compaginarlo todo de una manera mucho más eficaz que en el pasado y ése es precisamente el reto al que nos enfrentamos el Alto Representante y yo en los próximos cuatro o cinco años. 
Espero que a la hora de afrontar dichos desafíos podamos contar con el apoyo que representan unos recursos adecuados, además de una retórica espectacular. 
Todos sabemos que existe una serie de razones para el desarrollo de una política exterior y de seguridad común y les diré tres de ellas: Bosnia, Albania y Kosovo. 
Son tres razones para una política exterior y de seguridad común y nuestro éxito en el desarrollo de dicha política se medirá sobre todo en cómo resolvemos la situación en los Balcanes, sin perder de vista el hecho de que no son pocos nuestros críticos, no son pocos los políticos estadounidenses, no son pocos los senadores y congresistas que afirman "¿ cómo podemos tomarles en serio en lo que respecta al desarrollo de una política exterior y de seguridad común si ni siquiera pueden resolver los problemas que tienen en su propia puerta trasera ?" 
Por tanto, la gran prueba que deberemos superar es la de los Balcanes. 
Espero que todos los Jefes de Gobierno, todos los políticos prominentes de nuestros Estados miembros que prometieron el oro y el moro en los Balcanes, que prometieron "planes Marshall" y que hicieron todo tipo de promesas en los Balcanes den la cara cuando la autoridad presupuestaria decida cuánto deberemos destinar a los Balcanes. 
Tengo grandes esperanzas de que podamos vivir todos en un planeta que también esté habitado por el Consejo Europeo, el Consejo de Asuntos Generales y Ecofin. 
Todos juntos en el mismo planeta político y garantizar que existe una cierta consonancia entre lo que prometemos al mundo y lo que realmente podemos aportar. 
En el desempeño de esta tarea durante estos últimos meses he escuchado promesas en el sentido de que haremos más cosas en Latinoamérica, he escuchado promesas de que si se alcanza un acuerdo de paz en Oriente Medio, estaremos allí para proporcionar los fondos necesarios. He escuchado promesas de que estableceremos un pacto de estabilidad en el Sur del Cáucaso. 
He escuchado promesas de que garantizaremos la democracia en Indonesia aportando más ayuda a ese país. 
¿Dónde están los hechos? 
Y no se trata de ninguna aportación a una controversia política reciente. 
Se trata de la cuestión que, en mi opinión, deberemos plantearnos una y otra vez durante las próximas semanas y meses. 
Una de las razones por las que tengo tanto empeño en llevar a cabo una reforma eficaz de nuestros programas de ayuda exterior es que no quiero seguir encontrándome en la situación en la que cada vez que hago una pregunta como ésta sobre el abismo que existe entre la retórica y la realidad, la respuesta sea 'Bueno, sabemos que no están gestionando las cosas con eficacia, sabemos que no han utilizado todos sus créditos de compromiso, sabemos que aún disponen de reservas'. 
Quiero que nos encontremos en una situación en la que podamos decir " Eso ha cambiado. 
Estamos gestionando las cosas con toda la eficacia y competencia que podemos ". 
Por tanto, Estados miembros, creemos que es hora de que la Política Exterior y de Seguridad Común tienda un puente entre las conclusiones del Consejo, entre los metros de comunicados y lo que realmente podemos aportar sobre el terreno, y creo que si lo logramos, habremos facilitado enormemente la misión del Alto Representante y habremos mejorado considerablemente las condiciones de vida de un gran número de personas de todo el mundo. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
También le agradezco que haya dado en esta asunto tan complicado muestras de su humor británico. Ello lo hace un poco más interesante. 
La mujer en el proceso de toma de decisiones 
De conformidad con el orden del día, siguen las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la mujer en el proceso de toma de decisiones. 
Señor Presidente, Señorías, festejar el Día Internacional de la Mujer es un imperativo acorde con el proceso de ascenso de la mujer al lugar que desde siempre se le debe como inherente a su dignidad. 
Así, pues, la celebración de este día debe combinar dos vectores fundamentales: el aspecto conmemorativo, la capacidad de relacionarnos con el pasado de esta causa y con todos cuantos tuvieron que ver con ella, entre los cuales destaco, por ser de justicia, las organizaciones no gubernamentales, y, por otro lado, el aspecto simbólico, potencialidad que proyecta la causa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con vistas al futuro. 
Y así, eliminando lo que ha estado en la sombra, esta fiesta contribuirá a que los hombres y las mujeres se vean como origen y destino de su dignidad, en un proceso en el que se debe no tanto sacralizar el tiempo cuanto purificarlo de prejuicios. 
Tiene sentido una celebración de esta naturaleza, porque, al evocarse el pasado, se potencia la liberación del estigma que milenariamente afectó a la mujer en su convivencia forzada con la pobreza, en su reducción a la condición de menor de edad ante la educación, en su fragilidad natural que expone a la violencia gratuita, en el alejamiento forzado del poder y del ámbito de la adopción de decisiones, en la salud afectada por los condicionamientos de la maternidad o por los de la violencia o incluso por los de la explotación sexual, en la carga que la sociedad le impone con la responsabilidad de la familia, en la fragilidad económica y desde el punto de vista del empleo, en la falta de tiempo para su persona y también en toda la compleja objetualización de que es víctima desde el punto de vista de la comunicación social, en el tráfico y en la explotación sexual y, por último, en la interminable lista de los derechos humanos en ella ultrajados. 
La clarividencia de la Grecia antigua nos legó como algo natural la identificación entre la igualdad y la justicia. 
Aristóteles es inequívoco al afirmar que "lo justo será lo que se ajusta a las leyes y observa la igualdad, lo justo nos hace ajustarnos a las leyes y a la igualdad, lo injusto nos lleva a la ilegalidad y a la desigualdad". 
Pero Voltaire, dos mil años después, advierte contra la aparente simplicidad de ese pensamiento: " La igualdad es la causa más natural y al mismo tiempo más quimérica. 
Como los hombres son exagerados en todo, cuando pueden exageran las desigualdades ". 
La modernidad y el régimen democrático en que se asienta se instaura a partir de la idea de contrato social, forma de asociación que "defiende y protege", según dice Rousseau, " con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la cual, cada una de ellas, uniéndose a todas, no obedece, con todo, sino a sí misma y permanece tan libre como antes. 
Al darse todos completamente, la condición es igual para todos. 
Y, al ser la condición igual para todos, nadie tiene interés en volverla onerosa para los demás ". 
Aun así, sabemos que esa condición de igualdad-universalidad no incluía a la mujer. 
En la posmodernidad, declarada la insuficiencia del contrato social de Rousseau, tenemos que apelar a una nueva forma contractual, más rica y enriquecedora, por estar más de acuerdo con la naturaleza del ser humano en su polaridad integradora hombre-mujer. 
Tenemos que encaminarnos hacia un nuevo contrato social de los sexos, pero esa propuesta se desprende de la propia democracia. 
Vivimos en una época en la que la política se ha desvalorizado, en la que las democracias padecen falta de compromiso político de los ciudadanos. 
Tenemos que verlo a partir de las consecuencias del binomio ciudadanía-democracia, conceptos y realidades que se determinan mutuamente. 
La exclusión de las mujeres de la esfera del pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía es, para mí, uno de los factores determinantes de la crisis de la democracia que sólo una política integrada de la igualdad de los sexos podría contribuir a invertir. 
Ésta va encaminada a la consecución de la meta de la paridad, a concretarse en el surgimiento de una democracia paritaria, nuevo paradigma que resultará de la materialización del nuevo contrato social entre los sexos, camino o atajo para una sociedad no excluyente. 
La mundialización tiene diversas consecuencias para la democracia. 
Señala, desde luego, la necesidad de una nueva ética, una vez demostrada hasta la saciedad la insuficiencia de la ética personal y de la social. 
Se están instaurando conceptos de fluidez, movilidad y velocidad a una escala nunca vista: la planetaria. 
Conceptos y realidades como transnacionalismo, regionalismo y tribalismo se han instalado de forma permanente en nuestra vida cotidiana y problematizan e interrogan, muchas veces de forma drástica. 
Y, mientras que el camino hacia la irreversibilidad de la instauración de la democracia en el nivel mundial parece ser un dato adquirido, paralelamente descubrimos la magnitud del sufrimiento social resultante del influjo de la mundialización en las capas más frágiles de la Humanidad y, por consiguiente, para la mujer, pues la pobreza insiste en presentar nombre y rostro femeninos. 
En verdad, la acumulación de riqueza y poderes ha originado el aumento del número de los excluidos. 
El progreso tecnológico ha traído y multiplicado el número de desempleados. 
La mundialización de la economía y del sistema financiero ha privado al Estado de atributos con los que antes contaba, por lo que se ha visto reducido a la dimensión de Estado paralelo. 
Simultánea y consiguientemente, surge la realidad del nomadismo, lo que contribuye a agravar los problemas de la inclusión social, situación nueva que se suma a los factores antes mencionados. 
En una palabra, la exclusión surge multiforme, cierto es, pero omnipresente como vergüenza para los propósitos de nuestro régimen, que pasa a recibir la denominación de democracia de nuestro descontento, es decir, proceso de exclusión, desafiliación, estigmatización y descalificación social sin paralelo en el tiempo y en el espacio. 
En el ámbito de la Presidencia portuguesa, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas y las contribuciones hechas por los diversos Estados miembros, la Cumbre extraordinaria de Lisboa, que versará sobre "Empleo, reformas económicas y cohesión social para una nueva Europa de la innovación y del conocimiento", pretende contrarrestar esos riesgos que, como nos revela la Historia, son siempre más graves para las mujeres, en particular en los sectores más directamente relacionados con la especificidad del tema propuesto. 
Así, pues, se camina hacia la adopción de medidas que creen condiciones para el acceso al saber, a la formación a lo largo de la vida y a la superación de las limitaciones que alejan a las personas de los avances tecnológicos con todas sus consecuencias. 
De ese modo se pretende renovar el modelo social europeo, reforzando al mismo tiempo la dimensión del empleo y de la cohesión social. 
Se pretende adoptar una posición que invierta el sentido de la tradicional exclusión femenina determinada por los cometidos que se han asignado tradicionalmente a la mujer. 
Ello sólo es posible con un nuevo contrato social en el que la conciliación entre la vida familiar y la profesional cobre una importancia estratégica en la que "reparto" es la palabra decisiva. 
Pero es en la esfera política en la que la exclusión de las mujeres se afirma con mayor expresión. 
A eso se debe la oportunidad del tema elegido para este día, determinante respecto del futuro, dado que ya está instaurada la igualdad en términos jurídicos. 
Y la introducción de lo femenino es indispensable para afrontar la complejidad de la vida actual. 
Está claro que la falta de igualdad efectiva evidencia la falta de legitimidad de las estructuras políticas, la falta de su representatividad. 
Todo eso denuncia la insuficiencia de la mera instauración de la igualdad jurídica que, al proponerse garantizar la igualdad en el punto de partida, no ha conseguido garantizarla en sus resultados. 
El pretendido universalismo de los textos de los fundadores de la democracia de la época moderna, como ya he dicho, no se proponía abarcar a las mujeres en cuanto ciudadanas. 
No se concibió a las mujeres como sujetos de derechos. 
Como la verdadera democracia presupone y entraña una igual participación de todos los ciudadanos, la diferencia de los sexos conduce a una importante profundización del régimen democrático a partir de esa evidencia. 
El género humano es doble y exige un sistema en el que los debates y las decisiones corran a cargo de hombres y mujeres de forma equilibrada. 
Paridad significa un equilibrio de hombres y mujeres en la estructura de la representación social y política. 
Ser mujer constituye una de las dos formas esenciales de ser humano. 
Ser mujer o ser hombre son divisiones del género humano que separan tanto como unen y, por eso, son creadoras en un eterno juego de polaridades. 
El concepto de democracia paritaria, partiendo de esa observación, recoge el beneficio de la creatividad engendrada y lo pone al servicio de decisiones más correctas, más justas, más ajustadas a los problemas que se pretende resolver. 
Por eso, creo en la paridad, nueva figura de igualdad de los sexos que vuelve a instalar el universalismo en su verdad y en el seno de la sociedad políticamente organizada. 
La plataforma de Pekín corresponde a un marco histórico en la larga marcha que hoy evocamos. 
Por eso, su evaluación, cuyo proceso se encuentra ahora en curso, no puede servir de pretexto para retroceso alguno. 
No se trata de una nueva declaración, sino tan sólo de la evaluación de su cumplimiento por parte de los Estados que la subscribieron. 
Se tiene que preservar en sus principios, en los valores que consagra, en los objetivos que pretende alcanzar. 
Se puede profundizar, pero nunca desvirtuar. 
Ésa es la posición que la Unión Europea debe adquirir. 
Las conclusiones que se desprenden del proceso europeo de evaluación que se dio en el pasado mes de enero en Ginebra presentan esa orientación y reafirman la necesidad de la completa aplicación de los doce sectores seleccionados. 
También está en marcha el proceso encaminado al lanzamiento del V Programa Comunitario para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2001/2005. 
De nuestro conocimiento del proceso resulta claro que la prosecución, como el fortalecimiento, de la política de igualdad entre hombres y mujeres en el nivel comunitario son indispensables porque, pese a los avances y a la labor logrados, también se nota la persistencia de importantes situaciones de disparidad entre hombres y mujeres en los planos económico, político, social y civil. 
Portugal, en el ejercicio de la Presidencia de la Unión, acoge con beneplácito este programa encaminado a la construcción de una Europa de oportunidades iguales para todos y formula los mejores votos por su éxito. 
Mediante el juego de su polaridad, las mujeres y los hombres constituyen y estructuran las sociedades en las que viven. 
Se trata de una nueva forma de afrontar las esferas pública y privada, de una propuesta para luchar contra la sospecha sobre los políticos y su modo de actuar, de una opción para superar la desconfianza en cuanto a la forma de funcionamiento de las estructuras democráticas y a su transparencia y de un proceso para reducir al mínimo la desafiliación de ciertos sectores de la población respecto de los partidos políticos tradicionales y de la forma de hacer política. 
La política de igualdad entre los sexos reviste aspectos de plusvalía que aporta a la sociedad al beneficiar tanto a las mujeres como a los hombres desde el punto de vista de la realización personal, social y profesional, al contribuir decididamente al progreso social, en la medida en que reconoce y potencia los recursos propios de cada uno de ellos, al contribuir a la profundización de la democracia y volver el proceso de decisión más próximo a los electores, al aportar a la escena política nuevas dimensiones valorativas específicas de la mujer, al contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la profundización de la democracia. 
En 1922, un pensador portugués subrayaba, al reflexionar sobre los asuntos de la igualdad: "La condición necesaria de la igualdad de los derechos es la igualdad de los poderes". 
No sé quién podría negar la clarividencia de su pensamiento ni quién, reconociéndola, la niega como inherente a la esencia de la democracia. 
¡Construyámosla, pues! 
Sólo así podremos afirmar con verdad que la Humanidad es una solidaridad que se prolonga a lo largo de la Historia. 
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención agradeciendo a la Señora Ministra, Presidenta en ejercicio del Consejo, su participación en este debate y su interesante intervención sobre el tema. 
También querría agradecer a la Señora Comisaria que haya estado con nosotras y las palabras que nos ha dirigido. 
Generalmente los distintos Grupos políticos nos ponemos de acuerdo en el hecho fácilmente constatable de la infrarrepresentación de la mujer en los procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito político como en el económico y social. 
Hoy nadie discute que las mujeres participen en la vida política, en los partidos y en las instituciones, pero no es fácil ponernos de acuerdo en la forma en que esta participación debe conseguirse. 
La igualdad entre hombres y mujeres que más afecta a la propia vida de las mujeres y, por tanto, a la sociedad en general es la igualdad en el trabajo, tanto la igualdad en el acceso al mismo- lo que supone igualdad en la preparación- como la igualdad de remuneración por el mismo trabajo, tantas veces defendida y todavía tan lejos de la realidad. 
Estamos convencidos de que la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones será beneficiosa para la sociedad en su conjunto. 
La mujer aporta siempre un punto de vista diferente al de los hombres, que sirve para enriquecer y completar la visión de conjunto sobre las mejores soluciones a los problemas de la vida diaria, en cuya resolución se comprometen las personas que, como nosotros, se dedican a la política activa. 
Pero la dificultad consiste en encontrar la solución adecuada que permita una mayor presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad y, por lo tanto, en la toma de decisiones. 
En algunos países de la Unión Europea se ha adoptado por ley una fórmula de cuotas obligatoria, que consigue de manera inmediata una presencia más equilibrada de las mujeres. 
Sin embargo, no suele ser la mejor solución, porque no siempre hay un número suficiente de mujeres dispuestas a entrar en un mundo difícil, competitivo, que consideran esencialmente masculino, porque tradicionalmente ha estado reservado a los hombres. 
La participación de las mujeres en los partidos políticos no es del cincuenta por ciento, ni tampoco en el mundo laboral y social. 
Es bastante inferior, y es esta participación de la base la que deberíamos impulsar para facilitar la presencia de las mujeres. 
También debe existir una voluntad clara y real de que haya más mujeres capaces y dispuestas a asumir responsabilidades y compromisos en la vida política, es decir, en el proceso de toma de decisiones. 
En el Grupo Popular no hay un acuerdo claro en apoyar el sistema de cuotas obligatorio. 
Algunas personas se manifiestan incluso en contra. 
Personalmente, yo no querría sentirme cuota, pensar que estoy en un determinado puesto por el hecho de haber nacido mujer. 
Este es un sentimiento que los hombres nunca tendrán y una diferencia importante. 
Señor Presidente, expreso mi agradecimiento a la Sra. Comisaria y a la Presidenta del Consejo. 
Al principio de este siglo, el Gobierno francés ha encendido una luz, ha dado un golpe de efecto en materia de igualdad en la participación política. 
Por primera vez, las listas electorales deben estar compuestas por hombres y mujeres de forma paritaria. 
Con ello, el Jefe de Gobierno Jospin ha dado una señal a la Unión Europea. 
Justamente hoy la recientemente elegida Presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, toma posesión de su cargo. 
Así, las mujeres finlandesas han marcado un hito, colocando por primera vez a una mujer en la más alta instancia de su Estado. 
Por desgracia no ocurre lo mismo en el resto de países. 
En Grecia, en las próximas elecciones habrá, lamentablemente, menos de un 7% de candidatas. 
En este país hay mucho terreno que recuperar. 
No han seguido las recomendaciones del Consejo de 1996 relativas a la participación equilibrada de las mujeres y a la eliminación de la infrarrepresentación femenina. 
Si bien las mujeres son también mayoría en la población europea, se siguen viendo excluidas. 
Cuando ambicionan ocupar cargos de mayor relevencia, se topan rápidamente con un techo de cristal. 
A diferencia de la interveniente que me ha precedido, pienso ­y es una opinión unánimemente compartida en mi Grupo­ que debemos imponer un sistema de cuotas, y además cuotas obligatorias, pues las mujeres han trabajado duro para ello. 
Las mujeres de la Unión Europea contamos con una formación magnífica, hemos acreditado tener espíritu de equipo y adquirido fuerza decisoria y competencia social. 
Las cuotas obligatorias exigen contar con datos fiables y no pueden excluirse en ningún ámbito social. 
Necesitamos este nuevo contrato social, necesitamos luchar por el poder, el dinero y el reparto del trabajo, que debe efectuarse en beneficio de las mujeres. 
Miro a mi alrededor y veo que los hombres bien podrían habernos prestado apoyo en esta lucha. 
Por desgracia, también aquí están mal representados. 
Espero que sigamos trabajando en la Plataforma de Pekín, que hagamos realidad la visión del paso del Día de la Mujer al Milenio de la Mujer. 
Señor Presidente, también querría dar las gracias a la Sra. Presidenta del Consejo y a la Sra. Comisaria por sus discursos, que en mi opinión inducen verdaderamente al optimismo, sobre todo debido a la voluntad y al compromiso que irradiaban ambas mujeres. 
Me pareció un ejemplo estupendo el dado por la Sra. Comisaria cuando dijo que nadie había soñado con que los quince países no fueran a estar representados de la misma forma pero que no pasa lo mismo cuando se trata de la representación de las mujeres. 
Verdaderamente, no se puede decir de forma más clara de qué estamos hablando. 
Espero que la Sra. Comisaria- siendo joven y fuerte- tenga la necesaria perseverancia para emprender también las necesarias reformas dentro de la Comisión. 
Estoy convencida de que será una tarea dura al fin y al cabo. 
Si la señora Comisaria pide apoyo de este Parlamento, puede contar en cualquier caso con el respaldo del Grupo Liberal. 
Nos interesa muchísimo que se alcance la igualdad de oportunidades en la Comisión, que se asegure la necesaria base de decisión de tal forma que la señora Comisaria pueda poner en práctica sus ideas en materia de igualdad. 
Quiero decirle a la Ministra portuguesa que estoy completamente de acuerdo con ella en que todo gira en torno a la imposibilidad de tener los mismos derechos sin tener el mismo poder. 
Este punto es absolutamente fundamental. 
No obstante, también debe recordarse que nadie cede el poder voluntariamente, algo que es aplicable tanto a hombres como a mujeres. 
Los hombres nunca quisieron entregar sus posiciones de poder cuando tuvieron alguna y también son muy pocas las mujeres dispuestas a abandonar sus posiciones de poder- en este punto me refiero especialmente a su posición de poder con respecto a los hijos. 
Por lo demás, quiero decir que también puede ser ésta una de las razones de que hoy haya aquí tan pocos hombres presentes. 
Por supuesto que nos gustaría tener derecho a celebrar este debate más o menos para nosotras mismas por similares razones de política de fuerza. 
Lo que quiero subrayar con esto es que se trata de ceder poder desde los dos lados. 
La Sra. Comisaria subraya que lo que hace falta es una combinación política de una larga serie de diferentes cosas y mencionó especialmente a Finlandia y a Suecia. 
Quiero decirle, a título informativo, que también podía haber mencionado a Dinamarca. 
Y lo digo naturalmente porque vengo de Dinamarca. 
De hecho, el Gobierno danés está compuesto por un 45% de mujeres, siendo en realidad este porcentaje ligeramente superior al porcentaje finlandés. 
Por supuesto que no tenemos a una mujer presidente, aunque sí tenemos en cambio a una reina, lo que quizá pueda en determinados contextos hacer el mismo servicio. 
Quiero abordar algunos de los puntos mencionados por la Sra. Comisaria, en especial, la cuestión de los recursos financieros. 
Es absolutamente necesario que aceptemos el coste de que la mujeres alcancen la equiparación a corto plazo. 
A corto plazo es preciso que apostemos por un cuidado y naturalmente una educación responsables de los hijos. 
Luego está la cuestión relativa a las estructuras apropiadas. 
Cabe preguntarse si la tradicional cultural industrial ha sido especialmente positiva a este respecto y por ello estoy muy satisfecha con el hecho de que los ministros portugueses participen muy activamente en la Conferencia de Lisboa, que, entre otros puntos, tratará la cuestión del desarrollo de las tecnologías de la información. 
Creo que en esta cuestión existen posibilidades espectaculares para las mujeres, precisamente porque no se trata de estructuras jerárquicas, sino planas. 
En cualquier caso en Dinamarca hemos sido testigos de un desarrollo que apunta a una presencia muy numerosa de mujeres empresarias. 
Hay dos puntos que no se han mencionado y que me gustaría mencionar en último lugar. 
El primero es la cuestión de la influencia de los medios. 
Me parece sumamente importante analizar cuáles son los estereotipos que construyen los medios de comunicación. 
He de decir que no lo sé exactamente. 
Tengo la sospecha de que así es, pero no estoy segura. 
El segundo es la ampliación. 
Considero importantísimo desde este mismo momento insistir con motivo de la ampliación en la necesidad de que los nuevos países estén representados tanto por mujeres como por hombres, de tal forma que también se vean así respaldadas las mujeres de estos países. 
Yo también quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Ministra y a la Sra. Comisaria por sus declaraciones y estoy de acuerdo con la declaración de la Comisaria, en el sentido de que ya es hora de que las bonitas palabras se traduzcan en obras. 
Todos sabemos hasta qué punto las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de decisiones a todos los niveles, porque disponemos de estadísticas que hablan por sí solas. 
También reconozco que las estadísticas exactas tienen una importancia fundamental, porque sólo cuando veamos cambiar las cifras, sabremos que estamos comenzando a superar los problemas. Sólo un seguimiento sistemático revelará este extremo. 
Mientras tanto, necesitamos una acción positiva y eso significa hacer uso de cuotas y otras medidas. 
Podemos aprender de los logros mencionados, no sólo analizando el número de mujeres que han resultado elegidas, sino también cómo ello ha repercutido sobre la naturaleza del gobierno, para ilustrar que todos nos beneficiamos de un sistema auténticamente representativo. 
Me complace decir que en Gales, país al que represento, el 40% de los miembros de nuestra asamblea nacional son mujeres, lo cual ha sido el fruto de una acción positiva de los partidos políticos, pero por otra parte, tenemos sólo 4 diputadas galesas en la Cámara de los Comunes, lo que representa apenas el 10% del total, o sea que no bastan las declaraciones de principios, de apoyo en principio, porque no dan resultado. 
Si creemos en el principio de igualdad de representación entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, deberemos asumir los compromisos necesarios que hagan realidad dicho principio. 
Señor Presidente, en la Segunda Conferencia Internacional Socialista de la Mujer, celebrada en Copenhague en 1910, se acordó que la reivindicación esencial, el voto femenino, debería relacionarse con todos los demás aspectos de la lucha de la mujer y que, además, tal como se consignó en la resolución, "el Día de la Mujer deberá tener carácter internacional y su preparación tendrá que ser minuciosa". 
También vale la pena señalar que el Día de la Mujer después fue prohibido en todos los países en que el fascismo y el nazismo consiguieron el poder en el período de entreguerras. 
El año 1910, el voto femenino estaba en el orden del día. 
Hoy nos ocupamos de ver cómo las mujeres pueden participar en el proceso de toma de decisiones. 
Las mujeres no constituyen un colectivo homogéneo. 
Las mujeres pertenecen a todas las clases sociales. 
Las mujeres tienen necesidades e intereses individuales. 
Sin embargo, de forma estructural y generalizada, independientemente del lugar en el que nos encontremos, independientemente de la clase y religión, en el hogar o en el trabajo, en todos los segmentos de la sociedad, estamos supeditadas al hombre, aunque habría que agregar que existen algunas excepciones individuales. 
En los últimos años en Suecia, mi país, muchos partidos políticos han establecido voluntariamente cuotas femeninas en las representaciones y en el trabajo de las asambleas políticas. 
Esto ha significado un aumento del número de mujeres en la toma de decisiones políticas, lo cual, a su vez, ha dado lugar a una nueva rama de investigación. 
¿Qué pasa cuando más mujeres participan activa e igualitariamente en la toma de decisiones políticas? 
Lo que se ha demostrado hasta el momento es que ha cambiado el orden de día, y cuando éste cambia también se toman otro tipo de decisiones. 
Cuando se habla de cuota por sexos, siempre se hace referencia automática a la idoneidad. 
Lo interesante es que los criterios de idoneidad raramente se definen. 
A menudo parece que los hombres, hoy como ayer, siempre cuentan con la idoneidad más indefinida. 
Ser hombre sería, por tanto, equivalente con la posesión de la mayor idoneidad. 
Esta perspectiva, en mi opinión, es una prueba de gran incompetencia por parte de quienes hoy toman decisiones. 
Este año, en esta Asamblea, hemos solicitado que el 8 de marzo se convierta en un día festivo internacional. 
Mientras esperamos que esto se concrete, quiero aprovechar la oportunidad para desear éxito a todas las mujeres socialistas en su Women's World Marches, que se iniciará en la primavera, el Día Internacional de la Mujer. 
Esta es una actividad mundial que se centra en la violencia contra las mujeres y en la pobreza de las mujeres en el mundo. 
Finalmente, tal como señaló el Comisario Patten cuando terminó el debate anterior, quiero decir que la policía ideal sería una abuela de color. 
No la tenemos, ¡pero las hay! 
Señor Presidente, el lugar que ocupa la mujer en la política es una cuestión importante que merecería algo mejor que la sobrepuja políticamente correcta a la que asistimos. 
Sin duda, no hay muchas mujeres que participan en la política. 
No es cierto que el predominio de hombres en los aparatos de los partidos sea la única razón que debe invocarse. 
La mayoría de ellos no están afiliados a ningún partido. 
En los órganos departamentales, el primer partido de Francia es el de los elegidos sin etiqueta, los que representan a varios partidos de izquierda o de derecha. 
Para ser elegido concejal local, basta con quererlo, y de la implantación que ofrecen estos mandatos depende a menudo la posibilidad de asumir responsabilidades nacionales. 
Nuestro Grupo desea fomentar una representación justa de hombres y de mujeres en los órganos de la Unión Europea. 
Por eso rechazamos la política de cuotas y la discriminación positiva, ya se exprese en favor de la mujer o incluso de las supuestas minorías sociales. 
La política de las minorías, al restar importancia a la unidad profunda de la familia humana, a fin de establecer divisiones superficiales, amenaza peligrosamente la cohesión del cuerpo social y el equilibrio de nuestro modelo democrático. 
Por una parte, si fijamos cuotas para la mujer, por qué no estableceríamos igualmente cuotas atendiendo a la edad o a la etnia, cuotas de católicos, de obreros, de personas que usan gafas. 
La aplicación de cuotas sociales en favor de las categorías más modestas no sería más descabellada que la creación de cuotas para la mujer. 
Con esta filosofía, ya no sería entonces necesario organizar ni elecciones ni concursos administrativos. 
Bastaría con determinar la composición de los ministerios y de las cámaras mediante un cálculo estadístico. 
La política de cuotas no puede sino aumentar el escaso interés de los electores con respecto a la política, y les daría la impresión de que todo ocurre a sus espaldas. 
Por otra parte, esta política demuestra un profundo desprecio por las mujeres. 
No es por el juego mecánico de una determinada cuota como la mujer debe acceder al desempeño de funciones políticas o administrativas, sino mediante el reconocimiento de su propio mérito y de sus competencias. 
Señoras, ¿tendrían tan poco orgullo como para estar dispuestas a llevar una cartera ministerial o una faja de diputada por la contingencia matemática de una cuota? 
Las mujeres valen mucho más que una cuota. 
Es restableciendo el principio de "meritocracia" como mejoraremos en cantidad y en calidad la presencia de la mujer en el proceso de toma de decisiones. 
Señor Presidente, estimados colegas, quizá conozcan el dicho "El papel todo lo aguanta". 
Así ocurre con los derechos humanos: han sido varias veces redactados y formalizados, pero a pesar de ello no son respetados en muchos ámbitos. 
Por ello, frente a esta cantidad de papeles de este tipo, en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, me muestro particularmente crítica. 
Sobre la cuestión de principio: a mi juicio, en el ámbito de la política de la mujer sólo cabe encontrar soluciones mediante la colaboración y con una actitud cooperadora. 
La política de la mujer no debería concebirse como una suerte de enfrentamiento de las mujeres con los hombres, sino de modo tal que las mujeres y los hombres busquen y encuentren conjuntamente soluciones de política social. 
Sobre la propuesta de resolución de la Comisión de Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades: se exige que se garantice una distribución equilibrada de mujeres y hombres en el seno de las Instituciones de la UE. 
¿Se entiende por ello la introducción de una normativa de cuotas? 
Yo misma estoy, justamente en mi condición de mujer, contra las cuotas, pues no quiero ser una coartada de nadie, sino que quiero ser valorada por mi rendimiento y no por razón de mi sexo. 
Sé por experiencia que muchas mujeres comparten esta opinión. 
Quiero agradecer a la señora Ministra y a la señora Comisaria sus intervenciones y las importantes declaraciones que han hecho ante el Parlamento Europeo sobre un tema tan crucial como el que hoy debatimos. 
La presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones es ante todo una cuestión de democracia. 
Hace falta que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, se reconozcan, se sientan realmente representados por sus elegidos y por sus gobernantes. 
Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población está constituida por mujeres, pero que su presencia en estos puestos es notablemente inferior a la masculina, está claro que estamos todavía lejos de la verdadera democracia. 
Sin embargo, también es un problema de agenda política: las mujeres, además de ser la mayoría de la población, son también la parte más dinámica de la sociedad: son las que han contribuido en mayor medida a la creación de nuevas empresas en Europa en los últimos años; son las jóvenes mujeres que en un porcentaje superior al de los hombres, encuentran trabajo con contratos llamados atípicos; son, en muchas de nuestras regiones, el vector del modelo de desarrollo ligado a la innovación, a la formación, a los méritos y a la flexibilidad. 
El 90% de una muestra de mujeres que trabajan en el área de Milán, mi ciudad, ha declarado que no dispone de tiempo suficiente para todo lo que ha de hacer durante el día. 
Las mujeres trabajan en media 60 horas semanales, 20 más que los hombres. 
El precio pagado por las mujeres para cumplir sus deseos de ser protagonistas en todos los ámbitos, es el síndrome de la falta de tiempo. 
Si esto es verdad- y lo es -, una buena política debe partir de aquí para encontrar soluciones positivas a estos problemas. 
Por lo tanto, es preciso poner a punto instrumentos legislativos, programáticos y de intervención articulados, coordinados entre sí y valientes, para contribuir a la formación de nuevas clases dirigentes en la cultura, en la economía, en la sociedad, en las instituciones y en la política, unas clases que lleven el rasgo de la calidad femenina de la modernización. 
En Europa se ha hecho mucho con respecto a muchas cuestiones, pero estamos todavía lejos del equilibrio de la representación. 
Estoy de acuerdo con la señora Comisaria en que ha llegado la hora de que la política europea- toda la política europea- lleve el rasgo de las mujeres y de los hombres y que, por lo tanto, se lleven a cabo acciones decisivas en este ámbito. 
Señor Presidente, antes de venir a esta sesión estuve viendo la televisión finlandesa. Aparecía la Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas de Finlandia saludando a la nueva Presidenta de la República de Finlandia con estas palabras: "Buenos días, Señora Presidenta de la República". 
Quizás sepan ustedes que el Presidente de Finlandia no es sólo es líder de opinión, sino que también ejerce las funciones de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Finlandia, así que este acto representaba una situación histórica y bastante interesante. 
Durante el período de la Presidencia finlandesa se redactó un informe en el que se veía reflejado todo el marco del proceso de toma de decisiones, y espero que, efectivamente, la Sra. Comisaria, basándose en dicho informe, proponga medios jurídicamente vinculantes para mejorar la presencia de las mujeres en el proceso de toma de decisiones. 
Os hago un llamamiento a todas vosotras, distinguidas mujeres de la derecha, para que escuchéis a la Sra. Lulling, pues ella ha explicado para qué sirven las cuotas, y ella, entre todas nosotras, tiene la suficiente experiencia de la vida política. 
Por último, quisiera decir que ahora es esencial que logremos incluir también esta cuestión en el orden del día de la Conferencia Intergubernamental. 
Me dirijo a todos ustedes, queridos colegas: no voten mañana en favor de esa propuesta que reducirá el contenido del punto 4 de tal manera, que la cuestión de la democracia entre sexos quedaría excluida de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, señora Ministra, señora Comisaria, a pesar de los avances logrados en el plano legislativo y de los lamentos que periódicamente todos expresamos sobre las desigualdades y discriminaciones basadas en el sexo, en las propuestas presentadas para su resolución se mantienen las causas que las originan, lo que significa que es necesario modificar las políticas en diferentes esferas para garantizar a las mujeres la participación, en condiciones de igualdad, en el proceso de decisión. 
Sabemos que ésa es la esfera que está resultando más difícil, ya sea porque sigan recayendo sobre las mujeres los principales cometidos en la vida familiar o porque persistan prejuicios e intereses que dificultan la participación efectiva de las mujeres en las diversas esferas de mayor responsabilidad. 
La verdad es que la escasa participación de las mujeres en los centros de representación política y de adopción de decisiones entraña un déficit democrático incompatible con una verdadera democracia. 
Así, es esencial que se cumplan las diversas directivas relativas a la igualdad y que el Consejo, la Comisión y cada uno de los Estados miembros respeten decisivamente los compromisos contraídos, en particular en la Conferencia de Pekín. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, soy diputada de derechas, pero participo en la misma lucha que mis colegas para apoyar y ayudar a que las conciudadanas de mi país puedan acceder al poder y a los puestos de decisión, y es evidente que esto no sólo debe realizarse en el terreno político, sino en todos los sectores de la sociedad. 
Diré, simplemente, que existen varios medios para acceder a los puestos de decisión, y si bien, en concreto, me opongo al fenómeno de las cuotas- porque considero que es particularmente despreciativo para las mujeres -, pertenezco a un país en el que acaba de instaurarse la paridad. 
¡Es totalmente lógico y coherente! 
Debería haber existido desde hace mucho tiempo, puesto que las mujeres representan más de la mitad de la sociedad, y me parece evidente que es normal que estén presentes en un 50%, como mínimo, en el seno de los poderes de decisión y, entre otros, en los medios políticos. 
Entonces digo "no", no deben existir medidas discriminatorias para admitir a las mujeres. 
Ellas se hacen valer por sí mismas, porque son pragmáticas, llenas de sentido común. 
Cuando veo que pedimos formación política para la mujer, me entran ganas de decir: "no, todo menos eso". 
Establezcamos una formación política para los candidatos hombres y mujeres, pero ¿por qué ha de establecerse concretamente una formación para las mujeres? 
Eso significa, simplemente, reconocer su inferioridad. 
Pero, que yo sepa, nosotras nunca nos hemos sentido inferiores a los hombres, sobre todo en política. 
Así pues, creo que todas llevamos a cabo esta lucha para ayudar a nuestras compatriotas a acceder a los poderes de decisión, a los puestos de responsabilidad, en los medios políticos, pero creo que eso sólo será factible a través de una verdadera revolución en el plano de las mentalidades. 
Debemos ser lo suficientemente fuertes, todas juntas, para obligar a nuestros responsables políticos a imponer por sí mismos la participación de las mujeres en el seno de los poderes de toma de decisiones en el ámbito político. 
. 
(SV) Señor Presidente, señora Ministra, señora Comisaria, "las mujeres sostienen la mitad del cielo" dijo en cierta ocasión un hombre de éxito. 
Pero tratándose de decisiones políticas y prioridades, las voces femeninas están ausentes. 
Las mujeres, que constituyen más de la mitad de la población, no están suficientemente representadas en el sector político, en el social y en el económico. 
¡Esto es inaceptable en una democracia! 
El mayor abismo en materia de igualdad de oportunidades, de jure y de facto, se encuentra en el proceso de toma de decisiones. 
Para conseguir un equilibrio se requiere un plan de acción concreto, con un calendario fijo. 
El sistema de benchmarking sería una parte importante de este plan de acción, para asegurar la plena participación femenina en las estructuras de poder y de toma de decisiones. 
Por eso, me satisface que la Comisaria esté de acuerdo con un sistema de esta naturaleza. 
Propongo que los objetivos para las mujeres en el proceso de toma de decisiones se basen en el promedio de los tres Estados miembros que hayan obtenido más éxito en cada sector, debiendo cada Estado miembro informar anualmente. 
Posteriormente, habrá que evaluar estos informes. 
Las mujeres son las principales víctimas de los atropellos a los derechos humanos como, por ejemplo, las violaciones, los abusos sexuales, los malos tratos en el hogar y la trata de blancas, pero no están suficientemente representadas en los organismos judiciales y legislativos que juzgan esos delitos. 
Esto conlleva que no se dé prioridad a esos delitos y que los autores, a menudo, no sean castigados. 
Las mujeres son las principales víctimas de los conflictos armados, pero están ausentes en las acciones para mantener la paz, en la solución de conflictos y en los trabajos de reconstrucción. 
Por eso, en la resolución instamos a los Estados miembros para que aumenten la proporción de mujeres en las actividades para resolver conflictos y para el mantenimiento de la paz. 
La participación femenina en situación de igualdad no sólo es una reivindicación de justicia social y de democracia, sino que también es un deber, para lograr que se tomen en cuenta plenamente las experiencias y los conocimientos de las mujeres. 
El no contar con la capacidad de las mujeres en el proceso de toma de decisiones es un derroche inaceptable. 
Las mujeres no sólo deben "soportar la mitad del cielo" sino que también deben tener derecho a asumir responsabilidades en la Tierra. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Presidencia del Consejo y a la Comisaria por las excelentes intervenciones que hoy han hecho. 
Mucho esperamos de su actuación. 
Comenzamos un milenio y un siglo que serán- esperamos- determinantes para las mujeres y para su posibilidad de ocupar puestos de decisión. 
Queremos que esa posibilidad aporte importantes modificaciones a nuestra vida en sociedad, que la democracia sea también sinónimo de igualdad entre hombres y mujeres y que éstas no sean excluidas ni económica ni socialmente, como aún ocurre hoy. 
Y que, así, valores que son caros a las mujeres- como la paz, la fraternidad, la igualdad, la justicia, la seguridad, la defensa del medio ambiente- orienten predominantemente la vida en la Unión Europea y, de ser posible, en el mundo. 
Para eso, es necesario brindar a las mujeres la oportunidad de intervenir contra la inercia de una sociedad hasta ahora imbuida esencialmente de valores masculinos. 
Sabemos, por experiencia propia, que la libertad y la capacidad para decidir no se piden, sino que se conquistan. 
Continuemos la conquista y que este nuevo siglo nos aporte la victoria, no sobre los hombres ni sobre nadie: la victoria de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Para eso, no podemos perder ninguna oportunidad más y el gran imperativo que se plantea ahora a todos los europeos en general y a las mujeres en particular afecta a la nueva economía y a las nuevas tecnologías en el sector de la información. 
La Cumbre de Lisboa, que se celebrará al final de este mes, afecta muy en particular a las mujeres. 
En Europa hay que aumentar la tasa de empleo, mucho más baja que en los Estados Unidos y en el Japón. 
Para eso, es preciso que haya muchas más mujeres trabajando y en los nuevos empleos respecto de los cuales la Unión Europea es deficitaria. 
Por eso, pregunto al Consejo y a la Comisión qué propuestas presentarán en la próxima Cumbre de Lisboa para que la nueva economía y la nueva Europea que queremos construir integren definitivamente la igualdad entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el motivo por el que me ha alegrado tanto su intervención es que se ha atrevido a nombrar los Estados miembros en los que la representación política de las mujeres constituye un éxito, tales como Finlandia, Francia y Suecia, pero también se ha atrevido a nombrar aquellos Estados miembros en los esto que no va tan bien, como, por ejemplo, mi propio país y también Grecia, país que usted ha olvidado mencionar. 
Por otra parte, he oído que existe la posibilidad de que en las próximas elecciones griegas muy pocas mujeres figuren en las listas. 
Creo que es algo muy grave. 
Lo aprecio porque considero que ya es hora de que establezcamos medios concretos en las instituciones europeas que permitan a las mujeres tener un mejor acceso a la agenda política. 
Por ello, pienso que es importante que este Parlamento continúe insistiendo en las cuotas y que esto figure claramente en la resolución. 
Yo misma, señora Comisaria, soy producto de las cuotas. No creo que ninguno de mis colegas pueda demostrar que soy menos competente por ello. 
La sociedad competitiva revela aparentemente unos tintes tan masculinos en algunos de los países europeos que las mujeres no tienen, simplemente, ninguna oportunidad. 
Efectivamente, en la Unión Europea, algunos países ya han introducido las cuotas; usted misma ha mencionado Bélgica, señora Comisaria, donde éstas no han tenido tanto éxito. 
Tampoco es de extrañar, ¿no es así, señora Avilés Perea? , no porque no encontremos las candidatas necesarias, sino porque un estudio científico reciente de la propia Comisión evidencia que las cuotas, ciertamente, sólo tienen sentido si las mujeres se presentan como candidatas en los puestos adecuados y elegibles. 
Ése es el motivo por el que debemos reflexionar con prudencia sobre las mismas. 
Nuestro objetivo debe ser, desde luego, una democracia paritaria en tanto nuevo contrato social, señora Ministra. 
No obstante, permítanos extraer también algunas conclusiones. 
El sistema electoral que mejor se corresponde con este modelo es el de cremallera, tal como se aplica voluntariamente en Suecia. 
Diría que dónde se pueda, voluntariamente; y dónde se sea reacio, por imposición. 
Espero que también puedan continuar las best practices de estos países mediante el benchmarking en el quinto programa de acción, señora Ministra y señora Comisaria, puesto que creo que ya es hora de que nuestros partidos lo comprendan. 
Señor Presidente, quisiera yo también felicitar a la Comisaria y la Presidenta en ejercicio del Consejo por sus completas intervenciones y, sobre todo, por sus propuestas. 
Como se ha dicho que por lo general los hombres no participan en los debates que atañen a los derechos de las mujeres, he pensado aportar al debate de hoy la opinión de un hombre, de un político e intelectual contemporáneo, Francis Fukuyama. 
En un artículo titulado «Si las mujeres gobernaran el mundo» defiende la convicción de que una mayor participación de las mujeres en la política conduciría a un mundo mucho menos apegado a la violencia. 
Puede que Atenea, la diosa de la Sabiduría y de la Guerra constituyera un modelo de mujer para los antiguos, pero la influencia femenina en nuestros días puede ser un eficaz catalizador contra la guerra y por la paz. 
Hay, pues, razones de peso, más allá de la justicia entre los sexos, que aconsejan una distribución justa y equilibrada de los cargos públicos, así como del poder político y económico, entre hombres y mujeres. 
Toda la vida de las mujeres está entretejida con la ofrenda y la protección de la vida y del medio ambiente, con el diálogo, con la reconciliación, con la comprensión de puntos de vista encontrados, con la resolución de las diferencias por medios pacíficos. 
Estos valores de las mujeres pueden constituir una alternativa a la cultura contemporánea de la violencia y fundamentar una nueva cultura política y una sociedad más justa y próspera para todos. 
Por ello es necesario que la Conferencia Intergubernamental introduzca en el nuevo Tratado el principio del equilibrio entre mujeres y hombres en la composición de todos los órganos institucionales de la Unión Europea, así como en todas las instituciones democráticas y en las instancias políticas de decisión de todos los países miembros de la Unión. 
Señor Presidente, ¿por qué deben las mujeres disfrutar de su parte proporcional en el proceso político de toma de decisiones? 
¿Y cómo debemos lograrlo? 
En cuanto a que deben y por qué deben, podemos ponernos rápidamente de acuerdo. Es una exigencia de simple justicia y de democracia y, por ello, un criterio de legitimidad política. 
No obstante, cuando tenemos que responder a la pregunta de cómo, nuestras opiniones se enfrentan ¿Bastan las actividades de información, la educación y el establecimiento de requisitos prácticos o debemos aplicar un trato preferente, como cuotas en las listas electorales de los partidos políticos? 
¿Debe el estado, por tanto, el poder legislativo, imponer tales medidas a los partidos políticos? 
¿O debemos pensar incluso en un sistema que reserve el 50% de los puestos a las mujeres en los órganos elegidos? 
Este debate que, en algunas partes de Europa, y también aquí, se sigue al grito de guerra francés parité, se trata, en esencia, del fundamento de la democracia misma y del significado político que queremos conceder al hecho de ser mujer. 
En mi opinión, la lucha política debe tener lugar entre ideas políticas y no entre identidades sexuales. 
Soy una gran defensora de las cuotas voluntarias en las listas electorales y, sin éstas, hoy tampoco estaría aquí. 
Soy, al igual que la Sra. Van Lancker, producto de tales medidas. 
Sin embargo, en mi opinión, el estado ni debe ni puede involucrarse mediante medios coactivos en la marcha interna de los partidos políticos si no es a riesgo de que la propia democracia sea una víctima de los mismos. 
En otras palabras, los medios que utilicemos para que las mujeres ocupen su justo lugar en la democracia política, no deben conducir a un sistema de segregación sexual. 
Con él, ocasionaríamos violencia democrática. 
Señor Presidente, agradezco las apreciaciones, planteamientos y posiciones acaloradas que se han dado en este Parlamento. 
Más que plantear cuestiones, hacer una interpretación del asunto en examen, se ha debatido. 
Reconocemos unánimemente que es indispensable para la profundización de la democracia que las mujeres tengan más poderes en el nivel de la decisión, que participen más en el nivel de la decisión. 
Ese reconocimiento ha sido unánime. 
Las divergencias se han referido a la forma de alcanzar ese objetivo. 
Cuando se ha hablado de cuotas, me ha parecido oír en algunas posiciones de las señoras diputadas que aquéllas eran como un objetivo y, por tanto, como tales debían considerarse a la hora de oponerse a ellas. 
Las cuotas, a mi entender, serán un instrumento- y como se ha dicho aquí- tan sólo transitorio. 
Y puedo contar a Sus Señorías lo que sucedió en Portugal el año pasado cuando se debatía una ley relativa a las cuotas en las listas electorales. 
Esa propuesta de ley presentada por el Gobierno fue rechazada en el Parlamento y todos los dirigentes políticos dijeron que las cuotas no eran necesarias, porque- cosa de lo más natural- las mujeres y sus competencias eran indispensables para la profundización del proceso democrático, por lo que en las elecciones siguientes las listas reflejarían la necesidad de contar con la competencia de las mujeres. 
Aparecieron las listas, se celebraron las elecciones, se constituyó el Parlamento y sólo un grupo, el de los Verdes, del que forman parte sólo dos diputadas, cumplió por exceso aquello a lo que todos se habían comprometido. 
Y ésa es la realidad objetiva. 
Creo que nadie en este Parlamento considerará que las cuotas son algo positivo, pero son posiblemente una fase necesaria del proceso, no porque los hombres no reconozcan competencia a las mujeres, sino porque los lugares que deben ser de las mujeres están ocupados por hombres desde hace mucho tiempo. 
Y resulta difícil despedir en las formas constitutivas de las listas a quienes a veces tienen relaciones afectivas mutuas. 
Ése es uno de los problemas. 
Pero hay otro problema: el de que habitualmente las mujeres no se interesan por la participación en la política. 
Es evidente que las mujeres tienen dificultad para interesarse por la participación en la política, cuando su tiempo disponible es mucho menor que el de los hombres, y mientras la organización de los partidos políticos, profundamente masculinizada, sirva de pretexto para que el tiempo siga siendo diferente para los hombres y las mujeres. 
Si un partido político tiene una reunión por la noche y el hombre no puede ir a casa, porque tiene que participar en ella, porque pertenece a los órganos de dirección del partido, ahí tenemos un buen pretexto para que el hombre no vaya a casa a compartir también sus responsabilidades en las tareas domésticas. 
Y, por tanto, mientras no se modifique ese concepto de reparto, de compartir también las responsabilidades del derecho a la familia, es evidente que nada cambia para que las mujeres puedan participar en el proceso político. 
Seguimos sufriendo, efectivamente, problemas para cuyas causas se deben encontrar soluciones. 
Pero, para encontrarlas, son necesarias medidas de acción positiva que contribuyan a su consecución. 
Y decía aquí una diputada que ése no debe ser un problema de guerra entre los sexos. 
También convengo en que no debe ser una cuestión de guerra entre hombres y mujeres, porque los hombres y las mujeres que reflexionan y que son verdaderos demócratas convienen en que hay razón y justificación para considerar que la situación actual no es la de una verdadera democracia representativa. 
Por eso, no veo en qué radica el problema de las cuotas, cuando se utilizan, en principio, como instrumento en los países en los que la representación femenina es escasa, cuando esas mismas propuestas de ley son aprobadas en parlamentos en los que, por tanto, los hombres son mayoritarios. 
Y si aprueban esas leyes es porque se trata de un proceso de consenso y no un proceso de imposición o de guerra entre sexos. 
Así, pues, creo que se debe analizar y debatir todo esto. 
Necesitamos saber si vale la pena seguir esperando decenas de años hasta que se resuelva ese proceso naturalmente mediante lo que ha llegado a ser efectivamente una participación cada vez mayor de las mujeres en el nivel de la formación superior, en el de la formación universitaria, en el de una competencia propia en la esfera económica y social y entonces no acabará ocurriendo de forma natural hasta el tercer milenio o si, al contrario, tenemos ya hoy elementos para evaluar- gracias a la utilización de procesos tales como el benchmarking y la información estadística- el carácter positivo de los resultados en el nivel de los procedimientos idóneos y podemos contribuir a construir aquello en lo que todos deseamos creer: una sociedad democrática y pluralista en la que se exija la participación equilibrada de hombres y mujeres. 
Se deben adoptar en las diversas esferas todas las medidas de acción positiva y equilibradas que respeten la dignidad de las personas. 
En este momento sucede que no se está integrando- y se está desperdiciando completamente- en el nivel de todos los procesos sociales, institucionales, económicos y políticos la dignidad de las mujeres, su mérito, su competencia, su visión del mundo, su saber, su forma de estar y su forma de saber y hacer. 
Por tanto, la Presidencia tendrá todo el interés en apoyar iniciativas destinadas a modificar radicalmente esa situación y se deben utilizar incluso instrumentos transitorios que ya han demostrado ser el único camino para alcanzar el objetivo de una representación equilibrada en los procesos de decisión. 
La Presidencia tendrá todo el interés y todo el empeño en apoyar esas metodologías, no como objetivos, sino como instrumentos. 
Hoy disponemos de cifras que señalan lo que se vive, disponemos de cifras que revelan las enormes asimetrías, en esa esfera, entre los diversos países que integran la Unión Europea y, por tanto, disponemos de todo el conocimiento sobre la situación. 
Existe, por lo visto, el reconocimiento unánime de que es indispensable una participación más amplia de las mujeres. 
Tenemos instrumentos a nuestro alcance que pueden brindar un reparto más equilibrado de esas tareas entre hombres y mujeres en la esfera de la conciliación de su vida privada y profesional. 
Entonces tenemos que utilizar todos los instrumentos de acción positiva que sean necesarios para modificar el actual estado de cosas. 
. (EL) Señor Presidente, el debate está hoy dedicado al asunto de la composición de los órganos de poder, al asunto del cambio de sistema de poder en Europa. 
Vivimos una nueva época, con un marco institucional bastante completo, con participación de las mujeres en todos los ámbitos, en la enseñanza, en el trabajo, en la cultura. 
El problema al que tenemos que enfrentarnos es cómo cambiar la composición del poder. 
El debate es profundamente político. 
Hay dos enfoques. 
La primera propone la vía de la convicción política. 
Todos se convencerán poco a poco de que las mujeres pueden participar. 
Tres comentarios. El primero argumenta la capacidad de las mujeres. 
«Yo puedo, luego todas las mujeres pueden.» 
¿Cómo explicamos entonces la realidad de la exclusión de las mujeres? 
¿Nosotras somos las capaces y el resto de las mujeres son incapaces? 
Ese es el peligro de arrogancia femenina en la política. 
Porque el hecho es que las mujeres se enfrentan a realidades diferentes. 
Porque tienen menos oportunidades. 
Porque tienen un nivel diferente de educación. 
Porque se enfrentan a obstáculos sociales. 
Porque no cuentan nunca con tiempo suficiente para dedicarse a los asuntos públicos. 
¡Pero si no hace falta! 
¡Todos están convencidos! 
No hay dirigente político hombre que no se incline ante la participación de las mujeres. 
No hay partido, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, que no acentúe la necesidad de la participación de las mujeres. 
¡Todo palabras! 
El tercero es «esperemos, las cosas cambiarán poco a poco». 
En el encuentro de mujeres en Pekín se reveló un dato muy interesante. 
Al ritmo en que se va desarrollando la participación de las mujeres a escala mundial, se necesitan 2.300 años para alcanzar una participación equilibrada de hombres y mujeres. 
Por lo que respecta a Europa, por lo que respecta al Parlamento Europeo, en el que hay cuota de participación femenina, se necesitan 25 años para alcanzar la participación equilibrada. 
El segundo enfoque propugna establecer por ley la cuota de participación de las mujeres. 
La cuota por sí sola no es suficiente. 
¡Cómo íbamos a poder cambiar por decreto siglos de historia! 
Por ello hemos sido muy claros: la cuota es uno de los elementos, una de las políticas que se necesitan para los cambios. 
Finalmente, a la pregunta de si podemos sentirnos orgullosas en nuestra condición de resultados de una cuota, responderé rotundamente que me sentiría muy orgullosa de ser resultado de una cuota, porque eso significaría que habría conseguido imponer las cuotas en mi país, en un país en el que la participación de las mujeres es del 5%. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las inundaciones en Mozambique. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Comisario Sr. Patten. 
. 
(EN) La Comisión sigue con enorme preocupación, como estoy seguro que harán Sus Señorías, el estado de emergencia en Mozambique. 
Las continuas lluvias torrenciales en toda la región del Sur de África, que se han visto agravadas por el ciclón Eline, han provocado el desplazamiento de un elevado número de personas y han producido cuantiosos daños en las viviendas y la infraestructura. 
Al parecer, 800.000 personas aproximadamente se han visto afectadas por las inundaciones, de las que 300.000 necesitan alimentos y otros tipos de ayuda humanitaria con carácter de urgencia. 
Algunas personas han perdido la vida, otras están desaparecidas y muchas otras han resultado heridas. 
El Gobierno de Mozambique ha hecho un llamamiento a terceros países pidiendo ayuda humanitaria. 
La comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos de América, Suiza, Sudáfrica, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Italia, Suecia y los Países Bajos, hasta ahora, ya han proporcionado una ayuda sustancial. 
Mi colega Poul Nielson vuela en estos precisos momentos hacia Mozambique en compañía del Secretario de Estado portugués para hacer un balance de la situación sobre el terreno. 
El Sr. Nielson informará gustoso al Parlamento sobre los resultados de su misión. 
Pero antes de decir unas palabras sobre la ayuda que hemos proporcionado hasta ahora a través de ECHO, permítanme que haga tres observaciones de carácter más bien personal. 
En primer lugar, desde 1986 hasta 1989 fui ministro de Desarrollo Exterior y desde entonces siento un apego especial por el pueblo de Mozambique. 
Por aquel entonces, la población armada de valor intentaba superar los enormes problemas medioambientales y políticos, el problema de la pobreza y las consecuencias de una guerra sangrienta. 
Si hay un país que mereciera recibir ayuda de la comunidad de donantes, ése era Mozambique. 
En segundo lugar, este sentimiento se ha visto reafirmado por los auténticos esfuerzos que ha realizado Mozambique durante los últimos años para construir una economía firme y próspera y una sociedad estable. 
En tercer lugar, en esta Asamblea hemos pasado buena parte de la tarde tratando sobre la prevención de conflictos, sobre cómo evitar que surjan las crisis o sobre cómo podemos responder a las mismas con mayor eficacia. 
Hemos dicho que es muy importante que la Comisión desarrolle una serie de objetivos de primera plana para acciones no militares relacionadas con las crisis y, si me permiten decirlo, si ha habido alguna vez una ocasión en la que esto es relevante, ésa es la catástrofe que ha sobrevenido a Mozambique. 
Permítanme que haga referencia a la ayuda que hemos proporcionado hasta ahora. 
La semana pasada, ECHO decidió destinar 1 millón de euros en ayudas a los damnificados, de los que 600.000 serán distribuidos a través de la Cruz Roja española y 150.000 a través de Médicos Sin Fronteras de Luxemburgo para operaciones en Mozambique y 250.000 euros se destinarán a Botswana a través de la Cruz Roja alemana. 
Estas ONG atenderán a las necesidades más urgentes, como el traslado de la población que se encuentra en peligro hacia zonas más seguras, así como la provisión de asistencia médica, de agua y de servicios sanitarios. 
ECHO está preparando actualmente una segunda decisión para una asignación adicional por valor de 2 millones de euros. 
Esta decisión será ejecutada a través de UNICEF, "Action Contre La Faim", COSV, "Nuova Frontera" y "Vireaid", y está pendiente, naturalmente, de la recepción y del examen de las propuestas finales. 
Estas ONG se centrarán en los ámbitos del agua y de los servicios sanitarios, en la provisión de refugios, planchas de plástico, garrafas, mantas y ese tipo de cosas. 
Se centrarán también en el realojamiento de las personas desplazadas, en la prevención de nuevos brotes de malaria, cólera y otras enfermedades contagiosas, en la provisión de alimentos complementarios a los niños que padecen desnutrición y se encuentran en peligro, en la provisión de semillas y herramientas, en la seguridad de los alimentos, en la rehabilitación de las estructuras básicas para la salud animal y en la formación de promotores de ganado en las aldeas. 
A la luz de los resultados de la misión del Comisario Nielson se estudiará una tercera decisión. 
La Comisión también está preparando una respuesta comunitaria a medio plazo que combine la cofinanciación de las ONG con las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo para ayudar a Mozambique a hacer frente a la situación de crisis y al restablecimiento del rápido ritmo de crecimiento que Mozambique había alcanzado con tanto esfuerzo. 
Está previsto que esta respuesta enlace la actual fase de emergencia con la reconstrucción en un plazo de entre tres y cuatro años. 
En momentos como éstos, todos somos conscientes de los muchos esfuerzos que debemos realizar para evitar catástrofes y para superar con rapidez las catástrofes que no podemos evitar. 
No estoy seguro de poder añadir por el momento mucho más al análisis de lo que falló y de lo que podemos hacer mejor, aunque evidentemente debemos sacar las conclusiones necesarias de esta terrible calamidad. 
Repito, el Comisario Nielson informará gustoso al Parlamento a su regreso de Mozambique y de la escena de la catástrofe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Mozambique es un joven país africano que ha hecho un esfuerzo ciclópeo para recuperarse del retraso creado por dos decenios de guerra civil y para adaptarse a la democracia. 
El éxito representado por Mozambique es el resultado de un esfuerzo que corresponde equitativamente a su Gobierno y a su oposición, pero, en particular, al pueblo mozambiqueño. 
Pero todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, después de toda la dificultad de los acuerdos de paz que todos conocemos, corre el riesgo de perderse con la furia de la naturaleza que se ha abatido sobre Mozambique en las últimas semanas. 
Como ya ha dicho el Comisario, las cifras actualizadas que nos llegan sobre las dimensiones de la catástrofe son espantosas: casi un millón de personas desalojadas, más de cien mil personas en los tejados de las casas y en la cima de los árboles esperando que algún helicóptero vaya a salvarlas. 
Y ya hay algunos centenares de muertos. 
La Unión Europea y varios de sus Estados miembros, entre ellos el mío, ya han prestado apoyo financiero de emergencia, tal vez con cierto retraso, pero lo han hecho, como también los Estados Unidos y varios países de esa región, en particular Sudáfrica. 
De momento, es evidente que la primera prioridad corresponde a los helicópteros de salvamento y luego se debe continuar con la ayuda alimentaria y demás ayuda de emergencia. 
Transcurridas tres semanas desde que comenzaron esas inundaciones, por fin el mundo entero ha empezado a despertar y darse cuenta de la situación, que clama al cielo, en que vive Mozambique: hay millares de personas cuya vida pende de un hilo y que, si no disponemos el envío de medios de transporte, sobre todo aéreos, para sacarlas de la situación en que se encuentran, rápidamente morirán. 
Ésa es sin duda la cuestión más prioritaria en este momento: transportes para la salvación y ayuda humanitaria de emergencia, incluida la ayuda alimentaria. 
Pero quisiera subrayar que la Unión Europea y el resto del mundo no pueden limitar su ayuda para Mozambique a esta cuestión de emergencia de que estamos hablando. 
Hay que tener conciencia de los estragos resultantes de las inundaciones. 
Por eso, resulta urgente comenzar ya a pensar en encontrar apoyos financieros para la reconstitución de las infraestructuras que han quedado destruidas y sin las cuales Mozambique no podría continuar su camino hacia el desarrollo que había iniciado hace algunos años y de forma tan prometedora. 
Esa cuestión de la reconstrucción de las infraestructuras es fundamental, sin eso no hay desarrollo, y también es hora de que algunos países acreedores de Mozambique piensen en perdonar o rebajar sus deudas. 
Si ahora no se hace nada, echaremos a perder todo el esfuerzo hecho en el pasado para ayudar a Mozambique en su desarrollo. 
Por eso, espero que la visita a Mozambique que el Comisario Nielson y los representantes de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea han hecho esta semana permita plantear debidamente esa importantísima cuestión. 
Señor Presidente, ya se ha dicho que Mozambique, después de una guerra que sumió al país en la miseria, se encuentra ahora ante una catástrofe natural de dimensiones terroríficas. 
Sin que se pueda calcular de momento cuántas personas han muerto, sí se sabe que unas 80.000 están en peligro inminente de morir ahogadas y que 300.000 han perdido sus casas y sus campos de cultivo. 
Necesitan urgentemente ayuda para la supervivencia, comida, agua y refugios. 
Luego vendrán las necesidades de medicinas para evitar las epidemias, que ya parece ser que han comenzado, y de los medios para la reconstrucción. 
Pero la ayuda de necesidad inmediata llega difícilmente a pesar de los esfuerzos de las ONG, pues las carreteras, los puentes y las líneas de ferrocarril están cortados. 
Son necesarios helicópteros. Sólo hay cinco, al parecer, para bajar de los árboles a 80.000 personas. 
Pero la maquinaria que moviliza la ayuda es demasiado pesada. 
El Grupo Socialista de este Parlamento ha promovido la prevención de catástrofes naturales- incluso se ha defendido la prevención de conflictos- como el mejor medio para evitar situaciones como la que ahora sufre la población de Mozambique. 
Quiero recordar, particularmente, los esfuerzos del diputado Michel Rocard, de la anterior legislatura. 
La Comisión Europea ha respondido poniendo en marcha, ya en 1994, un programa para la prevención de catástrofes- DIPECHO- que pretendía ser proactivo y, desde una aproximación regional, evitar las catástrofes o, en todo caso, minimizar sus efectos sobre las poblaciones. 
Sin embargo, en los planes de DIPECHO, sorprendentemente no se encuentra África. 
No se encontraba Mozambique, víctima ahora de una catástrofe previsible, igual que es previsible la hambruna que ya se anuncia en Etiopía. 
En la agenda de DIPECHO están el Sudeste Asiático, América Central y el Caribe. 
Es razonable y lo apoyamos, pero no está África y nos preguntamos- y preguntamos al Comisario- por qué. 
El Grupo Socialista siempre ha apoyado la política de ayuda humanitaria de la Comisión. 
Siempre hemos apoyado ECHO, sus políticas y sus acciones, incluso algunas que han sido contestadas por ciertas instancias, porque creemos que la solidaridad debe ser el rasgo distintivo de la acción exterior de la Unión Europea. 
Desde ese punto de partida indudable, también creemos llegado el momento de exigir, en nombre de quienes ahora se están ahogando en Mozambique, un esfuerzo redoblado de la Comisión y de los Estados miembros. 
El millón de euros movilizado es muy insuficiente para las necesidades, valoradas por el Gobierno mozambiqueño en 65 millones de dólares. 
También ha llegado el momento de pedir mayor eficacia. 
Esperamos que el debate que hemos tenido a primera hora de la tarde, el conocimiento del Comisario de la situación de Mozambique y la visita del Sr. Nielson supongan un mayor esfuerzo por parte de todos para ayudar a Mozambique. 
Señor Presidente, la situación en Mozambique es de lo más acuciante. 
Cada día, cada hora que se produce una demora, cuesta muchas vidas humanas. 
Solamente hay unos cuantos helicópteros disponibles para rescatar a las decenas de miles de víctimas. 
El agua sigue subiendo. 
Existe el riesgo de hambre y de epidemias. 
Parece como si todo el mundo lo contemplara con impotencia. 
La cuestión es si la Comisión está reaccionando con suficiente rapidez. 
Sinceramente, tengo mis dudas. 
El Comisario Nielson ha partido hoy hacia allí. 
Desde la perspectiva europea, quizá con rapidez; pero para las necesidades de Mozambique, tal vez muy tarde. 
La Unión Europea ha prometido hasta ahora una ayuda muy limitada en contraste con algunos Estados miembros ¿Cuáles son las posibilidades que ve la Comisión para ofrecer rápidamente una ayuda efectiva? 
¿En qué podrían consistir la ayuda de urgencia y la ayuda para la reconstrucción? 
¿Qué puede decir el Comisario Patten sobre la coordinación internacional efectuada hasta el momento? 
¿Por qué no se pudo ofrecer antes un número mayor de helicópteros para el rescate? 
La comunidad internacional podría, en verdad, ayudar a Mozambique si condonara generosamente la deuda. No sólo porque este país sigue una política relativamente buena, sino, sobre todo, porque la dimensión de la tragedia humana lo hace totalmente necesario. 
Señor Presidente, todos los relatos e imágenes que nos llegan atestiguan la dimensión de la tragedia que afecta a Mozambique. 
Son millares y millares de desplazados, un número considerable de muertos, falta de alimentos y de agua potable, casas y cultivos destruidos. 
Y todo eso en un país que, por ser exactamente uno de los más pobres del planeta, no tiene los medios mínimos para socorrer a las poblaciones afectadas con la prontitud necesaria. 
Por eso, se impone la necesidad de una intervención por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros que permita acudir rápida y extraordinariamente a este país y a esta población. 
Sabemos que la Presidencia portuguesa y el Comisario Nielson, ante el dramatismo de la situación, han salido hoy mismo para Mozambique. 
Nos congratulamos de ello, pero más que su presencia es indispensable garantizar la adopción y la ejecución inmediata de un plan de acción, a corto y medio plazo, que se debe materializar junto con las autoridades mozambiqueñas, para garantizar la asistencia que exige la situación. 
Por lo demás, en ese sentido exactamente y con la convicción de que lo que ahora importa fundamentalmente es una acción urgente y excepcional, hoy mismo y en mi calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, me he dirigido al Comisario Nielsen- antes incluso de su marcha- para solicitarle que se reuniera con nosotros, después de su regreso, y nos informara sobre la evolución de la situación y muy en particular sobre las medidas de emergencia ya adoptadas y por adoptar por parte de la Unión Europea. 
Son millares y millares de vidas humanas las que están en juego en este momento y sólo la solidaridad internacional puede salvarlas. 
Quiero creer que la Unión Europea sabrá estar a la altura de lo que de ella esperan los mozambiqueños 
Señor Presidente, quisiera comenzar subrayando en primer lugar la oportunidad y la pertinencia de este debate sobre las devastadoras inundaciones que han ocurrido en Mozambique. 
En efecto, esas inundaciones y el mal tiempo han causado millares y millares de desalojados, que han perdido todos sus bienes, personas que no pueden regresar a sus casas después de las tempestades por la única y simple razón de que sus casas y sus haberes han dejado de existir, han dejado de estar ahí, han desaparecido con las inundaciones. 
Pero, señor Presidente, Señorías, subsiste un problema inmediato: es el de la necesidad de socorro a todos los mozambiqueños que están en una situación consternadora, muchos en peligro de muerte incluso en sus aldeas inundadas, en espera de ser recogidos. 
En la mayor parte de los casos, esas personas sólo pueden ser rescatadas por medios aéreos, en particular helicópteros, cuyo número en el terreno es a todas luces insuficiente. 
Como observó en un llamamiento dramático el Presidente de la República de aquel país, Joaquim Chissano, cada día que pasa puede significar el fin para muchos mozambiqueños. 
La movilización de recursos por parte de la Unión Europea debe ser, así, inmediata y eficaz, tanto cuantitativa como cualitativamente, y utilizar los medios más rápidos y adecuados para ello. 
Debemos hacerlo no sólo en nombre de elementales normas humanitarias y de solidaridad. 
Debemos también hacerlo- y deprisa- porque sabemos que Mozambique es uno de los países más pobres del mundo, lo que significa que sus medios para prestar socorro ante la tragedia y después promover la reconstrucción son prácticamente inexistentes. 
Nuestra obligación se desprende también de otra circunstancia: la de que Mozambique es uno de los pocos países africanos que ha superado por medios democráticos una guerra civil fratricida que lo consumió durante muchos años después de su independencia. 
Es cierto que su vida democrática es aún muy imperfecta, como lo demuestran la impugnación y las dudas respecto de los resultados de las últimas elecciones presidenciales. 
Pero, en esta trágica situación para su pueblo, no podemos dejar sin una respuesta eficaz y adecuada el llamamiento de los dirigentes del Gobierno y de la oposición de Mozambique, que han sabido resistir con sentido de la responsabilidad la tentación de volver a la violencia como modo de resolver sus problemas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero sumar mi voz a las de todos los que ya han intervenido aquí, en el sentido de señalar a la atención de esta Asamblea- no es necesario, pero se debe hacer- la brutal tragedia que está ocurriendo en Mozambique. 
Tengo aquí algunas cifras y creo que son las más actualizadas; ya hay más de trescientos muertos, seiscientas cincuenta mil personas desplazadas, dos millones cuatrocientas mil personas aisladas, ochenta y cinco mil personas que necesitan ser evacuadas: algunas están encima de los árboles, otras encima de tejados. 
Como se ha dicho, lo más importante son los helicópteros, lo más importante es que esta ayuda humanitaria no tarde, porque, si no, además de la tragedia creada por las inundaciones, va a haber una tragedia posterior: la falta de asistencia a la población que va a morir de hambre, de enfermedades y en las inundaciones. 
Y eso es realmente trágico y un cargo de conciencia para todos nosotros. 
El Comisario ha dicho hace poco que estaba efectivamente vinculado con Mozambique, como yo también lo estoy, y, por tanto, comprende bien lo que está en juego, toda la trágica situación que se está viviendo. 
Espero que del viaje del Comisario Nielsen y del Secretario de Estado portugués resulte la información de que este Parlamento necesita saber lo que está en juego, las urgentísimas necesidades que existen para que podamos ayudar al pueblo de aquel país, que bien lo merece, en su lucha por el desarrollo. 
Permítanme agradecer al Sr. Comisario Patten que haya acudido al Parlamento, a pesar de haber sido avisado con tan poca antelación, en respuesta a nuestros deseos de debatir sobre este asunto tan grave y, como ya se ha dicho, las imágenes que hemos visto en televisión del asolado valle del Limpopo son absolutamente estremecedoras. 
Hay niños que han perdido a sus padres y familias despojadas, desesperadas e indefensas que lo han perdido absolutamente todo. 
Aunque, como ya se ha dicho, toda esta tragedia había sido pronosticada y era previsible, y la lenta e inadecuada respuesta, deplorablemente lenta y deplorablemente inadecuada, es algo que ahora debería obligarnos a invertir realmente y con toda seriedad en medidas de prevención de catástrofes. Como ha dicho el Comisario, es un argumento más a favor de la creación de una unidad de respuesta rápida para situaciones como ésta, que se encargue de hacer frente a crisis como la que existe en aquel país y que se ha visto agravada por el hecho de no disponer de estrategias ni de preparativos logísticos in situ. 
Esta mañana había siete helicópteros y naturalmente esos helicópteros sólo operan en la región de Gaza. 
El río Save también presenta enormes problemas de desbordamientos, pero hasta ahora nadie ha ido hasta allí. 
El 85% de las labores se localiza a una hora de Maputo, por lo que no tenemos ni idea de la magnitud del problema. 
Quisiera decir también, señor Comisario, que los ciudadanos europeos quieren saber con exactitud que está haciendo ECHO. 
A la mayoría de los que nos encontramos aquí no nos gustaría jactarnos de los 3 millones de euros. 
Debemos hacer mucho más y espero que el Comisario vuelva con esas promesas y también con una iniciativa para coordinar los esfuerzos que se están realizando en la zona. 
Está claro que también hace falta un transporte aéreo de gran capacidad, además de, como usted dice, toneladas de alimentos, equipos de depuración de agua, tiendas, mantas. 
¿Estamos realmente preparados para la próxima fase de ayuda y rehabilitación a la que ha hecho referencia? , porque también ésta exigirá enormes recursos. 
¿Estamos dispuestos a proporcionar esos recursos? 
Mozambique es uno de los países más pobres del mundo, aunque también es uno de los mejores ejemplos de superación que encontramos en África, y entre sus logros destacan el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la democracia, a pesar de las enormes presiones que representa la deuda. 
Mozambique es un maravilloso ejemplo, pero ahora puede sufrir enormes penurias como resultado de lo que ha tenido que soportar. 
Lo que ahora deberíamos analizar es hasta qué punto la catástrofe hará retroceder a Mozambique, y eso depende enteramente de la calidad y la cantidad de la ayuda internacional que reciba ese damnificado país. 
Muchas gracias, señora Kinnock. 
Señor Nogueira, tengo que decirle que tomamos nota de su interés e inquietud por este tema, pero su Grupo no está inscrito para hablar, y yo voy a cumplir el Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0041/2000) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el documento de la Comisión Europea: "Situación de la economía de la Unión Europea en 1999" (C5-0081/2000- 2000/2046 (COS) ). 
. (EN) El informe de la Comisión presenta una evaluación halagüeña de la actual situación de la economía europea, especialmente en términos de la reciente recuperación del crecimiento económico del que se espera que conduzca a una reducción del desempleo hasta el 8% antes del año 2001. 
En opinión de este ponente, esta imagen contrasta con el trasfondo de aletargamiento y de una tasa de crecimiento anual de apenas el 1,9 % durante los años noventa, salvo casos aislados de índices de crecimiento más elevados durante esa década que, sin embargo, no pudieron consolidarse. 
Cabría deducir que si no deseamos que se repitan los mismos fracasos del pasado, debemos aprovechar esta oportunidad que nos brinda el rendimiento económico mayor para lanzar una nueva política de transición hacia unos niveles más elevados de crecimiento sostenible de nuestra economía. 
Ése es el reto. 
Ante este reto, la Comisión recomendaba fundamentalmente que nuestra política económica sólo debía prolongar nuestra posición del pasado, que se limitaba a corregir las bases monetarias y fiscales de la economía, mientras que para todo lo demás se confiaba en que los mercados obraran el milagro sin ninguna otra intervención de agentes con conciencia social. 
En opinión de este ponente, ésa es precisamente la actitud que tanto nos ha perjudicado en Europa durante los últimos años, no sólo en una ocasión, sino de forma reiterada. 
Semejante actitud entraña ciertos riesgos sobre los que, según tengo entendido, el Consejo ECOFIN está tratando en estos momentos. 
Estos riesgos incluyen una corrección de la economía estadounidense y la futura tendencia de los precios del petróleo y, a largo plazo, los tipos de interés en los Estados Unidos. 
Si alguno de estos riesgos se materializara de una manera negativa, ¿cuál sería nuestra respuesta; más laissez faire o deberemos prepararnos mejor que cuando se produjo la última caída? 
Mi propuesta es que el Parlamento recomiende una política económica intervencionista que conste de dos partes principales. 
Una es aprobar el excelente y destacado análisis econométrico de la Comisión, y la otra pedir al Consejo que lo transforme en un programa de acción que incluya una serie de objetivos relacionados entre sí y cuantificables de unos niveles de crecimiento de la inversión y del empleo que hagan operativo y den credibilidad a nuestro compromiso con respecto a una política del pleno empleo. 
Uno de los puntales principales de dicho programa debería ser un aumento del nivel de la inversión en formación de capital, que pase del 19%, nivel al que cayó durante la década anterior, hasta al menos el 23-24% del PIB, tanto en el sector público como en el privado. 
Para que el sector público pueda asumir un liderazgo necesario y significativo en la política de inversión, el Consejo tendría que sacrificar algunas de sus vacas más sagradas. 
Tendría que revisar su actitud negativa con respecto a los grandes programas de infraestructura de las redes transeuropeas, que han estado acumulando polvo en los cajones durante demasiado tiempo, permitir su financiación a un nivel adecuado a través de bonos de la Unión Europea y aceptar una interpretación del concepto de déficits presupuestarios que permita a los gobiernos pedir préstamos para fines de inversión, sin verse obstaculizados por las restricciones del pacto de estabilidad. 
Éste es el primer pilar de mi recomendación. 
El segundo pilar consiste en la aprobación de un gran número de propuestas relativas a reformas estructurales, privatización y desregulación, así como sugerencias que faciliten la transición hacia una economía basada en el conocimiento que, como sabemos, constituye la espina dorsal de las propuestas de la Presidencia para la Cumbre de Lisboa. 
La opinión de expertos reitera que un programa de reformas estructurales combinado con un programa de expansión de la inversión y del crecimiento puede perfectamente sacar a la economía europea de su estado de inercia, mientras que las políticas unilaterales están condenadas al fracaso. 
Lamentablemente, a mis colegas del Partido Popular, ayudados y secundados en la Comisión de Asuntos Económicos por los Liberales, mi enfoque les pareció inaceptable. 
Me alegra que al menos después de cinco años de insistencia encuentren aceptable el objetivo del pleno empleo, pero debo decir que limitarse a hacer referencia al pleno empleo sin proponer un programa concreto para alcanzar los objetivos no es más que hablar de boquilla y demasiado poco convincente como para que sirva de ese mensaje político de optimismo que la sociedad espera de nosotros, que lleva esperando de nosotros desde hace demasiado tiempo. 
Ciertamente no me corresponde juzgar las alianzas de los demás, pero si el Partido Popular y los Liberales están tan ansiosos por sellar su alianza, que al menos propongan algo positivo, algo que tenga posibilidades de funcionar, y que no repitan las mismas perogrulladas e ideas viejas y caducas que nos han fallado de forma tan estrepitosa en el pasado, ni que se opongan a los esfuerzos concretos de los demás sin otro motivo que el de presentar oposición. 
Creo que el mensaje político de este Parlamento debería consistir en algo más original que un mero refrito del mantra económico neoclásico. Algo más sólido que un llamamiento a rendirse ante las fatalidades de la economía de mercado, algo más decente que contraponer objetivos concienzudos, pero negándoles los medios para su realización. 
El informe que la Comisión de Asuntos Económicos ha presentado al Parlamento peca en todos estos aspectos. 
A menos que sea restablecido a su forma original a través de la aprobación en la Asamblea de las enmiendas que ha vuelto a presentar el Grupo Socialista, debo adoptar la inusual, pero inevitable decisión de pedir a mis colegas Socialistas y a todos aquellos que crean que el Parlamento debería hablar un lenguaje que tenga sentido, que voten en contra del informe, que aunque lleva mi nombre, ya no es mío ni en pensamiento ni en conciencia. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar querría decir que celebro la pasión con que mi amigo Giorgos Katiforis se entrega a este difícil tema a estas horas de la noche. 
Aceptaré con gusto su invitación, pero antes quiero empezar con el análisis. 
En primer lugar debemos preguntarnos qué calidad tiene la actual política económica de la Unión Europea y qué calidad tiene la política económica de los 11 Estados miembros, puesto que de esto se trata principalmente. 
Para ello hemos preguntado a expertos, y su información ha sido muy interesante. 
No obstante, creo que los principales árbitros para juzgar si alguien hace una buena o mala política económica son en la actualidad los mercados financieros internacionales, así como aquello que se refleja en los tipos de cambio de divisas. 
A este respecto constatamos que el euro muestra debilidad frente al dólar, es decir, que los mercados financieros internacionales juzgan como mala la actual política económica de los 11 Estados miembros de la Unión Europea que tienen el euro como moneda. 
¿Por qué es así? 
¿Es cosa del Banco Central Europeo? 
Debe responderse con un rotundo no. 
El estado de las finanzas de la Unión Europea es bueno. 
El Banco Central Europeo dispone de todos los instrumentos que pueden ponerse a disposición de un banco central. 
El Banco Central Europeo está dirigido por personas dignas de confianza. 
Dichas personas han cumplido con su cometido de preservar la estabilidad de los precios, y la política de tipos de interés que han practicado ha seguido con exactitud tal cometido. 
Por tanto, no puede ser responsabilidad del Banco Central Europeo. 
¿Tiene que ver con las previsiones de crecimiento y empleo para los próximos años? 
Las previsiones son muy favorables. 
Se estima un aumento del 3% de la tasa de crecimiento económico, frente al 1,9 % de los años noventa. 
Se prevé un retroceso ­aunque lento­ de la tasa de desempleo. 
La estabilidad de los precios en la Unión Europea es mejor en los 11 Estados miembros que en los Estados Unidos. 
Tenemos estabilidad de precios, una tasa de inflación por debajo del 2%. 
Los tipos de interés a largo plazo son asimismo más bajos que en los Estados Unidos. 
La verdadera razón por la que se pone mala nota a los países europeos es el hecho de que las reformas estructurales necesarias en Europa se han acometido con demasiada lentitud. 
En primer lugar, la flexibilidad de los mercados de trabajo. Estamos viendo que el desempleo ha retrocedido más rápidamente en los países, también de la Unión Europea, que han configurado de manera más flexible sus mercados de trabajo que en otros Estados. 
Entretanto, en algunos países se sitúa por debajo del 5%. 
A continuación, la gran tarea de reformar los sistemas de seguridad social y adaptarlos a las condiciones de un mercado único europeo ­también en este ámbito Europa marcha atrasada. 
Después, la mejora de las condiciones de la investigación y el desarrollo: aquí se da, por un lado, la hostilidad hacia la técnica en la Unión Europea, que actúa indudablemente de freno de la investigación y el desarrollo; por otro lado, el hecho de que la protección de los derechos de propiedad intelectual aquí en Europa, en particular para las PYMEs ­que son especialmente creativas­ es demasiado cara y no funciona correctamente. 
Asimismo, creo que actualmente, en el ámbito del dinero electrónico, estamos a punto de perder oportunidades que se están aprovechando en otros países por adaptar con demasiada lentitud nuestras condiciones marco. 
También falla la oportuna adaptación de nuestros sistemas educativos. 
Situaciones como la de, por ejemplo, Alemania, en donde en la actualidad se hace necesario buscar especialistas en electrónica en otros países para traerlos a la Unión Europea, ponen de manifiesto que nuestros sistemas educativos han fracasado y que no han sido adaptados a tiempo a las exigencias de la sociedad de la información. 
En otras palabras, se procede demasiado lentamente. 
Demasiado lenta es también la adaptación en la eliminación de los monopolios. 
En el sector de las telecomunicaciones hemos avanzado relativamente bastante. 
Aún tenemos grandes deficiencias en los servicios de correos, y en el sector de la energía queda aún mucho por hacer en la eliminación de monopolios. 
Sobre todo, hay razones para temer que en algunos sectores los monopolios privados sustituyan a los viejos monopolios públicos, lo cual significaría que, con respecto a la competencia, con respecto a lo que realmente aprovecha al ciudadano, saldríamos de Málaga para entrar en Malagón. 
Quiero decir ahora unas palabras sobre la diferencia fundamental entre nuestra opinión y la opinión del Ponente. 
El Ponente cree en el crecimiento y en el fomento de la demanda. 
En ello ve la panacea. 
Esto ha sido lo más destacado ­además de otros muchos asuntos, en los que no sostenemos un punto de vista muy distinto­ de lo que nos ha propuesto el Ponente. 
No creo que sea muy equivocado tachar de paleokeynesiana su postura en esta cuestión. 
Nosotros sostenemos, en cambio, que esta política económica sería corta de miras; que no sólo debemos procurar la estimulación de la demanda, sino también atender a las condiciones de la oferta, a las reformas estructurales que acabo de enumerar. 
Debemos acometer estas reformas ya, pues sólo así podremos mantenernos en un régimen de competencia globalizada. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE quiero agradecer al Ponente su intenso, importante y bien orientado trabajo. 
Asimismo, quiero resaltar una vez más cuán importantes han sido las prolijas deliberaciones en la comisión con los expertos que felizmente se pusieron a disposición del Parlamento. 
Estos expertos hicieron especial hincapié en la importancia de la realización de inversiones, así como en apostar por instrumentos que animen la demanda. 
No creo que lo que usted, Sr. von Wogau, ha calificado de keynesianismo de anteayer, efectivamente lo sea, pues nadie quiere renunciar a la estabilidad, nadie quiere renunciar a la solidez, sino que debemos encontrar de una vez por todas un verdadero policy mix en esta Unión Europea. 
Éste comprende medidas orientadas a estimular tanto la oferta como la demanda. 
Esto lo estamos viendo hacer en otros países del mundo, que están alcanzando un éxito mayor que, por ejemplo, el suyo, países en los que se aplican con éxito este tipo de medidas desde hace años. 
Tampoco soy demasiado pesimista sobre las perspectivas de la Unión Europea. 
Podemos comprobar, al fin y al cabo, que la situación ha mejorado claramente en la Unión Europea tras un año de Unión Económica y Monetaria. 
El Informe Económico Anual de la Comisión apuesta acertadamente por una evolución positiva de la situación. 
Las condiciones marco de la economía mundial y de la política económica son, en fin, favorables. Simplemente, deben ser aprovechadas. 
Debemos decidirnos de una vez por coordinar las acciones de tal modo que organicemos efectivamente sinergias que hagan de hecho posible un crecimiento continuado a un alto nivel y durante un período más largo. 
Debo decir que el asunto de la paridad euro-dólar no me causa preocupación alguna, y no sólo porque percibo en el euro un potencial de apreciación, no, porque la paridad euro-dólar ha proporcionado a la industria europea de la exportación un empujón adicional y con ello ha reforzado su papel de motor de la coyuntura económica en una importante fase de desarrollo económico en Europa. 
Ya he dicho que la Unión Europea carece todavía de un estrategia común de crecimiento que contribuya a que la interdependencia de las economías de la UE sea efectiva y a que el mercado interior pueda desplegar sus mejores aptitudes funcionales. 
Esta situación no sólo está asociada a la persistente falta de reformas estructurales. 
Naturalmente que son importantes las reformas estructurales en nuestras economías. 
Pero, ¿quién ha calculado alguna vez el peso económico de estas reformas de modo tal que sepamos cómo pueden efectivamente contribuir al crecimiento, a la inversión y al empleo? 
En tal medida no podemos renunciar a la organización del crecimiento. 
En mi opinión, es una lástima que no todos los actores del diálogo macroeconómico reconozcan aún la necesidad de la coordinación. 
Debemos saber que aún estamos expuestos a riesgos externos y que aún estamos expuestos a riesgos internos para el crecimiento europeo, para el crecimiento en la UE. 
Al fin y al cabo, los indicadores económicos, por ejemplo, ponen de manifiesto en la Unión Europea que el crecimiento y sus perspectivas no son desde hace tiempo tan sólidas como en los años ochenta. 
Esto también tiene algo que ver con la confianza. 
No quiero decir que debamos atribuir a los mercados financieros el juicio, pero debemos tener en cuenta que tanto por parte del consumidor como por parte de los productores se da una mayor confianza en el desarrollo de la Unión Europea. 
También es necesario contar con perspectivas paneuropeas ­no lo voy a negar­ en la evolución de las políticas salariales que, con todo, como digo, en la UE están orientadas de forma ejemplar hacia el objetivo de productividad y de precios del BCE. 
No puede producirse una renacionalización de la lucha contra la inflación al nivel de los Estados miembros, tal como ocurre con los efectos del aumento los precios del petróleo y de las materias primas. 
Para la Unión Europea y la organización del crecimiento será importante una valoración independiente de la política económica europea. 
Necesitamos simplemente un informe anual sobre la situación económica y social en la Unión, de modo que se haga posible una política de la UE con benchmarking y cifras y objetivos cuantitativos y cualitativos para la inversión y el crecimiento. 
Esto debe hacerse parte integrante de los fundamentos de la política económica. 
Creo que, en última instancia, a una violación de tales fundamentos debe seguirle un detallado análisis de las bases de las economías nacionales respectivas. 
La favorable evolución de la situación económica debe, naturalmente, aprovecharse para que las carencias estructurales puedan eliminarse más rápidamente con la ayuda de los excedentes que genere el crecimiento. 
Evidentemente, estos excedentes deben ser destinados a la inversión en la sociedad del conocimiento, en la investigación y el desarrollo, en la preciada materia prima que es el hombre. 
Iniciativas como un acceso a Internet en todas las escuelas o una cualificación para toda la vida son un punto de partida razonable que incluso los contrarios a los programas de gastos públicos deben aprobar, para que podamos organizar las posibilidades de futuro y el pleno empleo en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la pasión y la convicción de nuestro colega Giorgos Katiforis le ha impedido hacer lo que es normal en la presentación por parte de un ponente, que es defender el informe que se presenta en el Pleno. 
Él no lo ha hecho. 
Ha defendido su posición, que no fue la que recibió la aprobación de la comisión. 
Uno de ellos es que nosotros pensamos que podemos ver la evolución de la economía europea con confianza. 
Ayer, el Comisario Solbes, en una intervención en la Comisión de Asuntos Económicos, nos señalaba que precisamente las perspectivas para este año y el año que viene para la economía europea son excelentes. 
Es más, se citaron algunos Estados cuyo problema es qué hacer ya con el superávit público. 
Los problemas que se plantean son, por ejemplo, escoger entre reducir impuestos o reducir el déficit público, evitar, evidentemente, el incremento de precios, o- para entendernos- hacer una reserva especial para afrontar las posibles contingencias en que la asistencia social pueda ser necesaria, dada la evolución demográfica de la Unión Europea. 
Nosotros nos inclinamos a creer que hay una sólida base para este crecimiento económico en la Unión, ahora y en los próximos años, y que hemos de tener en cuenta que estamos en una economía abierta, globalizada y muy competitiva. 
Si queremos alcanzar el liderazgo de los Estados Unidos, e incluso tomar el relevo, lo que hay que hacer es evitar el intervencionismo que proponía inicialmente el Sr. Katiforis, evitar una excesiva intervención por parte de los poderes públicos en la construcción de algunas infraestructuras. 
Por otra parte, los Estados miembros se han negado a ofrecer más recursos cuando discutimos la Agenda 2000, o sea que, a nivel de la Unión Europea, durante los próximos años, poco podemos tener disponible. 
En cambio, sí que insistimos en la necesidad de continuar profundizando en la construcción del mercado interior europeo, que aún presenta serias lagunas. 
Aún hay sectores, como el del transporte aéreo, el energético, el de las telecomunicaciones, en que, si comparamos el coste unitario con respecto a los Estados Unidos o a otros países igualmente competitivos a nivel internacional, resulta que el coste que soportan nuestras empresas es aún muy elevado. 
Este informe contiene un dato según el cual, para la creación de una nueva empresa, el coste burocrático en los Estados Unidos es de 500 euros y en la Unión Europea, como media, es de 1.600. 
Por lo tanto, aún hay excesiva burocracia y excesiva intervención. 
Nosotros creemos que, cumpliendo los acuerdos de rigor que se establecen con los programas que siguen el pacto de estabilidad y profundizando en la creación de un mercado con menos trabas en todos los niveles, es precisamente cuando alcanzaremos los niveles de competitividad que necesita la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el apasionamiento que los oradores anteriores han reconocido al Sr. Katiforis no tenía, a mi entender, otro objetivo que hacer un llamamiento al Parlamento Europeo para que respondiera a la esperanza de decenas de millones de desempleados, de excluidos y de trabajadores precarios en nuestra Unión Europea. 
Este es el objetivo que perseguía el Parlamento Europeo: dar esperanzas a los pueblos de Europa. 
Los votos del PPE-DE y de los liberales han atenuado considerablemente, e incluso invertido, el sentido de su mensaje. 
Por esta razón no hemos votado positivamente el informe enmendado por ellos, a pesar de nuestros esfuerzos, y no votaremos a favor del mismo en el estado actual. 
¿Cuáles son las condiciones mínimas para que votemos a favor de este informe? 
En primer término, debe afirmarse que hay lugar para una Europa de crecimiento sostenible, respetuosa sobre todo de los compromisos asumidos por la Unión Europea en las Conferencias de Kyoto y de Buenos Aires. 
Hay tareas enormes por cumplir para respetar nuestros compromisos de aquí al fatídico año 2008, cuando habrá que reducir las emisiones de gas con efecto invernadero al nivel de 1990. 
Quedan por realizar enormes trabajos en el ámbito de los transportes, del ahorro energético, e incluso sustituir los desplazamientos por comunicaciones a través de Internet. 
En segundo término, incluso la tasa de crecimiento del 3 ó 4%, que nos parece totalmente posible, no es suficiente para reducir el desempleo, si no enriquecemos el contenido en empleos del crecimiento. 
Y debemos decirlo muy claramente: ello supone un mayor ahorro de servicios, un mayor número de terceros sistemas, mayores reducciones de la media del tiempo de trabajo, cualquiera que sean los métodos para lograrlo. 
En tercer término, estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario reformar las relaciones laborales en Europa, pero para nosotros ello significa, evidentemente, que debe protegerse y enriquecerse el capital humano. 
La lección experimental de Europa consiste en que allí donde existen los salarios más bajos, donde la relación salarial es más flexible, el desempleo es más elevado, y en que allí donde existen los mayores salarios, donde la regulación de las relaciones sociales está mejor regulada, el índice de desempleo es el más bajo. 
Señor Presidente, ninguna esperanza y sí una profunda desesperación entiendo que debe crearles a los trabajadores europeos esta política. 
Con la resolución adoptada, nuestra comisión demuestra que la Comisión Europea, el ECOFIN o el Banco Central no son los únicos abanderados y defensores de una política económica y social marcadamente neoliberal, que ha acumulado enormes consecuencias negativas para las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y de otras amplias capas populares de los países miembros de la Unión Europa. También el Parlamento Europeo impulsa esa política. 
Nuestra comisión ha rechazado rotundamente todos los intentos del ponente por introducir con su ponencia otra dimensión en el debate sobre la situación económica de la Unión Europea y enviar a la Comisión y al Consejo algunos de los mensajes que el propio Parlamento Europeo, en su condición de cámara parlamentaria elegida por los pueblos de la Unión Europea, debería captar. 
Incluso la positiva contribución de los institutos económicos internacionales y de expertos de altísimo nivel, que han aportado sus problemáticas y sus ideas, ha sido objeto de una lamentable acogida. 
El Parlamento, con esta resolución, contrae una gravísima responsabilidad frente a los pueblos que lo eligieron, al apoyar una política económica y social radicalmente neoliberal. Una política que impulsa la privatización de todo lo imaginable; que muestra repugnancia por todo lo público; que priva a los trabajadores de seguridad y protección, de sus derechos laborales, salariales, sociales; que impone una dura política presupuestaria, con un marcado carácter antipopular y antisocial; que se pone declaradamente al servicio de la patronal y les pide a los trabajadores que sean más «atractivos» y «flexibles» si quieren encontrar un puesto de trabajo. 
Nuestro grupo condena categóricamente esta concepción de las cosas, y no va a aprobar, por tanto esta resolución. 
Votará, pues, en contra. 
Señor Presidente, el informe presentado por la Comisión, "Situación de la economía de la Unión Europea en 1999", nos parece estar redactado en lenguaje estereotipado, puesto que casi no demuestra por qué nuestros resultados son extremadamente inferiores al potencial que deberían permitir los inmensos recursos humanos de Europa. 
Naturalmente, es grato constatar que la previsión de crecimiento del 3% para el año 2000, que podía parecer aventurada cuando la Comisión la formuló en noviembre de 1999, hoy tiene grandes posibilidades de cumplirse, y ello en el contexto de una inflación contenida, ya que el máximo del 2% para la zona "euro", en enero, es menor, a pesar de todo, con respecto al pasado. 
Pero se tiene la impresión de que este crecimiento, alimentado primero por los resultados de los Estados Unidos, luego por los incrementos de productividad de la nueva economía, por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, está impulsado por la evolución general internacional, a pesar incluso de nuestras desventajas. 
Conocemos muy bien las desventajas que han de remediarse urgentemente: las rigideces estructurales, los sistemas tributarios demasiado elevados. 
Pero no olvidemos que acaba de añadirse otra, una nueva desventaja, con la moneda única. 
En efecto, la unificación de las políticas monetarias y el ajuste progresivo de las demás políticas imponen a los diferentes países de la zona euro rigideces adicionales, exigiéndoles comportamientos que no se adaptan necesariamente a sus estructuras y a sus respectivas coyunturas. 
El informe de la Comisión considera positiva esta unificación. 
Pero, en realidad, no puede excluirse el hecho de que pueda conducir a una situación global por debajo del nivel idóneo. 
Si a esto añadimos el nuevo elemento de una moneda única que no está adosada a un Estado en concreto que, a su vez, esté adosado a un pueblo, resulta fácil explicar lo que para Bruselas es un gran misterio: la desconfianza de los mercados frente al euro. 
Ciertamente, la debilidad de la moneda única fue bien acogida en un primer momento, en 1999, ya que favorecía el crecimiento de forma inesperada, pero no se podrá seguir ocultando que ésta es en realidad síntoma de políticas inadecuadas y de unas malas condiciones de funcionamiento. 
Señor Presidente, el proyecto de resolución que está ante nosotros es controvertido y, teniendo en cuenta la materia a que se refiere, despierta poco asombro. 
Los economistas no son tan unánimes, ciertamente no, cuando se trata del futuro. 
El despreocupado alegato del ponente a favor de un crecimiento económico mayor parece una manera atractiva de luchar contra el elevado desempleo. 
No obstante, se trata, de hecho, de una política a corto plazo. 
Aunque el ponente aboga por un crecimiento sostenible, esto no tiene nada que ver con la durabilidad. 
Teniendo en cuenta la evolución ecológica y demográfica, precisamente deberíamos incitar a los estados miembros a un crecimiento económico selectivo. 
Más inversiones; la producción y el consumo solamente crean riqueza de corta duración. 
El consumo de materia primas escasas y energía debe disminuir significativamente. 
Otras prioridades son el reembolso de la deuda del estado y la reforma del sistema de pensiones. 
Si los Estados miembros no hacen nada a este respecto, en el futuro habrá todavía menos medios para la asistencia, la educación y otras cuestiones públicas importantes. 
Resulta muy curiosa la defensa de una gestión pública más activa. No guarda ninguna relación con los mensajes más recientes de Eurostat en cuanto al aumento de la inflación que, a todo esto, se ha situado en el 2%, el máximo permitido. 
Quien pretenda aumentar, incluso más, los gastos públicos, no tendrá que esperar mucho para ver cómo el Banco Central Europeo sube de nuevo los tipos de interés. 
Lo que la administración aporta respecto de la creación de puestos de trabajo se contrarresta, entonces, con las consecuencias adversas para, especialmente, las pequeñas y medianas empresas. 
El elevado desempleo en la Unión Europea nos preocupa a todos, especialmente ahora que la tendencia a la baja parece no continuar. 
El fomento del empleo es, no obstante, una cuestión a largo plazo, de política estructural. 
Los Estados miembros tienen la obligación, sobre todo, de seguir una política adecuada. 
Para aplicarla, deben contar con un amplio margen de maniobra. 
La paralización por la imposición de criterios de convergencia social y otras directrices comunitarias, no contribuye, decididamente, al deseado aumento del empleo. 
El desplazamiento de la presión fiscal del trabajo al consumo de materias primas y minerales sí supone una contribución duradera. 
Señor Presidente, ofendido por la condena sin juicio a Austria por los 14 Estados miembros, me pronuncio sobre el Informe Katiforis. 
En Europa seguimos careciendo de optimismo y de fe, para que podamos efectivamente pensar en un desarrollo favorable de la economía. 
Las razones de ello son, en mi opinión, diversas. 
En Europa tenemos sistemas fiscales que frenan la productividad. 
El tipo medio del impuesto sobre la renta en Europa es superior al 50%. 
El Gobierno Reagan demostró en los años ochenta, con una medida muy valiente, que una fuerte reducción fiscal, a saber, del 70% al 28%, podía sanear el presupuesto de los EE.UU. Los ingresos fiscales no disminuyeron con esta reducción, sino que ocurrió lo contrario. 
De hecho, en 1984 los ingresos fiscales procedentes de las rentas más altas aumentaron, frente a 1980, del 17,6 % al 25,6 %. 
También en Europa deberíamos tener la valentía de introducir un sistema de reducciones fiscales. 
Junto a esta razón, hay otros ámbitos que son fundamentales para nuestro desarrollo económico. 
El aluvión legislativo en Europa, unas leyes demasiado intrincadas, han conducido a la creación de una burocracia que en última instancia supone que para la creación de empresas se necesiten en Europa 11 semanas, y en los EE.UU. semana y media. 
Unas encuestas realizadas en universidades europeas han arrojado como resultado que el 60% de los estudiantes quieren trabajar en el sector público y sólo el 40% en el privado. 
En Europa necesitamos más competencia, sobre todo en el sector de las nuevas tecnologías para que así puedan garantizarse de forma duradera objetivos como el pleno empleo y el crecimiento. 
Señor Presidente, la coordinación de la política económica con la monetaria hace progresos manifiestos. 
Unos mercados de trabajo más flexibles, las nuevas tecnologías, la conquista de nichos de mercado y unas mejores condiciones marco para la fundación de empresas más innovadoras y creativas son factores decisivos para la economía europea. 
En la política monetaria serán fundamentales el equilibrio presupuestario, una tasa de inflación reducida y el desarrollo de una cultura de la estabilidad. 
Aquí los intereses de empresarios y trabajadores son coincidentes. 
Una sincronización de las políticas económica y monetaria con la política social, incluidos los objetivos cuantitativos comunes, no es actualmente factible. 
Nosotros, los diputados del PPE que formamos parte de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, hemos puesto de manifiesto varias veces que los informes de actividad anuales de los Estados miembros parecen al menos más cercanos a la actualidad, si bien siguen apareciendo de forma separada. 
No obstante, un primer y decisivo paso sería introducir la convergencia en la política social. 
Esto comprende un procedimiento de benchmarking con el intercambio de datos comparables, con un fortalecimiento de la orientación de los planes de acción hacia la lucha contra la exclusión y la pobreza. 
El rigor de los diferentes procedimientos de Cardiff, Luxemburgo y Colonia es igualmente adecuado. 
Sólo espero que no se establezca un cuarto método, el llamado método Lisboa. 
Etiquetas tenemos ya bastantes, pero contenidos muy pocos. 
Hay que simplificar en vez de complicar. 
Es propio de la mejora de la situación social la realización de esfuerzos cualitativos tales como mayores posibilidades de formación y de formación continuada para conseguir una mayor capacidad de encontrar empleo, una adecuada protección social y la participación de los trabajadores en el beneficio y en el capital. 
Es necesario valorar los avances o retrocesos de los Estados miembros en la lucha contra el desempleo y dar los golpes de timón necesarios. 
El Parlamento Europeo debe participar en este proceso de manera más activa. 
Ya se ha dado un primer paso, desde la semana del empleo en noviembre hasta la inclusión de los agentes sociales y de las ONG, pasando por nuestros debates públicos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a mi colega Giorgos Katiforis por el informe que nos presentó, no hoy aquí, sino en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, porque se trata de dos informes completamente distintos desde el punto de vista político. 
En trazos muy generales podríamos decir que el primero es un informe de izquierdas, con preocupaciones sociales, además de los problemas económicos; el informe que ahora nos llega y que mi colega Giorgos Katiforis se abstuvo de defender y creo que hizo muy bien, es un informe híbrido en el que, a partir de una estructura con preocupaciones sociales, se han suprimido las principales conclusiones. 
¿Qué es lo que nos proponía el Sr. Giorgos Katiforis y que se suprimió del informe? 
Nos proponía un informe ambicioso, en una Europa optimista, que pretendía establecer metas en cifras para los resultados que se pretendía obtener. 
Y Europa ha avanzado con procesos de metas en cifras. 
¿Por qué, por ejemplo, se suprimió la propuesta de que la población activa de Europa evolucione hacia el 75% de la población, cuando actualmente tenemos niveles del orden del 60%? 
Una población activa del 60% es muy baja comparada con la del Japón o la de los Estados Unidos y nosotros no podemos producir lo mismo que esos países con una tasa de empleo tan baja. 
Por tanto, necesitamos aumentar la tasa de empleo con puestos de trabajo competitivos. 
Como se propugnó para la Cumbre de Lisboa, debemos preparar mano de obra con formación científica para las nuevas tecnologías. 
Y necesitamos que la inversión aumente a ritmos más rápidos. 
Esta idea que el Sr. von Wogau defiende y según la cual lo que se necesita es flexibilidad de la mano de obra es un argumento que conocemos muy bien. 
Quisiera contraponerle el ejemplo portugués, en el que las leyes laborales no son flexibles y en el que la tasa de desempleo es inferior a 5% -y no ha dejado de disminuir en los últimos años -, porque las inversiones aumentan (con un apoyo comunitario, como es obvio) a ritmos mucho más altos que la media comunitaria. 
Por eso, lo que queremos es una Europa con crecimiento económico, pero con preocupaciones sociales. 
Señor Presidente, entiendo las dificultades del Sr. Katiforis para dar argumentos, pero, en mi opinión, este es un buen informe que contiene un análisis interesante. 
Se dice que Europa va bien, pero cuando decimos esto tenemos que saber que todavía hay muchas diferencias entre los Estados miembros. 
El gran problema de Europa es, todavía, el desempleo. 
En mi opinión, no se puede decir que Europa va bien cuando entre 16 y 17 millones de europeos no tienen trabajo. 
¿Por qué no crece Europa suficientemente? 
¿Por qué el euro es mucho más débil que el dólar? 
No quiero decir que tengamos que ir a EE.UU. a buscar toda la inspiración, pero, señor Katiforis, estoy convencido de que allí podemos aprender mucho, por ejemplo, sobre un mercado laboral con menos reglas, sobre los costes de la fuerza de trabajo, sobre los bajos impuestos o sobre las posibilidades de crear empresas. 
En EE.UU. hay un clima empresarial diferente al de Europa. 
Hemos escuchado acerca de los costes y de la burocracia, que costará 1600 euros en Europa y sólo 500 en EE.UU., que se tarda once semanas en crear una empresa en la UE pero sólo una y media en EE.UU. 
¡No podemos continuar así! 
Creo que el Sr. Katiforis también lo entiende. 
Europa tiene que ser más competitiva. 
En un anexo muy interesante de este informe, Richard Layard señala a algunos países como ejemplos, el Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca, en los que han disminuido la dependencia de los subsidios y el desempleo. 
Layard se ocupa especialmente de las dificultades de los desempleados de largo tiempo. 
Esto es lo que nos diferencia de EE.UU. En Europa pagamos a la gente para que no haga nada; así no lo hacen en EE.UU. Por eso se necesita otra clase de política, no la política americana sin reservas, pero Europa necesita una política que nos saque de la dependencia de los subsidios, una política que dé posibilidades a las personas para realizar estudios relevantes para los nuevos empleos, que facilite la creación de nuevas empresas, que mejore el clima empresarial y que utilice plenamente las nuevas tecnologías y las nuevas ideas. 
Los europeos somos capaces de hacer muchas cosas si se nos dan las oportunidades. 
¡Pienso que este informe nos da esas oportunidades! 
Señor Presidente, quiero, igual que otros, dar las gracias al Sr. Katiforis por este interesante informe. 
Al leerlo, se consigue una imagen de la economía de la UE que, en mi opinión, es bastante alarmante. 
Los niveles de inversión son demasiado bajos, el desempleo sigue siendo demasiado alto y el crecimiento es insuficiente. 
Por eso, quizás no sea demasiado extraño que el euro siga perdiendo terreno frente a otras divisas, a pesar de que se rumorea que el Banco Central Europeo compra euros a escondidas para frenar su caída. 
El ponente comprueba que la estabilidad en sí misma no es un objetivo, opinión que comparto. 
Se habla demasiado de estabilidad, convergencia y coordinación, pero demasiado poco de los factores que fomentan la innovación y el desarrollo. 
Para mí, la colaboración de la UEM es como un enorme coloso, incapaz de seguir los rápidos movimientos de la economía. 
Mis conclusiones son absolutamente diferentes de las del orador anterior. 
Creo que hay que apostar por los recursos humanos, por una parte, mediante una macropolítica que cree demanda y nuevas fuentes de trabajo y, por otra, con medidas tales como la formación, la democratización empresarial y las buenas condiciones sociales. 
Veo que, en estas materias, el proyecto de UEM tiene sus mayores debilidades. 
No podemos levantar a las economías europeas desde arriba, como si fuésemos un nuevo barón von Münchhausen. 
Por el contrario, hay que movilizar a los trabajadores y a los pueblos en los países miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, tengo la ligera impresión de que muchos de los oradores anteriores no han leído enteramente el informe sobre el balance de la economía de la UE en 1999 y que deliberadamente no han querido escuchar al orador de mi Grupo, Karl von Wogau, puesto que el documento que estamos debatiendo hoy y que ha sido objeto de un informe hace hincapié en el éxito de la introducción del euro. 
Pone sobre la mesa los problemas de 1999, año en el que, pese a estas dificultades, ha habido estabilidad monetaria, estabilidad de los precios y un mayor nivel de empleo. En el pasado año se han perfilado los primeros indicios de una fase de recuperación y se han dado los primeros pasos hacia la reducción del desempleo. 
De cara al futuro, el informe llama la atención sobre una incipiente reactivación de la economía, al tiempo que presenta perspectivas y propone medidas necesarias que han sido completadas por Karl von Wogau 
En realidad me agrada que el presente debate sea tan duro, puesto que ello demuestra que la política económica puede abordarse de diversas maneras. 
Queremos proseguir el exitoso camino europeo hacia el crecimiento y el empleo. Queremos seguir desarrollando un mercado interior que funcione, acelerando el proceso y completándolo con las medidas necesarias. 
El ala izquierda de esta Asamblea no quiere proseguir este camino; dramatiza la situación de tal forma que incluso llega a sostener que lo que necesitamos es la intervención del Estado, no la continuación y el fortalecimiento de la economía de mercado. 
La intervención del Estado siempre ha dado lugar a un mayor endeudamiento y este mayor endeudamiento siempre ha perjudicado el crecimiento y el empleo así como la justicia social. 
Éste es el debate que estamos desarrollando aquí. 
Quiero dejar muy claro desde ahora mismo que nosotros queremos más libertad y menos Estado. 
¡Son las empresas las que fomentan el crecimiento y el empleo, no la intervención del Estado! Lo único que necesitan para ello es un marco de referencia adecuado. 
Señor Presidente, señor Karas, quisiera ofrecerle una réplica inmediata. 
Los socialistas de esta Casa también son partidarios del mercado interior. 
Nosotros también luchamos y abogamos por el euro, pero lo que queremos es una economía de mercado de índole social, no queremos que se instaure la economía de mercado que se aplica en Estados Unidos. 
Hasta ahora esta Asamblea, salvo contadas excepciones, al menos coincidía en que no seguiríamos el ejemplo de los Estados Unidos, sino que Europa emprendería otro camino. 
Desde este punto de vista lamento que probablemente no logremos ponernos de acuerdo. 
Ha quedado claro, señor Mann, que no basta con hacer llamamientos y formular pretensiones; necesitamos objetivos cuantificados. 
Este método ha dado buenos resultados en el caso del euro y ahora mismo está demostrando su eficacia en el ámbito de las medidas destinadas a combatir el desempleo juvenil. 
Los quince países han extremado medidas especiales al respecto y eso es lo que habrá que hacer a nivel general. 
Esperamos asimismo que en el futuro los Estados miembros celebren un amplio debate sobre la política de empleo con los interlocutores sociales, los interlocutores regionales y los responsables locales, puesto que ése aún no es el caso. Obviamente, también esperamos- y aquí volvemos a encontrarnos- que se produzca una convergencia en el terreno de la política social dando por supuesto que ésta vaya acompañada de la modernización de los sistemas sociales. 
Sin embargo, cuando oigo decir al Sr. von Wogau que aquí en Europa la reforma lleva un enorme retraso, me pregunto con quién nos está comparando. 
¿Acaso con Japón? 
¿Con Estados Unidos? No creo que se refiriera al sistema estadounidense. 
Sólo hay que fijarse en el sistema sanitario. 
Ningún país europeo cuenta con un sistema tan costoso y al mismo tiempo tan deplorable como el de Estados Unidos. 
Evidentemente, también queremos ofrecer más oportunidades a las mujeres en el mercado de trabajo. 
Es otro aspecto que no queda reflejado satisfactoriamente en las posibilidades consideradas en el marco de la política de empleo. 
¡Desafortunadamente, los últimos 16 años Alemania ha estado dormida en lo que a este tema se refiere! 
Señor Presidente, el balance económico de la Unión Europea desde el punto de vista de los trabajadores es el siguiente: dieciocho millones de parados, la generalización de la precariedad, de los bajos salarios, del empeoramiento de las condiciones de trabajo. 
La Comisión tiene el cinismo de considerar la moderación salarial como un elemento positivo, cuando sólo en Francia más de tres millones de trabajadores cobran un salario cercano al umbral de pobreza y sobreviven apenas por encima que el resto de los tres millones, que una economía delirante mantiene en el paro. 
Pero nunca hablan de moderar los ingresos de los accionistas, infinitamente más elevados al principio, y que cada año aumentan de manera escandalosa. 
El balance de ustedes consiste en todos esos grandes trusts que suprimen empleos, cuando sus ganancias son elevadas, que a menudo despiden trabajadores simplemente para hacer subir el precio de sus acciones en bolsa. 
Once mil empleos suprimidos en Hoechst y Rhône-Poulenc, veintidós mil en Unilever, diez mil en ABB/Alstom Power, sin mencionar el resto. 
El crecimiento económico que tanta satisfacción les causa sólo beneficia a una minoría adinerada, a los propietarios y a los accionistas de los grandes grupos industriales y bancarios. 
Pero desconfíen de que no les salga el tiro por la culata con respecto a los trabajadores y a los parados, a quienes se repite que todo va cada vez mejor, cuando comprueban que su vida no mejora, sino que, al contrario, empeora. 
Ésta es la principal lucha ideológica por Europa que se nos presenta. 
Creo que este debate la resume perfectamente. 
La principal división política ha quedado patente esta noche y no es ninguna sorpresa que este tema haya polarizado el debate en una Asamblea que es conocida por su capacidad de consenso y su política distintiva, y me complace que esta diferencia de opinión pueda verse con tanta claridad, porque se trata en este caso de un informe radical. 
Este informe es un llamamiento a Europa para que despierte. 
Este informe recomienda medidas radicales que, básicamente, harán más fácil la contratación de personal. 
Así de sencillo. 
El motivo por el que en Europa tenemos unos índices de desempleo tan exorbitantes se debe a que en muchos casos resulta demasiado complicado contratar a personal debido a los trámites y a la regulación y a la falta de flexibilidad de los mercados de trabajo. 
Es la única vía por la que podemos avanzar, porque el modo auténtico de garantizar la justicia social en Europa- y al fin y al cabo es para lo que estamos aquí- pasa por la creación de prosperidad y de oportunidades y de puestos de trabajo. El presente informe apunta con toda claridad hacia el modo más eficaz de hacerlo, porque Europa tiene que despertar. 
No se puede crear puestos de trabajo únicamente a través del gasto público. 
No se puede crear puestos de trabajo a través de legislación para reducir la jornada laboral, como si los puestos de trabajo fueran una tarta que se trocea y se reparte entre las personas. 
El mundo real sencillamente no funciona así. 
Y si Europa quiere quedarse atrás, quedarse atrás en el estancamiento y en el desempleo y en el estatismo y en el corporativismo, entonces sí, voten mañana en contra de este informe. 
Pero si quieren que Europa avance y comience a responder a la población de Europa, entonces quisiera pedirles a todos que respalden este informe, porque proporcionará esos puestos de trabajo y proporcionará esas oportunidades y porque es el único medio de conseguirlo. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de Giorgos Katiforis, en su versión original, tenía el gran valor de extraer de las observaciones puntuales del documento de la Comisión sobre la situación de la economía en Europa, unas indicaciones fuertes para una estrategia de la Unión Europea capaz de dar continuidad y estabilidad a las perspectivas de desarrollo sostenible que se plantean en el 2000 para todos los países de nuestro continente. 
Dichas indicaciones se referían a la necesidad de una coordinación eficaz de las políticas económicas de la Unión, a la superación de la gestión separada de las políticas económicas y de las políticas sociales que hasta ahora ha representado un serio obstáculo para la definición de una estrategia coherente de lucha contra el desempleo, con miras al pleno empleo. 
Apreciado Sr. von Wogau, es éste vacío de gobierno de la economía europea que determina, al menos en parte, el debilitamiento del euro. 
Las indicaciones del documento se referían asimismo a la creación de un espacio europeo de investigación y de promoción, en todos los Estados de la Unión, de medidas convergentes en materia de investigación, de formación permanente y de ocupación, superando toda forma de competencia desleal entre los Estados en materia fiscal. 
Por último, las mismas retomaban, en términos actuales, las propuestas del Libro Blanco del Presidente Delors para la promoción de un proyecto europeo orientado a la consecución de una red unificada de infraestructuras y de servicios. 
Estas indicaciones, coincidentes en gran medida con las orientaciones del documento programático de la Presidencia portuguesa que, por lo tanto, se debatirán en la Cumbre de Lisboa, han sido rechazadas y tergiversadas en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento, por una mayoría que ha sabido encontrar su precaria unidad sólo en la aversión ideológica a una Unión Europea basada en la convergencia de las políticas nacionales y no sólo en un ensamblaje de mercados. 
Este Parlamento, señor Presidente, que ha sabido manifestar en numerosas ocasiones una fuerte vocación europeísta, deberá demostrar en esta circunstancia que puede expresar una mayoría favorable a una unión política de Europa, capaz de hacer frente a las debilidades y a los fracasos de los mercados. 
Señor Presidente, señoras y señores, la verdad es que comienzo a dudar si todos hemos leído el mismo informe. 
En mi opinión, a estas alturas prácticamente todas las medidas en materia de política económica y de empleo proactiva han quedado eliminadas del proyecto de informe del Sr. Katiforis. 
Aunque continúe llevando su nombre, el informe ya no lleva la garantía de calidad de nuestro estimado colega. 
No creo equivocarme al afirmar que esta desafortunada coalición- digamos que se trata de una equivocación- que se ha formado en la Comisión de Asuntos Económicos, que este flagrante error, se ven contrarrestados por los datos objetivos presentados por la Comisión. 
En la Unión Europea tenemos lo que se llama una reserva de empleo, no de 15 millones, sino de 30 millones de personas, que desean participar, que desean incorporarse al mercado de trabajo. 
La Comisión señala que esta denominada laguna de empleo absorbe cada año entre el 12 y el 20% del producto interior bruto de la Unión Europea. 
Así las cosas, las preguntas ideológicas de si necesitamos más o menos Estado no vienen a cuento. 
Así las cosas, hemos de aunar nuestras fuerzas para remediar el problema y poner en marcha conceptos proactivos. 
Tenemos una prueba contundente de que esta tesis es la correcta. 
Ahora me dirijo a los colegas que han votado contra la versión inicial del informe Katiforis en la Comisión de Asuntos Económicos. ¡Les ruego lean detenidamente las propuestas que presentó la propia Comisión el lunes pasado a la vista de la cumbre extraordinaria de Lisboa! 
¿Qué encontrarán en el denominado documento Prodi? 
Cuando lean estas propuestas- señor Karas, yo también las he leído -, cuando las estudien minuciosamente, señor Von Wogau- desafortunadamente, el señor Gasoliba i Böhm ya no se encuentra aquí -, toparán con aquello que han rechazado, a saber, objetivos concretos destinados a incrementar la tasa de actividad hasta el 70% para el año 2010. 
Es decir, no se trata de otra cosa que de lógica al estilo Katiforis. 
Encontrarán asimismo objetivos concretos orientados a reducir al 4% el nivel de desempleo. 
Giorgos Katiforis no pretendía otra cosa en la versión inicial de su informe. 
Hallarán una declaración rotunda de que el pleno empleo no es un tema cualquiera entre otros muchos temas, sino que constituye el eje de la política económica europea. 
Nosotros no pretendemos otra cosa con nuestras enmiendas. 
Por todo ello, esperamos que reciban el respaldo de la amplia mayoría de este Asamblea, puesto que el Parlamento no puede quedarse por debajo de las indicaciones que la Comisión ha formulado ya para Portugal. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Katiforis es interesante. 
En su versión original muestra el camino hacia una política económica renovada, que apunta a algo más que recortes y equilibrio. 
La UE se encuentra en una situación que implica que podemos alcanzar gran crecimiento y luchar, con seriedad, contra el desempleo, sin arriesgar objetivos tales como la estabilidad de precios y el equilibrio presupuestario. 
Por eso resulta lamentable que el PPE-DE y el ELDR votasen en la comisión en contra de la propuesta que se ocupaba de la lucha, en forma seria, contra el desempleo. 
El debate y la votación aquí en el Pleno deben corregir esto. 
Sin embargo, resulta satisfactorio que se haya alcanzado unidad en relación con algunas propuestas estratégicas, es decir, que la política económica de la Unión debe dar preferencia a las inversiones, entre otras cosas, para integrar a todos los ciudadanos de la Unión en la sociedad de la información, cosa que puede tener gran importancia económica también. 
También pienso que hay que fortalecer las conexiones de red transeuropea para que alcance hasta los países candidatos, tanto en lo que respecta a los transportes físicos como a las infraestructuras informáticas. 
Esto es importante para el crecimiento, pero también para evitar las diferencias entre las personas, tanto en el seno de la UE como frente a los países candidatos. 
Los países candidatos no deben quedarse atrás; una parte del proyecto debe ser que la UE se convierta en pionera mundial en el campo de las comunicaciones. 
Para eso se requiere que la sociedad asuma responsabilidades para la construcción, rápida y enérgica, de modernas infraestructuras informáticas, que lleguen hasta las pequeñas empresas, las regiones pobres y los ciudadanos comunes. 
Ahora tenemos esa oportunidad, ¡aprovechémosla! 
Señor Presidente, la ventaja que conlleva intervenir al final de un debate es que se puede objetar a lo que se ha dicho previamente. 
Quisiera decir que estoy en total desacuerdo con la Sra. Villiers en cuanto a que éste sea un debate tan interesante. 
Creo que el Parlamento Europeo no presta en absoluto un gran servicio al pensar sólo en conceptos desfasados y manifestar corrientes políticas e ideas anticuadas. 
Habría sido mucho mejor que hubiéramos intentado lograr un compromiso y desarrollar una opinión común. 
Creo que el Parlamento Europeo se queda, de esta forma, al margen de la discusión, precisamente, en el momento en que se está produciendo una evolución muy interesante en la Unión Europea, donde se está definiendo una problemática socioeconómica más clara y una agenda muy amplia. 
La Presidencia portuguesa ha presentado, efectivamente, una agenda muy amplia para la Cumbre extraordinaria de Lisboa. 
La Comisión ha hecho lo mismo en su plan para los próximos cinco años, al considerarla también una de las cuatro prioridades. 
Así mismo, el documento que la Comisión ha elaborado ahora para esta Cumbre, muestra, precisamente, un planteamiento muy amplio en más ámbitos. 
Creo que, en realidad, la tendencia idónea consiste en desarrollar ahora ese planteamiento socioeconómico amplio en la Unión Europea, también porque es ésta la entidad económica desde la que se hace política. 
Considero que el Parlamento Europeo tan sólo podrá desempeñar un papel limitado en Lisboa, pero después, en ese foro de junio, al que sí estamos invitados, ¿qué puntos de vista debemos aportar? 
¿Debemos decir que estamos anclados en las viejas antítesis políticas existentes? 
Señor Presidente, Señorías. En primer lugar quiero agradecer a la Asamblea el trabajo realizado. 
Creo que se ha trabajado con seriedad y profundidad. 
Es cierto que las audiencias de expertos y los debates en comisión nos han permitido recibir información adicional de gran calidad. 
Es cierto también que a lo largo del debate de esta tarde hemos podido percibir discrepancias importantes en cuanto a las políticas posibles. 
Sin embargo, también creo ver algunos elementos de consenso. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que la coyuntura económica en estos momentos es buena. 
Estamos de acuerdo en intentar avanzar y aprovechar este momento para mejorar las circunstancias, en conseguir una clara mejora del empleo. 
Sobre estos temas querría hacer algún comentario rápido para centrarme en el último punto, que me parece el sustancial en el debate de hoy. 
Ayer- algunos de ustedes ya lo han comentado- la Comisión de Asuntos Económicos hizo referencia a la mejora de situación de la economía en Europa. 
En estos momentos podemos pensar que esa mejora, que ya pusimos de relieve en las perspectivas en el mes de noviembre, puede darnos incluso mejores resultados que los inicialmente previstos. 
El crecimiento del empleo sigue a buen ritmo. 
Es cierto que consideramos que la inflación, a pesar de las cifras de ayer, es un tema que hay que seguir- hemos alcanzado hacia el 2 por ciento en las últimas cifras de diciembre -, pero no es menos cierto que la inflación subyacente nos pone de relieve que las tensiones inflacionistas son debidas a algunos elementos muy individualizados, como la subida del precio del petróleo y, por supuesto, la evolución del tipo de cambio. 
Cuando presentamos nuestro informe, ya hacíamos referencia a los riesgos que podía tener el crecimiento. 
Pusimos de relieve básicamente la posibilidad de encontrar dificultades en el crecimiento americano y, por lo tanto, en otras zonas del mundo y de un cierto rebrote en la inflación. 
Este elemento de rebrote de la inflación puede ser especialmente significativo si acaba generando una inflación de costes, por eso siempre hablamos de la necesidad de una política salarial compatible con las definiciones de inflación que queramos plantear. 
El Parlamento, en sus análisis, ha puesto de relieve otro tema: la evolución del riesgo de los mercados bursátiles. 
Desde el punto de vista de la Comisión es significativo, aunque no creemos que sea el problema sustancial. 
En todo caso, querría resaltar que en estos momentos tenemos unas oportunidades excelentes para hacer más cosas. 
Creo que estamos todos de acuerdo en que, después de una década de un muy débil crecimiento y de un desempleo intolerable, hay algunas cosas por hacer. 
Hay falta de inversión pública y privada. 
Nuestros niveles de investigación y desarrollo son demasiado bajos en comparación con nuestros competidores y tenemos una baja tasa de empleo que refleja, entre otros factores, los desajustes en nuestro mercado laboral. 
Nuestro objetivo debe ser, por tanto, hacer de esta reactivación económica un período duradero, de fuerte crecimiento y creación de empleo. 
La creación de empleo sigue siendo el objetivo fundamental de la Comisión, tal como lo hemos reflejado en el documento Prodi, que se ha enviado para su debate en la Cumbre de Lisboa, en la medida en que apostamos por un pleno empleo a medio plazo. 
¿Qué política debemos poner en marcha para conseguir estos objetivos? 
En nuestra opinión la Unión vive una situación de reactivación económica, pero todavía hay capacidades de producción no utilizadas. 
No sólo la utilización de capital físico sino también, sobre todo, los nuevos yacimientos de empleo. 
El policy mix que pongamos en marcha tendría que permitir precisamente la plena absorción de estas capacidades. 
Tenemos que definir una política macroeconómica que ayude al crecimiento. 
Es verdad que no se trata de una política expansionista en el sentido de crecer por crecer; sencillamente es una política presupuestaria que pueda ser coherente con una estabilidad de precios, pero que nos permita además una política monetaria adecuada que facilite el crecimiento. 
Y ese policy-mix será sin duda bueno para la inversión y facilitará el crecimiento. 
El crecimiento potencial de la Unión, en nuestra opinión, debe prestar especial atención a algunos factores. 
Creo que en la mayor parte de ellos coincidimos con el análisis llevado a cabo por el Parlamento. 
En primer lugar, es imprescindible facilitar la inversión privada. 
La Unión debe contribuir a fomentar el espíritu de empresa y a generar empleo por esa vía, pero no se debe olvidar la inversión pública. 
La inversión pública ha sido el gran pagano de estos últimos años y una mejora de las finanzas públicas debe permitirnos claramente una mejora de la inversión pública, que debe hacerse, sin embargo, respetando nuestros compromisos de consolidación fiscal. 
Nuestra gran apuesta de futuro debe ser por la investigación y el desarrollo y por el capital humano. 
Estos son dos de los grandes retos que tenemos para Lisboa. 
Creemos fundamental avanzar en estos retos con objetivos cuantificados, con definiciones específicas que nos permitan al final lo que todos pretendemos: unas claras mejoras de productividad que hagan posible un crecimiento mayor en nuestra sociedad, con un crecimiento del empleo que reduzca parte de la distancia que hemos perdido estos últimos años. 
Esa es la política que como Comisión hemos defendido y que seguiremos defendiendo en Lisboa. 
Política Pesquera Común (PPC) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0038/2000 de la Sra. Attwooll, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (1999) 541- C5-0302/1999- 1999/0218 (CNS) ) por el que se establece un marco comunitario de recopilación y gestión de los datos pesqueros necesarios para el funcionamiento de la Política Pesquera Común 
A5-0037/2000 de la Sra. Attwooll, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (1999) 551- C5-0303/1999- 1999/0224 (CNS) ) relativa a una participación financiera de la Comunidad en los gastos efectuados por los Estados miembros para recopilar datos pesqueros y a la financiación de estudios y proyectos piloto al servicio de la Política Pesquera Común 
. (EN) La propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un marco comunitario de recopilación y gestión de los datos pesqueros y la propuesta de decisión del Consejo relativa a una participación financiera en este sentido merecen ser acogidas con gran satisfacción, al igual que la celebración de un debate conjunto sobre las mismas, ya que cada una de ellas sólo puede ser comprendida en su totalidad a la luz de la otra. 
Es importante que ahora avancemos con rapidez de cara a la revisión de la Política Pesquera Común prevista para el 2002. 
Tomando en primer lugar la propuesta de reglamento del Consejo, éste estipula que los Estados miembros deberán recopilar una serie de datos pesqueros más amplia que la estipulada en anteriores reglamentos. 
Estos datos incluyen información biológica y económica. 
La propuesta estipula asimismo que los Estados miembros deberán elaborar dichos datos de una forma global. 
Un reglamento de ejecución especificará exactamente qué nuevos datos deben ser recopilados y qué deberá agregarse a los mismos y a los datos ya existentes. 
El reglamento de ejecución establecerá un programa comunitario mínimo y un programa comunitario ampliado. 
Al parecer, estos programas no abarcarán toda la serie de datos potenciales, sino que los datos serán selectivos, por ejemplo, por tipo de poblaciones de peces. 
La propuesta de decisión del Consejo permite la participación financiera de la Comunidad en los gastos efectuados por los Estados miembros en la recopilación y gestión de datos. 
Asimismo permite que la propia Comisión financie estudios y proyectos piloto. 
La única sanción aparente a aquellos Estados miembros que no cumplan íntegramente los requisitos del programa mínimo de conformidad con el reglamento es que no podrán beneficiarse de ninguna ayuda financiera en lo que se refiere al programa ampliado. 
La comisión ha estudiado dos ámbitos importantes que son motivo de preocupación. 
El primero es relativo al nivel de participación de la Comisión. 
La propuesta original sólo contemplaba que la información recopilada fuera transmitida a las organizaciones internacionales. 
La Comisión sólo recibiría una copia de todas las transmisiones de este tipo previa solicitud. 
No obstante, puesto que la Comunidad financia el ejercicio, se consideró oportuno que ésta obtuviera un beneficio directo de su inversión. 
Por consiguiente, la enmienda 6, al tiempo que mantiene la libertad de los Estados miembros para transmitir los datos a las organizaciones internacionales, exige que la información sea transmitida también anualmente a la Comisión. 
Esta modificación se ha adoptado en conjunción con las enmiendas 1, 4 y 7. 
La enmienda 1 aclara el punto de que, a pesar de que los datos deberán tener una base científica, serán recopilados con fines más amplios relativos a la toma de decisiones. 
La enmienda 4 especifica que el objeto del ejercicio es la evaluación de los recursos pesqueros en general. 
La enmienda 7 hace un llamamiento a la Comisión para que informe anualmente sobre el uso que se hace de los datos recopilados de conformidad con el reglamento. 
También está destinada a dar un mayor impulso al proceso mediante notificaciones más rápidas y frecuentes por parte de la Comisión sobre la marcha del programa de recopilación de datos en general. 
El otro ámbito de preocupación es relativo a la serie de datos que deben ser recogidos de acuerdo con el reglamento. 
Primero, con respecto a los datos económicos, la enmienda 2 introduce dos modificaciones. 
Una intenta garantizar que los datos solicitados no sean más detallados de lo necesario, de manera que sirvan al objetivo que se persigue. 
La otra sustituye una referencia a los beneficios procedentes de las ventas y demás ingresos, subvenciones, intereses percibidos, etc., sólo por una referencia al volumen de ventas. 
Se considera que sin estas modificaciones, los Estados miembros podrían incurrir en costes demasiado elevados y no deseados en el ejercicio de recogida de datos y que además podrían surgir problemas graves de confidencialidad. 
En conjunción con estas modificaciones, la enmienda 5 elimina una referencia a los encabezamientos contables correspondientes. 
En segundo lugar, con respecto a los datos sobre medio ambiente, la propuesta original habla únicamente de información biológica y económica. 
La Comisión, sin embargo, ha dejado claro que se propone realizar estudios y proyectos piloto que tengan un carácter ambiental más amplio. 
También ha aclarado que podría desear ampliar la gama de datos que recogen los Estados miembros en una etapa posterior. 
La enmienda 3 introduce en el ámbito del actual reglamento los tipos de datos necesarios para hacer un seguimiento de los cambios que se producen en los ecosistemas acuáticos. 
Esto facilitará sin duda la introducción de un nuevo reglamento relativo a los datos ambientales y puede incluso hacer éste innecesario. 
Cabe subrayar que la enmienda no exige en modo alguno que la Comisión incluya la recogida de este tipo de datos ni en el programa mínimo ni en el programa ampliado que establezca en su momento. 
Sencillamente contempla la posibilidad de que la Comisión lo haga si así lo desea. 
Como ya se ha dicho, la propuesta de decisión del Consejo se divide en dos partes. 
La primera es relativa a la participación financiera en los gastos efectuados por los Estados miembros en la ejecución de los programas comunitarios. 
La segunda es para permitir que la propia Comisión financie estudios y proyectos piloto. 
Las enmiendas 4 y 5 tienen el objetivo de garantizar que la información financiera sea presentada de manera regular a la autoridad presupuestaria. 
Y lo que es más significativo, en la enmienda 1, la Comisión de Pesca acepta la recomendación de la Comisión de Presupuestos en el sentido de que la financiación debería situarse bajo el encabezamiento 1 (b) , y no bajo el encabezamiento 3 de las Perspectivas financieras. 
A pesar de que en su anteproyecto de presupuesto la Comisión registró los créditos bajo el encabezamiento 3 'Políticas Interiores', el Parlamento ha creado la nueva línea presupuestaria B1-500 para la financiación de este tipo de medidas. 
Esta medida de salvaguarda garantiza que los recursos necesarios seguirán estando disponibles. 
Señor Presidente, creo que debemos coincidir plenamente con la afirmación que hace la Sra. Attwooll al comienzo de su excelente informe de que estas dos propuestas de la Comisión, destinadas a conocer mejor la situación científica y socioeconómica del sector pesquero, llega en un momento crítico. 
La recopilación exhaustiva de datos que se propone y su adecuado tratamiento serán elementos de gran valor para abordar con más rigor la revisión de la Política Pesquera Común. 
Todo ello- claro- si los datos se obtienen finalmente. 
Porque, como también apunta muy certeramente nuestra ponente, la propuesta de la Comisión no contiene ningún elemento de obligatoriedad hacia los Estados miembros. 
El envío o no de los datos es totalmente voluntario, y su no presentación sólo significará que no se obtendrá una determinada compensación económica, que, por otra parte, tampoco es demasiado alta. 
Con la experiencia que tenemos sobre la presentación de datos en el sector pesquero- y a los informes sobre el cumplimiento de los POP me remito -, creo que nos vamos a encontrar, en vez de con un cuadro completo sobre la situación del sector, con un panorama de confusión, en el que unos Estados miembros darán, por ejemplo, datos científicos pero no sobre el empleo, mientras que otros los darán sobre el empleo pero no sobre la situación de los recursos, según puedan- o quieran- obtenerlos y transmitirlos. 
Y, por supuesto, mucho me temo que habrá quien prefiera no obtener financiación, si con ello puede seguir ocultando su mala gestión, lo que ya hemos visto incluso en casos en que el envío de dichos datos era obligatorio, como en el mencionado caso de los POP. 
Asumida esta carencia- que me parece la más grave -, el informe de la Comisión de Pesca mejora la propuesta en algunos puntos interesantes, sobre todo con las sugerencias de la ponente sobre plazos de presentación más razonables y la petición de un seguimiento por parte de la Comisión. 
Por parte de mi Grupo, hemos incluido lo que yo creo que son dos peticiones razonables. 
La primera, que para una serie de datos cuya recopilación, en ciertos casos, podría ser interminable sirvan los procedentes de estudios y muestreo; la segunda, que se eliminen de la propuesta de la Comisión datos estrictamente referidos a la fiscalidad de las empresas, teniendo en cuenta, además, que estos datos de tipo fiscal no son de competencia comunitaria. 
Con todo ello, creo que el informe resulta muy oportuno y pido, en nombre de mi Grupo, su aprobación. 
Señor Presidente, estimados colegas, las primeras disposiciones comunes para el sector de la pesca se adoptaron ya en 1970. 
A lo largo de los años, la Comisión ha venido presentando al Consejo y al Parlamento Europeo numerosas comunicaciones sobre la situación del mercado de los productos de la pesca. 
El objetivo era debatir las perspectivas de futuro de una política europea de pesca sostenible en el ámbito de la producción, el comercio, la comercialización y otras muchas áreas, para luego volver a definir los contenidos de las mismas. 
Tan sólo puedo mencionar brevemente conceptos clave como competencia, producción garantizada, calidad de la producción, etcétera. 
El informe, que merece mi apoyo, permite asimismo sacar la conclusión de que aún queda mucho camino por recorrer hasta que la Comisión logre su propósito de desarrollar una política de pesca sostenible. 
Algunos artículos y enmiendas aluden a las dificultadas que quedan por resolver. 
El reglamento de aplicación seguramente despejará algunas dudas. 
Suscribo asimismo todas las valoraciones que dan a entender que los 265.000 pescadores activos en la CE, que suelen habitar en zonas costeras remotas y que realizan su trabajo y se ganan la vida hallándose en el último peldaño de las regiones del Objetivo 1, aún no están preparados para la creación de un mercado interior único a nivel de la CE en respuesta a la apertura del mercado mundial. 
A estas alturas también quisiera llamar su atención sobre los problemas estructurales de las piscifactorías y la cuestión de si pertenecen o no al ámbito de la agricultura. 
Aunque ahora no pueda entrar en detalles, propongo que en la nueva política de pesca se adopten asimismo decisiones rotundas en lo que a la indefinición de esta materia se refiere. 
Para comenzar, deseo felicitar a la Sra. Attwooll por la preparación y presentación de su informe. 
Saludo el establecimiento de un marco comunitario de recopilación y gestión de datos pesqueros, que considero absolutamente fundamental, si queremos medir debidamente el nivel de las poblaciones de las distintas especies de peces. 
Naturalmente es importante que los datos tengan un carácter biológico y también económico, y que la información que proporcionen los distintos Estados miembros sea normalizada a escala comunitaria y, como dice la ponente en su informe, sea conforme a las disposiciones internacionales. 
Saludo la participación en la financiación de los programas nacionales, incluso teniendo en cuenta las disposiciones relativas a los programas mínimos que deberán cumplirse. 
Estoy de acuerdo con las propuestas de que la información proporcionada a las organizaciones internacionales sea facilitada asimismo a la Comisión. 
De lo contrario, el objetivo de la recogida y recopilación de datos se vería frustrado, y si no se dispone de esa información, se mantendría el enfoque cautelar. 
Una información sólida y objetiva es lo que más puede beneficiar al sector. 
Creo que la información agilizada que se proporcione aportará grandes beneficios y será de gran importancia para los responsables de la toma de decisiones, así como para sus asesores, y será decisiva para garantizar una pesca más sostenible que siga proporcionando puestos de trabajo en zonas de la Unión en las que no existen fuentes de empleo alternativas. 
Me complace confirmar que en mi país se está trabajando para garantizar el desarrollo de los aspectos prácticos pormenorizados, la logística y la utilización de la información de manera que beneficie al máximo a los recursos del sector y a los responsables de la toma de decisiones, y nuestro Grupo no tiene ningún inconveniente en apoyar estos informes. 
Señor Presidente, detrás del razonable informe de la Sra. Attwooll, y que votaremos positivamente, se pone de manifiesto la política pesquera europea, que no resulta fácil de gestionar porque es evidente que en un mar libre, inmenso y sin fronteras, no es sencillo gestionar peces que se desplazan continuamente. 
Tratamos de establecer un marco regulador para una gestión de capturas, creando, al hacerlo, algunas injusticias. 
En efecto, está bien querer evitar el agotamiento de los recursos frágiles, ¿pero de qué sirve entonces que Europa limite sus capturas si, a su vez, las capturas mundiales aumentan? 
¿De qué sirve prohibir las redes de enmalle de deriva en la isla de Yeu o en otras partes, si el Japón, Corea o Túnez las utilizan y desembarcan en nuestros países pescados cuya captura nos está prohibida? 
¿De qué sirve que se destruya la flota pesquera francesa, en Sète u otras partes, por ejemplo, si Francia debe importar cada año por un valor de dos millardos de euros de pescado, cuando se prohibe su captura a nuestros pescadores. 
Además, con la circulación de los peces ocurre como con el C02 o como con los capitales, no son europeos, sino internacionales. 
Por consiguiente, Bruselas, que ha querido destruir las naciones, con el pretexto de que estaban inadaptadas, se encuentra, a su vez, inadaptada para gestionar un recurso enmarcado dentro de la mundialización. 
Digo "sí", junto con la Sra. Attwooll, a la recopilación de datos científicos; a la realización de controles justos y equitativos, con la condición de que no varíen según la rigurosidad o el laxismo de las administraciones; a una gestión basada en los estudios de científicos, como el profesor Aubert o muchos otros. Esto permitirá, además, descubrir que los problemas fundamentales no derivan tanto de la pesca industrial- aunque su papel sea grave y negativo -, como del plancton, de los ríos submarinos de masa cálida o fría, y que poseen una influencia mucho mayor que la humana. 
Pero apliquemos una ciencia honesta para asesorar a los responsables, sin la reserva mental de hacer financiar por la Unión Europea pretextos para la destrucción de nuestros buques de pesca. En efecto, si bien es necesario conservar los bancos de pesca, también deben mantenerse los puertos y los pescadores. 
En lugar de ir siempre a remolque de los Estados Unidos, en Seattle, en Kosovo, en el Iraq, quizá la Europa de Bruselas podría sugerir- más allá de las organizaciones internacionales de pesca que existen en el Atlántico Norte, en el Pacífico, más allá de la reglamentación sobre los túnidos, el bacalao, etcétera- que Europa tome la iniciativa de celebrar una Conferencia mundial sobre la pesca, una especie de Montego Bay de los recursos pesqueros, y entonces, entre peruanos, japoneses, canadienses, rusos, europeos, se podrían gestionar científicamente los recursos pesqueros, patrimonio común de la humanidad. 
Se trataría de un mundialismo "bueno" frente al mundialismo "malo", tal como se practica con las zonas de librecambio y otros falsos amigos de la OCDE. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión debe disponer de datos lo más completos posibles y fiables sobre los recursos pesqueros y la flota pesquera a fin de poder desarrollar una política pesquera creíble. 
La Comisión depende de los Estados miembros a la hora de recopilar estos datos. 
El establecimiento de un marco comunitario para la recopilación de los mismos permite la creación de una cierta estructura y aumenta las posibilidades de efectuar una evaluación científica. 
La pregunta es, sin embargo, si los Estados miembros están dispuestos a remitir los datos necesarios en el momento que se desee conforme a este nuevo régimen. 
En la propuesta de la Comisión, se echan de menos las sanciones efectivas y los estímulos para fomentar un planteamiento serio. 
Además, ¿podemos fiarnos suficientemente de esta información? 
Cuán fiables son los datos recopilados, teniendo en cuenta que todavía se desembarcan grandes cantidades de pescado ilegal, tal como David Cox, de los pescadores británicos, ha reconocido hace poco en Fishing News. 
¿Y qué pensar respecto de los datos relativos a la capacidad de la flota? 
Este Parlamento aceptó en enero mi enmienda al informe Cunha por una gran mayoría con motivo de la crítica del Tribunal de Cuentas. 
Esa enmienda solicitaba la creación de un sistema de verificación independiente respecto de los datos relativos a la capacidad de la flota. 
Me gustaría que la Comisión explicara qué ha hecho con esta recomendación que también respaldaba el Comité Consultivo. 
Por último, a veces, las decisiones drásticas se basan, sobre todo, en los informes de los biólogos. 
Por tanto, también hay que hacer todo lo posible para mejorar la exactitud de las previsiones biológicas. 
De ahí que me plantee la certificación de los mismos. 
Además, la Comisión debe ocuparse de que existan medios suficientes para la investigación relativa a los recursos. 
Así mismo, se recomienda que los conocimientos y la experiencia de los pescadores se tenga más en cuenta a la hora de elaborar los informes biológicos. 
La industria pesquera de Irlanda del Norte ha recibido numerosos golpes de esta Unión. 
Ha contemplado como sus propias aguas eran saqueadas por otros mientras tenía que retirar sus propios buques y abstenerse de faenar. 
Las recientes decisiones referentes a la cuota del bacalao para el mar de Irlanda constituyen un nuevo golpe que bien pudiera suponer el golpe de gracia para la industria pesquera de Irlanda del Norte. 
Veo que el Comisario sonríe pero hablo con la autoridad de todos los partidos políticos de Irlanda del Norte, un grupo diverso pero que coincide unánimemente en esta cuestión. 
La Unión Europea debe reconocer que cuando se toman decisiones tan drásticas en contra de pruebas científicas aportadas por los propios pescadores para la conservación de sus propias reservas pesqueras, que han sido rechazadas con vehemencia, y no se atiende a estos hombres no pueden más que surgir problemas. 
En una reciente visita a Bruselas estos representantes de los pescadores, debidamente acreditados, viajaron desde Irlanda del Norte y se les amenazó con expulsarles de la reunión cuando quisieron abordar un caso que tenían bien preparado. 
Esto es escandaloso, su caso debería haber sido escuchado. 
Esto debería constar en Acta y yo deseo que conste en Acta hoy. 
Estuve presente en la reunión en la que los científicos nos dijeron que el abadejo estaba próximo a extinguirse en el Mar de Irlanda, en un momento en el que el abadejo estaba viviendo un aumento especial, espectacular de reproducción el Mar de Irlanda, de modo que los científicos podrían estar equivocados. 
Como ya he dicho, todos los partidos de Irlanda del Norte están unidos respecto de esta cuestión y los responsables de estas normas sobre la cuota del bacalao deberían reconsiderar esta decisión que no va a suponer la conservación de los peces sino la ruina para la industria pesquera de Irlanda del Norte, que afectará a la industria pesquera de esta la Unión. 
-Señor Presidente, los informes de nuestra colega, la Sra. Attwooll, revisten gran importancia, como la tiene el hecho mismo de poder disponer del mayor número posible de datos sobre los sectores pesqueros de los Estados miembros, máxime cuando está en puertas la obligación de la Comisión de elaborar un informe sobre la revisión de la Política Pesquera Común, en el año 2002. 
No obstante, el hecho de que estas obligaciones de actualización y envío de datos sean meramente facultativas y versen sobre datos y sectores muy diferenciados entre sí, puede distorsionar el objetivo final de la propuesta de la Comisión. 
Así se puso de manifiesto- como se ha señalado ya aquí- en el marco de los POP, de lo que se derivó un grave perjuicio para los países que estrictamente los cumplieron y facilitaron los correspondientes datos a la Comisión, frente a aquellos otros, incumplidores, o que simplemente no los facilitaron. 
Es preciso señalar además que no todos los Estados miembros disponen del mismo número de datos. 
Algunos tienen distintos sectores y, a la vista del volumen de datos que tienen que transmitir, podrían salir perjudicados frente a los que tienen menos volumen si se les ponen los mismos plazos. 
Por lo tanto, es necesario modular, a nuestro juicio, estos plazos de entrega. 
Muchos de estos datos revisten también carácter confidencial, como se ha subrayado aquí también, al afectar a la propia competitividad de los sectores implicados y a sus empresas. 
Es preciso, por tanto, actuar con mucha prudencia en este campo y garantizar la confidencialidad de estos datos. 
Algunos de ellos son improcedentes, como se ha señalado también, por ejemplo aquellos que hacen referencia a la fiscalidad de las empresas. 
En cualquier caso y puesto que no quiero extenderme mucho, señor Presidente, al ser consciente de las dificultades del tiempo, quiero felicitar a nuestra ponente, la Sra. Attwooll, por la importante labor que ha realizado en el seno de nuestra comisión. 
Yo también quisiera felicitar al Sr. Attwool y decir que coincido casi todo lo que ha dicho. 
Considero que constituye una debilidad de la propuesta el hecho de que informar no sea obligatorio en todos los Estados miembros. 
No puedo entender que la propuesta establezca una normativa que haga posible que los Estados miembros se zafen sin ninguna sanción y tampoco puedo entender que, en una Unión Europea en la que sólo somos autosuficientes en un 50% del pescado para el consumo doméstico, se vayan a poner en peligro los intereses nacionales o regionales de algunos Estados o comunidades pesqueras con cualquier tipo de información sensible o con la elaboración de informes que son necesarios. 
Teniendo en cuenta la próxima revisión de la política de pesca en el año 2002 es importante que dispongamos de toda la información posible, tanto económica como biológica. 
En el pasado alguien me dijo que yo defendía las decisiones que toma la Comisión. 
No resulta muy sencillo, en cualquier zona costera de la Unión, defender a la Unión Europea en todo en sector de la pesca, pero yo las he defendido sobre el fundamento de que las decisiones se adoptan sobre la base de conocimientos científicos apropiados. Me consta, al estudiar más detenidamente la información que ésta es, de hecho, difusa, con partes que vienen de aquí y de allá, y que no proyecta una imagen económica y biológica apropiada y clara. 
Si no disponemos de esta imagen dentro de dos años no nos será posible tomar decisiones razonables sobre el futuro de esta política. 
No resulta sencillo, ciertamente puedo hablar en nombre de todo el mundo que en mi circunscripción también vive en zonas costeras y que dicen coincidir en una cosa, que la Unión Europea sea la fuente de todos sus problemas y dificultades. 
Bien, yo no coincido con ellos, pero creo que si no basamos nuestras informaciones y decisiones en informaciones científicas adecuadas y no existe para todos la misma obligación de proporcionarlas, tomaremos decisiones erróneas. 
Señor Presidente, señor Comisario, no se puede más que estar de acuerdo con la utilidad de implementar, cuantitativa y cualitativamente, los datos relativos al sector pesquero, sobre todo con vistas a la reforma de la Política Pesquera Común en el año 2002. 
También estamos conformes con la puesta a disposición de recursos comunitarios para financiar estas actividades. 
Una Política Pesquera Común debe saber conjugar lo mejor posible las exigencias de conservación de las especies y de gestión de los recursos y las de la economía y del mercado. 
A este fin, hacen falta más datos, compatibles y uniformes de los cuales, si se recopilan e interpretan correctamente, esperamos una mayor información de carácter general sobre el sector pesquero de la Unión. 
Sin embargo, esperamos también que las especificidades, las diferencias, las distintas situaciones y tradiciones de pesca sean conocidas y valorizadas mejor y no ignoradas, penalizadas o incluso eliminadas con- como a veces ha ocurrido- un equivocado concepto de armonización de las políticas pesqueras. 
Cito como ejemplo el Mediterráneo y la pesca de mi país. 
Después de años en que la Política Pesquera Común para el Mediterráneo se ha limitado a los reglamentos para la comercialización y las ayudas a las empresas, el Reglamento nº 1626 finalmente ha puesto en marcha una política de pesca responsable, con medidas de protección de la vulnerabilidad de los recursos haliéuticos para garantizar su explotación duradera. 
Es un objetivo aceptable que, sin embargo, en su actuación, a veces ha hecho aflorar un desconocimiento de las especificidades biológicas de las especies pesqueras del Mediterráneo. 
Un reglamento posterior, el nº 1448- no por casualidad del año 1999- ha permitido algunas excepciones, en particular en lo que se refiere a las llamadas pescas especiales. 
Esta prórroga está a punto de expirar, precisamente el próximo 31 de mayo, y la Comisión debe presentar una propuesta. 
Confiamos en que a la hora de presentar dicha propuesta se tenga en cuenta que este sistema de pesca es de vital importancia para la economía de amplias zonas marítimas italianas y que los datos científicos recopilados hasta la fecha, reflejan que, desde el punto de vista del impacto biológico, subsiste cierta sostenibilidad. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señora Attwooll, yo también quisiera manifestarle mi más sincera gratitud por su informe, al tiempo que agradezco a todos ustedes, señoras y señores, su enorme interés así como su apoyo a las dos propuestas de la Comisión. 
Si hay una cosa clara, es que sin datos comunes no puede haber una Política Pesquera Común. 
La disponibilidad de datos fiables y exhaustivos constituye una condición previa para una gestión pesquera creíble y, sobre todo, para la creación de lo que hemos venido llamando level playing field. 
A continuación formularé algunas observaciones acerca del primer informe. 
Comprendo su afán por incorporar datos ecológicos, tal y como queda reflejado en la enmienda. 
Ello no obstante, sólo puedo respaldar la recopilación de este tipo de datos siempre y cuando se cree un marco de referencia unívoco y, lo que es más importante, a condición de que se liberen los necesarios recursos presupuestarios adicionales. 
Con respecto a la enmienda 2, quisiera subrayar que concedemos una gran importancia a la recogida de datos económicos. 
Pero si aceptamos su enmienda y decidimos recopilar únicamente los datos obtenidos sobre la base del volumen de las capturas, dejando de lado los que se refieren a los ingresos obtenidos mediante las mismas, la propuesta acabaría debilitándose, puesto que necesitamos los datos referidos a los ingresos para poder evaluar más que nada la situación económica de los pescadores. 
Por otra parte, suscribimos su petición de incluir cifras más exactas acerca de la situación de empleo. 
En cuanto a la enmienda 6, a saber, la propuesta de transmitir todos los datos recogidos automáticamente a la Comisión, he de decirle que, de todas formas, la Comisión puede solicitar sin problemas todos los datos que necesite. 
No tiene sentido crear una base de datos centralizada en Bruselas cuando muchos de estos datos se requieren para reuniones internacionales que se celebran muy lejos de esta ciudad. 
Por lo que a la transmisión de datos científicos y técnicos se refiere, es importante que se mantengan los procedimientos actuales que han demostrado su eficacia y con los que estamos familiarizados, puesto que sabemos que funcionan bien. 
Puedo aceptar parcialmente la enmienda 7 del primer informe y la enmienda 6 del segundo. 
Considero muy oportuna la idea de que en el informe que presentemos al Parlamento y al Consejo expongamos asimismo nuestras experiencias con el uso de los datos recogidos. 
También coincido con usted en que, habida cuenta de que la reestructuración de la Política Pesquera Común está prevista para el año 2002, es necesario presentar un primer informe con la debida antelación. 
Paso ahora al segundo informe de la Sra. Attwooll. 
En la enmienda 1 usted propone que la financiación se lleve a cabo con cargo a la rúbrica 1 b y no con cargo a la rúbrica 3 del presupuesto comunitario. 
Sin embargo, la rúbrica 3 contiene asimismo los gastos de control e información en materia de pesca. 
Por lo tanto, estimo que la recopilación de los datos, que a fin de cuentas está al servicio de las labores de control, pertenece igualmente a esta rúbrica. 
De todos modos, esta pregunta aún no ha sido dilucidada definitivamente. Habremos de estudiarla con mayor detenimiento en el mes de abril, en el marco del proyecto de presupuesto para el año 2001. 
En mi opinión, sobran las enmiendas 4 y 5, según las cuales la Comisión ha de transmitir todos los informes financieros y de actividad de los Estados miembros, puesto que nos hemos comprometido a elaborar un informe de evaluación de las medidas adoptadas por los Estados miembros que, entre otras cosas, incluirá una evaluación de todo el sistema de recopilación de datos. 
Hay algunas otras enmiendas que hacen referencia al calendario propuesto por nosotros. 
No puedo por menos de suscribirlas. 
Los plazos que establecimos inicialmente en nuestro propuesta partían del supuesto de que el proceso de adopción de la misma se concluiría antes, de modo que en este momento ya no son realistas. 
La Comisión se compromete a elaborar un calendario viable en colaboración con el Consejo. 
Sin embargo, debo advertirles que estamos obligados a manejar plazos ajustados y que, por poner un ejemplo, queda descartada la posibilidad de prever plazos de seis meses para la presentación de programas para la recopilación de datos. 
Como las demás enmiendas, por último, redundan en beneficio de la claridad del texto, merecen todo el apoyo de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Lucha contra determinadas enfermedades de los peces 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate (A5-0036/2000) del Sr. Hudghton, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de directiva del Consejo que modifica la Directiva 93/53/CEE por la que se establecen medidas comunitarias mínimas de lucha contra determinadas enfermedades de los peces. 
. (EN) La anemia infecciosa del salmón es una enfermedad vírica contagiosa que se registró por primera vez en Noruega en 1984, después en Canadá en 1986 y fue localizada por primer vez en el territorio de la Unión Europea en mayo de 1988 en Escocia. 
A pasar de que el virus ha sido hallado en otras especies, la enfermedad en sí se ha limitado al salmón. 
Se conoce que el virus no sobrevive por encima de 25º grados centígrados y por tanto los científicos han coincidido en que no existe riesgo para la salud humana, sencillamente no puede vivir en criaturas de sangre caliente. 
La industria piscicultora del salmón escocesa es la mayor de la UE, extendida hasta algunas de las regiones europeas más periféricas. 
Mantiene más de 6.500 empleos y genera alrededor de 800 millones de euros al año. 
Es evidente que este asunto es de la mayor importancia para Escocia pero es de vital importancia para toda Europa que la enfermedad sea controlada y, si es posible, erradicada. 
La actual directiva prohibe el uso de vacunas y exige que todos los peces de una piscifactoría afectada sean sacrificados tanto si les ha afectado la enfermedad como si no. 
La intención al adoptar el régimen actual fue erradicar la AIS y erradicarla cuanto antes. 
La realidad es que la política de sacrificio obligatorio ha fracasado en contener y no hablemos de erradicar la AIS y mientras fracasaba en la consecución de sus objetivos, la actual norma ha tenido un efecto económico devastador sobre la industria sin que se haya pagado ninguna compensación ni existiese ninguna posibilidad de aseguramiento comercial. 
Los cambios propuestos tienen dos facetas: la primera permitiría el uso de la vacunación como arma en esta batalla. 
Este es un cambio necesario y debería acompañarse de un compromiso a escala europea para incentivar y financiar la investigación para el desarrollo de una vacuna efectiva. 
El segundo cambio propuesto permitiría una retirada escalonada de los peces de piscifactorías afectadas, trabajando sobre un plan basado en la severidad del problema en cualquier piscifactoría. 
Este enfoque ha sido empleado eficazmente en Noruega donde las apariciones de AIS se han reducido a un puñado de casos al año después de haber alcanzado máximos de 80-90 casos anuales a principios de la década de los 90. 
Por lo tanto, apoyo los cambios propuestos por la Comisión y hago un llamamiento a su pronta adopción y ejecución. 
También quiero resaltar la cuestión de las compensaciones y apelo a la enmienda de la Decisión del Consejo 90/424/CEE para incluir la AIS en su apéndice de enfermedades y de este modo permitir el pago de compensaciones abonando un 50% la Comisión y un 50% el Estado miembro. 
Doy las gracias a mis colegas de la Comisión de Pesca por su abrumador voto en apoyo de mi informe y en particular doy las gracias a mis colegas escoceses de la comisión por sus aportaciones a todo este proceso. 
Me opongo a las enmiendas 7 a 13 que fueron rechazadas por la Comisión de Pesca. 
La mayoría de su contenido es o innecesario o ya mencionado en mi texto. 
He llamado especialmente la atención sobre la necesidad de investigar el origen de la AIS y la necesidad de hacer una búsqueda más amplia de la presencia del virus en otros animales. 
Estas enmiendas presentadas por el componente verde del Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea están diseñadas para justificar la enmienda 13. 
Esta enmienda es completamente inaceptable e inapropiada porque no sólo persigue la conservación de la exigencia de sacrificio obligatorio inmediato de todos los peces sino también impedir que cualquier pez de piscifactoría, esté infectado o no, sea vendido y debo hacer hincapié en que con la actual política no se vende pescado infectado. 
No hay ninguna propuesta para cambiar esto y bajo el nuevo régimen propuesto no hay lugar parea la venta de peces infectados. 
Las enmiendas 7 a 13 simplemente no toman conciencia de la realidad tal y como la expresan las estadísticas opuestas de Escocia y Noruega. 
En Escocia hemos sufrido un régimen draconiano que ha fracasado en la consecución de sus objetivos. 
En Noruega, con su mayor experiencia, la eliminación total obligatoria fue abandonada hace algunos años y una serie de medidas han conducido a una situación mucho mejor. 
Es en el interés de todos que hay que asegurar que en Escocia también se contenga la AIS e impidamos su propagación. 
La semana pasada se publico en Escocia un informe sobre la AIS elaborado por un grupo mixto de trabajo del gobierno y la industria. 
Este amplio documento toma en cuenta una amplia serie de posibles riesgos y para combatirlos recomienda acciones en campos como la transmisión de una instalación a otra, medidas de seguridad para atajar escapes, tratamiento de desechos y vertidos, métodos de detección y diagnosis, parición y rotación, desinfección de equipos, y otros muchos. 
Algunos de ellos pueden y van a ser puestos en práctica inmediatamente por las autoridades locales recurriendo a las capacidades existentes, otras se incorporarán en códigos de buenas prácticas. 
Todas serán beneficiosas, no sólo en relación con la AIS, sino también en la consecución en general de mejores niveles para la acuicultura. 
Sus votos, Sres. colegas, a favor de la totalidad de mi informe, tal y como lo apoya la Comisión de Pesca, constituirán una parte muy importante de un paquete más amplio de control de la AIS, basado en la realidad de la situación escocesa y las lecciones aprendidas del éxito de otros. 
Felicito al Sr. Hudghton y apoyo completamente su informe e instaría a sus distinguidas Señorías a que hicieran lo mismo. 
Como él ha dicho, la piscicultura es una fuente esencial de empleo en algunos lugares periféricos de la Escocia rural, y en un momento en el que la Escocia rural está sufriendo la mayor recesión de los últimos cien años, la acuicultura ejerce un impulso esencial sobre la economía rural, de la dependen directa e indirectamente muchos miles de empleos. 
Actualmente, como ha dicho, más de 85.000 toneladas de salmón son producidas ahora en las piscifactorías escocesas, una industria que genera más de 800 millones de euros. 
Lamentablemente, a pesar de que la AIS fuese detectada por primera vez en Escocia hace dos años, ahora se ha extendido de forma directa a 29 piscifactorías y alrededor de otras 240 están afectadas de un modo o de otro. 
Se ha determinado que los salmones, truchas y las anguilas salvajes son portadores del virus que ahora parece que es endémico en el más extenso entorno marino. 
Pero debo decir que a pesar del alarmismo de Los Verdes hay que resaltar que la AIS no se transmite, bajo ninguna circunstancia, a los humanos y tengo que repetir lo dicho por el Sr. Hudghton acerca de que el virus no puede sobrevivir por encima de los 25º- es decir, la temperatura humana- se trata de un virus de aguas frías. 
No obstante, en los peces infectados puede provocar pérdidas considerables de peso y la muerte prematura en sus estados avanzados y por ello ha tenido un serio impacto en todo el sector acuicultor escocés, suponiendo un coste para la industria de alrededor de 60 a 70 millones de pérdidas derivadas del prematuro sacrificio obligatorio y otras medidas de erradicación. 
De modo que, señor Presidente, este informe proporciona un estimulante abanico de propuestas para mejorar el modo en que las autoridades del Reino Unido y de otros lugares deberían responder a esta enfermedad. 
Al recomendar la introducción de un método de contención y sacrificio progresivo, similar al sistema utilizado con éxito en Noruega, el ponente persigue la aplicación de un tratamiento más flexible de la enfermedad que va a generar mayor confianza, no sólo en el sector asegurador, que hasta la fecha se ha negado claramente a otorgar ningún tipo de cobertura debido a la insistencia en una política de sacrificio obligatorio. Al recomendar el desarrollo de la investigación y el uso final de vacunas para controlar y erradicar la AIS, el ponente también conforta a la industria farmacéutica que hasta ahora no ha dispuesto de ningún incentivo para invertir en el desarrollo de una vacuna. 
Así, recomiendo completamente este excelente informe y confío en que el Parlamento le otorgue su apoyo. 
También quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Hudghton, por este informe. 
La piscicultura del salmón escocesa es la mayor en la Unión Europea y supone el 90% de la industria acuicultura británica. 
La industria radica en algunas de las comunidades más periféricas de Europa y proporciona un medio de vida a esas comunidades. 
En una investigación reciente se ha estimado que la industria tiene un valor de 800 millones de euros al año y que 6500 puestos de trabajo dependen de su existencia. 
Creo que este informe proporciona un método claro para tratar la Anemia Infecciosa del Salmón y es práctico, realista y también factible. 
El ejemplo de Noruega demuestra la eficacia de este enfoque. 
Respecto de las enmiendas, me opongo a las enmiendas presentadas por los colegas Verdes del Sr. Hudghton, es decir, de la número 7 a la 13, y no porque no me preocupe sobre los riesgos para la salud humana sino porque de acuerdo con las pruebas científicas el virus no sobrevive más allá de 25º centígrados y de acuerdo con las pruebas médicas, a esta temperatura los seres humanos están muertos. 
Hay un dicho según el cual los muertos no cuentan cuentos y estoy seguro de que tampoco comen pescado, aunque yo sí y espero que este informe se ponga en práctica. 
Yo también quisiera felicitar al Sr. Hudghton por su informe y apoyar sus aportaciones a la propuesta original en relación tanto con el asunto de las compensaciones como respecto del apoyo al desarrollo de una vacuna. 
También coincido en que las enmiendas 7 a 13 son desafortunadas, ciertamente la enmienda 13 no sólo negaría los efectos perseguidos por la propuesta sino que también propiciaría una situación aun más difícil que la existente con las reglas vigentes. 
Esto, sin embargo, no pretende negar la importancia de las consideraciones medioambientales respecto de la acuicultura. 
El Sr. Hudghton acaba de hacer referencia al informe final del grupo de trabajo mixto del Gobierno británico y la industria sobre la AIS y las medidas que en él se incluyen son relevantes para la acuicultura allá donde tenga lugar, no sólo para las piscifactorías afectadas por la AIS. 
Es segundo lugar, contemplando la propuesta de resolución sobre el informe Katiforis que tendrá lugar más tarde, el párrafo 28 es de especial importancia. 
Éste apela a la Comisión y a los Estados miembros para que adopten medidas para combatir los posibles efectos negativos de la acuicultura en el entorno marino. 
En tercer lugar, haciendo referencia a anteriores debates sobre la recogida de datos de pesca, confío en que la Comisión se comprometa en proyectos y estudios que contemplen la acuicultura en un contexto medioambiental, pero estoy convencido de que ese es el camino por el que hay que avanzar en relación con el medio ambiente, y no el camino que se sugiere en las enmiendas 7 a 13 y espero que sus distinguidas Señorías las rechacen. 
Señor Presidente, Señorías, no estoy de acuerdo con este coro de satisfacción, manifestado por mis colegas, que se congratulan por la flexibilización de una directiva que respeta el principio de precaución y que establece disposiciones para proteger la salud de los consumidores. 
Esta enfermedad infecciosa del salmón es causada un ortomixomicrovirus que descompone la sangre del salmón, provocándole la muerte. 
La misma se expande con mucha facilidad a través del agua salada mediante mucosas, etcétera. 
La directiva de 1993 permite sacrificar no sólo los peces enfermos, sino también los de los criaderos que los contienen, exactamente como cuando una vaca está enferma, se sacrifica todo el rebaño por razones vinculadas con el principio de precaución. 
Lo que se nos propone actualmente es suavizar esta directiva, para procurar que no se sacrifique todo, sólo los pescados enfermos. 
En cuanto al resto, se vería después, en función de las circunstancias locales, lo que puede ocurrir. 
Pienso que es muy grave actuar de esta manera. 
Llamo la atención de mis colegas, ya que no podemos contentarnos con decir que una temperatura de 27º presenta todas las ventajas para el género humano y que, por consiguiente, los hombres no corren ningún peligro. 
¿Y las mujeres? 
No se han efectuado estudios de tejidos humanos para ello. 
Existe también un riesgo para el medio ambiente, porque se sabe que hay un período de incubación en los salmones y que por consiguiente éstos pueden, al ser consumidos, ser portadores sanos de este virus y presentar un riesgo. 
Existe asimismo otro riesgo para el medio ambiente, puesto que esta enfermedad se transmite a los peces salvajes, como lo hemos vistos. 
Por esta razón, junto con mi colega, Patricia McKenna, hemos presentado enmiendas en contra de las propuestas de la Comisión. 
Señor Fischler, antes que nada quisiera comentar brevemente algunas de sus respuestas. Deberíamos volver a hablar del informe Atwooll en la Comisión de Pesca. 
Creo que existen ciertos malentendidos, por ejemplo en lo que a la base de datos se refiere. 
Señor Presidente, con el informe Hudghton hemos llegado a un tema que, a mi modo de ver, porta una especial sensibilidad, puesto que se trata de problemas de salud. 
A la vez tiene una importancia existencial en el verdadero sentido de la palabra, ya que, como hemos podido escuchar, las enfermedades pueden hacer peligrar de un día para otro la supervivencia de muchas empresas de acuicultura. 
Es algo que aún dista mucho de estar bajo control. 
El presente informe se centra en la anemia infecciosa del salmón. 
Según se ha dicho, el hombre no corre peligro directo, pero todos sabemos que en estos casos la reacción del consumidor no se hace esperar y en no pocas ocasiones incluso puede llegar a ser muy extrema, especialmente en mi país. 
En última instancia ello se traduce en una pérdida de puestos de trabajo. Y nuestros colegas escoceses ciertamente no son los únicos en haber pasado por esta penosa experiencia. 
La aparición de este tipo de epidemias tiene consecuencias desastrosas. 
El mercado comunitario se ha hundido debido a la recogida prematura de los peces como consecuencia de la epidemia, con todas las consecuencias que ello implica para la Unión en su conjunto. 
Por eso mismo, la Comunidad tiene interés en combatir estas enfermedades. A este respecto, la presente propuesta da un paso en la buena dirección. 
Sin embargo, solamente apruebo el uso de las modalidades flexibles referidas al procedimiento gradual y la paralización de empresas cuando éstas estén plenamente justificadas. 
¡Siempre hay que tratar de rescatar lo bueno! 
Al mismo tiempo, debo advertir que con este informe no damos más que un paso en el camino correcto. 
Queda aún mucho por hacer, por lo que insto urgentemente al Consejo y a la Comisión a que adopten medidas complementarias y sobre todo fomenten la investigación para desarrollar una vacuna, y aún más la investigación sobre los orígenes y las causas de las enfermedades de los peces. 
El Sr. Pietrasanta ha explicado por qué apoyamos algunos de los aspectos de la propuesta de la Comisión, en particular el desarrollo de una vacuna y las compensaciones para los piscicultores que son obligados a sacrificar sus peces, pero no estamos tan satisfechos con la idea de introducir cambios en la política de sacrificio. 
La gente ha dicho ahora que Noruega ha realizado un mejor trabajo en el control de la epidemia de la AIS y que los cambios propuestos nos van a aproximar al enfoque noruego, pero hay que decir que hay más de una diferencia entre la política noruega y la comunitaria. 
Ésta es una política comunitaria que también va a afectar a Irlanda- de donde yo procedo- en donde también podrían producirse similares sucesos desafortunados. 
Existen otras diferencias en las políticas de inspección de la enfermedad, de periodos de barbecho, de restricción de movimientos de peces y materiales contaminados y otras. 
Antes de que nos abalancemos a copiar la política de sacrificio de los noruegos deberíamos primero intentar todas estas cuestiones para comprobar si podemos mitigar este desastre. 
Y en el pasado ha habido gente que ha hablado de la EEB. 
Durante muchos años los Verdes reclamaron que se tratase el asunto de la EEB. 
Si se hubiera hecho a tiempo se podría haber salvado a un numero enorme de ganaderos y ahorrado a la UE cantidades ingentes de dinero. 
De modo que también tiene que ver con la protección medioambiental. La protección de los mismos piscicultores y la protección de la salud pública. 
. 
(EN) Me gustaría dar las gracias al Sr. Hudghton por su excelente informe sobre la AIS y por apoyar ampliamente las medidas propuestas por la Comisión y también por las aportaciones de cada uno de los oradores que ha intervenido esta noche. 
La propuesta de la Comisión quiere asegurar un enfoque más pragmático para controlar una enfermedad que potencialmente puede causar importantes pérdidas en las piscifactorías del salmón. 
No obstante, ello no puede comprometer nuestro objetivo de reducir y posiblemente eliminar la AIS. 
Tampoco puede llevarse a cabo si la propuesta implica una amenaza a la salud pública. 
Las implicaciones medioambientales deben, por tanto, tomarse muy en serio. 
Me han informado de que la AIS no es patológica en el caso de los humanos y mamíferos. 
La enfermedad existe desde 1984 y no se ha informado de que haya afectado a la salud humana o a los mamíferos. 
El virus daña a animales de sangre fría. 
No se reproduce a temperaturas superiores a los 25º centígrados y si estuviera presente en el pescado destinado al consuma humano quedaría inactivo en el momento de ser ingerido. 
No obstante, de ningún modo puede destinarse el pescado infectado al consumo humano. 
Como precaución añadida, he hecho una consulta sobre esta cuestión al Comité Científico. 
Durante el debate se han mencionado varias cuestiones importantes, incluyendo las compensaciones, relacionadas con nuestra estrategia de control de la enfermedad. 
Lamento profundamente las pérdidas sufridas por la industria escocesa del salmón. 
Quizá sepan que con efecto desde el 15 de enero del 2000, en el marco del nuevo instrumento financiero para la orientación pesquera, los Estados miembros van a apoyar la erradicación de enfermedades en la acuicultura. 
Los servicios de la Comisión están elaborando normas de ejecución para garantizar la aplicación práctica de este instrumento. 
La Decisión del Consejo 90/424 constituye otro instrumento de apoyo financiero comunitario para el caso de brotes de enfermedades. 
Los recursos presupuestarios son muy escasos y se deben establecer prioridades con otras enfermedades. 
Por lo tanto se necesita una mayor reflexión. 
Lamento, por ello, no estar actualmente en disposición de aceptar enmiendas relativas a las compensaciones a través de la Decisión 90/424. 
Este es en especial el caso de las enmiendas 3 y 5. 
Sin embargo, coincido con la afirmación de la enmienda 2 que dice que no se ha pagado ninguna compensación a los piscicultores del salmón. 
No estoy en disposición de comentar la disponibilidad de seguros comerciales. 
La Comisión ha incluido en su propuesta la posibilidad de vacunar los salmones. 
El objetivo de esta propuesta es introducir un instrumento para combatir la enfermedad en situaciones de emergencia. 
Creo que una vacuna no debe ser utilizada con fines preventivos como sugiere la enmienda 4. 
La experiencia en otros sectores ha mostrado que la vacunación preventiva tiene el efecto perverso de crear portadores sanos del virus. 
Esto podría perpetuar una infección. 
Por lo tanto no puedo aceptar la enmienda 4. 
Ustedes también se han referido a la necesidad de profundizar la investigación científica sobre la naturaleza de la enfermedad. 
Coincido en que esta investigación es necesaria y entiendo que se está organizando actualmente en el Reino Unido. 
Voy a seguir muy de cerca los resultados de esta investigación y la tomaré completamente en cuenta en futuras propuestas legislativas. 
Se debe examinar si es procedente y como deberían organizarse las investigaciones en otros lugares de la Comunidad. 
En este contexto me complace aceptar parcialmente la enmienda 1 teniendo en cuenta, no obstante, que las investigaciones científicas no son llevadas a cabo por la Comisión aunque ésta confía en los resultados de las investigaciones realizadas en los Estados miembros. 
También puedo aceptar parcialmente el fragmento de la enmienda 6 que dice que la directiva 93/53 debería ser enmendada como resultado de las pruebas científicas y técnicas. 
Como he resaltado anteriormente las pruebas científicas disponibles son que la AIS no constituye una amenaza para la salud. 
Por tanto doy mi visto bueno a la enmienda 10 con la condición de que las palabras, y cito textualmente, "del mayor nivel posible" sean sustituidas por "son seguras". 
Respecto del impacto medioambiental un fenómeno bien conocido es que mientras las reservas han disminuido en las últimas décadas se han aportado diversas razones para explicar lo ocurrido: contaminación, pesca excesiva, cambios climáticos, etc. actualmente no se puede excluir que la AIS tenga un impacto sobre la fauna salvaje. 
Se ha informado de que en el pasado se han producido fugas de peces de piscifactorías y que el virus ha sido encontrado en peces salvajes. 
En este contexto, permanecen abiertas varias incógnitas científicas que solo pueden ser resueltas mediante una mayor investigación. 
Es por esta razón por la que se requiere un enfoque cauteloso en el control de la AIS. 
Los peces infectados no deberían permanecer en las piscifactorías y estoy dispuesto a que en este asunto se evite la liberación innecesaria de un virus en la naturaleza. 
Con este propósito propongo modificar nuestra proposición inicial para que los programas rurales elaborados por las autoridades competentes tengan que ser aprobados por la Comisión. 
Esto tiene como objeto evitar periodos de retirada excesivos. 
También propongo que la retirada de los peces que muestran signos clínicos de la enfermedad sea inmediata. 
Los procedimientos para establecer medidas adicionales de control que ya existen en la legislación comunitaria serán empleados para diseñar las pautas de retirada basadas en el estado de salud de los peces para minimizar un eventual impacto medioambiental. 
Teniendo esto en cuenta, puedo aceptar las enmiendas 7 y 8 con una pequeña modificación en la última. 
También simpatizo con la enmienda 9, pero creo que puede ser formulada mejor de modo que se conjuguen al mismo tiempo las preocupaciones medioambientales y las estrategias de control y erradicación de la enfermedad. 
No me siento en disposición de aceptar las enmiendas 12 y 13. 
Me parece que estas enmiendas tiene por objetivo el riesgo cero. 
Creo que este objetivo es muy difícil de alcanzar sin clausurar el sector piscícola afectado. 
Espero las propias opiniones del Parlamento respecto de estas enmiendas y tomaré buena nota si estiman que este enfoque es el mejor modo de avanzar. 
Puedo aceptar parcialmente la enmienda 11. 
Finalmente, quisiera enfatizar que seguimos intentando mantener un alto nivel de protección de la salud de acuerdo con nuestras obligaciones derivadas del Tratado. 
Creo que las medidas que se pliegan a ese objetivo constituyen el camino a seguir. 
Seguimos comprometidos con la erradicación de la enfermedad, un objetivo que será beneficioso tanto para el medio ambiente como para el sector piscícola del salmón. 
Espero que al aceptar nuestra propuesta el Parlamento reconozca nuestro compromiso y estaría muy agradecido por ello. 
Muchas gracias, señor Comisario Byrne. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Protección de los juveniles de organismos marinos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0035/2000) del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (1999) 552- C5-0040/2000- 1999/0222 (CNS) ) que modifica por cuarta vez el Reglamento (CE) nº 1626/94, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, y por cuarta vez el Reglamento (CE) nº 850/98 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismo marinos. 
. (EN) La propuesta que tenemos ante nosotros, como se ha destacado en la introducción, es muy importante. 
A estas alturas mis colegas de la Comisión de Pesca y también los del Parlamento serán conscientes de nuestro compromiso con las medidas técnicas de conservación que están basadas en un sólido asesoramiento técnico. 
El organismo responsable de este asesoramiento basado en rigurosos datos técnicos es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico. 
Esta organización intergubernamental de pesca, de la que es miembro la Unión Europea es responsable de la conservación del atún y especies afines en el Atlántico y en los mares adyacentes, incluyendo el Mediterráneo. Este organismo fue creado en marzo de 1969 y formalmente tiene que reunirse obligatoriamente cada dos años, no obstante la norma es que se reúne anualmente y toma sus decisiones sobre la base de un asesoramiento científico. 
El organismo entonces emite recomendaciones al objeto de conservar los recursos pesqueros. 
Este organismo tiene cuatro comités permanentes compuestos por expertos nacionales que se ocupan de la investigación y la estadística, las finanzas y la administración, la conformidad y las medidas de conservación y gestión. 
También tiene cuatro paneles que se ocupan del atún tropical, el atún de aguas templadas, el atún del norte y aguas templadas y el atún meridional y otras especies. 
Estos paneles están legitimados para emprender medidas reguladoras respecto de especies incluidas en la convención. 
Las propuestas de los paneles se presentan entonces a la comisión y a su vez la comisión hace recomendaciones a las partes contratantes. 
Estas disposiciones son vinculantes aunque las partes contratantes pueden presentar objeciones durante un periodo de seis meses. 
La Unión Europea es una parte contratante y tiene la obligación de incorporar tales recomendaciones al Derecho Comunitario. 
En la reunión del CICAA de noviembre de 1998 en Santiago de Compostela, se recomendó hacer cambios en las normas relativas al desembarque del tamaño mínimo del atún rojo. El CICAA también formuló recomendaciones en 1974, 1994 y 1996. 
Por el momento es ilegal desembarcar o vender atún rojo de edad cero y esto es- en términos de peso- de menos de 1,8 kilos. 
En su reciente reunión de noviembre de 1998 se solicitó al comité permanente de investigación y estadística que realizara una nueva evaluación de la población del atún del Atlántico occidental, del Atlántico oriental y del atún rojo del mediterráneo. 
La información obtenida ayudaría a la organización a la hora de considerar el desarrollo y la mejora de los planes de repoblación. 
Se acordó que el SCRS debía presentar el estudio en la reunión de 1998. 
Se pretendió que a esta reunión se presentasen varias opciones de posible recuperación al objeto de maximizar capturas sostenibles teniendo en cuenta alternativas o posibles niveles de recogida y mezcla de los recursos. Se previó que el estudio debía indicar mensualmente zonas de veda. 
Se previó que los estudios indicaran mensualmente las prohibiciones a la red de cerco se publicaran mensualmente. Al objeto de que los parones fueran efectivos para la conservación del atún rojo. 
Siguiendo las investigaciones, en la reunión se acordó una veda selectiva en lugar de una prohibición general de pesca con red de cerco del atún en el Mediterráneo durante el período que transcurre desde el 1 al 31 de agosto. 
Para las futuras generaciones es importante proteger la pesca del atún. 
El atún rojo alcanza los precios de venta más altos del mundo ascendiendo a 90.000 euros por tonelada en las subastas de Tokio y, por supuesto, la prueba de la importancia del atún mediterráneo es que supone el 70 % de los desembarques totales con 30,000 toneladas. 
El 80% provenía de la pesca con red de cerco. 
El Mediterráneo es un importante nido para el atún rojo por lo que es importante que se mejoren las medidas necesarias para proteger los juveniles. 
El tamaño mínimo debe ser respetado y se deben ejecutar las medidas técnicas si queremos eliminar la edad cero. 
Las medidas acordadas en noviembre de 1998 son vinculantes desde el 21 de junio, repito desde el 21 de junio de 1999, meses antes de que la comunicación fuese trasladada a la Comisión de Pesca del Parlamento y casi 9 meses hasta la fecha. 
Creo, señor Comisario, que esto no es lo apropiado y que para el futuro debemos aprender y que los informes deben ser trasladados a la Comisión de Pesca del Parlamento antes de que las decisiones sean tomadas, en caso contrario no somos más que un sello de caucho y me consta que esa no es la intención del la Comisión o del Comisario, pero aprendamos de las lecciones del pasado. 
Señor Presidente, nos encontramos ante una propuesta que trata de incorporar a la normativa comunitaria una recomendación del CICAA- como se ha dicho, del año 1998 -, que debería ser vinculante desde junio de 1999 y que sólo ha llegado al Parlamento a finales del pasado año. 
La pereza legislativa de la Comisión en algunos temas no debería sorprendernos si no fuera porque nos encontramos ante la recomendación de una de las más importantes organizaciones internacionales de pesca para la protección de un recurso tan amenazado como es el atún. 
El Mediterráneo, y en particular alguna de sus zonas, es un área de reproducción importantísima para el atún rojo, de enorme valor comercial. 
Por ello, CICAA recomendó esta zona de veda en el mar Adriático y endureció las condiciones para la captura de ejemplares de edad cero. 
Como bien dice el ponente, ambas medidas están total y ampliamente justificadas, por lo que no queda más remedio que pedir su aprobación. 
Pero coincido también con el Sr. Gallagher cuando se obligado a expresar su frustración por la tardanza de la Comisión en poner en marcha su maquinaria y convertir las recomendaciones en normativa comunitaria. 
Aún esperamos, por ejemplo, la propuesta de reglamento sobre la prohibición de importar atún rojo de Honduras y Belice, recomendación que es del año 1996. 
Al parecer, según mis noticias, el pasado mes de enero la DG Pesca envió una nota a la DG Comercio, y ésta se encuentra ya haciendo los trabajos preparatorios. 
Pero cuatro años para hacer efectiva la prohibición de importaciones de países conocidos por favorecer los pabellones de conveniencia es un plazo totalmente intolerable, señor Comisario. 
Hemos oído las explicaciones de la Comisión sobre el largo proceso interno que significa hacer una transposición, y la imagen que nos ha quedado es la de una burocracia exasperante. 
En cuanto a la única propuesta para agilizar lo que hay en este momento sobre la mesa, por la que se aparta del procedimiento al Consejo y al Parlamento, albergo ciertas dudas. 
En cualquier caso, es evidente que debemos encontrar ya una solución al problema, bien en el marco del informe de la Comisión sobre las organizaciones regionales de pesca o bien, si es posible, cuanto antes. 
No creo que nadie en esta Asamblea se oponga al principio de proteger a los juveniles de organismos marinos. 
Ciertamente, se afirma con asiduidad que uno de los objetivos generales de la Política Pesquera Común debe ser la protección y conservación de los recursos marinos vivientes. 
No cabe pues ninguna duda que el atún rojo tiene una importancia medioambiental y económica enorme. 
Como practicante de la pesca deportiva, me complacería enormemente volver a vivir esos días de los años 30 en los que los pescadores del puerto de Scarborough en Yorkshire pescaban atunes rojos que llegaban a pesar 830 libras. 
No sé cuál es el equivalente métrico. 
Por tanto apoyo los descubrimientos del CICAA y apoyo el principio de la cooperación intergubernamental en asuntos medioambientales. 
No obstante mi preocupación en este debate es que estamos jugueteando mientras Roma arde en llamas. 
La Política Pesquera Común no funciona. 
A pesar de las elevadas conversaciones acerca de la conservación la realidad es que el sistema de cuotas nos está conduciendo directamente a un desastre ecológico. 
En la pesca mixta no se puede discriminar. 
El volumen total de los peces muertos que se devuelve al mar también supone que cualquier mejora de los datos pesqueros carece de importancia. 
Desde la perspectiva del Reino Unido también puede hacerse una sólida objeción política a la PPC. 
Mucha gente piensa que si esto es federalismo más vale huir de él. 
Permítanme ilustrar esto con un ejemplo al uso. 
En febrero, se aprobó el Reglamento de la Comisión 394/2000 diseñado para proteger las reservas de bacalao del Mar de Irlanda. 
Esto significa que en Fleetwood, 30 barcos de pesca de bajura permanecerán amarrados hasta finales de abril. 
Tanto los científicos como los pescadores coinciden en que hay que hacer algo. 
No obstante, a más de una docena de grandes barcos de arrastre de nacionalidad belga se les ha concedido una dispensa del reglamento de modo que los barcos que causaron inicialmente el problema pueden seguir faenando mientras que ello significaría un delito si lo hiciera la flota británica. 
