Queremos una política exterior y de seguridad común en Europa. Tenemos el grupo de intervención rápida y en el futuro queremos enviar a nuestros soldados a focos de crisis. 
También aquí es necesario que respondamos por nuestros soldados, es decir, que dispongamos de sistemas de información propios y no dependamos más de terceros. 
Es decir, Galileo es también necesario para cumplir nuestras tareas de política exterior. 
Por ello, mañana debe salir de aquí, del Parlamento, la clara exigencia al Consejo para que se decida a favor de Galileo, una exigencia para el futuro de Europa. 
Por lo demás, tenemos la propuesta alternativa siguiente: si Galileo fracasase en el Consejo, deberíamos posiblemente recapacitar sobre los presupuestos de defensa, si bien soy claramente de la opinión de que primero debemos intentar de que siga siendo un proyecto civil. 
Señor Presidente, señora Comisaria, desearía ante todo lamentar el hecho de que iniciemos una batalla de enmiendas tras el gran éxito del informe de la Sra. Langenhagen. 
Creo que las fuerzas de división han actuado también en el Parlamento Europeo, pero estoy convencido de que, después de lo que acabo de oír, no lograrán su fin. 
Deseo que la votación de mañana, más allá de la votación de las enmiendas, se traduzca en un voto general mayoritario a favor del informe GALILEO. 
Lo esencial es que el Parlamento no se divida y que siga manifestando su apoyo a la Sra. Comisaria y a la Comisión respecto a este importante proyecto. 
Nuestros debates no pueden ser sólo financieros y notariales sobre una cuestión de esta importancia, cuando los estadounidenses desembolsan millones de dólares en su industria aeronáutica y espacial. 
Hoy nos encontramos ante una prueba de la verdad. 
O bien la Unión Europea es capaz de lanzar un programa espacial tan modesto como GALILEO, cuarenta años después de las innovaciones de Airbus y Ariane, o bien- como lo han manifestado algunos colegas de otras filas- demuestra su impotencia. 
No deseo que si tuviera que demostrar su impotencia sea el Parlamento Europeo el que debiera asumir la responsabilidad en tal sentido y espero que mañana la Comisión y el Parlamento estarán unidos para hacer que el Consejo asuma sus responsabilidades. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Grupo Verts/Alianza Libre Europea emite una opinión globalmente positiva sobre el informe de nuestro colega Glante. 
En efecto, no se trata de decidir si se acepta o no el proyecto GALILEO. 
Esto ya se ha decidido tras la aprobación del informe de la Sra. Langenhagen- como ella acaba de recordarlo -, y yo misma había emitido una opinión favorable por parte de la Comisión ITRE. 
Nuestro objetivo es decidir unas modalidades para gestionar la fase de desarrollo del proyecto. 
Estamos de acuerdo con la propuesta del ponente de crear una empresa común cuyos accionistas serían la Unión Europea y la AEE, empresa que se disolverá una vez que acabe la fase de desarrollo. 
Estamos asimismo de acuerdo con su propuesta consistente en crear paralelamente una empresa de fomento en la que participará el sector privado, lo que permitirá evitar los conflictos de intereses en la redacción del pliego de condiciones y en el lanzamiento de las licitaciones en la fase de desarrollo. 
De ese modo, las empresas no se convertirán en juez y parte. 
Con respecto al Comité de Supervisión propuesto, éste nos parece poco útil puesto que los Estados miembros ya están representados en la empresa común. 
En cambio, somos favorables a la creación de un Comité con fines éticos cuyos informes serán consultivos y que velará por la buena utilización de GALILEO según los principios definidos por el Parlamento. 
Finalmente, no somos favorables a las enmiendas presentadas por el Sr. Radwan, que vuelven a introducir la utilización con fines militares, incluso a veces con el pretexto de que ésta puede efectuarse con fines humanitarios. 
Si se aprobara dicha enmienda, no podríamos, pues, votar positivamente el informe así modificado. 
En resumen, si la utilización de GALILEO con fines militares no se vuelve a introducir de una u otra forma, nosotros somos favorables a la aprobación del informe del Sr. Glante tal como lo ha redactado en su momento, con la excepción de que deseamos que el Comité de Supervisión de que se trata sea un Comité con fines éticos, cuya creación habíamos recomendado en el primer informe. 
Señora Comisaria, el PPE-DE apoya en principio y en general el proyecto Galileo. 
Reconocemos la necesidad de un sistema substitutivo y complementario de navegación por radio y satélite. 
Reconocemos la importancia del mantenimiento de la capacidad tecnológica europea para las actividades espaciales. 
Acogemos con beneplácito la insistencia en un proyecto civil encaminado en última instancia a ser comercialmente viable en varias esferas, tales como las de las comunicaciones y la observación de la Tierra, así como la localización. 
La dificultad radica en determinar cómo financiar una empresa hasta que pueda autofinanciarse, en particular en vista de las grandes sumas de inversiones iniciales necesarias. 
Queremos que participe plenamente la industria en la planificación, las especificaciones y las fases preparatorias para garantizar una mayor posibilidad de éxito técnico. 
Ésa es la razón por la que hemos reintroducido enmiendas encaminadas a reducir la tasa de inscripción para que las empresas participen en la empresa conjunta. 
En esta fase no vemos razón de ser en la propuesta de una empresa de desarrollo que duplique las estructuras de la empresa conjunta. 
No se nos escapan las dificultades de financiación de semejante proyecto de infraestructuras de gran valor por parte del sector privado exclusivamente, razón por la cual hemos presentado la enmienda que permite que parte de la financiación corra a cargo de los presupuestos de defensa, siempre y cuando se utilice sólo para fines de mantenimiento de la paz, lo que respalda simplemente las observaciones formuladas en el anexo 1 de la nota informativa de la Comisión sobre las consideraciones estratégicas. 
Para concluir, quisiera decir que constituye un gran placer estar aquí, como la otra mitad del club "les deux gilles ciel et espace", con mi colega el Sr. Savary. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Glante el informe que ha presentado. También quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Savary y al Sr. Chichester, a todo el equipo Cielo y Espacio y a todos los eurodiputados que suscribieron un documento respaldando el programa Galileo de cara al Consejo Europeo de Laeken. 
Lamentablemente, no lo conseguimos en esa ocasión, pero esperemos que lo consigamos en la próxima. 
No hay que desanimarse y todavía tenemos un margen de tiempo, aunque muy escaso, para, de una vez por todas, intentar sacar adelante un proyecto que a mí me parece absolutamente crucial para Europa y que, además, va a dar la talla de la voluntad real de Europa, de ser y de estar en el ámbito internacional. 
Me centraré solamente en tres aspectos que se han señalado aquí respecto al informe. 
A todos nos parece crucial la participación del sector privado. Las diferencias residen en cómo y a partir de qué momento, si entiendo bien. 
Quiero decir, en ese sentido- como han dicho el Sr. Savary y la Sra. Langenhagen- que, independientemente del resultado de las enmiendas respecto al informe del Sr. Glante, espero que el informe tal y como quede después de las enmiendas o sin ellas, tenga el mayor respaldo posible, al margen de mis preferencias por una fórmula u otra. 
En nuestra opinión, conviene incorporar desde el principio el sector privado, no sólo por los fondos limitados, que va a aportar durante la fase de desarrollo de 2002 al 2005, sino porque a medio plazo corresponde a este sector contribuir de manera sustancial en la fase siguiente, no sólo en la fase de despliegue, sino también en la fase operativa. 
El incremento sustancial de la participación financiera del sector privado es una condición esencial para lograr, en el marco de las futuras perspectivas financieras, la financiación pública necesaria en las fases ulteriores. 
Quiero decir que la participación del sector privado no se improvisa, sino que se debe preparar desde ahora, y eso se recogía así en la resolución del Consejo de Ministros de abril del año pasado. 
La propuesta de la Comisión, que hoy se presenta, no hace más que llevar a la práctica este principio. 
Es verdad que hay una sugerencia, la planteada por el Sr. Glante, donde se sustituye esa participación directa por la constitución de la empresa común, por la constitución de una sociedad de fomento paralela a la empresa común, lo que a nosotros, como he señalado, no nos parece suficiente. 
Nosotros entendemos que la participación debe producirse dentro de la empresa y que hay, además, voluntad manifiesta, no sólo del sector espacial, sino también del sector de las aplicaciones, de entrar ya en esta fase, en esa participación publica o privada. 
Quiero decir, además, que, participando en el capital de la empresa común, la industria empieza ya a asumir un mínimo de riesgos, y creo que eso es conveniente, porque tiene que participar también en las definiciones finales de la arquitectura de todo el sistema. 
Algunos, en el Consejo y en el Parlamento, temen que surjan conflictos de intereses. 
En mi opinión, hoy día, las legislaciones nacionales prevén fórmulas que evitan ese tipo de conflicto de intereses. 
Como he dicho en alguna ocasión, aquí estamos dando ayudas y financiando programas, mientras hay un banco que hace de asesor financiero de las ayudas, mientras que, vinculada a ese banco, hay una organización no gubernamental, que es la que hace el programa y mientras que, también relacionada con ese banco, hay un grupo de estudio que evalúa la realidad del programa. 
Y decimos que todo eso es correcto y que existen las barreras suficientes para garantizar que no es posible una interrelación de intereses. 
Creo que, en este caso, hay maneras todavía más concretas y más claras, la famosa muralla china, que nos permitirían evitar este tipo de problemas. 
En el artículo 9 de los Estatutos se dice que, en la propuesta que hacemos, en materia de contratación el comité ejecutivo debe actuar con total independencia respecto al consejo de administración en el que estarían representadas las empresas participantes en la empresa común, es decir, que el comité ejecutivo actúa al margen de las empresas que, eventualmente, puedan participar en las licitaciones. 
Para evitar las preocupaciones hay fórmulas que pueden dar mayores garantías. 
En cuanto al papel de los Estados de la Unión, compartimos totalmente el planteamiento del informe del Sr. Glante, es decir, la creación de un comité de supervisión compuesto por representantes de los Estados miembros, para que éstos puedan seguir de cerca y con continuidad las actividades de la empresa común. 
Por eso hemos propuesto al Consejo, y éste lo ha aprobado, que en el Reglamento no en los estatutos de la empresa común, sino en el Reglamento- se establezca un consejo de supervisión compuesto por representantes de los Estados. 
Éste deberá reunirse antes de cada reunión del consejo de administración de la empresa común para pronunciarse sobre las posturas que la Comisión tenga previsto defender en relación con los diferentes puntos del orden del día. 
Estas normas de funcionamiento nos parecen las más adecuadas para lograr nuestro objetivo, puesto que mantienen la autonomía de funcionamiento de la empresa al tiempo que permiten a los Estados controlar la actuación de la Comisión, que representa a la Comunidad Europea en el consejo de administración de la empresa común. 
En cuanto a la dimensión militar, Señorías, diré que Galileo es un sistema concebido para fines civiles, que deberá ser gestionado por civiles y que, además, ésa es una de las diferencias esenciales con el GPS. 
Dicho eso, es cierto que hay un servicio reservado a las administraciones públicas, que está pensado para aplicaciones como los bomberos y la seguridad, que en un momento dado pueden ser utilizadas para otros fines, pero es que hoy día el GPS abierto está siendo utilizado en algunas aplicaciones y en algunos usos militares. 
Con ello, Señorías, quiero decir, en primer lugar, que este tipo de sistemas siempre son de doble uso. 
En segundo lugar, como saben sus Señorías, hay una señal de acceso libre, totalmente gratuito, otra señal de acceso, previo pago, con unos servicios, codificada, pero que también es libre. Y una tercera señal reservada para el sector público, pero- insisto- que está pensado, no para usos militares sino para usos civiles como los que he señalado. 
Señorías, actualmente, respecto a Galileo, están sobre la mesa del Consejo de Ministros todos los elementos para tomar una decisión, la financiación para toda la fase de desarrollo, sin que ningún Estado de la Unión tenga que poner un euro más para sacar adelante el proyecto. 
Hay que decirlo muy claro, las perspectivas financieras actuales cubren toda la fase de desarrollo de Galileo. Ningún Estado tendría que poner un euro suplementario. 
Galileo es esencial para la industria europea, para la capacidad tecnológica, en la tecnología espacial europea, pero, además para otra serie de elementos, como la autonomía, la soberanía y la capacidad de ofrecer un servicio alternativo a GPS, que reforzaría a éste, ya que, como hemos dicho sistemáticamente, Galileo será y tendría que serlo siempre, compatible con el GPS, ambos deberían reforzarse mutuamente, y, en caso de fallo de alguno de los dos, el otro debería servir de alternativa a todos los usuarios. 
Lo único que hay que ver es si existe o no la voluntad política y creo que ésta es una de esas ocasiones en que sabremos si hay o no voluntad política de salir adelante con una Europa que cuente en el mundo. 
La pelota, como decimos en España, está en el tejado de los Ministros y espero que decidan que sí. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en la segunda parte del apartado 1 se dice que yo me abstuve ayer en la votación sobre el informe Olsson, pero voté en contra. Me gustaría que este error se rectificara. 
Tomamos nota del sentido de su voto, que será corregido. 
Debido a un error, no figuran en el Acta de ayer las propuestas de la Conferencia de Presidentes sobre el nombramiento de las mesas de las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas, por lo que se incluirán en el Acta de hoy. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, a propósito del Acta de la sesión anterior, yo quiero agradecer públicamente a Francia y a Bélgica el visible refuerzo de la vigilancia de los edificios. 
Gracias, señor Rübig, tomamos nota de su observación. 
Señor Presidente, en la sesión pasada, estábamos todos espantados ante la posibilidad de que pudieran ajusticiar a Safiya Husseini en Nigeria. 
Yo iba a pedir la palabra, pero el Sr. Corrie la pidió y me sentí representada por él cuando solicitó a la Presidenta que intercediera. 
Hay ahora una movilización en mi país, porque parece que han adelantado la ejecución a este sábado. 
Eso nos aterra aún más, porque el caso de esta mujer, como el de otras muchas, es una muestra de salvajismo. 
Me parece aterrador que una mujer vaya a ser ajusticiada por el hecho de que haya tenido una hija, que es la quinta de sus hijos, sea la hija fruto de lo que sea. 
Tendríamos que hacer un último esfuerzo para evitar que se produzca esa ejecución que las autoridades han adelantado al sábado porque pretenden así evitar la presión internacional en contra de lo que, para mí, es un asesinato. 
Señor Presidente, le ruego que haga las gestiones oportunas. 
Señora González, toda la Cámara comparte sus sentimientos y procederemos a activar, dentro de las posibilidades de la institución, todas las medidas para que semejante atrocidad no sea perpetrada. 
Señor Presidente, quisiera referirme al orden del día. Me llama la atención que los debates de hoy terminen a las cinco y media y que las votaciones comiencen a las seis y media. 
Esta situación se viene produciendo desde hace mucho tiempo. 
Significa que muchos diputados ya no pueden regresar a casa después del debate, de modo que se ven obligados a quedarse hasta el día siguiente o a salir antes. 
Entiendo que permanezcamos aquí, hasta bien entrada la noche si por mí fuera, en caso de que haya temas que tratar. 
Ahora bien, si no hay nada que hablar me parece inútil que perdamos una hora tomando café. 
Por eso le ruego que plantee esta cuestión ante el Presidente a fin de averiguar si resulta posible evitar que los diputados tengan que quedarse aquí sin que haya necesidad de ello. 
Sí, señor Maaten, pero tenemos un orden del día establecido. 
Dentro de lo que este determina, procuraremos, en la medida de lo posible, tener en cuenta sus inquietudes. 
Derechos de la mujer e igualdad de oportunidades en los países mediterráneos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0022/2002) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la política de la UE con respecto a los países mediterráneos en relación con la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades en dichos países (2001/2129 (INI) ). 
. (EL) Señor Presidente, Señorías, la cooperación euromediterránea constituye un horizonte político y una perspectiva vital para la Unión Europea. 
No se trata sólo de un camino seguro para el fomento sus intereses económicos, sino que se orienta fundamentalmente a la creación de una zona de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad. 
La historia de la construcción europea nos enseña que sin LA prosperidad de todas las partes, de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, no hay zona de paz y estabilidad. 
En la actualidad el papel de las mujeres en el marco de esta cooperación es marginal o restringido al sector económico, con escasos efectos en la mejora de su nivel de vida. 
Por el contrario, en nuestra comisión estamos convencidos de que semejante horizonte político exige contemplar a las mujeres como factores de cohesión, paz y desarrollo sostenible. 
El objetivo del informe de iniciativa es valorar la política seguida hasta hoy e instar a la Unión Europea a aplicar todas las políticas necesarias para la promoción de los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres de los países asociados del Mediterráneo, e instar igualmente a los países asociados para que con profundidad consideren sus responsabilidades y respondan con todos los medios posibles a las demandas de este objetivo. 
La valoración de la situación no es fácil, puesto que los países se diferencian sensiblemente unos de otros. 
Faltan datos estadísticos desglosados por sexo, faltan estudios, falta una evaluación sustantiva por parte de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales de los efectos de la cooperación euromediterránea sobre la promoción de los derechos de la mujer. Y hay que decir, además, que hasta ahora no se ha aplicado ningún programa mediterráneo regional específico para las mujeres. 
Los rasgos generales que podemos observar son que el desempleo castiga a las mujeres incluso de nivel universitario de estudios. 
El analfabetismo va en aumento. 
Los matrimonios prematuros y otros esquemas tradicionales de comportamiento impiden a las mujeres completar su educación escolar. 
Se observa un espíritu empresarial, sobre todo en el Magreb, pero la falta de financiación y créditos no brinda a las iniciativas de las mujeres la oportunidad de desarrollarse. 
La violencia, la pobreza, la incierta salud de las mujeres son otros rasgos característicos; como lo es igualmente su ausencia, su escasísima presencia en los centros de decisión, y, consecuentemente, su ausencia de las negociaciones y del planeamiento de la cooperación euromediterránea. 
Estereotipos religiosos y tradicionales condicionan las legislaciones, la ratificación de los convenios internacionales, y la propia aplicación de estos convenios. 
Nuestra comisión pide el cumplimiento sustantivo de cuanto queda establecido en la declaración de Barcelona sobre democratización y respeto a los derechos humanos, y la incorporación de la dimensión de género a los tres pilares de la cooperación euromediterránea. 
Pide igualmente que a los acuerdos de asociación se incorpore una cláusula explícita sobre protección de los derechos de las mujeres y que se prevea un mecanismo de seguimiento de dicha protección. 
Expresamos nuestra satisfacción porque el estudio y la elaboración del primer programa mediterráneo regional para las mujeres se hayan ya decidido, y pedimos a la Comisión que el programa no se quede restringido al ámbito de la formación profesional, sino que sea expresión de un tratamiento político global, y procure todos los instrumentos necesarios a fin de que la cuestión de la igualdad entre los sexos pueda ser abordada con la amplitud que le es propia en los países de la Unión Europea, donde se aplica. 
La Comisión Europea, la Comisaria, que está presente, tiene experiencia en la elaboración y aplicación de programas semejantes en nuestros países y en los países candidatos a la adhesión, y creemos que esa experiencia deberá inspirar la elaboración del programa mediterráneo regional. 
Igualmente, nuestra comisión propugna el apoyo a las organizaciones de mujeres de los países asociados, así como su relación con las organizaciones de mujeres de los países de la Unión Europea. 
Prevemos asimismo la extensión de las posibilidades de colaboración con las organizaciones de mujeres y los agentes sociales de los países candidatos a la adhesión, así como de los países balcánicos, ya que toda la región hace frente al reto de la estabilidad y la paz mediante la activación de la sociedad civil. 
Por otra parte, y tras constatar que el Banco Europeo de Inversiones no dispone de recursos para la financiación y apoyo de las actividades de las mujeres, propugnamos el estudio del plan de creación de un banco euromediterráneo de inversiones para la zona euromediterránea, pues creemos que así se darán posibilidades de desarrollo y de aprovechamiento de las posibilidades y de los créditos por parte de las mujeres y de las asociaciones de mujeres. 
Proponemos también la creación de un banco de datos y de un observatorio para el seguimiento de los progresos y la recolección de datos que contribuyan a la adecuada valoración y al planeamiento de la futura política al respecto. 
Hemos concedido también un cuidado especial a los problemas a los que se enfrentan las mujeres que han emigrado de estos países a la Unión Europea, y pedimos la eliminación de los obstáculos burocráticos o de cualquier otra naturaleza que dificultan la emigración legal a los países de la Unión Europea, ya que creemos que es la causa de la pobreza, la marginación y la explotación de seres humanos, muy especialmente de mujeres. 
Fenómenos semejantes han sido repetidamente denunciados por nuestra comisión y por el Parlamento Europeo en su conjunto. 
Este informe es resultado de una excelente colaboración con los demás Grupos políticos, y quiero expresar mi agradecimiento a las colegas que presentaron enmiendas y han colaborado con nosotros; por ello le pido a la Cámara la aprobación del texto en su conjunto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de este Parlamento, nos llena de preocupación la situación de la mujer en los países mediterráneos, tan bien descrita por la Sra. Kratsa en su informe. 
El analfabetismo casi generalizado- especialmente en algunos países, según indican los porcentajes que presenta -, el abandono de la educación a edades tempranas, sin completar un nivel de estudios que les permita capacitarse posteriormente, la participación escasa en el mercado laboral- sobre todo de las mujeres jóvenes -, son factores que, unidos a la pobreza y la marginación, afectan sobre todo, en la mayoría de los casos, a las mujeres 
Esto ocurre a pesar de los acuerdos de cooperación, en los que se incluyen muchas cláusulas, pero nunca, entre los objetivos, se deja muy claro que debe tenerse en cuenta la situación de las mujeres, y que, entre los objetivos, tiene que figurar la promoción de la mujer y el acceso de la misma a unos mejores niveles de bienestar personal y al mercado laboral, para que puedan desarrollar su propia profesión. 
En estas áreas, los problemas de salud constituyen una de las situaciones más graves que se les presentan, no sólo por la falta de atención, sino también por la falta de prevención. 
Estos problemas afectan, en general, a toda la población, pero más a las mujeres. 
Esto nos sorprende de una manera especial, cuando sabemos que el programa MEDA ha tenido problemas en esta Cámara, porque no se ha ejecutado ni siquiera la mitad de lo que estaba previsto. 
El programa MEDA, que se destina a programas de cooperación en las áreas del Mediterráneo, en particular del sur del Mediterráneo, sería un instrumento magnífico para elaborar programas específicos para mujeres, destinados a la promoción del papel de la mujer y a aumentar los niveles de vida de las mujeres, lo que supondría una ventaja para toda la población, ya que todos sabemos la incidencia de la mujer en las sociedades menos desarrolladas y, en particular, en las sociedades tradicionales, donde las mujeres soportan el mayor peso de la familia que, además, suele tener un importante número de hijos. 
A través del Foro Euromediterráneo de Mujeres Parlamentarias conocemos bien la situación de estas mujeres, y sabemos lo que esperan del Parlamento y de la Unión Europea. 
Por eso, tenemos la obligación de hacer una llamada de atención para que sean satisfechas sus necesidades. 
Señor Presidente, desgraciadamente, ésta es la historia de un compromiso hasta ahora incumplido, que luego comentaré. 
En primer lugar, quisiera agradecer a la ponente, Sra. Kratsa, su excelente disposición para la incorporación de todas aquellas enmiendas y cuestiones que, desde el Grupo Socialista, hemos querido plantear para completar este excelente informe. 
Realmente, el trabajo en comisión ha sido de una colaboración total entre todos los grupos, y espero que el Pleno lo refleje en su votación esta mañana. 
Hemos conseguido alcanzar compromisos en casi todos los aspectos de un problema que ha llegado a ser muy serio, porque afecta a la gran mayoría de las mujeres de los países asociados del Mediterráneo. 
Es verdad que, entre los distintos países, existen diferencias, luces y sombras, pero, en general, la situación de las mujeres de estos países es altamente preocupante: analfabetismo, abandono escolar, desempleo, violencia de género y problemas de salud, derivados de la salud reproductiva y de la inexistencia de servicios adecuados para las mujeres. 
El informe describe de forma exhaustiva todas estas situaciones. 
La Unión Europea y los Estados miembros deben renovar su compromiso con las mujeres de los países del Mediterráneo. 
En muchísimos casos, los acuerdos de cooperación no cumplen el compromiso de atender la situación especial que padecen estas mujeres. 
Es lo que nosotras llamamos "introducir de forma transversal la perspectiva de género", porque la situación que padecen las mujeres no es igual a la situación en la que se encuentran los hombres y, por lo tanto, es necesario analizar, desde el principio, cuál es esta situación, para darle las herramientas necesarias para su solución. 
Desgraciadamente, una vez más, el Programa regional en el marco de los MEDA ha sido retrasado y, por tanto, este informe va a ver la luz mucho antes de que este programa regional se ponga en marcha. 
Espero que para entonces podamos retomar las ideas fundamentales que se traducen en este informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, colegas, no podemos seguir lamentándonos de la situación que padecen las mujeres en muchos países del mundo, especialmente en esta zona tan próxima, sin actuar. 
Es una cuestión inaplazable y debemos impulsar los mecanismos necesarios para conseguir que la vida de las mujeres en estos países sea, de hecho, mejor y más fácil. 
Debemos reiterar este compromiso, porque no queda tiempo y tenemos que actuar. 
Señor Presidente, existe una tendencia a que cada vez que tenemos la cuestión de las mujeres en el orden del día, sean sólo mujeres quienes participen en el debate. 
Por ello me gustaría comenzar diciendo que dos hombres de mi Grupo han hecho un llamamiento en favor de la igualdad de oportunidades al Parlamento que también será remitido al Presidente. 
En este llamamiento titulado "Enough is enough" se exhorta a todos los grupos a que vean en qué situación se halla la igualdad de oportunidades en sus grupos y a que adopten iniciativas para mejorar la igualdad de oportunidades. 
Además, me gustaría dar las gracias a la señora ponente por su espléndido informe que explica muy bien un ámbito en el que resulta necesario ocuparse de la situación de las mujeres y destaco un par de puntos en los que me gustaría insistir. 
En primer lugar, me parece sumamente importante contar con estadísticas y quiero exhortar a la Comisión a que examine cómo podemos mejorar la base estadística, pues todo debate sobre hombres y mujeres y desigualdad se viene abajo si no disponemos de los necesarios datos estadísticos. 
Si debe ser un organismo de seguimiento o un banco de datos, o yo qué sé, es menos importante. 
Lo fundamental es contar con estadísticas. 
El segundo punto es que me parece obvio y también está relacionado precisamente con este llamamiento, que la Comisión debe garantizar la participación de las mujeres cuando se proceda a la negociación de los acuerdos de asociación. 
Sabemos muy bien que muy a menudo sólo tenemos a hombres en la mesa de negociaciones. 
Cuando así sucede, la situación de las mujeres queda reducida de antemano y no será un tema principal. 
El tercer punto que me gustaría recalcar es la cuestión de los programas. 
Es importantísimo investigar qué programas concretos podemos ofertar con vistas a alcanzar una mejor formación de las mujeres para que ellas mismas puedan también promover en mayor medida la igualdad de oportunidades. 
Señor Presidente, estimados colegas, el Grupo de los Verdes y Alianza Libre Europea felicita a la Sra. Kratsa por su excelente informe. 
Quisiera subrayar asimismo que la forma constructiva en la que se ha llevado a cabo, es decir, mediante la colaboración entre los Grupos, nos ha llenado de satisfacción. 
Coincidimos con la ponente en que la colaboración euromediterránea reviste importancia fundamental para Europa desde el punto de vista político. 
Dicha colaboración no es sólo una manera segura de fomentar los intereses económicos europeos, sino que su principal objetivo consiste en crear una zona de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad. 
Para acelerar esta colaboración hace falta una mayor comprensión entre los pueblos europeos y los pueblos de los países socios, así como una sociedad civil activa capaz de participar en el proceso que nos ocupa. 
En todo ello las mujeres desempeñan un papel clave. 
Hemos de animarles a que adquieran una identidad política propia. 
A este fin tenemos que brindarles la posibilidad de recuperar, a través de la formación y la concienciación, un retraso injusto que se viene acumulando desde hace muchos siglos. 
Ya es hora de que las mujeres dejen de ser consideradas únicamente como madres, por importante que sea su función educativa. 
También deben ser consideradas- siempre y cuando tengan acceso a la educación- como socias de pleno derecho en el mercado laboral y la política. 
Con vistas a la ampliación las mujeres del Sur deben firmar un pacto de solidaridad con las del Norte. Deben apoyarse mutuamente en la defensa de sus justificadas reivindicaciones. 
Europa debería ser el motor de todo esto. 
Nuestra Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades encabezada por su inspiradora presidenta, la Sra. Karamanou, está llamada a desempeñar un papel importante en este proceso. 
Señor Presidente, en todo este informe, por el que doy las gracias a la Sra. Kratsa, hay, a mi juicio, una laguna, un tabú, una palabra silenciada- comprendo la sensibilidad al respecto- sin la cual no podemos, sin embargo, afrontar el problema de fondo ni colaborar con los grupos de mujeres que en esos países están luchando por su emancipación. 
La palabra que falta es "religión", es decir, Islam y utilización política del Islam por parte del poder constituido. 
El problema fundamental de la emancipación o liberación de las mujeres en esos países- como ocurrió en los nuestros, durante mucho tiempo- es la equiparación entre religión y política, la equiparación a partir de la cual los códigos de la Sharia son y resultan cada vez más el único fundamento jurídico de las leyes que se refieren a la condición de la mujer en esos países. 
Todo eso falta- y comprendo la dificultad al respecto -, pero temo también que nuestra falta de valor no ayude a los grupos de mujeres que en esos países, solas y valerosamente, empiezan a plantear el problema de la separación entre el poder religioso y el poder político. 
Las leyes más importantes que se refieren a las mujeres son las llamadas leyes del estado civil. 
Pues bien, todas las que codifican- repito: codifican- la discriminación de las mujeres descienden directamente- si bien en formas diversas- de la interpretación del Corán. 
Hay mujeres allí que luchan por la separación de los poderes; hay mujeres que luchan por una revisión modernista del Corán. 
Nada de todo eso figura en absoluto en este informe, en el que se enumeran las consecuencias, pero no se afronta la causa. 
Lo lamento, porque creo que nosotras mismas vamos un paso por detrás de ellas. 
Señor Presidente, también yo sumo mi voz a la de muchas colegas para congratularme por el informe. 
Es indudable que, después de oír la intervención de la Sra. Bonino, no se puede dejar de reconocer la validez de lo que ha dicho. 
Seguramente decirlo en dos minutos ha impedido profundizar más en ese asunto, un asunto importante, que indudablemente no se debe afrontar como lo hemos hecho en el informe reciente, centrado en "mujeres y fundamentalismo". 
Si lo afrontamos así, no ayudaremos ni a esas mujeres ni a nosotros a ser útiles de algún modo con vistas al desarrollo no sólo económico, sino también cultural de esos países y, por tanto, a la capacidad de esos pueblos, en conjunto, para salir de una situación cultural y religiosa en la que se atropellan los derechos humanos y civiles de las personas en general y de las mujeres en particular. 
Así, pues, considero útil que se afronte ese asunto en los términos planteados por la Sra. Bonino, dado que hasta hoy se ha debatido poco sobre esa cuestión en nuestro Parlamento. 
En cambio, por lo que se refiere a este informe, tal como se presenta, creo que debo congratularme y hacer dos recomendaciones a la Comisión y al Consejo, que, por lo demás, figuran en el texto presentado y que sólo quiero subrayar. 
La primera es que la presencia de la mujer en todos los niveles en la vida social, económica, financiera y política, en condiciones de paridad, también desde el punto de vista de la adopción de decisiones, es un presupuesto para garantizar la democracia y, por tanto, también la paz y el bienestar. 
Todo lo que la Unión haga para perseguir esos objetivos debe hacerlo procurando también que los programas ejecutados por nosotros o en ejecución sean inflexibles respecto de la defensa de los derechos y que toda la labor llevada a cabo por el Consejo en materia de investigación, asociación y cooperación no prescinda nunca de la exigencia del respeto de dichos derechos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero agradecer a la colega Kratsa-Tsagaropoulou el buen análisis que ha realizado y la excelente colaboración mantenida durante la elaboración del informe. 
Yo creo que podemos remontarnos una vez más a la Conferencia Mundial de Pequín, donde ya se emprendió la vía de la capacitación de las mujeres, del desarrollo de sus capacidades, y el programa MEDA podría ofrecernos, de hecho, los instrumentos adecuados para ello. 
Sin embargo, nos faltan los datos estadísticos necesarios para poder realizar un análisis más preciso. 
En el informe de evaluación faltan, por ejemplo, esos datos y hasta ahora tampoco se ha definido ningún indicador de progreso. 
¿Por qué no ha se ha desarrollado hasta el momento ningún programa regional dedicado exclusivamente a las mujeres en el marco de MEDA I y II? 
¿Por qué no se aplica con mayor rigor la cláusula democrática ante flagrantes atentados contra los derechos de las mujeres, como por ejemplo en el caso de la mutilación genital? 
El informe Valenciano Martínez-Orozco ofrece importantes indicaciones al respecto. 
¿Por qué no se combate más el fundamentalismo? 
Yo quiero rogarles, en este contexto, a las colegas de otros Grupos que tengan el valor de plantear estas cuestiones también aquí, en el Pleno, y que no obstaculicen en la práctica su debate desde la Mesa. 
Yo me pregunto: ¿por qué se impide en muchos países el acceso la educación de las mujeres? 
La tendencia es negativa. 
Justamente en las zonas rurales, hasta un 60% de las mujeres están excluidas de la educación y tampoco tienen acceso a programas de salud reproductiva. 
¿Por qué nuestros Estados miembros no se oponen claramente al tráfico ilegal de personas al tratar el tema de la inmigración y el asilo, por ejemplo? 
En mi Estado miembro, por ejemplo, en estos momentos se está incorporando al debate electoral la cuestión del reconocimiento de la persecución no estatal o la persecución específica por razones de sexo como motivos de asilo, de manera que, como resultado, las mujeres del área mediterránea podrían acabar perdiendo la oportunidad de beneficiarse de los buenos enfoques de nuestra ley de asilo. 
En resumen, yo creo que las mujeres debemos intensificar todavía más nuestra colaboración en este contexto. 
El informe constituye un buen ejemplo de ello. 
Debemos reforzar la presencia de mujeres en la actividad social no sólo aquí, sino también en los países socios, y la Unión Europea- quiero subrayarlo una vez más- debe intensificar la orientación de sus instrumentos de cooperación a favor de las mujeres, habida cuenta que si concedemos capacidad de actuación a las mujeres con la ayuda del programa de democratización y ampliamos el diálogo, esto redundará en beneficio de todas. 
Quisiera en primer lugar dar las gracias a Rodi Kratsa por su excelente trabajo. 
Este informe nos recuerda hasta qué punto la promoción del papel de la mujer en la vida socioeconómica debe ser una preocupación de la Unión Europea, tanto en el marco de las políticas comunitarias como en el de la cooperación con los países terceros y los países mediterráneos. 
Quisiera añadir simplemente unas palabras sobre la situación actual, perfectamente descrita en este informe. 
Incluso aunque hoy se puede señalar una mejora de la condición de las mujeres en algunos países mediterráneos, quedan aún enormes progresos por hacer, principalmente en lo que respecta al acceso a la enseñanza, a la formación profesional, al empleo pero también en materia social, en lo que se refiere a las mujeres solas, divorciadas o madres solteras y mujeres que viven en el medio rural. 
Corresponde a la Unión Europea señalar estos progresos en cuanto se producen y apoyarlos en cada ocasión que se tenga oportunidad. 
La Unión Europea debe velar también para que las declaraciones de buenas intenciones que se hacen durante las conversaciones de los acuerdos de colaboración o de asociación se vean efectivamente seguidas de medidas concretas, con vistas a asegurar una mayor cohesión social. 
Pero faltan numerosos progresos que realizar. 
La promoción de la igualdad de sexos en los países mediterráneos choca con una serie de obstáculos entre los cuales se encuentra el peso de las tradiciones culturales y religiosas y la falta de estructuras jurídicas y sociales. 
En un momento en el que algunos de esos países están viviendo una fuerte expansión económica, resulta esencial promover la integración de la igualdad de sexos en todas las políticas, y especialmente en las relativas al acceso a la formación y al empleo, ya que las mujeres no podrán acceder a puestos de responsabilidad social, económica o política más que si se adoptan medidas específicas en materia de acceso a la formación y se completan con medidas sociales apropiadas, como por ejemplo la puesta en marcha de estructuras de acogida para los niños. 
La Presidencia española ha recordado su enorme interés por el desarrollo de programas como Meda así como por la asociación de la Unión Europea con estos países; se trata de una excelente ocasión para incentivar a nuestros socios, presentes y futuros, a promover los derechos civiles, sociales y económicos de las mujeres con el fin de hacer que emerja una sociedad activa en la cual participen tanto las mujeres como los hombres y que permita a medio plazo, espero, la creación de una zona de paz, de seguridad y de prosperidad. 
Señor Presidente, quisiera darle la enhorabuena a la Sra. Kratsa, tanto por la iniciativa de acometer este informe como por su contenido y por las propuestas tan precisas de política que incluye. 
este informe constituye una gran aportación a las mujeres del Mediterráneo, las cuales, a pesar de una cierta mejora de las condiciones estos últimos años, siguen soportando discriminación y desigualdad en razón de su sexo. 
El analfabetismo, la pobreza, la violencia familiar, la insuficiente atención médica, la baja participación en la vida profesional y política son los rasgos principales de la vida de las mujeres de la ribera sur de la cuenca mediterránea. 
Pero lo peor de todo, y quisiera en este punto expresar mi pleno acuerdo con la Sra. Bonino, es que las mujeres son las víctimas principales del fundamentalismo religioso y político, del hiperconservadurismo y de los regímenes autoritarios, cuyo poder descansa, en gran medida, en el control del comportamiento sexual de las mujeres, de su modo de vida, de sus funciones reproductoras, incluso de sus hábitos indumentarios. 
Sin duda alguna el irracionalismo y la intolerancia constituyen los obstáculos principales no sólo para la emancipación de las mujeres sino para el propio desarrollo económico y social de estos países. 
Por supuesto, la mejor defensa frente a las fuerzas del oscurantismo retrógrado y la intolerancia es el refuerzo del carácter laico del estado y del orden legal democrático. 
Nuestro mensaje ha de ser claro y contundente. 
Ningún sistema político, ningún movimiento religioso, ninguna tradición o costumbre, puede estar por encima del respeto a las libertades fundamentales de las mujeres, de los derechos humanos y del estado de derecho. 
Mientras estos elementos básicos de la sociedad democrática sigan brillando por su ausencia en tantos países del Mediterráneo, las esperanzas de que mejore la posición de la mujer seguirán careciendo de fundamento, y las resoluciones de las conferencias que se celebran en el marco del proceso de Barcelona serán papel mojado. 
Por ello pedimos a la Comisión Europea que active todos los mecanismos y recursos de que disponga, especialmente en las negociaciones de los acuerdos de asociación, al objeto de que se incluyan cláusulas explícitas y compromisos de reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, así como de los principios del estado de derecho, como condición sine qua non para el desarrollo social del Mediterráneo y para la transformación de la Cuenca Mediterránea en una zona de paz y cooperación. 
Señor Presidente, yo quisiera exponer cuatro observaciones en relación con el informe. 
En segundo lugar, yo considero que podemos suscribir las reflexiones de la colega Bonino. 
En el informe falta una referencia a la causa principal de la situación actual, que en parte ya se analiza sin tapujos en el propio informe; pero sin mencionar su causa principal. 
En tercer lugar, a la vista de las consecuencias, me parece que mantenemos una actitud demasiado amable, demasiado aquiescente, demasiado moderada. 
Se insta, se recomienda, se pide, se insiste mucho, pero a mi parecer se exige demasiado poco. 
Yo creo que en el futuro debemos ejercer mucha más presión en relación con esta temática. 
Tenemos que ejercer una presión masiva sobre esos países y esas sociedades, incluida la mención de posibles sanciones, aunque ya sé que no es exactamente la palabra adecuada. 
Es decir, que tenemos que transmitirles de manera creíble y tenemos que hacerles comprender que si no se desarrolla una acción positiva a favor de la igualdad de las mujeres en dichos países, esto también tendrá consecuencias. 
En cuarto lugar y retomando una reflexión de la colega liberal Dybkjær: ¡este es, desde luego, un tema que también afecta a los hombres! 
Hoy soy en cierto modo un mirlo blanco, pero yo espero que los hombres que ahora no están presentes respondan como es debido en el momento de la votación y hagan avanzar algunos pasos- ahora y espero que también en el futuro- la política que propugna el informe. 
. (EL) Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Kratsa y a la Comisión de Derechos de la Mujer, porque este informe, que más allá de su contenido sustantivo, introduce de nuevo, y con énfasis, la cuestión de los derechos de las mujeres en el diálogo euromediterráneo. 
El proceso de Barcelona es en esencia el instrumento de diálogo entre la Comunidad y los países mediterráneos. 
Este diálogo no puede descansar simplemente en los principios y fundamentos de la Unión Europea, ni tampoco en los principios y fundamentos de los sistemas de estos países. 
Ha de apoyarse en el derecho internacional, en los convenios sobre derechos humanos, en la declaración de Pekín, que ha sido firmada por estos países; en todos estos textos y convenios internacionales que plantean los derechos de las mujeres en el centro de los derechos humanos. 
De este modo se plantea de nuevo la cuestión de la perspectiva de género en la política exterior. 
Porque el proceso de Barcelona forma parte del desarrollo de la política exterior de la Unión Europea. 
Quisiera informar al Parlamento de que ya la Comisión ha adoptado una iniciativa para la aprobación de un texto con recomendaciones y principios al objeto de que sea sancionado por los ministros de Exteriores y que inspire todos los convenios y acuerdos de la Unión Europea con terceros países en lo que atañe a los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en la política exterior. 
Ya he mantenido unos primeros encuentros al respecto con el Comisario responsable de los asuntos de Política Exterior. 
Se ha organizado, y se celebrará en abril, el primer encuentro internacional de expertos sobre la cuestión. 
Nuestro objetivo es la presentación en 2003 de un programa- político- coherente de recomendaciones que incluya un acuerdo de principios. 
Para ello será necesario, qué duda cabe, un debate específico con la Comisión de Derechos de la Mujer; muy pronto, espero, en cuanto dispongamos del programa completo y el calendario, a fin de que podamos hablar con la comisión del Parlamento sobre la base de un texto concreto. 
Los instrumentos económicos y financieros del proceso de Barcelona son el ÌEDA I y el ÌÅDA II. Como muy bien han dicho sus Señorías, no podemos sentirnos especialmente satisfechos de los resultados del programa ÌEDA I en lo que respecta a la dimensión social, a la cuestión de las mujeres y los derechos, y en gran medida las dificultades se deben a la incompatibilidad entre los sistemas administrativos, y aun al desacuerdo sobre los principios. 
El objetivo del programa ÌEDA IÉ es la existencia a largo plazo, en el horizonte de 2010, de una zona de libre intercambio entre Europa y los países mediterráneos. 
En este marco, se persigue la aplicación de programas que conduzcan al desarrollo económico de estos países, y, al mismo tiempo, que el pretendido desarrollo económico vaya acompañado de medidas socioeconómicas. 
En el núcleo central de estas medidas han de encontrarse necesariamente las medidas que atañen a las mujeres, su participación protagonista en la educación, en el mercado de trabajo, en la vida económica y social. 
Es responsabilidad de la Comisión, tras el forum celebrado durante la Presidencia belga, preparar a lo largo de 2002 un programa regional concreto con acciones referidas al mercado de trabajo, a las redes de mujeres, a facilitar a las mujeres el acceso a los medios financieros para el desarrollo de iniciativas relacionadas con la formación. 
Este informe constituirá sin duda una importante contribución al programa final que será presentado por la Comisión; pero quisiera, para concluir, expresar mi convencimiento personal de que sea cual sea el programa regional del que se trate, con toda la financiación que se quiera, si no se ejecuta en el marco de los convenios internacionales- e insisto en esto porque muchas veces se considera paternalista el enfoque europeo -; repito, pues, sólo puede aplicarse el programa con éxito y obtener los resultados que todos anhelamos, si se ejecuta en el marco de los convenios internacionales, de la declaración de Pekín, que atañe a los derechos humanos, al respeto a los derechos de las mujeres. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Analfabetismo y exclusión social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0009/2002) , de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el analfabetismo y la exclusión social (2001/2340 (INI) ). 
Señor Presidente, pronto hará dos años que aprobamos la Carta de los Derechos Fundamentales. 
El derecho al conocimiento y por tanto el de saber leer, escribir y contar forman parte de ellos. 
En consecuencia, la posibilidad de aprender a leer y escribir debería ofrecerse a todos como un derecho fundamental, y los padres, los profesores, al igual que los políticos y las políticas, deberían reconocer su obligación de velar para que esta oportunidad esté al alcance de todos, sobre todo en la medida en que cuando uno no puede expresarse con palabras con frecuencia recurre a los puños, al sentirse excluido de la escuela, de la empresa, e incluso de la familia. 
Ahora bien, hoy falta este derecho al conocimiento, ya que en nuestro continente, entre el 10 y el 20% de la población de la Unión, y hasta el 30% de la población si se añaden los países candidatos a la adhesión, se consideran analfabetos: el 45% en Portugal, el 35% en Italia, el 22% en Irlanda y Gran Bretaña, el 15% en Alemania y Francia y, si añadimos los países candidatos, el 42% en Eslovenia y en Polonia, el 33% en Hungría, el 29% en Bulgaria y el 20% en Lituania. 
Ahora bien, el analfabetismo produce una separación creciente entre aquéllos que son privilegiados y en una situación de relativa seguridad y los desfavorecidos y marginalizados, que no tienen acceso al empleo y que sufren, en consecuencia, inseguridad financiera, aislamiento psicológico y no participación en la vida social. 
Desde el punto de vista económico, todos los sabemos, el analfabetismo tiene también consecuencias para la vida de nuestras empresas y su modernización: implica un incremento de las cargas vinculadas a los niveles de accidentes, un incremento de las cargas salariales y un incremento de la duración del trabajo, debido a la necesidad de una dirección suplementaria. 
Ahora bien, si bien la acción de la Comisión y de nuestras instituciones ha producido una serie de documentos, se encuentra sin embargo con una serie de obstáculos: carencias por falta de datos fiables, falta de legibilidad de algunos programas propuestos y políticas aún insuficientemente integradas. 
Conviene también enfrentarse a esta cuestión, que considero grave, a través de las políticas integradas que asocian, señora Comisaria, objetivos sociales y objetivos culturales y educativos y es necesario iniciar el debate a nivel político para suscitar una toma de conciencia de este fenómeno. 
En este espíritu pido a la Comisión que someta al Parlamento y al Consejo, en el plazo más breve posible, un Libro verde sobre el analfabetismo, provisto de un calendario de realizaciones concretas, a imagen de la Agenda social, y que defina de manera precisa las medidas a adoptar a nivel europeo. 
En el mismo espíritu, solicito a la Comisión que fije, en el marco de las líneas directrices para el empleo, indicadores y puntos de referencia concretos en el ámbito del analfabetismo, en estrecha colaboración con los actores sociales. 
También le pido que nos someta cada año un balance escrito y cifrado de la realización de los objetivos de lucha contra el analfabetismo y la exclusión social. 
Todos debemos ser conscientes de que esta cuestión es de máxima importancia para el desarrollo al igual que para la armonía de nuestras sociedades. 
No siempre somos conscientes; por ello desearía también que se pudiera poner en marcha, no un observatorio suplementario sino, en el seno del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, con sede en Tesalónica, una especie de Instituto europeo del analfabetismo, tal como ha sugerido mi Grupo, principalmente al presentar la enmienda 5. 
Quiero indicar finalmente, en lo que respecta a las enmiendas presentadas recientemente, en concreto por el Grupo de los Verdes, que estoy a favor de la enmienda 4 y que hubiera estado a favor de la enmienda 2 si ésta se considerase un añadido. 
En cuanto a la enmienda 3, si bien no soy hostil en cuanto al fondo (que es la que pide un Libro verde sobre el analfabetismo y el desconocimiento de los números) , pediré que se vote en contra, ya que considero que, en los términos "Libro verde sobre el analfabetismo", la cuestión de las cifras está por supuesto incluida. 
Finalmente, no puedo aceptar la enmienda 1. 
Éstas son, señora Comisaria, Señorías, las precisiones que deseaba hacerles. 
Señor Presidente, sobre todo felicito a la Sra. Hermange por una iniciativa que ha sabido captar, dentro de la nueva estrategia de lucha contra la exclusión social y la pobreza, uno de los aspectos, como el analfabetismo, que representan- creo yo- un obstáculo verdadero, real, para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales- podríamos decir- de todo ciudadano. 
La idea de que el analfabetismo funcional supere el 10 por ciento de la población de la Unión Europea es un dato, como mínimo, espeluznante, en una dimensión social en la que Europa persigue objetivos ambiciosos como los establecidos en el Consejo de Lisboa; primero, la necesidad de que todo ciudadano disponga de las competencias necesarias para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información; segundo, lograr que nuestra economía llegue a ser la más competitiva y dinámica del mundo. 
En esos términos y con esos objetivos, creo que se debe afrontar el análisis o, mejor dicho, el problema del analfabetismo con la mayor decisión. 
La resolución subraya algunos puntos en los que considero necesario detenerme: primero, saber leer y escribir constituye un derecho fundamental, que se debe garantizar a todos; segundo, la lucha contra el analfabetismo es imprescindible, porque realiza y fortalece la libertad individual; tercero, se debe superar esa preocupante situación con el compromiso de toda la sociedad, en particular de los Estados y de las administraciones públicas; cuarto, el analfabetismo de retorno, que afecta sobre todo a las personas ancianas, en particular a las que corren el riesgo de la exclusión social- sobre todo cuando pierden la autorresponsabilidad y se ven obligadas a confiarse a estructuras protegidas y a abandonar definitivamente sus ámbitos familiares y socioculturales- es una plaga contra la que se debe luchar. 
Conque los gobiernos deben promover una iniciativa enérgica mediante los programas comunitarios, mientras que a usted, señora Comisaria, cuya sensibilidad para ese problema conocemos perfectamente, corresponde cumplir el compromiso de afrontarlo. 
Señor Presidente, yo querría empezar por una frase de la ponente en su exposición de motivos, en la que expresa claramente que la pobreza extrema y la exclusión social deben considerarse una violación de los derechos humanos y el analfabetismo una violación intolerable de esos mismos derechos. 
Además, tenemos que recordar, como ella misma ha dicho, que entre el 10 y el 20% de la población europea es analfabeta funcional. 
La situación de estas personas las limita enormemente para encontrar un trabajo digno y para integrarse en la sociedad en la que viven. 
Tienen dificultades incluso para leer algunos de los documentos oficiales que habitualmente presentamos en los registros. 
Realmente esta situación también contribuye a que, en un continente próspero como el europeo, haya entre un 18 y un 20% de personas en estado de pobreza, si se considera que están por debajo del 60% de la media de su país de origen. 
Ésta es una situación intolerable. 
La ponente propone una serie de objetivos que nosotros compartimos y que deben ser tomados en cuenta en las próximas decisiones. 
En primer lugar, una definición de las distintas formas de analfabetismo- de la que ni siquiera hoy disponemos- con unos criterios y con unos mecanismos comunes. 
En segundo lugar, una acción común contra esa misma situación de analfabetismo funcional, con un método abierto de cooperación entre los diferentes países. 
Esta lucha contra el analfabetismo debe integrarse en otras políticas de la Unión y debe tenerse en cuenta cada vez que se hable de educación y de formación. 
Debe haber un calendario de realizaciones concretas, con la toma en consideración por este Parlamento de los avances, como ha dicho la ponente. 
Debe haber una integración en la política de igualdad de oportunidades. 
Acabamos de discutir otro informe que habla claramente de ello y sabemos perfectamente que las cifras de analfabetismo en todos los países siempre son más altas entre las mujeres. 
Y, finalmente, debe haber una participación de los agentes sociales y de los sectores afectados. 
Esta participación es crucial. 
En los antiguos programas contra la pobreza, como bien recordará, había proyectos concretos que hablaban de la importancia crucial de la participación de todos los sectores afectados. 
Señor Presidente, señora Comisaria, tengo que felicitar a la Sra. Hermange por la iniciativa de este informe sobre el analfabetismo, ya que es un problema al que, normalmente, no prestamos atención, porque nos parece que hemos conseguido la alfabetización total, ya que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea han hecho en los últimos años un esfuerzo enorme para conseguir este objetivo y considerábamos que lo habíamos alcanzado. 
Pero, cada vez más, hay bolsas de marginación en las ciudades, hay una población inmigrante que se instala en nuestras ciudades y eso implica que el problema del analfabetismo, y particularmente el analfabetismo funcional, sea hoy un problema realmente grave, porque está unido siempre a la pobreza, a la marginación y a la exclusión social. 
Para nosotros, como defensores de los derechos humanos- y éste es uno de los derechos más fundamentales, como aquí se ha señalado -, es una obligación llamar la atención para que existan programas que solucionen este problema. 
Quienes se ven más afectados son los jóvenes que proceden de estos núcleos de población, que no tienen oportunidades de acceso al empleo, que obtienen, en algún caso, empleos precarios, sin ninguna posibilidad de mejora en sus condiciones laborales. 
Después de la Cumbre de Lisboa nos hemos marcado como objetivo ser la sociedad del conocimiento más competitiva del mundo. 
Si la sociedad de la información es fundamental para el trabajo del futuro, estos jóvenes que apenas pueden acceder a un trabajo en unas condiciones normales, no tendrán ninguna oportunidad si no los integramos en esta sociedad de la información y del conocimiento. 
Por tanto, es urgente realizar programas, acciones, a través de este Libro Verde que la ponente solicita, para que estos núcleos de población, que se incrementan con la inmigración en los últimos años, tengan solucionado este problema fundamental, para poder acceder a otros sistemas de bienestar personal. 
Siempre nos fijamos en la salud, en la vivienda, en el empleo, pero éste es un problema básico, cuya solución es prioritaria. 
Felicito nuevamente a la ponente por esta magnífica iniciativa que llama la atención sobre un grave problema que aún tenemos entre nosotros. 
Señor Presidente, también yo deseo felicitar a la ponente Sra. Hermange por haber presentado este informe a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y haberlo preparado tan puntualmente. 
Sabemos que Europa es uno de los continentes más prósperos de nuestro mundo, pero, aun así, un número importante de nuestros conciudadanos vive en condiciones de extrema pobreza y marginación social. 
Uno de los criterios para determinar dichas condiciones, además del nivel de renta, es sin duda el analfabetismo, como elemento de exclusión, de atentado contra los derechos humanos, como con razón ha afirmado la ponente en su informe. 
El analfabetismo, entendido como exclusión del aprendizaje básico o como analfabetismo de retorno, causa un desfase en aumento entre los privilegiados que gozan de una relativa seguridad y quienes, en cambio, están desfavorecidos y marginados, carecen de acceso al empleo, están expuestos al aislamiento y no participan en la vida social. 
El analfabetismo representa, además, un costo para las empresas y desde el punto de vista social, además de un elemento de exclusión. 
En el nivel europeo es un fenómeno consistente, aunque no se piense con frecuencia en ello, pero no existen datos fiables y comparables. 
Hoy, la lucha contra el analfabetismo y la marginación social es esencialmente competencia de los Estados miembros, pero en la Cumbre de Lisboa- como ya se ha recordado- los Jefes de Estado o de Gobierno se fijaron el objetivo de hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva, etcétera, etcétera. 
Además, en Niza se aprobó el programa social europeo. 
Por eso, la lucha contra el analfabetismo y la marginación debe pasar a ser una de las prioridades de la Unión y de los Estados miembros, mediante la movilización de todas las políticas pertinentes, en el marco de una estrategia global e integrada. 
Por tanto, nosotros apoyamos firmemente las peticiones de la ponente de elaboración de un Libro Verde y un plan de acción, cuyos elementos no enumero porque ya figuran en el informe. 
No obstante, pedimos en verdad a la Comisión que sea su promotora: el Parlamento apoyará esas iniciativas y respaldará a la Comisión para que el Consejo las apruebe. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señora Comisaria, casi parece increíble que entre un 10% y un 20% de la población de la Unión Europea sea incapaz de comprender y utilizar materiales impresos y escritos. No tengo reparo en reconocer que también yo soy incapaz de rellenar sin ayuda profesional los impresos de mi declaración de la renta alemana, por no mencionar ya los detalles concretos del formulario de solicitud de una subvención europea. 
Sin embargo, seguro que el presente informe no se refiere a este tipo de escritos. 
Las personas con dificultades para leer y escribir ven restringidas sus posibilidades de participación en la vida social y deben depender de las actividades poco cualificadas y, por lo tanto, mal remuneradas para ganarse el sustento. 
En el siglo de la información y del aprendizaje permanente tenemos el deber de evitar, por razones económicas pero sobre todo también éticas y morales, que nadie sufra este destino. 
En consecuencia, el Parlamento hace bien en denunciar este problema, a menudo vergonzosamente silenciado, en este informe y proponer soluciones. 
La ponente, Sra. Hermange, así lo ha hecho con todo el detalle necesario y con la mayor concisión posible en el presente informe. 
El legislador europeo se ve obligado, no obstante, a limitarse a proponer medidas de ayuda financiera y de apoyo a esta tarea, ya que la educación y la formación profesional son competencia de los Estados miembros y deben seguir siéndolo. 
Es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros velar por el cumplimiento del derecho a la educación, que ahora también se recoge en el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales. 
La labor del observatorio, cuya creación se pide en el informe, se debería desarrollar desde el Centro para el Desarrollo de la Formación Profesional- CEDEFOP- de Salónica, con los recursos allí disponibles. 
Esto parece razonable por consideraciones de costes así como por la similitud de las tareas que ya tiene encomendadas el CEDEFOP. 
Yo les ruego, por lo tanto, que hagan suya nuestra enmienda 5. 
Yo suscribiría y apoyaría la celebración de un Año Europeo del Libro y de la Lectura, pensando también en la frecuente adicción a la televisión de nuestros jóvenes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, este informe de propia iniciativa, que conviene saludar, viene a aportar sobre un punto muy preciso, el analfabetismo, una luz concreta a dos planteamientos que la Unión Europea acaba de consagrar al adoptar la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, por una parte, y el programa de acción para luchar contra la exclusión social, por otra. 
Efectivamente, el derecho de cada individuo a saber leer, escribir y contar es la base efectiva del ejercicio de la ciudadanía, tal como ha recordado Marie-Thérèse Hermange, nuestra ponente. 
Este derecho debe garantizarse mediante acciones concretas en todas partes en las que se constate esta lacra; recordar las cifras es muy edificante en este sentido. 
En el plano concreto, creo que estas acciones deben poder desarrollarse en dos direcciones. 
Por una parte, es necesario establecer el vínculo entre el analfabetismo y el empleo- es la propuesta de realizar acciones determinadas de alfabetización en el centro de trabajo- con el fin de asegurar la coherencia de las decisiones adoptadas en Lisboa y, por otra, establecer el vínculo entre analfabetismo e inserción social. 
Conviene efectivamente considerar acciones de inserción social independientes de la situación profesional de las personas afectadas, y pienso en particular en las mujeres. 
Creo que la situación de las mujeres migrantes debe ser valorada en este sentido. 
El informe pide también la creación de un observatorio, y creo que es realista preverlo en el marco de un instrumento existente, el CEDEFOP, ya que los indicadores y los puntos de referencia compatibles entre Estados miembros son la base de cualquier política comunitaria coherente. 
Finalmente y termino, creo que este informe debe considerarse como un instrumento que favorece la elaboración de un dispositivo que implica a los diferentes niveles- local, nacional y comunitario -, cada uno con su responsabilidad específica. 
Hoy, el tratamiento de estas cuestiones necesita un impulso e iniciativas comunitarias para comprometer a los Estados miembros a adoptar decisiones indispensables para la población. 
Ante todo, felicito a la Sra. Hermange por este importante y sincero documento y deseo un buen trabajo a la Comisaria Diamantopoulou, a quien tengo el placer de ver por primera vez este año y que en esta segunda parte de la legislatura trabajará- estoy seguro- tan bien como en los dos primeros años y medio. 
Me parece importantísimo este documento y es importantísimo que la Sra. Hermange haya subrayado que analfabetismo no significa sólo no saber leer y escribir, sino que es también no comprender los discursos, no saber moverse en la sociedad moderna, en la que no basta con saber leer, sino que hace falta también cierta cultura y acostumbramiento para ser alguien. 
En ciertos Estados de la Unión Europea ese tipo de analfabetismo alcanza incluso el 30/35 por ciento. 
Por tanto, quiero subrayar la importancia de la resolución de este problema. 
Hay también otro documento de la Comisión al respecto, remitido a la Comisión de Cultura- el famoso "aprendizaje a lo largo de toda la vida", pero de lo que aquí se trata es de aprender no las lenguas de otros Estados, sino la lengua de nuestro propio país. 
Pues bien, yo estoy preocupado por lo que sucede, a causa de ese tipo de analfabetismo, durante las elecciones. 
Quien va a votar, si es analfabeto en ese sentido, no sabe para qué vota, por quién vota, no comprende los programas. 
Y eso significa una reducción de la democracia. 
Por cierto, que los jubilados saben perfectamente lo que deben votar cuando van a hacerlo, pero debemos estar seguros de que todos comprenden por qué y para quién votan. 
Señor Presidente, como ya han dicho otros, éste es un informe increíblemente importante. 
Una visión del futuro que nos aterroriza es ver la sociedad dividida en dos grupos: los que participan y pueden tomar parte en todo lo relacionado con la sociedad del conocimiento y los que no pueden seguir este ritmo y en consecuencia quedarán marginados dentro de la sociedad. 
Y tampoco cabe ninguna duda de que ésta es una cuestión europea, por lo que también respaldo calurosamente las palabras del señor ponente sobre que la coordinación abierta es el mejor método para lograr avances en este ámbito. 
El único camino pasa por hacer verdadera, verdaderamente embarazoso para los países miembros el que no hagan nada en este ámbito y dar a esto una difusión lo más amplia posible. 
Debemos seguir adelante con la mayor celeridad posible con la propuesta sobre formación continua y espero naturalmente que la Comisión incluya las consideraciones que el Parlamento aprobará hoy en la propuesta sobre formación continua pues ahí es donde realmente éstas tienen su lugar. 
Y pienso que también debemos esforzarnos por buscar nuevos planteamientos en este ámbito. 
Debemos pensar en que si las personas adultas deben aprender, no deben volver a la escuela, no, deben aprender de otra forma, deben aprender a través del mercado laboral, deben estar libres de su trabajo para poder emprender su instrucción, deben aprender y debemos conseguir que las escuelas y la enseñanza acudan a los centros de trabajo. 
Me parece muy importante encontrar la relación entre trabajo y formación de modo que podamos proseguir con la formación continua. 
Y lo último que quiero decir y que también es una idea que lanzo a la señora Comisaria y que quizá podríamos llevar adelante y podría también presionar a los países miembros a demostrar que actúan en este ámbito, es que quizá podríamos introducir cuentas científicas para cada país miembro, en las que anualmente simplemente se indicara cuán aplicado ha sido cada país miembros en este ámbito con respecto al analfabetismo, la ciencia y la educación en general. 
Las cuentas científicas son una buena idea, señora Comisaria, que espero que quiera considerar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo suscribo plenamente los objetivos de Lisboa. 
Me parece muy positivo que vivamos en una sociedad orientada hacia el rendimiento, que llegará a ser la más competitiva y dinámica, así como la que se apoyará más en el conocimiento. 
En este contexto, resulta naturalmente muy triste constatar que esta sociedad se está escindiendo, de hecho, en la práctica y alberga a un nuevo grupo socialmente, educativamente débil. 
Desde este punto de vista, yo apoyo el informe; creo que es necesario obtener los datos que se han citado repetidamente hoy a propósito del Libro Verde y que debemos apoyar la enmienda de los colegas Pronk y Stauner sobre el observatorio. 
También quisiera referirme a un segundo aspecto en el contexto de esta problemática, concretamente al tema de las posibilidades de reducir las diferencias entre los distintos Estados miembros en lo que respecta a la educación, la formación profesional, la enseñanza escolar, el nivel de conocimientos. 
La idea de la defensa a ultranza de las competencias de cada Estado en este ámbito resulta, en realidad, bastante desfasada. 
Tendríamos que modificar nuestros planteamientos y aceptar también una cierta armonización, aunque esto requiera una considerable reestructuración en determinados países. 
No es justo que les expliquemos a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión que la libertad de circulación y de establecimiento ya existen, cuando en su aplicación efectiva subsisten considerables discrepancias y, por lo tanto, también situaciones de desventaja, debido a la diversidad de los sistemas escolares y a las diferencias en el reconocimiento de los niveles de formación. 
Por consiguiente, deberíamos aprovechar el presente informe para avanzar también algunos pasos hacia la armonización en el ámbito de la cultura. 
. (EL) Señor Presidente, el informe sobre analfabetismo que hoy nos ocupa hace una importante contribución a un tema de primera magnitud a escala europea: la consideración de las aptitudes básicas, es decir, la lectura y el conocimiento funcional de la aritmética, como requisito para la integración social, como requisito para que la Unión Europea alcance el objetivo marcado en Lisboa de convertirse en una economía basada en el conocimiento. 
Nos encontramos sin duda en una nueva fase en la que las aptitudes básicas no se circunscriben ya a la lectura y la escritura; aptitudes básicas son también las propias de la tecnología de la sociedad de la información, de la cultura tecnológica, de la empresarialidad, las lenguas extranjeras, las capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y la participación en la sociedad. 
Todo esto podría quedar resumido en nuestra época en una frase muy sencilla: hay que aprender, hay que aprender. 
La política de la Comisión en este ámbito se manifiesta en una serie de iniciativas y programas cuyo desarrollo, en estos momentos, es fruto de la colaboración entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. 
Me referiré en primer lugar al encargo del Consejo a la Comisión, en 2000 en Lisboa, de preparar un informe sobre los futuros objetivos concretos en materia de sistemas educativos y de formación. 
Ese informe fue entregado en Estocolmo, y ahora se prepara la presentación en Barcelona de un programa de trabajo cuyo motivo central es la adquisición de aptitudes básicas por todos. 
Y esto, la adquisición de aptitudes básicas, es uno de los 13 objetivos básicos de los sistemas educativos y de formación de la Unión Europea. 
Este objetivo incluye el establecimiento de indicadores para la medición durante un período de diez años del grado en el que los países miembros garantizan la adquisición de conocimientos y la capacidad de uso funcional de la aritmética, de la lectura y la escritura por parte de todos los ciudadanos. 
Es la primera vez en que un indicador concreto podrá reflejar en una década la evolución en este ámbito. 
En segundo lugar, quisiera referirme a la comunicación de la Comisión de noviembre de 2001 sobre el establecimiento de una zona europea de educación y formación a lo largo de toda la vida, en la que se destaca la adquisición de aptitudes básicas como condición indispensable de la educación y formación permanente. 
Me referiré, en tercer lugar, al próximo plan de acción sobre aptitudes y movilidad en la Unión Europea que será anunciado por la Comisión la semana que viene, por el presidente prodi y por mí. El objetivo del plan es la consecución de un mercado de trabajo verdaderamente europeo; un mercado cuyos requisitos son la movilidad y un nivel mínimo de aptitudes comunes a escala europea. 
Un cuarto punto de atención es la estrategia comunitaria para la lucha contra la exclusión social. 
Saben muy bien que en el centro neurálgico de los planes nacionales de acción en la mayoría de los países se relaciona directamente la exclusión social con la adquisición de aptitudes básicas. 
Y el programa Equal, al igual que el Fondo Social, brinda la posibilidad de financiación de programas parciales relativos al acceso a las aptitudes básicas, especialmente los dirigidos a grupos que son objeto de algún tipo de discriminación. 
Y no olvidemos que los grupos especiales se enfrentan a obstáculos de mayor envergadura para la adquisición de aptitudes básicas; grupos como los que constituyen las personas con necesidades especiales y determinadas categorías de inmigrantes. 
El quinto punto es el ámbito internacional de cooperación, la estrategia internacional. 
La Comisión Europea colabora con la OCDE, con la ASEM, con el G8, y defiende el impulso inmediato del tema de las aptitudes básicas en las agendas respectivas. 
Más concretamente sobre el informe, y especialmente en lo que respecta a la aplicación del método abierto de coordinación, puede decirse- como ya he mencionado a propósito del asunto de la estrategia contra la exclusión- que este punto ha sido aceptado, que el método abierto de coordinación y por objetivos comunes en los sistemas educativos y de formación será previsiblemente aprobado también por el Consejo de Educación en la reunión de la semana que viene. 
En cuanto al Libro Verde, quisiera formular ciertas reservas, principalmente por la valoración que puede hacerse de que están en marcha muchas nuevas iniciativas de política, de que se están llevando adelante cosas importantes en diferentes Consejos, de que estamos ya en posición de asumir acción en el ámbito de la alfabetización; y tal vez- dando por supuesto que, gracias al trabajo realizado durante los últimos años, ya disponemos de la mayor parte de los datos necesarios- abordar ahora la elaboración de un Libro Verde no sería sino un factor de retraso. 
Me refiero ahora al tema de la recomendación a los países miembros sobre la enseñanza de la lectura y la escritura y el acceso a las aptitudes básicas. 
Quiero destacar especialmente en este punto la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad, y el cuidado con el que debemos abordar el asunto de los sistemas educativos, en el que las competencias son exclusivamente nacionales. 
De modo que el método abierto de coordinación constituye una herramienta excelente, al objeto de que a través de indicadores, a través del intercambio de las mejores prácticas, los países miembros puedan obtener valor añadido. 
Por lo respecta al asunto del observatorio europeo del analfabetismo, quisiera decir que tomo nota de la propuesta de los miembros del Parlamento sobre la necesidad de usar instituciones ya existentes, como el Cedefop, y referirme a programas ya existentes, como el programa Pisa de la OCDE, que ofrece ciertas primeras respuestas. 
Hay que decir que antes de crear nuevos instrumentos debemos estar seguros de que usamos eficazmente los que ya tenemos a nuestra disposición. 
Finalmente, en cuanto a la propuesta de informe anual al Parlamento sobre el analfabetismo, estudiaremos cuál puede ser el mejor modo de mantener eficazmente informado al Parlamento, y examinaremos en qué medida le pueden ser útiles al Parlamento los informes sobre los planes nacionales de acción relativos a la integración social, así como los informes derivados del método abierto de coordinación; es decir, cómo introducir también esta dimensión a través de medios ya existentes, en informes anuales que al fin y al cabo ya se vienen elaborando, de suerte que la información brindada se multiplique y resulte más eficaz. 
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Agenda de política social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0004/2002) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: "Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social" (COM (2001) 104- C5-0536/2001- 2001/2215 (COS) ). 
Señor Presidente, no resulta frecuente intervenir dos veces consecutivas en un mismo día. 
Quisiera darle las gracias, señora Comisaria, por las observaciones y las sugerencias que ha realizado. 
Podremos discutir sobre ellas. 
Señora Comisaria, hemos criticado mucho la Cumbre de Niza y, sin embargo, le ha ofrecido un instrumento extraordinario: la Agenda social, que se inscribe en el objetivo de hacer de la Unión Europea la economía más competitiva del mundo, tal como se decidió en la Cumbre de Lisboa. 
Como sabemos todos que no hay ninguna legibilidad entre la totalidad de los socios europeos nacionales y locales, esta Agenda plantea la cuestión de la responsabilidad y del reparto de actores que participan en su puesta en marcha. 
Es en ese doble sentido de aportar legibilidad y servir de instrumento social en el que la Agenda social constituye un elemento clave de la modernización económica y social, ya que su puesta en marcha será, a largo plazo, decisiva para realizar los objetivos estratégicos fijados por el Consejo Europeo de Lisboa. 
Estamos convencidos de ello, incluso aunque hoy no sea objeto de mayores consideraciones. 
Por ello, señora Comisaria, el Parlamento, y su Comisión de Asuntos Sociales, han lamentado enormemente no haber podido examinar la Agenda social antes del Consejo Europeo de Estocolmo. 
En esta óptica, pedimos que el Parlamento se implique en la puesta en marcha del ajuste de la Agenda social, al igual que todos los agentes sociales, e insistimos para que el cuadro de mando muestre más las diferentes responsabilidades de las partes implicadas. 
Invitamos también a la Comisión a proporcionar informaciones sobre la continuación que desea dar a una serie de solicitudes que hemos hecho: definir una base jurídica apropiada para el desarrollo del diálogo civil, velar para poner en marcha un marco fiscal y legislativo para el desarrollo de la economía social, asegurar la integración de la dimensión social en la política de la competencia, presentar una directiva sobre la protección social de las nuevas formas de trabajo, reforzar el programa de acción y los instrumentos contra la pobreza y la exclusión social y presentar una propuesta de modificación de la directiva 92/85 relativa a la puesta en marcha de medidas orientadas a promover más la mejora de la seguridad y de la salud de las trabajadoras así como adoptar una iniciativa orientada a garantizar mejor la calidad social del trabajo. 
Comprenderá también, señora Comisaria, que le pedimos que acelere una serie de trabajos, especialmente, presentar en el plazo más breve posible una propuesta de revisión de la directiva sobre el comité de empresa para que el procedimiento legislativo pueda concluirse tal como está previsto, someter al Parlamento un memorando sobre la política en el ámbito de la salud y de la seguridad en el trabajo, que podría servir de documento de consulta, realizar un examen y una evaluación en profundidad sobre el impacto del proceso de Luxemburgo y proponer finalmente iniciativas concretas después del Año Europeo de los Discapacitados. 
Estamos convencidos, señora Comisaria, de que este cuadro no debería limitarse a enumerar las acciones emprendidas por la Comisión sino que debería convertirse con el tiempo en un instrumento estratégico que permita vigilar la ejecución de la Agenda y, si llega el caso, de adaptar ésta. 
Estamos convencidos también de que debería haber un refuerzo de las asociaciones en todas las acciones en este ámbito. 
Señora Comisaria, gracias a Niza tiene usted un excelente instrumento a su disposición. 
Por tanto tiene un excelente papel que jugar para seguir haciendo más inteligible la política social. 
Aprovéchelo para que la Europa de las mercancías se transforme en la Europa de los hombres. 
Sabe que siempre tendrá al Parlamento de su parte. 
Señor Presidente, quisiera también yo felicitar a la Sra. Hermange por el especial cuidado y por la sensibilidad que ha mostrado en este informe, que ha redactado en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y expresar mi coincidencia con ella en que el cuadro de resultados de la Agenda Social deberá incluir el conjunto de actividades previstas y el reparto de responsabilidades, y deberá ser presentado al Parlamento Europeo en un plazo razonable, de manera que el Parlamento pueda estudiarlo y emitir su dictamen. 
El Parlamento Europeo apoyó desde el primer momento la propuesta de la Comisión de definir un marco coherente de política para el desarrollo social, destacando, sin embargo, que este modelo europeo actualizado- que es lo que se propone la Agenda Social- deberá servir mejor y más eficazmente a los valores de la solidaridad y la justicia que se encuentran en la base de la construcción europea y que hoy son conculcados. 
Para el fomento de estos valores, el Parlamento Europeo señala en su resolución la necesidad de fomentar igualmente la plena participación de las mujeres en la vida económica y social. 
Con esta resolución, el Parlamento Europeo destaca además, que la perspectiva de género debe incluirse en todos los ámbitos cubiertos por la Agenda Social y debe seguirse mediante informes periódicos. 
Es necesario presentar una propuesta para la modificación de la directiva relativa a la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas y lactantes, es decir la directiva 92/85. 
Hay que estimular el sentido de responsabilidad de los agentes sociales en lo que respecta a la igualdad salarial y a la igualdad de oportunidades. 
Es necesario igualmente promover una iniciativa dirigida a mejorar del horario de trabajo y garantizar el mejor equilibrio posible entre vida familiar y profesional. Hay que impulsar más decididamente la igualdad entre hombres y mujeres en todas las negociaciones para la adhesión, y fomentar el diálogo con las organizaciones de mujeres en los países candidatos a la adhesión. 
Quisiera, como ponente Comisión de Derechos de la Mujer en la redacción Agenda Social, pedir a la Comisión que informe al Parlamento Europeo sobre la continuidad que se propone dar a los asuntos mencionados, así como también sobre la intención de editar una propuesta de directiva relativa a la igualdad de trato en ámbitos diferentes al del empleo. 
Finalmente, el Parlamento Europeo destaca la necesidad de facilitar la participación de las organizaciones sociales, y querría preguntar qué iniciativas se proponen adoptar para el fomento de la participación de las organizaciones de mujeres. 
Señor presidente, señora Comisaria, estimados colegas, obviamente quisiera comenzar felicitando a Marie-Thérèse Hermange, dándole las gracias por la buena colaboración. 
El resultado salta a la vista. 
El presente informe está basado en un total consenso, puesto que ni siquiera se han presentado enmiendas. 
Sin embargo, quisiera añadir que, en realidad, este informe coloca al Parlamento Europeo en una difícil situación. 
Por un lado, es cierto que el cuadro de indicadores que tratamos aquí ya es obsoleto desde hace mucho tiempo. 
Por otra parte, el nuevo cuadro de indicadores aún no ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Europea, pese a la promesa formulada en Estocolmo de que el cuadro de indicadores, junto con el informe de síntesis para Barcelona, estaría disponible en enero a más tardar. 
En todo caso quisiera dar las gracias a la Comisaria por habernos brindado la oportunidad de obtener información actualizada sobre las intenciones de la Comisión a través de los coordinadores y expresar nuestras preocupaciones respecto al estado de aplicación de la agenda de política social. 
A mi modo de ver, señora Comisaria, sería oportuno que sistematizáramos esta loable iniciativa a fin de garantizar la participación del Parlamento en la puesta en práctica de la agenda de política social. 
Por todo ello quisiera acrecentar el valor de actualidad de este debate aprovechando la ocasión para instarle encarecidamente a usted, señora Comisaria, y más en concreto- insisto en ello- a todos sus colegas, al Colegio de Comisarios en pleno, a que cumplan al pie de la letra las ambiciones de la agenda de política social así como los compromisos adquiridos durante la Presidencia sueca y la Presidencia belga, respetando el calendario previsto. 
Pues tenemos muchos motivos de preocupación, señora Comisaria. 
Si bien es cierto que el año 2001 no dio malos resultados, es fundamental que mantengamos el ritmo, y para ello necesitamos un cuadro de indicadores nuevo y más adecuado en el que se indiquen claramente las responsabilidades y las fechas de vencimiento correspondientes. 
Le mencionaré algunas causas de nuestra preocupación. 
En primer lugar, los interlocutores sociales desempeñan un papel crucial en la aplicación de la agenda de política social, especialmente en lo que se refiere a la organización del trabajo y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Espero, por tanto, que realicen una importante contribución de cara a Barcelona. 
Ahora bien, ahí donde falle el diálogo ha de intervenir el legislador, y eso es lo que sucede actualmente en el ámbito del trabajo temporal. Hace mucho que llevamos esperando con impaciencia una iniciativa de la Comisión al respecto. 
En segundo término, la exitosa tramitación de la directiva relativa a la participación de los trabajadores en el marco de la sociedad europea y la directiva sobre información y consulta ha despejado el camino para la revisión de la directiva relativa al comité de empresa europeo. Ya no existe ningún impedimento. 
Lo mismo digo respecto al plan de acción en materia de seguridad y salud al que acaba de hacer alusión la Sra. Hermange. 
Según la agenda de política social, dichas iniciativas deberían haberse presentado a finales del año 2001 o comienzos del año 2002, pero en el programa operativo de la Comisión, señora Comisaria, no aparece ninguna referencia a este tema. 
Además, me han llegado indicios de que estas propuestas encuentran bastante resistencia en el seno de la Comisión. 
Por tanto, quisiera decir una sola cosa para concluir, señor Presidente. 
Señora Comisaria, quisiera comunicar lo siguiente al Colegio de Comisarios a través de usted: pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse. 
Este Parlamento no aceptará en ningún caso que la agenda de política social sea aplazada indefinidamente. Espero que le sirva el apoyo de este Parlamento en el Colegio de Comisarios. 
Señor Presidente, el Grupo ELDR quisiera felicitar muy sinceramente a la Sra. Hermange por su informe y por la unanimidad que han conseguido en la comisión parlamentaria. 
Dicho lo que antecede, creo que es natural que comunique al Parlamento que nos resultará menos fácil participar en un consenso cuando la Comisión presente algunas de las propuestas que se mencionan en el apartado 14. 
En algunos casos nuestra actitud dependerá de la forma que revistan las propuestas, pues somos resueltos partidarios de la subsidiariedad. 
En otros, dependerá de su contenido exacto. Por ejemplo, tengo reservas desde dos puntos de vista por lo que se refiere al segundo guión del apartado y sobre cualquier propuesta que se formule en favor de crear un marco fiscal y legislativo para el desarrollo de la economía social, o sea del tercer sector. 
Muchas organizaciones benéficas me han expresado ya su preocupación acerca de que dicha medida, si no conseguimos formularla con la debida precisión, pueda resultar más bien un impedimento que una ayuda para sus actividades. 
Eso no es más que uno de los motivos de que apoye resueltamente el primer guión del apartado 14. 
Sabiendo lo mucho que los voluntarios contribuyen a nuestro bienestar, a veces me pregunto qué tipo de sociedad tendríamos si no contáramos con sus esfuerzos. 
Necesitamos urgentemente una base jurídica apropiada para el diálogo civil. 
Sin ella, nos resultará mucho más difícil hacer lo que el Presidente del Parlamento nos instó ayer a que hiciéramos: involucrar a los ciudadanos de la Unión Europea en la creación de una Europa que pueda hacer frente a su futuro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, si bien Niza puso a la luz la necesidad de una política social Europea, quedan aún muchos esfuerzos que realizar para garantizar una política social audaz para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. 
La Unión debería ser un motor de promoción de las garantías sociales. 
No estamos aquí fuera de lo que se busca en la sociedad: me refiero al Segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre que puso una vez más en perspectiva muchas decisiones sociales que han de tomarse en consideración. 
Para nosotros se trata de responder a las expectativas de los europeos y de las europeas. 
Pero un avance es un avance y, por mi parte, me felicito también por las observaciones del informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la agenda para la política social. 
Me felicito también por la decisión de la Sra. Hermange de integrar en su informe una serie de observaciones esenciales. 
Deseo hacer hincapié en mi propósito sobre tres puntos de las recomendaciones que hace el informe. 
En primer lugar, lamento que la Comisión no haya tomado en consideración las demandas del Parlamento sobre el derecho de huelga a nivel europeo y el derecho a la acción colectiva. 
Estos dos derechos me parecen indispensables para el buen funcionamiento del vínculo social entre asalariados, patronal y representantes políticos. 
Estos derechos son avances que se pueden calificar de avances de civilización y Europa no debería retrasarse en este punto, al estar la democracia regularmente en el centro de las preocupaciones de esta Asamblea. 
En segundo lugar, desearía hacer hincapié en la solicitud del ponente de tomar más en consideración la dimensión social de la ampliación. 
Esta cuestión también debe estar en el centro de nuestras preocupaciones. 
La ampliación debe ser un éxito. El éxito no se producirá si ésta se limita a una visión estrecha de los criterios de convergencia. 
Ésta implica partir de las necesidades de la población y de las potencialidades de cada país candidato, con la voluntad de elevar la calidad de vida y de trabajo para todo el mundo. 
En tercer lugar, me parece muy importante que todas las decisiones de la Comisión sobre las concentraciones tomen en consideración las consecuencias sociales y la ordenación del territorio. 
La cuestión de la continuación de la ejecución es evidentemente crucial. 
Finalmente, comparto lo esencial de las observaciones manifestadas en el informe de la Sra. Hermange y mi Grupo votará, por supuesto, a favor de este informe. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la ponente por su labor. 
Nos estamos esforzando por lograr un papel de más enjundia para nuestro Parlamento a fin de que podamos concertar acuerdos en materia de inclusión social para responder lo mejor posible a las necesidades y a las demandas de las personas que representamos. 
El papel del Parlamento tiene que ser un papel constructivo. 
Ahora bien, tengo algunas dudas acerca del volumen de legislación que se recaba en este informe y acerca del impulso hacia la creación de más burocracia y de más papeleo administrativo, lo que podría ir en detrimento de los ideales en que se inspira el programa de política social. 
Tenemos que promover la creación de un entorno comercial adecuado en el que se puedan crear puestos de trabajo, y en el que se puedan mantener empleos apropiados y legítimos dentro de la Unión Europea. 
Hoy en día, si miramos a los demás países del mundo podemos ver que para la industria y las empresas es más común y más fácil trasladarse fuera de las zonas que tienen costos sociales elevados y una alta fiscalidad. 
Tenemos que esforzarnos por instituir un sistema más progresivo en el que los trabajadores tengan derecho a la mayor parte posible de sus ingresos y en los que haya muchos más servicios de carácter social en esferas como la vivienda, la salud y la enseñanza por cuenta del Ministerio de Hacienda del país. 
Quizá no podamos conseguirlo con las propuestas que figuran en este informe. 
Estoy a favor del informe, pero suscita en mí algunas preocupaciones concretas. 
También tenemos que tener en cuenta todo el proceso legislativo implícito en lo que este informe pide que se haga. 
Aunque el Parlamento está procurando obtener una mayor participación en la coordinación y la posibilidad de actuar con mayor rapidez, con mucha perspicacia está esperando también a que se promulgue más legislación. 
Los instrumentos legislativos tienen un papel que desempeñar cuando no se consigue llevar a término negociaciones en relación con la formación profesional, la enseñanza durante toda la vida, la organización del trabajo, los ajustes, nuevas formas de trabajo, directrices para negociar con nuestros asociados sociales, y un seguro de enfermedad suplementario. 
Sin embargo, la Comisión ha propuesto algo diferente. 
La Comisión está adoptando un enfoque mucho más proactivo y más previsor en sus propuestas. 
Tenemos que apoyar la petición en favor de que se desarrollen investigaciones, que desgraciadamente no se puso de relieve en el informe de la comisión parlamentaria. 
Tiene que haber un incremento radical de la participación en el empleo. 
Hay que hacer hincapié en la obtención de mejores puestos de trabajo. 
Tenemos que esforzarnos más por edificar un mercado laboral europeo que incluya una mayor movilidad interna. 
Por último, tenemos que desempeñar un papel más importante y más claro por lo que se refiere al lugar que corresponde dentro de la sociedad a los que tienen discapacidades. 
Esas personas representan el 10 por ciento de la población, y sin embargo se les excluye de muchísimas profesiones. 
Todavía no hemos conseguido todo lo que deberíamos haber logrado para esas personas. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Hermange por su informe y a la Comisión por su comunicación. 
Estamos ante el desarrollo de un nuevo instrumento. 
Es la primera vez que se pone sobre la mesa. Por tanto, es lógico que se siga desarrollando en el futuro. 
Todas las críticas han de interpretarse desde esta perspectiva, aparte de que cualquier crítica es siempre relativa. 
Me parece un buen instrumento. En realidad, tan sólo quisiera decir dos cosas al respecto. 
En primer lugar, hemos elaborado una amplia legislación europea. 
Uno de los aspectos mencionados en el anexo a la comunicación es la necesidad de codificación. 
Se trata de un punto que considero absolutamente necesario, puesto que la complejidad de la legislación europea y la enorme cantidad de normativas europeas comienzan a causarnos problemas. 
Obviamente, podemos insistir en que hace falta más legislación europea. Posiblemente necesitemos más normativas en el ámbito social. 
Ahora bien, por otra parte es hora de que nos concedamos un respiro, de que hagamos el balance de la situación, sobre todo de cara a la ampliación. 
No olvidemos que todas esas leyes también han de aplicarse en los países candidatos. 
Habida cuenta de las condiciones sociales existentes en esos países ello no resulta nada obvio. 
Su desarrollo social deja mucho que desear, y, sin embargo, deberán aplicar todas las nuevas leyes que nosotros elaboremos aquí. 
¿Acaso no es útil analizar el resultado de todas esas leyes ya existentes? 
¿Cómo funcionan en la práctica? 
¿No sería deseable que los resultados concretos también se incorporaran al cuadro de indicadores a fin de obtener una visión de conjunto, no sólo de nuestros deseos de mejora, sino también de la realidad sobre el terreno? 
Propongo que este aspecto también entre a formar parte del cuadro de indicadores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ante todo yo quiero felicitar a la colega Hermange y agradecerle este buen informe, tan bueno como el anterior. 
Nosotros compartimos su análisis y también la crítica que expone en el informe. 
Señora Comisaria, también quiero agradecerle sus propuestas para la Cumbre de Barcelona. 
Esta mañana ya he comentado con mi Grupo de invitados de Bad Hersfeld el importante grado de compromiso que usted manifiesta. 
El Parlamento y mi Grupo, en particular, hemos apoyado muy firmemente su programa, pero ahora esperamos, además, que presente propuestas concretas e iniciativas, planes de acción y también directivas, señora Smet. 
No será posible seguir adelante sin ninguna directiva. 
Evidentemente, también deberíamos hacer un mayor uso que antes de los nuevos métodos de coordinación, sobre todo en el contexto de las conversaciones con los Estados candidatos. 
Yo creo que son un magnífico instrumento para que dichos países empiecen a participar ya desde ahora y ofrecerles también la posibilidad de exponernos sus preocupaciones y necesidades actuales, al igual que sus logros. 
Tampoco comparto la opinión de la Sra. Smet al respecto, cuando dice que los Estados candidatos están atrasados en todas estas cuestiones. 
Yo creo que es urgentemente necesaria una reforma de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. 
Si tiene problemas en su institución, señora Comisaria, yo le recomiendo que se apoye en el excelente informe del Parlamento de otoño del año pasado. 
Tenemos que definir también la política social con un enfoque preventivo y no actuar siempre sólo cuando el daño ya está hecho, por decirlo así. 
El escándalo de los conductores de larga distancia de Luxemburgo es sólo la punta del iceberg. 
Tal vez deberíamos tomarnos al pie de la letra las palabras del Jefe de Gobierno de Luxemburgo cuando declaró que se requiere con urgencia una actuación de la Unión Europea en este ámbito. 
La Presidencia española se muestra, lamentablemente, un poco remisa, pero el Parlamento la apoya a usted plenamente, señora Comisaria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el grado de cumplimiento del programa de política social por parte de la Unión Europea es una referencia importante para calibrar su interés por la resolución de los innumerables problemas sociales que persisten. 
Ahora bien, la verdad es que no sólo persisten grandes retrasos en su ejecución, sino que, además, las preocupaciones por las políticas sociales no se reflejan en otras políticas y en el presupuesto comunitario, por lo que se da una reducción de los fondos en las esferas del empleo y los asuntos sociales, que es inaceptable. 
Incluso en el sector de la inclusión social, y a pesar de los kilómetros de papel escritos sobre ese asunto, de los planes nacionales de inclusión y de las innumerables declaraciones de intenciones, la verdad es que persisten graves problemas que pueden agravarse con la desaceleración de la actividad económica y la insistencia en las privatizaciones en sectores básicos fundamentales y en los servicios públicos esenciales para una verdadera política de inclusión social, además de que los medios financieros siguen siendo muy escasos. 
Si los dirigentes de la Unión Europea siguen por ese camino, es de temer, como se dice en el informe, que de aquí a 2005 no se cumplan totalmente los compromisos contraídos en el programa de política social. 
Por eso es importante que la Comisión acelere sus trabajos y sobre todo modifique sus políticas, concediendo la máxima prioridad al sector social en esferas como el empleo de calidad y con derechos, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la garantía del derecho de cumplimiento de los derechos, en particular a los grupos sociales más frágiles, como niños, personas de edad, emigrantes y personas con discapacidad, y la materialización en todos los sectores de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Por último, mi agradecimiento a la ponente, la Sra. Marie-Thérèse Hermange, y a los colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por la inclusión en el informe de propuestas que presenté, en particular las encaminadas a solicitar a la Comisión que adopte iniciativas y presente un plan de acción con vistas a prevenir de forma eficaz las lesiones osteoarticulares en el trabajo y resguardar debidamente los derechos de los trabajadores, sobre todo el empleo en el caso de reestructuraciones y traslados de empresas, y formule, en particular, un plan de acción encaminado a la materialización de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, junto con el juicio sobre el loable trabajo de la Sra. Hermange, hay que expresar también cierta desilusión sobre el contenido de la comunicación de la Comisión. 
Desde luego, no pretendemos pasar por alto las diversas iniciativas adoptadas por la propia Comisión en relación con el empleo y algunos asuntos sociales ni tampoco las iniciativas negociadoras adoptadas por los interlocutores sociales. 
El caso es que, si bien la agenda tiene una estructura programática, apoyada después de Niza sobre todo por las conclusiones del Consejo de Lisboa- que, por lo demás, compartimos -, esta primera evaluación de su puesta en práctica parece algo posibilista y no relacionada con la ratio originaria y los fines que planteaba. 
De hecho, hay que preguntarse si las responsabilidades de los múltiples sujetos que la agenda establece tienen un modelo y ámbitos prefigurados en los que poder ejercerse, si es verificable una calidad, aunque sea embrionaria, del trabajo y cuáles son sus características peculiares, si los sistemas de colocación e información sobre las oportunidades desempeñan de forma provechosa su cometido y si las orientaciones escolares y formativas empiezan a encontrar una racionalización. 
Además, habría que averiguar, en el nivel comunitario y nacional, con la óptica flexibilidad/seguridad, si las relaciones industriales van tendiendo de forma estable hacia una evolución general y si los informes sobre los planes nacionales de acción empiezan a recibir la colaboración responsable de las administraciones locales y de las fuerzas sociales y tienen plena coherencia con las orientaciones de la Unión. 
Sería necesario también saber, con vistas a disponer de una visión de conjunto, si los Estados han iniciado al menos una reflexión interna sobre su ordenamiento social, sobre la cohesión dentro del territorio nacional, sobre la integración de sectores marginados o en el límite de la marginación, por edad, por discapacidad, por sexo y por profesión. 
Un último aspecto se refiere a la ampliación, a la que la agenda dedica una gran atención, a diferencia de esta primera evaluación, que limita su referencia exclusivamente a la acción, pese a ser importante, de las ONG. 
Lo que, en conclusión, queremos subrayar es que, si bien buena parte del asunto sigue confiado al principio de subsidiariedad y a la responsabilidad activa de los propias interlocutores, el protocolo social, aunque con retraso, forma parte integrante de los Tratados y la política social figura junto a la económica en el modelo de la coordinación transparente. 
Así, pues, es esencial un papel más incisivo y determinado de la Comisión, en el que debe participar de forma destacada y continua el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, tengo gran respeto por el ambicioso trabajo realizado por la ponente, la Sra. Hermange, en su informe respecto al cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social. 
No obstante, me preocupa que estos trabajos impliquen una petición de numerosas iniciativas legislativas por parte de la Comisión. 
Por ejemplo, se demandan normas en los siguientes campos: formación continua, organización del trabajo, necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, política de ambiente laboral, seguros adicionales de enfermedad y alquiler de personal. 
Hay dos razones esenciales por las que considero que no es adecuado exigir iniciativas legislativas en estas materias. 
En primer lugar, los conservadores suecos pensamos que esas materias no deberían ser de competencia comunitaria. 
Donde mejor se pueden negociar y aplicar estas medidas es en el ámbito nacional. 
En segundo lugar, opino que la ampliación de la Unión se dificultaría considerablemente si se agregasen más páginas a los miles de textos legales cuya aceptación y aplicación exigimos a los países candidatos. 
Por eso coincido con la señora Smet en que es necesario hacer una pausa para pensar y revisar la legislación existente. 
No podemos votar en contra de puntos específicos del informe. 
En la votación final, los conservadores suecos no respaldaremos el informe en su totalidad, a pesar de que contiene muchos aspectos provechosos. 
Desgraciadamente, como ya he señalado, la iniciativa está en un ámbito equivocado. 
. (EL) Señor Presidente, quisiera decir de entrada que este informe constituye una significativa contribución a un mejor uso de una importante herramienta. 
Como ha dicho la Sra. Smet, es de gran importancia que tengamos en cuenta que es la primera vez que contamos con una herramienta de política social a escala europea, una herramienta conseguida tras muy difíciles y delicadas negociaciones. 
El informe y las intervenciones de sus Señorías abordan tres temas: contenido, tiempo y procedimiento. 
Por lo que se refiere al contenido, quiero recordar que la Comisión destacó la necesidad de una Agenda Social vinculante en la primavera de 2000, y durante seis meses, con una muy estrecha colaboración de la Comisión, de la Presidencia francesa y del Parlamento, representado por la Sra. Van Lancker, se trabajó seriamente en la necesaria preparación política, de suerte que en Niza pudo darse por primera vez un acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno en torno a una Agenda Social de un horizonte temporal de cinco años. 
La Comisión, pues, tiene un mandato concreto de materialización de esta Agenda Social y todos los años anuncia su programa, al objeto de que en 2005 se hayan cumplido todos los compromisos. 
Quiero recordar que en octubre de 2000 presenté a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales los resultados de la aplicación del primer año de la Agenda. 
La eficacia, la correspondencia entre compromisos y materialización fue del 100%. 
En octubre de 2001 presenté de nuevo a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales un cuadro con las acciones de 2001, en el que de nuevo la correspondencia entre compromisos y materialización era del 100%. 
La cuestión es ésta: ¿la Agenda es invariable, o se va enriqueciendo con nuevos elementos? 
La Comisión está sujeta en gran medida- absolutamente sujeta, diría yo- a la Agenda Social tal y como ésta fue aprobada en Niza, con el fundamento de la Agenda que se había acordado en 2000. 
Sobre la marcha nos comprometimos a su revisión, en 2003, y a este respecto he de expresar mi acuerdo con el informe en que el Parlamento, por supuesto, debe desempeñar un destacado papel al objeto de hacer posible la actualización de la Agenda. 
Una segunda observación se refiere al tiempo. 
En primer lugar, nos enfrentamos a la necesidad de presentar al mismo tiempo el informe sobre la Agenda y el documento de síntesis de la Comisión para el Consejo de primavera. 
Esto siempre plantea un problema de tiempo, que intentaremos resolver. 
En segundo lugar, la crítica se refiere a los resultados del primer año de la Agenda, tal y como dice en su informe la Sra. Hermange, y en este sentido no podemos dejar de tomar en consideración el hecho de que tan sólo dos meses después de la decisión de Niza debía ser presentado el informe en cuestión. 
A continuación, por lo que respecta al procedimiento quiero expresar mi acuerdo con el informe en tres puntos: primero, que la Agenda Social y el cuadro de indicadores no pueden ser una simple reseña de actividad, sino que deben examinar cuidadosamente el conjunto de logros más en general y orientarse hacia el futuro. 
Segundo, que no puede sino referirse a una consideración general de la participación de todos los interlocutores en el pasado y a los propósitos para el futuro, y los interlocutores son, por supuesto, los agentes sociales, y son también las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, tal y como éstas han sido descritas por sus Señorías. 
El tercer punto es que la estabilidad y la coherencia de la Agenda no tienen carácter de dogma, es decir, allí donde se den situaciones de urgencia, nuevos elementos que creen problemas de naturaleza social, con repercusiones sociales, deberemos intervenir. 
Es el caso reciente- ya mencionado por uno de sus Señorías- de la iniciativa sobre las reestructuraciones: en un año ha habido 350.000 despidos a causa de la reestructuración de empresas en la Unión Europea. 
No podíamos dejar de intervenir en el asunto, aun cuando no estuviéramos obligados a ello por la Agenda. 
Señorías, puedo asegurarles que este informe, y la estrecha colaboración con la Comisión correspondiente, pueden conducir a una aplicación de la Agenda Social cada vez más eficaz. Quiero recordar una vez más que la Agenda Social es una nueva herramienta y una estrecha colaboración entre todos nos ayudará a mejorarlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Bienvenida 
Señorías, es un honor y un placer dar la bienvenida hoy al Presidente de la República de Bulgaria, señor Georgi Parvanov, que ocupa la tribuna de honor de nuestra Asamblea. 
Su delegación comprende algunos miembros destacados del Gobierno búlgaro, entre los cuales el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Passy, y el Ministro de Defensa, Sr. Svinarov, además de miembros de la Oficina de la Presidencia de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Bulgaria. 
Como el Sr. Parvanov ha asumido sus funciones hace menos de tres semanas, acogemos con el mayor beneplácito que una de sus primeras iniciativas sea la de visitar el Parlamento Europeo. 
Somos conscientes de los esfuerzos hechos por el Sr. Parvanov y por el Gobierno búlgaro para superar las actuales dificultades sociales y económicas del país y prepararlo para la adhesión a la Unión Europea. 
Apoyamos su deseo de formar parte de la familia europea y nos complace subrayar que el Parlamento Europeo está a favor de su país y de sus ciudadanos. 
Le agradecemos, señor Presidente, que esté entre nosotros. 
(Aplausos) 
Votaciones 
Señor Presidente, se ha producido un olvido en la resolución común sobre el punto 9. 
En nuestras negociaciones entre los diferentes grupos se había dado una función a la Comisión en este punto, es decir, la reforma del sistema de permisos CEMT, pero esta función se ha olvidado en el texto de la resolución. 
Propongo por tanto hacer una enmienda oral y añadir las palabras siguientes en las cuales nos habíamos puesto de acuerdo. 
El texto se leería entonces de la forma siguiente: "pide a los Estados miembros, en estrecha colaboración con los servicios de la Comisión, que inicien una revisión cualitativa y cuantitativa". 
(La Asamblea manifiesta su asentimiento a la presentación de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre las situación en Oriente Medio 
Sobre la enmienda nº 2 
Señor Presidente, pido que se substituya la primera frase "exige el respeto por parte de Israel" por la frase "pide a las dos partes el respeto de los convenios internacionales" y que, después de las palabras "arrestados y detenidos", se añadan las palabras "por Israel". 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0100/2002) sobre medidas para luchar contra el terrorismo 
Sobre la enmienda nº 8 
Quisiera presentar una enmienda oral en nombre de mi propio Grupo, Verdes y Alianza Libre Europea, y del Grupo Socialista. 
Se trata de añadir algunas palabras a fin de dejar claro que la definición de terrorismo, tal y como fue aprobada ayer, se aplica asimismo a estas medidas. 
Dicho de otro modo, la modificación no afecta a la entrada en vigor, sino a la interpretación de la definición de terrorismo. 
Leo el texto: "desea que la aplicación de estas cuatro medidas y, en concreto, de la posición común relativa a las medidas específicas destinadas a combatir el terrorismo se supedite a la interpretación de la definición, tal y como quedó establecido en la decisión marco relativa a la definición de terrorismo aprobada por el Consejo el 6 de diciembre de 2001, especialmente en lo que se refiere a las garantías estipuladas en los considerandos y las declaraciones pertinentes del Consejo". 
Espero que esta propuesta pueda ser aceptada por todos. 
(La Asamblea manifiesta su asentimiento a la presentación de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre la financiación de la ayuda al desarrollo 
Propuesta de resolución común sobre la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra 
Sobre el párrafo 5 
Señor Presidente, en el apartado 5, donde se dice "firmar y ratificar" debe decirse "ratificar el Estatuto de Roma o adherirse a él", porque en la fase actual ya no se puede firmar el Estatuto. 
Con ello el apartado 5 diría lo siguiente: "Pide a los Estados miembros que insten a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que suscriban o ratifiquen el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional". 
(La Asamblea manifiesta su asentimiento a la presentación de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0023/2002) sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en el marco de la construcción europea (2001/2023 (INI)) 
Señor Presidente, quisiera comunicar al Parlamento que al final del debate de ayer por la tarde, el Sr. Napolitano, en respuesta a declaraciones formuladas durante el debate por mí mismo y por otros, hizo el siguiente ofrecimiento: sugirió que retirásemos las enmiendas 18 y 12 para que él pudiera, por conducto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, proponer que se presente un informe específico sobre la cuestión de las regiones constitucionales en la arquitectura de Europa. 
Muchos de nosotros estimamos que se trata de una cuestión importantísima. 
Los que estiman que la cuestión es importante se hallan actualmente divididos entre los que desearían incluirla en este informe y los que desearían que se tratase de ella en otro contexto. 
Lo mejor sería- mi Grupo está de acuerdo con ello, y creo que también los Liberales- que aceptásemos la generosa propuesta del Sr. Napolitano en favor de que esta cuestión se examinase por derecho propio como tema separado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y que nosotros retirásemos las mencionadas enmiendas. 
Por lo tanto propongo que obremos de esa manera. 
Señor Presidente, propongo una enmienda oral de transacción, que absorbe las enmiendas núms. 7, 8 y 9, presentadas por el Sr. Belder. 
Mi enmienda substituye los considerandos 2, 4 y 6 del informe por la siguiente formulación: "Vistas las recientes declaraciones de diversos Jefes de Estado o de Gobierno sobre el futuro de Europa". 
Señor Presidente, el Sr. MacCormick acaba de retirar las enmiendas 18 y 12, pero la enmienda 10 trata del mismo tema. ¿Se retira asimismo esta enmienda o se mantiene? 
Ante todo quisiera preguntar a la Asamblea si está de acuerdo con la propuesta de enmienda oral, presentada por el Sr. Napolitano en calidad de ponente, de substitución de los tres considerandos por la frase que acaba de leer. 
¿No hay objeciones? 
Bien. 
Queda aprobada. 
Además, en la intervención del Sr. McCormick figura la propuesta de retirar las enmiendas núms. 
12 y 18. La Sra. Van Lancker dice que también se debería retirar la enmienda nº 10, porque versa sobre el mismo asunto. 
Además, me indican que la enmienda nº 17 versa sobre el mismo asunto. 
Mi conclusión, después de lo que he oído, es la de que se deberían retirar las enmiendas núms. 10, 12, 17 y 18. 
¿Puede confirmármelo, señor McCormick? 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted, pero se trata de cuestiones diferentes. 
Las otras dos enmiendas señalan que en este momento hay exactamente 15 Estados miembros en la Unión, y nadie lo contradice. 
Si hay más naciones, eso es una cuestión diferente. 
Ahora bien, para dar pruebas de mi buena voluntad retiro también esas enmiendas. 
Señor Presidente, lamento que el Sr. MacCormick la haya retirado, pero creo que en estas dos enmiendas no se aborda la misma cuestión, en absoluto. 
Simplemente se hace una constatación que creo que nadie va a poner en duda, y es que también los Parlamentos regionales representan a los pueblos de la Unión. 
Eso es lo único que dice esta enmienda. 
Por tanto, entiendo que se trata de una afirmación absolutamente distinta. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0006/2002) sobre la política de la Unión Europea con respecto a los países mediterráneos en relación con la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades eh dichos países (2001/2129 (INI) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0007/2002) del Sr. Musotto, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (2001) 24- C5-0527/2001- 2001/2207 (COS) ) sobre la cohesión económica y social 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0022/2002) de la Sra. Kratsa-Tsagarapoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la política de la Unión Europea con respecto a los países mediterráneos en relación con la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades en dichos países (2001/2129 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0009/2002) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el analfabetismo y la exclusión social (2001/2340 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0004/2002) sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, una cuestión de orden: en la votación de ayer sobre el informe Watson acerca del mandamiento de detención europeo, hubo cierta confusión sobre la numeración de las enmiendas. 
Por el texto de hoy se puede ver que la que era enmienda 3 es mencionada como enmienda 4. 
Ni siquiera el texto del Diario oficial está claro en algunas de sus páginas. 
La enmienda 3, que trata del concepto jurídico de habeas corpus, se nos ha facilitado en la delegación irlandesa del Grupo PPE-DE. 
Sabíamos que la enmienda no prosperaría pero, a pesar de ello, algunos de mis colegas y yo mismo decidimos votar en favor de ella porque creemos firmemente en el principio de habeas corpus y porque es un buen principio. 
Con nuestro voto queríamos indicar que ese recurso jurídico debería tener un lugar en la legislación europea. 
Si nos fijamos en el acta de la sesión de ayer, la enmienda 3, que recibimos ayer por la mañana, se convirtió en enmienda 4 en la votación. 
Nuestra decisión de votar en favor del principio de habeas corpus quedó impugnada por este cambio de numeración de la enmienda. 
Quiero hacer constar aquí que votamos con intención de apoyar el principio de habeas corpus. 
Naturalmente, señora Doyle, esta declaración suya figurará en el Acta, para precisar cuál era su voluntad. 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Resolución sobre el espacio de libertad (B5-0099/2002) 
Señor Presidente, hago esta explicación de voto en nombre del Grupo del PPE-DE. 
El Grupo del PPE-DE estaba preocupado de que, a causa de la ambigüedad de su redacción, se pudiera hacer una interpretación equivocada de la enmienda 8 a la resolución sobre el espacio de justicia europeo. 
Según esta redacción- sobre todo en algunas versiones lingüísticas -, se podía interpretar que se supeditaba la entrada en vigor de las cuatro medidas a la de la decisión marco sobre el terrorismo. 
Con la aclaración de la Sra. Buitenweg, hemos votado a favor, porque es lógico que la decisión marco sobre el terrorismo sirva de criterio interpretativo para estas cuatro decisiones. 
Informe Hatzidakis (A5-0012/2002) 
- (NL) Durante mucho tiempo todos los esfuerzos se centraron en el desarrollo de vehículos de carretera cada vez más veloces, tanto por lo que al transporte de mercancías como al transporte de personas se refiere. 
La limitación de velocidad se consideraba un efecto secundario provisional y no deseado de una técnica aún en vías de perfeccionamiento. 
Toda tentativa intencionada de volver a implantar de alguna forma una limitación de velocidad se veía como un atentado contra la libertad individual del automovilista o como una traba que impedía a las empresas de transportes obtener más beneficios. 
El creciente número de víctimas de la carretera nos ha hecho cambiar de opinión. 
Con todo y con eso, el uso obligatorio de dispositivos de limitación de velocidad en un número cada vez más elevado de vehículos no es sino parte de la solución. 
Si imponemos el uso obligatorio de estos dispositivos sin restringir debidamente la velocidad legal parece tratarse más bien de un subsidio encubierto a favor de las empresas interesadas que les permite abrir un nuevo mercado. 
Esta situación es comparable al convenio regulador acordado con la industria del automóvil en el cual se contempla el uso de faros que se encienden automáticamente al arrancar, pero que el automovilista individual debe volver a apagar para cumplir las normativas legales nacionales o de seguridad. 
Desafortunadamente, el ponente limita su propuesta a los vehículos comerciales, aparte de que alarga los plazos de transición y eleva la velocidad máxima de vehículos de motor pertenecientes a la categoría N2 en determinados casos a 110 km. Los dispositivos de limitación de velocidad sólo tienen sentido si tienen por objeto garantizar el cumplimiento de una real limitación de velocidad legal. 
informe Marques (A5-0001/2002) 
Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la delegación interparlamentaria Unión Europea-Bulgaria, quisiera ante todo saludar también yo la presencia en el Parlamento Europeo del Presidente de la República de Bulgaria, Georgi Parvanov. 
Pasando ahora al informe Marques, relativo al ron en los territorios de Ultramar de Francia y las Azores, ¿cómo podía votar en contra? 
Esta noche he visto en sueños al pirata Morgan, que me ha dicho: "El comité sindical de piratas me ha encargado recomendar el voto a favor de ese informe, porque, si no, nosotros, los piratas, no podríamos cantar nuestra canción habitual" -que no canto, pero repito -: "Quince hombres en el ataúd y una botella de ron". 
La botella de ron debe figurar, razón por la cual he votado a favor. 
El artículo 299, párrafo segundo, del Tratado prevé la posibilidad de introducir medidas especiales que permitan preservar la vitalidad de las actividades en las regiones ultraperiféricas, en las que los actores económicos tienen la absoluta necesidad de un clima de seguridad jurídica para mantenerse y desarrollarse. 
El sector del ron tiene un impacto determinante en la economía de los departamentos franceses de Ultramar, ya que hay 40.000 empleos vinculados con él. 
La decisión del Consejo de 1995, que expira a finales de este año, autoriza a Francia a aplicar en su territorio metropolitano un tipo mínimo del impuesto especial reducido para el ron "tradicional" producido en los DOM. 
La revisión actual de la OCM azúcar y el desmantelamiento de las protecciones arancelarias en 2003 ha llevado a Francia a proponer el mantenimiento, más allá de 2002, de este dispositivo fiscal, que considera que las medidas nacionales y comunitarias no serían suficientes para permitir a estos productos de los DOM que alcanzaran el mismo nivel de competitividad que los productos de otras regiones. 
Con el objetivo de mantener una actividad agrícola tradicional generadora de empleo en todos los estadios del sector caña-azúcar-ron, el régimen actual permite asegurar una comercialización mínima de la producción de los DOM en el mercado francés, de forma estrictamente limitada y dirigida, con el fin de que pueda resistir el crecimiento permanente de las ventas de ron procedente de países terceros, que no están sometidos al mismo pliego de condiciones de producción. 
Efectivamente, para preservar la supervivencia del sector, los productores de ron de los DOM tienen la obligación de proveerse en materia prima local, algo que es una garantía de calidad, pero que impide por ejemplo al ron de Guadalupe fabricarse a partir de caña de países terceros, pero también de caña de Martinica. 
El ron de los DOM tiene por tanto la obligación de participar en la política de desarrollo rural de los DOM, lo que aumenta sus obligaciones y sus costes de producción y lo coloca en una situación desfavorable en el mercado con respecto a los productos de países terceros. 
El régimen fiscal de excepción pretende pues exclusivamente compensar la obligación impuesta a los productores de los DOM de participar en la supervivencia del sector caña-azúcar-ron. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Informe Glante (A5-0005/2002) 
Estamos hablando del proyecto Galileo, señor Presidente. 
Como sabe usted mejor que yo, Galileo Galilei, gran científico italiano, escrutaba el cielo con su catalejo desde la Tierra. 
Y aquí sucede, en cambio, lo contrario: Galileo escrutará la Tierra desde lo alto de los satélites, donde será puesto en órbita precisamente. 
Es curiosa esa coincidencia, pero no cambia la importancia del proyecto Galileo, a favor del cual he votado. 
. (EL) El programa GALILEO se refiere al desarrollo y despliegue de un sistema de navegación por satélite, que ofrecerá a los usuarios la posibilidad de determinar su situación sobre la tierra con gran exactitud. 
Más allá de la mayor exactitud que permitirá en relación con el sistema americano Global Positioning System (GPS) , que viene funcionando desde hace algunos años, un rasgo fundamental del GALILEO es que se ha previsto que esté bajo control civil y no bajo control militar como el GPS. 
Al mismo tiempo es la primera empresa espacial a escala de la Unión Europea, y el éxito de su despliegue y funcionamiento, además de la evidente contribución a la mejora de la navegación, imprimirá un importante impulso a la ciencia y técnica espaciales. 
La comunicación de la Comisión Europea que examinamos no se refiere al sistema GALILEO propiamente dicho, sino a la creación de una empresa común, con participación de los sectores público y privado, que concentrará fondos para su desarrollo. 
El informe del Sr. Glante introduce mejoras significativas a la propuesta de la Comisión. 
No obstante, el Parlamento Europeo ha aprobado, por gran mayoría, a iniciativa del grupo del Partido popular Europeo y con la corresponsabilidad del Partido Socialista Europeo, dos enmiendas que apuntan a la militarización del sistema, con mención explícita a su uso militar bajo el pretexto de las "operaciones de paz". 
En la medida en que esta lógica sea aceptada por el Consejo y la Comisión, se desvanecerá por completo el carácter no militar del sistema, y, naturalmente, se incrementa el arsenal de la Unión Europea en sus intervenciones contra los pueblos. 
Es significativo el hecho de que una enmienda similar fuera igualmente aprobada por el Parlamento Europeo en el debate del informe sobre la política espacial de la Unión Europea, cuya ponencia, en la anterior sesión, me correspondió por encargo de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
La coincidencia de los dos hechos no es, desde luego, fruto de la casualidad, sino que, como ya denunciamos en el caso anterior, muestra una clara disposición al uso del espacio para fines militares. 
Esta deriva política pone de manifiesto la necesidad de que el movimiento popular mundial avance con renovadas fuerzas en su lucha contra la agresividad imperialista y la militarización del espacio. 
Por las razones expuestas, los diputados del Partido Comunista de Grecia rechazamos el informe. 
La delegación MPF da su firme apoyo al proyecto Galileo de puesta en marcha de un sistema europeo de radionavegación por satélite, paralelo al sistema americano GPS, autónomo con respecto a este último, pero que preserve la "interoperabilidad", es decir, la no contradicción y la posibilidad de trabajo en común. 
El proyecto Galileo parece ejemplar por tres razones. 
Desde el punto de vista técnico, procurará muchos efectos positivos a todas las actividades económicas y aumentará la productividad general de Europa, que lo necesita bastante. 
Desde el punto de vista institucional, resulta claro que estaría justificada una cooperación Europea, en cuanto a la subsidiariedad, y que la Agencia Espacial Europea (AEE) podría proporcionar el instrumento apropiado. 
Finalmente, desde el punto de vista político y estratégico, el proyecto Galileo dotará a Europa de una autonomía con respecto a Estados Unidos, mientras que, a la inversa, la aceptación del monopolio del GPS implicaría una dependencia visible, y además destinada a agravarse con el paso del tiempo. 
A pesar de estos argumentos, la decisión final sobre el desarrollo de Galileo se ha retrasado de Consejo en Consejo, y el último, que tuvo lugar en Laeken, no se saltó la regla. 
Ya estamos casi fuera de los límites para adoptar una decisión útil. 
Más allá de los debates técnicos sobre las modalidades precisas de asociación de los socios privados, la verdadera razón del retraso reside en las reticencias de los Estados Unidos, que han influido en ciertos países europeos. 
Llegamos a la pregunta esencial: ¿Es que el paso obligado por estructuras comunitarias no es un freno porque son demasiado rígidas y los socios no están todos de acuerdo? 
Se trata de un freno ahora para impulsar el proyecto, y sería un freno en el futuro en cada etapa de su desarrollo, principalmente si se quieren añadir aplicaciones militares o de "mantenimiento de la paz". 
Sobre este punto, el Parlamento Europeo elige verdaderamente la dirección equivocada reclamando una comunitarización aún mayor del proyecto, y estimando por ejemplo, en su resolución del pasado 17 de enero, que "la AEE, fruto de la cooperación entre Estados, debería a largo plazo integrarse en el seno de la Unión Europea". 
En realidad, es necesario hacer lo contrario: aplicar a Galileo el principio de la geometría variable, como para Airbus y Ariane, y crear una estructura que reúna solamente a los Estados verdaderamente interesados. 
Es el mejor medio para sacar este proyecto del atolladero y avanzar. 
Antes que nada, deseo felicitar a mi colega Norbert Glante por el trabajo de fondo y de negociación que ha realizado en este expediente altamente estratégico. 
Quisiera también hacer un llamamiento con respecto al sistema Galileo. 
Efectivamente, con frecuencia se oye hablar de este proyecto sin conocer realmente las futuras aplicaciones. 
Se trata de un sistema de radionavegación por satélite que permite al usuario de un receptor captar señales emitidas por varios satélites con el fin de determinar su posición en el tiempo y en el espacio. 
Por ahora, existen dos sistemas de ese tipo: GPS (Estados Unidos) y GLONASS (Rusia). 
Ambos han sido elaborados sobre una base militar, al contrario que Galileo. 
En el plano práctico, el sistema será utilizable en ámbitos tan variados como los transportes, la pesca, la agricultura, las telecomunicaciones, las prospecciones petrolíferas, las actividades de defensa y de protección civil. 
Un ejemplo: en los transportes terrestres, permitirá anticipar y gestionar mejor el tiempo de transporte, guiar de forma automática los vehículos, reducir los atascos y el número de accidentes de carretera... 
Sin duda, aún no hemos llegado. 
La puesta en marcha de Galileo debe producirse en cuatro fases. 
Hemos acabado la fase de definición. 
Se trata ahora de iniciar la fase de desarrollo (2002-2005). 
En este periodo, será necesario poner en marcha las condiciones técnicas y financieras indispensables para un despliegue rápido de la infraestructura (2006-2007) , con el fin de estar en condiciones de explotar comercialmente este sistema en 2008. 
La Comisión nos ha hecho propuestas relativas a esta segunda fase de Galileo. 
Nuestra Comisión ITRE ha considerado que lo que se había propuesto en materia de estructuras no era apropiado. 
Así, según el modelo considerado por la Comisión, las empresas privadas podrían participar plenamente en la constitución de una empresa común. 
Al igual que el ponente, considero que aparecería un conflicto de intereses si esas empresas estuvieran directamente implicadas en la constitución de una empresa así, ya que deberían responder después a licitaciones publicadas por esta misma empresa. 
Parece por tanto deseable que solamente los miembros fundadores, las Comunidades Europeas y la Agencia Espacial Europea, formen parte de esta empresa común. 
El BEI podría también incluirse en el futuro. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
. (DE) La creación de un programa europeo de navegación por satélite me parece, en general, razonable y merecedora de apoyo. 
Aun así, hoy he votado en contra del informe Glante, ya que no puedo suscribir el enfoque del ponente. 
El éxito económico de Galileo en competencia con el sistema GPS, que hasta ahora ha monopolizado el mercado, no se puede considerar en absoluto seguro. 
Por consiguiente, el riesgo se debería repartir, a mi parecer, a partes iguales entre el sector público y el privado. 
El ponente quiere facilitar la participación de la industria en la financiación de Galileo a través de una sociedad de fomento, en lugar de que participe directamente en la empresa común, como preveía la Comisión. 
Con ello se propone disipar, por un lado, algunas reticencias de los Estados miembros por consideraciones políticas de seguridad y evitar, por el otro lado, que las empresas privadas, como parte de la empresa común, gocen de ventajas competitivas en las licitaciones para el despliegue y operación de Galileo. 
Yo considero, no obstante, que esta solución de una participación financiera puramente facultativa tendrá por efecto que las inversiones que requiere Galileo acaben siendo aportadas sólo por el sector público. 
La industria sólo se subirá al carro cuando Galileo demuestre ser rentable y prometa beneficios. 
Esto equivaldría a invertir fondos públicos como capital de riesgo y regalar luego a la economía privada una importante participación en los beneficios. 
Yo no creo que los fondos de los contribuyentes se deban gestionar de este modo. 
Tampoco me parece convincente el argumento del conflicto de intereses en las licitaciones. 
En los ayuntamientos, por ejemplo, es una práctica habitual que las empresas municipales concursen junto con empresas privadas en las licitaciones públicas, sin que esto genere desigualdades en el trato. 
En cuanto al argumento relativo a la política de seguridad, yo tengo reparos de un orden muy distinto. 
La Comisión y el Consejo han dejado claro más allá de toda duda que consideran el sistema Galileo como un elemento central para la independencia de la política de defensa europea. 
El Parlamento Europeo no ha logrado decidirse a rechazar claramente el uso militar de Galileo. 
Yo, en cambio, rechazo de manera general el uso militar de los sistemas de navegación por satélite. 
- (NL) Coincido con el ponente en que es preciso crear una sociedad de fomento separada para el sector privado. 
Ello no significa, sin embargo, que su iniciativa cuente con mi apoyo, puesto que, a mi juicio, Galileo llega tarde. 
Debería haberse puesto en marcha hace quince años. La competencia estadounidense se hizo, hace tiempo, con las posibles ventajas de un sistema de navegación por satélite para las autoridades, el mundo empresarial y los usuarios individuales. 
Sólo si tenemos la intención de cerrar el mercado europeo a las mercancías y servicios procedentes de Estados Unidos tiene sentido emplear fondos comunitarios en el desarrollo de un sistema incapaz de competir con el sistema GPS estadounidense en un mercado mundial liberalizado. Esta intención no existe. 
Al contrario, todos los indicios apuntan a que hacemos todo lo posible por evitar guerras comerciales con los Estados Unidos sobre la importación de mercancías peligrosas y las molestias causadas por aviones ruidosos. 
Obviamente, no hay ningún impedimento para que las empresas europeas intenten hacer la competencia al producto estadounidense con un sistema de mejor calidad por su cuenta y riesgo. 
Tal vez logren conquistar temporalmente una pequeña parte del mercado y puedan hacer después negocios lucrativos con los estadounidenses para integrar innovaciones de impronta europea en versiones mejoradas del sistema existente. 
Este razonamiento no vale, sin embargo, para un proyecto a gran escala cofinanciado por el dinero del contribuyente. 
Tamaño despilfarro de los fondos comunitarios sólo sirve los intereses de la industria y del aparato militar. 
Los diputados de la delegación del MPF en el Parlamento Europeo han dado su apoyo al informe del Sr. Glante, con el fin de aportar su apoyo a la realización del programa Galileo, pero deben señalar su desacuerdo con el planteamiento mixto, al mismo tiempo comunitario e intergubernamental, que se ha aprobado. 
Este proyecto ilustra perfectamente uno de los ámbitos en los cuales la cooperación europea es indispensable. 
El interés común es evidente y claramente determinado. 
El sistema Galileo es vital para asegurar la independencia de los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito estratégico de la localización por satélite, ya que les permitirá no depender más del GPS, que los americanos controlan de forma discrecional. 
Por el contrario, pretender llevar el proyecto en forma de "empresa conjunta", de la cual la Comisión constituiría, con la AEE, uno de los dos pilares, corre el riesgo de paralizar su puesta en práctica, implica desacuerdos, burocracia, retrasos, imposibilidad de recurrir a competencias exteriores de la Unión... 
La única vía eficaz nos parece la de un programa específico de la AEE, cuyos mecanismos han demostrado su flexibilidad y eficacia. 
Solamente un marco intergubernamental voluntario permitirá por otra parte regular de forma satisfactoria la cuestión esencial del uso militar del sistema. 
. (EN) Apoyo sin reservas este informe de mi colega socialista, que dotará a Europa de una tecnología independiente que podrá utilizarse ampliamente para diversos propósitos prácticos, entre ellos los transportes y las telecomunicaciones. 
Es de una importancia vital cada vez mayor que la Unión Europea desarrolle una tecnología independiente de las otras dos que existen en los Estados Unidos y en Rusia. 
En la actualidad nos hallamos en una situación precaria porque la UE depende de los sistemas de esos dos países, que pueden ponerse en uso para fines militares en cualquier punto. 
La financiación de este proyecto ha sido siempre un asunto contencioso: su ayuda financiera debe provenir inevitablemente del sector privado, pero hay que definir cuidadosamente la relación subsiguiente entre la empresa común y el sector privado. 
De esta manera se evitará todo conflicto de intereses o toda ambigüedad molesta entre los asociados de este proyecto. 
A la luz de lo antedicho, diré que es una buena propuesta la de establecer una empresa de desarrollo que pueda obrar efectivamente como árbitro entre los asociados en el proyecto. 
Por último, un comité de supervisión que siga el desarrollo del proyecto mientras se crea velará por que el proyecto tenga la transparencia y responsabilidad que sean precisas. 
Propuesta de resolución común sobre la situación en Oriente Medio (B5-0101/2002) 
Señor Presidente, doy esta explicación de voto a título personal. 
He votado a favor de la enmienda 1 sobre los reservistas israelíes que se niegan a servir en los territorios ocupados, contrariamente a la consigna del Grupo parlamentario del Partido Socialista Europeo. 
Esta consigna no se dio más que por razones tácticas porque si esa resolución hubiera salido adelante el Partido Popular Europeo no la hubiera votado. 
Considero sin embargo que si existen hoy en Israel y en Palestina hombres y mujeres que tienen la valentía de decir no a la guerra, es una luz de esperanza y una extraordinaria lección de valentía ante las cuales, a ningún precio, podemos permanecer en silencio. 
Pienso además- y quiero creerlo- que la historia dará la razón a esos reservistas. 
. (EL) La resolución del Parlamento Europeo sobre Oriente Medio, aunque atribuye cierta responsabilidad al Gobierno de Israel, se mantiene en el marco de la política general de equidistancia. 
Por esta razón, los diputados del Partido Comunista de Grecia nos hemos abstenido. 
el Partido Comunista de Grecia condena la exacerbada violación de los Tratados Internacionales, del Derecho Internacional y de los acuerdos bilaterales por parte del Gobierno de Israel, y particularmente la agresividad y la brutalidad de que hacen gala las fuerzas israelíes de ocupación en la Ribera Occidental y en Gaza. 
Consideramos inadmisible y exigimos el inmediato cese del brutal bloqueo de Ramala, la sede del presidente Arafat y, en lo fundamental, de la propia Autoridad Palestina. 
Condenamos igualmente la creciente violencia indiscriminada que ejercen las fuerzas de Israel contra la población palestina, cuyo efecto es que los palestinos lloren a cientos de víctimas mortales y miles de heridos entre la población civil y soporten una continua destrucción de las infraestructuras, incluidas sus propias casas y sus tierras de labranza. 
Saludamos el combate del pueblo palestino por una solución justa y pacífica, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, y somos solidarios con la lucha por la fundación de un estado suyo independiente con capital el Jerusalén Oriental. 
Saludamos igualmente a todos los demócratas israelíes que se oponen a la barbarie desplegada por su gobierno, que luchan por una solución justa y viable, y que se niegan, muchas veces con peligro de sus vidas, a secundar al gobierno en sus ilegítimas e inhumanas acciones. 
Expresamos nuestro apoyo a los soldados israelíes que se niegan a convertirse en asesinos de civiles. 
Consideramos que la posición mantenida hasta hoy por la Unión Europea, independientemente de las declaraciones en sentido contrario, no ha aportado nada a la solución del tema palestino. 
Más bien, todo lo contrario: en el marco del impulso, junto con los Estados Unidos de América, del nuevo orden internacional, y con la táctica de la equidistancia entre verdugo y víctima, consiente la perpetuación del conflicto con tal utilizarlo del modo más conveniente para los intereses imperialistas en la región y en el conjunto del mundo. 
Emplazamos a los gobiernos de los países miembros, y sobre todo a los de los países representados en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como a la UE, a plantear en la ONU el problema de la creciente tensión en Oriente Medio, el problema constituido por el hecho de que las resoluciones aprobadas hasta ahora por la ONU no se aplican, o son sistemáticamente violadas por parte de Israel, y que emplacen a este país a contribuir a una solución justa y viable del problema, reconociendo el derecho de los palestinos a un estado independiente, paso que contribuirá decisivamente a la estabilidad y seguridad en la región. 
La gravedad de la situación en el Oriente Medio es tal, que entraña medidas urgentes y la mayor solidaridad para exigir que se ponga fin a la continua incursión ilegal del ejército israelí en los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina, la detención virtual del Presidente Yasser Arafat, la ejecución ilegal de representantes palestinos, la violación de los más elementales derechos de las personas, incluidas la tortura y la muerte de niños, y la destrucción de las infraestructuras palestinas y de otras instalaciones financiadas por la Unión Europea y por otros donantes. 
Es urgente que la comunidad internacional adopte nuevas iniciativas que propicien el fin de la violencia, el restablecimiento de la confianza y la reanudación de las negociaciones entre las dos partes, conforme al derecho internacional y las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas. 
Por eso he subscrito una resolución común que, pese a ser mitigada, atestiguase la preocupación del Parlamento Europeo por esa situación, repudiase las declaraciones y actuaciones de Ariel Sharon y reafirmara que la solución del problema, incluida la seguridad de Israel y la paz, requiere el reconocimiento del Estado de Palestina con condiciones de viabilidad. 
Ahora bien, lamento que la mayoría de derechas se haya negado a manifestar su solidaridad con los reservistas del ejército israelí que se niegan a prestar servicios en los territorios ocupados y que tienen, como demostrará la Historia, toda la razón, aunque considere positiva la decisión de enviar una delegación parlamentaria de muy alto nivel a la región para reunirse con las autoridades israelíes y palestinas y transmitir una mensaje de paz a sus poblaciones, así como la insistencia del Parlamento Europeo en la necesidad de enviar urgentemente observadores internacionales a esa región. 
Espero que se aplique inmediatamente al menos esta resolución mitigada del Parlamento Europeo. 
En un momento especialmente trágico para Oriente Próximo y especialmente peligroso para la paz del mundo, en un momento en el que el proceso de paz ya no lo activan los Estados Unidos, que vuelven a un planteamiento partidario, y en el que los Estados árabes aparecen como tetanizados por la toma de posición americana, correspondería con toda evidencia a los europeos asumir la iniciativa e intentar sustituir el callejón sin salida de la violencia por los avances de la diplomacia. 
Pero desafortunadamente no entrevemos nada sustancial. 
Los Estados miembros que tendrían la capacidad diplomática para actuar se paralizan en mecanismos colectivos de la Unión y estos últimos no producen más que declaraciones convenidas. 
La resolución del Parlamento Europeo no constituye más que un reflejo suplementario de esa impotencia Europea. 
Francia murmura. 
Sus sugerencias son sin embargo oportunas, pero considera que ya no tiene la posibilidad de avanzarlas con fuerza. 
La organización, en los Territorios, de elecciones centradas en el tema de la paz constituiría sin embargo un incentivo que obligaría a los palestinos a posicionarse claramente con respecto a la Intifada y al terrorismo. 
El reconocimiento del Estado palestino por todos, como punto de partida de la negociación y por encima de las cuestiones de personalización que falsean las perspectivas, permitiría relanzar el proceso de paz sobre bases más sólidas. 
Naturalmente, la resolución del Parlamento Europeo no hace ninguna referencia a estas propuestas, ya que, al emanar de un Estado miembro y no de un colectivo europeo, no pueden por principio, a su juicio, ser pertinentes. 
Al no estar sustentadas en una verdadera voluntad política, estas propuestas tienen todas las posibilidades de desvanecerse, cuando hubieran podido poner a los socios en el camino del diálogo político. 
Propuesta de resolución sobre el terrorismo (B5-0100/2002) 
El voto de nuestra resolución contra el terrorismo permite volver a afirmar con fuerza que el terrorismo es un mal en sí mismo, sin excusa, y que es necesario erradicarlo por todos los medios. 
Su principal característica y su principal motor consisten, para un grupo minoritario y sin escrúpulos, en imponer sus ideas y su poder por medio de la violencia y el miedo. 
Y no podemos confundir las causas y los medios. 
Los jefes terroristas, sean quienes sean y estén donde estén, necesitan medios para alcanzar sus fines, es decir: 
dinero, en primer lugar, que tienen en sus fortunas personales o que obtienen por medio de la extorsión, la criminalidad, el tráfico de drogas o el de los petrodólares... 
tropas, que reclutan en medios frágiles jugando con el nacionalismo, la religión, la ambición, el sueño, la revancha, la pobreza o la desesperación... 
el terror, que imponen a las democracias y a sus ciudadanos, mal preparados para resistir... y siempre dispuestos a negociar compromisos... 
Recordemos todos esos movimientos y acciones terroristas en el transcurso de los últimos años, en Alemania con la banda Baader, en Italia con las Brigadas Rojas, en Córcega, en Irlanda, en el País Vasco diariamente, sin olvidar las masacres de los Juegos Olímpicos de Munich, los atentados suicidas de Tel Aviv y las redes del millonario fundamentalista Bin Laden. 
Todas estas acciones tienen un punto común, destruir los sistemas democráticos mediante el terror. 
La lucha contra el terrorismo debe ser el objetivo número uno de la acción de las democracias, estén donde estén. 
Es necesaria esa voluntad de un conjunto muy amplio de medios a poner en práctica sin debilidad, movilizar a los ciudadanos explicándoles los desafíos, reforzar la autoridad del poder público, ya sea nacional o europeo. 
Fuera de eso... no hay salvación. 
Por ello he dado mi apoyo a la petición del Parlamento Europeo, muy fuerte y legítima, de quedar asociado estrechamente a la acción del Consejo en este ámbito. 
Para luchar de forma eficaz contra el terrorismo, es necesaria la movilización de la opinión pública, y quién mejor representa esa opinión es el Parlamento Europeo. 
Propuesta de resolución común sobre la ayuda al desarrollo (B5-0034/2002) 
Vivimos en un mundo en el que la riqueza global no tiene precedentes. 
Pero esa riqueza jamás estuvo tan mal repartida. 
Las desigualdades a escala mundial han alcanzado proporciones insoportables y escandalosas. 
En 1960, el 20% de la población mundial que vivía en los países más ricos tenía una renta 30 veces superior a la del 20% de los más pobres. 
En 1995, su renta era 82 veces superior. 
Al otro extremo de la escala, cerca de 3 millardos de personas viven con menos de dos dólares diarios. 
Cerca de 800 millones padecen hambre. 
En septiembre de 2001, en la "Declaración del Milenio", la comunidad internacional se comprometió a reducir a la mitad la pobreza en el horizonte de 2015. 
La comunidad internacional debe ahora pasar de las intenciones a los hechos. 
Europa debe ponerse a la cabeza de esta movilización. 
El próximo mes de marzo en Monterrey, y después en Johannesburgo en septiembre en la Cumbre mundial para el desarrollo sostenible, la Unión Europea debe tomar la iniciativa de hacer propuestas concretas y fijar un calendario preciso para mantener este compromiso. 
Esta ofensiva a favor del desarrollo y en contra de la pobreza debe organizarse en torno a cuatro ideas fundamentales. 
En primer lugar, aumentar la ayuda pública en proporciones considerables, alcanzando- por fin- el objetivo del 0,7 % de la riqueza de los países del Norte fijado hace más de treinta años. 
En esta dirección se ha dado un paso importante en el último Consejo "Desarrollo" que remitió este objetivo al orden del día y solicitó a la Comisión que fijara los plazos con los Estados miembros. 
Es necesario fijar un calendario preciso y vinculante. 
En segundo lugar, aportar nuevas respuestas al problema del endeudamiento de los países pobres. 
Para ello, es necesario multiplicar las operaciones de reconversión de la deuda hacia los sectores de la educación y de la salud de base, a imagen de los "contratos de desendeudamiento y de desarrollo", (C2D) puestos en marcha por Francia. 
Es necesario ir más allá que la iniciativa PPME ("países pobres muy endeudados") y comprometerse en un amplio programa de anulación de la deuda de los países en desarrollo. 
Es necesario iniciar la reflexión sobre las condiciones de acceso de los países en desarrollo a la financiación internacional, de acuerdo con las orientaciones mencionadas por el Primer Ministro francés. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Informe Napolitano (A5-0023/2002) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe Napolitano. 
La Convención es un hecho muy importante, respecto del cual estamos todos de acuerdo. 
Aprovecho la ocasión para afirmar, sin embargo, que, a mi juicio, ha habido una falta de democracia en la elección de los delegados del Parlamento Europeo en la Convención. 
Creo, por ejemplo, que el Sr. Íñigo Méndez de Vigo habría estado mucho más contento si hubiera sido elegido por esta Asamblea, con voto secreto, como el Presidente del Parlamento y usted mismo, elegido Vicepresidente. 
No le habría faltado voto alguno, habría logrado probablemente la unanimidad, pero habría sido una auténtica elección democrática de los candidatos y, por tanto, de los miembros del Parlamento Europeo en esa Convención. 
Quiero subrayar en esta ocasión que "quien bien comienza ya tiene la mitad del trabajo hecho", pero en este caso quien mal comienza debe intensificar su empeño. 
Hago votos por que en el futuro haya más democracia en la selección de los representantes del Parlamento Europeo en estos importantes organismos. 
Señor Presidente, en mi calidad de Vicepresidente del Parlamento, responsable de las relaciones con los parlamentos nacionales, diré que aprecio sobremanera el tono y el contenido del informe del Sr. Napolitano. 
Estoy seguro de que sus ideas nos ayudarán a mejorar lo que ya es una buena relación entre nuestros homólogos nacionales y nosotros. 
Creo firmemente que esa relación es de importancia vital si queremos asegurar que la Unión Europea esté basada en cimientos democráticos. 
Sin embargo, coincido con algunos de mis colegas cuando ponen de relieve que los parlamentos regionales que poseen facultades legislativas constituyen una parte igualmente importante de la adopción democrática de decisiones en la UE. 
Para no citar más que el caso de mi propio país, más de la mitad de la labor del Parlamento Escocés no se consagra a los reglamentos de aplicación concebidos en Edimburgo ni siquiera a los reglamentos de aplicación provenientes de Londres, sino a los reglamentos de aplicación procedentes de Bruselas, con miras a conseguir que la legislación de la UE se incorpore debidamente a la legislación escocesa. 
Por eso, aunque es importante que nos fijemos en los parlamentos nacionales- y sigo manifestando mi satisfacción por la importancia que damos a esa cuestión- también deberíamos considerar ahora de qué forma podemos involucrar a los parlamentos regionales en nuestra labor. 
Me parece un informe excelente y de una gran sabiduría, igual que el ponente. 
A título personal, comparto este informe en su totalidad, porque creo que está perfectamente orientado. 
Sin embargo, no he participado en la votación- pese a compartir personalmente lo que se recoge en este informe- debido a mi nombramiento como representante del Presidente del Gobierno español en la Convención. 
No porque crea que haya incompatibilidad- que no la hay: ni jurídica, ni material, ni ética, ni de ningún tipo- sino, todo lo contrario: la condición de diputado europeo- que comparto con otros dos colegas, que también han sido nombrados por otros dos Jefes de Estado y de Gobierno, el griego y el luxemburgués- es un valor añadido de cara a la Convención y a un trabajo que es común y no de oposición. 
Sin embargo, por razones también personales, que tienen mucho más que ver con lo simbólico y, si se quiere, con la estética, Señor Presidente, he preferido no participar en la determinación de una orientación que, indudablemente, servirá de base para la toma de posición de la delegación del Parlamento en esa Convención. 
Aunque no hay incompatibilidad de ningún tipo, quiero que quede constancia de que mi voto en blanco es exclusivamente a efectos de constatación de presencia. 
. (EL) La propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Constitucionales se encamina por la senda adecuada, y por ello cuenta con mi apoyo. 
Los parlamentos nacionales se encuentran las más de las veces al margen del proceso de construcción europea. 
Es necesario potenciar su papel; no con un nuevo órgano que complique aún más la ya complicada estructura burocrática de la Unión, sino como actuaciones como: 
la revalorización del debate de los asuntos europeos en los parlamentos nacionales, 
el examen del programa de los ministros antes de su presentación en los Consejos de Ministros, 
el control de la actividad de los ministros en el Consejo, 
la asignación de función y contenido a las comisiones de asuntos europeos de los parlamentos nacionales, 
la intervención de los parlamentos nacionales en el proceso de producción de los textos legislativos de la Unión, 
el refuerzo de la cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
. (SV) Hemos votado en contra del punto 3 de la enmienda 21, puesto que coincidimos con el ponente en que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales representan, en sus campos respectivos, a los ciudadanos de la Unión. 
Por el contrario, no pensamos que un aumento del parlamentarismo en la Unión requiera una ampliación de las facultades del Parlamento respecto a la totalidad de las resoluciones comunitarias. 
Conviene recordar que la colaboración entre los estados tiene lugar entre gobiernos que son controlados por los parlamentos nacionales, que también exigen responsabilidades. 
Votamos a favor del punto 7 del informe ya que, en principio, coincidimos con la opinión del ponente de que sería lamentable que los gobiernos desarrollasen nuevos instrumentos de poder que cercenasen las facultades del Parlamento. 
Al mismo tiempo, nos interesa dejar constancia de que el método abierto de cooperación- a pesar de sus deficiencias respecto al arraigo parlamentario- ha sido y es un método adecuado para aumentar la integración, la colaboración y los resultados en materias que no son consideradas aptas para otras formas de decisión más superestatales. 
Votamos a favor del punto 8 del informe, puesto que coincidimos con el ponente en que no se puede considerar legítima- trátese de la representatividad o de las posibilidades prácticas- la existencia de dos mandatos, es decir, de la titularidad de un escaño en el Parlamento Europeo y de otro en un parlamento nacional o regional. 
En cuanto a los parlamentos regionales, suponemos que el ponente se refiere a aquellos que tienen poder legislativo propio y no a los que cuentan con facultades delegadas, como, por ejemplo, las asambleas de las Diputaciones Provinciales de Suecia. 
Este tipo de mandatos debería poder combinarse con un escaño en el Parlamento Europeo. 
El informe Napolitano refleja la concepción tradicional en el Parlamento Europeo de las relaciones con los Parlamentos nacionales: estos últimos están encerrados, con elogios de consolación, en la función secundaria de defensores de intereses nacionales parcelarios. 
Eso es olvidar, evidentemente, que el escalón democrático más vivo es el de la nación, y que por querer superarlo se supera también la democracia. 
El bien común europeo no se decreta desde arriba, a partir de una democracia europea demasiado débil para ser otra cosa que una tapadera de la tecnocracia, sino que se define por el diálogo pacífico entre los intereses y las aspiraciones de las diferentes democracias nacionales. 
Hay un punto sin embargo en el cual el informe Napolitano pretende aportar, según los términos de su exposición de motivos, "una innovación de máxima importancia": es la propuesta de una especie de "poder constituyente compartido". 
Ésta desenmascara en realidad las verdaderas intenciones que hay detrás de las palabras tranquilizadoras del informe: efectivamente, se trata ni más ni menos de quitar a los Parlamentos nacionales el derecho exclusivo a ratificar los Tratados europeos, y por tanto a definir de forma soberana las competencias de la Unión. 
Este nuevo "poder constituyente" sería ejercido por los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo de forma conjunta, así como, precisa el párrafo 21 de la resolución, por la Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros, lo que es realmente inédito desde el punto de vista democrático. 
Una reforma así constituiría un grave retroceso: el poder de revisar los Tratados (y por ende el "poder constituyente") , corresponde sólo al pueblo, y ciertamente no a ejecutivos, nacionales o europeos; el pueblo puede delegar este poder en algunos casos a asambleas elegidas a este efecto (como el Parlamento francés en los casos previstos por el artículo 89 de la Constitución) , pero el Parlamento Europeo no forma parte, ya que no está previsto ningún poder constituyente, o ni siquiera solamente de revisión de los Tratados, en las competencias bien precisas y que los pueblos le han conferido. 
. (EN) El informe limita la labor de los parlamentos nacionales al escrutinio de sus respectivos gobiernos, papel que perdió dimensión desde que el incremento de las votaciones por mayoría cualificada en el Consejo rompió el vínculo entre las decisiones de la UE y las adoptadas separadamente por cada pueblo. 
También procura ampliar las facultades del Parlamento Europeo, sin reconocer que la legitimidad la conceden primordialmente ciudadanos que obran en su respectivo nivel parlamentario nacional. 
A fin de revitalizar la democracia en Europa, es esencial que cada pueblo reciba facultades visibles de decisión a nivel europeo. 
En consecuencia, en el futuro debemos considerar que los parlamentos nacionales se hallan en el centro del proceso de adopción de decisiones, y no en su periferia. 
El Consejo Europeo de Niza parece haber tenido la intuición de lo que acabo de decir cuando incluyó el papel del parlamento nacional en la arquitectura europea (y no al margen de esa arquitectura) en el orden del día de la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Los ciudadanos de la Unión Europea estiman generalmente que las elecciones para sus parlamentos nacionales (y, en algunos países, las elecciones para la presidencia nacional) representan la posibilidad democrática fundamental de elegir entre, por ejemplo, un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. 
La legitimidad de la democracia se basa hoy en las elecciones a los parlamentos nacionales y, por lo tanto, las instituciones de la Unión Europea tienen que adaptarse a ese hecho. 
Lo que es aún más importante: las decisiones importantes del Consejo deberían requerir la ratificación de los parlamentos nacionales. 
. (DA) SOS Democracia no puede votar a favor del informe Napolitano porque éste no otorga el papel fundamental a los parlamentos nacionales que son los únicos que mantienen una estrecha relación con la población. 
. El momento tan decisivo que atraviesa el proceso de integración europea, a consecuencia de la ampliación en curso, por un lado, y de los nuevos retos políticos y económicos a los que hacer frente la UE, por otro, exige el concurso tanto del Parlamento Europeo como de los Parlamentos de los Estados miembros a fin de que los ciudadanos, a través de sus legítimos representantes, puedan participar en este proceso. 
De ahí la oportunidad del excelente informe Napolitano y de mi voto positivo al mismo. 
Porque si bien es evidente la necesidad de garantizar el control democrático de las políticas comunitarias y de la toma de decisiones, también lo es que este control debe hacerse en el respeto de cada uno de los ámbitos de actuación parlamentaria. 
En este sentido me parece especialmente positivo el compromiso que asumió el Sr. Napolitano, como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de elaborar un próximo informe sobre el papel de los Parlamentos de las Regiones Constitucionales en este proceso. 
Estas regiones, dotadas de competencias legislativas, constituyen una pieza fundamental del engranaje, y no sólo por su mayor cercanía al ciudadano, sino porque los Parlamentos de estas regiones, en tanto que legítimos representantes de los pueblos que conforman la Unión, tienen derecho a participar en el marco de su ámbito competencial en el control del proceso legislativo de las políticas comunitarias y a hacer oír su voz para defender sus intereses. 
Dando mi apoyo de forma general al informe Napolitano, me he abstenido en la votación final porque considero prematuro concluir contra la eventualidad de una segunda cámara europea (un senado de los Estados). 
Corresponderá a la futura Convención profundizar en estas ideas y sacar las conclusiones sobre las instituciones que se hayan de crear, o que no se hayan de crear, y ello en función de la arquitectura global que finalmente se apruebe. 
- (NL) Gran parte del poder arrebatado a los Parlamentos nacionales en aras de la unificación europea no ha ido a parar al Parlamento Europeo, sino a los Gobiernos nacionales. 
De este modo, la existencia de la UE ha acrecentado el poder de los ministros y de los secretarios de Estado. 
Ni el Parlamento Europeo ni los Parlamentos nacionales están en condiciones de controlar la forma en que éstos alcanzan acuerdos en el seno del Consejo. 
Si se adopta una decisión contraria a la opinión pública nacional siempre pueden argumentar que ellos defendieron la opción correcta, pero que, por desgracia, sus vecinos impidieron que saliera adelante. 
Los ministros de los países vecinos hacen lo mismo. 
Esta toma de decisiones de índole intergubernamental ya no ofrece garantías para que se tengan en cuenta las ambiciones existentes en los diferentes Estados miembros. 
Por todo ello, abogo por una toma de decisiones interparlamentaria en vez de intergubernamental. 
La Comisión Europea formula propuestas, el Parlamento Europeo adopta una decisión en primera lectura y, posteriormente, cada uno de los Parlamentos nacionales estudia si dichas decisiones pueden ser aplicadas en su país. 
Acorde con este modelo, el Consejo ya no tendrá autonomía de decisión. 
Aunque, por desgracia, las propuestas del Sr. Napolitano no vayan aún tan lejos, refuerzan con razón el papel de los Parlamentos respecto de los gobernantes en los diferentes niveles. 
Me he visto obligado a votar en contra del informe Napolitano, aunque reconozco que su resolución refleja un conjunto de preocupaciones positivas respecto del papel de los parlamentos nacionales en el ejercicio del control de sus gobiernos- sobre todo cuando éstos formulan y aplican la política europea- y en su construcción. 
Reconozco también, cosa que, por lo demás, he dicho expresamente en mi intervención, que ha sido posible integrar parcialmente en el documento algunas de las proposiciones que figuran en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la que fui ponente. 
No obstante, no puedo dar mi acuerdo a algunas de las conclusiones aprobadas, que considero políticamente decisivas. 
Entre ellas destaco el punto 21, relativo al surgimiento- mediante la Convención- de un poder constituyente, aunque ejercido conjuntamente por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, la Comisión y los gobiernos de los Estados miembros, y la negativa preliminar de un futuro Senado (punto 17) , en el cual se podría plasmar, a mi juicio, el principio de la paridad entre los Estados miembros de la Unión. 
Así, pues, mediante esta explicación de voto queda clara mi posición, ya que, además de las objeciones manifestadas, que determinaron el sentido de mi voto, considero que el Sr. Napolitano es acreedor de mi respeto intelectual por su trabajo y por su esfuerzo en la vía de la parlamentarización de la UE, al rechazar el simplista esquema de hacer del PE el titular exclusivo del papel de representante de los ciudadanos y garante de la democracia en la relación con las demás instituciones de la Unión. 
Informe Pohjamo (A5-0006A5-0006/2002) 
Mi Grupo va a votar afirmativamente el informe de propia iniciativa del colega Pohjamo. 
Las normas jurídicas existentes y la reforma de los Fondos estructurales en el marco de la Agenda 2000 aún no han dado, hasta ahora, resultados tan positivos como se esperaba. 
En particular, es necesario mejorar: 
las prolongadas negociaciones de los programas entre la Comisión y los Estados miembros 
las complejas disposiciones financieras 
la participación de las regiones en la ejecución de los programas y proyectos 
los gastos de gestión y 
el control no obligatorio de los proyectos ejecutados. 
Si no se introducen otras modificaciones estructurales en la gestión de los Fondos estructurales, en el futuro seguirá siendo muy difícil superar el problema de que, aun cuando se reduzcan las disparidades entre los Estados miembros, no ocurre lo mismo con las que existen entre las regiones de cada Estado. 
Dichas modificaciones deberían incluir, en particular, los siguientes aspectos: 
limitación temporal del desarrollo de los proyectos 
no continuidad de la financiación de los proyectos cuya realización supera el plazo previsto 
reparto de los Fondos estructurales de los países que no los utilicen entre los que han presentado suficientes proyectos de calidad 
mayor ponderación relativa de los proyectos de inversión que fomenten el empleo 
En el contexto de la ampliación de la UE es imprescindible que la Comisión presente en 2003, a más tardar, propuestas concretas que garanticen que los actuales Estados miembros no se verán perjudicados en lo que respecta a los créditos de los Fondos estructurales y los países candidatos a la adhesión recibirán un trato equitativo, en consonancia con las tareas de una política estructural común. 
De lo contrario, será imposible conseguir el objetivo de ir reduciendo progresivamente las diferencias existentes en materia de desarrollo y reforzar, por consiguiente, la cohesión económica y social. 
Las enmiendas de mi Grupo también apoyan esta orientación política. 
- (NL) Mientras los Fondos Estructurales continúen existiendo en su forma actual surgirán tensiones entre la vertiente regional y la vertiente europea. 
Desde el punto de vista regional se trata de dinero propio al que se tiene derecho y que, por tanto, debe poder gestionarse de forma autónoma, con la mayor libertad posible. 
Desde el punto de vista europeo se trata de dinero europeo que solamente se concede bajo condiciones estrictas para su uso en regiones y ciudades y que debe ser devuelto en caso de que no se destine a las acciones previstas o no se respeten los plazos. 
La única forma de conciliar estos intereses contrarios pasa por un intenso diálogo administrativo previo y un intenso control. 
Ello significa que el empleo de estos fondos genera gastos elevados y mucha burocracia. 
Europa haría posiblemente mejor en limitarse a redistribuir los fondos de libre disposición con objeto de fomentar la inversión en regiones que sufran un retraso, estén en crisis o se vean perjudicadas por una situación desfavorable desde el punto económico y geográfico. Sería preferible que Europa no se ocupara o apenas se ocupara del empleo de los fondos. 
Gracias a este cambio, los funcionarios europeos podrían dedicarse a otras tareas que requieren aún mucha atención. Además, de este modo se pondría fin a la inútil transferencia de dinero desde los Estados miembros ricos hacia a esos mismos Estados miembros ricos. 
Habrá menos vallas publicitarias que luzcan la bandera europea, pero saldrá ganando la eficacia. 
. (EN) Apoyo sin reservas la petición de que los Fondos Estructurales de la Unión Europea sean más eficientes y estén más orientados a la consecución de resultados. 
En realidad, los Fondos Estructurales son una de las mejores maneras de hacer notar a los ciudadanos europeos que la UE está haciendo algo por ellos y es fundamental que no se confirme la impresión, muy extendida, de que somos un emporio de burocracia y de papeleo administrativo. 
Con demasiada frecuencia, la labor de los Fondos Estructurales ha pecado de burocracia y sus actividades de ejecución han sido lentas e ineficientes. 
Con el considerable crecimiento sucesivo en la cuantía de los fondos asignados a los Fondos Estructurales, es indispensable que los principios de productividad, valor añadido regional y calidad no sólo se reiteren sino que se supervisen cuidadosamente. 
La utilización efectiva de los Fondos requiere la cooperación de todos los niveles de autoridad en la Unión Europea. 
Los gobiernos nacionales tienen un papel que desempeñar en la liberalización del proceso de ejecución y en favor de la petición de los diputados del Parlamento Europeo de que los recursos de los Fondos se asignen más directamente a las regiones. 
Además, la Comisión ha de ser más proactiva en la aprobación de los documentos de orientación, liberalizando así aún más el proceso. 
Por último, la consideración de los Fondos Estructurales en el contexto de la ampliación es positiva: para empezar, la UE puede aprovechar esa oportunidad para asignar los Fondos con mayor efectividad. 
Informe Musotto (A5-0007/2002) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, quisiera subrayar- en este informe se ha tratado la cohesión económica y social entre las regiones de la Unión Europea- lo importante que es, a juicio del Partido de los Jubilados y mío personal, que la futura ampliación de la Unión Europea no entrañe variación alguna en la importante política de cohesión que se aplica mediante los Fondos estructurales. 
Considero un deber de todas las regiones más ricas de Europa contribuir, también financieramente, pero no sólo así, al progreso de todas las demás regiones menos ricas, más pobres, que, por desgracia, hay todavía en toda la Unión Europea. 
Así, pues, con este deseo he votado a favor del informe Musotto. 
Antes que nada, debo agradecer al mismo tiempo a nuestro ponente en el seno de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, Sr. Francesco Musotto, y al conjunto de esta comisión por el trabajo de calidad que nos han presentado. 
Votar este informe es en primer lugar, para mí, señalar que el principio de cohesión y, por consiguiente, de solidaridad e integración de los pueblos y de los territorios de la Unión está incluido en los tratados y como tal resulta esencial defenderlo. 
También la heterogeneidad de los progresos realizados y sobre todo la persistencia de intolerables disparidades regionales, que implica la marginalización de las regiones con retraso, deben ponerse de manifiesto- es lo que hace este informe -, y ello con el fin de llamar a los Estados a apoyar los esfuerzos de convergencia económica regional realizados a nivel europeo. 
Los autores del informe- que, con toda razón, consideran esencial asegurar un grado máximo de coherencia entre la acción realizada a nivel europeo, con cargo a la política de cohesión, y las políticas interiores de apoyo al desarrollo en los Estados miembros- invitan así a los Estados miembros a apoyar, de acuerdo con los principios de adicionalidad y subsidiariedad, este esfuerzo de convergencia económica regional puesto en marcha a nivel europeo, principalmente mediante una política de inversiones adaptada. 
Este esfuerzo es tanto más importante en la medida en que debemos superar el desafío que representa la ampliación. 
La cohesión debe hacerse así más fuerte aún, si se pretende evitar, aunque sea poco, que las separaciones y las disparidades entre las regiones aumenten de forma catastrófica con la ampliación. 
Finalmente daré mi apoyo total a la enmienda 49, que señala todo lo que puede tener de insuficiente la proporción del 0,45 % del PIB comunitario dedicado a la política de cohesión si se pretende poner en práctica una política de cohesión eficaz y portadora de una solidaridad real. 
. (EN) He votado a favor de este informe, pero quisiera subrayar algunos aspectos fundamentales de la política de pesca. 
La protección de los intereses de las pesquerías tradicionales está vinculada íntimamente con la cohesión económica y social de las comunidades que dependen de las pesquerías. 
En virtud del principio de la estabilidad relativa, la proporción de recursos de pesca asignada a Estados determinados en pesquerías determinadas permanece constante. 
Cuando las posibilidades de captura aumentan o disminuyen en una pesquería determinada, todos los Estados que tienen una participación reconocida legalmente en dicha pesquería asumen una parte proporcional de la degradación. 
La estabilidad relativa es fundamental para la política de pesca y para el mantenimiento de los recursos pesqueros, y no hay que perjudicarla. 
Tampoco hay que olvidar la importancia de las preferencias de La Haya. 
Las preferencias de La Haya reconocen el grado en que muchas comunidades costeras dependen de las pesquerías y ofrecen una protección adicional. 
No se puede exagerar el papel socioeconómico de esos arreglos: hay que mantenerlos no solamente porque revisten importancia fundamental para la Política Pesquera Común sino también porque forman parte integrante de los objetivos básicos de la política de cohesión. 
Por último, hay que hacer hincapié en la financiación con cargo al IFOP cuando se trata de comunidades que dependen de la pesca, y en particular por lo que se refiere a la renovación de la flota pesquera por motivos de seguridad en un sector que opera en un entorno claramente hostil. 
A mi juicio existe una contradicción de fondo entre la política llamada de cohesión y las orientaciones neoliberales que dominan Europa; la competencia y la privatización generalizadas van en contra de una verdadera armonización. 
Ésta supone la extensión de fondos que aseguren las necesarias transferencias y repartos equitativos que introducirían así distorsiones positivas con respecto a los puros fenómenos mercantilistas y a la búsqueda ciega de la rentabilidad. 
Estos fondos podrían verse alimentados por un impuesto unificado sobre la renta del capital. 
El informe Musotto reconoce a su manera esta contradicción, por ejemplo, señalando "la necesidad de adaptar la política de la competencia y la política fiscal". 
Pero siente inmediatamente la necesidad de excusarse alabando los méritos de una asociación de lo público-privado. 
A pesar de su timidez, las sugerencias del informe van en la buena dirección: pidiendo una mejor evaluación de los efectos de la ampliación; considerando como un techo la proporción del 0,45 % del PIB comunitario dedicado a la política de cohesión. 
Por ello no he votado en contra de este informe, aunque se queda muy por debajo de lo que exigiría una verdadera política de solidaridad e igualdad a escala europea. 
. (EN) El Partido Laborista del Parlamento Europeo (PLPE) acoge con satisfacción las conclusiones del informe Musotto sobre la cohesión. 
Sin embargo estimamos que es prematuro a estas alturas del debate adoptar una posición fija sobre las opciones futuras para la designación de las zonas que requieren asistencia de la Unión Europea. 
En el Reino Unido seguirá habiendo zonas necesitadas después del año 2006 y quisiéramos que la Comisión evalúe el papel que un mecanismo de redes de seguridad y la financiación de transición podrían desempeñar para prestar asistencia a las regiones más pobres del Reino Unido después de dicho año. 
Es decepcionante que el Partido conservador británico, entre otros, no haya prestado apoyo a esta enmienda. 
Es una afrenta para la democracia y el espíritu de asociación, que no sean partidarios de que los gobiernos locales y regionales desempeñen un papel más fuerte en la gestión de la financiación de la Unión Europea. 
El presente informe tiene el mérito de hacer un diagnóstico aproximado de la situación actual en lo relativo a la cohesión económica y social en la Unión Europea. 
Concordamos, en particular, con la posición de que la cohesión constituye, conforme a los Tratados, uno de los pilares comunitarios. 
También merece concordancia la referencia explícita a los retrasos en la lucha contra las asimetrías de desarrollo y nivel de vida e incluso la regresión que se da en algunas regiones de ciertos países. 
También merece concordancia la necesidad expresada de dar continuidad y reforzar la política regional en el futuro y la oposición a una posible retirada de ciertas regiones del objetivo 1 por razones meramente estadísticas. 
Ahora bien, en lo relativo a las causas de las citadas situaciones de atraso y regresión, el informe no llega todo lo lejos que sería de desear. 
Al referirse a la insuficiencia de los medios financieros asignados para el objetivo de la cohesión, omite aspectos esenciales como la ausencia de carácter redistributivo en el presupuesto comunitario y la necesidad absoluta de una revisión de las perspectivas financieras, sobre todo en vísperas de la ampliación. 
Y olvida también algunos elementos determinantes para las regiones menos desarrolladas, en particular los efectos negativos y, en consecuencia, la necesidad de revisión de las políticas macroeconómicas y financieras y de las políticas sectoriales que, no pocas veces, resultan profundamente inadecuadas para aquéllas. 
Uno de los mayores éxitos de Europa, en el camino de su construcción, resulta de su decisión de 1975 de instituir la solidaridad y la cohesión, que son necesarias para el acercamiento de los niveles económicos entre todas las regiones y todos los Estados constitutivos de la Unión Europea. 
Podemos decir hoy que la manera como sepamos adaptar nuestra política comunitaria de cohesión a las perspectivas de la ampliación determinará la vía en la que se comprometa cualitativamente el futuro de la Unión. 
El Parlamento Europeo apoya desde hace tiempo, y con toda razón, que una política apropiada de cohesión económica y social no puede reducirse a retirar a algunos lo que se quisiera redistribuir a otros. 
Es el análisis de las necesidades reales, amplificadas por la perspectiva de la ampliación, el que debe considerarse en primer lugar, y no una referencia paralizada en los recursos fijados en el pasado, para situaciones diferentes. 
Porque, tal como señala la Comisión, la ampliación hará crecer el diferencial de desarrollo entre, por una parte, los territorios centrales y, por otra, las regiones periféricas y ultraperiféricas. 
Solicito en este sentido que las regiones ultraperiféricas sigan siendo objeto de una prioridad de la política regional y de cohesión a través de nuevos progresos que realizar en la puesta en práctica del artículo 299, párrafo segundo, del Tratado. 
Además, es necesario adaptar la política de la competencia (en especial las ayudas de Estado con finalidad regional) y la política fiscal, para reforzar la política regional y de cohesión, quedando claro que sólo los Fondos Estructurales no bastan para contrarrestar los obstáculos y retrasos de desarrollo acumulados desde hace varias décadas. 
Conviene también considerar la adaptación de la política agrícola común y de desarrollo rural, con el fin de articular mejor las dimensiones urbanas y rurales del desarrollo regional. 
Finalmente, considero urgente crear un observatorio europeo de cohesión territorial. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Informe Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0022/2002) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, he votado a favor también del informe de la Sra. Kratsa, que versa sobre las mujeres en los países mediterráneos. 
Quisiera pedir, a ese respecto, el compromiso de todos nosotros, diputados, para que la Unión Europea haga extensiva unilateralmente la validez del Reglamento 1408 relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social correspondiente al período en que se ha trabajado en los Estados de la Unión Europea a todos los ciudadanos de los países del Mediterráneo meridional, que desde hace tantos años trabajan aquí, en Europa, y que tienen derecho a tener una cuota de pensión por el trabajo hecho en Europa, independientemente de los convenios respectivos. 
Señor Presidente, este informe nos da una imagen deprimente de la situación de la mujer en algunos países mediterráneos. 
Demuestra que la mujer está desfavorecida desde el punto de vista económico, y está desfavorecida en términos de atención médica y, lo que quizás es mucho más importante, que está desfavorecida en términos de educación, pues las tasas de alfabetización entre las mujeres de algunos países mediterráneos son muy inferiores a las de los hombres. 
Es importante que el Parlamento preste atención a esta cuestión, pero no basta con eso. 
También debemos velar por que la Unión Europea conciba políticas destinadas a ayudar a que la mujer mejore su situación en algunos de esos países. 
Por ejemplo, el programa MEDA no tiene hasta ahora ningún objetivo dedicado especialmente a la educación de la mujer, a mejorar la atención médica de la mujer. 
También tenemos que fijarnos en la forma en que operan nuestras relaciones económicas con algunos de los países mediterráneos para ver si podemos utilizarlas a fin de mejorar la situación de la mujer, por ejemplo prestando apoyo a las cooperativas femeninas y a otras actividades. 
A primera vista, podríamos preguntarnos por qué hemos de ocuparnos especialmente de la promoción de los derechos de la mujer en los países mediterráneos. 
La política de igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres es la misma para todos los Estados de la Unión. 
Lejos de nosotros la idea de pensar, por ejemplo, que por motivos de situación y mentalidad de los hombres en los Estados miembros mediterráneos sería más difícil aplicar en ellos la política de igualdad, ahora fuertemente anclada en el Tratado de Ámsterdam. 
No vamos en todo caso a calificar a los hombres de esos países de machistas. 
No lo son sin duda más ni menos que las personas del género masculino de más al norte de nuestra Unión Europea. 
Pero resulta claro que, en los países mediterráneos que no son, o no todavía, miembros de nuestra Unión, la situación de las mujeres es más preocupante desde muchos puntos de vista, y resulta legítimo y necesario ocuparse más especialmente de ello para poner remedio a discriminaciones inaceptables. 
Estoy por tanto a favor de este informe, con dos reservas. 
Considero que acciones positivas como las que se mencionan en el párrafo 5 de la resolución y la creación de infraestructuras no deberían solamente permitir a las mujeres sino también a los hombres conciliar vida profesional y vida familiar. 
En el párrafo 14 se propone la creación de un banco euro-mediterráneo de desarrollo. 
¿Es necesario realmente crear un nuevo banco, cuando tenemos el Banco Europeo de Inversiones, que puede perfectamente asignar préstamos en el marco del proceso de Barcelona también? 
Hemos de cuidarnos de crear precedentes. Porque, si creamos un banco euro-mediterráneo de desarrollo, ¿por qué no crear uno para el mar Báltico, para el mar del Norte, por poner sólo algunos ejemplos? 
(Intervención recortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Informe Hermange (A5-0009/2002) 
. (FR) Si bien reconoce que el hecho de saber leer y escribir es un derecho para todos, el informe aporta pocos elementos para promover una política a la altura de las bazas en materia de lucha contra el analfabetismo. 
Creo que las referencias que se hacen a los pedagogos y docentes sólo son útiles si se defiende una auténtica política de contratación en la Educación nacional, pues se trata de una misión de servicio público. 
En efecto, faltan en toda Europa decenas de miles los puestos de maestro. 
Las recientes manifestaciones de maestros y padres de alumnos de la región nantesa contra el cierre de aulas y a favor de la creación de puestos y de un número limitado de alumnos por aula van en este sentido. 
Por último, son sin duda las consecuencias negativas de las políticas liberales- desempleo y ataques a los servicios públicos- las que provocan una recrudescencia del analfabetismo. 
Luchar contra el analfabetismo exige también luchar contra la miseria. 
No obstante, dado que el informe propone una serie de medidas positivas, como el acceso igual de todos a los derechos fundamentales, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, así como una ayuda específica a las regiones de la UE más afectadas por esta forma de exclusión social, he votado a favor del informe. 
Informe Hermange (A5-0004/2002) 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo (PLPE) ha votado a favor del informe Hermange sobre el plan de ejecución del programa social porque hay muchos aspectos positivos en este informe sobre la Agenda de política social de la Unión Europea. 
Ahora bien, también hay motivos de preocupación cuando el informe insta a la Comisión a que proporcione información sobre la forma de actuación que se propone llevar a cabo respecto de algunos requisitos que figuran en la Agenda social pero que el PLPE no apoyó en sesión plenaria en el año 2000. 
Por lo que se refiere al apartado 14 el PLPE no puede apoyar el llamamiento en favor de un derecho a la huelga en la Unión Europea, y se abstuvo. 
El PLPE estima que esta cuestión se trata ya en la legislación del Estado miembro y que se trata también en la Carta de Derechos Fundamentales. 
Queda cerrado el turno de votaciones. 
(La sesión, suspendida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
El próximo punto del orden del día es un debate de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Ataques terroristas en la India, especialmente contra el Parlamento 
El próximo punto del orden del día es un debate sobre las siguientes cinco propuestas de resolución: 
B5-0053/2002 de Collins en nombre del Grupo UEN, 
B5-0061/2002 de Thomas Mann, Morillon, Tannock, Sacrédeus y Maij-Weggen en nombre del Grupo PPE-DE, 
B5-0072/2002 de Frahm en nombre del Grupo GUE/NGL, 
B5-0081/2000 de Sakellariou y Van den Berg en nombre del Grupo PSE, 
B5-0089/2002 de Lynne en nombre del Grupo ELDR, 
sobre ataques terroristas en la India, especialmente contra el Parlamento. 
Señora Presidenta, el 13 de diciembre de 2001 fue un día aciago y no sólo para las relaciones indopaquistaníes. 
El atentado de terroristas islámicos radicales contra el Parlamento indio fue un ataque contra el centro neurálgico de la mayor democracia del mundo, la institución de los representantes populares libremente elegidos y la sociedad multiétnica. 
Desde entonces se ha iniciado una movilización masiva de soldados y una amenazadora concentración de armamento. 
Existe un gran riesgo de que los extremistas consigan apoderarse de estas armas mediante ataques por sorpresa. 
El ataque contra el centro cultural americano de Calcuta, presuntamente por obra de militantes fundamentalistas musulmanes, ha agravado todavía más la situación. 
Paquistán es sospechoso desde hace años de ofrecer un refugio seguro a los extremistas islámicos y prestarles apoyo logístico y material. 
Sin embargo, ahora se han adoptado medidas, por indicación del presidente Musharaf. 
Se detuvo a alrededor de 1.500 sospechosos y se cerraron unos 400 locales de organizaciones extremistas islámicas. 
Esto permite abrigar esperanzas. 
El General ha sacado, sin duda, a su país del aislamiento gracias a su participación en la alianza antiterrorista internacional. 
Tras la declaración televisada de su voluntad de combatir el terrorismo de manera consecuente debe pasar, sin embargo, de las palabras a los hechos. 
Sería muy deseable que los guerreros talibanes que se han ocultado en Paquistán fuesen desenmascarados y apresados. 
Se debe proceder a una reestructuración organizativa de las escuelas religiosas islámicas radicales, que constituyen un caldo de cultivo religioso para los talibanes, y se deben reformar sus contenidos. 
Lo más importante es, sin embargo, indagar las causas de la simpatía hacia los talibanes y su ensalzamiento como combatientes por la libertad, aún presentes en amplias zonas del país. 
Es necesario un intenso debate intelectual. 
La educación pública debe cumplir un papel prioritario con este objeto. 
Unas personas conscientes y capaces de emitir juicios críticos, gracias a una buena educación escolar, también estarán en condiciones de oponer resistencia a cualquier tipo de dictadura y manipulación. 
Paquistán debe aceptar la libertad religiosa de las minorías. 
Pienso, entre otras cosas, en la reciente masacre cometida durante un servicio religioso en una iglesia cristiana. 
Todavía no se ha detenido a los terroristas islámicos responsables. 
La discriminación de los cristianos- también por las instancias oficiales- debe quedar relegada al pasado, al igual que la persecución de otras religiones. 
La exigencia de la India de que Paquistán desenmascare y entregue a los instigadores del atentado contra el Parlamento indio está justificada. 
Su cumplimiento requerirá, no obstante, mucha paciencia. 
Las pruebes de misiles indias constituyen un instrumento de presión inútil y una provocación que resulta contraproducente. 
El Grupo del PPE/DE insta a ambas partes en conflicto a que se enfrenten a las situaciones de crisis con todos los recursos de la diplomacia. 
Tenemos que procurar que renuncien al uso de la fuerza militar. 
En mi calidad de vicepresidente de la delegación ante la SAARC, me preocupa que Paquistán ratifique y transponga por fin la declaración de la SAARC sobre la represión del terrorismo. 
En general, es necesario seguir avanzando por el camino de los acuerdos de Lahore y de Simla. 
La Unión Europea puede desempeñar sin duda un papel de mediación que sería muy bien aceptado. 
Seguramente todas las partes implicadas así lo desean. 
Nos hemos granjeado desde hace años una gran confianza gracias a una política equilibrada. 
Ambos Estados y las exigencias de la seguridad en el conjunto del Asia meridional merecen nuestro compromiso. 
Señor Presidente, los últimos días, a principios del mes pasado, tuvimos que hacer frente a la posibilidad de un enfrentamiento violento, de alcance imprevisible, entre la India y Pakistán. 
Afortunadamente el enfrentamiento se evitó gracias a la responsabilidad mostrada por ambas partes. 
Corríamos, pues, el peligro, tras el violento choque, en los términos en que se produjo, y tuvo que producirse, con los terroristas en Afganistán, de que se produjera otro conflicto desgraciado entre dos grandes países que disponen de arsenal nuclear. 
Esto, sin embargo, no significa que el problema se haya resuelto. 
Y en este sentido, el debate que hoy mantenemos tiene el objetivo de señalar a los dos países, a la India y Pakistán, su responsabilidad ante sus pueblos y ante los países de su entorno. 
Al mismo tiempo, en embargo, debemos también nosotros asumir nuestras responsabilidades, de suerte que como Unión Europea intentemos contribuir a la solución pacífica de todos los conflictos de la región, al respeto del Derecho internacional, al respeto a los derechos humanos, y al imperio, en términos generales, del estado de Derecho y los derechos humanos. 
No obstante, este intento no debe conducirnos a ignorar que de hecho en Pakistán hay serios problemas en relación con los derechos humanos, serios problemas con respecto a cuestiones de democracia, serios problemas con las minorías religiosas. 
No menciono esto aquí a modo de fundamentación de una denuncia a Pakistán, o de amistad hacia la India. 
En modo alguno. 
La mención es a las necesidades y las prioridades al servicio de las cuales deben trabajar estos dos países; por su propio bien, por el bien de la región, por la evolución pacífica de la región. 
Los dos países son responsables de la estabilidad en la región. 
Los dos países son responsables de la evolución de los acontecimientos, responsables de que aquellos territorios dejen de ser dominio de la pobreza, dominio de la miseria, tierra de conflictos y enfrentamientos. 
En este sentido, quiero creer que la resolución de hoy, y su apoyo unánime por todas las tendencias del Parlamento, constituirá una aportación simbólica y sustantiva. 
Señora Presidenta, permítame que deje bien sentado desde el principio que condeno el terrorismo donde quiera se manifieste, y que condeno particularmente los ataques contra el parlamento de la India y el centro cultural de los Estados Unidos. 
No hay justificación alguna para el terrorismo, sea cual fuere la presunta provocación que se alegue como disculpa. 
Ahora bien, tenemos que estudiar las causas radicales del terrorismo. 
Por eso me agrada sobremanera que hayamos ampliado el ámbito de esta resolución, aunque no hayamos podido modificar su título. No quisiera que nadie pudiera pensar de nosotros que estamos tratando de vincular a un país o a una organización con esos ataques. 
Seguimos sin saber realmente quién los ha cometido y por eso me alegro de que el Gobierno indio esté investigándolos y de que el Pakistán esté colaborando en esa investigación. 
Lo antedicho me brinda la oportunidad de abordar un problema más amplio: la nueva amenaza de guerra entre la India y el Pakistán. 
Aplaudo el anuncio del Presidente Musharraf de que está tratando de acabar con el terrorismo, pero también es importante que tengamos en cuenta la controversia sobre Jammu y Cachemira, que dura desde hace más de 50 años. 
Reitero el llamamiento para que la Unión Europea ofrezca sus servicios como moderadora a ambas partes y para que se tengan en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. 
Lo que estoy proponiendo es algo parecido a lo que hizo el senador Mitchell en Irlanda del Norte. 
El pueblo que sigue sufriendo es el pueblo vulgar y corriente, los civiles de la India, el Pakistán, y Cachemira. 
Los que dicen que un mediador proporcionado por la Unión Europea, la Commonwealth o las Naciones Unidas no es una solución, no ofrecen ninguna otra alternativa. 
Tenemos que encontrar una alternativa al derramamiento de sangre y a la continuación de esta controversia. 
Espero que votemos todos en favor de esta resolución, para demostrar no solamente que el terrorismo nos repugna sino también el deseo de encontrar una solución para las tensiones que reinan en esa región. 
Señora Presidenta, el 13 de diciembre del año pasado el Parlamento de la Unión India en Delhi, que es su símbolo más visible de democracia y de nación secular, sufrió un ataque cruel y espantoso. 
No subestimemos el peligro que entrañó, pues si se hubiera conseguido asesinar a los ministros gubernamentales y dirigentes de la oposición reunidos, eso podría haber significado una guerra entre la India y el Pakistán, que son dos Potencias nucleares que también poseen una masa impresionante de fuerzas armadas terrestres convencionales, aunque por lo menos la India haya declarado que no será la primera en hacer uso de su arsenal nuclear, cosa que no ha hecho Pakistán. 
Pronto se descubrió que la responsabilidad recaía en grupos terroristas islámicos militantes que tenían una base en Pakistán, con pleno apoyo e instrucción militar recibidos del Gobierno pakistaní, que también eran responsables de los ataques contra la Asamblea Nacional de Cachemira, que habían tenido lugar anteriormente en Srinagar. 
Todo esto en clara violación de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prohíbe que los países patrocinen el terrorismo contra otros países. 
Sin embargo, me alegra sobremanera que el Presidente Musharraf 'haya cambiado de actitud y apoye a los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo, que acabó con el régimen Talibán y que destruyó la facción al-Qa' ida en Afganistán, aunque dicho régimen fuera en gran parte creación del organismo de interservicios secretos del Pakistán; en particular, su discurso del 13 de enero en el que prometió la reforma de las madrassas o escuelas religiosas, que han fomentado tanto odio respecto del Oeste y que han creado una atmósfera que llevó el año pasado a la matanza de cristianos que estaban orando pacíficamente. 
Es un buen punto de partida, pero el Pakistán todavía no ha accedido a la petición de que dicte la extradición de 20 dirigentes de la confabulación. 
Se teme con profunda preocupación que el secuestro de Daniel Pearl, periodista de Wall Street, haya involucrado a miembros renegados partidarios de los Talibán, pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Pakistán. 
Se han recibido mensajes electrónicos que parecen probar que los superiores de Richard Reid, el hombre de los zapatos explosivos- que por desgracia es de mi país -, quizá estaban basados en el Pakistán. 
En consecuencia insto al Pakistán a que ratifique la SAARC y todas las convenciones de las Naciones Unidas sobre el terrorismo y felicito a la India por la moderación de que ha dado pruebas frente a la provocación y en su declaración conjunta con la Unión Europea en noviembre del año pasado contra el terrorismo. 
Durante la guerra de Afganistán en el decenio de 1980 nosotros, los occidentales, apoyamos la ideología militante islámica a fin de combatir la difusión del comunismo. 
América, desgraciadamente, pagó el precio el 11 de septiembre. 
¿Vamos a repetir de nuevo ese error? 
Señora Presidenta, quisiera expresar la profunda preocupación del Grupo Socialista por el creciente fenómeno del terrorismo fundamentalista, no solamente en la India sino en todo el mundo. 
Estamos preocupados por la amenaza que esto plantea para las sociedades democráticas y reafirmamos que los actos de terrorismo amenazan la paz y la estabilidad en cualquier lugar del mundo, pero en ningún lugar tanto como en la India y el Pakistán en estos momentos. 
Esos dos países poseen armas nucleares y por lo menos uno de ellos no ha declarado que no será el primero en recurrir a la utilización de esas armas. 
Secundamos las demandas de la India en favor de que el Pakistán colabore en una investigación a fondo de los ataques contra la Asamblea del Estado de Cachemira y contra el Parlamento de la India, pero instamos a ambas partes a que hagan todo lo que puedan por evitar que actúen pensando en la perspectiva de una guerra. 
Sabemos que eso requerirá buena voluntad e iniciativa por parte de la India y del Pakistán, y en particular por parte del Presidente Musharraf. 
La única manera de salir adelante es a base de negociar. 
Confiamos en que la India y el Pakistán, con el apoyo del Parlamento Europeo, puedan seguir ese camino en vez de embarcarse en una ruta mucho más peligrosa para ellos y para el resto del mundo. 
Concretamente, ha circulado un primer texto de base, confirmado por la Sra. Lynne y el Sr. Elles, que era realmente inaceptable. 
Los trabajos, en especial los trabajos nocturnos de los últimos días, han permitido corregirlo en profundidad y llegar a un texto que, si bien no es perfecto, es aceptable. 
Debemos recordar el título y la razón de ser de esta resolución: los ataques terroristas en la India. 
La resolución es, pues, ante todo una expresión de solidaridad con las víctimas de esos atentados. 
El Sr. Tannock nos ha descrito los desastrosos efectos que habría podido tener ese atentado para toda la clase dirigente india. 
Pienso que en la resolución se infravaloran, del mismo modo que, a mi entender, sobrevaloramos un tanto el alcance de lo que, a día de hoy, no son más que declaraciones del Presidente Musharraf. 
Como ha recordado con acierto el Sr. Tannock, todavía no hemos visto el cierre efectivo de todas las madrasas, de todas las escuelas coránicas. 
Es importante, pues, que mantengamos una gran firmeza hacia el Pakistán. 
Por otra parte, diría también al Sr. Souladakis que el equilibrio, en el caso que nos ocupa, no es realmente un apoyo a la democracia. 
No olvidemos que la India es una democracia, una democracia desde hace 50 años. 
Es también y debe ser para nuestro Parlamento una referencia: la India es un país en desarrollo; desde hace 50 años, la India viene consolidando, junto con su población, su democracia. 
Este caso no se da prácticamente en ningún otro lugar. 
Tenemos a su gran vecino, ese gran mercado, ese "Eldorado" para muchos de nuestros colegas, me refiero a China. 
Y después, tenemos a ese gran país que olvidamos demasiado a menudo, con el que la Comisión ha realizado algunos progresos en los últimos dos o tres años. 
Se ha celebrado una primera cumbre Unión Europea-India, seguida de una segunda cumbre Unión Europea-India. 
Pero es verdaderamente insuficiente. 
La India, por su régimen, por su voluntad de afrontar dentro del respeto de la democracia su desarrollo, debería ser nuestra referencia para nuestra política de cooperación con todos los países del mundo. 
Sus dificultades específicas son incomparablemente mayores que las de muchos otros países en los que seguimos tolerando la dictadura, el fundamentalismo y otras plagas de ese género. 
Por tanto, doy las gracias a los diputados que han trabajado hasta altas horas de la noche para transformar el texto de base y hacer de él un texto de apoyo a la India. 
Pienso que se habría podido ir más lejos en nuestro apoyo y que debemos mantener una enorme prudencia con respecto al Pakistán, porque ha habido por parte de este país muchas buenas palabras: es un primer paso, pero todavía es claramente insuficiente. 
Señora presidenta, en primer lugar, señora Cederschiöld, permítame desearle éxito como la primera sueca que ha sido elegida Vicepresidenta del Parlamento Europeo. 
Es una elección que me alegra. 
Lo que ocurrió el 13 de diciembre pasado en el parlamento indio fue algo terrible: el parlamento de un país democrático y plural fue atacado por grupos de militantes islámicos. 
El parlamento, el corazón de la democracia, fue objeto de un brutal atropello. 
Se asesina. 
Toda la democracia es puesta en duda por esos militantes islámicos. 
Es importante que intentemos entender qué pasó en Nueva Delhi ese día. 
¡Pensemos si nuestro propio Parlamento, aquí en Estrasburgo, o nuestros parlamentos nacionales- en mi caso el Riksdag de Estocolmo- fuesen objeto de ataques terroristas! 
Nuestras reacciones serían muy enérgicas. 
Quizá es difícil para los europeos entender la verdadera magnitud de lo ocurrido. 
Quiero dirigirme a la Comisaria Diamantopoulou para comentarle algo acerca de las escuelas religiosas islámicas, las denominadas madras, en Paquistán. 
Creo que la Comisaria y la Unión Europea tienen la enorme tarea de fomentar en esas escuelas un tipo de enseñanzas que se fundamenten en el amor, en el amor al prójimo y que no vean a otras religiones o a otras corrientes políticas con ojos de odio. 
Desde esas escuelas y desde otros lugares islámicos se extiende el odio. 
Estimados amigos, ha caído el régimen de los talibanes en Afganistán, pero su mentalidad de odio, de violencia, de llamar a otras personas "infieles" y de verlos como inferiores sigue existiendo. 
Insto a la señora Diamantopoulou para que intente por todos los medios a su alcance que en las escuelas de Paquistán y de Oriente Medio la enseñanza se inspire en el amor, el amor al prójimo y la tolerancia. 
La finalidad de las religiones es la sublimación del alma, la excelencia ética y moral, dar al individuo valores espirituales y no estar al servicio de la violencia y el odio. 
Ésta es una de las tres naciones que reconocieron al régimen de los talibanes. 
El embajador talibán de Afganistán permaneció en Paquistán después de los ataques a EE.UU. del 11 de septiembre. 
Paquistán tiene que explicar muchas cosas. 
Lo que ha dicho el Presidente Musharraf es importante. 
Estamos esperando que actúe con energía. 
Gracias por sus amables palabras en relación con la elección de una Vicepresidenta sueca. 
Ha sido algo de gran trascendencia para nosotros los suecos. 
. (EL) Señor Presidente, quiero yo también felicitarlo y desearle todos los éxitos en el desempeño de su cargo. 
La iniciativa es saludada con satisfacción. 
Sus Señorías han destacado que lo ocurrido constituye una agresión de proporciones extraordinarias en contra de la más alta institución de la democracia más grande del mundo. 
La Unión Europea expresó unánimemente su indignación por este hecho. 
El Consejo hizo declaraciones mediante las cuales condena el hecho y expresa la solidaridad de la Unión Europea con la República de la India. 
El Consejo y la Comisión han destacado igualmente en repetidas ocasiones que Pakistán debe continuar y ampliar su política contra el terrorismo. la India pide a Pakistán que muestre con acciones concretas su determinación de erradicar todas las formas de terrorismo, exigencia absolutamente legítima. 
Tras el atentado del 13 de diciembre, asistimos a un despliegue sin precedentes de fuerzas militares en la línea de control, en la frontera entre los dos países, y causan inquietud la creciente tensión y los enfrentamientos armados. 
En este marco, nos congratulamos por la declaración del Presidente de Pakistán Sr. Musharraf, el 12 de enero, en la que anunciaba medidas enérgicas para la lucha contra el terrorismo y el fanatismo religioso. 
Es un paso en la dirección adecuada y hacia la normalización de las turbulentas relaciones entre Pakistán y la India. 
La Comisión continuará llamando la atención de las dos partes sobre la necesidad de cooperar y de rechazar la solución militar. 
La semana próxima, con ocasión del encuentro, de nivel ministerial, de la Unión Europea y la India el 14 de febrero en Madrid, el mensaje de la troica incluirá dos elementos. 
El primero es que la Unión Europea brinda todo su apoyo a la India en la lucha contra el terrorismo, tal y como se acordó en la declaración contra el terrorismo en la Segunda Cumbre, y el segundo, que anima a ambas partes a reanudar el diálogo lo antes posible y a comenzar la retirada de los efectivos militares. 
Gracias, Comisaria Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Ayuda humanitaria a Goma 
El próximo punto del orden del día es un debate sobre las siguientes cinco propuestas de resolución: 
B5-0058/2002 de Maes, Rod y Lannoye en nombre del Grupo Verts/ALE, 
B5-0065/2002 de Johan Van Hecke y Maij-Weggen en nombre del Grupo PPE-DE, 
B5-0073/2002 de Sylla, Miranda, Sjöstedt, Koulourianos en nombre del Grupo GUE/NGL, 
B5-0082/2002 de Sauquillo, Pérez del Arco y Van den Berg en nombre del Grupo PSE, 
B5-0090/2002 de Sanders-Ten Holte y Dybkjr en nombre del Grupo ELDR, 
sobre ayuda humanitaria a Goma. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, una desgracia nunca viene sola, sobre todo si se trata de la población, tantas veces azotada por el dolor, del este de la República Democrática del Congo. 
Desde hace años sus habitantes deben hacer frente a la guerra, al problema de los refugiados, a la ocupación por la vecina Rwanda, y para colmo, ahora han sufrido estas erupciones volcánicas. 
Las trágicas noticias que acaban de llegarnos confirman que la gente vive en unas condiciones francamente miserables. 
Ha comenzado la breve temporada seca y hace un calor sofocante. 
Hay sustancias tóxicas. 
La lava despide vapores tóxicos. 
Dado que no tienen leña aprovechan el calor de la colada volcánica para cocinar. 
Ustedes entenderán que viven una situación horrible, en una ciudad parcialmente destruida, que recuerda a Hiroshima. 
En la parte de la ciudad que no ha sido afectada por la erupción la vida sigue su curso normal, en la medida en que las circunstancias y la ocupación lo permitan. 
Por eso resulta difícil distinguir a las verdaderas víctimas de los demás. En este momento no se sabe muy bien quiénes son las personas más necesitadas. 
Según he podido comprobar, esta noticia se confirma en el reciente comunicado de la conferencia obispal. 
Los obispos se quejan de la escasez de las raciones, a pesar de que hay provisiones suficientes. Lamentan que gran parte de la ciudad haya sido destruida, sin que se sepa cuáles son las personas más afectadas. 
Se han realizado encuestas, pero los resultados aún no han sido corroborados. 
Afortunadamente, se ha puesto en marcha una avalancha de ayuda internacional. A este respecto la Unión Europea ha desempeñado un papel primordial. 
Ya temía que en mi discurso iba a tener que expresar algunas quejas, porque, por supuesto, me entero de todas ellas. 
Algunos se lamentan, por ejemplo, de que toda la ayuda debe pasar necesariamente por Kigali ya que, según ellos, ahí se aprovechan de las circunstancias. 
Otros me han asegurado que el aeropuerto de Kigali es el más cómodo para la tramitación de las mercancías y que ya no se obstaculiza la ayuda. 
Sé que la República Democrática del Congo ha enviado ayuda a Bukavu que está lista para ser distribuida. Ahora bien, dicha ayuda se considera como ayuda procedente de la población congoleña y, por eso, los invasores se oponen a que se reparta. 
Resumiendo, en cierto modo quiero tranquilizarles, pero al mismo tiempo debo dejar muy claro que las medidas anunciadas por el Parlamento Europeo son absolutamente necesarias. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en realidad yo quisiera abundar en la conmovedora descripción de los sufrimientos de la población que nos ha presentado la Sra. Maes. 
Pero también desearía tratar otros aspectos, tal vez más relacionados con la organización, así como con el contexto político. 
Voy a empezar por la organización. 
Esperamos que en adelante nadie obstaculice ya la intervención de ECHO, las medidas de ayuda de la Unión Europea, y que sea posible hacer llegar cuanto antes la ayuda al lugar de los hechos. 
También esperamos que esto se cumpla no sólo en la ciudad de Goma, sino también en la zona circundante. 
Ésta se extiende hasta Bukavu, donde también hay refugiados, y hasta Ruanda y Burundi, donde hay asimismo refugiados dispersos. 
Tenemos que prestar ayuda a todos y tenemos que prestársela rápido. 
Este es el primer punto. 
El segundo es, naturalmente, que lo ocurrido vuelve a sacar a la luz la debilidad de la organización estatal y la inexistencia de una organización estatal en el Congo. 
Es necesario que el proceso de paz reciba cuanto antes un firme respaldo. 
Tenemos que contribuir a hacer entrar en razón lo más pronto posible a las diferentes partes, a fin de que sea posible iniciar la reconstrucción del Congo y el restablecimiento de las estructuras administrativas, así como también unas estructuras democráticas, y evitar que ese gran país continúe hundiéndose en el caos. 
Tenemos una gran tarea por delante y el ejemplo de la ayuda que ahora podemos ofrecer, tal vez también pueda servir de estímulo para que las diferentes partes enfrentadas se decidan a escuchar a la Unión Europea y a recurrir a nuestra mediación. 
Señora Presidenta, la erupción del volcán Miragongo ha puesto de manifiesto dos realidades que se presentan como un desafío para toda la comunidad internacional en general y, concretamente, para la Unión Europea así como para los países de la región. 
La primera realidad es la situación de extrema pobreza en la que viven miles de personas no sólo en esta región del este, sino en toda la República Democrática del Congo, pobreza agravada aún más por la situación de guerra que arrasa este país desde 1996. 
Ya se han presentado datos: se ha dicho que más de 300.000 personas necesitan asistencia, que el 30% de la población no tiene hogar y que hay que reconstruir 12.000 hogares. 
En este sentido, ha sido muy oportuna la resolución que esta semana hemos aprobado, que establece vínculos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y lo que es la política de desarrollo. 
La segunda realidad es el odio que se ha ido tejiendo entre los pueblos del este y la población vecina de Ruanda, odio que se ha demostrado por el rechazo, por parte de la población de Goma, a la hospitalidad ofrecida por Ruanda y la vuelta masiva de esta población a sus tierras, ya invadidas por el volcán, pese a los riesgos que tienen de nueva erupción. 
Estas dos realidades deberían conducirnos a una estrategia y a una acción de la Unión Europea que nos permita implicarnos en esta región. 
Es cierto que hace falta una buena política de reconstrucción de Goma, y de previsión de posibles nuevas erupciones y control del Volcán Miragongo. 
Sin embargo, toda esta estrategia no alcanzará resultados eficaces si no se consolidan en el país las bases de un régimen democrático y con amplio consenso social que garantice una estabilidad y una paz. 
Tampoco servirá de nada si no existe una confianza en esa estabilidad entre toda la región. 
Por ello es importante que este diálogo inter-congoleño que se reanuda en Sudáfrica en la ciudad de Sun City ponga fin a este conflicto. 
También creemos que es importante que se organice una conferencia regional que reconcilie los países de la región de los Grandes Lagos y devuelva a los diferentes pueblos de la misma la confianza perdida. 
La resolución que presentamos es un conjunto de voluntades, de principios y de estrategias que queremos ver aplicados para hacer frente a la erupción del Volcán Miragongo, sin por ello perder de vista lo anteriormente expuesto. 
Apoyamos el Plan global para el 2000 gestionado por ECO y solicitamos que este plan, que es muy importante para la región africana, y para el logro de los fines anteriormente expuestos, se agilice y que estas ayudas no lleguen tarde, como desgraciadamente ha pasado muchas veces. 
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(EN) Antes que nada quisiera responder al comentario de la Sra. Maes repitiendo un antiguo dicho griego que poco más o menos reza como sigue: "Una cosa mala abre fácilmente la puerta a otras muchas". 
Temo que ése sea el caso del Congo. 
Los locales de Goma de la Oficina humanitaria de la Comunidad estaba directamente en el camino de la corriente de lava pero un equipo de cuatro expertos de ECHO, entre ellos especialistas de recursos hídricos y de respuesta en caso de desastres, estaba sobre el terreno para evaluar la situación y las necesidades antes de que transcurrieran 36 horas desde la erupción. 
El Servicio aéreo de ayuda humanitaria de la Comisión, basado en Nairobi, estuvo a nuestra disposición y pudo transportar al Equipo de evaluación de desastres de las Naciones Unidas, a vulcanólogos y a otro personal competente. 
Las evaluaciones conjuntas llevadas a cabo por ECHO y por los organismos sobre el terreno dieron por resultado el anuncio de una decisión de emergencia el lunes, día 20 de enero. 
Se dispone de cinco millones de euros para subvenir a las necesidades inmediatas de 100.000 personas. Esta cifra representa aproximadamente la tercera parte de la población afectada. 
Las operaciones se centran en cuatro esferas principales: agua y atención médica, vivienda y productos no alimentarios, alimentos, y coordinación y logística. 
El jefe de la Dependencia africana de ECHO visitó la región del 20 de enero al 1 de febrero. 
La misión confirmó que se estaban atendiendo las necesidades urgentes y que se había establecido una coordinación efectiva. 
¿Qué vamos a hacer ahora? 
En primer lugar, se está gestionando la situación de emergencia con los organismos y los recursos de que ya se dispone. 
Las nuevas donaciones en especie y la incorporación de nuevos organismos deben coordinarse con los organismos que ya se hallan sobre el terreno, para evitar una posible duplicación. 
Después de evaluar cuidadosamente las opciones, hay que comenzar a centrarse en una asistencia equilibrada y a mediano plazo para el reasentamiento de los que han perdido su hogar y para la rehabilitación de la infraestructura social esencial. 
Por último, acerca de la cuestión principal planteada por el Sr. Sylla, la gran importancia concedida por los medios informativos a este desastre no debería desviar nuestra atención de la magnitud de la crisis humanitaria originada por los cinco años de conflicto en el Congo, que ya es el principal cliente de ECHO: 32 millones de euros en el año 2002. 
La Comisión subraya la necesidad de conseguir pronto una solución pacífica del conflicto mediante el cumplimiento de los Acuerdos de Lusaka y el Diálogo intercongolés. 
Gracias, Comisaria Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
Esa parte de la intelligentsia europea que todavía sigue empapada del mismo angelismo y sigue creyendo, después del 11 de septiembre, que es posible responder a la violencia sin violencia y a la guerra sin combate, se ha conmovido por las condiciones en que fueron trasladados a Guantánamo los combatientes de Al-Qaeda capturados en terreno afgano. 
Intentemos imaginar que habría pasado si los norteamericanos, alertados por la trágica experiencia del motín de Mazar-i-Sharif, no hubieran tomado todas las precauciones para garantizar un transporte seguro de esos fanáticos, formados desde hace años en la búsqueda del martirio, en el ejercicio de la violencia más ciega. 
Si no hubieran sido neutralizados como lo fueron, habría bastado un simple movimiento colectivo en los aparatos de transporte aéreo para desequilibrarlos y hacerles perder el control. 
¿Qué pasa hoy en Guantánamo? 
Todos los testimonios recogidos demuestran que los presos reciben un trato adecuado y los heridos, la asistencia necesaria para su restablecimiento. 
Entonces ¿por qué presentar hoy esta resolución de urgencia si no es, después del impulso de solidaridad unánimemente suscitado en este hemiciclo por el horror de los atentados, para empezar, en nombre de los grandes principios y los buenos sentimientos, a desolidarizarse de la batalla que los norteamericanos siguen lidiando contra el terrorismo internacional? 
No, Señorías, esa batalla no puede ganarse aplicando convenios internacionales aprobados en una época en la que se trataba de proteger a combatientes que se enfrentaban a luchas clásicas, y en la que las poblaciones civiles no eran sistemáticamente tomadas como objetivo, como sucede hoy. 
La guerra entablada por los terroristas contra poblaciones desarmadas hace caducos todos los convenios de Ginebra. 
El nervio de la guerra antiterrorista reside, en primer lugar, en la recogida de información, con el objetivo impedir nuevos ataques remontando los canales para destruir las redes que, como bien sabemos, todavía existen tanto en nuestro territorio como en el de Estados Unidos. 
Es lo que los norteamericanos tratan de hacer en Guantánamo. 
No podemos sino felicitarles por ello. 
Por esta razón, nuestro Grupo no se asociará a la resolución común elaborada por otros, sino que presentará su propia resolución, en la que pide esencialmente una revisión del Derecho internacional con vistas a adecuarlo a las condiciones de la nueva era que se inició en Nueva York y en Washington el pasado 11 de septiembre. 
Señora Presidenta, más allá de las maniobras militares y de los análisis sobre Guantánamo, se pone a prueba nuestra humanidad, así como nuestra determinación y nuestra capacidad de defender un mundo en el que prevalezcan las reglas del derecho, previamente acordadas, de suerte que sólo así mantengamos el derecho moral y político a juzgar a los otros, a los que ignoran o quebrantan las reglas internacionales del derecho, sean terroristas, talibanes, o cualquier otra cosa. 
El Parlamento Europeo no puede decir, señora Presidenta, no pude defender menos de lo que han defendido diversas voces autorizadas en los Estados Unidos, en la ONU y en la propia Unión Europea. 
Desde el propio Sr. Powell, pasando por la Sra. Robinson, hasta el Sr. Solana. 
El mundo no puede gobernarse por la ley del Far West, Texas incluida, ni por los usos y costumbres de la ciudad de Lynch. 
La ley no puede estar en manos del más rápido con el revolver, pero sin reflejos en lo que toca a ideales e instituciones. 
Porque, de lo contrario, vamos hacia un mundo, señora Presidenta, que no será en absoluto cinematográfico. 
Será particularmente trágico. 
Señorías, y me dirijo a los colegas del otro lado, cuando tomamos partido contra la pena de muerte, no defendemos los execrables crímenes de cualquier asesino o violador. 
Defendemos nuestra propia personalidad, nuestras concepciones, nuestra cultura. 
Con la misma lógica, exactamente, pedimos que se otorgue a los prisioneros de Guantánamo el trato que impone el actual Derecho internacional, o, eventualmente, el derecho norteamericano, que naturalmente no puede restringirse exclusivamente a los talibanes que son ciudadanos norteamericanos. 
Semejantes discriminaciones no podemos verlas ya ni en la selva. 
Señora Presidenta, esta resolución va encaminada a subrayar un punto esencial, es decir, que la lucha contra el terrorismo, que será larga y dura, debe hacerse, en la medida de lo posible, respetando el derecho internacional y el Estado de derecho. 
Se trata de una petición que procede de dentro de la sociedad americana y de este propio Parlamento, que aprobará- espero- esta resolución. 
Por lo que se refiere a los detenidos en Guantánamo, miembros de la red Al Qaida y capturados en el Afganistán, se plantean dos problemas. 
El primero es el de la detención, pues hay testimonios preocupantes de la Cruz Roja Internacional sobre las condiciones de detención. 
El segundo se refiere al estatuto jurídico de los detenidos: no hay certeza al respecto, pero salta a la vista el trato reservado a John Walker, ciudadano americano, que es juzgado por un tribunal civil, mientras que los otros detenidos son juzgados por un tribunal militar secreto. 
Eso no es aceptable. 
Probablemente es cierto lo que dice el general Morillon: habrá que actualizar también los convenios de Ginebra, en el sentido de que establecen el estatuto de prisionero de guerra, pero, cuando no hay certeza al respecto, se debe prever también la existencia de prisioneros de una guerra no declarada, que no por ello deben tener menos garantías, menos atención desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos en las condiciones de detención. 
En la resolución figura, además, una petición importante, es decir, la de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instituya un tribunal competente para el Afganistán a fin de que se pueda abordar el estatuto jurídico de los prisioneros y las condiciones de detención. 
Aprobando esa petición, realizaremos un acto muy sensato, que, entre otras cosas, contribuirá a la lucha contra el terrorismo. 
Señora Presidenta, todos hemos visto las escenas de la base de Guantánamo, con los prisioneros vestidos con monos naranja. 
El trato que se les da ha despertado inquietud internacional. 
En el Parlamento Europeo hemos protestado y no somos los únicos. 
La mayoría de los países- exceptuando por una vez a Cuba, donde esta situada la base- ha protestado. 
El silencio de Cuba podría explicarse por la menor importancia que se está dando al trato que reciben los presos en ese país, pero esto quizá sea tema de otra discusión. 
Está poco clara la situación jurídica de esos prisioneros y corresponde a un tribunal competente aclarar este punto. 
Se podría crear un tribunal mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Independientemente de los delitos que hayan cometido los prisioneros de X-ray camp- actos que condenamos enérgicamente- éstos deben ser tratados de acuerdo con las normas y principios humanitarios internacionales. 
Hasta que se haya determinado su condición jurídica, deben ser considerados prisioneros de guerra. 
Graham Watson, presidente del Grupo liberal, dijo ayer en este Parlamento que respaldamos una revisión de la Convención de Ginebra. 
Sería provechoso poder aplicar normas nuevas y más modernas a actos terroristas y a situaciones en las que, como dijo el señor Napolitano, no existe una declaración de guerra. 
Sería conveniente que todo el Parlamento apoyase esta idea. 
Este Parlamento respalda a EE.UU. y la lucha internacional contra el terrorismo. 
Lo hemos demostrado muy claramente con nuestra votación de hoy. 
Cuando las democracias libran un combate de esta naturaleza, deben hacerlo con respeto por los derechos humanos y los principios del estado de derecho. 
Por eso comparto la inquietud que han expresado los colegas en relación con los tribunales militares. 
No es aceptable que un talibán, un talibán norteamericano, John Walker, sea puesto a disposición de un tribunal civil cuando los demás deberán comparecer ante un tribunal militar. 
Suponemos que las normas son para todos, que todos recibirán el mismo trato, en tribunales civiles, con seguridad y protección jurídica. 
Con todo, una buena parte de esta discusión se habría evitado si EE.UU. hubiese ratificado el protocolo por el que se crea un tribunal penal internacional, de modo que hubiese existido un tribunal permanente en el que se pudiese juzgar, de acuerdo a las leyes internacionales, a las personas que cometan este tipo de actos. 
Quisiera instar a EE.UU. a que ratifique este protocolo. 
Señora Presidenta, apoyo sin reserva la forma en que los Estados Unidos de América están tratando a los detenidos en Bahía de Guantánamo. 
Redunda enteramente en interés de los ciudadanos de la Unión Europea que las fuerzas de seguridad americanas puedan interrogar a esos sospechosos. 
Eso no sería tolerable si estuvieran catalogados como prisioneros de guerra en virtud del Convenio de Ginebra de 1949, pues los prisioneros de guerra no tienen más obligación que la de revelar su nombre, su grado y su número, mientras que los combatientes ilegales- que, en mi opinión, es la forma adecuada de denominarlos, según las disposiciones del Artículo 4 (2) del Convenio de Ginebra- pueden ser sometidos a interrogatorio. 
He de decir a los oradores del otro lado de esta sala que el hecho de que haya mediado o no haya mediado una declaración de guerra no tiene que ver absolutamente nada con los Convenios de Ginebra. 
Los Estados Unidos necesitan interrogar a esas personas pues es parte esencial de su lucha de ámbito mundial contra el terrorismo. 
La decisión de los Estados Unidos de catalogarlos como lo ha hecho es, por lo tanto, no un rasgo de venganza sino una necesidad práctica que expone lo inadecuada y anacrónica que es la jurisprudencia internacional en esta esfera. 
Además, creo que muchas de esas personas son tan peligrosas que no hubieran dudado en atacar a sus propios guardianes. 
Si adquieren la convicción de que uno de sus compañeros detenidos probablemente no podrá soportar el interrogatorio y confesará, estoy seguro de que harán todo lo posible por matarlo. 
La única alternativa posible- aparte de la represión física de que fueron objeto durante el viaje, para evitar por ejemplo que pudieran cortar a mordiscos los cables del avión para provocar su caída, y en tierra- sería la administración de altas dosis de tranquilizantes intramusculares que, aunque sean eficaces, hubieran entrañado importantes riesgos para los detenidos y hubieran obligado a hacerles acompañar por personal médico y enfermeras. 
No hay prueba alguna de que los americanos les estén tratando con crueldad o de forma inhumana, y deberíamos ponernos abiertamente de su lado en vez de hacerles objeto de críticas especulativas y poco documentadas. 
Tengo una doble preocupación: en primer lugar, me preocupa lo que hará América con las personas que no sean objeto de ninguna acusación y que, si vuelven a sus propios países de origen, se exponen a la tortura o la muerte por su falta de militancia islámica; y en segundo lugar me preocupa el párrafo 5 de la resolución, que sugiere un papel para una Corte Penal Internacional que aún no ha comenzado a funcionar. 
Desgraciadamente, por buena intención que tenga el párrafo, estoy seguro de que, con razón o sin ella, los terroristas nacionales quedan excluidos de las disposiciones del Estatuto de Roma, aunque puede suceder que los terroristas internacionales sí que queden incluidos en su campo de acción. 
Por el momento eso no está claro. 
Tengo otras preocupaciones acerca de la Corte, que se relacionan por ejemplo con la responsabilidad de las órdenes dadas, que culpa a los mandos militares a pesar de que no tengan conocimiento de los crímenes cometidos, y también por el hecho de que las amnistías y los procesos de paz y reconciliación resultarán más difíciles de conseguir entre los beligerantes. 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, independientemente de su situación, hoy millones de personas han conocido por la prensa las condiciones degradantes del viaje de los prisioneros y has visto en la televisión las condiciones humillantes a las que se han visto sometidos dentro y fuera de las tristemente famosas jaulas. 
No se trata sólo de condenar esa actitud de las autoridades estadounidenses, sino también de rechazar las vergonzosas declaraciones realizadas en los primeros días por responsables militares de la base. 
Algunas de ellas, en todo caso, de dudoso mal gusto, destilaban desprecio y racismo hacia los detenidos. 
Una superpotencia que no fuera sólo militar, sino también potencia civil, tendría, en mi opinión, que dar ejemplo exquisito de respeto de los derechos humanos, aun cuando se hubieran derribado dos torres gemelas por cada uno de los 50 Estados de la Unión. 
Respeto exquisito de los derechos humanos en cualquier caso. 
No obstante, tengo la esperanza de que el 11 de septiembre no haya adormecido de tal manera a la opinión pública estadounidense como para que ésta resulte bloqueada y no pueda llevar a cabo una reacción de decencia y dignidad dentro de los propios Estados Unidos. 
En cualquier caso, muchos europeos estamos dispuestos a permanecer vigilantes, a recordar que mantener nuestros valores y principios es fundamental, precisamente en esa batalla que hay que librar contra el terrorismo y el fanatismo. 
¿O es que a estas alturas de la historia de la construcción europea vamos a estar dispuestos nosotros mismos a renunciar a los valores que decimos defender? 
Señora Presidenta, Señorías, no es la primera vez que aquellos que se consideran a sí mismos portadores de la civilización occidental, aquellos que dan lecciones de democracia a todo el mundo, se revelan como portadores de barbarie. 
Los vemos en el bloqueo de Iraq, donde provocan la muerte de miles de niños. 
Los hemos visto en Yugoslavia, junto con sus amigos de este lado del Atlántico, matando a civiles, destruyendo infraestructuras, destruyendo el medio ambiente. 
La barbarie, por otra parte, es un rasgo del imperialismo. 
Los malos tratos inflingidos a cualquier persona constituyen delito. 
El maltrato de los prisioneros de guerra constituye además una seria violación del derecho internacional. 
Pongamos punto final al debate sobre si los presos de Guantánamo son o no son prisioneros de guerra. 
Si los norteamericanos han hecho la guerra en Afganistán, son prisioneros de guerra. 
Y si los norteamericanos no han hecho la guerra en Afganistán, los presos son sencillamente víctimas de secuestro. 
Su traslado, sin embargo, al territorio ocupado de la isla de Cuba no es casual. 
Se trata de una seria provocación al heroico pueblo cubano. 
Lo que hacen los norteamericanos con el apoyo de sus amigos, y desgraciadamente ha habido también en esta Sala amigos suyos, no lo hacen a escondidas. 
Quieren que todo el mundo sepa lo que espera a quienes caen en sus manos. 
Sin embargo, Señorías, por muy cruel que sea la barbarie, no puede detener la marcha de la historia. 
Los pueblos se ocupan de ello. 
Señor Presidente, intervengo en nombre de Gerardo Galeote, firmante junto con el General Morillon, de la resolución del PPE sobre este asunto. 
Yo he llegado a tarde a este debate, pero me ha dado tiempo de escuchar algunos pronunciamientos y creo que hay que volver a las cuestiones básicas. 
Para mí las cuestiones básicas son tres: primero, el terrorismo es hoy en día la gran amenaza de los Estados de Derecho, de las sociedades abiertas y democráticas; segundo, los Estados Unidos y Europa compartimos la misma visión, la misma organización social y, por supuesto, la misma idea de que el respeto de los derechos humanos constituye el cimiento mismo de nuestra organización. Evidentemente, como tercer punto, tendremos que decir que, si la Unión Europea tiene una bandera, ésta es el respeto de los derechos humanos. 
A partir de aquí, evidentemente, podemos y debemos elevar nuestra voz y más que pedir tenemos que decir, porque pedir equivaldría a entender que los prisioneros de la base de Guantánamo no están siendo tratados con criterios humanitarios y la verdad es que todo indica que así es. 
No voy a entrar en la polémica de si se les aplica la Convención de Ginebra o no. 
Tenemos, por supuesto, como Unión Europea, que decir que, en caso de duda, se deben aplicar los principios de la Convención de Ginebra, pero que la propia Convención de Ginebra prevé un fundamento jurídico para resolver todas aquellas cuestiones que puedan poner en peligro la seguridad de la organización o de los propios prisioneros, mientras se establece por un tribunal de justicia si son susceptibles de la protección del Convenio de Ginebra o no. 
Hasta ahora, señor Presidente, mi impresión es que el tratamiento está siendo absolutamente correcto y que, por lo tanto, este debate está desenfocado. 
Probablemente aquí hay un error de cara a la opinión pública europea- que no de cara a la opinión pública americana -, un error de relaciones públicas, porque lo cierto es que han sido los propios Estados Unidos quienes han difundido esas fotografías que hieren nuestra sensibilidad. 
Evidentemente, debemos seguir y seguiremos vigilantes, pero partiendo siempre de la idea de que estamos juntos en esta guerra. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ¿en qué se diferencia un régimen al estilo talibán de una democracia? 
Yo creo que sobre todo se distingue por el respeto de la legalidad. 
También la lucha contra el terrorismo sólo se puede librar- pese a todas las tentaciones de apartarse de la vía de la legalidad- dentro del respeto de los principios del Estado de Derecho y, sobre todo, también de los Tratados internacionales. 
Los Estados Unidos no deberían dar pie, por lo tanto, ni siquiera a la sospecha de que los Tratados internacionales, la Convención de Ginebra, etc., son irrelevantes para ellos a la hora de decidir el trato de los presuntos terroristas. 
Este es también el motivo de nuestra resolución. 
No obstante, permítanme que aproveche la oportunidad para añadir algo más. 
La oradora que me ha precedido ha expresado que Europa y los Estados Unidos comparten la misma visión. 
Lamentablemente, esto no es del todo cierto, pues la lucha contra el terror que están librando los americanos no resulta demasiado eficaz en su presente forma, aunque nosotros la suscribimos plenamente en su calidad de combate contra el terror. 
Yo sólo quisiera recordar que los americanos han mantenido una postura muy ambivalente- por no decir incluso tolerante a veces- con respecto a algunos terrorismos, cuando les ha convenido. 
No obstante, lamentablemente, una vez pasados los primeros instantes de pánico que siguieron al 11 de septiembre, los americanos han vuelto a abandonar el camino del multilateralismo, de la búsqueda de aliados. 
No es mi intención defender aquí ninguno de los regímenes, muy diversos entre sí, de Corea del Norte, Irán e Irak. 
Sin embargo, agruparlos a todos de esta manera simplista en un mismo cesto y calificarlos como el eje del mal demuestra de hecho que, lamentablemente y a pesar de la postura muy correcta del Ministro de Asuntos Exteriores Powell, el Gobierno de los Estados Unidos está siguiendo una vía que no combate de manera eficaz el terrorismo. 
Por ejemplo, sabemos que en Irán existen algunos grupos que no están demasiado dispuestos a seguir el camino que han emprendido el presidente Jatamí y su Ministro de Asuntos Exteriores, junto con su Gobierno. 
Sin embargo, también sabemos que existen fuerzas poderosas dispuestas a seguir este camino positivo y por lo tanto yo creo que, sin abandonar la lucha inequívoca contra el terrorismo, debemos decirles con claridad a los americanos que su manera de combatirlo es contraria a la legalidad y tampoco resulta demasiado eficaz. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión toma nota de las diversas preocupaciones manifestadas por muchos diputados acerca de las repercusiones jurídicas de la decisión de los Estados Unidos de no reconocer a esos detenidos el estatuto de prisioneros de guerra con arreglo al Convenio de Ginebra. 
Todos hemos visto las fotografías de prisioneros detenidos en la base militar de Guantánamo de los Estados Unidos, y hemos leído informes acerca del trato que reciben. 
A pesar de la incertidumbre que reina acerca de su estatuto de prisioneros, no hay prueba alguna de que no se les haya tratado humanamente. 
Ésa tiene que ser la cuestión fundamental. 
La Unión Europea ha iniciado hace mucho tiempo un diálogo con los Estados Unidos acerca de cuestiones de derechos humanos y en la esfera de la justicia y asuntos de interior. 
En la mayor parte de los casos hay acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Ahora bien, cuando estamos en desacuerdo, por ejemplo acerca de la pena de muerte, nosotros exponemos nuestra opinión y discutimos con franqueza acerca de nuestras diferencias. 
Estoy de acuerdo con los diputados que estiman que esta cuestión fortalece el argumento de la Unión Europea en favor del establecimiento de una Corte Penal Internacional. 
Continuaremos discutiendo esta cuestión con nuestros homólogos de los Estados Unidos. 
La Unión Europea seguirá observando la situación que reina en Guantánamo. 
Lo haremos cuidadosamente y no vacilaremos en plantear la cuestión bilateralmente con los Estados Unidos cuando sea apropiado. 
Para acabar repetiré lo que ha dicho ya el Sr. Patten en la Conferencia de Tokio de Donantes para la Reconstrucción de Afganistán: nuestro concepto fundamental es juzgar los hechos con justicia, y éste es el requisito previo para ganar la paz y también para ganar la guerra. 
El caso de Gregory Pasko ycierre de TV6 en Rusia. 
Señor Presidente, es un honor para un Grupo pequeño inaugurar el turno de intervenciones. 
Yo quisiera empezar con las siguientes palabras: sin libertad de prensa, la democracia no puede florecer. 
Así debemos constatarlo en el caso de Gregori Pasko. 
Éste constituye un serio golpe contra la libertad de expresión en Rusia, en un país que dio a luz la perestroika y despertó al calor de ésta. 
Nos recuerda la supresión de la libertad de opinión en tiempos de la Unión Soviética. 
Por esto lo criticamos, pues la acusación se sigue basando en las leyes militares secretas de la Unión Soviética, que ni siquiera están registradas en el propio Ministerio de Justicia. 
Éstas prohíben hablar con extranjeros a los familiares de militares. 
Éstos ya no están autorizados a ir de compras, puesto que hace tiempo que en Rusia muchos de los comerciantes proceden de otros países. 
Por esto instamos al Fiscal General del Estado, Sr. Ustinov, a que revise con toda celeridad este caso. 
Recordamos que en el caso de Alexander Nikitin la revisión tardó dieciséis meses y que, por otra parte, las condiciones de detención de Gregori Pasko son sumamente malas. 
Ni siquiera tiene cristales en las ventanas de su celda, y esto en pleno invierno. 
Yo quisiera recordarle a la Comisaria que se están difundiendo curiosas falsas acusaciones. 
No nos encontramos ante un caso de culpabilidad probada. 
¡Su actuación es legítima! 
Tiene derecho a ejercer la libertad de expresión. 
Por lo tanto, yo quiero rogarle a la Comisaria, que le transmita al Sr. Patten que este tema se debe tratar de una vez en las conversaciones entre la UE y Rusia. 
Señor Presidente, algunos colegas y fuerzas políticas tienden a aplicar a un país pequeño como Madagascar, sobre el que hablaremos luego, criterios más rigurosos que un país grande, como es Rusia. 
En realidad, deberíamos proceder exactamente a la inversa. 
Rusia es miembro del Consejo de Europa. 
Rusia ha suscrito un Acuerdo especial de cooperación con la Unión Europea. 
Por consiguiente, aunque sea un país poderoso y aunque la cooperación con Rusia redunde en nuestro interés, tenemos que aplicarle criterios rigurosos en materia del respeto de los derechos humanos. 
Los rusos se comprometieron a cumplir unas normas rigurosas cuando se adhirieron a dichas organizaciones y ahora deben atenerse a dichas normas. 
¡Lo ocurrido con el Sr. Pasko es, por lo tanto, absolutamente inaceptable! 
El Sr. Pasko es una persona que ha actuado en interés de la población de la Unión Europea, de Rusia y de los países asiáticos vecinos al señalar los riesgos que amenazan al pueblo ruso y a todos nosotros. 
El Sr. Pasko es una persona que merece nuestro pleno apoyo en su calidad de demócrata ruso, de protector del medio ambiente y de defensor de los derechos humanos. 
Él lucha por la libertad de opinión y el respeto de los principios del Estado de Derecho en Rusia. 
Esto hace de él un patriota, en contraposición a aquellos que intentan taparle la boca. 
En consecuencia, tenemos el deber de hablar con claridad, justamente en este caso, y exigir la abolición de las leyes secretas, las leyes militares y los juicios militares queden abolidos en Rusia y la puesta en libertad del Sr. Pasko, no como una medida de gracia, sino mediante la retirada de los cargos contra él, unos cargos absolutamente injustos e injustificados. 
Además, también debemos decir claramente que es necesario que en Rusia se creen por fin unas condiciones que permitan de nuevo la existencia de medios de comunicación independientes de ámbito nacional. 
¡La clausura de TV-6 es un escándalo que clama al cielo! 
Es el punto final y la piedra angular de una política de homogeneización impulsada por el Kremlin y por el presidente Putin en persona. 
Yo les pido, por lo tanto, que apoyen la propuesta de resolución. 
En mi país se utiliza a menudo la expresión: el que lo capte, que lo capte, o- por decirlo de una forma posiblemente más comprensible para personas ajenas al tema- el que lo comprenda, que lo comprenda. 
Este refrán me vino a la cabeza con motivo de un incidente ocurrido hace poco en el canal de televisión ruso Kultura. 
En uno de sus programas el presentador recomendó una obra recién publicada acerca de la situación de los intelectuales bajo el régimen de Stalin. Muy sutilmente, daba por supuesto que los editores consideraban que había llegado la hora de reflexionar sobre una serie de técnicas de supervivencia prácticamente caídas en el olvido. 
Me pareció una forma refinada de burlarse de la autoritaria política de prensa del Kremlin. 
Ahora bien, los directivos de TV6, que han sido privados de su medio de subsistencia, tienen pocos motivos para reírse. 
El pasado mes se vieron obligados a cerrar su emisora por orden judicial. 
Así desapareció el último canal privado de cobertura nacional ruso que emitía noticias independientes de producción propia. 
Los programas de TV6 llegaron a más de la mitad de la población rusa. 
En adelante estos ciudadanos deberán acudir sobre todo a los canales estatales ORT y RTR para obtener información. 
No cabe duda de que el cierre forzoso de TV6 supone un empobrecimiento del entorno de los medios de comunicación rusos. 
Por eso mismo, la presente propuesta de resolución acierta plenamente al poner el dedo en la llaga. 
¿Está echada definitivamente la suerte de TV6? 
No, porque el próximo mes el Ministerio de Prensa decidirá si se concede una nueva licencia a Canal 6. 
Existe, por tanto, una pequeña posibilidad de que este canal de televisión independiente vuelva a emitir. 
Anteayer recibió curiosamente apoyo político en este sentido por parte de la oposición de la Federación Rusa, tanto de izquierdas como de derechas. 
Está claro que el Kremlin no se inclina por esta opción. 
Los dirigentes de Moscú prefieren que Canal 6 se convierta en un canal especial dedicado al deporte. 
Además, en su opinión, ello se enmarca perfectamente en la nueva campaña de Putin destinada a fomentar la condición física de sus compatriotas. 
Sin embargo, es muy dudoso que la población rusa logre mejorar su forma física pasando horas delante de la televisión. 
Es, al contrario, un instrumento adecuado para lograr el objetivo final, que consiste en despolitizar la sociedad. 
La presente propuesta de resolución se centra asimismo- y con razón- en el juicio contra el periodista militar Gregory Pasko. El hilo conductor que vincula este caso con el cierre de TV6 es que ambos se apoyan en una base jurídica inestable. 
Ello es incompatible con el principio fundamental de Estado de derecho que acata la Federación Rusa. Nos agrada compartir este principio básico con el Presidente Putin. 
A juzgar por las numerosas muestras de apoyo que Gregory Pasko y la redacción de TV6 han recibido por parte de la sociedad rusa, hay en Rusia muchas más personas que suscriben este punto de partida, lo cual es sin duda regocijante. Nos unimos con mucho gusto a su causa a través de esta sensata resolución, a fin de que se haga justicia, tanto respecto a la persona de Gregory Pasko como con vistas a la protección de la libertad de prensa rusa en general. 
Señor Presidente, la Sra. Schroeder nos ha recordado el caso del Sr. Nikitin. 
Tenemos el caso del Sr. Gregorii Pasko y ya otro caso, el del Sr. Igor Soutiagin, que es un caso más o menos idéntico. 
Condenado en 1999, el tribunal de la región de Kaluga acaba de reconocer que no existía fundamento jurídico para su encarcelamiento. 
Sigue en la cárcel. 
Esta es la Rusia de hoy, es la Rusia del Sr. Putin, es la Rusia del amigo del Sr. Putin, el Sr. Oostlander, que nos ha hecho votar un informe sobre Rusia- que no ha obtenido mi voto favorable- en el que, línea tras línea, apartado tras apartado, aprobamos la financiación de programas para los medios de comunicación, para la libertad de los medios, para una justicia independiente, para la protección del medio ambiente. 
Sin embargo, en cada sesión o poco menos, debemos hacer notar que, en Rusia, las cosas no marchan en estos sectores, como tampoco en muchos otros. 
Esta es la política de la Unión Europea: se financia la lucha para la protección del medio ambiente y, paralelamente, hay que pelear para sacar de la cárcel a los militantes del medio ambiente, y así sucesivamente. 
Es una política absurda. 
Evidentemente, las preocupaciones del Sr. Prodi no van mucho más allá de Gazprom y el gas. 
Todos lo sabemos, y pediría a quienes han presentado los textos que introduzcan una pequeña enmienda oral. 
Pediría también a la Comisión que manifieste la protesta más enérgica a las autoridades rusas. 
Pienso que esto no es sólo cosa del Consejo. 
Evidentemente, paso por alto el hecho de que, con mucho pudor, no hablamos demasiado de Chechenia. 
Sin embargo, cada día o cada semana aparecen artículos en nuestros periódicos. 
Les invito a que lean en "Courrier International" el último artículo de la Sra. Politovskaïa. 
Lo que pasa allí, que todavía es Rusia, aunque ya no debería de serlo, es absolutamente atroz. 
No hay imágenes como en Guantánamo; no hay imágenes, pero es obviamente mucho peor. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento acerca de los casos de Grigorii Pasko y del cierre de TV6. 
En el entorno de nuestros esfuerzos conjuntos con Rusia para establecer relaciones políticas y económicas más estrechas, la Unión Europea ha dicho una y otra vez que espera que Rusia obre de conformidad con los valores que se comprometió a respetar cuando ingresó en el Consejo de Europa y en la OSCE. 
Esos principios básicos, que incluyen la existencia de medios informativos libres e independientes, constituyen necesariamente parte integrante de nuestra asociación, e inspiran la asociación estratégica que estamos edificando. 
Dejando aparte toda consideración jurídica, lo cierto es que la libertad editorial en Rusia ha sufrido una serie de duros golpes en los últimos meses. 
Esa evolución es inquietante. 
Además, el caso Pasko suscita preocupación también debido a las circunstancias confusas y oscuras que rodean su juicio, incluida la falta de toda incriminatoria pública. 
Sea como fuere, seguiremos utilizando todos los instrumentos de la PESC para apoyar las causas de los medios informativos independientes y de la libertad editorial en Rusia, si es preciso suscitando todos los casos pertinentes en el marco de nuestro diálogo político bilateral con Rusia. 
Además, la Comisión seguirá prestando especial atención al apoyo de la sociedad civil y de los medios informativos independientes en el contexto de la iniciativa europea a favor de la democracia y los derechos humanos, en la cual Rusia constituye una prioridad a corto plazo y a plazo mediano. 
Señor Presidente, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 16 de diciembre en Madagascar han dado lugar a numerosas controversias y a un conflicto entre los dos candidatos que ocuparon los dos primeros puestos, el presidente saliente, Didier Ratsiraka, y su rival, Marc Ravalomanana. 
Al parecer, Ratsiraka falsificó los resultados de las elecciones y sus intenciones siguen siendo un misterio. 
No se entrega y su silencio hace temer reacciones violentas, orquestadas por sus partidarios. 
El Sr. Ravalomanana reivindica la victoria desde la primera vuelta y pide la anulación de la segunda, si bien el Ministerio del Interior sólo le otorga una mayoría relativa. 
Ahora bien, los resultados oficiales obligan a los dos hombres a enfrentarse en una segunda vuelta y la comunidad internacional se ha manifestado a favor de que se organice. 
El Sr. Ravalomanana parece gozar del apoyo de la población, pues cientos de miles de personas se han movilizado a su favor, paralizando el país con una huelga general y reclamando la victoria de la oposición. 
La huelga está teniendo consecuencias desastrosas para la economía del país. 
Su coste diario era de 8 a 10 millones de dólares la semana pasada, y las pérdidas, tras diez días de paro laboral, rebasan ya el presupuesto anual de Madagascar para el sector de la Educación. 
Entendámonos bien. No se trata de apoyar a un candidato mejor que al otro, y el Sr. Ravalomanana no despierta mi simpatía más que el Sr. Ratsiraka. 
Sus desviaciones autocráticas a la cabeza de la alcaldía de la capital son preocupantes para el futuro, si el poder económico y religioso, que ya posee, y el poder del Estado, en caso de ser elegido, llegaran a concentrarse en sus manos. 
Los partidarios de los derechos humanos pueden resultar desencantados. 
Pero lo que hace falta, ante todo, es el respeto de la democracia y del Estado de Derecho. 
Por ello, es esencial que los dos candidatos acepten la verificación del escrutinio y que el Alto Tribunal Constitucional acepte cotejar las actas. 
El cotejo es el único medio democrático para conocer los resultados reales del escrutinio. 
La Comisión debe hacer todo lo que esté en su mano para aportar una solución a este conflicto que desgarra el país, pero también para contribuir al establecimiento efectivo de un Estado de Derecho. 
La resolución de este conflicto debe realizarse dentro del respeto de los derechos humanos, políticos y cívicos, pero también dentro del respeto del pluralismo político. 
El respeto de estos principios fundamentales es esencial para la consolidación del proceso democrático. 
Señor Presidente, después del período del colonialismo y de las dictaduras en los países en vías de desarrollo, considero positivo hablar hoy de elecciones en esos países, aunque su tejido social y civil sea débil, como también el concepto de democracia. 
Distinguir entre los partidos es difícil, teniendo en cuenta que toda cultura, toda sociedad necesita elegir sus representantes. 
No obstante, considero que se debe reafirmar la necesidad de las elecciones, que pueden ser transparentes, porque debemos hacer aumentar la conciencia y la cultura democráticas, como también debemos hacer aumentar la sociedad civil. 
Además, mediante los instrumentos de que disponemos, el Tratado de Cotonou y las Asambleas parlamentarias paritarias ACP, debemos proponer sistemas y métodos de control democrático, siempre en el marco del nivel de la sociedad civil existente en esos países. 
Podemos dar pasos adelante, si logramos hacer comprender que el desarrollo de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la creación de un Estado pluralista y, por tanto, de un consenso dentro de una sociedad pluralista, pueden hacer crecer a ese país, que tanto necesita insertarse activamente en el marco de las sociedades civiles del mundo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el 25 de enero el Alto Tribunal Constitucional de Madagascar hacía público el resultado de las elecciones. 
La lentitud del procedimiento, así como el carácter casi monárquico del poder establecido durante cerca de 20 años, que llevó al Gobierno malgache a rechazar la presencia de observadores internacionales, pero también las ambigüedades observadas en las declaraciones públicas de la oposición hacen planear más de una duda sobre la fiabilidad de los resultados. 
¿Pero son los dirigentes malgaches los únicos responsables de esta parodia de democracia? 
¿Por qué este país, que sin embargo es uno de los más pobres de nuestro planeta, no ha sido objeto de una atención especial por parte de la opinión pública internacional antes de estos tristes acontecimientos? 
¿Acaso han olvidado los países europeos, y en particular Francia, su pasado común con estos países? 
Señorías, los malgaches no tienen ninguna necesidad de que se les ayude y aún menos de que se tomen en su lugar sus decisiones electorales. 
Pero Europa no puede, en ningún caso, permanecer muda. 
Ya que a pesar del clima apacible destacado por los observadores, que es uno de los componentes característicos del pueblo malgache, la situación de este país es excepcional: más de medio millón de personas casi a diario en las calles, manifestaciones de una magnitud nunca vista desde la independencia; un país casi paralizado por una huelga general de consecuencias catastróficas, que todavía se sigue al cabo de diez días. 
Ante la gravedad de la situación, la indiferencia no es ya de recibo. 
Debemos, pues, tomar iniciativas para ayudar a este pueblo a recuperar su dignidad. 
Y sólo la recuperará si la segunda vuelta se sitúa bajo el signo de la transparencia, dicho de otro modo, si las organizaciones internacionales y la Unión Europea garantizan el correcto desarrollo de las elecciones. 
Debemos exigir a los dos candidatos el respeto del Estado de Derecho y la salvaguardia de la paz civil, a fin de que los problemas electorales no deriven en un enfrentamiento étnico. 
Simplemente, debemos pedir que se conceda la palabra al pueblo y que su veredicto sea respetado. 
. (EL) Señor Presidente, la Comisión, preocupada por los derechos humanos, por el respeto a los principios democráticos y del estado de Derecho, expresa su particular inquietud y preocupación por la situación política en Madagascar. 
A causa de la presión del tiempo y de las acciones de observación de elecciones que se encuentran ahora en fase de preparación, la Comisión no está en condiciones de enviar observadores a la segunda vuelta de las elecciones, que ha sido fijada para el 24 de febrero. 
Y ello porque Madagascar no figuraba en la lista de prioridades de la Comisión para 2002, y por razones, también, que atañen al propio país. 
No obstante, la Comisión está dispuesta a apoyar el proceso electoral. 
Se ha decidido concretamente que la Comisión envíe un grupo de técnicos expertos, encargada de brindar apoyo al consorcio de observadores locales durante la segunda vuelta de las elecciones en Madagascar. 
Señor Presidente, en Camboya se desarrolló lamentablemente antes de las elecciones, las primeras de ámbito municipal que se celebraban después de varias décadas- lo cual ya representa en cualquier caso un progreso -, una campaña electoral caracterizada por la manipulación e instrumentalización unilateral de los medios de comunicación por parte de quienes detentan el poder, por el partido oficial. 
Hubo una oleada de intimidaciones contra los partidos de la oposición, incluidos innumerables casos de muerte violenta y asesinatos misteriosos. 
En consecuencia, no se puede decir que hayan sido unas elecciones verdaderamente libres, aunque el proceso electoral mismo parece haberse desarrollado en conjunto de manera más o menos correcta, según han informado nuestros colegas desde Camboya. 
No obstante, debemos tener presente que sigue siendo tan necesario como antes conseguir que la democracia arraigue realmente en ese castigado país, que sufrió mayores horrores que ningún otro en el mundo en el terrible siglo XX. 
Ningún otro país del mundo ha sido escenario de una furia totalitaria como la que se dio en Camboya bajo los Jemeres Rojos. 
Y esto ahora pasa por los ayuntamientos. 
Yo insto, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo a que sostengan y apoyen de manera sistemática a las autoridades municipales recién elegidas y no sólo a los representantes del partido del Gobierno, sino también a los de los partidos de la oposición, que no deben convertirse en una mera "hoja de parra", sino que su actuación es necesaria para que este primer paso vacilante en la dirección de la democracia no se quede sólo en espectáculo propagandístico, sino que abra las puertas a una auténtica democracia. 
Para ello es necesario formar a los políticos municipales, apoyarles, conseguir que tengan acceso a los medios de comunicación y promover unos medios de comunicación libres. 
Estas deben ser las prioridades de nuestra política futura en Camboya. 
También debemos apoyar a fuerzas políticas como el FUNCINPEC y otras, a fin de impulsar el desarrollo de un auténtico sistema pluripartidista estable en ese país que ha sufrido más que ningún otro.. 
. (EL) Señor Presidente, la Comisión Europea comparte la prioridad que el Parlamento concede al apoyo a las instituciones democráticas fundamentales en Camboya. 
Esta es la razón por la que destinamos tres millones de euros en forma de ayuda técnica al normal desarrollo de las recientes elecciones municipales y enviamos observadores de la Unión Europea, tras la correspondiente invitación de Camboya. la Comisión Europea coordinó in situ un conjunto de 120 observadores el día de las elecciones. 
Y es la primera vez que se envían observadores a elecciones de carácter puramente local. 
Quisiera expresar mi particular satisfacción por el hecho de que la misión estuviera encabezada por Carlos Costa Neves, lo que pone de manifiesto la cada vez más intensa colaboración entre el Parlamento y la Comisión en lo respecta al envío de observadores a procesos electorales. 
De acuerdo con los primeros informes, se considera que la preparación, organización y celebración de las elecciones transcurrieron con normalidad, que los electores acudieron a las urnas masiva y pacíficamente. 
Es verdad que hemos recibido información inquietante de crímenes y otros actos de violencia o intimidación; incidentes que ocurrieron a pesar de las declaraciones, tanto del gobierno como del resto de los partidos políticos, en contra de la violencia en el transcurso de las elecciones. 
Se considera, por otra parte, que la cobertura del período electoral por parte los medios de comunicación no fue precisamente imparcial. 
El proceso electoral no ha concluido todavía, los resultados no se han hecho públicos y no se han presentado todavía denuncias ni recursos, por lo que es muy pronto para expresar conclusiones definitivas sobre el desarrollo de las elecciones. 
Pero lo está fuera de toda duda es que el pueblo de Camboya por primera vez en su historia ha podido votar para elegir a sus representantes municipales, y lo ha hecho masivamente. 
La delegación de la Comisión Europea, junto con las legaciones diplomáticas de la Unión Europea en Camboya, continuará observando los progresos en el período poselectoral. 
Sólo entonces estaremos en condiciones de valorar globalmente la trascendencia de este esfuerzo en el proceso de democratización de ese país. 
Eritrea 
Señor Presidente, los que hemos apoyado la lucha por la independencia de Eritrea estamos consternados por la evolución de las autoridades de este país, que ha sufrido ya las dramáticas consecuencias del reciente conflicto con Etiopía. 
El pasado septiembre, once oponentes eritreos, entre ellos varios antiguos ministros que habían publicado una carta reclamando la democratización del régimen, fueron detenidos por el Gobierno. 
Estos arrestos fueron acompañados de una suspensión de todas las publicaciones de la prensa privada, que las autoridades presentaron como temporal. 
Además, se han aplazado las elecciones y se ha prohibido la formación de nuevos partidos políticos. 
Los periodistas y los disidentes políticos eritreos están, pues, amordazados por el poder. 
Estas medidas represivas, que vulneran la libertad de expresión, son preocupantes e inadmisibles. 
Contradicen abiertamente la voluntad declarada por las autoridades eritreas de proceder a reformas democráticas. 
Además, la expulsión en octubre de 2001 del embajador de Italia, que representaba localmente a la Unión Europea, ha perjudicado gravemente las relaciones con Eritrea. 
Ahora bien, para regularizar las relaciones entre Eritrea y la Unión Europea, es esencial que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
No sólo es preciso que el Gobierno eritreo libere a todos los presos políticos y periodistas, sino también que levante la prohibición sobre todos los diarios independientes. 
La Unión Europea debe revisar sus relaciones con Eritrea a la luz del Acuerdo de Cotonú. 
De conformidad con su artículo 96, debe organizarse una conferencia nacional intereritrea que reúna a los distintos actores políticos, pero también a la sociedad civil, con vistas a aportar una solución a la crisis actual y encauzar al país en la vía de la democracia y el desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, Comisario, les ruego que compartan la pena y la indignación que siento cuando tomo la palabra como amigo de Eritrea. 
De 1889 a 1952, Eritrea estuvo bajo la bandera de Italia primero, y después bajo la bandera de Gran Bretaña. 
A continuación la comunidad internacional entregó Eritrea a Etiopía en régimen de federación, y más tarde fue adhesionada por este último país. 
A eso siguieron 32 años de guerra, durante la cual su economía y su medio ambiente quedaron arruinados y su población se dispersó. 
Luego vino 1993 y el referéndum por la independencia. 
Yo estaba entonces en Eritrea como observador de las Naciones Unidas. 
Los refugiados empezaban a regresar, la reconstrucción del país estaba comenzando. 
El 90 por ciento de la población votó en el referéndum; de ellos el 99 por ciento votaron por la independencia. 
El Presidente Isaias obtuvo la presidencia por elección. 
Con su estilo de vida moderado y con el optimismo que consiguió inculcar a la población, estábamos seguros de que todo acabaría bien. 
Durante algunos años el problema fueron los conflictos fronterizos. 
Ahora, desgraciadamente, el problema es interno. 
Los derechos humanos se han degradado, no se tolera la oposición, se ha detenido a 11 antiguos dirigentes del partido gubernamental, se ha suprimido la prensa y se ha arrestado a los periodistas. 
Se ha expulsado al Embajador de Italia. 
Las elecciones pluripartidistas cuya celebración se había prometido para el pasado mes de diciembre fueron canceladas y ahora se ha prohibido también la existencia de partidos. 
La democracia ha desaparecido en Eritrea. 
Eritrea busca desesperadamente apoyo para reconstruir un país destrozado por la guerra. 
Necesitan nuestra ayuda, pero no puede haber ayuda sin garantías de buena gestión pública. 
A nuestros amigos de Eritrea les decimos: " Volved a la comunidad mundial de gobiernos democráticos. 
Separaos del totalitarismo ". 
Yo le digo a la Comisión: "Sed firmes". 
Los derechos humanos no están ahí para nuestro propio beneficio. 
No están ahí para que podamos sentirnos contentos. 
Están ahí para beneficio del pueblo de Eritrea y Eritrea necesita esos derechos humanos sin demora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como ya han dicho los oradores que me han precedido, la situación en Eritrea es cada vez más grave desde el punto de vista democrático. 
El Parlamento eritreo, compuesto de diputados elegidos, todos pertenecientes al Frente Popular por la Democracia y la Justicia, ha decidido prohibir la creación de partidos políticos; se ha proscrito la prensa independiente y se ha detenido a numerosos periodistas, personalidades políticas, opositores políticos, entre ellos ex ministros del Gobierno, acusados de traición por la Asamblea Nacional; aumentan las acciones represivas contra la ciudadanía y sobre todo los estudiantes, dos de los cuales murieron en prisión en el desierto; se ha expulsado al embajador italiano; la situación económica y las condiciones de vida de los civiles son cada vez peores. 
Las organizaciones no gubernamentales que actúan en Eritrea nos cuentan situaciones de una gravedad nunca conocida; arrancan incluso al personal médico y paramédico de los hospitales y los envían al frente, con lo que dejan sin asistencia alguna a la población; la violencia perpetrada contra la población y en particular mujeres y niños es indescriptible. 
La comunidad internacional no puede seguir contemplándolo con los brazos cruzados. 
Hay que intervenir con urgencia para determinar las fronteras. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comisión de Argel se han comprometido al respecto; además, es necesario que una delegación de Europa, la troika, se traslade a Eritrea y se revisen las relaciones con ese país conforme a los acuerdos de Cotonou. 
Hay que procurar que se convoquen elecciones parlamentarias- ya previstas, por lo demás, en diciembre de 2001 -, que deberán celebrarse bajo control internacional, procurar la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento de la libertad de prensa, de asociación, de organización de la sociedad, de creación de partidos políticos y sindicatos. 
Todo eso debe ser la premisa esencial para la reanudación, por parte de la Unión, de las financiaciones absolutamente indispensables en el país para la reconstrucción de la economía destruida por la guerra y para el desarrollo. 
Es necesario que el Consejo y los Estados miembros adopten un planteamiento coordinado de las relaciones con Eritrea que sea más eficaz y apto para contribuir con rapidez al proceso de paz en las fronteras y dentro del país. 
A partir de la mitad del mes próximo se celebrará la Asamblea paritaria ACP/UE. 
Nosotros deseamos que en ella se puedan examinar, dándolos por ya sucedidos, los procesos antes enunciados y se pueda encontrar también el modo de poner en marcha, junto con los eritreos, el proceso de paz, restablecer la democracia y sobre todo restituir a los ciudadanos, mujeres, hombres y niños, condiciones de vida aceptables, de las que no deben avergonzarse. 
Señor Presidente, deseo expresar inmediatamente una total desconfianza y condena de la actual clase dirigente eritrea. 
La situación en Eritrea es extraordinariamente crítica, lo que nos permite ahora entender mejor las razones que han impulsado a ese pueblo a luchar en una guerra contra Etiopía. 
Además, la solución alcanzada no fue una solución compartida, sino obtenida por Etiopía, que ganó militarmente la guerra. 
Por lo demás, Eritrea hizo fracasar una resolución regional con ocasión de la Asamblea ACP de noviembre de 2001, al negarse a examinar el problema de las relaciones entre los dos Estados. 
Hay que preguntarse por qué se ha expulsado a ese embajador italiano. 
Ha sido expulsado porque había cometido el "delito" de reunirse con la sociedad civil eritrea y no sólo con los gobernantes. 
Conque ante esa situación debemos demostrar que somos fuertes, sobre todo para liberar al pueblo eritreo de su clase dirigente. 
Considero necesarios todos nuestros esfuerzos y todo nuestro empeño para desarrollar la sociedad civil, para crear un mundo que sea civil, que no sea excluido del consenso de las naciones civiles. 
La utilización para ello del Acuerdo de Cotonou por parte de la Comisión no es sólo necesaria, sino también, en esta situación, imperativo. 
No podemos permitir que en esa zona la situación continúe así por más tiempo. 
. (EL) Señor Presidente, los recientes acontecimientos en Eritrea, causan gran inquietud a la Comisión Europea, que considera que la detención de los disidentes políticos y la abolición de la libertad de prensa en Eritrea empeoran aún más la situación de Eritrea. 
Consideramos positivo el hecho de que estos asuntos- la detención de disidentes políticos, la ley electoral, el proyecto de ley sobre partidos políticos- se hayan debatido en la largamente esperada sesión de la Asamblea Parlamentaria en Eritrea, pero, claro está, expresamos nuestro pesar porque no se haya tomado ninguna decisión sobre cuando serán remitidos a la justicia o puestos en libertad los detenidos, y por el aplazamiento una vez más de la formación de partidos políticos. 
Expresamos nuestra esperanza de que la comisión formada para velar por el futuro de la prensa en Eritrea pueda pronto contribuir al levantamiento de las restricciones que pesan sobre la prensa privada. 
La Comisión colabora con la Presidencia y con los países miembros, al objeto de reaccionar con determinación ante la actual crisis. 
Sin duda alguna, la base sobre la que se despliegan todos los esfuerzos la constituyen el Derecho internacional, los derechos humanos, y los convenios sobre los derechos humanos; esfuerzos para continuar y ampliar el diálogo político con Eritrea en el marco del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. 
Se está preparando una visita de alto nivel de la troica a Eritrea. La visita se realizará una vez se publique el informe de la Comisión de Fronteras, que se espera en las próximas semanas. 
A causa de la tensión entre Eritrea y Etiopía, el Comité de Fronteras considera que habrá que hacer todos los esfuerzos para que el conflicto no se agudice aún más. 
La Comisión, a su vez, debe contribuir activamente a la previsión de los conflictos y a la construcción de la paz y la estabilidad en la paz. 
Y en este sentido, hay obrar con mucho tacto y evitar cualquier paso que pudiera crear situaciones sin salida a los dirigentes políticos de la zona. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Terremoto en Turquía 
De conformidad con el orden del día, pasamos al debate de 2 propuestas de resolución: 
B5-0071/2002, de los diputados Van Orden, Morillon y Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE, 
B5-0080/2002, de los diputados Ainardi, Figueiredo, Papayannakis, y Alavanos, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
sobre el terremoto en Turquía 
Una vez más, señor Presidente, señora Comisaria, nos ocupamos de Turquía por razones nada agradables, tras el drama del nuevo terremoto que el país acaba de sufrir. 
Creo que le debemos al país vecino de Grecia y Europa, amistad y disposición a todo tipo de ayuda, económica y humanitaria; ayuda permanente, añadiría, señora Comisaria. 
Nuestra resolución dice con toda precisión qué es lo que pedimos, y no hace falta que yo lo explique. 
Lo que me gustaría decir, es que, estudiando el problema a largo plazo, y toda vez que los terremotos en la zona son un mal endémico, se constata que carecemos de una verdadera política para los movimientos sísmicos, una política de limitación de los daños, de reparaciones, de ayuda, de protección antisísmica, para nosotros, la Unión Europea, y para todos los países vecinos, Turquía incluida, claro está. 
Tenemos, sin embargo, los medios, los centros, los investigadores, y me pregunto, señora Comisaria, ¿hacemos el debido uso de todo ello? 
No es la primera vez que debatimos este asunto; quisiera plantearlo una vez más a propósito de este triste acontecimiento. 
Señor Presidente, como representante del Grupo cristianodemócrata PPE-DE quisiera manifestar nuestra profunda tristeza por todos las víctimas que ha ocasionado el terrible terremoto en Turquía. 
Esto lo hacemos extensivo al gobierno turco y a todos los habitantes del país. 
Lo que ha ocurrido demuestra que, a pesar de todas las diferencias políticas, lo más importante es la vida. 
Es importante que las autoridades turcas y la UE, por todos los medios a su alcance y con gran celeridad, hagan llegar las ayudas. 
Los acontecimientos en Turquía ponen de manifiesto la necesidad de contar con una fuerza preparada para actuar cuando ocurren estas terribles catástrofes naturales. 
El hecho es que las cadenas de televisión internacionales llegan al lugar de los hechos más rápidamente que la UE y las organizaciones de ayuda. 
¡Trabajemos para que las ayudas lleguen más rápidamente a los necesitados! 
Para terminar quisiera solamente decir que la última vez que ocurrió algo parecido en Turquía se demostró que turcos y griegos se acercaron un poco más. 
Señor Presidente, expreso mi solidaridad más sincera y mi incondicional apoyo al pueblo turco, que una vez más estos últimos tiempos ha sido golpeado por un terremoto que ha dejado víctimas humanas y enormes daños materiales. 
Espero que muy pronto las personas que han perdido a sus seres queridos, y las que han perdido sus casas o sus bienes encuentren ánimos para superar el trauma provocado por este inesperado desastre. 
Quisiera igualmente, señor Presidente, resaltar aquí la inmediata manifestación de apoyo y solidaridad, el inmediato ofrecimiento de ayuda a las víctimas de este desolador terremoto por parte del Gobierno griego, y transmitir al Parlamento Europeo el sentimiento de participación del pueblo griego en el dolor provocado por el terremoto al pueblo turco, el sentimiento de excepcional cercanía una vez más experimentado. 
Los sentimientos populares espontáneamente expresados, y más aún en casos de desastre y dolor, son los que expresan del modo más transparente la sinceridad y el profundo convencimiento en la coexistencia y la solidaridad de los pueblos. 
Espero que en el futuro, en un futuro muy cercano, estos dos pueblos, el pueblo turco y el pueblo griego se sientan más cerca el uno del otro, no a causa de acontecimientos luctuosos, sino por razones más agradables, como el ingreso de Turquía en la familia europea, en la Unión Europea, dentro de la cual los dos pueblos disfrutarán y estarán al servicio de los mismos valores e ideales de democracia y libertad del individuo, valores e ideales que unen y garantizan la común aspiración a la prosperidad, a la convivencia armónica y a la cooperación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es patente nuestro sentimiento de condolencia y solidaridad hacia las víctimas de un terremoto que, como se ha dicho aquí, es el segundo que castiga a Turquía en un espacio de menos de dos años. 
Las palabras de aliento, claro está, no tienen el mismo valor que la ayuda real a los damnificados, y en este punto no podemos sino constatar la inexistencia de un mecanismo a escala de la Unión Europea que pueda hacer frente a la prestación de ayuda en casos de desastres naturales como éste o similares. 
Y algo más, señor Presidente, podría decirse que el caso de la región afectada en Turquía confirma aquello de que las desgracias nunca vienen solas. 
Y es que si los edificios estuvieran construidos de acuerdo con las normas antisísmicas no habría tantas víctimas; es significativo el que el director del Instituto Sismológico de Estambul haya declarado que no existe en la región comité de control de calidad de los edificios, que inspeccione su idoneidad. 
Que nos sirva, pues, lo ocurrido de acicate para una mejor protección antisísmica. 
. (EL) Señor Presidente, la Comisión comparte el interés y la preocupación del Parlamento Europeo por la situación de las víctimas del terremoto que ha golpeado a este país. 
Quisiera, en primer lugar, responder a la pregunta del Sr. Papayannakis sobre el asunto de la gestión de las emergencias causadas por desastres naturales. 
La Comisión ya ha propuesto, desde hace un año, la creación a escala europea de un servicio para la gestión de los desastres naturales; se trata, además, de una propuesta que atañe no sólo a los terremotos, sino también a las grandes inundaciones, los incendios, los grandes accidentes, como los registrados recientemente en Austria y en Francia, y el primer nivel de decisión conduce a una forma de cooperación y coordinación adecuada de los mecanismos de los países miembros. 
Es decir, se trata de que los mecanismos existentes en cada uno de los países para la gestión de los desastres puedan multiplicar sus resultados. 
Por lo que respecta concretamente al terremoto de Turquía, nuestra representación en Ankara nos ha asegurado que las autoridades de Turquía responsables de hacer frente a las situaciones de emergencia no han solicitado ayuda, y no es necesaria por el momento ninguna aportación en el ámbito de la protección civil, ni tampoco en el de la ayuda humanitaria. 
Y han mediado contactos entre la Comisión y el gobierno. 
La información que nos ha proporcionado la Cruz Roja refiere que se está haciendo frente de forma relativamente satisfactoria a las necesidades de la población. 
La Cruz Roja ha anunciado la distribución de 7.000 tiendas de campaña y 10.000 mantas, así como artículos de primera necesidad para las familias afectadas; por su parte, el gobierno ha enviado 1.000 tiendas y 3.000 mantas para las personas obligadas a pernoctar al aire libre. 
Esta es hasta hoy la situación, tal y como la percibimos, claro está, a través de nuestra representación y de la Cruz Roja. 
De manera que de momento no se prevé ayuda de la ECHO. 
La Comisión seguirá de cerca de la situación en el país y colaborará con otros donantes, al objeto de impulsar la coordinación de un esfuerzo internacional por determinar con precisión las prioridades de acción que resulten de una relación ordenada de las necesidades y los problemas de la región. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Transposición de la directiva del tiempo de trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0010/2002) del Sr. Koukiadis, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión: Estado de la aplicación de la Directiva 93/104/CE de 23 de noviembre de 1993 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo ("Directiva del tiempo de trabajo") (COM (2000) 787- C5-0147/2001- 2001/2073 (COS) ). 
. 
(EL) Señor Presidente, señora Comisaria, es para mí un gran honor presentar el informe sobre los cinco años de aplicación de la directiva del tiempo de trabajo. 
El tiempo de trabajo constituye, junto con el salario, una de las principales materias de reivindicación por parte de los trabajadores, a todo lo largo de la historia de las relaciones laborales en la época industrial. 
Estas reivindicaciones y sus éxitos son una aportación del movimiento sindical, ya que las regulaciones conseguidas, han ido permitiendo a los trabajadores recuperar su personalidad perdida, mejorar sus condiciones de vida, reducir peligros en su existencia biológica, participar gracias a la liberación de tiempo de trabajo en la vida política y social. 
Aun cuando el fundamento jurídico de la directiva esté constituida por disposiciones sobre higiene y seguridad, no debemos menospreciar sus otros aspectos. 
Por esta razón, los países miembros deben cuidar estas conquistas como piedra angular de la cohesión social. 
Y desde esta perspectiva, entiendo que me asiste el derecho de expresar mi decepción por el hecho de que un gran número de países miembros se negaran a transponer en el plazo previsto la directiva al derecho interno, cosa a la que obviamente deberían, sin más, considerarse obligados. 
Quisiera comentar también que los países no han aportado relaciones detalladas de las reglamentaciones nacionales que permitan a la Comisión comprobar con precisión el grado de aplicación de las reglamentaciones de la directiva. 
No sabemos, por ejemplo, si se aplica- o, si se aplica, en qué grado se aplica- al colectivo de empleados en el sector público. 
Su aplicación ha venido provocando toda una serie de reticencias, e incumplimientos. 
Uno de los asuntos polémicos ha sido el de las guardias de los médicos; se trata de un problema relacionado, desde luego, con la cuestión general de la valoración como tiempo de trabajo del tiempo en que un trabajador permanece a disposición del empresario. 
En este sentido, se trata de una cuestión que incumbe igualmente a otras categorías de trabajadores. 
El asunto llegó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y éste dictaminó acertadamente, según el criterio tradicional del derecho laboral, que la presencia física en el lugar de trabajo, cuando se requiere además que el trabajador mantenga alerta sus facultades mentales y corporales, constituye tiempo normal de trabajo acreedor al salario correspondiente. 
Otro asunto es la vulneración del derecho a las vacaciones pagadas mediante el recurso al contrato de trabajo por tiempo limitado. 
También a este respecto la resolución del TJCE, que dictamina que el derecho a las vacaciones pagadas, en tanto que derecho fundamental, debe garantizarse a todas las categorías de trabajadores en proporción al tiempo trabajado, aun cuando este sea de menos de un año, constituye una positiva aportación a la lucha contra la vulneración de derechos. 
Un tercer asunto al que la Comisión debe prestar atención es la determinación con toda claridad del límite absoluto de trabajo permitido. 
No deja extrañar que la reglamentación en vigor desde hace décadas siga provocando incertidumbre en cuanto a su cabal interpretación. 
Un asunto de la mayor relevancia lo constituye el caso de transposición de una directiva en un Estado miembro mediante un convenio colectivo de trabajo. 
Se trata de un asunto de interés general. 
No cabe duda alguna de que este método, que realza la autonomía colectiva, ha de ser fomentado. 
Sin embargo, esta posibilidad debe usarse de tal modo que produzca los mismos resultados que la transposición mediante acto legislativo. 
Y esto no ocurre hoy, bien porque se recurre al convenio colectivo sectorial, y no a uno intersectorial que cubra a todos los trabajadores, bien porque no existen convenios colectivos válidos para todos los trabajadores. 
Finalmente, en relación siempre con las reglamentaciones en el marco de las relaciones laborales tradicionales, nos enfrentamos también el problema de las excepciones en el tratamiento de determinadas categorías de trabajadores con características especiales, como mujeres, madres, personas con discapacidad, menores de edad, etcétera. 
Pues bien, en lo que ataña a estas regulaciones no sólo se requiere un plus de preocupación, puesto que se trata de categorías vulnerables; se requiere asimismo una iniciativa de mejora basada en la experiencia acumulada al objeto de incorporarlas a la política de la Unión Europea orientada a incrementar la participación de las mujeres en la vida activa y facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidades. 
Quisiera dedicar la última parte de mi intervención al destino de las reglamentaciones tradicionales tras la irrupción de las nuevas formas de trabajo y del principio de la flexibilidad, que han ocasionado que la tradicional seguridad en el empleo dejara paso a la empleabilidad. 
Los cambios exigen innovaciones generosas al objeto de garantizar el proclamado principio de Lisboa, según el cual se debe combinar la flexibilidad con la protección; y este principio debe convertirse en relación, con la consiguiente organización del tiempo de trabajo a través de medidas concretas. 
La sustitución de la tradicional seguridad del empleo por la empleabilidad exige un nuevo enfoque en las reglamentaciones del tiempo de trabajo, toda vez que se plantean nuevos problemas, cómo, por ejemplo de qué modo se puede convertir el empleo a tiempo parcial en empleo a tiempo completo, el futuro del descanso semanal y la prohibición del trabajo en días festivos, en qué medida la conversión del trabajo asalariado en autoempleo exige adaptar las reglamentaciones del tiempo de trabajo, de qué manera se puede controlar en el caso del teletrabajo la aplicación de las disposiciones sobre trabajo temporal, qué nuevos equilibrios deben procurarse entre la vida profesional y la vida familiar, y, finalmente, cómo no, con criterios considerar el tiempo invertido en la formación permanente como tiempo de trabajo. 
Para concluir, quisiera añadir que todos estos asuntos concernientes a las formas actuales de organización, los sindicatos europeos, con todo derecho, pretenden convertirlos en asuntos de prioridad absoluta con una campaña de amplio alcance que, con ocasión del presente debate, se proponen iniciar el día 14 de febrero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero hacer constar que yo hablo en sustitución de mi compañero, Sr. Pérez Álvarez, que ha sido el ponente alternativo de este informe por parte de mi Grupo y que no ha podido estar presente en esta sesión. 
En su nombre y en el mío, doy en primer lugar las gracias al Sr. ponente y me felicito por el trabajo realizado y la actitud positiva que ha tenido hacia las enmiendas que habían sido presentadas por mi compañero ya citado. 
La Directiva 93/104/CE se inscribe en la continuación de la Directiva 89/391/CE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, con la idea de que la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones laborales, de vida y del trabajo, mediante la aproximación de las legislaciones. 
En tal sentido, el informe de la Comisión supone una descripción general de cómo los Estados miembros han transpuesto y aplicado la citada Directiva con unos resultados que indican claramente que el método y el resultado son mejorables. 
Se ha podido comprobar no sólo el retraso temporal en el cumplimiento del plazo de transposición y, en consecuencia, la no aplicación de la Directiva dentro de plazo, sino que también las exclusiones y las excepciones se han debido a criterios no siempre claros. 
Así, la transposición, por vía de convenio colectivo, no siempre estuvo acompañada del éxito deseable para este instrumento de diálogo social. 
A destacar y remediar estas deficiencias se orientaron las enmiendas presentadas por el Sr. Pérez Álvarez y a esta misma finalidad se orientan las que ahora voy a comentar. 
La nº 1 porque la confusión de los conceptos "exclusión" y "excepción", estos últimos siempre singulares, no se debe traducir en una posibilidad de burlar la obligatoriedad de los términos de la Directiva. 
La nº 2, proponiendo un añadido clarificador, que no pretende sustituir, sino aclarar y ampliar el contenido del apartado, incluso a través de conceptos y definiciones que garanticen la aplicación de la Directiva, fieles a la idea de que las cosas son lo que son y no lo que se les denomine. 
Nos parece importante destacar expresamente estos dos puntos en aras de una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. 
Todo ello en los términos del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea "Condiciones de trabajo justas y equitativas". 
Primero, que "todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad", y segundo, que "todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima de trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas", aspectos ambos- salud laboral y tiempo de trabajo- claramente vinculados, orientado todo ello hacia una sociedad más justa en la que prime el respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. 
. (EN) Señor Presidente, en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Pesca, quisiera felicitar al Sr. Koukiadis por su informe y agradecerle la consideración que ha prestado a las conclusiones de la Comisión de Pesca, para la cual las cuestiones de seguridad revisten gran prioridad. 
El informe del Sr. Koukiadis sólo trata directamente de la primera de las tres directivas que hay actualmente sobre tiempo de trabajo. 
Hace hincapié en las variaciones de interpretación, tipos de derogación y formas de transposición como factores que contribuyen a los defectos de su aplicación. 
Esos problemas pueden verse agravados por el hecho de que en diferentes sectores se aplican normas diferentes. 
Por ejemplo, los que elaboran pescado están abarcados por la primera directiva pero lo que se ocupan de la pesca en su acepción estricta están abarcados por la segunda. 
Es difícil predecir los efectos de esta situación para dos sectores que se hallan tan íntimamente relacionados entre sí. 
De forma análoga, los posibles cambios en la naturaleza de la acuicultura pueden significar que se precisan normas diferentes para el futuro entre las que responden bien a su carácter actual. 
Por eso estamos pidiendo a la Comisión que examine esos aspectos de aplicación en futuros informes. 
Es posible que haya otros sectores en los que un enfoque análogo podría ser útil. 
Es conveniente que de cada sector traten normas que sean verdaderamente apropiadas para sus propias situaciones particulares. 
Sin embargo, muchos problemas de aplicación se podrían evitar y la adaptación a los cambios tecnológicos y de otro tipo podría ser más rápida si esas normas se derivasen de acuerdos entre los asociados sociales. 
Estamos pensando en el acuerdo entre la Asociación de armadores de la Comunidad Europea y la Federación de trabajadores de la rama de transporte de la Unión Europea como ejemplo de práctica óptima a ese respecto. 
Finalmente, con lo importante que es la seguridad, esperamos que las normas sean aceptadas como normas mínimas que se pueden mejorar, y no como normas máximas a las que hay que atenerse por la sencilla razón de que es lo que la legislación exige. 
Señor Presidente, quisiera felicitar sinceramente al ponente por su extensa y crítica labor respecto de su informe sobre la directiva del tiempo de trabajo. 
Verdaderamente era una cuestión que había que abordar urgentemente, en vista de las polémicas que se han suscitado en diversos períodos de sesiones del Tribunal de Justicia en relación con esta misma cuestión. 
Antes de que me refiera a una serie de cuestiones que tienen que ver con la directiva sobre el tiempo de trabajo, he de decir que me place sobremanera que algunos Estados miembros hayan promulgado ya un enorme número de acuerdos legislativos, administrativos y colectivos diferentes sobre el particular. 
Creo también que las medidas que han adoptado los sectores decisorios supranacionales van en la buena dirección, pues las nuevas directivas de la Comisión abarcan las esferas descartadas del ámbito de la directiva original. 
Ahora bien, aún queda mucho que hacer. 
Todos sabemos- y el ponente hizo bien en criticarlo- que algunos Estados miembros recurren a la táctica de pretender que su legislación vigente abarca las disposiciones de la directiva. 
Por consiguiente, no acabo de entender por qué vacilan en aplicar una directiva que es suficientemente flexible en el prolongado espacio de tiempo de que disponen. 
Por eso estoy de acuerdo con el informe cuando anima a la Comisión a que investigue por qué los Estados miembros se niegan a cumplir algunas de las disposiciones de la directiva. 
Deberíamos insistir en que hubiera controles sobre las condiciones de aplicación de la directiva a las nuevas pautas en materia de tiempo de trabajo, por ejemplo el trabajo precario, el trabajo a jornada parcial y el trabajo a tiempo fijo. 
Me parece además que se deja sentir una fuerte necesidad de ocuparse con mayor intensidad del creciente número de personas que trabajan en su hogar. 
La propia Comisión se ha esforzado mucho en relación, por ejemplo, con la enseñanza abierta y la enseñanza a distancia en el marco del programa Leonardo da Vinci. 
Me siento obligado a preguntar, entonces: ¿Por qué no estimulamos más a los asociados sociales a que negocien las cuestiones pertinentes en materia de tiempo de trabajo? 
Sin embargo, el informe podía habernos dado más detalles, pues, por ejemplo, descuida desgraciadamente a los denominados trabajadores autónomos. 
Estoy convencido de que la necesidad de incluir esta categoría en la directiva es una cuestión que todos deberíamos apoyar y con ello no haríamos más que añadir algo a un informe muy bien redactado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, las reglamentaciones del tiempo de trabajo que estamos examinamos se mueven en el marco de la política neoliberal que viene a desarticular las relaciones laborales conquistadas con su lucha por la clase obrera. 
Esta política lesiona los derechos de los trabajadores y aplica las formas flexibles de empleo y regulación del tiempo de trabajo, destruye el empleo estable y a tiempo completo y lo sustituye con el empleo a tiempo parcial y temporal. 
El objetivo perseguido, no cabe duda, es el incremento del grado de explotación de la fuerza de trabajo y la optimización de los beneficios del gran capital. 
Se intenta, pues, abolir la jornada estable de siete u ocho horas y el descanso del fin de semana. Los convenios colectivos están bajo amenaza y se extienden los contratos de trabajo temporal. 
El trabajador debe estar a disposición del patrón cuando éste quiera y durante todo el tiempo que quiera. 
Además, con la generalización del empleo a tiempo parcial, no es sólo que se resientan los ingresos del trabajador, sino que a éste le resulta prácticamente imposible adquirir derechos de jubilación. 
El resultado de las políticas seguidas por la Unión Europea es la extensión del autoempleo, que en algunos países sobrepasa el 30%. 
Nosotros defendemos una política diferente, que amplia los derechos de los trabajadores y se opone a las reestructuraciones capitalistas. 
Luchamos por la abolición del marco legislativo que impone la regulación del tiempo diario de trabajo y las formas flexibles de empleo. 
Defendemos el trabajo estable y a tiempo completo- siete horas diarias, cinco días a la semana -, la extensión de los derechos sociales y el aumento de los salarios de acuerdo con las necesidades actuales. 
Los ciudadanos de la Unión Europea gozan de una enorme prosperidad y disfrutan de las ventajas correspondientes. 
El fruto de la prosperidad se manifiesta en el nivel de bienestar experimentado por el ciudadano. 
Por eso mismo, la protección del bienestar de los trabajadores en un clima económico orientado hacia la productividad y eficacia merece todo nuestro cuidado y atención. 
En este sentido el bienestar de los ciudadanos sale ganando con una buena normativa relativa al tiempo que ha de dedicarse al trabajo y al descanso. 
Quisiera completar el planteamiento del ponente insistiendo en la necesidad de considerar el domingo como día de descanso colectivo. 
A mi juicio, el enfoque propuesto por el ponente no presta la suficiente atención a la importancia del domingo como día de asueto. 
Incumbe a los Estados miembros fijar un día de descanso de acuerdo con los usos y costumbres de cada país. 
Me alegra comprobar que en 9 de los 15 Estados miembros el domingo ha sido establecido oficialmente como día de asueto. 
Dichos Estados miembros se han tomado en serio el llamamiento del Parlamento de 1996. Son conscientes de que un día de descanso colectivo es imprescindible para la familia y las demás estructuras sociales. 
Esta semana ha quedado demostrado en un estudio llevado a cabo en los Países Bajos que los consumidores tienen poco o ningún interés en hacer sus compras el domingo. 
Por eso mismo, es fundamental que en la legislación social de la Unión Europea quede un margen suficiente para mantener el domingo como día de descanso. 
Para los cristianos el domingo tiene un significado especial. Este día, que se remonta al domingo de resurrección de Jesucristo, es el día de asueto establecido por Dios. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe de la Comisión que tenemos sobre la mesa es muy necesario y tendrá que ir seguido de mucho, muchísimo trabajo en los Estados miembros. 
El ponente ha dedicado un gran esfuerzo al análisis, que yo le agradezco mucho. 
La directiva me parece, no obstante, una colcha de retales. 
Hay demasiadas lagunas y en otros puntos se incorporan la intervención de normas nacionales que permiten una individualización y generan una falta general de transparencia. 
Lo que está en juego es la protección de los trabajadores en el sentido más puro, que ahora hemos inscrito como lema en nuestro estandarte. 
Es necesario, por lo tanto, exigir tanto a la comisión como a los Estados miembros que no asuman sólo la definición y la interpretación de determinados conceptos, sino que también examinen atentamente las posibles desviaciones de determinadas normas jurídicas, con objeto de evitar crear cualquier posible confusión, que al final puede acabar teniendo el efecto contrario del esperado. 
En los Estados miembros, la mayor falta de claridad se observa en lo que se refiere al tiempo máximo de trabajo autorizado, a pesar de que en las disposiciones finales de los artículos 6 y 18 se establecen unos límites claros. 
En principio, cabe valorar muy positivamente la posibilidad de que la transposición de la directiva también se concrete a través de los convenios colectivos y de acuerdos entre los interlocutores sociales. 
Sin embargo, es preciso que se lleve a cabo efectivamente y con pleno respeto del espíritu de la directiva, sin puertas de escape y sin la posibilidad de eludir a medias su aplicación. 
También es urgentemente necesaria una definición más clara del concepto de "servicios de guardia" y sobre todo la plena conformidad con el veredicto del Tribunal de Justicia de Europeo en su aplicación. 
El veredicto de Luxemburgo ha dejado claramente al descubierto un punto débil de la directiva; es muy de lamentar, que la Comisión tenga que ir a la zaga en este aspecto. 
El informe Koukiadis será de gran ayuda en la tarea que tenemos por delante. 
Yo espero que las observaciones que plantea el Parlamento tengan efectivamente un reflejo en la futura aplicación de la Directiva. 
. (EL) Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Koukiadis por su excelente informe sobre la aplicación de la directiva relativa al tiempo de trabajo y expresar mi acuerdo con el último orador, que ha señalado la existencia de vacío en la directiva. 
Vacíos que, sin embargo, se van llenando con el transcurso del tiempo. 
Me gustaría recordar que a lo largo de los dos últimos años se han registrado avances importantes en relación con el horario de los médicos y en relación con el horario de las personas que trabajan en el sector pesquero; y hay que destacar igualmente la reciente directiva que concierne a los trabajadores de las empresas de transporte. 
El informe de la Comisión relativo a la directiva del tiempo de trabajo ofrece un examen general del modo en que los Estados miembros aplican la directiva. 
La comisión no estaba obligada a hacerlo público, pero consideramos- y se trata de una consideración política- que es algo que aporta una buena dosis de trasparencia y sinceridad. 
Esto significa que, tal y como acertadamente ha indicado el Sr. Koukiadis, la transposición de la directiva presenta grandes diferencias entre unos y otros países miembros. 
Y a propósito de esto hemos de tomar en consideración la necesidad permanente de conciliar y armonizar economías y sociedades con culturas y usos muy diferentes; por esta razón el marco acordado es flexible, de suerte que no imponga soluciones rígidas y uniformes. De otro modo, sería además muy difícil alcanzar un acuerdo marco. 
A los Estados miembros se les ha concedido un importante margen para la transposición de la directiva. 
La directiva permite determinadas excepciones fundamentadas en la legislación o en los convenios colectivos, lo que hace posible la mencionada flexibilidad a disposición de las autoridades nacionales. 
La Comisión reconoce esa diversidad y no se propone impulsar soluciones uniformes en este ámbito. 
Quisiera, sin embargo detenerme en ciertas recomendaciones dirigidas a la Comisión. 
En varios puntos del informe se pide a la Comisión que realice un seguimiento de la transposición y que adopte las medidas oportunas en el caso de transposición indebida. 
En esto estamos de acuerdo, y para los casos de incumplimiento registrados, ya se ha puesto en marcha, o se va a poner en marcha próximamente, según las circunstancias, el procedimiento previsto para la infracción de directivas comunitarias. 
En este asunto, la Comisión examina las consecuencias. Ya se ha celebrado una reunión entre las autoridades nacionales y los servicios de la Comisión, y la Comisión va a promover un estudio de la situación legal y de las posibles repercusiones de esta resolución para los sistemas de salud y para otros sectores. 
En el informe del Parlamento Europeo se pide también a la Comisión que determine con claridad las situaciones que justifican excepciones a causa de acuerdos laborales. 
Hay una referencia precisa a la condición concreta en el apartado 1 del Artículo 18, de acuerdo con el cual se permite a los Estados miembros rebasar el límite máximo de 48 horas, a condición de que el trabajador se muestre de acuerdo en trabajar más horas. 
Y en este punto debo señalar que no faltan los dispositivos de seguridad, al objeto de que el trabajador que no acepte no sufra represalias. 
El único país que ha hecho uso de esta excepción es el Reino Unido. 
La misma directiva determina que el Consejo, a propuesta de la Comisión, acompañada de un informe de evaluación, puede reconsiderar esta disposición. 
Y quisiera trasmitirles la certeza de que la Comisión va a presentar el mencionado informe de evaluación. 
Deseo igualmente destacar que en 2002 las autoridades de cada uno de los países miembros presentarán un informe nacional en el que se analizará la aplicación práctica de la directiva en cuestión. 
Y del estudio de estos informes nacionales resultará un informe de conjunto de la Comisión sobre la aplicación de la directiva en los Estados miembros que nos ofrecerá una imagen concreta más precisa. 
Concluyo con la referencia a los nuevos modelos de trabajo. 
Es ciertamente difícil mantener la aplicación del tiempo clásico de trabajo a las nuevas formas de trabajo; y el debate sobre la formación permanente y sobre la reducción del tiempo plantea cuestiones sin duda complicadas. 
Yo podría decir que el diálogo social desempeña un papel muy importante y que lo va a desempeñar aún más en el futuro. 
Los agentes sociales, sus debates y sus acuerdos sobre el papel de la formación permanente, sobre los principios del teletrabajo... Los acuerdos que ya se han alcanzado en determinados sectores muestran que en una primera etapa los acuerdos parciales a escala europea pueden crear las condiciones que permitan avanzar aún más, si es necesario, hacia un marco legislativo. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Estimular el acceso a internet 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la pregunta oral (B5-0003/02) , en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, a la Comisión, sobre la promoción del acceso a Internet. 
Señor Presidente, me gustaría dar la bienvenida a la Sra. Diamantopoulou esta tarde, aquí con nosotros. 
Sé que tomará la palabra en nombre del Sr. Liikanen. 
No hace falta decir que nos decepciona que el Sr. Liikanen no pueda venir. Nos hacemos cargo de que los Comisarios no tienen mucho tiempo disponible. 
Sabemos que en la Comisión se siente gran interés por esta cuestión y, en particular, por una serie de esferas de las que es responsable la Sra. Diamantopoulou, o sea que esta cuestión revestirá también importancia vital. 
La idea fundamental de nuestra pregunta- presentada en un momento oportuno de la preparación de la Cumbre de Barcelona- es que la necesidad que se deja sentir en toda la Unión Europea de facilitar el acceso a los servicios de la sociedad de información y de fomentar un entorno en el que se desarrollen nuevos servicios, han de ser los cimientos del objetivo de Lisboa de conseguir la economía impulsada por los conocimientos más competitiva del mundo. 
Hago hincapié en "impulsada por los conocimientos" porque de lo que estamos hablando es de la capacidad de conseguir la amplia difusión y la disponibilidad de esos conocimientos. 
Parte del problema de esta cuestión es el aspecto de la jerga utilizada, y nuestra pregunta quizá ha caído en la trampa al hablar de acceso a Internet a tasa fija. 
Quizá mis colegas me disculpen si explico por qué la cuestión reviste una importancia tan grande. 
Si Internet tiene realmente que explotar todo su potencial como red mundial de conocimientos, como medio accesible instantáneamente, entonces tendremos que estimular a la gente a que lo use de tal manera que lleguen a apartar de su mente el sentimiento de que, con una conexión subordinada al tiempo, tendrán que darse prisa por acabar lo que estén haciendo, temiendo que las facilidades no estén siempre a su disposición ni se puedan utilizar en todo momento. 
Eso es realmente el fondo de la cuestión. 
Consiguiendo que esa enorme biblioteca de información y de servicios esté disponible de la manera mencionada es como la gente podrá tener acceso continuo a la red a un precio asequible. 
Eso es realmente el fondo de la cuestión. 
Sabemos que se ha adelantado mucho. 
Estoy contento de haber sido miembro de los equipos de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que han trabajado muy intensamente con la Comisión Europea para conseguir que se aprueben directivas sobre cuestiones como el carácter no disociable del circuito local y todo el paquete de comunicaciones electrónicas. 
Nos hacemos cargo de que en esas esferas tenemos un papel y una responsabilidad. 
El resultado final de esos servicios tendrá que provenir del mercado. 
Ya ha sucedido con éxito en el caso de la telefonía móvil; ahora está sucediendo ya en el mercado a medida que llegan las nuevas inversiones. 
Sin embargo, tenemos que fomentar las inversiones en la capacidad fundamental que tendrán esos servicios y tendremos que animar a la gente a desarrollar nuevos servicios que puedan aprovechar esa capacidad incrementada. 
De lo que estamos hablando es de pasar de los medios de comunicación de conocimiento relativamente pequeños que sirven nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo a medios de comunicación de conocimiento muchísimo mayores. 
Con ellos dispondremos de nuevos servicios. 
Por ejemplo, podremos disponer de una película de longitud normal en segundos y no en horas, como sucede en la actualidad. 
Diré para acabar que esperamos con interés a que nos digan cómo la Comisión va a estimular ese desarrollo del acceso rápido a Internet, cómo va a estimular esa posibilidad en todos los Estados miembros, qué otras medidas habrá que adoptar, y qué otro tipo de apoyo podemos prestar a esa finalidad crucial para el futuro de la economía de la Unión Europea. 
. (EL) Debo dar las gracias a su Señoría, porque se trata verdaderamente de un asunto de excepcional calado, de la máxima prioridad, no sólo para el Parlamento Europeo y la Comisión, sino para todos los departamentos, toda vez que la Europa electrónica es una prioridad para todos nosotros. 
La meta en la cumbre de Lisboa era disponer de redes baratas y de alta velocidad de acceso a Internet. 
Se trata de algo que, por razones que usted mismo ha explicado, cobra dimensiones de piedra angular de la economía europea del conocimiento, dimensiones de piedra angular de las políticas de justicia, igualdad y no exclusión en Europa. 
Tal y como usted menciona en la pregunta, un medio importante es la tarificación del acceso a Internet. 
Una cuestión crucial es la tarificación del acceso mediante tarifa plana (flat rate) -en esto, como muy acertadamente ha explicado su señoría, hay un problema de vocabulario y de traducción de términos a todas las lenguas; he de decir que algunas palabras las he reconocido en inglés pero no en griego -, es crucial la interconexión mediante tarifa plana, a través de proveedores de servicios de Internet y de nuevos operadores de telecomunicaciones que actúan en las redes de los antiguos monopolios. 
Las autoridades reguladoras de cuatro países miembros, el Reino Unido, los Países Bajos, España y Francia, han exigido a los antiguos monopolios suministrar a los mayoristas el servicio de acceso a Internet mediante tarifa plana. 
Es la modalidad conocida como friaco, es decir, originación de llamadas de acceso a Internet en tarifa plana (flat rate Internet access call origination). 
También Italia contará próximamente con este servicio. 
El sector sostiene que el sistema friaco tiene como resultado el aumento del uso de Internet, y que al no depender la tarifa del tiempo, los usuarios emplean más horas en Internet y se familiarizan con las páginas correspondientes de carácter comercial o cultural. 
Sostienen también que gracias al conjunto de estos servicios, mediante friaco, aumenta asimismo la demanda de los consumidores de acceso y servicios de banda ancha. 
La Comisión celebra estas decisiones de las autoridades reguladoras de los estados miembros, y estimula la adopción de este modelo por otros países. 
Este estímulo y apoyo de la Comisión se ha expresado de los siguientes modos: primero, en Comité Consultivo de Realización de la Oferta de Red Abierta (ONP) , el foro presidido por la Unión Europea, en el que las autoridades reguladoras y los ministerios de los países miembros están representados en su condición consultiva y reguladora. 
Este asunto se planteará de nuevo en el orden del día del Comité ONP el 20 de febrero de 2002. 
Segundo, en la séptima edición relativa a la aplicación del paquete de reglamentaciones en el sector de las telecomunicaciones, que fue presentada al Parlamento Europeo y al Consejo en diciembre de 2002; en esa edición la Comisión concede un apoyo concreto al acceso por banda estrecha a Internet mediante tarifa plana como vía hacia el acceso de banda ancha. 
Igualmente- usted mismo lo ha mencionado- debemos decir que en el marco general de la continuidad en la materialización del plan de acción e-Europe hay decisiones vinculantes. 
En este sentido, debemos recordar que la Comisión garantiza la correcta aplicación del reglamento relativo a la liberalización del bucle local (LLU). 
El acceso liberalizado al bucle local proporciona a los nuevos operadores la posibilidad de competir con los proveedores consagrados al permitirles ofrecer servicios de transmisión de datos a alta velocidad y de conexión permanente a Internet mediante la tecnología ADSL. 
La Comisión se refirió a este aspecto de Internet de alta velocidad también en la séptima edición, así como al suministro de acceso equitativo de alta velocidad a Internet en las ofertas minoristas del operador principal. 
La Comisión alienta igualmente la necesidad de garantizar condiciones justas y equitativas de suministro de líneas alquiladas de frecuencia de onda corta, que toman en consideración el coste, que constituye otra forma de acceso a Internet; algo importante principalmente para pequeñas empresas y compañías que utilizan los servicios de datos de los nuevos operadores de telecomunicaciones. 
Es, pues, evidente que la Comisión actúa en dos planos. 
Un plano en el que trata de reforzar determinadas colaboraciones políticas, de fomentar la aplicación de modelos que han obtenido éxito; creo que ya he explicado cómo. Y un segundo plano en el que mantiene el seguimiento de la aplicación de las decisiones vinculantes- como son los reglamentos -, que desempeñan, naturalmente, un papel muy importante. 
Por lo que respecta a la difusión y consolidación de la tecnología de banda ancha, la Comisión reconoce en su informe al Consejo Europeo de Barcelona, que la comercialización y valorización de esta tecnología no está avanzando por el momento con los ritmos que cabría esperar de los países miembros. 
Desde esta perspectiva, la Comisión propone al Consejo Europeo establecer como objetivo haber logrado en 2005 la expansión de las tecnologías de banda ancha en toda la Unión Europea. 
Gracias, señora Comisaria. 
Transporte ferroviario de carga por el túnel del Canal de la Mancha 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
la pregunta oral (B5-0004/02) del Sr. Savary y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre el flete ferroviario en el túnel de la Mancha; 
la pregunta oral (B5-0005/02) del Sr. Davies y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre el flete ferroviario en el túnel de la Mancha. 
Señor Presidente, desde el 7 de noviembre la SNCF (Compañía ferroviaria nacional francesa) ha suspendido todos los servicios de transporte de carga por raíl a través del Canal porque teme por la seguridad de su personal en Calais, tras las amenazas proferidas por los que intentan entrar ilegalmente en el Reino Unido. 
Como resultado de ello los servicios de transporte de carga a través del Túnel del Canal se hallan en una situación de profunda crisis. 
Sin embargo hoy podemos anunciar con placer que tanto los diputados franceses del Parlamento Europeo como los diputados laboristas británicos del Parlamento Europeo han pedido que haya un debate sobre el particular e incluso el Grupo ELDR se ha unido a nosotros para pedir que ese debate tenga lugar esta tarde. 
Para resolver ese problema necesitamos cooperación, no conflictos. 
No más denuncias ni timideces, no más ceder el paso a otros para no quedar al frente: necesitamos que el Gobierno británico, el Gobierno francés, la SNCF, Eurotúnel, EWS y otros empiecen a trabajar juntos y con mayor eficacia. 
Se ha hecho mucho, pero aún queda mucho por hacer. 
También tengo algo para la Comisión Europea. 
Los artículos 28 a 30 del Tratado y el Reglamento 2679/98 garantizan la libre circulación de mercancías. 
Esto significa libre circulación a través del Túnel del Canal. 
Doy gracias a la Comisaria por intervenir en esta crisis particular y por responder positivamente a lo que otros oradores y yo mismo hemos pedido. 
En los últimos días se ha levantado una barrera de seguridad y nos parece muy bien, pero sólo se vigila entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. 
Confiamos en lograr persuadir a nuestros colegas franceses de que es necesario que haya vigilancia durante las 24 horas del día y que haya un número suficiente de policías para llevarla a cabo. 
Necesitamos que la SNCF reanude los servicios lo antes posible y necesitamos una modificación urgente de las locomotoras para conseguir que no tengan que hacer una parada en Calais solamente por razones técnicas. 
Éstas son medidas prácticas que a corto plazo cambiarán mucho la situación. 
Esperamos, Comisaria, que siga obrando para conseguir que se restablezca ese vínculo vital del mercado único. 
Señor Presidente, la Comisión está alarmada por la reducción de los transportes ferroviarios de mercancías a causa de los problemas de seguridad presentados en la estación de SNCF. 
Esta situación va a tener un impacto negativo en la distribución en la que se refiere a las actividades de transportes de mercancías en este importante eje. 
Esto perjudica a los transportes ferroviarios y es contrario a la opinión general de la Comisión sobre el papel que desempeñan los transportes ferroviarios según el Libro Blanco que presentó en septiembre de 2001. 
La exclusión parcial de los movimientos ferroviarios a través del túnel reduce la utilización del potencial, y consiguientemente la rentabilidad de la inversión en una infraestructura europea de transportes muy importante. 
La Comisión está totalmente informada sobre la situación desde que comenzó, es decir, desde noviembre. 
En virtud del reglamento 2679/98 sobre la libre circulación de mercancías, los servicios de la Comisión ya habían solicitado desde noviembre que las autoridades francesas emprendieran todas las medidas indicadas y necesarias para restablecer el curso normal en la circulación. 
Asimismo solicitaron ser informadas regularmente sobre la evolución de la situación. 
Según nuestros últimos datos, la situación ha mejorado ligeramente. 
Las fuerzas policiales se hallan in situ constantemente, la capacidad de los ferrocarriles ha aumentado donde ha sido posible, de 1200 toneladas a 1600. 
Las obras en la estación terminal comercial Freten han comenzado en diciembre y se espera completar una red de refuerzo a principios de enero. 
Se habrá colocado hasta finales de junio las instalaciones para la protección del lugar, como cámaras de video, rastreadores de temperatura. 
Los contactos con las autoridades francesas van a continuar, el Comisario Bolkestein ha propuesto un encuentro con sus colegas francés e inglés y con los ministros responsables del mercado interior, para discutir sobre este tema en el margen del próximo Consejo de Mercado el 1 de marzo. 
Nuestro objetivo es que se restituya la libre circulación de bienes en junio a más tardar, cuando se hayan terminado todas las obras en la estación terminal. 
Mi última observación es sobre los temas de asilo y de control en las fronteras interiores. 
La política de la Unión y de sus Estados miembros sobre el asilo y el control en sus fronteras interiores también se encuentra en peligro. 
La Comisión cree que aprobar normas armonizadas va a contribuir especialmente a que algunos Estados miembros no sean más atractivos que otros. 
La Comisión ya ha presentado muchas propuestas encaminadas al cumplimiento de este objetivo. 
Señor Presidente, un chiste que solíamos contar en el Reino Unido era que cuando había niebla en el Canal quedábamos desconectados del continente. 
Ahora resulta que hay personas que se cuelan en el Túnel y son los trenes y el comercio los que pierden la conexión, cosa que es mucho más grave. 
Los efectos de las restricciones son dañosísimos para la libre circulación y el empleo: millares de puestos de trabajo están en peligro. 
He de decir que para los afectados, decir que las restricciones se suprimirán en junio representa una espera larguísima. 
El problema estriba en la proximidad del campo para refugiados de Sangatte: está demasiado cerca y habría que desplazarlo, para facilitar la labor de vigilancia. 
Este Túnel es una ventaja y una empresa de propiedad conjunta que beneficia tanto a Francia como a Gran Bretaña, así como a la Comunidad más amplia de Estados miembros. 
Probablemente es el vínculo físico más importante que acerca a Gran Bretaña y al continente. 
La dificultad de tener que vigilar para que no haya emigrantes ilegales es perjudicial para el mencionado proceso y es una cuestión que hay que zanjar pronto. 
Insto a la Comisión a que insista ante las autoridades francesas para que adopten medidas. 
Insto al Gobierno del Reino Unido a que ofrezca más asistencia a sus homólogos franceses y a los transportistas y empresas afectados, en vez de hacer como que no percibe sus preocupaciones y sus dificultades y pasar el tiempo acosando con procesos y multas a los conductores de camiones y a los maquinistas de trenes. 
Las autoridades necesitan pasar a la acción y no meterse con otras partes inocentes. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera rendir homenaje a mis colegas el Sr. Watts, el Sr. Savary y la Sra. Darras por someter esta cuestión al examen del Parlamento. 
No deja de ser irónico que tome yo la palabra acerca de esta cuestión porque, en calidad de ponente, ayudé a presentar a este Parlamento la cuestión de la libre circulación de mercancías en zonas fronterizas trastornadas. 
La intención principal era abordar la cuestión de las relaciones industriales en las fronteras, pero lo interesante es que ahora elogio y aplaudo la doctrina lateral de la Comisión acerca de la aplicación de esos artículos que les hemos expuesto. 
Sabía entonces y sigo sabiendo ahora, que los requisitos enunciados en ese grupo determinado de artículos eran puramente mecanísticos, que todo lo que se requiere es que haya buena voluntad política. 
Los que estamos aquí reunidos apreciaremos el hecho de que es necesario que todas las partes presten atención a lo que está sucediendo en el Túnel del Canal y velen por evitar que lo que está sucediendo quede enmascarado por los argumentos culturales o políticos que caracterizan al problema. 
Hay problemas, sin duda alguna. 
En el caso de esta cuestión particular hay problemas debido a la escasez de recursos- cosa que comprendemos- tanto por lo que se refiere a la policía como por lo que concierne al personal de seguridad en las zonas de las que se ocupan. 
Sea lo que fuere, necesitamos que la carga atraviese el Túnel sin trabas. 
Hay personas que se han visto desplazadas de sus hogares como consecuencia de la guerra y de enormes trastornos, y también hay emigrantes "económicos" que están dispuestos a pagar el precio que se les pida para entrar en el Reino Unido. 
Muy a menudo el precio lo cobran bandas criminales, que están allí para explotar la motivación de esas personas. 
La verdadera solución, por lo tanto, está en manos de políticos que coordinen su actuación en el plano gubernamental. 
También tenemos que luchar por conseguir que haya paz y desarrollo en las zonas del mundo que se enfrentan con crisis. 
En Francia hemos visto también, muy desgraciadamente, tragedias humanas que han dejado en nuestro espíritu la impronta humana de todo lo que está sucediendo en dichas zonas. 
Las tentativas de las autoridades francesas por reforzar la seguridad son dignas de elogio. 
Como el Sr. Watts ha dicho, tenemos que seguir pidiendo que haya el grado más alto posible de vigilancia. 
Ocupándonos de esta cuestión en el Parlamento confirmamos el interés y el carácter internacional que tiene y que merece. 
No solamente el Túnel del Canal, sino también otras cuestiones quedarán resueltas gracias a esos procesos. 
El Túnel no es más que un trampolín para lanzarlos. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera decir que quedaré muy agradecida si la Comisaria Diamantopoulou transmite a la Comisaria de Palacio mi agradecimiento personal por la labor que sé que la Comisaria ha iniciado ya en este respecto. 
Vengo de uno de los lugares más remotos de Europa, que es Escocia, y para nosotros es importantísimo estar conectados con el centro. 
Los problemas con que nos enfrentamos actualmente son graves. 
Me refiero a las exportaciones y a los problemas logísticos que se están planteando, así como a los problemas en general para las empresas que se ocupan del transporte por ferrocarril. 
Lo que hoy es un problema grave puede convertirse en un problema crónico, si no se resuelve debidamente. 
La Comisaria Diamantopoulou ha mencionado ya lo que está sucediendo con el Túnel del Canal, que es contraproductivo para la política que todos quisiéramos seguir, que consiste en sustituir en la máxima medida posible el transporte por carretera por el transporte por ferrocarril. 
En vista de la situación que prevalece actualmente en el Reino Unido, de las dificultades con que tropiezan para exportar y de la red ferroviaria, y pensando en el futuro de toda la política de transporte de la Unión Europea, espero sinceramente que se pueda ejercer toda la presión posible sobre todos los interesados para conseguir que ese problema pueda resolverse sin demora. 
Señor Presidente, como la Sra. Attwooll, yo también soy uno de los diputados que representan a Escocia en este Parlamento. 
Quedo muy agradecido al Sr. Watson y a los colegas del partido liberal que han planteado las cuestiones que estamos debatiendo. 
Es un debate de importancia vital. 
Para dar más viveza, si es posible, al asunto a que se estaba refiriendo la Sra. Attwooll, a una cincuentena de kilómetros de la casa en que vivo en Edimburgo, a mitad de camino entre Edimburgo y Glasgow, en la ciudad de Motherwell, se halla la estación de carga más septentrional de la red transeuropea que llega al Reino Unido, los depósitos de Motherwell Eurocentral. 
Nos hemos enterado recientemente de que el transportista que opera desde ese punto, EWS, no podrá seguir ofreciendo un servicio para las exportaciones desde Escocia con el mismo número de trenes diarios con que contamos actualmente. 
Eso sería una crisis para Escocia, y por lo tanto una crisis para los transportes a través de la Unión Europea, si llegase a suceder. 
Es un hecho conocido, por ejemplo, que la industria del whisky escocés depende sobremanera del transporte por ferrocarril para llevar el whisky escocés de malta y el whisky escocés mezclado a los mercados europeos. 
Se está sufriendo graves pérdidas en una rama comercial que tiene una importancia capital. 
En estas circunstancias nos alegra saber que la Comisión toma muy en serio esta situación, pero no nos alegra que se nos diga que todo quedará resuelto de aquí a junio, porque la información que estamos recibiendo de los sectores comerciales involucrados es que no pueden resistir hasta junio si la situación continúa como hasta ahora. 
En estos momentos pueblos de toda la Unión Europea se preguntan lo mismo: ¿Estamos obteniendo los beneficios que se nos prometieron si ingresábamos en la Unión Europea? 
Esos beneficios se referían particularmente a la posibilidad de circular libremente por la Unión. 
Otros beneficios que se prometieron se refieren al transporte intermodal, pues se nos dijo que no todos los transportes se harían por carretera. 
Esto afecta no solamente al pueblo de Escocia, afecta más aún a las personas que viven cerca de las carreteras y autopistas de toda Inglaterra, si aumenta mucho el tráfico de vehículos pesados por ellas. 
También necesitamos que se utilice el transporte marítimo. 
Quedamos muy agradecidos a la Comisaria de Palacio por la labor que ha desarrollado para instituir el nuevo vínculo a base de transbordadores entre Escocia y Zeebrugge, pero si vamos a tener una política de transporte razonable que realmente distribuya la carga e impida que los camiones pesados utilicen excesivamente las carreteras, es preciso que siga en funcionamiento esa línea ferroviaria. 
Quedo muy agradecido a los colegas que han planteado esta cuestión. 
Quedo también agradecido a la Comisión por tomarla muy en serio, pero quisiera saber también de qué indemnización dispondremos para conseguir que los que han sufrido pérdidas monetarias no se vean privados de seguir trabajando en su oficio debido a las condiciones antieconómicas que prevalecen actualmente en esa ruta. 
Señor Presidente, aquí esta en juego la libre circulación de personas, mercancías y servicios, una de las piedras angulares del mercado interior, y eso desde diversos puntos de vista. 
La libre circulación de personas, y también de mercancías, no puede generar un desplazamiento descontrolado de solicitantes de asilo como consecuencia de la desaparición de las fronteras. 
La presencia de polizones en el tren que atraviesa el Eurotúnel produjo situaciones insostenibles. 
El resultado de todo ello es que desde hace tres meses están en vigor una serie de restricciones que ha reducido a la mitad el volumen de mercancías transportadas por ferrocarril a través del túnel. 
Esta pérdida de beneficios perjudica seriamente a la empresa que explota el túnel del Canal de la Mancha. 
Ni siquiera está segura de que se haya solucionado el problema de las multas por la presencia de polizones. 
El debate acerca del Libro Blanco sobre la política de transportes se halla en pleno desarrollo. 
A pesar de las divergencias, prácticamente todos los implicados coinciden en que el crecimiento del transporte de mercancías no puede ir a parar únicamente a la carretera. 
El ferrocarril constituye, junto con las vías navegables, una buena alternativa. 
El uso restringido del Eurotúnel ha obligado a muchos empresarios a transportar las mercancías por carretera. Es de temer que, una vez más, la reputación del transporte ferroviario haya sufrido un daño irreversible. 
La capacidad de transporte no podrá restablecerse mientras no se aporte una solución al problema subyacente. 
No es éste el lugar adecuado para deliberar sobre el problema y el drama de los inmigrantes ilegales en Europa. Sin embargo, no se puede negar que la caída en picado del transporte de mercancías por ferrocarril a través del túnel se debe en gran parte a la política de inmigración de los dos países situados a ambos lados del Eurotúnel. 
El Reino Unido se ve confrontado con la dudosa fama de que aplica una política de inmigración flexible y apenas combate el trabajo ilegal. 
Independientemente de que esta imagen sea cierta o no, el Gobierno británico no logra desanimar a los refugiados. 
Por otra parte, la política de asilo francesa debe calificarse de hipócrita. 
No se detiene al enorme flujo de refugiados que pasa por Francia hasta llegar al Eurotúnel. 
Ahí los refugiados son agrupados en el campamento cercano a Sangatte, donde se concentran cientos de desesperados, a sólo tres kilómetros del Eurotúnel, único obstáculo que los separa del destino final de su viaje. 
Están encerrados en un campamento desde el cual alcanzan con la vista la puerta hacia el otro lado. Esta situación responde perfectamente a lo que dice el refrán: los dejan con la miel en los labios. 
Los solicitantes de asilo merecen nuestra conmiseración, porque a fin de cuentas ellos también son víctimas de la imprecisión de las normativas, de la arbitraria aplicación de las mismas y de la falta de control. 
Es hora de que las autoridades francesas confinen a los solicitantes de asilo en el interior del país, por ejemplo en las inmediaciones de un aeropuerto internacional desde el cual puedan regresar a su lugar de origen en caso de que su solicitud sea denegada. 
Señor Presidente, las tristes imágenes que nos han llegado desde Frethun obligan a la Comisión y al Consejo a hacer todo cuanto esté a su alcance no sólo para eliminar esta traba sino también para erradicar la causa de la misma. 
Deben asumir su responsabilidad y hacer frente a esta alteración del mercado del transporte de mercancías. 
Señor Presidente, me he quedado realmente perplejo ante las preguntas orales formuladas por los grupos socialista y liberal sobre los obstáculos al tráfico ferroviario en el túnel de la Mancha, obstáculos provocados por los refugiados que intentan pasar ilegalmente al Reino Unido. 
En efecto, al escuchar las preguntas orales, el principal problema que se plantea, incluso el único, es la perturbación de la libertad de circulación de mercancías bajo la Mancha y, por tanto, el daño ocasionado a las empresas ferroviarias, que iría acompañado, horresco referens, de una distorsión de la competencia entre los distintos modos de transporte en detrimento del ferrocarril. 
Lamento vivamente, como mis colegas, los daños sufridos por las empresas ferroviarias y añadiré incluso que me parece ilógico que el Estado francés, cuya responsabilidad está comprometida por su Gobierno socialista, no sea seriamente condenado, moral y financieramente, por su incapacidad para mantener el orden público. 
Pero, déjenme decirles también, Señorías, que este asunto plantea problemas sociales mucho más amplios y graves que una simple desigualdad de competencia entre los operadores privados. 
Por ello, me gustaría añadir a las preguntas formuladas por los Grupos socialista y liberal una serie de interrogantes complementarios. 
En primer lugar, parte de las personas que intentan pasar ilegalmente al reino Unido está constituida por solicitantes de asilo, pero otra parte por inmigrantes en situación ilegal, incluso en Francia. 
¿Cómo pueden inmigrantes ilegales llegar en gran número al corazón de Europa después de haber franqueado varias fronteras internas sin ser detectados nunca? 
Es una cuestión fundamental que habría que resolver. 
Pregunta subsidiaria: ¿qué medidas se han tomado para que sean inmediatamente acompañados a la frontera exterior de la Unión? 
Segunda pregunta: gran parte de los solicitantes de asilo que quieren pasar al Reino Unido son afganos. 
Ahora bien, por lo que yo sé, el régimen talibán está hoy aniquilado y esas personas pueden volver a su casa. 
¿Qué medidas se han adoptado, pues, para repatriarlas? 
Por último, tercera pregunta: hay quien parece pensar que, si hubiera una política europea de asilo unificada, estos problemas no se plantearían. 
Pero, ¿cree la Comisión que el número global de solicitantes se asilo disminuiría? 
En caso afirmativo, ¿mediante qué mecanismo concreto? 
¿No cabe suponer por el contrario que si las normas europeas de acogida se alinearan a un nivel alto, como parece ser la intención de la Comisión, el número global de solicitantes de asilo en la Unión Europea aumentaría considerablemente? 
Señor Presidente, me sumo a mis colegas escoceses que han pedido a la Comisaria que nos ayude a resolver esta situación lo más urgentemente que sea posible. 
Quizá sorprenda a la Comisaria esta reacción de Escocia, pero Escocia es probablemente una de las víctimas que más sufren como consecuencia de la situación que prevalece en el Túnel del Canal. 
A causa de la reducción del transporte a través del Túnel, no tenemos ya solamente tres servicios cada noche, no tenemos ninguno pues el servicio desde Escocia hasta el continente ha cesado por completo. 
Como ha dicho el Sr. MacCormick, ya no es posible transportar whisky escocés al continente ni enviar nuestros microcircuitos a París, Frankfurt o Milán. 
Peor aún: ya no podemos importar piezas y productos continentales por ferrocarril. 
Los costos inherentes a las exportaciones y a las importaciones están aumentando, como también están aumentando la contaminación y la congestión de las carreteras. 
Se ha perdido un servicio gracias al cual Escocia estaba algo más próxima al triángulo de oro de Europa, y Escocia regresa a la periferia. 
Esto es una tragedia, pero ¿por qué? 
Porque somos incapaces de organizar nuestros sistemas de inmigración sobre una base europea y porque somos incapaces de instituir la seguridad necesaria para que ese tipo de arreglo funcione adecuadamente. 
Es evidente que se han cometido errores en la costa francesa del Canal de la Mancha y en la costa inglesa del English Channel, pero las víctimas han sido mis circunscripciones de Escocia, que están a centenares de millas de Dover y de Calais. 
Insto al Gobierno del Reino Unido a que resuelva su sistema de inmigración, en colaboración con sus vecinos, para que no atraiga a decenas de millares de personas desesperadas. 
Seguramente no es una casualidad que el Reino Unido sea uno de los escasos países europeos en los que no existen las tarjetas de identidad. 
Insto también a las autoridades francesas a que piensen en sus antiguos aliados de la Auld Alliance, sus primos escoceses, a que instauren condiciones de verdadera seguridad en la entrada francesa del Túnel para que pueda reanudarse el servicio de transporte ferroviario desde Escocia o con destino a Escocia. 
Insto asimismo a la Comisaria y a la Comisión a que reflexionen urgentemente a fin de encontrar una solución para esta situación tan absurda. 
Señor Presidente, le ruego me disculpe por haber llegado tarde y le agradezco haya tenido a bien aplazar mi intervención. 
Si hemos formulado esta pregunta, es porque la opinión pública considera que el problema registrado en el Eurotúnel, al afectar a dos grandes países de Europa y referirse a nuestra política de seguridad y asilo, requiere una intervención de la Unión Europea. 
No podemos dejar que la situación se deteriore, lo que ilustraría la impotencia de Europa. 
Por otra parte, esta situación exige que inventemos soluciones que puedan transponerse a otras fronteras y otros lugares de presión migratoria. 
Dado que la política de asilo y la política judicial y de seguridad no están suficientemente armonizadas, reclamamos una intervención de la Comisión ante Francia y el Reino Unido, de forma que se tomen medidas fuertes en tres direcciones. 
Primera dirección: restablecer en la medida de lo posible la libre circulación, en particular la de los convoyes ferroviarios en el túnel de la Mancha. 
Lo que está pasando allí abajo, a pesar de las considerables inversiones de los operadores, en particular SNCF, entra en contradicción con nuestra política de transferencia modal de la carretera al ferrocarril. 
Segunda dirección: a falta de una armonización de las legislaciones y los mecanismos de seguridad, adoptar en los dos países medidas coordinadas y coherentes de lucha contra los transportistas de mercancía humana, multiplicando los controles y endureciendo las sanciones sin vacilar, pues se trata de atentados intolerables contra los derechos humanos y de un comercio vergonzoso. 
Tercera dirección: lo que pasa en el Eurotúnel demuestra la urgencia de una armonización de las políticas de asilo en Europa. 
Porque lo que pasa allí abajo, lo que se reprocha a Francia y el Reino Unido, es un problema que afecta potencialmente a todos los países de la Unión. 
Por la experiencia de lo que pasa en el mundo entero, sabemos que nunca habrá una solución perfecta, totalmente fiable, ante el desorden del mundo y la creciente desigualdad entre el Norte y el Sur. 
La primera solución, la más importante, la solución de fondo reside naturalmente en una política de desarrollo más generosa y equilibrada. 
Pero, a falta de ella y a corto plazo, es preciso, me parece, aplicar medidas comunes a los dos países, a fin de acorralar sin tregua a esos mercaderes de ilusiones que son los transportistas de mercancía humana. 
Creo que es muy importante. 
Por último, deseo personalmente que, en vez de dejar que los dos países se pasen uno a otro las responsabilidades, encontremos, bajo la guía de la Comisión, medidas suficientemente fuertes para que resulten ejemplares y puedan transponerse a otros lugares de Europa. 
Señor Presidente, es evidente que nos encontramos ante una dificultad en la aplicación de uno de los principios básicos de la libertad en Europa, la libertad de la libre circulación de los bienes. 
Hemos escuchado numerosas formas de enfocar el uso de los artículos del Tratado, la posibilidad de que intervenga la Comisión y que presione al Gobierno francés para que avance en medidas más rápidas. 
El derecho vigente en la Unión Europea permite a la Comisión Europea incoar el procedimiento por infracción contra los Estados miembros cuando se observan obstáculos a la libre circulación de los bienes. 
Sin embargo, una acción de este tipo está sometida a criterios estrictos cuando el obstáculo lo plantean particulares aislados y la Comisión puede actuar sólo cuando las autoridades de que se trate no tomen las medidas indicadas necesarias. 
Evidentemente, esto no vale para el caso que nos ocupa. 
Se está realizando un esfuerzo muy grande, ha quedado demostrado que los contactos entre la Comisión y el Gobierno francés han sido provechosos y vamos a continuar en este sentido. 
Ya el Gobierno francés ha cerrado el recinto en concreto, se ha elaborado el estudio y se ha realizado el primer intento de instalar la tecnología necesaria, pero, claro, el grado de la acción policial, el número de policías, la instalación del material de alta tecnología necesario, es algo que depende del Gobierno francés. 
El segundo punto al que me querría referir es el fondo, la esencia del problema. 
¿Por qué se dan estas interrupciones en la circulación? 
¿Por qué observamos esta continua dificultad en la circulación de los trenes en el túnel? 
¿Por qué observamos la presencia non grata de emigrantes ilegales en Europa en distintos puntos utilizados por los transportes de mercancías ferroviarios? 
Consiguientemente podría decir que la esencia del problema, tal como han planteado algunos de nuestros Sres. diputados, es la política europea sobre principios comunes, política de asilo común, para evitar este fenómeno en el que los emigrantes intentan alcanzar ciertos Estados miembros. 
En este sentido, la Comisión ha presentado ya bastantes propuestas relacionadas con los procedimientos y las normas para conceder el estatuto de refugiado, así como las condiciones comunes mínimas exigidas para admitir a quienes soliciten asilo. 
Otra propuesta determina criterios y mecanismos para definir el Estado miembro responsable de analizar la solicitud de la concesión de asilo. 
Estas propuestas contemplan que una permanencia prolongada en un Estado miembro condiciona que el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de la concesión del asilo sea dicho Estado miembro. 
De esta forma, en este caso en concreto y de conformidad con este sistema, los que solicitan el asilo no pueden adquirir el estatuto de refugiado en Gran Bretaña tras una permanencia prolongada en Francia. 
Así pues, podría decir que en cuanto a la solución inmediata de un problema que puede repercutir significativamente en ciertas regiones, y concretamente en las regiones alejadas de Gran Bretaña, en la región de Escocia, así como en el propio continente europeo y en las relaciones comerciales con Gran Bretaña, el único responsable es el Gobierno francés. 
Debe avanzar con pasos rápidos, lo más rápido posible, para que se complete este proyecto; y a este respecto diré que la Comisión y el Gobierno de Gran Bretaña cooperan. 
En cuanto a la solución del problema a largo plazo, puesto que como muchos de los diputados han dicho, este problema se encuentra en las fronteras Francia- Gran Bretaña pero mañana podemos encontrarlo en otras regiones de Europa; hace falta una decisión rápida sobre una política común de asilo en el ámbito europeo. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Señorías, suspendo la sesión hasta la hora de las votaciones, a las 18.30 horas. 
(La sesión interrumpida a las 18.10 horas, se reanuda a las 18.30 horas) 
Votaciones 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Koukiadis (A5-0010/2002) 
Bonde y Sandbæk (EDD) , por escrito. 
(DA) Hemos elegido abstenernos en la votación del informe conjunto. 
Creemos que lo que la Comisión ha valorado como falta de aplicación de la directiva en Dinamarca, a largo plazo socavará la política contractual danesa. 
Dinamarca había optado como punto de partida por implantar la directiva mediante los acuerdos colectivos y así dejar esta tarea en manos de los interlocutores sociales. 
Sin embargo, puesto que la directiva en un futuro no muy lejano será elevada al rango de ley en Dinamarca tras la presión efectuada por la Comisión, sólo nos cabe manifestar nuestro descontento con la intromisión de la Comisión en un sistema eficaz. 
No obstante, respaldamos las mejoras generales que el informe propone, entre ellas, las referidas a precisar ciertos conceptos, puesto que se ha demostrado que la redacción de varias definiciones ha supuesto interpretaciones equivocadas en la aplicación de la directiva. 
Es importante que el texto sea precisado en muchos ámbitos para que queden protegidos los derechos de los trabajadores y tenga lugar una mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 18.40 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 7 de febrero de 2002. 
Comunicación del Presidente 
Hoy tengo el deber, con el respaldo de todos los diputados a este Parlamento y, en particular, con el de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, de expresar, en nombre del Parlamento Europeo, nuestra profunda preocupación por el secuestro de la Sra. Ingrid Betancourt, diputada y candidata a las próximas elecciones presidenciales de Colombia, a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. 
El Parlamento Europeo condena sin reservas estos ataques a civiles inocentes y esta injerencia en el proceso electoral. 
En mi calidad de Presidente, hago un llamamiento a los autores del secuestro para que dejen en libertad inmediatamente a la Sra. Ingrid Betancourt, a los otros cinco diputados que permanecen retenidos y a los 40 civiles que han sido secuestrados recientemente y que siguen aún en cautividad ilegal. 
Asimismo, recuerdo a los secuestradores que es muy cruel mantener secuestradas a personas cuyo estado de salud es precario y que deben dejarlas en libertad inmediatamente por razones humanitarias. 
Como sus Señorías recordarán, el Parlamento apoyó firmemente- a raíz de la declaración ante el Pleno del Presidente Pastrana el martes 26 de octubre de 1999 el proceso de paz en Colombia a través de numerosas resoluciones sobre el "Plan Colombia". 
El Parlamento Europeo lamenta asimismo la interrupción de las negociaciones del proceso de paz y la reciente vuelta a las hostilidades y pide a todas las partes involucradas que reanuden su búsqueda de una solución democrática y negociada para la paz en Colombia. 
El Parlamento expresa su solidaridad con las familias de los secuestrados y con el pueblo de Colombia. 
Señor Presidente, gracias por la declaración. 
Enviaremos a alguien a Colombia para ver qué podemos hacer en nuestra calidad de Grupo europeo, y esperamos que en el plazo de pocas semanas tengamos alguna otra opción a la de limitarnos a lamentar que nuestra candidata haya sido secuestrada. 
Señor Presidente quisiera llamar la atención de sus Señorías sobre la reunión, en este mismo momento, frente al Parlamento, de unos tres mil hombres y mujeres llegados de Francia, de Italia, de Bélgica y de otros lugares. 
Desean exigir a Europa que haga uso de todo su poder a favor de una paz justa en Oriente Próximo, en el espíritu de la resolución que nosotros mismos adoptamos en el último periodo de sesiones. 
Creo que hemos de saludar este acontecimiento, en primer lugar porque, cuando estamos discutiendo sobre el futuro de Europa, es sano ver que los ciudadanos y ciudadanas se movilizan en un número tan importante para que Europa desempeñe plenamente su papel de actor en la escena mundial. 
También, porque se trata de una manifestación por la paz, por la justicia y por la dignidad humana frente a una tragedia indignante que exige efectivamente por nuestra parte un compromiso excepcional. 
Me alegro de que la mayoría de los Grupos haya aceptado iniciar con esas delegaciones ciudadanas un diálogo prometedor. 
Pienso que la próxima etapa debería ser el envío ahora, tal como habíamos decidido, de una delegación oficial de este Parlamento a Palestina y a Israel, así como la organización en el mismo lugar de la visita a Europa del presidente Arafat. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Señora Pack, tengo entendido que desea presentar una propuesta de modificación del orden del día del jueves. 
Señor Presidente, en nombre de todos los colegas de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, yo quiero pedir que el jueves por la mañana no se celebre un debate conjunto sobre los temas de cultura, educación y deporte, ya que éstos no se deberían mezclar. 
Es cierto que tienen algunos puntos de contacto, pero es necesario tratarlos por separado. 
Yo solicito que estos tres temas se debatan por separado en el tiempo previsto para el debate conjunto y creo que la Asamblea podrá aceptarlo. 
Permítanme proponer algo que la Asamblea, en su sabiduría y libertad, podrá aceptar o rechazar. 
A la luz de la presente propuesta, sugiero que tratemos sobre los tres informes de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte en debates separados. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Señor Presidente, nos ha propuesto una modificación del orden del día vinculada con la disponibilidad del Consejo, algo que comprendemos plenamente. 
Sencillamente, su disposición conduce a examinar los informes del Sr. MacCormick sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria y, cualquiera que sea la calidad del trabajo de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos que se pronunció sobre ambos informes la semana pasada, consideramos que el plazo que se nos ha concedido para el examen de estos dos suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria corre el riesgo de ser muy precario. 
Nos parece también que para la buena marcha del debate, para el buen funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria y de este procedimiento esencial que es la suspensión de la inmunidad parlamentaria, con el fin de que cada cual pueda pronunciarse a su buen saber y entender, habiendo tenido ocasión de examinar el expediente completo sin pronunciarse a ciegas, hubiera sido mejor mantener la inclusión en el orden del día de estos dos informes en nuestro periodo de sesiones de Estrasburgo. 
Espero que esta Asamblea plenaria pueda seguirnos en esta decisión. 
El apartado 6 del artículo 6 del Reglamento es perfectamente claro: "El informe de la comisión se incluirá de oficio como primer punto del orden del día de la sesión siguiente a su presentación". 
Lo que estoy sugiriendo hoy es el procedimiento correcto conforme al Reglamento. 
El Reglamento no deja lugar a dudas, y la alteración de dicha regla no figura entre las competencias del Presidente ni, en estos momentos, de la propia Asamblea. 
Comprendo y valoro la observación que ha hecho su Señoría sobre la preparación política, pero creo que debemos mantener este punto en nuestro orden del día en cumplimiento de nuestro Reglamento. 
Señor Presidente, esta modificación del orden del día no la había anticipado en su propuesta. 
Está directamente vinculada con la falta de disponibilidad del Consejo. 
Lo usual, hasta este momento, es que esas suspensiones de inmunidad parlamentaria se examinen siempre durante los períodos parciales de sesiones de Estrasburgo. 
Comprendo por tanto muy bien que el lunes, como primer punto del orden del día, incluyamos esta cuestión, pero me parece que no era lo previsto, incluido también el voto de la Comisión de Asuntos Jurídicos la pasada semana. 
Señora Berès, he propuesto que tratemos sobre el informe MacCormick a las 16.00 horas porque el Presidente en ejercicio del Consejo aún no está disponible, y no bajo la premisa de que hoy no tratáramos sobre los informes. 
Nuestro orden del día, tal y como estaba originalmente previsto para hoy, debía ir encabezado por la declaración del Consejo sobre el Consejo de Barcelona. 
Los informes del Sr. MacCormick estaban previstos, tal como establece nuestro Reglamento, para el orden del día de hoy. 
Mi anuncio sólo era para invertir el orden porque el Consejo aún no está presente. 
Decisiones tomadas en su reunión de ese día 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación del Sr. Prodi, Presidente de la Comisión Europea, sobre la estrategia política anual para el año próximo. 
Señor Presidente, no voy a entrar ahora en el tema de los principios, aunque tendría sentido examinar "sobre la marcha" una aportación tan importante al debate por parte del Presidente de la Comisión. 
Desde luego, tendremos que debatirla en otra ocasión. 
Señor Presidente de la Comisión, evidentemente podemos suscribir cuanto acaba de exponernos. 
Se ha referido usted a la ampliación y yo le ruego que considere- y quizá pueda exponerlo luego- la posibilidad de que en la Comisión se aplique también un sistema como el que nos proponemos introducir nosotros tras la firma de los acuerdos de adhesión, es decir, la presencia de observadores de los países candidatos aquí en el Parlamento. 
¿Cree usted que también sería posible integrar a personalidades de los países candidatos en calidad de colaboradores de la Comisión, mientras éstos todavía no sean miembros de la Unión? 
A continuación se ha referido usted al Mediterráneo. 
Si es cierto que alrededor de 7000 personas mueren cada año en el Mediterráneo al realizar la travesía desde Marruecos hasta España o Portugal, por ejemplo, ¿cómo podríamos conseguir, por un lado, una mejora de la situación en dichos países y, por el otro lado, evitar, en el contexto de la política de seguridad, que estas personas pierdan lamentablemente la vida? 
Nosotros no nos oponemos a la creación de un banco mediterráneo, que podría ser un elemento positivo, pero no se pueden crear estructuras adicionales paralelas al Banco Europeo de Inversiones. 
Yo le agradecería, por lo tanto, que nos dijera algo más al respecto. 
Se ha referido usted a la estabilidad. 
En relación con la estabilidad y la reducción del endeudamiento en los presupuestos nacionales, yo quisiera animar a la Comisión: ¡Manténgase firme! 
Envíe la carta de advertencia a esos dos Estados miembros, tal como tenía previsto ,... 
... pues no me parece un sistema aceptable que los mismos que deben ser criticados decidan si se ha de formular la crítica. 
Yo creo que es preciso modificar por completo el procedimiento de denuncia. 
Una última observación, señor Presidente, que en este caso nos afecta seguramente sobre todo a nosotros, si bien agradecería que el Presidente de la Comisión nos diese su opinión. 
(Exclamaciones) 
¡Tranquilícense! 
¡Lo que voy a decir también responde a sus propias convicciones! 
El Consejo no está presente hoy aquí. 
No es mi intención criticar a nadie, pero en el futuro tenemos que garantizar, también en el contexto de la reforma del Consejo, que el Consejo también esté representado cuando el Presidente de la Comisión realice una declaración importante aquí. 
Mi observación no se refiere sólo a la Presidencia española, sino que lo planteo como un tema general con vistas a la reforma del Consejo. 
¡Yo creo que necesitamos introducir urgentemente algunas reformas en el Consejo de Ministros Europeo! 
(Aplausos) 
Antes de conceder la palabra al Presidente de la Comisión, me gustaría hacer al Sr. Poettering la observación de que ha sido un minuto muy largo y señalar que no esperábamos que el Consejo estuviera presente. 
Nuestro debate sobre la estrategia para el año próximo está previsto para el 20 de marzo. 
Normalmente, cuando dirigimos preguntas a la Comisión en estas circunstancias, lo hacemos sin la presencia del Consejo. 
. (IT) Señor Poettering, respondo con mucho gusto a sus preguntas y trataré de ser muy breve. 
Usted plantea la cuestión de los observadores de los países candidatos en la Comisión. 
En mi opinión, es algo que hay que hacer. 
Técnicamente no es fácil, sin embargo, si queremos que la Comisión funcione a buen ritmo inmediatamente después de la ampliación, debemos empezar ahora mismo a establecer esta relación de adiestramiento, de aprendizaje. 
No es fácil porque está claro que ahora mismo los países candidatos no estarán en disposición de facilitar los nombres de los que serán sus futuros Comisarios, y las reglas aún no están bien definidas. 
No obstante, les garantizo que nos hemos planteado la cuestión y que la queremos resolver abierta y constructivamente. 
Segundo tema: la seguridad. 
Siempre he insistido en que, como todos los problemas graves, el gran problema de la macroinmigración es un problema que no se puede resolver a escala nacional. 
No existe ninguna posibilidad de que el problema de las grandes oleadas procedentes del Este o del Sur se resuelva sólo a escala nacional. 
Es necesaria una cooperación europea y, por lo tanto, debemos cumplir la agenda de Tampere en lo referente a este aspecto y, tal como hemos propuesto, cooperar conjuntamente para resolver el problema de la protección de las fronteras. 
Tercer tema: el Banco del Mediterráneo. 
¿Cuál era su objetivo político y económico? 
El marco era muy claro. 
En estos últimos años hemos advertido una creciente tensión por parte de los países del sur del Mediterráneo a causa, como ellos decían lisa y llanamente, de nuestra supuesta preferencia por el Este. 
He explicado que efectivamente la historia nos ha obligado a esta ampliación inmediata, pero que era mi deber poner en marcha lo antes posible una estrategia para el Sur. 
Así lo hemos hecho. 
El Banco podía ser, como se dice, simplemente un fondo o una línea de crédito, o sea, un fondo destinado a esta región o bien un verdadero banco. 
Un banco propiamente dicho tiene más autonomía, más capacidad de intervenir en el sector privado, más flexibilidad y, sobre todo, puede realizar mejor la tarea de educar, de hacer trabajar conjuntamente a los dirigentes de los países del sur del Mediterráneo con nuestra gente. 
En consecuencia, hemos optado por un banco, pero hemos recogido cuál es su preocupación, Señoría, la preocupación de todas las personas aquí presentes y de los Estados miembros, o sea, la de no crear una burocracia y un nuevo banco de la nada, toda vez que ya existe un Banco Europeo de Inversiones que opera- de forma extraordinaria- para 9 millardos de inversiones en el sur del Mediterráneo. 
Debemos decir que no existe ninguna insolvencia, a excepción de las inversiones hechas en Gaza, pero ustedes comprenderán por qué hay insolvencia en estos casos. 
Queremos aprovechar esta experiencia, y por lo tanto, la propuesta de la Comisión es un banco, cuya mayoría, sin embargo, esté en manos del Banco Europeo de Inversiones, de la Comisión, de los distintos países accionistas y, sobre todo, de los países del sur del Mediterráneo que, evidentemente, comenzarán con una pequeña participación, pero que después aumentarán su presencia en el propio banco. 
Por lo que se refiere a su última pregunta, creo que la Comisión no necesita explicar al Parlamento lo que ha hecho. 
Ha cumplido con coherencia sus obligaciones, los mandatos que tenía y la necesidad de dar rápidamente la alerta cuando los números así lo exigían. 
Nosotros no hemos hecho ninguna evaluación especial. 
Nos hemos ajustado a la que es nuestra gran obligación, o sea, cumplir los mandatos que tenemos conferidos. 
Y así lo seguiremos haciendo en el futuro. 
Señor Presidente, una queja y tres mensajes. 
La queja es que somos unos especialistas en devaluar los debates importantes. 
Este es el debate más importante para el trabajo del Parlamento Europeo en el próximo año y lo estamos resolviendo como una cuestión de trámite y un debate a ojeo. 
Me parece que somos un desastre y que las cosas no deben hacerse de esta manera. 
En cuanto a los mensajes; en primer lugar, me dirijo a la Comisión. 
Señor Presidente de la Comisión, en diciembre le criticamos, ahora hay que saludar el esfuerzo que ha hecho la Comisión y no me duelen prendas en decir que la Vicepresidenta, Sra. de Palacio, ha contribuido activamente a que tengamos un acuerdo que hace posible el que haya un programa legislativo y un programa de trabajo. 
Usted ha pedido, concretamente, que le apoyemos para tener más funcionarios y más medios de cara a la ampliación. 
Le recuerdo que el Parlamento ya señaló en la Agenda 2000 que no se podía llevar a cabo la ampliación sin modificar las previsiones del año 2000. 
Usted ha añadido Afganistán y otras prioridades. 
Es conveniente que el Consejo lo escuche porque es el más intransigente. 
No está presente ningún representante del Consejo. 
He visto que el Sr. Poettering, en un alarde de generosidad, no ha aplicado la doctrina Poettering; supongo que si viene el Secretario de Estado la aplicará, dirá que tiene que ser un ministro. 
Pero, en cualquier caso, es importante que el Consejo también escuche este mensaje de la Comisión. 
Cuenta usted con nuestro apoyo. 
Señor Presidente, no voy a entrar en detalle en cada una de las cuestiones porque todas son muy importantes y hay una línea de convergencia. 
Un último punto, en relación con la Convención, estamos de acuerdo; saludo también el que usted haya dicho que fue una iniciativa conjunta del Parlamento y de la Comisión. 
Esta mañana he leído unos titulares en un periódico italiano importante donde se decía que había sido usted sólo. 
Me alegro de que usted haya desmentido a la prensa italiana señalando que ha sido un esfuerzo conjunto. 
El Parlamento, señor Presidente, quería algo como la Convención antes de la Carta de Derechos fundamentales, después y ahora. 
Creo que es muy importante. 
Señor Presidente de la Comisión, ustedes son los guardianes de los Tratados, mi pregunta concreta es: ¿está dispuesto a ejercer su facultad de iniciativa en la Convención para poder preservar y fortalecer el método comunitario? 
. (IT) Una rápida respuesta a una rápida pregunta. 
Le agradezco, señor Barón, su opinión favorable respecto a nuestra dinámica. Por otra parte, en un debate anterior le dije que mi modelo de dinámica era el del motor diesel, y los motores diesel tienen una puesta en marcha lenta pero luego funcionan a régimen y siguen funcionando durante años. 
El problema de la flexibilidad presupuestaria es un problema que reviste gran importancia. 
No podemos confundir la necesidad de rigor y la obligación de control que ustedes tienen ni la obligación que la Comisión tiene de someterse a su control, ya que éste es el fundamento de la legitimidad democrática, con el hecho de no tener en cuenta los nuevos grandes acontecimientos, los cambios en la flexibilidad. 
Éste es una cuestión de adaptación que debemos tratar de resolver juntos. 
Debemos llegar a dominar realmente las necesarias alteraciones presupuestarias que se demuestran, debaten y comparten. 
Ésta es nuestra postura. 
En lo que se refiere al esfuerzo conjunto y a lo mencionado en los periódicos italianos, yo no dije que había sido yo sólo sino que en la mañana de la conferencia de prensa estuve solo, y le garantizo que estaba realmente solo, porque estaba entre Chirac y Jospin, con los periodistas enfrente, y le aseguro que nadie en ese momento se atrevía a proponer la Convención. 
Lo cierto es que el Parlamento- esto está claro- ya la había propuesto, habíamos luchado, pero parecía un proyecto totalmente irreal. 
Sólo los acontecimientos negativos han convertido esta posibilidad en evidente y hemos podido seguir adelante. 
Creo que de no haber existido esa crisis, ahora no tendríamos la Convención. 
Estoy convencido de ello porque también la crisis es un enseñanza. 
En cuanto a la facultad de iniciativa, lo cierto es que ésta es la gran característica que diferencia las Instituciones comunitarias de las demás y es nuestro compromiso. 
Defenderla, como usted ha dicho, y reforzarla es muy importante, pero también debemos adaptarla, modernizarla y armonizarla con los trabajos del Parlamento, porque la facultad de iniciativa no es algo que se usa en contra: la facultad de iniciativa es el motor del funcionamiento de las Instituciones. 
La debemos utilizar de forma absolutamente responsable: éste es nuestro objetivo. 
... 
Y que le pusiera un turbo al motor diesel. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, ustedes se han referido a asuntos importantes. 
Sería conveniente desarrollar este debate en el futuro. 
Espero que podamos hacerlo dentro de algunas semanas y que se incluyan propuestas más detalladas en relación con las prioridades. 
Permítanme dar las gracias especialmente a la señora de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión, por las colaboraciones al nuevo procedimiento. 
Ahora contamos con un calendario y con nuevos procedimientos para alcanzar una mejor cooperación entre la Comisión y el Parlamento en relación con el programa anual de trabajo y de legislación. 
Este sistema funcionará muy bien, permitiéndonos mejorar los procedimientos, hacer seguimientos, etcétera. 
Supongo que las comisiones parlamentarias iniciarán conversaciones con los respectivos miembros de la Comisión dentro de poco tiempo. 
Estos trabajos son un importante elemento para la reforma de nuestras instituciones, tanto el Parlamento como la Comisión. 
Quisiera preguntar al Presidente de la Comisión cómo piensa continuar los trabajos en relación con el Libro Blanco sobre la gobernanza europea que se publicó en marzo del año pasado. 
En la Convención se discutirán muchos de los temas que conciernen a la democracia y al futuro de Europa, pero también hay asuntos "cotidianos" que caben en el apartado de "gobernanza", como, por ejemplo, la mayor apertura, la simplificación de los procedimientos y la mayor participación de los ciudadanos. 
Me pregunto si usted puede decir algo sobre este tema. 
. (IT) La respuesta a una pregunta de este tipo puede ser muy breve. 
Entre otras cosas, estamos trabajando precisamente en estos temas junto con el Parlamento Europeo en un grupo interinstitucional. 
Los progresos que hemos realizado han sido muchos y ampliamente reconocidos y sobre todo hemos planteado este problema de la transparencia de forma coordinada con el Parlamento. 
Lo cierto es que los grandes cambios de las reglas los podremos hacer sólo de acuerdo con la Convención, pero le puedo asegurar que el estilo ha cambiado. Las reglas las tendremos que cambiar juntos. 
Señor Presidente, ¡yo le agradezco su compromiso! 
Usted ha dicho que, en el momento de establecer el mandato de la Convención, debemos decidir qué tipo de sociedad deseamos y qué necesitamos para conseguirla. 
Mi pregunta es: ¿debe ser una sociedad donde el mercado lo regule todo, incluidos los asuntos sociales? 
¿O debe ser una sociedad en la que también se siga defendiendo y manteniendo de manera duradera la justicia social, y la propia sociedad la asuma y se responsabilice de ella? 
¿La Europa del siglo XXI debe seguir siendo una Europa solidaria, no sólo en el marco de la propia Unión Europea, sino también, por ejemplo, por medio de la cooperación con los Estados que, no sólo se van a adherir a la Unión Europea sino que, independientemente de ello, no dejan de ser europeos, aunque todavía no sean miembros? 
. (IT) Aquí estamos abordando un problema de capital importancia al que he de reconocer que todos nosotros en Europa no hemos prestado la suficiente atención. 
Está claro que todos estamos comprometidos en una batalla que ve a la inmensa mayoría de nosotros bastante unidos- liberalizar los mercados, unificar las reglas, eliminar incrustaciones, eliminar monopolios, eliminar privilegios, operaciones ciertamente muy importantes -, sin embargo, y aquí me sumo a la preocupación de su Señoría, también nos encontramos ante una situación, sustancialmente en todos los países europeos, de aumento de las disparidades. 
Estos son datos de hecho, datos estadísticos. 
No estoy ni condenando ni emitiendo juicios. 
Por esto, creo que es indispensable retomar un debate, reanudar una reflexión sobre estos temas porque el modelo europeo ha dicho siempre algo respecto al problema de la justicia, al problema de la solidaridad y no sólo respecto al problema de la eficacia. 
No cabe duda de que si renunciamos a esto, daremos al traste con el modelo europeo. 
Sin embargo, estamos dando algunos ejemplos de solidaridad. 
La ampliación es un unicum, el único caso en el mundo en que se unen unos países, unas realidades que tienen diferencias económicas de uno a cuatro. 
Me gustaría que en el mundo hubiese alguien que intentara hacer algo parecido a lo que nosotros estamos tratando de hacer. 
Ésta es una prueba concreta de solidaridad. 
Hemos de seguir adelante en esta dirección pero, repito, no nos podemos conformar con esa escasa atención que ahora todos nosotros en Europa estamos prestando a estos grandes temas de la solidaridad y del equilibrio social. 
Estos merecen una reflexión mucho más profunda en este período en que, por el contrario, tal vez triunfa un excesivo pensamiento único respecto a estos temas. 
Señor Presidente, la ampliación nos plantea unas tareas francamente interesantes. 
Yo creo que para la población también es importante que construyamos puentes visibles. 
Un ejemplo sería el puente entre Viena y Bratislava. 
Yo creo que también deberíamos empezar a construir puentes que sean visibles en la práctica en el contexto del programa de las redes transeuropeas. 
Yo quisiera pedirle a la Comisión que haga cuanto esté en su mano para que la población también pueda ver que se está afianzando el futuro de Europa con la construcción de estos puentes. 
. (IT) No solo es preciso crear estos puentes visibles, sino también reconstruir los que fueron destruidos. 
En efecto, no olvidemos que el Danubio se ha reabierto, pero con pontones y otros remedios parciales a las destrucciones de la guerra, unos remedios que permiten una reanudación sólo parcial del tráfico. 
Por lo tanto, no solo no hemos hecho progresos, sino que hemos dado unos objetivos pasos atrás. 
Creo que deberemos prestar una cantidad de atención y de medios distinta de la que hemos prestado hasta la fecha. 
Señor Prodi, no deseo hablar sobre lo que han decidido hoy, sino más bien sobre algo que hoy no han decidido. 
Me refiero a la directiva sobre los trabajadores de las agencias de trabajo temporal, que lleva ya mucho tiempo en preparación. 
Me siento decepcionada porque el Parlamento lleva esperando desde el pasado verano que esta propuesta llegue a la mesa y me resulta algo embarazoso, porque parecía que estaba prácticamente terminada y lista para su publicación, pero el Financial Times del pasado lunes publicaba un artículo muy crítico sobre la misma. 
Parecería que la Comisión estuviera cediendo ante las fuertes presiones y aplazando una vez más la decisión, por lo que me gustaría preguntarle si realmente le impresiona este tipo de campañas de la prensa y cuándo tiene previsto emitir la propuesta. 
Creo que la propuesta encaja perfectamente en la Cumbre de Barcelona y debería ser presentada antes de dicha cumbre. 
Permítame recordarle asimismo que el Consejo de Asuntos Sociales de la semana próxima ya ha establecido su orden del día. 
. (IT) Francamente, señor Van den Burg, la agenda no la hacemos leyendo los diarios económicos: la agenda la tratamos de hacer nosotros. 
Desde hace tiempo hemos establecido en nuestro calendario que el 20 de marzo debatiremos este tema del trabajo interino: el 20 de marzo porque necesitábamos afinar algunos aspectos técnicos, ya que, como usted sabe, no hay soluciones en el aspecto general, sino en algunos aspectos específicos que inciden en el coste y en la prestación en los distintos Estados europeos. 
Por lo tanto, hace casi un mes, cuando fijamos nuestra agenda, nos dimos tiempo hasta el 20 de marzo, también porque no estaba previsto incluir esta cuestión en el calendario de Barcelona. 
En cualquier caso, en la primera sesión de la Comisión después de Barcelona abordaremos este asunto. 
Señor Presidente, me parece plenamente justificado que, de cara al próximo año, la Comisión dedique especial atención a la ampliación y la situación de emergencia en países como Afganistán. 
Ahora bien, mi pregunta a la Comisión es: ¿cómo piensa financiar estas acciones? 
¿Tiene previsto financiarlas en el marco de las rúbricas 4 y 5, o sea, mediante transferencia de los fondos? 
¿Considera la Comisión que obtendrá fondos adicionales a partir de otras rúbricas presupuestarias o piensa romper por completo con las perspectivas financieras y presentar un presupuesto totalmente nuevo para el año que viene? 
. (IT) Voy a dar una respuesta telegráfica y después la Sra. Schreyer entrará en los detalles. 
Hemos presentado un documento sobre la ampliación en el cual respetamos los límites previstos en la agenda de Berlín. 
Hemos hecho enormes sacrificios y también hemos creado algún descontento en los países que deben entrar, pero la transferencia de recursos es fundamental porque transferiremos a los nuevos países el 4% de su renta nacional cada año, que es una transferencia muy abultada y sin precedentes. 
Y ahora paso la palabra a la Comisaria, Sra. Schreyer, que les explicará en detalle las rúbricas objeto de estas operaciones. 
Señor Presidente, respondiendo a la pregunta del diputado Mulder: en 2003 también se volverá a requerir, naturalmente, un elevado presupuesto para la política exterior, porque también aumentan las exigencias a las que debe responder la política europea. 
Podremos financiar con cargo a la política exterior los créditos necesarios para Afganistán, conforme al compromiso adquirido en la conferencia de donantes de Tokio. 
Sin embargo, es posible que también tengamos que responder a nuevas exigencias, por ejemplo en el caso de Chipre. 
Si se consigue iniciar realmente un proceso político que conduzca a la adhesión de Chipre a la Unión en 2004, esto significará que en 2003 tendremos que poner a disposición ayudas para la preparación de la adhesión. 
Lo cual también supondrá- y yo así lo espero- una nueva exigencia. 
El Consejo ha decidido destacar una fuerza policial en Bosnia a partir del 1.1.2003, en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común, y esto también impondrá nuevas exigencias al presupuesto europeo. 
Yo creo que deberíamos trabajar conjuntamente sobre este tema, que deberíamos decirnos que sí, que también queremos disponer de una financiación común para una parte de este empeño, puesto que se trata de una acción común, y también deberíamos decirlo claramente. 
Señor Mulder, ayer tuvimos oportunidad de tratar esta cuestión. 
La Comisión ha propuesto, en efecto, un nuevo instrumento financiero para las intervenciones en situaciones de crisis y es una satisfacción para mí que ésta recibiera muchas manifestaciones de apoyo en el Parlamento Europeo. 
Tal vez, logremos convencer conjuntamente al Consejo de que la financiación comunitaria de un instrumento de estas características sería la respuesta adecuada. 
Señor Presidente, yo quisiera decir unas palabras sobre el banco mediterráneo. 
Yo acojo con satisfacción la profundización y concreción del proceso de Barcelona. 
No logro comprender- y le ruego que vuelva a ofrecernos una respuesta concreta- por qué se han decidido en contra de dicho mecanismo, cuando éste habría permitido poner de manifiesto este mismo año nuestro compromiso a favor de una política mediterránea activa, mientras que un banco o una filial requieren más tiempo- ya lo experimentamos con la fundación del banco para la Europa oriental- antes de que puedan entrar en funcionamiento. 
También es una alternativa mucho más costosa desde el punto de vista del personal y de la dotación de recursos. 
Por otra parte, ¿han resuelto acaso la parte política del problema? 
Si necesitamos socios de los Estados árabes- allí ya hay muchos fondos, de manera que seguro que todos ellos no participarán -, ¿qué se proponen hacer si Israel también desea participar en el banco? 
¿No le parece que su fundación ya está lastrada de entrada y no sería preferible impulsar, por lo tanto, un mecanismo capaz de demostrar a todo el mundo la firmeza del compromiso de la Unión Europea a favor de la política mediterránea? 
Una última pregunta: ¿Cuándo se propone enviar la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados- que también debe velar por que todos los Estados miembros respeten la Comunidad de Derecho que es Europa -, una nota de advertencia a los Estados miembros que ponen en entredicho la legalidad? 
. (IT) Señora Randzio-Plath, le doy las gracias por haber vuelto a abordar el tema del Banco del Mediterráneo, pues entiendo que hay que aclarar algunos aspectos. 
Usted ha hecho directamente la comparación con el BEI, y es precisamente para evitar esa larga gestación del banco que hemos optado por una estructura en que el Banco Europeo de Inversiones ostenta la mayoría. 
El BEI tiene 9 millardos de euros invertidos en la zona, cuenta con expertos y tiene una tradición. 
En estos días he mantenido contactos casi a diario con el Presidente Maystadt con relación a este tema para profundizar los aspectos técnicos de la cuestión. 
Por su parte no tienen problemas ni dificultades y están preparados para ponerse en marcha rápidamente. 
Entre otras cosas, en mi discurso de hace un rato he subrayado que no existen insolvencias. 
Señoría, ¿por qué he mencionado esto? 
Porque, a mi modo de ver, esto demuestra que el BEI anda con los pies de plomo y es muy prudente en seguir esta política; sin embargo, al mismo tiempo, aparte de la línea de crédito, podemos iniciar operaciones que hasta ahora no hemos puesto en marcha: podemos ser mucho más activos en el sector privado y colaborar con los bancos locales, regionales y nacionales, a fin de multiplicar nuestra acción, esto es, podemos realizar un tipo de actividad muy diferente. 
Asimismo esta estructura da en parte una respuesta también a su segunda pregunta. 
Constato- y repito que aún estamos en la etapa de propuestas de la Comisión, por lo tanto, profundizaremos el problema- que los países de la orilla sur del Mediterráneo parecen estar conformes con una estructura con la que pueden estrechar lazos y trabajar juntos, así como participar en el accionariado e incluso en el consejo de administración. 
Es decir, hemos encontrado esta fórmula de compromiso de modo que exista una colaboración activa y responsable por parte de estos países- participan en los consejos de administración y desempeñan un papel activo -, pero al mismo tiempo pueden aprovechar la experiencia del BEI, con la que todos nosotros podemos contar. 
Está abierto a los países del sur del Mediterráneo, pero no hemos afrontado los problemas específicos porque serán objeto de un debate político con el Consejo, ni tampoco el discurso que se puede plantear en el futuro con los terceros países. 
Por ahora creo que es justo empezar así: Europa-orilla sur del Mediterráneo, empezar a trabajar y ver hasta dónde puede llegar la apertura. 
Le puedo asegurar, sin embargo, que también nos hemos planteado los problemas de coordinación con el Banco Mundial que ya opera en este ámbito: el Banco Mundial, no obstante, que tiene inversiones de casi una cuarta parte del BEI, emplea las cuatro quintas partes de sus recursos en un único país, Turquía, es decir, no desarrolla una actividad de carácter general en el Mediterráneo, y el Banco Africano actúa en todo el Mediterráneo pero con una dimensión irrelevante. 
La responsabilidad del desarrollo de nuestro banco será absolutamente vital y la opción consiste en el equilibrio entre la innovación y la prudencia. 
Señor Presidente, en primer lugar un comentario sobre la Convención que arranca mañana con un borrador de reglamento que es absolutamente inaceptable. 
El Sr. Giscard quiere decidir si las propuestas procedentes de los países miembros son suficientemente buenas para ser traducidas y debatidas. 
Todos los miembros deben tener derecho por supuesto a presentar propuestas, a hacer que sean traducidas e incluidas en el orden del día y por último a que sean sometidas a votación. 
Hoy en la delegación hemos recibido el quinto borrador de reglamento. 
No conocemos los cuatro primeros y por ello quiero pedir a nuestro propio Presidente que se asegure de que a partir de ahora recibamos todos los documentos con la misma celeridad con la que llegan al Parlamento. 
Y al Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi. 
Veo que la Comisión es contraria a un catálogo de competencias que pueda limitar la actividad de la Unión Europea. 
A este respecto me gustaría preguntarle al Sr. Prodi si al menos no se prepararán las negociaciones en la Convención mediante la presentación de propuestas sobre qué podría ser devuelto a los Estados miembros si, por ejemplo, nos viéramos obligados a dividir por la mitad la cuantía legislativa. 
La elaboración de un catálogo de competencias presupone conocimientos de cada uno de los ámbitos de actuación, unos conocimientos con los que sólo cuentan la Comisión y los gobiernos nacionales. 
Y por último, sólo dar las gracias al Sr. Prodi por que dos años después de la resolución podemos recibir los órdenes del día y las actas de las reuniones de la Comisión. 
. (IT) Señor Bonde, no he entrado sobre la cuestión de las competencias. 
Sólo he dicho que primero hemos de establecer qué es lo que debemos hacer juntos y después el discurso sobre el funcionamiento de las instituciones se desprende por sí solo. 
Considero que lo más importante es qué hará la Unión en el futuro, qué papel quiere desempeñar en el mundo globalizado y, en consecuencia, qué funciones tienen que llegar a ser comunitarias para alcanzar estos objetivos. 
En un momento posterior llegaremos al discurso sobre las competencias que está claro que se basará ante todo en un discurso sobre la subsidiariedad que no queremos quebrantar en absoluto y que también nos sirve de guía para lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. 
Quiero expresar mi agradecimiento al Presidente de la Comisión y a la Comisaria Sra. Schreyer por su asistencia con esta comunicación esta tarde. 
Permitan que recuerde a los colegas que esta comunicación nos ha brindado la posibilidad de conocer aquí hoy por primera vez la estrategia general de la Comisión. Esta comunicación no sustituye ni desplaza el debate previsto para el 20 de marzo. 
Dicho debate incluirá la participación del Consejo de Ministros y de la Presidencia en ejercicio. Eso no estaba previsto para esta sesión. 
Una comunicación de la Comisión seguida de preguntas nunca da lugar a un debate completo ni tampoco es habitual que el Consejo asista a la misma, y me gustaría que el Acta así lo recogiera. 
Señor Presidente, yo sólo quiero hacer una breve observación. 
La Sra. Karen Fogg es la representante de la Comisión de la Unión Europea en Turquía. 
En este momento se encuentra en una situación muy difícil, pues su correspondencia electrónica no sólo fue interceptada y leída, sino que además también se publicó en un diario y sólo con gran dificultad se ha logrado persuadir a Turquía para que impida esta práctica. 
Puesto que esto afecta también a los contactos entre la representante de la Comisión de la UE y el Parlamento, yo le ruego, señor Presidente, que advierta a Turquía de que no podemos admitir que esto suceda y esperamos que Turquía adopte todas las medidas necesarias para aclarar si fue obra del servicio secreto o de quién sea, y evitar que se publiquen en la prensa mensajes electrónicos privados u oficiales. 
-Señor Swoboda, permítame señalarle que ya la semana pasada, consciente de la gravedad de este asunto, hablé personal y directamente con el Embajador turco ante la Unión Europea y le transmití esta preocupación, que estoy seguro de que comparte toda la Asamblea. 
Señor Presidente, hace unos instantes pedí la palabra para una cuestión de observancia del reglamento. 
Esto es lo que hubiera querido decirle: 
Señor Presidente, hace unos días el Gobierno Pastrana, explotando un supuesto secuestro aéreo que las FARC habían denunciado y declarado que no guardaba relación alguna con ellos, interrumpió las negociaciones y empezó a bombardear despiadadamente la zona desmilitarizada, poniendo en práctica de esta manera el plan Colombia de los Estados Unidos, que aspira a acabar con las FARC y a solucionar militarmente el problemas en detrimento de los intereses del pueblo de Colombia. 
No hay duda de que, tal como prevé el plan americano, después de los bombardeos que siembran la muerte, llegarán los grupos paramilitares para completar la matanza. 
Así pues, señor Presidente, quisiera pedirle que junto con su intervención para la liberación de la candidata verde, solicite al Gobierno Pastrana que ponga fin a los bombardeos, que ponga en libertad a los cientos de miembros de las FARC que están retenidos en condiciones inhumanas, así como a sus tres compatriotas irlandeses que se hallan en las mismas condiciones. 
Y que solicite también la reanudación de las negociaciones para solucionar pacíficamente los problemas. 
Ésa ha sido, naturalmente, la primera declaración con la que he abierto la sesión de hoy y he hecho precisamente ese llamamiento. 
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de los Sres. Pasqua y Marchiani 
(EN) Señor Presidente, en estos casos que nos ocupan se hacen acusaciones muy graves contra dos diputados al Parlamento, acusaciones que se recogen en la primera página de la exposición de motivos de mi informe, cuya lectura recomiendo a la Asamblea. 
Los procedimientos se incoaron en julio de 2000, por comercio ilícito de armas, tráfico de influencias, apropiación indebida, abuso de confianza y receptación. 
Se trata de la venta de armas a varios países africanos, infringiendo la legislación francesa relativa al comercio de armas, mediante empresas a través de las cuales se efectuaron numerosas transferencias, e incluso entregas en metálico, a toda una serie de personalidades. 
Se han presentado cargos contra el Sr. Pasqua, aunque no contra el Sr. Marchiani, por financiación ilegal de campaña electoral por aceptación de donaciones y por financiación de la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo no conforme con las disposiciones del artículo L 52.8 del Código Electoral. 
Habida cuenta de estos cargos, el primero relativo al comercio ilícito de armas, etcétera, contra el Sr. Pasqua y el Sr. Marchiani y el segundo sólo contra el Sr. Pasqua, los jueces de instrucción solicitan la suspensión de la inmunidad parlamentaria de estos dos caballeros para poder imponerles medidas de control judicial. 
Se trata de prohibirles entrar en contacto con diferentes testigos o coinculpados en estos procedimientos y viajar a determinados países, así como imponerles, si procede, el pago de una fianza. 
Este auto de comunicación fue transmitido, en primer lugar, al Fiscal de la República, a nivel del Tribunal de primera instancia, a continuación, el fiscal lo remitió al Tribunal de Apelación de París, quien a su vez lo transmitió al Ministro de Justicia, que finalmente lo remitió al Parlamento Europeo. 
Cabe observar que en el Tribunal de primera instancia, el Fiscal de la República da su total apoyo a la solicitud de control judicial formulada por los jueces de instrucción, al tiempo que hace hincapié en la gravedad y el carácter de los hechos objeto de la actuación judicial, y la califica de necesaria en su principio. 
No obstante, el Fiscal General consideró en el Tribunal de Apelación que, y cito textualmente: "contrariamente a la apreciación expresada por el anterior fiscal, el presente suplicatorio de suspensión de la inmunidad exige ciertas reservas". 
Por una parte, la medida de control judicial solicitada no precisa qué países deberían ser objeto de la prohibición de visita de los procesados y, por otra, a raíz de una sentencia del Tribunal de Casación, una sentencia de remisión del Tribunal de Apelación debe determinar todavía el perímetro del procedimiento que quedará salvaguardado en definitiva. 
El Ministro de Justicia, por otra parte, presentó el suplicatorio de suspensión de la inmunidad, junto con los escritos de transmisión del Fiscal de la República y del Fiscal General, sin hacer ningún tipo de comentario al respecto. 
Ésta es la situación en la que debemos tomar una decisión. 
Quiero decir, en primer lugar, que los hechos imputados a estos diputados al Parlamento Europeo son graves. 
Nuestro Reglamento establece categóricamente que no podemos formarnos una opinión en ningún sentido sobre el fondo de la cuestión, y que los diputados gozan de la presunción de inocencia. 
El Fiscal de la República en Francia tiene derecho a continuar el procedimiento en virtud de la ley, y el Parlamento no toma parte en este asunto. 
Son delitos graves y su naturaleza, en circunstancias ordinarias, no atraería la inmunidad parlamentaria porque no guardan relación con las actividades ordinarias y propias de un diputado a este Parlamento, ni de un político en ejercicio en una sociedad democrática. 
Es importante que yo reconozca que ambos diputados claman enérgicamente su inocencia y denuncian lo que consideran aspectos abusivos en el enjuiciamiento. 
No obstante, por la naturaleza del caso, no puedo adoptar una opinión y el Parlamento no debería adoptar ninguna opinión sobre estas cuestiones. 
El presente suplicatorio de suspensión de la inmunidad, por consiguiente, no se refiere a la cuestión de saber si se puede continuar el procedimiento con arreglo a la ley francesa. 
En virtud del artículo 10 del Protocolo de 1995, en este caso no existe inmunidad para un miembro de la Asamblea Nacional Francesa ni, por consiguiente, para un diputado francés al Parlamento Europeo de cara a un enjuiciamiento por cargos de esta naturaleza. 
La cuestión de la inmunidad y el suplicatorio de suspensión de la inmunidad sólo se refieren a la cuestión de saber si se pueden tomar medidas de control judicial que limiten la libre circulación de los diputados al Parlamento Europeo o su libertad de ponerse en contacto con otras personas. 
Quisiera recordar a todos los colegas el hecho de que si existen libertades que son de vital importancia para el ejercicio del cargo de representante público, especialmente en un Parlamento de esta naturaleza, la libertad para comunicarse con otros ciudadanos y con los ciudadanos de otros países, y la libertad para poder circular libremente es de importancia decisiva y parte integral del ejercicio del cargo. 
El presente suplicatorio de suspensión de la inmunidad presenta, en su forma actual, una imprecisión inaceptable, y es más, los documentos sobre el caso parecen indicar que no se ha tenido en cuenta la recomendación de que sólo se tramitase el suplicatorio de suspensión de la inmunidad sobre la base de una declaración más específica sobre los lugares y las personas implicados. 
Hay otro aspecto de este asunto que, lamento decir, despierta la sospecha de que las condiciones del libre debate parlamentario no han propiciado precisamente el enjuiciamiento, a saber, el hecho, revelado en el transcurso del presente examen, de que el fiscal pidiera en cierta ocasión a nuestra Presidenta, su antecesora en el cargo, detalles sobre el sentido de la votación de estos dos diputados con el fin de estudiar la posibilidad de acusarles de haber ejercido influencia indebidamente. 
El artículo 9 del Protocolo, como la Presidenta Fontaine recordó con rigor al fiscal, nos exime por completo de toda actuación judicial en relación con cualquier expresión de opinión en una votación celebrada en cumplimiento de nuestro ejercicio como diputados a este Parlamento. 
En semejantes circunstancias, la Comisión de Asuntos Jurídicos propone, y yo respaldo plenamente su punto de vista, que se rechace el suplicatorio de suspensión de la inmunidad transmitido por el Ministerio de Justicia en la forma en que ha sido presentado al Parlamento Europeo. 
Espero que la decisión, junto con la exposición de motivos, sean transmitidas si el Parlamento les da su aprobación. 
Es posible que este asunto no termine aquí, pero en la forma en que lo hemos recibido, este suplicatorio de suspensión de la inmunidad era, en opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, inaceptable y recomiendo a la Asamblea dicha opinión. 
Señor Presidente, yo no voy a agotar mis dos minutos. 
El Grupo del PPE comparte la opinión del ponente y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Nosotros también nos oponemos a la suspensión de la inmunidad. 
La primera es que se trata de un informe sobre una cuestión grave. 
En primer lugar, porque los hechos de los que se acusa son graves, y en segundo lugar porque se trata de la libertad de hombres, de la libertad de diputados. 
Este informe me sugiere cuatro observaciones. 
En primer lugar, existe con toda evidencia un debate en cuanto a la finalidad del suplicatorio de inmunidad parlamentaria que no es comprendido por la opinión pública, que lo vive como un privilegio cuando no debería serlo. 
Creo que este debate debe producirse sobre todo cuando la opinión no lo comprende y porque se trata de hechos especialmente graves y especialmente señalados. 
Dicho esto y sea como sea, en un Estado de derecho debe respetarse estrictamente el procedimiento y nosotros debemos velar para que estos asuntos se valoren con arreglo a derecho y hemos de velar igualmente por el estricto respeto de los procedimientos. 
Tercera observación: la mediatización de los procedimientos no es compatible con una justicia serena ni con las exigencias de una justicia serena. 
Finalmente, la última observación es que la Europa de los Derechos Humanos no se ha realizado evidentemente, que no hay habeas corpus en Francia, aunque se hayan conseguido importantes progresos, especialmente gracias al impulso del Gobierno de Lionel Jospin en materia de presunción de inocencia. 
Falta que, con 125 suicidios por año en las prisiones, Francia ha abolido quizá la pena de muerte pero no la ha suprimido. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Profesor MacCormick, por los esfuerzos realizados en la elaboración de estos dos informes tan difíciles y polémicos. 
No obstante, me gustaría hacer dos observaciones, en particular, relativas a estos suplicatorios. 
En primer lugar, se insinúa, aunque quizá de manera no explícita, un caso de injerencia política en el funcionamiento judicial de la investigación de estos supuestos delitos cometidos por el Sr. Pasqua y el Sr. Marchiani y, en segundo lugar, la filtración a los medios de comunicación ha sido constante, lo que obstruye e interfiere en el debido recurso a la justicia y la investigación. 
Existe una antigua máxima en el ordenamiento jurídico británico que dice justice delayed is justice denied [justicia retrasada es justicia negada] , y esta causa se ha alargado una y otra vez. 
Se ha hecho una mala interpretación, intencionada o no, del Reglamento de este Parlamento para dilatarla aún más, y literalmente debido a que alguien es candidato a unas elecciones o a las próximas elecciones en Francia, se está utilizando este asunto como si de un palo se tratara con el que atizarles. 
Por consiguiente, debemos estar de acuerdo con la opinión del ponente y de la Comisión de Asuntos Jurídicos en que el modo en que se ha presentado este procedimiento es incorrecto y que no debemos levantar la inmunidad y debemos recomendar el informe a la Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Consejo Europeo de Barcelona 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los trabajos preparatorios del Consejo Europeo de Barcelona 
el informe (A5-0030/2002) del Sr. Bullmann, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la reunión del Consejo Europeo de la primavera de 2002 
el informe (A5-0021/2002) del Sr. Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre las consecuencias económicas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
las preguntas orales (B5-0006/2002 y 0007/2002) de la Sra. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, al Consejo y a la Comisión respectivamente sobre la estrategia de desarrollo sostenible con vistas al Consejo Europeo de Barcelona. 
Señor Presidente, señoras. y señores. Diputados, quisiera agradecer al Parlamento Europeo la oportunidad que me brinda de comparecer ante el Pleno. 
Ya lo hice ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el pasado 7 de enero, y es para mi un placer poder presentar las prioridades económicas y financieras para el semestre de la Presidencia española, y en especial, como ha dicho la Presidencia, las que se refieren a la Cumbre de Barcelona. 
Se han producido desde el 7 de enero, fecha en que comparecí ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, avances importantes en algunos aspectos, como son los acuerdos entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, respecto a la armonización de los servicios financieros. 
Quiero agradecer, en nombre de la Presidencia en ejercicio, los esfuerzos realizados por los Grupos parlamentarios, especialmente por la Comisión de Asuntos Constitucionales, para llegar a un acuerdo en esta materia. 
Dentro de poco menos de dos semanas, tendrá lugar el Consejo Europeo de primavera que se va a celebrar bajo la Presidencia española en Barcelona, y quisiera ahora, señor Presidente, pasar a exponer cuáles son los principales aspectos que en el terreno económico van a ser tratados en ese Consejo. 
En primer lugar, es indudable que el lanzamiento del euro, sobre el cual se presentará un informe al Consejo de Barcelona, ha resultado un éxito desde el punto de vista no sólo técnico y monetario sino también político, por el respaldo considerable que ha recibido por parte de los ciudadanos de una manera homogénea en toda la Unión Europea, en todos los países euro, y también por los esfuerzos que han realizado para el éxito de la introducción física del euro no sólo el Banco Central Europeo y su excelente plantilla, sino también sectores muy importantes de la sociedad europea, como es el sector financiero y el sector comercial. 
En ese sentido, la sociedad europea tiene una deuda de gratitud con todos aquellos trabajadores y profesionales que han contribuído a que los consumidores y las familias hayan podido entrar en la era del euro con tal facilidad. 
También me parece importante señalar, como hice ya en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo el 7 de enero, que la introducción del euro hay que entenderla como una respuesta, no sólo de aceptación de la moneda única, sino como un elemento de respuesta positiva, por parte de los ciudadanos, a los procesos de integración europea y también a los procesos de reforma y de cambio económico. 
Y, en ese sentido, creo que el eslogan de la Presidencia española, de "más Europa", concuerda perfectamente con el espíritu de aquellos millones de ciudadanos europeos que han aceptado desde el principio la existencia de una moneda única y común para todos nosotros o para los países euro. 
Una de las características que marca el principio del año 2002 desde el punto de vista económico es, sin duda, la desaceleración de la economía europea, más intensa de lo inicialmente prevista y que se manifiesta con crecimientos negativos del producto, incluso con crecimientos negativos del producto en algunas de las grandes economías, y por lo tanto la Cumbre de Barcelona se plantea en un marco en el que el crecimiento potencial de la economía europea- la capacidad de crecer de nuestras economías- se convierte en una de las demandas por parte de los ciudadanos, que deben tener una respuesta por parte del gobierno, del Parlamento Europeo y de la Comisión, en opinión de la Presidencia. 
Creo que, independientemente de la rapidez de la respuesta que ha tenido en algunos momentos las autoridades europeas, como en el caso de los acontecimientos del 11 de septiembre, de lo que no cabe duda es de que desde el punto de vista del crecimiento económico, y dados los buenos fundamentos macroeconómicos de la economía euro, tanto desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, a la que haré referencia más tarde, como desde el punto de vista de las tensiones inflacionistas, es el potencial de crecimiento, en opinión de la Presidencia, la clave indispensable para recuperar la confianza de los ciudadanos europeos en un crecimiento sostenido y estable en el conjunto de la zona. 
En este sentido, será el crecimiento potencial a medio y largo plazo el que consiga un aumento del empleo y logre cifras cercanas al pleno empleo en la Unión Europea, como ponen de manifiesto el informe Bullmann que va a ser discutido en esta misma sesión sobre el Consejo Europeo de primavera, es decir el de Barcelona, junto con el informe Karas sobre la situación económica tras los atentados del 11 de septiembre. 
Por todo ello creo, que el Consejo de Barcelona tiene que subrayar algunos aspectos de coordinación de las políticas económicas, pero sobre todo, los aspectos de reforma estructural. 
Quisiera referirme muy brevemente, señor Presidente, a la coordinación de las políticas económicas de los países de la Unión Europea, y en concreto y en especial en los países euro, y poner de manifiesto que el instrumento esencial de coordinación de estas políticas, junto con el pacto de estabilidad y crecimiento, lo constituyen las grandes orientaciones de política económica que, como sabe muy bien el Parlamento, son aprobadas por el Consejo Ecofin, después de recibir el visto bueno o la aceptación por parte del Consejo Europeo que se celebrará en junio. 
El Consejo Europeo de Barcelona, por lo tanto, orientará, en opinión de la Presidencia, al Ecofin sobre los principales asuntos que deban incluirse en las grandes orientaciones de política económica y estas propuestas formarán parte del Key Issues Paper que la Presidencia va a remitir al Consejo de Barcelona. 
En ese documento de la Presidencia, que se está elaborando en este momento de acuerdo con los resultados de debates informales del Ecofin del mes de febrero y del próximo Ecofin del 5 de marzo, con el conjunto de los países de la zona de la Unión Europea, en este informe, digo, de la Presidencia plantea reforzar la coordinación de las políticas económicas entre los países miembros, y en especial en la zona euro, consolidar los compromisos que garantizan el equilibrio presupuestario, contribuir a la sostenibilidad y calidad de las finanzas públicas, e impulsar, sin duda, el potencial de crecimiento de la economía europea a través de las reformas estructurales. 
Voy a referirme, señor Presidente, especialmente a dos puntos: la coordinación de la política económica y las reformas estructurales. 
Desde el punto de vista de la coordinación de política económica, es indudable que la consolidación del mercado interior y lo que supone una mayor integración e interdependencia del conjunto de las economías de los países miembros pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación de las políticas económicas en el conjunto de la zona y en especial en los países euro. 
Insisto en que las grandes orientaciones de política económica son un instrumento esencial que deben tener una orientación y una dedicación especial a la zona euro, con mayor intensidad que en ocasiones anteriores. 
También dentro de la coordinación de las políticas económicas, existen peticiones que la Presidencia considera muy fundadas, por parte de varios países, que indicaran la necesidad de mejorar y armonizar las estadísticas europeas y los indicadores, tanto macroeconómicos como de reforma estructural, y también hacer un análisis periódico de la policy mix en la zona euro, que garantice que la combinación de políticas presupuestarias y monetarias dentro de la independencia del Banco Central Europeo, coinciden con las necesidades de la economía europea. 
En ese sentido, como ya anuncié el 7 de enero a la Comisión de de Asuntos Económicos y Monetarios, en el Eurogrupo de finales de enero se produjo el primer análisis de la policy mix con un informe tanto del Banco Central Europeo, como de la Comisión, como del Comité Económico y Financiero y con la conclusión de que en estos momentos, la orientación de las políticas macroeconómicas, -tanto monetaria como presupuestaria- en Europa, se adapta a las necesidades del ciclo económico europeo y es intención de la Presidencia española celebrar otro debate específico sobre policy mix antes de finalizar el mes de junio. 
Desde el punto de vista de la coordinación de políticas económicas, no quiero dejar de mencionar la necesidad de mantener los principios de estabilidad macroeconómica y de reducción del déficit público que aseguren la estabilidad de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea, y al mismo tiempo garanticen una evolución de los tipos de interés a medio y largo plazo, que sean compatibles con una recuperación de la inversión y de la confianza empresarial, clave esencial para la recuperación de las economías del conjunto de la zona. 
Desde el punto de vista del compromiso político de los países europeos con el pacto de estabilidad y con los planes de convergencia, quiero reiterar que existe en este momento un compromiso de cada uno de los países miembros para conseguir el equilibrio presupuestario en la fecha prevista del año 2004. 
Además, estamos analizando la sostenibilidad y calidad de las finanzas públicas, analizando los efectos de las pirámides generacionales y del envejecimiento de las poblaciones en cada uno de los países y la Comisión, como es consciente el Parlamento, ha reiterado a los países miembros la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Es precisamente en estos dos primeros meses del año cuando el Consejo Ecofin analiza los programas de estabilidad y convergencia de los países miembros para el año en curso, es decir para el año 2002, y esa revisión se ha producido en las reuniones del mes de enero y del mes de febrero; en esas reuniones han sido aprobadas por unanimidad las recomendaciones de la Comisión sobre cada uno de los programas de estabilidad y convergencia. 
En el caso de aquellos países que se podían encontrar en una situación de mayor desajuste respecto de sus previsiones iniciales, como consecuencia de la desaceleración del ciclo económico en sus respectivas demandas internas, se han producido claros compromisos para el cumplimiento de los objetivos del pacto de estabilidad tanto a corto como a medio plazo. 
En el capítulo de las reformas estructurales, señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Consejo Europeo de Barcelona va a prestar una especial atención a la liberalización y apertura de varios mercados, en concreto me gustaría mencionar tres áreas que van a formar parte del núcleo central del Consejo de Barcelona: las reformas de las industrias de red, la liberalización de los mercados financieros y de capitales y también la reforma de los mercados laborales. 
Paso, señor Presidente, a mencionar las tres en este orden. 
En primer lugar, desde el punto de vista de las reformas de la industria de red, que se refieren principalmente al transporte y a la energía, es indudable que a lo largo de los últimos años se han producido liberalizaciones asimétricas en el conjunto de la Unión Europea que exigen en estos momentos, para adecuar el nivel de liberalización del conjunto de los países de la zona, movimientos en la misma dirección y con la misma intensidad que garanticen, por un lado, la misma situación de liberalización en todos los mercados europeos, y por lo tanto la ausencia de disparidades que puedan afectar al juego de la competencia en el conjunto de la zona, y al mismo tiempo también una política de intercambio o de redes transfronterizas que permita la existencia de un verdadero mercado de oferta y de demanda a nivel europeo, tanto desde el punto de vista de la energía como desde el punto de vista de los transportes. 
El Consejo de Barcelona, según la Presidencia, debe marcar el comienzo de un verdadero mercado de la energía más allá de los límites mínimos planteados en la actual directiva, y ello requiere la adopción de ambiciosos calendarios de liberalización de los sectores del gas y la electricidad para favorecer la libertad de elección de suministrador, especialmente en el mercado de las empresas. 
Tal y como demuestra la experiencia en los países que más han avanzado en sus calendarios de liberalización, estas medidas deben ser compatibles con una mayor calidad de servicio y con una seguridad en el abastecimiento, como corresponde a la calificación de servicio público que tiene el suministro de electricidad en todos los países. 
La liberalización, sin embargo, debe venir también acompañada de instrumentos de medición de la apertura de los mercados homogéneos al conjunto de los países de la zona y también a normas transparentes de acceso a las grandes redes de transporte que garanticen la existencia de una verdadera competencia por parte de terceros que quieran entrar en un mercado doméstico liberalizado. 
Además, el proceso de liberalización, como he dicho, debe ir acompañado de unos objetivos cuantificados para las interconexiones entre las redes de los Estados miembros, y ello requiere la puesta en práctica de las medidas contenidas en el paquete legislativo que ha aprobado la Comisión el pasado 21 de diciembre, incluyendo las propuestas para el desarrollo de proyectos de infraestructura y cambios en el sistema de financiación de las redes transeuropeas de energía. 
Desde el punto de vista del transporte, Señor Presidente, hay dos objetivos desde el punto de vista de la Presidencia para la Cumbre de Barcelona: por un lado, promover el paquete de cielo único para el transporte aéreo, y, en segundo lugar, promover el segundo paquete ferroviario con objeto de introducir competencias la prestación de servicios de forma progresiva, fundamentalmente a lo que se refiere al transporte de mercancías. 
Paso ahora señor Presidente, a referirme a los mercados financieros. 
La culminación del proceso... 
¿Hay costumbre en el Parlamento Europeo, de ofrecer agua al orador? 
Estoy seguro de que podremos cuidar de la Presidencia del Consejo. 
. Muchas gracias, señor Presidente, por la piedad hacia la Presidencia del Consejo. 
No todos los parlamentos son tan amables con el gobierno. 
En cuanto a la reforma de los mercados de capitales y servicios financieros, la Presidencia entiende que la culminación del proceso de integración del sistema financiero europeo es un desafío básico dentro del objetivo general de la Presidencia. 
En ese sentido, los esfuerzos para la creación de un verdadero mercado financiero y de capitales en Europa se cifran en tres grandes áreas: la primera, el logro de un mercado de valores plenamente integrado, es decir, de bolsas europeas plenamente integradas para el año 2003, segunda, la consecución del llamado "Plan de acción de servicios financieros" en la fecha del 2005 y finalmente, la consecución de los objetivos del "Plan de acción de capital-riesgo", esencial para el desarrollo de la financiación de las pequeñas y medianas empresas. 
Estas son, sin duda, ambiciosas metas, señor Presidente, que no pueden alcanzarse- y yo creo que eso lo han entendido todas las instituciones europeas- sin un procedimiento legislativo más ágil y flexible que responda a unos mercados tan dinámicos como los mercados financieros, que además son, como todos sabemos, mercados plenamente globalizados. 
En ese sentido, y siguiendo iniciativas tomadas bajo la presidencia francesa, se puso en marcha un grupo de trabajo presidido por el Sr. Lamfalussy que transmitió sus recomendaciones a las instituciones europeas y que después de un proceso de negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, han dado como fruto acuerdos por los que una vez más, quiero felicitar al Parlamento por su colaboración. 
Creo que las primeras directivas que la Presidencia española tratará de promover, y que se beneficiarán del nuevo marco legislativo, son aquellas en las que ya existe un acuerdo político que se produjo por los impulsos de presidencias anteriores, y especialmente en la Presidencia belga, que yo quiero reconocer aquí. 
La Directiva sobre abuso de mercado es esencial- como es consciente el Parlamento- para garantizar las normas de conducta a la que deben someterse las empresas de servicios de inversión que garanticen la protección de todos los inversores a nivel europeo. 
Asimismo se encuentra en estudio en el propio Parlamento la Directiva sobre garantías financieras, que podría ser aprobada bajo la Presidencia española, y también a ello hay que unir un reglamento sobre normas internacionales de contabilidad, que crearán un marco europeo sobre contabilidad que incremente la transparencia y la comparabilidad de la información en el conjunto de los mercados financieros europeos. 
También en Barcelona debemos avanzar y prestar atención a directivas que, si bien es probable que no sean aprobadas bajo Presidencia española, si van a suponer un avance considerable y podrán ser aprobadas en presidencias subsiguientes; por un lado, la Directiva sobre folletos, que tiene por objetivo la armonización de las obligaciones de transparencia de los emisores; en segundo lugar, la Directiva de conglomerados financieros, que permitirá una regulación prudencial a nivel europeo, tratando de reducir los llamados riesgos sistémicos a través de una mayor cooperación como se establece ya en el informe Brouwer; en tercer lugar, la Directiva sobre fondos de pensiones, que es sin duda esencial para lograr la existencia de un verdadero mercado de fondos de pensiones complementarios en Europa, en beneficio de los trabajadores y del conjunto de los ciudadanos, y que exige un adecuado equilibrio entre las necesidades de los mismos, la seguridad de los inversores, y la libertad para poder diversificar las carteras de estos fondos dentro de un marco de seguridad; y también se está avanzando en otras directivas que esperamos puedan ser impulsadas bajo la Presidencia española. 
Me gustaría señor Presidente, referirme en último lugar, como prioridad del Consejo de Barcelona, a la reforma del mercado laboral en Europa. 
Sin duda, la evolución del empleo en Europa ha sido satisfactoria pero no suficiente, como lo demuestra el hecho de que, en los momentos más altos del ciclo, la economía europea mantiene tasas de desempleo estructural, sensiblemente superiores a las de otras áreas como los Estados Unidos. 
Y también, no cabe duda, que la capacidad de adaptación del mercado laboral a las evoluciones del ciclo económico garantiza la recuperación más rápida de las economías y, por lo tanto, recuperaciones más intensas del empleo en los momentos de crecimiento sostenido o en los momentos altos del ciclo. 
En ese sentido entiende la Presidencia que deben producirse mayores avances en las políticas activas de mercados de trabajo, centrándose en colectivos de difícil acceso al mercado laboral, y también produciéndose reducciones de las cargas fiscales sobre el empleo. 
Ya se han producido avances en esa dirección, pero entendemos que los esfuerzos deben continuar concentrándose, por un lado, en medidas de oferta laboral como son las que se sientan en las bases de una revisión del proceso de Luxemburgo, de manera que tengamos un mejor sistema de incentivos desde el punto de vista de la creación de empleo. 
En cuanto a la demanda de trabajo, debemos promover la actividad de búsqueda de empleo por parte de los desempleados, a través de políticas que hagan fehaciente y obvio que es mejor, desde el punto de vista no sólo individual sino también colectivo, trabajar que estar cobrando un subsidio, tanto desde el punto de vista de la realización personal como desde el punto de vista financiero de cada una de las personas, y también promover esquemas que amplíen la edad de jubilación en todos nuestros países. 
Hay cuestiones concretas como es el aumento de la contratación de mano de obra femenina, la especial atención a las mujeres que tienen hijos pequeños y a sus responsabilidades familiares junto con sus responsabilidades laborales, y también introducir una mayor capacidad de adaptación de las empresas europeas a la evolución de la demanda, pudiendo adaptar sus costes a las situaciones de la demanda europea e internacional, así como un sistema de fijación de salarios que permita, al mismo tiempo que el protagonismo adecuado de los interlocutores sociales, la suficiente flexibilidad y descentralización que dé a las empresas margen para adaptarse a mercados geográficos o sectoriales bien distintos en el conjunto de la economía europea o de la economía globalizada. 
La movilidad es también uno de los desafíos, no sólo a nivel europeo sino a nivel nacional, y especialmente a nivel regional, y creo que ahí, políticas de búsqueda de las mejores prácticas y de comparación entre las políticas de cada uno de los países, son medidas imprescindibles desde el punto de vista de lo que debemos impulsar en Barcelona. 
Todas estas cuestiones relacionadas con el mercado laboral deben inspirar la revisión del proceso de Luxemburgo e impulsar la adopción de las necesarias reformas estructurales de los mercados laborales de cada uno de los países de la Unión Europea. 
Señor Presidente, también en el Consejo de Barcelona, además de estas tres orientaciones de mercados financieros, industrias de red y mercado laboral, la Presidencia va a incorporar por primera vez, el análisis de la relación entre crecimiento y medio ambiente, o dicho de otra manera, la necesidad de un crecimiento sostenible en términos medioambientales, y para ello es indudable que debemos avanzar en fórmulas que garanticen el desarrollo sostenible. 
En relación con la incorporación de la estrategia sobre el desarrollo sostenible en el Consejo Europeo de Barcelona, me gustaría hacer los siguientes comentarios: 
Según lo acordado en la propia Asamblea de las Naciones Unidades del año 97 en Río, el Consejo Europeo de Gotemburgo añadió una tercera dimensión medioambiental al proceso de reforma económica, como ya he dicho, y siguiendo estas conclusiones, el Consejo tomó nota de la necesidad de trazar un road map de caracter anual, con las medidas a tomar en el campo medioambiental, dentro de la estrategia del desarrollo sostenible y a tener en cuenta por la presidencia del Consejo, en colaboración con la Comisión. 
El Consejo Europeo de Laeken dio la bienvenida a la opción de los indicadores medioambientales, para el seguimiento de la puesta en práctica de la estrategia de desarrollo sostenible a la vez que se felicitaba por el desarrollo alcanzado en cuanto a la ratificación europea del Protocolo de Kioto. 
Utilizando los indicadores medioambientales a los que me acabo de referir que fueron aprobados en el Consejo de Laeken, el 17 de enero del año 2002, se ha presentado el primer informe de síntesis que evalúa el proceso realizado. 
Por lo que se refiere al propio Consejo Ecofin, en su próxima reunión de la semana que viene, el 5 de marzo, se discutirá un informe sobre este asunto, es decir sobre el informe de síntesis, que ha sido ya preparado por el Comité de Política Económica y permitirá que el Consejo Europeo de Barcelona, así como los sucesivos consejos de primavera, continúen garantizando la puesta en práctica de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 
Las conclusiones de Barcelona, junto con la comunicación de la Comisión, deben permitir al Consejo Europeo de Sevilla de final de la Presidencia española, los días 25 y 26 de junio, preparar la posición de la Unión Europea para la Cumbre sobre el desarrollo sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo en septiembre del 2002. 
Por último, señor Presidente, me gustaría hacer referencia al marco de desarrollo de los emprendedores en Europa, que también es una de las preocupaciones que han demostrado varios consejos, y que será tenida en cuenta en Barcelona, y muy especialmente en lo que se refiere al desarrollo de un marco adecuado para las pequeñas empresas y para los nuevos emprendedores en Europa. 
El pasado fin de semana, la Presidencia ha celebrado un Consejo informal de ministros, sobre la pequeña y mediana empresa, en Aranjuez, en España, y se han producido en el mismo varias conclusiones que me gustaría trasladar al Pleno del Parlamento Europeo. 
La primera, el compromiso de que se celebren antes de las cumbres de primavera- las cumbres de reforma estructural- consejos informales sobre la pequeña y mediana empresa que puedan trasladar a las cumbres de primavera las recomendaciones específicas, para lo que representan más del 90% de las empresas europeas y una parte considerable del empleo en nuestros países. 
En segundo lugar, en concreto en lo que se refiere a la Cumbre de Barcelona, la reunión de Aranjuez entiende que se debe trasladar a los países miembros y a la Comisión la necesidad de favorecer el marco del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas europeas a través de dos vías: por un lado reduciendo los plazos y los costes administrativos mediante la utilización de nuevas figuras jurídicas más fáciles de poner en marcha por parte de los emprendedores y utilizando medios telemáticos, y en este primer apartado de un marco más ágil y menos costoso desde el punto de vista del tiempo y los costes, hacer un análisis pormenorizado de cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas, cada una de las medidas legislativas que se tomen. 
Por lo tanto, los los legisladores y los gobiernos deben pensar primero a pequeña escala, teniendo en cuenta cuáles pueden ser los efectos de sus legislaciones y de sus medidas regulatorias sobre las pequeñas y medianas empresas, y hacer esta reflexión, teniendo en cuenta los contactos que se realicen con las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. 
Por lo que se refiere, señor Presidente, a los impulsos de la Presidencia española, el Consejo Ecofin analizará la próxima semana, el 5 de marzo, existe un impulso, que responde a un mandato del Consejo de Laeken, respecto a la necesidad de mejorar y ampliar nuestra presencia en el desarrollo de los países del sur del Mediterráneo, buscando instrumentos que tengan en cuenta los costes, pero que permitan también un mayor protagonismo de los países del sur del Mediterráneo. 
Se trata de introducir un verdadero partenariado en la fórmula de buscar el desarrollo económico y social de estos países. 
Este debe centrarse no sólo en obras e infraestructura sino también en la aparición de un verdadero tejido de industrias y comercios privados, una verdadera sociedad civil económica en los países del sur del Mediterráneo. 
En ese sentido se está trabajando en el seno del Ecofín, en el Comité Económico y Financiero, junto con el Banco Europeo de Inversiones, en propuestas que, dentro probablemente del ámbito del Banco Europeo de Inversiones y en concurso con la Comisión, puedan permitir la existencia de una institución de desarrollo en el Mediterráneo, en la que participen de manera prioritaria y mayoritaria las instituciones europeas y en concreto el Banco Europeo de Inversiones, pero también los países prestatarios que puedan colaborar en el diseño de los programas de desarrollo, así como terceros países, dentro y fuera del área, que quieran colaborar con Europa y con los países del sur del Mediterráneo en esta iniciativa. 
Por último, y ya concluyendo, señor Presidente, en Barcelona participarán los países candidatos a la ampliación y para ello, el Consejo Europeo de Barcelona ha invitado no sólo a los Jefes de Estado sino también a los Ministros de Economía, que mantendrán una reunión sobre reforma estructural en los países de la ampliación, junto con los Ministros de Economía de la Unión Europea. 
Quiero acabar mi intervención, señor Presidente, agradeciendo al Parlamento Europeo su amabilidad por permitir la participación de la Presidencia en esta sesión, en la que creo que podremos no sólo exponer las posiciones de la Presidencia, sino también responder a las preguntas y a las iniciativas que los distintos Grupos parlamentarios y diputados puedan plantear sobre la reforma estructural en Europa y sobre el impulso de la Presidencia española. 
. (IT) Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, espero ser muy breve, ya que hoy es mi segundo discurso en el Parlamento y puesto que el Ministro Rato ya ha explicado de manera analítica lo que se hace en Lisboa, y, en consecuencia, también espero ahorrarle a la Presidencia un vaso de agua. 
El Consejo Europeo de Barcelona es el primer Consejo tras la implantación del euro. 
El euro ha sido todo un éxito, se ha adoptado con gran entusiasmo y ahora debemos seguir adelante con las consecuencias que de ello se derivan, entre las que está la culminación del proceso de Lisboa. 
Esta etapa decisiva que cubriremos en Barcelona tiene lugar en un clima totalmente distinto desde el punto de vista económico, pues ya no existe el optimismo que había en Lisboa, sino que la ralentización de economía mundial hace aún más necesaria la culminación de esta estrategia. 
Por lo tanto, Barcelona será una etapa fundamental. 
Como decía el Ministro Rato, hemos hecho mucho en estos dos primeros años y quiero dar mis más sinceras gracias al Parlamento porque, sobre todo en los últimos meses, hemos avanzado en un tándem perfecto y hemos logrado auténticos éxitos en los sectores de las telecomunicaciones, de los servicios financieros y en muchos programas sociales. 
Sin embargo, queda mucho por hacer: pienso en la patente comunitaria y en el programa Galileo que en las últimas horas parece que está cobrando un nuevo impulso y que esperamos que pueda avanzar, así como en el nuevo marco jurídico en materia de contratos públicos. 
No cabe duda de que si tomamos estas decisiones aportaremos una gran contribución al desarrollo europeo. 
Evidentemente, también tenemos muchas preocupaciones: nos preguntamos si Europa tendrá el valor de adoptar estas medidas necesarias para el desarrollo a largo plazo y si tendrá el valor de avanzar hacia el objetivo de una sociedad más competitiva y solidaria. 
Cuando hablo con los ciudadanos y con las empresas que no ven todavía los reflejos concretos de las decisiones que ya hemos tomado, advierto fuertes preocupaciones y ello es comprensible porque hemos cubierto la etapa inicial de estas decisiones políticas, pero éstas no han llegado todavía a la etapa final. 
En consecuencia, en este momento corresponde al Consejo y también al Parlamento adoptar sin demora la totalidad de la legislación, de los programas y de las políticas que deberán completar Lisboa. 
Posteriormente y por fin llegará la etapa de los resultados concretos y entonces también la opinión pública comprenderá lo que estamos haciendo. 
Señorías, el Consejo Europeo de Primavera ya es una cita habitual, y ésta ha sido otra extraordinaria innovación. 
En primavera se hace balance de las políticas económicas. 
Dicho Consejo es una prueba tangible del diálogo entre las Instituciones y cuento con que de la reunión de Barcelona, como decía el Ministro Rato, arranquen algunos resultados concretos para impulsar las reformas, la creación de puestos de trabajo, el reforzamiento de la cohesión y la mejora del medio ambiente. 
Y es concretamente el Consejo que deberá fijar las prioridades en la materia. 
Barcelona debe en primer lugar ratificar el firme compromiso en favor de la estabilidad macroeconómica basada en la solidez de las cuentas públicas y en la contención de los niveles de inflación. 
Es un discurso que hemos hecho al responder a las preguntas anteriores y que retomamos ahora. 
Sobre esta base se podrá construir un éxito duradero y no se desaprovecharán los beneficios ni los sacrificios realizados por muchos Estados para entrar en el euro. 
En Barcelona, además- y éste es un punto delicado pero, yo diría, fundamental de las propuestas de la Comisión- se deberá reforzar la coordinación de las políticas económicas, al menos dentro de la zona euro. 
No podemos pensar que la coordinación monetaria es suficiente; antes bien, la coordinación monetaria, la unidad monetaria convierten en obligatoria la coordinación de las políticas macroeconómicas. Por lo tanto, desde ahora mismo: más transparencia, informaciones más inmediatas para la Comisión y para los demás países y normas de conducta comunes en materia de política monetaria. 
En segundo lugar, la fuerza de la estrategia de Lisboa reside en el hecho de que las acciones previstas en la misma se refuerzan recíprocamente. 
Cada una de ellas es importante, pero juntas componen la receta del éxito a largo plazo. 
En tercer lugar, desde dentro de Barcelona deberá llegar una respuesta a la actual situación económica y una evaluación del estado de las distintas políticas de los diferentes países, al objeto de fijar las prioridades específicas en las que habrá que centrarse en los próximos doce meses. 
Ahora es preciso actuar e invertir en pos del crecimiento y del empleo de toda la década. 
En consecuencia, tal como se ha dicho, trabajaremos en el empleo, en las reformas económicas y en las inversiones en la sociedad del conocimiento. 
El cuarto objetivo es el examen de los progresos realizados en el ámbito del desarrollo sostenible. 
Debemos tenerlos muy en cuenta también en algunas decisiones específicas que tendremos que tomar, por ejemplo, sobre la apertura de los mercados de la energía y sobre la reestructuración del sector de los transportes. 
La sostenibilidad podrá generar asimismo crecimiento y empleo, por ejemplo, en el terreno de las tecnologías limpias. 
Evidentemente, esto significa que en este sector deberemos ofrecer incentivos y recursos. 
Por último, esperamos que el Consejo Europeo afirme con decisión la importancia de la ciencia de la vida y de la biotecnología: se trata de un ámbito en que no existe razón alguna para que Europa no sea líder en el mundo. 
Tenemos una capacidad de científicos tanto en los Estados miembros como en los países de la ampliación que puede adquirir pronto el liderato si se organiza correctamente. 
Como último punto, debemos hacer frente al impacto exterior de nuestras políticas y espero que el Consejo Europeo dé una importante contribución con vistas a la preparación de la Cumbre de Johannesburgo. 
Quisiera terminar mencionando otro tema que indirecta pero significativamente se abordará en Barcelona, es decir, el método de trabajo a la luz de la ampliación. 
En efecto, hay que establecer un diálogo con los países candidatos para definir lo que podrán hacer para perseguir las prioridades y los objetivos de Lisboa, naturalmente con la contribución de la Comunidad. 
En pocas palabras, en esta Cumbre las decisiones afectan, en teoría, sólo a los Estados miembros y, en la práctica, también a los nuevos países. 
En consecuencia, debemos comenzar este docking, este ir juntos ya desde Barcelona. 
A este fin, los países candidatos participarán en una sesión de los trabajos del Consejo Europeo, durante la cual debatirán sus puntos de vista sobre Lisboa y su implementación. 
A partir de 2003 los países candidatos se incluirán en los indicadores estructurales que la Comisión utiliza para valorar los avances de Lisboa. 
Por lo tanto, se les tendrá que involucrar activamente en los objetivos y en los métodos de trabajo. 
En consecuencia, nuestra estrategia debe ser una ayuda y no un obstáculo para su ingreso. 
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, confío en que el Consejo Europeo de Barcelona impulsará este año grandes cambios hacia el éxito en la implementación de Lisboa. 
Sólo de este modo sabremos corresponder plenamente al entusiasmo y a los crecientes deseos de Europa que hemos palpado a lo largo de las pasadas semanas. 
Espero de verdad que Barcelona sea un éxito para la Presidencia española, pero ante todo un éxito para los ciudadanos europeos, es decir, un éxito para toda Europa. 
(Aplausos) 
Veo que ahora disfruta de la labor cumplida bebiendo un poco de agua. 
Antes comentó a la Asamblea que usted se asemeja a un motor diesel. Temía que deseara un vaso de benceno, lo que, naturalmente, no sería muy acorde con las normas de seguridad de la Asamblea. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo quiero expresar mi satisfacción por la importante representación de la Comisión, no sólo con la presencia del señor Presidente Prodi, sino también de la Vicepresidenta de Palacio, así como de los miembros de la Comisión, Sra. Reding y Sr. Solbes. 
Creo que también se encuentra aquí la Sra. Wallström, que está sentada en la segunda fila; le ruego que perdone que no la haya mencionado antes pero, como contrapartida, una mención por separado siempre resulta más notoria. 
Lo que acaban de manifestar el Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión a propósito de la Cumbre de Barcelona merece nuestra plena aprobación. 
Señor Presidente del Consejo, en los últimos años ha tenido usted, en efecto, mucho éxito con la política que ha impulsado personalmente en su país. 
Sin embargo, ésta también se inscribe, como es natural, dentro de la tradición de la decisión de Lisboa y allí se formularon propósitos muy exigentes. Se aspira a crear el espacio económico más dinámico, más competitivo y más sostenible del mundo. 
Yo creo que unas palabras un poco más modestas nos sentaría muy bien a todos, pues las críticas tampoco serían tan duras si luego no actuamos conforme a esos principios y esos objetivos. 
Nuestro Grupo se habría congratulado mucho- y somos muy conscientes de que la Presidencia española también se encuentra ahora en una situación difícil y por esto mis críticas no se dirigen tanto contra ésta- si los Ministros de Finanzas de los países de la Unión Europea hubiesen seguido las recomendaciones de la Comisión en lo que respecta a la necesidad de exigir a dos países de la Unión el cumplimiento efectivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El hecho de que el certificado lo acaben redactando quienes deberían recibir una mala nota y encima suscriban un compromiso para 2004, concretamente la presentación un presupuesto prácticamente equilibrado, que hoy ya se sabe que será casi imposible que se cumpla, plantea un problema institucional. 
Por esto, nosotros exigimos credibilidad y estabilidad y que se respete lo acordado en los Tratados en el contexto de la moneda única europea. 
Yo quiero animar a la Comisión- y siempre contarán con el apoyo de nuestro Grupo- a que mantenga su trayectoria de estabilidad y la siga de manera consecuente, y nos congratularíamos si el Consejo de Ministros de Finanzas también se atuviese a ella. 
Señor Presidente del Consejo, usted se ha referido, con razón, a las pequeñas y medianas empresas y me ha alegrado escuchar que se ha celebrado un Consejo informal. 
Yo creo que deberíamos prestar muchísima más atención a las pequeñas y medianas empresas en el contexto de nuestra política económica común. 
La mejor política económica consiste en desarrollar una política fiscal moderada. 
Cuanto más aliviemos la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas y las liberemos también de exigencias burocráticas, mayores serán sus posibilidades de invertir y de crear con ello puestos de trabajo. 
Esto acaba beneficiando también a los trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, es acertado centrar la atención en las pequeñas y medianas empresas. 
Usted se ha referido, con razón, a la liberalización de los mercados, el mercado del transporte, el mercado de la energía, y yo quisiera añadir también los de los servicios postales y los servicios financieros. 
Cuando se emplea el término liberalización, se puede crear la impresión de que se pretende favorecer los beneficios de las empresas. No es así, Señorías, estimadas y estimados colegas, y tenemos que decirlo con mayor claridad. 
La liberalización incrementa la competencia y una mayor competencia significa una reducción de los precios, y ésta beneficia precisamente a las personas que no disponen de una renta demasiado alta, o sea, a los consumidores y consumidoras, y por esto es importante que creemos esta competencia. 
Una última observación, para no rebasar el tiempo de que dispongo. Señor Presidente del Consejo, nuestro Grupo también juzgará a la Presidencia española por sus resultados en relación con la reforma del Consejo. 
Si mi información es correcta, el secretario general del Consejo Solana tiene previsto presentar en Barcelona algunas propuestas para una reforma del Consejo. 
También existe un documento de los Jefes de Gobierno de Gran Bretaña y la República Federal de Alemania, que el señor Presidente del Consejo Aznar ha seguido con actitud muy positiva. 
Pero si queremos reformar el Consejo, las declaraciones públicas no serán suficientes, sino que también habrá que transmitir esta recomendación a los representantes permanentes. 
Yo tengo la impresión de que en el grupo de trabajo interinstitucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento todavía no se tiene noticia de la opinión de los Jefes de Gobierno. 
Por esto yo le pido que contribuya a que el Consejo se reforme, a que sus sesiones sean públicas cuando actúe en calidad de legislador y que también asista siempre a los debates importantes del Parlamento. 
Si lo consigue, su Presidencia habrá sido un éxito. 
Nosotros queremos que sea exitosa porque deseamos el éxito común de Europa. 
La Comisión ya apoya, en cualquier caso, al Parlamento y si actuamos conjuntamente, Europa conseguirá ese éxito y una parte del mismo se reflejará también sobre la Presidencia española, como yo les deseo de todo corazón. 
También espero que en sus próximas visitas al Parlamento no tendrá que esperar para que le ofrezcamos algo de beber, pues tenemos por costumbre tratar bien a nuestros huéspedes. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión y mayoría de representación femenina de la misma, lo cual creo que es de saludar, Señorías, el Presidente del Consejo ha comenzado su informe con el éxito de la introducción del euro, que es un éxito de nuestros pueblos, que ha desbordado las previsiones que podíamos tener en todas las instituciones europeas. 
El Sr. Presidente del Consejo ha felicitado al Banco Central Europeo y a su equipo. 
Yo le agradecería que hiciera extensiva la felicitación a la Comisión, por el trabajo realizado, y, especialmente, al Presidente Prodi y a su predecesor en el cargo como Ministro de Economía, al Sr. Solbes. 
No es porque sean paisanos, sino por la labor importante realizada. 
Ahora bien, el problema planteado es que el éxito del euro exige una respuesta que sólo tiene un nombre: una política económica activa en Europa. 
Estamos en una nueva situación. 
El Presidente del Consejo nos ha recordado cómo funcionan las GOPE, el Ecofin y demás; pero se ha puesto de manifiesto que cuando se plantean problemas las cosas, tal como estaban pensadas hace tiempo, no funcionan bien. 
En este sentido, la revisión en relación con la evolución económica de los Estados miembros muestra que algunos, políticamente, han sido cazadores cazados. 
Elaboraron un plan de estabilización y crecimiento para vigilar a otros y, al final, se han tenido que aplicar la lección. 
Pero no experimento por ello ninguna Schadenfreude, como dicen los alemanes. 
La cuestión es que a medio plazo no podemos asegurar el euro con la actual estructura de gestión económica. 
En segundo lugar, ha hecho referencia el Presidente del Consejo a las reformas estructurales y a la policy mix desde Lisboa. 
Para nosotros la policy mix es la lucha por el pleno empleo, la cohesión social y el crecimiento sostenible, teniendo en cuenta la necesidad que tiene Europa de recuperar un liderazgo tecnológico con una fuerte inversión, sobre todo en capital humano. 
En este sentido, la cuestión es la composición de ese cóctel que es la policy mix. 
Para nosotros tiene que contener una cantidad armónica y conjunta de los tres elementos. 
A partir de ahí, me permitirá el Presidente del Consejo que comente sus propuestas sobre las liberalizaciones. 
Mi Grupo está comprometido desde hace muchos años, y pienso en la realización del mercado interior con sus cuatrocientas directivas, en el proceso de reformas estructurales que nos permitan crear mercados interiores en la Unión. 
Desde este punto de vista, ha hablado, en primer lugar el Presidente de las industrias de red: la energía, el transporte, también como una actividad de red las telecomunicaciones. 
Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer, y ya lo estamos haciendo desde hace tiempo, es avanzar en la creación de estos mercados. 
Lo que nos ha sorprendido y yo le agradecería al Presidente del Consejo que diera una explicación aquí en el Parlamento es la afirmación del Presidente del Consejo y Presidente del Gobierno de España cuando ha dicho públicamente, sin haberlo desmentido, que, de cara a Barcelona, el problema es el enfrentamiento con la mayoría socialista citando, incluso nominalmente, a tres Gobiernos, al alemán, al francés y al portugués. 
No sé en qué términos se plantea ese enfrentamiento. 
No creemos que la liberalización tenga efectos milagrosos como la supresión de normas. 
Creemos que lo que hay que hacer es fijar normas que protejan a los productores y también a los consumidores y a los ciudadanos. 
No quiero entrar en temas españoles, pero bastante trabajo tiene el Sr. Ministro de Economía en España para arreglar algunos de los problemas de la liberalización del mercado de la energía. 
En segundo lugar, en relación con los servicios financieros, tomo buena nota de que el Consejo valora el acuerdo propuesto en el informe von Wogau sobre la llamada propuesta Lamfalussy. 
Pero señalo también que aunque ello nos ha permitido salir del paso, no nos ha resuelto el problema. 
Es decir, que en términos democráticos y pienso en la Convención tendremos que discutir muy detalladamente sobre lo que es la legislación básica y el desarrollo de la legislación con la posibilidad de control parlamentario. 
Por último, señor Presidente, en relación con la liberalización del mercado laboral, creo que muchas de las cosas que ha dicho el Presidente del Consejo son razonables; en otras ha empleado una cantidad tal de eufemismos que realmente cuesta trabajo saber si lo que se plantea es una liberalización del despido o una mayor flexibilidad a través de la negociación. 
Yo sí le querría expresar una preocupación que tienen nuestros conciudadanos y conciudadanas y me permitirá una cita, señor Presidente, que dice que "hay que denunciar los errores de un liberalismo salvaje, sin reglas, uno de cuyos problemas centrales es la incertidumbre en el puesto de trabajo y un modelo de sociedad en el que la globalización lleve a reducir toda la precariedad, desconfianza e individualismo sin perspectivas." 
La cita, señor Presidente, no es de Karl Marx, es del cardenal de Milán, Carlo Maria Martini, que se acaba de jubilar. 
Yo creo que responde bastante a una preocupación extendida entre nuestros conciudadanos. 
Está bien el avanzar en la reforma de los mercados de trabajo, de una manera positiva, pero hay una enorme preocupación sobre una liberalización que puede llevar a una desaparición de las normas del modelo social europeo y también a una liberalización que reemplace a monopolios públicos por monopolios privados. 
En ese sentido, esperamos que la Cumbre de Barcelona sea una cumbre que pueda aportar resultados positivos y no se traduzca en enfrentamientos preelectorales. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, esta Asamblea votará mañana sobre una enmienda a su Plan Hidrológico Nacional, por lo tanto, le deseamos que hoy disfrute de su vaso de agua. 
Si la Unión Europea estableciera una libreta de calificaciones a final de curso sobre el proceso de Lisboa, sospecho que en dicha libreta leeríamos "debe esforzarse más". 
Durante el pasado año hemos asistido a algunos avances en dicho programa, entre los que cabe destacar la adopción en el Consejo del paquete de telecomunicaciones, el acuerdo sobre el Estatuto de la Sociedad Europea, una reducción de la carga fiscal de un 0,75 % del PIB. 
Todas estas medidas contribuyen a fomentar el crecimiento y la creación de empleo, a condición de que sean coherentes con el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, y no hay ninguna duda de que debemos desplazar la carga fiscal y alejarla de las cosas que más necesitamos, como la creación de empleo, y dirigirla hacia otras que necesitamos menos, como la contaminación. 
Pero me temo que en dicha libreta de calificaciones también veríamos que la Unión ha suspendido en numerosas materias. 
La comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Barcelona habla de un compromiso firme con el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, lo cual contribuirá a crear confianza. 
Si es así, el compromiso ha brillado lamentablemente por su ausencia cuando recientemente los Ministros de Finanzas eludieron adoptar una pronta decisión respecto de Alemania y Portugal. 
El rechazo de la directiva sobre las ofertas públicas de adquisición ha sido un importante revés para la competitividad en la Unión y reto a los otros Grupos políticos y al Consejo a que se unan a nosotros para acelerar la aprobación de la nueva propuesta de la Comisión por el procedimiento de vía rápida, de manera que podamos incluirla en el Estatuto antes de final de año. 
Otro ámbito en el que hemos fracasado ha sido la negativa del Consejo a adoptar una posición común sobre la directiva de las pensiones, cuya importancia es fundamental, no sólo para garantizar la jubilación de nuestros mayores, sino también para la movilidad del mercado laboral. 
El Parlamento Europeo ha cumplido con su deber. 
Le transmitimos nuestra opinión en primera lectura en julio del año pasado y ahora tenemos nuestra mirada puesta en la Presidencia española para que nos transmita una posición común antes de junio del presente año, si queremos hacer realidad el objetivo de la Comisión de proceder a la adopción antes de que finalice el año. 
Otra materia por la que el profesor amonestaría al Consejo es la patente europea. 
Si queremos acortar distancias con los Estados Unidos en materia de innovación, necesitamos una protección paneuropea de la patente que sea más fácil, más económica y más rápida. 
En lo que respecta al comportamiento en clase, no estoy seguro de que la Unión sacara un aprobado. 
Acojo favorablemente la decisión de la Comisión de esta tarde de llevar al Consejo ante el Tribunal de Justicia por el intento de arrebatar a la Comisión la competencia sobre las ayudas estatales. 
El Reglamento sobre las ayudas estatales tiene la función de garantizar el buen funcionamiento del mercado único y debemos eliminar barreras a la competencia y al libre comercio para permitir que la Comisión sea el guardián y, francamente, el Consejo debería avergonzarse de retar a la Comisión en este sentido. 
Por último, nuestra libreta de calificaciones reflejaría que el alumno carece de ambición. 
Si queremos que la Unión Europea sea un alumno brillante, debemos avanzar en la liberalización de los mercados de electricidad y gas, en la aplicación del plan de acción sobre los servicios financieros, en el acuerdo de un marco sobre contratos públicos. 
El proceso de la reforma económica no es un fin en sí mismo. 
Su objetivo es incrementar la prosperidad de nuestra población y preparar a la Unión Europea para la ampliación. 
¿Qué mensaje estaremos enviando a los Estados candidatos si somos incapaces de aplicarnos a nosotros mismos las difíciles reformas que les exigimos a ellos? 
Cuando llegue el momento de revisar lo que ocurra en Barcelona, les juzgaremos por la libreta de calificaciones. 
Por el momento, el alumno debe esforzarse más. 
Señor Presidente, quizás ocurrirán muchas cosas en el Consejo Europeo de Barcelona, pero no será la ocasión de evaluar la aplicación de la estrategia para el desarrollo sostenible que se había planeado en Gotemburgo: una estrategia para el desarrollo sostenible que, quiero recordarlo, se basa en el equilibrio entre la economía, la cohesión social y el medio ambiente, tres elementos que todas las Instituciones europeas- la Comisión, el Parlamento y el Consejo- habían reconocido como elementos indisolublemente ligados entre sí. 
Con Gotemburgo nos pareció que por fin se había impuesto la idea de que el objetivo del proceso de Lisboa del tope del 2010 ya no podía ser sólo convertir la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo, sino que se debía añadir que la Unión tenía que llegar a ser la economía más ecoeficaz. 
Evidentemente, nos estábamos equivocando. 
A la voluntad de la Presidencia española de volver a la filosofía inicial de Lisboa y de reafirmar los tres valores sagrados de liberalización, desregulación y globalización neoliberal le ha correspondido la evidente falta de determinación de la Comisión de llevar adelante las ya de por sí encomiables propuestas formuladas el año pasado y la aceptación explícita de convertir el pilar medioambiental en una suerte de addenda casi subrepticia en el orden del día de Barcelona. 
En efecto, nos parece que en su comunicación al Consejo Europeo de Barcelona, la Comisión no presta la suficiente atención al factor medioambiental y a las adaptaciones que sería indispensable aportar al actual modelo de desarrollo económico. 
Esto nos parece grave porque es una muestra de la incapacidad de todas las Instituciones europeas de garantizar cierta continuidad en el cumplimiento de las prioridades fijadas de común acuerdo y que, obviamente, no pueden sufrir un vuelco cada seis meses según el color político de la Presidencia de turno. 
Es en este contexto que consideramos que la aceleración que la Presidencia española quiere imprimir al proceso de liberalización en los sectores más variados contrasta directamente con la estrategia para el desarrollo sostenible. 
Abrigamos muchas dudas respecto al modelo de gobierno de la economía y de sociedad basado en la desregulación, en la flexibilidad y en una mayor liberalización del mercado interior, tal como se confirmó recientemente en la declaración conjunta de Blair y Berlusconi, en la cual no por casualidad no aparecen nunca los términos "desarrollo sostenible". 
Y esto nos parece especialmente triste ante la reunión que tendrá lugar en Johannesburgo, donde todos los jefes de Estado del mundo se encontrarán para hacer balance de la situación del medio ambiente diez años después de Río de Janeiro. 
Nos parece, por el contrario, que la Cumbre de Barcelona debería ser una ocasión para dar algunos significativos pasos adelante en la incorporación de las cuestiones medioambientales al conjunto de las políticas de la Unión Europea, y a dicho fin es indispensable evaluar y examinar las estrategias sectoriales en su conjunto. 
Señor Presidente, quisiera detenerme unos segundos en la cuestión de la eficacia energética, en la que, evidentemente, continúan habiendo muchos problemas y respecto de la cual nos parece importante subrayar una vez más la importancia de las energías renovables, así como que estamos absolutamente en contra de la creciente presión, ejercida sobre todo por la Presidencia española, para reabrir el debate sobre la energía nuclear, pues es peligrosa y anacrónica tanto desde el punto de vista de la aceptación social como desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. 
En conclusión, señor Presidente, tememos que Barcelona será una oportunidad perdida para lograr los objetivos de desarrollo sostenible pactados. 
Esperamos de verdad estar equivocados y seguramente nos volveremos a ver para una evaluación después de la Cumbre de Barcelona. 
Señor Presidente, el proceso de Lisboa fue difuso y ambiguo desde el comienzo. 
Contenía dos estrategias diferentes. 
Una de ellas daba prioridad a las tecnologías punta, a las innovaciones basadas en la investigación científica, a la e-economía, a la liberalización de las redes de mercados y otras cosas semejantes. 
La otra estrategia, en cambio, daba prioridad al pleno empleo, a la integración social y a la educación para todos. 
De esta manera, todos los Grupos pensaron que habían ganado en Lisboa y alabaron las decisiones. 
Sin embargo, ahora vemos cada vez con más claridad las diferencias entre ambos caminos, uno que favorecía a las minorías selectas y otro que favorecía a la gente común, generalmente a los más débiles. 
Pienso que el ponente, el señor Bullmann, se ha esforzado realmente para mantener la cohesión y la línea de acuerdo social y económico. 
No obstante, podemos ver que algunos Estados miembros y algunos partidos políticos están cada vez más impacientes y quieren abandonar el camino del pacto. 
En el Grupo GUE vemos con gran preocupación muchas de las enmiendas presentadas. 
Si se aprobasen mañana, la mayoría de nuestro Grupo se vería obligada a votar en contra en la votación final. 
No lo haríamos con gusto, pero hay límites. 
No se puede pactar eternamente. 
Por eso vamos a seguir la votación de cada una de las enmiendas antes de tomar una decisión. 
Finalmente quisiera manifestar mi protesta porque no se han tomado en cuenta los intereses y necesidades de los países candidatos en las discusiones sobre la Cumbre de Barcelona. 
Sólo faltan algunos años para la ampliación y es hora de que empecemos a ver esta realidad. 
Es una vergüenza que no lo hayamos hecho con mayor claridad y contundencia. 
Cuando nos disponemos a preparar una cumbre de la importancia y magnitud y con las oportunidades que presenta Barcelona, es necesario tener en cuanta lo ocurrido en el pasado e intentar predecir con algo de precisión dónde deberemos estar en el futuro: es un error que un grupo de personas, tanto si se trata del Consejo, de la Comisión o, incluso, de este Parlamento, piense que debemos presentar nuevas ideas en cada una de las cumbres. 
Son muchas las cosas que quedan por hacer y muchas las prioridades establecidas en Lisboa, Estocolmo o Cardiff que aún deben ser completadas, realizadas y alcanzadas. 
Convendría que nos centráramos más en mejorar la calidad de las propuestas que presentamos, en asegurarnos de que éstas responden a las exigencias y necesidades de la población de Europa y, lo que es más importante, que nos aseguráramos de que establecen una base sólida para el futuro desarrollo de la prosperidad económica, de la estabilidad y de la sostenibilidad. 
No creo que el desarrollo económico esté reñido con el desarrollo sostenible, ni que no podamos implantar una política fiscal agresiva para crear empleo, garantizar que las empresas y la industria operan en un entorno competitivo en el que puedan tener éxito y prosperar, lo cual no tiene necesariamente por que ir en detrimento de la protección social ni de la inversión en servicios sociales, como la educación, la sanidad y el desarrollo de la infraestructura. 
Estoy abiertamente en contra de todas las medidas y de todas las ideas encaminadas a la armonización o coordinación de la política fiscal en el seno de la Unión Europea. 
Éste es un ámbito de la exclusiva competencia de los gobiernos de los Estados miembros y es un error pensar, como ha quedado patente en numerosas ocasiones, que la subida de los impuestos, por utilizar una analogía sencilla con épocas anteriores, signifique que se pueda aumentar el gasto en protección social. 
Esta idea ha quedado desvirtuada por las realidades económicas de los actuales Estados miembros, así como por las actuaciones de algunos Estados miembros, en particular, el mío, Irlanda, donde las fuertes reducciones en la política fiscal, que han abaratado el coste de la mano de obra y rebajado los impuestos sobre la renta, garantizan la supervivencia de las empresas en medio de unas relaciones industriales armoniosas y en una situación en la que la mayoría de los beneficios que los trabajadores obtienen va a parar a sus bolsillos y no a los impuestos; al tiempo que se incrementa el nivel de protección de que disponen los más vulnerables de nuestra sociedad y la inversión en educación y sanidad. 
Existe un modo nuevo y diferente de avanzar que puede dar buenos resultados y funcionar para la mejora de los gobiernos y de la Unión Europea en su conjunto y, lo que es más importante, para la mejora de la población. 
La propuesta del proceso de Lisboa y de la Cumbre de Lisboa, la más importante de todas, es el acceso a la educación, a la formación, al aprendizaje y al conocimiento. 
Si no facilitamos los conocimientos expertos a nuestra población para que pueda aprovecharse de las nuevas oportunidades de empleo que existen actualmente, le estaremos negando los auténticos derechos humanos y civiles de participar plenamente en la sociedad. 
Si hay algo que cabe esperar de la Cumbre de Barcelona, es un nuevo respaldo y la reafirmación de la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida y de la sociedad basada en el conocimiento en la que todos tengan acceso a la educación y la formación. 
Es el resultado más importante que podemos esperar. 
En las últimas reuniones del Consejo Europeo se han pronunciado palabras muy prometedoras a favor de la integración de una política medioambiental sostenible en la política económica y social. Desafortunadamente, estas grandes promesas han encontrado muy poco eco en el programa que nos presenta la Presidencia española. 
Es por eso por lo que insto al Consejo y a la Comisión a que tengan en cuenta y cumplan los compromisos medioambientales de Gotemburgo en los planes de acción concretos. 
Esto requiere en primer lugar un sistema unívoco de indicadores. 
En este sentido es fundamental que los indicadores sean coherentes, ya que de ello depende el desarrollo y la evaluación de una política medioambiental sostenible. 
Por supuesto, este aspecto debe integrarse en el método de medición utilizado para evaluar el desarrollo de la política económica y social. 
En segundo término, es importante que la Comisión cumpla lo antes posible su promesa de llevar a cabo una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad. 
Por lo demás, quisiera llamar su atención sobre la liberalización del mercado de la energía. 
La apertura de este mercado no puede desembocar en una monopolización no deseada. 
A fin de garantizar el suministro energético debemos seguir considerando la posibilidad de que, en caso necesario, intervenga el Estado a fin de garantizar el abastecimiento. 
Aún estamos a tiempo de ajustar los planes de la Comisión para evitar situaciones californianas. 
Señor Presidente, las palabras no bastan. Hay que pasar a la acción, sobre todo cuando está en juego nuestra responsabilidad como administradores de la creación divina. 
Señor Presidente, con vistas al Consejo de Barcelona, la Comisión acaba de presentar un plan de acción para la movilidad de las personas en Europa que nos parece discutible por más de una razón. 
Es cierto que algunas propuestas son de un sentido común evidente como la formación a lo largo de la vida, la mejor coordinación de los regímenes de seguridad social o la transferibilidad de los derechos a pensión. 
Pero la Comisión situó su iniciativa en una perspectiva extraña. 
De entrada, declara que la movilidad geográfica en Europa es cinco veces inferior a la de Estados Unidos. 
Como si la intención fuera la de hacer a las naciones de Europa idénticas a los Estados americanos. 
Nuestro verdadero objetivo, el que desea la mayoría de nuestros conciudadanos, es el respeto de las Naciones y también de los entornos de vida, de las culturas y de las lenguas a las que están legítimamente vinculados. 
No hemos de invertir de forma subrepticia las prioridades. 
Sería una actuación de naturaleza verdaderamente totalitaria. 
Además, la Comisión ha deslizado, en este plan de acción, llamadas a una política común de inmigración que no tienen verdaderamente nada que hacer ahí. 
Ése es, efectivamente, otro tema. 
No se debería hacer adoptar a los Estados, mediante este recurso, orientaciones de las que no son realmente conscientes. 
. 
(DE) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señores miembros de la Comisión aquí presentes, estimadas y estimados colegas: 
Ya veo que las y los colegas, como de costumbre, me comprenden y, por lo tanto, después de los saludos, voy a entrar en materia. 
Estimadas y estimados colegas, ¿cuál ha sido hasta ahora nuestra reacción ante este debate? 
¿Cuál ha sido nuestra reacción ante el descenso de las tasas de crecimiento? 
¿Cuál es nuestra respuesta ante el nuevo aumento de las cifras de parados? 
¿Qué resultados concretos podemos esperar, en resumen, de Barcelona? 
En Lisboa se formularon unos ambiciosos objetivos: antes de 2010 queremos llegar a ser el espacio económico más competitivo, alcanzar el pleno empleo y crear una sociedad de la participación social, que renueve y mantenga el modelo social europeo. 
¿Queremos renunciar a estos objetivos? 
¿Queremos volver a reducir nuestras aspiraciones y conformarnos con el statu quo? 
El señor Poettering nos ha recomendado más modestia y yo le apoyo. 
La modestia es una cualidad humana respetable, pero una cosa debe quedar clara, señor Poettering: ¡no debemos confundir la modestia con la pusilanimidad! 
A la larga, no podemos permitirnos el lujo de seguir infrautilizando nuestras capacidades económicas y, sobre todo, no podemos permitirnos una cosa: recordando la euforia, las nuevas expectativas con que los ciudadanos y ciudadanas de Europa acogieron el euro, a pesar de todo el escepticismo, no podemos permitirnos defraudar las expectativas depositadas en la acción concreta en la presente situación. 
Por esto, nuestro informe, que se aprobó por una mayoría de más de tres cuartos tanto en la Comisión de Asuntos Económicos como en la de Asuntos Sociales, está escrito con palabras claras. 
Estas palabras claras dicen sí a una política proactiva. 
Dicen sí al enfoque político de Lisboa. 
Y también dicen sí a la movilización de todos los recursos y la retirada de todos los obstáculos, a que hagamos cuanto esté en nuestra mano para volver a recuperar la trayectoria de crecimiento. 
Yo quiero expresar mi sincero agradecimiento a todas y todos los colegas que han invertido su trabajo en este empeño y también le han insuflado nuevos ánimos. En primer lugar a mi co-ponente, el Sr. García-Margallo y Marfil, representante del PPE en la Comisión de Asuntos Económicos, así como a los numerosos y numerosas ponentes "en la sombra" de ambas comisiones, entre ellos muy especialmente a Thomas Mann, de la Comisión de Asuntos Sociales, que han contribuido con gran dedicación al empeño común. 
¿Qué esperamos, por lo tanto, concretamente de la nueva Cumbre de primavera de Barcelona? 
Señor Presidente del Consejo, yo estoy firmemente convencido de que la Cumbre de Barcelona y su preparación deben rebasar los límites de los círculos burocráticos. 
No basta con que sólo los expertos se ocupen de cómo y en qué aspectos vamos a avanzar y esto sólo se debata en círculos reducidos. 
Voy a decirles por qué. 
Siempre habrá Estados miembros individuales- y conviene recordarlo en el contexto de este debate- que impondrán bloqueos motivado por intereses nacionales. 
Siempre habrá Estados miembros en los que justamente vayan a celebrarse elecciones nacionales y que consideren oportuno abstenerse de dar el siguiente paso a favor de "más Europa", como dice su lema. 
Y quiero añadir que también ha habido ya algún partido de la oposición que ha intentado obstaculizar los progresos en Europa por consideraciones nacionales egoístas. 
Yo les digo que tenemos que superar todas estas actitudes, tanto en un caso como en el otro, e impulsar conjuntamente el paquete europeo con energía, de manera que entre todos logremos hacerlo avanzar. 
Permítanme que les recuerde el contenido central del mensaje de Lisboa. 
¿Cuál es el eje central de Lisboa? 
En Lisboa se dijo muy claramente que la estrategia debe situar en el centro a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de Europa. 
El objetivo es crear las condiciones para que los trabajadores y trabajadoras, los empresarios, las personas en formación, los estudiantes, todos cuantos deseen participar en la vida económica y social de Europa, puedan dar lo mejor de sí. 
Esta es la estrategia central de Lisboa en la que tenemos que trabajar. 
Si partimos de esta base, será relativamente sencillo desarrollar a partir de allí los temas individuales y las exigencias concretas. 
Tenemos que mejorar decididamente la estrategia a favor del empleo, a fin de que todos tengan una oportunidad de volver a integrarse. 
Tenemos que organizar los mercados de trabajo de manera más flexible, pero también más segura, con objeto de que los trabajadores y trabajadoras puedan aportar de manera óptima todo su potencial con plena productividad. 
Tenemos que desarrollar una política clara, como ya se ha expuesto, sobre todo una política a favor de las pequeñas y medianas empresas, en su calidad de principales empleadoras de Europa, con objeto de que también éstas tengan la oportunidad de participar sin trabas en la economía con enfoques innovadores y fortalecer con ello al conjunto de Europa. 
Este debe ser nuestro cometido y esta es nuestra clara expectativa con respecto a la Cumbre de primavera de Barcelona.. 
. 
(DE) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, yo me alegro de que el informe sobre las consecuencias económicas del 11 de septiembre para Europa se debata en el contexto del preludio de la Cumbre de Barcelona y del informe Bullmann, ya que dichas consecuencias del 11 de septiembre guardan una estrecha relación con el futuro desarrollo y concreción del proceso de Lisboa. 
Aunque muchos ya han dejado de pensar en ellos, los atentados del 11 de septiembre fueron un choque para el mundo occidental, pues unos ataques terroristas de esa envergadura habían permanecido relegados hasta entonces al ámbito de la ciencia ficción. 
Al mismo tiempo y esto es muy importante para nosotros, afectaron a la economía mundial en una fase crítica, caracterizada por una clara debilitación del crecimiento en la mayoría de los países industrializados. 
Por esto yo también quisiera advertir contra la posibilidad de que los Estados miembros y las empresas consideren los sucesos del 11 de septiembre como la única causa de la recesión estructural y los utilicen como cobertura para encubrir su propia negligencia económica y política. 
El 11 de septiembre intensificó enormemente nuestros problemas económicos. 
Tenemos que distinguir con precisión entre los problemas que ya existían antes del 11 de septiembre y que los atentados intensificaron todavía más, y los que en cambio sólo surgieron como consecuencia de éstos. 
Aun así, actualmente parecen haberse atajado, a dios gracias, muchas de las repercusiones negativas de los ataques terroristas para la economía europea, y como declaró el presidente Duisenberg hace sólo unos días, los problemas ya se han resuelto por completo en algunos ámbitos. 
Entre los sectores que se vieron y se siguen viendo afectados de manera desproporcionada figura el de los seguros y, en un grado algo menor, también el del turismo, sobre todo el asociado a los congresos y a los incentivos. 
La mejora de la coyuntura del mercado interior permitió recuperar, afortunadamente, muchas de las pérdidas en el sector del turismo. 
La gran industria se ha visto particularmente afectada desde el punto de vista de los seguros, al igual que las compañías aéreas y los aeropuertos. 
El informe del Parlamento Europeo establece una clara distinción entre ambos sectores. 
También nos congratulamos- y conviene repetirlo hoy aquí- de que haya funcionado la coordinación entre el Banco Central Europea y la Reserva Federal americana, entre los Sres. Greenspan y Duisenberg. 
El euro ha salido airoso de esta fase difícil y, a pesar de la llamativa erosión súbita, no ha llegado a producirse una crisis económica mundial ni tampoco una crisis monetaria en Europa. 
Sin embargo, al mismo tiempo también hemos constatado que todavía somos demasiado poco independientes de la economía americana, que nuestro mercado interior y la coyuntura del mercado interior todavía no son suficientemente autónomos de la evolución económica mundial. 
En este aspecto, tenemos que empezar por nuestra propia casa. 
Por esto pedimos que la Cumbre de Barcelona emprenda una nueva ofensiva en materia de crecimiento e innovación, que permita estimular el crecimiento, la inversión y el empleo gracias a un optimismo coyuntural justificado. 
Tenemos que considerar exactamente en qué ámbitos todavía existen barreras en el mercado interior. 
¿En qué aspectos no se han transpuesto aún las directivas? 
¿En qué ámbitos las diferentes situaciones en el ámbito de la competencia bloquean la consecución de los objetivos comunes, como puede ser el plan de acción relativo a los servicios financieros, el proceso de Lisboa u otros ulteriores? 
Debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para apoyar la creación de empresas y consolidar la estructura económica de las pequeñas y medianas empresas. 
Por esto, mi Grupo también ha presentado una enmienda al informe Bullmann, en la que pide a la Comisión y a los Estados miembros que procuren que en la revisión de los Acuerdos de Basilea sobre el capital social y en el nuevo marco europeo para la adecuación del capital de las empresas se tengan en cuenta las características estructurales de las empresas europeas, y que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a crear el marco de condiciones adecuado para que el proceso que se está impulsando, acertadamente, en Basilea no tenga consecuencias negativas, sino que se traduzca en un apoyo económico. 
Por mi parte, también considero que deberíamos hacer un mayor uso de nuestro derecho de iniciativa con objeto de eliminar las barreras del mercado interior, adquirir mayor autonomía y aprovechar al mismo tiempo plenamente la potencia económica que existe en Europa, conforme a nuestros objetivos. 
Si así se hace, si extraemos las lecciones del 11 de septiembre y nos tomamos en serio nuestras propias palabras, podremos aprovechar las oportunidades que genera el nuevo panorama mundial y podremos sacar aún mayor partido de nuestro papel en el mundo, al servicio de nuestro principio rector de la economía social de mercado, y quizá podamos transmitirles un mayor dinamismo a ustedes. 
Señor Presidente, éste es un debate que seguirá derroteros muy diferentes dependiendo de las comisiones a que pertenecen los diputados. 
En mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, quiero centrarme en los temas de medio ambiente en el contexto de la Cumbre de Barcelona. 
Lo primero es hacer hincapié en la importancia que la Comisión de Medio Ambiente, y espero que el Parlamento Europeo, atribuye al añadido de una dimensión medioambiental al proceso de Lisboa que establece la realización de una evaluación anual del crecimiento económico y de la cohesión social. 
De hecho, en la Comisión de Medio Ambiente nos sorprendió mucho que no se concediera la misma importancia al pilar medioambiental del desarrollo sostenible que a los pilares social y económico. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar, en nombre de mis colegas y en el mío propio, nuestro agradecimiento a la Agencia Europea del Medio Ambiente por la labor que ha realizado en relación con los indicadores medioambientales. 
El director de la Agencia de Medio Ambiente, Sr. Beltrán, se jubilará en breve y le estamos muy agradecidos por la labor realizada. 
También es importante que no permitamos que dichos indicadores se queden en las nubes mientras nos congratulamos de haberlos creado. 
En opinión de la Comisión de Medio Ambiente, es muy importante que relacionemos su creación con objetivos y calendarios claros de la actuación de la Comisión y del Parlamento. 
Quisiera hacer una observación de carácter interno a mis colegas aquí presentes, a saber, que realmente debemos ocuparnos más en este Parlamento de la cuestión del desarrollo sostenible. 
Deberíamos organizar, por ejemplo, un debate anual que incluya una evaluación anual del progreso alcanzado en todos los ámbitos de nuestras comisiones. 
Es fundamental que sigamos velando por que se tengan en cuenta las consideraciones medioambientales en otras políticas. 
Es algo en lo que la Comisaria de Medio Ambiente, Sra. Wallström, ha demostrado siempre un gran interés. 
La Comisaria se enfrenta a un tremendo y difícil reto. 
Una política que ilustra la necesidad acuciante de tener en cuenta consideraciones medioambientales es la pesquera. 
Represento al sudoeste de Inglaterra. 
Tenemos varios puertos pesqueros y actualmente nos enfrentamos a las consecuencias de la grave falta de consideración de los aspectos medioambientales en la gestión de la Política Pesquera Común. 
Hemos esquilmado las poblaciones de peces. 
Tenemos a pescadores que no tienen nada que pescar. 
Tenemos delfines muertos que son arrastrados por la marea hasta las playas de Brittany y Cornwall porque los palangreros los arrastran en mitad del Canal de la Mancha y luego los dejan por muertos. 
Éste es un excelente ejemplo de desarrollo no sostenible y el Parlamento debería involucrarse en buscar una solución a este problema. 
El desarrollo sostenible será muy importante en el contexto de la ampliación. 
Lo más probable es que los Estados candidatos de la Europa Central y Oriental querrán ser como nosotros lo antes posible- Dios les asista. 
Esto significa que querrán más carreteras, más automóviles, más emisiones procedentes del transporte, etcétera. 
Probablemente aumentarán los daños al medio ambiente y debemos encontrar el modo, sin ser culturalmente imperialistas al respecto, de garantizar que el rápido desarrollo económico de los países de la Europa Central y Oriental no perjudica el medio ambiente, en particular, el entorno natural de los nuevos Estados miembros. 
Río y la Cumbre de Río suscitarán una auténtica avalancha de palabras. 
Queda por ver si Río significa algo o no y produce resultados concretos. 
Es una pena que la Comisión haya elaborado su documento tan tarde, porque ahora no podemos emitir nuestra opinión colectiva en el contexto de Barcelona. 
Dicho documento para Río contiene algunos puntos muy buenos, especialmente, el énfasis en proporcionar incentivos al comercio sostenible en materia de medio ambiente y social. 
Una cosa que me gustaría resaltar de la posición de la Comisión de Medio Ambiente es la necesidad de que la Unión Europea ponga orden en sus planteamientos cuando deba abordar el tema de la producción modificada genéticamente en los países del tercer mundo. 
En diciembre llegaron noticias de Sudáfrica de que se había producido un fuerte incremento de la extensión de los cultivos de productos genéticamente modificados en aquel país. 
¿Qué mensaje podemos transmitir a un país como éste? 
¿Les decimos que cuanto más produzca de eso, menos podrán exportar a la Unión Europea? 
¿Será éste un mensaje sostenible que darles cuando lo que quieren es mejorar sus condiciones de vida? 
Por último, una palabra sobre el temido Plan Hidrológico Nacional español, que ha pasado por la pantalla del Parlamento Europeo con una frecuencia creciente. 
No es una buena idea condenar a un Estado miembro por una acción emprendida de buena fe por un gobierno elegido democráticamente. 
En este caso, el Gobierno español ha presentado una evaluación de las repercusiones del plan sobre el medio ambiente y la Comisión Europea la está estudiando. 
Éste no es el momento de comenzar a condenar a España. 
El plan hidrológico español será una cuestión sobre la que los diputados Laboristas británicos al Parlamento Europeo tendrán dificultades para decidir el sentido de su votación. 
Incluso en estos momentos, el Sr. Tony Blair está cultivando desesperadamente las relaciones con el Sr. Aznar para tenerlo como aliado, por lo que los diputados Laboristas británicos se encuentran en la obligación de apoyar a su Primer Ministro y votar en contra de la Sra. Roth-Behrendt que ha presentado la enmienda. 
La situación en la que se encuentran no es envidiable y yo no les envidio. 
, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Señor Presidente, si es de bien nacidos ser agradecidos, quiero empezar mi intervención diciéndole al Sr. Bullmann que yo, que soy de extremo centro, estoy extraordinariamente contento de haber llegado a un acuerdo, a un compromiso con él. 
En segundo lugar, como petición genérica tanto de la Comisión de Empleo como de la Comisión Asuntos Económicos y Monetarios, me dirijo ahora al Consejo para solicitar que se asocie al Parlamento Europeo tanto a la definición como al seguimiento de las estrategias que se fijen en Barcelona. 
Como decía Pablo Neruda, la obra que tenemos que hacer es como el viejo vino de mi patria, no lo hace un hombre sino muchos hombres, y no una sino muchas plantas. 
Tercer telegrama: las coincidencias que se han expuesto aquí. 
Coincido con el Presidente en ejercicio del Consejo en que es absolutamente necesario mantener intactos, incólumes los dogmas de la estabilidad de precios y de la austeridad presupuestaria, tanto para los países grandes como para los países pequeños. 
En este Parlamento sabemos bien cómo terminan las alegrías monetarias o la frugalidad presupuestaria: como los días de vino y rosas. 
No conducen sino a un dolor de cabeza a la mañana siguiente. 
En materia de reformas estructurales que amplían la competencia, se han mostrado desde aquellos bancos algunas reticencias, algunas reservas. 
En esto, en materia de liberalización de sectores estratégicos, como los transportes, la energía eléctrica, el gas, las telecomunicaciones o los servicios financieros como se dice en Cuba retroceder, ni para tomar impulso. 
En cuarto lugar, coincido también con otros oradores en la necesaria importancia que se ha de dar a los factores estratégicos del desarrollo: la educación a lo largo de toda la vida y el apoyo a la pequeña empresa. 
Y a la Sra. Jackson, finalmente, una sola palabra. 
El Plan Hidrológico Nacional no es, como dice la enmienda, un ejemplo de desarrollo insostenible. 
Es, cabalmente, un ejemplo de desarrollo sostenible, porque se trata de llevar agua de donde sobra a aquellas tierras en que unos días sacamos los santos para que llueva y otros las recorremos en barca después de una tormenta. 
Como ella ha puntualizado muy bien, es la decisión parlamentaria de un Parlamento legítimo después de una discusión amplia y un apoyo casi unánime del Consejo Nacional del Agua, donde están todas las autonomías, incluso las socialistas. 
Alguien ha vendido en este Parlamento la falsa moneda. 
Les pido que pidan responsabilidades, que cambien esa falsa moneda por una moneda buena, por una moneda auténtica, como la que tenemos ya en la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar una interesante tendencia que observo en nuestra Asamblea. 
Continuamente se critica- a mi parecer, con razón- que aquí no se debate. 
La consecuencia, más reciente, es que ahora tenemos sobre la mesa los temas de Barcelona, el 11 de septiembre y el agua. 
Yo me atrevería a poner en duda que de todo ello resulte un debate. 
Por mi parte, voy a tratar el tema de las consecuencias del 11 de septiembre, que también es el de la opinión que he elaborado. 
Voy a exponer un par de tesis centrales que completan lo que ha expuesto el colega Karas, con todo acierto a mi parecer. No se debe sobrevalorar ese suceso, pero su dinámica nos permitió constatar que somos vulnerables y la primera consecuencia del 11 septiembre fue y sigue siendo que la política ha vuelto a convertirse en la fuerza motriz. 
Nos guste o no. Los principales jefes de empresa también lo han reconocido entre tanto, pero por nuestra parte también debemos ser sinceros y reconocer que la política está fallando justamente en el nivel europeo. 
En segundo lugar, el 11 de septiembre ha dejado todavía más claro que la mayor redistribución de la riqueza en tiempos de paz de toda la historia de la humanidad constituye una amenaza para la paz mundial y también está sustrayendo oportunidades al mercado, todo ello a una escala muy amplia. 
Lo cual determina que, como resultado del fracaso de la política y de la nueva situación en la que ahora nos encontramos, las empresas se vean obligadas a desempeñar un papel central. 
El 11 de septiembre podría constituir sin duda una oportunidad para ellas, si se decidiesen a hacer de manera creíble lo que la política global en cualquier caso no ha conseguido hasta ahora, o sea, defender los derechos humanos sin condiciones ni peros. 
Estamos asistiendo a la transformación de todos los sectores del mercado, con independencia del 11 de septiembre, pero precipitada por este acontecimiento, y al crecimiento de muchos de ellos. 
Pienso ahora en la lucha contra el terrorismo, en nuestros proyectos en el espacio y en la movilidad. 
Si lo uno y lo otro, o sea, la política y las empresas, no ofrecen lo que deberían ofrecer, el consumidor puede ejercer su poder de elección y éste ahora quiere que las empresas, además de actuar de manera ecológica, también lo hagan con responsabilidad social. 
Por esto, es una gran satisfacción para mí que en la Comisión de Industria consiguiéramos aprobar un punto, que ahora también figura en el informe principal, en el que se pide a los consumidores que actúen con conciencia social cuando adquieran productos. 
Falta, sin embargo, la consecuencia principal. 
En la Comisión de Industria todavía fue posible lograr su aprobación y lamento que no figure en el informe principal. 
Necesitamos un Plan Marshall a escala mundial. 
De lo contrario, habremos extraído unas conclusiones equivocadas de esos sucesos y la Cumbre de Barcelona tampoco dará frutos. 
Señor Presidente, tanto la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales como la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han intentado señalar caminos innovadores en el informe sobre la Cumbre de primavera de 2002. 
En muchos ámbitos lo han conseguido. 
En nombre del Grupo del PPE/DE, yo quiero felicitar a Udo Bullmann por su trabajo, así como por su capacidad de diálogo y de compromiso. 
¿Qué debe figurar en el orden del día de Barcelona? 
En primer lugar, la reforma de los sistemas educativos. 
El estudio de Pisa ha constituido un choque saludable, en Alemania por ejemplo. 
Por fin se va a otorgar prioridad política a la formación profesional y a la educación. 
Tenemos que ser más exigentes con los estudiantes y de este modo también podremos apoyarles luego. 
Deben adquirir cuanto antes una formación polivalente y se debe retrasar al máximo la especialización. 
Sólo unos conocimientos amplios, también de idiomas, les facilitarán el libre acceso a los mercados de trabajo abiertos de Europa. 
En segundo lugar, la reforma de los sistemas de empleo. 
En la UE hay 13,6 millones de personas sin trabajo, un hecho que no desaparecerá aunque se maquillen las estadísticas sobre el mercado de trabajo. 
En vez de gestionar el paro, es necesario aumentar visiblemente la capacidad de inserción laboral con la ayuda de medidas de cualificación, formación orientada al mercado y conexiones a Internet. 
Las soluciones simplistas, como por ejemplo la reducción del tiempo de trabajo en toda Europa, son poco sólidas. 
Necesitamos soluciones inteligentes diferenciadas, como por ejemplo la flexibilización del tiempo de trabajo, adecuada a los diferentes sectores y regiones. 
En tercer lugar, la reforma de la cooperación social. 
El diálogo social debe demostrar su eficacia, sobre todo en los tiempos difíciles. 
El modelo social europeo ha contribuido mucho a la paz social y al aumento de la productividad europea. 
Es un modelo flexible, nada rígido, y por consiguiente también merece la pena desarrollarlo. 
En cuarto lugar, su modo de regulación. 
Los trabajadores tienen un interés vital en las medianas empresas y el artesanado. 
Éstas son la espina dorsal de todas las economías nacionales de la UE. 
Aportan el 70% de los puestos de trabajo y el 75% de los puestos de trabajo en prácticas. 
Es preciso fomentar su creación y su capacidad de innovación. 
Continuamente están desarrollando sus competencias, a la vez que amplían considerablemente su experiencia. 
Unas cualidades que, sin embargo, es preciso evitar socavar por efecto de las cargas fiscales y sociales y de una reglamentación excesiva de las PYME. 
En quinto lugar, la reforma de los presupuestos estatales. 
Nuestro Grupo insiste en la necesidad de que se exija a todos los países de la zona euro, sin excepciones, el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Las dificultades coyunturales tampoco deben servir de excusa para apartarse de los mismos. 
Sólo la amenaza de la carta de advertencia consiguió que en Alemania, por ejemplo, por fin se esbozara al menos una orientación consecuente en el sentido de la contención del gasto. 
Sin embargo, todos los gastos públicos deben ser sometidos a escrutinio, al igual que todas las subvenciones, no sólo en el caso de mi país. 
Yo tengo una gran confianza en la Presidencia española. 
Ésta conoce bien el valor de nuestro modelo social europeo y es consciente de la importancia de un crecimiento económico sostenible. 
¡Confiemos en su capacidad de motivación en el contexto de la Cumbre de primavera de Barcelona! 
Señor Presidente, Señorías, vivimos en un mundo peligroso aunque, vista desde el exterior, la Unión Europea representa el papel de remanso de paz. 
Por supuesto, nada es perfecto en Europa. 
Hemos de modernizar nuestras estructuras económicas y sociales y es necesario preparar los desafíos de la globalización para conseguir las oportunidades. 
En este proceso, los socialistas desean defender el modelo social europeo. 
Justicia social e inclusión social, deben seguir siendo objetivos permanentes. 
Algo que no impide reformas en el mercado de trabajo. 
Pero si flexibilidad y movilidad fueran la panacea para el pleno empleo, ¿de qué forma explicar el reciente repunte del desempleo en Estados Unidos? 
En Silicon Valley, corazón de la economía nueva, la tasa de desempleo es actualmente del 6%. 
Los trabajadores afectados, en general muy cualificados, no se van a otros lugares. 
Los que tienen que irse son los 500.000 especialistas no americanos que habían recibido por ley especial una autorización de trabajo temporal. 
Al comparar los mercados de trabajo no se pueden ignorar tampoco los dos millones de americanos en prisión, contra los 80.000 en Alemania o 60.000 en Gran Bretaña. 
El modelo americano no siempre es recomendable. 
Conclusión, reformas sociales, sí, liquidación social, no. 
Después de Lisboa, Barcelona está llamada a acelerar las reformas económicas. 
Pero liberalización no quiere decir desregulación. 
La liberalización exige mejores reglas y un verdadero control de éstas, como debería enseñarnos el caso Enron. 
Al modernizar su economía, Europa debe mantener unos servicios públicos eficaces al servicio de los ciudadanos, sobre todo de los más modestos. 
En un momento en el que se redescubren en los Estados Unidos las virtudes del servicio público, Europa no debe hundir los suyos. 
Los socialistas están a favor de la estabilidad macroeconómica. 
Sin embargo, el Pacto de Estabilidad no debe aplicarse de forma dogmática, sino teniendo en cuenta la coyuntura mundial. 
Disciplina presupuestaria, sí, pero flexibilidad necesaria cuando el estado de la economía mundial lo exija. 
Los americanos nos demuestran actualmente su pragmatismo en materia de política presupuestaria y fiscal. 
Sí, igualmente, a la globalización, pero no a una globalización sin reglas definidas y aceptada de forma multilateral. 
No a la globalización sin solidaridad, principalmente con los países desarrollados. 
Ahora bien, y el 11 de septiembre nos lo ha recordado de forma cruel, los países desarrollados no pueden vivir en paz más que contribuyendo a resolver los conflictos que, en todo el mundo, permiten a agitadores dogmáticos hacer creer a una juventud desocupada que vive en un mundo sin perspectivas. 
Nos corresponde a nosotros, señor Presidente, demostrar que es posible un futuro común. 
Señor Presidente, no ha sido tarea fácil redactar la ponencia del Parlamento sobre la próxima cumbre. 
El Sr. Bullman ha hecho todo lo posible y hay que darle las gracias por ello. 
Mi Grupo mantiene, no obstante, reservas sobre puntos concretos del informe, que en ciertos pasajes, en nuestra opinión, aparece impregnado de un miedo a la liberalización. 
Para nosotros no existe ninguna contradicción entre una economía de libre mercado y buenas condiciones sociales, al contrario. 
Las experiencias demuestran que en la gran mayoría de los casos nos hemos beneficiado como consumidores de la libre competencia para garantizar precios bajos y buena calidad. 
En la Cumbre de Barcelona los Jefes de Estado deberán posicionarse ante un plan de acción muy ambicioso destinado a impulsar las aptitudes y la movilidad en la UE durante los próximos cinco años. 
Creo que este plan es una iniciativa muy buena. 
Deben adoptarse en el ámbito comunitario decisiones que faciliten la vida de aquellas personas que quieren buscar nuevos desafíos trabajando o estudiando en otro país comunitario, debe asegurárseles unos derechos sociales, sin embargo, hay también una larga lista de iniciativas que los Estados miembros deben llevar a cabo para potenciar la formación y la educación. 
Esto debe hacerse mediante la coordinación abierta y me parece una idea estupenda que pongamos en práctica la coordinación abierta en este ámbito. 
Asimismo me parece importante que este proceso vaya acompañado de un debate abierto con la participación de todas las partes involucradas, pues sin este debate abierto existe un déficit democrático en la coordinación abierta. 
También me parece que debemos cuidar de que no se abuse de la cooperación abierta y quede así devaluada y de que no fijemos objetivos y cuotas europeas comunes para todo lo humano y lo divino. 
Acabaremos por destruir una buena idea y en cualquier caso no somos partidarios de la coordinación abierta en lo referido al cuidado de los niños. 
Señor Presidente, como catalán me alegro de que Barcelona se convierta por dos días en capital de Europa. 
Temo sin embargo que la máxima expectativa de mis compatriotas con respecto a la Unión se vea decepcionada. 
Para los Jefes de Estado y de Gobierno, se tratará de verificar dónde estamos con respecto al desafío asumido en Lisboa. 
Pero Cataluña espera mucho más de Europa que este desafío algo pueril. 
Espera en primer lugar que la Unión la reconozca por lo que es, es decir, una nación de máxima importancia. 
Espera también que la Unión admita su lengua milenaria hablada por cerca de 8 millones de personas como lengua oficial y lengua de trabajo en este Parlamento. 
Espera finalmente poder participar plenamente como tal en las diversas instancias europeas. 
Desea una Europa política en la que estimular el espíritu de empresa no signifique desilusionar a aquéllos que tienen hambre y sed de justicia. 
Una Europa en la que liberalización no rime con liquidación de los servicios públicos. 
Una Europa preocupada por el desarrollo duradero y que, por ello, no puede aprobar el plan hidrológico nacional, a pesar de todas las presiones que se ejercen sobre nosotros en este sentido y en este momento. 
Desea una Europa fraternal con los inmigrantes y solidaria con los pueblos que luchan contra las formas nuevas de colonización. 
Sin duda Cataluña necesita a Europa, pero Europa necesita también a Cataluña. 
El seny, el sentido común catalán, maravillaría al Consejo y a la Comisión. 
En unos días, mis compatriotas manifestarán sin duda con fuerza y mejor de lo que yo pueda hacerlo aquí una parte de sus aspiraciones. 
Ojalá puedan, ojalá podamos ser oídos. 
Señor Presidente, lo que resalta en el documento de la Comisión es, por un lado, el reconocimiento de que la estrategia de Lisboa tenía como objetivo un crecimiento económico del 3 por ciento, que no se produjo en 2000 y en 20001, con la desaceleración económica que se dejó sentir, y, por otro, el documento insiste en dos objetivos fundamentales a los que también se refiere el informe Bullmann: alcanzar los objetivos del Pacto de Estabilidad, en particular la estrategia de "déficit cero" en 2004 y acelerar los procesos retrasados. 
Así, aun reconociendo que se mantienen niveles preocupantes de pobreza y desigualdades de renta, las propuestas que presenta van orientadas a ejercer una mayor presión en pro de la liberalización de los mercados públicos, la creación de un mercado único de capital de riesgo en 2003 y de servicios financieros en 2005, la apertura del mercado de la electricidad en 2003 y del gas en 2004, el avance con un segundo plan de liberalización en el sector ferroviario y la apuesta por la reforma de los mercados de trabajo. 
Aunque indique algunas medidas positivas en el sector social con la reducción a la mitad de la tasa de pobreza hasta 2010 y la aprobación de los indicadores de inclusión social, la verdad es que la aceleración de las privatizaciones, el intento de flexibilizar el mercado laboral y la insistencia en aplicar los rígidos criterios del Pacto de Estabilidad sin tener en cuenta las diversidades de los Estados miembros y los graves problemas sociales de algunos van a originar más pobreza y desempleo. 
Es sintomática la confianza que la gran patronal tiene puesta en la Cumbre de Barcelona. 
A eso se debe nuestra firme oposición a ese documento de la Comisión. 
En cuanto al informe Bullmann, que en una primera fase tenía cierto equilibrio, fue desvirtuado más adelante, con lo que se aproximaba bastante a las posiciones de la Comisión y, por esa razón, nos oponemos a él. 
Señor Presidente, el gobierno burgués de mi país de origen, Dinamarca, ha contratado hoy a un estafador reconocido internacionalmente, un tal Sr. Lomborg, como director del llamado Instituto de Evaluación Ambiental gubernamental y con ello ha dado un gran paso para la supresión de cualquier desarrollo sostenible. 
La Presidencia del Consejo de la UE vence los conflictos sociales y mundiales más elegantemente mediante maniobras verbales, eufemismos y silencios, pero el resultado es, a grandes rasgos, el mismo. 
Por ejemplo, se afirma que el programa en favor de los sistemas de transporte integrados redunda en favor del medio ambiente, sin embargo, sólo la ampliación de la red de autopistas comunitarias desde la aprobación del Tratado de Maastricht hace diez años ha supuesto un aumento de las emisiones de CO2 vinculadas al tráfico rodado de un 15% y esto es completamente independiente de las decisiones políticas relativas a la reducción de las emisiones globales. 
No hay nada en los programas que indique cambios radicales. 
El programa de la Cumbre representa todo menos el desarrollo sostenible y esto no se refiere sólo a la perspectiva medioambiental. 
Qué pasa con la sostenibilidad social y económica de este mundo. 
El punto fundamental en Barcelona es consolidar y desarrollar la cuota de los países comunitarios en el dominio económico mundial. 
No sólo se sacrifica el medio ambiente, también a la gran mayoría de la población mundial. 
La unión entre el capitalismo hecho realidad de la UE y la represión política y militar comunitaria es aterradoramente obvia, no sólo para la élite comunitaria. 
Señor Presidente, Señorías, el desarrollo sostenible siguen siendo, por desgracia, una causa por la que luchar y no una realidad que perfeccionar. 
Diez años después de la Cumbre de Río de Janeiro, las señales de insostenibilidad se agravan y nuestra respuesta mundial sigue siendo insuficiente. 
Ante ese marco, fue muy importante que el Consejo de Gotemburgo aprobara una estrategia europea para el desarrollo sostenible y añadiera la dimensión medioambiental al proceso de Lisboa. 
Esa decisión, como la labor de recuperación del Protocolo de Kyoto, han mostrado con claridad la iniciativa de la Unión Europea en la esfera medioambiental. 
En cuanto al Consejo de Barcelona, me parece fundamental que se cumplan tres objetivos. 
En primer lugar, debe ir orientado a la acción, fijando metas, calendarios y acciones concretas de corrección de la insostenibilidad en la Unión Europea. 
En segundo lugar, debe indicar cuándo y cómo se hará la "medioambientalización" de las políticas comunes de la Unión Europea. 
En tercer lugar, debe aprobar un ambicioso conjunto de indicadores medioambientales que sirvan de referencia para la evaluación anual. 
Una última observación sobre la enmienda nº 10, que condena el plan hidrológico español: está en juego el crédito del Parlamento Europeo y el equilibrio de las instituciones. 
El Parlamento no puede transformarse en una instancia del Tribunal de las Comunidades, so pena de crear un precedente gravísimo. 
Los ciudadanos europeos, como los diputados europeos, tienen a su disposición mecanismos para impugnar la idoneidad jurídica de determinados proyectos en el marco de lo contencioso comunitario. 
Esa enmienda es inaceptable, amenaza la propia aprobación de la resolución, por lo que espero, en todo caso, que prevalezca el sentido común de quienes la proponen. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, comparto plenamente las orientaciones definidas en el informe del Sr. Bullmann y en especial la referencia a algunos objetivos fijados en Lisboa en orden a una visión del Estado del bienestar que no la considera como un apéndice asistencial de la política económica, sino como un factor fundamental de una política de desarrollo sostenible hacia el pleno empleo y la mejora de la calidad del trabajo. 
Comparto asimismo muchas de las razonables orientaciones formuladas en el informe del Sr. Karas. 
Sin embargo, el papel estratégico asumido en Lisboa por las políticas en materia de investigación y desarrollo, de educación y formación permanente, de aumento de la población activa y empleo de los trabajadores de más edad exige que estos objetivos formen parte de una política económica y social elaborada y decidida en un único foro y con un proceso de toma de decisiones consensuado, incluso con formas de cooperación abierta. 
Desde este punto de vista, son preocupantes los retrasos acumulados en las inversiones públicas y privadas, en la investigación y en la formación permanente que vinculan, lo repetimos una vez más, los procesos de movilidad y de flexibilidad al requisito inderogable de la seguridad y de la creación de empleo. 
Pero aún más preocupantes son los signos de una ralentización en la construcción de una policy mix que ponga en común la coordinación de las políticas económicas para un desarrollo sostenible y la coordinación de las políticas de empleo y de cohesión social para fomentar una nueva etapa del diálogo social. 
Si semejante orientación que hoy parece prevalecer, o sea, de volver a una disociación entre la política económica común, por otra parte, frecuentemente ausente, y la política social que corre el riesgo de relegarse al rango de política asistencial, se infravalora en Barcelona y no se reprochara abiertamente, esto significaría comprometer irremediablemente los objetivos fijados en Lisboa para el período 2002-2010. 
Este peligro es aún más serio, puesto que parece coincidir con el objetivo de una coalición política transversal que tiende abiertamente a desvirtuar el contenido estratégico de las decisiones de Lisboa. 
Es el caso de un documento firmado por los jefes de los Gobiernos italiano y británico, en el que no se apoya la reforma estructural, sino la desregulación del mercado laboral, el vaciamiento de los convenios colectivos sometiéndolos a la aceptación voluntaria de cada empresario y de cada trabajador. 
Se trata de un ataque al artículo 30 de la Carta de Derechos Fundamentales que en Barcelona no puede encontrar ni consenso ni aceptación. 
Señor Presidente, aunque no hay duda de que el impulso liberalizador del proceso de Lisboa merece una acogida favorable en la Cumbre de Barcelona, quisiera poner en su atención dos advertencias. 
En primer lugar, lo que no hacemos y aquello que nos abstenemos de hacer es tan importante como lo que decididamente intentamos hacer. 
Deberíamos aprender, en aras de la competitividad, a abstenernos de sobrecargar y abarrotar la Unión Europea de un exceso de regulación o de iniciativas que no sean estrictamente necesarias. 
En esa perspectiva, espero que la Cumbre de Barcelona dirija su atención al tema candente de la evaluación de las repercusiones de la regulación. 
Con demasiada frecuencia, se lanzan iniciativas sin haber realizado antes una evaluación completa de sus repercusiones para las empresas, para el medio ambiente, pero también para los consumidores y las administraciones. 
Dirijamos todos nuestra atención a un endurecimiento de los obstáculos que deberemos sortear antes de lanzar las iniciativas. 
La segunda advertencia es la siguiente. 
El proceso de Lisboa- y no hay duda de que esto se sacará a colación en la Cumbre de Barcelona- cruje actualmente bajo el peso de todo tipo de objetivos. 
Está muy bien fijarse objetivos, pero éstos pueden debilitar rápidamente la credibilidad del proceso en caso de que no se cumplan o cuando los Estados miembros los cumplen sencillamente por arte de magia. 
Quisiera pedirles al Consejo y a la Comisión que sean cautelosos respecto de la aplicación y el establecimiento de demasiados objetivos cuando resulta evidente que éstos no siempre van a cumplirse. 
Mi Grupo se ha mostrado crítico desde hace mucho tiempo con el proceso de Lisboa, entre otras causas, por su fe incuestionable en el crecimiento económico en sí, sin el menor intento de realizar una evaluación cualitativa del mismo, y sin embargo nos aferramos a dicho crecimiento como indicador clave del bienestar económico y asumimos que eso significa también bienestar social. 
Si debo vallar mi casa, colocar una alarma antirrobo, cierres en las ventanas, etcétera, puede que ello sea bueno para la economía, pero no lo es para mi calidad de vida. 
También criticamos la ambición de convertirnos en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, sobre la base de que en toda competencia siempre habrá perdedores, tanto dentro de la Unión Europea como en el resto del mundo. 
Lo que ahora nos ocupa respecto del proceso de Lisboa es que debemos cuidarnos de que la cohesión social, que era otro de los objetivos, no se convierta en una víctima de nuestro afán de competitividad. 
También somos perfectamente conscientes de que con Lisboa no es suficiente. 
Gotemburgo añadió el medio ambiente y la promesa de celebrar cumbres de primavera, como es el caso de Barcelona, dedicadas a la sostenibilidad. 
En opinión de mi Grupo, todas las cumbres deberían tratar sobre sostenibilidad, aunque me conformaría con que se celebrara como mínimo una al año para empezar, porque el medio ambiente es el puntal de nuestro desarrollo económico, y si no existe sostenibilidad, podemos decir adiós al Pacto de Estabilidad. 
El original informe del Sr. Bullmann nos brinda un recordatorio exhaustivo de varios asuntos relativos al empleo, a la cohesión social y la importancia de la sostenibilidad, pero creo que hemos sido testigos de un considerable aumento de la tensión con dicho informe, en el que no faltan algunos elementos que la ECON quiere incorporar a la propuesta de resolución, sin olvidar el apartado 25 y su defensa de la liberalización sin ninguna evaluación cualitativa sobre el aspecto social y medioambiental, y el apartado 36, que nos dice que la Unión Europea realizó una excelente labor en la Conferencia de Doha con nuestra contribución al relanzamiento de la liberalización del comercio mundial como catalizador del crecimiento internacional. 
Debemos apartarnos de la idea de que el crecimiento sostenible deba de ser del 3% aproximadamente año tras año, si con ello vamos a agotar nuestros recursos finitos y contaminar nuestro medio ambiente. 
Debemos decidir, como Unión Europea, qué entendemos por crecimiento económico sostenible y no es eso sobre lo que nos disponemos a votar aquí. 
Señor Presidente, más Europa, tema de la Presidencia española, es a priori una ambición que podríamos suscribir. 
La pregunta es: ¿qué Europa? 
Cuando la Unión necesita de un impulso económico y social fuerte, necesita responder a las aspiraciones ciudadanas que se están manifestando, la Cumbre de Barcelona se anuncia como una etapa decisiva para la puesta en marcha de una liberalización acelerada de los servicios públicos que el Presidente en ejercicio ha llamado hace unos momentos "industria de redes". 
Liberalización, respuesta mágica. 
Las expectativas no dejan sin embargo de incrementarse para unos servicios públicos más ambiciosos y de calidad. 
Creo que esta necesidad es universal. 
Las considerables desigualdades que existen entre países en términos de acceso de las poblaciones a estos servicios justifican la elaboración de normas europeas comunes susceptibles de permitir una armonización por arriba. 
No es menos servicio público lo que debería figurar en el orden del día sino más y mejor con su desarrollo, su democratización, su modernización. 
Los servicios públicos, o servicios de interés general, siguen siendo considerados en la Unión una excepción a las reglas de la competencia. 
Deben, al contrario, convertirse en el corazón de la cohesión social Europea, la clave de la acción para una Europa de progreso, convertirse en una de sus referencias y de sus valores. 
Cuando se nos ha presentado el informe de situación sobre la cohesión de la Unión, ¿se va a continuar deshaciendo por un lado lo que se intenta construir por el otro? 
La Cumbre de Barcelona, evidentemente, no se limita a esta cuestión, pero los problemas de fondo son los mismos: situación económica, lucha contra el terrorismo, ampliación, necesidad de instituciones más democráticas, son otros tantos temas que invitan a una reflexión nueva sobre el sentido de la Unión y sus ambiciones cuando se inicia mañana la primera reunión de la Convención. 
La referencia formal a más Europa social, como el necesario acercamiento a los ciudadanos, no es suficiente. 
Se necesitan señales importantes, actos concretos. 
Las respuestas anunciadas para la cumbre por el momento no van en el buen sentido, antes al contrario. 
Detrás de la declaración de más Europa, es una Europa más liberal la que se afirma, es el credo del mercado. 
Los ciudadanos esperan otras cosas. 
Van a decirlo con fuerza en vísperas de la cumbre durante las manifestaciones. 
Es urgente escucharlos. 
Señor Presidente, señor Ministro y señores Comisarios, creo poder afirmar que hoy estamos discutiendo aquí un tema muy relevante, y me alegro de que ello suceda bajo Presidencia española. 
En ningún lado el nivel de desempleo ha bajado tanto como en España. 
Acabo de calcular que, gracias a los inmensos esfuerzos de este país, el porcentaje total de desempleo de la Unión ha disminuido en un 1%. Sin el empeño español el nivel de desempleo se situaría en el 9,5 %, no en el actual 8,5 %. 
En mi opinión, estamos ante un logro extremadamente importante que debería servir de ejemplo para algunos otros países. 
Este éxito tiene su origen en una combinación de varios factores: reformas económicas, diálogo social, etcétera. Ahora se trata de que toda Europa, todos los países, sigan el ejemplo de España. 
Por otra parte, también se ha producido una serie de acontecimientos desafortunados. El primero de ellos ya ha sido mencionado por el Sr. Poettering, a saber, el asunto de la "carta azul" en Alemania. 
¿Cómo ocurrió? 
Aquí entran en juego dos hechos reprobables: la primera consiste en que un país que no forma parte de la zona euro, es decir, Gran Bretaña, se entromete en asuntos propios de nuestra zona euro. 
Aunque no tengan nada que ver con ello y sin tener vínculo alguno con nosotros prestan su colaboración para impedir que se logre una mayoría cualificada. 
¡Es un auténtico escándalo! 
Si nos descuidamos vendrán también Putin y Bush a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro tipo de interés. 
Ello no es aceptable, señor Presidente, y, por tanto, creo que debemos poner fin a esta situación cuanto antes. 
El segundo hecho condenable reviste otro carácter distinto. 
Se trata del sistema alemán de redistribución financiera interna. 
En el pacto de estabilidad hacemos todo lo posible por no contraer deudas, pero en el sistema alemán de redistribución financiera el endeudamiento es motivo de recompensa. Incluso las regiones autónomas que no tienen necesidad de endeudarse son obligadas a hacerlo. 
También hay que poner fin a estas prácticas. 
De lograr este propósito, podremos desempeñar un papel económico mucho más eficaz y solidario. 
Señor Presidente, personalmente he considerado un avance fundamental la decisión que se tomó en Gotemburgo de integrar la dimensión medioambiental dentro del proceso de Lisboa. 
Sin embargo, soy algo pesimista respecto a la posibilidad de que el inminente Consejo de Primavera desarrolle ese planteamiento coherentemente. 
Me limito a citar las tres razones principales de este pesimismo que espero que se vea desmentido: primero, la lentitud con la que la dimensión medioambiental se equipara a la económica y social, y muestra de ello es la parcialidad de los indicadores puestos a punto hasta ahora para evaluar los progresos realizados; segundo, la manera todavía demasiado cerrada en que se gestiona la estrategia de Lisboa y de Gotemburgo, o esa, sin la necesaria implicación del Parlamento Europeo, pero también de las autoridades regionales y de los interlocutores sociales; tercero, el retraso que las Instituciones comunitarias, incluido el Parlamento, están acumulando para equiparse en función del concepto de desarrollo sostenible, un concepto que no permite compartimientos estancos ni conflictos de competencias. 
Este concepto de desarrollo se basa en el principio de integración de las políticas y, por lo tanto, exige la máxima coordinación y cooperación, así como la creación de instrumentos comunes de planeamiento, orientación y seguimiento. 
Todo ello por una razón fundamental: la innovación, la investigación, la formación, la cantidad y la calidad del trabajo, la valorización del medio ambiente y de la cultura se van convirtiendo cada vez más en factores de una misma política. 
Estas exigencias están muy presentes tanto en el informe Bullmann como en el proyecto de resolución debatido en la Comisión de Medio Ambiente, y por esto, las apoyo plenamente. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, nosotros apoyamos en el Grupo Liberal las líneas generales y los objetivos que ha presentado la Presidencia española para la reunión de Barcelona y tuvimos ocasión de comentarlo con detalle en la intervención del Vicepresidente Rato en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Sin embargo, desearía hacer algunas observaciones. 
Una es la necesidad, a nuestro entender, de que al finalizar el Consejo Europeo de Barcelona haya un calendario para los objetivos que se fijen. 
Han transcurrido dos años desde Lisboa y la verdad es que si se observa la evolución, por ejemplo, de los niveles de productividad, la evolución de la propia economía, no ya en términos absolutos, sino en relación con la norteamericana, o la falta de realización de algunos objetivos fundamentales como la liberalización de algunos sectores aún excesivamente protegidos y que distorsionan claramente la competencia, el balance de este proceso, hasta ahora, no resulta satisfactorio. 
Por lo tanto, para dar credibilidad a la reunión del Consejo Europeo es necesario, además de volver a elaborar un catálogo de todo lo que hay que hacer, cosa que se viene repitiendo, establecer claramente una relación entre los objetivos y el calendario. 
Señor Presidente, los más optimistas y los más voluntaristas de los europeos conservan, dos años después de la Cumbre de Lisboa, el enunciado de un nuevo paradigma: hacer de la Unión la economía del conocimiento más competitiva del mundo, acompañada de una mayor cohesión social. 
Esta estrategia, completada en Gotemburgo, se convierte en una estrategia de desarrollo duradero en el ámbito medioambiental y social. 
Queríamos creer en ello, quisiéramos creer en ello, seguimos queriendo creer en ello, pero en realidad esta integración de las dimensiones económicas, sociales y medioambientales no es más que un engaño. 
La Presidencia española no finge. 
Es de una gran sinceridad. 
Para ella, el desarrollo duradero de la Unión es la eficacia de los mercados, de los bienes, de los servicios, de los capitales y del trabajo. 
¿Se puede fingir que se cree en ello? 
Se nos pretende vender la liberalización acelerada de los mercados, de los transportes, de la electricidad, del gas, cuando sabemos que de ello se derivará el debilitamiento de las capacidades de los servicios para actuar en la lucha contra la pobreza, para la protección social, menos cohesión territorial, menos empleos de calidad, como demuestran todos los estudios. 
Se organiza la flexibilidad del mercado de trabajo y de la movilidad de los trabajadores en lugar de una política real de creación de empleo. 
El informe del Sr. Bullmann intenta lo imposible. 
Querría la mantequilla y querría también el dinero de la mantequilla. 
Respeto por los compromisos del Pacto de Estabilidad e inversiones a favor de educación, de la investigación, del medio ambiente y de las redes. 
Calidad del empleo y flexibilización del mercado. 
No, decididamente, para nosotros, las prioridades reales para Barcelona son: desarrollo de la economía social y solidaria, renta de autonomía, incluso para los jóvenes cuya pobreza aumenta enormemente, definición real de los servicios de interés general, reducción del tiempo de trabajo, inversiones en el medio ambiente y en el marco de vida. 
Éstas son para nosotros las prioridades de la Cumbre de Barcelona. 
Señores Presidentes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, yo voy a referirme exclusivamente al informe del colega Karas. 
En primer lugar, es muy de agradecer que se establezca una clara separación entre las auténticas consecuencias económicas del 11 de septiembre y otras deficiencias muy anteriores en el ámbito de la política y la economía. 
La Unión Europea debe permitir, evidentemente, que los Estados miembros apoyen a las empresas afectadas por graves problemas que efectivamente tengan su origen en las consecuencias del atentado, con el fin de mitigar o evitar repercusiones negativas para la economía empresarial, así como las repercusiones sociales asociadas que afectan a los trabajadores allí empleados. 
En segundo lugar, es irresponsable, sin embargo, la actuación de las empresas que aplican medidas de racionalización- léase, destrucción de puestos de trabajo- de manera preventiva, amparándose injustificadamente en los sucesos del 11 de septiembre. 
Sería, de hecho, absurdo y perjudicial ofrecerles, además, ayudas estatales. 
En tercer lugar, me parece indemostrable la afirmación de que la reducción de los tipos de interés del Banco Central Europeo y la introducción del euro en Europa permitieron atajar en sus inicios una crisis financiera internacional. 
En cuarto lugar, las consecuencias negativas adicionales para la situación económica derivadas del incremento del gasto militar y en la seguridad interior, como teme el ponente, se podrían minimizar drásticamente mediante una política de desarrollo razonable, encaminada a eliminar las causas del terrorismo, como son la pobreza, la opresión, la explotación y la intolerancia cultural. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, en los dos minutos de que dispongo, quisiera concentrarme en un aspecto parcial que va a desempeñar un papel muy importante en la Cumbre de Barcelona. 
El Presidente de la Comisión ha señalado que allí también se va a tratar sobre el plan de acción en el ámbito de la biotecnología que ha propuesto la Comisión. 
Yo creo que es bueno que en Barcelona se hable de ello, pues la biotecnología ofrece oportunidades de crecimiento y de empleo. 
Me parece acertado que la Comisión tome valerosamente la iniciativa en este ámbito. 
La mayoría de las aplicaciones de la ingeniería genética y la biotecnología, quiero decirle explícitamente, no plantean ningún problema desde el punto de vista de los principios éticos. 
Por lo tanto, deberíamos apoyar la biotecnología. 
Ésta también puede contribuir al desarrollo sostenible, gracias al ahorro de recursos que permitiría una aplicación bien meditada de la biotecnología. 
No obstante, también existen motivos justificados de preocupación, señor Presidente de la Comisión. 
Yo tengo la impresión de que el plan de acción de la Comisión presenta estas preocupaciones justificadas más bien como un problema de aceptación, que bastaría debatir suficientemente, a la vez que se informa a la población, para que desapareciese. 
El Parlamento Europeo ha insistido, sin embargo, siempre en que también existen unos límites necesarios, unos límites indispensables por su propia naturaleza y que es preciso definir políticamente para proteger el medio ambiente y la salud, pero también por razones éticas. 
Ya no somos, en efecto, la Comunidad Económica Europea, sino la Unión Europea. 
Por consiguiente, también necesitamos contar con unos valores comunes y de éstos se desprenden consecuencias. 
Por esto me parece un error que, en su documento, la Comisión trate con un enfoque muy global la investigación con células madre y no plantee los problemas éticos de manera suficientemente diferenciada. 
El Presidente del Gobierno Aznar ha adoptada una actitud muy distinta en los últimos días y se ha referido explícitamente a los problemas éticos. 
Yo quisiera instar al Consejo y a la Comisión a que se ocupen de estos problemas. 
También quiero pedir a las y los colegas que apoyen la enmienda 27 a la Resolución Jackson, en la que contemplamos de manera equilibrada justamente esta ponderación de las oportunidades y los riesgos, e instamos al Consejo a que obre en consecuencia. 
En primer lugar, la liberalización del mercado de la energía, en segundo lugar, el Espacio Europeo de Investigación y las medidas colaterales que deberán acompañar al Sexto programa marco, y en tercer lugar, el espíritu empresarial. 
Respecto al espíritu empresarial, ¿no es hora ya de que oigamos algunos de los resultados de los numerosos ejercicios de comparación de prácticas que se han llevado a cabo? 
¿No es hora ya de que nombremos y afeemos el comportamiento de aquellos Estados miembros que no adoptan las medidas necesarias para mejorar el espíritu empresarial y la competitividad? 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha votado sobre las directivas relativas a la liberalización del gas y la electricidad, y hemos llegado a la conclusión de que si se lleva a cabo la liberalización sin prestar la debida atención a sus consecuencias para el medio ambiente, los consumidores y los aspectos sociales, nos habremos embarcado en un viaje peligroso. 
Quisiéramos pedir, por ejemplo, que se utilice la eficiencia energética como indicador en los procesos de Lisboa y de Barcelona. 
Si un Estado miembro es tan inepto como para no hacer un uso inteligente de la energía, nunca será competitivo. 
Es uno de los mejores indicadores de la voluntad de dicho país de prosperar en el mundo actual, por ello pedimos indicadores en este ámbito. 
Y, por favor, dígannos cuáles han sido los resultados de los numerosos ejercicios de comparación de prácticas que se han realizado. 
La Comisión de Medio Ambiente ha elaborado una hermosa resolución sobre el desarrollo sostenible. En teoría todo el mundo está a favor, pero a la hora de la verdad el apoyo político decrece rápidamente. 
Ahora el Gobierno Aznar pretende que Europa le conceda una subvención anual de mil millones de euros para su Plan Hidrológico Nacional, un estúpido plan que atenta contra el desarrollo sostenible. Se trata de transportar agua a lo largo de miles de kilómetros en lugar de ahorrar agua y desalinizar el agua marina. 
La Comisión se muestra partidaria de otorgar este dinero. Ello es inaceptable. 
Por eso pido a mis compañeros que respalden la enmienda 10, incluida la referencia a España. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, situar la dimensión medioambiental al mismo nivel de importancia que la dimensión económica y social y actuar en consecuencia es dejar de hablar de desarrollo sostenible para hacer desarrollo sostenible. 
Mostrar una actitud vigilante y exigente respecto a la aplicación de criterios de desarrollo sostenible en los Estados miembros en lo concerniente al cumplimiento de la normativa europea y a la aplicación de fondos comunitarios es obligación de las instituciones comunitarias. 
La propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es una iniciativa que insiste en estos aspectos y, por ello, merece el respaldo de esta Cámara. 
Sin embargo, traer al Parlamento Europeo, al hilo de esta resolución, una cuestión de política nacional como es el Plan Hidrológico español, es un grave error que no responde en absoluto al deseo de hacer desarrollo sostenible sino a la intención de romper con los principios de subsidiariedad y autonomía de las instituciones comunitarias. 
Señor de Roo, intentar privar a un Estado miembro, a priori, sin fundamento, de fondos comunitarios necesarios para su desarrollo económico y para la cohesión social de sus regiones es, de hecho, actuar en contra del propio desarrollo sostenible de ese Estado miembro. 
El Plan Hidrológico Nacional español no es un enemigo del desarrollo sostenible, su planteamiento parte de un total compromiso de cumplimiento de la normativa ambiental comunitaria y de los criterios que inspiran la estrategia de desarrollo sostenible, cuenta con el apoyo y la aprobación mayoritaria de las instituciones nacionales competentes, la supervisión científica y técnica permanente tanto nacional como comunitaria. 
La mejora de la calidad de vida de más de quince millones de habitantes depende de su ejecución, y cuenta con el apoyo solidario de la inmensa mayoría de la población española. 
Nuestros electores esperan de nosotros respuestas adecuadas a las cuestiones sobre las que hemos de tomar posición. 
Precisamente, las mejores respuestas políticas son fruto de la reflexión, la prudencia y el conocimiento profundo de la cuestiones; en ningún caso, de la demagogia. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, a menudo parece que la educación tiene un papel secundario en los temas de liberalización del mercado, la innovación tecnológica e, incluso, en el fomento de las telecomunicaciones y de la infraestructura empresarial. 
No obstante, el informe Bullmann llama nuestra atención y nos recuerda que todas estas medidas no servirán absolutamente de nada si no tenemos una ciudadanía instruida que pueda crear, manejar y atender estos sectores. 
Por consiguiente, la educación en el contexto de un entorno de producción y empresarial sofisticado en una sociedad que exige frecuentes cambios en materia de aptitudes y en una sociedad que exige movilidad transfronteriza se convierte en un requisito imprescindible, en el condicionante de nuestro éxito en una economía basada en el conocimiento, y no en uno de los resultados de sus éxitos. 
Cómo podemos aspirar a tener una economía competitiva y dinámica si en la actualidad los Estados miembros aún presentan proporciones importantes de analfabetismo, enormes desigualdades en conocimientos lingüísticos, proteccionismo y discrepancias en la concesión de títulos de formación profesional y académicos y numerosas barreras financieras y legales que dificultan la movilidad. 
Los cambios que necesitamos exigen la cooperación fundamental entre los Estados miembros, una cooperación que a los ministros de educación, vicerrectores de universidades y autoridades nacionales responsables de la concesión de títulos les resulta enormemente difícil. 
Por ello, habida cuenta de estas extraordinarias dificultades que hay que superar, lo único que en Barcelona nos permitiría dar un gran paso adelante sería la creación de un marco, el compromiso conjunto y una evaluación realista de los recursos necesarios para garantizar que damos estos saltos fundamentales en el fomento de la educación como el paso decisivo para entrar en el futuro de una economía basada en el conocimiento competitiva en Europa. 
Señor Presidente, las comisiones parlamentarias a las que pertenezco han realizado durante estos últimos días importantes avances en materia de legislación sobre servicios financieros, así como sobre la liberalización del mercado de energía. 
Será trágico si el Consejo Europeo no hace frente también a las necesidades urgentes de Europa y a su propia retórica de Lisboa y lleva este ámbito de la legislación hasta su culminación y pronto. 
Aparte de esto, hago hincapié en la importancia decisiva que la investigación y el desarrollo y la innovación tienen para el futuro de Europa. 
El Sr. Prodi ha resaltado este ámbito político y ha dicho, muy acertadamente, que no existe ningún motivo por el que Europa no deba estar a la cabeza del mundo en biotecnología, que sin ninguna duda será el principal campo de la ciencia y de la industria, para el empleo y una mejor calidad de vida durante las próximas décadas. 
Y sin embargo, ¿qué tenemos? 
Discusiones por la patente comunitaria, moratoria y antagonismos, obstáculos de procedimiento que han impedido cualquier avance en los cultivos genéticamente modificados y anulada la enorme promesa que nos ofrecían a todos en Europa y, en particular, al mundo en desarrollo. 
Unos procedimientos de aprobación excesivamente complejos y onerosos y procesos de patentado de nuevos productos sanitarios y farmacéuticos. 
No podemos permitirnos perder a nuestros mejores científicos y que éstos vayan a trabajar para nuestros competidores, de los que reciben mayor reconocimiento y la libertad necesaria para realizar sus ambiciones, además de ofrecerles una remuneración adecuada. 
Ya han pasado dos años desde Lisboa y sólo faltan ocho para 2010, plazo en el que debemos convertirnos en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
El movimiento se demuestra andando, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no tenemos tiempo que perder. 
Señores Presidentes, colegas diputados y diputadas, para poder alcanzar los ambiciosos objetivos de Lisboa y hacer de la Unión el espacio basado en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo, en primer lugar, es necesario intensificar el ritmo; en segundo lugar, se deben definir mejor los grupos meta; y en tercer lugar, es preciso aplicar los instrumentos de manera más consecuente. 
Si se quiere elevar al 60% la tasa de empleo de las mujeres antes de 2010, los Estados miembros deberán combatir de manera más activa el paro juvenil y definir criterios comparativos que permiten incrementar la participación de las mujeres en las prometedoras tecnologías de la información. 
Su participación todavía sigue siendo del 10-20% y las propietarias de pequeñas y medidas empresas representan un 20% del total. 
Las mujeres ocupan sólo un 10% de los puestos de alta dirección de las empresas. 
¿Qué impulso se está dando en estos aspectos? 
A pesar de que los reglamentos de los Fondos estructurales incluyen la igualdad de oportunidades de las mujeres como una prioridad y la estrategia marco para la integración de la igualdad entre las mujeres y los hombres en todas las políticas ofrece recetas, las mujeres ganan entre un 20% y un 30% menos que sus colegas varones, según los países y los sectores. 
Las jóvenes han depositado grandes expectativas en Europa y reclaman servicios de guardería flexibles y los padres también los piden, señor Presidente del Consejo, porque comparten la responsabilidad y quieren conciliar la actividad profesional y la vida familiar. 
Iniciativas europeas como la relativa a la formación a lo largo de toda la vida e iniciativas comunitarias como Equal lo tienen en cuenta. 
Ahora es necesario avanzar nuevos pasos. 
Es preciso crear nuevas formas y queremos que las mujeres no se vean defraudadas, como ha ocurrido en el caso de la Convención, donde la representación femenina es, lamentablemente, sólo de un 20%. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, al dirigirme a ustedes el pasado mes de enero, con ocasión del debate sobre las prioridades de la Presidencia española, señalé que España tenía mucho que enseñar a la Unión Europea, estimulada por la política claramente coronada por el éxito desde hace varios años y que encabeza el Primer Ministro, José María Aznar. 
Sólo puedo repetirlo de nuevo hoy y con más intensidad, pocos días antes del Consejo Europeo de Barcelona. 
En una coyuntura económica internacional difícil, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión manifestaron en Lisboa la voluntad de hacer de la Unión Europea a medio plazo una de las regiones económicas más competitivas, más dinámicas y prósperas del mundo. 
Barcelona debe trabajar de forma que este deseo no quede sólo en un deseo bienintencionado y que se lleven a cabo las reformas económicas, sociales y ambientales que implica este objetivo ambicioso y cuya realización no se puede diferir. 
Hemos de tomar el euro como punto de partida para realizar una Europa sin fragmentación, donde los mercados estén plenamente integrados, una Europa en la que las empresas, los trabajadores y los estudiantes puedan tener como referencia y como campo de acción a la totalidad de la Unión. 
No hay mejor integración social para nuestros conciudadanos que el ejercicio de una actividad profesional. 
La nueva fase de la estrategia para el empleo debe hacer más hincapié en los obstáculos estructurales para la creación de empleos, en los regímenes fiscales y en los sistemas de protección social, y permitir una cooperación más estrecha entre los servicios nacionales de lucha contra el desempleo. 
En todos estos temas, ya no es momento ni de replegarse sobre sí mismo, ni de ser pusilánimes ni aventureros. 
En un momento en el que algunos países de la Unión Europea realizan en solitario una política que tiene como efecto refrenar a los ciudadanos en su voluntad y en su capacidad para emprender, para trabajar, y por tanto para contratar, otros países de la Unión, de la zona euro, se dotan de un entorno que permite a cada cual desarrollar su espíritu de iniciativa y su creatividad. 
Deseo por tanto que la Cumbre de Barcelona sea la ocasión para que Europa, toda Europa, avance en la segunda vía, la del dinamismo, la de la libertad de iniciativa, de la competitividad y de la responsabilidad. 
Señor Presidente, la estrategia de Lisboa ha sido un éxito. 
La anterior Cumbre, la Cumbre de primavera en Estocolmo, también fue un éxito. 
En cambio, no estoy tan seguro de que la Cumbre de Barcelona vaya a tener éxito. 
Todo dependerá del equilibrio entre los diversos asuntos que se traten. 
Hasta ahora de lo que más se ha hablado es de la liberalización de los distintos mercados. 
En mi país, Suecia, hay un gobierno socialdemócrata que, más que muchos otros, ha liberalizado los mercados. 
No tengo, por tanto, nada en contra de las liberalizaciones, pero éstas deben contrapesarse con una enérgica estrategia de empleo, de calidad de la vida laboral, de lucha contra la pobreza y, especialmente, de desarrollo sostenible. 
Parece que estos aspectos no tienen mucho peso cuando se debate la próxima Cumbre de Barcelona. 
En su informe, el señor Bullmann logra conseguir un equilibrio entre las liberalizaciones y el desarrollo sostenible, la estrategia de empleo y la calidad de la vida laboral. 
Espero que en la Cumbre de Barcelona se mantenga este equilibrio, ya que ésta será juzgada por los éxitos que se logren en este punto. 
No podrá haber sólo liberalizaciones. 
Para que la Cumbre de Barcelona tenga éxito también deberán estar presentes los otros aspectos de la estrategia de Lisboa. 
Señor Presidente, antes de mi intervención haré un breve paréntesis para responder al Sr. Trentin. 
Cuando en un debate, en una discusión interviene el factor demagogia, creo que no se logran muchos frutos. 
Berlusconi y Blair no se reunieron para cumplir un ceremonial, se reunieron convencidos de que existe un modelo de mercado laboral que hay que reformar. 
Tenemos un modelo superado, un modelo que hay que reformar. 
Asimismo sabemos que hay fuerzas conservadoras que defienden al trabajador sobre el papel pero no en la práctica. 
Dicho esto, Señorías, ante todo deseo felicitar al Sr. Karas por su excelente informe. 
Es una fotografía fiel del estado de salud de la economía europea y mundial tras los atentados del 11 de septiembre del año pasado y es un documento de trabajo y de propuestas sobre las futuras elecciones de la economía europea. 
Para este relanzamiento económico, debemos partir de la rigurosa aplicación del Reglamento nº 1466/97, en virtud del cual los Estados miembros de la zona euro han de presentar y cumplir los programas de estabilidad, mientras que todos los demás países pendientes de adhesión deben implantar una política económica sana y rigurosa que converja fuertemente con los Estados miembros. 
Resulta indispensable la aplicación rigurosa de estas reglas por parte de todos los Estados adherentes: cualquier flexión o condescendencia resultaría contraproducente y llevaría a no compartir las siguientes tomas de posición respecto de otros países que sobre el papel resultarían menos fuertes. 
Se identifican también los sectores más afectados por la crisis: las compañías de seguros, la industria aeronáutica y el turismo. 
Seguramente interesante es la hipótesis que se baraja de un mecanismo de reaseguro estatal, porque estos atentados no se dirigen contra los particulares, sino contra la comunidad de todos los ciudadanos. 
Es de importancia capital que esta crisis nos sirva de aviso para el futuro. 
La exasperación del nacionalismo y el ejercicio de un liderazgo internacional no nos deben hacer olvidar la pobreza y la exclusión. 
El error más grave sería llegar a identificar nuestra seguridad y nuestra estabilidad con la debilidad de los demás países potencialmente enemigos. 
Señor Presidente, el proceso de Lisboa fue importante porque representó un gran avance con la decisión de adoptar un enfoque integrado de las dimensiones de las políticas económica, de empleo y social para garantizar que todas ellas se sitúan en la misma posición en términos de desarrollo político. 
Es importante que Barcelona no se retracte de dicho compromiso. 
Es importante que Barcelona comprenda que para que exista cohesión social, si queremos reformar y desarrollar nuestro modelo social europeo, debemos mantener y desarrollar el enfoque de triángulo equilátero respecto al desarrollo de Europa. 
Hago referencia específica al apartado 22 del informe Bullmann que trata sobre la cuestión de los servicios de interés general. 
Es de la máxima importancia, en mi opinión, que esta Asamblea dé su firme apoyo a dicho apartado. 
Es un ámbito de la economía europea que representa algo así como el 16% de la inversión y una proporción cercana al 9% del empleo. 
Ni que decir tiene que deberá ser reformado, pero al mismo tiempo debemos garantizar que los servicios de interés general son proporcionados de una manera equitativa, justa y universal. Esto no puede hacerse de una manera ad hoc. 
No puede permitirse que cada Comisario o cada Consejo adopte sus propio enfoque ad hoc. 
Debemos asumir una propuesta de este Parlamento sobre la introducción de una directiva, no una directiva que sirva para todo, sino una directiva que proporcione un marco para los servicios de interés general, que establezca los principios por los que se rija el suministro de dichos servicios y que institucionalice una evaluación de cómo se suministran dichos servicios. 
Señor Presidente, quiero dirigirme a la Cámara precisamente para hablar del tema del desarrollo sostenible en el Consejo Europeo de Barcelona. 
La resolución de la Comisión, evidentemente tiene muchos puntos interesantes; pero en relación con la enmienda nº. 10, en la cual se habla de la información y de los informes de sostenibilidad que tiene que emitir para conceder los Fondos Estructurales y en relación con el Plan Hidrológico Nacional español, quiero decir que mi preocupación es grande porque hoy en día no están bien definidos los criterios de sostenibilidad. 
No está bien definido qué consideramos como sostenible y esto se presta a visiones subjetivas, a propaganda y a visiones injustas. 
Entiendo que es preciso poner a punto los criterios que van a definir la sostenibilidad con una mentalidad abierta, porque la política integral requiere que se integre el carácter poliédrico de la sostenibilidad. 
Pero, además, hay que tener en cuenta criterios territoriales. 
Por tanto, habrá que usar parámetros objetivos y territorializados, entendiendo que el desarrollo sostenible siempre afecta a un territorio concreto. 
En este sentido, el cambio climático, por ejemplo, no puede aplicarse sólo a las emisiones de gases, también ha de aplicarse al avance del desierto, que es perfectamente cuantificable, a la pluviometría. 
Pero, además, me preocupa otra cosa. 
Si hemos logrado que la sostenibilidad y el medio ambiente sean un proyecto transversal, éste, el medio ambiente, ha de abrir la puerta también a los criterios sociales y económicos. 
No hay sostenibilidad sin una valoración del impacto social, de la habitabilidad de los territorios, del impacto económico negativo y de los costos. 
Por tanto, o enriquecemos los criterios de desarrollo sostenible o crearemos situaciones de asimetría, de injusticia dificultando incluso el desarrollo de políticas de energía y agua en el futuro. 
Señor Presidente, fue un paso adelante muy importante el que dimos en Gotemburgo con la aprobación de una estrategia conjunta para el desarrollo sostenible, mediante lo cual también incluíamos la dimensión ambiental en la estrategia de Lisboa. 
La Cumbre de Barcelona del próximo mes será así pues la primera oportunidad de que dispondremos para hacer balance de su aplicación. 
Creo que los desafíos en materia medioambiental han recibido un trato incompleto en el programa de trabajo de la Presidencia española y también en la ponencia de la Comisión relativa a la cumbre. 
Desde la Comisión de Medio Ambiente hemos tratado de corregir algunas de estas carencias con las propuestas que serán objeto de debate mañana en este Parlamento. 
Permítanme mencionar un par de ejemplos. 
Me parece importante que hagamos más eficaz la estrategia de Cardiff relativa a la integración medioambiental, de modo que contemos con objetivos y calendarios claros para la aplicación de la estrategia. 
Asimismo es importante que llevemos a cabo evaluaciones sistemáticas de sostenibilidad de todas las iniciativas políticas en la Unión. 
En el ámbito agrícola y pesquero todos conocemos los problemas. 
Es sumamente importante que en las nuevas reformas de los ámbitos pesquero y agrícola atendamos a los requisitos medioambientales y de sostenibilidad también con relación a la ampliación. 
Finalmente espero que el Consejo Europeo con respecto a la Comisión pida que se aceleren los trabajos de una nueva política de productos químicos en la UE lo más posible. 
Espero que el Consejo quiera escuchar las muy justas recomendaciones y exigencias del Parlamento. 
Señor Presidente, aquí se han dicho muchas cosas. 
Yo voy a hacer sólo dos observaciones. 
La primera es sobre la estrategia para el desarrollo sostenible con vistas a la Cumbre de Barcelona; consiste en concretar el intento comenzado el año pasado en Goteborg, en donde en mi opinión, se logró casar la dimensión medioambiental con la evolución económica y con la cohesión social. 
El objetivo común hacia el que se dirigen nuestros esfuerzos, es conseguir adoptar en la práctica, una estrategia a largo plazo y del conjunto de la Unión Europea, para el desarrollo sostenible. 
Un ámbito importante del presente, y especialmente del futuro, es la biotecnología, para la cual no debemos pasar por alto ningún aspecto que pueda desempeñar en el futuro un papel importante para el desarrollo sostenible. 
La enmienda 27, que ha presentado mi Grupo, cubre este punto. 
Las aplicaciones biotecnológicas, especialmente la utilización de organismos modificados genéticamente, si se aplican con prudencia, pueden contribuir positivamente tanto a la economía y al mercado como a la protección del medio ambiente por razones muy numerosas y conocidas. 
En paralelo, en el intento de recuperar la confianza de los consumidores, se deben tener en consideración sus inquietudes al respecto; y es legítimo exigir que se indiquen y se rastreen los organismos modificados genéticamente, así como que se controlen con métodos analíticos. 
De esta manera se respetan los principios de seguridad, de la información plena y responsable, y al mismo tiempo, se crean las condiciones de una competencia sana en un sector muy prometedor. 
La segunda observación se refiere al documento de la Comisión sobre el plan de acción para la movilidad. 
En este punto, la propuesta de la Comisión sobre la tarjeta de seguridad social es muy incompleta y carece de fondo. 
¿Por qué? 
Porque no cubre las necesidades de los ciudadanos europeos y es sólo una simplificación de los procedimientos burocráticos. 
Sin embargo, si no se incorporan a la tarjeta informaciones y datos científicos que se puedan utilizar en otros Estados miembros, por supuesto con la conformidad del interesado, no hay mejora posible de la situación actual al cubrir las necesidades de atención médica en el ámbito europeo. 
Claro, esto supone que los sistemas informáticos de los Estados miembros en cuestiones médicas deben ser compatibles, y aquí es donde llega el papel de la Comisión, que esperábamos que fuese más positivo en este tema. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, quisiera ceñirme a un aspecto de la Cumbre, más en concreto, al empleo, a sabiendas de que la actual política socioeconómica gira en gran parte en torno a esta realidad. 
En primer lugar, creo que la Cumbre debe preguntarse si seremos capaces de lograr los objetivos de Lisboa. 
Yo lo veo imposible, sobre todo habida cuenta del pausado ritmo con que se están moviendo las cosas en Europa. 
He mirado las estadísticas correspondientes a la evolución del empleo y desempleo y, dado que el último año ha sido muy malo, ciertamente no podremos alcanzar las cifras previstas. 
Ello se debe, entre otras razones, a la falta de presión por parte de la Unión Europea. Ya no insta a los Estados miembros a que cumplan los planes nacionales de acción en materia de empleo que éstos deben presentar anualmente. 
En la primera fase del proceso de Luxemburgo las malas notas obtenidas por los Estados miembros salieron en grandes titulares en la prensa, pero ahora aparecen como mucho en una nota informativa en la última página de algunos periódicos. 
Ello significa que la presión del método de coordinación abierta se relaja poco a poco. 
Sería, por lo tanto, oportuno que la Cumbre aportara fórmulas para aumentar dicha presión. 
A continuación quisiera referirme a dos puntos muy concretos. En primer lugar está claro que la creación de empleo resulta demasiado cara a los empresarios. 
Al comparar el volumen de gastos con el salario neto de los empleados se llega a la conclusión de que, por término medio, las categorías inferiores se quedan con el 45% de los gastos laborales, en tanto que los directivos se llevan un 35 ó 36%. 
Si no se adoptan medidas destinadas a reducir los gastos de los empresarios el número de despidos continuará siendo elevado. 
Para finalizar quisiera señalar que la diferencia entre los subsidios de desempleo y los salarios es inapreciable. 
Dado que los salarios son tan bajos muchas personas prefieren seguir cobrando el paro dedicándose al mismo tiempo al trabajo sumergido. 
Señor Presidente, cuando se realice la Cumbre de Barcelona habrán pasado dos años desde que se inició el proceso de Lisboa, donde se fijó el objetivo de crear la economía más dinámica, más competitiva y con la mayor base de conocimientos del mundo antes del año 2010. 
Ha llegado la hora de reforzar la ayuda para el desarrollo y consolidación del proceso de modernización de la economía europea y de especificar las exigencias de medidas concretas. 
Para crear una Europa dinámica y competitiva hay que eliminar reglas, liberalizar, cambiar estructuras y bajar impuestos. 
A su vez, esto facilitará la creación de nuevas empresas y fuentes de trabajo que redundarán en mayor bienestar. 
No se forja una Europa dinámica y competitiva mediante reglamentaciones detalladas ni aumentando el número de materias que se someten a las competencias de la UE. 
Para alcanzar los objetivos de Lisboa es necesario, en primer lugar, un mercado interior para la energía, que se caracterice por la liberalización, la competencia y la apertura. 
Esto es de trascendental importancia para las industrias europeas y para los ciudadanos, que podrán gozar de precios más bajos y de mejores servicios. 
En segundo lugar, un mercado interior para los servicios financieros, donde mediante rebajas de los costes de capital y aumentos de los beneficios se posibiliten mejores inversiones y mayor crecimiento económico. 
Una parte de la modernización de la economía europea está orientada a disminuir el desempleo. 
Esto se pretende conseguir aumentando la movilidad de los trabajadores, lo que también es muy importante para asegurar un desarrollo favorable de la moneda común. 
Además, hay que dar, especialmente las empresas pequeñas y medianas, unas condiciones que favorezcan su creación y crecimiento, para que se desarrollen y lleguen a convertirse en grandes empresas. 
Pienso que estos criterios debieron haber sido la parte esencial de la declaración del Parlamento sobre el camino a seguir en relación con el proceso de Lisboa, con vistas a la Cumbre de Barcelona. 
Desgraciadamente no ha sido así, cosa que lamentamos los conservadores. 
Este informe contiene algunos puntos que incluso se oponen a un desarrollo dinámico y competitivo. 
Si este informe realmente fuese un refuerzo del proceso de Lisboa, debería haber contemplado esencialmente las desregulaciones, las liberalizaciones y el aumento de la competencia. 
En nombre de la Presidencia, quiero en primer lugar, agradecer a todos los Grupos parlamentarios sus intervenciones, y efectivamente, trataré de ser lo más sintético posible, teniendo en cuenta que ha habido muchas referencias que se han solapado, que han coincidido. 
En primer lugar quisiera referirme, a aquellos que han visto algún tipo de defecto en los procedimientos de déficit excesivo, es decir, los procedimientos de seguimiento de los planes de estabilidad de los gobiernos. 
Quiero insistir en que desde el Eurogrupo y el Consejo Ecofin se ha manifestado sin ningún tipo de dudas la vigencia del pacto de estabilidad, y que en lo que respecta a la puesta en marcha del procedimiento de alerta temprana (early warning) del artículo 99, por parte de la Comisión, el Consejo ha entendido que las declaraciones y los compromisos específicos asumidos por dos países respecto a su cumplimiento en el corto plazo, es decir, en el año en curso, y el medio plazo de aquí al 2004, de los objetivos de sus planes de estabilidad y del pacto de estabilidad en general, con el equilibrio o cercano al equilibrio, en el año 2004, eran compromisos que satisfacían las necesidades que se derivan de nuestros compromisos de estabilidad. 
En ese sentido creo que la propia Comisión ha reconocido que, independientemente de los factores procedimentales, los esfuerzos y los compromisos establecidos por ambos países, son claros y contundentes desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica de la Unión Europea y de la zona euro en particular. 
Quiero subrayar también que desde el punto de vista de la competencia y de la liberalización, el Gobierno español y la Presidencia, por tanto, van a impulsar en Barcelona acuerdos políticos que avancen decididamente por el camino de la liberalización de mercados, teniendo en cuenta que estamos hablando de servicios que, en muchos sentidos son indispensables para la sociedad, y que, por lo tanto, es necesario que vayan acompañados de unos niveles de calidad y de seguridad de abastecimiento, que no pueden ser mermados. 
Creo que las experiencias económicas no indican en ningún caso que la competencia en la economía de mercado haya hecho que los países que la tienen tengan peores servicios que aquellos que no la tienen sino al contrario. 
Sin embargo la eficiencia en asignación de recursos y, por tanto, los precios para los consumidores, pueden ser extraordinariamente beneficiosos. 
España es un buen ejemplo de ello. 
Los consumidores españoles familiares, es decir los consumidores domésticos, han tenido un ahorro, desde el año 1996, de 2.400 millones de euros como consecuencia de la liberalización del mercado eléctrico, y lo mismo podríamos decir del tema de las telecomunicaciones y de otros mercados. 
Sigo con el mismo ejemplo al destacar el esfuerzo que ha hecho la sociedad española desde el punto de vista de la modernización del mercado laboral, que ha permitido que la tasa de desempleo en España se haya reducido del 23% en el año 1995, al 12% en el año 2002, y que en el curso de la actual legislatura española, es decir hasta el horizonte del 2004, la tasa de paro se situará en el 9%, es decir en el entorno europeo. 
Por lo tanto, la liberalización y la competencia no son un riesgo para los ciudadanos, sino todo lo contrario, se produce un considerable ahorro en lo que se paga por los servicios públicos, y se produce un considerable aumento del empleo, y es indudablemente responsabilidad de los poderes públicos, de los reguladores, garantizar cuestiones como la calidad del servicio o la suficiencia de abastecimiento. 
Creo que las experiencias, no sólo españolas sino de otros muchos países de la Unión, avalan esa cuestión. 
De lo que no cabe duda, señoras y señores diputados, es de que estamos en estos momentos, por suerte, en el final de una recesión que ha sido muy intensa y relativamente rápida, según nos asegura esta misma tarde el Presidente de la Reserva Federal, el Sr. Greenspan; y lo que Europa necesita es capacidad de crecimiento económico. 
Muchos de los objetivos que sus Señorías han planteado, como son los objetivos medioambientales, sociales, sanitarios, educativos y de calidad de vida, requieren economías que crezcan en su potencial, y no quiero dejar de recordar al Parlamento Europeo que, en los últimos diez años, la economía europea sólo ha crecido en su conjunto por encima del 3% un año, y que los demás años no ha podido crecer al 3%. 
Una economía en esas condiciones tiene que consolarse con una tasa estructural de paro cercana al 9 o al 10% y estoy convencido de que ningún Grupo parlamentario aquí presente considera que eso es una buena política, no ya económica sino una buena política social. 
Creo que efectivamente, la introducción del euro ha demostrado que los ciudadanos europeos quieren más Europa y quieren reformas económicas, y- aprovechando la presencia del señor Barón, quien me instaba a que felicitase también a la Comisión por la introducción del euro- felicito a la Comisión, a todos los bancos centrales, a los Gobiernos y a todas las personas que han contribuido a la introducción del euro en Europa, y sobre todo a los ciudadanos. 
Varios oradores han planteado también los problemas de desarrollo sostenible, y creo que son perfectamente conciliables con el desarrollo económico y además esa es la definición clara del tipo de política económica que planteamos en Europa. 
Quiero recordar que el Consejo de Barcelona, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Gotemburgo, va a tener en cuenta la tercera dimensión de la reforma estructural, es decir, aquella que incluye el desarrollo sostenible y que, a partir del Consejo Europeo de Laeken, contamos ya con unos indicadores medioambientales que van a dar lugar al primer informe, que ya se ha hecho público en enero del año 2002, es decir hace escasamente un mes, el 17 de enero, y que el 5 de marzo, la semana que viene, el Consejo Ecofin analizará ese informe para llevarlo finalmente al Consejo Europeo de Barcelona que permitirá también llegar a acuerdos que fijen la posición europea, de cara a la Cumbre sobre el desarrollo sostenible en Johannesburgo. 
Comprendo perfectamente las exigencias de los Grupos parlamentarios y de los diputados sobre la necesidad de tener las cuestiones medioambientales en primera línea de las cuestiones de reforma estructural, y en ese sentido quiero, una vez más, subrayar que, en la Cumbre de Barcelona, se van a tener en cuenta estas cuestiones, no de una manera genérica, sino en función de los indicadores medioambientales aprobados por el Consejo de Laeken. 
Se ha hecho una referencia a los países candidatos. 
Los países candidatos van a estar en Barcelona, y van a estar para hablar de sus reformas estructurales, por lo tanto, de una manera informal pero efectiva, van a poder participar en el debate sobre la liberalización de mercados en Europa y el aumento de la capacidad de crecimiento. 
Ello, creo, que es una buena muestra de la voluntad, -no ya de la Presidencia española, sino del conjunto de los países de la Unión Europea y de este Parlamento- de que los países candidatos participen de manera efectiva en los debates de fijación de políticas europeas, incluso antes de completar el proceso de adhesión. 
Se han mencionado también las cuestiones relacionadas con las pequeñas y medianas empresas; quiero ratificar que no estamos hablando ya de declaraciones genéricas, que la reunión informal del pasado fin de semana en Aranjuez, en España, va a llevar al Consejo de Barcelona propuestas para que los países establezcan reducciones de calendarios, reducciones de costes administrativos y utilización intensa de las nuevas tecnologías para conseguir esto, y que, además, la Comisión, antes de finalizar la Presidencia española, hará una serie de recomendaciones sobre ciertas cuestiones esenciales para las pequeñas y medianas empresas como, por ejemplo, son las cuestiones de transmisión de la propiedad de las empresas familiares, que pueden suponer en los próximos diez años aproximadamente, el 30 ó el 40% de los cambios de propiedad en las empresas europeas. 
Temas como Basilea II, que han sido mencionados por los Grupos parlamentarios y por algún diputado, van a ser objeto de análisis durante la Presidencia española en el Ecofin informal de Oviedo, donde tendremos un debate sobre las nuevas reglas que van a afectar al sector financiero a través de los acuerdos de Basilea, conocidos como Basilea II, sobre cómo pueden afectar a la financiación del conjunto de las empresas, y especialmente de las pequeñas empresas. 
Se ha dicho, y con razón, que el mercado laboral no sólo es una cuestión de flexibilidad. 
Sin duda es así, y los poderes públicos tienen un papel que jugar en cuestiones como la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de los diseños de políticas sociales activas y pasivas que respondan a las necesidades de los trabajadores, los diseños de sistemas de formación y políticas de discriminación positiva a favor de colectivos concretos como pueden ser las mujeres, o las mujeres con niños pequeños. 
Pero de lo que no cabe duda, es que la mejor política social y laboral es aquella que puede generar empleos estables y de calidad, y que no está reñido el que por un lado tengamos una política de protección social y por otro tratemos de incentivar el que los ciudadanos europeos prefieran trabajar a encontrarse en una situación de subsidio. 
Eso está siendo utilizado hoy como un instrumento en todos los países de la Unión Europea, y creo que el procedimiento de benchmarking es un procedimiento útil para analizar cuestiones relacionadas con incentivos de gasto público directo a personas que vengan del paro y se incorporen al mercado laboral con salarios que no se benefician claramente de las reducciones fiscales que se producen en nuestros países; con fórmulas que incentiven la aceptación de ofertas de empleo por parte de las personas que se encuentran recibiendo un subsidio de desempleo y con fórmulas que acerquen la formación a las necesidades de las empresas, además del alargamiento de la vida laboral en nuestros mercados laborales. 
Quisiera por último, señor Presidente, referirme a la necesidad, planteada también por algunos de los presentes, de que en Barcelona se establezcan calendarios concretos. 
Es indudable que el Consejo de Barcelona pretende fijar objetivos cuantificables que permitan a los Estados asumir compromisos que la opinión pública entienda y acepte. 
Creo que conciliando posiciones políticas, que no tienen por qué ser coincidentes, en cuestiones que indudablemente son sensibles, como son la prestación de servicios esenciales, en las que los poderes públicos tienen un papel, sin duda, para garantizar el concepto de servicio público, y el concepto de calidad, también creo que podemos establecer procesos que creen verdaderos mercados interiores europeos que permitan que la economía europea esté en condiciones de competir con otras economías mundiales, una vez que hemos dado un paso, yo creo que un paso de gigante, en la construcción de la Europa del futuro, con el nacimiento del euro. 
Señor Presidente, he formulado una pregunta precisa al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo acerca de unas declaraciones del Presidente del Gobierno español- Presidente en ejercicio del Consejo Europeo- que hacía referencia a mi familia política en el Consejo y no se me ha contestado. 
Queda a la discreción del señor Presidente en ejercicio del Consejo el contestar o no. 
. Señor Presidente, no tengo ningún inconveniente en informar al Sr. Barón de lo que él ya sabe; que las relaciones entre el Gobierno de España y el conjunto de los países europeos son muy constructivas, que hemos sido capaces de llegar a acuerdos políticos con todos los gobiernos, independientemente del color de su familia política- utilizando el mismo lenguaje que él usa -, pero que, en cualquier caso, habida cuenta de la influencia que el Sr. Barón tiene sobre su familia política, esperamos que las conclusiones del Consejo de Barcelona permitan a todas las familias políticas contribuir al bienestar de los europeos. 
Muchas gracias, señor Rato, por haberse dirigido esta tarde al Parlamento Europeo; ya sabe usted que le deseamos mucho éxito a la Presidencia española en su mandato. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la Declaración del Consejo sobre el Tribunal Penal Internacional. 
Debo recordar a los señores diputados que, dada la escasez de tiempo, deben ajustarse con rigor al tiempo de uso de la palabra que les ha sido concedido. 
. Señor Presidente, tengo mucho gusto en comparecer hoy ante ustedes para exponer la posición de la Presidencia del Consejo acerca de los pasos que está dando la Unión Europea para lograr el próximo establecimiento de la Corte Penal Internacional. 
La Unión Europea ha apoyado decididamente el histórico proyecto de la creación de una jurisdicción penal internacional con carácter permanente y alcance universal. 
Este Parlamento lo sabe bien, puesto que ha estado siempre en primera línea en el empeño de impulsar la acción de la Unión Europea hacia ese objetivo transcendental para los derechos humanos y la justicia. 
Quiero, por tanto, reafirmar ante ustedes que la creación de la Corte Penal Internacional forma parte importante de la política exterior de la Unión y que así figura en el programa de la Presidencia española. 
La Unión Europea acoge con particular satisfacción la inminente consecución de ese objetivo, que hemos esperado durante tanto tiempo y que todos tenemos confianza en que se alcance en el curso de este mismo año. 
Es difícil exagerar la importancia de ese hecho por el que se han batido tantos notables juristas, defensores de los derechos humanos y responsables políticos, y que ahora, verdaderamente, se encuentra al alcance de nuestra mano. 
Será un triunfo para toda la humanidad que se deberá, en no escasa medida, a la actuación resuelta y consecuente de la Unión Europea. 
Las experiencias colectivas de nuestro continente, envueltas en conflictos y horrores a lo largo del siglo precedente, hace que los europeos seamos especialmente sensibles a la necesidad imperiosa de desarrollar y afirmar la justicia penal internacional como instrumento al servicio de los derechos humanos y las normas humanitarias en todo el mundo. 
Ello hace que a nadie pueda sorprender que los países europeos y la Unión Europea en su conjunto se encuentren en la vanguardia de ese movimiento en favor de la Corte Penal Internacional, una Corte auténticamente universal, independiente y eficaz. 
La Unión Europea alberga la firme convicción de que la creación de la Corte Penal Internacional va a ser un paso de gran transcendencia para el mundo entero. 
Cuando se cometen crímenes gravísimos que ofenden a toda la conciencia civilizada, cuando los valores colectivos se ven frontalmente atacados, la comunidad internacional ha de reaccionar con toda la fuerza de la ley y la justicia. 
Es preciso combatir con energía y castigar adecuadamente las más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, utilizando para ello los mecanismos acordados dentro de la comunidad de los Estados. 
La Corte Penal Internacional será un valioso instrumento en esa lucha por la justicia y contra la impunidad por los crímenes más odiosos, que son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. 
En un contexto más amplio, la creación de la Corte Penal Internacional se enmarca dentro de un movimiento que caracteriza la evolución de nuestro mundo en los últimos lustros, me refiero a la emergencia y consolidación de una justicia penal internacional que persiga comportamientos especialmente graves más allá de las fronteras de los Estados porque constituyen serias amenazas a la seguridad de todos los pueblos. 
En tales casos, que a todos nos afectan, han de poder actuar sean los sistemas nacionales de justicia, mediante mecanismos de estrecha colaboración entre ellos, sean tribunales internacionales debidamente constituidos como los que ya existen para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, creados por el Consejo de Seguridad, o en un próximo futuro lo que ya va a ser una realidad la Corte Penal Internacional. 
El juicio que estos días se ha abierto en La Haya al expresidente Milosevic es solamente un ejemplo más de esta tendencia que está cobrando cada vez mayor fuerza en todo el mundo porque así lo exigen las opiniones públicas de todos nuestros países y porque hay que verlo como la resultante lógica de procesos de globalización y mundialización en curso. 
Lo importante es que se está superando una cultura de impunidad, una cultura que se apoyaba en el silencio y en el olvido y que está siendo sustituida por una cultura de exigencia de responsabilidades por hechos particularmente graves. 
De la misma manera, se está pasando de una actitud de mirar para otro lado cuando arde la casa del vecino a una actitud de sentirse concernido y buscar vías eficaces de actuación y colaboración entre todos para hacer frente a situaciones que son intolerables. 
No se trata de buscar venganza y desquite sino de hacer triunfar la justicia como condición indispensable para abrir las puertas de una paz y reconciliación duraderas en cada situación en que se haya vivido un grave conflicto. 
Señor Presidente, como saben sus Señorías, los trabajos preparatorios para el establecimiento de la Corte Penal Internacional están ya muy avanzados. 
Sobre la base del Estatuto adoptado en Roma en 1998, la Comisión preparatoria ha elaborado ya la mayor parte de los instrumentos que precisará la Corte para poder funcionar eficazmente. 
En este proceso, sin duda de carácter técnico pero de alcance y de importancia fundamentales, los países de la Unión Europea continúan desempeñando incluso un papel muy relevante, me atrevería a decir un papel destacado, dentro de la labor colectiva que agrupa a países de todo el mundo. 
Lo que es todavía más importante, el proceso de ratificación del Estatuto de Roma está avanzando a un ritmo más rápido de lo que nos esperábamos. 
Mientras que en la Conferencia Diplomática de Roma fueron 120 Estados los que votaron a favor de su adopción, el Tratado ha llegado a ser firmado por un total de 139 Estados; es decir, una mayoría abrumadora de la comunidad mundial. 
Como ustedes saben, se requieren 60 ratificaciones o adhesiones para que el Estatuto entre en vigor y se ponga en marcha la Corte Penal Internacional. 
Pues bien, al día de hoy, se han registrado ya 52 ratificaciones, por lo que todo hace pensar que las 60 ratificaciones necesarias se alcanzarán en los próximos meses; yo me atrevo a aventurar que, seguramente, antes del final de esta Presidencia española. 
Como también saben, todos los Estados miembros de la Unión o bien han ratificado el Estatuto o bien han puesto en marcha los mecanismos constitucionales necesarios para ratificarlo en los más breves plazos. 
Confiamos firmemente en que todos los Estados miembros se encontrarán entre los países que, con su participación en la asamblea de los Estados Partes, la primera de cuyas reuniones podrá tener lugar este mismo año, ponga en marcha las decisiones concretas que abran la vía al funcionamiento efectivo de la Corte. 
Conforme a la posición común adoptada en el Consejo el 11 de junio de 2001, la Unión Europea urge a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen o se adhieran al Estatuto lo antes posible, para que la Corte Penal Internacional sea pronto una realidad. 
Quisiera resaltar que recientemente quince países candidatos o asociados se han sumado a la posición común y están cooperando estrechamente con nosotros en este empeño. 
Es justo también destacar la labor que en este mismo sentido viene realizando un importante número de organizaciones no gubernamentales, frecuentemente con la ayuda y colaboración de la Unión Europea. 
De manera congruente con este llamamiento, la Unión ha venido realizando gestiones con terceros países y grupos de países para que aceleren los trámites internos necesarios para proceder a una pronta ratificación del Estatuto. 
Gestiones que han venido acompañadas en casos apropiados de ofrecimientos de asistencia técnica en este terreno. 
En las próximas semanas nos proponemos intensificar estas gestiones por diversos continentes con vistas no solamente a lograr la rápida entrada en vigor del Estatuto, sino también a asegurar que la asamblea de los Estados Partes refleje lo más fielmente posible la variada composición de la comunidad internacional. 
En efecto, la legitimidad y eficacia de la futura Corte dependerá, de manera crucial, de que tanto su composición como el respaldo que consiga se interpreten como un reflejo genuino de la comunidad internacional en su conjunto. 
Es sumamente importante que todos los continentes, todos los sistemas jurídicos estén debidamente representados en la Corte y que ésta incluya igualmente magistrados, hombres y mujeres, como especifica el Estatuto de Roma. 
Es la búsqueda de este amplio respaldo para la Corte lo que debe inspirar nuestros esfuerzos. 
Nos sentimos alentados en este empeño por el hecho de que entre las ratificaciones registradas y las que se esperan en los próximos meses se encuentran países pertenecientes a todos los continentes, con predominio hasta ahora de Europa, África y América Latina, y con diversos sistemas jurídicos y grados de desarrollo económico y social. 
Nadie podrá decir que la Corte Penal Internacional vaya a ser un tribunal del mundo occidental o de los países desarrollados. 
Será una instancia judicial del conjunto de la comunidad internacional, plenamente independiente y vinculada al sistema de Naciones Unidas. 
Es importante resaltar que todos los países, hayan o no firmado el Estatuto, pueden formar parte activa en el proceso de creación de la Corte Penal Internacional mediante su participación en los trabajos de la comisión preparatoria y luego, si así lo desean, como observadores en la asamblea de los Estados Partes. 
Y que las puertas estarán permanentemente abiertas a todos los países que deseen ratificar o adherirse al Estatuto más adelante. 
En este sentido, la Unión Europea ha mantenido un diálogo constante y sostenido con algunos países que albergan dudas, algunos entre nuestros más firmes aliados- me refiero en particular a los Estados Unidos -, y seguiremos siempre dispuestos a continuar esos intercambios, a fin de aclarar las respectivas posiciones y propiciar una actitud de colaboración en el futuro. 
Es evidente que la tarea no va a terminar con la entrada en vigor del Estatuto y las decisiones que se adopten en la primera reunión de la asamblea de los Estados Partes. 
Será preciso tomar todas las medidas que sean necesarias para que el establecimiento de la nueva institución en su sede permanente en La Haya sea tan rápida y eficiente como resulte posible. 