La PPC no contribuye a la conservación y está enojando al público británico hasta el punto que demandamos el restablecimiento del control sobre nuestras propias aguas territoriales. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe del colega Gallagher sobre la cuarta modificación del Reglamento de medidas técnicas no ha tenido enmiendas en nuestra comisión, se ha aprobado por unanimidad y felicito al Sr. Gallagher. 
Ello revela además que, en nuestra comisión, existe un gran espíritu de consenso cuando se trata de apoyar medidas que tienden a la protección de las especies, como es el caso que nos ocupa, el de los túnidos. 
Decisiones, por cierto, que la Comisión debe defender en CICAA, para lo que nuestra comisión ha reclamado ser consultada previamente, así como estar representada en las reuniones como observadora, para un mayor y mejor control y el refuerzo del papel del Parlamento Europeo. 
Me alegro mucho, señor Fischler, de que la Comisión haya respondido favorablemente a nuestra petición en el último y constructivo debate que hemos tenido sobre esta materia, y que nos haya solicitado ya comparecer en la próxima reunión que tendremos en este mes de marzo para informarnos de la reunión venidera y preparatoria del CICAA. 
Las críticas de nuestro ponente en este punto son también, por tanto, atendidas 
Quiero llamar la atención sobre la opinión vertida en el informe acerca de que en 1975 se recomendó que el tamaño del atún rojo fuese de un límite mínimo de 6,4 kilos, con un margen de tolerancia del 15% en el número de capturas para todo el Atlántico. 
No obstante, de conformidad con el estudio del CPI, la norma que establecía el mínimo de 6,4 no se ha aplicado debidamente en las pescas del Atlántico oriental y del mar Mediterráneo. 
Los informes del Fondo Mundial para la Naturaleza indican que, según las autoridades aduaneras italianas, francesas y españolas, está aumentando la pesca ilegal del atún rojo, así como el desembarque de peces pequeños. 
No puedo ni quiero extenderme más. 
Todos estamos apresurados por el reloj. 
Señor Presidente, quiero felicitar una vez más a nuestro ponente, el Sr. Gallagher. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera manifestar mi más sincera gratitud a la Comisión de Pesca y, en particular, al Sr. Gallagher por su informe y por las deliberaciones que han tenido lugar en comisión. 
Veo que la propuesta no plantea mayores problemas. Espero, por tanto, que a partir del momento en que este Parlamento dé su visto bueno la Comunidad esté en condiciones de cumplir sus compromisos internacionales respecto al atún rojo. 
En cuanto a las críticas vertidas sobre el retraso de las demás propuestas les recuerdo que hace relativamente poco tiempo que la Comisión ingresó en el CICAA, para ser preciso sólo es miembro de pleno derecho desde el año 1998. 
Pero de todos modos, haremos lo que proceda para preparar las propuestas que aún nos quedan por elaborar. Las someteremos a debate y las transmitiremos al Parlamento, al tiempo que aceleraremos el proceso de toma de decisiones y la discusión con los Estados miembros. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Pesca y medio ambiente (Bergen, 13-14 de marzo de 1997) : 2º informe 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0016/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (1999) 270- C5-0156/1999- 1999/2150 (COS) ) sobre la aplicación de las conclusiones de la reunión ministerial intermedia sobre la integración de las políticas pesquera y medioambiental celebrada los días 13 y 14 de marzo de 1997 en Bergen. 
Señor Presidente, señor Fischler, señoras y señores diputados, el informe del que he sido ponente se refiere a la importante integración del binomio medio ambiente-pesca, tratada en la reunión ministerial de Bergen. 
Me preocupa desde siempre, personalmente, esta integración, pues mal servicio haríamos a la pesca y a los pescadores del mañana si no supiéramos poner énfasis en la necesidad de la conservación de los recursos, de la pesca responsable en definitiva. 
No hacerlo supondría no sólo para nuestros pescadores y cuidadanos europeos sino- más grave aún- para la humanidad en su conjunto pan para hoy pero hambre para mañana. 
La Política Pesquera Común es teóricamente muy exigente y muy rigurosa en esta materia, tal vez más de lo que mucha gente- muchos europeos y también muchos no europeos- pueda pensar. 
Por esta razón, he pedido a la Comisión Europea que realice una publicación, en la que se haga inventario de todas las medidas de la Política Pesquera Común tendentes a la conservación y protección de los recursos, para que sirva de divulgación de nuestras medidas proteccionistas. 
Asimismo, hemos solicitado también a la DG IV de nuestro Parlamento que nos prepare a los miembros de nuestra Comisión de Pesca un estudio sistemático de estas medidas. 
La revisión de la Política Pesquera Común en el 2002 es el reto más grande que tenemos, a fecha fija, para realizar una revisión en profundidad, una modernización- o una puesta al día, si se quiere- de la globalidad de la Política Pesquera Común. 
Insisto en su globalidad y, por tanto, también en que se contemple la protección de los recursos pesqueros en la Política Pesquera Común. 
Es ese el sentido de mi petición a la Comisión Europea y a los servicios de nuestro Parlamento. 
No creo que el estado de los stocks ni el escandaloso sistema actual de los descartes sean un buen ejemplo de la bondad del sistema, que requiere por tanto, a mi juicio, importantes mejoras. 
No quiero ni puedo extenderme demasiado, somos todos conscientes de lo implacable del reloj, señor Presidente, y también de los horarios de los intérpretes. 
Por eso, recordaré que Bergen supone un ejemplo muy importante de lo que debe ser la creación de una verdadera política del mar. 
Como señaló ante nuestra comisión el Presidente en ejercicio del Consejo, al comunicar que la actual Presidencia portuguesa pretendía que la pesca fuese considerada como una política tendente al mantenimiento de nuestros recursos sostenibles, ése debe ser nuestro objetivo en Europa y en el planeta. 
Para ello, de Bergen surgen importantes iniciativas comunitarias- que nuestra comisión ha apoyado siempre- tendentes a reconstituir la biomasa de los reproductores, reducir y adaptar los esfuerzos de pesca a los recursos, proteger los juveniles, las especies y sus hábitats y a la adopción de medidas técnicas tendentes a una pesca selectiva y responsable. 
Estos aspectos son claves para el futuro de la pesca, junto con sistemas eficaces de control. 
Pero no hay que dejarse llevar por maximalismos en este campo, como en un principio había planteado en su proyecto de informe el Sr. Katiforis. 
Me refiero ahora a ello porque no tendré tiempo de intervenir posteriormente. 
Quiero señalar en ese sentido que las numerosas enmiendas presentadas y aprobadas en nuestra comisión y la flexibilidad mostrada por el Sr. Katiforis permitieron la aprobación de su informe en nuestra comisión. 
La casualidad, el destino, han querido precisamente que en este mismo Pleno coincidan mi informe y el del Sr. Katiforis sobre la pesca y el medio ambiente y, al mismo tiempo, la pregunta oral de nuestra comisión- que examinaremos mañana- sobre las gravísimas consecuencias para la pesca del accidente de un petrolero, el Erika. 
El transporte marítimo y la contaminación industrial y urbana, los residuos, inciden negativamente en la pesca. 
Sus problemas no provienen sólo de la sobrepesca. 
Señor Presidente, señor Fischler, el que su asistente acabe de hablar directamente conmigo sobre la base de datos en el marco del informe Attwooll me parece una forma de colaboración muy loable. 
Me he criado en el Mar del Norte. Como niña de la costa sigo desde siempre con sumo interés los acontecimientos relacionados con él. 
Me atrevo a decir que disponemos de un medio marítimo único. Aún existe una gran variedad de especies en el agua y en la tierra. 
Ello no obsta para que la riqueza biológica esté en peligro. 
El exceso de capturas, las aguas residuales no depuradas procedentes de la industria, los accidentes de los petroleros, el tráfico marítimo intenso y el turismo descontrolado constituyen una seria amenaza para el equilibrio de la fauna y flora marítimas. 
Pero no estoy contándoles nada nuevo. 
La Conferencia de Bergen ha sido un buen comienzo. Lo emocionante fue que, con este motivo, los ministros de Medio Ambiente y de Pesca colaboraron por vez primera en un programa marítimo para el futuro de las costas. 
Todas las medidas se fundamentan en la transposición de las normativas existentes a nivel europeo e internacional, la observancia de los resultados científicos y el principio de gestión cautelar. 
Se pretende asimismo crear una red comunitaria de zonas protegidas, la llamada "Red Natura 2000", a fin de proteger los ecosistemas del Mar del Norte así como- y esto lo propongo yo- una gestión integrada de las zonas costeras. 
Suena muy bien, el papel es paciente y no habría ningún problema si nosotros fuéramos unos santos. 
Sin embargo, siguen faltando los datos pesqueros más imprescindibles, como se acaba de señalar, y sigue habiendo algunos Estados miembros que se resisten a proceder a la necesaria y acordada reducción de la capacidad pesquera. 
La consecuencia de todo ello debe ser una cooperación sin fisuras por parte de las instituciones desde la captura hasta el consumidor. 
Este fin requiere una vigilancia eficaz, una estricta observancia de las normas, la aplicación- ya va siendo hora- del principio de gestión cautelar y la adopción de dolorosas medidas de sanción. 
Nuestro objetivo ha de ser la plena integración de las políticas pesquera y medioambiental en la política de la UE. ¡No lo dejemos para el próximo milenio! 
Señor Presidente, señor Suanzes-Carpegna, yo también acojo con satisfacción su informe, puesto que, según veo, estamos de acuerdo en lo que a los progresos realizados para la recuperación de los recursos haliéuticos y los ecosistemas del Mar del Norte se refiere. 
Por otra parte, creo que es obvio que las medidas de control de la Comisión han demostrado su eficacia. 
Les puedo asegurar que en el futuro proseguiré el camino ya emprendido. 
Quiero insistir en que el año pasado, a raíz de las negociaciones bilaterales con Noruega, se acordaron y se establecieron medidas de gestión a medio plazo para las pesquerías de bacalao, gallineta nórdica, solla, carbonero y caballa. 
Quisiera asimismo recordarles que con anterioridad ya se introdujeron medidas similares para el arenque del Mar del Norte en colaboración con Noruega. 
Estas medidas a medio plazo se ajustan plenamente al principio de gestión cautelar de los recursos pesqueros, tal y como se propuso en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar. 
La Comisión tiene previsto extender las medidas de gestión a medio plazo más allá de los recursos del Mar del Norte. Éste ya es el caso de algunos recursos importantes del Mar Báltico, como son el arenque y el espadín. 
Parto de la idea de que la aplicación del nuevo Reglamento para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos, que entró en vigor el 1 de enero del año en curso, supondrá un notable avance en la protección de juveniles, no sólo en el Mar del Norte, sino también en las demás aguas comunitarias del Atlántico Nororiental. 
Dicho reglamento recoge, además de las tallas mínimas de desembarque ya existentes, nuevas tallas mínimas de desembarque para mejillones y crustáceos. 
Hemos impuesto una prohibición de captura de lanzón en la costa nororiental de Inglaterra y en la costa oriental de Escocia y hemos estipulado que los buques de arrastre solamente pueden capturar el camarón boreal mediante el uso de redes con embudo o con cribadora. 
Además, hemos incorporado y simplificado las disposiciones del antiguo reglamento sobre medidas técnicas. Daré también algunos ejemplos. 
Hemos clasificado las dimensiones de malla de tal forma que se aplica una dimensión determinada a las especies pequeñas, medianas y grandes. 
Así, se ha establecido una dimensión de malla única de 100 mm para todas las especies grandes de las aguas nórdicas. 
En las aguas meridionales se aplica una dimensión de malla de 77 mm para la merluza y otras especies. 
A fin de garantizar que los juveniles puedan evadirse es fundamental que la captura de la cigala y del cangrejo en las aguas nórdicas se lleve a cabo mediante el uso de redes con mallas cuadradas dispuestas de tal manera que las mallas no puedan cerrarse. 
Es de todos sabido que en muchos casos la captura de la cigala implica la captura simultánea de grandes cantidades de juveniles de otras especies. 
No eran más que algunos ejemplos. 
Como pueden ustedes observar, estas medidas deben conducir a una mayor capacidad de selección. 
Evidentemente, seguiremos con mucha atención cómo la introducción de estas nuevas medidas afecta a las reservas de pesca. 
Espero que se perfile una evolución positiva. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Gestión de la pesca y conservación de la naturaleza en el medio marino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0017/2000) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Gestión de la pesca y conservación de la naturaleza en el medio marino" (COM (1999) 363- C5-0176/1999- 1999/2155 (COS) ). 
. (EN) En el pasado esta Asamblea ha debatido sobre los problemas de la gestión de los recursos y la protección del medio ambiente en el sector pesquero. 
Esta particular comunicación de la Comisión forma parte de la estrategia general de la Comisión para mejorar la integración de consideraciones medioambientales en otras políticas comunitarias. 
La estrategia general de la Comisión consiste en dirigir las actividades de pesca hacia niveles sostenibles tanto económica como medioambientalmente a través de la gestión de los recursos escasos, de modo que se prevenga el agotamiento producido por la sobreexplotación y/o la degradación medioambiental. 
La alternativa para una gestión exitosa reside en la reducción de la industria pesquera a medida que los recursos disminuyen y la demanda de productos pesqueros es crecientemente cubierta por las importaciones. 
Me consta que en un periódico español se me ha descrito como un enemigo de la industria pesquera porque he dicho tales cosas. 
Desde luego, sólo soy enemigo de la industria pesquera en la medida que lo sería alguien que recomienda no cortar la rama sobre la que se está sentado. 
Esta es una política desaconsejable. 
En especial, la comunicación apela al control de la presión pesquera para beneficiar las reservas comerciales y los sistemas marinos, a la mejora de las medidas para la conservación de la naturaleza en el entorno marino, a una gestión gradual de las zonas costeras, a una mejor formación, a la transparencia informativa y a una mayor contribución de las investigaciones científicas a la gestión pesquera. 
Todas estas prioridades serán perseguidas a escala comunitaria y en varios foros internacionales en los que participa la Comunidad. 
También deben ser perseguidas en el contexto de los acuerdos bilaterales y multilaterales que la Comunidad negocia. 
Mientras que la comunicación revela las valiosas intenciones de la Comisión en este sector, también evidencia la ausencia de determinadas actividades y dónde pueden hacerse mejoras del control y la gestión. 
Se puede citar textualmente la comunicación. 
La sobreexplotación es tan intensa en la pesca comunitaria que las autoridades científicas han recomendado la rápida reducción de los niveles de explotación hasta en un 40%. 
Esto apareció en la comunicación del pasado mes de julio. 
Desde entonces, la reunión del Consejo de Pesca del 16 de diciembre decidió sobre drásticas reducciones en el total de capturas permitidas de determinadas especies como el bacalao o la anchoa, que en la región ascendían para el año 2000 al 25% para el bacalao y al 43% para la anchoa. 
Además, la Comisión adoptó un reglamento de emergencia para la recuperación del bacalao del Mar de Irlanda, estableciendo efectivamente un parón en la pesca del bacalao en el Mar de Irlanda entre el 14 de febrero y el 13 de abril debido a la crisis de esta especie. 
Estos son ejemplos de los serios problemas a los que se enfrenta el sector pesquero causados por la sobreexplotación. 
¿Qué se puede hacer para aliviar el daño causado a las comunidades pesqueras? 
La primera consideración ha de ser el reconocimiento de que la legislación comunitaria debe ser reforzada y que los procedimientos de control mejorados. 
En segundo lugar, los principios de la legislación comunitaria deben ser extendidos a los acuerdos internacionales en los que la Comunidad sea parte. 
En tercer lugar, la Unión Europea debe actuar para mejorar el seguimiento y la prevención de la contaminación existente en las aguas comunitarias que es dañina para la vida marina incluyendo los recursos pesqueros. 
Se deben introducir más controles para evitar el vertido de petróleo como en el caso del Erika en el Golfo de Vizcaya y el vertido intencionado de combustibles residuales. 
También se debe reconocer la presión a la que se ven sometido el sistema marino por la urbanización de las zonas costeras. 
Esta presión es enorme en el caso de Europa. 
En este contexto también se puede mencionar el problema del desecho de capturas no deseadas, pertrechos de pesca que destruyen el fondo marino y la destrucción de hábitats naturales a causa de la acuicultura superintensa. 
Un sistema de gestión de las cuotas como el existente en Nueva Zelanda desde 1986 constituye una posible alternativa. 
Bajo este sistema y dado el total de capturas permitido, se crea un mercado para cuotas individuales de derechos de pesca dentro de una determinada área que los tenedores de esos derechos pueden negociar entre sí, usarlos para la pesca o cederlos temporalmente a otros pescadores. 
El derecho de propiedad que se ha creado en un sistema de estas características es el derecho a pescar- no el pescado en sí mismo. 
Una organización del mercado de este tipo puede cosechar mejores perspectivas a largo plazo para la industria pesquera. 
Estimados colegas, actualmente no podemos estar completamente informados sobre el vasto ecosistema que es el mar, tampoco de múltiples factores que afectan las reservas de recursos en este sistema marino. 
No obstante, no debemos renunciar a la investigación científica, no debemos parar nunca de recopilar información, no debemos dejar de explorar las mejoras de los sistemas existentes y si fuera necesario por lo menos deberíamos considerar el cambio de las políticas. 
El sector pesquero europeo se enfrenta a graves problemas y yo soy un gran defensor del sector pesquero. 
Por ello apelo a la Comisión y al Consejo para que encuentren información y la voluntad política para proporcionar soluciones a largo plazo para las comunidades pesqueras y que no haya que depender del corto plazo. 
Recomiendo este informe a la Asamblea. 
La Comisión de Medio Ambiente está satisfecha, por lo general, con la comunicación de la Comisión y también celebra que la Comisión de Pesca haya aceptado todas nuestras enmiendas. 
Es comúnmente aceptado que la pesca tiene efectos sobre el entorno marino muchos más amplios y profundos que la captura de especies determinadas que conlleva la captura colateral de otras especies. 
Saludamos las intenciones de la Comisión de integrar la protección medioambiental en otras políticas de la UE, incluyendo la Política Pesquera Común. 
Después de todo, los Tratados han estipulado desde 1992 que el principio de cautela y la protección medioambiental deberían integrarse en las políticas comunitarias. 
Pero, como se ha dicho, la adopción de una definición rigurosa del principio de cautela es esencial. 
El Acuerdo sobre recursos pesqueros de la ONU de 1995 serviría a este respecto como modelo. 
No obstante, un aspecto que no se incluye en la comunicación es el que atañe a la vigilancia y control. 
Todas las buenas políticas y reglamentos del mundo no conducirán a la conservación sin un sistema efectivo que garantice que se respetan las normas. 
El control es una competencia de los Estados miembros y el Consejo ha elaborado recientemente una lista de infracciones serias con el fin de coordinar hasta cierto punto la severidad con que se contemplan violaciones similares en distintos países. 
Este es un acertado paso hacia delante, pero como habitualmente resaltan la Comisión y la Comisión de Pesca, se necesitan mejoras en los programas de control de todos los Estados miembros. 
Quisiera felicitar al ponente por su excelente informe. 
Señor Presidente, la pesca es una actividad económica de primer orden, que tiene detrás fortísimas inversiones y que proporciona su empleo básico en condiciones bastante duras, por cierto, a regiones comunitarias enteras. 
Sin embargo, la visión que algunas personas tienen de la pesca suele ser sumamente simplista y puede ir desde el mero folklore hasta el insulto de considerar al pescador un pirata insensible y un depredador. 
Lamento decir que este informe, por su vinculación con el medio ambiente, parece haber sido la ocasión para que personas con este tipo de visión hayan aprovechado para introducir cada una su disparate particular. 
Si el informe del Sr. Katiforis hubiese sido aprobado en su redacción inicial, creo que ninguno de los miembros de la Comisión de Pesca habríamos podido volver a poner un pie en una región pesquera sin un riesgo cierto de linchamiento. 
Es evidente la relación entre la pesca y los ecosistemas marinos. 
Pero esa relación es mucho más amplia e incluye muchos factores, como la contaminación o el transporte marítimo. 
Culpar únicamente al pescador del deterioro ambiental es tan injusto como falso. 
Nuestra comisión evitó su propio bochorno por medio de una serie de enmiendas, de las que yo misma presenté 14, muchas de las cuales fueron aceptadas por el ponente, lo que le agradezco sinceramente. 
Cuando creíamos acabada la discusión llegan variopintas enmiendas al Pleno, para las que pido el voto en contra sin paliativos. 
Según ellas, por ejemplo, con el exiguo presupuesto de la pesca deberíamos financiar el patrimonio artístisco o fomentar el turismo en mar. 
Otras enmiendas, como la 4, que piden la financiación de paradas biológicas, demuestran también un gran desconocimiento de la normativa pesquera, al solicitar medidas que ya están en vigor aunque todo pueda ser mejorado. 
Pido, por tanto, que las cuatro enmiendas presentadas sean rechazadas y que cerremos este capítulo sobre la pesca y el medio ambiente con la consideración que surgió del debate en comisión: es verdad que ambos están tan relacionados y que padecen las consecuencias de las mismas agresiones medioambientales. 
Como he dicho tantas veces, la pesca es más víctima que causante del deterioro del ecosistema marino, y mañana tendremos ocasión de comprobarlo en el debate del Erika. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Katiforis ha tenido la virtud de dotar de vida, de debate y de controversia una comunicación en la que la Comisión Europea se limita a enumerar una serie de buenos deseos, aun reconociendo su incapacidad para llevarlos a la práctica. 
Si algo no le ha faltado al Sr. Katiforis ha sido coraje para exponer las medidas que, a su juicio, podrían contribuir a la mejora y la conservación de los recursos naturales en el mar. 
Digo esto desde el desacuerdo con muchas de sus propuestas, porque yo soy de las que piensan que, en la pesca, no sólo son importantes los recursos- que lo son -, sino también los seres humanos que, desde hace siglos, desarrollan esa actividad. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que cabe una mayor coordinación de las políticas europeas de pesca y de medio ambiente. 
Pero lo que fundamentalmente echamos en falta es coraje y decisión política por parte de la Comisión y de los Estados miembros para tomar decisiones y aplicar la normativa ya vigente. 
Conviene integrar no sólo pesca y medio ambiente, sino también transporte marítimo, empleo o energía. 
En cuanto a los Fondos estructurales, podría mencionar aquí unos cuantos ejemplos, pero lo voy a dejar para otro día. 
El Parlamento Europeo es consciente de la limitación de los recursos y de la necesidad de realizar una pesca responsable. 
Reclama rigor a la Comisión y a los Estados miembros para respetar los TAC y las cuotas fijadas conforme a criterios científicos objetivos, y pide una misma vara de medir para todos. 
Los descartes, como dice el Sr. Katiforis, constituyen una dilapidación de recursos que no podemos aceptar. 
Veinte millones de toneladas de capturas no explotables son descartadas. 
La flota debe dotarse de artes de pesca cada vez más selectivas. 
Esta Asamblea ya se ha opuesto a las redes de enmalle a la deriva y, sin embargo, comprobamos cómo determinados Estados no sólo no respetan el compromiso para su desaparición, sino que aumentan el número de buques con estas artes, o simplemente no envían datos ante la pasividad de las autoridades nacionales y comunitarias. 
Los socialistas consideramos que defender la Política Pesquera Común es defender una actividad pesquera reglada y bajo control. 
Resulta imprescindible que la Comisión lance una campaña informativa sobre la PPC con este mensaje. 
Fuera de la PPC sólo hay descontrol, atentados al medio ambiente y una actividad económica no sostenible. 
Señor Presidente, valoro mucho este informe del Sr. Katiforis sobre la gestión de la pesca y conservación de la naturaleza en el medio marino. 
No olvidemos que el pescado es la base de nuestra cadena alimentaria y que la principal catástrofe, que se considera nefasta para el medio ambiente, es la enfermedad de Minamata, que se originó en el Japón, en 1958, debido a que los pescados estaban contaminados con mercurio. 
Por lo tanto, ha de vigilarse muy de cerca cualquier tipo de contaminación: aquellas que son producto de las actividades industriales, pero también las contaminaciones domésticas. 
En mi opinión, los vertidos al mar, concretamente en un medio cerrado como el Mediterráneo, cuando se pretende sanear las plantas depuradoras, no es un buen método para la depuración de las aguas. 
Hay que prestar atención a la contaminación de origen telúrico, a las obras de acondicionamiento, a la urbanización de zonas costeras, etcétera. 
Pero también hay que pensar en la restauración del medio; por ejemplo, resolver los problemas relacionados con la Caulerpa taxifolia, con zonas de posidonias que desaparecen y que, por consiguiente, es necesario proteger. 
Como dice el proverbio, "Si quieres ser bien servido, sírvete a ti mismo"; es necesario, pues, que los usuarios del mar, los pescadores, estén muy atentos. 
Naturalmente, habrá que disminuir el esfuerzo de pesca, y la reducción de las capacidades excedentarias en un 30-40%, que proponía la Comisión, ha sido bastante atenuada por el Consejo, hasta el 5-10%. 
También habrá que efectuar capturas selectivas, y junto con mi colega- ex diputado europeo, por otro lado -, Noël Mamère, pedimos una moratoria respecto a la utilización de redes de arrastre pelágico en las aguas comunitarias del Golfo de Vizcaya, al sur del paralelo 47º norte, porque estamos cansados de ver como los delfines, sobre todo en este período, se embarrancan en nuestras playas, para luego morir. 
Por consiguiente, hay que realizar pescas selectivas. 
Habrá de vigilarse también la acuicultura. 
Vuelvan a leer el informe del Sr. Katiforis, donde se dice que en Escocia, por ejemplo, existen 17.000 salmones infectados por la enfermedad a la que me refería hace un momento, los cuales perjudican el medio ambiente. 
Estemos muy atentos, pues, a las obras de acondicionamiento en medios cerrados. 
El Consejo de Europa acudirá, el 22 de marzo, a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, para hablar sobre los esfuerzos que deben efectuarse en el ámbito de la investigación, en particular en el medio marino, y concretamente sobre los desafíos científicos y económicos de la explotación de los océanos. 
Les invito, naturalmente, Señorías, a participar en esta discusión. 
Señor Presidente, Señorías, considero que el informe del Sr. Katiforis ha sido objeto de una mejora respecto a la versión inicial, gracias a algunas modificaciones propuestas en particular por el Grupo Unión para la Europa de las Naciones y aprobadas en el seno de la Comisión de Pesca. 
En lo que respecta a la instalación del sistema de control por satélite de los barcos, consideramos que es importante instalarlo en el mayor número de barcos posible, sin instalarlo, evidentemente en los pequeños para los cuales los gastos de inversión y de funcionamiento serían demasiado elevados respecto al valor capturado y recordando, en todo caso, que el sistema de control por satélite no es operativo ni eficaz para los barcos de pesca costera. 
Estamos satisfechos de que en el informe se haya rechazado la idea, inicialmente propuesta por el ponente, de la elaboración de un sistema de imposición o de fiscalidad que sería imposible aplicar y convertir en obligatorio para todos los Estados miembros. 
Además, en cuanto a la protección de las zonas costeras que constituyen las principales zonas de reproducción y de repoblación de muchas especies haliéuticas, auspiciamos mayores controles que, en nuestra opinión, deberían asociarse a sanciones que penalicen los descartes. 
En realidad, estos últimos implican un alto porcentaje de mortalidad y, en consecuencia, son nefastos de cara a una buena gestión de los recursos haliéuticos. 
Más específicamente, en lo que atañe a la gestión haliéutica del Mediterráneo, todos sabemos que la pesca en este mar no está regulada por disposiciones que imponen cuotas mínimas admisibles de capturas. 
¡Menos mal! 
Como es sabido, el Mediterráneo, a diferencia de los fríos mares del Norte, es un mar pequeño y caliente, donde es muy difícil, por no decir, imposible, que se formen bancos de peces de una determinada especie. 
En consecuencia, consideramos que está fuera de lugar la idea, sugerida en la exposición de motivos del presente informe, de establecer unos TAC en el Mare Nostrum. 
Por último, en cuanto a las enmiendas propuestas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria- Izquierda Verde Nórdica, votaremos a favor de las mismas. 
En efecto, consideramos muy importante apoyar financieramente la pesca tradicional y la artesanía, así como la ayuda a la renta de los pescadores en los períodos en que se aplica la llamada parada biológica: en sustancia, convertir en compatible una importante y responsable actividad económica con el debido respeto al medio ambiente. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión de Pesca ha trabajado realmente duro para lograr un texto equilibrado. 
Algunos sostienen con toda seriedad que la progresiva disminución de los recursos pesqueros se debe única y exclusivamente a los excesos de la pesca, lo cual, evidentemente, es falso y, además, dista mucho de ser una declaración objetiva. 
Por todo ello, insto a todos los implicados a que tengan también en cuenta las demás causas que afectan negativamente a los recursos pesqueros, como son la contaminación, el cambio climático, las actividades industriales, el tráfico marítimo, etcétera. 
Hace poco Europa ha vivido una nueva tragedia medioambiental ante sus costas, a saber, el naufragio del Erika frente a Bretaña. 
La combinación de los factores mencionados y la ausencia de medidas de control satisfactorias a escala europea son las principales causas del debilitamiento del medio marino. 
La pesca es una actividad económica. 
Si queremos que nuestro sector pesquero presente una gran capacidad de resistencia, necesitamos suficientes recursos haliéuticos y un medio perfecto en el que los peces puedan reproducirse sin problemas. 
La UE ha de crear las condiciones necesarias para garantizar el equilibrio entre el medio ambiente y los demás intereses. Por eso mismo, nos oponemos radicalmente a las medidas parciales que perjudican y debilitan el sector pesquero. 
Cometeremos un gran error si ignoramos las realidades técnica y medioambiental. 
¿Realmente tiene sentido que buques con menos de doce metros de eslora sean equipados con un sistema de control por satélite? 
¿Es oportuno el fomento unilateral de la pesca costera que ni es muy respetuosa con el medio ambiente ni puede ser vigilada como es debido? 
Éstas son algunas de las numerosas preguntas que se plantea la Comisión de Pesca. 
Los ejemplos anteriores demuestran cuán fácil es hablar de pesca y de medio ambiente desde un punto de vista teórico. 
Resulta, por lo contrario, mucho más difícil presentar medidas constructivas fundamentadas en el principio de gestión sostenible de las reservas de pesca. 
¡Aquí necesitamos un soplo de aire para que podamos navegar viento en popa! 
Señor Presidente, antes que nada me satisface ver que el informe Katiforis toma en consideración la multiplicidad de los factores responsables de la degradación del medio marino: la contaminación, la pesca descontrolada, la existencia de plataformas extractivas, la presión de la actividad humana sobre las zonas costeras son fuente de potenciales daños medioambientales de amplio alcance tanto en las zonas costeras como de alta mar, y la pesca es una víctima más de esta situación. 
Por lo tanto, es justo profundizar y analizar las interrelaciones entre la pesca y el medio ambiente. 
El empleo de artes selectivas que reduzcan las capturas accesorias y limiten los descartes de pesca es seguramente un punto irrenunciable, como lo es, por otra parte, la reducción de la presión de pesca no sólo en las aguas costeras. 
La reducción de la capacidad de pesca y de la presión de pesca sobre los stocks pesqueros no se conjuga necesariamente con el mantenimiento de una flota obsoleta y limitando la modernización. 
Unos barcos más modernos, además de permitir condiciones de seguridad y de higiene más adecuadas, pueden contribuir a reducir algunos factores de impacto. 
Además, es importante afirmar el concepto de que no es posible clasificar a priori como más compatible ecológicamente un segmento entero de la pesca: en algunos casos, es cierto que la pesca artesanal tiene un impacto menor en el medio ambiente y en sus recursos. 
Celebro asimismo que en el informe se tome en consideración la posibilidad de poner en marcha una campaña de información dirigida a los pescadores y a los consumidores sobre los riesgos derivados de la explotación desconsiderada de los recursos haliéuticos, y me satisface que se haya pedido a la Comisión que proponga la institución de un premio europeo que se concederá a diversas categorías del sector y a todos aquellos que ofrezcan servicios y consejos con miras a comportamientos responsables de cara a la gestión sostenible de los stocks haliéuticos y de la conservación de la naturaleza en el medio marino. 
Señor Presidente, como miembro del Grupo Verdes-ALE, pero también como diputado por Galicia, en esta intervención me propongo hacer unas consideraciones necesariamente breves. 
Primera: la producción de la pesca y la conservación de la vida y de los recursos marinos son dos aspectos de la misma cuestión. 
Son los armadores y los marineros de los países con mayor actividad piscícola los más interesados en respetar su medio de vida, pues sin él no se puede garantizar el futuro de esa economía. 
Segunda: es cierto que se debe practicar una política de preservación del medio ambiente marino tanto en los mares comunitarios como en aguas de terceros países o internacionales. 
Pero sobre todo en nuestras propias aguas costeras. 
Permítanme en ese sentido, relatar una experiencia de hace pocos días. 
Acabo de comprobar que la Unión Europea financia con recursos del FEDER la construcción en Vilagarcia, en Galicia, de un muelle para el almacenaje de productos químicos e hidrocarburos, en una instalación que da empleo a sólo tres trabajadores, contra lo establecido en la Directiva CE sobre la evaluación de las repercusiones medioambientales, en una ría como la de Arousa, en la que 26.000 personas viven del marisco. 
En primer lugar quisiera felicitar al ponente por su excelente informe. 
La conservación es algo de lo que oigo hablar en muchas ocasiones y mucha gente dice mucha palabrería al respecto. 
Mucha gente se muestra completamente a favor hasta que llega a su propia puerta. 
Está muy bien hablar sobre la conservación y yo estoy completamente de acuerdo. 
Pero al final del día hay que encontrar el equilibrio entre aquellos cuyas vidas y medios de vida dependen del mar y aquellos que hacen las leyes que van a establecer quiénes y quiénes no van a poder faenar y dónde, cuándo y cómo van a poder pescar en cualesquiera aguas de la Unión Europea. 
Desde luego, el Comisario Fischler me conoce desde hace mucho tiempo y le escrito respecto de la EEB y otros muchos asuntos de agricultura, pero ahora es responsable de la pesca. Voy a tener que aconsejarle a él y a sus colegas, porque una de las áreas más castigadas ha sido mi región y los pescadores de Irlanda del Norte. 
De hecho se les ha impuesto una moratoria sin ninguna compensación a cambio, sin ninguna negociación o discusión real. 
Se les ha impuesto no pescar durante un periodo de 11 a 12 semanas. 
Todos aceptamos que hay un problema de conservación y un problema de recursos, pero lo que realmente le estoy diciendo, señor Comisario, y esto se lo he dicho en la Comisión de Pesca y se lo voy a repetir: hay una gran zanja entre Bruselas y los pescadores. 
No importa si eres de Galicia, no importa si eres de Irlanda del Norte o si eres de Escocia. 
El abismo existe y nosotros, en Bruselas, no hemos sido capaces de cruzar ese obstáculo. 
Y debemos tener en cuenta las opiniones de los pescadores. 
Debemos tener en cuenta las preocupaciones de los pescadores y debemos colaborar estrechamente con ellos y espero que usted, en tanto Comisario responsable de la Pesca, lo haga y reconozca ese obstáculo e intente trabajar tan estrechamente como sea posible garantizar que todas las partes se aúnen y sus opiniones sean tenidas en cuenta. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, hay una cosa que debemos tener muy clara. Corresponde a nuestra política pesquera garantizar una gestión sostenible de la pesca. 
Tanto la gestión pesquera como la protección del medio ambiente tienen interés en que se conserve el ecosistema marino. 
Señor Nicholson, hemos de conseguir tender ese puente entre las consideraciones juzgadas necesarias y las decisiones de Bruselas y los sentimientos y los legítimos intereses de los pescadores de las diferentes partes de la Comunidad. 
En todo caso, opino que el principio de gestión sostenible no debe limitarse al medio ambiente, puesto que en aras de una pesca sostenible es al menos igual de importante que este principio lleve incorporada una dimensión económica y social. 
Si queremos garantizar la implantación de una pesca europea sostenible en sentido económico y ecológico es éste un ámbito en el que aún nos queda mucho por hacer, si bien es cierto que ya se ha dado algún paso en la buena dirección. 
Les recuerdo que este año han entrado en vigor las medidas destinadas a aumentar la capacidad de selección de las artes de pesca. 
Les recuerdo asimismo las decisiones que hemos adoptado en vista del establecimiento de las cuotas de pesca. 
En ellas se estipula que las capturas de especies en peligro de extinción se reducirán en un 40%. 
Les recuerdo que hemos introducido zonas protegidas, de las que por ejemplo también se beneficiarán las aves marinas, y, por último, quisiera mencionar las estrategias de administración a largo plazo que se fundamentan en el principio de gestión cautelar de diez de los recursos pesqueros más importantes, utilizados con fines comerciales, de las aguas comunitarias. 
Ello no obstante, nos queda mucho camino por recorrer. 
Antes que nada deberíamos examinar la posibilidad de establecer cuotas plurianuales, puesto que, en mi opinión, hemos de optar por esta vía. De este modo, podríamos garantizar una pesca sostenible a largo plazo, lo cual, a su vez, permitiría a los pescadores un mayor grado de previsión y planificación. 
Las medidas a corto plazo, por el contrario, no redundan en beneficio de la conservación de las reservas de pesca ni ayudan a los pescadores. 
Un cambio de postura ante este tema requiere, sin embargo, cierto valor político de todos los implicados, independientemente de si trabajan en el ámbito nacional o comunitario. 
Una de las pretensiones de las enmiendas, que también entran a formar parte del debate, es que la Comisión destine más medios a la política de pesca. 
Sin embargo, a este respecto debo recordarles que las condiciones han cambiado. Las decisiones adoptadas en Berlín no dejan margen alguno para nuevos y frescos presupuestos o nuevos y frescos recursos. 
Estamos obligados a funcionar con el marco financiero que se acordó allí. 
Asimismo se ha propuesto que las aguas costeras se amplíen de una zona de 12 a una zona de 24 millas. 
A mi modo de ver, esta cuestión requiere un examen más detenido, puesto que no podemos olvidar que no solamente aporta ventajas, sino que también puede causar serios problemas, tanto más cuanto que en realidad daría lugar a una renacionalización parcial de la política pesquera. 
Ello no obstante, el informe en su conjunto refleja nuestro compromiso para con los objetivos mencionados. Por eso, considero positivo el respaldo que ha recibido por parte del ponente, el Sr. Katiforis. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Procedimientos de insolvencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0039/2000) del Sr. Lechner, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (9178/1999- C5-0069/1999- 1999/0806 (CNS) ) relativo al procedimiento de insolvencia. 
(DE) Señor Presidente, estimados colegas, todavía tan numerosos a pesar de que casi sean las doce de la noche, en el mercado interior europeo las empresas no sólo realizan actividades económicas transfronterizas, sino que, además, disponen con una frecuencia cada vez mayor de bienes y establecimientos en diversos países. 
Sin embargo, en el mercado interior no sólo hay vencedores, sino que también existen los perdedores, hecho lamentable pero inevitable. 
Hasta la fecha los problemas derivados de los concursos y las situaciones de insolvencia apenas han sido objeto de regulación. 
¿Qué consecuencias tiene por ejemplo la apertura de concurso en un determinado Estado miembro para el patrimonio situado en otro país miembro? 
¿Qué sucede con el derecho de disposición del deudor común? 
¿Puede trasladar sus bienes incluso después de la apertura del concurso acogiéndose, por así decirlo, a la "solución de conveniencia"? 
Hasta el momento no existen convenios internacionales dignos de mención ni soluciones europeas. 
Aunque en 1995 se logró un acuerdo, éste nunca entró en vigor. 
Pues bien, gracias al presente reglamento, los problemas mencionados se regulan a través de una norma jurídica europea única con eficacia directa, que los resuelve plenamente y de forma definitiva. 
Desde mi punto de vista, el reglamento debe considerarse como un gran éxito y un importante paso adelante en dirección a la elaboración de una normativa europea de colisión uniforme y compacta en materia de procedimientos de insolvencia. 
Con este reglamento el tribunal competente y el derecho aplicable se determinan de acuerdo con el Estado en el que el deudor común tiene su establecimiento principal. 
De conformidad con esta lex concursus se procede en principio a la apertura del concurso, al registro de todo el patrimonio, incluidos los bienes extranjeros, y, sin olvidar la participación de los acreedores extranjeros, a la tramitación del procedimiento y a su conclusión. 
La incoación del procedimiento se reconoce inmediatamente en toda Europa. Es más, las decisiones posteriores también producen un efecto inmediato sin que sea necesario hacer diligencias especiales para obtener el reconocimiento de las mismas en los demás Estados miembros. 
El reglamento parte del principio de universalidad y uniformidad del procedimiento. 
En principio, ello supone un único procedimiento en el que se contempla la totalidad del patrimonio- incluidos los bienes extranjeros- en una única administración de insolvencia y en el que participa la totalidad de los acreedores, cuyas pretensiones se satisfacen de forma equilibrada. 
En otras palabras, se trata de un procedimiento de insolvencia con efecto transfronterizo. 
De todos modos, dadas las diferencias existentes entre las disposiciones nacionales, por ejemplo en el ámbito de los derechos de garantía o los contratos laborales, este principio de universalidad no se puede respetar incondicionalmente. 
Ello atentaría contra los derechos de terceros, lo cual sería totalmente inaceptable. 
Por eso mismo, se han elaborado algunas disposiciones especiales para importantes situaciones jurídicas concretas en las que se observa el Derecho nacional de cada lugar. 
Ello sucede sobre todo en materia de derechos materiales, bienes inmuebles, derechos inscritos en registros, instituciones jurídicas como la reserva de propiedad, compensaciones e impugnación de los acreedores, con especial atención a los contratos laborales. 
En tanto que estas disposiciones especiales son incontestables, el reglamento contempla la posibilidad de incoar uno o varios otros procedimientos de insolvencia contra sucursales establecidas en otros países. Es decir, se pueden producir procedimientos paralelos o secundarios que se conocen con el nombre de procedimientos particulares y cuyo efecto se limita al territorio del país de que se trate. 
A mí esto me da que pensar, y el presente informe refleja estos reparos que comparte la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En este caso, el principio de universalidad, que se ajusta perfectamente a la lógica del mercado interior y de la creación de un marco jurídico europeo uniforme, se incumple de una forma que, al contrario de lo que sucede con las disposiciones especiales antes descritas, no resulta incontestable por naturaleza. 
Ello se aplica sobre todo a aquellos procedimientos secundarios que se producen con posterioridad- es un dato importante- a la apertura del procedimiento principal, puesto que, en estos casos, el efecto del procedimiento de insolvencia se hace extensivo a la sucursal desde el momento en que se incoa un procedimiento contra el establecimiento principal. 
Por eso mismo, mi informe estipula que no se puede autorizar un procedimiento como procedimiento secundario cuando ya se haya incoado un procedimiento principal, a no ser que el síndico del procedimiento principal dé su consentimiento. 
Con esta restricción se da otro paso importante en dirección a la creación de un ordenamiento jurídico europeo compacto y uniforme. 
Los dictámenes del Comité Económico y Social se enmarcan en la misma línea y surgen más voces que se oponen a la opción de los procedimientos particulares. Plantean dificultades complementarias y crean problemas de delimitación. 
No importa tanto la propuesta en sí como la necesidad de buscar un compromiso unánime. 
Creo que el Parlamento debería poner otro acento y, por eso, ruego a los diputados que aún hayan presentado enmiendas al respecto que vuelvan a examinar este punto. 
Hay otras propuestas que introducen puntualizaciones, por ejemplo con respecto a la garantía de la autonomía de las personas jurídicas y otras cuestiones similares. 
A modo de conclusión quisiera manifestar mi gratitud a Finlandia y Alemania, puesto que es gracias a la meritoria iniciativa de estos países que el presente informe ha visto la luz. 
El reglamento regula el conjunto de normas de colisión del Derecho de insolvencia mediante la aplicación de una norma jurídica europea compacta, definitiva y vinculante sin perjuicio de las disposiciones nacionales en cuanto al fondo. 
El presente reglamento marca un hito importante y, en mi opinión, debe servir de ejemplo. 
Por todo ello, insto al Consejo a que adopte el reglamento lo antes posible, rogándole que tenga en cuenta las propuestas del Parlamento. 
Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en la creación de un espacio judicial europeo. 
Todos estamos de acuerdo, también, en que se efectúe una armonización en un ámbito caracterizado por una enorme disparidad de sistemas jurídicos, y sobre todo de conceptos. 
El propio término de insolvencia, el concepto jurídico de insolvencia, no engloba la misma noción contable en todos los Estados miembros de la Unión. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo en este hecho, y tanto el proyecto de reglamento como el informe están bien encaminados. 
No obstante, me permitiré efectuar algunas observaciones sobre el método. 
Cuando se comprueba- como no podía ser de otra manera- la disparidad de los sistemas jurídicos y de los conceptos, y cuando se desea una mayor coordinación, creo que existen tres modos de proceder. 
El primero consiste en efectuar equivalencias, diciendo: al final de cuentas, en Francia, en el Reino Unido o en Alemania se entiende lo mismo por insolvencia. 
El segundo modo de proceder consiste en crear un derecho ex nihilo, es decir, armonizar los sistemas, refundir completamente el conjunto de los conceptos y de los sistemas jurídicos en cada uno de los Estados. 
No ha sido esta la vía elegida. 
La vía que se ha elegido es superponer, más allá de los sistemas existentes, que no se modifican, un verdadero embrión de Derecho comunitario de los procedimientos colectivos y de las empresas que atraviesan dificultades. 
Esto está bien, y el resultado ha superado probablemente la ambición de los autores. 
Pero en esta fase, desearía hacer una observación, que no es técnica, sino más bien filosófica, e inspirada en la práctica. 
La insolvencia es considerada en la Unión Europea, en la mayoría de los Estados, como un hecho definitivo por quién la padece. 
Y pienso que tenemos la responsabilidad, en una economía que avanza cada vez más rápido, donde cada uno debe tener realmente su oportunidad, de permitir intentar crear una empresa comercial una segunda o una tercera vez, si es necesario. 
Hoy en muchos Estados esto no es posible. 
Una de las razones que explica la diferencia de competitividad entre el Espacio europeo y, por ejemplo, los Estados Unidos, es precisamente esta capacidad de volver a empezar que existe del otro lado del océano y que nosotros no conocemos. 
Puesto que hemos llegado tan lejos, y puesto que continuaremos por esta vía, que es la vía de la creación de un procedimiento colectivo de carácter uniforme de solución de este tipo de contencioso en la Unión Europea, debemos procurar que no se convierta en la figura alegórica de la guillotina. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se suspende la sesión a las 00.05 horas) 
Naufragio del Erika 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0011/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, a la Comisión, sobre el naufragio del Erika. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, quiero en primer lugar señalar la consideración del Sr. Fischler al estar presente hoy con nosotros. 
Ayer, nuestra Presidenta nos había anunciado que, por problemas de agenda, iba a estar ausente. 
Creo que ha recapacitado y ha hecho lo que es habitual en él: tener consideración y respeto hacia este Parlamento, que es algo que ha tenido siempre, y se lo agradezco. 
Levanto hoy mi voz en este hemiciclo, en nombre de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, para centrar de nuevo nuestras preocupaciones en el naufragio del petrolero Erika. 
Una doble consideración política lleva a nuestra comisión- y a mí como su presidente- a alzar de nuevo nuestra voz en este asunto. 
En primer lugar, para demostrar a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que este Parlamento no puede ni quiere olvidar este grave accidente. 
En segundo término, para centrarnos hoy en un aspecto concreto de la grave catástrofe medioambiental ocasionada: su incidencia en el sector pesquero y de la acuicultura de las regiones afectadas. 
El epílogo de todo ello ha de ser sin duda la urgente adopción de medidas para paliar los daños y evitar que sigan produciéndose en el futuro. 
Ya basta de lamentaciones y reflexiones. 
Tenemos que ir, señor Comisario, todos al grano y adoptar medidas. 
En primer lugar, la seguridad en el transporte marítimo- en especial, tratándose de hidrocarburos y de mercancías peligrosas- necesita de controles eficaces en aguas comunitarias y en sus puertos. 
La construcción de estos buques, el doble casco, su edad, el control de las sociedades de clasificación, los seguros, la creación de bases de datos con todas las informaciones necesarias, la cooperación y coordinación comunitarias, el refuerzo del control de los inspectores, la responsabilidad de los transportistas y de los propietarios de la carga son cuestiones que habrá que abordar, y nadie mejor que la Comisión Europea para lanzar propuestas serias de armonización europea en estas materias. 
Las banderas de conveniencia- que tanto daño hacen también a la pesca que hemos dado en llamar "pesca responsable" -tienen que ser también en el transporte especialmente vigiladas y reguladas. 
Hay que controlar la entrada en aguas comunitarias de estos buques con pabellones de conveniencia que no cumplen las normas comunitarias de seguridad. 
Esperamos de la Comisión Europea hechos concretos. 
Por lo que se refiere al sector pesquero y al de la acuicultura- especialmente importantes, desarrollados y prestigiosos en las zonas afectadas de Bretaña y La Vendée -, es preciso que la Comisión Europea dé a conocer los daños ocasionados, la evaluación que hace de estos daños y las medidas específicas de todo tipo que tiene pensado adoptar- políticas, económicas, sociales, financieras, etc.-, para paliar los daños y compensar a los pescadores y a las industrias que se han visto dramáticamente afectados de la noche a la mañana. 
¿Cómo se va a recuperar la confianza del consumidor en los productos provenientes de la zona? 
¿Cómo se va a compensar a los afectados? 
Estamos ante un problema muy grave que la Unión Europea- potencia económica, comercial, industrial y pesquera- no puede permitirse. 
Señor Comisario, hay que ponerse manos a la obra. 
Debemos ser pioneros y adelantados en estas cuestiones que deterioran nuestro medio ambiente y destrozan industrias y actividades profesionales. 
Hay que prevenir, adoptar medidas preventivas que impidan que catástrofes como ésta vuelvan a producirse. 
Este es el sentido de nuestra pregunta oral en nombre de todos los colegas de la Comisión de Pesca. 
Esperamos oír de la Comisión propuestas concretas: acciones y no lamentaciones. 
Este Parlamento aprobará hoy una propuesta de resolución común de varios Grupos parlamentarios, que juzgo, señor Presidente, Señorías, muy importante y oportuna. 
Señor Presidente, distiguidas señoras y señores diputados, señoras y señores, en primer lugar, señor diputado Varela Suanzes-Carpegna, quisiera afirmar que cuando me convoca el Parlamento, siempre me pongo claramente a su disposición, y esto, creo yo, lo he demostrado también de manera suficiente en el pasado. 
En lo que respecta a la contaminación de la costa occidental de Francia por el hundimiento del Erika, somos conscientes de los masivos y enormes daños que ha originado esta catástrofe, los cuales se han agravado aún más por la presencia de esa gran tormenta que dominó al mismo tiempo las costas occidentales de Francia. 
El crudo que se ha derramado, sumado a la tormenta, ha contaminado, en especial, y en parte incluso ha destruido totalmente los bancos de ostras y los criaderos de mejillones. 
Por lo demás, también se han producido diversos daños en el sector pesquero, en especial en las artes de pesca. 
En consecuencia, en algunas zonas hubo de suspenderse también la pesca a causa de peste petrolifera. 
Estamos colaborando muy intensamente con las autoridades francesas, y la Comisaria competente está estudiando precisamente medidas encaminadas a mejorar en general la seguridad en el mar, con la intención de presentar, si fuera necesario, las propuestas pertinentes a la Comisión para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir, en absoluto, en el futuro. 
La Comunidad debe mostrarse solidaria con la población afectada, y nosotros hemos de aprovechar realmente- y en esto coincido plenamente con el Sr. Diputado Varela Suanzes-Carpegna- todas las posibilidades de prestar ayuda. 
A este propósito, en el sector de la pesca y en el sector de la acuicultura- y sólo puedo hablar aquí por estos sectores- se encuentra disponible, en primer término, el instrumento financiero para la orientación de la pesca. 
Los recursos se pueden emplear en el marco del programa estructural de pesca francés para los años 2002 a 2006, y las autoridades francesas nos han comunicado que tienen la intención de enviar su programa a Bruselas en la semana próxima. 
De aquí al año 2006 Francia tiene a su disposición 225 millones de euros para medidas estructurales. 
¿Cómo es posible ayudar, por un lado, a los pescadores y, por otro, a los cultivadores de ostras y de mejillones en el marco de esta posibilidad? 
En lo que respecta a los pescadores, existe aquí la posibilidad de una indemnización para los pescadores y armadores, en concreto, una indemnización de hasta un 50% con participación estatal por los daños que se sigan por la suspensión transitoria de su actividad. 
En este punto, la Comunidad está dispuesta de cofinanciar el 50%. 
Francia puede establecer la cuantía de la indemnización, esto es de su exclusivo derecho, y para esto hay en total 9 millones de euros a su disposición. 
¿Cómo se puede ayudar también a los cultivadores de ostras y de mejillones? 
Los recursos se pueden destinar a la limpieza de las cuencas de ostras. 
Se pueden adquirir nuevos equipamientos para las cuencas de ostras o poner a punto los equipamientos de acuicultura que hayan sido destruidos. 
Se pueden clarificar los vertidos procedentes de las instalaciones de acuicultura y, al mismo tiempo, se pueden financiar regulaciones encaminadas a la mejora y vigilancia de la calidad de la recuperabilidad y también de la higiene. 
Se podría pensar también, entre otras cosas, en una campaña general de fomento de las ventas. 
Si recibimos todavía en este mes las solicitudes de Francia, podrá ser posible establecer con carácter retroactivo la posibilidad de restitución con efectos del 1.1.2000. 
En todo caso, por parte de la Comisión estamos dispuestos en estudiar inmediatamente la solicitud, si la recibimos, y a autorizarla rápidamente a fin de que pueda ponerse en marcha sin demora la ayuda a los afectados. 
Señor Presidente, las manifestaciones que acaba de realizar, señor Fischler, me infunden optimismo. 
La magnitud de la catástrofe ante las costas de Bretaña es enorme. Las consecuencias económicas y ecológicas del hundimiento del petrolero Erika son tan grandes que ésta es la segunda vez que nos ocupamos de este tema en esta Asamblea en un período de pocas semanas; y con razón. 
Todo un sector económico, la pesca y la acuicultura y los puestos de trabajo que dependen de éstas, está en peligro. 
Aquí no podemos permanecer mirando sin hacer nada. 
Los bellos discursos y las lágrimas no sirven de nada. 
No sirve de nada que hablemos durante dos, ocho o dieciséis horas, por esto no retornará a la vida ningún pez ni se saciará ningún pescador bretón. 
La solidaridad no se manifiesta solamente en palabras. Por esta razón, nuestra propuesta de resolución constituye solamente un primer paso al que tienen que seguir hechos, es decir, medidas que velen, por fin, para que no vuelvan a producirse catástrofes semejantes y, sobre todo, nunca jamás delante de las costas europeas. 
En la presente resolución, que ha sido apoyada por todos los Grupos, exigimos el reconocimiento del principio de que quien contamina paga. 
Pedimos además una ayuda no burocrática para los pescadores y acuicultores que ven amenazada su existencia. 
Sin embargo, esto no debe conducir a una subvención permanente que produzca distorsiones en la competencia. 
Pedimos también que se regule con más seguridad el transporte marítimo y queremos en suma, un mejor seguimiento. 
Tal como hemos oído, la Comisión ha abordado el asunto. 
Una reunión con representantes de la industria hará públicas las propuestas de la Comisión. 
En estas se no sólo la necesidad de unos controles más estrictos de los puertos, sino también la obligatoriedad de utilizar en el futuro petroleros de doble casco. 
Celebro esto sobremanera. Pero mis demandas van más allá. 
El Erika ha colmado el vaso. 
Para la seguridad y para la protección preventiva de las costas europeas y para que se mantenga la pesca como un sector económico reconocido necesitamos una vigilancia costera ecológica y una red de datos marítima encaminada a una cooperación efectiva de los Estados miembros, tal como lo comentábamos ayer. 
Esto constituye un reto para Europa. La credibilidad de Europa se halla en juego. 
No nos podemos permitir otra catástrofe a la que acompañemos únicamente con palabras. 
Señor Presidente, el naufragio del buque Erika el pasado 12 de diciembre frente a las costas bretonas provocó una marea negra, cuyos efectos medioambientales sufriremos durante años. 
A la destrucción de los recursos naturales hubo que sumar el grave impacto sobre determinados sectores económicos, fundamentalmente los dependientes de la pesca. 
Y con aún 20.000 toneladas de crudo en los compartimentos del buque hundido, todo puede empeorar. 
Para los sectores de la acuicultura y de la ostricultura, indefensos ante la polución que irremediablemente ha llegado a las costas, los resultados han sido muy graves; no sólo desde la inmediatez de la contaminación de los primeros días, sino además por la posterior pérdida de cuota de mercado y el rechazo del consumidor a un producto con todas las garantías pero afectado por la propia contaminación. 
Se trata, Señorías, de regiones periféricas con un equilibrio económico inestable, que se ha visto profundamente afectado por esta marea negra, que, por desgracia, no es un hecho aislado. 
Los recursos principales de estas regiones- como los de otras vecinas- son los que les otorga la naturaleza. Una naturaleza castigada con demasiada frecuencia por actividades del hombre que podrían evitarse con más diligencia y control por parte de los poderes públicos. 
"Más vale prevenir que curar" dice el refrán, y lo dice también el presupuesto. 
Señorías, la prevención resulta muy barata comparada con el coste de catástrofes como éstas. 
El Sr. Fischler dice que siempre que el Parlamento lo llama él está presente. 
Sin embargo, en el asunto del Erika ha dado la sensación- quizás no a nosotros, pero sí a los habitantes de Bretaña y La Vendée -, como Comisario de Pesca, de no estar o de estar a tiempo parcial. 
Como ya indicara este Parlamento en su primera resolución del pasado 20 de enero, las necesidades de las industrias de la pesca, la ostricultura y el turismo, como especialmente afectadas, deben ser tenidas en cuenta. 
Por ello, ya en su momento pedimos a la Comisión que adoptase con urgencia medidas destinadas al sector pesquero, a través de la movilización de fondos específicos. 
Galicia y Bretaña, los dos Finisterres europeos, se han visto también hermanados por estas mareas negras. 
No podemos entender tampoco que experiencias como la del Urquiola o del Amoco-Cádiz no hayan servido para reforzar la legislación en el sector de los transportes marítimos tanto en lo que respecta al control de la seguridad en el tráfico de productos peligrosos como en lo relativo a los pabellones de conveniencia. 
Pedimos que esta vez sea la última. 
Pedimos que aprendamos todas las lecciones y que nos apresuremos a modificar nuestra legislación y a llenar las lagunas que hacen que cada vez nos enfrentemos a lo increíble, y que lo increíble sea, sin embargo, cierto. 
El principio de "quien contamina paga" nos parece, además de necesario, oportuno. 
Ya va siendo hora de que empiecen a pagar, porque, hasta el momento, quienes han pagado son los afectados y los contribuyentes. 
Y no sólo que paguen, sino que además limpien las zonas afectadas. 
Me alegra, por lo tanto, la respuesta del Sr. Fischler, sobre todo cuando reconoce la necesidad de aplicar medidas retroactivas y dar rápida respuesta a las solicitudes que se presenten. 
Desde mi Grupo, el Grupo Socialista, quiero enviar un mensaje de solidaridad a los afectados, a los pescadores, a los cultivadores y a los empresarios, que permiten que el mar lleve puntualmente sus productos a los mercados; a los alcaldes y a los responsables políticos, y a los voluntarios que han trabajado en la limpieza. 
A todos ellos que no les falte nuestra solidaridad. 
Me gustaría plantear dos cuestiones al Comisario. 
El Parlamento ha aprobado una resolución defendiendo que se aplique en este caso el principio "quien contamina paga", y que son responsables tanto los propietarios del barco como los de la carga. 
La verdadera cuestión que planteo al Comisario es si realmente se pueden aplicar estos principios y si recibiremos algún dinero de estos propietarios a modo de compensación. 
La segunda cuestión guarda relación con el futuro y la publicación del Libro Blanco de la Comisión sobre responsabilidad medioambiental, cuyo objetivo es garantizar que en el futuro se aplique el principio de "quien contamina paga" y asegurar una mayor capacidad para hacer cumplir adecuadamente la legislación europea medioambiental. 
El Libro Blanco reconoce que la responsabilidad sólo es efectiva cuando se pueda identificar al contaminador, cuantificar el daño causado y establecer una conexión causal clara entre el contaminador y el daño causado. 
El incidente del Erika no podría ilustrar mejor la cuestión porque refleja con exactitud el motivo para el que se diseñó este Libro. 
La cuestión parecería, por tanto, una medida perfecta de cómo tratar en el futuro este tipo de problemas. 
La directiva propuesta tiene en cuenta la estricta responsabilidad del daño que causan las actividades peligrosas reguladas por la UE, y mi preocupación, y quizás el Comisario pueda ocuparse de ella, es si el libro de responsabilidad medioambiental será o no capaz de resolver en el futuro problemas del tipo del Erika. 
Si podrá en realidad abordar esta preocupación o si, en el caso de accidentes marítimos de barcos en los principales mares, el contaminador vuelve en la práctica a eludir la obligación de pagar por el daño que ha provocado. 
Señor Presidente, dirigimos nuestra simpatía y nuestra solidaridad a los pueblos y regiones que se han visto afectados por la catástrofe. 
Pero las buenas intenciones no bastan, hay que indemnizar por los daños y compensar las pérdidas tanto en lo que se refiere a la restauración del entorno como a las instalaciones de cría de moluscos y los utensilios de pesca. 
Nos alegra que el Sr. Comisario comunique la necesidad de actuar e indemnizar rápidamente y de forma retroactiva. 
Denunciamos también el control demasiado laxista de los barcos y somos favorables a la creación de un cuerpo de guardacostas europeos y, sobre todo, a la imposición de una reglamentación más rigurosa y de que los barcos lleven doble casco. 
Denunciamos asimismo el sistema de los pabellones de conveniencia tanto en lo que respecta a los buques mercantes como a los barcos de pesca. 
Finalmente, nos ha sorprendido enterarnos de que el cargamento era muy cancerígeno, con un contenido de hidrocarburos poliaromáticos superior a mil partes por millón. 
Es decir, que de las quince mil toneladas de cargamento vertidas al mar, quince toneladas son de productos altamente tóxicos. 
Esto es inaceptable, y lo hemos sabido demasiado tarde, de manera que hay que garantizar un seguimiento médico, prestando una muy especial atención a los voluntarios que se han esforzado por la restauración del entorno. 
Por último, pensamos que es imprescindible dedicar gran atención a la prevención de estos riesgos, así como a los trabajos de investigación científica, para evitar y eliminar daños. 
Se han hecho numerosas propuestas que merecen ser estudiadas. 
No es en el último momento, ya después de la catástrofe, cuando hay que encontrar las soluciones. 
Por consiguiente, hay que actuar esencialmente en el origen. 
Señor Presidente, más de dos meses después del naufragio del Erika, sigue habiendo contaminación en costas que ya se han limpiado. 
A la vez que reitero mi solidaridad hacia todas las víctimas, querría expresar mi reconocimiento por la dedicación de los profesionales y voluntarios que siguen limpiando las playas contaminadas. 
Gracias a la movilización sobre el terreno, de la que nuestra Asamblea tomó el relevo organizando un debate y votando una resolución el 20 de enero pasado, se ha anunciado un primer bloque de medidas. 
El Gobierno francés ha lanzado una reflexión y unas propuestas para reforzar la seguridad marítima, sobre todo luchando contra los pabellones de conveniencia y adaptando medidas mucho más rigurosas de control. 
Hay que extraer todas las lecciones de esta nueva marea negra y adoptar enseguida decisiones a escala comunitaria, impedir que los barcos llenos de basura naveguen a lo largo de nuestras costas o arriben a nuestros puertos, exigir el doble casco para el transporte de materias contaminantes y reforzar las normas de seguridad y control. 
Hay que exigir además que se hagan pagar los costes generados por la contaminación a los verdaderos responsables. 
Desde luego Total Fina debe aportar medios financieros para contribuir a la reparación de los daños ecológicos, económicos y sociales y a la indemnización de los damnificados. 
El Estado francés ha aportado medios para la indemnización de los daños. 
Pero me parece que la Unión Europea no ha expresado, hasta ahora, el nivel necesario de solidaridad comunitaria. 
Efectivamente, se tienen que facilitar créditos a nivel comunitario para ayudar a limpiar las costas contaminadas, ayudar a las organizaciones que se han movilizado para devolver las aves cubiertas de fuel-oil a su estado anterior y contribuir a la recuperación de las empresas damnificadas. 
Se tendría que dar indemnizaciones compensatorias específicas a los pescadores y a los ostricultores, que han sufrido importantes pérdidas de ingresos y que tienen que invertir grandes sumas para arreglarlo todo y recuperar la confianza de los consumidores. 
Acojo con satisfacción la declaración que ha hecho el Comisario Fischler hace un momento y tomo nota de los compromisos que ha manifestado ante nuestra Asamblea. 
Deseo decir, además, que mi Grupo se mantiene vigilante y movilizado, en contacto con los colectivos de lucha sobre el terreno, para que se indemnice enseguida a los damnificados y se refuercen las legislaciones a todos los niveles, acompañándolas de sanciones reales en caso de incumplimiento. 
Señor Presidente, la razón de que, dos meses y medio después del naufragio del Erika, sea importante volver a tratar el tema de la marea negra es que la amplitud de la catástrofe económica, social y ecológica que castiga a nuestra fachada atlántica es en realidad mucho más amplia de lo que habían dado a entender las primeras evaluaciones. 
En quinientos kilómetros de cornisa atlántica, siguen llegando diariamente placas de alquitrán. 
Es extraño que la composición exacta del cargamento no siempre esté clara. 
La catástrofe ecológica es una catástrofe de grandes dimensiones, quizá sin precedentes. 
Las limpiezas masivas de tanques se multiplican, las dieciséis mil toneladas de alquitrán que están depositadas en los restos del naufragio a ciento veinte metros de profundidad constituyen un gran riesgo de nueva contaminación. 
Todos los profesionales de los sectores de la pesca y la acuicultura han quedado ya gravemente afectados. 
Las principales víctimas son ahora los criadores de moluscos. 
Eran los más productivos de Europa. 
Las víctimas de primera línea son los productores o distribuidores a quienes se ha prohibido vender en la Vendée y en Loire-Atlantique. 
Algunos han perdido ya varios años de recolección, pero la caída de las ventas del 50% al 80% afecta a todos los puertos de la fachada atlántica e incluso a los del Canal de la Mancha y el Mar del Norte. 
En lo que respecta a la pesca propiamente dicha, la que actualmente se ve más directamente perjudicada es la de artes fijos. 
Tras los moluscos, la caída de las ventas alcanza a los crustáceos. 
Las jornadas de pesca perdidas, que son numerosas, afectan al conjunto del sector; y sobre todo, el futuro de los productos pesqueros, cuyos precios habían mejorado en general a lo largo de todos estos últimos años, se ha interrumpido completamente por la reacción de los consumidores y, desgraciadamente, se está empezando a registrar una pérdida de confianza. 
Los dos grandes recursos del litoral atlántico, estrechamente interconectados: la pesca y el turismo, se han visto uno y otro duramente afectados. 
Se corre el riesgo de perder la temporada y de arrastrar a finales de año una crisis sumamente grave. 
Por ello estaba plenamente justificado que nuestro Parlamento elaborara una nueva resolución a la que nuestro Grupo ha contribuido de forma muy importante, haciendo hincapié en algunos puntos que consideramos sobre el terreno como de primerísimo orden. 
El primero de ellos es que quien contamina debe asumir todas sus responsabilidades. 
En nuestra resolución se pide la aplicación de dos principios: el de "quien contamina limpia", pues no es admisible que la limpieza de las costas contaminadas por un cargamento de hidrocarburos no corra a cargo del propietario, sino de las colectividades públicas, o sea, los contribuyentes, o sea, las víctimas. 
El segundo principio es el de "quien contamina paga". 
Su responsabilidad, según se precisa en nuestra resolución, debe cubrir también los sectores y empresas de pesca y acuicultura. 
Es esencial; quiere esto decir que el contaminador no puede pretender limitar el importe de la indemnización de las víctimas en función del máximo fijado por el FIPOL, es decir, en función de la buena voluntad de las grandes compañías petroleras. 
Si el límite máximo del FIPOL es insuficiente, y está claramente subestimado, hay que aumentarlo. 
Así se pide en nuestra resolución. 
Y si el aumento es insuficiente, el contaminador deberá financiar el resto. 
Sería particularmente inicuo que una compañía petrolera, cuyos beneficios ascienden este año a diez mil millones de francos, rechazara indemnizar al 100% de sus propias víctimas, la gran mayoría de las cuales se compone de pequeñas empresas y trabajadores. 
Las poblaciones malparadas, señor Comisario, esperan que se manifiesten a nivel europeo señales concretas de solidaridad. 
En nuestra resolución se pide a la Comisión que adopte medidas para contribuir a reparar los daños causados en el sector de la pesca afectado por las consecuencias de la catástrofe. 
La Europa azul, la PPC, debe mostrar ahora que, más allá de las obligaciones que impone a los pescadores, la solidaridad no es una palabra que ignore. 
La Unión Europea debe participar asimismo en la recuperación del entorno en las zonas húmedas y zonas costeras afectadas cuyo valor biológico sea de interés para toda la Unión. 
El Sr. Fischler acaba de decirnos que acogería favorablemente las peticiones de Francia, algo de lo que me congratulo. 
En este tema esencial de la contaminación marina, debemos actuar de acicate. 
Veinte años después de la catástrofe del Amoco Cádiz, siguen reinando de forma dominante en Europa el laxismo y la irresponsabilidad en materia de seguridad marítima, junto con sus frutos: nuevas mareas negras. 
Esta vez no debe triunfar la inercia. 
Hay que definir rápidamente un marco general en materia de seguridad marítima respetando el principio de subsidiariedad y terminar por fin con esta espiral infernal de irresponsabilidad generalizada. 
Señor Presidente, es cierto que hay muchas catástrofes, a veces con balances que dejan a uno helado. 
Treinta y cinco mil muertos en Caracas, por ejemplo. 
Pero lo que subleva de la catástrofe del Erika, después de la del Amoco Cádiz, y de otras muchas, es que todo era previsible. 
Todo era evitable porque las mismas causas producen los mismos efectos, y las causas no son desconocidas. 
No dependen de lo secundario, la ausencia de medidas técnicas, el doble casco, todas esas menudencias que tanto gustan a los Verdes. 
Hace un momento, nuestro colega Piétrasanta nos ha ofrecido un florilegio de esas menudencias. 
Las causas son la ausencia de una marina mercante, lo que hace que volvamos a la época de los negreros, con restos de naufragios flotando a la altura de Atenas. 
Son la ausencia de astilleros navales, lo que hace ir a Montenegro. 
Son la ausencia de una política fiscal y social, lo que hace que no seamos competitivos en un marco de mundialización. 
Son el imperialismo marítimo desde el holandés Grotius, que lo bloquea todo para salvar Rotterdam. 
Pero, en lugar de cambiar, que hace Bruselas? 
Admite a Malta, campeón de los pabellones de conveniencia, como si para combatir la inmigración bastara admitir a Turquía. 
Por ello, temo por los ostricultores, por los pescadores, por las poblaciones del litoral, por las aves, por la naturaleza. 
Habrá otros Erika, porque las catástrofes naturales y las catástrofes Erika son hijas de la mundialización, y la mundialización es la mercancía oculta del pabellón de conveniencia europeo. 
Señor Presidente, la economía del oeste atlántico está damnificada, cubierta por el fuel-oil del Erika. 
Pescadores, ostricultores, criadores de moluscos, profesionales del turismo, colectividades locales y territoriales se impacientan esperando ayudas, así como el tratamiento del casco, que, al parecer, sigue teniendo escapes y constituye una verdadera bomba de efecto retardado. 
Europa, que desdichadamente ha suprimido la línea presupuestaria dedicada a las "catástrofes naturales en beneficio de los países miembros", debe reaccionar. 
Reaccionar en primer lugar en nombre de la solidaridad, pero también en nombre de la parte de responsabilidad que le corresponde en esta enésima marea negra. 
Verdaderamente, a los ciudadanos les cuesta comprender por qué Europa acepta lo que los americanos rechazan y por qué Europa, por lo general tan dispuesta a legislar en materia de medio ambiente, ha dejado estancada hasta ahora la seguridad marítima. 
Europa debe legislar cuanto antes y esclarecer completamente este naufragio. 
Pero, mientras tanto, la Comisión debe movilizar con urgencia los Fondos europeos para ayudar a las empresas damnificadas, tratar los restos del naufragio, limpiar el litoral, aumentar la capacidad de almacenamiento de residuos, asegurar su tratamiento o reciclado e instaurar un programa de investigación sobre la recogida de petróleo del mar. 
Por último, la Comisión debe restablecer una línea presupuestaria consecuente de «catástrofes naturales para los países miembros» y hacer que los departamentos damnificados puedan recibir ayudas de los Fondos estructurales. 
¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre estas propuestas? 
¿Qué decisiones ha tomado ya y cuáles piensa tomar? 
¿Qué curso ha dado a la resolución votada el 20 de enero de 2000 por el Parlamento Europeo? 
Por ahora, no hemos visto ninguna medida concreta sobre el terreno. 
Señor Presidente, querría decirle, haciéndome eco de las palabras de algunos diputados, que la situación, dos meses y medio después del naufragio, sigue siendo especialmente crítica y que incluso se está revelando cada día un poco más amplia. 
Hay dos puntos de vista: el medioambiental para empezar. 
El casco contiene aún dieciséis mil toneladas de combustible pesado que se escapa; y además de estos escapes, la semana pasada observamos y contabilizamos, desgraciadamente, treinta y cinco actos de piratería ecológica, treinta y cinco limpiezas de tanques que se añaden de manera indigna a esta situación absolutamente catastrófica. 
Acerca de este problema, la Sra. de Palacio se ha extendido mucho y yo creo que ha iniciado las obras sin esperar a lo que hoy es absolutamente necesario, el esbozo de un derecho marítimo europeo, gracias a un proyecto de directiva sobre el transporte marítimo de mercancías peligrosas. 
Se volverá a encontrar, desde este punto de vista, con la voluntad francesa de marcar su presidencia con reglamentos dirigidos hacia una mayor seguridad. 
Pero es en el plano económico donde se produce el segundo impacto- primero el impacto medioambiental, segundo el impacto económico -, tal como han dicho aquí muchos diputados. 
La cría de moluscos, la pesca, la ostricultura y la piscicultura están actualmente gravemente damnificadas. 
Porque a la marea negra se añaden los daños del temporal, en muchos lugares. 
Por desgracia, estas actividades han salido terriblemente dañadas. 
Tendrán, por un lado, que reconstruir y, por otro lado, lo que es quizá más complicado, recobrar la confianza comercial. 
Ante esta situación, los habitantes de Bretaña, de la Vendée y de Charente, y en otras áreas los silvicultores, aguardan una señal de la Unión Europea. 
No podemos, a un mismo tiempo, situar este mandato bajo el signo de un acercamiento a los ciudadanos y mantenernos «callados» , sin respuestas concretas, frente a fenómenos de este orden y amplitud. 
He tomado nota, y con mucha atención, de las palabras del comisario Fischler, que quizá sean las más concretas que hemos escuchado en el día de hoy. 
Cierto que ha habido manifestaciones de compasión y solidaridad y que se han anunciado cosas, pero hoy ya es hora de que a la espera siga una manifestación concreta de la solidaridad europea. 
El vertido de petróleo del Erika forma parte del catálogo de desastres que se han producido recientemente en aguas comunitarias, incluyendo el vertido del Braer en Shetland y del Sea Empress de Gales. 
Estos vertidos, además de causar daños ecológicos irreparables, han devastado industrias locales. 
En el caso del Erika, la pesca local y las industrias de la acuicultura han recibido un fuerte golpe, y es importante considerar no sólo los efectos perjudiciales inmediatos hoy evidentes, sino también los efectos perjudiciales a largo plazo de la contaminación del petróleo. 
Es esencial que se haga efectiva la compensación. 
Es hora de que se intensifique la seguridad de la navegación dentro de la Comunidad y de que se introduzcan más controles, incluido terminar con el uso de banderas de conveniencia a las que cada vez recurre más el sector de la pesca. 
Las empresas responsables, los propietarios del barco y la carga, deben pagar por su negligencia. 
La fondos de compensación actuales no son adecuados y esto se puso sobradamente de manifiesto en el caso del desastre del Braer, cuando las pérdidas de la industria pesquera de las Islas Shetland no recibieron suficiente compensación. 
Debemos aprender de la experiencia pasada y asegurar que se recuperen las industrias afectadas por el vertido del Braer. 
Señor Presidente, volver a hablar hoy de esta catástrofe, dos meses y medio después de la catástrofe del Erika, es necesario porque sus consecuencias dramáticas no han terminado ni mucho menos. 
Es preciso que sigamos manteniendo la presión, en conexión con las poblaciones organizadas, para que Total pague la totalidad de lo que ha sido destruido a causa de su búsqueda desenfrenada de beneficios, y que a la vez nos comprometamos decididamente para que de una vez por todas este tipo de catástrofe no vuelva a producirse. 
Aunque la propuesta de resolución común es interesante, no aborda el problema de los pabellones de conveniencia, problema que es urgente tanto denunciar como resolver, si queremos seguir una lógica de prevención de las catástrofes marítimas. 
En efecto, tal como figura en la resolución, no se trata tanto de mejorar los controles de seguridad de estos pabellones de conveniencia como de trabajar hoy en pos de su supresión. 
Es la única solución para que los marineros vivan y trabajen en condiciones satisfactorias, para que gocen de una legislación y de una protección social eficaz y para que se respeten las actividades de pesca y el medio ambiente. 
Después de cada catástrofe marítima, se ha votado una resolución del Parlamento. 
En ella generalmente se proponen medidas técnicas positivas, algunas de las cuales quedan recogidas en directivas. 
Si se aplicaran, se opondrían de hecho a la lógica del menor coste, en la que se basan los pabellones de conveniencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, en tanto ponente de la directiva relativa a las instalaciones portuarias receptoras de desechos, quiero hacer un par de observaciones, también de cara a la prevención de la contaminación marina, que me han surgido y de las que, en mi opinión, se habló poco en la green shipping conference de Hamburgo en la que todos estuvimos presentes. 
En ella, se señaló que del 5 al 10% de la contaminación por hidrocarburos proviene de semejantes catástrofes. 
Éstos están muy concentrados y ocasionan muchos problemas; no obstante, el 60% procede de la contaminación industrial; y el 10%, sólo por señalarlo, resulta de la contaminación natural. 
Lo que quisiera proponer en este contexto no tiene tanto que ver con la mejora de las técnicas, con unos mejores controles y una mejor regulación; lo que sí tenemos que convocar, pero en el marco de una actividad empresarial responsable con la sociedad, es una especie de mesa redonda con los implicados en la grave contaminación marina causada por hidrocarburos. 
Quisiera abogar por ello. 
Señor Presidente, distiguidas señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera dar las gracias por la discusión tan comprometida que ha tenido lugar aquí. 
También se ha puesto de manifiesto con toda claridad que debemos actuar en dos direcciones. 
Por un lado, en la prevención, es decir, hemos de reflexionar acerca de cómo podemos mejorar en los diversos ámbitos las directivas, el Derecho marítimo y otras cosas, de manera que en el futuro no exista en tales proporciones el riesgo de que se produzcan semejantes catástrofes. 
En segundo lugar: ¿qué hemos de hacer para prestar ayuda allí donde se ha producido la catástrofe? 
Pues bien, quisiera decirles que mi colega, la Sra. De Palacio, ha formulado ya tres propuestas muy concretas en el procedimiento Interservice. 
Espero que la Comisión apruebe estas propuestas todavía en marzo para poder seguir avanzando en el terreno de la prevención. 
En primer lugar, que se intensifiquen los controles nacionales de la seguridad en los barcos. 
En segundo lugar, que se intensifiquen los controles de la Comisión respecto de las organizaciones que han de evaluar las condiciones de seguridad de a bordo en los barcos. 
En tercer lugar, transcurrido un determinado período de transición, queremos prohibir absolutamente que por las aguas comunitarias naveguen petroleros de un solo casco. 
Creo que con estas medidas lograremos de hecho un auténtico avance. 
Por lo demás, para el curso del presente año están previstas otras medidas y en el marco de estas medidas vamos a estudiar también con toda seguridad la cuestión de los pabellones baratos. 
En lo que se refiere a las ayudas, muchos han pedido que se instituya de nuevo la línea presupuestaria para indemnizaciones. 
Pero yo quisiera rogarles que comprueben a cuánto ascendía la cuantía de esta línea presupuestaria. A tenor del dinero que existía en esta línea presupuestaria no se puede hablar de una auténtica ayuda. 
Puedo recordar muy bien los grandes debates que en relación con la EEB mantuvimos en esta Asamblea acerca de que todo esto no es más que un placebo y que en realidad no sirve de nada. 
Tal como ya he expuesto, sólo a través de programas podemos prestar ayudas considerables. 
En este caso- ya lo he afirmado- la iniciativa corresponde ahora al Gobierno francés, sobre todo. 
Les he asegurado a ustedes que en cuanto recibamos de Francia los programas, los estudiaremos con toda celeridad y los aprobaremos también. 
Solamente quería agradecer al Comisario Fischler la respuesta que ha dado a la pregunta oral que presentó nuestra comisión. 
Yo creo que nos ha dado datos importantes y es de agradecer que los Comisarios vengan con datos concretos e importantes. 
Creo que, en lo que se refiere al caso concreto del Erika, se están tomando medidas y se está coordinando la acción con las autoridades francesas. 
Pero lo que ha preocupado aquí fundamentalmente es que no tengamos que volver a estar debatiendo este asunto, porque el quid de la cuestión son las medidas preventivas. 
Ha hecho referencia- yo quería ir por ahí- a que la Comisión se va a reunir y va a adoptar un paquete de medidas técnicas y legales. 
Creo que este es el camino por el que tenemos que ir. 
Simplemente quiero decirle que son muy bienvenidas y que desde la Comisión de Pesca vamos a hacer un seguimiento muy puntual de estas medidas para que no tengamos que estar congregados en este Parlamento lamentando hechos como el que estamos lamentando ahora. 
He recibido 5 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Acuerdo comercial CE/Israel 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0012/2000) de la Sra. Morgantini y otros, a la Comisión, sobre la aplicación irregular del Acuerdo de comercio CE-Israel. 
Señor Presidente, en realidad, hoy hemos de debatir algo muy simple: el respeto, la aplicación y la evaluación de los acuerdos que firma la Unión Europea, el cumplimiento de los Tratados y de las normas internacionales a las cuales se adhiere la Unión Europea. 
Se trata de algo simple, pero en el mundo a menudo lo difícil es lograr la simplicidad. 
Éste es el propósito de las y los colegas que, junto conmigo, se han hecho promotores de la pregunta oral formulada a la Comisión: la correcta aplicación del Acuerdo comercial CE/Israel que- no solo tenemos motivos para creerlo, sino que disponemos, junto con numerosos Estados miembros, de pruebas concretas- Israel incumple abiertamente. 
Asimismo, tenemos motivos para creer que la Comisión no se ciñe a lo que debería ser algo propio de su función, esto es, ser la guardiana de los Tratados comunitarios. 
Estamos hablando del artículo 38 de la cláusula territorial que limita el ámbito de aplicación al territorio del Estado de Israel y que, por lo tanto, no permite preferencias aduaneras para los productos procedentes de los territorios ocupados militarmente por Israel en junio de 1967 y en los cuales, en contra de toda norma internacional, empezando por el Cuarto Convenio de Ginebra, los distintos Gobiernos israelíes han ido construyendo asentamientos confiscando tierras y aguas de propiedad palestina y trasladando a su población a dichos asentamientos. 
No es la primera vez que la Comisión y el Parlamento abordan este asunto: recuerdo aquí sólo el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento, presentado en mayo de 1998, que rechazaba la negativa de Israel a aplicar el Protocolo sobre las normas de origen según dispone el artículo 38. 
Pese a esto, la Comisión no consiguió que Israel respetase estos acuerdos, y ha venido dando respuestas vagas a las distintas preguntas parlamentarias sosteniendo la dificultad de disponer de pruebas fehacientes acerca del origen de los productos, aunque, acertadamente, siempre ha recordado a Israel las obligaciones jurídicas del Acuerdo. 
Para facilitar la tarea a la Comisión y a los Estados miembros en cuanto a disponer de pruebas fehacientes, un movimiento por la paz israelí ha publicado una lista de empresas domiciliadas en los asentamientos y una organización no gubernamental palestina ha reunido y presentado a los servicios aduaneros de los distintos Estados miembros pruebas irrefutables que certifican el Estado de origen de numerosos productos procedentes de los territorios ocupados y presentes en los mercados nacionales de la Comunidad. 
Voy a señalar en concreto sólo algunos de ellos, producidos en el Golán y en los territorios ocupados: vino y otros. 
Es tiempo de paz en Palestina y en Israel: en este momento, si la Unión Europea y el Parlamento quieren desempeñar un papel político activo, es importante la credibilidad y el respeto a la legalidad de los Tratados y de los Acuerdos. 
Israel tiene la certeza de que Europa está a favor de la seguridad y de la estabilidad de su Estado, pero no puede pedirnos que seamos cómplices de unas violaciones tan graves. 
Los palestinos saben que la Unión Europea está a favor de la afirmación de su Estado y de sus derechos; sin embargo, deben tener la confirmación de ello. 
La paz no se construye violando los derechos: nos lo dicen aquellos israelíes como, por ejemplo, el soldado Igal Moshe que, hace cuatro días, se negó a ir a Líbano y hoy está en la cárcel; nos lo dicen aquellos palestinos que quieren la paz, a pesar de sus casas destruidas y a pesar de que, después de cincuenta años, siguen siendo refugiados; y ante todo nos lo pide el respeto hacia nosotros mismos y a las reglas democráticas que nos hemos dado. 
Sin embargo, déjenme decir más concretamente que esto afecta también a la pérdida por parte de los propios Estados miembros y la Unión de recursos económicos sustraídos a los ciudadanos europeos en violación de los derechos humanos y económicos. 
Señor Presidente, Señorías, señora Morgantini, las preguntas que ha formulado a la Comisión versan sobre posibles exportaciones ilegales a la Comunidad Europea originarias de los asentamientos israelíes o de los territorios ocupados que gozan de trato preferente y, por consiguiente, ponen en entredicho la aplicación correcta de las normas de origen preferente. 
Por lo demás, la Comisión ya dio una respuesta escrita a una pregunta de Su Señoría sobre el mismo asunto en enero de 2000. 
Su Señoría desea ahora obtener informaciones complementarias. 
Voy a intentar facilitárselas. 
En primer lugar, por lo que se refiere a la falta de claridad del acuerdo, puedo confirmar a Su Señoría que el acuerdo provisional sobre comercio y asuntos conexos entre la Comunidad Europea e Israel especifica que es aplicable al territorio de los Estados miembros de la Comunidad Europea y- cito- "al territorio de Israel". 
Y que, por consiguiente, con la óptica de la Unión Europea, no entraña falta de claridad alguna en virtud de las especificaciones que en la respuesta escrita dio el Comisario Christopher Patten, cuando dice que- y voy a citar en la lengua original -: 
"... como ya se explicó en la comunicación, la Comunidad no puede considerar los asentamientos israelíes o los territorios ocupados como parte del territorio israelí debido a aplicación del acuerdo entre la CE e Israel. 
Esta cuestión es muy sensible, porque guarda relación con la cuestión más amplia de las fronteras, tanto para los israelíes como para los palestinos ". 
(PT) Hemos expuesto repetidas veces esta posición a las autoridades de Israel en todas las reuniones oficiales entre la Comisión y el ministro israelí, la más reciente de las cuales se celebró el 21 de enero, ocasión en la que el primer ministro Shimon Peres se reunió con el Presidente de la Comisión Romano Prodi y el Comisario Christopher Patten. 
Por lo demás, es de dominio público- acaba de decirlo Su Señoría- que la interpretación dada por Israel en el ámbito de la aplicación territorial del acuerdo no coincide con la de la Unión Europea, pero, en la óptica de la Comisión, nuestra interpretación no entraña ambigüedades. 
A eso se debe la pertinencia de la segunda pregunta, relativa a la eficacia del sistema de verificación. 
El procedimiento de verificación del origen de los productos permite determinar si puede acogerse un producto al derecho de trato preferente, aun en caso de falta de cooperación por parte del tercer país participante en la determinación de dicho origen. 
En la respuesta escrita que le facilitamos, la Comisión hace referencia a la simplificación de los procesos para determinar el origen de los productos, lo que no quiere decir, evidentemente, que eso, por sí solo, resuelva el problema, es decir, que esa simplificación pueda propiciar directamente el esclarecimiento del origen del producto. 
Mientras que los servicios aduaneros de los Estados miembros se ocupan de la identificación de las remesas que pueden no ser originarias de Israel- cosa que hacen las autoridades aduaneras nacionales -, la Comisión, por su parte y en el ámbito de su responsabilidad, prosigue el diálogo con las autoridades israelíes con vistas a la aplicación correcta del protocolo relativo a las normas de origen conforme a una interpretación que la Comisión puede subscribir. 
En caso de que esas iniciativas en curso no permitan determinar el origen de los productos, la Comisión está examinando la posibilidad de estudiar la organización de una reunión del Comité de Cooperación Aduanera, en cuyo ámbito se pueden resolver precisamente las diferencias relativas a los procedimientos de verificación en acuerdos de ese tipo. 
Por lo que se refiere a las nuevas disposiciones, en reuniones oficiales la Comisión ha examinado detalladamente junto con las autoridades israelíes la cuestión de la aplicación del acuerdo respecto del cual existen procedimientos bien determinados. 
En enero de este año, las autoridades israelíes propusieron la creación de un grupo de trabajo tripartito compuesto por representantes de las autoridades palestinas, del Gobierno israelí y de la Comisión. 
El objetivo de ese grupo de trabajo sería el de encontrar soluciones recíprocamente aceptables para el período de transición que no perjudicaran el resultado final de las conversaciones en curso ni fueran contrarias a los acuerdos en vigor hasta que se haya obtenido un acuerdo final. 
El Presidente Yasser Arafat aceptó esa propuesta en la reunión del pasado 24 de enero con el Comisario Christopher Patten y, por eso, la Comisión se propone confirmar tanto al Gobierno de Israel como a las autoridades palestinas que está dispuesta a aceptar esa propuesta, que, a nuestro juicio, responde a las preocupaciones aquí planteadas por su Señoría. 
Señor Presidente, uno de los objetivos más importantes de la política mediterránea de la Unión Europea es el de participar eficazmente en el proceso de paz entre Israel y los Estados árabes y, en especial, entre Israel y la Autoridad Autónoma Palestina y apoyar de forma efectiva este proceso en los puntos en que sea posible. 
En el ámbito económico esto significa que, a tenor del Acuerdo existente, los mercados europeos están abiertos a los productos procedentes de Israel y del territorio autónomo de los palestinos. 
A este respecto, hay que decir que las exportaciones hacia la Unión Europea procedentes del territorio del Estado de Israel y las exportaciones procedentes del actual territorio palestino, son objeto de un trato preferencial por parte de la Unión Europea. 
Respecto de los territorios ocupados que en el marco del proceso de paz, han de ser asignados en una nueva regulación de fronteras al territorio nacional de uno y otro país, desde un punto de vista estrictamente jurídico no se han previsto aún regulaciones de trato preferencial de este tipo, que han de ser concretadas en cada caso particular. 
En esto coincidimos con la Comisión. 
Por consiguiente, ahora es importante que Israel, en su territorio nacional, y los palestinos en su territorio provisional, aseguren la aplicación jurídicamente impecable de esta regulación preferencial concreta. 
Pero, al mismo tiempo, somos partidarios de que, en relación con estos territorios ocupados, se conceda a las partes directamente afectadas- usted se ha referido a esto, señor Comisario- un margen temporal suficiente para encontrar una solución negociada. 
En definitiva, el acceso fácil al mercado de la Unión Europea debería regir para todos los productores, sean israelíes sean palestinos, en cuanto se hayan solucionado gradualmente de una manera definitiva los problemas territoriales con la construcción de un futuro Estado palestino. 
Por consiguiente, la Unión Europea debería seguir contribuyendo a la solución del problema, en vez de agudizarlo aún más practicando ahora atribuciones unilaterales de culpabilidad que no son de ninguna utilidad. 
En consecuencia, en nombre de la gran mayoría del Grupo PPE, insto a Israel, a los palestinos- y la actitud de Arafat es una señal estimulante en este sentido- y a la Comisión a que intensifiquen las conversaciones exploratorias directas para lograr sin demora una regulación de esta cuestión comercial, aún no resuelta, entre la Unión Europea, por un lado, e Israel y la Autoridad Palestina, por otro. 
Así pues, permítanme animar a la Comisión- al Sr. Vitorino y al Sr. Lamy- a que sigan apoyando el proceso de paz mediante una actuación discreta, pero encaminada a la cooperación, de suerte que se apoyen los legítimos intereses de los productores palestinos, tal como lo viene haciendo el Parlamento desde hace 10 años, y al mismo tiempo continúen ampliándose nuestras estrechas relaciones comerciales con Israel y con sus productores. 
Señor Presidente, son suficientemente conocidas las dificultades que atraviesa el proceso de paz en Oriente Medio, demasiados los obstáculos políticos de los que debemos ocuparnos. 
Es tanto el peso de lo político que ello podría contribuir a desanimarnos a la hora de considerar un obstáculo, en principio tan sólo jurídico, como es el de la incorrecta aplicación del acuerdo comercial del que estamos hablando. 
Por ello, desde una visión determinada, podría ser tal vez razonable defender que la consideración de las exportaciones irregulares a Europa desde los asentamientos judíos en territorios palestinos, al no ser contemplada como problema político número uno, debiera ser aplazada hasta que se logre un acuerdo final de paz. 
Yo, sin embargo, estimo que el incumplimiento reiterado de elementos jurídicos previamente pactados- unido a la frustración acumulada por incumplimientos en tantos otros temas- puede convertirse en un elemento político que perjudique el propio proceso de paz. 
En definitiva y lamentablemente, en un conflicto de la naturaleza del de Israel o palestino todo acaba siendo politizado si no se toman a tiempo medidas oportunas para evitarlo. 
De ahí que tenga, en mi opinión, escaso sentido que, al iniciar hace tan sólo un par de días su viaje a Oriente Medio, el Presidente Prodi responda lo siguiente a una pregunta periodística sobre este tema: " No está en nuestra agenda tratar este asunto. 
Hemos decidido que nuestra agenda se ocupe únicamente de temas políticos ". 
Creo con toda franqueza que, si resulta probado que el acceso preferencial a los mercados comunitarios de productos procedentes de esos asentamientos está teniendo lugar, la Comisión tiene el deber de reaccionar. 
Debe hacerlo porque, como la propia Comisión defiende y el derecho internacional sanciona, los asentamientos no forman parte del territorio del Estado de Israel y porque el hecho de que Europa base sus acciones en el derecho internacional en sus relaciones con las partes concernidas en el proceso de paz no hará sino beneficiar a éste. 
Por eso y para terminar, quisiera preguntar a la Comisión- sobre cuya intención de aplicar la legalidad vigente no dudo- si ha previsto algún esfuerzo o mecanismo especial adicional o suplementario para hacer dicha aplicación más eficaz en el caso que nos ocupa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con la firma de los acuerdos de Oslo, en 1995, las relaciones entre israelíes y palestinos entraron en una nueva fase, la cual debe conducir a una paz justa y duradera entre socios que se respeten. 
Dentro de este proceso, la Unión ha desempeñado una función inestimable, en su calidad de primer proveedor de ayuda económica a la región. 
La razón principal de los problemas de aplicación de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea e Israel, según se ha dicho ya, es la delicada cuestión de las fronteras. 
La interpretación israelí no es la de la Unión, algo que ha recordado el comisario. 
En cualquier caso, se trata de un proceso en curso de negociación, difícil, pero al que todos queremos ver triunfar. 
Este proceso es esencialmente político y la Unión estaría poco inspirada si buscara únicamente una solución técnica que no sería sino transitoria, en ausencia de unas fronteras legales entre ambos Estados. 
El proceso de conciliación deberá pasar por la única vía posible, la del diálogo. 
También se debería poner en marcha un grupo de trabajo trilateral, que reuniera a expertos palestinos, israelíes y de la Comisión. 
Podemos esperar, en este contexto, que los protagonistas lleguen a solucionar las diferencias y a poner en pie una solución creativa para este período transitorio. 
Tal como ocurrió en Europa hace medio siglo, el desarrollo socioeconómico del Próximo Oriente es una condición esencial para la paz. 
Tenemos pues una experiencia que ofrecer en la materia y estamos especialmente bien situados para medir en la actualidad el camino recorrido. 
Ojalá que israelíes y palestinos puedan hacer gala del mismo ánimo optimista. 
Señor Presidente, señor Comisario, el proceso de paz en Oriente Medio es una cuestión sumamente delicada. 
Las fronteras exactas del estado de Israel, la única democracia en la región, tan sólo acabarán siendo reconocidas por todos cuando tengan éxito estas negociaciones. 
La aplicación del acuerdo comercial celebrado entre la Unión Europea e Israel, que tampoco define el territorio de este último, se desarrolla ante este telón de fondo. 
De ahí que se plasme en él una relación considerable entre las actividades económicas desarrolladas en la parte israelí y en el territorio palestino. 
Debido a esto, los acuerdos de Oslo han previsto en el Protocolo de París una aduana enveloppe que abarca al estado de Israel y a la Autoridad Palestina. 
Además, la Comisión y las partes mencionadas están de acuerdo con la creación de un grupo de trabajo común para discutir cuestiones de origen. 
La economía palestina sufriría especialmente ante una actuación unilateral por parte de la UE. 
Los potenciales inversores en esa zona ya han indicado que se echarán atrás si las empresas conjuntas dejan de tener preferencia. 
Señor Presidente, esta Asamblea comparte en términos generales la preocupación que subyace en la pregunta que encabeza la Sra. Morgantini. 
Creo que el Comisario Vitorino ha dejado clara la posición de la Comisión y, a mi juicio, ha respondido adecuadamente a las inquietudes aquí suscitadas, pero me parece que no debemos quedarnos ahí. 
Por lo tanto, desde esa afirmación previa, me parece que podríamos ampliar las líneas de coincidencia tomando como base la privilegiada información que hemos podido deducir la propia Sra. Morgantini y yo mismo al acompañar a la Presidenta del Parlamento Europeo en una gira por la zona. 
En primer lugar, creo que, a pesar de las dificultades existentes que hemos podido comprobar in situ, tenemos que reiterar nuestro apoyo al diálogo directo entre el Gobierno de Israel y la Autoridad palestina, que concluya con un acuerdo de paz justo, estable y definitivo. 
En segundo lugar, creo que va en interés de ambas partes asegurar el desarrollo económico de la región y afrontar con decisión la reducción de los fuertes desequilibrios de riqueza que se evidencian en la zona. 
Por último, en tercer lugar, tal vez la Comisión podría tener en cuenta la utilidad de profundizar en la tarea de un grupo de trabajo tripartito, naturalmente con la participación de la Unión Europea, que garantice el cumplimiento de los acuerdos comerciales y nos haga progresar en la cooperación que brinda la Unión Europea en beneficio de todas las partes concernidas. 
Señor Presidente, he escuchado la respuesta del Comisario Sr. Vitorino y he de manifestar que estoy satisfecho. Me parece que su intervención trata de responder a los interrogantes contenidos en la pregunta. 
También considero que debemos recalcar la importancia que, para la Unión Europea y, por ende y desde el punto de vista ejecutivo, para la Comisión, tiene el hecho de favorecer actividades tripartitas, en particular en lo que se refiere a los niveles de cooperación económico-financiera y científica, con el fin de conseguir que nuestra presencia cuantitativa, en términos de dinero, se pueda convertir cada vez más en una presencia política más significativa en Próximo Oriente. 
Creo que ésta es la lección que debemos extraer de una situación que viene de lejos. 
Por lo que respecta al caso que nos ocupa, acabo de escuchar que el Sr. Galeote se refería a la visita de nuestra Presidenta y el Sr. Menéndez del Valle a la visita del Presidente Prodi a Israel y a otros países de Próximo Oriente. 
Considero que ambos Presidentes han hecho bien en no incluir en su agenda este asunto: cada cosa debe ocupar su lugar y cada nivel, obviamente, debe tener sus prioridades. 
Creo que fue un acierto de los dos más altos representantes del Parlamento y de la Comisión abordar los temas más delicados del proceso de paz que, como sabemos, continúa encontrando dificultades. 
Es preciso que respaldemos totalmente este proceso de paz y la atención que prestamos a esos hechos denunciados en la pregunta de la Sra. Morgantini, no es una atención perjudicial o perjudicialmente negativa para una de las partes implicadas: es la severidad de los amigos, es la severidad con el Gobierno amigo de Israel a fin de que estas ilegalidades e irregularidades no se repitan, pues perjudican a todos. 
Desde este punto de vista, también esta iniciativa debe entenderse de forma positiva, como una iniciativa que quiere favorecer el proceso de paz en Próximo Oriente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el actual acuerdo comercial entre Israel y la CE es, efectivamente, confuso. 
Además, resulta muy difícil determinar la procedencia de los productos en cuestión. 
Sostengo, por tanto, que es deseable que se aclare cuanto antes. 
Sin embargo, existen otros factores importantes que debemos tener en cuenta. 
Al fin y al cabo, todos estamos completamente de acuerdo en cuanto a que debe alentarse el relanzamiento de las negociaciones de paz y no obstaculizarlo. 
Por el momento, Israel y los palestinos han negociado profundamente sobre sus futuras fronteras. 
Cada esfuerzo de quien intenta definir, por no decir imponer, el ámbito territorial de aplicación, también cuando se trata de un tercero, resulta prematuro en este momento. 
Me parece mejor esperar los resultados en cuanto a las reglas de origen del grupo de trabajo tripartito, que se creará conjuntamente, por iniciativa de Israel, la Comisión Europea y también los palestinos. 
Me alegra que el Comisario comparta también mi opinión. 
Ojalá que este grupo de trabajo encuentre una solución provisional para el problema dentro del actual marco jurídico, sin que se ponga en peligro el proceso de paz. 
Éste merece prioridad absoluta, especialmente por parte de la Comunidad Europea; Europa no puede poner ninguna traba a este proceso. 
Parece que hay hoy un notable consenso en la Cámara, pero me gustaría resaltar algunos puntos. 
Aquí en el Parlamento, el comercio en Oriente Medio siempre ha sido una cuestión muy controvertida. 
Somos proveedores importantes, pero por desgraciada hemos sido marginados durante demasiado tiempo en Oriente Medio en cuanto a política y a influencia política se refiere, y podemos contribuir positivamente, como hoy han señalado muchos oradores, igual que lo hicimos en el caso de Irlanda del Norte. 
Somos consumidores importantes de bienes procedentes tanto de Israel como de los territorios ocupados y, en efecto, el comercio es probablemente nuestra fuerza política principal en la zona, y nuestra mayor ventaja política es asegurar la promoción del Estado de Derecho, ya que pretendemos contribuir al acuerdo de paz. 
Las fronteras se están cerrando, en algunas ocasiones de modo arbitrario, y en otras después de un ataque terrorista. 
En una de mis visitas a la zona he visto flores y fresas pudriéndose, tiradas en las calles de Gaza, mientras se las comían los burros y sus productores palestinos miraban con incapacidad y desesperación. 
Pero no es sólo una cuestión de fronteras cerradas. 
Los bienes fluyen libremente desde estos territorios, bienes producidos en los asentamientos israelíes de los territorios ocupados. 
Tenemos un acuerdo internacional que se está violando. 
Somos responsables de asegurar que los términos del acuerdo sean respetados y contemplados por todos. 
En estas circunstancias, cuando Israel no cumple claramente su obligación de aplicar las normas originales y la cláusula territorial del acuerdo como debería, la Comisión anima a los Estados Miembros a recurrir a procedimientos de verificación de las importaciones que puede ser lentos y evasivos. 
A las aduanas israelíes se les puede llegar a dar mucho tiempo, hasta diez meses, para responder a cualquier pregunta, y el procedimiento de verificación de las importaciones puede ser totalmente infructuoso. 
Deberíamos pedir fianzas por todos los bienes importados de Israel hasta que podamos asegurar que Israel ha dejado de abusar del acuerdo. 
Le voy a formular un par de preguntas, Comisario. 
¿Ha recibido la Comisión de algún servicio aduanero de un Estado Miembro documentos certificados por las aduanas israelíes que representan localizaciones específicas de asentamientos en los territorios ocupados que entran en el alcance del acuerdo? 
¿Ha preguntado la Comisión directamente a los funcionarios responsables israelíes si su servicio aduanero aplica la cláusula territorial para excluir a los territorios ocupados del acuerdo? , ¿se ha asegurado de que Israel entiende e interpreta correctamente esa cláusula territorial? ¿sabe o no la Comisión si ellos cumplen correctamente la cláusula territorial? 
Por último, la Comisión ha establecido ya que la acción para respetar los acuerdos internacionales con la UE, cito literalmente, "no representa una sanción contra Israel, sino que exige el cumplimiento correcto de los acuerdos existentes que las partes han establecido libremente". 
En pocas palabras, Comisario, no es ésta una cuestión que deba tratarse como si fuera un debate político relacionado con el proceso de paz. 
Se trata, en realidad, de un acuerdo internacional y de un acuerdo comercial. 
Para terminar, permítanme expresar las grande esperanzas que albergo en el proceso de paz en esa zona, una parte del mundo que la necesita desesperadamente, para reagruparse y reformarse y ayudar a sus millones de ciudadanos desfavorecidos y golpeados por la pobreza. 
Señor Presidente, Señorías, que hay que respetar las reglas es algo evidente. 
Que hay que hacerlas respetar por nuestros socios también lo es. 
Todo el mundo comprende que hoy nos preocupemos de ello, pero yo no querría que nuestra exigencia se considerara como selectiva. 
Tampoco querría que nuestra pregunta oral se recibiera como una acusación. 
Por el hecho de que nuestra exigencia no es selectiva, la Comisión debe también sentirse invitada a estudiar la utilización de los fondos comunitarios en las regiones vecinas de Israel. 
Y porque la interpelación de la Comisión no es, ni debe ser considerada como una acusación, deseo recordar dos puntos esenciales para el equilibrio de nuestra actuación. 
En primer lugar, todos los que conocen la región saben que el desarrollo de la economía palestina está íntimamente relacionado con el acuerdo de cooperación económica con Israel. 
El protocolo de Oslo prevé una integración aduanera que engloba a Israel y a la Autoridad Palestina. 
Y todo lo que tendiera a separar ambas economías afectaría gravemente a la cooperación israelí-palestina, incluidos las joint ventures, los subcontratistas palestinos y los exportadores palestinos. 
En segundo lugar, en ninguna parte, en los acuerdos entre Israel y la Unión Europea, se definen las fronteras del Estado de Israel. 
La definición de dichas fronteras es precisamente lo que está en juego en las negociaciones en curso entre Israel y la Autoridad Palestina. 
Toda tentativa por parte de la Unión Europea de imponer su propia concepción de la territorialidad de Israel sería como poco una torpeza perjudicial para estas negociaciones y para la idea que tenemos del papel que debe desempeñar Europa en la región. 
Apoyo el prudente enfoque que ha adoptado y adopta el Comisario sobre esta cuestión, en primer lugar porque no se trata de un asunto simple. 
Es complejo, resulta siempre difícil determinar el origen y la procedencia de los bienes. 
Y más aún en Oriente Medio, porque hay allí una situación en la que existen numerosos negocios conjuntos entre Israel y los palestinos, en la que en algunos casos los productos están manufacturados en parte en la zona palestina y en parte en el Estado de Israel. 
Pero estos desarrollos son buenos, constituyen un buen augurio para el futuro, porque si el comercio se hace de este modo en Oriente Medio constituirá los cimientos del acuerdo de paz. 
Por lo tanto, como no es un asunto fácil y simple, debemos ser prudentes y proceder con cautela. 
La segunda razón que explica la conveniencia de que la Comisión proceda de esta manera es que si la Unión Europea desea desempeñar un papel en la zona asegurando la paz, debe ser calificada de justa e imparcial, y no sería ni justo ni imparcial precipitarse en tomar una decisión sin dejar que las conversaciones y los grupos que están reuniéndose determinen cuál es la situación tanto sobre las condiciones relativas al acuerdo comercial de la zona del Estado de Israel como, como digo, en relación con los bienes y su procedencia al mismo tiempo. 
Creo que hay otra razón más que explica por qué debemos apoyar a la Comisión. 
Nos encontramos en una fase delicada del acuerdo de paz. 
Tenemos un gobierno de Israel que desea la paz y quiere afianzarla, y si procedemos de modo apresurado y rápido pondremos en peligro el éxito del acuerdo de paz. 
No podemos vacilar en las negociaciones, esto es parte de un acuerdo general sobre cuestiones sumamente complicadas y pienso que la Comisión tiene toda la razón en emplear la prudencia y dejar que fluyan los acontecimientos con la esperanza de que así podremos asegurar lo que todos nosotros queremos, una paz segura, justa y duradera en Oriente Medio. 
Señor Presidente, es obviamente inaceptable que se encubra o se tolere la existencia de delitos contra nuestro acuerdo comercial con Israel. 
La UE atenta contra dos principios importantes del Derecho Internacional cuando, de facto, da preferencia a productos provenientes de los territorios ocupados. 
La UE no cumple con las normas internacionales vigentes en cuanto a la incorporación unilateral de los territorios ocupados y tampoco con la Cuarta Convención de Ginebra de 1949. 
Puesto que el proceso de paz que se ha iniciado se fundamenta en el respeto del mundo y de la UE por esos principios internacionales, cuando se atenta en contra de ellos se ataca la base misma del proceso de paz. 
La UE tiene que elegir entre fundamentar sus relaciones con Israel y Palestina en normas del Derecho Internacional, fortaleciendo así el proceso de paz, o en no hacerlo. 
La elección es simple. 
El Derecho Internacional prescribe que los acuerdos comerciales se deben celebrar entre países y regiones reconocidos y no con territorios en disputa. 
Los Estados miembros de la UE e Israel tienen que respetar las reglas del acuerdo comercial sobre controles exhaustivos de las etiquetas de origen, y hay que volver a exigir derechos de aduana. 
La Comisión tiene que asegurar que esto se consiga. 
La intervención del Comisario Vitorino hace albergar algunas esperanzas al respecto. 
Hay que dar una oportunidad al proceso de paz en Oriente Medio. 
Éste sólo puede fundamentarse en normas del Derecho Internacional. 
La UE tiene la responsabilidad de contribuir a que esto se materialice. 
Señor Presidente, señoras y señoras, acerca de la situación jurídica y de las obligaciones que se derivan de la misma para Israel no hay discrepancias, ni tampoco sobre el hecho de que ha habido irregularidades. 
En concordancia con esto ya se ha amenazado a Israel de la posibilidad de llevar a cabo controles. 
La Comisión se encuentra en contacto con Israel acerca de esto. El Comisario lo ha expuesto. 
Sin embargo, según mis noticias en la actualidad no existe ningún caso grave y también se trata solamente de pequeños volúmenes en comparación con la dimensión total del comercio. 
¿Qué hemos de concluir en el aspecto político? 
Quiero describirlo comenzando por el final. 
Nuestro objetivo común debería ser que, una vez que haya un Estado de Palestina internacionalmente reconocido, obtenga un acuerdo con la Unión Europea de contenido idéntico al de Israel. 
Esto constituiría por nuestra parte una contribución muy importante y concreta en orden a facilitar la cooperación económica entre Israel y su entorno inmediato. 
Por consiguiente, hoy tampoco tiene sentido, y a nadie aprovecha, destruir las interconexiones que se hayan desarrollado en la infraestructura, en el mercado de trabajo y en las estructuras de comercialización. 
La Comisión no ha exacerbado revuelto el asunto por buenas razones. 
En este complicado proceso de paz no tenemos necesidad alguna de otros escenarios de guerra adicionales. 
En consecuencia, creo que en una fase de transición deberían respetarse todos los acuerdos y prácticas por parte de todos. 
Esto es algo que con buena voluntad regulan mejor los protagonistas, Israel y la Autoridad Autonómica Palestina. 
Esto significa, entre otras cosas, que Israel debe cesar de ignorar y de torpedear el acuerdo transitorio entre la Unión Europea y la Autoridad Autonómica Palestina. 
Pero a los críticos de la conducta que ha seguido hasta hoy Israel quisiera decirles: ¿qué provecho obtendría un palestino si su patrón israelí, que cultiva también en la franja de Gaza o en Cisjordania un par de naranjas, cerrase ahora la tienda y retornase al centro del país? Ninguno. 
Se quedaría sin trabajo. 
De esto sacan provecho solamente por todas partes, aquellos a quienes no les importa la confraternización entre israelíes y palestinos, sino que quieren obtener a través de la radicalización otros objetivos. 
Quizá saquen también provecho de manera indirecta los productores de naranjas de la Unión Europea. 
Sin embargo, no estoy suponiendo que ésta haya sido una motivación de fondo para remover esto aquí en el Parlamento Por consiguiente, mi consejo para todos nosotros es el siguiente: en esta fase transitoria no rompamos aquello que tendríamos que volver a construir luego con mucho dinero. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera agradecer a todos los diputados que han participado en este debate las ricas y valiosas contribuciones que han hecho al planteamiento de una cuestión que indudablemente reviste una gran sensibilidad política. 
Si se permite a la Comisión extraer alguna conclusión de este debate, he de decir que, para nosotros, se desprende la de que el Parlamento acoge con beneplácito, en sus grandes líneas generales, la estrategia cautelosa- sí, pero también clara- que la Comisión ha venido siguiendo para tratar esta cuestión. 
La Comisión no ignora la sensibilidad política de este asunto ni abriga en ningún momento dudas de que los avances con vistas a encontrar soluciones concretas para una aplicación correcta de este acuerdo comercial están estrictamente vinculados con la evolución del proceso de paz en el Oriente Medio. 
Y que, como han dicho varios diputados, la importancia política expresada por la Unión Europea respecto del proceso de paz encuentra eco en el Parlamento y en la Comisión y se desprende de la reciente visita de la Presidenta Nicole Fontaine a esa región y de la recentísima visita del Presidente Romano Prodi la semana pasada. 
Y, por eso mismo, tenemos conciencia de que estamos viviendo un momento particularmente delicado del proceso de paz, que no debe resultar perturbado por posiciones resultantes de una aplicación ciega de normas jurídicas, porque la aplicación del derecho exige que se intente buscar una solución en la que puedan convenir todas las partes. 
Y la verdad es que la actitud adoptada por la Comisión a este respecto va encaminada a conseguir el apoyo y la convergencia de todas las partes participantes en el proceso. 
Por eso, creo- y con ello respondo a las cuestiones que han planteado varios diputados- que la propuesta que las autoridades israelíes pusieron sobre la mesa, en el sentido de crear un grupo de trabajo tripartito para examinar las consecuencias de ese período de transición en la aplicación del acuerdo comercial, cosa que aceptó la Autoridad Palestina, debe merecer no sólo nuestra concordancia, sino también la afirmación de nuestra confianza, la confianza de que, mediante esa forma dialogada, esa forma de vigilancia mutua de la aplicación correcta del acuerdo comercial, conseguiremos alcanzar resultados positivos para los intereses de las poblaciones de la región, que son la paz, por encima de todo, y su prosperidad económica. 
Por último, quisiera decir a sus Señorías que ese planteamiento se mantiene- nos parece- fiel a los principios y a los valores del acuerdo, lo que para nosotros está suficientemente claro en el plano jurídico, y que tenemos la convicción de estar dando pasos positivos para crear un ambiente de confianza mutua, base sobre la cual se tendrá que construir siempre la paz, porque para el Oriente Medio no hay otra opción que la paz y la convivencia entre todas las poblaciones que allí residen. 
Comisario, reconozco que la cuestión que estamos tratando es delicada, pero le he formulado un par de preguntas específicas. 
Soy consciente de que lo más probable es que no pueda contestarlas esta mañana, sin embargo, cuando disponga de las respuestas sobre el cumplimiento técnico y real de los acuerdos sobre los bienes, espero con impaciencia que, por favor, me las envíe lo antes posible. 
Muchas gracias, señora Banotti. 
El debate queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 10.40 horas, para esperar el turno de votaciones, se reanuda a las 11.00 horas) 
VOTACIONES 
Señor Presidente. Creo que tras el debate que mantuvimos ayer con la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, y con la Presidenta del Consejo, la posición es muy clara, y el Parlamento debería votar el texto originario. 
Por esta razón retiramos nuestra firma de la enmienda 4. 
Muchas gracias. 
(El Parlamento ha adoptado la resolución) 
Informe (A5-0041/2000) del Sr. Katiforis en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el documento de la Comisión sobre la economía de la UE: revisión de 1999 (C5-0081/2000- 2000/2046 (COS)) 
Apartado 3: 
Señor Presidente, creo que hay un error de traducción en el texto sueco; habría sido divertido que la izquierda europea hubiera expresado su preocupación por un eventual aumento de los impuestos sobre los ingresos de capital. 
Votamos como queríamos hacerlo, pero había un error de traducción en el texto sueco, y quiero que quede constancia. 
Sabemos que la Comisión va a reformar pronto la política pesquera común. 
Esta propuesta de reglamento del Consejo es la primera de una serie que permitirá concretar dicha reforma. 
La recopilación y gestión de datos pesqueros es esencial para una buena gestión de la política pesquera común. 
Dichos datos deberán ser fiables, estar elaborados de forma independiente y ser aceptados por todos los partícipes del sector, los políticos y los responsables de la aplicación de esa PPC. 
El texto de la propuesta de reglamento ha sido enmendado de forma relativamente importante en la Comisión de Pesca. 
La totalidad de los diputados de nuestro Grupo ha votado a favor de esas enmiendas tanto en comisión como en el pleno. 
La enmienda 1 permite aclarar el texto de forma significativa. 
En efecto, los datos recopilados no se deben destinar únicamente a un uso científico. 
Los científicos deberán tratar esos datos y transmitirlos a las autoridades políticas competentes, responsables de la toma de decisiones. 
Es sin embargo esencial que el método de recopilación se realice de manera científicamente justificada. 
La enmienda 2, por su parte, modifica la propuesta inicial de la Comisión. 
La propuesta de la Comisión, en efecto, supone la elaboración de estudios muy pormenorizados barco por barco y empresa por empresa. 
Además del coste extraordinariamente elevado que implica esa propuesta, la pesada carga de gestión podría llevar a algunas administraciones a poner como pretexto esta complejidad para no proporcionar la información a su debido tiempo, y provocar sentimientos de desconfianza en los profesionales del sector, si se les imponen cargas burocráticas suplementarias tan pesadas. 
Respecto a la segunda parte de la enmienda, es importante contabilizar y caracterizar mucho mejor las pérdidas de puestos de trabajo en el sector. 
La gestión de una política pesquera común, no hay que olvidarlo, debe incluir una dimensión social en términos de análisis estadístico. 
La enmienda 3 permite añadir una dimensión importante que es la recopilación de datos medioambientales. 
Es posible medir los efectos especialmente graves de que no se tengan en cuenta datos de este tipo mediante, por ejemplo, la decisión relativa a la prohibición de las redes de enmalle a la deriva, absolutamente injustificada desde el punto de vista medioambiental, ya que afecta a una de las artes de pesca más selectivas que puede haber. 
Si no se integrara esta dimensión medioambiental en la gestión de los datos, la Comisión podría prohibir unilateralmente, a su antojo, la utilización de tal o cual arte de pesca. 
La enmienda 4 precisa la obligación impuesta a los científicos de tratar y transmitir la totalidad de los datos a las autoridades competentes, incluidas las autoridades nacionales y regionales, a fin de que puedan hacer su contribución al proceso decisorio. 
La enmienda 5 permite aligerar la propuesta de la Comisión. 
En efecto, la información solicitada a las autoridades debe ser razonable para que se pueda tener un conocimiento operativo de la actividad pesquera, sin suprimir el derecho esencial a la confidencialidad, por ejemplo en el ámbito fiscal, en el que no existe ninguna competencia comunitaria. 
La enmienda 6 tiene el objeto de hacer más obligatoria la participación de la Comisión en el procedimiento de control. 
Es necesario que todos los datos sean transmitidos anualmente y que la Comisión tenga en cuenta regularmente la agregación de resultados. 
Por último, la enmienda 7 obliga a la Comisión a hacer un informe antes de que termine el año 2001, ya que, al estar fijada la reforma de la política pesquera común para el 2002, es necesario que todos los intervinientes políticos puedan tener así conocimiento de la información que constituirá la base de la propuesta de la Comisión. 
Informe Hudghton (A5-0036/2000) 
La modificación de la directiva, tal como nos la presenta la Comisión, es importante, porque trata de una enfermedad concreta que es la anemia infecciosa del salmón, enfermedad vírica contagiosa. 
Se transmite por el agua, a través de sustancias orgánicas como la sangre, las materias fecales, el mucus, etc... 
No existe ninguna evidencia científica de una posible transmisión vertical de la enfermedad por las huevas o la lechaza. 
Sin embargo, se sabe que otras especies como la trucha, la anguila o el arenque pueden ser portadoras del virus sin que les afecte. 
La enfermedad fue detectada en 1984 en Noruega, así como en Canadá (1996). 
El virus no sobrevive a una temperatura superior a 26º C, de manera que es inofensivo para el hombre. 
Esta enfermedad afecta fundamentalmente al sector escocés del salmón. 
Fue detectada en la región en mayo de 1998. 
Actualmente, la AIS afecta a 240 explotaciones salmonícolas. 
Por ello es importante circunscribirla a fin de evitar su propagación al conjunto de las explotaciones piscícolas de los diversos Estados miembros de la Unión Europea. 
La finalidad de la propuesta del Consejo es introducir un sistema de eliminación progresiva de los peces afectados así como un plan de vacunación. 
Respecto al plan de retirada progresiva, no podemos sino estar a favor de la propuesta. 
Es necesario ayudar a las explotaciones afectadas a "limpiar" el foco infeccioso y evitar toda propagación de la enfermedad por la circulación comercial de peces vivos. 
Respecto a la vacunación, hay que recordar que la directiva inicial prohibía el uso de vacunas contra la AIS. 
La nueva propuesta de la Comisión autorizaría dicho uso, pero es importante señalar que por ahora no se ha encontrado ninguna vacuna. 
La utilidad de esta propuesta es como poco limitada, al menos a corto plazo. 
Canadá, por su parte, dispone de una vacuna cuyo porcentaje de éxito es del 76 %. 
Al ser distinta la cepa canadiense del virus de la cepa europea, dicha vacuna no se puede utilizar en su forma actual, pero podría servir de base para poner a punto una vacuna contra la cepa europea. 
Por ello es importante que la Comisión aporte una cantidad suficiente de medios financieros, a fin de favorecer la preparación de una vacuna eficaz contra la variante europea de la AIS. 
Resolución sobre las mujeres en la toma de decisiones (B5-0180/2000) 
Muy a nuestro pesar, mi Grupo se ha abstenido en la resolución sobre las mujeres en la toma de decisiones. 
Pero nuestro pesar es aún mayor, porque todavía necesitamos esas resoluciones. 
En 1994 el Grupo Verde fue el primer grupo de este Parlamento representado por una mayoría de mujeres, el grupo de los Verdes fue el primero que tuvo una secretaria general, Dominique Voinet, actual Ministra francesa para el Medio Ambiente, y los Verdes alemanes fueron el primer partido político que llevó a la práctica la paridad de género con el fin de subsanar la infrarepresentación general de las mujeres en las instituciones políticas. 
Esta iniciativa la han seguido una serie de partidos, y no se puede afirmar que el electorado haya protestado para condenar a estos partidos por sus acciones. 
La resolución especifica con claridad que se necesita un sistema proporcional que dé forma a la representación de las mujeres, y que se deben movilizar todos los partidos políticos. 
Esperamos que esto suceda así. 
Simpatizamos con los que afirman que se debe elegir a las personas de acuerdo con sus méritos; así debe ser. 
Nuestra cultura debe propugnar un equilibrio entre los sexos, y las personas deben ser capaces de desarrollar sus talentos cualquiera que sean, pero nuestra cultura y valores actuales no reflejan esta creencia. 
El prejuicio y el estereotipo están muy generalizados, y a nadie le extraña que las personas que proceden de grupos minoritarios, sean negros, gays, disminuidos físicos, etc. padezcan discriminación y un trato injusto cuando las mujeres, que pertenecen a un grupo mayoritario, también padecen esa discriminación. 
Esta es la razón de por qué nuestro Grupo apoya la acción positiva, y sólo cuando las mujeres estén justamente representadas en posiciones de toma de decisiones lo estarán también los hombres. 
Podríamos desarrollar una cultura en la que el trabajo remunerado o no remunerado de una persona, la cuantía de la remuneración, el permiso de maternidad y la pensión no estén determinados por el sexo. 
Cuando se acerca el Día Internacional de la Mujer a pasos agigantados, deseo confirmar mi apoyo a la actuación desarrollada en el seno de las instituciones y de los Estados miembros para favorecer el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, sobre todo dentro de la política. 
¡Por ello votaré con convicción el texto de esta resolución que nos exhorta a tomar medidas más intervencionistas para combatir las discriminaciones que sigue habiendo y que impiden a las mujeres ocupar el lugar que les corresponde por derecho propio en nuestra sociedad! 
La promoción de la mujer en el proceso de toma de decisiones ha sido desde 1995 una de las áreas prioritarias del programa de acción de la Unión Europea para la igualdad de oportunidades y forma parte de los compromisos reiterados tanto por las instituciones de la Unión como por los Estado miembros cuando hablan de la igualdad entre hombres y mujeres 
Sin embargo, aunque a lo largo de los últimos años se han logrado algunos progresos gracias a estrategias como el "mainstreaming" y a medidas complementarias como las de discriminación positiva, son demasiado poco numerosos como para ser satisfactorios. 
La infrarepresentación de la mujer en la política, por ejemplo, sigue siendo una realidad. 
Sin embargo, conocemos la importancia de que participen en la política numerosas mujeres. 
Sólo ellas pueden inventar políticas capaces de modificar unas estructuras que han sido creadas por hombres y para hombres. Porque es a las discriminaciones estructurales a las que más tienen que hacer frente las mujeres, ya sea en la política o en el mercado de trabajo. 
Le toca entonces a los partidos políticos europeos abrirse a las mujeres. 
Por otra parte, el artículo 191 del Tratado (ex 138 A) señala que ellos- cito textualmente- "constituyen un importante factor para la integración en la Unión". 
El artículo sigue diciendo que "dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión". 
Si bien esta disposición no tiene valor jurídico, no por ello deja de ser altamente simbólica. 
Otorga a los partidos políticos un importante papel en la construcción de una Europa democrática. 
Puede hacerse, por ejemplo, introduciendo medidas de discriminación positiva y fomentando la paridad en el seno de nuestros partidos políticos. 
Algunos de ellos presentaron, con ocasión de las elecciones europeas de 1999, listas paritarias. 
Se trata de una buena práctica, que hay que generalizar. 
No sé si habrá una relación de causa-efecto, pero el caso es que la proporción de diputadas al Parlamento Europeo pasó del 25,7 % en 1994 al 29,9 % en 1999. 
Por otro lado, tiene la presidencia una mujer desde las elecciones de 1999. 
Terminaré repitiendo las conclusiones extraídas de la conferencia de abril de 1999 organizada por la Comisión, titulada "Mujeres y hombres en el poder". 
La igualdad entre hombres y mujeres no es una problemática que interese únicamente a las mujeres, ¡es un reto que afecta a toda nuestra sociedad! 
Se ha hecho cierto progreso recientemente con el aumento del número de mujeres presentes en los cuerpos de toma de decisiones de la Unión. 
En nuestra propia Institución, actualmente el 30% de representantes electos son mujeres, incluida la Presidenta del Parlamento Europeo. 
Finlandia acaba de elegir también una mujer como Presidenta. 
En promedio, una cuarta parte de los gobiernos de los Estados Miembros y poco más de una quinta parte de sus parlamentos están compuestas por mujeres. 
Esta situación está todavía lejos de ser plenamente satisfactoria, sobre todo porque las cifras varían enormemente entre los Estados Miembros, donde los países nórdicos tienen una representación femenina mucho mayor en posiciones de responsabilidad y toma de decisiones. 
Esta situación tiene más que ver con la actitud y el respeto hacia la calidad y capacidad de la contribución de la mujer a la sociedad que con las cuotas fijas. 
Mi Grupo no es partidario de las cuotas en general porque, a largo plazo, pueden ser contraproducentes e incluso llegar a minar la causa para la que se crearon. 
No obstante, reconocemos que la experiencia en todos los Estados Miembros no es la misma, y un cierto recurso a este tipo de medidas puede incluso estar justificado como remedio temporal para reequilibrar la representación femenina allí donde están enormemente infrarepresentadas. 
Apoyamos la resolución sobre la mujer en la toma de decisiones, adoptada con vistas a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que ha incorporado diez enmiendas del Grupo Liberal y suavizado la referencia a las cuotas en sintonía con el enfoque esbozado más arriba. 
Las mujeres sufren desigualdades crecientes porque son víctimas de discriminaciones sexistas que pueden ejercerse abiertamente (violencia, violaciones, acoso sexual, maltrato conyugal... ) , pero también de forma más insidiosa. 
Esta opresión se apoya en una división sexual y social del trabajo que valora más el trabajo de los hombres que el de las mujeres. 
Los salarios son desiguales, su trabajo se percibe aún como un trabajo "de complemento" y, más en general, las trabajadoras no tienen acceso a los mismos puestos de responsabilidad que los hombres. 
Además, las responsabilidades familiares recaen principalmente sobre ellas. 
Las mujeres han de tener derecho a un empleo a tiempo completo, al igual que los hombres. 
Se han de votar leyes coercitivas para favorecer la igualdad profesional. 
Los Estados han de desarrollar un servicio público de cuidado de niños en su primera infancia. 
Finalmente, para que todos y todas puedan participar en la vida pública, es necesaria una reducción masiva del tiempo de trabajo. 
Es necesario un verdadero carácter mixto de la vida política, económica y social. 
Combatimos la idea de que la diferencia biológica entre mujeres y hombres genera dos visiones del mundo y dos sistemas de valores diferentes. 
Las mujeres tienen derecho a estar presentes en el proceso de toma de decisiones como "individuos" y no como representantes del sexo femenino. 
. 
(EN) Mi persona, junto a mis colegas de la delegación británica conservadora, nos sentimos totalmente comprometidos con la necesidad de tener más mujeres que desempeñen un papel pleno y activo en la vida pública. 
Compartimos todas las expresiones de pesar ante el hecho de que aún existe desigualdad y discriminación de género y, sobre todo, infrarepresentación de la mujer en la política. 
Sin embargo, no estamos convencidos de que una forma de discriminación se pueda paliar con otra forma de discriminación, me refiero a la introducción de cuotas para garantizar posiciones electas de la mujer. 
Siento esto vivamente porque el jueves por la tarde de esta semana mi hija mayor de 27 años, Caroline, ha sido elegida como futura candidata conservadora del distrito de Itchen, Shouthampton, del Reino Unido. 
Ha llegado a esta posición por sus propios méritos y en abierta competencia con los que se presentaban. 
No debemos adoptar una posición que quite mérito a la posición del creciente número de mujeres que están demostrando que sin temores ni favores pueden ganarse su lugar en la vida pública. 
Por esta razón los miembros de mi delegación hemos apoyado buena parte de la resolución, pero nos hemos opuesto a la exigencia de discriminación positiva a favor de las mujeres, a la que consideramos una vía equivocada de progreso que resulta denigrante para las mujeres y distorsiona el proceso democrático; por consiguiente, es nuestro deber abstenernos en la votación final. 
Informe Katiforis (A5-0041/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Katiforis sobre la economía de la Unión Europea en 1999 por disciplina de Grupo, porque denuncia una gravísima carencia que espero que pueda contribuir a eliminar en los próximos años. 
En este informe no se explica claramente o, por mejor decir, no se explica en absoluto que la economía de los Estados de la Unión depende también y ante todo de cómo se utilizan los recursos para las pensiones, pagados por los trabajadores. 
En este informe no se dice- aunque deberá hacerse en el futuro- que los Gobiernos de los últimos cuarenta años de todos los Estados miembros han dilapidado y despilfarrado el capital que los trabajadores les habían entregado para pagar sus pensiones. 
Por esto, ahora no tenemos dinero para las pensiones. 
Se ha de cambiar el sistema radicalmente. 
Estos gobernantes deben dejar su puesto porque no merecen la confianza ni de las personas mayores de hoy ni de los jóvenes de hoy ni tampoco de las personas mayores del 2100, del 2200, etcétera. 
¡Comenzaré en primer lugar felicitando calurosamente al ponente por la audacia de sus propuestas! 
¡Proseguiré deplorando la indiferencia de la derecha de este Parlamento Europeo que, al adoptar toda una serie de enmiendas, ha vaciado de contenido el trabajo de mi colega! 
Recuerdo que este informe está basado en el informe económico anual de la Comisión para 1999, el primero publicado bajo el régimen del euro. 
Se refiere por consiguiente a la economía europea unificada y no a una serie de economías nacionales. 
El Parlamento Europeo tenía que haber aprovechado la ocasión para hacer propuestas imaginativas y "activistas", usando el adjetivo utilizado por el ponente, con el fin de dar una nueva orientación a las actividades económicas de la Unión Europea. 
Hay que reconocer una realidad: Europa dispone de un potencial incomparable de progreso económico y social que, por razones que aún en parte se nos escapan, sigue estando en gran medida sin explotar; de ahí las sugerencias bastante interesantes que contiene el informe inicial de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios para relanzar la actividad económica fijándose unos objetivos ambiciosos (tasa de empleo del 75%, reactivación del crecimiento... ) ¡y dotándose de los medios para alcanzarlos! 
Las propuestas iniciales invitaban en particular al Consejo a adoptar medidas destinadas a garantizar el pleno empleo manteniendo a la vez la coherencia con la estabilidad de los precios y el equilibrio presupuestario del conjunto del ciclo económico. 
No se trata, como algunos tienden a hacer creer, de poner en tela de juicio la política de estabilidad seguida desde hace algunos años. 
Se han de adoptar medidas, sobre todo fiscales, que fomenten la inversión privada y pública. 
Hay que encarrilar otra vez el programa de redes transeuropeas tal como se propuso en 1994 y poner en marcha un amplio programa de investigación y desarrollo para conferir a las inversiones el contenido necesario en materia de innovación. 
¿Cómo se puede considerar que la inversión no debería servir de instrumento de gestión de la demanda sino realizarse en función de sus propios méritos? 
Debemos impulsar una mejor gestión del tiempo de trabajo y una generalización de las políticas de buenas prácticas dentro de los Estados miembros a fin de aumentar la capacidad de inserción profesional, sobre todo en las capas más desfavorecidas de la población activa. 
Algunas medidas, como la reconversión profesional, en forma de formación a lo largo de toda la vida, resultan especialmente pertinentes. 
Debieran formar parte indisociable de la transformación institucional permanente que deberá acompañar a la transición hacia una economía basada en el conocimiento. 
Una propuesta así nos remite al eje de reflexión adoptado para la cumbre excepcional sobre el empleo que tendrá lugar en Lisboa en marzo. 
Todas estas medidas, demasiado intervencionistas para el gusto de algunos de la derecha, por supuesto han sido barridas de un escobazo. 
¡He de manifestar mi pesar! 
Una enmienda que hacía referencia a la fiscalidad de los movimientos de capital especulativos ha tenido la misma suerte. 
Lamentamos que el primer proyecto de informe presentado por el ponente haya sido rechazado en comisión, pues tenía aspectos positivos, en particular las referencias a la necesidad de aumentar la inversión pública y crear puestos de trabajo para la obtención de un nivel de empleo de 75%. 
Así, votamos contra el informe en su forma actual, en vista de que se rechazaron todas las propuestas que presentamos, de entre las que destaco las siguientes: 
la importancia de la inversión pública para un crecimiento económico sostenido, basado en la reactivación económica, mediante el estímulo de la demanda interna y concentrando la inversión pública en sectores con externalidades positivas para la economía en general, como la creación y el mantenimiento de infraestructuras, la renovación urbana, la formación profesional, la educación y la salud; 
la reactivación de la demanda en la Comunidad, mediante una mayor inversión pública y aumentos salariales que tengan en cuenta el aumento de la productividad, como forma de engendrar un mayor crecimiento económico, indispensable para hacer realidad el objetivo del pleno empleo; 
la creación de mecanismos de apoyo a las asociaciones de PYME como forma de mejorar la competitividad y el nivel de organización de las PYME, que pueden prestar diversos servicios de apoyo a las asociadas, como servicios de centralización de créditos, de información y de asesoramiento jurídico. 
Nuestro proyecto por Europa es el que determina nuestra postura. 
Estamos a favor de una Europa que dé prioridad absoluta a satisfacer las necesidades que exige una existencia decente para todas y todos, en particular para los parados; de una reducción de la jornada de trabajo que conlleve la obligación de realizar contrataciones, sin flexibilidad; de que los salarios progresen al ritmo de la productividad; de una reforma fiscal que homogeneice hacia arriba la imposición de los ingresos del capital; de un impuesto Tobin que desincentive la especulación financiera; y por último, de la implantación de un programa planificado de ahorro de energía. 
Esta política debiera relativizar el frío monetarismo del BCE y romper con los principios neoliberales de privatización y cuestionamiento de la protección social. 
La resolución vuelve la espalda a estas orientaciones. 
En cambio, da el visto bueno a la política de estabilización, que no ha hecho sino crear desempleo y pobreza y amenaza con llevar, por obsesión monetarista, a detener la reactivación actual en lugar de apoyarla. 
El rechazo por la derecha liberal de las enmiendas propuestas nos lleva entonces a votar en contra de la resolución. 
. 
(SV) Hemos optado por abstenernos en la votación de la enmienda 4 del informe Katiforis sobre Economía de la Unión (1999). 
Nuestra postura es que la competencia entre los diferentes sistemas fiscales no siempre es perjudicial y que los Estados miembros deben mantener en lo posible su derecho a tomar decisiones sobre la materia. 
En el ámbito nacional, estamos muy interesados en que se reduzcan los impuestos a las empresas y al trabajo para alcanzar los niveles existentes en los países con los que competimos, pero este tema debe ser decidido por el parlamento sueco y no por el Parlamento Europeo. 
Mediante la búsqueda de soluciones propias en los diferentes países para la política fiscal y de bienestar, se posibilitará la adaptación a las características particulares de cada país y la prueba de diferentes diseños para los sistemas de protección social. 
La armonización fiscal en el ámbito europeo sólo debe realizarse en casos excepcionales, por ejemplo, tratándose de ciertos impuestos medioambientales y sobra el capital. 
Aunque reconocemos que se necesita cierta armonización fiscal para que funcione el mercado interior, la enmienda 4 va demasiado lejos y, en esta materia, carece de matices. 
Resolución conjunta sobre el naufragio del Erika (RC B5-0181/2000) 
Señor Presidente, hemos votado a favor de la resolución relativa al naufragio del Erika por solidaridad con las víctimas de esta catástrofe ecológica. 
Denunciamos sin embargo el carácter plañidero de la resolución. 
Contentarse con lamentar la catástrofe y compadecer a sus víctimas, sin tomar medidas de coacción para obligar a Total a reparar todas las consecuencias directas e indirectas de una contaminación de la que es enteramente responsable, es como no hacer nada. 
Es indignante que Total deje que los voluntarios y las colectividades locales se ocupen de reparar los daños que ha causado. 
Es igualmente indignante que sea el Estado el que libere fondos, por otro lado insuficientes, lo que no es sino una subvención encubierta a esta empresa de comportamiento criminal. 
Contentarse con discutir sólo la cuestión de los pabellones de conveniencia es eludir lo esencial. 
Sea cual sea el pabellón de conveniencia que utilice Total, la sociedad petrolífera culpable es muy conocida y está presente en todos los países de la Unión Europea; y las autoridades competentes podrían, si quisieran, someter a embargo todos sus bienes hasta que pagara. 
Queremos sobre todo denunciar esta economía en la que, para conseguir beneficios suplementarios, una empresa puede lo mismo contaminar una región que arruinarla cerrando fábricas. 
Señor Presidente, en nombre del socio bretón de la Alianza Libre Europea, la Union Démocratique Bretonne, pido que se establezca una política real que evite nuevos desastres como el del Erika. 
La regulación y los medios de control no sólo deben reforzarse, sino que también han de aplicarse de forma estricta. 
Lamentablemente, ha quedado claro que algunos actores tienen que desaparecer a fin de que el Erika sea el último buque infame que contamina la costa bretona. 
Es ya la séptima ocasión, desde el naufragio del Torry Canyon, en que Bretaña se ve afectada por una mancha de petróleo. 
Ninguna región del mundo tiene que pagar un precio tan alto por el transporte marítimo de sustancias contaminantes o peligrosas. 
Al igual que nuestros amigos de la UDB, abogo, y eso figura en el proyecto de resolución que acaba de aprobarse, por la adopción de dos importantes directrices para la reforma de la marina mercante mundial y la protección de la costa bretona. 
Queremos que se adopte una legislación única en el ámbito de la Unión Europea relativa a la navegación en todos sus aspectos técnicos, comerciales, sociales y ecológicos. 
Las prácticas peligrosas de los pabellones baratos deben estar prohibidas, sin ningún tipo de excepción, en los puertos y las aguas de los quince Estados miembros y de los trece Estados candidatos. 
En segundo lugar, abogamos, al igual que la UDB, por la creación de una fuerza de vigilancia costera y la intervención de los controladores marítimos que se encuentran bajo el mando directo de las autoridades de navegación encargadas de vigilar el cumplimiento estricto de la regulación europea. 
El proyecto de resolución que hemos adoptado va en esta dirección, y nuestro grupo, por tanto, lo ha respaldado plenamente. 
Me alegro de la adopción, por cuasi-unanimidad de nuestra Asamblea, de la resolución sobre las consecuencias de la marea negra del Erika, a cuya elaboración nuestro Grupo ha contribuido mucho. 
Al tener más en cuenta que en nuestra resolución anterior la amplitud de la catástrofe, que cada día se muestra mucho mayor de lo que habían hecho pensar las estimaciones iniciales, es más exigente, más precisa y más apremiante. 
Sigue siendo difícil por el momento evaluar los perjuicios causados a todas las profesiones de la pesca y la acuicultura. 
Pero ya se sabe que serán considerables. 
Cada día cargan las tintas nuevos episodios de contaminación. 
Los estragos no sólo afectan al volumen de negocio de las empresas, sino también a sus valores patrimoniales. 
El perjuicio causado a la imagen de marca de los productos del mar sigue siendo hoy en día difícilmente cuantificable. 
Habrá que contabilizar igualmente los perjuicios sufridos por las empresas de distintas fases de la cadena de producción (venta de pescado, suministros, turismo... ) y los costes globales soportados por las colectividades por la descontaminación y la recuperación del turismo. 
La pesca y el turismo, que son los dos recursos esenciales, gemelos, de la mayor parte de las regiones de nuestro litoral atlántico, se han visto ambos duramente afectados. 
De ahí la necesidad de plantear muy claramente, como hace nuestra resolución, el principio de "quien contamina limpia" y el principio de "quien contamina paga". 
Corresponde en efecto al que contamina hacerse cargo de la limpieza de las zonas damnificadas por obra suya y de restablecer los equilibrios ecológicos destruidos por obra suya. 
En lo que respecta al sistema de indemnización, las poblaciones están preocupadas, porque los primeros reembolsos efectuados a las víctimas por el FIPOL se limitan al 25%. 
Es escandaloso. 
Cada víctima debe, evidentemente, ser indemnizada al 100%. 
Sería absolutamente impensable hacer recaer sobre las víctimas una parte de los perjuicios que han sufrido exclusivamente por la impericia de un contaminador. 
Por otro lado, en nuestra resolución se expresa satisfacción por las iniciativas adoptadas por algunas colectividades locales, como el departamento de la Vendée, que hicieron un inventario preciso del estado de sus costas antes de que llegaran las primeras capas de la marea negra: esta actuación se ha de señalar como ejemplar, ya que permitirá acelerar la indemnización de las víctimas, sean particulares o corporaciones públicas. 
Por último, nuestra resolución establece claramente que es indispensable, en materia de seguridad marítima, salir de esta espiral infernal de irresponsabilidad generalizada, de este sistema pernicioso de parálisis recíproca en que los Estados sueltan la bola a la Unión, y la Unión a los Estados, para mayor beneficio del que contamina. 
Que cada uno desempeñe su papel en su lugar. 
Que la Comisión, cuyo tropismo estadounidense por una vez no ha entrado en juego, cuando habría sido beneficioso, defina cuanto antes un marco general de seguridad marítima. 
Éste deberá incluir unas obligaciones mínimas de edad y características de los buques para acceder a las aguas y puertos comunitarios; y un principio general de responsabilidad medioambiental que permita aclarar las responsabilidades de los diversos protagonistas, sobre todo los armadores, y sancionarlos duramente. 
Que la Comisión se ocupe de la coordinación de la información, que no tema afrontar el laxismo de algunos grandes puertos o importantes armadores, y ponga la cuestión de los pabellones de conveniencia en el núcleo de la negociación con Malta y Chipre. 
No obstante, no se debe, evidentemente, eximir a los Estados de su responsabilidad propia y esencial sobre la Unión: el rigor y la efectividad (y por lo tanto los medios) del control por parte del Estado del puerto condicionan la seguridad de todos. 
Debemos mantenernos y nos mantendremos especialmente vigilantes en los próximos meses para asegurarnos de que las víctimas, que por supuesto no tienen el menor asomo de responsabilidad en esta catástrofe, sean indemnizadas íntegramente por el contaminador, y para que esta vez realmente se extraigan de la marea negra lecciones en materia de seguridad marítima, de manera que se disuada definitivamente a los contaminadores de jugar con la vida de nuestras poblaciones marítimas. 
La prevención más eficaz es hacer correr el riesgo de recibir fuertes sanciones financieras a todo contaminador potencial. 
Informe Katiforis (A5-0017/2000) 
Convenimos en que la actividad pesquera es una de las más interesadas en fomentar el respeto del medio marino. 
Pero es preciso tener en cuenta que muchas causas contribuyen a la degradación de los espacios marinos: la contaminación por parte de los petroleros y otros transportes marítimos, la actividad industrial, la presión de la actividad humana sobre las fajas costeras y, naturalmente, la actividad pesquera incontrolada. 
Ahora bien, conviene resaltar que la pesca costera en pequeña escala es una buena ilustración de que es posible combinar una actividad de pesca con un desarrollo sostenible y no agresivo para el medio marino. 
Consideramos que es posible compatibilizar una política de gestión de la pesca basada en la conservación del medio ambiente marino con los intereses de las comunidades pesqueras. 
Pero, para eso, es necesario tener en cuenta, en particular, que existe una correlación entre el rendimiento de la actividad pesquera y el aumento del esfuerzo de pesca. 
Así, es preciso adoptar medidas, en el ámbito de la Política Pesquera Común, y asignar los recursos financieros adecuados para garantizar la renta de quienes viven exclusivamente de la actividad pesquera, como los pescadores, en particular en épocas de paralización o de reducción de la actividad pesquera. 
A eso se debe la importancia de las propuestas que presentamos con ese fin. 
En la comunicación de la Comisión se enumera una serie de objetivos y de propuestas que tienen en cuenta la necesidad de proseguir los esfuerzos desplegados en materia de control y vigilancia, de adoptar nuevas medidas técnicas en el capítulo de la capacidad selectiva de los métodos de pesca, del seguimiento de la aplicación de la legislación en vigor, etc. Pero en su comunicación, la Comisión menciona al mismo tiempo que no tiene capacidad para imponer el respeto de esta legislación. 
Ahora bien, las medidas existentes y los medios apropiados no faltan: la Comisión dispone de todo un arsenal de disposiciones obligatorias, medidas y decisiones (de origen internacional y comunitario) ya en vigor en los sectores de la pesca y de la protección del entorno marino. 
Eficacia e hiperreglamentación no van parejas. 
Los profesionales del mar, hay que recordarlo, están dispuestos a aplicar la legislación comunitaria a condición de que sea de forma equitativa en todos los Estados miembros, que sea técnicamente aceptable y aplicable, y que tenga una base científica real. 
Me parece inadmisible que, en la Comisión de Pesca, uno de los funcionarios de la Comisión Europea se haya atrevido a afirmar públicamente que los medios financieros facilitados por la Comisión a algunos organismos científicos permiten controlar sus conclusiones. 
Se trata esto de una gravísima desviación: la Comisión, evidentemente, no debe arrogarse ningún tipo de derecho de orientar las conclusiones de los científicos a fin de poder aplicar la política que estime conveniente teniendo en cuenta sólo sus intereses. 
En cuanto a reducir la presión ejercida por la actividad pesquera sobre los recursos, es importante hacer hincapié en el carácter internacional de esta obligación. 
¿De qué serviría reducir nuestra flota de pesca europea si paralelamente los países terceros mantuvieran su presión sobre los recursos pesqueros? 
Por otro lado, hay que señalar que la progresiva mundialización de los intercambios comerciales ha hecho reducir considerablemente la eficacia de los controles y la vigilancia de las actividades de pesca. 
Los transbordos se han convertido en prácticas muy corrientes y no es raro que los productos de la pesca de un Estado miembro que no puedan ser vendidos en la Unión debido al rebasamiento de los TAC se comercialicen como productos importados o como procedentes de otro Estado miembro. 
Este último caso es muy frecuente en empresas cuyo capital procede de un Estado miembro distinto del pabellón del barco de pesca (se trata de hecho de una forma encubierta de "quota-hoping"). 
La seguridad alimentaria relacionada con los productos del mar desempeña también una función capital. 
Es necesario preservar la imagen positiva de estos productos e impedir que se comercialicen en la Unión Europea productos alimenticios no salubres. 
Por consiguiente, los diputados del Grupo Europa de las Naciones votarán contra este informe en el que no se precisa cuáles son las deficiencias de la comunicación de la Comisión y que aumenta las obligaciones de Natura 2000 sobre el sector de la pesca. 
La votación ha concluido. 
Señora Presidenta, en realidad se trata de un suceso que ha ocurrido después de la última sesión y, por cierto, la Comisión de Derechos de la Mujer tenía una audiencia. 
Hubo un gran peligro de que el prestigio de esta Asamblea se viera perjudicado. 
En concreto, se dio la noticia de que durante las sesiones plenarias tiene lugar un incremento masivo de la prostitución aquí, en la región, en Estrasburgo. 
Le ruego, pues, de corazón que compruebe con las autoridades de Estrasburgo si aquí tienen lugar acciones delictivas y si en este marco existe trata de mujeres, es decir, prostitución forzada. 
Creo que es urgentemente necesario dar una clara señal a la opinión pública en el sentido de que nos estamos ocupando de esto y que al Parlamento Europeo no le puede resultar indiferente lo que afirma la opinión publica, lo que sucede aquí al margen de las sesiones plenarias. 
-Gracias, Señora Gröner. 
Quisiera decirle que al igual que a usted me chocó mucho enterarme de eso, y que ya escribí al Sr. Alcalde de Estrasburgo para que podamos esclarecer totalmente ese asunto. 
Comparto plenamente sus observaciones e incluso me anticipé a su deseo. 
La mantendré por supuesto al tanto de la respuesta que el Sr. Ries no dejará de enviarme. 
En estos puntos del orden del día nos dan malas noticias muy a menudo, pero tengo una muy buena para nuestros colegas neerlandeses. 
Ya tienen dos canales de televisión 
(Aplausos y risas) Los cuestores están trabajando duro en beneficio de estos colegas, y estamos esperando el canal de televisión finlandés. 
Los alemanes tienen también dos canales, así que les deseo a todos mucha felicidad con sus televisores. 
Me alegro muchísimo de ello, señora Banotti, y pienso que los colegas interesados pueden dar las gracias muy calurosamente a nuestros cuestores. 
Señora Presidenta, quisiera solamente añadir algo a lo que dijo la Sra. Gröner. 
En efecto, nos enteramos que durante las sesiones plenarias de Bruselas y de Estrasburgo, -no es propio solamente de Estrasburgo -, se produjo una llegada masiva de prostitutas, principalmente mujeres del Este. 
Usted no ignora que esas mujeres son sometidas a tratos vejatorios, que son torturadas, y que sus familias son amenazadas. 
Eso no ocurre solamente en Estrasburgo. 
Creo que todos tenemos que reflexionar, que nuestro Parlamento debe denunciar esa situación y sobre todo ocupar plenamente el lugar que le corresponde en la lucha contra la esclavitud hoy en día. 
Lo verificaremos también en Bruselas, y veremos luego lo que conviene hacer. 
Señora Presidenta, en nombre de todos los colegas neerlandeses quisiera dar las gracias a la Sra. Banotti por haberse preocupado tanto de que por fin ya tengamos dos canales neerlandeses. 
Señora Presidenta, quisiera hablar de un tema totalmente distinto, que concierne a Irán. 
Hubo conversaciones entre los diferentes Grupos políticos, incluso en el seno de la Conferencia de Presidentes y quisiera, en sesión plenaria, solicitarle que escriba al el Sr. Khatami, Presidente de la República de Irán, acerca del destino de cinco estudiantes que fueron detenidos en julio de 1999, que siguen presos, y uno de los cuales ha sido condenado a muerte. 
Pienso que sería un gesto de su parte, como Presidenta de nuestro Parlamento, el comunicar al Presidente Khatami el deseo de que se suspenda, por lo menos, la condena a muerte de ese estudiante iraní. 
Gracias, Señor Jonckheer. 
Haré de muy buen grado el gesto que usted me pide. 
Señora Presidenta, pienso que la Sra. Banotti no debe alegrarse hoy por haber conseguido dos canales holandeses. 
Habría sido mejor si hubiera logrado canales para todas las lenguas. 
Espero que la próxima vez tengamos un canal de televisión danés. 
Gracias, señor Blak. 
Como puede verlo, Señora Banotti, usted tiene mucho trabajo por delante. 
Señora Presidenta, yo he aprendido en este Parlamento una nueva forma de comportamiento: aquí hay que dar las gracias por todo. 
Yo también quisiera dar las gracias porque aquí se ve el canal de la televisión finlandesa. 
Quiero dar las gracias porque ya la vez pasada se escuchaba la voz y agradezco que todavía hoy se siga escuchando el sonido, sólo que allá en nuestra casa también se ve la imagen en el televisor. 
Me gustaría que aquí también se viese la imagen del canal de la televisión finlandesa, y no escuchar sólo el sonido. 
Seguidamente, quisiera también dar las gracias porque sale agua fría de los grifos. 
En nuestra casa sale además agua caliente, pero más vale que salga por lo menos algo de agua. 
Gracias, Señor Seppänen. 
El orden del día prevé las declaraciones del Consejo y de la Comisión acerca del Consejo Europeo extraordinario de Lisboa que se celebrará los días 23 y 24 del próximo mes de marzo. 
Me complace dar acto seguido la palabra al señor Primer ministro, António Guterres. 
Señora Presidenta, Señorías, con enorme satisfacción participo en este debate del Parlamento Europeo sobre la Cumbre Extraordinaria de Lisboa. 
No lo hago para cumplir una formalidad, sino con el entusiasmo y la determinación con que Portugal se compromete con el proyecto europeo. 
Podemos decir que en este momento la Unión Europea está ganando en substancia. 
Después del éxito del Mercado Único, de la moneda única, está desarrollándose el Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia y está dando sus primeros pasos la Política Común de Seguridad y Defensa. 
Al mismo tiempo, las negociaciones de la ampliación cobran momentum y se puede decir que la ampliación se transforma irreversiblemente en el encuentro de Europa consigo misma y con su Historia. 
Además, Europa está viviendo un momento de recuperación económica y de optimismo. 
Pero conviene no hacerse ilusiones: si es verdad que la coyuntura económica mejora, también lo es que seguimos afrontando graves problemas de desempleo, de exclusión social, y que muchos señalan riesgos de sostenibilidad de nuestro modelo de protección social. 
Se puede decir que la economía y la sociedad afrontan hoy un nuevo paradigma, el de la economía y la sociedad del conocimiento. 
El conocimiento se ha transformado en el factor principal de creación de riqueza, se ha transformado también en el principal factor de separación entre países ricos y pobres. 
El conocimiento es hoy en verdad la materia prima del trabajo. 
Y Europa afronta este nuevo paradigma de la economía del conocimiento con otras tres amenazas: la de la mundialización de las economías y de los mercados, la de la rapidez de las mutaciones tecnológicas y la del envejecimiento de su propia población. 
Por eso, es natural que surjan hoy en la sociedad europea dos temores: primero, el de que Europa esté perdiendo irreversiblemente ante los Estados Unidos de América el liderazgo de la economía mundial; segundo, y tal vez más grave, el de que, para recuperar ese liderazgo, para no perder terreno irreversiblemente, Europa deba poner en entredicho su propio modelo social, dejar agravar en su seno la exclusión, lo que afectaría a su propia ciudadanía. 
Es importante saber distinguir aquí las realidades de los mitos. 
Es verdad que la economía americana ha tenido en los últimos años ritmos más elevados de crecimiento y de mejora de su productividad. 
Es verdad que la economía americana ha revelado mayor rapidez en transformar ideas y proyectos en empresas y en bienes y servicios disponibles en el mercado. 
Es verdad que el sistema financiero norteamericano ha revelado mayor rapidez y capacidad para apoyar, sobre todo, los avances de la nueva economía basada en el conocimiento. 
Es verdad que en los Estados Unidos de América el capital de riesgo funciona mucho mejor que aún hoy en el nivel de la Unión Europea. 
Pero también es verdad- y eso no se puede olvidar -, en primer lugar, que la europea es una sociedad más humana, igualitaria y justa. 
En segundo lugar, también es verdad que ninguna sociedad será competitiva a medio plazo, si no se basa en la cohesión social, y en Europa la cohesión social es más fuerte, más sólida, tiene mayor tradición. 
Por último, es verdad que Europa tiene una enorme riqueza de diversidad cultural y ya ha revelado que, cuando quiere, es capaz de ser mejor. 
Dos ejemplos muy simples por lo que se refiere a las tecnologías más modernas: Europa está claramente a la cabeza en teléfonos portátiles y en televisión digital, que tal vez sean los dos factores tecnológicos decisivos para el acceso a Internet en un futuro próximo. 
Y todos sabemos que Internet es hoy, más que una nueva red, la verdadera red en que en gran parte se basa el intercambio de conocimientos y experiencias en el nivel mundial. 
Ahora bien, hemos de reconocer que Europa afronta ese nuevo paradigma con tres déficit: político, estratégico y de coordinación de sus políticas y sus medidas. 
En primer lugar, un déficit político: no somos un solo país, somos quince, y nuestra unión política apenas está dando sus primeros pasos. 
Por otro lado, no existe un único espacio público europeo, una única opinión pública europea: existen quince espacios públicos nacionales, quince opiniones públicas nacionales. 
Y, según la concepción de la democracia del filósofo alemán Habermas, hay que reconocer que esa corriente de comunicación entre la sociedad política y la sociedad civil, que es esencial en el proceso de adopción de decisiones de una democracia moderna, si bien funciona bien en cada uno de nuestros países, aún no funciona bien en el nivel de la Unión Europea en conjunto. 
Nuestro déficit político no es sólo un déficit de organización de las instituciones: es algo más profundo y tiene que ver con la propia sociología de nuestras sociedades. 
Y, por eso, es mayor la necesidad de una firme voluntad política para construir la unión política europea. 
Y, por eso, resulta cada vez más necesaria nuestra voluntad de luchar contra el resurgimiento de los egoísmos nacionales que tantas veces han intentado resurgir en las instituciones de la Unión después del fin de la guerra fría. 
Y creo que la próxima Conferencia Intergubernamental es un momento fundamental para que los diversos países indiquen claramente que no quieren ganar poder unos a costa de los otros, sino que quieren contribuir todos a dar más fuerza a la unión política de Europa. 
Y en el encauzamiento de ese debate y con esa orientación está empeñada, en esta fase, la Presidencia portuguesa en la preparación de los trabajos de la CIG. 
Déficit político, sí, y ése será el tema esencial de la Cumbre de Lisboa. 
Pero también déficit estratégico en relación con las grandes cuestiones de la vida económica y social. 
Quisiera afirmar aquí con claridad cuál es nuestro objetivo. 
Nuestro objetivo es el de transformar, en un plazo de diez años, la Unión Europea en la economía más dinámica y competitiva basada en el conocimiento a escala mundial, pero no hacerlo a cualquier precio, hacerlo con una base en la sociedad capaz de engendrar cohesión social y altos niveles de empleo y crecimiento. 
Y, para eso, necesitamos una estrategia con cuatro pilares esenciales: crear las bases para una economía del conocimiento y para una sociedad de la información a escala de nuestra Unión. 
Realizar las reformas económicas necesarias para la competitividad y la innovación. 
Pero al mismo tiempo profundizar en la cohesión social. 
Por último, apostar firmemente por más y mejores puestos de trabajo y modernizar nuestros sistemas de protección para garantizar su sostenibilidad en el futuro y apostar por políticas macroeconómicas que no sólo garanticen la estabilidad, sino que sean también más favorables para el crecimiento y el empleo. 
Primer pilar de la estrategia: crear las condiciones para afrontar con éxito en Europa el imperativo de la economía del conocimiento. 
A este respecto tiene enorme importancia el conjunto de medidas y políticas relacionadas con la sociedad de la información y en eso tenemos como base el excelente trabajo preparado por la Comisión en la iniciativa e-Europa. 
Está en juego la creación de las condiciones para que en Europa podamos reducir los costos de las telecomunicaciones a fin de lograr que el acceso a Internet no sea un factor de exclusión, de división, sino un verdadero factor de igualdad de oportunidades y ciudadanía. 
Está en marcha la creación en Europa de condiciones para conectar todas las escuelas y todos los centros de formación a esa red Internet y dotarlos del personal debidamente capacitado para que pueda desempeñar bien su misión. 
Está en marcha la colocación on line, en un plazo lo más rápido posible, de todos nuestros servicios públicos, incluidos los concursos públicos. 
Está en marcha la creación de las condiciones para el desarrollo del comercio electrónico superando las barreras- incluso las jurídicas- aún existentes. 
Y está en marcha una apuesta decidida por los contenidos, porque la sociedad de la información no es sólo una red, tiene que vivir sobre todo de contenidos en los que se valorice la diversidad de la creación cultural y científica en Europa. 
Pero no basta con apostar por la sociedad de la información. 
Nuestra visión consiste en integrar la sociedad de la información en lo que llamamos una verdadera sociedad educativa como respuesta europea a la economía del conocimiento. 
Y eso entraña la coordinación de nuestras políticas de ciencia e investigación. 
Y a eso se debe la importancia de la iniciativa de la Comisión sobre el espacio científico europeo, lo que entraña una apuesta decidida, consistente en combinar la ciencia y la investigación con las políticas educativa y de formación a escala de la Unión para que nuestra sociedad se transforme, de hecho, en una sociedad verdaderamente educativa, creadora de igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías del futuro. 
Segundo pilar de la estrategia: las reformas económicas para la innovación y la competitividad. 
Y estamos, naturalmente, a favor de la reforma de los mercados de las telecomunicaciones, de los transportes o de la energía. 
Consideramos indispensable el camino para la integración de nuestros mercados financieros y a ese respecto tienen mucha importancia, una vez más, la contribución de la Comisión y el plan de acción de los servicios financieros. 
Es esencial una apuesta europea por la creación de condiciones para un verdadero mercado de capital de riesgo que apoye sobre todo las pequeñas empresas que nacen basadas en tecnologías con futuro. 
Y a ese respecto tiene particular importancia el plan de acción sobre capital de riesgo de la Comisión y el excelente trabajo que el Banco Europeo de Inversiones está haciendo para la Cumbre de Lisboa. 
Pero creo que no nos basta con los mecanismos de reforma del Mercado Interior previstos en Cardiff. 
Y quiero acoger también con beneplácito aquí las iniciativas preparadas por la Comisión en materia de política empresarial y política de innovación procurando crear las condiciones que nos permitan tener un cuadro de mando a partir del cual podamos coordinar nuestra acción en el nivel de los Estados miembros y entre ellos y las instituciones europeas. 
Tercer pilar, tal vez aquel que, aun estando menos de moda en las concepciones políticas, es, sin embargo, más profundamente sentido por todos nosotros y por aquellos a los que representamos: el que tiene que ver con la cohesión social, el que tiene que ver con la apuesta por la creación de más y mejores puestos de trabajo en Europa, el que tiene que ver con la creación de condiciones para la lucha contra la exclusión social que existe en nuestras sociedades, que no podemos negar y contra la que tenemos que luchar coordinadamente, con determinación, el que tiene que ver con la modernización de nuestros sistemas de protección social para garantizar su sostenibilidad. 
En primer lugar, políticas de empleo. 
A este respecto tenemos una base de partida sólida: el proceso de Luxemburgo. 
Es un proceso claramente implantado en el funcionamiento de nuestras instituciones. 
Me permito señalar a la atención de Sus Señorías una cuestión que me parece tal vez la que presenta más interés para el futuro: la que se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida como base esencial de apoyo de las transformaciones sociales y como condición indispensable para una nueva fase de diálogo social, de diálogo entre los interlocutores en Europa. 
Después, las cuestiones relacionadas con la lucha contra la exclusión, la lucha contra la exclusión que se hace con las políticas de empleo, de seguridad social, de educación, de formación, pero también- tenemos que reconocerlo- la lucha contra la exclusión que exige de nosotros medidas específicas para los grupos destinatarios particularmente afectados por ese déficit de ciudadanía que existe en tantos sectores de nuestras poblaciones. 
Por último, la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social. 
No sólo en lo relativo a la organización de su funcionamiento, a las cuestiones de método, sino también examinando el problema de fondo, que depende de la garantía de una elevada tasa de empleo en Europa, porque ésa es la condición esencial para la sostenibilidad de nuestra protección social. 
Y en esa esfera me permito señalar a la atención de Sus Señorías tres aspectos: en primer lugar, el aumento del empleo en los servicios, tanto en los de tecnología más compleja como en los de tecnología menos exigente. 
En segundo lugar, una forma más flexible de abordar la cuestión de la edad de la jubilación. 
Y, en tercer lugar- aspecto particularmente importante -, el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la vida activa. 
Y en eso hoy es absolutamente indispensable desarrollar en nuestras sociedades servicios de apoyo a la familia y, en particular, servicios de apoyo a los niños, una medida triplemente fructífera, porque brinda creación directa de puestos de trabajo, brinda creación de igualdad efectiva de oportunidad entre mujeres y hombres y, por último, creación de mejores condiciones para que las mujeres puedan trabajar y para que podamos tener una tasa de empleo más elevada y más apta para sostener nuestro modelo de protección social. 
Por último, el cuarto pilar: el de las políticas macroeconómicas al servicio del crecimiento y del empleo. 
Hemos sido capaces de coordinar nuestras políticas macroeconómicas para garantizar la estabilidad a partir de la cual se lanzó el euro. 
Pues bien, tenemos que garantizar que se ponga la misma capacidad al servicio de un ambiente económico más propicio para la creación de empleo y para el crecimiento económico. 
Y, en cuanto a eso, me permito decir que sería extraordinariamente deseable que Europa pudiera conseguir de forma sostenida, por término medio, respetando, naturalmente, las diferencias de ritmo naturales entre los países, un nivel de crecimiento económico superior al 3% y una creación de empleo que nos permita tener tasas que se aproximen a las de las zonas del mundo en las que son más elevadas, por encima del 70%, en lugar de quedarnos en los niveles actuales: poco más del 60%. 
Déficit político, déficit estratégico, pero también déficit de coordinación de nuestras políticas y de nuestras medidas. 
A ese respecto no partimos de cero, tenemos dos experiencias a partir de las cuales podemos construir el futuro en todas las demás esferas: la coordinación, establecida en Maastricht, de las políticas económicas para garantizar el lanzamiento del euro y la coordinación del proceso de Luxemburgo en relación con las políticas de empleo, que, como he dicho, está hoy sólidamente implantada en nuestra vida colectiva de la Unión Europea. 
En Lisboa, después de los procesos de Luxemburgo, Cardiff y Colonia, no queremos lanzar un nuevo proceso. 
Queremos, eso sí, que se creen las condiciones para articular, simplificar y profundizar, en primer lugar, los tres procesos existentes, haciendo que converjan en el objetivo común. 
En segundo lugar, añadirle nuevas dimensiones esenciales, como las relativas a la sociedad de la información y a la economía del conocimiento, pero también a las relativas a la modernización de la protección social y a la lucha contra la exclusión social. 
Por último, adoptar de forma tan amplia y generalizada como sea posible, respetando el principio de subsidiariedad, un método abierto de coordinación que aproveche sobre todo el caso en que mayor éxito hemos tenido en la articulación de nuestras políticas, es decir, el proceso de Luxemburgo, con objetivos e instrumentos claros, y, siempre que sea posible, expresados en cifras. 
Un método que- he de recordarlo- descansa en líneas directrices aprobadas en el plano político, en el nivel europeo, descansa en un sistema de lo que hoy se llama benchmarking, de indicadores, que permite el intercambio de procedimientos idóneos entre los diversos Estados miembros, descansa en planes o iniciativas nacionales que hagan converger nuestras políticas hacia los mismos objetivos respecto de nuestra propia diversidad y en formas objetivas de observación, de comparación, que nos permitan también una saludable emulación y, simultáneamente, comparar nuestras realizaciones en el plano económico y en el plano social con otros sectores particularmente dinámicos del mundo que nos rodea. 
Naturalmente, en Lisboa no vamos a alcanzar todos eso objetivos. 
Lo que está en juego es nuestra determinación permanente, conjunta, queremos ir eliminando progresivamente nuestro déficit político, nuestro déficit estratégico y nuestro déficit de coordinación. 
Y queremos sobre todo aumentar la capacidad de dirección política estratégica de la Unión Europea en las cuestiones económicas y sociales, porque ésa es una condición indispensable para que Europa gane la apuesta que tiene ante sí respecto de la nueva sociedad de la información y del conocimiento. 
Creo que podemos tener una estrategia doblemente fructífera: lograr estabilidad, pero también crecimiento, lograr competitividad, pero ganar también en cohesión económica y social. 
Queremos ser, desde luego, tanto o más competitivos que las más competitivas y modernas economías del mundo: hoy es habitual señalar a la economía americana como la que revela mayor dinamismo. 
Pero, ¡cuidado! 
No a cualquier precio: queremos hacerlo respetando nuestra propia identidad. 
Y la cuestión central de nuestra identidad tiene que ver con un modelo social que, más que un conjunto de normas, es una verdadera forma de civilización, la civilización europea de que nos enorgullecemos y que nunca aceptaremos poner en entredicho. 
(Aplausos prolongados) 
-Doy las gracias al Sr. Presidente del Consejo, Sr. Antonio Guterres, y doy en seguida la palabra al Sr. Romano Prodi, Presidente de la Comisión. 
. (IT) Señora Presidenta, antes que nada quiero felicitar muy calurosamente al primer ministro Sr. Guterres por haber tomado la iniciativa de la Cumbre de Lisboa, y congratularme de la calidad de los trabajos preparatorios. 
Compartimos totalmente su análisis que hemos escuchado con atención y que ha sido aplaudido con entusiasmo, y apoyamos su iniciativa. 
Creo que juntos podremos hacer de la Cumbre de Lisboa una Cumbre de éxito. 
En mi intervención me limitaré a presentarles la contribución de la Comisión a Lisboa: nuestra estrategia a largo plazo y nuestra visión de cara a esta Cumbre. 
En Lisboa debemos decidir algo muy simple, es decir, si Europa conseguirá reconquistar su posición de liderazgo, perdida desde hace tiempo, en el ámbito de la economía y de la tecnología. 
Esto depende de nosotros, del crecimiento económico que seremos capaces de imponer al sistema europeo, de la tasa de ocupación que conseguiremos crear, del nivel de educación de nuestros ciudadanos y de la formación de nuestra clase trabajadora. 
Estos no son temas nuevos, como decía el primer ministro Sr. Guterres. 
En realidad, no hacemos otro ejercicio tipo Luxemburgo, Cardiff o Colonia, sino que queremos plantear estos temas ya abordados antes con un enfoque totalmente nuevo: no de uno en uno, sino todos juntos, para construir finalmente un sistema de intervenciones. 
Lo hacemos ahora porque es el momento en que todo esto puede tener éxito. 
En efecto, ante nosotros tenemos una ocasión única, una ocasión que se ha construido sobre el éxito de una sabia política realizada en un pasado reciente: tenemos una inflación baja, una balanza de pagos globalmente sana, cuentas públicas en orden y, por último, tenemos las previsiones unánimes de un crecimiento económico muy fuerte, unas previsiones que, como recalcaba el primer ministro portugués, sin embargo, no garantizan la certeza de un crecimiento económico. 
Nunca como ahora, en la última generación, ha habido una unanimidad por parte de todos los estudiosos en Europa a la hora de prever un posible y largo período de gran crecimiento. 
Ni siquiera con el aumento del precio del petróleo se ha interrumpido este crecimiento y se ha producido un repunte de la inflación, como cabía esperar. 
No obstante, existen algunos signos preocupantes que, sin embargo, no nos impiden seguir llevando a cabo una política de desarrollo como habíamos pensado y programado. 
Los retos de Lisboa, por lo tanto, son muy simples: al reto tecnológico debemos responder recuperando el terreno perdido en el ámbito del saber, del conocimiento y de las tecnologías, en particular de las tecnologías de reformación. 
De esta forma podemos volver a ocupar una posición de liderazgo; por esto adoptamos la iniciativa e-Europa, gracias a la cual la Comisión ha tomado la decisión, en su reforma administrativa, de dar un ejemplo concreto. 
Nos hemos comprometido- y es un compromiso que ratifico ante ustedes- a crear una Comisión, por mejor decir, una e-Commission, en el sentido de que toda relación de suministro, investigación, etcétera con esta Institución ya no deberá producirse mediante papel, sino por vía electrónica directa. 
Es un esfuerzo muy complejo que, sin embargo, podemos realizar porque tenemos una misión muy concreta, una dimensión limitada y un elevado nivel cultural. 
Éste podría ser un fuerte ejemplo para todos los Gobiernos europeos y todas las administraciones con las cuales tendremos que contactar exclusivamente por vía electrónica. 
Además de esto tenemos un reto social; en efecto, debemos luchar contra el desempleo y la exclusión social. 
Del discurso del Presidente en ejercicio Sr. Guterres se deduce un planteamiento sistemático basado en un nuevo empleo de las tecnologías, pero también en un gran esfuerzo a fin de que estas tecnologías no produzcan de nuevo la exclusión social que fue el verdadero riesgo para el desarrollo de los años ochenta, pero también para el desarrollo más reciente. 
Debo decir con la máxima preocupación que las divisiones de la sociedad europea en materia de renta están aumentando y no disminuyendo: este aspecto de la división social reviste una importancia fundamental y ha de ser tenido en consideración si no queremos encontrarnos ante una sociedad rota en un breve período de tiempo. 
Por lo tanto, tenemos una Cumbre para el crecimiento sostenible y para el empleo; tal como hemos hecho, incluso con cierta contestación por parte de algunos, debemos y podemos señalar el objetivo del pleno empleo como un objetivo posible. 
Ha sido bastante complejo hacer este cambio, pero les puedo asegurar que no hay nada de irreal en este objetivo. 
Se trata de un objetivo accesible porque tenemos un sólido marco macroeconómico, al que ahora debemos añadir la Cumbre de Lisboa, o sea, recursos humanos, nuevas ideas sobre el mercado y la utilización del conocimiento y de la investigación. 
Los recursos humanos suponen educación, formación, reforma del Estado social para hacer frente ante todo al problema del envejecimiento. 
No siempre hemos sido capaces de resolver con éxito este problema que tienen todos nuestros Estados y que, conforme van pasando los días, se convierte en más serio. 
El problema sigue planteado. 
Pienso que en Lisboa podremos dar un paso adelante reuniendo las experiencias benchmarking y las propuestas relacionadas con este tema tan importante. 
En lo que al mercado se refiere, siguen habiendo muchas cosas por hacer. 
No es verdad que hemos alcanzado un mercado único perfecto. 
Seguimos necesitando otras reformas estructurales; debemos completar ante todo la situación en el sector de los servicios, del comercio electrónico, de la energía, de los transportes; tenemos todavía muchos servicios públicos que aún no han entrado en un régimen de competencia y de máxima eficacia. 
Si queremos contener la inflación con el aumento del precio del petróleo, debemos actuar a escala europea y nacional para mejorar estos servicios y esto vale también para los servicios financieros y bancarios. 
En consecuencia, nos hace falta- y esto ha de decirse porque, desde un tiempo a esta parte, subsiste una situación de estancamiento- un estatuto de la sociedad europea, una patente europea, un mercado de capitales más líquidos y mejores normas para los concursos públicos. 
Estos son los puntos operativos que no podemos eludir. 
En la Comisión nosotros cumpliremos con nuestro papel y, como les decía hace unos momentos, comenzaremos a utilizar en nuestro seno todas estas nuevas tecnologías, en todos nuestros procedimientos y en las relaciones con el exterior. 
Sin embargo, para llegar a ser un modelo de administración eficaz, debemos tratar de actuar para que esto suceda en todo el continente, al objeto de poder servir de instrumento de multiplicación del conocimiento y de la tecnología. 
En este sentido, debemos movilizar a los ciudadanos, a las autoridades locales, a los Gobiernos nacionales, a las empresas y a los sindicatos. 
Poner esto en red, como decía el Presidente Guterres, es el esfuerzo prioritario de Lisboa. 
Para obtener resultados, hacen falta un método y, como ha precisado el primer ministro portugués en el último punto de su discurso, parámetros macroeconómicos muy claros para llevar a cabo esta actividad. 
Por lo tanto, no ponemos en marcha un nuevo proceso, no añadimos nada nuevo, pero por primera vez integramos con posibilidades de éxito las iniciativas existentes. 
Sin embargo, debemos hacer algo nuevo: encontrar la forma de medir estos progresos, ser concretos ante nuestra opinión pública y, en consecuencia, utilizar el benchmarking- término hasta hace unos años casi desconocido- o, para utilizar términos más sencillos, la comparación y la medida de estas cosas de manera totalmente orgánica. 
Debemos darnos cuenta, inexorable y seriamente, de los campos en que hemos perdido terreno, que son muchos: baste pensar en el sector de la biotecnología en que, en los últimos años, hemos registrado relativos fracasos; debemos difundir buenas prácticas en todos los sectores y tratar de proponerlas a escala europea. 
En Lisboa nos esperamos lo que intentamos preparar conjuntamente, con la colaboración- que no puedo más que agradecer- de la Presidencia portuguesa, es decir, compromisos operativos concretos, objetivos claros, un número restringido de medidas, pero medidas concretas y medibles, con el fin de poder acelerar el cambio y avanzar, habida cuenta de que en estos años se decide el liderazgo durante el próximo siglo. 
Podremos tener una Europa grande, fuerte, compartida sólo si conseguiremos dar nuevamente a nuestros ciudadanos la alegría de recuperar este liderazgo que hemos perdido. 
Doy las gracias al Sr. Presidente de la Comisión y doy en seguida la palabra al Sr. Suominen, a nombre de Grupo del Partido Popular Europeo- Demócratas Europeos. 
Señora Presidenta, distinguido Presidente del Consejo, señor Primer Ministro Guterres, distinguido Presidente de la Comisión, señor Prodi, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos, puedo decir con seguridad que, a grandes rasgos, nos sumamos a las ideas que ustedes dos, señor Primer Ministro y señor Presidente, han expuesto. 
En nombre de mi Grupo, felicito a la Presidencia portuguesa por la organización del Consejo Europeo extraordinario de Lisboa, y, naturalmente, le deseamos toda la suerte y el mejor éxito para llevar a cabo esos provechosos objetivos. 
Por nuestra parte, quisiera hacer hincapié en algunas cuestiones. 
Desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos, lo más importante es que aspiremos a mantener un crecimiento económico sostenido en el territorio de la Unión, ocupándonos, al mismo tiempo, de que se equilibre el nivel de bienestar entre las regiones y de que cada vez sean más los ciudadanos que perciban unos ingresos suficientes por medio de su trabajo, sin verse obligados a acudir a la ayuda de la sociedad. 
Los procesos que se han puesto en marcha mediante decisiones conjuntas para mejorar el empleo, para impulsar la renovación de la economía y para mejorar la cohesión social en el territorio de la Unión, son extremamente importantes. 
Considero acertado que el Consejo de Lisboa, a finales de este mes, se detenga a examinar en qué dirección marchamos. 
A pesar de la diversidad de formas de estos procesos, todos ellos deben tener el mismo propósito: mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio de la Unión. 
Sin embargo, nosotros no echamos de menos nuevas fórmulas, nuevos grupos de trabajo ni nuevos foros para alcanzar esa meta. 
Seguro que los instrumentos necesarios están en conocimiento de todos. 
No obstante, muchas veces los puntos de vista nacionales, a veces también la resistencia ideológica, dan lugar a que no se haga uso de estos instrumentos. 
Lo más importante ahora es despejar, a ritmo acelerado, los obstáculos que se interponen en la creación de un mercado doméstico europeo, en vez de seguir moviéndonos, en lo que respecta a muchos sectores, en el marco de quince mercados diferentes. 
Cuando empezó a impulsarse con energía la idea del mercado interior en la década de 1980, todavía era posible avanzar hacia la meta, metafóricamente hablando, a la velocidad de un tren de cercanías remolcado por una locomotora de vapor. 
Hoy en día- con la rápida evolución del comercio electrónico y a un nivel muy distinto de procesamiento el intercambio de información, nos vemos necesitados, cuando menos, de la velocidad del bólido de Fórmula 1 de Mika Häkkinen; sin embargo, debemos estar seguros de que la propulsión del motor de los responsables de adoptar las decisiones no cese antes de llegar a la meta. 
¿Cómo podemos imaginarnos que seremos capaces de crear el espacio económico más competitivo del mundo, si no nos atrevemos a liberalizar la competencia dentro de ese mismo espacio? 
La ya acordada liberalización de las telecomunicaciones, así como la apertura a la competencia del sector energético, crean nuevos y necesarios puestos de trabajo, al tiempo que reducen los precios para la industria y para los consumidores. 
Del mismo modo, la eliminación de las trabas para las pequeñas y medianas empresas del sector industrial- sean los complicados procedimientos administrativos, la adquisición de capital o las cuestiones fiscales- ocupa un lugar relevante en el camino hacia la competitividad y el bienestar. 
También debe formar parte de esta mejora de la competitividad una armonización razonable de los impuestos, así como la modernización de nuestros sistemas sociales, de modo que los países de la Unión con mayor nivel impositivo puedan bajar los impuestos que dificultan la creación de empleo. 
De todos modos, los cimientos son la formación y la investigación. 
Es completamente acertado que aspiremos a crear una infraestructura del conocimiento en la que las personas físicas, las escuelas y las empresas puedan participar con costes moderados o de forma gratuita. 
Hay que prestar especial atención a la creación y mantenimiento de recursos destinados a los sectores con perspectivas prometedoras de creación de empleo. 
Entre éstos se encuentran, naturalmente, las tecnologías informáticas, el comercio electrónico, el turismo y también el sector de servicios dirigidos a la tercera edad, ya que es innegable que nuestra población envejece constantemente. 
Hay que destacar dos aspectos, y no sólo en el Parlamento, sino también en la Comisión y en el Consejo, y debemos tenerlos siempre presentes. 
Estas funciones corresponden siempre, en su mayor parte, a los Estados miembros- sea cuestión de la formación y la investigación, de la extensión de la competencia o de la eliminación de trabas para las actividades empresariales. 
También la coordinación es algo natural en muchos sectores no comerciales que entran en el ámbito de las competencias de la Unión, con el fin de evitar superposiciones; pero la existencia de una competencia leal y sana también en muchos de estos sectores no comerciales es algo todavía más importante. 
Por su parte, la aplicación de los métodos bench marking- indicadores de referencia- y best practise- comparación con las mejores prácticas -, recomendados por la Comisión, presupone que exista una gran transparencia a nivel europeo en todos aquellos ámbitos que no forman parte del secreto comercial de las empresas. 
El Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos subraya su aspiración a desarrollar una economía social o, como se suele decir ahora, ecosocial, de mercado que tome en cuenta tanto el bienestar de toda la sociedad, como la preservación del medio ambiente. 
En el proceso de realización de nuestro objetivo, destacamos la importancia del modelo social europeo, pero también hacemos hincapié en que éste no debe ser un sistema rígido e inmóvil, basado en la defensa de los logros sociales conseguidos, sino que debe desarrollarse a la par que la sociedad. 
La modernización del modelo social europeo, el aumento de su eficiencia, es tan importante para nuestra competitividad como la modernización de nuestra economía. 
El trabajo debe ser la mejor forma de asegurar el bienestar de las familias, pero en los casos en que esto sea absolutamente imposible, entonces la red de protección social debe estar presente para evitar la exclusión. 
Una de las transformaciones actuales en los métodos de trabajo corre el riesgo de convertirse en un inconveniente para el óptimo desarrollo de las relaciones humanas: las telecomunicaciones, Internet, los ordenadores con los que trabajamos y la televisión, que ya nos parece anticuada, amenazan con convertir la relación entre el hombre y la máquina en algo esencial en el seno de la sociedad. 
Sin embargo, lo más importante es que existan unas relaciones humanas maduras en la familia, en el trabajo, en la sociedad y en el ámbito internacional. 
Al subrayar la importancia de la educación, debemos intentar que nuestra juventud tome conciencia de este hecho ya desde un principio. 
En mi opinión, la Comisión se remite con razón a los déficit que impiden la creación de más empleo en el territorio de la Unión. 
Uno de los mencionados es el déficit de cualificaciones. 
En una Unión con quince millones de parados existe un déficit de un millón de trabajadores en sectores, para los que no se cuenta con suficientes conocimientos técnicos. 
Algunos proponen que se importe a la Unión mano de obra altamente cualificada. 
Yo pregunto si esta solución es justa para esos países menos desarrollados que nosotros, a los que despojaríamos de capacidades intelectuales. 
Las Naciones Unidas, a su vez, han señalado que dentro de dos años habrá en Europa un déficit de cuarenta millones de trabajadores como consecuencia del desarrollo demográfico. 
Es difícil practicar esa política moderada, lenta en sus resultados, que debe ser realizada aquí y ahora, si presentamos a los ciudadanos de Europa este tipo de escenario, cuando ellos mismos tienen miedo de perder su puesto de trabajo. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, deseo ante todo agradecer al Primer Ministro Guterres, Presidente del Consejo, que haya tomado dos iniciativas: una, la de la Cumbre europea extraordinaria de Lisboa sobre el empleo, la cohesión social y la competitividad y, segunda- y es importante para esta Casa -, el habernos consultado primero. 
El Grupo Socialista respondió a su consulta pero, además, ha tenido un acto de valor político y de estilo- que yo creo que hay que subrayar- y es que ha venido aquí antes de la Cumbre, es decir, ha hecho un ejercicio de riesgo político y creo que eso hay que apreciarlo y, además, debemos apoyarle por esta iniciativa que espero, señora Presidenta, -en la mejor tradición de esta Casa- que cree un precedente. 
En cuanto al contenido de su discurso, tengo que decir que mi Grupo se identifica muy claramente con la defensa que ha hecho de los valores fundamentales de la Unión Europea. 
Creo que, sin riesgo de ser muy partidista, puedo decir que el Presidente del Consejo ha planteado una iniciativa socialdemócrata de modernización de la economía europea- no de su desmantelamiento- y eso es lo que defendemos nosotros. 
Y se ha referido a un triángulo mágico en el que hay tres pilares, tres desafíos, para cubrir tres déficit. Muy brevemente, voy a pronunciarme sobre ellos. 
En primer lugar, sobre el déficit político. 
Señor Presidente del Consejo, todos los sistemas democráticos son deficitarios, pero tiene usted razón cuando señala que estamos en este momento ante el comienzo, bajo Presidencia portuguesa, de una conferencia intergubernamental para reformar los Tratados. 
Sé- y así lo ha dicho usted- que el Gobierno portugués desea ir más allá de los llamados "restos" de Amsterdam, que no son restos sino temas importantes. 
Yo le animo a que cuestiones como la Carta de los derechos fundamentales y los temas relativos al funcionamiento de nuestras instituciones también estén incluidos dentro de esta reforma. 
Creo que es importante. 
Y no es de menor importancia el conseguir que, junto al gobierno monetario que tenemos, haya también un gobierno económico, es decir, un reforzamiento de la capacidad de decisión económica de la Unión. 
En segundo lugar está el desafío estratégico. 
Yo concuerdo absolutamente con él en el énfasis que ha puesto en la sociedad del conocimiento y en la formación permanente. Yo le pediría que, cuando el Consejo estudie los presupuestos, se doten más las cuestiones relativas al conocimiento, que no tengamos que volver a luchar por el programa Sócrates o Leonardo, con la investigación, con el plan marco, que haya más generosidad por parte del Consejo. 
(Aplausos) 
En tercer lugar, sobre la coordinación, me parece muy positivo que usted haya planteado, de una vez por todas, el cosechar y no el lanzar nuevas iniciativas que no tienen futuro. 
También ahí le animo a que el Consejo Europeo prevalezca sobre el Ecofin, que no nos encontremos con que el Consejo Europeo aprueba una resolución y luego el Ecofin no la financia. 
(PT) En conclusión, y dirigiéndome al Presidente del Consejo António Guterres en mi mal portugués, he decir que, por ser el representante de un pueblo de descubridores y navegantes, creo que tenemos posibilidades de proseguir la ruta marcada por los portugueses, un pueblo que tiene valentía política. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, el debate es bienvenido, necesario y oportuno. 
Todos reconocemos que la Unión Europea, en vez de registrar una recuperación económica, está funcionando de forma poco eficiente para demasiada gente; en particular, para 16 millones de nuestros ciudadanos la UE simplemente no funciona. 
Esto es una afrenta a la dignidad individual y colectiva y nos proporciona, cuanto menos, 15 millones de razones por las que llevar hacia delante este proyecto cuyas características más importantes ha expuesto usted hoy aquí, Señor Primer Ministro. 
Asimismo, acojo con gran satisfacción el hecho de que haya venido a esta Casa a conversar con nosotros antes de ir a la Cumbre. 
El potencial es evidente: si la Unión Europea hoy, en sus Estados miembros, tuviera que lograr su mejor práctica ya alcanzada por los estados que la componen y por sus competidores, tendríamos 30 millones de puestos de trabajo más, dos veces más que el actual número de desempleados. 
Esta es una forma práctica de medir el potencial si conseguimos aplicar las políticas y métodos adecuados. 
Usted, señor Primer Ministro, y el Presidente Prodi han identificado correctamente cuál es la tarea de Lisboa, moviendo, ni más ni menos, la política europea hacia una nueva práctica, hacia un nuevo paradigma. 
Nosotros, el Grupo Parlamentario ELDR, creemos que la tarea de la Unión en este estadio consiste en desarrollar este nuevo paradigma, de modo que se cree la sensación de una Europa que posibilite: que haga posible a los ciudadanos el pleno desarrollo de sus potencialidades. 
Con una mayor coherencia en términos de benchmarking, compartiendo las mejores prácticas y mejorando la cooperación estratégica, la UE puede convertirse en un importante factor generador de una nueva dinámica económica. 
Demasiados mercados europeos están aún excesivamente fragmentados. 
Pocas PYMEs acaban por convertirse en líderes mundiales. 
El número de empresarios en Europa es insuficiente. 
El número de empresas en Europa es insuficiente. 
Usted mismo ha puesto de manifiesto, Primer Ministro, que hay muy poco capital-riesgo disponible en los mercados europeos de capital. 
Nuestras inversiones en investigación y desarrollo son insuficientes, tanto las de cada Estado miembro como las colectivas de Europa. 
Y si llegamos a invertir, una parte insufuciente de la misma se convierte en bienes y servicios de mercado. 
El desafío de Lisboa consiste en elaborar políticas y métodos para reparar estas deficiencias y para liberar esta dinámica potencial. 
Esto sería un verdadero ejercicio de capacitación. 
Si podemos dar trabajo a la gente, esto se convertirá en el arma más importante en la lucha contra la exclusión social. 
El nuevo paradigma debe tomar, por tanto, como referencia a las personas, reflejando el concepto de la formación continuada, invirtiendo en la adaptabilidad al trabajo mediante la formación y el entrenamiento, e invirtiendo en el desarrollo personal y en las oportunidades individuales. 
El Sr. Barón Crespo ha descrito todo esto como un proyecto socialdemócrata. 
Yo tiendo a describirlo más bien como un proyecto liberal ilustrado. 
Dentro de las limitaciones presupuestarias y de una política macroeconómica estable ­subrayo dichas limitaciones, tal como ha hecho el Presidente Prodi­ y estrictamente hablando, nuestros modelos sociales europeos ofrecen una red de seguridad de bienestar. 
Pero para muchos de los excluidos y de los parados de larga duración, de los jóvenes, de las mujeres y de otros colectivos marginados, la dependencia pasiva de la red de ayudas sociales no es suficiente. 
Es una trampa. 
Lo que tenemos que hacer es liberar esta nueva dinámica a nivel individual diciendo: los recursos están ahí, incluso dentro de una estructura financiera sólida. 
Pero estos recursos se están utilizando de forma pasiva. 
Tienen que ser reconvertidos en modelos activos de bienestar orientados a animar a todas las personas que puedan, que actúen, y a los que no puedan, a seguir disfrutando de la protección. 
El mejor modo de asegurar la lucha contra el desempleo y fomentar la cohesión social en Europa es contar con una economía generadora de empleo y con modelos de bienestar sostenibles. 
Por último, en lo que respecta a la sociedad del conocimiento, es evidente que necesitamos cambiar de modelos de pensamiento, no sólo a nivel tecnológico, sino también a nivel social. 
Es evidente que necesitamos transformar los viejos métodos de gasto social en nuevas oportunidades económicas y social. 
Necesitamos desprendernos de las políticas y métodos que han condenado a una generación de europeos a ser un segundo mejor en el escenario del mundo. 
Podemos conseguirlo haciendo posible que Europa y sus habitantes alcancen su pleno potencial. 
Si Lisboa acierta en los objetivos expuestos hoy aquí, esto significará un paso importante en ese camino hacia la liberación de la dinámica a la que ya me he referido. 
Señor Primer Ministro, quisiéramos creer como usted y la Presidencia portuguesa, que Europa debe construirse como una civilización cuya prosperidad económica y social se funda en la valorización de los conocimientos, de la diversidad cultural y de la cohesión, y que desempeña un papel activo en la promoción de un orden mundial más equilibrado, más pacífico y más solidario. 
Quisiéramos también creer como usted que existe una conciencia clara y compartida de que la amplitud de los cambios a prever en materia de cualificaciones necesarias para enfrentar los nuevos desafíos tecnológicos de las empresas lleva también consigo el riesgo de crear nuevos procesos de exclusión social, para retomar sus palabras. 
Quisiéramos creerlo, pero no podemos. 
¿Por qué? 
Porque sabemos que ciertamente, la nueva economía permite la aparición de nuevos empleos de creativos, de informáticos. 
Vemos la agitación febril con la que se multiplican las vocaciones de inversionistas y se desarrolla el fenómeno de las start-up pero también conocemos el turn-over que caracteriza las centrales telefónicas debido a las espantosas condiciones de trabajo que reinan en esos nuevos templos del taylorismo que emplean centenares de miles de trabajadores. 
Sabemos que más de la mitad de los empleos que se crean en la Unión Europea en la actualidad son precarios, temporales, a tiempo parcial no deseado, y que por consiguiente no garantizan a los que los ejercen ni condiciones de autonomía personal ni, muchas veces, ingresos que les permitan vivir decentemente. 
Sabemos que las nuevas tecnologías no generan por sí mismas más democracia, sino simplemente una mayor autonomía colectiva e individual para los ciudadanos que están más integrados socialmente. 
Sabemos que las privatizaciones de los servicios públicos hacen peligrar la cohesión social, territorial y regional, y sabemos también que la Comisión propone que se acelere ese proceso. 
Sabemos que, en nombre de los empresarios, la UNICE descubre su juego en los documentos preparatorios de la cumbre europea del business prevista en junio en Bruselas: se pide a los poderes públicos que eliminen todos los obstáculos sociales, reglamentarios y fiscales al desarrollo de los negocios y que inviertan masivamente en la salvaguarda de la demanda. 
Y por fin sabemos que quien pretende cubrir las necesidades de los ciudadanos debe en primer lugar garantizar su plena participación en la selección de las políticas públicas. 
Sabemos todo eso. 
Ahora bien, no hemos leído ni oído decir que se tome en cuenta la recomendación del grupo de expertos de alto nivel, según los cuales el pleno éxito económico de la sociedad de la información supone que ésta se nutra de las necesidades reales de los ciudadanos, más que de las simples demandas de las fuerzas del mercado de las industrias de la tecnología. 
No hemos oído decir que todas las experiencias efectivas de uso ciudadano y solidario de las nuevas tecnologías de la información serían apoyadas, ni que se fomentaría el papel de las asociaciones para el aprendizaje y la información de todos los públicos. 
No hemos oído decir que recursos financieros públicos podrían ser liberados para promover innovaciones en materia de productos y servicios encaminadas a mejorar nuestra calidad de vida común. 
No hemos oído decir que el servicio universal de telecomunicaciones sería redefinido para permitir el acceso de todos al Internet en las mejores condiciones de calidad técnica y a precios asequibles. 
En suma, no hemos oído decir que en el comercio al que nos referimos el ciudadano prevalezca sobre el cliente. 
No hemos oído decir que más allá del objetivo pregonado y positivo de erradicación de la pobreza de los niños, se reforzaría la autonomía de las personas gracias al establecimiento, en cada Estado miembro, de ingresos mínimos decentes que formarían parte de una verdadera estrategia de lucha contra la exclusión. 
No hemos oído decir que el objetivo del pleno empleo incluiría el apoyo a las iniciativas locales y regionales, al sector oculto de la economía solidaria, a la reducción efectiva y coordinada de la duración del trabajo y se acompañaría de fuertes exigencias en lo que se refiere a la calidad y a la durabilidad de esos trabajos. 
No hemos oído decir que el crecimiento tan esperado se apoyaría en la elección de un desarrollo duradero. 
No encontramos en el documento de la Presidencia portuguesa o en las orientaciones estratégicas 2000 de la Comisión la menor huella del proyecto legislativo en el área social, para reforzar la protección de los trabajadores contra los despidos o para luchar contra el dumping social. 
Desde luego no podemos sino solidarizarnos con la preocupación del Consejo y de la Comisión por proveer por fin a la Comunidad Europea, después del mercado único, después del euro, de un proyecto político propuesto a todos sus residentes, pero la nueva gobernanza de que os valéis, abusivamente a mi modo de ver, no tiene la ambición democrática participativa a la cual aspira la sociedad civil europea emergente. 
Señora Presidenta, señor Primer Ministro y Presidente del Consejo, la situación que se vive en la Unión y en la generalidad de los Estados miembros es como para suscitar legítimas preocupaciones, pese a la recuperación económica coyuntural. 
La tasa de desempleo se mantiene en niveles bastante elevados, se agrava permanentemente el desempleo de larga duración y son extraordinariamente bajos los niveles de empleo, elementos que van acompañados, además, y agravados por la precarización cada vez mayor del empleo y que denotan, en realidad, una situación social que afecta en particular a las mujeres y a los jóvenes y que está marcada de forma dramática por los cerca de 50 millones de excluidos. 
En vísperas del Consejo Extraordinario dedicado a esos problemas, la cuestión fundamental que se plantea, por esa razón, es la de saber si existe o no voluntad política para modificar semejante situación. 
O si, al contrario, estamos sólo ante una iniciativa más sin consecuencias, que se sumará a sucesivos planos, estrategias y cumbres ya dedicados en el pasado a ese tema y de los cuales no resultó ninguna modificación de fondo. 
En nuestra opinión, no sólo es necesario modificar este estado de cosas, sino que, además, es posible hacerlo. 
Necesario, porque el empleo, y el empleo de calidad y con derechos, constituye un derecho fundamental de la persona humana. 
Posible, si se abordan sus verdaderas causas, que, a nuestro entender, son indisociables de la deriva neoliberal que viene caracterizando las orientaciones fundamentales, en particular en la esfera macroeconómica, que tiene exponentes en la prioridad concedida al Pacto de Estabilidad y a los criterios de convergencia nominal y, por consiguiente, en la secundarización de la cohesión social, generalmente acompañada de la completa desreglamentación laboral, del incentivo a las privatizaciones, a las fusiones y a los traslados de empresas, por lo general causantes de desempleo, pero también por una política presupuestaria profundamente restrictiva en los planos comunitario y nacional. 
De tal forma, que hoy presenciamos una manifiesta consolidación del núcleo esencial de las orientaciones "thatcherianas", aunque suavizadas con medidas de carácter asistencial. 
Y ya que no por la fuerza de pregonados principios conservadores, con el argumento de un supuesto pragmatismo globalizador y en nombre de una endiosada competitividad. 
Por eso, no basta con el llamamiento a la coordinación de las políticas sociales o con la insistencia en la sociedad de la innovación y del conocimiento o en las tecnologías de la información, por importantes que sean. 
Es indispensable abandonar esa perspectiva monetarista y antisocial y situar definitivamente a la persona humana en el vértice de las prioridades y las políticas. 
Mi Grupo, que atribuye particular importancia a las cuestiones sociales, y teniendo en cuenta la celebración del próximo Consejo extraordinario, se reunió la semana pasada en Lisboa exactamente con el objetivo de analizar y debatir esos problemas. 
Allí tuvimos ocasión de debatir y oír a representantes de trabajadores, sindicalistas portugueses y de diversos puntos de Europa y nos reunimos, en particular, con representantes de ABB, de Michelin y también con promotores de las marchas por el empleo. 
Y sacamos conclusiones consubstanciadas en 14 puntos que comunicaremos oficialmente a la Presidencia del Consejo. 
Para nosotros, es necesario, esencialmente, adoptar medidas políticas macroeconómicas basadas en la dinamización de la demanda y de las inversiones públicas y en el respeto de los servicios públicos renovados, orientadas al pleno empleo y que garanticen un nivel de empleo, en 2010, del orden del 75%. 
Es necesario garantizar un reparto de la renta más favorable al trabajo, asegurar la tributación de los movimientos especulativos de capitales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, poner trabas a las fusiones y los traslados de empresas, en particular cuando van orientados y acompañados de despidos, avanzar en la reducción de la jornada laboral sin disminución de los salarios y sin degradación de la calidad del empleo, reconsiderar las perspectivas financieras de la Unión, apoyar decididamente las pequeñas y medianas empresas, apostar firmemente por un sistema de enseñanza renovado y por una mayor y mejor formación profesional, poner fin a las discriminaciones de que son víctimas principales las mujeres y los jóvenes. 
A la luz de ello y de la capacidad para formular objetivos concretos y debidamente expresados en cifras y con un calendario en esa esfera fulcral analizaremos y juzgaremos los resultados de la Cumbre de Lisboa. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Presidente del Consejo y señor Primer Ministro de Portugal, atentos, como hemos estado, a las cuestiones relativas al empleo, debemos acoger con beneplácito la iniciativa de la Presidencia portuguesa de volver a colocar en el orden del día político europeo el futuro del modelo social europeo. 
No obstante, antes de pronunciarme sobre ese asunto, quisiera señalar a la atención de Sus Señorías algunos aspectos del camino recorrido por Europa en estos diez últimos años para que podamos poner en perspectiva y con realismo los diez próximos años, como nos propuso la Presidencia portuguesa. 
Hace más o menos diez años, cuando se debatía la moneda única y la convergencia nominal, hubo quien, en varias sedes de decisión y debate, alertó sobre la necesidad de conferir primacía a las cuestiones del empleo, de la convergencia real de las economías y de la cohesión económica y social. 
Muchos de nosotros planteamos entonces dudas y propusimos opciones substitutivas del rumbo trazado para que se afrontaran oportunamente los imperativos que hoy se nos plantean. 
No obstante, los entusiastas de la moneda única centraron la atención casi exclusivamente en su aprobación, creyendo que, con ella, con el euro, se había encontrado el camino y la oportunidad para la resolución de los problemas sociales y del desarrollo con los que siempre se ha debatido la Unión Europea y, en particular, algunos de sus Estados miembros de economía más débil. 
A medida que transcurría el tiempo y conscientes de que la moneda única, por sí sola, no aumentaba el empleo, los Jefes de Estado o de Gobierno se vieron obligados a pronunciarse. 
Reunidos en Luxemburgo, decidieron formular directrices para que los Estados miembros pudieran elaborar sus propios planes nacionales de empleo que habrían de presentar a las instancias comunitarias. 
Aún se debatían dichos planes y ya se reclamaba una nueva cumbre para establecer un Pacto por el Empleo, cosa que sucedió en Colonia sin que se concediera tiempo siquiera para calibrar las consecuencias prácticas de lo decidido en Luxemburgo. 
Entretanto, se probó también el proceso de Cardiff, es decir, que se recorrió todo un camino, a veces sin gran articulación, que debemos recordar, sin embargo, para poner mejor en perspectiva los cambios de ruta indispensables. 
Señor Presidente y Señorías, he leído con la debida atención el documento de la presidencia portuguesa para esta Cumbre de Lisboa, que supera con mucho las cuestiones relacionadas con el empleo y pontifica sobre una sociedad de la información y la cohesión social. 
No discutimos, naturalmente, el objetivo estratégico de hacer de la Unión Europea, a escala mundial, un espacio económico basado en la innovación y el conocimiento, sino dinámico y más competitivo a fin de aumentar los niveles de crecimiento económico, con más y mejor empleo y una mayor cohesión social. 
Pero que no se diga que ese objetivo estratégico es nuevo, porque no lo es. 
Conviene decir incluso que difícilmente comprendemos la pasividad con que muchos Gobiernos de la Unión Europea han contemplado la experiencia americana de utilización de las nuevas tecnologías como factor de crecimiento económico y de creación de empleo y lo poco que ha hecho para apoyar sobre todo muchas pequeñas y medianas empresas que han tenido dificultades para adaptarse a la nueva realidad y beneficiarse de las tecnologías de la información. 
Por otro lado, quisiera decir también de forma clara que defendemos el modelo social europeo por oposición a ciertos modelos sociales de otras partes del mundo, pero lo defendemos con el supuesto de que es un modelo por perfeccionar y concretar de forma compartida. 
En efecto, no concebimos la Cumbre de Lisboa como una reunión más de palabras grandilocuentes, cierto es, pero de sentido meramente proclamatorio y desresponsabilizante. 
Es que, mientras subsistan, señor Presidente y Señorías, disparidades de 400% entre los niveles de los salarios mínimos en la Unión, la verdadera Europa está por construir. 
Mientras existan tasas de desempleo de dos dígitos, o verdaderas bolsas de desempleo oculto en la Unión Europea, la verdadera Europa está por construir. 
Mientras las familias no estén reconocidas de forma generalizada como un núcleo esencial del desarrollo humano y social, la verdadera Europea está por construir. 
Mientras los pobres y los excluidos, cuyo número es cada vez más visible en la Unión, no sean objeto de atención prioritaria por los poderes públicos y por la sociedad, la verdadera Europa está por construir. 
Mientras no abordemos de frente el problema demográfico de la Unión Europea, que nos provocará una crisis en los sistemas sociales y la existencia de una cuarta edad, necesitada de atención especial, la verdadera Europea sigue por construir. 
Mientras la calidad de los sistemas de protección social y, en particular, las pensiones de jubilación de un Estado miembro sean tan dispares de las de otro Estado miembro de la Unión Europea, la verdadera Europa sigue por construir. 
Por último, mientras no haya una convergencia real, mientras la cohesión económica y social no sea una realidad para todos, mientras el modelo social europeo no evolucione, la verdadera Europa, señora Presidenta y Señorías, sigue por construir. 
De esta Cumbre de Lisboa no esperamos la resolución de todas esas cuestiones. 
Lo decimos con el realismo de quien sabe y desea que así se mantenga, que la política social y su aplicación continúe en la esfera reservada de las competencias de los Estados miembros. 
En esas circunstancias, por la vía de la coordinación debemos proseguir a fin de obtener el máximo rendimiento común de los diversos y entrecruzados procesos institucionales organizados para desarrollar las políticas sociales de que dispone ya la Unión Europea. 
No obstante, y para concluir, deseamos que la Cumbre de Lisboa no se limite a ser una cumbre en la que prevalezca el análisis y el diagnóstico de los problemas sociales y en la que a las conclusiones no sigan las consecuencias. 
Los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea, más que conclusiones, más que palabras, esperan respuestas y quieren acciones. 
Por nuestra parte, abrigamos la esperanza de que la Presidencia portuguesa comprenda el significado político de esa diferencia. 
Señor Presidente, la Cumbre de Lisboa generará un nuevo repertorio de buenas palabras. 
Las palabras serán bien recibidas, no obstante, el problema fundamental radica en la existencia de una Unión Económica y Monetaria que antepone la lucha contra la inflación al empleo. 
El Banco Central ha manifestado que el incremento de los precios debe mantenerse siempre por debajo del 2%, el Pacto de Estabilidad dice que el déficit presupuestario anual no debe ser superior al 1%. 
No hay ningún requisito que sitúe la tasa de desempleo por debajo del 5% o- aún mejor- del 2 o 1%. 
Es el precio del dinero el que no debe subir, es el gasto público el que no debe aumentar. 
Es posible que un país desee poner límite al desempleo mediante inversiones públicas, sin embargo, tal cosa está prohibida. 
Es más importante mantener a la política monetaria en un altar que proporcionar trabajo a los desempleados. 
Me parece más importante tener en cuenta la economía de las familias y garantizar que el cabeza de familia vuelva a casa con una nómina en lugar de con una carta de despido, y así lo pensó también el gobierno danés salido de las urnas en 1993. 
En 1992 teníamos un 9,2 % de desempleados tanto en la zona Euro, es decir, los once países, como en Dinamarca. 
En la zona Euro creció hasta el 10,9 %. 
En Dinamarca hemos disfrutado de una tasa de crecimiento global del 20% frente al 10% registrado en la zona Euro. 
De haber actuado hoy el gobierno danés de la misma forma, habría actuado directamente de forma ilegal y anticonstitucional, puesto que el déficit presupuestario en aquel entonces era del 3,9 %. 
Actualmente, Dinamarca presenta superávit presupuestario, porque los que vieron reemplazada su carta de despido por una nómina comenzaron también a pagar impuestos en vez de a cobrar ayudas. 
Creo que los Jefes de Estado deberían estudiar el ejemplo danés cuando se reúnan en Lisboa para tratar temas económicos. 
Es necesaria una modificación del Tratado de la UEM en lugar de un nueva colección de buenas palabras a los desempleados. 
Mi grupo espera que los electores daneses decidan conservar la corona danesa cuando acudan a votar al referéndum que sobre la adhesión a la UEM se celebrará en Dinamarca el 28 de septiembre de este año. 
Señor Presidente del Consejo de la Unión Europea, he tenido ocasión de oír con interés las palabras que aquí nos ha dirigido y es evidente que, en un plano general, ninguno de los presentes puede dejar de estar de acuerdo con ellas: se trata de procesos de intención que corresponden a una visión que todos compartimos sobre los problemas del empleo y de Europa. 
Y, desde ese punto de vista, está también el que el Presidente del Consejo ha mencionado como uno de los objetivos de la Cumbre de Lisboa: la lucha contra el déficit político en Europa. 
Y, precisamente porque creo que si seguimos haciendo afirmaciones generales de ese tipo, difícilmente superaremos ese déficit político, quisiera formularle algunas preguntas concretas para intentar comprender cuál es la política que, bajo su Presidencia, se pondrá en práctica después de la Cumbre de Lisboa. 
Y la primera de las preguntas- muy directa- que quisiera formular se refiere a una cuestión institucional que por primera vez tenemos la oportunidad de examinar con el Presidente del Consejo de la Unión Europea. 
Tiene que ver con el problema político más grave que se nos ha planteado en los últimos tiempos: el de Austria. 
Y la pregunta que quisiera formularle muy claramente es ésta: ¿el Presidente del Consejo de la Unión Europea representa aquí a 14 o a 15 países de la Unión? 
Y tiene el mayor sentido formular esta pregunta en la medida en que, al ser Presidente en ejercicio de la Unión Europea, ha funcionado y ha actuado como portavoz de decisiones bilaterales entre Estados. 
Desde ese punto de vista, esta pregunta tiene todo el sentido y requiere una respuesta formulada con la mayor claridad. 
Creo que es muy grave, en el plano institucional, que se avance hacia la substitución de las decisiones colegiales a que el Tratado obliga en la Unión Europea por decisiones bilaterales entre gobiernos. 
No estoy discutiendo el fondo de la cuestión austríaca, estoy discutiendo el grave precedente que se puede sentar, si se substituye la colegialidad que imponen los Tratados por decisiones bilaterales: hoy contra un país, mañana contra otro u otros países. 
Ésa es la primera cuestión. 
La segunda cuestión aborda el problema de la Cumbre del Empleo. 
Estaba convencido- entre otras cosas porque asistí a los debates que dieron lugar a la inscripción de los problemas del empleo en el orden del día del Consejo y en el de la Unión Europea- de que la intención original de la Cumbre del Empleo era la de luchar contra los problemas, no de la nueva economía del conocimiento, sino de la vieja economía europea, los problemas del desempleo que existen en las fábricas, en los astilleros, en las metalurgias, en las siderurgias, y que ésos eran los problemas de empleo que originalmente eran presentados como orden del día de la Cumbre del Empleo. 
Y, por tanto, tiene el mayor sentido plantear la cuestión de si, cuando se habla de los problemas de la nueva economía del conocimiento, de la nueva economía digital- que, que yo sepa, aún no ha creado puestos de trabajo en Europa -, no se estará substituyendo una incapacidad para actuar contra los problemas del desempleo del presente por lo que en gran parte y hasta hoy es una retórica sobre los problemas del empleo del futuro... 
Nadie comprende más que todos nosotros el decisivo papel que corresponde a Internet, a la economía digital y a la economía del conocimiento, pero no eran ésas las intenciones originales de la Cumbre del Empleo. 
El Presidente del Consejo ha concluido con una nota vagamente ideológica y menos mal. 
Si ésa es la política socialdemócrata para la economía del futuro, debo recordarle que uno de los problemas más graves relativos a la economía de Internet y al retraso de Europa es la falta de espíritu empresarial inscrita en el sistema de enseñanza, en la actuación de los gobiernos, en el funcionamiento de las instituciones. 
Y contra eso es contra lo que se debe luchar para garantizar la economía del conocimiento del futuro. 
Señor Presidente del Consejo, quisiera en primer lugar darle la bienvenida en el Parlamento Europeo, muy en particular por simbolizar con su comparecencia lo que el Presidente del Grupo de los Socialistas Europeos ya ha dicho aquí, que es el simbolismo político de haber venido también en plena gira por las capitales, a oír al Parlamento Europeo. 
No es la primera vez que, durante la Presidencia portuguesa, hay una relación diferente y políticamente estimulante entre el Consejo y el Parlamento, pero se trata, de hecho, de un gesto significativo, como ha observado mi compañero Barón Crespo, y nos complace hacerlo constar. 
Nuestra posición es clara: apoyamos la iniciativa del Gobierno portugués, porque se trata de una iniciativa seria y por su contenido, tanto en los objetivos estratégicos como en otros objetivos con los que nos identificamos. 
Por lo demás, la forma como se está preparando este Consejo es muy ilustrativa de ello. 
En primer lugar, el grado de seriedad y profundidad del documento presentado en enero. 
Después, las diferentes conferencias preparatorias, la contribución que tanto los empresarios como los sindicalistas están haciendo a esa Cumbre. 
Y sobre todo la última contribución que en el nivel de la investigación se hizo en la reunión celebrada recientemente y a la que asistieron premios Nobel y Ministros de Ciencia y Tecnología. 
Es una muestra de seriedad, de atención al contenido en la preparación de la Cumbre. 
Pero también apoyamos la iniciativa por lo que se refiere al objetivo central que ya se ha enunciado aquí, porque por primera vez no sólo se vuelve a poner en el centro del debate europeo la cuestión del empleo y las cuestiones sociales, sino que se vuelve a considerar posible "alcanzar el objetivo del pleno empleo". 
Durante muchos años, mucha gente decía que eso era imposible, que en las nuevas sociedades no volvería a ser posible. 
Lo felicito, señor Presidente, por que ese asunto vuelva al orden del día sin negar la cohesión social y valores que, para nosotros, son fundamentales, porque no sólo son la matriz del proyecto fundador de la Unión Europea, sino que son también la matriz de nuestra civilización y, sobre todo, de nuestra forma de entender el grado de exigencia de solidaridad entre todos los europeos. 
Ya lo dijimos aquí en enero y quisiera repetirlo: no nos contentamos con que ese objetivo estratégico sea la prioridad de una presidencia, sólo sea prioritario durante seis meses. 
Y desafiamos de nuevo al Consejo y a la Comisión a inscribirlo: no como prioridad de seis meses, sino como una meta de la Unión Europea, tan importante como la de la ampliación o como la de la profundización de la Unión Europea. 
Sólo así puede cumplir el objetivo de seriedad con que la Presidencia está preparando este Consejo Extraordinario. 
Felicidades, señor Presidente. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo y señor Presidente de la Comisión, me gustaría expresar mi alegría ante el hecho de que se haya planteado un orden del día tan activo en favor del empleo y del desarrollo económico para la Cumbre de Lisboa. 
Es un orden del día que insiste en la necesidad de que sean una economía fuerte y dinámica y una mejora de la competitividad las que garanticen el objetivo de mayor empleo en la UE. 
Induce a la reflexión el hecho de que la UE esté tan atrasada tanto en lo concerniente a esfuerzo investigador y desarrollo de nuevas tecnologías como en creación de puestos de trabajo con respecto a los EE.UU. Hace falta unir esfuerzos para promover la investigación y el desarrollo, incluida la investigación relacionada con las tecnologías de la información y es preciso reforzar el mercado interior y crear las condiciones necesarias para sacar el máximo rendimiento de las nuevas tecnologías y desarrollar el comercio a través de Internet. 
Es acertado llamar la atención sobre la cuestión del acceso y la utilización de Internet por parte de los sistemas educativos y de la administración pública y crear lo que se ha dado en llamar "la sociedad del conocimiento" y también es acertado centrarse en el acceso de capital riesgo y fortalecer de otra forma la situación de las pequeñas y medianas empresas. 
En su ponencia para la cumbre, la Comisión ha fijado objetivos cuantitativos para el desarrollo en materia de empleo, desempleo y empleo femenino. 
La Comisión también ha fijado en su ponencia un objetivo para la reducción de los problemas de pobreza dentro de Europa en los próximos diez años. 
Me parece bien que se haga hincapié en unos objetivos comunes, pues las políticas de los países en este terreno serán diferentes- deben serlo. 
En algunos países comunitarios- al no mencionar a ninguno, no me olvido ninguno- se lucha contra un gran paro juvenil, en otros países como, por ejemplo, mi propio país, Dinamarca, el paro entre los jóvenes es muy bajo, sí, hasta existe una lucha entre los empresarios y las instituciones educativas para atraer hacia sí a los jóvenes. 
Existen diferencias entre los países, en lo que a problemas, sistemas, culturas y tradiciones se refiere y por ello deben existir diferencias en la elección de los medios con los que alcanzar los objetivos comunes de mayor empleo y menor aislamiento social. 
El diseño de la política de empleo garantiza esto mediante el intercambio de experiencias e ideas del proceso de Luxemburgo y aunque haya bastantes rasgos comunes en los problemas a los que nos enfrentaremos en los próximos años, tanto con respecto a la política de empleo como a la política social, debo decir que hay algunos desafíos comunes y otros que cada uno hemos de resolver por separado, y es de la mayor importancia que los países no sólo no se obstaculicen mutuamente a la hora de resolver los problemas sociales, sino que colaboren y se sirvan de inspiración mutua. 
Quiero destacar tanto la importancia de que persigamos objetivos comunes como también de que cada país mantenga su soberanía y responsabilidades a la hora de fijar sus políticas sociales y de empleo y de que mantengamos una cierta competencia entre los sistemas que asegure el dinamismo y el desarrollo en el diseño de las políticas social y de empleo. 
Señor Presidente, como representante de Flandes y en nombre- de lo que yo llamaría- las regiones nacionalistas, representadas en la Alianza Libre Europea, me llamó la atención su defensa a favor de un enfoque europeísta fuerte en el que cada uno de los quince Estados miembros no intente ganar poder, sino en el que la cooperación cobre más fuerza. 
Usted señaló la existencia de quince opiniones públicas distintas, pero en la práctica hay muchas más puesto que en los mismos Estados miembros hay grandes diferencias internas. 
¿Es necesario que yo, que soy de Bélgica, le indique la diferencia de opiniones existentes entre Flandes y Valonia? 
¿Es necesario que le indique que hay diferencia entre la antigua Alemania Oriental y Alemania Occidental? 
Además, existe el peligro de que surja una dualidad en nuestra opinión pública a causa de la globalización. 
En lugar de las diferencias de antes entre los "havenots and the haves", hoy en día tenemos diferencias entre los que pueden seguir el ritmo de esta sociedad y los que no pueden seguirlo o que directamente la abandonan. 
Cada región debe poder seguir el ritmo y todo el mundo debe poder participar en la sociedad del conocimiento. 
Por consiguiente, Europa debe basarse más que antes en las realidades de estas regiones para que se utilice la fuerza de estas de forma óptima para la creatividad y para una política más realista en cuanto al empleo. 
Hemos tenido que comprobar que las cifras de empleo divergen mucho, a pesar de los muchos recursos que se destinan de los Fondos Estructurales. 
Por lo tanto, abogo más por la creación de unas redes regionales, que por una Europa en la que cada Estado miembro intente hacer valer su posición. 
Señor Presidente, señor Guterres, señor Prodi, distinguidas señoras y señores, hay que celebrar que la Comisión y la Presidencia portuguesa del Consejo proclamen el pleno empleo como objetivo de la política europea. 
Estoy de acuerdo con esto, pero la imagen del pleno empleo con posibilidades de futuro implica, sobre todo, la existencia de puestos de trabajo cualificados y seguros. 
Hemos de configurar el mundo de la economía y del trabajo de tal manera que el trabajo productivo sea ecológicamente soportable. 
Ustedes se apoyan, sobre todo, en más reformas desreguladoras en el mercado interior, en la revolución de Internet, en el comercio electrónico y en los negocios electrónicos. 
Con esta política ustedes no podrán cumplir la promesa de pleno empleo. 
Reformas económicas como la liberalización del mercado interior de la energía han conducido a una encarnizada competencia y a numerosas fusiones. 
Esto ha costado puestos de trabajo y esta tendencia continúa. 
El Sr. Bangemann prometió ya a mediados de los años 90 un gigantesco crecimiento del empleo gracias a la sociedad de la información. 
El resultado es desconsolador. 
Los incrementos en los medios de comunicación, en la telefonía móvil y en el software no han podido compensar las pérdidas de empleo en el sector de la telecomunicación, en el de la industria electrónica y los efectos de la racionalización de las tecnologías de la información en otros sectores de la economía. 
Cuando veo que muchas empresas de comercio electrónico tienen una capitalización bursátil gigantesca pero experimentan pérdidas constantes en el negocio operativo, esto no me resulta necesariamente más optimista. 
El comercio electrónico y los negocios electrónicos tienen, sin duda, un gran futuro. 
Sin embargo, su contribución al crecimiento del empleo es desorbitada por sus protagonistas de una manera casi religiosa. 
Por esta razón, creo que necesitamos otro policy mix para una nueva política de pleno empleo. 
Esto significa, en primer lugar, una política monetaria más distendida, una política presupuestaria encaminada al incremento de las inversiones de ampliación y de futuro y una política salarial orientada a la productividad para dar impulso a la demanda interna europea y al crecimiento de los puestos de trabajo. 
En segundo lugar, una estrategia de reducción drástica de la jornada laboral y una redistribución del trabajo entre hombres y mujeres. 
En tercer lugar, el desarrollo del empleo, subvencionado con recursos públicos, en sectores económicos ecológicamente compatibles y una política pertinente de innovación con posibilidades de futuro vinculada, en especial, al fortalecimiento del sector de la pequeña y mediana empresa. 
En cuarto lugar, se trata de una política de mercado de trabajo emancipadora. 
Esto implica una negativa a estrategias de salarios bajos y a modelos de moral de trabajo en los trabajos sencillos, pues sólo por medio de una ofensiva educativa de amplio espectro podremos lograr una base suficiente para una mano de obra cualificada para la sociedad de la información, para servicios sociales, culturales y ecológicamente eficaces. 
Si no vamos por esta vía, estaremos minando el bienestar futuro, la competitividad, la productividad de la economía y la cohesión colectiva de la sociedad. 
Señor Presidente, es un deseo ampliamente compartido que se cree un mercado laboral que funcione bien con un equilibrio duradero entre la demanda y la oferta. 
Por eso es comprensible que se ponga en los primeros lugares de la agenda de la Cumbre Europea de Lisboa el problema endémico de la alta tasa de desempleo en la Unión Europea. 
Pero la cuestión es si es acertado elevar la política de empleo a una política europea. 
A pesar del crecimiento económico satisfactorio está estancada la reducción del paro. 
En algunos Estados miembros con un alto índice de crecimiento económico se observa que no hay disponibilidad de mano de obra y una inflación creciente. 
En otros Estados miembros se ve un índice de crecimiento bajo, una tasa de desempleo alta y unos precios estables. 
Ya no se pueden emplear las medidas específicas como variar los tipos de interés o el tipo de cambio. 
Sin embargo, la divergencia en las fases del ciclo coyuntural requiere una serie de medidas específicas para cada Estado miembro. 
¿Es esa la intención del Consejo? 
Y en caso afirmativo, ¿en qué medidas está pensando la Presidencia del Consejo? 
Si no hay disponibilidad de mano de obra no se puede esperar un crecimiento de los sectores intensivos en mano de obra. 
¿Pero se verá reflejado esto en la política? 
¿Se va a optar por un crecimiento selectivo? 
¿Y estarán dispuestos a que los sectores intensivos en mano de obra crezcan en las regiones con un alto índice de desempleo? 
Si la Cumbre de Lisboa toma en serio la lucha contra el paro, entonces no habrá que recurrir sólo a medidas genéricas. 
Es necesario llevar trabajo allí donde el paro sea más alto. 
Es arriesgado esperar que los parados se vayan desplazando a las regiones con trabajo, más aún cuando se trata de una emigración laboral más allá de las fronteras nacionales. 
Puede conducir a un progresivo despoblamiento de algunas regiones atrasadas. 
Señor Presidente, por haber adoptado la moneda común no nos lo hemos puesto más fácil ya que hemos renunciado a las medidas económicas monetarias específicas de cada Estado miembro para controlar los ciclos coyunturales. 
Me puedo imaginar que Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca se lo pensarán otra vez antes de participar en la aventura del euro. 
Por lo tanto, es necesario que lleguemos a unos acuerdos sólidos en la cumbre sobre el empleo para combatir el mal del desempleo, pero teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ya que es en los Estados miembros mismos donde hay que atajar los problemas. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Primer Ministro Guterres por su intervención y por la forma tan clara de hacerla. 
La gran pregunta que me ha suscitado es ¿qué hay realmente de nuevo? 
En este momento tenemos por supuesto una cooperación macroeconómica, el denominado proceso de Colonia, tenemos un proceso en el ámbito del empleo, el proceso de Luxemburgo, ¿qué va a hacer realmente de nuevo esta Cumbre en este ámbito? 
Lo que hay de nuevo es por supuesto la cuestión de la protección social. 
Apenas se ha hablado de ello a nivel de cumbres. 
Me parece que también es un tema muy importante para hablarlo. 
Creo que es sencillo que se estudien qué conclusiones se pueden sacar del proceso de Luxemburgo en ese ámbito y que se apliquen a continuación a la protección social. 
Me pregunto sin embargo porqué no se puede hablar sobre la salud pública. Es una parte importante de la protección social que se encuentra sumergida en una especie de crisis- lo cual cuesta también mucho dinero y es importante para muchísima gente- y de la que el Consejo evidentemente no va a hablar todavía. 
Luego el Sr. Barón me ha preocupado un poco porque ha dicho que el programa que usted presenta, Presidente, es en el fondo un programa socialdemócrata. 
Entonces he reflexionado algo más sobre su intervención y, efectivamente, creo que hay una cuestión en ella que era claramente socialdemócrata. 
Es el punto en que se quiere diseñar la macroeconomía de tal forma que se cree empleo. 
Si se hace una buena política macroeconómica, es obvio que esta conduce automáticamente a un mayor crecimiento del empleo. 
Eso ya lo hemos visto. 
Pero por otro lado, no se puede abusar de las sanas reglas de la macroeconomía especificándolas demasiado. 
Entonces llegaríamos a una situación que han conocido o conocen todavía muchas economías gobernadas por la economía social o la socialdemocracia, cuya víctima al final es el empleo, por una política macroeconómica equivocada. 
Esto no debe ocurrir. 
Por lo tanto, espero que el Primer Ministro no proponga anular la política macroeconómica que hemos seguido los últimos años y que nos ha reportado mucho éxito, ni cambiarla de tal forma que ya no sea efectiva. 
Como punto final, señor Presidente, tengo un problema con los documentos de la Presidencia portuguesa y de alguna forma también, aunque en menor medida, con los de la Comisión y es el carácter defensivo de los mismos. 
Hay algunos países en Europa, entre ellos Dinamarca, también los Países Bajos o Irlanda, que en el ámbito del empleo han realizado una actuación igual de buena que los Estados Unidos. 
Es decir, es posible para los europeos igualar a los EEUU. 
Hay otros países que no han resultado menos capaces. 
Entonces es mucho más prudente que se investigue porqué algunos países lo hacen tan mal, porqué algunas regiones realizan una actuación tan pésima en vez de decir que lo hacemos todos mucho peor que los Estados Unidos. 
Me parece que esto en términos generales no es completamente cierto, menos aún si tomamos en cuenta que el mercado interior sólo lleva funcionando desde el uno de enero de 1993. Y es un tiempo relativamente corto. 
Señor Presidente, el primer ministro Guterres ha sido convincente. 
Las propuestas de la presidencia contrastan con la jerga comunitaria habitual. 
Los ciudadanos europeos no quieren un debate teológico, esperan acciones concretas. 
Según el profesor Fitousi, el mayor déficit que amenaza actualmente la sociedad europea es el déficit de porvenir. 
Muchos de nuestros conciudadanos temen un porvenir que se les pinta de negro desde hace dos décadas. 
El menor accidente es presentado como una catástrofe ecológica irreversible. 
Se demoniza a menudo la ciencia. 
Resultado: los jóvenes se orientan cada vez menos hacia los estudios científicos. 
Se le pide a la gente que sea flexible, que participe de la carrera desenfrenada a la productividad. 
Europa se ha vuelto muy productiva, sino no sería el primer exportador mundial. 
Sin embargo, el discurso dominante sigue siendo el de la moderación, para los trabajadores únicamente. 
Según el dogma vigente, los aumentos de salario deben quedar muy por debajo de los incrementos de productividad, porque de no ser así se volvería a desatar la inflación. 
Los beneficios exuberantes que se juegan en el casino de las finanzas mundiales no tienen aparentemente ninguna incidencia inflacionaria. 
No estoy argumentado, aquí, en contra de la política de estabilidad ni de las necesarias reformas estructurales. 
La finalización del mercado interior, el excedente de transparencia y por consiguiente de competencia suscitados por el euro necesitarán muchos más ajustes. 
Las nuevas tecnologías cambiarán el perfil de numerosas profesiones. 
El comercio electrónico suprimirá muchos intermediarios. 
La mayoría de la gente está dispuesta a aceptar cambios, salvo si le ofrecemos como única perspectiva una precariedad cada vez mayor, una protección social cada vez menor. 
Ahora bien Europa dispone actualmente de todas las bazas para restablecer un crecimiento duradero, y es una razón de más para que nuestros objetivos económicos y monetarios se conjuguen con una mayor ambición social. 
La Unión siempre acertó cuando se fijo objetivos concretos. 
El mercado interior, la Unión Económica y Monetaria y sus criterios de convergencia, los planos de acción para el empleo que provienen de la Cumbre de Luxemburgo han dado resultados concretos. 
Ahora se trata de ir más lejos, de fijar objetivos de crecimiento comunes para dirigirnos hacia el pleno empleo y la creación de un derecho social europeo... 
(El presidente interrumpe al orador) Tendría mucho más que decir, Señor Presidente, tenemos confianza en usted. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al señor Primer Ministro Guterres por su muy comprometido discurso. 
También considero la globalización y los rápidos cambios como los grandes desafíos y creo que sólo tendremos éxito si se involucra a la población. 
De ahí que me alegrara también el documento de la Comisión para la Cumbre de Lisboa con sus dos mensajes fundamentales. 
El primero- casi lo he dicho- es el mensaje habitual sobre la economía y el segundo e igual de importante es que debemos fortalecer el modelo de sociedad europeo invirtiendo en los individuos. 
El mensaje fundamental es que el individuo debe permanecer en el centro de las políticas comunitarias. 
Estoy totalmente de acuerdo con este mensaje y también estoy de acuerdo en lo que se ha dicho con respecto a la cohesión social, aunque me gustaría advertir de los peligros de imaginar que se puede lograr la cohesión social allanando cada país en un intento por lograr la homogeneidad. 
En Dinamarca tenemos nuestra manera, como mencionó Jens-Peter Bonde, y otros países tienen la suya, como también se ha dicho. 
Lo fundamental es que cada país miembro y la UE respeten la existencia de maneras diferentes de resolver los problemas. 
Por ello espero que de ahora en adelante no se negocie de tal forma que Dinamarca se vea obligada con motivo de la conferencia intergubernamental y del debate de los sistemas sociales a ejercer su derecho de veto sino que mantengamos negociaciones equilibradas y alcancemos con ello resultados que todos podamos apoyar. 
Digo esto también porque debemos tener otros puntos en el orden del día que compararnos con los EE.UU. Nunca hemos de olvidar que nuestra principal tarea en Europa es cicatrizar Europa, es decir, no hemos de perder de vista la perspectiva de desarrollo. 
Concluiré diciendo que la cohesión social debe alcanzarse tanto en cada país como en Europa en su conjunto, pero que no se logrará si no se mantiene en cada país una cierta cohesión de aquí en adelante y por muchos años. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, ante todo me interesa la sociedad de la información y del saber que va a recibir un nuevo impulso durante la Presidencia portuguesa del Consejo. 
Quien en una época de fusiones y de racionalizaciones saque del bolsillo de Occidente el argumento de los puestos de trabajo como legitimación para nuevas tecnologías, debe tener en claro una cosa por encima de todas: una distribución justa de todas las formas de trabajo socialmente necesarias no podrá lograrse jamás sólo mediante una nueva tecnología. 
Para llegar a eso necesitamos primero una ofensiva en pro de la redistribución del trabajo a través de una reducción radical de la jornada laboral y de la redistribución del trabajo reproductivo. 
Estas propuestas no son nuevas, pero están cobrando actualidad. 
¿Por qué? 
Porque en el discurso que se ha hecho hasta ahora sobre la sociedad de la información ha permanecido totalmente oculto que sólo una élite con una buena formación técnica saca provecho de esto. 
Para impedir que otra vez se prometa bienestar para todos mediante una tecnología, pero no cambien las estructuras sociales, necesitamos una discusión acerca del poder y la distribución de los recursos. 
¿Es que la industrialización, la energía atómica, y la biotecnología han conducido hacia una mayor justicia? 
Lamentablemente, en el debate falta totalmente un punto importante, aunque en esta Asamblea se discuta con tanto gusto y con tanta frecuencia la protección de los consumidores. 
El derecho a la protección de los datos no está contenido en el Euro-Paper ni juega papel alguno en el debate actual sobre el tema del comercio electrónico. 
Me pregunto dónde se ha quedado este tema. 
¿O se han olvidado ya las pruebas que se adujeron recientemente sobre el sistema global de escucha "Echelon"? 
Si queremos seguir conservando la credibilidad a la hora del desarrollo de una Carta de derechos fundamentales, entonces el derecho a la esfera privada debe ser puesto en práctica particularizadamente en cada uno de nuestros programas y, por cierto, precisamente en el de las nuevas tecnologías. 
Señor Presidente, me parece muy bien que en el programa portugués se dé tanta relevancia a la lucha contra el desempleo y que se tenga como meta su eliminación. 
No obstante, me preocupa la falta de equilibrio del programa y me referiré a ella más adelante. 
El énfasis en la sociedad del conocimiento o de la información conduce, tanto en este programa como en otros nacionales que conocemos, a que se centre la atención en los innovadores, en las personas con espíritu empresarial, en las nuevas empresas y en las nuevas ramas de producción. 
Se crean carreras, se crean políticas fiscales, se consigue capital dispuesto a correr riesgos, se hace todo lo posible para darle todo servido a esos innovadores. 
Sin embargo, mi experiencia es que esas ramas de producción se las arreglan bastante bien. 
Muchas veces tienen demasiado capital y a menudo se les consiente en exceso. 
He visto empresas informáticas a las que se trata con increíble condescendencia. 
Opino que, por el contrario, habría que usar los recursos para tratar de impedir la desintegración de la sociedad, una división de la sociedad en dos sectores: una economía nueva y una anticuada. 
Tal vez lo más importante sería la creación de una infraestructura que diese oportunidad a las ramas no expansivas de la economía y a los grupos de población que están en la periferia. 
Por este motivo, opino que habría que apostar por los ordenadores en las guarderías infantiles, por cableado de banda ancha en las zonas poco pobladas, por bibliotecas públicas de carácter tecnológico y por no debilitar al sector público. 
Señor Presidente, el orden del día del Consejo de Lisboa, que se celebrará los días 23 y 24 de marzo del próximo mes de marzo, da vértigo. 
Solamente a nivel de los títulos de los capítulos, vemos mencionados la Europa de la innovación y del conocimiento, las reformas estructurales, la competitividad, el modelo social europeo, el empleo, la cohesión social, las políticas macroeconómicas y el crecimiento duradero. 
Sobre esa base, no es nada sorprendente que las múltiples contribuciones de la Presidencia de la Comisión y de los Estados miembros tiendan, por ahora, a dispersarse en todas las direcciones 
Ese ejercicio puede acabar de dos maneras muy distintas: o permite un amplio intercambio de ideas estimulantes, que cada uno intentará aplicar luego en su país, eventualmente con iniciativas comunes en el campo nuevo de los intercambios electrónicos- y esa hipótesis no sería al fin y al cabo tan mala- o el Consejo se empeña en anunciar resultados en términos de transferencia de competencia a Europa y nos dirigiremos hacia una centralización y una burocracia mayores, o sea todo lo contrario de lo que haría falta. 
La lectura de los documentos preparatorios nos infunde algunos temores al respecto. 
Nos enteramos que- perdonen esa jerga, pero no es la mía- hay que lograr una mejor convergencia del proceso de Colonia en lo que concierne a la coordinación de las políticas macroeconómicas, del proceso de Cardiff relativo a las reformas estructurales y del proceso de Luxemburgo referente a la coordinación de las políticas de empleo, mientras se enriquece de paso el contenido del pacto para el empleo y del seguimiento multilateral de las políticas presupuestarias. 
¿Pero cómo lograr una mejor convergencia de todos esos procesos tan diferentes? 
La conclusión del documento de la Presidencia con fecha del 12 de enero nos da la clave. 
Habría que reformar las grandes orientaciones de política económica, las GOP, que en la actualidad sólo tienen el estatuto de recomendación anual del Consejo a los Estados miembros, para ampliar su campo de aplicación y sobre todo, cito: "reforzar su carácter de documento" marco ". 
Aparentemente la palabra "marco" debe entenderse aquí con su doble sentido de síntesis y obligación. 
Con esos documentos globales, ¿no estamos acaso reinventando el Gosplan Señor Presidente? 
Uno se lo puede preguntar, sobre todo cuando lee la contribución francesa que exagera en el sentido del dirigismo al proponer que se coordinen en Bruselas toda una serie de políticas nacionales, por ejemplo en los ámbitos del empleo, de la protección social o de las PYMES, y al acompañarlas con una amplia batería de indicadores cifrados cuya vigilancia habría que organizar. 
Un control centralizado de ese tipo se traduciría por nuevas violaciones de la subsidiariedad, nuevas uniformizaciones de detalle, nuevas coordinaciones apremiantes impuestas a países que se hallan en situaciones distintas, en una palabra nuevos elementos de rigidez que se añadirán a la rigidez de la moneda única. 
El Consejo de Lisboa debería fijarse como meta, a nuestro parecer, eliminar esa rigidez, fomentar la flexibilidad, la adaptación, intercambiar experiencias nacionales positivas para estimular la creatividad que sólo prosperará gracias a la libertad de elección de los pueblos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, distinguidos colegas, en los discursos que hemos escuchado se ha mencionado un objetivo sublime, en concreto, el objetivo de que, como europeos, nos volvamos competitivos frente a los Estados Unidos, nos convirtamos en interlocutores de los Estados Unidos en igualdad de derechos. 
En realidad, esto debería ser posible si consideramos nuestro producto interior bruto. 
Sin embargo, si, por otro lado, consideramos, por ejemplo, en el ámbito de las personas- a la hora de encontrar un nuevo Presidente del FMI- cómo se comportan en este punto los europeos frente a los americanos, entonces nos encontramos, sin duda, muy alejados todavía de esta colaboración en igualdad de derechos. 
Ahora bien, hemos de preguntarnos a qué se debe esto. 
Hay sectores, ciertamente, en el ámbito económico- incluso en el ámbito de los medios de comunicación- en los que tenemos posiciones punteras. 
Me refiero, por ejemplo, a los teléfonos móviles. 
Aquí, en la Sala de Plenos, los hemos prohibido con toda razón, pues son unos instrumentos de tortura. 
Pero, al mismo tiempo, en algunos ámbitos constituyen también una sustancial ayuda en la vida, pues generan puestos de trabajo. 
En este ámbito los europeos vamos en cabeza. 
¿Por qué? 
Vamos en cabeza porque hemos logrado llegar tempranamente a una regulación común europea en este ámbito, a una norma común europea que se ha convertido hoy en norma mundial. 
Esto quiere decir que si nosotros, los europeos, nos esforzamos a tiempo, seremos también competitivos en este ámbito de las nuevas tecnologías. 
¿En donde están realmente los déficit de Europa? 
Creo, señor Presidente del Consejo, que no podemos eliminar los déficit instituyendo más observatorios, como está planeado actualmente. 
Creo que estos observatorios generan unos pocos puestos de trabajo para funcionarios, pero no crean puestos de trabajo en las pequeñas y medianas empresas. 
En Europa tenemos déficit en el plano de la formación. 
Esto indica que en el ámbito de los nuevos medios tenemos que realizar importaciones de países de fuera de Europa. 
Europa carece, como se ha dicho ya, de empresariado, de espíritu emprendedor. 
Hay demasiado pocos jóvenes que quieran asumir el riesgo de ser autónomos. 
Si en este punto se crean más reglas rígidas, como, por ejemplo, instaurando en Francia la semana de 35 horas, estoy convencido de que aunque a corto plazo esto pueda generar puestos de trabajo, a largo plazo afectará a nuestra competitividad y destruirá también a largo plazo puestos de trabajo. 
En Europa nos encontramos también muy alejados todavía de un mercado nacional común. 
Tenemos 15 mercados nacionales y un mercado interior común. 
Para el comercio electrónico necesitamos reglas europeas comunes y claras. 
Necesitamos también una patente europea a precios razonables, tampoco la tenemos aún. 
Esta patente europea es tan cara que no es competitiva frente a otras patentes. 
Necesitamos la sociedad anónima europea y, no en último término, necesitamos adaptar nuestros sistemas de la seguridad social a las nuevas circunstancias de una Europa común, pues también aquí está la base de lo que denominamos el modelo social, es decir, una economía social de mercado para Europa. 
Señor Presidente, querría agradecer al Sr. Guterres su discurso de esta noche y su iniciativa de Lisboa, que reviste una gran importancia para nosotros. 
Si somos honestos, hemos de reconocer que el camino de Luxemburgo a Lisboa ha sido muy largo, y que justamente ahora estamos buscando logros concretos, algo con lo que salir de esta Cumbre de Lisboa. 
Esta tarde hay con nosotros un montón de europeos en la tribuna, y me pregunto qué piensan de nuestro debate de hoy. 
Me gustaría que esta noche se llevasen la impresión de que las Instituciones de la Unión Europea se hallan ahora embarcadas en un auténtico proceso que nos llevará de nuevo hacia el pleno empleo en la Unión Europea. 
La consecución del pleno empleo entraña afrontar muchos desafíos. 
Será muy difícil superar alguno de esos retos, pero lo importante es que tenemos que convertir la retórica de lo que hemos venido diciendo durante muchos, muchos años ­sobre el pleno empleo, sobre una sociedad integradora, sobre una sociedad basada en la innovación y en el conocimiento­ en realidad. 
Este es el gran desafío, la gran importancia de Lisboa. 
Quiero extenderme en uno o dos aspectos fundamentales que nos ayudarán a comprender este objetivo de convertir la retórica en realidad. 
En primer lugar, existe el compromiso de contar con verdaderos criterios de referencia, un verdadero proceso de revisión crítica para la fijación de objetivos, de objetivos que podamos alcanzar, para que los Gobiernos acuerden aventurarse en lo que es un esforzado proceso de decir: "sí, nos permitiremos distinguirnos unos frente a otros, nos permitiremos distinguirnos frente al resto del mundo". 
Esta es una decisión sin duda valiente, porque algunos Estados miembros se verán abocados a la parte baja de la clasificación, algo que no gusta a nadie. 
Pero esto será importante si queremos obtener un resultado verdaderamente alcanzable de esta Cumbre de Lisboa en vez de tomar otro camino ­un camino por el que sé que el Primer Ministro Guterres no quiere aventurarse, porque lo que quiere es ver algún resultado tangible en el proceso de la Cumbre de Lisboa. 
Hay otras áreas a las que debemos dirigir nuestra atención. 
Una de ellas es el reto de crear una e-Europa que integre a todos sus ciudadanos y no deje a nadie en la cuneta. 
Otra es el proceso de tener un verdadero mercado único ­cosa que aún no tenemos­ y una formación profesional que serán la llave que dé acceso a esa sociedad innovadora y guiada por el conocimiento. 
Es cierto que hay decisiones difíciles, pero quiero que la gente que está escuchando este debate desde la tribuna salga de aquí con la idea de que efectivamente vamos a tener una sociedad basada en el pleno empleo, de que la carretera hacia Lisboa será el final de nuestro viaje y de que en esta Cumbre se obtendrán resultados concretos. 
Señor Presidente, mientras los jefes de Estado de la Unión Europea preparan su reunión en Lisboa para discutir sobre el empleo, la reforma económica y la cohesión social, ABB/Alstom, trust europeo por excelencia, muestra concretamente la realidad que se esconde detrás de las palabras huecas de los responsables políticos. 
Ese trust, uno de los más poderosos de Europa, que obtiene sustanciosos beneficios, está a punto de suprimir diez mil empleos sobre cincuenta y cuatro mil, o sea uno de cada cinco, y de cerrar seis plantas industriales, lo cual es una catástrofe para las regiones afectadas. 
Ese desprecio por los intereses más elementales de la sociedad por parte de ABB/Alstom y de sus semejantes es indignante. 
En nombre de los diputados de Lucha Obrera, afirmo mi solidaridad con los trabajadores de ABB/Alstom y con los trabajadores de todas las grandes empresas que luchan para oponerse a lo inaceptable. 
Denunciamos la actitud de los Estados nacionales así como de las instituciones europeas que rechazan cualquier medida coercitiva en contra de los grupos industriales que despiden mientras Alstom, por ejemplo, se enriqueció gracias a los pedidos estatales. 
Afirmo que prohibir que ABB/Alstom lleve a cabo esos despidos bajo pena de requisa constituiría una medida de salubridad pública elemental. 
Acojo con satisfacción el objetivo estratégico de hacer de Europa la zona más dinámica y competitiva. 
¿Quién podría afrontar desafíos tan ambiciosos? 
Tengo que decir, sin embargo, que el dinamismo y el espíritu empresarial, así como la cohesión social, son un objetivo muy ambicioso, por no hablar de la tensión creativa que se genera entre estos dos objetivos. 
Espero que los alcancemos, pero no obstante hago una llamada de advertencia. 
Tomo nota de otro ambicioso objetivo: desempeñar un papel fundamental en organizar el ciberespacio. 
No puedo evitar pensar que esto es como cerrar la puerta del establo después de que el caballo haya escapado. 
Estimo positivo el interés en reforzar la investigación y el desarrollo en Europa, en desarrollar industrias de contenidos y en acelerar la extensión de las redes de banda ancha, con todo lo que ello entraña de avance hacia una sociedad del conocimiento. 
Más bien preferiría llamarla economía de la información porque es la dimensión económica la preponderante. 
Vivimos en los tiempos de IDEA ­la era electrónica y digital de Internet. 
Esto compendia todo lo que intentamos alcanzar en la cara e -, la cara electrónica de la vida. 
No obstante, acojo con satisfacción el hecho de que esta cumbre ponga un mayor acento en la reforma de las economías europeas para mejorar la competitividad y la innovación. 
No podemos centrarnos exclusivamente en la nueva economía. 
Debemos prestar atención también a la vieja. 
Espero tener próximamente tener un conocimientos más detallado de la Carta Europea para las micro-empresas ­sería interesante que esto fuera hacia adelante. 
Una de las prioridades identificadas en el proceso de Cardiff es la de mejorar la sensibilidad de los mercados financieros ante el valor de las inversiones en activos inmateriales y de las inversiones en conocimiento. 
Ello se ha conseguido en una medida mucho mayor de lo que hace unos meses cabía esperar. Puede asimismo percibirse en el formidable crecimiento de los mercados de valores europeos, en el valor de las empresas.com y, recientemente, en los grandes cambios que ha regristado la composición del índice FTSE 100 de Londres. 
No puedo evitar pensar, sin embargo, que si bien estos valores han experimentado una subida espectacular y que cabe prever que esta burbuja estalle, los cambios estructurales subyacentes tienen vocación de permanencia. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha traído al Parlamento Europeo un talante de resurgimiento. 
No podemos menos que esperar que la conferencia extraordinaria pueda satisfacer también realmente las altas expectativas que ha suscitado. 
Efectivamente, como usted ha subrayado ya, no necesitamos un procedimiento tras otro, una formalidad tras otra, sino que más bien necesitamos hechos, con arreglo a los cuales la población de la Unión Europea pueda medir la utilidad y la plusvalía de la actuación de la Unión Europea. 
Por este motivo, usted ha agrupado también, con razón, el empleo, la reforma económica, el crecimiento y la cohesión social y los ha convertido en el asunto principal. 
Es importante que todos los actores de los Gobiernos y de la Comisión tiren de la misma cuerda en dirección hacia el pleno empleo. 
Entonces será posible convencer a todos los actores de la política económica de la necesidad de mantener una conducta acorde, cosa que hasta ahora no existe todavía. 
Europa no debe lamentarse del éxito de la economía norteamericana ni de la fortaleza del dólar sin extraer de esto una lección para sí misma. 
Seguramente son útiles y necesarias las reformas de los servicios financieros, del capital de servicios y de los mercados de trabajo. 
Sin embargo, estas reformas no darán al crecimiento la fuerza impulsora que es necesaria para organizar a un alto nivel un crecimiento duradero que tenga efectos sobre el empleo. 
Esto hemos tenido que vivirlo muchas veces en los años 90. 
En condiciones de un aumento medio de la productividad del 2% es necesaria una tasa de crecimiento del 3,5 % para poder alcanzar el pleno empleo dentro de diez años. 
Esto se ha hecho muy cercano. 
Por esta razón el pleno empleo debe figurar de hecho arriba del todo en el orden del día. 
Debemos establecer un objetivo de crecimiento de al menos un 3%. 
El objetivo del pleno empleo no puede lograrse a través de la política económica solamente. 
La Europa de la innovación y la sociedad de la información deben contribuir a este objetivo. 
Sin embargo, por ahora nos encontramos muy lejos de esto. 
Hemos de considerar también que necesitamos otra forma de política económica y de praxis económica. 
No puede ser, sencillamente, que los accionistas o los consejos de administración de las sociedades anónimas decidan solos acerca de los puestos de trabajo y de la economía, acerca del desarrollo de la cotización de las acciones. 
Cuando después del colegio los escolares de 13 años de edad, juegan en la computadora a modificar las posiciones de las acciones de sus padres, ello puede tener más que ver con un casino que con la responsabilidad. 
Creo que la cumbre extraordinaria de Lisboa sentará signos en pro de una praxis económica responsable en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, señor Presidente de la Comisión, la Presidencia portuguesa ha presentado un ambicioso proyecto para la cumbre extraordinaria. 
Enhorabuena. 
Celebro también el apoyo, que Portugal está recibiendo de la Comisión, no en último término a través de la comunicación que quiere hacer de la Comunidad una sociedad de la información para todos. 
A la Cumbre de Lisboa es aplicable también lo que el primer Ministro cristianodemócrata Jean Claude Juncker afirmó acerca de la cumbre sobre el empleo en Luxemburgo en 1997: no debe ser una cumbre de literatura, y con ello aludía a las numerosas declaraciones no vinculantes de muchos encuentros en la cumbre. 
Mediante el procedimiento de Luxemburgo los Jefes de Gobierno lograron éxitos concretos. 
Pero desde 1997 no se ha producido ningún resultado de gran relevancia. 
Hasta ahora no se ha podido rellenar con mucho contenido sustancial el pacto por el empleo de Colonia. 
Además, en el diálogo macroeconómico falta la participación del Parlamento Europeo, como interlocutor paritario. 
Efectivamente, las directrices de Luxemburgo sobre política de empleo han podido ser trasladadas por los Estados miembros sólo de manera insuficiente en algunos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito del aprendizaje a lo largo de toda la vida, como ha constatado el Informe Común sobre el Empleo de 1999. 
En especial, en el ámbito de la tecnología de la información algunos estados europeos carecen de mano de obra cualificada, como ha afirmado el Sr. Souminen. 
Mejor que sus "importaciones" procedentes de terceros estados son las pertinentes inversiones en la formación profesional y en la formación continuada, en capital humano. 
Esta es la manera más eficaz de combatir el desempleo. 
Hay que lograr de la manera más rápida posible el objetivo más importante de la Cumbre, en concreto, el mejoramiento de la competitividad de la economía europea. 
El Grupo Ciampi menciona también en este contexto el estatuto de la sociedad anónima europea. Calcula que la ausencia de semejante estatuto significa una pérdida económica anual de 30 millardos de euros. 
No queremos la sociedad anónima europea en estado puro. 
Necesitamos esta sociedad europea, acompañada de unos criterios mínimos sobre coparticipación para los trabajadores. 
En efecto, nuestro objetivo político-social no es la economía de mercado en estado puro, sino la economía social de mercado como modelo europeo. 
Deberíamos medir también la Cumbre de Lisboa con arreglo a su contribución a la consecución de este objetivo. 
Señor Presidente del Consejo, ¿sabe usted cómo exponía Arquímedes su teoría de la palanca? 
Decía: "denme un punto de apoyo y levantaré el mundo". 
Es obvio que, en Lisboa, usted intenta levantar al mundo, o en cualquier caso un mundo que es nuestro: el de Europa. 
En cuanto a la palanca, describió todos sus mecanismos a través de su propuesta, apasionante y excitante en muchos aspectos. 
Queda el punto de apoyo. 
El punto de apoyo son los recursos. 
Ahora bien, está usted aquí frente a una Asamblea de la cual varios miembros siguen viviendo con el recuerdo de lo que yo llamaría el síndrome del Libro Blanco, esa formidable iniciativa de Jacques Delors que se estrelló contra los contables de Ecofin. 
No quisiéramos que hoy le pase lo mismo, porque el proyecto que nos propone es tan estimulante que puede dinamizar y dar a Europa ese porvenir que desea nuestro colega Goebbels. 
Pero eso implica recursos, unos recursos de los que, me temo, aún carece hoy. 
Le corresponde por lo tanto crearlos. 
Y, ciertamente, el corsé de la Agenda 2000 no le proporcionará los medios necesarios. 
Por lo tanto, tendrá que incitar a sus colegas a lograr que se financien las propuestas que nos va a hacer 
Un ejemplo- y es uno de los importantes dispositivos que nos está proponiendo- es el de la sociedad de la información y del conocimiento. 
Está claro- usted nos lo explicó muy bien- que la fractura social es un problema fundamental contra el cual tenemos que luchar. 
No habría que añadirle lo que yo llamaría la fractura digital. 
En efecto, ¿a quién va a proponer esa sociedad de la información y del conocimiento? 
A una población cada vez más vieja o que cada día envejece más, que, a pesar de todo, permanece pobre, a una población que está cada vez menos formada, desgraciadamente. 
Habrá que actuar a partir de la base si no se quiere que esa sociedad del conocimiento se limite a la búsqueda de beneficios de algunas start-up eficientes y necesarias. 
Pero ése no es el objetivo que usted se propone. 
En el dispositivo previsto se nota una ausencia, que lamento: la de los servicios públicos. 
Los servicios públicos han desempeñado un papel fundamental en la historia de nuestro modelo social europeo. 
Es verdad que hoy ya no estamos en la época de los monopolios y que la Comisión ha iniciado un proceso de liberalización, de puesta en competencia de cierto número de sectores públicos para modernizarlos y hacer que sean eficaces. 
Pero no podemos contentarnos con eso. 
Ahora tenemos que definir más claramente en este contexto de la competencia y de la sociedad de la información cuáles van a ser, mañana, las principales misiones del servicio público aceptables para las empresas públicas, pero también para las empresas privadas de ese sector. 
A ese respecto, haría falta tomar iniciativas más vigorosas que aún no figuran en el programa de trabajo de la Comisión pero que usted podría impulsar: sería, me parece, una señal muy importante. 
Por último, esa sociedad del conocimiento se basa en la investigación y el desarrollo y quisiera saludar, aquí, la iniciativa de la Comisión encaminada a crear un espacio europeo de la investigación. 
Pero respecto a eso, Señor Presidente, la Comisión y el Parlamento necesitarán al Consejo para proveer ese espacio europeo de la investigación de los recursos necesarios para su creación. 
No bastará con el programa marco, habrá que reforzarlo, habrá que cambiar sus principales orientaciones. 
Es un trabajo importante, pero contamos con usted. 
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, estimados colegas; 
Señor Presidente, usted ha hablado de déficit político. 
Creo que las propuestas que presentará en Lisboa, que deben permitir juntar esas famosas grandes orientaciones de política económica, esas directrices "Empleo", para llegar a las directrices acerca de la política europea de crecimiento y empleo, van en la buena dirección. 
Sin embargo incluyen decisiones institucionales cuyo peso se medirá a medio plazo. 
Dan más fuerza al Consejo Europeo en el proceso de decisión. 
Lo que hacemos aquí no es neutro. 
Tenemos que medir su impacto sobre el conjunto de decisiones que tomaremos cuando discutamos sobre la reforma del Consejo "Asuntos generales". 
Y detrás de ese proceso de decisión en el ámbito europeo, hay otra lucha que desarrollar, la que cada uno de nosotros tendrá que llevar en su Estado miembro, ya que de nada sirve fijar grandes orientaciones en el plano político si las discusiones presupuestarias que entablamos en nuestros Estados miembros no toman en cuenta esas orientaciones. 
Nos incumbe a cada uno de nosotros trabajar en ello. 
Uno no puede sino alegrarse del objetivo ambicioso que usted anuncia, dentro de la estrategia que nos propone, con un objetivo a diez años, de dejar de hacer del pleno empleo un tabú en la Unión Europea y de proporcionarnos los medios que lo harán posible gracias a una meta cifrada en un 3% de crecimiento. 
Pero más allá, en lo que se refiere al objetivo de una economía del conocimiento, hay que tomar en cuenta el papel de los servicios públicos para alcanzarlo, del que Claude Desama ha hablado antes que yo; por mi parte, insistiré en una estrategia de formación a lo largo de toda la vida. 
Para eso, necesitamos objetivos concretos, pero sabemos que no los cumpliremos si no basamos las propuestas en un verdadero diálogo social, y creo que en eso también tenemos que seguir progresando. 
Para concluir, una última palabra sobre la cohesión social. 
Me alegro de su insistencia al respecto, ya que no queremos una sociedad que cambie el progreso de la innovación por el abandono de la cohesión social. 
Pero no creemos que la lucha contra la exclusión social pueda fragmentarse. 
Es un proyecto global; la idea de grupos específicos puede ser una etapa, pero no la solución de nuestros problemas en materia de pobreza y exclusión social. 
Sabemos que para eso hace falta voluntarismo y que podemos contar con su determinación. 
Lo apoyaremos en Lisboa para el desarrollo de nuevas orientaciones en materia de política económica de la Unión. 
Señor Presidente, al igual que mis compañeros, acojo con satisfacción la precisión del documento que la Presidencia portuguesa nos ha entregado hoy. 
Quiero subrayar el que creo que es el verdadero reto que afrontarán usted y sus colegas cuando se sienten a finales de este mes para debatir la propuesta de la Presidencia, a saber, cómo cambiar por completo nuestra actitud y nuestro concepto del espíritu empresarial, cómo animar a la gente a salir y emprender nuevos negocios que reconocemos como los motores de la nueva economía. 
Es triste que Europa haya necesitado del estímulo de la "economía del conocimiento" para darse cuenta de lo que estaba claro desde hace una década o más: que nuestra economía no está adecuadamente orientada a estimular a esos pequeños empresarios para que entren en el mercado y asuman el riesgo de fundar nuevas empresas. 
Pero no es a los que asumen riesgos a quien hay que estimular, sino a todos los que trabajan en cualquier organización empresarial. 
En la nueva economía queremos dar a este gente la oportunidad de emprender negocios ellos mismos, de trabajar en las actividades de nuevo crecimiento, de tener un mayor control de propia su vida laboral, de alcanzar efectivamente su potencial. 
Piensen en cuánta gente trabaja en grandes empresas, sin utilizar sus aptitudes, atrapados en grandes organizaciones, preocupados por un posible traslado porque no pueden llevarse las pensiones consigo, no menos preocupados por el paro. 
Una de las claves para movilizar a este tipo de persones que asumen riesgos es orientarse hacia el pleno empleo, de modo que la gente sienta que puede asumir ese riesgo personal. 
No obstante, concluiría preguntando: ¿qué será lo primero en llegar? 
¿Podemos realmente alcanzar el pleno empleo sin liberar ese talento empresarial? 
Si esperamos a que esto ocurra, temo que no se conseguirán los grandes objetivos que ha expuesto ante nosotros. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, creo que la Cumbre de Lisboa, gracias a su esfuerzo y al de la Comisión, puede convertirse por fin en una cumbre ambiciosa y social en la que finalmente se ve el modelo social europeo como un motor nuevo para la integración de Europa y en la que el pleno empleo se puede convertir en un objetivo concreto. 
Pero si Lisboa quiere convertirse en la Cumbre de esas ambiciones políticas, entonces Lisboa también tiene que convertirse en la Cumbre de la metodología. 
Quisiera pedirle que prestara atención a tres puntos que me parecen de una importancia esencial para lograr que esta Cumbre sea una importante Cumbre social. 
En primer lugar, metodológicamente, la estrategia de creación de empleo y el nuevo procedimiento de coordinación de la seguridad social no pueden estar supeditados a una política macroeconómica que sólo esté enfocada a la estabilidad. 
Esto significa claramente para mí, señor Presidente del Consejo, que el Consejo de Asuntos Sociales debería tener el mismo peso que el Consejo del ECOFIN y que la dirección política debe seguir estando en manos del mismo Consejo Europeo. 
En segundo lugar, me gustaría apoyar enérgicamente su apuesta por fijar unos objetivos claros, tanto con respecto al crecimiento económico como en lo que se refiere a la creación de empleo. 
Pero me gustaría añadir que, si Lisboa quiere ser una Cumbre realmente social, deberíamos poder concretar lo que queremos hacer para modernizar y fortalecer la seguridad social. 
También en esta materia nos hacen falta unos "standards of excellence". 
También en esta materia quisiéramos tener un proceso de Luxemburgo. 
Como punto final, apoyo la ambición de la Comisión Europea de formular normas sobre la pobreza y reducir drásticamente la pobreza en un plazo de diez años. 
Me parece importante que se planteen unos objetivos al respecto, Señor Presidente del Consejo, es decir que debemos estimular a todos los Estados miembros para que luchen contra la exclusión social de los ciudadanos, no solamente de los niños sino también de sus padres y de las personas mayores. 
Le deseo mucha suerte a la Presidencia del Consejo para realizar sus ambiciones. 
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, Señor Presidente, el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa sobre el empleo, la reforma económica y la cohesión social se propone, como nos lo han dicho, un objetivo ambicioso, muy ambicioso, a riesgo de decepcionar a nuestros conciudadanos, muy conscientes de que no basta con decretar el pleno empleo y la erradicación de la pobreza en Europa para lograrlo. 
Pero al fin y al cabo esa cumbre tiene un gran mérito: trazar, después de Cardiff y Luxemburgo, una voluntad política a beneficio de una mayor cohesión social, y en particular de los 57 millones de personas que viven en situación de pobreza en nuestro territorio, entre las cuales las madres aisladas, las familias numerosas y los niños a los cuales se sumarán, mañana, otros excluidos, a saber ésas y esos que no tendrán acceso a los nuevos campos de conocimientos, lo que generará nuevos desequilibrios sociales. 
Por lo tanto conviene establecer una política económica y social decididamente orientada hacia el futuro, a fin de evitar la fosa numérica entre los "inforricos" y los "infopobres", o sea, como lo acaba de decir uno de mis colegas, la fractura digital. 
Es el motivo por el cual, si bien creo que las nuevas tecnologías representan un formidable vector de integración para nuestro crecimiento, sólo lo serán si se enseñan desde la infancia, en la medida en que de aquí al 2010, la mitad de los empleos provendrán de sectores directamente vinculados con las tecnologías de la información. 
A ese respecto, propongo que en la Cumbre de Lisboa se tomen tres decisiones: en primer lugar, una estrategia de formación elaborada a lo largo de toda la vida con la puesta en práctica de una agenda para erradicar la pobreza de los niños, pobreza tanto económica como intelectual; en segundo lugar, la configuración de la sociedad europea a beneficio del espacio europeo de la investigación; en tercer lugar el desarrollo de un método de trabajo, de coordinación, abierto y articulado sobre nuestras políticas sociales y económicas con una evaluación concertada de nuestros planes nacionales. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, en la declaración de la Presidencia portuguesa del Consejo hay una idea que me complace de manera extraordinaria. 
Esta idea es la concepción de que la fuerza de nuestra economía europea se basa en la capacidad de hacer, en la fantasía y en la creatividad, dicho de una vez por todas, en el conocimiento de las personas en el proceso económico europeo. 
Pero si tomamos esto en serio, si queremos convertir realmente esto en programa político, entonces una política de inclusión no necesita ninguna legitimación más, pues la participación social, como tal, constituye la fuerza productiva más fuerte de nuestra economía común. 
Y si esto es así, señor Presidente del Consejo, entonces necesitamos urgentemente objetivos comunes. 
Necesitamos objetivos concretos que podremos medir- en sentido cuantitativo y cualitativo- por el aumento de las tasas de empleo, tal como ha sido propuesto últimamente, por ejemplo, por la Comisión. 
Necesitamos objetivos concretos, fijados por mutuo acuerdo, sobre la reducción de las tasas de desempleo al 4% en el año 2010, como lo ha propuesto, por ejemplo, la Comisión. 
Hay que poner término a la lógica de que los Ministros de Economía y Finanzas se hagan festejar en sus países por los éxitos en la consolidación, mientras permanece en la niebla la responsabilidad en el tema del enorme desempleo en Europa. 
Les deseo mucha fuerza, el apoyo del Parlamento y el empeño de que en el futuro este Parlamento tenga más que decir en las cuestiones de política económica y política de empleo, tal como lo esperan también las ciudadanas y los ciudadanos de Europa. 
En ese caso ustedes tendrán un aliado más para su política. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, resulta gratificante y esperanzador oír hablar en esta Asamblea- como se ha oído aquí- de ese nuevo objetivo estratégico para la próxima década, que es hacer de la Unión Europea, a escala mundial, el espacio económico y social más dinámico y más competitivo, basándolo en las nuevas tecnologías, la innovación y el conocimiento, de forma que seamos capaces de aumentar los niveles de crecimiento económico con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. 
Está claro que tenemos que redefinir el papel de Europa en la economía mundial, creando una Europa competitiva, abriendo el camino a nuevos y mejores empleos y organizando este movimiento con una estrategia precisa de cohesión social. Y el papel central que tienen el empleo y la política social en el inicio de esta nueva sociedad se basa en dos factores. 
Por un lado, está la eficacia económica, pues, en este nuevo contexto tecnológico, la calidad de los recursos humanos es fundamental. Por otro lado, está la igualdad social, porque, a pesar del relanzamiento económico que estamos viviendo, seguimos teniendo enormes desigualdades sociales. 
El desempleo, la exclusión social y los riesgos de desequilibrio futuro de los sistemas de seguridad social son problemas que se ven acentuados por los ineludibles retos que plantean la mundialización, el envejecimiento de la población, los cambios tecnológicos, el freno demográfico y la cada vez mayor incorporación de la mujer al mundo laboral. 
Y Europa necesita lograr el pleno empleo. Un pleno empleo adaptado a la sociedad que está configurándose, con mayores posibilidades para sus mujeres y para sus hombres. 
Los ciudadanos europeos han de creer en este proyecto y en esta realidad; no han de verlo como algo abstracto de lo que hablamos en Bruselas o en Estrasburgo. 
Y nosotros pedimos ahora mismo la transición hacia una nueva sociedad, hacia una economía basada en la innovación, en la sociedad de la información y en el conocimiento. 
Y hay que aprender rápido, crear nuevas prácticas más adecuadas a esta nueva sociedad, invertir en el cambio tecnológico, pero siempre sin olvidar a las personas ni a las instituciones. 
Lisboa será un paso hacia adelante y tenemos que conseguir renovar el modelo social europeo porque sólo así se conseguirá más empleo y, al mismo tiempo, una mayor cohesión social. 
Y para ello hay que centrarse en una serie de temas prioritarios: hay que mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo, hay que reforzar las sinergias entre adaptabilidad, educación y formación permanente, hay que multiplicar el empleo en el sector de los servicios facilitando la iniciativa empresarial y disminuyendo la carga administrativa que pesa sobre la pequeña y mediana empresa, reduciendo los costes no salariales, y en último lugar hay que desarrollar la integración en las políticas generales de la igualdad de oportunidades para todas y todos, con especial hincapié en los aspectos que ayuden a conciliar la vida profesional con la vida familiar. 
Y todo ello hay que hacerlo pensando en el ciudadano europeo. Hay que hacerlo pensando en los hombres y mujeres que trabajan y que viven cada día en nuestros países. 
La Cumbre extraordinaria de Lisboa deberá reafirmar fundamentalmente en el ciudadano europeo la idea de que la Unión Europea sigue fiel a una sociedad que favorece la inclusión y la cohesión social. 
Señor Presidente, la Presidencia portuguesa tiene el mérito de centrar el debate en cuestiones que, sin ser nuevas, son abordadas de forma innovadora con objetivos valerosos, empezando por la urgencia de afrontar la capacidad competitiva basada en la innovación y democratización tecnológica permanente, pues sabemos que el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos es resultado de una iniciativa privada muy dinámica, pero también de una industria militar y de cierto proteccionismo. 
El caso del Japón también es digno de mención, pues entraña lecciones para Europa en el nivel de la organización del trabajo, de la responsabilidad del Estado y de las empresas- y del propio trabajador- en los objetivos empresariales. 
De esos dos modelos debemos aprovechar lo que resulta útil, como la capacidad empresarial y la organización del trabajo, conservando lo mejor de Europa, su modelo social adecuado a una economía postindustrial. 
El caso es que Europa necesita 32 millones de puestos de trabajo para alcanzar la tasa de los Estados Unidos, necesita aumentar el empleo de las mujeres, integrar los grupos marginados, fortalecer la cohesión social (problema que los Fondos estructurales aún no han resuelto) , integrar a cinco millones de desempleados de muy larga duración, muchos de ellos resultantes de las reconversiones industriales, necesitamos nuevas aptitudes, pues sabemos que el acceso a la tecnología no es garantía tácita de calidad del empleo y de la iniciativa empresarial. 
Necesitamos mayor participación y responsabilidad de los interlocutores sociales, nuevos agentes, como dice el informe Pintassilgo, para concretar pactos para el empleo y la competitividad en la empresa. 
Necesitamos resolver los problemas de la pobreza y necesitamos un modelo social adecuado para las nuevas condiciones. 
Señor Presidente del Consejo, su propuesta es muy valiente, si bien sabemos que no depende de usted, sino de los Quince. 
Respecto de la cuestión de Austria, me gustaría mucho que ese país formara parte del grupo de Estados que va a viabilizar esta propuesta suya. 
Pero, si lo hiciera, estaría engañando, mintiendo, a los electores de una parte de su Gobierno. 
¡Espero que lo haga! 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, es una afirmación mucha veces oída a nuestros convecinos, cualquiera que sea su nivel de preparación o de discurso, que vivimos en un mundo globalizado. 
Menos veces escuchamos, sin embargo, cuál debe ser el papel de Europa en este contexto de la sociedad de la información, de la globalización y de la tecnología. 
Se me ocurre pensar, señor Presidente, que probablemente ello ocurre porque quizá nosotros los europeos tenemos una percepción de una Europa a veces un tanto alejada de nuestras preocupaciones e intereses más próximos. 
Y la primera preocupación de los ciudadanos europeos, probablemente y después de la salud, es el empleo. 
Y el empleo va unido, en esa preocupación, a la competitividad. 
Y todo ello nos va a llevar a la necesidad de definir el papel de Europa en la economía mundial, de una Europa como plataforma competitiva- e insisto en la idea de "competitiva" -abriendo caminos a nuevos y mejores empleos, empleos de más calidad desde el punto de vista, por supuesto, de garantizar la cohesión social. 
Los riesgos sociales, la fractura social, el desempleo, la exclusión social, los desequilibrios de los sistemas de seguridad social son retos ineludibles planteados por la mundialización, el cambio tecnológico y el envejecimiento de la población. 
Se impone, pues, reconquistar condiciones de pleno empleo, de un empleo adaptado a la sociedad que se está configurando, que todos estamos construyendo. 
Y ello exige generar una dinámica de crecimiento que garantice, para el conjunto de la Unión Europea, una tasa media anual de crecimiento mantenido del 3% como mínimo. 
Pienso que es por lo tanto necesario estimular una cultura de dinamismo e iniciativa empresarial y una cultura de refuerzo de la cohesión social. Todo ello resulta absolutamente necesario: el cambio tecnológico y las reformas institucionales. 
Si es preciso aprender más deprisa de las buenas prácticas, también lo es crear nuevas prácticas adecuadas e innovar en materia de metodología política. 
Y Europa, por supuesto, dispone hoy de los procesos institucionales organizados para desarrollar estas políticas, lograr una economía y sobre todo una sociedad basadas en la innovación y el conocimiento, a través del diseño de una política europea para la sociedad de la información y del conocimiento, la construcción de una sociedad educativa a escala europea y el desarrollo de un espacio europeo de ciencia y tecnología abierto al mundo. 
Concluyendo, señor Presidente, hay que garantizar una combinación de políticas que impulsen el crecimiento y el empleo, aseguren la estabilidad macroeconómica y la consolidación del euro; que fomenten el crecimiento y la transición hacia una sociedad y una economía de innovación y conocimiento. 
A través del papel de las políticas y reformas estructurales, al servicio de los ciudadanos, tendremos una Europa más próxima y, por supuesto, también una Europa más fuerte. 
Señor Presidente, me gustaría sumarme a todas las felicitaciones por las ambiciones de la Presidencia portuguesa en esta Cumbre extraordinaria. 
Me agrada sobre todo la intención de llegar a una coordinación real de la política socioeconómica en toda su envergadura. 
Sin embargo, quisiera pedir que se prestara atención a tres puntos específicos. 
El primer punto es el tema del "corporate governance". 
La Presidencia portuguesa ha puesto explícitamente en la agenda la dimensión social de la innovación, pero me parece que esa dimensión está demasiado alejada de las intenciones con respecto al fomento de las nuevas empresas. 
A mi juicio, esa dimensión social debe estar integrada en esa nueva empresa europea, ya sea una gran multinacional o una de estas pequeñas empresas emergentes de TIC. 
Por lo tanto, quisiera reabrir el debate acerca del "corporate governance" sobre el concepto más amplio de la empresa como "stakeholders society" incluyendo el papel de los interlocutores sociales y de todos los implicados. 
En la última página del documento de la Presidencia encuentro la proposición de poner en marcha un "observatory for industrial change". 
Auguro un gran papel para dicho "observatory" y me gustaría que se abordara esto con energía y quisiera pedir a la UNICE, la organización de empresarios europeos, que mostrara al respecto un poco más de "commitment" y un mayor entusiasmo. 
Me ha molestado que en sus documentos para esta Cumbre hayan presentado sobre todo listas de peticiones a las administraciones pero que no hayan resaltado su propio "commitment" y su papel en todo el proceso. 
Me parece que hay que dar una de cal y otra de arena: ellos deberían colaborar con estas actividades. 
Otro punto que quisiera mencionar brevemente es la coordinación fiscal, porque creo que no me da tiempo de abordar los tres puntos. 
La Presidencia menciona el delicado tema del impuesto sobre sociedades y señala que, efectivamente, hay un gran estancamiento en ese tema en el paquete Monti. 
Quisiera volver a defender que se haga un análisis profundo de las evoluciones en el ámbito del impuesto sobre sociedades, sobre todo también en la Comisión. También quisiera sugerir a los Estados miembros que tomen en consideración empezar un proceso de Luxemburgo en esta materia porque al leer el informe, veo sobre todo ejemplos de "best practices" que se podrían abordar. 
Por lo tanto, pido que se preste también atención a este punto. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, ya se han dicho muchas cosas y, por lo tanto, si se interviene al final existe el riesgo de repetirse. 
Sin embargo, quería agradecer a la Presidencia portuguesa el documento presentado y el convincente discurso pronunciado por el Presidente del Consejo. 
Cierto- como ha recordado el Presidente en ejercicio Sr. Guterres- que en Lisboa no se prevé lanzar nuevas iniciativas, sino hacer converger las de Luxemburgo, de Cardiff y de Colonia. 
Es la primera vez, sin embargo, después de muchos años, que se nos propone un objetivo estratégico y creo que esto es extraordinariamente importante: convertir la Unión en un espacio económico basado en la innovación y en el conocimiento para aumentar el crecimiento económico y para conseguir el pleno empleo de calidad y la cohesión social. 
El año pasado la Comisión elaboró un estudio del cual se deducía que, en el caso de no intervenir profundamente en la cualificación y la formación profesional, en el año 2010 el 80% de los ocupados actuales tendrán una profesionalidad obsoleta, lo que exacerbará las desigualdades existentes y producirá nuevas desigualdades: por lo tanto, formación continua e inversiones masivas en el conocimiento y en el saber. 
También por lo que respecta a la investigación, otro sector estratégico, es preciso fomentarla en los Estados miembros, en Europa; es necesario dar un salto de calidad, pasar de los programas marco a un espacio europeo de investigación, a una política común de investigación. 
Y de innovación: no sólo estructural y tecnológica, sino también en los procedimientos y en los métodos. 
Como decía la Sra. Van Lancker, el Consejo de Asuntos Sociales deberá tener la misma importancia que el Consejo Ecofin. 
Reforzamiento, pues, del diálogo social como instrumento fundamental de consenso para realizar los cambios necesarios. 
Lisboa deberá ser recordada no sólo por el excelente documento preparatorio, sino como una Cumbre que con el nuevo milenio marcará un giro significativo para el crecimiento, el empleo y la cohesión social en Europa. 
Señor Presidente del Consejo, quisiera felicitarlo por haber puesto a Europa de acuerdo con la idea de que la modernización de la economía y la cohesión social son conceptos compatibles. 
La preparación de la Cumbre de Lisboa viene a poner de relieve que en Europa no se trabaja lo suficiente, y que, si queremos ser la región más dinámica del mundo, tenemos no sólo que trabajar más, sino también con más información y capacidad para utilizarla. 
Para aumentar la tasa de empleo y financiar los sistemas de seguridad social tenemos que trabajar durante más tiempo a lo largo de la vida, y sobre todo contar con más mujeres que trabajen con mayores conocimientos. 
Así pues, esperamos que esta Cumbre de Lisboa contribuya a cambiar el paradigma actual del empleo femenino. 
Quisiera preguntarle, señor Presidente, si prevé que de esta Cumbre resultarán conclusiones que permitan adoptar medidas concretas y con un calendario a fin de que haya no sólo más mujeres en el mundo del trabajo, sino también y sobre todo en la nueva economía del conocimiento. 
Señoras y señores diputados, quisiera agradecer muy profundamente las relevantes y excelentes contribuciones que han hecho durante este debate a la preparación de nuestra Cumbre Extraordinaria de Lisboa. 
Creo que este debate era necesario y que la participación del Parlamento también lo era, porque considero que aún falta en Europa una dirección estratégica y para que esa dirección estratégica sea posible es necesaria una alianza institucional que supere las naturales divergencias políticas. 
Por lo demás, esa alianza está ya plenamente concretada en la excelente cooperación que la Comisión, dirigida por Romano Prodi, y su documento acaban de prestar para la preparación de la Cumbre de Lisboa. 
Pero conviene también que el Parlamento desempeñe un papel esencial. 
Me gustaría que en la Cumbre de Lisboa, además de acordar una estrategia, fuéramos capaces de formular un conjunto de medidas concretas y un método de coordinación. 
Quisiera dar dos ejemplos, vinculados, por lo demás, con lo mucho que aquí se ha hablado sobre medidas concretas que me gustaría ver aprobadas: uno de ellos es el de que en 2002 todas las escuelas y todos los centros de formación de Europa estén conectados a Internet y simultáneamente tengan el personal adecuado a fin de impartir la formación indispensable para que los jóvenes que salen de la escuela básica y todos cuantos tienen una actividad de formación profesional, desempleados o no, puedan adquirir como un "carnet de conducir" de la sociedad de la información que les permita manejar las computadoras y navegar por Internet. 
Si es así, estaremos creando las condiciones para que las tecnologías de la información no sean un factor de ruptura social, de ampliación del foso entre los que triunfan y los que fracasan, sino, al contrario, un importante vector de integración, un importante vector de lucha contra la exclusión. 
Segundo ejemplo: se ha hablado de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad en general. 
Medidas concretas que tengan que ver con lo que hace poco he dicho respecto de un objetivo común de servicios de apoyo a las familias y, en particular, a los niños, son un factor decisivo para crear empleos y simultáneamente igualdad de oportunidades y una participación mucho mayor de las mujeres en el mercado laboral. 
Medidas concretas, sí, pero también un método de coordinación que nos permita en las diversas dimensiones que aquí se han mencionado hacer que las instituciones europeas y los Gobiernos adopten programas de acción comunes y tengan instrumentos cuantificables y verificables para que se realice esa coordinación. 
En el debate de hoy se han pronunciado muchas palabras que corresponden a conceptos esenciales del tiempo de hoy: mundialización, sociedad del conocimiento, relaciones entre la vieja economía y la nueva economía. 
Todas esas palabras y los conceptos que están tras ellas pueden corresponder simultáneamente a oportunidades y a problemas. 
Y el imperativo que se nos plantea es el de transformar problemas en oportunidades y sobre todo evitar a toda costa transformar las oportunidades en problemas. 
Es evidente que, para que lo consigamos, hay dos cuestiones esenciales en todas las esferas. 
Primero, una fortísima inversión en las personas y un concepto decisivo hoy mencionado aquí por tantos y tantos de Sus Señorías: la formación y la educación a lo largo de toda la vida son una inversión en las personas, una cuestión decisiva para que todos esos asuntos se transformen en una oportunidad para todos. 
Pero, además de la inversión en las personas, es necesario también que haya capacidad reglamentadora de las autoridades públicas, ya sean los Estados nacionales, la Unión Europea o autoridades de carácter mundial, en el sentido de hacer compatible la indispensable iniciativa empresarial y personal con las condiciones de la justicia social y la equidad. 
Eso es verdad en la esfera de la mundialización. 
La mundialización es algo que permite un mayor aumento de la riqueza, del comercio internacional, de la productividad. 
Pero la mundialización desreglamentada, tal como hoy existe, o la mundialización en la que grandes sectores de la población mundial no tienen una fuerte inversión en las personas es también un factor de exclusión, de división, de ampliación del foso entre ricos y pobres. 
Eso es verdad en la sociedad del conocimiento, que puede brindar una nueva igualdad de oportunidades, pero puede ser también un factor de separación cada vez más nítida entre los que tienen acceso a ella y los que no lo tienen, como ocurre en las relaciones entre la vieja y la nueva economía. 
Por lo demás, no es la primera vez que existe una transición tecnológica que modifica el paradigma de la sociedad y de la organización de la economía. 
Y lo que siempre ha sucedido en esos momentos de transición profunda es que los problemas de la vieja economía, en particular los del empleo, se resuelven siempre recurriendo a la nueva economía y a sus instrumentos. 
Y no deja de ser extraordinario que en este momento, en los sectores de la llamada "nueva economía", haya una carencia de casi 80.000 personas aptas para puestos de trabajo que existen, igual que existen millones de desempleados. 
Lo que quiere decir que aún no hemos sido capaces de utilizar los instrumentos de la nueva economía para resolver los problemas de la vieja economía, que nunca tendrán solución con la lógica de esa misma vieja economía. 
Por último, quiero responder a una pregunta que se me ha formulado: si hablo aquí en nombre de quince o de catorce países. 
La respuesta es sencilla: hablo en nombre de quince países. 
Y una de las cosas que la Presidencia portuguesa ha garantizado es la plena participación de Austria en el funcionamiento de TODAS las instituciones de la Unión. 
Lo que no impide al Gobierno portugués, como seguramente muchos otros gobiernos de Europa, llevar a cabo no una lucha contra un país, sino una lucha en defensa de principios y valores. 
Y, curiosamente, principios y valores que existen incluso antes de que existieran movimientos políticos como los socialdemócratas o los demócratas cristianos. 
Hablo de principios y valores que son los del "siglo de las luces", como la afirmación de la primacía de la razón. 
Porque, si las sociedades modernas tienen hoy un enemigo, es la irracionalidad en los comportamientos políticos. 
Y a esa irracionalidad se la puede llamar populismo político o nacionalismo exacerbado o fundamentalismo religioso o racismo o xenofobia. 
Ésa es una cuestión fundamental: sin la afirmación de esos valores, podría haber economía, podría haber empleo, lo que no habría sería Europa. 
, Comisión. (IT) Señor Presidente del Parlamento, señor Primer Ministro, algunas observaciones muy rápidas al final de este debate que ha sido largo, pero extraordinariamente constructivo e importante. 
Primera observación: no partimos de cero. 
Todos los que han visto un exceso de optimismo en nuestras palabras, deben comprender que no partimos de cero. 
Europa cuenta con las ventajas de la moneda única y del mercado único. 
Por lo tanto, Lisboa cuenta con este patrimonio y lo debe llevar adelante en los puntos- que no son pocos- en que dicho patrimonio no se ha consolidado todavía, porque el mercado único no es único en los sectores en que queremos actuar en Lisboa. No es único por los retrasos en los servicios públicos, en los servicios privados; no es único por los retrasos en lo referente a la transparencia y a la utilización de las nuevas tecnologías para convertir los mercados en realmente completos desde el punto de vista informativo y, en consecuencia, desde el punto de vista de la eficacia. 
Ahora bien, debemos encontrar aquí el incremento de productividad necesario para alcanzar un desarrollo económico duradero sin inflación. 
Sin embargo, tenemos que estar atentos. 
Tal vez estamos fragmentando este debate sobre Lisboa, pero tenemos siempre presente un objetivo muy concreto, esto es, debemos crear las condiciones económicas y sociales para que exista un crecimiento duradero. Ya hemos hablado de condiciones económicas, de eficacia y de productividad; nos quedan las condiciones sociales para evitar una fragmentación y una división de la renta de nuestra sociedad que es uno de los peligros más importantes. 
Lo repito porque es bueno que lo tengamos en mente: la disparidad de renta en Europa continúa creciendo en estos últimos tiempos. 
Es un problema que tal vez no en este momento, sino en el futuro llegará a ser irresoluble. 
De aquí, por lo tanto, la responsabilidad del mercado y la responsabilidad pública. 
En Lisboa hemos de tomar algunas decisiones muy concretas. 
En este sentido, debo mencionar un punto específico, dado que se han hecho numerosas referencias a los Estados Unidos. 
En los Estados Unidos este nuevo mercado, esta innovación, esta difusión de la innovación- el gran avance es que se trata de una innovación, la innovación telemática, que lleva los conocimientos también al ámbito periférico- no se ha producido únicamente a través de la iniciativa privada. 
Se han hecho grandes inversiones públicas a escala federal, estatal y local. 
Han sido enormes y han sido inversiones en las nuevas infraestructuras. 
Cuidado, aquí nuestro esfuerzo directo, repito, directo a nivel público y a diferentes niveles es construir las autopistas telemáticas, esto es, las vías por las que circulan estos nuevos vehículos. 
El mercado, los particulares, las empresas construirán los vehículos para circular, pero somos nosotros los que tenemos la obligación de construir las nuevas autopistas. 
Por consiguiente, lo declarado por el primer ministro Sr. Guterres acerca de los ordenadores en todas las escuelas, acerca de la red que debe incluir todas las regiones periféricas, no es una obligación que se puede imponer exclusivamente al mercado, ya que el mercado esto no lo hace y, por otra parte, sin él no alcanzamos esos nuevos objetivos de desarrollo y de productividad que son necesarios. 
Por consiguiente, nuestro problema es evitar la crisis de las economías periféricas, lo que no implica una centralización ni una programación centralizada, sino que supone brindar a las economías periféricas las mismas oportunidades que brindamos a las economías centralizadas. 
Por esto el programa se debe dirigir a las escuelas, por esto debemos tomar toda una clase de edad e insistir, conseguir que en esa clase de edad ya no haya nadie que quede fuera de la nueva alfabetización. 
Lisboa, por lo tanto, tiene una estrategia muy precisa. 
En Lisboa, en mi opinión, el verdadero problema es inyectar un nuevo valor para el empleo, para el crecimiento sabiendo que lo podemos hacer y, por lo tanto, debemos ir hacia este modelo que se basa en equilibrios seguros. 
Para resumir el debate de hoy, quiero recordar una frase utilizada por una de Sus Señoría, si mal no recuerdo el Sr. Goebbels, que ha dicho: "Tenemos un déficit de futuro en Europa". 
Se trata simplemente de esto. 
Nos hemos quejado durante mucho tiempo, mientras maduraban, en cambio, las semillas de lo que habíamos puesto con gran sacrificio en las raíces de Europa. 
Ahora, por favor, tratemos de cerrar también el déficit de futuro y de dar un sentido a las nuevas generaciones pensando que estamos trabajando en común con sobriedad pero con seriedad por algo duradero. 
Está claro que entonces es indispensable reunir los tres procesos. 
Lamentablemente, nuestra terminología es horrenda, pero los problemas de la macroeconomía, del trabajo y los problemas estructurales los juntamos realmente, ahora, y entonces tenemos la capacidad y la posibilidad de alcanzar los resultados que deseábamos, con acciones muy simples, incluso específicas. 
Recordamos la sociedad europea: no hemos conseguido aún la unanimidad en lo referente a la sociedad europea, pero hay cientos de miles de empresas que nos la piden. 
Debe hacerse a toda costa porque sólo la idea de actuar en quince Estados que se están convirtiendo en uno solo con reglas diferentes respecto a los principios básicos de la empresa es una idea insostenible: no conseguimos venderla porque no tiene sentido. 
Lo mismo vale para la patente europea: tampoco conseguimos venderla; las disposiciones relativas a los concursos públicos, el mercado de capitales; también las semillas de la coordinación de la seguridad social, porque es inútil que pensemos en grandes oportunidades de movilidad, que hagamos programas de mucho éxito como ERASMUS, SÓCRATES para convertir en más móvil a la gente, si luego no tenemos unas normas de seguridad social que no nos ayudan en esta movilidad. 
He aquí que, gracias a muchos fragmentos, estamos dando un sentido a Lisboa. 
Creo que se lo estamos dando precisamente porque la Presidencia portuguesa ha atado los cabos de la unificación uniendo las distintas piezas del mosaico. 
Ahora contamos con este patrimonio y espero que en Lisboa encontraremos la unidad para ponerlo en práctica, porque creo que lo necesitamos y que obtendremos de él también frutos inesperados. 
Antes de que reanudemos la sesión, quiero hacer una observación que siempre hago en las sesiones de noche, pero como hay caras nuevas, son muchos aquí los que no la han escuchado. 
Les pido que contribuyan a una rápida ejecución de los trabajos no sobrepasando el tiempo de uso de la palabra. Y ello se debe a tres razones. 
La primera es una vieja regla de toda fiesta: cuanto más tiempo dure, mejor se lo pasarán los invitados ­esto no vale para el Pleno. 
La segunda es que las personas sentadas tras las lunas de cristal ­los y las intérpretes­ también quieren irse a casa. 
La tercera razón es la siguiente: además de los y las intérpretes, hay otras muchas personas entre bastidores que deben trabajar hasta el final de la sesión para que, por ejemplo, las actas estén preparadas para mañana. 
Así que, por favor, ¡aténganse a su tiempo de uso de la palabra, para que podemos avanzar con rapidez! 
Dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los países en desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0051/2000) del Sr. Wijkman, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (12485/1/1999- C5-0013/2000- 1999/0020 (COD) ) relativo a las medidas destinadas a favorecer la plena integración de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los países en desarrollo. 
ponente. 
(SV) Señor Presidente, desde el informe Brundtland en 1987 ha quedado claro que las políticas que únicamente hacen hincapié en el crecimiento no pueden ser, o llegar a ser, sostenibles a largo plazo. 
El reto para nosotros es integrar las consideraciones de tipo social con las de carácter medioambiental. 
A veces, esto implica que no hay que ver los aspectos medioambientales como asuntos sectoriales, sino que las posibles consecuencias medioambientales negativas en relación con la producción, los transportes, la construcción, etcétera, deben detectarse durante la fase de planificación y minimizarse mediante la adopción de medidas adecuadas. 
En la Conferencia de Río se preparó un plan de acción que destaca los principales problemas de cada sector en este contexto y señala qué conviene hacer para proteger el medio ambiente y los recursos naturales. 
A pesar de que ése es un documento que consta de cientos de páginas, es un programa de carácter general. 
Para seguir avanzando en esta necesaria integración, es necesario desarrollar los métodos. 
Además, se precisan indicadores para estar al corriente de lo que se está haciendo, desarrollar los conocimientos, proyectos piloto, etcétera. 
Este tipo de trabajos se realiza desde hace muchos años en los países de la OCDE. 
Es cierto que podría tener mayor prioridad, pero está en marcha. 
La situación es peor en los países en desarrollo. 
Allí faltan conocimientos y recursos para posibilitar la integración de las consideraciones medioambientales y los métodos preventivos de trabajo, que son el verdadero espíritu de los acuerdos adoptados en Río. 
En este contexto, las ayudas al desarrollo pueden tener un papel importante. 
Como países que damos estas ayudas, tenemos una gran responsabilidad en la transferencia de conocimientos y tecnologías sostenibles a largo plazo, es decir, que no dañen gravemente el medio ambiente ni los recursos naturales. 
El objetivo de la propuesta de reglamento que debatimos hoy es que la UE y sus ayudas para el desarrollo integren totalmente las consideraciones medioambientales en sus actividades. 
La meta es que con el tiempo este tipo de integración, llamado mainstreaming, se haga de forma automática, es decir, sin necesidad de programas, partidas ni subvenciones especiales. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para desarrollar los métodos. 
También tienen que aumentar los conocimientos y la capacidad, tanto en la Comisión como en los países receptores. 
Me ha correspondido la responsabilidad de preparar esta segunda lectura. 
Es obvio que mi trabajo se funda, en gran medida, en las experiencias y en el trabajo que se hizo en relación con la primera tramitación. 
El Parlamento presentó un gran número de enmiendas, de las cuales el Consejo ha aceptado aproximadamente una tercera parte con vistas a esta segunda lectura. 
Al analizar la situación, he identificado especialmente tres o cuatro materias que creo que el Parlamento debería intentar cambiar en relación con la propuesta del Consejo. 
Para nombrar los asuntos más importantes, en primer lugar hay que destacar las dimensiones del presupuesto, además, la manera de gestionar esta actividad, y se trata de ver cómo se interpretan las reglas, es decir, que no sólo rigen para las actividades en los países en desarrollo sino que, obviamente, también, para nuestras propias actividades en el seno de la UE. 
Esto no significa que los asuntos que se trataron en la lectura anterior carecían de interés; implica que debemos concentrarnos en aquellos que revisten la mayor importancia. 
Además, en aras del interés en alcanzar acuerdos con el Consejo, hay que dejar de lado todo aquello de menor trascendencia. 
Con satisfacción puedo comprobar que en conversaciones informales se ha podido aumentar considerablemente el presupuesto, de los cerca de 50 millones de euros propuestos a algo más de 90 millones. 
Creo que esto es algo que debemos apoyar, lo cual también se deduce de la enmienda 11. 
En cuanto a los plazos de vigencia de este reglamento, opino que no hay razones para amarrarse de por vida. 
Creo que la propuesta del Consejo es aceptable, ya que se hará una evaluación dentro de cinco o seis años. 
Entonces, sin lugar a dudas, volverá este tema al Parlamento. 
Finalmente quisiera ocuparme de un asunto respecto del cual ha habido y hay muchas opiniones diferentes. 
Se trata del procedimiento de comités, es decir, cómo se van a aplicar estas normas. 
Mi opinión es que tenemos que intentar apartarnos de un sistema en el que los países miembros directamente manipulen e influyan en los detalles de la aplicación. 
Éstos tienen que participar en la producción de normas marco, pero deben dejar a la Comisión que realice el proyecto en sí. 
En esta materia, hemos recomendado durante la tramitación un llamado split comitology, que podría ser de inestimable ayuda. 
Espero que el Parlamento haga suya esta recomendación en la votación. 
Quisiera pedir una última cosa. 
Necesitaríamos hacer más consultas. 
Por este motivo solicito desde ahora que la votación se realice el miércoles. 
Señor Presidente, estamos tratando un reglamento particularmente importante en un contexto en el que ya no cabe decir: "estamos destruyendo el medio ambiente" ­ya lo hemos hecho durante bastante tiempo­, sino que ahora debe decirse, más bien, que "el medio ambiente nos está destruyendo". 
Y nuestra tarea es impedirlo. 
En los países industrializados se están adoptando medidas importantes para la conservación y protección del medio ambiente. 
En los países en desarrollo, sin embargo, es todavía necesaria una elaboración en profundidad de políticas, estrategias y proyectos adecuados para impedir el avance de la destrucción y preservar el medio ambiente. 
Deben adoptarse medidas que, por ejemplo, tengan en cuenta las consecuencias que entraña la integración de los países en desarrollo en la economía mundial. 
A este respecto Nigeria puede servir de ejemplo, un país en que la explotación del petróleo produce considerables daños medioambientales. 
Aquí deben también fomentarse las medidas dirigidas a la formación y a la educación para, en última instancia, ayudar a que se ayuden a sí mismos. 
Por ello, desde el punto de vista de su contenido, debe prestarse un apoyo sin reservas al Reglamento. aunque los recursos financieros propuestos por el Consejo son a todas luces insuficientes. 
En consecuencia, quiero pedir a todos los colegas que aprueben, en particular, la enmienda nº 11, para que al menos contemos con una dotación de recursos adecuada, aunque sea claramente inferior a las cantidades anteriores y sólo ascienda a cerca de 13 millones de euros. 
Debe considerarse la posibilidad de aumentar considerablemente esta cantidad con ocasión de la revisión del Tratado o del Reglamento. 
Señor Presidente, estimados colegas, aún cuando quedan muchos progresos por realizar, no cabe duda de que la Unión Europea siempre ha mantenido una política de cooperación y desarrollo hacia los países en desarrollo, y creo que hace falta incorporarle la dimensión ambiental y desarrollarla. 
En efecto, la noción de desarrollo sostenible cobra todo su sentido en esos países, y particularmente en los más pobres, ya que son los más frecuentemente afectados por grandes catástrofes, incluso las catástrofes naturales que se multiplican en este fin de siglo 
En efecto, se ha hablado mucho de la contaminación ambiental y de sus efectos, pero esa multiplicación de las catástrofes naturales que se ha visto en América central y en Venezuela al final del año pasado, se ve en Mozambique y en Madagascar ahora. 
De hecho, esos desastres se deben a grandes cambios climáticos a los cuales no somos ajenos, ya que son provocados por la actividad humana, en particular la de los países desarrollados. 
El efecto invernadero y la deforestación traen también muchas consecuencias. 
En lo que se refiere a ese reglamento sobre la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo en los países en desarrollo, el Consejo se ha dejado en gran medida guiar por las enmiendas que hemos presentado y votado en primera lectura. 
Desde ese punto de vista, no podemos estar sino satisfechos. 
Quisiera sin embargo insistir en un punto que el Consejo ha dejado de lado- por inadvertencia, o por lo menos es lo que creo y espero- cuando es absolutamente fundamental: la coordinación entre los actores europeos y los socios locales, o sea las ONG locales, las comunidades de base y los que poseen los conocimientos tradicionales en materia de uso de la diversidad biológica. 
Ningún proyecto será verdaderamente eficaz si no se realiza en estrecha colaboración con la población interesada. 
Un último punto: si logramos la creación de comités directivos, creo que habrá que reafirmar la voluntad de crear un sistema de quejas abierto a la sociedad civil en los países en desarrollo, tratándose de medidas que van en contra de las legítimas preocupaciones en materia social. 
Señor Presidente, la clave del desarrollo de los países en desarrollo se encuentra en sus posibilidades de participar en las cuestiones relacionadas con su propio progreso, tanto en calidad de determinadores de sus problemas, como en calidad de responsables a la hora de encontrar soluciones. 
Como participante que he sido en asuntos de colaboración para el desarrollo, me he percatado de que esta forma de acercamiento ha venido sustituyendo durante los últimos años, lo cual es de agradecer, a la ideología paternalista de ayudas, en cuyo ámbito los países llamados desarrollados pensaban que el desarrollo significaba trasladar nuestro modo de vida a los países menos desarrollados. 
El nuevo paradigma de la colaboración para el desarrollo destaca el compañerismo, una relación en la que el proveedor de la ayuda es la parte que está a la escucha. 
La parte contribuyente debe dejar que el receptor de la ayuda determine cuáles son sus problemas, diseñe planes de acción para mejorar la situación y lleve él mismo a la práctica las soluciones. 
La misión principal del proveedor es convertirse en innecesario y encargarse de que los trabajos de colaboración creen bienestar y actividad en el lugar de destino. 
Nuestro colega, el Sr. Wijkman, ha elaborado un informe muy bueno en este sentido, en el que destaca la importancia de este paradigma, que es el único que tiene éxito y el único moralmente sostenible. 
Sin embargo, por el momento y a nivel de la UE, este planteamiento se aplica de forma escandalosamente deficiente en lo que se refiere a los proyectos de cooperación científica y tecnológica con los países en desarrollo. 
Los programas marco de la UE no abarcan a los países en desarrollo. 
En otras palabras, en el marco de los proyectos científicos y tecnológicos relacionados con el medio ambiente no pueden participar, por ejemplo, los países norteafricanos. 
Claro que nada les impide a estos países investigar, pero no hay ninguna posibilidad de financiación porque los países en desarrollo no pueden colaborar en estos consorcios como parte solicitante de subvenciones. 
¿Por qué no pueden hacerlo? 
¡Si ya se han mejorado las posibilidades de los países de Europa Oriental para participar en estos proyectos! 
Esto es más incomprensible aún si pensamos lo estremecedores que son para nosotros, por ejemplo, los problemas de desertificación del Norte de África o los problemas de los países del Mediterráneo. 
Debemos ceder más responsabilidad a los investigadores locales, en forma de dinero, con el fin de crear un desarrollo que vaya en provecho de los habitantes de los lugares en cuestión y que permita conservar las actividades puestas en marcha, una vez que se termine la financiación. 
Debemos asegurarnos de que ningún proyecto se lleve a cabo sin la participación activa de los expertos locales. 
Señor Presidente, mediante el presente reglamento, la Unión Europea tiene un instrumento y la responsabilidad legal, pero también política, de integrar la dimensión ambiental en la política para el desarrollo. 
Para ello es necesario, evidentemente, contar con suficientes medios financieros. 
Por ello, estoy a favor, al igual que uno de los anteriores oradores, de la aprobación de la enmienda nº 11. 
Habida cuenta de que la integración de la dimensión medioambiental exige un compromiso a largo plazo, estoy, en principio, en contra de la fijación de una limitación del período de aplicación de este reglamento. 
Los argumentos de que unas largas negociaciones pondrían en peligro los proyectos actuales y en fase de ejecución me convencen justamente de lo contrario. 
Asimismo, creo que la enmienda nº 9, que tiene por objetivo integrar a la sociedad civil en el intercambio de información y en la aplicación de este Reglamento, reviste un carácter esencial, pues, a mi juicio, las discusiones sobre la sociedad civil, las discusiones sobre los good governments no sólo deben darse en charlas políticas de sobremesa, sino que deben traducirse en políticas activas. 
De igual modo, apoyo la propuesta del ponente, habida cuenta de la comitología "dividida", de que las orientaciones estratégicas sean fijadas en el marco de un procedimiento de gestión, mientras que la ejecución de las demás materias se aprueben mediante el procedimiento consultivo. 
. 
(EN) Estamos llegando con optimismo a la finalización de un proceso que se inició hace un año bajo el mandato del Parlamento anterior. 
Además de la importancia del asunto en sí, el presente reglamento y el reglamento sobre bosques tropicales que lo acompaña son los primeros reglamentos relativos a la cooperación al desarrollo que han sido tramitados por el procedimiento de codecisión. 
Así, para muchos de nosotros esta es una interesante experiencia de aprendizaje. 
El anterior reglamento expiró a finales de 1999. 
Desde el inicio de este año, la Comisión no ha sido capaz de asumir nuevos compromisos financieros en estas líneas presupuestarias. 
Esto coloca a la Comisión y a Europa en una situación cada vez más difícil. 
De ahí nuestro deseo de concluir el proceso de adopción del reglamento en un futuro próximo. 
En este contexto, hemos apoyado las negociaciones informales entre la Presidencia del Consejo y el ponente parlamentario con el fin de llegar a una propuesta que pudiera ser aceptada por ambas partes. 
Los sectores en que se han producido las principales divergencias han sido los medios financieros, la comitología y la duración del reglamento. 
Me gustaría comentar brevemente cada uno de estos temas. 
En lo que respecta a los medios financieros, brevemente, aceptamos las propuestas de resolución expuestas en la enmienda nº 11. 
Comitología: 
Nuestra posición ha consistido en abogar por la aplicación del procedimiento consultivo más que por la del procedimiento de gestión de conformidad con la Decisión 1999/468/EC, de 28 de junio de 1999, la cual dispone que: "a este respecto, debería seguirse el procedimiento de gestión en lo que se refiere a medidas de gestión tales como las relacionadas con la aplicación de la política agrícola común y la política pesquera común o la aplicación de programas con implicaciones presupuestarias importantes". 
En nuestra opinión, los programas que deben ser financiados con arreglo al reglamento no suponen implicaciones presupuestarias importantes y, por tanto, no requieren la aplicación de un procedimiento de gestión, por lo que será más adecuado el procedimiento consultivo. 
Sin embargo, a la vista de los criterios del Consejo en este asunto y con el fin de evitar el procedimiento de conciliación, apoyamos la propuesta de resolución planteada por el Parlamento en favor de un procedimiento desdoblado de comitología, en el que las decisiones sobre las orientaciones estratégicas para las actividades financiadas estarían sujetas a un procedimiento de gestión, mientras que la aprobación del limitado número de proyectos de cuantía superior a 2 millones de euros quedarían sujetos a un procedimiento consultivo. 
Por tanto, la Comisión apoya, en principio, la enmienda nº 16, pero se inclina por el tenor de las enmiendas nº 19, 20 y 21. 
En lo referente a la duración del reglamento, nuestra postura ha sido la de apoyar una duración ilimitada, sujeta a revisión en virtud de la valoración de los resultados. 
No obstante, somos conscientes de que la aprobación de la duración ilimitada conduciría inevitablemente a un procedimiento de conciliación. 
En este orden de cosas, estimamos que la duración de siete años propuesta por el Consejo es razonable y, por tanto, habida cuenta del interés en evitar el procedimiento de conciliación, no apoyamos la enmienda nº 18, que establece una duración ilimitada del reglamento. 
El último asunto de importancia común al presente reglamento y al reglamento sobre bosques son las enmiendas relativas a las garantías bancarias. 
Coincidimos con el punto de vista del Parlamento en que la Comisión no debe levantar barreras burocráticas al acceso de algunas ONG a la financiación con recursos comunitarios. 
Por esta razón, la Comisión adoptó en julio de 1999 una decisión por la cual sólo exigirá garantías bancarias por pagos anticipados superiores a 1 millón de euros. 
En consecuencia, el problema ha quedado resuelto en una amplia medida. 
Además, la Comisión estima que es mejor abordar estos asuntos con medidas horizontales que hacerlo mediante reglamentos específicos. 
Por estas razones, la Comisión no apoya la enmienda nº 10, relativa a las garantías bancarias. 
Las restantes enmiendas al reglamento sobre medio ambiente pueden clasificarse en dos categorías: por un lado, las enmiendas que consisten en la redefinición de las características del ámbito de aplicación de la propuesta de reglamento o de sus medios de intervención, y, por otro, las enmiendas relativas a la gestión de las actividades financiadas, en particular los aspectos de índole financiera. 
Con el objetivo de alcanzar un compromiso que permitiera eludir el procedimiento de conciliación, la Comisión podría apoyar las enmiendas nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, si bien estima que aportan poco valor añadido al texto en su totalidad. 
Una lectura atenta de la posición conjunta pone de manifiesto que la mayor parte de las cuestiones que laten en estas enmiendas han sido tenidas en cuenta, aunque siguiendo la sistemática del reglamento. 
El segundo tipo de enmiendas plantea más problemas a la Comisión, la cual, por tanto, no les presta su apoyo: la enmienda nº 9 ­coordinación con los interlocutores locales, como reza en el informe­ no recibe el apoyo de la Comisión y no por no estar de acuerdo en las cuestiones de principio, sino porque el artículo de que se trata queda comprendido en el contexto del Tratado, el cual sólo hace referencia a la coordinación con los Estados miembros. 
La enmienda nº 12 propone la elevación del umbral de 2 millones de euros a 5 millones de euros para someter los proyectos al examen del Consejo. 
Dado que la cuantía de la mayor parte de los proyectos se halla por debajo de los 2 millones de euros, se estima que dicha enmienda carece de relevancia. 
Además nos preocupa el hecho de que su adopción conduciría a un procedimiento de conciliación. 
En consecuencia, la Comisión no la apoyará. 
Las enmiendas relativas a las licitaciones y al acceso a los mercados ­enmiendas nº 13 y 14­ significarían un alejamiento de un tenor estandarizado y cuidadosamente pactado. 
En cualquier caso, al igual que ocurre con las garantías bancarias, la Comisión no estima adecuado que tales asuntos sean abordados mediante disposiciones particulares recogidas en reglamentos específicos, pues deben afrontarse con medidas horizontales. 
Nos oponemos a la enmienda nº 15, relativa a la creación de una célula de control ecológico, dado que, en nuestra opinión, esta es una cuestión de organización interna de la Comisión que no procede regular mediante un reglamento. 
Dicha célula ya se encuentra de hecho en funcionamiento, aunque pretendemos seguir fortaleciéndola. 
Por último, no apoyamos la enmienda nº 17 porque no se ajusta a las normas habituales de redacción de los reglamentos y se considera redundante. 
Muchas gracias, Señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Pido al Señor Ponente que si desea un aplazamiento, lo solicite en el turno de votaciones. 
Nuestros servicios dicen que es posible. 
Conservación y gestión sostenible de los bosques 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0043/2000) del Sr. Bouwman, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo... 
(El Sr. Bouwman interrumpe al Presidente.) 
Hay otro informe antes. 
Intervendría ahora mismo con mucho gusto, pero hay otro informe antes. 
Les pido disculpas, me he liado un poco con los papeles. 
Son cosas que ocurren con las prisas de la sesión nocturna. 
Olviden lo que he dicho hasta ahora. 
Comenzamos otra vez. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0048/2000) del Sr. Fernández Martín, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, respecto de la posición común del Consejo (12487/1/1999- C5-0014/2000- 1999/0015 (COD) ) con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo. 
. Señor Presidente, inauguramos con este debate- como ha dicho el Comisario, Sr. Nielson- las nuevas competencias que ejerce la Comisión de Desarrollo y Cooperación en materia de codecisión. 
El reglamento que debatimos hoy tiene por objeto el establecimiento de medidas destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales en países en vías de desarrollo, de manera que pueda garantizarse la dotación financiera necesaria para mantener y llevar adelante las acciones y proyectos que, con este fin, están en marcha desde la aprobación del Reglamento 3062 vigente hasta diciembre del año 1999. 
Este es el instrumento financiero por el que la Unión puede cumplir con las obligaciones resultantes del Convenio sobre la biodiversidad, el Convenio marco sobre el cambio climático y el Convenio para la lucha contra la desertización. 
En todas ellas se señala que es preciso apoyar a los países en vías de desarrollo en la búsqueda de soluciones para los problemas de sus recursos forestales. 
Entre 1990 y 1995 se perdieron más de 56 millones de hectáreas de bosque repartidos de manera desigual pero, ciertamente, afectando muy especialmente a los países en vías de desarrollo como consecuencia del aumento del suelo destinado a los cultivos agrícolas, a la construcción de infraestructuras o debido a catástrofes naturales o provocadas en forma de incendios. 
Estamos pues ante un problema de primera magnitud, no sólo para los países en vías de desarrollo sino para todo el planeta y para el conjunto de los seres vivos que lo habitamos, problema sobre el que el Parlamento ya se pronunció en primera lectura al final de la anterior legislatura el 5 de mayo de 1999. 
Desde entonces, se ha producido un largo y no siempre fácil proceso de negociación en el seno del Consejo, que no alcanzó una posición común hasta diciembre de 1999, y entre el Consejo, la Comisión y el propio Parlamento en la búsqueda del necesario consenso, condicionado, todo ello, por la aprobación de un presupuesto que imponía limitaciones en varios aspectos, especialmente por la necesidad de allegar fondos para poner en marcha el plan especial para la reconstrucción de Kosovo. 
El Parlamento ya aprobó en primera lectura un total de 34 enmiendas que el Consejo, en su posición común, ha retomado total o parcialmente en número de 18. 
De las 16 restantes, algunas de ellas, las enmiendas 5 y 6 especialmente, ya no proceden tras el acuerdo interinstitucional sobre el presupuesto para el año 2000. 
El debate y la negociación que hemos mantenido con el Consejo y la Comisión han girado en torno a tres cuestiones: el presupuesto, el calendario y la comitología. 
El ponente quiere destacar particularmente el esfuerzo y la flexibilidad mostrada por todos para acercar posiciones en materia presupuestaria de manera que de una dotación inicial de 9 millones de euros de la línea B7-6201, lo que suponía un total de 73 millones de euros para el conjunto del período, hemos llegado a un acuerdo que supone la disposición de 249 millones de euros para el conjunto de los siete años próximos, a partir de los 30 millones de euros ya previstos en el presupuesto para el año 2000. 
A partir de ese acuerdo presupuestario- lo que lleva implícito también un acuerdo en el calendario- las diferencias se han centrado en aspectos de comitología derivados de posiciones históricas del Parlamento y del propio Consejo que, de cara al futuro, en mi opinión- y para no insistir en los problemas puestos de manifiesto en la intervención del Sr. Wijkman -, yo creo que deberían ser revisados en un acuerdo interinstitucional para agilizar y hacer más fluido el procedimiento legislativo parlamentario. 
Termino reclamando el apoyo a las enmiendas 1, 7, 9, 10, 11 y 12, por parte de la Asamblea, y el voto negativo para las demás, que, de prosperar, romperían el acuerdo alcanzado en el seno de los debates con la Comisión y el Consejo, lo que obligaría a iniciar todo el proceso negociador, paralizaría algunas de las acciones y proyectos a realizar y causaría sin duda graves problemas en la política de conservación y rehabilitación de los bosques tropicales que queremos desarrollar. 
Señor Presidente, quiero dar la razón al anterior orador y ponente, Sr. Fernández Martín, en muchos puntos de su informe. 
En particular, considero muy importante discutir sobre la respectiva dotación financiera de todas las líneas presupuestarias. 
De la misma manera que con el informe anterior, no me alegra el hecho de que los proyectos tengan una duración limitada, pero, habida cuenta de los muchos que están en peligro, es un buen argumento para alcanzar un acuerdo con el Consejo lo más rápido posible. 
Al igual que con el informe del Sr. Wijkman, coincido con el ponente en lo relativo a la split comitology, es decir, aprobación de las orientaciones estratégicas mediante un procedimiento de gestión y ejecución de los proyectos en el seno de un comité consultivo. 
Un punto, a mi juicio, esencial es el hecho de que en diversas enmiendas ­por ejemplo, la enmienda nº 2 y la enmienda nº 4­ se resalta la participación activa de las poblaciones de los bosques de las selvas y de las comunidades locales. 
Creo que es un aspecto verdaderamente esencial, sobre todo si hablamos de la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo. 
Señor Presidente, Señor Comisario; el Sr. Martín ha expuesto con gran claridad de qué trata su informe. 
Se lo agradezco sinceramente. 
Pero también sabemos muy bien que no todos los proyectos dan como resultado el éxito deseado, tal como nos gustaría. 
Por ello, tanto más importante es para nosotros que se hagan partícipes a la población afectada y las comunidades locales de los trabajos de elaboración de los proyectos, para garantizar la sostenibilidad ecológica, pero también social, de estos proyectos que queremos financiar. 
No siempre ­y eso lo sabemos también­ se respetan los intereses de la población local, sino que son supeditados y sacrificados en aras de los intereses económicos de grupos determinados, como por ejemplo las multinacionales madereras. 
A este respecto podría contarles mucho de la situación en Brasil, de cómo se defienden dichos intereses en este país, porque una cosa está clara: no se ha dado una respuesta clara y satisfactoria a la pregunta de cómo pueden gestionarse de forma sostenible los bosques tropicales sin que sufran un daño constante. 
Justamente en este contexto las aportaciones de la Comisión y del Consejo no deben sufrir reducciones, pues sería ésta una medida contraproducente. 
Si se continúa dañando a los bosques como se ha hecho hasta ahora, la primera perjudicada será la población local y luego la de todo el planeta, pues los dramáticos cambios climáticos ya pueden constatarse. 
Es muy importante ahora para nosotros que desarrollemos los proyectos sin interrupciones. 
Estas exigencias que planteamos al Consejo no son exigencias que nos saquemos de la manga, y creo que si se negocia con acierto debería ser posible obtener algún resultado positivo, pues no es imposible cumplir las condiciones. 
Por lo demás, sólo nos queda adherirnos al informe de nuestro colega, el Sr. Fernández Martín; las afirmaciones de la colega Scheele y las expresadas por otros compañeros también coinciden con nuestros criterios. 
Doy las gracias a mis colegas por concederme generosamente tiempo para mi intervención. 
Señor Presidente, estimados colegas, el estado de los bosques tropicales es doblemente preocupante. 
El empobrecimiento no es solamente de orden cuantitativo sino también cualitativo. 
La biodiversidad de nuestro planeta está en juego. 
Por lo tanto la Comisión actuó oportunamente al proponer un nuevo reglamento del Consejo acerca de los bosques tropicales y me suscribo plenamente al sentido de las enmiendas propuestas por el ponente, a quien felicito por la aguda pertinencia de su trabajo. 
Ofrece unas perspectivas interesantes que quisiera desarrollar en ciertos aspectos. 
Una reflexión sobre el campo de aplicación del reglamento me parece fundamental. 
En primer lugar, los proyectos deben estar más orientados hacia la rehabilitación de los bosques tropicales. 
Ahora bien, el reglamento del Consejo de 1995 apuntaba quizás demasiado exclusivamente a la protección del bosque tropical y no suficientemente al desarrollo de su potencial productivo. 
Además, las futuras acciones comunitarias deberán tomar en cuenta todos los aspectos de una silvicultura sostenible. 
Eso implica que se respeten los pueblos autóctonos que dependen de los ecosistemas forestales. 
Se trata de no perder de vista que la necesaria participación de esas poblaciones vulnerables se tropieza con obstáculos enormes: las zonas forestales en cuestión son muchas veces afectadas por situaciones de disturbios y de conflicto así como por los efectos perversos del turismo que demasiado frecuentemente es presentado como una solución milagrosa, y de las leyes locales sobre bosques que raras veces se aplican si es que existen. 
Hay desde luego algunos bosques que escapan de cualquier actividad productiva, pero también los hay cuyas funciones económicas se mantienen. 
Es el caso de nuestros bosques dentro de la Unión Europea y os pregunto, queridos colegas, ¿cuál fue la ayuda comunitaria proporcionada a nuestros bosques europeos devastados por la tempestad en diciembre pasado? 
No cabe duda de que hay que aceptar el reto que plantea ese informe, pero también habrá que establecer una verdadera política comunitaria de conservación y de gestión sostenible. 
. 
(EN) No hay apenas necesidad de subrayar la importancia de los bosques tropicales a nivel mundial, dada su influencia en los modelos climáticos, la gran porción de la diversidad biológica del mundo que comprenden y, evidentemente, su influencia en los medios de subsistencia de millones de personas de los países en desarrollo ­la madera para calefacción, por ejemplo. 
Por estas y otras razones, los ciudadanos esperan con razón que la Comunidad subvencione actividades de conservación y gestión sostenible de los bosques tropicales. 
Digo bosques tropicales, pero, en realidad, un nuevo aspecto de este reglamento, en comparación con el anterior, consiste en que el ámbito de aplicación del reglamento comprende ahora todos los países en desarrollo, y, por tanto, incluye países como Sudáfrica, China y las regiones del Mediterráneo y de Oriente Medio. 
Asimismo, el presente reglamento hace una referencia específica a las necesidad de la población indígena y dependiente de los bosques, así como a la necesidad de tener en cuenta la diversidad biológica. 
Acabamos de debatir el reglamento sobre medio ambiente, y los comentarios que hice relativos a ciertas asuntos de índole horizontal son igualmente predicables del reglamento sobre bosques. 
Con referencia a las enmiendas recogidas en el informe Fernández Marín, la posición de la Comisión sobre los principales asuntos de carácter horizontal es la siguiente. Dotación financiera: la Comisión asume el compromiso de destinar 249 millones de euros durante siete años, propuesto en la enmienda nº 9. 
Comitología: la Comisión apoya en principio la enmienda nº 11, pero prefiere el tenor de las enmiendas nº 13, 14 y 15. 
Las enmiendas proponen un acuerdo de comitología dividida, según el cual las orientaciones estratégicas y las prioridades quedarán sujetas a un procedimiento de gestión, mientras que el Consejo examinaría los proyectos de importe superior a 2 millones de euros en el marco de un procedimiento consultivo. 
Duración del reglamento: con el fin de eludir el procedimiento de conciliación, la Comisión no apoya la enmienda nº 12, que establece una duración ilimitada de los reglamentos. 
A nuestro juicio, la duración de siete años propuesta por el Consejo es un compromiso asumible. 
Garantías bancarias: la Comisión no apoya la enmienda nº 8, relativa a las garantías bancarias por las razones antes expuestas. 
Nos oponemos a la adopción de disposiciones particulares que se traducen en líneas presupuestarias específicas, dado que esto es contrario a nuestro objetivo común de simplificar y unificar los procedimientos administrativos. 
Además, de conformidad con una decisión de la Comisión de 1999, estimamos que ya se ha respondido ampliamente a esta cuestión. 
En lo relativo a las demás enmiendas, nuestra posición es la siguiente: 
La Comisión acoge con satisfacción y apoya las enmiendas nº 7 y 10. 
Cabe aceptar la enmienda nº 4. 
No apoyamos las enmiendas nº 2, 3, y 6, dado que, en nuestra opinión, las ideas que laten en ellas ya han sido tenidas en cuenta en otras partes del reglamento como consecuencia de la primera lectura. 
Por tanto, en aras de una normativa clara y concisa, preferiríamos que estas enmiendas decayeran. 
No prestamos nuestro apoyo a la enmienda nº 1 porque, a nuestro juicio, aporta poco valor añadido. 
Habida cuenta de la posición negativa del Consejo sobre esta enmienda, la Comisión vería también con buenos ojos su exclusión. 
Por último, no damos nuestro apoyo a la enmienda nº 5, dado que la expresión "dudas razonables" nos parece demasiado subjetiva y hace muy difícil la aplicación del reglamento. 
Además, el objetivo de esta enmienda, a saber, no llevar a cabo proyectos que entrañen efectos negativos desde el punto de vista social, económico y medioambiental, ya se aborda en el artículo 4, apartado 5, relativo a la evaluación de su impacto. 
Muchas gracias, Señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Desechos generados por buques y residuos de carga 
¡Ahora, colega Jarzembowski, llega el momento cumbre! 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0043/2000) del Sr. Bouwman, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga. 
. (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, se trata aquí de una directiva dura, durísima. 
En las últimas semanas hemos hablado aquí de la catástrofe causada por el "Erika". 
A raíz de ello se van inventando a corto plazo toda clase de nuevas medidas referidas al doble casco, al control, al control de los órganos de inspección, etcétera. 
Pero si nos fijamos en la contaminación marítima por el petróleo debida a este tipo de catástrofes, entonces vemos que se trata de aproximadamente un tres por ciento de la totalidad. 
Más del doble lo origina la forma en que operan habitualmente los barcos. 
Pero aún hay más: si nos fijamos en las playas, vemos que por ejemplo en los Países Bajos, pero esto también ocurre en otros países, el 49% de los residuos llega directamente del mar. 
Sólo un 15% proviene de los turistas y hay incluso una gran parte de estos residuos que no se sabe de dónde proceden, pero está claro que de alguna parte tienen que venir. 
Dicho con otras palabras, esta directiva es de gran importancia porque los daños económicos son grandes y porque está bajando la calidad del medio ambiente natural de las aves, de los peces, etcétera, que es muy importante. 
No creo que haga falta decir mucho más sobre los motivos de esta directiva. 
Sobre la calidad de la directiva y el trabajo de la Comisión sólo puedo expresarme en términos positivos. 
No obstante, en primera lectura hubo una larga serie de enmiendas que fueron propuestas todas por el Parlamento. Me parece que fueron dieciocho en total. 
Gran parte de ellas fueron adoptadas, pero algunas de menor importancia no. De alguna u otra forma se volverá a hablar de ellas alguna vez. 
Pero ahora quisiera centrarme en una cuestión muy importante. 
Estamos de acuerdo en toda la Unión en que si los mares se están contaminando hay que hacer algo. 
Me refiero nuevamente a la catástrofe del "Erika" pero también a otros casos. 
También estamos de acuerdo en que hay que utilizar el principio de quien contamina, paga. 
Hay una enmienda en el informe presentado que pretende no aceptar la variedad total de sistemas de recuperación de los costes de la Unión Europea, porque algunos sistemas de recuperación de los costes de instalaciones portuarias receptoras de residuos no hacen justicia a lo que es necesario para mantener limpio nuestro medio ambiente. 
Le falta el incentivo económico. 
Permítanme aclararlo con un ejemplo. 
En los Estados miembros del sur se utiliza el principio del "direct costing", que quiere decir que los que llevan sus residuos al puerto pagan, pero los que no llevan sus residuos, aunque sí contaminan sin embargo no pagan. 
En los países nórdicos hay un sistema en que este elemento financiero es distinto. 
Todo el mundo paga, tanto si arroja sus residuos al mar como si los entrega. 
Además, hay una especie de estímulo financiero en este sistema para que se fomente la entrega de los residuos. 
Ya hay experiencia con este sistema, se han hecho investigaciones científicas y funciona. 
Esto es uno de los motivos para que el Parlamento persista en este tema y también la Comisión, de la que hoy soy ponente, es decir, en aplicar un porcentaje de gastos indirectos que deberían incluirse en los derechos portuarios. 
Esto es lo que vamos a defender. 
Ese porcentaje debería ser el 90%, eso en primer lugar. 
Y esta aportación mínima tiene que ser significativa. 
De lo contrario retrocederíamos a una variedad de sistemas y tendríamos que esperar años antes de que hayamos aprendido la lección que en realidad ya conocemos. 
Quisiera convencer a todo el mundo de que por estos motivos es prudente que optemos por un sistema en el que se incorporen de alguna forma los gastos indirectos en los derechos portuarios. 
Si se estudia la propuesta de la Comisión tal como se ha redactado, entonces se ve que un país, si quiere, puede llegar al 0,01 % de los gastos indirectos. 
Me temo que en la práctica se optará por eso. 
Por lo tanto, esta es la cuestión más importante sobre la que tenemos que debatir en el futuro. 
Quedan todavía muchos otros elementos. 
En muchos puntos hemos llegado a un acuerdo y creo que todo se solucionará. 
Pero este es el meollo de la cuestión y quería que todo el mundo le prestara atención. 
Señor Presidente, Señora Vicepresidenta, estimados colegas, en primer lugar quiero subrayar que sostuvimos un buen debate en las dos lecturas. 
Me permito agradecer sinceramente al ponente Bouwman que se haya hecho cargo de este trabajo y lo haya expuesto con tanta brillantez. 
En tres cuestiones compartimos nuestro criterio con el Consejo. 
Primera: todos los puertos europeos deben construir instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques, siempre que no cuenten ya con ellas. 
Deben, por tanto, existir. 
Segunda: todos los barcos, con independencia de su bandera, deben eliminar sus desechos. 
Tercera: los costes de la eliminación deben correr por cuenta del buque. 
En estos extremos estamos de acuerdo. 
Queremos implantar de forma conjunta un sistema para evitar que se den estímulos económicos para descargar en el mar los desechos. 
En primer lugar, queremos proteger la flora y la fauna marina; segundo, hay muchas costas en las que por un lado los turistas se divierten y, por otro, deben crearse puestos de trabajo. Es decir, queremos contar con un sistema efectivo. 
¿En qué se diferencia nuestra posición de la del Consejo, aparte de en asuntos de poco calado, como que queremos excluir las embarcaciones tradicionales de las disposiciones burocráticas y que somos un poco más estrictos con los buques pesqueros y embarcaciones de recreo? 
La diferencia verdaderamente determinante es la respuesta a la pregunta de cómo se cargan los costes de eliminación al buque. 
El colega Bouwman acaba de exponerla. 
Contamos con dos experiencias previas: una en la zona del Mar Báltico, una experiencia que no es de un solo estado, sino de todos los países de la zona báltica, conforme a la cual si la mayor parte de los costes de eliminación se cubren con tasas portuarias generales, no existirá incentivo alguno para descargar en el mar los desechos de la embarcación. 
Quien ya ha pagado por la eliminación de los desechos, podrá eliminarlos en el puerto. 
El otro sistema sigue el principio de quien contamina, paga: el que lleve a tierra los residuos que produce el buque debe pagar por ello. 
Este sistema ha resultado ser ineficaz, pues, ¿por qué sino está el Mar Mediterráneo tan sucio? , ¿por qué esta el Mar del Norte tan sucio? 
Por ello la Comisión ha decidido por una amplia mayoría ­no una gran mayoría; los defensores de la opinión minoritaria intervendrán a continuación­ al igual que todo el Parlamento, sin ninguna oposición, que el sistema del no special fee es el mejor, dado que, por así decirlo, ofrece a los buques el incentivo económico de no descargar los residuos en el mar, sino de eliminarlos en instalaciones portuarias receptoras. 
Esta es la cuestión decisiva. Estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo con el Consejo. 
Pero el Consejo ha rechazado hasta ahora todo intento serio de acuerdo. 
Por ello hago un llamamiento a esta Asamblea para que apoye nuestra enmienda, según la cual la mayor parte de los costes, hasta un 90%, de eliminación deben quedar cubiertos por el régimen general de tasas portuarias. 
De este modo tendremos la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Consejo en el marco del procedimiento del Comité de Conciliación, sea en un 75% o en el porcentaje que sea. 
De ahí mi petición a la Comisión: ¡Señora Vicepresidenta, tenga usted cuidado, y mire de qué lado se pone! 
Creo que, en interés de la protección del medio ambiente, de una industria turística duradera y floreciente en muchos países de nuestra Comunidad es mejor contar con un sistema efectivo. 
Apoyen, por tanto nuestro del sistema del no special fee. 
Quizá en el marco del procedimiento del Comité de Conciliación lleguemos a un compromiso razonable con el Consejo. 
Señor Presidente, me alegra que sea justamente usted quien dirija este debate, pues sé muy bien que usted, como bávaro que es, presta gran atención a los asuntos relacionados con los puertos y con el mar; asimismo, quiero agradecer al ponente, Theo Bouwman, el trabajo que ha realizado y su colaboración con nosotros en los preparativos de la votación de mañana. 
En primer lugar, sabemos que el transporte de pasajeros y de mercancías por barco es, en comparación con otros medios de transporte, el más respetuoso con el medio ambiente. 
A la vez, sabemos que los barcos contribuyen en una medida considerable con desechos, residuos de carga y lodo aceitoso a la contaminación de los mares. 
El combustible que emplean los buques es aceite pesado, y sabemos que entre un 1% y un 3% de este aceite pesado queda en forma de lodo aceitoso y normalmente es descargado en el mar. 
Creo que coincidimos en que los buques deben eliminar sus residuos y desechos en los puertos. 
Y de ello se desprende que ­y no puede imponerse ninguna otra lógica: la exigencia superior de unos mares limpios consiste en que la eliminación ilegal en alta mar no puede ser económicamente rentable por más tiempo. 
Esta es la cuestión fundamental, y aquí hemos votado mayoritariamente a favor de esta postura. 
En enero mantuvimos con usted, Señora Comisaria, un amplio debate sobre las consecuencias de la catástrofe del "Erika". 
En él, todos nosotros aportamos una vez más puntos de la vista sobre la seguridad de los buques y sobre la limpieza de los mares. 
Y esta directiva relativa a las instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga versa justamente sobre la cuestión de cómo conseguir una mayor limpieza de los mares. 
A título informativo: nos consta que sólo en el Mar del Norte se eliminan al año 70.000 m3 de residuos de forma ilegal, y que, en cambio, no más del 5%-10% de los busques se atienen al procedimiento debido, es decir, la eliminación de los desechos en las instalaciones portuarias. 
Este escándalo es también inaceptable para el Consejo. 
El Consejo también dice sí a que todos los puertos deben ofrecer instalaciones receptoras de desechos y, por ello, deben estar equipados con ellas. 
En última instancia, el conflicto gira en torno a la pregunta de ¿cómo se paga? 
En su primera lectura, el Parlamento aprobó por una gran mayoría que la parte fundamental de la tasa sea aportada por los buques: al menos, un 90%. 
Y esta es la diferencia con el Consejo, que dice simplemente que tiene que pagarse mediante una tasa. 
Pero una contribución puede ser sólo medio euro, y bien sabe Dios que en este caso esto sería demasiado poco. 
Así no cambia nada. Los buques no sufrirán presión económica para actuar en la forma debida. 
Es necesario introducir una tasa a tanto alzado para todos los buques por la eliminación de desechos, con independencia de la efectiva utilización de las instalaciones de eliminación, es decir, debe desaparecer el incentivo económico para la descarga en el mar, lo cual ­como ya se ha puesto de manifiesto aquí­ ha sido posible en el Mar Báltico gracias al Acuerdo HELMCOM, gracias al sistema de no-special-fee. 
Lo que allí funciona debe también funcionar en el resto de mares europeos, pues no sólo está en juego el medio ambiente, sino también la limpieza de las aguas, el turismo y ­lo que es decisivo­ además de la cuestión medioambiental debe lograrse también la neutralidad en cuanto a los efectos sobre la competencia. 
En los puertos, todos los buques deben poder cumplir las mismas condiciones, y sólo cuando el Parlamento, el Consejo y la Comisión fijen de forma conjunta estas condiciones se restablecerá la neutralidad de los efectos sobre la competencia. 
A mi juicio, también está en juego la credibilidad de la Unión y, en particular, la del Parlamento. 
Creo que a las personas les duele la actuación hipócrita de Europa, de sus ministros ante las catástrofes, como hemos tenido ocasión de comprobar con el "Erika". 
El petróleo llega hasta las playas y entonces aparecen los políticos, los ministros que con su cubito colaboran en las tareas de limpieza, pero cuando, dos semanas más tarde, se pasa a debatir una directiva dura, ya han olvidado las buenas palabras de ayer. 
No podemos evitar en un 100% la producción de accidentes, pero sí podemos mejorar en la medida de lo posible las medidas de previsión. 
Por ello, esta consecuente directiva supone un paso importante en este sentido. 
Asimismo, espero que los colegas del Grupo Liberal se piensen hasta mañana si, por razones de identidad parlamentaria, colaboran en la segunda lectura, como ya hicieron en la primera, pues de todas formas iremos al procedimiento de conciliación, y ahí habrá que ver en qué medida cambiará el Consejo de posición. 
Por razones de índole medioambiental y de la competencia, así como en razón de lo que se acordó hace dos meses, en enero, creo que mañana deberíamos aprobar estas enmiendas con una amplia mayoría, del mismo modo en que debatimos sobre ella en comisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, le felicito por su informe. 
Usted lo acaba de decir: esta directiva nos hace mucha falta. 
Es una buena directiva. 
Los puertos tienen que disponer de unas instalaciones receptoras de residuos. 
Y por fin va a haber control. 
Los Estados miembros han de imponer sanciones si no se respetan las reglas. 
Eso es muy importante y es bueno para el medio ambiente. 
Ya se están haciendo inversiones anticipándose a la directiva, por ejemplo en Amberes, cerca de donde vivo, donde se está construyendo una gran instalación que no tenían antes. 
Por lo tanto, esta directiva ya está funcionando en cierta medida. 
Hay una cuestión, el Sr. Jarzembowski ya lo ha mencionado también, sobre la que diferimos de opinión. 
¿Cómo vamos a imputar los costes? 
Coincidimos plenamente en el principio: el que contamina, paga. 
Pero ¿tiene que pagar automáticamente el importe entero, o unos derechos portuarios muy altos u optamos por una regulación flexible como la que ahora propone el Consejo? 
O, como ha dicho usted, ¿dónde reside el mayor incentivo económico? 
Lo he hablado con diferentes personas y los puntos de vista difieren. 
Por lo visto, las costumbres difieren bastante. 
Incluso entre diferentes puertos en una misma región se oyen diferentes cosas y porcentajes distintos. 
También hay puertos que cambian sus porcentajes en el último momento, si me permiten expresarlo así. 
Me parece que nosotros como Parlamento no nos deberíamos atar a un porcentaje fijo. 
Un sistema flexible con esas condiciones, como usted ha dicho, tiene que sufragar una parte sustancial de los gastos. 
El 0,01 % claramente no es una parte sustancial. 
También debería servir como aliciente, ya que se conserva una parte flexible para gente que trabaje respetando el medio ambiente, a condición de que la Comisión vigile bien todo este sistema y controle si funciona. 
Si no se alcanzan los objetivos de esta directiva, espero que usted intervenga en la Comisión, que actúe y que proponga algunas modificaciones y que se encargue de que el sistema funcione. 
Señorías, hemos de salvar en todo caso esta directiva, hemos de procurar que la adoptemos. 
Espero que no pongamos en peligro esta directiva por una postura demasiado rígida en una cuestión. 
Señor Presidente, no hace mucho se pensaba que los residuos desaparecen si se arrojan al mar o si se lanzan al espacio. 
Hoy en día ya sabemos que tarde o temprano volveremos a encontrar estos residuos y muchas veces en forma más perjudicial. 
La contaminación marítima a gran escala y la destrucción de la fauna debido al hundimiento de petroleros siempre atraen mucho la atención. 
Hay mucho menos interés por el hecho de que los buques mercantes corrientes y las embarcaciones de recreo contaminen los mares a diario. 
Es hora de que se establezca una regulación lo más firme posible y también controlable que logre que se recojan y traten de forma ecológica en los puertos los desechos generados por buques. 
Además, podemos aprovechar las experiencias prácticas de algunos puertos como el de mi lugar de residencia, el puerto de Rotterdam. 
Por supuesto habrá que plantearse si las reglas pueden llevar a alguna injusticia para embarcaciones más pequeñas. O para embarcaciones históricas o para barcos que atracan en muchos puertos cubriendo una distancia relativamente corta y que por eso tienen que pagar más a menudo. 
Tengo la impresión de que el ponente ha buscado la mejor solución posible y que ha escuchado atentamente los argumentos. 
Otras soluciones tendrían probablemente un impacto menos favorable sobre la protección del medio ambiente y por eso mi Grupo parlamentario aprobará este informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, para empezar debo dar las gracias yo también al Sr. Bouwman por el esfuerzo que ha realizado en la Comisión para conciliar las opiniones. 
No se han podido conciliar por completo, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto pasa muy a menudo en la política. 
Sea como sea, al final, comoquiera que se formule el informe, cualquiera que sea el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento, tenemos la certeza de que, comparando con la situación anterior, habremos avanzado. 
Porque se prevé la creación de instalaciones en los puertos para la gestión de los residuos y, por supuesto, creo que esta directiva es una aportación importante para limitar la contaminación del mar. 
Ahora bien, también el debate ha evidenciado que hay un punto conflictivo. 
Está claro que hay dos sistemas: uno en el Mar del Norte, el No Special Fee System, y el sistema vigente en el resto de los puertos, donde se les cobra a los barcos según el uso que hagan de los servicios de los puertos. 
Me doy cuenta de la sensibilidad de mis colegas, que hablan sobre el vertido al mar de residuos por parte de muchos capitanes inconscientes para evitar pagar las tasas; pero quiero decir que el problema también tiene otro aspecto. 
En los puertos de los países miembros de la cuenca del Mediterráneo, como por ejemplo en los de mi patria, Grecia, se van a enfrentar a graves problemas de competitividad con los puertos de países vecinos no comunitarios, ya que no hay ningún obstáculo para que los capitanes de buques que vienen del Mediterráneo atraquen en los puertos de Turquía o en puertos de países de Africa del norte y así no abonen las tasas, realmente caras y basadas en el uso, que estarán en vigor en los puertos comunitarios. 
Así pues, quiero decir que hemos avanzado. 
Mantengamos el avance que entraña esta directiva, es decir, la previsión de que habrá un pago de tasas sobre la base de algunos criterios objetivos. 
Señor Presidente, la convergencia precipitada de los sistemas, aparte del problema que hay con el principio de subsidiariedad, no creo que tenga el resultado que esperamos, puesto que al final hay formas de esquivar el sistema con resultados perjudiciales para el medio ambiente. 
Señor Presidente, cada día se arrojan cinco millones de objetos de residuos sólidos por la borda de los buques. 
Esta basura flota en el mar y acaba en playas, dañando gravemente el medio ambiente y la vida marina. 
Como resultado, un millón de aves y cientos de miles de mamíferos marinos y tortugas de mar mueren cada año. 
El Convenio MARPOL está dirigido a prevenir la contaminación por los buques, pero es manifiestamente necesaria la adopción de una normativa que garantice la aplicación del Convenio. 
Por esta razón, la presente directiva reviste tanta importancia y saludo con satisfacción los progresos realizados por el Consejo para alcanzar una posición común que obliga a los buques a descargar sus residuos en las instalaciones de recepción situadas en los puertos. 
Quiero también alabar el trabajo del ponente, cuyo empeño refleja la decidida voluntad de nuestra comisión de atajar este específico problema y el firme deseo de los parlamentarios de todos los partidos de poner coto a estas prácticas tan desastrosas para el medio ambiente. 
En particular, acojo con satisfacción su firme apoyo a la propuesta de que, en aras de una mejor prevención de la contaminación y con el fin de evitar distorsiones de la competencia, las exigencias de orden medioambiental sean aplicadas a todos los buques, con independencia de la bandera bajo la cual naveguen y todos los puertos de la Comunidad dispongan de instalaciones adecuadas para la recepción de residuos. 
Una cuestión en la que los diputados laboristas británicos discrepan del ponente es la relativa al modo de aplicación del principio de quien contamina, paga. 
Nosotros apoyamos firmemente este principio, pero creemos que puede ser aplicado de una forma más efectiva si los Estados miembros conservan las competencias para establecer su propio régimen de tasas de acuerdo con sus circunstancias particulares. 
Por ejemplo, en el Reino Unido funciona bien el sistema por el que el buque paga a la empresa receptora de residuos cada vez que hace uso de sus instalaciones, sin que se implique en la operación al puerto. 
Dicho sistema se basa en el consenso alcanzado por todas las partes, incluidos los puertos y las organizaciones de defensa del medio ambiente como RSPB y World Wildlife Fund. 
Sin embargo, compartimos la preocupación del ponente por que los diferentes regímenes de reparto de los gastos no conduzcan a un mayor riesgo de contaminación marina. 
Por ello respaldamos la propuesta del Consejo de fortalecer la cláusula de revisión para garantizar un seguimiento adecuado de los efectos de la directiva. 
Señor Presidente, quien haya visto los efectos medioambientales de la catástrofe del Erika razonablemente no puede votar en contra de un informe cuyo objetivo es la recepción de los restos de petróleo de los buques. 
Cabe subrayar que las leyes no son la principal carencia. 
Todos los países de la UE han suscrito la llamada Convención Marpol y los países del Báltico han firmado, además, la Convención de Helsinki. 
Ambas tienen por objeto evitar los vertidos en el mar. 
De lo que se trata, por el contrario, es de aumentar la accesibilidad a las instalaciones receptoras y de crear motivación para su uso. 
El Mar Báltico se ve afectado cada año por numerosos vertidos de petróleo de dimensiones muy variadas, tan sólo en aguas suecas se producen algunos cientos cada año. 
El Mar Báltico es también mucho más sensible que otros mares desde el punto de vista medioambiental. 
Es en esta perspectiva en la que vemos la decisión de hoy como una solución, en la que al final todos los países ribereños del Báltico van a participar, incluidos los países candidatos Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. 
En mi opinión, éste es un campo en el que hay mucho provecho que sacar de la cooperación internacional. 
Solos nunca podremos solucionar los problemas medioambientales europeos. 
Finalmente, quiero decir a todos aquellos que todavía dudan: ¡piensen en lo que costaría sanear nuestros mares! 
Va a llegar un día en el que nos vamos a enfrentar a este tipo de exigencias. 
Entonces vamos a dar las gracias por haber hecho todo lo que está en nuestras manos para impedir los vertidos de petróleo. 
Señor Presidente, de forma breve quisiera primero manifestar que no creo que haya nadie que dude de que se necesita una directiva que aborde este problema, que es un problema grave no sólo para Europa, sino para todos los mares del mundo, y que, por lo tanto, necesita medidas eficaces y urgentes. 
Quisiera dejar claro que hay una serie de principios que son universales y que, por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo con ellos. 
En primer lugar, todos los puertos deben tener las instalaciones necesarias para el tratamiento de los residuos. 
En segundo lugar, quien contamina, paga, evidentemente. 
Estoy de acuerdo en que puede haber discrepancias en las excepciones sobre el tipo de buques o sobre los metros de eslora. 
Ahora bien, lo que no se puede es entablar una batalla que acabe distorsionando la competencia entre los distintos puertos y que nos encontremos con que una serie de medidas, teóricamente de carácter medioambiental, sobre la protección de la costa o del mar acabe produciendo una distorsión de la competencia entre los distintos puertos. 
Por lo tanto, es en este punto en donde se deben adoptar medidas eficaces porque, si no somos capaces de adoptar la solución idónea, entonces esta directiva acabará siendo un absoluto fracaso. Y lo único que generará será el beneficio de unos puertos en perjuicio de otros, y todo ello debido a unas bellas palabras medioambientales, pero que encubrirán una batalla competitiva entre los puertos. 
Lo lógico, por ejemplo, sería establecer el principio de una sola tarifa para todos los puertos de Europa, una tarifa exactamente igual, que no diera lugar a ningún tipo de distorsión en la competencia, o medidas semejantes. 
Cualquier decisión que permita, por ejemplo, que haya subvenciones por parte de los Estados a los distintos puertos, acabaría distorsionando la competencia y acabaría siendo ineficaz. 
Señor Presidente, comparto con Su Señoría la afición por las aguas marinas y por el buceo, también por la vela, y, realmente, creo que a todos los aquí presentes lo que nos preocupa es cómo seremos capaces de garantizar unos mares limpios para las actuales generaciones y para las futuras. 
Creo que el trabajo que hoy estamos debatiendo es un gran paso adelante. 
En ese sentido, quiero felicitar al ponente, Sr. Bouwman, y a toda la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo por la labor minuciosa que están desarrollando a lo largo de todo el debate y de toda la tramitación de esta iniciativa. 
Como saben ustedes, la preocupación de la Comisión por la contaminación marina es muy importante. 
En las próximas fechas espero poder remitirles un primer paquete de medidas para un mejor control de la seguridad en los petroleros, medidas que espero podamos sacar adelante entre todos, precisamente aprovechando una circunstancia dramática como es la del hundimiento del "Erika"; una circunstancia dramática que puede hacer que en esta ocasión sí seamos capaces de superar ciertos intereses muy concretos que, indudablemente, se van a ver afectados por las medidas que voy a proponer en las próximas fechas. 
Pero si es cierto que los accidentes son origen de grandes problemas y grandes catástrofes, la realidad es que la mayoría de los vertidos proceden no de accidentes sino, sencillamente, de la limpieza habitual de sus fondos por parte de algunos barcos lo que, evidentemente, constituye una actuación totalmente desaprensiva. 
En ese sentido, creo que una legislación como la que pretende la presente directiva cubre varios aspectos relacionados con la entrega de desechos en los puertos. 
Impone a todos los puertos comunitarios la obligación de disponer de las instalaciones receptoras de desechos adecuadas, así como de garantizar una planificación de su gestión, que será supervisada por las autoridades de los Estados. 
Por otra parte, impone a los buques la obligación de entregar en el puerto todos los desechos que hayan generado, salvo que dispongan de una capacidad de almacenamiento suficiente, que les permita llegar a la siguiente etapa, al siguiente puerto. 
Además, obliga a los buques a notificar la entrega de desechos que van a efectuar, antes de su entrada en el puerto, y a pagar los costes de las instalaciones receptoras. 
Y aquí es donde llegamos al problema en cuestión. Como ya han señalado distintos oradores, aquí es donde divergen fundamentalmente las posiciones del Parlamento y de la Comisión. 
Yo quiero pedirles, Señorías, que en esta cuestión, teniendo en cuenta además que en la Comisión vamos a apoyar la enmienda 16 del Sr. Sterckx- después me referiré al resto de las enmiendas -, acepten la propuesta inicial. 
Es verdad que no precisamos qué porcentaje debe ser asumido por el conjunto de los barcos que llegan al puerto. 
Es verdad que dejamos un margen de flexibilidad a los Estados, pero también es cierto que, teóricamente, el 0,01, aun siendo una aportación, no es necesariamente una aportación significativa. 
Quizá podríamos incorporar la palabra "significativa" en el texto en vez de fijar un porcentaje concreto. 
Yo propondría una solución de este tipo, incorporando la enmienda 16 del Sr. Sterckx, que hace que haya una revisión que puede permitirnos, eventualmente, introducir un porcentaje fijo, si vemos que los Estados no avanzan a la hora de hacer esa distribución y que ese exceso de flexibilidad se traduce en un vaciar de contenido la directiva. 
Pero yo intentaría, en un primer momento, dar este paso adelante, flexibilizando esa posición con la posibilidad de revisarla. 
Aparte de ello, quiero señalar que consideramos muy positivas las propuestas que se hacen y que, en ese sentido, podríamos incorporar en el texto de la directiva, con algún retoque en cuanto a la redacción que permita garantizar la coherencia con los textos internacionales y comunitarios vigentes, así como con el resto de la directiva, enmiendas como la 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
Es decir, estamos hablando prácticamente de la totalidad de las enmiendas y, realmente, la que no podemos aceptar- y lo lamento, pero ya he explicado las razones que nos asisten- es la enmienda 6. 
Podría extenderme, pero ya se han expuesto las dos razones. 
El objetivo que perseguimos todos es el mismo. 
Lo único en que diferimos es cómo alcanzarlo mejor. 
Yo pediría el apoyo a una posición más posibilista, completada- insisto- con la enmienda 16 del Sr. Sterckx, que nos daría las garantías suficientes. 
En ese sentido, propondría que, en vez de "por un porcentaje", se incorpore eventualmente la palabra "significativo", con lo que, obviamente, ya no estamos hablando ni del 1% ni del 5% ni del 10%, sino de una cifra importante. 
Quiero reiterar de nuevo mi agradecimiento al ponente y al resto de la comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Inspecciones técnicas en carretera de los vehículos utilitarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0040/2000) del Sr. Piecyk, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad. 
Señor Presidente, ya está dicho todo. 
Permítame que tienda un puente a la Vicepresidenta para que apoye la enmienda nº 3, que sustituye a la enmienda nº 2. 
En esta Asamblea hay diputados que a veces dicen que es oportuno unificar los controles de tráfico en toda su rigor e intensidad. 
Pero cuando se llega a la expresión armonización de las sanciones, algunos se sobresaltan ­a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo, de esta Asamblea. 
Por ello me parece maravillosa esta enmienda 3, que ha formulado el Sr. Piecyk en su calidad de ponente. 
Ha evitado en todo momento emplear la palabra armonización. 
Pero ha dejado claro su significado. 
Ha dicho que no puede ser que la utilización de un vehículo industrial, de un autobús con pasajeros sin cumplir la normativa de seguridad ­lo cual pone en peligro la integridad física y la vida de las personas­ sea considerada en un país un delito de poca importancia y en otro esté fuertemente penada. Sin embargo, esto último sería necesario a la vista del peligro para los pasajeros o de los demás que circulan por las carreteras. 
Por ello no se trata de responder a la pregunta de si estamos a favor de la subsidiariedad o de la centralización. 
El problema es que es inaceptable que compartamos el objetivo de la seguridad vial, pero que algunos Gobiernos digan: ya, desde el punto de vista de las sanciones, consideramos que las infracciones de la seguridad vial son como una infracción de la prohibición de pisar el césped de un parque cualquiera, y otros les atribuyen la importancia que les corresponde. 
Primer principio, Señora Vicepresidenta: una igual valoración de la necesidad de mejorar la seguridad vial. 
El segundo argumento es que no pueden producirse distorsiones de la competencia en la Comunidad. 
Hay sin duda muchos ejemplos de que en un país los camiones de otro Estado miembro están sometidos a un control riguroso y se les impone graves sanciones, son retenidos, etc., y en otros países no ocurre absolutamente nada. 
Esta es la diferencia fundamental entre el Parlamento y la posición común: en nuestra opinión, los Estados miembros, con respecto a las sanciones que quedan comprendidas en su competencia nacional, deberían intentar ponerse de acuerdo desde el siguiente punto de vista: ¿cómo valorar el peligro para el tráfico y cómo garantizar la igualdad en la competencia dentro de la Comunidad en un mercado interior? 
Por ello, señora Vicepresidenta, tras la victoria de cierto partido en las elecciones celebradas en uno de los países grandes de la Comunidad, me daría una noche aún mas agradable si dijera: ¡apoyamos la enmienda nº 3 del ponente! 
Quiero empezar agradeciendo al ponente su trabajo en este informe tan importante y felicitando a la Comisaria y a la Comisión por impulsar esta propuesta. 
Todos somos plenamente conscientes de que una de las prioridades de la Presidencia portuguesa, de forma muy acertada, es atajar la escandalosa situación de la seguridad vial en la Unión Europea. 
Ya sé que son cifras conocidas por todos, pero 43.000 ciudadanos mueren todos los años. 
Esto equivale a una ciudad de tamaño mediano borrada de la faz de la tierra cada año. 
Por ello acogemos con satisfacción esta iniciativa, en cuanto que constituye un medio para, al menos, intentar garantizar que los vehículos pesados de transporte de mercancías sean lo más seguro posible y que cumplan con la normativa comunitaria. 
La circulación de camiones por las carreteras de la UE crece tanto en número como en tamaño, y estimamos que hay tres razones que explican la importancia de la presente propuesta. 
En primer lugar, el argumento de la seguridad sobre el que acabamos de oír hablar. 
En segundo lugar, el argumento de la competencia leal al que mi colega, el Sr. Jarzembowski, ya ha hecho referencia. 
Y, en tercer lugar, los beneficios medioambientales ­la posibilidad de garantizar que los vehículos sean menos ruidosos y menos contaminantes. 
Existe una clara necesidad de realizar controles aleatorios en toda la UE, y el Reino Unido ­el Estado miembro del que procedo­ ha venido aplicando este sistema con resultados muy positivos. 
Esta propuesta no sonará nada bien en los oídos de los jinetes de la carretera, pero para la mayor parte de los conductores, en particular para la gran mayoría de los camioneros, transportistas y empresas de transporte conscientes de la importancia de la calidad, la seguridad y la observancia de los estándares medioambientales de sus vehículos. 
Acojo con satisfacción esta iniciativa y espero que entre en vigor lo más pronto posible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la reforma de la Directiva sobre la inspección técnica anual de los vehículos comerciales es un asunto importante que corre prisa. 
La conclusiones finales del ponente en esta cuestión adoptan una buena postura. 
Los vehículos comerciales recorren anualmente un número muy elevado de kilómetros, y no es posible determinar el estado de los mismos mediante las meras inspecciones técnicas anuales. 
Las inspecciones realizadas por sorpresa al borde de las carreteras son también necesarias porque son muchos los vehículos pesados en mal estado procedentes de terceros países que circulan por el territorio de la Unión, cosa que engendra un grave riesgo para la seguridad. 
La visión de la Directiva mejorará notablemente la seguridad vial, siempre que se observen debidamente sus normas y que las sanciones que se establezcan para las infracciones sean eficaces, proporcionadas y disuasivas. 
La eficacia de la Directiva mejorará, si los Estados miembros son capaces de negociar una homogeneización de los sistemas de sanción. 
Sin embargo, esto último no debe retrasar la inmediata aplicación de la Directiva. 
Un hecho reciente ocurrido en Finlandia puede servir de ejemplo para respaldar una rápida reforma de la Directiva. 
Hace poco, la policía y las autoridades de inspección técnica de vehículos realizaron un control por sorpresa en el este de Finlandia, en el que inspeccionaron sesenta y dos vehículos pesados. 
Treinta y tres de ellos fueron multados y dieciséis fueron amonestados. 
Se interrumpió el viaje de tres vehículos. 
Solamente trece vehículos se encontraban en un estado completamente aceptable. 
El peor caso fue el de un camión articulado polaco sin frenos en el vehículo de tracción, con la carga mal sujeta y con una gran pérdida del líquido de frenos en el remolque. 
Cualquiera puede imaginarse el gran riesgo que supone para la seguridad un camión semejante en una carretera con hielo y nieve. 
Nuestro Grupo apoya la enmienda número tres y desea una pronta aplicación de esta Directiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, se han dicho muchas palabras bonitas sobre esta directiva y le doy las gracias al Sr. Piecyk, pero como ha habido algunas evoluciones mientras tanto, quiero añadir algo. 
Hace poco, después de haber debatido la directiva en la Comisión, hice algunas preguntas a la señora Comisaria con respecto a los conductores de terceros países que circulan por la UE y que se aprovechan de la manera en que se lleva el control, especialmente de los conductores, cuando se realizan inspecciones técnicas de los vehículos. 
Lo que pasa básicamente es lo siguiente: conductores que carecen de un permiso de trabajo de algún Estado miembro de la UE, que no disfrutan de contrato laboral alguno en un país de fuera de la UE, hacen uso de la situación de circular en un vehículo que está registrado en un país determinado y pasan después sin ningún problema todos los controles, pero fuera del país donde están registrados y donde realizan sus actividades. 
Justo en esos países no se controlan los permisos de trabajo ni los eventuales contratos laborales. 
Dicho de otra forma, quisiera pedir no que se incluyera esto directamente en la directiva pero sí en todo caso que se hiciera uso de los márgenes de la directiva para que se investigara también esta parte para buscar soluciones a este problema. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimados señoras y señores, la seguridad en nuestras carreteras es el gran deseo que todos compartimos. 
A causa de la creciente intensidad del tráfico en las carreteras de Europa, deseo subrayar la necesidad de contar con la mayor seguridad técnica posible de los vehículos, pero también insistir en la toma en consideración de la dimensión medioambiental. 
No obstante, y quiero hacer especial hincapié en esto, es también necesario. para que la presente directiva no se quede en meras palabras, que los Estados miembros adapten su Derecho a la directiva y que ésta venga acompañada de las correspondientes sanciones. 
La mejor directiva no surtirá efectos en el día a día si no prevé sanciones en caso de incumplimiento o de infracciones de la misma. 
Doy mi apoyo a las enmiendas que prevén el castigo de los culpables, dado que la conducción de vehículos, que constituye por principio una fuente de riesgo y entraña una amenaza potencial para las personas, debe, por consiguiente, ser objeto de un seguimiento adecuado y especializado. 
Debe impedirse en todo caso un tratamiento superficial del asunto, justamente porque se trata de una directiva que contiene disposiciones relativas a vehículos industriales pesados destinados no sólo para el transporte de mercancías, sino también para el transporte de personas. 
Todos sentimos una gran conmoción cuando se producen accidentes graves debidos a fallos estrictamente mecánicos. 
A la vista de estas consideraciones me alegra que el informe en sí no sea discutido y que el Parlamento se muestre una vez más como el impulsor de las discusiones en torno a la seguridad de las carreteras europeas y del tráfico. 
Doy sinceramente las gracias a todos los que en la comisión, en la Comisión y en el Consejo han trabajado de forma tan comprometida en este tema. 
Señor Presidente, distinguida Comisaria, Sra. de Palacio, la propuesta presentada por la Comisión ya en 1998 tiene el propósito de sustituir a la Directiva sobre la inspección técnica anual de los vehículos comerciales. 
Esta propuesta plantea la realización de controles por sorpresa, ya que los vehículos deben estar en buen estado también durante el período comprendido entre las inspecciones técnicas anuales. 
Estos controles por sorpresa pueden realizarse al borde de las carreteras, en los puertos o en las zonas de aparcamiento de los camiones. 
Se trata, pues, de mejorar la seguridad vial, y ello es muy importante. 
Los daños ocasionados por los accidentes de tráfico de camiones suelen ser muy grandes y el estado de los vehículos es muy diferente en las distintas partes de Europa, así que la existencia de una normativa a nivel europeo y el riguroso acatamiento de la misma benefician a cada uno de los usuarios de las carreteras. 
Los camiones en mal estado provenientes de Europa del Este causan gran preocupación en el territorio de la UE, y hay que intervenir en este asunto con mano dura. 
Soy originario de Carelia del Este, y sé bien que ya sería un buen avance si sólo funcionase en condiciones uno de los faros de estos camiones y si la mitad de las ruedas tuviesen frenos. 
Tanto la postura común del Consejo en favor de una notable mejora de la seguridad vial, como también esta Directiva, deben entrar en vigor lo antes posible. 
En cuanto a la puesta en práctica del sistema de sanciones, es importante reseñar que las sanciones no deben dirigirse en ningún caso a los Estados miembros, sino a los conductores o a las empresas. 
Las campañas informativas son positivas pero, desgraciadamente, solamente las sanciones severas tienen efecto en los infractores. 
La seguridad vial es un asunto serio. 
Me viene a la memoria un trágico accidente ocurrido hace algunas semanas en Helsinki, en el que una rueda salió despedida de un camión y mató a un niño pequeño. 
Cuando se trata de vidas humanas, la responsabilidad nunca es excesiva. 
. Señor Presidente, Señorías, de nuevo quiero dar las gracias al ponente Sr. Piecyk y a la comisión parlamentaria correspondiente por la labor desarrollada. 
Por cierto, que el ponente tiene toda la razón cuando dice que el título es muy largo. 
Lo más sencillo es hablar de control de camiones, que es al final lo que planteamos, y quizá debiéramos todos pensar no sólo en poner en algunas de nuestras normas el título técnico sino, entre paréntesis, el título coloquial o más fácilmente comprensible por nuestros ciudadanos, cuestión que trasladaré a los servicios y que consideraremos de cara al futuro. 
Pero hablando de la propuesta, se trata claramente de la inspección en carretera de vehículos comerciales, tanto de pasajeros como de mercancías, que tiene como objetivo el aumento de la seguridad y la protección del medio ambiente en el transporte por carretera en la Comunidad. 
Aspira indudablemente a la creación de una estructura relativa a la calidad de mantenimiento de los vehículos comerciales que circulan en la Comunidad, pues desalentará a operadores y responsables que intentan conseguir una ventaja competitiva haciendo circular vehículos en un estado de mantenimiento inadecuado. 
La propuesta reclama que los Estados complementen la prueba de aptitud anual para conducir con inspecciones inesperadas en una proporción correspondiente a la flota de vehículos comerciales que circulan anualmente por sus carreteras. 
Estas inspecciones pueden llevarse a cabo en carretera, en puertos o en otros lugares donde los vehículos aparcan o, más frecuentemente en el caso de los vehículos del servicio público, en los locales de los operadores. 
De hecho, ya hay varios Estados que aplican este tipo de controles, los llamados "controles al borde de la carretera" y de la manera prevista en la directiva, es decir, de una manera inesperada en cierto modo. 
Realmente quizá es la mejor manera de conseguir un efectivo control del estado de los vehículos que circulan por nuestra red viaria. 
Quiero decir que la Comisión es consciente de que el Parlamento está preocupado por que esta propuesta pueda llevar a discriminaciones de transportistas particulares, o de camiones de ciertos países o incluso de ciertas marcas de vehículos, y que la intención de la recomendación principal de su ponente es que las multas que los Estados miembros imponen a los operadores estén armonizadas como condición de la aplicación de la directiva. 
Compartimos esta preocupación, pero consideramos que la enmienda nº 2 es demasiado radical y, en ese sentido, apoyaríamos la enmienda nº 3 que recoge el espíritu que todos pretendemos y, a la vez, da la suficiente flexibilidad. 
También aceptamos la enmienda nº 1, y quiero hacer una referencia a lo que ha dicho el Sr. Bouwman. 
Efectivamente, nos preocupa enormemente el hecho de que estén circulando vehículos por las carreteras de la Unión con conductores que son ciudadanos de terceros países, muy especialmente de países candidatos, que no disfrutan de unos contratos laborales conforme a las normas comunitarias, de ninguno de los países de la Comunidad, sino que sencillamente obedecen a normas de esos países terceros, muchas veces candidatos a la adhesión, o incluso a veces ni tan siquiera eso porque no se realizan las inspecciones correspondientes en dichos países terceros. 
Así, he escrito a todos los ministros de Transporte de los quince países de la Unión para suscitar un debate sobre esta cuestión, e incluso pedir un informe sobre cuál es la situación que han detectado en sus países acerca de casos de este tipo, y qué propuestas positivas pueden presentar para que podamos dar una solución a este problema, que nos inquieta mucho, y que puede tener consecuencias negativas para la seguridad vial, que es lo que nos tiene que importar fundamentalmente, y para una competencia leal, que también nos importa en la Comisión. 
En ese sentido, espero que podamos tratar de estas cuestiones en el próximo Consejo de Transportes a finales de este mes, lo mismo que, como ha dicho el Sr. Watts, todo lo relativo a la seguridad vial en general porque la Presidencia portuguesa lo plantea como una de las cuestiones claves en su Presidencia. 
Partiendo de la base de que se han logrado grandes avances en los últimos años, creo que queda todavía mucho por hacer, pues los 42.000- 43.000 ciudadanos europeos que mueren en las carreteras son demasiados y hay que hacer un esfuerzo todavía. 
Pero quiero decir, respecto de este fenómeno de conductores de terceros países, que espero que antes de final de mes tengamos una respuesta, y en cualquier caso vamos a tratarlo en el ámbito del Consejo. 
Y, al hilo de alguna pregunta o de alguna iniciativa, podré contestar aquí en el Parlamento, bien durante la sesión plenaria o bien en comisión, y, si no, en cualquier caso espero que en no mucho tiempo podamos hacerles alguna propuesta concreta que permita luchar de manera efectiva y real frente a este tipo de abusos. 
De nuevo deseo reiterar mi agradecimiento y la calidad del trabajo realizado, no sólo por el ponente sino por toda la comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Declaro cerrado el período anual de sesiones 1999-2000. 
(Se levanta la sesión a las 22.41 horas.) 
Declaro abierto el período de sesiones 2000-2001 del Parlamento Europeo. 
Orden del día 
Señor Presidente, la recomendación para la segunda lectura sobre los productos de cacao y de chocolate, de la que soy ponente, figura inscrita como segundo punto en el orden del día de la sesión de esta mañana. 
A las 20.30 horas de ayer me enteré, por casualidad, de que la votación se celebraría este mediodía. 
Según tengo entendido, la votación estaba prevista para mañana al mediodía. 
Ahora bien, este cambio me ha cogido totalmente desprevenido, y ni siquiera he tenido la posibilidad de preparar la lista de votaciones y de comprobar si se han solicitado votaciones nominales. 
Sabemos que el asunto es controvertido y que está bastante mediatizado. 
Hace diez años que soy diputado de este Parlamento y siempre se me ha comunicado, como ponente, cualquier cambio en el orden de las votaciones. 
Pido que la votación se aplace hasta la sesión de mañana, lo cual solucionaría mi problema, sin perjudicar a nadie, creo yo, puesto que se trata de una votación relativamente breve. 
Señor Presidente, nosotros no tenemos nada que objetar en contra de que se aplace la votación. 
Yo sólo quisiera insistir en que también se celebren mañana las demás votaciones previstas, en particular la relativa a la Cumbre de Lisboa. 
Con esta condición, no nos oponemos a dicho aplazamiento. 
Los servicios competentes me informan que mañana tendremos un turno de votaciones más bien cargado. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Lannoye, me vi confrontado a última hora de la noche de ayer con el hecho de que la votación de mi informe en segunda lectura se previera para las 12.00 horas. 
Los Grupos me han rogado encarecidamente que le pida que no se proceda a dicha votación a las 12.00 horas, sino mañana, puesto que los diferentes Grupos no han tenido la oportunidad de pedir votaciones por partes ni votaciones nominales. 
En definitiva, supuso realmente una gran sorpresa que la votación se hubiera previsto para las 12.00 horas del día de hoy. 
Por todo ello ruego, en nombre de otros muchos diputados, que la votación se celebre mañana. 
Señor Blokland, los funcionarios de los servicios competentes me comunican que la votación de su informe ya está prevista para el turno de votaciones de mañana. 
Ahora, pregunto al Pleno si está de acuerdo en aplazar hasta mañana la votación del informe Lannoye. 
En caso afirmativo, se acuerda dicho aplazamiento. 
Programa legislativo anual (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el programa legislativo anual para el año 2000. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, el año 2000 debe ser un año de giro y será el año de giro de Europa. 
Ya hemos aclarado en nuestro debate sobre el plan quinquenal que este año marcará el comienzo de la "década de Europa" y, por lo tanto, el año de giro de la Comisión. 
La explicación del plan quinquenal nos ha facilitado el marco de referencia general y ya ilustramos el programa de la Comisión para los próximos cinco años. 
Debemos decir que, tan sólo un mes después de ese debate, hemos comenzado a actuar concretamente y puesto en marcha el largo proceso de ampliación a los sucesivos países que han solicitado la adhesión. 
Se trata de un trabajo de mucha envergadura y de gran alcance y calado, y quisiera reiterar ante este Pleno que la Comisión se está empleando a fondo en esta tarea. 
Desde muchos ángulos se ha comprobado mi declaración de compromiso muy fuerte con la ampliación, así como que la Comisión se ha comprometido muy seriamente a llevar a cabo este proyecto para tranquilizar a nuestras opiniones públicas. 
Quisiera reiterar a todo el mundo que se trata de un compromiso serio, solemne, cuya finalidad no es aplazar la ampliación, sino realizarla en plazos concretos, ciertos y prudentes. 
Si no haremos esto, llegará un momento en que la misma ampliación se convertirá en imposible. 
Por el contrario, éste es el compromiso fundamental del quinquenio de legislatura de la Comisión actual. 
Hemos puesto en marcha el plan quinquenal también con respecto a los otros dos puntos en los que nos habíamos comprometido: la modernización de la Comisión y la preparación de la Conferencia Intergubernamental. 
Hoy planteamos el discurso de una forma diferente y más analítica y las críticas que se me hicieron en el debate anterior, que sólo fue un debate de carácter general, eran justas, ya que ese era el plan quinquenal. 
Hoy tienen ante ustedes un documento analítico y muy específico, porque así debe ser un programa anual. 
Se trata de un programa de acción concreto, de un documento pormenorizado: para cada iniciativa de la Comisión se señalan el servicio competente, los procedimientos, las fechas de aprobación, el instrumento de trabajo, el tipo de documento previsto y el fundamento jurídico propuesto. 
Se indican todos los pasos a través de los cuales se concretan estas decisiones. 
Es evidente que hemos hecho especial hincapié- no lo digo porque estamos aquí, ante el Parlamento, sino porque me parece muy importante- en las competencias que implican un procedimiento de codecisión del Parlamento. 
Hemos publicado todo este programa en Internet, no para seguir una moda- que no es una moda, sino un gran cambio cultural- sino porque así cada ciudadano puede disponer de él y cotejarlo. 
Actualmente, ya no existe un plan oculto o un plan privado. 
Éste es un plan contrastable. 
Analicemos ahora el fondo de las líneas de este plan. 
Hay un espíritu fundamental, un espíritu que guía el propio plan: dar una respuesta a los problemas específicos de los ciudadanos. 
Se trata de un programa anual y, por lo tanto, hay que ser específicos. 
Hemos abordado todos los asuntos de mayor trascendencia y en esta exposición quiero mencionar algunos de ellos: el medio ambiente, la salud, la energía, los transportes y la protección de los consumidores, así como el gran problema de la justicia. 
Empecemos con una pequeña reflexión sobre este último punto. 
En definitiva, los ciudadanos europeos piden justicia para gozar de seguridad en su vida cotidiana. Cuando he hablado de la ampliación he tenido en cuenta estas cosas, ya que es muy importante tener presente el marco global. 
La Comisión presentará propuestas concretas en relación con la seguridad con vistas a una coordinación más estrecha entre las fuerzas del orden de toda Europa y a una acción común de lucha contra la delincuencia y porque debemos afrontar grandes problemas, entre los cuales también se plantean nuevos problemas. 
Se registran nuevas tensiones raciales, existen problemas de minorías y problemas de convivencia fundamentales. Debemos garantizar, proteger y regular esta convivencia. 
Este año, por lo tanto, arbitraremos medidas eficaces en materia de emigración y de derecho de asilo. 
A lo largo del año 2000 presentaremos propuestas concretas en relación con estos ámbitos. 
Nuestra línea es muy clara. 
Debemos conjugar apertura, tolerancia y hospitalidad con seguridad. 
En consecuencia, vamos a proponer medidas para mejorar el reconocimiento recíproco de las sentencias en materia civil y comercial. 
El espacio de justicia es indispensable para que funcione el mercado. 
Si no conseguimos un espacio de justicia, el mercado único es un mero planteamiento teórico y no un instrumento operativo cotidiano. 
Para medir los progresos en este y en otros campos, presentaremos un scoreboard, es decir, una verdadera tabla donde se registren los puntos de dificultad, así como los puntos conseguidos. 
Se nos pidió en Tampere, hemos prometido crearlo y, por consiguiente, el espacio único de justicia es uno de los objetivos prioritarios. 
En cuanto al medio ambiente, se trata de uno de los problemas más serios que tenemos ante nosotros. En efecto, cada año vemos que los nuevos problemas casi se superponen a los resultados alcanzados. 
Es una especie de trabajo de Sísifo. 
Hay que hacer un esfuerzo muy fuerte porque si no se recupera de manera dinámica la política medioambiental, luego resultará casi imposible subir por la pendiente. 
Hemos adoptado un Libro Blanco sobre las responsabilidades medioambientales y la estrategia para cumplir los objetivos de Kioto de reducción de las emisiones; ahora debemos trabajar en todo el marco jurídico general para el medio ambiente y en el marco jurídico relativo a los organismos modificados genéticamente. Además, no podemos dejar de presentar una visión de conjunto y una estrategia para la industria química europea porque, de lo contrario, nuestro esfuerzo se convertirá realmente en un trabajo de Sísifo. 
Otro capítulo que quiero mencionar como ejemplo de nuestro plan concreto es el tema de la pesca y de la utilización de los recursos, un tema que guarda una relación muy estrecha con el medio ambiente. 
Debemos lanzar un programa para reducir el número de buques de pesca, habida cuenta de que ya no existe un equilibrio entre las capturas y la reproducción natural. 
Es necesario restablecer este equilibrio y proteger el medio ambiente; al mismo tiempo, tenemos una fuerte obligación con los que viven de la pesca y que se concentran sobre todo en algunas regiones menos favorecidas de la economía europea. 
Nos emplearemos a fondo con miras a firmar el acuerdo con Marruecos y tendremos que simplificar la legislación europea en materia de pesca, porque la existencia de más de veinte reglamentos no nos permite un orden y no garantiza que se mantenga el equilibrio al que nos hemos referido. 
Por lo que respecta al medio ambiente, nuestro punto de referencia es la Conferencia del año 2002 que se celebrará diez años después de la Conferencia de Río de Janeiro. En esta conferencia deberemos llevar resultados concretos. 
En cuanto a la energía, se trata de un asunto especialmente importante en estos días, porque creo que Europa debe tener cada vez más su propia voz con respecto a los problemas energéticos. 
Cuando culmine la ampliación, seremos los mayores consumidores de energía del mundo. 
Por lo tanto, nuestro compromiso será presentar un documento sobre las diferentes fuentes de energía teniendo como objetivo la seguridad de los abastecimientos. 
En lo que respecta a los transportes, nos comprometemos a crear un espacio aéreo comunitario. 
Éste es un compromiso en el que ya se está empleando a fondo la Vicepresidenta Sra. Loyola de Palacio, y dentro de pocos meses tendremos el marco completo. 
A esto debemos añadir el problema de la seguridad de los transportes marítimos y no sólo el de la seguridad de los transportes aéreos. 
Es un problema que guarda relación con el discurso de la ecología y es de capital importancia. 
Por último, tenemos los derechos de los consumidores y el problema de la salud. 
Con respecto a los derechos de los consumidores, la prioridad es la seguridad de los productos y de los servicios. 
Hace falta una legislación más clara para los ciudadanos, al objeto que estén protegidos de insidias como la publicidad engañosa. 
De hecho, en este ámbito, los ciudadanos tienen pleno derecho a conocer perfectamente los productos que compran. 
En lo que atañe a la salud, hemos elaborado una estrategia en materia sanitaria y respecto a este tema adoptaremos un programa de acción que, evidentemente, se une al de la seguridad de los alimentos que acabamos de mencionar. 
El año 2000 es el año en que se concretará la propuesta relativa a una autoridad europea en el sector alimenticio; ya contamos con el Libro Blanco y, en otoño, tendremos el texto legislativo que implementará esta última iniciativa. 
A esto debemos añadir otras propuestas, actualmente en fase de elaboración, relacionadas con el asunto de la defensa de los derechos de los animales que se ha debatido ampliamente en los últimos meses. 
Estos son los esquemas lógicos que aplicamos en el programa anual; los mismos se separan del discurso de referencia del programa quinquenal, son muy específicos y concretos. 
Evidentemente, a los ejemplos que he mencionado hoy podemos añadir otros en otros ámbitos, sin embargo, la metodología es la siguiente: la lista concreta, los plazos, la seriedad en la acción. 
Ésta es, por así decirlo, nuestra facturación diaria, la entrega de nuestros productos responde al compromiso que hemos adquirido ante los ciudadanos europeos. 
En efecto, estas cosas afectan muy de cerca a la vida de todos nosotros y es por esto que el Parlamento desempeña un papel determinante. 
Ustedes desempeñan la función de ser el gran medio de conexión con los ciudadanos europeos y debemos realizar un trabajo en común con el fin de que la respuesta a los ciudadanos sea clara, concreta e inmediata. 
Ayer cerramos el debate afirmando que nuestro éxito se medirá con la participación de los ciudadanos en las próximas elecciones europeas. 
Creo que con las medidas concretas a las que hoy me he referido estamos estableciendo la confianza y la relación con los ciudadanos. 
Les agradezco la colaboración que nos han prestado hasta ahora y les invito a reforzarla para que podamos dar las respuestas concretas que todos esperan de nosotros. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, cuando los ciudadanos y ciudadanas de Europa intentan localizar esta Europa, dirigen su mirada sobre todo hacia Bruselas y especialmente hacia la Comisión. 
En mi calidad de parlamentario, esto no me satisface pero, al menos de momento y mientras no cambien las cosas, tengo que reconocer que es así. 
Sin embargo, esto también significa que la Comisión debe responder a una enorme exigencia. 
Si quiere impulsar el gran cambio de rumbo que ha mencionado, señor Presidente de la Comisión, tendrá que empezar a muy pronto. 
A la vista de esta responsabilidad, en su anterior intervención ante esta Cámara usted manifestó su propósito de concentrarse más en los aspectos esenciales de su trabajo, señor Presidente de la Comisión. 
Lo cual se podría describir también como la aplicación y transposición del principio de subsidiariedad. 
No obstante, en este contexto, debe quedar claro que esto no se puede traducir en la delegación de las tareas que a la Comisión le resultan demasiado complicadas o difíciles. 
Como también debe quedar claro, señor Presidente de la Comisión, que deben empezar a aplicar ya esos criterios y comenzar esa labor. 