La comisión preparatoria y el país anfitrión, los Países Bajos, ya están preparando la puesta en marcha de estas medidas y la Unión Europea está colaborando con ellos. 
Después, habrá que desarrollar y potenciar todos los mecanismos que deban ayudar a la nueva institución para asegurar su plena eficacia tanto en la sede como sobre el terreno. 
La experiencia de los Tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda nos ha enseñado que la justicia penal internacional, para ser efectiva, precisa estar dotada de importantes medios personales, materiales y funcionales. 
La Corte, con su competencia potencialmente universal, no requerirá menos; seguramente requerirá más. 
En este plano, también la Unión Europea y sus Estados miembros habrán de estar preparados para prestar la asistencia que resulte necesaria. 
Por otro lado, la Corte, cuya actuación estará presidida por los principios de complementariedad y de cooperación con los sistemas nacionales de justicia, sólo podrá operar eficazmente si cuenta con la colaboración de las autoridades judiciales y administrativas de los Estados. 
Ello hace que una parte muy importante de la puesta en práctica del Estatuto consista en la adopción de medidas en el plano nacional para hacer posible esa colaboración. 
Eso corresponde a cada Estado conforme a sus procedimientos constitucionales, pero la Unión Europea puede ayudar a este proceso mediante el intercambio de información o cuando resulte apropiado el ofrecimiento de asistencia técnica a los países que la necesiten. 
Todo ello se está haciendo sobre la base de la posición común de junio de 2001, que antes mencioné, que en caso necesario podría ser complementada por un plan de acción más detallado o, en su momento, mediante una actualización y precisión de sus términos en función del avance del proceso. 
Puedo asegurarles, Señorías, que la Presidencia de los Estados miembros tendrá muy en cuenta las ideas que resulten de este debate a la hora de tomar decisiones. 
Compartimos, señor Presidente, un firme compromiso en favor del pronto y eficaz establecimiento de la Corte Penal Internacional como institución independiente e imparcial consagrada a hacer justicia en los casos más graves contra los derechos humanos y el derecho humanitario que se produzcan en el mundo. 
En este tema, todos, Parlamento Europeo, Consejo, Estados miembros y Comisión estamos estrechamente unidos y resueltos a seguir a actuando con decisión y tenacidad. 
Esta convicción, esta determinación es lo que ha permitido que en este proceso la Unión Europea esté ejerciendo un indudable papel de liderazgo, junto con otros países caracterizados por su apego a la democracia y a los derechos humanos. 
Estamos ya muy cerca de la consecución de nuestro objetivo con la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la puesta en funcionamiento de la Corte. Ella va a marcar un antes y un después en la historia de los esfuerzos de la humanidad por implantar la justicia en el mundo. 
Podremos, entonces, estar orgullosos de la aportación de Europa a ese avance de la comunidad internacional, pero de ninguna manera podremos permitirnos el lujo de bajar los brazos; será el momento de pasar a otra fase en la misma lucha por la justicia, en la que el papel de Europa será igualmente indispensable. 
Estoy seguro, señor Presidente, de que nos faltará ni la voluntad ni la constancia para perseverar en este empeño y, desde luego, no creo que nos falte nunca el apoyo de este Parlamento. 
Muchas gracias, señor de Miguel, puede usted estar seguro de que nunca les faltará el apoyo de este Parlamento, que así se ha expresado con voluntad política en varias ocasiones. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señoras y señores diputados, la lucha contra la impunidad por delitos graves y la lucha por una justicia internacional son parte integrante de la política de la UE en el ámbito de los derechos humanos y de la democratización. 
El Estatuto del Tribunal Penal Internacional adoptado en Roma constituye posiblemente uno de los más importantes logros del Derecho internacional desde la fundación de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea ha defendido siempre la constitución del Tribunal Penal Internacional y lo sigue apoyando decididamente, como la posición común de la UE adoptada en junio de 2001 pone de manifiesto. 
En esta posición común abogamos por que el Estatuto acordado entre en vigor lo más pronto posible y por la constitución del Tribunal. 
La Comisión apoya plenamente el planteamiento desarrollado en esta posición común, y yo también apoyo plenamente lo que Ramón de Miguel, en su condición de Presidente del Consejo, acaba de exponer. 
La Comisión acoge con satisfacción que los países de Europa Central y Europa del Este asociados a la Unión Europea, así como sus socios Chipre y Malta y los países pertenecientes al espacio económico europeo de la AELC, hayan declarado oficialmente en enero de 2002 que comparten los objetivos de la posición común. 
Con partidas del presupuesto de la UE se prestará apoyo a proyectos de ONG, proyectos dirigidos a despertar en todo el mundo la conciencia de la necesidad de constituir el Tribunal Penal Internacional. 
Así, en el marco de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, desde 1995 se han destinado hasta ahora cerca de 6,9 millones de euros a proyectos de este tipo. 
En 2001 se pusieron a disposición 2,1 millones de euros para tres proyectos complementarios de ONG dirigidos a apoyar la constitución del Tribunal Penal Internacional. 
El proyecto de Coalición de ONG para el Tribunal Penal Internacional tiene por objetivo facilitar la participación de la sociedad civil y su cooperación con los Gobiernos en el marco de la Comisión Preparatoria del Tribunal Penal Internacional, de las Naciones Unidas, así como fomentar y simplificar la cooperación técnica, para que tras la ratificación del Estatuto adoptado en Roma puedan adoptarse disposiciones nacionales vinculantes de desarrollo del Estatuto. 
El proyecto "Diputados por una acción global" acomete una campaña parlamentaria por la ratificación y el efectivo desarrollo legislativo del Estatuto del Tribunal Penal Internacional y por el fomento del Estado de derecho, mientras que el proyecto "No hay paz sin justicia" se concentra en campañas de concienciación pública y en la organización de conferencias de apoyo al Tribunal Penal Internacional. 
En la Comunicación de la Comisión sobre el papel de los derechos humanos y de la democratización en terceros países, de mayo de 2001, la lucha contra la impunidad de los delitos fue calificada como una medida que ha de fomentarse con carácter prioritario. 
En consecuencia, la Comisión seguirá prestando su apoyo a la constitución del Tribunal Penal Internacional. 
La línea presupuestaria especial para el Tribunal Penal Internacional, que también comprende los Tribunales ad hoc para la ex-Yugoslavia y Ruanda, así como el Tribunal para Sierra Leona, de reciente creación, está dotada en el ejercicio 2002 con 5 millones de euros. 
En 2002, la Comisión centrará sus esfuerzos en dos cuestiones. En primer lugar, en la concienciación pública de la necesidad de constituir el Tribunal Penal Internacional; a este respecto, la Comisión quiere instar a ratificar el Estatuto a más de 60 países, que son los necesarios para que el Estatuto entre en vigor. 
Al mismo tiempo, velaremos por que todas las regiones geográficas estén representadas. 
En segundo lugar, queremos concentrarnos en la adopción de disposiciones nacionales vinculantes que adapten el Derecho nacional a este proyecto, lo cual comprenderá la formación de los expertos en este ámbito que puedan contribuir a los trabajos del Tribunal, es decir, jueces, abogados, funcionarios del Ministerio Público y diputados. 
Además, puede prestarse una contribución limitada destinada a cubrir los principales gastos del Tribunal. 
En marzo de este año se realizará un llamamiento por el que se invitará a la presentación de propuestas dirigidas a la consecución de estos objetivos. 
Por fortuna, también he podido escuchar al Comisario Verheugen antes de tomar la palabra, lo cual me permite sumarme a ambos oradores, tanto al representante de la Presidencia como al de la Comisión. 
Sus palabras coinciden plenamente con las reivindicaciones del Partido Popular Europeo de los Demócratacristianos. 
Compartimos asimismo sus puntos de vista acerca de la importancia del Tribunal Penal Internacional. 
Es imprescindible la reconciliación, pero antes hay que hacer justicia. En ese sentido, el Tribunal Penal, concebido a este fin, aparece como un instrumento harto importante para salvaguardar el orden jurídico internacional, especialmente en lo que se refiere a su efecto preventivo de cara a personas con tendencias criminales que llegan a ocupar altos cargos, tal y como ha sucedido en Yugoslavia y en la región africana de los Grandes Lagos. 
La impunidad pertenece definitivamente al pasado y, es más, esto es algo que ya se sabe en todo el mundo. Eso es fundamental. 
Las resoluciones presentadas por el Parlamento contienen algunos puntos muy relevantes. En primer lugar, las negociaciones han servido para que los Grupos hayan acordado instar al Presidente y al Parlamento de los Estados Unidos a que revisen su punto de vista respecto a la participación en el Tribunal Penal Internacional. 
Habida cuenta de la enorme importancia de los Estados Unidos debemos hacer un llamamiento correcto. 
Es por eso por lo que considero totalmente inadecuado este punto de la enmienda que se refiere a un viejo capítulo de las negociaciones. No tiene sentido que intentemos convencer a los estadounidenses con palabras duras. 
Haríamos mejor en evitar que la actual irritación hacia Europa llegue a más. Por eso propongo que tratemos estos asuntos amistosamente. 
Por otra parte, también es imprescindible que se actualicen las disposiciones de la Convención de Ginebra relativas a los prisioneros de guerra para que podamos tener en cuenta la situación de quienes en este momento se encuentran detenidos en Guantánamo. 
Consideramos como Grupo que es absolutamente necesario elaborar una definición adecuada. 
Por lo demás, deseamos a la Presidencia española que consiga establecer este Tribunal Penal Internacional bajo su mandato. 
Señor Presidente, demasiado tiempo ha transcurrido desde que el 17 de julio de 1988 se aprobó en Roma el establecimiento de una Corte Penal Internacional para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que, como aquí ya se ha dicho, azotan al mundo entero, el terrorismo entre ellos. 
Al día de hoy se han producido 52 ratificaciones pero hacen falta, como sus Señorías saben, 60 para su entrada en vigor. 
Teniendo en cuenta, por tanto, que previsiblemente la Corte Penal Internacional entrará en vigor en este primer semestre durante la Presidencia española; que la primera asamblea de Estados Partes se celebraría en Nueva York, en septiembre de este mismo año; que la posición de los Estados Unidos no ha sido, hasta el presente, positiva y, además, existen fundados temores de que la Administración norteamericana estaría apoyando una campaña en contra, hasta el extremo de anular la firma de Clinton, que fue depositada en la ONU el 31 de diciembre de 2000, quiero aprovechar su presencia aquí, señor de Miguel, para plantearle algunas cuestiones concretas. 
¿Qué piensa hacer la Presidencia de la Unión ante la Administración Bush para soslayar este riesgo de vuelta atrás? 
¿No cree la Presidencia que sería necesario elaborar un plan con medidas y recursos específicos para atraer a los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional? 
¿Qué piensa hacer la Presidencia de la Unión para garantizar que los 18 jueces de los que antes se habló, que han de formar parte de la Corte, y que son designados a nivel nacional, cumplan con las condiciones de cualificación, distribución regional equilibrada, experiencia y paridad entre hombres y mujeres? 
Cuando se aprobó el Estatuto de Roma, Kofi Annan lo consideró un paso gigantesco. 
Pero, hace ya mucho tiempo, Benjamin Ferencz, antiguo fiscal de Nuremberg, dijo que no puede haber paz sin justicia, justicia sin ley, ley significativa sin tribunal para decidir qué es justo y legítimo bajo cualquier circunstancia. 
Hoy, tras el 11 de septiembre de 2001, tras los conflictos de Oriente Medio, los ciudadanos ven como algo urgente y necesario la constitución de este tribunal. 
No dejemos, Señorías, no dejemos, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que el tiempo pase, que llegue el olvido hasta que un nuevo crimen o una nueva guerra nos recuerde la amenaza. 
Señor Presidente, el derecho está mal, right is wrong. 
Si no se confiere el mismo trato a todos los individuos, si los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad quedan impunes, ¿cómo podrá resultar creíble nuestra condena de las infracciones menos graves del derecho? 
Es absolutamente necesario que se establezca un Tribunal Penal Internacional permanente y que ello se haga nada menos que en La Haya, la capital jurídica del mundo. 
Dicho Tribunal entra a formar parte del proceso de desarrollo de nuestra civilización. 
Por supuesto, es preciso que revista carácter universal. 
Los países asiáticos y árabes no están aún suficientemente representados, aparte de que- insisto- es fundamental que todas las partes firmantes procedan a la ratificación. 
Clama al cielo que incluso un país como los Estados Unidos se niegue a ratificar el Tratado, tanto más cuanto que fueron más que nadie los norteamericanos los que en Nuremberg elevaron a derecho internacional el principio de que los individuos tienen obligaciones para con la comunidad de las naciones, y que estas obligaciones prevalecen sobre los compromisos adquiridos ante el propio Estado. 
Pues bien, desde entonces las cosas han cambiado: los Estados Unidos parecen dar por supuesto que el derecho penal internacional es aplicable a todo el mundo excepto a ellos mismos. 
El proyecto de ley, ya adoptado por el Senado, según el cual se boicoteará al Tribunal y a todo país que colabore con él constituye un insólito ejemplo de ostentación de poder. 
Otra descabellada propuesta de ley, aún pendiente de aprobación, incluso autorizaría al Presidente de los Estados Unidos para que procediera a la liberación de personas recluidas por el Tribunal haciendo uso de la fuerza. 
Siempre y cuando se ofrezcan suficientes garantías para que el procedimiento judicial se desarrolle correctamente y los jueces sean competentes, los Estados Unidos no tienen motivo alguno para temer este Tribunal. 
Sugiero que el Consejo y nuestro Parlamento transmitan este mensaje en un tono amistoso pero decidido a nuestros homólogos estadounidenses. 
Por lo demás, es imprescindible que el Tratado sea ratificado en breve por el mayor número de países posible. 
Es necesario evitar que el Tribunal se convierta en un asunto eminentemente europeo. Podrá demostrar en la práctica que los países que no prestan su colaboración se equivocan. 
Quien se niegue a reconocer el Tribunal Penal Internacional comete una injusticia, aparte de que demuestra ser incapaz de acoplarse al ritmo de nuestra civilización. 
Señor Presidente, faltan sólo ocho ratificaciones para la entrada en vigor del Tratado sobre el Tribunal Penal Internacional, pero existen varios problemas a resolver antes de que el Tribunal llegue a ser ese instrumento de justicia internacional y de lucha contra la impunidad que nosotros queremos que sea. 
El primer obstáculo es la postura persistentemente hostil de los Estados Unidos. 
Pedimos a la Presidencia en ejercicio del Consejo y a la Comisión que reiteren una vez más en todas las reuniones formales e informales con los Estados Unidos, la importancia que reviste este problema para Europa. 
Se podría pensar realmente en algún instrumento creativo de presión sobre los Estados Unidos, pues creo que no se ha hecho todavía. 
El segundo problema se refiere a la difícil cuestión de las normas internas de adaptación de las legislaciones nacionales al Estatuto del Tribunal. 
Seguramente va a ser un proceso difícil, pero no lo debemos convertir en un proceso demasiado largo. 
Desde este punto de vista, quisiera alegrarme realmente de las palabras del Comisario Verheugen que ha declarado que quiere respaldar con la Comisión y también con ayuda financiera la formación de especialistas para contribuir a que el Tribunal funcione mejor. 
Señor Presidente, pertenezco a un país que ha concluido el proceso de ratificación del Estatuto de Roma, con lo que ha confirmado la tradición humanista de apego a la justicia que caracteriza a los portugueses, la de un país que abolió la pena de muerte hace 450 años y la cadena perpetua hace 118 años. 
Pero más importante es poder verificar que los valores de la justicia y de la lucha contra la impunidad se van generalizando en los cinco continentes. 
Lentamente, es cierto, pero se van generalizando. 
Vemos también con satisfacción que la próxima consagración del TPI contribuirá con mayor amplitud al rechazo de la pena de muerte. 
Añádase que la justicia sólo lo es, si se aplica a todos por igual. 
Sabemos que el TPI no es ni será nunca perfecto. 
Muchas veces cobrará el carácter de "tribunal de los vencedores", pero, además de su función jurisdiccional normal, de investigación y enjuiciamiento de los delitos particularmente graves, no dejará de cumplir otras dos misiones muy importantes: la de prevención, mediante la disuasión, de la comisión de nuevos delitos y la reparación, la indemnización, de las víctimas. 
Conviene subrayar también que el Tribunal Internacional sólo entra en acción, si las autoridades penales nacionales no están investigando y juzgando los delitos por omisión legal o porque no estén en condiciones de hacerlo. 
Lo consideramos una solución satisfactoria, siempre que se aplique bien, para el difícil problema del conflicto entre la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y la soberanía de los sistemas penales nacionales. 
Señor Presidente, la imnunidad y la independencia del TPI son valores esenciales y se insertan en la defensa del que es el mayor patrimonio de la Unión Europea: el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho. 
Todas las ocasiones son, por tanto, adecuadas para enaltecer los objetivos que inspiraron la creación del Tribunal, que no se podrán desvirtuar en ninguna circunstancia. 
Señor Presidente, creo que a lo largo de estos años este tema ha sido un excelente ejemplo de cooperación entre las Instituciones europeas. 
Quiero reconocer en este Pleno la constante atención de la Comisión, de sus funcionarios y del Consejo, así como la apertura que han mostrado respecto a las iniciativas de sociedades, de grupos de diputados, de organizaciones no gubernamentales, porque creo que esto nos ofrece un modelo de trabajo común- que ya seguimos, por ejemplo, para el Tratado sobre las minas antipersonas- que merece una reflexión adecuada por la eficacia que está demostrando. 
Se han mencionado algunos países ausentes. 
Hay otros, de Rusia a China, a los que habría también que hacer referencia o prestar atención. 
Las ratificaciones son 52 y creo que, hoy por hoy, nuestro esfuerzo se debe orientar a alcanzar un equilibrio político y geográfico. 
El esfuerzo hecho, por ejemplo, en la Conferencia de Sevilla con los países árabes, la toma de posición muy positiva e inesperada de la Liga Árabe, las recientes declaraciones del Presidente mexicano Fox nos hacen confiar en que con un esfuerzo ulterior podríamos llegar no solo a ese número, sino también, a mi modo de ver, a tratar de superarlo y a conseguir una presencia lo más universal posible. 
Desde este punto de vista, creo que Europa puede como en otros casos sentirse orgullosa de esto diez años de trabajo tenaz, terco, difícil, solitario al principio pero que hoy muchos reconocen. 
La atención prestada a los Tribunales especiales- el Tribunal para Sierra Leona, por ejemplo, que está a punto de constituirse- demuestra que Europa es, cuando quiere, también una comunidad de valores. 
Señor Presidente, creo que nos podemos felicitar porque efectivamente han firmado 55 países; sin embargo, algún Estado europeo todavía no lo ha hecho; sería importante que lo forzáramos a que lo firmara. 
Desde 1995 este Parlamento ha trabajado para la creación de este tribunal penal y posteriormente, en 1998, cuando Roma insistió muy claramente en el trabajo que debía realizarse para crear el Tribunal Penal Internacional. 
Estamos al final, pero quizá en este final hay que hacer un esfuerzo para conseguir esos 60. 
Pero también, señor Presidente, yo le diría a la Presidencia española, que no hagamos al final el parto de los montes, para dar nacimiento a un ratón muerto. 
Para que ése sea un instrumento verdaderamnte importante necesitamos todos una serie de mecanismos de trabajo, de funcionamiento. 
Pido que la Presidencia española, durante cuyo mandato se aprobará muy probablemente este Estatuto del Tribunal Penal Internacional, ponga todo su esfuerzo para que se cuente con los medios suficientes para su funcionamiento. 
Esta ha sido la inquietud del Parlamento, desde 1995: que sea un éxito para luchar por un futuro mucho más justo y para que ese Tribunal Penal Internacional asuma ese papel tan importante que debe tener en el futuro. 
He recibido 7 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Derechos democráticos en Turquía, especialmente la situación del HADEP 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los Derechos democráticos en Turquía, en particular la situación del partido HADEP. 
Tiene la palabra, en nombre del Consejo, el Sr. de Miguel. 
. 
Señor Presidente, Turquía ha demostrado desde hace muchos años su interés por estrechar sus lazos con la Unión Europea. 
Desde la firma del Acuerdo de Asociación, en 1963, pasando por su solicitud formal de adhesión en 1987 y la Unión Aduanera alcanzada en 1996, las relaciones han recorrido un largo camino, no siempre fácil, caracterizado por el interés mutuo, el acercamiento y a la vez por la clara exigencia europea del cumplimiento de unos requisitos irrenunciables para todo candidato a la adhesión a la Unión. 
El Consejo Europeo de Copenhague estableció los criterios políticos que deberían cumplir los países candidatos; es decir, alcanzar la estabilidad institucional que garantice la democracia, el Estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. 
Más adelante, el Consejo Europeo de Helsinki reconoció formalmente la candidatura de Turquía a adherirse a la Unión, al concluir diciendo que Turquía es un país candidato destinado a unirse a la Unión sobre la base del cumplimiento de los nuevos criterios que rigen para los demás países candidatos. 
Desde ese momento Turquía se beneficiaría de la misma estrategia de asociación para la adhesión que los demás países candidatos, lo que debería servir como estímulo y apoyo a sus reformas. 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken señalan que Turquía ha realizado avances en relación con el respeto de los criterios políticos fijados para la adhesión, en particular mediante la modificación reciente de su constitución. 
La perspectiva de la apertura de negociaciones de adhesión con Turquía se ha hecho así más cercana. 
El Consejo Europeo animó a Turquía a continuar avanzando en la vía del respeto de los criterios de Copenhague, tanto los económicos como los políticos, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos, y reconoce la participación de Turquía en pie de igualdad con el resto de los candidatos en algo tan transcendental como la Convención para el futuro de Europa, que se va a inaugurar mañana en esta sede parlamentaria. 
El informe Progreso 2000 decía que Turquía había iniciado un debate muy positivo sobre las reformas políticas necesarias para la adhesión, entre las que se destacaba el haber firmado algunos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 
En el año 2001 tuvo lugar uno de los cambios más importantes en el proceso democratizador de Turquía: la adopción de un paquete de 34 enmiendas de la constitución, que constituye la modificación más profunda que ha experimentado la norma fundamental desde su entrada en vigor en el año 1982. 
Entre los aspectos más novedosos destacan el reconocimiento de la libertad de pensamiento y expresión, medidas para evitar la tortura y el fortalecimiento de la autoridad civil frente a la militar e importantes reformas en el ámbito de las prisiones. 
Sin duda, estas reformas se han visto favorecidas por el hecho de contar Turquía con el reconocimiento de su candidatura y la perspectiva de una futura adhesión a la Unión. 
Asimismo, a finales de enero de 2002, se produjo otro importante paso cuando el Gobierno turco decidió levantar su reserva al artículo 5 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativa al derecho a la libertad y a la seguridad en relación con los períodos máximos de detención antes de pasar a disposición judicial. 
El Secretario General del Consejo de Europa manifestó su satisfacción por esta decisión, afirmando que marca un avance en lo relativo a la protección de los derechos de las personas detenidas. 
Creo que también se debe mencionar la decisión de crear una comisión, de la que formarían parte los ministros de Justicia e Interior y Derechos humanos, para supervisar la situación sobre el terreno de la protección de los derechos humanos y adoptar las medidas que fueran necesarias. 
Lo mismo cabe decir de la entrada en vigor en Turquía del nuevo Código Civil, que marca un avance notable en el reconocimiento de la no discriminación por razón de sexo, en el ámbito de derecho de familia y también en el ámbito de derecho de sucesiones. 
También hay que mencionar la enmienda de la ley del Consejo de Seguridad Nacional, a punto de ser aprobada en el Parlamento, a fin de adaptarla a la nueva redacción del artículo 118 de la Constitución y que aumenta el número de miembros civiles del Consejo de Seguridad Nacional, proclamando con más nitidez su naturaleza consultiva. 
Como también es positivo que el Consejo de Ministros haya aprobado el decreto que permitirá a Amnistía Internacional abrir legalmente una oficina en Turquía. 
Pero si las enmiendas constitucionales constituyen una gran esperanza para el proceso democratizador- a pesar de que omiten algunos puntos importantes, como el no haber suprimido totalmente la pena de muerte, que se seguirá aplicando en caso de guerra o para castigar delitos especialmente graves, como el del terrorismo -, el desarrollo legislativo de estos preceptos constitucionales ha sido claramente insuficiente. 
Aunque el minipaquete legislativo de desarrollo de las reformas constitucionales recoge una definición más restrictiva del delito de apología del terrorismo y otorga mayores garantías a los detenidos antes de pasar a disposición judicial, se introducen al mismo tiempo conceptos de gran vaguedad e incluso, en algunos casos, se llega a ampliar el alcance de las acciones punibles, como es el seguir poniendo limitaciones a los derechos de asociación y manifestación, lo que es totalmente incompatible con los usos vigentes en la Unión Europea. 
Otro tanto cabe decir de la reforma del Código Civil. 
La modificación del régimen de las personas jurídicas no resuelve el problema de las cortapisas legales al derecho de asociación ni el de la ley de fundaciones, recientemente ratificada por el Tribunal Supremo, que prohíbe la adquisición de bienes inmuebles a las fundaciones de minorías religiosas no musulmanas en Turquía. 
Cabe recordar, a este respecto, que una de las prioridades del documento de asociación para la adhesión es la no discriminación por motivos religiosos. 
Otro elemento importante a tener en cuenta es la aplicación práctica de las reformas. 
No basta con la simple aprobación de las leyes, sino que deben hacerse efectivas sus disposiciones. 
Puede decirse que Turquía cuenta con las características básicas de un sistema democrático, pero la puesta en marcha de las reformas necesarias para garantizar la democracia y el Estado de derecho está siendo muy lenta. 
Siguen sin llevarse a cabo reformas esenciales en los Tribunales de Seguridad del Estado, la situación de la tortura y malos tratos apenas ha mejorado, especialmente en el sudeste, debido fundamentalmente a las dificultades para procesar a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estos actos. 
Existen limitaciones en la práctica de la independencia del poder judicial, debido entre otras razones a que el Consejo Supremo de jueces y fiscales está presidido por el Ministro de Justicia, lo cual impide diferenciar en la práctica las competencias del poder ejecutivo y del poder judicial. 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue impidiendo que se puedan revisar juicios que han sido impugnados o que se adopte cualquier medida para reparar las violaciones del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
Continúa sin hacerse público el plan de acción para el sudeste y Turquía sigue sin firmar la convención marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa. 
Todo eso, sin perjuicio de importantes limitaciones que presenta el propio sistema judicial. 
A pesar de las reformas legislativas, la mejora efectiva en este ámbito dependerá de la correcta aplicación e interpretación de la legislación de desarrollo. 
En la práctica ya se ha puesto de manifiesto que hechos que han dejado de ser constitutivos de delito, en virtud de la reciente reforma del Código Penal, no impiden ser considerados como delito previsto por otro artículo de la legislación penal y castigado, en algunas ocasiones, todavía con mayor dureza. 
Un elemento esencial en el proceso de democratización turco lo constituye el llamado Programa Nacional para la Incorporación del Acervo, presentado por el Gobierno turco poco después de que el Consejo de la Unión Europea aprobará el documento de asociación para la adhesión en marzo de 2001. 
Constituye un avance en la dirección correcta; si bien, resulta insuficiente porque presenta algunas carencias que podrían poner en peligro el objetivo de cumplimiento completo de las prioridades y objetivos exigidos por la Unión. 
En algunos aspectos, este Programa Nacional para la Incorporación del Acervo se ha redactado en términos imprecisos, por lo que presentará dificultades de interpretación antes de salir adelante. 
En concreto, debe mencionarse la abolición de la pena de muerte, la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, la erradicación de la corrupción, la situación socioeconómica del sudeste del país de población mayoritariamente kurda y el levantamiento del Estado de emergencia en el sudeste. 
Por otro lado, este plan no asume ningún compromiso para eliminar obstáculos legales a las retransmisiones de radio y televisión en lengua materna, ni para asegurar los derechos culturales de las minorías turcas. 
En este proceso de reformar y avances, en el reconocimiento de los derechos culturales de las minorías, Turquía presenta todavía carencias. 
La reciente reforma de la Constitución ha llevado a la modificación de los artículos 26 y 28 y la correspondiente desaparición de la prohibición del uso de otras lenguas. 
Sin embargo, las recientes manifestaciones de universitarios y padres de alumnos solicitando la inclusión de cursos de lengua kurda en el curriculum académico han sido reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad, alegando que el idioma kurdo no existe como tal, que la única lengua nacional de la República es el turco y que los detenidos que han permanecido arrestados lo han sido por su presunto apoyo a la organización terrorista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, bien conocida por la sigla de PKK. 
Así lo ha reiterado del Consejo de Seguridad Nacional al afirmar que las campañas de solicitud de educación en lengua kurda han sido orquestadas por el PKK con clara intención separatista, añadiendo que este partido, el PKK, está intentando dar un paso más en su estrategia de politización y creación de una nación kurda. 
Otro problema que no puede soslayarse en el proceso legislativo de democratización turco es que él afecta al reconocimiento del derecho de asociación, en concreto a la ilegalización y clausura de partidos políticos. 
En 1994 y como sustitución del clausurado Partido Democrático (DEP) , acusado de guardar relación con la organización terrorista del Partido de Trabajadores del Kurdistán, se creó el Partido Democrático del Pueblo (HADEP) ; los antiguos miembros del DEP que quisieron ser miembros del HADEP tuvieron que solicitar autorización expresa del Gobierno, que sólo permitió la afiliación de aquellos que carecían de antecedentes penales o sobre los que no existía acusación alguna. 
Desde su creación, el HADEP ha sido la primera fuerza política del sudeste del país, controla la mayoría de las alcaldías de las ciudades de esta zona; pero también, desde su creación, pende sobre el HADEP la amenaza de su cierre. 
La decisión de junio de 2001 del Tribunal Constitucional de clausurar el Partido Islamista Fazilet puso de relieve los problemas existentes en materia de libertad de expresión y asociación. 
Ahora, el Tribunal Constitucional tiene ante sí la resolución del caso del HADEP. 
El fiscal ha solicitado su clausura por su presunta relación con el terrorista y líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah Ocalan, se le acusa de haber utilizado los congresos del partido para hacer propaganda a favor de Ocalan e incitar al odio contra el orden constitucional y la indisoluble unidad de la República turca. 
Se han producido miles de casos de detenidos pertenecientes a HADEP y si bien la mayoría han sido puestos en libertad tras un corto período de detención, los detenidos lo fueron como presuntos miembros de la organización terrorista PKK y fueron acusados de intervenir en actividades terroristas. 
Ninguno fue detenido y sentenciado por el mero hecho de pertenecer al partido. 
Esto no impide afirmar que en Turquía cualquier mención al Kurdistán, a su bandera, a la reclamación de educación en lengua kurda, se considere colaboración o apoyo a actividad terrorista. 
Pero no es menos cierto que, mientras no sea clausurado, el HADEP es un partido reconocido legalmente en Turquía y nadie puede ser arrestado por el mero hecho de pertenecer al mismo. 
Su ilegalización marcaría un paso atrás en el avance de Turquía hacía la adhesión y plantearía la necesidad de que la Unión Europea tomase una posición conjunta manifestando su preocupación por el impacto negativo en la libertad de expresión, asociación y en el pluralismo político, en el entendimiento de que el respeto de los derechos culturales de la población turca de origen kurdo es uno de los objetivos marcados en el documento de asociación para la adhesión. 
Señor Presidente, es innegable que Turquía ha realizado avances en relación con el cumplimiento de los criterios políticos para la adhesión; en consecuencia, la perspectiva de apertura de negociaciones se han hecho más cercanas. 
No obstante, estos avances no son aún suficientes para iniciar las conversaciones de adhesión. 
Uno de los principales obstáculos es la protección de los derechos culturales de todos los turcos con independencia de su origen étnico. 
Recientemente, el Secretario General para Asuntos de la Unión Europea, Volkan Vural, ha anunciado que se está preparando un segundo paquete de reformas legislativas. 
Eso nos permite hoy albergar la esperanza de ver un nuevo paso en el proceso democratizador de Turquía que le abrirá el camino a una relación más fluida y a una negociación, quizá en el futuro, para su futura incorporación a la Unión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señores y señores, la Comisión acoge con satisfacción el debate sobre los derechos democráticos en Turquía. 
Ello nos brinda la oportunidad de hacer un balance provisional sobre la situación de los derechos humanos en Turquía y sobre los avances registrados en el ámbito de las reformas políticas. 
El trasfondo de este debate es la decisión, adoptada en Helsinki de 1999, de conceder a Turquía el estatuto de candidato, como lo es también la estrategia previa a la adhesión acordada sobre tal base. 
Entretanto, todos los elementos de esta estrategia se han llevado a la práctica. 
En particular, Turquía ha aceptado un programa nacional de incorporación del acervo comunitario con el objeto de cumplir las prioridades de la estrategia de asociación para la adhesión. 
De este modo se ha puesto por fin en marcha un proceso de reforma que en los debates de la opinión pública de este país desempeña un papel cada vez mayor. 
Los primeros resultados están a la vista. 
Con la reforma constitucional del año pasado, Turquía ha demostrado que afronta con toda rigor las reformas políticas exigidas. 
El Consejo Europeo de Laeken tomó en consideración los esfuerzos de Turquía y comprobó que Turquía se ha acercado al objetivo de la adhesión a la Unión Europea. 
No obstante, ello viene ligado al deseo de la Unión Europea de que el proceso de reforma siga impulsándose de forma resuelta. 
En el momento actual, Turquía no cumple aún los criterios políticos de Copenhague. 
En las conversaciones que he mantenido hace pocos días en Ankara, animé insistentemente al Gobierno turco a continuar con decisión su proceso de reformas políticas y económicas. 
Los interlocutores de todos los partidos que forman la actual coalición de Gobierno se reafirmaron ante mí en su voluntad de reformas y en su objetivo de acercamiento a la Unión Europea. 
A raíz de la reforma constitucional del año pasado, Turquía ha aprobado este mes un minipaquete de medidas de desarrollo de la misma. 
La Comisión acoge con satisfacción las disposiciones del minipaquete, en cuanto se refieren a los períodos de detención antes de pasar a disposición judicial. 
Estas disposiciones son compatibles con los estándares comunitarios. No obstante, a nuestro juicio, esta nueva normativa supone un avance insuficiente en lo relativo a la libertad de expresión. 
En el nuevo tenor de los artículos pertinentes apreciamos pocas mejores en comparación con las disposiciones aún en vigor en materia de libertad de expresión. 
Esperábamos reformas más profundas y de mayor alcance en consonancia con la Constitución. 
Por ello, en mi reciente visita a Turquía, resalté que esperamos la adopción de medidas más amplias, como, por ejemplo, en la libertad de establecer coaliciones, en el uso de idiomas en radio y televisión y en el ámbito educativo, en la abolición de la pena de muerte y en la aplicación de los principios de protección jurídica de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
No obstante, junto a las modificaciones legislativas, es necesario que en Turquía se verifiquen verdaderos cambios en la práctica mediante la interpretación del Derecho. 
Al fin y al cabo, no debemos juzgar la situación de los derechos humanos en Turquía por lo que conste en el papel, sino que debemos juzgarla a la luz de lo que realmente ocurre en la práctica cotidiana. 
A este respecto, los fiscales y jueces deben desempeñar un importante papel. 
A tal fin, la Comisión ofrece a Turquía una serie de programas de formación continuada que, esperamos, sean aprovechados. 
Al igual que el Parlamento Europeo, la Comisión hace un seguimiento de la evolución del proceso seguido contra el partido HADEP ante el Tribunal Constitucional turco. 
El 1 de marzo, es decir, pasado mañana, se celebrará una nueva vista. 
Los representantes de la Comisión procurarán asistir. 
La Comisión enjuicia esta caso, como es natural, con arreglo a los criterios políticos de Copenhague, y por ello les digo que, en nuestra opinión, la prohibición del partido HADEP en Turquía iría en contra de nuestros principios políticos. 
El año pasado el Parlamento turco reformó la Constitución con el objeto de reforzar los derechos humanos. 
Sin embargo, no modificó las bases jurídicas que permiten prohibir partidos políticos. 
Por ello, ha de reconocerse que las disposiciones en vigor en Turquía no son compatibles con los estándares de la UE. 
En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno turco a renovar sus esfuerzos para ajustarse a estos estándares. 
No cabe duda de que Turquía se encuentra en medio de un intenso debate sobre el camino que deben seguir las reformas. 
Medidas positivas como, por ejemplo, la reforma constitucional, se ven contrarrestadas en otros ámbitos en los que seguimos apreciando deficiencias. 
A pesar de ello, estoy, al fin y al cabo, convencido de que Turquía tiene la fuerza y la voluntad para proseguir con su proceso de reformas. 
A mi juicio, la autorización dada por Turquía a la apertura de una oficina de Amnistía Internacional ha sido una señal positiva. 
Me parece igualmente positivo que el minipaquete de desarrollo de las reformas constitucionales aprobado hace pocas semanas venga seguido próximamente por un nuevo paquete de medidas legislativas de desarrollo. 
Dicho paquete comprenderá, entre otras, la Ley de prensa, la Ley de asociación y reunión, el Derecho penal y la Ley de competencias de la policía. 
Espero y deseo que con estas nuevas leyes se ponga con mayor intensidad y nitidez de manifiesto la voluntad de reforma. 
Por ello, aprovecho la oportunidad para animar de nuevo a Turquía para reforzar los derechos democráticos en su país y poner en marcha y llevar a buen término las iniciativas legislativas pertinentes. 
Es y será fundamental que los derechos humanos estén garantizados en la práctica y que Turquía, en la convivencia social cotidiana, garantice los principios de una sociedad democrática y plural. 
No debilita a una nación, sino que la fortalece- y ello vale también para la turca- fijarse los objetivos más ambiciosos en cuanto a la realización de la democracia y de los derechos humanos. 
Señor Presidente, los cristianodemócratas del Grupo PPE-DE damos nuestro respaldo a lo que han expresado el Consejo y la Comisión. 
El Tribunal Constitucional de Turquía pretende dejar fuera de la ley a otro partido político. 
En Turquía han sido declarados ilegales veintitrés partidos políticos en los últimos cuarenta años. 
Estos partidos- con fundamentos religiosos, regionales, culturales o étnicos- supuestamente han atentado contra la estructura kemalista del estado. 
Permítanme hacer una comparación muy elocuente. 
Por ejemplo, mi propio partido- el partido cristianodemócrata sueco- y los partidos hermanos de Europa, habría sido declarado ilegales. 
Les prometo que desde el Parlamento Europeo seguiremos, con energía y paciencia, este proceso en Turquía. 
Nuestra intención es actuar en el marco de una delegación ad hoc para proteger los derechos humanos, el sistema de pluralidad de partidos y, obviamente, los derechos de la minoría kurda en Turquía. 
Kemal Atatürk, que murió hace más de sesenta años, fundó el estado turco. 
Es hora de que los ciudadanos turcos decidan si esta constitución y este estado cumplen con las exigencias de una sociedad moderna y de una democracia plural. 
En mi opinión, el estado kemalista se funda más en la lealtad autoritaria, en el poder, en las amenazas y en las imposiciones que en el convencimiento sincero, en la lealtad consciente y en el verdadero patriotismo y amor a la patria. 
En estos tiempos no debería haber un Tribunal Constitucional que declare ilegales a los partidos políticos. 
A menudo se trata, además, de grandes partidos políticos. 
Turquía no ha firmado la Convención del Consejo Europeo sobre derechos de las minorías. 
El fundamento es, en último término, la constitución de Kemal Atatürk, que se remonta a las décadas de 1920 y 1930. 
Me pregunto qué gana Turquía al no abrirse al mundo y al no cambiar de actitud hacia sus minorías. 
Sólo de esa manera podrá ganarse el cariño de su propio pueblo y del resto de Europa. 
Señor Presidente, queridos colegas, el Presidente del Consejo y el Comisario han señalado acertadamente que hemos conseguido poner en marcha un proceso de reformas en Turquía, un proceso de reformas que, no obstante, adolece de muchas lagunas. 
Lo decisivo es, como también ha dicho el Sr. Comisario, es cómo estas reformas se llevan a la práctica y se desarrollan. 
A veces tengo un poco la sensación de que se nos toma el pelo cuando se modifica la Constitución pero no las leyes de desarrollo, lo que da a la policía y a otras autoridades en materia de seguridad la posibilidad de, por ejemplo, actuar contra los que quieren recibir la educación en lengua kurda y se inscriben en los cursos correspondientes. 
Creo que no podemos admitirlo. 
Quien pensó que con la detención de Ocalan se había resuelto la cuestión kurda debe haberse decepcionado, pues Turquía no ha aprovechado todavía la oportunidad de aplicar otra política en relación con los kurdos, como, por ejemplo, dotando a esos alcaldes del sudeste de Anatolia que intentan mejorar las cosas- los alcaldes sobre los que ha hablado el Presidente del Consejo- de los recursos necesarios, también de tipo económico, para que puedan cumplir su objetivo. 
Pero ocurre todo lo contrario: estos probos funcionarios son detenidos o secuestrados sin que se sepa si lo han sido por las fuerzas de seguridad o por organizaciones privadas, y sin que realmente se intente encontrar a los que han sido secuestrados ni a los responsables de tales secuestros. 
Este Parlamento insiste una vez más: luchamos por los derechos culturales de los kurdos. 
Son derechos inalienables, que no suponen separatismo alguno ni dan lugar al terrorismo, que no deparan dificultad alguna a Turquía, sino que pueden rescatar a Turquía como país democrático. 
Señor Presidente, la persecución del Partido Democrático del Pueblo se remonta a los disturbios en el congreso del partido allá por 1996. 
Desde entonces, el PKK ha declarado el alto el fuego y Turquía ha iniciado su largo programa de reforma política. 
En particular, la revisión del artículo 69 parece tener como objetivo la ampliación del ámbito de actividades de los partidos políticos dentro del sistema político. 
Es necesario seguir adelante con la reforma sin pérdida de tiempo, de manera que ningún partido regionalista ni tampoco aquéllos de origen kurdo, estén bajo amenaza. 
Sería una buena señal de la determinación de Turquía de seguir adelante con la integración europea, que el Tribunal Supremo decida sobre este caso en el momento mismo en que Turquía ocupe sus puestos en el seno de la Convención. 
La prohibición del Partido Islamista Fazilet el pasado año envió una señal poco favorable. 
Si existen acusaciones serias contra personas por su vinculación con el terrorismo, dichas personas deberán ser juzgadas, pero el partido en sí debería estar exento en aras de la democracia parlamentaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, el motivo de este debate puede resumirse en pocas palabras: la acusación de separatismo lanzada contra el HADEP no es sólo un acto negativo, sino sobre todo injusto. 
El HADEP es un partido democrático que ha hecho y continúa haciendo todo lo posible por defender la causa de los kurdos sin acudir a la violencia. 
Por eso mismo, está plenamente justificado que el Consejo, la Comisión y el Parlamento condenen esta denuncia sin rodeos. 
La única esperanza que me queda es que la decisión de volver a cotejar esta acusación el próximo viernes con la actual constitución y las modificaciones propuestas de la misma, en lugar de precipitarse a toda fuerza en dirección a la ilegalización del partido, forme parte de un cambio de rumbo de carácter más general que llegue a lo que, en mi opinión, debería ser la pregunta clave: ¿cómo implicar a las minorías políticas, culturales y religiosas en el sistema político turco? 
Se trata de derechos humanos fundamentales: el derecho de hablar tu propia lengua, el derecho a expresarte en esta lengua en los medios de comunicación y el derecho a recibir clases de esta lengua. 
Pero sobre todo se trata de la necesidad de implantar unas reformas políticas de vital importancia. 
Turquía tiene que elegir, y el proceso contra el HADEP constituye un claro ejemplo de ello: o bien opta por el pluralismo, la democracia y la libertad de expresión, o bien continúa supeditando estos principios básicos europeos a una visión dogmática de la seguridad de Estado. 
Ahora bien, debe quedar muy claro que nuestra actitud crítica hacia Turquía y nuestro apoyo al HADEP se fundamentan en un supuesto básico: es positivo que Turquía figure entre los países candidatos a la adhesión y la Unión Europea debe hacer todo cuanto esté a su alcance para lograr que Turquía se convierta efectivamente en Estado miembro. 
Dicho de otro modo, con mi apoyo al HADEP y mi actitud crítica para con el Gobierno turco y las autoridades turcas ciertamente no pretendo cerrar definitivamente las puertas a este país. Al contrario, estas críticas tiene por objeto preparar a Turquía para que pueda erigirse en un miembro plenamente democrático de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, cuando Turquía se comprometió en un proceso de revisión constitucional en el otoño pasado, mi Grupo viajó allá inmediatamente con el fin de iniciar un diálogo profundo tanto con el Gobierno o la Gran Asamblea nacional como con los representantes de la sociedad civil. 
Desafortunadamente, los límites de este "aggiornamento" aparecieron inmediatamente. 
La visita a la Sra. Leyla Zana, premio Sajarov, y a otros antiguos diputados de origen kurdo, aún en prisión, se nos negó. 
En cuanto a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, saludando cada paso adelante, ilustraron a través de una multitud de casos concretos la amplitud del camino que faltaba por recorrer para entrever la Turquía democrática que todos deseamos. 
No esperábamos sin embargo enterarnos unas semanas más tarde, por boca del presidente del partido Hadep, Sr. Murat Bozlak, que había sido convocado ante el Tribunal Constitucional en referencia a una probable prohibición de la formación política que dirige. 
Fue para favorecer una fuerte reacción del Parlamento Europeo frente a este acto arbitrario extremadamente grave por lo que inmediatamente invitamos al presidente Bozlak a venir a reunirse con todos los grupos y a proponer el envío de una delegación de esta Asamblea a Turquía. 
Me felicito por la unanimidad conseguida en esta doble iniciativa. 
El único crimen del partido Hadep es, efectivamente, no cesar de ganar en influencia en todo el país, hasta el punto de considerarse en este momento como seguro para entrar en el Parlamento, a pesar de una ley a la medida que fija en un 10% el mínimo requerido para obtener representación. 
Me alegro también de que mediante la puesta a punto de una resolución común de todos los grupos hayamos decidido remitir juntos un mensaje claro a las autoridades de Ankara y en especial esto: The European Parliament calls for the case against Hadep to be dropped. 
Propongo por tanto que nos comprometamos a llevar adelante juntos esta acción hasta su término. 
Es, efectivamente, la menor de las exigencias que podemos formular con respecto a un país que participará, a partir de mañana, en la Convención sobre el futuro de Europa. 
Señor Presidente, no hay ninguna duda de que el Gobierno turco ha improvisado algunas medidas cosméticas para ocultar su terrible trayectoria en materia de derechos humanos, aunque las nuevas medidas de represión son motivo de seria preocupación, como ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo. 
El atlas en el que aparecen las lenguas del mundo en peligro de extinción, presentado la semana pasada con ocasión del Día Internacional de las Lenguas Modernas, pone de relieve la crítica situación en que se encuentra la mayoría de las lenguas de este planeta. 
Deberíamos tener el valor de denunciar a todos los gobiernos- como el turco- que amenazan con la extinción a tantas comunidades lingüísticas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿podemos aceptar, conforme a los criterios democráticos, que partidos políticos que se oponen a la desaparición de comunidades enteras padezcan la prohibición de sus actividades? 
¿Debemos dar mal ejemplo con nuestra situación en el País Vasco, donde se ha considerado que nuestra lengua ha corrido el riesgo de desaparecer? 
Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Turquía no ha mejorado el año pasado en lo más mínimo. 
Estoy a favor de la adhesión de Turquía a la UE, pero los criterios de Copenhague tienen que cumplirse. 
Si bien acojo con satisfacción las reformas constitucionales, quedan muy lejos de lo que habría deseado. 
Turquía debe adoptar más medidas, en otro caso no podrá parte de la UE. 
No se ha abolido la pena de muerte, sólo se ha restringido. 
Los políticos turcos muestran poco empeño en el desarrollo de las reformas. 
En las universidades turcas puede aprenderse árabe, inglés, alemán y chino, pero la enseñanza del kurdo, la lengua materna de 12 millones de habitantes, sigue estando prohibida. 
Más de 10.000 estudiantes, que haciendo uso del derecho de petición, reconocido en la constitución, exigieron la enseñanza del kurdo, deben hacer frente ahora a procesos penales, acusados de separatismo. 
La abolición de la prohibición lingüística y la introducción del kurdo como asignatura en los planes de estudios contribuirá a una solución pacífica y política de la cuestión kurda. 
Los criterios de Copenhague comprenden el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna y a su empleo en los medios de comunicación, y deben constituir un requisito innegociable de la adhesión. 
También se ha detenido a miembros del HADEP, a los que se acusa de haber iniciado la campaña kurda. 
Con la apertura del procedimiento de prohibición del HADEP, se han intensificado las represiones contra los militantes de este partido. 
El año pasado fueron detenidos 3.245 militantes del HADEP, y más de 55 oficinas registradas y clausuradas. 
En el día mundial de la paz fueron detenidos más de 3.000 miembros del HADEP. Incluso una persona perdió la vida. 
Señor Verheugen, le insto a viajar al sudeste de Turquía y conversar con los 37 alcaldes del HADEP. 
Los alcaldes del HADEP no reciben ayuda económica alguna. 
Los pueblos destruidos no han sido aún reconstruidos. 
¿Cómo van a sobrevivir los miles de refugiados? 
¿Por que el sudeste del país no dinero recurso alguno de los programas MEDA, aunque así lo prevé su regulación? 
La prohibición del HADEP será un retroceso en la democracia. 
Con esta prohibición, Turquía camina hacia Europa en la dirección equivocada. 
Mi Grupo político y yo exigimos con toda vehemencia la interrupción inmediata del procedimiento abierto contra el HADEP. 
La Conferencia de presidentes ha acordado enviar una delegación a Turquía. 
En tanto Turquía no se manifieste públicamente en contra de la prohibición del HADEP, la delegación deberá mostrar su solidaridad y su apoyo al HADEP. 
¡Debemos mostrar sobre el terreno que esta Cámara no acepta medidas antidemocráticas! 
Muchas gracias, señora Uca. 
He recibido cinco propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.39 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Internet (primer nivel ".eu") 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la Recomendación para la segunda lectura del informe A5-0027/2002, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación del dominio del nivel superior de Internet. 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento que discutimos actualmente prevé la puesta en práctica del ámbito del primer nivel ".eu", que debería afirmar la visibilidad de la Unión Europea en el ciberespacio y transponer a Internet el espacio de confianza creado por el mercado interior. 
Durante la votación en primera lectura en junio de 2001, el Parlamento adoptó las enmiendas que propusieron la Comisión de Industria y la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Estas enmiendas reafirmaban especialmente los principios de no injerencia y de autogestión en el ámbito de Internet y preconizaban una gestión eficaz y no burocrática del dominio ".eu". 
Si el Consejo, en su posición común decidida el 6 de noviembre de 2001, aceptó un gran número de nuestras enmiendas, algunas otras no lograron su aprobación. 
La Comisión de Industria volvió pues a la carga para solicitar la consideración del principio de que "el que primero llega primero se le sirve" en la política de registro, para basar la política de solución extrajudicial de los conflictos en el pago de los gastos y sobre todo para prever en materia de comitología el procedimiento consultivo. 
Efectivamente, la Comisión de industria consideró, con la Comisión, que para garantizar el éxito del dominio de primer nivel ".eu", éste debería estar operativo en un plazo breve y poder funcionar de forma rápida y eficaz. 
Hasta el final, la cuestión de la naturaleza consultiva o reglamentaria de la comitología sigue siendo el principal punto de escollo en el debate entre el Parlamento y la Comisión, por una parte, y el Consejo por la otra. 
Los contactos informales entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión han proseguido después de la adopción de las enmiendas de la Comisión de Industria, y se ha llegado finalmente a un acuerdo entre las tres instituciones. 
Este acuerdo se refleja en las enmiendas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 presentadas en nombre del PPE, del PSE y del ELDR. 
En materia de comitología hemos cortado la pera en dos, o sería mejor decir en un tercio y en dos tercios. 
El modo reglamentario se aplica para la mayoría de las medidas relativas a la aplicación del reglamento, a saber, las reglas y principios de política de interés general, así como la definición de los criterios y el procedimiento de designación del registro. 
El modo consultivo se aplica para la designación del registro y la conclusión del contrato entre la Comisión y el registro. 
Si la Comisión y el Parlamento se han unido finalmente a este compromiso que no suscita su entusiasmo es para que el dominio ".eu" se ponga lo más rápidamente posible a disposición de los usuarios, como había deseado el Consejo Europeo de Lisboa. 
Señor Presidente, en nombre del Parlamento, insisto para que la Comisión y el Consejo se comprometan a actuar con diligencia para velar porque sea así. 
Sé que el Comisario Liikanen desea hacer una declaración en este sentido en el transcurso del presente período de sesiones y que la declaración en el mismo sentido que debe adoptar el Consejo se nos comunicará mañana antes de la votación de las enmiendas. 
Por ello recomiendo al Parlamento votar las enmiendas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Señor Presidente, al término de los numerosos contactos informales con el Consejo y la Comisión, que han permitido llegar a un compromiso, debo dar las gracias al Comisario Liikanen y a sus servicios, a la Presidencia española, que no ha ahorrado esfuerzos, a mis colegas, a Arlene McCarthy, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como a los coordinadores de los Grupos políticos. 
Juntos hemos logrado un resultado que debería permitir al dominio de primer nivel ".eu" estar en funcionamiento a final de año. 
Es un placer para mí intervenir por primera vez bajo su Presidencia y darle mi enhorabuena, y espero poder disponer al final de 10 segundos adicionales por haber dicho esto. 
Es un placer, una vez más, apoyar en la segunda lectura, en nombre de mi Grupo, esta medida tan importante y también rendir homenaje a Colette Flesch por la energía y el tiempo que le ha dedicado y, en particular, por haber conducido tan astutamente las negociaciones con el Consejo y la Comisión durante las pasadas semanas, gracias a lo cual tenemos, muy oportunamente, un acuerdo de compromiso que he suscrito en nombre de mi Grupo y que instamos a sus colegas a que mañana le den su apoyo. 
Una de las razones fundamentales para ello, como la Sra. Flesch ha mencionado en su intervención de hace un momento, es que debemos hacer operativo cuanto antes este nuevo nombre de dominio ".eu". 
Trabajamos en un mercado abarrotado, colegas. 
El ".eu" debe sobrevivir en un mundo de nuevos nombres de dominio, y sólo tendrá un valor real para las organizaciones comerciales y las ONG y demás instituciones que quieran utilizarlo si establecemos los mejores procedimientos de registro posibles. 
Las personas quieren que sus registros sean tramitados con rapidez y claridad y quieren el tipo de garantías respectos a sus derechos de autor y de marcas que nosotros esperamos, porque a fin de cuentas, con el respaldo institucional que tiene de la Comunidad Europea en todo el territorio de la Unión Europea, las personas no se contentarán con algo que no sea lo mejor. 
Será analizado minuciosamente, por lo que la mejor práctica es de la máxima importancia. 
Pero deberemos hacerlo y ponerlo en marcha lo antes posible. 
Esperamos con interés poder conocer las declaraciones del Consejo y de la Comisión. 
Retiraré mi enmienda, que propone un plazo específico de 6 meses para la autorización del Registro, o más bien de un total de 15 meses para la publicación del pliego de condiciones de la licitación. 
He recibido críticas del sector por ser demasiado generoso, por lo tanto espero que ése sea el plazo máximo absoluto. 
Esperamos con interés poder oír su declaración y me gustaría decir, para terminar, que ésta es una medida importante que debe hacerse bien y hacerse con rapidez. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, yo también me asocio a lo que han dicho los Sres. Flesch y Harbour. 
La solución que se presenta con las enmiendas, cuya aprobación se recomienda al Parlamento, es una solución de compromiso, pero creo que es un compromiso útil y oportuno en la medida en que nos permite llegar rápidamente a la creación del dominio europeo. 
Creo que esto se debe recibir positivamente porque representa otro paso concreto- que debo reconocer que ha sido posible no solo gracias a la colaboración de la ponente, Sra. Flesch, sino también de la Comisión y del Comisario Liikanen en particular- hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Cumbre de Lisboa. 
Por eso, dado que en muchos otros ámbitos comprobamos que también las decisiones a veces encuentran dificultades objetivas y lentitudes en su puesta en práctica, creo que lo que podemos decir aquí esta tarde es motivo de especial satisfacción. 
No añado nada más porque repetiría lo que han dicho mis colegas en cuanto al fondo, pero me sumo, esperando en este sentido lo que nos va a decir el Comisario Liikanen, a la recomendación de que los plazos de cumplimiento, de puesta en marcha operativa del dominio europeo sean lo más rápidos posibles. 
Dado que queda mucho que hablar de esto, me permito pasar la palabra al Comisario del cual esperamos una declaración en este sentido. 
. (EN) La adopción del Reglamento para hacer realidad el dominio de primer nivel ".eu" está llegando a su fase final. 
Quisiera expresar mi agradecimiento, en particular, a la ponente, Sra. Flesch, por sus sostenidos esfuerzos para alcanzar un compromiso. 
También deseo dar las gracias, en particular, a la Sra. McCarthy y al Sr. Harbour y también al Sr. Carraro. 
Su entendimiento de algunas de las complejidades que plantea esta iniciativa ha contribuido de manera significativa al resultado que hoy nos ocupa. 
Es para mí un placer señalar que la Comisión puede aceptar las enmiendas de compromiso desde la 7 a la 12. 
Varias de las enmiendas presentadas introducen aclaraciones adicionales de utilidad sobre las disposiciones de la posición común. 
La Comisión puede apoyar la enmienda relativa al examen del método basado en el orden de llegada entre las diversas opciones para definir la política de registro y dentro de los límites del marco regulador. 
Asimismo, puede apoyar la enmienda que introduce el principio del cobro de las costas en la política de resolución extrajudicial de conflictos. 
La cuestión más compleja de resolver era, sin ninguna duda, la selección de la comisión y del procedimiento para este Reglamento. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 7, 8, 9, 10, 11. 
Con respecto a la enmienda 6 de la recomendación para la segunda lectura, aprobada por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, la Comisión no puede apoyar la enmienda al artículo 8. 
No obstante, a la luz de la preocupación del Parlamento por la aplicación del dominio de primer nivel ".eu", la Comisión desea declarar lo siguiente: 
La Comisión comparte el punto de vista del Parlamento Europeo de que, para que tenga éxito, el dominio de primer nivel ".eu" debe entrar en funcionamiento cuanto antes y no debería ser entorpecido por un marco regulador excesivo. 
En este sentido, la Comisión considera que lo más apropiado para este Reglamento es un procedimiento consultivo. 
De conformidad con la decisión adoptada en el Consejo Europeo de Estocolmo en marzo de 2001 de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el dominio de primer nivel ".eu" esté a disposición de los usuarios lo antes posible, la Comisión ha resuelto, no obstante, aceptar el procedimiento reglamentario para el apartado 1 del artículo 3 y el artículo 5, con el fin de facilitar la pronta adopción del presente Reglamento, y con la confianza de que esta medida puede fomentar aún más el espíritu de colaboración necesario para alcanzar el objetivo establecido en el Consejo de Estocolmo. 
La Comisión hace hincapié en que la selección del Registro para organizar, administrar y gestionar el dominio de primer nivel ".eu" debería llevarse a cabo lo antes posible y en que no se escatimarán esfuerzos para garantizar la pronta publicación de una convocatoria de manifestaciones de interés tras la entrada en vigor del Reglamento. 
Esto presupone que los criterios y procedimientos para la designación del Registro deberán estar terminados a tiempo. 
La Comisión se compromete a presentar las medidas necesarias para la aplicación del dominio de primer nivel ".eu" con la celeridad necesaria y no escatimará esfuerzos para garantizar que, salvo que surjan imprevistos extraordinarios, los procedimientos pertinentes estarán terminados y listos para que el Registro del dominio ".eu" esté en funcionamiento lo antes posible tras la entrada en vigor del Reglamento. 
La Comisión hace un llamamiento a los Estados miembros para que suscriban plenamente este objetivo y le den el apoyo necesario para su realización. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Aprobación de la gestión 1999 (medidas aprobadas por la Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0024/2002) del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre las medidas adoptadas por la Comisión para dar curso a las observaciones que figuran en la resolución que acompaña a la decisión por la que se concede la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1999 Comisión en 1999. 
. 
(DA) Señor Presidente, en la aprobación de la gestión 1999 hemos tocado todo el presupuesto. 
Todos los sectores han sido aclarados. 
A todas las instituciones comunitarias les ha sido leída la cartilla, pues aunque en última instancia sea la Comisión la responsable de la ejecución del presupuesto, ésta no está sola. 
Está atada por decisiones que son adoptadas en el Parlamento y en el Consejo, y depende de lo eficaz que sea la labor de control en los Estados miembros. 
El ámbito agrícola es un ejemplo excelente. 
La Comisión propone una reforma de la política agrícola, sin embargo, el Consejo y el Parlamento se oponen y proponen hacer los regímenes aún más burocráticos, generosos y sensibles al fraude y al engaño. 
Los regímenes del lino, la leche y el azúcar son buenos ejemplos. 
No obstante, siguen haciendo falta una reforma fundamental y una nueva cultura de la administración en la Comisión. 
No siempre estamos de acuerdo con la Comisión, sin embargo, en el fondo tenemos el mismo objetivo, es decir, que la Comisión se convierta en una administración moderna y eficaz. 
Lo más importante es que el plan de reforma de la Comisión marche como debe. 
Mi plan original era comparar las Direcciones Generales individuales de la Comisión y otorgar a cada una una nota. 
Tal cosa seguiría el espíritu de la reforma, pero no ha sido posible llevar a cabo esta comparación. 
Me gustaría pedir al Tribunal de Cuenta que examine la práctica en los Estados miembros. 
La aprobación de la gestión 1999 puso el dedo en ciertas llagas de la administración de la Comisión. 
Una de las más importantes fue el deficiente control sobre los informes de cuentas y la falta de seguimiento. 
En el informe relativo a la aprobación de la gestión 1999 se pide a la Comisión que remita al Parlamento un informe dos veces al año que resuma todos los informes de cuentas y sus recomendaciones así como el seguimiento de éstas. 
Aparentemente la Comisión sólo se aviene a que los servicios internos de auditoría informen por escrito al Parlamento una vez al año y esto no es suficiente. 
Antes, el interventor financiero le facilitaba al Parlamento un informe cuatro veces al año y esperamos que así suceda también con la nueva sección. 
La entrega de información es siempre el mayor punto de fricción entre el Parlamento y la Comisión. 
He recibido una cantidad increíble de información con motivo de la aprobación de la gestión 1999 y me gustaría darle las gracias a la Comisión por este motivo. 
Sin embargo, son necesarias normas claras que puedan aplicarse independientemente de quien sea el ponente de la aprobación de la gestión e independientemente de quién sea el comisario. 
El Acuerdo Marco es malo. 
Puede utilizarse para retener documentos y mantener otros confidenciales. 
Es la Comisión quien en última instancia decide si un documento es confidencial. 
Además, es burocrático y provoca grandes retrasos. 
He respetado el Acuerdo Marco por estar vigente en la actualidad, sin embargo, creo que debemos trabajar para que sea renegociado y me gustaría pedir a nuestro Presidente, el Sr. Cox, que cumpla sus promesas en materia de transparencia y reformas especialmente en este ámbito. 
La Comisión de Control Presupuestario pensó dedicar más tiempo a la evaluación. 
Debemos garantizar que "valemos el dinero que costamos". 
Desgraciadamente, mi impresión es que la mayoría de evaluaciones serán archivadas verticalmente. 
La Comisión ha prometido presentar los resultados de las evaluaciones realizadas. 
No se dan detalles ni de cómo ni de con qué frecuencia. 
¿Qué dice la Comisión a informar por escrito cada cuatrimestre o semestralmente? 
Hay varios casos concretos de la aprobación de la gestión 1999 de los que no ha sido posible hacer un seguimiento, ya porque las investigaciones de la OLAF no están concluidas ya porque hay abierto un expediente disciplinario en la Comisión. 
Varios de los grandes casos de la aprobación de la gestión 1999 se encuentran aún en la OLAF, que no trabaja con demasiada celeridad, por ejemplo, el caso IRELA. 
El caso de IRELA, el Instituto para las Relaciones entre Europa y América Latina actualmente cerrado, ha sido objeto de gran atención. 
No lamento el cierre del Instituto. 
La Comisión mantiene actualmente delegaciones en la mayoría de países latinoamericanos que se ocupan de las relaciones entre Europa y este continente, sin embargo, debe hacerse una limpieza a fondo. 
La OLAF está actualmente finalizando una investigación interna encaminada a dilucidar si deben abrirse o no expedientes disciplinarios. 
IRELA aún no ha devuelto 3,4 millones de euros. 
Me gustaría preguntar a la Comisión en qué situación se encuentran las devoluciones. 
Me gustaría elogiar a la Comisión y en particular a la Sra. Schreyer por el seguimiento del caso Flechard. 
Se ha demostrado que es posible reconocer un fallo y modificar a continuación las normas. 
Me parece realmente un resultado excelente el que hemos alcanzado. 
Luego está el caso relativo a la oficina de Estocolmo, que en cambio no puede darse por cerrado. 
Acepto que el caso está en manos de la Fiscalía sueca, sin embargo, estamos obligados a actuar en este asunto. 
Y por último me gustaría dar las gracias por la colaboración que se me ha prestado durante año y medio y quiero dar las gracias en particular a la señora Comisaria Schreyer. 
Ha sido un placer trabajar junto a una persona tan competente y debo decir que el trabajo no ha quedado sólo en colaboración sino casi en una buen amistad y que hemos alcanzado fantásticos resultados. 
Me gustaría dar las gracias por ello en esta Asamblea y decir que si éste es el estilo de ahora en adelante, realmente hay algo sobre lo que podemos seguir construyendo. 
Es muy, muy estupendo. 
Señor Presidente, quiero dar expresamente las gracias al ponente por este informe, que aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1999. 
El Parlamento debe controlar a la Comisión en el gasto de los recursos. 
Pero sólo se puede controlar si se tiene acceso a todos los documentos e informaciones. 
En otro caso, la decisión de aprobación de la gestión no constituye un verdadero control, sino una deferencia. 
Por ello, subrayo expresamente la exigencia contenida en el punto 5, según la cual el Parlamento debe tener el mismo acceso a los documentos que el Tribunal de Cuentas. 
La Comisión debe dejar de levantar, con su gran aparejo de ideas y su táctica dilatoria, nuevos obstáculos que nos priven de la información. 
El ejemplo más reciente es el informe van Buitenen de 31 de agosto de 2001. 
La Comisión no me dio, en mi condición de ponente del programa Leonardo I en la Comisión de Asuntos Sociales, ni la más mínima indicación de que se habían presentado nuevas acusaciones de mala gestión que eran examinadas por la Comisión y la OLAF. 
Antes bien, aun a sabiendas de ello, habría conseguido de este Parlamento, contra su propio parecer, la aprobación de la gestión en la ejecución del Leonardo I si, por así decirlo, en el último minuto terceras personas no hubieran reclamado mi atención sobre esos hechos. 
Desde entonces, la Comisión se dedica a contemporizar y a dar largas. 
¿Es ésta, le pregunto a usted, señora Schreyer, la cooperación basada en la confianza que usted, junto a su colega Kinnock, no se cansan de pedir a este Parlamento? 
¿Qué oculta usted a este respecto? 
Entretanto, la totalidad de este informe ha llegado a manos de al menos un periódico alemán, junto al informe de la OLAF sobre este asunto. 
¿No cree usted, señora Schreyer, que debe entregársenos este informe de una vez por todas? 
El acuerdo marco, cogido con alfileres, que se presentó al Parlamento inmediatamente después de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1998, sin que hubiera posibilidad alguna de debate, se ha revelado ambiguo y equívoco, y se opone claramente a nuestro Reglamento. 
Debe adaptarse a nuestro Reglamento y no al revés, tal como querría, como es manifiesto, la enmienda presentada por el colega Bourlanges. 
Por ello, le pido que no acepte la enmienda del colega Bourlanges y que no vulnere los derechos de control del Parlamento, recogidos en el Tratado de la UE. 
Ningún europeo convencido de la causa puede realmente querer que se limiten los derechos del Parlamento en beneficio de una Administración que ya detenta un poder excesivo y que expone a esta Europa al peligro de convertirse en un aparato funcionarial descontrolado e incontrolable. 
Eso no lo quieren nuestros ciudadanos bajo ningún concepto. 
Sobre el escándalo de la mantequilla adulterada, el llamado asunto Flechard II, habría esperado manifestaciones más claras. 
La aclaración definitiva del Flechard II, un caso que no se trata solamente de una malversación de fondos, sino también de un peligro para la salud, es, no obstante, una cuestión que nos ocupará bastante tiempo en el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2000. 
Señor Presidente, en nombre de nuestro Grupo quiero unirme también a las felicitaciones al ponente. 
En el informe principal sobre la aprobación de la gestión del presupuesto de 1999 ya hizo un gran esfuerzo y realizó un magnífico trabajo. 
Apoyamos firmemente este informe. 
Creo, además, que la Comisión se ha esforzado por facilitar la información correspondiente en el menor tiempo posible. 
Pero, evidentemente, me uno a las críticas de la Sra. Stauner: tenemos la impresión- y así lo refleja el apartado correspondiente del informe Blak- que la Comisión sigue jugando al escondite con el Parlamento Europeo. 
Justamente los actuales acontecimientos y las noticias sobre un nuevo informe van Buitenen ponen de manifiesto que la realidad europea no se encuentra en el juego entre el Parlamento y la Comisión, entre unos cuantos funcionarios y unos cuantos diputados, sino que se encuentra fuera, en 370 millones de europeas y europeos, y no se puede ni debe tomar el pelo a esta realidad constantemente. 
Me alegraría mucho que la Comisión, de una vez por todas, adoptase un proceder más generoso, que creo intrínseco a todo sistema democrático, por cuanto respecta a la transmisión de documentos y a la transparencia de su actuación administrativa. 
Señor Presidente, con el proceso de aprobación de la gestión relativo a 1999 la Comisión y el Parlamento abrieron una nueva vía caracterizada por una mayor cooperación institucional. 
Es un resultado cuyo mérito corresponde a la Comisión, pero también a nuestro ponente Freddy Blak, que supo orientar ese proceso con determinación, sentido común e inteligencia. 
En la esfera agraria, es innegable que presenciamos avances, en particular por la aplicación del sistema integrado de gestión y control, pero no menos cierto es que el control de la falsificación alimentaria no ha avanzado. 
Esta situación es paradójica: la desviación de medio metro en la ruta de un tractor que labra la tierra o la substitución de una vaca lechera en una fecha determinada no reglamentaria pueden propiciar el descubrimiento de irregularidades y correcciones financieras por proyección estadística. 
Ahora bien, la falsificación alimentaria para la obtención de subvenciones a la exportación raras veces es controlada y, cuando se hace, los fraudes se pierden con frecuencia en los meandros de los sistemas nacionales de justicia, por lo que no se desprenden sanciones comunitarias ni el esclarecimiento público de los hechos. 
Es un estado de cosas al que no podemos dar nuestro asentimiento. 
Señor Presidente, estimados diputados, estimado señor ponente, el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 1999 lleva sin duda alguna el sello del ponente. 
Ha sido una cooperación muy estrecha que no siempre comenzó en el mismo punto de partida, pero que tras intensos debates siempre llevó a resultados a mi juicio estimables. 
No quiero hacer ahora un repaso de todo el procedimiento, sino resaltar, de la cooperación para la aprobación de la gestión, el tema "acceso a los documentos de la Comisión". 
Aquí sí se ha registrado un cambio fundamental en comparación con el pasado, y ello se debe en buena medida a la testarudez del ponente. 
Naturalmente, a la Comisión le satisface leer en su informe de seguimiento que usted se alegra de haber recibido todos los documentos que se solicitaron en la decisión de aprobación de la gestión. 
No obstante, tenemos de nuevo distintas opiniones acerca de cómo fue esto posible. 
A mi juicio, se ha puesto claramente de manifiesto que el acuerdo entre la Comisión y el Parlamento ha hecho posible este tratamiento de la información confidencial. 
Quiero resaltar que, a mi juicio, esta gestión del acuerdo es muy positiva. 
No sólo en el procedimiento de aprobación de la gestión como tal y en los informes se deja ver con toda claridad el sello del ponente, sino también en las medidas posteriores, es decir, en las medidas adoptadas durante el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria. 
A este respecto quiero citar de nuevo un ejemplo, la normativa de aplicación del principio de proporcionalidad en la condonación de deudas. 
Durante el procedimiento este asunto provocó encendidos debates, porque en un caso, en el ejercicio 1994, el Parlamento consideró que las decisiones adoptadas por los servicios de la Comisión adolecían de falta de transparencia. 
El resultado del largo debate que mantuvimos fue que, como punto de partida, se optase por la aplicación del principio de proporcionalidad, para que luego el Parlamento insistiera en la puesta en marcha de un procedimiento transparente. 
Esta es la normativa adoptada con arreglo a la propuesta de resolución, a saber, que siempre deben observarse determinados criterios y que, sobre todo, en caso de condonación de la deuda a partir de un determinado importe, la Comisión, como órgano colegial, deberá tomar la decisión, de modo que se ponga claramente de manifiesto que se asume una responsabilidad política. 
No obstante, permítanme señalar una discrepancia relativa al informe de seguimiento. 
La Comisión no puede dar cumplimiento a la petición contenida en el informe de seguimiento, en el sentido de que el nombramiento de contables, es decir, de los funcionarios de mayor rango competentes en materia de contabilidad, o de los interventores se produzca tras el dictamen previo del Parlamento Europeo. 
No se trata en este caso de cargos interinstitucionales, sino de cargos en el seno de la Comisión, con respecto a los cuales la Comisión es la autoridad contratante y decisoria. 
Señor ponente, en su informe se preguntaba acerca de las futuras actuaciones relativas al IRELA. 
La Comisión ha decidido dar un nuevo paso. 
Como usted bien sabe, la Comisión ha enviado una recovery order, con el resultado de que no pueden efectuarse recoveries, porque este organismo como tal ya no existe. 
Pero desde un punto de vista jurídico, sí sigue existiendo. 
Por esta razón, la Comisión ha acordado dar el paso siguiente y ha solicitado a los servicios jurídicos que examinen si concurre alguna responsabilidad personal. 
En cuanto a la problemática que plantea el informe que ha elaborado el Sr. van Buitenen, quiero resaltar que el propio Sr. van Buitenen ha señalado que hay pocos ejemplares. 
El Sr. van Buitenen tampoco me ha entregado a mí dicho informe. 
Como ha señalado mi colega Kinnock, la OLAF y los servicios competentes de la Dirección General de Administración han examinado el informe. 
Seis expertos en la materia de la OLAF han examinado el informe. 
Quiero señalar que aquí no se ha producido demora alguna, sino que el propio redactor del informe ha reconocido que probablemente el examen de la documentación se prolongará hasta marzo. 
La OLAF ha elaborado un informe que no se me ha presentado a mí, sino al Presidente de la Comisión de Control Presupuestario. 
Creo que mi colega Kinnock ha informado a esta comisión al respecto. 
Tan pronto como todo ello dé lugar a la presentación de recomendaciones a la Comisión, ésta pasará a estudiarlas y, evidentemente, si procede incoar nuevos procedimientos, también lo hará. 
Permítanme formular unas observaciones sobre el tema DAS, porque en el informe de seguimiento también se ha incluido este tema. 
Se ha obtenido una DAS positiva para el ejercicio presupuestario 2003. 
A este respecto, debo decir una vez más en nombre de la Comisión que, por nuestra parte, no podemos comprometernos a decir cuándo se va a obtener una declaración de fiabilidad positiva sobre los fondos, pues esta decisión incumbe al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas no ha fijado, por su parte, ningún criterio de referencia acerca de cúando se obtiene una declaración de fiabilidad. 
No obstante, pienso que en el año y medio de debates sobre el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 1999 hemos llegado a la conclusión de que sería bueno que, si encontrásemos conjuntamente criterios de referencia, sería bueno enjuiciar y reconocer los avances en materia de gestión financiera con arreglo a dichos criterios. 
Supongo que este tema desempeñará también un importante papel en la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2000. 
La Comisión ha reformado en particular la gestión financiera. 
Si se formulan acusaciones en el sentido de una incorrecta ejecución, nosotros estudiaremos tales acusaciones, y si se formulan acusaciones de fraude, será la OLAF quien las investigue. 
Debo rechazar las afirmaciones de que la investigación de la OLAF supondrían un retraso. 
¡No, para eso se ha constituido la Oficina, para investigar tales acusaciones! 
Nunca ha habido una queja- y esto quiero subrayarlo- en el sentido de que la Comisión haya intentado de algún modo influir en los resultados de las investigaciones de la OLAF. 
Seríamos tontos si hiciéramos algo así, pues la OLAF no constituye solamente un instrumento esencial para reforzar la cooperación con los Estados miembros en la lucha contra el fraude, sino que también es, evidentemente, un instrumento adecuado y objetivo de investigación en cuestiones internas. 
Me ha satisfecho la resolución adoptada ayer por el Tribunal de Justicia. 
Gracias a ella, la OLAF y su importancia se han visto reforzadas una vez más. 
El presupuesto de la Unión Europea seguirá sin duda alguna creciendo. 
Tendremos nuevos ámbitos de tareas, y la ampliación, evidentemente, constituye un nuevo y gran reto en la gestión financiera. 
Por ello, estoy seguro de que en futuros procedimientos de aprobación de la gestión presupuestaria y en futuros informes de seguimiento se suscitarán muchas cuestiones de gran importancia que, espero, podamos resolver conjuntamente tan bien como en el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 1999. 
Quiero agradecer al ponente una vez más su cooperación. 
. 
(DA) Señor Presidente, lamento tomar la palabra nuevamente, sin embargo, estoy un poco sorprendido de que exista un informe del Sr. Van Buitenen del que yo no tengo conocimiento. 
Me gustaría decir en esta Asamblea, estoy plenamente convencido de ello, que este hombre debería ser alejado de la Comisión. 
Destruye la cooperación, hace añicos la cooperación europea, pues su misión es oponerse y hacer cosas con las que no podemos vivir. 
Lamento mucho que algo semejante salga a relucir en el último momento, sin embargo, quiero recomendar a la Comisión que aleje a este hombre de una vez por todas, es un incordio para todos nosotros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Estado de previsiones suplementario de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para 2002- Proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario 1/2002 
A5-0056/2002 de la Sra. Buitenweg, sobre el estado de previsiones suplementario de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio de 2002. 
A5-0057/2002 del Sr. Costa Neves y de la Sra. Buitenweg, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario al presupuesto de 2002- Sección I- Parlamento Europeo- Sección II- Consejo- Sección III- Comisión. 
Señor Presidente, me referiré a ambos documentos, no sólo al presupuesto del Parlamento, sino también al informe relativo a la Convención que he elaborado en colaboración con el Sr. Costa Neves, puesto que ambos textos están muy interrelacionados. 
La Convención sobre el futuro de la Unión Europea se inicia mañana. Tenemos, por tanto, tiempo de sobra para establecer el marco financiero correspondiente. 
La Convención nos brinda una excelente oportunidad para ampliar nuestra capacidad de acción, aumentar la eficiencia en el seno del Parlamento y reforzar la legitimidad de las instituciones. 
La idea de un encuentro de estas características entre los representantes del Parlamento y de los gobiernos tiene su origen en nuestra institución. 
El Parlamento Europeo concede suma importancia al éxito de esta Convención. 
Es una de las razones por las que nos hemos conformado con un procedimiento acelerado. 
Espero, por tanto, que el Parlamento haga todo lo posible para que mañana, el mismo día en que se inicia la Convención, quede aprobado el presupuesto rectificativo y suplementario nº 1/2002. 
Quisiera informarles de algunos detalles de la Convención. 
Según las estimaciones de la Secretaría General del Consejo, los recursos disponibles ascienden aproximadamente a 10,5 millones de euros para un período de 10 meses, hasta diciembre de 2002. 
Una parte de este importe, es decir, 6,5 millones de euros, corre por cuenta de los participantes: las tres instituciones- el Parlamento, la Comisión y el Consejo -, los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros o de los países candidatos. 
Aquí entran, por ejemplo, diversas clases de dietas, que serán asumidas sin más por las instituciones o los gobiernos nacionales. 
Tras descontar esos gastos quedan unos 4 millones de euros. En realidad, éste es el importe que nos interesa aquí, puesto que éste es el presupuesto propio de la Convención. 
¿Quién gestionará estos 4 millones de euros? 
Es cierto que se trata de una cantidad limitada, pero en términos políticos es fundamental que las tres instituciones tengan suficiente capacidad de decisión al respecto. 
Es lógico que la Convención y su Presidium gestionen los pequeños gastos del día a día, pero la reasignación de los fondos, por ejemplo en el supuesto de que se quiera aumentar el importe de las dietas diarias a costa del foro de las ONG y los ciudadanos, es un asunto político. 
En estos casos es fundamental que un Parlamento que desee desempeñar un papel relevante en la Convención también tenga voz y voto en el presupuesto. 
Ahora bien, el problema es que la misma Convención carece de fundamento jurídico y, por lo tanto, no pueden aplicarse los principios presupuestarios habituales. 
Los Estados miembros se opusieron a que el Parlamento y el Consejo se convirtieran en los dos brazos de la autoridad presupuestaria. Exigieron que tuviera la última palabra el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea. 
Aunque esa idea no nos agradara demasiado nos mostramos comprensivos en las negociaciones. Resolvimos el problema de tal forma que, de hecho, corresponde a los Estados miembros dar el visto bueno definitivo, pero para ello es imprescindible el dictamen conforme de las tres instituciones. 
En otras palabras, la aprobación de los Estados miembros está supeditada al consentimiento de las tres instituciones. 
De este modo, el Parlamento Europeo también tiene derecho a veto, tiene voz y voto en el presupuesto, tiene acceso a la información, aprueba o desaprueba la gestión, etcétera. En realidad, al menos hemos sido capaces de poner a buen recaudo los principales logros obtenidos por el Parlamento. 
Entiendo que la presente propuesta no pueda optar al premio a la mejor solución. Como es obvio, hubiéramos preferido que este dinero se incluyera simplemente en el presupuesto, pero, a falta de fundamento jurídico, ello resultaba imposible. 
Así las cosas, considero que la Comisión de Presupuestos ha alcanzado un resultado francamente bueno. 
Pese a ello, se han escuchado algunas críticas. 
Hoy he estado con los miembros de la Mesa. Han expresado su preocupación por el papel del Parlamento y se preguntan por qué se equipara al Parlamento con los Estados miembros y no con el Consejo. 
La Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Constitucionales también tienen sus dudas. 
Por todo ello, hemos incorporado a la resolución una sustanciosa enmienda en la que se insiste una vez más en los logros del acuerdo, haciendo especial hincapié en que dicho acuerdo en sí no reviste carácter jurídico: se trata de una excepción, de un acuerdo que solamente se aplica a esta situación concreta. 
Espero que este añadido en el que subrayamos tan explícitamente que se trata de algo excepcional, así como el hecho de que a fin de cuentas hayamos salvado el poder de decisión del Parlamento en materia presupuestaria, contribuyan a que el presente acuerdo merezca un amplio acuerdo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, gracias al consenso logrado entre las instituciones en el diálogo tripartito celebrado el 18 de febrero, creo que el Parlamento está en condiciones de dar su acuerdo al presupuesto suplementario nº1/2002, que establece los medios financieros destinados al "Fondo" especial que sufragará los gastos de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea exactamente el día de su inauguración. 
Se ha trabajado aprisa y, en mi opinión, bien. 
Teniendo en cuenta que conviene asegurar a tiempo todas las condiciones que puedan contribuir a la eficacia de los trabajos de la Convención, queda establecido, así, desde ahora mismo, su marco presupuestario, con respeto de las normas de transparencia y equilibrio institucional. 
Dada la naturaleza particular de la Convención, se comprende la especificidad que caracteriza sus marcos jurídico y presupuestario, que se plasma, desde luego, en la propia existencia del "Fondo", así como el hecho de que éste quede sujeto a normas financieras excepcionales. 
Así, pues, se tiene en cuenta en particular el carácter temporal de la nueva entidad y se satisface la exigencia de mayor flexibilidad. 
Los condicionantes citados son la causa de un acuerdo interinstitucional concreto, que establece, en particular, el importe de las contribuciones de las instituciones financiadoras- el Parlamento, el Consejo y la Comisión- de la forma que mi colega Kathalijne Buitenweg ya ha citado. 
Así, pues, de conformidad con el diálogo tripartito de 18 de febrero, está garantizada la participación plena del Parlamento en todas las etapas de la vida del "Fondo" (creado por decisión intergubernamental) -conviene subrayarlo -, en particular en cuanto a los procesos de transferencia de asignaciones y de aprobación de la gestión, como también queda perfectamente claro el carácter excepcional de la iniciativa y, correlativamente, de las normas aplicables. 
Termino agradeciendo la colaboración de todos sus Señorías, y distinguiendo, en particular, el trabajo de los que participaron en el diálogo tripartito, Reimer Böge y Kathalijne Buitenweg, así como la contribución de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Control Presupuestario, que contribuyeron a que se prestara una atención más directa a algunos aspectos. 
También mediante este procedimiento presupuestario participaremos- espero- en una Convención que podría llegar a hacer historia. 
Señor Presidente, permítame decir en primer lugar que es para mí una gran alegría y un gran honor poder dirigirme por primera vez a esta Cámara bajo su presidencia. 
Quiero dejar claro que hablo, en particular, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario. 
Como acaban de decir los dos ponentes- a los que, por lo demás, también felicito por su trabajo -, la Comisión de Control Presupuestario ha reflexionado en profundidad sobre este asunto y ha llevado estas reflexiones a los informes. 
Y lo hemos hecho así porque queremos que esta Convención sea un éxito. 
Esta es nuestra convicción común, y quiero ponerla aquí de manifiesto. 
Desde esta premisa, damos nuestro apoyo a este presupuesto rectificativo y suplementario que la Comisión de Presupuestos presenta al Parlamento en su informe. 
No obstante, debe quedar claro que este procedimiento presupuestario extraordinario es único y no puede constituir un precedente. 
Así lo han subrayado los ponentes. 
Además, la claridad y la transparencia deben ser los criterios rectores superiores de las transacciones presupuestarias, con el objeto, principalmente, de justificar la confianza y la esperanzas depositadas en la Convención. 
Aunque la Comisión de Presupuestos está satisfecha con el procedimiento acordado, quedan por responder algunas cuestiones importantes relativas al control presupuestario. 
Las hemos llevado a nuestra opinión, elaborada apresuradamente, y las vemos recogidas parcialmente en la resolución. 
Damos las gracias por ello. 
A nuestro juicio tiene carácter prioritario la cuestión de la aprobación de la gestión, que, de conformidad con el Tratado, es la decisión de mayor importancia que incumbe únicamente al Parlamento y, en principio, no puede ser objeto de negociación. 
Sin embargo, el artículo 20 de la Decisión del Consejo sobre la financiación de la Convención dispone que los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros aprobarán la gestión del Secretario de la Convención Europea en la ejecución del presupuesto tras la autorización del Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
¿Qué significa exactamente esto, toda vez que los conceptos de autorización, assent o avis son empleados en las diversas versiones lingüísticas con poca claridad? ¿Cómo se configuran los procedimientos? 
Debe darse una solución satisfactoria a este problema. 
Se suscita una segunda cuestión, la relativa al acceso del Parlamento a los documentos. 
En el Tratado se establece con toda claridad que el Parlamento debe recibir toda la documentación e información que considere necesaria en el procedimiento de decisión de aprobación de la gestión. 
Sin embargo, en el artículo 4 del proyecto de resolución de la Comisión de Presupuestos lo anterior se prevé únicamente con respecto al Tribunal de Cuentas, lo cual no refleja el espíritu del Tratado. 
Como ya se ha dicho, estamos en presencia de un procedimiento sui generis que se aparta parcialmente de lo dispuesto en el Tratado. 
No obstante, el Parlamento debe tener un acceso libre y completo a todos los documentos. 
Acojo con satisfacción el artículo 5 de la propuesta de resolución de la Comisión Presupuestaria, que prevé que el procedimiento de aprobación de la gestión se someterá a las disposiciones del Tratado en caso de que la misión de la Convención se prolongue más allá de los plazos inicialmente previstos. 
Quiero expresar de nuevo mi deseo de que mañana podamos aprobar este informe y comenzar así la Convención con buen pie. 
Señor Presidente, señoras y señores, mañana deberemos pronunciarnos sobre un proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario que es y será excepcional en la historia de este Parlamento, pues estamos debatiendo sobre un importe del 0,005 % del presupuesto de la Unión Europea, y para tal volumen hemos organizado incluso un debate ad hoc. 
Hemos solicitado la presencia de la Comisaria Schreyer en la Cámara para hablar del tema que nos ocupa y de por qué lo hacemos. 
Hay razones para hablar de ello, pues se trata de la financiación de la Convención. 
Esta Convención ha sido más deseada por el Parlamento que por cualquier otra Institución europea. 
La hemos fomentado y la hemos exigido. 
La hemos exigido para establecer e introducir en Europa nuevos procedimientos, con el objeto de mejorar la cooperación y la interdependencia entre las Instituciones, entre las tres Instituciones. 
Para ello es necesario el respeto mutuo, que cada uno sepa del otro quién trabaja en qué lugar y que la transparencia se haga manifiesta. 
Lo que en un primer momento la Presidencia española del Consejo puso sobre la mesa como propuesta sobre la gestión de los recursos necesarios para la financiación de la Convención nos dio un buen susto, pues el Consejo aparecía como único financiador, como único gestor de los recursos e incluso como supervisor de su utilización. 
¡No se decía ni una palabra del Parlamento! 
Evidentemente, esto no puede servir en modo alguno de ejemplo de lo que en el futuro pueda ser la relación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
La Comisión y este Parlamento han tenido que expresar su enérgica oposición. 
Y hemos tenido que hacerlo en un procedimiento muy corto, porque no podíamos tramitar todo el procedimiento normal. 
Los plazos eran demasiado cortos. 
Incluso sólo pudimos dialogar al nivel de coordinadores. 
No pudimos siquiera realizar los trabajos preparatorios habituales dentro de la Comisión de Presupuestos. 
No obstante, lo hemos hecho porque estamos interesados en que mañana arranque esta Convención. 
Lo que el Parlamento ha conseguido es que ahora también decidamos sobre la asignación de recursos en virtud de nuestras competencias como parte de la autoridad presupuestaria. 
Somos una de las dos partes de la autoridad presupuestaria que decide sobre la asignación de recursos. 
La cesión de recursos sólo puede efectuarse con nuestro consentimiento, y tampoco puede aprobarse la gestión presupuestaria sin nuestro concurso. 
Dado que aún hay cuestiones por resolver, hemos debatido este asunto entre todos. 
En la Comisión de Presupuestos estamos convencidos de que la formulación que se ha dado es buena. 
Pero como lo mejor es siempre enemigo de lo bueno, sería estupendo que conseguiéramos afinarlo un poco más con la cooperación de nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Control Presupuestario. 
En todo caso, velaremos por que en el seno de la Convención y en la aplicación del procedimiento de la Convención no se pergeñen nuevas instituciones que pueda llegar a constituirse a nivel europeo. 
Una Institución de las que tenemos ahora- el Coreper- asumirá una función que no se le atribuye en ningún otro ámbito a nivel europeo. 
Será el Coreper quien reciba la aprobación de su gestión del Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Ver para creer: el Consejo aprobará la gestión del Coreper, ¡un órgano que forma parte de él mismo! 
¡Esto si que es curioso! 
Esto no puede servir de modelo para la futura organización institucional de la Unión Europea, ni el procedimiento de aprobación de la gestión deberá desarrollarse a partir de este modelo. 
Nos opondremos a ello con todas nuestras fuerzas. 
Este Parlamento insistirá en la salvaguardia de sus derechos. 
Seguiremos muy atentamente los acontecimientos. 
No obstante, mañana votaremos a favor porque sabemos que esta Convención tiene que arrancar. 
¡Debe transmitirse a Europa la buena señal de que ya no aplicamos los antiguos procedimientos, sino que asumimos un nueva forma de actuación y una nueva orientación y que configuramos el futuro de Europa! 
Señor Walter, le agradezco mucho sus amables palabras, pero debo decir que el ángel de la guarda hoy no soy yo, sino el Sr. Costa Neves, que disponía de cinco minutos y ha utilizado sólo tres. 
Señor Presidente, la propuesta de destinar 4 millones de euros a la Convención que se inicia mañana se ha tramitado a una velocidad vertiginosa. 
La habitual parsimonia en la toma de decisiones, que suele ser- y con razón- fuente de reproches, se ha llevado al otro extremo. 
Sin embargo, también en este caso estamos hablando de recursos comunitarios aportados por los ciudadanos. 
Sin ánimo de emitir un juicio de valor sobre la Convención en sí es evidente que ella genera una serie de gastos. 
Ahora bien, el método de la Convención hace que la parte del león entre a formar parte de las actividades habituales de los parlamentos nacionales y las instituciones europeas. 
Con todo y con eso, es fundamental que incluso esos gastos sean transparentes, al igual que el coste derivado de la puesta a disposición de la necesaria infraestructura. 
Ni el carácter de la Convención ni la urgencia de la misma pueden eximir al Consejo y al Parlamento de su responsabilidad conjunta para con el presupuesto comunitario. 
No hay motivo alguno para que la gestión de este fondo de 4 millones de euros no se ajuste a los criterios de transparencia y eficacia, especialmente en lo que a los gastos del Presidente y de la Secretaría se refiere. 
Ahora que el abono de los gastos se ha convertido para nosotros en un asunto prioritario es imprescindible que la Convención adopte una política responsable al respecto. 
La transparencia es la mejor forma de refutar rumores sobre dietas desorbitadas. 
No podemos bajo ningún concepto causar la impresión de que este proyecto acerca del futuro de Europa sirva para que algunos se llenen los bolsillos. 
Señor Presidente, no hay ningún inconveniente en que a finales de 2002 este fondo presente aún un importante saldo positivo. 
. (DE) Señor Presidente, estimados diputados, con esta Convención se ha dado, efectivamente, un paso de una importancia extraordinaria. 
La Convención sobre el futuro de Europa determinará, a mi juicio, el perfil de Europa. 
Me alegra que haya podido llegarse tan rápidamente a un acuerdo, a un entendimiento sobre la financiación, después de que en un primer momento hubiera especulaciones que inducían a equívocos acerca del importe de los recursos necesarios. 
Como ya se ha señalado, se calcula que los gastos para el ejercicio en curso ascenderán a 10,5 millones de euros. 
Una parte de estos gastos serán soportados por los Estados miembros o Estados candidatos, como los gastos de transporte de sus diputados. 
Pero las Instituciones europeas correrán con la mayor parte de los gastos. 
A este respecto, quiero mencionar en especial la cuota del Parlamento que se pone a disposición en el marco de los recursos para infraestructuras, a saber, los servicios de traducción e interpretación. 
Según los cálculos realizados, se necesitan recursos por importe de otros 4 milloness de euros para gastos diversos. 
Por ejemplo, la financiación de estudios que deben realizarse, o quizá la ampliación de los servicios de traducción. 
El importe estimado asciende así a 4 millones de euros, y se ha llegado a un consenso de forma extraordinariamente rápida sobre la aportación de estos 4 millones de euros, de los que 400.000 corresponderán al Consejo, 1 millón al Parlamento Europeo y 2,6 millones a la Comisión, y se destinarán directamente, a través del presupuesto suplementario, a un fondo que se pondrá a disposición de la Convención. 
A mi juicio, con el acuerdo interinstitucional que se suscribirá mañana, hemos dado todos juntos a través del debate con una regulación que garantiza una extraordinaria transparencia. 
Así, tanto en la elaboración del presupuesto de la Convención como en cualquier modificación del mismo y en la aprobación de la gestión presupuestaria participarán las tres Instituciones, de modo tal que, en particular en la aprobación de la gestión, se exigirá el acuerdo previo de las tres Instituciones. 
No se mezclarán las tres Instituciones ni se decidirá por mayorías, sino que debe concurrir la aprobación de cada una de las Instituciones. 
Salta a la vista que esta construcción es extarordinaria, y me alegra que el Parlamento subraye una vez más este aspecto en su resolución. 
También interesa particularmente a la Comisión- y esto quiero dejarle bien claro- que se ponga de relieve este carácter extraordinario. 
La Convención es una construcción extraordinaria, y la solución que hemos encontrado pone especialmente de relieve que el éxito de los trabajos de esta Convención redundará en beneficio de las tres Instituciones. 
Creo que, cuanto menos, puede retenerse la siguiente idea: en contra de todas las especulaciones, hemos encontrado con gran rapidez una buena solución, y sería muy bueno que mañana, además de la firma del acuerdo interinstitucional, se aprobase la decisión sobre el presupuesto rectificativo y suplementario. 
¡En cualquier caso, junto a la Comisiones de Control Presupuestario y de Presupuestos, hemos contribuido positivamente a establecer las condiciones que garanticen el éxito de los trabajos! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Relaciones UE/Cáucaso meridional 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0028/2002) del Sr. Gahrton, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las Relaciones de la Unión Europea con el Caúcaso meridional en el marco de los Acuerdos de Colaboración y Cooperación. 
. (SV) Señor Presidente, el Cáucaso meridional, es decir, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, es una región de la que es fácil enamorarse, sus gentes y su naturaleza son fantásticas. 
Al mismo tiempo, es una región que confunde a sus mejores amigos. 
Sólo durante las últimas semanas, cifras preliminares del censo de población demuestran que Georgia y Armenia han perdido, cada uno, cerca de un millón de habitantes desde la independencia. 
No se puede demostrar con más claridad el total fracaso de la política económica y social postsoviética. 
La economía planificada soviética ha sido parcialmente sustituida por la economía de mercado. 
En cambio, abunda la corrupción, basada en lealtades de clanes y en el poder de las mafias. 
Sin embargo, esta catastrófica situación no ha sido causada sólo por ellos mismos. 
En un estudio del Centre for European Policy Studies se describen los acontecimientos de la década de 1990 como "partly a result of liberalisation caused by transition to a free market system". 
La miserable situación económica y social ha empeorado los conflictos políticos, culturales y nacionales que abundan en la región. 
Desgraciadamente, no hay visos de solución de los conflictos, por ejemplo, en Gorno-Badajchá, Assetia meridional y Abjazia. 
A veces nos llegan noticias positivas como, por ejemplo, la designación por parte del presidente Sjevardnadze de un mediador de Abjazia que ha sido aceptado por todas las partes, o las frecuentes conversaciones entre los presidentes Alijev y Kocharian sobre Gorno-Badajchá, o la reciente decisión de Turquía de facilitar la obtención de visados para los armenios. 
Sin embargo, con la misma frecuencia nos llegan informes inquietantes, como, por ejemplo, las protestas georgianas en la frontera con Abjazia, el recrudecimiento de las tensiones en la frontera entre Georgia y Chechenia, el término de las conversaciones entre los presidentes de Armenia y Azerbaiyán después de la reunión en Key West, en abril del año pasado. 
De este modo, no es una exageración sostener que el Cáucaso meridional es un barril de pólvora que puede explotar en cualquier momento. 
Los riesgos no disminuyen por el hecho de ser esta región un corredor para los yacimientos petrolíferos y de gas del Mar Caspio y de Asia Central y de estar cerca de Afganistán, lo que ha llevado a afirmar que miembros de Al-Qaida pueden encontrarse en la región fronteriza entre Georgia y Rusia. 
A su vez, esto ha hecho que EE.UU. envíe tropas a un país en el que todavía existen bases militares rusas. 
El Cáucaso meridional puede considerarse un campo de pruebas para la política de paz de la UE. 
En la Cumbre de Gotemburgo se aprobó un programa para prevenir conflictos violentos. 
Un cuerpo civil de paz sería una herramienta eficaz para la ejecución de un plan de acción de esta naturaleza. 
Propongo también que la UE formule una estrategia para el Cáucaso meridional en la que se aplique lo aprendido en relación con el pacto de estabilidad para el sudeste de Europa. 
Para llevar a cabo esto hay que fortalecer la presencia de la UE en la región, estableciendo una plena representación en Ereván y en Bakú, y no solamente en Tbilisi como existe actualmente. 
La situación medioambiental en el Cáucaso meridional es alarmante. 
La central nuclear de Medzamor debe cerrarse en 2004, tal como se ha acordado. 
Para que esto sea posible se necesitan otras fuentes de energía, algo con lo que la UE podría contribuir. 
La UE también debe continuar con los intentos de echar a andar proyectos de colaboración regional, especialmente en lo que respecta a la línea férrea entre Bakú y Nachichevan. 
La mayoría de los políticos, intelectuales y representantes de los movimientos populares independientes de la región han expresado su enorme deseo de acercarse a Europa. 
Esto se ha producido, en parte, gracias a la participación de los tres estados en el Consejo Europeo. 
Al mismo tiempo, muchos desean fervientemente ser miembros de la Unión Europea. 
En mi opinión, el Parlamento Europeo debe responder sin ambigüedades a los países del Cáucaso meridional diciéndoles que tienen derecho a ser miembros de la Unión Europea si lo desean. 
En cuanto a las enmiendas, recomiendo la aprobación de todas ellas, con excepción de la 2, la 14 y la 16. 
Quisiera recomendar especialmente no apoyar la enmienda 2, ya que su aceptación significaría un repentino e inmotivado cambio de curso en relación con la postura fijada por el Parlamento Europeo desde 1987. 
Soy consciente de que en ciertos círculos armenios se intenta utilizar los acontecimientos de 1915 para justificar la actual política de ese país. 
Sin embargo, del informe se deduce que estas opiniones no me han afectado. 
Este informe es muy crítico respecto a la ocupación armenia del territorio de Azerbaiyán. 
No obstante, de esto no se colige que haya que escribir la historia de nuevo. 
Después de la Primera Guerra Mundial, los tribunales turcos condenaron a los responsables- Enver Pacha y otros- a severas penas, entre otras cosas, por las matanzas de armenios. 
Para mí es un misterio que 80 años más tarde se pretenda ignorar estos hechos. 
Todos los países tienen trapos sucios en los guardarropas de la historia. 
Los que lo reconocen y abiertamente se enfrentan a su pasado merecen nuestro respeto; por el contrario, los que lo niegan o esconden nos producen sorpresa y desilusión. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitarle y expresar mis mejores deseos en el cumplimiento de sus deberes como Presidente; a continuación quisiera felicitar a mi colega, Sr. Gahrton, por su extraordinaria labor y por la eficacia de la que ha hecho gala al combinar y expresar en su informe las posiciones básicas de los diversos Grupos políticos en las cuestiones complementarias. 
Ha sido una labor tenaz y ha tenido como consecuencia un informe bien elaborado y equilibrado que, gracias a las enmiendas de mis Sres. colegas, refleja con realismo y objetividad la situación predominante en el Cáucaso meridional, los problemas y las perspectivas, así como los diversos aspectos y parámetros de las relaciones entre los tres países de la región y la Unión Europea. 
Basándome precisamente en la apreciación, generalmente aceptada, de que la región del Cáucaso es de una importancia especial para Europa, y habiendo constatado que la Unión Europea ha expresado de distintas formas políticas y económicas, su voluntad de reforzar el procedimiento para garantizar el progreso y la estabilidad política y para confirmar el Estado de derecho en los países candidatos a la adhesión, considero prudente subrayar la conveniencia de reforzar más el papel de la Unión Europea en la formación de una estrategia común, de carácter general y a largo plazo, para solucionar los problemas de la región, algo que debemos intentar apreciando conjuntamente las particularidades y las sensibilidades nacionales e históricas de los pueblos, y también animando a los estados vecinos, y concretamente a Rusia, Irán y Turquía, a que contribuyan de manera constructiva al desarrollo pacífico de la región del Cáucaso meridional. 
En este marco, el informe hace bien en invitar a Turquía, que además está asociada a la Unión Europea, que adopte las medidas pertinentes conforme a sus ambiciones europeas, sobre todo en lo que respecta al cese del bloqueo contra Armenia, creando una base de conciliación con dicho país, según el apartado 15 del informe; y quiero animar a mis Sres. colegas a que voten a su favor. 
Rusia debe desempeñar un papel igualmente importante; de catalizador para evitar conflictos en el Cáucaso meridional, y también para solucionar la cuestión energética, de importancia excepcional tanto para los países implicados como productores, como para los consumidores. 
Para terminar, quiero subrayar que el interés de la Unión Europea por la región meridional del Cáucaso debe continuar y mostrarse intacto, apoyando activamente el deseo de los países interesados de pertenecer a Europa y colaborando estrechamente la Unión Europea y sus instituciones, en todos los sectores. 
¡Enhorabuena! 
El informe del Sr. Per Gahrton es excelente y equilibrado para augurar una mayor presencia de la Unión Europea en una zona puente entre Asia y Europa. 
El Cáucaso meridional podría convertirse en un punto clave, pero también podría continuar siendo un polvorín. 
Detrás de un marco fundamentalmente tranquilo, crecen las tensiones que en una situación políticamente adecuada podrían llegar incluso a estallar. 
Por lo tanto, es útil desdramatizar las históricas polémicas turco-armenias. 
Esperamos que el apartado 15 que mañana vamos a votar en sintonía con muchos planteamientos internacionales sea un paso útil en esta dirección. 
Si la mayoría aprueba la fórmula de la Comisión de Asuntos Exteriores, de ahora en adelante podremos mirar hacia el futuro dejando el pasado a los históricos. 
En la región, además de las cuestiones ético-políticas, se mueven grandes intereses económicos: existen polémicas sobre la explotación del Mar Caspio, los trazados de los oleoductos son aún provisionales; existen potenciales presiones sobre la política de Rusia que aplica criterios diferentes para cada uno de los tres países, así como respecto a la minoría étnica. 
Parece que el Grupo OSCE de Minsk está estudiando a puerta cerrada un nuevo enfoque para el compromiso para Nagorno Karabaj y las distintas zonas ocupadas. 
¡Ojalá! 
Tiene razón el Sr. Gahrton cuando pide que se nombre a un enviado especial de la Unión Europea para el Cáucaso meridional. 
Una conferencia entre los países del Cáucaso meridional y la Unión Europea podría dar también resultados y aclarar si es mejor adoptar la táctica del "paso a paso" o bien un enfoque global. 
Señor Presidente, el señor Gahrton y yo solemos estar en desacuerdo en casi todo lo que respecta a la UE. 
Por eso resulta particularmente interesante poder elogiarlo esta tarde por este bien equilibrado informe sobre el Cáucaso meridional. 
La UE debe tener un perfil claro y bien razonado en esta importante región fronteriza entre Asia y Europa. 
Es bien conocido el relevante papel de Rusia, las posibilidades y problemas derivadas del petróleo y el papel estratégico cada vez más importante de la región en la guerra de Afganistán. 
Hoy llegaron cinco consejeros militares norteamericanos a Georgia para entrenar al ejército en la lucha antiterrorista. 
La UE puede ser un mediador activo. 
A la Unión le corresponde un papel importante en relación con el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil y con la solución de los problemas medioambientales. 
El señor Gahrton dijo que un primer paso para fortalecer la presencia de la UE en la región sería la creación de delegaciones tanto en Azerbaiyán como en Armenia, pero también es necesario que la UE destine más dinero a la región. 
Señor Presidente, Per Gahrton y yo estamos de acuerdo: ¡la UE debe comprometerse más en el Cáucaso meridional! 
Señor Presidente, Señorías, hemos de alegrarnos muy sinceramente por el informe de nuestro colega Per Gahrton que abre las perspectivas para las tres repúblicas del Sur del Cáucaso de salir de una situación de conflictos regionales y de no-guerra, para llegar por fin al camino de una paz duradera que cada parte y su población desean intensamente. 
Tenemos la responsabilidad política de ayudarles a conseguirlo. 
También es a través de las reflexiones y de las propuestas hechas en el informe como se traslucen todas las perspectivas de diplomacia y de estimación del valor y del papel de la Unión Europea, y no son palabras vanas o frases hermosas. 
Para estas tres hermanas, enemigas o amigas, del Sur del Cáucaso, las puertas del Consejo de Europa no están abiertas, y en este foro de debates y de intercambios muchas de sus tensiones han podido ya suavizarse. 
En esta antesala de Europa, deben proponérseles nuevas perspectivas para unirse más estrechamente a la familia europea, para que la Unión entierre finalmente sus tensiones seculares. Esto consagra nuestra responsabilidad, ya que el mundo y nuestro continente son cada vez más interdependientes. 
La cuestión del agua, después de la, característica, del petróleo, se afirma también como muy estratégica para toda esta región, y antes de que se imponga, entre todas, la de un accidente en la central de Metsamor, es responsabilidad nuestra ayudarles a cortocircuitar está amenaza. 
Señor Presidente, el informe contiene una larga serie de buenas intenciones para el Cáucaso meridional, que innegablemente es una zona problemática inestable. 
Europa está naturalmente interesada en que se solucionen los conflictos en esta zona, sin embargo, he de manifestar mis dudas ante las cualidades de la UE para desempeñar un papel tan importante en la zona como el planteado por este informe. 
Quiero subrayar por ello que, aunque la posiblidad de pertenencia a la UE sólo se mencione a largo plazo, estos países no pertenecen lógicamente al círculo de socios de la UE. 
Todas las hermosas palabras apenas bastan para resolver los grandes problemas existentes en la zona, y me voy a permitir dudar de que la Comisión tenga la capacidad para lograr los cambios deseables. 
Me gustaría hacer varios comentarios respecto a la enmienda 2 al punto 15. 
Me parece inteligente que el Sr. Duff proponga una redacción que sólo habla de zanjar desavenencias históricas. 
Quiero por ello exhortar a que votemos a favor de la enmienda. 
Los sucesos acaecidos durante la Primera Guerra Mundial, que ni el gobierno británico ni el gobierno americano tras las investigaciones pudieron calificar entonces de genocidio, no pueden mencionarse como un resultado positivo como son mencionados en el punto 15 del informe. 
De este modo no se consigue la normalización de relaciones económicas y diplomáticas. 
Es cierto que la frontera terrestre entre Turquía y Armenia está cerrada, pero no se trata de un bloqueo en el sentido general de esta palabra. 
Hay conexiones aéreas entre los países y los ciudadanos armenios pueden viajar a Turquía. 
El cierre de las conexiones férreas y por carretera son una consecuencia de la situación diplomática y política general no resuelta. 
Lo que la UE puede hacer es trabajar en favor de una solución negociada global a las cuestiones que dividen a los dos países. 
Tal cosa requiere prudencia y diplomacia. 
El Parlamento Europeo no promueve una solución convirtiéndonos en jueces de sucesos acaecidos en un pasado lejano. 
El Grupo UEN votará a favor del informe con la condición de que se apruebe la enmienda 2 al punto 15. 
Hace más de diez años informé como periodista sobre el proceso de descolonización de la Unión Soviética en la región. 
La hospitalidad y la cordialidad de la población local han quedado grabadas en mi memoria para siempre. 
Sin embargo, al mismo tiempo los conflictos interétnicos oscurecieron el futuro estatal de las tres Repúblicas transcaucásicas. 
A día de hoy toda la región continúa sufriendo las consecuencias del vertiginoso recrudecimiento de estos conflictos armados. 
Basta con pensar, por ejemplo, en los explosivos focos de crisis de Abjazia y Nagorno Karabaj. 
El Sr. Gahrton ha intentado desenredar esta cuasi inextricable madeja caucásica de conflictos con idea de presentar unas recomendaciones concretas que garanticen una contribución europea constructiva a la pacificación y la reconstrucción de la región. 
En concreto, quisiera destacar el llamamiento que hace el ponente para que otorguemos un trato preferencial a la ayuda europea destinada a la implantación de un Estado de derecho en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. 
Ayer me dijo un experto occidental en el Cáucaso que esta importante cuestión requiere una mayor coordinación entre los Estados miembros y las instituciones europeas. 
Tal vez la Comisión pueda comunicarme si comparte esta preocupación. 
Señor Presidente, más que la propuesta de resolución es la exposición de motivos del informe GAHRTON la que me lleva a formular algunas objeciones. 
Con su permiso quisiera destacar dos puntos controvertidos. 
En su análisis e interpretación del desmoronamiento socioeconómico poscomunista de las Repúblicas transcaucásicas el Sr. Gahrton hace caso omiso de la herencia de la economía soviética, así como de la caricatura en que quedó convertido el proceso de privatización por culpa de los dirigentes locales. 
Además, el ponente critica con virulencia el papel de los Estados Unidos en la región. Yo creo, sin embargo, que la temida o temible amenaza "neocolonialista" no viene precisamente de ahí. 
Me atrae enormemente la idea de una "Organización para la Cooperación Económica en el Cáucaso meridional". 
Me parece una medida muy adecuada para fomentar la mutua confianza, invertir el proceso de desintegración económica regional y restablecer un sistema transnacional de infraestructuras. 
Los actuales proyectos europeos de ayuda, tales como Tracea e Inogate, se enmarcan en esta misma línea. Es más, demuestran que los esfuerzos europeos desplegados en el Cáucaso meridional surten efecto. 
Señor Presidente, me complace enormemente verlo tan encaramado, si me permite la expresión, señora Comisaria, Señorías, quisiera dar las gracias al ponente, Per Gahrton, por los numerosos intentos que ha realizado para tratar de llevar este informe a un nivel aceptable. 
Parece que en su introducción nos recuerda claramente que aún no lo hemos conseguido, que nos encontramos muy lejos. 
Actualmente, como ha dicho, el Cáucaso del Sur es un polvorín, y del Cáucaso del Norte ni hablemos. 
Hoy, en el Cáucaso del Sur, están las cuestiones abiertas de Abjasia, del Karabaj, de Osetia del Sur, de Adjarie. 
Todas estas cuestiones existen desde hace años. 
En trece años de transición del comunismo a la democracia y con una inversión de un millardo de euros, cantidad que la Unión Europea ha invertido en trece años en esta región, no creo que podamos decir que la política europea en la zona haya obtenido un gran éxito. 
Como ha dicho el Sr. Gahrton, el problema de fondo es la cuestión de perspectiva, y la Comisión en particular- el Consejo es cómplice como siempre- se niega a dar una perspectiva política a esos países y hace como que no considera que el único criterio de pertenencia a la Unión Europea es el hecho de que algunos ciudadanos de un país o de otro se sientan europeos. 
Basta con viajar a Georgia, a Azerbayán o a Armenia para darse cuenta de que esos ciudadanos se sienten europeos, y por tanto que no tenemos en absoluto ninguna razón para negarles, como hacemos de mil formas, esta perspectiva europea. 
El otro problema extremadamente grave y donde responsabilidad del presidente Prodi es determinante, es ésa no consideración de los intereses fundamentales de la Unión Europea, son esos acuerdos firmados mes tras mes, año tras año, con la Federación Rusa. 
Todos los oleoductos deben pasar por Polonia para llegar a Rusia. 
Ninguna vía de abastecimiento energético puede pasar por el Cáucaso. 
Si no hubiéramos tenido a los americanos, no existiría ni siquiera ese pequeño oleoducto que pasa a través de Azerbayán y Georgia. 
Ésa es la política que estimula las dependencias y no las interdependencias. 
Evidentemente, el Comisario Poul Nielson cree que el Cáucaso es una región poblada como Groenlandia o como la Antártida. 
No es el caso. 
Esta Comisión olvida que el Cáucaso es la vía de acceso a Asia central, que es el gran proveedor de la energía del futuro. 
Ésta es la perspectiva que nos ofrecen la Comisión y el Consejo, cuando podríamos, el Parlamento podría, invitar a la Comisión a que hiciera un gesto importante, un gesto político importante, invitando a esos tres países a convertirse en candidatos a la adhesión a la Unión Europea, a adherirse en diez años, cuando estén preparados. 
Podrán estar preparados, en ese caso, porque tendrán una perspectiva. 
Actualmente, no es más que el polvorín del que hablaba Per Gahrton que explotará probablemente en muchas ocasiones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, nuestra delegación del Parlamento Europeo para Armenia, Azerbaiyán y Georgia agradece profundamente a la Comisión de Asuntos Exteriores que hoy se haga posible, con el informe del colega Gahrton sobre la mesa, debatir en profundidad sobre la situación del Caúcaso meridional. 
Esta región, situada en los confines de Europa, shunde sus raíces en una gran diversidad de tradiciones culturales y cristianas. 
Para Europa, es la puerta de entrada a Asia. 
Con la iniciativa de la troika comunitaria y la visita al Cáucaso meridional, la Unión Europea ha dado señales de alentadoras, pero la evolución es demasiado lenta. 
En el sudeste de Europa debe espantar que Rusia sospeche de la presencie de combatientes de Al-Qaeda en Georgia, y ha anunciado que extenderá sus acciones a toda Georgia. 
En cambio, Georgia confía en la ayuda de EE.UU., que entretanto ya se ha puesto en marcha. 
Pero, ¿dónde queda Europa en este asunto? 
En la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo ya debatimos esta cuestión tras el 11 de septiembre, y entonces expresamos nuestra preocupación por las dificultades que podrían originarse si se concentrasen los problemas en esa región. 
Desgraciadamente, parece que la preocupación estaba justificada, pues la actual situación de la región es realmente dramática. 
El Cáucaso meridional ha sufrido los más diversos embates durante los últimos siglos, y en 2002 debe conseguirse, de una vez por todas, llevar la estabilidad a esta región y procurar a sus habitantes el disfrute de un futuro en su propia tierra, una vida en paz y un bienestar medianamente seguro. 
Estos tres países se esfuerzan por dotarse de estructuras democráticas y por mantener su independencia frente a sus poderosos vecinos. 
Pero ha de recordarse que en dos de los tres países hay aún estacionadas tropas rusas y que Azerbaiyán está liberada, pero una parte del país está ocupada por Armenia, y éstas son cuestiones que no sólo preocupan a la población, sino que podrían ser el detonante de nuevas agresiones. 
Por ello, quiero decir a la Sra. Comisaria que el petróleo constituye, evidentemente, una cuestión clave, y deseo que no sólo EE.UU. y Rusia defiendan sus intereses en la región, sino que los europeos actuemos en los países comprendidos aún en Europa, y que además velemos por que estos países evolucionen de forma estable, pues están centrando sus esfuerzos en establecer un régimen democrático, pero esta es un tarea dura. 
Si la corrupción y el crimen se adueñan de la situación, la vida allí será insoportable. 
Creo que, en nuestra condición de europeos, debemos afrontar la formidable tarea de hacer, a la mayor brevedad, todo lo posible por desempeñar un papel positivo en este conflicto, con el fin de ofrecer un futuro a estos países. 
Señor Presidente, el ponente ha presentado un informe formidable que pone de manifiesto que los Estados del Cáucaso meridional son muy importantes para la seguridad de Europa. 
En particular, los yacimientos de combustibles fósiles ya existentes y por encontrar, las reservas de energía y su posición estratégica como países de paso de los oleoductos y gasoductos suscitan interesantes cuestiones de política internacional. 
Esta es la suerte y la desgracia de estos países. 
La situación actual exige fomentar su desarrollo social y económico. 
En este contexto, los recursos destinados a tal fin por la UE me parecen a todas luces insuficientes. 
Lógicamente, lo deseable es una vinculación más estrecha de estos Estados con la UE. 
La UE no puede renunciar al cumplimiento de los acuerdos ya adoptados, como el cierre de la central nuclear armenia. 
En el conflicto histórico entre Turquía y Armenia debemos evitar que una u otra parte espere de nosotros que la UE ejerza de árbitro en este litigio. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera señalar la oportunidad e importancia del punto 15 de la resolución propuesta a votación de esta Asamblea plenaria por la que se invita a Turquía a crear las condiciones para una reconciliación con Armenia. 
Sabemos que esta reconciliación es una de las condiciones esenciales para la consecución de la paz en Transcaucasia, y la comunidad internacional está en su derecho de esperar del gran Estado que es Turquía un comportamiento responsable en esta importante cuestión. 
Nadie comprende por qué el Gobierno turco mantiene una política de rechazo del diálogo y de hostilidad sistemática con respecto a su pequeño vecino del Norte, oponiéndose al establecimiento de relaciones diplomáticas y aplicando en su contra desde 1993 un bloqueo riguroso y ruinoso. 
Este bloqueo debe levantarse sin condiciones, sin que se establezca un vínculo cualquiera con una renuncia por parte de Armenia a su demanda legítima de reconocimiento internacional del genocidio del que su pueblo ha sido víctima. 
Al contrario, es el abandono de cualquier revisionismo por parte de Turquía, a ejemplo de lo que Alemania, por ejemplo, supo hacer, lo que constituiría el fundamento para una reconciliación en profundidad con su vecino armenio, lo que únicamente, y lo sabemos bien, puede garantizar la consecución de una paz duradera en el Sur del Cáucaso. 
Por ello, señor Presidente, daremos nuestro apoyo al punto 15 del proyecto de resolución. 
. 
Me alegro por el informe del Sr. Gahrton ya que supone una contribución oportuna y útil a nuestras reflexiones sobre Armenia, Georgia y Azerbaiyán, tres países, actualmente miembros del Consejo de Europa, que no han alcanzado el nivel de desarrollo político y económico al que aspiran y que nosotros les deseamos. 
Los conflictos de Nagorno Karabaj, Abjazia y Osetia del Sur siguen constituyendo más que cualquier otra cosa una amenaza para la estabilidad y el desarrollo de la región y de sus vecinos. 
Estos conflictos, helados hoy, podrían convertirse mañana en nuevas zonas calientes, y, en ese sentido, comparto plenamente el punto de vista del señor Gahrton, cuando afirma que la Unión Europea debe realizar grandes esfuerzos para ayudar a resolver estos problemas, con vistas a promover las causas de la paz y del desarrollo. 
No estamos partiendo de la nada, por lo que antes de examinar algunos de los puntos clave de este informe, resumiré brevemente cuáles son nuestras relaciones actuales con esta región. 
Los acuerdos de colaboración y cooperación que hemos celebrado con cada uno de los tres países suministran una plataforma única para la cooperación en una amplia gama de ámbitos, desde el diálogo político, el comercio y la inversión, hasta las relaciones con la sociedad civil. 
La ejecución de estos acuerdos que entraron en vigor en el 1999 está cobrando impulso. 
Por otra parte, seguimos prestando considerables niveles de asistencia a Armenia, Georgia y Azerbaiyán. 
La Unión Europea ha suministrado unos mil millones de euros desde 1991, año en que estos países accedieron a la independencia. 
El pasado año, la Unión Europea envió a la región una señal clara de que desea mejorar su contribución a la prevención de conflictos, la resolución de conflictos y la rehabilitación post-conflictual. 
En febrero de 2001 la primera troika ministerial de la Unión para la región transmitió este mensaje, que fue confirmado posteriormente en las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 26 de febrero. 
En una declaración conjunta adoptada en las reuniones del Consejo de Cooperación de octubre pasado, los tres países socios se congratularon explícitamente por las intenciones de la Unión. 
El Sr. Gharton llama nuestra atención sobre algunos de los instrumentos que hemos utilizado en otros lugares y sugiere que los apliquemos en el Cáucaso meridional: estrategia común, pacto de estabilidad, enviado especial y otras cuestiones. 
Siendo conscientes de que existen límites a lo que podemos hacer, examinemos hasta dónde podemos llegar y cuáles son las nuevas necesidades de financiación. 
En vez de crear nuevos instrumentos, debemos centrarnos en maximizar los beneficios de los instrumentos ya existentes; permítanme exponer a este respecto tres aspectos de nuestra reflexión: en primer lugar, la voluntad política de los participantes es, más que cualquier otra cosa, la clave, lo que puede producir avances. 
Habrá que realizar opciones difíciles y deberá desarrollarse una cultura de compromiso en el Cáucaso meridional. 
En segundo lugar, para que la Unión Europea pueda participar al máximo en la resolución de conflictos, necesitamos seguir intensificando nuestra Política Exterior y de Seguridad Común, así como nuestro papel en las medidas que promueven la resolución de conflictos. 
Me refiero, en particular, al Grupo OSCE de Minsk, para Nagorno Karabaj, a los amigos del Secretario General de Abjazia y a la Comisión conjunta de control de Osetia del Sur. 
Hemos avanzado recientemente; la Unión Europea participa desde el año pasado en las tareas de la Comisión conjunta de control de Osetia del Sur, pero queda mucho por hacer para conseguir que se oiga la voz de la Unión en ciertos entornos de mediación. 
En tercer lugar, tenemos que lograr que el Cáuscaso meridional figure definitivamente en el orden del día de nuestras relaciones con los principales participantes interesados en la región, como Rusia, Turquía, Irán y Estados Unidos, y como han dicho algunas de sus Señorías al intervenir, también en nuestro propio interés, entre otras cosas por razones relacionadas con los suministros energéticos. 
Para concluir, no existe una única y fácil respuesta a la pregunta de cómo mejorar las relaciones de la Unión con el Cáuscaso meridional. 
El informe Gahrton recuerda acertadamente, que tenemos que trabajar con paciencia siguiendo diversas vías paralelas, probablemente durante un período largo de tiempo, dentro de los límites de sus recursos y basándose en sus logros del año pasado. 
La Comisión desea explorar nuevas vías para promover la paz y el desarrollo en el Cáuscaso meridional. 
Quiero recordar a sus Señorías que la construcción europea en algún momento tendrá que tener un límite, y quiero recordar que en cuanto a proximidad geográfica y a lazos históricos, tenemos enormes lazos históricos y proximidad geográfica con países como pueden ser Marruecos, Argelia o los ribereños del Mediterráneo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Repercusiones del transporte sobre la salud pública 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0014/2002) de la Sra. Lucas, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre las repercusiones del transporte sobre la salud pública. 
. (EN) Señor Presidente, es para mí un gran placer poder presentar mi informe en la sesión plenaria de esta noche. 
Como los colegas recordarán, es un informe de propia iniciativa, y en nuestros anteriores debates en comisión se expusieron algunas preocupaciones por el enorme alcance que puede tener en potencia un informe sobre un tema tan amplio como el del transporte y la salud. 
Llegamos al acuerdo de que para que éste sea de utilidad, deberemos establecer prioridades muy rigurosas respecto a los temas en que nos centramos. 
Por este motivo, he centrado el presente informe en sólo dos cuestiones fundamentales: aspectos no contemplados en la legislación en vigor y en los que nuevos esfuerzos pueden aportar un auténtico valor añadido. 
Primero, la introducción de evaluaciones de las repercusiones sobre la salud en todos los grandes proyectos y políticas de transportes de la UE es probablemente, en sí misma, la iniciativa más importante que podría contribuir a la integración de las políticas de transportes y de salud, y ayudar a minimizar las repercusiones negativas del transporte sobre la salud. 
La segunda cuestión en la que me he centrado ha sido el fomento, dentro de los límites de la subsidiaridad, del desplazamiento en bicicleta y caminando dentro de la política de transportes de la UE. 
Esta medida contribuiría enormemente a maximizar los efectos positivos de la política de transportes sobre la salud. 
Para demostrar por qué la adopción de medidas es urgente y necesaria, mi informe resume algunas de las principales consecuencias negativas derivadas del aumento del transporte. 
Entre dichas consecuencias se incluyen, entre otras, la contaminación atmosférica, el ruido y la falta de ejercicio físico. 
Por citar sólo una de ellas, el transporte se ha convertido en la principal fuente de contaminación atmosférica en las zonas urbanas, y a pesar de las mejoras de la calidad del aire en Europa alcanzadas durante la pasada década, casi el 90% de la población urbana sigue estando expuesta a niveles excesivos de partículas, NO2, benceno y ozono en el aire ambiente. 
Dichas partículas pueden afectar a las funciones respiratorias y provocar otros problemas de salud y enfermedades como el cáncer y patologías cardiovasculares. 
Aunque es cierto que los vehículos son ahora relativamente menos contaminantes, en términos absolutos, esa ventaja se ve descompensada por el incremento del número de vehículos en circulación que se suma al incremento de las distancias y las frecuencias de los desplazamientos. 
La relevancia de este incremento ha quedado demostrada en un reciente estudio que llega a la conclusión de que la contaminación del aire provoca actualmente una tasa de mortalidad mayor que los accidentes de circulación. 
Este debate es además muy oportuno. 
Nuevas pruebas presentadas por científicos de California hace apenas unas semanas demuestran que los gases que emiten los automóviles pueden provocar asma y no sólo agravar los casos de asma en pacientes que ya padecen esta dolencia. 
Nuevas investigaciones en el Reino Unido, financiadas en parte por el Gobierno británico, revelan que a los niños mientras más cerca viven de la carretera más les cuesta respirar. 
Por tanto, tras haberme centrado en dos ámbitos prioritarios, debería explicar el proceso que he seguido para identificar dichos ámbitos. 
Primero, el de las evaluaciones de las repercusiones sobre la salud: en toda la bibliografía pertinente queda patente que aún existe falta de integración de los temas de salud en la política de transportes a nivel de la UE. 
Esta carencia quedó de manifiesto por última vez y con total claridad en un informe de síntesis elaborado por la OMS y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa en enero del año pasado. 
Dicho informe fue encargado por los ministros europeos para ofrecer una visión general de los acuerdos pertinentes en vigor y para realizar nuevas recomendaciones. 
La conclusión abrumadora de dichos informes es: el obstáculo principal parece residir en la falta de una estrategia global de integración que pudiese acercar y utilizar las sinergias de las políticas y legislaciones relevantes para el transporte, el medio ambiente y la salud. 
El Tratado también establece la obligación de integrar mejor estos ámbitos. 
Tras haber hablado con varios expertos, tengo la impresión de que todos los proyectos y políticas importantes de transportes de la UE deberían incluir evaluaciones de las repercusiones sobre la salud para que podamos conocer mejor los posibles riesgos y beneficios para la salud de las distintas propuestas. 
Estos análisis podrían incluirse muy convenientemente en las evaluaciones medioambientales estratégicas. 
Esta propuesta viene a completar realmente y a ampliar aquellas otras que la Comisión está examinando actualmente en el marco de un nuevo programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública. 
Lo que estoy proponiendo es que ahora se aplique con carácter de urgencia este compromiso en materia de transporte y salud. 
Algunos dirán que esta metodología aún no está preparada para su aplicación. 
Me gustaría rebatir eso con toda firmeza. 
A pesar de que esta metodología, al igual que cualquier otra, aún está en fase de evolución, existen conocimientos más que suficientes para iniciar ya su puesta en práctica. 
Es algo que debemos tener perfectamente claro. 
La otra parte de mi informe se centra en el fomento, dentro de los límites de la subsidiaridad, del desplazamiento en bicicleta y caminando. 
Presento varias propuestas que contribuirían a fomentar en la UE estos medios de transporte. 
Pero para terminar, quiero volver a una enmienda al informe que, según he observado, ha presentado el PSE y que tendrá como consecuencia el aplazamiento del inicio de la evaluación de las repercusiones sobre la salud hasta 2004. 
Lamento que se haya presentado dicha enmienda porque ya existen metodologías para poner en marcha ese proceso. 
Realmente no existe ninguna necesidad de esperar tres años hasta que la Comisión presente otras propuestas. 
Por este motivo, presentaré una enmienda oral, que según tengo entendido cuenta con la aprobación del PSE, encaminada a cambiar el año 2004 por 2003. 
Espero realmente que los otros grupos también la aprueben. 
Deben adoptarse medidas urgentes en este ámbito. 
Hasta que no estemos dispuestos a dar mayor relevancia a las consideraciones en materia de salud en la estrategia del transporte, nuestros hijos seguirán pagando nuestra inacción con su salud y, cada vez en mayor medida, con sus vidas. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, los temas de transporte son también temas de salud pública. 
Los usuarios de medios de transporte tienen accidentes, sufren estrés en los atascos, y en su condición de vecinos sufren el ruido del tráfico, las emisiones de gases y muchas cosas más, y no sólo en la ciudad, sino también en el campo, y a veces incluso en todo un Estado miembro, como ocurre en mi país, Austria, con el tráfico en tránsito. 
Por ello, parece razonable, e incluso obligado, estudiar la repercusión del transporte en la salud, ponderar los intereses en presencia y sacar de ello las conclusiones pertinentes. 
Así visto, ha de darse las gracias a la ponente Carolin Lucas por su informe de propia iniciativa. 
Es de agradecer también su disposición para buscar soluciones de compromiso razonables con todos los Grupos políticos- sobre todo con el Partido Popular Europeo y los Demócratas Europeos-. 
El texto que mañana- supongo- aprobaremos por una mayoría relativamente grande es ambicioso y modesto al mismo tiempo y, por ello, también serio. 
Queremos que la Comisión realice análisis profesionales y que después, sobre la base de los datos científicos, presente las propuestas legislativas adecuadas en los ámbitos en que sean necesarias, y sólo en la medida en que sean necesarias. 
Si ello fuera posible en determinados cuestiones antes de finales de 2003- como ha propuesto, entre otras cosas, nuestra colega Patterson en su enmienda oral -, nos parecería bien. 
En ese caso, lo apoyaremos gustosamente. 
Seguiremos con atención e interés el trabajo de la Comisión y de nuestra Vicepresidenta de Palacio. 
Señor Presidente, colegas, señora Comisaria, agradezco este excelente informe y la colaboración durante su preparación. 
Mi Grupo ha contribuido decididamente a la obtención de un buen producto final. 
La existencia de transportes que funcionen adecuadamente es determinante para nuestra economía, especialmente para las regiones alejadas del centro de la Unión. 
Los que dependemos de los transportes, tanto de personas como de mercancías, tenemos derecho a comunicarnos sin que se dañe la salud pública con emisiones tóxicas y ruidos. 
Debemos intentar alcanzar una interacción entre los transportes y la salud pública y hay que aplicar el Tratado, que dispone que en todas las políticas de la Unión debe haber un alto nivel de protección de la salud. 
Respaldamos la idea de que se haga una descripción de las consecuencias médicas de los proyectos y ambientes relacionados con los transportes. 
En esto hay muchos buenos ejemplos que se pueden utilizar en los futuros trabajos. 
Por eso insto a la Comisión a que lo haga. 
Los peatones y ciclistas tienen derecho a desplazarse de manera rápida y segura. 
Los coches deben tener un diseño que cause el menor daño posible a los transeúntes. 
Además, hay que divulgar los buenos ejemplos en materia de carriles para bicicletas y para peatones que hay en las regiones y ayuntamientos. 
Tenemos que usarlos cuando diseñemos nuestras políticas. 
Quisiera pedir respaldo para el pacto verbal que ha presentado la ponente. 
Espero que tomemos una buena decisión. 
Gracias, señor Presidente, Señorías, esta Asamblea ha tomado la iniciativa de elaborar un informe sobre las repercusiones del transporte en la salud. Es una labor ardua a la que se ha dedicado la señora Lucas, y quiero agradecerle el trabajo realizado. 
El Libro Blanco sobre la política europea del transporte de cara a 2010 coloca precisamente al ciudadano, al usuario, en el centro de nuestras políticas. 
Uno de los objetivos que planteamos es sencillamente, reducir a la mitad el número de accidentes mortales en nuestras carreteras de aquí al año 2010; de las 40.000 personas actuales, que sean menos de 20.000 las víctimas en esa fecha. 
Quisiera recordar algunas de las últimas medidas que hemos presentado para mejorar esa seguridad, como por ejemplo la Directiva relativa a los horarios de trabajo para el transporte por carretera recientemente aprobada, que va a tener claras repercusiones en la seguridad. 
Además, la Comisión ha presentado al Parlamento varias medidas concretas- algunas vendrán en breve plazo- todas ellas tendentes a conseguir el mismo objetivo: la modificación del Reglamento sobre tiempos de conducción y de reposo, la introducción de limitadores de velocidad en los camiones pequeños, el uso obligatorio de cinturones de seguridad en todos los vehículos- concretamente también en los autobuses- o la introducción del tacógrafo digital. 
El segundo elemento es la contaminación vial. 
En lo relativo a las emisiones contaminantes de los vehículos y a su nivel sonoro es obligado reconocer que se han producido avances notables. 
En el espacio de unos años las euronormas han permitido reducir considerablemente estas contaminaciones debidas al tráfico rodado; sin embargo, todavía se pueden mejorar. 
La Comisión ha emprendido, mediante el sexto programa de acción para el medio ambiente, una estrategia ambiciosa para combatir la contaminación de la atmósfera y sus efectos negativos, se trata del programa CAFE (Clean air for Europe) sobre la calidad del aire. 
Entre las iniciativas que es necesario emprender de cara al futuro, me gustaría citar dos que quizá son las más importantes: la primera, de gran envergadura en mi opinión, se trata de sustituir de aquí al año 2020, el 20% de los combustibles clásicos por combustibles alternativos más limpios, ya sean biocombustibles o incluso hidrógeno, teniendo una etapa intermedia sobre utilización de biocarburantes de aquí al 2010, con el objetivo ambicioso para esa fecha, del 5,75 % de todos los combustibles utilizados en la Unión. 
La segunda iniciativa va dirigida a prestar apoyo a las ciudades europeas que apuesten por una estrategia ambiciosa de movilidad duradera sustentable; se trata del proyecto Civitas, al que se asignan 50 millones de euros, para apoyar a estar ciudades pioneras en buscar la racionalización del uso del automóvil en beneficio de una mayor utilización del transporte público, por no hablar de iniciativas colaterales orientadas a impulsar la utilización del ciclismo o incluso del desplazamiento a pie. 
El examen de las repercusiones en la salud es un elemento que me parece de gran importancia. 
La Comisión ya ha dado pasos para avanzar en el desarrollo de metodologías de evaluación del impacto sobre la salud y para su aplicación en el contexto comunitario. 
Dada la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de los métodos y en la realización de proyectos piloto, se dispondrá de medios de financiación procedentes del nuevo programa de acción de sanidad para desarrollar y poner a prueba las metodologías de evaluación del impacto en la salud. 
El programa se está debatiendo actualmente en el Parlamento Europeo y en el Consejo- concretamente en el Parlamento Europeo el ponente es el Sr. Trakatellis- y es de esperar que entre en vigor en un futuro próximo. 
Señor Presidente, Señorías, he intentado esbozar a través de algunos ejemplos de qué manera tenemos en cuenta los aspectos sanitarios dentro de nuestra política de transporte, sin querer en ningún caso ser exhaustiva; por ejemplo, queda por mencionar todo lo que está haciendo la Comisión respecto al transporte aéreo y la salud, donde, entre otras cosas, además de la iniciativa dirigida a las compañías aéreas, estamos trabajando también con estas compañías, precisamente para garantizar la salud de los usuarios. 
Todo ello dentro de los límites de nuestras competencias, de nuestros recursos, y teniendo en consideración el principio de subsidiariedad. 
La Comisión queda abierta a cualquier sugerencia que desde esta Asamblea se pueda formular. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
La votación de este informe tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0461/2001) del Sr. Mayol i Raynal, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el índice del coste laboral (COM (2001) 418- C5-0348/2001- 2001/0166 (COD) ). 
Tiene la palabra el Sr. Mayol i Raynal. 
Señor Presidente, me corresponde presentar, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, una propuesta de reglamento relativa al índice del coste laboral. 
Esta propuesta está basada en artículo 285 nuevo del Tratado, disposición nueva introducida por el Tratado de Amsterdam. 
Este artículo dispone que el Consejo, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 251, decide las medidas con vistas a la fijación de estadísticas cuando ello sea necesario para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad. 
También, este artículo prevé que la elaboración de estadísticas comunitarias se hará de acuerdo con los principios de imparcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad, confidencialidad, y sin que ello implique cargas excesivas para los actores económicos. 
Estamos en el marco de un procedimiento de codecisión y este instrumento estadístico, este índice sobre los costes laborales lo pide el Banco Central Europeo como elemento que debe tomarse en consideración para regular la política monetaria. 
El Consejo Ecofin del 29 de septiembre de 2000 adoptó un plan de acción sobre las necesidades estadísticas de la Unión económica y monetaria. 
Este plan de acción prevé la realización de un proyecto de estadísticas coyunturales sobre el coste laboral. 
Yo pido que este proyecto se presente rápidamente. 
Este índice lo actualizó a lo largo de los años 90 el Comité del programa estadístico, pero no tiene base legal y su modo de cálculo deja que desear en términos de actualidad, de cobertura y de comparabilidad. 
En el origen de la demanda del Banco Central y de la propuesta de la Comisión está la idea de que el coste laboral sería una causa de inflación. 
Es necesario por tanto que las instituciones europeas que se ocupan de la economía, del empleo y de la moneda disfruten de índices regulares fiables sobre este punto. 
Esta opinión es discutible. 
Creo además que, en el seno de la Comisión, hay una comisión que la comparte y otra que no está de acuerdo. 
En lo que respecta a los bajos salarios, se puede dudar de la pertinencia de esta posición en la medida en que, en varios Estados miembros, hay un salario mínimo que evoluciona en función del coste de la vida y no a la inversa. 
Es sin embargo útil que la Unión disponga de un indicativo macroeconómico sobre este dato que podrá servir principalmente a los agentes sociales para discutir sobre la redacción de convenios, etc. 
El objetivo de la propuesta es la fijación de un marco común para la elaboración, la transmisión y la evaluación de índices comparables sobre el coste de la mano de obra. 
Eso es objeto del artículo primero. 
Este coste se define como el total de los costes trimestrales soportados por el empresario por el empleo de mano de obra (artículo 2). 
Los datos deben subdividirse en categorías económicas. 
Deben establecerse cuatro índices: el índice relativo al coste total laboral, otro relativo al coste total con exclusión de las primas abonadas de forma no regular, posteriormente los salarios y tratamientos, y finalmente las cotizaciones sociales y los impuestos a cargo del empresario menos las subvenciones abonadas para compensar los costes laborales directos de la mano de obra. 
Es necesario señalar por otra parte que, sobre este último punto, es con frecuencia el Estado quien decide sobre la importancia de estas cotizaciones y que, por consiguiente, no se pueden decir que sean los salarios los que influyen íntegramente en estos repuntes inflacionistas eventuales. 
Los datos para este índice deben calcularse sobre una base trimestral (artículo 5 (1) ) y deben comunicarse en forma de índices en un plazo de 70 días a contar desde el final del período de referencia (artículo 6 (1) ). 
Los periodos de transición no pueden exceder de dos años a contar desde la entrada en vigor (artículo 9 (1) ). 
En la aplicación del reglamento, incluso por lo que se refiere a la decisión en materia de exenciones, la Comisión debe estar asistida por el Comité del programa estadístico. 
Algunos elementos de reflexión. El análisis de los costes de la mano de obra es sin ninguna duda un elemento importante, ya lo he dicho, desde el punto de vista macroeconómico. 
Sin embargo se pueden plantear algunas cuestiones. 
Será necesario precisar posteriormente este índice mediante la creación de un índice separado para el coste total y la exclusión de los gastos de formación profesional a cargo del empresario. 
También está la posibilidad que hemos previsto en el marco de una enmienda presentada por mi Grupo- por razones técnicas no se ha mencionado esta cuestión a nivel de la Comisión, nos hemos visto obligados por tanto a presentar esta enmienda con posterioridad. 
Se trata de la posibilidad de tomar en consideración la productividad por hora y también la posibilidad de retrasar el primer plazo para la presentación del informe de evaluación al 31 de diciembre de 2003, para facilitar un análisis basado en un período de funcionamiento que tome en consideración el periodo transitorio eventual. 
Les pido excusas, pero me doy cuenta de que el tiempo pasa y que al no tener la costumbre de estos informes minutados, he superado en un minuto y once segundos el tiempo que se me había asignado. 
A esta hora tan tardía, comprendo que este abuso sea reprochable. 
Una vez más, les pido perdón. 
Señor Presidente, la mayor parte del tiempo, cuando hemos de ocuparnos aquí de propuestas relativas a la redacción de estadísticas, sus Señorías no son especialmente apasionados- eso se ve esta noche- porque consideran que se trata de un asunto técnico que, en el fondo, no interesa demasiado a los políticos. 
Es cierto que nuestros lectores también pueden, con dificultad, interesarse por el trabajo y el esfuerzo que nosotros dedicamos a estas propuestas. 
Con frecuencia soy ponente aquí para propuestas relativas a la redacción de estadísticas por Eurostat y no me canso de predicar a mis colegas que un ciudadano, un político o incluso una política mal informados, juzgan mal, deciden mal, y eso es peligroso. 
Es cierto que en lo que respecta a las estadísticas, a algunos les gusta citar que existen tres tipos de mentiras: La mentira, la gran mentira y la estadística, sabiendo que la estadística constituye la forma más refinada de la mentira. 
Pero, dicho esto, es necesario a pesar de todo recordar que son necesarias las estadísticas fiables y comparables. 
Eurostat hace en este campo un excelente trabajo, a condición de que la política le proporcione una base jurídica y los medios financieros necesarios para redactarlas. 
Dicho esto, quisiera ante todo, ahora que todos tenemos la moneda única en el bolsillo, señalar la necesidad de disponer de estadísticas relativas al coste laboral, que forma parte de la información indispensable para evaluar lo que ocurre efectivamente en lo que respecta a la inflación en la zona euro, de la que depende el valor de la estabilidad de nuestra moneda, que es ahora la moneda de todos nosotros, aparte de los tres países que no forman parte de ella. 
No se puede decir que el coste laboral- y en ese caso no estoy de acuerdo con el ponente- no es una fuente de inflación, ya que no es cierto que el coste laboral no sufre incrementos que no son justificados por el incremento del coste de la vida, ni por el incremento de la productividad de la mano de obra. 
En este sentido hay que pensar en lo que ocurre en Alemania donde, en contra de toda lógica, los sindicatos reivindican un aumento de salarios que, de concederse, amenazaría a miles de empleos incrementando la inflación, cuando en este momento el mayor de los Estados miembros de la Unión Europea nos crea ya bastantes preocupaciones en lo que se refiere al respeto por el plan de estabilidad. 
El Sr. Solbes puede decirnos algo sobre esto, sobre lo que ocurrió en el Consejo de ministros, porque muchos creen que el plan de estabilidad está ya muerto de muerte natural. 
Por ello, es necesario hacer todo lo posible para que dispongamos lo más rápidamente de un marco común para la elaboración, la transmisión y la evaluación de índices comparables sobre el coste laboral tal como resulta de esta propuesta de reglamento que deberá adoptarse lo más pronto posible. 
Mi Grupo, por otra parte, no está de acuerdo con las enmiendas del señor ponente, que ha hecho que se introduzcan en nombre de su Grupo, porque pide cosas irrealizables y contraproducentes y es también además la opinión de la Comisión y Eurostat. 
Señor Presidente, agradezco su generosidad, pero como no soy economista ni estadístico ni mentiroso, o así lo espero, seré muy breve. 
Lo que me sorprende de la declaración de la Comisión es que en una zona tan amplia como la de la UEM, se considera generalmente que los costes laborales son la principal causa en potencia de la inflación. 
Eso es una exageración de la situación. 
Acepto, naturalmente, que la subida de precios y de los costes laborales puede repercutir sobre la inflación, pero no hay ninguna duda de que en las economías de nuestros Estados miembros, en los que las subidas salariales son negociadas cada vez en mayor medida a través de convenios nacionales y están directamente relacionadas con la productividad, y en las que en cualquier incremento que obtienen los empleados se incluye todo tipo de factores diferentes, la probabilidad de que los costes laborales sean la fuerza motriz de las tensiones inflacionistas, en mi opinión, no se ajusta a la verdad. 
Esto no quiere decir que no sea un factor más. 
El que, sin embargo, sí es un factor significativo es el funcionamiento del propio mercado. 
Cuento con alguna experiencia personal en esto que he adquirido en Irlanda, donde los precios en el mercado de la vivienda sencillamente se han disparado. 
Casas que hace cinco años se vendían por 80.000 libras irlandesas se venden ahora por 250.000 libras irlandesas. 
Es un fenómeno extraordinario y las subidas salariales no tienen en absoluto nada que ver con esto. 
Es consecuencia de la demanda del mercado, del crecimiento de la economía, etcétera. 
Es más, probablemente los impuestos indirectos, como parte de la política del gobierno en relación con el gasto, tienen una repercusión mayor sobre la inflación. 
Dicho todo esto, el índice es una herramienta muy útil que la Unión Europea debe desarrollar. 
Es importante para la gestión del euro y de la zona monetaria europea. 
En algunos aspectos, el índice es inadecuado porque no incluye grandes ámbitos de ingresos. 
Los honorarios de los profesionales, por ejemplo, no están incluidos en este índice del coste laboral, y todos sabemos hasta qué punto los honorarios de los profesionales son prácticamente incontrolables. 
Estos organismos, por lo general, fijan sus propios honorarios, al menos eso es lo que ocurre en la República de Irlanda. 
También debería tomarse en consideración el coste de educación y formación, porque, evidentemente, es un coste, o debería serlo en la mayoría de los casos, que soportan los empleadores. 
Por tanto, es una herramienta de utilidad y deberíamos seguir adelante con el índice. 
Debemos revisar la situación dentro de un año o dos para ver cómo funciona y averiguar que más podría ser tomado en consideración. 
Y me gustaría pedir a la Comisión que tenga presente que si realmente cree que los costes laborales son el principal factor en potencia de la subida de la inflación, tomará decisiones políticas equivocadas. 
. 
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias al ponente, señor Mayol, y a todos los oradores que se encuentran aquí esta noche para hablar de un tema importante, aunque sea estadístico, que versa, ni más ni menos, sobre la definición de unos índices de los costes laborales que nos permitan conocer mejor qué es lo que está sucediendo en Europa, cómo podemos competir mejor, y que son un elemento fundamental para la definición de la política monetaria. 
Sus Señorías han entrado en un debate que puede tener cierto interés, pero que no es exactamente el debate de la propuesta de reglamento que presentamos. 
Yo creo que la preocupación que algunos de ustedes han mostrado por la interrelación entre los salarios y la inflación, que podría ser un debate para otra ocasión, tiene poco que ver con lo que se dice textualmente en el preámbulo de la propuesta de reglamento. 
Se dice allí que un conjunto de estadísticas, de las cuales forma parte esencial la de los índices de los costes laborales, es un elemento relevante para la comprensión de los procesos inflacionistas y de la dinámica del mercado de trabajo. 
Creo que eso es una afirmación difícil de refutar. 
Evidentemente, el otro tema podríamos discutirlo con mayor detalle. 
En cuanto al debate en sí mismo, yo haría únicamente referencia a las dos preocupaciones del Sr. Mayol. 
¿En qué medida, por una parte, pueden elaborarse en el futuro índices en los que no se tomen en consideración los gastos de formación y se excluyan este tipo de gastos? 
Evidentemente, aquí se nos plantea un problema puramente técnico, de relación coste/beneficio. 
Estos costes totales son muy poco significativos. 
Al final inciden en menos del dos por ciento del total de los costes y, sin embargo, el cálculo de estos costes de formación profesional tendría o exigiría un coste muy significativo desde el punto de vista de la elaboración total de la estadística. 
Por esta razón, mientras no dispongamos de mayor información que nos permita hacerlo con unos costes menores, no somos favorables a avanzar en este sentido. 
Como tampoco somos favorables a no llevar a cabo el informe que está previsto a finales del año 2002. 
Y entiendo bien los argumentos planteados por el Sr. Mayol en el sentido de que todavía estaremos en un período transitorio y no toda la reglamentación se aplicará al cien por cien. 
Pero, precisamente, tendremos ya una cierta experiencia en la aplicación de la reglamentación y, además, podremos poner de relieve, de forma más evidente, cuáles son las carencias y cuáles son las dificultades. 
Si el informe tiene como pretensión conocer las dificultades para la aplicación del reglamento y adoptar las medidas necesarias para que esa aplicación se produzca de la forma más eficiente posible, pensamos que mantener la fecha del año 2002 sigue siendo correcto, con independencia de que, si el Parlamento quiere información adicional posterior sobre la aplicación del reglamento, por supuesto tiene todo el derecho a pedirla y Eurostat, y yo por mi parte, se la facilitaremos con sumo gusto. 
Nada más, Señorías. 
Muchas gracias por su cooperación en la aprobación de este reglamento, importante en términos estadísticos e importante para la definición del futuro de la política monetaria. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.13 horas) 
Señor Presidente, los diputados de esta Asamblea no necesitan que les cuenten la utilidad de la publicación sobre actividades recientes y calendario de trabajos en comisión. 
Nos proporciona una herramienta de planificación para el futuro. 
Hace una semana una colega que trabaja como asesora en el Parlamento escocés me preguntó si podía ayudarla con la cuestión de prever los asuntos que fueran a tratarse en el Parlamento Europeo, de modo que las comisiones de ese Parlamento tuvieran constancia de nuestro trabajo y pudieran hacer una planificación conforme al mismo. 
Le dije que había una publicación estupenda y que se la conseguiría. 
Mi equipo la solicitó esta semana al Parlamento y yo pregunté a la Oficina del Parlamento en Edimburgo si podían proporcionarla. 
Me informaron que ésta era una publicación poco común de la cual los diputados recibían un ejemplar, que no se distribuía a nadie más y que no se podían obtener más ejemplares. 
En estos días de transparencia en el modo de llevar a cabo nuestro trabajo creo que esta es una norma que debería ser reconsiderada. 
Esta publicación extremadamente útil debería ser ampliamente distribuida. 
Un segundo comentario: ayer aprobamos el Acta que provocó la declaración de la Sra. Doyle del jueves 7 de febrero, en cuanto a que, en relación con el informe Watson, el Grupo PPE-DE, por error, no votó a favor de la enmienda habeas corpus. 
Si no hubieran cometido ese error, causado por el postrero cambio en la numeración, la enmienda hubiera sido aprobada por el Parlamento. 
Este es un hecho trascendental que confío sea puesto en conocimiento del Comisario Vitorino, del Presidente en ejercicio del Consejo y de la Sra. Palacio Vallelersundi, como Presidenta de la comisión competente en esta Asamblea. 
Señor MacCormick, tomo nota del segundo punto de su intervención. 
En lo que respecta al primero pienso que el Presidente del Parlamento tiene la intención de confiar a uno de los Vicepresidentes la tarea de ocuparse de las relaciones con los ciudadanos, así como de la transparencia y de las comunicaciones entre el Parlamento y los ciudadanos. 
No se ha decidido todavía quién va a ser este Vicepresidente. 
Creo que su solicitud podría ser de competencia de este Vicepresidente. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0021/2002) de la Sra. Pack, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la aplicación del programa SÓCRATES (2000/2315 (INI) ). 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera afirmar que Sócrates es una historia exitosa. 
Esto era cierto ya de la educación bajo Erasmus, pero creo que, encuadrada en el programa Sócrates, ésta ha experimentado un nuevo incremento. 
Éste es un resultado positivo de esta evaluación de la segunda fase del programa de la UE para la educación general. 
Sócrates responde a la idea de la educación a lo largo de toda la vida y apoya la movilidad en cada fase de aprendizaje, tanto la de los que aprenden como la de los que enseñan. 
En términos llanos cabría decir que Sócrates nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. 
La Comisión ha adoptado paso a paso disposiciones y medidas que han mejorado sustancialmente el programa. 
Celebro la ininterrumpida mejora y aceleración de los procedimientos burocráticos. 
La burocracia es imprescindible en todo programa estatal con independencia del nivel del mismo. 
Pero la burocracia no debe convertirse precisamente en una barrera en tal programa educativo y no debe oponerse a los objetivos. 
La Comisión ha seguido esta máxima en algunos puntos. 
Más adelante me referiré a los ámbitos en los que no lo ha hecho. 
Como ponente de la introducción de la primera fase, así como de la segunda fase, del programa Sócrates estoy satisfecha de esta evolución positiva. 
Las cifras de la primera mitad del programa hablan por sí solas. 
En 31 estados- éstos son los 15 Estados miembros, los estados candidatos a la adhesión y los miembros del espacio económico europeo- han participado sólo en el marco del intercambio universitario Erasmus 2000 universidades, 40.000 docentes y más de 460.000 estudiantes. 
Comenius, la parte que financia a las escuelas, financia incluso a 15.000 colegios, los cuales suman más de 2 millones de escolares. 
Creo que ahí encontramos realmente a nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Creo que vale la pena realmente que continuemos este programa y sigamos incrementándolo más si es posible. 
Sobre este trasfondo ha sido consecuente el incremento, logrado por el Parlamento Europeo en discusiones que duraban noches, del presupuesto plurianual desde los 850 millones iniciales a los próximos 933 millones de euros. 
Sin embargo, hay que ser sinceros, no es suficiente. 
Si a partir de 2004- el programa dura hasta 2007- vienen nuevos candidatos a la adhesión, éste programa deberá ser incrementado. 
Si el Consejo de Ministros no autoriza esto entonces no puedo menos que decir que todas sus declaraciones en las reuniones en la cumbre no tienen valor alguno. 
Creo que la Sra. Comisaria debería recordárselo a esos señores en las próximas reuniones del Consejo. 
Tengo también, naturalmente, puntos de crítica. 
Muchas iniciativas pueden mejorarse aún en detalle. 
En primer lugar: la Comisión debería seguir mejorando y acelerando, en especial, la cooperación con las agencias nacionales. 
La descentralización tiene grandes ventajas, pero necesita una administración eficaz de la ineducación. 
Aquí se mejora de manera clara el sistema Symmetry, desarrollado por la Comisión, el flujo de ineducación desde y a las agencias nacionales. 
Pero, al mismo tiempo, también es posible y oportuna una conexión con el programa Juventud y Leonardo da Vinci. 
Por consiguiente, hay que implantar Symmetry con la mayor rapidez posible. 
En segundo lugar: quiero destacar que la gran mayoría de las agencias nacionales me ha dado la impresión de que la Comisión presta ayuda en todas las fases. 
Pero el retraso en la redacción de nuevos contratos ha diferido de manera lamentable el pago, en especial, en la acción Comenius. 
Es preciso eliminar tales obstáculos, pues la dilación y los retrasos generan frustración en los participantes comprometidos. 
Esto tiene consecuencias más graves ya que precisamente en el ámbito escolar se presta mucha colaboración honorífica en el desarrollo de los programas. 
Conozco escuelas en las que el docente que hace esto es objeto de burla por parte de sus colegas. Lo hace en su tiempo libre y no recibe un solo céntimo por ello. 
En tercer lugar: espero, además, progresos en la creación de acciones comunes, precisamente con los otros programas mencionados. 
En cuarto lugar: quiero instar a la Comisión a que proceda con arreglo a la divisa de cuanto menor sea la subvención, tanto menores las exigencias burocráticas a los participantes. 
Creo que aquí podríamos seguir el ejemplo que ha encontrado la Comisión en los partenariados entre las ciudades, en concreto, tratar de manera diferente todas las solicitudes por debajo de 20.000 euros, de manera que no se tenga un fárrago de papeles en estas solicitudes como en las que están dotadas con cantidades superiores. 
Por lo demás, en mi opinión debería renunciarse a la exigencia de la cofinanciación en las subvenciones inferiores a los 20.000 euros. 
La importancia esencial de Sócrates en el espacio europeo de la educación ha sido elogiada de diversos modos y es indiscutible. 
No debemos olvidar que Sócrates es el núcleo dominante de la sociedad del conocimiento y de la educación europea. 
Temo que la cooperación interestatal en materia educativa, es decir, la cooperación intergubernamental, pueda desplazar el planteamiento comunitario. 
Sin embargo, las declaraciones de Bolonia y de Praga han proclamado tales métodos que presuntamente son más rápidos. 
No debemos olvidar que los objetivos y medidas del denominado procedimiento abierto de cooperación con los Estados miembros en el sector de la educación sería apenas imaginable sin las experiencias positivas del Sócrates. 
Sacrificar los objetivos comunitarios a la cooperación interestatal a corto plazo sería un inenarrable paso atrás. 
Para terminar, deberíamos considerar dos puntos: En primer lugar: Sócrates es un programa europeo esencial y decisivo, pues forma a personas en Europa y es la respuesta europea a las perspectivas de la educación en el futuro. 
En segundo lugar: en consecuencia, el método abierto de la cooperación intergubernamental no debe poner en cuestión la importancia del planteamiento comunitario. 
En este punto hemos de mantener una mirada vigilante. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, junto a algunos otros programas Sócrates es realmente el programa de la Unión Europea que edifica Europa desde abajo y, en concreto, -lo acaban de escuchar ustedes de labios de Doris Pack- porque generaciones de personas jóvenes experimentan Europa de una manera fáctica y crecen insertadas en contextos europeos que dejan su impronta en ellas en el plano de su vida personal y profesional. 
Por esta razón es tan importante que en el Parlamento Europeo comprometamos en el procedimiento al Consejo y a la Comisión, pero hagamos también nuestra propia contribución. 
En consecuencia, quisiera mencionar dos puntos en los cuales quiero pedir también el apoyo de otras comisiones del Parlamento, en especial de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario. 
El primer punto es la cuestión de la descentralización. 
Esta se ha acreditado pero las agencias nacionales tienen una réplica en Bruselas y serán en el futuro las agencias ejecutivas. 
Con estas agencias ejecutivas necesitamos tener una cooperación tan buena como la que tenemos, afortunadamente, con las agencias nacionales. 
De ahí mi petición urgente a la Comisión, y también a la Comisión de Control Presupuestario, en el sentido de que se creen las condiciones previas adecuadas a la hora de los debates sobre las agencias ejecutivas. 
El segundo punto es la cuestión del control financiero. 
Necesitamos también el apoyo de la Comisión de Control Presupuestario para que también se pueda alcanzar de hecho el objetivo de conceder pequeñas cantidades sin una complicada tramitación administrativa. 
La Comisión debería recibir el apoyo necesario por parte del Parlamento, en especial, por parte de la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hemos escuchado ahora cosas muy positivas sobre el programa Sócrates y no quisiera repetirlas todas sino indicar solamente que de los 376 millones de habitantes de la Unión Europea cerca del 40% de la población está por debajo de los 30 años. 
Por consiguiente, éste es uno de los mayores grupos diana del programa Sócrates junto a Gundtvig, Minerva, Media plus y otros similares. 
En consecuencia, el programa tiene la oportunidad de distinguirse en los próximos años por la movilidad, la interculturalidad y la diversidad de la educación. 
También se encuentra en el mejor camino de mejorarse, como lo podemos constatar en la segunda fase y tal como lo acabamos de escuchar. 
Pero también han de mostrarse las deficiencias que aún existen. Entre éstas se encuentra también la celebración tardía de contratos entre la Comisión y las entidades nacionales que formulan una y otra vez estos problemas y que se ven obstaculizadas de manera recurrente en la ejecución a causa de estas dilaciones. 
Esto se refiere también al retraso en el pago de las subvenciones, pues cuando se trata de estas cantidades relativamente pequeñas, es necesario que los perceptores las reciban con la mayor rapidez posible y se acorte también la fase de prefinanciación, pues en la mayor parte de los casos tienen que prefinanciar el proyecto además de su trabajo. 
También está justificada la solicitud que acaba de presentar la Sta. Pack, en concreto, que se prevea un procedimiento denominado rápido, que acelere el programa y mediante el cual se eliminen la presentación complicada y las enojosas formalidades en los casos de cantidades inferiores a 20.000 euros. 
Igualmente habría que preguntarse si en el caso de estas cantidades es necesario cargar también con el peso de la cofinanciación. 
Es preciso forzar más la cooperación con otros programas comunitarios, pues no debe haber yuxtaposición de los programas, sino una convivencia de los mismos para poder utilizar los recursos que existan. 
Los informes follow up de la Comisión deberían tener también en cuenta los informes follow up de los participantes. En efecto, para nosotros es importante saber qué ha resultado de estos programas. 
¿Qué efectos tienen, por ejemplo, en la educación de los profesores? 
¿Qué experiencias positivas pueden extraer los escolares o los estudiantes? 
Todo esto es importante para poder continuar el programa o para poder afinarlo más. 
Creo que tenemos derecho a esperar resultados. 
En lo que respecta a la financiación, ha sido una dura lucha ponerla en pié. 
Quisiera sumarme a la Sra. Pack: si en 2004 se llega a una ampliación será absolutamente necesario proceder a un aumento de fondos pues, de lo contrario, este programa estará condenado al fracaso. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, antes de profundizar en el informe sobre la aplicación del programa educativo Sócrates quisiera felicitar a la Sra. Pack por su concienzudo trabajo. 
Las cifras que hemos escuchado aquí son impresionantes. 
El programa Sócrates I se desarrolló entre 1995 y 1999. Fue un éxito, aunque también dio lugar a críticas. 
Los estudiantes y los profesores que participaron en él reconocieron sin reservas que la experiencia resultó muy instructiva y que el programa impulsó el concepto de ciudadanía europea. 
Las críticas se referían casi exclusivamente a los procedimientos: excesiva burocracia, falta de transparencia, atrasos en los pagos y escasa aplicación de los resultados. 
Pues bien, ¿cómo van las cosas en la actualidad? 
Hace ya más de año y medio que se puso en marcha el programa Sócrates II, que finalizará en 2006. Aunque de momento no dispongamos de un informe intermedio de seguimiento ya existen claros indicios de mejora. 
Las relaciones entre la Comisión y las agencias nacionales se han agilizado considerablemente y los procedimientos administrativos han sido objeto de algunas simplificaciones. 
Ello no obstante, sigo teniendo algunos reparos. 
La prolijidad de los procedimientos, sobre todo en lo que a los pequeños proyectos se refiere, continúa ejerciendo un efecto disuasorio sobre potenciales participantes. 
Además, a juzgar por la ineducación que me llega, los contratos se envían a menudo con retraso y en numerosas ocasiones los pagos se hacen esperar. 
Mi Grupo considera que esta situación es inaceptable. 
Debido a ello, los proyectos acaban sufriendo problemas financieros, cosa que no redunda precisamente en beneficio de la credibilidad de la Unión Europea. 
A esto se añade que la cooperación con los demás programas europeos deja aún mucho que desear, lo cual me parece otro fallo descomunal. 
El programa Sócrates requiere una gestión eficaz, y la coordinación con otros programas europeos entra a formar parte de este requisito. 
Por eso mismo insto encarecidamente a la Comisión a que conceda especial importancia a estos puntos. 
El programa Sócrates constituye un instrumento demasiado valioso para el fomento de la movilidad de los alumnos, estudiantes y docentes como para dejar que se quede en agua de borrajas por culpa de una serie de escollos administrativos y financieros. 
Es una fórmula excelente para propiciar el conocimiento de otras lenguas y culturas europeas en aras a construir una Europa que conviva en armonía. Al fin y al cabo, esto es lo que deseamos todos. 
Para mi gusto este programa debería disponer de un margen de maniobra más amplio, también desde el punto de vista financiero. 
Ahora bien, señora Comisaria, tal vez me esté adelantando, sobre todo habida cuenta del punto de vista de mi propio Ministro de Hacienda al respecto. 
Señor Presidente, celebro sumamente el establecimiento de la segunda fase de Sócrates y le doy las gracias a la Sra. Pack por su excelente trabajo. 
Sin lugar a dudas hemos asistido a un crecimiento de la cooperación en el ámbito de la educación europea, que se ha sumado a nuestro nuevo compromiso con la educación permanente, y esto es muy alentador. 
En Gales, mi propia nación, y ciertamente en todo el Reino Unido, existe un problema general en el fomento del aprendizaje de lenguas. 
Erasmus ha contribuido en gran medida a mejorar esa situación y desearía que la cifra de participación de 460.000 estudiantes al año se incrementase. 
Tales intercambios suponen un nítido compromiso con una mejor cualificación en idiomas, pero además promueven la cooperación cultural. 
La Comisión debe continuar haciendo lo máximo posible por que el procedimiento de solicitud sea lo más sencillo posible y coincido con los comentarios de otros oradores en el sentido que, actualmente, la parte administrativa del programa causa dificultades a los participantes. 
A lo largo de todo el programa los solicitantes han soportado una verdadera carga administrativa, especialmente en el marco de Comenius, que debe ser abordado con urgencia. 
Independientemente del éxito que tenga este programa, deberá ser siempre lo más abierto posible para aquellos que deseen participar en el mismo. 
Señor Presidente, el programa Sócrates no es simplemente un sistema de intercambios educativos. 
Funciona como instrumento de intervención en la conciencia de los jóvenes, e igualmente como mecanismo de imposición de un modelo educativo determinado. 
El problema esencial de la educación, que no es otro que la educación integral de los jóvenes, queda al margen de las actividades del programa. 
Sus acciones, por el contrario, están orientadas a trasformar la conciencia de los estudiantes universitarios y de secundaria, así como la de los profesores, al objeto de consolidar la vía única europea y facilitar la sumisión de los jóvenes a la política de la Unión Europea, a las reglas de la economía del mercado y a las llamadas nuevas condiciones de trabajo. 
El espacio educativo europeo oculta en su seno la convergencia de los sistemas educativos en la dirección de adaptarlos a las necesidades del capital monopolista, algo que en absoluto presupone la mejora de la calidad de la enseñanza. 
Incluso los intercambios educativos y el sistema de convalidación de asignaturas funcionan como instrumentos de presión en esa dirección. 
La verdadera mejora de los sistemas educativos presupone el rechazo de las intervenciones de la Unión Europea. 
En última instancia, es un asunto en manos del movimiento popular. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Doris Pack por su informe sobre el programa Sócrates que me ha servido como punto de partida para una serie de consideraciones. 
Podemos afirmar que se ha cumplido totalmente su objetivo principal, es decir, desarrollar la ciudadanía europea y en particular mejorar la calidad de los sistemas educativos. 
Lo demuestran los evidentes beneficios obtenidos de la apertura cultural, de la superación de los perjuicios y de los estereotipos culturales y, en consecuencia, del aprendizaje de las lenguas de los que se han beneficiado los becarios de Sócrates. 
Ello no obstante, del examen emergen algunos puntos débiles, como la incorporación al programa Sócrates de los programas Comenius, Lingua y Leonardo da Vinci, que necesitará muchos ajustes y una mayor coordinación y reforzamiento. 
Un aspecto que entiendo que se ha de tener muy en cuenta es el de la ayuda pecuniaria a los becarios de Sócrates, ya que la dotación resulta insuficiente para hacer frente a las necesidades de los estudiantes, debido a un criterio de distribución cuantitativa de las becas que ha producido una excesiva disminución de los importes a asignar. En efecto, se registra una gran diversidad de situaciones nacionales en un contexto de reducción global de la cuantía de las becas concedidas a cada estudiante, mientras que la contribución de las familias tiende a aumentar. 
Como se ha evidenciado en el informe, esta tendencia puede conducir a crecientes desigualdades entre los estudiantes. 
A este propósito, es necesario prever los medios necesarios y suficientes para que se puedan mantener por sí mismos, o sea, sin la indispensable ayuda de las familias teniendo en cuenta que las becas de estudios no se deben diferenciar tanto en razón del país del becario como del país en el que éste se traslada para el proyecto. 
Esta discriminación económica determinaría el acceso al programa sólo a aquellas personas que pueden contar con la ayuda de sus familias. 
Otro aspecto muy negativo en la concesión de las becas son los trámites burocráticos de financiación que en la actualidad sufren graves demoras y a los que necesariamente habrá que poner remedio. 
Señor Presidente, educación, educación, educación- el Primer Ministro británico dijo en una ocasión que esta era su prioridad. 
Tengo algunas dudas sobre ello y ciertamente me pregunto si esta es nuestra prioridad en Europa. 
Desde luego no lo es si se contempla lo que nos gastamos en ella. 
En Europa gastamos anualmente 2.500 millones de euros en aceitunas, en el programa Sócrates gastamos menos de 2.000 millones en seis años. 
El ponente ha tenido incluso que batirse para que en el orden del día de esta mañana tengamos un debate separado sobre educación. 
Para que el mercado único florezca y para que Europa florezca necesitamos una fuerza laboral formada y móvil, que tenga la confianza necesaria para cruzar las fronteras nacionales. 
El Programa Sócrates es importante en ese sentido, por lo que dotarlo de mayor eficacia, como preconiza el informe de la Sra. Pack, es realmente de la mayor relevancia. 
La cualificación lingüística es indudablemente importante para la movilidad laboral. 
Nos consta que los estudiantes que participan en el Programa SOCRATES sacan un tremendo provecho del mismo; lamentablemente, el número de estudiantes no es bastante. 
Para los estudiantes de mi propio país siempre existe un desequilibrio entre el número de estudiantes del continente que desean ir al Reino Unido y el limitado número de estudiantes británicos que desean desplazarse a los países del continente. 
¿Cuál es la razón de ello? 
Está muy claro- la falta de cualificación en idiomas entre los estudiantes británicos. 
Debemos mandar un mensaje al Gobierno británico sugiriendo que deberían dar marcha atrás en su desoladora decisión de hace algunas semanas de permitir que los estudiantes británicos de educación secundaria puedan optar por no tener que aprender ninguna lengua extranjera. 
Desde luego ese no es el modo de asegurar que Europa florezca ni de que Gran Bretaña obtenga el máximo beneficio de su participación en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, el programa Sócrates es un buen ejemplo de acción desarrollada en el entorno inmediato de los ciudadanos y aporta un importante valor añadido de signo europeo. 
Esto lo hemos podido experimentar también en Finlandia, país que se integró en dicho programa ya en la fase de las negociaciones sobre la adhesión. 
En la Comisión de Cultura deseamos que los actuales países candidatos puedan aprovechar las posibilidades que ofrece el programa. 
El Centro de Intercambio Internacional, organismo que gestiona el programa Sócrates en Finlandia, ha publicado recientemente un estudio sobre las experiencias de los estudiantes de intercambio extranjeros. 
Sentimos gran satisfacción de que Finlandia despierte interés como país de destino. 
Acogemos a más de 3.000 estudiantes extranjeros anualmente. 
Puesto que este estudio puede aportar conclusiones de carácter general, me permito hacer un breve resumen del mismo: Los encuestados destacaban la importancia de cursar estudios en un país extranjero, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo personal y del crecimiento de la conciencia social. 
La enseñanza y el estudio también se desarrollaron de forma bastante aceptable. 
Los estudiantes de intercambio obtuvieron una media de treinta y tres créditos en el año académico. 
Se elogiaba de modo especial la buena equipación de las Escuelas Superiores en Finlandia, ante todo en materia de ordenadores y bibliotecas, así como la orientación de los estudios y la calidad de las viviendas estudiantiles. 
Desde el punto de vista de la movilidad de la mano de obra, resulta interesante que los estudiantes expresaran estar más dispuestos que antes a plantearse la posibilidad de ejercer su profesión en Finlandia. 
Esto ocurría especialmente entre los estudiantes procedentes de Europa Central, en tanto que los procedentes de Europa Meridional apenas si mostraban interés por realizar un trabajo en un país nórdico. 
El informe que nos ocupa presta especial atención a la tramitación de las solicitudes y a la fluidez en los pagos. 
El informe constata que el retraso injustificado de los desembolsos entorpece la ejecución de los programas y desprestigia a los órganos comunitarios. 
En este contexto, me atrevo a llamar la atención- confiando en la compresión de mis distinguidos colegas- sobre el papel del Parlamento como impartidor de instrucciones. 
Al tiempo que exigimos eficacia y flexibilidad, también podemos estar incrementando la burocracia y frenando la tramitación de las cuestiones por otras vías. 
Por ejemplo, la Comisión ingresaba antes una cantidad determinada a la Oficina de Asistencia Técnica para que ésta efectuara los pagos. 
Ahora se ve obligada a expedir incluso mil ochocientas órdenes de pago por separado. 
Evidentemente, esto repercute en la duración de los trámites. 
Además de esto, la ejecución de los programas en los Estados miembros debe someterse a la inspección de interventores de cuentas externos. 
Así pues, cualquier universidad pequeña de provincias en Finlandia, por poner un ejemplo, se ve obligada a emprender un costoso procedimiento, aun cuando sólo se trate de un par de proyectos sin mayor trascendencia, a pesar de que la Dirección General de Cuentas Públicas siempre procede a realizar esa misma inspección en conformidad con nuestras leyes. 
Para prevenir las irregularidades y los errores, habría que crear códigos de buenas prácticas administrativas, y no solamente sistemas de control cada vez más complicados. 
Señor Presidente, estimados colegas, distinguida Comisaria, todos nos congratulamos y felicitamos a las personas competentes de este maravilloso programa. 
Permítanme que para comenzar siga también una vez más una costumbre que se ha vuelto tan querida, en concreto, lanzar flores a la ponente: Doris, fenomenal! 
Compartimos todos los puntos de la crítica, no voy a enumerarlos, aunque quizá esto fuera necesario, pero en un minuto no es posible. 
¿Cuál es mi tarea aquí? 
Apoyar públicamente este maravilloso programa. 
No es un folleto de lujo, sino algo vivamente cercano a los ciudadanos, es una respuesta europea a muchas cuestiones. 
Sin embargo, las respuestas que damos con Sócrates son un tanto escasas. 
Sócrates no soluciona ningún problema básico. 
Sócrates ayuda, plantea también preguntas políticas en este espacio, también las plantea en la escena pública, pero no exime a los Estados miembros de su responsabilidad. 
Me gustaría escuchar más cosas al respecto por parte de los Estados miembros, no sólo sobre Sócrates, sino también sobre su responsabilidad y sobre qué significa la educación para Europa. 
Me gustaría celebrar diálogos públicos con las personas competentes para el espacio de la educación europeo. 
¿Saben ustedes qué hemos logrado con Sócrates, aparte de todo lo sustantivo? 
Los nombres de los antiguos europeos- Comenius, Erasmus, Grundtvig- estos viejos nombres están en boca de la gente joven como jóvenes hip-hopper. 
Hemos llegado realmente a donde queríamos llegar. 
Doris Pack ha dicho que Sócrates nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Entonces, desearía que comenzásemos un poco antes, no en la edad escolar, sino en la primera infancia. 
En efecto, como todos han afirmado, el aprendizaje de lenguas extranjeras es muy importante, tiene una relevancia inmensa para nosotros, y sabemos también que empieza en el jardín de infancia. 
Señor Presidente, sin duda alguna, desde los puntos de vista cuantitativo y funcional se han registrado avances importantes en el programa Sócrates, y parte del mérito le corresponde, por supuesto, a la Comisaria Sra. Reding. 
Le debemos observaciones muy pertinentes también a la ponente Sra. Pack, que no debería empañar su actuación convirtiendo de alguna manera esta cámara en terreno de juego al abroncar a los oradores con los que no está de acuerdo. 
Creo que todas las opiniones aquí expresadas son útiles en un asunto tan difícil como es la educación en Europa. 
Quiero señalar que, primero, es importante el aumento de la financiación y participación comunitaria; segundo, una mayor simplificación funcional; tercero, escuchar la opinión de quienes participan en el programa. 
Con el Erasmus, especialmente, siendo como es muy positiva la posibilidad brindada a los jóvenes de estudiar fuera, se corre, sin embargo, el peligro, de romper la cohesión de los planes de estudios de las licenciaturas. 
Si preguntamos a muchos jóvenes que han participado, la respuesta será: «es una buena experiencia, pero que plantea muchos interrogantes en el conjunto de la licenciatura». 
El último aspecto que quiero mencionar es que este programa es por su propia naturaleza un programa de libertad, libertad de circulación de los estudiantes, libertad de circulación de las ideas y de los conocimientos. 
Y en este punto surge un gran interrogante- puesto que también participan en él países que no son miembros de la Unión Europea, y particularmente Turquía -, un gran interrogante porque hay decenas de miles de niños y jóvenes, como los jóvenes que asisten a este debate, que no pueden estudiar en su lengua materna, que es el kurdo. 
Es algo que no debemos olvidar; algo ante lo que no podemos cerrar los ojos; debemos hacer de este programa en su conjunto un programa de libertad. 
En primer lugar quisiera reconocer el valor y el potencial de Sócrates y, al hacerlo, dar las gracias a la ponente por su trabajo. 
Saludo este informe, que es positivo. 
Su aprobación propiciará una aplicación de los programas más eficiente y más sencilla para el usuario. 
La ponente merece ser alabada por sus esfuerzos por incorporar las experiencias de los que han estado directamente involucrados en el mismo y quisiera hacer constar en particular el hecho de que la opinión de la agencia irlandesa, Largos, haya quedado reflejada en el texto. 
Coincido plenamente con que es necesario que las agencias nacionales y los participantes tengan un mayor acceso y más competencias sobre los programas, y en especial con la propuesta de desarrollar el sistema de gestión de la ineducación Symmetry. 
La propuesta de la ponente de elaborar unos informes periódicos sobre los progresos respecto de las acciones conjuntas posibilitará una evaluación continua y, consecuentemente, garantizará el máximo provecho en términos de financiación y, lo que es más importante, una mayor efectividad de los propios programas. 
Quisiera alabar a los numerosos participantes voluntarios, en especial a los profesores, sin cuya colaboración los programas no podrían tener éxito. 
He tenido ocasión de entrevistarme con muchos de ellos y podido comprobar de primera mano su riqueza de recursos y su dedicación. 
En su conjunto, Sócrates aborda de una forma incomparable y efectiva la necesidad de una mayor acción intracomunitaria en el ámbito de la educación, y así propicia un mayor entendimiento de la diversidad de la cultura europea y que ésta sea compartida. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar debo dar las gracias a la ponente, Sra. Pack, y al Parlamento en general, porque, a lo largo de toda esta aventura común para construir los programas educativos y para encarrilar la Europa de la educación, el Parlamento ha sido un cómplice y una ayuda indispensable. 
No estaríamos donde estamos si el Parlamento no hubiera contribuido a ello. 
Muchas gracias. 
Le doy las gracias también a usted, Sra. Pack, y a todos los colegas que han hablado, por la evaluación positiva que han hecho de los programas para la juventud. 
Es cierto que es verdaderamente la Europa tal como la queremos, la Europa que no está decidida de arriba abajo sino que está haciéndose de abajo arriba. 
Cientos de miles de jóvenes que tienen la experiencia de poder estudiar en otro país, cientos de miles de clases de estudiantes trabajan juntos con una clase de estudiantes en otro país, cientos de miles de profesores que hay por las carreteras. 
Es maravilloso. 
Y estoy de acuerdo con todos aquellos que dicen que este programa maravilloso que funciona muy bien, aparte de algunos problemas, debe desarrollarse. 
Estoy de acuerdo con los que dicen que existe el riesgo económico, que las becas son demasiado reducidas. 
Saben, me reúno con muchos estudiantes Erasmus. 
Siempre dicen: "si se pudiera, repetiría esta experiencia". 
Pero también me dicen todos que la beca es demasiado reducida. 
Lo sabemos y quisiéramos que los ministros de Finanzas ante todo nos dieran más medios, nos dieran más posibilidades para que pudiéramos transferir este dinero a los estudiantes para que no hubiera diferencias sociales entre los que pueden permitirse económicamente viajar y los que no pueden. 
Estoy totalmente de su lado, sé que van a ayudarme en el futuro para disponer de más medios financieros para estos programas y, sobre todo también en la óptica de la ampliación de la Unión. 
Es cierto que por ahora, señoras, señores, estamos preparando a los nuevos países para formar parte de nuestros programas de educación, pero a partir del momento en el que formen parte de la Unión, por supuesto, los costes van a incrementarse dramáticamente y si no queremos reducir aún más las becas, será necesario un incremento de los medios que se pongan a disposición. 
Es una batalla que habremos de llevar a cabo y sé que el Parlamento estará de mi parte. 
Han señalado ustedes algunos puntos a los que quisiera responder. 
Por ejemplo, el control y la evaluación. 
El Parlamento reconoce que hay mejoras a nivel del control y de la evaluación. 
Actualmente, estamos comprometidos en un programa de evaluación de Sócrates II que estará en el origen de las propuestas de la Comisión para nuevas acciones que sucederán al programa Sócrates. 
Y, señor Presidente de la Comisión, tendremos con regularidad a esta Comisión informada de los análisis y de los resultados de dichos análisis. 
En segundo lugar, las relaciones entre la Comisión y las agencias nacionales: la descentralización. 
Saben ustedes que hemos hecho esfuerzos considerables por estructurar los vínculos entre la Comisión y esas agencias y seguimos trabajando para mejorar las cosas. 
Todos los que han intervenido han hablado de lentitud administrativa. 
En ese caso también, y lo han reconocido, hemos realizado esfuerzos para hacer esta administración del programa más simple y menos burocrática. 
Hemos reformado el contrato institucional Erasmus para reducir en casi el 50% el número de contratos que los beneficiarios deben firmar. 
Y mis servicios están examinando también la viabilidad de modificar la decisión Sócrates, tal como recomienda la Sra. Pack, para impedir un aumento de la carga burocrática, principalmente para las escuelas que participan en pequeños proyectos. 
Lo conseguiremos, Sra. Pack, con ayuda, por supuesto, del Parlamento. 
Les sigo pidiendo ese famoso empujón porque todo va mucho más rápidamente si el Parlamento se agita un poco con estos problemas. 
Sólo un elemento menor en el que no podré dar una respuesta positiva. 
Proponen ustedes eliminar la cofinanciación para los pequeños proyectos. 
Me gustaría, pero la financiación íntegra iría contra las nuevas reglas financieras comunitarias que nos hemos dado, también con la voluntad del Parlamento. 
Sería necesario en primer lugar reformar en la base algunas reglas financieras para poder a continuación dar un paso más largo, por tanto también dictamen al Parlamento si desea ir en esa dirección. 
Con respecto a los retrasos en los contratos de pago, van mucho mejor que en el pasado. 
No hemos conseguido recuperar todos retrasos, pero el año 2001 será mejor que el año 2000, y el 2002 será mejor que el 2001. 
Los nuevos procedimientos están en funcionamiento. 
Hemos adelantado la reunión de los comités y simplificado la base jurídica para financiar a los países candidatos. 
Una palabra sobre Symmetry. Es urgente poner a punto un sistema de gestión de datos y, a pesar de los problemas iniciales, vamos avanzando. 
Tras una licitación, se eligió en 2001 un contratista. 
En 2002 y 2003 vamos a desarrollar Symmetry. 
La entrega está prevista para agosto de 2003. 
Finalmente, las acciones conjuntas. 
Tienen toda la razón, Señorías, es importante tener muchas. 
El año 2001 fue un año preparatorio para un número limitado de temas de intereses comunes en Sócrates, Leonardo y Juventud. 
La convocatoria de propuesta 2002 será publicada en abril y los temas elegidos son: integración social de los grupos determinados, ciudadanía activa de los jóvenes, redes locales de orientación, aprendizaje no formal e informal. 
Ven ustedes, señor Presidente, Señorías, que asumimos con mucho interés las propuestas del Parlamento, no porque sea el Parlamento quien las hace, sino simplemente porque el Parlamento tiene razón, lo que se deriva de su deseo de mejorar esta Europa ciudadana en la que los ciudadanos jóvenes están en la base de la creación de este continente europeo que todos estamos construyendo y donde se vive bien. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Programa CULTURA 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0018/2002) del Sr. Graça Moura, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la aplicación del programa Cultura2000 (2000/2317 (INI) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la ejecución del programa Cultura 2000 ha sido una preocupación constante de la comisión parlamentaria a la que pertenezco. 
Tanto yo como mis colegas hemos procurado, por un lado, seguir los diversos frentes en los que el programa se desdobla y la metodología o metodologías que han sido adoptadas para su ejecución y, por otro lado, hacer una auscultación de nuestros electorados y de los agentes culturales europeos en general para llegar a conocer las reacciones que el programa suscita y- lo más importante de todo- para poder evaluar sus resultados. 
Ya casi ha transcurrido la mitad de esta legislatura y el programa-marco también ha alcanzado ya prácticamente la mitad de su duración prevista. 
La Comisión deberá revisarlo dentro de poco, en particular en relación con las insuficiencias financieras que desde el principio se señalaron, que se dejan sentir cada vez más y que el presidente acaba de mencionar. 
También resulta necesario que todos comencemos a reflexionar sobre lo que seguirá a Cultura 2000, es decir, sobre el programa que sucederá al actual y que deberá tener en cuenta los éxitos y fracasos de éste. 
El informe que presento corresponde a la opinión profunda y amplia de todos los diputados que votaron en la comisión parlamentaria. 
Como se trata de un informe de seguimiento, el ponente ha tenido interés en promover y alentar la presentación de enmiendas, dado que éstas añadirían otros tantos elementos pertinentes a ese análisis. 
Y, así, se han integrado en el texto prácticamente todas las enmiendas presentadas, Por tanto, corresponde a las múltiples sensibilidades representadas en la comisión parlamentaria y refleja muy expresivamente las reacciones de nuestros electores. 
Un informe de esta naturaleza no puede dejar de reafirmar los grandes objetivos de Cultura 2000 y su papel en la construcción de la ciudadanía europea y en la defensa de la diversidad cultural y del pluralismo lingüístico. 
Y tampoco puede dejar de reafirmar los grandes principios inspiradores a que obedece el programa desde su concepción, que no se pueden dejar de lado en la fase de ejecución con ningún pretexto. 
Es que tanto estos principios como aquellos objetivos deben considerarse piezas fundamentales de una construcción europea y un desarrollo de la ciudadanía democrática que aprovechen a todos los ciudadanos de la Unión. 
Como tales, fueron juiciosamente ponderados, aprobados y subscritos no sólo por esta Asamblea, sino también por el Consejo y la Comisión y no se ve razón alguna para modificar esas posiciones. 
Se trata de líneas de política cultural que interesan a todos los países miembros y, con vistas a la ampliación, a todos los europeos. 
Se trata de construir el espacio cultural europeo como un espacio esencial de la libertad y las libertades. 
Por último, señor Presidente, quisiera pedir a la Comisaria Viviane Reding que considere este informe un instrumento de trabajo que puede ayudar a la Comisión a realizar mejor las tareas que le incumben a ese respecto: sus tareas presentes, dado que el programa se encuentra en la mitad de su ejecución; sus tareas futuras, pues de la experiencia entretanto adquirida- como ha dicho- será posible que a Cultura 2000 suceda un programa aún mejor. 
La votación de esta Asamblea constituirá, así, una fecha importante en la cooperación entre el Parlamento y la Comisión. 
En el plano de Cultura 2000 será también el coup de main de que hablaba la Comisaria hace un momento a propósito del programa Sócrates 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Graça Moura porque en la tramitación de este programa ha intentado reencontrar con tanto cuidado y precisión las líneas directrices políticas del PE que fundamentaban también este programa. 
Por ejemplo: ¿dónde abre este programa acceso a la vida cultural y una mayor participación de los ciudadanos en la misma? 
¿Qué acciones incluyen a nuestros conciudadanos? 
Las grandes formalidades burocráticas, los criterios de la utilización del programa no pueden nublar estos objetivos que el programa tenía originariamente ni pueden ponerlos en cuestión. 
Después de este informe queremos decir con claridad: ¿qué esperamos realmente de una política cultural europea, sobre todo en el marco de la ampliación y de cara a la próxima Convención? 
Si ustedes hablan hoy con creadores culturales todos ellos tienen miedo de que en el marco de esta Convención, en el marco del debate sobre la subsidiariedad, la cultura caiga víctima de este debate. 
Espero que no y lucharemos por ello. 
¿Cómo puede ser mejor este programa desde el punto de vista operativo, para que se convierta en un instrumento real de una acción cultural que responda tanto a las necesidades de los creadores de cultura como también a las necesidades de los ciudadanos? 
¿Ha de trabajar el programa para el sector de los creadores culturales o más bien en beneficio de los ciudadanos? 
Éstas son preguntas que hemos de plantearnos de cara a la actual situación cundo pensamos en el futuro. 
Naturalmente, este programa necesita una mejor dotación financiera para no generar más frustrados que los que puedan estar satisfechos. 
Con esto no quiero anticipar nada del debate sobre el programa sucesor a partir de 2004, pero el Sr. Graça Moura ha hablado también de éste, pues en la Comisión está ya en marcha impetuosamente. 
Pero el informe anima a comenzar realmente ahora por nuestra parte con este pensamiento para que precisamente no se deje campo en la Convención a los enemigos de toda suerte de trabajo en política cultural en el plano de la UE. 
Quiero recordar a todos que la política cultural europea a través del respeto de las diferencias y de las tradiciones culturales de los ciudadanos nos lleva al núcleo del debate político y esto significa que sólo de este modo daremos un alma a Europa. 
Señor Presidente, estamos ante un procedimiento que es normal en cualquier Parlamento, como es el control de un programa a lo largo de su ejecución. 
Por ello, califico de muy oportuno el informe del Sr. Graça Moura, que- lo adelanto ya- merece el apoyo y la aprobación del Grupo Socialista. 
Después del procedimiento de conciliación que aquí se ha evocado, manifesté mi disgusto con el Consejo por su intransigencia para aceptar la financiación que habíamos pedido. 
El resultado fue que un programa que afecta directamente a lo que llamamos el alma de Europa y que sustituía a otros programas que en los últimos años habían sido los de mayor aceptación entre los ciudadanos más dinámicos y más jóvenes de la Unión Europea, está dotado con poco más de 33 millones de euros anuales, cifra tan pequeña dentro del ya de por sí modesto presupuesto comunitario, que entristece a quienes vemos que la Unión Europea debe ser algo más que gasto agrícola y gasto estructural. 
Partiendo de esta premisa, debemos recordar dos circunstancias: la primera, el programa Cultura 2000 convive en el tiempo con otras resoluciones de este Parlamento de las que deben emanar orientaciones para su aplicación. 
Cito como ejemplo destacado el informe Ruffolo en el que, entre otras cosas, se encarece a la Comisión la constitución de un Observatorio europeo para la cooperación cultural o un Plan trienal de cooperación cultural. 
Así pues, la Comisión debe tener un enfoque dinámico de Cultura 2000 e incorporar año tras año las orientaciones que emanan de este Parlamento. 
La segunda observación: los años que le quedan al Programa van a coincidir casi exactamente con un período de trabajo, abierto por el Consejo de Niza, que hemos venido en llamar "constituyente". 
Haya al final Constitución o no, está claro que entre los principales objetivos de la Convención están el de aumentar los vínculos de ciudadanía europea en sus pueblos y el de despertar en cada ciudadano un sentimiento de pertenencia al espacio cultural comunitario. 
¿Hay suficiente base constituyente en los pueblos europeos? 
¿Hay alguna identidad cultural entre ellos? 
Muchos pensamos que la base constituyente debe ser la cultura europea, en el concepto de Bruckmanns, es decir: un comportamiento común, una actitud similar ante la vida, ideales compartidos, patrimonio artístico y cultural común, etc. 
Por tanto, el centro de gravedad político de estos años debe ser, más que la moneda, más incluso que la PESC, la vinculación de los ciudadanos a la idea comunitaria y la búsqueda y protección de una cultura europea. 
Treinta y tres millones de euros son una cantidad bastante exigua para financiar el único programa cultural europeo que se desarrollará durante este tiempo, pero nos queda el consuelo, señor Presidente, de pensar que las conclusiones de este informe van a contribuir a mejorar su funcionamiento. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, el programa europeo "Cultura 2000" contribuye como ninguna otra iniciativa al fomento de la colaboración cultural europea. 
Dota a Europa de sentimiento y de un alma, como acaba de señalarse aquí. 
Por lo tanto doy las gracias al Sr. Graça Moura por su propuesta de elaborar un balance intermedio, lo cual me parece muy útil. 
El resultado es este concienzudo informe al que quisiera referirme brevemente. 
"Cultura 2000" es un programa muy ambicioso puesto que pretende abarcar todas las facetas de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, este afán de exhaustividad complica la gestión. 
Según tengo entendido, ello ha causado serios problemas a la Comisión, especialmente durante el primer año. Aunque la situación haya mejorado un poco, las quejas siguen llegando a raudales. 
Ya se ha dicho: el excesivo papeleo echa para atrás a numerosos participantes potenciales. Los proyectos innovadores de reducidas dimensiones presentados habitualmente por participantes inexpertos que, a pesar de todo, se aventuran a dar el paso- una situación frecuente en el sector cultural- corren el riesgo de ser rechazados a la primera por razones meramente formales. 
Los criterios suelen ser poco claros, hasta tal punto de que incluso plantean dificultades a las agencias nacionales. 
En mi opinión, debemos reflexionar todos juntos sobre el futuro de la política cultural y los objetivos perseguidos, aparte de que tenemos que establecer prioridades para nuestros instrumentos. 
Es algo que me gustaría incluir en el orden del día, de modo que podamos ejercer influencia sobre la Convención. 
Por último quisiera hacer un comentario sobre las finanzas. Como ya he señalado antes, admito que disponemos de un escaso presupuesto. 
Pero independientemente de la suficiencia o insuficiencia de los recursos financieros quisiera subrayar que deben gestionarse eficazmente. No olvidemos que hasta la fecha gran parte de los medios disponibles ni siquiera se gastan. 
Señor Presidente, apreciado colegas, distinguida Comisaria, refiriéndose al último informe sobre la educación nuestro colega, el Sr. Roy Perry ha mencionado la ayuda anual al olivo: 167 millardos para cinco años- limosnas para la cultura. 
Como actriz esto no es nuevo para mí. 
Conozco esto. 
Es triste que no podamos cambiar o mejorar esto. 
Quiero dar las gracias al ponente, sobre todo por el diálogo abierto que ha mantenido con nosotros, los ponentes alternativos. 
Ha estado realmente ahí para asumir todo y hemos discutido sobre esto. 
Tenemos dos grandes problemas: Uno de ellos es la orientación de contenido para el futuro, las cuestiones a las que nos enfrentamos ahora. 
Esto no significa anticipar un debate, lo ha dicho ya nuestra colega, la Sra. Pack, pero es preciso celebrar el debate si necesitamos en 2004 para 2005 una nueva idea, si queremos configurar un nuevo programa, suponiendo que exista éste todavía. 
El otro ámbito de problemas es la administración, los trámites burocráticos, los criterios excesivamente vagos para la selección, habría que modificar los métodos de ejecución. 
Éstos son muchos detalles que se pueden leer en el informe. 
También quiero abogar en la escena pública por este programa cultural, por Cultura 2000. 
La cultura, los programas culturales, son el alma de Europa, lo hemos escuchado de labios de todos los colegas. 
Ustedes saben que el arte y la cultura son los multiplicadores de nuestra política de integración y si en este camino común perdemos, seremos cada vez menos y cada vez más débiles en esta lucha que en realidad queremos sostener conjuntamente. 
En cada periódico dominical leemos la proclama en favor de la cultura, sólo que a aquella no la acompañan los hechos. 
Yo estoy cansada ya de decir esto pero debemos decirlo una y otra vez. 
No sólo son responsables los ministros de Cultura, también lo son los ministros de Hacienda. 
En esta Europa cada cual debe encontrar su lugar en esta sociedad. 
Cada cual busca, quizá desde la cuna hasta la tumba, por utilizar una vez más esta cita. 
Cada cual quiere identificarse también en esta sociedad europea, en este espejo de la sociedad de Europa que son el arte y la cultura. 
Si no contribuimos a posibilitar esto, quizá tampoco logremos cortar en origen, en su raíz, los conflictos, y ésta es una responsabilidad que tenemos conjuntamente en Europa. 
El Parlamento lucha, la Comisión lucha. Si no movemos al Consejo en favor de esto, nos quedaremos solos con ello. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aquí el Consejo- pero el Consejo no está aquí- ha organizado una Barcelona de la cultura, es decir, unos objetivos reconocidos, unos indicadores fijados y unas evoluciones solicitadas. 
¿No es en ese lugar donde estamos cuando hacemos un informe provisional de evaluación de Cultura 2000 y nos damos cuenta de que hay una serie de problemas que resolver? 
Los problemas son numerosos. 
Se podría criticar por supuesto a Cultura 2000 por su falta de transparencia, por las dificultades de la selección, en definitiva, todo lo que se llama el método. 
Pero se ve bien que la cuestión del método no es la única en juego en Cultura 2000 y que nos encontramos quizá en un momento bisagra. 
Las dificultades con las que nos encontramos en Cultura 2000- cuando digo nosotros, me refiero al Parlamento al igual que a la Comisión- son el síntoma del hecho de que es necesario avanzar, avanzar en lugar de hacer un enésimo programa. 
Ahora que tenemos un gran programa, ¿de qué nos damos cuenta? 
Nos damos cuenta de que si, en diez años, hemos conseguido actuar de forma que 2500 proyectos aproximadamente y 12.000 operadores se hayan puesto en marcha y en los programas desde Maastricht, por el contrario, entre 1996 y 2000 hubo ocho mil rechazados para 40.000 operadores. 
Se ve perfectamente que la demanda es mucho más importante que todo lo que se puede ofrecer, que existe un problema que no es solamente un problema de método. 
Si no hay solamente un problema de método, entonces es necesario encontrar otras soluciones que la de saber cómo llevar a término este programa. 
Me ha sorprendido- afortunadamente- oír la semana pasada a la Presidencia, en boca de la Ministra de Cultura, decirnos que era necesario aplicar el artículo 151. 
Sin duda, es necesario aplicar el artículo 151 del Tratado de Maastricht, pero si leo este artículo veo que es incitativo. 
Es necesario favorecer, ayudar, estimular. 
Quizá es necesario hacer más. 
Ya que hoy hablamos también de educación, sabemos que la educación avanza más deprisa porque no nos encontramos solamente en los estímulos, sino en las decisiones. 
Quizá en la hora de la Convención, en la hora en la que se va a discutir acerca de refundar, de reformular una serie de textos fundamentales, es necesario plantearse también la cuestión del artículo 151 de otra forma diferente a su simple aplicación. 
Por supuesto, los problemas con los que nos encontramos para Cultura 2000 y para la cultura en general, que son problemas de presupuesto, nos parecerán insuficientes. 
El presupuesto no es solamente una caja, es la cuestión de la unanimidad o de la mayoría cualificada. 
También están los verdaderos debates de fondo. 
Y en ese caso me sumo a algunas intervenciones precedentes, pequeño o gran proyecto, ciudadanía, animación ciudadana o estímulo, apoyo a la creación. 
Se trata de los dos, sin duda. 
Pero es necesario pensar también en los dos de forma diferente, y al mismo tiempo conjunta. 
¿Qué deben hacer los Estados? 
¿Qué depende de las iniciativas de los Estados? 
¿Qué debe hacer la Unión Europea? 
Por todo ello me permito proponerle, señora Comisaria, que vayamos hacia una Barcelona de la cultura. 
Señora Presidenta, en primer lugar, yo quisiera hacer una reflexión que tiene que ver con todos los temas que se tratan en la comisión parlamentaria de la que soy miembro, la Comisión de Educación, Cultura, Juventud, Medios de Comunicación y Deporte. 
Para todos estos ámbitos hay menos de un uno por ciento del presupuesto comunitario, por lo que me parece que es difícil decir que dichos temas sean un gran objetivo de este Parlamento, cuando les dedicamos tan poco presupuesto. 
En segundo lugar, quisiera decir que hace pocos meses asistía a un foro, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con los responsables de cultura de distintos Estados miembros, entre los que se encontraban los directores de museos nacionales, y lamento decir que todos estaban bastante descontentos con el Programa Cultura 2000. 
Muchos de ellos decían que consideraban que era un paso atrás con respecto a los programas anteriores, Ariadna y Raphael, y que dados los gastos en trámites burocráticos para poder solicitar una ayuda, ésta no les compensaba al final. 
En general, vinieron a expresar que se sienten un poco engañados. 
Yo creo que tenemos que intentar que los fondos disponibles se distribuyan de manera que se creen más apoyos que descontento, y yo creo que esto es muy importante para la imagen de lo que significa la cultura a nivel europeo. 
Me parece importante simplificar la burocracia, porque todos coincidían en que ésta era un obstáculo muy grande. 
También hay que procurar que no haya retrasos en los pagos, porque muchos de los beneficiarios no se pueden permitir estos retrasos. 
También es importante asegurarnos de que no se rechacen proyectos por razones puramente formales, y hay que dar oportunidades a las pequeñas estructuras, otro de los temas sobre el que se escucharon quejas. 
Señora Presidenta, con la mano en el pecho, señoras y señores de las instituciones europeas: ¿creen ustedes que la legislación relativa a la competencia, las disposiciones sobre la altura de los asientos en los tractores o las directivas sobre la liberalización del mercado energético hacen latir más fuere a los corazones en favor del proceso de la integración europea? 
Probablemente se necesite otro factor de identificación para las personas de nuestros Estados miembros. 
El intercambio cultural y la participación cultural pueden surtir una diversidad de efectos de adhesión positiva, mucha más que, por ejemplo, una disputada orden de adjudicación. 
El patrimonio cultural y la diversidad cultural de Europa deben reflejarse desde el Tratado de Maastricht- desde entonces existe la palabra cultura en los Tratados- en toda la política comunitaria, pero esto es, en buena medida, teoría. 
En la práctica los Estados miembros velan celosamente por la soberanía nacional y regional. 
En cuestiones culturales el Consejo se aferra al principio de unanimidad, fatigosos procedimientos de conciliación son la regla y la consecuencia de éstos son acuerdos de mínimo nivel y aplazamientos enojosos; véase Cultura 2000. 
En este ámbito no se ha tratado ni se trata siquiera de mucho dinero. 
La proporción de los gastos de cultura en el presupuesto comunitario, del orden aproximado del 0,04 %, es más que escasa. 
Para los creadores culturales es supremamente estimulante saber que su solicitud- por muy convincente que sea la idea- será rechazada con un 90% de probabilidad, pues ni siquiera el 10% de las solicitudes tienen una posibilidad de recibir una ayuda. 
Para nosotros, los diputados, tampoco resulta agradable tener que defraudar constantemente expectativas mediante docenas de negativas. 
Nadie quiere arrebatar a los Estados miembros sus competencias, pero tendría que haber un poco más de franqueza. 
Lamentablemente, ésta falta también en la ejecución práctica de Cultura 2000. 
Una burocracia paralizante, se ha dicho, y los ruinosos retrasos en los pagos a los organizadores causan dificultades innecesarias a los solicitantes, por mencionar un par de puntos de crítica. 
Por último, falta también un concepto sustantivo definitivo que aclare la pregunta de cuál es el auténtico objetivo de la financiación. 
¿Dirigirse a la mayor cantidad posible de gente reunida en forma de grandes acontecimientos? 
¿O dar al mayor número posible de creadores culturales la posibilidad de realizar actividades transfronterizas? 
La alta cultura clásica tiene más facilidad de irrumpir. 
El camino hacia los corazones de las personas se encuentra más bien a través del apoyo que se preste a creadores culturales menos establecidos, a redes e iniciativas de las ciudadanas y de los ciudadanos. 
Todos estos son, en definitiva, quienes generan la plusvalía europea. 
La Unión Europea es el espacio económico más potente del mundo. De esto presumimos con todo orgullo. 
Pero la Unión europea es también un espacio cultural de inestimable variedad. 
Deberíamos quedarnos atónitos ante este patrimonio y actuar de manera ininterrumpida y esto no sólo con Cultura 2000. 
Señora Presidenta, el año pasado, junto con la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, tuve la ocasión de visitar Cracovia, en Polonia. 
Aprendimos mucho en esa visita y, en cualquier caso, que los países candidatos harán una aportación inmensa a la vida cultural y a la vitalidad de Europa. 
Planteamos una pregunta a uno de los profesores del Instituto de Cultura de Cracovia: ¿existe una específica cultura europea? 
Su respuesta la resume nítidamente: el profesor dijo que había visitado varias veces los Estados Unidos y que era evidente que compartíamos una cultura occidental con los Estados Unidos pero que, no obstante, echaba algo en falta, y eso era el entorno histórico. 
Dijo que en una ciudad como Cracovia en todas partes se podía ver, tocar, sentir la historia y la cultura. 
Ciertamente puedo imaginar, como ciudadano de esa ciudad, por qué hizo ese comentario. 
De modo que respaldo el comentario del Sr. Graça Moura respecto de que ha sido de lamentar que el entorno histórico no fuera incluido el año pasado en el foro de cooperación cultural. 
Nunca debemos soslayar el entorno histórico de todos nuestros países. 
No puedo más que apoyar la petición del ponente de incluir a nuestros vecinos mediterráneos, a nuestros vecinos musulmanes; debemos cooperar con los países musulmanes. 
Especialmente, debemos tener presente que Europa es hoy una sociedad multicultural. 
Debemos felicitarnos por ello y debemos asegurarnos que nuestro programa incluye elementos relevantes para abordar esa circunstancia. 
Hoy ha habido comentarios, algunos de ellos han sido leves críticas, sobre las trabas en la administración, pero quisiera relatar una historia exitosa. 
Para mí fue una gran satisfacción que en mi propia circunscripción de Portsmouth se otorgase una donación de 150.000 euros a un consorcio de museos, entre los que se encontraba el Museo del Día D de Portsmouth dedicado a la paz en Europa. 
Ese es un proyecto que, sin ninguna duda, ha tenido mucho éxito y ellos están encantados de haber recibido el apoyo europeo. 
Debemos hacer un seguimiento muy cuidadoso de los proyectos. 
Estoy seguro de que éste será uno de los que contarán con la más florida aprobación. 
Si queremos más dinero para la cultura en Europa, consideremos seriamente la posibilidad de una lotería europea que genere ese dinero. 
Señora Presidenta, en el punto precedente del orden del día, relativo al programa europeo Sócrates, hemos celebrado sobremanera que aquí sea posible una amplia participación de los ciudadanos y, en especial, de los jóvenes, y que con ello se transmita la idea europea a la opinión pública de Europa. 
En el caso del programa Cultura se ha dicho mucho acerca de la financiación, acerca de los obstáculos burocráticos, pero yo quisiera dirigir la mirada de ustedes hacia la cuestión del concepto y, en especial, hacia la pregunta: ¿Cómo vamos a avanzar? 
Quiero dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Graça Moura, porque con este informe ha conducido de una manera muy abierta el diálogo sobre el futuro concepto de Cultura 2000 y quisiera apoyarle expresamente en esto. 
Quiero plantear la cuestión de si es acertado que financiemos ante todo los grandes proyectos, ya que sólo disponemos de poco dinero. 
¿No es más necesario que estemos dispuestos también a incluir con más fuerza en el programa de continuación redes pequeñas, pero que pueden dar un impulso y, en concreto, un impulso diversificado? 
Quiero manifestarme a favor de esto y pedir que establezcamos las condiciones previas financieras pero que, al mismo tiempo, sigamos desarrollando el programa: menos burocracia pero también más posibilidades de participación para los grupos pequeños. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, el programa Cultura 2000- como demuestra de forma muy palmaria este buen informe- pone de manifiesto no sólo la creciente necesidad de cultura, sino que contribuye también a la creación de un espacio cultural unitario. 
Pero el informe muestra también con la misma claridad que este programa se encuentra en una mala relación entre la rica abundancia de sus objetivos, por un lado, y la clara debilidad de su presupuesto, por otro. 
El ponente destaca con razón el reconocimiento expreso de la cultura como factor económico y también como factor de integración social y política. 
Lamentablemente, en este programa, como en muchos otros, y esto no va a servir de excusa aquí, debo decir, por ejemplo, en el marco de la política regional que los dos primeros años se caracterizaron por el retraso en la publicación de las invitaciones a presentar propuestas. 
Ciertamente, y aquí quiero utilizar el tenor literal del ponente, el cual refiriéndose a estos dos primeros años habla de una "gestión caótica del programa". 
A esto y a los enojosos y pesados procedimientos internos hay que atribuir también, en definitiva, la reducida tasa de utilización de Cultura 2000 durante el primer año de su funcionamiento. 
En mi opinión, en este punto es preciso instar a la Comisión a que realice auténticos esfuerzos encaminados a acortar el ciclo de los proyectos y a garantizar la continuidad del programa. 
Finalmente, quisiera abordar y plantear a la Comisión una cuestión, presente en la exposición de motivos de este informe, que me interesa especialmente como experto en política regional. Es la siguiente: ¿Cómo cabe garantizar la necesaria complementariedad y la coordinación entre Cultura 2000, por un lado, y los recursos de los Fondos estructurales, por otro, que están destinados en los Estados miembros al ámbito de la cultura? 
Quizá sea éste un aspecto interesante sobre el que habría que reflexionar. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Graça Moura y a sus Señorías por su compromiso para que esta grande y hermosa idea de la Europa de la cultura, de la Europa de las culturas, de la Europa de las raíces y de la Europa del alma de los ciudadanos se haga realidad. 
El programa acaba precisamente de cruzar la barrera de los dos primeros años, ya que se creó el 14 de febrero de 2000. 
Es poco, pero ya suficiente para un primer balance. 
He señalado en este informe numerosos puntos de acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, aunque no tengamos siempre los mismos planteamientos para explicar las constataciones que se han hecho sobre el actual programa. 
También he señalado, y lo agradezco al Parlamento, orientaciones muy interesantes para el futuro. 
Primera constatación: Cultura 2000 es un programa difícil de gestionar. 
Hay que constatarlo, es una realidad y todos ustedes lo han dicho, hay una falta de adecuación entre el número de objetivos planteados y el nivel de presupuesto. 
Todos ustedes recuerdan, Señorías, la batalla que ha llevado el Parlamento no contra los ministros de cultura sino contra los ministros de presupuesto, que no querían dar dinero para la cultura. 
Así pues, ¿cómo quieren ustedes gestionar al mismo tiempo hermosas ideas operativas sobre el terreno y dinero para tres ideas? 
Se trata de una adecuación que no funciona y desgraciadamente es éste el caso para este proyecto. 
Y debo decir a todos aquellos que se han quejado de que no llega a gastarse el dinero: el dinero está bien gastado hasta el último euro, no queda nada en la caja. 
Porque, si además no se gastara el poco que se tiene, no habría ninguna razón para pedir más medios financieros. 
Se gasta todo y no hay suficiente, ni de lejos, para cubrir todas las necesidades, -no digo ni siquiera las necesidades- sino todas las necesidades que manifiesta el mundo de la cultura. 
Saben también que el programa está abierto a una gran variedad de beneficiarios potenciales, a partir del momento en que estos últimos son susceptibles de desarrollar una acción cultural y de montar un proyecto. 
Por ejemplo, en el mismo marco de convocatoria de propuestas, una compañía de danza puede encontrarse en competencia con una cámara de comercio o una oficina de turismo local. 
Ésa es la apertura, la realidad en el terreno. 
Posiblemente será necesario reflexionar si se continúa por esta vía o si se delimita la posibilidad de participación. 
El necesario además insistir en el hecho de que entre 2000 y 2001 el programa se ha abierto a nueve países suplementarios: Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Rumanía y Eslovaquia han participado por primera vez en el programa. 
En 2001, sesenta operadores culturales procedentes de estos países han sido seleccionados en calidad de organizadores o de co-organizadores, es decir el 12% del total. 
Ven ustedes por tanto que la ampliación está realmente aplicándose en materia cultural. 
No se trata de un discurso de domingo, sino de la realidad sobre el terreno. 
A partir de este año, Eslovenia se ha unido a los países participantes, lo que eleva su número a 28. 
Y puedo decirles que los países que se nos unen no son un problema, sino un enriquecimiento, un enorme enriquecimiento. 
Sigo pidiendo a los operadores culturales de la Europa de los Quince que tiendan la mano a un socio potencial en los países de adhesión para enseñarle la Europa de la colaboración cultural. 
Quisiera también señalar los esfuerzos emprendidos por la Comisión para mejorar la gestión del programa, esfuerzos que han dado sus frutos, porque se ha producido una aceleración del proceso de selección. 
Para el año 2002, publicamos la convocatoria de propuestas a partir del 15 de agosto de 2001, lo que nos permitirá hacer públicos los resultados finales de la selección a principios de la primavera, lo que, a nuestro juicio, es normal. 
Si no hemos podido hacer esto rápidamente ha sido simplemente porque el programa se había puesto en marcha con un retraso muy importante, que no se debió ni a la Comisión ni al Parlamento Europeo. 
Señalan ustedes también la necesidad de una estabilidad de las orientaciones y una mejor determinación de los objetivos. 
Tienen razón. 
Creo que la estabilidad se ha adquirido ya y los criterios han sido definidos y anunciados para tres años consecutivos, de 2002 al final del programa. 
Si hemos sido empujados a modificar nuestro planteamiento en la concepción de las convocatorias de propuestas, sin separarnos sin embargo de la decisión del programa-marco, es en razón de las dificultades de gestión que he mencionado y del número creciente de nuevos países participantes en el programa. 
Los primeros resultados de este nuevo planteamiento señalan que los temas prioritarios, siendo prioritarios, no representan más que el 48% del total de los proyectos sometidos a la Acción I y el 58% del total de la Acción II. La prioridad no ha excluido por tanto de la financiación comunitaria a las demás disciplinas, y el campo de cooperación no se ha restringido, antes al contrario. 
Hemos visto surgir nuevos operadores y nuevos beneficiarios, lo que, por otra parte, resulta indispensable para el dinamismo y el desarrollo del espacio europeo de cooperación cultural. 
Pienso que, en teoría al menos, todos hemos querido que no haya derechos adquiridos y que sigan teniendo subvenciones los mismos, pero que se produzca una renovación. 
Si se quiere así y se hace así, hemos de estar de acuerdo con las consecuencias que ello produce. 
Hemos señalado que muchas de sus preocupaciones son las mismas que las expresadas por los operadores reunidos en el foro del 21 y 22 de noviembre de 2001. 
Éstos se mostraron reservados sobre el mantenimiento de prioridades por ámbito artístico. 
Reflexionaremos por tanto juntos sobre otras lógicas para el futuro. 
Ustedes piden también, señor presidente de la Comisión de Cultura, señor ponente, el refuerzo de la comunicación sobre el programa y los proyectos sostenidos. 
Puedo decirle que en la próxima reunión informal de ministros de cultura, dentro de unas semanas, se va a inaugurar el portal cultural y contamos con desarrollar todos nuestros soportes de comunicación del programa, preparando especialmente el lanzamiento de una news letter que se le enviará próximamente. 
Personalmente, señor presidente de la Comisión de Cultura, vendré a presentar el portal "Cultura" a esta comisión, al igual que voy a hacer en unos días con los ministros de cultura. 
Todos los resultados de las selecciones están también, por supuesto, accesibles desde Internet. 
Las sugerencias para el futuro. Quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Graça Moura, por haber abierto una puerta al futuro, porque de hecho lo que no va a satisfacción general no debe encerrarnos en críticas sobre el pasado sino que debe hacernos adoptar decisiones de mejoras, si no reformas máximas para el futuro. 
Creo que tenemos que discutir todavía por ejemplo sobre la mejor determinación de los objetivos, sobre la necesidad de garantizar un verdadero valor añadido europeo y la transversalidad de la dimensión cultural en las demás políticas comunitarias, incluidas aquéllas en las que la aplicación depende solamente de la responsabilidad de los Estados miembros, y pienso en ese caso claramente en los fondos estructurales. 
Quisiera insistir, señora Presidenta, en un hecho muy claro: la dimensión cultural no está aislada y no está concentrada únicamente en el programa Cultura 2000. 
No se trata de apoyar la cultura en sí misma sino de construir una mentalidad que se vea en todas las acciones de la Unión Europea, ya sean financieras, culturales, económicas o de cualquier orden. 
Se trata de construir un real espacio cultural común, como recuerda el Sr. Graça Moura precisamente en el preámbulo, y dar un sentido al mismo tiempo cultural europeo a las acciones que apoyamos. 
Apoyar la cultura no quiere decir apoyar a algunos actores de la acción cultural, sino apoyar las raíces de los europeos, hacer una obra de educación, hacer una obra ciudadana, y ése es el fundamento de nuestros programas. 
Y si se llega construir esta Europa, esa Europa en la que los ciudadanos lleguen a comprender que tienen una cultura importante pero que el vecino también tiene una cultura importante, en ese caso, habremos triunfado. 
Quisiera añadir, para terminar, que en materia de relaciones con los países terceros el Presidente Prodi ha dicho claramente que necesitamos abrir nuestro continente europeo. 
Lo hemos abierto a los países vecinos y lo estamos abriendo a los países de adhesión. 
Pero es necesario construir también puentes hacia otros continentes. 
Hemos comenzado a hacerlo con programas concretos principalmente hacia África del Norte con el proyecto Euromediteráneo, que prevé un compromiso muy fuerte en materia de educación, en materia de juventud y en materia de cultura. 
Esto es indispensable si queremos crear el diálogo y el respeto sin los cuales una sociedad equilibrada no puede funcionar. 
Gracias, señora Comisaria Viviane Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
El próximo punto del orden del día es el informe Gröner (A5-0019/2002) , de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte (2000/2316 (INI) ). 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, lo singular del programa Juventud es que está realmente abierto a todos los jóvenes y les posibilita experiencias muy europeas en una edad que modela la personalidad e introduce en sus vidas la dimensión europea. 
El programa europeo Juventud se aprobó el 13 de abril de 2000 y tiene una duración de siete años hasta 2006. 
Va dirigido a jóvenes entre 15 y 25 años de edad así como a agentes del ámbito del trabajo con jóvenes, estando dotado con 520 millones de euros. 
Participan en el mismo 30 países que son, aparte de los Estados miembros, Islandia, Liechtenstein, Noruega así como los países candidatos a la adhesión, excepto Turquía y Malta. 
Está administrado de manera fuertemente descentralizada, es decir, el 70% del gasto se realiza a través de las agencias nacionales. 
En el año 2000 se financiaron 10.029 proyectos con un volumen de algo más de 80 millones de euros. 
103.784 participantes masculinos y femeninos pudieron tomar parte en ellos, lo que equivale a una tasa de ejecución del 98,5 %, una excelente tasa de ejecución, si se tiene en cuenta la tardía puesta en marcha del programa. 
En las diversas acciones se pudo alcanzar, como nosotros deseábamos, una equilibrada distribución de los recursos entre el intercambio juvenil y el servicio voluntario. 
Sin embargo, desearíamos por parte de la Comisión cifras más claras y más específicas para los cinco ámbitos de acción si ahora viene un informe más preciso. 
La acción I Juventud por Europa contiene encuentros de grupos de jóvenes y el intercambio juvenil. La acción II el servicio voluntario europeo. 
Éste va dirigido a jóvenes se desplazan a otro país para prestar durante seis a doce meses servicios voluntarios. 
La acción III comprende iniciativas en el ámbito de los jóvenes. La acción IV presta apoyo a iniciativas que funcionan de manera supraprogramática con Sócrates y Leonardo. 
En el ámbito V de las medidas de apoyo no hubo ningún programa en el año 2000. 
En el primer año del programa escuchamos constantemente quejas en el sentido de que eran muy largos los períodos de tramitación. 
Desde la presentación de la solicitud hasta la autorización de los recursos transcurrían generalmente cuatro o cinco meses en el caso de los proyectos administrados de forma centralizada. 
A lo largo del procedimiento la Comisión ha recogido afortunadamente nuestra crítica y ha introducido ya aquí una aceleración. 
En este punto, espero, seguiremos colaborando bien con la Comisión para garantizar procedimientos rápidos y no burocráticos a los participantes en los proyectos. 
También en la distribución de los títulos del programa entre las agencias nacionales se produjeron dificultades de puesta en marcha. 
Espero que los dineros anticipados no originen más costos extraordinarios ni ofrezcan dificultades demasiado grandes a los proyectos. 
Una valoración del programa desde el punto de vista del género es extraordinariamente difícil. 
A este respecto desearía de la Comisión que recibiéramos datos más precisos y que la Comisión vele por que se tienda a una proporción equilibrada de los géneros entre los participantes de manera que, sobre todo, entre los jóvenes desfavorecidos no se deje demasiado atrás a las mujeres jóvenes. 
Una prioridad del Parlamento ha sido incluir más intensamente en el programa a los jóvenes desfavorecidos. 
Según la Comisión, en el 50% de los proyectos centralizados han podido incluirse jóvenes desfavorecidos. 
En los programas descentralizados ha sido más difícil. 
En este punto habría que realizar mejoras. 
También se puede mejorar el intercambio de experiencias entre las agencias nacionales. 
La inclusión de los países candidatos a la adhesión se realizó con dificultades iniciales, los fundamentos jurídicos se aprobaron con cierto retraso, frecuentemente la concesión de visados se realiza con dificultades. 
Quiero urgir aquí a que a los participantes procedentes de los países candidatos a la adhesión se les conceda el visado automáticamente, de manera no burocrática y, también, libre de tasas. 
Los gastos administrativos han sido francamente elevados en el primer año. 
Esto se debe a que la Comisión ha desembolsado ya los costes para dos años. 
Creo que esto está bien. 
Hemos celebrado también el objetivo de que se incluyan organizaciones pequeñas carentes de experiencia internacional para que los jóvenes no organizados puedan acceder mejor al programa. 
Seguiremos en ello. 
Creo que hemos de vender con insistencia y, sobre todo, de mejor manera nuestros éxitos. 
Por esta razón, sugiero que llevemos a cabo una semana de acciones para presentar el programa a la opinión pública. 
Para terminar, quisiera decir que los Estados miembros no deben recortar sus programas de intercambio juvenil. 
Deben incluir con más fuerza la dimensión europea en sus programas. 
El proceso de consulta sobre el Libro Blanco nos proporciona en este punto señales estimulantes, y espero que con este nuevo impulso en pro de la juventud tengamos en el programa Juventud la pieza clave para esta política juvenil. 
Señora Presidenta, lamentablemente esta mañana he sufrido obstaculizaciones y, en consecuencia, hablaré de forma sintética a favor de los programas Sócrates, Juventud y Cultura 2000. 
Las razones de la elección de estos programas hay que atribuirlas al argumento determinante de que en el caso de los programas en cuestión se trata seguramente de los programas comunitarios de fomento más importantes en el ámbito de la educación, de la juventud y de la cultura europea. 
Consciente, precisamente, de la importancia de estos ámbitos, el Parlamento ha ido más allá del cuantioso marco financiero y de la corta ampliación hasta el año 2006. 
Tampoco hay que olvidar los procesos legislativos que han sido iniciados aquí por la Comisión de Cultura, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Saludamos expresamente la creación de un grupo de evaluación, cuyo objetivo debe ser el control riguroso por parte del Parlamento de la ejecución de los programas comunitarios. 
Celebramos la iniciativa de la creación del grupo de evaluación así como el desarrollo de este mecanismo de control sobre la base de nuevos instrumentos y de estructuras adecuadas. 
También hay que destacar que la fuerte demanda que existe dentro de los Estados miembros ha llevado a dotar con recursos adicionales los programas Sócrates, Juventud y Cultura 2000. 
Hemos tenido que constatar que la baja tasa de utilización de los programas durante el año 2000 hay que atribuirla al carácter lento y oneroso de los procedimientos internos. 
Con esto el Parlamento espera que la Comisión garantice una ejecución más eficaz contribuyendo también así a la credibilidad de Europa frente a sus ciudadanos y contribuyentes. 
Se están constatando con preocupación cuellos de botella precisamente en el marco de la administración centralizada. 
Justamente aquí hay que fijar la atención en la utilización de los recursos financieros. 
Una mayor descentralización de la administración de los programas constituye un importante paso en la dirección correcta. 
No obstante, en el sentido de una Europa unida no debemos olvidar que para el establecimiento de la orientación política de los programas debe seguir en pié la competencia única de las Instituciones. 
Señora Presidenta, estimados colegas, los europeos cruzan su continente sin controles fronterizos. 
Pagan con la misma moneda y su pasaporte tiene el mismo color. 
La existencia de una identidad europea más allá de todas las diferencias nacionales no ha sido puesta en duda jamás. 
Pero lo hermoso es que este hecho es constatado por un número cada vez más creciente de europeos en su vida cotidiana. 
Naturalmente, una gran proporción de este éxito corresponde también a los programas europeos relativos a los jóvenes y a la educación, entre los que se encuentra también este programa Juventud. 
La ponente acaba de decir que éste es uno de los más importantes programas de fomento de la Comunidad, pues es también el único programa que está abierto a todos los jóvenes con independencia de su situación profesional o educativa. 
Hemos escuchado ya que en el año 2000 se financiaron más de 10.000 proyectos que totalizaron más de 100.000 participantes. 
A nuestro juicio, este éxito es considerable, pues sólo estamos hablando de la ejecución en el primer año. 
Naturalmente, estas noticias positivas no deben tener efectos negativos sobre los programas juveniles nacionales de los Estados miembros. 
En efecto, éstos podrían tomar quizá el éxito del programa Juventud como pretexto para recortar sus propios recursos. 
Por esta razón quiero afirmar claramente una vez más que el programa Juventud fue creado para apoyar y complementar a los Estados miembros en sus acciones, pero no para exonerar de sus obligaciones a los Estados miembros. 
Por el contrario, los países que participan en el programa deberían facilitar la participación en el programa Juventud a los jóvenes interesados, reduciendo los trámites administrativos y, tal como se ha puntualizado acertadamente en el informe, concediendo automáticamente y de forma gratuita el visado a los participantes, donde fuere necesario. 
Un objetivo importante de este programa es el de incluir también de manera más enérgica a los jóvenes desfavorecidos. 
Según la Comisión, el 50% de los proyectos centralizados han sido para jóvenes desfavorecidos. 
En cambio, el servicio voluntario de corta duración, que se creó especialmente para jóvenes desfavorecidos, no ha sido utilizado satisfactoriamente. 
No se ha alcanzado el objetivo propuesto del 20% de estos recursos. 
Sin embargo, creo que éste es razonable. 
Con unos recursos de programa equivalentes a apenas 80 millones de euros y con unos costes de administración relativamente altos, del orden de 12 millones de euros, es razonable, y debería lograrlo la Comisión, alcanzar este objetivo. 
Soy de la opinión de que estos elevados costes administrativos serán defendibles si se logra realmente alcanzar nuevas capas de participantes y con ello integrar también en este programa a un número considerable de jóvenes desfavorecidos. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar a la ponente por su informe y a la Sra. Comisaria y a los servicios de la Comisión, que con este programa consiguen realmente configurar un nuevo marco de relación de los jóvenes de Europa con el resto del mundo. 
Los aspectos positivos son muchos, qué duda cabe; me voy a detener, sin embargo, en algo que considero que constituye un problema. 
El programa Juventud es muy poco generosos con un sector particularmente delicado de la juventud europea; me refiero a los jóvenes inmigrantes. 
En la medida en que ignora sus necesidades específicas, que no da respuesta a los muchos problemas a los que se enfrentan, y no dedica acciones especiales a su integración social, es, de hecho, como si les cerrara las puertas. 
Los jóvenes inmigrantes, sin embargo, que se encuentran en este momento en el corazón de Europa, están construyendo junto con los demás jóvenes el futuro de Europa. 
Por consiguiente, se requiere un apoyo especial a estos grupos más frágiles desde el punto de vista social, al objeto de evitar su marginación y su exclusión, y de que se conviertan en jóvenes productivos y creativos. 
Y sin embargo, en este punto observo en el programa el peligro de favorecer a grupos de jóvenes privilegiados que se benefician sistemáticamente y en régimen de favor de determinadas prestaciones. 
Quisiera proponer también a la Sra. Comisaria una reflexión, más allá del programa Juventud, pues me temo que nos estemos ocupando sólo de los jóvenes de más de 18 años, cuando la configuración de la personalidad de los jóvenes parte de su infancia. 
Tenemos decenas de millones de niños y adolescentes- se calcula en unos 60 millones los menores de 18 años en Europa- y deberíamos detenernos, en esta delicada etapa de su vida, en la se quebrantan toda una serie de derechos. 
Hay una gran explotación y numerosas amenazas que ponen en grave peligro su educación, su integridad cultural y educativa. 
Considero necesaria una política europea para la infancia de más calado; es necesario un defensor europeo de la infancia, que la proteja de modo sustantivo y eficaz. 
Con vistas a la reunión de la ONU del próximo mes de mayo en la que se va a revisar el Convenio de los Derechos del Niño, y en la que hemos solicitado que participe el parlamento Europeo, entiendo que sería muy conveniente una iniciativa de la Sra. Comisaria en el sentido de dotarnos de una verdadera política paneuropea para la infancia y la juventud. 
Señor Presidente, me complace mucho el informe de la Sra. Gröner. 
A pesar de su tardío comienzo, el programa Juventud ha demostrado ser un programa de valor incalculable. 
¿Por qué es valioso este programa? 
Es importante porque uno de sus principales objetivos es la inclusión de una mayor proporción de jóvenes desfavorecidos: individuos, grupos u organizaciones que de otro modo no tendrían ningún acceso a cualquier tipo de financiación europea. 
Ha habido críticas, desde luego, respecto de los altos costes administrativos, ya que el programa comprende un alto número de pequeños proyectos, que por tanto, naturalmente, son más caros de administrar. 
He tenido la suerte de trabajar estrechamente con un grupo de jóvenes desfavorecidos de Gales, mi propia nación, que ha recibido financiación dentro del programa. 
El beneficio para los jóvenes que han participado ha sido grande, y verles hablando aquí en Bruselas, habiendo sido antes algunos de ellos pequeños delincuentes, me ha hecho percibir la importancia de este programa. 
La inclusión de valiosos proyectos de grupos de jóvenes desfavorecidos, les aseguro, justifica cada penique invertido. 
Debemos salvaguardar el programa y proteger sus objetivos fundamentales de centrarse en los jóvenes desfavorecidos. 
Señora Presidenta, es necesario recordar aquí que la cultura europea no ha esperado a la Comisión para que las artes y las lenguas de los diferentes países europeos den al mundo las pruebas más palpables del genio humano. 
Estimular esta riqueza es sin duda una de las misiones de la Comisión entre las menos discutibles y el informe Gröner va en la buena dirección. 
Sin embargo, los programas que debatimos pueden ser objeto de dos tipos de observaciones. 
La primera, de orden técnico, y de la cual se han hecho eco los diferentes informes debatidos hoy ampliamente, tiene relación con su lentitud y capacidad. 
Todos los que han tenido que solicitarlos han podido constatar el verdadero rompecabezas que constituyen los expedientes de solicitudes. 
Para la Comisión es quizá una forma de arte en sí mismo. 
Flexibilizar los procedimientos permitiría sobre todo suprimir las subvenciones a las asociaciones intermedias que no tienen como simple objeto más que ayudar a los artistas y a los estudiantes a conseguir esos famosos fondos europeos, estando algunas de esas asociaciones presididas por cierto por diputados de esta Asamblea. 
Esta confusión, sin hacer ningún juicio de intenciones, no es en cualquier caso deseable. 
La segunda, de orden político, se refiere a la intención apenas desvelada de desarrollar a partir de estos programas una propaganda que pretende convertir a los jóvenes ciudadanos de nuestros Estados miembros en "homo-europeus a-nacionales". 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Gröner por el excelente trabajo que ha realizado, y también a la Comisión y, en particular, a la Sra. Comisaria, por la iniciativa de este Libro Blanco, que yo creo que ya en sí es un gran éxito. 
Sin embargo, ahora es cuando tenemos que hacer el verdadero esfuerzo para asegurar la aplicación en los Estados miembros, ya que de no llevarla a cabo no vamos a aprovechar del todo el dinero que hemos invertido en la elaboración de este Libro Blanco, y esto sería sumamente lamentable. 
No podemos olvidar que la gente joven son nuestro futuro, el futuro de Europa y de gran parte del mundo, y en este proyecto estamos intentando acercar a jóvenes de más de treinta países. 
Por lo tanto, no podemos permitir que el éxito de este programa se vea empañado por plazos demasiado largos para autorizar proyectos o por retrasos en los pagos, aunque en este punto tengo que decir que me he alegrado mucho al oír a la Sra. ponente de que este problema se ha ido subsanando a lo largo del programa. 
Tenemos que procurar que los informes de la Comisión sean claros y coherentes y, sobre todo, que cada año haya un informe anual que englobe a todas las Agencias Nacionales de la Juventud. 
También, que los gastos administrativos no sean demasiado elevados y, por último, a mí me gustaría pedir apoyo a los Gobiernos para la adquisición de visados para esos jóvenes de fuera de la Unión Europea que quieran participar en estos programas. 
Señora Presidenta, permítame ante todo dar las gracias a Lissy Gröner. 
Ha sido, antes que nada en el Parlamento, una llave maestra para comprometerse en la dirección de una verdadera política en favor de los jóvenes. 
Y cuando se habla de política para los jóvenes está lejos de ser una política de propaganda. 
Es incluso todo lo contrario, porque el programa Juventud contribuye a desarrollar el conocimiento del otro, el aprendizaje de otros idiomas, de otras culturas, la libertad de expresión y, al hacerlo, el programa contribuye a promover valores fundamentales como tolerancia, diversidad o solidaridad. 
Ahí están los fundamentos sobre los cuales debe construirse una Europa de la ciudadanía. 
Si damos a cientos de miles de jóvenes la posibilidad, todos los años, de trabajar en común, de escuchar a otros jóvenes y a otras culturas, de comprometerse para ayudar socialmente a aquellos que más lo necesitan, estaremos haciendo una obra civilizadora y no una obra de propaganda. 
Se han señalado varios elementos por parte de los diputados y quisiera responderles. 
Hemos intentado mejorar la gestión del programa y simplificar el acceso. 
Además, varios diputados han señalado el esfuerzo realizado en los últimos años y a lo largo de los últimos meses. 
Ya hemos conseguido reducir los plazos del proceso de decisiones. 
No quiero decir que eso sea perfecto, pero ya es mucho mejor que al principio y puedo asegurarles que continuamos para hacer la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de los plazos del proceso de decisiones aún más operativas. 
Varios oradores han señalado la importancia de la apertura de este programa a los jóvenes desfavorecidos. 
Me alegro de los ejemplos concretos que algunos diputados han dado para mostrar en qué medida los jóvenes desfavorecidos han podido aprovechar positivamente estos programas en su desarrollo ulterior y en su inserción en la sociedad. 
Por supuesto, vamos a seguir en esta línea. 
Saben ustedes que el 50% de los proyectos centralizados están abiertos a ellos. 
Intentaremos también actuar de forma que los demás proyectos estén abiertos mucho más de lo que ahora mismo lo están. 
En el mismo orden de ideas, debo decirle que las prioridades- lucha contra el racismo y la xenofobia- van a reforzarse en 2002. 
Esas prioridades se tomarán en consideración tanto a nivel de los países del programa como a nivel de las actividades que implican a países terceros, principalmente de la cuenca mediterránea. 
Sabemos que mediante el intercambio de jóvenes y el diálogo, podemos resolver en la raíz de los conflictos no pocos problemas para que no se desarrollen en el futuro. 
Escuchar al otro, intentar comprenderlo es el fundamento de una sociedad equilibrada. 
Ahora, la cuestión de las jóvenes. 
Es cierto que a través de estos programas Juventud pretendemos también que éstas se comprometan. 
Puedo asegurarles que estamos muy cerca de la igualdad y que el programa está abierto a cerca del 50% de chicas. 
Nos preocupa aún el programa Juventud-Euromed, en el que la participación de las jóvenes no es tan importante. 
A principios de año me reuní con los ministros de Juventud de los países del Magreb y les dije con toda claridad que deseamos que, también para esos países, haya al menos el 50% de chicas. 
Porque, en ese caso también, estamos ayudando a construir una sociedad equilibrada y el "hecho femenino" es un hecho pacificador. 
Por tanto, tener el "hecho femenino" en los programas Juventud es una base indispensable para lograr un resultado. 
Como usted sabe, señora Presidenta, la política Juventud ha cambiado completamente por el hecho de la amplia consulta de cientos de miles de jóvenes en todos los países miembros donde se les ha escuchado y donde han podido expresarse acerca de lo que ellos esperan de Europa. 
Sus puntos de vista se han reflejado en el Libro Blanco de la Juventud. 
También en 2002 vamos a continuar este diálogo directo con los jóvenes a través de una serie de reuniones y, paralelamente, con la puesta en marcha de un portal electrónico que les permita el acceso a las informaciones europeas. 
Para terminar, quisiera decirle, señora, que acaba de lanzarse el programa Euromed-Juventud II. 
Está dotado con 14 millones de euros para el periodo 2000-2004, lo que quiere decir un aumento de los fondos en un 40%. 
Esto es muy importante porque es necesario que lancemos puentes entre los países del sur del Mediterráneo y los del norte de África para que haya una mejor comprensión y también para que la inmigración de esas poblaciones hacia nuestras comarcas europeas sea una solución al problema y no cree problemas. 
En el mismo orden de ideas, la Europa del Sudeste y la Comunidad de Estados Independientes serán integrados en el diálogo intercultural. 
Acabamos de lanzar también nuevos programas para que en el contexto de la ampliación las regiones fronterizas tengan un mayor intercambio de jóvenes. 
Gracias, señora Comisaria Viviane Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Votaciones 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera decir que el compromiso entre el Parlamento y el Consejo queda reflejado en seis enmiendas de compromiso, las enmiendas 7 a 12, que modifican la recomendación para la segunda lectura como se votó el 24 de enero, y la Comisión está en disposición de aceptar las seis enmiendas de compromiso. 
Señor Presidente, como se indicó ayer noche, la cuestión de la rápida implementación del dominio de primer nivel EU ha constituido parte del compromiso alcanzado por las tres instituciones. 
Ayer noche pudimos escuchar la declaración del Comisario Liikanen, que forma parte de este paquete. 
Aun queda la declaración del Consejo, que creo la Presidencia ha recibido, por cuanto le estaría agradecido si pudiera leer a la Asamblea la declaración del Consejo. 
Señor Presidente, en la mañana de hoy, hace apenas tres horas, la organización terrorista ETA ha intentado acabar con la vida de una concejal socialista del Ayuntamiento de Portugalete, Ester Cabezudo, y con la vida de su escolta. 
Afortunadamente, no ha conseguido sus objetivos y parece que ambos están en este momento fuera de peligro. 
La semana pasada, la organización terrorista ETA intentó terminar con la vida de un chaval de veinticinco años, que era dirigente de la Organización Juvenil Socialista en el País Vasco. 
En este caso tampoco terminaron con su vida, pero su pierna izquierda fue definitivamente amputada. 
Le pido a la Presidencia que, en nombre de la Cámara, muestre su condolencia por estos hechos, su repulsa ante estos hechos y solidaridad con las víctimas. 
No han conseguido sus objetivos, pero los hechos no son menos graves que si lo hubieran conseguido. 
Este es un comportamiento muy democrático. 
En el Parlamento Europeo todo el mundo disfruta de libertad de expresión, mientras que eso es imposible en el Parlamento español. 
En primer lugar quisiera expresar mi profunda solidaridad y afecto con todas las víctimas del actual conflicto en el País Vasco. 
Quisiera pedir a mis colegas españoles que me aseguren que en este mismo momento no se está torturando a gente en las comisarías de policía españolas... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Con esto concluye la votación. 
Informe MacCormick (A5-0032/2002) 
Señor Presidente, sabemos que la inmunidad parlamentaria está instituida no en interés personal de los representantes sino en el interés, superior, de las instituciones democráticas. 
Pretende precisar su independencia con respecto a los poderes ejecutivo, judicial y mediático. 
Por ello, los hechos y diligencias que se producen en períodos electorales deben ser examinados con una vigilancia especial por las Asambleas. 
Me felicito de que haya sido así ante el suplicatorio de suspensión de inmunidad parlamentaria de algunos colegas, entre los cuales uno es candidato a la Presidencia francesa. 
Hemos votado a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de C. Pasqua. 
Investigado por tráfico de armas y de influencias junto con Marchiani, también lo está por financiación ilegal de campaña electoral. 
La justicia está investigando la financiación de la lista que dirigía en las elecciones al Parlamento Europeo y del movimiento "Demain la France", que se habrían beneficiado de cantidades de origen indeterminado que superarían el máximo admitido por la ley. 
Entre los candidatos de la lista, una "madre de familia" residente en Gabón, un emirato africano de Elf, en el corazón de las redes de casinos y juegos en África, que habría aportado una "contribución" de 7,5 millones de francos. 
No corresponde a los diputados sustituir a la justicia ni juzgar el fondo del asunto. 
Por el contrario, les corresponde conceder un suplicatorio que impediría a la justicia hacer su trabajo con total independencia y esclarecer la verdad, tanto más en la medida que se trata de una elección al Parlamento Europeo. 
¿Se pretende añadir a un Berlusconi mezclado en multitud de asuntos y a un Chirac que se aprovecha de su estatuto presidencial para escapar a la justicia, un Pasqua "inmunizado" de toda sospecha de financiación ilegal procedente de asuntos africanos? 
Los jueces italianos reclaman una nueva operación "manos limpias", los jueces europeos exigen un poder de investigación europeo y una coordinación de sus medios para luchar contra el blanqueo y la delincuencia financiera. 
Negarles la libertad para proceder a una instrucción en contra de un miembro del Parlamento, es consagrar una Europa de la impunidad. 
Informe MacCormick (A5-0033/2002) 
Hemos votado a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de J. C. Marchiani investigado junto con C. Pasqua por hechos graves: comercio ilegal de armas en Camerún, en el Congo, en Angola, financiaciones políticas procedentes de la venta de armas, tráfico de influencias. 
Para Falcone, Attali, J. C. Mitterrand, Sulitzer y otros investigados en el mismo caso fue decretada prisión preventiva, están bajo control judicial o se encuentran en libertad bajo fianza. 
Todas estas medidas están prohibidas para los jueces con respecto a la inmunidad de Marchiani y Pasqua, que se sirven de ella para retrasar la instrucción. 
No corresponde a los diputados sustituir a la justicia ni juzgar el fondo del caso, ni tampoco juzgar la instrucción. 
Por el contrario, les corresponde conceder el suplicatorio de suspensión de la inmunidad que impide a los jueces llevar adelante su instrucción. 
Rechazarlo arrojaría una luz descarnada sobre la llamada voluntad de transparencia, que significa que un diputado europeo está por encima de las leyes que se aplican a todos los ciudadanos de su país. 
Si una mayoría de diputados que se dicen "europeos convencidos" protegen de la justicia a esos supuestos "soberanistas" con frecuencia implicados en los asuntos del África francófona, es que de hecho, por encima de los discursos de estrado, comparten juntos una cierta idea de Europa: aquélla en la que reinan los paraísos fiscales, los traficantes de armas, las compañías petroleras, un mundo político gangrenado por el dinero, y un desprecio por la justicia y la soberanía para los pueblos africanos, primeras víctimas del tráfico de "armas por petróleo". 
Señor Presidente, este texto prevé crear el dominio ".eu" como sigla final de la dirección electrónica para las comunicaciones a través de Internet. 
Ayer por la noche, como en un programa de televisión, vi aparecer en una pantalla gigante estas nuevas siglas ".eu" mezcladas con las habituales siglas nacionales ".it", ".de", ".be", ".es", etcétera, y quisiera sugerir a la ponente Colette Flesch una idea, creo que buena, que se me ha ocurrido para cuando vuelva a documentar esta propuesta: sustituir, en las actuales direcciones que terminan con las siglas de los Estados miembros de la Unión Europea, la sigla del Estado por la sigla ".eu" eliminando así las siglas nacionales. 
Al igual que tenemos una moneda común, podemos tener también una dirección electrónica común. 
Informe Buitenweg/Costa Neves (A5-0057/2002) 
Para la financiación de los gastos de la Convención que va a preparar la Conferencia Intergubernamental de 2004, los representantes de los Estados miembros han conseguido inventar un montaje complicado cuando hubieran podido hacerlo mucho más simple (1) ; esta complejidad se va a volver en contra de ellos (2) ; será tanto más difícil que subsista en la medida en que claramente no se han previsto gastos indispensables (3). 
En primer lugar, la sencillez al igual que la lógica hubieran querido que los Estados crearan, para financiar la Convención, un fondo alimentado directamente por sus contribuciones propias y controlado por ellos: la Convención es efectivamente un órgano sui generis, fijado fuera de los Tratados, y que se incluye en un proceso intergubernamental de preparación de una CIG. 
En lugar de esto, han inventado un procedimiento complicado, según el cual el fondo especialmente financiado por las instituciones comunitarias Parlamento/Consejo/Comisión, en aplicación de un "acuerdo interinstitucional" que da a éstas un derecho de control sobre los gastos de la Convención. 
Por ejemplo, en el artículo 20 de la decisión de base, se ve que la gestión de los gastos del fondo no puede aprobarse por los Estados miembros más que después de un dictamen conforme de las tres instituciones; en el artículo 6 del acuerdo se ve que estas instituciones son informadas con regularidad de la ejecución de los gastos; en el artículo 4 se concreta que cualquier aumento ha de ser autorizado por éstas. 
Con este montaje complicado se ha dado a las instituciones comunitarias un medio para pesar en los gastos de la Convención, y por tanto en su funcionamiento, y finalmente en sus decisiones. 
No queda sombra de duda de que este poder, si se utiliza efectivamente, lo será en contra de los Estados. 
Finalmente, las ocasiones de conflicto no van a faltar, ya que parece que el presupuesto total de la Convención (10,5 millones de euros para los diez primeros meses) , está subestimado. 
Efectivamente, las condiciones de trabajo de los diferentes representantes parlamentarios (Parlamento Europeo- parlamentos nacionales de los países miembros- parlamentos nacionales de los países candidatos) son muy desiguales, y este sistema de tres velocidades en el cual el Parlamento Europeo es gravemente privilegiado, debería revelarse como insostenible en toda equidad. 
Será necesario por tanto dar medios de trabajo suplementarios a las otras dos categorías, o al menos a la tercera. 
Informe Mayol i Raynal (A5-0461/2001) 
Señor Presidente, me decepcionó mucho que finalmente tuviera que votar en contra del informe. Y en nombre de mi Grupo debo decir que nos contrarió mucho tener que adoptar esa postura negativa porque hemos apoyado muchos de los positivos aspectos del informe. 
En especial, cuando en el momento que queremos avanzar y generar en la Unión Europea un nuevo entorno para la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades para la gente, creemos que retornar a antiguas políticas, que han fracasado, y resucitarlas bajo un nuevo nombre no funcionará. 
El parágrafo 29 ha constituido la razón fundamental por la que hemos tenido que votar en contra del informe. 
El parágrafo 29 solicita la coordinación o la armonización de los impuestos en la Unión Europea, en particular respecto del entorno empresarial. 
Existen pruebas empíricas que evidencian que la reducción de la presión fiscal sobre las empresas, la reducción del coste del empleo hacen aumentar el número de puestos de trabajo reales, con ingresos reales y también generan otros beneficios sociales a causa del mayor volumen de tributación. 
Es por ello que creemos que este es un método erróneo para avanzar y que debiera ser ignorado. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Mayol i Rainal se refiere al índice del coste laboral, que es muy importante que se unifique en toda Europa. 
En este importante Reglamento se lee que el índice del coste laboral se articula en cuatro puntos. 
El articulo 4 del Reglamento prevé que se englobe en una única partida el total de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios y de los impuestos que estos abonan. 
No, señor Presidente. 
Los impuestos son una cosa y las cotizaciones para la pensión otra muy diferente. 
Nosotros debemos saber por separado qué incidencia tienen la pensión del trabajador y los impuestos en el coste laboral. 
Si no establecemos una diferencia no resolveremos nunca el problema de las pensiones. 
. (IT) Valoro el contenido del informe del Sr. Mayol i Rainal al que he dado mi voto favorable y asimismo, tras la solicitud del Consejo de septiembre de 2000, valoro el intento de la Comisión de crear por fin un índice del coste laboral cuya validez y fiabilidad, respaldada por un fundamento jurídico, se reconozca en toda la Unión. 
Sentado lo anterior, cabe preguntarse cuál va a ser el enfoque de la Comisión con respecto a los datos futuros y cuál será su consideración objetiva. 
En particular me causa perplejidad un pasaje del texto de la Comisión donde se afirma que el coste laboral es una fuente potencial de inflación. 
Una perplejidad que, por otra parte, el mismo ponente expresa porque tal vez el interrogante que hay que plantearse en esta óptica es si sólo cuatro índices de cálculo son suficientes para dar todas las respuestas a la complejidad del dato que se pretende obtener. 
No se nos escapa, por ejemplo, la importancia, dentro de una categoría productiva, del coste laboral por unidad de producto, dada su estrecha relación con el grado de utilización de las instalaciones y, por consiguiente, qué importancia tiene su ubicación geográfica. 
Por otro lado, haría falta comprobar si las zonas eventualmente penalizadas por un elevado coste laboral por unidad de producto se benefician de ayudas estatales o de Fondos estructurales y, en consecuencia, prever el seguimiento de dicho dato para apreciar su positiva dinamicidad en el tiempo, o bien su estatismo. 
Y esto para significar la constatación de cuál es el efecto, por un lado, de las políticas de cohesión o, por otro, de unas simples y libres decisiones empresariales que dependen de las circunstancias. 
Por último, además de la marcha de las tasas y de los niveles de inflación importada, haría falta considerar las características fiscales y parafiscales de cada Estado. 
Esto porque, al compartir el punto de vista del ponente, creo que no hay ningún Estado en la Unión cuyas dinámicas contractuales determinan a priori un coste cuyo índice aumente el coste de la vida. 
Lo cierto es que desde hace algunos años las dinámicas contractuales ya no son un instrumento de distribución de la riqueza y a veces ni siquiera a posteriori logran recuperar plenamente el efecto de la inflación. 
En conclusión, estas serían las comparaciones que habría que realizar si, como entre otras cosas augura la Comisión, se quisieran facilitar a los interlocutores sociales instrumentos más precisos para los convenios salariales. 
Con todo, conforta pensar que los interlocutores sociales ya disponen de los citados datos comparativos para sus evaluaciones objetivas. 
Resolución sobre el Consejo Europeo de Barcelona. 
Señor Presidente, en este texto sobre las expectativas del Parlamento Europeo con vistas a la importante Cumbre del Consejo de Ministros de Barcelona, España, hay un apartado, el apartado 15 que yo respaldo y que sugiere e insiste en que se reduzcan los costes laborales en términos de fiscalidad y seguridad social. 
Estoy de acuerdo porque creo que podemos resolver el problema de la seguridad de las pensiones abonadas enseguida y siempre sólo si tenemos más trabajo y reduciendo su coste. 
En esta ocasión, quisiera añadir que el Partido de los Pensionistas y yo mismo insistimos en que, junto con la reducción del coste laboral, haya una buena administración de los fondos de pensiones y en que una parte más consistente de las cotizaciones que actualmente se aportan a los presupuestos de los Estados nacionales, se canalice, por el contrario, hacia los fondos de pensiones libremente elegidos por el trabajador entre los muchos que espero que se creen cuanto antes en Europa, incluido un fondo de pensiones europeo, único para todos. 
, por escrito. (SV) Votamos a favor del punto 29 ya que opinamos que para combatir la nociva competencia fiscal es necesario que se coordinen los impuestos. 
Además, creemos que sería ventajoso que hubiese una convergencia en materia fiscal para los beneficios de las empresas. 
Sin embargo, no somos partidarios de una convergencia en materia de impuestos sobre el valor añadido. 
Las decisiones de Lisboa no constituyen una estrategia coordinada, sino que hay diferentes estrategias que han sido precariamente reunidas en un mismo documento. 
Una de ellas pretende fortalecer las actividades del futuro, fomentando las innovaciones basadas en la investigación científica y las tecnologías punta de las empresas europeas. 
La otra está orientada a crear pleno empleo, integración social y educación continua para todos. 
Ha sido un loable intento de alcanzar un pacto social, pero que no ha sido posible realizar en la política real, y ahora se hace cada vez más patente que algunos partidos y gobiernos en los países miembros quieren cambiar de rumbo. 
El informe Bullmann intenta mantener la política de síntesis y pacto. 
Las enmiendas que se han aprobado hoy implican, sin embargo, que el Parlamento se suma a los gobiernos que desean cambiar de rumbo. 
A pesar de que reconocemos los esfuerzos del ponente para defender objetivos sociales relevantes y de que hemos apoyado numerosas propuestas suyas, opinamos que el informe en su conjunto está escorado hacia la derecha y muestra un camino que creará grandes problemas a los ciudadanos europeos. 
También nos preocupa que en los preparativos para la Cumbre de Barcelona la Comisión, el Consejo y el Parlamento hayan considerado tan marginalmente las necesidades e intereses de los países candidatos. 
Por eso hemos votado en contra del informe en su versión modificada. 
. 
(EN) El voto de hoy de la Delegación Conservadora británica refleja nuestras reserves respecto de este informe, y no sólo a causa de las menciones sobre la importancia de la coordinación fiscal y las maravillas de la moneda única. 
Una tarea fundamental a la que se enfrentan los Estados miembros es la completa aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa en términos de promoción del empleo, especialmente a través del aumento de la competitividad de sus economías, sus empresas y sus personas. 
Creemos sinceramente en la inclusión social. 
A pesar de la admisión de algunas de nuestras enmiendas, en nuestra opinión este informe sugiere que la inclusión social genera pleno empleo. 
Nosotros creemos que es al contrario. 
Durante la Presidencia portuguesa en marzo de 2000, los ministros decidieron una amplia operación de liberalización y de privatización de los servicios públicos en detrimento del empleo, de la cohesión social, de la ordenación del territorio y de la calidad del servicio prestado a los usuarios. 
Hoy, el informe Bullmann propone acelerar aún más este proceso con vistas al Consejo de Barcelona. 
En el momento de la quiebra de los ferrocarriles británicos y de la bancarrota de la empresa Enron, proseguir por esta vía no responde a ningún argumento de racionalidad sino a una motivación puramente ideológica, a saber, la búsqueda a corto plazo del beneficio para una minoría de accionistas y de parásitos. 
El Consejo Europeo de Barcelona, bajo la presión de Blair y de Berlusconi no será más que una etapa suplementaria hacia una mayor flexibilidad del trabajo y la liberalización de los sectores públicos, principalmente el de la energía y del gas. 
A la ofensiva del mercado queremos responder con la satisfacción de las necesidades de las poblaciones. Y no puede haber en ese caso posición intermedia. 
Por ello, hemos votado en contra del informe Bullmann. 
. (SV) Hemos votado en contra de algunos puntos del informe Bullmann sobre la reunión del Consejo Europeo de primavera de 2002: proceso de Lisboa y camino a seguir. 
Tenemos una postura favorable hacia la Unión Europea. 
Los problemas transfronterizos pueden resolverse más eficazmente a través de la integración europea que en los estados. 
Nos referimos a problemas tales como el medio ambiente, el comercio, la circulación a través de las fronteras, los derechos humanos y el manejo de las crisis. 
Sin embargo, como liberales, creemos también en el principio de subsidiariedad. 
Las decisiones políticas deben tomarse tan cerca de los ciudadanos como sea posible y adecuado. 
Las materias que no son de carácter transfronterizo, o en los casos en que existan claras diferencias entre los países y las regiones, deben tratarse en los ámbitos local, regional o nacional. 
La UE debe ocuparse de lo que sabe hacer mejor. 
La política social y de empleo es de aquellas materias que creemos que donde mejor se debe debatir es en cada país, región o municipio. 
La UE debe tener facultades limitadas en esta materia. 
Los Estados miembros deben tener la plena responsabilidad y el derecho a decidir por sí mismos lo concerniente a los sistemas de protección social. 
Podemos mencionar como ejemplo, que en el ámbito comunitario no se armonizan los cuidados infantiles ni la política de empleo. 
Esas materias no son transfronterizas. 
Además, hay opiniones nacionales y locales muy dispares sobre cuál es la mejor política en estas materias. 
Por otra parte, la mejor manera de resolver estos asuntos no es por medio de decisiones políticas. 
Por ejemplo, un alto grado de crecimiento y la competencia son más importantes para el empleo que las medidas de carácter político. 
Sin embargo, esto no impide que los países miembros de la UE trabajen mancomunadamente e intercambien ideas en estas materias. 
La presión fiscal está estrechamente relacionada con la política social y de empleo. 
Por eso votamos en contra de una coordinación fiscal en Europa. 
Los impuestos deben fijarse tan cerca de los ciudadanos como sea posible. 
Los asuntos sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo sostenible y el aumento del empleo son temas importantes. 
Respaldamos sinceramente muchas de las ideas contenidas en el informe- aunque no todas -, pero en el ámbito nacional o local. 
- (NL) En marzo de 2000 la Cumbre de Lisboa adoptó una decisión de miras estrechas. 
La justificada lucha por la seguridad de subsistencia de todos los ciudadanos no se tradujo en un reparto más justo de los puestos de trabajo existentes mediante una reducción generalizada del tiempo de trabajo, un sistema de jubilación anticipada y una ampliación de los servicios públicos, sino en una búsqueda de un crecimiento económico aún mayor en beneficio de la empresa privada. 