No podemos esperar a que se elabore un libro blanco, pues la Comisión ya tiene muchos trabajos en curso que quizá se deberían reconsiderar desde este punto de vista, mientras que otros aspectos se tendrían que transponer con mayor celeridad y de manera más clara. 
Los y las socialdemócratas de esta Asamblea nos diferenciamos de los demás Grupos no tanto por la amplitud de las tareas o la cantidad de propuestas que esperamos, sino evidentemente por su orientación. 
Queremos fortalecer de manera clara e inequívoca el papel internacional de Europa y mejorar también su competitividad. 
A nuestro modo de ver, el objetivo principal ha de ser la construcción de una Europa más social, una Europa de la igualdad de oportunidades, y también incrementar la seguridad y la calidad de vida en Europa. 
No obstante, no deseamos una burocratización ni una centralización de Europa. 
¡Esa no es nuestra idea de Europa! 
Si usted trabaja a favor de ese objetivo, señor Presidente de la Comisión, coincidiremos plenamente. 
Paso a tratar ahora un segundo punto. 
La Comisión ha presentado al Parlamento una larga lista de intenciones. 
Nosotros, prudentemente, hemos decidido redactar una resolución que quizá no sea tan larga como la suya, pero que responde a ella con una serie de propuestas y en parte también de contrapropuestas. 
Este intercambio de listas no es la forma óptima de diálogo y en el futuro deberíamos idear, por consiguiente, otra vía. 
Yo le rogaría, señor Presidente de la Comisión, que en su próximo programa presenten una valoración de sus éxitos y también de sus fracasos y expongan en qué medida han conseguido lo que se habían propuesto, con objeto de que unos y otros podamos iniciar de ese modo un diálogo más adecuado, un diálogo óptimo y constructivo. 
Me parece que eso sería mucho más razonable que el ejercicio que vamos a repetir de nuevo esta semana, aunque yo espero que sea por última vez. 
Señor Presidente de la Comisión, yo quisiera retomar su expresión: "el año del cambio de rumbo". 
Es tarea de todos nosotros seguir los debates sobre Europa en los distintos países y no sólo en nuestros respectivos países de origen. 
En este sentido, la verdad es que siempre me asusta comprobar que, en el contexto de este debate, todavía no hayamos conseguido persuadir a las ciudadanas y los ciudadanos de Europa de la necesidad de esta Europa, y sobre todo que todavía no hayamos conseguido transmitirles que nuestra única oportunidad de influir sobre la globalización es una Europa fuerte, que no debe regularlo todo, pero sí aquello que tiene un valor añadido europeo. 
No se trata de impedir la globalización, lo cual en cualquier caso no está en nuestra mano. 
Nuestro objetivo sólo puede ser configurarla a partir de nuestros valores, de nuestra diversidad. 
Para ello es preciso que entre todos logremos mejorar claramente la comunicación, a la que también se ha referido usted. 
Ustedes están diseñando una estrategia de comunicación con vistas a la ampliación de la Unión Europea. 
Sin embargo, señor Presidente de la Comisión, sólo lograremos conseguiremos un verdadero cambio de rumbo si somos capaces de plantearnos conjuntamente, en el contexto de cada proyecto y de cada propuesta legislativa, cómo podemos convencer a los ciudadanos y ciudadanas de la necesidad de esa propuesta. 
Si no logramos esa mejora de la tecnología de la comunicación, no será posible alcanzar nuestro objetivo común, que es conseguir una mayor participación en las próximas elecciones europeas. 
Lo cual no sólo sería una lástima para los diputados de esta Asamblea, que quizá ya no estemos aquí, sino también para Europa. 
Señor Presidente, mi Grupo está muy satisfecho con el Programa legislativo anual, pero el proceso nos preocupa un poco. 
Me he visto envuelto en este procedimiento siendo un diputado relativamente reciente de este Parlamento. 
No sin cierta incredulidad me he encontrado frente a diversos proyectos de resolución presentados por cada uno de los Grupos; todos parecían listas de compra de diferente longitud y con diferentes ingredientes. 
Para seguir con la metáfora diré que si tuviéramos que preparar una comida con esas listas de compra, la comida sería más bien prolongada y más bien indigesta. 
Me hago cargo de que la tradición ha sido preparar obedientemente esas listas pero, aunque no me distinga por mi carácter radical o revolucionario, tengo la impresión de que a mis colegas les parece que este proceso carece de algo, especialmente en momentos en que estamos tratando de reconectar a Europa con sus ciudadanos, y cuando queremos que los ciudadanos de Europa sepan qué es lo que estamos haciendo aquí. 
Se ha hablado mucho de concentrarnos en tareas fundamentales y de conseguir, no más cantidad, sino mejor calidad de la legislación europea. 
Todo eso tiene poco que ver con esas listas interminables. 
Pensando en lo que acabo de decir, hemos preparado una resolución de una página que subraya las esferas esenciales. 
A pesar de todo la resolución no ha llegado a ser una resolución de compromiso, y ahora quisiéramos dejar una clara indicación para que en el futuro se sepa de qué forma hay que desarrollar el proceso. 
Nos gustaría sugerir que, como se trata de un proceso importantísimo y de un importantísimo momento en nuestro ciclo legislativo, y para que la Comisión y el Parlamento puedan abordar esta cuestión con espíritu constructivo, el discurso anual sobre el estado de la Unión se combine con una resolución del Parlamento sobre las prioridades políticas esenciales y a continuación pase a las comisiones parlamentarias para que lo examinen con más detalle. 
Esto se apartaría del sistema de listas de compra y nos permitiría centrarnos más en los aspectos políticos. 
El Parlamento podría participar plenamente en el proceso, sin limitarse a comparar e intercambiar listas de compra. 
Como queremos dar un mayor sentido de finalidad y una mayor prominencia a este procedimiento, el ELDR tiene la intención de no firmar la actual lista de ocho páginas, no porque tengamos algo que objetar a su contenido, sino porque nos parece que corremos el riesgo de entronizar un acto ritual anual que carece de esencia y de verdadero significado. 
Lo que queremos es captar la imaginación de los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, no voy a repetir la crítica global, que hicimos en la sesión anterior del Parlamento, sobre las orientaciones del trabajo de la Comisión Europea. 
Lo menos que puede decirse es que el programa que se nos somete este año es copioso. 
El mismo contiene elementos positivos y otros que lo son menos. 
Desearía hacer hincapié en un capítulo que considero algo incompleto, el de la política social. 
Esto no sería demasiado grave si durante los últimos cinco años se hubiesen registrado avances significativos; pero no es así. 
Ahora bien, con respecto a la política social, la Comisión y el Parlamento tienen la posibilidad de promover muchas actuaciones. 
En el marco del Capítulo I del Título 11 del Tratado, en particular, pienso concretamente en los problemas relativos a las condiciones de trabajo y a la mejora del medio de trabajo. 
Con respecto, en especial, a la seguridad y la salud de los trabajadores, en este momento nos regimos por una directiva que data de 1989. 
En mi opinión y en la de mi Grupo, esta directiva tendría que ser reconsiderada a la vista, sobre todo, de un importante estudio publicado en 1997 por la Fundación de Dublín. 
El mismo destaca una degradación general de las condiciones de trabajo en algunos sectores importantes. 
Esto merece que se reflexione, y desearía que la Comisión estudiara a fondo este expediente y efectuara una evaluación de lo que habría de modificarse en dicha directiva, para mejorar la situación. 
No me extenderé sobre el fondo, y querría ahora examinar durante unos minutos el propio proceso, vinculado al programa legislativo, es decir, la presentación del programa y su realización. 
En este sentido, pediré categóricamente dos cosas por parte del Grupo Verts, aunque hubiese deseado que fuesen exigencias del Parlamento, pero bastará, por hoy, expresar dos peticiones categóricas. 
En primer lugar, cuando se aprueba una resolución del Parlamento Europeo, en el marco concreto de una iniciativa de este Parlamento, considero democrático que, dentro de un plazo razonable, la Comisión realice un seguimiento serio de una petición de este tipo. 
Por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente existe un Libro Blanco sobre responsabilidad civil en materia de medio ambiente. 
Se trata de un avance importante, pero señalo que, a pesar de todo, este Libro Blanco es resultado de una resolución del Parlamento aprobada en 1994, es decir, hace seis años. 
Y después del Libro Blanco habrá, sin duda, que esperar bastante tiempo para que se elabore una directiva. 
Como podemos ver el procedimiento es muy lento, y para justificar esta lentitud, creo importante que se elabore un informe. 
Segundo elemento: cuando en el marco del programa legislativo se anuncia una propuesta legislativa y ésta no se presenta durante el año en curso, se nos tendría que informar por qué no se ha hecho. 
Doy un ejemplo. Hoy se anuncia una propuesta de directiva sobre los residuos eléctricos y electrónicos. 
A pesar de haber sido anunciada en varias ocasiones, nunca ha llegado a presentarse. 
Sabemos que ello se debe a las presiones del Gobierno norteamericano, que amenaza con entablar una acción ante la OMC, pero sería pertinente, justo, democrático y transparente que la Comisión nos explicara lo que ocurre en los pasillos y por qué da largas a la presentación de dicha directiva. 
Señor Presidente Prodi, permítame expresar la aprensión y la alarma que me causan el enfoque dado al programa para el año 2000 que usted ha definido año de giro, así como la falta de propuestas realmente innovadoras. 
Lo que nos preocupa es el planteamiento programático, semi-ideológico de este plan de trabajo, su adopción subordinada y dogmática del modelo estadounidense, de ese modelo de desarrollo asocial y drogado que perturba los sueños de personajes fuera de toda sospecha como el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. 
El suyo es un planteamiento carente de una visión autónoma- no ciertamente antitética- de la Europa de hoy y de mañana, impracticable, por no decir, ciega ante elementos que están despertando la conciencia de muchos de sus colegas europeos: eventos puntuales como Seattle que usted pretende relanzar a toda costa, o los reiterados y arrogantes vetos de Washington a los candidatos al Fondo Monetario, levantados sólo en estas últimas horas por la insistencia europea en el nombre de Horst Köhler. 
Ante el rodillo estadounidense, usted se empeña en atenuar al máximo, a eliminar los conflictos transatlánticos, en nombre de una hipotética asociación entre la superpotencia planetaria y la impotencia programada que sufre Europa, gracias también a la incesante labor de lobbies como RT. 
No tengo tiempo para detenerme en otros aspectos elusivos y moderados, demasiado moderados de su programa: medio ambiente, salud, justicia, transportes, seguridad, además de la precipitada ampliación de la Unión que ha provocado las críticas de su predecesor Jacques Delors, el fomento de la economía on line que es una de las muchas panaceas del desempleo, o la defensa de los consumidores ciudadanos y no de los ciudadanos consumidores. 
Señor Presidente Prodi, permítame una sugerencia amigable. 
No estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles: nubes amenazadoras en forma de barras y estrellas se ciernen sobre los cielos de Europa, en las inmortales palabras de Charles De Gaulle al general Leclerc que acababa de liberar esta preciosa ciudad de Estrasburgo. 
Monsieur Prodi, préparez votre défense, c 'est la défense de l' Europe. 
Señor Presidente, me satisface el sentido general de las propuestas publicadas por la Comisión en su Programa legislativo anual para el año 2000. 
Las cuestiones más importantes que se tratarán este año serán la reforma de los procedimientos decisorios de la UE, a fin de que el proceso de ampliación pueda desarrollarse de forma racional y estructurada. 
Soy partidario de la ampliación de la Unión, pero la ampliación no puede tener lugar mientras instituciones esenciales de la UE, entre ellas la Comisión, el Consejo y, naturalmente, el Parlamento, no reformen sus operaciones decisorias internas. 
Como diputado del Parlamento en representación de la circunscripción de Connaught Ulster en Irlanda, que es una zona periférica de esta Unión, creo firmemente en la representación real y tangible de los Estados miembros más pequeños en el seno de las estructuras de la UE. 
En la actualidad los cinco Estados miembros mayores tienen dos puestos cada uno en la Comisión Europea y no hay más que un puesto para cada uno de los Estados miembros más pequeños. 
Sea cual fuere la reforma, es de importancia capital que los Estados miembros más pequeños retengan su derecho a presentar un candidato para la Comisión. 
No hay duda de que el Consejo Europeo, que representa a los 15 gobiernos, tendrá que reformar sus estructuras. 
Desde el punto de vista de Irlanda, creo firmemente que los gobiernos de los Estados miembros tienen que tener derecho de veto sobre los cambios fiscales en el plano de la Unión. 
En la actualidad no se puede acordar cambio alguno en materia de política fiscal en el plano de la Unión sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros de la Unión. 
Creo que éste es un importante derecho que debe incumbir a los diferentes Estados miembros. 
En mi propio país, el régimen fiscal es bastante innovador desde muchos puntos de vista. 
La carga fiscal para los trabajadores con ingresos de baja y mediana cuantía se ha venido reduciendo constantemente, mientras que se han concedido importantes exenciones fiscales para estimular a las empresas comerciales. 
No cabe decir lo mismo de muchos de los demás Estados miembros. 
Toda propuesta en favor de dar al Consejo Europeo el poder de votar por mayoría cualificada sobre asuntos de justicia y del interior sería, en mi opinión, muy imprudente. 
Permítanme que les diga que me ha agradado mucho que el Presidente se haya referido esta mañana a la pesca. 
Ha dicho que, en su opinión, los asuntos de la pesca están retrasados, y que en el año 2002 habrá que efectuar verdaderos progresos, ya que las pesquerías están establecidas en zonas en las que no hay otra fuente de empleo. 
No hace falta decir que queremos lograr que para el año 2002 los países que más sufrieron cuando se instituyo en 1983 la política común de pesca reciban en el futuro una parte justa y equitativa de los recursos. 
Para acabar diré que, en un plano más amplio, es importante que la Unión Europea, como entidad económica, no quede retrasada en la búsqueda mundial de oportunidades de comercio electrónico. 
La Comisión tiene que prestar apoyo a los programas educativos y de capacitación, para conseguir que las estructuras comerciales tengan en cuenta las oportunidades que brindan Internet y el comercio electrónico en general. 
Nos estamos aproximando a una revolución en materia de tecnología de la información. 
Cuando esos cambios tengan lugar no podemos limitarnos a ser pasajeros: tenemos que ser los conductores de nuestras comunidades comerciales y de nuestras instituciones docentes, para que las iniciativas de tecnología de la información se incorporen a todos los sectores económicos y sociales fundamentales de nuestra sociedad. 
Señor Presidente, la Comisión del Sr. Prodi no resistirá cinco años, pues la gente a la larga no quiere verse regulada al detalle desde Bruselas. 
Puede ser difícil ver quién dará el golpe reparador y cuándo. 
Así pasa a menudo con las cambios históricos. 
Interviene el azar, pequeños asuntos se convierten de repente en grandes asuntos, porque el asunto pequeño se convierte en símbolo de lo fundamental. 
El contraste principal es que la Unión se califica a sí misma de cada vez más democrática mientras que la democracia es mermada sistemáticamente en nuestros países. 
Un día, el electorado dirá como el muchacho del cuento de hadas de H. C. Andersen El Traje Nuevo del Emperador: "Pero si no lleva nada puesto". 
El mes pasado el Sr. Prodi hablaba a favor de una radical descentralización de las actividades de la Unión. 
El programa quinquenal entraña una radical centralización en la que se les arrebata nuevas parcelas legislativas- muchos ámbitos nuevos- a los parlamentos nacionales y regionales de los países miembros para dárselas a la Comisión del Sr. Prodi en Bruselas y para que sean aprobadas con 62 votos de los 87 de los que componen el Consejo. 
Es algo "puramente Orwelliano". 
Bajo el titular de "descentralización" se centraliza. 
Bajo el titular de "democracia" se actúa de forma antidemocrática. 
Bajo el titular de "mayor transparencia", la Comisión propone un régimen que cerrará documentos que hoy están abiertos al público. 
Al tomar cargo, el Sr. Prodi prometió solemnemente- ante nuestro Grupo y ante esta Asamblea- una postura totalmente nueva en materia de transparencia. 
Podríamos obtener cualquier documento cuando la Comisión se lo hubiera facilitado a otras personas. 
Los representantes elegidos por el pueblo ya no seríamos los últimos en ser informados. 
Ya no tendríamos que sentarnos en las dependencias de las comisiones y observar a los estudiantes detrás de las representaciones permanentes que están sentados con los documentos que no podemos obtener. 
Ya no tendríamos que aguantar que los empresarios de Euro o que la COPA agraria accedan a documentos que nosotros no podemos obtener. 
En democracia es un principio básico que el poder ejecutivo está al servicio de los electores y de sus representantes. 
En la UE el poder legislativo ha sido cedido al poder ejecutivo. 
Los representantes populares son premiados con privilegios mientras que documentos básicos del proceso de decisión se mantienen en secreto. 
En la Conferencia de Presidentes hemos decidir convocar al Defensor del Pueblo y al Sr. Prodi a un coloquio sobre la transparencia. 
Espero que el Sr. Prodi diga: " Discúlpenme, no me di cuenta de que mis servicios hicieron lo contrario de lo que había prometido. 
Cumplo mi palabra, aquí está mi firma en la transparencia prometida ". 
Gracias, señor Presidente, en el caso de que haya algo por lo que darle las gracias. 
Señor Presidente, trastornado por la condenada anticipada de Austria por catorce Estados miembros, yo quisiera instar desde aquí a la Comisión a que amplíe su ambicioso programa a la vista del trato injusto que está recibiendo Austria. 
Yo quiero agradecer muy especialmente en este contexto las palabras del Sr. Poettering. 
La capacidad de funcionamiento de la Unión Europea es un requisito indispensable para el éxito del proceso de unificación europea, como se ha resaltado también muy especialmente en el marco de la preparación de la Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, la suspensión de los contactos- aunque sólo sean los de carácter bilateral- por parte de los catorce socios de la UE y el consiguiente déficit de comunicación ponen seriamente en peligro dicha capacidad de funcionamiento de la Unión. 
La Comisión no puede permanecer cruzada de brazos ante esta situación. 
Su tarea tiene que ser contribuir a hacer patente la solidaridad inscrita en los Tratados. 
En este sentido, yo le insto, señor Presidente Prodi, a que intervenga personalmente a favor de la celebración de una reunión de urgencia entre los máximos representantes del Gobierno de Austria y los catorce Estados socios de la UE, con objeto de contribuir a distender la situación y a una normalización de las relaciones. 
Asumiendo la responsabilidad que me corresponde en mi calidad de parlamentario, yo mismo ya dirigí ayer una carta en este sentido a todos los Jefes de Gobierno. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera manifestar mi gratitud hacia el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, por su programa de trabajo. 
Me sumo a las palabras de quienes han reclamado un enfoque más ajustado y también comparto la idea de que el programa ha de vincularse más estrechamente con el plan quinquenal. 
Pues en este momento parece que se trata de dos documentos distintos. 
Considero muy atinado que el programa de trabajo comience con un primer capítulo que lleva por título: "Europa, sus vecinos y el mundo". 
Cito una de las primeras frases, con la que concuerdo plenamente: "La Unión Europea debe desempeñar un papel activo en la escena regional y mundial". 
Sin embargo, a este fin es fundamental que se desarrolle una fórmula de colaboración eminentemente práctica entre el Alto Representante del Consejo, el Sr. Solana, la Comisión y el Parlamento Europeo, siendo aún más importante que se fortalezcan el control democrático y la responsabilidad democrática. 
Asimismo estimamos esencial que se refuerce el papel de la Comisión en el ámbito de la política exterior. 
Deseamos que la política exterior europea adquiera un carácter mucho más comunitario. 
Pero también están en juego los instrumentos. 
En concreto, se trata de nuestra capacidad de analizar crisis no militares y de ofrecer una respuesta inmediata. 
Déjenme ponerles el ejemplo de Mozambique. 
Cuánto tiempo transcurrió antes de que pudiéramos entrar en acción. 
Así las cosas, es preciso resolver asuntos muy concretos, como puede ser la capacidad de transporte. 
Por eso mismo, es fundamental que se logre una rápida coordinación en el seno de la Unión Europea. 
Detengámonos un momento en la gran mortalidad del ganado en Mongolia. 
Sabemos que de cara a este problema la Unión Europea puede otorgar recursos financieros en el marco de TACIS y ECHO. 
Entonces, ¿por qué no prestamos ayuda? 
Pues porque hay demasiadas trabas burocráticas. 
Dicho de otro modo, la representación exterior de la Unión Europea habrá de ajustarse mucho mejor a la necesidad de afrontar el futuro con una política exterior europea fortalecida. 
Resumiendo, todo gira en torno a una ejecución operativa. 
Las relaciones con Rusia ocupan un lugar primordial. 
A nuestro modo de ver, nosotros no podemos quedarnos atrás después de las críticas que el Consejo de Europa ha vertido contra la política rusa en Chechenia. 
A nosotros nos resulta sumamente triste constatar que en Rusia la libertad de prensa sigue sin respetarse. 
Teníamos previsto invitar aquí al periodista Babitski el próximo jueves, pero las autoridades rusas no le conceden autorización para ello. 
Espero, por tanto, que la Comisión Europea alce asimismo enérgicas protestas contra las autoridades rusas. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, cuando un Parlamento discute sobre prioridades legislativas, todo es prioritario. 
En mi opinión, las prioridades más importantes son: el empleo- y, por consiguiente, el crecimiento económico- y la calidad de vida- y, por consiguiente, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos del consumidor. 
Desearía ahora hacer algunas observaciones sobre el ámbito económico y social. 
Una de las iniciativas de la Comisión que merece una alta prioridad es la iniciativa "e-Europe". 
Ayer discutimos sobre la Cumbre de Lisboa para la renovación económica y social de Europa. 
Expresé mis deseos de lograr unos objetivos de crecimiento comunes, para orientarnos hacia el pleno empleo. 
El pleno empleo no significa la ausencia total de toda forma de desempleo. 
Siempre existirá un desempleo coyuntural, trabajadores que piden cambiar de empleo, jóvenes que acceden al mercado del empleo. 
Pero el pleno empleo se recuperará cuando ya no existan desempleados de larga duración, cuando a cada joven se le haya ofrecido, al menos, un cursillo de formación a más tardar seis meses después de acceder al mercado laboral. 
Ello es posible si invertimos más en lo que el Sr. Guterres llamó ayer "el capital humano", es decir, la educación de base y, además y sobre todo, la formación a lo largo de toda la vida. 
En este contexto, la iniciativa "e-Europe" resulta muy oportuna. 
En el futuro los empleos tendrán un contenido informático cada vez más marcado. 
Ahora bien, en este ámbito carecemos de trabajadores cualificados; los Estados Unidos también. 
Por eso el Senado norteamericano ha establecido, durante cuatro años, una cuota total de cerca de 500.000 visados para trabajadores inmigrantes altamente cualificados. 
Debemos formar nuestros propios cerebros y mantenerlos en Europa. 
Un documento de la Comisión acaba de demostrar que la mitad de los jóvenes que realizan un tercer ciclo en los Estados Unidos se establecen en este país. 
Para conservar nuestros cerebros, para atraer los mejores cerebros, para formar más cerebros, debemos invertir mucho en la investigación y el desarrollo. 
Los dos únicos países europeos que invierten una parte más importante de su PIB en investigación y desarrollo que los Estados Unidos- Finlandia y Suecia -, son también los únicos países que, en materia de tecnologías de la comunicación, van a la par de los norteamericanos. 
¿No sería un ejemplo que deberían seguir el resto de los europeos? 
¿No debería establecerse en Lisboa una especie de criterio de convergencia tecnológica, y pedir, por ejemplo, a los Estados miembros que se aproximen en un plazo de cinco años a un índice de gastos de investigación y desarrollo equivalente, como mínimo, al 2,5 % de su PIB, es decir, ni siquiera el nivel alcanzado actualmente por los Estados Unidos? 
En este contexto desearía igualmente saludar la iniciativa del comisario Philippe Busquin en favor de la creación de un espacio europeo de investigación. 
Unas mejores condiciones de vida, el empleo y la calidad del empleo seguirán estando íntimamente ligadas a nuestra capacidad de dinamizar la investigación europea. 
En este orden de ideas, la existencia de una verdadera patente europea, el desarrollo del capital-riesgo, así como la ayuda a las jóvenes empresas, revisten asimismo una importancia crucial. 
El Presidente Prodi mencionó anoche mis palabras sobre el déficit del futuro de Europa. 
Creo que me entendió mal: yo no había acusado a la Presidencia portuguesa o a la Comisión de falta de perspicacia, sino que había hecho hincapié en el miedo que muchos de nuestros conciudadanos sienten ante el futuro, en un mundo que está cambiando profundamente. 
Todos sabemos que atravesamos un cambio de modelo con el advenimiento de la sociedad de la información y del desarrollo. 
Pero en un mundo donde 1,5 millardo de personas carecen aún de electricidad, el hecho de permitir acceder a todos los ciudadanos del mundo a la sociedad de Internet no está a la vuelta de la esquina. 
El desafío más importante para la humanidad es evitar la ruptura entre países "info-ricos" y países "info-pobres", evitar el advenimiento de sociedades en las que, según la feliz expresión de mi amigo Claude Desama, la "fractura digital" constituirá la nueva fractura social. 
El Programa legislativo anual es la manifestación más concreta del poder político y constitucional esencial de la Comisión Europea, es decir, del derecho exclusivo de iniciativa. 
Ese poder tiene que ser objeto en todo momento de una justificación rigurosa y de una explicación clara. 
A pesar de ello el programa de trabajo de este año, como el de todos los años anteriores, no proporciona una justificación detallada de cada una de la multitud de nuevas medidas propuestas. 
Un resumen general de una quincena de páginas no puede reflejar debidamente las 500 iniciativas que se citan en el anexo. 
En el futuro, por lo tanto, el ELDR insistirá en que haya una clara justificación y un debate parlamentario técnico sobre todas las medidas anunciadas en el programa de trabajo. 
En particular, veremos si hay pruebas de que cada nueva propuesta ha sido debidamente confrontada con los principios de la subsidiariedad y de la proporcionalidad y nos esforzaremos por que en las propias comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo haya debates sobre sectores concretos. 
Dicho con otras palabras, ha llegado el momento de reformar a fondo el sistema más bien anticuado que se sigue para la elaboración y el debate futuros de este documento esencial para la programación. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Presidente de la Comisión por habernos dirigido dos discursos dentro de un plazo de 24 horas. 
En el primero, anoche, indicó claramente que tenemos ante nosotros la perspectiva de una economía europea positiva durante los dos o tres próximos años, y nos dijo con toda franqueza que si inesperadamente nos encontramos con un crecimiento superior a lo normal, eso nos ayudará en las andanzas de este Programa legislativo anual. 
El discurso de esta mañana del Presidente de la Comisión suscita en mí tres preocupaciones: la primera se refiere a la subsidiariedad, pues nuestro Grupo, como acaban de decir los Liberales, tiene la firme creencia de que necesitamos contar con una prueba que indique que cada una de las propuestas que se nos presenten redunda en interés de la Unión. 
Hay que velar por que la subsidiariedad se aplique: tiene que quedar bien sentado que nosotros no legislamos cuando no hay necesidad de hacerlo. 
La segunda se refiere al presupuesto. 
En vista de que la tasa de crecimiento que se preveía en las perspectivas financieras, basadas en un crecimiento del 2,5 %, es más elevada, nos parece perfectamente aceptable que adoptemos medidas presupuestarias ligeramente diferentes de las que hubiéramos adoptado en caso contrario. 
En nombre de mi Grupo quisiera prevenir a la Comisión que de momento no siga adelante con la idea de desplazar los gastos agrícolas destinados a la categoría 1 hacia la categoría 4. 
En Gran Bretaña en particular tenemos una industria agrícola que se halla en una situación sumamente desesperada y que quiere que se preste asistencia a determinados sectores de la agricultura: desplazando el dinero destinado a la agricultura a otra parte del presupuesto en esta fase equivaldría a transmitirles un mensaje erróneo. 
Por último, permítanme unas palabras de advertencia acerca de la cuestión de la información. 
Eso es lo que perjudicó la relación entre nuestro Parlamento y la Comisión anterior: el hecho de que nosotros, con arreglo a los Tratados, tengamos acceso y derecho de acceso a todas las informaciones en principio. 
Se diría que estamos tropezando con dificultades en relación con nuestro acuerdo marco. 
Por eso quisiera insistir en que, si queremos que la Comisión y el Parlamento trabajen de consuno, hemos de encontrar lo antes posible una solución a ese problema y no tolerar limitación alguna respecto de los documentos que están a disposición de los ciudadanos. 
Como ha indicado con toda razón el Sr. Bonde, nos hace falta una Unión Europea en la que la información se transmita libremente desde la burocracia hasta todos nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Prodi, ya mantuvimos el mismo debate hace unas semanas. 
También entonces usted declaró su intención de medir su éxito por el grado de participación en las elecciones europeas de 2004. 
Y yo entonces también le repliqué que me parece un propósito francamente presuntuoso por parte de un organismo que no ha sido elegido directamente por sufragio popular. 
Sin embargo, esa es su intención y yo no voy a entrar ahora en más detalles. 
El Parlamento Europeo, al igual que todos y todas mis colegas y yo misma, que a diario nos encargamos de abogar muy directamente a favor de la política de la Unión Europea en las calles y plazas de Europa, y no sólo desde los altos escenarios- lo digo sin ninguna connotación -, estamos obligados a conseguir que esa política funcione y, por consiguiente, yo deduzco de lo que usted acaba de manifestar que la Comisión Europea va a trabajar todavía más claramente codo con codo con el Parlamento Europeo y que van a colaborar con nosotros de manera abierta, transparente y con espíritu de cooperación. 
Todavía está por ver si las tendencias manifestadas en las pasadas semanas permiten abrigar esperanzas de que esta apertura y transparencia lleguen realmente a arraigar y yo voy evaluar su labor según este criterio. 
Señor Prodi, usted ha dicho hoy muchas cosas sobre los ámbitos para los que yo soy competente dentro de mi Grupo. 
Éstos son la política medioambiental, la protección del consumidor y la política sanitaria. 
Por primera vez, no le he escuchado pronunciar hoy una conferencia económica salpicada sólo con algunas pequeñas referencias a las autoridades alimentarias, el dopaje o los retrasos de los vuelos y quiero felicitarle explícitamente por ello. 
Es algo que hago raras veces y justamente por esto lo manifiesto con satisfacción. 
En contraste con otras ocasiones, ha sido un discurso francamente mucho más concreto y también comprensible para mí. 
Evidentemente, no puedo dirigirle los mismos elogios en lo que respecta a los detalles. 
Seguro que no le sorprenderá, ni tampoco a ninguna y ninguno de mis colegas. 
En efecto, ¿son coherentes sus propuestas, señor Prodi? 
He leído el programa que ha presentado en nombre de toda su Comisión. 
Allí expresa, por ejemplo, su intención de incorporar la política medioambiental a las políticas en todos los demás ámbitos. 
El único en el que esto se ha hecho es el ámbito de la competencia de la Sra. Palacio, o sea, el de la política de transportes. 
¿En qué aspectos se ha incorporado la política medioambiental en los demás sectores, por ejemplo en el ámbito de la ampliación- donde el problema es enorme -, de la seguridad de los alimentos o de la protección del consumidor? 
¿Dónde se menciona esto en el texto? 
En relación con la política comercial, por ejemplo. En ese contexto no se dice nada, ni una palabra, señor Prodi. 
En relación con la competencia, con la política económica: tampoco ni una palabra, ¡en ningún momento! 
Esto significa que una vez más sólo se trata de declaraciones de labios afuera. 
En relación con la política medioambiental se repite como de costumbre que se debe incorporar, como una fórmula de compromiso, pero en la práctica no lo hacen. 
También vamos a tener que evaluar su labor según este criterio. 
En ningún momento se señala claramente la vinculación o las posibles interdependencias mutuas entre las políticas en los diferentes ámbitos. 
No debe tolerar usted este proceder por parte de los demás departamentos. 
Tiene que criticarlo y tampoco debe difundir sus planteamientos bajo esta forma. 
Usted ha expuesto con gran detalle algunas propuestas concretas, lo cual también está muy bien y me alegra, pero con eso no basta. 
En efecto, señor Prodi, sus resultados están sujetos a un control semanal, mensual y anual. 
Cada semana se verifica qué ha hecho y de qué forma lo ha hecho la Comisión. 
Lo que pasa en las comisiones y en el Pleno se comprueba cada mes. 
¿Cómo actúa la Comisión en las comisiones y en el Pleno? 
¿Cómo responde usted, por ejemplo, a las enmiendas del Parlamento Europeo? 
Si usted está dispuesto a colaborar con nosotros y si ambos declaramos, usted en nombre de la Comisión, señor Prodi, y nosotros, en nuestra calidad de Parlamento Europeo, que el control de nuestros resultados serán las elecciones de 2004 y la participación en dichas elecciones, a mí me gustaría oírle decir que la Comisión hará suyas todas las enmiendas aprobadas por mayoría en esta Asamblea. 
El control anual de sus resultados tiene lugar cuando examinamos el programa de trabajo del año anterior y verificamos qué aspectos se han cumplido y qué se ha hecho, y la calidad de lo que se ha hecho. 
Como puede ver, señor Prodi, es mucho más sencillo de lo que usted teme. 
No tendrá que esperar hasta el año 2004. Cada año recibirá un certificado de evaluación continua y no estará obligado a esperar tanto tiempo. 
Estimado Presidente de la Comisión, cuando usted asumió dijo que la Comisión se caracterizaría por la apertura. 
Muchos lo han señalado aquí también hoy. 
Pero, ¿cuál es la situación actual? 
¿Por qué ya no se emiten en directo las conferencias de prensa de la Comisión, por televisión vía satélite, para que todos en Europa puedan verlas? 
Espero que Prodi me escuche. 
¡Presidente Prodi! , en cuanto a su carta a Fontaine sobre los delegados: ¿estima usted realmente que los delegados están sujetos a algún principio de cooperación leal entre las instituciones? 
En ese caso, ¿dónde ha encontrado usted fundamento legal para esto y cree usted que un principio de este tipo puede invalidar el derecho de los delegados a hacer declaraciones libremente a los medios de comunicación? 
Además, quiero informar acerca de su carta al director del Wall Street Journal, en la que usted hace alusión a un seminario sobre apertura en abril, como prueba de que la ordenanza ha sido preparada abiertamente. 
Ese seminario fue organizado por la European Federation of Journalists, por las diputadas Lööw, Thors y Hautala entre otros, pero la propuesta que se discutió allí no tiene nada que ver con la que se está discutiendo ahora. 
Esta última se ha estudiado en un ambiente de gran secreto. 
Ante todo, Presidente de la Comisión, el asunto es saber si el principio de colaboración leal debe tener prioridad sobre el derecho a expresarse ¿Dónde está el fundamento del principio según el cual usted podría inhibir este derecho y exigir semejantes cosas a los delegados? 
Señor Presidente, en una declaración tan ambiciosa y compleja como la que usted ha hecho, me voy a detener sólo en algunos puntos. 
Primero: el nuevo interés que usted ha mostrado por la región del Mediterráneo no puede más que satisfacerme tanto desde el punto de vista de la contribución de la Unión Europea al proceso de paz en Próximo Oriente como desde el punto de vista de la recuperación y la ampliación de los vínculos históricos y políticos que unen a los países del sur de Europa. 
Consideramos que, a raíz de los procesos geopolíticos en curso, la frontera del Mediterráneo tiene el mismo valor que la ampliación al Este, en la que están trabajando tanto el Parlamento como la Comisión. 
Segundo: el mercado interior. 
Al trabajar en el Parlamento Europeo, consideramos indispensable la armonización de la normativa existente en materia de Derecho civil. 
Probablemente, se debería comenzar a trabajar también en el terreno del Derecho administrativo. 
Además, a medida que va pasando el tiempo, advertimos la necesidad de un Derecho común coordinado entre las fuentes. 
Tercero: los actos preparatorios. 
No puedo sino sumarme a las solicitudes de limitar su uso, formuladas de manera reiterada y desde muchas instancias en el Parlamento Europeo. 
A pesar de que tienen el gran valor de ahondar en el debate, los Libros Verdes, los Libros Blancos y las comunicaciones tienen también un efecto colateral complejo y difícil, ya que dilatan la iniciativa legislativa en la inmensa mayoría de los casos en materias en que la inmediatez es absolutamente necesaria. 
Último punto: tras la lectura del programa de la Comisión, me ha parecido que se descuidan dos sectores que precisan una atención especial por parte de las Instituciones europeas, sobre todo a la vista de los cada vez mayores progresos del comercio electrónico. 
Estimo que la Comisión debería presentar propuestas en materia de resolución extrajudicial de las cuestiones derivadas de los contratos llamados on line y de modificación de la directiva relativa a los contratos a distancia. Y ello con miras a una cada vez mayor preotección del consumidor. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el ámbito de la política interior europea no ocupa un espacio muy amplio, pero sí muy importante, entre las consideraciones que nos presentó por escrito y que también ha expuesto aquí el señor Presidente de la Comisión. 
Lo que importa no es, por lo demás, el volumen de lo que se ha expuesto, sino su calidad. 
Ahora bien, en un gesto que es muy de agradecer, el Sr. Comisario Vitorino presentó ayer por la tarde a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, en nombre de toda la Comisión, un scoreboard, un "marcador", o sea, un calendario acompañado de la asignación de competencias y descripción de tareas relativo a la creación del llamado Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia. 
Si se examina detenidamente dicho documento, no resulta difícil advertir que la Comisión está abocada a mantener un enfrentamiento abierto con el Consejo en el año 2000 a causa de sus planteamientos sobre la creación de dicho Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia, es de esperar que con el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo. Y esto es así porque la Unión Europea está haciendo lo siguiente: está suprimiendo las fronteras exteriores e interiores. 
Ha establecido la libre circulación y la libertad de establecimiento, ha creado un espacio económico que permite una actividad económica sin restricciones, incluida por cierto también la actividad económica ilegal. 
Ha establecido una moneda única. 
Está creando todas las instituciones concebibles a fin de dotar al Espacio Económico Europeo de un marco legal. 
Esto nos conduce a la pregunta decisiva: ¿cómo va a gestionar la UE todo esto? 
¿Va a gestionar la economía exclusivamente sobre la base del Derecho comunitario y va a gestionar el marco normativo en el ámbito de la seguridad exclusivamente a escala interestatal? 
Ambos planteamientos no casan. 
Ambos planteamientos representan un sistema jurídico tan contradictorio que en realidad sólo puede conducir a donde siempre nos conduce: al inmovilismo. 
Por consiguiente, todo depende de la Comisión. 
En nombre de mi Grupo, yo le aseguro que la Comisión va a contar con nuestro pleno apoyo si defiende ante el Consejo aquellos aspectos que es ineludiblemente necesario comunitarizar, los cuales en el ámbito de la seguridad interior, en el ámbito de las libertades fundamentales de los ciudadanos- me remito a la Carta de derechos fundamentales -, conllevan siempre una transferencia de derechos de soberanía del ámbito nacional al ámbito europeo y este es precisamente el contencioso entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Si la Comisión tiene el valor de declarar que va a actuar como guardiana de los Tratados y del futuro integrador de Europa, aunque ello suponga un enfrentamiento con el Consejo, yo confío en que también podrán contar con un respaldo mayoritario de esta Cámara. 
Pero tienen que tener también el valor de hacerlo. 
Señor Presidente, en lo que a la pesca se refiere, no voy a entrar en detalles de las propuestas legislativas que propone la Comisión. 
Lo que sí me gustaría obtener es un compromiso claro de que la Comisión va a buscar una solución para transponer rápidamente a la normativa comunitaria las recomendaciones de las organizaciones regionales e internacionales de pesca. 
Ya en la sesión plenaria pasada, señor Presidente, tuvimos ocasión, con motivo del informe Gallagher sobre recomendaciones del CICAA sobre el atún rojo en el Mediterráneo, de debatir este tema de los retrasos de la Comisión, que se están convirtiendo en un gravísimo problema, porque aunque dichas recomendaciones pasen a ser vinculantes en un determinado plazo, su ausencia de la legislación comunitaria propicia el incumplimiento de las medidas por parte de las flotas y puede provocar que se incoen procedimientos de infracción contra la Unión Europea. 
La tardanza en las transposiciones es un problema endémico de la Comisión. 
Esperamos, por ejemplo, desde 1996 la incorporación a la normativa comunitaria de la prohibición de desembarcos de Honduras y Belice, o, por ejemplo, desde 1998 el control del esfuerzo pesquero en aguas comunitarias del atún blanco. 
La Comisión está denunciando a los Estados miembros un día sí y otro también por no transponer a sus legislaciones nacionales decisiones o directivas de la Comisión, mientras que la Comisión hace exactamente lo mismo en materia internacional. 
Es evidente que la propuesta que ha presentado la Comisión sobre una Comunicación de reforma de las organizaciones internacionales, en aras de una mayor rapidez, intenta separar del procedimiento legislativo tanto al Parlamento como al Consejo. 
Desde esta institución, ello plantea serias dudas de que ésta sea la mejor manera de resolver este problema. 
Yo espero que el Presidente Prodi contraiga aquí un compromiso de que este tema, de una vez por todas, va a solucionarse, y que el Parlamento, en cualquier caso, siempre estará vinculado al procedimiento legislativo de incorporación a la normativa comunitaria de las recomendaciones de las organizaciones internacionales de pesca. 
Señor Presidente, ayer, tras la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo, que había pintado un panorama bastante optimista con respecto al desarrollo comunitario, el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, tuvo la precaución de señalar que ese desarrollo económico en que nos encontramos ofrecía la enorme dificultad de que iba acompañado de un aumento de la marginación social dentro de la Comunidad Europea. 
Es un fenómeno al que acaba de hacer referencia el Sr. Schulz, hablando en nombre de los socialistas, porque el peligro al que nos enfrentamos en este momento es que, como consecuencia de una liberalización de la economía comunitaria en el marco de la globalización de la economía mundial, se pueda producir una situación de mayores diferencias sociales y la desaparición del modelo social europeo, del que tan orgullosos estamos. 
Señor Presidente, la anterior Comisión se había fijado como lema "hacer menos para hacerlo mejor", por contraste con el supuesto activismo de la Comisión Delors. 
Como sabemos, la cuestión no es de cantidad sino de calidad, algo a lo que también han hecho referencia tanto el Sr. Schulz como el Sr. Swoboda, hablando en nombre del Grupo Socialista. 
El problema es hacia dónde va esta Comisión. 
Yo espero que la Comisión actual, la Comisión Prodi, no sea la que haga menos para hacerlo mejor sino la que haga aquello que tiene que hacer. 
Si la Comisión Delors nos llevó del Acta Única al Tratado de la Unión y a una gran ampliación de la Comunidad Europea, espero que la Comisión Prodi sea la Comisión de la Europa social, la Comisión que garantice que el desarrollo económico no vaya acompañado de discriminaciones sociales sino de progreso social. 
Y para hacerlo, espero que la Comisión tenga en cuenta los puntos de vista que se vienen expresando en el Parlamento Europeo. 
Como sabe el Presidente de la Comisión, en el actual Tratado de la Unión hay una especie de vínculo entre el Parlamento Europeo y la Comisión, de forma que, aunque la facultad de iniciativa legislativa le corresponde a la Comisión, ésta ha de tener en cuenta los puntos de vista del Parlamento para llevar a cabo el desarrollo legislativo. 
En ese aspecto, quisiera hacer referencia al tema de la codificación del Derecho comunitario. 
En este momento, el Derecho comunitario es una selva impenetrable, absolutamente incomprensible para los ciudadanos comunitarios, incluyendo los que tienen como profesión el ejercicio del Derecho. 
En este momento, el Derecho comunitario se ha desarrollado sobre la base de una casuística similar a la de los legisladores medievales, de forma que carecemos absolutamente de sistema, concretamente en los aspectos relativos al Derecho civil, a la competencia, a la protección de los consumidores y a la propiedad intelectual. 
Finalmente, señor Presidente, quiero recordar un texto que recoge la comunicación de la Comisión. 
Es el punto 2.3 relativo al estatuto de las regiones ultraperiféricas que ha de ser desarrollado por la Comisión. 
Hoy precisamente la Comisión ha de pronunciarse sobre el primer documento en esta materia, y espero que lo haga teniendo en cuenta las exigencias de estas regiones ultraperiféricas de la Comunidad. 
Señor Presidente, Señorías, el señor Presidente de la Comisión ha declarado que este será el año del cambio de rumbo y yo quisiera instarle, señor Presidente, a que dentro de este concepto incluya también una redefinición de la relación de la Comisión con los Estados miembros. 
La Comisión es la guardiana de los Tratados. 
Hasta ahora esto ha significado que, en su calidad de tal, insiste particularmente en los derechos de la Comunidad, como debe ser. 
Sin embargo, bajo los Tratados subyacen también los derechos no escritos de los Estados miembros y yo creo que ha llegado el momento de que, en el desarrollo de su labor, la Comisión empiece a concebirse más como guardiana de los derechos de los Estados miembros. 
Yo quiero instarle, señor Presidente de la Comisión, a que actúe también como abogado de los derechos de los Estados miembros, pues lo que a veces nos pesa de la labor de la Comisión es su intento de arrogarse derechos bajo la presión de las tareas cotidianas. 
Debemos tener en cuenta que en el futuro será preciso salvaguardar mejor los derechos de los Estados miembros. 
Este es el requisito para lograr la aceptación de Europa. 
Esto incluye, por ejemplo, el ordenamiento federal de la República Federal de Alemania, incluidos los derechos fundamentales de los Estados federales. 
La Comisión debe aceptar también estos derechos. 
Resulta difícilmente concebible que podamos modificar la estructura de los Tratados sin contar, por ejemplo, con la aprobación de los Estados federales alemanes. 
Por esto yo le insto, señor Presidente, a que se erija en abogado de los derechos de los Estados miembros. 
Por esto pedimos un catálogo de competencias que distinga claramente entre los derechos de la Comunidad y los que conservan los Estados miembros. 
La Comisión ganaría mucha aceptación en Europa y entre los ciudadanos si trabajase en esta dirección, a lo cual la instamos encarecidamente. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, en su introducción se ha referido usted a un programa concreto. 
Yo quisiera completar este programa en dos aspectos- a saber, en lo que se refiere a la Política de Seguridad y Defensa Común y en relación con el tema de la ampliación, concretamente en lo que respecta a Turquía- y pedirle una aclaración. 
Señor Presidente de la Comisión, yo defiendo la creación de una identidad europea de defensa, incluida su dimensión militar, y acojo con clara satisfacción los resultados de la reunión informal de los Ministros de Defensa celebrada en Sintra. 
Sin embargo, todo no puede reducirse a esto. 
Lo que, por un lado, resulta difícil y, por el otro lado, es nuevo e importante es la prevención de los conflictos, o sea, el aspecto no militar de nuestra política de seguridad. 
La prevención de los conflictos resulta difícil porque para la construcción de estos elementos de la política de seguridad carecemos de ejemplos, como podría ser la OTAN, de los que podamos obtener inspiración y reproducir algunos aspectos. 
La Comisión debe asumir la responsabilidad en este nuevo ámbito que es preciso diseñar, poner en marcha iniciativas y presentar proyectos. 
Necesitamos propuestas concretas de instrumentos de control no militar de las crisis, como el envío y aplicación de la ayuda humanitaria- Mozambique sería en este momento un buen ejemplo -, el apoyo a la instauración de instituciones y procedimientos democráticos, la observación de las elecciones, la constitución de una unidad de asesores especializados en conflictos, de fuerzas policiales y otras medidas análogas. 
No me corresponde a mí enumerar una lista interminable de instrumentos. 
Yo quiero pedirle, señor Presidente de la Comisión, que exponga su posición al respecto. 
Con respecto a Turquía, usted manifiesta en su programa su propósito de iniciar una estrategia de aproximación. 
Yo estaría gustosamente de acuerdo si supiese qué quiere decir con ello. 
Después de las decisiones de Helsinki, desde el Parlamento Europeo pedimos un catálogo de medidas y un calendario detallado con vistas a la aproximación concreta y estructurada de Turquía al cumplimiento de los criterios de Copenhague, en particular los criterios políticos. 
Mi Grupo político abogó muy firmemente por que se concediera el estatuto de candidato a Turquía en la Cumbre de Helsinki. 
Será una tarea difícil, habida cuenta de los déficit políticos de Turquía. 
Por esto es todavía más necesaria una política muy clara, concreta y detallada, o sea, un catálogo de medidas y un calendario. 
¿Podemos contar con que su Comisión presentará próximamente al Parlamento las correspondientes propuestas para la aproximación de Turquía a la UE? 
Señor Presidente, al señor Presidente de la Comisión no le sorprenderá que le hable del mercado interior. 
Pero para no repetir lo que ya se ha dicho- y, en particular, para no repetir lo que ha dicho mi colega Fiori, con quien estoy de acuerdo -, voy a referirme a otro eje del debate, esto es, a la reforma de la Comisión. 
¿Qué tiene que ver la reforma de la Comisión con el mercado interior? 
Mucho. 
Señor Presidente de la Comisión, cuando se lee su Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión, puede percibirse claramente que la línea directriz, la filosofía que inspira esa reforma, es algo muy romo que no podemos aceptar en este Parlamento. 
Esa línea directriz es principalmente la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Evidentemente, esa es una preocupación de todos nosotros pero se trata sólo del punto de partida. 
A partir de ahí, la Comisión tiene que empezar a trabajar, tiene que cumplir con las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el Tratado. 
Déjeme darle un ejemplo, puesto que con el tiempo de palabra que tengo, no tengo muchas posibilidades de desarrollar esta idea. 
Tomemos la reforma que se está planteando sobre los procedimientos de infracción. 
¿Qué se plantea ahí? 
Pues sencillamente, que de lo que se trata es de administrar los recursos que se tienen en cada nivel, en vez de atender las demandas de este Parlamento de crear un auténtico Derecho procesal administrativo para la seguridad jurídica, necesaria desde el punto de vista del ciudadano europeo, es decir, desde el punto de vista de quien puede presentar ese procedimiento de infracción. 
Se dice sencillamente que no se creará dicho Derecho procesal administrativo, sino que se seleccionarán las demandas. 
Como se seleccionan estas cosas, con pura arbitrariedad. 
Desde el punto de vista de este Parlamento, ese tipo de derivaciones no se pueden admitir. 
Comprendemos que hay que reformar la Comisión, compartimos los objetivos de esa reforma, pero, desde luego, no a costa de que, en aras de un interés importante y que todos compartimos- como es la protección de los intereses financieros de la Comunidad- se tire por la borda el gran impulso de la construcción europea, impulso que, en primer lugar, le corresponde dar a la Comisión desde las obligaciones que le impone el Tratado. 
Muchas gracias, señor Prodi, por su exposición y su documentación. 
Le felicitamos por utilizar el Internet para beneficio del público en general: excelente idea. 
Para empezar me referiré al comercio. 
Coincidimos con usted en que necesitamos un sistema comercial basado en reglas. 
Es esencial. 
El fracaso de Seattle se debe a que los Estados Unidos, en particular, resultaron incapaces de comprender lo legítimas que eran políticas como la protección ambiental, la conservación de las comunidades rurales mediante la política agrícola común, el bienestar animal, las cuestiones de salud y los derechos sociales. 
Los Estados Unidos dieron muestras de una insensibilidad increíble para con los intereses legítimos del mundo en desarrollo y, francamente, el mundo en desarrollo tiene hasta ahora muy poco que agradecer a la OMC. 
Confiamos en que la Unión Europea continúe las negociaciones, manteniendo nuestras firmes posiciones respecto de todas esas cuestiones y utilizando nuestros vínculos con países del mundo en desarrollo para velar por que la próxima ronda sea una ronda equitativa. 
Innovación y conocimientos: buen lema para un nuevo siglo. 
¿Cuánta innovación ha habido en la Comisión, o incluso en el Parlamento, si me permiten que lo diga? 
Hace algunos años recibimos un Libro Blanco sobre la innovación, pero ¿qué ha sucedido desde entonces? 
Hay algo que me gustaría decirles con la mayor firmeza posible, y es que nos preocupa muchísimo el seguimiento, no sencillamente de las excelentes comunicaciones que acogemos con satisfacción, sino el seguimiento, el seguimiento, ¡¡¡el seguimiento! !! 
Se está desarrollando el Quinto Programa Marco de Investigaciones: ¿qué ha sucedido con lo que aprendimos en el Cuarto? 
¿Qué difusión han tenido las nuevas ideas, los nuevos productos, las nuevas comparaciones de sistemas socioeconómicos? 
Por favor, permítanme que diga una vez más: ¡seguimiento! 
Nos satisface la formación de esa zona europea de investigaciones que usted y el Comisario Busquin han expuesto. 
Excelente forma de comenzar el siglo. 
Espero con interés la próxima comunicación sobre las empresas, pero espero que la labor realizada se examine también antes de seguir adelante con las nuevas actividades. 
Discúlpenme ahora si utilizo un lugar común que es una tremenda perogrullada: "nuestro mayor recurso en la Unión Europea es nuestro pueblo". 
¿No es una verdadera vergüenza que Estados miembros importantes como el mío y como Alemania no puedan contar con suficientes personas que reúnan las cualificaciones necesarias en materia de tecnología de la información? 
¿No es un escándalo que tengan que atraer personas de países que necesitan sus aptitudes? 
Es una verdadera vergüenza, y espero sinceramente que tenga usted en cuenta lo que acabo de decir cuando trate de la legislación. 
Señor Comisario, el caso de la mujer constituye otro lamentable desperdicio de recursos: en las esferas de la técnica, la ciencia y la tecnología de la información la mujer está malgastando sus capacidades. 
Espero que haya un seguimiento del Libro Blanco sobre la Ciencia. 
Señor Presidente de la Comisión, la reforma interna de la Comisión ha comenzado ya. 
¡Bienvenida! 
No es el primer intento de hacer de la Comisión un servicio público de categoría mundial, pero nosotros, Sr. Prodi, queremos creer en la sinceridad y resolución de su promesa ante esta Asamblea. 
De momento ya tenemos una serie de medidas y también un Libro Blanco. 
Ustedes lo están examinando con los miembros del Consejo, con los sindicatos de funcionarios y, al final, este Parlamento dará su apoyo, colaborará con ustedes para ese gran objetivo de hacer que la Comisión Europea sea la mejor administración del mundo. 
¡Adelante! 
Le voy a señalar, de todas formas, un vicio de su Libro Blanco. 
Le falta un análisis de por qué falló el sistema anterior, y el señor Kinnock debería haberlo hecho porque es experto en la materia, pues lleva cinco años trabajando en la Comisión. 
Por ejemplo, antes ya existían medidas punitivas o medidas para valorar el mérito de los funcionarios pero, señor Prodi, no se utilizaban. 
Los funcionarios responsables, incluso los comisarios, no hacía uso de esas medidas, de esos resortes que antes había. 
¿Por qué ahora, si establecemos medidas distintas, sí van a ser utilizadas? 
Ese secreto sólo lo sabe usted. 
El grado de desmotivación que existe entre excelentes funcionarios es grave. 
Ahí tenemos que intervenir y el ejemplo tiene que venir de arriba. 
La reforma de la Comisión, señor Prodi, no tiene sólo que proteger los intereses financieros de la Comunidad. 
Muchos más recursos se pierden con una administración ineficaz y desmotivada. 
Es más, incluso habría que consentir que los funcionarios que adoptan responsabilidad y riesgo pudieran equivocarse. 
Usted lo dijo en su discurso, que prefería equivocarse pero no por ello dejaría de actuar. 
El empeño que usted tiene, ha de ser un empeño histórico. 
No es el primero que lo intenta. 
Esperamos que lo consiga. 
Señor Presidente, es interesante que el Sr. Prodi haya presentado hoy un programa de trabajo, pero nuestro orden del día dice que este debate trata de un programa legislativo. 
Si enfocamos la cuestión desde el punto de vista de la política social y de empleo es evidente que no tenemos ante nosotros un programa legislativo. 
En realidad no hemos tenido un programa legislativo desde hace varios años. 
Lo que hemos tenido ha sido un proceso de consolidación y el desarrollo de algunos procesos de convergencia como los que se han preparado y lanzado en Luxemburgo. 
Nos satisface el procedimiento de Luxemburgo, y esperamos que se profundice, se fortalezca y se extienda a otras esferas como la convergencia de la protección social, pero ¿significa eso que hemos hecho lo que teníamos que hacer respecto de la legislación en la esfera social? 
No lo creo. 
Hay unas cuantas esferas en las que tenemos que actualizar y modernizar la legislación social que hemos adoptado en el pasado. 
Con la profundización y el fortalecimiento del mercado interior y con la mundialización estamos siendo testigos de un número cada vez mayor de fusiones, adquisiciones y transferencias dentro de la Unión Europea. 
Para mí, eso significa que tenemos que fijarnos en todo el marco legislativo que produjimos principalmente en el decenio de 1970 en esta esfera: sobre transferencias, redundancias colectivas, insolvencias, y más adelante sobre consejos de empresa. 
Tenemos que modernizar y reforzar esa legislación, no con miras a detener la mundialización o a profundizar el mercado interior- no hace falta decir que no es ésa nuestra finalidad- sino para cerciorarnos de que controlamos los cambios que todas esas operaciones han traído consigo, mediante un espíritu de asociación en todos nuestros lugares de trabajo, grandes o pequeños, en el seno de la Unión Europea. 
Eso significa que necesitamos impulsar con vigor el marco general sobre información y consultas en el lugar de trabajo. 
También en la esfera de la salud y la seguridad se deja sentir la necesidad de actualizar y modernizar la legislación que adoptamos en el pasado: la directiva sobre trabajadoras embarazadas, cuyo examen tenía que haberse celebrado hace ya cinco años; la directiva sobre el ruido, de 1986, cuyo examen tenía que haberse celebrado hace 10 años, y otras directivas que hay que actualizar y modernizar radicalmente. 
¿Tiene sentido hablar de actualización? 
No. 
No necesitamos toneladas de papel sobre nueva legislación social, pero hay esferas de las que no nos hemos ocupado. 
Tenemos excelentes proyectos de legislación sobre trabajo a domicilio, sobre teletrabajo; tenemos la herida abierta de la seguridad social para los trabajos atípicos, que está pendiente desde hace casi un decenio; tenemos la promesa de una directiva concreta sobre lesiones óseomusculares, pendiente desde el último Programa de acción social a mediano plazo. 
Hay otras esferas. 
Una mujer vino a verme recientemente: era la Sra. Angela Elliot Mathis, y trabajaba para Lucent Technologies. 
Le había "cazado" una empresa de caza-ejecutivos de muy alto nivel, para que ocupara un puesto de administradora superior y miembro del Consejo de administración. 
Trece meses después de tomar posesión de su cargo la despidieron sin aviso previo y sin comunicarle los motivos. 
Sigue sin saber por qué motivos la destituyeron. 
Lo más extraordinario es que no puede encontrar protección ni en la legislación belga- estaba trabajando en Bélgica- ni en la legislación de la Unión Europea. 
Sin ese tipo de protección la gente no aprovechará la oportunidad de vivir, viajar y trabajar donde les parezca en la Unión Europea. 
Hay deficiencias que tenemos que subsanar. 
Hagámoslo en el nuevo Programa de acción social a mediano plazo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, yo quisiera referirme brevemente al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y sus puntos centrales, y puedo manifestar en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratacristianos) /Demócratas Europeos que la elección de dichos puntos centrales es muy positiva en este caso. 
Éstos abordan efectivamente los mayores retos. 
Usted ha citado como un punto central el ámbito del asilo y la inmigración. 
Este es un aspecto absolutamente necesario, ya que en el ámbito del asilo todavía no contamos con unas normas mínimas ni tampoco hemos empezado a dar los primeros pasos para la aplicación de las decisiones de Dublín, ni hemos avanzado realmente en la instalación del sistema Eurodac. 
Usted ha citado como otro punto central la lucha contra el delito organizado y su prevención. 
También esto es imprescindible, si se considera que entre un 25% y un 30% de los delitos ya son atribuibles a la delincuencia organizada. 
También en este aspecto sería necesario avanzar un paso más y acelerar, por ejemplo, la creación de la Academia Europea de Policía, con objeto de garantizar unas normas comunes de calidad también en lo que respecta a la formación. 
Ha mencionado igualmente otro punto central, a saber: la lucha contra el blanqueo de dinero. 
También en este aspecto cuenta usted con nuestro pleno apoyo, pues el blanqueo de dinero es prácticamente el motor de la delincuencia organizada. 
Y ha señalado asimismo un cuarto punto, concretamente la cooperación judicial. 
En este aspecto llevamos lamentablemente unos 10 o 20 años de retraso con respecto a la cooperación policial y es urgentemente necesario un programa que permita recuperar dicho retraso. 
Puede contar usted con nuestro pleno apoyo, pero el caso es que cada año hemos debatido estos temas. 
A nuestro parecer, el progreso decisivo sería poder contar con un scoreboard, un "marcador", que defina efectivamente las responsabilidades y establezca unos plazos, y que nos permita ejercer un control semestral y exigir responsabilidades en relación con su cumplimiento. 
Puede contar usted con nuestro apoyo si el objetivo es una mayor transparencia, si el objetivo mantener el impulso de Tampere, que deseamos que no se pierda, y toda vez que existe la posibilidad de ejercer una presión sobre el Consejo. 
Sin embargo, todo ello sólo tendrá una oportunidad de llegar a ser realidad si contamos con un scoreboard y si todos los representantes del Consejo respetan el espíritu de los Tratados y los Tratados mismos. 
Si es así, conseguirá transponer sus propuestas con resultados positivos con nuestra cooperación. 
¡En cualquier caso, ya cuenta con nuestro apoyo! 
Señores Presidentes, ayer mismo asistí a una reunión de la agrupación de productores del sector de la pesca de cangrejos en mi país. 
Alrededor de un centenar de propietarios de embarcaciones y pescadores debatieron exclusivamente sobre la política de pesca de la UE. 
Se trataron los temas de la organización de mercados, el reglamento de control, el reglamento estructural, las medidas técnicas, el IFOP, el programa POP IV, la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres y su preocupante transposición, y finalmente el enorme éxito, debido a su carácter voluntario, de la cooperación trilateral con Dinamarca y los Países Bajos. 
Ésta reclamó y consiguió finalmente un aumento de los precios de mercado. 
La temporada de la pesca del cangrejo de 1999 fue financieramente muy sólida. 
Los hombres eran sorprendentemente jóvenes. 
Tres jóvenes pescadores habían superado, además, con excelentes resultados su examen y no hubo silbidos contra la UE, como anteriormente solía ocurrir a menudo. 
Evidentemente, también me ofrecieron de paso algunas recomendaciones para la Comisión y un cuaderno de bitácora que desde el 1 de enero de 2000 es de uso obligado para todo pescador. 
Su sentido implícito era naturalmente irónico y la finalidad, clara. 
También en Bruselas y Estrasburgo deberíamos ponernos manos a la obra y anotar minuciosamente, como hacen los pescadores, nuestras capturas diarias, o sea, nuestros resultados. 
Por las mismas fechas, una maestra les preguntó a sus alumnos de la escuela primaria: "¿ Qué oficios existen en la costa ?" Un chico respondió: "Los pescadores." 
Respuesta de la maestra: "Pero si ya han desaparecido." 
El chico estaba mejor informado. 
Su padre es pescador. 
Y a continuación leo su Programa de la Comisión para el año 2000, señor Prodi, y yo también le pregunto: "¿ La Comisión también considera que la pesca se ha extinguido, puesto que no la menciona ?" 
La pesca es, sin embargo, una de las auténticas políticas comunes de la UE. 
Pero tenemos pendiente la Conferencia Intergubernamental 2000. 
Los "flecos" del Tratado de Amsterdam. 
El cumplimiento de las promesas sobre la codecisión del PE que realizó en su momento por la Comisión durante las audiencias. 
La Política Común de Pesca a partir de 2000, así como el fundamento legislativo desfavorable para la participación del Parlamento en la negociación de los acuerdos internacionales. 
No obstante, hoy ha mencionado usted la pesca, señor Prodi. 
Es un alivio para mí y ahora podré anunciarles a mis vecinos pescadores: "¡ Aún seguimos vivos !" 
Y usted también debería decirle lo mismo a la maestra, señor Prodi, a través de sus acciones. 
Señor Presidente, desearía dirigirme a la Comisión para expresarle mi deseo de que el año 2000 nos permita avanzar en el sentido general de la coherencia, en especial en el ámbito de la agricultura. 
En efecto, si bien la Unión Europea se propone luchar por establecer reglas diferentes en materia de comercio internacional, si bien defiende su modelo europeo de agricultura, es necesario reconocer que queda mucho por hacer para realizar sus opciones políticas. 
En cuando al expediente del plátano, por ejemplo, hasta ahora no hemos podido conciliar los intereses de nuestros productores, los de los ACP, con las exigencias de la OMC. 
¿Por qué? 
Simplemente porque la OMC- según el modelo Marrakech- no lo permite o, en todo caso, lo permite con muchas dificultades. 
Ahora bien, después de haber declarado más de una vez que la OMC debe integrar mecanismos de regulación social y medioambiental, que la Unión Europea desea garantizar determinadas ventajas a los países en desarrollo, ¿por qué la Comisión sigue limitándose a una única perspectiva de liberalización del mercado en este sector? 
Después que en Seattle se pusieron en entredicho los acuerdos existentes- inadecuados- de la OMC, abogo firmemente por que la Unión trate este expediente de conformidad con las reglas que pretendemos hacer prevalecer en los intercambios internacionales. 
Hago el mismo llamamiento a la coherencia en otro sector: la gestión de la crisis porcina. 
Como ustedes saben, debido a esta crisis, que ya dura dos años, muchos productores independientes vuelven a ser simples trabajadores a destajo de empresas u otros productores integradores. 
Se trata de una situación totalmente contraria a nuestro modelo de agricultura europeo basado en explotaciones familiares numerosas, diversificadas y multifuncionales. 
También en este caso, señor Presidente de la Comisión, doy la alarma y pido a la Comisión que proponga dispositivos nuevos y realmente adaptados a la gestión de este tipo de crisis, más allá, naturalmente, de lo que ya propone, es decir, un fondo de solidaridad. 
Último punto: la preparación del presupuesto para el año 2001. 
Ciertamente, las líneas agrícolas del presupuesto pueden examinarse con vistas a solidarizarse con los Balcanes, es verdad. 
Pero cuidado, deben respetarse, no obstante, los compromisos asumidos en Berlín con respecto a la PAC, y sobre todo deben mantenerse márgenes de seguridad suficientes para hacer frente, concretamente, a las crisis que deterioran el tejido agrícola y el tejido rural. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, ¡mire a su derecha! 
Supongamos por un momento que no estamos en el Parlamento, sino en una reunión del Consejo de Administración de una gran sociedad anónima. 
Usted sería el Presidente de dicho Consejo de Administración, que acaba de presentar un buen informe y un buen proyecto. 
Permítame, por lo tanto, en su supuesta calidad de Presidente del Consejo de Administración, que exponga un par de consideraciones sobre sus colegas en dicho Consejo. 
Al igual que Brian Simpson, yo también considero que su Vicepresidenta, la Sra. Palacio, está realizando un excelente trabajo. 
En diciembre, con mucha elegancia, consiguió acordar con la Presidencia finlandesa la liberalización del sistema ferroviario. 
También está trabajando con gran esfuerzo en una cuestión que usted ya planteó en julio del año pasado, señor Presidente, concretamente en el tema de un control eficaz del tráfico aéreo europeo. 
En este sentido, mi valoración sería positiva. 
Las propuestas del Sr. Barnier son asimismo excelentes, ya que ha mantenido una colaboración muy buena con el Parlamento en relación con los programas INTERREG y URBAN. 
Ahora vamos a tener que debatir, no obstante, con él el tema del ISPA. 
Mi colega Simpson ya se ha referido a esta cuestión. ¿Cómo podemos vincular la preparación de la ampliación con la política de transporte, pero también con la política estructural? 
Este es un tema importante. 
En resumen, yo le pediría, señor Presidente del Consejo de Administración Prodi, que transmita nuestros mejores saludos y nuestro reconocimiento a esos dos colegas, pero también le rogaría que le comunique a otro colega que no estamos satisfechos con él. 
Me refiero al colega Liikanen. 
En efecto, lo que está haciendo en el ámbito de la política de turismo no es aceptable, no corresponde a la cualificación esperada de un miembro del Consejo de Administración. 
Considerando que el turismo emplea actualmente a más personas que el conjunto de la agricultura y que contribuye en mayor proporción que ésta al crecimiento, la actuación del Sr. Liikanen al no presentar nuevos planteamientos estratégicos en materia de política de turismo es una afrenta. 
Señor Presidente de la Comisión, le ruego que le comunique a su colega Liikanen que debe hacer sus deberes. 
¡Necesitamos una buena política de turismo de la Unión! 
Aprovecho esta oportunidad para decir que apruebo el programa en el contexto del plan estratégico quinquenal. 
En especial me gustaría felicitar al Presidente Prodi por haber destacado la cuestión de la buena gestión pública en el proceso general de planificación. 
The Economist de la semana pasada hacía comentarios más bien mordaces acerca de la importancia que se concedía a esta cuestión, pero nos enfrentamos con un enorme desafío al abordar la cuestión de la arquitectura institucional que tenemos que crear de cara al siglo XXI, una arquitectura que tiene que guardar proporción con nuestras responsabilidades y nuestra posición en el mundo. 
Los estallidos de Seattle y de Davos, por ejemplo, no se debían solamente a las cuestiones que se iban a estudiar: eran más bien la reacción de gente y de ciudadanos que trataban de ajustarse a un nuevo conjunto de instituciones y que no sabían muy bien cómo hacerlo. 
Por eso es absolutamente indispensable que abramos los reductos invisibles del sector decisorio de la Unión a los ciudadanos. 
El programa anual me satisface particularmente porque había una omisión en el plan quinquenal: se trata de toda la esfera de la educación, la juventud y la cultura, que no se menciona para nada. 
El volumen de los programas dedicados a esas cuestiones en el programa anual confiere una importancia apropiada a esas esferas porque pueden brindarnos la base sólida que necesitaremos para poder enfrentarnos con los desafíos que nos rodean en la actualidad. 
La configuración de una Europa más grande nos plantea un desafío importante, pero la movilidad en Europa- por ejemplo, la movilidad estudiantil- sigue siendo muy baja. 
Solamente el 2% de los estudiantes que participaban en el antiguo programa Erasmus se benefician actualmente del régimen de movilidad en Europa, y me parece que eso no es suficiente para erigir una nueva economía. 
Estamos entrando en la nueva era tecnológica, y quisiera felicitar una vez más a la Comisión y también a la Presidencia portuguesa por la labor que se ha realizado para abrirnos las puertas de la era tecnológica y de la información. 
También en este caso necesitamos un programa educativo que corresponda a las mejores prácticas de nuestro continente. 
No podemos preparar una serie completa de iniciativas basadas, por ejemplo, en las pequeñas empresas o en la salud "en línea" o lo que sea, sin educar a la gente para que esté familiarizada con esas tecnologías. 
Eso significará probablemente que tendremos que examinar de nuevo nuestros programas docentes para ver si corresponden a los programas que tanto entusiasmo suscitan en nosotros. 
Para acabar quisiera decir que para cuando termine este año habremos iniciado cuatro nuevos programas: Medios informativos, Cultura 2000, Juventud y Sócrates. 
Espero que podamos evaluar la labor realizada en los programas anteriores para cerciorarnos de que no se trata de dar sencillamente una nueva capa de pintura a lo anterior sino de poner en marcha nuevos programas que puedan ofrecernos una ciudadanía europea bien capacitada. 
Señor Presidente, tengo que oponerme con la mayor firmeza posible a la propuesta que se hace en este programa legislativo, para reducir el presupuesto agrícola en 100 millones de euros a fin de poder reconstruir Kosovo. 
No hace falta decir que simpatizo con la idea de reconstruir Kosovo, y aunque me hago cargo perfectamente de que la PAC representa casi la mitad de los gastos totales de la UE, he de oponerme a que se considere al presupuesto agrícola como un pozo del que se puede extraer agua cada vez que otro departamento tiene sed. 
Sé que se ha dado la garantía de que la utilización de esa suma presupuestaria no influirá en ninguna de las obligaciones financieras que ha contraído la Comisión en el marco de la PAC, pero la verdad es que no lo creo. 
No puedo creer que se trate únicamente de un caso único e irrepetible. 
A los agricultores de mi propia circunscripción de Escocia, que están padeciendo la peor recesión en más de 100 años, ¿cómo puedo explicarles que es mejor gastar esos 300 millones de euros en Kosovo? 
En el Reino Unido hay todos los días casos de agricultores que quiebran, el número de suicidios entre los campesinos y los trabajadores agrícolas ha alcanzado niveles sin precedentes, la economía británica rural se halla en una espiral negativa, ¿y tengo que explicarles a todos ellos que esos 300 millones es mejor que los gastemos en Kosovo? 
En las circunstancias actuales sería una locura reducir de esta manera el presupuesto. 
Tendríamos que gastar más para aliviar la crisis en vez de estudiar la posibilidad de gastar menos. 
Insto a los diputados de este Parlamento a que voten en contra de esa propuesta cuando llegue el momento de votar sobre el particular. 
Señor Presidente, después de la reciente digresión sobre el presupuesto de la Unión quisiera volver al tema del Programa legislativo anual. 
Me referiré únicamente a un tema concreto, que es la cuestión de lo que ha sucedido a las iniciativas que el Parlamento adoptó con arreglo al artículo 192 del Tratado de la Comunidad Europea. 
Como sabe muy bien el Sr. Prodi, ese nuevo artículo que fue añadido al Tratado por el Tratado de Maastricht daba al Parlamento el derecho a pedir a la Comisión que presentara propuestas legislativas. 
El último Parlamento ejerció esa nueva responsabilidad en seis ocasiones, pero solamente en una de ellas conseguimos que la Comisión presentara una propuesta legislativa en respuesta a nuestra petición; me estoy refiriendo a las propuestas basadas en el informe de mi colega, el Sr. Rothley, sobre el seguro para las personas que utilizan sus vehículos en otros Estados miembros. 
No hay duda de que es un buen ejemplo, pero ¿qué ha sucedido con las otras cinco? 
Todo parece indicar que la Comisión no ha respondido a ninguna de ellas. 
Es verdad que la Comisión no tiene la obligación de responder, pero lo lógico sería esperar que la Comisión, con espíritu de cooperación con el Parlamento, se ocupase cuidadosamente de esas propuestas y respondiera en la mayor parte de los casos. 
Una sola respuesta frente a seis peticiones es, sencillamente, poco. 
Tenemos ahora una Conferencia Intergubernamental que va a ocuparse nuevamente de los Tratados. 
Tras haberse añadido ese artículo al Tratado de Maastricht no insistimos en que la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam diera al Parlamento un pleno derecho de iniciativa que nos permitiera presentar una propuesta al Consejo sin tener que pasar por la Comisión. 
El artículo 192 representaba una transacción que nos contentaba, pero si se empieza a pensar que esa transacción no da resultados y si se empieza a pensar que no es satisfactoria desde el punto de vista del Parlamento, entonces se ejercerá inevitablemente presión para que el Tratado se enmiende a fin de dar al Parlamento pleno derecho de iniciativa, cosa que la Comisión no desea porque la Comisión concede suma importancia a su monopolio del derecho de iniciativa. 
Permítanme que diga a la Comisión lo siguiente: si no quieren ustedes que ese artículo se enmiende más a fondo, lo que tienen que hacer es asumir con mayor seriedad las responsabilidades que tienen en virtud del texto actual. 
Insto a la Comisión a que en el futuro, cuando el Parlamento formule una propuesta legislativa de esa manera, se ocupe de ella por lo menos en la mayoría de los casos y, mejor aún, en todos. 
Señor Presidente, la Comisión ha presentado un ambicioso programa de trabajo para el año 2000, que no podemos dejar de suscribir plenamente. 
Sin embargo, dicho programa también presenta algunas lagunas lamentables. 
Yo quisiera señalar en particular una de ellas, que ya acaba de mencionar también el colega Jarzembowski. 
En el programa de trabajo yo encuentro a faltar por completo el turismo. 
Éste constituye uno de los sectores económicos más importantes en el marco de la Unión y fuera de las fronteras de la Unión Europea. 
Hace ya mucho tiempo que se nos vienen prometiendo medidas en este ámbito. 
Es urgentemente necesario mejorar el marco de actividad, pero no se está haciendo nada. 
La Comisión no tiene confiadas, no obstante, importantes tareas únicamente en el ámbito legislativo. 
También le corresponde cumplir una función absolutamente central- el colega Poettering ya lo ha señalado- en su calidad de guardiana de los Tratados. 
En este contexto, la Comisión se ha atribuido- con motivo, diría yo- la tarea de vigilar muy especialmente a un Estado miembro. 
En mi calidad de ciudadano de dicho Estado miembro este modo de proceder no me plantea ningún problema. 
Mi país tampoco tendrá problemas para someterse a la observación europea en lo que se refiere al tema de los derechos humanos, de los derechos de los extranjeros y de la política contra el racismo. 
Al contrario: ya demostramos en el pasado que nuestro país posee uno de los mejores historiales en relación con todas estas cuestiones y vamos a seguir manteniéndolo en el futuro. 
Si la Comisión ha de ser la guardiana de los Tratados, señor Presidente de la Comisión, entonces le ruego que lo sea en todos los aspectos. 
La actuación de los Catorce o al menos de algunos dentro de ese grupo también puede vulnerar el Derecho comunitario y éste se ha vulnerado en algunos aspectos en los días y semanas pasados, por ejemplo en relación con el tema de la Capital Cultural Europea 2000, en el contexto de los programas de intercambios escolares de la Unión y en otros ámbitos. 
"Etcétera", tengo escrito aquí; yo espero que las cosas no sigan por ese derrotero. 
Por esto quiero rogar a la Comisión que cumpla su función de guardiana de los Tratados también en este contexto y que se mantenga vigilante. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, les agradezco este serio, concreto y sencillo debate. 
Les ruego tan sólo que consideren mi discurso como parte de un discurso global que estamos llevando a cabo día a día. 
La técnica de los discursos breves elegida por el Parlamento Europeo obliga a considerarlos unitariamente con los discursos hechos ayer, el mes pasado y, repito, del mismo modo que el mes pasado fuimos sintéticos a la hora de presentar las grandes líneas directrices, hoy hemos sido analíticos, ya que el programa anual debe ser analítico. 
De este debate aflora de manera cada vez más clara el papel extraordinariamente importante de nuestra colaboración. 
De hecho, todos los temas que se han abordado esta mañana- la necesidad de una gran coordinación del presupuesto y de la acción común, la necesidad de mantener una posición respecto a la Conferencia Intergubernamental y a las relaciones con el Consejo- exigen una labor conjunta del Parlamento y de la Comisión. 
Por esto es tan importante la manera en que acudiremos a la próxima Conferencia Intergubernamental, porque precisamente en ese foro se establecerán las reglas con las cuales actuaremos en el futuro, dado que no habrá otra Conferencia Intergubernamental inmediatamente después de ésta. 
No podemos celebrarlas continuamente. 
Hoy alguien ha expresado cierta perplejidad frente a la larga lista de asuntos. 
Considero que hoy había llegado el momento de la lista y del análisis. 
No cabe duda de que en esta lista faltan determinados asuntos. 
Muchos de ustedes han estimado justamente que un capítulo que falta es el del turismo que, como se ha dicho, cuenta con un número de agentes mayor que el de la agricultura. 
Cierto que debemos centrar nuestra atención en este aspecto, aunque, como ustedes saben, los poderes de la Comisión en esta materia son muy limitados. 
Con todo, hay muchos temas en la lista cuyos aspectos específicos deberemos debatir en el seno de las comisiones. 
Se ha hecho referencia- lo recuerdo compartiendo la objeción que me ha sido expresada por uno de los diputados aquí presentes- a la seguridad y a la salud de los trabajadores, a la política social, al reforzamiento de la política exterior, a la eliminación de los dramáticos retrasos burocráticos de la Comisión, a los distintos proyectos concretos como GALILEO, a la política regional y a la educación. 
En consecuencia, tenemos una serie de cuestiones que deberemos afrontar mediante un trabajo en común a lo largo de este año. 
De todos modos, tenemos una gran ocasión que, afortunadamente ha sido recordada por muchas Señorías, es decir, la posibilidad de contar con una buena economía durante al menos un período de dos o tres años. 
No podemos hacer más que utilizar esta posibilidad, ya que sus Señorías han puesto de relieve un dramático problema presupuestario. 
Si tomamos en cuenta los discursos hechos hoy en el Parlamento, resulta un análisis preciso pero también despiadado. 
En lo que se refiere a la agricultura, no se puede renunciar a los recursos existentes que se consideran prioritarios para el mantenimiento mínimo de algunas regiones agrícolas, pero, por otra parte, tenemos los compromisos de política exterior como Kosovo y otros y, por lo tanto, existen incompatibilidades en nuestro presupuesto. 
Vamos a paliarlas en parte- como decía el Sr. Elles- con una economía que confiamos en que se desarrolle por encima del 3% anual y que, en consecuencia, facilitará mayores recursos, aunque sabemos muy bien que también estos recursos no bastan para hacer compatibles los programas y los objetivos que se han mencionado en el debate de esta mañana. 
Además, la relación entre el Parlamento y la Comisión se convierte en fundamental a la hora de tomar estas decisiones. 
Éste es el momento de la verdad, éste es el momento en que juntos debemos ver qué nos depara el futuro, esto es, cuáles son los límites del presupuesto, cuáles son las principales decisiones que debemos tomar y cuáles son las grandes iniciativas que hemos de emprender para nuestro futuro. 
Éste es, por un lado, el tema fundamental del que nos ocuparemos en los próximos meses y, por otro, como ustedes han recordado, se planteará el problema de las competencias, de la gobernabilidad, de la constitución europea, es decir, los poderes de los Estados, de las regiones, de los Länder. 
Soy plenamente consciente de este hecho. 
La semana pasada me reuní con los representantes oficiales de los Länder alemanes para debatir esta cuestión y el discurso no fue en absoluto un discurso de descentralización, sino un discurso mucho más profundo. 
Es decir, se habló acerca de cuáles son los niveles de gobernabilidad que debemos tener en Europa y no de temas de descentralización. 
Éste el motivo por el cual he sostenido la necesidad de un Libro Blanco sobre la gobernabilidad. 
Estamos inventando algo nuevo. 
Podrán haber críticas, límites en nuestras acciones, dificultades para avanzar, sin embargo, estamos eliminando la barrera intelectual y experimental de la política. 
Por esto debemos actuar conjuntamente. 
El Libro Blanco sobre la gobernabilidad, por un lado, y los problemas de la compatibilidad presupuestara, por otro, son los dos pilares sobre los cuales debemos desarrollar la acción política común del próximo futuro. 
Lo único que les puedo asegurar es que el método utilizado por la Comisión es un método que parte realmente de una pizarra blanca- no negra- en la que debemos escribir lo que pensamos que será el bien futuro de las Instituciones de las que somos responsables. 
Evidentemente, hemos de ser diligentes en todo esto, ya que no nos debemos limitar a formular grandes proyectos, y conecta con esto la tercera solicitud que me han dirigido en relación con el balance de nuestras acciones. 
Hemos presentado un informe anual sobre las acciones emprendidas y en febrero presentamos el Informe anual sobre las acciones llevadas a cabo en 1999 que queremos profundizar ulteriormente; sin embargo, el mismo ya contiene cada una de las acciones realizadas y nos proponemos actuar también de cara a una mejor información sobre el trabajo en curso. 
Éste es el proyecto de una gran Unión Europea, un proyecto que tiene un objetivo concreto. 
Si no realizamos este proyecto no encontraremos espacio en el nuevo mundo. 
Aquí se ha criticado la globalización, una crítica que estimo inútil, en el sentido de que la globalización está en curso, la dificultad estriba más bien en como queremos llevarla a cabo. 
¿Queremos ser los líderes de esta globalización? 
¿Queremos realizarla responsablemente con respecto a los países subdesarrollados y del Tercer Mundo? 
Creo que ésta es una estrategia realmente importante. 
Por esto, no nos podemos permitir olvidar Seattle, por mejor decir, debemos reanudar el discurso de Seattle, y tenemos que hacerlo enseguida tratando naturalmente, o mejor, teniendo como punto de partida remediar los errores que hicieron fracasar Seattle. 
Se siente la necesidad de una concienciación global en orden a que debemos ocuparnos de todo el mundo, no sólo de nuestro propio interés. 
¡Ay de nosotros si detenemos la globalización! : es la única esperanza para India, para China, para el mundo que debe crecer en esta economía global. 
No podemos pensar en ahogar a estos países en este momento tan delicado. 
Por lo tanto, éste es nuestro gran destino, en el cual nuestra gran tarea es crear una Europa cada vez más capaz de desempeñar un papel. 
Y la ampliación forma parte de todo esto: no es sólo un instrumento para proteger nuestra paz, es un instrumento para definir nuestro papel. 
Y volviendo a la ampliación, la posición de la Comisión es una posición fuerte y valiente, pero también seria y rigurosa, porque las objeciones que se escuchan tienen una doble vertiente: de una parte, el deseo que también es el nuestro de que la ampliación tenga lugar de inmediato; de otra, la gran necesidad de aclarar las consecuencias de la ampliación y los instrumentos de ejecución. 
Cuando decía que debemos realizar la ampliación tranquilizando a la opinión pública de los países candidatos y de los nuestros, sé que mi afirmación no ha sido bien acogida y ha causado perplejidad en algunos países candidatos a la adhesión. 
Sin embargo, lo hago en aras a su seguridad, no sólo en aras a la nuestra, porque si existiera la mínima sospecha de que la ampliación se realiza de forma superficial, se crearía una opinión pública contraria a este gran movimiento histórico, a este gran acontecimiento que caracterizará nuestra acción y que da un sentido moral a la política que estamos construyendo. 
En consecuencia, en el presupuesto, en la ampliación, en la gobernabilidad, debemos tener este gran equilibrio, este sentido de la misión, este sentido de las compatibilidades que guían las acciones de cualesquiera Parlamentos y Gobiernos. 
Señor Presidente, he formulado una pregunta muy actual y muy concreta al Presidente de la Comisión sobre su opinión acerca de la relación entre la libertad de expresión y la obligación de colaborar lealmente con las instituciones. 
Desgraciadamente no se me ha dado una respuesta. 
Se trata de un asunto que actualmente se debate en toda Europa y sería muy interesante escuchar su opinión. 
No, not this time either! 
Muchas gracias, señora Astrid Thors. 
El Presidente de la Comisión ha respondido como le ha parecido oportuno y debemos proseguir con el debate. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Productos de cacao y de chocolate 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común aprobada por el Consejo (9947/1/1999- C5-0252/1999- 1996/0112 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana (ponente: Sr. Lannoye). 
Señor Presidente, en primera lectura el chocolate fue objeto de un vehemente debate. 
Hicimos bien y los resultados no se hicieron esperar. 
Hicimos bien porque la propuesta inicial se centraba únicamente en el mercado interior. 
La calidad del producto aparecía como un asunto meramente secundario, por no hablar de la falta de interés que mostró la Comisión acerca de las obligaciones éticas y jurídicas en relación a los países en desarrollo. 
La discusión no ha sido infructuosa. 
Quien analice seriamente la posición común ha de admitir que la democracia funciona. 
En lugar de quedarnos con los brazos cruzados, nos hemos puesto a enmendar el texto. 
¿Pretenden autorizar otras materias grasas? 
Muy bien, si así ha de ser, así será; ahora bien, nosotros pondremos las condiciones. 
Nosotros solamente queríamos materias grasas tropicales, pues la posición común las enumera de forma limitativa. 
Nosotros queríamos un doble etiquetado, pues la posición común nos lo concede, con la salvedad de que hubiéramos preferido que la indicación complementaria figurase en la cara principal del envase. 
Reclamamos un estudio de impacto. 
Pues bien, dicho estudio se llevará a cabo dos años y medio después de que la directiva realmente haya surtido efecto. 
Reclamamos que la Comisión, llegado el caso, presentase una propuesta de modificación. 
Así se hará y, de ser necesario, nosotros podremos volver a enmendarla. 
No queríamos que se recurriera a la comitología para introducir modificaciones fundamentales y hemos conseguido que se aplique el procedimiento de codecisión. 
También solicitamos métodos de medición más exactos, y creo que, en este sentido, el Centro de Investigación de Ispra ha hecho sus deberes. 
En esta Casa éramos muchos los que no estábamos felices con la propuesta de la Comisión. 
Aunque no hayamos sido capaces de impedir la introducción de materias grasas distintas del cacao, hemos podido condicionar su uso de tal forma que los propios países en vías de desarrollo admitan que el texto, tal y como se presenta ahora, es aceptable y que el chocolate de calidad, o sea, el que solamente contiene cacao, se diferencia claramente de los demás. 
Señor Presidente, como ponente en la sombra del Grupo del PPE me siento orgullosa de que prácticamente todas las enmiendas de la primera lectura, que han ejercido una enorme influencia sobre la posición común, sean el producto de nuestra labor artesanal. 
Por eso mismo, el PPE no ha vuelto a presentar enmiendas, aunque algunos de nuestros colegas respaldarán las enmiendas presentadas por otros diputados, tanto más cuanto que se trata de enmiendas nuestras ya presentadas en primera lectura. 
Incluso cuando al final no se adopte ninguna de estas enmiendas, el resultado es francamente positivo. 
Quisiera concluir mi discurso con la siguiente reflexión. 
En el debate sobre el chocolate se ha mencionado en reiteradas ocasiones la palabra "ética". 
En mi opinión, una conducta ética implica asimismo que cuando esta Casa se apunte un tanto sus miembros se atrevan a decirlo y a resaltarlo. 
Si uno se adjudica un triunfo, debe celebrarlo. 
Estimados colegas, tal vez va siendo hora de que aprendamos también a disfrutar de nuestros logros. 
Señor Presidente, nos ha llevado 25 años llegar a una posición común que constituye una verdadera transacción. 
Es un parlamentario muy dotado, y ha defendido este caso con fuerza y convicción en todo momento, pero está subestimando su propia contribución a este debate, porque lo que él y otros han hecho es lo que nos ha permitido alcanzar una posición que podemos considerar muy acertadamente como posición de transacción. 
Los que no la aceptan y dicen que estamos todavía en una posición de obstrucción total en realidad están admitiendo- lo mismo que los que desean rechazar la posición común en la votación de mañana- que no quieren en absoluto que está directiva se apruebe. 
No quieren que se añadan grasas vegetales en ningún sitio, en ningún Estado miembro, de ninguna manera, a nada que lleve el nombre de chocolate. 
Ésta no es una posición que la mayoría de los Estados miembros o la mayoría de los consumidores de la Unión Europea aceptarían aunque no fuera más que por un minuto, y voy a utilizar el breve período de tiempo de que dispongo para impugnar esa posición. 
Si pasamos de la armonización a un porcentaje cero de grasas vegetales, que es lo que siempre ha sido el argumento utilizado, pasamos a una posición en la que pediremos salvaguardias para los consumidores, para los productores primarios, y esencialmente para las normas que establecemos en la Unión Europea. 
Las enmiendas que se sometieron al examen de la Comisión de Medio Ambiente, excepción hecha de las pocas enmiendas que se aprobaron, eran enmiendas destructivas. 
Su finalidad era aplazar, durante la vida de este Parlamento y la vida de esta Comisión, toda resolución sobre el particular, y eso no es aceptable. 
Pedían que se efectuaran estudios sobre las repercusiones que se aplicarían antes de que la propia directiva estuviera en vigor, así como toda clase de etiquetas adicionales además y por encima del doble etiquetado del paquete que se ofrece a los consumidores. 
Mi Grupo apoya la posición común con algunas excepciones, que se expondrán durante el debate. 
Estimamos que la directiva es buena para los consumidores. 
Los consumidores obtienen un mayor surtido de productos y un etiquetado separado y distintivo. 
Es buena para los fabricantes de todas las grasas vegetales, e incluyo entre ellas a la manteca de cacao. 
La manteca de cacao es el componente predominante en todas las formas de chocolate, y seguirá siéndolo, también para los que hayan producido grasas vegetales naturales, de las cuales existe una lista específica que sólo se puede modificar con el asesoramiento y el consentimiento de este Parlamento. 
Si yo viniera de Burkina Faso o de Malí o de alguno de los países que producen beurre de karité y se me dijera que las cooperativas de mujeres que recogen las cápsulas, que constituyen una parte considerable de sus exportaciones a Europa, van a quedar sin trabajo o se van a ver en peligro porque se las considera como partidarias de las multinacionales, no hace falta decir que me enfadaría, y mucho. 
Sólo tengo tiempo de referirme a una última cuestión: la de los fabricantes de chocolate de calidad que siguen los métodos especializados que les vemos utilizar en Bélgica y en otros países. 
La calidad se defiende por sí misma. 
Pueden poner ustedes más etiquetas, si quieren. 
Personas como yo seguirán comiendo chocolate pero lo que queremos es que la gente disponga del surtido más amplio posible de todos los productos, lo que aumentará las importaciones de cacao y de las grasas vegetales añadidas en la Unión Europea. 
Señor Presidente, al ciudadano de a pie que se entere del presente debate sobre la directiva del chocolate se le hace la boca agua sólo con pensar en el placer y el gusto que le causan todas estas exquisiteces, porque, desafortunadamente, el chocolate se considera un estimulante. 
Aun siendo nuevo en esta Casa acuso el cansancio que ha producido este largo debate y no puedo evitar la sensación de que el chocolate no haya sido precisamente una fuente de placer para este Parlamento. 
Hoy este calvario llega a su término. 
Son muchos los que tienen interés en este debate. 
Están los productores de cacao, los productores de aceites vegetales, las organizaciones no gubernamentales, los productores de chocolate y otros muchos. 
Todos son interesantes, pero, en mi opinión, lo más interesante es el consumidor. 
El principio más interesante es, a mi modo de ver, el de la libre elección del consumidor. 
El Parlamento Europeo no puede y no debe imponer un eurogusto armonizado. 
En consecuencia, por nosotros no hace falta que en la cara principal de los envases del chocolate figuren advertencias en fluorescentes letras de neón. 
No se trata de cigarrillos. 
Obviamente, hay otros intereses que hemos de tener en cuenta. 
Así, por ejemplo, debemos prestar atención a la situación precaria de los países que aportan las materias primas para el chocolate. 
Pero aquí también hemos de andar con pies de plomo, puesto que nos hallamos ante intereses encontrados. 
En tanto que Costa de Marfil exporta cacao, otras materias primas concurrentes proceden de Malí y Burkina Faso, entre otros países. 
La posición común del Consejo, tal y como la tenemos delante ahora, tiene por objeto lograr un equilibrio entre todos estos intereses. 
Aunque, a nuestro modo de ver, algunos aspectos son susceptibles de mejora, lo positivo de este compromiso es que ninguno de los implicados se haya salido con la suya. 
No hay ganadores, pero tampoco hay perdedores. 
La mayoría del Grupo Liberal no tiene reparo en respetar ese equilibrio inestable. 
En otras palabras, respaldamos la posición común y estimamos que la directiva ha de adoptarse lo antes posible. 
Pasemos al orden del día y dejemos el chocolate para lo que sirve, o sea, para disfrutar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como no podemos rechazar la directiva sobre el chocolate, que, en el estado actual, es inaceptable, el Parlamento debe, por lo menos, mejorarla. 
En primer término, debemos interrogarnos sobre la pertinencia de esta directiva que modificará la definición del chocolate. 
El Parlamento Europeo debe saber que el codex alimentarius, que establece la composición del chocolate en el plano internacional, indica que éste se fabrica a partir de manteca de cacao. 
Por consiguiente, ¿con qué derecho la Unión Europea, habida cuenta de las tradiciones alimentarias de algunos Estados miembros que denominan, erróneamente, "chocolate" unos productos que incorporan grasas vegetales diferentes a la manteca de cacao, podría imponer la modificación de la propia definición del chocolate? 
Si hoy se permite añadir un 5% de materias o grasas vegetales diferentes al cacao, el Parlamento Europeo abriría la vía para muchas otras suplantaciones ¿Por qué no llamamos aceite de oliva a algo que lleve aceite de palma? 
En segundo término, si el texto de la posición común no se cambia, el consumidor va a necesitar una lupa para ver la composición del chocolate. 
Por eso pido a mis colegas que voten positivamente las enmiendas que permitirán que el consumidor note de inmediato la diferencia entre el verdadero chocolate y el chocolate enriquecido con grasas vegetales diferentes a la manteca de cacao. 
Finalmente, nosotros, países productores, que hoy sabemos que el precio del cacao está muy bajo, corremos el riesgo de que mañana, a causa de una posición, se hunda. 
Para evitar el caos a los países productores, el Parlamento Europeo debe realizar una evaluación del impacto en la situación de las exportaciones. 
Por eso les pido que apoyen todas las enmiendas presentadas por los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los conocedores lo saben, un buen chocolate es el que está elaborado con manteca de cacao. 
Cualquier añadido de otras materias grasas altera su sabor. 
Con el fin de mantener esta calidad, la directiva de 1973 prohibía la utilización de materias vegetales diferentes a la manteca de cacao. 
Con la entrada de nuevos países a la Unión Europea, se han aplicado excepciones a esta prohibición estricta. 
En nombre de la libre circulación de mercancías, era necesario efectuar una armonización. 
La Comisión podía entonces optar por reajustar el estándar europeo hacia arriba y ampliar la prohibición a todos los Estados miembros. 
Pero debido a la presión de firmas multinacionales que querían disminuir sus costes de producción, la Comisión propuso, en abril de 1996, una directiva que autorizaba un añadido mínimo de materias grasas vegetales. 
En su primera lectura, el Parlamento puso en marcha un proceso peligroso que supone aceptar la directiva con algunas condiciones. 
El Consejo aprovechó el precedente y aprobó su posición común, que reconoce la denominación "chocolate" incluso con la incorporación de otras materias grasas vegetales. 
Se trata nuevamente de la victoria de los intereses de unos pocos a costa de la calidad para todos. 
Pero el Parlamento, en segunda lectura, puede acabar con esta directiva cuya aplicación tendría graves repercusiones. 
Consumidores y artesanos chocolateros sufrirían las consecuencias de una disminución de la calidad y de una nivelación hacia abajo. 
Los países ACP productores de cacao, por su parte, conocerían una reducción importante de sus mercados y de sus ingresos. 
Solamente para Côte d´Ivoire ello supondría más de 300 millones de dólares. 
Demás está decir que están muy preocupados. 
Atento a los intereses del consumidor y de los países ACP, mi Grupo, mayoritariamente, es favorable, pues, a la prohibición de materias grasas vegetales, a fin de defender la autenticidad y la calidad del verdadero chocolate. 
Por eso hemos presentado una propuesta de rechazo de la posición común del Consejo. 
Los artesanos chocolateros vinieron al Parlamento para alertar a los diputados en el período parcial de sesiones de enero de Estrasburgo. 
Hago un llamamiento a todas aquellas y a todos aquellos que demostraron su solidaridad, para que apoyen nuestra propuesta de rechazo. 
Señor Presidente, la protección del consumidor es nuestra principal preocupación. 
También lo es el objetivo de la directiva sobre la producción y la comercialización del chocolate. 
La Unión debe trazar el camino de la simplificación, de la confianza, de la autenticidad y del respeto de las diferencias. 
Desde 1973, la legislación europea establece que la denominación "chocolate" debe asignarse a los productos que sólo contienen cacao o manteca de cacao. 
Algunos Estados se benefician de una excepción a este principio desde su adhesión. 
Muy bien, que cada uno sea el rey de su tableta de chocolate en su país. 
Yo quiero comprar en mi tienda, en Reims, chocolate fabricado según las tradiciones gastronómicas de mi país, sin tener que mirar todas las caras del envase del producto y sin tener que ponerme las gafas para asegurarme de su calidad. 
Naturalmente, este frenesí por el etiquetado es necesario, puesto que ya se ha perdido la confianza. 
Pero, Señorías, si renuncian a una determinada definición del chocolate, deben hacerlo clara y visiblemente. 
Por eso les pido que apoyen las enmiendas 29 y 18. 
Es cierto que los gustos son de orden cultural. 
Si ceden al compromiso, entrará en nuestro territorio, con la denominación "chocolate", un alimento que para nosotros no es tal. 
Nosotros defendemos una concepción auténtica del chocolate. 
La manteca de cacao constituye la esencia del chocolate. 
Respetemos la garantía del sabor. 
No basta con publicar un Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria, para tranquilizar al consumidor. 
Los artesanos y las pequeñas empresas no tienen por qué inventar una manera de promocionar su savoir faire o de marcar sus diferencias valiéndose de una indicación del tipo "chocolate puro" o "manteca de cacao pura". 
Si cambiamos la definición del chocolate castigaremos a todo el sector de los artesanos y a las PYMES. 
Esta votación de hoy es simbólica. 
Debemos favorecer la información del consumidor y los intereses de los países africanos, productores de cacao, asociados a Europa por el Convenio de Lomé. 
¿Acaso en el reino de la absurdidad no se programa un estudio para valorar el impacto en su economía, tras algunos años de aplicación de una directiva? 
Para contentar a las multinacionales, el consumidor debería entonces complicarse la vida, las etiquetas deberían ser creativas y restablecer la confianza, los artesanos deberían crear un sello "calidad chocolate", los países exportadores de cacao deberían adaptarse... ¡Y ustedes nos hablan de una Europa próxima al ciudadano, generosa, transparente y respetuosa de la diversidad de las culturas! 
No queremos su chocolate fruto de un compromiso, conocemos demasiado bien la receta federalista. 
La armonía culinaria entre los pueblos es difícil, refleja demasiado bien, con demasiada exactitud, nuestras diferencias, lo que se opone a una armonización en todas las direcciones. 
Sepan, Señorías, que no lograremos que se ame a Europa haciéndola insípida. 
Señor Presidente, durante siglos, las vacas comían hierba y el chocolate se fabricaba con cacao. 
Luego, hace algunos años, el Reino Unido, que ha aportado a la humanidad la carne con mermelada, los hooligans y a Adam Smith, empezó a alimentar las vacas con reses muertas y a fabricar cacao sin chocolate. 
Estas aberraciones no tendrían que haber salido de las Islas Británicas, pero la supresión de fronteras ha permitido la circulación del chocolate adulterado. 
Hasta el punto que hoy, en siete de quince países, el consumidor ignora que come chocolate adulterado, incluso en el Austria del Sr. Haider y en el Portugal del Sr. Guterres. 
Para tranquilizarnos se nos dice que la imitación del cacao se limitará a seis productos tropicales: el illipsé de Borneo, la mantequilla de karité- con la que también se fabrican aceites para motores de aviones -, etcétera. 
Pero, de directivas en enmiendas, los seis productos se convertirán en siete, ocho, nueve, hasta que se utilice la soja, la colza y los OMG. 
Se nos asegura asimismo que el fraude del cacao se limitará al 5%... para empezar, luego al 10%, sin tener en cuenta que no se efectuarán controles, del mismo modo que tampoco se controlan, por ejemplo, las cajas de plátanos Chiquita, que deben pesar 18 Kg, y que, en realidad, pesan veinte. 
Por otra parte, los controles no sirven de nada, ya que se nos dice que el margen de error es del 1%, cuando los científicos afirman que éste es del 40%. 
Se nos dice, sobre todo: "Comed, bebed sin miedo, una etiqueta nos protege". 
Pero la etiqueta es una impostura gráfica, ya que es ilegible, y una hipocresía científica, puesto que, por ejemplo, la mención "aceite de palma" pasará desapercibida en una extensa lista de ingredientes. 
Ocurre como con el oporto: no se nos dice "imitación de Sudáfrica"; con respecto al cacao no se nos dirá: "imitación". 
Por consiguiente, a falta de argumentos para justificar el fraude del chocolate, las multinacionales afirman: "Debe aceptarse el 5%, de lo contrario, el fraude será completo". 
¿Y qué? 
Basta con que el producto se denomine "karitelate" si es karité, "sojalate" si es soja, pero no "chocolate". 
Es menester que las 388.000 toneladas de chocolate francés, por ejemplo, se fabriquen con cacao, y que los artesanos cobren los 19 millardos de francos del volumen de negocio francés. 
Se trata de una obligación jurídica frente a Côte d´Ivoire, a los agricultores africanos. 
Con respecto al cacao, estamos obligados por el Convenio de Lomé y por el Convenio sobre los productos de base, suscritos por la Unión Europea. 
Se trata, además, de una obligación financiera: si no la respetamos, estaremos obligados, en virtud del sistema "Stabex", a compensar las pérdidas de estos países. 
Se trata de una obligación en materia de salud y de seguridad alimentaria, ya que los productos sustitutivos del cacao, como la nuez del Brasil, pueden crear patologías inmunológicas. 
Se trata, finalmente, de una cuestión de veracidad, de una cuestión moral. 
Hay que acabar con la mentira generalizada, porque se empieza con el chocolate falso y se termina con una Comisión Europea falsa, cuyos miembros son organismos modificados "norteamericanamente", y cuya bandera es un pabellón de conveniencia que esconde una mercancía internacional. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los organismos modificados genéticamente y las "vacas locas" no han bastado para detener el entusiasmo de los manipuladores alimentarios. 
Las personas continúan jugando al aprendiz de brujo, burlándose de la seguridad alimentaria. 
He aquí- "lobbying industrial obliga" -el chocolate con un añadido de materias grasas vegetales. 
Su contenido en cacao disminuirá un 15%, pero seguirá llamándose chocolate. 
Todo el problema radica en ello. 
Una falta de transparencia evidente, a pesar de que distinguimos la mantequilla de la margarina. 
Al dorso del producto figurará una inscripción poco visible, en caracteres pequeños, que indicará su nueva composición. 
Se trata de una alteración de la calidad, ciertamente, pero también del sabor, de un engaño evidente respecto a la mercancía. 
Este sucedáneo, este chocolate falso, supone una competencia desleal, ya que será más barato que el chocolate puro elaborado artesanalmente, que respeta la autenticidad, la ética y la tradición. 
Pero existen grandes ganancias en perspectiva para la multinacionales, que desde hace unos quince años se mueven en los pasillos para lograr que las excepciones obtenidas al capricho de las sucesivas adhesiones a la Unión se conviertan en regla general. 
En cambio, los artesanos chocolateros y los países en desarrollo productores de cacao, a los que se piensa seriamente compensar, están preocupados. 
Finalmente, un problema de capital importancia: si bien hoy sabemos detectar las materias grasas vegetales en el chocolate, no podemos, en cambio, ni identificarlas ni cuantificarlas. 
Por lo tanto, no existe ningún tipo de trazabilidad, y se trata de una puerta abierta a todo tipo de abusos. 
En nuestra opinión, es conveniente prohibir que se llame "chocolate" a cualquier producto que contenga ingredientes distintos que el azúcar y el cacao. 
No se debe engañar al consumidor llamando chocolate a otra cosa. 
Europa no debe convertirse en cómplice de una trampa, de una manipulación alimentaria, cuando la seguridad alimentaria constituye una de sus prioridades. 
Europa no debe nivelar hacia abajo; debe velar por la calidad de los productos y por la salud del consumidor. 
Basándonos en estos principios, no podemos avalar los objetivos de esta directiva. 
El hecho de rechazarla constituiría una señal importante para los ciudadanos, una actitud responsable para el Parlamento. 
Este es el contenido de nuestra enmienda; de lo contrario: ¿para cuándo el vino sin uvas y la mantequilla sin crema? 
Señor Presidente, Señorías, en general se atribuye al chocolate el efecto de provocar momentos felices y contribuir al equilibrio de las personas. 
La directiva sobre el chocolate constituye una enorme excepción en este sentido, en el Parlamento y en la Unión Europea; es un tema polémico y desencadena emociones, como hemos podido comprobar muy bien hoy aquí. 
El Sr. Matt ha hablado de un calvario y efectivamente lo ha sido. 
Ahora es preciso que se acabe este calvario. 
Sin embargo, la cuestión es en realidad muy sencilla. 
Siempre se habla de lo que podría ocurrir. 
Dentro del Mercado Único europeo tenemos dos mercados del chocolate. 
Para repetirlo una vez más con toda claridad: ya hay chocolate que contiene el discutido 5% de otras materias grasas vegetales y países en los que esta prohibida la adición de dichas materias grasas, excepto la manteca de cacao. 
Desde el punto de vista de los participantes en el mercado, o sea, de los consumidores, en este mercado existe confusión e inseguridad jurídica. 
¡Es preciso acabar con ellas! 
No se trata de ir en contra o a favor de los intereses de las multinacionales, señor Lannoye. 
Yo he hablado con empresas de tamaño medio y se alegrarán cuando por fin entre en vigor esta directiva. 
Siempre hemos planteado este requisito. 
El Parlamento señaló que se requería un procedimiento de control. 
El Centro Común de Investigación de Ispra ha certificado que este procedimiento existe. 
Tampoco controlamos las manzanas de cultivo ecológico en el mercado, sino en el lugar donde se producen. 
Por lo tanto, yo considero que se puede hacer lo mismo en el caso del chocolate. 
En el debate también ha tenido, evidentemente, mucho peso en todo momento el tema de las consecuencias en los países en desarrollo. 
Sobre esta cuestión, existe una carta abierta en la que se dice que la directiva sobre el chocolate es el último clavo en el ataúd de 11 millones de habitantes del África occidental. 
¡Semejante distorsión de la realidad y dramatización del debate me parece una enorme irresponsabilidad! 
En efecto, es evidente que pedimos la lista porque esta petición procede de los países en desarrollo. 
En realidad, es de prever que esto incluso reporte ventajas a los países en desarrollo. 
Yo me congratulo de que la posición común haya conseguido un apoyo mayoritario. 
Concedamos al consumidor la oportunidad de elegir y al mercado interior del chocolate, una mayor variedad unida a la seguridad jurídica, rechazando las enmiendas y votando afirmativamente la posición común. 
Señor Presidente, estimados colegas, la posición común relativa a la directiva del chocolate se refiere a una directiva- y para esta ocasión citaré literalmente al grupo de presión de la industria chocolatera- que crea un verdadero mercado único para productos de chocolate, respetando las tradiciones chocolateras nacionales, que proporciona toda la información necesaria a los consumidores y que protege los intereses de los países en desarrollo. 
¿Es eso realmente así? 
Empezaré por la información que se facilita al consumidor. 
La propia Comisión ha admitido que no existe un método de detección suficientemente fiable. 
Hay un margen de error del 2%. 
Tomando como punto de partida un 5% este margen se incrementa incluso en un 50%. 
Me parece inaceptable. 
Además, el control varía según el tipo de chocolate y la información que desee proporcionar el productor. 
Al introducir una directiva cuya aplicación no se puede controlar debidamente no nos tomamos en serio a nosotros mismos, pero sobre todo no tomamos en serio al consumidor. 
Pasemos ahora a los intereses del Tercer Mundo. Me preocupa realmente que tanto los partidarios como los detractores de la posición común aduzcan este argumento una y otra vez. 
Los unos sostienen que redundará en beneficio de los países del Tercer Mundo y los otros advierten que perjudicará a más de un millón de agricultores en el África Occidental. 
¿Qué hay ahora y qué habrá en el futuro? 
¿Tan difícil es averiguarlo y controlarlo previamente? ¿Tan difícil es verificar cuál será por ejemplo el efecto de esta directiva sobre la exportación y el desarrollo sostenible de los países productores de cacao? 
Estimados colegas, no puedo por menos que decir una última cosa. 
Sin razón o con ella se está diciendo que este Parlamento no puede aceptar ninguna enmienda a fin de no hacer peligrar este delicado compromiso. 
Pues bien, si eso es así y si eso sirve como argumento, apaga y vámonos. 
Toda posición común constituye un equilibrio delicado entre intereses nacionales, condiciones ecológicas y ponderaciones sociales. 
También en este expediente el Parlamento Europeo ha de desempeñar el papel que le corresponde. Por tanto, debe procurar que la posición común se enmiende en algunos puntos, convirtiéndola en una directiva beneficiosa para los consumidores y el Tercer Mundo. 
Señor Presidente, uno de los placeres que nos ofrece una visita a Bélgica y a Francia es el placer de comer el chocolate de esos países. 
Es un chocolate exquisito, aunque a millones de personas de Europa les gusta también el chocolate británico. 
Ni unas ni otro experimentan ningún perjuicio en este proceso de elección. 
Sea cual fuere el contenido, al consumidor le encanta denominar chocolate a ese producto. 
Es absurdo que estemos jugando a juegos de semántica acerca de la definición de una palabra. 
Los ciudadanos que representamos no tienen un pelo de tontos. 
Saben cuáles son las diferencias que hay entre diversas variedades de chocolate, y hay que permitirles que se decidan por la que prefieran. 
Estoy completamente seguro de que este compromiso nos ayudará a ampliar el mercado global. 
Lo triste es que ninguno de nosotros, belgas, franceses o británicos, estemos pagando a los cultivadores de cacao un precio justo por sus esfuerzos; el contraste entre nuestro placer cuando comemos este producto de lujo y su pobreza es, sencillamente, una vergüenza. 
Señor Presidente, represento a una minoría de diputados del Grupo GUE/NGL en este asunto. 
Opino que esta directiva realmente es innecesaria, que no se necesita. 
No creo que haya ningún problema para que los países miembros tengan normas diferentes sobre el chocolate. 
No existe en esta materia necesidad de armonizar en el ámbito comunitario, pudiendo mantenerse el antiguo sistema. 
Si se va a armonizar, parece que el Consejo de Ministros se ha decidido a ello, es mejor permitir un contenido de hasta cinco por ciento de las grasas vegetales diferentes de la manteca de cacao. 
Así se pueden mantener ambas clases de chocolate, pudiendo elegirse la compra según el gusto individual o la tradición nacional. 
La alternativa de prohibición de las grasas vegetales implica también la prohibición de un gran número de productos que la gente está acostumbrada a comer y que le gusta. 
Creo que es totalmente innecesario en este caso. 
Sin embargo, es importante que el chocolate esté etiquetado de manera clara, lo que me parece que se contempla en la propuesta, ya que como consumidor se pueden elegir los productos que realmente se quiere comprar y comer. 
Tampoco es seguro que se beneficie al Tercer Mundo con una prohibición de aditivos de otras grasas vegetales. 
En parte, se va a perjudicar a otras grasas tropicales como, por ejemplo, la manteca del árbol del sebo, lo que va a afectar a determinados países. 
En parte, es probable que disminuya el mercado total de los chocolates y, consecuentemente, también el consumo de manteca de cacao. 
Mi conclusión es que lo que más me gustaría sería que se mantuviese el sistema antiguo con reglas diferentes en los distintos países. 
Ya que no va a ser así, opino, no obstante, que la posición común es aceptable. 
Señor Presidente, tengo la impresión de que estamos alcanzando por fin un compromiso positivo en el caso de la directiva sobre cacao y productos de chocolate, sobre todo gracias a los esfuerzos del Sr. Lannoye. 
Respaldo sin problemas la obligación de que el etiquetado sea claro. 
Significa una información adecuada para los consumidores y puesto que algunos países hasta ahora sólo conocían el chocolate en el que se emplea la manteca de cacao como grasa vegetal, puede ser relevante para los consumidores de estos países enterarse de que se ha empleado otra grasa vegetal. 
No obstante, pienso que ni se puede ni se debe indicar que el chocolate que emplea, por ejemplo, semillas de karité como grasa vegetal sea de menor calidad que el chocolate en el que la grasa es manteca de cacao. 
No existe absolutamente ningún criterio que lo justifique y el Consejo con toda la razón deja en manos de los consumidores juzgar sobre la calidad. 
No hemos de olvidar que las semillas de karité constituyen una base de subsistencia igual de importante para los países que las exportan como el cacao para los países exportadores de cacao. 
De ahí que un próximo análisis del efecto de esta directiva sobre la exportación de los países en vías de desarrollo deba incluir tanto el cacao como las semillas de karité. 
La cuestión de mayor importancia es, en mi opinión, que la grasa vegetal empleada en el chocolate no pueda ser modificada con ayuda de modificaciones genéticas ni enzimáticas. 
Tal prohibición constituye la única garantía que podemos dar a los países en vías de desarrollo de que podrán seguir exportando los productos que producen de forma natural. 
Señor Presidente, señora Comisaria, es sabido que el chocolate puro de manteca de cacao es un euforizante. 
No ocurre lo mismo con esta directiva, que en absoluto necesitábamos. 
Tampoco ocurre lo mismo con ese chocolate adulterado con grasas vegetales recomendado por el Consejo, que no ha seguido, lamentablemente, las recomendaciones del Parlamento Europeo, en primera lectura. 
Habría mucho que decir sobre la actitud de algunas delegaciones en el seno de este Consejo. 
Hoy el consumidor está cansado de que le engañen. 
¿Qué propone el Consejo para remediarlo? 
Una información imprecisa, casi ilegible, escondida en la cara posterior del envase del producto. 
Esto no es lo que pedimos. 
El consumidor no podrá elegir sabiendo lo que se hace. 
Nosotros queremos una información clara, bien elaborada, que aparezca en la cara principal del envase del producto. 
Esto es lo que habíamos logrado en el Parlamento Europeo en la primera lectura. 
Sabemos que el coste de las materias grasas que pueden sustituir el cacao es menos elevado. 
Por eso la gran industria se muestra favorable a su utilización. 
Hacer que todo sea siempre más barato: ¿esto es promocionar Europa? 
¡Hoy poco importa el consumidor, poco importa su paladar, poco importa la opinión pública, que pide siempre mayor transparencia! 
¿Quién puede hoy pretender controlar el famoso 5% de las grasas vegetales que sustituyen la manteca de cacao pura? 
Nadie. 
¿Qué hacer, entonces? 
Confiemos en nuestras PYMES de artesanos chocolateros, que deberán trabajar con un sello de calidad. 
Eso es lo que pide el consumidor. 
Y sobre todo, apoyemos a nuestro ponente, el Sr. Lannoye. 
Muchas gracias, señora Grossetête. 
Bienvenida 
Señorías, antes de proseguir, permítanme dar, en nombre de todos, la bienvenida entre nosotros al Sr. Herman de Croo, Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Bélgica, así como a una delegación del Comité Federal Consultivo para las cuestiones europeas, que también preside el Sr. Herman De Croo. 
No quiero dejar de recordar en este momento la gran calidad y la constancia de las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de Bélgica, que, gracias al compromiso mayoritario de nuestros colegas belgas en pro de la causa europea, siempre han sido mucho más que simples relaciones de buena vecindad y constituyen un deber común en gran medida compartido. 
En vísperas de la Conferencia Intergubernamental, así como con ocasión de los trabajos de la convención encargada de elaborar la Carta Europea de los Derechos Humanos, no podemos por menos de desear que las relaciones entre el Parlamento de Bélgica y nuestra institución sigan teniendo un valor ejemplar. 
Todos nos esforzaremos por que la visita del Sr. Herman De Croo y sus colegas tenga el mayor de los éxitos. 
Productos de cacao y de chocolate (continuación) 
Señor Presidente, señor De Croo, Señorías, tras 25 años de debate, estamos nuevamente aquí reunidos para discutir sobre el chocolate, una palabra con tanto sabor y, sin embargo, un asunto tan polémico. 
Se trata de armonizar, de sabor, de costumbre, casi de cultura. 
En resumen, el chocolate divide, y las divergencias no son ideológicas, ni siquiera nacionales, a pesar de que algunos puedan pensarlo. 
¿Qué contenido ideológico, les pregunto, tiene el hecho de defender los países productores de cacao? 
Estamos situados en el terreno de la ética. 
Desde un punto de vista social, hablamos de millones de familias que viven de la producción de cacao. 
Hemos asumido compromisos formales a este respecto. 
¿Por qué, entonces, todo este tiempo transcurrido? 
Sesenta y seis meses para efectuar un estudio para evaluar el impacto de esta directiva: dicho período será suficiente para causar daños irreparables a las estructuras de exportación de estos países. 
Es evidente que dicho impacto debe conocerse previamente. 
Por otro lado, si hay que efectuar alguna armonización- frente a un consumidor que es más exigente que nunca en relación con la calidad de lo que come, y que, dicho sea de paso, no ha pedido nada ni tiene absolutamente nada que ganar con este asunto -, lo mínimo, en mi opinión, sería calificar "chocolate de calidad" o con cualquier otro sello de calidad superior sólo al chocolate 100% cacao, el verdadero chocolate. 
Cualquier otro tipo de armonización aplicaría la nivelación hacia debajo, y no es esta la Europa que desea el consumidor. 
Señor Presidente, las normativas son útiles cuando están destinadas a proteger a las personas contra el poder del dinero, contra los riesgos para la salud y contra la pobreza. 
Pues bien, si la Unión Europea adopta una normativa relativa a la producción de chocolate, ésta ha de garantizar la protección de los productores de cacao en el Tercer Mundo, concretamente en África. 
Las normativas desempeñan otro papel importante. Deben proteger a los consumidores contra las manipulaciones genéticas y la adición de sustancias inesperadas. 
Por último, las normativas garantizan la protección de los profesionales en Europa. 
Ahora bien, lo que se avecina aquí no se corresponde en nada con los objetivos anteriores. 
¿Realmente ha de tener toda la preferencia el libre comercio? 
Tal vez sea ésta la solución que mejor concuerde con el desarrollo que experimenta la Unión Europea en este momento. 
Se trata del desarrollo de un proyecto de socialdemócratas y democristianos encaminado a la adopción de medidas de protección en el marco de una economía lo más liberalizada posible en la que todo está permitido, en la que se fomenta la competencia y en la que la libre elección del consumidor es sagrada. 
El precio que hay que pagar por esto es demasiado alto, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes acaban pagándolo son los agricultores africanos. 
Aprecio los esfuerzos del Sr. Lannoye por conseguir que se cause el menor daño posible, pero, en todo caso, lo mejor sería que se mantuviera al cien por cien la protección actual contra el uso de productos distintos a la manteca de cacao. 
Los diputados han recibido diversos documentos antes de este debate, y me gustaría destacar uno del ponente en el que dice que los únicos beneficiarios de la entrada en vigor del texto propuesto por el Consejo serán las multinacionales del chocolate. 
Respeto en lo que cabe el compromiso del ponente respecto de su propia causa, pero sugiero al Parlamento que lo que ha dicho es absurdo. 
Ésta no es una cuestión que interese solamente a las grandes empresas: es una cuestión de gran interés para los pequeños consumidores, que son millones en toda la Unión Europea y que desean y merecen tener derecho a escoger, sin que al producto se le ponga una etiqueta peyorativa. 
El Sr. Lannoye dice que ha dado marcha atrás y volverá a presentar alguna de las enmiendas originales. 
Me parece que éste no es el momento de dar marcha atrás: es el momento de dar marcha adelante, adelante con decisión. 
Se trata de una cuestión referente al mercado único; este Parlamento no tiene que estar mirando a ver si se completa el mercado único, lo que tiene que hacer es promoverlo activamente. 
Quizá le interese al Parlamento una breve cita histórica acerca de mi propio país: la primera vez que se mencionó la venta de chocolate sólido en el Reino Unido fue en 1657, cuando un francés abrió una tienda en Londres. 
O sea que en 1657 era legal que un francés vendiera su chocolate en Londres, y eso me anima a sugerir al Parlamento que, 350 años más tarde, debería ser no menos legal que un inglés, o cualquier otro nacional de la UE, pudiera vender su chocolate en cualquier país de la UE, incluido el país del ponente. 
Señor Presidente, 25 años de discusión sobre el ser o no ser del chocolate y sobre su definición ponen en ridículo a la Unión Europea. 
Conocí como niña los horrores de la guerra y este debate me da una idea de cómo eran esos tiempos en que los pueblos de Europa se mataban entre sí por símbolos mayores que el chocolate. 
Sin embargo, no se trata de un producto nocivo para la salud. 
No son peligrosos los chocolates escandinavos, ni los belgas ni los ingleses. 
No se trata de un producto que afecte al medio ambiente de manera especial. 
¡Por eso todo esto es ridículo! 
En cuanto a los países en desarrollo, quiero decir que si los británicos, los escandinavos y otros no pueden comer los chocolates que comían cuando niños, seguramente los sábados por la tarde comerán en cambio marshmallows o gominolas. 
¿Qué ha ganado entonces el Tercer Mundo? 
Señor Presidente, en el Parlamento Europeo no nos corresponde sostener que hay un chocolate mejor que otro. 
Tampoco cabe decir que hay un chocolate que tiene mejor sabor que otro. 
Debemos dejar que los consumidores juzguen qué chocolate es el mejor y el más agradable. 
Las elecciones de los consumidores son el fundamento de la economía de mercado y los políticos no debemos ejercer de tutores. 
Dom Mintoff, ex Primer Ministro de Malta, trató de disminuir en 1970 las importaciones de chocolate y de modificar los hábitos de consumo de los malteses y de los turistas. 
Se construyó en la isla una fábrica de chocolate con ayuda china, pero a los consumidores no les gustó el chocolate que se producía allí y bajó el consumo. 
Si encaminamos el desarrollo hacia una tradición chocolatera única dentro de la UE, los países productores de cacao correrán el riesgo de salir como perdedores, ya que existe un grave riesgo de que disminuya considerablemente el consumo total de chocolate en la UE. 
Por eso, no incurramos en el mismo error que Dom Mintoff. 
La propuesta de que ciertos chocolates contengan información sobre sus ingredientes en la parte anterior del envoltorio, es discriminatoria y totalmente injustificada. 
Sería como los textos de advertencia de los paquetes de cigarrillos. 
Señor Presidente, la guerra del chocolate ha durado 25 años en la UE. 
Nos ha puesto en ridículo a los políticos y a la UE como institución. 
En el futuro, en una sociedad plural, tendrá que haber espacio para dos tradiciones chocolateras. 
Ahora tenemos la oportunidad de dar por terminados los 25 años de guerra europea del chocolate de manera honrosa para todas las partes. 
Por este motivo, debemos seguir the common position en todas sus partes. 
Señor Presidente, yo soy belga y, pese a ello, no estoy en contra de la posición común. 
Obviamente, no le daría mi visto bueno si el chocolate que a mí me gusta estuviera en peligro o si la tradición de los transformadores belgas de chocolate saliera perjudicada. 
Esta mañana he comprado un tableta de chocolate aquí en Estrasburgo y el francés que me ha vendido esa tableta me ha explicado claramente lo que he comprado. 
En la cara principal del producto figura "Prestige noir intense, 72% de cacao" y en letras doradas, lo cual ciertamente no es muy habitual en Francia, "chocolat belge". Por tanto, sé lo que he comprado. 
Creo que con la futura directiva los fabricantes de chocolate de calidad incluso verán aumentar sus posibilidades de desmarcarse en sentido positivo de los demás si así lo desean. 
Hay, sin embargo, un punto en el que convengo con el ponente. 
Los productores de cacao, los pequeños agricultores de los países pobres del Tercer Mundo, son vulnerables. 
Es algo que no podemos perder de vista y, por eso mismo, soy partidario de que la Comisión nos presente a más tardar dos años después de la entrada en vigor de la directiva un estudio acerca del impacto de la misma. 
Por lo demás propongo que zanjemos esta cuestión de una vez por todas a fin de que cada cual pueda comer el chocolate que le guste y se proceda a la creación de un verdadero mercado interior del chocolate. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados, la posición común relativa a los productos de cacao y de chocolate es el resultado de largas y complicadas discusiones. 
Es un acuerdo al que ha sido difícil de llegar, pero que está bien equilibrado. 
Mediante esta posición común se introduce la libre circulación de los productos de cacao y de chocolate, pero con severas condiciones referentes a la producción y a la información a los consumidores. 
Está permitido añadir grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en la cantidad mínima de cacao que exige la directiva, sin embargo, el máximo es un cinco por ciento. 
Solamente se pueden utilizar las sustancias enumeradas en el anexo. 
Son todas de origen tropical y producidas en los países ACP. 
Hay que mencionar separadamente la presencia de estas sustancias, pero en el mismo campo visual en el que se señalan el nombre del producto y la lista de ingredientes. 
Entonces, los consumidores pueden elegir y pueden distinguir estos productos de aquellos que solamente se fabrican con cacao. 
Estas condiciones y limitaciones, que no están relacionadas con aspectos sanitarios, constituyen el punto de equilibrio de la posición común. 
Además, esta propuesta da respuesta a los asuntos que preocupan a los consumidores, a los países productores de cacao y a los países que producen chocolates, con o sin grasas vegetales. 
Cualquier modificación alteraría gravemente el equilibrio del acuerdo alcanzado en el Consejo y debería estar condenada al fracaso. 
La recomendación para segunda lectura del Parlamento contiene dos enmiendas. 
En la primera de ellas, se repite la política de la Comisión, y puede aprobarse. 
La segunda, realmente no tiene lugar en una directiva especial, ya que el lanzamiento de organismos genéticamente modificados al mercado europeo debe tratarse de una manera general y unitaria, lo que se hace en el marco de las normas sobre difusión voluntaria de organismos modificados genéticamente o en el reglamento sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. 
Sin embargo, la segunda enmienda puede aprobarse en principio pero hay que hacer un estudio más profundo de las consecuencias de esas enmiendas a la luz de la OMC y del Protocolo de Montreal. 
La otras enmiendas que desechó la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, se refieren a asuntos de gran importancia para el equilibrio de la posición común y, por tanto, no pueden aprobarse. 
La posición común implica un verdadero acuerdo y un claro progreso en comparación con la legislación actual, que es de comienzos de la década del setenta y muy incompleta, especialmente en materia de etiquetado e información a los consumidores. 
Resumiendo, por las razones ya expuestas, solamente pueden aprobarse las enmiendas 1 y 2. 
Señor Presidente, quisiera, como cuestión de orden, hacer uso de la palabra para defender la consideración que merecen el Parlamento y sus diputados. 
Como todos recordarán, en el último Pleno celebrado aquí, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo debatió y aprobó una resolución en la que expresaba su preocupación y condenaba las difíciles condiciones en que los periodistas ejercen su actividad en Angola, los juicios sucesivos a que están permanentemente sujetos y, por consiguiente, la ausencia de libertad de expresión y de prensa libre que semejante situación representa. 
En ese debate intervino, entre otros, el Sr. Mário Soares, que igualmente subscribió la resolución mayoritariamente aprobada. 
Inusitadamente, el Gobierno de Angola, por mediación de uno de sus ministros y también de un diputado, reaccionó ante la participación de Mário Soares en el citado debate recurriendo a la difamación, a la calumnia y al insulto, acusando sin prueba alguna a nuestro colega de ser uno de los principales beneficiarios del tráfico ilícito de diamantes y marfil llevado a cabo al parecer por UNITA, principal opositor del MPLA en Angola. 
Ahora bien, esas alegaciones inaceptables del Gobierno angolano afectan no sólo a Mário Soares, sino también a todos los que, como nosotros, aprobaron la resolución de que se trata. 
En esas circunstancias, señor Presidente, quiero expresar aquí a Mário Soares toda mi solidaridad, en vista de la campaña difamatoria de que ha sido objeto, y solicitar a la Presidenta del Parlamento Europeo que presente ante las autoridades angolanas, por los medios adecuados, la más enérgica e indignada protesta del Parlamento por el insulto de que ha sido objeto también esta Asamblea y que representa, además, una intolerable intromisión en el principio de independencia de que gozan los diputados en el ejercicio de su mandato. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera subscribir íntegramente la intervención que ha hecho el Sr. Luis Queiró a este respecto y añadir otro elemento a este debate. 
En el pasado período de sesiones de febrero hubo un debate sobre la situación en Angola, este Parlamento Europeo aprobó una resolución y, en respuesta a dicha resolución, el embajador de Angola en París escribió una carta al Parlamento Europeo. 
En dicha carta, de la que tengo aquí una copia, se insinúa que un colega nuestro de esta Asamblea, el Sr. Mário Soares, tiene vinculaciones políticas, ideológicas y de "otra naturaleza" con el criminal de guerra Jonas Savimbi. 
Además de esa carta, se hicieron declaraciones posteriores, que son falsas, insultantes, y pretenden menoscabar la dignidad y la honra de un colega nuestro de esta Asamblea, que fue un excelente Presidente de la República de un Estado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, todos tenemos el derecho en esta Asamblea y en democracia a expresar nuestras opiniones. 
Podemos concordar o podemos discordar. 
Lo que es inaceptable es que un Estado que tiene relaciones con la Unión Europea se permita responder intentando atacar la dignidad y la honra de un colega nuestro de esta Asamblea. 
Y, por eso, señor Presidente, mi pregunta es la siguiente: ¿ha respondido ya la Presidencia del Parlamento Europeo al Gobierno de Angola por mediación del embajador en París? 
En caso de que lo haya hecho, ¿cuál fue el tenor de esa respuesta? 
En caso de que aún no lo haya hecho, es indispensable que esta Asamblea se muestra clara e inequívoca al repudiar la actitud del Gobierno de Angola ante nuestro colega, que es, como quien dice, ante el Parlamento Europeo, un espacio de libertad y democracia en el que todos tenemos derecho a la opinión. 
Señorías, comparto los motivos políticos e institucionales, así como solidarios que han dado lugar a estas intervenciones. 
Ahora doy la palabra al Sr. Pacheco atendiendo a su petición, aunque después nos detendremos aquí, pues no considero justo abrir un debate sobre un asunto que, aun siendo relevante, no estaba previsto. 
Más tarde, les informaré sobre las decisiones que tomará o no nuestra Presidenta o sobre las gestiones que, siempre en nombre de sus Señorías, va a realizar nuestra Presidenta. 
Señor Presidente, comparto las objeciones de Sus Señorías que han hablado antes de la inadmisibilidad de que un Gobierno como el de Angola, que dirige desde hace años un proceso de guerra civil en el territorio y que está acusado internacionalmente por varias organizaciones de ser un Gobierno corrupto, se permita atacar la libertad de intervención de un diputado a este Parlamento Europeo que precisamente criticaba la violación de los derechos humanos en Angola. 
Pero quisiera decir también con toda claridad que no se trata sólo de obtener, en el nivel de las instituciones europeas, la protesta y el repudio del Parlamento Europeo. 
Estaría bien que el Consejo, cuyo Presidente en estas circunstancias es el Primer Ministro portugués, respondiera con igual vigor a las críticas que se han hecho a un diputado portugués en esta Asamblea y no persistiera en la posición dudosa que ha mantenido en relación con la ofensa que el Gobierno angolano ha hecho a ese diputado a este Parlamento, así como a las instituciones de la Unión Europea. 
Por tanto, este Parlamento repudia sin duda la actitud de Angola y espera que la Presidencia del Consejo de la Unión sea capaz también de expresar con claridad ese repudio y no responda con silencio a esas acusaciones. 
Agradezco a los Sres. Queiró, Seguro y Pacheco sus intervenciones. 
Nuestra Presidenta transmitirá estas protestas a las autoridades angoleñas y trasladará la solicitud que acaba de dirigirse al Presidente del Consejo para que el Consejo y su Presidente en ejercicio emprendan una iniciativa al efecto de reaccionar ante estos ataques incalificables. 
Se procede al turno de votaciones. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, he votado a favor de las consideraciones de sentido común sobre la catástrofe ecológica que amenaza al planeta si prosigue la evolución actual. 
Pero las preocupaciones se pierden en un montón de declaraciones pusilánimes. 
Ni la Comisión de Bruselas ni el Parlamento Europeo desean actuar, ni siquiera pretenden señalar claramente a los responsables de una evolución ecológica desastrosa. 
Las instituciones europeas se contentan con buenas intenciones para proteger los bosques tropicales, por ejemplo, cuando los grandes trusts del sector de la madera, que son los industriales que devastan los bosques en muchos países del Sudeste Asiático o en África, imponen sus artimañas a las poblaciones locales, y estos industriales son perfectamente conocidos. 
En muchos países pobres, naturalmente, es la población la que tala y destruye los bosques, bien para procurarse unos ingresos mínimos, o bien con fines de deforestación, y así poder acceder a un terreno al que de otro modo es imposible acceder. 
Pero el hecho de pretender integrar la dimensión medioambiental en el proceso de desarrollo es mera hipocresía en el momento en que las clases dirigentes de los países ricos cierran, en realidad, la vía al desarrollo con respecto a los países pobres, y mantienen a la mayoría de sus poblaciones en la pobreza. 
. (FR) El texto del informe que hoy se nos somete responde a una necesidad, cual es la protección de los bosques tropicales. 
La Unión Europea y sus Estados miembros tienen, en efecto, una responsabilidad que deben asumir con respecto a la protección de un ecosistema necesario para el equilibrio del medio ambiente del conjunto del planeta. 
Esta responsabilidad está vinculada ante todo a la historia y a los compromisos de los Estados miembros en favor de países donde están situados la mayor parte de estos bosques. 
Dichos lazos históricos, este estudio de expertos, deben ponerse al servicio de la protección de dicho ecosistema. 
Por otra parte, somos responsables como consumidores: muchos de los productos que se consumen en Europa proceden de estas regiones, y, en general, tienen un efecto negativo en los bosques. 
Finalmente, la Unión Europea cuenta en el territorio de sus Estados miembros, en particular en el de Francia, con importantes zonas de bosques tropicales. 
El departamento de la Guayana Francesa, en especial, está prácticamente cubierto por este tipo de vegetación. 
Es conveniente, concretamente, permitir un desarrollo real de dichas zonas, que respete la cultura y las tradiciones de sus habitantes, sin inmovilizarlas en un papel puramente pasivo de protección ecológica. 
La Unión Europea puede aportar una contribución en este campo, si sabe coordinar los esfuerzos y las competencias sin buscar controlar ni imponer una estrategia única a los Estados miembros. 
Por eso hemos apoyado las enmiendas del PPE-DE, que mantienen la flexibilidad necesaria respecto al conjunto del dispositivo. 
. (FR) El reciente hundimiento del petrolero Erika frente a las costas bretonas ha hecho que el gran público tome conciencia del problema, entre otros, de la limpieza de los fondos de los buques, de los vertidos ilegales de aceites residuales, de residuos de carga o de otros desechos generados por los buques, que algunos capitanes sin escrúpulos realizan en el mar. 
En efecto, mientras que oficialmente las fisuras del casco estaban reparadas, el mar seguía arrojando las manchas de petróleo a las costas, lo que demuestra o bien que existían otros escapes, o bien que algunos buques que pasaban cerca del lugar aprovechaban para limpiar sus depósitos, o bien, sin duda, ambas cosas a la vez. 
En la verdadera jungla del transporte marítimo estos comportamientos son, desgraciadamente, frecuentes. 
Los mismos contribuyen a convertir nuestros mares y nuestras playas en basureros y a poner en peligro el equilibrio ecológico del medio marino. 
Ahora bien, precisamente, el Parlamento Europeo examina hoy en segunda lectura un proyecto de directiva que se discute desde hace dos años, y que saca, en el plano comunitario, las consecuencias del Convenio internacional Marpol de 1973, ratificado por todos los Estados miembros. 
Dicho convenio obliga a los buques a descargar sus residuos, durante las escalas, en las instalaciones portuarias receptoras previstas a este efecto, y a cambio pide a los Estados firmantes que dispongan de las instalaciones apropiadas. 
No podemos menos que felicitarnos, pues, por el proyecto de directiva europea, que permitirá aplicar estos principios. 
Pero al mismo tiempo queremos formular la gran pregunta: ¿qué pasará con los controles? 
El proyecto establece que los buques que hacen escala en un puerto comunitario no podrán abandonarlo si no presentan certificados que demuestren que sus desechos y residuos han sido efectivamente depositados en instalaciones apropiadas. 
¿Pero que pasará con los buques que llegan del exterior de la Comunidad? 
¿También se les exigirán certificados? 
¿Y cómo se controlarán los buques que pasan sin efectuar escala? 
Nosotros pensamos, en primer lugar, que los puertos de los países miembros deberían estar prohibidos a los buques que no presenten dichos certificados, incluso si proceden del exterior. 
Además, los Estados miembros- que, basándose en la directiva, se comprometerán a reforzar sus controles en los puertos- deben comprometerse también a reforzar sus dispositivos de control en el mar. 
Conocemos muy bien la presión de la competencia en el sector del transporte marítimo. 
De nada sirve adoptar convenciones o directivas si luego resultan ser papel mojado por falta de medios de control. 
. (FR) El informe que debemos votar hoy es revelador de la posición que desea adoptar nuestro Parlamento Europeo en el debate sobre la seguridad marítima, que ha vuelto a plantear el dramático hundimiento del Erika. 
Señalaré que la propuesta de directiva que debatimos hoy tiene por objeto mejorar la oferta y la utilización de las instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y de residuos de carga. 
La misma sigue las orientaciones del Convenio Marpol 73/78 (prevención de la contaminación por los buques) , concentrándose, en particular, en los dispositivos de gestión de los residuos en los puertos. 
La directiva forma parte de la estrategia comunitaria global de gestión de residuos y exige a todos los puertos que proporcionen las instalaciones de recepción apropiadas, de acuerdo con las necesidades de los buques. 
En efecto, como subraya el ponente, ya existen reglamentaciones, pero no se respetan. 
El sistema que se aplica de manera general es el que se rige por el principio de "quien contamina, paga", ¡principio que brilla por su ineficacia! 
Por eso debemos buscar una alternativa. Esta alternativa se nos propone en una enmienda que yo he apoyado. 
Se trataría, en efecto, de aplicar un sistema de tasas que deberán pagar sistemáticamente todos los buques, cada vez que pasen por un puerto, independientemente del hecho de que utilicen o no las instalaciones de depósito de residuos. 
Esta tasa servirá para contribuir un 90% a los costes del sistema. 
Dicho sistema incitará inevitablemente a los buques a descargar sus desechos u otros residuos en los puertos, antes que efectuar desgasificaciones en alta mar, práctica condenable, que hoy es moneda corriente. 
Todos saben que algunos buques aprovecharon incluso la contaminación causada por el hundimiento del Erika para descargar sus residuos en el mar. Es absolutamente escandaloso e inadmisible. 
No obstante, existen ejemplos de buenas prácticas, puesto que los ribereños del mar Báltico ya aplican este procedimiento desde 1998. 
Soy muy consciente de que esto supondrá grandes cambios en la organización de los puertos de muchos Estados miembros y de que acarreará gastos adicionales para los buques. 
¿Pero no es este el precio que debe pagarse para garantizar la limpieza del medio ambiente marino, sobre todo en la medida en que la directiva establece que los buques que contaminen menos podrán beneficiarse de tasas reducidas? 
Dicho sistema me parece justo; voto, por lo tanto, a favor. 
. (FR) Esta propuesta de directiva es bienvenida en el seno de la Unión Europea. 
La misma forma parte de la estrategia comunitaria global sobre la reducción de la contaminación del mar y la gestión de los desechos, y obliga a los puertos de la Unión, incluso a los puertos de recreo, a ofrecer instalaciones receptoras apropiadas que respondan a las necesidades de los buques. 
Ya existía una reglamentación internacional, puesto que el Convenio Marpol impone a todos los buques normas internacionales obligatorias, en virtud de las cuales se prohibe cualquier tipo de vertido en el mar. 
¡Pero el problema que se plantea es el de la aplicación y del acatamiento de estas normas! 
El principio muy respetable de "quien contamina, paga", al que muchos Estados miembros, entre ellos el mío, están adheridos, ¡dista mucho de ser respetado! 
La catástrofe del Erika demuestra, desgraciadamente, este estado de cosas, ¡al igual que las 39 desgasificaciones efectuadas impunemente en el espacio de una semana! 
Por eso el Parlamento Europeo y su Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, confirmando la primera lectura de la anterior legislatura, han propuesto que cada buque que entre en el puerto de un Estado miembro sufrague el 90% de los costes de recepción y de gestión de residuos, con independencia del uso real que haga de las instalaciones. 
Creemos que este es el único medio eficaz y justo para evitar esos vertidos intempestivos en el mar. 
En efecto, si las instalaciones portuarias estuvieran financiadas (en un porcentaje significativo) sólo por los buques que las utilizan, cabría esperar que muchos de estos buques se sustraerían a esta tasa, puesto que el vertido en el mar es menos costoso. 
Por otro lado, deseamos asimismo fijar en un 25% la proporción de buques que obligatoriamente deben inspeccionarse. 
En vísperas de la Presidencia francesa de la Unión Europea, esta es la posición que los socialistas franceses se disponen a defender. 
No puedo menos que incitar a nuestra Asamblea a que haga lo propio. 
Se trata de un combate político; ahora bien, ¿acaso nuestro papel no consiste, justamente, en llevarlo a cabo, aun cuando nos conduzca a tomar decisiones políticas ambiciosas, que a veces van más allá de las de nuestros gobiernos, y que son siempre importantes y portadoras de esperanza? 
. (FR) Hoy no se puede ignorar la coincidencia fortuita de esta segunda lectura de la propuesta de directiva contra la contaminación marítima con la trágica actualidad del hundimiento del Erika. 
Naturalmente, este texto no se refiere a las causas accidentales de contaminación, pero sabemos muy bien que, por ser más malintencionadas, las consecuencias de las prácticas piratas de limpieza de los fondos de los buques en el mar no son menos graves. 
La última semana de febrero, se identificaron 39 limpiezas ilegales de fondos de buques únicamente en la zona donde se encuentra el casco del Erika. 
Estas prácticas son intolerables, pero son difícilmente controlables, sobre todo por la noche o cuando hay niebla. 
La presente propuesta de directiva y la enmienda tendente a crear, en todos los puertos europeos, un sistema de tasas portuarias universales para los buques, a fin de financiar el tratamiento de sus residuos, presentan un doble interés: obligar a los puertos a equiparse o a organizarse para tratar los desechos generados por los buques, aplicando un régimen de administración directa o de subcontratación de operadores especializados competentes; y sobre todo disuadir a los buques de liberarse de sus obligaciones de tratamiento de residuos, ya que de todas formas pagarán parte de los costes. 
No obstante, hay que tratar de que esta medida consistente en crear un sistema de tasas universales esté lo más repartida posible y vaya acompañada de disposiciones financieras nacionales o europeas que permitan que los puertos pequeños ofrezcan servicios de tratamiento de residuos, sin recargar abusivamente su economía y garantizando, por tanto, la continuidad. 
Con esta condición, lo que dicha directiva nos propone es una primera respuesta ejemplar de Europa a la preocupación legítima que ha suscitado la contaminación provocada por el hundimiento del Erika. 
Esta directiva introduce, en cierta manera, el reconocimiento y la constitución de un espacio marítimo europeo, sometido a una normativa común. 
. (FR) El Consejo ya había tenido que debatir extensamente sobre esta directiva relativa a las instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques, pero el texto que había elaborado respetaba los principios de intensificación de la protección del medio marino, tomando en consideración la realidad de cada uno de los Estados miembros, sin trastrocar las prácticas nacionales, lo que no ocurre con el texto del informe que se nos acaba de someter. 
En efecto, un Estado como Francia ya ha aplicado las disposiciones del Convenio Marpol, y garantiza en cada puerto la calidad de las instalaciones para la recepción y el tratamiento de residuos, las cuales están gestionadas por sociedades privadas, que cobran directamente a los armadores en función del tipo de residuos y de su naturaleza: la reducción de los costes de utilización para los buques llamados "ecológicos" es, por lo tanto, "natural". 
Esta solución, que favorece a los buques que respetan el medio ambiente, es mucho más justa que una reducción arbitraria que beneficiaría- ¿sobre la base de qué criterios? -a los buques con el sello "ecológico" y que una contribución independiente de la utilización de las instalaciones, aplicada más o menos arbitrariamente. Nosotros nos negamos, pues, a sustituir una tasa basada en la naturaleza de los residuos por una política arbitraria que aplica un sistema de tasas a los buques, independientemente de su peligrosidad para el medio ambiente. 
Es asimismo conveniente decir que la descarga de residuos en el mar es, desgraciadamente, independiente del sistema de pago de tasas: solamente los controles en el mar y unos controles más frecuentes de la flota que hace escala serían capaces de limitar las descargas en el mar. 
Por todas estas razones, el Grupo UEN expresa su acuerdo con la posición común del Consejo, y se opone al texto de este informe que ha desnaturalizado los principios de la posición común. 
Nuestro Grupo pide enérgicamente a los Estados miembros que asuman sus responsabilidades, y apliquen lo antes posible las medidas de control que, acompañadas de un dispositivo de sanciones basado en el principio de "quien contamina, paga y limpia", permitirán quizá evitar que se reproduzcan catástrofes como la que, reciente y escandalosamente, acaba de desfigurar las costas francesas. 
. (FR) El Parlamento Europeo se ha pronunciado hoy sobre la propuesta de directiva relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales. 
En efecto, es indispensable mejorar el nivel de seguridad y atenuar el impacto en el medio ambiente de estos vehículos, cuyo tráfico aumenta constantemente. 
El hecho de efectuar inspecciones aleatorias obligatorias en carretera para comprobar durante todo el año su nivel de mantenimiento es una idea pertinente, siempre que se aplique con eficacia. 
Dicha propuesta de directiva completaría muy oportunamente los esfuerzos emprendidos en las ciudades, sobre todo gracias a los planes de desplazamientos urbanos, y en particular en Ruán y su extrarradio, que diariamente atraviesan 5.000 vehículos pesados. 
Es urgente asimismo pensar en recurrir a modos de transporte alternativos para las mercancías (vía fluvial, ferrocarril... ) y al desarrollo de vehículos limpios. 
Estas son las razones por las cuales, Señorías, hoy he apoyado la propuesta de directiva relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales. 
(La sesión, suspendida a las 12.35, se reanuda a las 15.00 horas) 
Carta de derechos fundamentales de la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0064/2000) de los Sres. Duff y Voggenhuber, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la elaboración de una Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
. (EN) Señora Presidenta, la comisión parlamentaria tiene la intención de instituir una Carta de derechos fundamentales en el centro del sistema de la Unión, con efectos obligatorios para la Unión Europea, sus instituciones y los organismos. 
Lo hacemos porque hay una gran concentración de poder en el centro de la Unión y es evidentemente necesario que los ciudadanos queden protegidos contra la posibilidad de que se abuse de ese poder. 
Creemos que la Carta tendrá tres efectos principales: en primer lugar, reforzará el carácter constitucional del Tratado; en segundo lugar, constituirá un punto de referencia para los que, este Parlamento incluido, deseen seguir adelante con la integración europea dotándola de un mayor grado de legitimidad democrática; en tercer lugar, una Carta que tenga estilo y potencia fortalecerá el perfil de la Unión para sus ciudadanos presentes y futuros. 
Esta resolución define el mandato de la delegación parlamentaria de la Unión en el seno de la Convención. 
La Convención ha comenzado ya el proceso de redacción de la Carta sobre la base de las líneas principales que proponemos y partiendo del supuesto de que el resultado final será vinculante. 
Un claro voto en favor de esta resolución ayudará a la Convención a completar sus tareas y establecerá criterios para la evaluación final de los resultados por este Parlamento. 
Deberíamos hacer lo posible por no obsesionarnos con la cuestión de la subsidiariedad. 
La aplicación de ese principio influirá sin duda alguna en la redacción de la Carta, pero es indispensable que la Carta refleje a la sociedad europea moderna, con todos sus pluralismos y con toda su diversidad. 
El efecto de la Carta será continuo y gradual en vez de repentino y revolucionario. 
Ha surgido también una controversia acerca de la relación entre la nueva Carta de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos vigente. 
Lo que proponemos es que la propia Unión se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos, para que los derechos enunciados en el Convenio vigente formen el núcleo sólido de la Carta. 
Señora Presidenta, nuestro propósito es escribir un texto que sea tan bueno que los Estados miembros estimen vergonzoso negarse a aceptarlo dentro de la jurisdicción del Tribunal de Justicia europeo. 
La Carta representa una posibilidad de erigir una sociedad posnacional moderna y es un firme paso adelante desde las penas y las lástimas de la Europa del siglo XX. Les recomiendo firmemente la resolución. 
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, si es cierto que sólo se puede unificar lo que ya posee una unidad interna, esto nos obliga a preguntarnos en qué consiste la unidad de Europa. 
No somos un pueblo. 
No tenemos el mismo origen étnico. 
No hablamos la misma lengua. 
No tenemos una única cultura ni una sola religión. 
Nuestra historia está marcada por la guerra, por las guerras de unos contra otros, y las fronteras difusas de Europa ni siquiera permiten identificarla con claridad como unidad geográfica. 
¿Qué es, entonces, lo que nos une? 
¿Qué nos permite convivir? 
La respuesta tal vez parezca endeble. 
Sin embargo, en mi opinión, es todo lo que tenemos: la democracia y los derechos humanos. 
En ello reside la unidad de Europa. 
Por muchas cosas discutibles que hayan salido de este continente, la democracia y los derechos humanos son un mensaje emanado de aquí que posee una validez mundial indiscutible. 
Después del siglo XX, el siglo de los grandes horrores y el peor de los crímenes, este mensaje se ha convertido en el imperativo moral de este continente. 
¡La dignidad del ser humano es inviolable! 
Por esto no podemos darnos por satisfechos con que todos los Estados miembros hayan suscrito el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, pero no así la Unión Europea. 
Por esto ya no se debería seguir considerando aceptable que el Derecho de la UE prevalezca sobre el Derecho constitucional de los Estados miembros sin que la Unión misma cuente con un ordenamiento jurídico fundamental claro y completo. 
Por esto debe inquietarnos que se planteen nuevos conflictos que afectan a los derechos fundamentales en el ámbito de las ciencias de la información y la comunicación, y en el ámbito de las biotecnologías, sin que Europa sea capaz de darles respuesta mediante un consenso sobre los derechos fundamentales. 
Por esto no puede sernos indiferente que el control parlamentario y judicial- y, por consiguiente, la salvaguardia de los derechos fundamentales- se encuentren claramente debilitados en el ámbito sumamente sensible de la Unión política, por ejemplo en lo que respecta a la cooperación policial y judicial o a la Política Exterior y de Seguridad. 
Por esto la Unión Europea ha permanecido inacabada durante tanto tiempo, mientras se extiende continuamente el dominio del Derecho y el poder de las instituciones, pero no se amplían en la misma medida los derechos relativos a la protección y la libertad de los ciudadanos, ni tampoco sus garantías y protección jurídicas. 
El Parlamento Europeo cuenta con una larga tradición ininterrumpida de defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos. 
Por esto también podemos considerar las decisiones de las Cumbres de Colonia y de Tampere como una realización de las exigencias que ha venido planteando durante años el Parlamento. 
Estas exigencias están en consonancia con dicha tradición y se desprenden de la naturaleza misma del tema, de la naturaleza de los derechos fundamentales, es decir, no se pueden prometer unos derechos, sin que el ciudadano sea titular de esos derechos. 
Su carácter jurídicamente vinculante y el acceso a los tribunales son inseparables de los derechos fundamentales y los derechos humanos. 
Otro tanto sucede con la indivisibilidad de los derechos fundamentales. 
Todas las políticas, todas las instituciones y todos los órganos de la Unión Europea deben estar subordinados a esta Carta de derechos fundamentales. 
De lo contrario, ésta se reduciría a una promesa de unos derechos fundamentales a los ciudadanos y a los habitantes de la Unión que no pasaría de ser una proclama. 
Esto significaría responder sólo en apariencia a las expectativas de las personas. 
Y la resolución que hoy se presenta, si se aprueba, recoge una antigua exigencia del Parlamento que es ahora más importante que nunca. 
Esta Carta de derechos fundamentales debe ser la primera piedra, el elemento fundacional del proceso necesario que habrá de dotar a la Unión Europea de una constitución. 
La construcción de una democracia europea en este espacio supranacional va unida a la adopción de esta Carta de derechos fundamentales. 
Señora Presidenta, quizá sea un ardid de la historia que un austríaco haya sido designado como ponente, como co-ponente, de esta Carta de derechos fundamentales. 
Yo les agradezco esta muestra de confianza y, aunque tal vez no sea habitual, con su permiso yo quisiera dedicar mi contribución de los últimos meses a esta tarea a la abrumadora mayoría de la población austríaca que defiende el gran consenso europeo contra las acciones y contra las palabras. 
¡La dignidad del ser humano es inviolable! 
Señora Presidenta, por fin se somete a la aprobación del Parlamento Europeo el informe, largamente trabajado, sobre la elaboración de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y espero que el paciente trabajo de los ponentes consiga el apoyo del Pleno. 
Es decir, espero que se rechacen las enmiendas destructivas de aquellos que ven en la redacción de una Carta de derechos nada menos que un atentado contra la democracia. 
Sin embargo, se trata de unos derechos que ya existen en gran parte de la Unión, habida cuenta de que están reconocidos, aquí y allá, en los tratados, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en las tradiciones institucionales comunes a los Estados miembros y en los convenios internacionales firmados por todos. 
¿Cómo se puede tener miedo a una Carta de derechos fundamentales? 
Dicha Carta es tan sólo el reconocimiento formal, la expresión coherente de esos derechos individuales, inviolables, sin los cuales la democracia se convierte única y exclusivamente en reino de la fuerza de los números, en prevaricación potencial de los poderes constituidos. 
La Unión Europea es convivencia pacífica y solidaria de diferentes pueblos, de diferentes culturas, gracias a su tradición de respeto a los derechos individuales. 
La Carta se convertirá en una tabla de principios compartidos que definen la identidad de Europa en el mundo, una identidad que no se basa en vínculos de sangre, en etnias, en pertenencias territoriales, sino precisamente en valores humanos. 
En el cuidadoso examen de los derechos vigentes y compartidos deberán encontrar espacio esos derechos sociales fundamentales que no tienen una naturaleza intrínseca diferente de los demás derechos: derechos a la libertad sindical, derechos fundamentales a la vida y a la seguridad en los centros de trabajo, derechos a la formación, nunca como hoy tan fundamental para garantizar el desarrollo, el empleo y la competitividad en el mercado global. Deberán encontrar espacio los derechos políticos de los ciudadanos y los derechos humanos de cada persona; deberán definirse los derechos fundamentales ante los nuevos riesgos. 
Un catálogo de los derechos humanos, reconocidos como vinculantes por las Instituciones europeas, indica a los ciudadanos también los deberes que tienen de respetarlos. 
Constituye un espacio civil, jurídico, de libertad no solo económica, sino también de seguridad y justicia, en un amplio territorio que antes ha sido escenario de repetidos conflictos sanguinarios. 
Europa, lugar de confrontación de ejércitos enemigos hasta toda la mitad del siglo, se convierte ahora en garantía de paz y libertad del miedo y de la necesidad. 
Éste es el significado que para nosotros ha de tener la Carta de derechos fundamentales. 
Nadie tiene fundadas razones de temor cuando se reconoce la prevalencia del derecho sobre la fuerza. 
(SV) Señora Presidenta, colegas, Europa se asienta en derechos fundamentales. 
También la Constitución americana se basa en nuestros derechos fundamentales europeos, en ideas de John Locke y de la revolución francesa. 
Los ciudadanos americanos pueden exigir nuestros derechos europeos en sus tribunales, cosa que a ellos les ha proporcionado orgullo, seguridad en sí mismos y genio. 
Los derechos fundamentales pueden crear identidad y ciudadanía. 
Además, pueden ayudar a los individuos a sacar provecho de las posibilidades que ahora surgen en Europa mediante la libre circulación, el euro y la informática, es decir, las posibilidades que florecen en la nueva economía. 
Nuestros recursos europeos, las diferencias culturales, son más fáciles de mantener y aceptar si los ciudadanos saben que pueden exigir sus derechos en toda la Unión. 
Unos derechos fundamentales y garantizados contribuyen a la libre circulación. 
Sin derechos garantizados, la ampliación podría ser un fracaso y, además, podría frenar nuestro desarrollo económico. 
Es una exigencia inquebrantable que la Carta de derechos fundamentales, que realmente se necesita, sea un estatuto con normas obligatorias. 
Quiero alertar sobre la adhesión a la Convención del Consejo Europeo, especialmente si esto ocurriese sin que se combinase con una Carta obligatoria. 
Hay que estudiar esas complicaciones con más detenimiento. 
Espero que consigamos una versión más moderna del artículo 6 de la Convención del Consejo Europeo, en la que brevemente y de manera concentrada se hace una lista de nuestros derechos actuales, añadiéndose las modernas técnicas biológicas y la protección informática. 
Los ciudadanos deben tener fácil acceso a la Carta y a su contenido. 
No deberá estar seccionada y tampoco es conveniente que contenga muchas referencias. 
La Carta debe ser de carácter obligatorio y tiene que abarcar a las instituciones europeas. 
¡No es razonable que se deje a los ciudadanos en la indefensión frente a los abusos de instituciones cuasipoliciales como, por ejemplo, OLAF y Europol! 
Este proyecto da origen a individuos europeos más fuertes. 
Señora Presidenta, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales prestaré especial atención al tema de los derechos sociales fundamentales. 
Los derechos sociales fundamentales no pueden ser disociados de los derechos fundamentales clásicos. 
En qué se beneficia, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión una persona que por causa de la pobreza y el desempleo vive al margen de la vida social. 
Hay derechos sociales fundamentales cuyo carácter es idéntico al de los tradicionales derechos a la libertad de los ciudadanos y que, por tanto, pertenecen a esta misma categoría de derechos. 
Pongamos por ejemplo el derecho a la libertad de reunión y asociación, que puede concretarse en el derecho a negociaciones libres sobre las condiciones laborales y el derecho a emprender acciones colectivas. 
Por todo ello, estos derechos deberían incorporarse a la primera parte de la Carta. 
En otros casos, los derechos sociales fundamentales requieren un eslabón que vincule la formulación del derecho fundamental a las consecuencias que éste tiene para el individuo. 
Es por esto por lo que dichos derechos fundamentales suelen definirse como normas de instrucción que las autoridades han de transponer a la legislación social. Sin embargo, no por eso son menos importantes como elementos constituyentes básicos de la Carta. 
Es en esta categoría de derechos fundamentales donde los equívocos sobre el verdadero sentido de esta Carta a escala europea se manifiestan con mayor virulencia. 
El primer equívoco es que la Carta de la UE vaya a sustituir las garantías nacionales en materia de protección de los derechos fundamentales. Como si de ahora en adelante los ciudadanos tuvieran que dirigirse a la Unión Europea y al Tribunal Europeo en lugar de recurrir a sus propias autoridades y jueces. 
Eso no es así, como tampoco lo es en el caso de la garantía de la libertad de expresión o el derecho a un proceso penal justo. 
La Carta tiene por objeto vincular las instituciones europeas y la política europea a los mencionados derechos fundamentales. 
Por eso mismo, quisiera responder a un segundo malentendido muy generalizado. 
No es necesario que la Carta recoja solamente derechos para los cuales la Unión Europea sea el principal ente competente. 
También en ámbitos en los que la Unión no tiene competencia alguna pueden adoptarse medidas, ya sea por parte de la Unión Europea o por razón de ella, que atenten contra los derechos fundamentales. 
Es decir, la Carta debe integrar asimismo los derechos fundamentales que, aunque no puedan ser garantizados por la Unión Europea, sí pueden ser violados por ella. 
Ahora me referiré brevemente a los acuerdos internacionales en materia de derechos sociales fundamentales. 
Algunos de ellos figuran en el dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales: la Carta Social Europea del Consejo de Europa y los convenios fundamentales de la OIT y de las Naciones Unidas. 
En la enmienda 22 al informe DUFF/VOGENHUBBER defiendo que en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea no sólo se introduzca una referencia al CEDH, sino también a la CSE de los convenios fundamentales de la OIT y de las Naciones Unidas. 
Otra enmienda, que pretende ir más lejos, a saber, la enmienda 23, no sólo propone la adhesión al CEDH, sino también a estas normas internacionales de índole social. 
Por último, es fundamental que el amplio apoyo social y el diálogo con las organizaciones sociales se mantengan después de la elaboración de la Carta. 
- (FR) Señora Presidenta, ante todo deseo felicitar a todos los ponentes por la riqueza de su trabajo; han sabido reafirmar la importancia que reviste esta cuestión para el Parlamento, Europa y sus ciudadanos. 
El objeto de este informe es otorgar a nuestros colegas miembros de la Convención un mandato claro y preciso respecto a las expectativas del Parlamento Europeo y transmitir a nuestros conciudadanos un claro testimonio de nuestro compromiso por el respeto efectivo de sus derechos fundamentales por las instituciones de la Unión. 
El ámbito de competencia de la Comisión de Peticiones legitima su interés por la elaboración de la Carta. 
Las numerosas peticiones que le llegan permiten determinar la percepción que los ciudadanos tienen de la Unión y de los derechos que esperan que ésta proteja. 
La opinión de la Comisión de Peticiones tiene por objeto poner de relieve las aspiraciones expresadas por los europeos que someten al Parlamento el no respeto de un derecho otorgado por la Unión Europea. 
Los peticionarios que se dirigen a nosotros nos demuestran una convicción tenaz y sin fisuras de ser titulares de un conjunto de derechos, lo cual causa la impresión de que los ciudadanos europeos están persuadidos de que ya existe una Constitución material de la Unión, donde se hallan recogidos todos estos derechos, anticipando en tal sentido las decisiones de la Convención. 
Así, nuestra opinión subraya dos puntos esenciales que los ponentes, por otra parte, parecen compartir. 
Primeramente, la necesaria visibilidad de la Carta como texto de referencia para los ciudadanos. 
Este punto requiere una redacción clara y concisa en un texto único y comprensible. 
En segundo término, la fuerza vinculante de esta Carta, que permita recurrir a los tribunales para que se protejan los derechos reconocidos. 
La consecuencia natural de esta voluntad es la inclusión de la futura Carta en el cuerpo de los Tratados. 
En conclusión, diré que es necesario dar un salto cualitativo en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales. 
Este informe debe ser un mensaje unánime del Parlamento para que el Consejo y la Convención respondan a esta expectativa de los peticionarios. 
Señora Presidenta, sin duda el Consejo quería escuchar la opinión de los Grupos políticos, lo cual me parece muy saludable. 
Yo quiero, señora Presidenta, decir que este debate se produce en un momento óptimo. 
La convención que elabora la Carta de los Derechos Fundamentales ha comenzado sus trabajos y yo creo que ya lo estamos haciendo a velocidad de crucero. 
Estamos entrando en el contenido de los derechos civiles y políticos, luego entraremos en los derechos de la ciudadanía y en los económicos y sociales. 
Y, por tanto, es importante que este Parlamento establezca cuál es el mandato de los miembros de la delegación que le representan y establezca también- lo cual me parece todavía más capital- cuáles son los objetivos políticos que perseguirá el Parlamento con esta Carta de los Derechos Fundamentales. 
Porque, al final, muchas veces- tiene razón la representante de la Comisión de Peticiones -, los ciudadanos nos preguntan: y esta Carta de los Derechos Fundamentales, ¿para qué? 
Los derechos fundamentales están reconocidos en nuestras constituciones. 
Los Estados miembros de la Unión Europea respetan los derechos fundamentales. 
Hay una Convención de Roma, garantizada por el Tribunal de Estrasburgo, que constituye una última garantía cuando existe una violación. 
Yo creo que el mensaje político que este Parlamento tiene que dar es muy claro: la Carta de los Derechos Fundamentales es un plus a esos derechos garantizados en las constituciones. 
Ser europeo tiene un efecto positivo añadido. 
Y, precisamente, con la Carta lo que queremos es vincular a las instituciones europeas a una tabla de derechos fundamentales y a los Estados miembros a esos mismos derechos fundamentales cuando hagan la transposición o la aplicación del Derecho comunitario. 
Éste es el mensaje político que tenemos que lanzar: ser europeo es positivo; añade algo a lo que ya tenemos como ciudadanos nacionales. 
Y me parece que el informe que hoy estamos debatiendo y votaremos mañana deja bien claro también cuáles son los objetivos políticos de este Parlamento. 
Queremos que la Carta no sea sólo una declaración. 
Nos parece que una declaración no es suficiente. 
Precisamente porque queremos que los ciudadanos tengan más derechos y más garantías, queremos que la Carta sea incorporada a los Tratados. 
Evidentemente, el que la Carta sea o no incorporada a los Tratados depende del trabajo que la Convención sea capaz de realizar. 
Lo será sólo en la medida en que el trabajo sea útil y pueda ser incorporado a los Tratados. 
Pero a mí me parece capital que este Parlamento tenga presente ese objetivo político a la hora de la redacción de la Carta. 
También me parece importante el afirmar, como se hace en este informe, que en ningún caso la protección de los derechos fundamentales va a sufrir menoscabo alguno con la protección existente actualmente. 
No va a haber doble empleo con la Convención de Estrasburgo: que quede eso claro. 
Lo que queremos- insisto- es facilitar a los ciudadanos europeos una garantía suplementaria cuando se trate de la aplicación del Derecho comunitario. 
Y creo que, al afirmar la indivisibilidad de los derechos fundamentales, como se hace en esta resolución, o al afirmar su carácter innovador, estamos dando pasos positivos hacia una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos europeos. 
Por eso, señora Presidenta, yo quiero concluir mis palabras felicitando de todo corazón tanto a los ponentes de fondo como a los ponentes de opinión. 
Es una cláusula de estilo de este Parlamento felicitarles, pero yo quiero hacerlo desde un punto de vista político y en nombre de mi Grupo, porque creo que los Sres. Duff y Voggenhuber, y todos los ponentes de opinión, han sabido dar con la respuesta política a lo que este Parlamento necesita en estos momentos. 
Por eso, yo espero, señora Presidenta, que mañana la votación ratifique la buena labor de los ponentes con un voto masivo en favor de este informe. 
Señora Presidenta, la necesidad de poder disponer de una Carta vinculante reviste carácter político más que jurídico. Aunque no por eso resulta menos importante. 
Los derechos fundamentales ocupan un lugar secundario en los Tratados actuales. 
Las pocas veces que se alude a ellos, las referencias son totalmente caóticas. Esto es inaceptable, tanto más cuanto que Europa también pretende ser una Comunidad de valores. 
Desde este punto de vista, la Carta debe garantizar al ciudadano que puede defenderse de las violaciones del cada vez más fuerte Derecho supranacional. 
A este respecto el Convenio Europeo de Derechos Humanos debe convertirse en norma mínima aumentada con los derechos específicos de la Unión Europea. 
Obviamente, debemos procurar que, en la medida de lo posible, las constituciones nacionales se mantengan intactas. 
No se descarta, sin embargo, que los derechos europeos hagan sentir su influencia, puesto que la Carta debe poder sentar las bases para nuevos derechos fundamentales si la evolución de la sociedad lo requiere. 
Por último, señora Presidenta, es fundamental que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
En lugar de debilitar a Estrasburgo hemos de reforzarlo. 
Señorías, la Carta de derechos fundamentales debe constituir una etapa esencial en la construcción europea. 
Debemos dotarnos de los medios para convertirla en el elemento fundacional de la identidad europea, ya que es necesario un salto cualitativo, que Europa no ha dado aún para justificar su existencia. 
Desde este punto de vista, desearía asociarme a Sus Señorías para señalar la necesidad de que esta Carta sea vinculante. 
Los ciudadanos no entenderían que la Unión Europea se esforzara por definir unos derechos fundamentales que no estuvieran jurídicamente garantizados. 
Insisto en este término, si se trata de derechos fundamentales, éstos deben ser vinculantes, de lo contrario, la propia construcción europea perdería para muchos su carácter fundamental. 
La futura Carta debe, pues, incorporarse a los Tratados, y ello con ocasión de la próxima CIG, que probablemente sea la última que reúna a quince países. 
Francia, que se reivindica ante todos como patria de los derechos fundamentales, debe necesariamente aprovechar su Presidencia en el segundo trimestre del 2000 para inscribir en el orden del día esta modificación de los Tratados. 
Es un llamamiento solemne que lanzamos al Gobierno francés. 
Pero querría mencionar dos puntos. 
Por una parte, deseo subrayar la necesidad de que la Carta desarrolle el concepto de ciudadanía europea de residencia. 
Es más que nunca necesario evitar que coexistan en Europa categorías diferentes de personas con derechos distintos. 
Por ejemplo, ¿cómo podría permitirse que un argelino, que trabaja y paga impuestos desde hace treinta años en Francia, no pueda votar en las elecciones municipales europeas, cuando un europeo, que reside desde hace seis meses en otro país de la Unión Europea, pueda participar en ellas? 
Se debe hacer todo lo posible porque esta Carta permita que evolucione nuestra definición de ciudadanía europea, sobre la base de la noción de residencia. 
Por ser fundamentales, los derechos que definimos deben aplicarse a todos. 
Por otra parte, desearía insistir en la urgencia que reviste la introducción en la Carta de una protección eficaz de los datos informáticos de carácter personal. 
El Parlamento Europeo, en efecto, aprobó el mes pasado una enmienda por la que se pedía la creación de una comisión europea de informática y de libertades. 
Ahora bien, ésta sólo podrá existir sobre la base de una norma jurídica sólida. 
La Carta debe, pues, poder regular el contenido de los registros, los medios autorizados para almacenar datos y el acceso a éstos. 
Además, en el momento en que se condenan determinados sistemas de comunicación, de espionaje, debemos garantizar los derechos de los ciudadanos frente a las nuevas instancias europeas que se desarrollan, garantizar los derechos de los ciudadanos a través del control parlamentario, así como también los derechos del consumidor frente a las nuevas técnicas de mercadotecnia en Internet. 
Se trata de un desafío de capital importancia para la garantía de las libertades fundamentales del siglo XXI. 
Señora Presidenta, Señorías, la Carta de derechos fundamentales es sumamente urgente y políticamente necesaria. 
A medida que avanza la integración se ha ido creando un vacío cada vez mayor en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales. 
Esto se debe a que los Estados nacionales han ido transfiriendo un número creciente de derechos de soberanía y competencias a la Unión, mientras la protección de los derechos fundamentales de las personas que viven en la Unión continuaba restringida al ámbito nacional. 
Es preciso superar al fin este vacío en la protección de los derechos fundamentales. 
La Carta de derechos fundamentales constituye al mismo tiempo una gran oportunidad para Europa. 
¿Por qué? 
En primer lugar, porque por fin, al cabo de muchos años, se pone en marcha un proyecto que muchos ciudadanos y ciudadanas comprometidos, organizaciones no gubernamentales, diferentes fuerzas políticas y también esta Asamblea venían reclamando desde hace largo tiempo. 
En segundo lugar, también es una oportunidad porque puede dar un impulso positivo a la integración europea desde el punto de vista de la identidad. Concretamente, por un lado, porque permitirá fortalecer la democracia y, por el otro lado, porque la estipulación de los derechos de las personas que viven en la Unión permitirá hacer por fin visible y comprensible a escala individual y de manera muy concreta esta Europa para cada una de las personas. 
Esto me parece extraordinariamente importante. 
Todos hemos experimentado a menudo cuán grande es la incomprensión y también el rechazo con respecto a esta Bruselas imaginaria, tan distante. 
Una y otra vez nos preguntan con razón: ¿qué es en realidad esta Europa? 
¿Qué sentido tiene? 
¿Qué gano personalmente con ella? 
Si queremos que las ciudadanas y los ciudadanos digan: Sí, esta Europa también es un proyecto mío, la Carta de derechos fundamentales puede contribuir a que así sea. 
¿Qué condiciones debe cumplir, sin embargo, esta Carta para que sea posible aprovechar realmente esta oportunidad? 
En primer lugar, la Carta de derechos fundamentales no debe establecer criterios que sean menos exigentes que los derechos fundamentales vigentes en nuestros países y menos aún que los derechos establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
Al mismo tiempo, debe ser válida para el siglo XXI y para el futuro, y debe tomar en consideración las nuevas transformaciones modernas de nuestras sociedades. 
En segundo lugar, debe incluir obviamente todas las políticas de la Unión, tanto el Derecho comunitario como el Segundo y el Tercer Pilar, y por lo tanto debe obligar a todos los órganos de la Unión a respetar los derechos fundamentales en sus decisiones y en el desarrollo y transposición de las políticas. 
En tercer lugar, y en este aspecto no puedo dejar de suscribir lo que ha manifestado mi colega del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, la carta de derechos fundamentales debe estipular los derechos de todas las personas que viven en la Unión y no establecer, por ejemplo, derechos de primera y segunda clase para personas de primera y segunda clase. 
En cuarto lugar, yo comparto la exigencia que plantea el informe, en el sentido de que la Carta de derechos fundamentales debe ser jurídicamente vinculante y parte integrante del Tratado de la UE. 
El Consejo debe reconsiderar y revisar, a mi parecer, su posición en este aspecto. 
Si la Carta no fuese parte integrante del Tratado y, por lo tanto, su cumplimiento tampoco pudiese ser exigido individualmente por cada uno y cada una, la gente tendría justificadamente una reacción de decepción e incomprensión y diría que en Bruselas no se ha hecho más que escribir otro papel. 
En quinto lugar, para nuestro Grupo es particularmente importante que los derechos fundamentales no queden finalmente olvidados o sólo se contemplen con reticencia. 
En este sentido yo quiero hacer constar que coincido con la Sra. van den Burg. 
El derecho al trabajo, a la vivienda y a la salud o el derecho a la creación de sindicatos y el derecho de huelga son irrenunciables. 
Ya tenemos una cierta inquietud en este sentido, sobre todo después de haber visto como prácticamente todas las enmiendas al respecto fueron rechazadas en las votaciones en comisión. 
Nosotros vamos a abogar decididamente por el enraizamiento de los derechos sociales. 
También confiamos en que esta Cámara emita mañana una señal política clara en el momento de la votación en el Pleno. 
No podemos celebrar una Cumbre extraordinaria en Lisboa y declarar allí que el pleno empleo ha de ser el objetivo de las políticas, y negarnos simultáneamente a incluir los derechos sociales fundamentales en la Carta. 
Yo creo que es una contradicción políticamente insostenible. 
Señora Presidenta, mi discurso será muy diferente al que han pronunciado los oradores anteriores, ya que desearía demostrarles que la Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, tal cual la esboza el informe Duff/Voggenhuber del Parlamento Europeo, sería en realidad una Carta que reduciría los derechos fundamentales. 
En efecto, se nos propone en dicho informe inscribir los derechos de los ciudadanos, hasta ahora establecidos en el plano nacional, en una Carta europea uniforme, detallada, vinculante, cuya aplicación, por lo tanto, controlaría e interpretaría el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Debo subrayar, antes de ir más lejos, que dudo que en el órgano constituido por el Consejo de Colonia para preparar un anteproyecto de Carta el conjunto de los demás participantes que representan a los jefes de Estado o de gobierno y a los Parlamentos nacionales estén de acuerdo con esta posición del Parlamento Europeo. 
Así pues, de momento, lo que voy a decirles sólo se aplica al informe Duff/Voggenhuber. 
Es evidente que, para los promotores de la Carta, la defensa de los derechos fundamentales, que, por otra parte, hoy en Europa están bien protegidos, por más que digan, es sólo un pretexto para disimular otro objetivo puramente ideológico: proporcionar las premisas de una Constitución europea, colofón de un súper Estado, cuando los pueblos de Europa, en conjunto, no desean ni lo uno ni lo otro. 
Y tienen razón, puesto que esta Carta detallada, vinculante, que establece para toda Europa normas rígidas y uniformizadas para la definición de los derechos de los ciudadanos, impondría una tapadera jurídica rígida que enmarcaría a cada pueblo en una normativa que no sería totalmente la suya. 
Si nosotros decimos que la Carta que se prevé reduciría los derechos de los ciudadanos, ello obedece a tres razones. 
En primer lugar, con la excusa de defender mejor a los ciudadanos, la misma los alejaría del foro donde se asientan sus derechos. 
Debilitaría el control que hoy tienen del mismo. 
La Carta supondría que un pueblo ya no podría modificar los derechos de sus ciudadanos sin el acuerdo de los catorce restantes, fórmula asfixiante, no adaptada a la naturaleza y a los intereses de Europa, como lo he explicado en la opinión minoritaria aneja al informe. 
En segundo lugar, la Carta daría una nueva excusa para una uniformización delirante de los derechos de los ciudadanos en Europa. 
Me sorprende, por otra parte, que los gobiernos accedan a ello. 
¿No han comprendido las lecciones del pasado? 
¿Desean- me refiero ahora, por ejemplo, al Gobierno francés- tener que cargar mañana con veinte problemas a la vez, como el problema de los cazadores? 
Finalmente, esta Carta tendería a soslayar los derechos de las comunidades y, en primer lugar, de la comunidad nacional, que son derechos muy preciados para los ciudadanos, ya que es en ese círculo donde se expresa la democracia más pura y legítima. 
Estamos en el meollo de lo que hemos dado en llamar el proceso de reducción de los derechos. 
Este proceso iría, además, mucho más lejos de lo que se cree, ya que toda una serie de pedigüeños y de minorías ha empezado a manifestarse, al comprender que si la Carta es uniforme y vinculante, y si, además, es aprobada en las condiciones dudosas de la pretendida democracia europea, la misma podría llegar a ser en los próximos años el eslabón pequeño de la cadena democrática. 
Por eso el Grupo Europa de las Naciones piensa que la Carta, si llegamos a tenerla, debería ser muy breve y presentar únicamente los valores esenciales, los principios fundamentales de los países de Europa, en forma de declaración política. 
Podría imaginarse, por otra parte, que a partir de finales de año los países candidatos se adhieran a ella, para demostrar su pertenencia al círculo de los valores europeos. 
En esta hipótesis, la proclamación de la Carta por los miembros actuales y los miembros futuros debería ser común. 
Lo que es evidente, señora Presidenta, es que hay que evitar, en cualquier caso, imponer a los países de Europa, con la excusa de construir la sociedad postnacional que el Sr. Duff requería hace un momento, un texto uniforme y vinculante, que constituiría una agresión a la libertad de elección de las democracias nacionales. 
Cada país debe seguir eligiendo libremente sus normas, de acuerdo con su cultura y su desarrollo propios. 
Nos gustaría que la Conferencia Intergubernamental, que inicia sus trabajos, conservara siempre en la mente esta gran regla de respeto de las democracias nacionales. 
Señora Presidenta, en nombre de la Liga del Norte que aquí represento, me es muy grato constatar que por fin se está procediendo a la elaboración de una Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. 
Me satisface recordar que precisamente aquí, en territorio francés, hace dos siglos, se empezaron a redactar, a definir estos derechos y sólo en Norte América, en la misma época, estos derechos fueron proclamados por primera vez en documentos formales como las Constituciones de Estado y no sólo en los libros de los filósofos y pensadores. 
Ahora, la Unión Europea parece que se ha quedado atrás, sin embargo, el tiempo se puede recuperar con este recipiente, lo llamo así porque, obviamente, es un proyecto. 
No sabemos aún qué pondremos dentro del recipiente. 
Cierto que el informe repite algunos de los aspectos principales, sin embargo, después quisiéramos valorar cuál va a ser el texto definitivo. 
Es importante que exista esta Carta porque, a pesar de otras convenciones y otros tratados, los derechos humanos están siempre amenazados incluso dentro de la Unión. Pienso, por ejemplo, en aquellos que en Italia quisieran eliminar o reducir los recursos de apelación en los juicios penales; pienso, por ejemplo, en el derecho a la libre celebración de elecciones que luego se vacía de contenido cuando, por ejemplo, los ciudadanos de un Estado de la Unión, tras votar en cierta manera y libremente, asisten al aislamiento de su país como consecuencia del resultado de esas elecciones. 
Pienso que debe respetarse en todo y por todo el derecho de los ciudadanos a votar a quien prefieren, sin luego hacer sabotajes políticos contra los Gobiernos y países que resultan de dichas elecciones. 
No se trata pues sólo de derechos de los ciudadanos; debería aclararse mejor el derecho de los colectivos, el derecho de los pueblos, de esos pueblos amenazados, por un lado, por la globalización que querría achatarlo todo y, por otro, por el retorno a un Estado nación centralista y opresivo. A nuestro juicio, por el contrario, debemos abrir el camino hacia una Europa de los pueblos, pueblos que sean reconocidos más allá de los que ahora son los Estados actuales. 
En particular, se deberían cambiar algunas normas previstas en algunos Códigos penales como el artículo 141 del Código penal italiano que condena nada menos a cadena perpetua a quien realiza intentos de secesión. 
Con esto no quiero decir que la secesión es necesariamente algo deseable, antes bien reivindico el derecho para quien la pide de poder actuar de forma pacífica y no violenta para afirmar, para aplicar este derecho reconocido en la Carta de la ONU y en el Acta final de la Conferencia de Helsinki, así como- espero, en contra de algunas normas penales- en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, la escasa participación en las últimas elecciones europeas ha demostrado que los ciudadanos no se interesan por "Europa". 
No cambiaremos esta situación confiriéndoles una Carta de Derechos Fundamentales. 
Es importante que los ciudadanos se den cuenta de que las instituciones europeas trabajan realmente por el bien de las personas y no se ocupan únicamente de ampliar su propio poder. 
De este modo, la gente volverá a depositar confianza en Europa, algo que nunca conseguiremos con todas nuestras magníficas declaraciones y cartas. 
Nosotros no compartimos la pretensión de que se pueda elaborar una Carta exhaustiva que incluya todos los derechos fundamentales actualmente vigentes. 
No se puede elaborar un documento de estas características y, de hecho, nunca se hará. Además, ciertamente no corresponde a la Unión Europea proponérselo. 
Lo que hemos de proponernos en la Unión es la colaboración fundamentada en el respeto de la identidad propia de los pueblos y los Estados. 
Los derechos fundamentales han de definirse ahí donde su protección pueda llevarse a cabo con la máxima eficacia y donde tengan cabida en la estructura social. 
Esto es, en los Estados miembros. 
Es asimismo fundamental que se mantenga intacto el control externo sobre la protección de los derechos fundamentales a través del CEDH y la correspondiente supervisión del Tribunal de Estrasburgo. 
Una Carta vinculante desde el punto de vista jurídico afecta inexorablemente a la inserción de los derechos fundamentales en los Estados miembros y socava el papel y el poder del CEDH y del Tribunal de Estrasburgo. 
Si pese a todo la Carta acabara imponiéndose, rogaríamos encarecidamente que sólo se aplicara a las instituciones de la Unión. 
En tal caso, debe incluir únicamente artículos que transmitan un mensaje sensato para las instituciones europeas y debe hacer caso omiso de vagas normas de instrucción y derechos en ámbitos en los que la Unión no tiene competencias. 
Para terminar quisiera destacar que los derechos fundamentales se basan en la dignidad humana. 
No podemos olvidar, sin embargo, que el verdadero valor de la vida del hombre no puede comprenderse a fondo si se pierde de vista la dimensión divina. Dios lo creó todo y, por tanto, también creó al hombre. 
Señor Presidente, consternado por la condena anticipada de Austria por catorce Estados miembros, yo veo en la Carta de derechos humanos prevista una oportunidad para aproximar la Unión Europea a los ciudadanos. 
Por este motivo la acojo con satisfacción. 
La Unión quiere documentar con esta Carta que respeta los derechos de los ciudadanos y vela por el bienestar individual. 
Sin embargo, al mismo tiempo se ha creado entre la opinión pública la impresión de que la Unión Europea no respeta no siquiera el derecho fundamental- por llamarlo así- de un Estado miembro individual a constituir soberanamente su Gobierno. 
A la vez también se ha creado la impresión de que catorce Estados miembros de la Comunidad no respetan las normas acordadas por ellos mismos e incumplen sus compromisos de solidaridad. 
Yo les pregunto: una Unión de Estados miembros que, sin haber escuchado antes al afectado y sin un fundamento jurídico, decide imponer sanciones basadas en prejuicios, ¿cómo puede tener credibilidad cuando afirma que los derechos fundamentales representan algo más que una mera declaración de labios afuera? 
La decisión de los Catorce ha dañado gravemente la conciencia europea de la población de la Unión Europea. 
Y a mí me parece más que dudoso que una Carta de derechos fundamentales pueda compensar este daño. 
Señor Presidente, durante años el Parlamento Europeo y nuestro Grupo hemos insistido en la necesidad de incluir una buena descripción de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Europa en los Tratados europeos. 
Lo solicitamos con motivo del Tratado de Maastricht y volvimos a solicitarlo con motivo del Tratado de Amsterdam. 
En este marco les recuerdo el informe preparatorio que redacté junto con la Sra. Dury en vista del Tratado de Amsterdam. 
Ya recogía esta cuestión. 
Por cierto, con este informe cosechamos nuestros primeros éxitos, puesto que nuestra formulación de un artículo relativo a la lucha contra la discriminación fue incorporada casi íntegramente al Tratado de Amsterdam. 
Pero fue más en adelante, en la Cumbre de Colonia, cuando se accedió a la solicitud más amplia del Parlamento. 
Allí se lanzó la propuesta de constituir una Convención para la elaboración de una Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. 
La pregunta que se nos plantea ahora es: ¿Qué debe figurar en esta Carta y cuál ha de ser su carácter jurídico? 
Por lo que al último punto se refiere quiero pronunciarme sin ambages a favor de la incorporación de la Carta a los Tratados y de la redacción de una Carta con fuerza vinculante, a fin de que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante los jueces europeos. 
No debemos producir globos vacíos, aparte de que nuestros ciudadanos los pincharán enseguida. 
Respecto al contenido, la Carta ha de enlazar con los Tratados existentes, por ejemplo con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos del Consejo de Europa. 
Considero asimismo que la Unión ha de adherirse lo antes posible a dicho Convenio. 
Sea como fuere, la Carta ha de detenerse en los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos políticos, los derechos sociales y, a mi modo de ver, también han de incluirse los derechos de las minorías. La Carta debe completar aquello que ya tenemos. 
Desde esta perspectiva hay que anticipar las nuevas amenazas que se anuncien por ejemplo en los ámbitos de la informática y de la biotecnología. También es preciso prestar la debida atención a la protección del medio ambiente, del que el hombre forma parte. 
Señor Presidente, todos los indicios apuntan a que los derechos de las minorías constituyen el principal escollo de la Carta. Habida cuenta de que este tema siempre ha sido uno de los principales problemas de Europa en el pasado y lo continuará siendo en el futuro, soy partidaria de que los derechos fundamentales de las minorías se incorporen a la Carta. 
Tengo la intención de presentar un texto al respecto. 
Pero lo más importante, señor Presidente, es que la Carta tenga fuerza vinculante, que se integre en el Tratado y que nuestros ciudadanos tengan la garantía de que la Unión Europea se toma en serio sus derechos fundamentales y esté dispuesta a defenderlos ante la máxima autoridad judicial. 
Señor Presidente, intervengo sólo en el punto de la incorporación de la Carta a los Tratados. 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado resueltamente en orden a que se lleve a efecto dicha incorporación, con la convicción de que éste es el camino para garantizar el valor jurídico de la Carta y para reforzar la protección de los derechos también en el ámbito jurisdiccional atribuyendo la responsabilidad de la misma al Tribunal de Justicia de la Unión. 
Los Gobiernos y, en su nombre, el Consejo de Colonia dejaron abierta la cuestión, no la cerraron. 
Dejaron abierto el debate sobre la posibilidad y la manera de incorporar la Carta a los Tratados. 
Consideramos que la ocasión nos la brinda la Conferencia Intergubernamental y que esta ocasión no debe desperdiciarse. 
Podemos decir que existen dos ejercicios paralelos. 
Le corresponde a la convención elaborar el proyecto de Carta en tiempo hábil, para que la Conferencia Intergubernamental pueda decidir su incorporación a los Tratados. A este respecto, me permito decirle al representante del Consejo, el secretario de Estado portugués de Asuntos Europeos que la Conferencia debe prepararse ya desde ahora para esta eventualidad. 
Cuando la Carta esté redactada, la Conferencia Intergubernamental deberá establecer las modalidades de su incorporación a los Tratados. 