Es más, en nombre de ese crecimiento y la competencia con las otras dos superpotencias económicas, se exige que los servicios públicos existentes en el ámbito del transporte público, abastecimiento energético, servicios postales y telecomunicaciones queden en manos de grandes consorcios internacionales. 
Estamos ante una evolución nefasta puesto que pone a las naciones al servicio de la competencia, y si Europa pierde alguna vez el tren de la competencia nuestro continente se sumirá en una profunda crisis económica. 
A ello se añade que las privatizaciones reducen el poder de decisión de nuestros diputados democráticamente elegidos e incitan a reducir el coste del trabajo. 
De este modo, no se construirá la "Europa Social" defendida por algunos partidarios de las conclusiones de Lisboa. Tendremos que conformarnos con la "Europa del capital". 
Por desgracia, el informe BULLMAN avanza por este mismo camino erróneo confundiendo los términos "social" y capital ", y la derecha incluso quiere ir más lejos. Para mí esto es un motivo para votar en contra. 
. (SV) He votado en contra del informe, porque el Parlamento en el punto 29 "pide una coordinación fiscal europea, allí donde sea necesaria para conseguir los objetivos del Tratado" e insta a la Comisión y al Consejo para que "impulsen el proceso de convergencia del impuesto sobre el valor añadido (... ) como de los impuestos sobre sociedades" 
El partido cristianodemócrata sueco se opone a privar a los parlamentos nacionales del derecho a decidir sobre los impuestos que deban pagar los ciudadanos. 
Si la UE se encargase de fijar los impuestos, se privaría a los parlamentos nacionales y a los Estados miembros de una de sus facultades más esenciales. 
Como contrapartida, se centralizaría la política en el ámbito comunitario y en Bruselas, cada vez más lejos de los ciudadanos. 
Sería más confusa la exigencia de responsabilidades, aumentaría la distancia entre los mandantes- los ciudadanos o electores- y sus representantes. 
La política sería más anónima e inaccesible. 
La UE no sería un proyecto de cooperación sino un estado, aunque sin contar con un pueblo común, que es el fundamento afectivo necesario y la condición para constituirse en una unidad a largo plazo. 
. (SV) He votado en contra del informe Bullmann porque en él se ensalzan unilateralmente las liberalizaciones, el pacto de estabilidad y crecimiento y los resultados de la reunión de Doha. 
Sin embargo, lo más grave de todo es que no reconoce la necesidad de equilibrio entre los indicadores sociales y económicos que se asientan en consideraciones medioambientales y el hecho de que en la reunión del Consejo en Gotemburgo se fijó una estrategia de desarrollo sostenible introduciendo una dimensión medioambiental al actual proceso de Lisboa. 
Lamento que la Comisión de Medio Ambiente no haya opinado en relación con este informe y que las opiniones de esta comisión respecto a la Cumbre de Barcelona se presenten en una resolución separada. 
Esto adquiere especial relevancia habida cuenta de las inquietantemente débiles declaraciones de la Presidencia española sobre la dimensión medioambiental, por ejemplo, con vistas a la evaluación anual del desarrollo económico sostenible y cohesión social. 
Domingo Jiménez-Beltrán, jefe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, sostiene que en el informe de la Comisión para la Cumbre de Barcelona no hay un razonamiento medioambiental y que interesantes datos y análisis acerca del estado del medio ambiente en la Unión no son accesibles para los que tienen que tomar las decisiones. 
Informe Karas (A5-0031/2002) 
Señor Presidente, el texto elaborado por el Sr. Karas- un informe sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias económicas para Europa- es un texto que hemos debatido, que hemos votado y que yo también he respaldado, pero que me ha causado cierto desasosiego. 
¿Por qué darle tantas vueltas también en este importante Pleno, donde mucha gente, como usted puede ver, suele escucharme, incluidos los Sres. Dell ' Utri y Fiori que, como siempre, son los que más atentos están a mis explicaciones de voto? 
Seguramente ellos coincidirán conmigo en que habría sido mejor no hablar en absoluto de las consecuencias económicas de los actos terroristas. 
Sería conveniente no hablar nunca de las consecuencias de los actos terroristas, habida cuenta de que hablar de ellas significa ampliar su alcance y echar involuntariamente un capote a quien ha cometido estos actos terroristas. 
La entrada del ciclo económico en período recesivo en 2001 no resultó agravada sólo por la quiebra de la demanda mundial y las consecuencias sectoriales de los atentados en los EE.UU., sino también por una política de aplicación estricta del Pacto de Estabilidad y una obsesión por la convergencia nominal. 
En la práctica, se olvidan las cuestiones que afectan a la calidad y al nivel de vida de la población, como la inversión productiva, en particular la inversión pública, el mantenimiento de un crecimiento salarial compatible e impulsor de la productividad, las profundas desigualdades en la distribución de las rentas, el elevado desempleo y la pobreza. 
Objetivos perjudicados por la rigidez de la política monetaria en que se basa el euro y que creará, con el tiempo, dificultades mayores o un aumento no deseado de la flexibilización en otros sectores, en particular en los vínculos laborales y el trabajo. 
Por eso, no es de extrañar que un informe que debía versar muy en particular sobre las formas de apoyar a los sectores directamente afectados por los atentados del 11 de septiembre acabe siendo una reafirmación del dogma vigente: el de que lo necesario es acelerar, en Barcelona, las liberalizaciones y las reformas del mercado laboral y alcanzar, de forma ciega, los objetivos fijados en el Pacto de Estabilidad sin tener en cuenta los problemas de la fase del ciclo en que nos encontramos. 
Con todo, el ponente plantea dos cuestiones positivas: la de que las empresas no deben utilizar el 11 de septiembre como disculpa para reducir personal y la insistencia ante el Banco Central Europeo para que reduzca su tipo de interés de referencia. 
Con todo, dados los supuestos iniciales, no podemos por menos de votar contra este informe. 
Informe Blak (A5-0024/2002) 
Señor Presidente, como muchos de mis colegas, yo también he votado a favor de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1999, porque estoy muy a favor de lo que he leído en el considerando D de este texto, es decir, que "los Estados nacionales y el Consejo son los responsables de la utilización eficaz de los recursos". 
Decir esto en el texto supone reconocer nuestra impotencia para controlar cómo se gasta el dinero de la Comunidad. 
La Unión Europea es la que gasta el presupuesto para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos europeos, pero ¿quién controla que estos gastos sirven para algo? 
Los Estados nacionales. 
¿Y entonces? 
Si los Estados nacionales controlan todo, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy y aquí en Bruselas aprobando directivas y reglamentos y sobre todo gastando un dinero que no podemos controlar? 
Por lo tanto, está bien este considerando D. 
Estrategia de desarrollo sostenible. 
. 
Votamos a favor de esta resolución, entre otras razones, porque hace una llamada de atención al Consejo de Barcelona para que tenga en cuenta las decisiones del Consejo de Gotemburgo sobre una estrategia de desarrollo sostenible y la evaluación anual de la UE sobre esta estrategia, recuerda que "la próxima conferencia" Río+10 " de Johannesburgo constituye una oportunidad crucial para difundir más ampliamente los principios de desarrollo sostenible a escala mundial. 
Recuerda que el pilar medioambiental del desarrollo sostenible debe tener la misma importancia que los pilares social y económico, además de referirse a diferentes temas que profundizan en la necesidad de incluir la política medioambiental en el resto de las políticas de la Unión. 
Con respecto a la enmienda 10 que se refería a la preocupación por el carácter insostenible de algunos proyectos de gestión del agua, en concreto el Plan Hidrológico Nacional español, hemos votado a favor de todas sus partes, aunque al final sólo una parte de ella haya sido aprobada. 
. (SV) He votado a favor del informe. 
Es particularmente positivo que se haya aprobado la enmienda 27. 
En ella se hace hincapié en que dentro de la biotecnología hay que dar prioridad a la investigación con células madre adultas. 
Por tanto, indirectamente se dice que hay que dar menos importancia a la muy controvertida y éticamente cuestionada investigación con células madre embrionarias, cosa que aplaudo. 
En numerosos Estados miembros se ha prohibido la investigación con este tipo de células. 
Todas las grandes iglesias cristianas, especialmente las enseñanzas éticas de la iglesia católico-romana, rechazan las investigaciones que se valen de embriones- una futura persona con todo su contenido genético- para alcanzar sus objetivos. 
En relación con el proyecto que se piensa realizar en España, significaría subvencionar con recursos comunitarios la continuación del insostenible alto consumo de agua por parte de la agricultura intensiva y del turismo masivo. 
Este proyecto amenaza el delta del Ebro, que es muy valioso para la diversidad biológica en especial y para las aves en especial. 
Además, este proyecto se enfrenta a una crítica fuertemente avalada por una gran parte de los investigadores españoles. 
En estas circunstancias, opino que los Fondos estructurales de la Unión deben usarse, en cambio, para subvencionar proyectos tales como planificación para el manejo de las aguas en las ciudades, modernización de los métodos de riego, manejo integrado de las aguas subterráneas y superficiales, etcétera. 
De este modo, mi opinión se aparta de la postura adoptada por el Grupo PPE-DE. 
. (SV) El proyecto que se piensa realizar en España significaría subvencionar con recursos comunitarios la continuación del consumo de agua insosteniblemente alto por parte de la agricultura intensiva y del turismo masivo. 
Este proyecto amenaza el delta del Ebro, que es muy valioso para la diversidad biológica en especial y para las aves en especial. 
Además, este proyecto se enfrenta a una crítica fuertemente avalada por una gran parte de los investigadores españoles. 
En estas circunstancias, opino que los Fondos estructurales de la Unión deben usarse, en cambio, para subvencionar proyectos tales como planificación para el manejo de las aguas en las ciudades, modernización de los métodos de riego, manejo integrado de las aguas subterráneas y superficiales, etcétera. 
De este modo, mi opinión se aparta de la postura adoptada por el Grupo PPE-DE. 
Se nos pide hoy que nos pronunciemos sobre la propuesta de creación de un tribunal internacional de justicia. 
El principio de un tribunal internacional independiente de los Estados para poder juzgar al mismo tiempo a los Estados y a los torturadores de las guerras coloniales, a los golpistas de América latina, a los culpables de los genocidios de Rwanda y de los Balcanes o también a los asesinos del pueblo palestino, es justo. 
La impunidad de la que se benefician todos ellos debe cesar y nosotros somos solidarios con el combate que llevan adelante en este sentido los movimientos democráticos y progresistas. 
Es necesario poder juzgar los crímenes del pasado y dotarse de los instrumentos para juzgar los del futuro. 
Es importante que los pueblos del mundo puedan hacerse cargo de esta cuestión. 
Sin embargo, en el marco actual prisionero de la ofensiva liberticida posterior al 11 de septiembre, este tribunal puede convertirse a lo mejor en un instrumento sin poder y sin medios, y a lo peor en una institución manipulada por los poderosos que pueden volverse contra todos los que discuten el orden establecido. 
Esta segunda posibilidad es de temer ya que los jueces no tendrán ninguna independencia con respecto a los Estados que los designen. 
Por ello no votaremos a favor de esta propuesta. 
Se trata de una cuestión muy compleja que exige la mayor seriedad en su análisis. 
Un órgano judicial internacional que juzgue delitos contra la Humanidad debe ser totalmente independiente, cosa que en el caso concreto del TPI no está garantizada, porque depende del Consejo de Seguridad de las NN.UU. Por eso, no se puede descartar el riesgo de que sea utilizado como instrumento político por "vencedores" contra "vencidos", instrumento de la ley del más "fuerte". 
Recuérdese el inaceptable ejemplo del Tribunal "ad hoc" para la antigua Yugoslavia. 
Por otro lado, las sanciones establecidas no deben significar un retroceso frente a conquistas y avances de la civilización, como, por ejemplo, en cuanto a la abolición de la cadena perpetua, como sucede en Portugal. 
También habrá que ver si el TPI es la forma más correcta de garantizar que no quedarán impunes los delitos establecidos en su estatuto, así como si el TPI se ajusta a las normas adecuadas en lo relativo a los principios del derecho penal y a las prerrogativas de las justicias nacionales frente a los mismos delitos. 
Creemos que no. 
Por último, no puedo dejar de criticar la propuesta, que figura en la presente resolución, de la revisión de los Convenios de Ginebra relativos al estatuto de los prisioneros de guerra en un momento en que presenciamos su completa violación por los EE.UU. 
A eso se debe el voto en contra. 
. 
(EN) Como partido, en el Parlamento nacional hemos expresado que estamos, en principio, a favor de un tribunal, pero los problemas residen en el detalle. 
Esencialmente, ésta es también la posición de los Estados Unidos. 
Su principal problema (y que también nos afecta a nosotros ya que contribuimos a las fuerzas de paz de la ONU más que cualquier otro país) es que las disposiciones relativas a lo que se conoce como "responsabilidad de mando" están definidas de modo tan abierto que los crímenes de soldados individuales podrían dar como resultado que líderes militares y políticos que estuvieran por encima en la cadena de mando fueran procesados por actos que no planearon, en los que no participaron o acerca de los cuales ni siquiera tuvieran conocimiento previo. 
Los estadounidenses se han referido constantemente al riesgo de acusaciones maliciosas y nosotros respaldamos esta inquietud. 
Esta es una de las razones por las que los Conservadores votaron en contra en abril del año pasado, y ésta sigue siendo nuestra postura. 
No se trata, por tanto, de una cuestión de "pequeños anglosajones" sino de países con verdaderas responsabilidades internacionales que tienen cuidado con lo que firman. 
Clinton firmó en el ultimo momento pero hizo una declaración (pública) recomendando que su sucesor no debería presentar el tratado al Senado para su ratificación. 
Bush ha declarado que no lo va a hacer y que, en cualquier caso, el apoyo del Senado al mismo es prácticamente nulo. 
También existe el problema del parágrafo a) en la resolución conjunta que sugiere que los terroristas que cometan crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad pueden ser procesados bajo las disposiciones del Tribunal. 
Esto es puesto en tela de juicio por muchos expertos jurídicos (incluido el Servicio de la Cámara de los Comunes) y muchos gobiernos, algunos de los cuales aseguraron en Roma que los actos de terrorismo no serían incluidos específicamente en el Estatuto. 
Voy a llamar su atención sobre la declaración de ratificación del Gobierno francés que dice que "El Gobierno de la República francesa considera que el término" conflicto armado "del artículo 8 parágrafos 2 (b) y (c) , en sí mismo y en su contexto se refiere a una situación que no incluye la comisión de crímenes comunes, incluyendo los actos de terrorismo, ya sean colectivos o aislados." 
El Gobierno británico emitió una declaración similar en junio de 1999 confiando en que en el futuro se pudiera alcanzar un acuerdo sobre la inclusión de los actos de terrorismo. 
Después del 11 de septiembre es evidente que es más difícil decir que todo el mundo queda cubierto por sus disposiciones, excepto los terroristas. 
Decir que sí quedan cubiertos es una manera de intentar cuadrar el círculo, pero decir lo contrario es objeto de una interpretación discutida. 
También existe el problema planteado en la Cámara de los Lores por Tories como Douglas Hurd, relativo a las dificultades que pueden aparecer para la resolución de conflictos internacionales, aunque esa preocupación queda minorada hasta cierto punto por la competencia residual del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar un procesamiento en el interés de la paz y seguridad internacionales. 
Derechos democráticos en Turquía. 
A pesar de sus enormes insuficiencias, hemos votado a favor de la resolución conjunta sólo para que quede claro que damos nuestro apoyo a lo que se pueda hacer para luchar por la democracia en Turquía, por el reconocimiento de los derechos del pueblo kurdo y, en particular, de su lengua, y para impedir la continuación de ataques a partidos políticos y poblaciones indefensas. 
Pero era necesario ir más lejos, como se hacía en la declaración de nuestro Grupo, que subscribí. 
Las enormes limitaciones de la resolución conjunta me han impedido mantener mi apoyo. 
De hecho, la resolución no habla de la necesidad de una amnistía general para todos los presos políticos, aunque pida la libertad de los estudiantes, y retira la posibilidad de que se envíe una delegación a Turquía el 1º de marzo de 2001 con el propósito de obtener ineducación objetiva sobre el juicio del HADEP. 
Tampoco insiste en la necesidad de liberar a Leyla Zana y a los ex diputados de origen kurdo condenados a 15 años de cárcel, pese a que el propio Secretario General del Consejo de Europa ha solicitado a Turquía un nuevo juicio de dichos presos y a que también hubo decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. 
. (EL) El intento de prohibir el funcionamiento del partido HADEP en Turquía y el proceso en su contra, que comienza mañana en Ankara, no es más que un ejemplo de la violación de los derechos democráticos fundamentales es ese país, en el que cualquier actividad política está sometida al criterio del régimen militar. 
Es evidente que su persecución y su eventual proscripción se deben, entre otros factores, a que cuenta con grandes posibilidades de alcanzar una importante representación parlamentaria en las próximas elecciones. 
Es de entrada positivo el hecho de que el Parlamento Europeo pida al gobierno turco que deje de perseguir a ese partido. 
No debemos olvidar, sin embargo, que no es el único partido político que sufre persecución. 
Otros partidos han sido igualmente prohibidos o están a punto de serlo. 
De acuerdo con el artículo 96 de la ley sobre partidos políticos en Turquía, se prohibe el funcionamiento de partidos en cuya denominación aparezca la palabra "comunista". 
Con esta justificación, el recientemente fundado Partido Comunista de Turquía ha sido conminado por la justicia turca a cambiar de nombre; en caso contrario será prohibido. 
Después ha habido detenciones de militantes en el curso de su actividad política y ataques a las oficinas del partido. 
Los presos políticos siguen contándose por miles, y siguen sometidos a las más miserables condiciones, sobre todo al aislamiento en celdas de tipo F, situación que condujo a los presos políticos a iniciar huelgas de hambre, que han dejado muchas víctimas mortales entre los presos y entre los familiares y compañeros que se solidarizan con ellos. 
Recordemos que sigue en vigor la huelga de hambre hasta la muerte iniciada el 20 de octubre de 2000 y que hasta la fecha arroja un balance de decenas de muertos. 
Pedimos que el Parlamento Europeo una su voz a la de los demócratas de Turquía, que exigen el libre funcionamiento, sin trabas ni obstáculos, de los partidos políticos, garantías al ejercicio de la libertad de expresión y, más en general, el respeto a los derechos democráticos y las libertades; proponemos que el Parlamento Europeo pida la liberación de los presos políticos y la erradicación de las llamadas celdas blancas tipo F, o, en su caso, la aceptación de la propuesta de los colegios de abogados de Turquía, y de otras instancias sociales, de agrupamiento de celdas de tres en tres, la propuesta conocida como «tres puertas, tres cerraduras». 
No cabe duda de que muchos, incluso en esta sala, hablan interesadamente de avances en Turquía, cuando saben que son prácticamente inexistentes o, incluso, que en algunos ámbitos la situación ha empeorado. 
Pretenden mantener la actual situación al objeto de explotar más fácilmente su mercado, su baratísima mano de obra y sus coordenadas geopolíticas. 
No nos explican, sin embargo, por qué sigue habiendo tantos obstáculos insalvables para el normal desenvolvimiento de la lengua y cultura del pueblo kurdo, por qué hay en las cárceles más de 10.000 presos políticos, sometidos además a las miserables condiciones por todos conocidas, por qué se prohibe, o se amenaza con prohibir, el funcionamiento de partidos políticos que se oponen a la política del régimen turco, por qué son detenidos y asesinados todos los días personas comprometidas con la causa de la democracia, por qué sigue la Turquía «democrática» bajo administración militar. 
Nosotros somos solidarios con los pueblos de Turquía, con sus luchas por la democracia y la prosperidad. 
Condenamos los intentos de amordazarlos, y condenamos igualmente el apoyo al régimen por parte de aquellos que no miran más que por sus intereses imperialistas. 
- (NL) En un Estado democrático las minorías políticas y étnicas también poseen derechos. 
Ahora bien, en Turquía éste no es aún el caso. 
Allí todos están obligados a adaptarse a la lengua y cultura predominantes y a acatar la opinión mayoritaria sobre la ausencia de derechos para las minorías étnicas del país. 
Quien habla otro idioma, iza otra bandera o funda un partido que obtiene sobre todo buenos resultados en una parte determinada del país es acusado de separatismo, y los habitantes de las regiones donde una de las minorías constituye la mayoría sufrieron episodios de devastación y represión. 
Turquía continúa negando el genocidio de 1915 perpetrado contra los armenios, quién sabe si con ánimo de repetir algo parecido en el futuro. 
Si bien el Estado turco reconoce a otros nuevos Estados europeos como Bosnia y Herzegovina, Lituania o Eslovaquia, le causan pavor las modestas reivindicaciones en materia de autogobierno y derechos culturales formuladas por una amplia minoría étnica de su propio país. 
Desde hace años se intenta evitar sistemáticamente que el Parlamento turco cuente con diputados kurdos mediante la implantación de un umbral electoral del 10% y la prohibición de formar partidos políticos. 
Por eso mismo es importante que una mayoría del Parlamento Europeo haga ver a Turquía que no podrá entrar a formar parte de la Unión Europea mientras persistan la desigualdad étnica y la represión. 
Informe Gahrton (A5-00028/2002) 
Señor Presidente, he votado a favor y he leído con satisfacción este texto que habla de las relaciones entre la Unión Europea y el Cáucaso meridional- integrado, como todos sabemos, por Armenia, Azerbaiyán y Georgia- y en el cual se constata que los habitantes de estos tres países se sienten europeos. 
Esto me satisface enormemente y espero que en el futuro también estos tres países entren a formar parte de la gran familia de la Unión Europea; sin embargo, lamento haber leído en el apartado 2 de la exposición de motivos que la población de estos países del Cáucaso meridional vive con un dólar al día. 
A pesar de que estoy seguro de que los habitantes del Cáucaso utilizan bien este dólar al día, creo que es muy poco y como es lógico me preocupan los pensionistas, las personas mayores del Cáucaso, que seguramente tendrán menos que este dólar al día, que es la media. 
Por lo tanto, confío en que la Unión Europea haga más por los habitantes del Cáucaso meridional que se sienten europeos. 
. (DA) Los miembros del Partido Liberal en el Parlamento Europeo nos abstenemos en la votación del informe relativo a la situación en el Cáucaso meridional. 
Los miembros del Partido Liberal en el Parlamento Europeo respaldamos la enmienda 2 presentada por Andrew Duff y otros diputados, en la que se ruega encarecidamente a Turquía y a Armenia que colaboren para zanjar sus desacuerdos históricos de cara a mejorar sus relaciones diplomáticas, económicas y culturales. 
. (SV) He votado a favor de este informe. 
Puedo comprobar con gran satisfacción que la enmienda 12 ha sido rechazada. 
El resultado de la votación fue de 391 votos en contra, 96 a favor y 15 abstenciones. 
Su intención era eliminar el reto, claro e insistente, que se hace en el punto 15, en el que el Parlamento Europeo "reitera a este respecto la posición manifestada en su Resolución de 18 de junio de 1987 por la que se reconoce el genocidio de los armenios en 1915, y pide a Turquía que siente las bases para la reconciliación". 
En la región nordeste de Turquía casi no hay población armenia, después de haber sido una zona fundamentalmente armenia hasta 1915. 
No existe otro camino para Turquía que reconocer el genocidio e intentar conseguir la reconciliación y el perdón del pueblo armenio y del resto del mundo. 
Sólo así Turquía, como país y como pueblo, podrá evitar ser acosada por su propia historia. 
Los políticos y los habitantes de Turquía tienen mucho que aprender de la forma cómo Alemania y el pueblo alemán actuaron después del exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 
Quisiera creer que están dispuestos a avanzar por ese camino. 
Turquía debería tener el mayor interés en esforzarse por llegar a ser un estado europeo, asentado en los derechos humanos, con pleno respeto por la libertad de credo y por los derechos de las minorías. 
Informe Lucas (A5-0014/2002) 
Señor Presidente, estoy seguro de que también usted, como yo, ha leído en el texto del Sr. Lucas que se pretende incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte, ya que es un medio de transporte limpio, que no contamina y que va bien para la salud de las personas que lo utilizan, aunque no sean ni Coppi, ni Bartali, ni Merckx, ni Gimondi, etcétera. 
Debo decir que en esto nos ayudan muchos alcaldes de nuestras ciudades, porque procuran que los autobuses estén siempre llenos de gente en las horas punta y así desaniman a los ciudadanos y les animan a ir en bicicleta, porque el coste del transporte público es siempre muy, muy caro y de este modo los ciudadanos y los trabajadores prefieren al transporte público las bicicletas que no cuestan nada. 
Por lo tanto, espero que de esta manera los alcaldes de estas ciudades continúen fomentando el uso de la bicicleta. 
- (NL) Durante muchos años parecía obvio que uno se fijaba únicamente en las ventajas derivadas del irrefrenable aumento del tráfico. 
Se veía como una evolución que redundaba en beneficio de la libertad individual e impulsaba la economía. 
El fomento de la seguridad vial era el único aspecto que merecía cierto interés, ya que se pretendía reducir el número de víctimas mortales de la carretera. 
Los accidentes se consideraban el único inconveniente. 
En este momento sabemos, sin embargo, que la contaminación atmosférica y el ruido también perjudican a muchas personas que participan poco en el tráfico, que los conductores profesionales carecen del necesario ejercicio físico y que numerosos peatones y ciclistas son víctimas del aumento del tráfico motorizado. 
Con razón la ponente llama la atención sobre estos problemas, al tiempo que busca la solución en una especie de "evaluación de las repercusiones sanitarias" de todos los proyectos y medidas en materia de transporte. 
Yo la he apoyado desde el principio. Lamento, sin embargo, que no todo el mundo se haya tomado en serio las propuestas de la ponente, empezando por los representantes del Grupo PPE-DE, que siempre han defendido que la Unión Europea no debe intervenir en este asunto. 
Pues bien, va siendo hora de que rectifiquemos el error de creer que sólo interesan el fomento del crecimiento económico y los proyectos a gran escala. 
El hombre y el medio ambiente necesitan mayor protección para poder sobrevivir en una sociedad que ha sufrido profundos cambios como consecuencia de los avances tecnológicos. 
Informe Pack (A5-0021/2002) 
Señor Presidente, esta noche he soñado con el gran filósofo griego Sócrates, cuyo nombre está ligado al programa SÓCRATES que la Sra. Doris Pack nos ha explicado tan bien y que he respaldado. 
En este sueño, sin embargo, Sócrates estaba muy enfadado, muy nervioso, muy disgustado y me decía: " Pero, ¿qué programa me habéis dado? 
¿Por qué habéis dado mi nombre a este programa? 
Me merecía un programa más importante. 
Y sobre todo, "me decía Sócrates ," no es que yo quiera que se distribuya el veneno como se hizo conmigo, sino que me gustaría que con un programa que lleva mi nombre vosotros os ocuparais no sólo de los jóvenes, sino también de las personas mayores. 
Yo no he podido llegar a ser pensionista porque tuve que beber la cicuta, el veneno que me dieron en la cárcel. 
Me habría gustado llegar a ser mayor y pensionista para poder viajar por toda Europa. 
Pero vosotros no prestáis atención a las personas mayores. 
Mañana por la mañana en la explicación de voto repite lo que he dicho. " 
Y esto es lo que acabo de hacer. 
Informe Graça Moura (A5-0018/2002) 
Señor Presidente, el que ha ilustrado cómo se ha aplicado durante los primeros dos años- 2000 y 2001- el programa CULTURA es un texto extraordinariamente importante que nuestro Parlamento ha aprobado para que en la Unión Europea se agilicen todas las acciones que permitan mejorar la cultura de los ciudadanos europeos. 
Sé que la cultura es un capital muy importante, a pesar de que no se puede tocar y a pesar de que no es una carretera ni una casa. 
Por lo tanto, me siento plenamente satisfecho porque constato que este programa funciona muy bien, aunque algunas de las anomalías que se han detectado se solucionarán a lo largo de los próximos tres años de vigencia del mismo. 
Por lo tanto, seguiré pidiendo que se gaste más dinero para mejorar la cultura de los ciudadanos europeos. 
Informe Gröner (A5-0019/2002) 
No, señor Presidente, no estoy de acuerdo con el programa Juventud. 
He votado a favor porque no quiero que se diga que un representante del Partido de los Pensionistas, es decir, de las personas mayores, está en contra de los jóvenes. 
Apoyo a los jóvenes, ya que no podemos llegar a ser mayores sin ser jóvenes una vez en la vida. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con un punto de este informe, o mejor dicho, con algo de lo que me he enterado al leer la página 13, esto es, que los jóvenes de los países candidatos a la adhesión han encontrado dificultades para conseguir visados de parte de algún Estado miembro de la Unión Europea. 
Ni hablar, esto no está bien. 
Es preciso intervenir y estoy seguro de que la Comisaria, Sra. Reding- que, a pesar de no estar aquí, seguramente estará en su despacho mirando la televisión para escuchar el motivo por el cual he votado a favor- se informará y procurará que en el futuro a ningún joven de los países candidatos que solicite entrar en nuestra Unión Europea, se le negará o retrasará la expedición del visado correspondiente. 
Queda cerrada la votación. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12:11 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 28 de febrero de 2002. 
Señor Presidente, esta propuesta se inspira en sus sabios consejos, en la línea que usted ha propuesto de que el Parlamento organice debates que sean comprensibles. 
Y lo lógico es que, si se celebra un debate sobre orientaciones presupuestarias, debatamos a la vez las grandes orientaciones de política económica. 
Sin embargo, en la situación actual, parece que el debate sobre el informe Trentin está encajonado y creo que tendría mucha más lógica y más sentido que se celebrara el martes. 
Ésta es la única razón, señor Presidente. 
La petición consiste en trasladarlo del miércoles al martes. 
Señor Presidente, no es una razón política de grupo. 
El Presidente, bien lo sabe el Sr. Poettering, que estuvo conmigo en el seminario al que nos invitó, insiste en que hagamos debates comprensibles. 
Pues bien, si vamos a hacer un debate sobre el presupuesto de la Unión, lo lógico es que se debatan también las grandes orientaciones de política económica. 
Es la única razón, no hay nada más detrás de esta propuesta. 
Espero que el Sr. Poettering no tenga problemas de resfriado, porque le veo muy abrigado en este momento. 
Espero que se encuentre bien. 
Señor Presidente, antes de nada, quisiera darle las gracias por haberme llamado por teléfono hace quince días, cuando me encontraba en mi tercer día de huelga de hambre por Chechenia. 
Cumplo hoy el día dieciocho. 
Pienso que las razones que ha expuesto el Sr. Poettering no se sostienen. 
Creo que nuestro Parlamento es rehén de algunos estalinistas que siguen siendo fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. 
Se quiere retirar del orden del día la resolución sobre Chechenia porque la delegación con Rusia tiene que visitar Moscú en el mes de abril para reunirse con los miembros rusos de la delegación. 
Creo que debe ir allí respaldada por una toma de posición extremadamente clara y enérgica con respecto a una cuestión que se prolonga desde hace dos años y medio y ha ocasionado 150.000 muertos y 400.000 refugiados de una población de un millón de personas. 
Por tanto, hago un llamamiento a mis amigos socialistas, que los hay, no sólo está el Sr. Sakellariou en el Grupo socialista, y hago un llamamiento a mis amigos del PPE, para no aplazar a las calendas griegas una tragedia que es una tragedia de hoy y de ayer, no de mañana. 
Señor Presidente, quisiera decir al Sr.Poettering que estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta que ha formulado. 
Estimo que si queremos celebrar un auténtico debate sobre Chechenia no debemos hacerlo en el marco de las cuestiones de urgencia, en uno o dos minutos, sino en el marco de una declaración del Consejo y de la Comisión sobre esta cuestión en el que podamos discutir seriamente sobre ello. 
Por lo demás, no deseo contestar a los ataques constantes del Sr. Dupuis y sus socios, como, por ejemplo, Panella y todos los que están ahí. 
Señor Presidente, creo que el hecho de decir que si no se aplica la urgencia se puede encontrar otra vía, es un problema muy grave, ya que, cada vez que se dice esto, después, sin saber por qué, las comisiones competentes no hacen nada. 
Me parece que precisamente en este periodo parcial de sesiones en el cual, entre otras cosas, algunos Grupos han presentado una serie de iniciativas sobre Chechenia y que coincide con la huelga de hambre que están llevando a cabo alrededor de 500 personas por Chechenia, es muy importante que se mantenga la urgencia, que fue previamente acordada por los Grupos. 
Por otra parte, creo que suprimir ahora este asunto del debate de urgencia no significa que dentro de uno o dos meses se nos brindará otra oportunidad de debate. 
Si así fuera podríamos incluso estar de acuerdo, pero por desgracia los antecedentes no apuntan en esta dirección, motivo por el cual pido encarecidamente al Grupo Socialista y al Grupo del Partido Popular que mantengan el compromiso que asumieron la semana pasada. 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, me hubiera gustado que se me concediera la palabra antes de que usted llamara a votar. 
Resulta extraordinario que el periodo parcial de sesiones plenarias permita que estos abominables conflictos étnicos, acaecidos la semana pasada en Gujerat, pasen desapercibidos. 
Ponen sobre la mesa algunos elementos muy preocupantes acerca de la India como estado secular. 
También suscitan cuestiones que podrían afectar a Cachemira. 
Resulta extraordinario que el Parlamento haya rechazado la ocasión de hacer constar sus opiniones sobre este asunto. 
Resulta extraordinario que debatamos sobre mandarinas en lugar de hacerlo sobre la violencia étnica en la India, teniendo en cuenta la suma importancia de este tema. 
Quisiera informar a la Asamblea que el Sr. Balfe es ahora miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos con efectos a partir del 6 de marzo de 2002. 
Quisiera intervenir respecto de una cuestión de orden relacionada con su anuncio de que el Sr. Balfe ha pasado a integrar el Grupo PPE. 
El artículo 17 de nuestro Reglamento establece que ' cuando un diputado cambie de Grupo político, conservará, si lo tuviere, su cargo en la Mesa o en la Junta de Cuestores durante el resto de su mandato de dos años y medio?. 
Evidentemente, sobre la base de este artículo, el Sr. Balfe tiene derecho a conservar su cargo en la Junta de Cuestores, incluso a pesar de que no mencione nada respecto a cambiar dos veces de grupo en un periodo de dos meses. 
En cualquier caso, señor Presidente, se presentó a las elecciones como independiente. 
Yo no le voté, pero muchos miembros de mi Grupo lo hicieron creyendo que, aunque se presentara como independiente, aun estaba comprometido con los principios socialistas. 
A la vista de esta reciente e inesperada conversión a la causa conservadora, quisiera preguntarle al Sr. Balfe, con su mediación, señor Presidente, si no le resulta más apropiado tomar la decisión más honrada- que no es sino dimitir de la Junta de Cuestores y volver a ejercer como Conservador británico. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, ¿podemos inferir de esta intervención que el resto de los diputados de la Delegación de los Laboristas británicos cree en los principios socialistas? 
(Risas y aplausos) 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden. 
Siempre me complace el hecho de que mis compañeros de graduación de la London School of Economics se levanten y hagan brillantes intervenciones. 
Quisiera resaltar que estoy en este grupo para asesorar al Sr. Blair, cuyos principales aliados en Europa, según la prensa del Partido Laborista, son el Sr. Aznar y el Sr. Berlusconi. 
¡Estaré en mucha mejor disposición de ayudar al Sr. Blair desde este grupo de lo que lo estaría en cualquier otro grupo! 
Y cualquiera que imagine que he estado defendiendo los principios socialistas en el Grupo Socialista durante los dos o tres últimos años, evidentemente no ha prestado atención a los matices de mi posición. 
He obrado como independiente y sigo siendo independiente- ¡como le consta a cualquiera que haya tratado conmigo! 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden. 
¡Quisiera responder a la jactancia del Sr. Perry y confirmarle que todos los diputados laboristas del Parlamento Europeo están comprometidos con los principios socialistas! 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre un asunto que incumbe directamente a esta Asamblea, en concreto sobre la situación, cercana a la anarquía, que existe actualmente en los depósitos de mercancías que deben ser transportadas y que se encuentran en torno a las entradas del Túnel del Canal. 
Desde el sábado por la noche se ha impedido completamente que el transporte de mercancías ferroviario discurra por el túnel. 
Esta es consecuencia directa de las actividades de los inmigrantes ilegales procedentes de Sangatte. 
El túnel fue cerrado el pasado miércoles. 
De hecho, ha estado en cuarentena desde noviembre de 2001. 
Esto está afectando a puestos de trabajo en el Reino Unido y en otros lugares. 
Está afectando a las empresas. 
Parece que nadie se preocupa por lo que está sucediendo allí. 
Las autoridades francesas no hacen nada, la Comisión no emprende ninguna acción. 
He pedido a la Comisión que tome cartas en el asunto. 
¿Qué sucede con el mercado único y la libre circulación de mercancías entre Francia y el Reino Unido? 
Esto fue discutido durante el anterior periodo parcial de sesiones. 
Me pondré en contacto con el Consejo y con la Comisión, a la luz de las observaciones que ha hecho usted hoy aquí. 
Señor Posselt, podemos contemplar la disponibilidad del Primer Ministro Aznar después de Barcelona como un problema o podemos contemplarla como una oportunidad política. 
Mi opinión es que la Conferencia de Presidentes ha mostrado una clara voluntad de aprovechar esa oportunidad política, de mantener un debate de políticos tan pronto como sea posible después de Barcelona. 
Por ello hemos acordado que tendremos una sesión especial el 20 de marzo. 
Creo que esto es razonable y así lo recomiendo a la Asamblea. 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden. 
Hoy la prensa española comenta extensamente la aprobación la semana pasada de un documento por parte de la Cámara de Representantes y el Senado del Estado de Idaho, en los Estados Unidos. 
Han aprobado unánimemente un documento conjunto que hace un llamamiento por la paz en el País Vasco. 
El legislativo de Idaho- y cito: ' se une a los vascos en su oposición a toda violencia en el País Vasco y en el llamamiento a la inmediata convocatoria de un proceso (entre los gobiernos de España y Francia] que instaure una paz duradera (... ) este documento expresa el apoyo de Idaho al derecho de autodeterminación de los vascos. " 
Señor Presidente, siento llamar su atención sobre cuestiones más prosaicas, pero también las cuestiones organizativas influyen en la política. 
Quisiera señalar que, dado que el período parcial de sesiones de septiembre de nuestro Parlamento coincidirá por primera vez con las reuniones del Consejo de Europa, los hoteleros ya han comunicado a muchos colegas que no habrá plazas para ellos. 
Señor Presidente, le rogaría que estudiara con sus colaboradores cómo se organizará dicho período parcial de sesiones, de lo contrario, muchos diputados no podrán estar en Estrasburgo durante el tiempo necesario para seguir y presenciar los trabajos. 
Le doy las gracias por recordarnos oportuna y tempranamente lo concurrido que estará Estrasburgo durante el periodo parcial de sesiones de septiembre. 
Las autoridades de la ciudad nos han asegurado que nos asistirán de todos los modos posibles para minimizar las molestias. 
Sin embrago les recomiendo que sigan el ejemplo del Sr. Napoletano y hagan sus reservas con tiempo. 
Entiendo que el asunto se encuentra actualmente en la Junta de Cuestores. 
Lo comprobaré personalmente y o bien intentaré obtener una respuesta provisional para usted o bien la respuesta sustancial definitiva, tan pronto como sea posible. 
Señor Presidente, intervengo únicamente para confirmar que sí se encuentra en la agenda para esta semana y que, sin duda, nos pondremos directamente en contacto con la Sra. Gebhardt. 
Señor Presidente, a este respecto quisiera indicar que la junta de cuestores decide estas cuestiones y que estas cuestiones también tienen aspectos políticos. 
Sin embargo, considero preocupante que la junta de cuestores esté integrada en la actualidad por una mayoría de diputados del PPE. 
Señor Presidente, la Junta de Cuestores pretende ser neutral en cuanto a la expresión de opiniones políticas y le puedo asegurar que así seguirá siendo. 
Señor Presidente, la matanza que el Gobierno Sharon ha desencadenado en contra del pueblo palestino no deja margen para el optimismo sobre el resultado de este conflicto. 
La intensificación de los ataques israelíes parece que tiene como objetivo anular cualquier acuerdo anterior entre Israel y Palestina y acabar, política o naturalmente, con el liderazgo palestino. 
La semana que ha concluido ha sido la más sangrienta desde que se reanudó la segunda intifada. 
Se han contado ya más de cien muertos palestinos y treinta y cinco israelíes. 
La culminación de este derramamiento de sangre han sido las últimas 48 horas. 
Las incursiones israelíes por tierra, mar y aire han sido continuas y despiadadas y han destrozado la sede de Yaser Arafat. 
Los territorios palestinos están en llamas de un extremo a otro, la sangre fluye y los lamentos no tienen fin. 
Exigimos protección internacional para el pueblo palestino, que se ponga fin de una vez al genocidio, que se respeten las decisiones de las Naciones Unidas y los acuerdos sobre la creación de un estado palestino independiente. 
Señor Presidente, quiero recordar que, precisamente en estos días en que vamos a debatir y votar el informe "Mujeres y fundamentalismo" de la Sra. Izquierdo Rojo- y si no hacemos nada para evitarlo -, una mujer nigeriana de treinta años, acusada de adulterio, morirá lapidada. 
El próximo día 18- y repito, si no hacemos nada para evitarlo- volveremos a ver en televisión las salvajes imágenes de una persona enterrada viva hasta la cintura y posteriormente apedreada hasta la muerte. 
Ésta es una forma injusta, discriminatoria y salvaje de aplicar la Sharia, la ley islámica. 
Por ello, le ruego que realice las gestiones, presiones e iniciativas oportunas ante el Gobierno nigeriano y el Presidente de Nigeria para evitar este asesinato y salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres nigerianas. 
Ya he mantenido una comunicación directa con el Presidente de Nigeria acerca del caso más reciente y le he expresado la preocupación del Parlamento. 
Intervengo como miembro de la Delegación para el Mashrek, para comunicarles que desde el último periodo parcial de sesiones Su Majestad el Rey de Bahrein ha anunciado que el parlamento nacional, que fue suspendido en 1975, será finalmente restituido más adelante este mismo año. 
Me pregunto, señor Presidente, si usted estaría dispuesto a enviarle una felicitación fraternal y expresarle que este Parlamento espera establecer contacto directo con el mismo, llegado el momento oportuno. 
Entre tanto, quisiera compartir otra noticia al respecto con todos los colegas y estoy seguro de que a todo el mundo le complacerá saber que, en estas primeras elecciones de octubre, las mujeres podrán ser candidatas. 
Señor Presidente, yo también he leído los periódicos norteamericanos esta semana, en particular el fin de semana. 
Diez mil cubanos han reclamado, de acuerdo con la Constitución cubana, un referéndum sobre la democracia en Cuba. 
Es una noticia bastante extraordinaria, que no se ha difundido en Europa, sino en la prensa del continente americano. 
Pido al Presidente y al Parlamento Europeo que aprovechen esta ocasión, que requiere nuestra atención. 
Me pregunto cómo tratará la cuestión el Gobierno cubano; en cualquier caso, pido al Presidente que aliente, con un telegrama de nuestro Parlamento, esta iniciativa que quiebra una dictadura de 40 años en Cuba. 
Señor Presidente, me voy a referir al mismo tema que el Sr. Wurtz, es decir, al nuevo programa americano de desarrollo de armas nucleares, para subrayar que no se trata simplemente de una nueva intensificación de la competencia de los armamentos nucleares, cuyas consecuencias para la humanidad serán incalculables. 
Hay intención de modificar la concepción clásica de las armas nucleares, existe la posibilidad de que estas armas se utilicen para asestar el primer golpe. 
Asimismo amenazan con un ataque nuclear incluso a países que no disponen de armas nucleares y el informe del pentágono propone, incluso, que los sistemas convencionales de armamento adquieran la posibilidad nuclear. 
Una vez más queda demostrado que aquellos que se llaman a sí mismos vehículos de cultura son vehículos de la barbarie y, además, los más peligrosos criminales. 
Si los pueblos de todo el mundo no les ponen freno a tiempo, es muy posible que nuestro planeta deje de existir. 
A aquellos colegas que han planteado preguntas respecto de la política de los EE.UU., les recuerdo que nuestro debate del miércoles por la mañana con el Ministro español de Asuntos Exteriores y Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Piqué I Camps, tratará las relaciones transatlánticas y, estoy seguro, abordará nuestras principales preocupaciones en materia de política exterior. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre gobernanza mundial, como continuación del Foro social mundial de Puerto Alegre y del Foro económico mundial de Nueva York. 
Señor Presidente, uno de cada cinco ciudadanos del mundo carece de acceso a agua potable limpia, educación y asistencia sanitaria básica. 
El modelo neoliberal no ha aportado soluciones a este problema ni ha convertido el mundo en un lugar más seguro y duradero. 
Ahora tratamos de encontrar una alternativa, no como idea abstracta, sino como enfoque de trabajo para dar forma a nuestros ideales de justicia social y de seguridad para todos. 
Porto Alegre y el foro mundial de Nueva York han sido, en cualquier caso, dos lugares en los que ha estado presente la necesidad de actuar urgentemente con más responsabilidad social. 
Porto Alegre ofrece una imagen más original, moderna e imaginativa además de incorporar a la sociedad civil. 
Quizás sería una buena lección para el Presidente Aznar imitar a Bélgica y fomentar el diálogo social en Europa. 
Los socialistas tenemos claro que la mundialización ofrece a los países pobres y a los grupos excluidos enormes oportunidades de superación y de prevención de la exclusión social. 
Sin embargo, para lograr este objetivo, es preciso que el libre comercio vaya acompañado de normas y de un control- por parte de las autoridades locales de vigilancia de la competencia- para evitar las concentraciones excesivas de poder. 
Estas normas no son incompatibles con la protección y respaldo a las regiones más débiles ni con la apertura de los mercados más ricos a los países en vías de desarrollo. 
En este contexto no encaja la protección de los más fuertes a través de un conjunto de medidas de control de las empresas transnacionales, a pesar de que esto último será una buena idea. Tampoco encaja la adopción de medidas unilaterales por parte de las empresas transnacionales o de grandes potencias como los Estados Unidos, ni la concentración unilateral basada en una nueva carrera armamentística a costa de servicios sociales como la educación o la sanidad. 
Ni siquiera encaja en este modelo el incumplimiento de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. 
Lo que sí encaja es el comercio justo con normas, un control democrático de las normas mundiales y una adecuada conducta social por parte de las empresas transnacionales. También encaja el respeto a los valores y sociedades humanas por encima de los intereses comerciales. 
Encaja un mundo moderno y abierto con interés y respeto por las diferencias de los demás a partir de un orden jurídico reconocido de forma conjunta. Este orden jurídico incluye el derecho a tener la oportunidad de dar forma a tu propia vida. 
Y finalmente, señor Presidente, llegamos a Monterrey. Al escándalo protagonizado por la presidencia española que esta semana pasada no ha sabido convertir los acuerdos de nuestros ministros de cooperación al desarrollo en un acuerdo para llenar de contenidos concretos el 0,7 % de PIB. 
Hemos actuado, más bien, como satélite de Estados Unidos, anteponiendo el dinero y los valores a la tarea de cerrar la brecha de la pobreza, lo cual resulta inaceptable. 
Reclamamos más seguridad, en todo el mundo, y el cumplimiento de la promesa de que en el 2015, todas las niñas y niños puedan acudir al colegio sanos y bien alimentados. 
Los socialistas del Parlamento Europeo exigimos a la presidencia española que cumpla esta promesa. 
Esta es nuestra aportación a la paz mundial y nos gustaría que fuéramos capaces de traducir las lecciones de Porto Alegre y Nueva York para el mundo en un nuevo papel para Europa. 
Seis meses después de los trágicos sucesos del 11 de septiembre, llega ahora el momento de reafirmar la necesidad de una efectiva gobernanza mundial. 
Si bien saludo la declaración del Comisario, lamento el hecho de que el trabajo de la Comisión no haya sido más equilibrado- reconociendo, por ejemplo, que también existe un lado oscuro de la globalización- y no haya sido más ambicioso. 
¿Por qué no ha recogido la Comisión la sugerencia del Sr. Verhofstadt de que deberíamos tener un G8 que no se basara en la riqueza y esté compuesto por las naciones más ricas, sino que se fundamentara en la población y se compusiera de las entidades regionales más importantes del mundo, incluyendo así a la Unión Africana, Mercosur, Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (ACRAM) , etc.? 
La globalización ha abocado a un mundo de comunidades interconectadas. 
La tecnología y el aprendizaje de idiomas han transformado nuestra capacidad de comunicación. 
El comercio y las inversiones han cambiado nuestras perspectivas económicas y han aumentado ingentemente nuestra riqueza. 
Los viajes han abierto nuevos horizontes y nuevas oportunidades para el contacto humano. 
Aunque todo esto no ha aflorado sin costes, porque los delincuentes se han organizado en redes mundiales, el daño infligido por el hombre a nuestro medio ambiente amenaza la futura viabilidad de la vida en nuestro planeta; y la impotencia y la alienación están restringiendo las oportunidades de demasiada gente para desarrollar sus propias capacidades y mejorar su suerte y la de sus familias. 
La Historia, señor Presidente, sugiere que si el mundo fuese realmente una aldea global, los sorprendidos por la miseria de los pobres serían muchos más. 
De seis mil millones de seres humanos, la mitad vive con menos de 2 euros al día y unos 800 millones se acuestan cada noche con hambre. 
Por ello, les digo a nuestros amigos de la derecha que, sí, la economía de mercado, si se regula inteligentemente es el instrumento más poderoso conocido por el hombre para sacar a la gente de la pobreza. 
Que aun no hemos aprendido a utilizarla adecuadamente, no obstante, queda evidenciado por las crisis financieras, la degradación medioambiental y la continua expansión de enfermedades prevenibles. 
Además, nuestro fracaso en alcanzar el 0,7 % del PIB para ayuda al desarrollo está privando a los pobres de 100.000 millones de euros al año. 
A la izquierda le digo que necesitamos reformar nuestras políticas comerciales, porque la ayuda a los países en vías de desarrollo y el desahogo de la deuda de éstos, sin el acceso a nuestros mercados, no pueden constituir más que un paliativo. 
A Los Verdes quisiera decirles que el acceso al progreso científico también es importante. 
Constituye la clave para una mejor nutrición, para una salud y esperanza de vida mejoradas y un aumento de la calidad de vida. 
No debemos privar al mundo en desarrollo de los beneficios de la innovación. 
El desafío de la humanidad consiste en instaurar unos instrumentos efectivos para el gobierno internacional. 
Las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, la OTAN, etc., no han tenido tanto éxito como debieran. 
Si bien, en la Unión Europea quizá tengamos un modelo para una gobernanza mundial extensa. 
De nuestros actuales líderes necesitamos una visión y un compromiso semejantes al de los fundadores de la Unión. 
Ello implica la autoconfianza para poder comprometerse con el foro económico mundial, con el foro social mundial y otros foros, y la autoconfianza para decir a nuestros amigos de los Estados Unidos que su legítima sensación de vulnerabilidad no debe conducirles por una senda unilateralista- ya se trate de cuestiones de seguridad económica o militar, el medio ambiente o la lucha contra la delincuencia. 
Los problemas globales requieren soluciones globales. 
Señor Presidente, el título del Foro económico mundial de Davos/New York era "Liderazgo en tiempos difíciles" y el del Foro social de Porto Alegre era "Otro mundo es posible". 
Se ha dicho que el primero es un lugar de encuentro para una clase dirigente sin mandato, una especie de gobierno en la sombra de la economía globalizada, y que Porto Alegre no es más que una alegre reunión multicolor e inútil. 
Yo creo, por el contrario, que en este año ha habido un acercamiento aunque mínimo. 
Los grandes líderes se han sentido frágiles y han abierto su reflexión a temas como la deuda, la pobreza y el desarrollo sostenible. 
Los 51.000 participantes de Porto Alegre quieren ir más allá de la protesta y están elaborando propuestas para tratar repercutir en las decisiones. 
Este acercamiento, esta fragilización de los pensamientos únicos- y aquí quiero decir al Sr. Watson que nosotros los Verdes no tenemos un pensamiento único, y por lo tanto, estamos a favor de la innovación- y de las recetas precocinadas tendría que ser una ocasión importante di iniciativa para el Parlamento Europeo y para la Unión Europea en general. 
Nosotros somos el único ejemplo de asamblea legislativa supranacional elegida directamente. 
La Unión Europea es un ejemplo único de gobernancia potencialmente innovadora. 
Ahora bien, la Unión Europea tiene que hablar tanto a los 51.000 participantes de Porto Alegre como al exclusivo club de Davos. 
Tenemos que insistir, como Unión, de una manera innovadora e inconformista, en al menos tres cuestiones: la primera es la cuestión del desarrollo sostenible. 
Se acerca la Cumbre de Johannesburgo: no nos satisfacen las iniciativas que la Comisión está adoptando en este ámbito y estamos preocupados porque en Barcelona el desarrollo sostenible se abordará sólo de manera absolutamente marginal. 
El segundo tema es la vieja y deplorable cuestión de las ayudas al desarrollo. 
Es muy triste que en Monterrey no vayamos con una posición unitaria de la Unión Europea y estamos preocupados y descontentos por el hecho de que estamos todavía encallados en el 0,4 % del Producto Nacional Bruto en lo que concierne a la ayuda al desarrollo. 
No es así como se refuerza la gobernancia global. 
La tercera y última cuestión es la de la democracia. 
Sabemos que hay Estados enteros que están gobernados por las multinacionales y que el mundo de los negocios dirige cada vez más la política, como lo demuestra cada día la administración Bush. 
Nosotros, como europeos, ¿qué otra respuesta podemos dar? 
Creo que saberlo hacer será nuestra responsabilidad. 
Señor Presidente, este debate es bienvenido porque el efecto Porto Alegre hace, creo, un fuerte llamamiento a la Unión Europea. 
En primer lugar, hay muchas personas en este foro mundial que esperan de la Unión Europea que se emancipe del modelo ultraliberal que estructura la globalización actual. 
Pero al mismo tiempo, el Sr. Aznar, como Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, ha resumido su profesión de fe para Europa en tres palabras que dicen mucho. 
Y cito: liberalización, privatización, competencia. 
Estamos lejos de la exigencia del desarrollo sostenible, lejos de la exigencia de promoción de las capacidades humanas, tanto en el Norte como en el Sur. 
Está claro que un consenso de los Quince en torno a esta orientación en la próxima Cumbre de Barcelona constituiría la señal más negativa que la Unión Europea podría transmitir hoy a lo que yo denominaría ' el pueblo de Porto Alegre?. 
Evidentemente, se le puede tratar con desprecio y considerar, como hizo en el Foro de Nueva York el presidente de Sun Micro Systems y cito, que: " la globalización es buena, no hay nada que cambiar?. 
Ahora bien, dudo que el futuro le dé la razón. 
Cada época ha mostrado ejemplos similares de ceguera política de una parte de las clases dirigentes, demasiado presa de sus certezas e intereses para aceptar la emergencia de una corriente irreprimible que discuta sus dogmas y su estatuto. 
Es conocido el caso histórico del rey de Francia, Luis XVI, que escribió en su diario personal, en la página correspondiente al 14 de julio de 1789, la mención ' Nada que reseñar?. 
Espero que la Unión Europea dé muestras de más lucidez. 
Porto Alegre sitúa también a la Unión Europea ante sus responsabilidades frente al unilateralismo exacerbado y peligroso de la América de George Bush. 
No se puede, por un lado, esperar la expresión de la solidaridad del mundo entero cuando se es víctima de una brutal agresión y, por otro, actuar en todos los ámbitos según la propia voluntad, liberándose de cualquier norma, de cualquier principio, de cualquier escrúpulo. 
En un mundo globalizado, cuanto más poderoso se es, más deberes se tienen para con los demás y el planeta. 
Si no, la globalización es la jungla. 
A mi entender, la primera vocación de la Unión Europea es, precisamente, oponerse a este peligro existencial. 
Ahora bien, en sus relaciones con los Estados Unidos, a menudo da la impresión de que Europa tiene miedo de su propia sombra. 
Así, acababan los Quince de tomar una postura clara sobre Oriente Próximo- el pasado 8 de febrero en Caseres -, cuando los principales aliados de Washington se echaron patéticamente atrás dos semanas más tarde. 
Tendremos que hacernos adultos, es decir, autónomos y responsables. 
Es lo que sigue esperando de Europa una parte de los que protestan legítimamente contra un sistema predador e inhumano. 
Porto Alegre ha expresado al fin con energía, este año, una tercera exigencia que si bien se dirige, ante todo, a la hiperpotencia militar, afecta también a la Unión Europea y a sus Estados miembros. 
No es aceptable que la guerra se convierta en un medio de resolver los problemas del mundo. 
No siempre se sabe dónde comienza la trivialización de la guerra, pero todos sabemos en lo que puede acabar. 
Desde este punto de vista, me remito a lo que dije en la apertura de este período de sesiones con respecto a la revelación inaudita del New York Times sobre la existencia de un plan secreto del Pentágono tendente a autorizar el uso del arma atómica. 
Este viraje estratégico extremadamente grave va parejo al aumento del ya bulímico presupuesto militar norteamericano, un aumento que equivale a la totalidad de la ayuda pública al desarrollo de todos los países de la OCDE. 
Europa debe reaccionar, señor Presidente, no intentando imitar su modelo, sino trabajando a la luz del día con nuestros conciudadanos y conciudadanas por la definición de la consigna ya emblemática de Porto Alegre: es posible otro mundo. 
Señor Presidente, Señorías, yo creo que Porto Alegre y las iniciativas que lo han precedido sólo hacen aflorar la punta del iceberg. 
El análisis es mucho más complejo y no se podría llevar a cabo en este Pleno; sin embargo, quiero remarcar el aspecto, a mi modo de ver, más interesante. 
Yo creo que, después del hundimiento del modelo socialista en la Europa del Este, estamos asistiendo al inicio de otro hundimiento, el del pensamiento desenfrenadamente neocapitalista que no tiene en cuenta los nuevos factores que alteran a la sociedad moderna. 
En realidad, las iniciativas de los que van a protestar a Porto Alegre no van en la misma dirección que ciertas iniciativas, a mi modo de ver, incluso útiles que la Comisión está adoptando, sino que sustancialmente van en contra de una manera de concebir la vida moderna que no tiene en cuenta que estos dos modelos, ambos ochocentistas, están superados y han fracasado y que nuestra Europa, nuestro mundo, ahora debe buscar una tercera vía que tenga en cuenta algunos factores. 
Hoy la tecnología crea desempleo, mientras que antes creaba empleo. 
Hoy se estudia cómo hacer más fácil, a través de la liberalización de la energía, la vida de algunas clases neocapitalistas, pero no se estudia cómo resolver los problemas de las muchas regiones del sur de todo el mundo. 
Ahora el eje de la historia se ha invertido y después de habernos regalado cincuenta años de guerra Este-Oeste, nos regala la crisis del mundo que gira en torno al eje Norte-Sur. 
Por lo tanto, si queremos captar el mensaje de quien va a Porto Alegre, es necesario recobrar los mitos, los valores y las referencias, pero sobre todo la capacidad de comprender lo muy compleja que es esta sociedad, y encontrar entre los dos modelos de desarrollo, ambos equivocados y que evidencian los límites, la solución y la síntesis más moderna para nuestra sociedad. 
Señor Presidente, señor Comisario, el mundo sigue siendo un lugar muy feo, lleno de miserias, de hambre, de sufrimientos inenarrables para cientos de millones de personas. 
Si en los últimos veinte años no hubiéramos asistido a la globalización, a la intensificación exponencial de los flujos comerciales de personas y de capitales, sería un lugar todavía peor. 
Hay 1.200 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, para entendernos con un dólar al día, y creo que es precisamente esto que plantea interrogantes a las conciencias civiles y políticas de cada uno de nosotros. 
Se ha hablado de ayudas al desarrollo, y esto está bien. 
Un dólar al día es lo que reciben en Europa las reses de vacuno, repito, cada res de vacuno de Europa recibe un dólar al día. 
Ahora bien, considero que es de justicia debatir el aumento de las ayudas en los presupuestos de cada uno de los Estados ricos hasta el 0,7 % del Producto Interior Bruto, siempre que después las ayudas logren efectos mejores que los conseguidos en el pasado. 
De todas maneras, creo que antes debemos hacer otra cosa, esto es, abrir nuestras fronteras a las mercancías de los países más pobres. 
Señor Comisario, usted justamente ha citado la iniciativa Everything but arms. 
Le recuerdo a usted y a todas sus Señorías que, para que nos entendamos, para los productos como el arroz y los plátanos las barreras arancelarias caerán en 2004 y 2009. 
Recuerdo que en Doha, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, los Estados Unidos y Europa han impuesto el mantenimiento de las barreras en dos sectores fundamentales para los países en desarrollo: el textil y la agricultura. 
Yo creo que se debe hacer justamente esto. 
Entiendo las palabras del Sr. Watson: no creo que se debe razonar en términos de pensamiento único o de pensamientos únicos, pero estimo que, en todo caso, queda mucho por hacer en el ámbito de la liberalización de los intercambios en favor de los países más pobres y que quizás sea allí donde hay que centrarse con carácter prioritario. 
En 2000 el África subsahariana ha recibido ayudas por 14 millardos por parte de aquellos mismos países que con sus aranceles han hecho perder a esos países, a esos pueblos, a esas personas, 20 millardos de ocasiones comerciales. 
Creo que estas son las primeras respuestas que Europa debe dar, unas respuestas que se deben dar mucho antes que el aumento de las ayudas al desarrollo. 
Usted, señor Comisario, ha citado el impuesto Tobin. 
Sabe perfectamente que por suerte es imposible poner en práctica el impuesto Tobin, pero, si lo fuera, es necesario recordar que los intercambios se aumentan rebajando los aranceles, y no aumentándolos, y que las inversiones de capitales en los países en desarrollo se incrementan sin impuestos y no con nuevos impuestos. 
Esos países necesitan nuevas inversiones, así como infraestructuras jurídicas, las infraestructuras jurídicas del Estado de Derecho. Nos lo ha recordado en un espléndido libro Hernando De Soto, un economista sudamericano que nos ha explicado que el problema más grave de los países pobres y de los países en desarrollo es el de tener el capital muerto: un capital que, al no funcionar el Estado de Derecho, no es utilizable para el bienestar de la población, para el crecimiento económico y para el desarrollo, así como, si se quiere, para la redistribución. 
Señor Presidente, Señor Comisario, yo creo que Europa debe dar una respuesta a estos temas, sin trasladar la cuestión a otros foros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, según Fidel Castro, estar en contra de la globalización es tan inútil como dudar de la fuerza de gravedad. 
La globalización o la mundialización, si prefieren esta expresión, constituye sin duda la tendencia fundamental de la historia. 
En un mundo cada vez más interdependiente, no se puede sino apoyar esta evolución, que a plazo permitirá crear un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo menos peligroso. 
El problema es que la globalización actual no es una. 
Es asimétrica, se limita a unos pocos sectores, el transporte, la comunicación y las finanzas, y sólo afecta de hecho a los países de la OCDE y una docena de países efectivamente en desarrollo, mientras que la mayoría de los países del tercer mundo permanecen en el subdesarrollo. 
Las dos terceras partes de los intercambios mundiales se realizan entre los países de la tríada, que absorben también la mayoría de las inversiones extranjeras directas. 
El resto va a parar a algunos grandes países, en particular China, la India, Brasil y pocos más. 
La mayoría de los 190 países del mundo no participan ni del comercio mundial ni de las inversiones internacionales. 
A decir verdad, las multinacionales se desinteresan de la gran mayoría de los países en desarrollo y sobre todo de los países menos desarrollados. 
Ahora bien, su integración en la economía mundial pasa necesariamente por un incremento de las inversiones y unas transferencia de tecnologías que permita un desarrollo endógeno. 
Este desarrollo endógeno requiere a veces la protección de las industrias o servicios nacientes. 
Todos los países desarrollados han atravesado períodos de proteccionismo, aunque ésta sea a la larga el enemigo del desarrollo. 
La apertura de los mercados de los países en desarrollo y su integración en una economía realmente global deben realizarse de un modo cuidadosamente secuenciado. 
Primero, es necesaria la consolidación interna de cada país, después, la apertura gradual al mercado mundial. 
Globalización, liberalización y desregulación no son sinónimos. 
La liberalización requiere nuevas reglas, y aquí me sumo al Sr. Watson, una reglas mejores en particular para los flujos financieros internacionales. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la producción mundial se multiplicó por seis, y el comercio mundial por veinte. 
Ello demuestra que los intercambios internacionales son necesarios para el desarrollo. 
Señor Presidente, veo que mi tiempo se acaba. 
Me gustaría terminar insistiendo en la primera de las prioridades de nuestro mundo, que es la solución al problema de la deuda del tercer mundo. 
Sin una solución a este problema acuciante, jamás tendremos un desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, señor Comisario, la realidad evidenciada por el Foro Social Mundial en Porto Alegre, en un país tan extraordinario como el Brasil, contribuyó a poner en entredicho una concepción determinista de la mundialización- la concepción capitalista ultraliberal -, en la que la voluntad de las personas y de los pueblos manifestada por las instituciones políticas, sociales y democráticas queda sometida y subordinada a una supuesta racionalidad que en la práctica suele aumentar el foso que separa a los ricos de los pobres, la opulencia de la miseria. 
A nosotros, europeos, es a quien nos debe preocupar esa nueva realidad y no podemos minimizar las manifestaciones sociales que la expresan, como, por desgracia, acaba de hacer el Primer Ministro Aznar respecto de la manifestación que va a celebrarse esta semana en Barcelona. 
Los países de la Unión ya constituyen la primera potencia económica mundial, pero, en su camino con vistas a constituirse en una entidad política universal, la Unión no debe expresar su poder económico mediante el dominio del sectario y ciego mercado ultraliberal, ni imitar miméticamente la hegemonía militarista de los Estados Unidos, tentaciones en que caen parte de los primeros ministros europeos, sino defender los valores y las conquistas sociales y democráticas que forman parte de lo mejor de nuestra historia, estando presente en el mundo como factor de paz y progreso, en una acción que, como sabe el Comisario Solbes, tiene que ser mucho más ambiciosa que la hoy expuesta por la Comisión. 
Una concepción de relaciones mundiales que debe inspirar la próxima constitución de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el segundo Foro mundial de Porto Alegre ha mostrado en primer lugar el carácter pacífico y político de este movimiento. 
Recuerdo a muchos colegas que en los años setenta el movimiento feminista se describía como un fenómeno folclórico, mientras que, por el contrario, fue un fenómeno profundamente político. 
En este movimiento llama la atención, entre otras cosas, la presencia de muchas mujeres y de muchos jóvenes. 
En segundo lugar, creo que tenemos que estar preocupados porque, después de las primeras reacciones ante el 11 de septiembre, los políticos estadounidenses parecen estar a años luz de esa toma de conciencia que parecía abrirles más al mundo respecto a muchas problemáticas, como el medio ambiente, Kyoto, la seguridad alimentaria, el comercio, la cuestión de las armas y también la visión de la acción contra el terrorismo que resulta ser prioritariamente militar. 
Creo que debemos convencer a la sociedad estadounidense y también a los políticos estadounidenses de que esta línea no conduce a ninguna parte: ésta es una misión de Europa. 
Entre otras cosas, llama la atención que no estuviera presente ningún diputado de los Estados Unidos. 
Debemos conseguir que crean en la apertura. 
En tercer lugar, pienso que el Comisario Solbes tiene razón cuando dice que quizás la iniciativa Everything but arms no basta, y opino que, junto a la cuestión de la apertura del comercio, debemos plantear otra cuestión. 
No podemos continuar refiriéndonos de manera racista a estos países. 
Tenemos que empezar a pensar que también para ellos la agricultura no sirve solo a la exportación: sirve a su mercado, sirve a su entorno, sirve a su vida, sirve a su consumo. 
Si no cambiamos este planteamiento creo que no iremos muy lejos. 
Europa puede hacer mucho, pero quizás tienen razón aquellos colegas que dicen que debe hacer mucha autocrítica: no solo por lo que no da en términos de ayuda al desarrollo, sino por lo que no da en términos de cambio de sus políticas. 
Señor Comisario, para responder a mis colegas, quisiera hacer algunas comparaciones entre Nueva York y Porto Alegre. 
Mientras se celebraba en Nueva York una cumbre sin aliento, sin imaginación, de financieros y responsables de la toma de decisiones, supuestos ganadores, en pocas palabras ricos de todas clases, se celebraban por segunda vez Porto Alegre, auténtica alternativa a Davos, tres foros llenos de vitalidad: el de las ciudades, el de la sociedad civil y el de diputados críticos de todo el mundo y ahí- lo siento por mi colega liberal, los Verdes se sienten como pez en el agua -, es donde se inventa la gobernanza del futuro. 
Así, mientras en Nueva York todo el mundo derramaba lágrimas de cocodrilo por los atentados del 11 de septiembre, menos a causa de los desgraciados que perdieron la vida en ellos que por el enfriamiento económico que les siguió, en Brasil, todo el mundo abordaba con sinceridad los riesgos reales de los terrorismos y la miseria de los países pobres para intentar encontrar soluciones solidarias. 
Si hay que elegir algunos momentos clave, les recuerdo, Señorías, que un tribunal de la deuda respaldándose en la crisis argentina destacó la magnitud de los estragos causados por las políticas de ajuste estructural y el peso de la deuda. 
Este es un tema que Europa debería tratar mejor. 
Es preciso que Europa ayude a los países del Sur a dejar oír su voz en la ONU para que al fin se tenga en cuenta el interés de los países endeudados y no sólo el de los países acreedores. 
Por nuestra parte, seguimos esperando que, de forma unilateral, la Unión Europea condone las deudas de los deudores del Sur. 
Me parece, señor Comisario, que usted podría apoyarlo. 
Sobre todo, presente por segundo año en el foro parlamentario, me ha alegrado comprobar que éramos muchos los elegidos europeos que habíamos hecho el viaje para construir una red mundial de diputados solidarios de los movimientos sociales. 
Cuanto más numerosos seamos, de orígenes políticos y geográficos diversos, más eco nos haremos de la palabra de los ciudadanos, más podremos influir, nosotros que tenemos ya la legitimidad del sufragio universal, sobre gobiernos con demasiada frecuencia más apurados por ocupar el trasportín de Davos versión neoyorkina que por comprender las inspiraciones legítimas de las poblaciones del mundo. 
Así pues, créanlo, hemos vuelto ' estimulados? por nuestros intercambios y nuestros contactos con el foro social. 
Vamos a seguir preguntando a la Comisión y al Consejo sobre temas molestos: la viabilidad del impuesto Tobin, las aplastantes responsabilidades de los países ricos en materia de cambio climático, el derecho a vivir libre en la dignidad del pueblo palestino así como del pueblo israelí, y el derecho de todos a la primera de las seguridades, la seguridad alimentaria, que es el derecho a alimentarse suficientemente y a acceder al agua potable. 
Señor Presidente, creo que en Porto Alegre asistimos al nacimiento de una sociedad civil mundial que había empezado a expresarse ya en Seattle y en otras ocasiones. 
Se trata, en efecto, de una sociedad civil que protesta contra la globalización en su forma actual, en las fuerzas que la dominan. 
Sin embargo, no creo que pueda decirse que en su mayoría sea un movimiento antiglobalización. 
Es un movimiento que aspira, por el contrario, a otra globalización, que empieza a organizar una globalización de las solidaridades y reivindica una globalización de los derechos. 
En segundo lugar, este movimiento es diferente y, como se ha dicho, se puede ironizar con su heterogeneidad. Se ha hecho a propósito de otros movimientos sociales. 
Pero, a fin de cuentas, es diferente porque la sociedad es diferente en todo el planeta y en ello reside quizás su interés con respecto a Davos, donde se tiene la impresión de que los enfoques son un tanto unilaterales. 
Es diferente, pero expresa cada vez más una convergencia que se está creando en torno a una serie de aspiraciones comunes: una aspiración medioambiental contra el riesgo de una destrucción ciega de los recursos naturales, de la biosfera, de la biodiversidad, una aspiración a la solidaridad Norte-Sur en contra de la extensión de las desigualdades de desarrollo, una aspiración social frente a la sumisión de toda la vida económica y social a la sola lógica bursátil y financiera, y una aspiración a la democracia, a la transparencia ante las instituciones internacionales que desempeñan un papel cada vez más importante en la regulación mundial. 
Europa debe apoyarse en esta sociedad civil naciente, en este movimiento, para hacer avanzar sus ideas. 
Después del 11 de septiembre, se nos dijo: nada será como antes. 
Y pensamos que se abriría paso la convicción de que había que consagrar la misma energía, la misma fuerza, a luchar contra los desequilibrios de desarrollo del mundo de hoy que la que se consagra a luchar contra los grupos terroristas. 
Por desgracia, como ustedes han dicho, muchos países industrializados, incluidos los de la Unión Europea, van a llegar a Monterrey con las manos vacías, con la boca llena de promesas de que van a respetar al fin sus compromisos, pero sin instrumentos nuevos. 
Por esta razón, creo que debemos mirar con mucha atención las nuevas propuestas. 
Tomemos, por ejemplo, la imposición de las transacciones financieras internacionales: el Sr. Span, profesor de la Universidad de Frankfurt, antiguo asesor del FMI, ha remitido un estudio al Gobierno alemán. 
Creo que la comisión que lo examinó debería estudiar las posibilidades indicadas por este experto para organizar la redistribución a partir de un impuesto de tipo Tobin, a fin de empezar a financiar, a escala internacional, el acceso a los bienes públicos mundiales, el derecho al agua, el derecho a una energía limpia para todos, el derecho a la educación, el derecho a un futuro. 
Creo que deberíamos promover la idea de unos fondos de cohesión mundiales, como hacemos en la Unión cuando acogemos a países con retrasos de desarrollo. 
No sólo les decimos: 'Participad en un gran mercado? , les decimos :' Participad en un proyecto común?. 
No puede prevalecer únicamente la visión de la competencia y de la competición. 
También debe haber la del ' vivir juntos? , de la solidaridad entre las regiones ricas y las regiones más pobres, y del acceso de todos a una serie de derechos fundamentales. 
Esto es lo que debería promover la Unión Europea, así como un mundo multipolar: ayudar a Mercosur a ser un conjunto democrático y ciudadano más autónomo frente a los Estados Unidos, hacer emerger la regulación ciudadana frente a los riesgos de una desaparición de la sociedad civil aplastada por las fuerzas del mercado del capital. 
Señor Presidente, a pesar de que hemos mantenido un debate muy interesante, creo que ha sido un tanto unilateral. 
Se ha hecho referencia en numerosas ocasiones tanto a Nueva York como a Porto Alegre. 
Creo que ambos foros son unilaterales. 
Si sólo nos fijamos en Nueva York, prestamos una atención excesiva al Enron de este mundo y nos olvidamos de los pobres. 
Si escuchamos demasiado a lo que se dice en Porto Alegre, la economía se paralizaría rápidamente y nos olvidaríamos de que hay que mantener intercambios comerciales y que no todo se puede solucionar con ' tasas Tobin? y ese tipo de fórmulas milagrosas. 
Eso no es posible. 
Gran parte de esta Cámara ha rechazado por consiguiente en repetidas ocasiones la tasa Tobin. 
De ahí que nos sintamos satisfechos con las conclusiones de la Comisión en este punto. 
Y entonces, ¿acaso no hay ningún problema? 
Sí, Señor Presidente, hay problemas, pero se debe tener en cuenta que la gobernabilidad en los propios países es uno de los principales problemas. 
En este momento existen dos ejemplos claros. 
El primer ejemplo es Afganistán, donde hemos visto cómo los Talibán no han contribuido precisamente al desarrollo del país ni al desarrollo de su entorno. 
Y ahora también tenemos el ejemplo de las elecciones en Zimbabwe, donde el señor Mugabe tampoco ha contribuido al desarrollo del país. 
Obviamente, no se puede esperar de la comunidad internacional que enmiende los errores cometidos por los Talibán y por Mugabe por arte de magia. Es un problema importante. 
Lamentablemente, el gobierno de la mayoría de los países del mundo se encuentra en manos de dictadores o de semidictadores y es triste comprobar como de vez en cuando nos olvidamos de esta circunstancia. 
Si las administraciones locales no funcionan, si el orden jurídico no se respeta en un país determinado, es imposible esperar que se produzca un desarrollo económico. 
Es totalmente imposible y quienes así lo crean es porque creen en los cuentos de hadas. 
Sin embargo, a este respecto, se ha traído a colación un buen número de cuentos, no por parte de todos pero sí de algunos. 
Si partimos de este supuesto, se ven claramente las limitaciones existentes en el plano de la gobernabilidad internacional. 
Hay que poner orden en la gobernabilidad nacional, también en nuestra propia gobernabilidad nacional en la gobernabilidad europea. 
De ahí que Barcelona sea tan importante. 
Si logramos un resultado positivo allí, mejoraremos nuestra aportación. Esto no significa que el mundo vaya a mejorar de forma automática, aunque sí que significa que nosotros estaremos en condiciones de contribuir a este objetivo. 
Así es como deberíamos verlo y ser conscientes de que los remedios milagrosos como las tasas Tobin no funcionarán, Presidente, porque lo único que haríamos sería dar dinero de forma automática a todos los Mugabes del mundo, lo que resulta totalmente inaceptable, además de un despilfarro del dinero de los contribuyentes. 
. Señor Presidente, agradezco a todos los oradores de esta tarde sus aportaciones. 
Intentaré hacer algunos comentarios, necesariamente generales, sobre las distintas aportaciones que se han hecho hoy porque, desgraciadamente, con el tiempo disponible no podemos entrar en mayor detalle. 
En primer lugar, creo que todos estamos de acuerdo en que el modelo actual en el que nos movemos está generando una deriva hacia modelos unilaterales totalmente inaceptables. 
Tenemos que insistir en este punto. 
La mundialización tiene reglas que es imprescindible respetar; en caso contrario, obviamente, cualquier proceso de mundialización está abocado al fracaso, y los movimientos unilaterales tendrán graves problemas para promover las ventajas de la globalización. 
En segundo lugar, el proceso de globalización- creo que todos estamos de acuerdo- ha aportado beneficios al desarrollo económico; el problema es que también tiene inconvenientes y, en consecuencia, nuestro trabajo no consiste- o no debería consistir- en atacar la globalización, sino un determinado modelo de globalización o los aspectos negativos de un determinado modelo de globalización. 
Cuando la Comisión analizó estos temas- razón por la que he presentado conjuntamente sus tres informes- llegó a la conclusión de que el concepto de globalización debe incluir, como mínimo, los elementos que hacen referencia a la existencia de un sistema financiero internacional que funcione de manera eficiente, los sistemas de ayuda al desarrollo y los elementos vinculados al medio ambiente y al desarrollo sostenible. 
Una vez escuchados los comentarios de sus Señorías, voy a hacer una referencia a cada uno de estos temas: en primer lugar, en la ayuda al desarrollo. 
Todos estamos de acuerdo en centrarnos en la lucha contra la pobreza como elemento fundamental de la ayuda al desarrollo y en que el problema de la ayuda al desarrollo no es únicamente un problema de cantidad, sino también de calidad. 
En ese sentido, estoy absolutamente a favor de las ideas de mejora de la gobernanza en algunos de estos países, lo que supone un elemento clave para un mejor funcionamiento de dicha ayuda al desarrollo. 
Sin embargo, la mejora de la calidad de la ayuda al desarrollo no debe hacernos olvidar la cantidad de la misma, que debemos reconocer que sigue siendo insuficiente. 
Es cierto que podemos correr el riesgo de que no sea aceptada la propuesta relativamente pragmática de la Comisión de alcanzar en 2006, como mínimo, el 0,33 % para los países de la Unión. 
En todo caso, otros países terceros no aceptan esta propuesta. 
Olvidamos un tema fundamental en todo el proceso del desarrollo futuro: las inversiones de capital. 
Precisamente, las inversiones directas están jugando un papel fundamental en todo el proceso del desarrollo, y elementos como la gobernanza juegan un papel clave y fundamental en ello, al igual que- como alguno de ustedes ha comentado- todos los elementos vinculados a las mejores transferencias de tecnología y a cualquier otro elemento que permita el desarrollo más adecuado de estos países. 
Quiero hacer un comentario muy concreto sobre la deuda: es verdad que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo fundamental en la condonación de la deuda de los países ACP. 
En estos momentos, la aportación realizada por la Unión es superior a los 1 000 millones de euros y, por lo tanto, el objetivo inicialmente previsto va por buen camino. 
¿Es esto suficiente? 
Posiblemente, no. 
Probablemente tengamos que plantearnos elementos más ambiciosos. 
En nuestro informe sobre la globalización nos planteamos cuáles son los posibles sistemas para obtener más recursos a fin de hacer frente a los procesos de desarrollo. 
Sin duda alguna, comparto la tesis de aquéllos que han dicho que las soluciones no deben ser simplistas. 
Desgraciadamente, no hemos encontrado una solución única que nos permita resolver todos los problemas. 
La Comisión opina que, en los aspectos relativos a la globalización, al apoyo al desarrollo y al medio ambiente, tenemos que avanzar al mismo tiempo y de forma conjunta, sin olvidar un esquema fundamental: el derivado de los compromisos de Doha. 
El comercio juega un papel fundamental, al igual que la transferencia de inversiones, en la ayuda al desarrollo, y tiene que hacerse de forma más equitativa en el futuro. 
Para la negociación derivada de Doha, no sólo es fundamental defender nuestros puntos de vista como Unión Europea, sino también que los países en vías de desarrollo defiendan los suyos. 
Por eso, además de la iniciativa "Todo menos armas", la Comisión ha propuesto las iniciativas de ayuda técnica para estos países, de forma que puedan defender mejor sus intereses y, en definitiva, alcanzar un sistema mucho más justo. 
Todos estos elementos, de forma conjunta, nos permitirán mejorar, pero dentro de unos años seguiremos hablando de los necesarios retos de la globalización. 
Debemos poner en marcha un camino que nos permita obtener una sociedad más justa, aunque éste sea un objetivo a largo plazo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0051/2002) del Sr. Andreassen, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre la comunicación de la Comisión sobre un nuevo marco para la cooperación en actividades referentes a la política de información y comunicación de la Unión Europea en el campo de la información. 
. (DA) Señor Presidente, la Unión Europea se enfrentará a grandes desafíos en los próximos años, desafíos todos ellos que exigen un mayor compromiso por parte de la opinión pública. 
De ahí que la UE deba desarrollar ante sus ciudadanos una nueva estrategia de información y de comunicación con vistas a aumentar el conocimiento y la comprensión de qué se encarga y qué realiza la UE realmente. 
El objetivo de una nueva política de información y de comunicación debe ser considerar la información y la comunicación desde el punto de vista del ciudadano y a este respecto deben tenerse en consideración dos circunstancias: el ciudadano, por regla general, no distingue entre las instituciones comunitarias- Consejo, Comisión y Parlamento- para él todo es? Bruselas? ; y el ciudadano desea que le informen desde las fuentes que tiene más cerca, también físicamente. 
Por ello los mensajes más importantes de este informe son coordinación y descentralización. 
Una coordinación entre las instituciones de la información comunitaria y de la comunicación con los ciudadanos y la máxima descentralización posible de todas las actividades de información y de comunicación de las instituciones comunitarias. 
Me alegra mucho ver que la Comisión y el Parlamento han reanudado y reforzado su colaboración en el Grupo Interinstitucional Sobre la Información y cuando el grupo se reúna mañana, podremos alegrarnos más todavía de que el Consejo participe por primera vez en esta importante coordinación del trabajo. 
Tratándose de descentralización, es importante que los Estados miembros participen más activamente en el trabajo. 
Con la descentralización se entiende que las labores informativas, la responsabilidad y los medios necesarios se ponen a disposición de los representantes en los Estados miembros, de modo que las tareas sean resueltas tan cerca de los ciudadanos como sea posible, tal y como lo desean los ciudadanos del país, de la región o de la sociedad local. 
Hoy se facilita demasiada información sobre la UE de una forma general, por ejemplo, el mismo folleto traducido a 11 idiomas. 
Sin embargo, los ciudadanos de Laponia y de Sicilia no tienen necesariamente los mismos deseos ni respecto al contenido de la información ni sobre el modo en que obtener ésta. 
Por coordinación se entiende la planificación general a alto nivel, es decir, el nivel del Grupo Interinstitucional Sobre la Información. 
En el informe, el Parlamento Europeo pide que la Comisión elabore un informe anual sobre las actividades conjuntas- también aquellas que se llevan a cabo en las Direcciones Generales respectivas, pues aparentemente no hay nadie que disponga de una visión global de lo que aquí sucede. 
Este informe trata de los marcos de la información y de la comunicación. 
La Comisión presentará dentro de algunos meses otra comunicación sobre el contenido. 
Sobre los marcos, las herramientas, sabemos que más del 60% de los ciudadanos desean acceder a la información a través de la televisión. 
Debemos considerar entonces la conveniencia de crear un canal de televisión comunitario que se ocupe de la política comunitaria. 
El modelo C-SPAN de los EE.UU., BBC Parliament en Inglaterra y el canal parlamentario alemán Phoenix junto a DK4 en Dinamarca son diferentes modelos que pueden contemplarse en el ámbito comunitario. 
La Comisión y el Parlamento han creado juntos un servicio denominado? Europa Directo? , en el cual el ciudadano puede obtener respuesta a través de Internet o del teléfono muy rápidamente sobre a dónde debe dirigirse para obtener las informaciones deseadas. 
Un servicio que ya ha sido muy bien acogido por los ciudadanos de Europa- es una iniciativa estupenda. 
Cuando lleguemos al contenido de esta política, debemos tomar también como punto de partida los deseos de los ciudadanos y éstos desean información sobre aquello que afecta a su vida cotidiana como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, el empleo, el medio ambiente, el tráfico, la genética humana, etcétera. 
Debemos estar muy atentos para evitar la propaganda desde las instituciones comunitarias. 
La información debe ser tan exacta, imparcial, responsable y plural como sea posible y cuando está en juego el pluralismo, podríamos señalar otros puntos de vista distintos a los propios de las instituciones estableciendo enlaces en internet desde las páginas web de las instituciones a las páginas web de los escépticos, de las ONGs y de otras instituciones o personas. 
La puesta en práctica de este informe costará dinero. 
Preguntamos a la Comisión cuánto será. 
La tarea, por otro lado, es sumamente importante para la democracia, y hoy el presupuesto para información en la UE está aproximadamente en un cuarto de euro por ciudadano al año. 
Es una pequeña cantidad en relación con la tarea, sobre todo comparándola con las cantidades que se emplean en los países miembros en la información procedente de las autoridades locales y nacionales. 
Hay muchas personas a las que debo dar las gracias por su ayuda para la realización de este informe, funcionarios de la Comisión, del Parlamento y del Consejo, muchos expertos y ONGs en un gran número- sin embargo, ante todo y naturalmente a mis compañeros en el Grupo Interinstitucional Sobre la Información y en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, desde hace años la Comisión de Presupuestos sigue intensamente el trabajo de comunicación de la Comisión y creo que mediante los diversos instrumentos que, gracias a Dios, nos ofrece la legislación presupuestaria, hemos logrado mejorar claramente la política de información de la Comisión y de todas las Instituciones europeas. 
Esto nos muestra realmente, como Comisión de Presupuestos, que en conjunto nos hallamos en el buen camino en lo que respecta a la política de información de la Comisión. 
Sin embargo, hemos de realizar también un balance crítico. 
Cuando se considera la gran necesidad de información que ha generado en las ciudadanas y en los ciudadanos la introducción del euro, si se sabe también la gran cantidad de dinero que el conjunto de la Unión Europea ha dispuesto para esta medida y cuando se lee constantemente en las encuestas que muchos ciudadanos se sienten mal informados, o nada informados o insuficientemente informados, entonces se plantean inmediatamente preguntas acerca de la eficacia de nuestras políticas de información. 
En los próximos meses y años vamos a tener una gran tarea común. 
En nuestra función de Comisión de Presupuestos vamos a hacer un seguimiento intensivo cuando se trate de convencer a las ciudadanas y a los ciudadanos de que nuestra Unión Europea será más grande, tendrá más miembros y tendrá que superar en común nuevos retos. 
De ahí el ruego de la Comisión de Presupuestos- y sé que con nuestro colega, el Sr. Andreasen y con la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte estamos en buenas manos- en el sentido de que prosigamos también de manera conjunta este cambio de estrategia que iniciamos en común hace muchos años a fin de que la política de información de la Unión Europea esté a la altura de la aspiración, que realmente debe plantearse, de informar de manera objetiva a los ciudadanos acerca de los problemas y tendencias actuales de Europa. 
Creo que para todo lo demás existen suficientes posibilidades a través de los Grupos y de cada uno de los diputados; de esta forma se puede asegurar también la pluralidad de Europa. 
No creo que ésta sea la tarea de la Comisión. 
. (EN) Señor Presidente, parto de la premisa de que la información es poder y, francamente, hemos de dar poder a nuestros ciudadanos. 
Permítanme también felicitar al Sr. Andreasen por un excelente e innovador informe, que analiza los problemas existentes y que, en mi opinión, aporta frescas y nuevas soluciones. 
Quisiera darle las gracias por su apoyo y también a la Comisión LIBE por el apoyo a mi opinión, que fue votada y aprobada por unanimidad. 
Por diversas razones, que confío se hagan evidentes a lo largo del debate, me suscita una amarga reflexión que no pudiese obtener el mismo apoyo por parte de mi propio Grupo en la Comisión de Cultura. 
Permítanme centrarme en el informe del Sr. Andreasen. 
La ejecución de las actuales políticas y el futuro desarrollo de la Unión Europea deben basarse en una participación activa e informada de sus ciudadanos. 
Saludo especialmente las iniciativas para coordinar las actividades de información en una ventanilla única, de suerte que no sea necesario que los ciudadanos conozcan la estructura institucional de la Unión para obtener la información que necesitan. 
Otro aspecto fundamental de la política de información de las instituciones de la UE lo constituye el acceso a los documentos, como he citado repetidamente en relación con la aprobación del Reglamento 1049/2001 sobre el acceso público a los documentos de las instituciones, documentos- y quisiera destacar esto- que no pueden ser separados de la información que contienen. 
De ello se deriva, por tanto, que la política de información y comunicación de las instituciones debiera coordinarse con las acciones para la ejecución del mencionado reglamento. 
Por ello resulta lamentable que perdamos la oportunidad política de que el grupo interinstitucional para la información, que es el responsable para la cooperación en las actividades de información, se ocupe y asuma las actividades previstas en el Artículo 15 del Reglamento 1049/2001. 
Confío en que reconsideremos esto y aprovechemos esta excelente oportunidad de combinar las políticas de información, la transparencia y el acceso a los documentos. 
Señor Presidente, el Grupo PPE-DE coincide plenamente con el ponente, el Sr. Andreasen, en lo dicho en este informe, que consideramos excelente. 
La comunicación de la Comisión insta a la cooperación, y esa es la palabra clave: ha de haber cooperación en la comunicación. 
Vamos a proponer una ligera enmienda con la que se sugiere que al Comité de las Regiones y al Consejo Económico y Social se les permita incorporarse en calidad de observadores al grupo interinstitucional propuesto. 
A todos nos consta el precario estado de los conocimientos de los ciudadanos sobre la organización y las políticas de la UE. 
El Eurobarómetro ha mostrado que solo el 6% de los ciudadanos de la UE pensaban que sabían mucho acerca dela UE. El 83% dijo saber un poco o incluso muy poco. 
Esto influye en la baja y decreciente participación en las elecciones al Parlamento Europeo- que descendió hasta el 49% en las últimas elecciones. 
Este es un problema de todas las democracias del mundo, también lo es en los Estados Unidos de América e, igualmente, constituye un verdadero problema para la UE. 
Cuando el pueblo de Irlanda rechazó el Tratado de Niza en el reciente referéndum, el lema más elocuente fue: ' si no sabes, vota no?. 
Eso fue precisamente lo que la gente hizo. 
Yo seré el primero en admitir que mi propio país, el Reino Unido sea probablemente uno de los peores ejemplos. 
De nuevo según el Eurobarómetro somos los últimos de la lista en términos de conocimientos, pero sorprendentemente no encabezamos la lista de los que tienen reservas y objeciones a la UE. 
El Sr. Andreasen está completamente en lo cierto al decir que la UE debe concentrase en la información fáctica. 
Una información diversa y equilibrada debe excluir la propaganda, pero lo que la gente de todos los países está demandando a gritos es información y una explicación de lo que la UE está haciendo. 
Según el Eurobarómetro el 66%, es decir dos de cada tres ciudadanos europeos, quiere más información. 
Esto debe enmarcarse dentro de las pertinentes limitaciones financieras pero, de nuevo, como ya se ha dicho, actualmente estamos gastando únicamente 25 céntimos al año- para oídos ingleses esto es 15 peniques por ciudadano anualmente. 
Los ciudadanos también nos juzgarán más por lo que hacemos que por lo que decimos. 
Este informe pide que el Consejo de Ministros sea más abierto en su proceso de toma de decisiones. 
Su secretismo presta un ínfimo servicio a Europa. 
Nosotros, en el Parlamento, debemos preguntarnos si estamos aprovechando el dinero. 
Siempre nos complace ver que hay visitas en este Parlamento, pero el 43% de nuestro presupuesto se destina al Servicio de Visitas. 
¿Estamos realmente generando valor con ese dinero? 
Debemos ser más positivos respecto de Euronews. 
Tampoco deberíamos descuidar la radio como un buen medio para obtener información. 
El informe se ocupa adecuadamente de las tecnologías de la información. 
No quisiera decir más que la UE ha creado un continente estable y próspero. 
La mitad de Europa está haciendo cola para unirse a la UE y sin embargo el 48% de los ciudadanos de la actual UE se preguntan si eso es algo positivo. 
No debemos permitir que el polvo acabe cubriéndolo. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar al Sr. Andreasen, no sólo por la necesidad y la oportunidad de su informe, sino también por la calidad que ha impregnado su trabajo y que a todos nos ha impresionado gratamente. 
Este informe viene a completar, reforzar y, en sentido positivo, contrapesar las comunicaciones que ya hemos recibido de la Comisión desde que el Comisario Vitorino se hizo cargo de esta responsabilidad. 
Y estoy seguro de que el Comisario coincidirá conmigo en que el informe Andreasen viene en un momento muy adecuado para enriquecer la futura comunicación que la Comisión nos va a presentar en el mes de junio. 
En estos momentos, sin pecar de optimismo, creo que podemos afirmar que la maquinaria de información y comunicación de las instituciones europeas está bien engrasada, las deficiencias bien detectadas y los instrumentos afinados. 
Lo que hemos de hacer es actuar según las líneas indicadas en los documentos de la Comisión y que ahora completa tan magníficamente el informe Andreasen. 
Sí quisiera mencionarle, Señor Comisario, un aspecto preocupante, coincidiendo en ello con el ponente: las previsiones presupuestarias para los próximos años están en línea decreciente en este ámbito. 
Y, si bien es verdad que el euro ha terminado su campaña con gran éxito y que estamos viviendo un arranque extraordinario de su puesta en circulación, hay otros grandes desafíos como, por ejemplo, la reforma institucional y la ampliación, que exigirán aún un gran esfuerzo en los próximos años. 
Y, por ello, creo que tanto la Comisión, encargada de preparar el proyecto de presupuesto, como el Parlamento, en tanto que autoridad presupuestaria, debiéramos estar muy atentos a estas necesidades. 
Señor Presidente, la información y la comunicación son elementos clave para el éxito del proyecto de integración europea y creo que debemos hacer llegar la idea de que la Unión es una comunidad de valores, una entidad jurídico-política sin precedentes en la historia, que define un nuevo concepto de ciudadano transnacional, a cada rincón de los Quince y, en el futuro, de todos los Estados miembros. 
Éste es el mensaje que debemos transmitir y, si conseguimos que llegue a su destino, haremos de Europa un actor principal y respetado en el escenario mundial. 
Y, sin duda, el informe del Sr. Andreasen es una excelente contribución en este sentido. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera felicitar al Sr. Andreasen por su excelente informe, en el que nos pide que reflexionemos sobre el desarrollo de nuestra nueva política de información. 
El informe que acaban de debatir se hace eco directamente de los trabajos realizados por la Comisión para que todas las instituciones elaboren una política de información global de la Unión Europea. 
La Comisión ve en él un apoyo a su acción y lo celebra. 
En respuesta al informe Andreasen y al debate que acaba de celebrarse, desearía presentar los grandes objetivos de nuestra estrategia y desarrollar después algunos aspectos de su aplicación. 
Más allá del marco de colaboración interinstitucional definido en la comunicación de 27 de junio de 2001, la Comisión se plantea ahora qué objetivos debería perseguir una verdadera política de información y de comunicación de la Unión Europea. 
Como destaca muy bien el informe Andreasen, la colaboración interinstitucional no es un fin en sí mismo. 
En esencia, ha de permitirnos desarrollar una mejor percepción del ciudadano y de la existencia y la función de la Unión Europea como tal. 
Para ello, la difusión de una información factual no basta. 
Me parece que el objetivo debe ser desarrollar una auténtica comunicación, que permita entablar un diálogo con la opinión pública nacional. 
Me pregunto incluso si una verdadera política global de información y de comunicación de la Unión Europea no debería tender también a una mayor participación de los ciudadanos en los debates europeos. 
Estas cuestiones nos invitan a tomar conciencia de la necesidad de que la Unión Europea ejerza un mayor control sobre su propia imagen. 
Dicho control pasa por la elaboración de su propio cuerpo de mensaje, que deberá adaptarse a las distintas acciones de información, prioritarias o específicas. 
Como destaca el ponente, ese mensaje ha de declinarse en función de las realidades locales y de las preocupaciones concretas de los ciudadanos. 
Se trata de definir una información de proximidad, que es la más creíble. 
La Comisión comparte plenamente los principios de acción elegidos por el Sr. Andreasen. 
En primer lugar, la descentralización: no sólo debe aplicarse a la puesta en práctica de la estrategia, sino también a la declinación adaptada de los mensajes a las necesidades de los distintos tipos de público, ya sea una adaptación a diferentes realidades nacionales en los quince Estados miembros o una adaptación de los mensajes a distintos grupos objetivo de la política de información y de comunicación. 
Pero es necesaria también para nuestras instituciones una mejor coordinación y una mayor capacidad de orientación. 
A este respecto, apruebo totalmente la idea del ponente de reforzar la función de coordinación y de orientación del grupo de trabajo interinstitucional, que preside, por parte del Parlamento, el vicepresidente Vidal-Quadras, a quien saludo y doy las gracias por las referencias que acaba de hacer al trabajo de cooperación con la Comisión. 
En segundo lugar, la cooperación interinstitucional: debería poder concretarse a plazo en un programa de acción plurianual que ofrezca una mayor perspectiva y visibilidad a nuestras acciones de información y de comunicación. 
A este respecto, la Comisión no puede dejar de felicitarse por la propuesta de organizar un debate anual en el pleno, con la participación del Consejo, sobre la política de información y de comunicación de la Unión Europea, y me congratula que el Consejo haya decidido participar en las reuniones del grupo de trabajo interinstitucional. 
Espero que otros órganos puedan unirse también al trabajo del GII, en la calidad de observadores. 
En tercer lugar: la cooperación con la sociedad civil. Como ha destacado con acierto, la intensificación de la cooperación nos exige una mayor racionalización de las redes y los relés que hemos desarrollado con los Estados miembros a escala nacional, regional y local. 
Como ven, la reflexión sobre la propia estrategia es útil y necesaria, pero debe ir acompañada de una mejor organización de nuestros medios de acción; por eso, la Comisión ha emprendido un trabajo de evaluación de la capacidad efectiva de los instrumentos que están a nuestra disposición. 
Obviamente, la coherencia de nuestro mensaje pasa por una mayor sinergia entre los distintos medios de acción. 
El ponente subraya la necesidad de desarrollar las Casas comunes de la Unión Europea, tanto en los países candidatos como en los Estados miembros. 
Como sabe, ésta es precisamente la política de la Comisión. 
Su idea de desarrollar en cada país una especie de ventanilla única para el ciudadano responde perfectamente a las preocupaciones de la Comisión. 
A este respecto, la Comisión contempla con interés la mejora de la coordinación, que usted reclama, entre las instituciones y los Estados miembros. 
Ésta debería contribuir a mejorar la complementariedad entre sus actividades respectivas. 
En la misma perspectiva, la Comisión desea aumentar también la sinergia de las redes y los relés con las oficinas y representaciones de nuestras instituciones, que usted llama Casas de la Unión Europea. 
Creo que esta coordinación es ya una realidad sobre el terreno. 
Además, para responder a su preocupación por la visibilidad de las Casas comunes, la Comisión reflexiona sobre los medios de hacer la información procedente de la Unión Europea más fácilmente reconocible por los destinatarios. 
Aparte de la definición de temas y mensajes comunes, ¿no debería la Unión Europea intentar desarrollar su propia identidad en torno a un logotipo o una presentación única para los distintos canales, una especie de branding? 
Tiene razón, por último, al insistir en la necesidad de desarrollar una política audiovisual más global y sistemática como vector privilegiado de la información y la comunicación de la Unión Europea. 
Permítanme, en primer lugar, subrayar que la responsabilidad en la materia es incumbencia, en buena medida, de los Estados miembros. 
El propio Consejo lo ha reconocido. 
No es menos cierto que la Comisión no eludirá una reflexión en profundidad al respecto con el fin de sistematizar su cooperación con el conjunto de los medios audiovisuales nacionales, pero también regionales y locales. 
Por lo que se refiere a Europa por Satélite, la Comisión siempre ha considerado que es un instrumento privilegiado de información interinstitucional, que intentará desarrollar en función de las disponibilidades presupuestarias de que disponga. 
En cuanto al presupuesto, llamo su atención sobre el hecho de que estamos concluyendo la campaña sobre el euro, lo que libera algunas disponibilidades financieras. 
Para el futuro, pienso que debemos ponernos de acuerdo sobre las prioridades para los próximos años: el futuro de Europa, sin duda, y la globalización, así como la continuación de la campaña de la ampliación. 
Espero contar con el apoyo del Parlamento Europeo para definir las prioridades presupuestarias necesarias para que la política de información y de comunicación de la Unión Europea pueda desempeñar sus nuevas tareas. 
Por otra parte, la Comisión toma buena nota de su deseo de reflexionar sobre la creación de una cadena pública europea, en particular para aportar al público de forma continua información pertinente sobre las iniciativas y el funcionamiento de la Unión Europea. 
La Comisión se esforzará por presentarles un primer análisis sobre la viabilidad de este proyecto a finales de año. 
Como conclusión, señor Presidente, Señorías, la tarea que emprendemos juntos es vasta, pero también emocionante. 
La Comisión se congratula de la voluntad política y la toma de conciencia que animan hoy a nuestras instituciones. 
Esa voluntad política compartida nos permitirá desarrollar una estrategia de información y de comunicación coherente y global de la Unión Europea en beneficio de nuestros ciudadanos. 
Celebro el excelente espíritu de colaboración que preside la elaboración de nuestra nueva estrategia de información, que será el objeto de una nueva comunicación que la Comisión debería adoptar hacia finales del mes de junio. 
Después del debate que celebraremos mañana en el grupo de trabajo interinstitucional, un debate brainstorming sobre las prioridades de la política de información y de comunicación, volveré gustoso a presentarles nuestras conclusiones durante la sesión plenaria del mes de julio. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0070/2002) de Lord Inglewood, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de las Normas internacionales de Contabilidad (COM (2001) 0080- C5-0061/2001- 2001/0044 (COD) ). 
, ponente. 
(EN) Señor Presidente, en el epílogo del escándalo Enron es tentador decir que estas propuestas para la introducción en la Comunidad de las normas internacionales de contabilidad constituyen una idea oportuna. 
Pero es erróneo contemplarlo simplemente en esos términos, puesto que tiene muchas más implicaciones. 
Si queremos que Europa iguale económicamente a los Estados Unidos necesitamos crear un único mercado de capitales, de lo contrario tomar dinero prestado será también más caro aquí, lo que a su vez favorece a los Estados Unidos. 
Uno de los inexcusables imperativos de la economía europea debe ser competir en el mercado global, y este cambio constituye un prerrequisito necesario para ese fin. 
En el estudio de estas propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha procedido a una amplia revisión de la redacción del texto, que creo es aceptable tanto para la Comisión como para el Consejo, y que también resuelve las dudas de la comisión. 
Por ello, confío en que, si el Parlamento en su totalidad está de acuerdo, estemos en disposición de resolver esta propuesta en una sola lectura, lo que a su vez supondrá la emisión de un importante mensaje a todo el mundo. 
En especial, se han introducido importantes elementos y algunos de ellos merecen ser mencionados. 
Entre ellos se incluyen los siguientes: en primer lugar, siguiendo la declaración al Parlamento del Presidente Prodi del mes pasado acerca de los aspectos de comitología de la propuesta Lamfalussy, la Comisión ha acordado que los pertinentes y adecuados principios contenidos en el mismo sean aplicados pari passu en esta ocasión. 
Por ello, estaría enormemente agradecido si el Comisario pudiera ahora confirmar este extremo a esta Asamblea, ya que este es un elemento importante y crucial para sus diputados. 
En segundo lugar, en el particular caso de empresas de la Comunidad Europea que registren sus cuentas con el U.S. GAAP en un mercado regulado en un tercer país, podrán éstas aplazar la ejecución de las correspondientes disposiciones de este reglamento hasta 2007 y no 2005. 
En tercer lugar, se ha aclarado que las normas internacionales de contabilidad que se han acordado serán publicadas, en su forma jurídicamente vinculante, en el Diario Oficial en todas las lenguas oficiales. 
En cuarto lugar, esta propuesta excluye expresamente la aplicación obligatoria de las normas internacionales de contabilidad en lo que respecta a las PYMEs. 
Desde luego queda a la discreción de los Estados miembros su aplicación a escala nacional, pero ese es un asunto de su incumbencia y no de la nuestra. 
En cualquier caso, como resultado, según creo, de una iniciativa comunitaria, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad va a considerar todo el asunto de las cuestiones contables y las PYMEs, que por supuesto es algo totalmente diferente a lo que estamos debatiendo ahora. 
También es importante explicar a la Asamblea que este reglamento queda insertado en cualquier caso en los parámetros del actual código contable de la Comunidad Europea y que las normas en sí mismas solo pueden ser aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad después de un riguroso y transparente proceso acordado por el CNIC en su propia constitución, que debe ser debidamente aprobada y jurídicamente imponible. 
También hay que dejar muy claro que la Comisión desempeña un papel importante- como también los legisladores nacionales- en la formulación de las normas conforme a los adecuados procedimientos del CNCI. 
Además, a este respecto hay un amplio número de sectores europeos implicados que tienen una relación formal con la Comisión a través de EFRAG, el grupo asesor europeo para la información financiera, que ha sido constituido con ese fin. 
Como he dicho al hacer mi introducción, tras el colapso de Enron en los Estados Unidos, esta propuesta es oportuna porque es improbable que tal debacle hubiera podido ocurrir bajo esta configuración de las normas de contabilidad, que es finalista en lugar de prescriptiva. 
Aunque, desde luego, en sí mismo ello es insuficiente para evitar el fraude y las malas practicas. 
Una adecuada aplicación, como ocurre con toda legislación, es esencial, y los elementos para su consecución son distintos, si bien están asociados, del establecimiento de las normas. 
En un mundo en el que las normas de contabilidad suelen registrar bajas lecturas en la escala Richter de la noticiabilidad política, en esta ocasión éstas muestran un perfil más alto de lo normal. 
Para Europa, aprobar esta legislación supondría un crucial paso adelante hacia el establecimiento de un cuerpo de normas de contabilidad aplicable a escala mundial y, lo que es más, un cuerpo de reglas de aplicación mundial en cuya creación Europa desempeñará un papel importante. 
Señor Presidente, este es el premio. 
En mi opinión ahora lo tenemos a nuestro alcance. 
Si apoyamos esta propuesta en el Parlamento, ello implicará la consideración de que el Parlamento se toma en serio los negocios y el comercio, y mostrará al mundo que Europa significa negociación sobre los negocios. 
Y ese es el objetivo del plan de acción de los servicios financieros. 
Señor Presidente, considerando que los colegas de la sesión plenaria siguen nuestra votación en la Comisión Económica y en la Comisión Jurídica, y han aprobado este informe prácticamente de forma unánime, mientras que todos los demás cumplen lo acordado, creo que podremos cerrar esta propuesta en una sola lectura, lo que podría considerarse un pequeño milagro. 
Se han producido numerosos obstáculos, aunque hemos encontrado una solución para la mayoría. 
En este sentido, hemos sido capaces de disponer que las normas aprobadas sean traducidas y publicadas en todos los idiomas oficiales. 
La propuesta existente en este aspecto era totalmente inaceptable. 
Si logramos corregir esta situación, habremos llegado muy lejos. 
Las diversas enmiendas también nos han permitido delimitar la aplicación de la comitología, tal y como ha indicado nuestro colega, el Sr. Inglewood. 
Por falta de tiempo, Presidente, no puedo tratar de forma más detallada las demás mejoras, aunque me adhiero a lo expresado por el ponente de la Comisión Jurídica. 
Personalmente, quisiera limitarme a preguntarle lo siguiente a la Comisión. 
Las pequeñas y medianas empresas aún no saben cuando van a ampliar las administraciones nacionales la aplicación de este reglamento a sus respectivos ámbitos. Se sienten un poco dejados de la mano de Dios. 
Sin embargo, creo que no será excesivo prestar atención de forma organizada, tras la aprobación por parte del Consejo, a las consecuencias de las diversas opciones que pueden adoptar los Estados Miembros en lo que respecta a la aplicación del artículo 5 y hacer un esfuerzo de coordinación. 
A falta de armonización en la legislación fiscal, tampoco me parecería fuera de lugar que se debatiera la nueva relación entre la legislación relativa a las cuentas anuales, el derecho de sociedades y el derecho fiscal que se pretende implantar en la mayoría de los Estados miembros y comprobar si no sería coordinar esta cuestión también a escala europea. 
¿Puedo preguntarle a la Comisión si, a la vista de este problema, pretende poner en marcha un debate en relación con las PYMES para comprobar si se deben adoptar iniciativas en el plano europeo? 
En segundo lugar, quisiera pedirle a la Comisión que si se debe adaptar la legislación contable, que se haga teniendo en consideración los intereses de las PYMES. 
Señor Presidente, de las intervenciones anteriores del ponente de fondo y de la ponente de opinión, así como de la intervención del Sr. Lehne, en nombre del Partido Popular Europeo, se deduce que existe una cierta unanimidad que el Grupo Socialista comparte. 
Creemos que la propuesta de la Comisión es adecuada y que el informe del Sr. Inglewood matiza algunos de los aspectos, en especial, en la referencia al procedimiento de comitología y en la referencia explícita a los compromisos asumidos por el Presidente de la Comisión durante el pasado mes de febrero en relación con la participación del Parlamento en el desarrollo de la normativa sobre los mercados financieros. 
En segundo lugar, como ha dicho el Sr. Lehne, la adopción de las normas internacionales de contabilidad por parte de la Comunidad consta de una segunda parte, la negociación con las autoridades responsables de los Estados Unidos- no con el Gobierno de los Estados Unidos, sino sobre todo con la ' Securities and Exchanges Commission? -de unas normas que eviten que las empresas europeas tengan que recurrir a unas dobles exigencias de contabilidad para intervenir en Europa y para actuar en los mercados norteamericanos. 
El Sr. Inglewood ha introducido una serie de enmiendas que, en nuestra opinión, van dirigidas a mejorar el texto de la Directiva, en el marco del espíritu de colaboración existente entre este Parlamento y la Comisión. 
Como ha dicho el Sr. Inglewood, lo que esperamos es que se pueda alcanzar en breve un acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento para que se pueda aprobar la Directiva con gran rapidez sin que sea necesario recurrir al procedimiento de conciliación. 
Por tanto, el Grupo Socialista, en principio, votará a favor del conjunto de las enmiendas. 
Encontramos ciertas dificultades en relación con determinadas enmiendas y tendremos que examinar aún si son compatibles con nuestro punto de vista y, sobre todo, esperamos la opinión de la Comisión en relación con algunos aspectos de las mismas. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente de fondo y al de opinión por el consenso que han conseguido conjuntamente. 
La primera vez que apareció este informe pareció que éste únicamente cubría una cuestión técnica menor, pero de hecho se trata de una cuestión técnica menor capaz de hacer una gran diferencia. 
Es de suma importancia, como se acaba de decir, para el plan de acción de los servicios financieros y para el mejor funcionamiento del mercado interior. 
Como Lord Inglewood acaba de decir, se trata de una propuesta que, políticamente hablando, ha llegado en el momento oportuno. 
El colapso de una gran corporación como Enron y las reverberaciones de tal colapso sobre los empleados, los pequeños inversores, los pensionistas, nos convence de que si hay algún modo de contribuir a evitar tales miserias para algunos de nuestros ciudadanos debemos, desde luego, acometerlo. 
Estas normas internacionales de contabilidad parecen albergar tal promesa, tanto en el seno de la Unión Europea como más allá. 
Confío en que así sea. 
También espero, como han dicho otros oradores, que el sistema relativo a la comisión técnica- una comisión técnica establecida dentro de nuestras instituciones- incorpore la apertura y, más importante aun, la responsabilidad democrática que este Parlamento pretende. 
Nuestra sociedad, nuestros ciudadanos, tienen un gran interés depositado en el éxito y la salud de nuestras grandes corporaciones. 
Claramente, es nuestra obligación asegurar que las normas bajo las cuales se gobiernan o regulan alcancen los óptimos niveles de gestión corporativa. 
Este informe constituye un importante paso en la consecución de ello y puedo asegurarle al ponente que en esta Asamblea tendrá el completo apoyo del Grupo ELDR. 
. (EN) Señor Presidente, le doy las gracias por concederme la palabra para este asunto, que es de la mayor importancia, incluso si bien puede no acaparar la atención pública que merece. 
Quisiera comenzar dando las gracias al Parlamento por el interés que ha mostrado en este informe, y especialmente a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y a su ponente, Lord Inglewood, y también a la Sra. Thyssen, por su excelente trabajo. 
Se han hecho rápidos avances y espero que la presente propuesta pueda ser aprobada en una sola lectura; algunos diputados ya se han referido a esa posibilidad y la Comisión confía en que ese sea ciertamente el caso. 
Si tenemos éxito en esto, se emitirá una fuerte señal política de que la Unión Europea no solo considera seriamente la consecución de un mercado de capitales integrado en el año 2005, como reclamó el Consejo Europeo de Lisboa hace dos años, sino que también está preparada para liderar el desarrollo de las normas internacionales de contabilidad. 
De forma similar, unos informes financieros transparentes constituyen un elemento esencial para la realización de unos integrados, competitivos y atractivos mercados de capitales en la UE, que complementen la moneda única y, de ese modo fortalezcan la economía europea. 
Esto también mostrará, en especial en nuestra relación con los Estados Unidos, la determinación que tenemos acerca del modo en que queremos que las cosas se desarrollen en el futuro. 
Ello debe allanar el camino para que los Estados Unidos acepten las normas internacionales de contabilidad para las empresas de cotización oficial. 
Ciertamente, en mi visita a Washington en la segunda quincena de mayo, insistiré en el asunto. 
Tras el colapso de Enron ha aumentado la preocupación, ciertamente en los Estados Unidos aunque también en Europa, sobre la calidad de los informes financieros de las empresas que cotizan en bolsa. 
Desde luego se debe evitar cualquier efecto de inercia que pueda propiciar una pérdida de confianza entre los inversores, los accionistas y otros interesados, incluyendo a los empleados, en el funcionamiento de nuestros mercados de capitales. 
Mucho antes de que Enron empezara a generar titulares de prensa, Europa optó por unas normas internacionales de contabilidad de alta calidad, que potencialmente pudieran convertirse en unas normas de verdadera aplicación mundial. 
Unas normas de contabilidad de alta calidad constituyen el sustrato de una buena información financiera y la configuración de las NIC, basada en los principios, asegurará que las cuentas reflejen la realidad económica, y que de este modo se restaure la confianza de los inversores en que las cosas son realmente lo que parecen. 
El objetivo del Consejo para las Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) de minimizar las normas de detalle y las exenciones, derrotará esa cultura que se reduce a ' ¿dónde dice que no puedo hacerlo? ?, cultura que han forjado los muchos miles de páginas de las normas casuísticas del U.S. GAAP. 
Las NIC también proporcionarán la información adecuada y fiable que los inversores y otras partes interesadas necesitan para realizar comparaciones transfronterizas e intersectoriales en toda la Unión Europea. 
Las compañías europeas con cotización oficial han estado esperado durante mucho tiempo la señal que este Parlamento está ahora en disposición de emitir, y para las compañías de la UE ello significa claramente que las cosas han empezado en serio y que deben preparar el cambio a las normas internacionales de contabilidad sin más dilación. 
Este gran logro también demuestra que nuestras instituciones pueden colaborar estrechamente cuando la situación lo exige, lo cual celebro vivamente. 
A este respecto y en respuesta a los comentarios de Lord Inglewood y la Sra. Thyssen y también, creo el Sr. Lehne, quisiera resaltar que los compromisos adquiridos por la Comisión el 5 de febrero de 2002, en la declaración del Presidente Romano Prodi a este Parlamento sobre la ejecución de la legislación sobre los servicios financieros, son también de plena aplicación a la presente propuesta. 
Este es el caso y así seguirá siendo. 
Esos compromisos también son de aplicación a la presente propuesta y una clara referencia a este hecho se incluye en la enmienda 4, como ha sido aprobada en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior el 26 de febrero de 2002. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas aprobadas por unanimidad por la Comisión de Asuntos Jurídicos, a pesar de la revocación de la enmienda 6 que más o menos viene a repetir un considerando. 
Antes de terminar quisiera responder a tres comentarios concretos que se han esta noche. 
En primer lugar, respecto de las lenguas, es ciertamente importante que las NIC respaldadas por la Unión Europea sean publicadas en todas las lenguas oficiales- 11 en este momento, aunque 19 bien pronto- y posteriormente sean incorporadas al derecho comunitario. 
En segundo lugar, respecto de las PYMEs, una cuestión planteada en particular por la Sra. Thyssen, la Comisión entablará un debate sobre las exigencias contables para las pequeñas y medianas empresas en el contexto de la modernización de las directivas contables, para la que, antes del verano, la Comisión presentará oficialmente una propuesta. 
En ultimo lugar, está la cuestión de las consecuencias de la debacle de Enron. 
Tengo la intención de iniciar un debate sobre las consecuencias de la debacle para las auditorias y, actualmente, estamos discutiendo con los Estados miembros un documento sobre la independencia de los auditores, que estoy seguro el Sr. Lehne tendrá interés en leer. 
Tan pronto como esté preparado lo pondremos a disposición de los diputados de este Parlamento. 
Para terminar, señor Presidente, un sólido voto en favor de esta propuesta constituiría una fundamental contribución a la armonización internacional y europea en el campo contable, promocionando un único cuerpo de normas de contabilidad, en concreto las NIC. 
La aprobación de las NIC para Europa propiciará una mayor capacidad de comparación de información financiera para los inversores y los accionistas, y contribuiría al retorno de la confianza en la eficacia de nuestros mercados financieros. 
Esta es una oportunidad para el liderazgo europeo que estoy seguro el Parlamento querrá aprovechar, como así quieren la Comisión y el Consejo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0058/2002) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativa a la Posición común adoptada por el Consejo sobre la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (14091/1/2001- C5-0642/2001- 2000/0139 (COD) ) (Ponente: Sr. Ferber). 
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega, Sr. Ferber, por la excepcional labor que ha realizado, por su paciencia y por su buena intención, su disposición a colaborar con todas las secciones del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
Gracias a la labor del Sr. Ferber hemos conseguido tener este resultado magnífico, en mi opinión, sobre un tema que parecía extraordinariamente difícil. 
Cuando dio comienzo el debate y en la primera lectura, todos nos dábamos cuenta de que había problemas muy graves y diferencias, casi insalvables, entre las distintas secciones del Parlamento Europeo. 
La votación, por lo menos en nuestra comisión, hace pocos días ha mostrado que la gran mayoría del Parlamento Europeo está de acuerdo con las posturas que nos acaba de plantear el ponente. 
Señor Presidente, teníamos que conciliar dos necesidades: una necesidad era garantizar la prestación de un servicio universal, de un servicio universal para las regiones insulares, para regiones montañosas, zonas alejadas de la Unión Europea y, por otra parte, la necesidad de un mercado libre, de que haya competencia, de que se garantice el mercado único en este campo también, ampliando las opciones del consumidor. 
Y creo que finalmente hemos logrado conciliar estas dos necesidades de forma creativa. 
Así pues el resultado es bueno, tanto para quienes temían que el servicio universal pudiera quedar afectado como para quienes deseaban fomentar el mercado único y la ampliación de las opciones del consumidor. 
Y, claro, de esta manera también cumplimos con las órdenes de Consejos Europeos anteriores, como el Consejo de Lisboa, que hablaba de la necesidad de fomentar la ampliación del mercado en los servicios postales. 
Con las tres enmiendas propuestas por nuestra comisión, creo que las cosas mejoran aún más, y pienso que estas enmiendas pueden ser aceptadas por la Comisión y por el Consejo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Ferber, por todo su trabajo y, ciertamente, dar las gracias al Comisario por su trabajo. 
Algunos de ustedes quizá encuentren esto algo sorprendente, ya que es sabido que el Comisario Bolkestein y yo no nos hemos visto las caras en este asunto en ningún momento. 
En cualquier caso, lo que hemos recibido del Consejo es el resultado de un buen trabajo por parte de todos. 
Quisiera resaltar lo que nosotros, como Parlamento, solicitamos en la primera lectura y lo que efectivamente hemos obtenido. 
Pedimos una liberalización controlada y gradual. 
¿Coincidió el Consejo con esto? 
Solicitamos la codecisión para el Parlamento Europeo sobre cualquier paso que quisiera darse en el futuro hacia la liberalización completa. 
¿La hemos obtenido? 
Pedimos que los servicios especiales quedasen fuera de la directiva. 
¿Estuvieron de acuerdo con ello? 
También solicitamos que se garantizara el servicio universal. 
¿Nos han concedido esto? 
Lo que no nos han concedido es el punto de partida de 150 gramos para esa liberalización controlada y gradual. 
Como ha dicho el ponente, alcanzaron un compromiso para 100 gramos y posteriormente para 50. 
No esta mal para un Parlamento Europeo hacer cinco peticiones, obtener cuatro en toda su extensión y media de la restante. 
Por ello, quisiera llamar la atención de todos aquellos que desean persistir en el nivel de los 150 gramos acerca de dónde les conducirán sus actos si insisten en esa particular medida. 
Si insistimos en los 150 gramos propiciaremos el fracaso del acuerdo. 
La posición común del Consejo se deshilará y se desmoronará. 
Todos nuestros logros, incluida la codecisión sobre futuras acciones, se perderán y la Comisión, entonces, se acogerá al Artículo 80- lo que estoy seguro desean hacer- y nos procurarán una liberalización completa más pronto que tarde. 
Si ha habido alguna vez un ejemplo clásico de lo que significa ser abofeteado para después ser escupido a la cara, ese es el caso de los que abogan por los 150 gramos. 
Por ultimo, a través de esta Asamblea quisiera hacer una petición a Postcomm, el regulador británico de los servicios postales. 
Ahora dispones de una oportunidad, mediante esta directiva, para acabar con la guerra autodeclarada contra la Oficina de Correos británica y contra el pueblo británico. 
A todos nos ha impresionado tu imagen de macho, sin duda adquirida por ver demasiados combates de la Federación Internacional de Lucha Libre. 
Pero Europa ha vuelto a enseñaros la forma de mantener un servicio postal viable, ofreciendo un servicio universal de excelente calidad a precios razonables. 
De modo que, ¡por lo que más quieras, Postcomm, sal de la trinchera y demuestra algo de sensatez! 
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, también por haber hecho referencia a la presidencia belga. 
Me enorgullece que un miembro de mi partido como Rik Daems haya logrado en su momento y gracias a su habilidad negociadora, plasmar sobre el papel una posición común que no parecía sencilla de alcanzar. 
Creo que se trata de una posición muy equilibrada. 
Nuestro colega, el Sr. Simpson, también lo ha expresado así. 
Quizás aún haya personas que opinen que los servicios postales deben seguir siendo un monopolio nacional de la administración pública; yo no soy uno de ellos. 
Quizás haya otras personas que crean que no hay que hablar de los servicios públicos; yo no soy en absoluto uno de ellos. 
La posición común se encuentra entre ambos extremos. 
Tiene en cuenta los deseos de los clientes, de los usuarios de los servicios postales, y creo que ésa debe ser nuestra primera tarea. 
Debemos asegurarnos que las empresas postales puedan y estén obligadas a hacerlo. 
Contamos con el consenso de quince Estados Miembros, contamos con el consenso de quince empresas postales. Esto es muy importante. 
Esto significa que podemos avanzar con gran rapidez en la modernización de este tipo de servicios y que podemos convertirlos en empresas verdaderamente eficaces en la medida en que aún no lo sean. 
También hay personas que desean ir más deprisa de lo que se recoge en la posición común, personas que quieren ir más despacio, que desean gramajes superiores, etc... 
No creo que sea conveniente. 
Nuestro colega, el Sr. Simpson, ya lo ha dicho: si tiramos del hilo, se deshará el conjunto y el resultado será negativo. 
Debemos asegurarnos que eso no ocurra. 
Nuestro Grupo aprobará, por consiguiente, las tres enmiendas del ponente y no las demás. 
La propuesta con la que contamos ahora ofrece a las empresas postales la posibilidad de convertirse en un plazo realista, como máximo en 2009, en empresas modernas con funciones concretas, cuentas claras, empresas que piensen primero en sus clientes y luego en sí mismas, además de asignarles una función social. Una función social en zonas con baja densidad de población, en zonas remotas, una función social de cara a los más desfavorecidos de nuestra sociedad... aspectos esenciales desde mi punto de vista. 
Asimismo, elaboraremos una directiva que permita a todos los Estados Miembros y a todas las empresas de servicios postales cumplir dicha función. 
Señor Presidente, creo que si hacemos caso al ponente y logramos- tal y como espero que sea- la aprobación del Consejo y de la Comisión, habremos logrado algo que merece la pena y de lo que podremos sentirnos orgullosos. 
Señor Presidente, en nuestra opinión, la revisión de la directiva postal no es defendible. 
No es defendible desde el punto de vista del interés general de los ciudadanos europeos, y su votación hoy sería un acto político irresponsable. 
¿Por qué irresponsable? 
Porque todos conocemos el vínculo social que desempeña el correo en las zonas urbanas desfavorecidas, en las zonas rurales o en las zonas periféricas. 
Y sabemos, comprendemos muy bien, como cualquier niño de seis años, que la reducción del perímetro de los servicios reservados mina la capacidad de los operadores para mantener las perecuaciones financieras que constituyen la base de la solidaridad. 
Una solidaridad que permite también efectuar las modernizaciones necesarias para suministrar unas prestaciones de calidad para todos. 
¿Vamos a decir mañana al contribuyente que tiene que echar dinero a la olla para financiar el servicio universal, como en los Países Bajos? 
¿Vamos a manifestar, después de esta votación, nuestro apoyo a los cierres de oficinas de correos, nuestro apoyo a los empleados de correos que van a ser despedidos? 
No, decididamente, no es defendible aceptar hoy una posición común que todavía se parece demasiado a la de la primera lectura. 
No hay nada nuevo en el debate. 
No he oído decir que el precio del sello hubiera bajado en Suecia. 
No he oído decir que los operadores hubieran compensado los puestos de trabajo perdidos en los operadores históricos. 
No he oído decir que los nuevos operadores reflexionasen sobre un precio único del sello europeo. 
No, decididamente, nada nuevo. 
Seguimos esperando de la Comisión las evaluaciones previstas en 1997, solicitadas en dos resoluciones del Parlamento y en el informe del Sr. Ferber. 
Pido a los diputados... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, tras la apertura de los servicios postales a la competencia- iniciada en 1997 -, la Comisión presentó en 2000 nuevas propuestas con vistas a una desregulación a partir de 2003, y ello en la perspectiva de una liberalización total en 2009. 
La Comisión- lo recuerdo- proponía, en particular, el descenso de los límites de peso y de precio, de 350 a 50 gramos y de cinco veces la tarifa pública a dos veces y media, la creación de servicios especiales de alto valor añadido abiertos a la competencia, una liberalización progresiva del correo transfronterizo de salida y de la publicidad directa, así como la fijación de fechas concretas para la liberalización total. 
En la primera lectura, el Parlamento Europeo resistió y se negó por una gran mayoría a seguir totalmente a la Comisión. 
Propuso que el descenso de los límites de peso y de precios se detuviera en 150 gramos y cuatro veces la tarifa pública; rechazó la liberalización del correo transfronterizo y de la publicidad directa; rechazó los servicios especiales y la fecha de la etapa final de liberalización; y, por último, reclamó un auténtico estudio de impacto. 
La posición del Consejo de Ministros- por más que digan algunos colegas- se aparta sensiblemente de este compromiso mayoritario del Parlamento Europeo. 
Aun cuando abandona también la creación de los servicios especiales- de lo cual me alegro -, retoma las propuestas iniciales de la Comisión sobre el descenso de los umbrales y, a pesar de una ponderación mediante el anuncio de fechas de etapa, estimo que ratifica de hecho la liberalización total del sector. 
Por eso, me resulta difícil entender por qué lo que encontrábamos negativo ayer resulta positivo hoy. 
El Consejo y la Comisión no han tenido en cuenta la opinión del Parlamento: imponen una nueva etapa importante en la vía de la liberalización del sector postal. 
Ahora bien, el informe del Sr. Ferber- por cuyo trabajo le felicito yo también -, tal como ha sido adoptado por la Comisión de Transportes, se alinea con la posición del Consejo, completándola ciertamente con algunas enmiendas, que, por mi parte, encuentro muy insuficientes y que sin duda harán necesaria una conciliación. 
Como expresa la opinión minoritaria de los diputados GUE, Verdes y EDD de la comisión parlamentaria, no se ofrece ninguna garantía sobre sus consecuencias sociales y económicas ni en el ámbito de la cohesión social. 
En contradicción con el espíritu y el texto del informe Langen, no se ha realizado ningún estudio previo serio, transparente ni pluralista. 
Cuestiones tan importantes como las condiciones de acceso a las redes de los nuevos operadores o las condiciones de financiación del servicio universal se dejan en la indefinición. 
Estas propuestas- tengo que decirlo- suscitan en mí, como en mi colega Flautre, una gran preocupación por sus efectos sobre las condiciones de trabajo, sobre el empleo y sobre la calidad de los servicios prestados con igualdad de acceso para todas las poblaciones, es decir, sobre el futuro mismo de los servicios públicos. 
Por ello, mi Grupo pedirá el rechazo de la posición común del Consejo mediante votación nominal y propondrá, además, una enmienda concreta para exigir una evaluación. 
Señorías, esta semana nos pronunciaremos sobre la propuesta del Consejo de Ministros de proseguir la liberalización del sector postal con una reducción drástica del monopolio a partir de 2003. 
Como recuerda una petición de los empleados de correos franceses, queremos precisar que, en Francia, el monopolio sobre el correo permitió construir un servicio público de calidad valorado por todos, que proporciona una cobertura territorial muy densa, con 90.000 carteros y 17.000 oficinas, al mismo tiempo que ofrece precios de los más bajos gracias a la perecuación tarifaria. 
En todos los países de Europa, el servicio público postal sufre los mismos efectos de la liberalización. 
Cierre de oficinas: 400 el próximo año en Bélgica, la mitad de las 1.600 oficinas de los Países Bajos, 30.000 supresiones de puestos de trabajo en Inglaterra o elevaciones de tarifas para los particulares, como en Suecia. 
En Francia, los efectos de la liberalización también se dejarán sentir, la calidad de los servicios se degrada y no se sustituye a los agentes ausentes. 
Este verano se cerraron muchas oficinas y 4.000 contratados de Derecho privado trabajaban en correos en condiciones salariales inferiores a las de los agentes estatutarios en funciones. 
Para 2002, están previstas 12.800 partidas a la jubilación y la contratación de unos 2.000 agentes, lo que representa 10.000 supresiones de puestos de trabajo. 
Este objetivo ideológico obedece a una lectura económica a corto plazo del mercado interior. 
Los ejemplos de fallo de los sistemas alternativos se multiplican: descenso de la calidad, elevación de las tarifas, incluso desaparición del servicio. 
El perjuicio para los usuarios es, pues, más grave que el que ustedes creen ver en los monopolios estatales. 
Nos negamos a dejar que desaparezca un modelo de cohesión social y territorial basado en la igualdad de las ciudadanos, aunque las cosas siempre son perfectibles. 
Nos negamos a sacrificar un servicio de calidad simplemente para abrir mercados a capitales que nada nos dice que serán europeos. 
Es urgente reaccionar, y me alegro de oír aquí allá, que algunos colegas están dispuestos a liberarse de las consignas procedentes de arriba, o incluso que esas consignas se deshilachan. 
Así pues, Señorías, habrá que votar el rechazo de la posición común, lo que para unos significa tener el coraje de respetar sus compromisos y para otros de respetar la diversidad y un modelo que queremos mantener sobre la base de una experiencia satisfactoria. 
Por último, hay que recordar dos cosas a quienes explican y temen que, si se rechaza la posición común, la Comisión recurrirá al artículo 86, que curiosamente permite a los funcionarios legislar directamente. 
Después de haber fallado ella misma, ¿está la Comisión en condiciones de enunciar las carencias de los demás? 
En efecto, a pesar de las promesas reiteradas, los estudios de impacto son oficiosos, parciales e incompletos. 
Incluso el Tribunal de Justicia podría encontrar qué censurar. 
Y si con todo se arriesgase, la Convención tendrá que redefinir los objetivos de Europa con pleno conocimiento de causa. 
Hecha esta constatación, pedimos el rechazo de este proyecto de directiva que aceleraría la degradación del servicio público. 
Señor Presidente, la posición común emitida por el Consejo el pasado 15 de octubre sobre la apertura a la competencia de los servicios postales de los países miembros representa un buen compromiso, nos dice nuestro ponente, como también los gobiernos, incluido el Gobierno socialista francés, que nos instan todos a aprobarlo. 
Sin embargo, este texto nos parece construido sobre una serie de ambigüedades que pueden encubrir muchos peligros. 
En primer lugar, el Secretario de Estado francés encargado del asunto, Sr. Piret, pretende que menos del 10 % del volumen de negocios de correos se verá sometido a la competencia en 2009, mientras que el comisario Bolkestein por su parte, lo evalúa en un 50 % del mercado europeo desde 2006. 
¿Quién tiene razón? 
Ciertamente, el primero habla de Francia y el segundo de toda la Unión, pero en cualquier caso la enormidad de la diferencia hace pensar que en alguna parte hay un malentendido o una ocultación. 
Segunda ambigüedad: se nos dice que la nueva directiva permitirá llevar a cabo una apertura gradual y controlada. 
Pero si examinamos de cerca las modalidades propuestas, cabe dudar de la calidad de dicho control. 
En efecto, la etapa intermedia del primero de enero de 2006, en la que se producirá el descenso de 100 a 50 gramos, es decir la división por dos del peso del correo que permanecerá fuera de competencia, será una etapa automática previamente decidida por el texto de hoy sin que su repercusión haya sido evaluada verdadera y seriamente. 
En tales condiciones, puede suceder que el estudio prospectivo, que está previsto realizar a partir de 2006, concluya que las decisiones esenciales se han tomado ya, que están ya detrás de nosotros y que, una vez más, habremos avanzado en la niebla sin saber exactamente en qué momento y en qué condiciones hemos franqueado las balizas esenciales. 
Será de algún modo un nuevo ejemplo de método Monnet pero a más pequeña escala. 
Para concluir, somos favorables a una apertura que permita azuzar a los servicios postales, pero no queremos tirar el bebé con el agua del baño. 
No queremos correr el riesgo de que una apertura mal controlada destruya el servicio universal, lo que sería aún más desastroso para el usuario, sobre todo en un país como Francia, donde vastas zonas rurales podrían ver degradada su comunicación postal. 
Por ello, pensamos que la etapa de 2006 no debe ser automática, sino que debe ir precedida por un estudio de impacto, serio y contradictorio, así como por una aclaración de las obligaciones de servicio público que deben imponerse a todos los operadores. 
Y, mejor aún, desearíamos que se hiciese constar, señor Presidente, que cada uno de los servicios públicos, dependientes en su conjunto de la competencia de cada Estado miembro, seguirá siendo libre de la organización final de su servicio postal. 
Señor Presidente, no solo debemos felicitar al ponente por el excelente trabajo realizado ahora y sobre todo con ocasión de la primera lectura, sino más en general a las Instituciones europeas que en esta ocasión han sido capaces de llevar acabo un buen trabajo. 
Como todos recordamos partimos de posiciones muy distantes, en algunos casos encontradas, y hemos sido capaces de llegar- el Parlamento, el Consejo y la Comisión- a una solución de compromiso que consideramos que engloba incluso las exigencias más radicales que algunos colegas han expresado esta tarde con otra exigencia irrenunciable que nosotros compartimos y apoyamos, esto es, liberalizar los servicios públicos en defensa de los ciudadanos y de los usuarios, y no por una costumbre o por una moda que tiende a liberalizarlo todo. 
Cuando se quiere liberalizar, se hace para ofrecer al consumidor, al usuario una mayor calidad de los servicios que se prestan. 
Está claro que hay algunos servicios a los que hay que prestar una atención especial, y éste es uno de ellos. 
Esta atención la hemos prestado: se han introducido mayores grados, se han introducido pasos sucesivos, hemos alcanzado realmente un resultado notable. 
Estamos convencidos, lo esperamos, de que este texto, que confiamos en que no tenga que sufrir ninguna conciliación, es un punto de referencia legislativa claro, sin ninguna ambigüedad. 
Señor Comisario, no hay márgenes de ambigüedad y si los hubiera en la letra el espíritu, por el contrario, es claro, y es respecto a eso que pedimos y esperamos que la Comisión realice su trabajo. 
Al mismo tiempo, esperamos que esta misma pauta valga para las demás Direcciones Generales, para sus colegas, en particular para los colegas encargados de la competencia, que lean en este punto, a la luz de los que hoy decidimos, también los contenciosos que están aún pendientes, algunos problemas que se vienen arrastrando desde el pasado. 
De hoy en adelante, la dirección a seguir está clara y esperamos que todos la sigan con la debida atención y participación. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en el primer apartado del prólogo de la posición común que estamos debatiendo se repite y se señala, como objetivo primordial de la política postal comunitaria, combinar el fomento de una liberalización del mercado de servicios postales gradual y controlada, garantizando continuamente la prestación de un servicio universal. 
Procedo de un país con muchísimas islas muy pequeñas, pero que también cuenta con regiones montañosas en el interior; creo que tengo derecho y razón en intranquilizarme sobre la repercusión de esta apertura en cuanto a la calidad de dicho servicio universal. 
Sin embargo, teníamos que habernos tranquilizado con los resultados tan optimistas del estudio pertinente que ha presentado la Comisión. 
¿Acaso existen tales elementos optimistas para cada uno de los ' países difíciles? , entre los cuales se halla también el mío? 
Al final, el estudio supervisado de la situación se transforma en un examen futuro, que seguirá los primeros pasos de la liberalización programada, a fin de determinar, por lo menos, los siguientes. 
Demos pues, un peso e importancia especiales a esta carrera, que en esta fase por lo menos, consideramos necesaria, dado el artículo 80 del tratado. 
Y para no ser contradictorios, tengamos en mente que la directiva en modificación 96/67 garantiza a las empresas y a los ciudadanos europeos, en el ámbito nacional y europeo, alta calidad de servicio universal sin discreción. 
Por otra parte, no podemos mover cielo y tierra para que siga siendo eficaz la política de cohesión, y después poner en peligro el funcionamiento de una oficina de correos en un pueblo, cuando es una fuente de vida para éste. 
Con la designación de ' Una fase adicional en la liberalización de los servicios postales? , el Consejo quiere hacer que el Parlamento Europeo ratifique una directiva que representa un paso más hacia la liquidación del servicio público de correos. 
La política seguida por los gobiernos nacionales y por las instituciones europeas es una política reaccionaria, perjudicial tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector, amenazado de supresión de puestos de trabajo. 
Rechazamos el proyecto del Consejo, que se comporta como un siervo de los intereses de grupos privados que se repartirán los sectores provechosos de la actividad postal dejando al sector público jirones incapaces de responder correctamente a las necesidades sociales. 
Rechazamos asimismo las enmiendas de transacción destinadas a encubrir la hipocresía, la capitulación ante los intereses privados. 
Queremos reafirmar que los servicios postales deben seguir siendo un servicio público, al que todos puedan acceder en las mismas condiciones, independientemente del lugar en que se encuentren y de cuál sea su situación social. 
No al correo a dos velocidades, no al beneficio privado a costa de los usuarios, anulación de todas las aperturas del servicio postal a prestatarios privados. 
Señor Presidente, señor comisario, el expediente sobre los servicios postales trata un tema antiguo y delicado. 
Muchos desean que las condiciones del mercado sean más libres, otros se muestran muy escépticos ante la desaparición de un servicio social por parte de los servicios postales. 
Esta contradicción ha sido tan marcada que ambas partes no han logrado llegar a un compromiso aceptable. 
Los servicios postales, al igual que los demás servicios, surgen por la necesidad de cubrir una necesidad social. 
Bajo la influencia de todo tipo de avances, predominantemente de tipo técnico, estas necesidades han evolucionado. 
La aparición de nuevos servicios de comunicación ha supuesto una intensa competencia para los servicios postales tradicionales. 
Las consecuencias de esta evolución se perciben tanto en las propias empresas como en sus plantillas. 
Creo que las empresas que gocen de una buena dosis de espíritu empresarial podrán hacer frente a estos contratiempos a través, por ejemplo, de la mecanización y automatización de los procesos de manipulación del correo. 
La situación no es tan sencilla para el personal de los servicios postales. 
Nadie puede negar que ambas evoluciones, los cambios en el terreno de la competencia y de la técnica, afectan negativamente al empleo. Debemos admitir este dato. 
Sin embargo, no debemos peder de vista la perspectiva del meollo de la cuestión: la prestación de servicios necesarios desde el punto de vista social. 
La posición común constituye, desde mi punto de vista, un avance en la dirección adecuada de cara a la prestación de servicios dirigidos al mercado, incluso en las zonas menos rentables. 
No debemos olvidarnos de que la responsabilidad de que así sea- y las condiciones en que esto se realiza- depende de los Estados Miembros. 
También se trata de un aspecto positivo. 
No hay que olvidar que la situación difiere sustancialmente de un Estado Miembro a otro. 
Para poder garantizar un servicio adecuado en todos los Estados Miembros y en todas las regiones, es conveniente que los Estados Miembros apliquen un sistema de licencias que pueda incorporar criterios de prestación. 
Aún se debe comprobar si la posición común a la que se ha llegado es capaz de garantizar dicho nivel adecuado de servicio en todas las regiones. 
Para averiguarlo, deberemos esperar a una evaluación más detallada y amplia. A partir de dicha evaluación, se deberá continuar con este debate más adelante. 
Señor Presidente, a título de resumen puedo decir que opino que la actual posición común, incluyendo las enmiendas de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, se puede considerar una posición equilibrada en lo que respecta a la evolución comercial de los servicios postales. Nuestra delegación prestará, por lo tanto, su respaldo a la misma. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los principales Grupos políticos del Parlamento han alcanzado un compromiso en el seno de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre la posición común del Consejo relativa a la liberalización de los servicios postales en la Unión, y felicito por ello al Sr. Ferber. 
El correo es un servicio de interés general, pero también una actividad económica. 
El rendimiento de los servicios postales contribuye al rendimiento de la economía nacional y de determinados sectores en particular, como la banca, los seguros o la venta a distancia. 
En un momento en que, con la moneda única, concluimos el mercado interior de los servicios financieros, en que intentamos ofrecer un marco favorable al comercio electrónico en Europa, no podemos permanecer sordos a las demandas de estos sectores de una mejora de las prestaciones y una reducción del coste de los servicios postales. 
Cierta dosis de competencia, acompañada de mayores exigencias con respecto a la calidad de los servicios, favorece la transparencia de los costes y contribuye a la competitividad de las actividades consumidoras o usuarias de los servicios postales al abrirles salidas comerciales potenciales. 
Sin embargo, me sigo oponiendo firmemente a cualquier forma de liberalización total, ya que los servicios de interés económico general desempeñan un papel en la cohesión económica, social y territorial de la Unión. 
La Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce el principio del acceso al servicio económico de interés general, tal como está previsto por las legislaciones y las prácticas nacionales. 
El acceso a los servicios postales no representa lo mismo en un país que cuenta con 17.000 oficinas de correo o en un país que apenas posee un millar. 
Hay que garantizar, pues, que la apertura a la competencia no tenga consecuencias negativas sobre el acceso a los servicios postales en las regiones más aisladas y distantes. 
En otras palabras, me parece que la modernización de los servicios postales bajo el aguijón de la competencia es hoy necesaria para el desarrollo de dichos servicios y, más en general, para la competitividad de nuestras empresas. 
Pero esta liberalización debe ser gradual y controlada, a fin de preservar la adaptabilidad, la viabilidad económica y la garantía de acceso al servicio postal universal en todo el territorio de la Unión. 
Creo que el compromiso que estudiamos aquí cumple ese doble objetivo, y por esa razón lo votaré mañana. 
Señor Presidente, señor Comisario, a la vista de la posición común, debemos felicitarnos por que la primera expresión democrática del Parlamento haya conducido a que la Comisión y el Consejo acepten algunas de sus propuestas, como los servicios especiales, la apertura gradual con un nuevo paso por el Parlamento en 2009, o incluso el mantenimiento de la publicidad directa dentro del servicio público. 
Sin embargo, hay que observar que faltan dos cosas, y ésta es una de las pocas directivas de liberalización que no las precisa. 
La primera es la financiación del servicio universal. 
En efecto, desde el momento en que los derechos exclusivos y el ámbito reservado caen y se reducen ineluctablemente, no sabemos ya cómo se financiará el servicio postal universal. 
Y no es la menor de las cosas. 
En segundo lugar, las condiciones de acceso a las redes. 
¿Se sabe si las redes de correos francesas están a disposición del servicio de correos alemán y sus grandes competidores y a la inversa? 
Es también una de las pocas directivas de liberalización que no determina con precisión este aspecto. 
Quisiera lamentar que la Comisión, y finalmente el Parlamento, no hayan querido profundizar en el debate y en estas cuestiones. 
La Comisión nos dijo que deseaba transparencia en todos los ámbitos. 
Sin embargo, nos niega una evaluación de lo que ha pasado en particular en Suecia y en Holanda, donde un mercado poco rico ha registrado un aumento de precios para los consumidores medios. 
La Comisión nos niega la verdad de los costes y esa verdad es que comunicar a todo el mundo en Grecia no es lo mismo que hacerlo en los Países Bajos. 
En total, se ha demonizado el debate, se ha hecho como si la conciliación fuera algo malo. 
Creo que se habría podido llegar al final de este debate para alcanzar una posición más equilibrada. 
Señor Presidente, en lo que respecta a la posición común, me limitaré a decir que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho el ponente, Sr. Ferber, y algunos colegas. 
No creo que se trate de una compromiso a la baja y, como tal, destinado a descontentar a todos, sino más bien que se trata de un compromiso positivo sobre todo por las garantías que da: garantías de un recorrido gradual y responsable de liberalización, sin sacrificar en lo más mínimo la necesidad de servicios universales; garantías de referencia también para los procesos de reorganización productiva y de los servicios orientada ante todo a garantizar a los consumidores prestaciones de calidad a costes decrecientes y, en todo caso, competitivos. 
Creo más bien que ahora el problema radica en evitar que la Comisión fuerce interpretaciones y aplicaciones que alteren el equilibrio alcanzado y, sobre todo, que no respeten las prerrogativas de decisión del Parlamento. 
Esto vale en particular en lo que se refiere a la normativa comunitaria en materia de competencia y a los servicios de la Comisión encargados de su cumplimiento. 
Los procedimientos de infracción que se tramitan contra el Estado italiano y la Administración de Correos de Bélgica parecen ignorar no solo que prevalece la normativa especial sobre la general, sino también la regla básica que esta directiva desarrolla mejor y que excluye la liberalización indiscriminada de los llamados servicios especiales o de valor añadido, para los cuales valen ni más ni menos los mismos límites de precio y de peso introducidos en la directiva. 
Pero esto hace referencia también a la postura de la Comisión en relación con los terminal use, de conformidad con el acuerdo REIMS II. 
Más bien me parece que la Comisión sufre un retraso en la propuesta de regulación del acceso, de conformidad con el artículo 11 de la antigua Directiva, y este retraso se debe enmendar sin que se proponga alterar los equilibrios alcanzados entre los operadores sobre la base de compromisos de reciprocidad y permitiendo que especialmente los particulares se beneficien de las ventajas sin tener que soportar los cargas. 
Señor Presidente, Correos, los servicios postales, no son una mercancía cualquiera ni un servicio cualquiera, sino que son un servicio muy sensible que requiere también un trato muy sensible. 
A mi juicio, en la primera vuelta la Comisión no ha satisfecho esta exigencia; el Parlamento Europeo lo ha rectificado y la posición común con el Consejo es, en mi opinión, un buen compromiso, que está a la altura de estas cosas, es decir, de los intereses de los ciudadanos como también de las personas y de los empleados que están afectados. 
Frente al escepticismo que se ha expresado tenemos que decir también de manera clara qué estamos votando realmente esta semana. 
Sólo a partir de 2006 se volverá interesante. 
Queremos saber de la Comisión cómo se va a financiar entonces el servicio universal. 
No hay un cheque en blanco para esto, sino que se llevará a acabo un estudio. 
No existe automatismo, sino que queremos saber con toda precisión- pues esto es lo decisivo- si las personas de las zonas rurales de las islas, tal como ha dicho, por ejemplo, el Sr. Mastorakis, seguirán teniendo un buen servicio postal, como en el pasado. 
Éste va a ser el caso a partir de 2006. 
Quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Markus Ferber, pues creo que ha hecho confluir los intereses del Parlamento con el Consejo, de tal manera que creo que en esta semana obtendremos una buena mayoría para un buen compromiso. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la posición del Parlamento Europeo en primera lectura del proyecto de directiva sobre la apertura a la competencia de los servicios postales fue determinante. 
En efecto, el Consejo aceptó cuatro de los cinco principios fundamentales defendidos por nosotros. 
En lo esencial, perdimos el objetivo de la fijación del límite mínimo del peso del correo normal, que pasará de 150 gramos a 100 gramos, pero no podemos olvidar que el límite mínimo propuesto por la Comisión Europea era de 50 gramos. 
¿Qué es lo esencial en este debate? 
Desde mi punto de vista, es que mantengamos con seguridad los servicios postales como servicios universales a lo que todos los ciudadanos europeos tienen derecho, independientemente del lugar en el que vivan. 
También es esencial que los servicios postales sigan desempeñando la función social insubstituible que hasta ahora han desempeñado, con la posibilidad de ser competitivos y poder prestar servicios cada vez más actualizados. 
Entonces, ¿qué es lo que está en juego? 
El hecho de que, al final de este año se acabe el monopolio de los servicios postales hasta ahora posible y, si no conseguimos llegar a una posición común entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, en 2003 la Comisión, al amparo de otro fundamento jurídico, podría pasar a tratar ese problema como un caso de competencia en el Mercado Interior, que es de su estricta competencia. 
Esta propuesta que estamos examinando ahora es, pues, en las circunstancias actuales la más segura. 
No sólo es razonable la posición común, y fue aceptada por las empresas encargadas de correos en nuestros países, sino que, además, hace que cualquier nueva liberación dependa del Consejo y del Parlamento. 
Por eso, sostenemos que debemos votar a favor del informe Ferber con las enmiendas que aprobamos en la Comisión de Transportes y Turismo. 
. (EN) Señor Presidente, este asunto ha sido debatido en muchos lugares a lo largo de muchos años y es un asunto de gran importancia y, por ello, saludo el hecho de que muchos oradores hayan expresado su opinión sobre el mismo. 
Soy plenamente consciente que no necesito volver a hacer hincapié en la importancia de los servicios postales para la economía europea y sus ciudadanos. 
Quisiera, no obstante, reafirmar la necesidad de progresar en la reforma social que se ha iniciado y avanzar hacia la consecución del mercado interior para los servicios postales. 
En este contexto, me complace que los debates en profundidad entablados en el Parlamento Europeo y en el Consejo estén a punto de aportar las soluciones adecuadas para los cruciales desafíos que han sido profusamente discutidos. 
Le estoy agradecido a las instituciones de la Unión Europea por diseñar conjuntamente un mapa de carreteras que respalde la actual modernización del sector postal, conservando al mismo tiempo el valor del servicio postal universal. 
Quisiera, en particular, alabar al ponente, el Sr. Ferber, y también al ponente en la sombra, el Sr. Simpson, a quien doy las gracias especialmente por las amables palabras que me ha dirigido. 
Quisiera dar las gracias tanto al ponente cono al ponente en la sombra por su apoyo y por sus actitudes constructivas que han contribuido en gran medida a que todo esto fuera posible. 
Manejar un expediente de esta dificultad ha constituido un desafío que han superado con éxito gracias al apoyo de sus colegas. 
La posición común alcanzada en el Consejo marca una clara vía para una aplicación gradual y controlada del mercado interior para los servicios postales. 
Concede un tiempo suficiente para que todos los agentes del mercado se preparen, y para garantizar la conservación del servicio postal universal. 
La Presidencia belga- el Sr. Sterckx se ha referido a la presidencia del país del que es ciudadano- la Presidencia belga ha sabido encontrar un compromiso que supera con éxito un triple desafío: en primer lugar, reconciliar alrededor de una estrategia común a Estados miembros que estaban distanciados, en segundo lugar reflejar en gran medida la posición del Parlamento Europeo de la primera lectura- el Sr. Simpson ha enumerado cinco puntos de los cuales ha dicho que el Parlamento ha conseguido cuatro y medio, y en tercer lugar conseguir un amplio apoyo de los interesados del sector, incluyendo el unánime apoyo de los 15 operadores postales involucrados. 
Si me lo permite, señor Presidente, el Parlamento puede estar ciertamente orgulloso de su significativo impacto en la posición común. 
En primer lugar la definición de servicios especiales ha sido eliminada, como ha mencionado el Sr. Simpson. 
En segundo lugar, el calendario y los límites de peso han sido sustancialmente modificados para cubrir la demanda de un enfoque más gradual y controlado. 
En tercer lugar, las derogaciones tendrán cabida en relación con la liberalización de la correspondencia saliente transfronteriza, hasta el punto que sea necesario para garantizar la prestación del servicio universal. 
En cuarto lugar, el Parlamento Europeo participará antes de dar cualquier paso decisivo en el futuro, confirmando, si procede, la plena consecución del mercado interior en el año 2009, o determinando cualquier otro paso que haya de darse a la luz de los resultados del pertinente estudio. 
Por lo tanto, parece que el Parlamento ha influido en la posición común, y merece todas las felicitaciones por ese logro. 
Además, el ponente y el ponente en la sombra han logrado mantener este compromiso de amplio apoyo. 
Han conseguido fortalecer la posición común actualizando sus disposiciones de seguimiento y control con el fin de garantizar que los interesados estén adecuadamente informados y participen completamente a lo largo del proceso. 
La Comisión respalda la solicitud expresada por la mayoría de los diputados de este Parlamento de realizar unos informes periódicos acerca de la aplicación de esta directiva. 
Ciertamente aprecio su deseo de estar informados sobre los progresos que se realicen. 
Como el Sr. Sterckx ha destacado, procedimientos similares han tenido éxito en otros sectores tales como el de las telecomunicaciones y el transporte. 
Esta demanda del Parlamento no sólo es legítima sino que también es beneficiosa, por cuanto garantiza que el próximo procedimiento de codecisión pueda tener tanto éxito como el presente en la consecución de un amplio apoyo entre los interesados para una política comunitaria de esta importancia. 
La Comisión también aprecia la contribución del Parlamento a la mayor precisión del proyecto de posición común. 
Con este espíritu, la Comisión puede aceptar, y yo las apoyo personalmente, todas las enmiendas de compromiso elaboradas durante la segunda lectura para fortalecer aun más la posición común. 
Esto concierne a las enmiendas números 1, 2 y 3. 
Por otro lado- y con el mismo espíritu- no sorprenderá a nadie que la Comisión no pueda apoyar el resto de enmiendas que se distancian del enfoque, ampliamente respaldado, de la posición común. 
Esto concierne al resto de las enmiendas propuestas a esta posición común. 
Por ultimo, en lo que respecta a la resolución legislativa propuesta ' solicitando a la Comisión que involucre, tan estrechamente como sea posible, a todos los agentes del sector así como al Parlamento Europeo y al Consejo, en la preparación, aplicación y seguimiento del estudio de prospección? , ya me he referido a este asunto. 
Quisiera volver a expresar mi mejor voluntad de conceder este deseo del Parlamento Europeo cuando llegue el momento oportuno, recurriendo a los medios más apropiados y respetando completamente los acuerdos que sean de aplicación entre la Comisión y el Parlamento sobre los procedimientos de seguimiento para las resoluciones del Parlamento Europeo. 
Para terminar, quisiera volver a expresar mi sincero agradecimiento a este Parlamento por su actitud en este informe. 
El resultado que se espera, gracias a la contribución de todos aquellos que han participado en su preparación, es positivo para el mercado postal en general y, espero, anime la Cumbre de Barcelona, que tendrá lugar dentro de unos días, cuando revise los progresos realizados en nuestra ambición por convertirnos, en el año 2010, en la economía más competitiva y dinámica del mundo. 
Este informe demuestra de forma clara y práctica que las instituciones europeas pueden transformar sus compromisos en acciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0054/2002) de la Sra. Paciotti, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión relativa al estatuto y a las condiciones generales de ejercicio de las funciones de Supervisor Europeo de Protección de Datos (COM (2001) 411- C5-0384/2001- 2001/2150 (ACI) ). 
. (IT) Señor Presidente, la decisión que nos ocupa es, al menos así lo espero, el último acto necesario para llegar al nombramiento de una autoridad europea que garantice en concreto la protección de la intimidad de los ciudadanos europeos, incluso frente a las Instituciones y a los organismos de la Comunidad. 
El Tratado de Ámsterdam dispuso en el artículo 286 que esto tenía que ocurrir a partir de 1999. 
Vamos retrasados y, por lo tanto, debemos evitar más titubeos. 
Por fortuna, gracias a un intenso trabajo común, se ha aprobado en primera lectura el Reglamento nº 45/2001 del Parlamento y del Consejo por el que se establecen los principios y las normas, correspondientes a los fijados por las directivas comunitarias para los Estados miembros, para el tratamiento de los datos personales por parte de las Instituciones y de los organismos comunitarios. 
El Reglamento ha establecido asimismo la autoridad de vigilancia independiente, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, asistido por un Supervisor adjunto encargado de velar por la aplicación del Reglamento. 
Ha fijado sus competencias y sus funciones de investigación, de asesoría, de regulación y de solución de conflictos, así como las modalidades de su nombramiento. 
Sólo falta determinar dos aspectos que no se establecen en el Reglamento: la remuneración del Supervisor y de su adjunto, así como la sede del organismo. 
Por lo que se refiere a la remuneración, puesto que se trata de un órgano con total independencia en las funciones de control de todas las Instituciones y organismos comunitarios, muy acertadamente, a mi modo de ver, se propone que el Supervisor perciba una remuneración idéntica a la del Defensor del Pueblo y de los jueces del Tribunal de Justicia, mientras que el Supervisor adjunto, nombrado con arreglo al mismo procedimiento y para el mismo periodo previstos para el Supervisor y con la misión de sustituirle en caso de ausencia o impedimento, percibirá una remuneración idéntica a la prevista para el secretario del Tribunal de Justicia. 
En cuanto a la sede, dado que la mayoría de los servicios responsables del tratamiento de los datos de carácter personal de las Instituciones y de los organismos comunitarios, se encuentra en Bruselas, se propone precisamente la fijación de la sede del Supervisor en esta ciudad. 
A resultas del debate en comisión, se han aprobado algunas enmiendas que a mí no me parecen aceptables como, por ejemplo, las que se refieren a dudas sobre la cobertura financiera que han sido superadas con la aprobación del presupuesto. 
Otras enmiendas, en cambio, recuerdan otro importante Reglamento ya aprobado, el nº 1049/2001, relativo al acceso del publico a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
Estas enmiendas, habida cuenta de que introducen considerandos y no nuevas disposiciones que serían inadmisibles por falta de fundamento jurídico, me parecen aceptables. 
La adopción, a lo largo del mismo año, de estos dos importantes reglamentos confirma que en Europa la cultura de la protección de los datos personales de las personas y la cultura de la trasparencia de las actividades públicas corren parejas y no se contraponen. 
Por el contrario, ambas se contraponen a la cultura autoritaria y burocrática que, de un lado, no respeta la intimidad de cada ciudadano, y del otro, pretende mantener reservados los procedimientos y las actividades administrativas de los organismos públicos. 
Creo que con la aprobación de esta decisión se marca un hito importante en el sistema de protección del derecho fundamental de los ciudadanos europeos a la confidencialidad de los datos personales que proclama el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Oficialmente vamos a evaluar el estatuto del Supervisor Europeo de Protección de Datos, asunto sobre el que se pueden decir muchas cosas y eso es precisamente lo que voy a hacer. 
Sin embargo, muchos de nosotros, lo que queremos, es tratar el contenido y el método de trabajo del Supervisor, aunque ese tema ya esta zanjado, tal y como se ha dicho, y me temo que en su momento no caímos en la cuenta de ello de forma colectiva. 
Ahora nos encontramos con un organismo que ofrece trabajo a quince personas y que cuenta con la colaboración de otras veinte personas que trabajan en diferentes instituciones. 
Y todo ello en un organismo que se limita exclusivamente a supervisar los datos de la Unión Europea y de los que la Unión Europea dispone para el primer pilar. 
Y son precisamente los ámbitos más delicados como Europol o Schengen, en los que se prevé la mayor avalancha de trabajo, los que se han quedado fuera de las funciones de dicho Supervisor. 
Por este motivo me pregunto qué van a hacer estas personas, treinta y cinco en total, durante todo el día, si la creación de este tipo de empleo burocrático contribuye a la transparencia y a la apertura de cara a los ciudadanos y cómo será la colaboración con el Defensor del Pueblo. 
Creo que existe un riesgo real de que se produzca una especie de competencia entre el Defensor del Pueblo y este Supervisor, ya que las funciones de ambos se solapan. 
¿Cuál es, por otra parte, la utilidad de crear una nueva institución con un paquete de competencias tan limitado con cargo al dinero de los contribuyentes? 
Pero tal y como se ha dicho, hoy solo podemos referirnos al estatuto del Supervisor y de su adjunto, aunque también tengo mis dudas al respecto. 
Podría admitir que el Supervisor tuviera el mismo estatus que el Defensor del Pueblo pero considero un despilfarro injustificable que se pretenda otorgar a su asistente el mismo estatus especial. 
El asistente debe integrarse sencillamente en el organigrama. 
La Comisión ha recalcado en todo momento la analogía existente con el Defensor del Pueblo. 
Sin embargo, el Defensor del Pueblo no cuenta con asistente ni con ningún otro funcionario que perciba una remuneración tan elevada como la del asistente de este Supervisor. 
Mientras que el Defensor del Pueblo y el Supervisor deben ser independientes, como es obvio, los cargos de carácter funcionarial deben ser responsabilidad de las autoridades presupuestarias y no plasmarse en un estatuto. 
Espero que al menos podamos regular estos aspectos en el tema que nos ocupa. 
No puedo más que respaldar lo expresado por mi colega la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Debo decir que es ciertamente decepcionante que las opiniones de dos comisiones hayan sido ignoradas en su mayor parte en la Comisión de las Libertades de los Ciudadanos. 
Es importante decir aquí y ahora que el mero hecho de que estemos de acuerdo con los principios de la protección de datos y que queramos avanzar y que esto haya de realizarse rápidamente, no nos exime de la tarea de estudiar esta propuesta de forma adecuada. 
Normalmente, como él sabe, respaldo lo que hace el Sr. Bolkestein, pero en este caso no me parece que la Comisión nos haya justificado en modo alguno el salario y el estatuto del personal que propone para la gestión de esta tarea. 
Quisiera hacerme eco de lo dicho por la Sra. Buitenweg. 
Si esto es aprobado como se propone, para llevar a cabo el trabajo que hemos definido aquí, nombraremos a alguien que tendrá una graduación y un salario superior que el de alguien que dirija alguna de las principales instituciones comunitarias, como por ejemplo la Oficina de Protección de Marcas y Patentes- una de las principales instituciones autónomas. 
Como ha dicho la Sra. Buitenweg, aun no sabemos cuánta gente se involucrará en este proceso. 
He solicitado a la Comisión que me diera más detalles sobre el establecimiento, la organización y las responsabilidades y, en especial, sobre el papel del asistente. 
Sin embargo, la Comisión propone que nombremos a un asistente basándonos en el perfil de alguien que dirige a una plantilla de 1.000 personas en el Tribunal de Cuentas Europeo- bien, eso carece de sentido. 
Francamente, he de decirle al Sr. Bolkestein, si esto se aprueba mañana- y espero que tengamos efectivamente la posibilidad de discutir más detalladamente y evaluar algunas de las enmiendas que usted va a aceptar- que el hecho de que nos hayamos incorporado en el final del proceso ha hecho muy difícil que, aquellos de nosotros que buscaban un cambio, presentásemos unas enmiendas decentes. 
Si esto es aprobado, se habrá usted salido fácilmente con la suya y espero que nos asegure, en primer lugar, que justificará adecuadamente este nivel y este cargo, y en segundo lugar, que podremos examinar a fondo todas las decisiones que tomen cuando lo vayan a poner en vigor, para cerciorarnos de que se hace adecuadamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que guardo cierta simpatía por las observaciones que acaba de realizar el Sr. Harbour. 
Ha hablado muy claramente y estoy seguro de que el Comisario Bolkestein ha escuchado atentamente lo que éste tenía que decir. 
No obstante, yo veo esto desde una perspectiva un poco diferente. 
El cargo de Supervisor de Protección de Datos es de enorme importancia. 
La Carta de Derechos Fundamentales, en cuya preparación participé, declara que todos tenemos el derecho a la protección de los datos personales que nos preocupen y el Tratado de Ámsterdam instaba al establecimiento de un supervisor independiente para el 1 de enero de 1999. 
Esta fecha, desde luego, hace tiempo que ha pasado y nuestra prioridad es, por tanto, crear este puesto lo antes posible. 
La urgencia de la cuestión no debería constituir en sí misma una excusa para precipitar su aprobación sin haber tenido antes un debate adecuado. 
De hecho, el salario tanto del Supervisor de Protección de Datos como de su asistente ha provocado numerosas discusiones en el seno de las comisiones. 
A mucha gente, incluido yo mismo, nos encolerizó el irrazonablemente alto salario del supervisor, que desde luego será comparable al del Defensor del pueblo. 
Pero comparo esta discusión con el tipo de debate que podría tener lugar en un parlamento nacional por cuanto, francamente, la propia cuestión reviste tal importancia para la creación del cargo que quizá no debiera ser discutida en este Pleno en concreto, sino en otro lugar. 
No somos tan flexibles como yo quisiera. 
La mayoría de las cuestiones relacionadas con el cargo ya han sido establecidas en el Reglamento del Consejo (EC) nº 45/2001 y publicadas en el Diario Oficial. 
Me consta que la Secretaría General también ha declarado varias enmiendas fuera de orden y ello ha causado inquietud entre muchos diputados. 
La política interna también ha tenido su papel en este debate. 
Es lamentable que no exista ni un solo instrumento de protección de datos para todos los pilares. 
Como diputado de la Convención para el futuro de Europa, espero, de hecho puedo anticiparles, que en la conclusión de los trabajos que llevaremos a cabo, es posible que la protección de la persona privada y los intereses de la persona privada, tanto en términos del trabajo del Defensor del Pueblo- que valoro y respeto profundamente- como también en relación con las cuestiones de la protección de datos, sea expuesta meridianamente como algo que requiere un desarrollo en el futuro. 
Espero, por tanto, que independientemente de los que se decida- y confío que decidamos seguir adelante con este cargo cuando votemos esta semana- regresemos sobre el asunto y en su momento, quizá durante el debate del próximo tratado o antes, reflexionemos sobre el modo de apoyar la posición de los ciudadanos y nos aseguremos de que su relación con las instituciones europeas sea una relación equilibrada. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario, el debate de hoy trata realmente de una lucha entre la apertura y las tinieblas. 
Nos sorprende la cantidad de recursos que se pretende destinar a este sector, en comparación con lo que la Comisión ha invertido para hacer realidad el reglamento de apertura. 
Este desequilibrio nos preocupa. 
Obviamente nos preocupa también la interpretación de la Comisión del reglamento de apertura. 
El Parlamento y la Comisión no están de acuerdo en torno al caso Bavarian Lager ni en relación con la interpretación que hace la Comisión del concepto data protection. 
Por eso este asunto es tan difícil. 
Como ciudadana nórdica, me preocupa también que la Comisión jamás se haya remitido al texto complementario que se incorporó a la directiva 95/46EG por iniciativa sueca, donde se dispone que siempre hay que tener en cuenta la publicidad en materia de datos personales. 
Quisiera decir a algunos de los diputados presentes que en Suecia hay quienes sostienen que convendría derogar la ley de datos personales. 
Personalmente, cuando he querido saber quién ha presentado a la Comisión quejas sobre mi país, ésta me ha negado la información invocando la ley de datos personales. 
Me gustaría citar lo que ha dicho nuestro asesor jurídico sobre las razones por las que no se puede publicar en Internet la lista de asistentes y de expertos jurídicos de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La razón fue la siguiente: 
(la oradora continúa en francés) 
Existe el Reglamento nº 45/2001 relativo a la protección de datos de carácter personal. 
Indudablemente, una persona puede ser llevada ante el juez por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, quien goza de muy amplias facultades, incluso superiores a las del Defensor del Pueblo Europeo. 
(la oradora continúa en sueco) 
Estos son hechos. 
Espero que respaldemos la apertura y que al menos podamos interrogar en el Parlamento a los que se propongan para este cargo. 
Señor Presidente, la Comisión ha manifestado que el derecho de acceso a los documentos y el derecho a la privacidad son ambos unos derechos legítimos y que cuando se reflexiona sobre ambos hay que alcanzar un equilibrio. 
No obstante, la idea de alcanzar un equilibrio entre ambos aplicada al caso concreto, cuando aparecen nombres, desdibuja la naturaleza tanto de la actuación abierta en el sector público como la del derecho a la privacidad. 
El principio de apertura significa que los órganos públicos deben tomar las decisiones de la forma más abierta posible y éste queda ahora definido en el reglamento sobre acceso público. 
Ese reglamento establece excepciones a ese acceso. 
La razón de ser de esa excepción reside en que es posible que el órgano público, en el cumplimiento de sus funciones públicas, llegue a poseer información sobre la familia y la vida privada de los individuos. 
En cualquier caso, no hay nada en el artículo 286 del Tratado de la CE ni en la Directiva de protección de datos que sugiera que las reglas de protección de datos deban aplicarse en las administraciones públicas como principio general de confidencialidad de modo que se tenga que realizar un ejercicio público de ponderación en caso de que un documento mencione un nombre. 
Tal sobreinterpretación dañaría no solo el derecho de acceso público a los documentos sino también el genuino objetivo de la protección de datos y el cumplimiento de las obligaciones del Supervisor de Protección de Datos. 
Señor Presidente, celebro que la Unión se disponga a crear su propio Supervisor de Protección de Datos. 
Si no existe un control eficaz e independiente de la formulación y aplicación de la legislación, los ciudadanos corren el riesgo de que se violen sus derechos humanos contemplados en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, esto es, el derecho a la vida familiar y privada y a la protección de los datos personales. 
Cada vez hay más personas que disponen de datos personales delicados. 
La cantidad de datos de esta naturaleza va a aumentar aún más, especialmente cuando Schengen se haya integrado plenamente en la legislación comunitaria. 
Se puede suponer que a largo plazo aumentará el número de datos delicados. 
Cabe destacar que el país comunitario que incorporó la protección de datos con mayor anticipación es el mismo que cuenta con las normas más avanzadas sobre apertura y transparencia. 
Para poder establecer un principio de apertura fuerte y de carácter general, hay que entender que la fortaleza debe hallarse en ambos aspectos. 
Los derechos se contrapesan. 
El fundamento de la legislación de apertura ya existe. 
Ahora hay que respetarlo y aplicarlo como ha sido concebido, sin que otros métodos lo desvirtúen. 
Con el establecimiento de este Supervisor, la Unión demuestra que garantiza seriamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Tanto el derecho a acceder a los documentos y a la información como la defensa de los derechos fundamentales son derechos legítimos. 
Tienen la misma jerarquía. 
También se contrapesan en la Carta de Derechos Fundamentales aprobada por esta Asamblea. 
Lógicamente, esta postura también debería reflejarse en el rango de este Supervisor. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, conviene subrayar que la protección de los datos personales es esencial para velar por que todas las personas puedan ver sus derechos y libertades respetados, en particular su derecho a la intimidad, en toda la Comunidad Europea. 
Esta propuesta pretende dar respuesta, como ya se ha dicho, a dos aspectos esenciales: las condiciones de trabajo del organismo europeo encargado de esa protección de datos y que quedaron por resolver en el Reglamento 45/2001, es decir, la cuestión de la remuneración del organismo europeo y del organismo adjunto y la cuestión de su ubicación. 
Respecto de la ubicación, convengo con quienes han dicho que no tiene sentido otra que no sea Bruselas por las razones que ya se han señalado y que me dispenso de repetir. 
Pero existen algunas otras cuestiones que tal vez por el carácter sumamente técnico y abstracto del reglamento, aún no están zanjadas y se les debería dar respuesta. 
Se deberían incluir, por ejemplo, disposiciones relativas a los aspectos procesales y al modo como el organismo deberá ejercer sus poderes de investigación. 
Por otra parte, es de lamentar que no exista ningún instrumento para la protección de datos aplicable a todos los pilares comunitarios. 
Las funciones de ese organismo se limitarán al primer pilar, por lo que actualmente están excluidas de su ámbito EUROPOL y Schengen- en relación con los cuales también se prevén instrumentos de protección de datos- y en 2000 se creó una secretaría común. 
Eso significa que serán pocos los datos de carácter más delicado que recaerán en el ámbito de ese organismo europeo, lo que legitima las críticas de quienes dicen que probablemente el marco remunerativo será excesivo para un conjunto tan reducido de funciones. 
Espero sinceramente que en un futuro próximo la estructura y la organización actuales de ese organismo se puedan adaptar a fin de integrar también, bajo la competencia de un organismo europeo único, los organismos de control de protección de datos que funcionan en los órganos europeos instituidos conforme a los títulos V y VI del Tratado para evitar una innecesaria duplicación de funciones y recursos. 
Al mismo tiempo, estaría bien prevenir el riesgo de una posible duplicación de algunas funciones entre el Defensor del Pueblo y ese organismo europeo con vistas a optimar la utilización de los recursos comunitarios. 
. (EN) Señor Presidente, el objetivo de este proyecto de decisión es garantizar la plena aplicación del Artículo 286 del Tratado de Ámsterdam y del Reglamento (CE) nº 45/2001 sobre la protección de los individuos respecto del proceso de datos personales por parte de los órganos e instituciones comunitarias, aprobado por el procedimiento de codecisión el 18 de diciembre de 2000. 
Antes de continuar quisiera destacar que el reglamento que estamos debatiendo ahora fue aprobado por este Parlamento en codecisión en una sola lectura, por lo que es un poco tarde para algunos diputados de este Parlamento para quejarse del contenido de este reglamento, por ejemplo cuando estipula que en este ámbito debería existir un regulador asistente. 
Es un poco tarde para empezar a protestar sobre esto, aunque hoy nos estamos ocupando de otros asuntos y, por lo tanto, quisiera continuar mi intervención en este debate diciendo que trata el lugar de la protección de datos en relación con el derecho de los ciudadanos a una administración transparente. 
Algunos de los diputados que han intervenido esta noche han expresado su preocupación por que esta iniciativa pueda impedir, o incluso invertir, los importantes progresos que se han hecho en la consecución de la mayor transparencia posible en la administración comunitaria. 
A estos diputados les aseguro que el principio de transparencia, y en especial el principio del acceso público a los documentos tal y como se consagra en el Tratado de Ámsterdam, en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 y en la Carta de Derechos Fundamentales, es aplicable a los órganos e instituciones comunitarias y en especial al Supervisor Europeo de Protección de Datos. 
Por otra parte, ninguno de estos dos principios- por un lado la protección de datos y por otro el acceso público a los documentos- tiene fuerza absoluta o tiene primacía sobre el otro. 
La Convención de Derechos Humanos, como se interpreta en la jurisprudencia de los tribunales de Estrasburgo y en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, exige que se establezca un equilibrio en el caso concreto con el fin de conciliar los diversos intereses que estén presentes. 
Cualquier intento de modificar esto, introduciendo en el campo de aplicación de los derechos fundamentales que rigen la protección de datos una estrecha interpretación que impida que a los representantes del nuevo órgano se les conceda el estatus internacional que precisan para asegurar su independencia, estaría moviéndose sobre un terreno movedizo. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aquí en Estrasburgo ha generado una jurisprudencia sobre la interpretación del alcance de la protección de la vida privada y familiar que no puede ni debe ser puesta en tela de juicio por esta decisión. 
De acuerdo con esta jurisprudencia la vida profesional de los individuos- tanto de empleados como de empleadores- no queda excluida del ámbito de aplicación de la protección de datos. 
La enmienda número 1 introduciría una ambigüedad inaceptable a este respecto. 
El estatuto del Supervisor Europeo de Protección de Datos y su ayudante, que juntos forman una especie de mini comité, debe, sobre todo, garantizar su independencia en el contexto institucional comunitario más allá de los aspectos puramente presupuestarios. 
El Defensor del Pueblo constituye una buena referencia en el contexto comunitario, teniendo en cuenta su papel en el seguimiento de los procedimientos administrativos. 
En el contexto nacional- quisiera decirle en especial al Sr. Harbour, aunque también a otros- se suele tomar como referencia a un juez o incluso a un magistrado. 
El proyecto de decisión tiene en cuenta ambas referencias. 
Cualquier menoscabo en el estatus del asistente implicaría una pérdida de independencia sin ningún ahorro presupuestario correspondiente. 
Las enmiendas números 10, 11, 13 y 14 no son suficientemente precisas para determinar el nivel de remuneración del Presidente y su asistente. 
Las enmiendas números 12 y 16 contienen excelentes ideas pero la base legal de la actual decisión, el artículo 43 del reglamento 45/2001, no es lo suficientemente amplia como para ampararlas. 
Las enmiendas números 9 y 15 se refieren solo parcialmente a las pruebas y deben volver a ser redactadas en el objetivo de conseguir un mayor equilibrio. 
El Parlamento y otras instituciones implicadas tienen una gran responsabilidad hacia los ciudadanos de Europa a la hora de garantizar que el sistema de protección de datos, incluyendo la supervisión establecida en el Tratado años atrás en 199, sea puesto enmarca lo antes posible. 
Teniendo esto en cuenta, la Comisión tiene la intención de ser muy flexible respecto de las enmiendas aceptadas en la Comisión de Libertades Civiles en el diálogo tripartito, con el fin de conseguir un texto final de la decisión, a través de un acuerdo alcanzado por las tres instituciones. 
También confía en que el Consejo, que ya ha expresado su acuerdo con la propuesta de la Comisión, sea capaz de actuar de la misma forma. 
Creo que debería plantear una cuestión de orden en relación con lo que el Comisario acaba de decir. 
Se ha referido a una serie de textos acerca de la definición de la privacidad y ha mencionado el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza la protección de la vida privada y familiar. 
Al igual que el ponente respecto del Reglamento sobre el Acceso a Documentos, creo que es justo recordar que en su sentencia de 16 de febrero de 200, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó su jurisprudencia previa, de que son los datos relativos a la vida privada de un individuo los que recaen en el ámbito del Artículo 8. 
El preámbulo de la Convención sobre Protección de Datos y los considerandos de la Directiva de Protección de Datos también dejan claro que su objetivo es proteger el derecho fundamental de la privacidad, no restringir la información disponible para los ciudadanos acerca de actividades públicas. 
Si la Comisión sigue la línea expresada esta noche, acabará colisionando con el Parlamento. 
Señor Cashman, ahora no estoy en disposición de decidir si eso constituye estrictamente una cuestión de orden o no. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12:00 horas. 
De conformidad con el orden del día procede el debate del informe (A5-0046/2002) de la Sra. Malmström, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea (modificación del artículo 57 del Reglamento) (2001/2110 (REG) ). 
. (SV) Señor Presidente, señora Comisaria, el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea es una herramienta muy importante en el Parlamento para la toma de decisiones y para la planificación. 
Nos sirve de fundamento cuando planificamos nuestro trabajo, un trabajo que tiene consecuencias tanto para nosotros mismos como para los parlamentos nacionales y para los ciudadanos. 
Es sabida la importancia de hacer un seguimiento de las decisiones en las instituciones europeas. 
Los trabajos de reforma del Parlamento tienen este objetivo. 
Está en la agenda del Presidente Cox, y este anhelo es la base del meritorio trabajo que realiza el Sr. Corbett en relación con la reforma de los métodos de trabajo. 
Una mayor apertura y accesibilidad es también la idea central de los trabajos de la Comisión en relación con el Libro Blanco sobre la gobernanza europea. 
Desgraciadamente, el Programa no ha funcionado siempre tan bien. 
En numerosas ocasiones el Parlamento ha criticado los procedimientos. 
El Programa se ha retrasado. 
Las prioridades no han sido claras. 
El seguimiento ha sido insuficiente, a pesar de que en el acuerdo marco se señala claramente que la Comisión debe ajustarse a las directrices propuestas por el Parlamento. 
Sin embargo, el Parlamento ha respondido con largas ' listas de compras? que no siempre han sido realistas. 
Inmediatamente antes de la Navidad, cuando se presentó la propuesta de la Comisión, el Parlamento optó por no considerarlo como un Programa de legislación, ya que se trataba de un texto que contenía sólo objetivos de carácter general. 
El desarrollo del procedimiento de codecisión hace necesario que el papel del Parlamento y del Consejo sea más importante en los preparativos del Programa, aunque la Comisión, tal como se dispone en el Tratado, tiene derecho a la iniciativa. 
Mientras más iniciativas legislativas toma el Consejo, más difícil resulta para el Parlamento cumplir sus funciones y a veces se nos acusa de ser los culpables de que se retrasen las leyes. 
Por eso, para lograr una mayor sincronización, conviene que el Consejo y los dos países que ejercerán la Presidencia durante el año participen en la planificación del Programa anual,. 
Nueve meses después de las negociaciones y tras muchas reuniones nos hemos puesto de acuerdo en la manera de mejorar los procedimientos. 
Pienso que hemos hecho un gran avance en favor de los ciudadanos, de las instituciones y de nosotros mismos. 
Este acuerdo implica un proceso bastante largo, con puntos de reunión, diálogo permanente y estaciones de control, en un ambiente de estrecha colaboración. 
El año se inició con una especie de debate state of the union respecto al año próximo, en el que participaron todas las instituciones, incluido el Consejo. 
Este debate debe asentarse en un borrador de programa preparado por la Comisión y en la primavera deben tener lugar conversaciones entre la Comisión y las comisiones correspondientes para discutir las prioridades en los distintos sectores. 
Los que diariamente nos ocupamos de estas materias en las comisiones tenemos una sensibilidad natural para determinar qué asuntos son prioritarios y qué normas complementarias y posturas comunes se necesitan. 
Con la temprana participación de las comisiones estaremos mejor preparados cuando lleguen las propuestas legislativas y los trabajos podrán realizarse con mayor fluidez. 
En este acuerdo se contempla también evaluar el trabajo legislativo que se esté realizando, lo que, a mi juicio, es muy conveniente para evitar que se vuelvan a presentar las propuestas. 
Posteriormente la Conferencia de Presidentes hará un inventario de los futuros programas. 
Las propuestas de la Comisión se presentarán a la Asamblea en noviembre. 
Todo esto está en el documento anejo a la propuesta que votaremos mañana. 
El Programa anual de legislación contendrá referencias a un calendario, a unos fundamentos jurídicos y a las consecuencias presupuestarias. 
También es conveniente pensar en el cumplimiento de las prioridades y del principio de subsidiariedad. 
Éstos son los compromisos de la Comisión, pero se necesita también que el Parlamento asuma responsabilidades y demuestre disciplina en cuanto al número de propuestas que pedimos a la Comisión. 
No podemos hacer largas listas, sino que tenemos que demostrar que somos capaces de fijar prioridades. 
Además, la designación de ponentes debe hacerse con mayor celeridad. 
Podemos ganar mucho si creamos un buen clima de cooperación con la Comisión. 
Para facilitar a los ciudadanos, a nosotros mismos y a los medios de comunicación el seguimiento de los trabajos legislativos, se debe crear una base de datos en la que se pueda ver quién es responsable de las propuestas en la Comisión y en el Parlamento. 
En esta base de datos también deberían registrarse los calendarios, los fundamentos jurídicos y las consecuencias presupuestarias. 
Esta base de datos tiene que ser pública. 
A mi juicio, sería una gran ayuda para nuestros colegas en los parlamentos nacionales. 
Señor Presidente, espero que los Comisarios empiecen pronto, en los próximos días, a visitar las comisiones del Parlamento con el objeto de cumplir con los calendarios y los métodos de trabajo que hemos acordado. 
Modificando los procedimientos de esta manera, creo que los ciclos legislativos y los métodos de trabajo serán más eficaces, más transparentes y más comprensibles. 
Así podrá mejorarse considerablemente la gobernanza europea. 
Finalmente quiero dar las gracias a la señora de Palacio, que ha hecho reales esfuerzos para lograr este acuerdo. 
Se nota que usted ha sido parlamentaria y entiende los problemas e inquietudes del Parlamento. 
Doy las gracias también a los demás Grupos por su colaboración para alcanzar estos resultados. 
Señor Presidente, mi Grupo apoyará las propuestas de la Sra. Malmström, y también quisiera expresarle mis felicitaciones por el duro trabajo que ha realizado durante más de nueve meses y por haber negociado intensamente con la Comisión. 
El Parlamento y la Comisión han reconocido hace tiempo que la planificación legislativa es una cuestión de mutua incumbencia. 
La Comisión tiene el derecho de iniciativa. 
Mi Grupo no pretende cambiar eso. 
Nosotros tenemos el derecho de instar a la Comisión a que haga propuestas que ya se nos concedió en el Tratado. 
Ostenta el derecho de iniciativa. 
Somos un Parlamento que es dueño de su propio calendario, a diferencia de algunos parlamentos nacionales. 
Por lo tanto, ambos tenemos interés en alcanzar un acuerdo sobre el programa legislativo de cualquier año para que podamos planificar nuestro trabajo, para que podamos intercambiar opiniones sobre las prioridades, para llegar a acuerdos y converger todo lo posible. 
Ese ha sido el caso durante mucho tiempo, pero los actuales procedimiento por los que lo hemos hecho no han funcionado siempre de forma satisfactoria, y saludo esta puesta al día y racionalización que se ha propuesto. 
Teniendo en cuenta el número de veces en las que debatiremos y contemplaremos el programa del año venidero en diferentes foros a lo largo de un año, mi único temor es que, si no tenemos autodisciplina, emplearemos una enorme cantidad de tiempo considerando lo que habrá de llegar dentro de un año sin ser demasiado concretos. 
Hemos de ser disciplinados y asegurarnos que no surge ese problema. 
A esta fiesta le falta un ánima, en concreto el Consejo, y el papel de la Presidencia del Consejo. 
Las presidencias del Consejo a menudo presentan un programa al Parlamento como si estuvieran asumiendo el poder ejecutivo. 
Los presidentes del Consejo deben recordar que no están asumiendo el poder ejecutivo cuando se convierten en presidentes del Consejo. 
Están, simplemente, presidiendo el órgano que colegisla con el Parlamento durante un corto periodo de seis meses, con una agenda heredada. 
Debemos asegurarnos que esta planificación legislativa funcione, evitando el quebranto que supondría para todo el equilibrio del sistema si se adoptase de forma incorrecta. 
Yo también quisiera comenzar felicitando a la Sra. Malmström por este informe. 
Se trata de una importante propuesta porque introduce una estructura más formal en el proceso de evaluación del Parlamento del programa legislativo de la Comisión, que constituye, al fin y al cabo, un componente importante de una de nuestras funciones principales- es decir, evaluar y controlar la responsabilidad de la Comisión. 
Hacer un seguimiento de lo que la Comisión está haciendo es siempre algo difícil a no ser que uno sea un verdadero iniciado en el funcionamiento del sistema político europeo. 
La mayoría de la gente no lo es y, por tanto, introducir una estructura más formal en este proceso es, en mi opinión, un desarrollo muy positivo ya que ayuda a aquellos que se encuentran fuera del círculo de iniciados, insertando una serie marcas en el ciclo del año de trabajo. 
La ignorancia sobre el modo en que funciona la Unión Europea, junto con el fracaso de los parlamentos nacionales en la supervisión y control adecuado de los asuntos europeos, constituyen dos de las grandes debilidades en la estructura política europea, a medida que esta se ha ido desarrollando. 
Ahora, mientras que son los propios parlamentos nacionales los que deben determinan sus propios calendarios, como diputado de la segunda cámara británica y como diputado de esta Asamblea, pienso que configuración formal del modo en que el Parlamento Europeo evalúa lo que la Comisión está haciendo, puede constituir un buen modelo para las labores de control de los parlamentos nacionales y, al mismo tiempo, para la transmisión de datos precisos sobre lo que está ocurriendo a escala europea, para beneficio de todos nuestros ciudadanos. 
. Señor Presidente, Señorías, les agradezco sinceramente la oportunidad que me brindan de participar en este debate sobre la reforma del Reglamento del Parlamento Europeo y, concretamente, la propuesta de revisión de su artículo 57, que recoge el acuerdo que hemos alcanzado entre Parlamento y Comisión respecto a las modalidades de presentación de nuestro programa legislativo y de trabajo. 
Los contactos que hemos mantenido a lo largo de estos meses nos han permitido llegar a una solución para estructurar un diálogo constructivo sobre este tema, que es importante. 
El texto que la Comisión de Asuntos Constitucionales propone incluir en un anexo al Reglamento del Parlamento Europeo respeta el papel institucional de la Comisión y del Parlamento y honra los compromisos mutuos que hemos asumido a lo largo de estos dos años y medio. 
En primer lugar, agradezco la colaboración, el trabajo constructivo- no siempre ha sido todo fácil, pero creo que el resultado merece la pena- en nuestros debates y discusiones de la ponente Sra. Malmström, de todo el equipo del Parlamento, de los representantes de los distintos Grupos políticos, porque creo que ello nos ha permitido lograr una propuesta que espero que sea beneficiosa para el funcionamiento de las instituciones europeas. 
El Colegio de Comisarios ha mantenido unos detenidos debates al respecto y ha acordado que debe mantenerse el derecho de iniciativa que contemplan los Tratados en su fórmula actual, con la responsabilidad colegial de la Comisión. 
Asimismo, el Parlamento debe ser informado a tiempo y, no sólo informado, sino que debe estar en condiciones de poder contribuir con sus ideas y sugerencias en la mejor definición de las políticas comunitarias. 
En ese sentido, creo que el acuerdo, que no voy a explicar, porque lo ha hecho magníficamente la Sra. Malmström, recoge perfectamente un procedimiento que podrá permitir aunar esos elementos. 
Respecto a lo que ha planteado el Sr. Corbet, es verdad, deberíamos ver de qué modo podemos articular la participación del Consejo en este proceso. 
Habrá que buscar una fórmula, que, por supuesto, deberá tener el visto bueno del Consejo. 
En cualquier caso, desde la Comisión esperamos que con este diálogo estructurado podamos concentrarnos, como decía muy bien la Sra. Malmström en lo que son aspectos políticos, estratégicos en cuanto a las grandes líneas de actuación, con realismo, tal y como dijo en su día, además, el nuevo Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Cox. 
La Comisión Prodi comparte plenamente este objetivo y queremos evitar que este proceso se convierta en una mera operación burocrática contable, lo cual no es óbice para que se mantenga el rigor correspondiente y los debates vayan acompañados de líneas generales y de planteamientos políticos que- como se ha dicho en algún momento- se traduzcan en propuestas y líneas políticas concretas. 
Espero que, a través de este diálogo, discutiremos nuestras prioridades políticas para el 2003, para definir cauces concretos de acción para la Europa ampliada. 
En cualquier caso, la Comisión, como viene haciéndolo desde el año 1999 en que entró en funciones, cumplirá fielmente los acuerdos con este Parlamento y esperamos que la confianza y la colaboración entre ambas instituciones favorezca el mejor funcionamiento de las instituciones y que, además, en su momento podamos buscar una fórmula para incorporar también al Consejo. 
Enhorabuena de nuevo a la Sra. Malmström. 
Creo que las discusiones han sido largas, pero que el resultado final merece la pena. 
En cualquier caso, lo veremos en breve, porque dentro de un par de meses se iniciará una primera ronda de participaciones de todos los comisarios- a través de las comisiones especializadas- respecto a nuestros proyectos de futuro para el año próximo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Declaro clausurado el periodo de sesiones 2001-2002 del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 9.15 horas) 
Declaro la apertura del periodo anual de sesiones del Parlamento Europeo para el año 2002-2003. 
He recibido una solicitud para el procedimiento de urgencia sobre la propuesta del Consejo de modificar el fundamento jurídico del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) 218/92 sobre la cooperación administrativa en el sector de los impuestos indirectos (IVA) (C5-0103/2002- 2000/0147 (COD) ). 
Señor Presidente, hace dos años la Comisión presentó dos propuestas de modificación, una de la 6ª Directiva y otra del Reglamento sobre cooperación administrativa. 
El objeto de ambas era acabar con la discriminación que sufren las empresas europeas respecto a las de terceros países, singularmente las americanas, en la prestación de servicios. 
Esta discriminación se debe a que las empresas de fuera de la Unión no pagan el impuesto sobre el valor añadido cuando prestan servicios electrónicos, mientras que las empresas europeas sí están obligadas a pagarlo. 
Siendo este tema urgente, el Parlamento evacuó en muy poco tiempo los dos informes. 
En este momento, el Consejo nos pide un cambio de fundamento jurídico exclusivamente para el Reglamento de cooperación administrativa. 
No voy a extenderme en este tema, pero quiero decir que son dos cosas distintas. 
La comisión cree que no debe procederse al cambio de fundamento jurídico, pero que el tema debe estudiarse con absoluta urgencia, para acabar con esta discriminación y, además, como ha pedido el Parlamento, para facilitar el uso de medios electrónicos para la identificación de los clientes, acabando con los costes que soportan, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas. 
Por eso, señor Presidente, aconsejaría a esta Cámara que acceda a la petición del Consejo en lo que se refiere al trámite de urgencia, y que no acceda, cuando este tema se trate, al cambio de fundamento jurídico. 
Una cosa es negar la petición material y otra negarla con carácter de urgencia para que estas dos propuestas puedan ver la luz muy pronto. 
Señor Presidente, no se me han puesto a disposición a tiempo o no dispongo en absoluto de las informaciones relativas a la votación sobre la solicitud de urgencia sobre la cooperación de las autoridades administrativas, por lo que no puedo votar. 
Señor Ilgenfritz, entiendo su petición. 
Sin embargo tengo que decirle que los servicios del Parlamento están intentando, desde ayer por la tarde, tener la traducción. 
Si usted insiste deberemos trasladar la hora de las votaciones para poder distribuir el documento en cuestión en todas las lenguas. 
Ayer por la tarde asistí a la reunión de coordinadores de la Comisión de Asunto Económicos y Monetarios. 
Lamentablemente, la presidenta, la Sra. Randzio-Plath, no se encuentra presente. De haber estado aquí, la Sra. Randzio-Plath hubiera contado, sin duda, que la reunión de coordinadores celebrada ayer por la tarde decidió emitir un dictamen contrario al procedimiento de urgencia. 
El motivo de esta decisión es que el Consejo desea resolver este asunto antes del 1 de julio y este plazo puede cumplirse incluso si hoy no aprobamos el procedimiento de urgencia. 
Esta cuestión se puede tramitar con rapidez sin que existan motivos que justifiquen un procedimiento de urgencia. 
Es cierto que la base jurídica sigue suponiendo un problema, pero podemos tratarlo más adelante. 
Por este motivo, la Comisión de Asunto Económicos y Monetarios no recomienda el procedimiento de urgencia. 
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de orden sobre un asunto muy serio relacionado con el whisky escocés. 
Hace un año, este Parlamento seleccionó dos marcas de whisky con nuestra etiqueta del Parlamento y nuestro emblema estampado en las botellas para su comercialización entre los diputados, los visitantes del Parlamento y las personas que visitan nuestras tiendas en Bruselas y Estrasburgo. 
El Colegio de Cuestores dio su conformidad a todas las condiciones necesarias para que dichas marcas de whisky se pusieran a la venta en nuestras dependencias, pero la administración del Parlamento sigue bloqueando su venta. 
Es un asunto muy serio porque plantea el interrogante de quién rige este Parlamento- ¿los diputados o la administración? 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que intervenga en este asunto para garantizar que la decisión del Colegio de Cuestores, adoptada en nombre de los diputados, se cumple y que dichas marcas de whisky se ponen a la venta en nuestras tiendas. 
Muchas gracias, señor Stevenson. 
Quisiera confirmarle que los Cuestores examinarán mañana la cuestión de acuerdo con lo que ha dicho. 
Señor Presidente, ayer en unos de los campos de refugiados de Palestina las tropas de Ariel Sharon han matado a veintidós personas. 
No sé si sentir horror o vergüenza ante este tratamiento que el Gobierno de Israel da a los palestinos, que me recuerda al que recibieron los propios judíos en Europa hace 60 años. 
Creo que esto debe acabar y que el Presidente del Parlamento debería enviar una protesta y una condena por semejantes actos. 
Le agradezco mucho su intervención, señora Nogueira Román. 
Se ha tomado nota de las observaciones, y las comisiones competentes del Parlamento las examinarán. 
Señor Presidente, en la línea que acaba de mencionar el Sr. Nogueira, quisiera referirme a un tema que afecta, de forma aún más directa a esta Cámara. 
Como sabe la Cámara, hace unos días el representante especial de la Unión Europea- institución a la que pertenece esta Cámara -, el Sr. Moratinos, ha sido retenido durante unos minutos contra su voluntad en la residencia del Presidente Arafat, debido al bombardeo, por parte de las tropas israelíes, de dicha residencia. 
Señor Presidente, le ruego que transmita la indignación de esta Cámara a la Presidencia española del Consejo por la agresión descarada contra un representante diplomático de la Unión Europea en ejercicio de sus funciones, mientras se encontraba en Palestina con el Presidente de la Autoridad Palestina, hecho que, como saben sus Señorías y el Presidente, ocurrió con conocimiento previo de las autoridades de Israel. 
Muchas gracias. 
Puede estar seguro de que lo que usted ha dicho, se transmitirá como compete. 
Con el pretexto de que se trata de un asunto importante y urgente, el Grupo Socialista pidió ayer la retirada de una moción de urgencia sobre Chechenia, para abordar el tema cuando llegue el momento- y espero que sea pronto-. 
Hoy, por la vía de una moción de orden, se quiere dar carta de naturaleza a una posición política del Parlamento ante una situación muy grave y muy importante que no tiene arreglo. 
Evidentemente, todo el mundo lamenta que el Sr. Moratinos estuviera allí en el momento en que los hechos tuvieron lugar. 
Todo el mundo está al corriente de cuál es la situación en Oriente Medio, situación que merece un debate en profundidad, y no una moción de orden y una indicación a la Presidencia. 
Por tanto, señor Presidente, le invito a pedir, eventualmente, que se lleve a cabo un debate, pero le ruego que no adopte esa actitud típica de pedir a la Presidencia que haga algo que, en circunstancias normales, no queremos que el Parlamento haga. 
Señor Presidente, he escuchado las dos intervenciones de mis Sres. colegas sobre el crimen que se está cometiendo en Oriente Medio contra el pueblo palestino y estoy completamente de acuerdo. 
Mi problema es que en algún momento- y propongo que sea inmediatamente- tenemos que pasar de las declaraciones y las condenas orales a la acción; y la primera acción es interrumpir inmediatamente toda financiación, por parte de la Unión Europea, a Israel, así como toda relación de equipamiento militar entre Israel y los países, y las industrias de armamento de la Unión Europea; porque parece que estas relaciones son bastante intensas. 
¡Basta pues de hipocresía! 
Pasemos a la acción para obstaculizar que este crimen horrible continúe. 
Como usted comprenderá, en este momento no podemos debatir con detenimiento la esencia del problema del Cercano Oriente. 
Su observación ha sido anotada y le doy las gracias. 
. 
(SV) Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, este año el proceso presupuestario es un poco diferente al de años anteriores. 
Nos acercamos a un presupuesto basado en las actividades. 
Obviamente esperamos que esto a largo plazo signifique mayor claridad y simplicidad, aunque precisamente este año habrá procedimientos paralelos, donde coexisten métodos antiguos y nuevos. 
Otra novedad es que las tres instituciones aportan sus directrices políticas casi simultáneamente. 
Actualmente la Comisión produce un annual policy statement y el Consejo decide sobre las directrices. 
En mi opinión, esto debería implicar un mejor diálogo sobre las prioridades y que la propuesta presupuestaria preliminar de la Comisión pueda fundamentarse en criterios de las tres instituciones, y no solamente en los de la propia Comisión. 
Esto debería conllevar mejoras en el proceso presupuestario y simplificaciones. 
Quizá la mayor diferencia para el Parlamento sea que ahora se hace mayor hincapié en el seguimiento y el cumplimiento. 
No podemos contentarnos con adoptar decisiones sobre una serie de cifras que después sólo quedan en el papel. 
Como Parlamento tenemos que asegurarnos que nuestros anhelos y prioridades se cumplan. 
En las directrices que presenta la comisión al Parlamento Europeo hay una serie de expresiones más severas que las de años anteriores. 
Son expresiones sobre la importancia de que el presupuesto se cumpla, incluso en lo que respecta al Parlamento Europeo y a las decisiones de las autoridades presupuestarias. 
Se refieren a las cantidades, a las objeciones presupuestarias, etcétera. 
En la Comisión de Presupuestos hemos observado en reiteradas oportunidades que las objeciones hechas por el Parlamento Europeo no han llevado a la Comisión a actuar en conformidad con las decisiones adoptadas. 
En numerosas ocasiones hemos señalado la importancia de que se cumplan los presupuestos. 
La situación se hace realmente alarmante cuando año tras año vemos que hay superávit, que se devuelve dinero a los países miembros porque se han dejado de cumplir actividades importantes. 
Esto es particularmente grave tratándose de materias políticamente prioritarias, como, por ejemplo, las ayudas para políticas regionales en el marco de los Fondos estructurales o las ayudas al desarrollo a países a los que hemos dado prioridad en diferentes partes del mundo. 
Ya se nos ha avisado que se presentará una propuesta que implica que los Estados miembros quieren que se les devuelvan anticipadamente 10 millones de euros del superávit del año 2001. 
Estamos hablando de una décima parte de la totalidad del presupuesto. 
Este superávit se ha producido principalmente porque los Fondos estructurales no han sido capaces de realizar sus programas. 
Pensamos que esto debería hacer aumentar la presión, tanto sobre la Comisión como sobre los Estados miembros, para que tomen en serio los problemas relacionados con el cumplimiento. 
Esto tiene relevancia para la confianza en la UE como institución. 
También esto nos ha llevado a intentar modificar el proceso presupuestario. 
Pretendemos que las comisiones participen de manera diferente. 
Así, por ejemplo, se organizan hearings con los Comisarios y se pretende que cada comisión estudie su parte del presupuesto y se interese por su cumplimiento. 
De esta manera todo el Parlamento Europeo participa más activamente en el proceso presupuestario. 
El debate presupuestario también será diferente. 
En la sesión de julio se discutirá principalmente el cumplimiento, pero este debate se realizará paralelamente con otro sobre el mandato para las negociaciones de conciliación en relación con la primera lectura en el Consejo. 
En la Comisión de Presupuestos teníamos un gran número de enmiendas, 129 para ser más precisos. 
Aquí en la Sala se han reducido considerablemente debido a que hemos logrado ponernos de acuerdo en una línea de consenso en relación con las prioridades principales. 
Estamos plenamente de acuerdo en que la principal prioridad política de la UE es la ampliación. 
A nosotros nos corresponde hacer los preparativos para que se pueda realizar esta histórica tarea. 
La ampliación propiamente tal no crea problemas presupuestarios para 2003, pero, de todos modos, nos afecta de diferentes maneras. 
Tenemos que empezar el debate sobre los efectos de la ampliación a largo plazo, y el Parlamento Europeo quiere participar en este debate. 
Los acuerdos a que se ha llegado en las negociaciones con los Estados miembros van a afectar a los presupuestos del futuro. 
Por eso la ampliación es un asunto de gran interés para el Parlamento Europeo. 
También tenemos que promover un debate sobre cómo se debe preparar la adhesión. 
Entre otras cosas están las ayudas a la preadhesión de la categoría 7 y nuestros propios costes administrativos para preparar la interpretación, las traducciones, los edificios y locales que se necesitan para la ampliación. 
Los mayores y más graves problemas se relacionan con los gastos administrativos de la categoría 5. 
Si no se hace algo radical, corremos el riesgo de que sobrepasemos el techo presupuestario en 2003 y, además, existe un grave peligro de que ocurra lo mismo en 2004. 
Por eso intentamos presionar a los secretarios generales de nuestras instituciones para que presenten propuestas concretas de coordinación y de ahorro. 
Si no lo logramos, tendremos que discutir dolorosos cambios de prioridades o la incorporación de nuevos recursos. 
Estoy convencido de que nadie en este Parlamento quiere poner en peligro el calendario de la ampliación por estos motivos. 
Cambios tales como aumentar la colaboración y racionalizar los trabajos están en plena coincidencia con las ideas que sostenemos en torno a la reforma de las instituciones de la Unión, de la Comisión, etcétera. 
Se hará mucho hincapié en el papel de la Unión en materia de relaciones exteriores y de política de ayudas al desarrollo. 
Este año corremos el riesgo de que aumenten los problemas que dominaron el debate el año pasado, es decir, que a nuestras prioridades tradicionales e añadieron nuevas tareas, tales como los Balcanes, Afganistán, Global Health Fond y la política exterior y de seguridad común. 
Al final resulta imposible seguir introduciendo nuevas tareas bajo el mismo techo presupuestario, especialmente si las antiguas a menudo están relacionadas con compromisos concretos hechos a países en otras partes del mundo. 
Aunque no hayamos adoptado una decisión respecto a la propuesta de la Comisión sobre un nuevo instrumento de flexibilidad, no cabe duda que aplaudimos un debate sobre esta materia o sobre un empleo más planificado de la denominada emergency reserve. 
Quisiera mencionar también un par de materias en las que nuestra actitud es muy enérgica. 
Respecto a la categoría 3, los gastos internos, existe la posibilidad, abierta por el proceso de Barcelona, de usar más eficazmente los recursos en favor de la red de transeuropea, del desarrollo de las pequeñas empresas, etcétera. 
Creo que esto es muy importante. 
También intentamos que la revisión de la política agrícola, la denominada midterm reveue, realmente se traduzca en cambios. 
Para terminar, doy las gracias al Sr. Stenmarck, el otro ponente. 
Este año hay muchos ponentes nórdicos y, además, la negociación del presupuesto finalizará durante la Presidencia danesa. 
En estas circunstancias me gustaría recordarles lo que dijo Jan O. Karlsson, ex presidente del Tribunal de Cuentas, en su última intervención en el Parlamento antes de dejar su cargo. 
Señaló que lo más importante que podríamos hacer con el presupuesto de la UE es simplificarlo, haciéndolo más claro para los ciudadanos. 
. (SV) Señor Presidente, permítame comenzar dando las gracias por la excelente colaboración que hasta ahora hemos alcanzado con Göran Färm, el otro ponente. 
En las directrices para el presupuesto administrativo que tendremos que votar hay tres prioridades. 
En primer lugar está la ampliación. 
Ésta es la principal prioridad y el mayor reto para el conjunto de la UE y, por eso, es lo más importante para lo que se deben preparar, tanto el Parlamento Europeo como las demás instituciones. 
En segundo lugar tenemos las reformas institucionales, totalmente necesarias en la Europa ampliada, donde en un corto tiempo se pasará de 15 a 25 Estados miembros. 
En tercer lugar, hay que lograr la ampliación y las reformas institucionales en el marco presupuestario que se fijó en la perspectiva financiera de Berlín en 1999. 
Hay que manejar el presupuesto de la UE respetando esos límites. 
Puesto que hasta ahora hay un déficit presupuestario de unos 130 ó 140 millones de euros, se necesita una estrategia para ponerle fin. 
Es totalmente imposible hacerlo a corto plazo. 
Hay que hacer recortes en todas las instituciones. 
Ésta es la principal idea que transmito a los representantes de las distintas instituciones cuando me reúno con ellos. 
Esto les permite fijar sus prioridades, respetando por nuestra parte sus conocimientos sobre lo que más conviene hacer en los respectivos campos. 
Si no están dispuestos a revisar sus prioridades nos veremos obligados a hacerlo nosotros, pero tal vez los resultados no sean tan buenos. 
A largo plazo se necesitará un cambio en el sistema presupuestario que permita corregir el creciente déficit. 
Hace una semana tuvimos un diálogo informal en Madrid. 
No cabe duda que al menos en las palabras existe gran comprensión, tanto en la Comisión como en el Consejo, por la magnitud del problema. 
A pesar de esto, la Comisión está dispuesta a buscar la solución más sencilla imaginable, esto es, añadir recursos en la categoría 5 haciendo uso del instrumento de flexibilidad. 
Cabe subrayar que esta solución es deficiente. 
Para quienes trabajamos en una comisión anónima, sin reunirnos diariamente con nuestros electores, sería imposible explicarles, sin sentir vergüenza, que la UE necesita más dinero para emplear a más burócratas en Bruselas. 
¡Es imposible! 
En estas circunstancias, resulta particularmente importante que el Parlamento Europeo demuestre firmeza y consecuencia en su postura y en su llamado a las instituciones para que colaboren en los recortes presupuestarios. 
Permítanme decir algunas palabras sobre las principales prioridades contenidas en el informe. 
Hay numerosas materias de interés en relación con la ampliación. 
En primer lugar están las lenguas, el derecho de todos los miembros de este Parlamento a ser tratados de manera igualitaria. 
Hay sólo dos posibilidades. 
Una de ellas es que todos hablemos el mismo idioma o que cada uno hable su propia lengua. 
Si como sueco tengo derecho a hablar sueco y un portugués tiene derecho a hablar portugués, entonces un húngaro deberá tener derecho a hablar húngaro y un lituano a hablar lituano. 
La Comisión de Presupuestos ha dado su respaldo a lo que el denominado grupo Podestá llama multilingüismo controlado. 
Al mismo tiempo instamos al grupo para que presente sus conclusiones antes de que se apruebe el presupuesto de 2003. 
La ampliación también significará la necesidad de invertir en edificios, oficinas y dependencias para intérpretes. 
Todo esto es particularmente difícil, ya que no sabemos la magnitud de la ampliación. 
No lo sabremos antes de la Cumbre de Copenhague, en diciembre. 
Si la ampliación comienza en enero de 2004 con diez países, significará que tendremos mucho que hacer en sólo 21 meses. 
Realmente tenemos menos tiempo, ya que los nuevos países miembros tendrán derecho a enviar observadores desde que se hayan firmado los acuerdos. 
Entones es posible que sólo tengamos un año. 
En este plazo habrá que hacer muchas cosas. 
Por eso hay que asignar la máxima importancia a esas materias. 
(EN) Señor Presidente, para comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente del Parlamento, Sr. Färm, por su actitud tan colaboradora y amable respecto al presupuesto de este año. 
Por primera vez en mi carrera parlamentaria puedo afirmar sin faltar a la verdad que espero con interés poder trabajar con la Comisión de Presupuestos en el procedimiento presupuestario de este año. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa apoya plenamente las reformas de la Comisión, que han incrementado su eficacia y eficiencia de ejecución en el ámbito de los Asuntos Exteriores. 
No obstante, hay algunas cosas en el presupuesto para 2003 que nos preocupan. 
En primer lugar, a medida que asumimos más responsabilidades y el Consejo viaja por el mundo prometiendo ayuda aquí, allá y en todas partes, se diría que nadie se ha parado a pensar de dónde sacaremos los fondos. 
Si queremos dejar los límites máximos como están, la única manera de poder hacer frente a mayores responsabilidades es haciendo un mayor uso de los instrumentos de flexibilidad- pero tenemos reservas al respecto- o sencillamente a través de recortes en otras líneas. 
¿Cómo podemos mantener programas de ayuda a largo plazo para las zonas más pobres del mundo si constantemente estamos desnudando a un santo para vestir a otro? 
Debemos intentar encontrar una solución al problema, o al menos conseguir que el Consejo se ocupe de él. 
En segundo lugar, necesitamos mayor transparencia en el presupuesto, y debemos comenzar por el anteproyecto de presupuesto de este año. 
Dedicamos demasiado tiempo a jugar al escondite, intentando descubrir qué es realmente lo que propone la Comisión y por qué lo propone. 
Puede que sea comprensible para nuestros adictos al presupuesto de la Comisión de Presupuestos, pero para nosotros, que somos seres humanos normales, es prácticamente incomprensible. 
No puede existir cooperación entre el Parlamento y la Comisión a menos que exista mayor transparencia. 
En tercer lugar, debemos esforzarnos más aún en la ejecución para garantizar que los fondos no sólo se comprometen, sino que también se utilizan y que los utilizamos en función de las prioridades establecidas por el Parlamento durante el procedimiento presupuestario. 
En cuarto lugar, necesitamos mayor claridad en la financiación de la PESC- en particular, la diferencia entre gastos administrativos y gastos para operaciones. 
Quisiera apoyar la propuesta de la Comisión sobre la gestión de crisis civiles y oponerme a la clara intención del Consejo de excluir al Parlamento y a la Comisión en esta cuestión. 
Por último, debemos adoptar medidas más eficaces en el ámbito de armas pequeñas y ligeras; y si no lo logramos, creo que dicho ámbito debe pasar al primer pilar. 
Señor Presidente, Señorías, el año 2004 tendremos de nuevo elecciones al Parlamento Europeo. 
Todos los ciudadanos europeos se preguntarán qué trozo de torta les ha tocado y si ha sido justo el modo con que se ha distribuido la torta. 
Como representante del Grupo del Partido Popular Europeo, soy de la opinión de que es importante que la torta que se reparta sea grande, pues cuanto mayor sea tanto más justamente se podrá distribuir. 
Por ello, en la teoría de la distribución tenemos que pensar siempre que debemos apoyar del modo adecuado a aquellos que hacen la torta. 
Naturalmente, la mayoría de fabricantes de tortas en Europa son las pequeñas y medianas empresas. 
Creo que tenemos que ocuparnos prioritariamente en el futuro de la gente que trabaja en esas empresas. Quiero subrayar que las dos terceras partes de los empleados trabajan en esas empresas con menos de 250 trabajadores. 
Y lo que para nosotros es muy importante en la política, es que el 80% de los impuestos provienen de esas empresas. 
Creo pues que deberíamos esforzarnos allí donde tenemos las mejores oportunidades de tener éxito en el futuro. 
Todos nos hemos marcado el objetivo de convertirnos en ocho años en la región más competitiva y eficaz del mundo. 
Sólo puedo decir que tenemos que acelerar urgentemente nuestra marcha si queremos alcanzar realmente este objetivo para nuestros ciudadanos. 
Hemos tenido algunas crisis durante los últimos años como, por ejemplo, el apoyo de la antigua Yugoslavia, la crisis de la EEB y Afganistán. 
Ahora llega a esta Asamblea un paquete que me hacer cavilar en gran manera, las disposiciones de Basel II. En el fondo, estas disposiciones son totalmente correctas. 
Tenemos que ver si las empresas disponen de suficiente capital propio y de riesgo. 
No se pueden hacer entrar en vigor normas si estas condiciones son imposibles de cumplir. 
Si queremos que estas normas sean cumplibles- y todos lo queremos- entonces necesitamos a tiempo un Libro Verde y un plan de acción para que en el año 2005 nuestras pequeñas y medianas empresas puedan pagar sus salarios. 
Si entrase en vigor Basel II sin que tengamos un Libro Verde o un plan de acción, entonces tendremos despidos en masa y quiebras ese mismo año. 
No disponemos de más tiempo. 
Es urgentemente necesario actuar. 
Esto es especialmente aplicable a las empresas en los países candidatos; cuando hablamos allí de capital propio, en la mayoría de las empresas éste no existe. 
Allí hay una pura capitalización externa y de lo que se trata sólo es de créditos bancarios. 
Si los bancos pequeños y medianos no pueden poner a disposición esa liquidez debido a la limitación de la misma, tendremos entonces grandes problemas. 
El 11 de septiembre nos ha mostrado que en lo referente al aseguramiento del futuro aún tenemos ante nosotros importantes tareas. 
Debemos impulsar la seguridad del suministro energético con SYNERGY, ENERGY, ALTENER. 
Tenemos que lograr que en la investigación estén a disposición los créditos a partir del 2003. 
En la política de formación inicial y continuada tenemos que esforzarnos enormemente con e-learning y e-business. 
También las redes transeuropeas esperan la realización. 
También tenemos que lograr que la Unión Europea sea más activa en la OMC y que la Asamblea Parlamentaria actúe lo antes posible paralelamente. 
Necesitamos fondos financieros para aquellos diputados de los least developed countries, de los países en den vías de desarrollo que hoy no se pueden permitir siquiera venir a estos encuentros. 
Tenemos que practicar allí la formación inicial y continuada e integrar a esas personas. 
Tenemos que mostrarles también el modo de hacer la torta lo más grande posible. 
. 
(DA) Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales también me gustaría dar las gracias al Sr. Färm y al Sr. Stenmarck por su trabajo y por su espíritu de colaboración. 
Nos alegra especialmente que el Sr. Färm haya respaldado las conclusiones de la comisión. 
Estamos algo preocupados en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales al ver que el presupuesto para el año 2002 se ha visto reducido en un 10% con respecto al del 2001 en nuestro ámbito y consideramos que las decisiones adoptadas en Lisboa encaminadas a la creación de la economía más competitiva y dinámica en el año 2010 y las cosas que van a tener lugar en Barcelona a finales de esta semana demuestran que éste es un ámbito de gran prioridad y así ha de quedar reflejado en el presupuesto para el año 2003. 
Hemos observado que la Comisión ha hecho hincapié este año en mejorar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y también nos gustaría que así quedara reflejado en el presupuesto para el año 2003. 
Con respecto a la ampliación es importante que habilitemos recursos para potenciar la cooperación entre los interlocutores sociales, el diálogo social en los países solicitantes. También éste es un ámbito de gran prioridad para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Me gustaría especialmente hablar de las agencias. 
Tenemos cuatro agencias a las que seguimos de cerca desde la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y nos parece importante recordar que las agencias son diferentes y deben recibir un tratamiento diferente. 
Tienen necesidades presupuestarias diferentes. 
La ampliación afectará asimismo a su futuro desarrollo y habrá cambios en las tareas de las agencias. 
Todo esto debe ser considerado detenidamente cuando analicemos el presupuesto para el año 2003. 
Es importante dar a las agencias un trato individualizado, que no se mida a todas por el mismo rasero. 
Y queremos exhortar a otras comisiones a que mantengan una cooperación más estrecha con respecto al presupuesto de las agencias. 
Por último, nuestra postura es que debemos hacer hincapié en el aprovechamiento de cada asiento presupuestario, y hay algunos ámbitos en los que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales quiere seguir de cerca si la Comisión se está ocupando de poner en práctica las cosas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, expongo mi opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Interiores. Aunque somos los que menos gastos tenemos cuando se trata de los gastos totales de la UE, sin embargo precisamente después del 11 de septiembre actuamos en un campo que debería desempeñar un papel muy importante. 
Por este motivo, me alegro mucho de que los dos ponentes hayan sido muy abiertos y que el ponente Färm haya aceptado y recogido a la postre nuestras propuestas. 
Esto muestra también que precisamente tras el 11 de septiembre tratamos conceptos como lucha o prevención del terrorismo de tal modo que nos tomamos muy en serio este asunto y mostramos claramente que estamos dispuestos a fortalecer en este campo nuestras propias autoridades europeas, como Europol o Eurojust y que queremos tener éxito en este campo con nuestras propias autoridades. 
Un segundo punto importante para mi comisión ha sido naturalmente el tema de la ampliación y la importante cuestión de cómo debemos proceder con las fronteras. No sólo porque queramos asegurarlas. 
Por supuesto que también queremos que las personas no tengan que morir allí, es decir, precisamente cuando se trata de la lucha contra el crimen dedicado a la introducción ilegal de inmigrantes la Comisión de Asuntos Interiores es muy sensible y mira exactamente qué es lo que se hace realmente en este campo y lo efectivas que son las medidas. 
Precisamente para el año 2003 tenemos algunas esperanzas. 
Pero a pesar de la lucha contra el terrorismo y de las medidas policiales, por un lado, y de las medidas de las autoridades fronterizas, por otro, no queremos olvidar en cualquier caso una cosa: en una democracia de 15 Estados, próximamente incluso 25, en la Unión Europea tenemos también una obligación frente a las personas que vienen aquí y que viven junto con nosotros. 
Hemos realizado algunas propuestas referentes a la política de integración. 
Agradezco profundamente que mis colegas de la Comisión de Presupuestos hayan estado dispuestos a aceptar estas propuestas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, solamente me voy a referir someramente a tres temas cuando hablamos hoy de orientaciones presupuestarias para el año 2003. 
Tema nº 1: ampliación. 
Por supuesto, el año 2003 la ampliación va a desempeñar un papel mayor en el procedimiento presupuestario que en los años pasados. 
Pero si miramos exactamente qué es lo que hoy puede fluir en el campo de las ayudas a la preadhesión- del sector agrícola ya se han indicado algunas cosas- debemos aportar por nuestra parte también algo así como los países candidatos. 
Hacer realmente posible un entrelazamiento con los programas y entre las estructuras administrativas y que luego se exijan solamente 3500 nuevos puestos hasta el 2008, lo que se indica como coste de la ampliación, es ciertamente demasiado poco. 
También quiero apelar a las y a los colegas; advierto frente a intentar desplazar fondos que están previstos en la Categoría 8 para la ampliación a la Categoría 7 mediante trucos presupuestarios y financiar con ello ayudas a la preadhesión. 
No se trata de la Comisión sino de una enmienda proveniente de nuestras y nuestros colegas. 
Entonces se debería ser sincero, ir a casa y decir a sus propios ministros de Hacienda: necesitamos una revisión de las previsiones financieras pues la ampliación está insuficientemente financiada. 
Pero sólo puedo advertir frente a intentar aquí financiar la ampliación mediante tales trucos. 
Expreso mi agradecimiento a la Comisión por su opinión sobre este tema que refleja también la opinión del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Segundo tema: política exterior. 
Voy a ser muy breve. 
Les digo muy claramente que me está lentamente incomodando el porqué un almuerzo de mediodía de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión cuesta por término medio 100 millones de euros. 
A la larga, esto es inaceptable. 
Pero es más. 
Ahora, de repente debemos hacernos cargo de actividades adicionales sobre las que hace meses los Estados miembros han dicho que las financiarían ellos mismos. 
Cito el concepto de Amber Fox. 
Ahora, de repente se quiere financiar con el presupuesto de la Comunidad. 
Esto desborda totalmente el marco. 
Entonces, el Consejo debe decir por favor dónde está dispuesto a renunciar a actividades de la Unión Europea; entonces se podrá financiar seriamente. 
Tercer tema: política agraria. 
Creo que no debemos reinventar de nuevo la política agraria mediante el procedimiento presupuestario. 
Pero espero por supuesto de la Comisión que, en relación con el control intermedio, presente a tiempo las propuestas, para que podamos tener en cuenta del modo adecuado en el marco del procedimiento presupuestario 2003 lo que es presupuestariamente eficaz. 
Me permito indicar ya que en especial en los programas para el desarrollo rural tenemos como autoridad presupuestaria otra coparticipación que en el campo de las clásicas ayudas para las rentas, sobre lo que la Comisión debería recapacitar para que pueda ocurrir a tiempo. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a los colegas Färm y Stenmarck por la positiva cooperación. 
Estoy seguro de que podremos presentar un presupuesto correcto hasta finales de año. 
No se deberá al Parlamento. 
Y espero que tampoco se deba al Consejo. 
Señor Presidente, señora Comisaria Schreyer, en primer lugar quiero felicitar a los ponentes por el trabajo que han realizado. 
Se trata de un excelente trabajo. 
Quiero aprovechar la ocasión que me ofrece el debate de hoy sobre las orientaciones para realizar una especie de informe intermedio o de parada intermedia. 
Hemos recorrido la mitad de nuestra legislatura y si recordamos las tareas que teníamos al principio de la misma, lo que había que financiar con el presupuesto y lo que hemos puesto a disposición para lograr los objetivos, entonces el mundo ha cambiado considerablemente. 
Tenemos que superar los problemas que existen en el mundo y que, naturalmente, no nos dejan impertérritos. 
Europa se ha unido más y nosotros nos unimos con el mundo. 
Tenemos que hacernos cargo de tareas y nos hemos hecho cargo de tareas que hasta la fecha no se podían sencillamente imaginar. 
Se ha hablado del sector de la política exterior: las amplias ayudas para la reconstrucción en los Balcanes, las ayudas para Afganistán y las personas allí perseguidas y afligidas, la lucha contra el sida el azote del mundo, medidas de desarme que necesitamos para no reducir solamente minas de tierra sino también armas ABC y lograr, por ejemplo, que retorne la paz a los Balcanes con la ayuda de una tropa policial. 
En el campo de la política interior y de justicia, naturalmente nos hemos puesto de acuerdo tras los acontecimientos del 11 de septiembre en fortalecer Europol y Eurojust y hacerlas avanzar más rápidamente; ampliar la protección frente a catástrofes es ahora una nueva propuesta de la Comisión. 
En la Convención hablamos sobre estructuras comunes, sobre el futuro desarrollo. 
Hablamos sobre inmigración y el control de la misma en el sector de interior y de justicia. 
Se ha descrito la ampliación como un campo de problemas. 
Aquí tenemos que solucionar algunas cosas interna y externamente y cuando el colega Ferber dice que hay que recapacitar sobre cómo es la relación entre las Categorías 7 y 8, hay que constatar lo siguiente: frente a los enfoques originarios, en los que se partía del hecho de que en el año 2002 podrían adherirse ya los seis primeros Estados, ha cambiado naturalmente esta base y hay que hablar sobre ello. 
Nosotros también vemos que existe una utilización insuficiente y allí donde se utiliza insuficientemente no hay que colocar aún más. 
Administrar el presupuesto no significa exigir más sino actuar ordenadamente con los recursos existentes provenientes de los contribuyentes. 
Pero también hay que tomar nota de las realidades; todos han descrito- inclusive las y los colegas que quieren hacer tortas aún mayores- que en determinados lugares hay cosas sobre las que tenemos que hablar si no queremos llevar a cabo la ampliación mediante un procedimiento ' clash? produciéndose de la noche a la mañana unas transformaciones dramáticas. 
Tenemos que prepararnos, tenemos que preparar a los países y aquí se incluye naturalmente que nos equipemos adecuadamente y hablemos al respecto. 
Hablar al respecto es una condición básica para que se puedan adoptar buenas resoluciones. 
Si ahora nos plantamos y decimos por cualquier motivo: 'No se debe recapacitar al respecto', creo que esto sería irresponsable. 
En los últimos años hemos tenido que impulsar la reforma de la Comisión. 
Pero también tenemos problemas internos sobre los que hay que hablar. 
No se debe olvidar la lucha contra el paro. 
Es una de las tareas centrales y mediante el procedimiento de la cooperación hemos alcanzado también progresos. 
Queremos impedir la exclusión social. 
Queremos promover el desarrollo tecnológico, por lo que ponemos a disposición créditos de ayuda en el campo del e-learning y de las nuevas tecnologías. 
No vemos con miedo estos grandes desafíos que han surgido en los últimos años. 
Los vemos con plena conciencia y determinación. 
Queremos configurar. 
Es positivo que esta Unión Europea coopere y que intentemos crecientemente mostrar una imagen coherente al mundo y cooperar entre todos. 
No estamos sentados aquí para decir sencillamente: más dinero. 
Tenemos que mirar exactamente qué posibilidades existen dentro de este presupuesto. 
Por supuesto, esto se incluye entre las tareas de un buen administrador del presupuesto, pero también tenemos que indicar que debemos realizar cosas adicionales; si queremos que salgan bien, si no queremos que los pobres sean en un lado los que padezcan, si se quiere ayudar a los demás perseguidos, entonces hay que recapacitar sobre cómo debemos actuar al respecto. 
Y no es la exigencia automática de más dinero sino que afecta al empleo concreto del mismo. 
Tenemos que mirar exactamente en donde gastamos nuestro dinero. ¿Se utiliza óptimamente? 
Si no es así, tenemos que modificarlo y por lo demás nadie debe decretar prohibiciones de pensamiento. 
No queremos más dinero sino una utilización correcta y tener los créditos que se necesitan para seguir desarrollando a Europa, tal como también los miembros del PPE exigen continuamente con toda razón en todas nuestras resoluciones. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a mis colegas suecos, Sres. Göran Färmi y Per Stenmarck, por sus excelentes informes. 
Dentro del procedimiento presupuestario, la ratificación de las orientaciones presupuestarias es el primer paso en la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio. 
Mi Grupo hace hincapié en la austeridad presupuestaria. 
Esto implica abstenerse de incluir asignaciones innecesarias en los presupuestos y realizar una gestión económica de los fondos. 
Un presupuesto bien elaborado reduce los atrasos en los pagos y contribuye a la ejecución de los programas presupuestados. 
En este sentido, los últimos ejercicios han presentado balances de cuentas desalentadores. 
Quedaron sin utilizar 8.500 millones de euros de los fondos presupuestados para el ejercicio de 2000, y el año pasado esta cantidad ascendió hasta 12.000 millones de euros. 
Esta situación es alarmante. 
Esto no es reflejo de rigurosidad en la gestión financiera, sino de debilidad del aparato administrativo. 
La Comisión no es capaz de aplicar las políticas que el Parlamento consideraba importantes y para las que se habían asignado fondos. 
Como consecuencia, estas políticas se ejecutan de forma deficiente y, al mismo tiempo, aumentan los atrasos en los créditos para compromiso. 
Por ello, además de la austeridad presupuestaria, mi Grupo apoya firmemente el programa relativo a la reforma de la Comisión. 
Esto se hace aún más acuciante tras las llamadas ' nuevas revelaciones? en el ámbito de la gestión de la Comisión. 
Hay que aclarar los aspectos de la responsabilidad personal y hay que delegar competencias de arriba abajo en el seno de la organización. 
Las palabras clave son responsabilidad ante los resultados y gestión orientada a los resultados. 
La ampliación es objeto de exigencias específicas. 
El presupuesto del ejercicio de 2003 puede ser el último que se elabore para una Unión formada por quince Estados miembros. 
En este sentido, mi Grupo también considera que las asignaciones destinadas a la ampliación ocupan un lugar central. 
Les deseo éxito a los ponentes del presupuesto en la continuación de su trabajo. 
Señor Presidente, nuestro Grupo puede apoyar las orientaciones en estos momentos, pero juzgaremos el presupuesto en su totalidad más adelante en función del resultado de varios debates sobre las políticas que más nos preocupan. 
En primer lugar, la UE deberá estar en condiciones de acoger a nuevos Estados miembros en las mejores circunstancias posibles, lo que significa que éstos deberán poder beneficiarse plenamente de los fondos que originalmente les fueron asignados en Berlín, transfiriendo, si fuera necesario, los gastos en menos de adhesión a la preadhesión, dependiendo del ritmo de cada país en particular. 
En segundo lugar, otra cuestión relacionada con la ampliación es la reforma de la Política Agrícola Común. 
En vez de entrar en un acalorado debate sobre si deben o no realizarse pagos directos a los nuevos Estados miembros, ¿no sería mejor que concentráramos nuestras energías en reformar la Política Agrícola Común fomentando planes integrados de desarrollo rural y prácticas de explotación sostenibles para el medio ambiente, que sean adecuados no sólo para los actuales Estados miembros, sino también para los países candidatos? 
El tercer motivo de preocupación son los fondos disponibles en la rúbrica 4 (política exterior). 
Cada año nos enfrentamos a nuevas crisis internacionales y queremos contribuir a resolverlas. Tenemos el deber de ayudarles a resolverlas, pero si esto hay que hacerlo año tras año sin nuevos fondos, naturalmente nos quedaremos sin recursos y deberemos adoptar decisiones difíciles como la de recortar la ayuda a una zona pobre para ayudar a otra, o extender tanto nuestra ayuda que ya no tenga en ningún sitio las repercusiones que deseamos. 
Está claro que ése no puede ser nuestro objetivo. 
También en este sentido, nos gustaría conocer hasta qué punto los países que reciben ayuda serán alentados y se les permitirá participar en las licitaciones para los contratos de obras públicas y servicios en su propio país, con vistas a proporcionarles a sus economías beneficios a largo plazo. 
Señor Presidente, la ampliación es una de las prioridades del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2003. 
Nuestro Grupo apoya la opinión de que el ahorro acumulado en las partidas asignadas para la ampliación en los presupuestos de 2002 y 2003 pueda emplearse para financiar la ampliación en años posteriores. 
En opinión de los ponentes, una prioridad importante es la reforma administrativa de la Comisión. 
Se está pensando en crear un régimen de jubilación anticipada para aquellos funcionarios europeos cuyos servicios no serían necesarios aun cuando participaran en cursos de formación. 
Debemos actuar con moderación a la hora de determinar sus derechos de jubilación. 
También quiero llamar la atención sobre la forma en que la Comisión ha logrado eludir los techos de personal, contratando funcionarios cuyos sueldos son pagados por los Estados miembros. 
Son 800 en total. 
En opinión de mi Grupo, los ponentes no exigen con el suficiente alcance la liquidación de los atrasos en los pagos de los créditos para compromiso, o sea, del remanente RAL. 
Año tras año se permite que crezca la diferencia entre los créditos para compromiso consignados y los pagos efectuados. 
Esto significa que la Comisión puede omitir la ejecución de las prioridades establecidas por el Parlamento. 
Nuestro Grupo se sentiría satisfecho si el anteproyecto de la Comisión incluyera entre sus prioridades la cuestión RAL y garantizara, en mayor medida de lo que hace, la ejecución de los diferentes programas, incluida la de los programas de los Fondos Estructurales. 
Nuestro Grupo ve grandes problemas en el margen de la rúbrica 4 del presupuesto. No existe tal margen. 
Por ello, la Comisión debe presentar en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio medidas que permitan garantizar la ejecución de las prioridades políticas de la rúbrica 4. Cuando en una enmienda se exige una considerable ayuda económica para los países vecinos de Afganistán, hay que recordar que todas las ex-repúblicas soviéticas, Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán, son dictaduras presidenciales en las que no se respetan los derechos humanos. 
También hay que exigir la democracia en los llamados países aliados. 
Nuestro Grupo también considera importantes los trabajos de reconstrucción de los territorios palestinos destruidos por Israel. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme felicitar a los ponentes, Sres. Färm y Stenmarck, por el trabajo realizado hasta la fecha. 
En mi opinión, nos encontramos ante dos buenos textos que identifican con precisión cuáles deberían ser las prioridades presupuestarias para el próximo ejercicio financiero. 
Se han indicado cinco prioridades políticas: la ampliación y la estrategia de preadhesión, las acciones exteriores, la seguridad interior, la reforma de la Institución y la reforma de la Comisión. 
Considero que todos nosotros podemos coincidir en estos puntos, especialmente si se recalca con fuerza la necesidad de garantizar a la Unión los instrumentos adecuados para cumplir sus prioridades. 
Si vamos a ser sinceros, el cada vez más sensible enfrentamiento con el Consejo y con la propia Comisión no hay que achacarlo a las acciones a las que hay que dedicar mayor atención, es decir, la lucha contra el terrorismo o la reforma de las Instituciones que nadie puede negar que son una prioridad, sino que el problema surge cuando el Parlamento y el Consejo tienen planteamientos diferentes respecto a cómo se deben financiar estas acciones, cuando el Consejo se empecina en no querer siquiera oír hablar de revisión de las perspectivas financieras y cuando se continúa considerando el instrumento de la flexibilidad como un instrumento cuya utilización es programable de año en año. 
Es evidente que hay algo que no funciona. 
Creo que éste es el reto más importante con el que el Parlamento se deberá enfrentar en los próximos meses, un reto en el que deberemos dar muestras de un frente compacto y combativo. 
A nivel horizontal, como podríamos decir con términos técnicos, se han identificado asimismo tres necesidades específicas: la necesidad de controlar más aún, si cabe, el presupuesto tanto técnica como políticamente, por ejemplo, a través de audiciones presupuestarias; la necesidad de que la Comisión mejore sustancialmente su capacidad de gasto, y en consecuencia, su ejecución tratando de suprimir de raíz la creación de nuevos RAL, y por último, y esto el ponente lo ha querido recordar a la Comisión y al Consejo, el hecho de que ambos están obligados a consultar al Parlamento Europeo sobre todas las iniciativas que tienen una significativa repercusión presupuestaria, especialmente en el ámbito de los gastos no obligatorios. 
Considero que en estos tres temas los ponentes deberían poder contar con el respaldo de todos nosotros. 
Señor Presidente, constato con satisfacción que la ampliación ocupa en este momento el primer lugar de la lista de prioridades. 
Ya iba siendo hora. 
Si las negociaciones transcurren tal y como prevé la Comisión Europea, en el 2004 pasarán a forma parte de la Unión Europea 10 países nuevos. 
El informe de nuestro colega, el Sr. Stenmarck, destaca precisamente por su claridad y eficacia, por lo que puede contar con nuestro apoyo. 
En el caso del Sr. Färm, la ampliación también ocupa un lugar destacado. 
En lo que respecta a su informe, quisiera referirme a las recomendaciones para el apartado 4. 
Este apartado denota una tendencia excesiva hacia la influencia política a escala mundial. Según se afirma, con el objeto de garantizar la credibilidad de la Unión en el mundo. 
¿La ayuda que se propone para Afganistán es algo más que un paño caliente como compensación al apoyo con la boca pequeña prestado a los Estados Unidos que, junto con Gran Bretaña, nos han sacado las castañas del fuego? 
Se trata de una decisión arriesgada desde el punto de vista político, ya que la ayuda económica propuesta por Färm supone el respaldo político a Oriente Medio. 
La Unión parece especialmente preocupada por los Palestinos y no por los ciudadanos de Israel. 
Para empezar, resulta preocupante comprobar los métodos infames empleados por los terroristas palestinos para sembrar la muerte y la miseria. 
Por muy dolorosas que resulten, las represalias del gobierno de Sharon son consecuencias de estas acciones. 
La política de la Comisión también es motivo de una profunda preocupación. 
¿Cómo es posible que la Comisión subvencione a la Autoridad Nacional Palestina con ciento ochenta millones de EUR mientras que la corrupción campa a sus anchas? 
Las escuelas palestinas enseñan un lenguaje racista y antisemita en lugar de propugnar la reconciliación. 
¿Cuánto tiempo va a seguir la Comisión lavándose las manos? 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, por mi parte, felicito a los dos ponentes, los Sres. Färm y Stenmarck, por la labor que han realizado. 
Pienso también que se trata de documentos sólidos que van a permitir que el procedimiento presupuestario se desarrolle correctamente, y que representan líneas de trabajo adecuadas para nuestro Parlamento, para la Comisión y para el Consejo. 
Me gustaría decir algunas palabras en concreto sobre el informe Stenmarck, de entrada para sumarme a la satisfacción del ponente, y para alegrarme también de que se haya aceptado la idea que había avanzado de potenciar Internet, y de conseguir que esta institución sea verdaderamente transparente gracias a la futura difusión íntegra de nuestros debates, incluso de los debates de nuestras comisiones, a través de Internet. 
El Secretario General, que se encuentra en esta sala, conoce este documento. 
Creo que es un paso adelante sobre el que debemos trabajar. 
El Parlamento es una institución que representa, en cierta forma, un símbolo. 
Corre el riesgo de quedar eclipsada, sobre todo porque, por una cuestión de seguridad, cuestión que conocemos perfectamente, el acceso a nuestros propios trabajos es un tanto complicado, aunque apliquemos el principio de publicidad de las reuniones. 
Por consiguiente, creo que el recurso a Internet es importante. 
Sin embargo, me sorprende un tanto, digámoslo así, ver que hay una enmienda del PPE, creo, que es el nuevo párrafo 15, en el que se dice que la administración del Parlamento estaría mejor planteada si fuera eficaz, coherente y políticamente equilibrada. 
Este concepto de políticamente equilibrada me interesa mucho, porque, a grandes rasgos, significa que hay que incorporar a gente para mantener un equilibrio entre los Grupos. 
No obstante, por lo que yo sé, desde hace dos décadas, los únicos movimientos que han tenido lugar se han producido entre los dos grandes Grupos, y, por consiguiente, al menos un tercio de los parlamentarios no han podido beneficiarse de ellos. 
Creo que la administración está bien como está, que no necesita ser re-equilibrada por medio de un sistema que, en Italia, se llama "Cencelli" y que, además, ha funcionado bien en las últimas nominaciones. 
Queridos amigos del PPE, creo que ya está bien, y que ya estamos suficientemente equilibrados. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo considera que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, ha de ser informado regularmente sobre la ejecución en curso de las acciones estructurales a fin de que pueda lanzar una alarma de cara a la aplicación de la cláusula de extinción. 
En cuanto a la aplicación del principio de adicionalidad, que es un tema sumamente importante, es necesario que la Comisión establezca los medios para su verificación y control sobre el terreno. 
A mitad del período de aplicación de los fondos, la Comisión debería informar al Parlamento sobre la evaluación de su cumplimiento a partir de criterios objetivos. 
Por otra parte, pedimos a la Comisión que a través de soluciones apropiadas respalde la tesis de que la asignación estructural debería considerarse un objetivo de gasto. 
Respecto a la línea presupuestaria de la red de transporte transeuropeo constatamos que el índice de ejecución del presupuesto a lo largo de los últimos años es satisfactorio y recomendamos dar prioridad a proyectos con una clara plusvalía europea, resaltando la importancia de la financiación de proyectos que supongan un reequilibrio entre los modos de transporte. 
Desde el Parlamento Europeo, invitamos también a los Estados miembros a que utilicen los Fondos estructurales prestando más atención a las infraestructuras de transporte y especialmente al transporte intermodal y a los modos de transporte menos contaminantes. 
Naturalmente, en el caso de los transportes terrestres, deberán prestar especial atención al ferrocarril, desde la perspectiva del respeto al medio ambiente. 
Señora Comisaria, en esta etapa tan decisiva para la Unión Europea, que precede a la ampliación, los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, deberán conseguir la mayor eficacia en la aplicación de los Fondos estructurales con la colaboración de las regiones y colectividades locales a los que van destinados. 
Sólo así podremos acercarnos a la cohesión económica y social que, junto a la unión política, es el gran objetivo de las instituciones y los ciudadanos europeos. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Färm, que es un verdadero amigo del desarrollo. 
Espero con interés poder trabajar estrechamente con él en el transcurso del presente año. 
En mi intervención, me gustaría hacer referencia al apartado 26 del informe, en el que se comunica explícitamente a la Comisión, en nombre de este Parlamento, que no estamos satisfechos de que la ayuda al desarrollo se enfoque suficientemente a la erradicación de la pobreza y que debemos mejorar el sistema de referencia acordado. 
Permítanme que explique esto por el bien de todos. 
Hace dos años, el Parlamento aprobó una serie de objetivos en materia de aportación de ayuda al desarrollo con vistas a garantizar que se dé debida cuenta del voluminoso gasto que se realiza a través de las líneas presupuestarias regionales y se ponga mayor énfasis en la infraestructura social y, en particular, en las políticas de atención médica primaria y de educación. 
El cumplimiento de las medidas adoptadas por la Comisión en este sentido es cuestionable, en particular, porque la propia Sra. Schreyer expresó una supuesta reserva, algo que este Parlamento no reconoce. 
En consecuencia, el año pasado, cuando iniciamos los mismos debates, llevamos a cabo nuevas deliberaciones más a fondo con los dos Comisarios responsables de Asuntos Exteriores, Sr. Patten y Sr. Nielson, y se acordó que el 35% como mínimo de la ayuda exterior de la UE se destinaría a la infraestructura social y, en particular, a la atención médica primaria y la educación. 
Quiero decir a la Sra. Comisaria esta mañana y a este Parlamento que confiamos en que eso se cumpla este año dentro del presupuesto y que, como decimos en la presente resolución, intentaremos que se amplíe el año próximo. 
También quisiera decir, en relación con el apartado 33, que no se trata sólo de la ayuda al desarrollo a los países de África, el Caribe y el Pacífico, sino también de los fondos para Asia, Latinoamérica, el Mediterráneo y otras regiones. 
Toda esta ayuda debería estar enfocada a combatir la pobreza. 
La Comisión ha presentado una declaración sobre política de desarrollo y ya es hora de que secunde sus palabras con hechos, con cargo al presupuesto. 
Señor Presidente, quisiera unirme a los colegas que ya han expresado su agradecimiento a nuestros dos ponentes, Sr. Färm y Sr. Stenmarck, por sus utilísimas contribuciones a nuestros debates de esta mañana. 
En primer lugar, en lo que se refiere a la Comisión, me gustaría que realizáramos una verificación permanente del presupuesto para poder hacer un seguimiento de la labor de nuestro colega Sr. Costa Neves en el presupuesto del año pasado. 
Creo que esto es especialmente relevante porque hemos cambiado el modo en que la Comisión formula el programa de trabajo con vistas a que nuestras comisiones pertinentes ejerzan una mayor influencia. 
Apoyo plenamente este punto en particular. 
En segundo lugar, quisiera unirme a lo que han dicho nuestros colegas y, en particular, el Sr. Titley, en lo que se refiere al gasto en política exterior. 
Supongo que los derrochadores de la Comisión de Asuntos Exteriores son los encargados de asumir todos estos compromisos y nosotros en la Comisión de Presupuestos debemos buscar de dónde sacar el dinero. 
En mi opinión necesitamos un programa progresista para establecer las prioridades, motivo por el que respaldamos la idea de un estudio, de manera que en la Comisión de Presupuestos podamos saber de dónde proceden los fondos. 
Por último, quisiéramos saber si la reforma de las instituciones ha seguido adelante. 
Me gustaría preguntar a la Sra. Comisaria para cuándo podemos esperar una decisión final sobre el plan de jubilación anticipada. 
En lo que respecta al presupuesto del Parlamento, apoyamos a los colegas que han criticado a la administración por intentar suprimir el estudio sobre "PE-rom". 
En este Parlamento debemos celebrar un debate adecuado sobre la gestión de los recursos y, en particular, nos gustaría disponer de una administración coherente, eficaz y políticamente equilibrada. 
El motivo de este comentario, señor Dell ' Alba, es precisamente porque ha habido casos de parachutages (nombramientos inesperados). 
Existe un desequilibrio en la administración y me gustaría tener la certeza de que en el exterior se la considera eficaz y políticamente equilibrada. 
En segundo lugar, en lo que respecta a los Grupos políticos, nos gustaría que se reforzaran con vistas a garantizar un control eficaz de la administración. 
Por último, en lo relativo a la ampliación, nos gustaría estar seguros de que en interpretación controlamos el multilingüismo; de que en la traducción estamos examinando los aspectos del trabajo a distancia; y, lo más importante de todo, que en materia de edificios no asumiremos ningún nuevo compromiso de construir nuevos edificios hasta no estar seguros de que son absolutamente imprescindibles. 
Señor Presidente, quiero sumarme a las felicitaciones dirigidas a los ponentes por los esfuerzos que han realizado, pero debo criticar las orientaciones en general, lo que no es necesariamente culpa de los ponentes, sino de la comisión y de las otras comisiones. 
Las orientaciones deberían ser sólo eso y deberían ser concisas. 
No deberían constituir un volumen del tamaño de Great Expectations, que es en lo que siempre se convierten. 
El informe del Sr. Färm contiene 41 apartados, el del Sr. Stenmarck, 34 y hay otras 38 enmiendas sobre las que deberemos votar más tarde. 
Ésta es mi queja. 
Quisiera hacer un par de observaciones sobre cada informe. 
La primera es sobre el informe Färm. 
Los problemas que se ponen de relieve son relativos a las rúbricas 4 y 5, y me gustaría poner en la atención de los diputados el hecho de que estos temas fueron planteados ante la Presidencia española en el diálogo a tres bandas para intentar encontrar alguna solución. 
Respecto a la rúbrica 4, la Comisión ha presentado propuestas sobre un nuevo instrumento de flexibilidad para la ayuda humanitaria. 
Dije entonces, y lo repito ahora, que en lo que respecta al Consejo, podríamos esperar eternamente a que el Consejo apruebe el nuevo instrumento de flexibilidad. 
Lo que propusimos- y podría negociarse con el Consejo- era utilizar las reservas existentes de la ayuda humanitaria y encontrar los términos, sin modificar la legislación, para garantizar que podemos utilizarlas para hacer frente a los problemas en que nos encontramos en la rúbrica 4. 
Respecto a la rúbrica 5: ¿cómo podemos incluirlo todo dentro de los límites máximos actuales? 
Con gran dificultad, a menos que introduzcamos algunos cambios radicales. 
Lo único que le hemos pedido al Consejo es que intente llegar a un acuerdo sobre estas dos partidas durante el procedimiento de conciliación de julio. 
En vez de alargarlas hasta el procedimiento de conciliación en noviembre o nuestra segunda lectura en diciembre, sería beneficioso para todos que resolviéramos estas dos cuestiones, en principio, en julio. 
Paso a continuación al informe del Sr. Stenmarck. Una observación es relativa a la rúbrica 5, en la que la Comisión de Presupuestos ha creado un grupo de trabajo para que examine el gasto administrativo en todas las instituciones. 
La razón para ello era obtener algún tipo de compromiso político del Consejo para que haga exactamente lo mismo o que lo haga con nosotros. 
Hasta ahora no lo hemos conseguido, pero no perdemos la esperanza. 
A los diputados que hayan leído los comentarios en nuestros documentos de trabajo les diré que no deben tener tanto miedo. 
Estamos intentando analizar cosas que normalmente nadie se atreve a tocar, aunque sólo sea para estimular el debate. 
Por último, el informe Stenmarck toca el tema que el Sr. Elles acaba de mencionar, es decir, la referencia en el apartado 15 al equilibrio político en la administración del Parlamento. 
A veces aprobamos cosas de las que luego nos arrepentimos tras haber reflexionado sobre ellas. 
Incluir un comentario en el que se pide el equilibrio político en nuestra administración no enviaría las señales adecuadas al mundo exterior. 
El término 'políticamente neutral' sería mucho más aceptable. 
Soy uno de esos que piensan que los funcionarios deberían ser políticamente neutrales. 
No deberían lucir colores políticos. 
También creo que el personal de la administración pública debería ganarse el ascenso por mérito propio, y no por su filiación política. 
Se ha solicitado una votación por partes sobre este asunto y quisiera pedir a todos los grupos que consideren detenidamente el sentido de su voto. 
Señor Presidente, quisiera expresar también mi enhorabuena a los dos ponentes. Les deseo toda la suerte del mundo. 
Comparto las prioridades de la Comisión. 
Coincido con los demás y, concretamente, con el Sr. Wynn quien acaba de afirmar que las grandes dificultades se encontrarán en las rúbricas 4 y 5. 
En lo que a mí respecta, la rúbrica 4 no debería contener vacas sagradas. 
El dinero presupuestado debe poder emplearse y no debemos acabar en una situación en la que a lo largo del año nos lleguen cada vez más propuestas para destinar el dinero presupuestado a otros fines diferentes porque no puede dedicarse a los objetivos marcados. 
Por este motivo, quisiera instar a la Comisión a que analice las necesidades exactas. 
Lo mismo se puede aplicar a la rúbrica 5. 
El último diálogo a tres bandas me ha permitido saber que existe un déficit de cuarenta y ocho millones. 
Visto el total, se trata de una cantidad nimia. 
A este respecto, también he tenido acceso a un borrador de carta. 
La Comisión debería comprobar en todas las instituciones si aún es posible recortar de algún lado unos cuarenta y ocho millones. 
Si así fuera, nos mantendremos dentro de los objetivos financieros y no será necesario recurrir de momento al instrumento flexible pudiendo utilizarlo para otros asuntos. 
Señor Presidente, yo también puedo apoyar naturalmente las orientaciones de modo general con las siguientes observaciones. 
Desde mi punto de vista es de saludar que la Unión prepare bien la ampliación prevista. 
Pero tampoco hay que ignorar que los costes no deben explotar pues con una explosión de costes se pondría en peligro la estabilidad de Europa y del euro. 
Este sería el caso, por ejemplo, si las cargas presupuestarias de los Estados miembros aumentasen aún más como consecuencia de la ampliación. 
Por supuesto, hay que apoyar también las reformas agrarias, para lo que hay que desviar créditos de la ayuda al mercado al desarrollo rural. 
Especialmente importante para mí sigue siendo el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 
Por ello, espero que la enmienda nº 5 obtenga una clara mayoría para que se puedan evitar repercusiones negativas sobre las PYMES como consecuencia de la aplicación de Basilea II. 
Señor Presidente, Señorías, Señora Comisaria, mi Grupo quiere felicitar a ambos ponentes y votar favorablemente sus informes. 
Nuestro Grupo también quiere, como ha expresado el presidente de la Comisión de Presupuestos, Terry Wynn, unas orientaciones presupuestarias muy concretas y no un shopping list. 
Las orientaciones son un mensaje político que enviamos a la Comisión y al Consejo sobre cómo queremos que sea el presupuesto; cuanto más concreto sea el mensaje, más posibilidades hay de que sea comprendido. 
Para el próximo año, la situación de las categorías 3, 4 y 5 es muy preocupante; ya lo hemos mencionado: estamos muy cerca del límite superior y en la categoría 5 estamos realmente por encima. 
Mi Grupo sigue defendiendo las perspectivas financieras de Berlín, pero admitimos la estrechez de las cifras, especialmente las referidas a la ampliación. 
Por ello, ya en el informe Costa Neves del presupuesto 2002, propusimos alternativas reales, sobre todo una mejora en la calidad de la ejecución presupuestaria tanto en la Comisión como en los Estados miembros, y queremos ver resultados este mismo año. 
Por otro lado, hay que destacar que falta un auténtico espíritu de cooperación interinstitucional en materia presupuestaria. 
El procedimiento presupuestario no debe ser un juego en el que unas instituciones buscan ganar poder a costa de otras. 
El Reglamento financiero o la respuesta a la demanda del Parlamento de adecuar los procedimientos legislativos y presupuestarios son dos claros ejemplos de que la cooperación interinstitucional aún no es satisfactoria. 
Esperamos una respuesta más positiva de la Comisión y, sobre todo, del Consejo, en estas dos materias tan importantes para nuestro Grupo y para todo el Parlamento. 
Quiero terminar mencionando un caso contrario: el buen ejemplo de cooperación interinstitucional que supone la financiación del presupuesto de la Convención, en el cual las tres instituciones se han puesto de acuerdo para sacarlo adelante sin ningún conflicto. 
Señor Presidente, supongo que la ausencia total del Consejo debe ser una muestra de respeto para que nos sintamos más cómodos en nuestros propios debates. 
Señor Presidente, me concentraré en los aspectos relacionados con las perspectivas financieras. 
Apenas el presupuesto 2002 ha comenzado a rodar sobre sus raíles, estamos ya preparando la botadura del presupuesto 2003 y vemos que muchos de los problemas de los tres últimos ejercicios vuelven a aparecer, incluso, agravados. 
Aumenta la inadecuación de las perspectivas financieras a las necesidades. 
Se pretende un aumento exponencial de las actividades en un marco financiero que apenas tiene un crecimiento aritmético. 
Señorías, en esta temática, la gran novedad del procedimiento 2003 es que la rúbrica 5- gastos administrativos- también revienta sus costuras. 
En 1999, cuando negociamos el acuerdo interinstitucional vigente, ya logramos modificar las cifras de la rúbrica 5, pero con unas perspectivas que, por miopes, ahora son insuficientes. 
Las previsiones generales, incluidas las del Consejo, superan en 125 millones de euros el techo de las perspectivas financieras, con la contribución de un crecimiento de un 9 % del presupuesto del propio Consejo, que ahora pedirá recortes, al tiempo que criticará la mala ejecución de algunas políticas. 
Quisiera evitar aquí demagogias baratas, entre otras cosas, porque no hay una masa de funcionarios en Bruselas, donde el número de burócratas es inferior al de los ayuntamientos de Berlín, de Estocolmo o de Madrid. 
La rúbrica 4- política exterior- sigue su rumbo inexorable al fracaso. 
Cada año hemos forzado el instrumento de flexibilidad para poder hacer la política exterior. 
Ahora estamos dándole cada día más importancia a la lucha contra la pobreza, cosa que está muy bien, pero que en el fondo, en el contexto actual, es un reflejo de una mala conciencia de los europeos ricos, pero no estamos haciendo política exterior. 
Y eso es un tema que me preocupa enormemente. 
Por último, señorías, la rúbrica 7 presenta un grave problema, muy sencillo de entender. 
La rúbrica 7- preadhesión- desde el año 2002 tenía que dar cobijo sólo a los cinco países que en aquel momento no eran miembros. 
Y ahora nos encontramos, señor Presidente, con diez países candidatos que se están repartiendo el dinero destinado a cinco, sin considerar que Malta y Chipre, por un capricho del Consejo, están en la rúbrica 4. 
Todo eso, señor Presidente, debería ser revisado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, si hoy tengo la oportunidad de hablar sobre la Sección III del presupuesto 2003 lo hago porque he acompañado el informe de mi Grupo, el Partido Popular Europeo, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Voy a exponer en primera línea qué es lo que pretende la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural con sus enmiendas al informe del colega Färm, a quien quiero felicitar muy encarecidamente desde este lugar por su trabajo. 
Hoy no debatimos sobre el presupuesto 2003 sino sobre las orientaciones presupuestarias, en las que reflejamos nuestras consideraciones básicas, si bien aquí voy a exponer las consideraciones básicas de mi Grupo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Primero: queremos la transmisibilidad de los créditos de los Capítulos B1-1 hasta B1-4 al año siguiente del modo correspondiente en cada caso. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista esto presupone la codecisión del Parlamento Europeo en el sector agrícola si es que también queremos la transmisibilidad de créditos obligatorios y no obligatorios. 
Segundo: otra exigencia se refiere a la elevación de las reservas de flexibilidad de cara a posibles crisis y casos de emergencia. 
Tercero: aunque la mayoría de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya votado de otro modo al respecto, estamos en contra de la introducción del programa Inpard. 
Este programa va a ocasionar solamente una dispersión adicional de los créditos demandados por lo demás sólo limitadamente por los candidatos a la adhesión. 
Además, un programa adicional de este tipo sólo acarrea burocracia adicional. 