Como es sabido, según el Parlamento Europeo, esto debería representar un paso hacia la constitucionalización de la Unión. 
Sé perfectamente que en los últimos tiempos éste es un término que se ha convertido en sospechoso, se teme utilizarlo o por lo menos se prefiere no utilizarlo. 
Algunas veces me encuentro en una situación violenta porque la comisión parlamentaria que presido ha cambiado de denominación, de "Comisión de Asuntos Institucionales" en "Comisión de Asuntos Constitucionales". 
Sin embargo, estimo que hay que ir en esta dirección y que esto no implica en absoluto avalorar el espectro, el fantasma de un superestado europeo. Considero que nada puede poner en tela de juicio el valor de las constituciones nacionales, del mismo modo que, según los Tratados, la ciudadanía europea no sustituye las ciudadanías nacionales sino que las integra. 
En Colonia los Gobiernos realizaron un acto valiente al proponer la elaboración de la Carta de derechos fundamentales; ahora no deberían arrepentirse de ello, no deberían volverse atrás, sino que deberían extraer todas las consecuencias. 
Señorías, cuando se habla de derechos fundamentales, se está hablando de un hecho constitucional. La incorporación de la Carta de derechos a los Tratados es la lógica consecuencia de la decisión que se tomó en Colonia pensando en los ciudadanos, en la posibilidad de hacerles partícipes de la construcción europea, en la posibilidad de que se reconozcan plenamente en el diseño de la Unión, en sus principios, en sus valores y en sus Instituciones. 
Señor Presidente, quisiera decir que estoy virtualmente de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Napolitano. 
Si uno piensa en ello, no cabe duda de que es absurdo imaginar que grandes instituciones de este tipo puedan existir sin algún tipo de documento constitutivo. 
Es evidente que existimos y por lo tanto es evidente que tenemos ya alguna especie de constitución. 
De lo que se trata es de lo siguiente: ¿tenemos una constitución adecuada y qué tipo de constitución queremos? 
Decir que necesitamos una constitución no es decir que la Unión Europea deba tener una constitución análoga a la de un país, pues la Unión no es un país ni está a punto de serlo. 
Por lo tanto todos convenimos en que dentro de la Unión deben reconocerse debidamente los derechos y que ese reconocimiento debe ser obligatorio para los órganos y las instituciones de la Unión. 
Los órganos e instituciones de la UE pueden ejercer un poder demasiado grande para que les permitamos que ejerzan ese poder sin el debido control que supondría una Carta de derechos. 
Ahora bien, hay un riesgo. 
Uno de los grandes éxitos de nuestra Europa es la forma en que el Tribunal de Justicia europeo, especialmente cuando otras instituciones habían quedado bloqueadas, consiguió instituir el concepto de Europa como Comunidad con arreglo a la ley. 
Si la Carta de derechos que creamos da por resultado un exceso de trabajo para el Tribunal de Justicia, que cada semana recibe visitas de gente y más gente que van a Luxemburgo con esa finalidad, estaremos destruyendo su propósito. 
Tenemos que lograr que el foro principal para la protección de los derechos esté en los tribunales nacionales con una jurisdicción supervisora ejercida en el plano europeo. 
Si no conseguimos eso, no conseguiremos nada. 
Las convenciones versan sobre la relación existente entre estados y ciudadanos y puesto que la UE no es un estado, es un problema que la UE cada vez más se comporte y logre competencias como estado. 
Con ello se abre una brecha con respecto a derechos fundamentales y naturalmente esta brecha debe cerrarse. 
No obstante, en nuestro afán por arreglar las cosas, corremos el riesgo de hacer mucho daño. 
La UE está en una situación en la que debe hacer una elección.. 
¿Debemos asegurar nuestros propios derechos, debemos encerrarnos en nosotros mismos y en nuestra tierra o debemos reforzar la situación de los derechos humanos en toda Europa? 
La UE no ha de competir con las autoridades judiciales ya existentes como, por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
Tal competencia debilitaría a éste perjudicando la situación de los derechos humanos en toda Europa. 
En mi opinión, el Tribunal de Justicia de la CE debe mantenerse fuera del proyecto de los derechos fundamentales. 
En su lugar, la UE debería tomar en serio los fallos de Estrasburgo y exigir que los actuales y futuros Estados miembros ratifiquen la Convención Europea de Derechos Humanos, las Convenciones de la OIT y las Convenciones fundamentales de Naciones Unidas y supeditar los acuerdos económicos y aduaneros al cumplimiento por las partes de estas convenciones. 
De esta forma la UE fortalecería las convenciones existentes, que es lo que hace falta. 
Me gustaría sumarme a mis colegas que han felicitado a los dos ponente, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que han indicado y sugerido. 
Al mismo tiempo, hay que reconocer que se les ha encomendado una tarea imposible: nada menos que resolver la cuadratura del círculo. 
En el escaso tiempo de que dispongo, quisiera concentrarme en una cuestión concreta que el orador anterior ha mencionado y que también han mencionado otros oradores. 
Se trata del posible conflicto que puede surgir entre esta Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
No olvidemos que todos los Estados miembros han ratificado el Convenio, lo han incorporado a su derecho interno y están vinculados por las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo. 
En los 50 últimos años, el Convenio Europeo, con las decisiones del Tribunal, ha crecido y evolucionado para acomodar nuevos derechos y nuevas libertades que se han desarrollado con la sociedad. 
Por si los diputados no lo saben, conviene recordar que, si enfocamos la cuestión desde un punto de vista estrictamente jurídico, cualquier legislación de la Unión Europea prevalece sobre cualquier disposición constitucional o cualquier otra disposición legislativa nacional de cualquiera de los Estados miembros. 
Por consiguiente, si esta Carta se incorpora en los Tratados, prevalecerá sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos, prevalecerá sobre cualquier disposición constitucional nacional, y prevalecerá también sobre cualquier disposición legislativa nacional. 
O sea que, aunque es importante que cada uno de nosotros se erija en paladín de los derechos y las libertades inalienables de que disfruta cada ciudadano y cada grupo de ciudadanos, quizá haya una mejor forma de ocuparse de esta cuestión que mediante una Carta: me estoy refiriendo a la incorporación del Convenio en el derecho de la Unión Europea y a su cumplimiento en el plano de los Estados miembros nacionales. 
Señor Presidente, Señorías, con el proyecto de Carta y otros informes que esta Asamblea debatirá mañana por la mañana, hemos entrado en un nuevo período de la construcción europea, el período "dadaísta" de la construcción europea, que desprecia las realidades y busca continuamente justificaciones morales. 
En efecto, ustedes rechazan lo trascendental y lo sublime porque mezclan el moralismo con la moral- Goethe, como saben, había dicho que el moralismo es lo contrario de la moral- y el "juridismo" con el derecho. 
Comprendan que no ponemos en entredicho la existencia de los derechos humanos, sino que decimos que éstos deben ser considerados entre otros derechos, y que es el conjunto de dichos derechos lo que debe converger en la formación del interés general. 
El interés general es la regla superior de la acción política, y no el acomodarse al tiempo, la sociedad del espectáculo, la "mediagogia", ni la debilidad erigida en sistema. 
Por otro lado, los derechos humanos no son más que un objeto, una excusa, de los que- como el supuesto artista Duchamp- los oradores, aquí presentes, generalmente se mofan. 
Una excusa, cuando el propio título de este proyecto de Carta se refiere a derechos fundamentales "de" la Unión Europea, en lugar de referirse a derechos fundamentales "en" la Unión Europea. 
Ustedes quieren hacer un preámbulo de una Constitución que no es posible encontrar porque, en realidad, están en un atolladero, y saben que la construcción europea se ha convertido en una increíble letanía de textos y de declaraciones. 
Los socialdemócratas, que olvidan al pueblo, se esconden, avergonzados, detrás de los derechos humanos. 
Y los liberales furtivos se vuelven socialdemócratas. 
Pero al pueblo le traen sin cuidado estos cambios de opinión, y un día u otro los echará, o será Occidente el que desaparecerá. 
Señor Presidente, la pregunta que hemos oído varias veces durante este debate es: ¿para qué debe servir la Carta de derechos humanos, cuando ya existe una e incluso varias convenciones universales de derechos humanos, cuando ya existe una convención europea de derechos humanos, cuando los derechos humanos figuran en las constituciones de todos los Estados miembros, en las de los países candidatos y, generalmente, en las constituciones de todos los países, y en las de aquellos que no los respetan? 
No será, ciertamente, como se ha dicho antes, para mejorar o fortalecer los derechos humanos en la construcción europea. 
No, hay que rendir homenaje a la Sra. Berès por haber dado, hace un momento, un sentido claro a este debate, que marca un hito absolutamente fundamental en la historia de la construcción europea: el paso de una Europa económica, comercial, mercantil, a una Europa política e institucional. 
Naturalmente, la Carta de derechos humanos es el primer paso en esta dirección; pero, como ocurre con todo lo que caracteriza la construcción europea, el paso es oblicuo, disimulado, esquivo, me atrevería a decir "jesuítico". 
No se plantea el problema de una constitución y de su contenido, se plantea el problema de una Carta de derechos humanos que es evidentemente el preámbulo de una constitución, quedando claro que del preámbulo de la constitución nacería, en su caso, la constitución y luego, en su caso, un Estado. 
Lo interesante de este enfoque- y hay que rendir nuevamente homenaje a la Sra. Berès por su lucidez y su honestidad, aun cuando, como sabe, estoy en total desacuerdo con la finalidad- es que procura determinar los principios de las colectividades europeas, o de la colectividad de seres humanos que viven en la Unión Europea. 
Cuando la Sra. Berès habla de derechos que se aplican no sólo a los ciudadanos, sino también a las personas que están de paso y a los residentes, aborda una cuestión que creo debe desarrollarse en los textos sometidos y en los que deben ser sometidos a este Parlamento, a saber: ¿cuál será la base de los derechos que regirán la Unión Europea? 
¿Será la ciudadanía en el sentido en que la entendemos tradicionalmente, con unos derechos que caracterizan de manera particular a las personas que pertenecen a una colectividad dada? 
¿O se tratará de derechos que se extenderán a otras personas distintas que los ciudadanos propiamente dichos, con una desviación o, en todo caso, un comienzo de desviación entre la democracia basada en la ciudadanía y la democracia basada en la igualdad de trato de los individuos que viven, que residen o que transitan en los territorios de la Unión Europea? 
Creo que es un problema del que, de momento, sólo vemos las premisas, pero me parece absolutamente fundamental ver sus premisas, para luego poder seguir el hilo. 
Señor Presidente, me place felicitar a los ponentes por su labor pero mucho me temo que, como el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, es muy posible que suceda lo mismo con esta Carta. 
Las naciones de Europa pueden estar orgullosas de su historial en materia de derechos humanos; ahora bien, ¿han necesitado alguna Carta? 
Gran Bretaña acaudilló los esfuerzos mundiales en la lucha para abolir la esclavitud, pero la única Carta- y en realidad ése era su nombre- que hayamos tenido nunca en Gran Bretaña fue firmada en Runnymede por el rey Juan en 1215. 
Claro está que hay excepciones, excepciones tan importantes que Europa tiene la obligación de hacer todo lo que pueda para lograr que no se repitan nunca las atrocidades e inhumanidades del pasado. 
¿Qué añade esta Carta a todo lo que tenemos ya? 
¿Añade algo o sustituye al Convenio de Derechos Humanos del cual son signatarios todos los Estados miembros de la UE y todos los Estados solicitantes, o no hace más que añadir otro foro judicial, dejando a los abogados con la feliz y provechosa posibilidad de escoger entre el Tribunal Europeo y el Tribunal de Derechos Humanos? 
¿Por qué no bastaría con una sencilla declaración de derechos humanos en el marco de los artículos 6 y 7 del Tratado, sin necesidad de contar con una Carta para los litigios? 
¿Quedarán debidamente protegidos los derechos fundamentales por un tribunal que está ya desbordado por el exceso de trabajo y que frecuentemente dicta sus fallos mucho tiempo después de los sucesos que está juzgando? 
¿O es que esta Carta no tiene más finalidad que la de ser una distribuidora onerosa de indemnizaciones en la terrible plenitud del tiempo? 
Velar por los derechos humanos fundamentales es la mejor de las intenciones, pero una Carta para los litigios y la burocracia es, sin duda alguna, otro camino hacia otro infierno. 
Señor Presidente, ¿por qué necesitamos una Carta como ésta? 
Es evidente, como ha dicho el Sr. Berthu, que no la necesitamos para crear un superestado europeo, sino más bien, como ha dicho la Sra. Berès, para dejar bien sentado ante nuestros ciudadanos de hoy y de mañana que lo que ahora nos rodea es una Comunidad de valores: valores basados en la democracia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de la diversidad, valores- e insisto en esto ante la Sra. Garaud- que unan a los europeos a través de las fronteras, desde el norte, el sur, el este y el oeste de la Comunidad. 
Lo importante no es saber si necesitamos una Carta como ésta, sino cuál va a ser su condición. 
Algunos han alegado que la Carta debería limitarse a reunir en forma legible todos los derechos que existen actualmente en la Unión Europea. 
Eso sería un buen ejercicio: no hay duda de que la gente no está muy al corriente de los derechos que tiene. 
Muchos ciudadanos no saben qué derechos existen en la actualidad. 
Un documento que exponga claramente esos derechos, y que diga con toda claridad cuándo y cómo se pueden ejercer, sería un documento valioso, pero si eso es todo lo que queremos hacer con la Convención entonces lo mejor hubiera sido dejar el asunto a un equipo de académicos, que sin duda alguna harían ese trabajo mejor que un grupo de 60 políticos. 
Creo que tenemos un equipo de 60 políticos que están ocupándose de la Convención porque tenemos la obligación de buscar las deficiencias que hay en nuestros derechos actuales, de identificar las deficiencias de las actuales estructuras y de probar que tenemos la voluntad política de corregir esas deficiencias. 
O sea que la Carta subsanaría las deficiencias que hubiera en los derechos vigentes, y sería vinculante para las instituciones de la Unión Europea. 
Sin embargo, es evidente que no todos los derechos serán iguales, por lo menos en la forma en que se llevarán a efecto. 
Los derechos tienen que estar clasificados en dos categorías. 
Tiene que haber una lista de derechos que los tribunales puedan confirmar directamente, pero también tiene que haber otra lista de derechos generales que las instituciones comunitarias y otras entidades hayan de tener en cuenta cuando redacten textos normativos; algunos en el Tribunal, otros sencillamente como antecedentes que nos brindarán una valiosa base cuando tengamos que adoptar otras decisiones. 
Lo que es evidente, y lo que une a la mayor parte de las personas de esta sala que desean esa Carta, es que tiene que estar en los Tratados. 
Si queremos que haga mella en los ciudadanos tiene que figurar en los Tratados de la Unión Europea. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias especialmente a los ponentes y a la Comisión de Asuntos Constitucionales por haber conseguido adoptar una postura acerca de cómo debe integrarse la Unión Europea en su calidad de participante en el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos del Consejo de Europa. 
Yo deseo que esta postura se siga manteniendo mañana en la Sesión Plenaria, ya que ello será de una importancia fundamental si queremos evitar confusiones entre los diferentes sistemas de derechos fundamentales. 
Quisiera presentar aquí a consideración la consolidación de los derechos políticos a través de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Creo que, hasta el momento, se ha hablado menos de estos derechos políticos. 
Sin embargo, si examinamos las posibilidades actuales de los ciudadanos para actuar a nivel de la Unión Europea, los medios con los que cuentan para influir en el proceso de toma de decisiones, hay que reconocer que no son muchos. 
Un ciudadano puede presentarse como candidato a las elecciones y puede votar en cualquier otro Estado miembro, poco más. 
Pero, ¿por qué no podríamos crear, mediante esta Carta, algunos nuevos instrumentos e instituciones que permitan a los ciudadanos influir de verdad? 
¿Por qué no promovemos la idea de que, por ejemplo, un número determinado de ciudadanos- digamos que de tres Estados miembros de la UE- pudiera presentar iniciativas que fueran encauzadas a través del Parlamento Europeo? 
¿Por qué negarnos a ver el futuro, si cada vez es más importante que los ciudadanos participen directamente, atendiendo a otras fórmulas, en el proceso de toma de decisiones? 
Esta idea concedería una dimensión muy natural a la Carta de los Derechos Fundamentales, dimensión de la que se ha hablado muy poco hasta ahora. 
Señor Presidente, a lo largo del siglo, Europa ha padecido dos guerras terribles, dos tragedias inmensas, pero al mismo tiempo ha visto crecer un irresistible movimiento de progreso civil, cultural y social. 
Con sus batallas las masas trabajadoras han conquistado y consolidado resultados revolucionarios en defensa de sus derechos y, al mismo tiempo, decisivos para el desarrollo de la democracia. 
Sorprende e impresiona amargamente que en este documento no haya una referencia concreta y explícita a esos derechos sociales que, de hecho, son la sustancia más significativa del amplio proceso democrático que se ha afirmado en Europa a lo largo del siglo. 
Me refiero a los derechos fundamentales, sin cuya existencia la democracia ya no es democracia: las libertades de expresión, de prensa, de reunión, etcétera son la estructura en que se asienta la democracia, sin embargo, dentro de esas estructuras, gracias a esas estructuras, debe aflorar un contenido vigoroso y sustancial que sepa conjugar plenamente la libertad y la justicia. 
En un documento como éste no puede faltar en primer lugar la referencia precisa e irrefutable al derecho al trabajo. 
No puede faltar, no debe faltar. 
Cierto que se mencionan los derechos sociales, sin embargo, han de explicitarse, aclararse, concretarse: derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, a la pensión, es decir, derecho a la vida, a la vida que cada uno debe poder vivir con las mismas oportunidades, conforme a los principios de liberté y de égalité que han inspirado nuestra secular historia. 
Por esto pido que el Parlamento Europeo apoye las pocas y explícitas enmiendas al respecto, presentadas por la Sra. Kaufmann y por mí. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, la única cosa verdaderamente fundamental en esta idea de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión es el intento, bajo capa aparentemente generosa, de dar un paso hacia la llamada constitucionalización de los Tratados o incluso, más directamente, a una constitución europea de un Estado europeo. 
Y, por eso, nosotros estamos en contra. 
No está en entredicho el contenido de una Carta. 
Procedemos de un país cuya constitución tiene una de las más extensas enumeraciones de derechos fundamentales existentes. 
Y somos de un partido puesto a prueba en la lucha por la democracia, de la que siempre forma parte la defensa intransigente de los derechos humanos como una de las referencias más elevadas. 
Pero nos oponemos porque vemos en la idea de esta Carta como un "caballo de Troya" del federalismo, una trampa política que sobre todo lleva en su seno otras graves consecuencias políticas y jurídicas para los Estados y los pueblos de Europa. 
No nos parece correcto ni sobre todo oportuno herir y romper el equilibrio de los Tratados en este momento. 
Al contrario, los tiempos y los imperativos son de tal clase, que consideramos más importante que nunca defender los Tratados y volver a los exactos y seguros caminos trazados por los fundadores que nos han traído hasta aquí. 
La Unión Europea no necesita una Carta de Derechos Fundamentales por la razón más sencilla de todas: la de que la Unión Europea no tiene ningún problema con los derechos fundamentales. 
La Europa de la que formamos parte es incluso en buena medida la cuna de la cultura de los derechos fundamentales. 
Al no haber un problema, la Carta no es una solución, Y, al no ser una solución para nada, la Carta es, por tanto, un problema. 
Sin lugar a dudas, porque nos divide en una causa en la que deberíamos estar unidos y, además, porque crearía una superposición y potencialmente un conflicto perturbador con la tutela del Convenio Europeo en el marco institucional probado y estabilizado del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
No es un más: es un menos. 
La sede adecuada para la consagración de los derechos fundamentales es el derecho constitucional de cada uno de los Estados-nación. 
Y la sede adecuada de concertación jurídica internacional y avance sólido en la protección internacional de los derechos humanos son los pactos y los convenios ratificados por los Estados en un ámbito geográfico lo más vasto posible. 
Es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en el marco europeo, el Convenio Europeo. 
En esos marcos internacionales amplios es en los que debemos trabajar para volver realmente más efectiva en el plano internacional la protección de derechos ya reconocidos por los Estados, en lugar de internarnos por un camino que será reductor, por ser contrario al principal rasgo de la cultura de los derechos fundamentales: su universalidad. 
Si la Unión Europea quiere efectivamente dar pasos emblemáticos a ese respecto, el camino que debe seguir es otro: el de incluir en la lista de los textos internacionales de referencia, en el artículo 6 del Tratado de la Unión, todos los pactos y convenios sobre los derechos humanos ya ratificados por los quince Estados miembros, con lo que los inscribirá claramente en el acervo comunitario. 
Eso sí que sería un avance. 
Esta Carta es una falsa respuesta a una pregunta inexistente y, por tanto, un problema suplementario del que, por nuestra parte, prescindimos. 
Señor Presidente, "la realización de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa y el mantenimiento y desarrollo de la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia se fundamentan en el respeto general y pleno de la dignidad del ser humano, que es única, igual para todos e inviolable". 
Así lo señala el considerando B de la propuesta de resolución que debatimos. 
Opino que es un gran avance que el Parlamento haya precisado y fijado un concepto del hombre que tiene profundas raíces en la historia, la cultura, los pueblos y la tradición espiritual de Europa. 
Por este motivo me alegra que mi enmienda sobre el valor de las personas- inalienable, único e igualitario- haya sido apoyada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Necesitamos un concepto común sobre el hombre, como fundamento para poder motivar la lucha, perseverante y global, contra la pena de muerte, lucha a favor de la vida y también lucha contra la tortura, contra el comercio sexual y contra la explotación sexual. 
Tenemos, como ciudadanos, libertades y derechos, pero también tenemos obligaciones. 
Por eso doy la bienvenida a las obligaciones que se agregaron a mi formulación del considerando E. 
También quiero recordar que mañana se votarán las enmiendas 24 y 25, presentadas por el Grupo PPE-DE. 
Finalmente quiero señalar que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hizo una declaración en noviembre de 1999 en el sentido de que la familia no tiene derechos especiales sino solamente derechos individuales. 
Esta declaración está en contradicción con los estatutos de derechos humanos y derechos de la familia de la ONU y del Consejo Europeo. 
Señor Presidente, dado el ritmo exageradamente trabajoso con que se mueven las cosas, no es frecuente que en el Parlamento Europeo tengamos la oportunidad de expresar alguna vez sin reparo nuestra satisfacción. 
El informe de los colegas Duff y Voggenhuber nos ofrece, sin embargo, hoy esta oportunidad. 
Yo quisiera resaltar ahora sobre todo la firme determinación con que ambos ponentes han perseguido su objetivo. 
En esta Asamblea también se observa demasiado a menudo que, a pesar de todas las protestas verbales, la prepotencia y la situación ventajosa del Consejo y la Comisión acaban imponiéndose, y con demasiada frecuencia prevalecen también aquí los intereses de los partidos y los Gobiernos nacionales. 
Duff y Voggenhuber se presentan, por el contrario, como auténticos parlamentarios europeos, a quienes mueve un interés europeo común. 
Como resultado, mañana podremos aprobar un informe basado en la idea fundamental de que es obviamente el Parlamento Europeo, y no los Gobiernos, quien ha de consagrar los derechos fundamentales de la Unión Europea y que sólo si se acepta esta evidencia podremos tener éxito. 
Los ciudadanos y ciudadanas de Europa sólo podrán llegar a sentirse satisfechos con esta Carta si se cumplen dos requisitos: en primer lugar, su contenido debe ser sustancial y, en segundo lugar, la Carta debe incluir la coercibilidad de los derechos. 
Con increíble decepción debemos constatar, no obstante, que la Convención constituida específicamente con este fin, reúne una gran competencia, pero poquísimo valor. 
En este sentido, el presente informe se puede considerar también como un llamamiento dirigido a dicha Convención: ¡Atrévanse por fin a hacer algo! 
¡Atrévanse a introducir innovaciones en la Carta, también y muy especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y las biotecnologías, pero asimismo en lo que se refiere a la igualdad de derechos de la mujer o a la protección del medio ambiente! 
¡Atrévanse a no limitarse a hablar de la sociedad civil en el palacio de cristal del Parlamento y a incluirla efectivamente también! 
¡Y atrévanse a incorporar, por ejemplo, las normas de la Organización Internacional del Trabajo en el ámbito del derecho laboral internacional! 
La Carta podría ser justamente el instrumento adecuado para plasmar el espíritu de Europa y podría contribuir a modelar una identidad común. 
¿Por qué se muestran los Gobiernos de la UE tan prestos a la hora de impulsar reformas económicas y tan vacilantes cuando se trata de los derechos políticos? 
¿Acaso no se dan cuenta de que esta Europa se desintegrará si sólo se impulsa unilateralmente la economía, pero no los derechos políticos fundamentales? 
Por esto, muy conscientemente en mi calidad de austríaco, yo quisiera gritarles a los Gobiernos: ¡Despierten y ofrezcan, por su propio interés, una oportunidad a los derechos fundamentales! 
En este sentido, yo quiero expresar mi deseo de que el presente informe obtenga mañana una abrumadora mayoría aquí en el Pleno. 
Quiero decir que una Carta de los Derechos Fundamentales es bien recibida y necesaria; basta con que haga frente a estas tres trampas que tenemos ante nosotros. 
La primera trampa es que sea un texto de relaciones públicas, y hemos visto muchos de la Unión Europea, por ejemplo, en el ámbito del empleo; y que no haya fundamento jurídico, carácter vinculante, posibilidad de que el ciudadano reivindique la aplicación de sus derechos en los tribunales. 
El segundo peligro es que sea la coartada para que la Unión Europea continúe sin comprometerse con las decisiones y regulaciones básicas de organismos internacionales, como es el Convenio Europeo de Derechos Humanos o como son las diversas decisiones de la Organización Internacional del Trabajo. 
Y el tercer peligro es que sea una Carta general, un relajado término medio de ser, al final, un mecanismo para minar los derechos humanos conquistados en algunos países. 
Por ejemplo, si un país tiene el derecho a la enseñanza gratuita, una mención general al derecho a la enseñanza en una Carta de la Unión Europea puede ser el primer paso para minarlo. 
Si se hace frente a estas tres trampas, si en esta Carta se solucionan con seriedad los derechos sociales, si es positiva ante las cuestiones que plantean Internet, las nuevas tecnologías etc. y si tiene validez para cuantos viven en la Unión Europea, entonces puede ser una aportación positiva. 
Señor Presidente, Señorías. Los derechos fundamentales, la ciudadanía, la libertad y los derechos humanos cuentan con una larga tradición en Europa. 
Como antecedentes originarios de los derechos fundamentales modernos cabe citar la Magna Charta Libertatum inglesa de 1215, la Petition of Rights de 1628, el auto de Habeas Corpus de 1679, la Carta de Derechos, Bill of Rights, de 1689 y, finalmente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. 
En los últimos 200 años se ha ido imponiendo el reconocimiento jurídico constitucional de los derechos fundamentales, particularmente bajo la influencia de esos documentos clásicos sobre los mismos. 
La Europa del siglo XXI requiere ahora una recopilación de los derechos fundamentales vigentes en los Estados miembros y de sus componentes importantes para Europa. 
Los derechos fundamentales, como por ejemplo los de libertad de culto, de reunión y de asociación, son derechos inviolables e inalienables que garantizan la libertad frente a la injerencia estatal. 
Aplicado esto a Europa, una Carta europea de derechos fundamentales debe proteger a los ciudadanos de la Unión Europea frente a los abusos e injerencias de las instituciones europeas en el ámbito de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Nuestro Grupo espera, además, que una recopilación escrita de los derechos fundamentales de carácter europeo dote de un fundamento ético-jurídico más sólido al valor integrador de Europa y contribuya a mejorar la transparencia y la claridad de cara a los ciudadanos. 
Para nosotros es particularmente importante que la Carta europea no pueda reemplazar ni menoscabar los ordenamientos jurídicos fundamentales de los Estados miembros. 
La petición de que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 1950 fue objeto de un apasionado debate. 
El Convenio del Consejo de Europa cuenta ahora con 50 años de antigüedad. 
Nuestro Grupo se opone a dicha adhesión, no sólo porque los Tratados europeos vigentes no la permiten, sino porque la Unión Europea necesita su propio recopilación de derechos fundamentales, que refleje las convicciones actuales. 
Esto implica, sin embargo, al mismo tiempo, que debemos limitarnos a los derechos fundamentales clásicos y evitar su ampliación a los derechos fundamentales de carácter social y económico que carecen de coercibilidad a escala europea. 
Yo agradezco el trabajo exhaustivo que han realizado los ponentes y espero que las consideraciones del Parlamento Europeo sean recogidas en las deliberaciones de la Convención para la elaboración de la Carta de derechos fundamentales. 
Señor Presidente, los ponentes Duff y Voggenhuber y también la Comisión de Asuntos Constitucionales han realizado un buen trabajo. 
El informe en sí mismo es bueno, pues transmite los mensajes esenciales sin llegar al extremo de anticiparse a los trabajos de la Convención sobre los derechos fundamentales. 
Por consiguiente, yo tengo la esperanza de que el informe se adopte mañana en el Pleno bajo la forma en que fue redactado en la Comisión competente para los derechos fundamentales. 
Yo desearía, no obstante, que se modificase un punto y he presentado una enmienda en este sentido en nombre de mi Grupo. 
Se refiere al tema, que ya se ha comentado repetidamente hoy, de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
La adhesión de la Unión a dicho Convenio fue un objetivo importante en el pasado. 
Fue un objetivo importante y acertado justamente cuando no existía la intención de establecer una recopilación propia de derechos fundamentales a escala de la Unión Europea y en este sentido representaba, como segunda alternativa, una opción mucho mejor que no hacer nada. 
Sin embargo, no es este el camino por el que queremos y debemos avanzar en el futuro en Europa. 
Con todo el respeto hacia el Convenio de los Derechos Humanos, ¡necesitamos algo más! 
Necesitamos nuestra propia Carta, con nuestras respuestas a los problemas de nuestro tiempo. 
Con una presencia equilibrada de los derechos liberales clásicos, un conjunto adecuado de derechos económicos y buenas soluciones para los temas relativos a los derechos sociales y la dotación social básica de los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Convenio Europeo de los Derechos Humanos no cumple esta función. 
No puede cumplirla porque se elaboró en los años cincuenta bajo un marco de condiciones políticas y sociales totalmente distintas. 
Visto así, ha llegado el momento de que todos lancemos un llamamiento a favor del trabajo constructivo en la elaboración de nuestra propia Carta. 
La Convención sobre los derechos fundamentales, esos 62 políticos a los que se ha referido David Martin, tiene encomendada esta tarea. 
¡Brindémosle nuestro apoyo! 
Señor Presidente, la finalidad legítima de la Carta de Derechos es proteger los derechos, las expectativas y las aspiraciones legítimos de los ciudadanos contra la conducta opresiva del gobierno, de las empresas o de otros ciudadanos; naturalmente, es perfectamente natural que la gente reciba esa salvaguardia respecto de las instituciones europeas y de sus actividades. 
Ahora bien, dicho lo que antecede, lo que es indispensable no es la existencia de una Carta sino la debida protección del ciudadano, y los medios de que el ciudadano reciba esa protección varían en la actualidad según los Estados miembros. 
En vista de las prácticas legislativas normales de la Comunidad, he de decir que me sorprende bastante que no se haya estimado que la debida protección de los ciudadanos debería conseguirse plasmándola en la esencia de los mecanismos jurídicos y administrativos establecidos de cada Estado miembro. 
Dicho con otras palabras, la normativa debe aplicarse según las líneas generales de una directiva más bien que por reglamento. 
Por ejemplo, no hace mucho estaba conversando con algunos magistrados muy importantes de Alemania que estaban convencidos, sobre la base de la historia y de las tradiciones de su país, de que esas cuestiones debían figurar en una Carta vinculante. 
En cambio mi propio país tiene una tradición sumamente diferente a ese respecto, como nuestro Primer Ministro ha indicado claramente, y no es parte de la tradición del Reino Unido el proteger al ciudadano de esa manera. 
Lo hacemos de una forma diferente, pero no menos eficaz. 
Estimo que es muy pertinente que el actual Gobierno socialista del Reino Unido se haya comprometido a lograr que la Carta no sea vinculante y que no se aplique a los derechos vigentes que no figuren actualmente en los tratados 
Señor Presidente, para los países que poseen una larga tradición de cartas directa y jurídicamente vinculantes, un nuevo texto del tipo propuesto no tiene nada de dramático, pero para los demás países representa un paso muy radical y, por el momento, vigilaré muy estrechamente lo que el Reino Unido dice y hace acerca de toda esta cuestión. 
Es evidente que hay mucha gente que tiene mucho miedo, en particular la gente que me eligió a mí, de que esta Carta prevalezca sobre las constituciones nacionales, particularmente por lo que se refiere al apoyo y la protección de las instituciones fundamentales como la familia, el matrimonio y la protección de la vida, tanto por lo que se refiere a las personas que ya han nacido como las que no han nacido todavía. 
Vale la pena de recordar que Europa ha compartido una posición común en toda su historia acerca de la importancia de apoyar y proteger a la familia y al matrimonio. 
Eso figura en todas nuestras constituciones así como en las constituciones de los países que han solicitado el ingreso en nuestra Unión Europea en plena expansión. 
Podría enseñarles a ustedes las constituciones de los Estados poscomunistas en las cuales se protege la familia y el matrimonio. 
Me alegra que en nuestra Carta se haga referencia a la vida de familia. 
En la primera parte del artículo 9 se dice que todos tendrán derecho a fundar una familia. 
Se indica que eso se inspira en el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual los hombres y las mujeres en edad de contraer matrimonio tienen derecho a casarse y a fundar una familia según el derecho nacional. 
La sociedad reconoce el matrimonio, no por motivos morales, sino porque reconoce sobre una base racional la estabilidad social y económica que concede a la sociedad, así como la protección de las generaciones futuras. 
En interés de las mejores prácticas- y teniendo en cuenta que es cada vez más difícil definir la familia y que necesitamos gran sensibilidad y compasión en esta esfera- no deberíamos desembarazarnos de la unidad familiar tradicional como unidad fundamental que queremos promover; en realidad deberíamos fomentar esa idea. 
En la parte 3 del artículo 9 se dice que la Unión tiene que velar por la protección de la infancia. 
Se sugiere que podríamos añadir "de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño". 
Estoy de acuerdo con ello, pero me permito proponer firmemente que digamos en el texto del punto 3 que, antes que nada y como asunto de la máxima importancia, la Unión apoyará a la familia como educadora principal y natural y como protectora de los niños, en cumplimiento de su deber. 
Lo único que tiene que hacer la Unión es asumir un papel principal cuando la familia no pueda cumplir sus obligaciones. 
Como se dice en la Convención, "la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad". 
Señor Presidente, Señorías, la Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea considera que el proyecto de establecimiento de una Carta de Derechos Fundamentales es un paso de la mayor importancia para la creación de una comunidad de valores que sirva de referente a la evolución futura del proceso de unión política. 
Muchos se preguntan hasta dónde podremos llegar en esta operación de fijación de ese mismo criterio de valores y principios que garantice a todos los ciudadanos en el espacio de la Unión un conjunto de derechos que fortalezca su pertenencia a un espacio de civilización común. 
Hoy ya se ha preguntado aquí qué es lo que nos hace querer estar juntos y superar nuestra gran diversidad mediante la afirmación de un cuerpo en el que podamos estar todos reunidos. 
Ésa es la gran cuestión sobre la identidad europea y a la que se debe esencialmente que estemos aquí, también conjuntamente, en esta gran casa que constituye la Unión Europea. 
A lo largo de decenios, y superando traumas y crisis, hemos ido formulando una forma de estar en el mundo basada en los valores de la libertad, la democracia y el respeto del Estado de derecho. 
Durante años se ha mostrado a quienes vivían en otra Europa la virtualidad del modelo basado en la cultura de las libertades que vivíamos en algunos países europeos y que, por lo demás, forma parte de la tradición de una cultura de la tolerancia que se fue cultivando en el continente y que hoy forma parte de la matriz de su propio proyecto en cuanto tal. 
La victoria de esas ideas y el fin del período totalitario que marcó a algunas sociedades europeas creó una nueva situación a la que es imperativo dar respuesta. 
A nuestro entender, es una cuestión de responsabilidad, pero también de coherencia. 
La ampliación de la Unión Europea a nuevos países, que constituye un imperativo ético y estratégico esencial para la estabilidad y la paz en el continente, va a traer a nuestro seno Estados con culturas políticas muy diversas y, en muchos casos, con instituciones y estructuras jóvenes y poco consolidadas. 
También para esos Estados y cuantos de entre ellos se baten por principios fundamentales que deben estructurar las sociedades contemporáneas resulta importante que se incluyan esos principios en el acervo al que quedarán vinculados después de la adhesión. 
Pero no se debe pensar que esa idea de una Carta o de un acervo de principios sea sólo como un mecanismo de salvaguardia ante los nuevos miembros, una forma de fortalecimiento frente al exterior. 
No es así, y no es ésa la intención. 
Acontecimientos recientes prueban que lo que consideramos estable y permanente en el ámbito de nuestros propios países, en el ámbito de la Unión de Quince, puede resultar, en determinadas circunstancias, mucho menos de lo que sería deseable para afrontar problemas que son muchas veces sencillos, pero, otras veces, recuerdan a viejos fantasmas. 
Aun así, una Carta de Derechos Fundamentales no substituye las garantías constitucionales de que cada uno de nosotros goza en su propio país. 
Hay que desechar ese mito, utilizado sistemáticamente contra la carta de Derechos Fundamentales, a fin de que no sirva de coartada a quien se refugia en la subsidiariedad para no asumir sus responsabilidades como ciudadano de Europa. 
Al contrario, estamos ante un valor realzado, una garantía suplementaria, en cierto modo, que va a funcionar como un instrumento de la nueva ciudadanía. 
Y a ese respecto tenemos que conseguir, señor Presidente, superar algunos problemas que el debate en el ámbito de la Convención empieza a afrontar- y considero que afrontará más en el futuro- y quisiera subrayar que, al hacer estas consideraciones, hablo en nombre del Consejo y no necesariamente en nombre de mi propio país, que sobre este asunto tiene una posición- digamos- bastante ambiciosa. 
La primera es una cuestión de orden jurisdiccional: la necesidad de garantizar una compatibilidad total entre las dos jurisdicciones relevantes que pueden resultar conflictivas en ese proceso. 
Es un problema real y es un problema del que todos debemos ser conscientes. 
No podemos correr el riesgo de ver crearse, con la introducción de esta Carta, una nueva esfera de incerteza jurídica. 
Estamos entrando en una operación para volver más transparentes los derechos de nuestros ciudadanos, no para enredarlos en una trama de contradicciones jurisdiccionales que podría funcionar como un elemento de confusión. 
Esta cuestión nos conduce también al problema, que renace una vez más después de Amsterdam, de la posible adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Una segunda cuestión tiene que ver con la determinación de aquellos a quienes se dirige esta Carta: ¿hablamos de los ciudadanos que tienen una nacionalidad de la Unión o nos dirigimos a cuantos se encuentran en el espacio comunitario? 
Ésta es una cuestión esencial. 
Y de nuestra respuesta debemos sacar todas las consecuencias, tanto más cuanto que muchos de nosotros creemos incluso que sólo las instituciones son el verdadero objeto de esta nueva Carta. 
Una tercera cuestión decisiva se sitúa en el cuerpo de los derechos. 
¿Hasta dónde pretendemos llegar? 
¿Nos limitaremos a un cuerpo de principios básicos, como un denominador común de lo que es correcto desde el punto de vista europeo, o vamos a situarnos en un terreno más ambicioso y que tiene más que ver con dimensiones de modernidad de lo que hoy es la Unión Europea? 
Nuestros ciudadanos parecen poder reivindicar hoy la consagración de un espacio en el espacio de la Unión no sólo de sus derechos económicos y sociales, sino también de los nuevos derechos que han venido presentándose como elementos de la ciudadanía moderna. 
¿Hasta dónde esta dispuesta a llegar la Unión? 
Por último, una cuarta cuestión, que tal vez sea la más importante: estamos en un debate en el que hay quien manifiestamente defiende un texto meramente declaratorio, como una excusa política. 
Pero, ¿acaso cualquier Carta de Derechos Fundamentales, sin un elemento de apremio, no pasaría de ser una mera enunciación de principios sin valor alguno? 
¿Estaremos- al elaborar una Carta de Derechos Fundamentales meramente declaratoria- refugiándonos pura y simplemente en una cuestión políticamente correcta, tal vez, pero que no responde a lo que hoy constituye la esencia de la Unión? 
Es que hay también, señor Presidente, Señorías, una nueva realidad que no podemos pasar por alto y que, desde la perspectiva de esta Presidencia, justifica claramente la necesidad de que trabajemos profundamente en una Carta de Derechos Fundamentales: quiero decir que, en el marco del Tratado de Amsterdam, lanzamos un ambicioso proyecto de creación de un gran Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. 
La Comisión Europea y los Estados miembros determinaron en el Consejo Europeo Extraordinario de Tampere el inicio de un proceso de fortalecimiento de las estructuras de seguridad interior en pro de la estabilidad de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, garantizando una lucha eficaz contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas y otros aspectos de orden interno. 
Ahora bien, en ese esfuerzo de carácter europeo resulta esencial velar por que toda esa acción, la acción futura que vamos a llevar a cabo en ese marco, tenga como referencia un cuerpo de principios muy claro que pueda servir de protección de los ciudadanos bajo una tutela jurisdiccional, clara y transparente. 
También por esa razón entendemos- y lo dijimos en Colonia con ocasión de la aprobación en el Consejo Europeo de la idea de la Carta de Derechos Fundamentales- que esa Carta constituye un elemento esencial, fundamental, para el futuro de la Unión. 
Sin ese fortalecimiento de los principios, sin que la Unión se dote de un pilar ético que le dé crédito ante sus ciudadanos- y que, por lo demás, sirva también de modelo y de referencia para su marco de relaciones exteriores -, nos arriesgaríamos a orientarnos hacia una profundización de las políticas y una debilitación de nuestros valores. 
A ese respecto, quisiera referirme a la cuestión de la Conferencia Intergubernamental. 
Está claro, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, que la cuestión de la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales es un elemento esencial para el propio crédito de la Conferencia. 
Desde el comienzo, la Presidencia portuguesa ha dicho con toda claridad que era muy importante garantizar que la agenda de la Conferencia Intergubernamental no entrara en un debate sobre la división y la gestión del poder en una Unión ampliada. 
La Carta de Derechos Fundamentales es, en ese marco, y así lo consideraremos hasta el final de la Presidencia, un elemento esencial con vistas a un resultado más equilibrado de esta Conferencia, que, por lo demás, deberá ocuparse de otros aspectos, en particular la cuestión de la defensa y la seguridad. 
Por todas esas razones, el Consejo ve, señora Presidenta, Señorías, con interés (y no dejará de prestarle la mayor atención) la resolución que este Parlamento apruebe en lo relativo a la Carta de Derechos Fundamentales. 
Muchas gracias, Comisario Vitorino. 
Con esto acaba el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Contribución complementaria de la Comisión a la CIG 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen de la Comunicación de la Comisión sobre la contribución complementaria a la CIG sobre las reformas institucionales: mayoría cualificada sobre los aspectos del mercado interior en los campos de la fiscalidad y de la seguridad social. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, me uno a ustedes mientras la Comisión continúa sus trabajos y acaba apenas, es lo mínimo que puedo decir, de llegar a unas conclusiones sobre el asunto que deseo exponerles ahora. 
Además, Señor Presidente, si quiero hacer bien mi trabajo, necesito, a las 17.45 horas, tal como estaba previsto en su horario, regresar a la comisión para presentar otro asunto del cual estoy encargado y que se refiere al marco comunitario de apoyo a Portugal, sabiendo que debo también responder a otra pregunta en el siguiente debate. 
No sé muy bien, teniendo en cuenta la organización común, o paralela, de nuestros trabajos, cómo podré hacer las cosas correctamente. 
Me esforzaré en ello, y me alegro de darles una explicación, sabiendo que tendremos nuevas oportunidades, ante las comisiones competentes, y sobre todo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, de referirnos de nuevo a este asunto, vinculado a la negociación de la Conferencia Intergubernamental y a la reforma de las instituciones. 
Permítame que dé las gracias a dos de mis colegas, Frits Bolkestein y Anna Diamantopoulou, por el apoyo que me han prestado en la elaboración de este texto y sobre el cual quiero recordar que lo había anunciado cuando la Comisión aprobó, el 26 de enero, su dictamen formal y sus propuestas sobre la reforma de las instituciones. 
Había indicado ante su Parlamento nuestra intención de especificar, de enumerar, algunos aspectos de este informe posteriormente. 
Lo hicimos hace algunos días sobre el sistema jurisdiccional de la Unión, la función del Tribunal de Justicia y la función del Tribunal de Primera Instancia. 
Lo hacemos hoy sobre un asunto extremadamente importante, sensible y conciso, el del ámbito de la mayoría cualificada en algunos campos de la fiscalidad y de la seguridad social. 
Señor Presidente, continuaremos así alimentando el debate de la negociación, especialmente en el asunto que interesa a su Parlamento en particular, la del fiscal independiente europeo encargado de la lucha contra el fraude, pero también sobre un asunto extremadamente importante, el de la reorganización de los Tratados. 
Sobre el asunto que expongo hoy ante ustedes, se trataba, como recordarán, en el informe del 26 de enero de la Comisión, de uno de los grandes asuntos que consideramos debe permanecer en el campo de la unanimidad. 
Habíamos identificado cinco categorías de excepciones a la regla general que hemos aprobado, según la cual, en la Unión, las decisiones se tomarían en lo sucesivo por mayoría cualificada. 
Pero habíamos identificado, por razones institucionales, para asuntos extremadamente graves o sensibles, cinco categorías de excepciones que requieren la unanimidad. 
Ésta forma parte de ellas. 
Habíamos excluido también las decisiones que son incompatibles con los objetivos del mercado interior o que pueden dar lugar a distorsiones de competencia. 
Por lo tanto, este es el punto sobre el que hemos deliberado hoy para completar nuestro dictamen. 
Señoras y señores diputados, quisiera de entrada recordar que las propuestas que les serán proporcionadas dentro de unos momentos, o de algunas horas, no comportan una transferencia de competencias ni consisten tampoco en un programa de acción sobre el fondo. 
Estas propuestas se refieren a los procedimientos de decisión en materia de fiscalidad y de seguridad social. 
Dicho esto, quisiera evitar tres malentendidos que se producen a veces. 
Primero, la Comisión no pide nuevas competencias para la fiscalidad y la seguridad social. 
Desde el Tratado de Roma, los Tratados prevén un lugar para la acción comunitaria en estas dos materias. 
Pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada no es una transferencia de competencias. 
La Comisión se atiene estrictamente a las competencias de que ya dispone la Comunidad Europea. 
Tomaré el IVA como ejemplo. 
En este punto nos encontramos ante un logro importante de la legislación comunitaria que ha sido desarrollado desde los años 1970. 
El hecho de que, en lo sucesivo, el Consejo pueda modernizar esta legislación resolviendo por mayoría cualificada para tener en cuenta el desarrollo, por ejemplo, del comercio electrónico, no puede ciertamente ser considerado como una transferencia de competencias. 
La competencia ya existe en el ámbito comunitario. 
Únicamente podría cambiar el procedimiento de decisión. 
Este es el primer punto que quería precisar. 
El segundo es para decirles que la Comisión no desea imponer ninguna nivelación de sistemas fiscales o de sistemas sociales nacionales. 
La cuestión que queremos tratar es la de saber cómo conservar lo que existe y hacer que lo compartan todos los nuevos Estados miembros. 
No debemos olvidar que se trata, en el ejercicio en el cual nos encontramos, en esta negociación, de saber cómo funcionará la Unión Europea con 18, 20, 25, 27 o quizá 28 Estados miembros, para que cada uno de estos Estados, los que ya están en ella y los que se unirán a nosotros, pueda sacar el mejor partido del mercado único, un mercado que los Tratados han convertido en un motor de desarrollo económico y social de Europa. 
Se trata pues de introducir la mayoría cualificada allí donde nos parezca necesaria, y dejar la unanimidad donde sea preferible. 
Finalmente, la Comisión tiene interés en precisar que esta contribución complementaria no representa su programa para los años venideros en todos estos campos. 
No encontrarán en ella las medidas que la Comisión puede tomar en consideración para el futuro, o las propuestas de fondo que piensa presentar en su día. 
Mis colegas, la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Bolkestein, les informarán cuando sea el momento sobre estos diferentes puntos del programa de la Comisión. 
Quisiera exponer ahora los principios que han guiado nuestro enfoque en el documento que tienen ustedes. 
Lo repito, la unanimidad sigue siendo la regla. 
En su dictamen del 26 de enero, la Comisión había estimado que, puesto que reflejan las orientaciones fundamentales del legislador nacional en materia de política económica y social y de solidaridad, la fiscalidad y la seguridad social determinan ampliamente la elección política nacional de los ciudadanos. 
Por esta razón, la Comisión estima justificado mantener la unanimidad en estos ámbitos como principio de base. 
Por otra parte, esta elección nacional es generalmente- repito, generalmente- neutra en relación con la construcción europea. 
Éste es el primer principio. 
Pero de este primer principio deriva un segundo principio, que es el siguiente: la mayoría cualificada para permitir la adopción de medidas que están más directamente vinculadas con el buen funcionamiento del mercado interior. 
Sabemos, ustedes saben, que algunas disposiciones nacionales en el ámbito fiscal y en el ámbito de la seguridad social pueden tener, a causa de su contenido o de su naturaleza, repercusiones en el funcionamiento del mercado interior. 
La Comisión estima que la Comunidad debe poder adoptar por mayoría cualificada aquellas medidas que estén más directamente vinculadas con el buen funcionamiento del mercado interior. 
Este es el segundo principio. 
Finalmente, tercer principio: debemos escoger para el futuro el mejor instrumento para respetar la subsidiariedad. 
Puede tratarse simplemente de coordinación; puede tratarse de establecer disposiciones mínimas, puede tratarse también, en un nivel superior, de armonización. 
Pero esta elección del mejor instrumento debe limitarse a lo estrictamente necesario. 
Por regla general, el objetivo final de las medidas para las cuales se propone la adopción de la mayoría cualificada no constituiría una armonización sistemática de las legislaciones nacionales, sino simplemente su coordinación. 
Esto es, por otra parte, señoras y señores diputados, lo que ocurre desde hace casi cuarenta años en el ámbito de la seguridad social. 
Finalmente, antes de responder a sus preguntas, quisiera recordar rápidamente el contenido de las propuestas tal como las leerán ustedes. 
Sobre la fiscalidad directa, proponemos la mayoría cualificada para coordinar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y para garantizar el tratamiento de situaciones que impliquen las legislaciones de varios Estados miembros. 
Para lo demás, la unanimidad continúa siendo la norma. 
Sobre la fiscalidad indirecta, para poder luchar contra el fraude, modernizar y simplificar el "acervo" frente a las evoluciones económicas, para tener en cuenta los objetivos del Tratado en materia de medio ambiente, proponemos actuar a través de decisiones por mayoría cualificada. 
Proponemos, por otra parte, mantener la unanimidad para las decisiones concernientes a los tipos de fiscalidad y al lugar de imposición. 
Finalmente, siempre a propósito de la fiscalidad, proponemos, para más claridad y mejor legibilidad, reagrupar el conjunto de disposiciones fiscales en un único artículo, más corto y con una nueva formulación: el artículo 93. 
Perseguimos con ello un objetivo de coherencia. 
Cuarto punto, que trata esta vez de la coordinación de las legislaciones en materia de seguridad social, proponemos la mayoría cualificada para modernizar y adaptar las disposiciones que pretenden evitar penalizar a las personas y no únicamente a los trabajadores. 
En efecto, además de los trabajadores, existen, por ejemplo, estudiantes que se desplazan por la Comunidad. 
Finalmente, tratándose de disposiciones mínimas en materia de seguridad social, nos proponemos extender a la seguridad social una posibilidad que ya existe en otros ámbitos de la política social y que consiste en adoptar disposiciones mínimas por mayoría cualificada. 
Señor Presidente, unas palabras, finalmente, para expresar el estado de ánimo en el cual he continuado trabajando, como lo habíamos hecho bajo la autoridad del Presidente Prodi con respecto a nuestro dictamen del 26 de enero. 
La Comisión ha llevado a cabo una labor lúcida y voluntarista. 
Hemos dejado de lado cualquier razonamiento ideológico. 
Queremos ceñirnos a hechos precisos, a propuestas concretas, para evitar abordar asuntos mediante eslóganes o de manera ideológica. 
Confirmo finalmente que además de esta contribución complementaria, me presentaré de nuevo ante ustedes para otras contribuciones, a fin de precisar el dictamen de la Comisión sobre el conjunto de la reforma de las instituciones europeas antes de la ampliación, como lo hicimos el 26 de febrero. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera manifestar mi satisfacción por el enfoque de la Comisión en general respecto de la CIG. 
El hecho de que se nos estén formulando explicaciones más detalladas acerca de determinadas cuestiones, es muy útil. 
En segundo lugar, coincido con la Comisión en que ésta es una cuestión sumamente delicada. 
Los asuntos fiscales y la seguridad social son lo que la Sra. Thatcher solía llamar "los recovecos" de la vida cotidiana. 
Es algo que afecta a los Estados miembros y a sus pueblos de forma muy particular, y hemos de ser muy cuidadosos antes de que la Comunidad empiece a ocuparse de esas cuestiones. 
Por lo que he oído la Comisión ha recibido respuesta a la mayor parte de sus preguntas y ahora me toca a mí hacer un par de preguntas para ver si me resuelven la situación. 
Cabe decir que los Estados miembros han aceptado ya una competencia comunitaria; dicho con otras palabras, cuando hemos adoptado una medida lo mejor es utilizar la votación por mayoría cualificada para ajustarla. 
Esto es perfectamente lógico. 
Lo que no tenía yo tan claro es lo que hablamos acerca de otras medidas en las que era necesario hacer funcionar al mercado interior. 
¿Cómo se puede definir eso? 
Como sonar, suena bien, pero ¿cómo vamos a definir una medida que es esencial para que pueda trabajar el mercado único? 
Esta cuestión requiere mucho debate. 
De manera análoga, la cuestión de la armonización contra la coordinación: la coordinación de unos puede ser la armonización de otros y necesitamos definiciones claras de lo que es la coordinación y de lo que es la armonización para que esta cuestión pueda quedar bien resuelta. 
Le deseo que tenga éxito en esta esfera porque se trata de una esfera en la que necesitamos abrirnos paso. 
No creo que sea fácil llegar a un acuerdo, y me gustaría estudiar el documento detalladamente antes de juzgar lo que ha dicho la Comisión esta tarde. 
. (FR) Gracias, señor diputado Martin por su apreciación, que entiendo está vinculada al análisis pormenorizado que hará usted del texto de la Comisión. 
Éste, tan pronto como haya sido aprobado- de esto se trata ahora -, estará disponible hacia el final de la tarde. 
He sido muy sensible a la referencia que ha hecho usted a la Sra. Thatcher y comprendo perfectamente su preocupación, en vista de la sensibilidad especial que despierta este asunto en su país, por insistir en que debemos adoptar un enfoque pragmático. 
Ya les he expresado hace un momento, señoras y señores diputados, mi preocupación, en este documento y en las discusiones que mantendremos, por evitar la ideología, y por atenernos a un enfoque conciso. 
Esto es lo que he dicho, y creo que se me entendió bastante bien durante una de mis audiencias sobre la Conferencia Intergubernamental, en uno de los Parlamentos nacionales- me refiero al suyo, señor Martin, en Westminster- y creo que este enfoque es, en efecto, el adecuado. 
Por lo tanto, repito que nuestra clave fue decir que todo lo que atañía directamente al funcionamiento del mercado interior- y que podía, en una Europa ampliada, comprometer este buen funcionamiento- debía verse afectado por esta extensión a la mayoría cualificada. 
Naturalmente, hemos trabajado sobre los tres instrumentos que he citado- coordinación, disposiciones mínimas y armonización -, considerando que la armonización era naturalmente el nivel suplementario. 
Además de esta respuesta general, y agradeciéndole su apreciación, estaré atento, cuando haya podido usted examinar este documento, a sus críticas o a sus propuestas. 
Señor Presidente, yo creo que sin duda es acertado afirmar que no se requieren competencias adicionales en materia fiscal, pero también me parece que debemos considerar cómo podemos dar un mayor impulso a los diferentes ámbitos temáticos. 
Un segundo ejemplo sería el de la doble imposición, que plantea muchos problemas. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿el programa de trabajo de la Comisión incluirá un calendario con unos plazos o cómo se proponen proceder? 
Muchas gracias, Comisario, por sus observaciones. 
No entiendo su afirmación de que no habrá transferencia de poderes. 
Si está usted aumentando los casos de votación por mayoría cualificada y por consiguiente está usted eliminando el veto nacional, es evidente que está usted transfiriendo poderes del Estado-nación a las instituciones europeas. 
También me siento poco a gusto con su declaración de que todo lo que busca usted es armonizar los impuestos en esferas "vinculadas con el mercado único" porque sabemos que, si esa frase se interpreta liberalmente- como las instituciones europeas tienden a hacer- entonces prácticamente todo puede quedar vinculado al mercado único. 
¿Se da usted cuenta, Excelencia, de que el dirigente del Partido Conservador Británico ha dicho que hemos llegado a los límites de la integración europea? 
¿Está usted al corriente de los recientes estudios sobre la opinión pública que indican que el pueblo británico se opone a que se transfieran más poderes del Estado-nación a Bruselas, y cómo va a tener usted en cuenta esos hechos? 
Señor Comisario, quisiera resaltar un punto de su ponencia. 
Ha dicho usted que, donde haga falta unanimidad, nos quedaremos con la unanimidad y, donde haga falta una mayoría cualificada, iremos a la mayoría cualificada. 
Por supuesto, todos sabemos que el Parlamento Europeo es de la opinión clara de que debe adoptarse como norma la mayoría cualificada y sólo como excepción la unanimidad. 
Si abandonamos esta idea, abandonamos también el posterior ascenso del Parlamento Europeo a colegislador en todos los temas legislativos sobre los que también está prevista la mayoría cualificada en el futuro. 
O sea, en donde nos quedemos con la unanimidad, el Parlamento no tendrá el papel legitimador, democrático e importante que tendrá en todos aquellos casos en que tengamos mayoría cualificada, casos que, en opinión del Parlamento Europeo, deberán ser la norma por razones de carácter democrático de nuestra forma de funcionamiento. 
. (FR) Señor Rübig, concentraré mi respuesta sobre el punto del IVA. 
Me pregunta usted sobre el programa de trabajo de la Comisión, y ya había dicho, anticipadamente, que hoy no habíamos tratado este asunto, que la Comisión tenía su programa de trabajo y que mis colegas encargados de dicho asunto vendrían, en su momento, a hablar de ello ante ustedes. 
Sin embargo, me pregunta usted, en líneas generales, si el gran proyecto de modernización del IVA podría ser adoptado con las propuestas de ustedes por mayoría cualificada. 
Le respondo: depende de lo que se entienda por "gran proyecto de modernización del IVA". 
Más exactamente, si piensa usted en el paso del régimen transitorio al régimen final de imposición del IVA, que cambiaría el lugar de imposición, hemos indicado claramente, y se lo confirmo, que este punto se resolvería, de todas maneras, por unanimidad. 
En lo referente a la modernización del régimen ante los nuevos desarrollos económicos- pienso principalmente en todas las consecuencias de la mundialización, de la liberalización, del comercio electrónico -, se trata de una pregunta que puede dirigir usted al Sr. Bolkenstein. 
Estamos identificando junto con los Estados miembros los elementos que comportaría este paquete. 
Se celebró una reunión el 2 de marzo, y creo muy sinceramente que es demasiado pronto para darle más precisiones. 
Pero les he hablado de la modernización del IVA, lo cual me permite hacer una transición, y decir al Sr. Helmer: sé bien que se trata de cuestiones delicadas, sé la importancia que se da, en nombre de la soberanía nacional, a la fiscalidad, al hecho de aprobar el impuesto y, sobre todo, de votar los tipos; he ocupado un escaño durante dos años en el Parlamento de mi propio país. 
Simplemente, deseo servirme de toda mi capacidad de convicción con usted, naturalmente, y si es posible con los negociadores y con los Sres. Tsatsos y Brok, para decir a los Estados que se muestran renuentes y más susceptibles que los demás sobre este asunto: "Piénsenlo bien antes de rechazar la extensión de la mayoría cualificada a las propuestas que la Comisión ha hecho de manera razonable". 
Estamos hablando del buen funcionamiento del mercado interior, hablamos del resultado de este mercado interior, y todos los países están implicados en ello, ya que interesa a todos los países de la Unión. 
Pero ¿qué ocurrirá en una Europa muy ampliada, donde las desigualdades serán todavía más importantes de lo que son ahora en el plano social y en el plano de los presupuestos? 
Por esta razón aconsejamos un examen lúcido, iba a decir casi clínico, de estas cuestiones, en interés del mercado interior. 
Finalmente quiero agradecer al profesor Tsatsos por haber recordado el vínculo que existe entre estas propuestas y la función del Parlamento Europeo. 
Puesto que tengo la ocasión de hacerlo, lo confirmo: una de las propuestas de la Comisión consiste en asociar directamente la codecisión a todas las medidas que se tomen por mayoría cualificada, en el momento en que se trate de medidas de orden legislativo. 
Puede verse perfectamente a través de estas cuestiones que afectan al mercado interior- seguridad fiscal y fiscalidad- y a su buen funcionamiento que se trataría de un lugar legítimo de expresión, de toma de posición del Parlamento Europeo. 
Tendremos, señor Profesor, nuevas ocasiones de decirlo y de tratar de convencer a los demás negociadores a lo largo de los meses venideros. 
Señor Presidente, señor Comisario Barnier, yo acojo con suma satisfacción la iniciativa de la Comisión. 
Es evidente que el Mercado Único y también la Unión Monetaria requieren una coordinación de la política fiscal. 
Quien lo niegue también está poniendo en entredicho la existencia del Mercado Único a largo plazo. 
Usted acaba de citar algunos detalles específico sobre el IVA. 
Yo echo en falta la mención de otros dos impuestos, sobre los que se viene debatiendo desde hace largo tiempo: la tributación sobre los intereses y la fiscalidad de las empresas. 
Se trata, en efecto, de dos impuestos básicos que es preciso aproximar de algún modo. 
Yo no sé si los ha contabilizado usted como parte de la evasión fiscal. 
En cualquier caso, su documento no lo menciona. 
¿Podría ofrecernos alguna indicación al respecto? 
Señor Presidente, he de admitir que me han impresionado mucho los principios expuestos por el Sr. Comisario. 
Si podemos reducir estas modificaciones de las normas sobre mayoría cualificada relacionadas con el funcionamiento del mercado interior a la práctica creada a través del Tribunal de Justicia y a las decisiones sobre mínimos, considero realmente posible poner en marcha estas modificaciones con la aprobación de todos los países, lo que es sumamente importante. 
Al mismo tiempo, he de concluir que si la Comisión quiere mantener estos tres positivos principios, en algún momento habrá de disentir con la nota que la Presidencia ha presentado. 
La Presidencia ha presentado la propuesta de que también los ámbitos incluidos en el tercer epígrafe del tercer punto del artículo 137 relativo a la defensa de los intereses de los empresarios y los asalariados y al segundo epígrafe del tercer punto del artículo 137 relativo a la rescisión del contrato de trabajo se rijan por mayoría cualificada. 
Me resulta difícil ver cuáles son los motivos para ello en base a los tres principios establecidos y que el Sr. Comisario ha mencionado. 
¿Puedo en base a ello concluir que el Sr. Comisario no seguirá la nota de la Presidencia en estas propuestas? 
Señor Comisario, "anda usted pisando huevos", y por lo tanto apoyo su gestión. Refiriéndome al argumento de subsidiariedad, quisiera simplemente decirle que, a mi juicio, resulta también importante utilizar como argumento, en estas cuestiones fiscales, el argumento de la ciudadanía. 
Es inaceptable, tras cincuenta años de construcción europea, que los ciudadanos europeos no sean iguales ante la ley por el simple hecho del juego de residentes y de no residentes. 
La noción de ciudadanía es, pues, un bien común, por el cual es necesario dejar atrás fracasos como el de Helsinki. 
Desearía exponerle tres preguntas concretas: 
Primera pregunta: ¿Prevé usted que el dispositivo que nos propone pueda entrar en vigor, teniendo en cuenta la integración de los mercados financieros y su necesaria regulación fiscal? 
Segunda pregunta: ¿En materia de fiscalidad medioambiental, el dispositivo que usted propone establece la mayoría cualificada? 
Tercera pregunta: ¿El dispositivo que usted propone permitirá al Consejo acabar, por mayoría cualificada, con los paraísos fiscales que existen en el interior de la Unión Europea? 
Muchas gracias, Comisario, por su declaración. 
Estoy seguro de que ninguno de nosotros se opondrá a que nos ocupemos del fraude y la evasión fiscal pero he de decir que es necesario mantener la confianza de los ciudadanos en la Unión, y me parece que muchos gobiernos de nuestros Estados miembros querrán analizar muy a fondo toda ampliación del empleo de la votación por mayoría cualificada antes de aceptarla. 
Esa ampliación daría de lleno en lo que se puede considerar como capacidad de un país para ocuparse de sus propios asuntos. 
Pienso particularmente en casos como el de los impuestos retenidos en la fuente, que hubiera sido inaceptable someter a votación por mayoría cualificada. 
Espero que se tengan en cuenta esos aspectos cuando se juzgue la posibilidad de conseguir que la cuestión quede aceptada. 
Me parece muy bien que se luche contra el fraude y contra la evasión fiscal y que se mejore la legislación en materia de seguridad social, pero hay algunos aspectos respecto de los cuales me parece que será difícil convencer a todos los Estados miembros. 
Comisario, quisiera hacerle unas cuantas preguntas sencillas que, en cada caso, no requieren más que una respuesta "si" o "no". 
¿Puede garantizarnos que la Comisión no procurará, en ninguna circunstancia, recurrir a la votación por mayoría cualificada para imponer los impuestos retenidos en la fuente? 
¿Puede darnos la misma garantía acerca de la propuesta de impuesto sobre combustible para aeronaves, que se examinó esta semana en el ECOFIN, y puede darnos la misma garantía acerca del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea? 
¿Cabe prever alguna circunstancia en la que la Comisión procure servirse de la votación por mayoría cualificada en relación con cualquiera de los temas mencionados? 
¿Puede garantizar usted que la Comisión no utilizará la votación por mayoría cualificada en relación con ninguna de esas cuestiones? 
Señor Presidente, me puedo imaginar que algunos de nuestros colegas consideran que los ciudadanos son sensibles a la intervención europea en los expedientes de carácter fiscal y social. 
A este respecto puedo decirle que en mi país muchos ciudadanos pierden el sueño por el hecho de que Europa no interviene en los expedientes sociales y fiscales por causa de la unanimidad. 
Por eso mismo, quisiera hacer dos preguntas al Comisario. 
En primer lugar quisiera señalar que los ciudadanos más afectados por esta no intervención son sobre todo los que desean beneficiarse de la libre circulación de personas, en concreto los trabajadores transfronterizos. 
Los expedientes relativos a la coordinación de la seguridad social, la ampliación a terceros países y los sistemas complementarios de seguridad social se encuentran bloqueados en el Consejo desde hace años. 
¿Puede comunicarme el Comisario si su alusión a la mayoría cualificada incluye asimismo este expediente? 
En segundo término me sumo a las palabras de mis colegas que han preguntado si las propuestas del denominado Grupo Prima Rolo que están sobre la mesa caen en el ámbito de aplicación de la mayoría cualificada referida por el Comisario. 
. (FR) Quisiera responder colectivamente a varios de ustedes, principalmente sobre lo que podría llamarse el paquete fiscal. 
El Sr. Leinen ha hablado de ello, así como el Sr. Baltas y, ahora mismo, la Sra. Van Lancker. 
Una observación previa: el objetivo de esta contribución no es, lo repito una vez más, prefigurar las condiciones de ejecución del programa de trabajo de la Comisión. 
Queremos distinguir, para facilitar el trabajo de la reforma de las instituciones, entre la gestión cotidiana de las políticas (es el trabajo normal de la Comisión, y nos reunimos con regularidad para hablar de ello) y la reforma en la perspectiva de la llegada de trece nuevos Estados miembros. 
Evidentemente, el paquete Monti está vinculado al buen funcionamiento del mercado interior. 
Por esta razón el Sr. Monti, hace unos meses, y mi colega Frits Bolkenstein, hoy, continúan considerándolo una prioridad política. 
Espero que todos estos esfuerzos llegarán a un resultado antes de la conclusión de esta CIG, antes de la ratificación que seguirá al Tratado de Niza, y que podremos disponer de este paquete fiscal, en interés del buen funcionamiento del mercado interior, antes de que eventuales modificaciones del Tratado puedan ser ratificadas. 
La Sra. Thorning-Schmidt y varios de ustedes, entre los cuales la Sra. Van Lancker, han mencionado las cuestiones sociales, que son extremadamente importantes, tratándose principalmente de nacionales de terceros países. 
Sí, queremos incluirlos en el ámbito de los beneficiarios de la política social (artículos 42 y 137, que deberían votarse por mayoría cualificada). 
También en este caso, independientemente de consideraciones ideológicas, hemos redistribuido los apartados de este nuevo artículo 137, para hacer pasar al campo de la mayoría cualificada todo lo que afecta- de manera objetiva, en nuestra opinión- al buen funcionamiento del mercado interior: seguridad social y protección de los trabajadores, protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato de trabajo, representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluidas la cogestión, las condiciones de empleo de nacionales de terceros países que residan regularmente en el territorio de la Comunidad y las contribuciones financieras encaminadas a la promoción del empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las disposiciones del Fondo Social. 
La historia reciente de la evolución de la Unión Europea demuestra que en Maastricht éramos conscientes de que la creación de la moneda única exigiría una mejor coordinación del capítulo social europeo, pero, en aquella época, no lo conseguimos. 
En Amsterdam- lo recuerdo porqué fui precisamente, casi hasta el final, uno de los negociadores de este Tratado -, ampliamos la definición de los objetivos de la política social en el Tratado, y la Comunidad se dotó de competencias propias, complementarias de las de los Estados miembros. 
En Niza, antes de la gran ampliación, examinen bien- se lo ruego, se lo suplico- este texto de manera prospectiva. 
Tal como estamos hoy, podríamos funcionar mal que bien y continuar viviendo juntos. 
Ahora bien, no se trata de esto, sino de una Comunidad- y no creo que podamos replantearnos más tarde esta cuestión tan delicada si no lo conseguimos ahora -, se trata, digo, de una Comunidad que cuenta con 27 ó 28 Estados miembros, y que presenta desigualdades muy importantes. 
Queremos asegurarnos que la Comunidad dispone de medios eficaces para soportar estas reestructuraciones comunitarias. 
Proponemos, pues, que estas disposiciones mínimas puedan ser adoptadas por mayoría cualificada, y no por unanimidad, en todos los ámbitos que he mencionado. 
Finalmente, quisiera decir al Sr. Jonckheer que, por todo tipo de razones, estoy completamente de acuerdo con él sobre la cuestión de la ciudadanía. 
Quiero confirmarle que, tratándose de disposiciones fiscales en materia de medio ambiente (muchas de las cuales están directamente vinculadas con el funcionamiento del mercado interior, más allá del bienestar de los ciudadanos y de la calidad de vida) , sabemos perfectamente que detrás de estas cuestiones, se perfilan riesgos de distorsión de competencia, los cuales, por otra parte, se irán agravando con la ampliación; proponemos, pues, en efecto, que en todas estas medidas de fiscalidad en materia de medio ambiente se aplique la mayoría cualificada. 
Soy consciente que, habida cuenta de los plazos concedidos, mis respuestas son incompletas. 
El Sr. Bolkenstein, la Sra. Diamantopoulou y yo mismo tendremos ocasión de comparecer de nuevo ante ustedes. 
Queremos lanzar este debate, mantenerlo, alimentarlo, teniendo como base estas propuestas, de tal manera que, como me había comprometido, esta negociación difícil en el seno de la Conferencia Intergubernamental se vea así facilitada. 
Pero, a fin de cuentas, sabemos perfectamente que será necesaria la voluntad política. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0201/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0174/00): 
Asunto: Consideración del Estatuto Legal Internacional de las aguas del Sáhara Occidental El pasado 4 de noviembre, el Jefe del Gabinete del Comisario Fischler remitió una carta al Sr. Pierre Galand, que se había interesado por las repercusiones de los Acuerdos de Pesca UE-Marruecos sobre el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental. 
Sobre la base del apoyo de la UE a las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental, y de la inquietud causada por el equívoco contenido de la citada carta, 
¿No cree la Comisión que debería efectuar rápidamente y de acuerdo con el Consejo una consulta oficial al Secretario General de la ONU en torno a la definición legal de las aguas del Sáhara Occidental de acuerdo con el derecho internacional teniendo en cuenta que el citado territorio es objeto de un proceso de autodeterminación, de manera que la negociación del citado Acuerdo no entrañe ningún malentendido sobre la postura de la UE en torno al futuro de aquel territorio y no se lesionen los derechos de sus habitantes? 
. (EN) La Comisión confirma la posición indicada por el jefe de gabinete del Comisario responsable de agricultura y pesca el 11 de enero en respuesta a una carta del Sr. Galland en nombre del Comité de coordinación de la organización de apoyo saharauí. 
Esa posición recordaba que el acuerdo de pesca que expiró en noviembre de 1999 se aplicaba a pesquerías marroquíes definidas como aguas sobre las cuales Marruecos tiene soberanía o jurisdicción. 
Esa definición no afecta en absoluto a la condición jurídica del Sáhara Occidental ni de sus aguas costeras. 
Se trata de una cuestión de la incumbencia del derecho internacional, y en particular de varias resoluciones de las Naciones Unidas, y que es responsabilidad del Secretario General de las Naciones Unidas, cuyos esfuerzos por encontrar una solución justa, equitativa y duradera han recibido el continuo apoyo de la Unión Europea. 
Quiero comenzar dando las gracias al Sr. Comisario por su amable respuesta, pero señalando que la considero de todo punto insuficiente. 
En la carta a la que me refería en el texto de mi pregunta quedaba poco claro cuál es el concepto que la Comisión Europea tiene de las aguas costeras del Sáhara Occidental. 
Sin embargo, usted lo ha dicho con excesiva claridad. 
Ciertamente, el Reino de Marruecos es, en estos momentos, una potencia que ocupa el Sáhara Occidental y éste es un territorio sometido a un proceso de autodeterminación. 
En todo caso, según el Derecho internacional, correspondería considerar que el Reino de Marruecos ejerce el control sobre ese territorio, pero de ninguna manera ostenta la soberanía del mismo. 
Y si no puede ostentar la soberanía del territorio, tampoco la tiene sobre sus aguas costeras. 
Sería prejuzgar el futuro de las mismas, puesto que cabe la posibilidad de que el referéndum de autodeterminación previsto decida la independencia de ese territorio. 
¿En qué situación se encontraría entonces el Gobierno del Sáhara Occidental con respecto a las aguas territoriales que le correspondería administrar- en este caso sí- soberanamente? 
Yo estoy absolutamente a favor de que se llegue a un acuerdo de pesca con Marruecos favorable a los intereses del sector pesquero de la Unión Europea, empezando por el sector pesquero español. 
Pero creo que eso no es contradictorio, sino todo lo contrario, con una interpretación legítima del Derecho internacional que yo pido que se haga formalmente. 
¿Se compromete la Comisión a hacer esa consulta formal al Secretario General de las Naciones Unidas? 
¿Sí o no, señor Comisario? 
. (EN) Hay muchas cosas que echo de menos en la vida y una de ellas es que no soy un abogado, y si el distinguido diputado me permite una referencia bíblica le diré que no camino de puntillas sobre esas aguas sin sentir nerviosismo. 
Ahora bien, me parece que el derecho internacional es muy claro y que la cuestión de las aguas territoriales se relaciona directamente con la cuestión de la soberanía sobre el propio territorio. 
Ésa es una cuestión que se está examinando en este momento en el contexto del referéndum y de la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Estoy seguro de que el distinguido diputado sabe que apoyamos firmemente esa iniciativa y que si hay alguna forma de poder ayudar al Secretario General de las Naciones Unidas, no hay duda de que lo haremos. 
Lo que acabo de decir se refiere también, naturalmente, a su representante especial. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 40 y 113 se contestarán conjuntamente a petición de la Comisión. 
Pregunta nº 40 formulada por (H-0241/00): 
Asunto: Minas terrestres En una reciente declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Presidencia del Consejo declaró que la UE sigue siendo el mayor contribuyente a los programas de retirada de minas en todo el mundo. 
Sin embargo, las personas que trabajan en este ámbito se quejan de la limitada función que desempeña la UE y del carácter confuso de la financiación concedida por la UE para la retirada de minas. 
¿Puede facilitar la Comisión un desglose de la financiación de la UE destinada a todas las actividades relacionadas con las minas antipersona? 
¿Qué importe se destina a programas de actuación en materia de minas y qué importe se destina a I+D en tecnología de retirada de minas? 
¿Podría elaborar la Comisión un informe anual sobre su política en materia de minas antipersona, para corregir la actual ausencia de claridad? 
¿Podría comunicar la Comisión los progresos alcanzados en cuanto al establecimiento de una normativa relativa a las minas antipersona que proporcione una base jurídica para estas actividades y las concentre en un marco de transparencia? 
Pregunta nº 113 formulada por (H-0251/00): 
Asunto: Acción de la Unión Europea contra las minas En el ámbito presupuestario, ¿deberán financiarse los programas de acción contra las minas, en toda su diversidad, exclusivamente con cargo a la línea B7-661, cuya legitimidad es cada vez mayor? 
¿Qué disposiciones se tomarán para garantizar el acceso efectivo de las ONG a las financiaciones de la Unión Europea? 
En el marco de la condicionalidad de la ayuda a la adhesión y al respeto del Convenio de Ottawa, ¿cuáles serán los criterios y las condiciones de aplicación de las acciones de la Unión Europea con objeto de que determinadas comunidades vulnerables no tengan en el terreno un "doble sentimiento de víctima"? 
. 
(EN) Espero que me perdone si mi intervención dura algo más de lo corriente, pero es que quiero contestar de una sola vez a las preguntas formuladas. 
Me agrada en particular esta oportunidad de contestar a lo que ha dicho hoy el Sr. van den Bos en relación con las minas antipersonal. 
Aprovecharé también esta oportunidad para contestar a la pregunta de la Sra. Carlotti. 
Los Comisarios adoptaron hoy una comunicación y un proyecto de reglamento sobre la acción de la Unión Europea contra las minas, con miras a conseguir una mejor coherencia, una mayor efectividad y más visibilidad en las numerosísimas actividades en que estamos ya participando en esa esfera. 
Lo hacemos en respuesta a la iniciativa del Parlamento en favor de crear un renglón presupuestario específico para la lucha contra las minas, y basándonos en dicha iniciativa. 
Las minas antipersonal son causa horrorosa de muchas víctimas en muchas de las partes más pobres del mundo, pero no son solamente una amenaza constante y traidora para la vida y la integridad corporal, también son obstáculos para el desarrollo económico y para la ejecución de una gama de programas comunitarios en apoyo de la reconstrucción, la rehabilitación y el desarrollo. 
Por eso la Unión participa ya tan a fondo en la lucha contra las minas en todo el mundo y por eso fue tan activa en la negociación y concertación del Convenio de Otawa sobre la prohibición y destrucción de minas antipersonal, que entró en vigor hace un año. 
Durante los ocho últimos años, el apoyo de la Comunidad Europea para la acción contra las minas ha excedido de 180 millones de euros. 
Hemos intervenido en todos los rincones del mundo. 
Hemos apoyado la acción de las autoridades nacionales, de las organizaciones internacionales, y en no menor grado de las organizaciones no gubernamentales. 
Hemos contribuido a la limpieza de minas y a la destrucción de minas, así como a la asistencia para las víctimas y a las investigaciones sobre nuevas técnicas de limpieza de minas. 
A pesar de todo, hasta ahora no hemos tenido un enfoque general y coherente de nuestra acción de lucha contra las minas. 
Para aprovechar al máximo la diversidad de nuestros instrumentos y mecanismos de financiación, tenemos que cerciorarnos de que contamos con un marco en el que podamos formular las necesarias prioridades y orientaciones horizontales a fin de que haya efectividad y coherencia en lo que hacemos. 
La financiación de la lucha contra las minas en el marco de los programas geográficos y sus renglones presupuestarios continuará. 
La limpieza de minas y otras formas de lucha contra las minas son a menudo un paso preliminar para todo programa de desarrollo bien concebido. 
Por eso deben formar parte de los planes nacionales o regionales de reconstrucción y rehabilitación. 
El nuevo reglamento y el renglón presupuestario especial apoyarán y complementarán el aspecto geográfico porque facilitarán el marco general de política y funcionarán como una reserva general y una fuente para la financiación de programas internacionales. 
Los recursos disponibles para la acción de la UE contra las minas deben seguir estando por lo menos al mismo nivel en términos reales que lo que hemos conseguido durante estos últimos años, es decir unos 30 millones de euros al año. 
Los programas ordinarios de limpieza y destrucción de minas en el marco de nuestra nueva política deben ser principalmente de beneficio para países que hayan suscrito el Convenio de Otawa, pero también hemos de estar dispuestos a prestar asistencia excepcional a las víctimas de las minas en sus hogares o en los lugares en que vivan ahora, incluso si han tenido la mala suerte de estar instalados en un país que no ha firmado el Convenio. 
Por último, la Unión Europea está reconocida como uno de los principales contribuyentes a la lucha contra las minas en la comunidad internacional. 
La entrada en vigor del Convenio de Otawa hace un año nos ofreció un instrumento nuevo y eficaz y un conjunto de objetivos ambiciosos para los años venideros. 
Nos hemos comprometido a eliminar todas las minas terrestres que hay en el mundo dentro de un plazo de 10 a 15 años. 
Eso requerirá determinación, coherencia y perseverancia. 
Con la financiación y el mecanismo de coordinación que ofrece el nuevo reglamento y la nueva comunicación, estamos bien situados para hacer frente al desafío. 
Doy las gracias al Comisario. 
Su respuesta me ha parecido harto satisfactoria. 
Demuestra que la Comisión está implicada a fondo en este tema. 
Solamente me queda por formular una pregunta complementaria que es la siguiente. ¿Está dispuesto el Comisario a informarnos cada año acerca de las actividades desplegadas por la Comisión en todo este ámbito? 
- (EN) El nuevo reglamento dispone que la Comisión presente un informe anual al Consejo y al Parlamento sobre sus actividades del año anterior para el 30 de abril del año siguiente. 
Un desglose de la financiación para la lucha contra las minas en cada país entre 1992 y 1999, efectuado por la Unión Europea, así como para los proyectos del año pasado, va adjunto a la comunicación y contamos seguir facilitando ese tipo de información financiera. 
Permítanme que les diga lo muy agradecidos que estamos al distinguido diputado y a otros diputados de este Parlamento por lo mucho que nos han estimulado y apoyado y por la calidad de liderazgo de que han dado prueba respecto de esta cuestión, que, según desgraciadamente seguimos percatándonos, es de enorme importancia. 
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta tan completa. 
Quisiera pedirle una precisión. 
Si la línea B7/601 ve reforzada su legitimidad, ¿qué disposiciones podrán tomarse para garantizar la accesibilidad efectiva de las ONG en la financiación de la Unión? 
. (EN) Una cosa que evidentemente tenemos que hacer es anunciar muy claramente lo que tenemos a nuestra disposición. 
Hemos instalado un espacio web que, espero, nos permitirá informar a la comunidad de organizaciones no gubernamentales y a otros con mayor claridad acerca de lo que está disponible. 
Tenemos la intención de establecer un plan de trabajo plurianual. Nos referiremos a esa cuestión en nuestro espacio web. 
Espero, por lo tanto, que las organizaciones no gubernamentales se sientan involucradas en lo que estamos haciendo. 
Dependemos mucho de su comprensión y su apoyo activo. 
Quisiera mencionar otra esfera que también les interesa, aunque no siempre estén tan directamente involucradas en ella: me refiero a toda la esfera de la investigación, en la que desembolsamos 17 millones de euros de los más de 40 millones de euros correspondiente a 1998, nuestro último año completo. 
En general puedo asegurar al distinguido diputado que procuraremos involucrar en todo lo posible a organizaciones no gubernamentales. 
Tienen mucho que aportar en relación con este importante trabajo. 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0212/00): 
Asunto: Iniciativa "Diálogo sobre Europa" El Presidente de la Comisión tiene previsto lanzar esta iniciativa el próximo 8 de marzo. 
A tenor de la Comunicación de la Comisión, su finalidad es explicar a la opinión pública de los Quince los efectos de la CIG 2000. 
Habida cuenta que dicha iniciativa se enmarca en el Programa PRINCE de información al ciudadano europeo ¿ha pensado la Comisión en la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales como uno de los temas de referencia de esta iniciativa? 
. (FR) Señor Presidente, de acuerdo con el Parlamento Europeo, la Comisión ha tomado la iniciativa de desarrollar lo que llamamos un diálogo sobre Europa que pueda permitir dar a conocer mejor lo que está en juego en la reforma de las instituciones en la perspectiva de la ampliación. 
La Comisión considera que todas las cuestiones institucionales susceptibles de estar vinculadas con los trabajos de la Conferencia Intergubernamental entran efectivamente en el ámbito de este debate que ha sido lanzado. 
Esto, pues, vale también, y es la respuesta que doy a su pregunta, en cuanto a la cuestión de la Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Vitorino, y le puedo garantizar la voluntad de la Comisión de desarrollar, en estrecha colaboración con el Parlamento y sus representantes, tanto en la Conferencia Intergubernamental como en la Convención de negociación de la Carta, un diálogo sobre el conjunto de reflexiones en curso relativas al futuro de la Unión. 
Este diálogo sobre Europa se desarrollará con el conjunto de las instituciones nacionales y regionales, pero también con los canales de opinión, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 
El propio objetivo de la Carta de derechos fundamentales lo justifica completamente. 
Señor Presidente, quiero agradecer su respuesta a la Comisión. Estoy satisfecho con ella por dos razones. 
Primero, porque vincula la Carta de los Derechos Fundamentales a la Conferencia Intergubernamental- y ese es el objetivo político de este Parlamento en el informe de los Sres. Duff y Voggenhuber. 
Y en segundo lugar, porque la va a incluir dentro de esa campaña. 
Además, me ha complacido mucho la respuesta del Sr. Lamy- no podía ser de otro modo, puesto que el Sr. Lamy conoce bien estos temas- de descentralizar la campaña de información. 
Creo que ese es un objetivo importante porque, si queremos llegar a la gente, no tenemos más remedio que ir allí donde está y, por tanto, la descentralización de la campaña es una tarea prioritaria. 
Hay que brindarle a la Comisión, señor Presidente, como en otras ocasiones, como en el pasado, con motivo de la Conferencia Intergubernamental de 1996, el apoyo de este Parlamento para hacer el seguimiento de las acciones de información. 
Me agradan los comentarios del Comisario sobre la Carta. 
Me gustaría poder recabar de él que diera detalles sobre la naturaleza de la campaña. 
El pasado miércoles tuvimos un lanzamiento muy positivo de la campaña de información de la Unión Europea sobre los comisarios y los diputados del Parlamento Europeo. 
Me gustaría que el Comisario me reasegurase que, cuando la campaña se descentralice, las oficinas de información de los Estados miembros de toda Europa involucrarán a los diputados del Parlamento Europeo en la campaña de información como cosa lógica. Al fin y al cabo, se supone que son los diputados del Parlamento Europeo los que representan a los ciudadanos. 
Estamos al menos tan bien situados como la Comisión para participar en ese diálogo con los ciudadanos. 
. (FR) La respuesta a la pregunta del Sr. Martin es afirmativa tanto por parte del Sr. Barnier como del Sr. Vitorino. 
En efecto, la Comisión tiene la intención de implicar in situ en el desarrollo de este diálogo sobre Europa a los diputados al Parlamento Europeo. 
Se celebra, a más tardar esta noche, una reunión de coordinación entre la administración de la Comisión y la del Parlamento Europeo para determinar, concretamente, el procedimiento que se debe seguir. 
La respuesta es, pues, "sí", señor Presidente. 
Señor Presidente, Señorías, la pregunta de la Sra. Karamanou se refiere tanto al urgente problema de la contaminación del Danubio como también, en su segunda parte, a la permanente amenaza a que está expuesto el medio ambiente en la Comunidad. 
Voy a empezar por la catástrofe ocurrida en el Danubio y el Tisza. 
Como consecuencia del vertido de cianuro en el Danubio, mi colega, la Sra. Wallström, anunció que en el marco del estudio ya en curso de la Comisión sobre los posibles riesgos para el medio ambiente derivados de la minería también se examinará en adelante la situación en todos los países candidatos. 
Además, también se va a examinar la legislación medioambiental vigente en la Comunidad con vistas a considerar la conveniencia de ampliarla para incluir los riesgos medioambientales derivados de la minería. 
En cuanto a los problemas generales citados en la pregunta, o sea, su segunda parte, la Comisión conoce muy bien el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente. 
Dicho informe sirvió de base para la evaluación global del V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
De esta evaluación se desprende que, como resultado de la política comunitaria, desde hace poco se puede constatar una evolución positiva en algunos ámbitos, como por ejemplo en la lucha contra la contaminación, la mejora de la calidad de las aguas y la protección de la capa de ozono. 
No obstante, en otros ámbitos, la situación actual y las previsiones futuras constituyen motivo de gran preocupación. 
En muchos casos, esto se debe a que el rápido crecimiento de algunos sectores económicos anula los esfuerzos realizados para reducir el impacto sobre el medio ambiente. 
La Comisión se propone abordar los problemas más graves en su proyecto del VI Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. Para ello, parte de la idea ya expuesta en la evaluación global, en el sentido de que conviene conservar en lo esencial el planteamiento general del V Programa Marco, pero reforzándolo considerablemente. 
Esto incluye sobre todo una transposición más enérgica de la legislación comunitaria en los Estados miembros y una integración más eficaz de las consideraciones medioambientales en las políticas en otros ámbitos, con objeto de poder separar las repercusiones medioambientales del crecimiento económico. 
La Comisión está a la espera de la opinión del Parlamento Europeo sobre su evaluación global y se propone presentar antes de finales de año las propuestas para el VI Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, elaboradas sobre la de las opiniones recibidas. 
Le agradezco al Sr. Comisario su respuesta. 
Claro que el Parlamento Europeo estima los esfuerzos de la Comisión Europea para fomentar la política comunitaria para la protección del medio ambiente y, principalmente, para incorporar el aspecto medioambiental a todas las demás políticas, o sea el mainstreaming. 
Sin embargo, señor Comisario, ya que usted se ha referido a la contaminación del Danubio, me gustaría hacerle una pregunta complementaria: Con seguridad conoce usted las recientes denuncias de la Sra. Ministra de Medio Ambiente de Rumania, Sra. Lilliane Mara, quien apoya una opinión que muchos de nosotros compartimos, es decir, que el desastre ecológico que ha sufrido el Danubio con los bombardeos de la OTAN es mucho mayor que el que ha sufrido por el vertido de cianuro. 
Como todos sabemos, los bombardeos destrozaron puentes, refinerías de petróleo e industrias químicas, que a su vez destrozaron ecológicamente todas las regiones de la cuenca del Danubio. 
Señor Comisario, quiero escuchar su opinión: ¿Piensan tomar algún tipo de medida para que se recuperen económica, ecológica y culturalmente las regiones que han resultado afectadas? 
Señor Presidente, Señoría, en primer lugar, como usted ya sabe, mi colega, la Sra. Wallström, viajó personalmente a Rumania y también a Hungría, y pudo hacerse directamente una idea del alcance de la catástrofe. 
También acordó con los ministros competentes de aquellos países la creación de un grupo de trabajo que se ocupará de estos problemas. 
También se determinaron ya los temas principales que abordará dicho grupo de trabajo. 
En cuanto a los aspectos financieros, la Comisión está examinando qué recursos se podrían poner a disposición para una ayuda de urgencia. 
Además, también se dispone en principio, como es natural, de los programas PHARE e ISPA, y en este contexto habrá que considerar- lo cual es un tema que se tendrá que resolver en colaboración con los Estados afectados- en qué medida se podrían aplicar créditos procedentes de ambos fondos. 
Estoy convencido, señor Comisario, de que la Comisión de Presupuestos leerá con fruición estos datos en cuanto se los faciliten. 
Señoría, el acuerdo firmado el 29 de noviembre de 1999 entre la Comisión y el Gobierno de Bulgaria está en consonancia con la política general que viene siguiendo la Comisión. 
Dicha política se propone conseguir lo más pronto posible el cierre de los reactores que no se puedan adaptar con un coste asumible a las normas de seguridad internacionalmente aceptadas. 
El acuerdo concluido entre el Gobierno búlgaro y la Comisión prevé el cierre definitivo de las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Kosloduy antes del año 2003. 
Además, también se prevé que el Gobierno de Bulgaria decida en el año 2002, de común acuerdo con la Comisión, los plazos para el cierre de las unidades 3 y 4 de la misma planta. 
Las cuatro unidades se cerrarán antes de las fechas inicialmente previstas por el Gobierno de Bulgaria. 
Éstas eran originariamente los años 2004 y 2005 para las unidades 1 y 2 de Kosloduy 1 y los años 2008-2010 para las unidades 3 y 4. 
La Comisión da por sentado que el cierre definitivo de los rectores 3 y 4 se hará efectivo en 2006 como muy tarde. 
A fin de ayudar a Bulgaria a hacer frente a los problemas que ocasionará el cierre, la Comisión ofrece a dicho país un amplio apoyo plurianual. Éste incluye ayudas en el marco del programa PHARE por un montante de- 200 millones de euros y un préstamo de EURATOM. 
Las diferentes partes del acuerdo citado constituyen un conjunto indivisible. 
A fin de garantizar la plena ejecución del acuerdo, no se ratificará el pago de la segunda mitad de las subvenciones hasta que se haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre las fechas del cierre de las unidades 3 y 4. 
Ambas partes del paquete de apoyo- tanto el préstamo de EURATOM como la subvención- estarán condicionadas al cumplimiento por parte de Bulgaria de su compromiso de clausurar dichas unidades. 
El Grupo de trabajo conjunto sobre Kosloduy constituido por la Comisión y Bulgaria se reunió el 4 de febrero de 2000 en Sofía. 
Dicho Grupo de trabajo conjunto acordó elaborar para mayo-junio de 2000 un plan de trabajo para el cierre de las unidades 1 y 2 y un presentar asimismo un marco político y propuestas de posibles proyectos en el sector de la energía, que se financiarán con cargo al paquete de apoyo. 
La Comisión quiere señalar que la decisión del cierre no fue fácil para Bulgaria. 
Ésta demuestra, empero, que el Gobierno de Bulgaria hace suyos los compromisos de la Comisión en relación con la elevación de las normas de seguridad en el sector nuclear en el marco del proceso de ampliación. 
La Comisión va a seguir colaborando con el Gobierno de Bulgaria en la transposición del acuerdo del pasado mes de noviembre. 
Esta cooperación también se desarrolla en el marco de la Asociación para la adhesión, una de cuyas prioridades es esta tarea. 
Gracias por su respuesta, señor Comisario. 
Tengo, sin embargo, bastantes dudas porque, no sólo en su audiencia ante la Comisión del Medio Ambiente, Salud Publica y Política del Consumidor del Parlamento Europeo, sino también hoy, ha hablado usted del pronto cierre de los reactores nucleares que, como todos sabemos, son bastante peligrosos, y no sólo estos, sino también los que están en Eslovaquia, y en Lituania. 
Claro que comprendo que hay determinadas dificultades para su cierre inmediato; ¿pero es esto lo más brevemente posible? 
Y la duda porque, mientras que al final nos ha dado una fecha determinada para el cierre de las unidades 1 y 2, antes de finales del año 2002- que también considero una fecha tardía, porque no olvidemos que tememos un accidente de cualquiera de las cuatro unidades; un accidente catastrófico para Bulgaria y para el pueblo búlgaro, para Grecia que está al lado, y para Europa porque, como ya sabe, estas situaciones son muy peligrosas- ¿qué es lo que le impide determinar desde ahora cuándo van a cerrar las unidades 3 y 4 y por qué lo alarga hasta el año 2006, en que, a lo peor, nos dice que se van a cerrar aún más tarde? 
Señoría, las opiniones sobre el grado real de inseguridad de los reactores 3 y 4 son sumamente divergentes. 
Con gran sorpresa, me encontré con que algunos Estados miembros me criticaron públicamente tras la conclusión del acuerdo con Bulgaria por considerar que éste era excesivamente duro e iba demasiado lejos, y que los niveles de seguridad de dichos reactores no son tan malos como afirma la Comisión. 
Yo doy crédito al dictamen que se elaboró inicialmente y sigo insistiendo en que debemos trabajar sobre la base del principio de la prevención de riesgos. 
Por otra parte, debo rogarle que también tenga en cuenta que el recurso a la alternativa nuclear para la producción de energía es una decisión soberana de cada Estado. 
Ni la Comisión, ni el Parlamento, ni tampoco el Consejo pueden prohibir a ningún país del mundo el uso de la energía nuclear ni imponerle el cierre inmediato de sus reactores. 
Lo único que podemos hacer es cerrar un paquete, como hemos hecho en Lituania, en Eslovaquia y últimamente también en Bulgaria, que permita afrontar en cada caso que el correspondiente país las consecuencias económicas y financieras, pero también sociales e infraestructurales de dicho cierre. 
Debe confiarse a la decisión de cada uno la interpretación del objetivo de que este cierre tenga lugar lo más pronto posible. 
Yo sólo puedo decirle- a partir de la experiencia de las negociaciones que yo mismo he desarrollado en parte- que se ha fijado el plazo que era posible conseguir. 
Si hubiésemos intentado alcanzar algo más, el resultado habría sido la no conclusión del acuerdo y entonces no tendríamos ninguna fecha para el cierre. 
En este contexto, uno se enfrenta siempre con el problema de aceptar lo que es posible conseguir o acabar manteniendo una postura muy rígida, que quizá tranquilice nuestra conciencia medioambiental, pero sin conseguir nada. 
Yo creo que justamente en el caso de Bulgaria, dada la situación extremadamente difícil que existe allí, el resultado fue particularmente bueno. 
Voy a ofrecerle otra indicación, un poco enrevesada, pero enseguida comprenderá por qué. 
Por lo que respecta al plazo para el cierre de las unidades 3 y 4, el texto dice que éste se deberá decidir en el año 2002. 
Es decir, bastante antes de la fecha de cierre que nosotros nos habíamos propuesto conseguir. 
La interpretación de la Comisión en el sentido de que éste debe tener lugar en el año 2006 como muy tarde- como muy tarde, insisto- también figura inscrita en el texto. 
El hecho de que el Gobierno búlgaro firmase este texto sin poner en duda esta interpretación de la Comisión tiene una cierta significación política. 
No puedo decirle más, pero creo que comprenderá lo que esto significa. 
Preguntas dirigidas al Sr. Lamy 
Pregunta nº 44 formulada por (H-0206/00): 
Asunto: Preferencias comerciales a favor de los países menos desarrollados ¿Qué perjuicio concreto a determinados sectores europeos pretende evitar el Comisario Lamy al comprometerse a no aplicar la totalidad de los contingentes y tarifas de exportación comunitarios a "básicamente" todos los productos y servicios de los países menos desarrollados del mundo, en vez de suprimirlos completamente? 
Teniendo en cuenta que la participación de los países menos desarrollados en el comercio mundial es inferior al 0,5 %, ¿piensa reconsiderar sus reservas al respecto? 
¿Qué calendario propone para la aplicación de esta medida? 
La iniciativa de la Comunidad Europea de ofrecer, a básicamente todos los productos de los países menos desarrollados, el libre acceso a los mercados de los países industrializados y de los países en desarrollo más avanzados fue lanzada en el marco del proceso que condujo a la Conferencia de Seattle. 
La misma había sido formulada inmediatamente después de la Conferencia de Singapur, cuando el Consejo pidió a la Comisión que le presentara propuestas en favor de los países menos desarrollados, a la vez sobre medidas inmediatas y sobre medidas adicionales a medio plazo. 
El Consejo, en sus conclusiones de junio de 1997, se refirió a esta expresión: "básicamente todos los productos de los PMD". 
Referente a las medidas inmediatas, mediante reglamento SPG de fines de 1998, la Comunidad estableció, para el conjunto de los PMD, un régimen equivalente al del Convenio de Lomé, tal como el Consejo había solicitado. 
En 1999, en el marco de las negociaciones del post Lomé, el Consejo precisó, entre otras cosas, lo que pretendía hacer sobre el acceso al mercado de los PMD, y decidió que la Comunidad, cito: "empezará en 2000 un proceso que, al final de las negociaciones comerciales multilaterales y lo más tarde en 2005, permitirá el acceso libre de básicamente todos los productos PMD, partiendo del nivel del régimen comercial existente en el Convenio de Lomé". 
La diferencia entre "completamente" y "básicamente todos los productos" cubre, como muy bien sabemos, cierto número de casos particulares de productos agrícolas. 
Este es el mandato que recibió la Comisión y, por supuesto, lo respetamos. 
Mis servicios están elaborando las propuestas que serán presentadas al Consejo tan pronto como estén completamente acabadas. 
Al mismo tiempo, la Comunidad, en su iniciativa "Países menos desarrollados", en el marco de la OMC, pretende incorporar a otros socios comerciales a este enfoque nuestro de apertura, y que consistiría en exonerar a los PMD de tarifas de exportación y contingentes para básicamente todos sus productos. 
Esta iniciativa está destinada a ejercer, si me permiten la expresión, un efecto de acicate en nuestra propia propuesta, que, combinada con lo que podemos hacer con los demás, permitiría a los países menos desarrollados dar salida a sus productos en un régimen de casi libertad total hacia un número importante de mercados distintos que los nuestros. 
Pienso principalmente en los mercados de los países desarrollados: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda. 
Pienso también, eventualmente, en varios países emergentes que actualmente están en pleno proceso de industrialización. 
Me comprometo en este momento a hacer avanzar esta iniciativa que hemos incluido en el paquete de reactivación sobre el que trabajamos en Ginebra. 
Eso es todo por ahora. 
Tal como lo indica el autor de la pregunta, resulta conveniente preguntarse si la restricción vinculada a la expresión "básicamente todos los productos" podrá mantenerse todavía durante mucho tiempo, ya que pretendemos llevar a cabo el acceso completo de estos países a nuestros mercados. 
En lo referente a la Comunidad, tras la conclusión del nuevo acuerdo con los países ACP, que ya no contiene una obligación de igualdad de acceso para todos los países ACP, podríamos efectivamente empezar a reflexionar sobre una liberalización más avanzada del acceso a nuestros mercados en favor de los países menos desarrollados. 
No deseo, sin embargo, abrir esta reflexión antes de que nuestra iniciativa actual sobre básicamente todos los productos no haya alcanzado, tras conversaciones con nuestros socios comerciales, un estadio suficientemente avanzado y creíble para poder pasar a un estadio ulterior. 
Preciso, finalmente, que el acceso al mercado no lo es todo para países que, a veces, carecen de una capacidad de exportación suficiente por razones internas, tanto si se trata de capacidades de distribución, logísticas o de capacidades de envío. 
Esta es la razón por la cual se debe también tener en cuenta lo que llamamos capacity building, es decir, las medidas de asistencia técnica que hay que poner en práctica para que este acceso no sea simplemente teórico, sino bien concreto. 
Esta es la respuesta que quería dar a esta pregunta sobre el futuro. 
Quedo agradecido al Comisario Lamy por su respuesta, al menos por lo que ha dicho. 
Huelga decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho en la última parte de su respuesta acerca de la necesidad de crear capacidades en los países menos desarrollados así como, quizá, la necesidad de medidas asimétricas cuyo resultado sea un nivel determinado de protección para sus mercados, del que nosotros no queremos aprovecharnos. 
Mi preocupación principal al hacer la pregunta- y no creo que la cuestión se haya tratado a fondo en la respuesta- se refiere a la cuestión de saber exactamente qué es lo que significa "productos esenciales". 
El Comisario Lamy habla de algunos productos agrícolas, pero precisamente el proteccionismo de la política agrícola común es lo que más ha molestado a los países en desarrollo y lo que ha retrasado el desarrollo de muchos de esos países en términos de producción agrícola. 
¿Qué más comentarios concretos puede hacer acerca de qué sectores y de qué productos está hablando, y durante cuánto tiempo? 
Ése es el tipo de mensaje que me gustaría recibir. 
Me pregunto si no sería un mayor paso adelante, tanto por lo que se refiere a ganarse la confianza de los países en desarrollo como a dar ejemplo a otros asociados comerciales, si nosotros, como Unión Europea, dijéramos: " Ha llegado el momento: esto es lo que vamos a ofreceros ahora. 
No queremos esperar cinco años: que los demás sigan nuestro ejemplo ". 
. (FR) Dos elementos de respuesta a esta pregunta. 
Primero, creo haber respondido claramente a su pregunta señalándole que la diferencia entre "completamente" y "básicamente" concernía a cierto número de productos agrícolas, en realidad limitado. 
Pienso, en particular, en el azúcar, que, para algunos de estos países, puede efectivamente ser un recurso suplementario. 
Saben perfectamente que la Comunidad, en este caso la Comisión, ha pensado en un nuevo examen detallado del régimen del azúcar. 
Se trata de cuestiones sobre las cuales, sin duda, volveremos a hablar. 
Esto es sobre lo que nos afecta sólo a nosotros. 
En lo referente a la iniciativa más global que hemos tomado, quisiera tratar de convencerles de que, en este estadio, resulta más importante para estos países menos desarrollados que la Comunidad obtenga que los Estados Unidos, el Japón y cierto número de países desarrollados sigan nuestra iniciativa, ya que en términos de capacidades reales de exportación, les abre un mercado que, en líneas generales, es de dos a tres veces superior al nuestro. 
Así pues, desde el punto de vista de nuestras prioridades, señor diputado, y desde el punto de vista de la eficacia, creo que, confrontados con la elección entre suprimir la diferencia entre "básicamente" y "completamente" -problema que, lo reconozco, habrá quizá que resolver algún día -, y aumentar considerablemente las dimensiones del mercado abierto al duty free, al quota free, para los essentially all products, nos encontramos en el buen camino, trabajando primero por la ampliación del mercado. 
Seguidamente, tal como lo desea, podremos iniciar una reflexión que se deberá llevar a cabo junto con los Estados miembros, a veces algo indecisos, y un Parlamento Europeo al cual se deberá también, en su momento, convencer para pasar a la segunda etapa. 
Pregunta nº 45 formulada por (H-0208/00): 
Asunto: Adhesión de China a la OMC En la línea del dictamen de la Comisión sobre la CIG, ¿conviene la Comisión en que la adhesión de China a la OMC representa un acuerdo lo bastante importante como para justificar el que se invoque el procedimiento de dictamen conforme del Parlamento Europeo? 
¿Someterá la Comisión el acuerdo sobre la adhesión de China a la OMC al dictamen conforme del Parlamento, aunque aún no haya concluido la CIG? 
. (FR) La Comisión, señor Clegg, reconoce que el acuerdo de adhesión de China a la OMC representa una decisión extremadamente importante. 
Por lo demás, se trata exactamente del tipo de acuerdo que sería sometido al procedimiento de dictamen conforme del Parlamento, si las propuestas de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental fueran aceptadas por los Estados miembros. 
Ocurre, sin embargo, que en este estadio sólo son propuestas y que la Comisión no puede contravenir las reglas en vigor establecidas por el Tratado constitutivo de las Comunidades, ni anticipar las decisiones que tomarán los Estados miembros con ocasión de la Conferencia Intergubernamental. 
Recuerdo al Sr. Clegg, si es necesario, que, teniendo en cuenta sus aspectos relativos al servicio, el acuerdo de adhesión de China, estaría de todas formas sometido, en principio, al procedimiento de consulta previsto por el artículo 300. 
Lo cual determina que el Parlamento, según establece el artículo 300, debería tener ocasión de pronunciarse sobre este acuerdo. 
Evidentemente, y como es de rigor, el Consejo es el que debe consultar al Parlamento Europeo. 
Esta es la respuesta jurídica e institucional a su pregunta, señor Clegg. 
En lo que se refiere a aspectos más prácticos, recuerdo mi voluntad de buscar junto con el Parlamento Europeo el medio de hacer oír su voz en estas negociaciones. 
Lo he dicho en varias ocasiones, y esto me parece importante para las relaciones entre la Comisión y el Parlamento, e importante también para la eficacia y el alcance del negociador en un asunto de este tipo. 
Por consiguiente, estoy completamente dispuesto, como de costumbre, a que este asunto sea objeto de un intercambio de impresiones más profundo ante la comisión competente del Parlamento. 
Muchas gracias por la respuesta. 
Quisiera reiterar mi satisfacción por el hecho de que, por primera vez, la Comisión y el Parlamento están hablando con una sola voz acerca de las modificaciones del papel del Parlamento respecto de los acuerdos comerciales importantes. 
Quisiera hacerle una pregunta que no tiene carácter jurídico ni institucional: si, por ejemplo, nos fijamos en la decisión que se adoptó en favor de someter las conclusiones de la Ronda Uruguay al asentimiento de este Parlamento, aunque había algunos aspectos jurídicos relacionados con las repercusiones institucionales y presupuestarias del Acuerdo, la decisión era fundamentalmente un reconocimiento político de que se trataba de un acuerdo de tal importancia que los límites estrictos de lo que entonces era artículo 113 podrían quedar rebasados, permitiendo de esa manera que el acuerdo se sometiera al asentimiento del Parlamento. 
Mi propia opinión es que la adhesión de China a la OMC, aunque quizá no sea tan llamativa como un acuerdo multilateral, no es menos importante para el régimen futuro de comercio mundial, y que por lo tanto el Parlamento y la Comisión pueden adoptar una posición análogamente política. 
Insto a que se haga. 
Le agradeceré que nos diga qué es lo que cree que podemos hacer juntos para promover este tipo de acción. 
. (FR) Creo, como usted, señor Clegg, que la adhesión de China a la OMC sería, será, en el momento en que ocurra, de una extrema importancia. 
Dicho esto, creo que la comparación que hace usted con la Ronda Uruguay no está plenamente justificada. 
Había en la Ronda Uruguay, y sobre todo con ocasión de la creación del mecanismo de solución de diferencias, un salto institucional que se hizo en el orden jurídico internacional, que justificaba, respecto incluso de una lectura no controvertida de los Tratados, que el dictamen conforme figurara allí. 
En lo referente a China, nos encontramos jurídicamente en un procedimiento de adhesión de un país a la OMC, que sigue un recorrido relativamente bien calibrado, bien conocido, y que, por ahora, no ha sido objeto de discrepancias. 
Supongo, pues, que el Consejo dudará en pedir el dictamen conforme, ya que el Consejo no acostumbra ir mucho más allá de lo que los Tratados le piden que haga en materia de consultas del Parlamento. 
Lo que importa, desde nuestro punto de vista común, es que, llegado el momento, podamos debatir, ya sea en comisión o en el Pleno, sobre unas condiciones, que, así lo espero, serán las que habremos acordado con la República Popular de China, y que lo hagamos con total transparencia. 
En lo que a mi se refiere, estoy completamente dispuesto a ello, y sé que en ese momento se me harán preguntas de naturaleza más política. 
Me parece normal y ya cuento con ello. 
Señor Presidente, señor Comisario, parece ser que ya a estas alturas los diputados al Parlamento debemos conformarnos con el procedimiento de escucha, aunque yo pienso, al igual que el Sr. Clegg, que en este asunto se debería haber acudido ya- en base a la jurisprudencia- al procedimiento de dictamen conforme del Parlamento. 
Sin embargo, mi pregunta se refiere a lo esencial y al contenido material de este acuerdo. 
Cuando se iniciaron las negociaciones entre la UE y China, se nos dijo a los diputados al Parlamento que, en realidad, no se presentarían grandes problemas, porque alrededor del ochenta por ciento de los objetivos de la Unión estaban ya incluidos en el resultado de las negociaciones entre EEUU y China. 
No obstante, ahora parece que el resto de estos objetivos, o sea, el veinte por ciento de los asuntos pendientes se presenta tan difícil que el tiempo pasa y las negociaciones se han estancado en diversas ocasiones. 
Quisiera preguntar si el problema reside en que la parte china no está dispuesta a concedernos la misma posición en las negociaciones que le concede a los representantes de EEUU, y si no es así, ¿a qué se debe que no se llegue a un acuerdo sobre este veinte por ciento- los restos- de las cuestiones?. 
. (FR) Se trata de una excelente pregunta. 
Reivindico la paternidad de esta expresión: del 80 al 20 %. 
Se ha empleado para poner de manifiesto que, efectivamente, ya se ha andado buena parte del camino, puesto que lo que obtiene el que ha negociado antes que usted, usted ya lo obtiene debido a la cláusula de nación más favorecida. 
Queda, sin embargo, el 20 %, señora, por razones muy simples. 
En una negociación bilateral, uno intenta concentrarse en los puntos sobre los cuales es menos competitivo, quedando claro que deja el resto a los demás. 
Por esta razón, los Estados Unidos concluyeron, sobre cierto número de cuestiones, un acuerdo bilateral con los chinos, que nos beneficia, pero, que, en algunos puntos no nos es tan favorable como lo sería si lo hubiéramos negociado nosotros. 
Esta es una primera razón. 
Nos corresponde procurar, en la medida de lo posible- y me estoy esforzando en ello -, que lo que es globalmente un buen "deal" entre norteamericanos y chinos, sea también un buen "deal" para los europeos. 
Y, por eso, este 20 % -sólo es un 20 %-, pero usted sabe que, en una negociación, son a menudo los últimos puntos del porcentaje los que marcan la diferencia, y esta es la situación en la que estamos. 
Existe otra razón, más técnica, que exige algunas matizaciones. 
Bajo apelaciones más o menos similares, puede haber partidas arancelarias muy distintas. 
Pondré el ejemplo de los alcoholes: el bourbon y la ginebra no son tratados de la misma manera que el whisky y el coñac. 
Y aparentemente todos estos alcoholes son lo mismo; pues bien, hay casos en los cuales las partidas arancelarias no son las mismas. 
Se trata de consideraciones más técnicas, pero que obligan a que todos estos aspectos sean examinados y negociados con todo detalle. 
No se ha acabado del todo. 
He señalado que viajaré a Pekín la última semana de marzo para intentar solucionar lo que considero verdaderas dificultades en esta negociación. 
Se trata de la parte política, sobre la cual las autoridades chinas han expresado cierto número de reparos. 
En este momento tengo el mandato de intentar vencer estos reparos, y me esforzaré en ello. 
Muchas gracias, señor Lamy. 
Hemos agotado ampliamente el tiempo asignado al Sr. Lamy. Por lo tanto, la pregunta 46 se contestará por escrito. 
Preguntas dirigidas al Sr. Fischler 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 47 decae. 
Pregunta nº 48 formulada por (H-0173/00): 
Asunto: Coste agrícola de la ampliación De acuerdo con los últimos estudios y estimaciones, ¿cuál será el coste para la agricultura de la próxima ampliación de la Unión Europea? ¿Cómo se repercutirá su impacto? 
Señor Presidente, Señorías, en el estadio actual de las negociaciones, la Comisión no puede responder de manera concreta a la pregunta de Su Señoría. 
Para poder calcular y determinar los costes de la ampliación para el sector de la agricultura sería necesario conocer con una cierta aproximación: a) ¿En qué momento tendrán lugar las adhesiones? b) ¿Cuántos países se incorporarán a la Comunidad en ese momento y por qué orden? c) ¿Bajo qué condiciones tendrá lugar la adhesión de dichos países? 
¿Qué disposiciones transitorias se aplicarán, por ejemplo? 
Puesto que estos parámetros todavía no se conocen con seguridad en el momento actual y, de hecho, son el verdadero tema de las negociaciones para la adhesión, ahora mismo sólo sería posible hacer una estimación basada exclusivamente en conjeturas, lo cual a nuestro modo de ver no tiene ningún sentido. 
En realidad, aunque he firmado, como representante electa, esta pregunta, tengo que decir que no soy yo realmente la autora de ella. 
Como puede suponer el Comisario, la pregunta se la hacen los agricultores, en el campo europeo, que se preguntan, a estas alturas, si ellos, su renta, las ayudas comunitarias, van a tener que pagar la factura de la ampliación. 
El Comisario no ha sido explícito. 
Sin embargo, sus servicios, la Comisión, algunos colegas eurodiputados, todos sabemos que existen estudios y estimaciones. 
El Sr. Comisario, a veces, es maestro en dar una "larga cambiada", torear la pregunta y no contestar. 
Sin embargo, la Comisión, si quiere que el campo apoye sus posiciones, debe erradicar la opacidad, debe ser explícita. 
Por ello, le pido al Comisario que, si no quiere hablar de sus datos y de sus estudios- que existen -, tranquilice al menos esa inquietud que tienen los agricultores realmente y conteste si esa factura de la ampliación se va a pagar a costa de la renta de los agricultores y, sobre todo, si puede garantizar que no va a repercutir en las ayudas comunitarias. 
Señor Presidente, Señoría, yo creo que también usted debería estar al corriente de que los ingresos de los agricultores no proceden únicamente de las subvenciones, sino deben obtenerlos básicamente en el mercado. 
Por lo tanto, la comparación que usted plantea está fuera de lugar, a mi modo de ver. 
En segundo lugar, se trata de dos preguntas absolutamente distintas. 
Su pregunta, que yo he respondido, se refería al coste de la ampliación. 
Si después la ampliación se podría introducir alguna modificación en el ámbito de la Política Agrícola Común es otra pregunta completamente distinta. 
Ahora mismo yo sólo puedo decirle que la Política Agrícola Común sigue vigente tal como fue aprobada en Berlín para los próximos siete años. 
Además, en Berlín también se aprobó una perspectiva financiera, o sea, la cantidad de dinero que podemos gastar. 
Usted se ha referido a unos supuestos estudios. 
Hace ya varios años que se realizaron los primeros estudios, que remitimos al Parlamento. 
En este momento estamos realizando nuevos estudios. 
En cuanto dispongamos de los correspondientes resultados, los pondremos gustosamente a su disposición. 
Pregunta nº 49 formulada por (H-0187/00): 
Asunto: Iniciativa comunitaria LEADER 2000-2006 La iniciativa comunitaria LEADER se concibió como programa piloto para que la Comisión pudiera introducir innovaciones en las prácticas de desarrollo en zonas rurales sensibles. 
Según las conclusiones de los dos primeros programas, LEADER ha funcionado de modo diferente de unos países a otros, de acuerdo con la composición del organismo estatal y regional responsable. 
Cuando las administraciones nacionales y locales preparan sus propuestas para el período 2000-2006, 
¿puede indicar la Comisión cuál fue la tasa de utilización de fondos de los dos primeros programas en Grecia y cuál fue, en su opinión, el grado de éxito alcanzado por los dos programas anteriores en el caso de Grecia? 
Señor Presidente, el programa LEADER I para Grecia, que abarcó el período 1993-96, se ejecutó en su totalidad y se desembolsaron todos los fondos previstos, por un montante total de 104 millones de euros, con una aportación comunitaria de 52 millones de euros. 
El grado de éxito de LEADER I en Grecia fue igualmente satisfactorio en lo que respecta a su carácter innovador y la uniformidad de su enfoque. 
El programa LEADER II abarca los años 1996-2001, si se incluye la liquidación de los pagos pendientes. 
Hasta finales del año pasado, o sea, hasta finales de 1999, todos los fondos del programa, por un montante total de 364 millones de euros, con una participación comunitaria de 168 millones de euros, estaban comprometidos aunque lógicamente todavía no se habían desembolsado en su totalidad. 
Sin embargo, puesto que como ya he señalado, los pagos también se pueden liquidar en el año 2000, o sea, este año, e incluso el año próximo, sólo a principios de 2002 podremos tener un cuadro completo sobre los resultados y la ejecución del programa LEADER II en Grecia. 
En cualquier caso, a juzgar por la información de la que disponemos hasta el momento, la Comisión no tiene nada que objetar contra el desarrollo del programa LEADER en Grecia. 
Pregunta nº 50 formulada por (H-0190/00): 
Asunto: Equilibrio entre los Acuerdos de Pesca del Norte y los del Sur El Consejo de Ministros de Pesca de octubre de 1997 analizó el desequilibrio entre los Acuerdos de Pesca del Norte y del Sur, ya que mientras los armadores que pescan al amparo de los Acuerdos del Sur deben cofinanciar de manera creciente los Acuerdos, éstos resultan gratuitos para los armadores del Norte. 
Analizó además la infrautilización de los Acuerdos del Norte, a pesar del interés de otros Estados miembros por rentabilizar estas posibilidades de pesca. 
Por ello el Consejo pidió a la Comisión que estudiara decisiones para permitir la transferencia de cuotas de un Estado miembro a otro y examinara cómo el coste el financiero de los acuerdos debe ser repartidos "de manera equitativa y no discriminatoria" entre Comunidad y armadores. 
¿Puede comunicar la Comisión qué estudios se han efectuado sobre la posible transferencia de cuotas y cuáles han sido sus resultados? 
¿Qué decisiones se han tomado para equilibrar el coste financiero de los Acuerdos del Norte y del Sur? 
¿Cuál es la valoración del Comisario sobre los mencionados desequilibrios entre los Acuerdos del Norte y del Sur? 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión considera por principio que las posibilidades de pesca concedidas por un tercer país en el marco de un acuerdo de pesca se deben agotar totalmente y que se deben establecer mecanismos adecuados para la transferencia de las cuotas no agotadas o no utilizadas sin poner en entredicho el principio de la estabilidad relativa. 
La Comisión quisiera recordar que sólo en el caso del acuerdo con Groenlandia, el único de los concluidos en la región del Norte, se planteó un problema de infrautilización. 
La Sra. Fraga Estévez sin duda sabe, no obstante, que una serie de Estados miembros consideran cualquier posible transferencia de cuotas como un atentado contra el principio de la estabilidad relativa. 
Por consiguiente, a pesar de todos los esfuerzos realizados, todavía no han podido entrar en vigor los mecanismos jurídicos previstos en el marco del Derecho comunitario, que permiten en principio dicha transferencia de cuotas. 
En consecuencia, la Comisión opina que este tema espinoso sólo se puede abordar en el marco de una revisión más amplia y global de la Política de Pesca Común en general. 
Como es sabido, está previsto realizar esta revisión con motivo de la reforma de la Política de Pesca Común. 
En cuanto al desequilibrio que usted menciona entre los Acuerdos con terceros países del hemisferio norte y del hemisferio sur, yo quisiera recordarle la siguiente circunstancia: en el caso de los acuerdos de pesca del Norte, la Comunidad y los Estados miembros no pagan cánones por la concesión de licencias porque los terceros países del Norte no lo exigen, sino que dichos acuerdos- salvo el Acuerdo con Groenlandia- son acuerdos recíprocos- es decir que se intercambian peces por peces- y no repercuten sobre el presupuesto comunitario. 
Los terceros Estados del hemisferio sur exigen en cambio el pago de cánones a la Comunidad y a los armadores. 
Estos cánones por la concesión de licencias ya estaban incluidos, por otra parte, en los acuerdos bilaterales entre España y terceros países anteriores a la adhesión de España a la Comunidad. 
Por lo tanto, comprenderá usted que no vamos a ofrecer voluntariamente que se incluya también un canon por la concesión de licencias en el Acuerdo con Groenlandia o en los acuerdos con otros Estados del Norte, cuando la otra parte firmante no lo pide. 
Por lo demás, otros terceros Estados también pescan en las aguas de dichos Estados del Norte y tampoco pagan cánones. 
Evidentemente, deseamos evitar que se cree una desigualdad de trato entre nuestros pescadores y los demás pescadores de terceros Estados que faenan en las mismas aguas. 
Sin embargo, esto es lo que ocurriría si tomásemos la iniciativa de ofrecer el pago de cánones por la concesión de licencias. 
Otra diferencia entre los acuerdos de pesca del Norte y del Sur reside en el hecho de que en los primeros las posibilidades de pesca de la Comunidad se expresan en forma de una cuota global de pesca. 
En los acuerdos del Sur, la situación es distinta. 
En este caso, nuestras posibilidades se expresan directamente en forma del número de buques de pesca o también del número de licencias. 
Eso, obviamente, abre la posibilidad de prever en el acuerdo el pago de un canon por la concesión de las licencias para los armadores. 
Como puede ver, existen buenas razones para proceder de manera diferenciada en el caso de los acuerdos del Norte y los del Sur. 
Si he formulado una pregunta es porque previamente había consultado una serie de decisiones que había tomado el Consejo de Ministros de 1997 sobre ciertas orientaciones que había que dar a los acuerdos de pesca que, a mi entender, no se han cumplido en este tiempo en la Unión Europea. 
Simplemente- no voy a polemizar con el Sr. Comisario- quisiera saber si, siguiendo las directrices que en su día se dieron, en la próxima renovación del acuerdo de pesca con Groenlandia- donde todo el mundo sabe que no se utilizan o se infrautilizan ampliamente las cuotas pesqueras- se va a dar a las flotas que no tienen acceso en este momento a este acuerdo la posibilidad de utilizar aquellas cuotas que no se utilicen o que se infrautilicen. 
Como ya he señalado al principio de mi intervención, existe efectivamente un problema, toda vez que la Comisión comparte en principio su opinión, señora Fraga Estévez, en el sentido de que las cuotas no utilizadas deberían ser transferibles. 
Sin embargo, todavía no se han definido las modalidades en las que se va a concretar esta posibilidad porque los Estados miembros aún no las han aprobado. 
Usted ha citado en este contexto al Consejo. 
Por lo tanto, es preciso que se resuelva este problema. 
Pero yo no creo que la solución consista en pagar un canon por las capturas en el marco de un nuevo acuerdo con Groenlandia y dar así por zanjado el problema. 
Esta no es la solución. 
En este contexto es preciso hacer distinciones. 
¡De acuerdo con el reparto de las cuotas no utilizadas y un mecanismo para llevarlo a cabo! 
Pero no deberíamos empezar a introducir cánones por la concesión de licencias allí donde no tenemos que pagar nada por las cuotas. 
A nuestro modo de ver, esto tendría poco sentido. 
Pregunta nº 51 formulada por (H-0195/00): 
Asunto: Compatibilidad con el derecho comunitario de una ayuda excepcional a la exportación Tras los daños causados por el temporal que afectó al oeste de Europa en diciembre de 1999, el sector silvícola se encuentra en una situación especialmente crítica. 
Ante la urgencia de gestionar la madera procedente de los árboles derribados, el gobierno francés ha decidido conceder una ayuda de 50 francos franceses por tonelada para el transporte de madera destinado a la exportación en los Estados miembros de la Unión. 
Las normas de competencia de la Comunidad, y en particular la obligación de preferencia comunitaria, prohiben con razón tales ayudas, excepto cuando están destinadas a remediar una situación excepcional. 
Así pues, la letra b) del apartado 2b del artículo 92 del Tratado CE prevé que "Serán compatibles con el mercado común :... las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional". 
¿Son compatibles con el artículo 92 las ayudas previstas por el gobierno francés? 
En caso afirmativo, ¿podrían dichas ayudas hacerse extensivas a las exportaciones silvícolas a terceros países? 
En caso afirmativo, ¿cuáles son los criterios utilizados por la Comisión para determinar las cantidades que pueden ser objeto de tales ayudas, durante cuánto tiempo y a qué coste? 
Señor Presidente, Señorías, las autoridades francesas sometieron hace pocos días a la consideración de la Comisión las ayudas estatales que Francia prevé conceder a la silvicultura para reparar los enormes perjuicios causados por las tormentas de diciembre del año pasado. 
En la notificación de las autoridades francesas se prevé una medida destinada a facilitar el transporte de la madera procedente de las regiones afectadas. 
Las notificaciones no contienen, no obstante, ninguna indicación sobre el destino de la madera ni tampoco, en particular, sobre si ésta se va a exportar a otros Estados miembros o a terceros países. 
En consecuencia, la Comisión solicitó, como es lógico, información adicional a las autoridades francesas. 
Dado que todos esos datos adicionales todavía no obran en su poder, la Comisión no puede pronunciarse de manera definitiva ahora mismo sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de las medidas en cuestión. 
Quisiera pedir al Comisario que concretara su respuesta. 
En efecto, resulta evidente que esta ayuda está formalmente prevista en los países comunitarios. 
La pregunta se plantea más bien para los países que están fuera del territorio de la Comunidad, y puede formularse así: ¿tendremos o no la posibilidad de obtener una excepción en cuanto a tonelaje, costes y tiempo con respecto a la madera exportada, teniendo en cuenta el carácter completamente excepcional de esta tormenta? 
Evidentemente, mi pregunta se refería a las exportaciones fuera del mercado común, de la Unión. 
Para que quede bien claro: de conformidad con el Derecho comunitario, la madera es un producto industrial y las ayudas a la exportación, tal como se prevén por ejemplo en el caso de la agricultura, evidentemente no son admisibles bajo ningún concepto en el ámbito de la exportación maderera. 
En este caso, nosotros sólo podemos aplicar el Derecho comunitario vigente. 
Éste prevé en el artículo 87 que se podrán compensar los perjuicios- los perjuicios, insisto- que guarden una relación directa con la catástrofe. 
Es decir que, en primer lugar, debe existir un perjuicio y, en segundo lugar, se debe demostrar que existe una relación directa. 
Además, debe considerar usted también lo siguiente: si aceptásemos esa idea- toda vez que el precio de la madera no ha caído sólo para los silvicultores franceses, sino que se ha reducido en general como resultado de la catástrofe -, cualquier Estado miembro podría solicitar la autorización de una subvención a la exportación. Esto supondría una clara distorsión del mercado. 
Pregunta nº 52 formulada por (H-0202/00): 
Asunto: Destilación preventiva- aumento de los contingentes La Comisión ha abierto la destilación preventiva para la campaña vitícola 1999/2000 con un volumen de 10 millones de hectolitros. 
Los plazos para suscribir las declaraciones correspondientes se han prorrogado. 
Según diversas informaciones, en algunos Estados miembros ya se han rebasado los contingentes. 
¿Se considera la Comisión en situación de aumentar el volumen de destilación preventiva de 10 a 15 millones de hectolitros y de satisfacer los deseos particulares expresados por distintos Estados miembros (por ejemplo, Alemania) de contar con un mayor volumen? 
Sí, Señor Presidente, la Comisión recibió el 24 de febrero las notificaciones de los Estados miembros de las solicitudes de destilación preventiva. 
Ese mismo día, el Comité de Gestión del Vino propuso aumentar el volumen de destilación preventiva de 10 a 12 millones de hectolitros. 
El comité de gestión recomendó, además, mayoritariamente esta propuesta. 
Ésta permitirá cumplir asimismo todos los contratos suscritos en los Estados miembros. 
La única excepción es España donde, debido al elevado número de solicitudes, el porcentaje de admisión, si puedo llamarlo así, es del 98% en vez del 100%. 
En el caso de Alemania, esto significa que el cupo original de 148.000 hectolitros se podría aumentar hasta 468.000 hectolitros. 
Éste es el volumen total por el que se han suscrito contratos en Alemania. 
La modificación del Reglamento sobre la destilación preventiva se publicará en breve en el Boletín Oficial y se aplicará con efecto retroactivo a partir del 24 de febrero. 
Señor Comisario, a la vista de la enorme cosecha vinícola de 140 millones de hectolitros y de la organización de mercados en el sector del vino que entrará en vigor en el año 2000, ¿ha considerado la Comisión la posibilidad de recurrir a la destilación obligatoria para descongestionar el mercado este año, el último en el que existe esta posibilidad, o cree que éste podría ser un instrumento adicional? 
Señor Presidente, Señoría, en primer lugar, a mi modo de ver, puesto que vamos a poder aceptar, en cualquier caso, todas las solicitudes presentadas por parte alemana y prácticamente todas las de los demás Estados miembros, me parece que el equilibrio del mercado del vino está ampliamente garantizado. 
Considerando, en particular, nuestra clara voluntad de reducir la destilación obligatoria en el marco de la política vinícola reformada, yo creo que no deberíamos crear la impresión de que ahora nos disponemos a dar marcha atrás. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
Las preguntas 53 a 60 se contestarán por escrito. 
Preguntas dirigidas a la Sra. de Palacio 
Pregunta nº 61 formulada por (H-0156/00): 
Asunto: Reapertura de la línea ferroviaria Oloron-Canfranc La Comisión ha declarado a la prensa española (9 de febrero de 2000, Agencia EFE) que era consciente de la necesidad de contar con un ferrocarril en el corazón de los Pirineos y que el Gobierno español desea la reapertura de la línea ferroviaria Oloron-Canfranc (Valle de Aspe) en territorio francés. 
Asimismo, la Comisión ha confirmado que, si los dos Estados se ponen de acuerdo, apoyaría la inclusión de esta línea en la red transeuropea en una próxima revisión de las orientaciones sobre esta red. 
Sin embargo, ¿no debe la Comisión alentar previamente a los dos Estados miembros interesados a aplicar la política de reutilización del ferrocarril como medio de transporte y convencerles para que logren un acuerdo para la reapertura de esta línea? 
¿Qué medidas pretende adoptar la Comisión desde este mismo momento para impulsar dicho acuerdo? 
Respecto a su pregunta, relativa a la reapertura de la línea ferroviaria Oloron-Canfranc, hace falta estudiar alternativas terrestres o marítimas que sirvan para aligerar una situación de congestión del tráfico en los dos extremos del Pirineo, tanto oriental como occidental. 
En efecto, en estos dos extremos del Pirineo nos encontramos ante una situación de saturación dado que constituyen los únicos enlaces terrestres reales de una cierta capacidad entre la Península Ibérica y el resto del continente europeo. 
Por parte de la Comisión, nos hemos mostrado favorables al análisis de una nueva travesía por ferrocarril en la parte central del Pirineo y hemos apoyado varias iniciativas en la región mediante la concesión de subvenciones a distintos estudios para analizar las posibilidades. 
Además- como muy bien sabe su Señoría- España y Francia han establecido un observatorio del tráfico en el Pirineo para buscar la solución más adecuada al problema que tienen planteado. 
En cualquier caso, la decisión final a este respecto corresponde a los Estados miembros. 
En las redes transeuropeas no podemos incluir nada que no esté apoyado por los Estados miembros. 
Mientras tanto, quiero decirle que la Comisión tendrá en cuenta los resultados del trabajo del observatorio del tráfico del Pirineo a la hora de proceder a la revisión de la red transeuropea, revisión que esperamos esté lista para antes del mes de agosto. 
Le doy las gracias, señora Comisaria, pero lo que me hubiera gustado saber es lo que hace la Comisión para que, precisamente, los Estados miembros fomenten la construcción de una verdadera línea ferroviaria en este valle de Somport. 
En efecto, actualmente se están llevando a cabo obras en la red viaria. 
Por lo tanto, resulta lícito interrogarse sobre el futuro. 
En lo que a mí se refiere, temo que se construya un pequeño tren turístico para, quizá, satisfacer a algunos ecologistas, y en este caso el asunto se acabará ahí. 
Ahora bien, se han llevado a cabo estudios, como el de Gretab, para sólo citar uno, que demuestra que, efectivamente, el paso por vía férrea del puerto de Somport-Pau-Canfranc-Jaca podría permitir la circulación de un número de vehículos pesados igual al que transita actualmente por el túnel del Mont Blanc. 
Así pues, lo que deseamos, y lo que me hubiera gustado saber, tras las propuestas formuladas por el Sr. Lamoureux, en el marco de la Comisión de Transportes- que decía que la Unión Europea iba a dar prioridad a la circulación por ferrocarril -, es lo que van a hacer realmente para pedir esta prioridad también a los Estados miembros. 
Señora Isler Béguin, quiero decirle que intentamos convencer a los Estados miembros en función de las conversaciones y de las opiniones que nos plantean sobre los distintos asuntos y de los estudios que nos hacen llegar. 
Pero, indudablemente, como muy bien sabe, respecto al ferrocarril Oloron-Canfranc tenemos dificultades con uno de los dos Estados fronterizos. 
Es indudable que atravesar las grandes cordilleras en la Unión Europea plantea problemas. 
En ese sentido, en 1999 la Comisión subvencionó un estudio sobre la observación de los flujos de mercancías en tránsito terrestre y de los intercambios en las zonas sensibles, concretamente los Pirineos y los Alpes, porque los problemas son bastante parecidos. 
Quiero decirle que, además, pretendemos hacer una comunicación al respecto- sobre los Pirineos y sobre los Alpes- antes de que finalice el año, proponiendo soluciones concretas. 
Pero, indudablemente, las soluciones concretas tienen que ser aceptadas por los Estados miembros. 
Y quiero decirle que las conclusiones sobre ese estudio que estamos llevando a cabo también se tendrán en cuenta en la revisión de las orientaciones sobre la red transeuropea y, además, que el programa INTERREG II ha financiado también la realización de estudios generales sobre la pertinencia y la viabilidad de una futura travesía central de los Pirineos, adaptada al transporte pesado de mercancías. 
Dicho todo lo cual, Señoría, y como he dejado muy claro en alguna de mis comparecencias, entiendo que hay que hacer un esfuerzo enorme para desarrollar el transporte de mercancías por ferrocarril. 
Nos encontramos ante una demanda que, desde luego, no se va a poder resolver mediante un incremento de carreteras y necesitamos estudiar una mejor utilización de las infraestructuras ferroviarias, que son una alternativa no sólo mucho más adecuada desde el punto de vista medioambiental, sino que, además, son una alternativa que permitirá utilizar algunas infraestructuras ya existentes. 
En otros casos, como en el caso concreto al que nos referimos, hay que poner las infraestructuras en pie, pero nosotros, desde luego, estamos dispuestos a hablar con los Estados- y lo estamos haciendo- para ver si conseguimos que un proyecto de este tipo, que permita una travesía central del Pirineo a través del ferrocarril, pueda tener al final la aceptación de los dos Estados fronterizos. 
Señora Vicepresidenta de la Comisión, quisiera saber, si es verdad que hay un Estado que pone dificultades, de qué Estado se trata y qué tipo de problemas está poniendo. 
Y, por otra parte, ya que lo ha citado, ¿puede precisar cuándo se dispondrá de la comunicación de la Comisión sobre ese informe anunciado Alpes-Pirineos? 
. Ya que me lo pregunta, el Estado que se ha opuesto hasta ahora es Francia. 
Evidentemente, los que tienen un mayor interés son los Estados peninsulares. 
Esto no sólo afecta al Estado fronterizo España, sino que afecta también al tráfico por carretera de Portugal, dada esa situación de muro que suponen los Pirineos. 
Lo que plantea fundamentalmente la comunicación sobre las zonas sensibles es cómo combinar dos elementos: las exigencias medioambientales que plantean tanto los Pirineos como los Alpes y la necesidad de permitir la circulación de mercancías y personas. 
Pretendemos presentar la comunicación antes de fin de año, como he dicho a su Señoría, y además analizar no sólo las particularidades de estas zonas sensibles, sino las soluciones específicas que se puedan considerar en el ámbito de infraestructuras más adecuadas, financiación, utilización y seguridad. 
Porque hay también aspectos de seguridad, ligados a la utilización de grandes túneles, que son también importantes. 
Pregunta nº 62 formulada por (H-0163/00): 
Asunto: Tasas máximas de alcoholemia autorizadas para la conducción Desde 1988, la Comisión aboga por una normativa comunitaria sobre las tasas máximas de alcoholemia autorizadas para la conducción. En 1997, la Comisión constató que dicha normativa resulta necesaria para reducir el número de víctimas mortales y mejorar la seguridad vial. 
En la actualidad, las tasas máximas de alcoholemia varían enormemente de un país europeo a otro, oscilando entre el 0,2 por mil en Suecia y el 0,8 por mil autorizado en algunos países. 
La experiencia sueca muestra resultados muy positivos. 
La baja tasa de alcoholemia autorizada mejora la seguridad vial. 
En la actualidad, la UE elabora normas destinadas a fomentar la libre circulación y mejorar la seguridad vial. 
¿Por qué se muestra la Comisión reticente a presentar una propuesta sobre las tasas máximas de alcoholemia autorizadas para la conducción, a pesar de que ello contribuiría a reducir el número de víctimas mortales? 
. Como todo el mundo sabe, la ingestión en exceso de alcohol está en el origen de gran parte de los accidentes que se producen en nuestras carreteras. 
En ese sentido, la Unión Europea ha apoyado, y la Comisión ha considerado importante, que hubiera en los Estados miembros una limitación del índice general de alcoholemia, precisamente para garantizar que no se sobrepasen los límites adecuados. 
La Comisión considera que, en general, el índice adecuado se sitúa en torno a 0,5 mg por ml; que incluso en algunos casos de conductores noveles, por ejemplo, se podría considerar la reducción, al menos durante una temporada, de ese índice y hacerlo todavía más restrictivo. 
Hay que precisar, sin embargo, que, si bien la Comisión va a formular este tipo de criterios, lo va a hacer mediante la fórmula de recomendación. 
Entendemos que, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, no procede que propongamos una directiva para fijar este límite de contenido alcohólico, sino que hagamos una recomendación a los Estados en este sentido. 
El alcohol es la segunda mayor amenaza contra la salud en la UE, según un informe elaborado por un Grupo de Alto Nivel sobre la materia. 
El alcohol es también el elemento que más contribuye a la existencia de accidentes en las carreteras europeas y una causa muy importante de los accidentes graves. 
Opino que es muy provechoso que la Comisión también entienda que hay que mantener bajos niveles de alcohol en el tráfico. 
La seguridad y el alcohol no son compatibles. 
Sabemos, por experiencias de los países en que existe un bajo límite máximo, que ésta es una manera de reducir el número de muertos y de accidentes graves. 
También quisiera formular una pregunta complementaria a la Comisaria ¿Por qué sería imposible dictar una directiva en esta materia si la mayoría de los países tienen un límite máximo de 0,5 mg por ml y sólo unos pocos tienen límites que exceden esa cantidad? 
. Como muy bien ha señalado su Señoría, ascienden a unas 10.000 las muertes que se registran cada año en las carreteras europeas relacionadas con el exceso de consumo de alcohol. 
La mayoría de los países están alineados en 0,5 mg. El límite de 0,8 mg sólo está vigente en Irlanda, Luxemburgo, Italia y el Reino Unido, y por debajo de 0,5 mg únicamente se encuentra Suecia. 
Lo que vamos a hacer es presentar una comunicación sobre seguridad vial, que recibirán en breve en el Parlamento, y recomendar un límite máximo de 0,5 mg. Entendemos que hay que reservar la legislación para los casos donde sea absolutamente necesario legislar. 
Entendemos que, como son muy pocos los Estados que han fijado un límite superior a 0,5 mg, esta recomendación será suficiente para que dichos Estados armonicen sus propias legislaciones. 
Creemos que la subsidiariedad y la recomendación serán suficientes para que el nivel de alcoholemia en los distintos Estados se fije en 0,5 mg o por debajo de 0,5 mg. 
Puesto que estamos hablando de niveles de alcoholemia no sé si la Comisaria, en su recomendación, va a ocuparse también de la cuestión más amplia de las drogas. 
Se trata de una importante cuestión que a menudo dejamos de lado cuando hablamos de la conducción de vehículos. 
¿Va a añadir eso a la recomendación? 
. El problema es que, obviamente, las drogas producen unos estados que limitan claramente la capacidad de respuesta de los conductores. 
El problema que las drogas nos plantean es que mientras en algunos países su consumo es incluso susceptible de persecución penal, en otros no lo es y, en ese sentido, ante esas características y con ese diferente tratamiento, no podemos, al menos por el momento, avanzar en este terreno. 
No obstante, es una cuestión que me preocupa, como le preocupa a su Señoría, y quisiera ver si, dentro de las nuevos ámbitos de actuación y, concretamente, en el ámbito de nuevas áreas de políticas comunitarizadas, podemos seguir avanzando en este terreno. 
Por último, hay que añadir que, en el caso de las drogas, el control es más difícil, ya que los sistemas de control no son tan automáticos ni tan inmediatos como en el caso de la alcoholemia. 
Pregunta nº 63 formulada por (H-0164/00): 
Asunto: Tramo ferroviario Verona-Munich Desde hace años se viene discutiendo el proyecto de una nueva ferrovía transversal Verona-Munich. 
El tráfico por el eje Verona-Munich está creciendo pero la actual línea ferroviaria solo es utilizada en una tercera parte de su capacidad. 
Para disminuir la contaminación atmosférica y acústica causada por el TIR la solución consistirá en desplazar a las carreteras todo el tráfico pesado en tránsito. 
Para poder hacerlo es necesario aumentar los peajes de las autopistas para el transporte de mercancías y ofrecer una línea ferroviaria veloz y que funcione. 
En caso de nueva construcción será necesario estudiar la solución que tenga menor impacto medioambiental. 
Tratándose de una infraestructura destinada a durar centenares de años, sería necesario encontrar mejores soluciones. 
Por lo que parece, la Comisión favorece el proyecto de túnel de Brennero. 
¿Por qué motivo no tiene la Comisión intención de contemplar nuevamente el proyecto alternativo ATT3 de los ingenieros Trojer y Krauer? 
¿Ha analizado la Comisión el impacto ambiental de los diversos proyectos de conexión ferroviaria entre Verona y Munich? 
¿Puede la Comisión financiar un estudio más sobre la cuestión del transporte a través del paso de Brennero? 
El proyecto de línea ferroviaria entre Munich y Verona, acordado por los Gobiernos italiano, austríaco y alemán ya en 1994, está incluido en la red transeuropea de transportes y prevé la construcción de una red de alta velocidad con transporte de mercancías combinado. 
En principio, el trazado sigue en gran medida la ruta de la línea convencional actual. 
La propuesta del proyecto ATT3, bien conocida por la Comisión, se desvía de la ruta establecida en las directrices de la red transeuropea. 
Tengo que decirle que las medidas preparatorias y de construcción se han basado siempre en las líneas acordadas, y que el separarnos de ese planteamiento inicial supondría un mayor retraso en el desarrollo del propio proyecto. 
La Comisión, además de esa propuesta ATT3, por la cual se interesa su Señoría, recibió otra serie de propuestas alternativas y considera, basándose en las evaluaciones técnicas, económicas y ambientales de los distintos Estados miembros afectados, que la denominada opción de túnel de base, que es la que se está llevando a cabo, presenta una serie de ventajas frente a las otras rutas alternativas. 
También tengo que decir que una parte significativa de la ayuda económica ya concedida está directamente relacionada con los aspectos ambientales del proyecto, que vamos a seguir apoyando económicamente al proyecto Brennero y, especialmente, el diseño técnico de la sección del túnel de base que está a punto de iniciarse. 
Obviamente, en cualquiera de todas estas actuaciones, el elemento "impacto ambiental", teniendo en cuenta que es una zona sensible, como señalaba hace un momento al hablar de un problema en los Pirineos, es uno de los elementos claves a la hora de determinar el proyecto concreto y a la hora de hacer el seguimiento de la propia realización del mismo. 
Señor Presidente, yo sólo pido que en este contexto se tenga en cuenta que el tren de alta velocidad representa naturalmente una gran alteración en todos los puntos donde no discurre por debajo de la montaña, debido a la contaminación acústica, y le ruego a la señora Comisaria que considere lo siguiente: ¿qué impide dar el salto que permitiría resolver a largo plazo el problema de la conexión entre Munich y Verona mediante un túnel de base en el paso de Brennero, sea cual sea éste? 
En efecto, ello permitiría desplazar sin grandes problemas todo el tráfico pesado en tránsito al ferrocarril y al interior de la montaña y resolver así definitivamente el problema. 
Para ello bastaría establecer una prohibición del tráfico pesado en tránsito. 
Esto permitiría descongestionar la autopista del paso de Brennero, que ahora está sobrecargada y que también plantea algunos problemas sociopolíticos, y despejarla para el tráfico individual y el tráfico pesado de carácter local. 
Entre otras cosas, para prohibir el transporte pesado, lo primero que hay que tener es una ruta alternativa para ese transporte pesado. 
La realidad es que, al día de hoy, eso no existe. Y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es un desarrollo adecuado de las rutas correspondientes. 
Indudablemente, todo esto está ligado con nuestra sociedad y con el desarrollo de la misma. 
Pero yo creo que tampoco podemos limitar ese desarrollo; lo cual no quiere decir que no haya que hacer todos los esfuerzos necesarios para que ese desarrollo se haga de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente, con los menores efectos negativos sobre el mismo, especialmente en zonas sensibles como pueden ser los Alpes o los propios Pirineos. 
Señor Presidente, yo quiero manifestar mi agradecimiento a la señora Comisaria por la gran sensibilidad que ha demostrado hasta ahora en relación con tema del tráfico a través del paso de Brennero y el túnel de base, y sobre todo también por la declaración que ha repetido aquí en lo que respecta a la necesidad de respetar muy especialmente el medio ambiente en este contexto. 
Quisiera señalar que la Comisión ya realizó un examen detallado y exhaustivo del proyecto alternativo ATT3- y en este contexto quiero expresar mi agradecimiento al señor Comisario Kinnock y al Director General Coleman- durante los dos últimos años, sobre el cual también se me remitió información por escrito. 
Finalmente, quisiera añadir que en la pregunta del colega Messner figura la siguiente frase: "En caso de nueva construcción será necesario estudiar la solución que tenga menor impacto ambiental." 
Me parece del todo incomprensible que se pida a la Comisión que se reduzca al mínimo posible el impacto ambiental. 
Esto afecta a la población de una zona sensible y es preciso proteger a dicha población. 
Todavía resulta más incomprensible que, además, lo planteen los Verdes y este es un motivo adicional para rechazarlo. 
. El proyecto del Brennero, concretamente, es uno de entre 14 proyectos de conexión de transporte transeuropeo y, desde luego, la Comisión va a seguir adelante apoyando este proyecto, aunque, al final, son los Estados miembros quienes tienen que llevar a cabo el desarrollo del mismo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 64 a 114 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.25, se reanuda a las 21.00 horas) 
Concesión de etiqueta ecológica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (C5-0223/1999- 1996/0312 (COD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, ayer decía alguien en esta Asamblea que la globalización de la economía no es una necesidad que no puede eludirse, sino que se trata de la mala influencia del efecto de algunas multinacionales. 
En primer lugar encuentro que esta observación es provocativa, pero naturalmente es peligrosa y puede llevar a error. 
Porque nada de lo que hagamos en Europa de carácter económico o ecológico puede ser visto aisladamente de sus posibles consecuencias globales. 
Y esto vale también para la aprobación de una etiqueta ecológica para la Unión Europea. 
Precisamente las fracasadas negociaciones en el marco de la OMC en Seattle han puesto en evidencia lo difícil que resulta para Europa hacer entender a terceros países sus estándares progresistas en materia de política social y ecológica. 
Si nos ponemos de acuerdo en el establecimiento de una nueva etiqueta ecológica europea debemos tener presente que esto será un buen ejemplo para terceros estados, que la llevarán incorporada nuestros productos al entrar en países en vías de desarrollo, y que podrá encontrar y encontrará quienes la imiten. 
La etiqueta ecológica será una señal en terceros países de toda una serie de importantes ideas políticoambientales. 
Se pueden reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente en la producción de determinados grupos de productos. 
Hay que fomentar metas comunes para un consumo respetuoso con el medio ambiente, y ha de darse una unificación entre las correspondientes normativas internacionales. 
La globalización de la economía posibilitará en un futuro a los países en desarrollo la participación en el bienestar de los países ricos. 
Pero una cosa debe quedar clara desde el principio, una cosa que también queda resaltada en nuestra posición común: han de valer para todos los estados las mismas reglas. 
Si las instalaciones productivas de un país respetan los criterios de la etiqueta ecológica, esto vale para todas las instalaciones productivas en las cuales se elabore ese producto. 
Si conseguimos esto, habremos globalizado una importante idea de política medioambiental. 
Señor Presidente, esta propuesta fortalece, mejora y hace más riguroso el sistema de etiquetas ecológicas que ha existido en la UE desde 1992 y que, desgraciadamente, no ha tenido el éxito esperado. 
Sabemos, por el Cisne en los países nórdicos y por el Ángel Azul en Alemania, que el etiquetado ecológico de productos es un instrumento muy importante y poderoso para hacer que los consumidores cambien sus hábitos de compra y adquieran productos respetuosos con el medio ambiente. 
Es justamente eso lo que queremos todos, poder comprar productos ecológicos para así influir sobre los productores y sobre el desarrollo de la sociedad, en favor del aumento de los productos y servicios ecológicamente sostenibles. 
Creo que la posición del Consejo es relativamente buena. 
Estoy satisfecha también con las enmiendas de la comisión y de Schnellhardt. 
Sin embargo, opino que se necesitan algunos refuerzos. 
Me refiero especialmente al papel de los consumidores y de los movimientos ecologistas y a la coexistencia de diferentes sistemas de etiquetas ecológicas. 
Creo que se equivocan quienes sostienen que solamente debe existir un sistema de etiquetas ecológicas. 
Estoy absolutamente convencida de que la flor de la UE podrá introducirse mucho más fácilmente y con mayor rapidez en los países donde ya existe un sistema de etiquetas que funciona bien. 
Hay que lograr que los consumidores busquen y elijan productos con etiquetas ecológicas. 
Cuando ya se han cambiado los hábitos de compra, todo resulta más fácil. 
La clave del éxito está, en gran medida, en la opinión y la credibilidad de los grupos ecologistas y de consumidores. 
Si estos se comprometen de manera adecuada, el desarrollo también será mucho más rápido. 
Señor Presidente, si usted me permitiese un asunto de orden... 
Señor Presidente, la propuesta que estamos debatiendo sobre un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica ha cambiado de manera considerable en relación con la propuesta original de la Comisión. 
También se ha modificado mucho en relación con la primera tramitación en el Parlamento Europeo. 
Para nuestra alegría, esos cambios han sido, en la mayoría de los casos, provechosos. En el Grupo GUE/NGL estimamos que se ha prestado relativa atención a las opiniones que manifestamos en la primera lectura. 
Para nosotros, a la hora de juzgar la propuesta, son importantes los siguientes principios: en primer lugar, la etiqueta ecológica común no debe entorpecer ni reemplazar a las etiquetas nacionales, que hoy funcionan mejor que la flor comunitaria, tanto en cuanto a la cantidad de productos etiquetados como al grado de conocimiento por parte de los consumidores. 
Por eso resulta especialmente importante que se haya eliminado la idea de prohibir las etiquetas nacionales. 
También creo que es bueno entender que nada se opone a la existencia de etiquetas ecológicas paralelas. 
En Escandinavia, que es donde quizás mejor funciona el sistema de etiquetado ecológico en la actualidad, ya hay muchas etiquetas de las mismas características que coexisten relativamente bien y que se complementan. 
En segundo lugar, queremos que los movimientos ecologistas tengan una influencia decisiva en la concesión de las etiquetas y en la formulación de los criterios para su adjudicación. 
De acuerdo con nuestra experiencia, esto daría a la etiqueta mayor credibilidad. 
Además, este sistema funciona a la perfección donde se ha implantado. 
Por eso nos satisface especialmente que se haya abandonado la idea de una organización de carácter más comercial. 
También opino que está bien que se haya desechado la idea de una etiqueta graduada. 
Es más fácil tener sólo una flor. 
Un sistema graduado, como se tenía al comienzo, probablemente, en lugar de contribuir a una mejor información, crearía más problemas. 
También estamos satisfechos porque la propuesta comprende al sector de los servicios. 
Resumiendo, creemos que la posición común y las enmiendas, incluida la del Grupo GUE/NGL, contribuyen a la buena calidad de este informe. 
Señor Presidente, estando recientemente en casa de mi cuñada, observé que tenía un bote de líquido lavavajillas "ecológico". 
Cuando la felicité por ello, me miró con cara de culpabilidad y reconoció que la botella verde contenía ahora detergente normal, ya que el producto alternativo no sólo era más caro, sino que necesitaba gastar el cuádruple y aún así los platos no quedaban limpios; rellenando el envase, podía a la vez lavar bien los platos e impresionar a los amigos paladines de lo ecológico. 
La moraleja de esta historia es, por supuesto, que para competir en el mercado convencional, los productos ecológicos han de tener unos resultados similares a las otras alternativas. Sólo de este modo podrán salir del mercado exclusivo que ya ocupan al mercado convencional. 
La etiquete ecológica no debiera ir asociada a la mediocridad. 
El Angel Azul alemán y el Cisne Nórdico han sido los pioneros de la etiqueta ecológica. 
Desechar estos logrados planes sería como hacer pagar a justos por pecadores. 
A la larga, puedo ver las cualidades de una etiqueta europea única, pero ésta no se debe imponer a los planes ya existentes. 
Un plan único presenta ventajas para las empresas, por ejemplo: derechos de registro e inspección únicos, un envase normalizado y ventajas para los consumidores, que no se verán desconcertados por una plétora de etiquetas. 
La etiqueta ecológica está pasando de los productos forestales y lo detergentes a los ordenadores y electrodomésticos, pero ¿por qué quedarse ahí? 
Se podrían registrar servicios como el turismo y los impuestos limpios. 
Por otro lado, quizá podrían cooperar y registrarse juntos grupos de pequeñas empresas de características similares. 
En el Reino Unido, tenemos un sector floreciente de servicios financieros éticos, que ofrecen ahorros y pensiones que invierten con una perspectiva ecológica. 
No sólo debieran poder optar a un etiqueta ecológica, sino ser autorizados a vender sus productos sin impedimentos por toda la Unión Europea en un mercado único de servicios financieros. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados, en primer término quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento Europeo, en especial a los ponentes Schnellhardt y Poggiolini, por el trabajo tan constructivo realizado en relación con la revisión del reglamento de etiqueta ecológica. 
La propuesta de sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica tiene por objeto hacer el sistema más eficaz, más abierto y mejorar los métodos. 
Esto lo haría más atractivo para los productores, los distribuidores y los consumidores. 
La propuesta da mayor responsabilidad a los órganos competentes y a diferentes organizaciones para fijar criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta. 
La Comisión cree que esos objetivos van a cumplirse gracias a la colaboración y al interés del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Opino que la relación entre la etiqueta ecológica común y los sistemas nacionales debe definirse de forma más clara en la propuesta. 
Ésta fortalece también el papel y la participación de las partes interesadas. 
En especial, se trata de los órganos medioambientales que se encargan del etiquetado y de diferentes grupos de interesados. 
Su participación es decisiva para que este instrumento voluntario pueda ser dado a conocer de manera adecuada. 
Éste es uno de los pocos instrumentos europeos que va a tener un papel fundamental en el fortalecimiento del consumo sostenible. 
En cuanto a las enmiendas del Parlamento Europeo, la Comisión opina que ellas han contribuido a mejorar la materialización del reglamento. 
En relación con las enmiendas 1, 4 y 8, en las que se propone una participación activa de los movimientos ecologistas y de las organizaciones de consumidores, la Comisión comparte el criterio de que esta clase de apoyo y participación es de enorme importancia para el equilibrio y credibilidad de la etiqueta ecológica. 
Por estos motivos, aprobamos estas enmiendas. 
Respecto a las enmiendas 2, 3 y 7, que se ocupan de ciertos aspectos de la colaboración y la coordinación con los sistemas nacionales de etiquetas ecológicas, la Comisión está convencida de la trascendencia de las actividades de apoyo común, especialmente para dar a conocer la etiqueta comunitaria. 
Por eso damos nuestra aprobación a estas enmiendas. 
En la enmienda 5 se proponen cuatro maneras de flexibilizar y facilitar las estructuras de tasas para quienes solicitan la concesión; la Comisión da su aprobación a este objetivo de carácter general. 
A pesar de todo, la etiqueta ecológica es voluntaria y las tasas no deben ser tan altas como para que impidan solicitar su concesión a quienes realizan los mayores esfuerzos ecológicos. 
La enmienda 6 trata de reducciones de las tasas para empresas pequeñas y medianas y para países en desarrollo, subrayando que tales rebajas deben ser considerables. 
La Comisión también puede respaldar esta enmienda. 
En resumen, la Comisión da su aprobación a la totalidad de las enmiendas. 
Señor Presidente, anteriormente, al concluir mi intervención, presenté una cuestión de orden que quisiera que el Presidente y el Pleno tomasen en consideración. 
Ante la votación de mañana, hay que aclarar que algunas enmiendas no están traducidas. 
Están sólo en inglés. 
Por ejemplo, se trata de las enmiendas 7 y 8. 
Éstas existen solamente en inglés, lo que es inaceptable. 
Para poder votar, por lo menos tenemos que poder leer las propuestas antes de emitir nuestro voto. 
Era el primer punto. 
El segundo se refiere, por ejemplo, al plan de trabajo para la estrategia medioambiental... 
(El Presidente interrumpe a la oradora). 
Muchas gracias por señalar la situación con respecto a las enmiendas. 
Los servicios se están ocupando de ello y espero que estén listas a tiempo para mañana. 
No podemos dejar que el debate continúe porque nos estamos quedando sin tiempo. 
Gracias, Comisaria, por su intervención. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana al mediodía. 
Incineración de residuos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la incineración de residuos (C5-0274/1999- 1998/0289 (COD) ). 
En las enmiendas núm. 36 y 37 que se han distribuido, figuro como corresponsable de su presentación. 
Me di cuenta ayer por la tarde y llamé la atención sobre este hecho a la DG1 esta mañana. 
La DG1 reconoció que los servicios de traducción habían cometido un error. 
Por lo que solicité que fuera corregido. 
En la DG1 se negaron a ello. 
Dijeron que no había tiempo para ello. 
Han dispuesto de más de doce horas para corregir las enmiendas en cuestión. 
Lamento muchísimo que hayan sido distribuidas al público indicando erróneamente quiénes las han presentado. 
Se trata de las enmiendas núm. 36 y 37, en cuya presentación no he participado. 
Muchas gracias por señalarlo. 
Haremos por que esté corregido para mañana. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, quiero agradecer a mis colegas su oportuna colaboración. Gracias a ella, hemos podido presentar conjuntamente distintas enmiendas y lograr un acuerdo respecto de algunos puntos. 
Me refiero al acuerdo relativo al ámbito de aplicación de la directiva. 
Además, quiero agradecer a la Comisión Europea la información y el asesoramiento técnico que nos ha facilitado, ya que han supuesto una gran ayuda. 
Es obvio que los residuos deben tratarse de una manera responsable con el medio ambiente en una sociedad civilizada. 
En la Comunidad Europea, esto se hará más cada vez mediante la incineración de residuos con recuperación de energía. 
Es evidente que este proceso exige un buen control de las emisiones de sustancias peligrosas. 
Si se logra que, sobre todo, los residuos peligrosos y los residuos orgánicos dejen de acumularse a fin de evitar las malas consecuencias para el medio ambiente, la incineración debe conllevar, por supuesto, ventajas para el mismo. 
Se ha logrado un equilibrio en la primera lectura entre lo que es posible dentro de unos cinco o siete años y lo que es necesario desde la perspectiva del medio ambiente gracias al fortalecimiento de las normas de emisión. 
Los valores límite de emisión que ahora ha propuesto la Comisión de Medio Ambiente constituyen un compromiso razonable. 
Debe señalarse que varios Estados miembros ya cumplen unos valores más estrictos. 
El establecimiento de buenas normas medioambientales es importante, pero no dice nada sobre el cumplimiento de las mismas. 
Imagínense por un momento que ahora fijamos normas muy buenas respecto del vertido de sustancias peligrosas, como las dioxinas, pero que, por otra parte, dejamos la puerta abierta para eludir todo tipo de obligaciones respecto del control. 
Corremos el peligro de no avanzar nada, después de todo, y de que no mejore la calidad del aire. 
Además, también debemos evitar que a largo plazo resulte que producen efectos perjudiciales para la salud por el sutil motivo de que no se ha controlado el vertido de sustancias perjudiciales. 
Si ocasionan enfermedades como el cáncer o las homeopatías, no podemos justificarnos diciendo que no lo habíamos previsto porque no hacía falta que se midiera la emisión de sustancias dañinas de las instalaciones para la incineración de residuos. 
Como muy bien ha señalado nuestro colega, el Sr. Florenz, es muy importante contar con reglas claras relativas a las mediciones. 
Espero, por ello, que nos pongamos muy de acuerdo en cuanto al establecimiento de un buen control. 
En lo que al ámbito de aplicación se refiere, me satisface señalar que hemos logrado una fórmula aceptable gracias a una oportuna colaboración. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que, con ello, nos hemos desviado bastante de la primera lectura, dado que, por aquel entonces, solamente la madera no tratada se consideraba una excepción aceptable. 
En lo que a la definición de instalación de coincineración respecta, desgraciadamente, no se ha podido llegar de antemano a un acuerdo. 
Tras muchas discusiones con distintos colegas y la Comisión Europea, se ha encontrado una solución sencilla mediante la enmienda 43, que posiblemente sea aceptable. 
En cuanto a si se utilizan los residuos como material básico habitual o complementario en la recuperación del cristal, entre otros procesos, éste queda fuera del ámbito de la directiva. 
No obstante, si solamente una parte de los residuos se utiliza como material básico o complementario, entonces, este proceso cae en el ámbito de la directiva. 
En lo relativo a la recuperación de la energía, quiero señalar que el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la integración del medio ambiente en la política energética en noviembre del año pasado, en la que se pide especial atención para la aplicación y desarrollo de los mejores métodos para la recuperación de la energía. 
La Comisión de Medio Ambiente recomienda, por tanto, la recuperación de la energía mediante la producción combinada de electricidad y calor, también en el caso de la incineración de residuos. 
La Comisión de Medio Ambiente ha solicitado que se midan las emisiones de amoniaco. 
Sin embargo, las normas relativas al amoniaco no se aplican, por error, a todas las instalaciones. 
He presentado una norma relativa al amoniaco en el caso de los hornos de cemento y de las instalaciones corrientes de incineración de residuos por razones de coherencia. 
En lo que al muestreo continuo de dioxina se refiere, parece que esto es muy factible. 
Como consecuencia de la crisis de la dioxina de Bélgica, se ha puesto en marcha semejante técnica de medición. 
Durante un mes se han tomado muestras acumulativas. 
Transcurrido ese mes, se han medido las muestras y el resultado proporciona una buena imagen de la cantidad de dioxina emitida durante el mismo. 
Está claro que éste constituye un mejor control que realizar una medición dos veces al año en un momento cualquiera. 
Según los expertos, los costes no son más elevados, dado que la medición de muestras acumulativas es mucho más barata. 
La inversión en el aparato para realizar este muestreo continuo, se recupera, por tanto, al cabo de algunos años. 
La propuesta de la Comisión ha mejorado considerablemente en la primera lectura con un amplio apoyo. 
Ha levantado esperanzas entre los ciudadanos. Quiero pedir insistentemente a mis colegas que respondan a estas expectativas. 
Una línea coherente por parte del Parlamento Europeo resulta positiva para la confianza del ciudadano, especialmente de los ciudadanos que viven cerca de las instalaciones de incineración o coincineración de residuos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, esta directiva no nos satisface en absoluto ya que comporta la fusión de dos textos, uno referente a la incineración de residuos peligrosos y otro a la incineración de residuos no peligrosos. 
Esto nos plantea un problema con respecto a varias etapas de la incineración: la recepción de residuos, su tratamiento y su manipulación. 
Nos podemos preguntar, pues, dónde reside el interés de esta fusión. 
La respuesta está en el informe del Sr. Blockland, quien se declara totalmente contrario a la industria de la coincineración. 
Sin embargo, y resulta paradójico, el ponente es a la vez favorable a la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos. 
¿Dónde está, pues, el progreso para el medio ambiente? 
Nuestro Grupo no desea favorecer uno u otro tipo de industria, ya que ambas son muy útiles para la gestión europea de los residuos. 
Hay que tener en cuenta las prácticas de cada Estado miembro para conservar el equilibrio industrial existente y ver cómo se puede proteger mejor el medio ambiente. 
Esto es lo que propone la posición común. 
Hay que dar prioridad a los límites de emisión para las sustancias más nocivas: NOx, dioxinas y furanos. 
Por otra parte, la posición común propone para 2007 un valor límite de NOx para la incineración de residuos peligrosos, el cual no existe en la actualidad. 
Para dioxinas y furanos, los valores límite son obligatorios para todos los residuos. 
Hasta ahora, sólo existían para los residuos no peligrosos. 
Resulta por lo tanto lamentable que el informe Blockland proponga soluciones utópicas, cuando se sabe que muchas directivas referentes a la gestión de residuos no se aplican todavía o son mal aplicadas por los Estados miembros. 
Querer abarcar demasiado, resulta contraproducente. 
Querer revisar los valores límite de esta directiva cada tres años es completamente utópico, cuando se piensa en las enormes inversiones que la industria debería realizar. 
La industria necesita seguridad jurídica y plazos razonables. 
En realidad, el problema que se nos plantea, es que en Europa no tenemos una buena definición de lo que es un residuo. 
Por lo tanto existe siempre una confusión cuando se debe revisar un texto referente a residuos o cuando deben elaborarse nuevas propuestas. 
Resulta por lo tanto urgente, señora Comisaria, reformar completamente la gestión de residuos en Europa. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al Sr. Blokland por este informe. 
Todos sabemos que la incineración de residuos es un campo muy complicado y muy técnico, no obstante, creo que el trabajo realizado en el caso de este informe es digno de reconocimiento. 
Al contrario que la Sra. Grossetête, creo que la posición común y el informe del Sr. Blokland constituyen una aportación importantísima de carácter medioambiental a la cuestión de la incineración de residuos, ya hablemos de residuos peligrosos o no peligrosos. 
Creo que ganamos una buena herramienta con la que prevenir y limitar los daños medioambientales producidos por la incineración de residuos y con la que limitar los riesgos sanitarios que ésta implica para nosotros como seres humanos. 
Y luego están otras buenas medidas que se adoptan. 
Quiero respaldar la pretensión de que se lleve a cabo una verdadera planificación de residuos separando los residuos, que vinculemos la incineración de residuos a la legislación sobre residuos comunitaria conjunta y que situemos el problema de la incineración en su lugar correcto dentro de la jerarquía de los residuos. 
También me parece positivo que ahora quede precisado muy claramente qué instalaciones quedan incluidas dentro de estas normas y qué tipos de residuos quedan así fuera de la norma. 
Sobre la muy problemática cuestión de la definición de instalación de coincineración, por ejemplo, las fábricas de cemento, que han ejercido un lobbyismo muy agresivo durante la tramitación de este asunto, quiero decir que creo que podemos respaldar la enmienda núm. 43, que supone en mi opinión una buena precisión de la posición común. 
Luego está por último la importantísima cuestión del establecimiento de valores límites de emisión para la atmósfera y las aguas- ya hablemos de metales pesados, cenizas, amoniaco, dioxinas, dióxido de carbono o de otras sustancias peligrosas. 
Creo que en este punto se han alcanzado niveles responsables y que se ha logrado un equilibrio sensato entre las auténticas instalaciones de incineración y las instalaciones de coincineración. 
Un equilibrio que confío en que se mantenga también durante la votación de mañana en el Pleno. 
Y de nuevo y frente a lo que la Sra. Grosstête ha dicho, quiero añadir que los niveles de emisión propuestos son realistas, tecnológicamente posibles y de hecho la verdad es que se llevan a cabo en algunos de los países miembros. 
Encima se les da a las instalaciones existentes que hoy no cumplen los requisitos un plazo muy largo para que se adapten a los nuevos requisitos que se plantean. 
Espero que con la votación de mañana podamos contribuir a alcanzar una solución de los problemas medioambientales y sanitarios provocados por la incineración de residuos, de tal modo que las inimaginables cantidades de residuos que producimos cada día no creen mayores daños para el medio ambiente o problemas para nuestra salud que los estrictamente necesarios. 
Señor Presidente, ¡el Sr. Blokland ha realizado un trabajo excelente! 
Esta materia es muy compleja. 
Además, los grupos de presión han estado muy activos. 
Nunca me habría imaginado que tanta gente pudiese interesarse por los residuos en Europa. 
Casi se podría creer que se habla de oro en lugar de basuras. 
Quizá sea un buen presagio el hecho de que se esté desarrollando una industria de reciclaje con tanto poder financiero y personal. 
Es evidente que la UE tiene que crear un sistema sostenible para proteger el aire, la tierra y el agua. 
Es un interés común, una responsabilidad común. 
También es obvio que esto se regule en el ámbito comunitario. 
Pero, ¿es este ámbito adecuado también para realizar descripciones técnicas tan detalladas como las de esta directiva? 
¿No sería mejor que se adoptasen decisiones sobre los niveles permitidos de vertidos para las distintas sustancias, sobre los sistemas de medición, sobre la forma de realizar esas mediciones, y que después se aplicase el principio de la subsidiariedad? 
Existen enormes diferencias en la forma de tratar los residuos, en la manera de incinerar basuras junto con grandes cantidades de carburantes biológicos, entre el norte de Escandinavia, donde las distancias son largas, y las regiones densamente pobladas de Europa Central, en las que, literalmente, se trata más de un problema de aseo, más de incineración de basuras, que de la producción de energía. 
Quisiera que en alguna oportunidad, ahora no, debatiésemos la posibilidad de crear una legislación marco en esta materia. 
Señor Presidente, querría también felicitar al Sr. Blokland por este informe, que fijará unas normas para la incineración de ámbito europeo, incluyendo, por primera vez, unas normas de emisión para las dioxinas y los furanos; esto debiera generar una mayor competencia entre los diferentes métodos de eliminación de residuos y, como resultado, poner fin al transporte de residuos peligrosos por Europa en busca de las empresas de manipulación de residuos más baratas. 
Teniendo en cuenta el aumento previsto de la incineración, es esencial que la legislación general de la UE sobre eliminación de residuos y sobre calidad del aire sea coherente y completa. 
Debemos mirar todo el escalafón. 
Puede ser que la incineración aumente al imponerse controles más escritos a los vertederos, pero no hace buenas migas con el reciclado y los métodos de eliminación de residuos más respetuosos con el medio ambiente. 
La construcción de nuevas incineradoras es una empresa costosa y a largo plazo que, a su vez, ha de tener rendimientos a largo plazo para los inversores, de modo que a ellos les interesaría que se siguieran quemando residuos. 
Significa que existe el peligro de un exceso de capacidad que lleve a impulsar la incineración por motivos de lucro y no a impulsar la reducción, el reciclado y el tratamiento seguro de los residuos, lo cual que es nuestra meta. 
Este Parlamento debe proteger la salud y la calidad de vida de las personas a las que representamos. 
No hay un límite seguro para las emisiones de dioxinas y se están llevando a cabo más investigaciones sobre los efectos de las micropartículas en la salud humana y el medio ambiente. 
Por eso tenemos que asegurarnos de que haya pruebas y controles frecuentes, de que se ponga a disposición de los ciudadanos información pormenorizada periódica y de que se tomen medidas reales contra las infracciones de las normas. 
Medir las emisiones dos veces al año puede dar una indicación precoz de lo que ocurre en una planta incineradora y en el aire que respira la población local. 
Medirlas una vez cada dos años no tendría el mismo efecto. 
Por eso tenemos que fijar las normas más estrictas posible y no hacer excepciones que debilitan esta importantísima legislación. 
Señor Presidente, los residuos no desaparecen por vertirse en el mar o lanzarse al espacio y, tampoco, por incinerarlos sin más. 
Siempre vuelven y a menudo en una forma más dañina. 
La incineración puede contribuir a la aparición de enfermedades, a la contaminación del aire, al cambio climático y al aumento del nivel del mar. 
Actualmente se incineran muchos residuos, pero, efectivamente, no en las caras instalaciones mencionadas que pueden proceder a la depuración de los gases de escape. 
Estas instalaciones no se modernizan más. Incluso han sido cerradas cuando resulta más barato que la industria del cemento y las centrales eléctricas coincineren también los residuos. 
Por ello, resulta importante que la incineración sea igual de cara en todas partes y cumpla los mismos elevados requisitos medioambientales. 
La derecha y la izquierda tienen, con razón y comprensiblemente, muchas diferencias de opinión dentro y fuera de este Parlamento, puesto que representan a intereses y planteamientos opuestos de nuestra sociedad. 
Esto no debería suceder en este caso. 
Todos, ricos o pobres, debemos poder respirar, mantenernos sanos y sentirnos seguros. 
Solamente un imprudente pensamiento a corto plazo y la persecución de ganancias rápidas pueden explicar que se continúe intentando desvirtuar esta directiva. 
Tales enmiendas reducen la directiva a las reglas de juego de los envenenadores y de los que ocasionan desastres. 
El Grupo de Izquierda Unitaria respalda, por tanto, las propuestas del Sr. Blokland y espera que se retiren o rechacen las enmiendas destructivas. 
Señor Presidente, la gestión de los residuos ocupa ahora un lugar primordial para conseguir los niveles más elevados de protección ambiental. 
Por desgracia, nuestra sociedad de consumo contribuye a un volumen cada vez mayor de residuos domésticos y la preocupación es también cada vez mayor en relación con los residuos industriales. 
Afortunadamente, existe ahora una concienciación entre los ciudadanos acerca de la importancia de proteger el entorno natural y, desde mi punto de vista, el clima socioeconómico es favorable a la consecución de este objetivo. 
En debates anteriores me referí a la necesidad de reducir los residuos: en esto tienen una importante función los fabricantes de productos alimentos y bienes de consumo, sobre todo en relación con el envasado en sus diversas formas y con la importancia de usar productos compatibles con el reciclado, lo que, desde luego, es la opción que yo prefiero. 
Todos somos conscientes de la necesidad de reducir el volumen de residuos que ahora se depositan en vertederos y hay que esforzarse todo lo posible por encontrar alternativas más ecológicas. 
Desde mi punto de vista, no podremos eliminar totalmente los vertederos en un futuro más o menos cercano, pero no sólo debemos reducir, de forma continuada, el volumen de material que va a parar a ellos sino también ser más selectivos en cuanto a los materiales depositados. 
Aunque la incineración está obteniendo mucha publicidad en contra, y las recientes decisiones de planificación en Irlanda sin duda han suscitado la cuestión crucial del emplazamiento de las incineradoras, es difícil pensar en un programa completo de eliminación de residuos en el que no entre la incineración, sobre todo en relación con los residuos tóxicos, y a este respecto hay que prestar consideración a encontrar emplazamientos donde las instalaciones no repercutan negativamente en el entorno natural. 
Por último, Señor Presidente, es obvio que necesitemos más debates informados cuando se trata de ayudar a aquietar la preocupación de los ciudadanos sobre los aspectos de la incineración relativos a la salud, tema al que se ha prestado atención en amplias investigaciones llevadas a cabo en diversos Estados miembros y a través de la experiencia adquirida en muchas instalaciones avanzadas que ahora funcionan en toda Europa. 
Señor Presidente, esta noche, extraordinariamente, no hablo en nombre del Grupo Socialista, en gran medida porque sustento algunas opiniones muy marcadas sobre esta directiva. 
Realmente creo que el Sr. Blokland ha elaborado un informe equivocado en el momento equivocado y por razones equivocadas. 
No hace tanto que abordamos el tema y sacamos un conjunto de normas que eran adecuadas para la situación, con las que se vio que el Sr. Blokland estaba contento en su día y de las que no se quejó. 
Al dársele una tarea, el Sr. Blokland ha elaborado un informe nuevo y revisado que sin duda ha sobrepasado cualquier cosa que hayamos hecho anteriormente. 
No podemos decir que esté todo mal. 
Desde luego se formulan muchas propuestas sensatas en áreas en las que la tecnología hace posible avanzar. 
Pero, francamente, no podemos esperar, habiendo dado ya a la industria un conjunto de normas a aplicar hace sólo uno o dos años, entregarle tan pronto un conjunto de normas completamente nuevo. Hemos de suponer que llevará tiempo llevar a la práctica el presente informe. 
El Sr. Blokland ha sobrepasado además de muchas formas el encargo que se le hizo. 
En particular, el alcance de la presente propuesta va mucho más lejos que directivas anteriores y absorbe en su dominio legislativo numerosos procesos que exigen una legislación aparte, y que han de ser regulados aparte porque son inherentemente diferentes del simple proceso de combustión. 
Para ser amables con esta directiva, se la podría describir como buena por partes, como un árbol sin hojas. Desgraciadamente, esto va a dar mala fama a la política de medio ambiente. 
No tendríamos que estar constantemente volviendo a regular las incineradoras. 
Tendríamos que estar buscando en primer lugar modos de evitar la incineración. 
El objetivo del Parlamento en la estrategia de gestión de residuos no es hacer que cada vez sean más estrictas las normas para las instalaciones de incineración existentes, sino modificar el papel de la gestión de residuos, cambiar el tipo de gestión de residuos que utilizamos. 
Haríamos mucho mejor en concentrar nuestros esfuerzos en los próximos años en el reciclado, la reutilización y otros métodos de reducir el cúmulo de residuos. Si no la hacemos, volveremos a encontrarnos muy pronto con el mismo problema. 
Señor Presidente, desde luego estoy de acuerdo con el resumen final del Sr. Bowe. 
Aunque la posición común impone firmes controles a las emisiones autorizadas de las incineradoras de residuos, sé que siempre que se hacen propuestas de construirlas en mi país, la gente se alza en contra, desconfía de la afirmaciones de la empresa operadora y yo comparto en cierta medida su postura. 
Por eso yo y muchos de mis compañeros diputados respaldaremos casi todas la enmiendas del Sr. Blokland porque queremos las normas más estrictas posible. 
No me supone ningún problema que resulten técnicamente difíciles de conseguir- ningún problema, porque el Reino Unido posee el triste récord de tener el menor grado de reciclado de residuos domésticos de Europa y mucho campo para mejorar. 
Muchos de nosotros creemos que cualquier gobierno de nuestro país alentará la construcción de incineradoras de residuos como alternativa a fomentar las alternativas. 
Sería un ejemplo de "echar las cosas al fuego" y quitarlas de la vista y el pensamiento, lo que a mi parecer es un enfoque erróneo. 
Tenemos que concentrarnos en reducir los residuos, reciclar lo que quede y dejar las incineradoras como último recurso. 
Señor Presidente, también yo querría dar las gracias al Sr. Blokland por este informe que se esfuerza por mejorar la propuesta de la Comisión, y a los autores de las demás enmiendas que también lo hacen. 
Pero la incineración ha de ser considerada como último recurso y, tal como ya se ha dicho, la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos son las cosas principales por las que tendríamos que estar luchando. 
Solo tengo una duda en cuanto a la afirmación del Sr. Bowe sobre la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar los residuos. 
¿Será idéntica su postura cuando esté debatiendo la directiva sobre envases? 
Será interesante comprobar si entonces sigue fiel a sus principios. 
Lo único que hace la incineración, tal como ha dicho la Sra. Evans, es fomentar la necesidad de más residuos. 
No será económicamente viable si no se tienen suficientes residuos para mantener funcionado las incineradoras. 
Debemos recordar asimismo que los residuos no desaparecen. 
Se convierten en dioxinas y también en cenizas tóxicas. ¿Qué hacer con ellas? 
En Irlanda, algunas empresas operadoras proponen utilizarlas en los materiales de construcción. 
¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? 
Pese a lo que ha dicho mi colega el Sr. Hyland, en Irlanda tenemos un récord funesto en cuanto a gestión de residuos. 
Tenemos uno de los mayores récords de depósito en vertederos de Europa. 
Ahora parece que el Gobierno está pasando del vertido a la incineración y se está presentando ésta como la opción ecológica. 
Dicen: "Estamos convirtiendo los residuos en energía, ¿no es maravilloso ?", cuando en realidad están intentando embaucar a los ciudadanos haciendo creer que es algo ecológicamente seguro. 
El reciente juicio en Irlanda en el que se decidió en contra de la instalación de una incineradora en una zona agraria fue sumamente importante. 
Es muy importante que nuestra ley salga bien, que nos centremos en primer lugar y sobre todo en la gestión de residuos. 
El que cualquier gobierno proponga que se introduzca la incineración en lugar del depósito en vertederos es completamente equivocado. 
Tenemos que considerar en primer lugar las causas profundas de por qué hay residuos. 
Señor Presidente, en las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se destaca el alto nivel de protección general del medio ambiente y, por tanto, muchas de estas enmiendas deben ser aprobadas. 
Sin embargo, en los distintos países existen infraestructuras diferentes para el tratamiento e incineración de residuos, por lo que las mismas regulaciones no son, en realidad, idénticas para todos. 
En Finlandia y en algunos otros países, se ha extendido mucho la práctica de clasificar los residuos cerca del lugar donde se producen. 
Por consiguiente, no incineramos juntos residuos de diferente tipo como se hace en otros países. 
La incineración mixta es una mala política medioambiental. 
Se consigue incinerar de forma eficaz los residuos clasificados mediante las llamadas quemas paralelas, combinándolos con otros combustibles. 
En las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente se vinculan sin fundamento la quema mixta y la quema paralela. 
Esto puede reducir el nivel de protección medioambiental en los países que clasifican los residuos, debido a efectos indirectos de índole económica. 
Por esta razón, las enmiendas 14, 17, 18 y 27 no deben ser aprobadas. 
Concluyo observando que no se debe conceder ninguna ventaja competitiva a la industria del cemento, a pesar de sus influencias en los ámbitos de poder, frente a las centrales de tratamiento de residuos. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con las Sras. Grossetête y Paulsen y- lo que es bastante alarmante para nosotros dos- con el Sr. Bowe. 
Pero quiero hacer un comentario concreto en relación con la alarma que ha suscitado en el Reino Unido el sector agrario literalmente en los últimos días. 
Se han puesto en contacto con varios diputados del Reino Unido representantes de intereses agrarios, a quienes les preocupa mucho que la directiva sobre incineración se aplique a todas las incineradoras de la explotaciones agrarias del país. 
Se dice que hay miles de ellas, y el efecto completo de aplicar los controles definidos en la directiva sería el de elevar los costes de funcionamiento de cada incineradora en aproximadamente 200.000 libras esterlinas. 
Lo normal es que dichas incineradoras se dediquen a los residuos de la ganadería y a la eliminación de envases vacíos de plaguicidas a razón de menos de 50 kg. por hora. 
Ambos procesos satisfacen los criterios de la mejor posibilidad medioambiental practicable y son aceptados por los inspectores de medio ambiente del Reino Unido. 
Ninguna excepción se ha propuesto para ellas dentro del apartado 2 del artículo 2, y el cierre de incineradoras a raíz de la entrada en vigor de la directiva plantearía enormes problemas de costes y de eliminación de residuos de animales a los ganaderos del Reino Unido. 
Mi pregunta a la Comisaria, que espero pueda responder cuando venga, es la siguiente: puesto que no hemos propuesto ninguna excepción que tenga en cuenta estas incineradoras de las explotaciones agrarias, ¿es la primera vez que la Comisión Europea oye hablar de esta dificultad? , ¿ha recibido alguna protesta de ministros del Reino Unido? , ¿puede decir la Comisaria cuándo podría surgir la oportunidad de revisar la directiva para introducir estas excepciones, suponiendo que el Parlamento llegara acaso a aprobarlas? y ¿piensa que tiene realmente probabilidades de cobrar aceptación dicha excepción para los residuos de animales y para quemar envases vacíos de plaguicidas en las incineradoras de las explotaciones agrarias? 
He notificado a la Comisaria estas preguntas. 
Señor Presidente, el tratamiento de residuos y toda la política en esta materia desempeñan un papel cada vez más importante en el marco de la política medioambiental de la UE. 
Para poder actuar sensata y correctamente, debemos tener presente todo lo que ya se ha mencionado aquí, o sea, la jerarquía de los residuos, las medidas para frenar la producción de residuos, el reciclaje, el aprovechamiento de la energía de incineración y el tratamiento terminal de residuos. 
La propuesta de la Comisión no responde a este planteamiento en todos sus aspectos, sino que más bien parte de la base de que todo puede y debe quemarse. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en la segunda lectura, ha añadido a la postura común enmiendas que fomentan la jerarquización de los residuos, y espero que estos puntos de vista sean aprobados también en la votación de mañana. 
Deseo apoyar también la propuesta que facilitaría la incineración en el lugar de producción de los residuos de la industria del papel y de la celulosa, propuesta que también obtuvo gran respaldo en la comisión parlamentaria. 
Estos residuos suponen una importante fuente de energía, ya no sólo para la propia fábrica, sino también para todo el entorno social. 
Puesto que la jerarquización de los residuos se realiza de modos diversos en los diferentes Estados miembros y como en muchos países se incineran en el mismo horno residuos nocivos y residuos no contaminantes, necesitamos una normativa bastante estricta. 
Sin embargo, en los países donde el reciclaje de residuos se lleva a cabo de forma relativamente óptima, como es el caso de Finlandia, y donde la incineración está clasificada, no puede mejorarse la protección del medio ambiente estableciendo indicadores más rígidos, sino que, por el contrario, puede empeorarse, ya que quedará prohibida la incineración en las centrales más pequeñas y se prolongarían los tramos de transporte de residuos. 
Sin embargo, para reducir la contaminación atmosférica, sería imprescindible que se concedieran exenciones a esta rígida normativa únicamente en aquellos casos en que la central de incineración pueda realmente demostrar que el índice de escapes contaminantes no supera el acordado en las condiciones estipuladas en la autorización. 
Señor Presidente, el objetivo de la Directiva sobre la incineración de residuos es bueno pero, a mi juicio, se ha ido demasiado lejos en los detalles. 
A mí me preocupa, ante todo, la llamada quema paralela de residuos. 
Los residuos clasificados en grupos específicos y los sedimentos fibrosos que se producen, por ejemplo, en los procesos de la industria forestal son buenos combustibles, en combinación con otros, para las centrales térmicas. 
Sin embargo, esta propuesta exige que las centrales que practican esta inofensiva quema paralela hagan constantes y caras mediciones, en parte imposibles e innecesarias desde el punto de vista ecológico. 
El resultado irá en contra de los objetivos originales: los residuos inofensivos ya clasificados, que son combustibles útiles para las centrales térmicas, deberán ser arrojados a los vertederos, donde aumentarán los escapes de metano, o bien deberán ser transportados cientos de kilómetros a grandes centrales de incineración, con la subsiguiente contaminación del medio ambiente. 
En este informe hay muchas enmiendas problemáticas. 
Creo que este asunto debe ser devuelto a la comisión parlamentaria o, en su caso, deberíamos quedarnos, a grandes rasgos, con la postura común del Consejo. 
Señor Presidente, estimados colegas, el intentar poner límites a las substancias contaminantes procedentes de la incineración de residuos es positivo, así como positivos son también algunos procedimientos de control. 
Verdaderamente no se puede permitir que la contaminación vaya del aire al agua y a la tierra. 
En este sentido, la directiva da pasos efectivos. 
Pero a pesar de esto, los problemas intrínsecos a la incineración siguen existiendo, ya que su propio proceso produce nuevas substancias tóxicas, entre las que hallamos también dioxinas. 
Esto es aún más grave en el caso de los residuos domésticos, que antes de su incineración contienen cantidades insignificantes de substancias tóxicas. 
Así pues, enfrentarnos unitariamente a residuos peligrosos e inofensivos agrava el problema. 