Cuarto y para nosotros lo más importante: el presupuesto 2003 no debe utilizarse para adelantarse al mid-term review de la Agenda 2000. 
No queremos en este informe realizar aquí y ahora ninguna reforma agraria. 
Lo que necesitamos es un desarrollo de la política agrícola europea. 
Las resoluciones sobre la Agenda 2000 son para nosotros la base vinculante. 
El presupuesto agrícola no debe convertirse en el autoservicio para los deseos más diversos sino que tiene que representar una opción fiable de política agraria. 
Señor Presidente, 2003 será un año clave en términos de la preparación para la ampliación. 
Por ello es decepcionante que el informe sobre las otras instituciones no haya sabido afrontar el reto y, en mi opinión, haya desaprovechado la oportunidad de mejorar el programa de reformas en el que se ha embarcado el Parlamento estos últimos años. 
Quiero plantear muy brevemente tres cuestiones principales. 
En primer lugar, me preocupa la falta de perspectiva y la estrechez de miras. 
La concentración en el Parlamento es excesiva, mientras que las otras instituciones no parecen merecer demasiados comentarios. 
Comprendo que el ponente no tuviera la oportunidad de visitar Luxemburgo antes de la votación en la Comisión de Presupuestos; eso podría explicar la falta de énfasis. 
Espero que no se lo tome como un mensaje negativo. 
En segundo lugar, es imprescindible que eliminemos algunas de las contradicciones e incoherencias que contiene el informe. 
En lo que respecta al personal, el informe pide una administración políticamente equilibrada. 
Ésa es una declaración absurda y estoy en total desacuerdo con lo que el Sr. Elles ha dicho antes. 
Mi interpretación del Ejecutivo de éste y de muchos otros Parlamentos de todo el mundo es que generalmente su administración es neutral. 
Siento una gran preocupación por las sugerencias que se han hecho y por la insinuación de que la administración no es neutral o de que no deba serlo, y me estremece pensar en las consecuencias que esto puede tener. 
¿Realmente vamos a pedir al personal que marque la casilla de filiación política antes de que se le nombre para un nuevo cargo? 
Y lo que es más fundamental, esto choca frontalmente con el énfasis que la Comisión de Presupuestos pone en el presente informe en que la designación del personal o el ascenso estén siempre basados en la capacidad y los méritos propios. 
Es un principio que apoyo incondicionalmente. 
Por lo tanto, quisiera instar al ponente a que se distancie de dichas declaraciones negativas. 
Estos sentimientos, si prosperan, irán en detrimento del prestigio del Parlamento. 
En tercer lugar, respecto a la opción de recurrir a traductores e intérpretes "free-lance", no tengo nada en contra de que se mejore la eficiencia y se exploren nuevas vías para alcanzarlo, pero la declaración que tenemos aquí es un punto de vista ideológico sin ninguna prueba que respalde la afirmación de que la traducción "free-lance" será más económica y tendrá la calidad necesaria para cubrir las necesidades de los diputados. 
Esto también está en total contradicción con el énfasis que pone el informe en seguir desarrollando el informe Podestà con respecto al régimen lingüístico para la ampliación. 
Quiero decir, en nombre del Grupo Socialista, que estamos interesados en cooperar con el ponente en la siguiente fase, cuando lleguemos a las estimaciones, para reforzar el informe y alcanzar el consenso en este ámbito fundamental del presupuesto. 
No obstante, la cooperación sólo será posible si se hace en ambos sentidos. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente Färm pos sus primeras líneas maestras. 
Como ponente en la sombra del Grupo PPE, lamento, sin embargo, que el Grupo Socialista no haya optado por emitir ya en esta fase un informe referido al presupuesto pesquero. 
No obstante, quisiera mencionar una serie de líneas maestras de cara al futuro debate. 
El 2002 se caracterizó por la ausencia de acuerdo pesquero con Marruecos. Por este motivo, se han reservado alrededor de doscientos millones de EUR para las regiones afectadas en España y Portugal. 
A partir de ahí se ha acordado la retirada de la navegación de doscientos cuarenta y tres embarcaciones. 
En lo que respecta al presupuesto de 2003, conviene saber en qué medida se está cumpliendo dicho acuerdo, si se está produciendo algún tipo de seguimiento por parte del Parlamento y cuál es la información que la Comisión está facilitando al Parlamento es este sentido. 
¿Por qué? 
Porque el presupuesto de pesca del 2003 dependerá del Libro Verde que se publicará este año y porque el debate en torno al futuro de la política pesquera también se cerrará este año. 
El Libro Verde resultará doloroso con toda probabilidad, sobre todo si me fijo en la situación de la pesca de merluza en Escocia y en las consecuencias que tendrá. 
Tampoco nos libraremos de un saneamiento parcial es este terreno. 
Es importante saber cómo se va a llevar a cabo el programa en España y Portugal en el 2003. 
Si nos fijamos en la biodiversidad, un segundo aspecto es el referido a los problemas en la acuicultura. 
En este punto también se deberá analizar en detalle el presupuesto y evaluar en qué medida se pueden aprovechar las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto. 
Todo ello como anticipo del debate acerca del Libro Verde y de la ejecución de los programas existentes. A partir de estos elementos, es conveniente que la Comisión considere estas cuestiones, que vincule el presupuesto para el 2003 al Libro Verde y, sobre todo, que tome las decisiones políticas necesarias también en relación con el presupuesto. 
Y este será también el enfoque y la línea que seguirá el Grupo del PPE. 
Señor Presidente, señora Comisaria, conocidas las posiciones iniciales del Consejo y de la Comisión, este procedimiento presupuestario plantea el reto de ser capaz de contribuir a la tarea histórica de la ampliación y de financiar la reforma de los métodos de trabajo de nuestras instituciones. 
Los informes de los señores Färm y Stenmarck recogen las inquietudes y prioridades del Parlamento en estas cuestiones y por ello me sumo a las felicitaciones por su excelente trabajo. 
Las orientaciones presupuestarias deben partir de los elementos que interesan a los ciudadanos: el objetivo de pleno empleo y las políticas de solidaridad de la Unión. 
Y, antes de referirme a otros aspectos, quiero agradecer a la señora Comisaria el compromiso expreso para el 2003 de financiar el último tramo del programa de reestructuración de las flotas pesqueras. 
El presupuesto para el 2003 tropieza con dificultades parejas a la de años precedentes y bien agravadas en el ámbito de los gastos administrativos. 
Por otro lado, los compromisos de la Unión en las políticas de ayuda exterior y las continuas exigencias de la política de seguridad y defensa deben encontrar una respuesta presupuestaria compatible con los derechos del Parlamento y con el marco financiero vigente. 
En este sentido, debe analizarse cuidadosamente la propuesta de la Comisión sobre la creación de un nuevo mecanismo presupuestario para hacer frente a los supuestos de crisis. 
En el ámbito de la gestión podemos encontrarnos con dificultades en los pagos, a pesar de que año tras año tenemos superávit. 
Por eso es necesario conocer muy en detalle el montante final resultante de la no ejecución de los compromisos de gasto y, de igual manera, conocer las evaluaciones precisas a medio plazo de los compromisos plurianuales de las políticas financiadas por la rúbrica 3. 
Esto nos podría proporcionar un margen de flexibilidad para adecuar con mayor eficacia las prioridades políticas a los recursos disponibles. 
Para terminar, señalo que los ciudadanos han dado un ejemplo histórico de confianza al apostar sin vacilaciones por el euro y nos han marcado el camino. 
El presupuesto de la Unión debe corresponder a esta confianza y contribuir a reforzar las políticas de los Estados en favor del pleno empleo, la solidaridad y el crecimiento económico. 
Señor Presidente, me voy a referir de nuevo a algunas observaciones realizadas en el muy interesante debate sobre las prioridades para el presupuesto 2003. 
Por un lado, la cuestión de la reducida utilización de los créditos en los dos últimos años en el sector de la política estructural. 
El Sr. Puerta ha exigido que la Comisión informe siempre también sobre la aplicación de los créditos de los fondos estructurales. 
Quiero indicar de nuevo que la Comisión informa semanalmente al respecto a la Comisión de Presupuestos y a la de Control Presupuestario. 
De conformidad con los fondos estructurales, los créditos que gastan los Estados miembros tiene que devolverse. 
Pero si la ejecución de los fondos estructurales en los Estados miembros se retrasa, naturalmente, no podemos realizar ninguna devolución. 
Lamentablemente, aquí tenemos que constatar que la aplicación de los nuevos programas de los fondos estructurales ha durado más tiempo a lo que se había previsto originariamente en las previsiones financieras. 
Para mí, de ello se deduce que en las próximas previsiones financieras tienen que presentarse antes las resoluciones del Consejo y del Parlamento para garantizar una aplicación mejor. 
Respecto a la cuestión de los cuellos de botella en las diversas Categorías, quiero indicar de nuevo que para el presupuesto europeo del 2002 nos encontramos en general en una situación excepcional que sin duda no va a proseguir en los próximos años. 
Pues este año estamos muy, pero muy por debajo de las estimaciones previstas en el plan financiero: 4.600 millones por debajo de las estimaciones. 
Ningún Estado miembro nos puede copiar para ejercer de este modo casi una disciplina presupuestaria. 
El próximo año vamos a necesitar más créditos para los fondos estructurales pues los Estados miembros exigen ahora para todos los programas que deberían haber concluido hace ya mucho tiempo unos plazos más largos. 
Por ello, la situación va a plantearse de modo algo diferente. 
Sin embargo, ya se puede decir ahora que en la política agrícola no se va a necesitar probablemente la totalidad de las estimaciones de créditos. 
Esto significa que son de esperar ahorros. 
Lamentablemente, desde una perspectiva técnico presupuestaria no es posible emplear los ahorros en un sector para financiar nuevos requerimientos en la política exterior o para preparar a las instituciones para la ampliación. 
Esta redistribución no es posible sino que disponemos para ello solamente del instrumento de flexibilidad. 
De cara a la ampliación, quiero aclarar de nuevo que lo que se había previsto en el plan financiero para la financiación de nuevos Estados miembros en el 2003, se había previsto exclusivamente para este objetivo. 
No podemos redistribuirlo y además lo rechazo, pero tenemos el instrumento de flexibilidad. 
Quiero indicar de nuevo que tan pronto como se haya realizado la ampliación se han previsto también nuevos créditos para la administración. 
Sólo que no se han previsto para los preparativos. 
Naturalmente, los preparativos son de importancia central para que la ampliación se pueda llevar a cabo con éxito. 
Todas las instituciones, el Parlamento, el Consejo, el Tribunal Europeo de Justicia y también la Comisión deberán adoptar en el 2003 los necesarios preparativos. 
No hablamos aquí de sumas demasiado grandes sino de sumas que en la reserva de flexibilidad dejarían aún lugar para otras medidas. 
Por ello, deberíamos examinar seriamente este instrumento. 
Precisamente los ciudadanos en los nuevos Estados miembros tienen un derecho a que las instituciones europeas estén preparadas para que puedan llevar a cabo con éxito la adhesión. 
Muchas gracias, señora Comisaria Schreyer. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, supongo que la Sra. Comisaria competente ha venido. 
¿No deberíamos esperar quizás aún 30 segundos hasta que la Sra. de Palacio esté presente para escucharnos? 
Señor ponente, como usted puede ver, aún no está aquí. 
Ruego por ello a la Sra. Comisaria Schreyer que se quede aquí representando a la Comisión hasta que venga la Comisaria competente. 
Pero no podemos interrumpir la sesión pues, de lo contrario, no cumpliremos el horario marcado. 
Señor Presidente, ¿queremos un auténtico mercado europeo de la electricidad que ofrezca competencia real y servicios de alta calidad a las empresas y a los ciudadanos europeos? 
Si de Barcelona esperamos algo más que el pobre compromiso de redactar a toda prisa 15 puntos de vista nacionales, en el Parlamento Europeo debemos ser más ambiciosos. 
En primer lugar, debemos desarrollar los ámbitos del mercado que apoyen a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. 
Debemos garantizar que el coste de la electricidad es justo y transparente y que en él no influyen el statu quo ni el poder de los servicios públicos actuales. Lamentablemente, no todos mis colegas comparten mi visión. 
Y lo que es más importante, los hay que desean que se vuelva a introducir el acceso negociado. 
La Comisión retiró esta opción para incrementar la transparencia del mercado. Se le culpó de haber bloqueado la entrada de nuevos aspirantes en el mercado alemán. 
Es un caso que sienta jurisprudencia y que marcará la dirección que queramos que siga el nuevo mercado eléctrico- avanzar hacia una mayor transparencia o retroceder a los días en los que los titulares nacionales dominaban el mercado. 
Un componente fundamental de un mercado europeo auténticamente transparente es la separación de la propiedad del sistema de transmisión. 
Debe producirse la separación total de la transmisión de otras partes de la red de energía. 
Sin este requisito, las subvenciones entre sectores y la competencia desleal no tendrán fin; es una parte fundamental del paquete de reformas. 
No puede existir una competencia justa sin organismos reguladores poderosos e independientes. 
Deben incrementarse el papel y las competencias de las autoridades reguladoras y ampliar su ámbito para que puedan hacer frente al creciente poder económico de grandes servicios públicos. 
En España y Alemania, los duopolios dominan el mercado, mientras que en Francia, EDF no tiene rival en el mercado nacional. 
Esta posición dominante no sólo puede tener una influencia desproporcionada sobre la política del Gobierno, sino que además impide a nuevos participantes acceder al mercado. 
Las obligaciones de facilitar electricidad son un instrumento poderoso y necesario del que deberían disponer los reguladores para poner fin a esta situación. 
Asimismo, el poder económico de algunas empresas europeas va en aumento a través de la distorsión desleal. 
E.ON, RWE y EDF hacen adquisiciones en otros países con el dinero obtenido de los fondos para paralizaciones en su país de origen. 
London Electricity, PowerGen, Innogy, entre otras, han sido adquiridas con dichos fondos. 
Si no ponemos fin a esta situación ahora, sin esperar a que pasen dos o tres años, no habrá más competidores en un mercado en el que queremos que exista un alto grado de competencia. 
Asimismo, debemos apoyar la elección informada de nuestros consumidores. 
Necesitamos etiquetado. 
La UE no debería quedar rezagada con respecto a los EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, países todos ellos que han abierto sus mercados y han hecho accesibles toda la información correspondiente. 
La apertura del mercado debe incluir medidas encaminadas a incrementar el poder de los pequeños consumidores. 
Energywatch del Reino Unido ha sido sumamente eficaz en el abaratamiento de los precios para consumidores pequeños y grandes por igual. 
Señor Presidente, usted acaba de indicar que debemos atenernos estrictamente al tiempo de intervención. 
Esto me lleva a realizar una observación básica y rogar a todos ustedes en la Mesa para que recapaciten sobre el modo de trabajo del Parlamento. 
Lo que aquí hacemos es una ley que va ordenar totalmente de nuevo uno de los mercados clave en Europa, el de la energía. 
Se trata de un mercado que mueve miles de millones y nos permitimos poder hablar justamente cinco minutos por ponente, cinco minutos en los que no podemos plantear realmente las cosas como se merecen. 
Incluso tenemos que dividirlo entre los dos ponentes pues formalmente sólo tenemos una directiva pero debido a los dos informes, tenemos sin embargo dos ponentes. 
La Comisaria que entra en estos momentos, tendrá la oportunidad de decir algo al respecto, mientras sea divertido. 
Sin duda, puede hacerlo, pero me parece penoso que nos tengamos que limitar de tal modo en el debate político. 
Acabo de decir que vamos a modificar las estructuras del mercado. 
Lo que tenemos no es un mercado interior sino 15 mercados parciales en la Unión Europea. 
15 mercados parciales que están más o menos abiertos en sí mismos y cuyo grado de apertura es muy diverso. 
Esto es aplicable al mercado del gas mucho más que al de la electricidad. 
Pero si queremos aprovechar el plus de eficiencia de un mercado interior, entonces no necesitamos la suma de 15 mercados parciales sino un mercado interior común e integrado. 
Plus de eficiencia para la economía para mejorar su competitividad, en especial de las pequeñas y medianas empresas, plus de eficiencia para las consumidoras y consumidores en lo que se refiere a precios favorables y plus de eficiencia para el medio ambiente a causa del uso ahorrativo de los recursos. 
El mercado abierto que deseamos no significa "laissez faire" o "cada uno puede hacer lo que quiera". 
Lo que necesitamos son reglas para todos los participantes en este mercado integrado, reglas que sean comprensibles para ellos, reglas que puedan ser aplicadas asimismo por ellos. 
Necesitamos pues un acceso a las redes y demás sistemas que sea absolutamente transparente y no discriminatorio para todos los participantes en el mercado, pues de lo contrario, se producirán distorsiones en la competencia. 
Por ello, necesitamos un marco regulador unitario que no tenemos hasta ahora, lo que hace que tengamos un mercado dividido y que el sistema no funcione prácticamente de modo aceptable en ningún lado. Quizás con la excepción de un Estado miembro insular, en ningún lugar funciona aún. 
Necesitamos un marco regulador que determine objetivos, que establezca normas vinculantes y que determine mecanismos y la aplicación unitaria. 
Naturalmente, nos encontramos ante el problema de que tenemos 15 Estados miembros diferentes y estos 15 Estados poseen unas estructuras muy diferentes. 
Un país con 700 o más redes tiene unas condiciones marco muy diferentes a las de un país con sólo una red. 
Pero lo importante es que el marco regulador funcione vinculantemente, que se controle su aplicación y que se sancione en caso de violación de las normas. 
De eso se trata, por lo que tenemos que corregir algo lo que la Comisión propuso originariamente con su directiva modificadora, para que los sistemas en los diversos países miembros se unifiquen en sus objetivos, por un lado, y que sin embargo sigan siendo algo compatibles en sus estructuras tradicionales, por otro. 
La manera y modo con que las instituciones y autoridades de un país miembro lo garanticen es asunto del propio país miembro. 
Sólo tiene que ser claro y fiable para todos los participantes en el mercado. 
Esto es lo que quería decir sobre lo que podemos regular como legisladores. 
Quiero aprovechar los segundos que me quedan para pedir sencillamente algo a la Comisión. 
Tenemos condiciones diferentes en la electricidad y el gas. 
La electricidad la producimos en lo esencial nosotros mismos en los países miembros, en el mercado interior. 
En el caso del gas, dependemos cada vez más de importaciones de terceros Estados. 
Creo que bajo el punto de vista de la competencia y de la competitividad, una tarea importante va a ser la de lograr que exista también competencia entre los productores. 
Sé que esto es difícil pues en lo esencial son oferentes de fuera de la Unión; pero es una tarea en la que tenemos que trabajar pues sin esta competencia por parte de los productores, sólo tendremos una competencia limitada aquí en el mercado europeo. 
Estimado colega Rapkay, comparto su desazón en lo que se refiere al tiempo que dedicamos a una materia tan importante. 
Sin embargo, me permito realizar la observación de que son los presidentes de los Grupos políticos los que establecen el orden del día, no la Mesa. 
Los Grandes del Imperio dedican, según mi experiencia, mucho más tiempo a los llamados asuntos políticos que a las cosas que están directamente relacionadas con la vida. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimadas y estimados colegas, voy a referirme primero al comercio transfronterizo de electricidad. 
Como ponente de la comisión, me permito decir que la comisión apoya la propuesta de reglamento de la Comisión. 
Tiene que comenzar por fin el comercio transfronterizo para que los productores en otros Estados miembros puedan realizar suministros, es decir, que los proveedores existentes en la UE puedan practicar la competencia. 
Para ello hay cinco condiciones previas. 
Primera: hay que remunerar con un fondo los costes a las redes que realizan el tránsito. 
Segunda: esto sólo funciona unitariamente en Europa, es decir, mediante un reglamento. 
Tercera: los que tienen que pagar a ese fondo son los productores y consumidores. 
Cuarta: estos pagos de los productores tienen que armonizarse en los Estados miembros para que no surjan ventajas unilaterales en la competencia. 
Quinta: no deben existir aranceles interiores, es decir, ningún pago por llamados exportadores o importadores, lo que por demás es un concepto absurdo en el mercado interior, y no deben existir tarifas por distancias entre las partes contratantes. 
Aquí cuenta la física y no el derecho. 
Tres observaciones finales sobre este tema. 
Es una cuestión importante la de dónde se produce la corriente. 
Esto depende de muchos factores. 
La comisión se mostrará sin duda abierta si dentro de las condiciones que he mencionado se encuentran y aplican adicionalmente las llamadas señales de localización. 
En Florencia, las autoridades reguladoras, las redes y la Comisión están recapacitando al respecto. 
La comisión no propone modificar las competencias en el procedimiento de la comitología y en los gremios. 
Pero como se trata de un procedimiento de codecisión, proponemos que al cabo de cuatro años se compruebe si el procedimiento aquí aplicado hace justicia al sentido del procedimiento de codecisión. 
A la postre, las autoridades reguladoras de los Estados miembros y los expertos, por ejemplo, los explotadores de las redes, deben participar en un proceso regulado. 
La entrada en vigor de este reglamento no debe ser antes que lo hagan las directivas que deciden también sobre las modificaciones en el mercado de la electricidad y del gas. 
De este modo, llego al segundo tema: quiero realizar algunas observaciones al respecto no como ponente sino como miembro de la comisión que, señora Vicepresidenta, deseo lleve en su equipaje de viaje a Barcelona. 
Primera: quien en el Consejo solamente desea abrir parcialmente los mercados- y sabemos exactamente de quién se trata- vulnera los Tratados europeos. 
Quiero decirlo aquí con toda claridad y figura también en la propuesta de resolución de la comisión. 
Estos Tratados garantizan a todas las ciudadanas y ciudadanos de la UE la libertad de establecimiento, de prestación de servicios y del tráfico de mercancías. 
Estas libertades solamente serán realidad cuando todos los consumidores de electricidad y de gas puedan elegir a sus proveedores en toda la UE. 
Sólo entonces serán una realidad las normas jurídicas de los Tratados. 
Segunda: quien como Estado miembro quiera tratar en su país por igual a todos los hogares, por ejemplo, entre Lille y los Pirineos, puede hacerlo y decidirlo así, sin embargo puede sacar a licitación este servicio y preguntar qué competidor es el más adecuado y cualificado. 
El monopolio de proveedores no se puede justificar de este modo. Esto vulnera también el derecho en vigor y alimenta la sospecha de cajas negras. 
Respecto a los informes, me voy a referir aún a los siguientes puntos esenciales. 
Apoyamos la elección libre de todos los consumidores en toda la UE. 
Apoyamos que todos los oferentes tengan el acceso a las redes técnicas que se tienen que mantener en sociedades propias para que no pueda producirse ninguna discriminación según el tipo de oferente ni tampoco ningún abuso por una posición dominante en el mercado en la propia empresa. 
Estamos a favor de sistemas de regulación en los Estados miembros que lo garanticen. 
Coincido plenamente con el colega Rapkay en que esto no se ha solucionado hasta ahora de modo satisfactorio en ningún país miembro. 
Con el Consejo, apoyo una solución que tenga en cuenta las muy diversas estructuras nacionales de las redes. 
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión sobre la liberalización total del mercado interior de energía eléctrica y gas natural en los países miembros de la Unión Europea están, en nuestra opinión, en la dirección correcta y por esta razón, los ponentes, Sres. Turmes, Rapkei y Mombaur, en líneas generales las han considerado positivas. 
Este es el punto de vista de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que ha aprobado unánimemente tanto la opinión relativa como las enmiendas que he presentado, que casi todas han sido incluidas por los Sres. ponentes en sus intervenciones. 
Creo que es general la constatación de que la apertura del mercado interior de energía eléctrica y gas natural, primero, se retrasa de forma alarmante y se ve imposibilitada sistemáticamente por los tremendos intereses monopolísticos, privados, sindicales y estatales, y no sólo en Francia; segundo, se observan diferencias muy llamativas de un país a otro; por ejemplo Inglaterra ha procedido a la liberalización total mientras que Francia hace justo lo contrario, y algo de este tipo es lo que hay, desgraciadamente, también en Grecia, mi país; tercero, consecuencia de lo referido es que se observan graves alteraciones en el funcionamiento del mercado interior y que desanima a la competencia y, por consiguiente, también a la reducción de los precios en beneficio de la competitividad, no sólo en el sector de la producción de energía, sino también en el de las empresas europeas, e incluso en el campo del consumidor; cuarto, dicho retraso entorpece igualmente el funcionamiento transfronterizo de estos mercados. 
No hay mercado único y no preveo que lo haya en el futuro inmediato. 
El funcionamiento competitivo del mercado interior de energía eléctrica y de gas natural es una condición indispensable para lograr los objetivos de Lisboa sobre una Unión Europea dinámica y competitiva, con pleno empleo. 
Y este sentido contribuyen las autoridades independientes propuestas y la disuasión de las intervenciones estatales, que utilizan a veces la política de precios como medio para ejercer política social. 
Es preferible que la política social se ejerza con otros medios, por ejemplo, reduciendo los impuestos, en lugar de estar vigentes precios que no representan el coste real de producción y que dificultan la competencia. 
Finalmente, todo retraso en la apertura de los mercados es un factor disuasorio para las empresas privadas y para las inversiones extranjeras en el campo de la energía y, más generalmente, en el de la Unión Europea y, consecuentemente, no aumenta el empleo, que se supone que constituye el objetivo primordial. 
Señor Presidente, Comisario, colegas, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha analizado en primer lugar el procedimiento de comitología. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos consideró otorgar preferencia a la inclusión de los anexos en el reglamento y en la directiva con el objeto clarificar y garantizar el acceso de los ciudadanos a los textos legislativos. 
Esta decisión parece más que justificada si se tiene en cuenta que los anexos contienen una serie de normas destinadas a proteger al consumidor final. 
En lo que respecta a la directiva sobre el gas, se debe recalcar que es especialmente importante que todos los productores europeos de energía garanticen un acceso eficiente y no discriminatorio a los mercados productores de gas natural. 
La ampliación de los principios del mercado interior de la energía para los países que poseen las materias primas beneficia al desarrollo de los países productores y responde, asimismo, a los objetivos del mercado interior. 
La adaptación gradual interna de las normativas es esencial para la consecución del mercado interior de la energía. Debe existir un marco normativo común mínimo con el que se pueda facultar y responsabilizar a las entidades normativas. 
Asimismo, quisiera subrayar que la recopilación de datos sobre empresas, tanto a nivel de los Estados Miembros como de la Comisión, sólo sirve para cumplir las funciones derivadas de este reglamento y de esta directiva. 
Considerando que se trata, en parte, de datos confidenciales, es urgente imponer limitaciones a la difusión de los datos obtenidos. 
Por último, quisiera reclamar la atención para el hecho de que la directiva que nos ocupa modifica toda una serie de normas, por lo que considero conveniente aprovechar la importante modificación de la directiva existente para publicar una versión consolidada. 
Señor Presidente, la culminación del mercado de la electricidad y del gas natural es una oportunidad extraordinaria para un desarrollo económico, ecológico y también social de la Unión Europea. 
Se sabe desde hace mucho tiempo que la cuestión de la energía desempeña un papel central que va mucho más allá de la seguridad del suministro. 
Va unida inseparablemente al destino de nuestra generación y de las futuras. 
Los ponentes lo han visto así y han ampliado la propuesta de la Comisión con una visión de futuro. 
Con lentitud pero con certeza cada vez hay más personas que ven claramente que el futuro se encuentra en las fuentes de energía renovables. 
Son la única fuente que garantizan a la larga un suministro limpio y seguro. 
Por ello, necesitamos unas condiciones marco para estas fuentes de energía renovables. 
Los puntos más importantes afectan a la veracidad de los costes en la totalidad del suministro de energía. 
En el suministro tradicional de energía de origen fósil o nuclear hay que tener también en cuenta los costes externos de los seguros y los costes derivados por la emisión de sustancias contaminantes. 
Para la electricidad y también para el biogas necesitamos un acceso a la red que no realice discriminaciones. 
Este es un nuevo modo de pensar que se refleja aquí por primera vez. 
Necesitamos unas tarifas justas de conducción para todos los agentes energéticos y en un mercado libre necesitamos asimismo una señalización de las fuentes primarias de energía. 
Se lo debemos a nuestros consumidores. 
Yo incluso llego tan lejos que opino que no se debe limitar esta señalización solamente a las facturas sino que se debe indicar también en la oferta del agente energético por parte de los proveedores de energía. 
Señora Comisaria, colegas, en primer lugar, mi enhorabuena a nuestros tres colegas, los Sres. Turmes, Rapkay en Mombaur por su excelente trabajo. 
¿Cuál es el asunto del día? 
Hoy, el Parlamento debe dar de forma expresa a un nuevo impulso al proceso de liberalización total. 
Y tras el éxito de la primera liberalización es preciso que demos este segundo paso. 
Por este motivo, hacemos un llamamiento urgente a la comisaria y a los Estados Miembros para que se aseguren de que Barcelona es todo un éxito y que no volvamos, como es costumbre, a tratar de frenar el proceso- y usted sabe a qué Estado Miembro me refiero. 
Los principales argumentos en favor de este proceso ya han sido citados por el Sr. Mombaur, por lo que no entraré en ellos. 
¿Cuáles son los principales criterios? 
En primer lugar, debemos asegurarnos que de se crea un terreno de juego igualado, lo que significa lo siguiente: debemos retirar los obstáculos de modo que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. 
En segundo lugar, debemos garantizar que la función de los supervisores se reviste de modo que finalmente nos dirijamos hacia un único mercado europeo. 
Por este motivo, las enmiendas 53 y 130 del artículo 6 bis, apartado 1, de la directiva son de vital importancia. 
Mi Grupo considera por lo tanto importante que se aprueben dichas enmiendas porque de ese modo estaremos seguros de caminar hacia dicho mercado único europeo. 
El tercer criterio, Señor Presidente, es la existencia de una competencia real, de transparencia y la ausencia de discriminación. 
No hay que olvidar que hemos comprobado que el instrumento de reciprocidad no funciona. 
Debe existir libertad de elección para el consumidor. 
Desde el punto de vista estratégico, Señor Presidente- y con esto deseo acabar mi intervención -, es imprescindible que comencemos con un agrupamiento. 
Quisiéramos respaldar la enmienda que tenemos ante nosotros, presentada, entre otros, por el Sr. Westendorp. 
El informe Mombaur no nos supone ningún problema pero sí el informe del Sr. Turmes. 
Lo que sí puedo adelantar es que el Grupo PPE-DE solicitará una votación disociada para la enmienda 69 y retirará la enmienda 181, de modo que ya no se contemplará el acceso negociado para terceros. 
Por lo demás, el informe Turmes no nos plantea grandes problemas. 
Consideramos que existen demasiadas normas, demasiadas cargas administrativas y escaso respeto hacia la economía de mercado. 
Asimismo, consideramos incorrecto que la responsabilidad sea de la industria y no de los supervisores o de los estados nacionales. 
Quisiera manifestar que esta forma de actuar no beneficia a la liberalización, sino que genera nuevos obstáculos, de modo que finalmente resulta imposible poner en marcha el proceso liberalizador. Y esto seguro que no es lo previsto. 
Obviamente, hay que analizar detenidamente los aspectos medioambientales. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que, en el campo de la cogeneración y de la comunicación, podemos regular numerosos aspectos a través de otras directivas. 
Hacemos por lo tanto un llamamiento urgente al Sr. Turmes para que retire este tipo de enmiendas. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a los ponentes por el trabajo previo realizado. 
Creo que el debate y la discusión sobre estas directivas o reglamentos ha sido un buen ejemplo sobre cómo se puede atacar conjuntamente un tema complicado pues sabemos qué es lo que nos une y cuáles son las opiniones diversas que tenemos. 
Por lo demás, quiero recordar que a finales de los años 80, cuando la Comisión publicó su Libro Blanco sobre el mercado interior no se hablaba en absoluto de la energía, lo que indica que aquí se trata de una materia extraordinariamente complicada. 
En aquella ocasión muchos dijeron que dejase el asunto en paz, que era demasiado complicado y que lo sabíamos de sobra de la industria de la electricidad y del gas. 
Hemos ido por otro camino y creo que con la competencia hemos escogido el correcto. 
Yo también estoy a favor de establecer una competencia sin límites. 
Si no lo hiciésemos, probablemente el Tribunal Europeo de Justicia nos obligaría al final a hacer algunas cosas de modo diferente, por ejemplo, reconocer como clientes a los clientes del presupuesto y no a un cliente que nosotros definamos. 
Pues el Tratado es siempre más importante que alguna que otra resolución del Parlamento. 
En cualquier caso, estoy a favor no sólo de que desregulemos sino también de regular. 
Lo que aquí hacemos es en realidad una desregulación regulada, si no fuese este un concepto horrible. 
Pero es exactamente esto. 
No sólo liberamos el mercado para el gas y la electricidad sino que también determinamos las condiciones, las condiciones ecológicas y sociales o dejamos en manos de los Estados miembros que decreten las normas al respecto. 
Creo que ambas cosas van juntas. 
Señor van Velzen, quizás esto nos diferencia en el enjuiciamiento de estas directivas. 
No lo considero tampoco como una complicación del procedimiento sino que es inherente al mismo. 
Necesitamos un mercado y una competencia regulada, pero la energía es algo a lo que las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho. 
Hay que determinar la seguridad de suministro y las condiciones ecológicas. 
La apertura de los mercados de la energía es también la condición previa para que funcione el protocolo de Kioto. 
Sin competencia y sin un mercado abierto no podrá existir en Europa un comercio con las emisiones. 
Esto es una parte integrante del protocolo de Kioto que queremos ratificar por lo demás casi unánimemente. 
Señor Presidente, queridos colegas, todos los Estados han decidido crear un gran mercado para la electricidad y el gas. 
Es una buena decisión, pero el quid de la cuestión se resume en una pregunta: ' ¿Cómo materializar este mercado?? 
En su nueva directiva, la Comisión asume el objetivo de una competencia regulada. 
¿Existe o no existe un equilibrio entre libre competencia y regulación? Dicho de otro modo, ¿se han tenido en cuenta los derechos fundamentales al servicio público, a la calidad del medio ambiente y a la seguridad energética? 
Este es el criterio básico de apreciación de nuestros trabajos. 
En la Comisión de Industria, numerosos colegas se han quedado cortos frente a las propuestas de la Comisión. 
Su único objetivo es acelerar la liberalización y construir un level playing field. 
Otros han querido sentar las bases para abrir la vía a una regulación de interés general. 
Los esfuerzos de Claude Turmes y de Bernhard Rapkay en este sentido son reales. 
Sin embargo, al fin y al cabo, sigue habiendo un desequilibrio entre la elección de la competencia efectiva y las exigencias de la sociedad. 
No podemos aceptar este desequilibrio. 
Es la razón de ser de nuestra enmienda estratégica 177, que pretende imponer a los Estados el respeto simultáneo a sus obligaciones de facilitar la libre competencia y a obligaciones de interés general reforzadas y efectivas. 
Rechazamos la actitud del Estado francés, que se opone a la apertura de su mercado interior aun cuando el operador público compra una parte del mercado fuera. 
A pesar de todo, el compromiso que expone hoy- que consiste en establecer la libertad de compra para los abonados residenciales y eventualmente conservar un sector reservado para los clientes no residenciales- es adecuado, sobre todo si se trata de garantizar la igualdad de tarifas en el territorio nacional. 
Los defensores a ultranza del libre mercado no han presentado ningún argumento económico que justifique la obligación ineludible de abrirlo a los clientes pequeños, a pesar de que podría generar costes adicionales y problemas, en lugar de permitir una mayor libertad. 
En este ámbito, lo más sensato sería respetar el principio de diversidad. 
En cuanto a la obligación de competir, se está ejerciendo una fuerte presión sobre países como Francia o Alemania, dónde los operadores tradicionales son poderosos y están integrados. 
Las exigencias de transparencia y de establecimiento de un regulador independiente están justificadas. 
Pero la ownership unbundling o la separación del transporte y de la distribución, entre otras, son amenazas de desintegración para los grupos eficaces. 
Dejar paso a nuevos operadores en las energías renovables está justificado. 
Atacar a la industria nuclear y criticar los éxitos nacionales de los vecinos no lo está. 
Por otra parte, me resulta chocante que algunas personas que cantan las excelencias de la libre competencia se opongan a una reglamentación comunitaria en materia de acceso al mercado. 
El ATR negociado supone, de hecho, el cierre del mercado alemán. 
Otros exigen la reciprocidad en el acceso al mercado, que sin embargo se contradice con la idea misma de gran mercado y que es fuente de discrepancias. 
Por el contrario, consideramos que la Unión, es decir, la Comisión, el Consejo, el Parlamento, la sociedad civil europea organizada, debe asumir tareas de interés general y deberes de regulación. 
Si no lo hiciera, la competencia pura y dura abriría la puerta al recrudecimiento de los conflictos nacionales. 
Señor Presidente, para comenzar, quisiera felicitar a los dos ponentes por los tremendos esfuerzos que han dedicado a esta importante disposición. 
La culminación de los mercados interiores de la electricidad y del gas es algo que tendrá repercusiones para cada uno de los 370 millones de consumidores que existen en toda la Unión Europea. 
Como colegisladores en este ámbito, tenemos una gran responsabilidad de hacer bien las cosas y de asegurarnos de que el resultado final sea un acuerdo justo para todos. 
Desde la perspectiva irlandesa, puedo informar a los colegas que los trabajos van por muy buen camino para lograr este objetivo. 
La apertura formal del mercado eléctrico irlandés ha sobrepasado los requisitos de la Directiva 96/62/CE. 
De hecho, las autoridades nacionales irlandesas ya han comenzado a aplicar un modelo de apertura del mercado muy recomendable, en el que se ha separado el funcionamiento de la propiedad de los activos. 
Este modelo separa eficazmente los intereses de la propiedad de las decisiones de planificación, lo que contribuye a la eficiencia general. 
Puede que este modelo no sea el más idóneo para cada Estado miembro, pero tiene claras ventajas para un Estado pequeño en el que son necesarias las economías de escala para garantizar el coste más bajo y la producción más eficaz para los usuarios finales. 
Para terminar, creo que una producción de energía eficiente, económica y sostenible es un elemento fundamental para alcanzar nuestro objetivo. 
Los ponentes nos han llenado de orgullo en la comisión porque han tratado sobre este asunto tan complejo y técnico de una manera exhaustiva y equilibrada y dentro de un calendario muy apretado para poder completar este importante capítulo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el buen trabajo realizado por los ponentes induce al Parlamento a adoptar una posición favorable al arduo intento de llegar a la plena liberalización del mercado de la energía en Europa en beneficio de las empresas y de los consumidores. 
En el escaso tiempo de que dispongo, quisiera reiterar asimismo nuestro apoyo a las medidas más duras que la Comisión ha propuesto- el artículo 86 del Tratado- o presionar para llegar a una votación por mayoría. 
Hay Estados como Francia que tienen un objetivo conflicto de intereses en este sector. 
El Gobierno francés es propietario de EDF, motivo por el cual su interés está en mantener las asimetrías en el mercado que permiten a EDF ir ocupando segmentos de mercado en otros lugares aprovechando la posición de monopolio y de cierre del mercado interior. 
Por esto, creo que en Barcelona se deberá ir hasta el fondo forzando, incluso, una votación por mayoría. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, permítanme expresar que lamento los retrasos que sufrieron los trabajos sobre este capítulo el año pasado porque la Comisión se negó a aceptar nuestro consejo de dividir las propuestas en dos propuestas separadas para el gas y la electricidad. 
También lamento que el calendario se haya adelantado de mayo a marzo, a causa del deseo del Consejo de que se le presente esta propuesta en Barcelona. 
Espero que éste no sea uno de esos casos en los que apenas hay tiempo para legislar, pero luego hay mucho para arrepentirse. 
Apoyamos firmemente los objetivos de la Directiva y el Reglamento. 
La situación actual es la de un mercado imperfecto e injusto. 
Los servicios públicos franceses y alemanes pueden comprar compañías eléctricas en el Reino Unido, pero para los británicos no existen oportunidades recíprocas de comprar participaciones de EDF o adquirir compañías enteras. 
En el mercado alemán es casi igual de difícil entrar, a pesar de la denominada competencia plena. 
Esto tiene que cambiar. 
Reconozco que el enfoque paso a paso es realista: primero todos los consumidores no domésticos y luego los domésticos, como apertura progresiva, es un proceso más ordenado. 
Tengo que lamentar que un ponente haya decidido introducir demasiados detalles en las enmiendas y haya intentado complicar en exceso algunas de las medidas, por ejemplo, la cuestión de pormenorizar la factura de la electricidad. 
Esa cantidad de detalles es innecesaria. 
Por último, quisiera recomendar las enmiendas presentadas sobre el establecimiento de un Comité europeo de reguladores de energía, con vistas a mejorar la cooperación y la coordinación en la aplicación del Reglamento sobre el comercio transfronterizo. 
Señor Presidente, gracias a los ponentes de estos informes, han realizado ustedes un gran trabajo. 
Aunque la Unión fue constituida como un Mercado Único, este mercado es operativo sólo parcialmente. 
A decir verdad, muchos Estados miembros se han especializado en proteger sus mercados, monopolios y cárteles. 
Los países nórdicos han liberalizado los mercados de la electricidad y de las telecomunicaciones, y ello ha beneficiado al consumidor: los precios son bastante bajos. 
Frecuentemente, sobre todo en lo que se refiere a los Estados miembros grandes, se hace caso omiso de las normas aprobadas conjuntamente, y el requisito de unanimidad en las decisiones no es más que un escudo para cobijarse. 
Puesto que la Comisión no tiene poder o audacia para intervenir en las prácticas desleales, los mercados no son operativos. 
Esta situación es insolidaria y debe ser atajada. 
Y es que unos liberalizan y otros protegen. 
Se podría preguntar si el liberalismo en los mercados está justificado, por ejemplo, en el ámbito de los servicios públicos obligatorios; es verdad. 
Pero necesitamos normas comunes sobre las que se ejerza también un control. 
La misma insolidaridad ha reinado en el sector de las telecomunicaciones. 
La tarificación del comercio transfronterizo de electricidad y el control de las líneas para evitar sobrecargas son aspectos importantes. 
Los precios de acceso a la red deben reflejar el coste real; tan solo así será posible la competencia y el consumidor saldrá beneficiado. 
Mi Grupo está satisfecho con la línea básica del informe Mombaur. 
Sin embargo, no se aclara lo suficiente la capacidad de control por parte de la Comisión, y es posible que continúen estas injusticias y estos descompases. 
En la legislación marco relativa al sector de las telecomunicaciones sí hemos logrado poner claramente de relieve estos aspectos, y ello beneficiará a los consumidores en Europa. 
Hay que reformar la Unión de tal manera que los Estados miembros no puedan impedir la competencia y, simultáneamente, irrumpir en otros Estados miembros para comprar empresas energéticas municipales. 
Señora Comisaria, quisiera llamar su atención sobre tres aspectos. 
Primero: la electricidad y el gas son dos productos diferentes. 
El hecho de que sean tratados en un único informe implica el deseo artificial de que se les otorgue un tratamiento análogo. 
Las diferencias específicas entre estos productos se ven escasamente recalcadas de este modo. 
Segundo: Es de vital importancia que los contratos a largo plazo para el transporte de gas sean garantizados, teniendo en cuenta la creciente demanda de gas como consecuencia, entre otras causas, del cierre previsto de algunas centrales nucleares y considerando el hecho de que se necesitan importantes inversiones, como las destinadas a los gaseoductos, para el suministro de gas en la Unión Europea. 
Está literalmente en juego el suministro de gas. 
En tercer lugar: La legislación que se va a votar choca frontalmente con el deseo de liberar a las empresas de la burocracia administrativa. Se impone un número excesivo de nuevas obligaciones. 
Quizás se pueda subsanar esta circunstancia en la segunda lectura. 
Señor Presidente, este informe parte de la decisión de liberalizar el mercado interior de la energía mediante la privatización de los sectores públicos de la electricidad y del gas que aún existen en la Unión Europea. 
Olvidando experiencias negativas de procesos semejantes, como el caso de California, se insiste en la apertura, la liberalización y la competencia de esos sectores estratégicos para satisfacer los intereses de los grupos económicos, aun sabiendo que así se están poniendo en entredicho aspectos fundamentales de un servicio público universal: el derecho al abastecimiento de la energía con calidad y a precios razonables y la apuesta por el desarrollo de energías substitutivas y renovables. 
Aunque en estos informes se manifiesta cierta preocupación por la universalidad de acceso, normas ambientales mínimas, información y garantía de posibilidad de opción por el consumidor y garantía de aprovisionamiento en cada uno de los países, la verdad es que el avance hacia la liberalización y la apertura total del mercado va a poner en entredicho esas preocupaciones. 
A eso se debe, naturalmente, nuestro voto en contra. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ya en marzo del 2000 el Consejo de Lisboa presionó para que se liberalizasen los sectores del gas y la electricidad. 
La Comisión ha presentado un amplio proyecto para cumplir este deseo. 
Este proyecto ha sido enriquecido en varios aspectos por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Por ejemplo, se subraya la necesidad de dar una mayor importancia a las fuentes de energía renovables y al derecho de todos los proveedores a tener un acceso sin obstáculos a la red. 
La comisión fortalece además el papel de las autoridades reguladoras independientes y sale al paso de posibles distorsiones de la competencia con disposiciones sobre la desconcentración de la propiedad. Lo apoyo. 
Quiero destacar en especial la enmienda nº 43 al informe. 
Aquí se insta al oferente de electricidad para que presente al consumidor final en la factura y en material informativo la composición de la mezcla de energía suministrada. 
Estos datos mínimos suponen una aportación esencial a la transparencia y son la base para la necesaria libertad de decisión del consumidor en el mercado interior. 
Señor Presidente, colegas, llevamos 15 años tratando de hacer realidad la liberalización del mercado energético en Europa. 
Y desde 1994 y 1995 se han aprobado directivas para lograrlo, aunque aún existen Estados Miembros que mantienen su mercado cerrado a cal y canto para nuevos proveedores, como por ejemplo Francia, a pesar de que el Rey Sol hace ya siglos que paso a la historia. 
El acceso transparente y sin discriminaciones a las redes es un requisito indispensable para romper con los monopolios. Para conseguir este objetivo, a veces se deben adoptar medidas que no parecen liberales, como por ejemplo la implantación de tarifas fijas de transmisión para todos los usuarios y productores, ya que es la única forma de garantizar el acceso al mercado a los nuevos proveedores. 
Por este motivo, espero que el Consejo de Barcelona se ponga de una vez manos a la obra y se tome en serio esta liberalización, teniendo en cuenta que en Lisboa ya se acordó que Europa debía convertirse en la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. Para ello es imprescindible llevar a cabo la liberalización del mercado energético. 
Señor Presidente, hoy debemos pronunciarnos sobre la aceleración de la liberalización del sector energético. 
Tras el transporte aéreo, las telecomunicaciones, el transporte ferroviario y el correo, ahora le toca a este sector sufrir una dictadura de los mercados con la plena apertura a la libre competencia, en 2003 para la electricidad y en 2004 para el gas. 
Sin embargo, globalmente, no se puede decir que la privatización del capital de las empresas públicas haya sido concluyente. 
No se han obtenido los incrementos de productividad esperados. 
Para el usuario, el desmantelamiento de los servicios públicos ha degradado la calidad del servicio, así como su fiabilidad, y ha incrementado un 30 % el precio del gas y un 5 % el de la electricidad. 
En cuanto a los asalariados, se han confirmado importantes reducciones de plantilla: en Europa, ya se han suprimido 300.000 empleos en este sector. 
Para la población, las desigualdades se han acentuado. 
Esta desregulación beneficia únicamente a un puñado de accionistas y de especuladores. 
A pesar de todo, hoy hay que promover una nueva política energética; hoy, más que nunca, hay que coordinar los servicios públicos a escala europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria de Palacio, Señorías, la liberalización debe traer ventajas. 
Esto lo han expuesto muy bien los ponentes. 
Lo que nosotros queremos es que las ventajas no se desvirtúen mediante nuevos impuestos sino crear un sistema que garantice desde una perspectiva ecológica y empresarial una seguridad de suministro sostenible de la energía. 
Del mismo modo que este mediodía decidiré si voy a comer un filete o una ensalada determinando de este modo el suministro de energía para mi propio consumo energético, en el futuro también quiero poder escoger entre la energía solar o hidráulica. 
Pero quizás no sólo de modo excluyente sino que sería positivo si pudiese decir que en mi consumo privado o de mi empresa deseo emplear un 50% de energía solar y un 50% de energía hidráulica. 
En este contexto, doy la máxima importancia a que no se produzcan subvenciones transversales. 
Por ejemplo, queremos especialmente que el almacenamiento final de residuos nucleares no se subvencione transversalmente desde otros sectores. 
También queremos un suministro básico, el servicio universal y el cumplimiento de obligaciones ecológicas y comerciales comunes, si bien mediante licitaciones públicas, garantizando los servicios y figurando la eficiencia en el punto central. 
La cuantificación de la calidad en la electricidad debería garantizarse mediante una instancia externa oficial. 
Queremos que en el futuro se encuentren en el punto central también las energías renovables, la eficiencia energética y el ahorro de energía. 
En el futuro tampoco se puede producir ninguna discriminación en el precio de la red debido a la cantidad de corriente o a su modo de generación. 
En el futuro debe ser ilícita cualquier subvención transversal. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, vamos a votar tres informes de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que son cruciales para la próxima Cumbre de Barcelona. 
Son básicos para el cumplimiento de los objetivos de Lisboa, si realmente queremos construir la economía más competitiva del mundo, y también son fundamentales para liberalizar el mercado interior. 
En definitiva, van a beneficiar a los consumidores. 
Ha sido un tema complejo, ha habido que separar dos Directivas- la de gas y la de electricidad- y ha habido que trabajar mucho y rápido. 
Quiero felicitar a los ponentes, Sres. Turmes, Rapkay y Monbaur, porque han trabajado mucho y muy bien y, además, en un tiempo récord. 
Por la complejidad del tema hubo intentos de aplazar la votación que mañana vamos a realizar. 
Desde la presidencia he hecho todo cuanto estaba en mi mano para que se vote antes de Barcelona. 
La credibilidad del Parlamento Europeo estaba en juego, no queríamos que el Parlamento Europeo fuera un pretexto fácil de un posible fracaso. 
Es un test crucial para Barcelona y el Parlamento Europeo ha estado a la altura de las circunstancias. 
Compartimos, por supuesto, con nuestros colegas- sobre todo franceses -, el deseo de combinar una liberalización con la necesidad de mantener un servicio público eficiente y creo que en esa línea debemos orientar todos nuestros trabajos. 
Señorías no basta con privatizar o con liberalizar si no evitamos posiciones dominantes que alteren sustancialmente la competencia. 
Si los monopolios públicos se convierten en oligopolios privados, poco habremos conseguido. 
Por lo tanto, es fundamental no sólo separar jurídicamente la generación de la transmisión y el transporte, sino, además, hacer que ambas sean totalmente independientes. 
En ese sentido va mi enmienda. 
Señor Presidente, las modificaciones que estamos examinando aspiran a la generalización de la liberalización del mercado, incluso en la distribución, incluso para el último cliente. 
Lo que se intenta lograr es el mayor desarrollo de las actividades empresariales en un sector que, hasta hace poco, hallándose bajo control estatal, era inaccesible para el capital. 
Un ejemplo característico de cómo se favorece al capital, es el caso de los sistemas de transporte que, esencialmente, están bajo la gestión del Estado que debe cubrir solamente el coste, en tanto que los particulares que hacen uso de ellos, conforman los precios de acuerdo al mayor beneficio posible. 
Voy a referir también que en mi país, la Empresa Nacional de Electricidad se ve obligada a comprar energía eléctrica a particulares a precios que no interesan, simplemente para que éstos últimos entren en el mercado. 
La liberalización ignora las necesidades sociales, por ejemplo, el suministro de energía a las islas y a otras regiones de difícil acceso, y también causa dificultades evidentes en la programación a largo plazo. 
El argumento de que se reducen los precios no se puede sostener, en un momento en que los mercados totalmente liberados de Alemania y del Reino Unido ofertan unos precios mucho más altos que los del mercado griego, liberado sólo en parte. 
Asimismo es grave el que las modificaciones aumenten la intervención de la Comisión Europea. 
Concluyendo, los únicos que saldrán ganado de las nuevas regulaciones son los grandes monopolios, que se introducirán aún más en los mercados con la ayuda del reglamento sobre los intercambios transfronterizos. 
Señor Presidente, Señorías, creo que hay que reconocer el buen trabajo que se ha realizado para preparar este debate, pero sobre todo con vistas a las decisiones que el Consejo y la Comisión tomarán más adelante, así como a las futuras orientaciones del Parlamento. 
Hemos asistido a la pérdida de una ilusión, pues el Estado que debía regular de manera adecuada los servicios básicos por motivos sociales, ha faltado a su cita casi en todas partes. 
Las razones de la equidad, de la asepsia, del no beneficio han perdido fuerza, han chocado con un mercado que se había vuelto asfíctico: de ahí los abusos, el aumento de los despilfarros, de los privilegios, de la burocracia y de las desigualdades, así como la caída del beneficio. 
La consecuencia es que se vuelve rápidamente- así lo esperamos- a la competencia, al mercado, al interés preferente del consumidor y también al beneficio de las empresas privadas que ya no se considera como algo negativo. 
Lo cierto es que siguen resistiendo algunos santuarios: los monopolistas, los oligopolistas y las posiciones dominantes- a los que se ha referido el orador que me ha precedido -, así como, de manera extraordinaria, el mercado que en muchas ocasiones estuvo y sigue estando controlado por los cárteles. 
En Italia tenemos ejemplos de este tipo: tenemos dos grandes estructuras, dos excesivos santuarios injustificados como ENEL y ENI que han desempeñado un papel fuertemente egoísta y, en algunos casos, incluso parasitario. 
Asimismo, por lo que hace a la relación directa, es necesario intervenir de manera adecuada no sólo en aras del suministro, sino también de la gestión del mismo con un control sobre lo que se ha cedido y sobre los contadores, así como sobre la eficacia del producto vendido. 
Pienso que esto podrá ser objeto de las próximas iniciativas de la Unión Europea. 
Señora Comisaria, queridos colegas, la energía no es un sector como los demás, y por ello el debate no puede limitarse a la mera cuestión de la apertura a la libre competencia y de su calendario. 
La seguridad en el abastecimiento, la cohesión territorial, el desarrollo de las redes y de las interconexiones, la renovación de las centrales, la búsqueda de las obligaciones de servicio público son otras tantas dimensiones esenciales que conllevan inversiones a largo plazo sin rentabilidad inmediata, pero que deben quedar garantizadas si no queremos vernos abocados a una situación ' californiana?. 
Por tanto, este sector tiene que estar estrechamente controlado, y hay que mantener un equilibrio entre lo que ha de estar sometido a los mecanismos del mercado y lo que debe quedar vinculado a otros imperativos, a otras lógicas en su organización. 
Algunos de los presentes en este foro dicen maravillas de la apertura a la libre competencia. 
Pero si nos fijamos en la situación de los distintos países, observaremos que una cosa es el marco legislativo y otra muy distinta la realidad de la liberalización. 
Por ejemplo, Alemania, en teoría, está liberalizada al 100 %, pero la electricidad importada del extranjero representa menos del 3 %. 
Sería quizás más conveniente prever un ritmo de liberalización menos rápido, y ser capaces de cumplir los compromisos adquiridos. 
Desde esta perspectiva, la fecha que ha propuesto la Comisión para la apertura al conjunto de abonados no residenciales, el 1 de enero de 2003, no es realista, y ni siquiera le deja un margen de tiempo a los países que se verán obligados a aprobar una ley de adaptación a su derecho nacional. 
Por ello, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía del Parlamento ha propuesto un plazo de 24 meses a partir de la adopción de la directiva. 
Además, -y este es el sentido de la enmienda 177, que ya ha sido mencionada por Philippe Herzog -, hemos exigido que se garantice que, en el momento en que se produzca la liberalización, los demás elementos de organización del sector (obligación de prestar un servicio público, seguridad en el aprovisionamiento, defensa de las energías renovables, seguridad de las instalaciones, protección del medio ambiente) , estén operativos. 
Finalmente, en cuanto a los clientes residenciales, los hogares, hay que tener en cuenta el hecho de que en ciertos países, la igualdad de las tarifas es parte integrante del servicio público. 
Da igual vivir en el campo, en un valle aislado o en la ciudad: el kilovatio / hora se paga al mismo precio. 
Esto se considera un elemento de la igualdad en el acceso al servicio público. 
Por este motivo, proponemos que los Estados que lo deseen puedan mantener un sector no abierto a la libre competencia, para hacer posible una distribución equitativa, y para que la igualdad de acceso al servicio público de la energía siga siendo una realidad en nuestros países. 
Espero que el Consejo lo tenga en cuenta. 
Señor Presidente, una empresa de capital francés puede vender electricidad al Primer Ministro británico. 
Quisiera preguntar a la Sra. Comisaria cuándo tendremos una situación en la que una empresa de capital inglés pueda vender electricidad al Primer Ministro francés. 
Hasta que dicha situación no se haga realidad, la idea de un mercado interior de la energía es un espejismo político. 
Se ha comentado mucho sobre la presión bajo la que se está celebrando este debate. 
Cuando se conocieron las propuestas de la Comisión, el Gobierno británico era de la opinión de que podían ser aceptadas tal como estaban. 
Hemos logrado introducir cientos de enmiendas, lo que dice mucho de la fértil imaginación del Parlamento. 
A veces nos creamos demasiados problemas. 
Al intentar incluir cuestiones tales como la eficiencia energética, la energía renovable y aspectos sociales, complicamos el asunto aún más, y es mejor que dejemos esos aspectos para otros tipos de legislación. 
Quisiera hacer dos observaciones. 
Respecto al reglamento específico, consideramos que es un requisito fundamental para el desarrollo del mercado interior, porque garantiza la previsión y la estabilidad que los consumidores y los nuevos participantes necesitan; pero deben ser los Estados miembros los que reflejen las diferentes estructuras de los mercados nacionales. 
Sobre la cuestión del acceso de terceros a la infraestructura, los nuevos participantes en el mercado necesitan saber que pueden acceder a la infraestructura en igualdad de condiciones que los ya existentes. 
Y estas condiciones deben ser aprobadas por el regulador nacional, y no estar sujetas a negociaciones desiguales entre un operador con monopolio de la infraestructura y un usuario en potencia. 
Señor Presidente, la lectura de la prensa nos llevaría a pensar que el Consejo Europeo de Barcelona establecerá todos los pormenores de esta legislación. 
La prensa sugiere que Barcelona determinará si la liberalización de la energía tiene lugar o no, y sin embargo no veo aquí al Sr. Blair, al Sr. Aznar ni a ningún otro Primer Ministro. 
Ésta es una observación importante: la liberalización del sector de la energía, uno de los últimos componentes del mercado único que aún debe ser sometido a las disciplinas del mercado único, es un proceso legislativo. 
Debemos hacer valer nuestro papel fundamental en dicho proceso legislativo. 
Esta legislación pasará por la segunda lectura mucho después de que la pirotecnia política de Barcelona haya caído en el olvido. 
Por consiguiente, es absolutamente necesario que en la primera lectura establezcamos los principios de la legislación, para que en la segunda lectura podamos realmente impulsar una liberalización adecuada del paquete de la energía. 
El Sr. Chichester se ha referido hace un momento a la necesidad de establecer debidamente los detalles. 
Tiene toda la razón. 
En este mismo espíritu tengo dos preguntas específicas para el Grupo PPE-DE, que se ha mostrado muy interesado en promocionarse a sí mismo como la voz liberal en este asunto, a pesar de lo cual, me temo que mañana puede votar en un sentido muy diferente. 
En primer lugar, ¿apoyará el Grupo PPE-DE la enmienda, aprobada en comisión, encaminada a garantizar que los fondos para la paralización de la energía nuclear no podrán ser utilizados como subvenciones cruzadas para los operadores eléctricos? 
En caso de que la respuesta sea negativa, debería explicar por qué no, porque existe el riesgo de que desaparezca la igualdad de condiciones para todos. 
En segundo lugar, ¿retirará sus propias enmiendas, aprobadas en comisión, que insisten en un acceso negociado? 
Si se mantienen dichas enmiendas, el paquete se verá gravemente debilitado. 
Espero con interés poder trabajar con ustedes en la votación de mañana. 
Ésta ha sido una excelente empresa común de todos los partidos y, en nombre del Grupo ELDR, apoyo incondicionalmente el resultado. 
Señor Presidente, como es habitual, mis más sinceras felicitaciones a los tres ponentes que han participado en este paquete. 
La liberalización del gas y la electricidad forma parte, sin ninguna duda, del Proceso de Lisboa, pero esto no significa que deba producirse una contienda general en los mercados de la electricidad y el gas. 
Nuestro deber es preocuparnos por aquellos a los que representamos: los clientes comerciales, así como los clientes domésticos- la mayoría de nosotros. 
Queremos los precios más bajos posibles para ellos, junto con el poder de elección, y para poder elegir hace falta información, incluido el etiquetado sobre la fuente de energía. 
Necesitamos fiabilidad y la no discriminación; necesitamos ayuda para la adopción, en particular a nivel doméstico, de medidas de eficiencia energética; y necesitamos que se haga hincapié en las necesidades del servicio público. 
Y me gustaría insistir en que la investigación y el desarrollo deberían ser una necesidad del servicio público, porque en un mercado libre, la investigación es uno de los ámbitos que más peligran. 
Tenemos enmiendas sobre temas como las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y la producción combinada de calor y electricidad. 
Esto es importante. 
Necesitamos adoptar un talante de unión y esta directiva debe incluir referencias a aquellos ámbitos que pueden estar ya cubiertos por otras directivas, pero que también debemos mencionar aquí. 
Queremos un talante de unión y esperamos que la Comisión nos confirme que dichas medidas, tan importantes como estas directivas, formarán parte del programa en el futuro inmediato. 
Por consiguiente, esperamos que cualquier logro, aunque limitado, que se obtenga en Barcelona, nos permita seguir avanzando de manera responsable y sin que andemos a la gresca, hasta conseguir un mercado competitivo controlado. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Como uno de los ponentes del debate que acabamos de celebrar, quisiera decir que las condiciones en las que se ha celebrado este debate son ridículas. 
Cuando inicié mi intervención sólo había tres diputados en la Cámara y la Comisaria no había tenido tiempo de unirse a nosotros porque esta Asamblea fue incapaz de establecer con claridad la hora del comienzo del debate. 
Como ponente, sólo dispuse de dos minutos y medio, y mi colega, Sr. Rapkay, también dispuso de dos minutos y medio para explicar una directiva sobre los mercados europeos de la electricidad y el gas. 
Ahora, cuando escuchábamos las respuestas de la Sra. Comisaria había tanto ruido que era casi imposible oír lo que decía. 
Señor Presidente, le ruego que organice los procedimientos de manera que podamos tratar sobre ellos con dignidad. 
Respecto a la cuestión que ha planteado su Señoría relativa a la organización de los debates, en la Conferencia de Presidentes hemos tratado ampliamente, con carácter informal, sobre la posibilidad de crear más espacio para el debate. 
Esto depende de nuestros procedimientos de votación y demás. 
Más adelante tendremos también el informe del Sr. Corbett, que será de utilidad en este sentido. 
La creación de más espacio para el debate es una prioridad, y espero que lo consigamos en un futuro no demasiado lejano. 
Sólo puedo decir que estoy completamente de acuerdo con la observación que su Señoría ha hecho sobre la dignidad de la Asamblea. 
Siempre que he ocupado la Presidencia, he intentado, en la medida de mis posibilidades, insistir en que la Asamblea escuche a los oradores de una manera digna, como corresponde a un Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas de hoy. 
Señor Presidente, si la Asamblea sigue mi recomendación- y espero que lo haga- se obtendrá un resultado que ya fue aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y que podrá ser aceptado por la Comisión y el Consejo. 
La modalidad de la lista de votaciones es algo enrevesada porque el texto es complicado y lo que se propone trata sobre cuestiones de formulación. 
Me he propuesto ser abierto al respecto y sé que el Grupo Socialista tenía algunos reparos. 
Esta mañana he hablado con el Sr. Berenguer, ponente alternativo, que creo que puede confirmar su conformidad con lo que estoy sugiriendo, es decir, que votemos en contra de la segunda mitad de la enmienda 3 y en contra de la enmienda 6. 
Si se sigue mi sugerencia, sería posible aprobar este importante texto en una única lectura. 
Señor Presidente, confirmo las palabras de Lord Inglewood: el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos votará en contra de la segunda parte de la enmienda 3 y de la enmienda 6. 
Creo que así se refuerza la coherencia del texto. 
Aprovecho la ocasión para felicitar a Lord Inglewood por su magnífico trabajo. 
. (IT) Señor Presidente, quisiera proponer una enmienda oral: donde dice que el Supervisor Europeo está "sometido al objetivo del Reglamento nº 1049", propongo que se sustituya con "sometido al Derecho comunitario, incluido el Reglamento nº 1049", y allí donde dice que "está sometido al Tratado según el cual el proceso de toma de decisiones de la Unión debe ser lo más abierto posible", propongo "está sometido a las disposiciones del Tratado sobre protección de los derechos y de las libertades fundamentales y que establecen que el proceso de toma de decisiones de la Unión debe ser lo más abierto posible". 
Espero que no haya ninguna objeción. 
Señor Presidente, quisiera proponer que se aplace la votación sobre la propuesta de resolución legislativa. 
Dado que se trata de una decisión que es objeto de un acuerdo interinstitucional, deben estar de acuerdo el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Ahora bien, el texto que se ha votado hoy difiere del texto propuesto por la Comisión y, por lo que sé, respaldado por el Consejo. Por esto, pido que se aplace la votación sobre la propuesta de resolución legislativa para ver si las demás Instituciones aceptan nuestro punto de vista o, en cualquier caso, para tratar de alcanzar una posición común. 
. (DA) Hemos votado en contra del informe por tratarse de un reglamento y no de una directiva. 
A causa de las diferencias y circunstancias nacionales hace falta una flexibilidad, que se habría conseguido en mayor medida mediante una directiva. 
Señor Presidente, ayer por la mañana, mientras participaba en un programa de televisión llamado "Telelombardia" que se emite desde Milán, me llamó una señora quien me dijo que se llamaba Lucía y que era pensionista y que, mientras iba a cobrar su pensión como cada mes, había sido víctima de un robo y que, debido a lo que le había ocurrido, no sabía cómo llegar a final de mes. 
Usted me preguntará: ¿Y esto qué tiene que ver con el informe de la Sra. Paciotti sobre la protección de datos? 
Pues bien, pensando en ello me dije y me pregunté: " Votamos a favor del informe Paciotti sobre la protección de datos porque la protección de datos es muy importante, pero ¿cuándo llegaremos a tener por fin la protección de los pensionistas, en concreto de los pensionistas sin medios que van a cobrar su pensión y que son víctimas de la delincuencia y de la violencia que tanto les daña? 
Espero que, aparte la protección de datos, la Sra. Paciotti piense cuanto antes en la protección de los pensionistas. 
Gracias, señor Fatuzzo, por el método ingenioso de introducir su tema favorito. 
Informe Färm (A5-0068/2002) 
Señor Presidente, sobre el presupuesto de la Comisión, así como sobre el presupuesto del Parlamento y de todas las demás Instituciones europeas hay mucho que hablar. 
En cualquier caso, señor Presidente, me limitaré a decir que, a pesar de haber votado a favor, espero que pronto la Comisión emplee algún dinero para informar a todos los trabajadores que viven en la Unión y en los países candidatos a la adhesión, de sus derechos a disfrutar de una pensión. 
En realidad, muchos ciudadanos no conocen las normas ni las leyes del Estado ni tampoco saben cómo conseguir que se les reconozcan todos sus derechos. 
Asimismo espero que tengamos pronto una televisión europea que permita ver cómo se desarrollan los trabajos de nuestro Parlamento y, entre otras cosas, también lo que pasa, como ahora mismo, en el Pleno durante las explicaciones de voto. 
Creo que sería muy instructivo y muy interesante. 
Teniendo en cuenta las orientaciones inscritas en el informe Goran Färm, no parece que el presupuesto de 2003 vaya a ser muy diferente de los anteriores, lo que significa que tendremos una vez más un presupuesto de contención en nombre del Pacto de Estabilidad. 
Pese a que, año tras año, nuevas prioridades originan mayores necesidades, la política que se ha seguido consiste en redistribuir el dinero comunitario de prioridades antiguas a nuevas y viceversa. 
Así, se quiere ampliar la Unión Europea a diez países más manteniendo el mismo dinero y, a ser posible, ahorrando también, cosa inaceptable. 
La revisión de las perspectivas financieras es una condición indispensable para garantizar el principio de la cohesión económica y social, un presupuesto realmente distributivo y una financiación adecuada de la política de desarrollo y cooperación. 
Este año el informe concede prioridad a la ampliación, pero se pierde en las cuestiones administrativas sin poner en entredicho las exiguas propuestas de financiación de la ampliación presentadas por la Comisión, sin garantizar las transferencias de las dotaciones para preparar la adhesión en 2002 y 2003, insistiendo en la prioridad de financiar la comunitarización del tercer pilar- Justicia y Asuntos de Interior -, apoyando el fortalecimiento de las asignaciones para Europol, Eurojust y de las fronteras exteriores, pero olvidando sectores sociales fundamentales, en particular el empleo y la mejora de las condiciones de vida. 
Se preocupa de la ejecución presupuestaria, en particular de los Fondos estructurales, pero no presenta ninguna solución, en particular un compromiso claro con vistas a aumentar los pagos en niveles que garanticen una correcta ejecución. 
No hace referencia a la Política Pesquera Común, cuando 2003 va a ser el primer año de aplicación (a eso se debe la propuesta que presentamos) y abre la puerta a la cofinanciación de la Política Agraria Común. 
Es ambiguo sobre las necesidades financieras de la categoría 4- políticas exteriores -, cuando las prioridades se acumulan (Palestina, Timor, Afganistán, Argentina, Balcanes, Mediterráneo y ayuda humanitaria) sin recursos suplementarios. 
El ponente oscila entre la redistribución de asignaciones y su aumento, sin acabar de ser claro nunca. 
A eso se debe nuestra posición en contra. 
. 
(NL) El Parlamento Europeo puede debatir sobre cualquier tema pero un auténtico parlamento goza del derecho de iniciativa, formación de coaliciones, legislación y aprobación de presupuestos. 
En la UE se diferencia entre gastos obligatorios y no obligatorios, lo que supone que el enorme presupuesto agrícola se encuentra fuera de la capacidad de decisión parlamentaria. 
Por otra parte, mediante los fondos estructurales se reconduce el dinero procedente de los Estados Miembros ricos a los mismos países ricos a través de los mecanismos burocráticos de Bruselas. 
La cuantía del presupuesto se reduce de forma artificial y sistemática por parte del Consejo. 
El dinero destinado a las aventuras militares fuera del territorio de la UE y a la reparación de los daños provocados por dichas guerras en Serbia, Kosovo y Afganistán se saca de otras partidas fijadas con anterioridad. 
Las críticas expresadas por los miembros de los diferentes grupos del PE por la falta de transparencia de este sistema sobre el que los electores no pueden influir están justificadas. 
Sin embargo, los responsables de esta situación y quienes no muestran voluntad de acabar con esta locura son sus compañeros de partido en el Consejo y en la Comisión. 
La Comisión de Presupuestos trata de encontrar la forma de hacer frente a la duplicación del número de idiomas oficiales reduciendo los costes al máximo mediante la utilización de intérpretes a distancia que, además, deberán trabajar a idiomas distintos de su lengua materna. 
La solución a este problema no pasa por una reducción en la calidad de las traducciones ni por sobrecargar a los empleados. 
. (DE) En su punto 15 el Parlamento lamenta, según el informe del Sr. Stenmarck, que la dispersión de los empleados del Parlamento en tres lugares de trabajo siga representando un gran obstáculo para una mejor asignación de los recursos humanos e indica en especial que la necesidad de mantener un número de puestos en Luxemburgo conduce a una duplicación innecesaria en una serie de servicios. 
Según el informe, el Parlamento espera además que la próxima ampliación ofrezca una oportunidad para mejorar la división entre Bruselas y Luxemburgo. 
¿Qué significa esto? 
Este párrafo pretende claramente socavar el Acuerdo de Edimburgo relativo a la distribución de las sedes de las diferentes instituciones europeas que determinó Luxemburgo como sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo. 
El Parlamento no puede cuestionar esta decisión directa o indirectamente y aún menos mediante un artículo oculto en un informe sobre el presupuesto. 
La única autoridad en este aspecto es y sigue siendo el Consejo Europeo y, tal como estoy informado, no se ha apartado aún de su resolución de 1992. 
. 
(FR) El mantenimiento parcial del párrafo 15 me obligaba a votar a favor del informe Stenmarck sobre el estado de previsiones del Parlamento Europeo para 2003. 
Efectivamente, este párrafo, introducido en comisión tras una enmienda de un conservador británico, supone una provocación contra la integridad y la imparcialidad de la función pública europea y un ataque contra el lugar de trabajo del PE, Luxemburgo. 
Aquellos que no ocultan su aversión al proceso de integración europea deberían, al menos, respetar la verdad histórica, así como la legalidad tal y como se deriva de los tratados. 
Las explicaciones de votos quedan cerradas. 
(La sesión, interrumpida a las 12.54 horas, se reanuda las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0053/2002) de Georg Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios (COM (2001) 695- C5-0667/2001- 2001/0282 (COD) ). 
Señor Presidente, la cuestión del ruido provocado por los aviones suele ser motivo de conflictos, conflictos entre la Unión Europea y los Estados Unidos y conflictos entre las comisiones y el Parlamento Europeo. 
La solución al conflicto con los Estados Unidos parece muy próxima. 
El conflicto puede resolverse de forma sencilla en el transcurso de la sesión plenaria de mañana si se aprueba el compromiso alcanzado con el Consejo. 
En lo que respecta a la Comisión de Medio Ambiente, no habrá mayores problemas si se tiene en cuenta que se han solucionado los siguientes cuatro aspectos de forma satisfactoria. 
En primer lugar, se han ampliado las posibilidades de catalogar los aeropuertos como aeropuertos metropolitanos. Se trata de un paso positivo para combatir la contaminación acústica debido a que los aeropuertos metropolitanos deben adoptar medidas más estrictas. 
En segundo lugar, las obligaciones de investigación del anexo II se han formulado de modo que no constituyen un obstáculo innecesario para las medidas. 
En tercer lugar, se ha introducido la posibilidad de poder rechazar la siguiente generación de aviones transcurridos cinco años. 
En cuarto lugar, la moratoria para países en vías de desarrollo se ha limitado a un plazo de diez años. 
En total se han presentado 33 enmiendas de compromiso, por lo que se puede eliminar la mayoría de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
No obstante, sólo he presentado las dos primeras enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente a título complementario. 
Las consideraciones medioambientales deben incorporarse á la política de transporte de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado. 
Tal y como ya mencionó el Sr. Jarzembowski, se han introducido algunas modificaciones pequeñas y añadiduras verbales a las enmiendas presentadas, además de la modificación de la enmienda 12, lo que nos ha permitido alcanzar un acuerdo total. 
Presidente, recomiendo a la sesión plenaria que mañana respalde el compromiso alcanzado de modo que podamos cerrar el proceso legislativo en una sola lectura. 
Es importante que cerremos el largo conflicto con los Estados Unidos en torno al reglamento sobre ' hushkits?. 
Por último, en lo que respecta al conflicto entre las comisiones y el Parlamento Europeo, no puedo obviar el hecho de que este informe se ha asignado injustamente a la Comisión Regional. 
Afortunadamente, la excelente colaboración con el Sr. Jarzembowski ha permitido alcanzar un acuerdo con el Consejo. 
No echaremos más leña al fuego en ese conflicto. 
También quisiera decirle al Sr. Jarzembowski lo siguiente: bien está lo que bien acaba. 
Me complace enormemente comprobar que finalmente hemos coincidido en la misma sintonía. 
Presidente, la contaminación acústica en torno a los aeropuertos ha sido siempre un problema muy emotivo para los ciudadanos que viven en las inmediaciones de los mismos y el Sr. Jarzembowski, que vive en Hamburgo, es muy consciente de ello. 
¿Qué se puede hacer para remediar esta situación? 
Existen dos tipos de medidas. 
Se pueden desarrollar aviones que presenten unos niveles sonoros inferiores, se puede influir en cierta medida sobre la presión sonora diurna y nocturna, se puede limitar el número de vuelos permitidos, se puede medir la contaminación acústica- medir es saber- y se pueden rechazar modelos de aviones concretos. Eso es lo que hemos hecho, hemos rechazado a los más ruidosos, los hushkits, y esa medida cuenta con todo mi respaldo. 
No obstante, una vez que se ha hecho todo lo anterior, aún nos queda la labor de aislamiento y de zonificación. 
El aislamiento y la zonificación cuesta una cantidad ingente de dinero. No solo para las administraciones públicas, porque lo que se gastan las administraciones públicas se debe recaudar a los ciudadanos. 
Esto significa que cuando nos encontramos con los problemas derivados del rechazo de los aviones, tuvimos que pensar en nuevas medidas. 
El reglamento relativo a los hushkits debía desaparecer. 
La Sra. Comisaria no podía hacer otra cosa. 
Después de negociar con los Estados Miembros se ha llegado a una conclusión novedosa. Algo nuevo a lo que en este momento otorgo el beneficio de la duda. 
¿Y por qué el beneficio de la duda? 
Si nos fijamos en los efectos que las nuevas medidas acordadas a escala mundial en el seno de la OACI han tenido no sólo sobre la población europea, sino sobre la población del resto de ciudades del mundo, creo que hemos acertado. 
Quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Blokland, quien se ha encargado del endurecimiento de las medidas, las cuales han sido muy bien recibidas por el sector del PPE en la Comisión de Medio Ambiente. 
Se han introducido adaptaciones y endurecimientos de la normativa y, Presidente, quiero que sepa que si se pudieran cerrar todos los expedientes igual que este, estaría encantado de coincidir con el Sr. Jarzembowski. 
Y en cuanto a usted, señora Comisaria: mucha suerte. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ¿es esta la situación ideal? 
Creo que no. 
Creo que en las actuales circunstancias, es lo mejor que podemos plasmar sobre el papel. 
Siempre se podrá decir lo siguiente: Vamos a crear una serie de normas exclusivas para la Unión Europea que van a ser tan estrictas que a pesar de que nosotros nos sintamos satisfechos con las mismas, las empresas medias no podrán seguir funcionando. 
Nos hemos encontrado ante un dilema. 
Hemos estado debatiendo sobre un modelo internacional, mundial o europeo. 
Creo que hemos tomado la decisión más razonable según las circunstancias actuales. 
Hay que tener en cuenta que la presión que hemos ejercido ha sido la causa de que se haya adoptado una norma más estricta a escala internacional. 
Una vez que todos los Estados Miembros han aprobado la norma en el seno de la OACI, creo que es necesario que, como institución comunitaria que somos, nos encarguemos de convertirla en ley dentro de la Unión. 
En cualquier caso, estoy de acuerdo con este principio y creo que los ponentes, tanto los de la Comisión de Transporte como los de la Comisión de Medio Ambiente- y soy miembro de ambas comisiones, por lo que no siento la esquizofrenia de algunos colegas y me siento a gusto en ambos bandos- han realizado una labor excelente. 
Entre otros aspectos porque la directiva contiene la flexibilidad necesaria y prevé un sistema que permite la adaptación a cada aeropuerto, pudiendo elegir las medidas en un marco europeo de modo que se trate a las personas afectadas por el ruido de forma equitativa en la medida de lo posible. 
Al fin y al cabo, ese es el objetivo de nuestra labor: encargarnos de que las personas sufran los mínimos inconvenientes y de reconciliar, en la medida de lo posible dos intereses que en realidad son irreconciliables. 
La revisión transcurridos cinco años. Se va a endurecer pero no creo que debamos fijar un límite en este momento. 
Considero que sería un acto de irresponsabilidad. Creo que esta circunstancia podría hacer que toda la propuesta se tambalease, lo que sería muy negativo considerando que debemos avanzar con rapidez. 
El Parlamento debe aprobar esta propuesta de forma que antes del 1 de abril se disponga de un documento legislativo y podamos retirar la directiva relativa a los hushkits. 
Para ello aún deberemos analizar brevemente- y en eso estamos de acuerdo- el artículo 5, apartado 1. 
A eso nos disponemos y quisiera pedirle una cosa a usted, Señora Comisaria. 
¿No podría encargarse de que se establezca lo antes posible un método de medición uniforme y comunitario para este tipo de contaminación acústica ya que en este momento aún no disponemos de uno? 
Considero que debería presentar una propuesta sobre los métodos de medición de modo que podamos determinar en todas parte de manera objetiva el modo de efectuar las mediciones y que dicho método se aplique consecuentemente en todos los aeropuertos. 
Creo que de este modo podremos avanzar en el tratamiento conjunto de este problema. 
Señor Presidente, no comparto el entusiasmo de la mayoría de nuestros colegas por el resultado obtenido con esta directiva. 
En concreto, en cuanto a la política de reducción de los niveles de ruido que preocupan especialmente a los ciudadanos que viven cerca de los aeropuertos, considero que se trata más bien de un retroceso. 
Así, la propuesta revoca el reglamento del Consejo que debía entra en vigor el próximo 1 de abril, y que prohibía el aterrizaje de los aviones "hushkit", modelos antiguos equipados con dispositivos de limitación de ruido, pero cuya eficacia global se ha considerado insuficiente. 
Este reglamento es remplazado por una directiva basada en un enfoque calificado de ' equilibrado? de la gestión del ruido, pero que, muy concretamente, limita el margen de maniobra de los Estados miembros en la lucha contra la contaminación acústica y prolonga la vida de los aviones "hushkit". 
Las enmiendas propuestas por la Comisión de Transportes y aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente mejoran sin duda el texto inicial. 
Pero no debemos olvidar que estamos ante una situación en la que los Estados miembros que no harán nada para reforzar la lucha contra las molestias que sufren las zonas limítrofes de sus aeropuertos aplicarán de hecho una política de dumping, que corre el riesgo de intensificarse a lo largo de los años sucesivos, en la medida en que, hasta el momento, hemos venido registrando un importante incremento del tráfico aéreo. 
Por otra parte, la reglamentación que permite actuar de forma específica es relativamente compleja, y por tanto va a frenar las iniciativas. 
A este respecto, me gustaría recordar que hace algunos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a ciudadanos que viven en torno al aeropuerto de Heathrow, Londres, cuando protestaban por el ruido nocturno, y se reconoció que el derecho a un hábitat saludable, el derecho a dormir, es uno de los derechos humanos. 
Por lo tanto, creo que para ser perfectamente coherente con esta decisión del Tribunal de Derechos Humanos, la Comisión debería adoptar con rapidez una nueva iniciativa, una directiva que no sólo limitara el ruido en torno a los aeropuertos, sino que estableciera normas de exposición al ruido, permitiendo así llegar a una situación armónica en el seno de la Unión Europea. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias a mi colega, Sr. Jarzembowski, por todos sus esfuerzos. 
Como el Sr. Jarzembowski ha explicado, es de la máxima importancia que esta directiva revoque el Reglamento "hushkit" dentro del plazo establecido. 
Sin ninguna duda, después de haber debatido una y otra vez sobre el asunto "hushkit" desde que muchos de nosotros fuimos elegidos en 1999 y durante muchos años antes, será todo un alivio que este debate toque a su fin. 
Vale la pena recordar a algunos de nuestros colegas que, cuando se alcanzó el acuerdo entre la UE y los EE.UU. en la reunión de la OACI en Montreal, todos los Estados miembros estaban representados y dieron su aprobación a las propuestas presentadas. 
La clave de dichas propuestas era que defendían un enfoque equilibrado. 
Si queremos tener credibilidad, sería ridículo que este Parlamento incumpliera lo acordado. 
Como alguien que ha vivido durante 30 años cerca de Heathrow, el aeropuerto internacional con más tráfico del mundo, y que reconoce la prosperidad y los puestos de trabajo que fluyen de una empresa próspera, me resulta sumamente decepcionante, y quizá algunos diputados preferirán cosechar puntos políticos en vez de tener en cuenta la imagen más amplia de lo que debe hacerse. 
Lo que no sería aceptable es que un aeropuerto cualquiera en territorio de la UE esté en condiciones de impedir arbitrariamente que compañías aéreas legítimas operen en su aeropuerto. 
La decisión debe tomarse a nivel de los Estados miembros para garantizar una aplicación uniforme del Reglamento que se establezca. 
No obstante, si queremos mejorar la situación de congestión y contaminación acústica de cara al futuro, sugiero que los Estados miembros y las autoridades municipales asuman la responsabilidad de planificar debidamente el uso del suelo y que se lo piensen detenidamente antes de utilizar al sector de la aviación civil como chivo expiatorio de sus fracasos. 
Por último, tras haber leído todas las enmiendas adicionales, muchas de las cuales han vuelto a ser presentadas principalmente por la Comisión de Medio Ambiente, me parece decepcionante que esos diputados hayan considerado necesario seguir ese camino. 
Espero que se replanteen seriamente sus acciones y apoyen al ponente cuando mañana votemos sobre este informe. 
Los acuerdos internacionales son el modo de avanzar y deberíamos seguir mejorando el acuerdo alcanzado en Montreal. 
Señor Presidente, he escuchado muy atentamente el debate hasta ahora y me ha parecido muy interesante lo que han dicho el Sr. Stercks y el Sr. Lannoye. 
Para poder comprender debidamente buena parte de lo que han dicho, hay que conocer la historia. 
Durante muchos años, la OACI no ha demostrado la menor intención de adoptar ningún tipo de medida para encontrar solución al problema del ruido en los aeropuertos, por eso este Parlamento decidió hacer algo. 
Presentamos el Reglamento "hushkits", según el cual, los aviones que retrospectivamente no hayan sido equipados con dispositivos de insonorización- los "hushkits" -no podrán aterrizar a partir de abril de 2002. 
De repente, las medidas se sucedieron. 
Los estadounidenses amenazaron con recurrir a los tribunales y a sanciones, y la OACI pareció despertar. La OACI propuso normas nuevas y mejores sobre niveles acústicos y presentó orientaciones sobre restricciones operativas sensatas en torno a los aeropuertos. 
No obstante, ahora se nos pide que rescindamos nuestro Reglamento y aceptemos esta nueva Directiva, que a todas luces ha sido suavizada, y que confiemos en la OACI para que establezca nuevas normas internacionales tan pronto como sea posible. 
Probablemente estaré de acuerdo con esto en la votación de mañana porque reconozco que algo es mejor que nada, pero sólo podemos esperar pequeñas mejoras, además las mejoras sólo son en potencia. 
Debo decir que no estoy convencido de que se produzca una mejora real a nivel internacional, o en todo caso, se produciría muy lentamente, como es habitual con la OACI. 
Por consiguiente, si la Comisión decide finalmente enviarnos el informe dentro de cinco años, quizá tengamos la posibilidad de ver lo que este confuso acuerdo ha producido. 
Espero con interés recibir el informe. Espero que podamos volver al debate y espero que el Sr. Jarzembowski esté contento consigo mismo, porque yo no estoy seguro de poder estarlo. 
¿Quién quiere que en Europa existan aviones extremadamente ruidosos? 
Respuesta: el gobierno de los Estados Unidos, tanto Clinton como Bush. 
Ellos pretenden que a partir del próximo 1 de abril se pueda volar a Europa con aviones viejos y extremadamente ruidosos a los que se ha instalado un supresor acústico. 
Europa ya había decidido que los aviones equipados con el llamado hushkit debían comenzar su retirada a partir del 1 de abril. 
Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, país que vende un gran número de estos dispositivos a las compañías aéreas de los países en vías de desarrollo, ha realizado una eficaz e intensa presión. 
En lugar de una prohibición general para toda Europa, la Comisión Europea desea en este momento que cada aeropuerto demuestre que no desea recibir este tipo de aviones ruidosos. 
Claro que si verdaderamente quieres, puede detener a estos viejos trastos. 
Pero la consecuencia será que un número cada vez mayor de estos ruidosos trastos se desviará a aeropuertos más pequeños. De Londres a Manchester, de Maastricht a Bierset. 
No puedo mostrarme de acuerdo con esto. 
Señor Presidente, en un aparte, me gustaría informarle de que los irlandeses acaban de ganar la primera carrera del festival de Cheltenham. 
He pensado que podría interesarle. 
Mis opiniones sobre el actual Reglamento "hushkit" son notorias. 
Este Reglamento se vio impulsado, de una manera muy cuestionable, por criterios de diseño y no por criterios de resultados. 
Por ello acojo con satisfacción esta adopción de un enfoque equilibrado de la OACI para reducir el ruido del tráfico aéreo, porque supone un cambio fundamental del sistema para la Unión Europea. 
No obstante, tengo muchas reservas. 
La presente propuesta de la Comisión establece que los esfuerzos para reducir el ruido deberán evaluarse ahora a nivel de cada aeropuerto individual, con vistas a imponer restricciones operativas sobre los aviones. 
Se ha optado por el enfoque basado en los aeropuertos conforme a la Resolución A337 de la OACI. 
Apoyo un paquete de medidas para nuestros aeropuertos más grandes y con más tráfico que cubra aspectos como la planificación y gestión de la utilización del suelo, restricciones operativas y una prohibición de los aviones más ruidosos del Capítulo 3. 
No obstante, como han dicho otros, la eficacia o no de esta propuesta como medio para reducir el ruido del tráfico aéreo no se conocerá hasta dentro de más de cinco años, cuando la Comisión presente su informe sobre sus resultados. 
Desearía felicitar, en particular, a nuestro ponente, Sr. Jarzembowski, por sus grandes esfuerzos y por el estrecho contacto que ha mantenido con la Presidencia en ejercicio y con la Comisión en un intento de encontrar el modo de avanzar y- teniendo en cuenta el plazo crítico del 1 de abril- para impedir que se produzca un vacío legal. 
Es imprescindible que en esta Asamblea intentemos evitar por todos los medios una segunda lectura. 
Dicho esto, es muy poco satisfactorio para nosotros, como legisladores, que nos hayan pedido que aceleremos el proceso en el caso de una legislación tan técnica como ésta. 
No estoy nada contento con todo el procedimiento. 
Quisiera, sin embargo, hacer una pequeña llamada a la cautela. 
A pesar de que estas propuestas son muy necesarias y ya deberían haber sido adoptadas en el contexto del Reglamento "hushkits" y de las quejas de los EE.UU. y la reciente opinión del Abogado General, la posición del Gobierno del Reino Unido señala algunos fallos en el enfoque de la Comisión. 
Por tanto, el plazo de 1 de abril sigue pareciendo bastante ambicioso. 
Señor Presidente, la presente propuesta del Sr. Jarzembowski intenta alcanzar dos cosas: un enfoque uniforme a un problema mundial y también una solución al conflicto con los Estados Unidos. 
Al igual que la mayoría de los diputados a este Parlamento, apoyo esta propuesta, pero es sólo un apoyo con reservas. 
Existen serios problemas con el modo en que se está alcanzando y también con el carácter del compromiso que se está alcanzando. 
Tengo serios problemas con un sistema que depende de negociaciones informales entre algunos diputados de esta Asamblea, el Consejo y la Comisión. Limita en un grado excesivo el papel de unos diputados que han sido elegidos. 
Debemos encontrar algún procedimiento de codecisión por la vía rápida que pueda utilizarse en estas circunstancias y respete plenamente el papel de los diputados de esta Asamblea. 
En segundo lugar, las personas que sufren las consecuencias de los niveles acústicos de los aviones y del funcionamiento de los aeropuertos son aquellas que residen en las inmediaciones, en particular, en las proximidades de las rutas de salida y entrada de los aviones. 
Dentro de cinco años deberemos juzgar la presente propuesta en términos de si ha mejorado o no sus vidas. 
Y a pesar de que tenemos aquí una propuesta que dice que la Comisión informará al Parlamento dentro de cinco años sobre si hemos alcanzado o no lo que nos proponemos alcanzar, espero que la Comisión vuelva al Parlamento todos los años para decirnos en qué dirección están avanzando las cosas- si las propuestas funcionan, si la situación está mejorando o incluso, en algunos casos, empeorando- de manera que podamos introducir acciones correctivas, en vez de esperar cinco años para comenzar a adoptar medidas alternativas. 
Comprendo que algunas enmiendas que son buenas enmiendas por sí mismas serán rechazadas aquí mañana, pero la Comisión y el Consejo deberían tener presente que son rechazas para facilitar este acuerdo, no porque no estemos de acuerdo con ellas. 
Señor Presidente, distinguida señora de Palacio, la lucha contra la contaminación es una labor noble pero difícil, pues se trata de encontrar un equilibrio entre los intereses económicos y el bienestar de las personas. 
Sin embargo, la salud y la economía son compañeros inseparables en el largo plazo. 
Por ello, estoy satisfecho con el planteamiento propuesto por la Comisión. 
Se reducirá el ruido en aquellos lugares donde sea más necesario. 
No existe una necesidad real de reducir el ruido en los aeropuertos alejados de zonas habitadas, pues prescribir la camisa de fuerza en todas las situaciones sería frenar el crecimiento económico sin motivo alguno. 
Los más pobres son siempre los primeros en sufrir las consecuencias. 
También me causa satisfacción el hecho de que hayamos conseguido introducir algunas enmiendas útiles en la comisión parlamentaria. 
Hay que dejar claro que la Directiva no debe afectar a los aviones pequeños, ya que su supresión no nos aportaría nada. 
Aunque es posible que los más radicales quieran proteger también a los ciervos y a los jabalíes del ruido de los aviones. 
El Sr. Jarzembowski ha vuelto a realizar un trabajo de profesional. Se ha visto obligado a negociar con el Consejo y con la Comisión bajo una presión enorme. 
Sin embargo, no todos los colegas han mostrado tanta responsabilidad en este asunto. 
Se presentó un gran número de enmiendas pese a que existe la amenaza de un contencioso comercial con EEUU en caso de que esta Directiva no llegue a derogar el Reglamento relativo a los lotes de insonorización antes de la entrada en vigor de este último. 
Condeno terminantemente los nuevos aranceles al acero establecidos por Estados Unidos, pero, a pesar de ello, Europa no debe mostrarse desafiante. 
Por nuestra parte, podemos dar un buen ejemplo de cómo hay que llevar a cabo la política comercial; y que el presidente Bush tome nota. 
Creo que hemos llegado a un compromiso satisfactorio que facilita el desarrollo de este trabajo. 
En cualquier caso, la mejor forma de reducir los niveles de ruido es a través de un acuerdo internacional sobre reducción del nivel acústico. 
No creo que sea posible, ni tampoco deseable, un mundo completamente silencioso. 
Pero algún día los Jumbojet o su nueva versión europea, los enormes Airbus, podrán emitir menos ruido que una bandada de cornejas. 
No obstante, todavía no hay ninguna razón para fijar límites al ruido producido por las cornejas. 
. Señor Presidente, no voy a insistir en cuáles son los precedentes que nos sitúan hoy en una discusión que espero que mañana nos lleve a un resultado positivo, porque todos conocemos lo que ha pasado tras la negativa de una serie de Estados miembros de la OACI y todos deseamos avanzar en la lucha contra el ruido en los aeropuertos. 
También conocemos la decisión que en un momento dado adoptó la Unión Europea respecto a cierto tipo de aviones modificados y que son conformes al Capítulo III y las circunstancias que nos han llevado a la situación actual. 
Lo que deseo hacer, en primer lugar es agradecer, muy sinceramente al Sr. Jarzembowski el magnífico trabajo que ha hecho sobre un asunto muy delicado y también al Sr. Blokland por la serie de enmiendas muy positivas- desde el punto de vista del medio ambiente- que ha aportado a esta propuesta de la Comisión. 
Creo que es muy importante- y todos aquí lo hemos dicho- que hoy alcancemos una solución que, como decía el Sr. Sterckx, cuya opinión sostengo, no es la ideal, pero que, por lo menos, supone un paso adelante y evita nuevos choques con países terceros. 
Hemos de entender que estamos en un sistema multilateral; que, gracias a la decisión de la Unión Europea, se han movido las cosas en la OACI y se ha mejorado la situación y que ahora tenemos una propuesta que nos da, de cara al futuro, unas posibilidades claras de mejorar la situación en los aeropuertos. 
Comprendo perfectamente que tenemos muchas enmiendas y que, de no ser porque tenemos unos compromisos internacionales que nos obligan a todos, posiblemente a sus Señorías les gustaría respaldarlas. 
Yo les agradecería que mañana nos faciliten, precisamente, el alcance de ese acuerdo internacional; que tengamos una propuesta que respalde lo que los quince países de la Unión han decidido, votado y apoyado en la OACI. 
Por lo tanto, quiero agradecer al Sr. Jarzembowski y al Sr. Blokland y a las dos comisiones el trabajo y el esfuerzo de ambición y al mismo tiempo, de realismo, de sentido común y de respaldo a la decisión de los quince países en la OACI y, por lo tanto, a la decisión internacional. 
Creo que, tras suprimir la exigencia de un aeropuerto alternativo, la definición de aeropuerto urbano amplía enormemente el campo y es positiva. 
No podíamos reducir el número de movimientos y rebajarlo a 30 000 pues, entre otras cosas, sería contradictorio con el límite de la Directiva sobre ruido ambiental, que ha aprobado hace poco tiempo este mismo Parlamento. 
Creo que la definición de autoridad competente ha mejorado y permite los márgenes adecuados. 
Quiero además insistir, una vez más, en que no obligamos a ningún Estado de la Unión a crear un nuevo organismo, sino que la autoridad competente será en cada caso la que el Estado defina y determine, para lo que hace falta que el Estado en cuestión la defina y determine, y quiero señalar que estamos de acuerdo con el Parlamento en que es esencial dejar claro que las restricciones operativas, según el nivel acústico, se basan en las metodologías descritas en la tercera edición del volumen 1 del Anexo XVI de la AOCI. 
Este documento se ha acordado a nivel internacional y no aceptaríamos ningún documento menos riguroso. 
Está claro también que si las restricciones operativas no se basaran en el nivel acústico, sino en la hora o la pista, tendríamos dificultades en referirnos a este Anexo. 
En cuanto a la obligación de hacer análisis, la cantidad de información ha sido una cuestión en la que se ha conseguido un equilibrio cuidadoso: artículo 5, sus apartados 1 y 2. 
Por una parte, no quisiéramos imponer cargas innecesarias a los aeropuertos ni a los Estados de la Unión, pero, por otra, hemos de asegurar que se parte de una base adecuada para la toma de decisiones. 
Incluso en caso de que un aeropuerto no proponga restricciones operativas importantes, entendemos que redundará en su beneficio hacer un análisis lo más completo posible para poder tomar las decisiones con conocimiento de causa. 
Hemos estudiado muy cuidadosamente el ritmo que podrían imponer los aeropuertos con la retirada de aviones de las flotas afectadas, convencidos de que la referencia debería hacerse en función de los movimientos. 
Creo que un mínimo de 5 años es un requisito muy estricto y en ese sentido no podríamos acortar todavía más ese período. 
En cuanto a los países en desarrollo, la Comisión ha hecho un estudio detallado que ha llegado a la conclusión de que estos países han actuado de manera responsable al reducir sus flotas de aviones del Capítulo 2 y aplaudimos su actuación en este sentido. 
Tenemos que ser equitativos con estos operadores y creo que la enmienda de transacción que se ha planteado, es una solución que respaldamos. 
Quisiéramos también manifestar el apoyo de la Comisión a una exención general aplicable a los servicios auténticamente excepcionales, por ejemplo, por motivos humanitarios o tareas de mantenimiento que no pueden hacerse en otra parte. 
Señorías, el hecho de que se tomen decisiones de manera coherente en toda la Comunidad supone un avance fundamental. 
Esto significa que tenemos la oportunidad de sustituir el mosaico actual de restricciones por medidas preparadas utilizando un marco coherente de análisis, de tal manera que se llegue a la aplicación de soluciones parecidas en los aeropuertos europeos que tienen problemas similares. 
Creo que ya contamos con una directiva aplicable de conformidad con nuestras obligaciones internacionales y que, además, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven cerca de los aeropuertos. 
En este sentido, una vez más, señor Presidente, deseo agradecer la labor de los dos ponentes y de sus Señorías y la colaboración y la comprensión del Parlamento que ha querido participar en este ejercicio, ciertamente difícil, de sacar adelante una legislación en un tiempo récord, pero que nos permitirá evitar otro tipo de problemas en los ámbitos internacionales. 
Espero que mañana el voto y el respaldo de sus Señorías nos permita, de una vez por todas, zanjar este asunto que arrastramos ya desde hace demasiado tiempo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0365/2001) de María Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre las mujeres y el fundamentalismo (2000/2174 (INI) ). 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi reconocimiento a esta Cámara por haber aceptado la propuesta de elaborar un informe sobre este tema, Mujer y fundamentalismo, permitiéndonos así afrontar este grave problema y posibilitando este debate y la votación subsiguiente a pesar de las dificultades que entraña y las presiones existentes. 
En nombre de los cientos de millones de seres que ven sustraídos o limitados sus derechos por presiones fundamentalistas, muchas gracias al Parlamento Europeo. 
Hoy la Unión Europea debe defender la universalidad de los derechos humanos en un mundo globalizado en el que los fundamentalistas suponen serias amenazas para las libertades, los derechos humanos y la paz. 
Este informe aporta propuestas útiles que sirven para combatirlas. 
La primera de ellas, señor Presidente, es que no debemos hacer de los fundamentalismos religiosos un tema tabú, pues no se resuelven los problemas silenciándolos o tapándolos, sino conociéndolos y afrontándolos. 
En segundo lugar, no deben combatirse unos fundamentalismos con otros de signo contrario; la historia de la humanidad está llena de fracasos de este tipo. 
En cambio, los fundamentalismos sí retroceden con la promoción y el ejercicio de las libertades democráticas, con la promoción de la emancipación de las mujeres, con el pluralismo y la diversidad ideológica y cultural, con el fomento de la apertura y la aceptación de las diferencias y con el bienestar económico y social. 
Señor Presidente, una de las claves que probadamente sirve para combatir los fundamentalismos es la modernidad, en sentido plural y multicultural. 
No hay modernidad social sin la humana. 
Las pretensiones de modernizar una sociedad marginando de la democracia a las mujeres fracasan; de ahí la denuncia a los procesos de modernización parcial de dirigentes de Estados que pretenden modernizar únicamente las cuestiones económicas y tecnológicas, manteniendo intactos los ejes básicos de sociedades obsoletamente patriarcales. 
Actualmente las mujeres son las principales portadoras de modernidad social. 
Sin embargo, señor Presidente, no hay un único molde de mujer emancipada. 
La identidad de las mujeres ha de poder ser personal e individual, diferenciada de las religiones, tradiciones y culturas. 
Estereotipos, vestidos, valores, modelos de vida y hábitos de comportamiento deben ser una cuestión de libre elección personal. 
Señor Presidente, otra de las claves para preservar la sociedad de los fundamentalismos, es la secularización o separación entre los asuntos públicos, que pertenecen a la esfera política, y las convicciones y creencias religiosas, que deben ser libres y respetadas y que pertenecen al ámbito privado de los individuos. 
El espacio que ocupa la religión en un conjunto social y político puede abarcar un abanico muy amplio de posibilidades. 
Señor Presidente, son injustas las acusaciones que se están propagando contra este informe, que distingue y diferencia clara y respetuosamente el fundamentalismo de la práctica normal de la religión, a pesar de que en algunas épocas de algunas religiones no ha existido tal distinción. 
En fin, señor Presidente, estamos ante un azote de los derechos humanos de enorme dimensión. 
Sólo aplicado a las mujeres y sólo en el presente, podemos contabilizar cientos de millones de personas a las que se les está sustrayendo, limitando, violando o anulando sus derechos y libertades. 
Por limitaciones reglamentarias de tiempo, no he podido detenerme en la sentencia de condena a muerte por lapidación de Safiya Huseini, en Nigeria, ni he podido detenerme en las mujeres iraníes que son azotadas públicamente, ni en las que he visto ahorcadas en fotografías, ni he llegado a tiempo de que no ejecutaran el año pasado, apedreada, a Maryam Ayoubi. 
A pesar de que las autoridades iraníes habían contestado a la Comisión que hacía tres años que no lapidaban a mujeres, la ONU y Amnistía Internacional sí han contabilizado esa ejecución. 
Por eso, señor Presidente, quisiera que este informe fuera sólo un primer paso, seguido de otras propuestas parlamentarias específicas, que nos permitan ver, en cada país y caso por caso, lo que vale una vida humana en la Unión Europea. 
- (EL) Señor Presidente, como ponente para la opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, quisiera dar mi enhorabuena a la Sra. ponente por su excepcional informe y por su valentía al expresar ciertas verdades amargas. 
Recientemente hemos vivido la caída del régimen de los talibán, que ha venido a poner de relieve la situación trágica de las mujeres en Afganistán. 
Últimamente, hemos vivido el drama de Safiya Huseini, que ha sido condenada por un tribunal islámico de Nigeria a muerte por apedreamiento, porque dio a luz a una niño fuera del matrimonio. 
Una condena similar hemos visto en Sudán. 
Todos estos casos demuestran que este informe, verdaderamente se halla en el centro de la actualidad. 
Sin embargo, estos casos han puesto de nuevo en el centro de la atención, y de forma dramática, el problema de la violación de las libertades fundamentales y de los derechos de las mujeres por los regímenes fundamentalistas y antidemocráticos. 
Lo que ha ocurrido en Afganistán con el ascenso de los talibanes es un ejemplo muy característico. 
En una sola noche privaron a las mujeres de los derechos humanos más básicos. 
Como todos los regímenes antidemocráticos, los talibanes han fundamentado su poder en la sumisión de las mujeres y en la vuelta a las raíces. 
En dichos regímenes, el comportamiento sexual, la forma de vida y las funciones reproductoras de las mujeres, incluso los vestidos, normalmente están controlados por los líderes religiosos en el nombre de supuestas normas sagradas y de tradiciones culturales y está a la orden del día la aplicación de castigos inhumanos, violentos y humillantes como la flagelación y el apedreamiento. 
Debemos tener en cuenta que 5000 mujeres aproximadamente son asesinadas cada año por los miembros varones de la familia por motivos de honor y los autores quedan inmunes. 
En todo el mundo 130 millones de mujeres han sufrido la mutilación genital, y dos millones anualmente están expuestas a dichas prácticas. 
Con todo, quisiera subrayar en este momento que el fundamentalismo no florece solamente en los países en vías de desarrollo, sino también en Europa. 
Considero que hay un gran problema en Polonia. 
Tengo en mis manos la denuncia firmada por cien personalidades, que denuncian a la Iglesia Católica por realizar intervenciones inadmisibles y por intentar controlar la función reproductora de las mujeres. 
Señor Presidente, el Partido Popular Europeo, tal y como hemos manifestado aquí en repetidas ocasiones, condena toda forma de fundamentalismo y, en este sentido, consideramos que es importante que este informe se elabore en el Parlamento, a lo cual hemos prestado nuestro apoyo. 
Los fundamentalistas han modificado el mito de su religión convirtiéndolo en una ideología única que constituye la base de su estructura estatal y resulta imprescindible que Occidente comprenda este tipo de fundamentalismo. 
Nuestra inteligencia debe realizar este esfuerzo. 
Simultáneamente, la sociedad cristiana o poscristiana europea debe redefinir su propia identidad moral tanto para poder defender mejor sus propios valores como para comprender lo que ocurre en el resto del mundo o con los 2,5 millones de musulmanes que viven en la actual Unión Europea. 
El tratamiento que se dispensa a las mujeres en los regímenes fundamentalistas, el asunto sobre el que trata este informe, es una cuestión de suma importancia. 
La negación de sus derechos y de su dignidad es inaceptable, aunque el ponente lamentablemente no ha sido capaz de elaborar un informe que establezca una diferenciación entre la religiosidad y el lugar que ocupa la religión por un lado y el fundamentalismo religioso por otro. 
La consecuencia de ello es que se niega a la religión lo que sí se concede a otras instituciones o corrientes; la libertad de expresión, la difusión de dicha opinión, incluso aunque parte de esa opinión no se ajuste a la evolución de la sociedad, y yo comparto esta opinión. 
Por este motivo, el Grupo del PPE en la Comisión de la Mujer no ha aceptado el texto a pesar de lo mucho que le repulsa la represión a la mujer. 
Yo he puesto en marcha personalmente, junto con mi partido y una serie de grupos feministas, una iniciativa de apoyo en Afganistán para dar a las mujeres la oportunidad de emanciparse. 
Si Europa quiere tener cierta influencia, y ese es el objetivo de nuestra iniciativa- no consiste en lanzar un eslogan vacío, sino en tener influencia -, deberemos aprender a comprender el fundamentalismo, nos guste o no nos guste. 
Quisiera terminar con una reacción del mufti de Marsella en inglés que creo que tiene razón y que también debería influir sobre nuestro posicionamiento. 
El mufti de Marsella 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el gran mérito del informe de la Sra. Izquierdo Rojo es que ha desatado de nuevo un amplio debate sobre la influencia del fundamentalismo religioso sobre la emancipación de las mujeres. 
Saludo en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos el informe que destaca la responsabilidad de Europa por el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos así como el carácter secular de los Estados. 
Sin embargo, los derechos de las mujeres se limitan o violan en todo el mundo amparándose en tradiciones religiosas o culturales o bien en normas jurídicas. 
Esto no es sólo aplicable a los mahometanos sino también a otras confesiones religiosas. 
Tras unas difíciles negociaciones, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades propone en más de 30 puntos medidas concretas que han encontrado el apoyo de cuatro Grupos políticos. 
Lamentamos extraordinariamente que precisamente el Grupo de los Demócrata Cristianos no se haya declarado dispuesto a negociar compromisos. 
La ponente lo estaba. 
Creo que la lucha contra los mecanismos de represión de los fundamentalistas debería ser tema de consenso. 
Los talibanes afganos han proporcionado un ejemplo de cómo primero tiraron por la borda los derechos de la mujer, obligando a las mujeres a ponerse la burka, negándoles la formación, la atención médica e impidiéndoles todo tipo de actividad laboral remunerada. 
En una declaración conjunta de la Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo y de las mujeres del Consejo de Europa, exigimos un grupo de observadoras internacionales para que comprueben si las afganas pueden gozar de nuevo de sus derechos humanos sin limitaciones. 
Condenamos todo tipo de fundamentalismo, violaciones y crímenes por motivos del llamado honor, como la lapidación o la ablación de los genitales o la prohibición de los derechos reproductivos y esto también en Europa. 
Dentro de la UE tenemos que influir sobre las leyes de inmigración y la política de asilo para que se reconozcan motivos de persecución específicos por el sexo y no estatales. 
En mi país esto es un gran tema de debate y también allí es el grupo demócrata cristiano el que se niega a un compromiso. 
Afganistán, un país en el que, durante el terrible régimen de los Talibán, las mujeres no podían salir de casa, no podían trabajar ni recibir educación, es el ejemplo más flagrante de un país en el que los fundamentalistas utilizan sus ideas delirantes para reprimir a las mujeres. 
Sin embargo, en todas las partes del mundo hay mujeres que se ven reprimidas, maltratadas o discriminadas bajo el paraguas de la religión. 
En numerosos países islámicos se les practica la ablación del clítoris a las mujeres. 
Todo ello sin que el Corán diga nada al respecto. 
Más aún: el Corán lo prohíbe. 
No nos enfrentamos a la religión, sino al fundamentalismo. 
Algunos colegas aún creen erróneamente que yo y otros colegas rechazamos toda injerencia de la religión en la política. 
Eso no es cierto; nosotros animamos a la que la gente participe en la política europea. Así ocurre en el caso de las empresas, de las organizaciones ecologistas y de los sindicatos. 
Es normal que las religiones también presionen en favor de sus intereses y de sus ideales. 
El hecho de que las iglesias defiendan sus posturas de la mano de los Diputados al Parlamento Europeo es un aspecto positivo para nuestra institución. 
Por este motivo, me complace el interés mostrado por el Vaticano por este informe, lo cual se ha dado a conocer a través de influyente periódico español El País. 
Como anticipo de un diálogo abierto con el Vaticano, quisiera responder del siguiente modo a sus críticas: sólo queremos que las mujeres puedan decidir si quieren tener hijos y cuándo. 
El informe también presta atención a la difícil situación de las mujeres en los países en vías de desarrollo y a la de las lesbianas. 
Se trata de problemas reales que la política podría resolver mucho mejor en colaboración con las iglesias. 
La colaboración siempre arroja resultados. 
Un ejemplo de ello es nuestra lucha conjunta contra la pena de muerte o contra la pobreza. 
Porque sería muy hermoso que en el camino de una mayor cooperación, pudiéramos iniciar un diálogo abierto acerca de la postura del Vaticano en torno a los preservativos. 
El pasado año murieron 2,6 millones de personas en África como consecuencia del SIDA. 
Si el Vaticano deja de prohibir los preservativos, quizás podríamos salvar a un porcentaje de ellos. 
Por lo tanto, iniciemos ese diálogo abierto de modo que en algún momento dado podamos luchar juntos contra el fundamentalismo. Pero cada uno desde su propio ámbito de responsabilidad. 
Mi agradecimiento al ponente y a los colegas con quienes hemos colaborado. 
Señor Presidente, colegas, creo que todos estamos de acuerdo en que el fundamentalismo afecta muy negativamente al proceso de emancipación de la mujer. 
Es una fuente de violaciones de los derechos humanos y de la mujer, así como de las libertades fundamentales recogidas en los tratados y convenciones internacionales, además de ejercer una influencia nefasta, no sólo de forma directa, sino también a través de las normas de las religiones, de las peculiaridades culturales, de las costumbres, de las iniciativas políticas y de las normas sociales. 
Los derechos de las mujeres son derechos humanos y esa debe constituir la base de nuestras actuaciones. 
Las mujeres recalcan en mi opinión, tal y como ya lo hemos oído, la igualdad entre las personas y no las diferencias entre las mismas. 
Superemos las diferencias religiosas y creemos un mundo más humano y, si es posible, sin violencia. 
Cuántas guerras y actos de violencia tienen su oscuro origen en la intolerancia religiosa, a menudo alimentada por intereses políticos y no por la vivencia religiosa. 
Un ejemplo reciente de la violencia inútil e innecesaria entre musulmanes e hindúes se ha producido en la India. 
Seria maravilloso que este informe y las recomendaciones que en él se indican sirvieran para emplear los graves riesgos del fundamentalismo, concretamente el sufrimiento que supone para las mujeres y las niñas en Afganistán, para dar ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de otro modo. 
Intentaré explicarme mejor. 
Con este informe solicitamos al Consejo, a los Estados Miembros y a la Comisión que pongan en marcha una iniciativa conjunta para enviar un grupo especial de observadores especializados en la igualdad entre sexos a Afganistán para verificar el respeto a los derechos de la mujer, tal y como se han recogido en los convenios y tratados internacionales, además de pedir que la política de ayuda y reconstrucción tenga en cuenta los intereses en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres. 
De este modo, se podrá utilizar el drama ocasionado por los Talibán y la solución al mismo como ejemplo para luchar contra otras formas de fundamentalismo. 
Otra virtud de este informe es que expresa el deseo de que la futura directiva relativa a los procedimientos de concesión de asilo en los Estados Miembros tenga en cuenta las diferentes formas de persecución a las que se ven sometidas las mujeres. 
Señor Presidente, ha tardado largo tiempo el camino de este informe hasta la Sala, ya que, sin lugar a dudas, la religión y la sexualidad son dos materias delicadas, incluso en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Hemos llegado hasta aquí y quiero dar las gracias a los colegas que han hechos grandes esfuerzos para presentar una serie de nuevas enmiendas. 
Agradezco especialmente que se haya tenido la valentía de señalar el papel de Arabia Saudí, algo que se suele callar cuando se dice que vivimos en una época caracterizada por un fundamentalismo económico neoliberal. 
Hay muchas clases de fundamentalismos, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
No puedo dejar de referirme al escándalo de la semana pasada, uno de tantos a lo largo de los años. 
Esta vez se trata de EE.UU. La Iglesia Católica norteamericana ha protegido a sus representantes, que durante una generación han abusado sexualmente de menores. 
Lo peor es cuando se defiende este tipo de conductas por medio de la ley. 
Pienso en Nigeria, donde se ha condenado a muerte por lapidación a mujeres por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
Pienso también en los procesos judiciales contra mujeres portuguesas que han realizado abortos y contra las personas que les han ayudado a realizarlos y en el reciente plebiscito en Irlanda sobre esta misma materia. 
Éstos son sólo algunos ejemplos de los muchos que demuestran el derecho que se atribuyen los hombres a controlar a las mujeres y a los menores como si fuesen sus dueños. 
Esto sucede a menudo en nombre de las religiones y con protección legal. 
Señor Presidente, Señorías, hablar de la condición femenina es siempre revolucionario, pero por eso mismo es necesario puntualizar de antemano algunos conceptos. 
Los fundamentalismos no sólo tienen consecuencias en la vida de las mujeres, sino, más en general, en la de los pueblos, y por lo tanto, en principio, han de reprobarse y rechazarse, pues están en la base de una concepción conflictiva de la sociedad. 
Es precisamente por su esencia intrínseca que ejercen sus efectos más negativos sobre las mujeres y se convierten en una especie de justificación ética de abusos y violencias. 
Es evidente que el respeto a los derechos humanos fundamentales es un patrimonio cultural, antes que jurídico, compartido por los Estados miembros de la Unión Europea, un valor común que choca con usos, costumbres, religiones, culturas con los que Europa toma contacto sobre todo a causa del fenómeno migratorio. 
En cualquier caso, como católica, deseo manifestar que no identifico en el catolicismo las formas de integrismo, de fundamentalismo que parece que se vislumbran en el informe. 
Al suscribir plenamente la solicitud de aprobar una moratoria universal a las ejecuciones y a la pena de muerte, una acción fuerte e incisiva, una movilización contra las mutilaciones, flagelaciones y las lapidaciones, como hicimos y volveremos a hacer en los casos como el de la nigeriana Safiya, me permito plantear algunos temas invitando una vez más a la Comisión y al Parlamento a hacerse cuestión de ellos, esto es, a reflexionar sobre el Derecho de familia, sobre las condiciones mínimas para el derecho de asilo y sobre la integración en aras de la que es justo salir de una forma de retórica hipócrita que oscila entre la integración de pleno derecho con los Estados miembros de la Unión Europea y el respeto de las identidades, así como a reflexionar sobre la separación total entre Iglesia y Estado o, mejor, entre religión y política. 
En conclusión, afirmamos la negación de cualquier forma de violencia y abuso contra los seres humanos, ya se trate de hombres o mujeres. 
Pedimos a la Comisión no sólo garantías de que en las negociaciones el acervo comunitario en materia de derechos de las mujeres se respete, sino también que se profundicen mejor todos los aspectos problemáticos, ya que los problemas no resueltos son al menos iguales que los afrontados. 
Miles de mujeres sufren bajo el yugo de la opresión, el maltrato y otras situaciones indeseables. 
Toda iniciativa seria para luchar contra ello merece nuestro apoyo. 
La mujer es igual que el hombre y merece respeto por sus virtudes. 
Como cristiano, esta convicción la extraigo de la Biblia. 
No obstante, el informe acerca de las mujeres y el fundamentalismo no ofrece ninguna solución para este problema. 
Al contrario, el informe acaba propugnando un mismo tipo de fundamentalismo que el que pretende combatir. 
No se atisba ni el más mínimo respeto por las convicciones de los creyentes. 
El informe describe con arrogancia lo que está bien y lo que está mal. 
El enfoque que se ofrece de las religiones es negativo y unilateral. 
La ideología constante del informe es la convicción de que el propio ser humano es quien determina lo que está bien y lo que está mal. 
El ser humano sólo tiene derechos. 
Los demás vínculos afectivos y de cariño, de solidaridad y sacrificio son sospechosos. 
Manifiesta egoísmo en estado puro a pesar del adorno de los derechos humanos. 
La opinión acerca de la maternidad constituye el punto álgido del informe. 
La maternidad no es por definición una cuestión puramente personal, aunque solo sea porque los hijos no tienen personalidad propia. 
Por otra parte, el padre se dibuja de forma terrible como alguien que ejerce el control sobre la capacidad reproductiva de la mujer. 
Como padre me siento profundamente ofendido en lo más profundo de mis sentimientos. 
¿Acaso desea el ponente acabar con la figura del hombre? 
Señor Presidente, lo siento por el esfuerzo realizado por el ponente pero espero que este informe sea rechazado. 
Busquemos otros caminos para mejorar la situación de las mujeres que padecen. 
Señor Presidente, la Sra. Poli Bortone, como católica, pide y ha pedido muy claramente la separación total entre Iglesia y Estado, o mejor aún, como decía, entre religión y política. 
Como laica, hago exactamente la misma solicitud que, creo, dignifica tanto a quien tiene una fe o un credo religiosos como a quien tiene responsabilidades políticas. 
Queridas colegas, éste es el problema: la separación entre religión y poder político y decisión política. 
No se trata de un problema sólo si hablamos de las llamadas religiones fundamentalistas; no se trata del caso extremo de las mutilaciones genitales o de la sharia, sino del caso general, normal, común, incluso en nuestros países, de la necesaria separación entre Iglesia y Estado, entre religión y política. 
Éste es el núcleo de fondo, éste es el valor que debemos tener. 
Es demasiado fácil condenar los casos extremos o Afganistán y más difícil mirar en nuestra propia casa y hablar de las interferencias continuas: pienso, por ejemplo, en la investigación científica, pienso en la prohibición de utilizar células madre excedentarias para fines científicos, pienso en las posiciones de la Iglesia respecto a la clonación terapéutica, pienso en la obediencia que está mostrando la clase política. 
Y entonces el sentido de este debate, de este informe tanto para nosotras como para todas las mujeres que viven en los países árabes, extremistas y no extremistas, es que la dignidad individual y el respeto a las creencias religiosas de cada uno pasa por asumir nuestra responsabilidad, por asumir la separación entre religión y política, entre Iglesia y Estado. 
Pues bien, creo que éste es el fondo y el valor que debemos tener, sin detenernos, como se dice, en los casos extremos. 
Andemos con cuidado, o las separaciones son totales o, si hacemos complacientes concesiones a datos de relativismo cultural, creo que no ayudaremos en absoluto a las mujeres de los países árabes y de nuestros países que luchan por sus responsabilidades y por su sentido del deber. 
Señor Presidente, en nuestras sociedades europeas, y especialmente en el Parlamento Europeo que lucha por el respeto a los derechos humanos, el debate sobre la cuestión del fundamentalismo y de su repercusión en la vida de las personas, en la reproducción y en la creación de sociedades es de primordial importancia. 
La historia y la realidad actual demuestran que las mujeres son las primeras víctimas y las más fáciles del fundamentalismo, y aquí es donde se basa el interés de la Comisión de Derechos de las Mujeres y de Igualdad de Oportunidades de nuestro Parlamento. 
La violación de los derechos humanos en contra de las mujeres es práctica diaria en muchas regiones del mundo, expresada de distintas formas y en diversos sectores de la vida pública y privada. 
Si hacemos autocrítica, deberemos admitir que la destrucción de los monumentos budistas por parte de los talibán, y el atentado terrorista del 11 de septiembre son las dos cosas que nos han hecho concienciarnos de la situación de las mujeres en Afganistán. 
La violación de estos derechos en Afganistán o en cualquier lugar del mundo siempre se comete en nombre de las particularidades y tradiciones culturales o religiosas. 
Es verdad que el ámbito de las mujeres es la fortificación más difícil de resistir para que un país o una comunidad progrese. 
Es decir, observamos que, en tanto que para el progreso económico de muchos países a los que se acusa de violar los derechos humanos, principalmente de las mujeres, se aventuran reformas que muchas veces son contrarias a normas religiosas o tradicionales, si se trata de la vida de las mujeres y de sus derechos, se moviliza toda oposición al cambio. 
La diferencia que plantea nuestro Grupo a la Sra. ponente se halla en el papel que desempeña la religión en la vida. 
No podemos aceptar que la religión y los derechos humanos están en campos de batalla contrarios. 
Y de ninguna manera debe conectarse el respeto a las normas religiosas con la represión y la violencia. 
En este sentido mi Grupo político ha presentado, en numerosas ocasiones, enmiendas a nuestra comisión; sin embargo no han gozado de la atención de la Sra. ponente y así mi Grupo ha presentado enmiendas a la Sesión Plenaria. 
No es nuestra táctica enfrentarnos al sentir religioso de los ciudadanos, sino movilizar todos los medios políticos para aplicar los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todas las políticas tal como ha hecho recientemente la Comisión Europea, emprendiendo iniciativas para reforzar estas políticas en sus relaciones exteriores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es muy importante que el Parlamento Europeo examine y vote favorablemente un informe sobre las mujeres y los fundamentalismos. 
Se trata de un asunto político de la mayor actualidad, muy delicado, que se debe tratar con cuidado, pero con indudable firmeza. 
Nosotros consideramos que en la Unión Europea la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres, el derecho de todos nosotros a la no violencia pública y doméstica, ejerciendo las funciones para las que tenemos capacidad y que nos gusta e interesa realizar, es uno de los mayores bienes de que disponemos. 
Nosotros queremos compartir dichos bienes con todas las mujeres del mundo. 
Las violencias que vemos en el mundo, en particular la situación de las mujeres afganas bajo el régimen talibán, existen, por desgracia, también en otros países en los que la dignidad y la voluntad de las mujeres son oprimidas por razones religiosas o ideológicas. 
Debemos denunciar y luchar efectivamente contra los fundamentalismos que se dan en el mundo y que permiten semejantes situaciones. 
Nadie entenderá que el Parlamento Europeo no adopte una posición vehemente al respecto. 
Ahora se han presentado muchas enmiendas de transacción. 
Es importante que hagamos un esfuerzo para entendernos, es necesario tener un espíritu abierto y tolerante al respecto. 
No puede haber fundamentalismos por nuestra parte sobre este asunto de la intransigencia ante las situaciones de enorme gravedad que se dan en el mundo y, en algunos casos, en particular en lo relativo a la decisión sobre los derechos reproductivos incluso en el interior de la Unión Europea. 
Votar contra todos los tipos de fundamentalismo es el objetivo de este informe. 
Si el Parlamento Europeo no lo aprobara, sería, desde el punto de vista político, extraordinariamente grave, sería decir al mundo que el Parlamento Europeo no se entiende sobre la forma de luchar contra los fundamentalismos en el mundo. 
Señor Presidente, queridos colegas, creo que estamos acorralados entre la voluntad de ser claros y la complejidad del asunto. 
Este informe me provoca un cierto malestar. 
Es cierto que para elaborar este informe había que ser valiente, pero, ¿era necesario que fuera confuso hasta ese punto? 
Considero que, si existe, la frontera entre religión y fundamentalismo no está claramente definida. 
¿Hay algo que decir al respecto? 
Desde luego, no que por una parte están los malos con su fundamentalismo, y por otra los buenos con su religión, sino precisamente que no hay que confundir religión con fundamentalismo, ni fundamentalismo con religión. 
Si les hablo como investigadora, y no como mujer política que ha trabajado en la historia de la mujer, tengo clara una cosa: no hay ninguna religión que no haya establecido una jerarquía entre los sexos. 
No podemos evitarlo, es un hecho histórico. 
Y nosotros, los que, en este foro, queremos oponernos a todos los fundamentalismos, debemos enfrentarnos a este hecho histórico sin hipocresía. 
Todas las religiones mantienen una jerarquía entre los sexos. 
Sin duda, algunas de ellas favorecerán ciertos derechos de la mujer, pero pocas incentivarán y promoverán la igualdad de sexos. 
Eso no existe. 
Como se dice popularmente, ' hay que fastidiarse?. 
Por mi parte, soy partidaria de la separación entre la iglesia y el Estado. 
Mi discurso refleja mi laicismo. 
Mis palabras van dirigidas a los que profesan una religión. 
Sean o no fundamentalistas, ustedes saben perfectamente que ninguna religión ha creado una teoría sobre la igualdad del hombre y la mujer. 
Este informe me desagrada porque hay cosas que no funcionan. 
Por ejemplo, el Considerando T, que dice que se puede conciliar fundamentalismo con feminismo. 
¡No hay nada más falso! 
Se pueden esbozar, diseñar estrategias de emancipación a pesar del fundamentalismo- algunas mujeres iraquíes nos lo han demostrado -, pero no hay nada que las convierta en una verdad absoluta. 
Igualmente, cuando leo en el artículo 31 que hay que pedirle a los líderes religiosos que le concedan a la mujer el derecho a disponer de su cuerpo, me niego a aceptarlo. 
¡No lo harán! 
Luchan contra la contracepción y contra el aborto. 
Ya lo sabemos, haya o no fundamentalismo. 
Reflexionemos con un poco de seriedad sobre todo esto, hagámoslo con total transparencia. 
No hay duda de que discreparemos, pero todos conoceremos claramente cuál es la posición de los demás. 
Señor Presidente, somos unos firmes partidarios de la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, conculcados por los fundamentalismos; sin embargo, consideramos que este informe presta un flaco servicio a la causa. 
Cuando ataca a las organizaciones religiosas por la exclusión de las mujeres de los puestos de mando en la jerarquía, pretende centrar la atención no tanto en el fundamentalismo que da miedo- el islámico- sino en la Iglesia que reserva a los hombres el sacerdocio. 
El informe se contradice cuando propone al Parlamento Europeo- entre otras cosas, en términos arrogantes y poco respetuosos- que imponga al Papa y a los patriarcas su visión de las temáticas dogmáticas e ideológicas. 
Cabe preguntarse en qué se convierte el Parlamento Europeo actuando de este modo: en el Parlamento de los pueblos o en un parlamento al servicio de los poderes ocultos. 
Evidenciamos asimismo dos equívocos: el primero consiste en equiparar el fundamentalismo islámico con los principios de la tradición cristiana considerados como reaccionarios y retrógrados, cuando la tradición cristiana y católica es parte integrante del patrimonio de valores y de la cultura común de los pueblos europeos; el segundo consiste en considerar el fundamentalismo islámico como una degeneración sectaria del Islam, cuando el mismo representa, si acaso, la interpretación auténtica y corriente del Islam que se enseña en todas las universidades islámicas. 
Ignorar estas verdades puede que sea políticamente correcto, pero impide a Europa defenderse del peligro que representan las comunidades islámicas en las cuales rigen los rígidos preceptos de la sharia que tienen en cuenta los derechos de la mujer del mismo modo que tienen en cuenta nuestro Derecho de familia y todos los principios de libertad. 
Señor Presidente, queridos colegas, acabamos de celebrar el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo. 
Con este motivo, espero que todas y todos hayamos participado en reuniones, coloquios y conferencias para proclamar una vez más que la igualdad entre el hombre y la mujer es una necesidad vital para el desarrollo democrático de nuestras sociedades. 
Los valores de la Unión Europea reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales son, entre otros, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la integridad de la persona, la libertad de opinión, de conciencia, de credo, y la igualdad entre el hombre y la mujer. 
Por tanto, aquí, en esta Asamblea, hemos de asumir nuestra responsabilidad. 
A nosotros, en calidad de europeos y europeas, nos corresponde aplicar y hacer aplicar estos derechos en la Unión Europea y defender y desarrollar estos valores en el resto del mundo. 
Me gustaría subrayar aquí la importancia que para esta lucha tendría la adopción de este informe. 
Porque, una y otra vez, siempre tenemos que recordar que las mujeres son las primeras víctimas del fundamentalismo, del integrismo. 
Son víctimas de la violencia, de discriminaciones socioeconómicas, políticas, sexuales, de agresiones físicas y psicológicas, de sometimientos, y ven cómo todos los derechos fundamentales les son negados: igualdad, acceso a la educación, a la política, y todo ello precisamente en nombre de un fundamentalismo que es la negación misma de los derechos humanos. 
Nuestra iniciativa debe y puede materializarse. 
Tenemos la promoción y la protección de la democracia y de los derechos humanos en nuestros acuerdos de asociación. 
Tenemos también el diálogo intercultural entre las dos orillas del Mediterráneo, en el que hay que reforzar la vigilancia para conseguir una participación más activa de la mujer en las acciones y en los programas que apoyamos. 
Finalmente, contamos con nuestro respaldo a las mujeres que piden asilo en la Unión Europea por las persecuciones que sufren en sus países de origen en nombre del fundamentalismo. 
La defensa de los derechos de la mujer y la igualdad hombre/mujer deben ser uno de los ejes de nuestra actuación, que requiere una especial atención por parte de nuestra Asamblea. 
Por tanto, con la aprobación de esta directiva, démosle a las mujeres en esta Asamblea los medios para liberarse de sus ataduras, y asumamos una vez más nuestra responsabilidad. 
Señor Presidente, el debate es absolutamente apasionante, pero observo que son pocas las personas que hablan del texto, sin duda porque el informe nos deja a más de uno perplejos. 
En primer lugar, la historia de este informe demuestra que esta iniciativa no es oportuna. 
Partiendo de un informe sobre el Islam y la mujer, hemos llegado finalmente a un informe enrevesado, ambiguo y sin una verdadera coherencia. 
Como no quiere atacar de frente al Islam- cosa que entiendo -, la definición del fundamentalismo queda poco concreta. 
Sin embargo, ¿no es el fundamentalismo la caricatura de la religión? 
Todos estamos de acuerdo a la hora de separar lo temporal de lo espiritual y, por tanto, no entra dentro de las funciones del Parlamento lanzarse de lleno a una iniciativa ambigua de teología comparada. 
A pesar de ello, algunos puntos merecen un acuerdo, sobre todo la afirmación de que, en el territorio de los Estados miembros, las costumbres y las creencias que se oponen a los derechos de la persona- y en concreto a los de la mujer- no pueden ser tolerados, y de que los derechos de familia de los Estados miembros prevalecen sobre los de los países de origen de los inmigrantes. 
En conclusión, la igualdad del hombre y la mujer no es un asunto teórico. 
No hay que apoyar a la mujer, ni defender su lugar y su papel en la sociedad, solamente por el hecho de ser mujer, sino por formar parte, al igual que el hombre, de una misma humanidad, y consecuentemente, por compartir una misma dignidad. 
Señor Presidente, el fundamentalismo sólo aporta problemas para la sociedad, en especial a las mujeres. 
Véase, por ejemplo, la situación de las mujeres en Afganistán, la lapidación de las mujeres o las prácticas tradicionales como la ablación del clítoris que aún se sigue llevando a cabo, incluso en Europa. 
En las sociedades fundamentalistas se suelen negar los derechos y las libertades fundamentales a las mujeres sin que en muchos casos puedan siquiera acceder a los servicios de asistencia sanitaria y a la educación. 
Por este motivo, me complace la propuesta de la Comisión de la Mujer para elaborar un informe de iniciativa acerca de ' Las mujeres y el fundamentalismo? y es precisamente por ello por lo que me decepciona la mala calidad del informe que nos ocupa. 
Lamento que no hayamos podido encontrar ningún tipo de compromiso en la opinión de la Sra. Karamanou. 
Presidente, en el informe Izquierdo se ponen justificadamente de manifiesto las consecuencias negativas del fundamentalismo. 
A pesar de que el tema y la intención son buenos, el informe aún no lo es. 
El informe se excede en los casos en que la religión y el fundamentalismo se sitúan en la misma línea que la violación de los derechos humanos. 
El informe tiene un carácter más antirreligioso que feminista. 
En el informe se ha empleado un enfoque equivocado debido a que se trata de hallar soluciones a través de los informes semestrales, mediante la creación de una universidad abierta solo para mujeres, con programas de movilidad para mujeres- como si las mujeres tuvieran necesidad de ello- y a través de la intervención en países que actúan de conformidad con sus leyes pero que, en opinión del ponente, no protegen lo suficientemente a la mujer. 
El informe carece asimismo de coherencia. 
Con razón se aboga por una separación de la iglesia y del estado, aunque después de fijan exigencias de cara a la organización interna de las tradiciones religiosas. 
El informe está, por otra parte, plagado de formulaciones poco cuidadas. 
Presidente, nuestro Grupo ha presentado enmiendas para tratar de mejorar algo el informe. 
Pero incluso aunque fueran admitidas en su conjunto, seguirían existiendo numerosas imprecisiones, formulaciones poco claras, duplicaciones, repeticiones obligadas de las normativas de la UE y propuestas que no pertenecen a nuestro ámbito competencial. 
Desde mi país nos han llegado llamamientos urgentes procedentes de representantes de organizaciones en defensa de los derechos humanos, organizaciones feministas y mujeres del ámbito de la iglesia para que votemos en contra del informe. 
Una cosa está clara, las mujeres y la religión, la Comisión de la Mujer y el Parlamento, así como la lucha contra el fundamentalismo merecen un informe mejor que este. 
Señor Presidente, a mí también me causa perplejidad que siempre se reivindique y se reclame la cultura y la tradición y que ello se haga por encima de cualquier otra cosa. 
Históricamente, la cultura y la tradición han situado a las mujeres en la posición de desigualdad que hoy ocupan. 
Actualmente, en nombre de los fundamentalismos religiosos se cometen los peores atropellos contra las mujeres en el mundo. 
El fundamentalismo religioso es también política y, cuando se vive bajo el mandato de este fundamentalismo, la trayectoria vital de las niñas y de las mujeres queda fatalmente desposeída de toda salida. 
En nombre de la libertad de pensamiento que los colegas del Partido Popular reclaman, con razón, el informe Izquierdo aboga por la separación entre las competencias de la iglesia y del Estado, es decir, entre religión y política. 
Ésa debería ser la apuesta más importante de este informe. 
Muchas mujeres esperan nuestro compromiso en ese sentido. 
Debemos defender los valores de los que nosotros mismos y nosotras mismas nos dotamos para poder convivir en libertad. 
En nombre de esa libertad de elección y de decisión que se le deniega a la mayor parte de las mujeres en el resto del mundo. 
No estamos de acuerdo con el determinismo excluyente para las mujeres que quedan condenadas para el resto de sus vidas. 
No es cierto que las mujeres puedan participar con la misma dignidad que los hombres precisamente porque son excluidas de prácticamente todo aquello que las pueda hacer dignas. 
En nombre de tal tradición, de la religión y de dicho fundamentalismo, las mujeres son lapidadas, asesinadas y mutiladas. 
Como digo, muchas mujeres esperan nuestro compromiso y no podemos defraudarlas. 
Precisamente, en nombre de la libertad de pensamiento hay que votar favorablemente este informe. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0038/2002) , en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (10479/1/2001- C5-0546/2001- 1992/0449A (COD) ) (Ponente: Sra. Thorning-Schmidt). 
Señor Presidente, me gustaría comenzar con una intervención sobre una cuestión de orden y doy por sentado que el tiempo de ésta no me será restado de mi tiempo de intervención. 
Creo que debemos intentar algo nuevo hoy en el Parlamento. Lo que tenía pensado hacer era repartir mis cinco minutos de tal forma que se me permitiera hablar durante cuatro minutos como introducción y reservar un minuto para cerrar el debate después de la intervención de la señora Comisaria. 
Hago esto remitiéndome a dos cosas: En primer lugar, tengo entendido que la Conferencia de Presidentes celebró un ' away-day? la pasada semana, en el que se acordó hacer debates más vivos en esta Asamblea y en segundo lugar, remitiéndome al apartado 4 del artículo 121 del Reglamento. 
Pregunté al Servicio de la Sesión antes de acudir hoy aquí si sería posible. Recibí un? no? rotundo, pero quiero pedir permiso para ello remitiéndome a que no hay nada en el Reglamento que impida semejante procedimiento. 
Doy por descontado, señor Presidente, que usted adoptará una actitud positiva ante esta forma de actuar hoy. 
Señora Thorning-Schmidt, por supuesto, no le voy a quitar de su tiempo el que ha empleado en hacer esta petición. 
Le agradezco que haya elegido un momento en el que estoy yo presidiendo para hacer este tipo de experimentos, lo cual hace mi vida mucho más amena. 
Debo decirle que, tal como usted lo plantea, no veo inconveniente. 
Si usted habla en su turno de ponente y, después que la Sra. Comisaria intervenga, usted pide la palabra para hacer alguna precisión o para hacer alguna puntualización o para dar algún detalle sobre lo que haya transcurrido durante el debate o lo que haya dicho la Sra. Comisaria, yo no veo inconveniente en que lo podamos hacer. 
Ahora le ruego, Sra. Thorning-Schmidt, que tome usted la palabra, como ponente. 
. 
(EN) Señor Presidente, ¿puedo hacer lo mismo, si surge algún problema? 
Si la diputada replica y yo debo responder, ¿puedo hacer lo mismo? 
Entiendo, señora Comisaria, que usted, en calidad de representante de la Comisión, puede pedir la palabra en el momento que usted lo desee. 
. (DA) Señor Presidente, tomo nuevamente la palabra para una cuestión de orden y decir que mi tarea tras el debate no es criticar lo que la Comisión diga, sino más bien comentar lo que hayan dicho mis compañeros en esta Asamblea. 
El ruido es un gran problema en los centros de trabajo europeos y me parece importante recalcar que esta Directiva es buena para los trabajadores y que no afecta a otros. 
Como ya se ha debatido, existen muchos malentendidos con respecto a quién se verá afectado por esta Directiva. 
Sabemos que el ruido puede tener efectos increíblemente nocivos. 
Está muy buen documentado qué efecto puede tener el ruido. 
Hablamos de pérdida permanente de audición y de tinitus. 
Pienso que la lucha contra el ruido en los centros de trabajo es lo mejor que podemos hacer para evitar que los trabajadores se vean excluídos permanentemente del mercado laboral, y con ello prevenir daños laborales. 
Me ha sorprendido mucho por ello durante el debate de esta cuestión en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que, por ejemplo, el Grupo ELDR, que normalmente hace enorme hincapié en favor de las personas con minusvalía en la UE, no haya mostrado mayor interés hacia el trabajo de prevención. 
Es decir, evitar que las personas se vean disminuidas por un deterioro de la capacidad auditiva, pues ésta es la mejor estrategia de todas. 
Asimismo sabemos que la actual Directiva sobre ruido de 1996 ha quedado anticuada y no proporciona a los trabajadores una protección suficiente. 
La posición común que ahora se nos presenta es mucho mejor porque con ella se introduce por primera vez un verdadero valor límite. 
Es un paso importante fijar semejante nivel de mínimos comunitarios para toda la UE. 
Las enmiendas que la comisión ha aprobado mejoran la posición común en una serie de puntos y celebro el respaldo que varios se han mostrado dispuestos a dar. 
La mayor mejora puede alcanzarse si hacemos hincapié en la estrategia de prevención y éste me parece un principio positivo y acertado. 
Pasemos ahora a la industria de la música y del entretenimiento. 
Es un tema muy controvertido y en este punto, el Grupo PSE ha alcanzado un compromiso con el Grupo ELDR y el Grupo PPE-DE y que, naturalmente, respetamos el Grupo PSE. 
Sin embargo, no ocultaré que supone un menoscabo de la posición común y resulta interesante ver ahora un Parlamento Europeo que hace menos hincapié en la protección de los trabajadores que el Consejo de Ministros. 
Es una nueva evolución y pido a la opinión pública que tome buena nota. 
Respaldamos la propuesta de compromiso porque nos ha parecido importante evitar que la posición común fuera rechazada en el Parlamento Europeo. 
Y existía, como hemos oído, verdadero riesgo de ello. 
Esto sería totalmente inaceptable pues así los trabajadores sólo estarían protegidos como en 1996. 
Por ello hemos aceptado el compromiso y esto también demuestra naturalmente que hemos prestado muchísima atención a lo que la industria de la música y del entretenimiento nos ha contado en este caso. 
También me gustaría decir a mis compañeros en la Asamblea que quizá algunos hemos prestado demasiada atención. 
Pues creo que algunos en este Parlamento se han mostrado de hecho muy poco críticos con respecto a las manifestaciones realizadas desde la industria. 
Los peores rumores han circulado por esta sala. 
Se me ha acusado de querer cerrar toda la industria del pop de Gran Bretaña. 
Se me ha acusado de querer prohibir las gaitas en Escocia. 
¡Todo esto es naturalmente puro y simple disparate! 
Debemos escuchar naturalmente lo que la sociedad circundante nos cuenta y no debemos darle la espalda. 
Es una propuesta de compromiso que puedo aceptar. 
Estoy de hecho increíblemente satisfecha con ella. 
Significará que la industria del entretenimiento hasta dentro de cinco años no se verá afectada por la Directiva y en el período intermedio encomendaremos a la Comisión la realización de un estudio de cómo afectará la Directiva a la industria de la música y del entretenimiento. 
La Comisión valorará posteriormente la necesidad o no de eximir a la industria del cumplimiento de la Directiva o la regulará de otra forma. 
Creo que esta propuesta de compromiso dejará claro cuánto se ha exagerado en este tema y también dejará claro que los propios interesados dentro de la industria de la música se han visto afectados muy gravemente con un deterioro de la capacidad auditiva que son los que, de hecho, tratamos de combatir aquí. 
Para acabar quiero subrayar que me hubiera gustado que hubiéramos llegado más lejos en la mejora de la protección de los trabajadores. 
No ha sido posible, sin embargo, lo fundamental ahora es que los compañeros mañana respalden las propuestas que mejoran la posición común y que se encargan de que prestemos más atención a la prevención. 
Hago un llamamiento para que todos los compañeros respalden las enmiendas actuales de la comisión y la propuesta de compromiso. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, las normas mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores constituyen el núcleo del derecho europeo de la protección de los trabajadores. 
Están demostradas las graves consecuencias negativas de la exposición a los ruidos. No es necesario discutir sobre ello aquí en detalle. 
La sordera provocada por los ruidos es una de las enfermedades profesionales más frecuentes. 
Por ello, tienen una elevada prioridad las medidas para la protección frente a los ruidos. 
Todos los afectados- empleados, patronos y legisladores- hacen bien por ello en agotar todas las posibilidades para mantener la carga acústica en el puesto de trabajo lo más baja posible. 
Para reducir la carga acústica a la que se someten las personas voluntariamente en su tiempo libre no podemos hacer nada. 
Aquí sólo podemos apelar al sentido común de las personas. 
Pero en las medidas de protección en el puesto de trabajo y en las posibilidades de aplicación en la práctica debemos tener en cuenta qué significa en especial para las pequeñas y medianas empresas. 
No tiene mucho sentido prescribir unas complicadas regulaciones europeas en el ámbito europeo a las que nadie se atiene o no se puede atener en la práctica. 
Creo que las enmiendas del Parlamento ofrecen una solución aceptable a esta realidad. 
Expreso mi agradecimiento a la ponente por la disposición al compromiso mostrada en la comisión. 
De este modo se ha podido evitar un litigio sobre una considerable modificación de los valores límite de exposición o de activación sin abandonar por ello los justificados intereses de los trabajadores. 
También en la valoración del nivel de exposición a los ruidos se va a tener en cuenta la protección personal de los oídos, tal como prevé la posición común del Consejo. 
Apoyamos también la enmienda nº 8 por la que los Estados miembros pueden determinar valores más bajos si es necesario. 
Esto no es otra cosa que la expresión del principio de estándares mínimos en la política social europea. 
También mostramos claramente que el patrono es responsable del empleo de los dispositivos de protección para los oídos y del aleccionamiento de cada individuo. 
Según el lema 'prevenir es mejor que curar', un trabajador debe tener derecho también a una prueba adecuada de su capacidad auditiva cuando está sometido a ruidos que se encuentran por encima de los valores inferiores de activación. 
También el empleo de un nivel de exposición semanal en lugar de diario es adecuado bajo determinadas circunstancias, tal como prevé la posición común. 
En esta directiva el tema debatido con mayor ardor ha sido el tratamiento a dar a los trabajadores que están expuestos a la música, desde la música clásica sinfónica hasta la de discoteca. 
Creo que mediante el compromiso de la enmienda nº 23 tenemos suficientemente en cuenta este campo especial. 
Espero que sea una solución que pueda seguir también el Consejo. Pues una inclusión inmediata y sin reservas de estas actividades apenas tiene en cuenta el convencimiento general de que la música, ya sea en la sala de conciertos o en la discoteca, es ruido, por lo que tiene que tratarse de antemano de modo restrictivo. 
Señor Presidente, muchas felicitaciones a la ponente. 
Ha elaborado un informe muy equilibrado. 
Presenta enmiendas sensatas que no supondrán una carga desmesurada para las empresas, pero que mejorarán la directiva y reducirán el riesgo de lesiones auditivas como consecuencia de exposición al ruido en el lugar de trabajo. 
De esto es de lo que trata esta propuesta. 
Son demasiados los trabajadores en la Unión Europea que siguen corriendo el riesgo de sufrir lesiones auditivas como consecuencia de la exposición al ruido en lugar de trabajo. 
La Sra. Thorning-Schmidt ha demostrado ser razonable y estar dispuesta a escuchar los argumentos razonables y razonados y aceptar la evidencia. 
Al fin y al cabo, ha retirado muchas de sus enmiendas iniciales y ha presentado otras nuevas que se acercan más a la posición común sobre una serie de elementos, entre los que se incluyen medidas fundamentales y valores límite de exposición. 
Pero hay otros en esta Cámara que se esfuerzan por abrir un camino nuevo y retrógrado en el ámbito social. 
Por primera vez en la conciliación en el ámbito social estamos asistiendo a intentos, especialmente por parte de grupos de la derecha y el centro de la Asamblea, de debilitar considerablemente las posiciones comunes establecidas en el Consejo de Asuntos Sociales, e incluso, en ocasiones, de excluir por completo a sectores importantes de actividad. 
Lo hemos presenciado con motivo de esta propuesta sobre el ruido y de la propuesta paralela sobre vibración. 
La enmienda de compromiso 23 sobre la música y los sectores de ocio es una respuesta a este peligro. 
No me entiendan mal: cabe la posibilidad de que sea necesario debilitar la posición común cuando dispongamos de nuevos datos o de nuevas pruebas que hasta ahora se han pasado por alto, pero en mi opinión, no ha sido éste el caso en los ejemplos que menciono. 
Por el contrario, hemos asistido a algo parecido a una reacción de pánico ante las intensas y continuadas presiones de grupos de interés manipuladores y animados por la cobertura que han hecho medios de comunicación adversos plagada de desinformación y de datos falsos. 
Estos hechos son deplorables. 
Son al menos dos los factores que intervienen aquí. 
En primer lugar, los grupos de presión se han dado cuenta de los puntos de compresión del procedimiento de codecisión. 
Ellos saben cómo ejercer presión política sobre el Parlamento, en la mayoría de los casos, sin disponer de la más mínima prueba que los apoye. 
Piensan que somos el eslabón más débil de la cadena, y la señal que les estamos enviando demuestra que están absolutamente en lo cierto. 
En segundo lugar, son demasiados los diputados de esta Asamblea que disfrutan emitiendo comunicados de prensa para trivializar una legislación que es absolutamente necesaria, proporcional y que está justificada. 
No permiten que los hechos les impidan ver su nombre impreso y no es muy difícil comprender por qué han aparecido tantos artículos con información errónea en relación con esta propuesta. 
Los artículos se alimentan de comunicados de prensa y declaraciones burdamente engañosos y totalmente falsos en cuanto a los datos que contienen que realizan diputados de esta Cámara. 
Espero que todos maduremos pronto y aportemos algo más de dignidad e integridad a nuestra función como colegisladores. 
A mi propio padre le resulta difícil conversar con mi hijo pequeño por la lesión auditiva que padece como consecuencia de su trabajo. 
Ésa me parece una excelente razón para fomentar una legislación sensata como ésta. 
Señor Presidente, si el proyecto de informe original de la ponente se hubiera mantenido y se hubiera aprobado, habría diezmado la industria en toda la Unión Europea. 
Sí, desde luego hay que proteger a los trabajadores, pero no dejarlos sin trabajo. 
Era fundamental que la protección del oído se tuviera en cuenta, y felicito a las empresas y todas personas que convencieron a la ponente de esta necesidad. 
De no haber sido así, con el valor límite de exposición establecido en 87, actividades como el martilleo del acero a 95-100 decibelios, el ojivado a 98 decibelios y alimentar a cerdos a 100 decibelios habrían dejado de existir, al igual que la construcción y el sector de la minería. 
Las fábricas de cemento y parte de la industria de ingeniería habrían quedado diezmadas. 
Reconozco que la ponente ha cambiado su posición y lo acojo con satisfacción. 
Acojo con satisfacción el hecho de que haya cambiado de mediciones diarias a mediciones semanales en casos excepcionales, pero me gustaría que se inclinara aún más por las mediciones semanales, que vuelva al cuerpo principal del texto como estaba en la posición común. 
Estoy encantada de que tengamos la enmienda de compromiso sobre la música y el ocio, diga lo que diga la ponente: aplicar una excepción de cinco años para el sector de la música y el ocio, que la Comisión elabore un informe y, luego, que vuelva al Parlamento, pero que consulte a ambas partes del sector. 
Espero que se apruebe y que todos los diputados al Parlamento Europeo le den su apoyo. De lo contrario, nos encontraremos ante la ridícula perspectiva de encontrar al personal de los bares con orejeras cuando entremos a pedir una pinta de cerveza. 
También me alegra que tengamos la oportunidad de debatir esto, porque si se hubiera rechazado en una segundad lectura en comisión, no hubiéramos tenido ninguna oportunidad de debatir esto hoy en la sesión plenaria; ninguna oportunidad de presentar la enmienda encaminada a excluir la música y el ocio durante cinco años, y el punto de vista del Parlamento no se habría tenido en cuenta. 
Por tanto, quiero decir a los que votaron en contra del informe en comisión que si se hubieran salido con la suya, de ninguna manera estaríamos aquí hoy. 
Señor Presidente, quisiera comenzar manifestando mi asombro acerca del discurso del Sr. Hughes, a quien habitualmente conozco como una persona bastante razonable y tranquila y que, de repente, cuando se plantea algún tipo de objeción a esta directiva, cree que se debe a la existencia de oscuros intereses. 
Nosotros nos limitamos a realizar nuestra labor como representantes populares y a escuchar a todo el mundo, incluso a aquellos que no intervienen directamente en el proceso de elaboración de directivas. 
Creo que este Paramento no muestra indiferencia ante el asunto de la seguridad y la salud, ni ante las objeciones que se plantean en torno a su ejecución. 
Por este motivo, me complace enormemente que esta semana hayamos podido cerrar la segunda lectura de la- y perdonen la definición- directiva del ruido. 
Según el diccionario oficial de la lengua neerlandesa, por ruido se entiende: un sonido fuerte y desagradable que incluye bullicio, alboroto, escándalo, estruendo y estrépito. 
Se trata, por consiguiente, de un sonido que ninguna persona de bien percibe como algo agradable y del cual podemos prescindir. 
Me sorprende, incluso me estremece, y muchos compositores se revolverían en su tumba al ver que se equipara a Beethoven con una taladradora. 
Según el Consejo, la Comisión y algunos colegas, parece ser que una buena sierra circular es más desagradable que oír a Tchaikovski. 
Comprendo que no se trata solo de si el sonido es desagradable, sino de si además es dañino. 
Quisiera indicar que los diferentes tipos de sonido justifican la existencia de un enfoque diferenciado. 
Opino que el sector de la música y del entretenimiento debería quedarse al margen de esta directiva y regularse en otra directiva. 
La diferencia básica entre el ruido y Vivaldi es la siguiente: en el sector de la música y del entretenimiento, el sonido es el producto final o, en cualquier caso, un elemento muy importante del mismo. 
El sonido desempeña un papel clave en estos sectores. 
El sonido de una fábrica es un efecto secundario negativo cuya ausencia no afectaría al resultado de la actividad, al contrario. 
En el caso de la música, existen clientes y se trata de actividad de gran valor cultural, especialmente para los jóvenes. 
Presidente, tampoco podríamos prohibir a los futbolistas profesionales jugar más de 45 minutos a la semana. 
Ahí radica la diferencia y esa es la cuestión; hemos encontrado una respuesta y eso es algo muy distinto a los reproches que se han lanzado en este lado del Parlamento, acusándonos de no preocuparnos por la técnica. 
Nos preocupamos por la técnica pero también por las personas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en nuestra Constitución Europea, en nuestros Tratados, se establece que debemos adoptar las medidas necesarias para mejorar el entorno de trabajo para proteger la salud de las trabajadoras y trabajadores. 
Tengo la sensación de que precisamente en relación con este debate se olvida este punto en la opinión pública. 
Esto me lo confirma también la ignorancia de la prensa- en parte, incluso de la prensa seria. 
Junto a las usuales objeciones de la industria, la actividad del lobby de la música ha sido especialmente masiva, no los poderes oscuros sino muy concretamente la industria de la música. 
Primero: el desconocimiento en la población de que los empleados en la industria de la música están vinculados desde 1986 a una directiva que está aún en vigor. 
Están vinculados todos los empleados excepto los marineros. 
Esto se va a corregir ahora. 
Segundo: muestra el control defectuoso en los Estados miembros, pues si se hubiese controlado mejor, los afectados- trabajadores y patronos- no estarían ahora tan sorprendidos. 
Tercero: naturalmente, también muestra- lo digo críticamente- una representación de intereses muy débil por parte de los empleados. 
Voy a poner gustosamente a disposición de la Comisión un escrito que recibí de la Asociación Suiza de Músicos sobre una auditoría celebrada en 1996 y que muestra de modo muy claro, estimado colega Pronk, que los daños del oído son siempre equiparables con independencia de si se trabaja en la industria de la construcción, de la cerámica o en una empresa de música u orquesta. 
(Exclamación: ¡o también en el Parlamento!) 
O también en el Parlamento, pero gracias a Dios no metemos tanto ruido, al menos la mayoría de las y los colegas. 
En el ámbito nacional existen por supuesto normas. 
Soy de la opinión, también como tradicionalista de izquierdas, de que el Estado y los patronos tienen la obligación de proteger a los empleados frente a los peligros derivados del puesto de trabajo. 
Exactamente esta es nuestra tarea y creo que con esta directiva hemos alcanzado también este objetivo. 
Señor Presidente, la ponente ha dado un gran paso durante las últimas semanas en términos de abandonar algunas de sus enmiendas más extremas. 
No obstante, eso no me sirve de consuelo. 
Espero que la ponente no se lo tome como algo personal, porque sé que ha puesto mucho interés y ha realizado grandes esfuerzos en la elaboración de su informe. 
No obstante, en mi opinión, las enmiendas que quedan no son ni necesarias ni de utilidad. 
Éste no es sólo mi punto de vista. 
Me complace que la Sra. Lynne se ha hecho eco de esta opinión con tanta firmeza hace unos momentos. 
En palabras del Health and Safety Executive del Reino Unido, el organismo responsable de proporcionar al Gobierno británico asesoramiento científico experto e imparcial en materia de salud y seguridad, tan necesario cuando se trata sobre estos temas, estas enmiendas no proporcionan ningún beneficio para la salud ni la seguridad y su única consecuencia será imponer una carga innecesaria e inoportuna sobre la industria, en particular, las pequeñas empresas. 
Este organismo nos aconseja que rechacemos la mayoría de las enmiendas socialistas. 
Los diputados Conservadores británicos al Parlamento Europeo ya habíamos llegado a la misma conclusión por nuestra cuenta. 
Una de estas enmiendas es la 18, que como he podido ver cuenta con el apoyo de los sindicatos, aunque curiosamente se jactan de que también la apoya gran parte de la patronal. 
No he encontrado a un solo empresario que la apoye. 
Será interesante comprobar si los diputados Laboristas británicos votan como les ha aconsejado su Gobierno o según las instrucciones de sus sindicatos. 
Sospecho que la respuesta no será ninguna sorpresa. 
Apoyaremos la enmienda encaminada a eximir de esta directiva a la música, una enmienda concebida originalmente por mi colega el Sr. Pronk. 
No obstante, eso no nos libra de los problemas a los que se enfrenta la industria si se aprueban otras enmiendas. 
Es muy revelador que en la semana en que los dirigentes de la UE están en Barcelona pidiendo a las empresas de la UE que se hagan más competitivas, y el mismo día en que el Primer Ministro del Reino Unido, el Sr. Blair, nos ha contado el cuento increíble de que está en contra del papeleo, sus diputados Socialistas al Parlamento Europeo se empeñan en seguir con el mismo viejo programa, sin pensar en las repercusiones sobre los puestos de trabajo. 
Les insto, incluso en esta fase tan avanzada, a que voten en contra de estas enmiendas, a que voten en favor de los puestos de trabajo, en favor de la reforma y en favor de Barcelona. 
Señor Presidente, comienzo mi corta intervención agradeciendo a la ponente el trabajo realizado. 
Dicho esto, manifestaré mi opinión en relación con algunos puntos del informe que, en mi modesta opinión, podían haber tenido un tratamiento distinto, y sobre enmiendas y propuestas que difícilmente pueden ser aceptadas, sobre todo por los profesionales en materia de prevención; por supuesto, desde el postulado de que el riesgo cero no existe y de que el trabajo es una actividad molesta. 
Coincido con usted, señora ponente, en que luchar contra el ruido en el lugar de trabajo es lo mejor que podemos hacer, pero no estoy de acuerdo en que las medidas de protección colectiva tengan siempre prioridad sobre las medidas de protección individual. 
En todo caso, entiendo que sean complementarias o suplementarias, o que las individuales hayan de aplicarse en defecto de las colectivas. 
Debemos considerar el juego de responsabilidades; evidentemente, incumbe al empresario proporcionar los medios, y es él quien dispone de las medidas de política disciplinaria para hacerlos cumplir, pero el trabajador no es un menor inimputable, no puede dejar de asumir su responsabilidad, cuando es el primer interesado y el primer afectado si aquél no adopta las medidas de protección individuales y personales. 
También mantengo alguna discrepancia con usted en cuanto al ámbito de aplicación, ya que creo que, más que hablar de la inclusión en el ámbito de los autónomos, sería preferible incluirlos a través del concepto de centros de trabajo y de los responsables de los mismos, sobre todo a la vista de la cada vez más frecuente externalización de numerosas formas y actividades de múltiples sectores de trabajo. 
La enmienda 15 plantea una cuestión quizá meramente gramatical, cuando habla de medios de protección auditivos "susceptibles de utilizarse"; creo que deberíamos decir "de uso obligatorio". 
Además, existen actividades con distinta intensidad sonora en distintos momentos que es preciso contemplar y resolver. 
Señora ponente, me agrada lo que usted ha dicho acerca de la música. 
Todo esto, señora ponente, señor Presidente, debe hacerse desde la óptica de un empleo de calidad con los menores riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, y tal propósito exige una legislación clara en sus principios y en sus formulaciones. 
. (DA) Señor Presidente, dos cosas: En primer lugar, me gustaría decirle a la Comisión que celebro el respaldo obtenido por las enmiendas. 
Me disgusta un poco que la Comisión no piense lo mismo que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales con respecto a las enmiendas dos y cinco, porque precisamente éstas refuerzan el esfuerzo en materia de prevención, como traté de poner de relieve en mi intervención. 
Así que espero que la Comisión las reconsidere. 
Y quiero pedirle a la Comisión que nos eche una mano hoy respondiendo a las palabras del Sr. Bushill-Matthews y del Sr. Pronk. 
¿Podría la Comisión explicar a estos señores, en primer lugar, que existe también algo denominado desarrollo sostenible en materia de empleo, y que cuando decimos que nos gustaría contar con un buen medio laboral y con disposiciones adecuadas en materia sanitaria y de seguridad, hablamos de hecho de que queremos un mercado laboral sostenible, del que nadie se vea excluído. 
El Sr. Bushill-Matthews asimismo ha de darme la razón en que, a la larga, lo más sostenible económicamente es no tener a un montón de gente sentada en el? banquillo?. 
Y ahora que hablo de? banquillo? , quiero también volverme al Sr. Pronk y pedirle a la Comisión que me eche una mano. 
¿Podría la Comisión explicarle al Sr. Pronk de una vez por todas que las personas que juegan al fútbol o que acuden a un partido de fútbol no se verán afectados por esta directiva? 
Y quizá con ello podríamos cerrar de una vez por todas esta Asamblea a los cabilderos. 
Señora Diamantopoulou, ¿quiere usted hacer algún comentario? 
No. 
Muchas gracias. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
. Señor Presidente, me complace comunicar a esta Cámara que la Comisión ha decidido proponer al Consejo y al Parlamento un Reglamento relativo a la adopción de medidas jurídicas que permitan reaccionar contra la competencia desleal practicada por compañías aéreas de países terceros que se benefician de ayudas de Estado. 
La realidad es que todos hemos visto a lo largo de estos últimos meses cómo, debido a diversas circunstancias, compañías aéreas de terceros países han recibido cuantiosas subvenciones públicas que se han utilizado en muchos casos para rebajar las tarifas y hacer una competencia desleal en rutas donde competían con compañías aéreas de países de la Unión Europea. 
Ello ha provocado un vacío jurídico que ha colocado a nuestras compañías en una situación de desventaja frente a las compañías de esos países terceros. 
Para dotarnos de unos instrumentos que puedan permitirnos la defensa y el apoyo a nuestro sector aéreo, que es absolutamente estratégico para la Unión Europea, vamos a proponer y hoy hemos adoptado la propuesta de reglamento sobre prácticas predatorias en el marco de los servicios del transporte aéreo. 
En el terreno del transporte marítimo existe ya una reglamentación para luchar contra las tarifas que hacen competencia desleal y en otros ámbitos, como por ejemplo el de ayudas concedidas en el sector de los bienes manufacturados, disponemos de otros instrumentos. 
Todo ello, Señorías, por algo muy sencillo: porque el sector de los servicios aéreos no está contemplado dentro de los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial de Comercio. 
En ese sentido, se trata de establecer unas compensaciones que permitan evitar las ventajas que suponen para las compañías de estos países terceros la utilización de esas ayudas de Estado o esas ventajas no comerciales, en detrimento de nuestras compañías. 
Creo que es un reglamento equilibrado, que plantea- como podrán comprobar sus Señorías cuando hagan un análisis del mismo- una definición de cuáles son los principios, de qué significa garantizar una competencia leal, de qué se entiende por prácticas tarifarias desleales y se establece un procedimiento que garantiza que en ningún caso habrá ni sobrecompensación ni actuaciones indemnes. 
En ese sentido, a través de una queja o sencillamente de oficio, se plantea que la Comisión abra una investigación que permita determinar si existe o no una situación de deslealtad en las tarifas practicadas por compañías terceras, y, según esa situación, o bien hay un acuerdo con el país y con las compañías correspondientes o bien, si no, se pueden tomar medidas, tanto provisionales, durante 6 meses, como definitivas, hasta que no haya un cambio por parte de los países terceros y de las compañías correspondientes. 
Creo que es algo absolutamente necesario si queremos garantizar que de verdad vamos a impedir la competencia desleal y que nuestro sector aéreo se vea afectado por ayudas de Estado o ventajas no comerciales. 
Les ruego a todos los diputados que si es posible, y creo que es posible, sinteticen la pregunta o preguntas en un minuto. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, sólo quiero plantear de modo complementario dos preguntas a lo que ya ha dicho el colega Hatzidakis. 
Si exigimos nuevos instrumentos se nos preguntará: ¿qué hacemos con los instrumentos de que disponíamos hasta ahora y porqué no son suficientes? 
Por ello, quiero plantear dos preguntas adicionales. 
Primera: ¿no tenemos ya ahora la posibilidad de actuar contra Suiza? 
Pues creo que lo que ha hecho Suiza en la reestructuración de Swissair en Crossair, en Swiss Airlines o en otras cosas es claramente un caso de subvención. 
Aunque no se haya ratificado aún el contrato, existen sin duda posibilidades fuera del contrato de actuar contra Suiza. 
¿Cuándo lo va a hacer? 
Segundo: si procedemos hacia el exterior en contra de prácticas desleales en el dumping de los tickets, ¿nos puede decir qué es lo que piensa hacer próximamente en contra del dumping de precios dentro de la Unión Europea? 
Cada vez hay más casos en los que líneas aéreas realizan ofertas bajo sus propios costes sólo para conquistar el mercado. 
¿Se va a ocupar también de esto? 
Señor Presidente, tengo una pregunta muy breve para la Sra. Comisaria sobre la cuestión de la aportación de pruebas. 
¿Qué haría la Comisión si un país tercero no aporta la información necesaria para poder saber si participa o no en prácticas de competencia desleal? 
. Señor Presidente, seré muy breve. 
Es cierto que hay dos compañías- una de una manera más concreta y otra más genérica- que han planteado esta situación. 
Y que distintos ministros, en sus intervenciones en el último Consejo y en alguna carta que me han remitido, han manifestado su preocupación por la situación. 
Pero, insisto, aunque no hubiera quejas, con esta propuesta la Comisión podrá actuar de oficio. 
Respecto a los acuerdos transatlánticos, el problema es que, en este momento, no hay un acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, por ejemplo. 
Lo único que hay son acuerdos bilaterales entre Estados de la Unión, y en ellos no existen cláusulas que contemplen, en general, la resolución de estas situaciones de competencia desleal. 
En cuanto a los seguros, la situación, en principio, no ha cambiado. 
Seguimos manteniendo que el 31 de marzo se acaba la garantía especial de los Estados para los seguros por los nuevos riesgos relacionados con el terrorismo o con la guerra. 
Pero, no obstante, el Consejo de Transportes deberá ocuparse de esta cuestión y tener en cuenta qué es lo que hacen en Estados Unidos y en Japón, porque un mercado normal de los seguros no estará en marcha mientras no estén también en él Estados Unidos y Japón, y no participen sus compañías en el mismo. 
Agradezco a los Sres. Jarzembowski y Hatzidakis sus preguntas. 
Al Sr. Jarzembowski quiero decirle que, efectivamente, esta medida va en contra de cualquier país tercero que conceda unas ayudas de Estado que sean utilizadas por sus compañías para distorsionar la competencia y que, por lo tanto, favorezcan una competencia desleal. 
Respecto a Suiza, su señoría sabe muy bien que no ha entrado en vigor todavía el acuerdo de transportes, no por culpa de Suiza, sino por culpa de tres países de la Unión Europea que todavía no lo han ratificado. 
Y la realidad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación. 
En cualquier caso, también respecto de Suiza, necesitamos estar adecuadamente provistos desde el punto de vista jurídico. 
Contesto a la pregunta de la Sra. Foster respecto a las pruebas. 
Señoría, en todo este tipo de mecanismos hace falta que los Estados en cuestión aporten las pruebas. 
A veces los Estados terceros se resisten. 
Lo que se plantea es que, eventualmente, se puedan imponer unos derechos compensatorios, que tengan que pagar las compañías que estén practicando esa competencia desleal para compensar y evitar esa competencia desleal. 
Esos derechos se limitarán a la bajada artificial de precios, pero en ningún caso podrían suponer un coste añadido más allá de lo que es una tarifa razonable, que se define dentro del texto que debatimos. 
Se me ha olvidado contestar al Sr. Jarzembowski que estamos investigando la competencia desleal en el interior de la Unión Europea, cuando existe y, concretamente, en este momento estamos estudiando un problema asociado al uso de un aeropuerto que se encuentra en Bélgica. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero preguntarle qué influencia tienen las tasas de aeropuerto sobre estas prácticas. 
Señor Presidente, retiro lo que iba a preguntar porque ya lo han planteado los Sres. Hatzidakis y Jarzembowski. 
Agradezco a la Sra. Comisaria su Comunicación pero, me gustaría que me indicara qué entiende por práctica desleal, pues no me ha quedado claro. 
. Se produce una práctica desleal cuando una compañía aérea que ha recibido una ayuda de Estado en su país no utiliza dicha ayuda para cubrir cierto tipo de costes, sino para bajar artificialmente las tarifas en rutas donde está en competencia con compañías aéreas de la Unión Europea. 
En cuanto a la percepción de las tasas aeroportuarias, una manera de percibir esos derechos compensatorios, sería, efectivamente, el establecimiento de un sobrecargo en las tasas aeroportuarias. 
Muchas gracias, señora De Palacio. 
Este punto queda cerrado. 
Pregunta nº 34 formulada por José María Gil-Robles Gil-Delgado (H-0079/02): 
Asunto: Adopción internacional de niños rumanos 
¿Qué hace la Comisión y en especial su representante en Bucarest para que se lleve a cabo con diligencia la revisión de los expedientes de adopción internacional de niños que el Gobierno de Rumania paralizó hace más de nueve meses? 
¿Es consciente la Comisión de que esa paralización está produciendo graves perjuicios a centenares de familias comunitarias que tramitaron expedientes de adopción con todas las garantías exigibles y que han desembolsado elevadas sumas de dinero? 
¿Qué medidas piensa adoptar para proteger los derechos de esos ciudadanos? 
Señor Presidente, Señorías, la cuestión de la protección de los niños en Rumanía es uno de los puntos más importantes en la cooperación entre la Comisión y Rumanía. 
Se trata de un tema del que me ocupo personalmente y sin interrupción desde el comienzo de mi mandato. 
No hay ninguna duda de que en Rumanía han existido serios problemas en relación con la protección de los niños en los establecimientos estatales y también con el sistema de adopciones internacionales. 
Rumanía ha firmado el Convenio de la ONU sobre los derechos del niño y también el Acuerdo de la Haya sobre la protección de los niños. 
Los Estados firmantes del Acuerdo de la Haya han expresado con frecuencia junto con nosotros su preocupación ante el gobierno rumano pues existen fallos muy serios en las normas legales rumanas y en la práctica que se aplica en este país a la adopción. 
Señor diputado, tengo que decirle que yo mismo me he tenido que convencer de que en Rumanía se ha practicado con mucha frecuencia el comercio con niños- y esto es más o menos lo peor que hay- de que, por otro lado, naturalmente se realizan también adopciones totalmente correctas y de que entre el comercio con niños y las adopciones internacionales normales ha existido una gran zona opaca. 
Por ello, la Comisión ha presionado intensamente al gobierno rumano para lograr que se modifique totalmente todo el sistema, comenzando por las normas jurídicas hasta las instituciones, estructuras, los procedimientos, los procesos decisorios, todo. 
Nada en el sistema existente en Rumanía relacionado con las adopciones internacionales podía permanecer tal como es hasta ahora. 
Para garantizar que durante ese tiempo de reforma del sistema no se pueda producir ningún abuso con los niños, la Comisión se ha decidido a favor de establecer una moratoria para adopciones internacionales. 
Me alegra mucho que se haya logrado imponer esta moratoria con el actual gobierno rumano. 
No es la política de la Comisión impedir que tengan lugar adopciones internacionales. 
Muy por el contrario. 
La política de la Comisión es contribuir a que estas adopciones internacionales tengan lugar en un sistema que sea totalmente transparente, que se realicen según reglas internacionales claras y reconocidas y garantizar que ni en un solo caso sea posible el abuso de niños. 
Espero que en un plazo no demasiado largo se creen en Rumanía las correspondientes bases jurídicas y las condiciones administrativas para que pueda retornar a los sistemas normales de adopciones internacionales. 
Los casos a los que se refiere el Sr. diputado en su pregunta y que estaban ya en curso pero aún no decididos cuando se estableció la moratoria, son examinados por el gobierno rumano individualmente y si está totalmente claro que no existe ningún tipo de problemas con esas adopciones, el gobierno rumano tiene la posibilidad de no aplicar la moratoria en estos casos. 
Creo que esto contribuirá a solucionar el problema descrito por usted. 
Sin embargo, señor diputado, quiero decir de nuevo con toda claridad, aunque quizás esto no lo escuchen todos muy gustosamente, que entre la ponderación entre la protección de los niños en Rumanía y las necesidades de padres en los países que sea y que desearían tener un hijo adoptivo, nuestro primer interés debe ser siempre el de la protección de los niños. 
Creo que es defendible decir a las familias que quieren tener un hijo adoptivo que esperen aún unos meses antes de correr el riesgo de que se produzca en un único caso las prácticas de corrupción que existían en este país en lo referente a la protección de los niños. 
Señor Comisario, le he escuchado con todo el respeto que merece, pero le voy a hacer una pregunta complementaria: ¿por qué ayer, en el Consejo de Asociación con Rumania, la Comisión se ha opuesto a que dicho Consejo pidiese a las autoridades rumanas que, en el menor tiempo posible, dictasen esa legislación que llevan prometiendo para finales del año pasado? 
Estamos con la moratoria establecida desde junio de 2001; el Gobierno rumano ha declarado oficialmente que tal legislación estaría preparada para finales del año pasado; sin embargo, según mis noticias, ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, pero no se ha enviado al Parlamento y está todavía dando vueltas por ahí, en una órbita desconocida. 
Me extraña que la Comisión, cuyas intenciones ha expuesto muy bien el señor Comisario, no intente activar ese proceso. 
Estoy completamente de acuerdo en que lo primero es el bien de los niños, pero éste no se mejora retrasando la legislación que permite las adopciones internacionales, sino llevando adelante, con la mayor rapidez posible, esa legislación y no dejando a los niños mientras tanto en orfanatos. 
Señor diputado, lamento tener que constatar que no estamos de acuerdo en esta cuestión. 
En primer lugar, en lo que se refiere al Consejo de Asociación existía el pleno acuerdo entre los Estados miembros y la Comisión sobre lo que debíamos decir sobre este tema, también entre la Presidencia y la Comisión. 
No ha habido aquí contradicciones sino una posición común. 
En lo que se refiere a la cuestión básica, repito de nuevo: nuestra política es clara y unívoca. 
El interés de los niños está en primer plano. 
Mientras el sistema en Rumanía no ofrezca la garantía de que las adopciones internacionales transcurren según los estándares que necesitamos, estoy en contra de volver a abrir esta puerta y permitir sin limitaciones adopciones internacionales. 
Ya le he dicho que en los casos en los que ya estaban en marcha las adopciones antes de que entrase en vigor la moratoria son posibles autorizaciones de excepción. 
La Comisión está estrictamente en contra- repito- estrictamente en contra de que tengan de nuevo una oportunidad las prácticas corruptas que hemos visto allí. 
Repito que considero mejor decir a los padres que esperen hasta que tengamos un sistema que garantice absolutamente la protección delos niños que correr cualquier riesgo. 
Quisiera felicitar al Comisario Sr. Verheugen y a su gabinete por el constante interés y la atención que han demostrado con respecto a este importante asunto. 
¿Tiene conocimiento, señor Comisario, de que el 93% de la población rumana está en contra de la adopción internacional como solución para los niños abandonados de Rumania, al igual que el Gobierno de aquel país, y que la Iglesia Ortodoxa rumana, a la que pertenece el 89% de los ciudadanos, está totalmente en contra de esta práctica? 
¿Tiene conocimiento asimismo de que, desde hace algún tiempo, los pagos realizados por dichas familias españolas han ido destinados a familias adoptivas rumanas y que, por consiguiente, dichos niños no se encuentran oficialmente abandonados según los convenios internacionales y, en particular, la Convención de las Naciones Unidas, que ha sido ratificada por los gobiernos de todos los Estados miembros, incluido España, y que, en consecuencia, forma parte del acervo comunitario? 
Señora diputada, soy consciente de los problemas que me ha descrito y me permito aprovechar la ocasión para indicar que la actitud decidida y firme de la Comisión en la cuestión dela protección de los niños en Rumanía se debe no en último lugar a la presión permanente del Parlamento Europeo. 
Ha sido este Parlamento el que siempre ha exigido a la Comisión que no permitiese ningún compromiso en la cuestión de la protección de los niños rumanos y la Comisión sigue en esta línea. 
Coincido expresamente con la diputada Nicholson en que las adopciones internacionales no son sin duda el mejor de todos los instrumentos para garantizar la protección de los niños. 
Pero en el caso de Rumanía, estoy convencido que es un instrumento que en cualquier caso no se debe excluir. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Comisario Verheugen en que lo más importante en este tipo de casos es el bienestar de los niños rumanos. 
En segundo lugar, ya que el Comisario Verheugen pertenece a una Comisión que representa a los países de la Unión Europea, ¿ha adoptado la Comisión medidas para garantizar que, en el caso de que se produzcan adopciones internacionales por parte de ciudadanos de países comunitarios, en los países comunitarios receptores se ofrezcan garantías de que los niños rumanos tendrán el tratamiento que les corresponde de conformidad con el Derecho internacional, el Derecho comunitario y el Derecho nacional de los Estados miembros? 
Señor diputado, respecto al primera pregunta le puedo comunicar que la Comisión emplea desde hace años considerables recursos personales y financieros para mejorar los establecimientos rumanos encargados de la atención y cuidado de los niños. 
Creo que todos en esta Asamblea saben en qué estado catastrófico se encontraban estos establecimientos inmediatamente después de la revolución en Rumanía y también años después. 
Gracias a nuestra ayuda, poniendo también a disposición importantes créditos para la preadhesión, se ha logrado mejorar paso a paso la situación. 
Sin embargo, nos encontramos aún lejos de una situación que se pueda calificar de satisfactoria. 
Por ello, se va a proseguir intensamente con estas medidas. 
En lo que se refiere a la segunda pregunta, coincido expresamente con ella. 
Es exactamente el objetivo de nuestros esfuerzos garantizar en Rumanía junto con el gobierno rumano que el sistema dentro del cual son posibles las adopciones internacionales corresponda plenamente y sin ningún género de dudas a los estándares de la Unión Europea y del derecho internacional. 
Pregunta nº 35 formulada por Proinsias De Rossa (H-0097/02): 
Asunto: Tecnología química y de electrochoque 
Ante las preocupaciones manifestadas recientemente por la utilización de tecnología química y de electrochoque en casos de tortura y violación de los derechos humanos, ¿cuántas empresas que fabrican este tipo de dispositivos han recibido la marca de calidad CE? 
¿Qué proceso se sigue para la concesión de la marca CE a este tipo de productos? 
¿Se tiene en cuenta la cuestión ética de cómo se va a utilizar esta tecnología, así como la seguridad del usuario del producto? 
¿En qué investigación se basa la Comisión para decidir sobre la concesión de la marca de calidad? 
. 
(EN) La marca de calidad CE fue introducida en la legislación comunitaria mediante una decisión del Consejo de 1990 relativa a los modelos para las distintas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad, que yo me propuse que fuera utilizada en las directivas sobre homologación técnica, y por la directiva del Consejo de 1993. 
Esta última introdujo la marca CE en varias directivas sobre la homologación técnica sectorial. 
La marca de calidad CE debe aplicarse a cualquier producto que entre en el ámbito de una directiva sobre homologación técnica a condición de que la cumpla. 
Esto significa que el producto cumple los requisitos legalmente vinculantes de la directiva sobre homologación técnica en vigor. 
El fabricante es el responsable de aplicar la marca de calidad CE, aunque a menudo las directivas exigen la intervención de un organismo tercero de evaluación de la conformidad. 
Los Estados miembros son responsables de la designación de dichos organismos en virtud de las disposiciones de las directivas en vigor. 
Varios servicios de la Comisión son responsables de las directivas sobre homologación técnica previstas para la concesión de la marca de calidad CE, aunque la mayoría son competencia de la DG Empresas. 
No obstante, la Comisión no interviene directamente en el proceso de evaluación de la conformidad de los productos ni en la concesión de la marca de calidad CE. 
Todos los fabricantes de armas paralizantes entran en este ámbito de las directivas sobre homologación técnica, que establecen que la marca de calidad CE debe aplicarse a los productos correspondientes. 
La Comisión no dispone de información sobre el número de fabricantes afectados. 
La Comisión ya respondió a este asunto en 1997. La pregunta fue formulada entonces por la Sra. Wemheuer. 
La Comisión hizo entonces referencia a una amplia variedad de instrumentos que, en potencia, podrían ser utilizados con fines de tortura. 
Por otra parte, no siempre es posible determinar por adelantado la utilización que se hará de dicho instrumento. 
Por consiguiente, soy de la opinión de que no es viable aplicar un trato diferente, en el contexto de estas directivas, a aparatos que, en potencia, podrían ser utilizados como instrumentos de tortura. 
No obstante, y teniendo en cuenta las preocupaciones de su Señoría, la Comisión, y más especialmente la Dirección General de Asuntos Exteriores, está preparando actualmente una propuesta de Reglamento del Consejo relativo al comercio de aparatos que pueden ser utilizados para la tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. 
El objetivo de dicho reglamento es, entre otros, imponer controles sobre las exportaciones de aparatos que puedan ser utilizados con estos fines en un país tercero y que, en principio, incluyen los dispositivos de electrochoque. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta y acojo con satisfacción la propuesta de elaborar un nuevo reglamento. 
¿Podría indicarme cuándo espera que dicho reglamento entre en vigor? 
¿No estaría también dispuesto a reconocer que, a pesar de que evidentemente existen aparatos que pueden o no ser utilizados para la tortura, las armas paralizantes son fabricadas expresamente para causar dolor a la persona contra la que se utiliza; que con un arma paralizante o un cinturón paralizante, que también se utilizan, se puede someter a una persona a una descarga de hasta 50.000 voltios; y que no es adecuado que un aparato de estas características, que es comercializado por los fabricantes de estas armas de tortura, lleve la marca de calidad CE como signo de aprobación de la UE de estos instrumentos de tortura? 
. 
(EN) Puedo informar a su Señoría que transmitiré la pregunta del calendario a mi colega, Sr. Patten. 
Respecto a las otras preguntas, un reciente informe de Amnistía Internacional afirma que la policía y el personal penitenciario de la Unión Europea no utiliza armas paralizantes con fines de tortura ni de malos tratos. 
Estas armas se utilizan para autodefensa y no para controlar manifestaciones. 
Los otros temas que ha planteado deben ser revisados en el contexto de este reglamento. 
Estaré dispuesto a informar al Parlamento cuando haya obtenido más información de mi colega y de su departamento. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión ha presentado una protesta al Embajador nigeriano en Bruselas respecto a este caso, y el Presidente Prodi ha apelado directamente al Presidente Obasanjo para que intervenga. 
La Delegación de la Comisión en Abuja también sigue de cerca los acontecimientos. 
La acusada ha presentado una apelación y será oída el 18 de marzo de 2002. 
Mientras tanto, el Tribunal de apelación islámico de Sokoto ha suspendido la sentencia. 
La Unión Europea está rotundamente en contra de la pena de muerte. 
Con vistas a alcanzar el principal objetivo de abolir la pena capital allí donde aún existe, la UE hace un llamamiento en favor de que su aplicación se restrinja progresivamente y se respete un mínimo de condiciones. 
La UE también está presionando en favor de que se introduzca una moratoria allí donde incumba. 
La Troika presentó recientemente una protesta sobre la aplicación de la pena de muerte en Nigeria. 
La Comisión intenta que se ponga fin a la práctica de ejecuciones públicas y especialmente crueles que se realizan en algunos países islámicos. 
En el caso de Nigeria, la Comisión presionará a través del Acuerdo de Cotonú, del que dos de sus condiciones fundamentales son el respeto de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. 
Allí donde estas condiciones no se cumplan, el Acuerdo prevé un proceso de diálogo político entre las autoridades nacionales y la Comisión. 
La estrategia de apoyo sobre Nigeria ha identificado el reforzamiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos como ámbitos que exigen acción, y en breve se presentarán los programas correspondientes, incluidos programas para mejorar la situación de las mujeres. 
Asimismo, dentro del marco del presupuesto comunitario, la Iniciativa Europea por la Democracia y los Derechos Humanos incluye a Nigeria como "país con derecho a beneficiarse". 
Nigeria es un país idóneo para recibir apoyo en el ámbito de la buena gobernanza y esto tendrá repercusiones positivas sobre la situación de las mujeres, para lo que se fomentará entre ellas la concienciación de sus derechos legales. 
Actualmente hay un proyecto en curso para reforzar la sociedad civil, especialmente en el norte de Nigeria. 
Deseo agradecer al Sr. Comisario su respuesta. 
Es un momento delicado, cuando está en marcha una apelación, para plantear asuntos emotivos y comprendo lo difícil que debe resultarle, señor Comisario, hacer una exposición completa de las acciones que emprenderá la Comisión en el futuro si se impusiera la pena de muerte. 
No obstante, permítame aprovechar esta oportunidad para asegurar que, gracias a los buenos oficios de la Comisión, y haciendo uso de los Acuerdos de asociación que tenemos con Nigeria, habrá un mayor entendimiento, no sólo del respeto de los derechos humanos, sino también de nuestro absoluto rechazo a la pena de muerte de cualquier forma, ya sea en la silla eléctrica, la lapidación o cualquier otro método. 
Mis sentimientos son igual de firmes con respecto a los Estados Unidos que a Nigeria o cualquier otro país del mundo que continúe aplicando la pena de muerte. 
Si fuera posible, ¿podría la Comisión poner a disposición recursos para garantizar que esta mujer obtiene la representación legal necesaria que le garantice una audición justa y que se utilizarán todos los recursos posibles para salvar su vida? 
. 
(EN) Los esfuerzos por incrementar la conciencia sobre los derechos de las personas dentro del marco de la ley Sharya forman parte de nuestro trabajo, especialmente en relación con la situación de las mujeres. 
En Nigeria, estamos destinando la mayor parte de nuestra cooperación al desarrollo a nivel estatal a una serie de Estados. 
Esto nos permite acercarnos más a las autoridades, y también, en algunos casos, nos acerca más a algunos de los Estados en los que se ha venido aplicando la ley Sharya. 
Estamos intentando situarnos en una posición que nos permita celebrar conversaciones significativas. 
El tema más amplio de la pena de muerte está muy claro. 
Es un problema mundial y estoy seguro de que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. 
Por último, permítame añadir que agradezco mucho el enfoque de su Señoría y su tono, habida cuenta de que nos encontramos una fase delicada del caso en cuestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, le estoy muy agradecida por su respuesta y me siento aliviada por la rápida intervención con que la Comisión ha reaccionado en este asunto. 
El castigo sentenciado para esta mujer se basaba en la ley islámica. 
Era una mujer soltera que se quedó embarazada, y todo apunta a que se trató de una violación. 
Pero, en mi opinión, no se trata sólo de la situación de la mujer, sino de pretensiones políticas de poder en las que el Islam es usado en Nigeria para agitar al pueblo y para engendrar enfrentamientos sin base real, tal y como ya he informado a la Comisión en mis preguntas precedentes por escrito. 
Ahora quisiera preguntar si la Comisión ha considerado la utilización de instrumentos que, en coordinación con nuestra política de ayuda al desarrollo, puedan servir para frenar esta creciente manipulación de las tensiones religiosas. 
. 
(EN) Ése será, en cualquier caso, el tema del análisis de lo que podemos hacer. 
Me gustaría advertir, sin embargo, en contra de la percepción de que nuestras actividades de cooperación al desarrollo con un país determinado nos permita influir profundamente en acontecimientos de este tipo. 
La introducción de la ley Sharya en varios Estados del norte de Nigeria es un proceso complejo y altamente político con raíces locales. 
Tenemos un marco de valores compartidos, como se expresa en el Acuerdo de Cotonú. 
Eso es lo que podemos discutir e intentar conseguir con el Gobierno de Nigeria. 
Éste caso no es fácil, pero es un caso en el que la gran alarma social que ha despertado y la opinión pública internacional pueden realmente ser de utilidad. 
Nosotros en la Comisión haremos lo que podamos para contribuir a ejercer presión. 
Pregunta nº 37 formulada por Karin Riis-Jørgensen (H-0148/02): 
Asunto: Ofertas públicas de adquisición 
¿Cree la Comisión que, si la UE establece una norma ("breakthrough rule") que eliminase en la práctica los derechos de voto múltiples del accionista en el caso de producirse una oferta de adquisición, como propone el Grupo de expertos de alto nivel en derecho de sociedades, las empresas europeas tendrían menos incentivos para cotizar en bolsa y se frenaría el desarrollo de un mercado de renta variable eficiente? 
¿Considera la Comisión que supondría una pérdida para los accionistas con derechos de voto múltiples si la UE introdujese una norma que eliminase en la práctica los derechos de voto múltiples del accionista en caso de producirse ofertas de adquisición, como propone el Grupo de expertos de alto nivel en derecho de sociedades? 
. 
(EN) La Comisión desea expresar su agradecimiento a su Señoría por sus preguntas y su interés en el trabajo de la Comisión en lo que respecta a las ofertas públicas de adquisición. 
No obstante, aún es un poco pronto para que la Comisión ofrezca respuestas definitivas a estas preguntas. 
La Comisión ha lanzado un examen exhaustivo de las recomendaciones realizadas por el Grupo de expertos de alto nivel en derecho de sociedades en relación con las ofertas públicas de adquisición y ha consultado a las partes interesadas para poder decidir si dichas recomendaciones pueden ser incluidas y en qué condiciones en una nueva propuesta de directiva. 
La Comisión tiene conocimiento de las críticas presentadas por algunos Estados miembros en relación con la recomendación específica relativa a los derechos de voto múltiples y la posible pérdida de determinados derechos después de haber hecho una oferta pública de adquisición a través del mecanismo de "breakthrough". 
La Comisión no escatimará esfuerzos, siempre que sea posible, para tener en cuenta las distintas opiniones expresadas durante esta fase de consultas informales a todas las partes interesadas. 
Lamento no poder decir nada más en estos momentos, pero no tenga ninguna duda, señora Riis-Jörgensen, de que la comisión de la que su Señoría es miembro y yo iniciaremos un diálogo tan pronto como se haya formulado una propuesta más concreta. 
Asimismo me gustaría pedirle, señora Riis-Jörgensen, que contenga su impaciencia hasta entonces. 
Señor Comisario Bolkestein, las mujeres no tenemos mucha paciencia, pero intentaré ser paciente y esperar hasta que usted presente propuestas que, ojalá, establezcan un equilibrio entre todos los intereses a los que usted ha mencionado. 
Espero con interés que se produzca un debate a fondo y que haya cooperación. 
Muchas gracias por su amabilidad, Sra. Riis-Jørgensen. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Preguntas dirigidas al Sr. Lamy 
Pregunta nº 38 formulada por Paul Rübig (H-0135/02): 
Asunto: Repercusiones del sistema de solución de diferencias de la OMC sobre las PYME 
En el apartado 39 del informe del Parlamento Europeo sobre la apertura y la democracia en el comercio internacional, aprobado en octubre del año pasado, los diputados expresan su preocupación por las consecuencias graves e inmediatas de algunos casos de solución de diferencias de la OMC sobre empresas en toda Europa (en particular PYME). 
El Parlamento pedía a la Comisión que adoptase medidas concretas, tanto a nivel interno como en el marco de la OMC, para brindar a estas empresas la posibilidad jurídica de lograr una compensación. 
De entre estas medidas concretas, ¿cuáles son las que la Comisión ha adoptado hasta la fecha? 
¿Cuáles son las que tiene previsto adoptar? ¿Qué piensa la Comisión de la petición de que las sanciones arancelarias de la OMC corran a cargo de los presupuestos generales de los Estados miembros de la OMC y no de los empresarios privados? 
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(FR) La pregunta se refiere a las repercusiones del sistema de solución de diferencias de la OMC sobre las PYME. 
Como usted sabe, el sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para garantizar la seguridad y la previsibilidad del sistema comercial multilateral. 
La suspensión de concesiones comerciales, que a veces se denomina incorrectamente sanción, no es más que el último recurso para un Estado que invoca el sistema de solución de diferencias en el supuesto en que el Estado culpable no haya regularizado su situación bien cumpliendo los acuerdos, bien acatando las decisiones del sistema de solución de diferencias de la OMC. 
Desde nuestro punto de vista, el beneficio principal que este sistema le aporta a las empresas europeas, incluidas las PYME, es que ejerce mucha presión a favor del respeto a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. 
Esta presión es la principal ventaja para nuestras empresas, y por tanto también para las PYME. 
Sin duda, existen casos en los que no se respetan los acuerdos internacionales. 
Naturalmente, estos casos deben ser excepcionales. 
Aquí, pensamos que la compensación debe prevalecer sobre la retirada de concesiones comerciales, ya que, en el marco de la OMC, la compensación- medida voluntaria aceptada por el Estado demandante- es una opción más interesante. 
Además, esta medida es sólo temporal. 
En caso contrario, la seguridad y la previsibilidad del sistema se verían perjudicadas. 
Pongamos dos ejemplos: por una parte, en el caso del buey con hormonas, es cierto que hemos perdido una posibilidad de negocio en la OMC. 
La Comisión presentó una propuesta de directiva en 2000. 
Nosotros, por cierto, y lo digo en este foro, esperamos que los co-legisladores muestren verdadero interés por el asunto. 
Lamentamos que, hasta la fecha, no haya sido así. 
Mientras tanto, estamos negociando con los Estados Unidos una solución provisional que, a grandes rasgos, consistiría en permitirles exportar más carne sin hormonas. 
He aquí un caso en el que, de forma temporal, las compensaciones pueden permitir llegar a una solución. 
Por otra parte, en el marco de la reforma del sistema de solución de diferencias, acabamos de presentar una propuesta ante la OMC destinada a facilitar el recurso a la compensación como alternativa real a las medidas de represalias comerciales. 
Esto, señor Rübig, es lo que puedo contestarle sobre la solución que alguna vez se ha contemplado de crear, eventualmente, un sistema punitivo supranacional como este a escala de la OMC. 
Nosotros no creemos en él. 
Supondría un cambio fundamental en las relaciones internacionales. 
Por ello, a estas alturas, la opción de la multa internacional no nos parece la más adecuada, aunque sólo sea porque no permite responder a la pregunta de qué medios coercitivos hay que utilizar para obligar a alguien a pagar una multa que intenta evitar. 
Por oposición, preferimos el sistema actual y el sistema de compensación. 
Este sistema de compensación, y ya termino, sigue siendo provisional, puesto que el objetivo último de cualquier sistema disciplinario que pretende imponer una disciplina es obligar al Estado que ha incumplido a entrar en vereda. 
Este es el principio que no debemos perder de vista. 
Señor Presidente, señor Comisario, todos sabemos que las sanciones arancelarias que se imponen son un instrumento muy fuerte pudiendo poner en peligro la existencia de empresas. 
De ahí mi pregunta: ¿qué método puede imaginarse para el futuro para que en caso de litigios los daños no repercutan sobre empresas concretas? 
¿Sería imaginable una posibilidad de compensación, de deducciones fiscales u otras variantes para que la empresa concreta no tenga que soportar las medidas subsiguientes de un mecanismo litigioso? 
Muchos de los problemas que afectan a las partes agraviadas en diferencias comerciales, especialmente las PYME que disponen de recursos limitados, tienen su origen en el tiempo que tarda la OMC en emitir sus dictámenes- a menudo meses, cuando no años. 
No hay ninguna duda de que éste será el caso con la nueva disputa con los estadounidenses por el acero. 
Pero en vez de conceder una compensación, que probablemente llegaría demasiado tarde para impedir que la empresa afectada vaya a la quiebra, ¿no sería mejor que la OMC tuviera un sistema de amonestaciones temporales por el que se exija la suspensión de dichas acciones sobre la base de pruebas de prima facie de acción ilegal hasta que puedan tomarse decisiones permanentes? 
¿Estaría, señor Comisario, a favor de un sistema semejante? 
En caso afirmativo, ¿podría indicar cómo podría procederse para su aplicación? 
Muchas gracias, señor Lamy, por su cooperación. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Wallström 
Pregunta nº 39 formulada por Mihail Papayannakis (H-0062/02): 
Asunto: Envases y residuos de envases 
¿Podría indicar la Comisión si Grecia ha notificado- y cuándo- las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 94/62/CE 
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(EN) Señor Presidente, en 1996 se inició un procedimiento de infracción contra Grecia en relación con la no transposición por parte de las autoridades griegas de la Directiva 94/62 sobre legislación internacional relativa a los envases y residuos de envases. 
En julio de 1998, la Comisión recibió de las autoridades griegas notificación sobre un proyecto de ley por la que se transpondría la Directiva 94/62. 
No obstante, dicho proyecto de ley no fue adoptado inmediatamente en la legislación griega y, en consecuencia, la transposición no se produjo realmente en 1998. 
El 13 de abril de 2000, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condenó a Grecia por la no transposición de la Directiva 94/62. 
El 2 de mayo de 2000, la Comisión solicitó información a las autoridades griegas en relación con las medidas adoptadas con vistas a cumplir el dictamen del Tribunal de Justicia, pero no se facilitó ninguna información. 
El procedimiento derivado del artículo 228 se inició contra Grecia el 8 de noviembre de 2000 y el 10 de abril de 2001 se remitió a Grecia una opinión motivada. 
El 2 de agosto de 2001, Grecia aprobó la Ley 2939/2001, transponiendo así la Directiva nº 94/62 en la legislación nacional griega. 
La Comisión recibió notificación de esta ley de las autoridades griegas el 26 de septiembre de 2001. 
Esta ley ha incorporado satisfactoriamente las observaciones de la Comisión relativas al texto de notificación transmitido a la Comisión en 1998 y el procedimiento contra Grecia, en virtud del artículo 228 relativo a la transposición de la Directiva 94/62, quedó cerrado el 20 de diciembre de 2001. 
Señora Comisaria, muchas gracias por la información que me ha dado, completa y llena fechas y de números. 
Ahora queda lo siguiente: ¿cuándo van a empezar a aplicar lo que prevén la directiva y la ley que nos refiere? 
Se lo pregunto porque se ha dado una unión de circunstancias muy mala: ayer y anteayer tuvimos lluvias muy fuertes en Atenas junto con la huelga de los barrenderos, y el volumen tremendo de basuras, que es el objetivo de esta directiva, atascó todas las alcantarillas y se inundó la ciudad. 
¿Puede decirme que prevé, aparte de la introducción formal de la ley? 
Porque creo que hay plazos. 
¿Podría decirme cuál es su apreciación? 
¿Aproximadamente cuándo vamos a tener una reducción de las basuras y otro tipo de política, reciclaje, reutilización, etc.? 
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(EN) El Gobierno griego debería haber comenzado ya a aplicar la directiva, por lo que espero que ésta haya sido ya debidamente transpuesta y que el Gobierno griego haya adoptado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la directiva en vigor. 
Pregunta nº 40 formulada por Glyn Ford (H-0092/02): 
Asunto: Directiva marco en el ámbito de la política de aguas 
Según la nueva Directiva 2000/60/CE 
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(EN) La directiva marco en el ámbito de la política de aguas establece el objetivo de que todas las aguas de la Unión Europea tengan una buena calidad ecológica. 
Abordará todas las causas de contaminación relevantes, incluidas las actividades industriales. 
Como herramienta para alcanzar este objetivo, la directiva seguirá un enfoque combinado de los controles de emisión ocupándose de la contaminación en su origen y de los niveles de calidad de las aguas que deben alcanzarse en ese cuerpo de agua en particular. 
Como complemento de la legislación comunitaria en vigor en materia de las principales causas de contaminación, como vertidos de aguas residuales urbanas, contaminación de la agricultura y repercusiones de grandes instalaciones industriales, la Directiva marco en el ámbito de la política de aguas prevé controles sobre las emisiones de sustancias especialmente peligrosas y de los niveles de calidad de las aguas a escala comunitaria. 
Las propuestas de la Comisión al Parlamento y al Consejo en este sentido deberán ser presentadas a más tardar en diciembre de 2003, en las que se tendrá en cuenta asimismo la relación coste-eficacia y la proporcionalidad. 
La participación de todos los interesados será uno de los elementos fundamentales de la directiva. 
Esto se logrará con la participación obligatoria del público en el desarrollo y la adopción de los necesarios planes de gestión de las cuencas fluviales, pero también con amplios procesos participativos a nivel de la UE, lo que facilitará la aplicación de la directiva. 
Este proceso pretende garantizar la contribución y participación de todas las partes interesadas y afectadas. 
Por otra parte, los esfuerzos comunitarios de investigación en virtud del Sexto Programa marco apoyará la aplicación de la directiva, al igual que lo hará el instrumento financiero LIFE en el ámbito de técnicas y métodos innovadores e integrados. 
Aparte de estas medidas, el Tratado establece una orientación clara en lo relativo a la financiación de la política comunitaria en materia de medio ambiente, que, por lo general, correrá a cargo de los Estados miembros. 
Respecto a las ayudas estatales, la Comisión no tiene intención de proponer ningún cambio. 
Me siento algo decepcionado con la respuesta de la Sra. Comisaria. 
A pesar de que estoy completamente a favor de una legislación firme, eficaz y presupuestada para imponer mejoras de las normas medioambientales por las que se rigen la calidad de las aguas y otros asuntos, y a favor también de la necesaria vigilancia de dicha legislación, también me gustaría que este enfoque del palo fuera unido, por así decirlo, a algunas zanahorias. 
En mi región- y en particular en Cornwall, que es una zona de Objetivo 1- tenemos un gran número de pequeñas y medianas empresas a las que les resultará muy difícil cumplir esta legislación. 
Me gustaría que se introdujeran incentivos o recompensas de carácter económico que permitan a dichas empresas poner fin a la contaminación de las aguas. 
Si nos limitamos, por así decirlo, al enfoque del palo sin ninguna zanahoria, me temo que nos resultará más difícil alcanzar los niveles mencionados y, al mismo tiempo, incrementaremos el sufrimiento de algunas de estas empresas muy pequeñas situadas en el condado del Reino Unido más golpeado por la destrucción de empleos, al tiempo que destinamos importes considerables para intentar crear puestos de trabajo en la zona. 
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(EN) Señor Ford, ojalá dispusiera de más zanahorias y de más fondos para dotarnos de un incentivo financiero, pero no dispongo de esos fondos, y en realidad son los Estados miembros los responsables de hacer un seguimiento y de garantizar la creación del tipo de instrumentos directores de financiación y el tipo de incentivos financieros que aquí se necesitan. 
Ésta es la única respuesta que puedo darle, aparte de repetir que disponemos de algunos fondos, como LIFE, para la financiación e investigación de proyectos. 
Pero no podemos ir a todos y cada uno de los Estados miembros y crear dichos incentivos. 
Eso deberá seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros. 
Tengo una pregunta muy concreta: ¿cuándo va a cumplir con las normas legales el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Bruselas? 
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(EN) Esperamos desde hace mucho tiempo que se ejecute el plan de tratamiento de las aguas residuales en Bruselas y, como su Señoría sabrá, hemos iniciado procedimientos de infracción contra Bélgica por este motivo. 
Según las últimas noticias que he recibido, debería estar listo antes de 2006. 
Pregunta nº 41 formulada por Nuala Ahern (H-0093/02): 
Asunto: Evaluación de las emisiones radiactivas de Sellafield y Cap de la Hague 
¿Ha efectuado ya la Comisión una evaluación y, en caso negativo, va a iniciar una evaluación comparativa inmediata de los detalles de las emisiones y efluentes radiactivos liberados respectivamente por la planta de reprocesamiento de residuos y combustibles nucleares de Sellafield, operada por BNFL en el Reino Unido, y por la planta de reprocesamiento de residuos y combustibles nucleares de La Hague, operada por COGEMA en Francia, tal como se publicó en el Informe de protección radiológica 127 de la Comisión, Efluentes radiactivos de las centrales nucleares y de las plantas de reprocesamiento de combustibles nucleares en la Unión Europea, 1995-1999, y en el informe preparado para el Programa de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas del Parlamento Europeo (STOA) sobre "Posibles efectos tóxicos de las plantas de reprocesamiento nuclear de Sellafield (Reino Unido) y Cap de la Hague (Francia )", publicados respectivamente en diciembre de 2001 y noviembre de 2001? 
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(EN) Señor Presidente, hoy llevo mi bufanda irlandesa. 
En respuesta a la pregunta, la Comisión ha comparado los dos informes siguientes: su propio Informe de protección radiológica 127 (Efluentes radiactivos de las centrales nucleares y de las plantas de reprocesamiento de combustibles nucleares en la Unión Europea, 1995-1999) , publicado en diciembre de 2001; y el denominado informe WISE, preparado para el Programa de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas del Parlamento Europeo (STOA) , sobre "Posibles efectos tóxicos de las plantas de reprocesamiento nuclear de Sellafield (Reino Unido) y Cap de la Hague (Francia )", publicados en noviembre de 2001. 
En particular, la Comisión comparó los informes sobre los efluentes radiactivos de las centrales de Sellafield y La Hague. 
La Comisión puede confirmar que los datos presentados en ambos documentos eran coherentes. 
La diferencia entre ambos documentos radica en el hecho de que el documento de la Comisión sólo recoge los datos de emisiones, mientras que el informe WISE presenta un análisis de las repercusiones de dichas emisiones sobre la salud humana y el medio ambiente. 
Un análisis separado de los datos de la Comisión Europea, realizado en nombre, está ahora a disposición en el sitio web Europa, y me encargaré de que le llegue una copia a su Señoría. 
Para poder obtener una imagen más completa de las repercusiones de todas las emisiones históricas en el medio ambiente marino del norte de Europa, la Comisión Europea lanzó en 2000 el denominado estudio Marina II, que quedará terminado este verano. 
Este estudio proporcionará información detallada adicional sobre las emisiones radiactivas y las concentraciones de actividades resultantes. 
Asimismo, hará una evaluación de sus niveles en las aguas marinas del norte de Europa y de sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. 
Gracias por su respuesta, señora Comisaria. 
Estoy informada sobre el estudio Marina. Siento un gran interés por conocer sus resultados. 
Aunque aún deberemos esperar algún tiempo, como usted ha dicho. 
No obstante, me gustaría preguntar, en base a esto y a la evaluación que la Comisión ya ha realizado, qué medidas adicionales recomendará la Sra. Comisaria con vistas a controlar las emisiones continuadas de radionuclidos de Sellafield y La Hague. 
Se trata de las mayores emisiones radiactivas y de contaminantes provocadas por el hombre, y no sólo contaminan los Estados miembros de la UE, sino que migran por todo el planeta. 
De hecho, Noruega ha presentado quejas, en particular, porque están afectando a los caladeros del Ártico. ¿Qué recomendaría usted a raíz de esta evaluación y de los futuros estudios? 
Usted ha visitado recientemente Irlanda- lleva su bufanda irlandesa, y ha manifestado su preocupación por las emisiones de Sellafield. 
Nosotros también disponemos del reciente informe RPII, que le recomendaría a la Comisión que estudiase. 
Usted instó al Gobierno irlandés a que defendiera la causa a nivel de la UE en vez de limitarse a recurrir a la OSPAR. 
Yo también he presentado una queja. 
Quiero pedirle que estudie detenidamente esta cuestión. 
Yo me he visto obligada a contratar los servicios de un abogado para verificar el hecho de que este asunto no ha sido tratado de manera responsable durante los últimos años. 
Asimismo, recientemente un funcionario de la Comisión, Sr. Curry, ha abandonado su cargo para pasar a formar parte del consejo de administración de la BNFL. 
¿Ha reconocido la Comisión que en este caso no existe conflicto de intereses? 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera decir a la Sra. Ahern que el objetivo general radica en cumplir el compromiso de la OSPAR, cuyo propósito es alcanzar una reducción sustancial de las emisiones antes de 2020. 
La Comisión se ha comprometido a ayudar a la OSPAR a alcanzar dicho objetivo y los Estados miembros le ayudarán con este mismo fin. 
Naturalmente, la Comisión sigue de cerca la marcha de los acontecimientos. 
Ése es nuestro deber, pero hasta que el estudio Marina no esté completo, no dispondremos de una base sólida y de una plataforma, una evaluación científica de la situación que nos permita juzgar qué es exactamente lo que deberíamos hacer y, en caso necesario, adoptar las medidas necesarias para contribuir a la reducción de las emisiones. 
Por lo tanto, tan pronto como el estudio Marina esté terminado, tendremos una nueva oportunidad de hacer balance y de decidir sobre las medidas a adoptar. 
Me he enterado por los medios de comunicación que el Sr. Curry ha obtenido un cargo en el consejo de administración de la BNFL. 
Habida cuenta de que, que sepamos, el Sr. Curry no se había puesto en contacto con nosotros previamente para notificarnos este nuevo nombramiento, la Dirección General de Personal y Administración le ha enviado una carta en la que le pide que aclare su situación y le recuerda sus obligaciones en virtud del Estatuto. 
Esperamos recibir su respuesta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me interesaría saber en base a qué normas jurídicas y directrices técnicas tiene lugar la evaluación de las radiaciones radiactivas. 
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(EN) Recurrimos a nuestros servicios jurídicos para que nos ayuden en nuestras obligaciones en relación con los convenios internacionales y las normas básicas de seguridad que la Comisión tiene el deber de establecer. 
También recurrimos a expertos y disponemos de comités de expertos que incluyen a representantes y expertos de todos los Estados miembros. 
Basamos nuestra actuación en los mejores conocimientos científicos disponibles. 
Pregunta nº 42 formulada por Pernille Frahm (H-0100/02): 
Asunto: Ignífugos bromados 
Teniendo en cuenta que según estudios recientes (p.ej. del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia) , se han encontrado altas concentraciones de ignífugos bromados en peces y en la leche materna, ¿tomará la Comisión alguna medida para prohibir totalmente la utilización de estas sustancias? 
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(EN) Recientes estudios del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia han encontrado concentraciones del ignífugo bromado éter de pentabromodifenilo (pentaBDE) en peces de agua dulce. 
Anteriores estudios han demostrado que el pentaBDE también se encuentra en la leche materna. 
Se trata del ignífugo bromado perteneciente a un grupo de diez sustancias químicas conocido como los éteres difenílicos polibromados. 
Existen en el mercado tres materiales ignífugos con éter difenílico polibromado. Éstos son: el pentaBDE, el octaBDE y el decaBDE. 
El pentaBDE se emplea casi exclusivamente como ignífugo en espumas de poliuretano, como las que se utilizan en las tapicerías de automóviles y en muebles para el hogar. 
Actualmente existe una propuesta sobre la prohibición de pentaBDE a partir del 1 de julio de 2003. 
Uno de los principales usos que se hace del octaBDE es como material ignífugo en plásticos de acrilonitrilobutadienoestireno, mientras que el decaEBD es el ignífugo elegido en el poliestireno de alta resistencia al impacto. 
Estos plásticos se emplean en moldes, por ejemplo, las carcasas de ordenadores y para embalaje de aparatos electrónicos. 
Debido, en parte, a la presencia de ignífugos bromados, incluidos el octaBDE y el decaBDE, en aparatos eléctricos y electrónicos, la Comisión ha propuesto a los Estados miembros que establezcan planes de recogida por separado y garanticen un tratamiento, una recuperación y una eliminación adecuados de dichos aparatos. 
Por otra parte, en una propuesta paralela, la Comisión ha pedido que se prohíba la utilización de los bifenilos polibromados y los éteres difenílicos polibromados en aparatos eléctricos y electrónicos a partir del 1 de enero de 2008. 
La posición común adoptada por el Consejo el 4 de diciembre de 2001 adelanta esta fecha al 1 de enero de 2007. 
El octaBDE y el decaBDE están siendo objeto actualmente de una evaluación de riesgos en el ámbito del Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes. 
Medidas de reducción de riesgos, además de las mencionadas más arriba, pueden ser propuestas en un futuro si se estimara oportuno. 
Señor Presidente, le doy las gracias por la respuesta y por la atención recibida. 
Sin embargo, me acuerdo de cuando no nos decidíamos a la sustitución del amianto; lo que en realidad nos puso en marcha fue querer prohibir la sustancia. 
Puedo entender ahora que se quiera hacer recogidas, seguro que también es muy bonito. 
Sin embargo, no se trata sólo de una cuestión de qué pasa con el material una vez agotado, sino también de qué pasa con el material mientras esté en condiciones de uso. 
Que de hecho, en uso desprende sustancias que absorbemos, por un lado, en la sangre, por otro lado, en nuestra capa de grasa y por último, en la leche materna. 
Preguntamos si, ahora que se ha hecho un estudio que indica la existencia del flamehaeme bromado en cantidades cuarenta veces superiores en la leche materna, como se indicara al principio, no sería una buena idea elaborar un plan a largo plazo de cuándo podríamos prohibirlo también en las dos ediciones anteriormente mencionadas sobre las que me abstendré de pronunciarme. 
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(SV) No estoy de acuerdo. 
Los productos ignífugos pertenecen a las sustancias que tenemos que controlar, pero no basta con esto. 
Uno de estos productos ignífugos está prohibido y los otros dos han sido evaluados desde el punto de vista de los riesgos. 
Dentro de algunas semanas o dentro de algunos meses deberíamos decidir el próximo paso. 
No hemos descartado hacer nuevas prohibiciones, pero queremos tener la oportunidad de ver qué se necesita hacer teniendo como fundamento esas evaluaciones. 
No descartamos adoptar medidas para hacer algo con estas sustancias que, como se ha dicho, se acumulan en la naturaleza. 
Además, habrá que conseguir que se reciclen o se recojan los antiguos materiales. 
Hay que controlar dónde existen estas sustancias. 
Señora Comisaria, ¿sabe si hay algún Estado miembro en el que se piense seriamente prohibir estos ignífugos bromados o si quizás ya se han prohibido? 
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Me consta que se discute en el país que mejor conozco, pero sé que también se hace en otros. 
En reiteradas oportunidades se ha destacado esta materia y también se ha discutido en el Consejo de Medio Ambiente. 
El interés es muy grande. 
Creo que estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas para controlar el uso de esas peligrosas sustancias y en que, tan rápido como sea posible, hay que reemplazarlas por otras que no sean nocivas. 
Las evaluaciones y estudios sobre los riesgos nos permitirán hacerlo. 
Pregunta nº 43 formulada por Patricia McKenna (H-0101/02): 
Asunto: Cumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria por parte de Irlanda 
Durante su reciente visita a Irlanda, la Comisaria Wallström declaró que amenazaría a dicho país con denegarle las ayudas estructurales en caso de que éste no respete ciertas directivas capitales como la Directiva sobre los nitratos y la Directiva marco sobre el agua. 
Con independencia de las acciones en curso, ¿puede indicar la Comisión qué medidas propone para garantizar que Irlanda cumpla la normativa comunitaria en materia de medio ambiente? 
¿Puede explicar, asimismo, si prevé endurecer el dilatado procedimiento vigente para la presentación de reclamaciones a fin de penalizar a los Estados miembros que incumplen constantemente la legislación comunitaria? 
En caso afirmativo, ¿en qué consistirán las modificaciones y cuándo se aplicarán? 
Habida cuenta de las numerosas reclamaciones por ataques al medio ambiente presentadas por particulares y organizaciones en Irlanda, país con la tasa per cápita de reclamaciones de este tipo más elevada de la UE, ¿puede indicar la Comisión qué tipo de recursos complementarios facilitará para garantizar la tramitación rápida y efectiva de dichas reclamaciones? 
Preguntas dirigidas al Sr. Fischler 
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(EN) La conexión entre la concesión de fondos comunitarios y el cumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria es ecuánime y se aplica a todos los Estados miembros. 
Ya se ha establecido la conexión entre el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los aspectos clave de la Directiva sobre los hábitats naturales y la Directiva sobre los nitratos, por una parte, y la financiación en virtud del Reglamento sobre los Fondos Estructurales y el Reglamento sobre Desarrollo Rural, por otra. 
A medida que el plazo de cumplimiento para los Fondos Estructurales se acercaba al final de 2000, Irlanda mejoró de manera sorprendente su grado de cumplimiento con la Directiva sobre los hábitats naturales. 
La atención inmediata se centra ahora en la Directiva sobre nitratos. 
Irlanda es actualmente el único Estado miembro sin ninguna zona vulnerable a los nitratos. 
En su plan de desarrollo rural, Irlanda se comprometió a completar la designación antes de finales de 2001. 
Habida cuenta de que esto no ha sucedido aún, la Comisión no aprobará ninguna modificación propuesta por Irlanda respecto a su programa en virtud del Reglamento sobre Desarrollo Rural. 
Recientemente, Irlanda presentó una modificación de rutina que actualmente se encuentra bloqueada por los servicios de la Comisión. 
El importe que se baraja relativo a la designación en Irlanda en estos momentos refuerza la importancia de esta acción y espero que Irlanda complete su designación en breve. 
La Directiva marco sobre residuos no es un problema porque Irlanda ha presentado una serie completa de planes actualizados de gestión de residuos. 
Respecto al rigor de los procedimientos de aplicación de la Comisión, el creciente número de reformas ya ha acelerado el trámite de las causas. 
Estas reformas incluyen un mejor uso interno de la tecnología de la información y un despacho más rápido de cartas de advertencia a los Estados miembros. 
Por otra parte, en 2000, el Tribunal de Justicia impuso su primera sanción financiera en un caso sobre gestión de residuos. 
Respecto a la asignación de recursos complementarios para acelerar el trámite de las causas irlandesas, mis servicios hacen una revisión constante de las necesidades en materia de recursos. 
No obstante, como su Señoría sabrá, la Comisión debe funcionar dentro de unas limitaciones generales que son muy estrictas, y además son numerosas las demandas que se presentan. 
Señora Comisaria, he recibido su carta hoy después de su visita a Irlanda, pero la última cuestión que se plantea, a la que no hace mención en su carta, es relativa a la falta de recursos del Departamento Jurídico de la Dirección de Medio Ambiente para hacer frente a las quejas. 
Éste es un problema importante que necesita solución, porque se están negando los derechos de los ciudadanos de la UE en aquellos casos en que las quejas no son examinadas a fondo. 
Al mismo tiempo continúa el daño al medio ambiente. 
Necesitamos una solución a esto. 
En relación con los residuos, el problema con Irlanda es que no está cumpliendo la Directiva sobre residuos. 
En la edición de hoy del Irish Times, la corporación de gobierno del condado de Wicklow reconoce la existencia de hasta 88 vertederos ilegales, 19 de los cuales ni siquiera han sido examinados aún. 
Se sospecha que dicha corporación de gobierno ha estado involucrada en vertidos en algunos de estos vertederos ilegales y la Agencia Europea de Medio Ambiente, el organismo responsable de la protección del medio ambiente, ha concedido una licencia para arrojar residuos en uno de estos vertederos ilegales. 
Lamentablemente, nuestro ministro ha descartado hoy cualquier tipo de investigación independiente del caso. 
A la luz del incumplimiento por parte de las autoridades irlandesas de las directivas comunitarias, en particular, en materia de residuos, ¿existe alguna posibilidad de que la Comisión se plantee enviar a un equipo independiente para que investigue el daño que se está causando y las irregularidades existentes en relación con los residuos en este lugar en particular? 
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(EN) Debo decir, después de escucharle, que no hay ninguna duda de que es a Irlanda adonde deben destinarse los recursos para que se ocupe del problema de los residuos. 
También me gustaría poder disponer de más personal para poder ocuparme mejor de todos los casos, pero es en Irlanda donde deben adoptarse medidas para cumplir las directivas, incluidas las directivas sobre residuos. 
Desde mi visita a Irlanda sé que es un problema muy importante, polémico y difícil. 
Comprendo que es un gran reto para la sociedad irlandesa y su Gobierno encontrar solución al problema de los residuos, y por mi parte he notificado de mi escasa dotación de personal en el marco de las negociaciones internas de la Comisión sobre recursos. 
Es absolutamente necesario que Irlanda adopte medidas para cumplir nuestras directivas. 
Espero que el Comisario Fischler sepa que los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor respaldan plenamente lo que la Sra. Comisaria acaba de decir sobre la necesidad de más fondos para garantizar el fiel cumplimiento de la legislación medioambiental. 
Pero Irlanda no es el único país que causa dificultades. 
En octubre del año pasado se emitió una opinión motivada contra la construcción de la presa de Odelouca en Portugal, y a pesar de ello, tengo entendido que la construcción de la presa comenzó en enero de este año. 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para intentar persuadir a las autoridades portuguesas de que deben paralizar la construcción de dicha presa? 
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(EN) Ésa es una cuestión completamente diferente y me gustaría disponer de todo el historial que me permita ponerme al día respecto a todos los datos. 
Estará encantada de responder a su pregunta, pero le ruego que me dé la oportunidad de estudiar ese caso en particular y que vuelva a dirigirme la pregunta de manera que yo pueda darle una respuesta actualizada. 
Señora Comisaria, ha dicho usted lo mismo que iba a decir yo, que tengo que velar por el buen orden del debate, y esto no era una pregunta complementaria de lo que se estaba preguntando, era otra pregunta. 
Por lo tanto, le doy amparo en su explicación. 
Ésta es una observación complementaria. 
Lo que la Sra. McKenna ha dicho sobre la corporación de gobierno del condado de Wicklow es absolutamente cierto. 
Cada día aparecen nuevas revelaciones y las autoridades locales celebraron ayer un acalorado e intenso debate sobre esta cuestión. 
Yo he presentado una queja a la Comisión en relación con los vertidos de residuos detectados en Wicklow. 
No obstante, ahora se ha descubierto que las propias autoridades podrían estar implicadas. 
Esto es muy grave y, sin embargo, el Gobierno irlandés no ha ordenado ninguna investigación independiente. 
¿Hay algo que la Comisión pueda hacer para intentar dar respuesta a mi queja con carácter de urgencia? 
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(EN) Sí, la Comisión se toma en serio todas las quejas y estudia todas las quejas que recibe. 
Como su Señoría sabe, tenemos un número récord de quejas procedentes de Irlanda en particular. 
La Comisión estudia dichas quejas con la mayor celeridad posible. 
También existe la posibilidad de que yo plantee este problema en el marco de mis contactos con el Gobierno de Irlanda. 
Eso es lo que me propongo hacer. 
Durante mi visita a Irlanda, la población me expuso abiertamente cuáles eran los motivos de preocupación en aquel país. 
Estoy decidida a plantearlos al ministro responsable y al Gobierno irlandés. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a esta parte del turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nºs. 44 a 47 y 74 recibirán respuesta por escrito 
Pregunta nº 48 formulada por Alexandros Alavanos, a quien sustituye Mihail Papayannakis (H-0064/02): 
Asunto: Readquisición de cuotas de los productores de tabaco 
Mediante la última revisión del Reglamento sobre el tabaco, la UE dio a los productores la posibilidad de comprar cuotas de otros productores que abandonan el sector, con miras a que mejoren sus explotaciones y su situación económica. 
Sin embargo, a raíz de las recientes comunicaciones y decisiones de la Comisión acerca de la supresión gradual de las ayudas transcurridos 3 años, el programa de readquisición de cuotas de los productores de tabaco resulta anulado en el fondo, ya que los productores de tabaco no pueden exponerse a correr con el gasto de la readquisición así como las restantes inversiones requeridas cuando no saben si habrá ayudas al tabaco durante el período de al menos 7 a 8 años necesario para amortizar el gasto en que incurran. 
¿Qué garantías puede ofrecer la Comisión a los productores para que participen en el programa de readquisición de cuotas previsto en el Reglamento (CE) 1636/98 
Señor Presidente, Señorías, el programa de readquisición de cuotas en el sector del tabaco se introdujo para facilitar el cambio a los productores que quisieran abandonar voluntariamente el sector. 
Para determinados tipos de tabaco cuyas posibilidades de venta empeoran continuamente se elevó claramente el precio de readquisición para que los productores tuviesen un estímulo para abandonar el cultivo. 
En la adquisición de cuotas del programa de readquisición tienen sin embargo preferencia los demás cultivadores de tabaco que deseen comprar cuotas. 
De nosotros sólo se pueden readquirir aquellas cantidades que no compran los demás cultivadores de tabaco. 
La Comisión ha presentado para los próximos tres años una propuesta de reglamento del Consejo con la que se quieren determinar las primas y cuotas hasta el año 2004. 
Esta propuesta de la Comisión prevé entre otras cosas una reorganización del fondo común para el tabaco, para que de este modo se puedan financiar en los Estados miembros estudios sobre posibilidades del cambio de la producción de tabaco a otros cultivos ajenos al sector tabaquero y sobre las primeras experiencias con este cambio. 
En esta propuesta, la Comisión ha anunciado también para el primer semestre del 2003 otra propuesta adicional que se basa en las directrices de la comunicación de la Comisión del 16 de mayo del año anterior sobre la estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible. 
Para ello es necesario conocer las posibles alternativas y consecuencias socioeconómicas de un phasing out de la ayuda al tabaco. 
Por ello, actualmente se está llevando a cabo un estudio también sobre la valoración de la organización común de mercado para el tabaco en bruto que estará listo a finales de este año evaluando las repercusiones socioeconómicas del cultivo del tabaco en los diversos territorios productores. 
Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario. 
Creo que la pregunta de mi colega, el Sr. Alavanos, tenía el siguiente argumento, que es muy importante. 
Si refuerzan la readquisición de cuotas por parte de otros productores, está claro que los que consigan estas posibilidades de producción, necesitarán algunos años para amortizar la inversión, más o menos 7 u 8 años. 
Si usted dice que en tres años les van a anular las ayudas, entonces no tiene ningún sentido que lleven a cabo readquisiciones. 
Además, señor Comisario, usted dice que va a realizar un estudio para ver qué posibilidades hay para hacer otros cultivos. 
Muy bien, y lo apoyamos desde hace mucho tiempo; sin embargo, usted mismo ha contestado a mis Sres. colegas, en numerosas preguntas planteadas hace tiempo, que es más o menos imposible. 
¿Acaso tenemos novedades de esta aventura? 
Señor Presidente, en realidad no se ha planteado ninguna pregunta pero, naturalmente, la Comisión sabe perfectamente qué repercusiones van unidas a esta medida de compra de cuotas. 
Pero también tengo que indicar que se trata de una medida totalmente voluntaria; nadie es obligado a comprar cuotas. 
Por ello, no se puede deducir por así decirlo una expectativa legal si más adelante se llegase a un phasing out de la ayuda al cultivo del tabaco. 
También quiero indicar que esta semana tendremos el jueves la ocasión de debatir muy a fondo aquí en el Pleno sobre el futuro de la organización del mercado del tabaco. 
Entonces se someterá a debate exactamente esta prórroga de tres años y las consecuencias derivadas de ella. 
Señor Comisario, ¿de qué van a vivir en adelante los productores de tabaco de Granada? 
¿Qué perspectivas de trabajo opina que tienen las aproximadamente 2000 familias que se sustentaban de esta producción? 
Tenga la amabilidad de contestar por escrito en caso de que no quiera hacerlo inmediatamente. 
Cetarsa les ha anunciado el cierre de la factoría de Granada. 
El Sr. Prodi les ha anunciado demagógicamente el fin de las ayudas al cultivo de tabaco. 
Señor Comisario de Agricultura, ¿qué garantiza usted a los cultivadores de tabaco de Granada? 
Constésteme, por favor, pero hágalo en términos de puestos de trabajo alternativos, de hechos. 
No intente callarnos con demagogias, ni con la monserga de los cultivos alternativos. 
Primero: se ha aclarado totalmente, también en lo que se acordó en la cumbre, que el ' phasing out? de las ayudas al tabaco tiene que ir paralelo a la correspondiente oferta de alternativas. 
Es decir, sólo podemos ejecutar el ' phasing out? en la medida en que estemos en situación de poner a disposición realmente alternativas. 
Esta es mi posición al respecto. 
Queremos utilizar los fondos para el tabaco en los próximos años exactamente para que en la práctica veamos posibilidades, podamos probar alternativas correctas, de modo que se pueda ver qué es lo que funciona o no funciona. 
Sólo entonces será necesaria una decisión del Consejo de Ministros de Agricultura y también la opinión del Parlamento, además sobre la base de una propuesta de la Comisión que se elaborará partiendo de los resultados del análisis del año actual. 
Sólo entonces se podrá aplicar este ' phasing out?. 
Precisamente con esta finalidad queremos analizar in situ en las regiones principalmente afectadas- en Granada, en Extremadura, en Tracia en Grecia y en algunas otras regiones- qué posibilidades existen. 
Así pues, no queremos darnos por satisfechos con elucubraciones vacías sino que queremos aferrarnos a la realidad. 
Creo que este es un modo de proceder totalmente honesto. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 49 decae. 
Pregunta nº 50 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0080/02): 
Asunto: Repercusiones de los desacuerdos del Presidente Aznar con Marruecos 
¿Pagarán los agricultores las consecuencias de los desacuerdos que se han producido entre el Presidente Aznar y el Reino de Marruecos? 
Señor Presidente, Señorías, sin querer referirme a los hechos mencionados por la Sra. diputada, quiero indicar en nombre de la Comisión que acontecimientos que afectan a las relaciones bilaterales entre Marruecos y un Estado miembro no tienen ninguna influencia sobre la estrategia general de la Unión Europea respecto a los países del Mediterráneo. 
Estas relaciones se determinan por el proceso de Barcelona. 
Según los principios que firmaron en 1995 en Barcelona todos los Estados miembros de la UE y nuestros interlocutores del Mediterráneo, todas las partes deben liberalizar el comercio agrícola paulatinamente. 
En este contexto, la Comunidad ha concluido con Marruecos en 1996 un Acuerdo de Asociación que prevé concesiones en ambos lados para productos agrícolas. 
La Comisión y Marruecos han iniciado hace poco negociaciones formales para revisar estas concesiones en lo tocante a una profundización del proceso de liberalización. 
Señor Comisario, me ha contestado de una manera muy deficiente y confusa, porque por la prensa se sabe que el 15 de marzo se inician en Rabat las negociaciones del capítulo agrario entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. 
Como usted sabrá, en estos momentos, el Sr. Aznar es el Presidente en funciones de la Presidencia española de la Unión Europea. 
Por tanto, estoy hablando exclusivamente en términos de la UE. 
Yo quisiera, señor Comisario, que usted explicara qué premisas básicas va a seguir en esa negociación y si no considera que hubiera sido deseable un clima de buenas relaciones con Marruecos, en lugar del sonado fracaso de Aznar. 
Y no lo digo en términos españoles, sino europeos, ya que el 15 de marzo se inicia una negociación que, señor Comisario, no tiene nada de española, sino que es europea. 
Como son europeas esta Cámara y mi pregunta. 
Y usted contesta de forma muy insatisfactoriamente a los diputados, como si no respetara usted la representación democrática. 
¡Qué barbaridad! 
Quiero pedir a los intervinientes que hagan preguntas, que den sus opiniones, pero que no se juzguen intenciones, porque no es ésa nuestra tarea ni creo que sea ése el espíritu que deba guiarnos. 
Señor Presidente, señora diputada, quiero aclarar que, en primer lugar, he indicado que hay que diferenciar entre las relaciones bilaterales entre España y Marruecos y las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. 
Por lo demás, he mencionado en mi respuesta exactamente las negociaciones a las que se ha referido usted y que se celebraron el 15 de marzo. 
Lo único que no he mencionado ha sido la fecha. 
Quiero recordarle que el modo de proceder para liberalizar el comercio agrícola con Marruecos se determinó ya en 1995. 
Ahora se trata solamente de negociar cuál debe ser el siguiente paso en este proceso de liberalización. 
Debe estar claro que la liberalización tiene que ir en las dos direcciones. 
No se trata sólo de qué concesiones hacemos al Reino de Marruecos sino de qué concesiones nos hace el Reino de Marruecos en el comercio agrícola. 
Si mira, por ejemplo, la evolución del comercio agrícola en los últimos tiempos, verá que en Marruecos han aumentado muy intensamente las importaciones de cereales de los EE.UU. Lo contrario es aplicable a la evolución de las importaciones de la Unión Europea. 
Esto no es una carretera en una sola dirección sino en ambas direcciones. 
Pero naturalmente tenemos también que estar dispuestos a hacer más concesiones. 
Negociamos muy constructivamente. 
Las negociaciones acaban de comenzar y aún no han concluido. 
La conclusión está prevista para finales de este año. 
Así pues, aún queda tiempo suficiente para proseguirlas. 
Pregunta nº 51 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0083/02): 
Asunto: Desmantelamiento de buques pesqueros 
Durante el examen del presupuesto 2002, se aprobó una cantidad determinada de créditos para el desmantelamiento de buques pesqueros de los Estados miembros como compensación por el fracaso de la prórroga del Acuerdo de pesca con Marruecos. 
¿En qué criterios se basa la Comisión para conceder estos fondos? 
¿Es posible obtenerlos también para la venta de estos barcos de pesca- y no para su desmantelamiento -, por ejemplo, a ciudadanos marroquíes? ¿Es posible conceder estos fondos para el desmantelamiento de buques construidos con otras ayudas comunitarias? 
Señor Presidente, señor Seppänen, Señorías, el 17 de diciembre del año pasado el Consejo aprobó la propuesta de la Comisión para hacer posible a los pescadores y propietarios de barcos que trabajaban con Marruecos bajo el acuerdo de pesca una reestructuración de la flota y de las actividades de pesca mediante el correspondiente apoyo financiero. 
Para esta medida se han previsto 197 millones de euros. 
De esta suma, 170 millones proceden del presupuesto de este año y 27 millones se van a poner a disposición en el presupuesto del año próximo. 
Los créditos se emplearán del siguiente modo: al menos el 40% de los mismos se tienen que emplear para el desguace o readaptación definitiva de barcos a otras finalidades diferentes a la de la pesca. 
Un máximo de un 28% de los créditos se pueden emplear para el traspaso definitivo de barcos a un tercer país en el marco de una sociedad mixta o para la modernización de barcos. 
A su vez, el 28% de los créditos deben dedicarse a medidas socioeconómicas, por ejemplo, para programas de readaptación para pescadores que han perdido su trabajo o también para pensiones anticipadas. 
En consecuencia, se puede promover una transferencia definitiva de barcos a Marruecos mediante la venta o la creación de una sociedad mixta en ese país. 
La prima para la creación de una sociedad mixta de este tipo llega sin embargo sólo al 80% de la prima por desguace y la prima por la exportación de un vehículo sólo al 50% de la prima por desguace. 
Además, un propietario de barco que haya comprado su barco con una ayuda comunitaria y que desee ahora exportarlo con una subvención o trasladarlo a una sociedad mixta, deberá devolver una parte de aquella ayuda que recibió para la compra. 
El importe de la suma a devolver depende de la edad del barco. 
Para un barco de cinco años de edad se debe devolver, por ejemplo, aún la mitad de la ayuda. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Comisario por su respuesta, la cual ha sido muy detallada en lo que se refiere al uso de estos fondos. 
Aún quisiera matizar un aspecto con otra pregunta que ya estaba incluida en la formulación anterior: ¿es posible que los mismos barcos que ahora están siendo desmantelados o vendidos a compradores marroquíes con subvenciones de la UE fueran financiados con ayudas comunitarias en el momento de su adquisición? 
Lo que yo quiero aclarar con mi pregunta es la amplitud de perspectiva de la política pesquera de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en sí está totalmente claro: este programa es un programa específico que se aprobó para hacer justicia a la especial dificultad derivada de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Marruecos. 
Las condiciones mencionadas por mí son aplicables también a este programa. 
Fuera de este programa sólo hay el fondo estructural de pesca que es aplicable a todas las medidas de desguace y aquí son aplicables en todos los lugares las mismas condiciones. 
Sólo para este caso especial se hace posible un desguace y venta en estas condiciones mejores con este dinero adicional. 
Señor Presidente, voy a reunir y responder a estas dos preguntas pues tienen el mismo contenido. 
En la declaración de los ministros reunidos en Doha, los miembros de la OMC se han comprometido a unas negociaciones globales con el objetivo de reducir paulatinamente todas las subvenciones a la exportación hasta su desaparición, si bien en el texto final de Doha se dejó abierto el resultado definitivo de las negociaciones. 
Están a debate todas las formas de subvenciones a las exportaciones, no sólo nuestras restituciones a la exportación. 
También se trata de la disciplina, por ejemplo, para los créditos a la exportación, de la proporción de las ayudas a la exportación en diversos programas de alimentos o de prácticas distorsionadoras de la competencia por parte de empresas comerciales estatales. 
Sería inaceptable exigir sólo de la Unión Europea otra reducción adicional de las subvenciones. 
Esto lo hemos reflejado claramente también en nuestra propuesta que hemos realizado en el marco de las negociaciones sobre el artículo 20. 
Además, la Unión Europea ha reducido sus restituciones a la exportación ya a la mitad. 
El año 1993, las restituciones a la exportación suponían 10.000 millones de euros y actualmente ascienden a menos de 5.000 millones. 
Independientemente de ello, la Comisión se esfuerza por orientar su política de exportaciones de tal modo que se eviten repercusiones negativas sobre la producción de los países en vías de desarrollo cuando se conceden restituciones. 
La reducción de las subvenciones proseguirá dentro de lo que permita la evolución de la política agrícola común, si bien se deben tener suficientemente en cuenta los intereses de nuestros propios productores y empresas comerciales. 
Ante la crítica del Tribunal de Cuentas al empleo dado a las restituciones a la exportación, la Comisión ha reaccionado con un plan de acción que se llevará a cabo aún en el primer semestre de este año y que prevé cambios sustanciales respecto al sistema actual. 
Como se ha proyectado para el año 2004 la conclusión de la ronda ahora acordada de negociaciones en la OMC, por el momento sería precipitado determinar ya en detalle las posiciones de la Unión Europea o incluso adelantarse al resultado final de las negociaciones. 
Nuestras posiciones definitivas se deberán enjuiciar a la luz de las negociaciones globales. 
Agradezco al Comisario su exhaustiva respuesta. 
En mi opinión, la situación de la Unión Europea en materia de subvenciones a las exportaciones es privilegiada. 
La UE es el poder que más subvenciones concede en el mundo. 
Mi pregunta apunta a los planes para los próximos años. 
¿Hay planes para los próximos dos, tres o cuatro años para disminuir los cinco mil millones de euros que se pagaron como subvención a las exportaciones durante el año pasado? 
Señor Presidente, por un lado es cierto que somos el mercado más grande y también somos con distancia los mayores importadores de productos procedentes de los países en vías de desarrollo. 
Creo que deberíamos recordar también de vez en cuando que la Unión Europea ella sola importa más productos agrarios de los países en vías de desarrollo que los EE.UU, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Australia todos juntos. 
No tenemos que escondernos en este punto ante los demás Estados desarrollados. 
Además, sabe que hemos acordado abrir totalmente las fronteras para los países más pobres del mundo. 
En lo que se refiere a las exportaciones, depende en lo esencial de que sólo podemos conceder restituciones a la exportación allí donde se realizan las correspondientes reformas de la política agrícola común. 
Si mira la estructura de la restitución a las exportaciones, verá que empleamos con gran diferencia la mayoría de los créditos a la exportación de productos lácteos y de azúcar y productos de derivados del azúcar. 
¿Porqué? 
Porque aquí la distancia con el precio del mercado mundial sigue siendo muy grande y uno sólo puede aproximarse a este precio introduciendo reformas en estos dos sectores. 
Por otro lado, en los dos últimos años no hemos concedido prácticamente ninguna ayuda a la exportación en el caso de los cereales y en la carne de vacuno la hemos reducido masivamente. 
Se podrán seguir reduciendo las restituciones a la exportación a la velocidad con que tengan lugar las demás reformas de la política agrícola común. 
Señor Presidente, también yo quisiera agradecer al Comisario Franz Fischler las aclaraciones que aquí nos ha dado y que considero muy útiles. 
Pero debo confesar, señor Comisario, que estoy un poco decepcionado con la falta de vigor que veo en sus palabras en relación con este compromiso, que me parece absolutamente esencial, de reducción progresiva de las subvenciones a las exportaciones agrarias. 
Tomo nota, según la prensa, de que a partir del último mes de diciembre esas restituciones en el sector de la carne aumentaron considerablemente; debo también observar que durante el año 2001 esa reducción tuvo mucho que ver con la subida del dólar y no con reforma alguna de la política agraria y debo también hacer constar que los volúmenes de subvención para todos los productos que no constan en el anexo 1 han registrado aumentos considerables. 
Se trata de una situación que me preocupa y quisiera preguntar al Comisario Franz Fischler si considera realista que esas reformas de la PAC de que ha hablado vayan a hacerse en tiempo útil para que se puedan eliminar progresivamente esas subvenciones a la exportación? 
Señor Presidente, señor diputado, rigor es una cosa pero coherencia es otra. 
Tomemos como ya le he dicho, por ejemplo, el sector de la producción láctea. 
En nuestra actual organización común de mercado tenemos la obligación de garantizar un precio determinado para la leche desnatada en polvo y para la mantequilla. 
Pero mientras exista esta obligación sólo podemos exportar mantequilla y leche desnatada en polvo con las correspondientes ayudas. 
Como probablemente sabrá, actualmente no existe en la Unión Europea una mayoría política para modificar algo en la organización existente del mercado de la leche. 
Por ello, aquí es sencillo indicar solamente a la Comisión que son necesarias reformas. 
Esto es algo que se debe plantear en primera línea a los Estados miembros. 
Por lo demás, el proceso de reformas va a proseguir. 
Como sabe, el próximo paso es la mid-term review en junio de este año, pero hay algunos sectores en los que ya se han proyectado otros pasos, por ejemplo, en el sector del aceite de oliva, de la fruta y verduras y otros muchos más. 
Muchas gracias, Sr. Fischler, por su dedicación esta tarde al turno de preguntas. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas n os. 54 a 92 recibirán respuesta por escrito 
Como habrán comprobado, hay algún problema en el funcionamiento de los monitores grandes. De todos modos, los de los bancos de la Presidencia funcionan. 
Señor Presidente, la agricultura constituye una actividad económica que depende de los procesos biológicos y que gestiona buena parte de los recursos naturales comunitarios. 
Por esta razón, ha de desempeñar, en la conservación de la biodiversidad, un papel central en dos sentidos: primero, consolidando las prácticas agrícolas compatibles con el medio ambiente y, en segundo lugar, garantizando la pervivencia de explotaciones y sistemas productivos viables en el conjunto del territorio de la Unión Europea. 
Para la biodiversidad, es tan nefasta la intensificación agraria sin límite como el cese de la actividad de los agricultores con el consiguiente declive de las zonas rurales. 
Una estrategia comunitaria en favor de la biodiversidad tiene que garantizar una agricultura sostenible en su sentido más amplio, que, además de los aspectos biológicos, incluya las exigencias económicas y sociales y, en definitiva, la pervivencia del medio rural. 
Por otro lado, el mantenimiento de esta agricultura sostenible constituye un imperativo del modelo agrícola europeo, fundamentado en la defensa de la multifuncionalidad agraria, tal como se ha reiterado en el Consejo y en el Parlamento Europeo en múltiples resoluciones. 
La PAC es un instrumento útil en favor de la biodiversidad, al igual que las resoluciones de la Cumbre de la Tierra adoptadas en los Consejos de Helsinki y Gotemburgo. 
Por tanto, es un error circunscribir la defensa de la biodiversidad a los estrictos límites del segundo pilar de la política agraria comunitaria- y, más concretamente, a los programas medioambientales de fomento de extensificación de la agricultura orgánica, de preservación de razas autóctonas y de defensa de los distintos hábitats naturales, etc.- por dos motivos: en primer lugar, porque el segundo pilar de la PAC supone el 10 % del presupuesto agrícola y, en segundo lugar, porque los programas agroambientales, pese a abarcar el 20 % de la superficie agraria, han tenido una muy desigual aplicación y hoy se limitan prácticamente a las zonas menos productivas de cinco Estados miembros de la Unión, situación que se ve agravada por el débil marco al que se atribuye la eco-condicionalidad de las ayudas, a saber, a mercados que han desembocado en una formulación de mínimos. 
Por lo tanto, deberíamos ampliar la eco-condicionalidad y dar pie a un concurso más activo de los mecanismos de la política de mercados agrarios en favor del medio ambiente y de la biodiversidad. 
Debemos apuntalar estas exigencias dentro de la legislación sobre la calidad alimentaria, los productos fitosanitarios, las semillas y los recursos genéticos. 
Es urgente que reforcemos el segundo pilar de la PAC desde el punto de vista financiero, además de diferenciar en su seno las medidas del desarrollo socio-rural de las medidas agroambientales. 
Tenemos ante nosotros un reto importante que consiste en consolidar las políticas agrarias comunitarias y en unirlas para que discurran en líneas paralelas en favor de la conservación de la biodiversidad. 
Señor Presidente, no intervengo en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, sino en nombre de la Comisión de Pesca, donde he sido ponente en la sombra. 
Quiero agradecerle a la ponente su clarividencia. 
Ella ha hablado sobre Brasil, pero yo comenzaré más cerca de casa a tratar el tema de biodiversidad. 
En este momento, hemos llegado al punto de haber esquilmado los bancos de angulas de nuestras costas, lo que ha supuesto la práctica desaparición de la angula en su entorno natural. 
Creo que es motivo suficiente para que nuestro Comisario de Medio Ambiente y la Comisión realice una investigación detallada y elabore y plan de actuación. 
El segundo aspecto que preocupa a la Comisión de Pesca se refiere a la evolución de la manipulación genética en la piscicultura. 
Canadá y Estados Unidos han desarrollado un sistema que podrán poner en marcha de forma inmediata en cuanto tengan luz verde. 
Creo que sería conveniente que la Comisión analizara si podemos detener esta evolución en Europa o si se puede mantener un debate político decente al respecto antes de que se introduzca este tipo de técnica en la piscicultura. 
El tercer punto es el referido a la acuicultura y a las consecuencias para el entorno marítimo. 
En este sentido, se requiere más investigación, en concreto para tratar de encontrar más sistemas cerrados. 
El cuarto aspecto para el que la Comisión de Pesca solicita su atención son las consecuencias de la falta de harmonización existente en algunos casos entre el número aves y el número de peces. 
Existen graves problemas referidos sobre todo al cormorán grande. 
En quinto lugar, la Comisión de Pesca desea que se investigue la relación entre el cambio climático y las existencias de peces. 
¿Cuál es la relación existente? 
No se ha investigado suficientemente esta cuestión y, en este sentido, estamos ansiosos por conocer los planes de actuación de la Comisión. 
El sexto aspecto. 
En este momento, estamos llevando a cabo una política consistente en cerrar zonas para proteger determinadas especies. 
No se sabe si esta medida beneficiará a las poblaciones de peces. 
También sería deseable que la Comisión llevara a cabo una investigación al respecto en el marco de la biodiversidad. 
Quisiera terminar, Señor Presidente, invitando en cualquier caso a la Comisaria de Medio Ambiente, la Sra. Wallström, a intercambiar opiniones con la Comisión de Pesca acerca de estos aspectos concretos con el fin de analizar cuál podría ser su aportación al Libro Verde de la pesca, también en el terreno de la biodiversidad. 
Nos complacería mucho que la Comisaria mostrara una iniciativa de este tipo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la Sra. Béguin, por su excelente informe. 
Mi único reparo es que puesto que la mayor parte de la diversidad biológica mundial se encuentra en zonas tropicales de los países en vías de desarrollo, me hubiera gustado que el aspecto del desarrollo hubiese recibido una mayor atención en el informe. 
En el punto 49 se pide que la UE respalde medidas encaminadas a fomentar la gestión y la conservación de la diversidad biológica por parte de las poblaciones autóctonas. 
He presentado una enmienda en la que se corrige esta redacción por que la UE debe apoyar el papel que la población autóctona ya desempeña en virtud de su saber tradicional en la gestión y la conservación de la diversidad biológica. 
Están en juego sobre todo las zonas protegidas donde es importante que las poblaciones autóctonas participen en la administración evitándose así desalojos obligatorios y la falta de acceso a los recursos. 
He presentado una enmienda con vistas a incluir este aspecto en el informe. 
En algunos países en vías de desarrollo resulta muy necesario obtener ventajas económicas de una utilización sostenible de la fauna salvaje si se quiere que la población disponga de incentivos para conservar las poblaciones. 
En el África meridional las poblaciones de elefantes se han vuelto tan numerosas que destruyen la diversidad biológica y unido a la situación económica de los países es un absoluto contrasentido que no puedan procurarse ingresos de sus elefantes. 
La diversidad biológica se pierde hoy a una velocidad hasta ahora nunca vista, aún así, no se han producido avances desde Río. 
La diversidad biológica se ha vuelto un concepto que se mete en un cajón, y nuestra tarea ahora es tratar de mantenerla en el orden del día. 
Para resolver la cuestión de la conservación es necesario proteger todo el ecosistema. 
Los programas de cooperación comunitarios han demostrado ser alternativas sostenibles a un modo de actuar proteccionista y respaldo plenamente esta manera de pensar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la desaparición de las especies y la pérdida dela biodiversidad en Europa y en todo el mundo avanzan cada vez con mayor rapidez. 
Todas las medidas que hemos adoptado hasta ahora no han podido detener sencillamente esta tendencia. 
Desde la estrategia comunitaria aprobada por el Consejo en junio de 1998 para preservar la diversidad biológica, es de agradecer que en la comunicación se propongan planes de acción para preservar la biodiversidad en cuatro campos, lo que en principio sólo se puede saludar. 
Se refieren a la conservación de la Naturaleza, la pesca, la cooperación económica y el desarrollo. 
También hay que saludar lo que la Comisión nos propone aquí en relación con la agricultura. 
Estoy un poco decepcionado porque en el por lo demás muy buen informe de la Sra. ponente, el tema de la agricultura se contempla muy negativamente- al menos así lo vemos nosotros- y no se mencionan en absoluto las prestaciones de la agricultura a la preservación de la diversidad biológica. 
Mi Grupo va a votar a favor de este informe pero en algunos puntos lo haremos en contra. 
Yo vengo de un país donde sin agricultores no funcionaría nada. 
Austria se encuentra en su mayor parte en los Alpes y si no tuviésemos a los agricultores de montaña, quienes trabajan aún hoy día con la misma dureza que hace cien o quizás doscientos años, muchas cosas no serían como deben ser. 
Sabemos muy exactamente que la agricultura, sobre todo aquella agricultura que no es intensiva, preserva ecosistemas especiales. 
Algunos hábitats, como por ejemplo, el formado por el mosaico de campos cultivados con sus límites constituidos por matorrales o zanjas son sencillamente totalmente necesarios para que determinadas plantas y animales encuentren protección, la posibilidad de anidar y proporcionar también alimento. 
No les voy a enumerar aquí qué especies de pájaros se ven afectadas, cuáles se han podido preservar, ni mucho menos les voy a hablar nada sobre especies de plantas e insectos. 
Pero creo que hay que mencionar sencillamente que la agricultura no intensiva- quiero subrayarlo aquí -, que la agricultura no intensiva realiza una gran aportación a la preservación de especies de plantas y animales tanto salvajes como domesticados. 
Creo que si no se reconoce lo que aportan hoy los agricultores, entonces no hacemos nada bueno a nuestra Naturaleza y a nuestros sistemas ecológicos. 
Así pues, vamos a votar a favor de este informe pero lo haremos en contra de aquellos puntos en los que creemos que no se hace justicia a los agricultores. 
Señor Presidente, en primer lugar, mi enhorabuena a la Sra. Isler Béguin por lo que considero un informe excelente y constructivo. 
La protección de la biodiversidad merece la máxima prioridad. 
Si se extingue una especie, desaparece para siempre, por lo que ha llegado la hora de actuar. 
Los planes de actuación exigen cierto grado de compromiso. 
Solo pueden tener éxito si tienen en cuenta las circunstancias socioeconómicas de las personas que habitan en la zona. Deben establecer prioridades. 
Debemos centrarnos en los puntos calientes del planeta, las zonas especialmente ricas en especies y que merecen una protección especial. 
Los planes de actuación deben ser claros y, sobre todo, concretos. 
El respaldo de la opinión pública es imprescindible y a nadie le dice nada un concepto tan abstracto como el de la biodiversidad. 
Se trata de la conservación de la riqueza natural, de paisajes con un alto valor ecológico y de especies llamativas. 
Debemos recopilar datos, efectuar un seguimiento independiente, efectuar balances anuales de la calidad de la naturaleza. 
Así se logra motivar e inspirar. 
La Unión Europea debería ser más consecuente. 
Los mascarones de proa de la protección de la biodiversidad son la directiva sobre aves y la directiva sobre hábitats. Estas directivas deben aplicarse correctamente, a pesar de que a veces resulte difícil. 
En cualquier caso se debe primar el resultado. 
Pero enfrente de estas perlas de la protección de la naturaleza nos encontramos con otro tipo de política de carácter masivo. 
En primer lugar, me refiero a la agricultura, aunque también a la pesca. 
La agricultura a gran escala y la protección de la biodiversidad son aspectos difícilmente reconciliables. 
La política agrícola común debería modificarse radicalmente solo por este motivo. 
Las ayudas basadas únicamente en la producción sólo conllevan problemas. 
Las consecuencias de la pesca para la biodiversidad son menos evidentes. 
La pesca de arrastre constituye una amenaza para la biodiversidad en muchos litorales. Debemos dar una respuesta contundente a esta cuestión. 
La biodiversidad debe convertirse en uno de los hilos conductores de la planificación regional. Los Estados Miembros deberían elaborar planes de actuación al respecto. 
Todos los años pido a la Comisión que seleccione y respalde un proyecto emblemático, a ser posible en los países candidatos. Estos proyectos deben constituir un ejemplo para otras zonas naturales. 
El bosque virgen en Polonia sería un buen proyecto emblemático. 
Quisiera expresar de nuevo mi agradecimiento a la Sr. Isler Béguin por su magnífico informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, también yo quiero, a mi vez, dar cordialmente las gracias al ponente y a la Comisión por la elaboración de este asunto. 
Las propuestas tienen un objetivo digno de apoyo: la biodiversidad es un asunto importante para todos nosotros. 
En todo caso, quisiera poner de relieve dos aspectos de este informe del Parlamento. 
En primer lugar, en el apartado ocho se expone la cuestión forestal en unos términos que dan a entender que lo que se quiere crear en el seno de la UE es un sistema de seguimiento burocrático y centralizado que estuviera basado en una certificación del sector maderero y de todos los seres que habitan los bosques. 
La utilización de los bosques de los Estados miembros sería gestionada por la UE mediante planes de acción. 
En este contexto, hay que recordar que, en la UE, los asuntos forestales están incluidos en el principio de subsidiariedad, así que no hay razón para ampliar el control por parte de Bruselas sin que exista una causa específica para ello. 
Además, todas las instancias implicadas en los asuntos forestales están de acuerdo en que la certificación debe funcionar sobre la base de la voluntariedad, y en ningún caso bajo la dirección de la UE. 
En segundo lugar, en el apartado 44 se propone que todas las subvenciones a la producción agropecuaria sean sustituidas por subvenciones concedidas bajo criterios medioambientales. 
Estimados colegas, ahora tenemos que recordar cuál es la situación comercial global en que vivimos. 
Si no hubiera ayudas a la producción, no podría practicarse la agricultura en la medida que se hace actualmente en la UE. 
¿Qué sucedería con la diversidad biológica? 
En determinadas regiones, las ayudas a la producción son proporcionalmente más importantes que en Europa Central. 
Por ejemplo, en mi país los mayores problemas no afectan al estado del medio ambiente o a la diversidad biológica, sino que están relacionados con la rentabilidad de la producción en unas condiciones que ocasionan elevados costes. 
En vano se les hablará a los agricultores de la necesidad de más medidas medioambientales, pues prácticamente toda la producción de nuestro país es ecológica. 
Así pues, propongo que se suprima el apartado 44 en su totalidad, así como la parte final del apartado 42, donde se propone que las medidas ambientales en el ámbito de la agricultura se centren únicamente en la protección de las especies en peligro de extinción. 
Este tipo de afirmaciones no deberían incluirse en declaraciones de cualquier institución de la UE que se precie. 
Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con el informe de la Sra. Béguin porque parte de una realidad: ni el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en 1992, ni los diferentes convenios internacionales ni el Derecho comunitario, en concreto las Directivas "Aves" y "Hábitats", han conseguido frenar el deterioro de la biodiversidad. 
Asimismo recuerda claramente que van a desaparecer miles de especies que ni siquiera han sido identificadas. 
En efecto, están en peligro de extinción 11.000 especies de fauna y flora. 
Creo que eso es suficiente para que se tomen medidas adecuadas. 
La ponente acoge favorablemente los planes propuestos, pero recuerda que hay planes que aún no se han realizado como, por ejemplo, el relacionado con los bosques. 
Y habla claramente de la necesidad de integración de la política medioambiental en el resto de las políticas agrícola, pesquera y demás. 
Como tengo poco tiempo, señor Presidente, voy a poner un ejemplo, porque los ejemplos expresan mejor que nada lo que se debiera hacer: la utilización de Fondos FEOGA en la destrucción del último bosque de laurisilva que queda en la isla de Gran Canaria. 
Este fin de semana estuve en la isla de Gran Canaria con un grupo de vecinos que denunciaron ante la Comisión Europea- me remito a la pregunta que formulé en su día- que en el bosque de tilos de Moya, el único bosque de laurisilva que queda en la isla, al haberse entubado todo el agua que bajaba por las acequias, se están secando todos los árboles del bosque. 
Eso se hace con Fondos FEOGA. 
Hay que reconocer todo el mérito de los vecinos, porque sin medios económicos, sin tiempo, fuera de su tiempo de trabajo, están luchando por preservar este espacio natural. 
Los vecinos están agradecidos por la respuesta que la Sra. Wallström les dio, porque demostró conocer perfectamente la zona- qué hay que cuidar, porque es susceptible de estar en la red Natura 2000- y porque pidió al Gobierno español que asumiera la responsabilidad del cuidado de esa zona. 
Sra. Wallström, su intervención produjo esperanza en los vecinos. 
Éste es un ejemplo claro de que no se deben utilizar fondos europeos para proyectos que atenten contra el medio ambiente. 
Señor Presidente, al igual que han hecho otros oradores, felicito a la ponente y expreso mi satisfacción por su informe. 
La magnitud de las repercusiones de la biodiversidad sobre las vidas de todos los ciudadanos y la calidad o la falta de ella de sus vidas hace que el presente debate sea sumamente importante. 
Aquellos de nosotros a los que se nos ha confiado la tarea de garantizar un futuro para nuestro pasado debemos actuar ahora con determinación. 
No obstante, debemos hacerlo de una manera inteligente y con conocimiento de causa, y estar preparados para aprovechar los avances en investigación y tecnología que nos permitan alcanzar nuestro objetivo. 
Ámbitos polémicos como la biotecnología deben, en mi opinión, formar parte de esta ecuación. 
El papel de los agricultores como garantes del abastecimiento de alimentos sostenibles y de calidad debe adquirir mayor relevancia, porque pasamos por alto, para peligro nuestro, el hecho de que la agricultura es una actividad comercial. 
El singular papel de los agricultores como gestores del medio ambiente debe también ser plenamente reconocido, apreciado y recompensado. 
En este sentido, pido a la Asamblea que tome buena nota del hecho de que la profesión de agricultor está en declive. 
Los agricultores envejecen y los jóvenes son reacios a inclinarse por la agricultura como profesión. 
Desde el punto de vista de la biodiversidad, el papel de los agricultores y la conservación de explotaciones agrícolas familiares son importantes. 
Representan una parte fundamental de la infraestructura rural. 
La biodiversidad y el desarrollo sostenible no tendrán lugar si se les elimina de la ecuación. 
En una palabra y para terminar, debemos adoptar un enfoque práctico que proteja la biodiversidad, al tiempo que reconozca el papel profesional y comercial de los agricultores. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estimada señora Comisaria, quiero exponer mi opinión sobre el plan de acción referente a la preservación de la diversidad biológica en el marco de la cooperación económica y en el de la cooperación para el desarrollo. 
Ya se ha dicho esta tarde que la mayor diversidad de especies se encuentra en las regiones tropicales de los países en vías de desarrollo. 
Hay allí un amplio abanico de plantas cultivadas, de animales domésticos, de animales salvajes, etc. y, lo que es para nosotros exactamente igual de importante, gran parte de la población indígena local depende de la existencia de esa diversidad de especies. 
Si se reduce esa diversidad de especies, si se producen grandes daños a la Naturaleza, se origina un círculo vicioso; la población que vive allí cae en la pobreza. 
También sabemos que si no se combate la pobreza es muy difícil apoyar y promover la conciencia a favor de la diversidad de especies y cuestiones de sostenibilidad. 
Por ello, es importante que este plan de acción tenga como objetivo que los conceptos de protección de las especies se incluyan en los programas de la Unión Europea dentro del marco de la cooperación para el desarrollo. 
Esto significa apoyar el uso sostenible de recursos naturales, sobre todo de bosques y también una aplicación más intensa del análisis de compatibilidad ambiental en este campo. 
En nombre de mi Grupo quiero apoyar también todas aquellas enmiendas que destacan el papel fundamental de la población indígena así como sus derechos sociales, económicos y culturales. 
No quiero dejar pasar esta ocasión en la que hablamos sobre la diversidad de especies y, naturalmente, también sobre la sostenibilidad, sin decir que también tenemos que mirar nuestros propios defectos si queremos ser creíbles en el plano internacional. 
Cuando recuerdo los debates sobre la resolución sobre la cumbre de Barcelona, donde se han mencionado con total claridad proyectos en Europa que atentan contra la diversidad de las especies y la limitan, entonces creo que no es suficiente si en Europa solamente presentamos excelentes resoluciones con las que queremos proteger a los gorilas de montaña en los bosques africanos sino que es también necesario que apliquemos con gran compromiso proyectos y nuestros propios programas, como por ejemplo, Natura 2000. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente Isler Béguin, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión de Desarrollo y Cooperación por sus trabajos en relación con el borrador de informe y por esta resolución. 
La diversidad biológica es un asunto primordial en el desarrollo sostenible y en la integración de los aspectos medioambientales en los demás sectores políticos. 
Es importante en sí, pero también constituye el fundamento de actividades tales como la agricultura y la pesca. 
La diversidad biológica es también un importante capital natural del que dependen para su sustento muchas comunidades locales, en muchos países. 
No obstante, ésta disminuye con una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. 
Hoy le he traído una mala noticia. 
La cabra pirenaica ha desaparecido para siempre. 
No somos capaces de proteger a las especies que nos hemos comprometido a proteger. 
Un objetivo central de la estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible y del Sexto Programa Medioambiental es la detención del deterioro de la diversidad biológica antes del año 2010. 
Para conseguir este objetivo es muy importante que se cumplan los planes en favor de la diversidad biológica que estamos discutiendo. 
Una condición para la protección de la diversidad biológica es que se cumplan tanto la directiva sobre aves como la directiva sobre entornos vitales. 
Sin embargo, esto no es suficiente. 
Si realmente nos interesa poner fin al deterioro de la diversidad biológica, tendremos que ocuparnos de la totalidad del territorio de la Unión y no solamente de los sectores protegidos. 
Conviene integrar la diversidad biológica con la política de desarrollo y empleo de los territorios continentales y de los mares. 
Las medidas en favor de la diversidad biológica no sólo son ambiciosas, sino también posibles de realizar. 
Ellas implican un gran avance en la integración de la diversidad biológica en las políticas agrícola, de pesca, de desarrollo y cooperación y en nuestra propia política medioambiental. 
Las medidas para la protección de los recursos naturales demuestran con claridad nuestra intención inequívoca de cumplir con las directivas sobre las aves y sobre entornos vitales y de respaldar los trabajos relacionados con Natura 2000. 
En ésta se dice cómo habrá que emplear recursos tales como los estudios sobre consecuencias medioambientales, el etiquetado ecológico, las auditorías ecológicas y otros instrumentos de carácter económico para fomentar la protección de la diversidad biológica en todo el territorio de la UE. 
En los planes para la agricultura se da prioridad a la obtención de ventajas recíprocas para las actividades agrícolas y para la diversidad biológica. 
Los instrumentos más importantes comprenden desde medidas para el desarrollo rural hasta diferentes aspectos medioambientales en la organización general del mercado, reglas para la carne de vacuno, la leche, los cereales, etcétera. 
Las medidas comprenden todo el sector rural, incluidos los sectores contemplados en Natura 2000. 
Las medidas para la pesca se refieren a amenazas que afectan tanto a la pesca tradicional como al uso de las aguas y están en plena concordancia con el Libro Verde sobre el futuro de la política pesquera común. 
La mayor parte de las amenazas contra la diversidad biológica mundial- y las más graves- están en los países en desarrollo. 
Por eso, la lucha en favor de la diversidad biológica está estrechamente relacionada con nuestra estrategia para acabar con la pobreza. 
Tenemos la responsabilidad de que las ayudas al desarrollo se concedan de manera que los recursos naturales, decisivos para el bienestar, no se vean afectados. 
Las medidas para la colaboración económica y el desarrollo nos proporcionan herramientas para lograrlo. 
Los planes para la protección de la diversidad biológica no son instrumentos estáticos, sino que se desarrollarán a través del empleo de diferentes indicadores. 
Esto ha sido señalado durante el debate y, además, es algo que la Comisión respalda y con lo que ha empezado a trabajar. 
Esos planes contribuirán principalmente a la discusión sobre la reforma de la política pesquera común, de la política agrícola y de las normas sobre los Fondos estructurales. 
Espero que esas reformas tengan el alcance suficiente para que podamos cumplir plenamente con los objetivos fijados en los planes para la protección de la diversidad biológica. 
Sólo de esta forma podremos alcanzar el objetivo de detener el deterioro de la diversidad biológica antes del año 2010. 
Doy las gracias a todos los diputados por sus valiosas contribuciones al debate. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0044/2002) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (12394/2/2001- C5-0640/2001- 2000/0080 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (Ponente: Sra. Emilia Franziska Müller). 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Quería anunciar, antes de que la Sra. Emilia Franziska Müller comience su intervención, que el hecho de que se haya estropeado la pantalla donde aparece la lista de oradores quizá explique la ausencia de diputados al debate. 
Por otro lado, en nuestros despachos sólo recibimos la interpretación en alemán. 
Para mí es de gran ayuda porque estoy siguiendo un curso en el Instituto Goethe, pero a otros puede resultarle algo difícil. 
Señora Jackson, como ve, no hay mal que por bien no venga. 
Acabo de anunciar que hay este problema y que los técnicos están tratando de solucionarlo. 
Esperemos que consigan resolverlo lo más rápido posible. 
De todos modos, usted es muy optimista cuando dice que hay pocos diputados en el Pleno sólo porque tenemos algún problema técnico en los monitores. 
Ojalá que fuera realmente así. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, aproximadamente el 20% de todos los europeos complementan regularmente su alimentación diaria. 
En 1999, los consumidores europeos gastaron 1615 millones de euros sólo para vitaminas y productos minerales. 
La demanda crece permanentemente pues las costumbres de vida y alimentarias de las personas han cambiado fuertemente. 
Las vitaminas y minerales participan en un gran número de procesos bioquímicos en el organismo humano. Un suministro óptimo de estas sustancias es decisivo para la salud y rendimiento de las personas. 
Considero muy positivamente la posibilidad de enriquecer nuestra alimentación diaria con vitaminas y sustancias minerales adicionales. 
Cuando actualmente hablamos de complementos alimenticios, pensamos sobre todo en vitaminas y minerales que se ofrecen en el comercio en forma de tabletas, cápsulas o polvo. 
La directiva sobre complementos alimenticios pretende acercar las normas jurídicas en los Estados miembros. 
De este modo, los fabricantes tendrán un acceso más fácil a todos los mercados bajo unas condiciones de fabricación y comercialización unitarias. 
La directiva asigna los complementos alimenticios sin ningún género de dudas a los alimentos. Los complementos alimenticios no son medicinas ni tampoco pueden sustituir a éstas. 
Con la clasificación como alimentos se aplican a los complementos alimenticios todas las normas en vigor en la Unión Europea, incluidas las de calidad, higiene y seguridad. 
El consumidor debe poderse fiar en la inocuidad de todos los alimentos, precisamente también en el caso de sustancias como vitaminas o minerales en las que existen en parte diferencias en la estabilidad. 
La nueva directiva apunta en concreto a dos aspectos: la seguridad de los consumidores y la realización del mercado interior para complementos alimenticios. 
El Consejo de Ministros ha recogido las exigencias esenciales planteadas por el Parlamento en la primera lectura. 
El Parlamento saluda que el Consejo tenga en cuenta la inclusión de otras sustancias en la directiva. 
Se trata de sustancias que se encuentran ya actualmente en el mercado pero que aún no han sido evaluadas por el comité científico competente. 
Estas se deben incluir en el anexo de la directiva. 
En la posición común se prevén 18 meses para la elaboración de una documentación. 
La Comisión de Medio Ambiente ha prorrogado este plazo de 18 meses hasta 36 para conceder en especial a las pequeñas y medianas empresas un margen de tiempo suficiente para reunir los datos de sus productos. 
Se han presentado al Pleno otras enmiendas al respecto, 24 y 30 meses. 
Yo misma estoy a favor de 30 meses pues creo que dos años y medio deben ser suficientes para demostrar la seguridad de un producto que se vende desde hace años al consumidor. 
Doy gran importancia a que las sustancias se examinen científicamente antes de que sean recogidas por una regulación comunitaria. 
En lo que se refiere a la dosificación y, en consecuencia, al mejor suministro posible de los consumidores, el Parlamento saluda el sistema de las cantidades máximas seguras en combinación con las cantidades de referencia para la población. 
Es decir, el fabricante no debe ir con su dosificación hasta el límite de lo que puede soportar el hombre. 
Pero tampoco tiene que limitarse a las cantidades diarias recomendadas que, por lo general, se estiman muy bajas. 
Precisamente en este punto, la directiva tiene en cuenta los deseos y también la protección de los consumidores. 
La posición común ha encontrado aquí un compromiso que apoyo totalmente. 
Por ello, rechazamos también la enmienda nº 6 al artículo 5 de la directiva. 
En lo tocante al etiquetado de los productos, la directiva prevé unas claras recomendaciones de dosificación. 
La enmienda nº 8 sobre más transparencia está cubierta claramente por el Reglamento para la Creación de la Autoridad Europea para la Seguridad en los Alimentos Nº 178/2002, del 28-2-2002 en sus artículos 38 y 42. 
Por ello, el Grupo del PPE rechaza también esta enmienda. 
Por todos los motivos mencionados, rechazo decididamente la devolución de la posición común, tal como exige la enmienda nº 7. 
Para finalizar, algunas palabras sobre la campaña con la que han sido importunados todos los diputados en las últimas semanas y meses. Con esta campaña, un único fabricante y comerciante de productos vitamínicos defiende intereses puramente económicos. 
El autor de esta campaña cuida su imagen a costa de personas enfermas. 
Crea inseguridad entre los consumidores y se aprovecha de sus situaciones apuradas para sus propios objetivos. 
Lo siento por todas las personas que han caído en el pánico provocado y en las argumentaciones sencillamente erróneas. 
Está claro que con la directiva sobre complementos alimenticios no prohibimos terapias vitamínicas ni interferimos con ello en los métodos de medicina natural. 
Pero la directiva prohíbe con razón que se confunda a los consumidores con promesas insostenibles en lo que se refiere a los posibles efectos sanadores o profilácticos de vitaminas y sustancias minerales. 
Con esta directiva, los consumidores en Europa pueden contar con condiciones marco legales que dan gran importancia a la seguridad del producto y a un etiquetado adecuado, sin limitar la oferta de productos en las estanterías. 
Se trata pues de una regulación legal que apuesta por el libre tráfico de mercancías y al mismo tiempo por un elevado nivel de protección. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Sra. Müller, no sólo por su excelente informe, sino también por la determinación que ha mostrado. 
El expediente que nos ocupa ha levantado una gran polvareda. 
Todos sabemos que en Europa existen numerosas tradiciones, costumbres y prohibiciones. 
Gran Bretaña y los Países Bajos cuentan en realidad, al igual que Estados Unidos, con una legislación muy flexible que permite comprar, vender y consumir libremente todo tipo de vitaminas y minerales una vez que hayan sido registrados. 
Sin embargo, también existen productos, determinadas vitaminas y minerales, que no carecen de riesgos. 
En Alemania, otro Estado Miembro, la legislación es muy estricta. 
Los complementos alimenticios solo pueden obtenerse con receta médica y exclusivamente en farmacias. 
Causa más que suficiente para armonizar el mercado interior, también de cara a los ciudadanos europeos. 
Y estamos hablando, Presidente, de una harmonización basada en dos criterios: la determinación de una cantidad diaria recomendada como pauta para el consumidor y la elaboración de una lista positiva de productos permitidos. 
Los productos que aún no se encuentran en la lista europea serán admitidos cuando se presente un expediente al dictamen del comité científico independiente. 
Las empresas decentes europeas se muestran satisfechas con esta directiva, a diferencia de algunos charlatanes como un tal Mathias Rath que regenta un lucrativo negocio con sus propios productos desde los Países Bajos, a pocos kilómetros de la frontera alemana. 
La aprobación de esta legislación europea logrará que su negocio, centrado principalmente en Alemania, se vea condenado a desaparecer gracias a que todos los consumidores podrán adquirir vitaminas y minerales seguros en la droguería, supermercado o farmacia. 
Presidente, yo también he sido acosado con una cantidad ingente de e-mails y cartas. 
Rath ha instado a los ciudadanos preocupados para que actuaran convenciéndoles con argumentos falsos. 
Quiero dejar claro que ningún producto se va a retirar del mercado. 
Se ha dispuesto un período de treinta meses para demostrar que los productos son seguros y yo supervisaré la labor de registro del comité científico complacido porque Europa ponga fin a una actividad que solo tiene por objeto llenarse los bolsillos a costa de personas que están gravemente enfermas. 
Señor Comisario, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Müller por su enfoque coherente, experto y determinado. 
Su labor está demostrando ser de gran importancia. 
El mercado de los complementos alimenticios crece con rapidez. 
Los complementos alimenticios pueden contribuir de manera positiva a la salud. Quien se lo puede permitir, no duda en comprar salud. 
Sin embargo, también tenemos que indicar que la calidad no siempre está garantizada. 
Por este motivo, debemos separar el grano de la paja. 
El consumidor tiene derecho a productos seguros y a una información adecuada. 
Lo hemos podido comprobar. Miles de e-mails, cuatro libros, vídeos y tarjetas postales para apoyar la causa de los productores. 
En la revista ' De Rapporteur? se afirmó que la campaña de presión de los productores de vitaminas había sido contraproducente. 
¡Ójala fuera así! 
Lamentablemente, varios colegas, procedentes sobre todo del Grupo Liberal y del Grupo Verde, han cedido a las presiones. 
Recientemente, recibí 35 cartas de consumidores preocupados. 
No las recibí directamente, sino a través de la industria, lo que da que pensar. 
Las cartas eran de personas que escribían que los comprimidos multivitamínicos les beneficiaban y que habían oído que el Parlamento Europeo los iba a prohibir. 
Los comprimidos multivitamínicos pueden seguirse consumiendo. 
Solo si incorporan sustancias o compuestos que no constan en la lista exhaustiva, el productor deberá demostrar que son seguros. 
¿Acaso es mucho pedir? 
Quienes afirman que hasta la fecha apenas se han producido accidentes con los complementos alimenticios probablemente tengan razón. 
Pero hasta ahora, su uso había sido limitado. 
Ha sido en los últimos años cuando el mercado se ha ampliado y los comercios han empezado a comercializar comprimidos de alta dosificación. 
Se debe primar la seguridad. 
Me parece un plazo más que suficiente, aunque no me importa que este plazo se amplíe a 24 meses. 
La directiva es de vital importancia y no tiene sentido regular los aspectos relativos a la seguridad en cada Estado Miembro por separado. No lo hacemos con los alimentos. 
En el caso de los complementos alimenticios no existe un mercado interior en la actualidad, sino muchas y muy diferentes normas nacionales. 
Se debe crear un mercado interior para los complementos alimenticios. 
Personalmente, considero que el mercado interior es muy positivo. La única condición es que el mercado interior establezca normas comunes de alto nivel, lo cual se logra con esta directiva. 
La Comisión ha sentado unas bases claras para la fijación de las cantidades máximas de seguridad para las vitaminas y minerales, lo que también constituye la base de la confianza de los consumidores. 
Pido su apoyo para esta directiva. 
Señor Presidente, Señor Comisario, más que una moda, el consumo de vitaminas y de otros complementos alimenticios es un verdadero fenómeno social. 
El mercado que genera es enorme. 
Prueba de ello- aunque no hace falta prueba alguna- es el lobbying del que hemos sido objeto. 
Pero abordemos directamente la duda principal que corroe a gran parte de aquellos de mis colegas que se oponen a esta directiva: ¿había que legislar? 
Yo diría sin dudar que sí, y sí, al menos por tres motivos. 
De entrada, esta propuesta de directiva aporta una respuesta concreta a una realidad: la ausencia de mercado interior, que tiene consecuencias negativas tanto para los agentes económicos de este sector como para los consumidores. 
A título ilustrativo, hoy es prácticamente imposible para un fabricante de vitaminas del Reino Unido exportar y comercializar sus productos en Bélgica o en Francia, por ejemplo. 
En segundo lugar, no podemos permitir que nos falle la memoria con relación a las dos batallas principales de la primera lectura, que son la inclusión de las sustancias con efectos fisiológicos- las fibras y los extractos de plantas, sobre todo- y la normativa de etiquetado indispensable para que el consumidor elija con conocimiento de causa. 
Nuestro Parlamento ha hecho oír su voz. 
Como tercer punto, añadiría que esta directiva no prohibirá ningún complemento alimenticio de calidad, sea cual sea su composición. 
Insisto en este punto: debemos dejar de esgrimir la amenaza de la prohibición y de la Europa castradora. 
Según nuestra opción, los productores dispondrán al menos de tres años y medio para presentar su informe y para probar la inocuidad de aquellos de sus productos que actualmente no están incluidos en los anexos, y si al final se decretara la prohibición, se referiría por tanto a sustancias sospechosas, lo cual, a mi modo de ver, es lo menos que puede ocurrir. 
Y ya que en este informe hablamos de la vertiente puramente relativa a la salud, me gustaría también que se dejara de repetir que el abuso de vitaminas no implica riesgo alguno. 
¡Es falso! 
¡Es falso! 
Hay que repetirlo: las hipervitaminosis de todas las vitaminas liposolubles (A, K, E, D) son problemáticas, y, sin ir más lejos, el exceso de vitamina A tiene efectos teratógenos conocidos, por tanto malformaciones fetales. 
Así pues, podemos admitir que exista una oposición política a esta directiva, pero no podemos en modo alguno dejar que se difundan mentiras científicas. 
En resumen, y por todos los motivos que acabo de mencionar, estamos ante una legislación flexible y equilibrada que tiene en cuenta intereses de los consumidores, de los productores y de los distribuidores, y que sienta las bases de una harmonización necesaria en este sector. 
La mayoría de mis colegas del Grupo Liberal votarán a favor del excelente informe de la Sra. Müller, a la que aprovecho para felicitar. 
Creo que la presente directiva es un ataque inaceptable al derecho de los ciudadanos a elegir cómo desean cuidar su salud y bienestar. 
Son muy numerosos los ciudadanos de la UE que optan por tomar complementos para reducir la posibilidad de caer enfermos y tener que recurrir a la prescripción facultativa para obtener medicamentos. 
Las personas deberían tener el derecho a optar por un enfoque saludable, en vez de esperar a caer enfermas para poder recurrir a fármacos, muchos de los cuales tienen efectos secundarios peligrosos. 
No me sorprende que la industria farmacéutica apoye esta directiva, porque para ella representa directamente más negocio. 
Productos que llevan consumiéndose ampliamente y sin representar ningún riesgo durante muchos años en varios Estados miembros están siendo restringidos por motivos de salud o seguridad sin ninguna justificación. 
Creo que éste es un excelente ejemplo de "armonización con la cortadora de césped", según la cual, se todo se recorta al mínimo denominador común. 
Los consumidores deberían tener la libertad de elegir su propio nivel de potencia y nutrientes, a condición de que éstos sean seguros y estén debidamente etiquetados. 
La disponibilidad de complementos no debería restringirse por ningún motivo que no sea el de seguridad. 
Esta propuesta tiene fallos profundos, porque está basada en investigación anticuada que se apoya en las dosis diarias recomendadas de vitaminas y minerales. 
Durante los últimos cinco años, dichas dosis han constituido la base de la sabiduría nutricional convencional. 
No obstante, según numerosos informes que he leído sobre este tema, las dosis diarias recomendadas se han fijado excesivamente bajas y deberían ser revisadas al alza. 
En cambio, los legisladores deberían confiar en los límites máximos seguros, que son un recurso mucho mejor. 
Por ejemplo, la dosis diaria recomendada de vitamina B6 es de sólo 2 mg., mientras que el límite máximo seguro es de 200 mg. Dos estudios publicados en el New England Journal of Medicine en 1993 demostraban que el consumo de complementos que contenían 100 UI de vitamina E durante dos años como mínimo reducía en un 40% aproximadamente el riesgo de sufrir enfermedades coronarias tanto en hombres como en mujeres. 
A pesar de ello, la dosis diaria recomendada de vitamina E sigue siendo de tan sólo 10 UI. 
Creo que los países que tienen una política restrictiva deberían flexibilizarla, pero no a condición de que endurezcamos nuestro sistema y restrinjamos el acceso de nuestros consumidores en nuestros países a los complementos vitamínicos y alimenticios. 
La directiva que hoy nos ocupa tiene fundamentalmente dos objetivos principales: primero, armonizar las disposiciones legales nacionales sobre los complementos alimenticios para reducir o suprimir los considerables problemas existentes en la libre circulación de complementos alimenticios; y segundo, establecer un nivel adecuado de protección de los consumidores en los Estados miembros de la Unión Europea en lo relativo a la utilización de los componentes alimenticios. 
Para alcanzar estos dos objetivos es necesario, como ha dicho la ponente, definir adecuadamente el concepto de complemento alimenticio; realizar una valoración científica de todos los elementos integrantes y de sus dosis máximas y mínimas; así como establecer los criterios fundamentales de los requisitos con respecto a la protección de los consumidores; y, naturalmente, las normas de calidad también deberán ser examinadas. 
La protección de 370 millones de consumidores en la Unión Europea es de la máxima importancia. 
En virtud del Tratado de Ámsterdam, el Parlamento tiene poder de codecisión, junto con el Consejo, en el ámbito de la protección de los consumidores y los asuntos de salud pública. 
Siempre he apoyado la necesidad de mejorar las disposiciones en materia de etiquetado de cara a garantizar que la información al consumidor es transparente y eficaz. 
La situación es la siguiente: vivimos en un mercado interior en el que existe la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. 
Debemos garantizar la seguridad de nuestra cadena alimentaria desde la granja hasta nuestra mesa. 
Es importante que dispongamos de una propuesta marco para la creación de sistemas uniformes de certificación de los complementos alimenticios. 
Si existe la menor posibilidad de que la aplicación de cualquier propuesta en particular suponga algún peligro para la salud pública, siempre deberemos optar por la cautela, y felicito a la ponente por su informe. 
Señor Presidente, no se conocen casos de efectos o consecuencias graves o nocivas del consumo de las vitaminas y minerales que se pretende regular con esta directiva. 
Sin embargo, todos sabemos que en la Unión Europea mueren todos los años medio millón de personas de forma prematura como consecuencia del tabaco. 
Por este motivo, resulta asombroso que se vaya a aprobar una normativa más estricta para las vitaminas y minerales que para el tabaco. 
En el informe se intenta contentar a los productores de complementos alimenticios mediante la ampliación del período de aprobación de año y medio a tres años. 
Esta medida no les servirá de nada a las pequeñas empresas debido al elevado coste de las investigaciones que se exigen. 
La consecuencia será que se prohibirán complementos alimenticios que llevan comercializándose sin ningún problema y de forma legal durante muchos años en determinados Estados Miembros. 
Debido a que las cantidades permitidas en los comprimidos se han reducido en muchos casos, lo único que se conseguirá es que los consumidores compren un número mayor de comprimidos para poder ingerir la misma cantidad. 
Sin embargo, mis objeciones son más profundas. 
Si se tiene en cuenta que existen diferentes hábitos y culturas alimenticias en las diferentes regiones de la Unión Europea, las necesidades de los complementos alimenticios también variarán de forma importante. 
He llegado a la conclusión de que no se puede elaborar una legislación europea que se adapte a las diferentes culturas. 
En la primera lectura, el Grupo EDD ya abogó por rechazar el informe de la Sra. Müller por ser contrario al Tratado. 
Esta propuesta no contó entonces con mucho respaldo. 
Por lo que he oído, entretanto ha crecido considerablemente el rechazo a este instrumento legislativo. 
Por ello, espero que exista un número suficiente de diputados que se atrevan a rechazar la posición común del Consejo. 
Existe un gran número de consumidores que también lo espera. 
Si se tienen en cuenta las numerosas reacciones, esta directiva supone un problema para muchos consumidores. 
Quisiera hacerle entrega en este momento de los muchos miles de firmas recogidas. 
Señor Presidente, ésta es una mala directiva. 
No hago esta afirmación embargada por la emoción ni porque me haya presionado el Dr. Rath. 
Curiosamente, no he recibido mucho correo electrónico, por lo que mi ordenador no se ha llenado de mensajes del Dr. Rath ni de nadie. 
No sé a qué es debido, pero no tardo nada con la tecla de eliminar. 
Creo que ésta es una pésima directiva, no en su propósito, sino en su método. 
Su objetivo, como todos han dicho, es implantar un mercado común de complementos alimenticios. 
Es posible que lo consiga, pero al hacerlo, existe el riesgo- y el riesgo es real- de que algunos productos comercializados actualmente en algunos países dejen de estar disponibles. 
Al igual que muchos diputados británicos al Parlamento Europeo, he recibido numerosas cartas de personas de la región que represento. 
No son circulares en las que sólo hay que firmar, son cartas escritas personalmente. 
Las personas que las escriben temen que ya no podrán comprar más de 300 complementos alimenticios de los que depende su buena salud. 
No es necesario que entremos en el porqué de este temor ni en quién lo ha provocado, en caso de que alguien lo haya provocado. 
Lo cierto es que la Comisión ha creado una situación, presentando la directiva de esta forma, que ha llevado a las personas a expresar y a sentir dichos temores. 
No tengo nada en contra de los diputados alemanes ni de la ponente. Ella ha realizado un trabajo valiente. 
Están defendiendo el sistema que tienen implantado. 
Creen que nuestro sistema- el británico, en este caso- más liberal puede permitir que productos poco seguros entren en el mercado. 
Nosotros sostenemos que los consumidores deben poder ejercer una elección lo más amplia posible y que no existe ninguna prueba de que los productos que están en nuestro mercado sean poco seguros. 
¿Dónde están las pruebas que demuestran que no son seguros? 
¿Por qué deberíamos nosotros demostrar que son seguros cuando la gente los compra cada día y cree que su salud depende de ellos? 
Señor Comisario Byrne, le digo que tenga cuidado. 
Esta directiva intenta conciliar planteamientos nacionales muy diferentes respecto a la comercialización de estos productos, y fracasa en ese intento de armonización. 
Las pequeñas empresas no han dispuesto del tiempo suficiente para presentar el dossier necesario sobre la seguridad de sus productos. 
Eso lo podemos corregir mañana, pero ¿por qué, señor Comisario Byrne, no se incluye en esta directiva ninguna evaluación de los costes para las pequeñas empresas? 
Cuando se presentó hace dos años, no incluía ninguna evaluación de las repercusiones sobre los costes. 
Igual de importante es que salga a la luz todo el proceso de revisión de todo lo que hay en el mercado. 
La revisión no deberían hacerla comités secretos. 
Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor insistiremos en que se nos informe mucho mejor sobre esto, de manera que podamos, en nombre de nuestros preocupados electores, hacer un seguimiento de lo que está sucediendo. 
Esperamos poder bloquear cualquier intento torpe de privar a la población de los productos que conocen y que siguen necesitando. 
Estamos hablando sobre productos que están a disposición en el mercado y nos preguntamos porqué deben demostrar su inocuidad. 
Les puedo decir porqué: porque cualquier pequeño colorante que se debe añadir a sus Uncle Jo's Mintballs, tiene que hacerlo, porque cualquier conservante que hay en una mermelada tiene que hacerlo y porque por lo demás siempre nos levantamos aquí y decimos que es importante la seguridad del consumidor. 
Por todo ello, sólo debe acceder al mercado lo que puede demostrar su seguridad e inocuidad. 
Esto tiene que ser aplicable para algo que está en el mercado. 
También me tengo que sorprender cuando se llama la atención sobre los diversos sistemas. 
No sé de qué hablan. No he entendido ni a la Sra. Oomen-Ruijten ni a la Sra. Jackson. 
Pueden ir a cualquier droguería que quieran en Alemania, a cualquier supermercado, y comprar vitaminas, calcio o lo que deseen, de venta libre y en dosificaciones diferentes. 
No tengo nada en contra. Tampoco tengo nada en contra de que siga siendo de venta libre. 
Pero lo que sí quiero es que exista una dosis máxima. 
Sí, quiero esto. Pues personas que como yo tienen la mala suerte de tener cálculos en el riñón, no pueden tomar mucha vitamina C pues cristaliza. 
Igualmente precavidos debemos ser con el calcio y esto lo tienen que saber personas como yo. 
Cualquier persona que se levante aquí y diga como Patricia McKenna que si se aprueba esta directiva desaparecerán productos del mercado, engaña. 
No me gusta decirlo, Patricia, pues con frecuencia somos de la misma opinión. No es cierto que vaya a desaparecer del mercado ni un solo producto que sea actualmente seguro. 
Todo el mundo tiene que poder cerciorarse sobre la seguridad. Todos. 
Para cualquier producto que compramos, cosmético, farmacéutico o para cualquier edulcorante lo exigimos. 
¿Y ahora no lo vamos a exigir para alimentos? 
Entonces vendrán los fabricantes de alimentos y nos dirán porqué tienen que hacerlo para una varita de ' muesli? Y tendrán derecho en hacerlo. 
No deberían hacerlo ya más en el futuro. 
Entonces pueden meter dentro lo que les parezca, como organismos modificados genéticamente. 
¿Porqué tendrían que proporcionar pruebas de seguridad? 
Dios sabe que en esta Asamblea he practicado durante suficiente tiempo la protección del consumidor. También creo que mi reputación lo ha demostrado así claramente en el pasado. 
Digo a todas las personas que me llaman: no hay ningún producto que hoy compra que no pueda comprarlo en el futuro. 
Me voy a ocupar de que estén informados sobre lo que compran y si el producto es seguro. 
Si esto se demuestra en 24 o en 30 meses me da igual. Tiene que demostrarse. 
Felicito a la Sra. Müller por su excelente informe que apoyaré mañana sin ningún tipo de objeciones. 
Señor Blokland, he echado un vistazo al expediente que me ha entregado y pienso que procede enviarlo al presidente de la Comisión de Peticiones para que usted tenga una respuesta. 
Como es natural, usted recibirá una respuesta sobre el resultado que han conseguido las firmas que me ha entregado también de otra forma. 
Señor Presidente, el año pasado sólo en Gran Bretaña murieron 5.000 personas de sobredosis de alcohol. 
Bebieron hasta morir en una sesión. 
Y sin embargo, no veo que tengamos delante ninguna directiva por la que se exija que las bebidas alcohólicas sean sometidas a todo tipo de controles de seguridad, o que las botellas de Guinness o de vino de Estrasburgo lleven las advertencias más severas posible. 
Entonces, ¿por qué demonios tienen los fabricantes de complementos alimenticios que vérselas negras y soportar unos costes que podrían incluso llevarles a la quiebra, para poder mantener sus productos en el mercado? 
Mi colega, Frederick Ries, afirma que no todas las vitaminas son seguras, pero, naturalmente, podemos quitarnos la vida con cualquier cosa, si consumimos lo suficiente para ello. 
Podemos atiborrarnos de judías hasta morir, pero a diferencia del alcohol o de la mayoría de los medicamentos, no existe ningún dato de que los complementos vitamínicos y alimenticios hayan matado a nadie. 
Al contrario, al igual que el Sr. Blokland, he recibido muchas cartas que dan testimonio de que muchos son muy beneficiosos. 
Por consiguiente, esta directiva es como recurrir a una maza para cascar una nuez. 
Un mejor etiquetado hubiera sido suficiente para garantizar la protección necesaria, pero quizá ello no hubiera bastado para satisfacer a las grandes empresas farmacéuticas, que intentan controlar un mercado lucrativo. 
Recuerdo que el Comisario nos decía, hace no demasiado tiempo, que bajo su mandato tendríamos menos injerencias de ésas que irritan a tantos ciudadanos europeos y que no tienen ninguna razón de ser. 
No obstante, si lo que se intenta es demostrar que Bruselas quiere tratar a la ciudadanía como una niñera entrometida, esta directiva realmente se lleva la palma. 
Quiero empezar manifestando mi rechazo a la agresiva campaña a que hemos estado sometidos los diputados- y especialmente la ponente, la señora Müller- durante la tramitación de este asunto. 
Todos tienen sus derechos democráticos para argumentar en favor de lo que creen y para intentar influir en la toma de decisiones, pero en este caso se ha pasado el límite de lo aceptable. 
Soy una de las personas que rechazan la postura común. 
No se debe a mi constante oposición a las reglamentaciones y armonizaciones en el campo de la salud pública, sino que en este caso se debe a que no es deseable ni necesario armonizar las legislaciones nacionales. 
Tal como señaló el señor Blokland, los países tienen tradiciones muy diferentes y no he sabido de personas que hayan muerto por ingerir demasiadas vitaminas o minerales. 
El problema de esta directiva es, entre otras cosas, el artículo 5, que fija las dosis máximas diarias. 
El Parlamento Europeo no ejercerá ningún control ni tendrá ninguna injerencia en su fijación, sino que lo más probable es que se haga por medio del procedimiento de comité. 
Otro problema es el documento anejo, en el que se señala qué vitaminas y minerales podrán considerarse complementos alimentarios. 
Nos preocupan en este contexto las dificultades de las empresas y fabricantes pequeños para hacerse un lugar en el mercado. 
La consecuencia será que muchas empresas y productos van a desaparecer, limitándose así las opciones de elección de los consumidores. 
Actualmente estamos expuestos a una serie de sustancias tóxicas que hacen que una alimentación sana y variada no sea suficiente para mantenernos sanos y sentirnos bien. 
Necesitamos complementos de vitaminas y minerales, a veces en altas dosis, para equilibrar las funciones del organismo. 
Señor Presidente, unos sólidos conocimientos de dietética nos ayudarían a prevenir enfermedades. 
Deberíamos incentivar a las personas para que dediquen más tiempo al cuidado de su salud y para que se responsabilicen por su salud. 
Esta directiva emite señales equivocadas. 
Señor Presidente, con este informe no se fomenta obtener de la red de datos complementos alimenticios como elementos sanadores. 
Puedo comprender perfectamente las experiencias de ciudadanos afectados si bien mis propias experiencias hablan otro idioma. 
Los productos dirigidos a la curación o atenuación de enfermedades graves o actualmente aún no curables pertenecen en mi opinión a la ley de medicamentos y no tienen nada que ver con el consumo de alimentos. 
Es decir, productos con componentes farmacológicos y explicaciones publicitarias relacionadas con enfermedades deben ser autorizados como medicamentos. 
Con esta directiva se quieren armonizar las cantidades máximas en los 15 Estados miembros y las condiciones nacionales aplicando criterios de inocuidad para la salud en interés de una protección preventiva del consumidor. 
Las industrias farmacéuticas y alimentarias nacionales pugnan por un mercado extraordinariamente atractivo en el que se trata de alimentos enriquecidos con sustancias activas. 
Con las funciones adicionales curativas o de aumento del rendimiento que con frecuencia se les atribuye se hace publicidad para un nuevo tipo de alimentos. 
Me parece importante y responsable que no desaparezcan los límites entre medicamentos y alimentos. 
En este mercado alimentario cada vez mayor, la industria farmacéutica y alimentaria pondrán en movimiento todo en este procedimiento para enriquecer los alimentos con aditivos que no están presentes en los mismos de modo natural. 
El informe apuesta por la transparencia, publicidad y seguridad para los consumidores. Lo apoyo por ello. 
Pero, en cualquier caso, los pacientes y consumidores en el futuro van a tener que mirar la letra pequeña 'en caso de duda, consulte al médico o farmacéutico'. 
Por ello, la investigación y la ciencia tienen derecho a que se mejore esta posición. 
Señor Presidente, esta mañana circulaba por las calles de Estrasburgo una valla móvil de publicidad en la que se preguntaba a este Parlamento cómo puede hacer caso omiso de los deseos de 450 electores. 
La respuesta lógica es: "sin ningún problema"; viene haciéndolo desde hace años. 
Y si este Parlamento acepta la posición común sobre esta directiva, demostrará lo que estoy diciendo. 
Es una intromisión totalmente innecesaria en las libertades de millones de personas. 
Nunca había recibido tantas comunicaciones de gente corriente pidiéndome que la rechace. 
La Comisión está completamente equivocada cuando afirma que los grupos de presión son alarmistas. 
Por lo que puedo ver, la presión proviene de las personas de a pie a las que preocupa esta propuesta. 
Son los intereses de esas personas corrientes los que están amenazados. 
En consecuencia, votaré en favor de la enmienda 7 de UEN, en la que se pide que se rechace la posición común. 
Insto a todos los diputados de esta Asamblea a que hagan otro tanto. 
Señor Presidente, ante todo deseo agradecer a la Sra. Emilia Müller, así como a las Sras. Corbey y Roth-Behrendt, la valentía que han mostrado, a pesar de las enormes y absurdas presiones a las que se han visto sometidas y bombardeadas por personas no cualificadas desde el punto de vista científico e inmorales desde el punto de vista de su conducta. 
Deseo comunicar al Comisario Byrne que, con el fin de permitir que se apruebe más rápidamente esta directiva, he retirado una enmienda muy importante para la seguridad de los consumidores, en el sentido de que preveía que todos los complementos se debían elaborar sobre la base de las buenas prácticas de fabricación. 
Dicha enmienda estaba orientada a asegurar que los complementos alimenticios se debían elaborar garantizando no sólo la más alta calidad desde el punto de vista de su composición, sino también la seguridad de cara al consumo continuado de estos compuestos. 
Ahora, quisiera pedir al Comisario Byrne que se comprometa formalmente a que en los futuros reglamentos se especifiquen y expliquen mejor las disposiciones en virtud de las cuales los complementos alimenticios deben responder a altos niveles de calidad y de seguridad, a fin de evitar que los pequeños artesanos- o magos del llamado bienestar- comercialicen productos de baja calidad e incluso potencialmente peligrosos. 
Este Parlamento es consciente de la gran responsabilidad que tiene respecto a la salud de los ciudadanos y ello nos impone actuar con gran contundencia para que cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea pueda disponer de directivas en las que sean prioritarios altos niveles de calidad y de seguridad. 
El último ruego que quiero hacerle al Comisario Byrne es que cuando se pida esta nueva documentación deberemos exigir una documentación diferencial sobre la base de la composición de algunos productos, lo cual permitirá reducir notablemente los gastos para las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, no ocurre todos los días que debamos felicitar a una ponente por su auténtico coraje civil para hacer frente a uno de los grupos de presión más falto de escrúpulos de nuestro tiempo. 
No creo haber visto nada parecido antes. 
Al igual que la mayoría de nosotros, la ponente ha sido acusada de ser un títere de la industria farmacéutica, de ser ignorante e insensible. 
Deberíamos decir a los que han hecho estas acusaciones que en esta Asamblea no se nos puede comprar ni tampoco nos dejamos intimidar. 
Debemos poner nuestro criterio al servicio de nuestros electores, y el mío es que a pesar de todos sus fallos y deficiencias, la directiva merece ser recomendada, con enmiendas, a las numerosas personas atemorizadas y nerviosas que dependen de estos complementos alimenticios para conservar su salud y algunas de las cuales cree incluso que es un asunto de vida o muerte. 
Temen a la directiva porque les han dicho que se prohibirán estos productos, que se prohibirán las pruebas, y que lo que queda será devorado por un régimen restrictivo y preceptivo. 
Le debemos a nuestros electores asegurarles que no es así, y tragarse la retórica populista no es el modo de hacerlo. 
Debemos garantizar que los pequeños productores podrán presentarse y obtener garantías de que éste no será un proceso costoso y prohibitivo. 
Una y otra vez vemos que este punto es pasado por alto en las directivas. 
Como fue pasado por alto en la Directiva PPA. 
Las personas que más necesitan nuestra protección ahora son los pequeños productores y debemos protegerlos. 
Éstos deberían poder registrar su producto para una evaluación sencilla y económica. 
Debería elaborarse una lista positiva que se expanda rápidamente, y en la que las dosis máximas estén relacionadas con las necesidades reales y no con dosis diarias anticuadas. 
Algunos, como el Sr. Davies, han dicho que no hemos hecho esto con las bebidas alcohólicas. 
Díos mío, lo hemos intentado. 
Sabemos cuál es el grupo de presión que nos impide hacer esto con el alcohol, el que nos impide que tengamos el etiquetado necesario. 
Con un error no se subsana otro. 
Debemos contemplar la presente directiva en términos de cómo será interpretada. 
Mientras mayor es el número de personas que reivindican su salud, más nos convencemos de la necesidad de una evaluación de la seguridad. 
No puede ser lo uno sin lo otro. 
Si hay reivindicaciones, hay que esperar que los productos sean examinados, pero deben serlo de una manera justa, sencilla y económica para dejar un régimen de prácticas ligeras y fáciles de usar. 
Eso es lo que existe en mi país y creo que podemos mantenerlo. 
También es posible adaptar eso en el marco de la presente directiva. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, creo que la presente directiva representa una terrible violación de nuestro derecho a tener acceso a estos productos. 
Señor Comisario Byrne, su propuesta, si llega a aplicarse, podría retirar de nuestras estanterías cientos de complementos vitamínicos y minerales, en particular, en el Reino Unido e Irlanda. 
Estos productos son seguros y llevan años a disposición de los consumidores. 
Pero en vez de optar por una evaluación científica sobre la seguridad, la directiva se basa en un sistema anticuado de dosis diarias recomendadas, que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. 
Esta directiva obligará a los consumidores a comprar estos productos por Internet, donde no existe ningún control. 
¿Es eso lo que realmente quieren? 
Los consumidores no renunciarán a estos productos. 
Creo que esta directiva es un autogol. 
La Comisión Europea ha declarado que su objetivo es la ampliación del mercado interior. 
No obstante, muchos Estados miembros anteponen sus intereses nacionales y presionan para mantener cerrados sus mercados. 
Esto ocurre porque el régimen liberal en Irlanda, el Reino Unido y los Países Bajos no es aceptable para otros Estados miembros como Alemania y Francia. 
Lo que significa que productos seguros y fáciles de conseguir serán retirados del mercado. 
El único criterio para retirar dichos productos del mercado debería ser el de la seguridad. 
Como he dicho, éste es un gol en propia puerta y terminaremos importando productos de los Estados Unidos a través de Internet. 
¿Es eso lo que quieren realmente? 
Señor Presidente, el mercado interno es un pilar fundamental de la colaboración europea. 
Éste ha hecho posible el libre comercio, la competitividad y el bienestar en Europa. 
Sin embargo, no existen razones de mercado para uniformar las reglas para la venta de preparados que contengan vitaminas y minerales. 
Los países miembros tienen distintas tradiciones en esta materia. 
En Suecia- igual que en el Reino Unido y en Irlanda- cualquier persona puede comprar en el mercado preparados que contengan las máximas dosis diarias recomendadas. 
Esta tradición debe respetarse y debe también prevalecer ante las reglas uniformes. 
¿Qué hay realmente tras la propuesta de uniformar las normas comunitarias para la venta de complementos de vitaminas y minerales? 
Los detractores señalan como chivo expiatorio a la industria farmacéutica, ya que a ésta le interesa vender más tabletas. 
Los partidarios de la regulación también señalan a la industria farmacéutica, pero, en este caso, para decir como los críticos que ésta quiere aumentar sus volúmenes de venta. 
No he visto a ningún activista de un grupo de presión de la industria farmacéutica hablar sobre esta materia. 
La mayor fuerza impulsora de los afanes de regulación es, en cambio, la mentalidad sobreprotectora de los funcionarios y políticos de la UE. 
Es obvio que resulta inconveniente consumir elevadas dosis de vitaminas y minerales, pero hay un gran margen entre el consumo exagerado y los niveles peligrosos. 
Por medio de etiquetas informativas en los frascos, la mayoría de nosotros podría regular sus dosis diarias. 
Hay que tener confianza en que los ciudadanos podrán hacerlo. 
Soy médico especialista en diálisis y he visto numerosos casos de intoxicación. 
He visto a dos mujeres jóvenes envenenadas por nuez moscada y a un hombre mayor envenenado por nicotina, pero nunca he visto a nadie envenenado por el consumo de vitaminas y minerales. 
Los pacientes que tienen cálculos en el riñón deben cuidar el consumo de muchas cosas, no sólo de vitamina C y calcio. 
Al médico de la señora Roth-Behrendt le corresponde informarla de lo que debe cuidarse. 
Los médicos tienen cosas más importantes que hacer que recetar dosis de vitaminas y minerales más altas que las aceptadas como complemento alimenticio. 
Señor Presidente, hoy nos enfrentamos a la segunda lectura de la Directiva relativa a las Vitaminas. 
Quiero dejar claro que soy proeuropeo y que estoy a favor de la harmonización, aunque no de este modo. 
Me complace que la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente esté dispuesta a conceder 36 meses en lugar de 18 meses a los productores de comprimidos vitamínicos para demostrar que sus productos son seguros. 
Esto no supone ningún problema para los grandes productores farmacéuticos. 
Sin embargo, la presentación de estas pruebas supone un problema para las pequeñas empresas, sobre todo desde el punto de vista financiero. 
Pero lo que resulta inadmisible por principios es que tengan que demostrar que sus productos son seguros a pesar de que se hayan estado comercializando, a veces desde hace décadas, en los Países Bajos, Reino Unido e Irlanda. 
Estoy a favor de que se demuestre la seguridad de los nuevos preparados vitamínicos y no de los comprimidos anteriores. 
La Comisión, la mayoría del Consejo y el Sr. Roth-Behrendt afirman en realidad que estos comprimidos antiguos son inseguros. 
Por este motivo, votaré a favor de rechazar la posición común. 
Señor Presidente, señor Comisario, en Europa existen dos tradiciones desde hace 60 años sin que hayamos tenido problemas significativos de salud. 
Siempre que aceptemos el límite máximo de seguridad, la elección del consumidor debería prevalecer. 
Millones de personas en Europa compran vitaminas y minerales de su elección. 
No sólo no han tenido ningún problema, sino que su salud y bienestar se han visto beneficiados. 
Ahora nos enfrentamos no a una medida sanitaria, sino a una medida del mercado único que amenaza con la desaparición de 300 artículos de esta lista 'positiva' de artículos disponibles en el mercado. 
Estos 300 artículos están actualmente, de manera legal y segura, a la venta en tiendas de mi país y del suyo, señor Comisario. 
No son artículos extravagantes- son productos a base de boro, calcio, cobre, hierro, manganeso, potasio, selenio, zinc, etcétera. 
Si en el breve plazo de 18 meses estos productos no obtienen la aprobación del comité científico o se admiten sus expedientes, serán retirados del mercado. 
Eso no es problema para los grandes fabricantes, pero es un problema muy grave para los pequeños. 
Los costes y el plazo pueden ser prohibitivos para ellos, y si los productos desaparecen del mercado será el consumidor quien sufra las consecuencias. 
Si realmente desaparecen del mercado, como hemos oído, es posible que tengan que ir al extranjero o recurrir a productos que se venden por Internet, lo que encierra ciertos riesgos para el consumidor. 
Lo que necesitamos, señor Comisario, es un procedimiento simplificado para los productos que sean omitidos, de manera que puedan ser incluidos en la lista cuanto antes, y para eso necesitamos un plazo del orden de 36 meses. 
No obstante, permítanme decir también que Emilia Müller ha sufrido uno de los peores ataques por parte de personas ajenas a este Parlamento que cualquier diputado haya tenido que soportar jamás. 
Una cosa es recibir mensajes por correo electrónico; una cosa es ser objeto de presiones; una cosa es ser objeto de presiones en los medios de comunicación; pero soportar las amenazas de violencia, intimidación y acoso que han sufrido ella y su familia es algo que este Parlamento no aceptará. 
Digo esto a cualquiera que lo esté haciendo fuera: déjenla en paz, porque no toleraremos que una compañera diputada sufra estos ataques. 
Ella tiene más integridad en su dedo meñique que esas personas en todo su cuerpo, y le pido, señor Presidente, que plantee al Presidente de este Parlamento la posibilidad de llevar este asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos, con vistas a estudiar cómo puede protegerse a una diputada al Parlamento que está siendo objeto de este tipo de ataques y permitirle hacer debidamente su trabajo como diputada, como ponente y como alguien por la que sentimos un gran afecto y respeto. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted e informaré de ello al Presidente. 
No sé si el Presidente tomará la decisión de encargar el asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero, en todo caso, coincido con usted en que es preciso hacer algo. 
Hay mucha diferencia entre las presiones de todos los lobbies en su conjunto y las ofensas y las amenazas. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar cordialmente las gracias a la ponente, Sra. Emilia Müller, que ha conseguido realizar su trabajo en circunstancias difíciles. 
Muchos de nuestros colegas han debido soportar perturbaciones desaforadas y entorpecimientos por parte de gente disfrazada de bienhechores y defensores de los enfermos. 
En mi propio correo electrónico personal he llegado a recibir miles de mensajes diarios, en el peor de los casos incluso 8000 mensajes inútiles en un día. 
Cuando la misma persona envía en un día 900 mensajes, ya no se trata en absoluto de la opinión pública. 
De hecho, esto es ya un acoso delictivo. 
No puedo sino imaginarme cómo habrá sido el trabajo de la Sra. Müller. 
El Parlamento habría tenido que informarse ya para este caso, pero aún más como precaución para el futuro, sobre las prácticas de los parlamentos nacionales para garantizar la inmunidad, la seguridad y la tranquilidad en el trabajo de sus diputados. 
Todas estas molestias causadas y la utilización de personas como vehículo informático de expresión de opiniones han sido totalmente inútiles. 
Parece más bien que se haya tratado de una insolente campaña publicitaria de alguna empresa privada, cuya intención ni siquiera era influir en el trabajo del Parlamento. 
Probablemente, el patrocinador de la campaña también sabía que la UE no prohíbe ni impide los tratamientos alternativos o los tratamientos con vitaminas. 
A mí se me ha ocurrido muchas veces una sencilla idea: el instrumento es el mensaje. 
Si los medios para influenciarnos han sido tan desconsiderados, es difícil convencerse de la rectitud de los que están detrás de todo este asunto. 
Los dos objetivos principales de la Directiva son, por una parte, la aproximación de las legislaciones nacionales para permitir la creación de un mercado interior de complementos alimenticios y, por otra parte, el establecimiento de un nivel aceptable de protección al consumidor en todos los Estados miembros. 
Por ello, esta Directiva determinará debidamente los complementos alimenticios, obligará a realizar evaluaciones científicas de todos los componentes, fijará los requisitos sobre la información que debe recibir el consumidor y sobre el etiquetado, desarrollará los estándares de calidad y garantizará la existencia del control necesario. 
Para los agentes honestos, incluso desde la consideración de sus propios intereses, no debería haber ningún problema para aceptar los puntos mencionados. 
Del mismo modo que la Directiva sirve para garantizar el acceso al mercado de todos los fabricantes, el Parlamento ha querido tener en cuenta de forma especial los problemas de los pequeños fabricantes. 
Por ello, el Parlamento desea en su propia propuesta de compromiso ampliar el plazo de envío de expedientes a 30 meses, en lugar de los 18 meses propuestos en la posición común del Consejo. 
Bajo estas condiciones, no veo razón alguna para rechazar la posición común. 
Señor Presidente, lo que le ha ocurrido a la Sra. Müller debería traer consecuencias. 
La admiro realmente y voy a votar sin duda a favor de la posición común. 
Pero esto es el máximo de lo que es defendible moralmente. 
Pues, yo vengo de un país donde hoy las vitaminas se pueden obtener exclusivamente en las farmacias. 
Si alguien viene y compra vitaminas, el farmacéutico dice al afectado: no tome demasiadas, lea el prospecto adjunto. 
En mi país se va a generar una gran confusión si todo esto cambia. Surgirá la sensación de que todo esto no tiene ningún peligro. 
Pero no es tan sencillo. Las vitaminas tienen efectos secundarios. 
Entonces se da cuenta de que esto no es sano aunque le haya gustado. Pero en el caso de las vitaminas las consecuencias se notan mucho más tarde. 
Hoy sabemos mucho mejor que hace doce años que las vitaminas tienen también repercusiones negativas. 
Me parece irresponsable dejarlas de este modo en manos del consumidor. 
Señora McKenna, estoy profundamente defraudada. 
Pensé que nos iba a recomendar naranjas, limones, plátanos, repollos y todo lo que es sano. 
No, usted nos recomienda productos artificiales, productos que son fabricados sencillamente por la industria, donde mucha gente gana mucho, pero que mucho dinero. 
. 
(EN) Señor Presidente, para comenzar, quisiera expresar mi satisfacción por el progreso alcanzado en esta propuesta de directiva sobre complementos alimenticios. 
En primer lugar, el objetivo de esta legislación- y debo hacer hincapié en esto- no es la prohibición de los complementos alimenticios. 
Se trata de establecer los máximos niveles de seguridad. 
Lamento profundamente tener que discrepar con mi amigo Sr. Bowis, cuyas opiniones me merecen el máximo respeto, cuando afirma que actualmente ya existen límites máximos seguros. 
Ésa no es realmente la situación actual. 
Será la situación cuando se aplique esta legislación. 
Ése es precisamente el objetivo del ejercicio. 
Este ejercicio tendrá como fundamento pruebas científicas y una evaluación científica. 
También me consterna bastante oír a algunos en esta Asamblea- que también me merecen un enorme respeto- expresar la opinión de que esta legislación está motivada, nada menos, que por los grupos de presión de la industria farmacéutica. 
Eso es una calumnia. 
Es absolutamente falso. 
Es injusto afirmar que yo o las personas que trabajan para mí estemos motivados por algo así. 
Pero a veces, las personas que hacen estas acusaciones son las mismas que se preocupan desmesuradamente por el papel de la industria. 
Y ¿qué hay del papel que ha desempeñado la industria que se beneficiará si no se aprueba esta legislación? 
¿Se han preguntado a sí mismos si no han sido víctima de la enorme presión que han ejercido los grupos de interés que representan esa industria, si no han sido ellos los embaucados por esa industria e intentan hacer lo propio con la Comisión y con los que defienden la aprobación de esta legislación por unos medios que me parecen muy censurables? 
No es asunto fácil. 
Actualmente tenemos actitudes, normas y prácticas diferentes entre los Estados miembros. 
Ello impide la libre circulación de los complementos alimenticios en la Unión Europea y puede privar a los consumidores de tener acceso a una amplia gama de estos productos. 
Por lo tanto, la causa en favor de la armonización es evidente y sólida. 
Creo que la gran mayoría de los interesados comparten este punto de vista. 
En consecuencia, no le sorprenderá que yo no pueda apoyar las opiniones de aquellos que proponen, con la enmienda 7, el rechazo de la posición común. 
Un número importante de diputados y de miembros de la Comisión ha estado sometido a una campaña organizada y engañosa contra la aprobación de esta directiva. 
Esta campaña sólo es obra de los que no comparten el interés general europeo. 
Me gustaría resaltar también al Sr. Blokland y a aquellos otros que hacen referencia a las presiones recibidas por los consumidores que les han enviado cartas, que puede que eso sea cierto. 
Sospecho que puede perfectamente haber personas que han sido seriamente engañadas por los que se benefician de que esta legislación no pase por el sistema. 
Las organizaciones de consumidores que tienen la misión de velar por los intereses de los consumidores no han sido engañadas. 
Ellas están a favor de esta legislación. 
La BEUC ha declarado públicamente que apoya esta legislación. 
Éste es, en mi opinión, un respaldo muy firme, mucho más valioso que las anécdotas de consumidores individuales que, en mi opinión, han sido probablemente engañados por las numerosas declaraciones que sencillamente son falsas. 
Unas declaraciones que han distorsionado los objetivos de la directiva, haciendo uso de argumentos engañosos y confundiendo a los consumidores. 
Este extremo quedó claro durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La Sra. Müller ha realizado una labor excelente como ponente. 
Su contribución al avance de la propuesta de directiva ha sido inestimable. 
La felicito sinceramente y le expreso mi agradecimiento. 
También me gustaría reconocer el papel responsable y muy constructivo desempeñado por la Sra. Corbey, como ponente alternativa. 
La posición común proporciona un excelente marco para el reglamento sobre complementos alimenticios en la Unión Europea. 
Ha sido concebida para garantizar que los consumidores tengan acceso a una gama muy amplia de estos productos. 
El criterio subyacente para el mercado único de los complementos alimenticios es la seguridad: un etiquetado adecuado, concebido para informar a los consumidores. 
Naturalmente, estos productos deben consumirse en el contexto de una dieta variada y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. 
El plazo para la preparación de los dossieres para la evaluación de las sustancias que ya se comercializan es un aspecto importante. 
He escuchado atentamente las preocupaciones expresadas, relativas a pequeñas y medianas empresas, en el sentido de que el plazo de 18 meses para la preparación de los dossieres para la evaluación puede que sea demasiado corto. 
Si ésta fuera la única enmienda a la posición común, estaría dispuesto a considerar una ampliación del plazo mencionado. 
Por consiguiente, puedo aceptar cualquiera de las enmiendas 1, 3, 4 o 5 relativas a este aspecto, a condición de que ello contribuya a la aprobación de la posición común sin ninguna otra modificación. 
También he tomado buena nota de las intervenciones en lo que respecta a la buena práctica de fabricación de los complementos alimenticios, que es el tema de la enmienda 2. 
Quisiera reiterar lo que ya dije en la primera lectura. 
La adopción de principios de buena práctica de fabricación mediante medidas legalmente vinculantes para categorías específicas de productos no es apropiada para los complementos alimenticios. 
Eso ya está contemplado para los productos alimenticios en numerosas normativas de legislación horizontal. 
Me alegra tener el consuelo de la intervención del Sr. Nisticò, porque sin ninguna duda es uno de los diputados que conozco que es científico. 
Él apoya esta legislación y me ha pedido que no pierda de vista los riesgos para garantizar la eliminación de productos de baja calidad cuando esta legislación marco pase por el sistema. 
Me complace afirmar que lo tendré en cuenta. 
La gran mayoría de estos principios están cubiertos por legislación horizontal, en particular, en las directivas sobre higiene y control. 
Esto será aplicable asimismo a la fabricación de complementos alimenticios. 
En la propuesta de directiva nos referimos específicamente al tema de los criterios de pureza que deben aplicarse para vitaminas y minerales. 
Hemos mejorado las disposiciones pertinentes a raíz de la enmienda que el Parlamento Europeo presentó en primera lectura. 
También prevemos la adopción de normas específicas de carácter técnico relativas a los márgenes de tolerancia de las cantidades de vitaminas y minerales declaradas en la composición de los complementos alimenticios. 
Creemos que estas normas son importantes para garantizar la calidad de estos productos. 
Tengo la firme convicción de que esta serie de normas horizontales y específicas contemplan plenamente todas las preocupaciones expresadas en el sentido de que estos productos sean fabricados según criterios de alta calidad. 
No puedo, por consiguiente, aceptar la enmienda 2 relativa a la adopción de disposiciones sobre las NCF para complementos alimenticios. 
No obstante, reitero que daré prioridad a la adopción de normas de carácter técnico sobre los márgenes de tolerancia mencionados en el apartado 1 del artículo 9. 
La enmienda 6 hace referencia a los criterios que se aplicarán para establecer los niveles máximos de vitaminas y minerales en los complementos alimenticios. 
Este aspecto fue el más difícil de conciliar en el Consejo. 
El texto del artículo 5 presenta ahora un delicado equilibrado. 
Creo que cualquier modificación pondría en peligro toda la propuesta. 
Por último, la enmienda 8 propone un añadido al texto relativo a los principios del funcionamiento del Comité Permanente de la cadena alimentaria y la alimentación animal y de los Grupos de expertos de la Autoridad Europea para la seguridad de los alimentos. 
Creo que estos temas ya están convenientemente cubiertos en los principios generales de la legislación alimentaria adoptada recientemente. 
Por consiguiente, no deberían repetirse en esta directiva concreta. 
Por este motivo, no puedo aceptar la enmienda 8. 
Pero, repito y hago hincapié en que el papel de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria en este ámbito será de la máxima importancia y que este trabajo lo realizarán científicos independientes. 
La evaluación de dicho trabajo por parte de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria se llevará a cabo con total transparencia- es más, se hará en público. 
Para terminar, la Comisión considera que la posición común, en su estado actual, es satisfactoria respecto a todos los puntos importantes. 
La Comisión estaría dispuesta a aceptar una modificación de carácter técnico de la posición común para ampliar el plazo mencionado en la letra b) del apartado 6 del artículo 4, de acuerdo con una de las enmiendas- la 1, 3, 4 o 5- si ello contribuye a la adopción de la Directiva en la segunda lectura. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 6 y 8 y, rotundamente, no apoya la enmienda 7, que pide el rechazo de la posición común. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
. 
(SV) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, les doy las gracias por la excelente colaboración durante el año y medio en que he estado a cargo de estos dos informes. 
Todo ha resultado muy bien. 
El Consejo y la Comisión han aprobado la mayoría de las casi cien enmiendas que presentamos en la primera lectura de la postura común. 
Me resulta muy satisfactorio comprobar que el Consejo y la Comisión están de acuerdo con el Parlamento Europeo en los principios esenciales. 
El primero y más importante de estos principios es que sólo los subproductos animales que están aprobados para el consumo humano pueden emplearse como piensos, productos cosméticos o productos farmacéuticos. 
Digo esto en referencia con el debate anterior. 
Asimismo, se prohibirá el uso de derivados dentro la misma especie, esto es, el canibalismo animal. 
La nueva reglamentación tendrá la flexibilidad suficientemente para adaptarse al desarrollo tecnológico y a las nuevas experiencias científicas. 
La industria europea ha dado la bienvenida a la postura común. 
Les pido que piensen que en la votación final de mañana estarán en juego 200 000 puestos de trabajo en toda Europa. 
No olviden que estas industrias no están ubicadas en las regiones densamente pobladas sino que están en las zonas rurales. 
Por cada día que pasa sin que existan normas claras, mayor es el riesgo para muchas empresas pequeñas y medianas de tener que cerrar sus puertas. 
De una manera un tanto exagerada, podría decirse que los productores y los consumidores europeos están esperando mientras nosotros, al final del proceso, nos peleamos por un bocadillo de jamón. 
En primer lugar permítanme referirme a la enmienda 25, que es un pacto. 
Como siempre ocurre con los pactos, nadie ha conseguido todo lo que deseaba. 
Todos hemos tenido que ceder algo y no sé bien cuál será el resultado de este pacto. 
Con todo, esta enmienda concede un periodo transitorio de cuatro años, bajo condiciones extremadamente bien controladas, a los países miembros que actualmente permiten el uso de residuos alimenticios. 
Cuando nos acercábamos al final del estudio de este informe han aparecido una serie de detalles sobre las aguas residuales y los cienos. 
De hecho, las enmiendas 2, 4 y 14 deberían eliminarse en favor de la enmienda 21, cuyo objetivo es un manejo seguro de esos materiales que permita evitar graves daños ecológicos. 
Es, por tanto, una manera práctica de enfrentar estos problemas. 
Me gustaría que las enmiendas 3 y 5 fuesen posibles. 
Desgraciadamente, son poco factibles desde un punto de vista técnico. 
Esas enmiendas se refieren al etiquetado del material perteneciente a la categoría 1. 
En la reglamentación de TSE que hemos aprobado hay normas que señalan claramente la obligación de etiquetar los materiales peligrosos. 
La enmienda 5 se refiere al etiquetado del material de la categoría 2. 
Esto sería recomendable, pero la enmienda debe rechazarse ya que sus consecuencias serían absurdas. 
Si esta enmienda se aprobase, habría que etiquetar, entre otras cosas, todos los abonos, abonos naturales, en el ámbito de la Unión, y estamos hablando de 1.200.00044DOTQUANT77000 toneladas al año. 
Esto significa que podríamos tener una etiqueta azul, verde o lila para la primavera, y todas ellas se verían bastante extrañas. 
Las enmiendas 6 y 16 deben ser aprobadas. 
En caso contrario se atentaría contra el principio esencial del informe, esto es, que sólo las materias primas aprobadas como alimentos pueden ser usadas como piensos. 
Estas enmiendas no implican ningún cambio de las actuales exigencias respecto a la extracción de pruebas e inspecciones post ante mortem de los animales destinados a carne. 
Esta normativa sólo afectará a la resolución final que se base en normas vigentes. 
Las enmiendas 7 y 8 se ocupan de los residuos alimenticios. 
En este caso recomiendo que se vote a favor de las enmiendas 22 y 23, que señalan que a los residuos provenientes del tráfico internacional, con todos sus riesgos, se les deben aplicar las normas más severas, las de la categoría 1. 
Por el contrario, la recolección, transporte y eliminación de los residuos alimenticios de la categoría 3 deberían permanecer en las actuales estructuras y sistemas, en conformidad con la directiva comunitaria sobre residuos. 
La postura común comprende una propuesta algo extraña respecto a las aves carroñeras en peligro de extinción, los denominados buitres quebrantahuesos en España. 
La enmienda 24 dispone que se permita el uso de material de la categoría 1 para alimentar a este reducido grupo de aves. 
Me he preocupado de controlar esto minuciosamente. 
Esas aves necesitan esta clase de alimentos. 
Aunque parezca algo raro, a veces la naturaleza es muy singular. 
La enmienda 12 sobre etiquetado permanente de alimentos importados para mascotas, es especialmente complicado para EE.UU. en relación con la obligación de teñir las materias primas pertenecientes a la categoría 1 y 2, se ha decidido que se haga cuando se hayan transformado en grasa y en proteínas preparadas. 
Estos materiales preparados deberán teñirse permanentemente en el caso de los alimentos importados para mascotas, ya que a los productos importados hay que aplicar las mismas normas que a los propios. 
La enmienda 15 se ocupa de la separación de las instalaciones. 
Desde el comienzo, el Parlamento Europeo exigió una total separación de los solares. 
Podría aceptar edificios separados si éstos realmente estuviesen separados, es decir, si no fuesen partes separadas de un edificio bajo un mismo techo. 
Hay también numerosas enmiendas que fueron rechazadas por la comisión y que, por diferentes motivos, deben ser rechazadas nuevamente. 
Se trata de la eliminación de las referencias al biogas y al compostaje. 
Esta normativa regula las plantas de biogas y los sistemas de compostaje. 
Por el contrario, en el artículo 6.2 g se dice que regirán las legislaciones nacionales mientras se tramita la nueva legislación medioambiental comunitaria. 
El único objetivo de la referencia en el artículo 1.2 es dar a la Comisión un fundamento jurídico para solicitar informes científicos sobre biogas y compostaje. 
Si eliminamos de la definición de residuos alimenticios a los residuos hogareños, es decir, los de las cocinas privadas, nos perjudicaríamos. 
Es sabido que los residuos alimenticios constituyen una considerable fuente de contagios, tanto para la peste de los cerdos como para la fiebre aftosa. 
Me parece bastante complicado prohibir el uso de los residuos hogareños como alimentos para animales. 
Desde hace miles de años ha sido una tradición en nuestra cultura europea, pero ahora vivimos en un mundo nuevo y en una nueva era, en la que los alimentos, los piensos y los ingredientes no circulan en circuitos relativamente reducidos y fáciles de identificar como hace 50 años. 
Doy las gracias una vez más a mis colegas, a la Comisión y al Consejo por su excelente colaboración durante este año y medio de trabajo. 
Señor Presidente, es una situación extraña en la que hoy nos encontramos. 
La espada son los trece Estados miembros que han aprobado la posición común y la pared son los otros dos que no la han apoyado, es decir, Alemania y Austria. 
Alemania y Austria no han apoyado la posición común por claros motivos. 
Austria a causa del biocompost y utilización del biogas, que ya no sería posible según la posición común y Alemania a causa de la reutilización de desperdicios de los restaurantes y su esterilización. 
Si hoy escucho y miro hacia atrás, hacia los dos últimos días, me sorprende que Gran Bretaña, Francia y otros países hayan dado su aprobación. 
Acabo de escuchar al Sr. Goodwill, quien ha dicho que no ha firmado la enmienda de compromiso nº 25 que he firmado al igual que todas las enmiendas de compromiso. Las he firmado porque son compromisos. 
El mejor de todos los mundos posible es otro. Me lo imagino de otro modo. 
Pero, por ejemplo, se ha llegado a la enmienda de compromiso entre otras cosas en base a las anteriores enmiendas nº 10 y 1 del Sr. Graefe zu Baringdorf, pero también en base a la enmienda del Sr. Whitehead, que preveía cuatro años de período transitorio. 
El Sr. Goodwill ha dicho que en su país se teme que la fiebre aftosa se debe a proporcionar restos de comida a los animales. No he escuchado que esté demostrado. 
En el pasado ya lo escuché en una ocasión, pero este es sólo un aspecto. 
Otro punto- y este es la parte del compromiso, señor Goodwill- es que si regreso a mi país y digo que existe un problema de eliminación para los aceites alimenticios recalentados, entonces escucho en Alemania que se trata de un problema de dioxinas y que no lo queremos. 
Debemos ser muy precavidos. Nos movemos sobre el filo de la navaja pues no podemos alegar como tantas veces en el pasado el argumento de los costes y el problema de la eliminación de residuos a costa de la salud animal y, en consecuencia, también de la humana. 
Si hoy digo que en el caso de los restos de comida puedo apoyar el compromiso que proponemos, lo digo también bajo una perspectiva: nadie me ha podido decir qué es lo que ha pasado con ellos en los demás países miembros. 
En Alemania existen unas plantas muy modernas de elevado rendimiento que esterilizan del mejor modo los restos de comida que se emplean a continuación como alimento para animales. 
Es cierto. 
En otros países miembros nadie me dice qué pasa con esos restos. 
Algunos dicen que se incineran, pero nadie lo sabe realmente. 
Nadie conoce los estándares y en encuentros personales le dicen a uno todos los representantes que acaban en el vertedero. 
Precisamente esto es lo que no queremos. Quiero tener una regulación clara. 
Si en cinco años tenemos una legislación por la que no se permite como alimentación animal sino sólo su empleo como biodiesel, entonces muy bien, lo hacemos así. 
Pero entonces debe aplicarse a todos los países miembros. 
Momentáneamente, Alemania y otros países, también Austria y otros, se verían penalizados por sus elevados estándares. 
Si mañana abogo en pro de votar a favor de todas las enmiendas de compromiso, lo hago porque se trata de compromisos. 
Pero les ruego entonces la misma honestidad y que voten a favor asimismo de los compromisos. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos ocupa un asunto muy complejo de múltiples aspectos que repercutirá ampliamente en la industria alimentaria. 
Por ello, quiero dar las gracias a la ponente: le estamos muy agradecidos por el excelente trabajo que usted ha realizado y podemos apoyar este informe en sus líneas generales. 
Sin embargo, quiero detenerme en un punto, y se trata de la enmienda 15. 
Hay Estados miembros en los que se manejan volúmenes muy pequeños. 
Por lo tanto, la exigencia de que haya diferentes edificaciones para las diferentes categorías es desproporcionada para tales países. 
Por ejemplo, en mi país existen dos plantas, compuestas cada una de ellas por diferentes líneas separadas, que son estrictamente controladas. 
Si nos viéramos obligados a construir aún edificaciones independientes para cada línea, las instalaciones serían desproporcionadas para el tratamiento de volúmenes tan pequeños. 
En mi opinión, estos aspectos han sido tenidos debidamente en cuenta en el texto redactado por el Consejo, y yo desearía que triunfara la posición del Consejo y de la Comisión en este asunto. 
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias a la ponente Marit Paulsen por su excelente trabajo sobre las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales. 
Me consta que el Sr. Staes se alegra de la colaboración, de la forma en que hemos llegado a acuerdos y del trabajo de la señora Paulsen con los ponentes extraoficiales. 
¡Muchas gracias! 
Esta materia es muy técnica, de gran complejidad y de difícil comprensión. 
Es obvio que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria a los ciudadanos de la Unión, y hay que hacerlo a lo largo de toda la cadena alimenticia. 
Por eso son importantes el trato y los alimentos que demos a los animales. 
Es satisfactorio el principio fijado por el Parlamento Europeo y el Consejo, esto es, que sólo los subproductos animales autorizados como alimentos humanos puedan ser usados como piensos. 
Quizá lo más importante sea que se prohíbe el empleo para animales de la misma especie, es decir, que rechazamos el canibalismo. 
Entiendo la postura del Consejo cuando quiere prohibir residuos alimenticios en los piensos. 
Es difícil garantizar la seguridad de estos residuos. 
¿Cómo saber de qué están compuestos los residuos hogareños? 
Hemos presentado la enmienda 22, que exceptúa a los residuos alimenticios de la categoría 3, y la enmienda 25, que permite a ciertos países miembros a alimentar a los animales con residuos alimenticios durante un periodo transitorio máximo de cuatro años. 
Esta enmienda no me satisface del todo, pero estoy dispuesta a aceptarla para que aprobemos el informe. 
Actualmente existe una especie de plazo para el uso de harinas de carne y de huesos como piensos. 
Esto significa que en cualquier momento el Consejo podría permitir el uso de estas harinas. 
Pido a los colegas que voten a favor de ella, ya que garantiza que el Consejo se ocupe de esta materia nuevamente antes de que se adopte alguna decisión al respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar me permito felicitar a todas y todos los colegas que han trabajado aquí intensa y constructivamente. 
Nadie cuestiona que impedir las epizootias que ocasionan crisis alimentarias no sólo es de gran importancia para el futuro de la agricultura europea sino para toda la población europea. 
Hay que encontrar un medio adecuado que tenga en cuenta tanto las necesidades de la agricultura multifuncional como las de los consumidores. 
En el sentido del principio de subsidiariedad, estoy por ello a favor de mantener los acreditados sistemas nacionales de eliminación y reutilización de residuos biológicos. 
La recogida y reutilización de residuos biológicos con finalidades de convertirlos en compost o de reutilizarlos en una planta de biogas son muy de saludar desde una perspectiva medioambiental y deben seguir siendo posibles en consecuencia en el futuro. 
Precisamente en Austria hemos tenido unas experiencias muy positivas con ello. 
Por lo demás, me voy a referir a la muy controvertida cuestión de la alimentación animal con restos de comidas. 
El ejemplo de Austria muestra que bajo unas condiciones higiénicas correctas y controladas por las autoridades, las objeciones relativas a un posible peligro de epizootias no tienen base. 
Esto se ha confirmado precisamente hace muy poco. 
Por ello, considero como una medida excesiva la prohibición general de alimentación de las aguas grasas. 
Independientemente de ello, no se deben olvidar las inversiones realizadas en el marco de la recogida municipal de residuos biológicos así como las instalaciones de cocción autorizadas por las autoridades confiando en un sistema medioambiental ejemplar. 
En Austria se han construido en los últimos años 250 de estas nuevas instalaciones de cocción. 
Apoyo por ello las enmiendas de compromiso que garantizan la conservación de los sistemas acreditados y controlados de reutilización de residuos biológicos. 
Considero muy importante que adoptemos nuestras decisiones en este importante campo de tal modo que los ciudadanos las puedan comprender. 
La prohibición de una práctica ejemplar no sería sin duda en el sentido de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, felicito muy calurosamente a la Sra. Paulsen por su diligencia y habilidad para sacar adelante otra compleja normativa sobre seguridad alimentaria. 
Siempre consigue abrirse paso entre las posiciones nacionales y nunca pierde de vista ese corpus de legislación sobre seguridad alimentaria que lentamente estamos recopilando. 
Me gustaría analizar la definición tan amplia de residuos de cocina en los anexos y las enmiendas 22 y 25. 
Dejaré de lado la alimentación de las aves carroñeras porque deseo analizar una forma diferente de carroña, es decir, los residuos de cocina representados por las aguas grasas que se reciclan en algunos países y los aceites de cocina que se reciclan en otros, incluido el mío. 
Las aguas grasas de cocina despiertan serias dudas en mi país debido su reciente influencia en la epidemia de fiebre aftosa. 
El aceite de cocina se considera un problema a raíz de los escándalos de dioxinas estos últimos años. 
La ponente ha unido ambos en una compleja serie de enmiendas que tienen su punto culminante en la enmienda 25, que yo apoyaré. 
Reconozco los esfuerzos que ha realizado. 
El problema del Reino Unido, como ha mencionado el Sr. Goodwill, es que necesitamos un sistema eficaz y recompensado de recogida de aceites de cocina usados para su reutilización como combustible- no piensos. 
Eso llevará tiempo. 
Si no se ofrece ninguna otra salida, los usuarios lo arrojarán en alcantarillas y estanques, que se convertirán en pozos negros de materiales nocivos. 
Un elector me ha demostrado de la manera más gráfica cuáles serán exactamente dichas consecuencias. 
Por consiguiente, señor Comisario, nos gustaría realmente que hiciera una declaración de intenciones sobre si el período de transición de cuatro años es factible. 
Espero que lo sea; de lo contrario, las buenas intenciones se irán a pique sin ninguna duda, y en este caso se reivindicará el antiguo dicho de que lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. 
Señor Presidente, señor miembro de la Comisión, me gustaría comenzar dando las gracias a mi compañera, Marit Paulsen, por su gran, hábil y competente trabajo con este informe. 
Respaldo la mayor parte del contenido del informe y me satisface que la Comisión se encuentre lista para proponer regímenes transitorios para la purificación de aguas residuales. 
Si embargo, en puntos concretos pienso que vamos demasiado lejos. 
Durante la última sesión debatimos el informe de Karl Erik Olsson sobre la implantación de las anteriores resoluciones relativas a la EEB en los países miembros. 
Fue lastimoso. 
No había mucho que celebrar. 
Hay demasiados países dejados y esto provoca demasiados agujeros en el sistema para combatir eficazmente la EEB. 
Debe hacerse algo al respecto, nos lo debemos a nosotros mismos y sobre todo a los países que respetan las resoluciones. 
No puedo respaldar las modificaciones propuestas de las disposiciones relativas a la aprobación post mortem de la sangre, para la que no creo que exista justificación técnica. 
Y además, echo en falta algunos cálculos del significado económico que tendrá en los Estados miembros y en las regiones, pues temo que supondrá grandes costes para las pequeñas empresas y en particular, para el pequeño matarife. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, saludo expresamente la iniciativa de la Comisión de introducir normas unitarias europeas para el empleo de subproductos animales. 
Un control y seguimiento óptimos de los subproductos animales son una importante condición previa para lograr una mayor seguridad para los consumidores. 
Apoyo en especial las enmiendas aprobadas en la comisión sobre la posición común relativas a la utilización de restos de comidas de cocinas como alimentos animales. 
La alimentación de animales con restos sin tratar procedentes de cocinas y restaurantes ha sido considerada con frecuencia en el pasado como posible causa de la peste porcina y de la fiebre aftosa. 
Por ello, es necesario eliminar radicalmente estos residuos sin tratar de comidas y cocinas que se transportan en el tráfico transfronterizo. 
Sin duda, tiene sentido procesar los restos de alimentos y de cocinas bajo unas condiciones estrictas para poder controlar hasta el detalle la totalidad del proceso. 
Nuestro objetivo declarado debe ser la máxima seguridad posible para los consumidores. 
Unas condiciones estrictas en el procesamiento, o más exactamente en lo tocante a la esterilización y eliminación de los agentes patógenos potenciales así como unas regulaciones a nivel europeo sobre la posibilidad de seguimiento y de control son absolutamente necesarias y reducen el riesgo de difusión de epizootias como la fiebre aftosa y la peste porcina. 
Controles consecuentes en los productores y también en los agricultores deben completar el sistema. 
Lo decisivo es que los agricultores y consumidores se puedan fiar de la seguridad de los productos. 
Un sistema bien controlable de autorización condicional de restos de comidas como alimento para animales es la condición previa para ello. 
Apoyo por ello expresamente la enmienda de la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, señor Comisario Byrne, la vox populi dice que la política es un negocio sucio. 
¿No es aún es más sucio cuando uno se ocupa de asuntos tan poco apetitosos como restos de comidas y de matanzas? 
¿No sería quizás más consecuente si uno no se ocupase de eso y se dijese sencillamente: ¡prohibido!? 
¿Hay que estar corrompido de cierto modo o sobornado si uno se pronuncia a favor de soluciones razonables? 
Todo esto está circulando por ahí en los últimos tiempos. Yo creo que no. 
El Parlamento Europeo ha demostrado valor. 
Quiero expresar mis respetos a la Sra. Paulsen por haber trabajado aquí de modo tan consecuente. Expreso mi agradecimiento por la positiva cooperación. 
Como ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, tenía la tarea de defender los intereses de la agricultura. Se ha logrado bien. 
Le expreso también mi agradecimiento a usted, señor Comisario Byrne, por las largas conversaciones y debates que hemos mantenido. 
Creo que no ha estado mal y que ha sido fructífero. 
Al margen, incluso ha sido algo divertido. 
Aquí se trata de proteínas de alto valor que se quieren dar a animales no vegetarianos. 
No queremos hacer de ellos vegetarianos por obligación del mismo modo que tampoco podemos evitar que las aves que comen carroña no lo hagan. 
Esto significaría su muerte. 
Por ello, en el caso de las comidas queremos una regulación que permita la nueva entrada en circulación de lo que es valioso. 
No podemos acordar a costas de los hambrientos del mundo una regulación que destruya sencillamente todo lo que ya no es suficientemente bueno para nosotros o no se destine ya a un uso posterior. 
Aquí no se regulan los restos de comida sino que de lo que se trata es de que la Comisión presenta una propuesta legislativa y nosotros actuamos del mismo modo consecuente y minucioso como hicimos en el caso de las harinas animales. 
No entiendo la posición de algunos que dicen que se puede dar a los animales como alimento harinas animales pero no restos de comidas. 
También hay otros que dicen que es a la inversa. Existen las dos posiciones. 
Señora Paulsen, su propuesta de compromiso está bien. 
Mañana voy a presentar una enmienda oral por la que adapto temporalmente mis enmiendas que apuntan en la misma dirección, es decir, se trata del momento de la entrada en vigor de este reglamento. 
Creo que entonces serán compatibles entre sí y podremos aprobarlas así. 
Entonces tendremos una solución razonable. 
Señor Byrne, espero a continuación que recibamos pronto su iniciativa. 
Entonces debatiremos de nuevo y nos divertiremos también. 
La política no es un negocio sucio sino que es muy divertida. 
Señor Presidente, las recomendaciones de nuestra colega, Sra. Paulsen, que hoy estamos debatiendo, continúan el importante trabajo que ella ha realizado de forma plausible como ponente del Parlamento en la puesta al día de la legislación relativa a la seguridad alimentaria. 
Durante la presente legislatura, hemos sido capaces de afrontar las crisis alimentarias con coherencia y gran cobertura de las acciones. 
Nuestro objetivo común es recuperar totalmente la confianza de los consumidores y reestablecer la seguridad. 
Declaro que comparto la posición expresada hace un momento por el Sr. Pesälä en lo concerniente a la enmienda 15. 
Lamentablemente, la utilización de los restos de comida como alimento de los animales, avalada por prácticas tradicionales en el medio rural, se ha convertido en un problema a causa de las anomalías en el tratamiento de los piensos. 
De este modo, se ha dado una situación en que se han propagado graves enfermedades animales. 
Por ello, el Parlamento exige ahora que la Comisión presente rápidamente una propuesta legislativa que prohíba el uso de restos de cocina de origen animal en los piensos y que obligue a los Estados miembros a demostrar que proceden a la eliminación segura de dichos residuos. 
Excepcionalmente, se podría autorizar la elaboración de piensos con residuos de cocina que hayan sido debidamente esterilizados en instalaciones autorizadas oficialmente. 
No cabe duda de que el Parlamento puede sentirse satisfecho del funcionamiento del procedimiento de codecisión y de la colaboración llevada a cabo con el Consejo en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Por eso, es lamentable que la realización de la parte más visible ante la opinión pública del trabajo para garantizar la seguridad alimentaria, la creación de la Autoridad de Seguridad Alimentaria, haya sido un asunto tan difícil para el Consejo y que la Agencia tenga que empezar su trabajo en una sede provisional. 
Presumiblemente, este hecho dificultará también la contratación de personal competente para la Agencia. 
En este sentido, el Consejo debería ser capaz de tomar las decisiones apropiadas con rapidez y demostrar a los consumidores que la constancia en el trabajo para garantizar la seguridad alimentaria es más importante que la defensa en el seno del Consejo de intereses nacionales de corto plazo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando discutimos sobre este informe que se ocupa de subproductos animales no destinados al consumo humano, sin embargo no podemos hablar exclusivamente en este contexto de desperdicios. 
La propuesta de la Comisión proporciona la base para realizar una separación muy especial al dividir los materiales en tres categorías. 
Estos tienen que registrarse, almacenarse, tratarse y comercializarse de modo demostrable por separado. 
Se separa muy claramente lo que se tiene que destruir, lo que no pertenece a la cadena alimentaria y bajo qué condiciones tiene que hacerse esto. 
Todos estamos de acuerdo en que no tienen nada que hacer nada en la cadena de alimentos los materiales contaminados o de baja calidad. 
En contrapartida, podemos tratar y emplear de nuevo importantes sustancias nutritivas- tratadas y preparadas adecuadamente para su uso- y emplearlas a continuación de nuevo. 
Unas normas estrictas regulan el procedimiento en que se puede realizar esto. 
A este respecto, la Comisión de Medio Ambiente ha aceptado la enmienda nº 10 relativa a la reutilización de restos de comidas. 
Esta enmienda urge temporalmente para entrar en una regulación. 
La directiva sobre la peste porcina entra en vigor el 1-11 y prohíbe de modo general la alimentación de animales con restos de comidas. 
Señor Comisario, de ahí mi pregunta: ¿la enmienda de compromiso nº 25 que se nos ha presentado levanta esta prohibición? 
No debe surgir aquí ninguna laguna legal pues las instalaciones existentes producen alimentos higiénicos que no ocasionan ni la peste porcina ni la fiebre aftosa. 
Creo que la enmienda nº 10 era buena y por ello fue aceptada también por la comisión. 
De ahí la pregunta clara y unívoca sobre la enmienda de compromiso que se ha presentado ahora. 
Debemos prestar mucha atención a realizar unas formulaciones claras e inequívocas y que no se produzcan dobles regulaciones que provocan confusiones ni interferencias entre reglamentos aislados. 
Esto afecta a los mataderos pequeños y medianos. 
Por ello hay que apoyar la enmienda nº 2 al artículo 4. 
Señora Paulsen, me permito expresarle de nuevo mi agradecimiento por este informe. 
Se trata de la seguridad de nuestra cadena alimentaria que está muy estrechamente relacionada con la salud de los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, mi exigencia política es que se alimente a los animales con restos de comidas en lugar de practicar el turismo de residuos. 
¿Cuándo vamos a realizar en la UE una aclaración e información cualificada y objetiva? 
En Alemania se da a los cerdos de engorde restos de comidas bajo las normas más estrictas. 
Las instalaciones que las procesan gozan de gran confianza. 
Mi país es el que más habitantes tiene, aproximadamente una cuarta parte de la población de la UE vive en Alemania y, en consecuencia, los restos de comidas son también elevados. 
No se ha producido hasta hoy en mi país ningún caso de epizootia debido a restos de comidas tratadas y dadas a los animales. 
¿Qué es lo que logramos con la prohibición proyectada? 
Creo que entretanto colocamos al cerdo por encima de la persona cuando se trata de la alimentación. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf ya lo ha indicado y me parece realmente anormal. 
Diariamente mueren personas de hambre en este mundo y en los barrios marginales lo niños buscan restos de comida en los vertederos. 
¿Y qué lujo se permite Europa? 
Sin duda, les parecerá emocional que lo que digo aquí esta tarde pero, señor Comisario, lo que pretendo es que se coloque en un nivel racional la alimentación de animales con restos de comidas. 
Tenemos que lograr tratar estos temas de un modo algo más objetivo con el apoyo de los medios. 
Naturalmente que hay que tratarlos con un estándar de esterilización adecuado. Sólo así se puede garantizar la muerte de los gérmenes patógenos de la fiebre aftosa y de la peste porcina. 
Empresas controladas oficialmente son sin duda la mejor garantía. 
Felicito a la Sra. Paulsen por su trabajo en nombre de los numerosos oradores anteriores- no voy a repetirlo todo de nuevo aquí- y también espero que lleguemos a una solución factible y que mandemos unas señales a largo plazo en las que puedan confiar la industria, el procesamiento y la agricultura. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0459/2001) de la Sra. Sornosa Martínez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la aplicación de la Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas (2000/2318 (INI) ). 
. Señor Presidente, señora Comisaria, la elaboración del informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva de Aguas Residuales ha sido realmente posible porque, en la Comisión de Medio Ambiente nos hemos preocupado por esta Directiva y la hemos seguido con gran interés. 
Con este informe hemos constatado que existen graves deficiencias en la aplicación de esa Directiva, a pesar de que es muy antigua, tiene más de 10 años de antigüedad y de que, además, es muy importante para toda la legislación europea en materia de aguas. 
Sabemos que son muchos los Estados miembros que no han cumplido esta Directiva. 
En 1998 había muchas ciudades de más de 150 000 habitantes que todavía no habían resuelto la cuestión de la depuración de las aguas residuales. 
Muchos de los Estados miembros todavía no habían comunicado cuál era el estado de las zonas sensibles. 
En la actualidad, muchas de las otras ciudades de más de 15.000 habitantes tampoco tienen ese tratamiento de aguas residuales todavía. 
Sabemos que en todo este tiempo ha sido tanta la dejadez de los Estados miembros (que no han aplicado ni éstas ni otras directivas relativas a la cuestión de las aguas) que creo que, en más de 42 ocasiones, se ha denunciado a los Estados miembros por el incumplimiento de 17 directivas en materia de aguas residuales. 
Esto se debe a que los Estados miembros no han facilitado la información que se les pedía por parte de la Comisión y a que, desde luego, han incumplido esta legislación que debieran haber respetado, por lo que ni en 1993, ni en 1998 y ni siquiera en 2000 la han cumplido en su totalidad. 
Pero, señora Comisaria, la Comisión consideró que su actuación con el Parlamento Europeo tampoco fue adecuada, ya que la información que nos ha suministrado ha sido insuficiente y, en algunos casos, errónea. 
Quiero decirle que, al principio, este informe tenía un Anexo que, después de dos debates en comisión, debimos retirar, porque los datos que nos había facilitado la Comisión eran erróneos. 
Creemos que la Comisión no ha demostrado en este caso ni la fuerza ni la voluntad necesarias para reclamar los datos a los Estados miembros y exigir el cumplimiento de esta Directiva. 
Yo, señora Comisaria, quería decirle que, desde la Comisión de Medio Ambiente, cuando solicitamos la elaboración de este informe de iniciativa, queríamos, en realidad, que nos considerara su aliado, con la finalidad de aumentar el carácter vinculante de esta Directiva y de permitir a la Comisión que pudiera imponer su cumplimiento con más vigor en los Estados miembros. 
En este informe le pedimos que amoneste a los Estados miembros, que incoe procedimientos contra éstos por infracción y que continúe usando todos los medios legales a su alcance; todo ello para conseguir cumplir esta legislación. 
Y, también, desde luego, le pedimos que continúe informando al Parlamento Europeo, así como solicitando información a los Estados miembros, preparando seminarios. 
En definitiva, que adopte todas las medidas necesarias para que, gracias a una adecuada voluntad de creación de dicha legislación, así como a la disposición de la mayor cantidad de información posible, se pueda hacer cumplir dicha legislación. 
Creo, señora Comisaria, que actualmente existe una grave disfunción entre la gran cantidad de legislación que tenemos, que hemos aprobado, que continuamos aprobando pero que, sin embargo, los Estados miembros siguen incumpliendo, hecho del cual estamos siendo testigos en dos informes de iniciativa- nitratos y hábitat- del Parlamento Europeo. 
En ellos hemos podido comprobar que los Estados miembros también incumplen otras directivas ambientales. 
Yo creo que los ciudadanos tenemos derecho a que los Tratados protejan el medio ambiente. 
En la Unión Europea ya contamos con ciertos principios (entre otros, el de precaución y el de prevención). 
También contamos con los objetivos (la estrategia del desarrollo sostenible). 
Y con herramientas (el Sexto Programa Marco, la legislación). 
A la Unión Europea se le considera, incluso, el líder mundial en la defensa del medio ambiente. 
Pero, señora Comisaria, si todo esto, realmente, sólo son palabras, sólo está escrito, si desde la Comisión no se exige a los Estados miembros cumplir toda esta legislación, no servirá de nada. 
Puede considerarnos sus aliados en conseguir el cumplimiento de esta legislación, porque si no es así perderemos credibilidad y creo que estamos aquí precisamente para apoyar a la Comisión y evitar que perdamos dicha credibilidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas del año 1991 pretendía garantizar la construcción y mantenimiento de plantas depuradoras en todas las ciudades y municipios grandes de la Unión Europea. 
Como a ello iba unido un considerable esfuerzo financiero se concedieron unos generosos plazos de aplicación. 
Tal como ha dicho la colega Sornosa Martínez, hoy tenemos que constatar que todos los Estados miembros no han aprovechado esos plazos sino que, por el contrario, han practicado una política de retraso y desgraciadamente también de encubrimiento, lo que hay que decir claramente debido a la ausencia de informaciones. 
La metrópolis belga de Bruselas, que gusta de calificarse a sí misma de capital europea, va aquí a la cabeza con el mal ejemplo. 
El buen informe de nuestra colega Somosa Martínez descubre sin paliativos la situación existente. 
La mayoría de los Estados miembros no han cumplido hasta hoy sus obligaciones de informar para la primera fecha de 1998 y, naturalmente, tampoco para la segunda fecha en el 2000. 
Esto ya es de por sí suficientemente negativo, pero aún peor es que las aguas de los Estados miembros se siguen ensuciando con las aguas residuales sin depurar de los municipios. 
Hoy dirigimos muchas exigencias a la Comisión, pero esta no puede actuar mientras no se le presenten al menos las bases para hacerlo. 
Creo que el gran número de procedimientos monitorios y judiciales iniciados ante el Tribunal Europeo de Justicia demuestra que la Comisión cumple su deber. 
Son los Estados miembros los que se encuentran claramente en el centro de las críticas. 
Como diputados deberíamos actuar también en este aspecto en nuestros países. 
La exigencia de más competencias de control para la Comisión en el ámbito del medio ambiente directamente en los Estados miembros, tal como es posible en el caso de la agricultura, es rechazada vehementemente por la mayoría de los Estados miembros. 
Cuando constatamos unas violaciones tan graves en la aplicación de leyes europeas en los Estados nacionales, tenemos que preguntarnos también los motivos. 
Voy a mencionar al menos tres: por un lado, los elevados costes, sobre los que siempre ha llamado la atención el Parlamento Europeo en los debates sobre las directivas. 
Sólo para las inversiones en los 15 Estados miembros se calcula que se necesitan aproximadamente sumas de decenas de miles de millones de euros. 
Para los países candidatos a la adhesión estas apreciaciones se encuentran actualmente en unos 30.000 millones de euros sólo para esta directiva. 
El segundo motivo: los Estados miembros tienen que presentar informes para muchas directivas, lo que significa un considerable trabajo administrativo. 
Ruego a la Comisión que examine urgentemente si no se puede aligerar esta tarea, por ejemplo, mediante una estandarización. 
Existen ya enfoques en esta dirección, precisamente en las diversas directivas sobre la protección de las aguas. 
El tercer motivo: en la aplicación se ha mostrado también que los Estados miembros han actuado de modo muy diferente en la determinación de las zonas sensibles. 
¿No debería concretizar la Comisión los criterios de determinación de las zonas sensibles? 
Quizás esto pudiese ser una ayuda para la aplicación y tendría además el efecto positivo de una mejor comparabilidad. 
Agradecería si se me diese una respuesta. 
Señor Presidente, muy brevemente, ésta es una historia muy triste. 
Es una mala historia desde hace algún tiempo y es especialmente embarazosa para los belgas, naturalmente, o para cualquiera que visite Bruselas, porque Bruselas es una de las ciudades que incumple esta Directiva desde hace más tiempo. 
Mis preguntas a la Sra. Comisaria, que puede decidir responder ahora o más adelante, son, primero: ¿no estaría dispuesta a reconocer que la situación en esta Directiva demuestra la necesidad de que una legislación como ésta vaya acompañada de una evaluación mucho más minuciosa de las repercusiones? 
Recuerdo que cuando se aprobó la Directiva de Aguas Residuales, la evaluación de las repercusiones era muy deficiente y no incluía ninguna cifra relativa a los costes probables. 
He podido saber que en el Reino Unido se destinarán, entre 1989 y 2005, 26.000 millones de libras esterlinas a la mejora del sistema de tratamiento de aguas en cumplimiento de la presente Directiva. 
Este importe no se conocía cuando se presentó esta Directiva- ni en mi país ni en ningún otro. 
Por consiguiente, la pregunta es: ¿es posible obtener evaluaciones mejores y más efectivas de las repercusiones? 
No sólo una evaluación de las repercusiones de los costes en términos de un importe global, sino evaluaciones de las repercusiones en las que se comparen las desventajas de no hacer nada con las ventajas de hacer algo. 
En segundo lugar, me pregunto si podría pedir a la Sra. Comisaria que sea muy audaz, porque esto realmente se reduce a la cuestión de los debates que celebra la Sra. Wallström con el Consejo de Ministros. 
Uno de nuestros problemas es no sólo que la Comisión no realiza evaluaciones de las repercusiones, sino que los Estados miembros no son sinceros en lo que se refiere a su capacidad de poner en práctica lo que suscriben. 
Lo que realmente necesitamos es un sistema mediante el cual se pregunte a cada Estado miembro en una reunión del Consejo si puede o no cumplir la legislación que sus ministros se disponen a firmar. 
Un buen ejemplo por el que comenzar sería la nueva directiva sobre residuos de embalaje. 
Estoy seguro de que todos los Estados miembros quieren enviar a su ministro a Bruselas para acordar las directivas sobre medio ambiente; ése es precisamente nuestro problema. 
Aprueban demasiadas cosas; hacen demasiado poco; y la presente Directiva de Aguas Residuales ilustra este problema. 
Quisiera felicitar a la Sra. Sornoza por haber elaborado tan bien este informe. 
Hemos encontrado numerosos problemas para obtener información de la Comisión, por la sencilla razón de que la Comisión no disponía de ella, porque los Estados miembros no se la habían proporcionado. 
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(SV) Señor Presidente, estimados diputados, doy las gracias al Parlamento Europeo, especialmente a la ponente María Sornoza Martínez, por los trabajos realizados en relación con esta resolución. 
El agua es uno de los sectores a los que doy prioridad y que me interesan especialmente como Comisaria de Medio Ambiente. 
El tratamiento de las aguas residuales es una de las principales herramientas para proteger el agua y la salud de las personas. 
He estudiado el cumplimiento de la directiva por parte de los Estados miembros y comparto muchos de los criterios expresados por el Parlamento en su resolución. 
Ha mejorado la calidad del agua en los grandes ríos y en muchos lagos, pero la mayoría de los países miembros no han hecho lo suficiente o han actuado demasiado tarde. 
También han tardado en entregar información sobre el cumplimiento de la directiva, lo que ha retrasado los estudios de la Comisión. 
La Comisión ha empleado una serie de mecanismos para mejorar el cumplimento de la directiva. 
Se trata de mecanismos tradicionales- medidas judiciales, que actualmente comprenden también la aplicación de multas- y ayudas económicas en el marco de los fondos comunitarios. 
Actualmente estamos tramitando expedientes por infracciones contra 15 Estados miembros. 
En el futuro se iniciarán más expedientes. 
El nuevo mecanismo se concentra en aumentar el nivel de conciencia en la población y en el intercambio de información y de conocimientos. 
Hace un año organizamos el denominado name, fame and shame. 
He encargado amplios informes sobre la aplicación de la directiva. 
Esto va más allá de las obligaciones legales de la Comisión. 
En mi opinión, estos informes deberían redactarse de manera tal que los ciudadanos los puedan leer sin dificultad. 
La Comisión ya ha considerado la mayoría de las exigencias contenidas en la resolución. 
Es el caso de las medidas judiciales para conseguir su cumplimiento, la publicación de los antecedentes sobre cumplimiento por parte de los distintos Estados miembros, incluidos los tramites judiciales, la condición de que se hayan cumplido las exigencias de la directiva para conseguir ayudas económicas, desarrollo de un amplio sistema de control y estudio vinculado al Geographical Information System y, por último, colaboración y ayudas a los países candidatos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Declaración del Presidente 
Antes de pasar al asunto del debate de hoy, me gustaría realizar una breve declaración, en presencia del Presidente en ejercicio del Consejo, sobre los graves acontecimientos que se han producido en Oriente Medio en los últimos días. 
Hemos asistido con creciente incredulidad a la violencia y a las atrocidades recíprocas que últimamente han dado lugar a los mayores horrores. 
Las operaciones militares han alcanzado ya cotas desconocidas desde hace dos décadas. 
La región, y especialmente Israel y los Territorios Palestinos, parecen avanzar de manera terrible e inexorable hacía una conflagración total. 
En esta tragedia en marcha, nuestro Parlamento tiene la responsabilidad de hacer todo lo que pueda por impedir que los lugares sagrados se conviertan en campos de matanza. 
Debemos apoyar activamente el llamamiento unánime que realizó en la tarde de ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a favor de un inmediato alto el fuego. 
El Alto Representante de la UE sabe que nuestro Parlamento respalda totalmente sus esfuerzos en pos de la paz y del alto el fuego. 
Me gustaría, igualmente, aprovechar esta oportunidad para manifestar públicamente esta mañana lo mucho que debe este Parlamento al coraje personal y al compromiso inquebrantable del enviado de la Unión Europea, el Sr. Moratinos. 
Puede que no me agradezca que lo diga, pero tuve ayer la oportunidad de hablar largo y tendido con él sobre sus esfuerzos diplomáticos en nuestro nombre para mantener abiertos canales de comunicación entre todas las partes. 
Él es, para Europa, uno de nuestros héroes desconocidos. 
Quisiera suplicar a esta Asamblea que adopte, en nombre del Parlamento, cualquier medida que pueda promover la paz e intentar alejar a esta región del borde del abismo. 
He hecho gestiones para instar a los Sres. Simon Peres y Yasser Arafat a romper ese círculo infernal de violencia invitándoles a intervenir ante esta Asamblea. 
Espero que puedan aceptar esta oferta. 
Les acogeríamos como paladines de la paz durante los tiempos más difíciles. 
Sigo abierto, en cooperación con el Sr. Solana y con los buenos oficios de la Presidencia española, a la sugerencia de viajar a Ramala con el presidente del Knesset, Avraham Burg, y reunirme allí con Abu Ala del Consejo Legislativo Palestino, si las circunstancias lo permiten. 
Dado que el riesgo de una confrontación total es inminente, tenemos que hacer cuanto esté en nuestras manos. 
En nombre de este Parlamento, por el bien de la humanidad, quiero hacer un llamamiento esencial esta mañana: por favor, detengan la violencia, comiencen el diálogo y den una oportunidad a la paz. 
(Vivos Aplausos) 
Señor Presidente, deseo apoyar en nombre del Grupo socialista la declaración que acaba de hacer y también expresar nuestro apoyo a la Resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un hecho histórico, en la que se cita por primera vez, expresamente, la necesidad, como insiste la Unión Europea, de que se reconozca un Estado palestino. 
Querría subrayar que para poder encontrar una luz que nos guíe en el conflicto de Oriente Medio es importante que la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia puedan actuar conjuntamente. 
Creo que ése es un mensaje que debemos de subrayar, señor Presidente del Consejo, porque también sería importante que el Consejo de Ministros estuviera unido en este caso y apoyara la acción de nuestro representante en Oriente Medio. 
Creo que es muy importante que así como el Parlamento se ha expresado en el Pleno del mes de febrero con una resolución, aprobada por abrumadora mayoría, también el Consejo debería encontrar una línea común que pudiera apoyar decididamente para avanzar y romper este círculo vicioso, trágico, que estamos viviendo. 
Por lo demás, señor Presidente, creo que las iniciativas que ha propuesto, que ya estaban contenidas en nuestra resolución, expresan nuestra voluntad común. 
Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario le da también las gracias por su declaración, y estamos totalmente de su parte por cuanto respecta a la solución pacífica, o al intento de llegar a una solución pacífica, en Oriente Próximo. 
Este no es un debate sobre Oriente Próximo, porque de lo que realmente queremos hablar es de la ampliación, pero estamos plenamente convencidos de que en la lucha contra el terrorismo internacional sólo tendremos éxito si nosotros, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, apoyamos el proceso de paz entre Israel y Palestina con la misma resolución y de la misma forma, y a este respecto desde Occidente podríamos enviar más mensajes. 
Muchas gracias por su iniciativa. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR me gustaría darte las gracias por este respaldo y por lo que hoy has dicho. 
Nos hallamos en una situación aterradora, en la que todos los días alguien- niños, jóvenes, ancianos, inocentes- muere asesinado en estas zonas. 
Y hemos de hacer todo lo posible para respaldarte y desde el Parlamento también hemos de exhortar al resto de las partes a que hagan algo. 
Sin embargo, me parece importante que como elegidos por los ciudadanos asumamos esta tarea y mostremos nuestra simpatía así como nuestro horror y espanto en estos días. 
Agradezco a sus señorías el respaldo a esa declaración y a las posibles iniciativas que pudiéramos adoptar. 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar las declaraciones del Consejo y la Comisión acerca de la ampliación, siendo para nosotros un gran placer que hoy esté aquí el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Piqué i Camps, para iniciar este debate. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, en nombre de la Comisión quiero agradecerle en primer lugar a usted, señor Presidente, su declaración sobre la situación en Oriente Próximo, y subrayar que la Comisión se adhiere sin reservas al contenido de su declaración, a la del Presidente del Consejo y la de los Presidentes de los Grupos parlamentarios. 
Creo que es necesario manifestar en este momento la unidad política y la firme voluntad común de todas las Instituciones políticas de la Unión Europea de que debe ponerse fin a la violencia en Oriente Próximo y de que debe darse una oportunidad a la razón. 
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme pasar al tema de nuestro debate: el 2002 ha sido, efectivamente, un año decisivo para la ampliación. 
Los Consejos Europeos de Gotemburgo y Laeken y las correspondientes decisiones del Parlamento Europeo han generado tal situación política y generado tal horizonte de ampliación que en este momento ya no es posible demorar este proceso. 
Cualquier táctica dilatoria tendría ahora consecuencias incontrolables y peligrosas, y podría poner en peligro la estabilidad política y económica ya alcanzada en todo el espacio situado entre el Mar Báltico y el Mar Negro. 
Por ello, sigue siendo nuestro objetivo incorporar a todos los países candidatos suficientemente preparados como nuevos Estados miembros antes de las elecciones europeas de 2004. 
Esta es una buena perspectiva. 
Las negociaciones avanzan según lo previsto. 
Gracias a la magnífica cooperación con la Presidencia española, estoy seguro de que durante esta Presidencia conseguiremos cerrar todos los capítulos de las negociaciones- con excepción del paquete financiero y del capítulo ' Instituciones? -con los diez países mencionados en Laeken como posibles candidatos a la adhesión en 2004. 
Como se prevé en el calendario de negociaciones, en las próximas semanas la Comisión presentará proyectos de opiniones comunes sobre los capítulos de agricultura, política regional, presupuestos e instituciones. 
Además, nos proponemos abrir este año todos los capítulos pendientes de las negociaciones con Bulgaria y Rumanía, y presentar una estrategia de aproximación más desarrollada y reforzada para estos países. 
Quiero pasar ahora a algunas cuestiones políticas que en estas últimas semanas, y en parte en los últimos días, se han revelado como posibles problemas y obstáculos. 
En primer lugar, quiero abordar el debate sobre los Decretos Bene?. 
A juicio de la Comisión, no estamos en presencia de un problema únicamente jurídico, sino sobre todo de una cuestión político-moral en cuya solución se esfuerzan la Comisión y otros muchos interlocutores, por otra parte, desde ya hace años en muchas, muchas, conversaciones confidenciales. 
En opinión de la Comisión, los Decretos Bene? que versan sobre las expropiaciones son contrarios tanto al ordenamiento jurídico checo actual como al europeo. 
Por ello, están derogados y no producen efecto alguno. 
En consecuencia, debemos hacer un esfuerzo conjunto para volver a la objetividad en este asunto y no lastrar el proceso de ampliación con temas que pertenecen al pasado. 
Lo importante ha de ser alcanzar un acuerdo que permita a todas las partes mantener unas relaciones de buena vecindad estables y duraderas y configurar conjuntamente el futuro de Europa. 
Para la convivencia en el seno de la Unión Europea, reviste una importancia evidente la cuestión de si la práctica jurídica checa en materia de restitución de las propiedades produce efectos discriminatorios. 
He tomado nota con satisfacción de que el Gobierno checo está examinando por su parte esta cuestión. 
Igualmente, acojo con satisfacción que el Parlamento Europeo hay pedido la presentación de un dictamen independiente al respecto. 
La Comisión también examina actualmente una vez más este problema desde todas las perspectivas jurídicas. 
No obstante, hoy puedo ya comunicarles que el Gobierno checo ha manifestado a la Comisión estar dispuesto a actuar y a solicitar al órgano legislativo de su país una modificación de la normativa si se constatase que la actual práctica jurídica no es compatible con el Derecho comunitario. 
Otro tema al que en este año debemos prestar una mayor atención es la cuestión del futuro de la región de Kaliningrado. 
Con la culminación del proceso de adhesión de Polonia y Lituania, Kaliningrado se convertirá en un enclave ruso dentro de la Unión Europea. 
El Gobierno ruso ha planteado una serie de preguntas sobre el problema del acceso, del tráfico transfronterizo y del suministro de energía. 
Creo que debemos considerar estos temas de forma conjunta a la vista del desarrollo de toda la zona del Mar Báltico. 
Se trata de mucho más que llegar a un acuerdo sobre la regulación del tránsito, y de mucho más que encontrar una solución al problema de los visados. 
Para la regulación del tránsito y la cuestión de los visados buscamos una solución en el marco del actual acervo de Schengen. 
La Comisión ya presentó el año pasado sus observaciones sobre todas las cuestiones que deben resolverse y puso de relieve su disposición a mantener conversaciones. 
Estas conversaciones deben continuarse ahora en el marco de los actuales organismos entre la Unión Europea y Rusia, orientadas hacia la consecución de objetivos. 
No obstante, quiero subrayar que no es posible iniciar negociaciones especiales con Rusia sobre la cuestión de Kaliningrado en el marco del proceso de ampliación. 
No podemos celebrar negociaciones sobre los derechos de terceros y, sobre todo, no podemos llegar a ningún acuerdo en perjuicio de terceros. 
La cuestión decisiva será cómo conseguir incluir a la región de Kaliningrado en la dinámica de desarrollo de la zona del Mar Báltico. 
El verdadero problema vendrá, por un lado, de las crecientes diferencias socioeconómicas entre Polonia y Lituania y, por otro, si no encontramos una solución que nos permita incluir a Kaliningrado en la dinámica económica de región, que se desarrolla con mayor fuerza. 
Debemos reducir esta diferencia para que el impulso del crecimiento que la ampliación generará no dé lugar a tensiones políticas y sociales en esta parte de la región del Mar Báltico, pues ese es el verdadero peligro, que la diferencia de desarrollo provoque tensiones sociales y políticas que puedan desatarse. 
Permítanme comentar el tema de Chipre. La semana pasada tuve la oportunidad de mantener una serie de conversaciones de carácter político en Chipre, en particular con los líderes de las dos comunidades, el Sr. Kleridis y el Sr. Denktasch. 
Mi impresión es que los respectivos directores de las negociaciones, en las conversaciones que se mantienen actualmente para solucionar la cuestión chipriota, se muestran decididos a perseguir con toda determinación y compromiso el objetivo de una solución política duradera. 
No se ha llegado aún a un punto de inflexión, ni se han adoptado aún acuerdos concretos, pero he podido comprobar que se ha producido un acercamiento que hasta hace relativamente poco tiempo no se habría creído posible. 
Por ello, quiero animar una vez más a ambas partes a continuar de forma constructiva las conversaciones y aprovechar la oportunidad de llegar a un acuerdo sobre una solución pacífica estable y duradera antes de la finalización de las negociaciones de adhesión. 
Estoy particularmente satisfecho con que ambos- tanto el Sr. Kleridis como el Sr. Denktasch- me hayan asegurado que persisten en el objetivo de fijar antes de junio de este año las directrices básicas de un acuerdo político. 
La Comisión sigue manteniendo un intenso contacto con las Naciones Unidas para garantizar que la solución política sea compatible con el Derecho comunitario. 
Desde nuestra perspectiva es, evidentemente, irrenunciable que Chipre, en calidad de sujeto de Derecho internacional, ostente capacidad jurídica internacional y tenga su propia voz en las Instituciones de la Unión Europea y que pueda trasponer y aplicar en su propio país las obligaciones internacionales que contraiga. 
El 30 de enero la Comisión presentó sus propuestas sobre un marco financiero común para la ampliación. 
Con ello perseguimos el objetivo de garantizar la coherencia de las negociaciones en los ámbitos de política agrícola, política de estructuras y de presupuestos. 
Además, queremos conseguir una ampliación en condiciones aceptables para todas las partes. 
No puede haber ni habrá miembros de segunda clase. 
No obstante, la ampliación debe contar con una financiación sólida y calculable a largo plazo. 
En la preparación de la posición negociadora común durante las próximas semanas, la Comisión se apoyará en los siguientes principios: en primer lugar, las reglas del juego están claras desde la decisión sobre la Agenda 2000 adoptada en 1999 en Berlín. 
Los techos presupuestarios globales fijados en Berlín no se superarán, aunque incorporemos hasta 10 nuevos Estados miembros, a pesar de que en las decisiones de Berlín se partía de la adhesión de sólo seis nuevos miembros. 
En segundo lugar, los nuevos Estados miembros deben participar, en principio, en todos los ámbitos políticos comunes, en algunos casos una vez finalizados los períodos transitorios acordados; a este respecto, ha de observarse que seremos tanto nosotros como, en uno u otro caso, los países candidatos quienes solicitaremos la fijación de los períodos transitorios. 
En tercer lugar, la situación financiera de los nuevos Estados miembros no podrá ser peor después de la adhesión que antes. 
Es evidente que no podemos tolerar que nuestros miembros más pobres paguen por los miembros más ricos durante los primeros años dentro de la Unión; es decir, no aceptaremos en ningún caso que los nuevos Estados miembros sean contribuyente neto desde el principio. 
En cuarto lugar, nuestras propuestas no deberán prejuzgar en ningún caso la futura configuración de las políticas comunitarias. 
Y lo mismo cabe decir de la política agrícola. 
Por ello, las propuestas de la Comisión no se anticipan en modo alguno a la próxima previsión financiera para el período posterior a 2006. 
Como ustedes saben, nuestro paquete es sobre todo un paquete de ayudas estructurales, porque es en este ámbito donde hay más carencias. 
Quizá debe dar las cifras concretas. 
Del paquete total se destina el 76% sólo a medidas estructurales y de cohesión y a medidas de desarrollo agrario. 
El 76% del total del paquete financiero se traducirá en inversiones directas para el desarrollo de estos países. 
Proponemos un aumento de los recursos únicamente para los fondos de cohesión, no para los fondos estructurales. 
De este modo, los esfuerzos se centrarán en proyectos en los ámbitos de medio ambiente e infraestructura de transportes, en los que se registran las mayores carencias y los países candidatos han asumido obligaciones en el marco de las negociaciones, obligaciones que debemos ayudarles a cumplir. 
La Comisión considera en especial necesario que se concentren los esfuerzos en el desarrollo del espacio rural. 
Se trata de fomentar activamente medidas estructurales en el espacio rural y aprovechar las oportunidades de reestructuración. 
Con respecto a las ayudas directas a los agricultores, en Berlín no se hicieron cálculos concretos para el período que ha de cerrarse en 2006. Eso es cierto. 
Pero debo señalar que la Comisión, en los memorandos que acompañan la Agenda 2000, subrayó en tres lugares que el acervo es unitario, que no pueden coexistir a largo plazo dos regímenes de política agrícola y que las ayudas directas están comprendidas en el acervo comunitario. 
Por ello, debemos abordar este asunto en las negociaciones. 
Los nuevos Estados miembros deberán contribuir plenamente al presupuesto tras su adhesión, mientras que algunas de las medidas de política de estructuras y agrícola se verán reflejadas en los presupuestos con un cierto retraso. 
En consecuencia, la Comisión procurará que se fije en principio una compensación presupuestaria global, de forma análoga a como se hizo en anteriores rondas de adhesión. 
A este respecto, como es lógico, no podrán tomarse decisiones hasta que se hayan cerrado por completo las negociaciones. 
Desde la perspectiva de la Comisión, sobre la mesa hay un paquete equilibrado desde un punto de vista político y de contenidos. 
Hay un concepto. 
Las negociaciones avanzan con rapidez. 
La próxima etapa está claramente perfilada. 
Hasta la reunión del Consejo Europeo en Sevilla habrá de trabajarse en una posición negociadora común de la UE sobre política agrícola, política de estructuras, el capítulo presupuestario y el capítulo institucional, y, a la vista del transcurso de los debates celebrados hasta ahora en el Consejo, estoy convencido de que se conseguirá. 
Asimismo, la Comisión presentará al Consejo Europeo de Sevilla un informe sobre la ejecución de los planes de acción para reforzar la capacidad de gestión administrativa de los países candidatos. 
A finales de octubre de este año, el Consejo Europeo, bajo la Presidencia danesa, deliberará sobre los informes de situación del año 2002 y estudiará las recomendaciones concretas de la Comisión. 
Estas recomendaciones concretas de la Comisión de octubre de 2002 harán referencia a los países candidatos con los que puedan cerrase formalmente las negociaciones en el seno del Consejo Europeo de Copenhague, que se reunirá a finales de este año. 
De este modo, podrá pasarse inmediatamente a la fase final de las negociaciones. 
Para cerrar con éxito este proceso serán indispensables una colaboración más estrecha y el apoyo político del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, nuestro Grupo del Partido Popular Europeo / Demócratas Europeos apoya las orientaciones generales tanto del Sr. Presidente del Consejo como del Sr. Comisario Verheugen. 
El Sr. Comisario ha acertado al decir, al final de su intervención, que el apoyo de la Unión Europea es indispensable. 
Y también esperamos que todo este proceso en el que nos hallamos inmersos conduzca a un resultado que nos permita decir, tanto al Consejo como a la Comisión y al Parlamento Europeo, que estamos contentos con el resultado y que aprobamos el resultado de las negociaciones. 
Al igual que el miembro de la Comisión, el Sr. Verheugen, el Presidente del Consejo ha puesto de relieve una vez más el calendario de las negociaciones. 
Fue nuestro Grupo el que propuso que las negociaciones se llevasen de modo tal que los primeros países que quieran adherirse a la Unión puedan participar en las elecciones europeas de 2004. 
Ello hace necesario que cerremos las negociaciones antes de finales de este año, o a más tardar a principios de 2003. 
Espero que esto sea posible bajo la Presidencia danesa, pues de este modo quedaría así cerrado el círculo con la fijación de los criterios de Copenhague hace diez años y ahora con la finalización de las negociaciones. 
Es también un símbolo especialmente hermoso que en esta fase tan importante ocupe la presidencia España, un país del Sur que resalta ahora la importancia de la Europa central. 
De este modo ponemos de manifiesto nuestro propósito político común de que la ampliación de la Unión Europea- que comprende, naturalmente, a Chipre y Malta, pero sobre todo a los Estados centroeuropeos- no sea el interés de unos cuantos Estados miembros de la Unión Europea, sino que sea nuestro interés común, el de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Evidentemente, aún queda mucho trabajo por hacer, como todos sabemos. 
No debemos dar hoy garantía alguna a ningún Estado y decirle: tu estarás ahí con toda seguridad, sino que todo país debe esforzarse para que al final lleguemos a resultados satisfactorios. 
Sabemos que aún deben negociarse muchos capítulos. 
Pero hemos de decir también que la Agenda 2000 protege la confianza de los agricultores de la Unión Europea- no soy ningún experto en temas de agricultura, pero quiero remarcar esto expresamente -, y con la evaluación intermedia que el Comisario Fischler ha presentado no conciliamos aspectos que realmente no tienen nada que ver con la ampliación, sino que simplemente queremos proteger la confianza de nuestros agricultores. 
Apoyo sin reservas, señor Verheugen, que haya mención a este tema. 
Me he entrevistado recientemente con el alcalde de Pillau, que se encuentra en la parte occidental de la provincia de Kaliningrado, y allí hay un gran interés en poder mantener un contacto directo con la Comisión en Bruselas y que no todo se canalice a través de Moscú, pues los caminos que pasan por Moscú son muy largos. 
Quizá podamos garantizar en nuestras conversaciones con Rusia que se mantengan contactos directos entre Kaliningrado, la antigua Königsberg, y la Unión Europea y sus Estados miembros. 
También quiero mencionar a Ucrania. 
Sabemos que Ucrania occidental es la antigua Polonia oriental. 
Aunque, como es lógico, debamos garantizar la seguridad de las fronteras- y debemos hacer todo lo posible porque la mafia y los graves crímenes asociados al tráfico de drogas no penetren en la Unión Europea a través de las fronteras de la Polonia oriental -, hemos de ser flexibles al mismo tiempo, para que las personas que mantienen vínculos al otro lado de la frontera, que viven en Ucrania occidental y son de origen polaco, dispongan de soluciones flexibles para encontrarse con Polonia, para que allí no se corra un nuevo telón de acero entre los hombres. 
Ello tiene, en mi opinión, una gran importancia en nuestras relaciones con Ucrania. 
A mi juicio, tenemos- Consejo, Comisión y Parlamento- una tarea común: debemos desarrollar una intensa tarea de persuasión en los países de la adhesión y en la Unión Europea, en el sentido de que la adhesión de los países de Europa Central y de Malta ofrece una formidable oportunidad para la Unión Europea- y en particular para los países centroeuropeos- de llevar la estabilidad a nuestro continente. 
Pero también supone una oportunidad económica, pues el volumen del comercio con los países centroeuropeos, entre la Unión Europea y estos países es entretanto casi el mismo que el de nuestro comercio con los Estados Unidos de América. 
Ello provocará una dinámica que nos beneficiará a todos. 
Si, en cuanto respecta a la ampliación, miramos en particular hacia el Este, es muy importante que en estos días- y por ello, señor Presidente, le doy una vez más las gracias por su iniciativa sobre Oriente Próximo- también miremos al Sur, al Mediterráneo. 
La ampliación hacia el Este y nuestras relaciones con los países del Mediterráneo, con el mundo árabe e islámico, tienen la misma prioridad. 
Si nosotros, como Unión Europea, actuamos de forma decidida, valiente y mirando al futuro, entonces, creo, podremos obtener una gran paz en nuestro ámbito, al este y al sur de la Unión Europea y contribuir a la estabilidad. 
En mi opinión, esta es la tarea común del Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
¡Si la afrontamos juntos, la Comisión y el Parlamento contará sin duda alguna con todo nuestro apoyo! 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, el Comisario Verheugen ha dicho con toda razón que estamos en la fase final de un proceso irreversible. 
La ampliación ya es imparable, y quien quiera demorarla, cometería un grave error y daría un paso atrás en la Historia. 
Y nadie en esta Cámara, creo yo, quiera pararla. 
En este proceso irreversible ambas partes tienen obligaciones. 
Hemos debatido sobre los candidatos, sobre las tareas que los países candidatos deben acometer. 
Sobre esto se han dicho muchas cosas acertadas. 
Pero debemos mirarnos con sentido crítico y preguntarnos en qué posición nos encontramos en esta fase final. 
¿Acaso la Unión Europea no muestra todavía, en la víspera de su ampliación, deficiencias y no tiene por delante tareas que afrontar? 
A este respecto, quiero pasar a abordar dos asuntos del debate del último año y medio y sobre el período que tenemos aún por delante. 
Después de Niza, hemos oído decir a todos los miembros de la Presidencia del Consejo de entonces, y de la Comisión, que a partir de Niza la Unión es capaz de ampliarse, e incluso hubo colegas de esta Cámara que así lo resaltaron con toda firmeza. 
En el Parlamento Europeo, la gran mayoría de los diputados sostenía que eso no es así. 
Este Parlamento ha adoptado la iniciativa de abrir un proceso post-Niza (como se lo llamó en su momento) que gracias a Dios a dado lugar a la convocatoria de una Convención que debe acabar con todas las deficiencias, especialmente de orden institucional, que la ampliación trae consigo. 
Pues en Niza se aprobó un Tratado que, sobre todo, en materia de simplificación de los mecanismos de decisión, reforma del Consejo, reforma estructural de la Comisión y democratización se queda demasiado corto. 
Antes bien, en Niza se aprobó un mecanismo de adopción de decisiones por mayoría que, más que simplificar, complica las cosas. 
Si llevamos a cabo la ampliación sobre la base de estas estructuras, entonces- y en ello tiene usted razón, señor Verheugen- la ampliación ya será imparable, y será necesaria y acertada desde un punto de vista histórico. 
Pero conduciría hacia un peligroso inmovilismo de la Unión Europea y este inmovilismo, a su vez, a que las personas se aparten cada vez más de la Unión Europea. 
Por ello, hay un vínculo entre las tareas que debe realizar la Convención y la ampliación. 
La Convención debe conseguir que la Unión Europea pueda efectivamente ampliarse. 
Ha señalado que el Parlamento Europeo debe prestar su apoyo a tal fin. 
Sí, el Parlamento Europeo es un socio importante desde una doble perspectiva. 
Somos un socio importante porque velaremos por que las reformas democráticas necesarias en el interior de la Unión Europea se lleven efectivamente a cabo antes de la adhesión, es decir, antes de las elecciones europeas. 
Asimismo, procuraremos, en nuestra condición de autoridad presupuestaria, cumplir las exigencias financieras en una medida razonable. 
Como el Sr. Comisario ha señalado acertadamente, los techos presupuestarios son claros, pero dentro de estos límites máximos sigue habiendo graves problemas por resolver. 
Además, no sólo los derivados de la ampliación de la financiación de la misma, sino también de las decisiones que delegan funciones financieras adicionales en el marco de la política exterior y seguridad, que deben financiarse igualmente con el presupuesto y darán lugar a trasvases de recursos. 
Ello significa que en los dos próximos años tendremos que poner claramente de manifiesto, como Parlamento Europeo, que somos socios del Consejo y de la Comisión en la política de ampliación. 
Somos un socio que presta su apoyo, pero somos también un socio que seguirá con sentido crítico a la Comisión y al Consejo en el carácter democrático, la reforma y en la financiación del proceso. 
Señor Presidente, el Sr. Comisario ha expuesto de un modo muy útil los principales retos que traerá consigo la ampliación, tales como los problemas de Kaliningrado, de los Decretos Bene? o de Chipre; y ha hablado mucho del coste de la ampliación. 
Yo me siento muy complacido, sin embargo, de que el Presidente en ejercicio haya llamado la atención sobre el coste de la no ampliación, que es, de lejos, mucho mayor. 
Puede ser cierto, como ha dicho el Presidente en ejercicio, que para nosotros estos países "apenas" hayan esperado 15 años para adherirse a la Unión. 
A ellos, en cambio, esos 15 años les parecerán más de una vez y media el tiempo que esperó España a entrar en nuestra Unión. 
Yo creo que nos corresponde hacer todo lo que podamos para acelerar el proceso de la ampliación. 
El primer paso de ese proceso está en manos de la presidencia esta semana cuando el Consejo se reúna en Barcelona. 
Señor Presidente, ha subrayado usted que tenemos la responsabilidad de volver a unificar a nuestro dividido continente. 
Debemos acoger a quienes desean unirse a nosotros en cuanto estén preparados. 
Pero no se trata fundamentalmente de una cuestión presupuestaria: hay enormes beneficios económicos por ganar, y ahí es donde entra Barcelona; porque necesitamos tener el coraje de emprender nosotros mismos las difíciles reformas económicas que, con razón, esperamos de los países candidatos. 
Esto supone acordar, en Barcelona, importantes reformas económicas, encontrar el camino para reformar la política agrícola común y avanzar hacia las reformas de nuestras instituciones. 
En Barcelona, los Jefes de Estado y de Gobierno no deben desaprovechar la oportunidad de realizar una verdadera reforma económica. 
En 2005, como máximo, debemos haber liberalizado los mercados del gas y de la electricidad, tanto mayoristas como domésticos. 
Debemos comprometer de nuevo con el paquete de medidas legislativas recogidas en el plan de acción de servicios financieros, desbloqueando las conversaciones del Consejo. 
Debemos, asimismo, ver progresos en la contratación pública y en una patente europea. 
Para cumplir nuestro objetivo de ceñirnos a las perspectivas financieras, la ampliación debe significar también la reforma de la política agrícola común. 
El exceso de producción y el despilfarro que caracterizan a la PAC y las preocupantes consecuencias para la salud pública de los métodos de cultivo intensivo deben abordarse a la vez que avanzamos hacia una moderna política de desarrollo rural, rompiendo el vínculo con la producción y creando una política sostenible desde el punto de vista medioambiental mediante ayuda a nuestros agricultores. 
La perspectiva de la ampliación requiere también que hagamos de la Convención un éxito. 
Nuestras instituciones y nuestros procedimientos de toma de decisiones son como un Trabant, cuando lo que necesitamos es un Mercedes. 
Hemos de diseñar un mecanismo constitucional para la Unión del siglo XXI que vaya más allá de Niza, que se base en derechos y valores comunes, que aborde de las preocupaciones legítimas de nuestros ciudadanos, aunando responsabilidad, democracia y eficacia. 
Aquí, sobre todo, lo que se pide es un planteamiento responsable por parte de nuestros Estados miembros. 
No ayuda a la disciplina financiera el que el Ministro de Economía italiano cuestione las finanzas de la ampliación. 
Es perjudicial, cuando una Comunidad de 25 ó 27 miembros va a necesitar que la Comisión sea un ejecutivo fuerte, que el Jefe de Gobierno de uno de los grandes Estados miembros acuse a la Comisión de estar predispuesta en contra de su país, de desear destrozar la cultura de uno de sus productores industriales y de singularizar a su país. 
Si vamos a insistirles a los países de Europa Central y Oriental en que han de tener un planteamiento responsable, nosotros mismos necesitaremos un planteamiento responsable. 
Espero que, a medida que avanzamos hacia la Presidencia danesa de este año y hacia las decisiones históricas sobre la ampliación, veamos una Europa occidental responsable, unida y decidida que dé la bienvenida a estas nuevas democracias al redil democrático. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, debo decir que se aprecie un sorprendente cambio. 
Mientras que para la ampliación de la Unión Europea inventamos nombres a cual más aparatoso- recuerdo, entre otros, obra cumbre de Europa, proyecto de paz para el continente? -desde hace unas semanas hay añadir un nuevo nombre, caja de ahorros ampliación. 
¡Con esta obra cumbre los 15 Ministros de Finanzas de la UE se ahorran fácilmente, con respecto a la decisión sobre financiación adoptada en Berlín, 18 millones de euros! 
No es que la decisión sobre financiación adoptada en Berlín fuera un poco exagerada porque el cálculo fuera equivocado por exceso. 
No, todo lo contrario: ya entonces se puso de manifiesto que no esa cifra no bastaría para la ampliación. 
Pero por miedo a los contribuyentes netos se dijo: aún contamos con las reservas, podemos movilizarlas. 
Pero lo que ocurre es lo contrario; desde hace semanas la Comisión hace correr la especie de que la ampliación no debe costar nada. 
Parece que el mundo esté al revés, pues un proyecto de paz algo debe costar. 
No puede haber una Europa de segunda clase, pues ello dará lugar a tensiones sociales, movimientos migratorios y diferencias de desarrollo. 
Por ello Los Verdes exigimos una revisión de las propuestas financieras. 
No es cierto que el espacio rural y los fondos estructurales no vayan a recibir más. 
Con respecto al planteamiento de Berlín, es justamente en estos ámbitos donde se aplicarán notables recortes. 
En rigor, sería necesario que los 15.000 millones que en 2002 y 2003 deberían devolverse a los Ministros de Finanzas de los quince Estados miembros de la UE se destinasen a la ampliación. 
Creo que los períodos transitorios sólo pueden prolongarse, a lo sumo, hasta 2007, pues el intento de la Comisión de seguir prolongando hasta el 2007 el ' phasing-in? es una propuesta alicorta y una prueba de su incapacidad. 
Ello significa no introducir reformas en la política agrícola, y esto, a su vez, querer aplazar el ' midterm review? , que prevé que la Unión Europea haga los deberes necesarios. 
Esto no podemos apoyarlo. 
Para dar nuestro apoyo a la reforma, necesitamos una política agrícola en la que las ayudas estén vinculadas a criterios ecológicos y sociales y sólo se financien proyectos si vienen acompañados de reformas. 
Ahora bien, ¡los países de la adhesión deben ser miembros de esta reforma en pie de igualdad! 
Una propuesta importante que el Parlamento Europeo ha presentado, a saber, introducir ya la reforma agraria para fortalecer el espacio rural, y ayudar sobre todo a sus habitantes, sigue siendo rechazada por la Comisión. 
Creo que la Comisión no puede seguir actuando de forma tan pusilánime, debe tener valor para introducir reformas, debe tener valor para decir que la ampliación cuesta algo, pues este proyecto debe ser un éxito. 
Señor Presidente, como danesa, espero naturalmente que esto sea posible, de modo que tengamos un? de Copenhague a Copenhague? y podamos incluir las firmas definitivas en Copenhague el otoño que viene. 
Sin embargo, como demócrata e internacionalista, dudo mucho de si llegaremos tan lejos. 
Me parece que quedan aún muchas cosas que lo impiden, algunas de ellas han sido mencionadas, sin embargo, pienso que hay otras que también merece la pena mencionar. 
Hemos oído de la evolución acaecida desde la caída del muro hasta el día de hoy. 
Se han mencionado países de Europa Central y Oriental que vienen de la economía dirigida y de la militarización. 
Sí, gracias, pero qué es a lo que llegan, sino a la economía planificada y la militarización. 
El otro día tuvimos un debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre las relaciones transatlánticas y todos los participantes opinaban que los países europeos deben disponerse a aumentar sus presupuestos de defensa entre un tres y un cinco por ciento de su PNB para responder a las ilusiones normales generadas en torno a la capacidad militar de la UE. 
¿Qué significa esto para los países solicitantes y para sus economías? 
Temo que las poblaciones de Europa Central y Oriental cuando entrevean cuáles son las condiciones que les ofrecemos, voten no en el referéndum definitivo, lo cual sería una catástrofe a mi modo de ver. 
Tampoco estoy satisfecha con el paquete económico que se ha elaborado en relación con la ampliación. 
No estoy satisfecha con que se diga que no puede costar nada. 
No estoy satisfecha con que los países solicitantes deban cubrir una fase transitoria de diez años antes de que experimenten la sensación de participar de lleno en el ámbito económico, cuando al mismo tiempo somos nosotros quienes planteamos condiciones transitorias. 
Cuando somos nosotros quienes no queremos que la libre circulación se aplique a los países solicitantes en igualdad de condiciones que a los demás. 
Cuando la gente que en su momento deberá votar si los países solicitantes se convierten o no en miembros entrevea este tipo de cosas, temo que tendremos problemas. 
Por ello quiero pedir que en la última fase se haga un esfuerzo extra para modificar esto de que no puede costar nada. 
Coincido plenamente con lo manifestado por la Sra. Schröeder del Grupo Verts/Ale, hablamos probablemente del mayor proyecto de paz de nuestra vida. 
¿Realmente debe insistirse en que no puede costar nada? ¿Realmente somos tan mezquinos en esta cooperación que pensamos que el que es el mayor proyecto de paz de nuestra vida no puede costar nada? 
Me gustaría mucho participar en las campañas para que los Estados miembros ricos paguen éste, lo que vale también para mi propio país. 
Dinamarca debe estar dispuesta a pagar- naturalmente. 
Decir que no puede costar nada es lo mismo que decir que no queremos emprender con toda nuestra alma este colosal proyecto. 
Señor Presidente, la Convención de la UE llega en un momento muy importante en el devenir de la Unión Europea. 
La Declaración de Laeken dejó claros tanto el alcance de los logros de la Unión Europea en los últimos 45 años como la magnitud de los retos a los que se enfrenta ahora. 
El debate que estamos celebrando aquí hoy se refiere a la ampliación de la Unión Europea. 
El entusiasmo y la firme decisión de los países candidatos a la adhesión en la UE constituyen la prueba más evidente de que la Unión Europea supone todo un éxito. 
Yo acojo de modo muy favorable la participación de representantes de los parlamentos de los países candidatos en la Convención y estoy deseando ver las nuevas ideas que aportan a sus trabajos. 
La reforma institucional y la ampliación de la Unión Europea van de la mano. 
Los reglamentos y directivas promulgados mediante los tres procedimientos de decisión europeos deben simplificarse y hacerse más eficaces. 
El Consejo Europeo de Gotemburgo decidió que aquellos países candidatos que estuvieran preparados para entrar en la Unión Europea podrían finalizar las negociaciones de adhesión a finales de este año. 
El objetivo de admitir a nuevos miembros en la Unión Europea en el 2004 sigue siendo muy ambicioso, pero no es un sueño imposible. 
La ampliación de la Unión es la prioridad política número uno de todos los legisladores clave de la Unión Europea. 
Nuestra firme decisión y nuestro coraje en estas negociaciones de ampliación deben estar a la altura de los que están mostrando los propios países candidatos promulgando nuevas leyes de amplio alcance mientras se preparan para adherirse a la Unión Europea como miembros de pleno derecho. 
La Presidencia española acomete ahora las negociaciones más difíciles sobre la ampliación, en particular las relativas a agricultura, fondos estructurales y cuestiones presupuestarias. 
Tengo confianza en que las dos partes puedan alcanzar un acuerdo en estos capítulos de las conversaciones y llegar a una conclusión que sea- y así debe ser- justa y equilibrada. 
Los países candidatos han progresado de manera sustancial en el cumplimiento de los criterios de Copenhague en relación tanto con la transposición de legislación como con la aplicación de nuevos reglamentos y directivas europeas que regulan una amplia variedad de sectores económicos y sociales. 
Los significativos avances logrados por los países candidatos en cuanto a la adopción de nueva legislación de la UE han hecho posible, evidentemente, que las negociaciones de ampliación marchen a un ritmo más rápido. 
Indudablemente, se han hecho grandes progresos en el aumento de la independencia, la transparencia y la eficacia de las administraciones públicas de los países candidatos, así como en la mejora del funcionamiento de sus sistemas jurídicos. 
Unas administraciones públicas eficaces son necesarias no sólo para incorporar plenamente la nueva legislación de la UE, sino también para garantizar que los recursos financieros comunitarios se emplean de modo eficaz. 
Este año será, sin duda, decisivo para el proceso de ampliación y para el futuro de Europa. 
Nuestra institución trabajará muy estrechamente con las Presidencias española y danesa de la Unión para hacer que las negociaciones de ampliación sean un éxito. 
Tendremos que mostrar la misma determinación que en el pasado a la hora de buscar respuestas constructivas. 
Creo que esta Asamblea tiene la voluntad y la firme decisión de hacerlo así. 
Señor Presidente, me gustaría alertar del peligro de que tratemos a los nuevos países solicitantes como miembros de segunda clase. 
En la Convención se reunieron los parlamentos nacionales y designaron a sus dos representantes para la Mesa, sin que los representantes de los países solicitantes fueran tan siquiera convocados. 
Envíe el 25 de febrero una propuesta para que incluso los países solicitantes pudieran elegir dos representantes para la Mesa. 
La propuesta no fue ni repartida ni debatida. 
La Mesa ha celebrado sus primeras reuniones sin representación de los nuevos países. 
Éstos naturalmente deben gozar absolutamente de los mismos derechos como asimismo del derecho a contar con traducción en sus propias lenguas. 
El fin de semana los Primeros Ministros se reúnen en Barcelona. 
Los países grandes atacan la igualdad de derechos que representan las presidencias alternas. 
Existe el riesgo de una situación en la cual la UE sea dirigida internacionalmente por los representantes de los países grandes que así unidos actúan supranacionalmente con respecto a los países más pequeños. 
Es así como leo la ponencia del Sr. Solana para la cumbre. 
Es una variante que los críticos de la Unión no deben ser los únicos en criticar. 
Las propuestas son también una señal a los países solicitantes de que seguramente podrán entrar, pero no con los mismos derechos. 
La iniciativa de la Comisión en materia de agricultura maneja también dos tipos de miembros. 
Sería más inteligente y más barato suprimir el sostenimiento de precios en la UE antes de la ampliación y dar a los países solicitantes y a nuestros propios agricultores una compensación. 
Las señales sobre este trato distinto son erróneas y sumamente dañinas. 
También lo es la decisión de la Cumbre de Niza de dar a la República Checa y a Hungría dos escaños menos en el Parlamento Europeo que a países comunitarios que cuentan con menos habitantes. 
Quiero exhortar una vez más a la Comisión a que haga públicos los llamados informes de seguimiento. 
Éstos giran en torno a los avances de los países solicitantes en la implantación de nuestra legislación. 
En este punto son todos los ciudadanos los discriminados. 
Las negociaciones sobre la legislación deben llevarse a cabo con plena transparencia, como sucede en todos los parlamentos, y los ciudadanos de los países solicitantes deben poder seguir también la liquidación de sus propias leyes. 
La nueva ponencia del Sr. Solana debería habernos sido presentada directamente, tal y como solicité, y en vez de eso, ahora debo conocerla mediante filtraciones. 
Pongamos fin a este secretismo y enviemos a la Comisión ante el Tribunal de Justicia si ésta no entrega los informes de seguimiento. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, me remito a la intervención general del presidente de mi Grupo y voy a comentar algún que otro detalle secundario. 
Está claro que hay que tratar con igualdad de criterio a todos los países aspirantes, pero esto no quiere decir que se dejen de tomar en cuenta las soluciones que éstos hayan adoptado antes de las negociaciones de adhesión, como tampoco se deben ignorar las condiciones específicas derivadas de sus recursos naturales o de su historia. 
Me refiero aquí a la situación de Estonia en particular, país muy cercano a Finlandia. 
Es injusto que la Unión exija la rápida liberalización de la electricidad de este país, cuya producción, basada en la combustión de esquistos bituminosos, no puede competir en el libre mercado, mientras que Francia y en parte también Alemania siguen frenando, tras cincuenta años, la liberalización de sus propios mercados energéticos. 
Afortunadamente, Estonia ni siquiera está aún conectada a las redes eléctricas europeas. 
Otra particularidad afecta a las cuotas de leche de Estonia, cuyos índices básicos la Unión quiere fijar en los niveles existentes en la década pasada, años en que Estonia- acertada o desacertadamente- redujo drásticamente su producción, de modo que el volumen actual de la producción- de gran importancia para las zonas rurales de Estonia, las cuales siguen dependiendo de la agricultura- sobrepasa los niveles establecidos en las cuotas. 
Sin embargo, el contenido de estas soluciones definirá la actitud de la población rural y del este de Estonia en el referéndum sobre la adhesión a la UE: 
Kaliningrado ocupa siempre un lugar central a la hora de hablar de la ampliación, de la dimensión nórdica y de nuestras relaciones con Rusia. 
Soy un firme e incondicional partidario de la colaboración con Rusia, pero me siento muy satisfecho de que el Comisario, Sr. Verheugen, recordara que Kaliningrado es la única región de Rusia sobre la que se pueden llevar a cabo negociaciones específicas en el marco de la ampliación. 
Rusia también responde principalmente de las propuestas de cooperación y participa mayoritariamente en la financiación. 
Kaliningrado no es tampoco- quiero resaltarlo- la región con más problemas y posibilidades de la dimensión nórdica, sino que son otras: Murmansk, la región de San Petersburgo y las proximidades de la frontera con Finlandia. 
Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias al Consejo y a la Comisión por su trabajo y espero que, a pesar de los? obstáculos? políticos que seguramente aparezcan, de todos modos se consiga cerrar las negociaciones en Copenhague. 
Pero entonces llegaremos a la siguiente fase, es decir, el respaldo de las poblaciones al proyecto mediante referéndums. 
Y a este respecto me gustaría retomar un punto que incluye a la mitad de las poblaciones- es decir, las mujeres. 
No cabe ninguna duda, nos lo han asegurado también los comisarios, sobre la aplicación del acervo comunitario de la UE. 
Sin embargo, una cosa es la forma y otra es la realidad que nos rodea y ésta nos muestra que la situación de las mujeres en los países solicitantes no se ha visto mejorada tras la caída del muro. 
Y por ello debo preguntar si algún aspecto del trabajo de la Comisión y del Consejo vela por las posibilidades que permitan reforzar la situación de las mujeres en los países en cuestión. 
Si no es así, podemos tener un problema en los referéndums, podemos tener un problema con la representación femenina en las elecciones al Parlamento, y podemos tener un problema con la representación femenina en la administración pública. 
Por ello me gustaría pedir a la Comisión y al Consejo que respondan si se adoptarán iniciativas específicas dirigidas a las mujeres en los países en cuestión. 
Señor Presidente, en sus cincuenta años de historia, la Unión ha pasado por varios procesos de ampliación. 
Sin embargo, nunca ha habido tanta desigualdad como en la actual ronda. 
Efectivamente, la incorporación de nuevos miembros no se realiza sobre la lógica base de la igualdad y de la solidaridad. 
El debate sobre la República Checa me parece insoportable. 
Quien quiera examinar los llamados Decretos Bene? y plantear cuestiones en materia de propiedad, no debe pasar por alto el carácter jurídico-internacional del Proceso Dos más Cuatro en la unificación de los dos Estados alemanes. 
Quien quiera tener a Rusia a su lado, sea donde sea, no debe dar ningún paso en falso en lo relativo a Kaliningrado. 
Desde la perspectiva de Bruselas, el proceso de adhesión se ve más como una calle de una sola dirección; así lo ha señalado el colega Schulz. 
Mientras que a los candidatos se les exige la asunción incondicionada de obligaciones y la aplicación de medidas previas, la adhesión debe costar lo menos posible. 
La apertura de los mercados es ya hoy un buen negocio para los grupos de empresas, los bancos y las compañías de seguros. 
Pero, como está comprobado, la ayuda a la adhesión de otros Estados, España también, resultó mucho más generosa. 
Los candidatos de la Europa del Este no han alcanzado de media ni siquiera la mitad del producto interior bruto de la Unión Europea, mientras que los tres Estados bálticos sólo llegan a la tercera parte. 
El actual nivel de producción de estos Estados se halla en parte por debajo del nivel de 1990. 
Ello significa que las medidas de preparación a la adhesión no han dado grandes resultados. 
Es necesario reconfigurar la política de estructura y de cohesión, de modo que asegure que las regiones menos desarrolladas en general, y en las regiones limítrofes en particular, tanto en los actuales como en los futuros Estados miembros, cuenten con el apoyo adecuado. 
Necesitamos, por tanto, conceptos que convenzan realmente a los ciudadanos y ciudadanas de los Estados de la adhesión de que la entrada en la Unión es acertada y beneficiosa para ellos. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera señalar a su atención un aspecto que considero sumamente importante y que está estrechamente unido a la ampliación de la Unión: la protección de la salud humana que desde siempre es un objetivo prioritario de todas las políticas de desarrollo de los Estados de la Unión Europea. 
En efecto, el Tratado de Ámsterdam establece que en la definición y ejecución de todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantiza un alto nivel de protección de la salud humana. 
A este propósito, nos estamos empleando a fondo para que la protección de la salud de los ciudadanos se garantice a través de un sistema sanitario común y eficaz, con altos niveles de calidad, tal como propone el programa de acción comunitario en materia de salud pública 2001-2006. 
Habida cuenta de que para el logro de dichos objetivos es preciso desarrollar políticas específicas orientadas a asegurar la progresiva mejora de la profesionalidad y de la investigación científica de las estructuras sanitarias de los Estados miembros de la Unión y que la situación actual de las estructuras sanitarias, así como de las políticas sanitarias de los países candidatos a la ampliación sufre un evidente retraso respecto a la de la Unión Europea, considero oportuno que nos ocupemos de definir urgentemente, a través de estudios o simulaciones dentro de los Estados miembros, las posibles consecuencias de la ampliación de la Unión en la salud pública. 
Asimismo, es oportuno comprobar la efectiva aplicación del acervo sanitario comunitario en los PECOS y es necesario tomar en consideración medidas de control tendentes a evitar que el ingreso de los países candidatos implique, para la salud pública de los Estados de la Unión, una reducción del nivel cualitativo de la asistencia sanitaria, dada la harto conocida carencia de personal médico y de enfermería. 
Señor Presidente, este debate contiene un mensaje general, es decir, que la pertenencia a la Unión Europea supone algo similar a la máxima dicha política para los Estados miembros y para la Unión en su conjunto. 
Desearía que esta suposición fuera correcta, pero desgraciadamente estoy convencido de que el mensaje sobre el proyecto de la unión se revelará como una ilusión enorme y temible. 
Divagar impide disponer de un sentido medianamente moderado de la realidad. 
Se han mencionado varios problemas, sin embargo, los problemas mencionados no son los fundamentales. 
Están los enconados problemas políticos con los decretos Bene? , está la cuestión de Chipre, y está la economía con los problemas sin resolver relativos a la agricultura, los fondos estructurales, etcétera- y la problemática presupuestaria y el miedo a que los Estados miembros, los países solicitantes, sean miembros de segunda clase. 
No obstante, los problemas fundamentales, los problemas decisivos no son de índole política y económica. 
Los problemas decisivos pasan por que el proceso del que hablamos con respecto a los países candidatos del este implica una enorme transformación. 
Hablamos de facilitar los marcos jurídicos a un proceso de transformación de dimensiones históricas. 
Y detrás de estos problemas jurídicos, que ya son suficientemente complicados, se esconden los problemas democráticos. 
El último criterio de Copenhague trata de la necesidad de conseguir una administración pública que eficaz y correctamente administre, aplique y ponga en práctica la legislación comunitaria. 
No hay datos en los informes existentes respecto a este problema gigantesco. 
Y aunque dispongamos de un estamento jurídico eficaz, que esté en condiciones de llevar a cabo la transformación, será democráticamente comprometedor, pues ¿cómo se incorporará a las poblaciones a este proceso? 
El momento de la verdad se acerca. 
Estimado Presidente del Consejo, estimado Comisario, por supuesto, yo también me he emocionado al escuchar sus discursos. Muy en concreto, me ha conmovido la idea de que en este momento vamos camino de una ampliación del orden jurídico europeo hacia un mayor número de países con objeto de establecer una paz europea entre Estados conscientes de sus responsabilidades. 
Una paz al ' estilo europeo?. 
Además, confío plenamente en la política desplegada por el Comisario en las negociaciones. 
Los principios en los que se basa él son también los míos. 
Considero asimismo muy oportuno que se mantenga la presión hasta el último momento, es decir, hasta el mes de octubre, y que no se dé por sentado que en cualquier caso entrarán diez países. Primero habrá que ver si, llegado el momento, se cumplen, de hecho, todas las condiciones. 
Quisiera formular una pregunta específica acerca de los gastos ocasionados por la ampliación. Esta cuestión ya ha sido mencionada por algunos otros oradores. 
Además, hemos tenido la oportunidad de comentar este asunto con el Comisario en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Creo firmemente al Comisario cuando afirma que, en realidad, los gastos de la ampliación no rebasan los límites del presupuesto que nos ha sido concedido. 
Hemos ahorrado para permitir que la ampliación encaje en el presupuesto. Ello no obstante, en los diferentes Estados miembros corren otros rumores, dependiendo de si interesa o no hacer un problema de este punto. 
Ya he oído mencionar a Italia, debo nombrar asimismo a mi propio país. Mi Gobierno no descarta la posibilidad de que los gastos adicionales adquieran unas dimensiones desorbitadas. 
El Secretario de Estado de Asuntos Europeos se ha expresado en un lenguaje críptico. Ha dicho que, en el caso de los Países Bajos, el coste de esta operación puede oscilar entre cero y mil millones. 
Ello demuestra, por una parte, que tiene conciencia y, por otra, que, además, es un buen director de campaña. 
Creo que no estaría de más, señor Comisario, que una fuente fidedigna volviera a presentar un análisis de los cálculos llevados a cabo en los Estados miembros, ya que el resultado de los mismos no coincide en absoluto con las estimaciones de la Comisión. 
Me imagino que ello podrá hacerse de una forma neutral. Me parece fundamental, también de cara a los ciudadanos, que sepamos distinguir entre la verdad y lo correcto y las pesadillas injustificadas. 
Tampoco podemos perder de vista que los actuales problemas tienen su origen en el hecho de que nosotros mismos no hemos reformado a tiempo nuestra propia política agrícola. Sencillamente no hemos realizado nuestros deberes, y ahora obligamos a los demás a cumplir con los suyos- de hecho, los están cumpliendo- mientras que nosotros no hacemos más que quejarnos. 
Señor Presidente, por otra parte, debo reconocer que me llenan de satisfacción las palabras del Comisario sobre los Decretos Benes. 
Todos nos tomamos muy en serio este asunto. Observo, por ejemplo, cómo en la sociedad neerlandesa se presentan quejas a través de diversas organizaciones, por ejemplo con respecto a Polonia. 
Estimo absolutamente necesario que la Comisión y el Consejo aclaren de una vez por todas cuáles son las quejas admisibles en virtud de los criterios de Copenhague y cuáles no lo son. 
En mi opinión, esta claridad resulta imprescindible para garantizar que nuestra población mantenga su actitud positiva ante la ampliación. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, agradezco a los dos oradores que han introducido el tema hayan puesto de manifiesto no sólo el gran proyecto, sino también los problemas que han de resolverse aún. 
Hay todavía algunos obstáculos que debemos eliminar, para lo cual, como ya se ha señalado, nos serán de gran ayuda todas las fuerzas con que cuenten los Estados miembros y los países candidatos. 
Uno de estos obstáculos es, sin duda alguna, el debate sobre los Decretos Bene?. 
Sin duda alguna, cabe hacer diversas valoraciones históricas de estos decretos. 
Pero, y agradezco al Sr. Comisario que así lo haya señalado, a efectos de la adhesión la única cuestión relevante es si tales decretos producen aún efectos discriminatorios, es decir, si los ordenamientos jurídicos contienen disposiciones que sean contrarias al acervo comunitario y que puedan condicionar hoy nuestra actuación. 
Tales disposiciones y efectos deben ser eliminados. Me alegra que los Gobiernos checo y eslovaco coincidan también en este punto. 
Ni la revisión de los Decretos Bene? ni su consagración en los Tratados de la UE nos ayudarán a construir una nueva Europa si no queremos perder de vista el proyecto de una gran Europa. 
La ronda de la ampliación 2004-2005 deparará grandes satisfacciones en muchos países candidatos. 
Hemos de pensar si a estos países tenemos que darles no sólo una mayor ayuda financiera para aplicar sus reformas, sino también fijar una fecha orientativa realista, y subrayo lo de realista, para su adhesión, en caso de que registren los avances necesarios. 
Hay miedo a que se les dé largas, en especial a Rumanía y Bulgaria. 
Al mismo tiempo, deberá pensarse si no es necesario incorporar nuevos países en la lista de candidatos; a este respecto, por ahora pienso exclusivamente en Croacia. 
En cuanto a Turquía, debe también reflexionarse acerca de cómo satisfacer sus deseos de compensación por su ayuda- que, dicho sea de paso, aún no está del todo claro en que consistirá- en la cuestión de Chipre. 
También debe quedar claro que la fijación de una fecha para el inicio de las negociaciones con Turquía no puede supeditarse al cumplimiento del criterio político de Copenhague. 
Por lo demás, a mi juicio, tenemos que ir planteándonos, a la vista de que las fronteras de la futura Europa tendrán un trazo cada vez más visible, cómo vincular más estrechamente, desde un punto de vista político y organizativo, a los países que, en mi opinión, quedarán fuera de la Unión Europea, como Rusia u otros Estados del Mediterráneo. 
En Europa no sólo existe la Unión Europea, también hay otros Estados con los que debemos mantener una nueva colaboración con mejor perspectiva de futuro si queremos preservar la solidez de la Unión Europea. 
Señor Presidente, cuando el 9 de noviembre de 1989 veíamos en la televisión a esas personas rebosantes de democracia abalanzarse sobre el muro de Berlín, sentimos en nuestra piel el roce de las alas de la historia. 
Esa misma noche se inició el proceso de ampliación o, como prefiere decir el Grupo liberal, de reunificación europea. 
Estamos en el umbral de la creación de una Europa unida, de una UE para todo el continente. 
Esto es, sin lugar a dudas, un acontecimiento histórico. 
Pero hay que seguir avanzando más allá de la retórica para entrar en el terreno de los porfiados hechos: el dinero, la agricultura y los viejos conflictos fronterizos. 
¿Quién dijo que sería fácil? 
¿Quién creía que sería gratis? 
¿Quién creía que no se necesitarían sacrificios? 
La ampliación tiene un precio, pero vale la pena pagarlo. 
Es evidente que falta, mucho por hacer, pero no debemos ahogarnos en detalles. 
El año 2002 es un año decisivo para la ampliación, pero también es un año en que habrá elecciones en seis países miembros y en tres países candidatos. 
Los temas europeos van a tener importancia, pero existe el riesgo de que los asuntos de política interna eclipsen a los temas europeas y a la ampliación. 
Por eso se necesita un liderazgo europeo fuerte y que la Comisión actúe para impulsar el proceso durante esos meses decisivos. 
El 2002 no debe ser un año perdido. 
La ampliación no puede retardarse. 
Señor Presidente, señoras y señores, las manifestaciones del Comisario Verheugen sobre los Decretos Bene? , que yo acojo con gran satisfacción, ponen de manifiesto un notable cambio en la posición de la Comisión. 
En este contexto, señor Comisario, en muchas iniciativas se han examinado siempre cuestiones bilaterales que no pueden plantearse en el marco de las negociaciones de ampliación de la Unión Europea. 
Por ello, acojo con gran satisfacción, y le alabo por ello, que haya desistido de esta posición, manifiestamente insostenible. 
Es evidente que esto ha ocurrido por efecto del debate público animado por el Sr. Zeman, que se ha atrevido- y esto debe remarcarse una vez más- a aconsejar a los israelíes a tratar a los palestinos como los checos trataron a los húngaros y a los sudetes alemanes después de la última guerra mundial. 
Estas ideas no deben tener lugar alguno en la Unión Europea. 
Así pues, acojo con gran satisfacción, señor Verheugen, que haya planteado el debate sobre estos decretos en el contexto del ordenamiento jurídico comunitario, y que haya visto en ellos aspectos de orden político y moral contrarios al ordenamiento jurídico de la UE, así como que los considere derogados, pues en el futuro no surtirán efecto jurídico alguno en el marco de la UE; ahora lo importante es velar, en un espíritu de buena vecindad, por que estos decretos no supongan un obstáculo en el camino hacia la ampliación. 
Por ello se suscitan cuestiones que deben aclararse. 
Si son tan superfluas como dice el Gobierno checo, ¿por qué no se derogan estos decretos de forma inequívoca? 
Pero si no son tan superfluas y se siguen aplicando en la práctica, como nos consta por muchas vías, ¿cómo pueden ajustarse al ordenamiento jurídico europeo? 
Y sobre todo, la pregunta básica: ¿cuál es la postura del Gobierno checo no sólo con respecto a los excesos, sino también a la política de expulsión de pueblos enteros, es decir, con algo que desgraciadamente hemos aprendido a llamar limpieza étnica? 
En consecuencia, ha de acogerse con una satisfacción sin reservas que la Comisión de Asuntos Exteriores quiera recabar dictámenes sobre la cuestión, pues estas cuestiones no sólo afectan a la esencia de la UE como comunidad jurídica, sino también a fundamentos básicos de la empresa que supone la Unión Europea. 
Estas cuestiones deben ser aclaradas antes de nada para poder cerrar con éxito la ampliación. 
Señor Presidente, señoras y señores, la ampliación de la Unión Europea supone un esfuerzo. 
Un esfuerzo para 500 millones de personas de este continente. 
500 millones de personas de los 15 Estados miembros, pero también de los países que quieren formar parte de ella. 
No es, señor Verheugen, como usted ha dicho, un esfuerzo que debemos hacer ahora del que ya no podemos salirnos, sino un esfuerzo que queremos hacer porque queremos crear una comunidad solidaria para una futura Europa, en la que las futuras generaciones pueden convivir en paz y bienestar económico sobre unas sólidas bases sociales y en óptimas condiciones ecológicas. 
Este esfuerzo debe costarnos algo, no sólo de implicación personal, de implicación de los políticos; no sólo pidiendo el apoyo de la población, sino que también debe reflejarse en cifras de gastos muy concretas para llevar hasta el final el proceso; es decir, que debemos reflexionar- y esto no es sólo una preocupación de los individuos, sino que es un tema de gran importancia- sobre cómo podemos financiar cada uno de los pasos que han de darse. 
En mi condición de miembro de la Comisión de Presupuestos, sigo muy de cerca este problema. 
Ya hemos escuchado que todo ello podremos hacerlo en el marco de las previsiones que se acordaron en Berlín en 1999. 
Todo lo que ha presentado la Comisión vale, efectivamente, hasta el ejercicio 2006. 
Pero en todas esta serie de cifras surgen también asuntos que debemos abordar. 
Uno ya lo ha señalado el Sr. Verheugen. 
Es inadmisible que los nuevos Estados miembros sean contribuyentes netos desde el principio. 
No puede exigirse a países a los que se atribuye únicamente el 50% del producto interior bruto de los actuales Estados miembros que inauguren su condición de nuevos miembros como contribuyentes netos, porque la aportación se efectúa de forma inmediata, mientras que el reembolso se produciría con retraso. 
En estas previsiones financieras hemos establecido ayudas a la preadhesión, que presuponían que ya en 2002 habría nuevos Estados miembros. 
Pero no ha habido nuevas adhesiones. 
A pesar de ello, los 3.000 millones se distribuyen en partes iguales entre todos los ejercicios. 
Si, efectivamente, en 2004 se adhieren 10 Estados, los 3.000 millones restantes corresponderían a dos países, Bulgaria y Rumanía. 
Ha de debatirse sobre cómo se quiere realmente llevar a la práctica todo esto. 
Por último, debe meditarse también sobre cómo seguirán las cosas después de 2006. 
No se puede decir simplemente que es suficiente hasta 2006, y que después las cosas seguirán. 
Usted ha dicho que la relación entre fondos estructurales y política agrícola es 75: 25. 
En nuestro actual presupuesto la relación es 45: 35, y además a favor de la política agrícola. 
No podemos modificarlo de forma tan exagerada que llegamos a tal proporción en la fecha que ha señalado usted. 
Es decir, hemos de establecer con toda claridad cuáles serán los siguientes pasos. 
Haremos un seguimiento de todo ello en el presupuesto de forma constructiva, pero con todo el sentido crítico. 
Señor Presidente del Consejo, esta mañana nos ha introducido usted en este tema. 
Y a usted le hago, con todo el respeto que usted y su cargo merecen, la siguiente petición: en toda su intervención no ha mencionado ni una sola vez al Parlamento como uno de los actores en estas negociaciones de ampliación. 
Y en materia presupuestaria somos tan legislador como el Consejo. 
Sería estupendo que nos tuviera debidamente en cuenta en sus actuaciones. 
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención cuanto nos han dicho el Presidente en ejercicio y la Comisión. 
Dos preguntas, por favor: no acabo de comprender qué es lo que se proponen ustedes hacer con Bulgaria y Rumanía; seguramente dan un paso adelante, pero no he comprendido cómo; y no comprendo en absoluto cuáles son los objetivos a medio y largo plazo que nos marcamos para el resto de los territorios balcánicos; una región en la que hemos abierto con nuestras decisiones un agujero negro en el corazón de Europa. 
¿Hemos pensado en los pertinentes ajustes del presupuesto, y en las medidas de apoyo técnico? 
Creo que debemos hacerlo, puesto que se trata de un paso imprescindible y de un gesto de gran significación, ya desde ahora, hacia los países candidatos. 
Señor Presidente, estimados colegas, la Comisión de Asuntos Exteriores ha encargado un dictamen jurídico sobre la cuestión de los Decretos Bene?. lo cual me alegra especialmente. 
A mi juicio, no sólo constituyen un problema bilateral, pues siguen siendo aplicados por los órganos jurisdiccionales, y por ello se plantea la pregunta de si son compatibles con el artículo 6 del Tratado de Ámsterdam. 
Desgraciadamente, en los informes de situación no se ha hecho mención alguna a este punto. 
El Comisario Verheugen ha afirmado que los Decretos Bene? no suponen solamente un problema de orden jurídico, sino también de índole político-moral. 
Las limpiezas étnicas y las expulsiones en las recientes guerras en los Balcanes han mostrado una inequívoca dimensión europea. 
No es otra la esencia de los Decretos Bene?. 
Ya en 1992, el especialista en Derecho Internacional Felix Ermacora, en un dictamen jurídico sobre los Decretos Bene? , llegó a la conclusión de que son contrarios al Derecho Internacional vigente. 
Ello apunta a que tampoco son compatibles con el Derecho de la Unión Europea. 
Espero con gran impaciencia los resultados del dictamen y la subsiguiente reacción de la Comisión y del Consejo. 
Señor Presidente, estimados colegas, no hay duda alguna de que en el proceso de ampliación la agricultura es uno de los capítulos de más difícil negociación. 
Por ello, quiero subrayar antes de nada lo siguiente: no puede establecerse ni se establecerá una vinculación, una interdependencia entre la política agrícola común y la adhesión de los países candidatos, aunque algunos así lo desearían. 
Una y otra deben tratarse por separado, lo cual no significa que no deba cumplirse por ambas partes una gran diversidad de requisitos y normas. 
Así, en primer lugar, ha de garantizarse la plena transposición del acervo comunitario, en particular por cuanto respecta a los ámbitos veterinario y fitosanitario, las normas de calidad de la seguridad alimentaria y la observancia de la normativa en materia de protección de animales. 
No se cuestiona que en algunos sectores haya normas transitorias específicas y de vigencia temporal limitada. 
Además, el programa Sapard, concebido cono una ayuda a la preadhesión, debe aplicarse en su integridad de una vez por todas, pues lo hecho hasta ahora es insatisfactorio. 
También damos nuestro apoyo a las propuestas de la Comisión, en el sentido de efectuar, en primer lugar, los pagos directos a los nuevos Estados miembros de forma progresiva, y los pagos por superficie, independientes de la producción, tras su adhesión, así como de aumentar notablemente los fondos destinados a los programas de desarrollo rural independientes de la producción, para que, entre otras razones, en estos países (como, por ejemplo, Polonia) no se produzca un rechazo social. 
La agricultura y el desarrollo del espacio rural son aún una cuestión fundamental en estos países, y lo seguirán siendo por más tiempo. 
¡Y, además, no sólo en estos países! 
Es necesario convertir en toda la UE la agricultura multifuncional en todas sus facetas en el fundamento de la política de fomento y, de este modo, seguir reforzando el segundo pilar, no sólo con vistas a las negociaciones de la OMC. 
Quiero aclarar una vez más que la idea de solidaridad que orienta y da razón de ser a nuestra comunidad no puede vaciarse de contenido ni eliminarse. 
No obstante, esto no significa que la política agrícola común no deba ser reformada, y ello tanto en la Unión Europea como en los países candidatos, con o sin ampliación. 
Los representantes de los agricultores que piensen que no hay ninguna necesidad de reformar la PAC sólo conseguirán con ello el hundimiento de la agricultura campesina, cuya conservación exigen con tanta fuerza. 
Quiero dirigirme ahora la Presidencia del Consejo: quizá algunos vean claro ahora que en 1999, en las negociaciones sobre la Agenda 2000, habría sido conveniente reflexionar con una perspectiva menos nacional y más europea. Porque ya no puede haber ni habrá más cotos privados, ¿verdad, señor Presidente del Consejo? 
Nosotros como Parlamento queremos la ampliación y, con ella, la reunificación de Europa, y estoy seguro de que no se malogrará por culpa del capítulo de la agricultura; de ello ya se ocuparán los Comisarios Fischler y Günter Verheugen. 
Señor Presidente, estimados colegas, quiero comenzar mi intervención recordando que este Parlamento Europeo deberá aprobar no sólo el tratado de ampliación país por país, sino también las correspondientes transferencias de recursos, de conformidad con el artículo 25 del acuerdo interinstitucional, por una mayoría absoluta de diputados y las tres cuartas partes de los votos emitidos, y por ello es bueno que la Comisión y el Consejo incluyan al Parlamento en las negociaciones desde el principio. 
¿Qué hay que hacer ahora? 
En primer lugar hay que acabar de elaborar el balance intermedio, tal como se acordó en Berlín bajo la Presidencia alemana del Consejo. 
En segundo lugar, hay que impulsar el ulterior desarrollo de las políticas comunitarias para el período posterior a 2006, teniendo en cuenta siempre la simultaneidad de la ampliación hacia el Este y la ronda de negociaciones de la OMC. A este respecto, quiero subrayar que una ambición excesiva pone en peligro el calendario de la ampliación. 
También quiero dejar claro que, a mi juicio, las actuales propuestas de la Comisión, por ejemplo en materia de política agrícola, son responsables desde un punto de vista presupuestario. 
Sin duda alguna, hay que hablar también, en el ámbito de la política de estructuras, de cómo podemos desarrollar escenarios de adaptación en los fondos estructurales. 
Coincido plenamente con el colega Walter. 
Asimismo, tendremos que hablar de la posibilidad de dictar normativas particulares sobre el fondo de cohesión. 
¿Estas normas están en vigor hasta 2006 o se han dictado también para un período posterior a 2006? 
Aquí hay bastantes detalles que pulir. 
No nos engañemos, también tendremos que preguntar si la defectuosa ejecución hasta ahora de las ayudas a la preadhesión es la piedra de toque de la capacidad de ejecución y de la capacidad de adhesión de los candidatos, o bien es que nosotros mismos hemos complicado tanto las cosas que nadie es capaz de hacerlo. 
Por ello, espero que la Convención llegue a resultados concluyentes sobre la capacidad de actuación de las Instituciones, la concentración de competencias que se hará necesaria, y quiero añadir que yo, personalmente, tengo dudas de que lo que actualmente estamos debatiendo con respecto a la capacidad de actuación y al régimen lingüístico sea realmente la solución definitiva. 
Tengamos presente sobre todo una cosa: necesitamos soluciones que puedan recibir un apoyo mayoritario, que gocen de la aprobación del Parlamento y de la población, tanto de los nuevos como de los antiguos Estados miembros de la UE. 
¡Con este fin debemos ponernos a trabajar juntos! 
Señor Presidente, Señorías, se ha dicho que éste es un proceso inevitable, imparable; sin embargo, se trata de un proceso que debe ser gobernado. 
Hemos de reconocer los esfuerzos de estos países, pero, al mismo tiempo, debemos plantearnos algunas preguntas sobre los puntos más delicados de este proceso. 
Tal como se ha comentado, Bulgaria y Rumanía son países que se han quedado rezagados y que forman parte de una región- la de los Balcanes- que, como recordamos, es de por sí una región históricamente crítica, una región que ha provocado desastres en el siglo pasado. 
Señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿qué se pretende hacer para acelerar el proceso de integración y de acercamiento de la región balcánica a la Unión? 
El segundo punto que quisiera plantear se refiere a las relaciones con los países del Mediterráneo. 
En este Pleno hay una especie de estrabismo: por un lado, hace dos horas todos hemos aplaudido la iniciativa que nos ha propuesto nuestro Presidente dirigida a dedicar una atención diferente, más participada, al proceso de paz en Palestina, y por otro, después de Barcelona, las políticas del Mediterráneo, prácticamente, han muerto. 
¿Cómo se puede pensar en entablar un diálogo eficaz si después no somos capaces de comprender que incluso con ayudas concretas podemos conseguir que avance el proceso de paz? 
Por último, un hecho que afecta a la opinión pública. 
He escuchado con satisfacción que habrá un paquete coherente en lo que respecta a las políticas agrícolas y a las políticas en materia de Fondos estructurales. 
La opinión pública desconfía del proceso de ampliación, sobre todo, dentro de los Estados de la Unión, Ciertamente hay quien es más sensible y quien los es menos, pero, a fin de cuentas, hay desconfianza en todos los Estados miembros. 
Desde este punto de vista, creo que se han de dar respuestas. 
Último punto: las lenguas. 
Al respecto, retomo lo que acaba de decir el Sr. Böge. 
Creo que hay que mantener el principio de plurilingüismo. 
Con la continua ampliación, de un lado, asumimos un reto histórico que ciertamente no queremos desaprovechar, pero del otro, debemos procurar que no se pierda la identidad de nuestras culturas y de nuestros pueblos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, para dar comienzo a esta declaración preparada quiero agradecer al Sr. Comisario Verheugen que haya abordado el asunto de los Decretos Bene? y de este modo haya hecho algo que el Parlamento Europeo ha señalado en varias decisiones: poner de relieve que esta cuestión tiene, indudablemente, una dimensión europea. 
Ha puesto acertadamente de manifiesto, señor Comisario, que se suscitan problemas de orden jurídico, pero también de índole política y moral, que tienen una evidente relevancia en el proceso de integración. 
Acojo con gran satisfacción que haya animado al Gobierno checo y a la opinión pública checa- lo que yo también apoyo- a hacer todo lo posible para- en la medida que algunos de estos Decretos Bene? producen efectos jurídicos discriminatorios- eliminar tales efectos y remover los obstáculos que pudieran levantarse en el camino hacia la ampliación. 
Lamento profundamente que algunos diputados hayan observado que la ampliación es ineludible. 
¡Como si tuviéramos que hacer todo lo posible para seguir impulsando este proceso porque de todas maneras es un proceso imparable! 
No es que este proceso sea imparable, ¡es que es también deseable, y ha de ser el deseo más íntimo! 
La ampliación con los países de Europa Central y del Este y con los del Norte supera con mucho el lastre histórico que nos deparó Yalta; supera, al fin y al cabo, la división de Europa. ¡Y nos conviene a todos, en particular a países como Austria y Alemania, que se beneficiarán directamente de estos mercados de crecimiento que se abren ante su puerta! 
Señor Presidente, los 45 años de existencia de la Unión Europea confirman el juicio del Partido Comunista de Grecia de que fue creada para servir a los intereses del gran capital, y no, como algunos pretenden, a los intereses de los pueblos. 
Los trabajadores de la Unión Europea asisten, especialmente durante los últimos diez años, a la implacable constricción, o desaparición, de sus derechos. 
Es lo que ocurre con las relaciones laborales, con los seguros, con las libertades democráticas, con los salarios. 
El paro, la pobreza y la represión no dejan de extenderse. 
El declive de las pequeñas y medianas empresas es imparable, tanto en el campo como en la ciudad. 
Se adoptan continuamente medidas que refuerzan el poder, cada vez más autoritario, de los grandes intereses económicos. 
Se construye una Unión que no se opone a la barbarie de los Estados Unidos, sino que camina a su lado, ? cuando no les hace la competencia? por peligrosa senda por ellos trazada, por la delirante senda que puede conducir a la destrucción del planeta Tierra. 
Así pues, los pueblos de los países candidatos no tienen nada positivo que esperar en lo que respecta a sus intereses vitales. 
Ya desde su relación previa a la adhesión saborean los catastróficos frutos de las reestructuraciones, del saqueo de la propiedad pública por el capital extranjero, de la derogación de sus grandes conquistas sociales, del apoyo a sus explotadores locales, frecuentemente mafiosos, que se revelan como interlocutores privilegiados de la Unión Europea. 
He aquí las razones por las que el Partido Comunista de Grecia, a partir de sentimientos de solidaridad hacia los pueblos de los países candidatos, les propone a éstos que se opongan al proceso de adhesión. 
Por lo que respecta a Palestina, quisiera llamar también hoy a la Unión Europea a interrumpir todo flujo financiero hacia el criminal régimen de Israel, así como toda relación armamentística con ese régimen, al objeto de poner fin al crimen que se perpetra contra el pueblo palestino. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero dar las gracias a este Parlamento por el amplio apoyo que han prestado a la Presidencia del Consejo y a la Comisión en el proceso de ampliación, y creo que es muy importante que se mantenga esta comunidad y esta cooperación. 
Quiero formular unas breves observaciones: en primer lugar, me parece necesario subrayar una vez más que no podemos establecer nuevas condiciones de adhesión, por muy deseable que sea impulsar determinadas reformas en el marco de las políticas y de la construcción de la Unión Europea. 
Del mismo modo que entiendo que se emplee la ampliación como argumento para impulsar tales reformas, prevengo de cualquier interrelación de este tipo, porque en los países candidatos ello sólo puede entenderse como un nuevo obstáculo y como una confirmación de la sospecha- en cualquier caso, fundada- de que a medida que los candidatos se acercan al objetivo, lo movemos y llevamos cada vez más lejos. 
¡Esto es inaceptable! 
Tampoco entiendo, por ejemplo, dónde está el problema con la Convención. 
¿Por qué los actuales países candidatos no pueden participar ya plenamente como nuevos miembros y en pie de igualdad en la adopción de decisiones sobre los resultados de la Convención? 
Si alguien cree que no pueden, se está engañando. 
Permítanme advertirles enérgicamente contra la idea de que debemos poner rápidamente a buen recaudo nuestra vajilla de plata y nuestra valiosa porcelana antes de que lleguen los desarrapados del Este. 
¡Quién se plantee la ampliación en esos términos, no comprende en absoluto toda la dimensión histórica de este problema! 
La segunda observación hace referencia a la financiación. 
Agradezco que los representantes de la autoridad presupuestaria me adviertan que la Comisión debe ajustarse a las instrucciones de la autoridad presupuestaria. 
Así pues, si quieren que gastemos más dinero, estupendo, póngase de acuerdo con el Consejo para poner más dinero a disposición. 
Mientras no sea así, la Comisión se atendrá estrictamente a las instrucciones que haya recibido del Consejo y del Parlamento. 
Y quiero decirles que eso basta. 
Sería absurdo poner a disposición mucho más dinero, porque ya nos hemos acercado al límite de lo que, a la vista de la capacidad de absorción de los países candidatos, podemos permitir. 
Es totalmente falso que vayan a recibir un peor trato que los actuales miembros. 
En proporción a su producto interior bruto, los futuros nuevos miembros percibirán en concepto de ayudas con cargo al presupuesto comunitario bastante más que los actuales países de la cohesión. 
Por tanto, la idea de que aquí empleamos dos varas de medir sólo es correcta en la medida en que los países candidatos disfrutan de un cierto trato de favor. 
En ningún caso se verán perjudicados. 
La última observación va dirigida al Sr. Oostlander. 
Hay docenas de estudios, como los realizados en los Países Bajos, que afirman que el coste de la ampliación es realmente mucho más elevado que el calculado inicialmente por nosotros. 
Todos estos estudios, también los de los Países Bajos, tienen un punto en común: parten de presupuestos políticos que no se han producido. 
Parten, por ejemplo, de unos resultados de las negociaciones que no se han dado ni se darán en el futuro. 
Evidentemente, si queremos imponer en las negociaciones que la totalidad del acervo comunitario en materia medioambiental haya sido traspuesto en su integridad hasta el año 2005, ello costará 130 millones de euros, 130 millones de euros que habrá que aportar. 
Pero no estamos negociando así. 
Estamos negociando de forma tal que permanecemos dentro del marco de las posibilidades financieras y no asumimos obligación financiera alguna para el período posterior a 2006. 
No creo tener que explicar a este Parlamento que no es posible llevar las negociaciones a un punto tal que el Parlamento y la autoridad presupuestaria establezcan obligaciones financieras sin cobertura. 
Nunca aprobarían un tratado de ampliación así, porque entrañaría riesgos financieros. 
La ampliación no supone ningún riesgo financiero. 
Intuyo las razones por las que en determinados Estados miembros se han abierto determinados debates a partir de determinados documentos. 
Pero, por desgracia, mi condición de miembro de la Comisión no me permite expresar los que pienso al respecto. 
La observación de que el presupuesto de la Unión Europea no permite ni subidas de los impuestos ni endeudamiento alguno, es decir, que en nuestros planes no podemos ir más allá de lo que los Estados ponen a disposición en concepto de aportación; esta observación, digo, es quizá acertada, y quizá todos los Ministros de Finanzas de la Unión Europea deban saber que eso es así. 
El debate sobre los Decretos Bene? me ha animado a persistir en la cautela con que la Comisión ha tratado el tema. 
Pido a todos los que quieran participar en este debate la mayor sensibilidad y prudencia. 
No todas las declaraciones escuchadas últimamente nos han ayudado a acercarnos al objetivo. 
Coincido con todos los que dicen que, más allá de los estrictos temas de la negociación, hay cuestiones y problemas que deben resolverse antes de que adoptemos decisiones, justamente porque no queremos arrastrar hipotecas del pasado hacia nuestro futuro común europeo. 
El debate queda cerrado. 
El orden del día prevé el debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión a propósito del estado y perspectivas de las relaciones transatlánticas, incluida la tasa de importación sobre el acero. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo y al Sr. Comisario sus palabras de esta mañana. 
Creo que hemos llegado a una de esas etapas críticas del desarrollo de la relación transatlántica en su contexto global. 
En primer lugar, observando la relación en general, está bastante claro que- como han señalado los dos oradores- desde el 11 de septiembre de 2001 hemos asistido a un cambio significativo en el modo en que los estadounidenses ven su lugar en el mundo. 
Vemos a unos Estados Unidos atacados, unos Estados Unidos que reconocimos el 12 de septiembre en esta Asamblea, pero que quizás ya no reconocemos hoy seis meses después. 
En segundo lugar, corremos el peligro de que se deteriore el aspecto de seguridad de nuestra relación, al no poderse ya dar por hecho para responsabilidades fuera de la zona el consenso político subyacente a la OTAN. 
Vemos que se amplía la brecha militar y quizás que crecen también las dificultades en las operaciones de la OTAN. 
En tercer lugar, el fuerte impulso que derivó de la Nueva Agenda Transatlántica de 1995 parece ahora amenazado debido a la ausencia de visión política y, tal vez, a la frustración por la falta de resultados entre muchos de los que participan en el diálogo. 
En el caso concreto del acero, no puedo sino acoger favorablemente los comentarios del Sr. Comisario deplorando la decisión de EE.UU. La Comisión debería adoptar medidas de compensación y buscar los medios jurídicos para tomar represalias. 
Yo añadiría también que ayudaría muy poco, como el Sr. Aldonas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha sugerido, que EE.UU. vinculara esta controversia sobre el acero con el asunto más amplio de los problemas de la economía global. 
Evidentemente, ése no es el camino. 
En cuarto lugar, paso a hablar de qué podríamos hacer en la situación actual. 
La idea de tomar represalias a través de aranceles es, sin duda, tentadora. 
Sin embargo, como afirmaba The Times el 7 de marzo, en la locura del Sr. Bush, las barreras aduaneras conseguirían el mismo objetivo. 
Sería simplemente un esfuerzo inútil de los estadounidenses por conservar puestos de trabajos inviables en la industria del acero. 
Por consiguiente, deberíamos, sin duda, buscar una asociación transatlántica más amplia en la que definir el papel de Europa y el de EE.UU. y desarrollar conjuntamente nuestros intereses comunes. 
En cuanto a la OTAN, esto supone garantizar que podemos asignar a la organización más responsabilidades globales. 
Asimismo, su reunión del 2 de mayo en la Cumbre UE/EE.UU. para actualizar la Nueva Agenda Transatlántica tras los nuevos desafíos debe garantizar que se implica adecuadamente a las comunidades políticas. 
En conclusión, le corresponde a ustedes ofrecer liderazgo. 
Debemos ser duros y adoptar las medidas necesarias para proteger nuestros intereses en la controversia del acero, pero también pensar en el contexto más amplio y formar una idea de cómo debería ser la asociación trasatlántica en el siglo XXI. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, en relación con el marco de las relaciones transatlánticas, creo que hay que partir del marco actual, que es la Declaración de Madrid de diciembre de 1995, efectuada bajo la Presidencia española. 
No recuerdo que el Presidente en ejercicio del Consejo haya mencionado esta Declaración, que define nuestro marco; no sé si es porque la adoptó un Gobierno socialista pero, en cualquier caso, como era la Presidencia de la Unión, le recomiendo que lo tenga en cuenta para el mes de mayo, y no me desmentirá el Sr. Elles, pues trabajamos conjuntamente para que, en aquel momento, el Gobierno español impulsara dentro del Consejo esta declaración tan importante. 
Sí quiero decirle al Señor Presidente en ejercicio del Consejo que creo que es conveniente actualizar esta Declaración, y ello por varias razones. 
En primer lugar, por la realidad después del 11 de septiembre; no ha habido solamente una manifestación de solidaridad por nuestra parte con los Estados Unidos, sino que también hemos adoptado medidas, pero creemos que en esta lucha, como en todas las demás- y hay que decirlo con franqueza -, somos aliados. 
Pero tenemos que trabajar conjuntamente sobre la base de una igualdad, y también nuestros aliados norteamericanos- y esto lo han dicho algunos ministros de la Unión- deben comprender que somos iguales y que aquí no cabe servilismo, es decir, que no podemos seguir sistemáticamente decisiones unilaterales. 
Esto se aplica a muchas cosas. 
Tenemos que actuar conjuntamente en Oriente Medio, en Afganistán y en los Balcanes; es de esperar que los Estados Unidos reconsideren su postura sobre Kioto y, sobre todo, también en relación con algunos anuncios preocupantes de la administración Bush. 
En relación con la cuestión concreta del tema del acero, que ha desarrollado más el Comisario Sr. Lamy, pensamos que sí tenemos que adoptar actitudes firmes, y somos partidarios de que haya medidas de represalia. 
No entendemos, por ejemplo, por qué hoy el representante de comercio de los Estados Unidos, Sr. Zoellick, desarrolla la teoría de la conspiración internacional en todo el mundo para decir que se está atacando a los Estados Unidos por la vía de las importaciones de acero. 
La historia de la Unión Europea comenzó a partir de la Comunidad del Carbón y del Acero, que fue un proceso de reconversión. 
Comprendo que el Sr. Bush quiera ganar elecciones, pero lo que tienen que hacer los norteamericanos es reconvertir su industria del acero, lo cual exige sacrificios y nosotros no tenemos que pagar la reconversión de la industria norteamericana. 
Tenemos que decírselo así de claro y, además, hay propuestas como la aplicación del 2 % de recargo para poder reconvertir la industria; lo que no tiene sentido es que tengamos que pagar esto cuando en este Parlamento nos tenemos que enfrentar sistemáticamente con la guerra del plátano, las hormonas y los OGM, y siempre tenemos que ver en la lista qué medidas de represalia nos corresponden en la circunscripción de nuestro país. 
Nuestros amigos y aliados estadounidenses tienen que entender que así no se puede trabajar y, por eso, pedimos a la Comisión que adopte la línea más dura posible para hacerles entrar en razón. 
Señor Presidente, el anuncio de la semana pasada ya fue bastante malo. 
Las palabras de algunos cargos EE.UU., entre ellos el Sr. Aldonas, de que en cierto modo el proteccionismo está autorizado para corregir factores macroeconómicos de mayor amplitud, pueden ser incluso peores. 
Muestran una filosofía peligrosa e ignorante desde el punto de vista económico que ha de repelerse firmemente. 
La pregunta es: ¿cómo la repelemos? 
En primer lugar, tenemos que consolidar nuestra amistad con aquellos aliados con los que deseamos actuar conjuntamente en contra del unilateralismo estadounidense. 
Y si mi Grupo tiene una preocupación táctica acerca de la adopción de medidas de salvaguardia contra las exportaciones de acero que podrían desviarse de los EE.UU. hacia Europa, es que pueda, de hecho, distanciar a países como Rusia, India y Brasil con los que tenemos que actuar conjuntamente en la OMC y en la OCDE para contrarrestar esta medida estadounidense. 
Por tanto, pediríamos a la Comisión y, por supuesto al Consejo, que intenten urgentemente negociar con estos países acuerdos bilaterales de restricción voluntaria de las exportaciones, con el fin de evitar que se produzca la desviación hacia Europa de acero destinado a EE.UU. Si no conseguimos esto, el peligro obvio es que acabemos teniendo disputas precisamente con quienes debiéramos formar equipo en contra de este comportamiento estadounidense. 
El segundo comentario es el siguiente: no tengamos remilgos; esta decisión se tomó por razones de política interna. 
Sólo se cambiará o se limitará si las presiones políticas internas dictan que ha de ser así. 
Para lograrlo, hemos de blandir gruesos palos que se hagan sentir en la escena política interna de EE.UU. Y resulta que, oportunamente, aunque sea poco elegante, disponemos de ese palo grueso en forma de medidas que podemos adoptar en el ámbito de la controversia sobre corporación de ventas al extranjero o FSC. 
Por supuesto, no deseamos mezclar estas cosas formalmente, pero no seamos ingenuos. 
La controversia sobre la FSC nos ofrece el mejor medio de ejercer esa presión interna absolutamente necesaria para lograr algún cambio en la actitud estadounidense y para reafirmar el imperio de la ley internacional, en lugar del imperio de la ley de la jungla económica de George Bush. 
Señor Presidente, obviamente, el presente debate sobre las relaciones transatlánticas está íntimamente relacionado con el 11 de septiembre. 
Ahora bien, no nos engañemos, los acontecimientos del 11 de septiembre no han hecho otra cosa que acelerar un proceso iniciado desde hace tiempo, a saber, la búsqueda de nuevas relaciones entre la UE y los Estados Unidos. 
Este objetivo tiene su origen en una serie de causas estructurales de variada índole, entre ellas el refuerzo y el aumento del papel de la Unión Europea en tanto que superpotencia económica y el fin de la Guerra Fría, que supuso un cambio del papel desempeñado por Estados Unidos en Europa. 
La UE ha dejado de ser el hermano pequeño que se siente orgulloso de estar a la sombra de los Estados Unidos, pero espero que la UE no se convierta en un adolescente ansioso de imitar todo cuanto hace su ídolo. 
Es fundamental que la UE confíe en sí misma y avance por su propio camino. 
La UE no ha de sentir miedo ante las desavenencias; no debe dudar en expresar su desacuerdo con los Estados Unidos. 
Pero por encima de todo es importante que no intente copiarles. 
Permítanme que cite dos ejemplos. 
En primer lugar, el enorme incremento de los presupuestos en materia de defensa, que duplica con mucho el presupuesto conjunto de Francia y Gran Bretaña. ¿Significa esto que la Unión Europea ha de proceder asimismo a un aumento sustancial de sus presupuestos en materia de defensa? 
Si por mí fuera, no, puesto que no tiene ningún sentido actuar de este modo con idea de salvar la actual brecha en el convencimiento de que ello nos transformaría en un socio creíble. 
Corresponde a la propia Unión Europea ir en busca de una combinación eficaz de instrumentos militares, centrando su atención en aquellas tareas que se le dan bien, como son la prevención de conflictos- crisis management- y la constitución de naciones- nation building-. Piensen, por ejemplo, en Macedonia y en Afganistán. 
Adaptando ligeramente las famosas palabras del Presidente norteamericano Roosevelt yo diría: ' Optemos por el diálogo, dejemos que ellos utilicen la mano dura?. 
Ahora bien, el uso de las armas también tiene sus límites. Señor Presidente, ha trascendido que dichos límites se rebasan claramente en los planes de los Estados Unidos respecto al uso de las armas nucleares. 
Es inaceptable que los Estados Unidos, en lugar de reducir y disminuir el papel de las armas nucleares, tal y como pedimos nosotros, les atribuyan una nueva función en el marco de una nueva estrategia, rebaje el umbral de uso y deje que se difumine la frontera entre armas nucleares y no nucleares. 
La Unión Europea no debe tener ningún miedo en expresar su desacuerdo con esta evolución. 
La eliminación de la frontera entre armas nucleares y no nucleares resulta muy peligrosa. Todos sabemos que la amenaza nuclear nos alejaría aún más de la posibilidad de encontrar soluciones, especialmente en países como Irak o Irán. 
No tiene ningún sentido que se lance una amenaza de estas características, y no tenemos que tener miedo a expresar nuestra opinión al respecto. 
Es más, me parece un buen motivo para instar a los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña a que se aclaren de una vez por todas y nos comuniquen su punto de vista sobre las armas nucleares. 
Está muy claro lo que mi Grupo opina al respecto: las armas nucleares sobran en la futura política europea de defensa. 
El último ejemplo se refiere a Oriente Medio. 
No cabe duda de que es preferible lanzar una ofensiva diplomática conjunta con los norteamericanos. 
Es algo que debemos hacer necesariamente, pero no hace falta que esperemos a los Estados Unidos. 
El papel de la Unión Europea no se limita al ámbito diplomático, sino que se extiende al terreno económico. 
No dejemos escapar esta magnífica oportunidad para aumentar la presión sobre ambos socios, aparte de que estamos obligados a salvaguardar la credibilidad de nuestra propia política en materia de derechos humanos. 
Señor Presidente, la Unión Europea es una superpotencia económica que procura abrirse camino en el mundo. 
Conseguiremos este objetivo si hablamos con una sola voz. 
Conseguiremos este objetivo si no nos arredramos ante la necesidad de criticar abiertamente a las demás superpotencias. 
Sobre todo conseguiremos este objetivo si nos no empeñamos en copiar a los Estados Unidos. 
La Unión Europea no es una superpotencia militar que por sí sola pueda imponer su voluntad en el resto del mundo, y no tenemos por qué querer serlo. 
La Unión Europea tampoco es un ingenuo mecenas que pague tan pronto como los Estados Unidos hayan hecho el trabajo sucio. 
No ha lugar a dudas que los Estados Unidos deben ser capaces de conservar la paz en su patio trasero, incluso desde el punto de vista militar. 
Dejando eso aparte, hemos de concentrarnos sobre todo en aquello que se nos da bien: hablar, hablar y hablar, alcanzar compromisos y, finalmente, pagar. 
La UE necesita a los Estados Unidos cuando las cosas se tuercen, pero los Estados Unidos necesitan a la UE para evitar que las cosas se tuerzan demasiado. 
Señor Presidente, coincido en buena parte de lo dicho por el Sr. Presidente del Consejo, en particular sobre la necesidad de una relación estratégica positiva con EE.UU. Pero agradezco especialmente al colega Lagendijk haber descrito de forma tan clara los momentos críticos. 
Me parece que no tiene ningún sentido confundir los problemas en las actuales relaciones con EE.UU. con la pusilanimidad ante el amigo. 
A mi juicio es muy necesario- e incluso quiero utilizar un superlativo -, absolutamente necesario, que debatamos abiertamente las relaciones transatlánticas. 
Y ahí, señor Presidente, radica la diferencia con lo que usted no ha dicho, con lo que usted no ha abordado. 
Es evidente que por ahora no tenemos el valor de reconocer ante nosotros mismos que el papel de la Unión Europea en las relaciones internacionales corre un grave peligro. 
No tenemos el valor de reconocer las diferencias con EE.UU. No tenemos el valor de reconocer ante nosotros mismos que actualmente apenas existe una política exterior y de seguridad común. 
Incluso más allá del problema del acero se están produciendo acontecimientos de graves consecuencias. 
Me alegra que al menos la economía europea señale sus diferencias y no preste sin más un apoyo sin reservas. 
Hemos asistido al desmarque del tratado ABM, y escuchado declaraciones unilaterales que constituyen manifiestas infracciones del Derecho. 
El problema en estos casos es siempre que los que tienen puestos los auriculares escuchan, mientras que los que permanecen de pie y charlan no pueden enterarse de nada. 
Tenemos una declaración unilateral sobre el tratado de no proliferación. 
Tenemos el bloqueo del control de armas B. Asistimos al desmontaje por parte de EE.UU. de la organización de control del tratado de armas C. Los Estados Unidos anuncian su salida del tratado de misiles balísticos intercontinentales. 
Asistimos a violaciones del Derecho internacional en materia humanitaria, a la salida del tratado de Kioto, a la no ratificación del protocolo internacional sobre el Tribunal de Justicia Internacional. 
No quiero presentar todo ello como un panorama negativo, pero es evidente que existen grandes diferencias con respecto a Europa y, con respecto a lo dicho sobre las armas atómicas, estoy plenamente de acuerdo con nuestro colega Joost Lagendijk. 
Estoy seguro de que tanto EE.UU. como posiblemente Rusia tendrán ideas aún más macabras, pero el hecho de que se hagan públicas está claramente dirigido a humillar a Rusia, que se apresuró a prestar su apoyo a EE.UU. 
Abogo por que la Unión Europea haga frente a esta situación con un verdadero multilateralismo y por el fortalecimiento de la ONU, por que aproveche sus oportunidades como poder civil, como poder que practica la solución preventiva de conflictos y desarrolla una auténtica política exterior común. 
El requisito más importante sería que, más allá de todos los puntos en común, saquemos todas estas diferencias del cuarto oscuro de la política europea. 
Las relaciones transatlánticas se hallan en un momento crítico. 
El Presidente Bush no se conforma con la red de terrorismo islámico Al Qaeda, sino que amenaza con emprender acciones militares contra otros posibles Estados terroristas. 
A este fin el jefe del Gobierno estadounidense insta encarecidamente a todos los socios de la coalición a que respalden este enérgico planteamiento. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta habitual crítica a Washington es el resultado de nuestra propia debilidad. 
Los análisis recientes demuestran que la brecha militar y tecnológica entre los socios transatlánticos está adquiriendo unas dimensiones preocupantes. 
El peso militar de los miembros europeos de la OTAN se vuelve cada vez más insignificante. 
No cabe duda de que esta situación de desigualdad en el seno de la OTAN redunda en beneficio del unilateralismo estadounidense en materia de seguridad. 
El teatro de operaciones de Afganistán es un claro ejemplo de ello. 
Señor Presidente, si Europa desea tener voz y voto en el ámbito internacional y si no quiere hacer peligrar su propia seguridad va siendo de hora de que aporte a la OTAN una contribución europea creíble en materia de defensa, al tiempo que debe desarrollar un concepto de seguridad euroatlántica coherente y realista. ¡So pena de quedar aislada, al margen de la escena internacional! 
El reciente estallido del conflicto del acero que enfrenta a Estados Unidos con la UE reviste otro carácter. No hay excusa que valga para justificar tamaña muestra de desenfrenado proteccionismo y unilateralismo en el ámbito comercial. 
La decisión de Estados Unidos de cargar sobre los demás países la debilidad de su propia industria del acero, imponiéndoles una tasa de importación del 30% durante tres años, tensa aún más las relaciones transatlánticas. 
Además, esta medida unilateral del Gobierno estadounidense pone en peligro la nueva ronda comercial en el marco de la OMC. 
Para colmo, esta acción tiene un efecto negativo sobre la economía norteamericana: si bien se pueden mantener 9.000 puestos de trabajo en el sector del acero, Estados Unidos corre el riesgo de perder nada menos que 75.000 puestos de trabajo en otros sectores económicos como consecuencia de la subida de los precios del acero. 
Estamos en el peor de los momentos políticos para que se desate una guerra comercial entre los EEU y la UE. 
Es claramente preferible que intentemos resolver el conflicto en el marco de la OMC. En este sentido, propongo que Europa realice un serio esfuerzo por relajar y reforzar las relaciones transatlánticas. 
El debate queda aplazado. 
Se reanudará a las 15.00 horas con una declaración del Sr. Comisario Solbes. 
Señor Presidente, una cuestión de orden: sabrá usted que todo el sistema de correo electrónico del Parlamento está prácticamente estropeado. 
Esto es consecuencia directa del imperdonable envío masivo a nuestro sistema de correo no solicitado por un tal Dr. Rath de Alemania, que parece tener un considerable interés en la cuestión de la terapia de vitaminas sobre la que vamos a votar esta mañana. 
En varias ocasiones he protestado en esta Asamblea por esta totalmente inaceptable invasión de nuestro sistema, para la que no hay lugar aquí y que está causando graves problemas a los diputados. 
Me gustaría asegurar a los parlamentarios que estamos haciendo cuanto está en nuestras manos por actuar en esta cuestión. 
Recordaría también que todos los diputados están facultados para solicitar un filtro para su sistema si les están molestando estos correos electrónicos, que, en tal caso, serían eliminados. 
Sin embargo, el ubicuo Dr. Rath- donde quiera que esté, y sospecho que se encuentra en esta Asamblea- se ha preocupado de cambiar el mensaje periódicamente que envía, con lo cual a nuestros servicios les resulta muy difícil bloquear estos correos. 
Los habríamos bloqueado si hubiéramos podido hacerlo. 
No obstante, todos y cada uno de los diputados pueden solicitar un filtro para su ordenador que impida la entrada de estos correos electrónicos totalmente contraproducentes. 
Señor Presidente, me gustaría hacer una corrección a lo que acaba de decir la Sra. Banotti porque trataremos el ' spamming? o envío masivo de mensajes y publicidad no solicitados en una sesión plenaria ulterior. 
Lo que se dirige a nosotros no es ' spamming?. 
El ' spamming? es indiscriminado y en este caso los mensajes está claro que van expresamente dirigidos a nosotros. 
En relación con todo este asunto del envío masivo de correos electrónicos, todo el mundo en este Parlamento se siente muy frustrado con la campaña que se está realizando. 
Pero he hablado esta mañana con organizaciones del R.U. y de Irlanda que están sin duda tan frustradas como nosotros. 
Puede que yo sea paranoica, pero me pregunto si la industria no estará detrás de este intento de lograr una reacción de los parlamentarios. 
Es evidente, sin embargo, que las organizaciones con las que estoy trabajando han intentado con todas sus fuerzas detener esta campaña de bombardeo de nuestros sistemas de correo electrónico. 
Dejaremos en manos de los Cuestores el examen de otras medidas que deban adoptarse. 
De conformidad con el orden del día se procede a la votación. 
Procedimiento simplificado: 
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) (COM (2001) 449- C5-0376/2001- 2001/0179 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Informe (A5-0055/2002) del Sr. Jim Fitzsimons, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión relativa al programa Aire Puro para Europa (CAFE) : hacia una estrategia temática en pro de la calidad del aire (COM (2001) 245- C5-0598/2001- 2001/2249 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0058/2002) del Sr. Markus Ferber, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (14091/1/2001- C5-0642/2001- 2000/0139 (COD)) 
. (EN) Señor Presidente, la postura de la Comisión sobre estas enmiendas es la siguiente. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas de transacción relativas a la posición común presentada durante la segunda lectura, es decir, las enmiendas 1, 2 y 3. 
En cambio, la Comisión no puede aceptar el resto de las enmiendas que difieren de la posición común, que fue mayoritariamente apoyada. 
Proseguimos con la votación. 
Informe (A5-0046/2002) de la Sra. Cecilia Malmström, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea (modificación del artículo 57 del Reglamento) (2001/2110 (REG)) 
Señor Presidente, colegas, hemos aprobado seis enmiendas al Reglamento con la mayoría necesaria; ahora tenemos que votar una decisión en cuyo número 1 se dice que se han adoptado estas modificaciones del Reglamento. Esto sería una especie de votación final, pero que, desde mi punto de vista, no es necesaria de conformidad con el artículo 180, apartado 2. 
Por tanto, les pido que prescindamos de votar sobre el número 1. 
De este modo evitamos otro problema: se necesitan 314 votos para aceptar el número 1, mientras que bastaría con mayoría simple para aceptar el número 2. 
Señor Corbett, entiendo que sabe usted algo acerca del Reglamento. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Wuermeling está en lo cierto. 
La costumbre y la práctica es que votemos sobre el borrador de decisión, pero estoy de acuerdo en que tanto el Sr. Wuermeling como el Sr. Corbett tienen algo de razón. 
Yo pediría a la propia Comisión de Reglamento que analizara este asunto. 
Sólo una corrección: al tratarse ahora de un borrador de decisión, no requiere mayoría cualificada. 
Ahora vamos a votar con la regla de la mayoría simple. 
Me refiero a la votación de la enmienda del Sr. Elles. 
No salió adelante porque necesitaba mayoría cualificada. 
Está en el borrador de decisión, así que no es una enmienda del Reglamento y, por consiguiente, no requiere mayoría cualificada. 
Pero dejaremos que su comisión lo estudie. 
Dentro de seis meses, me puede decir si yo tenía o no razón. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0038/2002) de la Sra. Helle Thorning-Schmidt, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (Decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (10479/1/2001- C5-0546/2001- 1992/0449A (COD)) 
. 
(FR) Señor Presidente, con respecto a este informe la Comisión acepta plenamente las enmiendas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22. 
En efecto, estas enmiendas mejoran, en nuestra opinión, la calidad del texto o clarifican su sentido. 
Aceptamos parcialmente las enmiendas 4, 15, 16 y 19 y rechazamos las enmiendas 3, 5, 13, 21, así como la 23 y 25. 
. (DA) Señor Presidente, ésta es una intervención para una cuestión de orden. 
Ayer cuando debatimos esta cuestión, le pregunté al señor Presidente si podíamos llevar a cabo la negociación de forma diferente y quizá avivar el debate hablando yo primero durante cuatro minutos y después redondeando la negociación con un minuto de mi tiempo de intervención. 
El señor Presidente fue muy amable y dijo que lo podíamos hacer y todo fue muy bien. 
La pregunta que le hago, señor Presidente, es si querrá instruir al servicio de la sesión de que éste es de hecho un procedimiento que puede utilizarse en este Parlamento y que está respaldado por el Colegio de Presidentes con vistas a avivar el debate. 
Cuando pregunté al servicio de la sesión si era posible, dieron que no a llevar la negociación de esta forma. 
Por lo que le pido, señor Presidente, que instruya al servicio de la sesión de que éste es un procedimiento que empleamos en este Parlamento. 
Aviva los debates y no hay nada en el Reglamento que impida emplear este procedimiento. 
Este no es un asunto del que pueda ocuparme en este momento. 
El Presidente, junto con los presidentes de los Grupos, puso en marcha un debate sobre cómo hacer la sesión plenaria más interesante. 
Ese es el lugar adecuado para plantear esta cuestión. 
Además, como saben todas sus señorías, el Sr. Corbett ha elaborado un excelente informe sobre el modo en que podemos mejorar los métodos de esta Asamblea. 
El asunto se tratará también en ese informe. 
(El Presidente declara aprobada la posición común (así modificada)) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0044/2002) de la Sra. Emilia Franziska Müller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (12394/2/2001- C5-0640/2001- 2000/0080 (COD)) 
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión de orden en mi calidad de presidenta de la comisión que presenta al Parlamento este informe, y, en particular, en nombre de la ponente. 
Sus señorías serán conscientes del muy alto grado de interés público que suscita este asunto y de la actividad de los grupos de influencia a la que todos hemos estado sometidos. 
Yo no estoy en contra de esa actividad: un parlamento vivo debería acoger favorablemente la actividad de los grupos de influencia de todas las partes. 
Pero la situación que rodea a esta directiva concreta es poco habitual y grave. 
En primer lugar, la ponente, la Sra. Müller, que ha realizado su trabajo de modo muy valiente, ha estado sometida a un acoso y a unas amenazas inaceptables. 
Se han difundido mentiras acerca de sus motivos. 
En segundo lugar, las personas en cuestión, encabezadas por el Dr. Rath de Alemania, han practicado el engaño al Parlamento. 
Consiguieron entrar como un equipo de noticias a la reunión de la comisión en la que se aprobó el informe y utilizaron el material para realizar un vídeo en el que se caricaturizan las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente y de su ponente. 
Señor Presidente, le ruego que estudie qué se puede hacer al respecto. 
Quisiera pedir a la Presidencia que busque un medio de hacer frente a estas posturas excesivas, fraudulentas y opresivas. 
(Vivos Aplausos) 
Es cierto que en este caso han causado más daños que beneficios, como ha dicho la Sra. McKenna; y hay que decir que hay buenos argumentos en contra de esta directiva; pero tenemos que establecer un procedimiento, como Parlamento, para protegernos en el futuro. 
En algunos parlamentos nacionales, en un caso similar, se habría hecho comparecer, sin duda, a la persona implicada ante el parlamento, se la habría reprendido y se le habría pedido que presentara excusas; nosotros podríamos considerar establecer este procedimiento. 
(Aplausos) 
Pero, dado que ahora existen medios electrónicos para abrumarnos intentando influir en nosotros, es necesario que hagamos algo. 
Pido al Presidente del Parlamento que estudie este asunto de manera muy urgente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, estimados colegas, las enmiendas 1 y 10, aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente por mayoría, versan sobre la prohibición y sobre la eliminación y utilización de residuos de cocina. 
Ahora la ponente ha presentado la enmienda de compromiso 25; sin embargo, estas enmiendas son compatibles en un punto. 
Contienen diversas fechas. 
En las enmiendas que ha aceptado la Comisión de Medio Ambiente, la fecha es el 30 de junio 2002. 
En la enmienda 25 de la Sra. Paulsen, la referencia temporal es ' antes de la entrada en vigor del presente Reglamento? sobre el que votamos ahora. 
Quiero presentar la enmienda oral de que en las dos enmiendas aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente se incluya la referencia temporal de ' antes de la entrada en vigor del presente Reglamento? y que así la votemos. 
Ayer dijo la Comisión que no acepta las enmiendas 1 y 10, ni la 25. 
Con todo, pasaremos al debate, y por ello es importante que votemos las tres enmiendas de este modo. 
Pero aunque- y lo digo ya, para no tener que pedir la palabra de nuevo- si rechazamos esta enmienda con la mayoría necesaria, podremos pasar a votar estas enmiendas, porque estas fechas no representan una obligación para la Comisión. 
Goza del derecho de iniciativa y puede decidir sin más. 
Se trata de una recomendación, y si no es aprobada, estoy a favor de que, no obstante, aceptamos las tres enmiendas. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados colegas, no es tan simple como parece que esas enmiendas, por una parte la 1 a la 10 y, por otra, la 25, sean de alguna manera idénticas. 
La modificación verbal de las enmiendas 1 y 10 no implica un simple cambio en su redacción, sino que alteraría principios esenciales y dificultaría mucho una conciliación posterior. 
Rechazo esta enmienda verbal. 
Pido a los colegas que voten a favor de la enmienda 25, que ofrece la posibilidad de resolver los problemas especiales de Alemania y del Reino Unido en relación con los residuos domésticos y los aceites residuales. 
Por tanto, ¡rechazo la enmienda verbal! 
Su señoría conoce el Reglamento. 
Si hay 12 diputados que se oponen a una enmienda oral, ésta no puede someterse a votación. 
Tal es el caso. 
(El Presidente declara aprobada la posición común (así modificada) 
Informe (A5-0077/2002) de los Sres. Claude Turmes y Bernhard Rapkay, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE sobre normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y del gas natural (COM (2001) 125- C5-0184/2001- 2001/0077 (COD)) 
Antes de la votación de la enmienda 72: 
Señor Presidente, me gustaría plantear una enmienda oral para rectificar un desafortunado error mecanográfico cometido inicialmente. 
Se trata de introducir la palabra 'no? , de tal forma que la última frase diga lo siguiente :' con independencia de otras actividades no relacionadas con el sistema de transmisión?. 
Estoy seguro de que el ponente lo comprende, pero pido disculpas a la Asamblea por el error mecanográfico original. 
Señor Presidente, hemos adoptado algunas decisiones relativas al sector de la electricidad, y debemos procurar que no entren totalmente en colisión con el sector del gas. 
Por ello, quiero pedirle que me conceda la palabra en tres momentos: una vez ahora mismo, en la votación en bloque, después en la enmienda 162 y por último en las enmiendas 149 y 184. 
No se trata de cuestiones sustantivas, sino de ajuste. 
Permítame definir mi postura sobre el primer bloque: acabamos de rechazar la enmienda 173 de los Liberales en votación nominal. 
Aquí surge el problema de que en la comisión no hemos llegado a decisión alguna sobre este tema, la electricidad, pero sí sobre el gas. 
Ahora, el Grupo de los Liberales ha intentado llevar adelante en el ámbito de la electricidad lo mismo que hemos hecho en el sector del gas. 
Y lo hemos rechazado. 
Pero ahora, en la enmienda 147, que pertenece a este bloque, encontramos también este punto, de idéntico contenido, que acabamos de rechazar con respecto a la electricidad. 
En el sector del gas nos decantamos por algo por lo que no queremos decantamos en el sector de la electricidad, el inicio de la apertura del mercado, tal como proponemos desde la comisión. 
Sin embargo, el mercado del gas queremos abrirlo con retraso con respecto al de la electricidad. 
Justamente en este punto rompemos el sistema. 
Es decir, por analogía, deberíamos estar en contra de la enmienda 147, pero no sé cómo podemos hacerlo desde un punto de vista procedimental, porque está recogida en la lista de votaciones como votación en bloque. 
Por ello debe decir usted ahora, señor Presidente, si excluimos la enmienda 147 y votamos sobre ella de forma separada; en tal caso, al igual que en la votación que acaba de tener lugar, también debería ser rechazada. 
¡Espero que haya quedado lo suficientemente confuso! 
Admiro sus esfuerzos por hacer que el trabajo de esta Asamblea sea racional, aunque no haya nada en el Reglamento que diga que tengamos que ser racionales. 
Antes de la votación de la enmienda 136: 
Señor Presidente, en este caso la cosa es algo más sencilla. 
Ahora se trata de realizar un ajuste. 
Mediante la enmienda 162, una enmienda conjunta del PSE y del PPE, queremos que lo que hemos acordado en relación con la electricidad, lo armonicemos con lo que vayamos a acordar sobre el gas. 
Tiene el mismo tenor que lo que hemos acordado antes para el sector del gas. 
Esto significa, según la lógica de la lista de votaciones, que en primer lugar tenemos que votar contra la enmienda de la comisión y luego a favor de la enmienda 162. 
Sin embargo, en la transmisión se ha producido un error. 
Hemos acordado justamente esto en relación con la electricidad, sobre el artículo 8, apartado 5. 
En la enmienda 162 consta también ' artículo 8, apartado 5?. 
Sin embargo, en lo relativo al gas no se cita el artículo 8, apartado 5, sino el artículo 7, letra a) , apartado 1, y por tanto hay que añadirlo mediante el acta; es solamente un ajuste técnico. 
El servicio me dice que ya se habían percatado de ese cambio y que la corrección técnica ya se ha efectuado. 
El ponente recomienda que sus señorías rechacen la 136 y acepten la 162. 
Por supuesto, la Asamblea puede hacer lo que desee. 
Antes de la votación de la enmienda 149: 
Señor Presidente, una vez más hay que hacer un ajuste, aunque esta vez es un poco más complicado que el de antes. 
Realmente, no hace falta ni que escuche, sólo tiene que hacer lo que le propongo y todo será muy fácil. 
(Risas) 
Bromas aparte, acabamos de votar sobre la parte relativa a la electricidad. 
Y vuelve a aparecer en la enmienda de la comisión. 
La enmienda del Grupo del Partido Popular Europeo apunta a eliminar la discordancia entre el artículo 14, que hace referencia al sector del gas, y el artículo 22- y además acertadamente, debo reconocer- con el objeto de ganar coherencia. 
Pero si ahora sólo votamos la enmienda del PPE, se perdería, lógicamente, el aspecto esencial relativo al sector de la electricidad. 
Y al contrario, si se votase tal como consta en la lista de votaciones, de modo que, al aceptarse la 149, la enmienda 184 no ha lugar, nos topamos otra vez con el problema de incongruencia con el otro artículo. 
De ahí la siguiente propuesta, que he concertado con el autor de la enmienda, que él mismo podrá confirmar: votemos, entonces, en primer lugar la enmienda 149 de la comisión, y que el PPE retire su enmienda, excepto la parte que elimine esta incongruencia. 
Ésta se añadiría a continuación a la 149. 
De este modo, eliminaríamos la falta de congruencia entre el sector de la electricidad y del gas y dentro de este último. 
(Aplausos) 
. (EN) Para confundir un poco a sus señorías: no es exactamente correcto, porque si votamos a favor de la enmienda del Grupo PPE, tendremos una redacción diferente en el Artículo 22 que es el que regula la electricidad y el gas. 
Lo dejaré al buen criterio de la Asamblea, pero personalmente, yo votaré en contra para ser coherente con el Artículo 22. 
Si no lo resolvemos hoy, lo resolveremos en segunda lectura. 
Señor Presidente, en nuestro texto se han deslizado dos pequeños errores de redacción. 
El primero se encuentra en la enmienda 48, donde debe decir "autoridades competentes", en plural. 
Esto quedó indiscutiblemente claro entre el Consejo y el Parlamento. 
Sólo se trata de un error en la formulación de la enmienda. 
Sin embargo, esto perjudica justamente a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Por lo tanto, yo les ruego que acepten ambas enmiendas orales y que la votación se atenga a las mismas. 
Si no existen objeciones, procederemos a la votación de la resolución así modificada oralmente por el Sr. Jarzembowski. 
EN (El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0051/2002) del Sr. Ole Andreasen, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la comunicación de la Comisión relativa a un nuevo marco para la cooperación en actividades referentes a la política de información y comunicación de la Unión Europea (COM (2001) 354- C5-0465 / 2001/2192 (COS)) 
EN (El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0365/2001) de la Sra. María Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre las mujeres y el fundamentalismo (2000/2174 (INI)) 
Antes de la votación de la enmienda 21: 
Señor Presidente, la versión neerlandesa presenta un problema que, según tengo entendido, también se plantea en algunas otras versiones lingüísticas. 
Se trata de la palabra identiteit. No es correcta. 
Debe ser sustituida por la palabra identificatie. 
No queremos que los pasaportes y los documentos de identidad incluyan símbolos religiosos o políticos. 
De esto es de lo que se trata. 
. Señor Presidente, quisiéramos proponer una enmienda de transacción. 
Queremos saber si el Grupo GUE/NGL aceptaría que, al final de su enmienda 29, se añadiera "incluidas las debidas al fundamentalismo", de modo que la enmienda quedaría así: "Pide a la Comisión y al Consejo que, a la hora de aplicar sanciones con arreglo a los apartados relativos a los derechos humanos en los Acuerdos de Asociación y en otros tipos de acuerdo, tomen en consideración las violaciones de los derechos humanos de la mujer, incluidas las debidas al fundamentalismo". 
Es una enmienda de transacción que quedaría como una adición. 
Además, señor Presidente, aprovecho para decirle que, si se suscitan cuestiones lingüísticas, quisiera que se tomara como pauta la versión española. 
Señor Presidente, dada la extensión de los debates, renuncio a todas mis explicaciones de voto orales del día de hoy. 
Es muy amable de su parte. 
Su señoría ha estado escuchando a su madre de nuevo. 
Señor Presidente, la posición común del Consejo sobre la liberalización de los servicios postales garantiza una apertura controlada del mercado de los servicios postales en Europa. 
Deben mantenerse los plazos y los límites de peso previstos, que permitirán una liberalización gradual y ordenada del sector postal con todas las ventajas que se derivan de una competencia leal. 
Como ocurre siempre que se trata de liberalizar servicios públicos básicos, el proceso de apertura debe seguir un curso ordenado y tomar en consideración la garantía del servicio y los aspectos sociales. 
Por consiguiente, debemos acoger con satisfacción el compromiso alcanzado en la comisión competente respecto a la presentación de informes periódicos sobre la aplicación de la directiva, como fuente de información para las futuras transformaciones. 
La política debe tener en cuenta en cualquier caso las consecuencias económicas, sociales y territoriales del proceso de liberalización. 
Sin embargo, es discutible que sea efectivamente tarea de la directiva establecer recomendaciones para los interlocutores sociales competentes, tal como se pedía, entre otras cosas, en una de las enmiendas. 
Señor Presidente, mis colegas y yo consideramos que de todos los sectores sumidos en los tormentos de la liberalización, el sector postal es a la vez el más importante y el más maltratado. 
La Comisión Europea, primero, y el Consejo de Ministros, en segundo término, no reconocen o subestiman sistemáticamente el hecho de que junto con el servicio que prestan a la población, los servicios de correo desempeñan en todos los Estados y en todas las regiones de la Unión una función social importante. 
Con el pretexto de liberalizar el servicio, se priva a la población y ante todo a los más desfavorecidos de un soporte social esencial. 
El Parlamento había rechazado, además, las primeras propuestas que se le presentaban. 
Las que hoy se han sometido a votación contienen mejoras, pero no suprimen la amenaza social; por el contrario, vemos cada vez más que no hay nada previsto ni para financiar el servicio universal ni para compensar las desigualdades provocadas por la naturaleza. 
Circunstancia agravante: las pérdidas masivas de empleos que provocarán las medidas preconizadas agravarán aún más la violencia que ya sufren las sociedades europeas. 
En estas condiciones, mis colegas y yo hemos apoyado todas las enmiendas constructivas, procedan de donde procedan, y seguiremos estando más vigilantes que nunca. 
. (FR) La historia de las directivas europeas sobre la apertura a la competencia de los servicios postales muestra muy bien el método de la Comisión: de abusos de autoridad en disimulaciones, la Comisión utiliza hábilmente las armas que le da el Tratado- concretamente el monopolio de la iniciativa- para imponer sus tesis y hacer retroceder poco a poco a sus adversarios, incluyendo, en este caso, al Parlamento Europeo, que en el asunto que nos ocupa era más bien partidario de la moderación. 
En este caso, como ocurre a menudo, ello es tanto más lamentable sobre todo teniendo en cuenta que en cuanto al fondo la posición de la Comisión es totalmente unilateral y cuestionable. 
La Comisión no ha demostrado que la libre competencia completa de la distribución postal sería globalmente ventajosa en un país como Francia. 
Sin embargo, nos conduce de facto hacia ese objetivo. 
¿Y con qué derecho? 
Así como parece defendible que la Comisión desee ocuparse de la distribución transnacional del correo, del mismo modo creemos que la distribución interna debe ser responsabilidad de cada Estado. 
Estas distinciones, sin embargo, no existen para la Comisión. 
El comisario Bolkestein acaba de explicar a nuestra Asamblea que sería necesario ' ir hacia la realización del mercado interior de los servicios postales?. 
Dicho mercado interior, ¿acaso hoy no existe? 
¿No es posible enviar una carta de Francia a Dinamarca o al Reino Unido en buenas condiciones? 
Todo esto es ridículo. 
El mercado interior ya existe, y el comisario Bolkestein revela solamente que para la Comisión el verdadero objetivo es otro, es la unificación, de la que no tenemos ninguna necesidad. 
Este asunto plantea otra cuestión de orden general: la articulación entre los poderes de la Comisión en materia de competencia (poderes hoy exorbitantes) y los de los Estados en materia de organización de los servicios públicos nacionales. 
Nosotros pensamos que, en caso de duda, es el Estado el que debe tener la última palabra, con la condición, naturalmente, de que se apoye en una clara voluntad popular. 
No hay que dejar que la Comisión desarrolle, e imponga, una concepción tentacular de sus poderes de apertura del mercado. 
Por eso la Convención que va a reunirse para reflexionar en el futuro de Europa debería inscribir esta importante cuestión en su orden del día. 
. (FR) Nosotros hemos votado a favor de la enmienda del Grupo GUE porque rechaza el conjunto de la propuesta del Consejo sobre la apertura a la competencia de los servicios postales. 
No lo hemos hecho únicamente para desaprobar la actitud del Consejo, que se ha negado a tomar en cuenta unas enmiendas insustanciales del Parlamento Europeo. 
Aún con las enmiendas o las atenuaciones propuestas por el Parlamento, el proyecto sería inaceptable. 
Lo rechazamos globalmente porque estamos absolutamente en contra de cualquier privatización de los servicios postales, así como de cualquier idea de rentabilidad respecto a estos servicios. 
Al rechazar el texto del Consejo, rechazamos el conjunto de la política llevada a cabo por los gobiernos nacionales y por las instituciones europeas, una política de desmantelamiento de los servicios públicos, una política retrógada, perjudicial tanto para los usuarios de los servicios de correos como para los trabajadores de este sector. 
No hemos querido participar en la votación de las enmiendas porque ni el texto propuesto ni el conjunto de la iniciativa son enmendables y no pueden ser mejorados. 
. (FR) Es evidente que los progresos realizados estos últimos años para definir y garantizar un servicio universal en el ámbito de los servicios postales, al igual que en otros ámbitos (por ejemplo, la energía) , son progresos de capital importancia, que nos costó mucho imaginar y preparar a principios de la década de 1990. 
Emito, pues, un juicio positivo sobre estos progresos que ofrecen garantías nada despreciables desde el punto de vista de la accesibilidad y calidad del servicio universal, desde el punto de vista de la oferta de productos mínimos cubierta por el servicio universal, desde el punto de vista de la adaptabilidad del servicio universal, integrando las innovaciones tecnológicas. 
Sin embargo, subsisten dudas, interrogantes y preocupaciones en términos de equilibrio servicio público/mercado, en términos de mantenimiento de la red de servicios postales en nuestras ciudades y localidades, en términos de precios. 
De ahí las enmiendas que he suscrito para que la Comisión rinda cuentas regularmente al Parlamento Europeo de la evolución del mercado interior. 
De ahí también la enmienda que he firmado con los Verdes por la que se fija, como en primera lectura, el límite de peso y precio en 150 gramos. 
Lamento que esta enmienda que ' garantizaba las garantías? haya sido rechazada. 
Será necesario ahora ejercer una vigilancia férrea en la aplicación de los textos. 
. (FR) Antes que nada deseo dar las gracias a la vez al Sr. Markus Ferber, nuestro ponente en el seno de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y al conjunto de esta comisión por el trabajo que nos han propuesto. 
La enmienda de transacción del ponente Ferber es insuficiente, incluso inaceptable. 
Insuficiente, porque dicha enmienda exige una evaluación unilateral, realizada únicamente por la Comisión y no, como yo habría deseado, de manera contradictoria y por todos los actores. 
Inaceptable, porque, al rechazar la propuesta inicial del Parlamento de limitar en 150 gramos y cuatro veces la tarifa en la próxima etapa de la liberalización, no se da ninguna garantía para mantener un nivel elevado de cohesión social. 
Inaceptable, además, porque esta enmienda no plantea el problema de las condiciones de acceso a las redes de los nuevos operadores. 
Inaceptable, finalmente, porque dicha enmienda no plantea el problema de la financiación del servicio universal; ahora bien, si existe una demanda legítima, es la de la financiación: tenemos derecho a saber cómo se financiará el servicio universal, es decir, cómo se podrá garantizar el servicio universal como tal. 
Sin embargo, votaré positivamente la posición común por defecto, porque el hecho de intentar de nuevo enmendar el texto es arriesgarse a que caiga la posición común; es, pues, arriesgarse a que no haya ninguna directiva sobre los servicios postales y, por ende, que pueda existir una liberalización completa de este sector dentro de dos años. 
Así pues, se trata más de una preocupación de seguridad que de un verdadero entusiasmo respecto a dicho texto- en mi opinión, demasiado cínicamente liberal- lo que me lleva a votar a favor de esta posición común. 
. (FR) El 14 de diciembre de 2000, en la votación en primera lectura, habíamos sido un puñado de diputados los que rechazamos la liberalización ' gradual y controlada de los servicios postales?. 
Intentamos convencer a aquellos que a pesar de ser partidarios del servicio público nos decían que lo esencial había sido mantenido. 
No se contaba con la firme voluntad de la Comisión y de los gobiernos de liberalizar y luego privatizar todos los servicios públicos. 
No puede haber transacción posible ni sobre los plazos ni sobre la amplitud de la liberalización. 
Por eso hemos votado a favor del rechazo de la posición común y seguiremos defendiendo los servicios de correo como servicio público. 
Es la única posición que garantiza el mantenimiento de la calidad para los usuarios y del libre acceso para todos, en particular para las poblaciones del campo y los barrios populares. 
Es la única posición que defiende el empleo; sólo con aprobar la nueva directiva los diputados abren la vía para la supresión de 450.000 empleos en este sector en Europa, de los cuales 50.000 corresponden a Francia. 
Contra el dogma liberal de convertir en mercancía nuestras necesidades y nuestros derechos fundamentales, ha llegado la hora de que las poblaciones, los asalariados y sus organizaciones se movilicen para imponer un servicio postal público coordinado a escala europea y controlado por las poblaciones. 
. (FR) El compromiso que se había alcanzado en la reunión del Consejo del 15 de octubre pasado sobre la apertura a la competencia de los servicios postales de los países miembros, apoyado, entre otros, por el gobierno socialista de Francia, nos parece estar elaborado sobre una serie de ambigüedades que pueden entrañar muchos peligros. 
En nombre de la excepción francesa y del principio de cautela en favor del mantenimiento de la igualdad de nuestros conciudadanos, no he apoyado este compromiso poco riguroso, que no es más que una carta blanca para que la Comisión lleve a cabo, en el horizonte 2006, el desmantelamiento del servicio postal francés. 
Los factores económicos no pueden ser el único hilo conductor de la política europea. 
Francia ha optado por unos servicios de correos de calidad, repartidos en el conjunto de su territorio, accesibles a todos y a un precio único. 
Esa es nuestra concepción del servicio público. 
Es nuestra voluntad mantener cueste lo que cueste nuestro sistema. 
Deseo que se dé por sentado, señor Presidente, que puesto que los servicios públicos, en conjunto, son competencia de los Estados miembros, cada uno de ellos seguirá siendo libre respecto a la organización final de su servicio postal. 
- (NL) Por razones obvias, la mayoría de las empresas de utilidad pública tales como los servicios postales, el transporte público, el abastecimiento energético y el abastecimiento de agua potable constituyen desde hace más de un siglo un monopolio público. 
Se trata de servicios imprescindibles cuya liberalización impediría que todos los ciudadanos puedan acceder a ellos a un precio asequible en cualquier momento y en cualquier circunstancia. 
Sería de esperar que los partidarios de la unificación política y económica abogasen por la fusión de los servicios postales públicos de todos los Estados miembros y por la creación de sellos unitarios europeos. 
Nada más lejos de la verdad. En la fase neoliberal se utiliza la coexistencia de diversos servicios postales para hacerlos competir entre ellos, aparte de que se pretende abrir el mercado a empresas estadounidenses o australianas y a nuevas empresas que ofrecen servicios de inferior calidad a precios más bajos en peores condiciones laborales. 
Al cabo de veinte años, tras repetidas absorciones y otras tantas quiebras, todo quedará en manos de tres consorcios mundiales y nos encontraremos con que resulta imposible reclamar medidas de protección para el personal, el medio ambiente y los consumidores. 
En primera lectura una mayoría de este Parlamento se negó a aprobar una reducción del límite de peso por debajo de los 150 gramos para el correo distribuido en el marco de un sistema de libre competencia, al tiempo que rechazó la propuesta de implantar fórmulas más avanzadas de liberalización en el futuro. 
Ahora corremos el riesgo de que la Comisión Europea se decida a aplicar medidas que debiliten aún más el carácter universal de estos servicios. Ello no obstante, los socialistas han terminado por dar marcha atrás, conformándose con los planes inicialmente rechazados después de años de resistencia. 
En mi opinión, dicha resignación no conduce a nada, es más, resulta incluso perjudicial, así que votaré a favor del rechazo. 
. (FR) Cada Estado miembro debe conservar el pleno control de la organización de sus servicios públicos. 
A los Estados miembros, y sólo a ellos, corresponde definir los ámbitos y las modalidades de dicha organización. 
Sin duda, debe asegurarse que estos servicios- para responder plenamente a las necesidades de su población- no puedan paralizarse por preocupaciones exclusivamente corporativistas. 
Pero no es aceptable que en nombre de una concepción extensiva de las competencias que le han sido transferidas en materia de competencia, la Comisión se arrogue el derecho de definir la naturaleza de los servicios públicos de los que un pueblo puede o no beneficiarse. 
Rechazamos la aplicación del método ' Monnet? , hoy a los servicios postales y mañana a otros servicios públicos. 
El método ' Monnet? , es decir, en este caso, la aventura de una desregulación por etapas generalizada sin que previamente se haya realizado un estudio serio sobre las consecuencias de esta política. 
Puesto que el mercado interior progresa, la Comisión está dispuesta a arriesgarse, en el día de mañana, a no asumir la función social de los servicios postales, a que se produzca una degradación de la cobertura territorial de nuestros países, un descenso de la calidad de los servicios prestados y un aumento sensible de los costes. 
El estudio de impacto se efectuará, como de costumbre, cuando todo esté decidido y ya no se pueda dar marcha atrás. 
Es porque nos oponemos a esta lógica del hecho consumado por lo que hemos votado en contra del informe Ferber y en contra de la propuesta común del Consejo y de la Comisión, que es activamente apoyada, por otra parte, por uno de los componentes del Gobierno francés y que los otros dos componentes combaten fervientemente... 
. (FR) El informe Malmström sobre la presentación al Parlamento Europeo del programa anual de trabajo de la Comisión ofrece a primera vista un aspecto simpático: logra, sin decirlo, mermar el monopolio de iniciativa del Colegio y sacar a luz su carácter unilateral y antidemocrático. 
Pero, por otro lado, omite lo esencial: nada se dice sobre el derecho del Consejo de aprobar este mismo programa de trabajo. 
El informe Malmström demuestra ante todo que, a medida que el Parlamento Europeo se fortalece, el monopolio de iniciativa de la Comisión le abruma cada vez más. 
Éste trata, pues de imponer sus prioridades. 
Esta voluntad había provocado, por otra parte, cierta tensión en diciembre último, cuando la Comisión presentó su programa para 2002. 
Hoy el acuerdo Comisión/Parlamento Europeo que acaba de ser aprobado establece un calendario durante el año N-1 para la elaboración concertada del programa de trabajo del año N. Se trata de una buena iniciativa, pero que plantea otra cuestión: ¿dónde está el calendario equivalente para el diálogo con el Consejo? 
Este último calendario estaría aún más justificado, por tres razones: 1) entre las instituciones europeas, el Consejo es la institución que posee las raíces democráticas más profundas puesto que se apoya en los Parlamentos nacionales; 2) el Consejo ya posee, en teoría, a diferencia del Parlamento Europeo, un verdadero poder impulsor y de orientación del trabajo de la Comisión, en aplicación del artículo 4 TUE; 3) finalmente, el Consejo posee una visión de conjunto del trabajo que debe realizar a nivel europeo en los tres pilares del Tratado, incluyendo las iniciativas de los Estados miembros en el pilar intergubernamental. 
Así pues, a falta de una clarificación sobre este punto, el informe Malmström constituye sobre todo una especie de maniobra de dos viejos cómplices, la Comisión y el Parlamento Europeo, para desconocer los derechos primordiales del Consejo. 
Señor Presidente, le pido disculpas por robarle su tiempo. 
Su señoría conoce, igual que yo, una campaña llevada a cabo por el periódico Daily Record en Escocia, en el curso de la cual se dijeron cosas muy injustas acerca de nuestra colega la Sra. Thorning-Schmidt, cuyo valioso informe hemos aprobado hoy; cosas que yo deploro. 
Ocurría, no obstante, que este valioso informe, que protege a los trabajadores del ruido en el lugar de trabajo, podría haber tenido efectos secundarios no deseados sobre la industria musical. 
Me complace mucho que se corrigieran las enmiendas 23 y 25, y se dejara al margen el mundo de las bandas de gaitas, entre otros. 
Creo que soy el único gaitero en esta Asamblea, por tanto, estoy especialmente contento. 
Pero quiero decirle a la Sra. Thorning-Schmidt que sus colegas escoceses lamentan el modo en que nuestra prensa le puso injustamente en la picota. 
Estamos deseando escuchar las gaitas en la próxima Cena de Burns. 
. (EL) Las iniciativas tendentes a la legislación comunitaria de disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados del ruido están bien encaminadas, dada la barbarie reinante en ciertos países miembros, como Grecia, donde no funcionan los mecanismos de seguridad más elementales. 
En este marco es importante: 
que se inicien las acciones previstas a partir de valores inferiores (83 db); 
que la responsabilidad en la adopción de medidas recaiga en los empresarios, y no en los trabajadores; por ello, no deben tenerse en cuenta los efectos de los protectores auditivos; 
que el período de referencia sea un día de trabajo, y no una semana, porque así se prolonga la duración del período en el que los trabajadores corren el riesgo de una exposición fuerte al ruido por encima de los valores límite. 
Estas posiciones están incluidas en las enmiendas correspondientes del Parlamento Europeo? que por ello han contado con mi apoyo? , sin embargo no están contempladas en la posición común del Consejo. 
Finalmente, es importante que haya mecanismos de control al objeto de que estas medidas no queden sólo en palabras. 
. (EN) La postura de mi Grupo ha sido siempre trabajar a favor de un entorno laboral más seguro para todos los trabajadores y, en anteriores ocasiones, hemos apoyado iniciativas realistas que conseguían tal fin. 
A nosotros, al igual que muchos otros diputados, nos preocupaba mucho el contenido de este informe, en particular, por los muy diversos requisitos que imponía a las empresas y por los dudosos niveles de emisión. 
Por estos motivos, no pudimos respaldar numerosas enmiendas presentadas y, de hecho, nos decepcionó que muchas enmiendas recibieran tal respaldo. 
En cambio, nos alegró mucho que la enmienda que excluía a la industria musical fuera aprobada. 
Esto es de lo más grato porque muchos diputados y yo teníamos la impresión de que no era el lugar apropiado para ocuparse de un sector de la industria muy especializado. 
También hemos de acoger favorablemente la buena disposición del Consejo para asumir muchas de las enmiendas que propuso el Parlamento en primera lectura y esperamos que la voluntad mostrada por el Parlamento sea correspondida en el futuro. 
Personalmente, yo no participé en la votación porque tenía grandes reservas respecto del contenido del informe y de muchas de las enmiendas y, como músico que he sido, no creí que fuera correcto votar. 
En general nuestro Grupo está satisfecho con el resultado y espero que este nuevo realismo continúe. 
. (EN) Apoyo plenamente este informe de mi colega socialista que pretende hacer más severa la posición común del Consejo sobre la exposición de los trabajadores al ruido. 
Ningún trabajador debería estar expuesto a un nivel de ruido tal que no pueda mantener una conversación: sólo tenemos dos oídos y protegerlos es vital. 
Además, es mejor que las medidas para luchar contra el daño y la contaminación acústica sean preventivas en lugar de curativas y que la responsabilidad en este campo sea colectiva en lugar de ser individual. 
Para que esta directiva sea lo más eficaz posible, deberíamos usar los instrumentos existentes y evitar la duplicidad. 
Por tanto, debería aprovecharse en toda su capacidad la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Esto facilitará y fomentará el intercambio de las mejores prácticas en materia de niveles de ruido aceptables. 
Asimismo, es lógico que esta directiva tenga un gran alcance e incluya a empleadores y empleados autónomos puesto que constituyen una parte significativa de la actual fuerza laboral. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Müller, y lo digo con mucha convicción. 
Respaldo la causa de la Sra. Müller y espero que tanto las declaraciones y las solicitudes dirigidas al Pleno por la Sra. Jackson como las garantías ofrecidas por la Sra. Banotti, en su calidad de cuestora, en el sentido de resolver esta injerencia inaceptable e increíble no solo para nuestros trabajos parlamentarios, sino, creo, para toda la democracia y para el desarrollo de un debate parlamentario, reciban respuesta lo antes posible, al objeto de que este tipo de injerencias, que llegaron incluso a las amenazas de muerte, dejen de producirse. Es decir, para que los responsables sean denunciados debidamente y para que estas cosas no se repitan. 
Confío en la actuación de la Sra. Banotti. 
Señor Presidente, lamento el resultado de la votación que ha tenido lugar hoy. 
Supone un importante golpe para el derecho de la población a elegir formas alternativas de medicina, el derecho a intentar evitar depender de las industrias farmacéuticas y de sus productos. 
Anoche el Sr. Comisario Byrne rechazaba la idea de que la industria farmacéutica tuviera algo que ver con esto, pero yo me pregunto: si no es así ¿por qué están tan interesados en conseguir esto? 
Claramente el Sr. Comisario intentó dar la impresión de que los que se oponían eran sólo portavoces de las industrias que producen complementos alimenticios. 
Eso no es cierto. 
Nosotros estamos indudablemente a favor del derecho de la gente a elegir. 
Ese derecho se les ha usurpado hoy. 
Algunos diputados de esta Asamblea han adoptado una postura ridícula diciendo que yo debería recomendar que la gente comiera más naranjas y verduras. 
Pongamos el ejemplo de las mujeres embarazadas. 
Tendrían que comer mucho brécol para obtener la cantidad de ácido fólico que realmente necesitan; así que un argumento de ese tipo es ridículo. 
Lo ocurrido aquí hoy le ha hecho el juego a la industria farmacéutica que tendrá a partir de ahora más clientes porque más personas van a caer enfermas. 
Supone también un atentado contra las políticas de los distintos Estados miembros. 
Si los Estados miembros no cuentan con una política indulgente en sus países, deberían cambiarla y no obligarnos a los demás a bajar nuestros niveles hasta los suyos. 
Señor Presidente, yo he apoyado las enmiendas al informe Müller, aunque todo mi ser deseaba golpear al Dr. Rath (¿se escribe como rata? ) y a sus secuaces, que han sitiado a este Parlamento no sólo durante los últimos meses, sino durante todo un año. 
Yo me sumaría también a lo que ha dicho la Sra. McKenna de que las vitaminas- que yo personalmente, como enfermera, no considero un complemento alimenticio- se venden libremente en nuestro país y que todavía no he oído hablar de nadie que haya sufrido una sobredosis de vitamina C o de cualquier otra vitamina. 
Por este motivo- y lamentándolo, porque habría hecho cualquier cosa por derrotar el propósito del Dr. Rath- he votado a favor de las enmiendas que, desgraciadamente, no han sido aprobadas. 
Estoy de acuerdo con la Sra. McKenna en que, hasta ahora la venta libre de estos productos- que, repito, yo no considero complementos alimenticios- no ha causado ningún problema, y no veo motivo para impedir esa venta. 
Señor Presidente, permítanme decir simplemente que toda la discusión sobre esta directiva pone de manifiesto la necesidad urgente de hacer leyes y normas más claras. 
Hay un enorme mal entendido sobre cómo ha de interpretarse esto, cuando el Artículo 4 hace referencia a anexos y otras cosas. 
Insto a todos nosotros a apoyar una mejor regulación. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ha deliberado en contra del derecho de los ciudadanos europeos a poder emplear sin ninguna limitación medicamentos naturales que carecen de efectos secundarios. 
Se ha intentado que nosotros, los diputados europeos, olvidásemos una verdad como un templo, esto es, que, desde que el mundo es mundo, nadie ha muerto a causa de las vitaminas que ha tomado, mientras que no se puede decir lo mismo de los productos de los sofisticados laboratorios de las multinacionales farmacéuticas, como nos enseña el caso del Lipobay. 
Hay decenas de miles de enfermos de cáncer que están curándose gracias a la vitaminoterapia asociada con sustancias naturales como los aminoácidos lisina y prolina. 
Por lo tanto, para satisfacer las exigencias de un poderoso lobby de multinacionales farmacéuticas, esta directiva va en contra de un derecho fundamental y del interés general de los consumidores europeos. 
No es casualidad que en la Comisión Europea se siente un miembro del consejo de administración de la segunda multinacional farmacéutica, el Sr. Bolkestein. 
Lo cierto es que nadie que no sea ajeno a esta directiva dice que, de un golpe, hiere de muerte a las pequeñas y medianas empresas saneadas de complementos alimenticios y a la libertad de elección de tratamiento de 400 millones de europeos. 
. (FR) Nosotros apoyamos todo aquello que esté orientado a una aproximación de las legislaciones nacionales, particularmente en este ámbito, siempre que ello se traduzca por una mejora para los consumidores. 
Pero, en este caso, lo que inspira al ponente y a los autores de la mayoría de las enmiendas no es esto último: son ante todo, si no exclusivamente, los intereses de los grupos capitalistas que producen complementos alimenticios. 
Y eso es tan evidente que, por ejemplo, el sindicato patronal francés de dicho sector ha dirigido un fax a todos los diputados europeos cuyo encabezamiento es de un claro cinismo, ya que dice lo siguiente: ' Los profesionales franceses de complementos alimenticios dan las gracias por adelantado a su representación en el Parlamento Europeo por votar a favor de la directiva?. 
¡Y bien, aquellos que son la ' representación? de estas personas, que voten a favor de dicho informe y de la directiva! 
Nosotros, sólo hemos votado a favor de una sola enmienda: la que rechazaba este texto en bloque. 
. (FR) Numerosos ciudadanos europeos consumen vitaminas y complementos minerales. 
Por eso, en el marco de una política europea a favor del consumidor, conviene evitar cualquier desviación en la utilización de estas sustancias y velar por la calidad de los productos que se proponen al consumidor. 
Dicha recomendación responde a estos deseos, sobre todo al proponer un marco jurídico europeo adecuado que no obstaculice la libre circulación de estos productos, garantizando al mismo tiempo al consumidor una mayor protección de su salud y una información correcta y apropiada sobre los productos disponibles. 
Uno de los elementos determinantes con respecto a la seguridad de estos productos consiste en la proporción máxima de minerales que contienen. 
Por eso la fijación de cantidades máximas de vitaminas y de minerales autorizados en los complementos alimenticios es importante con miras a una utilización moderada de dichos productos. 
En efecto, los dictámenes científicos demuestran que la absorción de algunas vitaminas y sustancias minerales en cantidades excesivas puede producir efectos no deseados o nefastos. 
Además, es conveniente no establecer una lista cerrada de estas sustancias, ya que otros productos que posean una función alimenticia o fisiológica podrían integrar dicho dispositivo. 
De acuerdo con la experiencia que se adquiera en este ámbito, pido que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas complementarias acompañadas de medidas jurídicas adecuadas sobre otros productos alimenticios y sustancias que puedan tener efectos comparables a los complementos alimenticios. 
. (FR) He votado a favor del informe de la Sra. Emilia Franziska Müller y deseo hacer hincapié en la calidad del trabajo que ha realizado nuestra ponente. 
Me congratulo de que nuestra Asamblea se pronuncie, por fin, sobre un tema tan importante. 
Hoy se trata de procurar que estos productos no presenten ningún riesgo para la salud, garantizando un etiquetado que permita a los consumidores europeos obtener informaciones claras, correctas y adecuadas de los mismos. 
Es conveniente que se fije una cantidad mínima de vitaminas y minerales que deben contener dichos productos, a fin de garantizar que los complementos alimenticios contengan una cantidad suficiente de éstas para justificar el objetivo declarado del producto. 
Una vez decididos los principios que regirán la fijación de los límites máximos y mínimos, la adopción de límites específicos para cada sustancia alimenticia- sobre la base del dictamen presentado por el Comité Científico de la Alimentación Humana- constituye una cuestión técnica. 
No olvidemos que la absorción de algunas vitaminas y sustancias minerales en cantidades excesivas puede producir efectos no deseados o nefastos. 
De ahí la necesidad de garantizar la seguridad de dichos productos, concretamente a través de un etiquetado que contenga pautas precisas sobre la utilización del producto y, en particular, sobre la cantidad que puede ser consumida. 
Los ciudadanos europeos podrán así elegir con tranquilidad vitaminas y complementos minerales entre la amplia gama de productos disponibles actualmente en el mercado, y ello sin dudar continuamente sobre los posibles efectos nefastos para su salud. 
- (NL) A lo largo del último año todos los miembros del Parlamento Europeo han sido bombardeados con mensajes de correo electrónico sobre complementos alimenticios y preparados vitamínicos. 
Detrás de ello se esconde una doble intención: una teoría científica, por una parte, y un interés económico, por otra. 
Es interesante la teoría de Linus Pauling, que en el pasado se hizo famoso por su oposición a las armas nucleares. 
Por el contrario, el interés económico de Mathias Rath, que envía productos desde los Países Bajos a clientes en Alemania, donde sus artículos están prohibidos, no puede ser motivo para que se modifique la legislación. 
Estos complementos alimenticios deben quedar sujetos a la misma normativa que los demás productos controvertidos consumidos por los ciudadanos con la esperanza de que redunden en beneficio de su salud. 
Las autoridades sólo pueden intervenir para proteger al consumidor contra posibles perjuicios. 
Los debates inconclusos, la incertidumbre científica y las sempiternas desavenencias sobre la eficacia de una u otra sustancia no podrán resolverse por medio de una legislación que tache a priori de charlatanería todo cuanto se desvíe de la ciencia médica establecida. 
Constato que hay muchas personas que utilizan estos productos y que para ellas cualquier prohibición es señal de una protección paternalista por parte de unas autoridades burocráticas. 
En estas circunstancias es conveniente que la UE se limite a combatir las sustancias dañinas. 
Habida cuenta de que es preferible dejar las demás medidas- si es que proceden- en manos del legislador nacional, que tarda menos en responder a los cambios producidos en la opinión pública, voto a favor del rechazo. 
. (SV) He votado en contra de este informe. 
Mi opinión es que falta un fundamento jurídico, puesto que la UE carece de facultades legislativas en materias de salud pública. 
Los asuntos relacionados con los complementos alimenticios deben contemplarse en las legislaciones nacionales y no en el ámbito de la UE. 
La UE tampoco ha tomado iniciativas para ajustar la legislación en graves sectores tales como el alcohol y las drogas, donde se producen abusos. 
Intentar hacerlo en relación con los alimentos naturales, lo que puede tener consecuencias ya que la gente puede autorecetarse preparados vitamínicos, despierta una serie de preguntas fundamentales. 
¿A quiénes les interesa? 
¿Por qué justamente en esta materia? 
¿Qué consecuencias tiene esto para los ciudadanos? 
¿A qué empresarios beneficia y a cuáles perjudica? 
Todas estas preguntas requieren una respuesta, que no se ha dado de manera satisfactoria. 
Señor Presidente, yo quiero manifestar que he votado a favor del informe Paulsen y, sobre todo, también de la enmienda 10. 
Yo suscribo por principio la idea de que debemos cumplir muy atenta y rigurosamente las disposiciones en materia de higiene y aplicar también criterios correspondientemente más exigentes. 
Sin embargo, es insensato que destruyamos absurdamente materiales potencialmente reciclables- y los restos de alimentos lo son- y que esta destrucción genere, además, unos costes para la población en general, cuando tenemos la posibilidad de aprovecharlos de manera más razonable. 
Yo me congratulo de que el Parlamento Europeo haya seguido esta orientación, aunque el resultado haya sido ajustado. 
Espero que en el curso posterior del procedimiento también podamos obtener el correspondiente acuerdo de Comisión para que no se destruyan indiscriminadamente los materiales reciclables, lo cual además acarrea unos costes, sino que éstos se puedan reciclar y aprovechar. 
Señor Presidente, le agradezco que me haya permitido presentar la enmienda oral y también exponer su justificación. 
Lamentablemente, no ha alcanzado por muy poco los 314 votos necesarios. Es un tropezón algo molesto desde el punto de vista de la enmienda, pero aun así el Parlamento ha exigido, en la enmienda de compromiso número 25, que la Comisión presente una propuesta legislativa. 
Ésta entrará dentro del procedimiento de codecisión y entonces podremos regularlo en un reglamento específico. 
Yo insto a los Estados que hasta ahora se han manifestado exclusivamente a favor de la prohibición, a que también se preocupen de que estos materiales, que son peligrosos si no se someten a un tratamiento adecuado, se destruyan como es debido. 
Espero que la Comisión asuma sus funciones de control durante el período transitorio, hasta que se presente un reglamento que lo regule todo, a fin de evitar que vuelvan a repetirse las catástrofes- glosopeda, peste porcina- que pueden desencadenar los restos de alimentos no tratados. 
. (FR) Siempre he privilegiado la salud y la protección del consumidor. 
Desearía efectuar dos observaciones esenciales sobre algunos puntos que he defendido en la comisión parlamentaria. 
Las decisiones de la Unión Europea deben ser coherentes. 
Por eso, para ser eficaz, no se deben multiplicar los reglamentos relacionados con las mismas cuestiones. 
Al aprobar una normativa para la prevención, el control y la erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles, el Reglamento (CE) nº 999/2001 somete ya los subproductos de los animales de los mataderos de rumiantes y de las salas de despiece de la carne de los rumiantes a normas sanitarias rigurosas y controladas. 
Por eso, por razones de coherencia y de buena aplicación de la normativa, no hay lugar para incluir estos establecimientos dentro del campo de aplicación de un segundo reglamento que tenga los mismos objetivos. 
La Unión Europea debe asimismo tomar decisiones viables. 
Ahora bien, sabemos que las capacidades de transformación y de destrucción (incineración o eliminación) no pueden permitir la aplicación, en el ámbito del territorio comunitario, de medidas ejecutables en un plazo demasiado breve cuando éstas contemplan los efluentes producidos por las plantas depuradoras de los mataderos, que a menudo son plantas depuradoras comunes- ya pertenezcan a la categoría 1 o a la categoría 2-. 
Estas carencias han surgido sobre todo con ocasión de la prohibición de las harinas animales en la alimentación animal, lo que obligó a los Estados miembros a almacenar una cantidad importante de dichas harinas, a la espera de que fuesen incineradas. 
El hecho de añadir varios millones de toneladas de productos que deben ser destruidos o transformados antes de su valorización, impondría nuevas limitaciones de almacenamiento, debido a la imposibilidad de transformación o de incineración limpia. 
Ahora bien, sabemos que el almacenamiento puede suponer un riesgo sanitario y medioambiental. 
Es, pues, necesario establecer un calendario adecuado que permita una gestión comunitaria razonada, segura y respetuosa del medio ambiente. 
. (EN) Me gustaría felicitar a la ponente, la Sra. Paulsen, por su trabajo en este importante informe. 
La crisis de la EEB de los años recientes no debe amenazar nunca más a los consumidores europeos, a los agricultores y a la industria de la carne de vacuno. 
Yo creo que la Comisión merece un gran reconocimiento por presentar sistemáticamente una serie de propuestas legislativas dirigidas a abordar todos y cada uno de los problemas que rodeaban la crisis original. 
La Comisión y los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias, con la total cooperación de la comunidad agrícola y de la industria de la carne de vacuno, para garantizar unas prácticas agrícolas y de producción de alimentos seguras y un producto seguro para el consumidor europeo y para nuestros vitales mercados de exportación. 
Muchas acciones y medidas emprendidas han conllevado un gran sacrificio y debemos ser conscientes de ello. 
Esta propuesta concreta pretende establecer un marco jurídico único que aclare las condiciones para el tratamiento de los subproductos animales. 
Lo más importante es que los únicos subproductos que deberían acabar en la alimentación animal, y, en consecuencia, en la cadena alimentaria, son aquéllos subproductos que serían adecuados para el consumo humano directo. 
En otras palabras, si no se puede poner una cuchara de ese producto en la taza de cacao que uno se toma por la noche, tampoco se debería alimentar a los cerdos con él. 
Como parlamentario que representa a una circunscripción en gran medida rural, y viniendo de Irlanda, el Estado miembro que más depende de la agricultura, yo respaldo plenamente el riguroso espíritu de esta propuesta. 
Creo firmemente que debe existir una prohibición total de la alimentación de cerdos con bazofia. 
Ya hemos visto el daño que puede causar una postura más laxa. 
También estoy convencido de la necesidad de prohibir el uso de los aceites vegetales recuperados en cualquier alimentación. 
Tiene mucho mérito la sugerencia de la ponente de que las sobras de la comida doméstica estén exentas de lo dispuesto en estas normas en cuanto al transporte, la identificación, etc. y que se regulen mediante normas nacionales y mediante la Directiva Marco sobre Residuos. 
En cuanto a la cuestión del agua residual de los mataderos, creo que debe revisarse puesto que cubre una gran cantidad de material de desecho. 
Definir "aguas residuales" en el Anexo podría ayudar a clarificar la situación. 
En conclusión, quisiera garantizar al Sr. Comisario que cuenta con todo el apoyo del Parlamento en este importante aspecto de la seguridad alimentaria. 
A tal respecto, le rogaría que ejerciera presión sobre el Consejo para alcanzar una decisión definitiva sobre la sede de la muy importante Autoridad de Seguridad Alimentaria. 
La protección de los consumidores europeos y de la integridad de la cadena alimentaria, siguen estando en el centro de las preocupaciones de los diputados de esta Asamblea. 