Además, el coste de instalación de las unidades de incineración y de su funcionamiento sigue siendo mucho mayor que el de las unidades de reciclaje mecánico y de enterramiento sanitario. 
En pocas palabras, con la propuesta legislativa que estamos debatiendo no se resuelven los problemas intrínsecos a la incineración como método de gestión de residuos. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Blokland por este informe; su misión ha sido especialmente difícil. 
La creación de una normativa medioambiental para toda Europa es una tarea muy exigente, ya que las circunstancias en los diferentes Estados miembros son muy divergentes. 
Yo soy originario de un país donde ya se ha elegido una línea semejante, con un parecido sorprendente, a la línea de la UE en la estrategia sobre residuos. 
Solamente que Finlandia ya ha desarrollado prácticas que funcionan con precisión, como ya han tenido ocasión de escuchar esta tarde. 
Por ello, es lamentable darse cuenta de que estos mismos mecanismos, que son necesarios para guiar a los países que practican con deficiencias el tratamiento de los residuos, obligan a los países más avanzados a dar marcha atrás. 
Esto no debería ser así. 
Nuestra colega, la Sra. Paulsen, tenía razón: es precisamente en este punto donde sería necesario aplicar el principio de subsidiariedad. 
Si se establecen, de forma incoherente, criterios de contaminación mucho más estrictos para la utilización de los residuos como combustible que para los demás combustibles, los residuos clasificados dejarán de utilizarse como combustible. 
No quedan alternativas de aprovechamiento para estos "residuos combustible", sino que serán arrojados a los vertederos. 
Ello aumentará la formación de metano procedente de la putrefacción de los residuos biológicos y reforzará el efecto invernadero. 
Esto afecta especialmente a la quema no contaminante de los sedimentos producidos en la industria del papel y de la celulosa. 
Es importante que el Parlamento rectifique este aspecto de la propuesta de directiva, ateniéndose a la enmienda número 4 presentada por la comisión parlamentaria. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aprobado algunas propuestas que, si se llevan a cabo, dificultarán la quema paralela de residuos, la cual tiene fundamentos ecológicos. 
Por ejemplo, se exige que los límites e índices de contaminación de los combustibles convencionales- no de los residuos combustible- sean idénticos a los de los residuos usados como combustible, a pesar de que, según la normativa de la UE, las centrales térmicas pueden incinerar esos mismos materiales con índices más elevados de contaminación. 
Otro ejemplo es la exigencia de constantes mediciones del índice de amoniaco de los gases contenidos en el humo. Esto aumenta sustancialmente los costes de medición sin ninguna ventaja para el medio ambiente, ya que la obligación de realizar esas mediciones no afecta únicamente a las centrales que pueden generar contaminación de amoniaco. 
Las inversiones que no repercuten positivamente en el medio ambiente disminuyen las inversiones que sí son útiles desde el punto de vista ecológico. 
Señor Presidente, señor Ponente, Señorías, la gestión de residuos es una tarea compleja. 
El debate nos lo ha demostrado una vez más, y el lobbying resulta especialmente importante. 
Por esta razón apruebo la actitud de la Unión Europea, que adopta una estrategia global en relación con este desafío medioambiental y sanitario de capital importancia. 
Sin embargo, siempre me ha preocupado ver tratar en la misma legislación la incineración de residuos peligrosos y no peligrosos, y ya había expresado mi opinión en primera lectura sobre este punto. 
Una mayoría ha apoyado la coincineración. 
Creo que actualmente hay que luchar para impedir el debilitamiento de las normas de emisión relativas a residuos peligrosos. 
En efecto, el volumen de residuos para incinerar aumentará considerablemente. 
Se nos habla de 31 millones de toneladas en 1990, y nos deberíamos aproximar a los 60 millones de toneladas este año. 
Ahora bien, la incineración de residuos ocasiona, como todos lo han recordado, la emisión de sustancias especialmente peligrosas a la atmósfera y suelos. 
El debate se ha centrado en la coincineración. 
Creo que la norma, que fija un tope del 40 %, es demasiado rigurosa, pero quiero insistir brevemente en el hecho de que la generalización de la explotación de residuos peligrosos en el campo de la coincineración puede llevarnos a aceptar la producción de estos residuos, y corremos el enorme riesgo de que mañana se nos diga que se han realizado inversiones para construir instalaciones de coincineración que hay que rentabilizar, lo cual llevará a multiplicar el volumen de transporte de materias peligrosas, con todos los peligros que ello comporta. 
En conclusión- y recordando que han de sancionarse las infracciones, y quizá ayudar también a las colectividades que adaptan sus instalaciones de incineración de residuos domésticos a las normas de emisión -, se debe insistir en el hecho de que nuestra prioridad es y debe continuar siendo la prevención de estos residuos y su reciclado, en la medida en que éste sea posible. 
Señor Presidente, señoras y señores, todos sabemos que la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los residuos y su aprovechamiento energético con las últimas tecnologías es lo sensato y actual. 
La directiva de incineración de residuos contiene indicaciones importantes para introducir de manera vinculante estándares medioambientales altos en toda la Unión Europea, que ya existen desde hace muchos años en algunos Estados miembros. 
Esto es importante y necesario. 
El objetivo de esta Directiva es el establecimiento de unos valores límite de emisión que garanticen una incineración inocua y compatible con el medio ambiente tanto de residuos peligrosos como no peligrosos en plantas incineradoras y coincineradoras y que, por tanto, no representen ningún riesgo para la salud humana. 
La gente está hoy muy sensibilizada y temerosa de una alta contaminación del aire y de las enfermedades que pueden resultar de ella, por lo que la política ha de crear unas condiciones marco muy claras para limitar los riesgos. 
No obstante, hay que decir que el Sr. Blokland propone algunas reglamentaciones y condiciones estrictas para la Directiva que van más allá del objetivo. 
Las condiciones para el funcionamiento de las plantas incineradoras, como propone en la enmienda 11, no se encaminan al objetivo ni son practicables, sino puramente supérfluas. 
La ciencia y la praxis han refutado hace ya bastante tiempo que una medida tal impida altas emisiones de cloruro de hidrógeno y de dioxinas. 
En la práctica, la enmienda 11 significaría que muchos materiales que contienen halógenos, como el PVC, que se encuentran de diversas maneras en los residuos urbanos mixtos, serían excluidos de la incineración en instalaciones de incineración de residuos. 
Otro punto es vigilar que no surjan mediante la Directiva mercados subvencionados. 
Las industrias que en su proceso de producción instalan plantas de coincineración se preocupan desde hace muchos años con éxito de conseguir altos índices de pureza del aire en la incineración. 
Muchas de las empresas dependen de la utilización de residuos para mantener la competitividad y los puestos de trabajo. 
Cantidades millonarias han sido ya invertidas en medidas destinadas a la reducción de la energía. 
En mi opinión, deberíamos tener en cuenta estos esfuerzos.... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, quisiera hacer dos breves comentarios que bien podrían ser pertinentes en caso de que esto vaya a conciliación, como sospecho que hará. 
El primero es sobre la repercusión de esta directiva en el actual sector especializado de incineración de residuos tóxicos. 
Estas incineradoras tienen que observar unas normas más estrictas que las plantas de coincineración. 
Lo que a mí me preocupa es que los residuos de alto valor calorífico sean separados para coincineración y que esto a su vez eleve los costes de las incineradoras especializadas en residuos tóxicos, lo que significa que tendrán de hacer acopio de combustible en muchos casos para conseguir las elevadas temperaturas requeridas para destruir cosas como la dioxina. 
Necesitamos las incineradoras especializadas en residuos tóxicos. 
Sólo hay tres en estos momentos en el Reino Unido. 
Si tuviéramos menos, significaría que los residuos peligrosos quizá tendrían que ser transportados a mucha distancia, lo que no es aceptable ni por motivos políticos ni por motivos prácticos relacionados con el medio ambiente, y también elevaría el coste de incinerar tales residuos tóxicos. 
El segundo comentario que yo haría es para insistir en lo que ha dicho la Sra. Jackson. 
Yo procedo de la región del Reino Unido con la mayor densidad de cerdos. 
Tradicionalmente el ganado muerto se eliminaba enterrándolo en la granja, pero en estas grandes explotaciones ya no es una forma práctica de eliminación, así que muchas de las explotaciones han instalado sus propias incineradoras; pequeñas incineradoras que utilizan menos de 50 kg. por hora. 
Si estas incineradoras no se utilizan, es muy posible que la gente vuelva al enterramiento. 
Creo que esta confusión se ha debido a un malentendido entre el Departamento de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura británicos, cuya idea era que había sólo sesenta incineradoras de este tipo cuando hay en realidad varios miles. 
Este problema también afecta a las jaurías de caza que se alimentan de ganado muerto y vísceras desechadas y- cosa curiosa- a los crematorios de animales de compañía, aunque, según tengo entendido, no están incluidos los crematorios humanos, puesto que las personas fallecidas no entran dentro de la categoría de residuos. 
En la conciliación les pediría que tuvieran en cuenta a estos ganaderos que han invertido en limpiar el medio ambiente instalando incineradoras, y para quienes el coste sería excesivo en caso de que éstas no pudieran continuar. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Blokland por su enorme interés y su excelente recomendación para segunda lectura. 
Esto, junto con la decisión del Consejo de lograr rápidamente una posición común, ha contribuido a la eficaz tramitación de la propuesta de la Comisión. 
La directiva que se ha propuesto sobre incineración de residuos afecta a la esencia de toda la legislación medioambiental: la protección de la salud pública. 
La propuesta va a contribuir a disminuir en un 90 por ciento las emisiones de dioxinas provenientes de la incineración. 
Desde el año 2005, cuando la directiva empiece a regir para las instalaciones de incineración actuales, las emisiones de dioxinas provenientes de la incineración serán mínimas. 
Esta directiva, junto con la que se ocupa de los depósitos de residuos, va a poner punto final a los métodos de tratamientos de basuras que no toman en cuenta las necesidades e intereses de las generaciones futuras. 
Ambas directivas constituyen una base sólida para el tratamiento sostenible de las jerarquías de residuos, introduciendo mejores medidas preventivas, mejores reciclados y depósitos de residuos seguros desde el punto de vista medioambiental. 
Quisiera recordarles que ya existe una directiva sobre jerarquías de residuos. Por eso resulta obvio que en este caso, lo primero que se quiere alcanzar con la regulación es el reciclado. 
Desgraciadamente, señor Bowe, ¡hacía 11 años que no se revisaban las exigencias técnicas de esas directivas! 
Se han presentado 43 enmiendas. 
De ellas, la Comisión puede aprobar totalmente ocho, parcialmente cinco y en principio tres. 
La Comisión da su respaldo, en principio o totalmente, a las siguientes enmiendas que tienen por objeto aclarar la propuesta de la Comisión: 4, en principio, con excepción de la última parte; 6, 8, 9, 10 y 11, sólo la aclaración de los dos segundos; 12 y 14, la segunda parte; 17, en principio, pero no la exigencia de medir continuamente el amoniaco y el mercurio; 18, la primera parte; 19, 22 y 24, en principio; 25, la cifra 500 miligramos de NOx en las nuevas instalaciones, además del último párrafo propuesto al final; 27, en principio y la enmienda 43. 
La Comisión no da su aprobación a la primera parte de la enmienda 14. 
Si se eliminase la palabra no tratadas no sería posible seguir usando residuos domésticos en instalaciones de coincineración y esto valdría también para las basuras que se hayan pretratado. 
La segunda parte de la enmienda es, en principio, aceptable. 
Si se aclaran las palabras no tratadas, el párrafo puede hacerse más comprensible. 
Las enmiendas 1, 2 y 7 del Parlamento Europeo, que tienen por objeto instaurar normas sobre el tratamiento de las basuras, no pueden aprobarse, por razones de principios. 
La propuesta de la Comisión tiene por objeto establecer límites para las emisiones y fijar condiciones operativas para las basuras que se incineran o coincineran, y esto no debe afectar a la legislación sobre tratamiento de las basuras. 
La Comisión no aprueba las enmiendas 5 y 15, que establecen relaciones entre las normas sobre la calidad del aire y del agua. 
Ya existe, o se está preparando, legislación al respecto, por ejemplo, la directiva sobre calidad del aire y sobre medidas coordinadas para prever y limitar la contaminación, además de la directiva marco sobre el agua que se ha propuesto. 
Estas enmiendas implicarían una duplicación o confusión de las normas de estos cuerpos legales. 
Las enmiendas 3, 16, 30, 33 y 35 no son compatibles con la estructura de la directiva y por eso no pueden aprobarse. 
Ha habido una cierto desconcierto en torno a la enmienda 13, en que se han cambiado las versiones en algunos idiomas, aunque no en la versión en inglés. 
La Comisión no puede dar su aprobación a esta enmienda. 
Los artículos 12 y 15 de la propuesta se ocupan del acceso a la información y a la documentación. 
Están formulados de tal manera que garantizan a todos los actores acceso a la información que necesitan. 
Por eso, la Comisión no cree que las enmiendas 20 y 21 sean necesarias. 
Las enmiendas 36 a 39 tienen por objeto hacer más rigurosas las mediciones. 
La Comisión no da su apoyo a estas enmiendas porque significarían mayor carga de trabajo para los responsables, sin que sea posible motivar su verdadero valor. 
Finalmente los anexos II, IV y V son, como ustedes saben, la esencia de la directiva. 
En ellos se fijan los valores límite para las emisiones de incineración y coincineración. 
Como ya lo he señalado, la Comisión aprueba el valor de 500 miligramos de NOx en los nuevos hornos de cemento. 
Para esto también existe una razón de análisis de coste/beneficio. 
Cada nuevo cambio que se haga para ajustar los valores límite o para la eliminación del derecho a excepción de algunas instalaciones, amenazará el frágil equilibrio alcanzado en la posición común. 
Por este motivo, la Comisión no aprueba las enmiendas 23, 26, 28, 29, 31, 32, 40, 41 y 42. 
En cuanto a la pregunta de la Sra. Jackson sobre incineración de cadáveres en la agricultura, quiero aclarar lo siguiente: la incineración de cadáveres de animales no está comprendida en la directiva, según las excepciones que se contemplan en el artículo 2.2. 
Como ya he señalado, la Comisión acepta partes de la enmienda 4, lo que hace referencia a la Directiva 74/442, que indirectamente posibilita la exclusión de la incineración de animales infecciosos en la agricultura. 
La Comisión estudiará la posibilidad de ampliar la excepción sobre residuos radiactivos para que también comprenda a los cadáveres de animales infecciosos. 
Entiendo que en el Reino Unido, y tal vez también en otros lugares, se debate la incineración de, por ejemplo, envases vacíos de pesticidas y otros. 
Obviamente, la intención no es que se incineren; parece algo peligroso. 
Tampoco me parece que se les pueda quemar en el patio de la casa. 
Por eso, no quiero descartar el estudio de la formulación de las excepciones, cuando tengamos más información y sepamos exactamente de qué tipo de instalación industrial se trata. 
Hubo cierto desconcierto, ya que primero creímos que se trataba de cadáveres de animales y de cadáveres de animales enfermos y opinamos que éstos tendrían que exceptuarse. 
El concepto que saqué de la interpretación es que la incineración de animales muertos no está contemplada en esta directiva a efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2. 
Estoy mirando el apartado 2 del artículo 2 y no encuentro definida en él esta exclusión. 
Habla de residuos vegetales y los residuos vegetales no incluyen los animales muertos. 
Sin embargo, pediré una aclaración a la Comisaria personalmente. 
Los restos de animales de carácter infeccioso no entran en el ámbito de aplicación de esta directiva en su forma de posición común porque ya que están contemplados en la Directiva 90/667. 
La aprobación de la enmienda nº 4 al apartado 2 del artículo 2 podría dar a la Comisión la oportunidad de revisar el texto para incluir una exclusión específica para los restos infecciosos de animales. 
Tal como están las cosas, todos los demás residuos de animales quedan contemplados en el epígrafe (v) de la letra (a) del apartado 2 del artículo 2 de la directiva y en la Directiva 90/667. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las doce del mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0062/2000) , elaborado por el Sr. Davies en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente (COM (1999) 125- C5- 0047/1999- 1999/0067 (COD) ). 
- (EN) Señor Presidente, dada la importancia de la directiva sobre límites nacionales de emisión para este informe sobre la propuesta de directiva de desarrollo, es un poco sorprendente que el orden del debate sea el que es, porque sin una reducción de los contaminantes transfronterizos más importantes no vamos a reducir el ozono. 
El presente informe fija unas metas nacionales para los niveles de ozono y propone unos planes de actuación para tratar los problemas locales de superación de los mismos. 
Para ahorrar tiempo voy a suponer que se comprenden los problemas respiratorios y otros problemas de salud asociados al ozono, y que todos los diputados de esta Asamblea querrán reducirlos. 
Los conflictos entre nosotros serán sobre costes y calendarios, y quizá también sobre la precisión de la metodología de la Comisión y sobre si se pueden alcanzar las metas que ha fijado en esta directiva. 
Permítanme abordar directamente la propuesta básica de la Comisión, la fijación de una meta para el 2010 de 120 mgs. por metro cúbico de ozono, que no deberán excederse más de 20 días al año. 
Las propuestas de mejoras medioambientales de la Comisión han de ser a la vez ambiciosas y realistas. 
Estas propuestas son sin duda ambiciosas pero muchos gobiernos cuestionan que sean políticamente realistas, y recién llegado de una difícil- aunque al final exitosa- reunión de mi Grupo, sé que muchos diputados albergan dudas. 
En particular, los representantes de los países mediterráneos señalan problemas derivados de la intensa luz solar que disfrutan. 
Hago notar que la metodología de la Comisión ha tenido plenamente en cuenta esto, pero les miro a la cara y sigo viendo un grado de escepticismo. 
Hace unos meses me preguntaba si presentar o no enmiendas, lo que sugeriría un resultado menos ambicioso, pero sería quizá más aceptable para los Estados miembros. 
Pero la meta de la Comisión de 120 mg está en consonancia con las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, y ¿quién soy yo para dar a entender que se tendrían que cuestionar? 
El número de días de superación se podría ajustar fácilmente, pero eso es algo a negociar sólo cuando sea necesario. 
Es una buena meta y, si es de alguna manera posible, entonces se tendría que mantener. 
La postura que he adoptado al elaborar este informe es la de que se debiera rechazar la opinión de los que quieran metas más rigurosas que las que ha propuesto la Comisión. 
Pero estaría igualmente mal que quitáramos fuerza al proyecto de directiva. 
Por ello siento que se hayan presentado enmiendas que reflejan la postura de la Comisión de Industria. 
Muchos parecen haber pasado por alto que muchas de esas enmiendas, si prosperan, dejarían a la Unión Europea en una posición mucho más débil con respecto a las metas para el ozono de la que disfrutan los Estados Unidos de América. 
Somos conscientes de los crecientes problemas con el ozono en toda Europa, pero si no estamos ni siquiera dispuestos a igualar las normas que se están fijando en EEUU, uno de nuestros grandes rivales comerciales, desde luego sería bastante vergonzoso y un pobre reflejo de nuestro compromiso con la mejora del medio ambiente. 
Pido al Parlamento que apoye mis propuestas, dé el respaldo a la Comisaria y deje que ésta ejerza su función en la negociación de una posición común que es a la vez ambiciosa y políticamente realista. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, quisiera exponer la propuesta de la Comisión de Industria, aprobada con 40 votos a favor y sólo 4 en contra, y que se ocupa especialmente del tema de los valores objetivo. 
No hay duda de que debemos encontrar un camino intermedio razonable en la cuestión del endurecimiento o de la aprobación de la Directiva sobre ozono entre las justificadas exigencias de una mejor calidad de las aguas y las posibilidades de la economía y la sociedad europea de poderse adaptar razonablemente bien a regiones especialmente dañadas. 
Por ello- a diferencia de los responsables de la Comisión que es competente para el fondo de Medio Ambiente- no hemos aceptado las propuestas de la Comisión, sino que las hemos modificado. 
Sé que los técnicos de la Comisión se pronunciarán decididamente en contra, pero creemos que podemos proponer una vía intermedia porque el valor informativo de 180 µg/m3 no se discute, el valor de alarma de 240 tampoco, sino que se trata únicamente del valor objetivo. 
Quisiéramos proponer un programa a 30 años, que se oriente al valor de la OMS de 120 µg/m3, que, sin embargo, reduce paulatinamente los días que pueden superar ese valor: en el 2010, 40 días, en el 2020, 20 días- la Comisión ha propuesto este valor en 2010- y en el 2030 ningún día más. 
Esto es un deseo especial de las regiones más calientes de Europa, puesto que tienen que combatir altas cantidades de ozono exterior: las regiones costeras. 
Pero estamos dispuestos a negociar con la Comisión, toda vez que partimos del principio de que sólo un acuerdo con la Comisión podrá encontrar el apoyo del Consejo. 
Por ello nos atrevemos a presentar nuevamente esta propuesta como propuesta del Grupo del PPE aunque ha sido derrotado por poco en la Comisión de Medio Ambiente. 
Esperamos obtener su aprobación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estoy de acuerdo en que la dificultad más importante que plantea la directiva que nos ocupa es la diversidad de criterios en cuanto al establecimiento de valores objetivo y plazos para la reducción de las concentraciones de ozono en la atmósfera: son los famosos cuadros 2 y 3 del anexo 1. 
Nuestro Grupo, el Partido Popular Europeo, considera necesario apoyar las principales líneas marcadas por la propuesta de la Comisión, especialmente en cuanto a los valores objetivo, que coinciden con las directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire y que establecen las concentraciones de ozono admisibles en 120 microgramos por metro cúbico. 
Sin embargo, nos parece decididamente desaconsejable aceptar las enmiendas que hacen del 2010 una fecha límite, única a corto plazo, y agregan el 2020 como fecha límite para los objetivos a largo plazo. 
En este sentido, creemos que es imprescindible tender a una mayor flexibilidad en cuanto a los períodos de adaptación a dichos valores objetivo, dada la dificultad real en controlar las concentraciones de ozono cifrándolas solamente en la existencia de precursores, como se comprueba continuamente bajo determinadas condiciones climatológicas, especialmente, como se acaba de mencionar, en los países mediterráneos. 
Por ello, nuestro Grupo defiende decididamente las enmiendas 26 y 28, que establecen un acercamiento progresivo y realista a los objetivos propuestos, mediante una escala progresiva en el tiempo de más a menos días al año en los que se pueden sobrepasar los valores objetivo. 
Consideramos, sin embargo, muy positivas las enmiendas relativas a los países candidatos a formar parte de la Unión Europea, para que participen lo antes posible de los objetivos de la misma- en este sentido, felicitamos por la iniciativa al Sr. Davies -, y también nos parece importante que los planes de acción tengan un carácter local y que se estudien caso por caso las posibilidades de reducción de las concentraciones de ozono. 
Creo, colegas, que votar a favor de las enmiendas propuestas por el Partido Popular Europeo es votar por el progreso en el control y seguimiento de uno de los contaminantes más problemáticos hasta el momento, abordando de forma decidida y homogénea, en todos los Estados miembros, acciones para su eliminación como amenaza para la salud de las personas y los ecosistemas, sin querer engañarnos en cuanto a las posibilidades reales de alcanzar su completa erradicación en breve plazo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias al Sr. Davies por este informe. 
La aprobación de la propuesta de la Comisión y del informe del Sr. Davies implicará una mejora fundamental de la calidad del aire de los ciudadanos europeos. 
Creo que hay que mencionar dos puntos fundamentales. 
El primero es que se atiene a las directrices de la OMS. 
Pienso que será un paso importante de cara a prevenir graves enfermedades y evitar fallecimientos prematuros, especialmente entre los grupos de población especialmente sensibles, por ejemplo, los niños. 
El segundo es que me parece muy importante fijar algunas fechas tanto para cuándo debemos alcanzar los valores objetivo provisionales en el año 2010 como también para los objetivos a largo plazo para el año 2020. 
Creo que dejar fijada una fecha es muy importante de cara a alcanzar también los objetivos. 
Además, querría también hacer un par de comentarios a las enmiendas inspiradas por la Comisión de Industria y que tienen por objeto debilitar el borrador de la Comisión autorizando superar durante mucho más tiempo las recomendaciones de la OMS y retrasando fundamentalmente los esfuerzos por alcanzar los valores objetivo que la OMS ha fijado. 
No sólo se trata de un empobrecimiento de la propuesta de la Comisión, se trata también de un empobrecimiento y de un paso atrás con respecto a la situación que conocemos hoy en Europa y no hay que olvidar, tal como mencionó el Sr. Davies, que la norma es de hecho peor a la que funciona en los EE.UU. No sé cómo se puede llamar a esto el justo medio o un compromiso, como dijo el Sr. Langen hace un momento. 
Creo que las propuestas son absolutamente incomprensibles, me parecen totalmente irresponsables. 
Acarrearían graves consecuencias sanitarias y medioambientales para la población europea y supondría, además, una factura multimillonaria para el sistema de salud europeo. 
Quiero por tanto recomendarles encarecidamente que apoyemos la propuesta de la Comisión con el informe del Sr. Davies. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, mi felicitación al Sr. Davies por su excelente informe. 
Así mismo, agradezco a la Comisión Europea sus positivas propuestas verdes. 
En julio de 1995, Estrasburgo se ahogaba debido a la contaminación causada por el ozono. 
El Parlamento Europeo adoptó entonces, a iniciativa del Grupo de los Verdes, una resolución para reducir a la mitad la norma relativa al ozono que figura en la directiva de 1992. 
La propuesta de la Comisión Europea supone un avance importante en esta dirección. 
La contaminación causada por el ozono aumenta cada vez más. Ahora, ya aparece durante los meses de invierno en el sur de Europa. 
En el norte de Italia se ha tenido que limitar el tráfico en las semanas pasadas. 
Durante los meses de verano, también países como Dinamarca o Suecia sufren la contaminación causada por el ozono. 
El ozono se encuentra ahora por toda Europa. 
Es siempre una sustancia agresiva. 
No existen criterios seguros respecto al ozono, diga lo que diga la Organización Mundial de la Salud. 
Por ello, el grupo de los Verdes propone que solamente se permita rebasar la norma relativa al ozono quince veces por año. 
Esto es algo más estricto que lo que figura en la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. 
Mi Grupo también está dispuesto a respaldar esa propuesta relativa a las veinte superaciones. No, sin embargo, la de los democristianos ni la de la unión de sindicatos UNICE. 
Poder superar la norma cuarenta veces por año es excesivo y, en el plazo de treinta años, resultará ridículo, si se analizan las dimensiones que adquiriría el problema. 
Es necesario que disminuyan drásticamente las emisiones de NOx, en particular las procedente del tráfico y de sustancias orgánicas volátiles, a fin de cumplir esta norma estricta relativa al ozono. 
Éste es el tema del informe de la Sra. Myller. 
También son necesarias acciones a corto plazo ante la alarma causada por el ozono. 
El Gobierno neerlandés se inclina tanto ante el grupo de presión del transporte que no se da cuenta de esto. 
Para mi Grupo, el coche no es una vaca sagrada. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Davies por este informe. 
Es un informe de extraordinaria importancia. 
Especialmente desde el punto de vista de la salud pública. 
Visto desde una perspectiva medioambiental, está íntimamente relacionado con el próximo asunto, el informe Myller. 
Estoy convencida de que ambos informes, conjuntamente, constituyen un buen fundamento para el desarrollo medioambiental y de la salud en Europa. 
Durante mi corta presencia aquí, quisiera intentar desterrar al menos algunos mitos que existen y florecen en torno al asunto del ozono. 
Se trata de la situación en el sur de Europa. 
El clima en esta parte de Europa se usa a menudo como explicación o causa de la alta proporción de ozono detectada en la época estival. 
Es verdad que un clima con largos períodos de altas presiones hace que aumente la presencia de ozono. 
Al mismo tiempo, las investigaciones demuestran que la explicación de que el ozono afecte a ciudades como Barcelona, Atenas o Milán, y a muchas ciudades turísticas de la costa, hay que buscarla en otros sitios. 
Las causas hay que buscarlas en el tráfico, en los procesos industriales y en la producción energética. 
Éstos son los factores sobre los que intentamos influir en esta directiva. 
Por eso, es un poco lamentable que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía tenga una postura tan insensible hacia esta directiva y sólo la vea desde la perspectiva de beneficio a la industria. 
Por el contrario, deberíamos ver lo que sucede cuando continuamente se sobrepasan las pautas fijadas por la OMS, cuando constantemente se expone a las personas, residentes y turistas, a peligros para su salud. 
Sabemos que los riesgos son mayores para las personas que están mucho fuera de sus casas, especialmente los niños. 
Sabemos que su capacidad pulmonar se afecta directamente si se sobrepasan las proporciones de ozono. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía debe pensar en estos aspectos cuando mañana se someta esta directiva a votación. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados, quiero empezar agradeciendo al ponente y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor su apoyo a la propuesta de la Comisión y a la propuesta de informe. 
Hemos hecho algunos avances para mejorar la calidad del aire en el seno de la Unión. 
Sin embargo, el ozono constituye todavía uno de los problemas medioambientales más graves. 
Casi cada verano, más de 60 días en muchos lugares de Europa Central y del Sur, los valores de ozono sobrepasan los niveles fijados por la Organización Mundial de la Salud. 
En el Quinto Programa de Acción Medioambiental se estableció que el objetivo a largo plazo era que no se sobrepasasen los valores límite de la Organización Mundial de la Salud. 
En la propuesta de la Comisión se fijan por primera vez valores límite para el ozono, valores que, en la medida de lo posible, se habrán de alcanzar a más tardar el año 2019. 
La meta para la protección de la salud de las personas implica que las directrices de la OMS no deben sobrepasarse más de 20 días al año. 
Se necesitan programas para la disminución de las emisiones en los casos en que las metas no sean alcanzadas. 
La directiva sobre límites máximos nacionales de emisión, que es el próximo punto del orden del día, va a conducirnos a mejorar los niveles de ozono, de manera que esas metas, en gran medida, van a alcanzarse. 
Sin embargo, la directiva es una clara manifestación de la voluntad política existente en torno a los objetivos a largo plazo. 
Alcanzar los niveles de la Organización Mundial de la Salud es sólo el primer paso. 
Cuando en el año 2004 se revise la directiva, tendremos que estudiar cómo y cuándo podremos alcanzar los objetivos a largo plazo. 
La Comisión da su aprobación a las enmiendas 3, 4, 6, 7, 13, 14 y 15. 
La enmienda 5, segunda parte, también es aceptable en cuanto al hecho de que los Estados miembros tienen que preparar programas para la disminución de emisiones antes de aplicarlos. 
En relación con la enmienda 9, la Comisión también aprueba en su totalidad algunos de los cambios, y la mayoría de ellos en principio. 
Aprobamos los cambios que se refieren a medidas a corto plazo, que se aplicarán en las zonas en que se hayan sobrepasado los valores límite. 
También estamos de acuerdo en que los Estados miembros deben informar a la ciudadanía cómo piensan preparar y realizar planes de acción a corto plazo, si tales planes existen, y con qué frecuencia se adopta este tipo de medidas. 
Creemos necesario que se entregue esa información a la Comisión, pero este asunto está mejor en el artículo 10. 
No obstante, no apoyamos las medidas a corto plazo que solamente pueden adoptarse en el plano local. 
Tampoco creemos que haya que obligar a los Estados miembros a estudiar si las medidas a corto plazo son una herramienta eficaz en cada caso particular y en cada sitio en que se hayan sobrepasado los valores límite. 
La Comisión aprueba los principios contenidos en las enmiendas 10 y 11. 
Vamos a modificar el punto 1 c, para tomar en consideración la idea de la última parte de las enmiendas 9, 10 y 11. 
La enmienda 12 se puede aprobar en principio. 
La Comisión opina que los avances de los países miembros deben presentarse de manera tal que sea posible hacer comparaciones. El principio contenido en la enmienda 16 también es aceptable. 
La Comisión está de acuerdo en que hay que hacer hincapié en el cambio climático. 
Sin embargo, debe hacerse en un sentido más amplio, no solamente en relación con los cambios en el consumo de combustibles. 
En la enmienda 2 se propone coordinación entre los Estados miembros y los países candidatos. 
En principio podemos aprobarlo, pero se necesita una cierta modificación en la redacción para evitar interpretaciones erróneas. 
Con todo, no podemos dar nuestro respaldo a la enmienda 1. 
Aunque la Comisión está de acuerdo en que es importante interesar a los países candidatos se interesen, no hay razones para repetirlo en una directiva que se dirige a los países miembros. 
La enmienda 8 tampoco es aceptable, ya que los valores límite para alertar a la población presuponen el uso de modelos de pronósticos. 
Esto hace que la manera de informar o alertar a la población sea más insegura. 
Es un asunto en que hay que tomar en consideración los aspectos prácticos y las posibilidades reales de realización. 
Finalmente, tenemos que desechar la primera y la tercera parte de la enmienda 5 y las enmiendas 17 y 18. 
Actualmente carecemos de información suficiente para poder predecir cuándo se podrán alcanzar los objetivos a largo plazo de no sobrepasar las directrices de la Organización Mundial de la Salud. 
Además, la Comisión no da su aprobación a la enmienda 28. 
Queda cerrado el debate. 
La votación se realizará mañana a las doce del mediodía. 
Límites máximos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0063/2000) de la Sra. Myller, elaborado en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los límites máximos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (COM (1999) 125- C5-0047/1999- 1999/0067 (COD) ). 
Señor Presidente, la Comisión de Industria, después de mucho debate y de un examen a fondo, se opone de manera arrolladora a los límites propuestos por la Comisión, y ello en todos los grupos y nacionalidades. 
Los límites de la CEPE han sido aprobados por todos nuestros Estados miembros, por los países candidatos y, a escala mundial, en un protocolo firmado en Goteburgo tan recientemente como noviembre de 1999. 
¿Por qué propuso la Comisión estos límites aún más estrictos y sustancialmente más caros sólo un mes después? 
Entiendo que los grupos, todo el Parlamento, estén divididos acerca de este tema, entre los partidarios de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y los partidarios de la línea de la Comisión de Industria. 
Los diputados al Parlamento debieran ser conscientes de las graves consecuencias para nuestras industrias y nuestro sector agrario, para nuestra capacidad competitiva, para los puestos de trabajo y- cómo no- para la gente y para los habitantes de nuestras circunscripciones electorales si al fin triunfa la propuesta de la Comisión. 
La Comisión de Industria insta a la Asamblea a votar a favor de las enmiendas que se presentan en mi nombre y en el del Sr. Bowe. Son las enmiendas aprobadas por la Comisión de Industria. 
Los límites de las Naciones Unidas son bastante ambiciosos como para que alcancemos nuestras metas aceptadas internacionalmente en un plazo razonable. 
La Comisión de Industria desea que estos límites se apliquen completa y adecuadamente en toda la Unión Europea y a escala mundial. 
La Comisión puede entonces centrarse en velar por esto ocurra, en perfeccionar los modelos que se aplican y sacar quizá nuevas propuestas dentro de dos o tres años basándose en unos argumentos mucho más convincentes sobre los costes y beneficios conexos. 
Apoyen las enmiendas Purvis y el cuadro de límites nacionales de emisión de las Naciones Unidas de Goteburgo. 
Señor Presidente, entre tanto, puede darse por sabido que la contaminación del medio ambiente y, especialmente, la contaminación atmosférica constituyen un problema que tiene por excelencia carácter transfronterizo. 
La propuesta de directiva relativa a los límites máximos nacionales de emisión que está ante nosotros afecta a los mayores contaminadores de la atmósfera. 
Se refiere a los límites máximos de emisión de las sustancias responsables de la acidificación, de la formación de ozono en la troposfera y de la eutrofización del suelo. 
La materia es bastante técnica y, por tanto, solamente quiero destacar los puntos más importantes para mí, para nosotros. 
El objetivo principal de la directiva es la reducción de las emisiones de las sustancias mencionadas por debajo de los niveles críticos y de las cargas. 
Los objetivos deben cumplirse en 2010, procediendo a una evaluación anticipada de los programas nacionales en 2006. 
Lo más importante- acaban de escucharlo- y la parte más discutida de la propuesta es, por supuesto, la tabla en la que se establecen las emisiones anuales permitidas por país. 
El hecho de que, recientemente, en el ámbito de la ONU, 36 países, entre ellos los 15 Estados miembros de la UE, hayan acordado normas menos estrictas para las mismas sustancias han desempeñado un importante papel en la discusión. 
Hay colegas que abogan por que se sustituya esta tabla, por tanto, la de la Comisión Europea, por la llamada tabla Goteburgo de la ONU, que permite unos valores límites más altos. 
Señor Presidente, debo confesarle que este argumento no es sostenible. 
Los acuerdos en el ámbito de la ONU se sitúan siempre, al fin y al cabo, a un nivel más bajo que el deseado, por el hecho de que es difícil encontrar un denominador común entre la situación en los países más ricos y, por tanto, que más contaminan, y la situación en los países en desarrollo. 
Por otra parte, tampoco es verdad que los valores límites europeos se hayan fijado una vez concluidas las negociaciones en el ámbito de la ONU. 
Cuando analizo la propuesta y los argumentos- y supongo que mis colegas también lo han hecho- compruebo que todavía se estaba negociando el protocolo de la ONU en el momento de la fijación de los valores límites europeos. 
Esto, unido al hecho de que los efectos medioambientales de, sobre todo, el SO2, el NOx y las sustancias orgánicas volátiles afectan directamente a nuestro propio continente, me obliga a estar dispuesta- al igual que la mayoría de nuestro Grupo, creo yo- a seguir con la propuesta de la Comisión relativa a estas sustancias. 
Señor Presidente, sí tengo otra cuestión problemática, a saber, el amoniaco. 
El Grupo del PPE quiere rectificar el valor límite que existe ahora. 
Si analizo la directiva sobre nitratos, compruebo que casi ningún Estado miembro cumple la norma establecida en la misma. 
Me parece totalmente inviable ir ahora más allá de la norma Goteburgo. 
Añado a ello que los efectos de las emisiones de amoniaco son parcialmente locales, y, por consiguiente, una norma menos estricta es aceptable. 
He presentado una enmienda, en nombre del Grupo del PPE, de manera que se parta de la norma Goteburgo en el caso del amoníaco, que es más baja, y que, a fin de cuentas, la determinación del valor límite se deje, además, abierta hasta el año 2006. 
El motivo es que espero que, entonces, los efectos de la aplicación de la legislación sobre nitratos actual, y también la que la Comisión tiene entre manos, nos proporcionen una indicación mejor. 
Señor Presidente, por último: la legislación relativa a los valores límites depende realmente de la legislación sobre las instalaciones de combustión, de la cual soy ponente. 
La primer lectura tuvo lugar ya antes de las elecciones del año pasado. 
Sin embargo, el Consejo de Ministros la tiene todavía bloqueada ¿Puede indicársenos cuál es su situación actual? 
Mi última observación, gracias a la Sra. Myller, la ponente. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a la Sra. Myller por su informe y por el dinámico tratamiento que ha dado a la directiva presentada por la Comisión. 
Aunque parece que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha despertado súbitamente y estaba un poco distraída, podemos informar que los problemas de la acidificación no son nuevos; han existido tanto tiempo como el industrialismo, cien años. 
Esta materia se ha investigado durante 30 años. 
Ninguno de nosotros debería tener dudas sobre las fuentes de la acidificación y las medidas para combatirla. 
Hay quienes sostienen que la propuesta de la Comisión y el informe son exagerados y demasiado costosos, además, dicen que los cálculos son utópicos. 
Sin embargo, es erróneo decir esto, ya que sabemos que los propios países miembros han proporcionado los datos en los que se fundamenta la directiva. 
Sí se puede criticar que no hayamos incluido el escenario energético que presentamos, por ejemplo, en el Protocolo de Kioto, es decir, que disminuiremos la combustión de fósiles para enfrentar los problemas climáticos que nos amenazan. 
Tengo que decir que no se puede comparar al Protocolo de Goteburgo, aunque lleve el nombre de mi ciudad, con la directiva que votaremos mañana. 
Cabe preguntarse por qué la directiva de la Comisión apareció sólo un mes después, casi como una penalización contra esta directiva de la ONU, pero se debe a la lentitud de nuestros propios procedimientos, no hay otras razones. 
Si hubiésemos sido un poco más rápidos, esta directiva habría estado lista con bastante anterioridad al llamado Protocolo de Goteburgo. 
Se dice que esta directiva es imposible, pero quisiera decir que lo imposible es la situación actual. 
No es un fallo de la directiva, sino que de la situación imperante. 
Señor Presidente, mi enhorabuena a la Sra. Myller, que sé que ha pensado mucho y muy a fondo acerca de este informe. 
A mí me parece que el debate se reduce a lo siguiente: ¿creemos que el protocolo de Goteburgo es lo mejor que pueden conseguir los Estados miembros desde un punto de vista realista? 
Reconozco que la Comisión y los grupos ecologistas creerán que en la práctica se puede cumplir mucho más, pero, no obstante, algunos Estados miembros se han comprometido a importantes reducciones de la contaminación atmosférica- aunque ciertamente no todos ellos. 
Algunos Estados miembros parecen haber ido a las negociaciones con unas cuentas hechas en un trozo de papel y se negaron a comprometerse en modo alguno a fijarse ninguna meta realista. 
Otros ni siquiera han utilizado la misma metodología, la misma base de cálculo que los demás. 
Así que el protocolo es en muchos sentidos un desatino. 
No nos puede ofrecer ningún tipo de confianza. Es un confuso compromiso político y nada más. 
No sé cuánto más puede conseguir la Comisaria, pero tendríamos que intentar reducciones de la contaminación atmosférica y darle nuestro apoyo en sus esfuerzos por negociarlas. 
Debiéramos apoyar este informe y darle nuestro respaldo. 
Señor Presidente, nuestra colega, la Sra. Myller, ha realizado un informe extraordinario, y nuestro Grupo también piensa que hay que ir mucho más lejos que el Protocolo de Goteburgo. 
Parece ser que ha habido una subasta de intereses nacionales en la elaboración de esta propuesta de directiva y el resultado es bastante modesto, si consideramos cuáles son los verdaderos desafíos. 
Pero, en cualquier caso, lo importante es que el Parlamento defienda ahora, como mínimo, la línea que la Comisión ha elegido. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea plantea que se establezcan objetivos para el año 2010 aún más estrictos de lo que ha propuesto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Queremos hacer hincapié en que hay que adoptar una estrategia integrada para reducir la contaminación. 
Debemos recordar que, en todo caso, tenemos por delante el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto, y ello implica la necesidad imperiosa de hacer más eficiente el uso de la energía y de consumir, sencillamente, menos energía. 
Así que, a nuestro juicio, existen razones para que esta directiva procure ya aprovechar las ventajas de una estrategia integrada en la consecución de sus objetivos. 
Estamos muy satisfechos de que la Comisión de Medio Ambiente haya integrado el tráfico marítimo y el tráfico aéreo en el ámbito de esta directiva, y estamos convencidos de que las ventajas de seguir una estrategia integrada serán abundantísimas. 
Señor Presidente, esta directiva sobre valores límites de emisión resulta más que necesaria a fin de cumplir los objetivos relativos a las emisiones en la atmósfera que figuran en el Quinto Programa de Acción en materia de medio ambiente. 
Combatir la acidificación y la contaminación causada por abonos orgánicos y la formación de polución urbana exige la reducción de las emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, amoniaco y sustancias orgánicas volátiles. 
Las conclusiones del Consejo respecto de la estrategia de la UE en materia de acidificación han levantado esperanzas que ahora deben traducirse en medidas más concretas. 
Todo ello puede hacerse incluso de una manera rentable, tal como resulta de la explicación de motivos de la propuesta de la Comisión. 
Ahora sabemos todos que hace medio año se acordaron en Goteburgo valores límites más altos en el ámbito de la ONU. 
Estos criterios son, sin embargo, consecuencia de un compromiso político entre los estados y no se han tomado en consideración los resultados del modelo utilizado. 
El modelo que ha utilizado la Comisión es concienzudo y las soluciones están bien fundamentadas. 
Así mismo, es irresponsable adoptar normas menos estrictas teniendo en cuenta que, con estos valores límites de emisión, todavía no se pueden cumplir los objetivos del Quinto Programa de Acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea. 
Este primer paso que se va a dar en cuanto al establecimiento de valores límites de emisión implica, sin lugar a dudas, una transposición y mantenimiento enérgico de las directivas actuales, tales como el programa gasolina-coche. 
Además, debe adoptarse cuanto antes la nueva legislación en este ámbito. 
Insisto a este respecto, a fin de que el Consejo adopte con rapidez una posición común en cuanto a las grandes instalaciones de combustión. 
Por último, continúa siendo necesario el establecimiento de una política adicional, tanto en el caso de los disolventes volátiles de las pinturas y los barnices, como en el caso de la pintura para coches. 
Señor Presidente, desde luego acojo con satisfacción este informe y le ofrecí un gran apoyo en la Comisión de Medio Ambiente. 
Crea un marco adecuado en el que poder trabajar a largo plazo para reducir las emisiones. 
A la gran mayoría de las enmiendas las puedo apoyar. 
Hay dos o tres que han progresado sobre las que tengo algunas dudas, en particular la enmienda nº 7, que no me parece medioambiental en absoluto, ni que contribuya al intento general de reducir la cantidad de sustancias destructoras del ozono al nivel del suelo en ningún lugar de la Unión. 
Quiero tratar el tema que ha abordado el Sr. Davies, es decir, a partir de dónde empezar. 
¿Con qué metas debemos empezar? 
Señor Presidente, justo antes de Navidades se llegó en Goteburgo, dentro del protocolo de la CEPE, a una serie de cifras bastante prácticas y bien argumentadas y debatidas, y a mí me parece que es el punto lógico donde empezar. 
A mi entender no sería el punto apropiado para terminar, sino que, desde luego, sería el punto apropiado para empezar y ésta es la razón por la que estaba convencido cuando estuve en el debate de la Comisión de industria, puesto que ninguno de mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente lo estaba, de que era el punto apropiado para empezar. 
A mí me parece que las cifras de la Comisión son una "aspiración". 
Sí, podríamos llegar a ellas, tendríamos que intentar llegar a ellas, pero no creo que debiéramos empezar por ahí. 
Debiéramos empezar por las cifras de la CEPE, por el protocolo de Goteburgo e ir revisándolas como ha propuesto la Sra. Myller en su informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no tengo, por supuesto, ningún problema respecto del punto de partida de la directiva. 
Constituirá un importante instrumento para el medio ambiente en los próximos años. 
Los Estados miembros tienen, así, un objetivo más claro. Saben hasta dónde deben llegar. 
No obstante, si analizo la tabla que contiene los límites máximos por Estado miembro, tengo la impresión de que no se tratan de la misma manera cuestiones semejantes. 
Compruebo que, por ejemplo, mi país, Bélgica, debe ceñirse a las previsiones, por tanto, no a lo económicamente viable, pero que, al mismo tiempo, algunos territorios vecinos, tan contaminados como mi país, pueden seguir una política bastante más indulgente. 
Esto se debe a que un país grande puede compensar sus malas reglas con las regiones que tienen una situación mejor. Un país pequeño no puede hacer eso. 
Pongo un ejemplo. De sus datos y sus mapas resulta que las previsiones pueden cumplirse más fácilmente en el norte de Francia, que contamina tanto y está tan contaminado como Bélgica. 
La ejecución de esta directiva cuesta, por ejemplo, a cada belga 103 euros por año, según sus cálculos. Un francés, por tanto, también un francés del norte, sólo paga 15 euros; esto es ocho veces menos, y eso se debe en parte a que somos pequeños y estamos rodeados de países que contaminan. 
El 1% del producto interior bruto constituye una carga demasiado pesada para mi país. 
Pido, por tanto, el respaldo de las enmiendas 16 y 17, en las que solicito que se dé la posibilidad al Gobierno belga de analizar de nuevo la situación con motivo de los informes anuales. 
Señor Presidente, el mayor problema medioambiental de mi país es la acidificación del suelo, de los bosques, de los lagos y de los ríos. 
La acidificación conduce a la muerte de los bosques, a su crecimiento más limitado, a la disminución de especies y a la muerte de los peces. 
Además, el agua ácida desprende metales pesados que constituyen un problema para la salud. La naturaleza en los países nórdicos es especialmente sensible a la acidificación, ya que una gran parte de ella carece de capacidad de almacenamiento. 
La acidificación se produce a causa de la caída de lluvia ácida, ocasionada, a su vez, por las emisiones provenientes de la combustión de carburantes fósiles. 
En Suecia y Finlandia hemos tomado muchas medidas para disminuir la contaminación del aire en el ámbito nacional. 
Hacemos grandes esfuerzos para calcificar los lagos y las regiones húmedas. 
Cumplimos, en gran medida, con los objetivos que se proponen en esta directiva para las emisiones. 
Más del 80 por ciento de la lluvia ácida que cae sobre nuestro país proviene de aire contaminado en otros países de Europa Occidental. 
Por eso les pedimos ayuda. 
Muchos europeos del norte entienden que los problemas derivados de la acidificación sólo podrán resolverse mediante la cooperación con otros países de la UE. 
Quisiera decir a los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que la resolución de la ONU, según el Protocolo de Goteburgo, es insuficiente. 
Estoy convencido de que la UE puede ser mejor que la ONU para resolver los problemas medioambientales en Europa. 
La directiva comunitaria contra los contaminantes atmosféricos que se propone, puede llegar a ser un importante paso en la lucha contra la acidificación de la naturaleza, especialmente en la zona norte de la UE. 
Además, también se puede conseguir una considerable reducción del ozono nocivo que se encuentra cerca de la superficie del suelo, especialmente en las grandes ciudades en las regiones del sur de Europa. 
Por eso, tenemos un interés común en que se apruebe esta propuesta de directiva comunitaria. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, los vientos soplan a favor del medio ambiente en la Unión Europea y tienen buena acogida en el Parlamento Europeo. 
En efecto, en el orden del día de hoy se asocian, con fortuna poco común, las directivas sobre la incineración de residuos, sobre los valores-límite de emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos y sobre el control del ozono en el aire ambiente. 
En otros tiempos la contaminación atmosférica significaba la calle, se confundía con la calle; hoy, en gran escala, es todo el planeta y, en pequeña escala, es incluso nuestra casa, es decir, que, en síntesis, es todo nuestro ecosistema. 
Es preciso actuar. 
El establecimiento de valores-límite para los cuatro contaminantes es un camino seguro y una contribución a la reducción de la contaminación, luchar contra la acidificación y los efectos nocivos de dichos contaminantes para la salud humana y para la vegetación. 
En su propuesta de directiva, la Comisión Europea propone plafonds nacionales expresados en cifras que cumplir hasta 2010 en el caso de las cuatro substancias contaminantes citadas. 
Más aún: se calculan los costos para cada uno de los Estados del cumplimiento de esos valores. 
Me parece una buena estrategia. 
El excelente informe de la Sra. Myller considera, lúcidamente, la equilibrada propuesta de la Comisión Europea y procura fortalecerla en algunos puntos. 
La comisión parlamentaria aprobó, en particular, la revisión obligatoria de la directiva de aquí a 2004, lo que permitirá revisar los valores-límite fijados en el texto y las medidas adoptadas para respetarlos. 
Todo eso parece razonable. 
No obstante, debo formular aquí una pregunta. 
¿Por qué no admitir que un Estado miembro pueda demostrar que se ve particularmente desfavorecido en la aplicación de la directiva, dados, por ejemplo, su situación geográfica y su clima, de los que resulten desventajas graves para él? 
¿No sería prudente? 
El sistema de lucha de la Unión Europea contra la contaminación atmosférica se va ampliando, así, fortaleciendo y perfeccionando. 
La política medioambiental de la Unión Europea es cada vez más la política medioambiental de cada uno de los Estados, con manifiestas ventajas para todos los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los valores de contaminación que aparecen en la propuesta de la Comisión son muy ambiciosos, más ambiciosos que los acordados en los llamados objetivos del Protocolo de Goteburgo, en el seno de la Comisión Económica para Europa de la ONU; y así debe ser. 
Por mi parte, estoy dispuesta a aceptar el compromiso elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor a instancias de los miembros del Grupo PPE-DE, según el cual se acepta la propuesta de la Comisión en todos sus puntos, salvo en el relacionado con las emisiones de amoniaco, puesto que esto no presenta grandes problemas para mi país, Finlandia, ni para nuestro vecino, Suecia, tal como ya ha salido a relucir en algunas ocasiones durante este debate. 
Sin embargo, también comprendo los puntos vista que consideran que habría que decidirse por adoptar el nivel propuesto en el Protocolo de Goteburgo. 
Sea cual sea el resultado de la votación de mañana, pienso que la Comisión debe vigilar constantemente que se hagan progresos en todos los Estados miembros y debe fomentar medidas que ayuden a la industria en la realización de los cambios necesarios. 
Es importante que los objetivos medioambientales se alcancen de la forma más económica posible en todo el territorio comunitario. 
La calidad del aire en Europa ha mejorado notablemente durante los últimos años. 
La contaminación se ha reducido de forma importante, al menos, en el sector energético, en el tráfico y en la industria. 
Además, durante los últimos años, se han venido estipulando normas de la UE y han sido fijados nuevos objetivos para la industria. 
Considero que es algo problemático modificar repetidamente los objetivos antes de que se hayan evaluado con rigor el impacto medioambiental real de las medidas legislativas ya aprobadas y los costes que éstas han supuesto para la industria. 
Antes de establecer obligaciones adicionales, sería importante comprobar que las medidas ya acordadas están siendo llevadas a cabo íntegramente por los Estados miembros. 
En mi opinión, no existe contradicción entre estos dos objetivos. 
Por último, en cuanto a la contaminación del tráfico aéreo y marítimo, creo que las limitaciones de las emisiones contaminantes deben ser convenidas a nivel internacional y tendrían que ser excluidas, por el momento, del ámbito de acción de la directiva. 
En lo relacionado con los objetivos a largo plazo, pienso que no debe establecerse un plazo inflexible, sino que los Estados miembros podrían avanzar al ritmo de sus propios objetivos y aspirar a cumplir las normas para el final del plazo, o antes del mismo. 
Señor Presidente, señores diputados al Parlamento, hemos dados pasos gigantescos en la lucha contra la acidificación y también contra la contaminación en años recientes. 
Yo espero que esta propuesta sea otro paso importante en esa dirección y este es el motivo por el que quiero dar las gracias en especial a la ponente Sra. Myller por su valioso trabajo. 
El protocolo de Goteburgo es un paso hacia adelante. Sin embargo, se queda muy lejos. 
El protocolo se queda sólo a medio camino de la meta para la acidificación acordada ya por el Parlamento y el Consejo. 
Un número considerable de personas morirá prematuramente si no aprobamos las medidas propuestas por la Comisión. 
El protocolo es el resultado de un proceso en el hay demasiadas pocas presiones sobre los reticentes para que hagan lo que debieran. 
No podemos dejar que esto desvíe a la Comunidad de las metas acordadas. 
Los costes de la propuesta de la Comisión se deben valorar en justa medida, aun con unos cálculos altamente pesimistas de la Comisión que no tuvieran plenamente en cuenta las soluciones de Kioto o soluciones no técnicas. 
Equivalen a sólo el 0,08 % del PIB de la Comunidad en el año 2010. 
Los Estados miembros tendrán que hacer algunas de las cosas que les permitan cumplir los límites de emisión propuestos de forma más barata si quieren respetar sus compromisos de Kioto. 
Decir que los límites son demasiado difíciles de cumplir está peligrosamente cerca de olvidarse de Kioto. 
Permítanme pasar ahora a las enmiendas. 
La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas núms. 3, 8, 9, 13, 19 y 21. 
Puede aceptar en parte el principio que subyace a las enmiendas núms. 1 y 2. 
Redactaremos un considerando que no parezca restringir el derecho de iniciativa de la Comisión, para incluirlo en nuestra propuesta modificada. 
También incluiremos una referencia en el artículo 9 de la directiva a fin de que el nuevo considerando sea funcional. 
Se deduce que la Comisión no acepta la enmienda nº 27. 
El objetivo de la propuesta de la Comisión es dejar el máximo de flexibilidad posible a los Estados miembros, pero no podemos descartar nuevas medidas de la Comunidad si con ello se ayudara a los Estados miembros a cumplir los límites máximos de emisión con una mejor relación costes-eficacia. 
La Comisión puede también aceptar en parte la enmienda nº 11, que introduciría nuevos cambios en el artículo 9. 
Estamos de acuerdo en que la revisión de la legislación debiera tener en cuenta las emisiones de las aeronaves, reducciones adiciones de las emisiones en regiones vecinas de la Comunidad, medidas adoptadas en los países candidatos y factores de transporte. 
La Comisión no puede estar de acuerdo, sin embargo, en adelantar las fechas de los informes que se presenten al Parlamento y al Consejo. 
En el 2003 la Comisión casi no tendrá datos de los Estados miembros sobre los que hacer un informe y basar posibles decisiones. 
La Comisión no sabrá en el 2011 si se respetaron o no los límites máximos en el 2010, por el tiempo que hay que dejar a los Estados miembros para recopilar los inventarios. 
Aceptamos en parte los principios que subyacen a la enmienda nº 12. 
Por ello volveremos a redactar el apartado 3 del artículo 9 a fin de incorporar gran parte del contenido de la enmienda propuesta. 
La Comisión acepta los principios de la enmienda nº 23. 
La referencia a países que están fuera del proceso de la CEPE debe limitarse a los que han suministrado datos y cuyas emisiones tengan importancia para la contaminación en la Comunidad. 
La Comisión acepta las enmiendas núms. 24, 25 y la 26 en principio, y también las tendrá en cuenta cuando vuelva a redactar el artículo 9 dentro de su propuesta modificada. 
Comparte muchísimo las preocupaciones que subyacen a las enmiendas núms. 16 y 17. 
Habría que dar cabida al hecho de que los Estados miembros más pequeños tienen menos espacio para repartir la carga. 
Sin embargo, estamos tratando aquí de la contaminación transfronteriza, de modo que la Comisión considera que sólo se pueden hacer ajustes de los límites máximos para Estados miembros concretos dentro de la revisión general de los límites máximos. 
Propondremos por tanto un nuevo considerando y modificaciones del artículo 9 que garantizarán que en la revisión se tengan debidamente en cuenta los efectos sobre los Estados miembros más pequeños. 
La Comisión puede aceptar la parte de la enmienda nº 20 que insertaría un "apropiado" en el considerando 9. No aceptamos el resto de la enmienda nº 20. 
15, 28, 29 y 32. Su propósito es sustituir los límites máximos de emisión que se han pensado para cumplir la meta acordada de la Comunidad para la acidificación, y para proteger la salud de nuestros ciudadanos, por los límites máximos de emisión del protocolo de Goteburgo. 
Los límites máximos de Goteburgo se quedan muy por debajo de lo necesario, como ya se ha dicho. 
La Comisión considera que, si los Estados miembros se toman en serio los compromisos de Kioto, los límites máximos de emisión que ha propuesto no serán difíciles de poner en práctica. 
Bien puede que seamos capaces de ir más lejos para el 2010, pero esto es algo que sólo se podrá decidir cuando sepamos cómo respetan los Estados miembros sus metas de Kioto. 
Por lo tanto no podemos aceptar la enmienda nº 31. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 4 y 14: en virtud del principio de subsidiariedad, les corresponde a los Estados miembros, y no a la Comisión, determinar las sanciones por infracciones de la legislación nacional. 
Además, la enmienda nº 14 pretende restringir la facultad de la Comisión en virtud del Tratado para decidir cuando incoar procedimientos de infracción. 
Las enmiendas núms. 5, 18 y 30 son también inaceptables. 
La Comisión está comprometida a perseguir unos objetivos a largo plazo de protección del medio ambiente y la salud humana, pero sencillamente no disponemos hoy en día de suficiente información para predecir cuando se podrían alcanzar los objetivos a largo plazo. 
La Comisión tiene que rechazar la enmienda nº 6. 
Las emisiones del tráfico marítimo internacional y las emisiones de la aeronaves fuera del ciclo de aterrizaje y de despegue no pueden ser totalmente controladas por los Estados miembros por separado, ni tampoco por la actuación comunitaria y, por lo tanto, no se pueden incluir en los límites máximos de emisión nacionales. 
Las medidas que convenga deberán ser adoptadas en el marco de la Organización Marítima Internacional o de la Organización Internacional de Aviación Civil. 
La semana pasada la OMI aceptó una propuesta de la Comunidad de declarar el Mar del Norte como zona de control del dióxido de azufre. 
La Comisión examinará si se debieran hacer a la OMI más propuestas de este tipo, y si hace falta también una actuación internacional sobre las emisiones de las aeronaves. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 7. Se basa en una comparación equívoca con la directiva sobre disolventes, cuyos procesos pueden suponer elevadas temperaturas. 
Los compuestos orgánicos no volátiles quedan automáticamente excluidos de la definición de "compuesto orgánico volátil" en estas propuestas puesto que no se encuentran en el aire en condiciones ambientales y no contribuyen a la formación de ozono. 
La definición propuesta es idéntica en el protocolo de Goteburgo. 
Debemos mantener la coherencia técnica. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 10. Quitaría la obligación esencial de que los Estados miembros actualicen regularmente los inventarios de emisiones. 
Por último, señor Presidente, no aceptamos la enmienda nº 22. 
El enunciado propuesto por la Comisión sobre el tema fundamental de la información al público está en consonancia con los acuerdos sobre las dos primeras directivas de desarrollo relativas a la calidad del aire. 
Finalmente, querría responder a la Sra. Oomen-Ruijten porque se ha interesado por las propuestas sobre las grandes plantas de combustión. 
La respuesta es que el Consejo no consiguió alcanzar una posición común en diciembre y la Comisión está apoyando a la Presidencia portuguesa en su esfuerzo por hace avances paralelamente a los que se hagan en la presente propuesta. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Legislación en materia de medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos preguntas orales sobre los programas de los Fondos estructurales en los Estados miembros y la aplicación nacional de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente (B5- 0014/2000 y B5 0208/2000). 
Señor Presidente, quisiera, en nombre de mi comisión, presentar al menos una de las preguntas orales. 
En primer lugar, me solidarizo con el deseo de la Comisaria de conseguir una mejor aplicación del Derecho de la Unión Europea. Es algo que desearía la comisión parlamentaria en su conjunto. 
Quiero citar un artículo que apareció en el Sunday Telegraph del Reino Unido el pasado domingo. 
El primer párrafo dice así: "La Comisión Europea ha dicho al Reino Unido que perderá hasta 200 millones de libras en subvenciones para las regiones más pobres a menos que aplique el Derecho de la Unión Europea para proteger a las aves y sus hábitats". 
Querría saber si está haciendo la Comisión estas amenazas y, si así es, si le parece que tiene derecho a hacerlo. 
Es algo con lo que quieren seguir mis colegas alemanes que presentan la otra pregunta. 
La Comisión de Medio Ambiente está muy interesada en encontrar maneras de incorporar las consideraciones medioambientales a otras políticas. 
La cuestión es: ¿hay una manera constitucionalmente viable de hacerlo? 
Lo que estamos explorando aquí esta noche en este Hemiciclo abarrotado es el tema de la supeditación. 
La supeditación, en otras palabras, usar la amenaza de retirar o retener fondos para intentar conseguir una mejor aplicación de la legislación en lo que puede ser a veces un sector bastante poco relacionado pero que en este caso es un sector estrechamente relacionado, la consideran los diputados europeos de vez en cuando para después dar un giro cuando se dan cuenta de que podría afectar a las regiones a las que representan. 
Es algo que vemos reflejado en las opiniones no sólo de algunos de los diputados alemanes que se encuentran aquí esta noche, sino también en las de algunos de mis colegas británicos. 
Tenemos que preguntar en qué medida está dispuesta la Comisión Europea a hacer uso de las disposiciones de los artículos 12 y 41 del reglamento general de los Fondos estructurales para retrasar la concesión de dinero cuando no se cuente con información suficiente acerca de la repercusión sobre el medio ambiente de los proyectos que hayan solicitado el dinero. 
En el peor de los casos, queremos evitar la posibilidad de que entren en colisión los fines de los Fondos estructurales y el interés de la Unión Europea por proteger sus hábitats naturales. 
Por ejemplo, quizá se quiera construir una autopista que atraviese una parte de la Unión Europea a fin de gastar dinero de los Fondos estructurales y crear puestos de trabajo en esa parte de la Unión; pero ¿no habría que tener cuidado si el trazado de dicha autopista pasa por un lugar que el Gobierno nacional tendría que haber designado como lugar protegido? 
Esta posibilidad se ha dado en el pasado, sobre todo en relación con grandes proyectos de infraestructuras. 
Queremos evitarlo, pero creemos que la colisión podría deberse al hecho de que los Estados miembros no hayan aplicado la directiva sobre hábitats y también la directiva sobre aves y, en particular, presentado a la Comisión ya en junio de 1995 una lista de lugares de importancia comunitaria potencial, bien porque alberguen tipos de hábitats naturales o porque constituyan el hábitat de especies animales y vegetales de importancia comunitaria. 
Tenemos que preguntar lo siguiente: sin dicha información, ¿cómo puede estar segura la Comisión de que los proyectos de los Fondos estructurales, que son generalmente de gran envergadura, no dañarán lugares de importancia potencial a escala de la Unión Europea? 
Las futuras generaciones no nos perdonarán si dejamos que sean destruidos hábitats irremplazables, por cuya conservación votamos de hecho hace ocho años cuando aprobamos nuestro informe sobre la directiva de hábitats y otra vez en 1997 con las modificaciones al anexo de la directiva. 
La culpa es de los Estados miembros que no han observado la directiva, y eso incluye al mío propio. 
Si gravitan dudas sobre su derecho a los Fondos estructurales, es culpa de los gobiernos nacionales. 
Esa duda ha recaído ahora sobre la situación del Reino Unido y su derecho a Fondos estructurales por no haber aplicado o cumplido plenamente su Gobierno las disposiciones de la directiva sobre hábitats. 
Está en manos del Gobierno del Reino Unido, del Gobierno alemán y de otros gobiernos nacionales eliminar dicha amenaza respetando la directiva sobre hábitats y la directiva sobre aves. 
En el Reino Unido, la financiación estructural de condados como Cornualles, al que represento y al que se ha concedido recientemente la categoría de región del Objetivo 1, se enfrenta a una doble amenaza, por la indolencia del Gobierno en cuanto a esta directiva y por la incompetencia y mezquindad del Gobierno. 
Aunque la Comisión Europea emplee todos sus esfuerzos en el Reino Unido, no hay garantías de que el tirando a agarrado Ministro de Hacienda británico encuentre financiación equivalente. 
Señor Presidente, señoras y señores, la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat es un tema que nos ocupa desde hace mucho tiempo. Actualmente estamos viviendo un parto difícil. 
Déjenme antes de nada decir lo siguiente: la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat es una directiva importante y crea en Europa un nuevo clima de protección de la naturaleza, del medio ambiente y las aves. 
No quisiera corregir ni arreglar nada de este objetivo. 
También me parece bien que la Comisión, consecuentemente, esté atenta a que se cumpla la legislación europea. 
Pero en la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat se plantea la cuestión de si la legislación aprobada por nosotros puede realmente cumplirse. 
La Directiva es un caso, en mi opinión, en el que la legislación no está adaptada a las posibilidades de las distintas regiones. 
Veo un problema en las distintas aplicaciones de la ley en los Estados miembros por la definición poco clara de la legislación europea, y por otro lado faltan planteamientos y aspectos fuertes de subsidiariedad. 
Pienso que no debería excluirse una revisión de la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat considerando las dificultades de su aplicación actual. 
Además de esta crítica general a la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat veo un problema particular en la combinación de la política europea de medio ambiente y la política estructural. 
En el artículo 12 del Reglamento sobre Fondos estructurales de 21 de junio de 1999 hay prevista una posibilidad de sanción aplicable contra infracciones en los siguientes ámbitos: incumplimiento de la legislación europea de medio ambiente, violación de deberes públicos y discriminación de la mujer. 
Hasta ahora la Comisión sólo amenaza con sanciones en el ámbito de la fauna, flora y hábitat. 
¿Planea introducir también otros mecanismos de sanción respecto en otros aspectos? 
En mi opinión, esta vía es muy problemática. 
La UE dispone de un medio totalmente distinto para introducir sanciones, a saber: el Tribunal Europeo. 
El posible recorte de recursos o el retraso en la concesión de los Fondos estructurales es una forma de sanción cuyos efectos en las regiones afectadas no son previsibles. 
¿Qué pasa con los proyectos ya empezados y qué ocurre en caso de que una región no reciba recursos de los Fondos estructurales? 
¿Qué sanciones pone la Comisión entonces en caso de incumplimiento de la legislación europea sobre medio ambiente? 
Que la Comisión tampoco lo tiene nada claro se manifiesta en el hecho de que, primeramente, quería incluir a todo el país como objeto de sanción, y luego, de nuevo, sólo a la región afectada, tal y como usted, señora Comisaria, le dijo a la Ministra de Medio Ambiente, Sra. Trittin. 
Pido que esto lo hablemos aquí clara y abiertamente. 
Señor Presidente, es un placer estar ante la Comisaria por quinta vez en el día de hoy a esta hora intempestiva. 
La felicito por sus esfuerzos por intentar asegurarse de que la directiva sobre hábitats y directivas conexas se apliquen adecuadamente. Le deseo lo mejor. 
He oído que algunos miembros de la Comisión están convencidos de que han conseguido sacar más de los Estados miembros en los últimos seis meses que en los seis años anteriores. 
Si así es, entonces se trata verdaderamente de buenas noticias. 
Pero la Comisaria cabalga entre dos caballos: uno intenta proteger las especies en peligro, el otro intenta ayudar a las regiones más pobres de Europa. 
De hecho, es una posición en la que yo también me encuentro en cierta medida. 
Algunas preguntas sencillas: ¿Cuánto tiempo está dispuesta la Comisaria a realizar este ejercicio de equilibrio? 
¿Cuánto tienen que hacer exactamente los Estados miembros para responder a sus requisitos? 
¿Está realmente dispuesta a decir a personas como aquellas a las que represento de Merseyside y el Noroeste de Inglaterra que deben perder Fondos estructurales porque sus gobiernos no han respetado la directiva sobre hábitats? 
Este es el equilibrio que imagino. 
Sobre todo y, para terminar, ¿está dispuesta a comprometerse a encontrar soluciones, si las promesas que hacen los gobiernos o el trabajo que estén haciendo llevan más tiempo de lo que ella desearía? 
Por ejemplo, si un ministro se pone de rodillas, se corta las muñecas y escribe con letras de sangre una promesa de que va a cumplir la directiva sobre hábitats al completo dentro de un plazo acordado, ¿está dispuesta a ayudar a la región y a proporcionar financiación estructural en tales circunstancias? 
La pregunta sobre cómo respetan los Fondos estructurales nuestra legislación medioambiental es de vital importancia y yo agradezco el interés que manifiestan al respecto la Sra. Jackson, el Sr. Poettering y la Sra. Schnellhardt. 
Tuvimos una conversión sobre el tema en la reunión de la Comisión de hoy, concretamente en lo que se refiere a la supeditación a las directivas sobre hábitats y sobre aves. 
El principio fundamental está claro: las medidas cofinanciadas con cargo a los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión debieran contribuir a la protección y mejora del medio ambiente en la Unión Europea. 
Esto se ve confirmado en el nuevo marco reglamentario de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, así como en las directrices conexas de la Comisión. 
Debiéramos recordar que tanto el Fondo de Cohesión como los Fondos estructurales financian importantes inversiones en infraestructura medioambiental, tales como instalaciones para la depuración de aguas residuales o sistemas de gestión de residuos. 
Déjenme dejar clara una cosa en primer lugar a fin de evitar malentendidos. 
El reglamento general de los Fondos estructurales dice que las operaciones financiadas "deberán ajustarse a las disposiciones del Tratado y de los actos adoptados en virtud de éste, así como a las políticas y acciones comunitarias". 
Contrariamente a lo que se sugiere en una de las preguntas orales, esto no representa una nueva obligación para los Estados miembros. 
De hecho, se basa fielmente en el anterior reglamento marco de los Fondos estructurales para el período de programación 1994-1999. 
El reglamento de los Fondos estructurales ha sido aprobado por los Estados miembros y el Consejo. 
En lo que respecta a la protección de lugares en virtud de las directivas sobre hábitats y sobre aves, es importante que no demos dinero a medidas que afecten negativamente a lugares que merecen protección- pagar dinero con una mano y quizá multar a un Estado miembro con la otra. 
Esto es lo que confirmamos en la Comisión esta tarde, y Michel Barnier expondrá nuestras decisiones en una carta dirigida a los Estados miembros dentro de unos días. 
A este respecto, la Comisión se propone hacer uso de todas las posibilidades que ofrece el nuevo marco reglamentario del Fondo de Cohesión y los Fondos estructurales. 
Al dar curso a la carta enviada a los Estados miembros por los comisarios Wulf-Mathies y Bjerregaard el 23 de junio de 1999, la Comisión insistirá en que, en los documentos de programación para el período 2000-2006, figure un firme e irrevocable compromiso por el que se garantice que los programas serán coherentes con la protección de lugares dentro de Natura 2000. 
Se exigirá a los Estados miembros que notifiquen los lugares, si no lo han hecho ya, dentro de un plazo convenido, y que garanticen formalmente que no emprenderán acciones que produzcan un deterioro de posibles lugares de Natura 2000. 
La Comisión empleará entonces todos los medios a su disposición para asegurarse de que se respeten plenamente los compromisos suscritos en los documentos de programación. 
Se propone vigilar la situación en los Estados miembros, también mediante inspecciones in situ. 
El representante de la Comisión en el comité de dirección de cada programa también procurará asegurarse de que se respeten plenamente las obligaciones de los Estados miembros con respecto a Natura 2000. 
Asimismo, en caso de que un Estado miembros falte a su compromiso de facilitar las listas de las directivas sobre hábitats y sobre aves dentro del calendario fijado en los documentos de programación, la Comisión adoptará medidas de inmediato. 
Esto incluye en concreto exceptuar situaciones específicas y, en lo relativo al principio de proporcionalidad, recurrir posiblemente a lo dispuesto en los reglamentos de los Fondos estructurales o el Fondo de Cohesión en relación con la suspensión de pagos. 
Desde luego, todo esto añadido a los procedimientos de infracción en marcha contra varios Estados miembros por no haber aplicado estas directivas. 
Resumiendo, lo que hemos decidido hoy en la Comisión es que insistiremos en que los Estados miembros nos envíen sus listas de Natura 2000: ya se tendrían que haber enviado, tal como se dijo hace muchos años. 
Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos de que hagan honor a los compromisos que han suscrito. 
Sin las listas, ni los Estados miembros ni la Comisión pueden garantizar la protección de importantes parajes naturales al llevar a cabo operaciones de los Fondos estructurales, por la simple razón de que no sabemos donde se encuentran dichos parajes. 
Una palabra más acerca de la directiva sobre hábitats. 
La Comisión no está de acuerdo en que falte claridad en esta directiva. 
El fin de ésta es establecer un marco de referencia que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, deje a los Estados miembros los detalles de la aplicación. 
Aunque la Comisión no tiene planes de revisar la directiva, sus servicios están listos para dar orientación a los Estados miembros acerca de su aplicación y por fin empezamos a movernos en este sentido. 
Los únicos lugares que la Comisión tiene en cuenta con arreglo a la directiva sobre hábitats son los propuestos por las administraciones de los Estados miembros. 
Las listas "paralelas" sólo pueden ayudar en la labor de designar lugares dentro de los Estados miembros. 
A nivel de la Comunidad, pueden sumarse al material de referencia científico en la elaboración de inventarios de hábitats naturales y especies existentes. 
Le doy las gracias por su explicación, pero lamentamos lo que acaba usted de decir, ya que teníamos la impresión de que la Comisión anterior partía de un principio simple: sin listas, no hay fondos. 
Hoy revisan este principio, y vuelven a pedir a los Estados miembros que le proporcionen listas. 
Ahora bien, éstos llevan un retraso considerable. 
No se adaptan en absoluto a las directivas europeas. 
Todavía no sabemos si ustedes aplicarán los medios técnicos, jurídicos y políticos de que disponen, para hacer respetar las directivas europeas. 
Resultado: me imagino perfectamente a los Estados miembros regodeándose de esta nueva posición, ya que a fin de cuentas han ganado tiempo, y la protección de la naturaleza seguirá perdiendo. 
Sabemos, tras el examen de diferentes informes de la Unión Europea, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que la degradación del medio ambiente continúa. 
Así pues, formulo la siguiente pregunta: ¿al aceptar hoy el proyecto de marco comunitario de apoyo para Portugal, se ha exigido la lista de lugares protegidos en el marco de las directivas? 
Señor Presidente, el objeto que hoy estamos debatiendo, era el tema del primer informe que elaboré como diputado al Parlamento Europeo: Medio Ambiente y Fondos estructurales. 
Y la conclusión básica era, por supuesto, que las acciones financiadas con los Fondos estructurales no deben afectar, en ningún caso, al medio ambiente de los países miembros y que para lograr este objetivo se debe conceder más importancia al aspecto medioambiental en todos los niveles de programación y de materialización de las políticas relativas de la Unión Europea. 
Lo mismo digo hoy. 
Es decir, que nuestro objetivo principal debe ser siempre el desarrollo sostenible, o sea, el desarrollo que respete y que promueva el medio ambiente. 
Por esta razón, creo que el Parlamento Europeo en este sentido, en su resolución, debe exigir a la Comisión que aplique los programas de los Fondos estructurales tomando en cuenta la legislación medioambiental comunitaria, y especialmente en lo relacionado con las directivas sobre la conservación de los hábitats naturales y de las aves salvajes. 
Pero también debemos evitar las exageraciones, no sea que dejemos todos los programas o que no aprobemos ninguno si no tenemos garantías sobre el mantenimiento de uno o dos reglamentos. 
Esto me recordaría un refrán griego que dice que no te puedes cortar la cabeza si lo que te duele es un diente. 
No estoy proponiendo que infrinjamos la ley. 
Por el contrario propongo que avancemos en la aplicación de los programas, controlando paralelamente la aplicación de la legislación, garantizando, por supuesto, la información de la Comisión al Parlamento. 
Debemos recordar que mediante los Fondos estructurales se fomentan medidas y acciones muy importantes, relacionadas con los países y regiones ciertamente más problemáticos de la Unión, que están muy necesitados en el gran esfuerzo por el desarrollo y la convergencia con los países miembros más desarrollados. 
Y también debemos saber que mediante los Fondos estructurales, señor Presidente, muchas veces se fomentan medidas que promocionan el medio ambiente. 
Si paralizamos parar todos los programas sin excepción por la razón que alegan muchos de nuestros señores colegas, al final vamos a hacer más mal que bien al medio ambiente. 
Señor Presidente, no hay desacuerdo en el hecho de que queramos respetar este acto legislativo. 
Me sorprendió verla citada en la prensa de mi país amenazando con cortar la financiación europea. 
Yo lo considero una medida desproporcionada para lo que intentamos conseguir. 
Sabrá que en el caso del Reino Unido, en un seminario de moderación, la Comisión acordó un calendario para que se pudieran estudiar e incluir lugares adicionales. 
En París se fijó un calendario para que se pudiera presentar una lista revisada en julio, con otra moderación en octubre del 2000. 
Estamos decididos, después de varios años de renuencia del anterior Gobierno conservador- el partido de la Sra. Jackson- a cumplir con las obligaciones del Reino Unido, de buena fe, seguir el debido proceso legal y proceso de consulta para que se respete la directiva. 
El proceso está en marcha y no tengo motivos para pensar que ninguno de los planes presentados para financiación regional vulnere las directivas de la UE sobre hábitats y sobre aves silvestres a estas alturas. 
Por lo tanto, no consigo entender ni aceptar la supeditación que se está intentando establecer por medio de esta resolución. 
Pero seamos claros. 
Cualquier negativa de la Comisión a aprobar el programa- por ejemplo en Merseyside -, mermando así 2.000 millones de libras en inversiones, o en cualquier otra zona del Objetivo I, incluido Cornualles, que reúne 5 millones de habitantes del Reino Unido, violaría de hecho- usted lo ha dicho, Comisaria- el bien establecido principio de proporcionalidad de la Comisión, es decir, la obligación de utilizar el medio menos restrictivo para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, en este caso las directivas sobre hábitats y aves silvestres. 
Por lo tanto, tiene que haber una relación equilibrada entre medios y fines. 
A fin de cuentas, cualquier incumplimiento de la legislación de la UE debe ir en realidad al Tribunal de Justicia Europeo. 
No puedo aceptar que dicho equilibrio signifique cortar fuentes vitales de fondos de la UE para las regiones más pobres y necesitadas. 
El Comisario Barnier probablemente le dijera hoy, Comisaria Wallström, que todos los programas europeos debieran poder empezar sin retrasos indebidos porque puede ser tremendamente difícil recuperar más adelante el tiempo perdido. 
Por lo tanto pido a la Comisaria que asuma la responsabilidad colectiva de asegurarse de que los programas de los Fondos estructurales se ejecuten a tiempo. 
Es su responsabilidad como miembro del colegio de comisarios. 
Al contrario que el último orador, quisiera felicitarla, Comisaria, por su amenaza de cortar la financiación europea. 
No debiera ser una amenaza en vano. 
Debiera llevarla a cabo si los Estados miembros no actúan de manera responsable. 
Procedo de un Estado miembro que se beneficia de la financiación europea pero me horrorizan su historial en la ejecución de la directiva sobre aves silvestres, de la directiva sobre hábitats y de muchas otras directivas. 
Somos, per cápita, el peor país en cuanto a denuncias. 
Ya era hora de que la Comisión Europea actuara y decidiera que, si no se quieren acatar las normas, entonces hay que cortar la financiación. 
Si esto afecta a mi propio país, que así sea. 
Los Estados miembros han de cumplir los reglamentos europeos. 
Anteriores comisarios escribieron al Gobierno irlandés diciendo: "Si no tienen en su lista zonas de hábitat que haya que proteger, entonces, cuando presenten su plan nacional, ¿cómo vamos a evaluar si está en conformidad con las directivas europeas ?" 
Usted debe persistir en esto. 
Si los Estados miembros no están dispuestos a respetar las directivas, corte la financiación. 
Yo la apoyaría al cien por cien. 
Señor Presidente, Señorías, son demasiados los proyectos y los programas financiados por la Unión Europea que no cumplen los objetivos de desarrollo sostenible y preservación de la naturaleza que los Tratados y los reglamentos exigen. 
Y se trata de algo fácilmente comprobable: por un lado, atribuimos casi la mitad de nuestros recursos a la agricultura, pero la verdad es que seguimos financiando una agricultura intensiva orientada a la productividad a toda costa y dejando de lado el apoyo a la agricultura biológica y a la agricultura extensiva; por otro lado, gastamos un tercio de nuestros recursos con los Fondos estructurales, pero la verdad es que los proyectos financiados son los primeros que no respetan las directivas de los hábitat. 
Portugal es un caso ejemplar de lo que acabo de decir. 
Y, como lo es, vale la pena explicarlo bien. 
En Portugal no sólo no existe una lista definitiva de los sitios protegidos de importancia comunitaria para que forme parte de la red NATURA 2000, sino que tampoco existen, como es obligatorio, un plan, normas o mecanismos de gestión y protección para los sitios ya seleccionados. 
Es decir, que los sitios portugueses que en este momento forman parte de la red NATURA 2000 están totalmente a merced de grupos económicos y constructores civiles sin escrúpulos por falta de instrumentos que garanticen su protección. 
El caso más grave es el de la empresa turística aprobada para la zona de Abano, en el parque Sintra-Cascais, para la que solicito una intervención urgente de la Comisión. 
Pero en Portugal es, señor Presidente, Señorías, el propio Estado el que en este momento se dispone a ejecutar proyectos, algunos de ellos financiados con cargo a los Fondos estructurales, en sitios clasificados o por clasificar por la Unión Europea como integrantes de la red NATURA 2000. 
Por desgracia, lo que sucede en Portugal no es un caso único, es tan sólo un buen ejemplo. 
Así, espero que la Comisión, haciendo uso de su autoridad legal, no apruebe financiación alguna del tercer marco comunitario de apoyo, mientras los Estados miembros no envíen las listas relativas a la red NATURA 2000. 
Señor Presidente, lo que está en juego en este debate es si el compromiso de la UE con el desarrollo sostenible en teoría realmente significa algo en la práctica, si cuando hay que pasar de las palabras a los hechos estamos listos para tomar algunas decisiones muy difíciles. 
Se supone que el desarrollo sostenible consiste en integrar el desarrollo económico y las preocupaciones medioambientales. 
Esto es lo que ha firmado la UE en incontables tratados desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Esto es lo que nos obliga a hacer el artículo 6 de nuestro propio Tratado CE: integrar esas políticas. 
En el centro de este debate está el tema de la confrontación entre el desarrollo económico y las imposiciones medioambientales. 
Cada vez nos vamos a tener que enfrentar más a duras decisiones a este respecto. 
Será una magnífica prueba de lo que realmente significa nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. 
En un reciente período parcial de sesiones plenarias hablamos mucho de la coherencia en las políticas de la UE. 
Diputados de todo el Hemiciclo insistían, con razón, en lo importante que es la coherencia de las políticas, y pese a todo tenemos aquí un ejemplo sobresaliente de incoherencia de las políticas. 
Por eso los Verdes apoyamos muy decididamente esta resolución de la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, después de las palabras de mis colegas, que corroboran la necesidad de la resolución que estamos debatiendo, permítame que dedique mi intervención a denunciar dos casos ejemplarmente negativos que afectan a mi país, a Galicia, pero que pueden también encontrarse en nuestros países europeos. 
En Pontevedra, prácticamente en la ciudad y ocupando un espacio especialmente privilegiado a la orilla del mar, el gran complejo industrial químico formado por las empresas públicas ENCE-ELNOSA, que producen pasta de celulosa y cloro, contaminan las aguas y el aire con la permisividad de las autoridades gallegas y españolas y ante las continuas protestas de la población. 
En Vila Garcia de Arousa se han instalado en un muelle financiado con cargo al FEDER depósitos para 80.000 metros cúbicos de hidrocarburos, que ponen en grave peligro, por la manipulación habitual o por accidentes con los barcos de transporte, las actividades piscícolas en las que trabajan 18.000 personas. 
Señor Presidente, considero que garantizar la aplicación integral y correcta de la política del medio ambiente es quizás el mayor reto con el que nos enfrentamos hoy los Estados miembros. 
Pero por desgracia, las exigencias de la política medioambiental no son respetadas y no están como debieran en la elaboración y adopción de programas y proyectos en los Estados miembros. 
El problema es aún mayor porque, aparte de las infracciones de la legislación medioambiental en los trabajos y en los programas que se realizan con fondos comunitarios y con la aprobación comunitaria, sufren transgresiones cuando se realizan los trabajos y los programas que se llevan a cabo con financiaciones nacionales y privadas. 
Y quiero llamar su atención sobre el apartado b y los puntos 3 y 8 de la resolución, que justamente toman en cuenta este tema. 
Porque es impensable que la aplicación y el respeto de la legislación de la Unión Europea sobre el medio ambiente en los Estados miembros no incluyan todos los proyectos, independientemente de si necesitan una financiación comunitaria o de otro tipo. 
Así pues, los países que infringen la legislación medioambiental deben darse cuenta de que la Comisión, que es la guardiana del derecho comunitario primario y secundario, va a garantizar que el medio ambiente no se va a deteriorar con obras de construcción. 
No pueden continuar infringiéndose flagrantemente las leyes básicas en materia de medio ambiente. 
Y debemos decir de una vez qué es lo que está sucediendo en los Estados miembros porque la política correcta exige transparencia, valentía y la verdad. 
Y la verdad es que la aplicación de las directivas sobre la Red Naturaleza 2000 es incompleta; en mi país y en el resto de los Estados miembros. 
Por ejemplo, mientras que el Golfo Maliakos y la zona acuática del río Sperjios han sido propuestos como regiones protegidas del programa "Red Naturaleza 2000", se propone el puente del Golfo Maliakos infringiendo las normas comunitarias, a pesar de que se podría encontrar una solución alternativa. 
Así pues, insisto: solicitamos a la Comisión que garantice la aplicación y el respeto de la legislación comunitaria relativa al medio ambiente en todos los proyectos y, si es necesario, que recurra al Tribunal Europeo, tal como ha dicho ya uno de mis señores colegas, que proponga sanciones relevantes y que sea muy estricta. 
Señor Presidente, no puedo resistirme al impulso de empezar diciendo que es bien sabido que mi colega irlandesa del otro lado vive en Dublín capital, donde estos lugares no la preocuparán demasiado. 
Dicho esto, apoyo la idea general de lo hoy se somete a nuestra opinión y la habilidad de la Comisión para usar los Fondos estructurales como el palo y la zanahoria para impulsar a los Estados miembros recalcitrantes como Irlanda, de la manera quizá más eficaz posible, a que pongan su casa en orden en relación con la designación de lugares para Natura 2000. 
Ningún Estado miembro ha cumplido en su totalidad las obligaciones de la directiva sobre hábitats, por ejemplo, y mucho menos dentro del calendario obligado por ley. 
Hay en marcha en estos momentos procedimientos de la Comisión contra casi todos los Estados miembros- doce de ellos de hecho- en virtud de lo dispuesto en la directiva sobre hábitats. 
Doce países europeos se encuentran ante el Tribunal de Justicia. 
La directiva sobre aves silvestres está poco mejor, con trece países desafiados ahora en los tribunales por no haber respetado la directiva 20 años después de que se aprobara. 
Parece que hay seis países que están actualmente en peligro de que se retrasen o se rechacen propuestas de utilización de Fondos estructurales, incluido el mío, el Reino Unido, algunos Länder alemanes, Francia, Suecia y Bélgica. 
El pasado diciembre sin ir más lejos planteé el tema en el Senado irlandés y cité todas las directivas- sobre todo de medio ambiente- que no habíamos transpuesto dentro de plazo ni años después de agotado el plazo de transposición. 
A menudo se aduce en Irlanda el problema constitucional como una de nuestras razones. 
Sin suda nuestra Constitución escrita, con la protección de los derechos de propiedad, ha resultado para el Gobierno un difícil obstáculo a la hora de solucionar muchos de los problemas relacionados con la designación de lugares. 
Pero si se respeta correctamente el principio de proporcionalidad, las propuestas de utilizar los Fondos estructurales a este respecto ayudarán a países como Irlanda a centrar la atención en lo que realmente necesitan hacer. 
En este sentido he propuesto para mañana dos enmiendas a los puntos 2 y 3, añadiendo unas palabras: "a fin de garantizar que los programas financiados por la UE no dañen ni destruyan 'de forma no autorizada' zonas de protección reales o potenciales". 
Quizá quieran incorporarlas ustedes a los puntos 2 y 3 de la propuesta de resolución. 
Señoras y señores, quisiera hacer algunos comentarios finales. 
No estamos hablando de la aplicación de la directiva sobre hábitats. 
Recuerden que no es una directiva de intento, sino una directiva de resultados. 
Estamos hablando de cumplir nuestras obligaciones con arreglo al reglamento de los Fondos estructurales y sin estas listas no podemos garantizar la protección de importantes parajes naturales durante sus intervenciones. 
De esto trata todo. 
Si, por ejemplo, en un país del que hemos hablado hoy hay 40 proyectos actualmente en marcha que afectarían a lugares que hay que proteger, ¿cómo podemos comprobarlo si no disponemos de las listas? 
Es obligación de la Comisión garantizar que dichos lugares sean protegidos. 
Así pues, para responder a sus preguntas ¿significa que no aprobaremos los programas operativos? 
Somos razonables. 
No deseamos retrasar el proceso de aprobación de los programas operativos de los Fondos estructurales, pero los programas deberán incluir un firme compromiso del Estado miembro en cuestión de que nos enviará sus lista en un determinado momento. 
Es un calendario claro. 
Si no la hacen, iniciaremos sin tardanza el procedimiento para suspender pagos. 
Esa es la decisión que hemos tomado hoy. 
Para que le quede muy claro también a la Sra. Isler Beguin, eso significa que lo escrito en la carta conjunta de las Sras. Bjerregaard y Wulf-Mathies sigue siendo válido. 
Tenemos que entender que es una oportunidad para que cumplamos nuestras obligaciones en virtud de los reglamentos de los Fondos estructurales. 
Desde luego, esperamos que no sea necesario llegar a ello porque los Estados miembros nos proporcionen sus listas. 
Eso es lo que tenemos que esperar y quizá también por lo que tengamos que rogar. 
He recibido una propuesta de resolución con arreglo al apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación será mañana a las 12 del mediodía. 
(Se levanta la sesión a las 24.09 horas.) 
Tiene la palabra la Sra. Maes para una cuestión de orden. 
Maes (Verts/ALE). 
(NL) Señor Presidente, el Parlamento ha tenido conocimiento de un intercambio de cartas. 
El Sr. Prodi ha dirigido una carta a la Sra. Fontaine, en su calidad de Presidenta de este Parlamento, y en la misma critica severamente la forma en que la Comisión de Control Presupuestario efectúa su trabajo. 
No obra en nuestro poder, en este momento, respuesta alguna de la Sra. Fontaine, pero como usted puede comprender- y la Presidencia compartirá nuestros sentimientos- esta carta nos ha sorprendido mucho, por utilizar un eufemismo. 
Así mismo, el Sr. Prodi ha escrito una carta al Sr. Söderman en la que critica la forma en que este último desempeña su cargo. 
El Sr. Söderman ha respondido a la misma. 
Quisiéramos saber qué ha hecho la Presidencia ante este intercambio de cartas. 
Señora Maes, el tema que usted ha suscitado será objeto de estudio por la Presidencia y por la Conferencia de Presidentes de manera inmediata. 
50º aniversario de los Convenios de Ginebra- Derecho humanitario 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre el 50º aniversario de los Convenios de Ginebra- Derecho humanitario 
Felicitando al Sr. Presidente por motivos de tipo doméstico, intervengo ahora, en nombre del Grupo Socialista, en este debate que sigue a la- para nosotros- satisfactoria declaración del Consejo con relación a los Convenios de Ginebra con una primera reflexión justificando el por qué mi Grupo presentó una resolución sobre este mismo tema en el último Pleno del Parlamento de 1999, resolución que luego no llegó a debatirse por razones que no vienen al caso. 
Nos parece del todo procedente que nos pronunciemos en el Parlamento Europeo sobre normas que han enriquecido el acervo jurídico de la humanidad, debiéndose aprovechar cada oportunidad para recordar y reforzar la vigencia de dichos instrumentos por la protección que otorgan y los derechos que garantizan. 
Otro argumento para aprobar una resolución como la que presentamos estriba en que mucho de lo que llevan a cabo las instituciones europeas está dirigido a la búsqueda del equilibrio y la equidad, y estos son conceptos poco o nada compatibles con las situaciones de conflicto armado. 
Las principales víctimas de los conflictos- los niños, las mujeres, la población en general- están en el primer escalón de la amenaza y del sufrimiento, y no podemos dejar de incluir su protección entre los objetivos prioritarios de nuestra acción. 
Cuanto más hagamos contra las violaciones del Derecho internacional humanitario, cuanto más recordemos a los demás Estados- aprovechando todas las oportunidades de nuestras relaciones exteriores- la necesidad de ratificar y respetar los Convenios de Ginebra, más estaremos haciendo por ese escalón más débil. 
Y cuantos más sufrimientos evitemos, menor será después la acción a desarrollar para cubrir los grandes desperfectos que la guerra provoca. 
¿Qué más se puede hacer, pues, para mejorar el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y limitar así el sufrimiento de las víctimas? 
Por ejemplo, difundir el conocimiento de ese Derecho, sobre todo entre la sociedad misma, entre la juventud, entre las organizaciones de masas y también entre las fuerzas armadas y de seguridad. 
Más aún, es obligado, a través de la educación, desarrollar en nuestra ciudadanía la pasión por la paz. 
La Unión Europea ha de ser, en ese sentido, un agente de paz de primer orden, pero ha de ser también un patrocinador significativo del esfuerzo que realizan las organizaciones a las que la comunidad internacional ha encargado la responsabilidad de la protección de las víctimas de los conflictos y la defensa de sus derechos. 
Entre dichas organizaciones, merece destacarse el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Todas las instituciones de la Unión Europea debemos apoyar decididamente el trabajo del CICR porque su función es, sencillamente, imprescindible. 
Por último, no estimo yo aceptable decir, como me respondió hace un par de meses la Comisión, que ella no dispone de competencias ni de recursos para acciones destinadas a promover el Derecho internacional humanitario, demostrando así, por su parte, un planteamiento fundamentalmente burocrático y una sensibilidad muy distinta de la que proyectaba el Consejo en su contestación a otra pregunta en la que yo le trasladaba una preocupación del mismo tipo, y diferente también de la sensibilidad que hoy demuestra el Consejo en su intervención. 
En esta materia, las instituciones de la Unión Europea- también la Comisión, por supuesto- tenemos una responsabilidad genérica, porque se trata de difundir y apoyar valores esenciales que, además, son los mismos que los que inspiran nuestro proyecto europeo. 
Por todo ello, señor Presidente, queridos colegas, les pido el apoyo a la resolución que se ha presentado y que recoge todo lo esencial de la propuesta presentada por el Grupo Socialista a finales del año pasado. 
Señor Presidente, el 12 de agosto de 1949 es un día que, como habrían dicho los romanos antiguos, habría que marcar con una piedra roja. 
Significaba un gran paso adelante para la Humanidad... y, sin embargo, en los cincuenta años transcurridos desde entonces, aunque nuestra mitad del continente ha vivido en paz, más personas han muerto en conflictos armados que en toda la segunda guerra mundial. 
No hemos sabido difundir las lecciones y los valores aprendidos de ese conflicto. 
Con demasiada frecuencia nuestros propios Estados miembros han sido partes en los conflictos, ya fuera mediante la producción y venta de armas, mediante la producción y distribución de minas terrestres o mediante la tentación- en palabras de un gran estadista victoriano de mi país- de preferir que se riñeran sus guerras a distancia y, siempre que fuera posible, en el nombre de Dios. 
No hemos combatido en nuestra educación la glorificación de la lucha en nuestras propias comunidades. 
No hemos combatido en nuestra educación los problemas y el flagelo del racismo y de la xenofobia. 
Y, sin embargo, gracias a las comunicaciones mundiales, nuestras pantallas de televisión nos recuerdan constantemente los terribles efectos de la inhumanidad de los hombres para con los hombres y, desde luego, para con las mujeres y los niños. 
Recientemente, hemos visto en la antigua Yugoslavia y ahora en Chechenia los terribles efectos del conflicto armado y, además, vemos el efecto de las medidas del Gobierno para suprimir los comentarios de los medios de comunicación independientes sobre esos conflictos y la evolución hacia el gobierno totalitario. 
Para que la Unión Europea llegue a ser una comunidad de valores, para que desempeñemos de verdad un papel en la gestión de los asuntos públicos mundiales, debemos impartir los valores de los Convenios de Ginebra no sólo a nuestros soldados y fuerzas de seguridad, sino también a los ciudadanos de nuestras sociedades civiles. 
Debemos impulsar la creación de un tribunal penal internacional permanente e instar a nuestros Estados miembros a que firmen y ratifiquen el Convenio. 
Debemos luchar denodadamente contra el racismo y la xenofobia. 
Los liberales demócratas en esta Asamblea estamos orgullosos de que tres de los autores de los informes de hoy- la Sra. Malmström, la Sra. Haarder y la baronesa Ludford- hayan lidiado con esas cuestiones y hayan brindado a la Asamblea hoy esos informes. 
Vivimos con la esperanza de que el siglo XX, que Europa ha empapado en sangre, dé paso a un siglo XXI en el que se puedan aplicar el poder, el genio y el entusiasmo de la Humanidad a la construcción de un mundo más justo, pacífico y sostenible. 
Señor Presidente, puedo sumarme con entusiasmo a lo que se ha dicho en las intervenciones precedentes. 
Ayer hablamos de la Carta de Derechos Fundamentales y hoy hablamos de los derechos humanos. 
Ayer, en una intervención excepcional, se constató que tenemos una imposición moral de defender y desarrollar la democracia y los derechos humanos. 
Sin embargo, el contenido exacto de esta obligación moral y la embergadura real de nuestros esfuerzos y compromisos quedan reflejados en esa miserable realidad presidida por guerras y por conflictos armados. 
La naturaleza de estos últimos se ha transformado radicalmente durante el último siglo. 
El Derecho humanitario es el criterio con el que podemos poner de manifiesto si esta obligación moral sólo nos inspira de forma retórica o si, realmente, es posible llegar a hechos y a acciones concretas. 
Hoy oímos el caso del ciudadano kosovar Albin Kurt. 
Los Convenios de Ginebra forman parte esencial de los requisitos mínimos. 
También debemos encargarnos de que se garantice la ratificación del Protocolo de Otawa sobre la prohibición de minas de infantería, así como la ratificación del Estatuto Constituyente del Tribunal Penal Internacional. 
Señor Presidente, el pasado 20 de enero el embajador ruso en París, al contestar una pregunta que se le formuló durante una entrevista radiofónica, declaró: "Lo que estamos llevando a cabo en Chechenia es una lucha antiterrorista, y Europa y el mundo entero nos lo van a agradecer cuando lo entiendan". 
Personalmente, no creo que el Parlamento Europeo tenga que dar las gracias a Rusia. 
Por el contrario, considero necesario que de este Parlamento surja un acto de condena fuerte, más fuerte y más claro que el que se ha realizado hasta la fecha y que implique no solo a las Instituciones comunitarias, sino también a cada uno de los Gobiernos. 
Hace unos días, vi con tristeza y amargura que un personaje mundialmente muy estimado, Tony Blair, acudía en visita oficial a Moscú y, después de una débil y poco convencida protesta por los hechos de Chechenia, daba un gran abrazo y palabras de ánimo a Putin. 
En el momento en que celebramos el 50º aniversario de un gran acontecimiento de Derecho internacional humanitario como los Convenios de Ginebra, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que, a poca distancia de Europa, se violan sustancial y prácticamente todos los puntos de los Convenios de Ginebra, a pesar de que la tesis rusa es que allí no existe un estado de guerra, sino una emergencia interna. 
Señor Presidente, hace unos días, una delegación del Consejo Europeo declaró cosas terribles a su regreso de Chechenia. 
Si queremos realmente que nuestra acción tenga algún efecto, debemos procurar que una delegación del Parlamento Europeo se traslade a Chechenia y que los Gobiernos se comprometan a respetar el apartado 6 de la resolución que quizás aprobaremos dentro de poco y con la que el Parlamento pide al Consejo que procure vincular la cooperación con los terceros países a los informes sobre la situación de los derechos humanos. 
Debemos pedir a todos los Estados europeos un mínimo de coherencia, siempre que queramos luchar seriamente por los derechos humanos ante el mundo. 
Al hablar hoy del 50º aniversario de los Convenios de Ginebra para la protección de los derechos humanos en tiempo de guerra y posguerra, lamento encontrarme en el trance de recordar que estos Convenios han sido violados en el propio continente europeo. 
Todo lo ocurrido los últimos años en los Balcanes, donde "sin miramiento, sin pudor", como dice un gran poeta griego, se ha intentado corregir un mal con otros mil males, ha convertido estos convenios ni más ni menos que en documentos literarios; bien escritos, pero sin transcendencia alguna. 
Hemos vivido recientemente una enorme catástrofe humanitaria propiciada por una intervención supuestamente humanitaria. 
Hemos sido testigos de una ola de refugiados de proporciones gigantescas, hemos asistido a bombardeos de hospitales y embajadas, hemos visto a ciudadanos indefensos convertirse en objetivos bélicos; y ahora durante muchos años la península de los Balcanes sufrirá las consecuencias y las dolorosas secuelas del desastre ecológico provocado por los bombardeos. 
Por lo que respecta al segundo capítulo de los Convenios, y especialmente a los artículos 13 y 14, que se refieren a la necesidad de proteger a los heridos, a los enfermos, a las personas de edad, a los niños y a las mujeres embarazadas de las consecuencias de la guerra, merece la pena que nos detengamos en Kosovo y en todo lo que revela el informe de la ONU. 
Todos lo niños que nacen presentan, a causa de la desnutrición, un desarrollo inferior al normal. 
Los abortos aumentan espectacularmente. 
Muchas mujeres mueren por falta de una asistencia médica y farmacológica elemental en clínicas que no disponen ni de corriente eléctrica, ni de calefacción, ni de agua. 
La mejor manera, pues, de celebrar el 50º aniversario de los Convenios de Ginebra es fortalecer la naturaleza democrática y política de la Unión, de tal suerte que pueda desempeñar un papel decisivo en la escena internacional en la resolución de conflictos, cualesquiera que sean, por medios pacíficos, con respeto a los derechos humanos, y con respeto, sobre todo, a cuanto se contempla en estos realmente magníficos Convenios de Ginebra. 
Señor Presidente, el símbolo del movimiento Cruz Roja/Creciente Rojo lleva la esperanza a los campos de batalla de todo el mundo. 
Tal vez esté yo autorizada a aducir una razón especial para conmemorar estos convenios, pues uno de mis familiares fundó el movimiento británico de la Cruz Roja. 
El apartado b) del artículo 1 del Convenio pertinente prohíbe la toma de rehenes. 
El artículo 23 de la Declaración Islámica Universal de Derechos Humanos dice que no se forzará a nadie a abandonar su país de residencia ni se deportará a nadie de él arbitrariamente. 
Millones de personas sufren en el mundo entero. 
Los oradores de hoy, a partir de Graham Watson, han formulado ya esas observaciones. 
Pero pensemos en unas pocas personas simplemente para que se comprenda cabalmente el horror y el sufrimiento. 
Recordemos que el 20 de agosto de 1990 el Irak invadió Kuwait en un acto unilateral de agresión que fue condenado universalmente. 
Nueve años después, el Irak sigue sin liberar a más de 600 prisioneros de guerra y sin dar cuentas al respecto. 
El Irak es un enemigo tremendo. 
La UNSCOM ha destruido 38.000 municiones para armas químicas, 690 toneladas de agentes de armas químicas, 3.000 toneladas de precursores químicos, 48 misiles Scud y una fábrica de armas biológicas destinada a producir hasta 50.000 litros de carbunco, toxina del botulismo y otros agentes. 
Su fuerza y poder para fines pérfidos sólo es comparable a su determinación para no encontrar a los prisioneros desaparecidos. 
Después de nueve años, sólo ha facilitado información suficiente para cerrar tres expedientes. 
Esta tarde, cuando debatamos el asunto del Irak, no debemos olvidar a los prisioneros de guerra kuwaitíes desaparecidos. 
Mientras siga sin conocerse su suerte, no se deben levantar las sanciones económicas. 
Señor Presidente, Señorías, Comisarios, señor Presidente del Consejo, celebro la presencia del Consejo en este debate. 
Suscribo plenamente las palabras comprometidas que acaba de pronunciar el Presidente en ejercicio del Consejo. 
Sin embargo, debo decir sinceramente que, tal vez, el Presidente del Consejo no sepa que ésta no es la única ocasión en que hablamos de derechos humanos y derecho humanitario en este Parlamento, sino que cada jueves por la tarde celebramos el debate de actualidad y que, bastante lamentablemente, el Consejo con frecuencia no está presente. Lo lamento profundamente. 
No obstante, quiero aprovechar la oportunidad de hoy para atraer su atención, señor Presidente del Consejo, sobre la suerte de los prisioneros kosovares encarcelados en las prisiones serbias. 
Desde nuestra llegada en julio, el Parlamento ha centrado hasta tres veces la atención de la opinión pública en el destino de estos prisioneros y también ha pedido al Consejo que tome cartas en el asunto. 
La situación en Kosovo empeora considerablemente también como consecuencia de la preocupación de los albaneses respecto de la suerte de sus conciudadanos encarcelados en las prisiones serbias. 
La locura aumenta en Serbia. 
El mes pasado, el dirigente estudiantil Albin Kurti fue sentenciado a quince años de prisión, sólo por haber organizado cursos de primeros auxilios después de los bombardeos ¡Esto habría ayudado a la UCK! 
¡No tiene sentido! 
Mientras tanto, la gente continúa muy intranquila respecto de la suerte de los que están encarcelados. 
Han sido torturados, hay informaciones que así lo afirman. 
Entre tanto, prosigue la represión del régimen de Milosevic respecto de la propia oposición serbia. 
Señor Presidente del Consejo, ¿puedo pedirle de nuevo que tome en consideración las resoluciones que este Parlamento ha adoptado hasta tres veces y preguntarle qué va a hacer al respecto? 
Señor Presidente, estimados colegas, los derechos humanos son derechos individuales que, como derechos o normas naturales e inalienables, han entrado a formar parte de las constituciones nacionales y los acuerdos internacionales. 
Engloban los derechos a la libertad personal y política así como los derechos sociales y económicos fundamentales. 
La idea de los derechos humanos es uno de los principios más sublimes que ha desarrollado la humanidad. Nació el siglo pasado a raíz de las experiencias sufridas en los campos de concentración y los gulag. 
Enfoca al hombre desde la perspectiva de aquello que le define como ser humano y le ayuda a tomar conciencia de su dignidad, su unicidad, su libertad y su igualdad con todas las demás personas. 
La gran difusión de esta idea demuestra que es una visión del hombre que presenta una enorme capacidad de atracción. 
La preocupación por la dignidad del hombre constituye el núcleo de toda política de derechos humanos. 
Pero cincuenta años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la brecha entre las pretensiones y la realidad sigue ahí. 
Aunque desde entonces el número de personas que vive en un sistema democrático ha ido en aumento y existe una mayor conciencia hacia los derechos humanos, la aplicación y el respeto de los mismos en el mundo dejan todavía mucho que desear. 
El respeto de los derechos humanos no es sólo importante desde el punto de vista moral, sino también por motivos políticos. 
Prisioneros políticos, violaciones de los derechos elementales de la mujer, niños soldados, demasiada gente pobre que vive por debajo del mínimo vital, explotación económica, destrucción del medio ambiente que acaba con los medios de sustento de mucha gente y masacres de civiles en conflictos armados. Son solamente unos ejemplos. 
Nos hallamos ante un círculo vicioso. De no protegerse los derechos humanos y las garantías del Estado de derecho y el Estado constitucional, el éxito económico a largo plazo está abocado al fracaso. 
Allí donde no se respeten los derechos humanos existe el riesgo de la discordia y de la regresión económica y social. 
Y allí donde la espiral de desarrollo muestre una tendencia descendente se corre el peligro de que empeore la situación de los derechos humanos. 
El respeto de los derechos humanos desempeña un papel fundamental en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. 
Quien hoy pisotee los derechos humanos sienta las bases para los conflictos de mañana. 
Por regla general, los gobiernos a los que les incumbe rendir cuentas de su conducta en el marco de la democracia se preocupan más por el bien de su pueblo. 
Así lo requiere el mandamiento supremo de la democracia, con el que están vinculados los principios de tolerancia y pluralismo. Ahora bien, se trata de un pluralismo que no está exento de valores, sino que se rige por los mencionados derechos humanos. 
No importa que la gente sea exterminada por razones de raza o clase social. 
No hay motivo político alguno para oprimir a nadie, ni desde el punto de vista de la extrema derecha ni desde la perspectiva de la extrema izquierda. 
En un mundo global los derechos humanos han dejado de ser un asunto interno. 
Por eso, es fundamental que se continúe reforzando el reconocimiento universal de la globalización de estos derechos. 
Los derechos humanos constituyen un conjunto indivisible. 
La universalidad de los derechos humanos demuestra que su implantación se ha convertido en pauta para el progreso, la civilización y la cultura en la política y la sociedad. 
Como agente global, la Unión Europea ha de fomentar el respeto de los derechos humanos, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas, y, a este fin, ha de fortalecer su política en materia de derechos humanos. 
Ha de erigirse en comunidad de valores. 
Debe emprender acciones preventivas en el ámbito de la política exterior y de seguridad y en el terreno de la política de desarrollo, al tiempo que debe responder a situaciones de crisis mediante sanciones y medidas de apoyo. 
En este marco, la política global en materia de derechos humanos ha de ocupar un lugar cada vez más importante en la política exterior. 
También es cierto que tenemos que comenzar por desplegar una política de derechos humanos más responsable en nuestra propia casa. 
Los demócratas que se rigen por los derechos humanos, que incorporan los derechos fundamentales a sus constituciones y desean llevarlos a la práctica, han de mostrarse dispuestos a luchar contra el extremismo de la derecha y de la izquierda en la escena política, puesto que los derechos humanos no pueden violarse bajo ningún concepto. 
Por eso, creo que a este respecto debemos dejar muy claro ante todas las tendencias políticas que, en nuestra opinión, dichos derechos humanos no pueden ser utilizados para justificar o descalificar determinado sistema político, ya que se trata de derechos individuales de los ciudadanos y de la dignidad humana. Pues bien, desde esta perspectiva es inaceptable todo motivo político que de alguna forma o en alguna fase de desarrollo disculpe la violación de los derechos humanos. 
Por todo ello, es fundamental que los demócratas se pongan de acuerdo sobre este asunto para que puedan hacer frente común contra cualquier manifestación de extremismo, no sólo de derechas sino también de izquierdas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, acojo con satisfacción la declaración del Consejo de esta mañana y, si bien hago míos los sentimientos expresados por el Presidente, debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo la UE y sus Estados miembros para dar expresión a esos loables principios? 
Convengo con el Sr. Martinez cuando ha subrayado la importancia de que se brinde protección y apoyo adecuados a las víctimas. 
Sin embargo, también debemos adoptar medidas para velar por que en el futuro haya menos víctimas. 
La única forma segura de lograrlo es la de enviar un mensaje claro a los culpables de crímenes contra la Humanidad de que pagarán sus pérfidas acciones ante la Justicia. 
Los tribunales en los que se está juzgando actualmente a los culpables de atrocidades en los Balcanes envían un mensaje claro. 
Además, el caso Pinochet en el Reino Unido aunque ha acabado en cierto modo en un fiasco, ha tenido aspectos positivos. 
La innovadora resolución de la Cámara de los Lores ilustra una forma como los países interesados pueden demostrar a los que cometen crímenes contra la Humanidad que no habrá escondrijo para ellos. 
Por digna de beneplácito que sea esa evolución, hay que hacer más. 
Se debe continuar por esa vía y la creación de un Tribunal Penal Internacional fue un importante avance en la esfera de los derechos humanos. 
Sin embargo, simbolizará poco más que una declaración de trivialidades y retórica vacía, si no entra en vigor su Estatuto. 
Para ello, hace falta la ratificación por parte de sesenta Estados miembros lamento decir que y de los siete que lo han hecho sólo uno es de la UE, a saber, Italia. 
Quisiera decir al Consejo y a la Presidencia esta mañana lo siguiente: si quieren velar por que quienes cometan violaciones del derecho humanitario comparezcan ante la Justicia, si quieren enviar un mensaje claro, si quieren impedir que haya más víctimas en el futuro, deben utilizar su Presidencia para iniciar una campaña al menos entre los Estados miembros de la UE para que ratifiquen el Estatuto de Roma. 
Deben ejercer toda la influencia que tengan en el mundo a fin de alcanzar esa meta mágica de sesenta para que el estatuto del Tribunal Penal Internacional entre en vigor. 
. (DA) Señor Presidente, me adhiero plenamente a la declaración del Consejo relativa a la enorme importancia que las Convenciones de Ginebra han tenido en el desarrollo de la legislación humanitaria. 
También estoy de acuerdo en que las convenciones son hoy igual de necesarias como lo eran hace cincuenta años. 
Permítanme aprovechar esta oportunidad para expresar todo mi reconocimiento hacia la gran labor humanitaria que la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones humanitarias desempeñan, tanto a la hora de difundir los principios humanitarios recogidos en las Convenciones de Ginebra como a la hora de prestar ayuda a las víctimas de la guerra en todo el mundo. 
En mi opinión, hoy hay dos problemas vinculados a las Convenciones de Ginebra. 
En primer lugar, media un abismo entre los principios y el cumplimiento que de éstos se hace y en segundo lugar, hay condiciones fundamentales que no están cubiertas por las Convenciones. 
Permítanme ilustrar este abismo cada vez mayor entre los principios incluidos en las Convenciones y el cumplimiento que de ellos se hace actualmente mencionando que a lo largo de la última década han muerto asesinados en conflictos diez veces más civiles que militares. 
Es poco más o menos la situación opuesta a la registrada durante la Primera Guerra Mundial. 
Este abismo cada vez más mayor entre los principios y su cumplimiento obedece en mi opinión a que el carácter de las guerras ha variado en los últimos cincuenta años. 
Cada vez más guerras se llevan a cabo en condiciones de anarquía en las que no existen estructuras estables y en las que las zonas en conflicto no están controladas por ningún gobierno. 
El mundo también ha sido testigo de cómo aumentaba el número de guerras donde las armas han sido dirigidas conscientemente contra la población civil y donde el objetivo de la guerra ha sido la aniquilación de determinados grupos sociales. 
En estas situaciones, la ayuda humanitaria a las víctimas naturalmente no es bien recibida, lo cual deja al mundo ante un terrible dilema. 
El segundo problema es que las Convenciones de Ginebra no tratan suficientemente la cuestión de la actuación de los agentes humanitarios. 
Aunque las Convenciones de Ginebra contienen disposiciones relativas al derecho a prestar ayuda humanitaria en situaciones de guerra, también queda establecido que este derecho exige el consentimiento del gobierno del país afectado. 
Éste es sobre todo el caso cuando se trata de conflictos internos. 
El principio de acceso humanitario o el derecho de la sociedad internacional a prestar ayuda y proteger a los necesitados si un estado es incapaz de- o es reacio a- hacerlo él mismo, no se aplica por tanto universalmente. 
Esto supone una grave violación del principio humanitario y en algunos casos es una falta funesta que es culpable de muchas víctimas de la guerra. 
Precisamente la cuestión de facilitar un acceso normal a las organizaciones humanitarias fue el punto fundamental de mi visita a la zona de Chechenia a comienzos de febrero. 
En mi opinión, hoy una cuestión importante es dilucidar en qué medida las circunstancias exigen una revisión de las Convenciones de Ginebra y de qué forma. 
Creo que tenemos dos posibilidades de elección que no son mutuamente excluyentes. 
La primera es modificar las Convenciones, de modo que puedan resolver mejor las complejas crisis que se producen en la época actual, por ejemplo, estableciendo el derecho a prestar ayudar humanitaria a los necesitados. 
La segunda posibilidad es garantizar el cumplimiento de hecho de los principios humanitarios establecidos en las Convenciones de Ginebra, por ejemplo, mejorando los mecanismos destinados a garantizar su cumplimiento. 
La primera posibilidad, replantearse el contenido de las Convenciones para rellenar todos sus huecos, es una posibilidad complicada y arriesgada. 
Complicada, porque la guerra cambia su cariz constantemente, y arriesgada porque no puede excluirse que la apertura de las Convenciones a nuevas negociaciones pueda conducir a que no se alcance ningún nuevo consenso. 
Sin embargo, permítanme decirlo claramente, respaldo con todo mi corazón que quede establecido el principio de acceso humanitario en todas las situaciones y que se refuerce el derecho de los necesitados a recibir ayuda humanitaria. 
En lo que respecta a la segunda posibilidad, garantizar un mejor cumplimiento de los principios existentes, creo que el enjuiciamiento de los infractores es una de las posibilidades más prometedoras que deben seguirse. 
El compromiso de los estados a la hora de procesar a los criminales de guerra quedó establecido en las Convenciones de Ginebra, sin embargo, es evidente que no resulta suficiente. 
De ahí que me adhiera de todo corazón a la exigencia para que se ratifique rápidamente el estatuto del TPI, el Tribunal Penal Internacional. 
Algo que también se ha mencionado durante el debate de hoy. 
Quiero en nombre de la Comisión insistir en la necesidad de que trabajemos juntos en la solución de esta tarea y logremos convertirla en una realidad judicial. 
Muchas gracias, señor Nielson. 
He recibido 4 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Derechos humanos, racismo, xenofobia y antisemitismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe anual (A5-0060/2000) de la Sra. Malmström, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los derechos humanos en el mundo y sobre la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos (11350/1999- C5-0265/1999- 1999/2002 (INI) ); 
el informe anual (A5-0050/2000) del Sr. Haarder, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1998-1999) (11350/1999- C5-0265/1999- 1999/2001 (INI) ); 
el informe (A5-0049/2000) de la Sra. Ludford, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre lucha contra el racismo y la xenofobia en la Unión Europea (COM (1999) 268 C5-0310/1999 + C5-0015/2000- 1999/2205 (COS) ); 
el informe (A5-0055/2000) del Sr. Belder, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión: "Lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los países candidatos" (COM (1999) 256 C5-0094/1999- 1999/2099 (COS) ). 
. 
(SV) Señor Presidente, han pasado cincuenta años desde la Declaración de los Derechos Humanos. 
Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, muchos sintieron el anhelo de un mundo mejor y de un futuro más humano. 
Desgraciadamente, esos deseos, en muchos aspectos, se han visto frustrados. 
Una gran parte de los habitantes del planeta vive todavía oprimida, privados de muchos de sus derechos fundamentales. 
Leemos diariamente informes acerca de graves atropellos por motivos de sexo, religión, origen, ideas políticas, preferencias sexuales, etcétera. 
La Comunidad Europea se formó para impedir la repetición de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 
La CE no sólo ha llegado a ser una asociación económica sino que también una comunidad de valores, que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos. 
El trabajo internacional y la política exterior descansan sobre este fundamento. 
El Parlamento Europeo siempre ha considerado la defensa de esos derechos como una de sus tareas más importantes. 
Con los años, este trabajo ha llegado a ser aún más relevante. 
Nadie puede negar, por ejemplo, el interés existente en esta Asamblea. 
La UE tiene, en muchos aspectos, una buena política en materia de derechos humanos, pero, desgraciadamente, es demasiado "desordenada" e incongruente. 
Por eso, la UE necesita urgentemente una política coordinada, estratégica y consecuente en esta materia. 
Un buen primer paso fue el informe del Consejo de octubre del año pasado. 
El Parlamento estaba esperando este informe desde hacía muchos años, y confiamos en que se repita en el futuro. 
Es importante, pero contiene muchas deficiencias y hay que completarlo. 
Creo que una de esas deficiencias está unida a impedimentos estructurales y a la falta de una estrategia común en el ámbito comunitario en materia de derechos humanos. 
Se necesita más coordinación, no sólo entre las instituciones comunitarias sino que también entre la UE y los países miembros. 
Los derechos humanos deben integrarse de manera natural en las actividades de la UE: en las ayudas al desarrollo, en el comercio y en la cooperación económica, cultural y política. 
Se necesita una política consecuente, que tenga credibilidad y que sea previsible. 
La UE tiene que tener una sola voz y emitir señales inequívocas a los países que atropellan los derechos humanos. 
No deben existir dudas acerca de la postura de la UE. 
Algunos derechos fundamentales son universales. 
Su violación, por tanto, jamás podrá excusarse con referencias a la religión, la cultura o las tradiciones. 
Las violaciones graves, aquellas especificadas en las convenciones internacionales, no pueden, ni deben, considerarse como asuntos internos de un país. 
Por eso quiero instar al Consejo para que estudie una estrategia encaminada a mejorar el trabajo, a hacerlo más riguroso y, espero, más exitoso. 
Algunas propuestas que podrían incluirse en esta estrategia son, por ejemplo, que el Consejo desarrolle indicadores propios sobre el estado de los derechos humanos, para ser usados en relación con los acuerdos comerciales. 
Esas cláusulas pueden usarse constructivamente, pero habrá que precisar su aplicación, su puesta en práctica y las sanciones. 
Además, podemos crear un grupo de consejeros con representantes de las instituciones comunitarias. 
Éstos podrían reunirse periódicamente para discutir la defensa de los derechos humanos a corto y largo plazo. 
También deberían participar expertos de las delegaciones de la UE en terceros países. 
Tenemos que trabajar más sistemáticamente en la recogida de datos, de información, de material de referencia y en las evaluaciones. 
Además, necesitamos una página web en la que se presente el trabajo relacionado con los derechos humanos, por ejemplo, quién hace qué y los resultados obtenidos. 
Esta página, además, puede tener conexiones con diferentes organizaciones. 
También quisiera decir algunas palabras sobre los derechos de la mujer, asunto que he elegido como tema especial en este informe. 
La Comisión denominó al año 1999 como el Año de la Lucha contra la Violencia sobre las Mujeres. 
La iniciativa fue loable, pero la campaña fue más bien discreta. 
Se necesita un esfuerzo a largo plazo, no campañas temporales. 
En todo el mundo se violan sistemáticamente los derechos de la mujer. 
Nos llegan informes de violencia en el hogar, de violaciones, de violencia ritual y de atropellos en las cárceles. 
Durante la década pasada se practicó sistemáticamente la violación como acto de guerra en muchos conflictos armados. 
Esto podría ser conocido por el Tribunal Penal Internacional. 
Actualmente, la violación es el delito más común de violencia contra las personas en el mundo. 
Desde la ONU nos llegan informes de que cada año mueren más mujeres como consecuencia de la violencia hogareña que la totalidad de las muertes ocasionadas por accidentes de circulación, malaria, guerras y cáncer. 
El comercio con mujeres y niños crece de forma alarmante. 
En algunos países, los gobiernos ponen en práctica verdaderas políticas de segregación contra las mujeres. 
Cada día, miles de muchachas sufren la ablación de sus genitales 
La violencia ejercida contra las mujeres es un problema global que debe tener un lugar preferente en la agenda internacional y un papel protagonista en la política comunitaria, especialmente en las relaciones con los países en que se cometen atropellos. 
Esta materia debe estar presente en las relaciones diplomáticas y en las negociaciones con los países candidatos. 
Los países de la UE deben ratificar tan pronto como sea posible el protocolo del Tribunal Penal Internacional, para que pueda empezar a trabajar. 
La UE puede desempeñar un importante papel a la hora de instar a los países para que ratifiquen diferentes convenciones internacionales que protegen los derechos humanos. 
Permítanme terminar diciendo que de los informes que se discutirán a continuación se deduce que también en el seno de la UE se atenta contra los derechos humanos. 
Es obvio que tenemos que hacer algo para impedirlo. 
Si queremos tener credibilidad en el terreno interno, también nuestra política externa tendrá que ser adecuada. 
Señor Presidente, los derechos humanos no son algo que nos hayamos sacado de la manga ni que hayamos buscado en los programas políticos. 
Son universales, es decir, son comunes independientemente del país o del partido. 
No tratan de opiniones, sino de acciones, protegen frente a las agresiones y a la discriminación. 
Deben ser claros y comprensibles, no estar compuestos de meras palabras que se lleva el viento. 
Debemos pisar sobre una base firme cuando hablamos de derechos humanos, de ahí la obligación de basarnos especialmente en las Convenciones a las que los países se han adherido y en la práctica jurídica que el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha desarrollado de forma tan exquisita desde la Segunda Guerra Mundial. 
La UE no debe rehacerlo o volver a inventarlo. 
En su lugar, la UE debe tener estatuto de persona jurídica y adherirse a las Convenciones sobre Derechos Humanos y con ello garantizar el cumplimiento de los derehos humanos, también allí donde la UE decide. 
La práctica jurídica a la que se ha hecho mención no es estática. 
Afortunadamente, evoluciona todo el tiempo, véase por ejemplo la última sentencia sobre equiparación de los homosexuales que ha hecho modificar a Gran Bretaña su legislación y es de esperar que pronto pase lo mismo en Austria. 
Espero que pronto también haya una sentencia que garantice no sólo el derecho de los ciudadanos a formar sindicatos sino también su derecho a estar exentos de pertenecer a ellos. 
También las Convenciones reciben constantemente nuevos añadidos. 
Hemos obtenido Convenciones sobre bioética, protección de los datos personales y la vida privada, sin embargo, hoy quiero llamar la atención sobre dos nuevas convenciones de 1995 y 1998 relativas a las Minorías Nacionales. 
Creo que Bosnia y Kosovo nos han enseñado a todos nosotros que las minorías nacionales constituyen el mayor polvorín para la Europa del futuro. 
Hemos de exigir a los nuevos países miembros y a Turquía que si quieren formar parte de la Comunidad garanticen que las minorías nacionales puedan vivir en paz y con la lengua que han hablado siempre en su territorio. 
Los nuevos países no sólo deben cumplir esta exigencia ahora, también deben garantizar que lo harán en el futuro y en consecuencia deben firmar y ratificarlas como también les gustaría hacer si no lo han hecho ya. 
Y así también han de hacerlo nuestros países miembros. 
Roguemos por ello encarecidamente a los países que no han ratificado estas Convenciones sobre las Minorías Nacionales para que lo hagan ahora. 
Tras cinco años, dos países todavía no han firmado la Convención sobre Protección de las Minorías Nacionales, se trata de Bélgica y Francia que luego por otro lado muestran tanto interés en la situación existente en otros países. 
Creo que deberían poner en orden las cosas en sus propios países y firmar estas Convenciones. 
Lo que les exigimos a otros también hemos de exigírnoslo a nosotros mismos. 
Hemos de decirles a los quince gobiernos: vuelvan a casa y firmen y ratifiquen las Convenciones. 
Recuerden también el pacto sobre lenguas minoritarias y lenguas regionales y recuerden el Convenio sobre el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra que sólo Italia ha ratificado. 
Hemos de ratificarlo todos, pues la única forma de luchar contra el círculo perverso de odio y de la justicia tomada por cada uno es llevando a los criminales de guerra ante el Tribunal y juzgándolos. 
También quiero mencionar la Convención contra la Tortura que Irlanda no ha ratificado y que ni Bélgica, Irlanda o Gran Bretaña han reconocido todavía que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas puede tramitar reclamaciones de individuos. 
Podría hablar largo y tendido sobre la situación de los solicitantes de asilo en nuestros países miembros. 
Si sólo la mitad de lo que aparece en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch es cierta, la situación es insostenible en lo que respecta al trato de los solicitantes de asilo. 
Podría mencionar también la cuestión de los derechos de los niños que es también un grave problema en algunos de los países solicitantes. 
Podría mencionar la discriminación continua que sufren los disminuidos y me gustaría insistir al hilo de la intervención de la Sra. Cecilia Malmström en que cuando se trata de la equiparación de las mujeres, seguimos teniendo carencias, también en los países miembros de la Unión. 
Por último, quiero decir que quizá vayamos a tener ciertos nuevos instrumentos con los que vigilar la situación de los derechos humanos y que cuando se trata de las minorías nacionales, quizá fuera buena idea que vigiláramos en contacto con el centro de vigilancia del racismo de Viena el trato que reciben las minorías nacionales, también me gustaría mencionar mi propuesta de una instancia de vigilancia encargada de la protección de los datos personales y la vida privada. 
La tecnología evoluciona y por tanto así también han de hacerlo nuestros instrumentos en materia de derechos humanos. 
Señor Presidente, este informe se basa en una excelente labor previa llevada a cabo en el Parlamento Europeo y otras instituciones de la UE. 
Su punto de partida es el Año Europeo contra el Racismo 1997, pero el marco ha variado en gran medida. 
Acojo con el mayor beneplácito la colocación de la lucha contra la discriminación racial firmemente en un marco de derechos humanos al incluirla en este debate conjunto, porque ése es en gran medida el planteamiento adoptado en este informe. 
El primer asunto destacado es el de que en el último año hemos establecido dos hechos en la legislación y en la práctica. 
El primero es la competencia jurídica de la Unión Europea para luchar contra el racismo. 
El segundo es el de que la discriminación racial es una violación de un derecho fundamental y de la legislación de la Unión Europea. 
Así se refleja en la confirmación mediante el proceso de adhesión, muy en particular en la comunicación de la Comisión sobre la cual versa el informe del Sr. Belder- y lo felicito al respecto- y según la cual el respeto de la igualdad racial y de los derechos de las minorías está en consonancia con los criterios de Copenhague. 
Permítaseme decir simplemente, como acotación al margen, que las enmiendas del Grupo ELDR al informe del Sr. Belder no están reñidas con su informe, sino que lo amplifican y fueron presentadas porque, lamentablemente, no se votó sobre la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores 
El segundo asunto subrayado en mi informe es el de acoger con satisfacción la diversidad como fuente de vitalidad social, prosperidad económica e influencia internacional. 
La identidad europea no es la de una cultura blanca homogénea y se puede y se debe ampliar para abarcar la experiencia y la cultura de las comunidades minoritarias. 
En tercer lugar, en mi informe se observa que el prejuicio y la discriminación raciales envenenan toda nuestra sociedad, incluidos los blancos. 
Las encuestas muestran que el racismo ha aumentado y hay un incremento de la violencia racista y del apoyo a los partidos extremistas. 
Por otra parte, también hay avances, por desiguales que sean, y algunas regiones y ciudades de Europa están empezando a habituarse a una forma de vida multirracial y multicultural. 
Puedo citar Londres, a la que represento, como la capital multirracial de Europa. 
Desde luego, creo que debemos hablar mucho del racismo y la diversidad y la identidad, no marginar las cuestiones ni hablar en clave. 
Puede que haya quienes consideren rotundo el lenguaje de mi informe y, desde luego, mi intención ha sido la de que fuera claro y sin ambigüedades. 
En este informe se subraya un planteamiento basado en los derechos y en particular se acoge con beneplácito la perspectiva de la legislación antidiscriminación de la UE basada en el artículo 13 y otras medidas legales, tales como una mejora de los derechos de los ciudadanos. 
Pero eso no puede ser el punto y final, por lo que se han propuesto medidas en las esferas de la educación, los medios de comunicación y la política, la justicia y el orden público, la política de inmigración y de asilo, encaminadas a contribuir a la aplicación de la legislación. 
Permítaseme abordar tres aspectos que, según tengo entendido, plantearon problemas a algunos miembros del Grupo PPE-DE. 
El primero es la mención de Austria y la entrada del partido de Haider en el Gobierno y el recuerdo de la declaración formulada por el Parlamento en febrero. 
He de decir que sería perverso examinar la reacción más firme de la Unión Europea ante el racismo sin mencionar ciertos acontecimientos recientes que han constituido un hito a la hora de dejar sentado que la Unión Europea es una comunidad de valores basada en el respeto de los derechos humanos. 
El segundo aspecto sobre el que hubo, al parecer, vacilaciones en el Grupo PPE-DE se refiere a la ampliación de los derechos de los ciudadanos de terceros países con residencia legal, cuyo número asciende a unos 20 millones en la Unión. 
Tal como yo lo veo, nada hay en este informe que el PPE no haya podido aceptar en el pasado. 
El tercer aspecto que, según tengo entendido, plantea alguna dificultad al Grupo PPE-DE es la idea de que este informe viola la subsidiariedad al mencionar asuntos como la educación y el orden público. 
Pero, como he dicho al comienzo, la combinación de los artículos 6 y 7, del artículo 13 y del artículo 29 de los Tratados han dejado sentado que la lucha contra la discriminación racial es un objetivo y una competencia de la Unión Europea, incluida la esfera del orden público. 
Puedo aceptar algunas enmiendas del Grupo PPE-DE, si bien tal vez sea una lástima que no hicieran más aportaciones en la fase de examen en comisión. 
Permítaseme pedir a los diputados de ese Grupo que aborden en explicaciones de voto los aspectos con los que no concuerdan. 
Creo que este informe logrará un apoyo mayoritario aquí, en el Pleno. 
Lo aprobó una gran mayoría en comisión y algunos de los partidarios de los conservadores y los demócratas cristianos podrían no apreciar que no formaran parte de esa mayoría. 
Permítaseme decir, por último, que puedo aceptar algunas enmiendas del Grupo de los Verdes y del Grupo GUE, en particular una que acojo con beneplácito, en el sentido de substituir el término "holocausto" por "Shoah". 
Existe cierta confusión en el Grupo GUE sobre el objeto de la vigilancia étnica, que consiste simplemente en la confección de estadísticas sobre los avances logrados por las minorías étnicas para que sirvan de base con vistas a la política futura. 
No es el de identificar a quienes practican la discriminación, por lo que espero que entiendan que voy a rechazar sus enmiendas al respecto. 
Espero encarecidamente que el informe consiga una gran mayoría, cuando se vote más adelante. 
. (NL) Señor Presidente, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo son totalmente incompatibles con los fundamentos políticos de la Unión Europea. 
Permítame que añada algo a continuación. Estos lamentables y tristes fenómenos humanos están, además, completamente en contra de la Biblia. 
La palabra de Dios menciona repetidamente y con énfasis la necesidad dar albergue y ser misericorde con el extranjero y profesar, de verdad, amor al prójimo como consecuencia del amor profesado a Dios, nuestro Creador. 
Entre tanto, la realidad de todos los días es decepcionante. 
El racismo, la xenofobia y el antisemitismo son reales en Europa Oriental y Occidental. 
Esta situación no puede dar lugar a difamaciones o reproches mutuos que paralicen la situación. 
Al contrario, un peligro social común necesita de un esfuerzo político común. 
De ahí la oportunidad de la comunicación de la Comisión de mayo del año pasado y el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores que está ante nosotros. 
El informe y el dictamen evidencian que el Parlamento Europeo concede una gran importancia a la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los estados candidatos. 
Esta atención concreta exige, a su vez, un autoanálisis. 
El informe de la Sra. Ludford da fe de ello. 
Las normas morales de la Unión Europea respecto de los candidatos se aplican, al fin y al cabo, a los propios Estados miembros. 
Estos últimos no se ven libres, de ninguna manera, de manifestaciones racistas, xenófobas y antisemitas. 
Aún más grave, los movimientos de ultraderecha de Europa Occidental buscan contactar con sus correligionarios en Europa Central y Oriental y avivar allí esta llama siniestra. 
Llama que ya fue prendida por los servicios secretos de los antiguos regímenes comunistas. 
De ahí que salten a la vista los graves problemas de los romaníes en Europa Central y Oriental y ello desde una doble perspectiva. 
Cuantitativamente, ya que se trata de bastantes millones de personas, y cualitativamente, puesto que está en juego la desolada existencia de este grupo de población tan diferenciado. 
Con esto, tan sólo hemos tocado fugazmente, por otra parte, la complejidad de la cuestión de los romaníes. 
Por ejemplo, ¿cómo combinar la ruptura del aislamiento social y la prácticamente discriminación general a que se ven sometidos los romaníes con la preservación de su identidad? 
¿Cómo lograr que los propios romaníes se movilicen para participar en la sociedad y fomentar el necesario cambio de mentalidad? 
Para nuestra satisfacción, escuchamos tales preguntas de forma oficial y oficiosa en los estados candidatos. 
El resultado se traduce en iniciativas y proyectos internos bien razonados y esperanzadores. 
Sí exigen éstos un extraordinario desembolso de dinero. 
En resumidas cuentas, un llamamiento directo a la solidaridad de los miembros de la UE hacia sus futuros compañeros. 
O, ¿acaso surte efecto la crítica aguda del científico occidental hacia la Unión Europea en cuanto al rechazo de los romaníes solicitantes de asilo? 
Cito: "por una parte, se pone en la picota a los países de Europa Central y Oriental por su política de discriminación estructural y, por otra, la mayoría de los países de la UE expulsan colectivamente a los romaníes en tanto solicitantes de asilo económico". 
En la triada racismo, xenofobia y antisemitismo en los estados aspirantes, no puede faltar desgraciadamente este último. 
Tras el holocausto, tras los deliberados asesinatos en masa de millones de judíos europeos, no desapareció ni ha desaparecido el antisemitismo de Europa Central y Oriental. 
La extrema izquierda y la extrema derecha no abandonan esta política detestable y dañina como medio de lucha. 
En efecto, el antisemitismo parece no depender, en forma alguna, de la presencia numérica de judíos. 
Así, los demagogos muestran predilección por el presunto origen judío de sus odiados rivales políticos. 
Así se reimprimen una y otra vez en toda la región los protocolos notoriamente antisemitas de los Sabios de Sión, esta falsificación del servicio secreto del zar de 1897 sobre la conquista de la supremacía mundial por el poder judío en toda la región. 
Más increíble aún, resultan las ideas intrigantes del conspirador ultranacionalista, conforme a las cuales los llamados enemigos tradicionales, léase, las minorías nacionales de varios estados candidatos, se relacionan sistemáticamente con los judíos. 
Dentro de esta óptica, resulta que los judíos y los húngaros son para Rumania los traidores de su patria. 
Lo mismo sucede con los judíos y los alemanes, respectivamente judíos y checos para Eslovaquia, de la misma forma que judíos y alemanes en Polonia, y judíos y turcos en el caso de Bulgaria. 
El párrafo 32 del proyecto de resolución debe analizarse desde esta tétrica perspectiva. 
El Parlamento Europeo insta a una vigilancia política y social constante a ese respecto y a una persecución constitucional más estricta de las incesantes manifestaciones de antisemitismo en los distintos estados candidatos, también teniendo en cuenta la relativa amplia diseminación de sentimientos e ideas antisemitas que continúan latentes. 
El informe que está ante ustedes se presenta de esta forma gracias a la discusión profundamente fructífera acontecida en la Comisión de Asuntos Exteriores, sin olvidar los dictámenes de los ponentes de otras comisiones. 
Solamente estamos en condiciones de apoyar algunas partes de las enmiendas nuevamente presentadas, a fin de, sobre todo, evitar repeticiones. 
Con todo y con eso, el informe que está ante nosotros pide, en mi opinión un seguimiento regular, el adelanto de su reevaluación. 
El cumplimiento de este deseo satisfará a su ponente. 
Señor Presidente, quisiera acoger con satisfacción la pasión con la que el Sr. Belder ha presentado su informe sobre los romaníes y sobre la situación en la Europa oriental. 
Los versiones más extremosas del racismo en los extremos de Europa son las que nos inquietan. 
Cuando se estaba produciendo el debate sobre Austria- que tiene muchos elementos, muchas complejidades -, nos dimos cuenta de que en los extremos de Austria había importantes países candidatos, que, si bien estaban logrando avances en cuanto a aspectos económicos y sociales, representaban un problema real respecto del trato a las minorías. 
En Eslovaquia, la República Checa y Hungría, había problemas importantes con el trato que reciben los romaníes. 
Lo que debemos comprender es que, al ampliar Europa, tenemos la importante obligación de velar por que cualquier país que desee adherirse a la Unión Europea reforme también su trato a las minorías y su forma de abordar toda la cuestión de la discriminación racial. 
Voy a formular otras dos o tres observaciones muy simples. 
Lo que revela la situación de los romaníes, lo que revela el informe del Sr. Belder, es que en toda la Unión Europea existe claramente una versión extrema de la discriminación; de lo contrario, no estaríamos debatiendo sobre esta cuestión. 
Hay muchas preguntas que debemos formular y debatir: ¿hasta qué punto impulsaremos la cuestión del artículo 13? 
¿Queremos de verdad protección contra la discriminación racial en toda la Unión Europea? 
La respuesta es afirmativa. 
Debemos contar con ella rápidamente y con una legislación exhaustiva. 
Si paseamos la mirada por las instituciones europeas y por el Parlamento, veremos que hay muy pocos rostros procedentes de minorías étnicas. 
Esa situación está mejorando, pero, en última instancia, tenemos instituciones que carecen de representación. 
Lo que ahora debemos abordar es la representación y otras cuestiones similares. 
La del racismo es una cuestión compleja. 
Hemos empezado a examinarla adecuadamente, pero nos falta mucho camino por recorrer. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Malmström por su muy equilibrado y centrado informe. 
Del debate que se ha mantenido en la comisión, se deduce que existe un amplio consenso en el Parlamento en cuanto a los principios en materia de derechos humanos, y ante este hecho, no puedo por menos que alegrarme. 
Así mismo, respaldo la elección de la ponente de entrar ampliamente en la cuestión de los derechos de las mujeres. 
Este tema es más actual que nunca ante el avance de la sharia en distintas partes del mundo. 
La situación sigue siendo sumamente preocupante en Afganistán, donde, desde la llegada del Gobierno talibán, las mujeres no pueden salir de casa para ir a trabajar, son golpeadas públicamente por llevar indumentaria vergonzosa y casi no tienen acceso a los cuidados médicos. 
Según los informes que me han llegado en los últimos días, el número de mujeres intelectuales que se han suicidado se ha incrementado en las últimas semanas de forma dramática. 
El ejemplo de Afganistán muestra que la discriminación de las mujeres no constituye un hecho cultural sino político. 
Afganistán no es, por lo demás, el único país en el que los derechos de la mujer se violan de forma masiva. 
Millones de mujeres en el mundo son sometidas a la ablación u obligadas a casarse. 
En muchos países de África, las mujeres no pueden tener propiedades o abrir una cuenta bancaria sin la autorización del marido. 
Otras prácticas, tales como la poligamia o la herencia de viudas son insostenibles en esta época de SIDA. 
No es sorprendente que en África más mujeres que hombres se vean afectadas por este virus. 
Debemos condenar todas las prácticas que conducen a la mutilación o la muerte de las mujeres. 
Dentro de la Unión Europea, la ablación debe estar penada. 
No se trata de una tradición o una cultura, es un asunto de derechos humanos elementales. 
No obstante, las atrocidades que se cometen en el resto de mundo no nos deben impedir ver las atrocidades que tienen lugar en nuestros propios países. 
La violencia doméstica continúa siendo un gran problema en la Unión Europea. Debemos atrevernos a luchar duramente contra ella. 
También penalmente. Igualmente grave es el comercio de mujeres y adolescentes para la explotación sexual: 500.000 por año, enviadas tan sólo a Europa Occidental. 
Un negocio que el PNUD evalúa en siete mil millones de dólares. Es necesario un planteamiento serio y coordinado entre todos los Estados miembros para luchar contra esta vergonzosa forma de comercio humano. 
Señor Presidente, este informe constituye una seria señal dirigida al Consejo y a la Comisión. 
Invito insistentemente a ambas instancias a que hagan algo tangible, concreto y constructivo al respecto. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quisiera expresar mi aprecio por la propuesta de resolución de la Sra. Malmström. 
Los derechos humanos son una materia que se presta a fáciles y genéricas afirmaciones de principio y que, con frecuencia, corre el riesgo de tratarse como una cómoda y útil limosna. Por el contrario, en esta resolución se plantea la mutabilidad de los derechos humanos, la necesidad de adaptar continuamente nuestros instrumentos de garantía y nuestras capacidades de indignación ante los riesgos, las emergencias y las necesidades actuales. 
Otro mérito de esta resolución es el de considerar, reconsiderar y reafirmar los derechos humanos como un elemento esencial de la identidad de la Unión Europea, una Unión Europea que debe ser una comunidad de valores y en la cual los derechos humanos han de ser el objetivo prioritario de todos nuestros esfuerzos y razonamientos. 
La Unión Europea o será un lugar de derechos o no será nada: o tendremos la capacidad de reclamar el respeto de los derechos humanos a todos los terceros países con los cuales la Unión Europea mantiene relaciones económicas y políticas o la Europa de los Quince estará condenada a quedarse única y exclusivamente en un convenio económico. 
Señor Presidente, quiero subrayar rápidamente dos puntos que parten de la conciencia de que con frecuencia Occidente no es sólo actor, sino también protagonista de las violaciones de los derechos humanos. 
Por esto, consideramos útil que en esta resolución se haya incluido la solicitud a los Estados de la Unión Europea de promover la condonación de la deuda de los países del Tercer Mundo. 
Estimamos que el derecho al desarrollo es una prioridad global y una condición ineludible para que las políticas en materia de derechos humanos en esos países sean políticas realmente practicables. 
Por una cuestión de pura sensibilidad es necesario asimismo considerar los nuevos derechos violados que los procesos de globalización nos plantean. 
Pienso en los derechos económicos y sociales, al objeto de evitar un futuro de pocos privilegiados que estarán en paz con sus conciencias, gracias a las llamadas nobles y genéricas luchas contra, por ejemplo, la pena de muerte, y de demasiados excluidos, condenados a muerte por los procesos de exclusión y de marginación económica. 
Creo asimismo que hay que prestar especial atención- éste es el objeto de una enmienda que presentaremos mañana en el Pleno- al derecho a la confidencialidad. 
Somos hombres, mujeres, ciudadanos y no sólo números. 
Queremos proteger nuestro derecho a resguardar pensamientos, sentimientos, emociones de la injerencia de los Grandes Hermanos que nos hace pensar en el reciente caso Echelon que este Parlamento abordará dentro de poco. 
Por último, quiero aprovechar esta ocasión para recordar a sus Señorías que se han recogido más de cien firmas de diputados europeos para apoyar la candidatura de las Madres de la Plaza de Mayo al premio Nobel de la Paz. 
Es importante no solo desde el punto de vista simbólico, sino también porque reafirma el derecho a la memoria como derecho absolutamente inalienable: nuestro derecho y a la vez nuestro deber a no olvidar. 
Pedimos a este Parlamento que, por el civismo político que expresa y por los valores de que es portador, ayude a la Humanidad a conservar, en cualquier ocasión, la memoria de toda violencia impune, de todo derecho violado, de la Plaza de Mayo a la Plaza de Tiananmen. 
Señor Presidente, distinguido Comisario, quiero felicitar de la manera más calurosa a los ponentes Malmström y Haarder por estos excelentes, innovadores y sistemáticos informes. 
Ellos sugieren a la Comisión y al Consejo, y también al Parlamento, muchas ideas sobre actividades para mejorar y garantizar los derechos humanos. 
Tomemos, por ejemplo, la propuesta de Malmström sobre la existencia de un representante especial para proteger a los activistas de derechos humanos. 
La permanente vigilancia de los derechos humanos en los países candidatos constituye también una obligación del Parlamento. 
En realidad, poseemos amplios conocimientos, pero hay que coordinarlos, de modo que éstos sirvan para influir en la ampliación y se favorezca el respeto a los derechos humanos. 
También me satisface especialmente que Haarder se haya ocupado de los derechos de las minorías. 
Éste sería un momento histórico si se aprobase el informe Haarder, que revela el poco respeto existente y los atentados que se cometen contra los derechos de las minorías en el seno de la UE. 
Es hora de poner fin a las señales ambiguas en esta materia, cuya consecuencia ha sido que exigimos más a los países candidatos que a nosotros mismos. 
No dudo en decir que la aprobación del informe Haarder será un hecho histórico, no hubiera sido posible hacerlo antes. 
Para terminar, quiero destacar una cosa que siento muy profundamente, esto es, el respaldo del informe de Cecilia Malmström al trabajo de la Comisión en favor de los derechos de los niños. 
La Comisión necesita este apoyo. 
También tenemos que darle respaldo para destinar recursos presupuestarios al trabajo relacionado con los derechos de los menores. 
En este campo, creo que hay que cuidar que los niños no se conviertan en un producto comercial. 
Tampoco se respetan las normas de la Convención de La Haya. 
En los países candidatos hay enormes y graves problemas en esta materia,. 
Señor Presidente, tenemos entre nuestras manos un informe sobre los derechos humanos de una calidad excepcional, y estoy hablando concretamente del informe de la Sra. Malmström, que es alentador también porque en su elaboración se ha colaborado estrechamente con organizaciones no-gubernamentales. 
Sin la participación de la sociedad de los ciudadanos, nos encontraríamos en un atolladero. 
No podremos respirar, si no recibimos estímulos desde el exterior, desde las raíces. 
Este informe contiene numerosas, excelentes y bien pensadas propuestas. 
Aquí voy a concentrarme sólo en tres de ellas, en cuya elaboración mi propio Grupo ha sido activo. 
La necesidad de intervenir en los ataques a periodistas independientes, la necesidad de defender a insumisos y a desertores, así como la necesidad de desarrollar sanciones inteligentes, smart sanctions, que no suman en la miseria a amplios grupos de población, sino que estén destinadas a los políticos tiranos que han acumulado riquezas. 
Ésta es el arma de precisión que debemos usar cada vez más. 
En un plano más general, como ya expresó la propia Sra. Malmström, afirmo que debemos impulsar fórmulas estratégicas para afrontar todos estos problemas de los que estamos hablando hoy. 
Debe tratarse de una estrategia dinámica que se infiltre en todos los planos la realidad cotidiana. 
No podemos dejar a expensas de unos compromisos retóricos todas esas penurias que deben ser resarcidas. 
Un escritor finlandés, Samuli Paronen, escribió: "los grandes crímenes necesitan muchos autores, millones de ellos: ¡todos aquéllos que se cruzan de brazos !". 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que los informes que acabamos de escuchar esta mañana son elocuentes. 
El racismo y el antisemitismo se han desarrollado en la Unión Europea, y fuera de ella. 
Lo primero que debemos hacer es no resignarnos y denunciar públicamente la situación. 
Por su lucidez, el informe de la Sra. Ludford participa activamente en este combate. 
Denunciar el racismo, incluyendo los discursos racistas, no es un acto de censura con respecto a la libertad de opinión, tal y como quieren hacernos creer algunos, porque el racismo no es una opinión, sino un delito, dado que atenta contra la dignidad del hombre. 
El racismo es un comportamiento asocial que llega incluso a afectar a la integridad física de los individuos. 
Esto lo hemos visto recientemente en El Ejido, en España, o hace varios años, en los atentados contra las viviendas de trabajadores turcos en Rostock, o con la muerte del joven Ibrahim Ali, asesinado en 1995 en Marsella por miembros del Frente nacional que pegaban carteles. 
En cada uno de estos casos, se ha armado ideológicamente a la gente para que pasara a la acción. 
Y además, existe otro racismo, hecho de vejaciones y de humillaciones cotidianas. 
Se observa en las discriminaciones para el acceso a la vivienda, al ocio, al empleo. 
Todos ustedes conocen el ejemplo- dado a conocer recientemente por la prensa francesa- del joven de Estrasburgo que envió dos curriculum vitæ rigurosamente idénticos a la misma empresa. 
En uno de ellos figuraba un nombre con connotaciones extranjeras, y en el otro, un nombre típicamente francés. 
Les dejo adivinar cuál de los dos "candidatos" fue citado para una entrevista... 
Tampoco podemos contentarnos hoy con defender a los que han sido catalogados con la etiqueta de "minoría"; debemos salir de este otro ghetto. 
No hay ninguna minoría que proteger, sino una ciudadanía europea que construir, que tiene valores comunes, una mayoría para un destino común, una mayoría para construir una sociedad dónde todos podamos realizarnos, una mayoría para rechazar toda veleidad que nos lleve a sucumbir ante la barbarie. 
A lo largo de su historia, Europa ha sido capaz tanto de lo mejor, como de lo peor. 
Lo mejor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra, y lo peor, el colonialismo, la shoah, el estalinismo, el nazismo. 
Debemos enseñar todo esto a nuestros niños. 
Debemos definitivamente optar por lo que refuerza a Europa y rechazar lo que la debilita, enviando al mismo tiempo un mensaje claro sobre el tipo de sociedad que queremos construir. 
Lo digo sin ambages: los que piensan que puede ser conveniente aliarse con los extremistas para ganar unas elecciones, serán barridos y arrojados para siempre a la papelera de la Historia, porque aliarse con un Haider o con un Le Pen, es como comer con el diablo: hay que tener una cuchara larga, y para comer con ésos, la cuchara nunca será suficientemente larga. 
Y quiero recordarles, a los que proclaman una concepción étnica de la nación, lo que decía Clémenceau: "El patriotismo es el amor hacia tu país, el nacionalismo, el odio hacia los demás". 
Decididamente, han tomado partido. 
Ahora, todo esto debe traducirse en medidas concretas, en medidas legislativas. 
Hay que armonizar la legislación contra el racismo y darle un sentido a las palabras. 
La igualdad de oportunidades consiste en permitir que todos los niños nacidos en suelo europeo puedan acceder a la ciudadanía europea, y que puedan disfrutar del derecho de suelo desde su nacimiento. 
La igualdad de derechos consiste en acceder al derecho al voto, luchar contra todas las formas de discriminación, ya sean espaciales, geográficas, sociales o raciales. 
De este modo podremos aportar por fin una respuesta sólida en cuanto a los valores por los que combatimos. 
Señor Presidente, como subrayé ayer, me parece importante que el tema de los derechos humanos se aborde en esta tierra francesa que es un poco la cuna, junto con América del Norte, de estas afirmaciones de principio. 
Sin embargo, me parece que a veces no se recuerdan exactamente cuáles son estos derechos y que se incluyen o se quieren incluir derechos no contemplados en los Convenios, en los Tratados internacionales. 
Por ejemplo, no existe el derecho a la inmigración. 
Por supuesto, para el inmigrante, para quien viene desde fuera de la Unión, existe el derecho a gozar de sus derechos, pero el hecho de imponer límites, de imponer controles a la inmigración no puede catalogarse como racismo, no puede catalogarse como xenofobia, precisamente porque el derecho a inmigrar no esta contemplado en ningún texto. 
Por otra parte, es impensable una inmigración totalmente descontrolada, si por más no fuera por razones numéricas y territoriales. 
Además, junto con los derechos, a veces, se deberían recordar también los deberes. 
No cabe duda de que los gitanos tienen sus derechos y no deben discriminarse, sin embargo, muchos de ellos- no digo la mayoría, sino muchos, como muestran las estadísticas- no viven legalmente. 
Muchos de ellos viven explotando a sus mujeres y explotando sobre todo a sus niños. 
Es fácil ver a niños maltratados, desaliñados a propósito para suscitar la piedad de los transeúntes y para conseguir una limosna. 
Lamentable y frecuentemente, las autoridades hacen la vista gorda, del mismo modo que hacen la vista gorda ante otras actividades ilegales de ciertas personas que muy difícilmente demuestran que pagan impuestos y que están integradas plenamente en nuestra sociedad. 
Por otra parte, dentro de nuestras sociedades parece que existen zonas francas para algunas violaciones de los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, a ciertas prácticas de mutilación sexual que tienen lugar muy a menudo y que no se reprimen adecuadamente. 
Ahora bien, es justo que el inmigrante tenga sus derechos, pero es justo que respete las reglas de los países en los que se encuentra, porque no hay que olvidar que la civilización europea- civilización cristiana, civilización ilustrada- tiene sus raíces y no acepta que se las arranquen, a pesar de que es hospitalaria, a pesar de que está abierta a otras culturas. Hemos de evitar convertirnos en minorías y ser discriminados nosotros mismos en nuestra Europa. 
Señor Presidente, el informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la UE en 1998 y 1999 supera bastante sus propios límites. 
Se presta una atención desmesurada a la ampliación de las competencias europeas en el ámbito de los derechos humanos, hecho en el que, evidentemente, se ponen muchas esperanzas. 
La política de asilo se detalla mucho, así como el apartado "modos de vida y modalidades de relación". 
Se presta una atención desproporcionada a los derechos de los homosexuales y se imponen todo tipo de requisitos a los Estados miembros. 
Curiosamente, se hace un silencio escandaloso cuando se trata de los derechos de los verdaderamente más débiles: ancianos, bebés y minusválidos ¿Cuál es su derecho a la vida? 
¿Dónde está la protección de la familia? 
En resumidas cuentas, un informe bienintencionado, que, sin embargo, parece centrarse en un planteamiento individualista de la persona y de la sociedad, y que no hace suficiente hincapié en la protección de la dignidad de la vida en sí misma. 
El racismo, la xenofobia y el antisemitismo deben ser combatidos enérgicamente. 
Estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento que se recoge en el informe Ludford. 
No obstante, contrariamente a lo que figura en el informe, el planteamiento limitado de la sociedad multicultural como "fuente de vitalidad social" no constituye una solución para evitar el racismo y la xenofobia. 
Esa idea manifiesta una cierta ingenuidad intelectual. 
Los Países Bajos siguieron una política similar en años pasados, dirigida al logro de una sociedad multicultural. 
No ha tenido éxito, esto se constata por el hecho de que ahora se habla del "drama multicultural". 
Muchos inmigrantes han quedado atrapados en un estrato social bajo por el desarrollo de esta política, con todas las consecuencias que ello conlleva. 
En lugar de relativizar la propia cultura, una toma de conciencia buena y positiva, tanto de sus aspectos positivos como negativos, puede conducir a una mejor convivencia con los demás y a una aceptación de las diferencias culturales de ambas partes. 
Por último, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo se dan, desgraciadamente, en todo tiempo y lugar. 
A este respecto, adoptemos sinceramente el secular mandamiento bíblico "ama a tu prójimo como a ti mismo". 
Señor Presidente, como la condena preventiva de Austria por parte de los catorce Estados miembros me dejó perplejo, acojo con satisfacción el informe HAARDER, puesto que en comparación con otros Estados miembros la situación de los derechos humanos en Austria sale muy bien parada. 
No esperaba menos de este país situado en el corazón de Europa. 
Todo ello confirma mi opinión de que las acciones emprendidas por los Catorce carecen de fundamento objetivo, señor Schulz. 
El informe critica entre otras cosas que Austria no haya aún ratificado la Carta Europea de las lenguas minoritarias de 1998. 
Pues bien, quisiera subrayar que la ratificación de esta Carta de las lenguas minoritarias constituye precisamente uno de los puntos del programa de gobierno. 
La coalición se ha comprometido a someter la Carta al Consejo Nacional a más tardar en enero del 2001. 
De este modo, ese Gobierno que ha sido objeto de críticas tan virulentas continúa puliendo la imagen ya de por sí excelente de que goza Austria en materia de derechos humanos. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, en calidad de ponente ficticio del Grupo PPE, intervengo en relación al informe sobre los derechos humanos que será sometido a votación en nuestra Asamblea, con el simple objetivo de recordar cuáles son los principios del Grupo, y cuál ha sido el análisis que sobre este punto hemos realizado. 
El primero es el de no haber querido ir más allá del marco temporal de este informe, que se refiere a los años 1998 y 1999, evitando de este modo las observaciones coyunturales derivadas de la política actual. 
El segundo consiste en evitar, en la medida de lo posible, que este informe sea un saco destinado a albergar objetivos, deseos piadosos o peticiones de principio, que de hecho no serían derechos justiciables, es decir, concretos, verificables y de efectivo ejercicio en los países de la Unión. 
El tercer hilo conductor de nuestra actitud refleja las convicciones de siempre del Grupo PPE, es decir, que si no pensamos ser menos generosos ni menos abiertos a los demás que otros Grupos, tampoco deseamos menos que ellos que se recojan derechos realmente justiciables, lo cual nos ha conducido algunas veces a votar en contra de un cierto número de derechos, que estimamos por otra parte totalmente legítimos y dignos de ser apoyados, pero que no tienen cabida en un informe sobre el estado de los derechos humanos en la Unión. 
Hemos deseado igualmente evitar, en la medida de lo posible, que cierto países fueran mencionados o que se les sacara a relucir, dado que el informe sobre los derechos de este año no contiene un análisis sistemático país por país. 
Por añadidura, siempre hemos querido situar esto en el marco de la subsidiariedad, recordando que corresponde a los Estados miembros poner en práctica la protección de los derechos humanos, y a las jurisdicciones nacionales sancionar los eventuales excesos que se cometan. 
Finalmente, deseamos que el informe del año próximo tenga en cuenta la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales, para que podamos disponer a partir del año que viene de un informe fiel a la realidad, y que permita, gracias a la paralela elaboración de la Carta, proceder a un análisis país por país, derecho por derecho. 
Esperamos que el próximo informe que sea sometido a votación sea aguardado con más temor aún, y que demuestre claramente todo el interés que nuestra Unión tiene por los derechos humanos dentro de nuestra comunidad territorial. 
Señor Presidente, en este gran debate sobre los derechos humanos resulta sorprendente con qué poca frecuencia vemos mencionados a los niños: las personas que menos pueden protegerse en relación con los derechos humanos. 
En realidad, los niños están invisibles en los Tratados de la UE. 
Los animales tienen derechos; los niños, no. 
Sin embargo, los niños se ven afectados por las leyes que la UE aprueba y por el Mercado Único. 
La revolución electrónica parece haber brindado mayor libertad a los explotadores, los pedófilos y los pornógrafos que a los industriales. 
En un siglo XXI en el que nos consideramos civilizados, sigue existiendo un tráfico de esclavos en el que se compran y se venden niños para su explotación sexual en todo el mundo. 
Tenemos un escándalo en este momento en Letonia, que, según cuentan, llega hasta el corazón mismo del Gobierno. 
Tenemos imágenes en nuestros televisores casi todos los días de niños soldados que combaten en conflictos de todo el mundo. 
Y, naturalmente, tenemos las tan conocidas historias del trabajo infantil. 
Tenemos que adoptar medidas más duras. 
Tenemos que colocar a los niños en un puesto destacado de nuestro orden del día. 
Con eso no quiero decir que la legislación de la UE deba empezar a ser responsable de la política relativa a los niños, pero podríamos comenzar velando por que la legislación de la UE sea inocua para los niños. 
Debemos velar por que las medidas formuladas por la Comisión tengan una dimensión infantil específica. 
Debemos velar por que haya alguien en la Comisión que se ocupe de los asuntos relativos a los niños. 
En 1998 mi Gobierno nombró a un experto en derechos humanos de Save the Children para la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth a fin de que formulara estrategias y proyectos prácticos en relación con los derechos de los niños. 
¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? 
En Gran Bretaña tenemos también una Comisión Especial de los Niños que puede investigar los malos tratos infligidos a niños e interrogar a testigos expertos. 
¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? 
¿Podríamos procurar que en la Carta de Derechos Fundamentales figurara una sección relativa a los niños? 
Sé que tenemos comunicaciones. 
Tenemos planes de acción y convenios, pero lo que necesitamos es acciones, no buenas intenciones. 
Señor Presidente, ¿por qué continúan los derechos humanos tan atrasados con respecto a los avances de la humanidad? 
La ciencia, la tecnología y las comunicaciones; las personas saben más cada vez y pueden hacer más. Sin embargo, las violaciones masivas de derechos humanos asolan todavía el mundo. 
Las causas principales son las guerras, la pobreza y el abuso de poder. 
Por tanto, todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a luchar contra éstas. 
Así mismo, los patrones de valores culturales constituyen la base de las violaciones. 
Por ello, la Sra. Malmström pide con mucho acierto en su excelente informe atención especial para la posición de la mujer. 
Ésta continúa siendo, en muchas sociedades, la víctima del abuso de poder institucionalizado y, a veces, legalizado de mi propio sexo. 
Deben ser decisivas en nuestra condena no las costumbres colectivas, sino las consecuencias para las personas individuales. 
Esto da lugar a que, por ejemplo, la ablación no deba respetarse en tanto tradición antigua, sino que debe ser combatida con todos los medios a nuestro alcance. 
La política exterior europea se deja influir demasiado unilateralmente por intereses puramente económicos. 
Es el momento de que los derechos humanos reciban la prioridad que merecen, no sólo de palabra, sino también en la práctica. 
Con ello, Europa puede contribuir al progreso, al avance de la civilización. 
Señor Presidente, queridos colegas, ya que estamos debatiendo informes relativos a los derechos humanos dentro y fuera de la Unión, se presenta muy oportunamente la ocasión de interrogarse acerca de las influencias cruzadas entre el interior y el exterior. 
Es evidente que el mejor medio con que cuenta la Unión para defender su modelo de los derechos humanos es la experiencia vivida por los emigrantes. 
Precisamente, a ellos les afectan nuestras mayores carencias en materia de derechos humanos. 
Dos ejemplos para ilustrar esta idea. 
Para comenzar, solo cabe la inquietud ante la forma que han tomado los acuerdos de readmisión que suponen una amenaza directa para los derechos fundamentales, como el derecho de asilo, o el derecho a vivir con la familia propia. 
La Unión reafirma su adhesión a los Convenios de Ginebra y de Dublín, instituyendo el principio de no-expulsión. 
Ahora bien, es inadmisible que acuerdos de readmisión puedan permitir la expulsión de un súbdito de un tercer país a su país de origen, sabiendo que, con demasiada frecuencia, no existe ninguna garantía de que se respeten los derechos humanos ni las libertades democráticas. 
Es igualmente inaceptable ver cómo hay familias destrozadas, incluso a veces cómo niños menores quedan desamparados debido a la expulsión de sus padres, que no tienen derecho de residencia alguno, aunque algunos vivan y trabajen en Europa desde hace casi una década. 
¿Qué visión de los derechos humanos piensan ustedes que estas personas tendrán al volver a sus países, después de haber sufrido dudosas condiciones de vida, la humillación del cacheo corporal, de los insultos, de estar fichados, del interrogatorio en las comisarías, en los centros de aislamiento o en los centros de detención? 
Terminamos por enviarles a los países de los que precisamente intentan huir, a menudo por motivos tanto políticos y económicos como humanitarios. 
Estos acuerdos de readmisión son peligrosos, tanto para los solicitantes de asilo como para la difusión de los derechos humanos en el mundo y para la talla internacional de la Unión Europea. 
Si la Unión quiere que se le tome en serio en el respeto a los derechos humanos, hay que frenar rápidamente estas expulsiones, regularizar a todos estos hombres y mujeres privados del disfrute de todos los derechos, entre los cuales están el derecho a vivir en familia o el derecho a la libre circulación, y que hoy son mantenidos en la clandestinidad oficial. 
Otro atentado flagrante contra los derechos humanos afecta, de nuevo, a personas extranjeras: la ciudadanía. 
¿Cómo pedirle a un residente de un país tercero que se integre, y a sus hijos que respeten la ley, que crean en la realidad de los derechos democráticos, si ni siquiera se les permite ejercer estos derechos? 
En un momento en que la Unión estudia la definición de una Carta de los Derechos Fundamentales, ¿con qué fundamento podríamos crear ciudadanos de segunda categoría? 
Se trata verdaderamente de derechos fundamentales. 
¿Cómo aceptar que algunos queden excluidos de ellos? 
En materia de derechos humanos, la Unión podría sentirse orgullosa de ser históricamente la primera en definir la ciudadanía con arreglo a un principio de residencia, en lugar de establecer una discriminación basada en la nacionalidad. 
Señor Presidente, efectivamente este debate tiene lugar en un momento importante para nuestro Parlamento. 
Los excelentes informes de la Sra. Malmström y los Sres. Haarder, Ludford y Belder nos ofrecen a los europeos una oportunidad para el análisis y, sobre todo, para la autocrítica. 
Este año es especialmente significativo. 
A un año de llevar a cabo una guerra contra Yugoslavia en nombre de los derechos humanos, asistimos impasibles a una superior violación aún más grave de estos derechos por parte de Rusia en Chechenia. 
Hace dos semanas, España y Gran Bretaña, bajo el patrocinio de los Estados Unidos, dejamos que Pinochet eludiese sus responsabilidades ante la justicia por gravísimas violaciones de los derechos humanos. 
Y también este año hemos visto el acceso al gobierno de un partido racista y xenófobo en Austria, así como también, en España, el estallido de la violencia racista en El Ejido. 
Hemos constatado tras estas elecciones que el alcalde de esa ciudad ha recibido un apoyo del 75%. 
Este año también ha sido el año en el que la Iglesia Católica ha pronunciado un mea culpa sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas a lo largo de la historia. 
Por ello, nosotros podríamos en la Unión Europea desarrollar una actitud más constructiva. 
Propongo pues cinco puntos, que son las aportaciones del Grupo GUE/NGL a los diferentes informes. 
Primero, abandonar toda hipocresía y tener un mismo rasero con los distintos países; segundo, comprometerse con la defensa a ultranza de los derechos humanos en todos los sitios, incluso, en el ámbito de la economía, en las fábricas; tercero, mostrar especial preocupación por los derechos humanos en todo el mundo, en América Latina (en México, en Argentina, en Perú) etc.; cuarto, aceptar sin reservas la causa de los derechos humanos de las mujeres; y, por último, recomendar la ratificación del Tribunal Penal Internacional. 
Me veo obligado a destruir el buen ambiente existente en la sala pues mi experiencia tras veinticinco años debatiendo intensamente y analizando la situación de los derechos humanos me demuestra que las buenas intenciones combinadas con un desconocimiento enorme de la realidad producen resultados terroríficos, o dicho en danés llano: "todos hablan pero nadie toma cartas en el asunto". 
No se trata tanto de lo que dicen y cuanto más se habla de los derechos humanos, peores son las violaciones de éstos. 
En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con mi compatriota y ponente del informe, Sr. Haarder, cuando dice que hemos de exigirnos lo mismo con respecto a la protección de las minorías que les exigimos a los países solicitantes. 
Deberían haberlo tenido en cuenta las instituciones comunitarias los años 1991 y 1992 cuando en contradicción con las normas en vigor sobre protección de las minorías reconocieron primero a Eslovenia y luego a Croacia atizando así el fuego de lo que más tarde en convirtió en la catástrofe de los Balcanes. 
El segundo punto retoma el hilo del debate de ayer. 
Empeñarse en introducir la carta de derechos humanos en la constitución comunitaria- en el Tratado de la UE- no sólo acarreará problemas constitucionales enormes e insalvables, especialmente en un país como Dinamarca, convertirá el tratado de la UE en una auténtica constitución con derechos fundamentales. 
Dicen que cuanto mayores derechos tengamos, mejor, sin embargo, los derechos juegan un complicado papel dentro de los sistemas. 
El resultado de una carta de la UE será un lodazal constitucional y jurídico de dimensiones colosales. 
¿Quién será la instancia encargada de decidir? 
¿Son mejores los derechos de la Convención de Derechos Humanos que las cartas de la UE? 
¿Es mejor ésta que las constituciones nacionales? 
Es un cuestión que no tiene ningún sentido. 
Por último, mi tercer comentario es una felicitación al ponente, Sr. Haarder. 
En el punto 61 observo con satisfacción y gran interés que se subraya el derecho colectivo a formar sindicatos. 
Sin embargo, la vieja causa del Sr. Haarder del derecho del individuo a permanecer fuera de los sindicatos no ha sido incluida como recomendación. 
Quiero felicitar al Sr. Haarder por los nuevos conocimientos políticos que aquí se reflejan. 
Señor Presidente, el informe contiene requisitos indispensables para los futuros países candidatos. De este modo, sitúa los problemas de los derechos humanos en el mismo nivel que las condiciones económicas. 
Nos alegramos sobre todo de que se haga referencia al problema de la libertad de religión, puesto que en algunos países, y muy en concreto en la República Checa, se han promulgado leyes sumamente restrictivas de cara a las minorías religiosas. 
También es interesante el fragmento acerca de la situación de los derechos humanos en la UE. Demuestra que no tenemos derecho a dar lecciones en este sentido a los nuevos países candidatos. 
Nosotros, los austríacos, hemos llegado a una situación- en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere- en la que ya no se sabe si hay que reír o llorar. 
Hace unas semanas los taxistas de Bruselas se negaron a llevar pasajeros austríacos. 
En los hoteles y restaurantes de Bélgica y Francia no se admitía a clientes austríacos. 
Los profesores de francés de nuestros asistentes manifestaron que no querían seguir impartiendo clases a nazis y los programas de intercambio de alumnos fueron anulados. 
Se causaron daños a los coches de los austríacos que trabajan en el extranjero, se lanzaron piedras contra sus casas y sus hijos fueron objeto de amenazas en la escuela. 
Hoy se ha dado a conocer que se retira la invitación del jinete austríaco que tenía previsto participar en el concurso hípico de Grenoble. 
El Ayuntamiento de Grenoble ha discutido mucho sobre la admisión del caballo, pero al final tampoco será invitado, puesto que no se ha distanciado expresamente del Gobierno austríaco. 
Cualquier día de éstos se borra a Mozart de los carteles de los teatros de la ópera internacionales. 
¿Quién sabe dónde puede acabar todo esto? 
Quienquiera que asuma la responsabilidad política de este teatro de guiñol antifascista aquí en esta Casa o en los respectivos países de la UE, realmente puede sentirse orgulloso de su conducta. 
También puedo tranquilizar al orador que me ha tachado de amigo del diablo asegurándole que no se oculta ningún atributo del diablo debajo de este pupitre. 
Cuando resulta tan fácil instigar en la UE un odio colectivo de esta envergadura hacia un pueblo entero, aún estamos muy lejos de poder dar lecciones a otros países. 
Si todas estas buenas personas que toman la palabra aquí hubieran vivido hace sesenta años o antes ¡cuántas cosas se hubiera ahorrado Europa! 
Señor Presidente, señoras y señores, nuestra obstinación en vincular los derechos humanos al proyecto europeo tiene algo de irrisorio, ya que la propia lógica de este proyecto, a nuestro juicio, los deja en entredicho e incluso los amenaza. 
Para nosotros, en efecto, ningún derecho del hombre es concebible fuera de una sociedad política, y particularmente, de la forma suprema de sociedad política pacificada que es la nación, tanto en lo relativo a la paz civil como en lo que atañe al equilibrio entre las naciones, y por tanto a la paz internacional. 
Ahora bien, Europa pretende construirse en contra de esta misma base y destruirla con los dos elementos fundamentales para ella, que son, por una parte, la res publica, y por otra, la soberanía. 
No es casual que en Francia coincidieran la Declaración de los Derechos del Hombre y la afirmación de la soberanía nacional. 
De Gaulle decía justamente que el primer derecho del hombre es la soberanía nacional, por la simple razón de que no existe derecho alguno fuera de una sociedad política libre respecto a los feudalismos por una parte, y a los imperios por la otra, es decir, fuera de la soberanía popular y de la soberanía nacional, lo cual precisamente destruye lenta pero firmemente el proyecto europeo. 
Igualmente, consideramos imposible luchar contra el racismo, el antisemitismo o la xenofobia sin hacer de los hombres ciudadanos, es decir, sin separarles, al menos en el plano político, de sus afiliaciones privadas, o sea, de las etnias o de lo que hoy denominamos minorías. Vemos cómo éstas resurgen no solamente en distintos informes de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sino también en nuestra política misma, tal y como la hemos aplicado en Kosovo, lo cual nos parece muy peligroso. 
Al rehabilitar las etnias, al rehabilitar las minorías, abrimos peligrosamente la puerta a las afiliaciones particulares contra las afiliaciones políticas que son las afiliaciones nacionales, y esta caja de Pandora no tardará en incendiar nuestro continente. 
He aquí porqué nos parece totalmente irrisorio deleitarnos con los derechos humanos en un entorno que nos expone, a un plazo más o menos largo, a las peores regresiones. 
Señor Presidente. Señorías, he leído con mucho interés el informe Ludford y quiero felicitar a la señora ponente por sus observaciones sobre Austria y la situación austríaca. 
Sin embargo, debo subrayar que dichas observaciones no corresponden a un informe sobre los derechos humanos. 
Cuando realizaremos un debate sobre Austria, cuando elaboraremos un texto sobre la situación austríaca- siempre que este Parlamento lo estime oportuno- podremos encomendar a la Sra. Ludford la tarea de redactar un texto que discutiremos todos juntos. 
Estas observaciones no corresponden a un texto sobre los derechos humanos, del mismo modo que no corresponden al espacio de tiempo asignado a la baronesa Ludford, motivo por el cual adquieren el amargo sabor de una instrumentalización política de algo muy serio como son los derechos humanos. 
La segunda observación que quiero hacer sobre este informe se refiere al derecho de los europeos a tener una identidad. 
En todo el texto la identidad de los europeos, de las naciones europeas, no se menciona ni una sola vez en sentido positivo: siempre como posible fuente de xenofobia y racismo. 
Soy un hombre religioso, convencido de mi religión: ¿es éste acaso un motivo para considerarme sospechoso de xenofobia? 
Diremos más bien que la degeneración del sentimiento religioso puede llevar a la xenofobia. La religión como tal es un factor que une a las personas. 
Soy un patriota italiano convencido: según el apartado O de este texto, se me considera sospechoso de xenofobia. 
Me parece que esto revela una actitud cultural que fomenta la xenofobia, porque fomenta el miedo ante la globalización que empuja a muchas comunidades locales a encerrarse en sí mismas y a rechazar el diálogo, un diálogo que se basa en identidades. 
Debemos afirmar que existe una identidad cultural europea, basada en la herencia griega, en la herencia judeocristiana y en la Ilustración que entabla libremente un diálogo con otras identidades. 
Una Europa multicultural en la que faltase la cultura europea sería el inicio de un desastre y de la destrucción de la cultura. 
No se trata de una cultura blanca: la cultura no tiene colores; la cultura se refiere a valores y no a colores. 
Existen muchas cuestiones que tienen que ver con la xenofobia y el racismo, pero las mismas deben someterse a la decisión de las comunidades locales. 
A nosotros no nos corresponde establecer cupos en el mercado de trabajo, a nosotros no nos corresponde establecer cupos en el mercado de trabajo de los policías, a nosotros no nos corresponde establecer cupos en otros mercados de trabajo. 
Éste es un camino que no fomenta la integración, sino que la dificulta. 
Y una última observación: ¿estamos realmente convencidos de que todos los que no son favorables a una inmigración totalmente descontrolada, son racistas? 
Y ¿estamos convencidos de que todas nuestras Constituciones son racistas cuando en materia de ciudadanía tienen criterios distintos de los enunciados por la baronesa Ludford? 
Creo que hay que considerar atentamente estas cosas y que muchas de ellas deben cambiarse, si no será difícil lograr un consenso general respecto a este informe en el Pleno. 
Señor Presidente, Señorías, intervengo para expresar los motivos de un voto en contra y de una perplejidad frente a dos temas incluidos en la resolución a instancia de algunos diputados interesados, en mi opinión, en utilizar instrumentalmente la credibilidad del Parlamento Europeo para defender intereses particulares que no coinciden con los intereses generales de la colectividad comunitaria e italiana en particular. 
Me refiero, señor Presidente, al punto 38 y a los puntos 41 y 42 del informe Haarder. 
Al efecto de garantizar la imparcialidad del juez, en el punto 38, retomado de manera peyorativa en la enmienda 22, ratificada hoy en el Pleno, se pretende imponer a Italia- quién sabe por qué única y exclusivamente a Italia- no la separación entre el poder judicial y el poder político, como nos enseñó Montesquieu, sino la separación, dentro del poder judicial, entre el poder de instrucción y el poder de juzgar. 
La conclusión de este absurdo razonamiento es que quien actualmente, como sucede en Italia, forma parte de la autoridad judicial como poder de instrucción, luego acabará dependiendo del poder ejecutivo, con el peligro real- esto sí- de que las investigaciones sobre la corrupción, sobre los abusos del poder político ya no podrán realizarse con la debida tranquilidad. 
Con referencia a los puntos 41 y 42 debo expresar mi aprecio por el hecho de que ningún ciudadano, ni siquiera los descendientes varones de las antiguas casas reales, pueden verse privados de la libertad de entrar en su territorio de origen, sin embargo, expreso mis perplejidades con respecto a que esto tenga que afectar sólo a Austria e Italia: existen otros Estados de la Comunidad que tienen reyes e hijos de reyes que residen en el extranjero. 
Por lo que se refiere a Italia en particular, establecer un plazo no superior a seis meses, transcurrido el cual se impondrán sanciones, me parece que va en contra de la Constitución italiana que prevé justamente una resolución constitucional. 
Señor Presidente, los informes anuales sobre los derechos humanos, el racismo y la xenofobia son una excelente ocasión para que este Parlamento adopte una actitud crítica o, mejor dicho, autocrítica ante los Estados de la Unión Europa. 
En realidad, los países candidatos y sus diputados- pienso por ejemplo en algunos diputados del Parlamento turco- pueden aprender mucho de estos informes. Así, observarán hasta qué punto los diputados actúan y deben actuar de forma independiente en lo que a la situación de los derechos humanos en su propio país se refiere. 
Hay que admitir, sin embargo, que aún nos queda mucho por hacer. 
No basta con ser autocríticos. 
Nos honra, pero no es suficiente. 
Cuando condenamos en nuestros informes los casos de tortura y trato inhumano de personas arrestadas y encarceladas por las fuerzas de orden público o los funcionarios de los centros penitenciarios, hemos de reconocer que hasta la fecha los responsables del sector no han adoptado las medidas necesarias. 
Lo mismo sucede con el trato que reciben los refugiados en numerosos países de la Unión. 
¿Hasta cuándo seguiremos debatiendo la situación de muchos centros de detención como un problema conocido pero indebidamente regulado? 
Si se trata de reinsertar en la sociedad a las personas que se encuentran detenidas, debemos admitir que la mayoría de los centros penitenciarios europeos en este momento no están preparados para dicha tarea. 
Criticamos con razón la violación de los derechos humanos y la discriminación en los países candidatos, por ejemplo en Turquía o en algunos países de la Europa Oriental en el caso de los romaníes y las demás minorías. Precisamente por eso hemos de dar el ejemplo en lo que al respeto por los derechos humanos en la Unión Europea se refiere. 
En este sentido estoy muy agradecido. 
Señor Presidente, los informes que hemos escuchado van por el buen camino, pero no podemos suscribir los considerandos de autosatisfacción de los tratados actuales. 
Para ser eficaz, la lucha contra las discriminaciones exige medidas más amplias y, sobre todo, más concretas. 
Así, hay que abolir toda restricción vinculada a la nacionalidad en el acceso a los empleos de la función pública. 
Las instituciones de la Comunidad y los estados deben dar ejemplo. 
Igualmente, una ciudadanía plena supone el derecho al voto de los extra-comunitarios residentes en la Unión, y esto para todas las elecciones. 
Mientras los extranjeros sean apartados de sus derechos políticos, serán blanco de discursos demagógicos y de medidas discriminatorias. 
Si su estatuto de contribuyente justifica su acceso a este derecho, ¿porqué limitarlo a los niveles local y europeo? 
Finalmente, se impone en Europa la regularización de todos los ilegales. 
Permitirá combatir el tráfico de mano de obra y el odio xenófobo que se ha desencadenado por ejemplo recientemente en Europa. 
Esto supone romper con las disposiciones de los Tratados de Schengen, de Amsterdam y de Dublín, verdaderos insultos al derecho de asilo. 
Para terminar, pensamos que la lucha contra el racismo no depende fundamentalmente de un arsenal jurídico, por muy bueno que sea, sino de medidas concretas que terminen con el paro y la exclusión, y se espera que actuemos en este campo. 
Señor Presidente, podemos escribir todo lo que queramos sobre los derechos humanos y podemos informar y debatir esa cuestión, pero, si no seguimos adelante con nuestras intenciones y los informes, carecen de sentido. 
Van acumulando polvo en los estantes de la Comisión y en las oficinas de personas y gobiernos bien intencionados. 
Debemos tomar la iniciativa, como también los medios de comunicación, las instituciones educativas y las iglesias; no han dado muestras de ello en el pasado. 
Debería darnos vergüenza preterir a Mozambique durante tanto tiempo y hacer tan poco y tan tarde. 
Somos un continente que envía armas por valor de 2.000 millones de dólares de los EE.UU. a una Etiopía azotada por la sequía y no podemos encontrar un par de helicópteros para enviarlos urgentemente a salvar a las personas que están a punto de ahogarse en Mozambique. 
Resulta vergonzoso, la verdad, que ni nosotros ni las demás instituciones europeas podamos reaccionar ante ese tipo de desastres. 
Debería darnos vergüenza permitir que los niños del Irak mueran al ritmo de 5.000 al mes. 
Medio millón han muerto desde la aplicación de las sanciones. 
Sigue habiendo una bárbara guerra en el Irak. 
Se sigue bombardeando despiadadamente y sin que se informe al respecto. 
Es una guerra contra niños y los ciudadanos inocentes de ese país. 
Debemos intervenir individual y colectivamente ante el Consejo de Seguridad para velar por que se entreguen medicinas a las personas. 
Debería darnos vergüenza permitir la venta de armas a la región de los Grandes Lagos. 
Debería darnos vergüenza no erradicar de la Unión Europea el racismo y la xenofobia, que son endémicos en mi país y en la UE en general. 
El racismo es un delito: un delito que no es perseguido en la Unión, un delito contra una ley que no se aplica en la Unión. 
Los ciudadanos de esta Unión son nuestros jueces y jurados. 
Si no tomamos la iniciativa ante ellos y no ven que tengamos una meta, una orientación, en los próximos años emitirán sus fallos. Si no abordamos el racismo y la xenofobia en la Unión Europea, les habremos fallado. 
Quiero decir a mi Gobierno que lo mismo debemos hacer en Irlanda. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega, el Sr. Belder, por su concienzudo informe sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los estados candidatos. 
A fin de cuentas, se trata de en qué filosofía se inspira uno en cuanto a las personas y la sociedad y el Sr. Belder es muy claro al respecto. 
El informe parte de la unidad familiar humana, una manifestación cristiana que constituye una barrera sólida contra incidentes de naturaleza racista. 
Se podría hablar de la gente a imagen y semejanza de Dios. Esto imposibilita completamente que se vea al prójimo como una amenaza o como el origen de la violación de su dignidad. 
El Sr. Belder no parte explícitamente de la ideología, que algunos llaman conservadora, relativa a la defensa de la identidad de las comunidades contra la influencia cultural exterior. 
Semejante ideología valora en exceso el interés común, tal filosofía cuenta con pocas barreras contra las propensiones a la discriminación. 
Rechazo semejante ideología conservadora. 
En los estados candidatos, se cree que la Unión Europea es una comunidad de derecho basada en la aceptación de valores, por lo general, de origen judeocristiano. 
Es lógico que sigamos estos valores. 
Esto no concuerda siempre con sus reacciones primarias ni con las nuestras, pero eso es lo que caracteriza a los buenos principios. No siempre nos resultan favorables. 
La gente debe superar su miedo y sus intereses a corto plazo. 
Debemos ayudar a los estados candidatos de una forma crítica y constructiva, y no evitar llamar a las cosas por su nombre. 
El informe Belder aporta algunas indicaciones concretas a este respecto. 
Las iglesias, los sindicatos, las asociaciones de mujeres, los centros de formación profesional y otros centros docentes tienen, sobre todo, un papel decisivo. 
Mi Grupo no ve la necesidad de presentar enmiendas. 
Respecto del informe de la Sra. Ludford, pertenezco en mi Grupo a la minoría que considera que las deficiencias del informe no son lo suficientemente serias como para votar en contra. 
Las propuestas relativas al derecho de voto de los extranjeros no son pertinentes, en realidad, en un informe sobre xenofobia, pero sí queremos hacer una recomendación al respecto. 
He contribuido a la materialización de este principio en los Países Bajos durante unos 25 años, empezando por los malucos del sur. 
No tengo en absoluto ningún problema respecto de la oferta de empleo público. 
Ciertamente, para mí no se trata de una cuestión de ideología, pero, echando un vistazo a las representaciones de la Unión Europea en el extranjero, veo que los servicios de la UE están plagados de extranjeros, incluso en lo que a funciones delicadas respecta. 
Las administraciones actúan sabiamente si, por ejemplo, se empeñan en que las minorías étnicas sean visibles en las fuerzas policiales. 
Considero que la limitación de posibilidades al respecto no resulta nada práctica, y tampoco quiero hacer de ella una condición ¿A quién interesaría eso? 
Si el informe Ludford no se modifica de forma negativa mediante enmiendas, la minoría que represento votará a favor. 
Señor Presidente, estimados colegas, tengo dos breves observaciones respecto al comentario del orador previo, el estimado Sr. Oostlander. 
Es positivo que se muestre dispuesto a respaldar el informe Ludford. Sin embargo, no considero tan positiva su pretensión- por eso, quiero corregirla inmediatamente- de considerar la Unión Europea como una comunidad de valores cristianos. 
Si bien es cierto que el cristianismo aporta mucho al catálogo de valores de la Unión Europea, no podemos olvidar que dicho catálogo se fundamenta asimismo en otras corrientes. 
Con su permiso quisiera hacer, en nombre de mi Grupo, algunas observaciones técnicas sobre los informes Ludford y Haarder. 
El Sr. Haarder ha presentado un excelente proyecto de informe a la comisión. Sin embargo, se presentaron en comisión 170 enmiendas y 22 enmiendas de transacción. 
Suman 192 propuestas de modificación en total. La comisión tardó varios días en debatirlas todas, luego aprobó un informe modificado con una mayoría relativamente amplia y ahora nos encontramos aquí en el Pleno con otras 69 enmiendas más. 
Aunque eso no es dramático en sí, es preocupante que prácticamente la mitad de las enmiendas procedan del denominado Grupo TDI, a saber, el Grupo Técnico de Diputados Independientes. 
Es una mezcla entre la Sra. Bonino y el Sr. Le Pen, lo cual es una mezcla sensacional de por sí, además de que este club no participa nunca en las deliberaciones de índole técnica. 
Estas señoras y señores no están nunca presentes en la comisión. 
No colaboran nunca en el análisis detallado de los problemas. 
Lo explican sus discursos, como los que hemos podido escuchar hoy. 
Desean utilizar este foro para echar al mundo sus trivialidades, de ser posible ante un repleto auditorio. 
Debates técnicos, no gracias. 
Provocaciones baratas, sí por favor. 
¡Es ésta la estrategia política de la extrema derecha de esta Casa! 
El segundo punto que quiero destacar aquí es el siguiente. Al referirnos a la situación de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea nos referimos, como bien dice el Sr. Ceyhun, al ejercicio de introspección al que estamos obligados cuando pretendemos pronunciarnos sobre los derechos humanos en otras partes del mundo o cuando queremos convencer a los países candidatos de que nos mostramos autocríticos con nosotros mismos y que nos ponemos el listón muy alto en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere. 
Esto es tanto más importante cuanto que sólo el que adopte una postura crítica consigo mismo tiene derecho a criticar a los demás. 
Por todo ello, ambos informes- tanto el informe contra el racismo de la Sra. Ludford como el informe sobre los derechos humanos del Sr. Haarder- nos orientan. 
El debate anual sobre estos temas marca la pauta para el rumbo general que ha de seguir la organización política de la Unión Europea. 
Ahora bien, cuando veo que estos informes se ponen al servicio de intereses infames de política interior, solamente puedo concluir que quienes se prestan a esta bajeza están mal aconsejados. 
Me refiero al artículo 38 del informe Haarder que aboga por la separación de las carreras entre magistratura que juzga y magistratura que instruye así como a la enmienda que presenta el Sr. Cornillet al respecto y que únicamente tiene por objeto la carrera de jueces y fiscales en Italia. 
¡Me pregunto qué tiene que ver esto con los derechos humanos! 
Quien utilice un informe sobre los derechos humanos para fines de política nacional yerra el blanco al cien por cien. 
Tampoco entiendo a qué viene la alusión a los príncipes saboyanos y su derecho a entrar en Italia en los artículos 41 y 42, donde supuestamente se habla de violaciones de derechos humanos. 
Con esto quiero decir que, si queremos discutir seriamente sobre los derechos humanos en la UE, tenemos que hablar de derechos humanos y no podemos intentar utilizar estos informes valiosos y bien hechos para un juego táctico de política interior. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el debate aún no ha terminado, pero quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias por los comentarios y el apoyo de los colegas y por la cooperación habida en la Comisión de Asuntos Exteriores en torno a este informe. 
Señor Comisario, señor Presidente del Consejo, después de este debate debiera estar absolutamente claro que los derechos humanos no son algo de lo que sólo se habla los domingos, vistiendo ropas finas. 
Los derechos humanos deben integrarse en todas las formas de colaboración política de la UE. 
Se necesita consecuencia, paciencia y una bien pensada estrategia para transformar las bellas palabras en hechos con resultados. 
Espero que se haya entendido el mensaje y que pronto se presenten propuestas concretas para el trabajo futuro en esta Asamblea. 
Señor Presidente, a pesar de la buena dirección, no todo es color de rosa. 
En algunos Estados no se respeta, por ejemplo, el derecho básico a la educación y expresión en la propia lengua. 
En el País Vasco donde, a pesar de los problemas, podemos elegir la lengua en que queremos que se eduquen nuestros hijos, el Tribunal Supremo español ha declarado ilegal que los ayuntamientos se mancomunen para impulsar el desarrollo de la lengua, en un claro ejemplo de cómo se fuerzan las interpretaciones legales con intenciones políticas y de cómo todos los derechos no son respetados aquí y ahora en la Unión Europea. 
Y ¿qué decir de la proclividad a hablar de derechos humanos en lugares a miles de kilómetros de distancia, mientras en casa se hace lo contrario o se gradúan posiciones por intereses políticos o comerciales? 
Chirac habla de los derechos de los inuits en Quebec, pero ignora los derechos lingüísticos en Francia. 
Se recrimina a Jospin por llamar por su nombre a Hizbulah, mientras se pontifica sobre otra clase de organizaciones y se presume de colaboración antiterrorista con España. 
El Presidente español habla de Chechenia como de un asunto interno, convirtiéndose en aliado objetivo del exterminio del pueblo checheno. 
No podemos estar en modo alguno de acuerdo con esta forma de entender la política, suplantada por la hipocresía pura y dura. 
Finalmente, para los ciudadanos vascos a los que represento, no pueden existir excusas de asuntos internos ni de oportunidad política. 
Para nosotros existen, aquí y fuera de aquí, personas, ciudadanos portadores de derechos inalienables sobre los que queremos basar nuestra convivencia. 
Señor Presidente, estos dos informes Ludford y Haarder reflejan ciertamente el ímpetu con el que algunos parecen empeñarse en imitar a los Estados Unidos de América en cuanto a su escasa contribución al desarrollo de nuestras sociedades. 
Se nos invita a proceder a una diversificación étnica de nuestro personal, lo cual significa la instauración, en un primer momento, de una clasificación étnica de éste. 
Ante esto, a mí, por ejemplo, que pertenezco a la etnia parisina, me preocupan el modo en que vamos a poder estar suficientemente representados en las instancias de la Unión, y la manera útil de poder crear los ficheros étnicos que permitirán velar por esta diversificación étnica. 
Vamos a crear ficheros controlados, sancionados, en otros términos, a aplicar una política de discriminación racial bajo la forma masoquista de racismo que se denomina discriminación positiva. 
Se nos invita igualmente a reconocer a todas las nuevas comunidades religiosas y, por descontado, a otorgarles los mismos derechos y el mismo ser que a las religiones del Libro. 
Esta es una consecuencia harto desagradable de una decisión tomada ayer por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, y que le da a la Iglesia de la cienciología la satisfacción de ser tratada como todas las demás religiones europeas. 
Para terminar, se nos sugiere que concedamos a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las familias. 
Esto supone olvidar el hecho de que, si las familias basan sus derechos en el estado y en las naciones, es evidentemente porque permiten que el estado y las naciones continúen existiendo, y porque tienen un interés común. 
Señor Presidente, como cada primavera, entre la floración del ciruelo y la de los cerezos, surge el pase de modelos de las elegancias morales e intelectuales que apelan al combate contra Satán, sus pompas y sus obras, o mejor dicho, según la expresión consagrada, contra la xenofobia, el racismo y el antisemitismo. 
Soy universitario, profesor de lenguas y civilizaciones de Extremo Oriente, a las cuales había dedicado mi vida antes de introducirme en la política, y antiguo decano de una facultad dónde se enseñan veintiocho lenguas y civilizaciones extranjeras, por lo que no creo ser xenófobo. 
Por todo ello, me resulta aún más fácil decirle a ustedes que todas estas verborreas supuestamente antirracistas tienen rasgos comunes, siendo el primero de ellos la nulidad intelectual, y el segundo, la función liberticida. 
Nulidad intelectual: ni tan siquiera se definen los términos empleados. 
¿Qué es el racismo? 
¿Qué es la xenofobia? 
¿Qué es el nacionalismo? 
¿Qué es el extremismo? 
¿Qué encierran estos conceptos? 
¿Cuáles son sus orígenes filosóficos? 
¿Qué doctrinas los mencionan? 
¿Merecen a los que se acusa de ello este oprobio? 
Nadie lo sabe o nadie lo quiere saber. 
Y es que, si se precisaran sus contornos, su verdadera utilidad quedaría debilitada: participar en la estupefacción de los corazones y los espíritus por medio de la repetición hechicera de la misma amalgama, y de la amenaza de diabolización de los recalcitrantes. 
De lo que se trata en realidad es de asimilar fraudulentamente el sentimiento patriótico con el nacionalismo expansionista, el rechazo legítimo de la política de emigración con la xenofobia, el deseo de las naciones de conservar su identidad con el racismo. 
Todo esto es absurdo. 
El racismo es la voluntad de imponer la dominación de una raza sobre otra. 
¿Quién es racista en Europa hoy en día? 
La xenofobia es el rechazo a una presencia extranjera. 
Pueden ustedes hacer sobre ella juicios morales de condena pero, políticamente, deberían reflexionar sobre el hecho de que, en su acepción literal, la xenofobia se encuentra en el origen de todos los movimientos de liberación nacional que alabamos en el pasado. 
En lo que respecta al antisemitismo, que, al parecer, estaría resurgiendo en Europa, ¿porqué no plantear al fin las verdaderas cuestiones? 
La propuesta que el filósofo de izquierdas Jean­Paul­Sartre ha desarrollado en un libro, según la cual el judío es esencialmente una creación artificial del antisemitismo, es evidentemente falsa, al igual que el resto de las ideas de este filósofo, pero ¿no sería cierta la propuesta contraria, a saber, que ciertos círculos judíos necesitan el antisemitismo para existir, para formar su identidad e incluso para asentar su autoridad moral, política e incluso financiera? 
En cualquier caso, esto es lo que afirman judíos intelectualmente honestos y valerosos, que llegan hasta deplorar la perversa utilización del recuerdo de la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, designada globalmente con el término vago y religioso de "shoah", recuerdo cotidiano, obsesivo, exclusivo e incluso a veces delirante, con fines políticos y financieros, que ya no tienen nada que ver con el culto a los muertos y con la evocación de su memoria. 
Pero el problema del supuesto antirracismo no es la búsqueda de la verdad, ni incluso el apoyo... Señor Schulz, ¡mi familia no ha aceptado jamás a un kapo alemán, y no va a empezar a hacerlo con usted !... ni incluso el apoyo, digo, que hay que brindar a los emigrantes. 
No, se trata de cortar de raíz todas las veleidades que podrían tener las naciones para oponerse a la destrucción de su identidad. 
La religión antirracista tiene sus dogmas, tiene sus sacerdotes, sus inquisidores, sus procesos de brujería. 
La Historia condenará con severidad a los protagonistas de esta ideología infame que nos enorgullecemos de combatir a cada instante. 
El filósofo inglés John Locke dijo en cierta ocasión que un país sin ley es un país sin libertad. 
Cincuenta años después de la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos, veinte años después del Acta Final de Helsinki, diez años después del hundimiento del Muro de Berlín y un año después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, sigue habiendo en el corazón de Europa disposiciones constitucionales que pertenecen a la época medieval: disposiciones que están fuera de lugar en una Europa moderna. 
Por ejemplo, Víctor Manuel de Italia se vio obligado a abandonar su país natal- Italia- cuando era un niño de nueve años, que no entendía lo que sucedía, y durante cincuenta y tres años no ha podido regresar. 
Si navega desde su hogar en Córcega hacia las aguas territoriales italianas, se movilizan los guardacostas mediante moderna tecnología por satélite y se le indica con altavoces que debe dar media vuelta. 
Su hijo de veintiocho años de edad sólo ha estado una vez en Italia, cuando su avión fue desviado al aeropuerto de Milán por mal tiempo. 
El avión fue rodeado por policías y se le dijo que no podía bajar del avión. 
¿Qué tiene él que ver con lo que su bisabuelo hiciera durante la época fascista? 
El 80% de los italianos afirmaron en una encuesta reciente que se debería permitir a esas personas regresar sin limitaciones. 
Ninguno de los dos representa una amenaza imaginable para el Estado italiano. 
No se trata, como algunos han intentado decir, de una cuestión que afecte sólo a unas pocas personas; afecta al núcleo del compromiso de la Unión Europea de respetar el Convenio de Derechos Humanos, sus propios Tratados y el Estado de Derecho. 
Se habla mucho de una Carta de Derechos Fundamentales. 
Si este Parlamento no hace antes todo lo que pueda para abordar las violaciones del Tratado que se dan actualmente, dicha Carta resultará extraordinariamente vacía. 
Hablo como una persona que siente un profundo y duradero amor por Italia y su pueblo, pero he de decir hoy aquí a Sus Señorías y al Presidente Ciampi que Italia no tiene derecho legal ni moral a firmar el Tratado de Amsterdam hasta que haya eliminado de su constitución esa violación de lo más flagrante del Convenio. 
Lo mismo ocurre con Austria, donde obligaron a Otto von Habsburg a negar su identidad y renunciar a los derechos que le asisten a él y a su familia a entrar en Austria. 
En mi opinión, los derechos establecidos en el Tratado no son condicionales. 
El Tratado no discrimina a familias particulares, por lo que se está violándolo. 
El derecho a entrar, vivir y morir en el país propio son derechos fundamentales, sacrosantos, por lo que espero que este Parlamento los confirme. 
Así, pues, recomiendo los párrafos 41 y 42 a esta Asamblea. 
Señor Presidente, el respeto de los derechos humanos constituye la base de la Unión Europea. 
Así figura en los Tratados y nos lo recordamos continuamente. 
Así mismo, resulta positivo que el Parlamento Europeo realice un informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la propia Unión Europea. 
Aunque tan sólo soy miembro del Parlamento desde el año pasado, sé que la tramitación de este informe anual sobre derechos humanos ha ocasionado mucha conmoción política y desconcierto en los últimos años. 
Esta conmoción está justificada, dada la naturaleza de la materia, pero el desconcierto no lo está. 
Me alegra mucho que este año se trate de un informe muy desequilibrado y centrado en lo fundamental, salvo el accidente laboral al que ya se ha referido nuestro colega, el Sr. Schulz, y sobre el que por todas partes hemos tenido que escuchar manifestaciones bastante repudiables. 
Afortunadamente, podemos mostrar nuestro rechazo golpeando las mesas. 
Exceptuando esto, quisiera agradecer mucho al ponente, el Sr. Bertel Haarder, su gran dedicación y la colaboración constructiva que he vivido con él, en tanto ponente en la sombra del Grupo Socialista. 
Las discusiones que hemos mantenido me han hecho profundizar mucho en la materia y quiero, sobre todo, elogiar aquí, públicamente, su actitud abierta. 
En lo que al contenido del informe respecta, quiero tocar algunos asuntos ¿No resulta más que irónico que, precisamente, las cuestiones en materia de asilo e inmigración, una de las máximas prioridades políticas de la agenda política europea, hayan tenido una resonancia tan clara en este informe. 
Realmente, ¿no debería dar lugar el planteamiento europeo en materia de asilo e inmigración a, precisamente, menos violaciones de los derechos humanos en este ámbito? 
La pregunta se contesta por sí misma. 
Debe continuar vigilándose el respeto de los derechos humanos de las minorías más numerosas de Europa. 
Las personas que pertenecen a estos grupos, muchas de ellas económicamente vulnerables, corren un gran riesgo de ser objeto de discriminación. 
La realidad es que millones de personas viven sumidas en la pobreza en nuestra rica y privilegiada Europa. 
El informe describe, justificadamente, esta problemática de la pobreza y de la marginación en términos de derechos humanos, y me parece que esto supone un avance en la discusión. 
El informe dedica más atención que en años pasados a la cuestión de la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la igualdad de trato de las diferentes modalidades de relación y modos de vida. 
La libre elección que efectúa la gente en su vida privada y que no perjudica a nadie, debe ser aceptada con respeto ante la diversidad y garantizando el principio de igualdad de trato. 
Tal como figura en algunas enmiendas, la lucha no ha terminado, ni mucho menos, en lo que a esto respecta. 
Señor Presidente, hay todavía muchos, también en esta Casa, tal como el debate ha evidenciado, que quieren dar un trato privilegiado al matrimonio y a la familia y, con ello, ofender y discriminar abiertamente a quien hace otra elección en su vida privada. 
Mi Grupo enarbola, en cambio, el principio de la igualdad de trato. 
Los derechos humanos son para todos. 
. (DA) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias por el amplio apoyo que han recibido las líneas maestras de este informe. 
Los derechos humanos tratan de aquello que compartimos todos más allá de partidos y fronteras nacionales, y de ahí la importancia de alcanzar un amplio consenso en este Parlamento al respecto, pues un derecho no puede ser universal si la mitad del Parlamento está en contra. 
Me gustaría dar las gracias especialmente a la Sra. Swiebel, tanto por sus amables palabras de hoy como por la intensa colaboración que hemos mantenido y que naturalmente le han dado una influencia considerable. 
También querría decirle que será para mí un placer votar a favor de las enmiendas adicionales que ha presentado y que vamos a votar mañana. 
No obstante, también querría expresar mi agradecimiento al Sr. Pirker y a la Sra. Palacio. 
Me gustaría dar las gracias por el amplio consenso existente en torno a este informe. 
Algo que me parece positivo, precisamente este año, en el que los derechos humanos han ocupado un lugar tan preeminente en el orden del día del Parlamento Europeo. 
Por último, querría decirle al Sr. Krarup que no debe alegrarse por la modificación del punto 61, pues se trata únicamente de un error. 
Son diez palabras que se han caído de la edición danesa. 
Si lee la edición inglesa, podrá ver cuál debe ser el tenor del punto. 
Señor Presidente, el presente informe contiene críticas a China. 
Estoy de acuerdo con esas críticas, a pesar de que como Presidente de la delegación para las relaciones con China corro el riesgo de que Pekín me mande una nueva carta de protesta preguntándome si el Parlamento Europeo realiza alguna campaña en contra de China. 
Apoyándome en los informes de Haarder y de Malmström, puedo contestarles con firmeza: "No, no hay campañas contra China, pero sí a favor de los derechos humanos, en todo el mundo". 
Los informes critican a una veintena de países de otros continentes, a casi todos los países comunitarios y a los países candidatos. 
Realmente pienso enviar estos informes a la Asamblea Nacional Popular de Pekín, al comité de la UE, dándoles la idea para que hagan algo parecido. 
¿Por qué no un informe autocrítico de la Asamblea Nacional Popular sobre los derechos humanos en el mundo y en la UE, visto desde la perspectiva china? 
Dialogaremos con los chinos sobre los derechos humanos. 
Entonces ellos tienen que dialogar y no sólo protestar. 
Señor Presidente, nos preocupa especialmente la hipócrita invocación selectiva a los derechos humanos en el ejercicio de la política exterior de la Unión Europea, sobre todo cuando sirve de pretexto para fundamentar intervenciones incluso militares. 
Al mismo tiempo la Unión Europea cierra los ojos a situaciones de violación salvaje de los derechos humanos y pone en primer plano, naturalmente, sus intereses imperialistas. 
Un ejemplo escandaloso nos lo brinda su posición ante el régimen turco. 
La reciente y prolongada incursión en Kosovo, con el pretexto de los derechos de las minorías, y las increíbles y onerosas exigencias que se le hacen a Yugoslavia constituyen un ejemplo clásico de consagración de la intervención militar como principio general de derecho internacional en detrimento del principio de soberanía nacional. 
Por otra parte, la política que ejerce la Unión Europea en su interior quebranta sustancialmente numerosos derechos fundamentales. 
Los derechos políticos y sociales son vulnerados; los derechos individuales son conculcados, las libertades democráticas son pisoteadas. 
Los resultados de esta política se hacen ya patentes en el robustecimiento de las fuerzas que profesan el fascismo y el racismo más extremistas, y no sólo en Austria. 
Sin embargo, el informe sobre la lucha contra el racismo no muestra que se hayan extraído las conclusiones necesarias. 
Llamamos a los pueblos a la lucha contra la conculcación, por quienes se presentan a sí mismos como sus salvadores, de unos derechos que han ganado con duros combates y sacrificios; los llamamos a dar al traste con el actual curso de las cosas, que sólo a sus explotadores beneficia. 
Señor Presidente, ponderación, mesura y pulso: esos son los términos que califican el excelente trabajo del Sr. Haarder, a quien felicito. 
Y, además, yo, que he tenido el honor de trabajar con él en anteriores informes anuales sobre los derechos humanos, sé lo difícil que es. 
Le deseo, como él lo ha pedido, un amplio respaldo de la Asamblea y espero que lo consiga. 
Se lo merece. 
Señor Presidente, decía el Sr. Haarder, al comenzar su primera intervención, que Europa no ha inventado los derechos humanos, y es verdad. 
Pero lo que sí caracteriza a Europa es que, al haberlos sacado de la esfera privada a la esfera pública a través de su justiciabilidad, ha hecho de los derechos humanos la bandera, la seña de identidad que nos caracteriza como europeos. 
Se ha hablado de la defensa de esos derechos humanos y yo quiero insistir ahora en la idea de que la proclamación de los derechos humanos tiene como corolario la posibilidad de su ejercicio. 
Y a todos los aspectos que se han mencionado al respecto, y que yo respaldo, voy a añadir otro: el relativo a aquellos que no pueden ejercer sus derechos porque se saben presionados por fuerzas, por organizaciones. 
Para no poner más que un ejemplo, hace poco vinieron aquí los integrantes del Foro de Ermua, y recuerdo a la Asamblea que sus miembros forman parte de todo el arco político, desde la izquierda hasta la derecha; que son intelectuales, que son hombres y mujeres que viven en el País Vasco y que no pueden ejercer sus derechos, que no pueden ejercitar la libertad de expresión porque se sienten permanentemente presionados por el brazo político de ETA, esto es, Herri Batasuna. 
Para sólo dar un ejemplo, había una invitación intimidatoria el domingo pasado para que los vascos no acudieran a votar. 
Afortunadamente, la sociedad vasca, haciendo prueba de valor- porque hay que vivir aquello para saber el valor que hace falta- se presentó en masa a votar. 
Señor Presidente, termino como he empezado: desde esta Asamblea tenemos que decir alto y fuerte que el primer corolario del respeto de los derechos humanos es la defensa de su ejercicio- la defensa plena de su ejercicio- contra todos y en particular contra aquellas fuerzas y organizaciones que impiden la libertad de expresión. 
Señor Presidente, quiero hablar por unos momentos sobre el informe Ludford relativo a la lucha contra el racismo en la Unión Europea. 
Se trata de un asunto muy importante. Es decisivo para la construcción de una Europa pacífica y armoniosa, una Europa unida en su objetivo y en paz consigo misma y con sus ciudadanos. 
Eso es, desde luego, lo que en este sector de la Asamblea creemos. 
Ése es el propósito de este informe. 
Pero, al parecer, el PPE y otros de ahí enfrente, está claro que no lo quieren. 
Hace unos momentos hemos escuchado un discurso vergonzoso del Sr. Gollnisch, en nombre de su partido. 
La Sra. Palacio, que en este preciso momento se marcha, ha dicho que se necesitan los derechos humanos en un lugar público y en el núcleo. 
Y, sin embargo, con sus enmiendas al informe Ludford, pretenden dividir a Europa y ganar millones con nuestros hermanos ciudadanos de segunda clase de las minorías étnicas. 
Ése es el claro objetivo de las enmiendas presentadas por el Sr. Hernández Mollar y sus colegas y se da sistemáticamente en todas las enmiendas del PPE- el supuesto Partido Popular Europeo -, que en realidad se revela con sus enmiendas como un partido para algunos de los ciudadanos, pero no para todos. 
Las enmiendas del PPE van encaminadas a dividir a las familias. 
Ponen objeciones a la unidad familiar. 
Su enmienda nº 12 va encaminada a suprimir la referencia a la necesidad de la unidad familiar en Europa. 
Al parecer, el PPE no quiere reconocer que las minorías étnicas se sienten alienadas del proceso electoral. 
No creen que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deban reflejar la diversidad étnica de Europa. 
Ése es el objetivo de la enmienda nº 13. La suprime del informe. 
Están contra la diversidad étnica y no aceptan los beneficios que brindan a nuestra sociedad todas esas personas. 
No aceptan que todo el mundo tenga un papel que desempeñar en el proceso electoral. 
Si se presentan en la Unión Europea enmiendas como ésas, no podemos quejarnos de lo que sucede en los Estados candidatos. 
Tampoco parece creer el PPE que se deba estimular a las minorías étnicas a votar. 
Su enmienda nº 21 suprime el llamamiento para que se estimule a las minorías étnicas a participar en las elecciones votando o presentando candidaturas. 
¿Es eso lo que queremos? 
No lo creo. 
En este sector de la Asamblea, rechazamos esa posición completamente. 
Haremos pública la posición del PPE y sus enmiendas, tanto si se aprueban como si no. 
Deploramos la orientación propugnada por el Sr. Hernández Mollar y su colega. 
Instamos al Grupo Liberal a que se desvincule del PPE respecto de esas enmiendas, porque ha demostrado tener instintos racistas. 
En caso de que se aprueben las enmiendas del PPE a este informe, nos opondremos a todo el informe. 
Las enmiendas del PPE menoscaban el informe y empeorarían la actual posición de este Parlamento. 
La debilitarían tanto, que nos opondríamos a ella. 
Sería un paso atrás. 
Así, pues, insto a todos Sus Señorías a que rechacen las enmiendas presentadas por el Partido Popular Europeo y sus colegas de la extrema derecha. 
Señor Presidente, doy las gracias a todos cuantos han hablado sobre mi informe. 
Quisiera simplemente aclarar unos pocos malentendidos. 
En primer lugar, en ningún punto de este informe se dice que la lucha contra el racismo signifique que no se deban aplicar controles de inmigración. 
Dice que dichos controles no deben ser discriminatorios por razones de raza y no deben exacerbar las actitudes xenófobas ni la hostilidad contra las minorías étnicas. 
Las referencias a la ampliación de los derechos para los ciudadanos de terceros países significan, naturalmente, derechos para quienes sean legalmente residentes. 
En segundo lugar, sobre la religión y la identidad, se afirma que no hay exclusividad. 
Convengo con el Sr. Schultz. 
El cristianismo ha hecho una importante contribución a los valores europeos, pero no tiene el monopolio de ellos. 
En tercer lugar, se ha hecho referencia a cuotas. 
En este informe no se habla en absoluto de cuotas. 
Como liberal que soy, me opongo a las cuotas. 
En cuarto lugar, sobre Austria, se afirma que no debemos mencionar a Austria por el marco cronológico del informe. 
Este informe es para el debate anual sobre el racismo en el año 2000. 
Se refiere a la situación en que nos encontramos en este momento. 
Acojo con beneplácito las observaciones formuladas por el Sr. Oostlander y su apoyo al informe. 
Como gesto de buena voluntad, voy a aceptar cinco enmiendas menores del PPE, aunque ninguna- dicho sea de paso- de las mencionadas por el Sr. Evans. 
Espero encarecidamente que más miembros del Grupo PPE/DE apoyen este informe. 
Señor Presidente, lo que no se ha subrayado suficientemente hasta ahora en el debate es- creo yo- la democracia y la subsidiariedad. 
Muchas de las atrocidades ocurridas en los Balcanes de las que hemos hablado antes y gran parte del racismo y del antisemitismo se deben a que en todas partes hay comunidades a las que se les ha negado la posibilidad, en consonancia con el concepto de subsidiariedad, de desarrollar dentro de ellas la democracia que los pueblos necesitan en todas partes, para evolucionar y crear en sus regiones y naciones los derechos sociales, la justicia, el respeto de las minorías, la coexistencia de pueblos diferentes y el respeto de todas las razas y pueblos. 
El artículo 3b del Tratado de Maastricht sigue limitando, señor Presidente, la relación entre la Unión Europea y los Estados miembros a la subsidiariedad. 
Las regiones y las naciones sin Estado se ven preteridas. 
Así, pues, los pueblos sufren dentro de sus comunidades. 
No pueden crear estructuras que necesitan para que los derechos humanos puedan prosperar y se pueda eliminar por siempre jamás la plaga del racismo. 
En nuestra nación, Gales, por ejemplo, no tenemos competencia para formular nuestras propias leyes contra el racismo y defender los derechos humanos. 
Los principios de cohesión y el impulso para limitar la pobreza y la depravación en nuestras comunidades son un concepto bien arraigado en la Unión Europea. 
Sin embargo, si quiere inspirar al mundo en su impulso con vistas a derrotar el racismo y defender los derechos humanos, debe imponer respeto para las minorías en todas partes. 
Señor Presidente, agradezco muy sinceramente a las señoras y a los señores ponentes el trabajo realizado. 
Cada vez más debemos traducir las palabras en acciones concretas. 
La violación de los derechos humanos, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo no existen sólo en los demás continentes, existen en nosotros mismos, en nuestras vidas y en nuestras instituciones. 
También en este Parlamento se expresan posiciones racistas y xenófobas. 
Debemos empezar por nosotros mismos con el fin de poder lograr un mundo en que cada uno pueda servir de ayuda a los demás. 
Nuestra acción en los países que niegan la existencia de los derechos humanos y sociales- desde los derechos de los kurdos, de los palestinos, de los chechenos a los de las mujeres afganas- puede tener más fuerza si actuamos sin hipocresía. 
Muchos son los Haider en Europa. 
Se es Haider cuando- y sólo cito un pequeño ejemplo- como ocurrió en Roma la pasada semana, se deportan, de un modo indiscriminado y con el consentimiento del alcalde, refugiados gitanos bosnios devolviéndoles a los lugares de conflicto y separando los hijos de las madres, los hermanos de las hermanas; se expulsan sin dejarles siquiera tiempo de llevarse algo consigo, y se apartan de la escuela niños nacidos en Italia, integrados y queridos por sus compañeros de clase. 
Se es Haider cuando en Roma los partidos de la oposición de derecha y del nuevo centro incitan a la población al odio e impiden al Ayuntamiento ubicar a los gitanos en lugares seguros, provistos de agua y luz. 
Digo esto sin hacer concesiones a los comportamientos ilegales de muchos gitanos o de muchos inmigrados. 
Quisiera poder compartir con todas y todos el sentir de que nadie es extranjero en nuestros Estados. 
Por esto apoyo muy especialmente las propuestas contenidas en las resoluciones: dar fuerza y ayudas a todas aquellas energías que practican una cultura de convivencia y de ciudadanía. 
Como ya se ha dicho, con respecto a estos candidatos no podemos causar la impresión de que les imponemos criterios más estrictos de los que cumplimos nosotros mismos. 
No debemos comparar la situación real de estos países con nuestros textos jurídicos ideales, sino con nuestra propia realidad. De lo contrario, los candidatos inevitablemente saldrían mal parados. 
Es incontestable que por ejemplo los países candidatos a la adhesión que recuperaron su independencia hace poco, como es el caso de Estonia, Letonia y Lituania, tienen todo el derecho a volver a definir y articular primero su propia identidad nacional. 
Dado que la dictadura comunista que sufrieron estos países lógicamente no fomentó una cultura pluralista de diálogo, muchas manifestaciones actuales de identidad nacional nos parecen descomunales o incluso indirectamente contrarias a las minorías del propio país o de algún que otro Estado vecino. 
Mientras se trate de etapas provisionales en el camino hacia la autodefinición no debemos condenar estos fenómenos de antemano en tono moralizador y arrogante. 
Lo que sí tenemos que hacer es prestar la ayuda concreta necesaria para evitar que estos Estados, en su camino hacia la Unión Europea, definan su identidad antes que nada a través de lo que los diferencia de las minorías o del vecino. 
Quisiera aducir la situación en Estonia y Letonia como ejemplo de una evolución positiva nada evidente entre dos grupos de población. 
No es nada evidente debido al lastre histórico de la ilegítima ocupación y deportación, el forzoso traslado a estos Estados de ciudadanos procedentes de otras regiones por razones políticas y la opresión de toda manifestación de autodeterminación nacional hasta finales de los años ochenta. 
El hecho de que los carros de combate rusos llevaran la palabra ¡Volveremos! cuando se retiraron en 1994 ciertamente tampoco redundó en beneficio de la reconciliación entres bálticos y rusos. 
Pero pese a estos lastres no se ha registrado ningún caso de enfrentamiento violento entre la mayoría y la minoría de la población. 
Por eso, los estonios y los letones merecen nuestro expreso elogio por haber mantenido la sangre fría a pesar de las adversidades y por mostrarse dispuestos a tener en cuenta nuestros argumentos de cara a la adaptación de su legislación relevante a los estándares europeos. 
Por todo ello, estimo que sobra el requerimiento explícito del punto 14 del informe Belder que pide la continuación de las medidas destinadas a la integración de la minoría rusa. 
Es algo que ya se está haciendo y la mención explícita no hace otra cosa que causar la impresión de que éste no es el caso. 
Señor Presidente, es un hecho que durante los últimos años, paralelamente al aumento de la corriente migratoria, ha ido incubándose un ambiente de prejuicios, que la violencia racista se ha ido haciendo cada vez más frecuente, y que incluso se han creado partidos políticos fundamentados en la ideología racista. 
Se crea, pues, un clima social, que se ha manifestado en un ala de nuestro Parlamento esta mañana, que nos indica que la protección de la dignidad humana, el derecho a la diferencia, los valores democráticos y la solidaridad social no constituyen aún una conquista sólida. 
Por ello nuestra acción en pos del respeto a los derechos humanos y de la creación de una sociedad justa en la que las personas convivan de forma creativa tendrá que incluirse en una amplia gama de medidas y políticas que se propongan la mejora de las condiciones económicas y sociales para todos, que impulsen la lucha contra el paro, contra la pobreza y contra la exclusión social. 
La nueva realidad multicultural de Europa requiere una política que garantice la integración de los inmigrantes, de los diferentes grupos sociales y de las minorías en la vida social, política y económica de las sociedades nacionales. 
Necesitamos, sin duda alguna, una política europea común de asilo y extranjería, fundamentada en los valores del humanismo europeo. 
Singular relevancia adquiere también, qué duda cabe, el ámbito de la educación; tendrán que introducirse importantes mejoras en la educación de los hijos de los inmigrantes y de los gitanos. 
Al mismo tiempo, los medios de comunicación están llamados a su vez a contribuir con sus armas a la lucha contra los prejuicios, a mostrar la belleza multicolor y multicultural de las sociedades contemporáneas. 
En este marco, claro está, se ha de dar por supuesto el respeto a cuantos objetan razones de conciencia, por ejemplo, a su incorporación al ejercito. 
Quisiera, a propósito, asegurar al Parlamento Europeo que lo que en Grecia constituía un problema en el pasado no constituye ya problema alguno tras la adopción y aplicación de la correspondiente legislación el 1-I-1998. 
La mención al respecto, pues, en el, por otra parte, excepcional informe del Sr. Haarder, carece hoy de sentido. 
Deseo expresar mi indignación por el hecho de que Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, que pretende ser la vanguardia de la civilización, aplique la pena de muerte a una escala cuasi-industrial. 
Independientemente del riesgo de error judicial, ¿qué pensar de una sociedad que, para vengarse de actos innobles y bárbaros cometidos por ciertos individuos, pone en práctica todo un aparato jurídico material para perpetrar conscientemente, en frío, un acto tan bárbaro, adoptando de este modo un comportamiento incluso peor que el que condena? 
Cuando se pretende defender los derechos humanos, exigir la supresión de la pena de muerte en todas partes es lo mínimo que puede hacerse. 
En las prisiones americanas, los condenados esperan a veces durante muchos años su ejecución. 
Más concretamente, me gustaría elevar mi voz contra la amenaza de ejecución que pesa sobre Leonard Peltier y Moumia Abou Djamal, ambos víctimas de la maquinación de una policía y de un sistema judicial podridos de racismo, ambos condenados a muerte, en realidad, por sus ideas políticas. 
Después de haber soportado durante, respectivamente, 26 y 18 años esa tortura innoble que es la espera en el corredor de la muerte, deben ser inmediatamente puestos en libertad. 
Al haber llegado el momento del turno de votaciones, el debate se interrumpe en este punto. Se reanudará a las 15.00 horas. 
VOTACIONES 
Gracias, Señor Lannoye, estas precisiones estaban totalmente claras. 
Después de la votación: 
Señora Presidenta, ¿puede confirmar la Comisión si ha aceptado la enmienda nº 1 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor? 
Eso significaría que se podría aprobar la directiva por mayoría cualificada, con lo que podríamos acabar ya con esta directiva. 
Los belgas y los franceses podrían disfrutar con el chocolate británico tanto como los británicos han disfrutado con el chocolate francés y belga. 
(La Presidenta declara aprobada la posición común tras ser modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0054/2000) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo que establece un sistema comunitario revisado de atribución de la etiqueta ecológica (10656/2/1999- C5-0223/1999- 1996/0312 (COD) ) (Ponente: Sr. Schnellhardt) 
(La Presidenta declara aprobada la posición común tras ser modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0056/2000) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la incineración de los residuos (11472/1/1999- C5-0274/1999- 1998/0289 (COD) ) (Ponente: Sr. Blokland) 
(La Presidenta declara aprobada la posición común tras ser modificada) 
Informe (A5-0062/2000) del Sr. Davies, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiental (COM (1999) 125- C5-0048/1999- 1999/0068 (COD)) 
(El Parlamento adopta la resolución legislativa) 
Informe (A5-0063/2000) de la Sra. Myller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo que fija máximos nacionales para la emisión de ciertos contaminantes atmosféricos (COM (1999) 125- C5-0047/1999- 1999/0067 (COD)) 
. (FI) Señora Presidenta, quiero hacer una observación sobre un error de traducción en relación con las enmiendas 18 y 30. 
Esto se ha puesto en conocimiento de los servicios responsables y también se menciona en el listado de votación que se nos ha entregado aquí, pero quería recordárselo a ustedes para que lo tengan presente a la hora de votar. 
Totalmente, Señora Myller, me indican que los servicios lingüísticos ya están al corriente de estos errores. 
Antes de la votación de la enmienda 18 
En ambas enmiendas, tanto en la 18 como en la 30, debe poner: "el índice crítico de concentración no deberá ser rebasado". 
En lugar de la palabra 'rebasado', se puede leer 'alcanzado', lo cual significa todo lo contrario. 
Muy bien, todo el mundo lo comprenderá. 
(El Parlamento adopta la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución común sobre el Consejo Europeo extraordinario que se celebrará en Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000. 
(El Parlamento adopta la resolución) 
Señora Presidenta, estimados colegas, quedaría muy agradecido si todavía pudiéramos pronunciarnos ahora acerca de la resolución de nuestra colega Caroline Jackson, de la Comisión de Medio Ambiente. 
Les agradecería mucho que resolviéramos este asunto ahora en un momento. 
Creo que no vamos a perder más tiempo con este tema. 
Voy a consultar a la Asamblea. 
Señora Presidenta, le ruego tome usted buena nota de que los socialistas franceses presentes en esta sala no participarán en la votación. 
Opinan que la moción que se les propone no es equitativa. 
Desean, en efecto, que las directivas medioambientales sean aplicadas e integradas en el seno de las políticas europeas, pero deben serlo en bloque, es decir, no sólo la Directiva Natura 2000 y la que se refiere a las aves migratorias. 
Piensan también que la aplicación de las directivas compete al Derecho, a la Justicia, a la Comisión y al Tribunal de Justicia. 
En consecuencia, no desean tomar parte en esta votación, que consideran partidista. 
De todos modos, aún no sabemos si vamos a votar esta mañana, dado que iba a consultar a la Asamblea sobre este punto. 
Señora Presidenta, quería recordarle que usted había dicho que la anterior era la última votación, y también quiero señalar que esta resolución, que es la consecuencia de una desgraciada acumulación de dos preguntas orales en contra del Reglamento y las costumbres, está generando problemas complicados en todos los Grupos y no creo que esta sea la mejor manera de darle curso. 
Queridos colegas, creo que hay que enfocar bien las cosas. 
Al principio de la votación, dije que llegaríamos hasta la Resolución sobre el Consejo Europeo de Lisboa. 
Lo dije claramente. 
Dije que terminaríamos a las 13.15 horas, y hemos respetado este horario. 
Creo que debemos respetar lo que se ha decidido. 
Señora Presidenta, no estoy de acuerdo con esta decisión. 
El Parlamento tiene el derecho de decidir libremente si votamos dicha resolución ahora o no y, por eso mismo, ruego que votemos si la votación se celebra ahora. 
(La Presidenta consulta a la Asamblea, quien decide interrumpir la hora de las votaciones) 
Señora Presidenta, por haber llegado un poquito tarde, no quería interrumpir la votación. 
¿Podríamos pedir que tocaran los timbres un poquito antes? 
Las personas que estaban en el duodécimo piso han tenido grandes dificultades para llegar aquí, a la votación, pues el ascensor ha parado en todos y cada uno de los pisos y no hemos podido llegar antes. 
El ascensor estaba lleno de Vicepresidentes, Cuestores y toda clase de personas que bajaban del duodécimo piso. 
Señora Presidenta, al presentar las enmiendas a la directiva del chocolate, pretendíamos dar una mejor protección a los consumidores que quieren saber si se les ofrece verdadero chocolate o un producto que, en lugar de manteca de cacao, contiene también grasas de otro origen. 
Lamentablemente, estas enmiendas no han sido aceptadas. 
Nuestra preocupación continúa centrándose también en los productores de cacao del tercer mundo. 
Prevemos que, pese a la introducción de posibles mejoras para los productores de otras grasas vegetales, el equilibrio global resultante será, en cualquier caso, negativo para el tercer mundo. 
Hay que lamentar que el estudio relativo a las consecuencias de la nueva directiva para los países del sur no se haya efectuado con antelación. 
A partir de ahora, el chocolate deja de ser un producto totalmente elaborado a base de manteca de cacao. 
El término chocolate también se utiliza en algunas partes de la Unión cuando éste contiene sucedáneos. 
Lamentamos que la uniformidad se logre a expensas del consumidor, de los productores de cacao y motivada por el afán de lucro. 
Señora Presidenta, "sustancia alimenticia hecha con granos de cacao tostados o molidos con azúcar, vainilla y otras plantas aromáticas", ésta es la definición tradicional del chocolate que puede usted encontrar hoy en día en los diccionarios. 
Pero he aquí que se perfila otra definición: " antiguo nombre de un producto auténtico, sano y de calidad, producido en otra época según una tradición ancestral, y a la que permanecen apegados algunos nostálgicos deliciosamente anticuados. 
Se emplea en la actualidad para designar un producto negro, marrón o blanco, o de cualquier otro color, que contiene materias grasas vegetales o industriales, o cualquier otra cosa, siempre que el resultado final encuentre un mercado, preferentemente mundial ". 
He aquí, en efecto, la nueva directiva que se nos presenta hoy aplicada hasta las últimas consecuencias, y que podría perfectamente terminar por sustituir a la definición del chocolate que conocemos; es cierto que los productos sustitutivos son una especialidad del lobby industrial que parece haber inspirado esta apabullante directiva. 
Nuevamente, parece que la ley de "todo es negocio", es decir, la del más fuerte, ha sido elegida por encima de la defensa de los consumidores, de las PYMES y de nuestros artesanos... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, en este momento, como consecuencia de la votación catastrófica de hace un rato sobre el chocolate, deseo expresar mi opinión, y no estoy demasiado orgullosa de lo que hemos votado. 
En efecto, creo que hay que recordar que el Parlamento Europeo ha asumido la responsabilidad de modificar la composición misma del chocolate aceptando la introducción de aceites, de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. 
Me gustaría decir que el Parlamento Europeo no está en absoluto en línea con su opinión pública, por un cierto número de razones. 
En primer lugar, no es coherente con respecto a la demanda de los consumidores, que reclaman un etiquetado claro. 
No les hemos ofrecido este etiquetado en el chocolate. 
No está en línea con la opinión cada vez más reticente en relación a los organismos genéticamente modificados (OGM). 
Por tres votos, hemos renunciado precisamente a los OGM en el chocolate. 
Además, nos hemos basado en el principio de la prudencia al rechazar los estudios de impacto previos en relación al efecto que tendrá esta directiva sobre los países productores, etc... 
No ha pasado nada. 
La pregunta que podemos hacernos es a quién beneficia verdaderamente la manipulación y... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, saboreo la dulce victoria para los productores de chocolate británico en nuestra votación de hoy en su lucha para lograr el reconocimiento del buen chocolate británico en toda Europa como el producto delicioso y de la mayor calidad que es. 
Los vencedores no son sólo los fabricantes de chocolate británico, sino también los consumidores de chocolate de toda Europa, que ahora tendrán libertad para deleitarse con Dairy Milk, Galaxy y Milky Way a voluntad. 
Un etiquetado claro permitirá a los consumidores elegir y disfrutar el chocolate que quieran. 
Sus papilas gustativas dejarán de verse privadas de él por la policía chocolatera de Europa. 
Los países en desarrollo son también los vencedores. 
Esta legislación tiene en cuenta las necesidades de los agricultores más pobres del mundo. 
Esas grasas vegetales permitidas serán de origen tropical y también habrá un examen de las repercusiones de la directiva al cabo de tres años. 
Lo mejor de todo es que la directiva contribuirá al aumento de las ventas globales de chocolate en todas partes, con lo que aumentará el mercado de la exportación de los países en desarrollo. 
Conque los adictos al chocolate pueden ahora comer tranquilos sabiendo que están haciendo su contribución al tercer mundo. 
Estoy seguro de que Sus Señorías convendrán en que en el pasado la UE se metió en un berenjenal de chocolate y algunos gobiernos también, al intentar proteger sus industrias chocolateras. 
Ya era hora de que el Parlamento Europeo hiciese un corte de mangas a los horteras del chocolate. 
Hace ahora dieciséis años que se inició el debate sobre el chocolate en el Parlamento Europeo. 
Creo que no deberíamos habernos metido en el lío de esta directiva. 
Los debates sobre los gustos y los productos nacionales nos brindan una esfera demasiado amplia para debates ridículos. 
Los consumidores elegirán independientemente de lo que haga la UE y así es mejor. 
En el debate sobre el chocolate se ha hecho notar con demasiada frecuencia el patrioterismo nacional. 
. (FR) La Directiva de la Comisión de Bruselas relativa a la autorización para integrar en la composición del chocolate un cierto número de grasas vegetales más baratas que la manteca de cacao favorece manifiestamente los intereses de las cinco multinacionales que se reparten las tres cuartas partes del mercado europeo. 
En la medida en que el producto abusivamente denominado chocolate ni siquiera será más barato, el consumidor no recupera en el precio de compra lo que pierde en transparencia con respecto a la naturaleza del producto. 
Dado que no compartimos las preocupaciones proteccionistas que se esconden tras la defensa del "verdadero chocolate", no vemos ninguna razón para votar a favor de la directiva de Bruselas. 
. (FR) Tras más de dos años de aplazamientos, el Consejo adoptó, en octubre de 1999, una posición común sobre la Directiva relativa a los productos del cacao y del chocolate. 
En estas condiciones, el texto no permite ni proteger los intereses de los consumidores, de los artesanos chocolateros y de los productores de cacao, ni garantizar la calidad del chocolate. 
En efecto, banaliza el empleo de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, no contempla una información rigurosa para el consumidor, y tiene escasamente en cuenta la ausencia de un método fiable de análisis y medida de las grasas presentes en el chocolate. 
Así, esta propuesta no responde en absoluto a las preocupaciones expresadas por los diputados europeos con ocasión del voto en primera lectura el 23 de octubre de 1998. 
Este texto abre la puerta de par en par a la producción industrial de productos equivalentes a la manteca de cacao hechos con aceite de palma, cuyo precio es muy inferior al del cacao. 
Su adopción produciría una caída de ingresos dramática para los once millones de personas que viven del cacao en África Occidental y para el conjunto de las regiones productivas 
Para que asimilemos mejor este amargo trago, se ha intentado conferir al texto un trasfondo social, argumentando que permite defender los intereses de los países productores de manteca de karité más pobres, tales como Mali o Burkina-Faso. 
Sin embargo, no existe garantía alguna en cuanto a la utilización por parte de la industria del chocolate del aceite de nuez de karité, que de todos modos no puede remplazar a la manteca de cacao más que en una proporción del 50%. 
Nos referimos aquí a una oposición muy artificial entre productores de cacao y productores de karité, entre países pobres y países aún más pobres. 
En realidad, esta propuesta de directiva expresa sobre todo la postura de las multinacionales del chocolate, y al final sólo defiende claramente sus intereses. 
En consecuencia, no puede dejarme satisfecho. 
Por todo ello, apoyo plenamente las enmiendas que anteponen los problemas de los artesanos chocolateros, los intereses de los consumidores y el futuro de millones de campesinos productores de cacao. 
. (FR) Deseo de entrada felicitar al ponente por la tenacidad que ha demostrado en este informe "chocolate". 
Recordaré brevemente las grandes líneas de este informe. 
En 1996, la Comisión Europea nos propuso modificar la Directiva de 1973 que autorizaba al Reino Unido, a Irlanda y a Dinamarca a derogar la normativa en vigor, remplazando en el chocolate una parte de la manteca de cacao por otras materias grasas vegetales (MGV) en una proporción máxima del 5% del peso total. 
Efectivamente, con la adhesión de nuevos Estados miembros, el número de países que autorizaban las MGV distintas a la manteca de cacao se incrementó hasta siete con Finlandia (que permite un 10%) , Austria, Portugal y Suecia. 
Los ocho restantes las prohiben (Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos). 
Consecuentemente, la propuesta a la que nos referimos tiene por objetivo conceder a los Estados miembros la posibilidad de autorizar la incorporación de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao a los productos de chocolate en una proporción máxima del 5% del peso total del producto acabado. 
Evidentemente, esto no ha dejado de suscitar debates a veces tumultuosos y, sobre todo, de despertar preocupaciones legítimas en los consumidores. 
Estos últimos, que hace algunos años se sintieron particularmente amenazados cuando Europa, por medio de directivas de armonización, intentaba imponernos "europroductos", han manifestado su voluntad de defender sus tradiciones culinarias. 
Posteriormente, se ha perfilado una tendencia salvadora a promover la calidad de la alimentación al tiempo que la diversidad alimenticia. 
Ahora bien, si en este informe es indiscutible que los Estados miembros que emplean MGV en lugar de manteca de cacao tienen derecho a comercializar sus productos, queda por saber si es legítimo comercializarlos bajo la denominación "chocolate". 
Efectivamente, la sustitución de la manteca de cacao por otras MGV plantea la cuestión de la salvaguardia de la naturaleza misma del chocolate. 
Por tanto, hay que dotar a este mercado de garantías suficientes para los consumidores, es cierto, pero también para los productores de cacao. 
Debemos exigir: 
un método de análisis que permita determinar el contenido exacto de MGV distintas de la manteca de cacao, lo cual no había sido contemplado por la Comisión Europea; por desgracia, esta exigencia no ha sido retomada por la posición común del Consejo, pero sigo pensando que se trata de una condición sine qua non para el respeto de la regla del 5%. 
una mención muy explícita destinada a los consumidores para que puedan comprar con conocimiento de causa; 
la reserva de la mención "chocolate de calidad" para los productos que contienen manteca de cacao; 
la limitación de las MGV de sustitución a las materias vegetales tropicales que no se obtienen a partir de procesos productivos enzimáticos y que no se derivan de la ingeniería genética; 
una evaluación del impacto de una medida de este tipo sobre las exportaciones de cacao en los PVD. 
Suscribo estas exigencias, que se encuentran reflejadas en las enmiendas presentadas por el ponente. 
Soy, efectivamente, un consumidor preocupado por la calidad y por el sabor del chocolate tradicional. 
Por otra parte, pienso que la política de protección de los consumidores, elevada al rango de política comunitaria, no se limita a la seguridad alimentaria y a la protección de la salud. 
¡Debe aspirar a promocionar una alimentación de calidad, que forma parte de una filosofía más general, la de la calidad de vida! 
. (FR) Estamos perdiendo el norte. 
En una Europa que proclama su voluntad de proteger al consumidor, que habla de etiquetas de calidad y autenticidad, henos aquí, ante una posición común del Consejo que prefiere desnaturalizar un producto hasta ahora de calidad, el chocolate, antes que perjudicar a las multinacionales agroalimentarias. 
Por otra parte, ni siquiera deberíamos extrañarnos, porque esta misma Europa produce vacas locas, corderos con tembladera, pollos con dioxinas, e importa carne con hormonas y cereales modificados genéticamente. 
Es cierto que se "informa" al consumidor de que el producto que compra está adulterado. 
¡Pero qué hipocresía! 
¡Qué información! 
En letras minúsculas, con un lenguaje incomprensible, en la parte trasera del envase. 
Tienen ustedes por costumbre hacer lo que haga falta en nombre de sus dogmas, de la libre circulación, de la libre competencia. 
Por favor, no sigan haciendo cualquier cosa con nuestras tradiciones gastronómicas, nuestros productos de calidad o de nuestra tierra. 
No jueguen más con la alimentación. 
Eso será un verdadero progreso. 
Lo han captado ustedes: mis colegas de la coordinación de la derecha europea y yo mismo votaremos a favor de la "opción cero", cero materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en el chocolate. 
. (FR) ¿Pueden ustedes creerlo? 
Más de veinticinco años después del primer debate del Parlamento Europeo sobre el chocolate, me encuentro de nuevo inmersa en una discusión sobre la gran incógnita de saber si un producto puede ser llamado chocolate cuando no está fabricado exclusivamente a partir de manteca de cacao. 
Hoy, al igual que hace veinticinco años, esta cuestión divide al Parlamento, hasta el punto de que mi Grupo no ha hecho lista de voto, y no ha aplicado la disciplina de Grupo, lo cual en estas circunstancias me parece maravilloso. 
Por tanto, he podido pronunciarme libremente a favor de la solución que me parece mejor para los fabricantes del verdadero chocolate, tal como lo aprecian los gourmets que piensan que se debe llamar al pan, pan, al vino, vino, y al chocolate, chocolate, siempre que efectivamente esté fabricado con manteca de cacao. 
Lamento mucho que no hayamos podido ponernos de acuerdo sobre la solución que me parecía más sensata, o sea, que la denominación "chocolate" se reserve para los productos que incorporen el 100% de materias grasas vegetales derivadas del cacao, y que la presencia de otras materias grasas se indique visiblemente en el envase de los productos que las contengan, a fin de informar al consumidor y no llevarle a error, dando por sentado que la comercialización en el mercado único de estos productos estaría garantizada. 
Tanto en materia de chocolate como en otros campos, sabemos que hay culturas y tradiciones variadas. 
Sobre gustos no hay nada escrito. 
En paralelo al tema "sabor y calidad del producto", aparece desde luego la vertiente "política de desarrollo": en efecto, los países asociados, los ACP, temen perder alrededor de 160 millones de dólares de sus ingresos si nuestros grandes fabricantes industriales de chocolate empiezan a emplear otras grasas vegetales en una proporción del 5%, cifra prescrita pero no controlable. 
Como las cosas son lo que son, habría preferido que la posición común se hubiera rechazado, al igual que prefiero el buen chocolate artesanal a un producto industrial actualmente no controlable. 
Por desgracia, una pequeña mayoría dentro del Parlamento no se ha pronunciado en la forma que hubiese permitido a los consumidores disfrutar del chocolate bueno y verdadero. 
Rechazamos de entrada los principios de admisibilidad y generalización a todos los Estados miembros de la fabricación de chocolate con un porcentaje de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. 
Y lo hacemos por motivos que tienen que ver con la salvaguardia de los legítimos intereses de los países productores de cacao y también con la defensa de los consumidores. 
En efecto, semejante medida tendrá inevitablemente consecuencias negativas en los países productores de cacao, a lo que se suma, como motivo determinante de nuestra posición, que no se considere siquiera la posibilidad de hacer un estudio de las repercusiones de dicha medida en los países en vías de desarrollo productores de cacao. 
Entretanto, la fijación de un límite de 5% de otras grasas vegetales- distintas de la manteca de cacao- en la fabricación del chocolate constituye también un peligroso precedente en la medida en que, con el tiempo, podría propiciar no sólo su utilización en un porcentaje superior al que ahora se ha fijado, sino también abrir las puertas a la fabricación en el futuro de chocolate con otro tipo de grasas, incluidas, en última instancia, las obtenidas mediante modificación genética. 
Por lo demás, es cierto que falta incluso por determinar un método de análisis que permita establecer con rigor la cantidad efectiva de esas grasas en la fabricación del chocolate, a lo que se suma la no obligatoriedad de un etiquetado que al menos permitiera distinguir con claridad el chocolate auténtico, compuesto exclusivamente de manteca de cacao, del compuesto de otras grasas. 
. 
(FR) Esta directiva modifica la definición misma del chocolate, que pensamos debería estar fabricado con granos y manteca de cacao. 
No tenemos derecho a llevar al consumidor a error utilizando la denominación chocolate para designar productos que no están necesariamente hechos a partir del cacao. 
Los consumidores exigen una información clara y precisa. 
Ya no toleran ser engañados. 
La votación de hoy iba claramente más allá del mero problema del chocolate. 
Es la confianza de nuestros conciudadanos lo que está en juego. 
Por ello, he votado a favor de todas las enmiendas que pretendían mejorar esta directiva y que eran presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
. (DA) La base del bienestar en la UE es la competencia. 
Y lo que se busca con la aprobación de una nueva directiva sobre productos de chocolate es precisamente mejorar la competencia dentro de la UE. 
En lo que respecta a la política alimentaria y de protección de los consumidores, hemos de ser muy cuidadosos. 
Sin embargo, aquí no se trata de la salud o de la protección del medio ambiente. 
Se trata únicamente de si debemos permitir la libre competencia sin ningún riesgo para la salud en la industria del chocolate, de forma que todos los fabricantes de chocolate puedan vender sus chocolates en todos los países comunitarios y no sólo en los siete países que hasta ahora siguen autorizando las grasas vegetales en cuestión. 
Viéndolo desde el lado de los consumidores, únicamente es una cuestión de gusto. 
De ahí que no sea correcto que los políticos decidan entre lo que los consumidores tienen derecho a elegir. 
Los artículos deben ser ofertados y debe estar claro su contenido, pero hemos de confiar en el propio criterio de los consumidores. 
No podemos hacer otra cosa. 
¡Los consumidores deben descubrir por sí mismos cuál es el que mejor sabe! 
El hecho de que hoy observemos en el Parlamento una oposición considerable hacia esta propuesta, no puede ser visto más que como un intento por parte de ciertos fabricantes de chocolate de frenar la competencia. 
Si se ve de dónde proviene la oposición, también queda claro que ésta más allá de los grupos proviene ante todo de los países que protegen su industria chocolatera en base a las normas en vigor. 
. 
(FR) A pesar de los loables esfuerzos de Paul Lannoye, yo personalmente no he votado a favor del texto que nos ha sido presentado, que pretende autorizar la inclusión del 5% de materias grasas vegetales (MGV) en el chocolate, porque es el prototipo de reglamento europeo que suscita la incomprensión de nuestros conciudadanos y sienta las bases del euroescepticismo. 
Allí dónde una obligatoriedad de etiquetado claro y sin ambigüedades habría sido suficiente para la comercialización de todas las variedades de chocolate existentes en Europa, se nos propone uno de esos compromisos surrealistas que tan bien se nos dan: no será el 0% de MGV como en 8 países, no será el 10% como en otros, ¡la ruleta ha marcado el 5% en toda Europa! 5% de MGV sin duda alguna no controlables, para mayor provecho de la industria, a la que faltará tiempo para inundar el mercado de chocolate falsificado a buen precio, y para provocar por otra parte un incremento de los precios del verdadero chocolate, erigido en producto de lujo para consumidores privilegiados. 
¿Armonizaremos mañana la composición del ketchup, de la mostaza, de la charcutería, de los quesos, de la cerveza o de las pizzas, en nombre de un mercado único que pretende promover un sabor único, con el único fin de facilitar el negocio alimentario? 
Si, por motivos de salud pública, es legítimo promulgar legislaciones relativas a los procesos de fabricación y a la rastreabilidad de los productos, no lo es menos el querer imponer un uniforme gastronómico a toda Europa en beneficio únicamente de la gran industria. 
Aunque la construcción del mercado único sea un medio para fortalecer a Europa en la competencia mundial, no debe erigirse en dogma totalitario ni inmiscuirse en todos los campos de nuestra vida doméstica. 
En particular, la diversidad de la gastronomía y de las costumbres alimentarias en Europa forma parte de su patrimonio y de su cultura, aunque con la contribución de especificidades locales que quedan fuera del mercado interior. 
Los europeos no desean una Europa con consumidores estandarizados, que coman todos del mismo plato en un gran mercado interior uniformizado. 
De Europa, esperan una gran ambición política, más que reglamentos puntillosos y accesorios. 
Los avatares de la nueva "directiva del chocolate" ilustran ante todo la pesadez y lentitud extraordinarias del proceso legislativo comunitario. 
Iniciada en el Consejo de Edimburgo en 1992, la "simplificación" de la Directiva de 1973 llegó a su fin hasta 1996 en una propuesta de la Comisión, examinada en primera lectura por nuestro Parlamento, en 1997, y fue preciso esperar todavía cerca de dos años y medio para que el Consejo estableciera una posición común que hoy se nos presenta. 
¿Concluye, por lo menos, una elaboración tan larga en un texto útil? 
La respuesta es manifiestamente negativa. 
La nueva Directiva no responde a ninguna necesidad. 
La Directiva de 1973 definía claramente, sin ambigüedad alguna qué es el chocolate, un producto integrado de azúcar y cacao. 
Con el propósito de tener en cuenta las costumbres alimentarias de algunos países del Norte, se habían previsto algunas derogaciones. 
Por tanto, la situación era satisfactoria. 
¿Por qué cambiarla? 
¿Por qué, con el pretexto de "simplificarla" en realidad se trata de destruir la Directiva de 1973? 
¿No sería, pues, intocable el acervo comunitario? 
De hecho, si se cambia el contenido de la Directiva, se debe a la presión de cinco multinacionales (Nestlé, Suchard, Mars, Cadbury y Ferrero) que se reparten más del 70% del mercado europeo, pero cuya doble legislación actual estorbaba todavía la producción. 
Una fábrica implantada en Francia, por ejemplo, no puede producir chocolate que no corresponda a las normas francesas, según las cuales no puede incluir materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao. 
Sin embargo, para estas multinacionales se trata de reducir al mínimo el coste de sus materias primas. 
Mala suerte si el precio es una desnaturalización de la composición del chocolate. 
Efectivamente, la manteca de cacao representa del 8 al 9% del precio total del chocolate. 
La manteca de karité vale una tercera parte del precio de la manteca de cacao y el del aceite de palma es diez veces más bajo. 
Al adoptar una lista de sustitutos de la manteca de cacao y previendo un porcentaje de ésta, la nueva Directiva abre una brecha, y ahí está lo esencial. 
Mañana bastará con ampliar, incrementar el porcentaje y añadir, por ejemplo, la soja a las materias grasas vegetales que hoy se nos proponen. 
La manteca de karité ha servido de pretexto y sus productores experimentarán entonces los mismos efectos que ahora van a afectar, es decir una baja de las cotizaciones, a los productores de cacao, debido a la adopción de una directiva que ignora decididamente sus propias consecuencias en materia de desarrollo y deja cínicamente su examen para el día del juicio final. 
Con tal de lograr sus fines, producir y vender menos caro un chocolate falso con el nombre de chocolate en todos los lugares de la Unión, estas multinacionales no pararon hasta que las derogaciones de 1973 se convirtieron en norma, sin tener en cuenta los intereses de los chocolateros y de los productores de cacao. 
La posición común estima plenamente sus reivindicaciones proponiendo erigir en regla uniforme y obligatoria para el conjunto de los quince Estados miembros una derogación que correspondía a una costumbre alimentaria limitada a algunos de ellos. 
¿Se eleva con ello, por lo menos, el nivel de exigencia y calidad para el conjunto de los Estados miembros? 
En lo más mínimo. 
Todo lo contrario. El alineamiento se hace, como de costumbre, de acuerdo con el denominador común más bajo. 
Lo que se generaliza con ello es el grado inferior de calidad, para imponer finalmente un "eurogusto" normalizado, en detrimento de la calidad gustativa. 
Además, ¡la carga de la prueba de calidad incumbe paradójicamente al artesano chocolatero al que no se le prohibe, que se consuele con ello, señalar que no ha añadido otras materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao! 
¿Permitirá el nuevo texto, por lo menos, que el consumidor distinga fácilmente entre chocolates verdaderos y falsos? 
No, ya que el texto de la Directiva es un texto carente de honradez, habida cuenta de que prevé la posibilidad de introducir en el proceso de fabricación del chocolate un porcentaje sumamente preciso (5%) de materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao, cuando no disponemos, como todo el mundo lo sabe, de un método de análisis fiable que permita controlarlo. 
La Comisión fija, pues, un porcentaje que sabe que no puede verificarse. 
Eso se llama un engaño. 
El texto implica igualmente disposiciones no honradas en materia de etiquetado. 
Nuestro Parlamento había adoptado oportunamente en primera lectura, a iniciativa del Sr. Lannoye, una enmienda que prevé la obligación de hacer figurar, en el frente del producto, una mención claramente legible que señale la presencia de materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao. 
Habida cuenta que esta enmienda no fue retenida por el Consejo, el consumidor no será, por tanto, correctamente informado. 
En todos los países y para todos los consumidores que quieren un chocolate auténtico, la apelación de chocolate podrá de ahora en adelante abarcar con toda legalidad un producto totalmente desnaturalizado. 
Gracias a un mecanismo comunitario que tiene constantemente por efecto diluir la responsabilidad de cada cual, cambiando así la definición de un producto básico de nuestra alimentación con el único objetivo de permitir a unas multinacionales sacar el máximo de beneficios. 
¡Amantes del chocolate, saboreen con reverencia sus próximos huevos de Pascuas! 
Esta será la última vez que podrán estar seguros de que están fabricados con verdadero y auténtico chocolate, el de antes de la gran armonización. 
Y después del chocolate, ¿a quién le toca? 
Etiquetado, cuánto nos importas... 
Esta es una señal distintiva a escala europea a la que queremos darle aquí nuevo vigor. 
Esta etiqueta, al igual que la marca francesa NF Environnement, es de aplicación voluntaria, es decir, que corresponde a los industriales pedirla. 
Se basa en el principio de un enfoque global, que toma en consideración todo el ciclo de vida del producto. 
No obstante, no todas las señales nacionales han de ponerse en segundo plano. 
Efectivamente, los consumidores, los compradores, tienen sus propios códigos y su confianza se ha forjado en los logotipos que conocen. 
La voluntad de suplantar el logotipo nacional vendría una vez más a confundir al ciudadano que habita en la Unión Europea, perdido entre las listas de ingredientes, las etiquetas de calidad, los logotipos, las referencias a las regiones... un laberinto de indicaciones. 
Casi nos creeríamos ante una tableta de chocolate... 
Queriendo defender a las PYME en materia de facilidades de acceso a las etiquetas ecológicas comunitarias que deban ser previstas, damos nuestro apoyo al ponente. 
Señora Presidenta, apoyo de todo corazón las iniciativas de Europa para pasar a ser un continente respetuoso con el medio ambiente. 
Esta medida es una nueva prueba más del compromiso de la UE con el medio ambiente. 
Desde 1992, el logotipo de la euroflor ha llegado a ser un distintivo de los productos inocuos para el medio ambiente, que van de las lavadoras al papel para escribir. 
Sin embargo, el entusiasmo de la industria por los productos verdes aún no está a la altura del de los consumidores. 
Sin embargo, es de esperar que las medidas que figuran en esta estrategia trienal convenzan a los fabricantes. 
En la lucha en pro de la limpieza de nuestro planeta, el Gobierno laborista de Gran Bretaña ha estado, naturalmente, en la vanguardia. 
En Kioto, por ejemplo, el Primer Ministro Adjunto John Prescott consiguió, pese a que parecía imposible, un acuerdo para reducir las emisiones mundiales. 
Gran Bretaña lleva ya un gran trecho recorrido hacia la consecución de la meta de reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 20% en el año 2010. 
No contento con eso, el Gobierno ha aumentado la meta a 60-70% en el año 2050. 
Esta Asamblea debe retar a otros Estados miembros para que sigan el ejemplo de Gran Bretaña. 
Podrán recoger el guante en la próxima conferencia complementaria de la de Kioto, que se celebrará en la Haya el próximo noviembre. 
Naturalmente, la protección del planeta significa mucho más que una simple limpieza de la atmósfera. 
Significa también la protección del medio natural en el terreno. 
Una vez más, el Gobierno laborista de Gran Bretaña ha tomado la iniciativa. 
Su reciente proyecto de ley sobre la fauna y la flora, por ejemplo, brindará mayor protección que nunca a las especies en peligro. 
Además, la legislación sobre el "derecho a vagabundear" brindara al público británico la libertad para disfrutar y apreciar nuestro hermoso paisaje. 
Señora Presidenta, se necesita urgentemente una acción coherente en los niveles local, nacional y europeo para limpiar nuestros aires, mares y tierras. 
La euroflor es tan sólo un elemento de la estrategia medioambiental más amplia que se necesita para salvar el planeta. 
Nuestros ciudadanos quieren ver acciones concretas. 
No quieren que los políticos les ofrezcan pura palabrería, que simplemente contribuye al calentamiento atmosférico. 
Aprovechando el poder de la euroflor, todos podemos contribuir a un mundo más limpio y más verde. 
El Sr. Blokland plantea un asunto que inspira profunda preocupación en materia de eliminación de deshechos, incluida la incineración. 
Como procedo de un país con más del 90% de utilización de vertederos, he de afrontar la conclusión de que una incineración con los controles idóneos es necesaria e inevitable. 
El compromiso por parte del Gobierno irlandés con un reciclaje y una separación de residuos en serio no resulta evidente precisamente. 
La separación de residuos, incluida la utilización de residuos orgánicos para compost, debe ser una prioridad en cualquier estrategia sobre residuos. 
La gestión de los residuos es una tarea muy compleja y la presión ejercida por el grupo de interés es importante. 
Por ello, la Unión Europea adoptó una estrategia global para hacer frente a este desafío medioambiental y sanitario de capital importancia. 
La Directiva que hoy nos ocupa forma parte de esta estrategia puesto que está encaminada a reglamentar el tratamiento térmico de los residuos peligrosos o los no peligrosos. 
Debo decir que, personalmente, siempre he estado inquieto al ver tratar, en el seno de la misma legislación, la incineración de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos. 
Ya comuniqué mis preocupaciones e interrogaciones durante la primera lectura. 
Una mayoría decidió en el sentido de la coincineración, que no me parece satisfactoria. 
Por ello, ahora, lucho para que se tomen medidas destinadas a garantizar que no se disminuyan las normas de emisión de los residuos peligrosos. 
Todo el mundo sabe que el volumen de residuos por incinerar en el interior de la Unión Europea va a aumentar. 
En lo relativo a los residuos municipales, se incineraron 34 millones de toneladas en 1990, y este año la cifra será superior a 56 millones. 
Son varias las razones que lo explican, que se deben al aumento del volumen de residuos producidos y al descenso de la cantidad de residuos enviados al vertedero. 
Ahora bien, se sabe que la incineración de los residuos da lugar a emisiones de sustancias que contaminan gravemente el aire, el suelo y el agua y, por tanto, resultan peligrosas para la salud. 
Las sustancias contaminantes emitidas dependen de la naturaleza de los residuos que se tratan y las tecnologías utilizadas para tratarlos. 
Esta es la razón por la que nuestra atención se centra en las emisiones de metales pesados, de dioxinas y furanos. 
El debate se ha centrado más especialmente en torno a las instalaciones de coincineración. 
Recuerdo que estas instalaciones utilizan residuos peligrosos como combustible en la producción de energía o de elementos materiales. 
Efectivamente, las disposiciones de las directivas aplicables imponen limitar la utilización de los residuos peligrosos como máximo al 40% de los combustibles utilizados. 
¡Este porcentaje es demasiado elevado! 
Deben aplicarse normas de control especialmente estrictas a estas instalaciones y éstas deben ser tan estrictas como las impuestas a los incineradores. 
Por lo demás, quiero insistir en el hecho de que esta generalización de la explotación de los residuos peligrosos no debe llevarnos a conformarnos con la producción de tales residuos. 
Efectivamente, existe un riesgo especialmente importante de escuchar mañana que se hicieron inversiones para construir coincineradores y qué ahora, ¡es preciso rentabilizarlos! 
Rechazo de antemano enérgicamente estos argumentos que llevarán a aumentar el volumen de los transportes de materias peligrosas con todos los riesgos que ello conlleva para el medio ambiente y la seguridad. 
En conclusión, sin dejar de recordar que es preciso sancionar las infracciones y ayudar a las colectividades que se las arreglan para que sus incineradores cumplan las normas, es necesario insistir en el hecho de que nuestra prioridad es y debe seguir siendo la prevención de la producción de residuos, sean peligrosos o no. 
La Unión Europea ha estado en la vanguardia a la hora de concebir nuevas estrategias para la gestión de los residuos en los últimos años. 
De hecho, el objeto de esta directiva que hoy examinamos aquí es el de reducir los efectos perjudiciales de la incineración en el medio ambiente y en la salud humana reduciendo considerablemente los niveles de emisiones de varios contaminantes principales en el aire. 
Esta directiva va encaminada también a controlar el vertido de los residuos en nuestros sistemas de suministro de agua. 
Ahora tenemos este informe ante nosotros en segunda lectura. 
Tomo nota de que una de las recomendaciones del Consejo Europeo es la de que, si la empresa concesionaria de una instalación de incineración de residuos no peligrosos se propone comenzar a incinerar residuos peligrosos, debe obtener una licencia para el control y la prevención integrados de la contaminación. 
Creo que se trata de una propuesta particularmente acertada. 
Es muy importante que la Unión Europea presente activamente nuevas propuestas sobre la gestión de los residuos. 
En Europa se han producido desechos al ritmo de más de un kilogramo por persona y por día. 
Todos los años se producen en la UE 2.000 millones de toneladas de residuos. 
La Unión Europea tiene clara su posición respecto de un aspecto de nuestro problema en materia de eliminación de residuos. 
El futuro de la eliminación de residuos no radica en que las autoridades locales a lo largo y a lo ancho de este territorio busquen nuevos emplazamientos para vertederos. 
Existe una preocupación en aumento sobre las consecuencias medioambientales de los vertederos en general. 
Nada que no sea un importante cambio de rumbo para pasar de la dependencia de los vertederos a planes integrados de gestión de residuos será suficiente. 
La Unión Europea apoya plenamente las metas estrictas, ambiciosas, pero alcanzables, en materia de reciclaje y recuperación que ha establecido el Gobierno irlandés. 
Dichas metas, que se deben alcanzar en los quince próximos años, son, entre otras, las siguientes: 
Una desviación del 50% del conjunto de residuos domésticos de los vertederos. 
Un mínimo del 65% de reducción en los residuos biodegradables actualmente destinados a los vertederos. 
El desarrollo de instalaciones de recuperación de residuos empleando tecnologías medioambientalmente beneficiosas para tratar hasta 300.000 toneladas de residuos biodegradables por año. 
Todas esas medidas reflejan un cambio en las opiniones públicas respecto de la cuestión de la eliminación de residuos. 
La vida de los vertederos está tocando ahora a su fin y se debe substituirlos por tecnologías más medioambientalmente beneficiosas. Existe un apoyo unánime a esa posición en los quince Estados miembros de la Unión Europea. 
El impresionante volumen de residuos generado por nuestras sociedades urbanas industrializadas constituye sin duda alguna uno de los grandes desafíos a los que deberá hacer frente la Unión Europea en el curso del siglo XXI: progresiva e insensiblemente se inunda el planeta y, cada año, los Estados miembros de nuestra Comunidad no producen menos de 2.000 millones de toneladas de residuos. 
En estas condiciones, resulta inconcebible percibir la gestión de estos residuos según la ley del menor coste inmediato: en efecto, la floreciente industria (decenas de miles de puestos de trabajo, miles de millones de euros) que está desarrollándose debido a esta creciente necesidad deberá tener, sin duda alguna, una gran inventiva para cumplir correctamente su misión evitando, especialmente, contaminar a su vez, amparándose en la valorización: la incineración devuelve a la atmósfera partículas de metales pesados y dioxinas, la depuración genera lodos indeseables y algunos materiales reciclados no han encontrado su (s) mercado (s). 
La mejor protección posible del medio ambiente y de la salud requiere, pues, importantes progresos en la aplicación de la legislación relativa a la gestión de los residuos, cuya transposición todavía está lejos de ser satisfactoria, según un reciente informe de la Comisión. 
Adaptación de su legislación nacional a los principios de precaución y protección del medio ambiente en lo que concierne a los Estados y de sus técnicas con el fin de erradicar y no de desplazar el problema de la contaminación, en lo que atañe a las industrias. Sin embargo, al mismo tiempo, sería acertado que el Parlamento Europeo trace vías realistas hacia objetivos que pueden ser alcanzados, en lugar que dejarse llevar por sus inclinaciones líricas y sus enunciados idealistas en detrimento de su credibilidad: en materia de medio ambiente, la manera de preservar las oportunidades de lograr lo deseable de manera sostenible es a través de lo inmediatamente posible. 
Por ello, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones no brindó su apoyo a las enmiendas que no pueden aplicarse en nuestros Estados y cuyas consecuencias económicas previsibles resultarían sumamente nefastas. 
Por lo demás, y en mi calidad de cargo local, espero que una fusión y una simplificación de las directivas comunitarias haga más claro y más fácil el marco reglamentario en el que deben inscribirse los planes departamentales de gestión de los residuos. 
La aprobación de esta directiva relativa a la incineración de residuos, que se aplicará a partir de 2005, mejora considerablemente el marco actual de gestión de residuos en Europa, al promover criterios tan importantes como la salud pública y la defensa de los derechos de los ciudadanos. 
Por lo demás, si esta directiva entrara en vigor de inmediato, cosa, que, por desgracia, no ocurrirá hasta 2005, sería prácticamente imposible que el Gobierno portugués prosiguiera su estrategia de coincineración. 
En todo caso, por ser una directiva que impone elevadas restricciones técnicas, jurídicas y procesales a todos los procesos de incineración y coincineración en Europa, resultará más evidente que la estrategia seguida en Portugal es profundamente equivocada. 
Así, aunque yo habría deseado que se hubiera podido ir más lejos en las restricciones a los procesos de incineración y coincineración, no puedo por menos de congratularme de los resultados conseguidos, dado que esta directiva 
1- establece valores-límite de emisiones más rígidos, en particular de óxidos de carbono y de polvos; 
2- equipara, en el nivel de los valores-límite, las instalaciones de incineración y coincineración, y acaba con el régimen de excepción de que éstas disfrutaban; 
3- considera, sin lugar a dudas, que sólo se podrán utilizar la incineración y la coincineración como último recurso, una vez agotados todos los demás planteamientos técnicos; 
4- pone condiciones muy rígidas al nivel de gestión global de residuos- de la ubicación y dimensiones de las instalaciones de incineración y coincineración- y que se deben cumplir antes de la concesión de cualquier licencia; 
5- aumenta el poder de intervención de las autoridades competentes ante el posible incumplimiento de los valores-límite en las instalaciones; 
6- reduce drásticamente la posibilidad de que se utilicen los residuos resultantes de la coincineración y de la incineración, en particular en la construcción civil; 
7- introduce la indicación continua de dioxinas como un requisito obligatorio de los procesos de incineración y coincineración; 
8- aumenta la participación de los ciudadanos en el proceso de decisión sobre la ubicación de las instalaciones; 
9- asegura la obligatoriedad de la publicación anual de un informe medioambiental que determine el cumplimiento o no de los valores-límite; 
10- limita considerablemente las exenciones vigentes para las instalaciones en cementeras; 
11- establece por primera vez un valor-límite para las emisiones de amoníaco (NH3) , dada la acidificación que ese compuesto químico produce en la atmósfera. 
La propuesta de directiva sobre la incineración de los residuos constituye un expediente complejo y técnico cuyas implicaciones, tanto medioambientales como económicas, deben sopesarse con todo cuidado. 
A raíz de la primera lectura, el Parlamento Europeo había dejado una profunda huella en los debates proponiendo la fusión de dos Directivas relativas a la incineración de los residuos domésticos y la incineración de los residuos peligrosos. 
Hoy día, pienso que la posición común que nos presenta el Consejo constituye un muy buen compromiso, al que puedo suscribirme. 
No obstante, desearía abordar un punto en particular, el de la coincineración en hornos de cemento y justificar mi voto negativo en dos enmiendas. 
Por un lado, la primera parte de la enmienda 25, en el Anexo II, que fija los valores límite de emisión para la industria del cemento y, en especial, el valor de 15 mg/m³ para las partículas. 
La mayor parte de los Estados miembros tienen actualmente valores límite de 50 mg/m³. 
En un reciente análisis de coste/beneficios, la Comisión concluyó que el mejor compromiso es de 30 mg/m³. 
Imponer normas de 15 mg/m³ implicaría un coste medioambiental excesivo y no resultaría rentable. 
Por otra parte, la enmienda 14, sobre la definición de los residuos municipales, reintroduce una definición de los residuos municipales mixtos cuando ésta ya está prevista en el apartado 3 del artículo 3. 
Una mala interpretación de este artículo podría llevar a excluir la utilización de los residuos municipales en hornos de cemento. 
Ahora bien, este tipo de tratamiento está previsto por los planes de gestión de residuos de varias autoridades públicas. 
Este voto no contradice mis preocupaciones medioambientalistas, puesto que la coincineración en hornos de cemento no es especialmente perjudicial para el medio ambiente: efectivamente, los hornos de cemento están sometidos a estrictas normas de emisión. 
Además, la coincineración a veces forma parte integrante de la política de gestión de los residuos de algunos Estados o de algunas regiones, en condiciones aceptables tanto a nivel económico como medioambiental. 
. 
(SV) Sería muy necesario que las reglas de las instalaciones de incineración fuesen más rigurosas. 
Sin embargo, es dudoso que se apliquen las mismas reglas para las instalaciones destinadas a la incineración de residuos no clasificados que para otras destinadas a la incineración de determinados residuos, es decir, de residuos clasificados. 
Las instalaciones para residuos no clasificados necesitan más equipamiento. 
Si se ponen las mismas exigencias a todas las instalaciones de incineración, el efecto puede ser que se obstaculice la clasificación de residuos y que se dificulte el reciclado, incluido el compostaje de los residuos orgánicos. 
Por esta razón, los democristianos suecos instamos a la Comisión a tener muy en cuenta estas opiniones en el futuro trabajo en materia de basuras y residuos. 
Examino este informe en mi calidad de alcalde, puesto que la propuesta de la Comisión se refiere principalmente al fortalecimiento de la legislación en vigor en materia de incineración de los residuos municipales, lo que, de paso, muestra bien la utilidad para un diputado europeo de poder ejercer el mandato tan complementario de alcalde, posibilidad que el actual gobierno francés se propone prohibirnos de manera tanto injusta como absurda, ya que no redunda en interés de nadie alejar a los diputados europeos del terreno. 
El objetivo de la Directiva es loable: se trata de prevenir y de reducir los efectos negativos de la incineración y la coincineración de los residuos. 
Sin embargo, no podemos sostener la propuesta cuyo objetivo es someter todas las instalaciones a las mismas normas de emisión. 
Esta no es la vía por la que podremos tratar la cuestión de la sobrecarga de los incineradores en Europa. 
El ponente está de acuerdo con ello: algunos flujos de residuos son más fáciles de tratar en el marco de una instalación de coincineración. 
A nuestro juicio, algunas modificaciones propuestas en la posición común en realidad corren el riesgo de perturbar la puesta a nivel de las instalaciones existentes y penalizar la coincineración de residuos peligrosos en hornos de cemento, lo que afecta esencialmente a Francia y Bélgica. 
En lo relativo a los residuos municipales, formularé varias observaciones. 
En primer lugar, no es oportuno crear una confusión en lo relativo a la definición de los "residuos municipales mixtos" en el marco de la coincineración. 
Asimilar, como lo hace la enmienda 14, "los residuos parcialmente separados" a "los residuos municipales mixtos no tratados", corre el riesgo de afectar al desarrollo de los procedimientos de selección de los residuos, que tratamos de desarrollar, y cuyos restos o ciertas fracciones podrían ser coincinerados. 
Por otra parte, si se modificara el apartado 4 del artículo 7, retirando de este modo la cualificación de "no tratados" a los residuos municipales, ello equivaldría a prohibir la coincineración de fracciones de residuos municipales seleccionados (papel, cartón... ) que no podrían ser reciclados, salvo si se recogieran por separado. 
Por último, no puede aceptarse reducir el umbral de 6 toneladas por hora, por encima del cual las instalaciones existentes de incineración de residuos domésticos están sometidas a un valor límite de emisión atmosférica de 200 mg por metro cúbico para los NOx, ya que los planes de las colectividades locales para la adaptación de los equipos existentes se realiza tomando como base este umbral (cf. letra a) del Anexo V). 
Incluso si, como sabemos, la incineración no constituye una solución perfecta, representa un avance importante para numerosas colectividades que, por lo demás, han accedido a hacer importantes inversiones para desarrollar una gestión moderna del servicio municipal de los residuos domésticos y asimilados. 
Es preciso tenerlo en cuenta, incluso si, claro está, debe continuarse la reflexión y la investigación. 
No cabe duda alguna que en el futuro, la industria del tratamiento de los residuos tendrá mucho que inventar para evitar contaminar a su vez. 
En consecuencia, deberemos elaborar estrategias de gestión de los residuos más amplias y favorecer activamente la investigación y el desarrollo en este ámbito esencial para la vida y el porvenir de nuestras colectividades locales. 
Me parece increíble, dada la histeria anti-Bruselas de sus aliados del PI del Reino Unido que el Sr. Blokland haya podido preparar semejante informe con semejante exceso monstruoso de reglamentación. 
Pero al menos estas propuestas permitirán que la basura antieuropea propugnada por el Sr. Blokland y el PI sea eliminada de forma respetuosa para el medio ambiente. 
El objetivo de estas propuestas es el de mejorar la calidad del aire y proteger la salud humana. 
La incineración es en muchos casos el método más eficaz e inocuo de eliminación de residuos. 
Sin embargo, a veces puede soltar substancias químicas peligrosas, como las dioxinas, en la atmósfera. 
Así, pues, reviste importancia decisiva que se vigilen esos subproductos y se impida su vertido en el medio ambiente. 
Ya existe tecnología para limpiar los humos de las instalaciones de incineración de los residuos. 
Lo único que debemos hacer es lograr que se utilice. 
Las acertadas medidas presentadas por la Comisión deben fomentar la utilización de dicha tecnología. 
La hipocresía del PI me resulta increíble. 
Desafío al PI a que explique a sus partidarios cómo puede ser que estén aliados con unos partidarios tan evidentes de la excesiva reglamentación de la UE. 
Si bien pretenden ser los enemigos de los eurócratas, son, en realidad, claros amigos suyos. 
Temo que la limpieza del medio ambiente resulte pan comido en comparación con la tarea de convencer al PI para que haga sus deberes medioambientales. 
Lamentablemente los perdedores serán nuestros ciudadanos. 
Según los textos de los Antiguos, la eliminación de los residuos ya planteaba problemas en la Roma antigua, a pesar de que, desde entonces, dichos residuos han hecho felices a generaciones de arqueólogos. 
En esa época, la mayor parte de los residuos eran biodegradables, lo que está lejos de ocurrir hoy día. 
Hemos hablado del chocolate. 
Pues bien, ésta es una manera concreta de ilustrar la cuestión siguiendo, por ejemplo, el itinerario del embalaje de una tableta de chocolate, de la basura a la planta de incineración y descubriendo allí que la combustión de la hoja de aluminio produce gases tóxicos. 
En materia de gestión de residuos, nos vemos enfrentados a un desafío muy importante. 
Sin embargo, creo que algunos países no están preparados para ello ni material ni intelectualmente. 
Hoy día, la tercera parte de los residuos domésticos y asimilados tratados por el parque francés de instalaciones de eliminación ha sido confiado a trescientos incineradores. 
La incineración genera emisiones contaminantes: partículas, metales y dioxinas que es necesario controlar gracias a un sistema de tratamiento de humos. 
La reglamentación en materia de limitación de las emisiones se ha reforzado paulatinamente. 
Naturalmente, se precisan acciones para hacer cumplir las normas, porque es preciso proteger la salud y el medio ambiente, pero no deseamos, en lo que concierne a la coincineración, que se modifiquen ni el campo de aplicación ni la definición de sus instalaciones. 
Es preciso tener cuidado, a fuerza de consolidar algunas de estas reglamentaciones y complicar las otras, de no suscitar una desconfianza respecto a la legislación europea en materia de medio ambiente, que predica una cosa y luego otra, dejando a algunas profesiones e industrias en la incertidumbre. 
Por otra parte, al cambiar la legislación aplicada a los coincineradores o al tratamiento específico de los residuos peligrosos, provoca distorsiones del coste e incluso un "turismo" injustificado de los residuos. 
Existe un verdadero riesgo, el de favorecer a uno u otro procedimiento en detrimento de los demás a través de valores límite mal ajustados, cuando necesitamos los cuatro procedimientos incineración: la que se especializa en los residuos peligrosos, la especializada en los residuos no peligrosos, la coincineración y la incineración mediante instalaciones de combustión adaptadas. 
Llamo la atención de mis compañeros sobre otro punto, ciertamente secundario. 
Sin embargo, a mi juicio, se requiere un trabajo de comunicación a raíz de la fusión de estas directivas. 
En efecto, la población tiene la impresión de que los residuos especiales, los peligrosos, los no peligrosos, los municipales, todos van a mezclarse y recibir un tratamiento común, en el mismo horno, en una misma planta. 
La selección de los residuos parecería, pues, inútil a su nivel. 
Por tanto, sería preciso llevar a cabo un verdadero trabajo de información y explicación. 
Informe Davies (A5-0062/2000) 
En este combate sobre la calidad del aire, nos ocupamos, a través del informe Davies, del problema de la presencia de ozono en el aire ambiente. 
Todos los especialistas coinciden: es imperativo elevar las normas de calidad del aire para que, en toda la Unión Europea, los ciudadanos estén protegidos de manera eficaz contra los riesgos para la salud que implica la presencia de ozono en el aire. 
Los efectos del ozono sobre la salud son diversos: irritación de los ojos, de la nariz y de la garganta, insuficiencia respiratoria, tos, dolor de cabeza, etc. El ozono contribuye también a provocar crisis de asma, a deteriorar las funciones respiratorias y a incrementar la reactividad de los bronquios. 
A largo plazo, puede incluso provocar un envejecimiento prematuro de los pulmones. 
¡Esta enumeración es realmente espantosa, por lo que acojo con la mayor satisfacción esta propuesta de directiva! 
En realidad, está encaminada a modificar la legislación comunitaria existente en materia de ozono, de conformidad con lo estipulado en la Directiva 96/62/CE del Consejo relativa a la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente. 
Fija los objetivos a largo plazo así como los valores objetivo intermedios que esperan alcanzarse para el ozono en el aire ambiente. 
Asimismo, introduce un marco de normas encaminado a proteger la salud humana y el medio ambiente. 
Por último, pide a los Estados miembros que vigilen las concentraciones de ozono y que comuniquen los resultados al público. 
La directiva será, pues, un instrumento de referencia en lo que atañe el nivel de ozono en el aire ambiente. 
Con el propósito de fijar los objetivos a largo plazo, la Comisión propone utilizar los valores indicativos adoptados por la Organización Mundial de la Salud en 1997 en relación con la calidad del aire. 
La finalidad primera es impedir que se superen estos límites y, por tanto, evitar los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente. 
No obstante, las propuestas de la Comisión no fijan una fecha para su realización, lo que es de lamentar. 
En una primera etapa, se han establecido valores límite. 
El objetivo consiste en alcanzarlos, en la medida de lo posible, para 2010. 
Estos valores también se fundan en los valores indicativos de la OMS, pero se admite que puedan superarse un determinado número de días por año. 
Es preciso destacar que la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los cambios que podrían implicar los compromisos adquiridos por la Comunidad en materia de cambio climático. 
Ahora bien, éstos prevén una reducción del 8% para los gases de efecto invernadero. 
Y, si se cumple con estos compromisos, los Estados miembros deberían ser más ambiciosos en lo relativo a los valores objetivo para la reducción de los niveles de ozono. 
En conclusión, estoy relativamente satisfecho del texto de esta propuesta de directiva ya que constituye una etapa importante en la realización del objetivo principal fijado en el quinto programa de acción en materia de medio ambiente: que no se superen nunca los niveles críticos de ozono en el aire ambiente. 
Informe Myller (A5-0063/2000) 
Hoy nos ocupa una propuesta legislativa que nos incumbe a todos directamente puesto que está destinada a mejorar la calidad del aire ambiente. 
Se trata de una propuesta de directiva sobre los valores límite de emisiones nacionales para algunos contaminantes atmosféricos (una directiva correspondiente a la directiva marco sobre la calidad del aire). 
Esta se inscribe en el V Programa de Política y Actuación en materia de Medio Ambiente y desarrollo sostenible. 
El objetivo principal es limitar las emisiones de contaminantes acidificantes y eutrofizantes y los precursores del ozono con la finalidad de mejorar la protección del medio ambiente y de la salud humana contra los efectos nocivos provocados por la acidificación, la eutrofización de los suelos y el ozono troposférico. 
Los valores límite señalados en este texto deben ser cumplidos a más tardar en 2010. 
En esta perspectiva, los Estados miembros deben elaborar programas destinados a la reducción paulatina de sus emisiones anuales nacionales y rendir cuentas a la Comisión antes de finalizar el año 2002. 
Los programas deberán revisarse y actualizarse en 2006. 
Asimismo, han de preparar, para 2010, y actualizar periódicamente los inventarios de emisiones y las previsiones de emisiones nacionales para las sustancias SO2, NOx, COv y NH3. 
Estos inventarios y previsiones deben comunicarse anualmente a la Comisión. 
La ponente propuso enmiendas destinadas a fortalecer esta propuesta. 
Sugiere, principalmente, fijar normas más estrictas que han de cumplirse en términos de emisión de los cuatro contaminantes que nos ocupan. 
En lo relativo al principio, no puedo sino adherir a tales propuestas. 
Efectivamente, tratándose de la salud y del medio ambiente, se pretende mejorar la situación es preciso mostrar ambición. 
No obstante, colocar el listón demasiado alto puede revelarse contraproducente. 
Por esta razón, pienso que, por el momento, es mejor atenerse a los objetivos fijados en los convenios internacionales, sin dejar de tener presente que será posible revisar los valores límite a la luz de los progresos realizados. 
Por lo demás, el informe pide a la Comisión proponer nuevas enmiendas a la Directiva de ahora al 2004. 
Por este medio, podrá revisar los valores límite fijados en el texto, los objetivos medioambientales provisionales y las nuevas medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de los valores límite. 
Estas posibles correcciones permitirán adaptar la directiva a los progresos técnicos y científicos y, llegado el caso, permitirían alcanzar los objetivos para 2010. 
A mi juicio, es un buen compromiso. 
Asimismo, la ponente propone fijar fechas límite para lograr los objetivos planteados; me parece indispensable. 
Efectivamente, sin un plazo para cumplirlos, los textos quedarían con demasiada frecuencia en declaraciones de intención sin seguimiento. 
En el mismo sentido, debe establecerse un dispositivo de sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones de la directiva a la mayor brevedad posible. 
Estamos de acuerdo en que la UE fije, mediante normas marco, valores límite en materias medioambientales, ya que la mayoría de esos problemas son de carácter general e internacional. 
Los países miembros tienen diferentes tradiciones y condiciones, por lo que ellos mismos deben encargarse del debido cumplimiento de los objetivos comunes. 
Hemos optado por votar en contra de las enmiendas 16 y 17, puesto que esas propuestas, de manera general y poco matizada, liberan a los países del cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados. 
Propuesta de resolución para el Consejo Europeo de Lisboa 
La ambición del pleno empleo, expresión que vuelve a inscribirse en el orden del día con el retorno de un cierto crecimiento, es efectivamente una intención loable, pero si no se resuelven las causas reales del paro, resultará difícil lograrlo. 
Todos sabemos que a pesar del crecimiento, la creación de empleo en Europa es notablemente insuficiente. 
Asimismo, es precaria, especialmente en lo que se refiere a las mujeres y a los jóvenes. 
Es preciso dejar a un lado las simples declaraciones de intención, todo lo positivas que sean. 
Se hace cada vez más urgente, habida cuenta de las expectativas sociales tan fuertes, definir objetivos que puedan medirse y controlarse. 
Hubiera deseado profundamente que se adoptara un compromiso en relación con las propuestas formuladas en la resolución de mi Grupo, en forma, por ejemplo: 
del lanzamiento de un proceso de reducción del tiempo de trabajo, sin bajar el salario y sin flexibilidad; 
una revisión de las directivas sobre los comités de empresa europeos y los despidos colectivos, con la finalidad de reforzar los derechos y la fuerza de los asalariados y de sus organizaciones sindicales, especialmente en caso de fusión y de reestructuración; 
la instauración, en el ámbito comunitario, de un impuesto que grave los movimientos especulativos de capitales y un fortalecimiento de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. 
Lamento profundamente que no se participe en un nuevo tipo de desarrollo sostenible, fundado en un reparto más justo de las riquezas, en el aumento del poder de compra de los hogares y en el resurgimiento de las inversiones públicas y sociales. 
Por todas estas razones, no votaremos la resolución común. 
Portugal, que preside la Unión Europea durante este primer semestre del año 2000, decidió organizar a finales de este mes, en Lisboa, un Consejo Europeo extraordinario que girará en torno a la problemática siguiente: "El empleo, la reforma económica y la cohesión social- Hacia una Europa de la innovación y el conocimiento". 
¡Sólo puedo alegrarme de tal iniciativa! 
Efectivamente, el paro, así como la pobreza y la exclusión social que resultan de éste, constituyen plagas de las que es preciso ocuparse de lleno. 
Para ello, ¡parece indispensable la elaboración de una estrategia coherente y sobre todo coordinada a nivel de todos los Estados miembros! 
Ante todo, debemos dotarnos de objetivos ambiciosos. 
Los enunciados en el documento de la Presidencia portuguesa lo son: la vuelta al pleno empleo; un crecimiento estable; un proceso de cohesión social auténtico; la igualdad de oportunidades; la lucha contra la pobreza. 
Como destacó el Sr. Guterres, Presidente en ejercicio del Consejo, hemos sido capaces de coordinar nuestras políticas económicas para asegurar el lanzamiento del euro. 
¡Ahora la Unión Europea debe aceptar el desafío y proceder de la misma manera proponiendo líneas directrices en favor de la política del empleo y de la inclusión social! 
Asimismo, me felicito de la idea de fijar objetivos cuantificados así como los objetivos que han de alcanzarse, especialmente para el crecimiento medio anual a nivel de la UE (3%) y la tasa de empleo (70%). 
De manera complementaria, me parece indispensable introducir un sistema transparente de contraste de los resultados con la finalidad de evaluar los progresos realizados por los Estados miembros en la realización de estos objetivos, mediante un sistema abierto de evaluación por parte de los demás y de coordinación. 
El documento de la Presidencia insiste también en el fortalecimiento necesario de la convergencia social, la modernización de nuestros sistemas de protección social. 
La condición sine qua non es, naturalmente, la garantía de una elevada tasa de empleo. 
Ello requiere la creación de empleo, especialmente en el sector de los servicios, pero no cualquier tipo de empleo, sino un empleo de calidad. 
Asimismo, requiere que se mantengan los puestos de trabajo en Europa, ya que, efectivamente, en estos últimos tiempos, la tendencia son los despidos generalizados y sistemáticos. 
Requiere también una adaptación de la mano de obra a las nuevas tecnologías de la información. 
Por ende, suscribo en gran parte a este programa. 
¡Espero que sus objetivos se traduzcan, durante la Cumbre de Lisboa, en medidas concretas y ambiciosas capaces de satisfacer las expectativas legítimas de los ciudadanos (as) europeos (as)! 
Una cumbre europea más, a iniciativa esta vez de la Presidencia portuguesa, viene, en nombre del «impulso» a propuestas y medidas de apoyo al empleo y de lucha contra el paro, a aportar su contribución al robustecimiento y a la intensificación de las neoliberales políticas monetaristas- responsables precisamente de la adversa situación actual- que se oponen a cualquier política social, a cualquier política de empleo, y conducen a un dramático aumento del paro, a la inseguridad laboral, a las discriminaciones, a la exclusión social y a la generalización de la pobreza. 
Contradicción, ironía, hipocresía, una verdadera provocación a los trabajadores constituye el hecho de que se propongan como medidas contra el paro el reforzamiento de la competitividad de las empresas mediante la disminución del coste del trabajo, mediante la liberalización y flexibilización absolutas del mercado de trabajo, mediante el estímulo de modalidades irregulares de empleo. 
El mantenimiento e impulso del Pacto de Estabilidad, la prioridad que se concede a los criterios de convergencia nominal, la total subordinación de la política social a criterios y exigencias de carácter financiero... Todo esto es precisamente lo primero que debería ser desmantelado si es que queremos hablar de auténticas políticas de empleo. 
El gravamen de los movimientos especulativos de los capitales, la eliminación de los paraísos fiscales, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, la redistribución de la riqueza y de la renta a favor del trabajo, el control de las ayudas a las empresas, el fin inmediato de las facilidades brindadas a las reconversiones, fusiones y deslocalizaciones que conducen a los despidos masivos, el desarrollo de una protección social basada en la solidaridad e independiente de intereses económicos y comerciales... Estas serían las prioridades inmediatas si en el centro de atención de la UE se encontrara realmente el empleo y no el cómo "dorar la píldora" a los trabajadores, para burlarlos y reducir así la reacción social a su política social y económica antiobrera y antipopular. 
Si el objetivo fuera la mejora del nivel de vida de los trabajadores y el aumento de su capacidad adquisitiva; si el objetivo fuera garantizar puestos de trabajo estables, se reforzarían las inversiones públicas y sociales, la igualdad de oportunidades y la lucha contra toda forma de discriminación relacionada con el acceso al empleo y con las relaciones laborales, se pondría freno a las políticas basadas en las privatizaciones, en los salarios bajos y la falta de protección social, en la flexibilidad y la precariedad del trabajo, en la persistente exclusión del mercado de trabajo de las mujeres, de los jóvenes y de las personas discapacitadas. 
Lo que promueven, sin embargo, las directrices de política social y económica, lo que se les reserva en la práctica a los trabajadores es un nivel mínimo de pobreza y no un nivel mínimo de bienestar. 
El bienestar se destina al gran capital, al que se le abren brillantes perspectivas, desde el momento en que se le concede cada vez más inmunidad, se avanza en una desregulación aún mayor- en nombre del aumento de la productividad y de la competitividad- del mercado de trabajo, se arremete con cada vez más violencia contra conquistas fundamentales y derechos sociales, y se impulsa la concepción de que el estado (anti) social contemporáneo debe asegurar tan sólo un mínimo a los pueblos, a niveles de caridad. 
Los más de 60 millones de personas, víctimas del paro de larga duración y de la exclusión social, y el conjunto de los trabajadores europeos, no van a mostrarse- como angustiosamente pretenden convencerlos- "adaptables", "solidarios", "disciplinados" y "colaboradores" ante semejantes opciones. 
Los encontrarán enfrente, rebeldes, inconformistas, luchando, sin retroceder un paso, reivindicando empleo a tiempo completo y estable, un sistema de política social que incluya, seguro, salud, pensión, protección de los parados, verdadera igualdad de oportunidades, enseñanza de calidad y auténtica formación profesional; los encontrarán luchando por una Europa social, democrática y solidaria, por una Europa de los trabajadores y de los pueblos. 
Allí nos encontrarán también a nosotros, luchando con ellos. 
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Derechos humanos, racismo, xenofobia y antisemitismo (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cuatro informes relativos a los derechos humanos, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. 
Señora Presidenta, quisiera manifestar mi más sincera gratitud hacia el Sr. Belder por su informe. 
El racismo, la xenofobia y el antisemitismo constituyen un problema acuciante, también en la propia Unión Europea. Su erradicación figura entre los objetivos de prácticamente todos los Grupos políticos de este Parlamento. 
Aunque el Parlamento esté dispuesto a adoptar una actitud reservada y diplomática en muchos ámbitos, ¡no es el caso en este ámbito concreto! 
Y eso es positivo. 
El Sr. Belder sabe que la comisión y yo hubiéramos preferido que los rasgos específicos de los problemas sufridos por cada uno de los países candidatos se hubieran definido de una forma más directa. 
La Sra. Ludford ha presentado algunas enmiendas que tienen por objeto suplir esta carencia y que, por tanto, merecen mi apoyo. 
En general, considero que la lucha contra las causas sociales del racismo en los países candidatos y el planteamiento altamente significativo de las políticas en materia de asuntos sociales y empleo son las consecuencias de una política antirracista coherente. 
El hecho de que el Sr. Belder se mostrara dispuesto a abordar de lleno la cuestión del antisemitismo fue sin duda uno de los resultados más importantes del proceso de deliberación. 
Señor Belder, también por eso le quiero dar las gracias. 
Los pareceres emitidos por la Comisión, el Parlamento, el Consejo de Europa y el Observatorio de Viena revelan que el antisemitismo aparece como una forma particular y particularmente peligrosa de racismo en muchos titulares, pero que de ahí no se pasa. 
Apenas existen análisis y evaluaciones y también escasean los programas especiales destinados a la erradicación de este problema. 
Y es más, señor Comisario, en los programas de la Comisión para los países candidatos las referencias a esta cuestión ni siquiera escasean, es que simplemente no las hay. 
A mi juicio, se trata de una negligencia inaceptable y, por eso, me dirijo sobre todo a usted. 
No cabe duda de que el antisemitismo está muy difundido y que suele estar presente de forma latente, lo cual dificulta su erradicación. 
Esta mañana lo hemos vivido aquí en este Parlamento en una de sus manifestaciones más repugnantes cuando se reiteró una vez más la viejísima tesis de que la culpa del antisemitismo la tienen los propios judíos. 
¡Por todo eso, es fundamental que tanto nosotros como la Comisión abordemos este tema considerándolo como una tarea específica muy, pero que muy concreta! 
Señora Presidenta, la presentación por el Consejo de un primer informe anual de la UE sobre derechos humanos ha sido una contribución digna de beneplácito al debate en curso. 
En particular, acojo con beneplácito la información que en él figura sobre el diálogo UE-China en materia de derechos humanos. 
Si bien dicho diálogo puede desempeñar- y desempeña- un papel en la transformación de las cuestiones relativas a los derechos humanos en China, sólo dará fruto si la Unión Europea habla y actúa con una sola voz. 
En el pasado los Estados miembros de la UE se han dejado chantajear con demasiada frecuencia por China. 
En anteriores períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, cuando algunos Estados miembros estaban planteando la atroz ejecutoria de China en materia de derechos humanos, acabaron retirándose uno tras otro ante la amenaza de China de aplicar sanciones comerciales. 
La capitulación ante China fue inmoral y cobarde. 
Fue inmoral conceder mayor prioridad a la importancia de los intereses comerciales que a los derechos humanos y contrasta notoriamente con nuestra actitud en relación con los acuerdos comerciales bilaterales que tenemos con los países en desarrollo. 
También fue cobarde. 
La Historia ha mostrado coherentemente que la actitud correcta es hacer frente a los matones. 
Los matones siempre interpretan los intentos de avenencia como debilidad y China es uno de esos matones. 
Lo vemos en su respuesta a las legítimas preocupaciones internacionales por su ejecutoria en materia de derechos humanos. Adopta una actitud de desprecio para con las opiniones procedentes del mundo exterior. 
Su tono belicista en relación con Taiwán es inaceptable y constituye una injerencia directa en la elección presidencial de Taiwán. 
Tampoco se puede tolerar su arrogancia en el trato dispensado a los seguidores de Falun Gong y a los disidentes. 
En Ginebra, y en otros lugares, la UE debe aprovechar todas las oportunidades para expresar, unida, su disgusto. 
Si bien apoyo firmemente la admisión de China en la OMC, debemos dar a China una dosis de su propia medicina. 
Debemos utilizar las negociaciones como resorte para velar por que China no sólo escuche las preocupaciones de la UE sobre su continua violación de los derechos humanos, sino que, además, adopte medidas para mejorar su ejecutoria. 
Señora Presidenta, Señorías, para fortalecer la protección de los derechos humanos en la Unión, es importante que nos ocupemos ante todo de las personas más frágiles, es decir, esencialmente las personas más pobres. 
La primera violación de los derechos humanos es no permitir a todos y cada uno vivir con dignidad. 
Debe guiarnos el respeto de la persona humana y, este respeto, debe llevarnos a no dejar que la miseria pueda destruir a los individuos ni a las familias, a que los niños no sean arrancados a sus padres a causa de la miseria, a que no se niegue el simple derecho de asociación a aquellos que no tienen siquiera derecho al trabajo. 
El objetivo es crear condiciones de vida decentes para cada ciudadano. 
Todos tienen derecho a estar a salvo de la pobreza y la exclusión. 
Todos tienen derecho a la educación, a la cultura, a la salud. 
Todos tienen derecho a una vivienda digna y a un ingreso que les permita vivir con la cabeza en alto. 
Debemos afirmar que rechazamos la miseria. 
Debemos afirmar que todos y cada uno tienen derecho a la integridad física y mental y que esta integridad implica el derecho a una vida digna. 
¿Podría convertirse la idea de fraternidad en la noción clave del siglo XXI? 
La necesidad de soñar se mantiene viva en cada ser humano y, hoy día, la fraternidad es lo que traduce lo esencial de nuestras expectativas en favor de los más pobres. 
La fraternidad es lo que da un sentido a la solidaridad, que rechaza la exclusión y la soledad y permite respetar las diferencias. 
La fraternidad es lo que debe inspirar los derechos de los más pobres. 
Nuestro siglo será un siglo de progreso, un siglo en el que las utopías más descabelladas se harán realidad. 
La fraternidad forma parte de estas utopías y hemos de realizarla juntos. 
Señora Presidenta, Señorías, una vez más estamos dedicando una parte de nuestro tiempo de Pleno a uno de los asuntos más nobles de nuestra labor parlamentaria, la defensa de los derechos humanos, sea cual fuere su expresión y en cualquier parte del mundo. 
Quisiera felicitar a la Presidencia por su acertada decisión de que examinemos conjuntamente estos cuatro informes. 
Si bien es cierto que nos falta tiempo para conceder a cada uno de ellos la debida importancia, el caso es que, al examinar los derechos humanos ahí fuera- en el resto del mundo -, no excluimos un análisis serio de lo que falta por hacer aquí dentro, en el espacio de la Unión Europea. 
Si bien es cierto que, por fortuna, en el espacio de la UE no encontramos las violaciones flagrantes que tanto nos preocupan en otros Estados, no menos cierto es que también en nuestros Estados miembros hemos de mejorar el respeto de dichos derechos, derechos económicos y sociales, derechos civiles y políticos, con relieve especial del respeto de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal, derechos de los niños, de las mujeres, de los refugiados inmigrantes. 
En cuanto a la violencia policial y en las cárceles y a la lucha contra el racismo y la xenofobia, aún falta mucho por hacer. 
Por lo que se refiere a terceros países, es esencial y urgente que la Unión Europea disponga de una estrategia común que debe elaborar el Consejo con la participación de este Parlamento y que debe dar coherencia a todas las políticas de la Unión Europea, en particular la de cooperación para el desarrollo. 
Carece de sentido que, en función de la realpolitik, seamos más exigentes en unas partes que en otras, que observemos a algunos Estados con más condescendencia que a otros y que prosigamos políticas de cooperación con Estados que no respetan derechos fundamentales de la persona humana, donde el Estado de derecho no funciona y quedan impunes graves irregularidades. 
Si seguimos apoyando política y económicamente a países en los que se da esa situación, somos cómplices de regímenes que no respetan los derechos humanos y respecto de los cuales podemos preguntarnos legítimamente si las ayudas comunitarias llegan a los pueblos cuyo desarrollo se pretende promover o si tan sólo alimentan la vanidad, la opulencia y las cuentas secretas de algunos de sus dirigentes. 
Señora Presidenta, intervengo con relación al informe del Sr. Haarder, a quien felicito. Se trata de un informe que encuentro completo, equilibrado, documentado y exhaustivo. 
Lamentablemente, en contra de la voluntad del ponente, se ha manchado con la inoportuna inclusión de temas específicos, relativos a polémicas nacionales que poco tienen que ver con la dimensión europea de los derechos humanos. 
Ya se han referido a ellos los Sres. Di Pietro, Schulz y Cossutta. 
El Parlamento italiano está examinando el asunto del exilio de la antigua casa real italiana. 
Sorprende que los partidarios a ultranza del principio de subsidiariedad, recordado aquí por el Sr. Cornillet, sean los mismos que pretenden una iniciativa europea para dirimir cuestiones de política nacional. 
Es sorprendente la pretensión de convertir una cuestión opinable de ordenamiento judicial en una cuestión de respeto de los derechos humanos. 
Se quiere imponer la división de las carreras entre magistratura que juzga y magistratura que instruye y la posibilidad de que los exponentes del mundo político eludan el juicio de los jueces que forman parte de esas asociaciones profesionales consideradas como dignas interlocutoras por el Consejo de Europa. 
Se pretende que ninguno de los que han desempeñado las funciones de ministerio fiscal pueda desempeñar funciones de juez. 
En Francia y en Italia rige la regla que se opone a la unicidad de las carreras, en otras partes no, pero el resultado es similar. 
Por ejemplo, el Sr. Bruener que acabamos de nombrar director de la OLAF, fue juez en Alemania: primero, desempeñó funciones de juez, luego de fiscal, más tarde de juez y por último de fiscal, sin escandalizar a nadie, sin violar ningún derecho humano. 
Actualmente, en Italia la cuestión está sometida a un próximo referendo, sin embargo, lo cierto es que nada tiene que ver con el encomiable informe del Sr. Haarder que, en todo caso, merece nuestro aprecio que no se ve mermado por este modesto intento de utilizar para fines impropios una sede que, como la inmensa mayoría de las intervenciones de hoy ha demostrado, merece atender preocupaciones mucho más serias y dignas. 
Señora Presidenta, señoras y señores, si intentamos dejar de lado nuestros prejuicios, nos daremos cuenta de que en el amplio centro de este Parlamento ciertamente no hay rastro alguno de racismo. 
Si este Parlamento discute acerca de un informe sobre el racismo, ello no se debe al racismo del Parlamento sino más bien al informe. 
Así por ejemplo, el presente informe no se limita a elogiar la lucha contra el racismo, sino que trata asimismo algunos temas como el derecho de voto de los nacionales de terceros países en algunos Estados o el Derecho de los funcionarios- el acceso a la función pública- que permiten adoptar una decisión en uno u otro sentido, pero que no tienen nada que ver con el racismo. 
Y desde este punto vista el informe se convierte en una obra mal hecha e interesada. Es algo que quiero dejar muy claro. 
Es decir, de este modo la lucha contra el racismo con la que nos tenemos que comprometer todos se malbarata y se utiliza como pequeña moneda política. 
Es por eso por lo que el informe en su formulación actual no merece nuestro apoyo. 
Me opongo rotundamente a que se reste importancia al racismo de esta manera, transformándolo, como ya he dicho, en objeto del debate político. 
Es nuestra principal crítica al planteamiento de este informe. 
Todos estamos en contra del racismo. Todos ponemos nuestro granito de arena. 
Así las cosas, debería obtenerse una amplia mayoría en este Parlamento. 
Pero no vale que un ala de la Asamblea acapare este concepto convirtiéndolo en el tema central de una lucha política. 
Hemos de procurar que una cuestión de estas características se plantee en unos términos aceptables para todo el mundo, y éste no es el caso aquí. 
Señora Presidenta, felicito a los cuatro ponentes por su labor y, en particular, a la baronesa Ludford por llevar a cabo una labor que yo, entre otros, contribuí a iniciar hace casi un decenio y medio con la primera Comisión de Investigación sobre el Racismo y el Fascismo en Europa, cuyo ponente fue, de hecho, un miembro excelente del Grupo Cristiano Demócrata y de Nea Dimokratia, Dimitrios Evregenis, de cuya labor ha dicho el Sr. Le Pen que utilizará todos los medios a su alcance para impedir que se ponga en práctica. 
Quiero formular dos observaciones sobre los informes que tenemos ante nosotros; una sobre el informe Belder, en el que figura una versión de una enmienda que he presentado sobre el trato dado a las minorías rusófonas en Estonia y Letonia. 
Creo que no está fuera de lugar aquí. 
Lo que sucedía hace quince años en Austria fue que el Sr. Haider estaba persiguiendo, de hecho, a la minoría de habla eslovena en aquella región. 
Fuimos muy pocos los que nos alzamos y dijimos algo entonces. 
Tenemos que decir a los estonios y a los letones que, si continúan con ese trato, sus perspectivas de ingreso en la Unión Europea mermarán en la misma medida. 
En segundo lugar, en el informe Ludford figuran una serie de enmiendas presentadas por los demócratas cristianos en las que se oponen a varios párrafos que originalmente figuraban en el informe Evregenis hace quince años- y fueron aprobados por los demócratas cristianos entonces- sobre la enmienda del Estatuto de los funcionarios para permitir que miembros de las minorías étnicas pasaran a formar parte del personal de la Comunidad Europea. 
Respecto de los derechos de voto, de la selección de los candidatos de las minorías étnicas, lo que no entiendo es si es que carecen de memoria institucional o si- evolución mucho más siniestra- ha cambiado su posición política. 
Señora Presidenta, mi Grupo y yo hemos respaldado con entusiasmo el informe sobre los derechos humanos del Sr. Haarder, ya que su planteamiento nos ha convencido. Encontrábamos muchas buenas razones para darle nuestro visto bueno. 
Sin embargo, mi Grupo y yo albergamos serias dudas respecto al informe Ludford, puesto que so capa de la lucha contra el racismo y la xenofobia se discuten numerosas medidas políticas que no tienen nada que ver con lo que se entiende por análisis y que, de todas formas, no vienen a cuento en este informe, sin olvidar otra serie de medidas que, como es natural, sí merecen nuestro apoyo. Explicaré cuáles son los puntos que no podemos aceptar y por qué. 
Se trata de los elementos que rebasan los límites del período al que ha de circunscribirse el informe, a saber los años 1997 y 1998. 
Si Sarah Ludford pretendía que el informe se ocupara del 2000, debe ser poco menos que visionaria, puesto que ese año aún no se ha terminado. 
En segundo término, nos oponemos a todos los puntos que atentan contra el principio básico de la solidaridad. 
El Sr. Nassauer ya ha señalado que se pretende modificar el Derecho de la función pública. 
A este respecto quisiera preguntar a la ponente si ya ha intentado hacerse funcionaria en Marruecos, por ejemplo. 
La forma en que se accede a la función pública y a la policía en cada uno de los países miembros es un tema que incumbe exclusivamente a los Estados miembros. 
En tercer lugar, se plantean cuestiones que no vienen a cuento en este informe, por ejemplo el derecho de voto de los nacionales de terceros países en las elecciones europeas o las elecciones municipales. 
Por último, quisiera referirme a un aspecto que estimo fundamental. 
Como austríaco no puedo aceptar un informe en el que se adopte una postura indebida y enormemente injusta frente a mi país, Austria, en el que las acciones motivadas por razones político-partidistas y las medidas de boicoteo injustificadas promovidas por los Catorce se aprueban y se respaldan expresamente. 
En última instancia, dichas medidas redundan en perjuicio de la juventud, la economía, el deporte y la población de mi país, que es Austria. 
Todo ello no tiene nada que ver con el informe. 
¡El contenido del informe no se ajusta al título! 
Señora Presidenta, gracias al señor Haarder por el excelente trabajo que ha efectuado. 
Hay, sin embargo, un punto donde debo manifestar mi desacuerdo con el señor ponente. 
Cuando leí la edición danesa del informe del Sr. Haarder, creí durante un breve instante que el Sr. Haarder había ganado en sabiduría con los años y se había dado por enterado de la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo danés que establece que los llamados "acuerdos de afiliación obligatoria" no están reñidos con los derechos humanos. 
Creía y esperaba poder mostrarme de acuerdo con el Sr. Haarder en subrayar el derecho del individuo a estar afiliado a un sindicato. 
Sin embargo, al leer el informe en otras lenguas se puede ver que el Sr. Haarder no ha ganado en sabiduría o bien que lo esconde muy bien. 
En algunas redacciones poco claras parece como si el señor ponente prosiguiera su cruzada contra el modelo danés donde los empresarios y los trabajadores pueden acordar que sólo los miembros de un determinado sindicato puedan ser empleados en una determinada actividad. 
A nadie se le priva de su derecho a trabajar, a nadie se le priva de su derecho a afiliarse a un sindicato, sin embargo, los particulares no pueden beneficiarse de los amplios acuerdos sociales sin ser también miembros de justamente el sindicato que ha creado los acuerdos. 
El Sr. Haarder llega más lejos en su ataque pues trata indirectamente de reforzar a los sindicatos que precisamente no reconocen los enormes avances colectivos que han contribuido a la creación del bienestar y de los derechos humanos en cuyo debate hemos empleado todo el día. 
Señora Presidenta, veo que no ha llamado usted al Sr. Hernández Mollar, y éste me había dejado su intervención para que yo la pronunciara en su nombre. 
Por tanto, le rogaría, señora Presidenta, que me concediera los dos minutos del Sr. Hernández Mollar, para que yo pueda presentar su contribución, y después los cuatro minutos para la mía, si usted no tiene inconveniente. 
Paso, pues, a presentar la intervención del Sr. Hernández Mollar. 
Señoras y señores diputados, señora Presidenta, el debate sobre la xenofobia y el racismo siempre es un debate de hondo calado político y social. 
El informe Ludford contiene puntos muy aceptables que cualquier demócrata puede y debe ratificar, pero también tiene otros puntos que van más allá del rigor político o incluso del jurídico. 
La ciudadanía europea es un concepto abstracto que carece de virtualidad jurídica. 
Los Estados miembros regulan los derechos políticos de sus ciudadanos en virtud de sus propias leyes democráticas, al igual que ocurre en muchos de los países de origen de los ciudadanos que emigran a territorios europeos. 
Pedir la participación política en elecciones locales, nacionales o europeas, o incluso el acceso a la función pública de quienes no son nacionales de los Estados miembros sin ni siquiera plantear el principio de reciprocidad, es ir más allá del realismo político y del rigor jurídico. 
Una propuesta en este sentido es de imposible cumplimiento y, por esto, pido a la Sra. Ludford que lo retire para poder votar favorablemente su informe. 
La xenofobia y el racismo se combaten mediante la educación, la integración laboral y social, mediante la atención en el ámbito de la vivienda, la salud o los servicios sociales, pero no hagamos fácil demagogia en una cuestión que exige sobre todo rigor y seriedad. 
Hasta aquí la intervención del Sr. Hernández Mollar. 
Y ahora empieza la mía, señora Presidenta. 
La existencia de una panoplia de derechos fundamentales civiles, económicos, sociales y políticos, plenamente garantizada por el ordenamiento constitucional y por los poderes públicos, es uno de los elementos esenciales de la civilización occidental moderna. 
Las distintas Cartas y Declaraciones de derechos que jalonan la historia de la política europea-americana primero, y mundial después, son hitos que ennoblecen la vida colectiva de la humanidad, elevándola en hombros de los valores cristianos y de las luces de la Ilustración hasta el ideal democrático actual. 
La Unión Europea ha considerado siempre uno de los ejes medulares de su espíritu inspirador y ha esculpido en el frontispicio de sus Tratados constitutivos el respeto a los derechos humanos fundamentales. 
Sin ese componente irrenunciable de nuestra concepción moral de la organización social, la misma existencia de la Unión carecería de sentido, porque, además de articular un vasto espacio de libertad económica, los ciudadanos y ciudadanas de los quince Estados miembros desean, por encima de todo, ofrecer al resto del planeta un ejemplo de respeto escrupuloso a estos derechos. 
Pero esa voluntad firme e inequívoca debe ser ejercida dentro del rigor jurídico y, sobre todo, del sentido común. 
Los nacionales de Estados que no son miembros de la Unión y que residen legalmente en nuestro territorio han de ser tratados en términos de igualdad con los ciudadanos de los Estados miembros en lo que se refiere al acceso a la educación, la sanidad y la protección social. Y todo ello con pleno respeto a sus creencias religiosas y rasgos culturales específicos. 
El más mínimo brote de racismo, intolerancia o xenofobia ha de ser atajado de raíz en cualquier Estado miembro en el que se produzca. 
Pero, una cosa es la condición administrativa de residente y otra la condición política de ciudadano. 
Los ciudadanos de la Unión, en sentido político, lo son como ciudadanos de alguno de los Estados miembros y ello los capacita para la plena participación política y, en particular, para emitir su sufragio en las elecciones, para asumir responsabilidades representativas de carácter electivo o para concurrir a puestos permanentes en las administraciones públicas. 
La construcción artificiosa de una ciudadanía europea ajena a la condición previa e indispensable de ciudadano de un Estado miembro, de una ciudadanía europea que flote sobre las constituciones de los Estados que componen la Unión, sin base jurídica ni fundamento político sólido, atribuida precipitadamente a titulares de pasaportes de terceros países, por muy residentes que sean, representa una fuente de confusión y un riesgo de vulneración de los derechos de los nacionales de los quince Estados miembros. 
La Unión Europea ha de ser un ámbito de acogida generosa, abierto a todas las personas que vengan a contribuir con su esfuerzo y su trabajo a la prosperidad general o que busquen asilo y refugio frente a la opresión o a la persecución. 
Pero la plena ciudadanía política ha de ser adquirida de acuerdo con lo establecido en el marco legal de cada Estado miembro. 
En su célebre conferencia de la Sorbona "Qué es una nación", Ernest Renan nos advertía: "No abandonemos el principio fundamental de que el hombre es un ser razonable y moral antes de estar ubicado en tal o cual lengua, antes de ser miembro de tal o cual raza, antes de ser un adherente de tal o cual cultura". 
Muchas de las tragedias europeas del siglo XX han traído su causa del olvido de este sabio consejo. 
Refresquemos, pues, la memoria en la línea indicada por Renan, pero sin excesos poco razonables y dudosamente morales. 
Señora Presidenta, manifiesto mi respeto por el informe de nuestro colega, el Sr. Belder. 
Quisiera hablar hoy sobre el mismo. 
El informe plantea muchas cuestiones relevantes. 
Efectivamente, son muchas, puesto que el tema del racismo y la discriminación en los estados candidatos necesita de mucha atención. 
Espero, así mismo, que los estados candidatos a la UE se esfuercen por cumplir las recomendaciones que figuran en este informe. 
Espero que nuestros futuros socios, los países de la ampliación, también se sumen rápidamente al programa de acción comunitario contra la discriminación que se debatirá dentro de poco en este Parlamento. 
Sin embargo, quiero centrar mi intervención en la situación de los romaníes o, los también llamados, gitanos. 
Muchos romaníes viven en circunstancias muy deplorables en los estados candidatos. Con frecuencia, son víctimas de todo tipo de discriminaciones. 
Bajo el régimen comunista fueron sometidos a una política de asimilación; más tarde, a partir de 1989, fueron más o menos abandonados a su suerte. 
Durante mucho tiempo se les prestó escasa atención, pero, afortunadamente, el Consejo de Europa fue el primero en dar la señal de alarma. 
La Comisión ha declarado ahora, con razón, sus problemas como prioritarios con motivo de la ampliación. 
También muchos gobiernos han actuado activamente en este punto en los estados candidatos afectados. 
La súbita afluencia en masa de grupos de gitanos a algunos Estados miembros nos ha llamado la atención a muchos. 
El Parlamento pretende lograr una mayor comprensión y visión de conjunto de todas las acciones de la Unión Europea y de la Comisión; y, por ello, pide a esta institución la elaboración de un programa coherente, que se realice conforme a una coordinación reforzada y en el que se establezcan objetivos y un calendario. 
Queremos que la Unión Europea se comprometa más directamente a abordar el problema de los romaníes. 
No sólo la Comisión Europea, sino también el Parlamento deben prestar mucha más atención a esta cuestión. 
En primer lugar, desde un planteamiento más amplio. 
No se trata sólo de luchar contra las discriminaciones y cambiar la mentalidad de la gente. 
También deben abordarse las causas de las discriminaciones. 
El desarrollo regional y una buena política social son indispensables para ello. 
Los romaníes viven con frecuencia en zonas en las que la vida resulta difícil para todos. 
Queremos un planteamiento que se elabore desde una perspectiva local. 
El papel clave para la solución de los problemas de los romaníes reside en las comunidades locales y en los gobiernos locales. 
Los programas de mejora deben realizarse en ese nivel, en el ámbito de la enseñanza, el alojamiento y el trabajo; y, así organizados, toda la población debe beneficiarse de los mismos. 
La cooperación local es una buena arma contra los prejuicios y las discriminaciones. 
El círculo negativo de la marginación y la discriminación solamente puede romperse en el ámbito local. 
Así mismo, es importante la participación de los propios romaníes. 
En lo que a mí respecta, esto constituye un punto clave. 
Los romaníes deben poder defenderse más por sí mismos. 
Deben estar directamente implicados y ser corresponsables de la mejora de su situación. 
El reconocimiento oficial de los romaníes como minoría puede contribuir, en mi opinión, a una mayor autonomía política. 
Así mismo, se necesitan más acciones especiales dirigidas a cambiar la mentalidad. 
La propensión a discriminar está muy asentada, también en el aparato de la administración. 
Debe, por tanto, prestársele una atención especial. 
Abogo por que se establezca una estrecha colaboración entre la Unión Europea y el Consejo de Europa. 
Debemos utilizar mejor la experiencia desarrollada en ese foro. 
Por último, quisiera subrayar que, sobre todo, es necesario que se logren resultados rápidos y visibles. 
Se han organizado muchas acciones con muy buena voluntad, también la Unión Europea es muy activa. 
Hay que reconocerlo. 
No obstante, al mismo tiempo, quisiera pedir a la Comisión que se esfuerce por lograr resultados rápidos y visibles que tengan como mira la primera ampliación de la Unión Europea, de manera que podamos mostrar a nuestros ciudadanos que hemos hecho algo al respecto. 
Algunas inversiones requieren mucho tiempo y se tarda mucho en ver los efectos, pero otras cuestiones, como el alojamiento y el hecho de abordar los problemas de empleo pueden conducir a resultados rápidos y visibles. 
Los problemas de los romaníes deben abordarse ahora en los propios estados candidatos, ya que en ellos vive esa gente. 
Además, cuanto antes, a fin de evitar que dentro de unos seis años se convierta en nuestro problema. 
Señor Presidente, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho son el principio y el final de cualquier política. 
Los damos por descontados, sin embargo, en la civilísima Europa parece que no sea así. 
El Sr. Haarder nos ha expuesto la situación en el interior de los Quince Estados miembros y el resultado es que seguramente queda mucho por hacer. 
Cito algunos ejemplos. 
Es inadmisible, casi desconcertante, que hoy todavía Amnistía Internacional condene a algunos países por no respetar los derechos humanos más básicos. 
Es absurdo que algunos Estados, entre los cuales, lamentablemente, también hay que incluir a mi país de origen, sean condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la excesiva duración de los procedimientos judiciales. 
Asimismo es inconciliable con cualquier principio de derecho humano el hecho de que en algunos Estados miembros exista o continúe estando en vigor la figura del exilio. 
No cabe duda de que si la Unión Europea quiere ampliarse y convertirse en un compacto sistema de referencia de la comunidad internacional, es necesaria una reacción fuerte y coherente por parte de las Instituciones europeas, aunque también es preciso que cada uno de nosotros trascienda su interés político nacional y se dedique al bien de la Unión a través de un voto política y humanamente responsable de estos temas. 
Todos nosotros sabemos muy bien que este informe no será vinculante para nuestros Gobiernos. Hasta que no se elabore la Carta de derechos fundamentales y no se incorpore a los Tratados, nuestro juicio no podrá ser más que una mera invitación a los Estados miembros. 
La responsabilidad política deberá superar este obstáculo. 
En el momento en que la Unión está tratando de dotarse de un cuerpo militar autónomo para intervenir allí donde se cuestiona el Estado de Derecho, en el momento en que los criterios de Copenhague son parte integrante del acervo comunitario que los países candidatos deben transponer, es inadmisible que la situación de los derechos humanos dentro de los Quince sea tan heterogénea. 
Debemos ir más allá e instar a nuestros Gobiernos a que sean europeos hasta el fondo. 
Muchos antes que yo me lo han repetido: la Unión Europea no es, no puede ni debe ser sólo economía. 
La Unión Europea es algo mucho más profundo, tiene una raíz común y un sueño por el cual habrá que luchar, especialmente a través de los derechos civiles. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señores Comisarios, con respecto al informe Belder hay una cosa que quiero dejar muy claro. Se trata de un informe excelente, muy serio y muy importante. 
Merece mi más sincero apoyo. Parte de la base de los valores fundamentales europeos, que de por sí se oponen radicalmente al racismo, a la xenofobia y al antisemitismo. 
Creo que solamente quien defienda estos valores fundamentales en el seno de la Unión Europea puede criticar las violaciones de los mismos en otros países. 
Por eso me parece tan importante el debate acerca del Gobierno austríaco, siempre y cuando sea un debate serio, claro está. A fin de cuentas, se trata de respetar estos valores fundamentales europeos y de representarlos dentro y fuera de la Unión. 
Diversos sectores de la población de los países candidatos a la adhesión merecen nuestra especial consideración y atención. 
En primer lugar, quisiera referirme, como ya se ha hecho antes, a los romaníes y a los sinti. Hemos de preguntarnos cómo podemos integrar eficazmente a este amplio grupo de la población en la sociedad. 
En este contexto debemos ser conscientes de que se plantea un problema, puesto que los romaníes y los sinti tienen su propia idea sobre cómo debe llevarse cabo esta integración. Sin embargo, debemos ayudarles en el ámbito de la formación. 
Debemos ayudarles a encontrar trabajo y hemos de desplegar acciones informativas para evitar que vuelva a repetirse lo ocurrido hace poco. Obviamente, me refiero al emparedamiento, en el sentido verdadero de la palabra, y a la separación de los romaníes y los sinti de los demás vecinos de un municipio. 
El segundo grupo del que quiero hacer mención son los kurdos. 
Turquía- que es un país candidato aun cuando de momento no se hayan iniciado las negociaciones correspondientes- no reconoce a las minorías, ni siquiera a la minoría kurda. 
Me parece una equivocación y una contradicción, también de cara a las declaraciones del Consejo de Europa. 
Pero aunque Turquía no reconozca a los kurdos como minoría y no les confiera derechos colectivos, debe admitir que está violando los derechos individuales del pueblo kurdo en lo que a la libertad cultural, la libre expresión y las libertades y derechos económicos se refiere. 
Por todo ello, estimo fundamental que ayudemos a los kurdos a imponer sus derechos de una forma inteligente, de una forma pacífica. 
Es otro aspecto que queda muy bien reflejado en el informe Belder. 
Les quiero recordar un tercer grupo que se concentra sobre todo en Estonia y Letonia, a saber, las minorías rusohablantes. 
Comprendo muchos de los argumentos que me han llegado a los oídos en los países bálticos, por ejemplo el hecho de que resulta difícil tratar y aceptar como iguales a unas minorías que no son autóctonas, sino que han entrado junto con las tropas de ocupación. 
Aunque haya numerosas trabas emocionales que lo impidan, es importante que se dé este paso y, en realidad, ya se ha recorrido parte del camino. 
Ahora bien, lo importante es que estos pueblos tengan el valor de seguir adelante y de sobreponerse al pasado y a las experiencias que han sufrido bajo la ocupación a fin de que en los países bálticos se abra un futuro común en el que también tenga cabida la población rusohablante. 
El siete de abril se inaugura en Viena el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. 
En nombre de mi Grupo he instado a la Presidenta de esta Casa a que acuda a esta cita, independientemente de la situación que se vive en Austria, puesto que objetivamente hablando me parece un acontecimiento muy importante. 
Espero que dicho instituto no sólo reciba apoyo, publicidad y atención en el día de su inauguración sino que el Parlamento, así como el Consejo y la Comisión, lo sigan respaldando enérgicamente en los próximos años. 
Señor Presidente, Señorías, estoy a favor del informe Haarder en su conjunto, incluido el apartado 38. Por consiguiente, disiento del planteamiento del grupo de trabajo socialista al que pertenezco, ya que considero que los cuatro puntos enumerados en el apartado 38- la excesiva duración de los plazos de prisión preventiva, la excesiva duración de los juicios, la no división de las carreras entre fiscales y jueces, el riesgo de que jueces politizados se ocupen en sus investigaciones de exponentes del mundo político- son en su conjunto unos elementos que deben hacernos reflexionar y aconsejar un voto favorable. 
Por otra parte, cuando yo era ministro de Justicia en Italia emprendí esta batalla y tuve a mi lado al más importante, al más célebre, al mejor de los jueces italianos, Giovanni Falcone que, como yo y como nosotros, sostenía la necesidad de separar las carreras de los magistrados, no para castigarles- lo cual es evidente- sino para responder a las distintas vocaciones de quien instruye y, por lo tanto, es parte y acusación y de quien, por el contrario, es juez y, en consecuencia, debe ofrecer garantías de equilibrio y de imparcialidad. 
El hecho de que el Parlamento Europeo intervenga en esta materia no me parece en absoluto un abuso ni un exceso; por el contrario, me parece que responde a una idea y a una visión de la justicia europea, equilibrada y garantizada, especialmente en orden al buen funcionamiento de las autoridades públicas. 
Señora Presidenta, Señorías, no voy a extenderme mucho en esta intervención. 
Considero que el debate que hemos celebrado hoy aquí es de la mayor importancia y que las diversas sensibilidades que se han expresado en las lecturas de los diferentes informes han planteado algunas cuestiones interesantes, algunas de ellas de forma bastante polémica, otras subrayando aspectos de naturaleza contradictoria, algunas de ellas conviniendo en cuanto a la forma, pero probablemente no en cuanto al contenido. 
En cualquier caso, creo que son cuatro informes que en conjunto plantean problemas de la mayor importancia y de gran actualidad para todos nosotros, en particular en el momento en que la Unión Europea procura- tanto en el plano interior como en el de su afirmación exterior- dar contenido y subrayar un conjunto básico de valores que son, en el fondo, el fermento que podría servir de base para su propia unión política. 
Consideramos que, si no estamos dispuestos, también entre nosotros, a garantizar un criterio común de principios y que dichos principios sean también la base esencial de nuestra propia proyección exterior, es imposible garantizar una profundización de la Unión Europea. 
He dicho proyección exterior y dimensión interior. 
Hoy se ha hablado mucho aquí, directa o indirectamente, de la actitud adoptada en relación con Austria, lo que a veces se ha hecho de forma relativamente emocional, comprensiblemente emocional- podríamos decir incluso -, por personalidades relacionadas con ese país. 
Como la posición que los 14 países de la Unión Europea expresaron en su relación bilateral con Austria llevaba el título de la Presidencia portuguesa, del Primer Ministro portugués, quisiera que quedara muy claro lo siguiente: nosotros no hacemos interpretación negativa alguna de la forma como se ha comportado Austria en el plano internacional y, en particular, como ha cumplido sus deberes y obligaciones en el marco de la Unión Europea. 
Ese aspecto es indiscutible: Austria ha sido un país cumplidor dentro de la Unión Europea. 
Pero debemos comprender una cosa, que resulta definitiva respecto del modo como interpretamos la situación europea: todos nosotros somos ciudadanos austríacos. 
Hoy en la Unión Europea la ciudadanía es europea. 
El ciudadano austríaco es ciudadano portugués. 
Un ciudadano portugués es ciudadano austríaco. 
No hay cuestiones de carácter nacional cuando determinadas ideologías y fuerzas políticas propagan y defienden cierto tipo de ideologías, aun cuando después, por razones de carácter táctico, retrocedan respecto de las posiciones adoptadas. 
No se puede considerar que eso sea indiferente a los otros países. 
Hoy estamos trabajando en un espacio europeo, en un espacio común, que deseamos vinculado con un conjunto básico de principios, como muchos de los que los informes aquí en debate subrayan. 
Debemos tener una perspectiva europea sobre estas cuestiones y no podemos refugiarnos sistemáticamente en la coartada de la subsidiariedad para decir que esas cuestiones son de dimensión nacional y que se trata de una intromisión en los asuntos interiores de determinado país. 
No es verdad. 
Como he dicho, los asuntos interiores austríacos lo son también de la Unión Europea. 
Al defender la necesidad de que el comportamiento en el ámbito de la vida política austríaca siga las bases y los principios que la Unión Europea defiende y que Austria se comprometió también a defender en el plano de la Unión Europea, no nos parece que estemos cometiendo una injerencia en sus asuntos interiores. 
Independientemente de las cuestiones de carácter emocional y, evidentemente, de los reflejos que ese tipo de situaciones puedan tener, consideramos que es necesario reflexionar profundamente sobre lo que ha significado ese acto, que ha tenido- conviene decirlo- una dimensión de carácter bilateral y que es un acto- seamos claros- de profilaxis política. 
Creemos que la profilaxis política tal vez sea la mejor forma de evitar en el futuro los males y, en particular, que viejos fantasmas puedan resucitar en el plano europeo. 
En el plano de las relaciones exteriores creemos, señora Presidenta, Señorías, que la Unión Europea tiene hoy un marco ya basado en valores que la profundización, en particular mediante estos informes, va a garantizar y mejorar sin lugar a dudas. 
En esa esfera hay varias cuestiones evidentemente controvertidas. 
Hay varias esferas que merecen interpretaciones diferentes. 
Cuando hablamos de racismo y de estar todos contra el racismo, afirmación que es unánimemente aceptada por toda esta sala, no sé si estaremos realmente todos de acuerdo, si estamos todos a favor de medidas concretas para luchar contra el racismo. 
Cuando todos decimos que estamos contra la xenofobia, no sé si somos todos capaces de aceptar medidas activas de integración de los ciudadanos extranjeros dentro de la Unión Europea y de aceptar medidas de protección de los intereses de los extranjeros en el espacio de la Unión. 
Por lo demás, vamos a tener una prueba interesante, que va a ser la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión. 
Si dentro de la Unión hay voluntad de que se haga extensiva dicha Carta a los ciudadanos extranjeros que viven en ella, estaremos dando una señal de que nuestra acción contra la xenofobia comienza ya dentro de casa y con las medidas que nosotros mismos decidimos aplicar en el nivel político interno. 
Además, quisiera decir que, respecto de la antidiscriminación y las diversas formas de discriminación que los distintos informes abordan, hay, evidentemente, un mar de medidas diferentes. 
Y nosotros sabemos que incluso en el nivel de la legislación interna de nuestros Estados existen grandes diferencias en el tratamiento de algunas de esas cuestiones. 
Pero también creo que el modo como se plantean esas cuestiones en esta Asamblea, la forma como estos informes nos ayudan a reflexionar sobre estos problemas, constituyen una sacudida en la conciencia colectiva y un elemento importante para que podamos seguir profundizando en un debate sobre este tipo de cuestiones y que no compete sólo a los gobiernos, sino también a las organizaciones no gubernamentales, a los lobbies sociales, a los lobbies políticos. 
Y se debe mantener esa cuestión en nuestro orden del día y a eso se debe la importancia de este debate. 
Por último, y para concluir mi intervención, quisiera señalar a la atención de Sus Señorías el conjunto de medidas que ya en el pasado el Consejo de la Unión Europea ha venido aplicando a este respecto, las diferentes acciones comunes que se han llevado a cabo. 
Entre otras, se han adoptado un conjunto de iniciativas relacionadas con el Año Europeo contra el Racismo, en 1997, y quisiera subrayar un aspecto muy importante y del que probablemente no nos hayamos dado aún completa cuenta: lo que representa el nuevo Tratado de Amsterdam. 
No es fácil encontrar consenso: cuando negociamos el Tratado de Amsterdam, y yo estuve en esa negociación, no fue fácil encontrar consenso en el sentido de integrar el conjunto de medidas hoy plasmadas en los artículos 6 y 7. 
Probablemente, y de acuerdo con la experiencia actual, sería conveniente mejorar las disposiciones que en ellos figuran, sería conveniente mejorar esa normativa. 
Vamos a ver si, en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental, conseguimos encontrar un consenso que nos permita avanzar a ese respecto. 
Pero quisiera señalar también a la atención de Sus Señorías la importancia de un acto que se va a celebrar, simbólicamente, en Viena el día 8 de abril: el lanzamiento del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. 
Esa estructura va a ser muy importante y creo que también va a ser muy importante garantizar la colaboración de todos en el sentido de promover una lucha efectiva contra el racismo y la xenofobia en el ámbito de la Unión Europea, para lo que es en el fondo el desarrollo de lo que podemos llamar "el pilar ético" de esta Unión. 
Ésta es una Unión de principios, una Unión que debemos profundizar, y, si no conseguimos garantizar que se compartan esos principios en una gran parte del espacio comunitario, no habrá Unión política futura. 
Señora Presidenta, al final de este debate extraordinariamente interesante tal vez pueda explicar la división o el reparto del trabajo en la Comisión. 
Voy a referirme principalmente a los informes Malmström y Belder y mi colega el Sr. Vitorino abordará los otros dos importantes informes, aunque, evidentemente, habrá puntos de superposición entre nosotros. 
Permítaseme comenzar con el informe Malmström. 
Creo que el primer informe anual de este nuevo Parlamento Europeo es riguroso y oportuno. 
Oportuno, porque antes de la interrupción estival esta Comisión igualmente nueva aprobará- espero- una comunicación sobre los derechos humanos en las políticas exteriores. 
Abarcará muchos de los sectores abordados en el informe y todas las recomendaciones del Parlamento Europeo hacen aportaciones extraordinariamente útiles a nuestra labor. 
No puedo responder a todos los puntos del informe en este momento. 
Lo que haré será ocuparme de ellos, incluidos los debates con el Parlamento Europeo, durante los próximos meses para que preparemos una comunicación atinada y reflejemos los importantes argumentos que figuran en este informe. 
Quiero centrar mis observaciones introductorias en los derechos de las mujeres y los niños, pues la ponente ha optado por centrar la atención en esos asuntos importantes. 
Es una opción oportuna, en vista de la plataforma Beijing +5 para la acción de este año en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. 
Beijing confirmó que los derechos de las mujeres son derechos humanos universales y que corresponde a las mujeres desempeñar un papel fundamental en la construcción de sociedades democráticas y justas. 
La iniciativa europea en pro de la democracia y los derechos humanos lo refleja. 
Se incluye explícitamente a las mujeres como grupo beneficiario del apoyo. 
Las acciones abarcan una gran diversidad de aspectos: de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones en los Balcanes al apoyo a las trabajadoras domésticas en Costa de Marfil. 
Se han calificado acertadamente como cuestiones relativas a los derechos humanos cuestiones, como, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. 
Como tales, se las debe promover vigorosamente, pues forman parte de nuestra política exterior y de la asistencia para el desarrollo. 
El informe de la Sra. Malmström expone algunas de las duras realidades de la violencia que se perpetra contra las mujeres en muchas formas y en todos los niveles de la sociedad. De los horrores de la violación a la mutilación genital, del hogar a la celda carcelaria. 
Nuestros programas DAPHNE y STOP son los pilares de la reacción de la Comisión. 
DAPHNE ha apoyado el aprovechamiento mutuo de la información y los procedimientos idóneos entre las ONG y los Estados miembros mediante más de 100 proyectos transnacionales. 
En diciembre de 1999 se aprobó un nuevo programa DAPHNE para el período 2000-2003 en el nivel de cinco millones de euros al año. 
En respuesta a una resolución del Parlamento Europeo de 1997 la Comisión ha llevado a cabo una campaña de sensibilización sobre la violencia doméstica en los Estados miembros. 
Debemos aprovechar lo que aprendamos durante esa clase de campañas y compartir esos conocimientos con los países candidatos, tal vez en el marco de DAPHNE. 
Tomo nota de lo que dice el informe sobre la espantosa costumbre de la mutilación genital y la falta de datos al respecto. 
En la Comisión buscaremos formas de contribuir a la búsqueda de una solución. 
La Comisión está trabajando también con otras instancias para poner fin al abyecto tráfico de mujeres, que ha ido en aumento en los últimos años. 
En 1998 presentamos una comunicación al respecto. Entonces se centró la atención en la prevención, la investigación, la aplicación de las leyes, la condena efectiva de los traficantes y el apoyo a la víctimas. 
Como sabe Su Señoría, estamos trabajando a ese respecto con las ONG, la OSCE y los países candidatos. 
En cuanto a los derechos de los niños, el programa STOP ha cofinanciado 67 proyectos sobre el tráfico y la explotación sexual de niños con un presupuesto de 6,5 millones de euros para los cinco primeros años. 
Está previsto que este año se inicie un nuevo programa STOP, en el que podrán participar los países candidatos. 
Pasando a cuestiones más generales, he mencionado la próxima comunicación sobre los derechos humanos y las relaciones exteriores. 
Mi objetivo es el de adoptar un planteamiento más eficaz y coherente en materia de políticas y de gasto y en particular mejorar la gestión de nuestros programas en ese sector. 
Los proyectos en materia de derechos humanos son muy diferentes de los proyectos para construir puentes o fortalecer la enseñanza primaria. 
Las ONG y los interlocutores de la sociedad civil participan íntegramente en su ejecución, que con frecuencia se hace en condiciones delicadas o peligrosas en el terreno. 
Quienes se encargan de la ejecución de los proyectos pueden ver incluso amenazados sus propios derechos y ésa es sin duda la razón por la que las ONG se sienten con frecuencia un poco agraviadas por tener que entregar a la Comisión una caja de zapatos llena de recibos cuando vuelven a la oficina. 
Los procedimientos financieros de la Unión Europea, incluido el reglamento financiero, son poco propicios- por no decir algo peor- para las ONG, lo que obliga a preguntar: ¿debemos dejar de financiar a las ONG o debemos cambiar los procedimientos? 
Lo primero es claramente tan imposible como totalmente indeseable. 
No podríamos trabajar sin ONG. 
La reforma de nuestros procedimientos, muchos de ellos formulados por los Estados miembros en una época en que las ONG apenas existían, va a requerir tiempo, pero estamos trabajando al respecto, como parte del conjunto global de reformas. 
Por desgracia, no va a haber un cambio de la noche a la mañana. 
Esto me da pie para pasar a ocuparme del presupuesto y la propuesta del Parlamento de una declaración conjunta sobre los aumentos anuales en el gasto en materia de derechos humanos. 
No se puede separar el tamaño del presupuesto de la cuestión de nuestra capacidad para gestionarlo. 
De lo contrario, haremos demasiadas promesas que, sencillamente, no podemos cumplir y a la hora de apoyar a las ONG con frecuencia se dispone de un presupuesto muy reducido. 
Las promesas incumplidas pueden propiciar rápidamente la quiebra. 
Tenemos muchísimos proyectos que acabar de ejecutar y en el pasado no hemos gastado todo el presupuesto para derechos humanos y me resultaría muy difícil justificar un aumento en el gasto hasta que hayamos puesto orden a ese respecto. 
Pero quiero que quede esto claro: quisiera situarme en una posición, en cuanto pueda, en la que gastemos hasta el último céntimo y, por tanto, podamos justificar un gasto mucho mayor. 
La posibilidad de crear la agencia de derechos humanos prevista en Viena y Colonia podría ayudarnos a este respecto. 
Creo que semejante agencia debería ser operativa y no consultiva. 
Lo estudiaré en la comunicación. 
También se deberían considerar las posibilidades de una agencia en el marco de la reforma más amplia de nuestra ayuda exterior y de la externalización en conjunto. 
Ahora paso a las cuestiones planteadas en el informe Belder, que responde a la comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los países candidatos. 
Lo hago en mi propio nombre y en el de mi colega el Comisario Verheugen. 
Quisiera felicitar a los autores de ese completo informe. 
Naturalmente, critica la falta de propuestas concretas en la comunicación de la Comisión, pero conviene observar que la aprobación de dicha comunicación se produjo después de la dimisión del Colegio de Comisarios en marzo de 1999, cuando la Comisión no estaba precisamente- y lo digo suavemente- en las mejores condiciones para elaborar nuevas propuestas. 
Espero que esta respuesta inspire algunas sugerencias para el futuro. 
La lucha contra el racismo es un elemento esencial de las políticas de la Unión en materia de derechos humanos y de la estrategia de preadhesión. 
Tiene dos elementos principales: aprobación y ejecución del acervo comunitario por los países candidatos, incluida la Acción Común de 1996 relativa al racismo y la xenofobia y el Convenio de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre los solicitantes de asilo y los refugiados y la utilización eficaz de nuestros programas básicos. 
Durante el proceso de selección y durante las conversaciones bilaterales y en los comités de asociación se plantea la compatibilidad de la legislación relativa a las minorías. 
Por ejemplo, hemos examinado las leyes lingüísticas en Lituania, Estonia y Eslovaquia, asunto planteado durante los debates, y legislación relativa a los romaníes en la República Checa y en Eslovaquia. 
Esas conversaciones han dado algunos resultados concretos. 
El segundo elemento- nuestros programas de cooperación- está compuesto de los programas nacionales PHARE, el programa Democracia PHARE y el programa MEDA. 
En PHARE se ha concedido la mayor prioridad, en consonancia con las propuestas de los ponentes, a la reforma de la policía, la justicia penal y los sistemas de asilo. 
Esa reforma contribuye a propiciar los necesarios cambios de actitudes en las instituciones. 
También se incluyó en el marco del programa europeo de formación de la policía en la Europa central y oriental el objetivo de sensibilizar a la policía respecto del racismo y la xenofobia. 
Perseveraremos con medidas semejantes. También estamos dispuestos a aprovechar las oportunidades para fortalecerlos. 
Un objetivo fundamental común a los informes Malmström y Belder es la necesidad de fortalecer nuestra relación con las ONG de los países candidatos. 
El nuevo Programa de Adhesión, que substituye los programas LIEN y de Asociación va encaminado a fortalecer la sociedad civil. 
Por último, respecto de los romaníes, cuya condición han mencionado varios oradores, la Comisión pretende dar mayor coherencia a su apoyo a las comunidades romaníes. 
Nos proponemos participar en la reunión que organizará el Observatorio Europeo y a la que están invitados representantes del Parlamento Europeo: se trata de una reunión convocada para estimular ideas con vistas a mejorar la asistencia de la Unión Europea a las comunidades romaníes. 
Estos informes abarcan cuestiones extraordinariamente importantes. 
Son cuestiones que cada vez preocupan más a los ciudadanos de la Unión Europea, pues diariamente se ven asediados por escenas en los medios de comunicación de violaciones de los derechos humanos, ya sea en el Cáucaso, Colombia, los Balcanes, Sierra Leona, China y demás. 
Estoy deseoso de que la Unión Europea plantee dichas violaciones en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, a la que asistiré el 27 de marzo. 
Agradezco al Parlamento su oportuna aportación. 
La Comisión y el Parlamento están en perfectas condiciones para colaborar en materia de derechos humanos. 
Estamos en condiciones de tomar la iniciativa firmemente y dar ejemplo a otros. 
Estoy deseoso en particular de colaborar con los diputados a este Parlamento para velar por que la comunicación que presentemos este año brinde un ejemplo intelectual y político sobre esa cuestión y las ONG, los parlamentarios y otros lo consideren la indicación de una vía para el debate de esas cuestiones fundamentales. 
. (DA) Señora Presidenta, interpreté los comentarios de mi buen amigo, el Sr. Seixas da Costa, como una defensa de las sanciones contra Austria y por ello me gustaría preguntarle para mayor precisión si presentó esta propuesta como señor Presidente del Consejo, es decir, en nombre del Consejo, o si fue en nombre de los catorce gobiernos. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera saber en qué calidad ha prestado esta declaración. 
En segundo término, quiero dejar claro que al referirme a la solidaridad tenía en mente aquellos puntos del informe que suponen una intervención en los derechos de los Estados nacionales que, de conformidad con el Tratado, corresponden inequívocamente a éstos últimos. 
Y si me lo permite, señor Da Costa, quisiera hacer una tercera observación que va dirigida a usted. Está claro que las cosas que suceden en un país determinado de la Unión Europea interesan igualmente a los demás países. 
Al fin y al cabo es una de las razones por las que somos miembros de esta Unión Europea. También entiendo que uno recabe información y muestre interés. 
Pero, a mi juicio, mostrar interés significa asimismo informarse acerca de un país de forma objetiva, verter críticas allí donde éstas estén justificadas y adoptar medidas cuando se hayan cometido delitos, no de manera preventiva o siempre que sea posible desde perspectivas políticas. 
Señor Ministro, quisiera invitarle en nombre de la delegación austríaca a recabar in situ esta información, de la que usted, y posiblemente muchos otros- probablemente los Catorce -, no tienen conocimiento. 
Si desea saber quién ha votado a este partido, que forma parte del Gobierno, a saber el Partido Liberal, debo comunicarle que el 50% de los trabajadores que antes se pronunciaban a favor del socialismo ahora han votado a este partido y que la mitad de los jóvenes han votado a este partido. 
No ha sido la extrema derecha que, al igual que en los demás países, desafortunadamente también está presente en Austria, donde tal vez alcance un 3% o un 5%. 
Los motivos son otros. Gran parte del electorado ha votado simplemente en contra del antiguo Gobierno y del socialismo buscando una alternativa. 
Le rogaría que antes de venir a pronunciar aquí juicios de valor se informara debidamente y se limitara a criticar aquello que realmente merece ser criticado en lugar de guiarse por conjeturas o sospechas. 
Señora Presidenta, el Sr. Pirker no se ha referido al Reglamento, pero, como es muy listo, ha pronunciado un pequeño discurso de dos minutos y medio bajo el pretexto de exponer una cuestión de orden, lo cual hemos de perdonarle habida cuenta de que es austríaco y, además, de Carintia. 
Yo sí tengo una cuestión de orden. Lo que el Sr. Pirker ha hecho aquí no se ajusta al Reglamento. 
Quiero hacer un llamamiento al Presidente del Consejo en nombre de mi Grupo. ¡No baje la guardia y mantenga la misma actitud crítica ante el racismo y la xenofobia que ha manifestado aquí, sea en la calidad que sea! 
Señora Presidenta, agradezco esta oportunidad que me brinda de aclarar una vez más en calidad de qué formulé esas observaciones. 
Es evidente que el Presidente del Consejo Europeo y Primer Ministro portugués formuló su toma de posición en nombre de los catorce países de la Unión Europea, aparte de Austria. 
La formuló en una dimensión que desde el principio- tuve oportunidad de aclararlo el día 2 de febrero en una intervención ante el Parlamento Europeo- no tenía reflejos en el funcionamiento de la máquina comunitaria. 
Por eso, los tres niveles de reacción de los 14 países respecto de Austria tienen una dimensión bilateral. 
La circunstancia de que llevara el título del Presidente del Consejo es una cuestión de mera coordinación de la posición conjunta de los diversos países. 
Vuelvo a decir y a subrayar lo que afirmé respecto del comportamiento de Austria en el plano comunitario hasta ahora: considero que he sido suficientemente claro al decir que Austria ha sido un socio leal dentro de la Unión Europea y en este momento no está en entredicho el comportamiento de ese país ni infracción alguna por su parte lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam. 
Por eso, las sanciones de carácter bilateral lo son en un plano puramente bilateral y no en un marco de funcionamiento comunitario. 
Ninguna esfera de dimensión oficial del funcionamiento de la Unión Europea se ha visto afectada durante esta Presidencia en relación con la situación austríaca. 
Hay dimensiones de carácter oficioso que podrían haberlo sido, pero en el plano oficial, en este momento, la representación austríaca se hace en el nivel de los grupos de trabajo del Consejo, en el nivel de los Consejos de Ministros, en el nivel del Consejo Europeo que próximamente se celebrará. 
Respecto de la cuestión del carácter político que Su Señoría plantea y respecto de la actitud que los Estados miembros adoptaron antes del funcionamiento efectivo del Gobierno austríaco, quisiera subrayar algo que a veces no es suficientemente subrayado en esta cuestión austríaca: que también para Austria, también para la vida política austríaca, la situación actual no es business as usual. 
No es casualidad que el segundo partido más votado en las elecciones austríacas no fuera invitado a formar gobierno. 
No es casualidad que fuera invitado a formar gobierno el partido más votado y después se pasara al tercer partido por el número de votos obtenido. 
No es casualidad que el Presidente de la República de Austria obligara a los dos componentes de la coalición gubernamental a hacer una declaración en el sentido de responsabilizarse de un conjunto de principios básicos. 
¡No es casualidad! 
Es porque tampoco en la vida política austríaca la situación actual es necesariamente business as usual y ésa es la razón por la que, del mismo modo que los austríacos abrigan dudas sobre de esta situación, nosotros tenemos todo el derecho a abrigarlas y a expresarlas en el plano bilateral. 
Mientras Austria se comporte plenamente como un socio en el plano comunitario, como lo ha hecho hasta ahora, nada funcionará contra Austria. 
Ése es un aspecto claro. 
Pero, en el plano bilateral, debemos tener la responsabilidad, el derecho y el deber de estar atentos respecto de lo que consideramos la infracción de un ambiente de confianza que determinadas personalidades, por las afirmaciones que hicieron en el pasado, por las propuestas de naturaleza política que presentaron, no nos garantizan. 
Ése es un aspecto político, es una afirmación de carácter político, de la que sacamos las consecuencias en el plano bilateral, en el que nadie puede negarnos el derecho a sacar conclusiones sobre nuestras relaciones con Austria. 
Lamentamos que deba ser así y esperamos que una evolución de la situación en Austria nos permita proceder de otro modo. 
Señora Presidenta, como mi compañero, Chris Patten, lo dijo con toda claridad, a mí me corresponde expresar la posición de la Comisión sobre los otros dos informes que nos ocupan esta tarde: el informe Haarder y el informe Ludford. 
Ante todo, quisiera decir que la Comisión comparte la opinión del Parlamento Europeo respecto a que el nuevo contexto jurídico, a raíz de la adopción del Tratado de Amsterdam, da a la Unión competencias y responsabilidades más amplias en materia de derechos humanos. 
En este contexto, la Comisión se felicita de la iniciativa del Consejo Europeo de elaborar una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que dará una mayor visibilidad a estos derechos y también, lo espero, una mayor seguridad jurídica, al menos si, como lo desea el Parlamento y, ya lo he dicho, la Comisión, esta Carta se convierte en un instrumento jurídicamente vinculante y bajo tutela jurisdiccional. 
En este marco, y en mi calidad de representante personal del Presidente de la Comisión en el seno de la convención encargada de la redacción de esta Carta, tengo la intención de defender el punto de vista de que los beneficios de la Carta deberán ampliarse a los nacionales de los países terceros que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros. 
Por lo demás, la Comisión observa con satisfacción que sus puntos de vista y los del Parlamento Europeo sobre la naturaleza y el contenido de esta Carta son muy parecidos. 
Así quedó de manifiesto en el debate que tuvimos ayer sobre el informe Duff y Voggenhuber y los es también para las conclusiones del informe del Sr. Haarder, al que felicito calurosamente. 
La Comisión comparte el deseo de la acción, y no solamente un deseo retórico, de dar una cierta coherencia a las normas que se aplican en materia de derechos humanos tanto por los tribunales nacionales como por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
A este respecto, no cabe duda, a nuestro juicio, que la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos permitiría aclarar la jerarquía de las jurisprudencias y daría una tutela exterior en materia de derecho comunitario como, por lo demás, ya se hace en relación con el orden jurídico de los Estados miembros. 
A nuestro juicio, reitero, esta adhesión no es incompatible con la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales con carácter vinculante. 
En lo relativo al contenido del informe del Sr. Haarder, voy a concentrar esencialmente mi contribución al debate en los sectores que están directamente bajo mi competencia en el seno de la Comisión. 
Creo que las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere brindan un marco político muy claro a la política de la Unión Europea en materia de respeto y el fomento de los derechos de los inmigrantes en el sentido amplio del término. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han destacado que las políticas comunes en los ámbitos de la inmigración y del asilo que han de desarrollarse tomando como base el Tratado de Amsterdam deberían fundarse en principios que sean a la vez claros para los ciudadanos y ofrezcan garantías a aquellos que buscan protección en la Unión Europea o piden acceder a su territorio. 
Por otra parte, las conclusiones de la Presidencia definen los cuatro pilares que en el futuro sentarán las bases de la política europea común en materia de asilo y de inmigración: una asociación con los países de origen, un régimen de asilo europeo común, un trato justo para los nacionales de países terceros y el respeto de los derechos humanos, incluidos los de las minorías. 
Quisiera sobre todo insistir en la necesidad, para la Unión Europea, de tener un enfoque global de la inmigración que aborde los aspectos políticos, los derechos humanos y las cuestiones de desarrollo en los países y las regiones de origen y de tránsito: la lucha contra la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de empleo, prevención de los conflictos, consolidación de los Estados democráticos y el respeto de los derechos humanos, incluidos los de las minorías. 
Quiero reafirmar la importancia que la Unión y sus Estados miembros dan al respeto absoluto del derecho a solicitar asilo tomando como base la aplicación integral y global del Convenio de Ginebra. 
Asimismo, quiero destacar la ambición de desarrollar una política enérgica en materia de integración de los nacionales de países terceros que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros de la Unión. 
Por último, es preciso reconocer que si estas medidas son necesarias para garantizar la paz social en nuestros Estados miembros, también es preciso reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y garantizar la protección de los derechos de las víctimas de redes criminales que organizan esta inmigración, reservando una atención especial a la situación de los derechos de las mujeres y los niños. 
Por tanto, comparto las preocupaciones del ponente y también, espero, del Parlamento. 
La Comisión quiere llamar su atención sobre el hecho de que para responder a sus preocupaciones, a nuestras preocupaciones y a las exigencias del mandato de Tampere, tenemos la intención, en el curso del año 2000, de presentar al Parlamento y al Consejo los principales instrumentos de la política de asilo en su conjunto: procedimientos comunes, revisión del Convenio de Dublín y el instrumento final de Eurodac. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la Comisión tiene la intención de presentar al Parlamento, en otoño, una comunicación sobre la política de inmigración en la Unión Europea. 
Creemos que es preciso revisar la comunicación de 1994 y actualizar el enfoque de los aspectos relacionados con la política migratoria en la Unión, a la luz de las conclusiones del Consejo de Tampere. 
En lo relativo, Señorías, a las insuficiencias de los servicios judiciales puestas de relieve durante el debate, la Comisión no tiene la intención de abordar algunas de estas cuestiones teóricas y prácticas, por lo demás muy interesantes, tales como la estructura de las carreras de las magistraturas nacionales o la duración de los procesos en varios Estados miembros, ya que creo que a este respecto es preciso sobre todo respetar el principio de subsidiariedad y reconocer que la elección de opciones esenciales corresponde a cada Estado miembro. 
La Comisión quiere destacar a este respecto que un libro verde sobre la ayuda judicial constituye una buena contribución a la necesidad de definir las normas comunes en materia de protección de los acusados, tales como la garantía de la ayuda de intérpretes y traductores en los procesos transfronterizos y el establecimiento de un programa más global de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. 
En lo relativo a la justicia civil, pensamos que la comunitarización de varios instrumentos de justicia civil es una manera eficaz de asegurar la justiciabilidad efectiva de los derechos humanos. 
La Comisión ya ha propuesto la comunitarización del conjunto de los convenios existentes y que no están en vigor, especialmente el relativo a la transmisión de los procedimientos, a la que se añaden el Convenio de Bruselas II y el convenio sobre las quiebras. 
Asimismo, propusimos la transformación en reglamento del convenio tan importante de Bruselas de 1968 sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materias civil y comercial. 
Todos estos instrumentos están siendo actualmente examinados por el Consejo. 
Incluso el Reino Unido e Irlanda decidieron unirse a los Estados miembros, y Dinamarca, que no tiene la misma facultad de participar en los trabajos de la cooperación judicial civil, también está buscando soluciones cuyo examen se está llevando a cabo actualmente. 
Por último, respecto a los capítulos relativos a los derechos del niño y de la mujer, incluso si abordan sobre todo materias que entran en la competencia de los Estados miembros, creo poder recordar a la Asamblea que la Comisión y yo mismo, nos hemos comprometido a presentar aquí a finales del año un paquete de medidas sobre estos temas. 
Estas medidas tratarán de ir más allá de la acción conjunta de febrero de 1997. 
Tratarán las definiciones, las incriminaciones y las sanciones relativas a la lucha contra la trata de los seres humanos con fines de explotación sexual y contra la explotación sexual de los niños. 
Pasando ahora al informe Ludford, acojo con el mayor beneplácito la oportunidad de responder al informe del Parlamento sobre el racismo y la xenofobia. 
El compromiso de la Unión de apoyar las derechos fundamentales y luchar contra la discriminación quedó claramente plasmado en el Tratado de Amsterdam, lo que constituye, para mí, una novedad decisiva en el mensaje europeo. 
El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea introduce nuevos poderes para reaccionar en caso de violaciones graves y persistentes de los derechos fundamentales por un Estado miembro. 
El artículo 13 del Tratado CE dispone medidas para luchar contra la discriminación por razones de sexo, religión o credo, discapacidad, edad, orientación sexual y- de la mayor importancia para nosotros hoy en este debate- origen racial o étnico y en él incluimos (lo digo para aclarar la pregunta formulada por el Sr. Brie) la lucha contra el antisemitismo. 
Muchas fuerzas se conjuntaron para llegar a un acuerdo sobre el artículo 13 en la última Conferencia Intergubernamental, como ya nos ha recordado el representante del Consejo, y la Comisión está decidida a cumplir con el compromiso del Tratado con una sociedad libre de discriminación. 
Ésa es la razón por la que presentamos nuestro conjunto de propuestas para luchar contra la discriminación tan sólo dos meses después de tomar posesión el año pasado. 
Mi mensaje de hoy, como complemento del informe Ludford, es el de que seguimos esperando que el Parlamento conceda prioridad a la emisión de su dictamen sobre ese conjunto de medidas para que podamos aprobar las dos directivas y el plan de acción al final de este año, a más tardar. 
Pero, además de eso, creo que en muchos medios hay un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de medidas europeas contra el racismo. 
Ésa es la razón por la que en las propuestas conforme al artículo 13 podemos lograr más avances- me parece a mí- en materia de discriminación racial que de otros asuntos. 
Esperamos sinceramente que los hechos no defrauden nuestra esperanza. 
Como saben Sus Señorías, el conjunto de propuestas que la Comisión ha presentado se compone de dos directivas y un programa de acción. 
Los dos proyectos de directiva proporcionan un marco legislativo para los derechos legalmente aplicables, incluidas las disposiciones sobre diversas cuestiones decisivas, tales como la protección contra el acoso, el ámbito de aplicación de la acción positiva, los recursos idóneos y las medidas ejecutivas. 
Las directivas propuestas van complementadas con la propuesta de un programa de acción. 
Sabemos que, para luchar contra la discriminación, son necesarias medidas prácticas para llegar hasta las personas y ayudarlas a cambiar las actitudes y la conducta discriminatorias en el terreno. 
Ahora nuestra máxima prioridad es la de conseguir que los Estados miembros aprueben el conjunto de medidas antidiscriminación. 
Aun siendo importante, el conjunto de medidas con arreglo al artículo 13 es sólo una parte de un proceso en curso para formular nuevas formas de abordar la discriminación racial. 
La Unión está comprometida con la integración de la lucha contra la discriminación por razones de raza y origen étnico a las políticas sectoriales y recientemente organizamos una importante conferencia al respecto. 
Nos proponemos seguir impulsando ese proceso mediante los Fondos estructurales, el Programa-Marco de Investigación, la Estrategia Europea de Empleo, la nueva iniciativa EQUAL y el nuevo Programa de Acción Social, que esperamos aprobar en el verano. 
Nos proponemos utilizar todos esos instrumentos para luchar contra la discriminación y, como saben Sus Señorías, también se ha iniciado la labor sobre la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 
Al Parlamento corresponde desempeñar un papel decisivo a ese respecto. 
Reviste importancia primordial para la Comisión que el Parlamento contribuya al impulso en aumento sobre estas propuestas emitiendo sus dictámenes sobre el conjunto de medidas lo antes posible y participando plenamente en la labor de redacción de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Voy a concluir como he empezado: la Carta representará la máxima prioridad que la Unión en conjunto concede a la lucha contra el racismo y la discriminación y la protección de los derechos humanos. 
Espero sinceramente que, durante nuestro debate sobre esta cuestión el año que viene, nos congratulemos de haber logrado, con la Carta, un nuevo instrumento para luchar contra el racismo y la xenofobia en la Unión. 
Señora Presidenta, permítame que introduzca una pequeña corrección en las palabras del Presidente del Consejo. 
Señor Presidente del Consejo, ya hay dos jefes de Gobierno que han sido llamados al orden por sus respectivos Parlamentos por haber adoptado medidas contra Austria. 
Por tanto, no tenían derecho a hablar en nombre de sus países, sino que actuaron claramente en su calidad de jefes del Partido Socialista. 
Así que, en el mejor de los casos, señor Presidente del Consejo, puede usted hablar de doce Estados. 
Señora, le propongo no volver a abrir el debate sobre Austria, que ya fue objeto de un intercambio de puntos de vista. 
Voy a dar la palabra al Sr. Schulz que deseaba hacer una observancia del Reglamento porque ayer durante el debate se le puso personalmente en tela de juicio. 
Señora Presidenta, no suelo servirme de este instrumento, pero esta vez me veo obligado con vistas al Acta. 
Durante el debate el Sr. Gollnisch, diputado de la extrema derecha francesa, ha arremetido contra mi persona. 
Por eso, quisiera aportar algunas aclaraciones para que consten en el Acta. No pienso retirar ni una palabra de mi afirmación, ya que es cierto que los extremistas utilizan los derechos de esta Casa para sus discursos sediciosos. 
En las explicaciones que me ha dirigido, el Sr. Gollnisch ha mencionado que su familia, como ha dicho él, nunca aceptaría el fascismo. 
Pues parece ser que en esto el Sr. Gollnisch se distingue claramente de su familia. Él sí acepta el fascismo o, mejor dicho, él es fascista. 
En tercer lugar quisiera hacer constar en el Acta que me asombra que en esta Casa puedan pronunciarse este tipo de discursos y que el fuerte aplauso del caudillo Le Pen me ha hecho caer en la cuenta de que sigue pisando este Parlamento aun cuando en el fondo haya perdido su elegibilidad como boxeador a sueldo en la lucha electoral francesa. 
Señor Schulz, tomamos nota de su declaración. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Eurodac 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en primer lugar quiero dar las gracias a la Presidencia en ejercicio del Consejo por su presencia de alto nivel en esta Asamblea y por su buena disposición. 
El año pasado, este Parlamento fue consultado dos veces sobre el establecimiento de un sistema para la comparación de las impresiones dactilares. 
En principio, el sistema sirve para aplicar correctamente el Convenio de Dublín. 
El 13 de abril de 1999, este Parlamento rechazó la propuesta del Consejo de ampliar el sistema Eurodac a los inmigrantes ilegales mediante un protocolo. 
Después, este Parlamento fue consultado de nuevo con arreglo a las disposiciones de Amsterdam. 
Se nos insistió en que se quiere desarrollar este sistema para aplicar correctamente el Convenio de Dublín. 
A mí esto me parece bien, con los límites que introducía el Parlamento en su último informe, con modificaciones que iban desde nuestras reservas a admitir la inclusión de menores de 14 años en el sistema hasta el ruego de que se aplicara este sistema Eurodac solamente al Convenio de Dublín. 
Puesto que se nos informó de que no va a aceptarse ninguna de nuestras sugerencias, quisiera preguntar al Consejo si está dispuesto a tener un verdadero diálogo con el Parlamento. 
La pregunta no es banal. 
Estamos empezando a construir, a levantar los instrumentos de "comunitarización" del espacio de justicia, seguridad y libertad, y, como no nos cansaremos de decir aquí, esto no puede hacerse sin los Parlamentos nacionales y sin el Parlamento Europeo, porque son cuestiones demasiado importantes para los ciudadanos como para no contar con un consenso social fuerte. 
La otra pregunta que quiero hacer al Consejo es si está de acuerdo en que este sistema debería estar administrado por la Comisión, para lo cual ésta debería dotarse del personal y de los medios suficientes. 
Volviendo al contenido del informe, la negativa a aceptar las enmiendas del Parlamento y la ambigüedad de algunas de sus disposiciones, así como alguna información que he obtenido, me llevan a preguntarles, y a insistir en ello una vez más, cuáles son exactamente las intenciones del Consejo con respecto al ámbito y a las funciones del sistema Eurodac; el por qué de la inclusión de otros extranjeros; y, especialmente, quiero preguntarle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, si el Consejo tiene alguna intención de ampliar la utilización del sistema Eurodac más allá de la aplicación del Convenio de Dublín. 
Espero sus respuestas a esta pregunta y le agradezco, una vez más, que haya venido a contestar esta pregunta oral antes del debate sobre el nuevo Reglamento Eurodac, que espero también llegue a esta Asamblea. 
Señor Presidente, respecto a la Presidencia del Consejo, me congratulo de que nuestras relaciones sean tan positivas, especialmente en lo que a la colaboración en el ámbito de la política interior se refiere. 
Todos hemos conseguido una colaboración muy fluida con usted y, por supuesto, también con el Comisario Vitorino, menos en el caso de Eurodac, donde se plantea un problema. 
Nosotros, como Parlamento, hemos adoptado una decisión y hemos explicado por qué no podemos aceptar Eurodac, en contra de lo que desearían el Consejo y la Comisión. Hemos argumentado nuestra postura. 
Nos amparamos en motivos humanos, nos amparamos en motivos relacionados con los niños y, en concreto, con el límite de edad. No podemos admitir, por ejemplo, que el límite se fije en 14 años. 
Todos estos problemas han sido puestos sobre el tapete a través de una resolución del Parlamento. 
En virtud de ello, a nosotros, a mi Grupo, evidentemente nos importa mucho saber hasta qué punto usted nos toma en serio como Parlamento, observar la forma en que trata nuestras propuestas. A la postre esperamos que podamos continuar diciendo con el mismo orgullo y la misma felicidad que nuestra colaboración es todo un éxito. 
¡La cuestión es si usted está dispuesto a escucharnos cuando formulamos una petición y necesitamos urgentemente su apoyo! 
Señor Presidente, estimado Comisario, señor Presidente del Consejo, la discusión sobre Eurodac y la implantación de dicho sistema es algo así como una never ending story. 
En noviembre de 1999 nosotros, como Parlamento, y supongo que a usted, señor Comisario, le sucedería lo mismo, nos creímos que Eurodac por fin podía convertirse en realidad. 
En más de una ocasión nos hemos quedado a mitad de camino y, a decir verdad, en última instancia nos felicitamos- yo realmente me he alegrado de ello, lo cual no es muy habitual en mí- de que a raíz de la votación en el Parlamento el Consejo haya decidido no adoptar las enmiendas aprobadas por la mayoría de los diputados, y debo puntualizar que nosotros votamos en contra. 
Reconozco que ahí adoptaron una actitud enormemente positiva. 
Mirándolo bien, me gustaría que este sistema comenzara a funcionar, por la sencilla razón de que permitiría aplicar correctamente el Convenio de Dublín, ya que tiene por objeto determinar inequívocamente la competencia del Estado miembro al que le corresponde tramitar el procedimiento de asilo, lo cual entraña indirectamente un cierto reparto de los gastos. 
Además, de este modo podríamos evitar la presentación de múltiples solicitudes de asilo y los abusos correspondientes y, si usted se lo propone, incluso diría que puede contribuir indirectamente a la lucha contra la ilegalidad. 
Es decir, en conjunto se trata de un sistema muy positivo y absolutamente imprescindible, tanto en el contexto de la política de asilo e inmigración como desde la perspectiva de la responsabilidad de los Estados miembros. 
Sin embargo, lo que me ha asombrado es que posteriormente el Consejo, en su reunión del dos de diciembre, lo echara todo por tierra al no aceptar que las competencias de ejecución residan en la Comisión y que el comité de reglamentación correspondiente pueda actuar bajo la Presidencia de la Comisión. 
Ello significa que, en última instancia, no hemos logrado nuestro propósito, a saber, la comunitarización del sistema, sino que el Consejo ha contrariado nuestros planes en la medida en que, por así decirlo, ha vuelto a apropiarse del tema. 
El resultado es que no será la Comisión la que administre este instrumento en beneficio del interés comunitario, sino que el Consejo está de nuevo abandonado a sí mismo, puesto que la Comisión, y por tanto también el Parlamento, han quedado eliminados. 
Es algo que no queremos ni podemos tolerar, tanto más cuanto que ello tiene implicaciones enormemente trascendentes, porque, en última instancia, no se podrá llevar a cabo un control de la eficacia del sistema, no será posible realizar estudios estadísticos para analizar la situación y evaluar el impacto y se producirá un retraso totalmente inaceptable, ya que necesitamos este sistema. 
¿En qué consistirá este sistema al final? ¿Se garantiza de conformidad con las normas y nuestros deseos que la Comisión se encargará plenamente de la ejecución del mismo? 
En tal caso, habríamos conseguido nuestro verdadero objetivo, puesto que una parte del sistema volvería a europeizarse. No olvidemos que en el ámbito que nos ocupa es fundamental que esta comunitarización se lleve a la práctica. 
Señor Presidente, Señorías, respecto de las cuestiones que se han planteado voy a responder muy directamente, entre otras cosas para evitar que haya duda alguna respecto de la posición del Consejo, y creo que es importante que eso quede bien claro. 
Por lo que se refiere al ámbito de aplicación del sistema EURODAC, quisiera recordar que el artículo 1 de la propuesta de reglamento sobre la creación de ese sistema es muy clara- y paso a leer el texto -: "Se crea un sistema denominado EURODAC cuyo objetivo consiste en contribuir a determinar el Estado miembro responsable, conforme al Convenio de Dublín" - "conforme al Convenio de Dublín", repito- "mediante el análisis de una solicitud presentada en un Estado miembro y en facilitar, en otros aspectos, la aplicación del Convenio de Dublín conforme al presente reglamento". 
Ése es el único y exclusivo objetivo de este reglamento, que reviste carácter instrumental ante el Convenio de Dublín y no supere ese objetivo. 
En cuanto a la intervención de la Comisión Europea, el artículo 3 de la propuesta de reglamento establece claramente la creación de una unidad central en la Comisión. 
La Comisión ya ha comenzado, por lo demás, según sabemos, a trabajar en ese sentido y están en marcha los preparativos para la creación de una unidad central. 
Respecto de la cuestión de la intervención del Parlamento Europeo, quisiera aclarar lo que sólo puede ser resultado de un malentendido y afirmar claramente que en ninguna circunstancia anunció el Consejo su oposición a todas las enmiendas del Parlamento, ni solicitó a la Comisión Europea que presentara propuesta nueva alguna. 
La verdad es que se han integrado algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo en el texto del proyecto de reglamento, aspecto que se debe subrayar. 
Además, me permito recordar que todas las propuestas elaboradas por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre este asunto fueron sometidas a la apreciación de este Parlamento, que, por lo demás, ya se pronunció en tres ocasiones a este respecto: el 15 de enero de 1998, el 18 de marzo de 1999 y el 11 de noviembre de 1999. 
En este momento, como saben Sus Señorías, y por razones que escapan un poco a la substancia de la materia y que tienen que ver con otras circunstancias de carácter político, no se ha logrado aún un consenso en el Consejo en cuanto a la nueva propuesta que se someterá a apreciación de este Parlamento. 
Esperamos que así sea en breve, tal vez durante la Presidencia portuguesa incluso. 
Respecto de otras cuestiones abordadas aquí, la primera es la cuestión de la edad mínima para la obtención de huellas dactilares, que se ha fijado en 14 años. 
Se comprende que haya preocupación a ese respecto, pero yo quisiera decir que se desprende de criterios aplicados en los Estados miembros, que, en algunos casos, permiten incluso la obtención de huellas dactilares de niños con edades inferiores a 14 años. 
Y quisiera subrayar un aspecto importante que, probablemente, no se tiene en cuenta al hablar de ese límite de edad: es que son cada vez más numerosos los casos de solicitudes de asilo por parte de menores, por lo que es necesario seguir esas situaciones bajo esa tutela de carácter técnico. 
En cuanto a la cuestión del seguimiento por parte del Parlamento y de los tribunales, considero que lo que dispone el artículo IV del Tratado de Amsterdam es suficientemente explicativo sobre lo que es la tutela por parte de este Parlamento y lo que compete al Tribunal respecto de este problema. 
En cuanto a la salvaguardia de la intimidad, considero que está debidamente asegurada por las disposiciones que figuran en el artículo 18 del proyecto de reglamento, que quisiera señalar a la atención de Sus Señorías y que, por lo demás, remite también a los derechos ya consagrados en la Directiva 95/46. 
Además, y como se desprende del artículo 1 de la propuesta de reglamento- y eso también es muy importante decirlo y reafirmarlo aquí -, es evidente que la aplicación de EURODAC se regirá siempre por los principios consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
Considero que esos elementos permiten afirmar que se trata de un sistema seguro, un sistema que no entraña elementos que puedan poner en entredicho los derechos de los ciudadanos. 
Pero tenemos que comprender que la creación de un conjunto de mecanismos en el ámbito de la Unión Europea para la regulación de todas esas cuestiones frente a solicitudes de asilo debe ser objeto de un tratamiento de carácter técnico riguroso, pero no se debe interpretar que pueda al mismo tiempo constituir un menoscabo de los derechos de los ciudadanos. 
Señor Presidente, estimados colegas, las declaraciones del Presidente del Consejo dan en el centro de la problemática que planteamos hoy aquí. 
El propio Grupo Socialdemócrata está dividido- no quiero ocultarlo- a propósito de cómo ha de resolverse el problema de los menores de 18 años a la hora de tomar las impresiones dactilares. 
Algunos colegas sostienen que es preciso dejar fuera a los menores de entre 14 y 18 años de edad. 
Personalmente, no comparto esta opinión. 
No podemos expresar nuestro deseo de bajar la edad para participar en las elecciones a los 16 años al tiempo que reclamamos que a un menor de 18 años no le sean tomadas las impresiones dactilares. 
No es muy coherente. 
En última instancia, lo importante es que se cree un sistema que se ajuste al Estado de derecho. 
Si nos garantiza que el Consejo no tiene reparos en que las competencias de ejecución residan definitivamente en la Comisión, de modo que el Parlamento pueda ejercer el debido control- al menos en el ámbito de las competencias de la Comisión- habremos dado un paso importante. 
¡Sin embargo, hasta el momento el Consejo no nos ha comunicado nada por el estilo! 
Por eso mismo, he acogido sus palabras con satisfacción. 
Hay un punto sobre el que quisiera llamar su atención. Si a escala europea establecemos sistemas susceptibles de atentar contra las mismas libertades fundamentales de las personas- no olvidemos que el trato antropométrico de una persona, el trato coercitivo de una persona atenta contra sus derechos individuales -, repito, si creamos a nivel europeo órganos de estas características y con estos derechos, es imprescindible que el poder ejecutivo se someta al control del Parlamento, del mismo modo que las personas afectadas por la presente medida deben tener acceso a la justicia. 
Prácticamente todos los sistemas que establecemos en el marco de la seguridad interior de la Unión Europea presentan estas dos lagunas: un control parlamentario deficiente y falta de garantías judiciales precisas. 
Aunque éstas existen por principio, nunca se describen minuciosamente. Lo mismo digo con respecto al control parlamentario. 
Por todo ello, le decimos que estamos de acuerdo siempre y cuando las competencias de ejecución residan en la Comisión y el comité de reglamentación se cree bajo la Presidencia de esta institución. 
De lo contrario, hemos de advertir al Consejo que no puede ser que el Consejo retire las competencias de ejecución a la Comisión, al tiempo que pretende que el sistema se financie a través del presupuesto comunitario. 
En tal caso, el Parlamento se verá obligado a reflexionar sobre el presupuesto y la financiación del sistema a través del presupuesto comunitario. 
¡Tenga por seguro que nos tomaremos muy en serio esta tarea! 
El objetivo del Convenio de Dublín y de Eurodac es el de asignar a un solo Estado miembro el cometido de examinar una solicitud de asilo y la justificación para el reglamento propuesto es la de que es necesario ampliar la toma de huellas dactilares a ciertas categorías de inmigrantes ilegales, en vista de que un número importante de ellos ya han solicitado asilo anteriormente o se proponen hacerlo. 
El problema estriba en que algunos lo han hecho y otros no, por lo que el reglamento propuesto rebasa los términos estrictos de Dublín al suponer o prever la existencia de una solicitud de asilo. 
Así, el Convenio de Dublín es, como dijo el Comité Especial de la Cámara de los Lores del Reino Unido sobre las Comunidades Europeas, un edificio poco sólido a partir del cual crear un sistema de obtención e intercambio de datos sobre huellas dactilares de quienes aún no han presentado- y puede que no presenten- una solicitud de asilo. 
Se trata de un fundamento jurídicamente incierto para la legislación, cosa que me preocupa. 
Tampoco existe claridad en la definición de los inmigrantes ilegales a los que se aplicará el reglamento. 
Se pide a los Estados miembros que tomen las huellas dactilares de todos los ciudadanos de terceros países mayores de 14 años que sean detenidos en relación con el cruce irregular de su frontera: eso no es demasiado preciso. 
La toma de huellas dactilares es una invasión grave de la intimidad y conviene sopesar detenidamente la compatibilidad de semejantes requisitos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
No estoy segura de que se haya hecho realmente. 
También hay motivos de preocupación en relación con la protección de datos, razón por la cual el Parlamento quería ampliar las disposiciones sobre la eliminación de los datos para incluir, por ejemplo, a quienes obtengan algún tipo de estatuto jurídico para permanecer en un Estado miembro, aun cuando no tengan el de refugiados. 
Me alegro de que la propuesta modificada recoja la petición del Parlamento de que se eliminen los datos cuando una persona tenga una forma subsidiaria o temporal de protección, pero me gustaría saber si abarcaría, por ejemplo, el permiso excepcional de permanencia que se da en el Reino Unido, el sistema que mejor conozco. 
Por último, sea cual fuere la justificación para ampliar el sistema Eurodac de huellas dactilares a algunas categorías de inmigrantes ilegales, personalmente no estoy, señor Presidente, convencida de que sea jurídicamente impecable. 
¿Están convencidos de ello el Consejo y la Comisión? 
Señor Presidente, señoras y señores, estamos colocando las primeras piedras de un Derecho comunitario de asilo e inmigración. 
Ello significa que debemos disponer de los instrumentos necesarios para poder ejercer el debido control. 
Derecho comunitario de inmigración implica ausencia de fronteras interiores, pero también implica que en las fronteras exteriores nos hagamos responsables de quiénes entran en la Unión Europea. 
Es incontestable que se producen abusos, por ejemplo en el marco de la solicitud de asilo. 
En todos los Estados europeos el número de personas que solicita asilo por razones distintas a la persecución política supera con mucho el número de personas que son reconocidas como refugiados políticos. 
En este contexto, los abusos no sólo consisten en solicitar un asilo que no existe, sino también en presentar la misma solicitud de asilo en diferentes Estados. 
Hasta que no se implante de una vez por todas el sistema de impresiones dactilares Eurodac, que llevamos tanto tiempo esperando, y hasta que el Consejo no se disponga a ponerlo en funcionamiento no estaremos en condiciones de poner coto a estos abusos. 
El sistema ya ha demostrado su eficacia en muchos ámbitos, aparte de que constituye una de las condiciones para que el asilo sea aceptado por todos. 