(FR) El informe sobre los intercambios transfronterizos de electricidad está encaminado, primero y sobre todo, a través de la creación del mercado único- que el informe asume plenamente -, a abrir el mercado de la electricidad a la competencia y, por ende, a pesar de que no lo diga claramente, a su privatización; es decir, a entregar a los intereses de grandes grupos privados el pastel del abastecimiento eléctrico de más de 300 millones de europeos. 
No contento con ello, pero en perfecta lógica con dicha iniciativa, el ponente recomienda hacer recaer en los consumidores, en toda la Unión Europea, las cargas que se derivan de esta apertura a las empresas privadas de las redes nacionales. 
Nos oponemos resueltamente a la privatización de la producción y del abastecimiento de electricidad, como lo hacemos contra todas las privatizaciones de los servicios públicos que intentan llevar a cabo los Estados nacionales y las instituciones europeas, puesto que esta política no puede realizarse sino en detrimento de los intereses a la vez de los trabajadores de los sectores considerados y de la gran masa de consumidores. 
Denunciamos dicha política de desmantelamiento de los servicios públicos, cuyo único objetivo es satisfacer las ansias de beneficios de los capitalistas- bien se reconozca como tal en el informe Mombaur, o bien se disimule, muy mal, detrás de consideraciones ecológicas, como en el informe Turmes-Rapkay-. 
Hemos votado, pues, en contra de estos dos informes. 
. (FR) ¡La energía no es una mercancía como las demás! 
Cuántas veces ya lo he dicho y repetido... 
Es preciso tomar en consideración la seguridad del abastecimiento y el importante volumen de las inversiones que acarrea. 
Es imprescindible integrar el necesario servicio público y su importancia en términos de ordenación territorial. 
A pesar de ello, tras el Consejo Europeo de Lisboa y frente a la exigencia de iniciar rápidamente los trabajados de realización del mercado interior del gas y de la electricidad, la Comisión Europea ha presentado una comunicación, una propuesta de reglamento y una propuesta de directiva tendentes a acelerar la liberalización del mercado del gas y de la electricidad con una apertura total prevista para 2005. 
En la Cumbre de Estocolmo los Estados miembros aprobaron dicha aceleración, con excepción de Francia, que se opone firmemente a esta fecha. 
La Comisión desea una aceleración de la apertura del sector de la electricidad con la posibilidad para todos los consumidores del sector no residencial de elegir libremente su suministrador de aquí al 1 de enero de 2003 y que el conjunto de los consumidores se beneficie de esta posibilidad a más tardar a principios de enero de 2005. 
Con respecto al gas: para los no residenciales el 1 de enero de 2004 y para el conjunto de los consumidores a principios de enero de 2005. 
Esto es absolutamente irresponsable e inadmisible. 
Se trata de la caricatura de una Europa ultraliberal, que combato. 
A la vista de las relaciones de fuerza en el Parlamento Europeo y en Europa, la lucha es difícil. 
Por eso he apoyado una enmienda de transacción con P. Herzog y G. Savari para modificar el artículo 19 sobre las fechas y condiciones de apertura a la competencia, haciendo hincapié en la necesidad de efectuar nivelaciones para garantizar la igualdad de las tarifas a los clientes residenciales. 
Por eso en la votación final he votado en contra del informe. 
Francia debería apoyar esta posición en el Consejo de Barcelona. 
. (DE) En primer lugar, me parece importante destacar que la parte del informe correspondiente a la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de la que se hizo cargo el Sr. Turmes, no obtuvo mayoría en la comisión. 
Si se hubiese tratado de un informe Turmes, en vez del informe Rapkay-Turmes que tenemos sobre la mesa, aquél no habría llegado a ver la luz del día ante el Pleno. 
Nosotros, evidentemente, suscribimos los tres grandes objetivos del proceso de liberalización de la explotación de la electricidad y del gas, en relación con los cuales también emitimos un mandato claro e incontrovertible para la Cumbre de Barcelona. A saber: 
1) queremos garantizar que los consumidores puedan elegir libremente su proveedor 
2) queremos garantizar que todos los proveedores tengan acceso a todas las redes en condiciones equitativas y transparentes 
3) queremos que en todos los Estados miembros se establezca un sistema obligatorio que garantice el objetivo descrito en el punto dos. 
Sin embargo, el Sr. Turmes consideró necesario incluir en su parte del informe, relativa a la industria de la electricidad, toda su ideología y todas las aspiraciones de Los Verdes al respecto, que además no guardan relación alguna con el tema de fondo. 
Su texto se sale, por lo tanto, del tema en esos puntos. 
Yo he votado en contra de dichos puntos de la resolución, al igual que mis colegas. 
Puesto que se trata del procedimiento de codecisión del Parlamento y del Consejo, con su lista de demandas rojiverde, el Sr. Turmes no ha hecho ningún favor al tema que nos interesa, que es la liberalización razonable y equilibrada del mercado de la electricidad en la UE. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (NL) El fomento del comercio internacional en el ámbito del gas natural y de la electricidad agudiza los problemas medioambientales y afecta a la protección del consumidor y a la estabilidad de los precios. 
Me centraré en estas cuestiones con motivo del informe Mombaur. 
Los ponentes Turmes y Rapkay formulan propuestas- muy a pesar del portavoz del Grupo PPE-DE, como pudimos observar ayer- destinadas a amortiguar los efectos del informe Mombaur. 
Aunque sus esfuerzos me resultan simpáticos los considero poco viables, puesto que intentan compaginar dos objetivos irreconciliables. 
Aceptan que se deje un margen más amplio a las fuerzas del mercado, en términos de crecimiento y beneficios, sin dejar huérfanos al medio ambiente y al consumidor. 
Respaldo con mucho gusto su tentativa de desglosar la procedencia de la electricidad en las facturas de los consumidores y en el material informativo con mención de los diferentes porcentajes y las consecuencias de la generación de gases de efecto invernadero y residuos nucleares, incluso para la energía importada. 
Lo mismo digo con respecto a la idea de adoptar medidas financieras para fomentar la inversión en producción combinada de calor y electricidad y molinos de viento. 
Me siento menos satisfecho con la insistente predicación a favor de la liberalización del sector del biogás y el afán de evitar que los requisitos medioambientales restrinjan la competencia entre las empresas, aunque pueda tratarse de una concesión a la mayoría de la Comisión de Industria. 
A pesar de que no estoy de acuerdo con las circunstancias en las que se formula la presente propuesta, le concedo mi apoyo, a diferencia de mi Grupo, a falta de una alternativa mejor. 
. (EN) Acojo favorablemente las medidas para reestructurar los mercados europeos de la energía: hará que los mercados sean más abiertos y accesibles para todos. 
Si la directiva final incluye muchas de las valiosas enmiendas propuestas por la Comisión de Industria, los consumidores de energía europeos se encontrarán en un clima mucho más favorable que el actual. 
Las facturas recogerán más información básica y los consumidores estarán mejor informados de lo que están pagando exactamente. 
Todavía más importante para los consumidores europeos será el propuesto acceso no discriminatorio a las redes para los diferentes competidores. 
La economía básica nos dice que una mayor competencia en las redes daría lugar, en última instancia, a un descenso de los precios: buenas noticias para los consumidores que, con el sistema actual, acaban pagando en demasía. 
Son igualmente buenas noticias para las pequeñas empresas de energía que se ven a veces disuadidas de una mayor expansión debido a los altos costes de entrada al mercado. 
El gas y la electricidad son necesidades básicas, no bienes de lujo, y esta directiva será un triunfo para la mayoría de los consumidores europeos y para algunos productores de energía. 
- (NL) Antaño la generación y distribución de la electricidad se organizaba a pequeña escala, por municipio o por provincia, y bajo la responsabilidad de una representación democrática elegida en dicha región. 
Ahora vamos camino de una generación y distribución llevadas a cabo por consorcios internacionales, sobre los cuales la democracia ya no ejerce ninguna influencia. 
Los inconvenientes de este sistema han quedado claramente demostrados en los Estados Unidos. Basta con mencionar los cortes eléctricos sufridos en California y la quiebra de ENRON. 
Las consecuencias negativas tampoco se han hecho esperar en Europa. 
Las empresas eléctricas neerlandesas, que hasta hace poco fueron propiedad de los municipios y las provincias, han invertido mucho dinero en una generación eléctrica limpia. 
Ahora esta producción limpia se considera demasiado cara y se importa electricidad sucia procedente de carbón, lignito y energía nuclear a través de la red de interconexión transfronteriza. 
Estas líneas de acoplamiento se construyeron en su día para poder ofrecer ayuda mutua en situaciones de crisis y en horas punta de consumo eléctrico, pero en la actualidad su capacidad se aprovecha íntegramente para el comercio internacional. 
Por todo ello, rechazo el espíritu del informe Mombaur sobre el comercio transfronterizo de electricidad, aunque en las propuestas de Turmes y Rapkay se preste más atención a una contabilidad de los gases de efecto invernadero y los residuos nucleares así como al fomento de los molinos de viento y la producción combinada de calor y electricidad y la protección del consumidor. 
Habida cuenta de que estos objetivos resultarán incompatibles, voto en contra. 
- (NL) Los aeropuertos suelen construirse en zonas muy pobladas. A ello se añade que los propios aeropuertos atraen un crecimiento económico adicional, de modo que en las inmediaciones de los mismos se concentran cada vez más personas. 
Todo ello hace que el ruido de los aviones se haya convertido en una lacra para una parte cada vez más amplia de la humanidad. 
Cuanto más dependa una zona del tráfico aéreo para satisfacer sus necesidades en materia de transporte, tanto mayor será el nivel de molestias. 
La única manera de combatir el ruido pasa por reducir el tráfico aéreo a vuelos de largo recorrido, dejar un mayor espacio entre los aeropuertos y las zonas residenciales, conceder menos importancia al crecimiento económico y al comercio mundial y prohibir el uso de aviones ruidosos. 
Está claro que en este terreno las opiniones de los Estados Unidos y el Tercer Mundo no coinciden siempre con las nuestras. 
Los países en vías de desarrollo son demasiado pobres para tener en cuenta estas cuestiones y en la adinerada Norteamérica los beneficios empresariales prevalecen sobre cualquier otro argumento. 
Si en Europa deseamos proceder a una reducción real del ruido en los aeropuertos no podemos conformarnos con el reciente acuerdo obtenido a nivel mundial en el marco de la OACI, sino que, de ser necesario, debemos establecer una normativa más estricta. 
La propuesta de retirar con fecha de 1 de abril el reglamento relativo a los lotes de insonorización diseñado a este fin tiene sobre todo por objeto evitar una guerra comercial con Estados Unidos. 
Coincido con el ponente de opinión, el Sr. Blokland, en que la presente iniciativa se queda corta, aparte de que el plazo previsto para la aplicación de excepciones es demasiado amplio. Es por eso por lo que voto en contra. 
. (EN) Respaldo plenamente este informe sobre la comunicación de la Comisión, que pretende mejorar la transmisión de información entre la UE y sus ciudadanos. 
Las campañas contra la UE en países como Irlanda han puesto claramente de manifiesto la necesidad de una estrategia de comunicación positiva. 
Asimismo, los preceptos prácticos detallados en este informe demuestran que la UE va en serio en su propósito de acercarse más a los ciudadanos europeos y de contrarrestar la percepción común de que la dirige una burocracia de elite. 
Centrarse en los asuntos que afectan a la vida diaria de la gente, como la seguridad alimentaria, el euro y la justicia y los asuntos de interior, hará que los ciudadanos se involucren plenamente en el debate sobre Europa. 
Del mismo modo, es pertinente el acento que se pone en la descentralización del intercambio de información: las regiones de la UE, de forma muy evidente, y las autoridades locales están al tanto de las necesidades regionales y de los asuntos de importancia local. 
Son, sin duda, las mejor situadas para difundir la información de la UE. 
Igualmente, es vital que participen las televisiones regionales. 
Por último, el llamamiento a favor de un mayor uso de internet en la campaña de información hará que esta campaña no sólo sea rentable sino también respetuosa con el medio ambiente. 
Dado que el Parlamento Europeo es la institución europea más cercana a los ciudadanos europeos, tendría sentido que se convirtiera en la institución en torno a la cual gire esta campaña de información. 
En nombre de mi Grupo expreso las razones por las cuales hemos votado en contra. 
En primer lugar, debido a la deficiente calidad del informe. 
Se trata de un texto muy confuso. Resulta harto difícil encontrar el hilo conductor. 
En segundo término se mete en un mismo saco a la religión, al fundamentalismo y a la violación de los derechos humanos, lo cual no podemos aceptar bajo ningún concepto. 
La tercera razón es que a la Unión Europea se le confiere una serie de cometidos que no le corresponden: entre otras cosas la creación de una universidad libre para mujeres, etcétera. 
Es más, no queremos una universidad separada para mujeres, somos partidarios de que se abran universidades mixtas. 
Es por eso por lo que hemos votado en contra del informe. 
Señor Presidente, yo he votado en contra del informe presentado porque éste defrauda las expectativas que, de hecho, despierta su título. 
Su atención se centra en el fundamentalismo religioso y sólo se mencionan muy brevemente sus otras manifestaciones. 
Aunque esta manifestación sea la más significativa y predominante, para desarrollar un debate fructífero es imprescindible identificar el problema del fundamentalismo en su conjunto. 
La amenaza del fundamentalismo está alcanzando unos extremos de menosprecio por las personas difícilmente superables a la vista de lo ocurrido el 11 de septiembre. 
Para hacer justicia a la situación no es posible limitarse, sin embargo, exclusivamente a los aspectos religiosos. 
Igual que pueden encontrarse personas de toda posición obsesionadas por la idea de un orden fundamental, su ideario también abarca todos los ámbitos de la sociedad. 
La consecuencia lógica de esta constatación sólo puede ser, por lo tanto, un análisis de toda la temática, sin concentrarse en una manifestación, aunque sea la que reúna a la mayoría de seguidores. 
Señor Presidente, durante la votación uno de mis colegas holandeses señaló que parte del informe no tenía sentido en neerlandés. 
A mí me ha resultado difícil encontrar algo en el informe que tuviera sentido en inglés. 
Este informe ha llevado la corrección política hasta a nuevas cotas. 
Es contraproducente abordar un asunto tan importante como el fundamentalismo religioso con una invectiva de fundamentalismo político como la que conforma en gran medida este informe. 
Soy particularmente crítico con el párrafo 29, incluso en su versión modificada, que considera la separación de iglesia y estado la forma de gobierno más aceptable. 
No tengo que recordarle, Señor Presidente, que en mi país, si no en el suyo, el jefe del Estado es también el jefe de la iglesia establecida. 
Es un sistema que, de hecho, funciona muy bien. 
Espero que el Parlamento no esté pidiendo a la Reina que abdique, para que, quizás, podamos elegir al Presidente Kinnock en su lugar. 
. (FR) El informe Izquierdo Rojo sobre ' las mujeres y el fundamentalismo? , que acaba de ser aprobado por escasa mayoría, a pesar de nuestro voto en contra, demuestra la existencia de una buena idea de partida completamente pervertida durante las discusiones. 
Al principio se trataba de afirmar nuestra voluntad de que los derechos de las mujeres fuesen rigurosamente respetados en los territorios del conjunto de los países miembros, en el momento en que las corrientes de inmigración densa y no asimilada tienden a implantar en nuestros países concepciones que degradan a la mujer o que equivalen a una tortura cruel, como la ablación. 
Desgraciadamente, el Parlamento Europeo no se ha decidido a darle un nombre al mal que padecemos- una inmigración no asimilada, a menudo originaria de países de cultura islámica-. 
En estas condiciones, el Parlamento Europeo se ha refugiado en declaraciones asépticas o, peor aún, ha pronunciado condenas generales que parecen aplicarse a todos los europeos, sin distinción, y que culpabilizan erróneamente a todo el mundo. 
Eso es lo que ocurre con la propia noción de ' fundamentalismo? : ésta mezcla alegremente la práctica rigorista de una religión que coloca a la persona en el centro de la sociedad, el cristianismo, y la práctica rigorista de otra, que somete a la persona a la comunidad, el Islam. 
Sin embargo, no es lo mismo. 
Como colofón, el Parlamento Europeo recomienda que las próximas directivas sobre el derecho de asilo, aprobadas en aplicación del Tratado de Ámsterdam, permitan la acogida de mujeres del mundo entero que ' sufren persecuciones fundamentalistas?. 
Para ser coherente, ¡habría que haber exigido al mismo tiempo la abolición del Pacto de Estabilidad Presupuestaria! 
. (FR) El informe tiene el mérito de denunciar uno de los aspectos más odiosos de la opresión de las mujeres en el mundo: el integrismo religioso y los regímenes que lo practican. 
Hemos votado a favor de los apartados de denuncia y las medidas que facilitan las cosas a las mujeres obligadas a huir de los países donde reina la barbarie misógina. 
Sin embargo, nos hemos abstenido en cuanto al conjunto. 
En efecto, si bien el texto denuncia, con razón, el integrismo islámico, resulta claramente más discreto en relación con las diferentes formas de integrismo, sobre todo católico, de que son víctimas las mujeres incluso en los países miembros de la Unión Europea, como Irlanda y Portugal o algunos länder de Alemania. 
El hecho de prohibir a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, en realidad, del derecho de disponer de su propio cuerpo, es de por sí una actitud misógina y opresiva. 
Y la Unión Europea sería más creíble en sus buenas resoluciones con respecto a la misoginia y a los regímenes islamistas si empezara por barrer delante de su puerta, y prohibiese a sus Estados miembros prácticas discriminatorias contra las mujeres. 
Las instituciones europeas se han arrogado el derecho, con la complicidad de los gobiernos europeos, de imponer una medida tan retrógrada como el trabajo nocturno de las mujeres. 
¿Por qué se niegan a imponer a escala europea ese derecho elemental, como es el derecho de las mujeres de disponer de sí mismas, incluyendo el de la interrupción voluntaria del embarazo? 
. (FR) Deseo felicitar muy cálidamente a la Sra. Izquierdo Rojo por su excelente informe de propia iniciativa con motivo de la audición ' Las mujeres y el fundamentalismo? , organizada el 23 de enero de 2001. 
Todos están de acuerdo en afirmar que el fundamentalismo puede tener varios rostros. Puede ser religioso, político o ideológico. 
¡A menudo no se insiste suficientemente en el hecho de que las mujeres son sus primeras víctimas y a menudo dentro de la más total indiferencia! 
Si bien la Unión Europea ha de denunciar este fenómeno en los terceros países, no debe dar lecciones, ya que se enfrenta a ello en su propio territorio. 
Cito como prueba el envío masivo de mensajes electrónicos de que han sido víctimas los diputados europeos para incitarnos a rechazar este informe, considerado como ' una amenaza para la dignidad femenina y para el derecho a la vida de todo ser humano hasta su muerte natural?. 
Apoyo, por el contrario, la demanda formulada en este informe de fomentar la igualdad de derechos para las mujeres, concretamente el derecho de ejercer el control sobre su cuerpo y el derecho de decidir el momento en que desean fundar una familia, de decidir su modo de vida y sus relaciones personales. 
Resulta asimismo esencial que los Estados miembros adopten una legislación que prohíba toda práctica que ponga en peligro la integridad física y mental y la salud de las mujeres, como la ablación. 
¿Cómo podemos dejar de mencionar la miseria humana en la que los talibanes hundieron a los 11 millones de mujeres afganas en 1996? 
¡Prisioneras de su chadri, privadas de educación, de asistencia sanitaria, víctimas de castigos corporales públicos, las mujeres ' sobreviven en una existencia infrahumana?! 
Es nuestro deber presionar al nuevo gobierno para que el cambio político que está viviendo el Afganistán se traduzca por una verdadera mejora de la condición de las mujeres. 
La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres debería formar parte de la política exterior de la Unión Europea. 
Pienso en la aplicación de las políticas MEDA y LOME. 
La cláusula de los derechos humanos sigue siendo a menudo papel mojado, a fin de no comprometer uno u otro acuerdo económico o comercial. 
La Sra. ponente nos proporciona varias pistas para luchar contra el fundamentalismo. 
Haré hincapié principalmente en el laicismo y, por tanto, en la separación clara y categórica de los asuntos públicos. 
¡Se trata de un principio básico! 
Por otro lado, la modernización de la vida política debe llevarse a cabo otorgando a las mujeres el lugar que les corresponde de pleno derecho en la gestión de la vida pública. 
Nada puede justificar la violación de los derechos y libertades fundamentales de que la persona es portadora y que emanan de su irrenunciable dignidad. 
Por ello estoy en contra del fundamentalismo en tanto que expresión de un pensamiento que niega la libertad de la persona, sea hombre o mujer, y de su derecho a escoger su propio camino; y considero que la Unión Europea debe defender y promover con todos los medios a su alcance el respeto de los derechos humanos allí donde se conculquen. 
Pero no puedo aceptar la condena implícita que hace el informe Izquierdo de los valores religiosos y del hecho religioso amparándose en la condena del fundamentalismo, y no sólo en relación al cristianismo. 
Una cosa es la libre adhesión a unos principios religiosos acordes con el respeto de los derechos humanos y otra la imposición de unas normas de conducta que conllevan en sí la negación de la dignidad de la persona y la vulneración de dichos derechos. 
Una cosa es defender la separación de la Iglesia y del Estado, planteamiento que comparto plenamente porque constituye la base del sistema democrático, y otra negar, en nombre del laicismo, el derecho a la libertad de expresión de la Iglesia y las comunidades religiosas, es decir el derecho a interpretar, a la luz de su pensamiento, los hechos de la vida pública y política que rigen la vida de los ciudadanos. 
Hoy, al aprobar este informe, el Parlamento Europeo ha hecho un flaco favor a la causa de las libertades que queremos promover porque tras la condena del fundamentalismo hay en realidad una nueva forma de fundamentalismo que se nos quiere imponer: el fundamentalismo laico, tan condenable como cualquier otro en la medida en que todos niegan la libertad de cada cual a escoger su propio modelo de vida. 
Esta es la justificación de mi voto negativo a dicho informe. 
. (EN) Me he abstenido en la votación de las enmiendas y he votado en contra del informe final porque me preocupa profundamente la falta de equilibrio de este informe. 
En el informe están implícitos valores culturales occidentales que suponen una presunción en contra de los derechos de las mujeres en el Islam. 
Yo cuestionaría el buen criterio del Parlamento a la hora de elaborar este informe y de emitir con el mismo un juicio sobre otras culturas y sus valores. 
Creo que este informe se ha basado en una visión externa con una experiencia muy escasa y limitada del estilo de vida islámico. 
Yo estoy profundamente comprometida con la igualdad de oportunidades de las mujeres en todas partes, pero, creo que es crucial que las mujeres en los distintos lugares del mundo puedan establecer su propio concepto de libertad que tenga en cuenta la variedad de diferentes culturas y valores en los que creen. 
. (FR) Los diputados del Frente Nacional se pronunciarán en contra del informe de la Sra. Izquierdo Rojo. 
El informe contiene, ciertamente, elementos positivos, como el hecho de que no deba combatirse un fundamentalismo con fundamentalismos de signo contrario (considerando M). 
Pero también contiene elementos negativos y muy negativos. 
Ante todo sorprende ver que este informe inicialmente destinado al Islam y a las mujeres haya sido rebautizado, y se haya cambiado el título. 
¡Para no disgustar, naturalmente, y por respeto al sacrosanto ' políticamente correcto?! 
Además, para culpabilizarnos aún más, se recuerda en el considerando A que ' la noción de fundamentalismo surgió en los Estados Unidos en la década de 1920 y hacía referencia principalmente al cristianismo?. 
¡Los 11 millones de mujeres afganas borradas durante años, bajo el régimen fundamentalista de los talibanes, de todos los espacios públicos, de la educación, de la actividad profesional, desatendidas desde el punto de vista sanitario, maltratadas, sometidas, están ahí para testimoniarlo! 
En este informe el Parlamento Europeo se erige en teólogo. 
Pero, ¿con qué derecho? 
¿Con qué competencias? 
¿Cómo puede colocar en igualdad de condiciones religión y fundamentalismo, lo espiritual y lo temporal? 
En este informe la religión es sistemáticamente asimilada al fundamentalismo, y ello con total desprecio de la realidad. 
Este informe, de hecho, es una amalgama de prejuicios que desembocan siempre en lo mismo: la inversión de los valores y el fomento de la decadencia. 
¿Qué puede decirse, por ejemplo, del apartado 33, donde se pide a los jefes de las iglesias cristianas que legitimen el lesbianismo? 
Este informe sirve también, y una vez más, de apoyo a la política proinmigracionista de Bruselas. 
En efecto, no sé por medio de qué tipo de engañifa los apartados 18, 19, 21 y 24 exigen, en nombre de la lucha contra el fundamentalismo, una mayor flexibilidad en la concesión del derecho de asilo a estas mujeres y, en el marco de una política preventiva, garantizar rápidamente la integración social de los inmigrantes, de los refugiados y de las minorías que residen en el territorio de la Unión. 
Por estas razones, y por muchas más, es preciso rechazar este informe y negarse que en el futuro el Parlamento Europeo, con el pretexto de luchar contra el fundamentalismo religioso, lo sustituya por otro, quizá aún más arbitrario: el que resulta de las convicciones contingentes y hostiles al orden natural de su actual mayoría. 
. (DE) Es necesario que nos enfrentemos con esta temática y su discusión merece, por principio, todo el apoyo, ya que muchas mujeres son víctimas de la discriminación fundamentalista. 
Sin embargo, el presente informe no hace justicia a este planteamiento del problema y crea la impresión de que el fundamentalismo es una característica exclusiva de ciertas religiones. 
No se ha tomado en consideración el fundamentalismo político, social y económico que atenta contra las mujeres y repercute de manera devastadora sobre su calidad de vida. 
Este enfoque restringido es contrario al orden de valores ético cristiano. 
Esta orientación unilateral, que responde a motivaciones antirreligiosas, pierde de vista el objetivo importante, que es abordar de manera adecuada el tema de ' las mujeres y el fundamentalismo?. 
El informe es parcial, contradictorio y no establece distinciones, con lo cual, como resultado, redunda en menoscabo de la lucha general contra la discriminación de las mujeres. 
La libertad de credo y la protección contra la discriminación son parte evidente de los derechos fundamentales y no se pueden contraponer enfrentando la una contra la otra. 
Por esto, yo he votado en contra del informe. 
. (FR) Cuando la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades fue autorizada a elaborar un informe de propia iniciativa sobre las mujeres y el fundamentalismo, se podía esperar que dicho informe no contribuiría sólo a denunciar una vez más el hecho de que millones de mujeres en el mundo estén privadas de derechos humanos y cívicos elementales, lo cual es archiconocido. 
Habíamos abrigado la esperanza de que este informe podría aportar una contribución válida para que las cosas avanzaran por la buena dirección, ahí donde es necesario. 
Desgraciadamente, nuestra ponente y aquellos y aquellas que la han apoyado han desaprovechado esta buena ocasión- como lo demuestra, por otra parte, el hecho de que el informe en la Comisión de Derechos de la Mujer se aprobó sólo por 15 votos contra 7 y la opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores por 18 votos a favor y 11 abstenciones-. 
Las dos ponentes son miembros del Grupo Socialista de este Parlamento. 
La falta de cooperación e incluso la obstinación de la ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de atender a razones y de no mezclar las cosas, me impide votar a favor de este informe, entre otros motivos, porque acusa, sin matices, a todas las religiones de practicar un fundamentalismo de la peor clase y sobre todo porque quiere ir más allá de esta resolución para definir detalladamente la política de asilo y la política de inmigración de la Unión Europea. 
Esto no es así, y lamento que la ponente se haya obstinado, por la orientación de este informe, a prestar un tan mal servicio a las mujeres víctimas del fundamentalismo y, por consiguiente, también a este Parlamento. 
- (NL) Todos los seres humanos son iguales, aunque siempre hay personas que tienen interés en afirmar lo contrario. 
La esclavitud, el racismo, las guerras coloniales, el trabajo infantil, el pago de sueldos míseros a los obreros y de precios excesivamente bajos pagados por las materias primas y la oposición a la igualdad de oportunidades para la mujer son el resultado de ello. 
Algunos privilegiados, que deberían corregir su mala conducta, se amparan en citas de la Biblia o del Corán para dejar las cosas tal como están. 
En el siglo pasado las mujeres de los diferentes países europeos adquirieron, por fin, los mismos derechos que los hombres. Pensemos, por ejemplo, en el sufragio, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad de remuneración, el acceso a cargos directivos, el derecho a la disolución de un matrimonio fracasado y la equiparación del derecho de sucesión al de los varones. 
Sin embargo, continúa habiendo una retaguardia masculina que se opone a estos logros. 
Últimamente, el número de hombres procedentes de culturas en las que se pone en tela de juicio la igualdad entre hombres y mujeres ha aumentado como consecuencia de la inmigración. 
Una parte de ellos retiene a sus hijas en casa, las entrega en matrimonio y las castiga si buscan pareja por iniciativa propia. 
La Comisión de Derechos de la Mujer tiene toda la razón en proponer que no se tome como punto de partida el derecho de familia de los países de origen, que no se preste ayuda a los países que discriminen a la mujer y que se incluya a las mujeres perseguidas por razón de sexo en el ámbito de aplicación del derecho de los refugiados. 
. (SV) El informe sobre las mujeres y el fundamentalismo se ocupa de muchos temas importantes. 
Es innegable que en muchas partes del mundo se niega a las mujeres sus derechos y se les oprime en nombre de lo que denominamos fundamentalismos religiosos, políticos o ideológicos. 
Como cristianodemócratas rechazamos enérgicamente esos atropellos a los derechos humanos y condenamos el trato a que se somete a las mujeres, por ejemplo, en Afganistán durante el régimen de los talibanes. 
No obstante, este informe contiene deficiencias tan esenciales que no podemos respaldarlo. 
Por ejemplo, no hay una definición del fundamentalismo. 
Aunque hasta cierto punto podemos leer que se trata de regímenes o formas de corrientes religiosas violentos y represivos, en el informe no se logra diferenciar entre lo que es el fundamentalismo y el concepto de religión o de instituciones religiosas en general. 
En el informe se consigna reiteradamente que la religión es algo privado y que las instituciones religiosas ' no deben intervenir en la vida religiosa y política de los estados?. 
Creemos en una sociedad civil fuerte, con la presencia de las iglesias, y no queremos quitar a nadie el derecho a participar en el debate público. 
Las explicaciones de voto quedan cerradas. 
(La sesión interrumpida a las 13.58 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se prosigue con el debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a las relaciones trasatlánticas, incluyendo los aranceles a la importación de acero. 
Exactamente seis meses después de los acontecimientos del 11 de septiembre no puede por menos que sorprendernos sobremanera que en el balance de las relaciones transatlánticas que efectúa la Presidencia de la Unión Europea se dedique una parte relativamente pequeña a las lecciones que deben sacarse de los mismos. 
Se habría podido pensar que la tragedia del 11 de septiembre obligaría a los países europeos a interrogarse con detenimiento sobre las razones por las que la internacional terrorista islámica eligió Europa para instalar las bases que sirvieron para golpear a Norteamérica. 
¿Qué facilidades concretas ofrecen, pues, nuestros países y cómo pueden eliminarse? 
¿Qué consecuencias hay que sacar de la instrumentalización de los procedimientos de asilo por las ramificaciones terroristas, etcétera? 
Naturalmente, nuestras policías han trabajado bien, en estrecha cooperación con los servicios estadounidenses. 
Sus investigaciones revelan la amplitud de la implantación terrorista en nuestros países. 
En cambio, en cuanto al análisis de la significación del 11 de septiembre existe una diferencia importante entre las dos riberas del Atlántico: accidente para unos; revelación de la naturaleza profunda del nuevo escenario mundial, dominado por el hiperterrorismo, para otros. 
La Comunicación del Consejo refleja este desacuerdo. 
Las medidas efectivas para hacer frente a la amenaza común y a su amplitud no ocupan el centro de las preocupaciones y parecen ser muy minimalistas. 
Sólo se habla de un impreciso mandato de negociación tendente a elaborar- para no se sabe cuándo- un Convenio de ayuda mutua judicial. 
Se trata, señor Presidente, de un extraño y peligroso desfase que puede hipotecar gravemente las relaciones transatlánticas y nuestra propia seguridad. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, es completamente deplorable que este debate sobre las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y los Estados Unidos se convierta al mismo tiempo en un debate sobre una guerra del acero. 
Ello es completamente deplorable porque damos por supuesto que el Presidente Bush debería ser uno de los fervientes defensores de la economía de mercado, no uno de los partidarios de medidas proteccionistas. 
Sería comprensible que adoptase medidas de esta índole por razones electorales, pero esta actitud no cuadra en absoluto con su afán de promover el libre comercio y, por tanto, debemos desaprobarla. 
Es asimismo deplorable porque acabamos de iniciar la cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Doha. 
Esta medida es un jarro de agua fría, y me parece a mí que no será la última, señor Presidente, porque, según tengo entendido, los Estados Unidos piensan hacer lo mismo con los productos agrícolas. 
Señor Presidente, vamos por muy mal camino. 
Limitándome al sector del acero, quisiera apuntar que mi país, los Países Bajos, ha realizado al igual que su país enormes esfuerzos para reestructurar la industria del acero. Esta operación ha costado directa e indirectamente miles de puestos de trabajo en su país y en el mío. 
Dicho de otro modo, nosotros acabaríamos pagando el precio de la falta de reestructuración en los Estados Unidos. 
A mi modo de ver, la Unión Europea ha presentado muy buenas propuestas, sugiriendo que tal vez pueda crearse una especie de fondo del que también podría beneficiarse el sector del acero estadounidense. 
Como es obvio, dichas propuestas ya no están sobre la mesa, lo cual significa que no avanzamos ni un ápice y que, en realidad, nosotros acabamos cargando con el coste desorbitado del acero en Norteamérica- no sólo debido a la elevada cotización del dólar, sino también a causa de los sistemas de seguridad social y de pensiones propios de la industria del acero- y con este tipo de problemas. 
Señor Presidente, en mi opinión debemos aprovechar el Consejo de Barcelona para lanzar una ofensiva diplomática, al margen de las acciones habituales que debe emprender usted, Comisario Lamy, amenazando incluso con medidas de represalia contra Estados Unidos. 
Resumiendo, se trata de que en Barcelona lancemos asimismo una ofensiva diplomática a fin de dejar claro a los Estados Unidos que este tipo de medidas proteccionistas no hacen más que distorsionar seriamente el libre comercio y, por tanto, también la creación de empleo. 
Necesitamos la señal opuesta: lo único que queremos es crear más puestos de trabajo a escala mundial. 
En este momento sucede todo lo contrario. 
Por eso mismo, señor Presidente, insto encarecidamente a la Comisión y al Consejo- me alegro de que ahora esté presente- a que se comprometan a tomar iniciativas en Barcelona. 
Las relaciones transatlánticas entre Europa y los EEUU se encuentran de nuevo bajo una gran presión. 
El diálogo entre ambas potencias se vuelve cada vez más amenazador, y eso en muy diversos ámbitos. 
La semana pasada el Presidente Bush desató una nueva guerra comercial imponiendo una tasa sobre la importación de acero. 
La Unión Europea ha presentado con razón una denuncia contra estas medidas draconianas ante la Organización Mundial del Comercio. 
Aunque nuestros conflictos comerciales con los Estados Unidos tan sólo representen entre el 1 y el 2 % de nuestros flujos comerciales y de inversión, pueden resultar muy perjudiciales para nuestras relaciones recíprocas. 
Los conflictos comerciales siempre se anuncian con grandes titulares, al tiempo que pueden llegar a debilitar una relación política ya de por sí muy deteriorada. 
Cada nuevo conflicto está de más. 
Por eso mismo, es fundamental que se intensifiquen los esfuerzos para resolver posibles problemas en una fase temprana. 
Por nuestro propio bien, las relaciones transatlánticas necesitan urgentemente nuevos impulsos positivos. 
Señor Presidente, los Verdes llevan más de una década esforzándose por desenmascarar los mitos de la teoría del libre comercio. 
Ahora sabemos con certeza, como siempre habíamos sospechado, que la retórica de los EE.UU. y de sus grandes empresas era un engaño. 
Lejos de estar en el centro de un programa de desarrollo destinado a ayudar a las naciones más pobres a salir de la pobreza, las barreras arancelarias de EE.UU. revelan que ese país utiliza las reglas del comercio para conseguir el acceso a los mercados de otros y a la vez protege sus propios intereses industriales internos. 
La visión de los EE.UU. es, claramente, que el libre comercio es una calle de un solo sentido para una superpotencia: buena para los exportadores de EE.UU., pero no tan buena para la industria interior de EE.UU. 
Compárese con las inequívocas lecciones dadas por EE.UU. a los países en desarrollo en la reunión de la OMC en Doha en el sentido de que, liberalizando sus mercados, obtendrían automáticamente los beneficios de la globalización. 
Y a ello habría de seguir automáticamente la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, aunque los países más pobres llevan mucho tiempo sabiendo que, con frecuencia, esto dista de ser así. 
Quizás lo que podría surgir del establecimiento unilateral por el Presidente Bush de aranceles a las importaciones de acero sería un muy necesario debate serio sobre los defectos y debilidades inherentes en el modelo del libre comercio, porque existe una oposición cada vez mayor a la desigualdad global inherente en su diktat de que todo país debe poner la competitividad internacional por delante de cualquier otra preocupación interna. 
La reacción contra esto va desde los agricultores indios que piden un aumento de los aranceles para protegerse de importaciones de alimentos baratos hasta los trabajadores del acero, entre ellos los trabajadores del plenamente reestructurado sector del acero del R.U., que descubren que ahora seguirán siendo incapaces de competir con las exportaciones de acero rumano. 
No obstante, existen diversas medidas de represalia que la UE debería considerar y que transmitirían el mensaje adecuado a EE.UU. Me gustaría conocer la opinión del Consejo y de la Comisión acerca de las mismas. 
Por ejemplo, dado que EE.UU. se ha negado a aplicar el Protocolo de Kyoto por el supuesto impacto que esto tendría en las empresas estadounidenses, la UE debería gravar con un impuesto sobre la energía a todos los productos fabricados en EE.UU. O podríamos considerar una prohibición total de todas las importaciones de alimentos genéticamente modificados producidos en EE.UU., dado que la presión de EE.UU., ejercida en virtud de las reglas del libre comercio, ha impedido a los ministros de la UE respetar la opinión popular y prohibir dichos alimentos en nuestros mercados. 
Ya va siendo hora de que la UE ponga en evidencia al Sr. Bush. 
Señor Presidente, el estado de las relaciones transatlánticas es examinado, evidentemente, en función del contexto actual. 
Hablemos ante todo de la decisión de gravar las importaciones de acero hasta un 30% y de imponer cuotas. 
Como primera potencia exportadora hacia los Estados Unidos, la Unión es la principal afectada. 
Sin embargo, las importaciones de acero europeo no son la causa de las dificultades de la industria siderúrgica estadounidense, puesto que han bajado un 33% desde 1998. 
Si a eso se añaden los desacuerdos sobre la carne tratada con hormonas o sobre los OGM, deben preverse graves repercusiones económicas y sociales en el sector del acero europeo. 
La Comisión, como lo ha anunciado el Sr. Lamy, haría bien en denunciarlo ante la OMC, pero también en aplicar de inmediato medidas de retorsión frente a las exportaciones estadounidenses. 
Sin embargo, esta nueva decisión de la Administración Bush demuestra la firme voluntad del Gobierno estadounidense de adoptar una iniciativa unilateral en muchos ámbitos: comercial, económico, pero también cultural y militar, y es en este último frente donde se centran graves preocupaciones. 
El New York Times acaba de revelar, en efecto, la existencia de un plan secreto del Pentágono contra el Iraq, Irán, Libia, Siria, Corea del Norte, y también contra Rusia y China. 
Al parecer, se contempla la posibilidad de utilizar armas nucleares de manera ofensiva, por ejemplo en el marco de un conflicto árabe-israelí. 
Como dice John Isaac, figura importante del mundo asociativo estadounidense, el doctor Strangelove sigue siempre vivo en el Pentágono. 
Con el pretexto de luchar contra el terrorismo, esta tendencia de la superpotencia estadounidense hacia una lógica de guerra permanente es excesivamente peligrosa para el conjunto del planeta. 
Estados Unidos define de nuevo su papel en el mundo en torno a una sola obsesión: su seguridad. 
Pero la razón en este planeta no puede asistir ante todo, exclusivamente y siempre a los estadounidenses. 
Cómo no vamos a preocuparnos por las palabras de John Bonton, subsecretario de Estado, quien manifestó en la Conferencia de desarme, cito: ' Nuestra política es simplemente proamericana. 
Los Estados Unidos harán frente a la amenaza con todos los métodos de que disponen?. 
Estas orientaciones, que suponen el aumento del presupuesto militar en un 15%, o sea, el equivalente de la ayuda pública al desarrollo de todos los países de la OCDE, así como el proyecto de sistema balístico antimisiles, pueden provocar una nueva carrera armamentista. 
La lucha contra el terrorismo supone, por el contrario, que se tome en cuenta aquello que lo alimenta y la búsqueda de verdaderas soluciones. 
También en este caso, al negarse siempre a ratificar varios convenios internacionales, los Estados Unidos bloquean avances hacia un mundo más justo. 
Pienso en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el desarme, en las armas biológicas, en el Tribunal Penal Internacional, en los cambios climáticos, en Kyoto y en muchos más, sin olvidar la actitud estadounidense demasiado parcial en el conflicto de Oriente Medio. 
Ya no es posible silenciar el crimen de Estado que representa la pena de muerte cuando se ejerce por una superpotencia que pretende imponer su orden y sus valores al mundo. 
No queremos ese valor. 
Numerosos ciudadanos, incluso estadounidenses, rechazan esta visión del mundo y aspiran a una globalización solidaria. 
Es uno de los mensajes del Foro Social de Porto Alegre: Europa debe oír las grandes expectativas que la exhortan a contribuir a ello. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, las relaciones comerciales transatlánticas se han visto sometidas periódicamente a prueba en los últimos años. 
Hemos conseguido resolver muchos conflictos comerciales con profesionalidad y de manera satisfactoria para ambas partes, pero sólo porque nos hemos sometido a unas normas de obligado cumplimiento a favor del libre comercio mundial equitativo en el marco de la OMC y también porque ésta es la única organización internacional que cuenta con un sistema de resolución de conflictos, que también incluye la posibilidad de imponer sanciones. 
Con su actual imposición de unos aranceles que penalizan las importaciones de acero, los Estados Unidos han abandonado, sin embargo, el terreno común en el que hasta ahora habíamos actuado en el marco de la OMC. 
Dichas medidas deben ser acogidas con un firme rechazo sobre todo por parte de los europeos, puesto que su primer objetivo son nuestros productos siderúrgicos. 
Casi la mitad de las exportaciones de acero europeas a los Estados Unidos se ven afectadas por dichos aranceles punitivos. 
Además, cabe esperar que las medidas estadounidenses nos afecten por partida doble, como resultado de la desviación de los flujos comerciales. 
No estamos dispuestos a aceptarlo. 
No vamos a apoyar la maniobra de los Estados Unidos de contraponer los intereses de sus trabajadores a los de los nuestros. 
La industria siderúrgica europea ha logrado culminar con mucho éxito su reestructuración en los últimos años, pero ésta estuvo acompañada de grandes pérdidas de empleo y resultó muy dolorosa. 
Los Estados Unidos tienen que comprender que no favorece sus intereses socavar la confianza en el sistema multilateral de regulación y el sistema imparcial de resolución de conflictos de la OMC en el momento en que se inicia la ronda de negociaciones de Doha. 
Por lo que se refiere a los contactos bilaterales con los Estados Unidos, es preciso demostrar a nuestro socio americano que la Unión Europea está decidida a no aceptar sin más este grave atentado injustificado contra el libre comercio mundial y recordarle, por el contrario, los instrumentos a los que ésta puede recurrir en estos momentos. 
¿Por qué no considera la Comisión la posibilidad de utilizar el instrumental del que dispone como resultado de la decisión del panel sobre el apoyo americano a las exportaciones, o sea, la adopción de contramedidas? 
Yo creo que ahora es necesario que también se lo indiquemos claramente a los Estados Unidos. 
Señor Presidente, el comportamiento aparentemente irracional suele tener una explicación. 
La decisión del Presidente Bush de imponer aranceles al acero es irracional. 
Los aranceles constituyen una vulneración flagrante de las reglas del comercio mundial. 
No es que se haya producido de repente un aumento desastroso de las importaciones. 
Hace mucho tiempo que el acero estadounidense no es competitivo y que atraviesa profundos problemas; no le ha ocurrido esto repentinamente. 
Los aranceles no van a resolver el problema del acero estadounidense y, en cambio, perjudicarán gravemente a los aliados de EE.UU. Destruirán puestos de trabajo estadounidenses en otros sectores y dañarán las relaciones comerciales mundiales. 
Sabiendo todo esto, ¿por qué iba a toma el Presidente Bush esta decisión irracional? 
Nosotros sabemos por qué. 
Quiere ganar votos para noviembre en las zonas de producción de acero y tiene tanta necesidad de hacerlo que va a sacrificar alegremente su crédito internacional; y nosotros, en la UE, y otros países del mundo, vamos a pagar el precio. 
Esto no puede tolerarse de ningún modo. 
Nosotros no subvencionamos el acero, nosotros no bajamos el precio del acero para hundir a la competencia. 
Hemos pasado por momentos terribles para lograr que nuestro acero fuera competitivo. 
Nuestro mercado está abierto. 
No hay justificación posible para este ataque deliberado contra el modo de vida de los trabajadores europeos del acero. 
Recuerden: éste es el Presidente que cree que puede ofrecer un liderazgo mundial. 
Puede que sea un líder global en poder militar, pero es un zopenco global en cuanto a ciudadanía y respeto a los demás. 
Comisión: vayan por él. 
Todos nosotros les respaldamos y disponen ustedes de los instrumentos para poder actuar tanto jurídicamente como eficazmente. 
¡Adelante! 
Señor Presidente, estoy consternada por la beligerancia de Estados Unidos frente al libre comercio del acero, en especial, porque el libre comercio ha sido el estandarte de EE.UU. desde el siglo XVIII. Me horroriza el concomitante debilitamiento de la importantísima alianza transatlántica que esto provoca; una alianza que es hoy la mayor fuerza mundial en pro de la paz y que ofrece oportunidades inigualables de prosperidad a los 1.000 millones de personas más pobres del mundo. 
Pero, dado que la Unión Europea y los EE.UU. comparten valores esenciales, no me puedo creer que EE.UU. pretenda seriamente proseguir con esta línea de actuación destructiva. 
Por tanto, yo pienso que se trata de una maniobra puramente política: el Presidente Bush aplacando a los grupos de presión internos y a los que defienden intereses específicos. 
Si nos mantenemos firmes, tendremos éxito. 
La causa es justa. 
Los argumentos son correctos. 
Yo apoyo firmemente a la Comisión y al Consejo de Ministros y creo que con el respaldo y la presión de la UE, la Organización Mundial de Comercio actuará de forma adecuada y rechazará la postura de EE.UU., y que el Presidente Bush lo acogerá de modo favorable. 
Señor Presidente, los acontecimientos del 11 de septiembre tendrían que haber reforzado el vínculo trasatlántico gracias a la emoción experimentada y a la solidaridad puesta de manifiesto. 
Parece que hoy, por el contrario, éste se ha distendido. 
La Alianza Atlántica, que había decidido aplicar por primera vez el artículo 5 de su Carta, está en crisis porque los estadounidenses no creyeron necesario recurrir a su organización en la guerra del Afganistán. 
Ésta se interroga sobre dicha manifestación de unilateralismo y algunos, en su seno, ven en ello la prueba de un desinterés de los estadounidenses frente a sus aliados europeos. 
Comparto este análisis y las frustraciones que se desprenden de ello, pero no las conclusiones que generalmente se deducen. 
Siempre he profesado la idea de que la prevención y la gestión de las crisis por la comunidad internacional debían regionalizarse. 
La experiencia adquirida al principio de la crisis en los Balcanes demostró, en efecto, que el envío in situ de soldados procedentes de los cuatro rincones del horizonte, de Vancouver a Vladivostok y de Moscú a Buenos Aires, si bien tenía el valor de un gran símbolo, no era eficaz. 
Para intervenir eficazmente en el mantenimiento y el restablecimiento de la paz en algunos puntos del globo, hay que estar familiarizado con la cultura y la historia del país en crisis. 
Eso ha llevado a la comunidad internacional a promover, por ejemplo, la creación de una fuerza de paz interafricana. 
Es lo que decidió a los estadounidenses a basar directamente su acción en Kabul con el apoyo de las fuerzas afganas opuestas a la dictadura bárbara de los talibanes. 
La vocación de la OTAN, decíamos en Bruselas en 1993, es ante todo intervenir en el territorio europeo y en sus inmediaciones, en particular en el Mediterráneo y en Oriente Medio, para garantizar y desarrollar una zona de paz y estabilidad. 
En esta Alianza, creo que es legítimo que los estadounidenses conscientes de nuestra riqueza, nos pidan cada vez más compartir el coste de una defensa europea, cuyo peso han asumido hasta ahora casi exclusivamente. 
Creo que los europeos deben prepararse para asumir un día un ' leadership? , que los estadounidenses están dispuestos a transferirles progresivamente. 
Cuanto menos, los gobiernos de la Unión han de tener la voluntad de hacerlo, y dotarse de los medios para ello. 
¿Cree usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que, por fin, estén dispuestos a ello? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, miembros de la Comisión, Señorías, permítanme que retome algunas de las palabras que se han dicho esta mañana. 
Yo creo que las relaciones transatlánticas se ven sometidas a prueba periódicamente. 
La presente situación no es un hecho nuevo, no nos encontramos ante un nuevo conflicto. 
El acero es un viejo tema. 
Tal como han señalado muchos colegas, deberíamos responder con la debida firmeza. 
Sin embargo, también debemos procurar que prevalezcan la razón, la inteligencia y la visión de futuro. 
El Presidente en funciones del Consejo ha recordado que nuestras relaciones son históricas, que compartimos muchos valores comunes y que tenemos que trascender cualquier dinámica de crisis y de confrontación para aproximarnos más a una dinámica de cooperación. 
Yo suscribiría firmemente sus palabras. 
Sin embargo, esto evidentemente también significa que el Consejo debe contemplar la posibilidad de emprender nuevas iniciativas. 
La nueva agenda transatlántica la estableció la Presidencia española del Consejo y yo creo que la Presidencia actual también debería emprender ahora un análisis y una revisión, y presentar nuevas propuestas en la próxima Cumbre. 
Yo querría preguntarle: ¿qué han elaborado hasta ahora en relación con este asunto y cuál será el contenido de las propuestas de la Presidencia española del Consejo al respecto? 
Necesitamos una ' puesta al día?. 
Mi colega James Elles ya lo ha dicho esta mañana. 
Necesitamos una estrategia de la Unión Europea, que trascienda la situación existente. 
La propuesta de la Comisión es buena, pero no es suficiente y no incluye todos los factores. 
En particular, no incluye con suficiente claridad la estrategia de la Unión Europea. 
El Comisario Lamy ha comentado hoy que está examinando algunos aspectos. 
Ha mencionado, entre otros, la propiedad intelectual, las auditorías. 
En el informe que voy a presentar en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, junto con el colega James Elles, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, expongo algunas propuestas al respecto. 
Como un aspecto interesante, podrán constatar que las relaciones en el ámbito económico son, en efecto, muy estrechas y que en muchos sectores ya se puede hablar de un mercado trasatlántico. Lo cual naturalmente no significa que debamos quitar hierro a los enfrentamientos comerciales, sino todo lo contrario. 
Una pequeña delegación del Parlamento estará presente el lunes en Toledo. 
El tema de los Estados Unidos y la OMC figura en el orden del día. 
Tal vez podría adelantarnos brevemente, si es tan amable, que procedimiento se va a seguir en dicha reunión. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, ¿qué es lo que sucede con los Estados Unidos desde el ascenso al poder de Bush? 
Anuncia, con rostro impasible, medidas unilaterales que redundan en perjuicio de las relaciones transatlánticas, no se ajustan a los acuerdos alcanzados en el seno de la OMC y, además, ocasionarán una ola de proteccionismo en todo el mundo. 
Una tasa de importación sobre el acero del 30%, destinada especialmente a la Unión Europea, supone una gran injusticia. 
¿No ha llevado a cabo nuestro sector europeo del acero una eficaz reestructuración durante los últimos años? 
En este momento no existe sobrecapacidad. 
La reducción de la importación en los Estados Unidos provocará una subida de los precios del acero en dicho país que, posteriormente, permitirá financiar la tan necesaria reestructuración del sector del acero estadounidenses. 
Ahora bien, todo ello dará lugar a un aumento de la importación en Europa debido a las prácticas de dumping. Asistiremos, por tanto, a una bajada de los precios del acero, que tendrá un efecto negativo sobre el empleo. 
Saldrán muy perjudicadas empresas como Corus, con sucursales en los Países Bajos y Gran Bretaña, puesto que la situación que acabo de describir nos costará numerosos puestos de trabajo. 
¿Qué piensan hacer la Unión Europea, y en concreto el Comisario Lamy y la Presidencia, para remediar este problema? 
Señor Presidente, yo fui Ministro del Acero en el Reino Unido entre 1987 y 1989 y fui responsable de una industria con exceso de mano de obra, no competitiva, plagada de prácticas anticuadas y que se encaminaba al desastre. 
Cuando se privatizó, atravesó una experiencia traumática con pérdida de fábricas y de puestos de trabajo y con la moral por los suelos. 
Nosotros no queremos que eso vuelva a suceder por el hecho de que un agente externo como los Estados Unidos haya vulnerado, al parecer, las reglas de la OMC, especialmente porque los mismos EE.UU. deberían reestructurar viejas fábricas y racionalizar el empleo y las prácticas de pensiones para que su propia industria mejore, pero no a costa de la industria europea. 
Me resulta, como poco, molesto que Rumanía sea uno de los países a los que los Estados Unidos de América hayan eximido. 
En Rumanía tiene su sede Sidex, estrechamente ligada a Ispat, la empresa controlada por Lakshmi Mittal, que donó a Tony Blair y al Partido Laborista 125.000 libras esterlinas para la campaña de las elecciones generales y que después ejerció mayor presión que nadie para imponer unos aranceles del 30% que protegerían sus intereses en el acero estadounidense y rumano y tendrían potencialmente un coste letal para las industrias y puestos de trabajo británicos. 
¿De qué lado ésta el amigote de Tony? 
No parece que del lado de los trabajadores británicos y europeos, puesto que Mittal se calcula que obtendrá 1.000 millones de dólares de este trato. 
Esa donación de 125.000 libras fue un verdadero robo: una inversión barata y cínica que dará, literalmente, dividendos. 
Por tanto, el Gobierno Laborista no es nuestra respuesta: la Comisión lo es. 
Debemos apoyar al Sr. Comisario en sus decididos intentos de protestar y, si fuera necesario, de tomar represalias (aunque con cuidado). 
Es necesario que las conversaciones en la OCDE prosigan y tengan éxito. 
¿Qué tal algún tipo de acción expresamente dirigida contra productos de Pennsylvania, Ohio y West Virginia? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la relación transatlántica es muy importante: fue una prioridad de la anterior Presidencia española, lo es de la actual y, por lo tanto, tenemos que hacer cuanto esté en nuestra mano para preservarla. 
Lo que pasa es que, como toda relación, es cosa de dos, y estamos notando ahora que la Administración Bush tiene grandes tentaciones de actuar por su cuenta; es decir, de practicar la doctrina de Frank Sinatra, I'll do it my way, tanto en lo político- sólo tengo dos minutos y no me puedo extender- como en lo comercial. 
Lo comercial nunca fue un motivo que pusiera a prueba esa relación; considerábamos que los contenciosos comerciales eran una excepción mientras que los beneficios comerciales eran la regla; lo que pasa es que, ahora, han ido demasiado lejos, tanto en el caso del acero como en el caso de otro producto del que se habla menos, que son las clementinas. 
Los casos son diferentes: las clementinas afectan a un sólo país, y por cierto a la región de la que es oriundo el Comisario Solbes, y el acero nos afecta a todos. 
Ambos casos van en contra de las reglas de la OMC sin justificación ninguna y, además, suponen un autocastigo por parte de los Estados Unidos. 
Tenemos que hacer frente tanto a los daños indirectos- creo que se pueden tomar medidas de desviaciones de tráfico -, como a los daños directos. 
Hay varias posibilidades: una es actuar en la OMC, pero llevará tiempo y, a largo plazo, todos estaremos muertos; está también la posibilidad del laissez-faire, es decir, no hacer nada, porque las industrias derivadas que importan inputs de acero se volverán menos competitivas y, por lo tanto, podremos sustituirlas; pero lo que yo creo que hay que hacer es actuar inmediatamente. 
Las medidas provisionales que se puedan adoptar las tenemos al alcance de la mano, al amparo de la sentencia del ' panel? sobre las Foreign Sales Task Corporation y por lo tanto, tenemos que actuar inmediatamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en un pasaje bien conocido de Julio César se lee una frase que dice: ' el bien o el mal no está en las estrellas, querido Bruto, sino en nosotros que estamos debajo de ellas?. 
La cita me parece especialmente adecuada a este momento, porque la gravedad del problema no estriba tanto en las medidas proteccionistas que afectan a los Estados Unidos, cuanto en la reacción que la Unión Europea debe tener ante estas agresiones comerciales, relaciones en las que el tema del acero y de las clementinas- al que se ha referido mi buen amigo Westendorp- no son un incidente aislado, sino que tienen un antes y un después. 
Se han citado en esta Cámara la prohibición a la importación de carnes tratadas con hormonas, la batalla del banano, las ayudas a la exportación declaradas ilegales por un panel de la OMC, las discusiones que ha habido con ocasión de la aplicación de la política de la competencia y determinadas fusiones por el Comisario Monti y las ayudas a determinados productos norteamericanos. 
Pero lo que más me preocupa en estas relaciones de amor y odio no es tanto lo que ha pasado como lo que presagia el futuro, que consiste en que la administración republicana está a punto de sucumbir a una tentación proteccionista que se manifiesta en este momento en dos casos: el del acero, suficientemente explicado- y yo aquí suscribo totalmente lo que ha dicho mi compañero de partido Atkins- y el tema de las clementinas, que ha sido también citado por mi compañero Westendorp. 
En este caso, como sabe la Cámara, se ha producido un cierre de fronteras, unilateralmente decidido por los Estados Unidos, el 30 de noviembre. 
El Gobierno español y mi Grupo parlamentario pusieron estos sucesos en conocimiento de la Comisión el 12 de diciembre y ésta empezó a actuar inmediatamente. 
Asimismo el Gobierno español solicitó el 14 de febrero que, a la vista del fracaso del diálogo entablado, se iniciase un procedimiento ante la OMC. 
Lo que yo pido, en este momento, es que la misma eficacia que se quiere demostrar en materia del acero se demuestre también en el caso de las clementinas, que es aún más sangrante, porque si en el primero se trata del establecimiento de aranceles, a mi juicio abusivos y completamente ilegales, en el otro se trata de una medida más drástica: de un cierre de fronteras. 
Es preciso, efectivamente, llevar el tema a la OMC, pero sólo alcanzará una solución a este conflicto cuando hayan pasado, en el caso de las clementinas, varias campañas, por lo que pido inmediatamente una indemnización y una reparación. 
Lo que hay que hacer es obligar a los Estados Unidos a sentarse en la mesa de diálogo para solucionar la cuestión del acero y de las clementinas, poniendo en marcha las medidas de fuerza a las que se ha referido mi buen amigo y compatriota Carlos Westendorp. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, tras el 11 de septiembre los Estados Unidos parecían querer iniciar una política de asociación amplia a escala internacional. 
Pagaban sus cotizaciones atrasadas a la ONU, consultaban a los Europeos y a muchos otros. 
Ahora bien, después del discurso sobre el estado de la Unión, se impone una línea de unilateralismo total. 
Este viraje parece querer conducir a graves desviaciones, a juzgar por el informe del Pentágono sobre la revisión de la doctrina de utilización de las armas nucleares, que podrían apuntar en primer término a Rusia, a China y muchos otros países. 
Esto crea un contexto difícil y preocupante para las relaciones transatlánticas, si a ello se añaden las decisiones sobre el acero. 
En este momento es importante que Europa se afiance como un socio importante para quien la amistad y la solidaridad suponen la reciprocidad. 
Eso es necesario para el equilibrio de la relación euro-estadounidense, pero lo es más aún para el equilibrio del mundo. 
Europa debe afirmar que no se puede hacer frente a la inestabilidad, a los peligros, al desequilibrio del mundo de hoy, únicamente usando un gran garrote, Europa debe afirmar que hay que saber ganar también la batalla de la paz, que hoy es necesario dedicar la misma energía que ha sido utilizada para luchar contra el terrorismo, a fin de combatir las desigualdades de desarrollo, de acabar con los focos de tensión como el de Oriente Medio. 
Con respecto al acero, Europa debe demostrar firmeza. 
Está bien recordar, como lo ha hecho el comisario Lamy esta mañana, que hay que someterse a las disciplinas multilaterales. 
Por lo menos, no hay que dudar en hacerlas respetar por los demás cuando es Europa la que se sale con la suya en la OMC. 
Pienso evidentemente en la Foreign Sales Corporation. 
Por consiguiente, desearía preguntar a la Comisión si tiene la intención de hacer efectivas las medidas comerciales de retorsión que la OMC nos ha autorizado a aplicar, teniendo en cuenta las decisiones que los Estados Unidos acaban de adoptar en el sector del acero y las violaciones de los tratados comerciales de las que ya se hicieron responsables en el ámbito de las subvenciones a las exportaciones. 
Las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos son inextricables. 
Tenemos fuertes lazos que se remontan a nuestros respectivos pasados y compartimos muchos valores comunes. 
El fortalecimiento de nuestra prolongada relación trasatlántica nos beneficia mutuamente. 
Pero, esta relación ha de basarse en la igualdad y en el respeto mutuo. 
En los momentos de necesidad de Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre, Europa no escatimó esfuerzos para responder con su un apoyo y su solidaridad, e hizo bien. 
Lamentablemente, sin embargo, esa solidaridad y esa cooperación no se han visto correspondidas por la política exterior de EE.UU. Con anterioridad al 11 de septiembre, estuvo ausente en la cuestión de Kyoto. 
No existe a la hora de adoptar una postura común sobre Oriente Medio, que es nuestro problema político actual más crítico y en el que EE.UU. desgraciadamente muestra parcialidad. 
Y fue desechada por la reciente decisión estadounidense de imponer aranceles a la importación de acero. 
Además, la vuelta al unilateralismo- especialmente clara en su notoria intención de ampliar la guerra contra el terrorismo a Irak- evidencia un desprecio por nuestro papel en los asuntos internacionales. 
Parecería que para EE.UU. la relación transatlántica es de mera conveniencia, para usarla cuando venga bien y olvidarse de ella cuando los intereses y la política estadounidenses tengan prioridad. 
Todas estas experiencias, en particular las de los últimos días, subrayan hasta qué punto es esencial que la UE fortalezca su papel en política exterior, incluyendo su capacidad de defensa y militar, para que pueda establecerse un equilibrio adecuado en nuestra relación transatlántica. 
Señor Presidente, esta semana en Barcelona se reunirá el Consejo Europeo para intentar avanzar en el Proceso de Lisboa. 
En esa reunión, nosotros abogaremos por mayores medidas a favor de la desregulación y de una mayor liberalización, garantizando que aprendemos las lecciones de la flexibilidad del empleo. 
Desde que llegamos al Parlamento Europeo, a algunos de nosotros nos ha parecido que en este lugar hay mucha retórica sobre el libre comercio, pero que aquí en Europa existe también mucho proteccionismo en los Estados miembros 
Todo el programa europeo para sacar adelante una política de competencia uniforme y acabar con las ayudas estatales se dirige a garantizar el libre comercio. 
En esas circunstancias, quienes nos contamos entre los mejores amigos de los Estados Unidos nos sentimos tremendamente decepcionados por la medida que ha adoptado el Presidente estadounidense. 
No es exagerado decir que, en cierto sentido, nos sentimos traicionados por esa medida. 
No voy a vincular esta cuestión con nuestro apoyo a Estados Unidos tras los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Lo que ocurrió el 11 de septiembre fue tan horrible que no deberíamos vincularlo con ningún tipo de acuerdo en ninguna otra área política. 
Pero, para los que hemos estado señalando a los Estados Unidos como un ejemplo de economía desregulada y liberalizada, ha sido un golpe demoledor ver que el Presidente Bush, ante las dificultades a las que se enfrenta su industria del acero, ha optado por el proteccionismo. 
Todavía peor es leer hoy en el Financial Times una justificación de esta medida por Robert Zillick, el Representante de Comercio de EE.UU. Lo siento por el Sr. Zillick, a quien también habríamos considerado un amigo de los conservadores británicos, pero he de decir que este artículo acaba con todo el crédito que tenía para tratar asuntos de comercio. 
Los representantes de los Estados Unidos que estén viendo este debate han de saber que, aunque se haya hablado de los sospechosos habituales de anti-americanismo, aquéllos que somos amigos de los Estados Unidos nos sentimos muy desilusionados. 
Las relaciones transatlánticas pasan por aguas turbulentas. 
El barco de la Unión Europea está a merced de las olas de la ostentación de poder estadounidense. 
La crisis del acero es antes que nada una cuestión de política. 
El Presidente Bush se encuentra arropado por sus electores. 
Además, dado que no esperaba que el mundo exterior fuera a tomar demasiadas represalias y medidas políticas, disponía de un margen suficiente para deshacerse del desempleo cargándolo al exterior. 
Ahora el barco de la Unión Europea toma a regañadientes un rumbo legalista. 
Hemos de agotar a fondo todas las posibilidades e instrumentos disponibles en el marco de la OMC. 
Nuestras represalias deben ser convincentes, aunque ni siquiera esta solución promete una desenlace feliz a corto plazo. 
Nuestra barca debería ser lo suficientemente resistente como para sobrevivir a la tempestad. 
Por otra parte, también nos hace falta un buen pilotaje. 
Una crisis política requiere una respuesta política y, por tanto, mucha reflexión. 
Por el momento insto a la Comisión, y en concreto al Comisario Liikaanen, a que emprenda acciones políticas internas. 
Debemos construir un barco sólido. 
Contamos apenas con un marco de referencia para el sector del acero, y menos con una política. 
Nos hallamos en pleno océano sin disponer de lanchas de salvamento para los trabajadores. 
Si algo tenemos que aprender de la crisis del acero es que debemos proceder sin falta a la rehabilitación de la política europea en materia de acero. 
Señor Presidente, todos nosotros podemos intervenir aquí hoy y condenar las medidas del gobierno de EE.UU. que imponen estos aranceles ilegítimos, ilegales e injustos a los productos del acero importados por EE.UU. Todos sabemos que los aranceles se han establecido únicamente para lograr beneficios políticos a corto plazo y sólo por eso lo lamentamos. 
Pero debemos, además, permanecer unidos respaldando una acción clara, firme y seria. 
Debemos demostrar que vamos en serio. 
Ahora, la Comisión debe actuar rápidamente en el seno de la OMC para anular estos aranceles. 
Debemos establecer medidas de salvaguardia para impedir que un flujo de importaciones baratas dañen a nuestra propia industria. 
Tales medidas se deben establecer respecto de todos los exportadores de acero que no procedan de la UE en forma de cuotas sobre la base de los niveles de importación de 1998 con el fin de proteger de modo adecuado nuestra propia industria. 
Yo no recomiendo apagar el fuego con el fuego en este caso. 
Por el contrario, debemos echar un gran cubo frío de lógica, sentido común y derecho internacional sobre la cabeza del gobierno de EE.UU. para hacerle entrar en razón. 
. Señor Presidente, la Presidencia en ejercicio del Consejo ha escuchado con mucha atención todas las intervenciones que ha habido en este debate y hemos tomado muy buena nota de las posiciones manifestadas. 
Como ya ha manifestado el Ministro de Asuntos Exteriores, que ha intervenido como Presidente en ejercicio del Consejo en la presentación, la política comercial es común y la Comisión Europea tiene total autonomía y autoridad para tomar las decisiones que correspondan. 
Y, con arreglo a lo anterior, creo que la Comisión, en nombre de la Unión Europea, ha tomado con respecto al problema del acero una posición firme, posición que ha sido expresada públicamente y asumida unánimemente por el Consejo de Ministros de la Unión del pasado lunes. 
Por lo tanto, creo que tenemos que confiar en la capacidad de la Comisión para- como he dicho -, gestionar este tema, hacer las reclamaciones pertinentes, pedir también las compensaciones que correspondan y utilizar las medidas de retorsión, dentro del mayor respeto a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. 
La Presidencia en ejercicio del Consejo cree que nuestra fuerza es pedirle a los Estados Unidos que respeten las reglas de que nos hemos dotado todos los fundadores de la Organización Mundial del Comercio. 
Por eso es muy importante que la Unión Europea dé ejemplo de que nosotros somos los primeros en respetar, no solamente los procedimientos, sino las reglas de la Organización Mundial del Comercio. 
Se ha citado también el caso de las clementinas, que es otro tema comercial pendiente con los Estados Unidos. 
En ese sentido la Presidencia en ejercicio no puede sino decir que corresponde al país miembro afectado- en este caso España -, presentar su reclamación ante el Comité 133 y que la Comisión actuará de acuerdo con lo que éste decida. 
Todo parece indicar que las medidas tomadas son desproporcionadas con respecto a la supuesta amenaza de la llamada mosca mediterránea, que ha sido el argumento utilizado por los Estados Unidos para prohibir las importaciones de clementinas. 
Estos elementos serán objeto de apreciación por parte del Comité 133, que se ocupa de estos temas, y la Comisión recibirá un mandato para actuar en consecuencia. 
Con respecto a otras consideraciones que se han expresado aquí sobre la lamentable tendencia al unilateralismo por parte de los Estados Unidos en muchas de sus acciones, no solamente en estos temas de política comercial, sino en otros temas de política general, la Presidencia no puede más que coincidir con muchas de las expresiones aquí vertidas y, por lo tanto, creo que la próxima cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que tendrá lugar el día 2 de mayo en Washington, será una buena oportunidad para que la Presidencia del Consejo y la Presidencia de la Comisión recuerden al Presidente de los Estados Unidos que el espíritu de la Declaración Transatlántica que, como se ha recordado, se firmó en el año 1995, obliga a las partes a tener un espíritu de cooperación, a tratar de buscar los terrenos comunes y no buscar los que nos separan y que, en la muy buena tradición de una relación intensa entre los Estados Unidos y Europa, interesa a ambas partes, a los Estados Unidos y a Europa, buscar los puntos de encuentro y no los de desencuentro. 
Y, desde luego, en nada ayudan a encontrar puntos de encuentro posiciones que separan a los Estados Unidos, no solamente de la Unión Europea, sino de la corriente general de la escena internacional. 
Creo que este debate ha sido muy enriquecedor, muchas de las opiniones que hemos escuchado aquí las incorporamos al acervo con el que vamos a reflexionar para preparar la próxima cumbre transatlántica y quiero agradecer, señor Presidente, a usted y a este Parlamento, todas las ideas que han sido expresadas en este debate. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido seis mociones de resolución. 
. Señor Presidente, el 6 de febrero de 2002 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de reglamento por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países que, únicamente por razón de su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas. 
Dicha propuesta se basa en el apartado 4 del artículo 63 del Tratado CE. 
El Consejo ha convenido en la posibilidad de utilizar el apartado 4 del artículo 63 como fundamento jurídico, tal como propuso la Comisión. 
Con arreglo a lo que dispone el propio apartado 4 del artículo 63, el Consejo deberá adoptar las medidas que definan las condiciones con arreglo a las cuales los nacionales de terceros países, que residan legalmente en un Estado miembro, puedan residir en otros Estados miembros. 
El Consejo ha considerado que el artículo 42 del Tratado CE, interpretado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia- en particular de la sentencia dictada en el asunto Jalil C-95/99- no parece constituir un fundamento jurídico suficiente para esta ampliación. 
En efecto, señor Presidente, de la sentencia Jalil se desprende que el Tribunal no ha censurado la inclusión de los apátridas y refugiados en el Reglamento (CEE) nº 1408/71, basado en el artículo 51- actualmente, el artículo 42- del Tratado CE, únicamente en la medida en que se trata de una categoría reducida de personas, con respecto a la cual los Estados miembros han asumido compromisos internacionales. 
En efecto, el Tribunal ha resuelto lo siguiente: ' no se puede reprochar al Consejo que, en el ejercicio de las competencias que de este modo le han sido atribuidas en virtud del artículo 51 del Tratado CE, también haya tenido en cuenta a los apátridas y a los refugiados que residan en el territorio de los Estados miembros con el fin de respetar los compromisos internacionales de estos últimos que ha recordado anteriormente?. 
Como ha destacado el Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones: ' una coordinación que excluyera a los apátridas y a los refugiados habría conducido a los Estados miembros, con el fin de garantizar el respeto de las obligaciones internacionales, a tener que establecer un segundo régimen de coordinación destinado únicamente a esta categoría muy reducida de personas?. 
Por tanto, el Consejo, considera que el procedimiento aplicable para adoptar una decisión es el previsto por el Tratado CE. 
Si el fundamento jurídico que se adopta para ampliar la coordinación a los nacionales de terceros países resulta ser el apartado 4 del artículo 63, el Consejo deberá pronunciarse con arreglo al procedimiento dispuesto en el artículo 67. 
Por lo que respecta a los trabajadores fronterizos, el Consejo ha alcanzado un acuerdo de principio en materia de prestaciones de enfermedad y desempleo según el cual se deberá estudiar la situación de los antiguos trabajadores fronterizos pensionistas. 
Según las disposiciones del actual Reglamento, el trabajador fronterizo puede gozar de las prestaciones de enfermedad en especie en el territorio del Estado competente, pero ya no goza de este derecho cuando es pensionista. 
Por razones de continuidad, para que pueda continuar tratamientos iniciados, se debería permitir al antiguo trabajador fronterizo seguir beneficiándose de las prestaciones de enfermedad en especie en el territorio del antiguo Estado donde ha trabajado. 
Por último, en lo que se refiere al desempleado, que durante su última actividad profesional residía en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, el objetivo principal es insertarlo del mejor modo posible en los mercados de trabajo. 
Además, será conveniente garantizar la protección social del desempleado teniendo en cuenta los aspectos financieros de la cuestión y garantizar un control eficaz. 
Por lo que atañe a la relación entre fiscalidad y seguridad social, esta cuestión compete, esencialmente, a los Estados miembros y no a la Unión. 
Cabe destacar que en un plano general, las directrices para el empleo de 2002 llaman la atención sobre la necesidad de adaptar las estructuras impositivas y de indemnizaciones de manera que no incidan negativamente en la participación en la vida activa, particularmente, en lo que respecta a las mujeres. 
Los nacionales de los países candidatos que se conviertan en nacionales comunitarios por el simple hecho de la adhesión quedarán incluidos, en virtud de la misma, en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71. 
Las posibles excepciones a este principio, que podrían traducirse, por ejemplo, en forma de períodos transitorios, se determinarán en el marco de los acuerdos de adhesión, que están en este momento en negociación. 
. Señor Presidente, respondiendo a las dudas planteadas en la pregunta oral del Sr. Bouwman, por parte de la Comisión me gustaría destacar lo siguiente: en primer lugar, en cuanto al fundamento jurídico, compartimos lo expresado por la Presidencia en ejercicio del Consejo; en nuestra opinión, el fundamento jurídico adecuado es el apartado 4 del artículo 63 del Tratado CE. 
No hace falta repetir su lectura textual, cosa que ya ha hecho la Presidencia. 
Nosotros consideramos que la sentencia Jalil, de octubre del pasado año, plantea la inadecuación del fundamento jurídico del artículo 51 (42 actual) y obliga a reconsiderar el de la Decisión propuesta en el año 1997. 
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, con las nuevas disposiciones del Título cuarto, pensamos que el fundamento jurídico adecuado es el apartado 4 del artículo 63 del mismo, teniendo presente, al mismo tiempo, que el artículo 308 del Tratado sólo puede aplicarse si no existe ningún otro fundamento jurídico. 
Su Señoría también pregunta la opinión de la Comisión acerca de una serie de parámetros planteados por el Consejo, concretamente los parámetros 6, 10 y 11, relativos a los acuerdos entre países, las prestaciones de desempleo y las prestaciones familiares. 
En cuanto al primer punto, la Comisión opina que el parámetro 6 es aceptable, dado que esta posibilidad ya está contemplada en el actual Reglamento. 
La Comisión considera positivo que en este Reglamento, a diferencia del actual, se establezcan criterios para mantener estos acuerdos, especialmente en los casos más favorables para la persona afectada. 
En segundo lugar, en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, la Comisión lamenta la falta de progreso en lo que respecta al parámetro 10, que no aporta ninguna modificación esencial de las disposiciones actuales, sobre todo porque no ofrece ninguna solución concreta respecto a la situación de los trabajadores fronterizos. 
En cuanto a las prestaciones familiares, el parámetro 11 no responde exactamente a la propuesta de la Comisión, pero, en todo caso, ésta considera positivo que en el mismo esté previsto garantizar al beneficiario el importe máximo de las prestaciones. 
Este parámetro mejorará la situación de los pensionistas y de los huérfanos en comparación con el Reglamento, ya que estas personas se beneficiarán de las mismas disposiciones aplicables a la misma categoría de prestaciones familiares que los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. 
La relación entre fiscalidad y seguridad social es otra de sus preguntas. 
Es cierto que el Reglamento (CEE) nº 1408/71 se refiere a la coordinación de los regímenes de seguridad social en los Estados miembros. 
No existen normas explícitas para la coordinación de estos sistemas fiscales y, en su mayor parte, esta cuestión se resuelve por los acuerdos bilaterales sobre la doble imposición que han celebrado casi todos los Estados miembros. 
Estos acuerdos siguen el modelo de la OCDE, lo que significa que, en la mayor parte de los casos, los ingresos procedentes del trabajo asalariado (y también los de cuenta propia) están sujetos únicamente, o bien a los impuestos del país en que se ejerce la actividad, o bien a los del país de residencia. 
Por tanto, si están sujetos a los impuestos del Estado miembro donde se ejerce la actividad, el mismo país es competente tanto para la fiscalidad como para la seguridad social. 
El Tribunal de Justicia confirmó que, a falta de una armonización a nivel comunitario, los Estados miembros son competentes para establecer los criterios de asignación de la competencia fiscal para eliminar la doble imposición, pero, al hacerlo, es lógico que tengan que respetar los principios de la legislación comunitaria y, entre otros, el de la prohibición de discriminación por razones de nacionalidad. 
Expreso mis últimos comentarios en cuanto a la ampliación. 
En primer lugar, las negociaciones con los países candidatos, como ha dicho la Presidencia, sobre el Reglamento (CEE) nº 1408/71, en la parte relativa al capítulo 2, concluyeron provisionalmente- o han concluido- con todos los países menos con Estonia y, dentro de este capítulo 2, se incluye también la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Sin embargo, está pendiente la negociación en cuanto a los anexos. Se ha encomendado a la Comisión administrativa para la seguridad social de los trabajadores migrantes, que presentará en breve a los grupos de trabajo del Consejo los resultados de sus debates acerca de las entradas que los países candidatos han pedido que se incluyan en dichos anexos. 
Por último, el Reglamento (CEE) nº 1481/71 se aplicará a los nacionales de los países candidatos tan pronto como accedan a la Unión Europea, ya que no está previsto ningún período transitorio en el ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Señor Presidente, siento una mezcla de enojo y tristeza. 
Porque no me llega ni el más mínimo amago de una respuesta, ni por parte del Consejo, ni por parte de la Comisión. 
Estamos sumidos de lleno en un mercado interior que debe garantizar la libre circulación de mercancías, personas y servicios. 
Insisto en que también se aplica a las personas, cosa que plantea problemas, especialmente en las regiones fronterizas. 
Ahora bien, no recibo respuestas adecuadas al respecto. 
Fijándome en mi región natal observo que el mercado de trabajo local dejará de funcionar si no traemos a personas extranjeras. 
Obviamente tenemos que crear las condiciones necesarias para que esta gente pueda estar a gusto. 
Ello significa, en primer lugar, que las personas que trabajan en un determinado Estado miembro deben pagar sus impuestos y cuotas a la seguridad social en ese mismo país y lugar de trabajo. 
Quisiera saber si existe la posibilidad de elaborar una especie de reglamento 1408 para el régimen tributario de los trabajadores fronterizos. 
Ésa es mi primera pregunta. 
Ahora paso a la segunda pregunta, señor Presidente. Va dirigida al Consejo y tiene que ver con lo que usted ha calificado de parámetros del Consejo, un término que suena muy bien. 
Siento profundamente que no esté presente el Comisario. Debería estar aquí el Comisario competente, el Comisario que sabe cuánto tiempo llevamos ya con este expediente. 
Miro los parámetros del Consejo- que conste que le tengo mucho respeto, señor Miguelez -, y me doy cuenta de que el contenido de los mismos es absolutamente contrario a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo que se nos ha presentado. 
Me pregunto si usted realmente piensa que puede llevar adelante el presente expediente, en el que también participa el Parlamento desde Ámsterdam en el marco del procedimiento de codecisión; tanto más cuanto que las cuestiones mencionadas por usted, tales como las prestaciones por enfermedad y el subsidio familiar- he oído decir lo mismo al Comisario- contradicen la jurisprudencia. 
Resumiendo, señor Presidente, con todo mi respeto por la Sra. Lambert debo insistir en que esto ha de hacerse de otra manera, aun cuando admito que ella ha hablado muy bien, sin olvidarse de los problemas de los terceros países, y que comparto su punto de vista. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hemos formulado estas preguntas, en primer lugar, para obtener una aclaración, pero en segundo lugar también para dar un impulso a todo este asunto. 
Una aclaración porque, evidentemente, a los diputados no nos quedó claro- como se ha evidenciado ahora -, ni aun después de las intervenciones del comisario Solbes y del representante del Consejo, por qué se modificó el fundamento jurídico en el apartado 4 del artículo 63. 
Sólo se ha confirmado este hecho, pero no se ha ofrecido ninguna justificación 
Después de Tampere nos tomamos muy en serio el anuncio del Consejo de que los ciudadanos de terceros Estados, es decir, los ciudadanos que viven y trabajan en la UE, que residen legalmente entre nosotros y no son originarios de los quince Estados miembros, gozarían del mismo marco de condiciones que los ciudadanos de la UE. 
Las instituciones de Europa deseaban introducir una mayor claridad y transparencia, sin esperar los resultados de la Convención. 
Sin embargo, estas nuevas propuestas introducen mayor confusión de la que ya había, ya que resulta muy confuso tener que operar con dos fundamentos jurídicos distintos. 
También resulta muy indignante, pues con ello suprimen el poder de codecisión del Parlamento. 
¡Una estrategia muy corta de miras por parte de la Comisión! 
Ustedes saben que hasta ahora les hemos apoyado siempre, en el caso de la modernización, de la reforma, de las mejoras a favor de los asalariados y trabajadores de Europa. 
Que ahora dejen de lado al Parlamento no sólo es corto de miras, sino también una estrategia arriesgada, a mi parecer. 
En efecto, podría ocurrir que Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca soliciten una cláusula de exclusión voluntaria del Reglamento nº 1408 y esto sería, de hecho, funesto, pues nadie en esta Asamblea puede acoger con satisfacción una nueva cláusula de exclusión en el ámbito de la política social. 
Ésta se convertiría en una colcha de retales y esto no nos reafirmaría ni suscitaría, sin duda, la confianza que de hecho deberían poder depositar en las instituciones europeas los trabajadores y trabajadoras. 
Todos nos alegramos, en efecto, de que Gran Bretaña renunciara a su cláusula de exclusión en el ámbito de la política social. 
¿Queremos volver a introducir otra similar? 
El segundo motivo de nuestra pregunta también era, naturalmente, dar un impulso a los planes de reforma. 
Yo recuerdo que ya se prometió una modernización de esta Directiva en 1992, en Edimburgo. 
Una modernización, repito. 
Quizá convenga recordar, para la información de quienes nos escuchan, que el Reglamento nº 1408 no supone una armonización de los sistemas sociales, sino una coordinación de los marcos de condiciones, por llamarla así, como un medio para animar y apoyar a los ciudadanos y ciudadanas para que hagan uso de sus posibilidades de movilidad dentro de Europa. 
El Consejo y la Comisión dirigen cada pocas semanas nuevos llamamientos a los jóvenes, a los trabajadores, a los ciudadanos, para que hagan uso de esta movilidad. 
Sin embargo, el marco de condiciones- quiero destacarlo aquí- consiste en una norma jurídica muy compleja y restrictiva. 
En Alemania diríamos que ésta es un libro con siete sellos incluso para los iniciados. 
Los doce parámetros que ahora se han presentado no constituyen la mejora cualitativa que en realidad esperábamos. 
Yo comparto, naturalmente, las críticas de mis colegas Lambert y Oomen-Ruijten, pero también, señor Solbes, la que usted ha expuesto en nombre de la Comisión. 
También echo en falta, además, el calendario. 
Esperábamos que la Presidencia española del Consejo presentase antes de junio una propuesta adecuada, razonable y eficaz. 
Señor Presidente, coincido con la interpretación de los Tratados realizada por la Comisión y el Consejo, por supuesto que debe utilizarse el artículo 63 como base jurídica a la hora de garantizar la libre circulación a los ciudadanos de terceros países. 
Con anterioridad he abogado también por que la base jurídica quizá no sea lo más importante ahora mismo, pues lo más importante es garantizar los derechos de estos ciudadanos. 
No obstante, creo que a largo plazo debemos conseguir que el Parlamento influya directamente en este ámbito. 
Esto requerirá una modificación de los Tratados, y he de decir con vergüenza que mi propio país- debido a las reservas danesas- luchó por que no obtuviéramos influencia en estos temas durante las negociaciones previas al Tratado de Niza. 
Y coincido plenamente con la Sra. Weiler en que debemos alejarnos de la situación en la que algunos países mantienen reservas sobre partes de una política semejante. 
Todos debemos trabajar con un propósito común. 
. Señor Presidente, únicamente puedo decir que he tomado muy buena nota de las observaciones que han hecho los señores parlamentarios en este debate y que, naturalmente, la Presidencia reflexionará sobre este tema. 
Señor Presidente, muy rápidamente intentaré responder a algunas de las cuestiones planteadas. 
Primero, en cuanto al sistema de imposición y de seguridad social. 
El sistema de impuestos es una responsabilidad de los Estados miembros y se decide de acuerdo con el lugar de residencia. 
Es así, y por lo tanto hay tratamientos diferenciados en función de los Estados miembros. 
El sistema de seguridad social está regulado a nivel comunitario a partir del Reglamento (CEE) nº. 1408/71 y se define de acuerdo con el lugar de actividad. 
No tenemos una armonización fiscal y ésa es la razón por la que se aplica el sistema al que antes me he referido, básicamente tomando en consideración los acuerdos de la OCDE. 
El segundo punto planteado ha sido cuál es nuestro objetivo respecto a la seguridad social. 
Nuestro objetivo es, evidentemente, aplicar el mismo sistema de seguridad social y los mismos derechos para todos los ciudadanos de la Unión, pero también para todos los residentes legales. 
Respecto al problema del opting out de Irlanda y de Reino Unido, como su Señoría conoce, es cierto que se plantea utilizar la nueva base jurídica. 
Irlanda ha señalado ya que va a participar. 
En el caso del Reino Unido la cuestión está todavía abierta y estará abierta hasta primeros de mayo, que es el plazo que tienen previsto para adoptar su decisión. 
Finalmente, en cuanto a las características del nuevo texto, éste pretende ser más moderno que el anterior, con una definición más simple y más accesible para los utilizadores del sistema legal vigente. 
En el nuevo texto se pretende incluir tanto las conclusiones derivadas de las sentencias de la Corte de Justicia, como las distintas enmiendas que se han producido desde el año 1971. 
El debate sobre la base jurídica es verdad que existe, pero pensamos que la utilizada es, por supuesto, la base jurídica correcta de acuerdo con el sistema actual, y nunca ha sido la intención de la Comisión, evidentemente, afectar para nada los derechos del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0062/2002) de Bruno Trentin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea, informe preparatorio para la recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de la política económica (2002/2014 (INI) ). 
. (IT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al parecer, se perfila una lenta recuperación del crecimiento económico, aunque los plazos de esta recuperación y su calado siguen siendo inciertos tanto en los Estados Unidos como en Europa. 
En especial, esta recuperación parece ya fuertemente diversificada según los distintos sectores afectados y se mezcla con procesos de reestructuración y de modernización quizás apoyados por fuertes inversiones públicas y por inaceptables medidas proteccionistas como ocurre con el acero en los Estados Unidos. 
En todo caso, el problema al que Europa debe hacer frente consiste en evitar que la superación de la recesión tan contradictoria y diferenciada coincida, por una actitud de espera de los Gobiernos europeos y de la Unión, con el aumento y no con la reducción de la diferencia de innovación y de competitividad que ya penaliza a Europa respecto a los Estados Unidos. 
Por este motivo, el informe que presento subraya lo apremiante que es adoptar- esperamos que con ocasión de la Cumbre de Barcelona- una política proactiva y, sobre todo, de acuerdo con las indicaciones de Lisboa, una policy mix que convierta la agenda social, aprobada en Niza, en parte integrante de una política económica y social coordinada y centrada en el objetivo de aumentar la población activa y el pleno empleo. 
Esta exigencia parece aún más fuerte, si cabe, si tenemos en cuenta la necesidad de cumplir las condiciones del Pacto de Estabilidad y, en particular, la de un déficit presupuestario no superior al 3% del Producto Interior Bruto, lo cual deja disponibles recursos muy escasos para la política económica anticíclica de cada uno de los Estados miembros. 
Por esto, subrayamos que no se trata de centralizar nuevos poderes en Bruselas, sino de tomar decisiones muy selectivas y de coordinar la intervención de los Estados de modo que se alcance, a escala europea, una masa crítica positiva y sinérgica de la intervención pública y de las inversiones privadas. 
Por lo tanto, se trata de elegir. 
En el informe apoyamos la necesidad de primar el relanzamiento de la política de inversiones, en lugar de la reducción indiferenciada de la presión fiscal, si se exceptúa una ulterior fiscalización del coste laboral. 
En el ámbito de las inversiones públicas y privadas, insistimos en que se retome la estrategia de Lisboa que hoy registra, especialmente en algunos Estados, fuertes y preocupantes retrasos. 
Esto supone destinar con carácter prioritario los recursos comunitarios y las inversiones nacionales a sectores estratégicos como la investigación, la formación continua como parte integrante e inseparable de una reforma estructural del mercado laboral, la creación de una red europea de infraestructuras y servicios, empezando por las telecomunicaciones. 
Asimismo, hay que coordinar mejor los proyectos comunitarios con las orientaciones de política económica y social de los Gobiernos, coordinarlos mejor y en tiempo hábil- en este caso se trata del verano- para poder incidir en las decisiones de los parlamentos nacionales que tienen que ser informados de inmediato de las iniciativas de las comisiones competentes del Parlamento europeo y estar involucrados en ellas. 
No sólo es preciso preconizar, sino promover una coordinación proponiendo, por ejemplo, como Comisión ejecutiva, formas de cooperación abierta entre distintos Gobiernos en proyectos comunes en materia de investigación, de innovación, de formación continua, de políticas de envejecimientos activos, condición esta última para una reforma de los sistemas de seguridad social que no sea desastrosa para las pensiones de jubilación de los trabajadores. 
También el diálogo social debe involucrarse en esta combinación de políticas partiendo de la necesidad de fijar las directrices y las formas de financiación de la política de formación continua. 
La participación de los interlocutores sociales en la definición de un moderno Estado de bienestar que lo convierta en un factor decisivo del desarrollo sostenible hacia el pleno empleo, es una de las características fundamentales del modelo social europeo. 
Por esto, en Barcelona debemos rechazar todos los intentos de debilitar la negociación colectiva y de vaciar la Carta de Derechos Fundamentales de una gran parte de sus contenidos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ante todo yo quiero agradecer muy sinceramente al ponente la buena colaboración mantenida. 
También quisiera añadir, no obstante, algunas palabras con respecto al informe. 
En Lisboa se anunció, en efecto, a bombo y platillo que seríamos los primeros del mundo. 
Ahora resulta evidente que no lo conseguiremos con tanta rapidez como algunos esperaban. 
Entre tanto, seguramente también convenga reflexionar si el objetivo no era demasiado ambicioso. 
Tal vez debiéramos ser sinceros y renunciar por completo a él. 
Ahora se cargan muchas cosas en la cuenta del 11 de septiembre y se afirma que en realidad están relacionadas con la recesión económica en los Estados Unidos. 
Los trágicos sucesos del 11 de septiembre también tuvieron, sin duda, un impacto negativo adicional aquí, pero la tendencia económica negativa ya se había iniciado antes en Europa. 
Desde la perspectiva alemana, en particular, también deberíamos tener presente que Alemania es la mayor economía nacional de la Unión Europea y que los países que mantienen una vinculación económica mucho más estrecha con los Estados Unidos, como los Países Bajos o el Reino Unido, tienen muchos menos problemas que nosotros. 
Yo temo, no obstante, que en la Cumbre de Barcelona se vuelvan a proclamar grandes objetivos, pero no se hagan los deberes. 
A fin de cuentas, Europa no debería despertar expectativas que la Unión Europea no puede cumplir con sus competencias, sino que a su regreso a casa, después de cada Cumbre, los Estados miembros deberían tomarse en serio lo que allí han anunciado y hacer sus deberes; por ejemplo, flexibilizar el mercado de trabajo o llevar a cabo una reforma fiscal adecuada. 
Yo también les prevengo contra la repetida invocación de la coordinación a escala europea: una coordinación a escala europea podría sumar ' falsas competencias? adicionales a este ámbito. 
Sin embargo, en última instancia, desde allí resulta imposible cambiar nada. 
Lo que necesitamos a escala europea es una ofensiva a favor de las medianas empresas. 
Éstas son las que crearán puestos de trabajo en el futuro; podemos dar por sentado que, en el futuro, nueve de cada diez puestos de trabajo se crearán en empresas con menos de mil trabajadores. A la vista de ello, es preciso crear el marco de condiciones que permita evitar que la burocratización y el gran dispendio que se realiza en Bruselas no graven excesivamente a las capas medias, y que también en el futuro se mantengan unos incentivos financieros adecuados en los Estados nacionales. 
No obstante, en definitiva también es importante que aquí adoptemos una posición clara, como también ha demostrado el debate sobre la carta de advertencia. 
Yo quiero manifestar explícitamente mi agradecimiento a la Comisión y al Comisario Solbes por la firmeza con que han insistido en que se cumpla rigurosamente el límite del 3%. 
Las discusiones de los últimos meses al respecto no sólo han perjudicado los niveles de estabilidad y crecimiento, sino también a la reputación de Europa, a la economía europea y al euro. 
Deberíamos abandonar esta actitud y confiar en nuestras propias fuerzas económicas. 
No podemos decir que es necesario que los americanos inicien un despegue económico para que Europa despegue, sino que deberíamos conseguirlo por propio convencimiento y con nuestras propias fuerzas. 
Un par de palabras antes de acabar. 
Alguien acaba de hablar de ' coordinar las intervenciones estatales?. 
Yo no puedo dejar de prevenirles contra ello. 
¡La mejor política social es una buena política económica! 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo en ejercicio, señorías, en primer lugar, deseo expresar en nombre del Grupo Liberal nuestro apoyo al informe de nuestro colega Trentin. 
Ha sido un informe muy bien trabajado, adecuadamente elaborado y que ha buscado el consenso. 
Hemos podido trabajar conjuntamente y el resultado reflejará el esfuerzo que hemos realizado a lo largo de su elaboración en comisión. 
Este informe no puede llegar en un momento más oportuno: pasado mañana se celebra la reunión del Consejo Europeo en Barcelona que tratará, precisamente, temas relativos al balance que se debe hacer y a los compromisos que se deben adquirir en relación con el proceso de Lisboa, así como, evidentemente una serie de cuestiones en las cuales el Grupo Liberal ha insistido siempre y que el Comisario Solbes conoce suficientemente y no voy a repetir: la necesidad de liberalizar los sectores más protegidos; la apertura de mercados; el énfasis en la formación y la educación; la facilitación de más recursos a nivel de investigación científica y desarrollo tecnológico; es decir, el cumplimiento de los objetivos de Lisboa. 
Me gustaría recordar que el informe del señor Trentin no establece precisamente una dimensión social, que también está recogida en los objetivos de Lisboa y que, desgraciadamente, no se quiere tener en cuenta y, por ello, creo que las manifestaciones que se han convocado en contra de la Europa del capital- de esta Europa que, precisamente, estamos construyendo y que es una realidad- carecen de justificación. 
Señor Presidente, el señor Aznar, Presidente en ejercicio de la Unión, ha resumido muy bien las palabras claves de la gobernanza económica europea. 
Las tres mamas de la Unión son, como él lo ha dicho: liberalización, privatización, competencia. 
En efecto, el desmantelamiento de los servicios públicos que funcionaban más o menos correctamente acarrea toda una serie de catástrofes sociales y de carencias: el ferrocarril en el Reino Unido, los servicios de correo y la salud en Francia, la electricidad en la Generalidad de Cataluña. 
En Lisboa se habló de convertir la Unión, en el horizonte 2010, en la economía más competitiva del planeta. 
¿A qué precio? 
La guerra de todos contra todos. 
Se está lejos de la búsqueda de la felicidad que los políticos más clarividentes de finales del siglo dieciocho consideraban como un derecho inalienable de la persona humana. 
Todos estaremos permanentemente estresados, se generalizará la inseguridad del empleo, para muchos significará la exclusión, a largo plazo quizá la tragedia argentina. 
En Biarritz, en Gotemburgo, en Niza y en Laeken, la sociedad civil se manifestó en contra de dichas tendencias. 
Mañana en mi ciudad- en Barcelona- puede manifestarse de nuevo. 
Creo que hay que oír esta voz, y pienso que el informe Trentin, desde este punto de vista, no la oye lo suficiente. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias a Bruno Trentin por la calidad de su trabajo y la capacidad de escucha. 
En su diagnóstico hace hincapié en que Europa no es una zona cíclicamente dependiente de los Estados Unidos, en que las distancias pueden ahondarse de ambos lados del Atlántico desde el punto de vista de la investigación y de las innovaciones tecnológicas, puesto que el retraso de la Unión en materia de inversión pública y privada es particularmente evidente. 
Pero, ¿cómo reaccionar? 
Nuestra comisión ha querido limitarse a la coordinación de las políticas nacionales que la misma inscribe en el marco del carácter obligatorio del Pacto de Estabilidad. 
Pero, ¿cómo no observar la extrema debilidad de los resultados de dichas coordinaciones? 
¿Cómo no observar que este Pacto, si bien establece una disciplina útil a los Estados en materia de déficit, no define en absoluto las políticas necesarias para realizar las ambiciones de desarrollo decididas en Lisboa? 
En cuanto a la exacerbación de la competición fiscal, ésta obliga a reducir el gasto público, aun cuando este último sea necesario. 
¿Y cómo no observar también que los Estados prohíben a la Unión que se dote de los instrumentos presupuestarios y fiscales capaces de apoyar una política de inversión y de desarrollo? 
Por eso, a diferencia del Sr. Radwan y también de la letra del informe, creo que no podemos limitarnos a lo que permiten los Tratados actuales. 
Va a ser necesario superar la fase de la coordinación e intentar extender las competencias. 
Las grandes orientaciones y el Pacto de Estabilidad deben ser revisados si se desea una verdadera óptica de cooperación, y debemos luchar para que la Unión sea por fin dotada de los instrumentos presupuestarios y fiscales sin los cuales sería incapaz de aplicar una verdadera política económica. 
Por eso nuestro Parlamento debería aprovechar una ocasión de iniciativa histórica que se ofrece actualmente, formulando propuestas dirigidas a la Convención. 
Sería una cruel desilusión, y pienso que una grave falta política, si esta Convención no buscara fortalecer la unión económica y su capacidad de política económica en el momento en que pesan grandes dudas sobre el desarrollo y la cohesión de nuestra Comunidad. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Trentin aborda con mucha claridad una temática muy importante para el futuro de la Unión y lo hace combinando las orientaciones económicas con las orientaciones sociales, desde una óptica de implicación y participación, para mantener un sistema de seguridad social, aunque sea en la innovación. 
En todo caso, entre los muchos pasajes del texto, hay uno que parece muy significativo y es el que se refiere a la necesidad de no esperar los efectos de la reactivación en los Estados Unidos y, entre los distintos motivos por los cuales suscribimos esta afirmación, está el de que no creemos del todo en la bondad de la reactivación del otro lado del Atlántico. 
En efecto, la inversión de la tendencia del desempleo y el comportamiento positivo del Nasdaq se enfrentan con la fuerte alza de los precios del petróleo quizás por los vientos de guerra que soplan en los países productores. 
Cada uno de estos aspectos, considerado por separado, justifica las indicaciones formuladas en el informe que nos ocupa, pero también justifica la necesidad de darles un carácter totalmente europeo, incluido el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, porque otro aspecto que produce perplejidad en los Estados Unidos es paradójicamente el aumento de capital circulante quizás como una intencionada elevación de la inflación para nivelar las ingentes inversiones públicas realizadas. 
Y este último es un aspecto que Europa no se puede permitir con quince economías a veces muy diferentes. 
Ciertamente lo deseable para la Unión sería llegar cuanto antes a una eficacia de la coordinación abierta no solo de la política económica, sino también de la política social, con una reflexión común sobre las políticas fiscales, así como con la advertencia de que sin una constante y concreta implicación desde abajo no habrá crecimiento económico para la comunidad. 
La referencia a una mayor implicación de las realidades locales es explícita, como nos ha demostrado el Segundo informe sobre la cohesión pero, desde el punto de vista de la ampliación, lo es también la referencia al mayor disfrute o, cuando menos, a una mayor información de las ayudas comunitarias, si es verdad que el FEOGA, por ejemplo, registra importantes cuotas de no utilización en los Estados miembros. 
Igualmente, para los PECOS se impone junto con la deseable claridad en la intervención futura y en sus modalidades, la necesidad solidaria de un mejor seguimiento y control de las inversiones de los fondos de preadhesión teniendo en cuenta que, en esos países que todavía están metidos en la puesta a régimen del sistema de recursos propios, no existe, en general, una adecuada disponibilidad financiera para sostener la cofinanciación. 
De hecho, es asombrosa la dificultad incluso de demostrar científicamente, como pide la Unión, la introducción de enclaves medioambientales en la lista de NATURA 2000 antes de la creación de las redes transeuropeas. 
A este respecto, sería deseable una mayor y mejor participación de los PECOS en las orientaciones y en los programas comunitarios, al igual que, desde la óptica de la política de transportes, lo sería su mayor participación, incluida la atención a los pasillos comunitarios. 
En conclusión, lo que se quiere afirmar es que si las orientaciones económicas y sociales son sumamente oportunas, también es oportuna la aplicación armónica e integrada de las mismas, con una visión que abarque las nuevas y próximas fronteras... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Lamento tener que interrumpirle. 
Les ruego que se atengan a su tiempo de uso de la palabra. 
Tengo la impresión de que Europa no está demasiado satisfecha con su nuevo juguete, el euro. 
Las nuevas políticas sufren la intromisión de las instituciones europeas o son directamente anexadas por Bruselas. 
Me preocupa sobre todo el problema del empleo, que en este momento constituye el centro de atención de la burocracia Bruselense. 
El informe del Sr. Trentin se centra en políticas eminentemente nacionales, tales como la educación y el empleo. 
Pretende analizar la situación económica, pero en realidad se trata de una prescripción normativa que obliga a los Estados miembros a fomentar el empleo a través de la educación y el empleo flexible. 
Con mucha elocuencia se da a entender que el fomento del empleo ha de regularse desde Bruselas. 
Se explica que a Europa le corresponde coordinar las medidas en materia de educación, investigación científica y empleo a fin de cubrir los objetivos del proceso de Lisboa. 
Ahora bien, ¿cómo debe hacerlo? 
¿Puede Europa, de hecho, llevar a cabo estas políticas? 
Tal vez la pregunta más importante sea la siguiente: ¿Queremos realmente que Europa se pronuncie al respecto? 
La educación y la política destinada a regular la participación de los ciudadanos en el proceso laboral incumben a los Estados miembros. 
Ellos saben qué tipo de formación y qué medidas laborales hacen falta para garantizar que todas las personas implicadas tengan acceso al trabajo y a los servicios sociales. 
En los Estados miembros la distancia entre las autoridades y los ciudadanos es menor. Precisamente por eso resulta posible ocuparse directamente de los deseos de los ciudadanos. 
En mi opinión, esos aspectos no son propios de un informe sobre la situación de la economía europea. 
Que conste que suscribo plenamente los objetivos orientados a fomentar el empleo, una educación de buena calidad, un sistema social equitativo, etcétera. 
Ahora bien, a mi modo de ver, no corresponde a la Unión Europea intervenir activamente en la elaboración de estas políticas. 
Por tanto, el Parlamento haría bien en mostrar cierta reticencia. Sería una muestra de sabiduría. 
Señor Presidente, seis meses después de los atentados del 11 de septiembre, los Estados Unidos restablecen el crecimiento y la creación de empleo, mientras que Europa queda rezagada, víctima de las incertidumbres y las señales contradictorias. 
En este contexto, el informe Trentin, que quiere contribuir a la preparación de las grandes orientaciones de las políticas económicas para 2003, habría podido formular indicaciones sobre las grandes reformas que puedan producir electrochoques. 
Ese no es el caso. 
Sólo contiene propuestas de reforma ya conocidas como, entre otras, la formación permanente, el refuerzo de la investigación, la realización del mercado de los servicios financieros o la apertura de los mercados de la energía y de los transportes, que no dan casi resultados inmediatos. 
También contiene el tradicional llamamiento a una mayor coordinación presupuestaria europea que se supone que libere, cito, ' sinergias positivas? , mientras que, concretamente, podría ocurrir que añadiese rigideces. 
Por nuestra parte, deseamos sobre todo aprovechar esta oportunidad para pedir una fuerte reducción de las exacciones obligatorias, puesto que se trata del problema número uno en los países donde el crecimiento es débil. 
Dicha cuestión va necesariamente a imponerse, en particular, en la campaña electoral francesa. 
Naturalmente, la fiscalidad no es competencia directa de Europa. 
No se puede menos que lamentar la intervención intempestiva del comisario Solbes en un diario francés de ayer, donde pareció decir que las promesas de reducción de impuestos de un candidato no estaban garantizadas por reducciones de gastos equivalentes. 
Se trata de un golpe bajo injustificado; primero, porque los proyectos de nuestros candidatos aún no se conocen totalmente y, en segundo lugar, porque el comisario Solbes no es presidente de un gobierno económico de Europa que no existe. 
¡Qué deje decidir al pueblo francés! 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo quiero agradecer el clima que ha reinado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ya que no sólo el presente informe, sino también los siguientes- sobre todo los informes legislativos correspondientes al sector de los servicios financieros- requieren un alto grado de voluntad de compromiso y se deben situar en el contexto del intento de consolidar la Unión Europea como motor de la Unión. 
Por consiguiente, yo también sitúo el informe Trentin en el mismo contexto que el informe ya aprobado sobre las consecuencias económicas del 11 de septiembre. 
En nuestra comisión también los debatimos siempre conjuntamente. 
No hará falta que lo repita. 
Yo apoyo los objetivos de Lisboa. 
Éstos son ambiciosos. 
Necesitamos objetivos ambiciosos, pues no conseguiremos nada si cuando no avanzamos, fingimos darnos por satisfechos. 
Sin embargo, sólo alcanzaremos dichos objetivos si hacemos nuestros deberes. 
No me refiero sólo al Parlamento Europeo, sino sobre todo también al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros. 
Necesitamos superar la fase de debilidad. Esto también se dice en el informe. 
Pero la superación de una fase de debilidad requiere adoptar medidas y no limitarse a esperar, y también requiere que sepamos que nosotros mismos podemos hacer muchas cosas, en vez de limitarnos a esperar el despegue americano. 
En efecto, tenemos que independizarnos de la coyuntura americana. 
Esto significa, a mi entender, que necesitamos que funcione el mercado interior, es decir, que tenemos que hacer todo lo posible para que las directivas adoptadas se transpongan puntualmente, se supriman los obstáculos dentro del mercado interior y esta transformación de las condiciones de la competencia nos permita lograr una mayor coordinación en el contexto del mercado interior, a fin de eliminar las distorsiones de la competencia. 
Nuestros objetivos son un plan de acción para los servicios financieros, reformas estructurales, cumplimiento del pacto de estabilidad y la aplicación del principio ordenador de la economía social de mercado. 
Señor Presidente, yo quisiera empezar donde ha acabado el Sr. Karas, concretamente, por la igualdad de oportunidades en materia de competencia. 
Es cierto que tenemos un mercado interior, pero dentro de éste tenemos en realidad quince marcos nacionales de condiciones. 
Por lo tanto, las oportunidades en el ámbito de la competencia no son iguales. 
No existe igualdad de oportunidades entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, ya que la fiscalidad sigue siendo, por ejemplo, muy distinta, ni tampoco existe igualdad de oportunidades entre las empresas que operan a escala mundial y las que operan a escala regional. 
Dadas las características del conjunto de los sistemas de tasas de los Estados nacionales y cómo se garantiza el acceso a los mercados, no existe igualdad de oportunidades en el ámbito de la competencia. 
Si afirmamos que queremos llegar a ser la región económica más dinámica del mundo, esto significa que debemos aumentar nuestra potencia económica. 
Dicho en otras palabras, quiere decir que la alternativa es racionalizar- lo cual interesa desde el punto de vista económico empresarial, pero no desde el punto de vista económico nacional, puesto que supone, naturalmente, el despido de trabajadores- o aumentas el producto. 
Para aumentar el producto se necesita un mercado. 
Es decir, que es necesario fortalecer la demanda. 
Ésta debe proceder de las inversiones públicas y de las inversiones privadas, es decir, que la gente debe obtener suficientes rentas del trabajo para estar en condiciones de poder comprar los productos. 
De nada me sirve que un producto sea el mejor, más cualificado, más sostenible y más barato si no existe ningún comprador que pueda pagarlo. 
En consecuencia, yo creo que la contraposición que siempre se establece entre política económica y política social, sencillamente no puede ser cierta. 
Señor Radwan, usted ha dicho que la mejor política económica a la vez también es la mejor política social. 
Yo quisiera invertir el orden. Una buena política social también es una buena política económica. 
Así habremos encontrado un denominador común. 
Por esto, ésta también debe incluir inversiones. 
A mi modo de ver, la formación no es consumo, sino inversión en el futuro, porque es necesario desarrollar nuevos productos. 
Y para esto se necesitan trabajadores especializados. Es decir, que la formación también se debe incluir dentro del marco global de la actividad inversora. 
Señor Presidente, ¡incluso al ex-comunista Markov no se le ha ocurrido nada nuevo! 
En efecto, estamos debatiendo el informe Trentin, que aprobamos por unanimidad en la comisión y que tiene por objeto ofrecer directrices para la política económica, con vistas a un proceso de decisión en el que a continuación le corresponderá intervenir a la Comisión. 
El Parlamento desea influir relativamente pronto en el contexto de este sistema de coordinación y formación de opinión, sin que esto signifique que vamos a presentar un catálogo de ofertas. 
No nos mueve, sin embargo, sólo un empeño particular, sino que el artículo 4 del Tratado CE prescribe explícitamente esta política económica común, esta política económica y financiera coordinada. 
Y también prescribe el modelo, señor Markov: "?.de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia". 
Este es nuestro principio fundamental y por esto- no porque nuestro Grupo así lo desee, sino porque figura en el programa de la Comisión- se sitúa en un primer plano la realización del mercado interior, la continuación de la liberalización de los sectores de los servicios estatales, la necesidad de ponernos en forma para hacer frente a la competencia a escala mundial, de suprimir obstáculos en los Estados miembros, de emprender reformas. 
En este contexto se plantea la pregunta que ha formulado el colega Radwan: ¿Qué es competencia de la Comisión y qué es competencia de los Estados miembros? 
¿En qué casos se debe aplicar la subsidiariedad y en qué casos debemos actuar? 
Por mi parte, yo sólo puedo responder que, en el pasado, independientemente de las propuestas de la Comisión y de las decisiones del Parlamento, el Consejo, o sea, la agrupación de los quince Estados miembros, siempre actuó más como un freno que como un motor de este proceso europeo imprescindible, que ahora es naturalmente más necesario que nunca, como resultado de la introducción del euro como moneda fiduciaria. 
Por consiguiente, el presente debate y la decisión del Parlamento sólo tendrán sentido si exigimos de manera concreta a los Estados miembros que cumplan sus propios compromisos y que no se mantengan al margen. 
En decir, que es preciso emprender con brío reformas nacionales en los grandes Estados, donde la acumulación de reformas pendientes es particularmente importante. 
Señor Presidente, doy las gracias al señor Trentin por su interesante informe. 
Mi interpretación es que contiene un claro reconocimiento de la política de estabilidad y también, lo que es más característico, el intento de encontrar salidas, de crear opciones, de ablandar las normas y de alcanzar mayor libertad de comercio. 
Me parece también que las enmiendas de los diputados socialdemócratas continúan en la misma dirección, es decir, están orientadas a crear más espacio para la expansión y la innovación. 
Esto es provechoso. 
Creo que la economía europea- caracterizada por un gran desempleo, por problemas sociales y por inercia en sectores importantes como la educación y la investigación- necesita más expansión, más dinamismo y más innovación. 
Si seguimos los debates políticos y económicos en la Unión Europea, veremos que en gran medida tratan de normas, controles, prohibiciones, coordinación, disciplina y de otras cosas semejantes. 
En realidad, no parece que estuviésemos discutiendo una economía liberal de mercado, sino que una economía pesada y burocrática. 
Por el contrario, me parece que hay que apostar fuertemente para estimular la economía y para hacer inversiones públicas en educación e investigación, que realmente se necesitan para cumplir los objetivos de Lisboa. 
También hay que hacer grandes mejoras medioambientales y, como señaló el señor Markov, tendremos que fortalecer el poder de compra y crear demanda, para que las empresas se atrevan a invertir nuevamente y para que tomemos medidas que nos ayuden a alcanzar los ambiciosos objetivos de Lisboa. 
Desgraciadamente, esto es lo que veo. 
Veo algo parecido a una camisa de fuerza, caracterizada por estabilidad, reglas y disciplina. 
Esto no es suficiente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe Trentin pone los primeros cimientos de las futuras y grandes elecciones de la política económica. 
Sin embargo, hay que ser más incisivos y detallistas en las propuestas para que no se queden en afirmaciones de principio, sino que puedan llevar a cumplirse rápidamente. 
El esfuerzo de la clase dirigente europea debe ser el de reescribir el modelo de economía social y de mercado, actualizarlo y repensarlo reafirmando el compromiso social. 
Firmar ayudas genéricas en favor de la innovación, de la formación, de la flexibilidad para después desmentirlas en los momentos decisivos, se convierte no solo en algo irrespetuoso, sino deletéreo para toda la clase trabajadora. 
Ahora, para salir del bache, es necesario contrastar los intereses de las castas y de las corporaciones por no ser compatibles con el reformismo moderno. 
En lugar de manifestarse, o mejor dicho, de hacer que los trabajadores se manifiesten, los sindicatos deberían preguntarse qué cobraron los trabajadores entre 1992 y 2000 en relación con una productividad, sin duda, considerable lograda por la empresa. 
La propuesta de un giro ocupacional se basa en una nueva estructura contractual y en una verdadera remuneración flexible. 
El nuevo sistema contractual podrá ser un sistema regional, territorial, a mitad camino entre la centralización y la contratación empresarial, con el objetivo de reforzar el nivel empresarial de la remuneración flexible, en el cual la productividad se crea y la contribución individual se valora. 
Los planes empresariales de participación en beneficios, que prevén la adquisición de acciones ordinarias de la empresa hasta un porcentaje determinado de los beneficios brutos, pueden constituir una importante contribución. 
Se ha comprobado que las empresas que obtienen mayores beneficios son también las que utilizan la participación para garantizar salarios de eficacia a sus mejores trabajadores. 
En los Estados Unidos las empresas que adoptan la participación en beneficios tienden a tener salarios y rendimientos más altos. 
La remuneración de aquellos que entran en las empresas con participación en beneficios aumenta, mientras que quien las abandona sufre una sensible reducción del sueldo. 
. Señor Presidente, voy a intentar comentar rápidamente gran parte de los temas que se han suscitado, en primer lugar, agradeciendo al Sr. Trentin su informe. 
Es una buena contribución a las orientaciones generales de política económica que vamos a discutir y creo que, como en nuestras preocupaciones fundamentales, el informe se centra en dos objetivos: un objetivo a corto plazo- cómo consolidar la naciente recuperación y convertirla en un crecimiento duradero en Europa- y el segundo- cómo hacer frente a nuestros problemas de potencial de crecimiento y avanzar en los objetivos de Lisboa -, tema que es especialmente atractivo en este momento inmediatamente antes de la Cumbre de Barcelona. 
Con algunos de ustedes comparto la tesis de que nuestras dificultades no se inician con el 11 de septiembre. 
Veníamos ya de una situación de menor crecimiento económico y también comparto la tesis de que el impacto de la evolución de la economía americana ha sido mayor de lo que inicialmente esperábamos, pero creo que hay que reconocer que la actuación de la política económica en la Unión durante este período ha sido correcta. 
Las autoridades monetarias han aprovechado el menor riesgo en materia de estabilidad de precios para recortar los tipos de interés, y las políticas presupuestarias han apoyado la actividad a través del funcionamiento de los estabilizadores automáticos y de las rebajas fiscales que se han producido durante este período. 
No comparto la tesis de que hemos tenido una política procíclica. 
Basta ver el impacto en términos porcentuales que los estabilizadores automáticos han tenido en Europa. 
La buena conducción de la política macroeconómica nos está permitiendo ya obtener buenos resultados. 
Creo que hoy se puede afirmar ya que la desaceleración ha tocado fondo en el último trimestre del año y que los principales indicadores nos muestran un principio de recuperación. 
En estos momentos estamos ya trabajando sobre la ronda de previsiones para el 2002 y ya puedo señalar que, en nuestras perspectivas, el crecimiento va cobrando impulso a lo largo de este año y pensamos que se acercará al crecimiento potencial o que incluso lo podrá superar a finales de año. 
Hay, sin embargo, dos elementos que nos interesan especialmente: en primer lugar, el comportamiento de los salarios, que ha sido enormemente cooperador durante este período- tanto en términos de estabilizador de precios como de creación de empleo- y que esperamos que siga con el mismo comportamiento. 
En segundo lugar, la necesidad de aprovechar la recuperación para la consolidación presupuestaria. 
Pensamos que éste es un elemento fundamental. 
Las dificultades a las que hemos tenido que hacer frente durante los últimos meses han sido fundamentalmente derivadas de no haber alcanzado una situación presupuestaria de equilibrio o de superávit presupuestario en la anterior mejora de nuestro contexto económico. 
Y en este sentido no se debe deducir de mis palabras- a las que ha hecho referencia a alguno de los oradores- que haya tenido, en ningún caso, interés en entrar en ningún debate político interno, sino que simplemente he querido recordar algo que he dicho muchas veces y es que, en mi opinión, toda rebaja de impuestos para hacer frente a nuestras obligaciones presupuestarias tiene que partir de excedentes presupuestarios o tiene que compensarse con reducciones de gasto. 
Eso es lo único que he dicho, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, pero no me parece lo único coherente con nuestros compromisos presupuestarios. 
A largo plazo ¿hacia dónde debemos ir? 
Sin duda alguna a aumentar nuestro potencial de crecimiento, es decir, poner en marcha Lisboa. 
Y esos son los objetivos que también vamos a volvernos a encontrar en las grandes orientaciones de política económica. 
¿Cómo podemos incrementar nuestro potencial de producción? 
En el informe que la Comisión ha enviado a Lisboa, ya planteamos algunos de los retos que consideramos fundamentales. 
Es cierto que Lisboa es un programa para diez años. 
En estos momentos nos estamos planteando lo que debemos hacer en los próximos doce meses y, en ese sentido, hay que definir algunas prioridades que podemos considerar fundamentales, por supuesto en el mercado de trabajo. 
El Sr. Trentin ha hecho referencia a este tema y ya en su propuesta de resolución destaca la importancia de la formación continua, de la movilidad, de la flexibilidad y de la seguridad, así como de los costes no salariales de la mano de obra, sobre todo en la parte más baja de la escala. 
Estoy absolutamente de acuerdo con cada una de estas afirmaciones. 
Creo que también tenemos que pensar en que el trabajo debe compensar; debemos tener un sistema que nos permita incentivar la participación en el trabajo y, para esto, es imprescindible modernizar los sistemas fiscales y también los de construcción social, así como la legislación sobre protección laboral para favorecer el empleo. 
Creo que debemos evitar las trampas del desempleo que, sin duda alguna, son una aportación negativa a nuestra situación. 
La seguridad en el empleo debe basarse en la formación y en la cualificación, y éste es un elemento activo fundamental para todos. 
Una seguridad en el empleo basada única y exclusivamente en una rígida legislación de protección puede ser, a corto plazo, una ventaja, pero sin duda alguna introduce frenos para la modernización y para la mayor eficiencia económica. 
Como se pone de relieve en la Resolución, el empleo no es únicamente un problema de costes salariales, sino que también es un problema de estructuras salariales bien adaptadas a los diferenciales de productividad en cada sector de actividad. 
En nuestro informe hacemos también referencia a los bienes y servicios, y en su Resolución también se subraya la importancia de las redes integradas de infraestructuras de transportes y servicios, así como la necesidad de una política competencia rigurosa y se propone que se dé al consumidor la posibilidad de elegir entre distintas redes de servicios. 
La Comisión está absolutamente de acuerdo con estas aportaciones y también señalamos la necesidad de avanzar en la inversión en proyectos prioritarios de infraestructura, tema que consideramos fundamental para estimular nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo. 
En nuestro reciente informe sobre la aplicación de las orientaciones generales de política económica de 2001, señalamos que en algunas industrias de red, los antiguos operadores mantienen aún elevadas cuotas de mercado, indicio de que la apertura de mercado no es todavía la deseable. 
Por eso, es imprescindible avanzar para tener una competencia más robusta que finalmente favorezca a los ciudadanos. 
Un punto final, especialmente importante, ha sido señalado por el Sr. Trentin, y también por algunos otros, y consiste en la necesidad de prestar mayor atención a la economía del conocimiento. 
En su Resolución se destaca la necesidad de dar más importancia al I+D. Es cierto que el I+D es un factor esencial para el aumento sostenible de la productividad y la competitividad, elementos fundamentales si queremos conseguir ese objetivo de Lisboa de hacer de nuestra economía la más competitiva del mundo. 
Y es verdad que se ha avanzado en I+D, pero no es menos cierto que los avances en la aportación financiera se están produciendo fundamentalmente en el sector público, si bien las mayores diferencias en cuanto a la inversión en este tipo de actividad se dan en el sector privado. 
Sin duda alguna, es un punto que merece atención. 
Espero que de Lisboa salga alguna conclusión en este sentido y tendremos que trabajar para intentar mejorar esa situación, al igual que creo que deberíamos trabajar para avanzar en la patente comunitaria, elemento fundamental para la innovación tecnológica. 
El Sr. Trentin ha hecho referencia a otros elementos vinculados a la participación de los Parlamentos nacionales. 
Por parte de la Comisión, nada nos podría satisfacer más que una mayor implicación de los Parlamentos nacionales en este tipo de debate y ustedes como Parlamento, y especialmente la IMAC, han desempeñado en el pasado un papel importante en favor de algunas iniciativas de este tipo, que han sido, sin duda, enormemente útiles. 
Para terminar diría que la Comisión considera en estos momentos que las grandes orientaciones de política económica, el documento básico sobre directrices, tiene que seguir funcionando de acuerdo con lo pactado en Lisboa, y en ese sentido es absolutamente imprescindible recoger cualquier aportación que el Parlamento Europeo pueda presentar para mejorar estas orientaciones. 
Sus aportaciones, junto con los debates que van a salir de Lisboa, serán elementos fundamentales para la definición de nuestro documento que se presentará, como suele ser habitual, en el mes de abril para debatirlo en los meses siguientes. 
Muchas gracias, señor Comisario Solbes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0060/2002 del Sr. Lipietz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 213- C5-0159/2001- 2001/0095 (COD) ) relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; 
A5-0069/2002 del Sr. Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 281- C5-0262/2001- 2001/0118 (COD) ) sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado); 
A5-0072/2002 del Sr. Huhne, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 280- C5-0263/2001- 2001/0117 (COD) ) sobre el prospecto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores. 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hace nueve meses que se sometió a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre esta cuestión, que, pese a su carácter ultratécnico, es de candente actualidad. 
En la pasada primavera, la eclosión de la e-Economics nos había recordado que la banca es una industria de alto riesgo. 
En otoño, los atentados del 11 de septiembre, añadidos al aumento regular de los accidentes industriales y de los accidentes naturales ligados al efecto invernadero, nos han recordado que las empresas de seguros eran también una actividad de alto riesgo; y lo serán cada vez más. 
Hace varios años que la Unión Europea, al igual que el resto del mundo, ha determinado las normas prudenciales aplicables a estos sectores, así como las formas de supervisión por las autoridades competentes. 
Hoy conviene completar el trabajo respecto a los grupos financieros presentes a la vez en el sector bancario y en el de los seguros. 
Este trabajo reviste una urgencia particular en Europa, continente pionero del sector banca/seguros. 
Es urgente sobre todo porque el desarrollo de los seguros de vida y de todas las formas de ahorro con capitalización para jubilación supone un mayor riesgo para nuestra sociedad. 
¿Qué ocurriría si el ahorro a largo plazo de los futuros jubilados se desvaneciera en inversiones arriesgadas? 
Esto es lo que procura evitar la presente directiva. 
Su rápida aprobación pretende nada menos que convertir Europa en la zona financiera más segura del mundo, mejorando de manera decisiva su competitividad a través del factor geográfico de las agencias de rating. 
Confieso que al principio de nuestros debates algunos colegas eran reacios a imponer a la industria financiera nuevas obligaciones prudenciales. 
Se discutía argumentando la oportunidad para Europa de dar a conocer sus propias normas antes que finalizaran las negociaciones de Basilea sobre esta cuestión en 2004. 
Pero un acontecimiento despejó dichas dudas: el fracaso del conglomerado de Enron en los Estados Unidos por no haberse atenido estrictamente a las normas prudenciales y de supervisión. 
Al aprobar la directiva, Europa se convertiría, en cierta manera, en el continente ' Enron-proof?. 
Es así como se desvanecieron las últimas dudas. 
Sí, la directiva es urgente. 
No, esta directiva no debe edulcorarse ni en cuanto a sus ámbitos de aplicación y en cuanto al rigor y a la transparencia de las normas prudenciales que las autoridades tendrán que supervisar. 
Durante estos nueve meses accidentados, nuestra Comisión ha podido reunirse con representantes de la profesión y tomar ampliamente en consideración aquellos argumentos que se adecuaban al sentido común y al interés público. 
Pienso, en particular, en dos grupos de enmiendas: las relativas a la elección del método contable y a la designación del coordinador de los supervisores y las relativas a la flexibilización de las exigencias de fondos propios para los grupos que aún no constituyen conglomerados. 
Finalmente, este ponente ha podido colaborar, a lo largo de sus trabajos, con la Comisión y con la Presidencia belga, y luego con la Presidencia española del Consejo, por lo que expresa calurosamente su agradecimiento a estas dos instituciones. 
Hemos podido demostrar, en esta ocasión, que las tres instituciones de la Unión eran capaces de avanzar juntas con rapidez cuando el interés del público y de la Unión Europea estaba en juego. 
En el momento en que les hablo, es decir a las 17.15 horas, he podido ultimar un puñado de enmiendas de transacción que agrupan lo esencial de las enmiendas propuestas la semana pasada y que creo que pueden lograr un consenso entre la mayoría de los grupos y anticipar ampliamente el necesario compromiso con el Consejo. 
Pienso, pues, que nuestra Asamblea está en condiciones de aprobar mañana un texto casi unánime con pocas discrepancias frente al que va a aprobar el Consejo. 
En estas condiciones, creo que en la primera lectura o en una lectura y media podemos conseguir que esta directiva sea ratificada, de lo que me congratularía profundamente. 
Evitaremos a Europa nuevos casos Enron y dispondremos al mismo tiempo de una legislación que nos permitirá profundizar las discusiones de Basilea, proponiendo al mundo entero las normas que Europa se ha establecido y beneficiándonos de inmediato de los dividendos de una mejor cotización de nuestras actividades financieras. 
. (FR) Señor Presidente, se ha dicho a menudo que el euro iba a servir de catalizador para las reformas de envergadura en Europa. 
Esto es particularmente cierto respecto a los mercados financieros, que siguen estando muy parcelados. 
Según la Comisión, la creación de un amplio mercado financiero debería reducir los costes de financiación para el conjunto de los operadores económicos. 
Sin embargo, puesto que los mercados financieros siguen siendo vulnerables, es necesario establecer, paralelamente a la creación de ese gran mercado, órganos de regulación dotados de amplias competencias no para intervenir de forma permanente, sino para hacerlo cuando las reglas del sentido común hayan sido violadas por algunos actores. 
Estos principios encuentran su aplicación en el proyecto de directiva sobre los abusos de mercado. 
Las cosas deben estar claras: el texto de la Comisión es un buen texto. 
Éste aborda resueltamente los problemas claves que se plantean. 
Europa no está actualmente en condiciones de sancionar eficazmente los delitos de información privilegiada y las manipulaciones de mercado. 
Durante largo tiempo estas operaciones han sido tratadas con cierta condescendencia. 
Ahora bien, cualquier actor de una operación con información privilegiada o de una manipulación de mercado es culpable. 
Roba a todos los demás actores del mercado. 
Cuando los que operan con información privilegiada se enriquecen en pocos minutos, son los pequeños tenedores y los profesionales honestos quienes pagan las consecuencias. 
La propuesta de la Comisión se presenta en el momento oportuno en el contexto de los atentados del 11 de septiembre. 
Frente a los grupos terroristas que pueden utilizar el anonimato de las transacciones bursátiles para financiarse de la manera más horrorosa, Europa debe reaccionar igualmente en el frente financiero. 
Permítame, señor Presidente, que ahora exponga brevemente los principales objetivos de esta directiva. 
Al clarificarla, se evitará dar carta blanca a la ' legislación secundaria?. 
No podemos atenernos a unas definiciones vagas, en particular sobre la definición de manipulación de mercado. 
Por eso la hemos desarrollado conservando al mismo tiempo la posibilidad de completar dichas definiciones, a fin de tener en cuenta la imaginación de los mercados. 
Pensamos haber encontrado un justo equilibrio entre precisión y flexibilidad. 
Los productos financieros cubiertos por la directiva han sido inscritos en el cuerpo del texto, manteniéndose la posibilidad de tener en cuenta las innovaciones financieras. 
Finalmente, los participantes en el mercado han expresado preocupaciones legítimas respecto al hecho de continuar utilizando prácticas aceptables en los mercados. 
En este sentido, el Parlamento confía en los denominados procedimientos ' Lamfalussy? , a fin de lograr una legislación derivada aceptable para todos. 
Dentro de una lógica constructiva, hemos deseado renovar las pistas exploradas por la Comisión. 
Las medidas preventivas deben ser tomadas en consideración. 
El riesgo de utilización fraudulenta de una información confidencial aumenta si la información es mal difundida. 
Por eso es indispensable una mayor transparencia. 
En primer lugar, los emisores deberán hacer pública en su sitio de Internet toda la información privilegiada. 
En segundo lugar, las personas que ejercen competencias de dirección en organismos emisores deberán desvelar sus transacciones. 
Éstas deberán ser divulgadas rápidamente para que el mercado pueda conocer dichos elementos. 
Con arreglo a esta lógica pragmática, hemos enmendado algunas disposiciones propuestas por la Comisión. 
Así, la obligación para los intermediarios financieros de rechazar órdenes que consideren sospechosas parecía poco realista. 
¿Cómo un intermediario puede en pocos segundos tomar dicha decisión, cuando las investigaciones de los reguladores a personas sospechosas pueden llevar meses? 
Según la misma lógica, el principio de autoridad única no debe impedir cierta flexibilidad. 
Por consiguiente, la autoridad única podrá delegar parte de sus funciones a otras autoridades o bolsas, aunque seguirá siendo la última responsable. 
También nos hemos interesado por las condiciones de aplicación de la directiva. 
La ineficacia de los procedimientos actuales es evidente. 
Sólo se han infligido trece sanciones penales por manipulación de mercado entre 1995 y 2000 en los 17 países del Espacio Económico Europeo. 
El principio de subsidiariedad no nos permite armonizar las sanciones penales y administrativas en Europa. 
Damos preferencia a las sanciones administrativas. 
Pedimos una lista indicativa de medidas y sanciones administrativas que la Comisión debe elaborar. 
He querido asimismo hacer hincapié en los medios financieros que deben ponerse a disposición del regulador. 
En Europa estos medios son, por lo general, ridículos. 
En los Estados Unidos tiene lugar un debate sobre el refuerzo de los medios financieros de que dispone la Securities and Exchange Commission tras el caso Enron. 
Pero, ¿es sabido que el presupuesto de la SEC ya es casi cincuenta veces superior al presupuesto del regulador alemán? 
Finalmente, he deseado reforzar la cooperación transfronteriza estableciendo un órgano de arbitraje. 
El regulador a quien se le rechazara una solicitud debe tener la posibilidad de pedir el arbitraje a sus pares. 
Si bien el regulador debe tener poderes reales, éste no podrá, sin embargo, ejercerlos sin discernimiento. 
El regulador debe poder contar con un examen detallado de los participantes en el mercado. 
Proponemos la creación de un comité consultivo ante cada regulador nacional. 
En conclusión, deseo recordar que la modernización de los mercados financieros no implica sólo una mayor eficacia, sino también una mayor equidad. 
Es cierto que los mercados financieros de ambos lados del Atlántico padecen los mismos males: conflictos de intereses omnipresentes, opacidad de los sistemas contables, carencias del control sobre los operadores fuera de balance y sobre productos derivados. 
La modernización de los sistemas financieros implica la participación de todos. 
Un Parlamento vivo debe dialogar con todos los interesados y escuchar a todos los lobbies. 
Pero estos últimos no persiguen siempre el interés general. 
Tengo la impresión, señor Presidente, de que el texto propuesto sirve al interés general, respetando los intereses legítimos del mundo financiero. 
Desearía responder a algunos extremistas con las palabras de Sir Howard Davies, director de FSA. ' Some well paid lawyers are talking high priced high-octane nonsense?. 
Esta observación también es válida para ciertos juristas de la Comisión, que quieren ser indispensables creando siempre nuevas dificultades. 
Señor Presidente, desearía hacer un llamamiento al comisario Bolkestein para mantener el frágil acuerdo político a este respecto entre nuestras instituciones. 
Hoy vamos a someter a debate dos propuestas de directiva, incluida la directiva sobre el prospecto, de la cual tengo el honor de ser el ponente del Parlamento, que incorpora las facultades delegadas que ha propuesto el Comité de Sabios del Barón Lamfalussy. 
Todos confiamos muy sinceramente en que esta nueva forma de tratar del reglamento financiero represente un gran paso adelante hacia la creación de un mercado único, cuyos cimientos han sido la creación del euro y el éxito de su introducción. 
La directiva sobre el prospecto tiene por finalidad establecer las normas fundamentales en virtud de las cuales una emisión de acciones, obligaciones u otros valores pueda llegar a los inversores de los 15 Estados miembros. 
En la actualidad, una compañía tiene que recabar 15 aprobaciones reguladoras para 15 juegos diferentes de documentos de información. 
Eso es absurdo. 
Eso entraña mercados separados para las nuevas emisiones, gastos de regulación más elevados, gastos de capital más elevados para las empresas y menos posibilidades de elegir para los inversores. 
Por todo ello, no tengo duda alguna de que un solo régimen para una directiva como la que tenemos ante nosotros puede reportar beneficios para todos, mayores posibilidades de elección y un rendimiento más alto para los inversores, gastos de capital menores y buenas oportunidades de financiación para las empresas. 
El Mercado Único es un juego de gana-gana y no un juego de gana-pierde. 
Al fijar los requisitos de un prospecto de la UE, es importante conseguir un equilibrio entre el objetivo que consiste en reducir el costo de capital para las empresas y el objetivo que consiste en proteger a los inversores. 
Tiene que haber un potencial de beneficios suficientemente grande para que puedan alcanzarse los dos objetivos, y eso es el equilibrio que hemos procurado conseguir en la comisión parlamentaria. Quedo particularmente reconocido a mis colegas, la Sra. Piia-Noora Kauppi y el Sr. Harald Ettl, que han hecho de ' ponentes en la sombra? , así como a sus respectivos grupos, por su ayuda y su cooperación. 
Nos hemos esforzado por asegurar el éxito de esta propuesta y para ello hemos sostenido consultas y debates a fondo a fin de limitar los problemas que había que resolver, y espero que consigamos un grado considerable de consenso en el Parlamento sobre muchos de los problemas esenciales y sobre la forma de resolverlos. 
Todos coincidimos en que queríamos, por ejemplo, exonerar al mercado profesional de eurobonos de la necesidad de un prospecto, pero, naturalmente, insistir en que hubiera uno si el emisor quería atraer inversores pequeños. 
Las condiciones generales para conseguirlo han obtenido el acuerdo de los partidos representados en este Parlamento. 
Ahora tenemos que zanjar una cuestión: ¿necesitamos para cada eurobono exento una cantidad mínima de 50.000 euros o de 100.000 euros? 
Confío en que todos estén de acuerdo en que la cantidad de 50.000 euros es suficiente para excluir a los pequeños inversores, pues una cantidad de 100.000 euros resultará engorrosa incluso para inversores profesionales que están acostumbrados a tratar con unidades de 10.000 euros. 
El segundo conjunto esencial de enmiendas trata de si las compañías deben actualizar anualmente sus prospectos o si no es necesario que lo hagan, siempre que no emitan más bonos o acciones. 
En general, la comisión parlamentaria respaldó la opinión adoptada por los reguladores de la UE- la FESCO y ahora el CESR- y opinó que era lógico que esa actualización anual fuera facultativa si el emisor de bonos o de acciones desea hacer otra emisión. 
Además, no se trata de una directiva que regule los requisitos informativos generales que han de cumplir las compañías que operan en el mercado. 
Huelga decir que a su debido tiempo nos ocuparemos también de la consulta sobre el particular. 
He tenido el placer de poder apoyar una enmienda presentada por el Grupo Socialista en favor de que las compañías más pequeñas puedan actualizar su prospecto, si lo desean, cuando preparen su informe anual. 
En general hemos procurado conseguir que la Comisión, con el asesoramiento del Comité de valores, tenga debidamente en cuenta diferentes valores y emisores, con inclusión de las pequeñas empresas. 
En consecuencia, se adaptarán los requisitos de información a las circunstancias especiales. 
Esto me lleva a formular otra enmienda de transacción, según la cual una autoridad nacional, si lo desea, puede exonerar a compañías con una capitalización de mercado inferior a 350 millones de euros del requisito de la UE, siempre y cuando no hagan transacciones fuera del Estado miembro de que se trate. 
A primera vista se diría que esa cantidad es muy grande, pero me limitaré a indicar que hay toda una serie de compañías cotizadas que actualmente responden a la definición de pequeñas y medianas empresas que quedarían afectadas por el requisito mencionado. 
Por ejemplo, el Grupo Tecnológico Británico no emplea más que a 182 personas y tiene una cifra de negocios de 22 millones de euros y un balance de 32 millones de euros. 
Se trata de una PYME, pero tiene una capitalización de mercado que actualmente representa 1.600 millones de euros. 
Hay empresas pequeñas que representan valores muy grandes; basta con que participen en su labor uno o dos científicos que han obtenido el premio Nobel para que así suceda. 
Me parece que, como medida destinada a proteger a los inversores, es mejor que esas empresas queden incluidas. 
Para acabar permítanme que explique por qué es importante que los emisores puedan escoger la autoridad reguladora. 
Queremos que los reguladores cooperen y así lo están haciendo, cada vez más. 
También queremos darles un incentivo para que sigan haciéndolo. 
Si permitimos que los emisores elijan entre sus autoridades reguladoras, por lo menos tanto como actualmente hacen, por ejemplo, respecto de todos los valores salvo las acciones en un mercado nacional, podemos conseguir que siga existiendo esa cooperación y poco a poco sentaremos los cimientos de una autoridad reguladora única para toda la Unión. 
Señor Presidente, yo represento a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en calidad de ponente de opinión para la directiva sobre el abuso del mercado. 
En nuestras deliberaciones hemos procurado, naturalmente, como objetivo esencial, que la directiva resultante sea jurídicamente correcta. 
El principal problema con que nos encontramos fue el relativo a la comitología. 
La propuesta de directiva originaria preveía una definición muy general del abuso del mercado y relegaba, además, al anexo el grueso de los detalles y las definiciones propiamente dichas, y los dejaba abiertos a la aplicación del procedimiento de comitología. 
A nuestro parecer, una norma penal- y esta lo es- sólo puede ser decidida por el propio legislador y no a través de un procedimiento de comitología. 
Por esto, agradecemos mucho, en primer lugar, que el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y también el conjunto de la misma hayan introducido modificaciones en este aspecto que están en la línea de las aspiraciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
El segundo aspecto jurídico de fondo que nos preocupa es que, si bien comprendemos que la Comisión deseaba aplicar un enfoque centrado en los resultados y no en la culpabilidad, esto nos plantea el problema- que afecta a un principio general del Derecho- de que si no se determina la culpabilidad tampoco se pueden imponer sanciones penales. 
Lo contrario atentaría contra todas las normas jurídicas fundamentales que se han ido desarrollando en el marco del ordenamiento jurídico tradicional de nuestras Estados miembros y también contra las normas inscritas en la Carta de Derechos Fundamentales de Niza. 
Por lo tanto, sin atribución de culpabilidad tampoco se pueden imponer sanciones de ese tipo. 
También hemos considerado el grado de culpabilidad. 
A nuestro parecer, el abuso del mercado es un delito, muy similar a otros delitos contra la propiedad, como por ejemplo el fraude. 
Sin embargo, no existe un fraude por negligencia ni tampoco el robo por negligencia, ni nada que se le parezca. 
Son acciones que sólo se pueden cometer de manera premeditada, o sea, voluntaria. 
Por esto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, deseaba, entre otras cosas, que se exija por principio que medie premeditación. 
Agradecemos mucho al ponente su voluntad de incorporar a su planteamiento estas reflexiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en la línea de un compromiso. 
Antes de acabar, sólo nos queda instar al Consejo a que en su decisión procure respetar también los derechos fundamentales. 
Nuestro llamamiento se dirige muy especialmente, por buenas razones, a los Ministros de Finanzas, que son los responsables de estas cuestiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme que exprese mi máximo agradecimiento al ponente y especialmente a la Comisión. 
En el informe von Wogau sobre la comitología incluimos también el aspecto de los participantes en los mercados y yo creo que en el presente contexto- en el que yo he actuado como ' ponente en la sombra? para el informe sobre los conglomerados financieros- hemos mantenido, ya desde la fase previa, una excelente colaboración entre la Comisión, el Consejo, los participantes en los mercados y el Parlamento Europeo. 
Lo recuerdo, de hecho, con el propósito de dirigir un llamamiento a la Comisión para que continúe desarrollando estas buenas experiencias de colaboración entre los participantes en los mercados, el Parlamento y la Comisión, a fin de despejar ya en la fase previa el malestar y los posibles malentendidos. 
En esta ocasión lo hemos conseguido bastante bien y yo creo que en el futuro podemos seguir colaborando en esta línea, con la debida atención a las condiciones vigentes en el mercado. 
Continuamente se repite que este es un informe técnico muy complejo. 
Sin embargo, también tendrá grandes repercusiones. 
Yo voy a acatar, naturalmente, a los deseos del Presidente y voy a procurar ser muy breve, pero aun así quisiera referirme a un par de puntos; en particular, al caso de la demanda contra Enron, que siempre se saca a colación. 
Yo creo que debemos tomarnos en serio dicha demanda y tenemos que reflexionar para extraer las debidas consecuencias. 
Una podría ser, por ejemplo, cómo vamos a proceder en el futuro con las empresas de auditoría y las empresas consultoras en Europa. 
Sin embargo, en este contexto también es importante, en último término, tomar en consideración las nuevas tendencias, concretamente, que cada vez se crean más conglomerados financieros y son más los que actúan a escala transfronteriza, como resultado del Foro conjunto, acompañado paralelamente por el acuerdo de Basilea II. En este contexto, nuestra tarea, en nuestra calidad de Parlamento Europeo, es velar por la protección de los ciudadanos, pero de manera que nuestras empresas también mantengan su competitividad en la arena competitiva mundial. 
Para ello debemos introducir las correspondientes rectificaciones. 
Yo creo que en el Parlamento las hemos elaborado debidamente por medio del diálogo, hemos conseguido superar muchos problemas y que nuestra manera de abordar estos temas puede constituir un buen ejemplo. 
Señor Presidente, yo quiero felicitar muy cordialmente a los tres ponentes y creo que la cooperación mantenida también debería servir de modelo a la Comisión y al Consejo para las posteriores deliberaciones. 
A mi parecer, es muy importante que la Comisión y el Consejo se pongan manos a la obra para mejorar las posibilidades de trabajo del Parlamento Europeo en este ámbito, tal como prevé el informe Lamfalussy, a fin de que también podamos ejercer debidamente nuestros derechos democráticos en el Comité de seguimiento, con pleno respeto de la neutralidad. 
Las tres directivas que hoy se debaten y que se someterán a votación mañana se proponen superar la fragmentación de los mercados financieros europeos y contribuir a mejorar su atractivo y su competitividad, pero a la vez mejorar también la estabilidad financiera y la protección de los consumidores. 
La supresión de las barreras de acceso al mercado y de las normas burocráticas, la disolución de unas estructuras de supervisión caducas y rígidas para reemplazarlas por unas normas e instrumentos de control flexibles y orientados al mercado son requisitos imprescindibles para crear un mercado financiero integrado y asegurar la competitividad de los proveedores de servicios financieros europeos. 
No obstante, estas medidas no deben poner en peligro la estabilidad financiera ni reducir la protección de los consumidores en el contexto de las operaciones transfronterizas. 
Debemos hacer de la plena transparencia y unos mecanismos de regulación y supervisión rigurosos, incluidas las correspondientes sanciones, un distintivo de calidad europeo. 
A fin de cuentas, también es necesario recuperar la confianza de muchos inversores privados en esta forma de ahorro, no en último lugar como un medio para disponer de una pensión complementaria respaldada por un capital. 
Para ello no se requieren declaraciones de buenas intenciones, sino unas normas claras, de obligado cumplimiento y respaldadas por sanciones. 
Esto también es cierto en el caso de la directiva sobre los conglomerados financieros. 
Ésta permitirá avanzar, sin duda, un paso decisivo en la integración. 
Las empresas financieras europeas tienen que renovar su posición en el mercado para mantener su competitividad frente a la globalización e internacionalización de los mercados financieros, y el número creciente de absorciones y fusiones demuestra que este proceso está en plena marcha. 
Debemos acoger, ciertamente, con satisfacción esta depuración de las estructuras a fin de crear empresas competitivas a escala internacional. Sin embargo, esto no debe conducir a que este tipo de grupos y conglomerados financieros se sustraigan cada vez más a la supervisión, que hasta ahora se ha organizado a escala nacional y, en la mayoría de Estados miembros, incluso sectorialmente. 
El caso Enron ha evidenciado a los ojos de todos el potencial de riesgo de los grupos financieros con intrincadas estructuras y una supervisión insuficiente. 
Con la presente directiva se establecerá un importante fundamento jurídico común europeo para la cooperación entre los supervisores, pero también se evitará el cómputo doble de capital prudencial dentro de un grupo. 
A fin de evitar unas cargas administrativas desmesuradas, nosotros pedimos, justificadamente, que las competencias de supervisión de los conglomerados y grupos financieros se confíen a un único supervisor, que se determinará mediante criterios legalmente definidos. 
En este contexto también reviste especial importancia el compromiso que afortunadamente hemos conseguido con respecto al ámbito de aplicación de la directiva, así como en relación con el cómputo doble de capital prudencial, y que mi Grupo también suscribe plenamente. 
Señor Presidente, me voy a ocupar principalmente de la propuesta relativa a la supervisión adicional de los conglomerados financieros de la que me he ocupado en profundidad en mi función de ponente en la sombra del Grupo ELDR. 
Ante todo me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Lipietz, por el gran trabajo que ha llevado a cabo con motivo del debate por el Parlamento de esta propuesta de directiva. 
Además, me gustaría dar las gracias al Sr. Radwan y a la Sra. Villiers, con los que he mantenido un contacto muy estrecho en el transcurso de nuestro trabajo de cara a la votación de mañana. 
En último lugar, pero no por ello menos importante, también me gustaría dar las gracias al señor Comisario Bolkestein por su trabajo en favor de la creación de un verdadero mercado interior de servicios financieros. 
En la gran mayoría de puntos hemos alcanzado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con la participación activa de la Comisión soluciones comunes a los problemas planteados desde diversos ámbitos. 
El trasfondo de esta propuesta concreta es nuestro deseo de garantizar mercados financieros estables en Europa. 
Debemos evitar escándalos similares al de Enron. 
Sin embargo, al mismo tiempo no debe regularse más de lo necesario. 
Lo más importante por ello es garantizar un control eficaz que evite el uso por parte de los conglomerados financieros del mismo capital para consolidarse en diferentes lugares. 
Me gustaría mostrar mi apoyo a las enmiendas orales que el Sr. Radwan hará a las enmiendas 44, 46 y 48 con motivo de la votación de mañana. 
Tengo entendido que también la Comisión aceptará las enmiendas presentadas. 
En mi opinión, la aprobación de mañana es otra prueba más de que el Parlamento asume su corresponsabilidad cuando es necesario. 
Soy una firme defensora de qué no prolonguemos las cosas si aparecen posibles soluciones. 
Estas soluciones las hemos encontrado en este Parlamento y ahora le toca al Consejo facilitar lo demás. 
Muchas gracias Sra. Riis-Jørgensen. 
Lamento comunicar a los señores diputados y al señor Comisario Bolkestein que este debate queda interrumpido y se reanudará a las 21.00 horas. 
Señor García-Margallo, usted también tendrá que volver después de las 21.00 horas; bien que lo lamento, pero debemos cumplir el orden del día. 
. Señor Presidente, la situación en Chechenia sigue siendo muy preocupante para la Unión Europea. 
Informes recientes del Grupo Asistencia de la OSCE en Chechenia, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de dos ONG (Memorial y Médicos sin Fronteras) , muestran que la situación en esta parte de Rusia sigue siendo dramática. 
Basándose en este y en otros informes, la Unión Europea ha planteado el tema a las autoridades rusas en todos los diálogos políticos que ha mantenido recientemente y seguirá haciéndolo. 
Esto no es ninguna sorpresa, puesto que la Unión Europea se ha pronunciado repetidamente de forma clara en contra de cualquier violación de los derechos humanos y sobre la situación de los refugiados y desplazados internos en Chechenia. 
Por consiguiente, la Unión ha adoptado coherentemente una posición de principio en la que deja muy claro a Rusia que mientras continúe la situación de trastorno en Chechenia, la Unión seguirá presionando enérgicamente para lograr un cambio, aprovechando todas las ocasiones posibles y acudiendo, incluso, a las organizaciones internacionales pertinentes. 
Sin embargo, creo que sería engañoso decir que no ha ocurrido nada en todo el año pasado. 
La pregunta alude a la Resolución 1270 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que dice que, aunque con lentitud frustrante, se ha logrado algún progreso gracias a cambios de actitud positivos que pueden verse ahora en la Federación Rusa en lo que respecta a la forma de tratar el conflicto. 
Como muestra del cambio, vemos las declaraciones del Presidente Putin según las cuales los miembros de las fuerzas armadas rusas que no respeten los derechos humanos serán juzgados y condenados. 
La Unión acoge con agrado esta declaración y espera que las autoridades rusas cumplan su compromiso y eviten cualquier nueva violación de los derechos humanos. 
Se ha dado siempre por sentado que la lucha contra el terrorismo y el extremismo debe llevarse a cabo dentro del Estado de derecho y con pleno respeto de los derechos humanos. 
El uso indiscriminado de la fuerza equivale a sembrar vientos para recoger tempestades durante muchos años. 
Al mismo tiempo, sigue siendo claramente necesario mantener la estabilidad en la región. 
El Consejo está indiscutiblemente de acuerdo en que sólo una solución política puede resolver el conflicto checheno. 
Entiende que las autoridades rusas han intentado alcanzar un acuerdo con representantes de Masjadoc, pero que, lamentablemente, esos esfuerzos no han sido fructíferos. 
La Unión Europea no va a desaprovechar ninguna ocasión para insistir en favor de una solución política y, por su parte, la OSCE sigue desempeñando un papel útil con la presencia de su Grupo Asistencia. 
La seguridad e independencia de los periodistas son temas de la máxima preocupación de la Unión Europea, que se ha pronunciado recientemente de nuevo sobre la situación de los medios de información en Rusia. 
La Unión también se ha mostrado muy activa para lograr la presencia de organizaciones humanitarias internacionales en Chechenia y a través de ECO (European Community Humanitarian Office) ha participado directamente en el ámbito de la ayuda humanitaria como uno de los principales donantes desde el inicio del conflicto Checheno. 
La Unión ha tratado periódicamente el problema de la seguridad con las autoridades rusas y no hace mucho un funcionario de la Comisión viajó a Chechenia para evaluar la situación actual in situ y la troika de la Unión está planteando otra visita a la región a nivel de jefe de misión. 
Finalmente, en cuanto al procesamiento de aquellas personas que hayan violado los derechos humanos, la Unión Europea recuerda que el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya se interesa ya por diversos casos. 
El Tribunal fijará en los próximos meses una fecha para estudiar la admisibilidad de algunos de estos casos. 
Naturalmente, la Unión Europea pretende seguir de cerca todos estos acontecimientos. 
Señor Presidente, doy las gracias al Presidente del Consejo por su prolija respuesta. Me alegro de que él mismo admita que la situación en Chechenia continúa siendo dramática. 
Tomo nota del compromiso adquirido por el Consejo de seguir comentando la situación en Chechenia en todas las reuniones celebradas con las autoridades rusas. 
Agradezco también que el Presidente del Consejo haya condenado expresamente las violaciones de los derechos humanos y que insista y continúe insistiendo en la necesidad de un cambio de actitud. También me llena de satisfacción que el Presidente del Consejo haya ratificado la opinión de que la única forma de poner fin al conflicto checheno consiste en una solución política, al tiempo que ha afirmado que la Unión Europea aprovechará cualquier ocasión para alcanzar un acuerdo de estas características. 
En este sentido me parece significativo su referencia a los contactos entre las autoridades rusas y el Gobierno del Presidente checheno Masjadov. Es cierto que dichas negociaciones necesitan un empujoncito, pero debo reconocer, señor Presidente del Consejo, que su lenguaje excesivamente diplomático me decepciona un poco. 
Está claro que a lo largo de las próximas semanas se intensificarán los contactos con las autoridades rusas. El Primer Ministro ruso se desplazará a Bruselas. 
Ésta es mi pregunta concreta, mi pregunta complementaria. Gracias por su respuesta. 
. Señor Presidente, el Consejo y la Comisión están trabajando conjunta y activamente en la preparación de la cumbre entre la Unión Europea y Rusia, que tendrá lugar en Moscú el próximo día 28 de mayo, y en el marco de este diálogo bilateral pretendemos plantear todas las cuestiones relativas a la situación de Chechenia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la segunda guerra de Chechenia ha comenzado hace ahora treinta meses. 
El comisario Poul Nielson aún no se ha trasladado a Chechenia. 
Mi pregunta consistiría, pues, en saber cuál es- en una materia como la humanitaria, una materia urgente- el plazo máximo, según el Consejo, en el que el comisario Poul Nielson debería trasladarse a Chechenia. 
¿Tres años, cuatro años o cinco años? 
Mi segunda pregunta es la siguiente: el Presidente Putin ha nombrado un negociador. 
¿La Presidencia del Consejo estaría dispuesta a recibir a los dos negociadores reconocidos por una y otra parte, que son, por tanto, negociadores de pleno derecho? 
¿El Consejo podría reunirse con ellos? 
. Señor Presidente, no estoy en disposición de responder a esa pregunta. 
Señor Presidente, según las informaciones publicadas en la prensa alemana, la situación en Chechenia parece que se está agravando. 
Nuestros periódicos publican extensos informes según los cuales en Chechenia existen escuadrones de la muerte de las fuerzas militares rusas y una aldea ha acudido a la ONU porque ha sido registrada en un total de 33 ocasiones, como parte de las llamadas operaciones de limpieza. 
Yo quisiera rogarle que haga lo necesario para que una delegación de la UE observe y compruebe directamente sobre el terreno cuál es la verdadera situación en Chechenia, puesto que a los periodistas ya sólo se les permite el acceso en compañía de oficiales del ejército. 
Mientras que el Consejo de Europa mantiene una plena presencia en Chechenia, la UE no ha estado presente hasta ahora. 
Por esto, yo le pregunto: ¿Cree que sería posible enviar una misión de la UE? 
. Señor Presidente, el posible envío de una delegación es materia que debe ser acordada, en todo caso, con Rusia, que es un país soberano. 
La Unión no tiene ningún derecho de injerencia en los asuntos internos de un país soberano como la Federación Rusa. 
Si llegáramos a acordar con los rusos el envío de una misión, con mucho gusto podríamos estar allí para colaborar, pero, de momento, ésa es tarea única y exclusiva de los organismos multilaterales, es decir, del Consejo de Europa y de la OSCE. 
El Sr. Dupuis, para una cuestión de orden. 
Señor Dupuis, el señor Presidente en ejercicio del Consejo está en su derecho de darle esa contestación. 
A usted no le ha satisfecho, pero no entremos ahora en un debate, explique usted cuál es su cuestión de orden con la mayor brevedad. 
Pienso que el Sr. Ramón de Miguel puede manifestar que consultará al Consejo y que más tarde dará una respuesta más detallada, que ahora no está en disposición de dar. 
Pero pienso que manifestar simplemente que no puede dar una respuesta no forma parte de las reglas del juego. 
Considero que puede someter a la Presidencia, al Consejo, las preguntas que se le han formulado, y que puede declarar que, con respecto a algunas de ellas, ahora no está en disposición de dar una respuesta. 
Pero considero que, por regla general, corresponde al Consejo responder a todas las preguntas. 
Me parece que por definición y por el respeto que tiene el Consejo a los miembros de esta Cámara, cualquier pregunta que se hace aquí, en Cámara Parlamentaria y en un turno de preguntas, es una pregunta que se hace al Consejo, no a la Presidencia, y que, por lo tanto, la Presidencia la traslada al Consejo, por principio. 
Por lo tanto, le he dicho que no le puedo dar una respuesta porque todavía no he consultado al Consejo, pero la consulta al Consejo va de soi, espero que lo entienda en su propia lengua el Sr. Dupuis. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 2 y 3 recibirán una respuesta conjunta. Pregunta nº 2 formulada por Alexandros Alavanos (H-0063/02): 
Asunto: Medidas de la Presidencia española contra los movimientos antimundialización 
Según diversas informaciones, el Gobierno español está organizando fuerzas policiales especiales de acción inmediata para impedir que movimientos antimundialización celebren manifestaciones programadas en diferentes ciudades de España durante la Presidencia española. 
Al mismo tiempo, se reúnen datos personales de cuantas personas han participado en manifestaciones similares celebradas en otras ciudades europeas. 
Dichos datos se recogen con la colaboración de las autoridades policiales de numerosos Estados miembros, y hace meses que la policía española realiza un seguimiento de los sitios web de todas las organizaciones activas en el ámbito de la antimundialización. 
¿Puede confirmar el Consejo las informaciones anteriores? 
¿Puede garantizar que se protegerán los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea y que no se pondrán obstáculos a la libre expresión de las opiniones políticas en la Unión Europea? 
Pregunta nº 3 formulada por Mihail Papayannakis (H-0108/02): 
Asunto: Posición de la Presidencia española sobre las manifestaciones 
La Presidencia española, en una nota dirigida al grupo "Terrorismo" del Consejo, el 29.1.2002 propone, sobre la base de una decisión del Consejo, que se elabore un impreso con el fin de intercambiar informaciones relativas a las acciones terroristas durante las cumbres de la UE u otras manifestaciones convocadas por organizaciones internacionales o comunitarias. 
Los autores de estas acciones, en opinión de los autores de la nota, son organizaciones que, a pesar de ser legales, realizan acciones distintas de sus actividades declaradas, ayudando de forma indirecta a que las organizaciones terroristas consigan sus objetivos. 
Consideran que esta "ayuda" constituye una clara amenaza y que es probable que crezca de forma importante en el futuro inmediato. 
De acuerdo con la nota, la propuesta de la Presidencia constituye un instrumento muy útil para prevenir y, en caso necesario, reprimir, el fenómeno de la radicalización violenta de los jóvenes en los grandes centros urbanos. 
Teniendo en cuenta que este tipo de "análisis" y propuestas es, como mínimo, cuestionable, y plenamente contrario al derecho fundamental de libertad de expresión y manifestación, ¿puede el Consejo adoptar una posición oficial sobre el tema? 
Señor Presidente, el Consejo quisiera llamar la atención sobre su respuesta a la pregunta oral n. 0967/01, en la que recuerda el artículo 33 del Tratado de la Unión Europea que dice: ' el presente título (Título VI, Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal) se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior?. 
En lo referente a la protección de datos, el Convenio del Consejo de Europa de 1981 para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal ha sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión. 
En las conclusiones adoptadas por el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros el 13 de julio de 2001, relativas a la seguridad de los Consejos Europeos y actos similares, se recordó el objetivo de la Unión Europea, consistente en mantener y desarrollar la Unión como una zona de libertad, seguridad y justicia. 
En este ámbito, los ciudadanos deben disfrutar libremente del derecho a expresar sus opiniones y a reunirse de manera pacífica, como prevé el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, y hacerlo en unas condiciones exentas de amenaza para su propia seguridad, para los demás ciudadanos o para las propiedades. 
En las mismas conclusiones se subrayó la importancia de un diálogo constructivo entre los organizadores de manifestaciones públicas y las autoridades del país de acogida, así como la importancia de mantener estrechos contactos internacionales y, en particular, entre las autoridades policiales y aduaneras, para asegurarse de que no se aproveche o se abuse de las manifestaciones legítimas para cometer actos de violencia colectiva individual. 
Con respecto al señor Papayannakis, diré que las instancias preparatorias que examinan su pregunta se reunieron en enero y febrero y trabajaron como exige el Tratado, es decir, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Será competencia de la Presidencia española dar la respuesta que considere idónea. 
Gracias por la respuesta. 
Quisiera decir que el colega Sr. Papayannakis asiste a la Conferencia de Presidentes de Delegación y por ello no se encuentra aquí. 
He percibido por parte del Presidente en ejercicio del Consejo un intento de responder de manera muy general, con algunos principios, como los convenios para la protección de datos de carácter personal, que son interesantes. 
Yo quisiera preguntar si en la práctica la Presidencia española se dispone a seguir, en lugar de la línea Berlusconi? que creó tantos problemas, que quebrantó derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, que no permitió a pacíficos ciudadanos de Grecia y otros países pisar territorio italiano? la que yo llamaría línea Porto Alegre, es decir, un intento de crear un marco para la expresión legítima y pacífica de la voluntad y las reivindicaciones de los manifestantes. 
Y en este sentido, me gustaría preguntar qué puede decirnos sobre conversaciones y acuerdos con los organizadores, etcétera. 
. Señor Presidente, en primer lugar, rechazo cualquier comparación que pueda hacer el diputado que acaba de intervenir entre el Gobierno del Sr. Berlusconi y el Gobierno del Sr. Aznar. 
Cada Gobierno ejerce su responsabilidad según le compete, y yo le garantizo que el Gobierno español va a ejercer sus responsabilidades derivadas de la Presidencia del Consejo de la Unión de manera plenamente respetuosa con el espacio de seguridad, justicia y libertad y en respeto de las obligaciones que supone dicha Presidencia. 
En cualquier caso, sí le puedo garantizar que no tenemos ninguna intención de recortar una de las libertades fundamentales del Tratado (la libertad de circulación de ciudadanos) , pero le debo advertir que el Gobierno español está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para impedir que las personas que pretenden utilizar las manifestaciones pacíficas para hacer de las mismas un campo de batalla, de violencia, de destrucción de la propiedad, y de agresión a personas y cosas, consigan sus propósitos en Barcelona. 
Señor Presidente, Señorías, todos sabemos que los altercados con motivo de estas reuniones se deben sobre todo a una falta de conocimiento. 
Este es el motivo de la iniciativa del Parlamento Europeo de crear una Asamblea parlamentaria sobre la OMC, que permita debatir en el futuro con las organizaciones no gubernamentales y grupos interesados y mejorar así la comunicación con los ciudadanos en el ámbito parlamentario. 
Yo querría preguntarle, señor Presidente del Consejo: ¿qué iniciativas tiene previsto emprender la Presidencia española del Consejo para que este proyecto se pueda poner en práctica lo más pronto posible? 
. Quiero decirle a su señoría que los problemas que se han planteado no son problemas debidos a la falta de diálogo. 
El Consejo de la Unión ha manifestado en diferentes ocasiones su disponibilidad de dialogar. 
El Gobierno español está dialogando en este momento con todas las organizaciones que quieren manifestar pacíficamente sus ideas en Barcelona y todo aquel que se manifieste pacíficamente tendrá derecho a ser escuchado y a manifestarse, puesto que es un derecho inalienable de cualquier ciudadano europeo. 
Pero, naturalmente, no me parece que sean esas personas que se manifiestan pacíficamente las que tienen necesidad de foros de diálogo, porque los foros ya existen. 
En cualquier caso, la iniciativa de su señoría siempre es buena. 
Si hubiera una Asamblea parlamentaria, si se ofreciera una nueva posibilidad de diálogo, a lo mejor esto podría ayudar a que hubiera más foros, pero no me parece que la multiplicación de foros pueda resolver el problema más grave de este tipo de manifestaciones públicas que consiste en que se instrumentalizan y se utilizan por grupos y grupúsculos violentos que no tienen ninguna intención de dialogar, sino que lo único que quieren es aprovechar la ocasión para sembrar la confusión y la violencia. 
Pregunta nº 4 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0066/02): 
Asunto: Posición de la Presidencia española sobre la creación de un Senado de la Unión a partir del Comité de las Regiones 
El Ministro de la Presidencia del Gobierno español, Juan José Lucas, con el fin de negar las posiciones adoptadas por las "naciones" y regiones que quieren estar representadas en los Consejos de Ministros, tal y como sucede en Bélgica, Alemania, Austria y el Reino Unido, ha declarado que dicha representación la ejerce el Comité de las Regiones y ha propuesto transformar esta institución consultiva en un Senado de la Unión Europea. 
¿Puede la Presidencia del Consejo explicar el contenido de la propuesta del Ministro de la Presidencia español, Sr. Lucas? 
. Señor Presidente, el Consejo recuerda a Su Señoría que no le corresponde comentar las posiciones expresadas por uno de sus miembros. 
Además, subraya que la cuestión planteada no es de su competencia, sino de la Conferencia Intergubernamental de revisión, que prepara actualmente la Convención creada por el Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001. 
Por último, el Consejo desea remitir a Su Señoría la respuesta que se dio a Dª. Rosa Miguélez Ramos en el turno de preguntas del pasado mes de febrero, en sesión plenaria, relativa a la representación de los Estados miembros en el Consejo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, el Presidente del Gobierno del Estado español se niega, de forma arbitraria y contra los vientos de la Historia, a que las nacionalidades y regiones constitucionales internas estén presentes en la Unión, en particular en el Consejo de Ministros, y pretende desconocer lo que ya practican Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y Austria. 
Pretende apoyarse, para ello, en un concepto absolutista de la soberanía y contrario a la soberanía compartida que constituye, de hecho, un principio fundamental de la Unión Europea. 
En su desvarío- como ha hecho el Ministro de la Presidencia, Sr. Lucas, ministro muy próximo al Presidente del Gobierno -, tanto intentan limitar las entidades constitucionales internas a que tengan un papel consultivo en un Comité de las Regiones, políticamente inútil, como quieren- pasando por alto la realidad de la Unión- transformar ese organismo en un Senado, aun entrando en contradicción con propuestas como la del Canciller de Alemania Gerhard Schroeder, que reserva esa función de Senado para el propio Consejo. 
Peor no podían hacerlo. 
Por eso pregunto al Presidente del Consejo por qué insiste el Gobierno del Estado español en mantener dentro de la Unión un concepto de soberanía tan anacrónico. 
. Doy ya por contestada la pregunta, señor Presidente. 
Señor Secretario de Estado, ha hecho usted referencia a la contestación que dio aquí en el Pleno a la Sra. Miguélez Ramos y yo, que en aquel momento, también intervine en relación con dicha cuestión, no he recibido esa misma respuesta. 
Yo le quiero preguntar, en primer lugar, si me puede enviar una copia de la respuesta que le dio a la Sra. Miguélez Ramos. 
En segundo lugar, quiero que me diga si es cierto o no que en el Tratado de la Unión Europea se señala que los ministros de los Gobiernos regionales pueden participar en los Consejos de Ministros Europeos. 
. Señor Presidente, con respecto a la respuesta que yo di a la Sra. Miguélez Ramos, remito al señor diputado al acta literal de las sesiones de este Parlamento, que es pública, y, por lo tanto, imagino que él tendrá más posibilidades para consultarla que yo mismo. 
Con respecto a la segunda pregunta, le puedo decir que el Tratado admite una potestad de los países miembros para decidir soberanamente quiénes son sus representantes en el Consejo. 
Eso es una cuestión interna; cada país decide qué es lo que quiere hacer y a quién quiere enviar. 
Están ustedes haciendo cuestiones de orden. 
Tengo que recordarles que aquí no vamos a entrar en un diálogo sobre el fondo de la cuestión y que tienen que plantear realmente una cuestión de orden. 
¿Por qué orden quieren que les dé la palabra para una cuestión de orden? 
Empiezo por el Sr. Ortuondo, para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, yo sólo quisiera recalcar que en la ocasión en que se hizo referencia a la Sra. Ramos, yo hice una pregunta y no he recibido respuesta a esa pregunta, o sea que no tengo que consultar el Acta literal de las sesiones, porque creo que tengo derecho a recibir una respuesta, ya que era yo quien formuló la pregunta. 
Señor Presidente, pregunto si tengo también derecho a una respuesta del Consejo, como ha ocurrido con una pregunta anterior, si puedo hacerlo en los mismos términos que antes y recibir, por tanto, una respuesta adecuada. 
Yo entiendo, como Presidente de sesión, que el Presidente en ejercicio del Consejo ha recordado la contestación que ha dado en su día, hace unas semanas o quizá más de un mes, a las mismas preguntas; y el dueño de su contestación es el señor Presidente en ejercicio del Consejo, luego ustedes lo valorarán como crean conveniente. 
. Señor Presidente, señora diputada, la pregunta de su señoría remite a dos realidades: la del Plan de Acción y la del Fondo Mundial. 
En lo referente, en primer lugar, al Plan de Acción, el Consejo recuerda a su señoría que en la Resolución que adoptó el 14 de mayo de 2001 sobre el programa de acción y aceleración de la lucha contra el VIH (sida) , la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza (documento 8495/01) , el Consejo expuso las acciones que considera esenciales para luchar contra esas tres enfermedades. 
Entre dichas acciones figura, en primer lugar, el acceso asequible a los productos farmacéuticos y, en particular, la aplicación flexible del acuerdo ADPIC (Trips) en lo referente a la propiedad intelectual, que permita hacer frente a los problemas de salud pública, entre otras cosas, mediante la capacidad discrecional de emitir licencias obligatorias en determinadas circunstancias excepcionales, entre las que figura la protección de la salud pública. 
En segundo lugar, se trata de reforzar y aumentar las contribuciones financieras en el ámbito de la investigación y desarrollo. 
Resulta especialmente importante, tanto potenciar la capacidad de los países en desarrollo, como ofrecer incentivos para el desarrollo de bienes públicos universales específicos, tales como los nuevos tratamientos y vacunas. 
Otra acción es la participación en las asociaciones mundiales. El objetivo consiste en reforzar los acuerdos de cooperación entre los Estados miembros con la OMS, ONU (sida) , el Banco Mundial y otros actores internacionales tanto del sector público como del privado, por ejemplo, la Alianza mundial para vacunas e inmunización (GAVI). 
El Consejo desea destacar que dicha Resolución se presentó en la Sesión Especial 26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York del 25 al 27 de junio de 2001, durante la cual la Unión Europea participó activamente en la redacción de la declaración final. 
En segundo lugar, por lo que respecta al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Consejo recuerda a su señoría la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptada el 6 de diciembre de 2001, relativa a la contribución de la Comunidad Europea al Fondo Mundial de Lucha contra el HIV (sida) , la tuberculosis y la malaria. 
Con arreglo a dicha decisión, la Comisión aportará a ese fondo mundial una contribución por importe de 60 millones de euros para 2001, que se abonará en el marco de un convenio de financiación que ha de celebrarse entre la Comisión y el depositario del Banco Mundial. 
Dicha decisión estipula, asimismo, que en 2002 la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un primer informe sobre la gestión y los métodos de trabajo del Fondo Mundial. 
Respecto a las futuras contribuciones, el Consejo está a la espera de que la Comisión le presente propuestas de modificación de los Reglamentos existentes. 
En particular, el Reglamento, de 24 de marzo de 1997, sobre acciones en el ámbito del HIV (sida) en los países en desarrollo, que debería incluir también las intervenciones en el ámbito de la salud genésica, en lo que se llama ' Reproductive health? , así como la del 22 de julio de 1997 relativa a las ayudas a las políticas y programas demográficos en países de desarrollo. 
En cuanto a las actividades realizadas hasta el momento por el Fondo, el Consejo desea informar a su señoría que el 29 de enero de 2002 el Consejo de administración reunido en Ginebra aprobó su primera convocatoria de presentación de propuestas de financiación para asociaciones de países afectados duramente por las epidemias. 
La serie inicial de subvenciones, que se concederá en abril, será la primera otorgada por el Fondo. 
La segunda reunión del Consejo del Fondo tiene que celebrarse en Nueva York a finales de abril. 
El Consejo invita a su señoría a que se dirija directamente a la Comisión, que está representada en el consejo de administración del Fondo Mundial, para obtener información más precisa sobre las actividades de éste. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo la información exhaustiva que me ha facilitado esta tarde. 
Efectivamente, la preocupación de este Parlamento y, en concreto, de la Comisión de Desarrollo y Cooperación es- dada la situación actual del continente africano, fundamentalmente en el centro del mismo (Uganda, Burundi, Rwanda, etc.) , de afectación del sida- conocer qué control van a llevar el Consejo y, por supuesto, la Comisión, del fondo de 120 millones que aprobamos en este Parlamento. 
Como usted me ha comentado que ya hay 60 millones aportados y que el primer informe se va a hacer ahora, en el mes de abril, a partir de ese mes estaremos atentos a dicho control. 
Pregunta nº 7 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0076/02): 
Asunto: Comparecencias y Actos Parlamentarios de la Presidencia española 
Con la llegada del año 2002, el Reino de España se ha hecho cargo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. 
El semestre anterior ha correspondido al Reino de Bélgica y tanto en la página web de su Presidencia como en las distintas comparecencias y actos ante el Parlamento Europeo, hemos podido observar que el Gobierno belga se ha expresado, frecuentemente, en todas y cada una de las lenguas que son oficiales en sus diferentes regiones. 
¿Puede comunicar la Presidencia del Consejo cuáles son las razones por las que estando definida por los respectivos Estatutos de Autonomía emanados de la Constitución del Reino de España la co-oficialidad de las lenguas catalana, gallega y vasca, sin embargo, y a diferencia de los belgas, ninguna de dichas lenguas se contempla no ya en las comparecencias y actos parlamentarios, donde sabemos que no se dispone de intérpretes, sino ni siquiera en la página web de la Presidencia española? 
. Señor Presidente, la Presidencia del Consejo desea recordar a su Señoría que según lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado (CE) el régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, que se pronunciará por unanimidad. 
La posición del Consejo sobre este particular es la consignada en su Reglamento CE n° 1 de 1958, sucesivamente modificado con motivo de las adhesiones de los nuevos Estados miembros, en los que se establece que actualmente son once las lenguas oficiales de trabajo de la Unión Europea. 
En cuanto a la presencia, en la página web de la Presidencia española, de las lenguas declaradas como oficiales por la Constitución española, no es éste un asunto que incumba al Consejo de la Unión. 
Señor Secretario de Estado, creo que esto es una cuestión de talante democrático abierto y de talante cultural. 
En Europa hay más de 100 pueblos y más de 100 lenguas diferentes. 
El año 2001 fue declarado en la Unión Europea, precisamente, el Año Internacional de las Lenguas. 
Y digo que es una cuestión de talante porque, en el Estado español, nosotros intentamos que en ese año 2001 hubiese actos de tipo cultural a fin de proteger y promocionar las lenguas naturales que existen dentro del Estado español que no se reducen al castellano, pues están el bable (asturiano) , el catalán, el gallego, el vasco... y muchas otras lenguas que tienen un derecho natural a seguir existiendo. 
El Gobierno del Estado español no permitió que ninguna de estas lenguas se promocionaran, se cuidaran y se impulsaran. 
Yo quisiera preguntarle ¿cual es la razón de esa actitud cerrada y antidemocrática con respecto a algo que es consustancial a la riqueza de la diversidad cultural europea y también del Estado español? 
. Señoría, me temo que usted se ha equivocado de foro. 
Creo que su Grupo parlamentario haría bien en plantear esta pregunta en el Pleno del Parlamento español. 
Le repito que el Consejo de la Unión no interviene para nada en este tema. 
Por lo tanto, como estoy compareciendo aquí, en el Parlamento Europeo, en representación del Consejo de la Unión, y no como representante Gobierno español, no puedo responderle a esa pregunta. 
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. 
Ya saben ustedes que a algunos diputados, incluso al Presidente, les gustaría mucho intervenir en estos debates; pero en el caso del Presidente de sesión es imposible, aunque se ha haya mencionado el bable, que es una forma de expresión propia de la tierra donde yo he nacido. 
. Señor Presidente, la Unión Europea ha concedido sistemáticamente prioridad a la cuestión de los derechos humanos y de la protección de las minorías en sus relaciones con los países candidatos a la adhesión. 
Esta cuestión es un elemento clave en la estrategia previa a la adhesión de cada uno de estos países, de acuerdo con los requisitos políticos para la adhesión establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. 
En el caso de Rumania, uno de los ámbitos específicos que incluye la estrategia previa a la adhesión es el de la atención infantil. 
En el informe periódico de la Comisión para el año 2000 sobre los progresos de Rumania en el camino de la adhesión, la Comisión expresó su inquietud con respecto a la legislación y a las prácticas de adopción entre distintos países, que permiten que consideraciones distintas del interés superior del menor influyan en las decisiones en materia de adopción. 
A raíz de ello, y de otras muestras de inquietud, el Gobierno de Rumania decidió suspender las adopciones internacionales. 
En la Asociación para la adhesión de Rumania revisada, que adoptó el Consejo el 28 de enero de 2002, entre las prioridades y objetivos intermedios, se estipula que Rumania deberá mantener la moratoria sobre la adopción internacional hasta que se adopte una nueva legislación compatible con los intereses de los niños y con las obligaciones internacionales de Rumania, y esté garantizada la capacidad administrativa necesaria para aplicar la nueva normativa. 
A la par que mantenía la moratoria general, el Gobierno de Rumania adoptó medidas en diciembre de 2001 para permitir que se completaran los procedimientos de adopción en aquellos casos que se encontraban ya ante los tribunales en el momento de la suspensión de las adopciones internacionales. 
La Presidencia del Consejo considera que las adopciones de aquellos niños cuyos procedimientos de adopción han comenzado ya en los Estados miembros, con todas las garantías jurídicas, deberían completarse dentro de un plazo razonable. 
Señoría, la Unión Europea seguirá muy de cerca la situación en Rumania a este respecto, especialmente en los órganos creados en el marco del acuerdo europeo, como son el Consejo de Asociación y el Comité de Asociación. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Presidencia en ejercicio del Consejo, no sólo la precisión de su respuesta, sino además lo que, tanto durante el período de la Presidencia belga como durante el período de la Presidencia española, viene haciendo para que se resuelvan "dentro de un plazo razonable" -utilizo sus propias palabras- esos dos problemas: el de la solución del sistema de adopciones rumano, para hacerlo compatible con los convenios internacionales y, en segundo lugar, el de la solución de los problemas de esas familias que, ya puestos en marcha los procedimientos conforme a la legislación rumana de entonces, han visto bloqueado el tema. 
Voy a formular una pregunta complementaria: ¿está dispuesto el Consejo a continuar ejerciendo su influencia- no quiero utilizar palabras más fuertes- sobre las autoridades rumanas para que se progrese con una celeridad que hasta ahora no hemos visto, a pesar de todas las promesas en este doble campo, es decir, en el campo de poner en práctica la nueva legislación y de resolver esos expedientes? 
. Mi respuesta es: sí, Señoría, ayer tuvo lugar el Consejo de Asociación con Rumania y el Ministro español de Asuntos Exteriores y Presidente en funciones del Consejo, trató este tema directamente con el Ministro de Asuntos Exteriores rumano, Sr. Geoana, y recibimos garantías de que seguirían haciendo todo lo posible para dar salida a todos esos procedimientos de adopción que, como Su Señoría ha mencionado, se iniciaron con la antigua legislación y han quedado paralizados. 
Se trata de desbloquear lo que ya se ha iniciado, satisfacer las expectativas creadas en muchas familias que ya habían iniciado los procedimientos y luego, naturalmente, empezar un nuevo sistema con la nueva legislación. 
Esto se le hizo saber ayer a la delegación rumana y recibimos garantías de que seguirían en su empeño para satisfacer a la Unión Europea en este sentido. 
Tengo que comunicar a los señores diputados y, especialmente al Sr. Ortuondo, que me pide la palabra, que según el Anexo II, 'Desarrollo del turno de preguntas previsto en el artículo 43? , en su punto 4, que se refiere a las preguntas complementarias, dice que' todo diputado podrá formular una pregunta complementaria por cada pregunta. Sólo podrá dirigir, en total, una pregunta complementaria al Consejo y dos preguntas complementarias a la Comisión?. 
Como hoy es el turno de preguntas al Consejo, usted ha agotado su crédito de preguntar, Sr. Ortuondo. 
Ahora bien, si se trata de una cuestión de orden, nada más lejos de mi intención impedirle que hable. 
Si es una cuestión de orden, tiene usted la palabra, pero no puede ya hoy hacer preguntas complementarias. 
Bueno, pues lo voy a hacer como cuestión de orden, porque, si no le he entendido mal, usted me acaba de decir que todo diputado puede hacer una pregunta complementaria por cada pregunta. 
No. 
Me ha entendido mal o yo me he explicado mal, pero le he leído el Reglamento. 
Pues le habré entendido mal y, entonces, no insisto. 
En el turno de preguntas a la Comisión, cada diputado puede hacer dos preguntas complementarias, además de las que a él le corresponden y en el turno de preguntas al Consejo puede hacer una pregunta complementaria. 
Comprendo que no se lean el Reglamento con dedicación, esto no me escandaliza; pero, por eso, yo se lo recuerdo, naturalmente. 
. Señor Presidente, con todo el respeto que me merecen los diputados Carnero y Cerdeira, quisiera decir que el Consejo no está en disposición de dar una respuesta a su pregunta por dos razones: primero, porque el Consejo no tiene la costumbre de comentar artículos aparecidos en la prensa y, en segundo lugar, porque el tema no es de competencia del Consejo. 
Señor Presidente, ¿puedo deducir de la respuesta del Sr. de Miguel que el Consejo considera que no es de su competencia proponer alguna iniciativa contra los actos de discriminación que sufren ciudadanos y ciudadanas europeos por razón de su orientación sexual y que, por lo tanto, el Consejo considera que no es de su competencia la eficacia del artículo 13 del Tratado de Ámsterdam, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni siquiera la Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación? 
Le recuerdo que, por desgracia, son muchos los ciudadanos y ciudadanas europeos que a diario se dirigen a este Parlamento poniendo de manifiesto la discriminación existente por el único motivo de su orientación sexual y eso es algo que a esta parlamentaria desde luego le preocupa, y yo consideraba que sí era competencia del Consejo, más allá de las circunstancias concretas del caso que hoy día mencionamos. 
. 
Muchas gracias, señora Cerdeira, lo que yo le estoy diciendo es que el tema particular que usted ha mencionado pertenece a un dimensión de competencia religiosa, que corresponde a la Iglesia católica, y no es competencia del Consejo. 
No existe ningún tipo de discriminación con respecto a la persona a la que se refiere la pregunta, aparte de las propias dimensiones disciplinarias que la Iglesia católica quiera adoptar con un sacerdote que haya tomado una orientación. 
Por lo tanto, este es un tema que corresponde al ámbito estricto de la religión católica, en la cual el Consejo no desea pronunciarse. 
Señor Presidente del Consejo, en un sistema democrático como el que caracteriza a la Unión Europea y es propio de la misma, ninguna institución confesional o laica está por encima de las normas y valores fundamentales que garantizan la convivencia ciudadana todos los días. 
Por eso yo creo que sí es competencia del Consejo que nos indique qué medidas se van a tomar y se están tomando, para evitar la discriminación de los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que, por ejercer su derecho inalienable a elegir su orientación sexual, son discriminados o tachados de enfermos. 
A mí me parece que el Consejo sí tiene competencia para indicar, por los canales que sean pertinentes, que toda institución debe cumplir preceptos que están, como ha dicho la colega Cerdeira, en el Tratado y en una Carta de derechos fundamentales que ha sido elaborada muy recientemente por el Consejo y proclamada por el mismo. 
. Señor Presidente, naturalmente que todos los órganos de la sociedad europea están obligados por los principios fundamentales de respeto a la persona y a la no discriminación por cualquier razón. 
Pero me parece que el caso que ustedes plantean es de disciplina interna de la Iglesia católica, en la que, repito, el Consejo no desea mezclarse, por no tener competencia. 
Señor Presidente, antes que nada diré que el Consejo pretende al parecer que no tiene competencia en lo que se refiere a los derechos individuales. 
¿Quiere eso decir que el Consejo es incompetente? 
Me gustaría que se me contestara a esta pregunta. 
Además, ¿aceptará la Presidencia que los Estados miembros tienen la obligación de condenar esa discriminación porque han firmado la directiva marco sobre empleo que prohíbe la discriminación, incluida la discriminación entre hombres y mujeres, que es una directiva que hay que transponer en el año 2003? 
Por último, ¿esta dispuesta la Presidencia a invocar una cuestión de principio y condenar en general esa discriminación, que mancha el alma de los que la practican así como a los que la respaldan con su silencio o con su inacción? 
. Señor Presidente, no. 
El Consejo no tiene la intención de tomar ninguna acción en este caso. 
Pregunta nº 11 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0084/02): 
Asunto: Presidencia española y relaciones con Marruecos 
¿Cuál será la aportación de la Presidencia española a las relaciones con Marruecos? 
. Señor Presidente, la Presidencia española se congratula del positivo estado de las relaciones de la Unión Europea con Marruecos y está resuelta a desarrollarlas en varios planos: en primer lugar, la puesta en práctica del Acuerdo de Asociación, que entró en vigor el 1 de marzo y que prevé una estrecha cooperación en una serie de ámbitos, la creación de una zona de libre comercio y la instauración de un diálogo político, elementos que revisten especial importancia para el desarrollo de las relaciones globales con dicho país. 
Se han realizado avances en numerosos capítulos del acuerdo y se han creado grupos de trabajo en sectores específicos. 
La segunda reunión del Consejo de Asociación, que se celebrará en Rabat hoy 13 de marzo de 2002, será una excelente oportunidad para analizar los trabajos de ejecución del Acuerdo y establecer las perspectivas de los trabajos futuros. 
Con tal ocasión, la Presidencia se referirá asimismo a varios temas de orden político, como la situación de los derechos humanos en Marruecos y el Sahara occidental. 
La reunión brindará también la posibilidad de analizar las vías y medios de intensificar las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos con miras a preparar la tercera reunión del Consejo de Asociación Unión Europea-Marruecos que, en principio tendrá que llevarse a cabo bajo Presidencia danesa en el segundo semestre del año 2002, ya que la última reunión tuvo lugar en octubre de 2001. 
Por otra parte, las negociaciones agrícolas que la Comisión desarrolla con Marruecos y que se iniciaron este mes de enero tienen por objeto liberalizar en mayor medida el comercio agrícola de la Unión con Marruecos. 
De conformidad con el Acuerdo de Asociación, se reanudarán en paralelo con el Comité de Asociación el 14 de marzo y, en principio, concluirán, a más tardar, a finales de 2002. 
La Presidencia, por su parte, sigue apoyando los esfuerzos de Marruecos en la cooperación regional y subregional, así como la unión del Magreb árabe y el Proceso de Agadir. 
Éste último prevé la creación de una zona libre de comercio, inicialmente entre Marruecos, Egipto, Jordania y Túnez, si bien, también tendrán acceso a ella otros países de la región que hayan celebrado un acuerdo de asociación con la Unión Europea. 
Por último, la Presidencia prosigue el diálogo y la cooperación con Marruecos en materia de política migratoria, incluida la inmigración clandestina, con vistas, entre otros fines, a poner en práctica, de forma conjunta, el plan de acción para Marruecos adoptado por el Consejo en octubre de 1999. 
Dicho plan prevé el desarrollo socioeconómico, la integración de los nacionales marroquíes que residan legalmente en los Estados miembros, la gestión de los flujos migratorios y el respeto al derecho de asilo. 
Se están poniendo en marcha algunos proyectos relativos al desarrollo conjunto en el plano socioeconómico, a las condiciones de vida y trabajo de las comunidades marroquíes en la Unión Europea, a la gestión de los controles fronterizos y también al apoyo de la lucha contra las migraciones clandestinas. 
Ayer tuvo lugar en Rabat una reunión del grupo sobre asuntos sociales y migraciones; en el curso del presente semestre se efectuarán consultas con miras a las negociaciones de un acuerdo de readmisión entre la Unión Europea y Marruecos. 
Por lo que se refiere más concretamente a la pesca, el Consejo conoce la importancia que han tenido siempre las relaciones de este ámbito entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea. 
La Presidencia no regateará esfuerzos para que esas estrechas relaciones puedan mantenerse en el marco de una provechosa cooperación entre ambas partes. 
Señor Presidente, en realidad esta contestación es la lectura de una agenda de reuniones, pero creo que políticamente no tiene ningún interés y es muy decepcionante, cuando lo que se preguntaba era qué aportaciones realizará la Presidencia española a las relaciones con Marruecos. 
Señor Presidente, no ha dicho nada sustancial. Ese molde de reuniones serviría para muchos países. 
Por favor, no me conteste usted con una agenda. 
Dígame qué objetivos, qué prioridades tiene la Presidencia española en relación con Marruecos. Algo que podamos entender como un objetivo o una prioridad y no una agenda de reuniones que, además, me temo que no salen del bla-bla-bla de siempre. 
. Siento que la señora diputada sólo haya memorizado las fechas de las reuniones y no el contenido, pero se lo voy a repetir. 
Justamente ayer 12, hoy 13 y mañana 14 hay tres reuniones programadas por la Presidencia que versan sobre las tres grandes prioridades para Marruecos en su relación con la Unión Europea. 
Ayer, se reunió el Comité de Migraciones para hablar del tema más importante, que es el tema de la situación de las migraciones de Marruecos hacia la Unión Europea, de la situación de los emigrantes marroquíes en Europa, y para tratar de ayudar a Marruecos en ese gravísimo problema de emigración del que adolece. 
Hoy se está reuniendo el Comité de Asociación para tratar todos los temas políticos relativos al conjunto de la cooperación con Marruecos, no solamente la económica, sino la política, así como todos los proyectos que tiene dentro del marco de asociación y el acuerdo de asociación y cooperación que es el instrumento fundamental de la relación entre la Unión Europea y Marruecos. 
Y, mañana, se reúne en Bruselas el Comité que está revisando todas las exportaciones agrarias de Marruecos hacia la Unión, que es la primera prioridad de Marruecos: poder exportar sus productos agrícolas a la Unión Europea. 
Si eso le parece poco a la Sra. diputada, pues entonces yo no tengo nada más que decir, señor Presidente. 
Pregunta nº 12 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0085/02): 
Asunto: Subvenciones comunitarias a la exportación de productos agrícolas 
La UE gasta cada año 5 000 millones de euros en subvenciones a la exportación de productos agrícolas. 
Esta subvenciones perjudican gravemente las posibilidades de comercialización de productos agrícolas de otros países, especialmente los menos desarrollados. 
El Tribunal de Cuentas ha señalado también que el control de estos gastos es insuficiente. 
En la OMC las subvenciones de la UE ha sido objeto de fuertes críticas y su revisión es uno de los objetivos en las conclusiones de la reunión de Quatar. 
¿De qué manera se propone la UE reducir progresivamente y/o suprimir estas subvenciones en los próximos años? 
. Señor Presidente, el Consejo subraya a la atención de Su Señoría que, con respecto a las relaciones comerciales con los países en desarrollo, procede recordar que la Unión Europea es el segundo exportador y el primer importador mundial de productos agrícolas y, en particular, que es, con diferencia, el principal importador del mundo de productos agrícolas procedentes de los países en desarrollo. 
La Unión Europea importa por sí sola más productos agrícolas procedentes de países en desarrollo que los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda juntos. 
Entre 1997 y 1999, la Unión Europea ha importado más de 35 000 millones de euros anuales de productos agrícolas procedentes de los países en desarrollo, con un arancel de entrada nulo, en la mayor parte de las veces, o bajísimo, en contadas excepciones. 
En efecto, la Unión tiene una política muy activa en favor de estos países y, en particular, por medio de dos programas principales destinados a favorecer las exportaciones de los países en vías de desarrollo a la Unión. 
Uno es el sistema de preferencias generalizadas y el otro, la iniciativa, bien conocida, llamada EBA (everything but arms). 
El Consejo recuerda que, además, en el marco de la Organización Mundial del Comercio- compuesta por 144 países miembros, la mayoría de los cuales son países en desarrollo -, se celebró un acuerdo en materia agrícola en virtud de los Acuerdos de Marrakech de 1994 destinado, entre otras cosas, a reducir las subvenciones que originan distorsiones de la competencia en los mercados mundiales. 
Recientemente, en noviembre de 2001, el ciclo de desarrollo iniciado por la Declaración de Doha fijó el objetivo de reducir aún más estas distorsiones comerciales, ayudando al mismo tiempo a los países en desarrollo a aprovechar de manera más equitativa los intercambios mundiales. 
En el marco de estas nuevas negociaciones comerciales multilaterales, la Unión se ha comprometido a contribuir a la conclusión, antes del 1 de enero de 2005, de un acuerdo multilateral equilibrado que sea beneficioso para todas las partes. 
La posición de la Comunidad consiste en establecer reducciones adicionales de las subvenciones a la exportación, como los créditos a la exportación, las empresas comerciales del Estado u otros tipos de monopolios de exportación que utilicen un mercado para subvencionar otro; o, incluso, determinadas prácticas alimenticias cuyo verdadero objetivo es eliminar excedentes, abrir mercados o suprimir la competencia en los mercados. 
Por el momento, el Consejo no dispone aún de propuestas de la Comisión que, como este Parlamento sabe, ejerce a título exclusivo la política comercial común, pero cuando se le presenten, las estudiará en el marco de estas orientaciones que, por otra parte, la Comisión comparte. 
Por tanto, no hay riesgo de que exista ningún problema entre el Consejo y la Comisión para lograr el objetivo de dar las mayores ventajas a los países en vías de desarrollo para que exporten a los mercados de la Unión. 
Señor Presidente, doy las gracias al presidente del Consejo por su exhaustiva respuesta. 
Creo que esas grandes subvenciones a las exportaciones son esencialmente insolidarias y destruyen el mercado agrícola en una gran parte del Tercer Mundo. 
Sólo podrá haber una política comercial justa cuando se hayan eliminado las subvenciones. 
Quiero formular dos preguntas complementarias. La primera de ellas se trata de los cuantiosos fraudes con las subvenciones a las exportaciones que ha denunciado, entre otros, el Tribunal de Cuentas. 
¿Qué medidas existen para combatir estos fraudes? 
La otra pregunta es ¿cómo, fundamentándome en la respuesta de la Presidencia, podría pensar que la Presidencia española, cuando la Comisión haya presentado su propuesta, dará su apoyo a una considerable reducción de las subvenciones a las exportaciones? 
. Creo que en la Unión Europea- tanto en la Comisión, el organismo OLAF, como en el Parlamento Europeo- el control de todos los gastos de la Unión tiene instrumentos suficientes para controlar los fraudes y, naturalmente, yo me imagino que en el futuro serán tratados con la misma dureza y rigor con que han sido tratados en el pasado. 
Con respecto a la eliminación de las subvenciones a la exportación, no puedo darle una respuesta como Presidencia, porque ésta será la respuesta que tenga el Consejo. 
Le puedo decir que España es contraria a las subvenciones a la importación, pero, naturalmente, la Presidencia del Consejo tendrá que reflejar cuál es la posición del Consejo en su conjunto y yo no lo puedo avanzar en este momento, porque todavía no tenemos ninguna propuesta de la Comisión y todavía los países miembros no se han pronunciado sobre este asunto. 
No hay duda de que se pretende cambiar el régimen de subvenciones que se han venido concediendo hasta hoy en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) , y si este régimen cambia será a costa de los productos agrícolas y de la renta de los depauperados pequeños y medianos agricultores. 
Debo decir en este punto, y tómese en consideración, que el 80% de las subvenciones es absorbido por el 20% de las explotaciones, y, de acuerdo con el informe MacSharry, hace ya mucho tiempo que las subvenciones que reciben los campesinos, especialmente del Sur, deberían haber aumentando si se quiere que cubran con sus producción las necesidades de la Unión Europea, que es deficitaria e importa más del 70% de productos como algodón, tabaco, aceite, frutas y hortalizas y otros. 
Por otro lado, estos productos son de excelente calidad y su promoción no haría sino beneficiar a los consumidores de la Unión Europea. 
Pregunto al Consejo, puesto que no ha dado una respuesta clara y, por lo que dice, no tiene aún posición al respecto: ¿acabará eventualmente aceptando, sobre la base de las conclusiones de la cumbre de Qatar, la supresión de las subvenciones? En tal caso, ¿tiene en cuenta que en países como Grecia y otros países del Sur eso supondría el abandono de la agricultura con todas las consecuencias que ello comporta, como la depauperación extrema de los pequeños y medianos agricultores, el aumento del paro, las repercusiones medioambientales? 
. Al Presidente en ejercicio del Consejo le resulta muy difícil avanzar cuál va a ser el debate (por cierto, uno de los debates más calientes que va a tener la Unión en los próximos meses) sobre, nada más y nada menos, la reforma de la política agrícola común, porque en el centro de la reforma está, precisamente, el tema de las subvenciones agrícolas. 
Le rogaría al diputado que tuviera la paciencia de esperar al mes de julio en que la Comisión va a hacer su propuesta sobre la revisión a medio plazo de la política agrícola común, de acuerdo con las perspectivas financieras y de acuerdo con lo que se acordó en Berlín en el año 2000. 
Por lo tanto, en ese momento habrá una propuesta de la Comisión, el debate se iniciará en el Consejo y, no me cabe la menor duda de que el Parlamento Europeo se hará muy rápidamente eco de toda la problemática planteada y no va a ser ajeno a este gran movimiento de reforma de la política agrícola común. 
Por ello, la Presidencia, ésta o la que venga, tendrá muchas ocasiones de dar respuesta sobre estos temas. 
En este momento, lamento no poderle avanzar nada, porque no hay nada sobre la mesa. 
Recuerdo a las señoras y señores diputados que los turnos de preguntas son para preguntas concretas, no para debates de tipo general. Estos se hacen en otros momentos, de otra forma y con mucho más tiempo. 
En el turno de preguntas sólo hay un minuto para preguntar y un minuto para contestar. 
No me estoy refiriendo a ningún diputado en concreto, que nadie se dé por aludido, pero es un recordatorio general para todos. 
. Señor Presidente, procedo a responder. 
El 12 de febrero de 2002, el Consejo Ecofin estudió los programas actualizados de estabilidad presentados por Alemania y Portugal. A este respecto, el Consejo estudió, asimismo, las recomendaciones de la Comisión destinadas a avisar con carácter preliminar- es decir, el famoso método de alerta rápida- a dichos Estados miembros a fin de que pudieran prevenir un excesivo déficit público. 
Ante las preocupaciones manifestadas en las recomendaciones de la Comisión a propósito del deterioro de su déficit, tanto el Gobierno alemán como el Gobierno portugués se comprometieron a procurar que no se superaría en 2002 el valor de referencia del 3 % del PIB para el déficit público. 
Y también se comprometieron a controlar muy de cerca la evolución presupuestaria en 2002 y a evitar cualquier medida que pudiese agravar el déficit presupuestario y, naturalmente, a hacer todos los esfuerzos necesarios para volver, a más tardar en el año 2004, a una posición presupuestaria cercana al equilibrio, en el caso de Alemania, o a una posición presupuestaria equilibrada, en el caso de Portugal. 
El Consejo y la Comisión han estimado que tales compromisos de los Gobiernos alemán y portugués respondían al fondo de las preocupaciones expresadas en las recomendaciones de la Comisión por que se les avisara rápidamente. 
Consecuentemente, el Consejo ha desestimado las recomendaciones de la Comisión y ha optado por concluir el procedimiento. 
Los motivos del Consejo fueron expuestos en dos declaraciones referentes a la situación presupuestaria de estos dos Estados miembros, que se hicieron públicas. 
Señor Presidente, ¡agradezco a la Presidencia española su respuesta! 
Algunas preguntas complementarias: 
¿Opina la Presidencia que es provechoso que la Comisión y el Consejo hayan llegado a conclusiones distintas sobre el déficit presupuestario de Alemania y de Portugal? 
¿Es conveniente que se hagan apreciaciones diferentes? 
¿Qué piensa la Presidencia española de la advertencia que hace algún tiempo se hizo al gobierno de Irlanda por la bajada de impuestos para cumplir promesas electorales? 
¿Fue una advertencia justa teniendo en cuenta el tratamiento que se da a Alemania y Portugal? 
¿Qué piensa usted de la credibilidad del pacto de estabilidad, habida cuenta del debilitamiento del euro- especialmente en su relación con el dólar- que ha caído de 1,30 a 0,90? 
. Señor Presidente, en primer lugar, la decisión que ha tomado el Consejo no es, desde luego, perjudicial. 
El Consejo no podría haber tomado una decisión perjudicial con propio conocimiento y volición. 
Eso es impensable. 
El Consejo sólo toma decisiones cuando cree que son beneficiosas para la Unión y para sus Estados miembros. 
Y con respecto a la supuesta discrepancia entre la Comisión y el Consejo, solamente le quiero decir que la Comisión cumplió plenamente con el deber que le tienen atribuidos los Tratados de vigilar el Pacto de Estabilidad y de proponer al Consejo la activación del mecanismo de alerta rápida, y el Consejo ejerció la responsabilidad que le corresponde cuando, con esta advertencia de la Comisión, y unánimemente, decidió que, al haber obtenido garantías claras y compromisos claros por parte de los Estados afectados, correspondía tomar la decisión que se tomó. 
Usted me dice que haga una comparación entre la decisión que se tomó para Irlanda y la decisión que se ha tomado para Alemania y para Portugal. 
En el caso de Irlanda, el Consejo tomó la decisión que le pareció oportuna- y me imagino que tuvo en cuenta las consideraciones específicas- y luego, en el caso de Portugal y Alemania, ha tomado otra decisión porque también le ha parecido oportuno. 
Es decir, que el margen de apreciación del Consejo para hacer recomendaciones a los países que puedan estar en peligro de no cumplir el Pacto de Estabilidad es absolutamente soberano y el Consejo decide en cada caso según las circunstancias que concurren y, desde luego, el caso irlandés no era como el caso portugués o el caso alemán. 
En los casos portugués y alemán, se han recibido unas garantías que han sido apreciadas unánimemente por todos los miembros del Consejo y, por tanto, éste ha decidido soberanamente, de acuerdo con las competencias y las responsabilidades que tiene. 
Tengo que decirles que hay más diputados que han pedido hacer preguntas complementarias pero sólo puedo dar la palabra a dos diputados más por el orden en que nos han pedido la palabra. 
Primero le daré la palabra al Sr. Tannock y luego al Sr. Fatuzzo. 
La política monetaria y de moneda única que se basa en el principio de que ' una talla vale para todos? se traducirá inevitablemente en que las inversiones directas extranjeras irán a los Estados miembros que tengan los ingresos y las tasas fiscales para sociedades más bajos. 
¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que se exija que haya una armonización fiscal seria en Eurolandia? 
¿Y cuánto tiempo va a pasar antes de que se descubra que el actual presupuesto de la UE- que está limitado al 1,27 % del PIB de los Estados miembros- es insuficiente para estabilizar una zona de moneda única, particularmente a continuación del inminente programa de ampliación que verosímilmente comenzará en el año 2004, y particularmente si se produce un choque asimétrico para uno de los Estados miembros, que requerirá la ayuda de algún fondo central de la UE? 
Ya saben ustedes que hay que hacer preguntas lo más concretas y complementarias posibles. 
Por supuesto que tienen una vinculación las preguntas que ustedes están haciendo, pero queda a la discreción del señor Presidente en ejercicio contestar a las preguntas sintéticamente. 
Es evidente que la armonización fiscal, no digo en eurolandia, sino en toda la Unión- porque eso también concierne al país de su nacionalidad -, es una aspiración de la Unión, pero yo creo que su Señoría sabe que éste es un tema que debe ser decidido por unanimidad y en el cual se avanza lentamente, pero se avanza y, por lo tanto, el Consejo el Ecofin tiene la intención de continuar los trabajos para la armonización fiscal dentro de la Unión y yo tengo esperanzas de que esta armonización se logre para beneficio, no solamente de la zona del euro, sino también de toda la Unión. 
¿Sabe el Presidente en ejercicio del Consejo si es cierto lo que han declarado el primer ministro italiano Sr. Berlusconi y el ministro de Hacienda italiano Sr. Tremonti, o sea, que en 2001, cuando se hicieron cargo del Gobierno tras los anteriores Gobiernos de centroizquierda, encontraron un agujero de 8.550 millones de euros que, según parece, fue ocultado en el presupuesto por los Gobiernos anteriores y fue descubierto a raíz de los controles realizados por el Gobierno actual? 
¿Es cierto? 
¿Sabe algo de esto? 
. Señor Presidente, este tema no es de la competencia de la Presidencia del Consejo y, por lo tanto, no tengo ninguna respuesta que dar. 
Vamos a realizar la última pregunta al Presidente del Consejo, porque él debe irse imperativamente a las siete de la tarde, porque si no perderá el enlace aéreo. 
Pregunta nº 14 formulada por Raimon Obiols i Germà (H-0090/02): 
Asunto: Perspectivas del proceso de Barcelona 
El pasado 24 de enero, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, la Presidencia del Consejo en ejercicio definió la situación del proceso Barcelona como "preocupante", tanto desde el punto de vista económico como político. 
En los últimos días hemos conocido igualmente las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores francés, señor Hubert Védrine, que en la conferencia anual de EuroMeSCo, el pasado 31 de enero, opinó que el proceso de Barcelona se enfrentaba a "bloqueos socio-políticos enormes" y que quizás se había lanzado con una visión "un poco utópica" y "demasiado global". 
¿Piensa la Presidencia que es necesario reducir las expectativas y la voluntad política, en relación con el proceso de Barcelona o, por el contrario, situar el partenariado euromediterráneo a un nivel de máxima prioridad política, especialmente tras los acontecimientos del 11 de septiembre? 
¿Puede la Presidencia avanzar algunas de las propuestas concretas que presentará en la próxima Conferencia Euromediterránea de Valencia? 
¿Que mecanismos institucionales piensa la Presidencia que deberían reforzarse o crearse para poner en marcha un proceso de "toma de decisiones en común" entre los socios mediterráneos? 
¿Que piensa la Presidencia en ejercicio de la sugerencia de avanzar en el proceso euromediterráneo a través de la adopción de "cooperaciones reforzadas"? 
. Señor Presidente, la Presidencia ha apoyado siempre los esfuerzos encaminados a desarrollar el Proceso de Barcelona desde su creación. 
En el nuevo contexto internacional, relacionado con los acontecimientos del 11 de septiembre, el Consejo Europeo de Gante de los días 19 y 20 de octubre del pasado año consideró imprescindible propiciar el diálogo en pie de igualdad entre nuestras civilizaciones y la del mundo árabe y musulmán, en particular, en el marco de este Proceso de Barcelona. 
Así pues, se dedica especial atención a este aspecto. 
Habida cuenta de lo anterior, la intensificación de las actividades del proceso de Barcelona constituye, en efecto, una prioridad para la Presidencia española que se propone convertir en un éxito la reunión Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores que se va a celebrar en Valencia los días del 22 y 23 del próximo mes de abril. 
Con objeto de preparar dicha reunión, del 18 al 22 de febrero se trasladará a los países del Magreb una misión que tiene como objeto la preparación de esta reunión y, en este momento, están ya ultimados, prácticamente, todos los preparativos para tratar todas las cuestiones en los tres grandes cestos de temas políticos, económicos y socioculturales y para tener un grado de preparación de todos estos temas a fin de lograr acuerdos concretos en la reunión ministerial de Valencia. 
Quisiera decirle también que, hasta el momento, hemos recibido una respuesta prácticamente general, unánime, de todos los países del proceso de Barcelona en el sentido de garantizar su presencia en la reunión de Valencia. 
Creo que en las circunstancias de dificultad en el proceso de paz de Oriente Medio en las que nos encontramos, el hecho de que todas las delegaciones hayan anunciado su voluntad de participar en Valencia indica ya un espíritu de cooperación y un deseo de utilizar el marco del Consejo de Barcelona por encima de las dificultades que enfrentan a la parte árabe y al Estado de Israel en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Señor Presidente, no quisiera que mi intervención ocasionara la pérdida del avión al señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Por lo tanto, a la luz de la respuesta que me ha dado, yo quisiera reformular mi pregunta en dos cuestiones muy concretas. 
La primera, hace referencia a la propuesta de la Presidencia en ejercicio de un Banco Euromediterráneo de Desarrollo. 
¿Está en condiciones la Presidencia en ejercicio de garantizar el éxito de esta propuesta o tendremos que contentarnos con una simple línea de facilities o con una promesa de optimización de los programas MEDA? 
La segunda pregunta, muy concreta también, hace referencia a la presencia en Valencia, ya no de los terceros países mediterráneos, sino de los Ministros de Exteriores de los países miembros de la Unión. 
¿Está usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en condiciones de garantizar que no va a repetirse el escándalo de la última Conferencia Euromediterránea, donde de quince países miembros, sólo asistieron cuatro Ministros de Exteriores? 
Me limitaré a decir con pocas palabras que la pregunta que iba a hacer hoy ha quedado resuelta por el Sr. de Miguel en una carta sumamente cortés, atenta y amable que me ha enviado y que he recibido esta tarde. 
Quisiera darle las gracias muy sinceramente y decirle lo mucho que mi circunscripción va a apreciar su respuesta. 
No podemos ir más allá en este asunto, como usted comprenderá, por imperativo de la hora; pero usted lo explicará seguramente muy bien a la opinión pública de Baleares. 
Yo lamento que no tengamos más tiempo, pero es imposible. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 15 a 33 recibirán respuesta por escrito 
El próximo punto del orden del día es la continuación del debate sobre tres informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: 
A5-0060/2002 de Lipietz sobre la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (KOM (2001) 213- C5-0159/2001- 2001/0095 (COD) ). 
A5-0069/2002 de Goebbels sobre operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (KOM (2001) 281- C5-0262/2001- 2001/0118 (COD) ). 
A5-0072/2002 de Huhne sobre el prospecto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores (KOM (2001) 280- C5-0263/2001- 2001/0117 (COD) ). 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, los informes que hoy examinamos demuestran que el sacrosanto objetivo de garantizar la transparencia y un alto nivel de disclosure en los mercados financieros puede entrar en conflicto con otras exigencias igualmente importantes como, por ejemplo, la de no sobrecargar a las pequeñas empresas de excesivas obligaciones burocráticas. 
Creo que los ponentes y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han trabajado bien y han alcanzado un buen punto de equilibrio entre las distintas exigencias en juego, y por lo tanto, pienso que el Parlamento debe respaldar las propuestas aprobadas por amplia mayoría en comisión. 
Por lo que se refiere al primero y más urgente, esto es, la creación del llamado pasaporte único cuya función es agilizar y convertir en menos costosa la recogida de capitales dentro de la Unión Europea, considero que el planteamiento del ponente Sr. Huhne, aprobado por la comisión, se puede compartir totalmente. Por lo que se refiere al segundo, es decir, la posibilidad que se concede a los Estados de excluir de las obligaciones derivadas de la directiva a aquellas sociedades con una capitalización inferior al límite de 350 millones de euros- propuesto por el ponente, Sr. Huhne- considero que va en el sentido de conciliar la transparencia informativa con la protección de las empresas menos pequeñas. 
En conclusión, también encuentro convincente la argumentación en favor de la posibilidad de que la autoridad competente sea elegida por el emisor, como propone el ponente, Sr. Huhne. 
Es un mecanismo que puede dar lugar a positivos procesos de comparación entre las prácticas de las autoridades en los Estados miembros. 
En estos casos, como siempre, se agita el fantasma de la race to the bottom, es decir, de un empeoramiento de la calidad. 
Pues bien, creo que hay que tener más confianza en la capacidad de los mercados de seleccionar y de premiar, por el contrario, las mejores prácticas. 
Señora Presidenta, ante la creciente complejidad de los instrumentos financieros y la rapídisima transmisión de datos, en cuestión de segundos, a través de Internet, no resulta sencillo distinguir entre el uso apropiado y el uso indebido de la información privilegiada. 
Como resultado, entre otras cosas, en Alemania se han formulado en veinte años diez querellas y se ha iniciado un procedimiento judicial lento y costoso, sólo a causa de que la definición no era lo bastante clara. 
Nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios apoyó por unanimidad la reglamentación por el procedimiento de comitología, en consonancia con el informe Lamfalussy y su respuesta parlamentaria, el informe von Wogau. 
Considerábamos muy importante que se redefiniera la información privilegiada, Ésta es información que no está al alcance de todo el mundo y que afecta directa o indirectamente a los emisores de instrumentos financieros. 
Su difusión pública, por medios tradicionales o electrónicos, podría afectar visiblemente las cotizaciones o los precios. 
Nos encontramos ante una manipulación cuando se difunden deliberadamente informaciones erróneas o engañosas sobre circunstancias importantes y esto puede redundar en una ventaja o un beneficio directo o indirecto para un tercero. 
Por otra parte, conseguimos evitar que se estableciera una reglamentación especial para los periodistas. 
Éstos no deben ser tratados de manera diferente de otros culpables de una manipulación del mercado. 
La libertad de prensa queda garantizada en cualquier caso. 
Aprobamos una lista indicativa dirigida a los Estados miembros para la adopción de sanciones y otras medidas. 
Decidimos unos principios que proponemos a la Comisión con vistas al ejercicio de las competencias en materia de desarrollo. 
Elaboramos una lista de instrumentos financieros destinada a asegurar la incorporación de los nuevos productos al ámbito de aplicación de la directiva. 
Y destacamos la importancia de las llamadas ' murallas chinas? como medida preventiva para combatir los abusos del mercado, pero también pedimos su riguroso control en la empresa correspondiente. 
Coincidimos en la necesidad de que en cada Estado miembro de la UE se cree o se consolide una autoridad central que permita ejercer un control eficaz. 
Ésta deberá agrupar las diferentes competencias de los servicios nacionales y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades con estructuras análogas de otros Estados. 
La unanimidad del Parlamento, la Comisión y el Consejo con respecto a la mayoría de estas propuestas constituye un gran éxito a mi parecer. 
También debemos agradecerla claramente al ponente, Sr. Goebbels; en mi calidad de ' ponente en la sombra? yo le felicito por su capacidad para alcanzar un buen compromiso, en el cual también pudimos incorporar algunas de nuestras enmiendas. 
Es de esperar que la revisión de la directiva que hemos realizado y que también tiene en cuenta los nuevos avances permita promover una mayor coherencia de los mercados financieros europeos y a la larga también una mayor confianza entre los inversores; ¡una perspectiva favorable en un sector especialmente sensible de nuestra economía globalizada! 
Señora Presidenta, señor Ponente, aunque hayamos votado favorablemente su informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- me refiero ahora al informe Huhne -, esto no significa, ni mucho menos, que estemos de acuerdo con su contenido de fondo. 
Tampoco se debe forzar demasiado nuestra voluntad de compromiso. 
Permítanme que repita nuestros objetivos, los objetivos de mi Grupo, que tienen en cuenta el mercado y los intereses de los consumidores. 
La directiva sobre el prospecto relativo a la cotización de valores tiene como objetivo lograr la transparencia del mercado y de los productos. 
En esto estamos todos absolutamente de acuerdo. 
Y los inversores necesitan que la información sea seria. 
No deben producirse casos como los de Enron o Maxwell. 
Es evidente que la directiva no podrá impedir, lógicamente, el fraude en la descripción de los valores, pero cabe esperar que contribuya, junto con todos los mecanismos complementarios que ya hemos examinado y que tenemos a nuestra disposición, a que en el futuro podamos disponer de productos básicamente serios. 
Mi crítica al presente informe es, ante todo, que usted, señor Ponente, contempla únicamente o primordialmente al gran inversor. 
Sin embargo, el mercado prospera en el sector privado, en el sector de los pequeños inversores, y en el caso de las PYME se plantea un conjunto adicional de consideraciones totalmente distintas. 
Por ejemplo, en el caso de las PYME se requiere, obviamente, un mercado de capitales atractivo y un abaratamiento de las concentraciones de capital, y nuestro objetivo ha de ser mejorar la seguridad y la calidad desde el punto de vista de los compradores de valores. 
Además, en aras de la transparencia del mercado, es absolutamente necesario que se amplíe el campo de aplicación de la obligatoriedad de los prospectos europeos y yo no veo que esto se contemple por ahora en la primera lectura. 
Lamentablemente, para empezar, sólo pudimos ponernos de acuerdo sobre un límite de 350 millones de euros en relación con el tema de la cotización en bolsa. 
Yo confío que en el paquete se mejore la flexibilidad en este aspecto. 
De lo contrario, con este límite excluiríamos en su mayor parte o casi en su totalidad el aspecto de las PYME y restringiríamos fuertemente el alcance de la directiva. 
Señor Ponente, mi Grupo va a seguir participando de manera constructiva en la mejora de este directiva y lo digo, naturalmente, con toda seriedad. 
Esto también requiere, no obstante, una mayor flexibilidad por su parte. 
De ella dependerá, en última instancia, la continuidad de nuestra voluntad de asentimiento en relación con esta cuestión y yo espero que me sea posible darle mi aprobación. 
Señora Presidenta, estimados colegas, mañana votaremos la propuesta de directiva relativa al prospecto de las ofertas públicas europeas, la cual debería permitir que los emisores puedan hacer uso del mismo prospecto en toda la Unión Europea. 
La propuesta de la Comisión supone un importante avance en muchos aspectos. 
Sin embargo, en un examen más detallado y tras los enfrentamientos entre los agentes del mercado, se pone claramente de manifiesto que la propuesta original presenta algunos puntos conflictivos que deben ser modificados. 
En los límites de tiempo de mi intervención sólo puedo mencionar las modificaciones necesarias más importantes que hemos aprobado en nuestra comisión. 
Los emisores deben tener poder discrecional para elegir el Estado miembro en cuya bolsa de valores o mercado quieren cotizar. 
Existen diferentes categorías de valores que no cotizan en los mercados de todos los Estados miembros. Determinados mercados tienen mucha más experiencia en tales categorías de valores. 
Desde el punto de vista de los emisores que operan en la UE, sería mejor que, siguiendo la práctica actual, éstos pudieran solicitar también en el futuro la aprobación de sus prospectos a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo mercado se realice concretamente la oferta pública o la admisión a cotización, y no en el Estado miembro donde el emisor tiene su domicilio social. 
Las empresas que tengan la intención de permanecer en sus países de origen no se beneficiarán de este mercado único, por lo que no tendrán necesidad de este pasaporte único para los prospectos. 
Así pues, apoyo la propuesta de que se permita a los Estados miembros hacer excepciones en las exigencias relativas al prospecto para los emisores situados por debajo de un determinado valor de mercado, siempre que la oferta pública se haga en un único Estado miembro. 
Esto facilitaría especialmente la actividad de las PYME, pero también les permitiría, evidentemente, solicitar la aprobación de su prospecto si lo desean, beneficiándose así del mercado único. 
Los costes de traducción han representado un problema importante, y éstos deben ser reducidos para facilitar la cotización de las empresas en el extranjero. 
Los prospectos de valores suelen incluir textos muy largos con todo lujo de detalles. 
Basta perfectamente con que la nota esté redactada en la lengua habitual usada en el ámbito de las finanzas y que se traduzca únicamente la nota de síntesis a la lengua del Estado miembro de acogida. 
Se trata de una solución más clara que la incluida en la propuesta original de la Comisión y que beneficia por igual a emisores e inversores. 
También es problemático el sistema de ' registro permanente? anual obligatorio propuesto por la Comisión, el denominado régimen de self-registration. 
Este sistema permitiría a las compañías presentarse repetidamente en los mercados de diversos países para adquirir capital sin tener que actualizar todo el prospecto. 
Naturalmente, esto puede ser positivo. 
Pero este planteamiento no es adecuado en lo que se refiere a casos muy generalizados, en los que los emisores buscan financiación una sola vez o en intervalos de varios años. 
Quiero dar las gracias de forma especial al ponente, Sr. Huhne, y a los demás miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por la excelente y constructiva colaboración prestada. 
Hemos conseguido llegar a una gran comprensión mutua y equilibrada en relación con las enmiendas necesarias. 
Espero que en la votación de mañana podamos mantener los acuerdos alcanzados; si abandonamos la línea trazada en la conciliación de la comisión parlamentaria, se dificultaría considerablemente la creación de un mercado financiero en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, deseo ante todo felicitar a la Comisión por la propuesta que nos había remitido inicialmente sobre el prospecto. 
Pienso que podemos mejorar dicho texto, pero temo que nuestro Parlamento lo estropee si sigue a su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y espero que la votación de mañana permita rectificar el enfoque. 
Todos somos favorables a la unificación de los mercados financieros. 
Se trata de un objetivo esencial si queremos cumplir los objetivos que nos fijamos en Lisboa. 
Pero no olvidemos lo que ocurrió del otro lado del Atlántico. 
¿Cómo podríamos dejar de pensar en un caso del se habla estos días, el caso Enron, y no ver que la falta de transparencia, la falta de credibilidad de la información financiera es también una de las razones de esta situación? 
¿Cómo podríamos dejar de recordar, además, la cantidad de empresas incipientes que desaparecen día tras día aunque a diario se cree un número similar? 
Necesitamos un mercado financiero abierto, accesible a todos, maduro, transparente, seguro y sano, sin distorsión de competencia y que proteja a todos, es decir, una capacidad de acceso de las empresas a unos servicios financieros poco onerosos, pero también una protección para los ahorradores, para todos los ahorradores, incluyendo a los pequeños ahorradores. 
Y para ello existen dos principios esenciales que, en mi opinión, debemos restablecer con respecto al texto que nos remite la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
En primer término, necesitamos una norma simple sobre la autoridad encargada del control del prospecto, se trata de la norma del país donde el emisor tiene su domicilio social. 
Esta es la norma básica en toda la construcción del mercado interior y es preciso mantenerla. 
Necesitamos una autoridad competente cuya función esté claramente definida y que no pueda ser delegable. 
Estos son tres elementos claves en cuanto a la autoridad de control. 
Con respecto al ámbito de aplicación de la directiva existe la cuestión de las PYME. 
Necesitamos tanta información sobre las PYME como sobre las grandes empresas. 
Y si existen posibles flexibilizaciones es quizá en el plano de la anualización de las informaciones con respecto a estas empresas únicamente. 
Pero por lo demás, el hecho de excluir las PYME del ámbito de aplicación de la directiva no se plantea; de lo contrario, restaría eficacia al pasaporte europeo. 
Señora Presidenta, por lo que se refiere a los conglomerados quisiera respaldar una serie de enmiendas que quedaron aprobadas en la comisión parlamentaria. 
La propuesta de la Comisión requiere una revisión a fondo. 
En particular, las disposiciones sobre las sociedades de control (holdings) son excesivamente severas y restringirían sin razón a los bancos y compañías de seguros que desean invertir en una gama de acciones. 
Eso es particularmente importante en el contexto de las compañías de seguros que invierten el dinero de sus cajas de pensiones. 
Este Parlamento ha hecho constar con toda claridad que desea que los inversores tengan acceso a una extensa gama de acciones diferentes. 
Esas disposiciones, según están redactadas, imposibilitarían prácticamente que una compañía de seguros o un banco invirtiera dinero de las cajas de pensiones en otras instituciones financieras, debido a la importancia de las deducciones. 
Espero, en consecuencia, que se adopten los compromisos que se proponen en las enmiendas 44, 46 y 48. 
No estoy seguro de que tengamos todavía una respuesta adecuada a la cuestión, pero es evidente que las disposiciones sobre sociedades de control deben modificarse. 
En cuanto al artículo 14 espero que el Consejo y la Comisión progresen en las deliberaciones. 
Sé que están teniendo que racionalizar el proceso administrativo relacionado con los conglomerados cuyas sedes se hallen en terceros países. 
En cuanto a los prospectos, el Parlamento debe seguir el ejemplo que ha fijado la comisión parlamentaria. 
La propuesta de la Comisión aplica un marco basado en ' una talla vale para todos? , destinado a las grandes emisiones de acciones para la extensa gama de mercados financieros europeos. 
El Parlamento debe modificar la propuesta a fin de que refleje la diversidad de esos mercados. 
La matriculación interna (' shelf registration? ) debe ser facultativa y no obligatoria. 
El hecho de que se utilice en el sistema regulador de los Estados Unidos no quiere decir que tengamos que adoptarla nosotros también. 
Como hechos recientes han demostrado con demasiada claridad, el sistema regulador de los Estados Unidos no es siempre un buen sistema. 
Quisiéramos exonerar a las empresas más pequeñas de una parte de las propuestas, como ha indicado la comisión parlamentaria, y por eso es especialmente importante que reconozcamos que hay intereses particulares relacionados con las empresas más pequeñas, particularmente con las que solamente recaudan capital y desarrollan sus negocios en una parte de la Unión Europea. 
Deberíamos mantener el actual marco regulador para los mercados profesionales de bonos. 
Cuando hay mercados muy modernos y perfeccionados- en realidad se trata de uno de los mercados integrados que más éxito han tenido en la Unión Europea- no tiene sentido aplicar protecciones destinadas a los pequeños inversores en acciones. 
Necesitamos poder elegir al emisor, de lo contrario tendremos los mismos problemas con que hemos tropezado con la actual directiva sobre el prospecto. 
Eso es esencial si queremos verdaderamente integrar el mercado para la recaudación de capitales. 
En cuanto a la utilización abusiva de los mercados la propuesta de la Comisión plantea varios problemas. 
Felicito al Sr. Goebbels por haber abordado unos cuantos. 
Ahora bien, sigo teniendo preocupaciones acerca de la directiva. 
Tropezaremos con problemas importantes si aprobamos una directiva que penaliza una conducta que sea totalmente no intencionada, y espero que la Comisión y el Consejo acepten las posibilidades de protección que expone el Sr. Goebbels en sus propuestas de transacción, que se basan en una buena defensa para las prácticas de mercado aceptables. 
Esto es particularmente importante en el contexto de las derivadas, en el que el ámbito de la definición de información privilegiada dificultaría sobremanera la defensa de las obligaciones ordinarias, por ejemplo las referentes a una interrupción del suministro o a nuevos detalles de investigación reveladores de posibles nuevos suministros. 
Si esa información se puede catalogar inmediatamente como ' información privilegiada? , imposibilitaría la defensa y pondría fin a los mercados de derivadas. 
Insto también a la Comisión, al Consejo y al Parlamento a que estudien seriamente las enmiendas que hemos propuesto sobre el particular. 
Es esencial reconocer que hay Murallas chinas en los que la propuesta se transforma de norma legislativa que sólo puede aplicarse a personas, a ley que se puede aplicar a las empresas. 
Es importantísimo que animemos a las empresas para que se esfuercen por restringir la corriente de información privilegiada en todo lo posible, y quedo muy agradecido al ponente por haber respondido a las preocupaciones que yo sentía acerca de esta cuestión. 
Una Muralla china puede ser útil si la levantamos donde conviene hacerlo. 
Animo a las empresas a que se sirvan de ellas y las erijan en su sitio. 
Por último, es esencial que contemos con la debida protección de la libertad de expresión y de la libertad de los medios informativos. 
Por eso necesitamos algunos cambios radicales de las propuestas en lo que se refiere a la información financiera facilitada por los periodistas. 
Ello ciertamente llenará de satisfacción al Comisario. Me centraré sobre todo en el informe del Sr. Lipietz. 
Antes de entrar en materia quisiera formular algunas observaciones generales. 
Como ya he dicho, los Países Bajos se enfrentan desde hace tiempo con el problema de la supervisión de las evoluciones dinámicas del mercado, no sólo transfronterizas sino también transectoriales. 
El principal problema consiste en adaptar esta supervisión a las evoluciones dinámicas. 
El plan de acción para los servicios financieros opta por una máxima aproximación de las normativas de los Estados miembros mediante la acción de diversas autoridades supervisoras para luego crear un marco armónico para los mercados. 
Habida cuenta de que se trata de un planteamiento eminentemente práctico es oportuno dejar a los Estados miembros que decidan cómo organizar la estructura de supervisión. Ahora bien, lo veo como una solución provisional que, además, presenta algunos inconvenientes. 
Estimo fundamental que también nos centremos en la solución futura, en una supervisión futura que se lleve a cabo a escala europea. 
Por razones de eficacia necesitamos una estructura más práctica, más transparente y menos centralizada. 
Es imposible fijarlo todo mediante una normativa pormenorizada. 
En los Países Bajos estamos familiarizados con un método en el que las autoridades de control poseen competencias discrecionales relativamente importantes. 
Sin embargo, resulta difícil extender este enfoque a otros Estados miembros debido al gran número de autoridades existentes. 
Por todo ello, pienso que debemos abrir un debate sobre la creación de una poderosa instancia de control europea. En ese contexto tendremos que buscar una solución para el problema de la distribución. 
Habrá que ver si la organización por sectores realmente es la más adecuada, aunque, a mi modo de ver, se ha quedado totalmente obsoleta. Tal vez sea necesario hacer una distinción funcional entre supervisión de conducta y supervisión cautelar. 
A este respecto considero importante que también se discuta el papel del Banco Central Europeo. 
Es lógico que en esos ámbitos también se comience a reflexionar acerca de una posible participación en el ejercicio de la supervisión. 
Para concluir quisiera proponer que, ante un debate de esta envergadura, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo presenten iniciativas. 
. (EN) Señora Presidenta, éste es un debate conjunto sobre tres temas. 
Voy a empezar por el informe preparado por el Sr. Lipietz. 
Antes que nada, le felicito por su informe, que es excelente. 
Ha conseguido dar forma a una propuesta que es técnicamente compleja y económica importante. 
Todas estas enmiendas refuerzan el texto y son verdaderas aclaraciones de la propuesta. 
De igual manera diré que hay varias enmiendas que puedo aceptar en cuanto al fondo. 
Se trata de enmiendas que, en gran parte, van en la buena dirección pero que necesitan que se mejore su redacción a fin de evitar toda confusión o posibles contradicciones. 
La enmienda 6 se podría mejorar combinando los elementos de la enmienda 9 a fin de brindar un buen conjunto de criterios macroeconómicos para determinar los grupos que quedan incluidos en el ámbito de la directiva. 
La enmienda 17 aclara la forma de incluir estructuras colectivas especiales. 
No cabe duda de que se trata de una aclaración positiva, pero la redacción podría mejorarse. 
La enmienda 31 requiere que la Comisión sostenga consultas con la industria. 
Estoy de acuerdo, pero la enmienda nos parece excesivamente limitada: restringe las consultas a un puñado de federaciones de Bruselas. 
La Comisión es partidaria de que la consulta sea lo más amplia y lo más representativa que sea posible. 
Creo que el Parlamento también lo considerará necesario. 
Las enmiendas 32 a la 34, 44, 46 y 48 procuran enmendar lo que debe deducirse del capital para evitar el denominado doble engranaje del capital y para impedir que se exagere artificialmente la base de capital de una empresa. 
Estoy de acuerdo con el espíritu de esas enmiendas. 
El 20% de margen para las deducciones en materia de seguros parece ser un buen compromiso. 
La redacción propuesta necesita solamente una ligera mejora para conseguir la coherencia general del texto. 
En cambio, las enmiendas 43, 45 y 47, que contradicen completamente el sentido de las enmiendas 44, 46 y 48, no son aceptables. 
Pocas son las enmiendas que, desgraciadamente, no puedo aceptar. 
En primer lugar, las enmiendas que estrechan considerablemente el ámbito de la directiva: se trata de las enmiendas 4, 5, 11, 12 y 49. 
Esas enmiendas limitarán las medidas a grupos que tengan una relación entre la compañía matriz y las compañías subsidiarias. 
Eso no refleja la realidad. 
Hay grupos que están organizados sobre una base diferente y que de esa manera soslayarían la supervisión, por ejemplo las cooperativas horizontales o los grupos de mutualidades como el Rabo Bank en los Países Bajos o el DG Bank en Alemania. 
Esas enmiendas excluyen también a cualquiera que tenga vínculos estrechos con un conglomerado financiero. 
Después del caso de la compañía española Banesto, todos sabemos lo importante que es incluir esos casos en nuestra supervisión, en particular por lo que se refiere a las transacciones intragrupo. 
Otro grupo de enmiendas que desgraciadamente no puedo apoyar son las que se refieren al cálculo de la cuantía adecuada de capital. 
Se trata de las enmiendas 15, 16, 37 y 39. 
Puedo aceptar que se trasladen las disposiciones esenciales del anexo a los artículos de la directiva, pero no puedo apoyar los otros cambios esenciales sobre la definición de capital. 
Esos cambios perjudicarían fundamentalmente las normas de nuestra industria en materia de capital. 
En primer lugar, el texto inglés de la enmienda 16 modifica una palabra de la propuesta original y como resultado de ello abre la puerta a la aceptación de todos los tipos de capital a fin de cubrir los riesgos, sea cual fuere la calidad de dicho capital. 
Me parece que se trata de un error de mecanografía- esas cosas suceden a menudo- pero me gustaría que se me confirmase que los textos alemán y francés, que dejan sin modificar el texto original, son los buenos. 
En segundo lugar, no puedo aceptar que se incluyan los intereses minoritarios en el capital del grupo- es decir, me refiero a la última frase de la enmienda 15- si no están cubiertos también todos los riesgos de ese grupo. 
El tercer grupo de enmiendas que no puedo respaldar son las que dan a nuestros grupos financieros la libertad de escoger la forma en que calculan si un capital es el adecuado. 
Eso se refiere a las enmiendas 1, 13, 14, 38 y 51. 
Ése es el papel y la responsabilidad de nuestras autoridades públicas. 
No pueden renunciar a eso en favor de la industria por autorregulación, y estoy de acuerdo en que las autoridades discutan y convengan con cada grupo de qué forma se ha de calcular si su capital es adecuado. 
Estoy seguro de que podemos elaborar un compromiso aceptable, pero les pediré que procuren hacerse cargo de mi situación si les digo que esas enmiendas van demasiado lejos. 
Para acabar con esa cuestión, diré que este informe es muy positivo y muy oportuno. Quisiera dejar eso bien sentado. 
Con las pocas excepciones que he mencionado, el informe contribuye realmente a un rápido acuerdo y estoy seguro de que será posible elaborar compromisos aceptables acerca de las siguientes enmiendas: 1, 4, 5, 11 a 16, 37 a 39, 49 y 51. 
En el Consejo se está progresando sobre el particular, y me parece que estamos muy cerca de conseguir un acuerdo interinstitucional. 
En cuanto a la segunda cuestión, que es el informe preparado por el Sr. Goebbels, diré para empezar que se ha progresado mucho en relación con esa cuestión. 
Antes que nada quisiera dar gracias muy sinceras al ponente, Sr. Goebbels, por todos los esfuerzos que ha desplegado al mismo tiempo que trabajaba en condiciones de gran presión, como todos nosotros, permítaseme que diga de paso. 
Se trata de una cuestión sumamente compleja y delicada y quisiera aplaudir el hecho de que el ponente haya defendido resueltamente la finalidad de esta directiva, que es la de mejorar considerablemente la integridad de los mercados financieros europeos. 
Quisiera dar gracias también al ponente ' en la sombra? y a los miembros de la Comisión de Asuntos Monetarios por su buena disposición para trabajar lo más rápidamente posible. 
Sé que todos estamos de acuerdo en que la Unión Europea no tiene ningún interés en introducir disposiciones financieras demasiado codiciosas. 
Queremos que los mercados europeos sean estables, transparentes, integrados y eficientes, para todos los consumidores y todos los inversores. 
Esta directiva tiene que contribuir a mejorar la protección de los inversores y a conseguir que los mercados financieros europeos sean más seguros y más atractivos en el futuro. 
Tiene que disipar las preocupaciones internacionales expresadas en los últimos años acerca de transacciones privilegiadas y tratos clandestinos en los mercados europeos. 
Estoy seguro de que todos los distinguidos diputados se dan cuenta de que los últimos hechos han demostrado lo importantes que son estas cuestiones. 
No han sido solamente los ataques del día 11 de septiembre los que han puesto de manifiesto la necesidad de proteger mejor los mercados. 
Escándalos como el de la empresa Enron, que han sido mencionados esta tarde en varias ocasiones, indican claramente que es necesario contar con normas que den más seguridad a los mercados y que velen por conseguir que estén libres de fraudes y transacciones indebidas. 
El buen funcionamiento de los mercados financieros y la confianza pública en ellos son las condiciones necesarias para que haya prosperidad y crecimiento económico sostenibles. 
El uso indebido de los mercados incrementa los gastos de las empresas financieras, perjudica a la integridad de los mercados y disuade a los inversores. 
Tenemos que hacer todo lo que podamos por evitarlo. 
Con esta directiva, velamos por la integridad de los mercados y establecemos normas comunes contra el uso indebido de los mercados en toda Europa, haciendo que los mercados financieros europeos sean más atractivos en el futuro. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas que ha propuesto el Sr. Goebbels en su informe, excepto las que ha propuesto adicionalmente la Sra. Echerer, que son las enmiendas 75 y 76; el Sr. Lehne, que son las enmiendas 88 y 89; y el Sr. Herzog, o sea la enmienda 87. 
Ahora bien, la Comisión sigue teniendo dudas acerca de la enmienda 2 que trata de la comitología. 
En primer lugar, esa enmienda no es necesaria, en vista de que la Comisión ha aceptado ya la enmienda 1, en la que se hace clara referencia a la declaración del Presidente Prodi en el último período parcial de sesiones de este Parlamento, el 5 de febrero, así como a mi carta de fecha 2 de octubre de 2001 dirigida a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, Sra. Randzio-Plath. 
Además, durante el debate sobre el informe de Lord Inglewood acerca de las normas contables internacionales, que tuvo lugar el lunes pasado, subrayé una vez más que estábamos totalmente de acuerdo con esa importante declaración acerca de la aplicación de la legislación en materia de servicios financieros. 
En segundo lugar, la enmienda no refleja todos los elementos que han quedado convenidos entre nuestras instituciones, y hay algunas diferencias entre la redacción de la declaración del Presidente Prodi y la de la enmienda 2, diferencias que pueden dar lugar a falsas interpretaciones. 
Además, y esto es un punto importante, diré al Sr. Goebbels que no estoy seguro de que el Consejo pueda aceptar esas diferencias de redacción. 
No puedo hablar en nombre del Consejo, pero es muy posible que esta cuestión suscite dificultades que preferiríamos evitar. 
Por eso la Comisión es partidaria de atenerse a lo que ya ha quedado aceptado anteriormente. 
Permítanme que diga en términos inequívocos que la Comisión respetará plenamente- y al pie de la letra- los compromisos que ha formulado en la declaración hecha en sesión plenaria, así como en mi propia carta a la Sra. Randzio-Plath. 
Si en sesión plenaria se adoptasen las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como algunas de las enmiendas adicionales propuestas en la sesión de hoy, diré que espero muy sinceramente que el Consejo pueda aceptar también este texto, con lo que no tendríamos necesidad más que de una sola lectura. 
Esto representaría un importante logro para la integración de los mercados financieros europeos a más tardar en 2005, cosa a la que todos aspiramos, así como una señal de confianza respecto del Consejo Europeo de Barcelona. 
Espero que todos los presentes y todos los que voten mañana coincidan conmigo y adopten la directiva. 
Por último me referiré al informe preparado por el Sr. Huhne y relativo a la directiva sobre el prospecto. 
En primer lugar quisiera empezar por felicitar al Sr. Huhne por su informe. 
Se han propuesto muchas enmiendas que se traducen en una aclaración de nuestra propuesta. 
Se ha hecho una buena labor para mejorar la redacción sobre los eurovalores, que apoyamos ampliamente. 
Podemos aceptar 46 enmiendas: las enmiendas 1, 3, 4, 7 a 9, 13, 18, 19, 22 a 26, 29, 30, 38, 39, 41, 43, 44 a 56, 58 a 61, 63, 64, 66 a 72 y 75, pero es posible que tengamos que volver a redactar algunas de ellas para lograr la coherencia general del texto. 
Ahora bien, me preocupan algunas de las cuestiones que pueda adoptar el Parlamento. 
En primer lugar, me preocupa que, tras el caso Enron, el Parlamento pueda incluso debilitar los cimientos de la actual legislación de la UE, es decir la legislación que está vigente actualmente, por ejemplo preconizando que las empresas que deseen recaudar capital entre el público tengan que dar a conocer informaciones en un prospecto aprobado por la autoridad competente. 
Eso es realmente de lo que trata la enmienda 35. 
¿Está realmente dispuesto el Parlamento a apoyar una enmienda cuyo efecto será que más del 75% de todas las compañías inscritas en Europa puedan recaudar capital sin publicar un prospecto? 
La Sra. Beres planteó esta misma cuestión hace poco. 
Eso significaría que para algunos mercados de la UE, todas las compañías quedarían exentas excepto quizá una o dos. 
¿Cómo podemos explicar semejante cosa a los inversores europeos? 
Para la Comisión, la propuesta sobre el prospecto tiene dos finalidades: facilitar la recaudación de fondos para los emisores europeos, y conseguir un grado adecuado de protección para los inversores. 
Estas dos finalidades son igualmente importantes. 
La protección de los inversores ha quedado descuidada demasiado a menudo en el debate. 
El segundo motivo de preocupación es que algunas de las enmiendas propuestas darán por resultado una mayor fragmentación, y no una fragmentación menor. 
Tenemos que decidir qué es lo que es bueno para la UE en su totalidad, y no queremos intervenir en absoluto en los sistemas nacionales. 
Permítanme que hable con toda claridad acerca de esta cuestión, y permítanme que sea franco para con este Parlamento: mis colegas y yo no escatimaremos ningún esfuerzo por llegar a un acuerdo con el Parlamento acerca de este texto de importancia vital para un mercado único de capitales, pero tenemos que resolver esos problemas. 
Permítanme que exponga ahora brevemente algunas de las posibles soluciones para algunos de los problemas políticos más importantes. 
Por lo que se refiere a las empresas pequeñas y medianas, la Comisión se opone a que queden totalmente exentas del ámbito de la propuesta, pero desearía encontrar una solución eficaz en función de su costo que asegure que las PYME tengan acceso a los mercados de capital al debido precio y con arreglo a un nivel adecuado de regulación con la protección necesaria para los inversores. 
Hemos preconizado siempre que las normas de información se adapten al carácter específico de las PYME y estaremos dispuestos a prever que las PYME queden exentas de la obligación de actualizar todos los años el prospecto, según se propone en la enmienda 71. 
Por lo que se refiere a los eurovalores estamos de acuerdo con la idea del ponente de que los eurovalores queden exentos a partir de una denominación mínima relativamente alta pero estimamos que el nivel propuesto- 50.000 euros- es demasiado bajo. 
En consecuencia, apoyamos las enmiendas 66 y 67 pues la Comisión estima que van en la buena dirección. 
En cuanto a la actualización anual del prospecto, podríamos aceptar la posibilidad de exonerar a las PYME pero no modificaremos nuestra actitud por lo que se refiere a las grandes empresas, y no solamente porque 300 de nuestras mayores empresas registradas en los Estados Unidos cumplen ya esa obligación. 
Nuestros inversores deben tener el mismo grado de información que los inversores de los Estados Unidos. 
Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que nuestros inversores no son inferiores a los americanos. 
Por último, por lo que se refiere a la autoridad competente, queremos mantener nuestra posición de que haya una autoridad administrativa en cada Estado miembro. 
Estamos dispuestos a dejar bien sentado que es posible delegar poderes, siempre que la responsabilidad final recaiga en la autoridad competente administrativa y única. 
No estamos de acuerdo con la libre elección del regulador, pues eso podría abrir la puerta a la ' carrera para llegar al nivel más bajo? , pero estaríamos dispuestos a dejar cierto margen de flexibilidad para los emisores de valores relacionados con la deuda y para los que trabajen a partir de terceros países. 
Para recapitular, la Comisión rechaza 29 enmiendas: se trata de las enmiendas 2, 5, 6, 10 a 12, 14 a 17, 20, 21, 27, 28, 31 a 37, 40, 42, 57, 62, 65, 73, 74 y 76. 
Por lo que se refiere a la enmienda 10, aceptamos las enmiendas que tratan de la comitología porque reflejan nuestro acuerdo acerca de esa cuestión, pero estimamos que la enmienda 10 es superflua. 
Lo mismo sucede con la enmienda 2, relativa al informe del Sr. Goebbels, así que no tengo que repetir todo el argumento ya expuesto. 
Estimamos que la enmienda 10 es superflua en vista de la enmienda 1, que trata de la resolución del Parlamento y de mi carta dirigida a la Sra. Randzio-Plath. 
Gracias, señor Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El próximo punto del orden del día es el debate de dos informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: 
A5-0061/2002 de Pérez Royo sobre la imposición efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de intereses dentro de la Comunidad (KOM (2001) 400- C5-0402/2001- 2001/0164 (CNS) ). 
A5-0048/2002 de Della Vedova sobre la Política fiscal en la Unión Europea- Prioridades para los próximos años (KOM (2001) 260- C5-0597/2001- 2001/2248 (COS) ). 
. (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero iniciar mi intervención dando las gracias a los colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que han contribuido, en especial durante el debate y luego con un gran número de enmiendas, a mejorar este informe y, creo, a definir un texto del cual tanto la comisión como el Pleno espero que puedan sentirse satisfechos. 
El informe expresa un juicio globalmente favorable sobre las dos comunicaciones de la Comisión: la comunicación sobre las estrategias de política fiscal y la comunicación sobre una estrategia para una base imponible consolidada para las empresas paneuropeas. Un juicio globalmente favorable en lo que se refiere tanto a la definición de los objetivos generales como a los instrumentos utilizables para alcanzarlos. 
En la parte inicial del informe se subraya que el constante crecimiento de la carga fiscal de los últimos veinte años- que sólo ha disminuido ligeramente, pero que no terminado en los últimos años- corre el riesgo de ser una de las razones del escaso crecimiento en la Unión Europea. 
En sus comunicaciones la Comisión, al subrayar que cierto nivel de competencia fiscal podría ser inevitable y contribuir a una reducción de la presión fiscal, reconoce acertadamente su papel positivo en el contexto de normas que eviten comportamientos incorrectos. 
El informe retoma y enfatiza el principio de competencia fiscal recordando que la misma es compatible, tal como lo demuestra la experiencia de los últimos años, con una constante coordinación de las normas fiscales tendente a eliminar los obstáculos a la realización del mercado interior. 
La competencia fiscal es compatible con la realización del mercado interior que no implica una equiparación absoluta de las condiciones de competencia, y la fiscal es sólo una de las muchas variables que determinan el marco competitivo en cada uno de los Estados y entre los distintos Estados. 
La competencia fiscal, como afirma el premio Nobel Mundell, uno de los padres reconocidos de la moneda única, no está en contradicción ni siquiera con la introducción del euro. 
Asimismo, y siempre a propósito de competencia fiscal, hay que reiterar que en la realidad no es verificable esa race to the bottom esa carrera a la reducción en las entradas fiscales que con frecuencia muchos temen por el riesgo de que falten los recursos necesarios a los Estados. 
Hemos visto que en un régimen de competencia fiscal, en realidad, la imposición ha continuado creciendo en las últimas décadas en la Unión Europea. 
Nos hemos preocupado- y el informe lo pone de manifiesto- por la carga fiscal sobre el trabajo, pero no está demostrado, no es racional pensar que la misma es una consecuencia de la reducción de la carga fiscal sobre el capital: esto no es verificable en los datos que tenemos ante nosotros. 
Señor Presidente, señor Comisario, ahora paso a abordar otros puntos. 
En materia de IVA el informe reitera la necesidad de crear un sistema que aplique integralmente el principio del país de origen- una prioridad para el sistema definitivo- respecto al cual los documentos de la Comisión son, a nuestro modo de ver, todavía evasivos. 
Se establece este objetivo, pero no se establecen ni los plazos ni las modalidades para la introducción del régimen del país de origen. 
En el informe se aplauden algunas indicaciones para mejorar el sistema actual, pero se pide la introducción de un sistema definitivo. 
En cuanto a los impuestos especiales, en particular en lo que se refiere al alcohol y al tabaco, el informe retoma lo que ya expresó el Parlamento en el informe Katiforis. 
En lo que concierne a la protección medioambiental, se reconoce no solo el principio ' quien contamina paga? , pero también que este principio no tiene como única aplicación la de los instrumentos fiscales. 
En cuanto a la imposición de la energía, recalco que, en realidad, las actuales distorsiones de la competencia y las asimetrías presentes en los mercados de la energía convierten en cuando menos fuera de lugar proponer una armonización fiscal para los productos energéticos. 
En materia de impuestos directos, señor Comisario, el informe preconiza que el camino hacia la plena aplicación de las medidas contenidas en el paquete fiscal se pueda completar lo antes posible y, en particular, que se eliminen esas normas que haciendo una discriminación entre residentes y no residentes, fomentan los fraudes y no son compatibles con el mercado único. 
Por lo que se refiere a la estrategia para crear una base imponible consolidada para empresas que operan a escala europea, el informe se muestra favorable a la decisión de la Comisión y propone la adopción, al menos de manera temporal, del principio de Home State Taxation en espera de la base consolidada y reitera que la determinación de los tipos, del nivel de imposición, deberá ser de competencia exclusiva de cada uno de los Estados. 
Por último, en lo que se refiere a los instrumentos, valoramos altamente el esfuerzo de introducir instrumentos de soft legislation y, por lo tanto, de autorregulación por parte de los Estados miembros. 
Quiero terminar subrayando el principio de codecisión del Parlamento en materia fiscal y el paso a la mayoría cualificada para los aspectos administrativos, pero no para la definición de los tipos impositivos y de la base imponible. 
En cuanto a las dos enmiendas, como ponente, expreso mi opinión favorable. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el informe del Sr. Pérez Royo se ha de valorar altamente por el equilibrio y el tecnicismo utilizados en su elaboración. 
Una materia como la fiscalidad del ahorro se tenía que abordar de esta manera por la extrema delicadeza del sector. 
La Comisión y el Consejo han considerado a lo largo del tiempo tres hipotéticos caminos a seguir y con frecuencia han cambiado de idea y de estrategia. 
Estas tres vías son: la retención en la fuente, el intercambio de información y la coexistencia de ambas posibilidades. 
Al final se ha optado por el intercambio de información y, después de un intenso debate en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el mismo se ha limitado a las personas físicas. 
En mi condición de ponente en la sombra he luchado por la exclusión de la directiva de las personas jurídicas, porque una empresa, sea cual sea su forma societaria, está obligada a la formación y a la aprobación del balance, ya que en el momento en que en el mismo se reflejan inversiones en productos del ahorro, se convierte en indispensable indicar en el resumen los rendimientos generados por dichos productos. 
Por lo tanto, una información extendida al ámbito de las personas jurídicas, además de ser superflua, no cabe duda de que resultaría contraproducente porque crearía una carga en la información seguramente eliminable. 
Habría que abordar después la cuestión de los terceros países. 
La falta de aceptación por su parte minaría en su base toda la directiva porque, en el momento de la aplicación, si no existen condiciones uniformes entre los Estados miembros y los terceros países, la transferencia en tiempo real de rendimientos ingentes procedentes del ahorro se convertiría en fácilmente posible. 
El Consejo Europeo de Feira, en sus conclusiones, ha afirmado de forma inequívoca que será necesario recibir suficientes garantías de los terceros países para estas medidas u otras equivalentes, al objeto de decidir votando por unanimidad la aprobación y la aplicación de la directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2002. 
Otro aspecto importante son los Estados miembros no sujetos durante siete años a la obligación de intercambio de información, en concreto, Bélgica, Austria y Luxemburgo. 
Ello no obstante, dichos Estados, como reza la enmienda 14 al apartado 1 del artículo 10, al final del período transitorio estarán obligados a participar plenamente en el intercambio automático de información. 
En la articulación de la directiva se han bloqueado todos los intentos de mantener el anonimato. 
Habrá que convertir la operatividad en fluida y sencilla y prestar atención al blanqueo de dinero. 
Sin esta posibilidad de blanqueo el terrorismo nacional e internacional tendrá escasas posibilidades de sobrevivir. 
Desde este punto de vista, mi enmienda 6 a la letra b) del apartado 2 del artículo 3, pretende evidenciar asimismo todas las relaciones contractuales establecidas antes de la directiva a través de una relación detallada de los datos de la clientela en el momento en que se someten a cualquier movimiento. 
En este sentido, sería deseable una central de datos europea para controlar todos los movimientos de dinero importantes que pueden tener relación- o sólo son sospechosos de tenerla- con el terrorismo internacional. 
Señora Presidenta, yo quiero agradecer, por un lado, el informe del ponente Pérez Royo, que deja muy claros los progresos que aún es necesario realizar en este ámbito. 
También quiero agradecer la equilibrada propuesta del Sr. Della Vedova. 
Todos sabemos cuán difícil resulta el aspecto de la coordinación fiscal en la Unión Europea. 
De hecho, prácticamente nadie habla ya de armonización fiscal. 
Sin embargo, también sabemos que la competencia fiscal puede tener repercusiones sumamente desfavorables para las economías nacionales europeas y también para la evolución de la localización de empresas en la Unión Europea. 
Yo quiero agradecerle asimismo explícitamente al ponente Della Vedova que haya vuelto a situar en un primer plano el tema de la codecisión del Parlamento Europeo, pues creo que también debemos reflexionar, en el contexto de las reformas del Tratado y de los debates sobre una constitución europea, sobre dónde se sitúan las fronteras de la soberanía nacional en el ámbito de la política fiscal. 
Es decir, que también debemos emprender nuevas vías para definir en qué aspectos es de común interés establecer unas pautas de referencia en materia fiscal. 
Por consiguiente, me parece que sería conveniente que la Convención también considere este tema e impulse reformas del Tratado que prevean la sustitución del principio de unanimidad por el del voto mayoritario en el ámbito de la política fiscal de la UE. 
Evidentemente, este es un tema que queda muy lejos del debate de hoy sobre este texto francamente muy bueno y también muy pragmático, y sobre el texto también muy acertado de la Comisión. 
En efecto, el balance de la Comisión constituye inevitablemente un toque de atención en lo que respecta a la coordinación. 
Éste resulta, desde luego, decepcionante en el ámbito del IVA, pues todavía estamos muy lejos de la aplicación del principio del país de origen. 
Las propuestas de actuación pragmáticas de la Comisión merecen, por lo tanto, nuestro apoyo, aunque sin perder de vista en ningún momento el objetivo final. 
Varios otros aspectos de la coordinación fiscal son, sin embargo, inconciliables con un planteamiento orientado hacia el futuro. 
Yo creo que la fiscalidad de las empresas todavía está muy lejos de lo que en su momento se intentó conseguir con el paquete Monti. 
En cualquier caso, tenemos que acabar algún día con los paraísos fiscales y suprimir los beneficios fiscales para las personas jurídicas o naturales no residentes en el lugar, que distorsionan la competencia. 
Este tiene que ser nuestro objetivo, junto con unos requisitos mínimos en relación con unas definiciones comunes en el ámbito del Derecho fiscal, desde la definición de la base imponible hasta la de los beneficios. 
Yo me congratularía mucho si en el Parlamento Europeo consiguiésemos llegar a un acuerdo sobre una terminología común en relación con esta norma. 
Seguro que esto también estimularía a los Gobiernos a adoptar enfoques que permitan avanzar. 
Habida cuenta de que sólo tengo un minuto para expresar mi punto de vista me limitaré al informe PÉREZ ROYO sobre la imposición efectiva de los rendimientos del ahorro. 
Me alegro de que el ponente haya incorporado la enmienda presentada por mí en la Comisión de Asuntos Jurídicos. En ella se establece que la entrada en vigor de la presente directiva depende del acuerdo que debe celebrarse entre la Unión Europea y diversos terceros países que, en virtud del mismo, estarán obligados a cumplir con el mismo deber de notificación. 
No olvidemos que el Consejo Europeo se pronunció en este sentido en las conclusiones del Consejo de Feira. 
Dado que dichas negociaciones ya están en marcha considero oportuno que esta condición figure explícitamente en el texto de la directiva, cosa que en este momento, curiosamente, no es el caso. 
Este acuerdo con diversos terceros países y llamados territorios independientes me parece muy importante para garantizar que los ahorros reciban un tratamiento idéntico dentro y fuera de la Unión Europea y para poner coto al fraude fiscal y la huida de capitales. 
Deploro, sin embargo, que no se hayan tenido en cuenta las enmiendas relativas a la aplicación de la directiva a las personas jurídicas. 
Ello impediría que las personas físicas puedan transferir sus ahorros a una cuenta de una sociedad a fin de sustraerse a la aplicación de la presente directiva, puesto que este tipo de operaciones resultan inadmisibles. 
Señora Presidenta, me referiré únicamente al informe Pérez Royo para manifestar que estoy poco satisfecha del compromiso alcanzado en Feira en materia de fiscalidad del ahorro. 
Es de suponer que la propuesta de directiva que la Comisión nos ha sometido será inscrita en un texto legislativo. 
El resultado es arriesgado. 
La proposición ya no es, pues, fruto del derecho de iniciativa reservado a la Comisión. 
Si la Comisión acepta convertirse en mero redactor del Consejo habría podido, al menos, presentar un refrito, que respondería mejor al rigor jurídico que tenemos el derecho de exigir a un texto legislativo. 
Le estoy, pues, agradecida a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por haber aprobado la mayoría de mis enmiendas, presentadas con la preocupación de garantizar el mínimo de seguridad jurídica. 