Por eso, ponemos todo nuestro empeño en que el Consejo se decida ya mismo a fin de que Eurodac, un sistema que permite comparar impresiones dactilares en toda Europa, pueda por fin convertirse en realidad. 
En este momento es ésta la tarea que corresponde al Consejo. 
Señorías, como nos dijeron nuestros representantes del Consejo, las enmiendas adoptadas por el Parlamento e integradas en el texto permitieron mejorar, o permiten mejorar, el proyecto de reglamento. 
Sin embargo, este proyecto de reglamento sigue siendo para nosotros inaceptable en el sentido en que estigmatiza a los nacionales de los países terceros y tiene tendencia a convertir en criminal una causa civil. 
Ahora bien, hoy día, en el momento en el que hablamos de una Carta de Derechos Fundamentales, cuando hablamos, como ayer, por otra parte, de un informe sobre los derechos humanos, ¿podríamos vivir en una Europa fortaleza, a salvo, cuando del otro lado, incluso en el seno mismo de esta fortaleza, se cometen violaciones? 
Además, este proyecto de reglamento nos molesta sencillamente porque se tiene la impresión que hoy día está fuera de lugar. 
Se tiene la impresión de empezar la casa por el tejado. 
Se utilizan y establecen instrumentos incluso antes de pensar en una verdadera política armonizada del derecho a la libertad de circulación, del derecho de vivir en familia, del derecho de asilo. 
Comencemos, pues, por armonizar esta política y, luego, veamos los instrumentos de aplicación y de control. 
Por último, hay un tercer punto que nos molesta de manera especial. El que no se respete la opinión del Parlamento. 
En efecto, esta es una cuestión importante que se refiere al crédito democrático que se concede a los diputados del Parlamento Europeo. 
Es una lástima, a pesar de todo, que tengamos la impresión de no servir para nada. 
Se nos habla de abstención, pero de hecho es un poco normal, puesto que las opiniones de los diputados no son tomadas en cuenta. 
Quisiera concluir con una palabra: el establecimiento de este espacio de libertad, de seguridad y de justicia tiene, efectivamente, necesidad de instrumentos, pero esta seguridad sólo podrá establecerse si hay una verdadera justicia y la libertad sólo podrá existir si hay derechos que se respetan. 
Señor Presidente, estimados compañeros, hemos empleado todo un día en debatir en el Parlamento Europeo derechos humanos y altos ideales y por ello es vergonzoso que cuando la Unión actúa en el mundo real, la situación presente un aspecto radicalmente distinto. 
Con Eurodac la Comisión y el Consejo van en mi opinión demasiado lejos en su deseo de controlar a los solicitantes de asilo y a otros ciudadanos de terceros países que cruzan la frontera de Fuerte Europa. 
La iniciativa Eurodac es una serie de disparates y de violaciones de los derechos humanos. 
En primer lugar, conservar las huellas digitales de menores de edad- a partir de los catorce años- que no han cometido ningún acto delictivo choca con la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas que nos pide que protejamos a los niños, que nos pide que para los niños respetemos la edad penal de los 18 años, si nosotros no hemos fijado otra por ley y la Unión, por lo que yo sé, no lo ha hecho. 
Conservar las huellas digitales hasta diez años, incluso aunque la persona en cuestión no haya delinquido e incluso aunque la persona en cuestión quizá sea encima residente legal en la Unión, viola el derecho recogido en la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el respeto a la vida privada. 
Unir los solicitantes de asilo con los inmigrantes ilegales choca con la Convención de Ayuda a los Refugiados. 
Los derechos humanos y los derechos fundamentales de los que tanto se habla no tienen ningún valor si no somos capaces de garantizarlos en la práctica, también para las personas que pudieran colarse en Fuerte Europa. 
La impresión con la que la gente vuelve a casa o que tiene mientras esté aquí del "espacio de libertad, seguridad y justicia" no refleja los valores que en otras ocasiones solemnes son tildados de globales y universales. 
De ahí mi petición a la Comisión y al Consejo: Queridos amigos, permitid que Eurodac muera tranquilamente como merece. 
Señor Presidente, en nombre del grupo de las Naciones de Europa me gustaría hacerme eco de nuestra confianza en el tratamiento de este asunto por parte del Consejo e igualmente exhortar a éste como otros han hecho antes a que adopte la decisión de establecer Eurodac. 
Hablamos de poner en pie un espacio amparado en un alto grado de seguridad jurídica y me parece extraño que en la frase siguiente mostremos nuestra desconfianza hacia la posibilidad de realizar una administración responsable de este régimen. 
En mi opinión, el propósito es garantizarles sus derechos a las personas cuya petición de asilo está justificada y no se trata de ninguna violación de los derechos de los individuos que justificadamente y sin pena ni gloria llegan y solicitan asilo. 
Me parece inconcebible que el Consejo o la Comisión pudieran desear poner en pie este sistema de tal forma que incluyera algún tipo de limitación de libertad para los ciudadanos que respetan las leyes. 
Esto está conforme con la creación de un espacio de libertad y justicia y lo respaldamos. 
Señor Presidente, las vacilaciones en relación con la adopción del sistema Eurodac han creado muchos y justificados interrogantes tanto sobre las intenciones como sobre la efectividad del sistema de comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes para la correcta aplicación del Convenio de Dublín. 
Por lo que a mí respecta, me cuento entre los que mantienen no pocas reservas con respecto al sistema. 
De hecho, muchos de sus elementos constituyentes refuerzan nuestra inquietud sobre eventuales violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Protección de la Vida Privada, así como del Convenio de la ONU de los Derechos del Niño, desde el momento en que se propugna la toma de las impresiones dactilares incluso de niños de 14 años. 
Más allá de esto, el propio sistema de huellas dactilares sugiere asociaciones de ideas negativas y remite a la investigación, por parte de las autoridades policiales, de hechos criminales, y a delitos penales. 
Automáticamente, pues, la extensión del sistema a los solicitantes de asilo identifica indiscriminadamente a todos los refugiados e inmigrantes con la criminalidad y la ilegalidad, algo que considero totalmente injusto y al margen de cualquier noción de derecho internacional y de respeto a los derechos humanos, tal y como exigen los Convenios de Ginebra, cuyo 50º aniversario hemos celebrado esta mañana con el prolongado debate que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo. 
Además, la aplicación del sistema, como en muchas ocasiones ha ocurrido en casos penales, no garantiza al 100% una segura verificación de la identidad, y, por consiguiente, no puede considerarse que facilite la correcta aplicación del Convenio de Dublín y evite abusos en el derecho de asilo. 
En cualquier caso, el Parlamento Europeo pide tener la posibilidad de ejercer control parlamentario cuando el Consejo y la Comisión decidan definitivamente sobre el asunto. 
Pienso, no obstante, que lo mejor que pueden hacer la Comisión Europea y el Consejo es avanzar en la legislación de una política de asilo e inmigración común, fundamentada siempre en los valores democráticos, en los valores del humanismo europeo y en el respeto a los derechos humanos. 
Señor Presidente, la Comisión quisiera agradecer, en primer lugar, la clarísima declaración hecha por el representante del Consejo, en el sentido de que el de Eurodac es tan sólo un sistema concebido para aplicar el Convenio de Dublín. 
También quisiera confirmar, como ya ha dicho el representante del Consejo, que existe un problema respecto de la aplicación territorial del reglamento Eurodac. 
También puedo confirmar que el Consejo no pidió a la Comisión que presentara una propuesta revisada. 
No obstante, se trata de una cuestión muy delicada, como ya ha demostrado el debate, y uno de los pocos casos en que las tres instituciones no tienen la misma posición, como declaré con toda claridad ante el Parlamento. 
En este caso la Comisión tiene una posición diferente tanto del Consejo como del Parlamento. 
Ésa es la razón por la que, aunque no se nos pidió que presentáramos una nueva propuesta, llegamos a la conclusión de que, para aclarar las opciones políticas que están sobre la mesa, debíamos hacer una labor suplementaria y acudir ante el Consejo con una propuesta revisada. 
En su propuesta revisada, la Comisión acepta la solución propuesta por el Parlamento de que en cuanto se reconozca a una persona como refugiada se eliminen sus datos de la base. 
Por otra parte, no compartimos la idea del Parlamento sobre el límite de edad para la obtención de huellas dactilares. 
Consideramos que el de 14 años constituye una solución adecuada. 
Tal vez se deba a que procedo de un país- del que también procede el representante del Consejo- en el que a los niños, cuando cumplen los diez años, se les toman las huellas dactilares para expedirles su primer carnet de identidad. 
Me resulta inconcebible aceptar que mi país criminalice a todos los niños de 10 años simplemente porque se les tomen las huellas dactilares para expedirles su primer carnet de identidad. 
Sigo recordando que en mi adolescencia la obtención de mi carnet de identidad fue un acontecimiento importante. 
No obstante, reconozco que se trata de una cuestión muy delicada. 
En consecuencia, la Comisión cree que debe aclarar ante el Parlamento dos ideas muy claras y estrictas. 
Primero, no debemos pedir a Eurodac que dé respuestas que no puede dar. 
Por eso, consideramos que algunas de las cuestiones planteadas por la baronesa Ludford y algunas de las cuestiones planteadas por la Sra. Boumediene-Thiery- que son muy importantes- tienen que abordarse en el marco del reglamento sobre la protección temporal y sobre la protección subsidiaria que la Comisión está preparando activamente. 
En los próximos meses acudiremos al Parlamento y al Consejo con propuestas. 
Esta semana acabamos de preparar un documento de trabajo para reevaluar el propio Convenio de Dublín. 
Queremos lanzar un debate no sólo sobre las cuestiones técnicas de Eurodac, sino también sobre las soluciones esenciales para el actual Convenio de Dublín. 
No queremos perder tiempo. Queremos tener un panorama lo más amplio posible para todos los instrumentos que se refieren a la política de asilo. 
¿En qué radica la diferencia entre la Comisión y el Consejo? 
Desde luego, el Consejo ha sido generoso, en el sentido de que ha puesto en manos de la Comisión la gestión y el funcionamiento técnico del sistema. 
Pero hay un aspecto en que la Comisión no está de acuerdo con el Consejo. 
No estamos de acuerdo en que el Consejo se reserve para sí los poderes de aplicación del sistema. 
Según el acuerdo sobre comitología, no hay suficiente fundamento para que el Consejo se reserve los poderes de aplicación para sí en lugar de delegarlos en la Comisión. 
La propuesta de la Comisión es la de que los poderes ejecutivos, los poderes de aplicación del sistema, deben ser delegados en la Comisión, asociada con un comité compuesto de representantes de todos los Estados miembros. 
En nuestra opinión ésa será una forma más coherente y transparente de gestionar el sistema y fortalecer la capacidad del Parlamento para supervisar la gestión y el desarrollo por parte de la Comisión del sistema Eurodac. 
Tal vez mediante esa solución equilibrada sea posible abordar de forma más relajada y confiada algunas de las reservas y las dudas políticas que algunos diputados al Parlamento han planteado durante este debate. 
Tal vez esté dando muestras de obstinación, pero eso es lo que creo sinceramente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0044/2000) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1999) 456- C5-0239/1999- 1999/0217 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina. 
. (DE) Señor Presidente, en este informe se trata de reconducir una disposición ya vigente, puesto que entró en vigor el 1 de julio de 1999, a la situación anterior al 1 de julio de 1999. 
La Comisión motiva su decisión argumentando que los Estados miembros no han cumplido con sus obligaciones de elaborar un sistema de control y que, por tanto, se ve obligada a restablecer provisionalmente la situación anterior. 
Aunque respaldemos la crítica implícita de la Comisión a los Estados miembros, que no han hecho sus deberes, lamentamos profundamente el que volvamos a hallarnos en una situación en la que no podamos llevar a la práctica las modificaciones y las mejoras de un sistema de control que ya habían sido adoptadas y que, en realidad, ya habían entrado en vigor, simplemente porque los países no han cumplido sus compromisos. 
A pesar de ello, apoyamos la propuesta de la Comisión, ya que opinamos que la normativa anterior ofrece suficientes garantías, tanto más cuanto que la Comisión solamente ha solicitado una prórroga de un año. 
No obstante, la Comisión ha dejado una puerta abierta puesto que, a raíz de las disposiciones del acuerdo alcanzado con el Consejo, a raíz de la Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre comitología, pretende implantar otro período de transición de tres años, lo cual consideramos en este Parlamento como algo un tanto insólito. 
Si realmente ha de durar cuatro años, debería haber solicitado este plazo de cuatro años desde el principio, señor Comisario, puesto que ahora está lanzando una señal a los Estados miembros que fomenta el razonamiento siguiente. 
Si la Comisión deja abierta la posibilidad de conceder una prórroga de tres años ¿por qué tenemos que cumplir nuestros deberes? 
Pero pese a todo, hemos dicho que estamos dispuestos a aceptar otra prórroga. 
Hemos presentado una enmienda destinada a reducir el período de transición propuesto a dos años y en las conversaciones con la Comisión ha quedado claro que ella se dispone a respaldar esta enmienda. 
Luego hemos podido comprobar que, curiosamente, nos ha detallado en una prosa amplísima las declaraciones contenidas en la decisión sobre comitología en tanto que había acordado con el Consejo hacía tiempo que presentaría una versión más concisa de las referencias a los artículos. 
Por tanto, nosotros hemos correspondido a este requerimiento y a este trato que tiene con el Consejo presentando una enmienda por nuestra parte y en mi nombre que aboga por la adopción de estas nuevas disposiciones. 
Con la particularidad de que, como el fundamento jurídico se basa en los artículos 35 y 152, usted no sólo nos ha presentado el artículo 17, sino también el artículo 17 bis, argumentando que, en un caso, se aplica el procedimiento de consulta y, en el otro, el procedimiento de codecisión. 
En virtud de la decisión sobre comitología, en el procedimiento de codecisión surte efecto el artículo 8, en tanto que el artículo 37 dispone lo contrario. 
Consideramos que no hace falta presentar dos propuestas separadas y, por eso, hemos elaborado una enmienda única de la que le informaré a continuación. 
Somos partidarios de suprimir el artículo 17 bis. 
La enmienda debe rezar como sigue: "De hacerse referencia a este artículo se aplicará el procedimiento de regulación conforme al artículo 5, de acuerdo con el artículo 7, y, si hubiere lugar a ello, se aplicará el artículo 8 de la Decisión 99/468/CE en el procedimiento de codecisión conforme al artículo 251 del Tratado". 
Espero que la Comisión pueda aceptar esta modificación. 
Nos hallamos en un procedimiento de codecisión. 
Si la Comisión y el Consejo pueden aprobar nuestras modificaciones, se podrá optar por el procedimiento simplificado, lo cual sería sin duda positivo habida cuenta de que nos movemos en un espacio jurídico un tanto incierto desde el 1 de julio de 1999. 
Hemos mantenido conversaciones intensas con anterioridad. Tengo curiosidad por saber qué postura acabarán adoptando. 
Espero que tengan en cuenta nuestras consideraciones, que hemos vuelto a exponer durante las conversaciones, tanto más cuanto que en el fondo no discrepamos. 
Señor Presidente, estamos examinando aquí unas enmiendas a una directiva relativa al comercio intracomunitario de animales bovinos y porcinos. 
Quisiera comenzar felicitando al ponente por su informe y expresando mi concordancia entusiasta con las observaciones que acaba de formular. 
Durante la fase en comisión del debate, propuse una sola enmienda, que fue aceptada, sobre la necesidad de que los Estados miembros creen un sistema adecuado de controles e inspecciones al azar para velar por la aplicación eficiente de estos reglamentos. 
En mi enmienda se pide a la Comisión que supervise a los Estados miembros para ver si realizan las necesarias inspecciones prescritas en estos reglamentos, porque, para que organicemos una campaña lograda con vistas a contener y erradicar la tuberculosis y la brucelosis, la aplicación adecuada de esos reglamentos será esencial. 
Permítaseme decir también que, lamentablemente, esos reglamentos son en este momento en gran medida académicos en el caso de mi Estado miembro, porque, naturalmente, durante los cuatro últimos años se nos ha prohibido la exportación de bovinos vivos procedentes del Reino Unido. 
De hecho, incluso la exportación de bovinos muertos sigue bloqueada en ciertos países, porque, pese a que el 1 de agosto de 1999 se levantó la prohibición de exportación de carne de bovino procedente del Reino Unido, como todos sabemos, Francia y Alemania han seguido manteniéndola ilegalmente hasta hoy mismo. 
En el caso del sector porcino, también está sufriendo el comercio de exportación, porque durante los dos últimos años la industria porcina ha experimentado dificultades graves. 
De hecho, en Escocia, mi propio país, hemos presenciado una reducción del 25% en la cabaña nacional en los doce últimos meses. 
Si el Gobierno del Reino Unido no adopta medidas urgentes, otro 25% desaparecerá en los próximos meses. 
Ahora bien, esta situación consternadora ha sido consecuencia de una combinación de cuestiones como la fuerza de la libra esterlina, el elevado costo de las normas de higiene y bienestar impuestas por el Gobierno del Reino Unido y los costos suplementarios resultantes de la crisis de la EEB. 
Esos factores están expulsando del sector a los criadores de ganado porcino del Reino Unido, a medida que cada vez más detallistas y supermercados del Reino Unido recurren a importaciones baratas. 
Ahora resulta que la situación podría deteriorarse aún más, pues se prevé que en el año 2006 los países candidatos a la adhesión de la Europa central y oriental habrán aumentado en casi un 300% sus exportaciones netas de carne de porcino. 
Al mismo tiempo, intentarán conseguir exenciones de la UE que les permitan producir carne de cerdo con niveles de bienestar e higiene que, con arreglo a la legislación de la UE, se considerarían ilegales. 
Para que Gran Bretaña reactive una vez más un comercio intracomunitario dinámico de ganado bovino y porcino, es necesaria una ayuda inmediata para mitigar la catastrófica situación que afecta a la Gran Bretaña rural y a nuestros sectores bovino y porcino. 
Espero que este mensaje llegue al Ministro de Economía británico. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el ponente en las cuestiones fundamentales que plantea y, naturalmente, puedo apoyar de buen grado la enmienda que propone que el período de transición sea solamente de dos años. 
Nos encontramos ante omisiones por parte de los Estados miembros en cuanto a la aplicación práctica de las normas y del sistema en cuestión. 
Se trata de graves enfermedades animales, y yo creo que lo esencial en este debate es la necesidad de adoptar rápidamente este sistema, con el fin de evitar que se prorrogue, dos o más veces, la entrada en vigor de unas disposiciones que deberían aplicarse lo antes posible. 
El Sr. Stevenson señaló que las importaciones desde Europa del Este están aumentando; señores míos, es que ahora estamos ampliando la UE y acogemos a los países de Europa del Este en el seno de la UE. 
Si nuestros propios sistemas no están en buenas condiciones, ¿cómo podemos exigir que los nuevos Estados miembros estén en tales condiciones que puedan vincularse a nuestro sistema de política agraria e integrarse en el mismo? 
Nosotros destacamos que nuestro punto de partida y que nuestra visión de futuro deben ser la seguridad alimentaria y el modelo agrario europeo, mientras que, al mismo tiempo, omitimos en nuestros Estados miembros elementos primordiales, a través de los cuales se controlan los sistemas que permitirían que esto fuese verdaderamente así. 
Por ello, en el futuro debemos estar seriamente atentos a que los Estados miembros pongan realmente en práctica los sistemas que adoptamos aquí mediante decisiones conjuntas. 
En otro caso, deben establecerse sanciones que permitan corregir satisfactoriamente estas cuestiones. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a los oradores anteriores a la hora de felicitar al ponente. 
Ha abordado este asunto con su convicción y gran dedicación habituales. 
Me ha complacido mucho oírle decir que no hay un conflicto real en los principios y los objetivos de la directiva propuesta. 
No me cabe duda de que el Comisario contribuirá a que se logre una resolución satisfactoria, porque el Parlamento y la Comisión tienen un fin común en relación con ese sector, muy importante y decisivo. 
La directiva sobre el comercio intracomunitario de ganado bovino es fundamental para la supervivencia económica de los ganaderos, en particular de mi país, Irlanda, donde exportamos hasta el 90% de toda nuestra producción ganadera, una gran proporción de la cual consiste en exportación de ganado vivo a la Europa continental y a otras zonas. 
A ese respecto, apoyo las propuestas de una nueva actualización de la directiva de 1997 con la advertencia de que se debe hacer con sensatez. 
Tenemos que eliminar la burocracia innecesaria y al mismo tiempo disponer de una rastreabilidad total de los movimientos del ganado y salvaguardar la salud pública. 
Señor Presidente, esta propuesta introduce una prórroga de una exención actual de la Directiva 64/432 aplicable al Gobierno de España. 
Sin dicha exención, tendría que aplicar un sistema de controles veterinarios en materia de tuberculosis y brucelosis en todos las reses exportadas desde esa zona. 
Se trata de unos controles que, naturalmente, muchos otros Estados aplican. 
Esa exención tiene consecuencias importantes para mi país. 
Mientras que se concede la exención a España, la industria de la carne británica sufre las graves consecuencias de la aplicación de una directiva conexa que exige la aplicación en nuestros mataderos de controles veterinarios muy onerosos. 
Tan rigurosos son los requisitos de supervisión veterinaria, que no tenemos veterinarios británicos suficientes para llevar a cabo esa labor. 
Pero, en lugar de concedernos más tiempo, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción. 
Para no acabar ante el Tribunal Europeo de Justicia, mi Gobierno ha tenido que reclutar gran número de veterinarios de la UE, 300 de ellos procedentes de España. 
Si España tiene tan gran número de veterinarios excedentes como para enviarlos en tan gran número a mi país, ¿cómo es que encuentra tanta dificultad para aplicar el sistema de controles veterinarios impuestos por esta directiva? 
No me parece bien que se haga pasarlas negras a los mataderos británicos a consecuencia de una acción de la Comisión, mientras se permite a España incumplir sus obligaciones. 
¿Por qué concede la Comisión a España tantas facilidades? 
¿Es que no debería preguntarse por qué puede España enviar tantos veterinarios al Reino Unido para aplicar una directiva conexa y tal vez insistir en que algunos de esos funcionarios permanecieran en su país para aplicar la legislación comunitaria en su propio país? 
En vista de ello, creo que esta directiva propuesta es inadecuada y voy a votar en contra de ella. 
El interés irlandés en esta directiva rectificativa se centra en una solicitud de nuestro país de que se permita la realización de las pruebas de la tuberculosis previas a la exportación en centros de reunión y no sólo en las explotaciones originarias, como se hace ahora en Irlanda; tengo entendido que tenemos unos dos años para examinar con la Comisión cualesquiera dificultades que tengamos al respecto y me complace que el Comisario esté hoy aquí. 
De conformidad con las normas comerciales de la UE y en pro de la inocuidad de los alimentos y de la confianza de los consumidores en las condiciones de la salud animal, se prescriben pruebas anuales para mantener el estado oficial de ausencia de tuberculosis en nuestra cabaña. 
Como Irlanda ha tenido una cabaña de entre siete y ocho millones de cabezas en los últimos años, se han realizado unos 10,5 millones de pruebas de tuberculosis anualmente en unas 138.000 manadas. 
Desde 1954, cuando se introdujo nuestro plan sobre la tuberculosis, en Irlanda- país pequeño- hemos gastado 2.540 millones de euros en pruebas de tuberculosis y posteriormente de brucelosis. 
Creo que constituye un testimonio de nuestra determinación de proteger el estado de salud de nuestra cabaña de Irlanda. 
De hecho, a raíz del descubrimiento de una reacción, se aplica un programa especial de pruebas contiguas para manadas colindantes con las restringidas. 
Una unidad especial de investigación de la tuberculosis se encarga de analizar los datos de las pruebas con carácter permanente. 
Los exámenes post-mortem habituales corren a cargo de cirujanos veterinarios dependientes del departamento en todos los animales sacrificados. 
Los animales que reaccionan positivamente a la prueba de la tuberculosis son sacrificados. 
Desde las primeras fases del plan de erradicación de la tuberculosis bovina, el Departamento de Agricultura y Ganadería ha reconocido los positivos resultados de las pruebas previas a los traslados, por lo que pedimos que se adopte una actitud favorable respecto de nuestra enmienda a la directiva rectificativa. 
El aspecto que quisiera pedir al Comisario que considerara en particular es el de que la única prueba establecida en la UE y conforme a la legislación irlandesa es la prueba intracutánea comparativa única, prescrita en la Directiva 64/432 de la CE. 
Tengo entendido que se ha llevado una labor considerable en materia de análisis de sangre en laboratorio para detectar la tuberculosis. 
La prueba del interferón gamma es la más prometedora y se utiliza en condiciones prácticas en el terreno como complemento de la prueba de tuberculina en las manadas. 
Me gustaría que el Comisario indicara cuál es el estado actual de la cuestión y cuánto se tardará en disponer de un análisis de sangre aceptado por la UE. 
La prueba de la tuberculosis que utilizamos ahora está indicada para las manadas, no para los animales individuales. 
Necesitamos pasar a una fase en que podamos fiarnos de los análisis de sangre para los animales individuales. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Derecho en materia de salud animal no sólo desempeña un papel primordial desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva de la política del consumidor. 
Además, las enfermedades animales producen enormes pérdidas económicas. 
A fin de garantizar la seguridad y la transparencia la directiva está sobre todo encaminada a la creación de bases de datos electrónicas que permitan consultar datos relativos a las especies bovina y porcina y al transporte de estos animales. 
Estas bases de datos pendientes de creación constituyen al mismo tiempo parte integrante del sistema de identificación y registro de los bovinos, de conformidad con la directiva. 
Pero como la transposición de la directiva y la excesiva duración del proceso de codecisión han planteado dificultades, la Comisión ha concluido que es preciso adoptar medidas transitorias para evitar posibles problemas en el ámbito del comercio de bovinos y cerdos vivos. 
El ponente está de acuerdo en que los Estados miembros son lentos en transponer disposiciones comunitarias que les resultan molestas cuando se les concede un período de transición demasiado largo. 
Por eso, debemos preguntarnos si el margen de tres años realmente tiene razón de ser. 
En mi opinión, la enmienda del Sr. Daul, que propone un plazo de dos años, sería un buen compromiso. 
En este contexto quisiera señalar una vez más que, en lugar de seguir reforestando la jungla de párrafos y excepciones, haríamos mejor en roturarla. 
¡Es fundamental que tengamos en cuenta las objeciones del Comité Económico y Social acerca de la delimitación estricta de las cláusulas de excepción y la armonización de las disposiciones veterinarias! 
No puedo comprender que, mientras unos países hacen sus deberes, otros estén siempre buscando excusas y se queden atrás. 
Habida cuenta de que esta situación conduce a la competencia desleal soy partidaria de que, sea como fuere, la normativa entre en vigor para todos lo antes posible. 
Señor Presidente, trataré de ser muy breve y no emplearé todo el tiempo de que dispongo. 
Me limitaré a lanzar el siguiente mensaje: esta mañana, al intervenir en este Pleno, un colega ha dicho que sin reglas no hay libertad. 
Sin embargo, creo que cuando existe un exceso de reglas la libertad entra en colisión con la confusión Me parece que esta propuesta adolece precisamente de este exceso de reglas. 
Con respecto a esta materia, a partir del año 1964, hemos tenido una serie de normas que se han ido sucediendo en el tiempo: unas normas que se han aplicado en algunos casos y en otros muchos no; unas normas que se han aplazado en parte; unas normas que no han sido transpuestas por los Estados nacionales. 
Ahora, muy probablemente se deberá considerar inadecuado el comportamiento de algunos Estados nacionales que no se han adaptado a determinadas directivas. Sin embargo, cabe preguntarse por qué ocurre esto y por qué afecta a una pluralidad de Estados. 
Muy probablemente ocurre porque existen dificultades a la hora de aplicar las directivas. 
Muy probablemente la adaptación de la legislación nacional tarda porque la adaptación es costosa, concienzuda y, con frecuencia, también improductiva. 
Por lo tanto, mi mensaje es el siguiente: cuando existe un exceso de reglas- en este caso las reglas se contemplan abundantemente en las propuestas preparatorias de este texto que se presenta y que, en sustancia, puede aceptarse- cuando la multiplicación de los textos hace difícil la aplicación, se llega al aplazamiento y se corre el riesgo de crear lagunas no sólo de carácter legislativo, sino también de orden práctico. De carácter legislativo por la superposición de las competencias y por la confusión normativa, y de orden práctico porque, evidentemente, en muchos sectores existe el riesgo de una falta de control que explica que también la política del consumidor corra el riesgo de no resultar apropiada. 
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar expresar mi agradecimiento a Sus Señorías por el interés que han prestado a la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 64/432 sobre los problemas de salud que afectan al comercio intracomunitario de ganado bovino y porcino. 
Siento una gratitud particular para con el Sr. Graefe zu Baringdorf por su informe sobre esta propuesta y para con los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por el apoyo prestado a la mayoría de las modificaciones propuestas por la Comisión y por las enmiendas incluidas en el informe inicial de la comisión. 
Los Estados miembros encontraron graves problemas comerciales al aplicar las normas actualizadas sobre salud animal para el comercio intracomunitario establecidas en la Directiva 64/432, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado. 
Para facilitar el paso a las nuevas normas de la Comisión, basándose en los artículos 37 y 152 del Tratado, propuso enmiendas a la directiva entre las cuales figuran medidas de transición para resolver los problemas comerciales más peliagudos, correcciones y aclaraciones menores en los anexos y un mandato general encomendado a la Comisión para que formule medidas de transición de conformidad con el nuevo procedimiento de comitología incluido en la propuesta. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo acordó dos enmiendas presentadas por el Sr. Graefe zu Baringdorf a la propuesta de la Comisión. 
La primera enmienda obliga a los Estados miembros a velar por la aplicación plena de la directiva y a los Estados miembros y la Comisión a realizar controles sobre la aplicación. 
La segunda enmienda va encaminada a limitar el período de aplicación de las medidas de transición a dos años. 
La Comisión puede aceptar esas dos enmiendas núms. 1 y 2 y, por tanto, debe oponerse a la enmienda de la Sra. Auroi, en la que se pide la supresión de cualesquiera medidas de transición. 
Sin embargo, lamento no poder aceptar la enmienda escrita nº 3, que el Sr. Graefe zu Baringdorf presentó la semana pasada. 
Modifica el procedimiento sobre comitología, al proponer medidas de aplicación relativas al artículo 37 para introducir un procedimiento de gestión con derecho de examen. 
Eso es claramente incompatible con el artículo 2 de la Decisión del Consejo 99/468 sobre comitología, que establece los comités de reglamentación para las cuestiones relativas a la salud animal y parece que tal vez no la acepte el Sr. Graefe zu Baringdorf, a raíz de las detalladas conversaciones con mi gabinete en el sentido de que ésa es la posición. 
Pero me parece que el Sr. Graefe zu Baringdorf podría haber interpretado mal la comitología y tal vez se propone volver a enmendarla durante este Pleno. 
Permítaseme expresar mi sorpresa y preocupación a este respecto. 
Lamento no poder aceptar la nueva enmienda de Su Señoría, que substituye los artículos 17 y 17a por un solo artículo nuevo que comprende todo el procedimiento de comitología. 
Introduce un comité de reglamentación con derecho de examen para el Parlamento y- cito de la carta que me envió- "en el caso de un procedimiento de codecisión basado en sus artículos 251 y 8", es decir, el artículo 8 de la Decisión del Consejo 99/468 sobre comitología. 
Puedo asegurar a Sus Señorías la importancia que atribuyo al papel del Parlamento en el proceso legislativo, en particular en relación con la comitología en el procedimiento de codecisión. 
El objetivo global es el de lograr resultados rápidos y eficientes para plasmar la política en actos legislativos. 
El marco para el procedimiento de comitología está claramente establecido en la Decisión del Consejo antes citada. 
El derecho de examen por parte del Parlamento está previsto para esferas relativas a la codecisión, es decir, el artículo 8. 
La Directiva 64/432 modificada se basa en los artículos 37 y 152 del Tratado. 
Las nuevas disposiciones relativas a los poderes de aplicación concedidos a la Comisión para formular las medidas de transición pueden tener efectos directos en la salud pública. 
Ésa es la razón por la que en este caso la Comisión propone el artículo 17a, que se refiere a un comité de reglamentación con derecho de examen por parte del Parlamento. 
Remito a Sus Señorías al artículo 3 de la directiva que modifica el artículo 16 del original, en el que se dice lo siguiente: "en caso necesario, para facilitar la transición a las nuevas disposiciones establecidas en esta directiva, la Comisión, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 17a, puede adoptar medidas de transición aplicables a un período no superior a tres años". 
Ése es, según me ha informado el servicio jurídico, la forma apropiada de abordar esta cuestión. 
En cualquier situación en la que una disposición legislativa básica establezca la modificación por un procedimiento de comitología, debe incluir en la disposición básica el procedimiento concreto de comitología. 
Ésa es la razón por la que cada una de las disposiciones concretas que establezcan semejante modificación deben hacer una referencia muy clara al procedimiento. 
Así, pues, el poder que se confiere a la Comisión para prorrogar el período de tiempo que figura en el artículo 3 selecciona claramente el artículo 17a como el apropiado para abordar este asunto, que incluye el artículo 8 de la Decisión del Consejo del pasado mes de junio, con lo que concede al Parlamento poderes plenos de examen en relación con cualquier propuesta de esa clase. 
En los casos en que se hace referencia al artículo 17 en la versión actual de la Directiva 64/432, tiene que ver con las medidas de aplicación relativas a la salud animal, es decir, basadas en el artículo 37, que no afectan- o, en escasísimos casos, muy remotamente- a la salud pública. 
Así, pues, dichas medidas no deben estar sujetas al derecho de examen del Parlamento. 
Por ejemplo, dichas medidas de aplicación se refieren a la aprobación de procedimientos e instalaciones para la limpieza y la desinfección, la modalidad de notificación de enfermedades, la aprobación de los centros de reunión, la formulación de garantías suplementarias para los Estados miembros libres de enfermedades no transmisibles a las personas, tales como la rinotraqueitis infecciosa bovina o la gastroenteritis transmisible en los cerdos. 
Ahora voy a formular algunas observaciones sobre las consecuencias de la enmienda propuesta para el equilibrio institucional. 
Los poderes de aplicación de la Comisión figuran establecidos en el tercer guión del artículo 202 del Tratado CE en conjunción con la Decisión del Consejo 99/468 a la que me he referido antes, que es la decisión apropiada del Consejo por la que se establece el procedimiento idóneo para la comitología. 
Ese sistema va claramente encaminado a formular exactamente los papeles respectivos de los poderes legislativo y ejecutivo en el instrumento legislativo básico. 
En consecuencia, en el acto legislativo básico debe quedar claro desde el principio qué medidas de aplicación se basan en los procedimientos de codecisión, es decir, el artículo 152 y qué disposiciones no tienen como objetivo directo la protección de la salud pública, por lo que no estarían sujetas al derecho de examen del Parlamento. 
El procedimiento debe quedar claro en la disposición legislativa básica que requiere su modificación mediante la comitología. 
Cualquier redacción que deje margen para la negociación atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso pondría en peligro el delicado equilibrio institucional y también socavaría gravemente la transparencia. 
La redacción propuesta en la nueva enmienda para el procedimiento de reglamentación con derecho de examen- y cito- "en el caso del procedimiento de codecisión basado en el artículo 251 y del artículo 8" propicia una falta de certeza jurídica y no está en consonancia con la aplicación acordada en la decisión del Consejo sobre comitología. 
Tomo nota de que en el documento que el Sr. Graefe su Baringdorf ha distribuido esta tarde figura un pasaje en el que indica su intención de presentar esa enmienda en esta fase. Dice: "Creo que no es necesario incluir dos referencias casi idénticas al procedimiento de comitología simplemente para velar por que el Parlamento Europeo no pida derechos que no tiene". 
Permítaseme asegurar al Parlamento que no tengo intención, al establecer esos dos procedimientos- artículos 17 y 17a -, de velar por que el Parlamento Europeo no pida derechos que no tiene. 
Estoy firmemente comprometido con el procedimiento de codecisión y también con los procedimientos establecidos en la comitología. 
Estoy firmemente comprometido con la idea de que el Parlamento podrá examinar plenamente las propuestas de la Comisión en circunstancias en las que las estructuras jurídicas de la Unión Europea, es decir, el Tratado y la directiva, permitan esa situación. 
Desviarse de eso es correr el riesgo de impugnación en el Tribunal Europeo, cosa que debo evitar. 
También debo responder al Sr. Graefe zu Baringdorf diciendo que las dos, como él dice, casi idénticas referencias al procedimiento de comitología no son idénticas, en realidad. 
Son muy diferentes y se deben abordar por separado completamente. 
Sin embargo, conviene a las dos instituciones que los procedimientos estén formulados claramente y sean transparentes para todos. 
Además, aprobar la enmienda significaría retrasar el procedimiento legislativo que, de lo contrario, se podría concluir después de la primera lectura. 
En conclusión, deseo confirmar que acepto las enmiendas del Sr. Graefe zu Baringdorf núms. 1 y 2, pero no la enmienda sobre el procedimiento de comitología que ha propuesto esta tarde. 
En consecuencia, tampoco puedo aceptar la enmienda de la Sra. Auroi. 
En cuanto a las cuestiones concretas planteadas por los oradores esta tarde, en primer lugar respecto de esas observaciones formuladas por el Sr. Graefe zu Baringdorf a las que aún no me he referido, dicho diputado hace referencia a la extensión del texto y a que existe un acuerdo con el Consejo para que los textos sean más sucintos. 
Su Señoría tiene, desde luego, toda la razón a ese respecto. 
Sin embargo, se llegó a ese acuerdo en el Consejo después de la redacción inicial de este documento. 
Ésa es la razón por la que se redactó así. 
Es anterior al acuerdo. 
Será modificado automáticamente de la forma establecida en el acuerdo con el Consejo. 
Así, pues, las preocupaciones que tiene Su Señoría en relación con este asunto serán satisfechas automáticamente de conformidad con dicho acuerdo. 
Su Señoría ha propuesto también que, si la Comisión acepta su propuesta, haya un procedimiento abreviado. 
En respuesta a eso, si el Sr. Graefe zu Baringdorf retira esta enmienda, habida cuenta de lo que he dicho aquí esta tarde, también es apropiado decir que el procedimiento resultará abreviado y se podrá abordar este asunto en primera lectura. 
Existe un riesgo importante de que, si se aborda de ese modo y si el Consejo vota de conformidad con la propuesta presentada por la Comisión, este asunto pase a segunda lectura, lo que provocará más retrasos. 
Se me ha indicado hoy mismo, en consulta con los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que existe una preocupación de la que yo no estaba enterado: la de la interacción entre los artículos 37 y 152. 
He dicho con claridad que estoy dispuesto a responder rápidamente a cualquier invitación que la comisión desee hacerme para examinar esta importante cuestión constitucional de la interacción entre los artículo 37 y 152. 
Lo digo en unas circunstancias en las que también insto al Sr. Graefe zu Baringdorf a que considere detenidamente, a la luz de lo que acabo de decir, la posibilidad de retirar esa enmienda determinada, habida cuenta de las graves dificultades jurídicas que existen en relación con ella. 
En respuesta al Sr. Hyland y a la Sra. Doyle, que están preocupados por la cuestión de las pruebas, he tomado nota de lo que dicen a ese respecto y voy a hacer las averiguaciones oportunas. 
. (DE) Señor Presidente, con su permiso quisiera hacer otra pregunta al Comisario Byrne. 
Nos hallamos en una situación en la que nos presenta un texto que ya no se corresponde con el procedimiento habitual acordado con el Consejo. 
Es algo que nos ha llamado la atención. 
A continuación elaboramos nuestras enmiendas, que usted considera correctas tanto en cuanto a los principios como desde el punto de vista del procedimiento. 
Pero luego hace una distinción entre la situación de los dos informes que nos presenta: uno se ajusta únicamente al artículo 152, en tanto que el otro se ajusta a los artículos 37 y 172. Y nos dice que por eso mismo necesitamos una doble referencia a la comitología. 
Como usted se puede imaginar, nosotros también hemos consultado a nuestro servicio jurídico y el texto que le he leído en voz alta recoge dicha alusión a la comitología. 
Por tanto, el texto jurídico queda debidamente consagrado. 
Sin embargo, estamos ante la intransigencia de la Comisión, que se empeña en mantener su propuesta, como ya ha ocurrido en otra ocasión. 
Por eso, señor Byrne, le ruego que, en lugar de sugerirme a mí que retire mi enmienda, usted considere la posibilidad de aceptarla, ya que se inscribe en el marco de la decisión sobre la comitología. 
De ese modo, podemos aplicar el procedimiento simplificado. 
¡Corresponde a la Comisión dar muestras de generosidad, no al ponente! 
No tiene sentido continuar el debate. 
Le ruego al señor Comisario que conteste con la mayor brevedad. 
Me temo que lo que el Sr. Graefe zu Baringdorf ha dicho revela una interpretación errónea de la cuestión. 
En primer lugar, el acuerdo que se alcanzó con el Consejo en relación con la abreviación del texto es algo que se abordará automáticamente de conformidad con el acuerdo que he mencionado hace un momento. 
En segundo lugar, sobre la cuestión relativa a la comitología, lo único que puedo hacer es repetir lo que he dicho: que en cualquier texto básico que autorice a la Comisión a modificarlo por comitología, dicho texto debe mencionar, a su vez, el procedimiento que se adopta. 
Lo que el Sr. Graefe zu Baringdorf propone en su enmienda es conferir un poder discrecional para abordar la cuestión atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, por lo que el texto que será modificado hará referencia al artículo 17, pero en el artículo 17 figurará una facultad discrecional sobre si se aplicará el artículo 7 o el artículo 8 de la decisión 1999/468; eso significa que alguien- es decir, la Comisión- tendrá que determinar en esas circunstancias cuál de los dos artículos es el apropiado, según se trate o no de un caso de codecisión. 
Sostengo que eso es inapropiado, porque confiere en realidad un poder a la Comisión para adoptar una decisión sobre esa cuestión, por decirlo así, en su despacho, en lugar de permitir al lector consultar el texto- el texto básico- en cualquier circunstancia en la que la Comisión esté facultada para modificar una disposición por comitología y remitirse a ese texto básico. 
De ese texto resulta claro cuál procedimiento de comitología es el apropiado y que se debe aplicar: ya se trate del artículo 17 en la versión propuesta por la Comisión, que se aplica a todas las circunstancias en esta directiva determinada, o del artículo 17a, en el que figura el procedimiento de examen de la comitología y que es apropiado para las circunstancias establecidas en el artículo 3, es decir, en los casos en que haya una prórroga suplementaria más allá del 31 de diciembre de 2000 y la Comisión pueda decidir otra prórroga, como hemos visto. 
Eso da claridad a la situación. Evita cualquier ejercicio de una facultad discrecional por parte de la Comisión o de cualquier otra instancia. 
Indica con claridad a cualquiera que lea el texto cuál es el procedimiento apropiado que regirá esa situación determinada. 
Lamento no poder exponerlo con mayor claridad y no poder acceder a la petición de Su Señoría. 
Quisiera pedirle de nuevo, a la luz de lo que he dicho sobre mi disposición a acudir a la comisión de Su Señoría, que examine la interacción entre los artículos 152 y 37 y considere en serio la posibilidad de retirar esta enmienda por su propia iniciativa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Este tema seguirá discutiéndolo la comisión pertinente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0201/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Está hoy con nosotros el Presidente en ejercicio del Consejo Sr. Seixas da Costa. Tiene que abandonar el hemiciclo a las 7 de la tarde, por lo que vamos a procurar ser muy ágiles y a hacer un esfuerzo colectivo, de tal forma que podamos realizar la mayor parte de las preguntas. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0141/00): 
Asunto: Derechos humanos de las mujeres en Europa El 19 de enero de 2000, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas se reunió para preparar la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará los días 5 a 9 de junio de 2000 en Nueva York, en la que se pasará revista a la situación de la mujer transcurridos cinco años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, en la que se había adoptado un plan de acción para hacer frente a los problemas de la mujer a escala mundial. 
En el transcurso de los trabajos, la Sra. Ruth Dreifuss, Ministra de Asuntos Sociales de Suiza, declaró que trescientas mil (300.000) mujeres son víctimas de la trata de seres humanos en Europa. 
¿Está de acuerdo la Comisión con dicha declaración? 
¿Considera que las medidas que adopta son suficientes para proteger la seguridad y la dignidad de las mujeres europeas frente al peligro de la trata de seres humanos? 
¿Qué medidas adicionales se propone tomar para hacer frente a un posible agravamiento de la situación en vista de la ampliación, dado que la mayor parte de las mujeres afectadas proceden de países en vías de adhesión a la Unión Europea? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradezco sinceramente la completa respuesta que ha dado a esta pregunta aludiendo a los programas que, según nos recuerda, se han realizado. 
Pero en la pregunta se hacía hincapié en que se trata de un problema que se ha agravado recientemente, precisamente por la permeabilidad de las fronteras; que se trata de un tráfico que tiene su origen, fundamentalmente, en los países del Este candidatos a la adhesión; que son mujeres en situación ilegal, en la mayoría de los casos; que se trata de una inmigración en las peores condiciones y que esas mujeres se hallan en situación de desamparo y son víctimas de todo tipo de marginación y de problemas. 
Creo que se ha hecho un esfuerzo a lo largo de los últimos años, pero insisto en que habría que prestar una atención especial ahora y prevenir para el futuro, ya que, previsiblemente, este es un problema que va a agudizarse. 
Señor Presidente, quisiera añadir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Su Señoría y que es una preocupación de la Unión en el ámbito de las negociaciones sobre la ampliación y, en particular, en el marco de las relaciones exteriores en materia de justicia y asuntos de interior mantener con los países candidatos un diálogo muy concreto sobre todas las cuestiones relativas a la libre circulación de personas y, en particular, a la inmigración ilegal. 
Creemos que. sin poner en entredicho la necesidad de que la Unión Europea tenga una política de tolerancia respecto de la inmigración y una política de acogida de los refugiados de carácter económico, deberíamos intentar evitar que por esa vía se creen mecanismos que faciliten la explotación, en particular de mujeres, y vías de desarrollo de formas de delincuencia vinculadas precisamente con la libre circulación de personas. 
Creemos que el trabajo que se ha venido haciendo y la concienciación que existe por parte de los países candidatos de la importancia que reviste mantener con la Unión Europea, durante el período que precede a su adhesión, una profundización de los mecanismos de control y de trabajo al respecto puede llegar a dar resultados concretos. 
Considero que la Comisión concede a ese asunto una atención muy específica y creo que la circunstancia de que, precisamente durante la Presidencia portuguesa, se vayan a abrir con los países candidatos de la llamada fase de Luxemburgo varios capítulos que tienen que ver con ese asunto, en particular en materia de justicia y asuntos de interior y de libre circulación, puede ayudar desde ahora mismo a crear una cultura común que es la que en el fondo tendrán que compartir los países candidatos, más adelante, en relación con el respeto del acervo comunitario. 
Si bien me sumo al agradecimiento expresado al Consejo por su rápida respuesta, quisiera insistir al Consejo sobre un asunto conexo. 
La BBC presentó recientemente pruebas de que en Rumania había "úteros" -así decían- en venta, que se pagaba a mujeres a fin de que tuvieran hijos para su exportación a los Estados miembros de la Unión Europea. 
Además, la BBC afirmó que se hacía con el consentimiento tácito de las autoridades rumanas, porque así obtenían divisas. 
¿Planteará el Consejo esa cuestión en su diálogo con Rumania en relación con la candidatura de Rumania a la adhesión a la Comunidad? 
Agradezco la pregunta de Su Señoría, que aprovecho para aclarar una acción muy recientemente llevada a cabo por la Presidencia portuguesa en Rumania. 
Sobre esa cuestión tuve ocasión de cambiar impresiones con las autoridades rumanas hace menos de diez días: no sólo sobre la cuestión del tráfico de niños, sino también sobre los problemas de las poblaciones gitanas. 
Son cuestiones que las autoridades rumanas dicen afrontar con la mayor seriedad y, por lo que pude comprobar, consideran que se derivan de una situación de carácter cultural y que afectan a ciertos sectores de la población. 
La determinación de las autoridades rumanas con vistas a abordar esa cuestión, tanto más cuanto que saben que tiene consecuencias concretas en el modo como los Quince ven su candidatura a la Unión Europea, nos parece auténtica. 
Me parece haber advertido un gran empeño de las autoridades rumanas en luchar lo más posible contra ese tipo de situaciones. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0148/00): 
Asunto: Artículos 6 y 7 del Tratado CE El pasado 2 de febrero el Consejo declaró que tiene intención de amonestar a Austria por la entrada en el Gobierno del FPÖ (Partido Liberal de Austria) , de conformidad con los artículos 6 y 7 del Tratado CE. 
En su Resolución de 3 de febrero de 2000 el Parlamento Europeo "pide al Consejo y a la Comisión que estén dispuestos, en caso de violación grave y persistente por parte de cualquier Estado miembro de los principios enumerados en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, a adoptar las medidas contempladas en el artículo 7 del Tratado [... ]". 
Por su parte, en la respuesta de la Comisión a la pregunta H-0826/99- sobre el hecho de que Italia es el país que más ha sido condenado por el Tribunal de Derechos Humanos debido a la lentitud y a los disfuncionamientos de su sistema judicial y de que en Bélgica los procesos relacionados con la pederastia se tramitan con lentitud y silencios preocupantes- se señala que a la Comisión "no le corresponde interferir con la administración de justicia de los Estados miembros", que "ha fundado una estructura administrativa" la cual "llegado el caso (... ) se encargará de examinar casos de violación grave y persistente de los derechos fundamentales por un Estado miembro" aplicando "los criterios y principios ya formulados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas" y que "por el momento, no se está examinando ningún caso de violación grave y persistente de los derechos humanos por parte de un Estado miembro". 
¿Puede excluir el Consejo que los hechos expuestos constituyen una violación grave y persistente de los derechos fundamentales tal y como se definen en el artículo 6 del Tratado CE y, en caso afirmativo, por qué motivos? 
En caso negativo, ¿tiene intención de iniciar los procedimientos contemplados en el artículo 7 del Tratado CE? 
Hoy ya hemos abordado, señor Presidente, esta cuestión más de una vez en este marco. 
Tenemos que comprender que la cuestión austríaca, en particular, y la mencionada respecto a Italia y a Bélgica en la pregunta transmitida se aparta- hemos de decirlo- de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam. 
El artículo 6 del Tratado de Amsterdam- y éste es un aspecto que es muy importante mencionar, porque se trata de cuestiones inéditas respecto del contenido de los Tratados- dispone que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el Estado de derecho. 
Aunque todos nosotros sabemos que la Unión Europea no es signataria del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el mismo artículo hace una remisión, al decir que la Unión respeta los derechos fundamentales, garantizados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
En cuanto al artículo 7, que, por lo demás, es una propuesta portuguesa que tuve oportunidad de presentar en el grupo de reflexión de la Conferencia Intergubernamental anterior, creó un mecanismo específico- y ése es el aspecto al que se refiere la pregunta- de sanción contra cualquier Estado miembro que viole de forma grave y persistente algunos de los principios enunciados en el artículo anterior, en el articulo 6. 
Dicho mecanismo se remonta a algo que ya se había propuesto en el proyecto Spinelli, en 1984, y que tiene que ver con la necesidad de prevenir las violaciones de los principios democráticos dentro de un Estado miembro y, en particular, formas que puedan atentar contra los principios del Estado de derecho. 
Los hechos a los que se refiere el Sr. Olivier Dupuis en su pregunta no constituyen- y es importante decirlo- una violación de principio alguno mencionado en el artículo 6 del Tratado. 
No se debe invocar ese artículo para perpetrar tipo alguno de intromisión en la administración de los asuntos interiores de los Estados miembros, en particular en la esfera de la justicia. 
La existencia de violación de un principio enunciado en el artículo 6 debe ser verificada- y éste es también un punto importante y ésa es la razón por la que no se ha puesto en marcha ningún mecanismo- por el Consejo a propuesta de un tercio de los Estados miembros o por iniciativa de la Comisión Europea, tras la emisión de un dictamen conforme por parte de este Parlamento. 
Ahora bien, ninguna de las entidades con derecho de iniciativa ha desencadenado ese procedimiento y, a nuestro entender, la situación no está incluida en lo dispuesto en el artículo 7. 
Respecto de la Declaración del Consejo del pasado día 2, vuelvo a repetir- ya que fui yo quien la pronunció en este Parlamento- que la formuló la Presidencia del Consejo, pero en nombre de 14 Estados miembros y, naturalmente, los efectos de esa declaración y de los elementos que contiene en la relación con Austria vinculan sólo bilateralmente a cada uno de los Estados miembros. 
No vinculan al Consejo ni afectan al libre y normal funcionamiento de las instituciones comunitarias, en las que Austria sigue, por lo demás, participando plenamente. 
Señor Secretario de Estado, me parece que ha aclarado de forma exacta y cabal la cuestión técnica de los artículos 6 y 7. 
A ese respecto, nada hay que decir. 
Lo fundamental que hay que tener aquí en consideración es lo siguiente: estamos ante una Europa que ha avanzado inmensamente desde el punto de vista económico, en el Mercado Único, en la moneda única, y nada o muy poco ha habido en la esfera de la seguridad y la justicia. 
Seguimos teniendo un marco de seguridad y justicia que es casi todo puramente nacional ante realidades que son claramente transnacionales. 
Y permanentemente afrontamos esa contradicción en lo relativo a los derechos de los niños, ámbito en el que a veces se ven envueltos varios países y las víctimas no sólo no reciben notificación del Estado en el que se hace el juicio, sino que, además, no gozan de apoyo judicial. 
Señor Presidente del Consejo, quisiera manifestarle mi más sincera gratitud por haber dejado claro en el último turno de preguntas que en el caso de Austria no se han vulnerado los artículos 6 y 7 y que se trata de una condena preventiva. 
Mi pregunta está relacionada con la decisión ad hoc de los jefes de Gobierno. 
Han dictaminado sanciones bilaterales sin consultar a los Ministros de Asuntos Exteriores y los Parlamentos de los Estados de Europa. 
Además, han pasado por encima de las instituciones de la UE, que se han encontrado luego ante los hechos consumados. 
Por eso, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Qué sucederá en el futuro, abstracción hecha del caso de Austria? 
¿Condenarán los jefes de Gobierno a otros países de Europa en el futuro? 
¿Basta con una mayoría de ocho votos o se requieren otras mayorías? 
¿Hasta qué punto pierden el Consejo Europeo y las instituciones europeas poder y capacidad de organización como consecuencia de estas intervenciones? 
¿Nace aquí una nueva lucha de competencias entre las instituciones europeas y los Estados nacionales? 
Señor Paulo Casaca, quisiera decirle que, a pesar de todo, no soy tan pesimista sobre la evolución de la Unión Europea con vistas a la creación de una dimensión ética y, en particular, a dotarse de mecanismos de naturaleza jurídica que le permitan afrontar situaciones nuevas, en particular las que ha citado. 
Debemos tener en cuenta que, en el marco de la evolución del Tratado de Amsterdam, se hicieron transferencias de competencias y en los cinco próximos años habrá un proceso de transferencias de competencias de lo que era el antiguo tercer pilar al primer pilar de la Unión, sobre todo en materia de visados, cooperación judicial en la esfera civil y cooperación aduanera. 
Aún mantenemos en el ámbito del tercer pilar cuestiones de cooperación judicial en materia penal y cuestiones de cooperación policial, pero en este momento estamos trabajando con vistas a la creación de un espacio europeo de libertad, justicia y seguridad, a la que esperamos que la Comisión responda con la presentación de un scoreboard que nos ofrezca un repertorio de las medidas ad hoc. 
Por otro lado, quisiera subrayar que la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que se está debatiendo, puede ser muy probablemente un elemento de fortalecimiento de esas nuevas dimensiones y va a contribuir con toda seguridad a dar a la Unión Europea un cuerpo muy sólido de principios que puedan ser jurídicamente argumentables, como alguno de nosotros- y el Consejo, en particular- deseamos. 
Respecto de la cuestión planteada sobre Austria, reitero lo que he dicho sobre el cumplimiento de los artículos 6 y 7 por parte de Austria hasta el momento. 
Ha estado bien oír de labios de Su Señoría la expresión "decisión ad hoc": es evidente que fue una decisión ad hoc adoptada en el ámbito de 14 Estados miembros respecto de su relación con el Gobierno, el cual no está en entredicho, sino el tipo de formación política que tiene. 
En un debate anterior dije que hoy todos somos austríacos en la Unión Europea. 
Y vuelvo a decirlo. 
Todos somos austríacos porque el espacio de la Unión es uno en materia de derechos, de ciudadanía, y yo quiero tener en Austria los mismo derechos que los ciudadanos austríacos deben tener en mi país. 
Por consiguiente, no me apetece verme tutelado por un partido que tiene comportamientos y hace afirmaciones de carácter racista y xenófobo ante los cuales es legítimo que abriguemos ciertas preocupaciones. 
En este momento se expresan dichas preocupaciones en una dimensión política bilateral y no en nombre de la Unión Europea, porque en ese caso, sí, sólo habrá lugar a algún tipo de decisión en el caso de que haya una infracción de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam. 
Pero lo que en el futuro debemos, Señoría, evaluar es en qué medida se desvincula el comportamiento del FPÖ de la matriz ideológica de su pasado, porque ese elemento es fundamental. 
Es importante que el FPÖ aclare si se mantiene fiel a los principios a que sus anteriores declaraciones lo vincularon, en particular al tipo de personalidades que hicieron ese tipo de declaraciones, porque, en caso contrario, no veo otra solución que la de que los otros Estados miembros sigan manteniendo, respecto de este Gobierno austríaco, el mismo tipo de reticencias, con las consecuencias que ello entraña. 
Y, como he dicho, exclusivamente en la esfera bilateral. 
Los austríacos tienen todo el derecho a tener el gobierno que quieran. 
Nosotros tenemos todo el derecho a tener también nuestra opinión respecto del Gobierno austríaco. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha dicho que en Austria hay un partido político en el poder, el cual ha hecho comentarios racistas en público. 
Aquí, en el Parlamento Europeo, hablan las personas, no los partidos. 
En su respuesta a la pregunta formulada por el Sr. Dupuis, usted alegó que las sanciones aprobadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de catorce Estados miembros son de naturaleza bilateral. 
¿Es posible, entonces, renunciar a las sanciones también bilateralmente, o sea, puede un Estado miembro levantar las sanciones en nombre propio y volver a la normalidad? 
Si esto es así, ¿cuándo tiene planeado el Consejo liberar oficialmente a los ciudadanos austríacos de este suplicio que viola sus derechos democráticos? ; ¿o es que cada Estado miembro deberá renunciar individualmente a las sanciones antes de que el Consejo entre en razones y derogue esta decisión? 
Su Señoría debe haber oído mal lo que yo he dicho o habrá habido un error de interpretación. 
En ningún momento he dicho que el Gobierno austríaco sea un gobierno racista. 
Que quede bien claro. 
Conozco a personas de ese Gobierno, con las que he trabajado en el pasado y con las que espero seguir trabajando en el futuro, o los que en modo alguno se puede relacionar con tipo alguno de ideología racista. 
Lo que digo claramente es que de ese Gobierno forma parte un partido algunos de cuyos dirigentes no sólo han hecho declaraciones extraordinariamente graves en materia de racismo y xenofobia, sino que, además, han llegado a proponer medidas de carácter legislativo (en el plano interior) que constituyen claramente una ideología racista. 
Y hasta hoy no hemos visto por parte del FPÖ una declaración en la que reniegue completamente de su vinculación con ese tipo de ideología. 
En cuanto a la otra cuestión que ha planteado, la respuesta es afirmativa. 
Cualquier país puede desligarse del compromiso contraído en el ámbito de los 14 Estados miembros. 
Se trata de 14 países libres, que libremente adoptaron la decisión de manifestar, desde el punto de vista bilateral, a Austria su desagrado respecto de la fórmula de Gobierno elegida. 
La misma libertad que los movió a juntarse podría moverlos mañana a separarse en cuanto a esa decisión, si hicieran una interpretación diferente de la evolución de la situación en Austria. 
Su Señoría pregunta, por otro lado, cuándo permitirá el Consejo al pueblo austríaco escapar de esa presión. 
En primer lugar, no hay decisión alguna del Consejo. 
Como digo, hay los 14 países. 
Y esta cuestión no se plantea en el ámbito de la Unión Europea. 
Quisiera que quedara claro que, en todo lo que se refiere al funcionamiento formal de las instituciones de la Unión Europea, Austria ha participado total y completamente y va a seguir participando. 
Lo que no se puede exigir, Señoría, es que algunos miembros de los Gobiernos de la Unión Europea se sientan satisfechos de sentarse junto a figuras que consideran adeptas a ideologías que recuerdan manifiestamente a otro pasado histórico y despiertan viejos fantasmas europeos. 
Eso atañe a la opinión de cada cual. 
A mí no me gusta sentarme al lado de fascistas. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0151/00): 
Asunto: Energía para la democracia- República Federativa de Yugoslavia El invierno que estamos atravesando es uno de los inviernos más duros de las últimas décadas, dado que ha afectado de forma significativa a bastantes países europeos. 
Entre estos últimos se cuenta también la República Federativa de Yugoslavia, que hace frente, además, al embargo de combustibles, de modo que no disponen de calefacción hospitales y escuelas, que se han visto obligados a suspender o restringir su actividad. 
En algunos casos, la falta de combustibles ha costado vidas humanas. 
Dado que el embargo continúa al igual que la crudeza del invierno, ¿se propone el Consejo tomar medidas para que el programa "Energía para la democracia" se extienda lo antes posible y se cubran las necesidades de hospitales y escuelas? 
Como es sabido, señor Presidente, en el ámbito de las sanciones en materia energética aplicadas a la República Federal de Yugoslavia se decidió, mediante propuesta debatida en el Consejo, promover algunas medidas de excepción respecto de municipalidades tuteladas por las fuerzas democráticas. 
Era una medida destinada a enviar un mensaje de apoyo a las fuerzas democráticas y servir de estímulo precisamente para quienes en la República de Yugoslavia, pese a todas las condiciones adversas, se empeñan en tener un comportamiento y una actitud más congruente con la defensa de los derechos democráticos y de posiciones que más interesan al pueblo yugoslavo. 
Ese programa comenzó con dos municipios encabezados por la oposición. 
Después la Unión Europea, a propuesta de varios Estados miembros, resolvió ampliar ese mismo régimen a otros cinco municipios. 
Se trata de un proceso complejo, un proceso que entraña grandes costos para el presupuesto y la Comisión ha hecho en ese plano un esfuerzo muy grande con vistas a intentar encontrar los medios para hacer esa ampliación de las acciones. 
Esperamos que esa señal dada por la Unión Europea sea entendida por las fuerzas democráticas en Serbia. 
Lamentamos profundamente que se deba mantener el régimen de sanciones de carácter energético aplicado a Yugoslavia, pero forma parte del conjunto de medidas determinadas como una forma de presión sobre el régimen y, en particular, una forma de presión respecto del modo como el Sr. Milosevic dirige aquel país. 
Es evidente que eso afecta a las poblaciones civiles. 
Tenemos conciencia de ello. 
Pero debemos comprender que la situación política vivida por Yugoslavia y el modo como el Sr. Milosevic sigue comportándose en el plano internacional justifica, en opinión hasta ahora unánime del Consejo, que se siga manteniendo ese tipo de sanciones. 
Asistimos a una rápida, diría, preparación de una nueva fase de la guerra sucia contra Yugoslavia, contra su pueblo, y todo cuanto ocurre fuera de Kosovo estos días lo pone de manifiesto. 
Por otra parte, como hemos oído también hoy, el famoso programa «Energía para la democracia» no es sino un bárbaro chantaje de la OTAN y de la Unión Europea en perjuicio del pueblo yugoslavo, para la imposición de su Nuevo Orden, para el absoluto sometimiento de ese pueblo. 
La cuestión que se plantea es si un pueblo tiene derecho a definir su destino, a elegir su gobierno. 
Y en Yugoslavia, el pueblo en su momento decidió democráticamente, tiene su gobierno y su presidente. 
Nos guste o no, así son las cosas. 
¿Cómo podemos caracterizar la lógica que para castigar al supuesto opresor de un pueblo propugna castigar a sus supuestas víctimas? 
Señor Presidente, eso es lo que ocurrió con los bárbaros bombardeos y eso es lo que ocurre igualmente con el embargo de combustibles a Yugoslavia. 
Que no es sino una nueva edición aumentada de la política de genocidio contra un pueblo que no acepta las opciones que pretenden imponerle los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. 
La pregunta que planteamos es la siguiente: puesto que ya, a causa de las bajas temperaturas, ha habido un importante número de muertos, ¿se pondrá fin al embargo de combustibles y se dejará al pueblo yugoslavo decidir libremente su destino? 
Señor Presidente, confieso que no puede dejar de sonarme extraña la palabra "genocidio" aplicada a una acción contra el Gobierno yugoslavo, el mismo Gobierno yugoslavo que llevó a cabo acciones en Kosovo que constituyen precisamente esa misma modalidad de comportamiento. 
Tampoco puedo dejar de recordar que ese mismo Gobierno fue el fautor en el pasado de muy diversas situaciones de desestabilización de Bosnia-Herzegovina y de Croacia y ha sido sistemáticamente un factor desestabilizador en toda la región. 
Comprendo perfectamente cuando Su Señoría se refiere a la necesidad de que cada pueblo decida su destino, no queremos nada más que eso. 
Pero queremos que eso signifique el acceso a los medios de comunicación social, la libertad de expresión plena de los medios de la oposición, total y completo disfrute de los derechos, libertades y garantías individuales, el Estado de derecho y una total transparencia por parte de las instituciones. 
Si eso es lo que Su Señoría ve en Serbia, entonces queda todo claro. 
La cuestión planteada por Su Señoría es importante, pero debo confesar que el Consejo no dispone de las informaciones solicitadas por lo que se refiere al censo de los ciudadanos de la Unión condenados a muerte en terceros países. 
Ahora bien, hay un trabajo- quisiera ser claro a este respecto- que se está haciendo en este momento en materia de cooperación consular entre los Estados miembros a fin de seguir y salvaguardar los intereses y los derechos de los ciudadanos de cualquier Estado miembro en terceros países, en particular cuando se trate de condenados a muerte. 
Con ese fin concreto y siempre que un ciudadano de un Estado miembro esté amenazado con la pena de muerte en un tercer país, hay en este momento un mecanismo de coordinación que permite que las misiones de la Unión Europea en esos países hagan démarches conjuntas ante los gobiernos de esos países. 
De esa cooperación entre las misiones de los Estados miembros formará parte también el aprovechamiento mutuo de informaciones relativas a los ciudadanos que puedan estar amenazados con la pena de muerte. 
Considero, pues, que con el tiempo podremos responder concretamente a esta pregunta y, en particular, disponer de una información concreta y actualizada, pero eso dependerá, naturalmente, del grado de evolución de esa cooperación de naturaleza consular que la Unión Europea está procurando consolidar. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradezco sus palabras pero no el contenido de las mismas. 
Quiero decir, que le agradezco su preocupación pero no el contenido- insisto- de la información que me transmite. 
Y no es por falta de tiempo, porque esta parlamentaria hizo esta pregunta al Consejo hace tres meses y éste no contestó por escrito. 
No contestó en el plazo previsto y contesta ahora, oralmente, con dos meses de retraso. 
¿No cree usted, señor Presiente en ejercicio del Consejo, que un censo de ciudadanos europeos condenados a muerte en el mundo sería un instrumento muy útil para defender el derecho a la vida, para que las instituciones políticas de la Unión Europea defendieran el derecho a la vida? 
¿No cree usted que es bastante difícil de aceptar que una potencia económica y política como es Europa, capaz de construir satélites, de mandar hombres a la luna, de hacer una moneda única, -en fin- una importante potencia, sea incapaz de saber cuántos ciudadanos europeos están condenados a muerte en el mundo? 
¿No cree que esto es bastante difícil de entender para los ciudadanos europeos? 
Sé que requerimos el compromiso de los Estados miembros, pero ¿no cree usted que lo que requerimos fundamentalmente es una voluntad política que, hasta el momento presente, no he visto por ninguna parte? 
Me permito añadir que comparto la opinión de la Sra. Rosa Díez y también puedo compartir que la Unión Europea tiene capacidad de poner un hombre en la luna, pero todavía no lo ha demostrado. 
Es un reto que todavía no se ha cumplido pero entiendo cuál era el sentido de dicha afirmación. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0158/00): 
Asunto: El Parlamento y Euratom ¿Querrá el Consejo solicitar del Parlamento que emita su opinión general sobre los acuerdos internacionales suscritos al amparo del Tratado Euratom, para que se siga el procedimiento 'KEDO' acordado en 1998 entre la Comisión y el Parlamento y, de no ser así, querrá el Consejo solicitar su opinión en cada una de las ocasiones y, en todo caso, con ocasión del Acuerdo con Ucrania actualmente sobre el tapete y del Acuerdo US-Euratom sobre fusión, actualmente en preparación? 
¿Está el Consejo preparado a formalizar el procedimiento KEDO, modificando el Tratado Euratom en la CIG, o a fijarlo al menos como Acuerdo Interinstitucional sobre Euratom entre las tres instituciones, para compensar así la debilidad democrática del Tratado Euratom? 
¿Está el Consejo de acuerdo en que, en tanto que una de las partes de la autoridad presupuestaria, el Parlamento debería ser consultado previamente sobre el inminente préstamo Euratom a Ucrania de k2/r4, particularmente dados los últimos incidentes relacionados con la seguridad tanto en la central de Khmelnitsky como en la de Rivne y la disminución de la producción y consumo de electricidad y la paralización de la reforma del mercado energético, que arroja aún más dudas sobre la viabilidad del préstamo y sobre la de su reembolso? 
Señor Presidente, el artículo 101 del Tratado EURATOM es el fundamento jurídico para los acuerdos internacionales en la esfera nuclear, como el Acuerdo de Adhesión de la Comunidad Europea de la Energía Atómica a la Organización para el Desarrollo Energético de la Península de Corea, "KEDO". 
Dicho artículo dispone que sea la Comisión la que negocie los acuerdos o convenios con terceros países, conforme a directivas establecidas por el Consejo, y los concluya con la aprobación del Consejo, que deliberará por mayoría cualificada. 
Al Consejo cabe respetar y aplicar las disposiciones pertinentes del Tratado EURATOM, que no establece para esas materias- se trata de algo que tiene que ver con los Tratados- la consulta al Parlamento Europeo. 
Recuérdese que el Consejo, como institución, no está habilitado para hacer modificación alguna del Tratado, como es natural, por lo que, normalmente, una cuestión de ese tipo sólo se puede plantear en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental. 
En mi calidad de Presidente del grupo preparatorio, no dejaré de tener en cuenta también esa solicitud a la Conferencia Intergubernamental. 
Respecto de las cuestiones planteadas sobre las centrales nucleares de Ucrania, cuyo nombre difícilmente puedo leer- Jmelnitsky y Rivne -, he de recordar que compete a la Comisión hacer las evaluaciones técnicas relativas a las centrales nucleares a fin de determinar su mantenimiento o su cierre. 
El Consejo aprobó en marzo de 1994 una decisión que autoriza a la Comisión a contraer empréstitos EURATOM hasta 1.100 millones de euros, destinados a apoyar la financiación de las actividades encaminadas a mejorar la eficacia y la seguridad de las centrales nucleares de algunos terceros países. 
Pero hasta ahora ningún tercer país ha utilizado ese mecanismo. 
Ese procedimiento se basó, por lo demás, en el Tratado EURATOM y tampoco presupone la consulta al Parlamento Europeo. 
En conclusión, las cuestiones presentadas abordan unos problemas delicados que, como sabemos, se han venido planteando en esta Asamblea en los últimos años, en el sentido de obtener más competencias para lo que el Parlamento ya ha llegado a utilizar su propia autoridad presupuestaria como elemento legítimo de presión. 
En el caso concreto de KEDO, quisiera recordar que el Parlamento bloqueó en 1998 los fondos relativos a aquel año y sólo fue posible superar aquella situación mediante una transacción con la Comisión, en la que esta institución se propuso informar al Parlamento al comienzo de cada año sobre los acuerdos EURATOM en negociación a fin de que pudiera analizarlos. 
Por continuar con la cuestión de la CIG, es probable que el Parlamento exprese, de conformidad con las reformas institucionales y en particular el capítulo sobre los procedimientos de adopción de decisiones, su deseo de emitir un dictamen conforme sobre los acuerdos internacionales y que se aplique el procedimiento de codecisión a otros asuntos. 
Conque, ¿tiene usted una idea de cómo pueden desarrollarse esos debates en la CIG? 
Señoría, la de la ampliación de la codecisión en materia legislativa es una cuestión que se ha venido examinando en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental y hay, como sabe Su Señoría, la posición tradicional más radical apoyada, por lo demás, por muchos Estados miembros, según la cual todas las decisiones de carácter legislativo adoptadas por mayoría cualificada en el ámbito del Consejo deberían ser sometidas a la codecisión del Parlamento Europeo. 
Se trata de una posición que ha tenido una acogida expresiva en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental, mientras que hay Estados miembros partidarios de un análisis atendiendo a las particularidades de cada caso en cuanto a la sujeción al procedimiento de codecisión, incluso en los casos de materia legislativa. 
Respecto de la ratificación de los acuerdos internacionales, ya tuve oportunidad de plantear esa cuestión en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental y, en una primer planteamiento que se hizo, esa reclamación y posición tradicional del Parlamento Europeo no mereció nada que se pueda denominar acogida expresiva por parte de los Estados miembros, razón por la que, pese a no ser ésa una cuestión del orden del día, pues esas cuestiones se mantienen en el orden del día hasta el final de la Conferencia, no nos parece que en esta fase pueda haber un avance significativo al respecto. 
No obstante, no dejaremos de mantener el diálogo con el Parlamento Europeo sobre ese asunto. 
El próximo martes celebraré una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que no dejaré de debatir esa cuestión y explicar un poco más en detalle la forma como el grupo preparatorio de la Conferencia Intergubernamental está abordando ese tipo de cuestiones y, en particular, la lista de reclamaciones y propuestas presentadas por el Parlamento Europeo, que enriquecerá, como esperamos, la resolución que se votará el día 23. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0160/00): 
Asunto: Indemnización de las víctimas de la guerra fascista Numerosas sentencias de tribunales griegos han confirmado las indemnizaciones a que tienen derecho los ciudadanos griegos víctimas del régimen nazi. Sin embargo, siguen aún pendientes las reparaciones de guerra que Alemania debe a Grecia, así como la liquidación del préstamo impuesto por Alemania al Banco de Grecia en 1943 durante la ocupación. 
¿Tiene previsto el Consejo emprender iniciativas para que las víctimas de la guerra fascista obtengan su legítima indemnización y se liquiden los préstamos de ocupación, a la luz del reciente acuerdo firmado por Alemania sobre la indemnización de las personas forzadas a trabajar en la industria alemana, por un importe de 10 000 millones de marcos, teniendo en cuenta que, tras la reunificación de Alemania, ha perdido su validez el argumento formal invocado por Alemania a la hora de satisfacer estas legítimas y plenamente justificadas reivindicaciones? 
Señoría, resulta muy fácil responder a esta pregunta: se trata de una cuestión cuyo ámbito no es competencia del Consejo, sino que corresponde a las relaciones bilaterales entre Grecia y Alemania. 
Por consiguiente, el Consejo no está habillitado para hacer gestión alguna al respecto, en particular las que propugna su Señoría. 
Quisiera explicar a Su Señoría que el Consejo está perfectamente dispuesto a intervenir a ese respecto, en cuanto Su Señoría nos aclare cuál es el fundamento jurídico en que puede basarse para hacerlo, a la luz de los Tratados. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0162/00): 
Asunto: Ayudas al cine europeo El cine europeo es muy importante para la diversidad y la herencia cultural de los países europeos y de Europa. 
A pesar de ello, entre el 80% y el 90% de las películas que se exhiben en Suecia proceden de Estados Unidos. 
En la actualidad, la UE autoriza ayudas estatales a la cinematografía de hasta un 50% por producción. 
Al parecer, actualmente se está debatiendo en la Comisión la posibilidad de reducir los límites de las ayudas estatales, a fin de bajar el techo de las subvenciones a la cultura a un 30%. 
Ello pondría en peligro la producción cinematográfica europea, pues producir cine significa incurrir en costes elevados y asumir riesgos comerciales enormes, sobre todo en los países pequeños. 
¿Conviene el Consejo en que las ayudas estatales son importantes para promocionar la cultura europea? 
¿Considera que es esencial fomentar una producción cinematográfica europea diversificada? 
Señor Presidente, respecto de la cuestión planteada por Su Señoría, que reviste la mayor importancia, no tenemos información de que la Comisión tenga intención de reducir los apoyos estatales en esa esfera. 
Por lo demás, el Consejo tiene conocimiento de que, en el ámbito de su acción, la Comisión está debatiendo ese mismo asunto con los Estados miembros. 
Quisiera aclarar que ese tipo de apoyo es, en el marco de las acciones nacionales, competencia y responsabilidad de los Estados miembros, dentro de determinados límites legales establecidos por el Tratado. 
Por otro lado, está previsto que el actual programa MEDIA-II y el futuro programa MEDIA-PLUS brinden medidas de apoyo financiero complementario destinadas a fortalecer la presencia del cine europeo, por lo que se trata de una línea de acción esencial que la Unión Europea ha venido prosiguiendo con vistas a mantener y proteger su diversidad cultural, línea que, por lo demás, forma parte de las orientaciones que transmitió en su propia posición en el ámbito de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, en particular en lo relativo al sector audiovisual. 
Agradezco la respuesta del representante del Consejo. 
En primer lugar, quiero decir que hay muchas diferencias entre producir, por ejemplo, coches y camiones y producir películas. 
Sabemos que la producción de películas depende de ayudas, ya que es una mezcla de cultura y producción comercial. 
También sabemos que las películas europeas, especialmente las que se producen en idiomas minoritarios, tienen dificultades para producir tanto como sería deseable. 
Por eso las subvenciones nacionales e internacionales son muy importantes, como también lo es que se acepte la costumbre de dar ayudas estatales de un 50 por ciento a las producciones cinematográficas en el futuro. 
Quisiera preguntarle al representante del Consejo si él estima que es importante continuar con esta práctica de ayudar hasta con un 50 por ciento a la producción de películas en idiomas minoritarios. 
Señoría, teniendo en cuenta la situación que ha mencionado sobre los Estados de menor dimensión de la Unión, comprenderá que me muestre particularmente sensible ante ese asunto. 
Se trata de una cuestión que también nos preocupa. 
Es evidente que en el pasado se autorizó a todos los Estados miembros de la Unión, precisamente en virtud de la especificidad de la diversidad cultural en el ámbito de la Unión Europea y por la necesidad de velar que se supere la mera interpretación economicista de la industria del cine respecto de dicha especificidad, a mantener apoyos específicos para las industrias cinematográficas. 
Esperamos que se sigan preservando esos apoyos e incluso que lleguen a ser perfectamente compatibles con las nuevas normas de la Organización Mundial del Comercio, en particular en el ámbito del nuevo ciclo que ha de comenzar- esperamos- tarde o temprano. 
En este momento el apoyo financiero se mantiene en el 50% como límite a la financiación comunitaria en relación con el costo global de cada proyecto, pero ese porcentaje puede ser incluso del 60% en casos expresamente previstos en el programa. 
En este momento no tenemos ninguna indicación de que la Comisión esté examinando la posibilidad de reducirlo y mucho menos en el importe y el porcentaje que Su Señoría ha mencionado. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0166/00): 
Asunto: Información a los ciudadanos ¿Podría el Consejo elaborar una lista positiva de partidos a los que los ciudadanos podrían votar sin correr el riesgo de que su país se vea marginado? 
Es evidente, señor Presidente, que no forma parte de las atribuciones de la Unión la de intervenir en el proceso de organización constitucional de los Estados miembros, como tampoco compete a la Unión establecer una denominada lista positiva de partidos a los que se deba votar. 
Si entráramos en eso, estaríamos, de hecho, cayendo en un terreno peligroso. 
Eso no significa que lo que subyace a la pregunta no tenga algún sentido de carácter político: como sucede en varios países, por ejemplo, el mío, un partido nazi o un partido fascista no tienen derecho a inscribirse en un tribunal constitucional. 
Y, por tanto, se puede aceptar como partido legítimo en la vida democrática. 
Otros países tienen sistemas diferentes y son tan respetables como el mío. 
Lo que tenemos que ver es que, cuando entramos en un espacio comunitario más amplio, ninguna situación que se dé en un país en la esfera de los derechos democráticos es indiferente a los demás países y a sus ciudadanos. 
Todos somos ciudadanos europeos y de una Europa políticamente inspirada en un conjunto de principios básico. 
Si se ven afectados dichos principios, tenemos el derecho y el deber de dar la alarma. 
Ahora bien, esperemos que nunca existan en el ámbito de la Unión Europea listas de partidos deseables o indeseables. 
Sí, pero el problema es el siguiente. 
Porque Austria tiene un Presidente en Klagenfurt que se ha expresado de una forma que tanto a ustedes como a mí me resulta sumamente odiosa, han castigado a un país con sanciones y están castigando a una población con sanciones, incluso a aquellas personas que pudieron haber votado en contra del partido en cuestión sin que hayan precisado en qué consiste el delito. 
Hasta ahora sólo son opiniones las que castigan y no acciones. 
Si fueran acciones, quizá fuera Dinamarca la que tendría que ser castigada por una prohibición contra la inmigración que el FPÖ no ha conseguido llevar a cabo. 
Luego son opiniones las que han castigado y no acciones. 
Me gustaría saber cuando vaya a votar la próxima vez si Portugal y otros países- fuera del Consejo- propondrán sanciones contra mi país si, por ejemplo, el gobierno de turno acoge a ministros del Partido Socialista Popular o de la Lista Única, contrarios ambos a la Unión Económica y Monetaria, o si impedirán el nombramiento de un gobierno con el Sr. Fogh Rasmussen del Partido Liberal, si éste está fundado en el apoyo del Partido Popular Danés, que según muchos periódicos sería el partido equivalente al FPÖ austríaco. 
Sería una información útil para los consumidores. 
No obstante, es muy posible que nos arrepintamos de la acción de los catorce Primeros Ministros. 
Su Señoría no desconoce lo que se ha dicho en las respuestas anteriores: en el caso concreto de Austria, subyacente- como yo sabía- a su pregunta, no estamos trabajando en un marco comunitario, sino en un proceso de relación bilateral. 
La actitud adoptada por algunos Estados miembros respecto del Gobierno austríaco tuvo que ver con una interpretación negativa del carácter del nuevo Gobierno austríaco, lo que no afecta al marco comunitario. 
No estamos trabajando en el ámbito del Consejo, la Unión Europea no ha adoptado ninguna medida discriminatoria para con Austria. 
Libremente, los 14 Estados miembros decidieron manifestar a las autoridades austríacas su desagrado por el modelo de gobierno que crearon y muy en particular por que formara parte de él un partido que defiende o defendió- no se sabe bien cuándo acaba el pasado y el presente en las declaraciones del FPÖ- cierta ideología y cierta forma de interpretar los valores europeos. 
Pero Su Señoría no puede confundir necesariamente la Unión Económica y Monetaria con el régimen nazi, son cosas ligeramente distintas. 
Es evidente que todos los partidos pleno derecho a oponerse a la Unión Económica y Monetaria o al Acuerdo de Schengen o a cualquier otra cosa o incluso a la Unión Europea. 
Como se sabe, hay partidos que están en contra de la Unión Europea, pero no por eso dejan de ser partidos incluidos en la esfera democrática. 
Lo que ocurre- y Su Señoría lo sabe tan bien como yo- es que hay partidos que defienden ideologías que ponen en entredicho el propio sistema y que afectan al conjunto de valores que constituyen la esencia de la Unión Europea, que en el fondo hasta forman parte de la justificación de la propia creación de la Unión Europea. 
Por tanto, Señoría, es natural que haya cierto malestar en algunos gobiernos, que malestar se plasma sólo en relaciones de carácter bilateral. 
No confundimos la dimensión comunitaria con la dimensión bilateral. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0169/00): 
Asunto: Secreto de los procedimientos legislativos en el Consejo En el turno de preguntas de enero, el Presidente en ejercicio dijo en respuesta a mi pregunta que toda la información sobre las sesiones legislativas del Consejo, como el sentido de cada uno los votos expresados, las actas y las reseñas, estaba a disposición del público. 
Yo expresé mis dudas, pero, en respuesta a mi pregunta complementaria, el Presidente en ejercicio se comprometió a enviarme, antes del turno de preguntas de febrero, una carta dándome todos los detalles sobre la forma y lugar en que esos datos están a disposición del publico. 
No he recibido carta alguna del Presidente en ejercicio, lo que confirma mis peores sospechas respecto al obsesivo secretismo del Consejo. 
¿Piensa el Presidente en ejercicio comunicar finalmente dónde y cómo está a disposición del público esa información- el sentido de cada uno los votos expresados, las actas y las reseñas, tal como afirmó en el turno de preguntas de enero? 
Señor Presidente, la actividad del Consejo puede ser seguida por el público mediante relaciones mensuales, elaboradas por la Secretaría General del Consejo y que se publican en el site del Consejo en la red Internet, relativas a los actos legislativos y no legislativos aprobados desde enero de 1999, incluidos los resultados de las votaciones, las declaraciones de voto y las declaraciones para el acta, cuando el Consejo delibera en su calidad de legislador. 
Cuando se trata de actos legislativos definitivos aprobados por el Consejo, en las relaciones se menciona, llegado el caso, el resultado de la votación, así como las declaraciones para el acta hechas por el Consejo, por la Comisión y por los Estados miembros. 
Ahora bien, sólo dan fe, evidentemente, las actas definitivamente aprobadas, cuyos extractos difunde la Secretaría General del Consejo por la red Internet a partir del sitio EUDOR, gestionado por el Servicio de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea en su rúbrica "Transparencia de las actividades legislativas del Consejo". 
Por lo demás, ésa es una de las conquistas del tan vilipendiado Tratado de Amsterdam, que vale la pena- me parece a mí- subrayar sistemáticamente. 
Después de cada sesión del Consejo, se emite un comunicado a la prensa en el que figuran informaciones sobre las decisiones por él adoptadas y se indican las decisiones respecto de las cuales se han facilitado al público las declaraciones para el acta y que se pueden obtener en el servicio de prensa. 
Existe también la posibilidad de obtener informaciones sobre la transparencia legislativa del Consejo mediante correo electrónico. 
La cuestión relativa al derecho de acceso público a los documentos del Consejo corresponde al ámbito del artículo 255 del Tratado de la Unión Europea, que establece un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam para que el Consejo formule los principios generales y los límites para el ejercicio de dicho derecho. 
Conviene tener presente que esa disposición del Tratado de Amsterdam brinda a las diversas instituciones la posibilidad de reglamentar el acceso a sus propios documentos y, dada la particular delicadeza de ciertas materias en que están en juego sectores muy delicados, como la política exterior y de seguridad común y las dimensiones de la justicia y los asuntos de interior, debemos entenderlo. 
Es necesario que ese reglamento refleje un conjunto de preocupaciones que, sin poner en entredicho las normas de la transparencia, no transformen la transparencia en una forma de volver totalmente ineficaz cualquier tipo de trabajo del Consejo. 
Y, por tanto, como he dicho, ese mismo artículo dispone el establecimiento en los reglamentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos. 
Esa cuestión corresponde a las normas generales de transparencia de las instituciones europeas, que, por lo demás, fueron formuladas en las conclusiones del último Consejo Europeo de Helsinki, como- y cito- "un elemento importante para aproximar a la Unión a los ciudadanos y aumentar su eficacia". 
Durante la Presidencia finlandesa se registraron importantes avances en la esfera del acceso a los documentos mediante la utilización de las modernas tecnologías de la información, en particular la red Internet. 
También se aprobó una decisión del Consejo relativa a la mejora de las informaciones sobre las actividades legislativas y al registro público de documentos del Consejo. 
Y, de conformidad con esa decisión- y vuelvo a citar -, "la Secretaría General del Consejo debe facilitar al público el acceso a una lista de puntos del orden del día provisional de las reuniones del Consejo y de sus instancias preparatorias en los casos en que el Consejo actúa en el ejercicio de sus poderes legislativos". 
La Presidencia actual ha venido siguiendo ese criterio. 
En cuanto al registro público de los documentos del Consejo, la decisión dispone que se incluya igualmente una referencia a la signatura y a los asuntos de los documentos clasificados, exceptuados los casos en que la divulgación de informaciones al respecto pueda poner en entredicho la protección del interés público, del individuo y de la vida privada, del secreto comercial e industrial, de los intereses financieros de la Comunidad y/o de la confidencialidad solicitada por una persona física o jurídica que haya facilitado alguna información que figure en el documento o exigida por la legislación del Estado miembro que haya facilitado dichas informaciones. 
La Presidencia portuguesa manifestó desde el comienzo su empeño en lanzar los trabajos para el debate sobre el acceso público a los documentos, así como su intención de atribuir el seguimiento de ese dossier al grupo "Amigos de la Presidencia", después de que la Comisión presentara la propuesta de reglamento relativo al acceso público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
Esa propuesta fue presentada por la Comisión, en el Colegio de Comisarios, el pasado día 26 de enero y procura, como he dicho, dar cumplimiento a los objetivos de fortalecimiento de la transparencia, en particular proponiendo modificaciones importantes en el Código de Conducta de 1999. 
La Presidencia inició inmediatamente el examen de la propuesta, que se presentó en la reunión del COREPER de 2 de febrero y se analizó en dos reuniones posteriores. 
Se trata, por tanto, señor Presidente, de un conjunto de tareas que se han venido formulando en el ámbito del Consejo a partir de propuestas de la Comisión y que me parecen configurar una voluntad real de aumentar la transparencia de esos trabajos. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su larguísima, detallada y seria respuesta. 
Como no hablo portugués, estudiaré la respuesta antes del próximo turno de preguntas y volveré a dirigirme a usted al respecto en abril. 
De momento, quisiera que me diese una respuesta sencilla a una sencilla cuestión de principio. 
¿Conviene usted en que, en relación con la legislación en una situación democrática, como aquella en la que estamos en la Unión Europea, el público, al que afectan las leyes, debe poder ver y oír lo que sus representantes elegidos hacen para aprobar las leyes? 
No creo que sea así en el Consejo, que el público pueda en realidad ver y oír todo lo que sus representantes dicen y hacen cuando aprueban leyes. 
¿Aceptaría usted ese principio? 
Señoría, ésa es una cuestión compleja que, naturalmente, tiene que ver con el tipo de procedimiento legislativo y, en particular, con la similitud entre los procedimientos legislativos que se adoptan en la Unión Europea y en los Estados miembros. 
En los Estados miembros, hay competencias de carácter legislativo que tienen que ver con los parlamentos, en que el debate se hace abiertamente y en público y hay competencias legislativas que recaen, ya sea por delegación del Parlamento, por derecho propio, en el ámbito de los Gobiernos. 
El debate en el ámbito de los Gobiernos de las propuestas legislativas no es de dominio público, pero sí que lo es el resultado de esas propuestas legislativas, que se pueden presentar al Parlamento o no. 
En el plano de la Unión Europea, no me parece que se pueda ir más lejos de lo ya establecido, es decir, la posibilidad de que se conozcan los resultados de los debates en el ámbito del Consejo, en particular que se conozca el sentido de la votación y las declaraciones relativas a ella. 
Considero que eso es suficiente al respecto, pero, como digo, se trata de una posición que adopto a título individual, en la medida en que se trata del carácter filosófico del propio procedimiento en el ámbito del proceso legislativo de la Unión. 
Señor Presidente, durante la Presidencia finlandesa daba tiempo a tratar una veintena de cuestiones en el turno de preguntas. 
La vez pasada, bajo la Presidencia portuguesa, se trataron una docena. 
Parece ser que hoy tampoco dará tiempo a tratar más. 
Pero mi pregunta en sí tiene que ver con la carta que el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, ha dirigido al Parlamento Europeo, en la cual se censura al Defensor del Pueblo, Sr. Jacob Söderman, por haber participado en el debate sobre la divulgación expresando su deseo en favor de la publicación abierta de determinados documentos y por haber expuesto su postura de que hay que aumentar la transparencia en la Unión Europea. 
Yo le pregunto al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo: ¿considera el señor representante del Consejo que la actuación del Presidente de la Comisión es la correcta y que está justificada, y si desea el Consejo también limitar la libertad de expresión del Defensor del Pueblo para pedir más transparencia? 
Dos observaciones, Señoría. 
En primer lugar, si fuese ésa la interpretación de este Parlamento, también nosotros podríamos dar no veinte, sino treinta, respuestas a las preguntas que Sus Señorías formularán. 
Pero voy a responder en quince segundos y sin el detalle que corresponde- me parece- a la voluntad de la Presidencia de profundizar en las cuestiones y llegar lo más lejos posible en una respuesta concreta a las preocupaciones de Sus Señorías. 
Pero también podemos optar por una respuesta burocrática, oficiosa, rápida, sintética y, probablemente, no satisfactoria. 
Entonces podríamos tener éxito, cuantitativamente, en materia de respuestas en este Parlamento. 
Llevo aquí desde las nueve de la mañana y no me parece que se pueda acusar al Consejo de no haber hecho un trabajo serio en el sentido de responder a las preguntas de Sus Señorías. 
Respecto de la cuestión que plantea sobre esa discrepancia entre el Parlamento y la Comisión, es evidente que el Consejo será la última institución en inmiscuirse en esa discrepancia y dejará que las dos instituciones, autónomamente, resuelvan esa posible diferencia. 
Como complemento de la pregunta formulada por el Sr. Newton Dunn sobre las decisiones adoptadas en secreto en el Consejo, ¿podría el Ministro enumerar las asambleas legislativas del mundo a que se ha referido en las que se adopten las decisiones en secreto? 
Señoría, le agradecería que formulara de nuevo la pregunta, porque no he entendido. 
Pido disculpas, pero le agradezco que formule de nuevo la pregunta. 
Ha dicho usted que el Consejo no es el único órgano legislativo que adopta sus decisiones en secreto. 
Me gustaría saber si podría ofrecernos ejemplos de otras organizaciones gubernamentales similares que adopten esas decisiones del mismo modo. 
Señoría, o mucho me engaño o la mayoría de los gobiernos no transmiten sus sesiones en el momento en que ejercen su capacidad legislativa. 
Los gobiernos ejercen normalmente su capacidad legislativa en sesiones restringidas y a puerta cerrada, en cualquier Estado del mundo. 
No me parece que haya gobiernos que hagan una labor de carácter legislativo en sesiones públicas, sólo los parlamentos la hacen y, como hay competencias legislativas tanto de los parlamentos como de los gobiernos hay dos formas diferentes de proceder en materia de competencias legislativas. 
Por tanto, en la mayoría de los países del mundo, según me parece saber, los gobiernos trabajan en sesiones a puerta cerrada y sin acceso del público. 
Tiene la palabra el Sr. Evans. 
Evans, Robert (PSE). 
(EN) Señor Presidente, mi cuestión de orden se refiere a los artículos 148 y 135 del Reglamento relativos a la distribución del Acta y, en particular, a las votaciones nominales. 
Esta mañana, todos los diputados hemos recibido un folleto de 113 páginas de votaciones nominales. 
Estoy seguro de que este anexo interesa a algunos diputados y no faltarán quienes quieran examinarlo. 
Pero por razones económicas y ecológicas quisiera sugerir que el Parlamento vuelva a estudiar, o que se pida a los servicios del Parlamento que estudien, la interpretación del término "se distribuirá". 
Los resultados de las votaciones nominales podrían ser distribuidos a través de Intranet o ser facilitados a aquellos que los necesiten, con lo que se evitaría este derroche y el carácter superfluo de la distribución a todos los diputados de un documento de 113 páginas con listados de votaciones nominales. 
Me pregunto, señor Presidente, si podría pedir a los servicios que analicen esta situación, por favor. 
Gracias, señor Evans, por su observación. Se transmitirá, no a los servicios sino, por supuesto, a la Mesa. 
Porque si, además, usted añadiera la consideración del coste económico de cada una de estas votaciones para el presupuesto del Parlamento entonces tendría un motivo de preocupación suplementario. 
Acuerdo interino UE-México 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0066/2000) de la Sra. Ferrer, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en el Consejo conjunto CE-México respecto de la aplicación de los artículos 3, 4, 5, 6 y 12 del Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio (5965/1/2000- C5-0076/2000- 2000/0024 (CNS) ). 
. Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, el debate que inicio sobre este título tan largo, que usted mismo acaba de anunciar, constituye el último tramo de una obra que el Parlamento, en estrecho contacto con la Comisión, ha llevado a cabo para reforzar las relaciones con México sobre la base de los principios y los valores que sirven de fundamento al sistema democrático. 
En efecto, en mayo de 1999, el Parlamento emitió su dictamen conforme sobre la celebración de un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, suscrito en 1997 entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y México, por otra, que, una vez ratificado por todos los Estados miembros, sustituirá al acuerdo de cooperación suscrito el año 1991 entre la Comunidad y México. 
Acompañaba al acuerdo de 1997 un acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio, de carácter provisional, sobre el que el Parlamento emitió su dictamen conforme en mayo de 1998, y cuyo objeto era permitir que pudieran comenzar cuanto antes las negociaciones para la liberalización de los aspectos comerciales de competencia comunitaria que figuran en el acuerdo global, sin tener que esperar a que los quince Estados miembros hubieran procedido a la ratificación del mismo. 
Una vez finalizadas estas negociaciones y habiéndose pronunciado el Consejo sobre su contenido, corresponde ahora al Parlamento, en respuesta a la consulta formal que le ha hecho el Consejo, emitir su dictamen sobre los resultados de dichas negociaciones. 
En este sentido quiero agradecer a la Comisión que haya hecho posible esta consulta por parte del Consejo en una línea de colaboración con el Parlamento- de la que me felicito y que espero siente precedente -, si bien debo lamentar que no haya hecho suyo el compromiso de la anterior Comisión de informarnos de la marcha de las negociaciones, dada la importancia de las cuestiones planteadas. 
En cuanto a la materia propia de mi informe, lo primero que quisiera resaltar es que nos hallamos ante un acuerdo de aplicación de contenido exclusivamente comercial pero con una dimensión política, que también debemos tener presente a la hora de emitir nuestro dictamen. Ello es así por cuanto el acuerdo de asociación económica, coordinación política y cooperación, en cuyo marco debemos situar el texto objeto de mi informe, es un acuerdo fruto de la voluntad de promover un sistema político auténticamente democrático y respetuoso de los derechos humanos, sociales y medioambientales y un equilibrio social más justo, gracias al mayor desarrollo económico que va a generar la liberalización de los intercambios. 
En efecto, según el artículo 1 de este acuerdo, el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, entendidos éstos en su modalidad más avanzada, constituye un elemento esencial y el fundamento sobre el que se basa el acuerdo. 
A su vez, la inclusión de una cláusula de cumplimiento de obligaciones, que permite suspender la vigencia del acuerdo en caso de incumplimiento de lo que estipula el artículo 1, garantiza también el compromiso de las partes con la democracia y el respeto de los derechos fundamentales. 
Por otro lado, al institucionalizar la cooperación entre la Unión Europea y México en materia sobre todo de derechos humanos, asuntos sociales y lucha contra la pobreza, se crea un instrumento que puede ser de gran utilidad para reducir las desigualdades sociales que persisten en México y mejorar las condiciones de vida de las capas más desfavorecidas de la población. 
En segundo lugar, y en cuanto al contenido de las negociaciones sobre la aplicación de los artículos 3, 4, 5, 6 y 12 del acuerdo interino relativos al comercio de mercancías, contratación pública, competencia, mecanismo de consulta en materia de propiedad intelectual y solución de controversias, hay que destacar que el paquete de medidas acordado constituye un buen acuerdo, si bien con algunas sombras para algunos sectores- pienso en concreto en el sector textil, muy preocupado en particular por el tema de las normas de origen -, cuyos efectos resultarán beneficiosos tanto para la Unión Europea como para México. 
Para la Unión Europea, porque el establecimiento de una zona de libre comercio permitirá recuperar la presencia que los Estados miembros tenían en los mercados mexicanos antes de la entrada en vigor del acuerdo NAFTA, lo cual significa nuevas posibilidades de expansión para las empresas europeas; para México, porque le permitirá diversificar y equilibrar sus relaciones comerciales exteriores, hoy dependientes en un 80% de sus socios NAFTA, y al mismo tiempo incrementar el volumen de sus exportaciones a la Unión Europea, con el consiguiente impacto favorable que este incremento tendrá sobre la economía mexicana. 
Es cierto que durante el período transitorio, y en tanto no se produzca la plena liberalización de todos los productos, el acuerdo al que se ha llegado será más beneficioso para México que para la Unión Europea, pero esta asimetría también se da en cuanto a los niveles de desarrollo y competitividad de la economía europea en relación con la mexicana. 
Con todo, hay que reconocer que, a pesar de esta asimetría, los productores comunitarios estarán en mucha mejor posición que hasta ahora para competir con el mercado mexicano. 
Por todo ello, señoras y señores diputados, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, por amplísima mayoría, recomienda el voto favorable a la decisión del Consejo sobre el resultado de unas negociaciones por cuyos beneficios nos corresponde a nosotros velar para que contribuyan realmente a promover un sistema político más democrático y respetuoso de los derechos humanos y acorde con la justicia social. 
Señor Presidente, voy a referirme a un tema concreto para poner de relieve el peligro de que se convierta en un problema muy grave para la sociedad y la economía europeas. 
Me refiero a la norma de origen sobre los zapatos, que se ha introducido con el acuerdo entre México y la Unión Europea. 
La Comisión y la industria del calzado han acordado que se respete la norma europea de origen, y esto es así para mejorar la competitividad de esta industria concreta en todo el mundo. 
Desgraciadamente, en el acuerdo con México ha sucedido lo contrario. 
Se respeta otra norma de origen: la norma de México. 
Esto, por definición, se vuelve contra la industria del calzado europea a la que, de esta manera, se condena a sufrir pérdidas en sus exportaciones a México. 
Por esta razón, hay una cuota de exportación de 865.000 pares de zapatos desde la Unión Europea a México. 
Es decir, para una población de 90 millones de mexicanos, lo único que hemos conseguido hacer es exportarles un par de zapatos europeos por cada 100 habitantes. 
Mejor es no considerar esto como un logro importante. 
Yo diría que es todo lo contrario. 
Quisiera expresar el pesar de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al calzado en la Unión Europea, diciendo que el problema no se resuelve afirmando que hay una excepción en el acuerdo. 
Porque la excepción concreta a la norma de origen afecta a 15.000 pequeñas y medianas empresas de Europa y a 650.000 trabajadores. 
Espero que no tengamos muchas excepciones de este tipo porque los problemas a los que ya estamos haciendo frente serán mucho mayores. 
Querría que la Comisión garantizase que no va a repetirse esta excepción en el acuerdo con México, y que tampoco se va a considerar como precedente para otras excepciones en otros acuerdos. 
La Comisión debe darse cuenta de que, si se repite este precedente de la excepción con México, estará en peligro de extinción el 50% de la industria del calzado europea. 
Y también quisiera saber si es así como entiende la Comisión el apoyo real a las pequeñas y medianas empresas, a las que llamamos columna vertebral de la Unión Europea. 
¿Así es como vamos a hacer frente al desempleo? 
Espero que no se repitan estos errores y que no tengan que pagar los platos rotos los empresarios de las PYME y los trabajadores de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Ferrer por este excelente informe. 
Se ha esforzado realmente mucho y ha expuesto en su documento también los problemas, ventajas y desventajas de este proyecto con México. 
Se trata de un acuerdo comercial que cae dentro de las competencias de la Unión Europea y tal como usted ha dicho acertadamente solamente tenemos la posibilidad de decir sí o no. 
No podemos renegociar este acuerdo. 
En su conjunto, nuestro Grupo va a dar su voto favorable al mismo y lo saludamos también. 
Por lo demás, quiero decir además al Sr. Folias algo respecto a los problemas que ve en las escuelas: de modo muy general, las relaciones comerciales entre Europa y México siempre han sido positivas en el pasado. 
Ayer nos habríamos podido ahorrar el informe Lannoye sobre el chocolate si los mejicanos no nos hubiesen regalado en el pasado el cacao. 
Por lo demás, la palabra chocolate- "chocolatl" -es una palabra mexicana. 
Esta experiencia del pasado nos va a ser sin duda de ayuda también en el futuro para ampliar las relaciones con México. 
La ventaja para México es evidente. 
México va a poder compensar algo su dependencia unilateral ante los EE.UU gracias a este acuerdo. 
Quiero recordar que el 85% de las exportaciones de México van al norte y sólo el 5% a Europa. 
México tiene ahora la posibilidad de lograr un mayor equilibrio comercial. 
La ventaja para México radica también sin duda en la industria del automóvil que, por lo demás, es en parte también de origen europeo, pues entonces se podrán exportar posiblemente los automóviles también a Europa. 
Para nosotros se deriva asimismo una ventaja, en cualquier caso para la industria europea, ya sea por el mercado mejicano o por el hecho de que a través de este mercado también se puede exportar a los EE.UU. Visto desde una perspectiva comercial, todo esto es así pues ventajoso. 
Pero me voy a referir muy brevemente a dos problemas o al menos los voy a mencionar. 
Uno es los problemas sociales, es decir, México tiene que revisar sin duda su política social pues sólo con política comercial no se solucionan los problemas sociales. 
En este creciente comercio libre hay también perdedores. La pobreza ha crecido en México más bien que decrecido. 
La política social es así pues un importante tema para México y nosotros debemos incluirla también en nuestro diálogo con este país. 
El segundo es la cooperación científico-técnica. 
Creo que aquí existe un margen de actuación entre Europa y México que debemos agotar. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el acuerdo de asociación económica, coordinación política y cooperación firmado con México en diciembre de 1997 vuelve a esta casa para analizar las medidas comerciales negociadas en el escenario del acuerdo interino. 
Hace escasas semanas visité México por varias razones y, entre otras, para conocer la opinión de los mexicanos acerca del nuevo marco de relaciones entre su país y la Unión Europea, anunciado a bombo y platillo en muchos medios de comunicación social. 
Después de analizar lo que vi, leí y escuché durante mi estancia en la República de los Estados Unidos Mexicanos llego a la misma conclusión que la Sra. Ferrer, ponente del informe que debatimos hoy y a quien felicito públicamente: es el mejor acuerdo que ha firmado la Unión Europea propiciando el fomento de intercambios comerciales e inversiones y que resultará beneficioso para ambas partes. 
Algunas cosas han cambiado últimamente en México desde el anuncio y aprobación del acuerdo, en general en sentido positivo. 
Por ello, apoyo las conclusiones de la ponente, aunque me preocupa el impacto de la liberalización arancelaria para el caso de las flores cortadas, ya que ésta puede repercutir negativamente en algunas regiones europeas especializadas en este tipo de agricultura, como es el caso de las ultraperiféricas. 
A este diputado, que procede de una región como Canarias, situada en el noroeste del continente africano, y que tiene el alma política dividida entre Europa y América, le resulta gratificante ser testigo del debate del informe de la Sra. Ferrer, en el que se expresa la opinión de este Parlamento acerca del acuerdo de asociación, no sólo por el trasfondo comercial del mismo, sino por lo que significa desde la perspectiva política, en un escenario tan singular como el que estamos viviendo por culpa de la globalización. 
La Unión Europea y México, con la puesta en marcha de este acuerdo, iniciarán- en mi opinión -, sin lugar a dudas, un camino de esperanza para mejorar los niveles de rentas y de calidad de vida de las comunidades que la conforman en momentos y circunstancias que evocan, salvando las distancias, el encuentro legendario entre Suchil y Quetzalcoatl inmortalizado en la obra de D. Salvador de Madariaga "El corazón de piedra verde". 
No obstante, a la propuesta de apoyar este informe, hacemos algunas puntualizaciones de carácter constructivo y que se refieren a lo siguiente: primero, la necesidad de dotar de mayores recursos humanos los servicios y departamentos comunitarios responsables, para permitir una mayor eficiencia en las acciones comerciales; y en segundo lugar, la disponibilidad de instrumentos financieros para las empresas a la hora de implementar los distintos ámbitos comerciales de la asociación euromexicana prevista, por ejemplo, en los antiguos ECIP, que tan buenos resultados dieron para México. 
De no ser así, podemos correr el riesgo de convertir en papel mojado este acuerdo tan significativo. 
Señor Presidente, por tercera vez nos ocupamos del acuerdo entre la UE y México. Se trata del acuerdo más amplio que la Unión Europea ha concluido jamás con un tercer país y no debemos arrojar por la borda los principios que caracterizan una cooperación de futuro. 
No solamente nosotros sino también las mexicanas y mexicanos han depositado grandes esperanzas en el acuerdo. 
Han visto en él la posibilidad de superar la dependencia unilateral de la NAFTA. 
Han creído ganar con la UE un socio que apoya la democracia, los derechos humanos y un desarrollo social y ecológico. 
Hoy analizamos el acuerdo y comprobamos que el acuerdo con la UE no sólo establece relaciones como la de la NAFTA sino que es aún peor en algunas partes. 
La libertad de inversión, al igual que el justamente fracasado MAI- reproducida bilateralmente -, no fomenta precisamente una economía de control democrático orientada al desarrollo local. 
La ilimitada apertura del sistema público de adquisiciones hace solamente que los grandes oferentes absorban a los pequeños en todo el mundo. 
Normas como el trato igual a los nacionales del país y la prohibición de imponer obligaciones hacen que, por ejemplo, las empresas que colocan preferentemente a mujeres o quieren producir de un modo compatible con el medio ambiente, no tengan ninguna posibilidad de salir adelante. 
La UE se ha reservado aquí excepciones. Para México no las hay. 
Otro aspecto negativo frente a la NAFTA: allí hay un acuerdo sobre derechos de los trabajadores con mecanismos sancionadores. 
El acuerdo de la UE no conoce siquiera el pacto social de las Naciones Unidas. 
Pero a la inversa, para los casos litigiosos comerciales sí se ha previsto un mecanismo dispute settlement más posibilidad de sanción. 
Desde la OMC sabemos que tales casos litigiosos conducen regularmente a socavar las leyes de medio ambiente. 
"Un acuerdo de librecomercio que se realiza sobre las espaldas de los mejicanos". Con este título apela estos días la sociedad civil mejicana al Senado para que primero mejore el acuerdo y no lo apruebe con toda rapidez. 
En algunos puntos contradice incluso a la Constitución mexicana. 
"No somos" globalófobos "escribe la sociedad al final ," pero queremos una globalización en beneficio de la humanidad y un orden mundial justo sin exclusión social ". 
En el Parlamento Europeo no estamos en contra de un acuerdo con México. 
Muy al contrario. 
Pero por los motivos mencionados no podemos dar nuestro voto favorable a este acuerdo sino que tenemos que seguir trabajando para que en el futuro se llegue a unos acuerdos mejores. 
Una última frase: también es necesario que aquí en el Parlamento Europeo haya una voz crítica que siga apoyando a la sociedad mexicana en sus justificadas exigencias y deseos. 
Señor Presidente, agradezco a la ponente, Sra. Ferrer, la recomendación inherente a la aplicación de diferentes artículos del Acuerdo interino UE/México. 
Es un trabajo serio, sin embargo, siento no compartir las elecciones y las recomendaciones, a pesar de que algunas críticas expresadas en el mismo merecen nuestra aprobación. 
Para nosotros, no obstante, se trata de críticas dirimentes que nos hacen expresar una opinión desfavorable. 
Me refiero, por ejemplo, a la falta de transparencia democrática a lo largo del camino andado para llegar al Acuerdo. 
A este respecto, hemos recibido- y al igual que nosotros, pienso, todos los demás diputados- muchas críticas de muchas organizaciones de la sociedad mexicana y europea, recordadas también por el Sr. Kreissl-Dörfler. 
Sentimos ante todo que la ponente se felicite de los progresos realizados por México en materia de derechos humanos y de democracia registrados con posterioridad a la aplicación del acuerdo global. 
Ahora bien, nosotros tenemos otras pruebas que denuncian, por el contrario, el empeoramiento de las violaciones de los derechos humanos: pruebas no solo de la sociedad civil, sino de los representantes y funcionarios de la ONU y de la misma Mary Robinson, de la comisión interamericana de derechos humanos y de muchos otros. 
Las mayores violaciones atañen al uso sistemático de la tortura, detenciones ilegales, desaparecidos, ejecuciones perpetradas por escuadrones paramilitares, detenciones de sindicalistas, prohibición de la huelga, denuncias de esterilizaciones forzadas en el Estado de Guerrero. 
Al mismo tiempo, no se respetan los acuerdos de San Andrés y la solución respetuosa a la cuestión de los derechos de los indígenas. 
La situación es conocida y, por lo tanto, es inútil continuar. 
En línea con los parlamentos de Alemania y Bélgica, consideramos que debemos llevar a la práctica el respeto del artículo 1 del Tratado que constituye su fundamento y dotarnos de instrumentos y de controles reales de la aplicación. 
Existen otras cuestiones que, a nuestro juicio, es preciso corregir en este Acuerdo; basta un solo ejemplo: una política económica de la Unión Europea que no tiene en cuenta las realidades sociales y económicas de México y no considera su desarrollo humano. 
El Acuerdo UE-México podría tener unos efectos negativos si no se tiene en cuenta la necesidad de un desarrollo equilibrado y no de una liberalización salvaje que puede acentuar la pobreza y las desigualdades. 
Señor Presidente, la celebración de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y México, consideradas desde una perspectiva positiva, podrían significar un marco nuevo y duradero de la institucionalización del diálogo político y de la cooperación, a condición de que este pacto comercial beneficie a ambas partes. 
Lamentablemente, la experiencia del acuerdo NAFTA nos demuestra que este objetivo no se alcanzó de forma automática, porque existen pruebas de que el libre comercio ha tenido repercusiones adversas sobre las vidas de muchas personas, ha agravado el daño al medio ambiente y ha marginado a amplias capas de la población mexicana; tanto más cuando las ONG mexicanas defensoras de los derechos humanos también han denunciado un deterioro de la situación de los derechos humanos desde la entrada en vigor en 1998 del acuerdo interino. 
Por tanto, en definitiva, el actual acuerdo no ha permitido a México proteger a los sectores de mano de obra intensivos ni garantizar unas normas mínimas de protección ambiental. 
A la luz de esto, no podemos ser optimistas, porque el procedimiento que se ha seguido en las recientes negociaciones, sin un control efectivo en esta Asamblea ni en el Senado mexicano, demuestra sobradamente que el acuerdo carece de los mecanismos absolutamente necesarios que garanticen que el daño que se está infringiendo actualmente no se repetirá en el futuro. 
. Señor Presidente, señor Comisario, vamos a votar sobre lo que constituye un paso más en un camino nuevo que se empezó a mediados de 1995 y que, entonces, como todo lo nuevo, encontró bastantes críticas y bastantes reticencias. 
Hoy, afortunadamente, esas críticas y esas reticencias se han ido quedando en el camino; pero, desgraciadamente, todavía se oyen algunas, como las que se han expresado en este Parlamento hace un momento. 
Yo creo que tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo es precisamente salir al paso de esos temores aquí expresados, con un acuerdo que tiene una vertiente, en este caso, puramente comercial. 
Salimos, pues, al paso de esos temores de que Europa esté perdiendo peso ante la potencia exportadora de Estados Unidos en México. 
Por otra parte, también estamos fortaleciendo con este acuerdo el proceso de democratización de aquel país. 
Como resultado de ese encuentro de civilizaciones que tuvo lugar hace ya 500 años, México es un país vinculado cultural y políticamente a Europa. 
Sin embargo, el peso fundamental en el terreno político y en el terreno geopolítico ha correspondido esencialmente a Estados Unidos, su poderoso vecino del norte. 
Y, hasta que estos acuerdos empezaron a gestarse, el dominio de los Estados Unidos en el terreno económico, comercial y de las inversiones era prácticamente absoluto. 
Pero también México ha avanzado mucho en el terreno de los derechos humanos. 
Ha entrado como observador permanente en la OCDE y ha hecho una reforma constitucional en 1999, dando autonomía a su comisión nacional de derechos humanos. 
Por esas dos razones, por razones económicas y por razones, también, políticas, recomendamos encarecidamente la aprobación de este acuerdo. 
Señor Presidente, éste es un tema sobre el que en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea no tenemos una posición común. 
Esta última parte del Grupo, representante, como se sabe, de grupos que se consideran defensores de naciones y regiones internas de los Estados europeos, tiene una posición distinta y, lógicamente, existe dentro del Grupo libertad para tomar posiciones diferentes. 
Compartimos, obviamente, la preocupación de fondo por todo lo que tenga relación con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y, sobre todo, en un marco en el que no quepa la exclusión social. 
Sin embargo, muchos creemos que, con realismo, no podemos, sinceramente, oponernos a un acuerdo como el que hoy nos ocupa; sobre todo, porque creemos que objetivamente creará condiciones para un mayor desarrollo y una mayor democracia y porque, además, el propio acuerdo incluye una cláusula suspensiva en caso de que no se respeten los derechos humanos. 
Por otra parte, yo creo que se pueden arbitrar medidas de seguimiento para ver los efectos que tiene a todos los niveles, no solamente en el de los cambios arancelarios, etc. 
Más me preocupa lo que ha dicho aquí el Sr. Sánchez: que firmemos un acuerdo que después no se pueda llevar a la práctica porque no haya, por ejemplo, recursos y servicios suficientes; o que tenga efectos perversos, porque no hemos previsto instrumentos financieros para las empresas. 
Por lo tanto, hagamos todo eso y estemos vigilantes para evitar lo que queremos evitar: que se sigan produciendo vulneraciones de los derechos humanos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Ferrer por su excelente trabajo y también indicar que esta vez, lamentablemente, no podemos votar a favor del mismo, a pesar de que es un buen trabajo. 
Esta decisión no tiene que ver con su esfuerzo sino con la situación en México. 
Hace tres semanas me entrevisté en Madrid con el Presidente Zedillo y le manifesté nuestra preocupación por las noticias que recibíamos sobre violaciones de derechos humanos en México, la situación en la universidad y la situación en los municipios indígenas de Chiapas y otras localidades. 
El Sr. Zedillo prometió facilitarme plena información para demostrarme que nuestra preocupación carecía de fundamento. 
Han pasado los días y, sin embargo, no llega esa información del Sr. Zedillo, mientras sí nos llega información de muchas fuentes indicando que continúa la situación grave de violación de los derechos humanos en muchos sitios, lo que refuerza nuestra preocupación. 
Comprendemos perfectamente las mejoras que suponen los contenidos económicos del Acuerdo, pero también, en ese sentido, pensamos que no hemos podido desplazar- como era nuestra intención- el peso tremendo de la influencia norteamericana que, como una bota, ejerce su presión sobre México y sobre otros países de América Latina. 
Por tanto, así como la vez anterior consultamos con los partidos de izquierda de México sobre cómo votar- y optamos por la abstención -, esta vez no podemos ni siquiera abstenernos, porque creo que conviene dar una señal al Gobierno de México; una señal cariñosa, una señal de solidaridad, para que tenga en cuenta la necesidad de tomar en serio el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de los compromisos de San Andrés y la recuperación de la normalidad democrática, tal como establece nuestra cláusula democrática. 
Señor Presidente, no voy a referirme al contenido de este acuerdo, varios de nuestros colegas y la propia ponente ya han tenido oportunidad de hacerlo, pero quisiera señalar a la atención de Sus Señorías un aspecto políticamente significativo, es decir, la celebración de este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. 
En primer lugar, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político, esa relación con un país con la importancia que éste tiene en aquella región del mundo y, sobre todo, un país que ha venido evolucionando en cuanto a la adhesión a los valores de los derechos humanos es importante para la Unión Europea. 
Hace poco se ha hecho referencia a su adhesión a la OCDE; conviene también recordar su adhesión como miembro observador del Consejo de Europa. 
Por otro lado, no debemos olvidar el mercado de oportunidades que nos ofrecen los cerca de 100 millones de habitantes que existen en México. 
Es evidente que esa simbología política no debe disipar ninguna de nuestras preocupaciones y muchos colegas ya hoy aquí se han referido a ellas (cuestiones medioambientales, cuestiones sociales y sobre todo cuestiones de derechos humanos). 
Pero lo que nosotros creemos es que esas preocupaciones deben aumentar nuestro grado de exigencia en la relación con México. 
Y eso es lo que vamos a hacer dentro de 10 días. 
La delegación del Parlamento Europeo que se ocupa de las relaciones con la América Central y México va a trasladarse a ese país. 
Y no vamos a quedarnos sólo en el diálogo institucional entre interlocutores, entre el Congreso y el Parlamento Europeo. 
Vamos a hablar con organizaciones no gubernamentales. 
Vamos a ir también a Chiapas a hablar con los indígenas y con representantes de la sociedad local. 
Ése es el grado de exigencia que se debe mantener, a nuestro juicio, pero que no debe impedirnos dar nuestro apoyo a la aprobación de este acuerdo. 
Señor Presidente, creo que en conjunto no se puede más que ser favorables a este Acuerdo y ello por las consideraciones expresadas por los Sres. Westendorp y Cabeza y Seguro que comparto totalmente. 
Sin embargo, en este acuerdo existen unos límites que el debate de hoy ha puesto de manifiesto: la ausencia de un nexo entre liberalización económica y garantía del respeto de los derechos humanos, democráticos, sindicales y en materia de trabajo infantil; la existencia de una peligrosa norma derogatoria en orden al origen de los productos tendente, sin duda, a penalizar las producciones europeas, en particular en los sectores textil, de la confección y del calzado. 
Habida cuenta de que se trata de sectores productivos europeos muy intensivos en mano de obra, sería realmente paradójico que esta penalización se produjera precisamente en beneficio de prácticas contrarias a los derechos humanos, de prácticas de trabajo inadmisibles- piénsese, por ejemplo, en el trabajo infantil- o sin garantías sindicales; sería realmente paradójico que acabáramos favoreciendo, en perjuicio de nuestras empresas de calzado y de confección, empresas y situaciones que violan esos derechos humanos que siempre declaramos que queremos proteger. 
En consecuencia, considero necesarias muchas cautelas y atención por parte del Consejo y de la Comisión en la fase de aplicación y mucha vigilancia a lo largo de toda la vigencia de este Acuerdo. 
Mi juicio es favorable y se refiere al Acuerdo en su conjunto, un acuerdo que ciertamente constituye un avance. 
Ello no obstante, dirijo una invitación a la vigilancia, a la atención y a la cautela durante la futura vigencia de este Acuerdo. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Ferrer por el informe y al Parlamento por la aportación tan constructiva respecto a los resultados de las negociaciones comerciales con México. 
Estos resultados de las negociaciones comerciales tienen su base en el Acuerdo EU-México que obtuvo luz verde en este Parlamento el 6 de mayo del pasado año. 
Este acuerdo tiene como base los derechos humanos y los principios democráticos. 
Abarca todas nuestras relaciones con México, en particular, la cooperación y el diálogo político. 
Los resultados de las negociaciones son equilibrados, ambiciosos y abren una ventana a las oportunidades para ambas partes. 
Se han incluido todos los ámbitos importantes, en particular, el comercio de bienes, los servicios, las compras, los derechos de propiedad intelectual, la competencia, el movimiento de capitales, las inversiones y la resolución de conflictos. 
Los operadores comunitarios podrán competir en breve en el mercado mexicano en igualdad de condiciones con empresas del resto del mundo, en particular, de lo Estados Unidos. 
Como ocurre en todas las negociaciones, fue necesario llegar a compromisos en determinados ámbitos, pero los resultados son un paquete equilibrado que garantiza el acceso al mercado, al tiempo que protege determinados aspectos delicados. 
Por último, aunque no por ello menos importante, quisiera expresar la alta estima que le merece a la Comisión que el Parlamento proporcione su dictamen en el breve plazo de un mes. 
Es muy importante porque allanará el camino para la organización de una reunión del Consejo conjunto CE-México al margen del Consejo de Lisboa de la semana próxima. 
Ello hará posible la rápida entrada en vigor de los resultados, que, como reconocerán, son beneficiosos para nosotros y también para México. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Una sociedad de la información para todos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0067/2000) de la Sra. Read, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión sobre una iniciativa de la Comisión para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000- Europa- Una sociedad de la información para todos (COM (1999) 687- C5-0063/2000- 2000/2034 (COS) ). 
. (EN) Señor Presidente, para comenzar, permítame expresar mi agradecimiento a la Comisión por su documento tan oportuno, bien ponderado y previsor. 
Naturalmente ha sido orquestado para que coincida con la Cumbre de Lisboa de la semana próxima, y el Parlamento ha tenido que trabajar a toda marcha, por lo que doy las gracias a los muchos colegas que han colaborado y, naturalmente, a la Secretaría. 
Ahora tengo 4.000 libros de mi propiedad y aunque no se trata de ninguna revolución del conocimiento en sí, es una especie de indicio, a un nivel personal extrapolado a un nivel político, de la velocidad a la que ha cambiado el acceso, la difusión, la aplicación y la mejora del conocimiento. 
Deberíamos, sin embargo, situar este avance en algún tipo de contexto y no olvidar que la mayor parte de la población mundial nunca ha hecho ni una llamada telefónica y probablemente nunca la hará. 
Las propuestas de la Comisión y la respuesta del Parlamento reconocen de manera inequívoca que el mercado puede y debe ser el motor de buena parte de este cambio, aunque no en todos los casos. 
El reto consiste en resolver cuándo debería la Unión Europea dejar que el mercado tome la iniciativa y cuándo debería intervenir y regular; cuándo deberíamos intervenir, en beneficio de quién y durante cuánto tiempo. 
Deberíamos recordar- como ponen de relieve la propuesta de la Comisión y la respuesta del Parlamento- que los teléfonos móviles de tercera generación, de los que en buena medida depende nuestro futuro, son un ámbito en el que la Unión Europea tiene un claro e importante liderazgo y que este liderazgo se debe en parte, aunque no en su totalidad, a la intervención. 
La adopción de normas GMS ha proporcionado a la Unión Europea una enorme ventaja. 
Nuestro informe hace referencia a asuntos relativos a la protección social y a las repercusiones sociales de esta transformación, y me siento en deuda con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y, en particular, con el Sr. Cercas, ponente de opinión de dicha comisión- la única que ha sido capaz de completar una opinión en el breve plazo disponible- por los grandes esfuerzos que ha realizado. 
Permítame que explique el procedimiento muy brevemente, la Comisión de Asuntos Sociales celebró la votación el lunes por la noche, al mismo tiempo que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y con la conformidad del ponente de opinión, he incorporado algunas de sus propuestas y las he presentado en nombre de mi Grupo político. 
Espero que exista apoyo para las mismas, porque recogen una cantidad considerable de pormenores importantes. 
Otras enmiendas tratan sobre asuntos relativos a los derechos de los discapacitados. 
He realizado una amplia consulta acerca de la necesidad de garantizar, con la debida antelación, la incorporación en el presente informe de determinados principios fundamentales sobre los derechos de los usuarios discapacitados y de las personas discapacitadas en el lugar de trabajo, y espero que también en la futura legislación de conformidad con la revisión de 1999 de la legislación sobre telecomunicaciones. 
Tenemos enmiendas sobre la protección de los consumidores- aspecto de gran importancia si queremos infundir confianza en el comercio electrónico -, sobre el futuro del régimen fiscal, sobre las repercusiones para la asistencia sanitaria y el transporte. 
Las consecuencias para el empleo, que ya se perciben, tendrán una importancia especial y me he esforzado mucho en establecer un equilibrio: no ser demasiado alarmistas porque, naturalmente, algunos de estos cambios se traducirán en desempleo, y por otro lado, estudiar las oportunidades de nuevos tipos de trabajo que los cambios traerán consigo. 
Mientras investigaba para poder presentar hoy estos comentarios a la Asamblea, busqué ejemplos, porque pienso que los ejemplos ilustran muy bien a los ciudadanos de la Unión Europea el modo en que estos cambios aportarán beneficios a sus vidas. 
También es importante que en el Parlamento y en otras instituciones comunitarias apliquemos igualmente métodos modernos, métodos que se caractericen por la transparencia y la apertura en nuestras deliberaciones. 
Quisiera aprovechar mis últimos segundos para atraer la atención de la Asamblea sobre tres proyectos de mi región. 
Uno de ellos es en Rutland, el condado más pequeño de Inglaterra en el que se ha creado la red virtual "Rutnet", que acerca a la población de comunidades rurales aisladas con fines de ocio, transporte, empleo y actividades sociales en general. 
Más al Norte, el municipio rural de Nottingham ha creado un proyecto similar en una región minera muy deprimida, proyecto que está aportando enormes beneficios a muchas personas de la zona. 
En un ámbito más amplio, la red Europea y de East Midlands, la "M-net", está ayudando a los pequeños negocios y empresas de artesanía a conectarse con universidades y colegios, y también es importante. 
Para terminar, señor Presidente, unos comentarios sobre lo que nos depara el futuro. 
Resulta interesante intentar dilucidar el futuro y me gustaría citar una estrofa de la famosa canción de Louis Armstrong What a wonderful world: "Babies are born, we watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know" (Los niños nacen, los vemos crecer y aprenderán muchas más cosas de las que yo jamás sabré). 
Creo que en el caso de todos nosotros, el futuro de nuestros hijos y nietos es un futuro de grandes oportunidades, aunque también de grandes incertidumbres. 
El intento de la Comisión de tomar la iniciativa y desempeñar un papel fundamental en este proceso es digno de alabanza, y recomiendo a la Asamblea las propuestas de la Comisión, así como mi informe. 
Señor Presidente, señor Comisario Liikanen, colegas, quiero, antes de entrar en lo que va a ser mi intervención en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, expresarle, de una manera muy sincera y muy calurosa, nuestro agradecimiento a la ponente, Sra. Read. 
Hemos trabajado contra reloj y hemos tenido enfrente a una excelente colega, solidaria y que ha estado muy abierta para acoger todas las perspectivas que nuestra comisión ha querido introducir en este importante debate. 
Muchas gracias, señora Read, por su informe y por su talante. 
La Comisión ha presentado, de cara a la cita del Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de los próximos días 23 y 24 de marzo, una iniciativa muy importante, la iniciativa e-Europa, que ha sido saludada por mi Comisión de Empleo y Asuntos Sociales con apoyo y con esperanza. 
Nosotros, desde luego, aplaudimos los intentos de la Comisión de que la sociedad de la información beneficie a todos los sectores y a todas las regiones de Europa, pero tenemos ahora la oportunidad también, en presencia del Sr. Comisario, de considerar el punto de vista de los ciudadanos y de recordar a la Comisión y a la opinión pública que no podemos conformarnos simplemente con enunciar retóricamente los objetivos o expresar deseos, sino que queremos que se concrete al máximo esa literatura en objetivos concretos y en compromisos financieros precisos, porque sólo de esta manera estaremos en presencia de una estrategia real que englobe todos los aspectos de la sociedad de la información, y sólo si hay compromisos concretos será útil a los colectivos y ciudadanos más débiles o que corren un mayor riesgo de quedar excluidos de la nueva sociedad. 
La Comisión es, sin duda, muy generosa, pero, cuando se ve la cuestión desde la perspectiva de los trabajadores y de la gente más desfavorecida, sigue sin dar respuesta a preguntas que ya hizo este Parlamento en muchos documentos, por ejemplo en el Libro Verde "Vivir y trabajar en la sociedad de la información: prioridad para las personas", porque seguimos sin saber muy bien quién va a financiar este gigantesco esfuerzo de alfabetización digital que hay que hacer en Europa para superar el gap que tenemos con Estados Unidos. 
No sabemos muy bien cómo se dividen las responsabilidades entre gobiernos y Comisión, qué papel tienen los sindicatos en la sociedad civil. 
De modo que queremos que se tomen en consideración análisis complementarios y que haya compromisos más concretos, que haya un punto específico donde se refuerce el empleo y la cohesión social en la sociedad de la información- porque no existe nada sobre ello en la comunicación de la Comisión- y que haya una estrategia con directrices, con recomendaciones, con indicadores. 
Queremos que se hable de los mayores, no solamente de los jóvenes, que se hable de los colectivos desfavorecidos, queremos que ustedes recuerden también la igualdad de oportunidades. 
La nueva sociedad no puede ser motivo de una nueva desigualdad entre hombres y mujeres. 
Tenemos, señor Comisario, grandes oportunidades, pero tienen que llegar a la población entera. 
Y queremos que se defienda el modelo social europeo. 
Por lo tanto, les pedimos un paso adelante, que asuman compromisos más concretos y que haya esfuerzos políticos y financieros mucho más precisos. 
Señor Presidente, señor Comisario Liikanen, estimadas y estimados colegas, hay que saludar básicamente la iniciativa e-Europa de la Comisión Europea. 
Nadie pone en duda que las nuevas tecnologías van a producir profundas modificaciones no sólo en la actividad comercial sino también en todos los aspectos de la vida social. 
También es cierto que no se puede detener el cambio de la sociedad industrial a la sociedad de la información por lo que políticamente sólo puede ser correcto preparar a Europa del mejor modo posible para esta sociedad de la información. 
Saludo por ello expresamente la declaración en la iniciativa e-Europa en el sentido de que ésta tiene primordialmente como objetivo acelerar en la Unión Europea el positivo cambio hacia la sociedad de la información dirigiéndolo hacia una integración social y regional. 
En su comunicación sobre la iniciativa e-Europa la Comisión Europea expone diez medidas que pretenden allanar el camino hacia la sociedad de la información en Europa. 
Con todo lo positivas que son las diversas medidas, es necesario estructurarlas en su totalidad y determinar unas claras prioridades para la política. 
Esto presupone que se diferencie claramente qué tareas son las que puede y tiene que realizar la misma Unión Europea y qué tareas caen dentro del ámbito de competencias de los diversos Estados miembros. 
En este contexto hay que tener en cuenta que algunos Estados miembros y regiones promueven ya desde hace años las nuevas tecnologías y su aceptación entre los ciudadanos. 
Por ello, en la cumbre de Lisboa se deben plantear recomendaciones a los diversos Estados pero no imponer obligaciones de largo alcance, en especial no unas cargas financieras demasiado elevadas. 
¿Qué es los que debe hacer la Unión Europea en el marco de la iniciativa e-Europa? 
Desde mi punto de vista, a la Unión Europea le corresponden las siguientes prioridades que deben plantearse como aspectos centrales que se exponen también en el informe de la Sra. Read, a quien quiero felicitar aquí encarecidamente por ello. 
Primera: tenemos que crear una infraestructura abierta y moderna de multimedia de alto rendimiento. 
Tarea de la política debe ser ocuparse de una infraestructura de alto rendimiento y moderna en Europa que permita que se puedan ofrecer y demandar unos servicios de comunicación cualitativamente de alta calidad, desde el teléfono, pasando por el PC y el aparato de televisión. 
Aquí se incluye que el acceso a Internet para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de Europa sea más económico. 
Para ello hay que fomentar aún más en especial la competencia en el sector de las redes locales, por ejemplo, mediante el desagrupamiento de la conexión de los abonados. 
También hay que hacer accesible a los oferentes de servicios todas las plataformas a unos precios competitivos, es decir, por ejemplo también que se pongan a disposición los cables de televisión. 
También se incluye que se reconsidere la política de frecuencias en Europa y que nos acerquemos a un enfoque estratégico que descanse en unos principios económicos tal como usted, señor Comisario, ha propuesto. 
No debemos sin embargo dejar de lado las aplicaciones comerciales que se aportan en su mayor parte en interés público, como por ejemplo la radio pública. 
Se debe tener en cuenta a ésta en las asignaciones de frecuencias de tal modo que se haga justicia a su papel como institución que preserva la formación de opinión y su diversidad. 
Segunda: tenemos que crear rápidamente unas condiciones marco jurídicas para el tráfico comercial electrónico. 
Por ejemplo, hay que aprobar rápidamente proyectos legislativos pendientes como la directiva e-commerce o la directiva para la modificación de la protección de los derechos de autor. 
Sin embargo, hay que ser precavidos en el ámbito legislativo ya que no debe producirse un exceso de reglamentación, es decir, en los posteriores proyectos legislativos se debería preguntar primero siempre si son necesarios en absoluto. 
Tercera: tenemos que colocar la iniciativa europea sobre un banco de pruebas e-Europa. 
Ya he indicado que las modificaciones en la tecnología de la información y los nuevos medios influyen sobre todos los ámbitos de la vida. 
En consecuencia, es también necesario que todas las iniciativas se coloquen a nivel europeo en el banco de pruebas e-Europa, es decir, concretamente... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora.) Señor Presidente, perdóneme, por favor. 
Le ruego me permita terminar aún mi frase. 
He hablado demasiado tiempo sin darme cuenta pero permítame que con una frase final subraye de nuevo que saludo en gran medida la iniciativa e-Europa, pero que las sugerencias que he realizado deben ser tenidas en cuenta en mi intervención. 
Señor Presidente, hoy se imponen las felicitaciones, naturalmente a la Sra. Read por su excelente informe y también al Comisario Liikanen. 
Éste es un debate positivo, muy positivo para Europa, que ha despertado un amplio interés como demuestra el gran número de enmiendas presentadas. 
Permítame escoger los puntos que consideramos más importantes: infraestructura, seguridad jurídica- las personas necesitan saber a qué atenerse- y la ofensiva en el ámbito de las cualificaciones, que, por favor, deberían apuntar no sólo a nuestros hijos en edad escolar y a los estudiantes, sino también a los grupos desfavorecidos, como las mujeres y las personas de edad avanzada, que representan una enorme fuente de cualificaciones si se decidiera explotarla. 
Es vergonzoso que grandes países no hayan previsto la necesidad de formación en el pasado, y países como Alemania y el Reino Unido no deberían verse obligados a traer a trabajadores de otras partes del mundo. 
Sé que tendremos una excelente campaña publicitaria y de información y que captaremos la imaginación de los ciudadanos de Europa. 
No debemos olvidarnos de las personas con discapacidades. 
También es cierto que no se dispone de documentación para las personas con visión limitada y esto es un descuido que podría subsanarse en el futuro. 
Debemos prevenir las divisiones, las divisiones entre las regiones de Europa, entre los hogares de Europa y entre los individuos de Europa. 
Las comunicaciones entre empresas avanzan satisfactoriamente, pero debemos mejorar las comunicaciones entre empresas y consumidores en la Unión Europea, donde estamos a la zaga con respecto a los Estados Unidos. 
Para conseguirlo debemos garantizar que las personas- los clientes- estén convencidos de que se respeta su intimidad y su seguridad, y las medidas propuestas contribuirán a establecer esa confianza. 
Las comunicaciones entre empresas y consumidores son de especial importancia para las personas de edad avanzada, que están confinadas en sus hogares y para aquéllas con responsabilidades familiares a quienes les resulta difícil compaginar el trabajo con la carrera profesional, mujeres en su inmensa mayoría. 
Existen aspectos éticos que deberemos considerar, pero soy muy optimista y creo que la Sra. Read continuará su trabajo junto con la Comisión y que en esta Asamblea encontraremos a muchos misioneros de la comunicación de e-Europa. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, señora ponente, la quiero felicitar por el sincero debate y naturalmente también por el informe. 
En primer lugar, me voy a referir al enfoque político de la iniciativa e-Europa y también al del informe Read. 
Se quiere eliminar el paro con Internet, el correo electrónico y la telefonía móvil. 
Pero la realidad es diferente. 
Al "boom" de la tecnología de la información se enfrentan fusiones y despidos. 
Históricamente también se demuestra que este enfoque ha fracasado. 
Industrialización, energía nuclear y biotecnología no han llevado el bienestar y la libertad a todos. 
En la iniciativa y en el informe se impone la idea de que hay que allanar el camino a los más jóvenes y mejores. 
Lamentablemente, esta idea ignora totalmente que este grupo representa a las ganadoras y ganadores y que la gran masa se queda con las manos vacías. 
Para nosotros lo importante debe ser que todas las personas se beneficien de las innovaciones técnicas con independencia de la edad o nivel de riqueza que tengan o de en qué región vivan. 
Tenemos que examinar nuestro principio de igualdad de oportunidades para ver cuánto de verdad hay en él. 
Un universal service apunta en la dirección correcta pero la idea no debe ser aplicada por aquellos providern que censuran Internet al impedir técnicamente a sus clientes el acceso a partes de la red. 
La propuesta de la Comisión quiere crear igualdad mediante la llamada liberalización del mercado. 
Ya esto es de por si un sinsentido suficiente pues la liberalización parte siempre del principio de que el fuerte sea aún más fuerte y que el Estado proteja a los débiles lo menos posible. 
Pero en el tema de las tecnologías de la información partimos de unas coordinadas muy diferentes. 
Hay, por ejemplo, muchas iniciativas para promover Internet y los ordenadores en las escuelas. 
Pero si no se tiene en cuenta que en cada clase hay un alumno qué está más enterado que la profesora o el profesor, entonces la iniciativa solamente podrá fracasar. 
El hecho de que para la política de liberalización en muchos lugares del informe Read con frecuencia se tiene que plantear una argumentación intensamente antiamericana, muestra de nuevo cómo los intereses de la industria privada han dictado el texto. 
Con ello llego al siguiente punto controvertido: los derechos de las ciudadanas y ciudadanos. 
Lo que necesitamos es un concepto para una universal data protection. 
En lugar de ello, la Comisión y parte del PE preconizan una smart card. 
En una tarjeta estarían todos sus datos almacenados. 
Su caja de enfermedad sabría si uno es homosexual, su patrono estaría continuamente perfectamente informado sobre las enfermedades padecidas y las posiblemente futuras así como sobre sus antepasados. 
Esto significa un paso hacia el hombre transparente y a la penetración del Estado en la esfera privada. 
Se planea premeditadamente una limitación adicional masiva de los derechos fundamentales y se aplica a nivel europeo. 
Esto se vende, por un lado, como una política innovadora y, por otro, se debate aquí en el Parlamento con otras instituciones sobre una Carta de los derechos fundamentales. 
¿Cómo encaja todo esto? 
Precisamente a la luz de "Echelon" exijo que se produzca un cambio de rumbo en este asunto. 
Lo que se impone es la protección y encriptamiento de los datos. 
Por cierto: las ciudadanas y ciudadanos son los que tienen que controlar al Estado y no al revés. 
Señor Presidente, en el documento original en inglés, la Comisión usa la expresión information society (sociedad de la información) , y no la expresión knowledge society (sociedad del conocimiento). 
Se trata de dos cosas diferentes. 
La información es sólo la materia prima del conocimiento; la información es un caos, mientras que el conocimiento es orden, organización del caos. 
La sociedad de la información es la sociedad del caos. 
La sociedad del conocimiento es algo más, y también puede llegar a ser la sociedad del orden social, del pluralismo cultural y de la solidaridad mutua entre las personas. 
Hasta ahora, la sociedad de la información se ha mostrado a los ciudadanos como un conjunto de cursos bursátiles caóticos. 
Las acciones en bolsa del sector tecnológico han aumentado su valor hasta un punto que no tiene fundamento económico. 
Muy rara vez se ha usado este dinero en nuevas inversiones de las empresas, sino que ha ido a parar a manos de los propietarios, los cuales se han convertido en millonarios y en multimillonarios. 
De esta manera, la sociedad de la información aparece ante los ciudadanos en forma de ilusión económica, de diferenciación social y de desigualdad. 
Lo que ha significado la sociedad de la información es que los millonarios han llevado a cabo una revolución social y han destruido, de forma innovadora, las estructuras de la sociedad tradicional. 
Su revolución ha consistido en vender equipos y programas a todo el mundo. 
Los demás debemos hacer una contrarrevolución. 
Debemos fijarnos un objetivo más ambicioso que el de la Comisión. 
Tenemos que exigir una sociedad del conocimiento para todos, y no una sociedad caótica de la información. 
No debe ser cuestión solamente de si todo el mundo tiene un teléfono móvil, de cómo funciona el correo electrónico o de qué se compra en el ámbito del comercio electrónico. 
Bien aprovechada, la sociedad del conocimiento puede constituirse como la dimensión social del neocapitalismo. 
Una sociedad de la información para todos es un objetivo demasiado modesto, demasiado comercial y demasiado limitado desde el punto de vista cultural. 
Debemos desear una sociedad del conocimiento para todos; eso es democracia. 
Señor Presidente, en Francia se dice que "lo mejor es enemigo de lo bueno" y mucho me temo que el informe de la Sra. Read sea una ilustración patente de ese dicho. 
En efecto, nadie negará ni la importancia de los medios de comunicación y, en particular, de Internet para el desarrollo futuro de nuestras sociedades ni el retraso que conceden actualmente a ese respecto los Estados miembros de la Unión Europea respecto de los Estados Unidos, ni la necesidad de codificar el desarrollo potencialmente anárquico de dichos medios para limitar las derivaciones que pueden originar y garantizarles el mayor éxito posible entre las poblaciones. 
Sin embargo, temo que el catálogo de buenas intenciones que se nos presenta hoy perjudique, en realidad, al objetivo buscado. 
Más que avanzar paso a paso fijando a los Estados miembros un objetivo concreto y cuantificable a corto o medio plazo, el Parlamento envía una señal heteróclita y confusa, lo que en gran parte se debe- cierto es- a las extravagancias de la labor en comisión. 
Nos habría gustado encontrar más precisiones sobre la especificidad del planteamiento europeo a ese respecto y, en particular, sobre la forma como la Comisión se propone contribuir a ayudar a los Estados miembros a frenar la uniformización galopante, calcada del modelo americano, que no dejará de facilitar un desarrollo de esos instrumentos basados en consideraciones exclusivamente técnicas y comerciales. 
Las preocupaciones pedagógicas y sociales del informe son- cierto es- loables, pero, a fin de cuentas, pesarán bastante poco frente a las repercusiones que la extensión, en estas condiciones, de ese instrumento hará sentir a los pueblos europeos. 
¿Qué compatibilidad entre el texto de la Comisión y la existencia de especificidades fiscales en materia de comercio y empleo en los diferentes Estados miembros? 
¿Qué posibilidades de hacer respetar nuestras concepciones de la libertad individual y de la libertad de expresión, que aún no están armonizadas en el nivel mundial? 
¿Qué garantías para que la seguridad de nuestros Estados esté garantizada en el marco del desarrollo de una tecnología cuyos principios operativos pertenecen a una gran potencia que, al tiempo que da lecciones de liberalismo al mundo entero, nunca olvida, por su parte, hacer respetar escrupulosamente por sus empresas su concepción del interés nacional? 
Tenemos motivos para sorprendernos, señora ponente, cuando leemos, en el párrafo 55 de su informe que este Parlamento se sitúa resueltamente junto a la... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, señor Comisario, es algo muy positivo que, en el Consejo Lisboa, se tenga la intención de debatir con profundidad el desarrollo de la sociedad de la información. 
La nueva economía, the new economy, ha llegado para quedarse, también en Europa. 
Sin embargo, la respuesta europea a los nuevos desafíos y la explotación de las nuevas posibilidades se han hecho esperar. 
Por ello, la iniciativa e-Europa adquiere una importancia mayor desde el punto de vista de la competitividad y, en consecuencia, también para los ciudadanos. 
Las propuestas presentadas en el marco de esta iniciativa son muy ambiciosas, pero no necesariamente suficientes. 
Estos objetivos son demasiado modestos, sobre todo, en lo que concierne a mi país, Finlandia, donde estamos por delante de nuestros socios europeos en muchos aspectos a nivel de integración en la Red. 
En esta iniciativa deberían incluirse también los retos futuros para los países desarrollados en el ámbito de la sociedad de la información. 
Señor Comisario, valoro el meritorio trabajo que usted ha realizado en materia de la sociedad de la información. 
Tampoco nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, podemos cruzarnos de brazos mientras Europa va rezagándose en el mundo de Internet con respecto a sus competidores globales. 
El claro liderazgo mundial de Europa en el sector de las telecomunicaciones sin cable no basta para extinguir la preocupación ante el futuro de la sociedad de la información europea, ni tampoco asegura que permanezcamos a la altura de la competencia. 
La facilitación real de la competencia en las redes de telecomunicaciones ocupa un puesto clave en la creación de la sociedad de la información europea. 
La competencia baja los costes, y son estos costes los que debemos reducir para que los consumidores y la pequeña y mediana empresa puedan beneficiarse íntegramente de la revolución electrónica. 
A la par de esta reducción de costes, la resolución de las cuestiones de seguridad de una forma satisfactoria para el consumidor y la subsanación de las carencias en el marco legislativo también son condiciones indispensables para el incremento del comercio electrónico. 
Considero que es especialmente importante adoptar medidas que aumenten la financiación de riesgos de las PME del sector de las tecnologías punta. 
La financiación de riesgos actual en Europa, que asciende a veinte mil millones de euros anuales, es sólo una cuarta parte de la financiación que a este fin se destina anualmente en EEUU. 
Esta suma es demasiado reducida. 
No obstante y por fortuna, la Comisión ha tomado la iniciativa también en este asunto y ya le concede importancia a la aceleración del desarrollo en este ámbito. 
El desarrollo acelerado de la sociedad de la información transforma decisivamente nuestro entorno, nuestro trabajo y nuestras condiciones de vida. 
En nuestra calidad de legisladores europeos, tenemos por delante un enorme reto, si es que intentamos poner al día nuestra legislación. 
El legislador no siempre debe intervenir en todos los procesos del desarrollo, sino que en muchos aspectos la industria y los demás agentes pueden solucionar conjuntamente los problemas con gran rapidez. 
Como ejemplo, podemos mencionar las experiencias positivas que se han tenido mediante la estandarización común de los sistemas de telefonía móvil de segunda generación, que ya se ha traducido directamente en un refuerzo de la competitividad de cara a los productos de tercera generación. 
El control del nuevo marco de actividades también presupone el progresivo aumento de las capacidades técnicas y pedagógicas de los sistemas de educación. 
Como consecuencia de esto, los sistemas educativos europeos también deben prestar cada vez más atención a la formación del personal docente. 
Por último, quiero decir que respaldo la adopción de indicadores para la sociedad de la información, del llamado benchmarking. 
En cuanto a las propuestas concretas presentadas en el ámbito de la iniciativa e-Europa, no deja de asombrarme el hecho de que estas propuestas no hayan sido tratadas previamente en el Consejo, cosa que hubiese permitido contar con el compromiso de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señores Comisarios, señorías, si bien es muy acertado poner el mayor empeño en crear las posibilidades para conseguir una sociedad de la información para todos, al mismo tiempo tenemos que hacer todo lo posible por conseguir que no se vuelva crear una sociedad dual compuesta, por una parte, por los que tienen acceso a la información y, por otra, por los que no lo tienen. 
Asimismo doy mucha importancia al empeño con que debe velarse por defender a las pequeñas y medianas empresas, muy en especial a las pequeñas empresas. 
En relación con esto es especialmente importante velar por que se incluyan garantías para el control de la publicidad. 
La ausencia de una política armonizada con respecto a las comunicaciones comerciales podría generar verdaderos obstáculos a los que las pequeñas empresas, sobre todo, no podrían hacer frente. 
Por consiguiente se impone una armonización consistente con respecto a las comunicaciones comerciales. 
En última instancia quiero subrayar aquí la importancia de que, en todo caso, las partes implicadas- por un lado, los consumidores, por otro lado, los empresarios- puedan suscribir en todo momento acuerdos previos sobre el régimen jurisdiccional aplicable. 
Si la norma es que el consumidor siempre pueda ser citado ante su propio juzgado, esto será imposible de asumir para una pequeña empresa, ya que debe poder ser asistida jurídicamente en los otros 14 Estados miembros, lo cual, por supuesto, es un asunto que no cabe regular para las pequeñas empresas. 
Señor Presidente, Señorías, con la iniciativa e-Europa, la Comisión nos recuerda que Europa lleva retraso en el desarrollo de la sociedad de la información. 
Quien dice retraso, dice retraso respecto de los Estados Unidos; cierto es que, ¿quién podría negarlo? 
Pero, aparte de esa observación, habría que evaluar la calidad de ese retraso: económico, político, social, ¿cómo calibrarlo? 
La Comisión quiere lanzar una iniciativa política, conque tomémosle la palabra. 
Sí, existe un retraso europeo en el acceso a la sociedad de la información como instrumento, instrumento de conocimiento, instrumento de creación, instrumento de intercambio. 
Sí, existe un retraso en el desarrollo del comercio hecho posible por Internet. 
Pero, ¿son los mismos esos dos retrasos? 
Algunos nos responderán: "¡ qué más da !", que hay que desarrollar por doquier ese magnífico instrumento que es la información digital y que ese objetivo se basta a sí mismo. 
Ésa podría ser la impresión que da la iniciativa de la Comisión. 
En efecto, ¿podemos contentarnos con un catálogo de objetivos, en el que se sitúa el desarrollo de las pequeñas empresas en el mismo plan que el desarrollo de los servicios públicos, en que el comercio electrónico rivaliza con la formación universitaria? 
De nuevo se plantea, por ausencia, la cuestión del contenido de la información que debe circular gracias al instrumento digital. 
¿Contenido normalizado o contenido que refleje la diversidad cultural y lingüística de Europa? 
¿Contenido social o únicamente mercantil? 
Ya hoy, la sociedad de la información fabrica redes sociales, desarrolla nuevas experiencias culturales, suscita lugares de debates políticos y de opinión. 
Se trata de calibrarlo. 
La Comisión habla del retraso europeo y de la urgencia de colmarlo. 
Entre retraso y urgencia, no debemos contentarnos con una aceleración de un proceso en detrimento de una reflexión sobre las condiciones democráticas y políticas de su realización. 
El progreso tecnológico es un lema demasiado conocido. 
Ahora bien, la mutación que estamos presenciando es análoga a la del nacimiento de la imprenta. 
Los imperativos y los cambios así inducidos necesitan una reflexión real. 
Si los objetivos son el desarrollo del empleo y el acceso democrático, como bien recuerda el informe de la Sra. Read, sería perjudicial que se evaluaran sólo con la vara del mercado y del desarrollo económico. 
Señor Presidente, es difícil resumir en tres minutos los pensamientos y los sentimientos que surgen al comentar una iniciativa tan amplia e interesante como ésta de Liikanen. 
Las nuevas tecnologías que debatimos aquí han cambiado radicalmente las condiciones en nuestras sociedades: la producción, los servicios, la distribución, el comercio, la investigación, el uso de la información, etcétera. 
La productividad aumenta, la calidad de los productos aumenta, y una de las causas del crecimiento relativo de la economía mundial y de la baja inflación es justamente las nuevas tecnologías. 
Creo que a todos nos fascinan los nuevos productos y aplicaciones que se nos ofrecen. 
Sin embargo, es importante que, como políticos, saquemos provecho de las posibilidades que crean esas nuevas tecnologías para contribuir a solucionar problemas de la sociedad que la economía de mercado por sí sola no es capaz de resolver. 
Un ejemplo de esta naturaleza es, obviamente, el sector de la educación. 
Vivimos una época en la que los conocimientos son un factor de producción cada vez más importante. 
En esta materia no se da la debida importancia a que los conocimientos, a diferencia de otros factores de la producción como, por ejemplo, el capital, el país, la tierra o los minerales, no son un recurso escaso. 
Cuando se usan, los conocimientos tienen una clara tendencia a aumentar, a expandirse. 
Esto abre la puerta para un desarrollo muy interesante en relación con la democracia y la justicia. 
Nacemos todos con la facultad de aprender. 
Sin embargo, esto no se materializa sin la existencia de buenas condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. 
Por este motivo son tan importantes las propuestas sobre educación y enseñanza de este informe. 
No obstante, no se trata sólo de equipos técnicos, es también un asunto de nueva pedagogía y de desarrollo de la educación a distancia. 
Esto es importante en nuestro continente, pero, obviamente, también lo es en los países pobres. 
Espero que las experiencias que consiga la UE en esta materia se usen también para desarrollar la colaboración. 
Insto a Liikanen a que discuta el tema con Nielson. 
Otro campo igualmente importante es el del uso de las nuevas tecnologías para hacer más eficaz el manejo de la energía y de los materiales. 
Este programa se remite al sector de los transportes, cosa que me parece bien. 
Sin embargo, no olviden que también es posible reducir considerablemente las necesidades de transporte, ¡y esto es algo que tenemos que tratar de alcanzar! 
Finalmente, en relación con el comercio electrónico, es de gran importancia que se creen normas marco que den seguridad a los consumidores, que se facilite este comercio en la UE, que se atienda adecuadamente a los problemas de fiscalidad y que se preste atención a las amenazas a la integridad personal. 
Estamos al principio de una importante discusión y espero, con ilusión, continuar este interesante diálogo. 
¡Gracias, señores. Liikanen y Read, por este interesante informe! 
Señor Presidente, señor Comisario, gracias a las nuevas tecnologías C+I tenemos realmente- por hablar ahora de un modo metafórico- nuevo carburante para nuestra locomotora económica y poner en marcha de nuevo nuestro sistema ecológico. 
Primera: en el artículo 6 del Tratado de Amsterdam se exige de modo inequívoco que todos los sectores políticos deben configurarse respetando el principio de la sostenibilidad. 
Dicho muy sinceramente, señor Comisario, si leo el comunicado, veo que se ha tenido demasiado poco en cuenta aspectos como la sostenibilidad, la cuestión de los productos ecológicos, el estímulo de estilos de vida ecológicos o la cuestión de qué repercusiones tienen las tecnologías C+I sobre la protección del medio ambiente. 
Aquí habría pues que introducir mejoras. 
Segunda: ¿cómo se modifica nuestra vida laboral, las relaciones laborales? 
¿Pueden influir las personas sobre su configuración? 
La cuestión es si ante esta evolución revolucionaria no se necesitan unas nuevas estructuras de codecisión entre trabajadores y empresarios, unas nuevas estructuras de audición y configuración. 
Se debería tener esto más en cuenta. 
Tercera: el quinto programa marco de investigación contiene mucha investigación socioeconómica que está dirigida a analizar qué es lo que mantiene unida a nuestra Europa precisamente en el campo de las tecnologías C+I. No podemos proporcionar ahora a la locomotora mucho carburante y calentar motores y, por otro lado, practicar en el programa marco una investigación de acompañamiento socio económica pero sin relación con esta comunicación. 
Así pues, la quintaesencia es: calentar los motores de la locomotora, sí, pero ésta no puede desplazarse a cualquier lugar sino que necesitamos también vías para esta locomotora. 
Señor Presidente, colegas, desde que se extendió el sufragio universal en el siglo pasado, nuestra sociedad nunca se había enfrentado a una transferencia de poder con un potencial tan grande. 
La sociedad de la información tiene el potencial de transferir el poder desde el gobierno al individuo, desde el burócrata al ciudadano y, naturalmente, desde la empresa al consumidor. 
Abre las puertas a un mercado mundial, así como a información prácticamente ilimitada a todos aquellos que tengan acceso a una pantalla de ordenador. 
Es el mayor motor para la eliminación de barreras entre comunidades y nacionalidades que hemos presenciado jamás- mayor de lo que jamás puede llegar a ser cualquier directiva comunitaria. 
Ofrece a los ciudadanos de toda Europa e incluso de todo el mundo más poder, mayor elección, precios más bajos y, en mi opinión, lo mejor que pueden hacer los gobiernos en el ciberespacio es mantenerse al margen en la medida de lo posible y dejar que los consumidores, las empresas y los ciudadanos sigan adelante con sus negocios y sus vidas. 
Los legisladores no pueden mantener el ritmo de esta tecnología ni aunque lo intenten. 
La tecnología y la industria están mejor equipadas para responder a los intereses de los consumidores y a este mercado enormemente competitivo. 
Es ese mercado competitivo el que garantizará la protección de los consumidores, no una legislación torpe que podría atrofiar el comercio electrónico y permitir que sean otros de cualquier parte del mundo los que se beneficien de una revolución de nuestra economía que no tiene parangón desde la revolución industrial del siglo XIX. 
Pero todos sabemos que necesitamos una participación gubernamental que sirva de línea de fondo. 
Necesitamos un marco legislativo básico para el comercio electrónico. 
Espero que sea un marco ágil, pero debemos implantarlo rápidamente, porque el reloj de la electrónica no se detiene y existen muchas organizaciones de todo el mundo dispuestas a luchar por este negocio. 
Nos conviene asegurarnos de que obtenemos las respuestas y garantizar que nuestra legislación es la acertada, pero además que son implantadas sin pérdida de tiempo. 
En esta Asamblea deberíamos aprobar la directiva sobre el comercio electrónico con los principios de su país de origen lo más rápidamente posible. 
Debemos aprobar nuevas normas de jurisdicción que infundan confianza a los consumidores para que puedan hacer una elección con conocimiento de causa de la jurisdicción por la que quieren optar. 
Deberíamos acelerar la liberalización del paquete de telecomunicaciones, porque únicamente con un mercado de telecomunicaciones competitivo de bajo coste podremos proporcionar este poder, estos precios bajos y estas grandes oportunidades a nuestros consumidores y porque es el único medio de conseguir precios bajos para nuestros consumidores. 
Queremos ampliar el liderazgo de Europa en telefonía móvil y adoptar los ejemplos de interlocutores mundiales de la magnitud de Nokia de Finlandia. 
Los Estados miembros deberían ampliar los conceptos de formación en TI en sus colegios, pero deberemos hacerlo rápidamente, porque de lo contrario serán otros los que recojan los frutos que ofrece el sector, que es el dominio en el mercado mundial del comercio electrónico. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera en primer lugar agradecer a la Sra. Read este informe y quisiera precisar de entrada que voy a centrarme simplemente en los aspectos sociales que, a nuestro entender, merecen desarrollo. 
Cuando faltan unos días para la celebración de la Cumbre de Lisboa, me parece que el Parlamento Europeo debe dar una señal clara a los Gobiernos de los Estados miembros a fin de que la entrada de Europa en la era digital y, por consiguiente, en una nueva economía con un potencial de lo más considerable, no redunde en detrimento de la cohesión social. 
La necesidad de un anclaje social sólido, la debida consideración de las necesidades reales de los ciudadanos son, a mi entender, las condiciones sine qua non de la sociedad de la información, tal como la entendemos en Europa, que no se puede construir a partir exclusivamente de las fuerzas del mercado. 
Debemos velar, con la mayor vigilancia, por que todos los sectores de la sociedad obtengan beneficio de la sociedad de la información evitando la creación de una sociedad en la que el acceso a las nuevas tecnologías y la explotación de su potencial condicionen la inclusión o la exclusión social. 
Me parece que se deben poner de relieve tres elementos, con los riesgos y las preocupaciones que entrañan. 
El primero se refiere a los usuarios y el riesgo de que exista un foso entre las diferentes víctimas de la exclusión social. 
En efecto, el costo del acceso a Internet, la exclusión de categorías enteras de la población (jóvenes parados, mujeres en el hogar, personas de edad) , las lagunas en los sistemas educativos o en materia de formación profesional son otras tantas hipotecas que pesan sobre una sociedad de la información que debe beneficiar a todos. 
La segunda preocupación se refiere a las personas que habrán de trabajar en ese sector; dada la flexibilidad que lo caracteriza, los asalariados deben disfrutar de estructuras de organización y garantías de sus derechos, ya sea en materia de seguridad social, jubilaciones o ejercicio del empleo en condiciones de seguridad necesarias. 
El tercero y último elemento se refiere a la cuestión del servicio público y de la mejora de los sistemas democráticos de formular procedimientos... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, señor Comisario, e-Europa es un programa realmente importante para todos en el camino de la sociedad industrial a la sociedad de la información. 
Felicito por ello a la Presidencia portuguesa por la decisión de colocar este tema en el punto central de la cumbre especial. 
Felicito a la Comisión por su propuesta y a la ponente por su informe y quiero decir también muy claramente porqué lo hago y porqué quiero tomarle la palabra. 
En el punto central del informe y como primer objetivo de la propuesta de la Comisión se destaca que es necesario alcanzar en la sociedad de la información la igualdad de oportunidades y la misma participación para todos los ciudadanos. 
En el texto se dice que e-Europa debe mostrar a todos los ciudadanos, economías domésticas, escuelas, empresas y administraciones el camino a la era digital y a la red. 
Creo que este objetivo no justifica las preocupaciones aquí expuestas de una posible división de la sociedad entre aquellos que poseen este acceso a la información y aquellos que no lo tienen. 
Por ello, subrayo este objetivo porque creo puede mostrar de modo especial la ventaja de la intervención de la Unión Europea en pro de la sociedad de la información frente a los ciudadanos. 
Pero naturalmente sólo si nosotros también cumplimos nuestra palabra y las promesas que hacemos a los ciudadanos, si realmente hasta finales del 2000 garantizamos y hacemos posible a todos los escolares- lo que figura en este programa- un acceso a alta velocidad en sus aulas a Internet y a los recursos multimedia, si garantizamos realmente que hasta el 2003 los ciudadanos- además, todos, tanto si son ricos o pobres- tengan un acceso global y seguro a nuestros sistemas sanitarios, si cumplimos también realmente a tiempo lo que necesitamos urgentemente para promover nuestras PYMES, a saber, un aseguramiento de los riesgos comunes para el capital de riesgo en la Comunidad. 
Esta es una tarea para el Consejo, el Parlamento y la Comisión. 
Deseo que tengamos un gran éxito en interés de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, felicito a la señora ponente por el buen trabajo que ha realizado en un corto plazo de tiempo. 
Una sociedad de la información para todos es, seguramente, fruto de la aportación del Sr. Comisario a este proceso. 
Esto es importante y le felicito por ello. 
Precisamente en virtud de esta aspiración, en Lisboa tendríamos que acordar los principios para una financiación sostenible de los sistemas de seguridad social. 
También, si lo que queremos es una sociedad de la información para todos, debemos llegar a acuerdos con los agentes sociales, por ejemplo, sobre el trabajo a distancia y sobre la formación profesional. 
Este objetivo no será alcanzado, salvo si se garantizan los derechos fundamentales de los trabajadores. 
Existe la amenaza de que, a través de Internet, los servicios se conviertan en autoservicios, y esto representa, a su vez, un gran problema para el empleo. 
Otro asunto: hace unos diez años que desmantelamos las restricciones de competencia en el sector de las telecomunicaciones, y ahora, debido a las fusiones de grandes empresas, existe el miedo de que éstas vuelvan a establecer medidas de control en los mercados. 
Creo que hay que intervenir en este asunto. 
No debemos permitir que esto ocurra, y espero que la Comisión tome nota de ello y adopte medidas. 
En tercer lugar, el curso bursátil de cierta empresa de la Red aumentó recientemente, en un solo mes, el cuatro mil por cien, y ello ocurrió mientras se proporcionaban informaciones completamente infundadas a la Bolsa. 
Puesto que muchas de estas empresas son iguales o casi iguales, la mayoría de ellas son una quimera, y si ocurre un colapso, espero que no sean los contribuyentes los que se vean obligados a pagar. 
¿Se le ha ocurrido al señor Comisario alguna fórmula de actuación para cuando las empresas "globo" del sector exploten, de forma que los contribuyentes no tengan que pagar como hicieron durante la crisis bancaria? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me parece muy importante que el Parlamento Europeo participe en el debate sobre la forma como la Unión Europea considera las oportunidades que le brinda la sociedad de la información: ese tema figura en el orden del día de la Cumbre de Lisboa. 
Aun subrayando que muchos esperarían de la Cumbre del Empleo respuestas más claras en esa esfera, no quito importancia a ese asunto ni a la necesidad de la formulación de una estrategia europea para ese sector. 
Todos sabemos también que en ese sector delicado y esencial para nuestro futuro la Unión va muy rezagada respecto de los Estados Unidos. 
Concuerdo con el informe que nos ha presentado la Sra. Read y subrayo, utilizando una expresión que empleó aquí el Presidente del Consejo, António Guterres, los tres principales déficit de ese sector. 
Primero, el déficit pragmático. 
Como se dice y con razón en el informe de la Sra. Read, el documento propuesto por la Comisión está lleno de orientaciones generales e intenciones que merecen nuestro aplauso, pero es escaso en medidas concretas y acciones consecuentes. 
Me niego a creer que las conclusiones del Consejo se limiten a ese registro. 
A ese respecto, como en otros, lo que necesitamos no son más declaraciones y discursos, sino medidas y decisiones que permitan reducir el foso que nos separa de los Estados Unidos. 
Segundo, el déficit democrático. 
También hay aquí un déficit democrático- que ya fue mayor, hay que reconocerlo -, pero hay que luchar contra la división entre los que tienen acceso a Internet a las nuevas tecnologías y a los beneficios de la sociedad de la información y los que se ven privados de ellos o por razones económicas o por insuficiencia de información y formación tecnológica. 
Las apuestas en el sistema educativo y en las estructuras de transportes y telecomunicaciones que vuelvan más barato, más rápido y más potente el acceso a Internet son prioridades que deben figurar en la primera línea de nuestras preocupaciones. 
Y, por último, el déficit de inversión. 
Como afirma- y con razón- el informe, no se puede dejar sólo al mercado la resolución de esos problemas. 
En el sistema de salud, en la administración pública, en la relación entre los Estados y el ciudadano, en la generalidad de los servicios públicos se puede y se debe hacer mucho para que Europa dé el salto cualitativo cuya necesidad todos reconocemos aquí. 
Señor Presidente, en la cumbre especial de Lisboa de la próxima semana se va a tratar de encontrar una vía autónoma de los europeos para definir el futuro mundo laboral. 
¿Cómo podemos ser más competitivos? 
¿Cómo podemos lograr unos puestos de trabajo permanentes más cualificados? 
En la sociedad global de la información del mañana podremos desempeñar uno de los papeles principales si dominamos el repertorio. 
Europa tiene talentos. 
Europa tiene capacidades. 
Ocasionalmente faltan directores competentes que sepan motivar. 
Para mí es importante que amplios grupos objetivo participen activamente en estas profundas modificaciones. 
Desde pequeños deben familiarizarse con Internet y los bancos de datos. 
Mi colega Hieronymi ha llamado la atención al respecto. 
Las escuelas sin equipamiento con ordenadores deben ser la excepción a la regla. 
Necesitamos una ofensiva de cualificación con el aprendizaje apoyado en ordenador y un uso activo de las redes. 
La Comisión de Empleo de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo está a favor de que la sociedad de la información se convierta en un bien general para todos los ciudadanos, también los socialmente débiles, discapacitados y mayores. 
En la economía europea el ritmo de las transformaciones está acelerándose. 
Las empresas están experimentando continuas reorganizaciones, participaciones, alianzas estratégicas y absorciones más o menos hostiles. 
La consecuencia para los trabajadores y los gerentes es la misma: elevada movilidad y una adaptación cada vez mayor. 
La autonomía crece pero también lo hace la autonomía aparente. 
En las empresas las responsabilidades cambian. 
Los equipos de trabajo tienen cada vez una fecha de caducidad más corta. 
Esto tiene repercusiones sobre la cohesión interna y la representación de intereses de los trabajadores. 
Para la fundación de consejos de empresa muchas empresas son demasiado pequeñas o demasiado grandes de modo que no surgen lazos y los representantes de los trabajadores se convierten en viajantes honorarios. 
Las personas en diversas profesiones que tienen mucha libertad, los analíticos, los ingenieros o los proyectistas creativos quieren gestionarse a si mismos. 
Quieren lograr unas nuevas regulaciones de los horarios de trabajo así como nuevos sistemas de remuneración y de gratificación sobre la base de contratos variables. 
Independientemente de ello, los sindicatos temen en otros ramos que se produzca una difusión de estructuras no reguladas y un descenso de los estándares sociales. 
Las ciudadanas y ciudadanos tienen que familiarizarse con unas nuevas formas y relaciones de trabajo en la industria de la información y de la comunicación, tanto en el sector del hardware como en el del software, en el servicio o en el asesoramiento. 
Sólo cuando puedan participar en las innovaciones, cuando se les pueda convencer de la sociedad de la información, entonces deberá estar claro que no sólo se trata de un éxito o de una ventaja para las empresas privadas y públicas sino también para los consumidores y trabajadores. 
Señor Presidente, colegas, quiero empezar dando las gracias al Sr. Read por el trabajo realizado en relación con este informe. 
Es grato ver que existe tanto interés en esta materia. 
Creo que es importante que en el Parlamento Europeo aumentemos nuestros conocimientos y nos preparemos para los complejos y atrayentes cambios que se aproximan en este campo. 
El Comisario Liikanen, con su interés personal, y el documento e-Europa, representan una perspectiva positiva de la nueva economía y una política orientada hacia el crecimiento, que yo respaldo sin vacilaciones. 
Es lamentable que algunos diputados vean la naciente sociedad de la información como una amenaza, en lugar de apreciar las posibilidades que encierra. 
Es difícil exagerar el significado del comercio electrónico. 
Hasta ahora, el mercado interior solamente ha llegado a ser una realidad para las grandes empresas. 
El comercio electrónico implica que el mercado interior también esté al alcance de las empresas pequeñas y, ante todo, de los individuos, los clientes, los consumidores, que por fin pueden sacar provecho del mercado interior europeo. 
Como consecuencia de los cambios tecnológicos, no sólo se modifican los hábitos de comercio sino que se crean nuevas posibilidades para la cultura, el ocio y la comunicación. 
Para apoyar a la nueva economía de la manera más idónea, es importante que los políticos no creamos que podemos prever todas las necesidades de las empresas y de las personas. 
Tenemos que dejar que el mercado, es decir, los vendedores y los compradores, elija. 
Tomando en cuenta las características de este segmento de la sociedad, es muy importante frenar el afán legislativo para que no se le regule en detalle. 
Por el contrario, hay que desregular aún más el mercado para aumentar la competencia y así conseguir que bajen los precios. 
Ésta es, sin lugar a dudas, la mejor manera de hacer accesibles los servicios de información para todos los ciudadanos. 
Un elemento importante para fomentar el crecimiento de la nueva economía es el aumento del capital dispuesto a arriesgar en empresas nuevas y expansivas. 
Hay que aumentar la competitividad y el desarrollo de ideas en esta parte del mundo, en Europa. 
Lo más importante que los Jefes de Estado y de Gobierno pueden hacer en Lisboa es empezar a bajar los impuestos al capital en sus respectivos países, donde éstos constituyen el mayor impedimento para el aumento del flujo de capitales dispuestos a los riesgos. 
Después de este debate, quiero decir a la parte izquierda de esta Asamblea: ¡traten de ver las posibilidades que encierra la revolución de la información para los individuos! 
¡No sean tan temerosos y negativos! 
¡Escuchen al Sr. Villier! 
¡Hagan suyas las actitudes globales y positivas del Sr. Wijkman y aprendan de las experiencias de la joven Sra. Kauppi! 
No creo que haya que despreciar los problemas derivados de las adaptaciones, pero, por favor, no entierren esta iniciativa en su antiguo mundo conceptual. ¡Sería una pérdida para Europa! 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, el debate de mi informe sobre los planes de acción de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo ha sido aplazado hasta esta tarde a las 6, y su votación para mañana a las 9. 
Dada la relevancia del tema, quisiera que esa misma relevancia la tuviera también el debate en el Pleno y su correspondiente votación. Por ello, le pediría que solicitara a la Asamblea su aplazamiento al próximo período parcial de sesiones de Bruselas. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Considero que, ante estas votaciones, es importante que el Pleno y la Mesa decidan si al final los períodos de sesiones de Estrasburgo terminan el jueves o se mantienen las sesiones de los viernes. 
No tiene sentido que estemos modificando el orden del día por conveniencia de los traslados de las personas y sobrecargando el de los miniperíodos de sesiones de Bruselas, que ya están siempre muy sobrecargados. 
Informe (A5-0064/2000) del Sr. Duff y del Sr. Voggenhuber, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la elaboración de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (C5-0058/1999- 1999/2064 (COS)) 
Señor Presidente, he pedido la palabra sólo para manifestar que la versión italiana de la letra c del apartado 6 resulta absolutamente sorprendente. 
Habida cuenta de que la nota que remitimos a este respecto no ha servido para mucho, le pido que tenga a bien verificar la cuestión. 
De hecho, en el texto se dice que se pueden violar los derechos fundamentales si esa es la voluntad del Parlamento Europeo, lo que me parece un tanto absurdo. 
Señor Presidente, quisiera señalar a la atención de Sus Señorías el texto de la letra c) del apartado 6, en la línea de las dudas suscitadas por mi colega de lengua italiana. 
Hemos hecho una rápida verificación y el texto portugués va en el mismo sentido que el texto en lengua francesa, es decir, que lo que se desprende es que la mayoría de esta Asamblea considera que se pueden violar los derechos fundamentales, siempre que el Parlamento Europeo esté de acuerdo. 
No sé si es un problema lingüístico o un problema político, frente a las intervenciones que aquí hemos oído respecto de los derechos políticos austríacos. 
Pero se trata de una cuestión extraordinariamente delicada, que quiero señalar a la atención de la Mesa, para que se aclare este asunto. 
Es que, si es ésa, de hecho, la intención con que se ha votado, me parece que se ha sentado un precedente de la mayor gravedad. 
Al final de las votaciones siempre comprobamos las versiones lingüísticas para cerciorarnos de que coinciden con la versión de la lengua original. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Tengo que respetar que antes hayamos aplazado por mayoría el informe del colega Hernández Mollar. 
Pero ruego que no se vuelva a producir que en la votación entre dos informes se modifique sencillamente el orden del día sin oradores a favor y en contra y sin recapacitar sobre las consecuencias. 
Esto viola el reglamento y no debe producirse otra vez. 
Me solidarizo con esa observación. 
Quizá debamos pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales que analice los métodos de procedimiento que hemos aplicado aquí. 
Es evidente que si una comisión presenta un informe, esa comisión puede solicitar su devolución a comisión. 
Pero cuando se ha incluido en el orden del día al inicio de semana, no tengo claro si los diputados pueden solicitar el aplazamiento. 
No estaba seguro, por lo que deberíamos recurrir a la Comisión de Reglamento. 
Señor Presidente, antes de la votación de la resolución Jackson sobre los Fondos estructurales, quisiera señalar a la atención de nuestra Asamblea la resolución francesa del Consejo de Estado, de fecha 27 de septiembre de 1999, que anula la transmisión de 500 parajes susceptibles de clasificación en zonas especiales de conservación y que, por tanto, plantean un problema. 
La Comisión no se ha pronunciado a ese respecto. 
Según el fallo del Consejo de Estado, no ha habido observancia del procedimiento, es decir, por la omisión de las consultas a los alcaldes y a las colectividades territoriales, los organismos y las asociaciones interesados. 
Ahora ya no sabemos bien cuál es la situación actualmente. 
Pido que se vote este informe posteriormente, una vez que la Comisión haya dado su opinión y su motivación sobre el curso que dar a la resolución del Consejo de Estado, para que los Estados miembros no se vean castigados injustamente. 
Además, el Parlamento no puede ser- creo yo- a la vez juez y parte. 
Podríamos mantener un largo debate al respecto, pero en vez de enzarzarnos en una disputa sobre el procedimiento, diré que, en el sentido estricto, no tiene derecho al aplazamiento. 
No discutiré sobre ello. 
Lo más fácil es someterlo a votación. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) 
Señor Presidente, deseo renovar lo que dije ayer, a saber, que los socialistas franceses no participarán en la votación por considerar que esta forma de actuar no es correcta, ya que las únicas directivas medioambientales citadas atañen a las aves salvajes y, por otra parte, Natura 2000, y que habría que haber tenido una visión más equilibrada. 
Segundo punto: consideramos que no es competencia del legislativo ser el órgano que juzgue la aplicación de las leyes, sino que ese cometido corresponde a la Comisión y, por otra parte, al Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, sólo quería decir que si este asunto preocupaba tanto a la Sra. Lienemann, es una pena que no haya tomado parte en el debate y no haya expuesto sus argumentos al Comisario durante el mismo. 
Señor Presidente, hago la misma observación, pues me extrañan ciertas intervenciones. 
En efecto, es la primera vez que se hace esa clase de observación, que no se oye en comisión, y lo lamento. 
Hoy, tenemos que votar esta resolución, razón por la cual pedimos que se vote la labor hecha en comisión. 
Me parece fabuloso que intentemos atenernos al reglamento y según las razones aducidas hace un momento por mi colega francés, es evidente que existen circunstancias que no han sido tratadas en la comisión por lo que voy a permitirme invocando el reglamento proponer el aplazamiento de este asunto y su devolución a la comisión. 
Señor Presidente, quisiera responder a alusiones personales y recordar a la Sra. Jackson, quien, desde luego, ha hecho mucho trabajo como presidenta de la comisión, que en la primera reunión de la comisión mencionamos este asunto: yo expresé mi desacuerdo con la forma partidista de elegir ciertas directivas y no otras. 
Por otra parte, presenté, señora Presidenta, numerosas enmiendas encaminadas a la supresión de los párrafos sucesivos propuestos por Su Señoría. 
Mis enmiendas no fueron aceptadas en comisión, por lo que consideré que no era aceptable que continuáramos con esas bases. 
La Sra. Isler Béguin no estuvo presente en comisión los días en que tratamos esos asuntos. 
En el acta de la comisión y en la presentación de mis enmiendas encontrará Su Señoría exactamente la argumentación que he podido desarrollar hoy. 
Sé que tenemos mucho trabajo en comisión y que los diputados no siempre pueden recordar los detalles de las enmiendas y los comprendo muy bien. 
Pero deseaba recordarlo. 
Señor Presidente, antes de someter a votación el apartado 45, deseo que el ponente me escuche. 
En la versión italiana de la segunda parte del apartado 45, primero se habla de las violencias físicas, psicológicas y sexuales contra los menores y luego, en la última parte, se dice: "les invita a que no encarcelen, sino en última instancia, a los que abusan de los menores". 
Quisiera comprender si éste es el significado en su lengua. 
Ruego que el ponente aclare y diga que da fe su versión; de otro modo, el sentido es exactamente al revés. 
Señor Presidente, quisiera ayudar al Pleno. 
He leído la versión francesa del texto y en ella se dice exactamente lo contrario. 
Por una parte, en la versión italiana se dice "no encarcelar a los que abusan de los menores", lo que me parece inconcebible; por otra, en la versión francesa se dice "no encarcelar a los menores que delinquen". 
Creo que el texto del que a que partir es este último. 
Se trata de un error de traducción bastante grave y seguramente se ha traducido mal. 
Creo que el texto inicial dice: "no encarcelar, salvo excepciones, a los niños que delinquen". 
Creo que se trata de esto. 
. (DA) Certifico como correcta la interpretación del Sr. Imbeni. 
Las ediciones italiana, danesa e inglesa son correctas. 
Debe entenderse exactamente, tal como dijo Imbeni. 
Señor Presidente, si se cambia el sentido del apartado reanudamos el debate. 
Tenemos la evidencia de que, con frecuencia, los textos no coinciden en este Parlamento. 
¿Recuerdan cuando, hace algunos meses, queríamos que los sacerdotes repartiesen preservativos? 
Ahora, en algunas versiones, debemos proteger a quien abusa de los menores. 
Señor Presidente, si ahora se modifica también la versión inglesa, empezaremos un nuevo debate que no me parece en absoluto necesario, dado que su avión sale a las 16.30 horas. 
Tal vez sería más sencillo detenernos en la coma, en el punto donde se dice: "violencias físicas y psicológicas y cualquier tipo de discriminación". 
La cuestión de codificar o no el comportamiento de los menores que delinquen la podríamos abordar más adelante, en uno de los muchos informes que este Parlamento es capaz de producir. 
Señor Presidente, el ponente ha explicado claramente el sentido del texto en el sentido del Sr. Imbeni. 
Usted ha leído la versión inglesa que ha sido aceptada por la gran mayoría de los presentes. 
Le rogaría que mande votar ahora tanto más cuando estos jueguecitos semánticos provienen de gente que no participa en el trabajo especializado de la comisión. 
Si la Asamblea está de acuerdo, podríamos superar todas estos problemas que tenemos con las versiones lingüísticas incluyendo un nuevo apartado- que puede ser un párrafo del apartado 45 o como un nuevo párrafo 45 (a) -que diga "y pide a los Estados miembros que no encarcelen a los niños delincuentes, salvo como último recurso". 
De este modo desaparece todo el problema. 
No existe ninguna ambigüedad ni incertidumbre. 
Iría a continuación de los actuales apartados 45 y 46. 
Apartado 61: 
. (DA) Señor Presidente, en la edición danesa se han caído varias palabras del punto 61. 
La correcta es la edición inglesa. 
En la edición danesa tras la palabra "asociaciones" debe añadirse "y los derechos del individuo con respecto a las asociaciones sindicales". 
No sólo se trata del derecho de crear asociaciones sindicales, sino también de los derechos vinculados a estas asociaciones profesionales. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, quisiera exponer una cuestión de orden. 
Hemos votado sobre este informe en comisión, una comisión en la que están representados todos los grupos. 
Hemos tratado sobre las 170 enmiendas a este informe en comisión. 
Ahora nos han presentado 66 enmiendas en el Pleno. 
No es un informe legislativo. 
Si la Asamblea continúa organizando sus actividades de esta manera, no sólo nos convertiremos en el hazmerreír, sino que además no podremos resolver los serios asuntos que tenemos entre manos. 
Solicitamos a las instancias competentes de esta Asamblea que vuelvan a estudiar el modo de organizar nuestro trabajo. 
Resulta que tenemos un informe del Sr. Provan en el que la Mesa estudia el funcionamiento del Pleno. 
El martes celebramos en la Mesa un debate sobre este tema y yo hice exactamente la misma observación que usted acaba de hacer. 
Señor Presidente, es la cuarta vez que planteo una cuestión de orden en los casi once años que llevo de diputada al PE, por tanto espero que me preste atención. 
Quiero pedirle a usted y a aquellos otros que presiden estas sesiones que sean mucho más estrictos en lo que se refiere a las cuestiones de orden. 
Esta mañana hemos perdido casi media hora y muchas de las cuestiones de orden que se plantearon entonces, y que a menudo se plantean aquí, son sencillamente cosas que a los diputados les gustaría compartir con los demás. Eso difícilmente constituye una cuestión de orden. 
Supongo que estoy especialmente molesta porque mi informe sobre e-Europa, que es lo único que saldrá de este Parlamento antes de la Cumbre de Lisboa, ha sido encajado en el orden del día a una hora en la que la asistencia suele ser escasa. 
Le ruego- y me hago eco de la cuestión de orden del Sr. Watson- que comunique estas cuestiones a su Presidente y a los otros vicepresidentes y les pida que sean mucho más estrictos. 
Puede que ello le haga impopular a corto plazo, pero creo que le hará sentirse querido y admirado a largo plazo. 
Generalmente se me acusa de ser demasiado brusco con los diputados que quieren plantear una cuestión de orden. 
Supongo que no hay caso. 
El problema es que cuando un diputado solicita la palabra para una cuestión de orden, no sabemos si se trata realmente de una cuestión de orden hasta que la ha planteado. 
Señor Presidente, usted ha realizado la observación de querer interrumpir ahora. 
Pero le ruego encarecidamente que prosiga la votación. 
Continuamente estamos sufriendo modificaciones o aplazamientos a corto plazo del orden del día. 
Le ruego por ello que prosiga y concluya la votación sobre el informe Ludford y lo que aún queda. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Pirker, y probablemente lo único en lo que estoy de acuerdo con él es en que votemos sobre el informe Ludford. 
Será una votación interesante. 
No es razonable aplazarla a estas alturas hasta una hora en la que muchos diputados se habrán marchado. 
Si se propone aplazarla hasta las 17.30 horas, distorsionará por completo la votación sobre este informe. 
Le insto a que continuemos ahora, aunque comprendemos todas las dificultades a las que usted ha hecho referencia. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tengo comprensión por lo que aquí se ha solicitado. 
Sin embargo, tengo que decirles que miren aquí en la Asamblea: ha tenido ya lugar una votación, concretamente con los pies. 
Las y los colegas ya están aquí. No podemos tratar seriamente si procedemos como usted ha dicho, señor Presidente, pero tampoco si trabajamos aquí con mayorías casuales. 
En estos momentos, quizás haya precisamente más colegas de un grupo político que de otro, lo que posiblemente falsee todo en el informe de la colega Ludford y esto tampoco lo quiere ella misma. 
Por lo demás, también se puede votar esta tarde a las 17.30 horas. 
Creo que se debería trabajar aquí con un procedimiento adecuado. 
Hemos sobrepasado el tiempo ya en 45 minutos. 
Propongo que votemos esta tarde. 
Señor Presidente, si la mayoría de este Parlamento, todas las veces que incorpora modificaciones al Reglamento, se comporta como usted lo ha hecho, esto es, me ha dado la palabra al final y se hace oír así, en pequeños grupos, entonces prefiero que las cosas sigan tal como están. 
En efecto, todas las veces que el Parlamento ha querido solucionar el problema de los largos turnos de votación, se ha limitado a reprimir los derechos de cada uno de los diputados. 
Señorías, el problema estriba en que el período parcial de sesiones dura de lunes a viernes: si ustedes se tienen que marchar antes, es su problema, no es el problema de la votación. 
Señor Presidente, quisiera pedir que no se celebre esta noche. 
Sabemos que muchos diputados regresan esta tarde. 
Nadie espera que una votación de este tipo se celebre un jueves por la tarde. 
¿No podríamos aplazarla hasta el período parcial de sesiones de abril en Estrasburgo? 
Me temo que eso deberá decidirse antes de que procedamos a la votación esta noche. 
Señor Presidente, hay otras categorías de trabajadores que realizan trabajos muchos más cansados que el nuestro y que por motivos laborales se ven obligados, al igual que nosotros, a retrasar la hora de la comida y no se quejan ni abandonan su puesto de trabajo, como lo estamos haciendo nosotros ahora. 
Me parece una situación vergonzosa. 
Estamos aquí desde hace menos de dos horas y ya estamos cansados de trabajar. 
¿Qué tendrían que decir los hombres del mar, los pilotos, los choferes, los gasolineros, los médicos de guardia? 
No conseguimos trabajar más de dos horas seguidas: me parece realmente absurdo. 
Sólo está repitiendo el argumento que yo expuse cuando dije que no podíamos continuar con las votaciones. 
Señor Presidente, quizás no se ha traducido correctamente lo que decía el Sr. Speroni que me parece que decía toda otra cosa con respecto a la decisión que se ha tomado. 
Si los diputados hubiesen esperado media hora para ir a comer, no creo que habríamos hecho un sacrificio tan grande. 
Obviamente, se plantean problemas cuando ustedes, casualmente, trasladan al viernes todas las resoluciones importantes: sobre la droga que es un asunto controvertido se votó el viernes; sobre estas resoluciones vamos a votar por la tarde o el viernes. 
En nuestra opinión, es una decisión política que trata de conseguir en este Pleno unas mayorías dirigidas, porque el orden de los trabajos y los calendarios ustedes los fijan sobre la base de la manera en que quieren que se aprueben o no ciertas resoluciones. 
Señor Presidente, creo que, por corrección, usted tenía que haber pedido una intervención a favor y otra en contra de la decisión de suspender o continuar la sesión con las votaciones programadas. 
Una vez más se ha ignorado al Pleno: la democracia es un término que figura sólo en los libros de texto y que no se aplica dentro de este Parlamento. 
Señor Presidente, lo siento pero he pedido la palabra desde el principio. 
Se trata de dos puntos muy concretos. Primero: yo quería votar a favor de la enmienda nº 24 y no en contra. 
Segundo: quiero decir que aquí existe una norma, una práctica por la que el jueves votamos hasta las 13,30 horas y el resto por la tarde a las 18 horas tras las votaciones sobre asuntos de urgencia.