Nuestro ponente socialista había tratado de radicalizar esta propuesta de directiva alejándose del compromiso de Feira. 
Pretendía concretamente extender el ámbito de aplicación a las personas jurídicas y proponer un impuesto sobre todos los fondos de inversión sin distinción. 
Afortunadamente, no ha sido apoyado. 
Lamento, evidentemente, que en Feira se haya abandonado el modelo de coexistencia. 
Sigo convencida de que el intercambio automático de información entre los Estados miembros sobre los pagos de intereses constituye una manera y no una condición sine qua non de garantizar la imposición efectiva de los pagos de intereses transfronterizos. 
La retención a cuenta, en mi opinión, es también una solución válida. 
Se trataría, además, de un modelo que podrían adoptar los terceros países, que son nuestros competidores y con los cuales ha de llegarse a un acuerdo que establezca la introducción en los mismos de medidas realmente equivalentes antes que la directiva sea aplicada en la Unión Europea. 
En resumen, si Suiza, pongamos por caso, rechaza el intercambio de información en virtud de su aplicación legítima del secreto bancario, mi país, por ejemplo, no podrá practicarlo, ya que en Feira se pronunció claramente en favor de dicho intercambio. 
Estoy convencida de que el intercambio de información no será la solución que finalmente se adoptará. 
La solución más eficaz y menos burocrática sería una retención a cuenta de carácter liberatorio que podría incluso convertirse, con un tipo razonable, en un recurso propio de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, a diferencia de mi colega Lulling considero que la presente propuesta sí resulta defendible, ya que quien desee gobernar como es debido no sólo tiene que dictar leyes adecuadas, sino que, además, debe garantizar que dichas leyes se respeten. 
Pues bien, si queda demostrado que los Estados miembros no son capaces de lograr este objetivo por sí solos nos corresponde a nosotros echarles una mano ahí donde proceda. 
Por cierto, en Bélgica tenemos experiencia con este tema. 
Hace años que tenemos una unión monetaria con Luxemburgo, y ello ha fomentado, de hecho, las operaciones de pago transfronterizas con objeto de evadir el impuesto sobre bienes inmuebles. 
Los ciudadanos se olvidan con demasiada facilidad de su obligación de declarar a la Delegación de Hacienda de su propio país las rentas de bienes inmuebles situados en otro país distinto. 
Por tanto, a ellos tampoco les viene mal que les ayudemos un poco. 
A fin de cuentas, estas medidas combaten la erosión fiscal y favorecen el funcionamiento natural del mercado interior. 
Señora Presidenta, siempre me ha parecido que en este ámbito hacía falta una adecuada regulación, empezando por el mercado interior, y que ella no debía supeditarse necesariamente a un acuerdo con terceros países. 
Si he leído bien las conclusiones de Feira, el Consejo opina lo contrario. Sin embargo, a juzgar por la propuesta de la Comisión, esta condición no aparece en el texto que en principio debería ser un fiel reflejo del acuerdo alcanzado en Feira. 
Por ello, quisiera pedir al Comisario que nos explicara una vez más cuáles son, en su opinión, las ventajas y los inconvenientes de esta condición y que volviera a informarnos acerca del estado de la cuestión de las negociaciones con los terceros países. 
El Parlamento tiene interés en saber si éstas resultan esperanzadoras, para cuándo está prevista su conclusión y cómo debemos vincular la fecha de entrada en vigor de la presente propuesta a los resultados de las mismas. 
. (EN) Señora Presidenta, quisiera dar gracias también al Sr. Della Vedova por su informe acerca de las comunicaciones de la Comisión sobre nuestra política fiscal general y sobre la tributación de las empresas en el mercado interior. 
También quisiera dar gracias al Sr. Pérez Royo por su informe sobre la propuesta de directiva acerca de la tributación de los ahorros. 
Me gustaría empezar con el informe del Sr. Della Vedova, que me satisface mucho. 
Quizás sea útil que recuerde brevemente los motivos que ha tenido la Comisión para preparar esas dos comunicaciones. 
Como es natural, los Estados miembros retienen a título individual la responsabilidad por muchos aspectos de la política fiscal nacional, pero en muchas esferas se pide que haya una política fiscal de la UE. 
Ahora bien, la cuestión fundamental es la siguiente: ¿qué grado de armonización sería apropiado? 
Es necesario que haya un grado elevado de armonización, estima la Comisión, en la esfera de los impuestos indirectos. 
Esos impuestos pueden crear un obstáculo inmediato para la libre circulación de mercancías y para el libre suministro de servicios en el seno del mercado interior. 
En realidad, en esa esfera existe ya cierto grado de armonización. 
Sé muy bien que este Parlamento ha tenido ciertas discrepancias con la Comisión acerca de la cuestión de las tasas de impuestos al consumo de tabaco y de alcohol, cuestión por la que se interesa sobremanera la Sra. Lulling. 
Ahora bien, es evidente que las actuales extensas divergencias entre Estados miembros constituyen un fuerte incentivo para que haya transacciones fraudulentas y un comercio transfronterizo legítimo que pueden desembocar en una distorsión de la competencia y en una desviación de las operaciones comerciales. 
Por eso opino que la solución permanente de esos problemas requiere una mayor aproximación de las tasas hasta un punto en el que los mencionados efectos no se produzcan ya o se manifiesten a un nivel sostenible y aceptable. 
Por otra parte, no hay necesidad de armonizar las tasas de los impuestos sobre ingresos personales a no ser que representen una discriminación o una doble tributación. 
Ahora bien, hay una zona intermedia de tributación directa de bases fiscales móviles- en particular la tributación de las empresas y de los capitales- en la que la situación es menos clara y que puede tener efectos directos para el mercado interior. 
El denominado paquete fiscal, del cual la directiva sobre tributación de economías es un elemento importante, procura resolver la erosión potencial de los ingresos en concepto fiscal y eliminar una competencia fiscal que sería perjudicial, pero para conseguir un equilibrio en materia de política fiscal europea hay que prestar también atención a los intereses de los contribuyentes, tanto de los contribuyentes individuales como de las empresas contribuyentes. 
Esto significa que hay que enfrentarse con obstáculos que estorban el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. 
En este punto es donde entra en juego nuestra comunicación dedicada a la tributación de las empresas. 
En esa comunicación examinamos los obstáculos fiscales con que se enfrentan las empresas que operan a través de las fronteras de la Unión Europea. 
Hemos identificado un número importante de esos obstáculos, cosa que tenemos que aceptar que es asombrosa, si tenemos en cuenta que el mercado anterior quedó establecido hace casi 10 años. 
También hemos identificado algunas posibles soluciones. 
Hemos examinado una serie de soluciones posibles para este problema en forma de enfoques amplios pero bien centrados. 
Un enfoque amplio proporcionaría a las empresas, a largo plazo, una base fiscal corporativa y consolidada para sus actividades desarrolladas en el marco de la UE. 
Huelga decir que quedo sumamente reconocido por el apoyo que el Sr. Della Vedova da a este principio en su informe. 
En los esfuerzos por conseguir los diversos objetivos que acabo de subrayar en relación con la tributación en el plano de la UE, la Comisión tendrá que emplear una diversidad de métodos, incluídos mecanismos de tipo no legislativo. 
También en este caso quedo muy agradecido al Sr. Della Vedova por apoyar sin reservas esta política en su informe. 
Me referiré a continuación a la propuesta de directiva sobre la tributación de los ahorros. 
En primer lugar, me place observar que un número considerable de las enmiendas propuestas corresponden a cambios convenidos por el Consejo ECOFIN en el proyecto de directiva que aprobó el 13 de diciembre de 2001, con miras a las negociaciones con terceros países. 
La amplia medida de acuerdo que se consiguió entre el Consejo y el Parlamento acerca del texto de la propuesta no puede sino reforzar la posición de la Comunidad en sus negociaciones con terceros países. 
La Comisión opina que las enmiendas acordadas por el Consejo el 13 de diciembre mejoran y aclaran los textos jurídicos, pero no modifican sustancialmente la propuesta de directiva. 
En consecuencia, la Comisión considera que esas enmiendas no justifican la presentación de una propuesta revisada de directiva, teniendo en cuenta que estamos operando bajo presión por falta de tiempo. 
Algunas de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se refieren a las negociaciones con terceros países y con territorios asociados y dependientes de Estados miembros, y más particularmente al papel del Parlamento en esas deliberaciones. 
El Parlamento puede estar seguro de que tengo la intención de mantenerle perfectamente informado de esas negociaciones y de que no tengo intención alguna de socavar sus prerrogativas. 
Comparto plenamente la opinión expresada por el Sr. Pérez Royo de que esta propuesta tiene una importante dimensión internacional. 
Precisamente por eso es por lo que la Comisión ha pedido y obtenido la autorización del Consejo para entablar negociaciones con los seis terceros países que se mencionan en las conclusiones del Consejo Europeo de Faro. 
Se trata de los Estados Unidos, Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino. 
La finalidad de esas negociaciones es conseguir que se adopten medidas equivalentes al sistema aplicado dentro de la Comunidad 
Al mismo tiempo, los Estados miembros se han comprometido a promover la adopción de las mismas medidas en sus propios territorios asociados y dependientes. 
Es de esperar que las deliberaciones con terceros países y territorios dependientes queden finalizadas antes del verano. 
Tengo que insistir en que el Acuerdo de Faro dispone que esas negociaciones con terceros países y territorios dependientes y asociados precedan a la adopción de la directiva. 
La Comisión, por lo tanto, no puede aceptar enmiendas cuyo resultado sería que la aplicación de la directiva, una vez adoptadas, dependería del resultado de esas negociaciones. 
Se corre el riesgo de que esas enmiendas resten vigor a nuestra posición de negociación respecto de los terceros países que, con toda razón, querrán asegurarse de que los Estados miembros pondrán en vigor la directiva si aceptan la aplicación de medidas equivalentes. 
En cuanto a la cuestión que ha planteado particularmente la Sra. Thyssen, las deliberaciones con terceros países deben preceder a la adopción de la directiva. 
Esos acuerdos son una condición política para la adopción de la directiva. 
Por consiguiente, no tenemos más remedio que hacernos a esa idea. 
Para acabar me gustaría agradecer una vez más al Parlamento su apoyo de la propuesta de directiva sobre la tributación de los ahorros. 
Puede estar seguro el Parlamento de que le mantendré informado lo mejor que pueda de la evolución de la situación. 
Gracias, señor Comisario Bolkestein. 
Tiene la palabra la Sra. Lulling. 
Señora Presidenta, pido la palabra por alusiones personales. 
No puedo menos que sorprenderme por las declaraciones de la Sra. Thyssen con respecto a mi persona y a mi país. 
La Sra. Thyssen no es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y no ha participado en las discusiones de mi Grupo sobre la fiscalidad del ahorro. 
Desearía, pues, hacer constar que sus declaraciones en esta materia no corresponden a la cuestión. 
Me parece que la Sra. Lulling me ha entendido mal. 
Sólo me he referido a los ciudadanos de mi propio país. 
Creo no haber atacado u ofendido a ningún luxemburgués. 
Es cierto que ya no soy miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, pero lo he sido durante 10 años. 
En una de las rondas anteriores de este debate- sobre la segunda propuesta de la Comisión al respecto- actué como ponente a la sombra de mi Grupo, así que estoy bastante familiarizada con este expediente, señora Lulling. Ahora bien, en ningún momento he querido insultar a nadie de Luxemburgo ni nada por el estilo. 
Creo no haberlo hecho, pero si alguien se siente ofendido, pido disculpas. 
Invito a la Sra. Lulling a que vuelva a leer mi texto. Sin duda comprobará que no pretendo crear problemas. 
Gracias, señora Thyssen. 
Creo que sería conveniente que sus Señorías conversaran después del debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El próximo punto del orden del día es el informe (A5-0409/2001) de Carnero González sobre la personalidad jurídica de la Unión Europea, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales. (2001/2021 (INI) ). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el ponente ha expuesto la situación de las tres Comunidades y de la Unión Europea. 
Este tema resulta particularmente problemático en el ámbito de la política exterior. 
Por ejemplo, una de las Comunidades es miembro de pleno derecho de algunas organizaciones internacionales, como la ONU y tenemos voz y voto en los órganos de las Naciones Unidas; cosa que no tenemos para el ámbito global de la política exterior. 
Las transformaciones que han tenido lugar a escala mundial en los últimos años nos muestran que el inicio de la actividad del Sr. Solana en 1999, o sea, un cambio en la situación política en el contexto de la política exterior europea, la introducción del euro el 1.1.1999 y el objetivo de establecer una política exterior y de defensa común para el año 2003, son objetivos ambiciosos, pero que ya no concuerdan con el fundamento jurídico previsto en los Tratados. 
Actualmente, tenemos unas competencias para la conclusión de acuerdos, de conformidad con los artículos 24 y 38, que tienen efectos vinculantes, según los casos, para una de las Comunidades o para los Estados miembros, en su calidad de tales. 
Y actualmente se concluyen acuerdos- nuestra Asamblea también debe tomar nota de ello- sin que el Parlamento tenga la oportunidad de dar su consentimiento previo. 
Se contraen compromisos presupuestarios en el contexto de acuerdos internacionales, que el Parlamento tiene que hacer efectivos luego en virtud de nuestra situación particular. 
Por esto, yo creo que la Convención tiene que volver a incluir en su programa de trabajo el tema de la personalidad jurídica. 
Justamente en la situación posterior al 11 de septiembre, la necesitamos también para incrementar nuestra aportación en el marco de las Naciones Unidas en nuestra calidad de Unión Europea. 
Ésta puede ser paralela a la de los Estados miembros y no debe sustituir a la participación individual de cada Estado miembro en las Naciones Unidas, pero conferiría un perfil destacado y competencias de actuación a nuestra política exterior, y sobre todo la dotaría también de transparencia ante los ciudadanos. 
Estos son los objetivos que la Comisión de Asuntos Exteriores desearía trasladar a la Convención. 
Señor Presidente, la resolución sobre la personalidad jurídica de la Unión Europea es una de las aportaciones del Parlamento Europeo a la Convención encargada de redactar la Constitución europea. 
El informe del Sr. Carnero González subraya que la atribución de personalidad jurídica constituye un paso indispensable hacia la constitucionalización de los Tratados y mejora la coherencia de las distintas políticas europeas. 
Los enemigos de la Unión hablan de superestado, de una Europa que ha caído en manos de una burocracia sin patria. 
En realidad, Europa no es una amenaza para las identidades nacionales y las entidades nacionales no son una amenaza para Europa. 
La unidad política es el único modo de evitar que la globalización salvaje aplaste a cada uno de los Estados o que las dificultades hagan que vuelvan a aparecer los fantasmas del nacionalismo. 
Con todo, no partimos desde cero. 
En el pasado el Tratado atribuyó personalidad jurídica a las Comunidades Europeas, pero a raíz de la creación de la Unión existe un vacío jurídico que hay que llenar. 
El Consejo se ha ocupado muchas veces de esta cuestión, sin, no obstante, llegar a conclusiones concretas. 
La opinión pública y todos los países que mantienen relaciones con Europa están convencidos de que mantienen relaciones con un sistema autónomo y unitario. 
Asimismo, en el ámbito de la política exterior, de defensa y de seguridad, el Consejo Europeo puede deliberar sobre el respeto de procedimientos que representan un principio de la personalidad jurídica. 
Es necesario reconocer las ventajas para los ciudadanos europeos y para la imagen de la Unión a escala internacional. 
No es cierto que empezamos la casa común por el tejado. 
La construcción de los pilares plantea algunos problemas, a los cuales la propuesta del Sr. Carnero pone remedio remontándose a una resolución del Parlamento de 1997 sobre el Derecho internacional, sobre el Derecho comunitario y sobre las constituciones de cada uno de los Estados miembros. 
Ya en aquel entonces dicha resolución hizo expresa referencia a la necesidad de dotar a la Unión de personalidad jurídica. 
No podemos anticiparnos a la Convención, sin embargo, esta resolución da un fuerte impulso a un proceso constituyente al cual, en nuestra opinión, se confía el porvenir de la Europa democrática. 
Señor Presidente, el informe Carnero González plantea en el momento oportuno una cuestión de fondo de la que el problema de la personalidad jurídica de la Unión es un aspecto importante. 
Es fácil decir cuál es esta cuestión: la necesidad de dar por fin un rostro, un perfil claro a la Unión Europea. 
Así, durante décadas se han ido sucediendo los logros parciales, las solidaridades de hecho, por utilizar una expresión apreciada por Jean Monnet y esculpida en la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950. 
Hemos seguido adelante así, sin demasiadas definiciones del sujeto político e institucional que iba creciendo, sin demasiadas pretensiones de coherencia en el desarrollo de la construcción europea. 
Pues bien, nosotros respondemos: ha llegado el momento de pasar a una caracterización explícita de la entidad supranacional que ha ido tomando cuerpo hasta dotarse de una moneda única. 
La Convención deberá decir qué somos y qué queremos. 
El hecho de que la Europa comunitaria haya representado una construcción original, sin precedentes históricos y sin modelos preestablecidos, no puede significar que siga siendo algo inefable, indefinible ni mucho menos que se quede manca. 
Debemos responder a los legítimos interrogantes de los ciudadanos y presentarnos como una unión que tiene su propio proyecto, que se impone claros equilibrios institucionales, que se reconoce en una Constitución, que quiere desempeñar un fuerte papel internacional y que, por lo tanto, se dota de personalidad jurídica. 
De aquí la consistente, convincente motivación de la propuesta del Sr. Carlos Carnero González que la Comisión de Asuntos Constitucionales ha compartido plenamente. 
Señor Presidente, la mayor parte de los interrogados contestarían ahora que quieren que la Unión Europea desempeñe un papel más firme en los asuntos mundiales, pero a veces se diría que no saben con seguridad de qué manera y con qué medios. 
Esta tarde, en el espléndido informe de Carnero González, podemos encontrar parte de la respuesta. 
La adquisición de una personalidad jurídica internacional sería un poderoso instrumento para la Unión. 
En primer lugar, mejoraría su perfil internacional. 
En segundo lugar, dando más respetabilidad a la Unión, nos estimularía a obrar con mayor responsabilidad. 
Se abriría la puerta a la Unión para que desempeñase un papel más activo en el seno de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
Se consolidaría nuestro papel y la función de la Comisión en la esfera del comercio y el medio ambiente. 
Ahora bien, la personalidad jurídica internacional no se puede afirmar sencillamente de forma unilateral. 
Hay que merecerla, si queremos que obtenga el reconocimiento del derecho internacional. 
Lo que nos ayudaría a conseguir esa aceptación es que la propia Unión pasara a ser parte contratante del Convenio del Consejo de Europa, lo que complementaría el desarrollo de nuestro propio régimen de derechos fundamentales basados en la Carta. 
Este informe prepara a los que hemos suscrito el Convenio para tomar la dirección de los asuntos: quedamos agradecidos al ponente por su brillante trabajo. 
Señor Presidente, la concesión de la personalidad jurídica a la Unión Europea- aparte de las Comunidades Europeas, que ya la tienen- aportaría muy poco, al menos si se considera aisladamente. 
Para que esta concesión modifique profundamente las instituciones sería preciso, en realidad, como lo sugiere en varias ocasiones el informe del Sr. Carnero González, que se combinara con otras reformas mucho más importantes: la fusión de los pilares, el poder de firmar tratados por autoridad propia, la comunitarización general de las tomas de decisión, la adopción de una constitución supranacional. 
Por eso el informe tiene razón, en cierto sentido, al decir que dicha reforma no implicaría por sí sola transferencias de competencias en beneficio de la Unión. 
Es cierto, en efecto, que una simple asociación de Estados que deliberan por unanimidad podría obtener la personalidad jurídica. 
Pero, en cambio, es falso decir que ésta procuraría por sí sola los caracteres de coherencia, de unidad de representación y de visibilidad que el informe le atribuye. 
Dicho de otra manera, esta reforma no significa nada, o bien si significa algo es porque está acompañada de fusión de los pilares, comunitarización y constitucionalización, que serían los signos distintivos- llámese como se llame- de un super-Estado o de algo que se le parecería mucho. 
Por eso he redactado una opinión minoritaria aneja al informe. 
Y por eso propongo un trato al Sr. Carnero González. 
Puedo aceptar la personalidad jurídica de la Unión si, a cambio, señor Carnero González, usted acepta declarar que, llegado el caso, una posible Constitución europea deberá reconocer prioritariamente la superioridad de las Constituciones nacionales, la libertad de elección de los Estados miembros en el escenario mundial y la decisión por unanimidad o la geometría variable en el marco del tercer pilar. 
Si usted aceptara declarar todo ello, señor Carnero González, votaría quizá a favor de su informe, pero usted no lo hará porque su informe esconde, en realidad, algo distinto de lo que pretende defender. 
Dentro de nuestra delegación hay profundas discrepancias. 
Algunos estiman que lo que se propone es un paso en dirección de un super-Estado europeo. 
Otros, tras considerable reflexión, realmente no saben de qué va la cosa, y aún hay otros que estiman que se trata de una propuesta que creará una muralla reforzada contra un super-Estado, y por lo tanto son partidarios del informe. 
Esas opiniones son reflejo profundo y honrado de lo que piensan los que las mantienen, y lo mismo sucede con mis opiniones personales y privadas. 
En las circunstancias actuales, tratar de obligar a nuestros colegas a votar en contra de su opinión acerca de este tipo de cuestión, no solamente es poco probable que dé resultado sino que tampoco conseguirá hacerles cambiar de opinión. 
Lo único que conseguirá es crear complicaciones. 
Mientras que el tema de muchas de las resoluciones de índole no legislativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales es importantísimo, las propias resoluciones del Parlamento son, en el mundo de la política real, algunos de los temas menos importantes sobre los que votamos; por eso me parece que es totalmente absurdo, y prueba de falta de juicio, desencadenar una guerra civil por cosas que, al fin y al cabo, no tienen gran importancia. 
Estamos enfocando aquí éste y otros temas análogos en el marco de una amplia campaña que tiene la abrumadora ventaja de que es una campaña sensata, y no estoy seguro de que se puede decir lo mismo de cualquier otra forma de actuar que pudiéramos adoptar en las actuales circunstancias. 
Señor Presidente, el informe de Carlos Carnero figura, de hecho, entre los informes importantes del Parlamento y si la petición de una personalidad jurídica para la Unión saliera adelante habríamos dado un salto cualitativo en la constitución de la unidad que Europa ya es para las ciudadanos y ciudadanas de nuestros países y naturalmente también para todos los interlocutores de la UE en el mundo. 
Nadie comprende la diferenciación entre la Comunidad Europea, por un lado, y la Unión Europea, por el otro. 
Ésta es un asunto complejo que induce a confusión y que también genera muchas desventajas. 
El Sr. Berthu tiene toda la razón cuando afirma que esta aspiración está inserta en el marco de la gran reforma que deseamos. 
La superación de los tres pilares y la simplificación de las estructuras de decisión son cuestiones que ya decidimos en el informe Leinen/Méndez de Vigo y en otros informes. 
Justamente nos falta este puntal de la personalidad jurídica para completar el conjunto. 
Todavía faltaba este aspecto y el informe de Carlos Carnero aporta este puntal. 
Yo sólo puedo sumarme a sus palabras. 
La Convención es una oportunidad extraordinaria para llevar a cabo esta tarea. 
Necesitamos que Europa hable en el mundo con una sola voz. 
El Sr. Laschet y otros ya han citado también ejemplos de lo absurdo de la situación: a veces, la Comunidad está representada, pero no la Unión; todo esto resulta muy complejo. 
Ahora mismo, acabo de comunicarle que hemos decidido poner cinco millones de euros a la disposición de Europol. 
Está bien que así sea, pues deseamos que Europol trabaje, pero este dinero no puede ser aceptado porque Europol no está autorizada a recibir fondos del presupuesto comunitario, sino únicamente de los Estados miembros. 
Lo absurdo de la situación es, por lo tanto, evidente y yo espero que nuestros representantes y también los demás den un paso adelante en la Convención con respecto a este tema de la personalidad jurídica y que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas lleguen a ser finalmente vinculantes, en la medida en que exista posibilidad de exigir ante loa tribunales su cumplimiento por parte de la Unión. 
Yo le deseo, por lo tanto, mucho éxito a Carlos Carnero y le doy las gracias. 
. (EN) Señor Presidente, con su permiso me gustaría subrayar que todavía hay una persona que sigue el debate desde la galería. 
En vista de la hora que es, creo que eso merece toda nuestra atención. 
La Comisión apoya sin reservas los términos de la resolución propuesta. 
La resolución nos llega en el momento oportuno pues la Convención encaminada a preparar la próxima CIG acaba de comenzar su trabajo. 
Es importantísimo que los que vayan a adoptar una posición en la Convención y durante la próxima CIG se hagan cargo perfectamente de la importancia de esta cuestión para la efectividad y la credibilidad de la Unión, así como de la necesidad de encontrar una solución apropiada. 
Todos sabemos cuáles son las deficiencias del sistema actual y lo difícil que es que las entiendan los que no forman parte de nuestro entorno, exactamente como en el caso de otras soluciones a las que la Comisión se resistió en el pasado, como por ejemplo la adición de otra entidad jurídica a la estructura actual. 
Tenemos que convencer a los demás de que es esencial asignar una personalidad única, plena y completa a la Unión. 
Para ello, es evidentemente esencial que contemos con el apoyo activo del Parlamento Europeo, así como con la medida de acuerdo que podemos observar actualmente en varios informes parlamentarios como el de Carnero González y el de Lamassoure, sin olvidar las opiniones de las diversas subcomisiones parlamentarias consultadas. 
El Parlamento Europeo puede contar con la Comisión para apoyar los términos de esta resolución en el próximo debate. 
Señor Comisario, en nombre de nuestra única pero atenta espectadora, le doy las gracias. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0050/2002) de la Sra. Carlotti, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP/UE en 2001 (2001/2012 (INI) ). 
. (FR) Señor Presidente, cada año el Parlamento Europeo presenta un informe sobre las actividades de la Asamblea Paritaria ACP/UE. 
Ahora bien, a partir de 2000 el Acuerdo de Cotonú ha introducido una nueva realidad que transforma profundamente la propia naturaleza de este informe. 
En efecto, el Acuerdo de Cotonú ha introducido una modificación profunda de los objetivos de la cooperación, puesto que la nueva ambición consiste en una asociación renovada, más equilibrada, más eficaz. 
Eso exige una modificación de las reglas del juego de la APP o, más bien, un verdadero cambio cultural. 
¿En qué punto estamos en este proceso? 
La Asamblea Parlamentaria Paritaria está en medio del vado. 
Tras un año 2000 que había hecho abrigar grandes esperanzas respecto a la apertura de una nueva era en las relaciones UE/Estados ACP, el año 2002 no ha cumplido sus promesas. 
El grupo de trabajo, ciertamente, ha iniciado un amplio proceso de adaptación de los métodos de trabajo, pero muchos bloqueos o muchas resistencias han obstaculizado de nuevo este avance. 
Tres ejemplos: primero, la inercia de los Estados europeos en el proceso de ratificación. 
Sólo tres países han ratificado: Dinamarca, Suecia, Reino Unido, y luego nosotros, esta Cámara, la Unión Europea. 
Y a pesar de saber que en muchos países europeos los procedimientos son lentos, los ACP ven en ello un mensaje político y un signo negativo. 
Antes de finales de 2002 sería necesario que todos los europeos hayan finalizado el proceso de ratificación. 
Segundo ejemplo: el uso intempestivo de la votación por colegios separados en el seno de la Asamblea, que atenta contra el carácter parlamentario. 
Propongo que se limite su utilización y propongo sobre todo una moratoria entre europeos que evite recurrir a esta fórmula. 
La cuestión del derecho de voto es fundamental, el debate en torno al artículo 2 del reglamento ha suscitado numerosas polémicas. 
El principio de representación exclusiva de los diputados debe reafirmarse con fuerza, y el compromiso elaborado por el grupo de trabajo, que especifica restrictivamente los casos de impedimento, permitiendo que vote un miembro no parlamentario, es la última de las posiciones que podemos aceptar. 
Mencionaré únicamente algunas de ellas, como un instrumento concreto al servicio de la democracia: la ' prima democrática? , una ayuda financiera o material destinada a mejorar el funcionamiento de los parlamentos elegidos democráticamente y una mejor representación de la oposición. 
Por parte ACP, el principio es: un país, un voto. 
De hecho, cada país se expresa con una sola voz. 
En efecto, es imposible para los diputados ACP de la oposición hacer oír su voz. 
Para remediarlo es imprescindible una reflexión abierta, sin tabúes, sobre una reponderación de los votos. 
Y, por el momento, la propuesta de tres delegados por país, formulada el año pasado por mi colega Martínez, va por el buen camino. 
Por consiguiente, se plantea el problema de la financiación. 
Tras un diagnóstico financiero riguroso por parte de la Comisión, se creará un fondo especial reservado a los desplazamientos de los diputados ACP y a la organización de las sesiones. 
En general, la APP es la única Asamblea que no posee presupuesto. 
Ahora bien, debe ser dotada de un nuevo poder que le permita ejercer un control financiero y político sobre la financiación de la cooperación. 
Último punto, finalmente: el Parlamento Europeo debería prestar una atención particular a los trabajos de los ACP en el marco de un amplio debate, al menos una vez al año, en este mismo hemiciclo del Parlamento Europeo, sobre los diferentes aspectos de la cooperación. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecerle a la colega Carlotti su excelente informe. 
Señora Carlotti, el objetivo de su informe es definir algunas orientaciones políticas que sirvan de apoyo para avanzar hacia una Asamblea auténticamente parlamentaria y democrática. 
En el informe se proponen muchas modificaciones útiles. Es bueno, por lo tanto, que podamos aprobarlo antes de la reunión plenaria de Ciudad del Cabo y que se pueda incorporar a las reflexiones que se desarrollarán allí. 
La colega Carlotti ya acaba de exponer muchas de las recomendaciones del informe. 
En mi calidad de ' ponente en la sombra? , yo quisiera presentar brevemente mi posición sobre algunos puntos. 
El Acuerdo de Cotonú dio lugar a una reformulación fundamental de los objetivos de la cooperación entre la UE y los Estados ACP. 
Algunas mejoras esenciales en cuanto al contenido y de carácter político introducidas en dicho Acuerdo tienen su origen en propuestas del Parlamento Europeo. 
El colega Corrie ha desarrollado un excelente trabajo en los últimos años en este contexto, en su calidad de Copresidente. 
El resultado es un Acuerdo ambicioso que abre nuevos horizontes para la cooperación. 
Sin embargo, ahora es preciso insuflarle vida también en los aspectos concretos. 
Es necesario organizar de manera más eficaz los trabajos y procedimientos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria y estos deben responder a las características de una auténtica asamblea parlamentaria paritaria y democrática. 
Este proceso ya se inició el año pasado y debe proseguir este año. 
Sus nuevas competencias deberían ofrecer a la Asamblea la posibilidad de ejercer un mayor control sobre el desembolso de los créditos de ayuda al desarrollo de la UE. 
Una supervisión y un control presupuestario más rigurosos, unidos a los contactos regulares entre los miembros de la Asamblea y los diputados de los países beneficiarios, podrían contribuir a garantizar el debido uso de los fondos de la UE, de manera que también responda a las auténticas necesidades de los países ACP. 
El informe pide asimismo que se refuerce la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. 
Desde el punto de vista de la dimensión política del Acuerdo de Cotonú sería deseable que se estableciese un diálogo entre los ciudadanos y los políticos de los Estados ACP y de la UE. 
Es preciso eliminar cuanto antes los obstáculos que dificultan la transformación de la Asamblea Parlamentaria Paritaria en una auténtica asamblea parlamentaria y paritaria. 
Es muy de lamentar que la ratificación del Acuerdo por parte de los Estados miembros de la UE avance sólo muy lentamente. 
No debemos subestimar el riesgo de que esto transmita una señal errónea a los países en desarrollo, con los que la UE mantiene unos sólidos lazos históricos, políticos y culturales. 
Señor Presidente, también me gustaría comenzar felicitando a la Sra. Carlotti por su informe. 
Es un trabajo excelente el realizado y también es perfecto que el trabajo esté terminado antes de que tenga lugar la próxima reunión de la Asamblea parlamentaria mixta ACP-UE, lo que ocurrirá ya la próxima semana. 
Es un informe importante y la Sra. Carlotti ha presentado también algunas consideraciones fundamentales. 
Quiero tratar más de cerca algunas de ellas, sin embargo, antes de eso, quiero asimismo subrayar que no sirve de mucho estar hablando del Acuerdo de Cotonou a no ser que logremos que sea ratificado y hemos de pedir una vez más a los Estados miembros que hagan lo posible para ello. 
Y aunque hay muchos que tienen planificado la ratificación, nos falta por ver las firmas definitivas. 
La situación es algo mejor con respecto a los países ACP, sin embargo, el número total no es en ningún caso todavía lo suficientemente grande. 
Lo otro que podemos decir es que un acuerdo semejante tampoco resulta muy valioso a no ser que contemos con una buena ayuda al desarrollo. 
En este punto hay también problemas y espero que el señor Comisario- o a quien tenga éste ahora como ayudante- logre poner en marcha un proceso antes de la reunión formal de los Ministros de Exteriores de mañana. 
No será ciertamente con el objetivo que me hubiera gustado, es decir, el 0,7 por ciento, sin embargo, he de reconocer que éste es imposible de alcanzar en el momento actual. 
El mero hecho de que se ponga en marcha un proceso vinculante tendrá una trascendencia fundamental. 
Ahora me gustaría retomar dos puntos del informe de la Sra. Carlotti. 
El primero es la cuestión de nuestros propios métodos de trabajo. 
En este punto no me parece que hayamos llegado suficientemente lejos. 
Me parece que hay demasiadas decisiones y muy poco diálogo. 
El segundo punto es la composición de la delegación ACP-UE, que no es muy adecuada. 
Que sólo haya una persona de los países ACP le da cierto sesgo, democráticamente hablando, y por ello me parece necesario volver a contemplar esta cuestión. 
¿Debemos incluir mejor al doble de componentes por ambas partes y reunirnos sólo una vez al año para conseguir una mayor representación- o qué podemos inventar? 
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Carlotti, que constituye un documento muy importante sobre la cooperación ACP, ha adquirido una nueva calidad, dado que en él también se exponen las nuevas posibilidades que nos ofrece el Acuerdo de Cotonú. 
La cooperación ACP ha adquirido una nueva dimensión democrática y esto significa que también debemos incorporar una nueva dimensión democrática a la configuración de dicha cooperación. 
Por esto es particularmente importante destacar el carácter parlamentario que se expone en el informe, cuyos detalles es preciso concretar. 
Por esto era también tan importante que el Parlamento aprobase a tiempo el informe, antes de la reunión de Ciudad del Cabo, a fin de que nos sirva de soporte para reformar dicha cooperación. 
Necesitamos un impulso para reforzar la dimensión parlamentaria y conseguir lo que nos hemos propuesto. 
Ya se ha dicho, en efecto, que los trabajos para la elaboración de un nuevo reglamento no han estado exentos de conflictos; por esto, va a ser muy importante que, con el apoyo del presente informe, logremos llevar a buen puerto las negociaciones de Ciudad del Cabo. 
Seguro que podremos alcanzar un acuerdo con respecto a la creación de las comisiones parlamentarias permanentes, que a su vez también conferirán un nuevo carácter a la cooperación en el marco de dicha Asamblea parlamentaria. 
Éstas permitirán trabajar de manera continuada en el planteamiento de los problemas, mientras que hasta ahora sólo teníamos la posibilidad de mantener un diálogo en el marco de grupos ad hoc. 
Yo espero que esta cooperación permita dedicar una atención significativamente más intensa a los temas y mantener una cooperación más estrecha con las y los colegas de la parte ACP. 
También podremos adquirir un nuevo peso por medio de las reuniones regionales. 
Lo cual permitirá, además, dar la palabra en el contexto de la cooperación ACP a otras personas que hasta ahora no tenían la oportunidad de expresarse ante nosotros. 
Señor Presidente, el año 2001 ha estado situado bajo el signo de la entrada en vigor del Acuerdo de Cotonú. 
La ratificación por el Parlamento Europeo en enero pasado incitará a los Estados miembros a seguir su ejemplo, lo que permitirá tratar el capítulo financiero. 
La Asamblea Parlamentaria Paritaria ha adaptado sus trabajos en función del nuevo papel atribuido, en particular el fomento de los procesos democráticos. 
En tanto que lugar de expresión de la voluntad de los pueblos y de los valores democráticos la APP tiene, en efecto, un papel central que desempeñar. 
Pero sus poderes son limitados. 
Sigue siendo una simple tribuna de expresión política, sin competencias en el plano de la toma de decisiones o ejecutivo. 
Por lo tanto, debe dotarse de nuevos poderes tanto políticos como financieros u operativos y de los medios logísticos que los acompañan. 
Así, debería crearse un grupo de trabajo encargado del seguimiento de la evaluación de la implicación de la sociedad civil en la asociación. 
Asimismo, los diputados deberían ser implicados en las próximas negociaciones sobre el futuro régimen comercial ACP/UE. 
Votaremos, pues, con convicción a favor del informe de la Sra. Carlotti, que realiza excelentes propuestas sobre los demás puntos, como lo ha manifestado de nuevo hace un momento, recordando que la democratización en los países ACP supone una democratización de las instituciones conjuntas y de la cooperación al desarrollo, en general. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0049/2002) de la Sra. Carrilho, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se prorroga y modifica el Reglamento (CE) 1659/98 relativo a la cooperación descentralizada (COM (2001) 576- C5-0509/2001/0243 (COD) ). 
En primer lugar quisiera felicitar a la ponente y darle las gracias por los esfuerzos realizados con motivo de este expediente. 
Soy consciente de que las negociaciones con la Comisión y el Consejo han sido arduas por momentos y que se disponía de muy poco tiempo. 
Ello me lleva a comentar un primer punto. 
Tengo la sensación de que la Comisión y el Consejo intentan sistemáticamente acelerar al máximo la tramitación de las propuestas en materia de cooperación al desarrollo por parte del Parlamento, especialmente desde Ámsterdam, desde que a nuestra institución se le ha atribuido el derecho de codecisión. 
Debido a estos plazos mínimos apenas nos queda tiempo para llevar a cabo un análisis profundo y pormenorizado. 
Y si preguntas quién ha de responder de la gestión de los fondos, te contestan que no es el Consejo, que no es la Comisión, sino que somos nosotros, los diputados. 
Así las cosas, es una lástima que dispongamos de tan poco tiempo. 
Ahora pasaré a comentar el informe sobre la cooperación descentralizada. 
Como es sabido, para nosotros, los demócratacristianos, la sociedad civil es más que un término hueco. Nos alegra comprobar que los demás partidos también comienzan a apreciar la importancia de esta realidad. 
Por supuesto es fundamental que las ONG y las organizaciones sociales participen en la cooperación con los países en vías de desarrollo. 
Ello supone un importante paso en dirección a una mayor autonomía y un mayor nivel de autoabastecimiento de la población de las zonas afectadas. 
Hemos de cerciorarnos- han insistido en ello muchas de las ONG con las que he intercambiado ideas sobre el informe- de que la cooperación descentralizada se lleve a cabo en un marco bien delimitado a fin de evitar la fragmentación de la misma. 
Y con esto he llegado a las enmiendas que he presentado en nombre de mi Grupo. 
Para que nuestra cooperación descentralizada sea eficaz es importante que la Comisión nos entregue lo antes posible la esperada comunicación sobre la sociedad civil. 
La Sra. Carrilho ha dicho lo mismo. 
A las organizaciones sobre el terreno y a los participantes locales de los países implicados les gustaría saber a qué atenerse. 
No olvidemos que la Comisión se comprometió a presentar dicha comunicación bajo la Presidencia belga. 
De este modo, la cooperación descentralizada podrá insertarse en un marco más estratégico, al tiempo que nos quedará más claro cuál debe ser el futuro del presente reglamento, más allá de 2003. 
Por todo ello, considero imprescindible que en este informe llamemos explícitamente la atención de la Comisión sobre su promesa. 
Señor Presidente, los últimos acontecimientos en Zimbabue nos llenan de tristeza. 
Vemos cómo un país que depende en gran parte de la ayuda procedente de la UE hace oídos sordos a todos los llamamientos de este misma UE para garantizar unas elecciones justas y democráticas, e incluso nos obliga a retirar nuestra misión de observadores. 
¿No es ésta una prueba irrefutable del fracaso del modelo clásico de cooperación al desarrollo? 
Personalmente estoy convencido de que el desarrollo desde abajo, en colaboración directa con pequeños grupos de ciudadanos, surte efectos mucho más positivos con vistas a nuestro objetivo de crear una sociedad justa, democrática y capaz de autoabastecerse. 
Señor Presidente, en la década de 1990 el Parlamento Europeo abogaba por la creación de una línea presupuestaria para la cooperación descentralizada. 
El Convenio de Lomé IV bis también recogió esta idea, introduciendo una excepción al principio de cooperación de Estado a Estado. 
Hoy el concepto, según las palabras de la Comisión, se ha abierto camino y ha demostrado su legitimidad, su eficacia. 
La Comisión propone, pues, prorrogar dos años su aplicación. 
No podemos sino aprobar esta propuesta, aunque con reservas en cuanto a la forma. 
El reglamento, además del hecho de ser transitorio, sigue siendo impreciso. 
Contiene un poco de todo: cooperación descentralizada, sociedades civiles, ONG. 
¿Podría existir una falta de estrategia de la Comisión en este ámbito? 
Asimismo, el Acuerdo de Cotonú consagra la participación de la sociedad civil de los países ACP en la asociación, en detrimento de la cooperación descentralizada, que habría desaparecido. 
La comunicación sobre la sociedad civil en los países en desarrollo, prometida por la Comisión hace varios meses, debería aclarar estas nociones y elaborar el enfoque coordinado de la Unión Europea en la materia, pero la seguimos esperando. 
En efecto, las dos cuestiones 'ayuda a la cooperación? y' ayuda a la sociedad civil? van juntas. 
En ambos casos, el objetivo es apoyar dinámicas locales, evitando la complejidad y a veces la falta de transparencia de la aplicación de los programas nacionales. 
La Comisión parece haber entendido, ya que establece la fusión de estas dos líneas presupuestarias, pero los ajustes puntuales que se realizan, sin consultar al Parlamento Europeo, no son suficientes. 
Las transferencias de fondos de una línea presupuestaria a otra demuestran la falta de perspectiva global, así como poca consideración por la autoridad presupuestaria. 
Somos favorables, naturalmente, a una ayuda directa a los proyectos desarrollados in situ. 
Pero estamos algo molestos por las acciones de último minuto. 
Dicha reestructuración presupuestaria sólo puede efectuarse en el marco de una verdadera revisión del concepto de cooperación descentralizada y de las relaciones con las ONG del Norte y del Sur. 
Estos dos años adicionales deben, pues, destinarse a una reflexión de fondo sobre la cooperación de la Unión Europea con los actores locales de los países en desarrollo y la contribución al desarrollo sostenible. 
Debemos interrogarnos sobre las definiciones: ¿en qué consiste la cooperación descentralizada, la cooperación entre organismos infranacionales del Norte y del Sur o una ayuda a las autoridades locales y regionales de los países en desarrollo? 
¿Qué es la sociedad civil? 
Esta pregunta se hace cada vez más urgente con la aplicación del Acuerdo de Cotonú. 
En realidad, lo que se plantea es la cuestión más general de la gobernanza y de la democracia. 
El desarrollo de los países del Sur supone necesariamente su democratización, es decir, la implicación de los ciudadanos en las orientaciones del país. 
Ahora bien, estos ciudadanos pueden participar de varias maneras: votando por gobiernos locales, regionales, nacionales. 
En ese sentido, el apoyo a las elecciones y el refuerzo de las capacidades institucionales en los diferentes niveles de decisión y de administración son elementos primordiales. 
Pueden participar desempeñando asimismo el papel de actores económicos y sociales en las empresas o en el sector asociativo. 
La ayuda directa a las ONG y a las PYME es, pues, también importante. 
Estos dos aspectos no son contradictorios, pero, en realidad, son complementarios. 
La Comisión debe continuar el debate, debe continuar acelerando este debate puesto que ya es hora de dar a las poblaciones locales los medios para su desarrollo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0009/2002) a la Comisión, de la Sra. Berès, entre otros, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo y del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre la responsabilidad parental. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, a esta hora avanzada de la noche, permítanme que dirija un saludo especial a los señores y señoras de las cabinas de traducción simultánea. 
También debemos agradecerles su permanente presencia y su ayuda para que en Europa podamos comprendernos. 
Esto también nos permite llevarnos mejor. 
Justamente este es el tema de la pregunta sobre la responsabilidad parental que hemos presentado. 
En nuestra calidad de legisladores, no debemos intervenir en cómo organizan su vida las personas. 
Pero tenemos que ayudarles a que su vida discurra por un buen camino. 
La Unión Europea se ha comprometido a ello en los Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales. 
Hace más de 50 años que el entendimiento entre los Estados miembros es adecuado. 
Entre nuestras sociedades muy diversas reina la paz, pero en el ámbito familiar a menudo prevalece, en cambio, la guerra, cuando se rompe un amor que cruzaba las fronteras. 
Las víctimas suelen ser los hijos. 
En la prensa, leemos noticias de raptos por sus propios progenitores o de su imposibilidad para desarrollarse libremente bajo el peso de las presiones. 
No podemos cerrar los ojos ante estos hechos y tenemos que reconocer que ese conflicto, en apariencia exclusivamente familiar, entre unas pocas personas evidencia unos problemas de dimensión europea. 
Los roces interestatales en el ámbito judicial son los que acaban destrozando a las familias y a los niños. 
Tenemos que acabar con esta situación. 
Por esto, en nuestra pregunta a la Comisión ofrecemos algunas indicaciones que hemos desarrollado a partir de las conversaciones mantenidas con las personas afectadas. 
En la pregunta también formulamos propuestas que podrían resolver los problemas jurídicos y facilitar la cooperación judicial, en bien de los niños. 
No hará falta que exponga aquí los detalles, señor Comisario, usted ha leído las propuestas y me alegraría oírle decir que puede hacerlas suyas punto por punto. 
Con ello prestaría un servicio a muchas personas y podría dejar claro para un número aún mayor de ciudadanas y ciudadanos que Europa es algo más que la definición jurídica del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Ponga de manifiesto, junto con el Parlamento Europeo, que Europa es un espacio en el que las personas se pueden sentir protegidas por encima de las fronteras, aunque una pareja haya roto. 
Para ello necesitamos- y estos son los tres temas de la pregunta- una legislación clara y completa, juristas motivados que la apliquen de común acuerdo y con comprensión mutua y hacia las personas, y no en último término, también unas nociones básicas adecuadas. 
Yo espero que pueda responder a esta pregunta de una manera que también resulte satisfactoria para nosotros. 
Señor Presidente, espero que pueda transmitir al comisario Vitorino hasta qué punto los diputados se han movilizado por esta cuestión, que quieren convertir en un desafío político, puesto que los niños no tienen la capacidad de hacer tanto ruido como las bombas, pero, también ellos, necesitan la supresión de los procedimientos de ' exequátur?. 
Necesitan que las políticas se movilicen. 
Si la Comisión desea efectivamente convertir la movilidad de los europeos en una de sus prioridades para armonizar, favorecer el mercado del trabajo europeo, entonces habrá que aceptar esta evidencia: también necesitaremos un Derecho de familia europeo en el seno del espacio judicial europeo. 
Los expertos trabajan desde hace años en la elaboración de dichos textos y tienen pocas esperanzas en la movilización de los políticos. 
Nosotros debemos, en esta Cámara, emprender dicha tarea con energía. 
Creo que esta pregunta oral puede contribuir a ello. 
¿Qué clase de derecho europeo debe elaborarse? 
Existen los mecanismos de La Haya. 
Existe, sin duda, un espacio concreto para un Derecho comunitario, para un derecho de los miembros de la Unión Europea. 
Desde este punto de vista, desearía llamar la atención de ustedes sobre algunas dificultades. 
La primera consiste en que a través del derecho europeo no deberíamos poner en entredicho el principio de la competencia del juez de residencia. 
Se trata de un derecho intangible si queremos hacer frente a las realidades y resolver los conflictos de manera armoniosa. 
Existe la posibilidad de desarrollar redes de confianza. 
Esto es esencial, de lo contrario lo que debería ser el derecho normal en la Unión Europea, el retorno automático, no se logrará nunca. 
Para desarrollar dichas medidas de confianza, se han mencionado unos programas. 
Éstos deben utilizarse. 
Los necesitamos para fomentar los intercambios, para que cuando un juez francés se pronuncie sobre una custodia infantil, sobre un retorno tras un secuestro, no se vea tentado por el reflejo nacionalista. 
Ni el juez francés, ni el juez británico, ni el juez irlandés, ni el juez alemán, ni el juez finlandés. 
Y además, también existe la esperanza que surgió del Consejo informal de Santiago de Compostela, una señal positiva. 
Pero como el diablo enreda las cosas, es esencial que las condiciones de retorno de los niños sean efectivamente respetadas. 
Ya sea tras un secuestro o el ejercicio de un derecho de visita o de alojamiento, es preciso que dicho retorno esté garantizado dentro del espíritu del derecho del país de residencia. 
Finalmente, dos palabras para pedirle una aclaración sobre el tercer aspecto de nuestra pregunta: ¿qué piensa usted de la idea de que la Comisión podría crear un grupo de trabajo para que, entre europeos, reflexionemos en esta noción-trampa, en esta noción que contamina mucho juicios, la del interés del niño, que hemos recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales? 
Gracias, en nombre de todos los diputados presentes, señor Comisario, por esta respuesta. 
(Se levanta la sesión a las 00.05 horas) 
. (FR) Mi voto sobre el informe Rapkay/Turmes, así como el de mis colegas, tiene la siguiente explicación: 
1. 
El punto de vista de la Comisaria de Palacio sobre el concepto de liberalización entendido como una desreglamentación desregulada me llena de escepticismo, puesto que no traduce ni el interés ni el concepto de supervisión, así como tampoco la visión social, que tenemos de la liberalización de los sectores del gas y de la electricidad. 
2. 
Este informe, contrariamente a lo que se podría creer, no es sólo técnico. 
Compromete la vida diaria de millones de ciudadanos que en el día de mañana no estarán seguros de poder beneficiarse de las ventajas del gas y de la electricidad, que se hallan entre los bienes públicos que cada Estado, y ahora Europa, están obligados a asegurar. 
3. 
Debemos garantizar la protección del servicio y de los precios al consumidor doméstico, la seguridad de la red, la obligación de inversión para los productores o distribuidores privados desde el punto de vista de las obligaciones contractuales. 
4. 
¿Qué imagen se dará de una Europa en la que se ponderará el mérito de la apertura del mercado y de los precios reducidos para los consumidores, cuando una parte importante de la población estará quizá excluida de dicha accesibilidad? 
5. 
La resistencia de la Comisión frente a la tarifa única cualquiera sea el lugar de residencia y el sentido de esta votación expresan el temor en cuanto a los efectos nocivos de la liberalización. 
6. 
Eso significa, además, que exigimos- y, en tal sentido, seguiremos estando vigilantes- que se garantice el derecho a la energía para todos y la protección del servicio público a los ciudadanos. 
Frutos de cáscara y algarrobas 
. Señora Lalumière, señora Presidenta, señor Comisario, quiero agradecer a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural su unanimidad a la hora de aprobar el informe. 
Asimismo, recuerdo el importante apoyo institucional del Parlamento al sector del fruto de cáscara y algarrobas, plasmado en numerosas resoluciones que dejan constancia de la gran relevancia de este sector en la Unión. 
El Comisario, Sr. Fischler, señaló en julio de 2001, ante el Consejo de Ministros de Agricultura, que se realizaría un estudio pormenorizado del sector de frutos secos comunitario y que, en su caso, se aportarían propuestas concretas de actuación en su favor proporcionando una solución a los planes de mejora que expiraban en 2001. 
En este contexto, la Comisión ha presentado una nueva prórroga de los planes de mejora de un año, lo que he valorado positivamente, pero quiero dejar constancia de que sólo en la medida en que sea éste el último instrumento transitorio hasta que dispongamos de una propuesta con carácter definitivo, que asegure la continuidad del sector y solucione la difícil situación y la incertidumbre por la que atraviesan los productores de la Unión Europea. 
La necesidad de abordar de una vez por todas unas medidas de apoyo definitivas es el objetivo primordial de nuestro informe. 
El sector de frutos secos tiene una gran importancia en la Unión, desde el punto de vista social, económico y medioambiental. 
El cultivo cuenta con más de un millón de hectáreas distribuidas entre los países del área mediterránea, mayoritariamente ubicadas en territorios muy desfavorecidos y con difíciles condiciones agronómicas: secanos, cultivos en pendiente, etc. 
Son grandes, pues, las dificultades que esos productos encuentran para permanecer en los mercados y ser una actividad económicamente viable sin el apoyo directo de los poderes públicos, agravadas por la fuerte competencia procedente del exterior, de la avellana de Turquía y de la almendra de los Estados Unidos, productos que se desarrollan en unas condiciones de producción no comparables a las europeas y que están arropados por concesiones arancelarias a través de acuerdos internacionales. 
El sector de frutos secos es un ejemplo de multifuncionalidad y es absolutamente necesario en el mantenimiento socioeconómico de muchas familias de las zonas rurales de la Unión, por los objetivos que cumple de ordenación del territorio- al no existir otras producciones alternativas- y por las funciones medioambientales que ejerce contra la erosión, en la lucha contra incendios y en la salvaguardia del material genético autóctono y que, por otro lado, cuenta con excepcionales características organolépticas. 
Teniendo en cuenta esta difícil situación y la escasa competitividad en 1989, el Consejo aprobó un conjunto de medidas específicas cuyo objetivo principal era contribuir a la mejora de la calidad de los productos y su competitividad. 
Los planes de mejora de diez años, cuyo plazo expiró en 2000, se prorrogaron hasta el 15 de junio 2001. 
Los logros alcanzados, pues, por estos planes han sido positivos, al conseguirse significativas mejoras en la producción y comercialización. 
Pero el objetivo de mejorar la competitividad no se ha alcanzado, dadas las difíciles condiciones estructurales de partida. 
La actual propuesta de la Comisión contempla una nueva prórroga de estos últimos planes hasta el 15 de junio de 2002 con una disminución de la contribución comunitaria del 82 al 75 %. 
En cuanto a la avellana, en particular, la ayuda por kilos se mantiene para la cosecha 2001-2002, pero sólo se otorga a los agricultores de las organizaciones de productores que no se beneficien de la prórroga. 
Así pues, la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, con su enmienda, ha tratado de mejorar sensiblemente la propuesta de la Comisión ejecutiva. 
Consideremos, por lo que se refiere a las condiciones de la ayuda a la avellana, que es inadmisible la exclusión en la percepción de la ayuda de las organizaciones de productores que quieran beneficiarse de la prórroga de los planes de mejora. 
Este trato consistente en otorgar sólo las ayudas a unas organizaciones de productores respecto a otras es discriminatorio y las situaría en una situación de competencia desleal. 
En cuanto al nivel de cofinanciación nacional, es injustificable el incremento propuesto para los planes prorrogados respecto a los que están en vigor. 
En este contexto, el porcentaje que corresponde a los frutos de cáscara es muy modesto y no explica en absoluto esta propuesta. 
Por lo que se refiere a las superficies englobadas en los planes con derecho a ayuda, éste debe prorrogarse teniendo en cuenta la superficie certificada de los planes del último año y no la superficie para la que se ha solicitado la ayuda. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha considerado que, para mejorar el conocimiento y los controles de la producción, es necesario que se establezcan las medidas para la puesta en marcha de un sistema de información geográfico. 
Igualmente, la Comisión de Agricultura ha dejado constancia de la necesidad de establecer un marco definitivo de ayudas al sector reclamando un apoyo permanente en forma de una ayuda a la hectárea que garantice el mantenimiento de los ingresos de los productores en una situación de cultivo sostenible. 
De ahí la necesidad de enlazar esta última prórroga con la ayuda definitiva, siendo el objetivo final consolidar un régimen de ayuda permanente canalizado a través de las organizaciones de productores. 
No quiero finalizar sin recordar la expresa reseña que ha realizado la Comisión de Agricultura de incluir la castaña dentro del sector de frutos secos. 
Los aspectos medioambientales y de protección de un importantísimo ecosistema en claro retroceso pasan por proteger este árbol y su fruto ligado a zonas forestales y a culturas reposteras ancestrales. 
Y, por último, quiero señalar que se han presentado al pleno dos enmiendas idénticas que tienen por objeto aumentar la ayuda instaurada a la avellana con una campaña adicional de comercialización. 
No puedo dar mi apoyo a estas enmiendas aunque entiendo y comparto la problemática coyuntural de mercado por la que atraviesa la avellana en estos momentos. 
Al solicitar un régimen definitivo, la ayuda a la avellana será contemplada entonces por dicho régimen, por lo que no es pertinente prolongar más una situación temporal con fecha de caducidad que sólo ha generado incertidumbre. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, espero que podamos seguir consumiendo los mejores postres, el mejor turrón, y los productos que se hacen con las mejores y más sabrosas avellanas y almendras del mundo. 
Señora Presidenta, en primer lugar, me sumo a las felicitaciones al ponente, Sr. Bautista, por su informe, que ha suscitado unanimidad y, muy particularmente, le agradezco su especial sensibilidad con el sector, que en Cataluña tiene una evidente importancia, y su apertura a las sugerencias del Gobierno catalán. 
Creo que debemos destacar que estamos hablando, evidentemente, no de uno de los grandes sectores ganaderos o agrícolas que capitalizan la política agrícola común (PAC) , sino de un sector que, ocupando un millón de hectáreas, tiene incidencia específica e importante en ámbitos locales y repercusiones sociales importantes. 
Creo por lo tanto que la demanda de la continuidad de las ayudas para 2001 y 2002 debe conducir, como han dicho ya los anteriores oradores, a un régimen de apoyo definitivo por hectárea. 
Desde este punto de vista estamos en contra de la enmienda 10 del Sr. Fiori, porque pedir ahora ayudas para 2002 y 2003 implicaría desvirtuar prácticamente el objetivo sustancial que tiene este informe. 
Por lo tanto, en el sentido indicado y hablando de hectáreas- como planteó la enmienda de la Sra. Ayuso que fue aprobada en comisión, es decir, por superficies certificadas -, creemos que este informe abrirá un camino que la Comisión debe considerar. 
Señora Presidenta, en primer lugar, deseo agradecer al Sr. Bautista el excelente informe que ha realizado y sabe él, además, que cuenta con el apoyo unánime de mi Grupo político. 
Es muy difícil encontrar una cuestión que haya sido precedida por más iniciativas por parte de esta Cámara desde hace doce años. 
Este Parlamento ha hecho el mismo discurso a lo largo de este tiempo. 
La situación, aunque sigue siendo la misma en sus principios, se ha agravado en sus consecuencias. 
Últimamente, la política económica de Turquía ha presionado artificialmente a la baja los precios de la avellana y de otros productos agrícolas respondiendo a condicionantes internos. 
El problema en sí no es nuevo, pero la Comisión lo ha venido ignorando en sus propuestas. Con ello, el problema no ha hecho más que aumentar su magnitud. 
Las sugerencias de la Comisión- y se dijo en la Comisión de Agricultura, quizás- de pasar la problemática de los frutos secos al desarrollo rural no me parece realista. 
Un problema de mercado debe ser resuelto con herramientas de mercado y no podemos acudir reiteradamente al recurso del segundo pilar para resolver todos los problemas. 
Señorías, hace doce años que esta Cámara está propugnando una salida digna para este sector productivo que sufre un problema muy específico, mientras que la Comisión se limita a admitir prórrogas a un régimen que no compensa los problemas a los que debe enfrentarse dicho sector y a pesar de que esta Cámara ha propuesto reiteradamente una solución definitiva. 
En un momento dado convendrá preguntarse si el problema no reside más bien en la falta de voluntad de la Comisión para proponer medidas eficaces que en las propias dificultades a las que se enfrenta el sector de los frutos secos. 
Yo, señor Comisario, espero que esta vez no sea así. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0065/2002) del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM (2001) 684- C5-0678/2001- 2001/0276 (CNS) ) por el que se fijan, por grupos de variedades y por Estados miembros, las primas y los umbrales de garantía del tabaco en hoja para las cosechas de 2002, 2003 y 2004 y se modifica el Reglamento (CE) nº 2075/92. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con la presente propuesta la Comisión modifica el reglamento básico de la OCM del tabaco, que es el Reglamento 2075/92, fijando las primas y los umbrales de garantía para el tabaco en rama por grupos de variedades y por Estado miembro para las cosechas de 2002, 2003 y 2004. 
A partir de ahí se podría suponer que la propuesta de la Comisión tendría un carácter fundamentalmente técnico y se limitaría a adaptar los principales instrumentos de apoyo a la producción de tabaco, en función de la evolución de su oferta y demanda en el mercado. 
Una exigencia, por lo demás, de ajuste que, por otra parte, le impone el propio régimen en vigor, dado que las cuotas deben ser notificadas a los productores antes del 15 de abril y los contratos correspondientes deben ser formalizados antes del 30 de mayo. 
Con todo, con el pretexto de la actualización técnica del Reglamento 2075/92, la propuesta de la Comisión va mucho más lejos. 
En realidad, introduce de forma subrepticia una reforma de mucho más vasto alcance político, al llegar incluso hasta el extremo de señalar como objetivo último la eliminación progresiva de las subvenciones al tabaco (véase el considerando 5). 
Con semejante procedimiento, la Comisión condiciona, de hecho, el alcance de las decisiones que, a su tiempo y en función de los estudios y las propuestas correspondientes, lleguen a presentarse y que deberán ser aceptadas por las instituciones comunitarias en su momento. 
Y ello por dos razones: en primer lugar, porque la Comisión organizó un estudio de evaluación de la OCM del tabaco en rama, que debería permitir hacer un balance de los efectos de la política comunitaria actual en el sector, y sus conclusiones no estarán disponibles hasta el final de este año de 2002; en segundo lugar, porque fue la propia Comisión la que se comprometió a presentar propuestas sobre la nueva política del tabaco al comienzo del próximo año, pero sólo en función de los estudios que ahora está haciendo. 
Naturalmente, esa propuesta futura deberá ser coherente con las exigencias sociales en aumento en pro del desarrollo sostenible y de los productos de gran calidad y, en ese marco, deberá responder adecuadamente a las declaraciones oficiales hechas en cuanto al futuro de este sector. 
Este ponente opina que el Parlamento Europeo no puede aceptar que la Comisión se adelante y dé por sentadas las decisiones que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo adoptarán en los próximos meses o el próximo año, en función de los estudios de evaluación y de los últimos datos registrados en el sector y a los que nos hemos referido antes. 
En ese marco, las enmiendas del ponente se limitan a mejorar, con realismo, las propuestas de la Comisión con un planteamiento esencialmente técnico y negándose, de entrada, a lanzarse a un debate político de fondo sobre el régimen futuro del apoyo al tabaco, que se deberá revisar ya en 2003 en función de los estudios ya citados. 
Pero habrá que considerar que esa posición del ponente no equivale pura y simplemente a la aceptación del status quo, que le parece, por lo demás, insostenible en el futuro. 
En ese sentido, el ponente presentó la enmienda 23, con vistas a restablecer el espíritu de transacción inicial sobre el Fondo comunitario del tabaco. 
Esa enmienda tiene dos consecuencias: en primer lugar, aceptar la financiación por el Fondo no sólo de acciones de prevención del tabaquismo y acciones experimentales de reconversión a otras actividades, sino también mantener la financiación de la investigación agronómica sobre variedades de tabaco menos lesivas para el medio ambiente y la salud; y, en segundo lugar, aumentar la tasa de retención de las ayudas de dos por ciento a tres por ciento, con lo que se rechaza tanto el status quo de dos por ciento como la propuesta de cinco por ciento de la Comisión. 
Y, para garantizar la coherencia con esta visión de transacción, el ponente propone que se rechacen también las enmiendas 9 y 13. 
Los casi 130.000 productores de tabaco de la Unión Europea, la mayor parte de ellos radicados en zonas desfavorecidas de las regiones del sur de Europa, merecen que las instituciones comunitarias competentes se preocupen, con responsabilidad, de su futuro. 
A eso se debe también la importancia de que dispongamos de estudios adecuados de evaluación y de repercusiones de la situación social a fin de poder proponer, con responsabilidad, propuestas realistas para el futuro, pero sólo después de que conozcamos exactamente los efectos de la política actual. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la economía de grandes zonas rurales del sur de Europa gira alrededor del cultivo del tabaco. 
Debido a su escaso grado de mecanización, es uno de los cultivos de mayor connotación social e impacto sobre el empleo. 
Se practica en pequeñas explotaciones familiares en regiones que figuran entre las más pobres de Europa. 
Voy a exponer un ejemplo que concierne directamente a mi país: en la región de Extremadura, el cultivo del tabaco representa el 25 % de la producción final agraria. 
El discurso de relacionar el fin de las ayudas al tabaco- y, en consecuencia, el fin del cultivo- con las connotaciones en materia de salud es profundamente equivocado, injusto e, incluso, lamentablemente hipócrita. 
A nadie se le ocurre pretender acabar con los cultivos de plantas que producen alcohol por destilación debido a los problemas de salud que causa el alcohol, ni nadie propone el cierre de las fábricas manufactureras de cigarros y cigarrillos, o la prohibición de su venta. 
Es cierto que sin ayudas se va a acabar con la producción del tabaco en Europa, pero esto en nada mejoraría la salud de los consumidores europeos, ya que el hueco que dejaría la producción comunitaria sería cubierto con las importaciones procedentes de terceros países y quien quisiera seguir fumando podría seguir haciéndolo. 
Se trata de puros intereses comerciales. 
La única forma de atajar el problema sanitario es seguir la línea, ya iniciada en su día por la Unión Europea, estimulando las técnicas de cultivo e introduciendo las variedades menos nocivas, e incidiendo en aquellos métodos educativos que logran que se reduzca el consumo. 
La opinión de la Comisión de Presupuestos es que hay que reforzar la investigación agronómica que se financia a través del Fondo del tabaco, investigación que la Comunidad Europea quiere eliminar para sustituirla por acciones de reconversión, sin ofrecer ninguna alternativa viable. 
La Comisión se extralimita aquí en su cometido, que debería ser prorrogar el régimen de las ayudas, dentro de un espíritu continuista. 
Por eso, pedimos la supresión del considerando 5, y nos parece que los servicios jurídicos del Consejo de Ministros opinan lo mismo. 
Señor Presidente, señor Comisario, siempre que debatimos la cuestión del tabaco me surge una duda: todos estamos, sin duda, en contra del tabaquismo, ¿pero por qué hemos de estar en contra del tabaco? 
Son dos nociones completamente distintas, y creo que la Comisión, y bastantes colegas, deberían tomar buena nota de ello. 
Estamos en contra del consumo y debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para combatir su expansión y reducirlo. 
Ninguna objeción. 
Si erradicamos, sin embargo, el cultivo de tabaco, lo que haremos será sencillamente condenar a determinados ciudadanos europeos al marasmo económico, y beneficiar a ciertos cultivadores de tabaco de terceros países. 
Lo que haremos será sencillamente disminuir nuestras exportaciones y aumentar nuestras importaciones. 
Lo que haremos será sencillamente aumentar el número de parados en la Unión Europea. 
¿Es esto lo que se pretende? 
¿Es éste acaso nuestro objetivo? 
Es decir, quienes defienden que eliminando el cultivo de tabaco en Europa combatirán el consumo de tabaco, ¿insinúan que debemos arrancar los viñedos para combatir el alcoholismo? 
¿Insinúan que cerremos las fábricas de automóviles para combatir los accidentes mortales en las carreteras? 
Pongamos fin de una vez por todas al fariseísmo; veamos las cosas como son en realidad, y hagamos frente a los problemas como debe hacerse. 
Hagamos un esfuerzo, todos, con la mente abierta y con realismo, llamemos a las cosas por su nombre; de este modo podremos trazar una estrategia para combatir drásticamente el consumo de tabaco y sus dañinas consecuencias, y una estrategia para el desarrollo de la economía de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera ante todo felicitar y expresar mi agradecimiento al Sr. Cunha, ponente del informe sobre el tabaco, tanto por su meticuloso y serio enfoque de la cuestión como por la sensibilidad y comprensión de las que ha sabido hacer gala con respecto a las intervenciones de los colegas de la Comisión de Agricultura. 
Por otra parte, y como el mismo ha dicho, el asunto del tabaco, tal y como se trata en la propuesta de reglamento del Consejo que nos ocupa, es un tema estrictamente técnico que atañe a los cultivos de los años 2002, 2003 y 2004. 
La Comisión ha cometido un error al intentar introducir en el debate criterios políticos que, aparte de no tener relación con los aspectos del asunto que debatimos aquí, requieren maduración, carecen totalmente de realismo y resultan incluso provocadores, me atrevería a decir, en lo que concierne al funcionamiento general y las perspectivas de la Política Agraria Común. 
Es sabido que el cultivo del tabaco constituye una forma de explotación eminentemente familiar, una labor de extraordinaria intensidad, en la que trabajan todos los miembros de una familia; además, el tabaco se cultiva en terrenos áridos y estériles, con el beneficioso efecto de asegurar, entre otras cosas, la necesaria presencia y actividad humana en zonas en las que la despoblación y la indiferencia para con el entorno podrían tener incalculables consecuencias negativas de carácter social y medioambiental. 
Se trata de cosas conocidas por la Comisión. 
La propia Comisión las repetía a la primera oportunidad en el pasado; últimamente, sin embargo, movida tal vez por el interesado apoyo a una equivocada intervención suya en Gotemburgo, ha dejado de repetir sus antiguas referencias, con el consiguiente peligro de que el examen de la cuestión se desvíe de su correcta fundamentación. 
Y la fundamentación correcta no es otra que la sustenta el informe del Sr. Cunha, con el apoyo de la Comisión de Agricultura, que ha de corroborar el Pleno de nuestro Parlamento, y ha de respetar la Comisión en sus futuras actuaciones. 
Señora Presidenta, también nosotros expresamos nuestra satisfacción por el informe Cunha, que apoyamos. 
Si queremos facilitar algunas cifras, podemos decir que el cultivo del tabaco afecta a unos 130.000 propietarios y alrededor de 400.000 trabajadores temporeros, cifras a las que cabe añadir todas las demás personas implicadas en el sector del tabaco. 
Por lo tanto, es un problema grave sobre el cual, a nuestro modo de ver, la misma Comisión debería haber reflexionado más, también sobre la base de esa Comunicación nº 264 de 15 de mayo de 2001, en la cual se hace expresa referencia a que, en el caso de que la Comisión realice alguna propuesta política de acción, se evalúen todas las repercusiones y los efectos de esta estrategia sobre el cultivo del tabaco y la disminución de las ayudas al cultivo. 
Por esto y por las consideraciones hechas por otros colegas sobre la efectiva y limitada incidencia sobre el consumo de cigarrillos, en relación, por lo tanto, con el problema del hábito de fumar, es importante, por el contrario, mantener el fondo de investigación, especialmente en lo que respecta a la investigación agronómica de la hoja larga que es la única posibilidad de reducir los efectos nocivos, así como de dar una contribución al derecho a la salud de todos los consumidores. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. Cunha el excelente informe que ha realizado. 
Su labor es tanto más importante si consideramos que ha debido hacer frente a un escenario diseñado por la Comisión que, como ha dicho un colega mío antes, es francamente hipócrita. 
Podemos estar de acuerdo en que el tabaco es nocivo para la salud. 
Si llevamos este razonamiento al límite, alguien podría proponer la prohibición de su importación. 
Pienso que pocos miembros de este Parlamento estarían dispuestos a votar en favor de un cierre de fronteras al tabaco procedente de los Estados Unidos. 
Por otra parte, los ministros de hacienda se regocijan ante los ingresos que les proporciona el tabaco, mientras que los ministros de sanidad hacen declaraciones en contra del tabaco. 
Por primera vez se han incluido en estos momentos procedimientos por contrabando contra compañías multinacionales que introducían tabaco en la Unión Europea intentando evadir sus sistemas impositivos. 
Podemos obtener varias enseñanzas de todo eso y de las experiencias prohibicionistas aplicadas en Europa y en otras partes: primera, la eliminación del cultivo sin eliminar las importaciones carece de efectos sobre la disponibilidad de una materia dañina, pero amplifica el atractivo del mercado comunitario para las mercancías procedentes de países terceros. 
En segundo lugar, la prohibición no elimina el consumo, pero incentiva el contrabando en perjuicio de los controles sanitarios y de la hacienda pública. 
En tercer lugar, la producción de tabaco produce más empleo e induce más actividad económica que muchas prácticas de la agricultura, por ejemplo, en la producción de carne, que son examinadas, con gran indulgencia a veces, por parte de la Comisión. 
Por otra parte, y termino, creo que la confusión que puede crear la Comisión entre los documentos que fueron sometidos al Consejo Europeo de Gotemburgo y las conclusiones que emanaron de él es absolutamente inaceptable y altera radicalmente el equilibrio institucional. 
Por ello, considero que las valoraciones que realiza la Comisión acerca del Consejo Europeo de Gotemburgo desequilibran, en sus principios y en su forma, el juego institucional comunitario y espero que sean rechazadas por el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta la contribución del Servicio Jurídico del Consejo a los trabajos del COMIT. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hemos leído la propuesta de la Comisión con cierta perplejidad y debo reconocer al Sr. Cunha y a la Comisión de Agricultura que han trabajado con gran equilibrio en el informe que hoy nos ocupa. 
Hablar del tabaco es siempre difícil, porque siempre se acaba cayendo en la demagogia. 
Sabemos que el informe de hoy es sólo uno de los momentos del debate, mientras que la verdadera reflexión sobre el tabaco comenzará con la propuesta del año próximo de la Comisión. 
No obstante, hay que recordar tres aspectos fundamentales: en primer lugar, la producción del tabaco se da, excepto en raras ocasiones y situaciones, en las zonas más desfavorecidas y más deprimidas de Europa. 
Cuando se habla de demagogia, se habla de ella también en los planes de reconversión, ya que en estas zonas, me refiero a la realidad italiana, de mi país, pero también puedo hablar de la española o de la griega, no existe la posibilidad de reconvertir la producción. 
Y esta demagogia continúa confundiendo la producción con el consumo. 
Recuerdo una frase de un gran escritor francés que decía: "Abandonar los vicios es, sin duda, posible pero muy difícil, porque se necesita una voluntad sobrehumana y sobre todo mucho tiempo". 
Ahora bien, razonando en términos de tabaquismo, probablemente tendríamos que invertir mucho, y esto podría constituir una parte de la propuesta de la Comisión de Agricultura, en un proceso de educación que empiece en las escuelas. 
Para el sector especifico de la agricultura, hemos de tratar asimismo de darnos cuenta de que sistemas familiares enteros viven del tabaco y que unas decisiones tomadas ex abrupto, como las que leemos en la propuesta de la Comisión, supondrían un desastre social y económico que no nos podemos permitir. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer la labor que ha hecho el Sr. Cunha en la Comisión de Agricultura. 
Un inciso: se ha dicho que Andalucía es un territorio muy rico agrícolamente. 
Ya me gustaría a mí, y a los andaluces a los que represento, disfrutar del nivel de renta agraria del que disfrutan los ciudadanos a los que representa la Sra. Auroi. 
En todo caso, yo me encuentro en el lado de los que defendemos el mantenimiento de la ayuda a los agricultores, a pesar de que no fumo y de que le recomiendo a todo el mundo que no fume o que lo deje. 
Creo que reducir o eliminar el cultivo del tabaco sería un error, tanto por el elevado coste social que ello implicaría, como por la ausencia de alternativas agronómicas sustitutivas que existen. 
A ello hay que añadir que los que predican el abandono de la ayuda al sector sobre la base de argumentaciones de protección de la salud no tienen en cuenta que la subvención de tal ayuda de producción europea no tendría ningún impacto sobre el consumo ya que la Unión Europea importa el 70 % de su necesidad de tabaco bruto. 
Sin embargo, en estos momentos se nos presenta una propuesta que ya augura la eliminación progresiva sin, precisamente, tener esos estudios que avalen las fuentes alternativas de ingresos derivados de la sustitución de este cultivo. 
Hoy por hoy esas fuentes alternativas no existen. 
Sólo a partir de los resultados de la evaluación de la OCM del tabaco se podrá hablar de una reforma. 
En todo caso a partir del 2003. 
La Comisión propone así sustituir el ámbito de la investigación agronómica por una acción de apoyo al desarrollo de iniciativas específicas de reconversión de los productores de tabaco hacia otros cultivos y actividades económicas creadoras de empleo, aumentando a partir de 2004 la retención de las primas de los productores. 
El Fondo comunitario que se financia con una retención del valor de las primas ha sido infrautilizado por una pésima y mala gestión de la Comisión. 
Si lo ha hecho mal con este presupuesto, me pregunto si la Comisión será capaz de hacerlo mejor con una cantidad sensiblemente superior cuando no ha habido, prácticamente, licitaciones hasta la fecha. 
El Fondo, por supuesto, debe continuar cumpliendo con su misión de investigación sobre la búsqueda de variedades más adaptadas a la demanda y lo menos nocivas posible, así como las utilizaciones alternativas del tabaco crudo y su impacto ambiental, por supuesto. 
Este aumento de las retenciones no debe de servir como excusa para encubrir reducciones a las primas de los productores. 
Quisiera acabar esta intervención señalando el importante papel que desempeña el cultivo del tabaco desde el punto de vista social y económico pues genera una importantísima mano de obra en las explotaciones familiares. 
En este contexto, el debate sobre el tabaco y la salud pública no debe limitarse, solamente, al marco agrícola, atacando al eslabón más débil de la cadena que es la de los productores del tabaco. 
Señor Presidente, quisiéramos expresar nuestra oposición a toda eventual eliminación o reducción progresiva de las ayudas al tabaco, como propone la Comisión, puesto que se abre así un camino cuyo final no es otro que la desaparición del cultivo europeo de tabaco. 
Estamos en desacuerdo con toda propuesta fundada en la lógica del abandono del cultivo del tabaco, por mucho que intente dorar la píldora con una supuesta búsqueda de soluciones de empleo y renta para los productores. 
El cultivo del tabaco se practica, como es sabido, en zonas desfavorecidas del Sur, zonas principalmente montañosas y estériles; constituye un monocultivo tradicional y única fuente de ingresos, único medio de supervivencia para los habitantes de estas zonas, que carecen de cualquier otra perspectiva de empleo. 
Es indignante que se formulen semejantes propuestas cuando está aumentando el consumo de tabaco, que es cubierto en un 70% por el tabaco de importación. 
De tal modo que toda reducción del cultivo comunitario supone depauperación de miles de pequeños y medianos agricultores y aumento de las importaciones, y sirve así a los intereses especulativos de las gigantescas industrias del tabaco, y de los monopolios de la distribución, a costa de productores y consumidores. 
Las reducciones deberán afectar sólo a las importaciones y no a la renta de los cultivadores europeos, para cuya protección deben tomarse todas las medidas necesarias. 
Cualquier otra propuesta es hipócrita o vergonzante, cortina de humo de intereses inconfesables. 
Por lo que respecta al informe Cunha, a pesar de sus aspectos positivos, acepta, aun con ciertas reservas, la lógica del abandono progresivo del cultivo de tabaco comunitario; tal vez con un mayor margen de tiempo. 
Es algo que queda patente, por ejemplo, en las enmiendas 7 y 12 que piden incentivar la sustitución del tabaco por otros cultivos. 
Por esta razón no la votaremos. 
Señora Presidenta, en la Comisión de Agricultura se alzaron algunas voces discrepantes contra las subvenciones al tabaco y la mía era una de ellas. 
No me disculpo por ello. 
Apoyo firmemente a la Comisión en sus intentos de eliminar gradualmente las subvenciones al tabaco y yo le animaría a que lo haga a un ritmo más rápido, y no más lento. 
No podemos justificar que el dinero de los contribuyentes europeos se destine a la producción de tabaco. 
Uno de los objetivos clave de la política agrícola común es producir alimentos buenos y sanos para los consumidores de Europa. 
No acabo de ver cómo encaja el tabaco en esta perspectiva. 
Siento un gran respeto por el Sr. Cunha, el ponente, pero en esta ocasión se ha equivocado. 
Se parece algo a King Canute, que intentaba impedir que subiera la marea, pero sin éxito. 
La Comisión de Agricultura no se ha enfrentado a la realidad. 
Durante los últimos diez años hemos destinado en Europa 6.500 millones de libras esterlinas o 10.000 millones de euros- 2 libras esterlinas por cada ciudadano de Europa- a subvencionar el tabaco. 
Una tercera parte de este tabaco es de ínfima calidad y rara vez llega a fumarse. 
Otra tercera parte se vende a bajo precio en mercados del Tercer Mundo, lo que provoca la destrucción de sus mercados de tabaco. 
¿Es ésta la función que debe tener la política agrícola común? 
Es una función que hemos intentado evitar. 
En Europa sólo se fuma una tercera parte de dicho tabaco. 
En consecuencia, no podemos justificar la ayuda que estamos proporcionando. 
Todos reconocemos la necesidad de apoyar a las explotaciones agrícolas de las comunidades rurales, pero en el futuro deberemos encontrar cultivos diferentes y modos diferentes de ayudarles. 
La última observación que deseo hacer es que, de todos los ámbitos de esta ayuda que detesto, el mayor error de todos es la continuación, en la enmienda 17, de la ayuda al tabaco de ínfima calidad. 
Si hay algo que deba corregirse, es eso. 
Insto a la Comisión a que elimine gradualmente el cultivo de este tabaco de ínfima calidad con carácter inmediato. 
Señora Presidenta, me dirigiré al Comisario Fischler con toda brevedad. 
Nos ha llegado hoy a las manos el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo, que cuestiona desde el punto de vista legal el considerando 5 de la propuesta de la Comisión. 
El Servicio Jurídico del Consejo cuestiona desde el punto de vista legal el considerando 5. 
La pregunta al Sr. Fischler es si va a retirar el considerando 5. 
Señora Presidenta, Señorías, señoras y señores, quisiera antes de nada felicitarle a usted, señor Cunha, por su magnífico informe, que, como puede apreciarse claramente, se basa en un profundo análisis de las propuestas de la Comisión. 
La presente propuesta se refiere al establecimiento de primas y de umbrales de garantía para los próximos tres años, a la modificación del ámbito de aplicación del Fondo del tabaco así como a algunas pequeñas simplificaciones de la regulación comunitaria del mercado. 
En relación a las primas, la Comisión propone dejar sin modificar las actuales con excepción de las concernientes a la variedad 5, como ha mencionado el Sr. Parish, para la que se propone un recorte del 10%. 
En este contexto, la enmienda 17 no puede ser aceptada, pues el recorte propuesto para esta variedad de hoja de tabaco es consecuencia de una insostenible situación de mercado que se caracteriza por un precio de mercado en caída libre y grandes stocks que están perjudicando el desarrollo futuro de ese mercado. 
Respecto de los umbrales de garantía, la Comisión prevé disminuirlos paulatinamente en un 2,6 % hasta 334000 toneladas en el año 2004. 
Esta cantidad se corresponde más o menos con las cantidades producidas en los años 1999 y 2000. 
Las enmiendas 18 y 19 no pueden ser aceptadas pues, según nuestra opinión, los umbrales de garantía propuestos así como su distribución se refieren a las exigencias actuales de producción y a una más fuerte orientación de la producción en busca de la calidad acorde con el mayor crecimiento de la demanda. 
El considerando 5 que usted, señor Diputado, ha mencionado antes, reproduce el marco político en que se encuadra la propuesta en relación con el Fondo del tabaco. 
Esta propuesta contiene dos cosas: por un lado, la modificación del ámbito de aplicación para, renunciando al financiamiento de la investigación agronómica, facilitar a los productores, principalmente, su reconversión a otros ámbitos de actividad; y, en segundo lugar, un aumento paulatino de la prima del 5%. 
La Comisión, con su Comunicación sobre una estrategia de desarrollo sostenido ha creado un nuevo marco político. 
El sentido de la paulatina supresión de las primas al sector tabaquero está condicionado por la exigencia de garantizar, en concordancia con el artículo 152 del Tratado concerniente a todas las políticas comunitarias, un alto nivel de protección a la salud de los ciudadanos. 
También sabemos que no hay una conexión directa entre la producción tabaquera y la extensión del hábito de fumar, esto es, no se fumaría menos si redujéramos el apoyo a los productores de hoja de tabaco. 
El planteamiento político básico es el artículo 152, que postula muy claramente que en todas las políticas comunitarias, por tanto también en las políticas de fomento, hay que garantizar un alto nivel de protección de la salud. 
Por ello no se plantea ya la otra cuestión. La propuesta de eliminación de este considerando contenida en la enmienda 2 no puede ser, pues, aceptada. 
Tampoco puede serlo la referencia a la Resolución del Parlamento contenida en la enmienda 3, puesto que no es relevante para la fundamentación de la regulación propuesta. 
Las enmiendas 4-6, donde se pide una investigación de las repercusiones socioeconómicas, están ya superadas. 
Se ha emprendido ya una evaluación completa que se ocupará también de esos aspectos. 
Por esta razón la Comisión no puede decidir hoy sobre un calendario de eliminación de las primas como proponen las enmiendas 25 y 26. 
La Comisión es consciente de las repercusiones que la paulatina reducción de primas a la producción tabaquera podría tener, especialmente en distintas áreas de Grecia, España e Italia con una estructura socioeconómica particularmente sensible. 
En la Comunicación de la Comisión, por tanto, se prevé también que se flanquee la reconversión de la producción tabaquera mediante medidas de apoyo a la creación de puestos de trabajo alternativos y de actividades económicas rentables dentro del marco del desarrollo rural. 
Las enmiendas 7 y 11, dirigidas a una ampliación de la financiación de la investigación agronómica, no pueden ser aceptadas porque el fomento de medidas de apoyo a la reconversión de la producción es una prioridad estratégica y señala el camino que debe ser seguido con la mayor decisión. 
La Comisión es de la opinión de que a los productores de tabaco hay que ofrecerles oportunidades para buscar la reconversión dentro de la economía rural o para dirigirse a otro sector económico. 
Para la investigación se dotarán recursos financieros dentro del marco de la política comunitaria de investigación. 
Las medidas de información sobre los efectos perjudiciales del consumo de tabaco deben ser ampliadas y nuevos programas de información deben llamar la atención en forma más completa sobre los daños que produce el tabaco. 
Por todas estas razones se propone elevar la prima en un 5% hasta el año 2004. Por ello, las enmiendas 7 y 9 no pueden ser aceptadas. 
Las enmiendas 22 y 23, que proponen un suplemento de otro 5%, no pueden ser aceptadas porque se excedería la capacidad económica de muchas empresas. 
Las enmiendas 7 y 16 tampoco pueden ser aceptadas pues, dado que la evaluación prevista para fines de 2002 tocará este aspecto, son innecesarias. 
Lo mismo vale para las enmiendas 10 y 24. 
Las enmiendas 1 y 8 no pueden ser aceptadas porque la excepción que proponen para las cooperativas es difícil de justificar. 
Quisiera recordarles que el procedimiento de la mejor postura es facultativo para los Estados miembros productores y que estos pueden decidir libremente si les parece adecuada la introducción de este procedimiento. 
Por último quisiera subrayar que las partes constitutivas de la propuesta, esto es, el mantenimiento de las primas, la adaptación de los umbrales al actual nivel de producción, el periodo de tres años y el fomento de la reconversión representan un conjunto equilibrado y diseñado en relación con las necesidades de los productores pero sin de lado los nuevos puntos de vista. 
Sobre la base de los resultados de la evaluación, que estarán listos a final de año, la Comisión hará llegar al Parlamento y al Consejo en el primer trimestre de 2003 nuevas propuestas relativas al futuro del sector. 
Señor Presidente, quisiera pedirle una aclaración al Comisario sobre lo que acaba de decir. 
Señor Comisario, usted habla de que la Comisión está proponiendo medidas y puestos de trabajo alternativos en el marco del desarrollo rural. 
Eso es, literalmente, lo que he entendido. 
En consecuencia, señor Comisario, ¿da usted garantías a los cultivadores de tabaco de que tendrán un puesto de trabajo alternativo? 
¿Está usted, según ha dicho, dando garantías de puestos de trabajo? 
Señor Presidente, señora Diputada, la cuestión es lo que usted entiende por garantía. 
Lo que en esta propuesta hemos hecho, como ya he explicado exactamente, es lo siguiente: para poder dar debida cuenta de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo debemos, paralelamente al phasing out del fomento a la producción tabaquera, buscar también alternativas de empleo para la población de las zonas afectadas. 
No queremos quedarnos a ver qué pasa, sino que, a modo de una fase piloto, queremos probar varias posibilidades y ver cuáles son las mejores y las que prometen mayor éxito. 
Para ello, una parte de los recursos comprendidos en ese 5% del que ya he hablado, deberán ser utilizados con este fin. 
Si usted lee con detalle lo que la Comunicación de la Comisión dice en relación al desarrollo sostenible verá que se impulsará tanto el phasing out de la subvención a la producción tabaquera como la búsqueda de alternativas para las regiones afectadas. 
Exactamente esto es lo que yo he explicado, y esto es justamente lo que queremos hacer. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0045/2002) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la industria europea de transformación de productos pesqueros (2000/2303 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, considero un acierto del Grupo Popular haber propuesto que se realice un informe de iniciativa sobre la industria de transformación de los productos pesqueros. 
Y, a la vista del magnífico informe que se ha realizado, considero también un acierto que lo haya elaborado nuestra ponente, la Sra. Langenhagen, a la que quiero felicitar una vez más por el mismo. 
Como ha dicho nuestra ponente, creemos que la Comisión no aborda el tema de la industria con el peso que ésta requiere. 
El ejemplo del Libro Verde ha sido claro. 
Por eso, esperamos más de la Comisión de cara a las propuestas, y creo que este informe es oportuno por ello. 
El informe Langenhagen aborda el problema en su conjunto. 
En 1998 hicimos un informe específico dedicado a la industria conservera- del que tuve el honor de ser ponente -, pero éste lo actualiza y, además, engloba el conjunto de la industria, incluyendo los productos congelados y los aspectos de la comercialización, así como los productos provenientes de la acuicultura. 
Me gustaría destacar del informe de la Sra. Langenhagen las apreciaciones que hace en el marco mundial y las que hace en el marco europeo, teniendo en cuenta la ampliación. 
En el primer caso, tiene en cuenta la liberalización de importaciones de materias primas, que es muy importante, y sabe recoger excepciones puntuales para productos sensibles (como puede ser el caso de los lomos de atún). 
También hace referencia a la calidad, a los estándares medioambientales e higiénicosanitarios de los productos europeos frente a las importaciones, para proteger al consumidor europeo de fraudes en denominaciones, como puede ser el caso de las sardinas o el de los túnidos. 
A nivel europeo, como se ha dicho, se prevén los efectos de los Estados candidatos, pero sin que afecten negativamente a las industrias en las regiones con retraso económico, que actualmente tienen problemas. 
En definitiva, se pide más promoción para nuestros productos pesqueros y más ayudas I+D para nuestras empresas. 
Quiero finalizar señalando, en nombre del Grupo del Partido Popular, que apoyaremos las tres enmiendas que ha presentado el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y, sin embargo, votaremos en contra de la enmienda 4 del Grupo Liberal, porque nos parece mejor el texto que ha presentado nuestra ponente. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, quiero decir a la Sra. Langehagen que apoyamos totalmente su informe y que la felicitamos por su excelente trabajo. 
Los socialistas hemos presentado dos enmiendas para las que querría pedir el apoyo expreso de la ponente, relativas a los aspectos sociales de la industria de la transformación, instando a la Comisión, a los Estados miembros y a los agentes sociales a impulsar la negociación colectiva destinada a mejorar la calidad del empleo en esta industria, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de estos puestos de trabajo son desempeñados por mujeres, que tienen muy poca cobertura social y que, además, tienen un altísimo grado de provisionalidad. 
Creemos que nos acercaríamos así por este camino a los objetivos fijados por la Cumbre de Lisboa para mejorar la calidad en el empleo. 
Creemos que una mejora de la formación de estos casi 100 000 trabajadores de la industria transformadora y de sus condiciones de empleo, unida a la capacidad de innovación y a la dinámica propia de este sector, ayudarán a garantizar la viabilidad y el futuro de esta industria. 
Señor Presidente, tanto la iniciativa como el informe los considero un acierto aunque sí me gustaría hacer algunas observaciones. 
En el considerando G se dice que por lo que se refiere a la tributación de la materia prima importada por la Unión pueden surgir diferencias de criterio entre la industria de transformación y el sector pesquero de extracción. 
Esto no siempre es cierto, esta importación también puede ser un buen impulso para el sector de la transformación y contribuir de esta forma a que se mantenga un buen nivel de precios para los pescadores europeos. 
Me parece que este tipo de interpretaciones erróneas son una buena indicación de lo que muchas veces sufrimos en nuestra comisión. 
Resulta que para muchos temas carecemos, en mayor o menor medida, de los criterios apropiados para adoptar una buena decisión. Lamentablemente, a menudo nos vemos abocados a tomar decisiones políticas sin que conozcamos a fondo la situación real en la que hay que basarse. 
Por lo tanto, tenemos que hacer un intento de llegar a una mayor comprensión de la situación actual. 
En mi opinión, me parece que con respecto a la investigación han de prevalecer la fiabilidad y la celeridad. 
Pido a la Comisión que cree las condiciones necesarias para que podamos disponer de información actual y veraz, de modo que seamos capaces de tomar las decisiones correctas sobre estos temas en su debido momento. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Langenhagen por su informe. 
El sector de la transformación de los productos pesqueros da trabajo a 18.140 personas en el Reino Unido, es decir, el 20% de los puestos de trabajo de este sector en la UE. 
La mayoría de estos puestos de trabajo están en Escocia, en algunas de las zonas más periféricas de Escocia. 
Estos puestos de trabajo proporcionan una línea de salvamento a tantas y tantas personas que viven en zonas rurales. Mucho más que eso, nos proporcionan el producto pesquero acabado. 
Sin los trabajadores de este sector, no podríamos disfrutar del pescado que damos por descontado. 
Es por ello que la Comisión de Pesca celebró una audiencia y descubrió que las prioridades del sector son el suministro, el empleo ininterrumpido, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, las importaciones y también las consecuencias de la ampliación. 
Sabemos que algunas de nuestras poblaciones de peces presentan niveles peligrosamente bajos y, por consiguiente, cuando hay una prohibición de pescar bacalao, los pescadores no son los únicos que salen perdiendo, el sector de la transformación también pierde. 
Debemos trabajar por la disponibilidad de suministro, aunque deberemos equilibrar nuestros esfuerzos con altos niveles de higiene y la sostenibilidad de dicho suministro. 
El sector de la transformación es importante y nunca deberíamos perderlo de vista en cualquier debate sobre la pesca. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
de conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0041/2002) del Sr. Lage, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM (2001) 498- C5-0446/2001- 2001/0200 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CE) nº 1587/98 de 17 de julio de 1998, por el que se establece un régimen de compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las islas Canarias y de los departamentos franceses de Guyana y de la Reunión debido al carácter ultraperiférico de estas regiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Reglamento nº 1587/1998, que instituye un régimen de compensación de los costos suplementarios provocados por la ultraperifericidad en relación con ciertos productos de la pesca de las Azores, Madeira, las islas Canarias y los departamentos franceses de Guayana y la Reunión, como los reglamentos anteriores, ha resultado ser un instrumento de política de pesca de enorme e indiscutible utilidad económica y social e incluso para la salvaguarda de ciertos valores culturales asociados con las actividades pesqueras. 
No obstante, de conformidad con el artículo 6 del mismo Reglamento, la Comisión debería haber presentado al Parlamento Europeo y al Consejo, el 1 de junio de 2001, a más tardar, un informe de evaluación de las medidas adoptadas en el ámbito del sector de la pesca a favor de las regiones ultraperiféricas, que, como se sabe, deben gozar de apoyos especiales de acuerdo con el Tratado de Ámsterdam, que les confirió un estatuto especial. 
La Comisión falló en relación con aquel objetivo, pues no cumplió el plazo establecido e invocó, para ello, razones que tienen que ver con la necesidad de un análisis más profundo, mediante el recurso a consultores externos, con el telón de fondo de una revisión global de la Política Pesquera Común basada en el Libro Verde, ya sometido a debate público. 
Los resultados de esos estudios condicionan la presentación del citado informe, por lo que se propone a la Comisión que aplace hasta el 1 de junio de 2002 su presentación y, como consecuencia lógica, que prorrogue el régimen en vigor por un año, hasta el 31 de diciembre de 2002, con lo que se garantizaría la continuidad y la estabilidad del sistema actual de compensaciones de los costos suplementarios. 
Se trata, en verdad, de una pausa para la reflexión. 
Por eso, propuse a la Comisión de Pesca la emisión de una opinión favorable acompañada de algunas enmiendas al reglamento que consideramos oportunas. 
Desde luego, nos parece evidente que el régimen de compensaciones de los costos suplementarios debe tener un carácter permanente, por lo que se deben abolir los límites temporales, dado que las desventajas de las regiones ultraperiféricas, a consecuencia de la distancia en que se encuentran de los centros de consumidores, no son factores que el tiempo y la evolución se encarguen de atenuar, sino que son, en efecto, de carácter estructural, a no ser que se cuente, con la pura y simple desaparición en el futuro del sector de la pesca de esas regiones periféricas. 
Permítaseme que recurra, para contrarrestar un poco la rigidez de estos debates, a la poderosa metáfora que José Saramago, Premio Nóbel de Literatura, insertó en su novela "La nave de piedra", en la que imagina una fractura entre la Península Ibérica y el continente europeo y su consiguiente deriva desde el continente. 
Creo que nadie osará, ni siquiera por ironía, imaginar que las islas periféricas vayan a aproximarse de nuevo, ni siquiera dentro de mucho tiempo, al continente europeo, con lo que caducaría el concepto actual de ultraperifericidad. 
Así, pues, proponemos desde ahora mismo la perennidad del sistema de apoyos de los costos suplementarios para la comercialización de ciertos productos de pesca, lo que permitiría en su momento su adaptación progresiva. 
Así, pues, el futuro reglamento deberá tener en cuenta esa exigencia. 
Desde mi punto de vista, se puede perfectamente evolucionar en el futuro hacia un modelo de apoyo a la renta de los pescadores de las regiones ultraperiféricas calcado del modelo que se viene adoptando y desarrollando para el apoyo a la renta de los agricultores. 
Sea como fuere, señor Presidente, Señorías, señor Comisario, las actividades pesqueras de las Azores, de las que dependen 8.000 puestos de trabajo y que tienen grandes repercusiones socioeconómicas en el archipiélago, los 1.500 pescadores de Madeira, el sector de la pesca de las islas Canarias, que representa, a su vez, 13.000 puestos de trabajo, así como los millares de pescadores de la Guayana Francesa y de la Reunión, no pueden quedar sujetos a las incertidumbres o a los caprichos de la suerte. 
Tienen que tener seguridad y estabilidad tanto más cuanto que han estado sujetos a duros contratiempos, como ocurrió recientemente con el fracaso del acuerdo con Marruecos, que infligió un duro golpe a la pesca de las islas Canarias. 
Así, pues, considero imperativo fortalecer los apoyos a las actividades pesqueras de las regiones ultraperiféricas y que sean más generosos que actualmente. 
Señor Presidente, las regiones ultraperiféricas tienen un estatuto especial reconocido por el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la Unión de 1997, pero yo diría que es un estatuto que existía ya desde la fundación de la primera Comunidad Económica Europea, en el año 1957, ya que ese Tratado preveía disposiciones especiales para los departamentos franceses de ultramar. 
Con la entrada de España y Portugal, en el año 1986, el Acta de Adhesión de los dos países reconocía disposiciones especiales y lo que hace el apartado 2 del artículo 299 es reconocer una situación que ya tenía una identidad legislativa, a través de todas las disposiciones especiales de los diferentes programas y opciones específicas para atender a las regiones ultraperiféricas, conocidos abreviadamente con el nombre de COP 6. 
Con esto, los tratados comunitarios y la normativa comunitaria reconocen la realidad de una enorme distancia del continente que impide que la situación de competitividad, que en general reivindicamos en la Unión Europea, se dé en tales territorios. 
Yo diría que basta acercarse a dichos territorios, que en apariencia son paradisíacos, pero que luego tienen una serie de problemas económicos y sociales, para darse cuenta de lo que eso supone. 
Y el Comisario Fischler, concretamente, ha sido una de las personas que se han molestado en acercarse allá. 
Y repito que es una molestia, porque aunque estos territorios son una preciosidad, la pérdida de tiempo, de espacio y el conocimiento de la realidad nos hace ver que no se trata de una situación paradisíaca. 
Creo que el informe actual de la Comisión de Pesca es una propuesta aceptable, que el ponente ha hecho un buen trabajo y que nos presenta unas enmiendas muy razonables y considero que este Parlamento podrá aprobarlo; desde luego, el Grupo Socialista da su apoyo al informe del Sr. Lage y esperamos que la Comisión continúe desarrollando estas especialidades en materia pesquera. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más debatimos en esta Cámara la diversidad regional europea; en este caso, la dimensión ultraperiférica, con ocasión del informe del Sr. Lage a quien felicito por el mismo, y que afecta a uno de los sectores productivos más característicos de las regiones ultraperiféricas, como es la pesca. 
Espero que, aprobado el informe, podamos afrontar con carácter permanente los costes estructurales de la ultraperiferia a la hora de comercializar algunos productos de la pesca de estas regiones que, como ustedes saben, son lejanas, insulares y fragmentadas en su mayoría; donde escasea la energía y existe una alta dependencia del exterior. 
Pero lo más importante de este informe ha sido, en mi opinión reconocer que, para adoptar este tipo de medidas, se haya utilizado como base jurídica el apartado 2 del artículo 299 del Tratado que se reconoció en la Cumbre de Ámsterdam. 
Por ello, mi agradecimiento al ponente, Sr. Lage, a la Comisión de Pesca y a la Comisión de Asuntos Jurídicos por entender y aceptar mi enmienda, que estaba, efectivamente, orientada a consolidar el fuero singular de estas regiones ultraperiféricas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0040/2002) del Sr. Maat, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM (2001) 765- C5-0040/2002- 2001/0301 (CNS) ) relativa a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Gabonesa sobre la pesca en aguas gabonesas durante el período comprendido entre el 3 de diciembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2005. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Comisario por haber llegado- en una época en que resulta cada vez más difícil llegar a acuerdos pesqueros- a un acuerdo con la República Gabonesa. 
Esto indica ya que los acuerdos pesqueros en la Unión Europea son un acontecimiento muy especial. 
En parte se basan en acuerdos históricos y ahora no solamente ofrecen una compensación económica a los países implicados, sino también una ayuda al desarrollo muy específica en un gran número de países africanos. 
La Unión Europea destinará en los próximos 4 años al acuerdo con el Gabón cinco millones de euros; el 30% de este importe en concepto de compensación financiera y el 70% restante se destinará a la formación y al desarrollo del sector pesquero local. 
Por lo tanto, está muy claro que estos acuerdos constituyen también una parte sustancial en el marco de la ayuda al desarrollo de los países africanos. 
Por otra parte, el importe anual se incrementará un 70% en relación con el acuerdo actual o el acuerdo que acaba de expirar. 
Este incremento está basado en parte en la ampliación del Protocolo para poder pescar en la zona de las 6-12 millas. 
Y ahora surge la gran pregunta- también al Comisario- de hasta qué punto se ha contado con las organizaciones pesqueras gabonesas en la elaboración de este acuerdo. 
La República Gabonesa tiene que justificar anualmente por escrito el 70% de este importe. 
El sector pesquero representa el 1,4 % del PIB gabonés. 
No obstante, si tenemos en cuenta que dos tercios del producto interior provienen del petróleo, resulta que la pesca sí es un sector importante para el país. 
Lo que también llama la atención es que entre 1998 y 2001 sólo ha habido un aprovechamiento del 70% de las posibilidades de captura. 
Tal vez el Comisario nos pueda indicar cuál ha sido la razón de ello. 
Asimismo, es llamativo que para la pesca en la zona hasta 12 millas sólo quede establecida la capacidad de los barcos y no la cuota de captura en toneladas. 
Esto es realmente curioso porque en la política comunitaria siempre nos referimos cuando se trata de cuotas pesqueras a la captura real y no a la capacidad de los barcos. 
Quizás el Comisario nos pueda indicar también que la ampliación del Protocolo a la zona de 6-12 millas no tendrá consecuencias negativas para con la pesca local gabonesa. 
En este momento es todavía pronto para poder vislumbrar cuáles son los costes y beneficios de este acuerdo con Gabón, también para los pescadores europeos. 
En su evaluación del anterior Protocolo, la Comisión Europea se esfuerza por hacer una buena descripción del acuerdo pero, por lo que a mí respecta, la información sobre costes y beneficios, la evaluación de la situación de las poblaciones de peces y el impacto de los acuerdos sobre el empleo en las regiones de la UE tendría que ser mucho más clara. 
Señor Presidente, ya he felicitado al Comisario por este acuerdo y he indicado que los acuerdos pesqueros son extremadamente importantes para las regiones costeras de la Unión Europea. 
Por lo tanto, el actual acuerdo constituye en este sentido un refuerzo económico de estas regiones y da, además, un impulso estructural al sector pesquero europeo tan hostigado últimamente. 
Sin embargo, esto no quita, y no podemos cerrar los ojos ante ello, que haya cada vez más críticas a este tipo de acuerdos por parte del World Wildlife Fund y de otras organizaciones no gubernamentales. 
En los debates posteriores sobre acuerdos pesqueros debemos resaltar con mayor fuerza aún el interés social de estos acuerdos, tanto para África como para Europa. 
Sería muy positivo que la Comisión- porque para muchos no queda lo suficientemente claro- resaltara que este tipo de acuerdos constituyen un buen impulso para la ayuda al desarrollo en un gran número de países africanos. 
Señor Presidente, en el informe presentado he indicado en algunas recomendaciones a qué cuestiones hay que prestar mayor atención. 
Entre ellas solicito mayor atención hacia las medidas de control, ya que el gobierno del Gabón ha sido incapaz de realizar adecuadamente las tareas de control, y para recibir más información sobre qué pasa en realidad con el dinero y en qué medida se benefician concretamente las regiones costeras. 
En relación con la ejecución de este acuerdo, apreciaría que se presentara cada dos años al Consejo y al Parlamento Europeo una evaluación de las medidas de desarrollo. 
Con respecto a las enmiendas adoptadas por la Comisión de Pesca, quiero decir que las apoyo sinceramente. 
En buena armonía con mi propio coordinador, el Sr. Farela, he indicado otra vez en la enmienda 2 lo que queremos decir realmente. 
Por consiguiente, prefiero esta enmienda a la enmienda 9 del Grupo Parlamentario Liberal. 
Esto quiere decir que recomiendo sinceramente la enmienda 2 y que la enmienda 9 me parece, de hecho, redundante. 
Para terminar, quisiera dar las gracias a los ponentes de opinión de las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Desarrollo y Cooperación por sus informes e información y les agradezco su aportación porque esto también contribuye a que haya un mayor apoyo a este tipo de acuerdos. 
Señor Presidente, algunos esquemas, que quizás estén basados en la pereza intelectual de sus autores, quieren presentar a una flota comunitaria depredadora de los recursos de los países subdesarrollados. 
Y este informe de hoy podría servir para poner en entredicho este estereotipo, porque Gabón es un país con importantes recursos naturales, principalmente petrolíferos, cuya explotación llevan a cabo compañías petroleras occidentales, con una renta per cápita muy parecida a la de Polonia y con una envidiable tasa de inflación anual del 2 %. 
Los barcos comunitarios, no hay que decirlo, que faenarán al amparo de este acuerdo, procedentes de cuatro Estados miembros lo harán, como es evidente, respetando los principios de pesca responsable y bajo los rígidos controles que impone la PCP. 
Pero muchos de nosotros nos tenemos que preguntar, como en otros acuerdos, si hablamos aquí de un acuerdo pesquero o bien de un programa de cooperación al desarrollo financiado con recursos de la PCP, puesto que, del importe total, el 70 % se va a destinar a actividades orientadas al desarrollado del sector pesquero local. 
Por eso, pedimos a la Comisión que parte de este dinero se destine a sufragar medidas de control y preservación de los recursos. 
Señor Maat, el Grupo socialista va a votar en contra de la enmienda nº 2 y espero que la Comisión también, porque el canon que corresponde pagar a los armadores cuyos barcos faenan al amparo de este acuerdo no puede ser distinto del que se paga en los demás acuerdo, a no ser que tomemos como ejemplo Groenlandia, donde los armadores pagan cero pesetas de canon. 
Y quiero finalizar diciendo que en nada favorecen a Gabón los que pretenden impedir que este país, al igual que otros, puedan vender parte de sus derechos de pesca a más de tres veces su valor de mercado. 
Por la misma razón tendrían que oponerse a que Gabón exportara su petróleo y sus productos mineros a lugares como los Países Bajos, los Estados Unidos, China o Francia, por ejemplo. 
Señor Presidente, mis opiniones sobre los acuerdos de pesca con terceros países son conocidas por todos, pero una vez más, deseo hacer constar mi indignación por el hecho de que la Unión Europea celebre unos acuerdos que, a pesar de las palabras acarameladas, no son ni más ni menos que imperialismo económico. 
Lo especialmente chocante hoy es la total impotencia de este Parlamento, junto con el desdén con el que le trata el Consejo y la Comisión. 
Hoy se nos consulta sobre un acuerdo que entró en vigor en diciembre de 2001- hace casi tres meses. 
Si esta Asamblea tuviera la menor dignidad, protestaría contra este trato displicente, pero naturalmente está mudo. 
A este supuesto perro guardián le han puesto un bozal muy eficaz. 
Pero aun en el caso de que toda la Asamblea se alzara y votara por la censura de la presente propuesta, eso no cambiaría absolutamente nada. 
Como siempre, para su eterna vergüenza, la Comisión de Pesca a aprobado este acuerdo. 
Pero aunque lo hubiera rechazado por unanimidad, una vez más, eso no habría cambiado nada en absoluto. 
Por tanto, cuando nos disponemos a votar, estoy seguro de que esta Asamblea hará lo que hace siempre y dará su visto bueno rutinario a una decisión que ya ha sido adoptada por la comisión. 
Como institución democrática, hay que decir que no es nada más que una farsa. 
Pero mi pregunta, señor Fischler, es ¿cuánto cientos de africanos negros más deben encontrar la muerte por culpa de los buques de la Unión Europea para que usted comience a escuchar? 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.05 horas) 
Señor Presidente, esta denominada enmienda de transacción nos fue presentada ayer por la tarde y hoy por la mañana fue enviada firmada erróneamente con nuestros nombres. 
Luego fue revisada. 
No me parece correcta una votación con un lapso de tiempo tan breve, y más aún tratándose de un texto técnico. 
Por ello tengo muchas reservas para votar ahora sobre ella. 
De conformidad con el Reglamento, creo que debe ser el Pleno quien ha de pronunciarse sobre la votación o no de esta enmienda de transacción 
(El Parlamento acuerda no someter a votación la enmienda) 
Con relación a la enmienda 59 
Señor Presidente, se trata de la misma reserva que hace un momento. No aceptamos que se vote sobre esto. 
Por ello quisiéramos solicitar que se consulte al Pleno. 
Quisiera preguntar al Pleno si acepta o no acepta proceder a la votación sobre esta enmienda de transacción. 
(El Parlamento decide no proceder a la votación sobre la enmienda) 
Con relación a la enmienda 52 
Una pregunta, señor Presidente. 
¿Cuándo llegó esta enmienda de transacción al ' onorevole?? 
Todas las enmiendas de transacción se han propuesto en conjunto y a la misma hora al Sr. Radwan. 
A las cinco de la tarde de ayer decidió aceptar la primera y la novena enmiendas- lo verán ustedes en sus hojas, han cambiado de número, las demás, las ha rechazado. 
Sus dos intervenciones precedentes son pura y simplemente de manipulación de la Asamblea. 
De todos modos, y con arreglo al Reglamento, el Pleno tiene derecho a pronunciarse. 
(El Parlamento aprueba la enmienda) 
Con relación a la enmienda 44 
Señor Presidente, la enmienda original preveía elevar el umbral del 10% al 25%. 
De acuerdo con la Comisión y el Consejo, pero también con los otros Grupos, acordamos reducirlo al 20%. 
Espero que no se interprete como una manipulación, pues tiene una amplia aprobación. 
Señor Presidente, la enmienda oral del Sr. Radwan está incorporada en la enmienda de transacción AC55 que, a mi juicio, debería votarse antes de la 44 ya que integra las enmiendas siguientes. 
Por tanto, siendo el orden habitual que se voten en primer lugar las enmiendas que se alejan más del informe de la comisión, propondría votar de una vez la AC55 que integra la enmienda oral del Sr. Radwan, de acuerdo con el debate que mantuvimos ayer a las 17 horas, y que integra también la 44 y la 33. 
El Pleno está de acuerdo con esta posición del ponente. 
(El Parlamento se muestra conforme con la presentación de la enmienda oral) 
Con relación a la enmienda 46 
Señor Presidente, aquí se repite de nuevo que no lo elevamos del 10% al 25%, sino del 10% al 20%. 
Esto es también lo que se dice en la enmienda oral. 
Señor Presidente, tenemos exactamente el mismo problema. 
Esta enmienda oral está integrada en la enmienda de transacción AC53. 
Esta AC53 incluye elementos de la 46 y de la 32. 
El hecho de adoptar la enmienda oral del Sr. Radwan, a la que doy mi aprobación, no implica en absoluto que se rechacen los elementos de la 46 y de la 32. 
Mantengo por tanto la propuesta, lógica, de que la enmienda de transacción que integra todas las propuestas de nuestros diferentes colegas se vote en primer lugar. 
Considero totalmente anormal que, en la votación precedente, la enmienda de uno de los puntos haya hecho que decayeran otros puntos que no tenían nada que ver con lo que era una enmienda global de transacción que pretendía que la Asamblea votara más rápidamente este problema relativamente técnico. 
Por consiguiente, si no aceptamos poner en primer lugar la enmienda de transacción, será necesario votar sucesivamente la enmienda del Sr. Radwan, después la 46 y la 32 que no han decaído, detrás de la enmienda Radwan. 
Señoría, creo que en el caso de aprobarse la enmienda oral, las enmiendas AC53 y 32 decaen. 
Con todo, someto al Pleno la decisión sobre su solicitud. 
(El Parlamento se muestra conforme con la presentación de la enmienda oral) 
Con relación a la enmienda 54 
Señor Presidente, lo siento enormemente. No me he inventado el procedimiento. 
La enmienda se aceptó ayer muy tarde. 
Para que el Sr. Cohn-Bendit también lo entienda: las dos que fueron aceptadas eran relativamente sencillas. 
Las otras eran, como el ponente mismo explicó, muy complejas, habían dado lugar a textos extensos, pero puedo aclarárselas con mucho gusto en todos sus detalles en caso de que no las tengan presentes. 
En cualquier caso estamos en contra. 
Una vez someto a la voluntad del Pleno la decisión de proceder a la votación sobre la enmienda de transacción. 
(El Parlamento decide no proceder a la votación sobre la enmienda) 
Con relación a la enmienda 48 
Señor Presidente, se trata de nuevo de la elevación del 10% al 20%, no al 25%. 
Una vez más, Señorías, el paso del 10 al 20 % es una cuestión eminentemente compleja que no puede presentarse en el mismo instante que precede a la votación, cuando la enmienda de transacción que se había remitido a las 17.00 horas, al Sr. Radwan, que la había aprobado en el acto, me parecería totalmente en su lugar antes de la 48. 
Podría jugar al imbécil que dice: puesto que el Sr. Radwan utiliza una maniobra desleal de la Asamblea, pido a mis amigos que se levanten también para rechazar su enmienda oral. 
Salvo que yo, en el interés de la estabilidad de los mercados financieros de Europa, encuentre adecuada su enmienda. 
Por tanto, doy mi aprobación y le pido que acepte votarla, y después aprobarla. 
Pero le señalo que las maniobras absolutamente desleales del Sr. Radwan han hecho caer también enmiendas aprobadas por el Consejo y la Comisión así como una gran parte de ustedes, y creo que las pequeñas maniobras de este tipo no hacen honor a esta Asamblea. 
Señor Presidente, los ponentes en la sombra han llegado a un nuevo compromiso sobre este punto, por lo que quisiera retirar la enmienda 76 en nombre de los Verdes. 
Podemos aceptar ese compromiso. 
Señor Presidente, parece que hubiera una pequeña confusión. 
El Sr. Thomas Mann, del PPE, y yo mismo, presentamos la enmienda de transacción 79 que debía votarse en tres partes. 
La primera se ha aprobado, pero no creo que hayamos aprobado la segunda, ya que ha procedido a la votación de la enmienda 22 de la comisión que debería, en principio, retomarla la enmienda 79 revisada. 
Y después está sobre el artículo 1- párrafo 2º, la tercera parte de la enmienda de transacción: Yo iba a proponerle, en este marco, en nombre de Klaus-Heiner Lehne, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y en mi propio nombre, esta enmienda oral que obtiene también el acuerdo de la Sra. Echerer. 
Creo que hemos de votar en primer lugar a favor del artículo 1, 2 (b) , cuarto. 
En tercer lugar el artículo 1- párrafo 2 (b) , quinto. 
Es complicado, perdónenme, pero la vida es complicada a veces. 
¿Hay alguna objeción a que se incluya esta enmienda oral? 
No me parece. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
. 
(EN) Señor Presidente, como ponente, deseo presentar una enmienda oral. 
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda de transacción. Es relativa a una exención de la exigencia de un prospecto en beneficio de los Estados miembros más solventes. 
Deberíamos dejar perfectamente claro que queremos que esta exención sea aplicable únicamente a los títulos de deuda, de manera que no permitan, por ejemplo, que se emprenda una privatización sin un prospecto y, por consiguiente, debemos insertar la palabra "deuda" al comienzo de la enmienda de transacción 65. 
Señor Presidente, este es el primero de tres textos sobre las iniciativas de la Unión Europea en el ámbito de la circulación de capitales, de las compañías de seguros y de los bancos. 
En particular, este primer informe prevé normas más estrictas para la supervisión de las actividades de los bancos y de las compañías de seguros. 
Como representante del Partido de los Pensionistas, apruebo este texto porque es importante que aquellos que invierten y entregan su dinero a los bancos y a las aseguradoras tengan garantías de que su dinero se invierte correctamente y produce los frutos que son tan importantes para muchos ciudadanos, entre los cuales están los que tienen menos recursos, como es el caso de los pensionistas. 
Por esto, he votado de buen grado a favor. 
Es sorprendente leer cómo se preocupa un economista verde de proteger el mercado emergente de los servicios financieros contra los riesgos sistémicos. 
El Sr. Lipietz quiere convertir a la UE en la zona más segura en el ámbito de las actividades financieras como prolongación de la Cumbre de Lisboa de la primavera de 2000, que tenía por objeto hacer de Europa la economía más competitiva del mundo. 
Por este motivo propone una regulación que ofrezca posibilidades de desarrollo a los mercados financieros. 
Según su punto de vista los Estados miembros no son los que tienen que determinar cuál de los tres métodos emplear para el cálculo de los requisitos de adecuación adicional del capital de las entidades reguladas de un conglomerado financiero sino que son los conglomerados financieros los que pueden elegirlo, a condición de que se comunique su decisión al público. 
Detecto en su punto de vista una falta de preocupación por el ser humano y el medio ambiente y un exceso de comprensión hacia los deseos de las entidades financieras. 
Sin embargo, soy consciente de que es mejor crear un marco regulador en este tipo de mercados que dejar que esto se convierta en una jungla a escala internacional que dé paso a los aventureros y en que las entidades más criminales ganen la batalla. 
Por lo tanto, considero su propuesta como un primer paso que facilitará el establecimiento posterior de una regulación que tome en cuenta los intereses de la financiación de los servicios públicos, la lucha contra la pobreza, el control democrático y el respeto por el medio ambiente. 
La directiva propuesta establece reglas prudenciales (exigencia de fondos propios y vigilancia complementaria) con respecto a los conglomerados financieros. 
Nuestro proyecto es por lo que respecta a nosotros la socialización de esos sectores (crédito, seguro, inversión) porque las funciones que cumplen esas reglas dependen desde nuestro punto de vista de una lógica de servicio público. 
En una economía racional, el crédito debería asignarse en función de la utilidad social de las inversiones, y el seguro integrado en los fondos sociales de inversión y de protección social. 
Esta directiva es un intento tímido por regular los mercados financieros cuyo funcionamiento caótico está reconocido como causa de crisis financieras y catástrofes sociales en el mundo, como demuestra el caso Enron. 
La he votado sin ilusión, aunque sólo fuera para frenar un poco el ultraliberalismo ambiente y porque no estamos a favor de la política de lo peor que consistiría en esperar a que los fallos de funcionamiento del capitalismo arrastren su crisis final. 
Solamente la movilización social podrá poner término a los errores de un sistema incontrolable. 
. 
(EN) Los elementos fundamentales de subsidiaridad y la elección efectiva de un organismo regulador como árbitro final es motivo de preocupación en el presente informe. 
Asimismo, la petición de que la información estadística se haga pública como solución a la sensibilización pública de lo que afecta a los mercados es impracticable e inviable. 
Los costes derivados para el sector también alcanzan unas repercusiones desproporcionadas. 
La directiva se propone hacer retroceder algunas formas de criminalidad financiera, y saludamos este noble proyecto. 
Pero nos guardaremos de cualquier ingenuidad. 
En primer lugar porque, tal como señala el ponente, " hubiera sido preferible recurrir a un reglamento comunitario. 
Pero el Tratado no lo permite ". 
El hecho de que las sanciones penales dependan de la competencia de los Estados abre enormemente las mallas de la red y estimula, como ocurre en materia fiscal, a montar operaciones a caballo en distintos países. 
En segundo lugar, no creemos ya que el capitalismo pueda funcionar con transparencia y equidad. 
La competencia capitalista es una forma de guerra que utiliza todos los medios a su disposición, ententes, grupos de presión, contabilidades arregladas y auditorías trucadas, tal como nos muestra la actualidad. 
Se ve mal a instituciones al servicio del capital ponerse bruscamente a querer controlar sus métodos. 
En cuanto a los "iniciados", se ve mal de qué forma podrían verse disuadidos por declaraciones de intenciones, incluso bautizadas como directivas, desde el momento en que no prevé ningún baremo de sanción realmente vinculante. 
A pesar de esas reservas, he votado la directiva para no poner obstáculos a las medidas mínimas que contiene. 
Señor Presidente, tal como tuve ocasión de explicar ayer por la noche, no estoy encantada por el compromiso de Feira en materia de fiscalidad del ahorro. 
He votado todas las enmiendas que contiene el informe del Sr. Pérez Royo porque son, en su mayoría, las mías. 
Le agradezco al ponente que no haya vuelto a reintroducir esas enmiendas demasiado radicales, como le expliqué en esta tribuna ayer por la noche. 
También voté el informe en la Comisión de Asuntos Económicos para que pudiera estar en el orden del día. 
Si me he decidido a pesar de todo a votar en contra del informe es para demostrar que estoy en principio en contra de que en Feira se haya abandonado el modelo de coexistencia que hubiera permitido a los Estados miembros decidir entre la aplicación de una retención fiscal en origen y el intercambio de informaciones sobre los ingresos de intereses percibidos. 
Además, considero que no puede ser que los Estados miembros adopten y publiquen una directiva en esta materia antes de tener la certeza de que las mismas medidas se aplicarán en los territorios dependientes asociados, y antes de haber concluido las negociaciones con los países terceros sobre la aplicación de medidas equivalentes, quedando claro que la deducción de una retención en origen no es equivalente al intercambio de informaciones. 
Señor Presidente, el informe del señor Fernando Pérez Royo hace referencia a una propuesta de directiva del Consejo para garantizar la fiscalidad del ahorro en forma de pago de intereses dentro de la Comunidad. 
Señor Presidente, me ha causado escalofríos, se me ha puesto la carne de gallina leyendo el título de esta directiva: fiscalidad del ahorro. 
Es justo pagar los impuestos y, tal come se dice en esta directiva, es justo informar a los Estados que los ciudadanos que residen en ellos han venido, por ejemplo, aquí y que si tienen ahorros los intereses que generan deben ser gravados. Pero, ¿por qué de una vez por todas no decimos que quien ahorra no debe pagar intereses, impuestos o tasas a los Gobiernos por haber ahorrado? 
El ahorro es algo bueno y justo. 
He votado a favor, pero me ha sido muy difícil. 
. (IT) La imposición sobre el ahorro ha sido siempre un tema fuertemente debatido. 
Existen partidarios de la imposición en la fuente que se articula con una imposición hasta el origen que es conclusiva respecto a la posición fiscal del sujeto afectado. 
La otra, seguramente más actual, es la de la comunicación: en ese caso el sujeto no concluye su obligación fiscal porque ésta estará sujeta a una imposición posterior en la declaración de renta anual. 
Desde el punto di vista de la equidad, sin duda, este segundo método asegura a la comunidad que las rentas, sean cuales sean, se tasarán en su totalidad. 
Sin embargo, este método es equitativo si se aplica a todo el mundo. 
En el momento en que un Estado, por razones históricas o de oportunidad, no cree conveniente adherirse, hace saltar el sistema que se había construido sobre él. 
Todo lo anterior vale para el informe del Sr. Pérez Royo que ha asumido como base de la imposición sobre el ahorro transfronterizo el método de la comunicación. 
Para que esta directiva pueda ser puesta en práctica eficazmente debe ser aplicada en el momento en que se adhieran los terceros países. 
Por lo tanto, conditio sine qua non para la entrada en vigor de la directiva es el acuerdo con los terceros países. 
La aplicación sin acuerdo alteraría el mercado del ahorro cuyos efectos negativos no son, hoy por hoy, fácilmente cuantificables. 
Al haberse conseguido la liberalización de los movimientos de capitales, no solamente en el interior de la UE, sino también en lo que se refiere a los centros financieros no comunitarios, es evidente que la introducción de un nuevo impuesto, al igual que un intercambio de informaciones limitadas a los quince Estados miembros, tendrá efectos negativos en los flujos financieros. 
Por estos motivos, nos parece indispensable que la imposición efectiva, en el interior de la Comunidad, de ingresos procedentes del ahorro en forma de interés se asegure igualmente en una serie de países terceros, así como en todos los territorios autónomos que dependan de un Estado miembro. 
La entrada en vigor de esta directiva debería, por consiguiente, subordinarse formalmente a la conclusión de acuerdos sobre la introducción de medidas idénticas en los países y territorios en cuestión. 
Al estar esta última condición lejos de realizarse, no hemos podido dar nuestro acuerdo a esta propuesta de directiva. 
La existencia del secreto bancario hace atractivo depositar los ahorros fuera del país para eludir el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio. 
La Unión Europea lleva ya trece años sin poder solucionar este problema transfronterizo. 
Todas las propuestas para que los servicios de Hacienda nacionales conocieran el patrimonio extranjero se han retirado debido al obstruccionismo. 
Es justamente en este ámbito donde los Estados miembros pueden torpedear cualquier decisión en el Consejo. 
Si no se establece ahora una regulación, justo antes de la entrada de los diez nuevos Estados miembros en 2004, difícilmente se establecerá más adelante. 
Esto supone para mí un motivo para apoyar el compromiso por el que se permite a Bélgica, Luxemburgo y Austria mantener el impuesto retenido por un periodo de siete años y en el que los otros Estados miembros impondrán un sistema de intercambio de datos transnacional. 
No obstante, el problema no se solucionará del todo mientras la gente acomodada pueda depositar su patrimonio en manos de una persona jurídica que no esté incluida en este marco regulador. 
He confirmado que hay una mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que quiere hacer una excepción para este último grupo, en contra del punto de vista del ponente. 
Asimismo, la cláusula acordada entre los ministros de aplicar esta regulación sólo cuando Suiza introduzca también el mismo sistema, puede llevarnos a una situación en la que, nuevamente, no se solucione nada. 
He votado en contra de la aprobación del informe Pérez Royo sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se garantiza una imposición efectiva, en el interior de la Comunidad, a los rendimientos del ahorro en forma de pagos de interés. 
La propuesta enmendada no retoma en su totalidad el acuerdo realizado en la materia durante el Consejo Europeo de Feira y más especialmente el punto siguiente, así redactado: 
' Una vez obtenidas garantías suficientes sobre la aplicación de las mismas medidas en los territorios dependientes o asociados y de las medidas equivalentes en los citados países, teniendo en cuenta el informe correspondiente, el Consejo decidirá, por unanimidad, la adopción y aplicación de la Directiva antes del 31 de diciembre de 2002. 
Se trata en este caso de una condición imprescindible para la entrada en vigor de la directiva. 
. (EN) A pesar de que el Grupo Laborista apoya el enfoque de "Feira" respecto a esta cuestión, le preocupa que las enmiendas en este informe que han sido aprobadas puedan debilitar la base de cooperación ya acordada. 
(EN) Señor Presidente, durante demasiado tiempo se ha permitido al sector bancario de la UE operar en una cultura de secretismo con fines fiscales. Esto no sólo contradice los objetivos de la UE de potenciar la transparencia y la apertura, sino que además crea una situación de competencia desleal en el ámbito fiscal. 
Por consiguiente, acojo con gran satisfacción las propuestas de la Comisión de controlar esta situación y luchar de una vez por todas contra las prácticas fiscales perjudiciales. 
No obstante, es de vital importancia, como señala el presente informe, que esta Directiva sea aplicable en los territorios dependientes, como las Islas del Canal de la Mancha. 
Si éstas quedan excluidas, toda la Directiva se vería debilitada por aquellos que optan por trabajar con bancos en paraísos fiscales. 
Esta Directiva contribuirá en buena medida a garantizar que el mercado único no es distorsionado por regímenes fiscales asimétricos y creará una situación en la que, tras un período transitorio de tres años, los Estados miembros intercambiarán información sobre los ingresos por ahorros que reciben personas no residentes. 
Estas propuestas incrementarán los derechos de los ciudadanos europeos con respecto a las entidades bancarias. 
Señor Presidente, los diputados Laboristas británicos no hemos apoyado el presente informe. 
No apoyamos la ampliación de los planes de comercialización para determinados frutos de cáscara. 
No obstante, reconocemos que la producción se centra generalmente en las zonas menos favorecidas, principalmente en España, y que gran parte de la producción es poco competitiva y produce escasos beneficios económicos. 
Por estas razones, tendría más sentido, desde un punto de vista económico, apoyar a las regiones afectadas mediante un programa global de cultivos alternativos u otras actividades que pudieran ser financiadas con cargo al Programa de Desarrollo Rural. 
En consecuencia, con nuestro voto instamos a la Comisión a que presente propuestas en este sentido. 
Comprendemos que estas opiniones no son universalmente populares, pero creemos que al final tendrían como consecuencia un nivel de vida más alto para las personas afectadas. Esto es preferible a la continua vida de subsistencia y a la inseguridad de provisión de fondos con cargo a la PAC. 
. (SV) No estamos de acuerdo con el informe del Sr. Bautista Ojeda sobre frutos de cáscara y algarrobas. 
A nuestro juicio, las enmiendas que se han presentado representan en general una política agrícola anticuada, que no satisface las necesidades y condiciones de la sociedad moderna y globalizada. 
Por este motivo, y habida cuenta de la próxima revisión de la política agrícola de la Unión, hemos optado por votar en contra de este informe en su totalidad. 
. (SV) Los programas de apoyo y las medidas para mejorar el sector de los frutos de cáscara y algarrobas han contribuido a modernizar su producción. 
El motivo es que se trata de un importante factor de empleo en regiones del Mediterráneo. 
Sin embargo, estas ayudas no pueden ser eternas. 
Sería conveniente que este sector formase parte del mercado de frutas y verduras. 
Es absurdo que la comisión proponga la perpetuación del sistema de ayudas para garantizar la existencia del sector. 
La Comisión, en cambio, debería concluir su análisis sobre la competitividad de la producción (prolongando el sistema de subvenciones durante un año, según la propuesta de la Comisión) y, posteriormente, cabría decidir sobre las consecuencias. 
Señor Presidente, los diputados Laboristas británicos hemos votado en contra del informe Cunha. 
Nuestro objetivo es una reforma fundamental que incluya la retirada de la ayuda financiera a la producción de tabaco. 
La propuesta de ampliar la actual disposición financiera es inaceptable. 
Al igual que la enmienda en el informe que reduciría las propuestas de la Comisión en favor de primas más altas para el Fondo comunitario de investigación e información en el ámbito del tabaco. 
No obstante, la importancia económica y social del tabaco en algunas regiones debe ser tenida en cuenta. 
La Comisión debe presentar medidas para desarrollar fuentes de ingresos alternativas con un mayor grado de urgencia que el que demuestra actualmente. 
En reconocimiento de esta prioridad, hemos votado en favor de la enmienda 21. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Cuhna que se refiere al reglamento que permite financiar el cultivo del tabaco sobre todo en Grecia, en España y en Italia, me ha obligado a abstenerme, como ha hecho mi amigo Ebner que acaba de intervenir, porque entre los pensionistas hay muchos fumadores, y por lo tanto, no puedo estar en contra del consumo de tabaco, pero por desgracia muchos de ellos enferman gravemente y se mueren también porque durante su vida respiran el humo de los cigarrillos que los demás fuman delante de ellos. 
Por lo tanto, estoy a favor de quien quiere fumar, a condición de que lo haga puertas afuera, en el exterior, por su cuenta y estoy también a favor de que se haga todo lo posible para que aquellos que no quieran respirar el aire contaminado por el humo no estén obligados a hacerlo. 
Por esto, me he abstenido y espero que pronto se resuelva el problema de esta manera que a mí me parece muy justa. 
. (EL) La propuesta de reglamento sobre el tabaco de la Comisión es inadmisible. 
Inadmisible desde el punto de vista político, puesto que se vuelve en contra de los cultivadores de tabaco, en nombre de la protección de la salud, cuando la Comisión ha dedicado miles de millones de euros a productos como las carnes rojas y el alcohol, que también tienen efectos perniciosos para la salud. 
Inadmisible desde el punto de vista social, puesto que se vuelve en contra de decenas de miles de familias de cultivadores de tabaco, de las regiones más pobres de la Unión Europea, sin posibilidad alguna de cultivos alternativos. 
Inadmisible desde el punto de vista estatal, puesto que la eliminación de las subvenciones al tabaco comunitario, no contribuirá a la disminución del consumo ni en un cigarrillo. 
Sencillamente provocará el aumento de las ventas de las multinacionales norteamericanas. 
La Comisión de Agricultura ha aceptado mi enmienda dirigida a la supresión del considerando 5 que habla de la eliminación de las ayudas al tabaco. 
Ha aceptado igualmente mis enmiendas a propósito de la recuperación de la prima para la categoría Tsebelia-Mavra, así como la propuesta de abordar un estudio específico sobre las relaciones entre producción comunitaria- importaciones- consumo de tabaco. 
Aunque mantengo algunos puntos de divergencia con el texto, dado que la resolución de la Comisión de Agricultura se mueve en la dirección adecuada para la conservación de los cultivos de tabaco, cuenta con mi apoyo. 
. (DE) El sector ' tabaco? deber ser considerado en su totalidad. 
Se necesita de una consideración ponderada de todos sus aspectos, la PAC y el medio ambiente, la cohesión económica y social y la salud pública. 
Sobre ello se están haciendo estudios que la Comisión presentará en su momento y cuyos resultados y avances en el conocimiento entrarán a formar parte de propuestas concretas. 
No podemos hacernos la ilusión de que con el recorte a los cultivos de tabaco ya no habrá fumadores en Europa. 
Debemos tener claro que el tabaco se importa de terceros países en los que no tenemos ninguna influencia sobre los cultivos, sin contar, por otra parte, con los puestos de trabajo que se pierden en la UE. 
Tenemos una obligación frente a las personas que viven del cultivo del tabaco. 
Hay que ofrecerles alternativas razonables. 
Algunos recursos para medidas de reconversión pueden proceder del nuevo ámbito que se va a crear dentro del Fondo comunitario del tabaco. Debería producirse ahí un incremento de los mismos de un 3%. 
También defiendo una ampliación de las campañas de información y concienciación sobre las perniciosas consecuencias para la salud del consumo de tabaco. 
En agosto de 1967, la Comisión sometió para dictamen al Parlamento Europeo la primera propuesta relativa a un reglamento por el que se establecía una organización común de mercados en el sector del tabaco. 
Fui nombrada ponente por la Comisión de Agricultura que, en aquellos momentos, examinó esta propuesta a lo largo de nueve reuniones, para adoptar mi informe en abril de 1969 y debatirlo en mayo de 1969 en Estrasburgo. 
¿Por qué recuerdo esto? 
Porque en aquellos momentos propusimos un nuevo tipo de organización del mercado que se basaba en un sistema de contratos que aseguraban en el marco de la preferencia comunitaria un ingreso equitativo para los productores, ello provisto de medidas sociales y de reconversión. 
Debo precisar que no soy de la opinión de que, con el pretexto de luchar contra el tabaquismo, sea necesario erradicar el cultivo del tabaco en hoja en la Comunidad. 
Hay regiones en las que el cultivo del tabaco es una fuente principal de ingresos para pequeños agricultores y donde la reconversión, o bien hacia otros productos agrícolas, o bien hacia otras actividades económicas, es extremadamente difícil, si no imposible. 
Ya en 1999 escribimos que medidas de orden social y de reconversión se justificarían mucho más que la financiación de una producción excedentaria de variedades que no encuentran comprador en el mercado. 
Precisamos que las medidas de reconversión así como las destinadas a orientar cualitativa y cuantitativamente la producción de tabaco deberían incluirse en la política regional y la política de mejora de las estructuras agrícolas. 
Alertamos incluso de que los excedentes entregados a la intervención no podrían venderse en el mercado mundial más que en detrimento de los países asociados y en detrimento de los intereses de la política comercial exterior de la Comunidad. 
Como nunca es tarde para hacerlo bien, se justifica que sigamos hoy a nuestro ponente para limitarnos a modificar las propuestas de la Comisión únicamente desde el punto de vista técnico y reservar el debate político de fondo sobre el futuro régimen relativo al tabaco en hoja para 2003. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137, párrafo primero, del Reglamento) 
. (SV) No estamos de acuerdo con el informe Cuhna sobre tabaco en hoja. 
A nuestro juicio, las enmiendas que se han presentado representan en general una política agrícola anticuada, que no satisface las necesidades y condiciones de la sociedad moderna y globalizada. 
Por este motivo, y habida cuenta de la próxima revisión de la política agrícola de la Unión, hemos optado por votar en contra de este informe en su totalidad. 
La Unión Europea hace, por una parte, una política de frenar los productos del tabaco y, por otra, fomenta la producción de productos de tabaco mediante la concesión de subvenciones a los cultivadores de tabaco. 
Afortunadamente, ahora hay planes para suprimir paulatinamente estas ayudas, aunque la Comisión de Agricultura todavía se opone. Esta Comisión subraya la importancia socioeconómica del cultivo del tabaco, ya que éste se ubica en las zonas más desfavorecidas de la UE, y señala también que es muy difícil cambiar a otro tipo de cultivo en estas zonas. 
De la misma forma, esta Comisión podría señalar la importancia que tiene la producción de la materia prima de la cocaína para los cultivadores de las regiones más pobres de Colombia. 
La diferencia estriba en que en un caso se conceden ayudas y en otro se interviene de forma armada y bajo influencia americana contra estos cultivadores y que se realizan vuelos de reconocimiento para poder erradicar estas plantaciones fumigándolas desde aviones extranjeros despegados de territorio colonial neerlandés. 
Esta manera de medir las cosas con un doble rasero no tiene ninguna credibilidad. 
Me parece que el dinero para las ayudas al cultivo del tabaco se puede emplear mejor para informar al público de las consecuencias negativas que tiene el consumo de productos de tabaco y para ayudar a las regiones a que cambien a otro tipo de cultivo. 
Por lo tanto, rechazo enérgicamente la oposición del ponente a esta solución. 
. 
(SV) A largo plazo resulta inaceptable que el dinero de los ciudadanos de la UE se emplee para subvencionar el cultivo de tabaco en determinados Estados miembros. 
Especialmente desde una perspectiva de salud pública es conveniente terminar con esta clase de subvenciones. 
El alto monto de estas ayudas dificulta la introducción de otra clase de cultivos. 
Por eso, los cristianodemócratas apoyamos la eliminación de las subvenciones al tabaco, en concordancia con la propuesta de la Comisión. 
. (IT) El cultivo del tabaco tiene una importancia capital sobre todo en las regiones menos favorecidas de Europa. 
La producción y transformación del tabaco afecta a alrededor de 130.000 propietarios y 400.000 trabajadores temporeros en la Unión Europea. 
Bastan estos datos para justificar y pedir un estudio de los costes sociales y económicos que conllevaría la eliminación de las ayudas al tabaco, mucho antes de llegar al debate político sobre el futuro de este cultivo en la Unión Europea. 
Por otro lado, una acción restrictiva respecto al cultivo del tabaco en Europa no tendría ninguna repercusión sobre el consumo, excepto la de llevar a los consumidores a fumar tabacos extracomunitarios de peor calidad y, sin duda, más nocivos para la salud. 
A todo esto hay que añadir que el documento de la Comisión COM (2001) 264 de 15 de mayo de 2001 sobre el desarrollo sostenible subraya que " los responsables políticos deberían determinar las posibles repercusiones positivas o negativas en los demás ámbitos políticos y tenerlas en consideración. 
Una evaluación minuciosa de todos los efectos de una propuesta de acción política debe cuantificar el impacto económico, medioambiental y social tanto dentro como fuera de la Unión Europea ". 
Por esto, como republicanos europeos entendemos que la Comisión debería promover seriamente estudios y investigaciones sobre posibles cultivos alternativos que mantengan el tejido rural de una manera sostenible. 
Estamos de acuerdo con la ponente en aplazar el debate político sobre el tabaco hasta el momento en que llegue al Parlamento el informe de evaluación de la gestión del fondo con una posible propuesta de modificación y mejora. 
Por esto, decimos "no" a la eliminación progresiva de las subvenciones al cultivo del tabaco en Europa realizada sin estudios previos, pedimos que para las cosechas de 2002, 2003 y 2004 se mantengan los actuales niveles de apoyo a las actividades del fondo di investigación, puesto que la investigación agronómica es, hoy por hoy, una de las vías más importantes para convertir el consumo de tabaco en menos nocivo para la salud, y apoyamos el informe enmendado de la Comisión de Agricultura. 
Según el Gobierno neerlandés, hace falta una reforma de la política agrícola. 
Como justificación aduce la ampliación y el temor a que haya que destinar demasiados fondos al presupuesto comunitario. 
Los neerlandeses, como es ampliamente conocido, se preocupan por el dinero. 
Por mi parte, comparto este llamamiento a la reforma. Sin embargo, mi motivo no es la ampliación sino el hecho de que en la actual política agrícola haya tantas regulaciones que no tienen nada que ver con una agricultura saludable. 
La regulación del sector del cultivo del tabaco es, por diferentes motivos, una regulación poco saludable. 
Aunque reconozco que la política agrícola no sólo ha de prestar atención a la parte económica de la gestión empresarial sino también a la parte social, esta regulación del mercado se ha convertido única y exclusivamente en un instrumento de carácter social. 
Se está manteniendo un tipo de producción que ni es bueno para la salud pública ni es rentable. 
Además, las ayudas sólo sirven para que el cultivador no reciba ningún estímulo para cambiar su cultivo. 
De esta forma seguirá "enganchado" a su tabaco. 
El tabaco es un producto que perjudica la salud. 
A aquellos miembros del Parlamento Europeo que lo quieren negar, les animo a que empiecen un juicio en contra de la advertencia que figura ahora en los paquetes de tabaco. 
El argumento de que en el mercado hay una demanda de tabaco y que por lo tanto hay que mantener la producción europea actual es una argucia que encuentra en esta Asamblea algunos adeptos. 
La demanda no implica en absoluto que haya que subvencionar la producción. 
Si esto se convirtiera en el axioma de la política en materia agrícola ¡los contribuyentes netos de la Unión sí tendrían un problema! 
Las adaptaciones de la actual ordenación del mercado de tabaco tienen que estar enfocadas a animar a los cultivadores a buscar cultivos alternativos. 
En este sentido, la propuesta de la Comisión es esperanzadora, ya que hace referencia, sin andarse con rodeos, a la supresión de las ayudas y, al mismo tiempo, propone medidas para incentivar fuentes de ingresos alternativas. 
El ponente Cunha hace un flaco servicio a Europa si desea suprimir esta observación de la Comisión. 
Por este motivo, junto con 31 miembros de este Parlamento insisto en una enmienda que propone que se haga una mención específica en este informe de la supresión de las ayudas al cultivo de tabaco. 
¡Seguimos esperando! 
Las medidas específicas en vigor para las regiones ultraperiféricas son insuficientes y existen sólo en el ámbito de la agricultura y de la pesca, marco mucho más modesto que el establecido hace diez años, cuando el lanzamiento de los programas POSEI y que se queda corto respecto de las posibilidades brindadas por el apartado 2 del nuevo artículo 299 del Tratado de la Unión Europea, cosa incomprensible e inaceptable. 
Incluso en los ámbitos abarcados, sus "planes financieros" se han mantenido constantes, por lo que, en términos relativos, son hoy de valor inferior al del momento de lanzamiento de las medidas. 
En la agricultura, se hicieron pequeños ajustes en el marco de la adopción de ciertas medidas y en la pesca se ha prorrogado el apoyo a la salida de algunos productos, como ahora se propone, de nuevo, durante un año más. 
Lo que hace falta es regímenes permanentes, periódicamente adaptados, apoyados por "planes financieros" adecuados, no sólo en la agricultura y en la pesca, sino también en la energía, en el medio ambiente, en las comunicaciones, en las nuevas tecnologías, en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 
El sistema comunitario de apoyo a la salida de ciertos productos de pesca de determinadas regiones ultraperiféricas, entre la cuales se encuentra la Región Autónoma de Madeira, establecido en 1992 a raíz de los programas POSEI, ha sido objeto de sucesivas prórrogas y revisiones. 
La necesidad de adopción de medidas específicas para las regiones ultraperiféricas, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la Unión Europea, ha sido reiterada constantemente por el Parlamento. 
Por eso, no cabe la menor duda sobre la conveniencia del mantenimiento de instrumentos de apoyo a las regiones ultraperiféricas como establece la propuesta de reglamento del Consejo, presentada por la Comisión. 
Por eso, doy mi apoyo total a esta propuesta de reglamento, que va encaminada a la prórroga del régimen en vigor por un año, hasta el 31 de diciembre de 2002, con lo que se garantiza la continuidad del marco jurídico del régimen de compensación de los costos suplementarios provocados por la ultraperifericidad respecto de los productos de la pesca. 
La prórroga por un año permitirá la formulación por la Comisión de un nuevo régimen de apoyo que entrará en vigor después del 1 de enero de 2003, a la luz de la evaluación en curso de las repercusiones de esas medidas de apoyo en el sector pesquero de las regiones ultraperiféricas. 
Los acuerdos pesqueros a los que llega la Unión Europea con países del Tercer Mundo, entre los que hay muchas antiguas colonias de los Estados miembros de la UE, parecen más bonitos de lo que son. 
En ellos siempre se habla de beneficios mutuos. 
Para estos países se soluciona en alguna medida la falta de dinero y para nosotros la falta de recursos pesqueros. 
Significa que los pesqueros europeos pueden pescar allí, pagados por el contribuyente europeo, que paga las tres cuartas partes de las compensaciones que reciben los países pobres implicados. En realidad, se trata de unos países que debido a su pobreza han de vender sus derechos. 
La República gabonesa, que ha vuelto a vender sus derechos pesqueros por un periodo de tres años, es un país que tiene que importar pescado. 
Este tipo de acuerdos van en detrimento del propio sector pesquero de los países implicados, sobre todo si se tiene en cuenta que sólo pertenecen a las aguas territoriales protegidas, en las que el acuerdo no es vigente, la zona de seis millas en lugar de las doce. 
El ponente señala con mucha educación la necesidad de realizar un estudio científico, los inconvenientes medioambientales, otro tipo de financiación, la ayuda al desarrollo y las desventajas para los países implicados. 
Con muchas de sus observaciones estoy de acuerdo pero, en contra del criterio del Sr. Maat, no quiero seguir con este tipo de acuerdos. 
. 
(EN) Estamos muy descontentos con los acuerdos de pesca entre la UE y terceros países, porque somos conscientes de que en este acuerdo con el Gobierno gabonés, el 40% de los fondos debería destinarse a medidas de conservación. 
Debido a la falta de buena gobernanza, nos preocupa que dichos fondos puedan ser utilizados con fines distintos de los que se persiguen y, en consecuencia, la Delegación Conservadora se ha abstenido en la votación final. 
He votado a favor de este informe. 
Es obligado constatar que el ritmo de disminución y de pérdida de la diversidad biológica en Europa y en el mundo no deja de acelerarse. 
Las medidas en vigor parecen insuficientes para invertir las tendencias actuales, principalmente la disminución del número de especies y de su hábitat, de los ecosistemas y de los genes. 
Corresponde a Europa jugar un papel especial de iniciativa y animación en este ámbito y no conformarse con declarar deseos bienintencionados que no sean seguidos de resultados. 
En un primer momento, Europa debe garantizar la aplicación de la legislación medioambiental. 
Efectivamente, demasiados Estados miembros, por razones de política nacional, se resisten a transponer con rapidez y eficacia algunas directivas (especialmente las directivas "Aves" y "Hábitats"). 
Son necesarias también acciones en el ámbito de la agricultura y de la pesca. 
La agricultura debe jugar un papel central, y la nueva PAC no podrá ahorrarse reformas que tomen en consideración las exigencias de desarrollo sostenible. 
En cuanto a la pesca, resulta esencial prever medidas coherentes a corto y medio plazo con el fin de preservar o restaurar la diversidad biológica allí donde se vea amenazada. 
Finalmente, preservar la diversidad biológica no significa detener el esfuerzo de investigación y desarrollo de los conocimientos. 
También en el ámbito de los OGM, por ejemplo, si la aplicación del principio de precaución es un dato para no despreciar, conviene apoyar la validación científica objetiva, etapa por etapa, de esas experiencias. 
Dentro de un siglo los seres humanos habremos cambiado la tierra, pero seguramente no sólo para bien. 
La población mundial habrá aumentado muchísimo, las infraestructuras habrán cruzado zonas vírgenes, muchas zonas extensas se emplearán para la producción de alimentos, cultivos intensivos y la urbanización. 
Las selvas tropicales se talarán o serán devastadas por las llamas, las diferentes especies animales se extinguirán por la explotación económica, los mares serán sobreexplotados, se expulsará a los pueblos autóctonos de sus territorios y se concederán patentes sobre plantas y animales. 
Lo que hasta hace poco se veía como un progreso se considera ahora como una amenaza para el futuro. 
Por esta razón, es muy necesario que se haga más para proteger lo que nos queda todavía de la vida vegetal y animal y para ayudar a sobrevivir a los seres humanos que siempre han vivido en unas zonas poco pobladas con una naturaleza muy rica. 
Este grupo se está empobreciendo rápidamente y, por lo tanto, se ve forzado a mudarse a las ciudades o a devastar su entorno natural para dar facilidades a la industria o a la agricultura intensiva. 
Por nuestra parte, hemos de apoyar a las organizaciones no gubernamentales, reformar los planes de la ayuda al desarrollo del Tercer Mundo y cambiar la política agrícola de la UE. 
Me parece que en medio de todas estas malas noticias la adopción de la propuesta de proteger la biodiversidad es un rayo de esperanza, aunque no me muestre muy optimista sobre la aplicación de la misma. 
He votado a favor de este informe. 
La Unión Europea, y especialmente el Parlamento Europeo, tienen mucho interés en la protección de los ciudadanos, de su medio ambiente, de su entorno cotidiano y de su salud. 
Con mucha frecuencia se aprueban en estos ámbitos textos equilibrados a nivel comunitario. 
Sin embargo, nos damos cuenta de que la transposición de una serie de directivas por parte de los Estados miembros acusa un retraso injustificado. 
La directiva sobre aguas urbanas residuales es un ejemplo de esta mala aplicación. 
Adoptada en 1991, tiene por objetivo proteger el medio ambiente contra los efectos del vertido de las aguas urbanas residuales y de las aguas residuales biodegradables procedentes de la industria de la alimentación. 
Cuando se ha aplicado, la directiva ha producido una mejora significativa de la calidad de las aguas. 
La principal obligación que incumbe a los Estados miembros es poner en marcha sistemas de recogida y tratamiento de las aguas residuales y respetar un calendario preestablecido. 
Ahora bien, no sólo los Estados miembros tardan mucho en comunicar todas las informaciones necesarias para una evaluación objetiva de esta directiva sino, lo que es peor aún, otros no comunican ninguna información sobre este tema. 
Esto es algo totalmente inaceptable. 
Pido también que el retraso asumido por los Estados miembros no se agrave, que todas las informaciones se comuniquen a la Comisión como estipula esta directiva adoptada en su momento por el Consejo. 
Me he pronunciado a favor de la apertura por parte de la Comisión de procedimientos de infracción en el caso de que no se hayan respetado o no se hayan tomado en consideración los criterios de identificación de las zonas sensibles. 
Los Estados miembros candidatos señalan muchas veces con el dedo acusador la manera en que la ciudad de Bruselas trata las aguas residuales urbanas para confirmar que las normas medioambientales sólo existen sobre el papel pero no en la práctica. 
De las 527 aglomeraciones urbanas con más de 150.000 habitantes hay 94 que vierten sus aguas residuales sin depurar al medio ambiente y hay otras 134 que no facilitan la información requerida. 
Por lo tanto, más del 43% no cumple las normas. 
Todavía no están disponibles los datos del sondeo de 1998 e incluso se desconoce el número de expedientes precontenciosos en el Tribunal de Justicia Europeo. 
Todo esto confirma que la UE es sobre todo una comunidad económica, que libera a las grandes empresas de las regulaciones nacionales molestas. 
Las otras cuestiones no reciben tanta atención y normas tan útiles y necesarias siguen siendo letra muerta. 
En este caso no se trata de unas empresas irresponsables sino de una administración que está fracasando. 
No obstante, me parece importante saber el porqué de este fracaso. 
Las grandes ciudades tienen muchos problemas y no reciben suficiente dinero de su gobierno nacional, que está más interesado en recortar gastos para poder bajar los impuestos, la rentabilidad de sus empresas y la estabilidad del euro. 
Por esto motivo, las ciudades se encuentran en declive y no son capaces de realizar las reformas necesarias. 
Esto podría quedar más patente si apoyamos a la ponente en su intento de conseguir una mayor transparencia. 
La contaminación doméstica e industrial se ha convertido en la principal fuente de degradación de nuestros ríos europeos de los cuales solamente el 40% alcanza los objetivos de calidad fijados en función de los diferentes usos. 
Frente a esta situación perjudicial, el Consejo y el Parlamento reaccionaron adoptando, en 1991, la directiva llamada de "tratamiento de las aguas urbanas residuales". 
Al igual que la mayoría de mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, lamento que once años después de su adopción y cuatro años después del plazo fijado para que las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes reales se equipen con sistemas de recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas, sean muchos los Estados miembros que no se adecuen al calendario jurídicamente vinculante de esta directiva. 
Lamento también que la Comisión de Medio Ambiente no haya adoptado una de las enmiendas que yo había presentado, una enmienda de sentido común que explicaba las razones por las cuales tantos Estados miembros siguen sin aplicar esta directiva. 
Sabiendo que los plazos muy cortos fijados por la directiva 91/2 71/CEE (seis años y medio para el tratamiento de las aguas en zonas sensibles) no tomaban posiblemente en cuenta la situación de varias grandes aglomeraciones de los Estados miembros. 
En 1991, éstas no disponían aún de una estación de depuración de las aguas urbanas residuales y debían además adecuarse a otras normas comunes europeas en los ámbitos de la adjudicación de contratos públicos y de los estudios de impacto medioambiental. 
¿Es necesario recordar que el plazo medio de adjudicación de contratos públicos en el sector es de tres años, es necesario también señalar que una estación de tratamiento de aguas con su conexión para la recogida de aguas residuales tiene un coste medio de 400 millones de euros? 
En resumen, una buena legislación comunitaria es una legislación que tiene en cuenta lo deseable y lo realizable. 
Es obligado constatar que la elaboración de la directiva "tratamiento de las aguas urbanas residuales" ha faltado a esta regla esencial. 
. (EL) La ' crisis del acero? muestra del modo más convincente el callejón sin salida al que conducen el mercado y la liberalización, que con tanto tesón intentan imponer en todo el mundo los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Muestra asimismo que la crisis del sistema capitalista es tan profunda que no es posible hacerle frente con ninguna medida de gestión, ni con el «código de buena conducta» de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre libre comercio y libre competencia. 
Los Estados Unidos no dudan en violar los acuerdos con tal de defender sus intereses. 
Con motivo de esta crisis han salido de nuevo a la superficie las contradicciones en el seno del sistema imperialista internacional y el enfrentamiento generalizado por la hegemonía entre los centros imperialistas. 
El imperialismo norteamericano no duda en adoptar medidas que perjudican económicamente al imperialismo europeo, y este último, a pesar de convivir en perfecta armonía con él y aspirar a una parte del botín de las aventuras bélicas comunes, no duda en contraatacar. 
No cabe duda de que las demandas de los sindicatos norteamericanos no han sido más que la excusa para la decisión de imponer aranceles adoptada por la administración Bush, en el contexto de la crisis general que azota a la economía capitalista, después de haber cerrado el peor ejercicio en los últimos 25 años de comercio internacional, y tras el descenso en un 38 % de las importaciones norteamericanas de acero durante los últimos tres años. 
De esta pelea, los trabajadores no deben esperar ningún beneficio. 
Ni los trabajadores norteamericanos evitarán finalmente la reestructuración y el paro, ni los europeos verán alejarse el fantasma del despido con el recurso a la OMC. 
Lo que los EUA y la UE intentan salvar son los beneficios de la industria del acero. 
Sin embargo, aun si consiguen suavizar en alguna medida los efectos de la actual crisis, no tardará en surgir una nueva crisis. 
Es un fenómeno propio de los sistemas sociales que han dejado desde hace tiempo de ofrecer algo a la sociedad; a esa categoría pertenece el capitalismo. 
La única solución es acabar con él, por muy difícil que esto pueda parecer en las circunstancias actuales. 
Crisis como la que estamos viviendo del acero abren nuevas perspectivas a las luchas de la clase obrera, pueden ser punto de partida de nuevas alianzas, muestran el espantoso rostro del sistema capitalista. 
La resolución del Parlamento Europeo aborda superficialmente el problema e intenta afrontarlo en el marco de la liberalización. 
Es significativo que la resolución del Parlamento Europeo acuse a los EUA de no haber avanzado a tiempo en la reestructuración de la industria del acero, ¡como hizo la UE! 
Es decir, los acusa de no haber cerrado bastantes empresas y de no haber despedido a bastantes trabajadores, como ocurrió en el caso de la industria griega del acero. 
No se puede más que lamentar la instauración por parte de Estados Unidos de una tasa al acero importado, que perjudica los intereses europeos y se exime aparentemente de las reglas de la OMC. 
Sin embargo, en sentido inverso, hemos quedado estupefactos por la seguridad y la buena conciencia con los cuales el Comisario Lamy daba aquí ayer, en este hemiciclo, lecciones de moral librecambista a los americanos. 
Es necesario recordar algunas realidades que se olvidan y que deberían llevar a una mayor discreción. 
1- En primer lugar, la sobretasa americana, susceptible de elevarse hasta el 30% corresponde aproximadamente a la depreciación del euro desde su entrada en vigor, que impone un verdadero "dumping monetario" a nuestros socios comerciales. 
Por supuesto, nadie habla de ella en Europa porque, por inesperada que sea, esta depreciación nos favorece desde el punto de vista comercial, aunque cause sin embargo un grave perjuicio a nuestros socios. 
Sin duda, los Estados Unidos han buscado el "dólar fuerte", pero no querrían sin embargo un dólar demasiado fuerte, que penaliza gravemente sus propias industrias. 
2- En el asunto del acero, Estados Unidos ha invocado necesidad de medidas de salvaguarda para evitar desórdenes interiores. 
Sin duda, en este caso soslayan reglas de la OMC que ellos mismos han aprobado, y en las cuales se encuentran entrampados. 
Pero sin embargo plantean un verdadero problema. 
En lugar de agobiarlos, ¿no sería necesario coger la ocasión por los pelos y proponer que se inicie una reflexión sobre las excepciones legítimas al librecambismo para los países desarrollados y aún más para los países subdesarrollados? 
Europa, en especial, haría bien reflexionando si desea en el futuro salvar su modelo agrícola. 
Podemos preguntarnos además en este sentido si las declaraciones atronadoras del Comisario Lamy, atacando el ' unilateralismo? de las medidas americanas no van a llegar (o no están destinadas) , más allá del presente caso, a reforzar la disciplina multilateral de un librecambismo simplista, tal como el que se adoptó, mediante la manipulación de la opinión, tras la Ronda Uruguay. 
Y comprobaremos mañana que esas disciplinas reforzadas nos tienen prisioneros, de rechazo, en otros temas vitales para nosotros, como la agricultura. 
La manipulación sigue. 
La altura y las decisiones americanas orientadas a proteger de forma descarada su industria siderúrgica en detrimento de Europa demuestran perfectamente que por encima de los grandes discursos y de las grandes declaraciones liberales, algo que domina actualmente en el mundo, es la ley del más fuerte en la que se apoya, en este caso, G. W. Bush (releer la fábula de La Fontaine, ' El cordero y el lobo? ). 
Por ello, Europa debe reaccionar con vigor con los medios legales previstos en el marco de la OMC pero también mediante todos los demás medios de presión disponibles en un momento en el que los Estados Unidos no paran de exigir otras solidaridades en su lucha contra el terrorismo. 
Esta situación demuestra la naturaleza real de una globalización ' a la salsa americana?. 
Ésta reduce a su justa medida los discursos sobre los beneficios de una libre competencia desprovista de reglas. 
Confirma a aquellos que piensan que es necesaria una Europa política capaz de existir y de pesar en la gestión de los asuntos del mundo. 
Los Estados Unidos han sido durante años los grandes defensores del libre comercio, en el sentido de que los demás tenían que abrir sus mercados sin poner aranceles a los productos americanos. 
Se amenaza todo el tiempo con guerras comerciales si se exige de los productos americanos que cumplan las normas en materia medioambiental y protección del consumidor. 
La UE ha adoptado en gran medida esta ideología del libre comercio. 
Pero cada vez es más patente que este libre comercio está supeditado a los intereses americanos y sólo encuentra apoyos cuando este lleva a mayores beneficios de las empresas americanas. 
La clase gobernante de los Estados Unidos considera su propio país como el mejor del mundo. 
Tal como hicieron en su día la Unión Soviética y China, los Estados Unidos pretenden tener derecho a llevar a cabo ciertas prácticas que no permiten a otros. 
Por ello, se exige una impunidad internacional para los criminales de guerra americanos, pueden amenazar unilateralmente con el empleo de armas nucleares y, por lo tanto, pueden impedir también la entrada de acero europeo al mercado americano por medio de un arancel de importación. 
La UE debería llegar a la conclusión, entre otras cosas, de que esta ideología del libre comercio está abocada al fracaso. 
Europa tiene que avanzar más hacia la autosuficiencia económica, o sea la autarquía, en lugar del fomento de la importación, de la exportación, de la globalización y de la creciente dependencia mutua de los EE.UU. y Japón. 
Esta es la mejor forma de no sufrir las consecuencias de las guerras comerciales ni de la inestabilidad económica importada desde fuera. 
Las relaciones trasatlánticas atraviesan una zona de turbulencias. 
En el origen se encuentra la ofensiva del Gobierno americano que aprovecha su victoria militar en Afganistán para reforzar y consolidar su superpotencia. 
Sin embargo, la búsqueda americana de la supremacía global genera también conflictos y tensiones con las clases dominantes del centro y de la periferia del mundo. 
El conflicto en curso, relativo a la tasa instaurada por Estados Unidos a las importaciones de acero es una manifestación flagrante. 
El imperialismo americano está dispuesto a imponer una "desregulación mundial", pero no se niega medidas proteccionistas cuando siente amenazados sus intereses. 
No he votado sin embargo esta resolución común. 
Esta oposición de la Unión Europea no es más que una forma de apoyar a las multinacionales europeas en una guerra económica sin concesiones. 
Somos ante todo solidarios con los trabajadores de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos. 
No apoyamos los intereses de unas multinacionales contra otras. 
Cuanto más parece "combatir" la Unión Europea a Estados Unidos, más adopta su política. 
Así, el "proceso de Lisboa" que pretende transformar a la Unión Europea en la "economía más competitiva del mundo", pretende minar mediante la liberalización la privatización y la comercialización a ultranza las condiciones de vida del mundo del trabajo en Europa y en el Tercer Mundo. 
He votado a favor de este informe. 
Esta recomendación se basa en una visión realista y moderna de la economía europea. 
La ralentización de la actividad económica en Estados Unidos tiene repercusiones en el seno de la Unión Europea. Eso no basta sin embargo para explicar los resultados mitigados registrados por muchos Estados miembros. 
Efectivamente, existen problemas internos que deben resolverse. Se esperan reformas estructurales. 
Cada consumidor europeo debe poder elegir libremente a su prestatario de servicios. 
Igualmente, una política innovadora en materia de competencia, que rechaza todas las posiciones dominantes, emerge en el seno de la Unión Europea. 
Este planteamiento debe mantenerse, principalmente, implicando a todas las partes afectadas para una mejor eficacia personal y colectiva. 
No se trata de reformar en contra de los actores sino de hacer que evolucionen esos sectores en concertación con ellos. 
Una acción determinada en materia de educación, de formación y de desarrollo de la investigación constituye también un eje primordial si deseamos conservar un alto nivel de competencia de los trabajadores y asegurar una competitividad óptima de nuestras empresas. 
Este informe propone también aumentar la edad de jubilación para los trabajadores que desean continuar en activo. 
Actualmente, la generalización de las jubilaciones obligatorias representa un enorme derroche de competencia, de talento y experiencia. 
Esas personas experimentadas son todavía útiles en el seno de nuestras empresas. 
Finalmente, los analistas muestran que la ralentización económica que estamos viviendo hubiera podido ser importante sin la existencia de la Unión monetaria. 
También los que hoy, motivados por consideraciones de política interior, proponen una vuelta atrás se equivocan de siglo y confunden el interés personal con el interés general. 
. (EL) Una vez más un informe del Parlamento Europeo acepta, con vistas a la recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de la política económica, las antipopulares políticas de la UE que desmantelan los derechos adquiridos de los trabajadores en favor de los intereses de los monopolios. 
Los trabajadores están abocados de nuevo a pagar las consecuencias de la recesión, resultado de la lucha por la hegemonía en el seno del imperialismo, del funcionamiento y la acción de los monopolios y del afán desmedido de aumento de beneficios del capital. 
El informe resalta sin reservas la importancia de la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia, y la coordinación de los países miembros en la aplicación de las antipopulares medidas al servicio de objetivos ' adecuados al complejo carácter de la recesión mundial?. 
Bajo la presión de los intereses monopolistas, se aplaude y se propone una vez más la adopción de decisiones políticas que conducen a la reducción del coste de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, al quebrantamiento de los convenios colectivos y de los horarios, a la aplicación de formas flexibles de trabajo y la reducción de los sueldos. 
En nombre del ' reto demográfico del envejecimiento de la población? se promueve la reforma de los sistemas de pensiones, la prolongación de la vida profesional, con el retraso de la edad de jubilación y la reducción de la pensión; es decir, la supresión progresiva de las obligaciones del Estado para con la seguridad social y el estímulo de la privatización en el sector de la atención médica y la previsión. 
El debilitamiento del sistema de pensiones, en combinación con la regularización del tiempo de trabajo y con el criterio de los intereses patronales, es decir, la generalización del trabajo a tiempo parcial y de las regulaciones laborales ' flexibles? , tendrán como resultado la creación de un enorme ejercito de personas empleables, sin derechos, sin exigencias, a merced de la impunidad de la que goza el gran capital. 
Aumentan las presiones para entregar sin condiciones las riquezas nacionales a los intereses privados, y se exige la aceleración del ritmo de las privatizaciones, con la liberalización del sector energético, del gas natural y de los transportes, así como la privatización de las empresas de interés público y la liberalización de los servicios de interés general, con total indiferencia por las repercusiones de estas medidas en la vida de los trabajadores y los consumidores. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo votamos en contra de este informe. Un informe que asegura un nivel garantizado de pobreza a los trabajadores y la máxima rentabilidad y prosperidad al gran capital, que se vuelve cada vez más poderoso, puesto que vislumbra el desmantelamiento de las conquistas de los trabajadores y la generalización del empleo a tiempo parcial. 
Los trabajadores, que condenan y se oponen a estas bárbaras e inhumanas políticas, intentarán con sus luchas dar al traste con la plaga que se acerca; nosotros estaremos a su lado en el combate. 
El informe del ex sindicalista Trentin se inicia con una orientación que tiene el mérito de la claridad: ' Las prioridades deben consistir en la reducción del coste del trabajo?. 
Encadena propuestas incoherentes según las cuales se podrían, al mismo tiempo, reducir los impuestos y las cotizaciones sociales, y garantizar la ' integridad de las jubilaciones y los servicios de salud?. 
Sin comprender las razones del reinicio 1997-2001 y de la reciente inversión coyuntural, el informe propone imperturbablemente recetas, como la aplicación rigurosa del inaplicable Pacto de Estabilidad, que sólo pueden conducir a una intensificación de la recesión actual. 
El informe insiste en los esfuerzos de formación y de I+D como si, en materia de empleo, esos gastos pudieran sustituir a una demanda salarial sostenida y a una reducción del tiempo de trabajo. 
Se atreve a hablar de ' cohesión social? cuando la bajada de los impuestos y de las cotizaciones sociales que propone no pueden terminar en otra cosa que en un incremento de las desigualdades. 
Por tanto he votado sin reserva contra este informe pobre e hipócrita que debería avergonzar a sus redactores. 
De entrada, el título de este informe señala claramente su objetivo: dotar a la Unión de una política fiscal armonizada. 
Así pues resulta perturbador que la lectura del informe Della Vedova se inicie con una especie de confesión medio sincera: la política fiscal debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. 
Ahora bien, el resto del texto preconiza los medios que permiten a la Unión arrogarse esta misma prerrogativa. 
Sin duda, eso viene de lejos. 
El texto votado en comisión ha mejorado claramente la propuesta del ponente que veía en el impuesto europeo la ocasión para afirmar el principio federal de la construcción europea. 
La mayoría de este Parlamento ha considerado más prudente suprimir este exceso de sinceridad y sustituirlo por un texto que, finalmente, se escuda detrás de una cierta forma de liberalismo, proponiendo la bajada de los impuestos para finalmente solicitar el paso de los instrumentos de la política fiscal a control de las autoridades comunitarias, de la Comisión y del propio Parlamento. 
En su estrategia habitual de pequeños pasos, esta Asamblea avanza, sin duda, pero de lado. Y aún no avanza más que la mitad. 
Con respecto al IVA, las propuestas no son tan audaces. 
Hubiera sido necesario por una parte afirmar que cada nación es soberana en la materia y, por otra, hacer propuestas más amplias que las orientadas a exonerar a las ONG del IVA e incluir, por ejemplo, todas las manifestaciones culturales producidas por asociaciones con fines no lucrativos. 
Un informe que afirmara con claridad el carácter nacional de la política fiscal y que recomendara una mejora de la coordinación entre Estados miembros en este ámbito hubiera podido conseguir mi voto. 
Desafortunadamente no he leído nada de eso. 
A nadie le gusta tener que pagar sus impuestos, pero sin tributar viviríamos en un caos en el que sólo prevalecería el derecho del más fuerte. 
Si no hubiera impuestos no dispondríamos de una enseñanza pública, ni de sanidad pública, transporte público, seguridad ciudadana y se condenaría a cualquier enfermo o parado a la mendicidad. 
Lamentablemente, la Comisión Europea tiene otras prioridades y el radical italiano Della Vedova ha mostrado ser un fiel discípulo. 
Se queja de que la presión fiscal ha subido desde 1970 por término medio del 35% al 45% y espera que la competitividad fiscal entre los Estados miembros lleve a una bajada de los impuestos para las empresas. 
Bien es verdad que considera la presión fiscal como un problema interior de cada Estado miembro, pero al mismo tiempo está fomentando que las empresas se establezcan en el estado donde la presión fiscal sea la más baja. 
A continuación, hace hincapié en los impuestos indirectos como el IVA y considera los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, como un impedimento injusto para percibir los ingresos íntegros por el trabajo realizado. 
Me muestro de acuerdo con él en el sentido de que un impuesto sobre la contaminación medioambiental puede ser una alternativa seria, pero éste ya no aportará nada cuando nuestro entorno se haya quedado realmente limpio. 
Sin embargo, su insistencia en cobrar sólo el impuesto sobre el valor añadido significa que todo el mundo va a tener que pagar lo mismo por unos gastos básicos, lo cual aumentaría las diferencias de ingresos entre los ricos y los pobres. 
Por este motivo, rechazo su forma de enfocar esta cuestión. 
El informe Della Vedova sobre la política fiscal de la UE es una compilación heteróclita de afirmaciones y reivindicaciones en materia fiscal. 
Algunas de esas exigencias están además en contradicción flagrante con el Tratado, que prevé la unanimidad en materia fiscal. 
Por estas razones, me he visto obligado a votar en contra de la propuesta de resolución. 
. (EN) El apartado 12 no es coherente con la línea de los diputados Laboristas al Parlamento Europeo en el sentido de que los impuestos especiales deban ser armonizados al alza para alcanzar el objetivo social de reducir su consumo y demostrar nuestra determinación; es decir, que se aumenten los impuestos por motivos sociales. 
. 
(SV) Votamos a favor de la totalidad del informe puesto que, a nuestro juicio, la UE debe suscribir la Convención Europea de Derechos Humanos, lo que supone que la Unión tenga personalidad jurídica. 
Opinamos que esto puede lograrse manteniendo los modelos de decisión y la estructura institucional. 
Por el contrario, opinamos que los tres pilares que actualmente constituyen los fundamentos de la CEE y de la UE no deben fundirse en uno. 
La estructura de pilares refleja las diferencias políticas entre materias de competencia interestatal y supranacional y el hecho de que esta estructura dé origen a una situación jurídica complicada no nos parece suficiente para eliminarla. 
Si había alguna duda sobre el alcance del informe Carnero González- que pide que la Unión Europea posea personalidad jurídica- fue señalada por el debate de ayer. 
Los oradores han rivalizado en celo federalista, derribando de esta forma todas las demostraciones de precaución que el ponente había construido para probar que su reforma era absolutamente inocente. 
Giorgio Napolitano ha hablado de la institución de una "entidad nacional". 
Andrew Duff ha mencionado la necesidad de que la Unión se convierta en una "parte contratante" de pleno derecho en la escena internacional. 
Jo Leinen ha declarado que efectivamente la concesión de la personalidad jurídica a la Unión no era más que una pieza que completaba las demás, en el conjunto de las propuestas federalistas. 
Y, para terminar, la Comisión ha declarado que se trataba de una reforma "esencial", y que se comprometía a dar su apoyo al proyecto. 
Por tanto, resulta claro que la concesión de la personalidad jurídica a la Unión Europea, además de las Comunidades, tiene por objetivo crear en la escena internacional un actor nuevo con plena capacidad, que utilizará especialmente todas las potencialidades del artículo 24 TUE (sobre todo revisado después de Niza) para suprimir poco a poco la autonomía de su política exterior a los Estados miembros. 
Europa entraría, sin que los ciudadanos lo hubieran decidido claramente, en la era del super-Estado. 
Nosotros pensamos, al contrario, como hemos expuesto en la opinión minoritaria adjunta al informe, que la Unión Europea debe seguir siendo una organización sui géneris de Estados máximos y responsables- es decir, de democracias nacionales máximas y responsables- organizados en red. 
Ése será el trabajo de la Convención reunida en los meses venideros, encontrar la combinación que favorezca al máximo la sinergia voluntaria sin matar la libertad de decisión de los pueblos. 
. 
(SV) Voto en contra del informe Carnero González por los siguientes motivos: 
Soy partidaria de la colaboración entre estados. 
El carácter de este informe es claramente supranacional. 
La propuesta del ponente de hacer de la Unión una persona jurídica constituye una amenaza contra la colaboración entre estados. 
La transformación de la UE en una persona jurídica significa un paso más hacia una federación europea. 
Esto es algo que no puedo respaldar. 
. (EN) El principal mensaje de este informe es que la Comisión Europea ha descuidado el sector de la transformación de productos pesqueros. 
El sector se enfrenta a las repercusiones de una gran cantidad de normativas comunitarias que abarcan desde las medidas de gestión y las necesidades en materia de higiene y seguridad alimentaria de la Política Pesquera Común, hasta el medio ambiente, aunque todo ello es pasado por alto con demasiada frecuencia. 
La Directiva de Aguas Residuales es un excelente ejemplo en el que los intereses del sector de la transformación han sido pasados por alto. 
Por ello me alegra que la Comisión de Pesca haya respaldado mis enmiendas que hacen hincapié en que debería hacerse una evaluación completa de las repercusiones de la legislación y, específicamente, en que la Comisión debería proporcionar apoyo para el desarrollo de sistemas de depuración de aguas, como el construido recientemente por una empresa de transformación en mi zona en el noreste de Escocia. 
Debe prestarse mayor atención a las ayudas estructurales. 
Las empresas de transformación han sufrido un duro golpe con las medidas de la PPC, que van desde los recortes de cuotas hasta los cierres definitivos, pero la ayuda recibida ha sido escasa o nula. 
Las ayudas estructurales deberían ser positivas y no sólo una reacción a las medidas de gestión, sino que deberían ser constructivas para apoyar al sector, fomentar nuevas tecnologías y alentar la comercialización eficaz. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de los problemas de actualidad, urgentes y de máxima importancia. 
Comenzamos por el debate conjunto de las propuestas de resolución siguientes: 
(B5-0146/2002) de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre Colombia; 
(B5-0149/2002) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Colombia; 
(B5-0159/2002) del Sr. Gasòliba i Böhm y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Colombia; 
(B5-0160/2002) del Sr. Lipietz y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el secuestro de Ingrid Betancourt y la ruptura del proceso de paz en Colombia; 
(B5-0167/2002) del Sr. Medina Ortega y otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la ruptura del proceso de paz en Colombia 
(B5-0168/2002) del Sr. Marset Campos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Colombia. 
Señor Presidente, creo que todos tenemos que lamentar la interrupción del proceso de paz que con tanto coraje político impulsó el Presidente Pastrana al inicio de su mandato. 
Tengo que confesarle, señor Presidente, que después de haber asistido, junto con otros colegas, en Los Pozos a una entrevista con ' Tirofijo? y con la cúpula de las FARC esta decisión no me ha sorprendido. 
En aquella ocasión imploramos la liberación de los ciudadanos de la Unión Europea secuestrados por las FARC y también de un senador colombiano enfermo, a petición de su mujer y de su hija. 
Huelga decir que no obtuvimos resultados. 
Hoy, señor Presidente, este Parlamento tiene que levantar nuevamente su voz para condenar todos los asesinatos, incluido el último de la senadora Marta Catalina Daniels, todas las violaciones de los derechos humanos en Colombia y a exigir a las FARC la liberación de todas las personas secuestradas, incluida la candidata presidencial Ingrid Betancourt. 
Nuestro Parlamento siempre ha apostado por la vía de la paz y del diálogo para la solución del conflicto, pero sabiendo que la vía del diálogo tiene que ser querida por las dos partes y que una sociedad no puede permanecer permanentemente muda, ciega y sorda ante la violencia. 
Yo creo que, el pasado domingo, la sociedad colombiana ha dado muestras de valor cívico y de madurez democrática. 
Por eso, señor Presidente, hoy más que nunca y en vísperas de las próximas elecciones presidenciales la comunidad internacional y este Parlamento y la Unión Europea en general tienen que seguir manifestando su solidaridad y su apoyo al Gobierno legítimo del país, al conjunto de las fuerzas democráticas y al conjunto de la sociedad civil, reivindicando, como siempre, que para la superación de los graves problemas que tiene el país hay que insistir en la vía de la paz, de la concordia, de la reconciliación, de la justicia y del diálogo, insistiendo en que los problemas no pueden superarse por la vía de la violencia, pues la sociedad colombiana está clamando por la paz y, para concluir, entiendo, señor Presidente, que este Parlamento debería acompañar a Colombia en ese ejercicio importante de las elecciones presidenciales. 
Señor Presidente, volvemos a hablar de Colombia, un país entrañable del continente americano pero, lamentablemente, otra vez por cuestiones negativas que le afectan. 
Si analizamos los últimos acontecimientos que han ocurrido en Colombia nos encontramos con un panorama general desalentador y dramático, dónde la situación de los derechos humanos deja mucho que desear. 
No obstante, somos optimistas y debemos tener confianza y esperanza en la vía negociadora, en el camino del diálogo, en el respeto a la tolerancia para conseguir de una vez por todas la paz en Colombia. 
Quizá fuera oportuno en esta ocasión evocar la figura de un ilustrado europeo, el naturalista alemán Alexander von Humboldt, que, hace precisamente 200 años, se acercó a estas tierras americanas y sentó las bases de la cooperación entre los pueblos y la defensa de los derechos humanos. 
Señor Presidente, en efecto, puedo intervenir antes de la Sra. Auroi, para darle tiempo a llegar. 
Varios Grupos políticos hemos presentado diferentes propuestas de resolución y luego hemos convenido en una propuesta de resolución común, que en este momento- me da la impresión- tendría el apoyo de la mayor parte de la Cámara. 
Como han dicho los oradores que me han precedido, la situación de Colombia es un tema doloroso para todos nosotros, porque habíamos puesto mucha ilusión en la posibilidad de que se llevara a término el proceso de paz. 
El Presidente Pastrana ha dedicado su mandato prácticamente a estos esfuerzos, con una serie de concesiones muy generosas a las organizaciones guerrilleras: ha abierto las negociaciones, tanto con las FARC como con el ELN y, sin embargo, no ha conseguido resultados. 
Concretamente, a las FARC les asignó un territorio del tamaño de Suiza, un enclave completo en el que podían circular con absoluta libertad, e, incluso, al final, cuando existían todavía posibilidades de ruptura, el Presidente Pastrana prorrogó los acuerdos o la negociación, con el fin de intentar llegar a un acuerdo. 
Y, en plena fase de prórroga, las FARC se lanzan a una campaña de secuestros y asesinatos, que culmina con el asesinato de la senadora Daniels y el secuestro de una candidata presidencial, la Sra. Ingrid Betancourt. 
Al mismo tiempo, las FARC continúan con sus operaciones de extorsión, alegando un supuesto derecho a imponer fiscalidad sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico, con lo que- en mi opinión- se deslegitima completamente, porque una organización que participa en actos violentos, de carácter gratuito y que, además, trata de obtener lucro del narcotráfico, acaba perdiendo toda su base de legitimación. 
Así pues, en este momento nos encontramos desilusionados, con una cierta desesperanza, aunque eso no significa que vayamos a renunciar a la posibilidad de llegar a un acuerdo. 
Es decir, la primera parte es la constatación de que las FARC han incumplido sus compromisos y han acabado prácticamente con el proceso de paz; han dejado al Gobierno sin posibilidades de negociar, porque no se puede negociar con quien mata y secuestra. Por otro lado, es necesario tratar de reanudar el proceso de paz y dejar la puerta abierta a la negociación. 
Desde la Unión Europea hemos apoyado hasta ahora ese proceso negociador, incluyendo propuestas concretas, dedicadas a aliviar algunos de los problemas sociales puntuales. 
Está claro que la solución definitiva del problema de Colombia no pasa simplemente por el cese de la violencia, sino que hay que ir a las raíces de los problemas sociales y económicos que la provocan; pero, para llegar a eso, primero hace falta conseguir la paz sobre el terreno. 
No sé si en este momento será posible infundir un poco de confianza y serenidad, pero creo que la Unión Europea tiene- con respecto al problema de Colombia- la ventaja de la distancia y, además, la predisposición que siempre ha mostrado a facilitar a Colombia sus exportaciones, por ejemplo, en una serie de sectores clave. 
Por tanto, nuestra resolución va dirigida, por un lado, a señalar la responsabilidad de los responsables de la ruptura del proceso de paz y, por otro lado, a dejar abiertas las posibilidades de negociación y a pedir a las instituciones europeas que continúen pacientemente con esta tarea tan larga y complicada, proporcionando las ayudas necesarias para facilitar ese proceso y, desde luego, no cediendo a la desesperanza, sino teniendo confianza en que, al final, se vuelva a lo razonable y a la mesa de negociaciones. 
Creo que las instituciones europeas pueden colaborar en este aspecto, y esperamos que la Comisión pueda, en efecto, ser de ayuda para la resolución de este grave y antiguo conflicto. 
Señor Presidente, yo voy a comenzar leyendo una parte muy pequeña del trabajo que se nos dio hoy en la delegación de América Central y digo leyéndola, porque no quiero que se crea que yo la interpreto. 
Hasta ahora, me han parecido las intervenciones un poco desequilibradas. 
Voy a leer lo que dice la organización no gubernamental de defensa de derechos humanos ' Human Watch World? : " la situación de los derechos humanos en Colombia se deterioró claramente durante el transcurso del año pasado. 
En los primeros diez meses de 2001 la defensoría registró 92 masacres definidas como el asesinato de tres o más personas en el mismo lugar y al mismo tiempo. 
Los grupos paramilitares vinculados a las fuerzas de seguridad fueron los responsables del grueso de los asesinatos por delante de la guerrilla y la epidemia nacional de secuestros, la mitad de los cuales fueron cometidos por la guerrilla, no dio muestras de decaer. " 
Recuerda también que hay dos millones de colombianos desplazados y que en este año se produjo el más alto número de desplazados con 300 000. Y recuerda también que se siguió asesinando a defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, investigadores del Gobierno y líderes comunitarios a causa de su trabajo. 
Señor Presidente, vamos a votar una resolución hoy. A mí me gustaba más la que aprobamos el año pasado, me parecía más equilibrada, porque recordaba y denunciaba muy bien la fumigación constante de los cultivos y que no se promocionaron los cultivos alternativos a fin de evitar enfermedades en los humanos y la agresión constante a la biodiversidad. 
Recordaba también que la Unión Europea debía tener una posición diferente, no militarista, sino de apoyo a la defensa de los derechos humanos, al diálogo y a la paz. 
Insistimos en eso hoy y, estoy de acuerdo con el resto de los compañeros en que así se haga. 
Esa resolución denunciaba también que, habida cuenta de que el 60 % de la población colombiana vive con menos de un dólar, es muy difícil llegar a diálogos, ni a acuerdos, ni a la paz. 
Por eso, señor Presidente, me parecía que había que equilibrar un poco las intervenciones aunque suscribo la mayor parte de las intervenciones, de mis compañeros. 
Pero había que recordar otros actores de la guerra en Colombia que influyen muchísimo en la ausencia de paz. 
Señor Presidente, comprenderá que, como "Verde", me siento especialmente impresionada de presentar como coautora esta resolución, ya que Ingrid Betancour sigue en estos momentos detenida por los miembros de las FARC, es decir por un grupúsculo paramilitar violento que ya en el pasado ha sido autor de asesinatos de sindicalistas o representantes de los movimientos sociales de la sociedad colombiana, de la cual mis colegas acaban de recordar hasta qué punto el pueblo necesita de paz y tranquilidad, en lugar de este tipo de acciones. 
Hoy no tenemos noticias que puedan tranquilizarnos sobre la situación de la Sra. Betancour. 
Es necesario por tanto que los gobiernos concernidos y la Comisión se comprometan a obtener informaciones y a ayudar a la liberación de la Sra. Betancour. 
Pero, por encima de eso, como ya se ha dicho, es necesario efectivamente acoger de forma favorable la declaración del presidente Pastrana que ha dicho que desea reforzar efectivamente su lucha contra este tipo de acciones y garantizar más la seguridad de la sociedad civil colombiana. 
Queda suficientemente claro que, si el presidente Pastrana deja la puerta abierta a negociaciones, es necesario que éstas velen por el respeto de los derechos humanos y por el restablecimiento de una situación sana en Colombia con el fin de que este país pueda vivir al fin una democracia real. 
La Unión Europea debe por tanto apoyar más todo lo relativo al orden de la cooperación, que permite precisamente el refuerzo de los derechos humanos, y debe verificar que las ayudas europeas llegan a su objetivo, es decir, que sirven a la sociedad civil colombiana. 
Señor Presidente, es difícil para cualquiera de nosotros en esta Asamblea comprender por qué un ser humano debería matar a otro y, sin embargo, en Colombia, los miembros de la guerrilla y de grupos paramilitares se matan unos a otros y a miles de civiles sin escrúpulos e incluso, en algunos casos, con fruición. 
La consecuencia de ello fueron más de 400 masacres en 1999. 
Tristemente, nadie ha sido procesado por esas 400 masacres cometidas por el Gobierno, los grupos paramilitares y la guerrilla. 
La ciudadanía de Colombia vive y sufre en un clima opresivo ocasionado no sólo por estos grupos paramilitares y guerrilleros, sino a menudo también por un Gobierno que o no quiere o no puede protegerla. 
En nuestra calidad de organismo que ha defendido incesantemente los derechos humanos fundamentales y la justicia social, debemos hacer todo lo que podamos para contribuir a llevar a la paz a un país que vive bajo los horrores de una guerra civil desde hace más de cuatro décadas. 
En nuestros respectivos Estados miembros y, de manera colectiva, en la Unión Europea debemos ejercer toda la presión que podamos para que el Gobierno y las FARC vuelvan a la mesa de negociaciones, bajo un acuerdo de alto el fuego real que sea respetado fielmente por todas las partes involucradas en el conflicto. 
Asimismo, debemos apoyar a los grupos que trabajan por la paz en Colombia, que han proporcionado un refugio seguro a civiles, pero que recientemente han sufrido los ataques de las AUC y las FARC. 
Además debemos persuadir a los Estados Unidos de que financien iniciativas por la paz, en vez de limitarse a entregar más fondos al Gobierno colombiano con fines militares y para la erradicación de las drogas. 
La población de Colombia está cansada de la lucha. 
Nosotros, como foro elegido democráticamente, debemos hacer uso de nuestra autoridad moral para ayudar a la población de Colombia en sus esfuerzos por poner fin al conflicto en su país. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, la cuestión fundamental es si vamos a insistir en el proceso de paz iniciado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla, o vamos a intentar solucionar el problema por otras vías. Y si vamos a intentar solucionarlo por otras vías, ¿cuáles van a ser esas vías?. 
Nosotros no podemos aceptar ningún procedimiento que no sea el proceso de paz; un proceso vinculado, por otra parte, a los cambios que necesita urgentemente la sociedad colombiana para no llegar a la situación en la que se encuentra Argentina. 
La decisión del presidente Pastrana implica apostar por la violencia. 
La decisión del presidente Pastrana implica, entre otras cosas, legitimar la actividad de las organizaciones paramilitares que tantos crímenes han cometido en Colombia. 
La Unión Europea, desgraciadamente, apoyan junto con los Estados Unidos al Presidente Pastrana; es decir, apoyan la violencia. 
Sin embargo, señorías, saben ustedes tan bien como yo que la violencia engendra violencia, engendra violencia, engendra violencia. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento sobre la situación actual de Colombia y comparte también el punto de vista expresado en la propuesta de resolución. En efecto, una solución negociada es el único camino transitable para apoyar una solución al conflicto colombiano, persistente ya desde hace varios años. 
Esta postura encontrará expresión en muchas declaraciones. 
También se debe reconocer el papel directo que algunos Estados miembros están jugando. 
La Comisión saluda además la propuesta de apoyar la ubicación de la Oficina del Alto Comisario de la ONU para Derechos Humanos en Bogotá. 
Ya lo hemos hecho y continuaremos prestando nuestro apoyo en el futuro. 
Además, la Comisión apoya las actividades del Alto Comisario de la ONU en Colombia para Refugiados. 
La Comisión mantiene su compromiso con el proceso de paz. Con este objetivo, el comisario Patten y el ministro colombiano de asuntos exteriores han firmado recientemente un acuerdo sobre financiación del primer Laboratorio de la Paz. 
Nuestra intención es seguir apoyando a la sociedad civil colombiana en sus esfuerzos por lograr una paz duradera mediante programas de desarrollo regional y programas para la paz. 
La Comisión está examinando en estos momentos en qué ámbitos específicos pueden ser financiados algunos proyectos. 
Al mismo tiempo, continuamos con el apoyo directo a las víctimas del conflicto mediante la ayuda humanitaria a través de la ECHO y de ONGs. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución siguientes: 
(B5-0132/2002) del Sr. Watson y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre el estatuto de observador de Taiwan en la OMS; 
(B5-0138/2002) de la Sra. Frassoni y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el estatuto de observador de Taiwan en la reunión anual de mayo 2002 de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra; 
(B5-0147/2002) del Sr. Collins, en nombre del Grupo UEN, sobre el estatuto de observador de Taiwan en la OMS; 
(B5-0150/2002) de la Sra. Langenhagen y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el estatuto de observador de Taiwan en la reunión anual de mayo de 2002 de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. 
Señor Presidente, en este debate sobre Taiwán y la OMS estamos todos los Grupos de acuerdo en dar a Taiwán la posibilidad de participar como observador en la reunión de Ginebra, dentro de algunas semanas. 
Taiwán es un país con un programa de salud muy ambicioso y que tiene el promedio de vida más alto de Asia. 
La mortalidad infantil es baja y se han erradicado muchas enfermedades, como, por ejemplo, la varicela y la malaria, que todavía están presentes en muchos países. 
Cuando una delegación del ministerio de Salud taiwanés nos visitó aquí en Estrasburgo durante la pasada sesión tuvimos la posibilidad de conocer algunas de sus experiencias. 
Se han hecho muchas cosas buenas en Taiwán y existe el anhelo de hacer contribuciones, tanto con conocimientos como con recursos económicos. 
Señor Presidente, quisiera mencionar algo acerca de la política de Taiwán. 
Mi Grupo, el liberal, respalda el desarrollo democrático en Taiwán. 
Vemos que lo que está ocurriendo allí es muy provechoso y apoyamos el derecho del pueblo taiwanés a decidir sobre su futuro. 
Hace un par de semanas invitamos aquí al presidente Chen Shui-bian para otorgarle el premio liberal a la libertad, pero las autoridades francesas no le otorgaron visado. 
Se echó mano de un acuerdo comunitario, ya que esta visita podría poner en peligro las relaciones con China. 
La semana pasada lo invitamos a Suecia, a una reunión privada. 
Tampoco se le concedió visado a mi país. 
Ahora que he estudiado las normas vigentes, he descubierto que no existe un acuerdo de esta naturaleza en el ámbito comunitario. 
Sería conveniente que se informara sobre las normas en uso. 
Opino que estamos ante un desagradable servilismo frente a la dictadura China. 
Debería ser obvio que un líder democráticamente elegido pueda obtener visado cuando, por ejemplo, es invitado por sus colegas liberales. 
Señor Presidente, me uno a mi antecesora en el turno de palabra. 
En Taiwán viven 23 millones de personas en democracia, y, por cierto, en una democracia bien asegurada, y no es un país que nos esté dando problemas continuamente. Sin embargo, es uno de los puntos de este debate de urgencia. 
Los 23 millones de personas que viven en democrática sociedad están excluidos de los organismos internacionales. 
No se trata de un país que sea prioritariamente receptor de ayudas, sino de un país que apoya activamente a los organismos internacionales. 
Especialmente en la OMC participó activamente. 
Sería un error que este país no pueda implicarse internacionalmente. 
Por eso podría ser un primer paso si adquiriese el estatuto de observador y que en un futuro participase activamente en otras organizaciones internacionales. 
Quizás haya formas interinas mediante las que Taiwán pueda estar presente ahí. 
Pregunto a la Comisión si está dispuesta a apoyar esta posición del Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución siguientes: 
Zimbabwe 
(B5-0139/2002) de la Sra. Maes, y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Zimbabwe; 
(B5-0158/2202) del Sr. van den Bos y la Sra. Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Zimbabwe; 
(B5-0166/2002) del Sr. Junker y otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre Zimbabwe; 
(B5-0169/2002) de la Sra. Morgantini, en nombre del Grupo, GUE/NGL, sobre Zimbabwe; 
(B5-0173/2002) del Sr. van Orden y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en Zimbabwe; 
Moldavia 
(B5-0134/2002) de las Sras. Thors y Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Moldavia; 
(B5-0140/2002) de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Moldavia; 
(B5-0145/2002) del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación de los derechos humanos en Moldavia; 
(B5-0151/2002) del Sr. Sacrédeus y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre los derechos de la oposición parlamentaria en Moldavia; 
(B5-0165/2002) de los Sres. Wiersma y van de Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación política en Moldavia; 
(B5-0170/2002) del Sr. di Lello Finuoli, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Moldavia; 
Kirghizstan 
(B5-0141/2002) del Sr. Staes y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, y los Sres. Bowis y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en Kirghizstan; 
(B5-0156/2002) del Sr. Di Pietro y la Sra. Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Kirghizstan; 
(B5-0164/2002) de los Sres. Sakellariou y Koukiadis, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Kirghizstan; 
El caso del Sr. Hamma Hammami en Túnez. 
(B5-0133/2002) de la Sra. Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo ELDR, sobre Túnez; 
(B5-0142/2002) del Sr. Cohn-Bendit y la Sra. Flautre, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el caso de Hamma Hammami (Túnez); 
(B5-0152/2002) del Sr. Oostlander y Morillon, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Túnez; 
(B5-0161/2002) del Sr. Pasqua, en nombre del Grupo UEN, sobre el caso de Hamma Hammami (Túnez); 
(B5-0162/2002) del Sr. Napoletano y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre Túnez; 
(B5-0171/2002) del Sr. Boudjenah y la Sra. Eriksson, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Túnez y el caso de Hamma Hammami. 
Zimbabwe 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, de los resultados provisionales de las elecciones en Zimbabwe se desprende que el presidente Mugabe ha obtenido la mayoría. 
Eso era lo esperado. 
Se hizo todo lo posible para conseguir este resultado aunque la victoria es menos holgada de lo que se preveía. Por mi parte, lo interpreto como una victoria moral para la oposición, que habla de unas elecciones robadas. 
Después de las elecciones fraudulentas en Chad y la farsa democrática en Zambia, esta es la tercera vez en que el ejercicio democrático, a pesar de mi buena voluntad de interpretarlo diferente, no ha resultado libre ni justo según las normas internacionales, por mucho que otros países africanos se empeñen en juzgarlo de forma moderada, por razones que ellos mismos sabrán seguramente. 
Previamente había ya muchas indicaciones de que las cosas no irían bien: se esperaban 4,5 millones de votantes, y se imprimieron 7,5 millones de papeletas para estar bien preparados, faltaban centros electorales para que todo el mundo pudiera votar libremente y luego había bastante confusión sobre quién tenía que votar y dónde ya que en el mismo día había varias elecciones en diferentes niveles pero en distintos lugares. 
Estos son sólo los aspectos técnicos que indican el grado de astucia del Sr. Mugabe. 
Mucho más importante ha sido la campaña de terror que precedió a las elecciones, los obstáculos impuestos por la élite gobernante para impedir que la oposición pudiera reunirse, el monopolio de la radio y la televisión estatal, las trabas para que los periodistas realizaran su labor, la denegación del permiso de entrada de los observadores, las torturas, los secuestros de opositores, incluidos importantes líderes sindicales y así podría seguir con una larga lista. 
Incluso el truco del reparto de maíz el mismo día de las elecciones, lejos de los centros electorales, ya había sido previsto por la oposición. 
A continuación, el teatro de la reapertura de los centros electorales completó la farsa pero ahora nos hemos de preguntar: ¿qué vamos a hacer? 
Está claro que el proceso electoral no ha sido libre ni justo pero ¿tenemos que rechazar los resultados? 
Las elecciones en Zambia y Chad tampoco han sido libres ni justas. 
Me parece que hemos de mantener las sanciones impuestas. 
No abogo por una ampliación de las mismas, pero sí han de ser aplicadas y controladas. 
En cambio, sí abogo por la celebración de negociaciones entre los miembros de la mayoría y la oposición porque el país está al borde de una guerra civil. 
Por último, espero que se forme un gobierno de unidad nacional con los miembros de la oposición. 
Señor Presidente, la generación de los luchadores por la libertad se ha traicionado a si misma. 
No había nada que le pareciera ilícito para eliminar a sus adversarios: el empleo de violencia, intimidaciones, asesinatos, detenciones masivas, y acusaciones de traición al estado. 
Asimismo, las leyes electorales se cambiaban a última hora, faltaban centros electorales en puntos muy selectivos, se retiraban los carnets de identidad, los medios de comunicación no podían hacer su labor con libertad y la observación de las elecciones se quedó en algo anecdótico. 
Mugabe quiere perpetuar, sea como sea, su política nefasta que ha provocado que Zimbabwe esté al borde del precipicio de la hambruna, que el 80% de la población viva por debajo del umbral de la pobreza y que el 60% no tenga trabajo. 
En mi opinión, hay que aislar internacionalmente a Mugabe imponiéndole sanciones más fuertes aunque no hemos de castigar a la población por las fechorías de su líder. 
¿Qué posibilidades ve el Comisario para imponer sanciones más fuertes? 
¿Qué va a proponer la Comisión en el Consejo Europeo de Barcelona? 
Lamentablemente, la democracia en África no goza de buena salud. 
La solidaridad africana mostrada con Mugabe es un tristísimo indicador de ello. 
Por lo tanto, nuestros esfuerzos políticos no han de centrarse solamente en Zimbabwe, sino también en los países de la zona. 
Así por ejemplo, Sudáfrica recibe mucha ayuda de Europa pero hace caso omiso de las críticas más que justificadas a su país vecino. 
Pobre continente africano, pobres africanos que tienen que sufrir tanto bajo el yugo de unos líderes incompetentes, corruptos y despiadados. 
¿Cuándo llegará por fin al poder en África una generación de demócratas? 
Señor Presidente, Señorías, todas las apariencias indican que Mugabe ha ganado las elecciones. 
Recuerdo otras compañas en las que se presentaron otros presidentes y tuvieron que salir a nado en poco tiempo y no tardaron nada en dejar de ser presidentes. 
No quisiera hacer ningún paralelismo directo. 
Sólo quiero decir que el presidente Mugabe no debería alegrarse demasiado pronto de haber vencido a sus oponentes. Sobre todo allí donde las elecciones transcurrieron bajo las peores condiciones- amedrentamientos, actuaciones policiales contra los miembros y simpatizantes de la oposición, etc. 
Lo que me resulta triste no es sólo la situación en Zimbabwe mismo, sino que también muchos Jefes africanos de Estado y de Gobierno y muchos líderes están brindando indirectamente a Mugabe un escudo protector al reconocer su victoria electoral. 
Quizás esté detrás de ello el temor a un nuevo neocolonialismo que Europa, los EE.UU. y otros países podrían poner en práctica. 
No nos concierne si unos u otros tienen tales o cuales ideas. 
Podría ser, pero no es esa la política de la UE. 
Lo que nos concierne son las personas que pasan hambre en ese país, las personas que sufren de privación de libertad. 
Tuve la oportunidad en estos días de otorgar una condecoración en nombre de un jurado a Amartya Sen, el premio Nobel. 
Él ha sido quien ha llamado la atención sobre el hecho de que el desarrollo y la democracia van unidos de la mano y no pueden ser separados. 
Por ello opino que la UE debe hacer todo lo posible para crear también en ese país las condiciones para la democracia y el desarrollo económico. 
Nosotros, esto es, todos aquellos diputados del Parlamento Europeo que participaremos en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, nos preocuparemos por estas cuestiones con toda seguridad. 
Sobre todo queremos pedir a Sudáfrica que esté a la altura del gran papel que juega en África del Sur. 
A pesar de las dificultades económicas tendremos que pedir también que se endurezcan las sanciones. 
Lo repito una vez más: si los vecinos africanos ayudasen a proceder, junto con la UE, contra ese régimen dictatorial, tendríamos éxito en poco tiempo y podríamos ayudar a las personas de ese país asolado por el sufrimiento. 
Señor Presidente, entre 2000 y 2001, este Parlamento defendió y aprobó más de 6 resoluciones sobre Zimbabwe y hoy, después de las elecciones del último fin de semana, seguimos pidiendo que se restablezcan el Estado de derecho y la democracia, que se inicie el proceso de reforma agraria, que es una asignatura pendiente, y que se acabe con la ocupación continuada de tierras. 
Creo que se vio claro que de los 15 000 observadores independientes no se acreditaron nada más que algunos, que se pusieron trabas al representante de la Unión Europea y a la oposición y que, por eso, la Unión Europea considera que hubo un claro fraude. 
Y como ocurre muy a menudo, señor Presidente, quien sufre esta situación es la población, con más de 550 000 personas desnutridas, más del 80 % por debajo del nivel de la pobreza, los sistemas de sanidad y de educación desmoronándose y más de 2.000 personas que mueren a la semana por el sida. 
Creo que esto es imparable si no se sigue presionando al Gobierno de Zimbabwe y no se le sanciona, y que la única forma de contribuir a un cambio democrático es ayudar al pueblo, pero ejerciendo una presión sobre el Gobierno. 
Señor Presidente, en estas fraudulentas elecciones presidenciales tenemos buenas razones para creer que Mugabe realmente ha perdido los comicios, pero que sencillamente se las ha arreglado para ganar en el recuento. 
Ahora podrá oprimir a la población Zimbabwense durante seis años más. 
Es un nuevo golpe bajo para la democracia en Zimbabwe y un desastre no sólo para Zimbabwe, sino para todo el África Austral. 
Mugabe personifica todas las tendencias más negativas en el desarrollo africano: un poder corrupto y autoritario en el que los dirigentes estatales se llenan los bolsillos a expensas de la población, división racial, explotación de la envidia, violencia política y retraso económico. 
Zimbabwe es un bello y, en otros tiempos, próspero país que tiene el potencial de convertirse en el granero de la región. 
En cambio, la economía es un caos, con unas tasas de inflación y de desempleo galopantes y donde medio millón de sus ciudadanos vive al borde de la inanición, que sobrevive sólo gracias a la ayuda alimentaria mundial. 
La reelección de Mugabe agravará seriamente todos estos problemas. 
Debo decir que Mugabe se dio cuenta de que su juego podía terminar hace unos dos años, cuando ZANU-PF estuvo a punto de perder las elecciones generales; y ése es el motivo por el que durante los últimos dos años- y no sólo durante las últimas dos semanas- ha intentado organizar el sistema político en beneficio propio mediante una campaña sistemática de terror e intimidación contra cualquiera que se le oponga. 
Este Parlamento debería rendir homenaje a Morgan Tsvangirai, a los activistas de MDC y a todos aquellos que han tenido el valor de enfrentarse a Mugabe durante todo este tiempo. 
Debo decir también que es una pena que la comunidad internacional haya tardado tanto en reaccionar ante la situación en Zimbabwe y que la Unión Europea haya esperado hasta el último momento para imponer sanciones específicas. 
Al menos en este Parlamento podemos mantener la cabeza bien alta. Hemos venido actuando durante los últimos dos años. 
La actitud de los países africanos ha sido especialmente decepcionante. 
Siempre hemos pensado que Sudáfrica, en particular, tenía la clave para restablecer una democracia genuina y el Estado de derecho en Zimbabwe. 
No obstante, los dirigentes sudafricanos no han estado a la altura. 
Sus conciencias no les permitieron condenar al que quizá veían como uno de sus hermanos liberadores. 
Qué pena para la población de Zimbabwe- para toda la población de Zimbabwe. 
Al menos la misión de observación electoral de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral ha podido reconocer en su declaración de ayer que no puede afirmarse que el proceso electoral haya respetado debidamente las normas y exigencias de las elecciones en la región de la CDAA. 
Creo que lo que quiere decir con esto, señor Presidente, es que las elecciones estuvieron sin duda amañadas. 
No hay ninguna duda de que ésa es la opinión de los pocos otros observadores internacionales que pudieron permanecer en el país. 
¿Cómo, si no, se explica, por ejemplo, la extraña declaración de que la participación en las zonas urbanas, leales a Tsvangirai, fuera baja, mientras que en los feudos rurales de ZANU-PF fuera sorprendentemente alta? 
¿Cómo, si no, se explica que las urnas desaparecidas y que volvieron a aparecer de repente estuvieran repletas de votos a favor de Mugabe? 
La comunidad internacional debe mantener su resolución. 
No debe reconocer la legitimidad de este resultado electoral. 
Debe intensificarse la búsqueda de los bienes saqueados que Mugabe y sus compinches guardan en el extranjero. 
Debería ampliarse la lista negra de la UE y debemos adoptar nuevas medidas más severas. 
Sudáfrica debe comenzar a demostrar su liderazgo, así como su compromiso con los principios democráticos en la región. 
Nuestro objetivo debe ser ayudar a restablecer la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Zimbabwe, y contribuir al proceso de progreso económico en aquel país. 
Nuestra firme resolución de hoy es una contribución a estos objetivos, y espero que el Consejo y la Comisión presten oídos al Parlamento. 
Señor Presidente, las elecciones en Zimbabwe son una farsa democrática. 
Los propagandistas de la oposición fueron amenazados, atropellados, encarcelados y asesinados. 
No existe libertad de expresión. 
Muchos Zimbabwenses no pudieron votar, a pesar de haber hecho colas durante horas. 
Robert Mugabe ha incumplido todas las promesas y ha llevado a su país al borde del abismo. 
Zimbabwe, un país con enormes riquezas, ha sido conducido al desastre. 
Nos preocupa que tantos líderes africanos resten importancia a los incidentes en Zimbabwe y digan que las elecciones han sido válidas. 
Espero que en Barcelona los Ministros de Asuntos Exteriores y la Comisión discutan la situación de este país y decidan aplicar sanciones más amplias y una estrategia que abarque a toda la región. 
Hay que ejercer mucha presión sobre Sudáfrica. 
No debemos reconocer estas elecciones como válidas. 
Hemos esperado demasiado tiempo para reaccionar contra Zimbabwe. 
Teníamos esperanza y confianza. 
Fue necesario que expulsasen a nuestro ex colega Pierre Schori para imponer sanciones. 
Señor Presidente, no podemos volver la espalda a los luchadores por la democracia en Zimbabwe. 
Señor Presidente, Robert Mugabe, el actual Presidente de Zimbabwe, tomará posesión de su cargo el uno de abril, como estaba previsto, para un nuevo mandato de seis años. 
En mi país, los Países Bajos, la fecha del uno de abril es el día de gastar bromas. 
¡Ojalá fuera así para la población de Zimbabwe! 
Lamentablemente, la prolongación del mandato de Mugabe es la cruda realidad. Se basa en los resultados de las elecciones presidenciales prolongadas del fin de semana pasado, que fueron publicados ayer oficialmente. 
Tanto la carrera electoral como las elecciones mismas han sido descritas ya en Zimbabwe con mucho acierto como "flee and fear elections", "elecciones de huir y de temer". 
En resumidas cuentas, las elecciones presidenciales de Zimbabwe no fueron ni libres ni justas. 
Sólo el hecho de que muchos centros electorales funcionaran como centros de tortura donde las milicias desenfrenadas de Mugabe torturaban y vejaban a sus adversarios políticos lo dice todo. 
Este hecho espeluznante es ilustrativo del siniestro afán despiadado de Mugabe de aferrarse al poder. 
Señor Presidente, es completamente comprensible que el principal adversario de Mugabe, el líder de la oposición Morgan Tsvangirai, haya tachado el resultado de las elecciones como una estafa electoral. 
No obstante, en esta situación extraordinariamente difícil lo más importante ahora es que el partido de Tsvangirai, Movement for Democratic Change conserve la calma y la sensatez. 
Por lo visto, está buscando vías judiciales para denunciar y anular el resultado oficial de las urnas. 
En todo caso, Tsvangirai y sus colaboradores no están buscando el enfrentamiento, según sus propias declaraciones. 
Dada la situación política social y económica desastrosa en la que se encuentra Zimbabwe debido a la irrefrenable ambición de poder de Mugabe, esta postura de la oposición en Zimbabwe merece todo el apoyo del Consejo y de la Comisión. 
Sin duda, una escalada de violencia ahora sumergiría este país en el fango. 
Mientras tanto, pido al Consejo y a la Comisión que busquen junto con los Estados Unidos la manera de presionar más al régimen de Mugabe. 
Al mismo tiempo, habrá que buscar vías para seguir apoyando a las fuerzas constructivas de Zimbabwe. 
Las respuestas occidentales, que he visto hasta ahora, a la discutible reelección de Mugabe crean esa expectación. 
Sin embargo, ¡cuán distintas son algunas respuestas africanas! Se atreven encima a hablar de "unas elecciones básicamente libres y justas". 
Si este es el indicador del nivel político de la zona, entonces el sur del continente africano se está yendo en línea recta a la inestabilidad. 
No estaría de más que Europa hiciera un llamamiento a las autoridades sudafricanas por este motivo. 
Señor Presidente, Señorías, a pesar de los obstáculos del gobierno, la UE hizo un buen seguimiento de las elecciones de Zimbabwe. 
Quisiera empezar por expresar mi admiración hacia todas aquellas personas de Zimbabwe por el coraje cívico y la convicción democrática que han demostrado bajo condiciones tan adversas. 
La UE está observando los acontecimientos de Zimbabwe con preocupación creciente. 
Las reservas sobre el proceso electoral que la UE expresó en su momento, cuando se aplicó el artículo 96, han demostrado estar totalmente justificadas. 
Espero que este tema se debata en la Cumbre de Barcelona y que la UE haga lo más rápido posible una declaración al respecto. 
La mayoría de los observadores electorales concluyen que las elecciones no reflejan la voluntad de los ciudadanos de Zimbabwe, y mencionan una serie de fallos en la realización de las mismas. 
Sin embargo, podemos dar por sentado que, por decepcionante que haya sido el resultado de las elecciones, la comunidad internacional va a seguir ocupándose del problema de Zimbabwe y de que hará todo lo posible por frenar la crisis en ese país. 
La generalización de la violencia tendría muy graves consecuencias, sobre todo regionales. 
A corto plazo, a Sudáfrica se le plantearía un problema de refugiados, y, a largo, una crisis semejante podría hacer peligrar las expectativas de crecimiento económico de la región y de desarrollo sostenible. 
Todo ello junto a un déficit agudo de alimentos. 
La Comisión otorgará una gran prioridad a las necesidades humanitarias junto con otros socios. 
Es de decisiva importancia colaborar con los gobiernos de la CDAS y los estados ACP con el objeto de buscar una base común para la superación de la crisis. 
La UE está planeando enviar una high-level troika en un futuro próximo para debatir con nuestros socios de la CDAS nuestras reservas sobre Zimbabwe sobre la base de nuestras obligaciones comunes respecto del Estado de derecho y de la democracia. 
Espero que en todo ello juegue el Parlamento Europeo un papel importante. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera disculparme por no haber participado en el anterior debate a causa de un triste suceso relacionado con la persona en formación que me ayuda. 
Me alegra que por fin hayamos tomado la iniciativa y estemos debatiendo sobre Moldavia. 
El Grupo Liberal ya intentó hacerlo el pasado enero. 
Todo lo que la Sra. Schröder ha dicho es cierto. 
Tenemos ante nosotros una situación muy difícil que podría dar lugar a acontecimientos como los ocurridos en Bielorrusia. 
No debemos dejarnos engañar y debemos reconocer que Vladimir Voranin es quien ha frenado las reformas económicas. 
Estos acontecimientos han provocado la suspensión de la financiación por parte de instituciones internacionales. 
Conocemos los medios utilizados para orientar a Moldavia hacia el Este y crear problemas con Rumania. 
Por ejemplo, el Gobierno moldavo se negó a permitir el establecimiento de una comunidad ortodoxa ligada a la Iglesia Ortodoxa rumana. Este gesto ha sido condenado porque va en contra del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
No hace falta volver a mencionar Transdniestria; ya conocemos el caso y la actual actitud del Gobierno no está contribuyendo en nada a la solución del problema que existe en aquella región. 
Se ha hecho mención al Partido Demócrata Cristiano. 
Lo que se ha dicho durante estos últimos días en la Duma rusa, que ha acusado a Rumania de injerencia, es preocupante. 
Lo que se ha dicho en la Duma rusa no es cierto. 
En la situación actual, un diplomático rumano ha sido declarado persona non grata. Esta medida está creando mucha tensión. 
El Parlamento y la Comisión deben centrar su atención mucho más en Moldavia por las razones que ha mencionado la Sra. Schröder. 
Debemos evitar que surja una nueva Bielorrusia. 
Necesitamos sanciones inteligentes, medidas inteligentes, porque es un país muy pobre. 
Aquellos de ustedes que han visitado el país, saben que la situación en que se encuentran los niños de Moldavia es la peor de Europa. 
Señor Presidente, coincido con las dos oradoras que me antecedieron, las señoras Schroedter y Thors. 
Es hora de que el Parlamento Europeo se interese por el país más pobre de Europa. 
Los habitantes de Moldavía han sufrido pobreza y explotación durante mucho tiempo, por ejemplo, decenas de miles de mujeres son humilladas mediante la denominada industria sexual en Europa occidental. 
Conozco personalmente a Iurie Rosca, presidente del Partido Cristianodemócrata, el principal partido de la oposición moldava, y a su vicepresidente, Vlad Cubreacov. 
Ellos, igual que Stefan Secareaunu, a quien se menciona en la resolución, son víctimas de atropellos mediante los que el gobierno comunista del presidente Vladimir Veronin intenta privarlos de su inmunidad política. 
Señor Presidente, no hace mucho tiempo el Ministro de Justicia moldavo, también comunista, suspendió las actividades políticas y económicas de los cristianodemócratas que, en la práctica, constituyen el único partido opositor del país. 
Los que están a favor de un sistema pluripartidista- de la democracia- merecen nuestro apoyo. 
La labor de los cristianodemócratas ha consistido en abocarse a los problemas más esenciales, tales como la lengua, la cultura, la enseñanza y la orientación occidental del país. 
Esto ha despertado las iras de los comunistas. 
La iglesia ortodoxa de Besarabia no puede actuar libremente. 
Moldavía es un país materialmente pobre. 
No queremos que esta pobreza se extienda también a la democracia. 
Nuestra responsabilidad en Moldavía es muy grande. 
Señor Presidente, cuando hace un año después de las elecciones en Moldavia llegó al poder un nuevo gobierno comunista, sabíamos perfectamente que era sólo una cuestión de tiempo que este país fuera objeto de debate en este Parlamento. 
En efecto, hoy lo estamos debatiendo. 
Hubiera preferido que hubiéramos empleado la vía de nuestros contactos directos con el Parlamento para poder abordar una serie de cuestiones y debatirlas eventualmente en un momento posterior, pero, por lo que he entendido, hay algunos Grupos Parlamentarios que lo quieren discutir hoy. 
Me parece bien. Es importante que la Unión Europea preste mayor atención a un país que ya ha sido calificado como el más pobre de Europa. 
Es un país con problemas gigantescos, no sólo de índole política sino también social como son la pobreza, los problemas en el sistema de salud pública y el cuidado de los niños gravemente enfermos. 
Es realmente muy triste que el gobierno fomente las diferencias en este país que está en una situación tan difícil que, además, ha perdido el rumbo, que ya no sabe elegir entre Occidente u Oriente y que está interiormente muy polarizado. 
Por otra parte, me ha llamado la atención que las últimas manifestaciones iban dirigidas, en parte, contra el gobierno pero sobre todo también en favor de Europa, lo cual indica cómo aumentan las diferencias en el país. 
Me parece que el gobierno cometió un gran error presentando justamente en el ámbito lingüístico y en la enseñanza de la historia unas propuestas tan controvertidas que causaron tanta conmoción. 
Afortunadamente, el gobierno ya se ha dado cuenta de que estas cosas no se pueden hacer a la ligera y algunas de aquellas medidas han sido revocadas, en mi opinión en parte también debido a las protestas desde el extranjero. 
Señorías, también ahora hemos de insistir al gobierno moldavo para que deje de hostigar a la oposición. 
Ha habido amenazas de levantar la inmunidad parlamentaria a determinados políticos. 
Me parece que esto no se puede consentir. 
Tienen que dejar tranquila a la oposición, porque la oposición también ha organizado las protestas contra estas medidas con tranquilidad y dignidad. 
Lo que en todo caso no debe ocurrir en este país, es que un grupo intente imponer a otro que se defina como partidario de Rusia o de Europa. 
Eso es algo que la gente misma ha de poder decidir con toda tranquilidad y en un ambiente democrático. 
Anteriormente he dicho que este debate es también el momento para manifestar que la Unión Europea debería hacer más. 
Entretanto, he entendido que la Comisión está investigando si hay posibilidades de prestar más ayuda directa a la población del país, en el ámbito sanitario, el desarrollo social, etcétera. 
Me parece que habrá que pedir al gobierno y a la población de Moldavia que creen las circunstancias idóneas en las que la comunidad internacional pueda operar con mayor eficacia porque a menudo nos encontramos con muchos obstáculos para poder hacer lo que queremos. 
Por último, creo que es importante que se haga también un llamamiento a los países de la zona para que contribuyan a la estabilidad de Moldavia y que aporten ideas para encontrar una solución para la región de Transdniestria- que es una especie de losa pesada con la que carga Moldavia -, cuestión en la que Rumanía y Rusia deberían actuar con mucha discreción y en la que sobre todo la Unión Europea, junto con la OSCE, debería buscar alguna solución. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión está seriamente preocupada por el desarrollo político y económico de la República de Moldavia. 
Esta preocupación la ha manifestado con toda claridad el Sr. Patten en una entrevista celebrada hace un mes con el Ministro moldavo de Asuntos Exteriores, el Sr. Dudeu. 
Nos felicitamos, pues, de la presente Resolución del Parlamento Europeo. 
Moldavia es el país más pobre de Europa, y apenas se ha acercado a una solución del conflicto abierto con la desertora región de Transnitria. 
Desde el último verano, el Gobierno de Moldavia se niega a entrevistarse con los representantes de Transnitria, hay una grave disputa por el control fronterizo en la que está involucrada también Ucrania. 
Últimamente hay un clima muy enrarecido entre el gobierno comunista moldavo y los nacionalistas de lengua rumana. 
En el proceso de reformas se están dando claros retrocesos y el FMI no otorga más créditos. 
Además, se están viendo signos preocupantes de que el gobierno está dirigiendo su mirada hacia Rusia para resolver sus problemas. 
Las causas de la pobreza del país son, principalmente, de naturaleza política. 
La no resolución del conflicto con Transnitria pesa mucho. 
La Unión Europea está estudiando en estos momentos cómo la OSCE puede apoyar sus esfuerzos por mejorar la situación. 
Cerca de 40 millones de euros serán dotados anualmente para financiar la ayuda técnica, alimentaria y macroeconómica en aspectos concretos del país. 
A cambio Moldavia debe emprender políticas para dotar a sus finanzas de una base más sostenible. 
Está bien que ECHO haya desplegado su actividad en Moldavia, pues ECHO se encarga de proporcionar ayuda urgente y no de resolver problemas estructurales. 
Pero aunque el trabajo de ECHO pueda continuarse con otros instrumentos, por ejemplo, con TACIS, no debe olvidarse que la sola ayuda no genera soluciones políticas. 
La Comisión está estudiando qué medidas podrían adoptarse, dentro de los recursos disponibles, para contribuir a la resolución del conflicto transnitriano. 
Señor Presidente, está claro que Kirguistán todavía no es un estado democrático. 
Los derechos humanos se violan sistemáticamente, no se respeta la libertad de prensa ni la libertad de expresión, etc. Hay un flagrante abuso de poder por parte del gobierno, y se encarcela arbitrariamente a la gente bajo falsas acusaciones con el fin de eliminar a los adversarios políticos. 
Los periodistas independientes son víctimas de la represión y la prensa es ahora un monopolio del gobierno. 
¿Qué esperanza nos queda entonces a los demócratas? 
No obstante, hay personas que defienden la democracia en su país con mucho valor, a pesar de correr altos riesgos personales como ha podido comprobar el Sr. Beknazarov. 
Pero han de saber que la Unión Europea está de su parte. 
Tenemos que ejercer mucha presión al gobierno. 
Además, tenemos la posibilidad de ejercer presión en el marco del acuerdo de asociación y del convenio de cooperación, para que el gobierno vuelva a dialogar con la oposición, ponga fin a las torturas y procure que el país se convierta en un auténtico estado de derecho. 
Señor Presidente, con demasiada frecuencia nos vemos obligados a acudir a esta Asamblea los jueves por la tarde para hacer intervenciones que preferiríamos no tener que hacer. 
Sin ninguna duda, éste es el caso de hoy. 
Durante estos últimos años he estado varias veces en Kirguizistán, mientras el país surgía del oscuro periodo de imperialismo soviético y marcaba el ritmo para la región en términos de reformas políticas, económicas y sanitarias. 
Entonces alabé, como he venido haciendo hasta ahora, aquellos periodos de progreso. 
Pero nos preocupa el giro que ha tomado aquel país en los últimos años. 
El Presidente Akayev, que tenía un pasado en la Academia de Ciencias y fue elegido en elecciones libres en 1991 y reelegido en 1995, se ha convertido posteriormente en un Presidente más opresor que democrático. 
Las elecciones parlamentarias, así como las presidenciales de 2000 pusieron tristemente de relieve el carácter fraudulento del proceso electoral. 
Sentimos preocupación por los candidatos que fueron vetados por tecnicismos, entre los que cabe destacar sus conocimientos del idioma kirguís; por la eliminación y represión de la prensa; por los grupos de la población a los que se les impide tomar parte en el proceso. 
Un símbolo de todo esto ha sido la detención de Azimbek Beknazarov, presidente de la Comisión Parlamentaria de la Reforma Judicial y Legal. 
Fue detenido en enero y procesado en febrero. 
El juicio fue aplazado entonces hasta este mes. 
Es un país con numerosos problemas dentro de sus fronteras, incluida la falta de recursos naturales, tensiones raciales e incursiones desde el exterior. 
El ochenta y ocho por ciento de su población vive de unos ingresos por debajo de 4 dólares USA diarios. 
No necesita el oprobio que llegará de la opinión mundial si se destruyen sus procesos democráticos, su sistema judicial independiente y su libertad de expresión. 
Éste es el motivo de la propuesta de resolución que hoy presentamos, en la que pedimos a las autoridades de aquel país que nos escuchen. 
Nos mantendremos atentos a los resultados. 
Señor Presidente, señor Comisario, Túnez es un país en el que se atropellan los derechos humanos. 
Se persigue a la oposición, hay al menos mil presos políticos en las cárceles tunecinas, la libertad de expresión es mínima y la libertad de asociación está limitada. 
Los periodistas y otros profesionales sufren agravios y no se deja trabajar a los abogados. 
Numerosos trabajadores por los derechos humanos han sido nominados para el Premio Sacharov y en esta Asamblea hemos criticado a Túnez reiteradamente. 
Ahora hay razones para hacerlo una vez más. 
El Grupo liberal está muy preocupado por el proceso contra Hamma Hammani y sus compañeros del proscrito Partido Comunista. 
Ese proceso es una farsa y todo el procedimiento es inaceptable. 
Han llegado protestas de todo el mundo. 
Incluso en mi país, donde raramente se menciona a Túnez, han aparecido airados artículos en los periódicos acerca del tratamiento que reciben los miembros del Partido Comunista tunecino. 
Los Sres. Hammami, Madouri y Taamallah eligieron presentarse voluntariamente a los tribunales. 
Lo que ocurrió después es vergonzoso y muy alejado de los principios del estado de derecho. 
Estas personas han sido maltratadas, no pueden reunirse con sus abogados y todo el juicio es una farsa jurídica. 
Estamos de acuerdo en que se trata de presos de conciencia que deben ser tratados de manera respetuosa y de acuerdo a los principios del estado de derecho. 
El juicio se reanuda el 30 de marzo y antes de esa fecha deben ser puestos en libertad. 
Esto es lógico, puesto que se han presentado voluntariamente. 
Hay que enviar un mensaje a Túnez diciendo que tenemos los ojos bien abiertos, que estaremos pendientes del proceso. 
La UE debe ocuparse de Túnez y de los problemas relacionados con los derechos humanos en el Acuerdo de asociación y cooperación. 
Hemos callado demasiado tiempo sobre estos asuntos. 
Formulamos muchas exigencias a los países candidatos y a nosotros mismos, pero casi ninguna a Túnez. 
Esto no puede continuar. 
En los contactos futuros con Túnez habrá que dar preferencia a los temas de derechos humanos. 
Tenemos que dejar de complacer a Ben Ali. 
Lo más importante es preocuparse de este caso. 
Señor Presidente, Túnez se ha comprometido a respetar los derechos humanos y esto es un elemento esencial del Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y este país. 
Ahora bien, esos compromisos, reiterados en la sesión del Consejo de asociación del 29 de enero, nos parecen hoy ridiculizados por la forma como Hamma Hammami y sus amigos se ven tratados por el Gobierno tunecino. 
Voluntariamente salidos de la clandestinidad en la que habían sido obligados a refugiarse después de los procesos infamantes de 1997-1998, fueron condenados de nuevo, el 2 de febrero, en primera instancia y su pena se ha visto confirmada en una mascarada de audiencia judicial que confirma desafortunadamente los graves fallos del Estado de derecho que se observan desde hace varios años en este país. 
Para la defensa se reunieron doscientos abogados. 
Fueron separados por la policía mientras los prisioneros eran víctimas de la violencia. 
Hamma Hammami inició una huelga de hambre el 26 de febrero para protestar contra sus actuales condiciones de detención. 
Está asignado al módulo reservado a los condenados a muerte de la prisión de Túnez, cuando es un prisionero político. 
Esta situación es incompatible con el respeto por los Tratados, en especial con respecto al artículo 2 del Acuerdo de asociación concluido con la Unión Europea relativo al respeto por los derechos humanos. 
Hoy, unas semanas antes de la apertura de la Conferencia de asuntos exteriores (Barcelona V) que tendrá lugar en Valencia los días 22 y 23 de abril, es urgente señalar que nosotros, los diputados, pedimos a las autoridades tunecinas la liberación de Hamma Hammammi y de sus amigos. 
Se trata de una primera etapa indispensable en el respeto por el Estado de derecho en Túnez. 
Por otra parte, pedimos a la Comisión que exija de Túnez el respeto por el derecho internacional y que encargue a su delegación parlamentaria que aborde con la mayor firmeza este tema ante las autoridades tunecinas. 
En 1999, el Sr. Hamma Hammami y tres otros dirigentes del Partido Comunista Tunecino fueron condenados en ausencia por actividad disidente. 
El mes pasado, cuando los acusados se entregaron a las autoridades, se confirmaron dichas sentencias en menos de un minuto sin que la acusación o la defensa presentaran ninguna prueba y sin ningún examen de los testigos. 
También ha habido acusaciones de abusos generalizados por parte del Gobierno contra otros grupos disidentes. 
La democracia y el Estado de derecho son atributos de los que hasta fecha reciente gozaban pocos países, incluso en Europa. 
Necesitan tiempo para evolucionar y pueden aparecer frágiles ante las amenazas. 
En Estados como Túnez, puede parecer un logro la mera resistencia a ese socialismo radical o al islamismo que ha arruinado las vidas de tantos en el mundo árabe durante estas últimas décadas. 
Nosotros también debemos actuar con cautela cuando fomentamos un mayor pluralismo y el respeto de las normas democráticas en todo el mundo, de manera que no debilitemos a gobiernos que, aunque imperfectos, avanzan por ese camino. 
No obstante, creo que la UE debe desempeñar un papel importante y servir de ejemplo a países que quieren alejarse de la espiral de pobreza, extremismo y represión. 
Tampoco podemos aislarnos por completo de los problemas que padecen países vecinos como Túnez. 
Alentando la reforma económica y política, junto con la inversión extranjera directa, y con el respeto de la buena gobernanza, la democracia y los derechos humanos, ayudamos a otros y nos ayudamos también a nosotros mismos, reduciendo no sólo el resentimiento que a menudo siente el mundo árabe contra Occidente, sino también las presiones migratorias que están provocando serios problemas en nuestras sociedades y que también exigen soluciones urgentes. 
Por este motivo, es acertado que el Gobierno francés resalte la importancia de prestar ayuda a los países del Magreb, muchos de cuyos ciudadanos se han establecido en Londres, que yo represento, como inmigrantes o refugiados. 
También es acertado que comencemos a abrir los mercados de la UE, incluidos nuestros mercados agrícolas, a los países más pobres que deseen comerciar con nosotros, de manera que puedan beneficiarse más directamente y prevenir futuras presiones migratorias a través de la estabilización a largo plazo de sus propias economías. 
Señor Presidente, Señorías, condenado en rebeldía en 1999 a nueve años y tres meses de prisión, por pertenencia a una asociación ilegal, incitación a la desobediencia, distribución de octavillas que incitaban a la violencia y difusión de mala fe de falsas noticias susceptibles de perturbar el orden público, Hamma Hammami salió de la clandestinidad para comparecer en este juicio el pasado 2 de febrero. 
Al término de un proceso lleno de vaivenes y salpicado de incidentes, el tribunal de primera instancia de Túnez confirmó el primer veredicto que ordenaba la prisión para el inculpado. 
El proceso de apelación se inició este sábado día 9 de marzo ante numerosos observadores extranjeros, entre ellos periodistas, diplomáticos occidentales destinados en Túnez, representantes de los colegios de abogados de Francia, de Suiza y de Bélgica, así como delegados de organizaciones de defensa de los derechos humanos. 
Intervinieron una docena de abogados, solicitando tiempo para estudiar el expediente al que no pudieron acceder y lamentando no haber podido visitar con normalidad a su cliente. 
Tras una deliberación, el Tribunal de Apelación remitió al proceso al 30 de marzo y rechazó la solicitud de excarcelación de los inculpados. 
Éstos son los hechos. 
La Unión Europea ha comunicado a las autoridades tunecinas su inquietud por los atentados contra los derechos humanos, pero no ha insinuado en absoluto que esos atentados fueran susceptibles de comprometer el Acuerdo de asociación con Túnez- primer pacto bilateral entre la Unión Europea y un país del Mediterráneo- firmado hace tres años. 
Romano Prodi, primer Presidente de la Comisión en viajar en visita oficial al Norte de África, se reunió en Túnez con las autoridades de este país el pasado mes de enero. 
En una alocución pronunciada entonces el Sr. Prodi señaló que las negociaciones se referían a los temas de comercio y cooperación. 
En lugar de aprovechar esas declaraciones públicas para mencionar la cuestión de los derechos humanos, el Sr. Prodi saludó las reformas económicas de Túnez. 
La Unión Europea respeta la soberanía política de Túnez y no desea inmiscuirse en los asuntos internos del país, señaló. 
En junio, durante su encuentro en Túnez con el Presidente Ben Ali y el Primer ministro, Mohammed Ganouch, el Comisario europeo Chris Patten concedió, por contra, más espacio a la cuestión de los derechos humanos. 
El 14 de diciembre de 2000, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que comprometía a las instituciones europeas a poner en práctica todos los medios previstos por el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Túnez para obtener el respeto por las libertades democráticas y los derechos humanos y, considerando que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Túnez constituye un elemento esencial de la promoción de los derechos humanos, lamentó que ese diálogo franco y abierto no haya sido suficiente para incitar a las autoridades tunecinas a progresar en la vía de la democracia y de los derechos humanos. 
Señor Presidente, solicito que esta resolución se remita al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno y al Parlamento tunecinos para información, precisando que nuestra vigilancia se mantendrá hasta el 30 de marzo. 
Señor Presidente, de nuevo esta Asamblea debe pronunciarse sobre las violaciones de los derechos humanos en Túnez. 
Se trata en este caso de la condena de tres militantes del PCOT. 
Estos tres militantes, después de cuatro años de clandestinidad, han decidido comparecer libremente ante el tribunal con el fin de recurrir a su condena ante la justicia. 
El proceso del 2 de febrero, como lo han llamado otros colegas, ha sido una mascarada. 
Fueron arrancados de sus bancos, llevados por la policía en pleno tribunal condenados en unos segundos a importantes penas de prisión: nueve años y tres meses para Hamma Hammami sin que tuviera la posibilidad de defenderse ni poder contra con la asistencia de sus abogados. 
Todo ocurrió ante numerosos observadores y defensores tunecinos y extranjeros. 
Están encarcelados en una prisión civil en condiciones escandalosas. 
Este proceso es una verdadera parodia de justicia. 
Frente a esta situación, el Comité de disciplina de los abogados tunecinos ha impulsado una orden de huelga. 
Hamma Hammami y Abdel Jabarmadouri han decidido iniciar una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de prisión y exigir el derecho de visita de sus abogados. 
Estos acontecimientos se incluyen en una campaña permanente de intimidación y represión contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas, estudiantes, abogados y magistrados. 
De nuevo constatamos que el acuerdo de asociación entre la Comunidad Europea y Túnez que estipula que las relaciones entre los dos partes se basan en el respeto de los principios democráticos y los derechos del hombre, se ve ridiculizado. 
Pedimos que se organice una reunión extraordinaria del Consejo de asociación entre la Unión Europea y Túnez sobre los derechos humanos en el plazo más breve posible. 
Este Parlamento debe exigir la liberación de Hamma Hammammi y de sus compañeros así como el respeto por el artículo 2 del acuerdo. 
El Consejo y la Comisión deben poner en práctica todos los medios previstos por este acuerdo con el fin de obtener el respeto por las libertades democráticas y los derechos humanos en Túnez. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a muchos europeos y europeas, también a paisanos míos, les gusta viajar de vacaciones a Túnez. 
Allí contemplan playas maravillosas y hermosos paisajes, conocen una nueva cultura y se sienten seguros por las medidas de seguridad del país. 
Sin embargo no podemos dejar de lado que precisamente en Túnez se están produciendo continuamente conculcaciones de los derechos humanos, que nos afligen tanto, como, sobre todo, la condena de Hamma Hammami y de sus correligionarios. 
Tales vulneraciones de los derechos humanos no eran necesarias en un país como Túnez. 
La forma del proceso, los acontecimientos que se han generado alrededor del mismo prueban, sin embargo, que el argumento que siempre nos llega de Túnez, a saber, que la democracia está en un proceso de desarrollo, que va despacio, no es, gracias dios, verdad. 
O bien dicen que los avances son tan pequeños que no pueden ser constatados. 
Por tanto soy de la opinión de que el Acuerdo presente debe también ser utilizado para este diálogo. 
Este Acuerdo no me parece una empresa baldía, sino al contrario, precisamente porque tenemos acuerdos semejantes con países como Túnez tenemos la posibilidad de convertir la cuestión de los derechos humanos en un tema de diálogo serio. 
También soy del parecer de que debemos incorporar en los procesos de subvenciones de la UE, particularmente en el programa de democracia MEDA, a organizaciones sobre todo de derechos humanos y a ONGs. 
Lo repito de nuevo claramente, igual que ya lo he defendido varias veces aquí y en conversaciones con colegas tunecinos: La importante y justificada lucha contra el fundamentalismo y, especialmente, contra el terrorismo potencial, no puede ser realizada ni podrá ganarse si el precio a pagar son las vulneraciones de los derechos humanos. 
Estas vulneraciones no le proporcionan de ninguna manera mayor seguridad al país, sino que, al contrario, lo ponen en peligro a largo plazo, y esto es lo que no queremos ni los europeos ni los tunecinos. 
Por eso pido a Túnez otra vez que respete seriamente su compromiso con los derechos humanos. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea y, especialmente, la Comisión condenan las vulneraciones de derechos humanos que se han producido en Túnez y están siguiendo con gran atención el proceso contra Hamma Hammami y otros dos miembros más del Partido Comunista. 
El 9 de marzo pasado, un representante de la Presidencia de la UE estuvo como observador en el juicio. Al Ministerio de Asuntos Exteriores se le había anunciado ya con antelación su presencia. 
Saludamos la postergación del proceso hasta el 30 de marzo porque así la defensa tendrá más tiempo para estudiar el caso. 
La Comisión, mediante su Delegación en Túnez, seguirá atentamente la continuación del proceso. 
La UE aprovecha cualquier oportunidad para fortalecer el diálogo sobre derechos humanos con Túnez. 
En la última sesión del Consejo de Asociación del 29 de enero de este año, instó a las autoridades tunecinas a que redoblen esfuerzos en materia de pluralismo, democracia y Estado de derecho. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0143/2002) de los diputados Messner y Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el acuerdo de alto al fuego en Sri Lanka; 
(B5-0148/2002) del Sr. Collins, en nombre del Grupo UEN, sobre el acuerdo de alto al fuego en Sri Lanka; 
(B5-0153/2002) de los diputados Cushnahan, Van Orden, Deva, Atkins y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el acuerdo de alto al fuego en Sri Lanka; 
(B5-0157/2002) de los diputados Lynne y Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación in Sri Lanka; 
(B5-0163/2002) de los diputados Carrilho, Evans, Erika Mann, Fruteau y van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación política en Sri Lanka; 
(B5-0172/2002) de los diputados Vinci y Frahm, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Sri Lanka. 
Señor Presidente, me alegra mucho tener la oportunidad de dirigirme al Parlamento sobre estos temas que son de la máxima importancia. 
La propuesta de resolución pide justicia y reparaciones para las comunidades musulmana y tamil que sufren persecución en Sri Lanka. 
Si 60.000 personas fueran asesinadas en el mundo desarrollado- ésta es la magnitud de las atrocidades a las que nos enfrentamos en Sri Lanka- no se escatimarían medios para encontrar solución al problema, llevar a los responsables ante los tribunales y establecer el Estado de derecho. 
En las zonas del país donde vive la mayor parte de la población tamil, la discriminación y el subdesarrollo económico son graves y flagrantes. 
Es una zona en la que la Unión Europea podría desempeñar un papel significativo, a través de programas de financiación para corregir el desequilibrio y apoyar la causa de la paz y la reconciliación. 
Debemos actuar de manera coordinada en este caso o de lo contrario nuevos ceilandeses inocentes se unirán al medio millón de personas que ya ha huido del país. 
La utilización de niños soldados y el acoso sexual a las mujeres ceilandesas son endémicos. 
Volver la espalda a este problema supondría propinar un duro golpe a las importantes causas por las que luchamos aquí a menudo como la democracia, la libertad y la justicia. 
Nuestra asistencia a la reunión de donantes que se celebrará en Sri Lanka en mayo es de vital importancia. 
También pido a la Presidencia que garantice la presentación de esta resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka. 
Señor Presidente, en mi calidad de jefe de la misión de observación de la Unión Europea en las elecciones de 2000 y 2001, he sido testigo de primera mano de las terribles consecuencias de la violencia en Sri Lanka. 
Por ello sentí especial satisfacción de poder estar allí en la ocasión histórica de la firma del acuerdo de alto el fuego, que ojalá despierte la esperanza de paz y prosperidad, apoyada por el reforzamiento de los derechos humanos. 
Reconozco el valor que han demostrado los firmantes de dicho acuerdo y el papel que han desempeñado el Gobierno noruego y su embajador en Sri Lanka para hacerlo realidad. 
También reconozco que el silencio de las armas, aunque gratificante, no significa paz, sino que apenas es un primer paso vacilante por la vía de la paz. 
No es más que realista esperar que iremos encontrando numerosos problemas- algunos serán de menor importancia, otros más graves. 
No obstante, si existe buena voluntad y determinación por parte de todos, y los LTTE reconocen que la única vía para avanzar pasa exclusivamente por el diálogo pacífico, nada podrá hacer descarrilar el proceso de paz. 
Es mucho mejor ser garantes de un futuro pacífico que prisioneros del pasado. 
El Primer Ministro y el dirigente de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil, junto con sus partidarios, han asumido enormes riesgos en favor de la paz. 
Sus esfuerzos merecen ser recompensados por la comunidad internacional, incluida la Unión Europea. 
Además de proporcionar un importante apoyo político y moral, la comunidad internacional debería aportar fondos sustanciales para financiar el proceso de paz. 
Si la población de Sri Lanka, especialmente los indecisos, viera que la paz da dividendos, el acuerdo saldría reforzado y aumentaría el apoyo al mismo. 
Para la comunidad internacional es mucho mejor invertir ahora en la paz, que tener que destinar fondos más tarde para subsanar los daños ocasionados por la continuación del conflicto y la violencia. 
Deseo mucha suerte a Sri Lanka y quisiera instar a todos los dirigentes políticos de la isla y a sus ciudadanos a que apoyen este proceso de paz y valoren la esperanza de conseguir una paz duradera en su país. 
Señor Presidente, la violencia descomunal está desgarrando la isla tropical de Sri Lanka en el océano Índico. 
¿Se va respetar por fin la tregua acordada? 
¿Cuándo llegarán el gobierno y los separatistas tamiles a la conclusión de que nadie puede ganar la guerra civil y se establecerá una paz duradera? 
En mi opinión, hay que aprovechar la coyuntura para hablar con el nuevo gobierno. 
Es sumamente importante que todos los partidos se pongan de acuerdo sobre el principio básico de una paz duradera. 
El presidente y el primer ministro se tienen que poner de acuerdo para no hacerle el juego a la guerrilla tamil. 
La comunidad política internacional tiene que seguir vigilando el proceso. 
Parece que mandar a treinta observadores para el control es insuficiente. 
¿Van a ser realmente capaces de realizar su tarea? 
Además, me pregunto qué puede hacer la Unión Europea para que las armas se vuelvan a guardar y que en esta isla paradisíaca vuelva a reinar la calma. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0135/2002) de los diputados Rodríguez Ramos, Sornosa Martínez y Berenguer Fuster, en nombre del Grupo PSE, sobre el boicot de los Estados Unidos a las importaciones de clementinas procedentes de España; 
(B5-0136/2002) de los diputados Jové Peres, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el veto comercial de los Estados Unidos a las clementinas comunitarias; 
(B5-0144/2002) de los diputados Bautista Ojeda, Mayol i Raynal y Auroi, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre las clementinas; 
(B5-0154/2002) de los diputados García-Margallo y Marfil, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre las clementinas. 
Señor Presidente, celebro dirigirme al Parlamento y coincidir con la presencia del Comisario Sr. Fischler para tratar el tema de las clementinas que es de su competencia. 
Señorías, el cierre de fronteras que los Estados Unidos está imponiendo unilateralmente a nuestro sector de las clementinas es un acto comercial injustificado, que debe ser denunciado por este Parlamento. 
Del debate que hoy estamos celebrando tiene que surgir una resolución que inste a la Comisión, al Consejo y al Gobierno español a que hagan su trabajo y a que lo hagan bien. 
El objetivo no es otro que defender lo que hemos venido construyendo para el sector agrícola comunitario. 
Por ello, es preciso que la Comisión actúe con rapidez, para frenar este veto comercial. Un veto comercial que no tiene otro fin, por parte de los Estados Unidos, que el de actuar en beneficio de su producción propia. 
Pedimos a la Comisión que, en contra de lo que ha venido haciendo el actual Gobierno español, deje a un lado el seguidismo del diálogo bilateral. 
No se puede dialogar como si nada hubiera pasado, con quien tanto perjuicio está causando al sector de los cítricos comunitarios. 
La Comisión debe tratar el conflicto sin perder de vista que los Estados Unidos han actuado de manera unilateral, falseando el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio en general. 
Dicho de otro modo, la Comisión debe reconducir la tibia acción del Gobierno de España que hasta ahora sólo ha obtenido una propuesta norteamericana lanzada con tintes de amenaza y consistente en introducir cambios en el protocolo que regula nuestras exportaciones de cítricos. 
Finalmente, es fundamental que la Presidencia en ejercicio tome una postura activa en este contencioso. 
El Presidente del Consejo de Ministros de Agricultura debe comparecer sin falta ante esta Cámara para explicar qué iniciativas propone para esa vuelta a la normalidad de las exportaciones de cítricos y cómo se piensa indemnizar a los productores ya que están gravemente afectados por esta situación. 
Esto es lo que le pedimos a usted, Sr. Fischler, y espero que nuestras expectativas se vean cumplidas. 
Señor Presidente, permítame unos comentarios sobre la resolución común que nosotros también hemos firmado. 
En primer lugar, hay una serie de consideraciones y peticiones en relación a la decisión unilateral de los Estados Unidos de suspender las importaciones de clementinas españolas a su país. 
En este sentido, la resolución señala que la decisión unilateral de los Estados Unidos vulnera los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio porque, como se dice en la resolución, las restricciones al comercio deben ser proporcionales a los riesgos, no discriminatorias y no deben ser mantenidas sin pruebas científicas. 
Todo indica, por tanto, que la exclusión de las clementinas comunitarias en los Estados Unidos es, simplemente, una excusa de barrera comercial para que las clementinas comunitarias no puedan penetrar en el mercado de los Estados Unidos y, por tanto, contrarias a la introducción de cítricos no comunitarios en Estados Unidos. 
Esto es inadmisible y yo quiero recordar que en la resolución, se establece un paralelismo con el tema de los productos siderúrgicos, porque los Estados Unidos están vulnerando normas de la Organización Mundial del Comercio. 
En segundo lugar, hay una serie de defectos o de consecuencias que la resolución analiza en relación a las cuantiosas pérdidas que se han ocasionado a los productores y a los exportadores en la actual campaña de cítricos y también, como dice textualmente la resolución, se hace una indicación en relación al retraso inducido, cita textual de la resolución, al inicio de acciones comunitarias. 
También quiero citar unas fechas que se dan en la resolución: los Estados Unidos suspenden el 30 de noviembre las importaciones de clementinas, ratifican definitivamente esta decisión el 5 de diciembre y, el 14 de febrero de 2002, el Gobierno español pide a la Comisión que le ayude en este contencioso y que intervenga de manera eficaz. 
Como conclusión, hay una serie de acciones que se le piden a la Comisión: que haga rápidamente propuestas para indemnizar a los afectados; en segundo lugar, que pueda resolver lo antes posible el contencioso con Estados Unidos, porque no podemos llegar a la próxima campaña sin resolver este problema ya que sería gravísimo que así fuera; y, en tercer lugar, en caso de que no se alcance una solución, que se denuncie a los Estados Unidos ante la OMC. 
Quiero terminar agradeciendo la actuación de la Comisión hasta ahora, pues acudió rápidamente cuando la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural le pidió que compareciera. 
La Comisión se comprometió a informarnos rápidamente y, en este sentido, creo que es de buena ley que todos, en este caso, demos las gracias a la Comisión por todo lo que está haciendo hasta ahora. 
Señor Presidente, señor Comisario, fue a partir de una denuncia de un consumidor de Maryland, que encontró una mosca mediterránea en una clementina, como los Estados Unidos adoptaron brutalmente medidas unilaterales con respecto a España. 
De hecho, usted lo sabe bien, no se trata de un problema fitosanitario sino de una barrera comercial que han levantado los Estados Unidos. 
Sin duda, como ha señalado el Sr. Jové Peres, el Gobierno español ha perdido tiempo no exigiendo la intervención de la Comisión inmediatamente y esperando al 14 de febrero, cuando el problema existe desde noviembre de 2001. 
Pero el problema sigue ahí, Marruecos está sufriendo en este momento también el mismo problema por las mismas razones. 
La mosca, si puedo decirlo así, que picó al Gobierno americano, es más bien un insecto electoralista que un parásito mediterráneo de los cítricos. 
La actitud de Estados Unidos con respecto a las clementinas es la misma que con respecto a los productos siderúrgicos, ya lo han dicho mis colegas. 
Se trata de una vuelta al proteccionismo y al unilateralismo en perjuicio de los compromisos de la OMC. 
Estados Unidos no puede seguir cerrando sus fronteras cuando la urgencia electoral les presiona y esgrimiendo los acuerdos de la OMC cuando la Unión Europea les plantea problemas. 
También, como propone la resolución, pido a la Comisión que inicie un proceso ante la OMC en contra de Estados Unidos en el caso en el que no se llegue a una solución inmediata. 
Además, la Comisión debe presentar propuestas necesarias para indemnizar a las personas afectadas en tanto el conflicto no se resuelva. 
Finalmente, el Consejo debería indicarnos, a través de su presidente en ejercicio, las últimas iniciativas que está adoptando para resolver este conflicto. 
Señor Presidente, quiero felicitarme y felicitar a mis colegas, por haber logrado una resolución unánime en este tema. 
El problema de las clementinas no es un incidente aislado, sino que se integra en una cadena de tensiones que existe en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. 
No me detendré a contarlas todas, pero sí me voy a referir- como hice ayer, al hablar del diálogo transatlántico- al problema de la carne tratada con hormonas, a la batalla del banano, a las ayudas a las líneas aéreas norteamericanas, que se ha traducido en un detrimento de la competencia de las nuestras, y a las ayudas masivas a la exportación declaradas ilegales. 
Lo grave no es que esto se haya producido, sino que, al parecer, estamos en el inicio de una nueva etapa proteccionista, que se ha manifestado en el problema del acero (que discutíamos ayer) y también en el de las clementinas. 
También quiero subrayar que el problema de las clementinas es, si cabe, más grave que el tema del acero. 
El acero va a ser gravado con unos derechos de entrada que van a encarecer la importación; en el tema de las clementinas, se han cerrado las fronteras, pura y simplemente. 
Por eso decía ayer que exigiré en el tema de las clementinas el mismo rigor y la misma energía que en el tema del acero, si queremos mantener la credibilidad y la cabeza alta, en la Organización Mundial del Comercio. 
Quiero corregir al Sr. Jové, que ha caído en la tentación de querer darle, de paso, una cornada al Gobierno español. 
La Comisión conoce este tema desde hace mucho tiempo y, si hubiese seguido más de cerca el expediente, habría visto una respuesta del Sr. Lamy en la que me dice que, ya en diciembre, el responsable de salud y protección de los Estados Unidos, Sr. Zoellick, se entrevistó con el representante de la Comisión, que estaba al corriente de la situación, por el Gobierno y porque yo había presentado una pregunta el 12 de diciembre. 
Pero, en fin, eso es un desahogo que tolero y comprendo, estando usted en la oposición. 
Respecto al petitum, coincido con lo que se ha dicho. 
Se trata, en primer lugar, de indemnizar a los perjudicados; en segundo lugar, de seguir el diálogo con los Estados Unidos (porque se sabe que más vale un mal arreglo que un buen pleito, sobre todo cuando el buen pleito puede durar años y arruinar nuestras cosechas) y, en tercer lugar, de iniciar cuanto antes el procedimiento en el Comité 133; insisto, más como un arma de presión y negociación para llevar a la mesa del diálogo a los Estados Unidos que con el propósito de iniciar un procedimiento que terminaría ad calendas graecas. 
Subrayo que el Gobierno español- le guste o no al Sr. Jové- empezó este tema en diciembre, como demuestra el Sr. Lamy. 
Por tanto, asesten las cornadas por otro lado y unámonos todos en defensa de las clementinas españolas, que es el único objetivo que me guía en este momento, como estoy seguro que guía al Sr. Presidente, que- dado su entusiasmo- me ha dado generosamente más tiempo del que me corresponde. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 17.00 horas, se reanuda a las 17.30 horas) 
Señor Presidente, ha habido intensas discusiones en los Grupos sobre los tiempos de intervención y los temas que todavía podían ser incluidos en la lista de urgencia y los que no. 
Se ha peleado por minutos y he aquí que media hora antes de la votación ya hemos acabado. 
Hay algo en el reparto que no cuadra, por lo que le pediría que mirase cómo podemos aprovechar todo el tiempo de la sesión que nos queda libre hasta la votación. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 14 de marzo de 2002 
Señorías, en el preciso momento en que la Unión Europea en el Consejo Europeo de Barcelona ha dado pasos importantes hacia la reforma y la modernización económicas, anoche unos terroristas asesinaron en Bolonia al profesor Marco Biagi, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Módena y asesor del Gobierno italiano en materia de política laboral y de empleo. 
El profesor Biagi deja mujer y dos hijos. 
Los actos terroristas son siempre viles y en este caso el ataque tenía un objetivo muy claro. 
Al asesinar a Marco Biagi, los terroristas tenían en su punto de mira a un hombre muy estimado profesional y personalmente y creador de la indispensable política de reforma del mercado laboral para fomentar el empleo en Italia y en Europa. 
También era un firme partidario del diálogo y la solidaridad sociales, así como del progreso y la modernización en su propio país y estaba firmemente comprometido con el ideal europeo. 
Por todas esas razones, este asesinato no sólo tiene repercusiones en Italia, sino que, además, golpea en la esencia misma de nuestro ideal europeo. 
Envío mi más sentido pésame a la familia del Sr. Biagi, a sus colegas universitarios y, en nombre de nuestros colegas italianos y de toda esta Asamblea, transmito a las autoridades italianas nuestra profunda conmoción e indignación. 
(La Asamblea se levanta y guarda un minuto de silencio) 
Señorías, tenemos el placer de tener con nosotros hoy, en la tribuna diplomática, a una delegación del Parlamento croata, el Hrvatski Sabor, encabezada por el Sr. Ivo Skrabalo, Presidente de la Subcomisión para las relaciones con el Parlamento Europeo y Presidente de la Comisión de Cooperación Interparlamentaria del Parlamento croata. 
Sus Señorías recordarán que hace sólo unos meses, el 12 de diciembre de 2001, el Parlamento Europeo dio su asentimiento al Acuerdo de Estabilización y Asociación, que constituye una base excelente para nuestra futura cooperación. 
Hoy nuestros distinguidos huéspedes se reunirán con la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de la Europa sudoriental, presidida por la Sra. Doris Pack, en la 10ª reunión interparlamentaria Parlamento Europeo/Croacia. 
Todos nosotros apreciamos en particular su presencia con nosotros, señor Skrabalo, en esta importante ocasión para el desarrollo de la estabilidad y la paz en la Europa sudoriental y le agradecemos que se reúna con nosotros en el Parlamento esta tarde. 
Antes de que iniciemos el debate, quisiera comunicar un número importante de temas en relación con nuestro calendario y procedimiento. 
El Presidente del Consejo Europeo, el Sr. José María Aznar, debe marcharse a las 16.30 para asistir a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Monterrey (México). 
De modo que iniciará el debate, responderá a nuestra primera ronda y después será sustituido. 
El Presidente de la Comisión Europea, Sr. Romano Prodi, que asistirá a la misma conferencia en México, ante las dramáticas circunstancias del asesinato del profesor Biagi, amigo íntimo del Sr. Prodi, se siente obligado a viajar esta tarde a Bolonia para rendirle homenaje. 
Sé que la Asamblea entenderá su convicción al respecto. 
Así, pues, asistirá también a la primera parte del debate sobre el Consejo Europeo de Barcelona y será sustituido por la Sra. de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión. 
Antes de introducir el debate, quisiera decir que la semana pasada en Barcelona, por primera vez durante mi Presidencia de esta Asamblea, tuve el honor de intervenir en una Cumbre Europea en nombre de sus Señorías. 
Insistí en nuestra contribución, en la labor que tantos ponentes, presidencias de comisiones y coordinadores de Grupos políticos habían dirigido y en la que habían participado. 
Quiero agradecer a todos los diputados a esta Asamblea que tanto se esforzaron para hacer una aportación sustancial y a tiempo. 
Fue maravilloso poder hacer, como Presidente del Parlamento Europeo, semejante contribución importante a la Cumbre de Barcelona. 
Durante aquella reunión, subrayé el deseo de nuestro Parlamento de desarrollar unos nuevos y más maduros diálogo y cooperación con el Consejo Europeo sobre una gran diversidad de asuntos. 
Espero y creo que hemos iniciado el proceso que lo hará posible en un futuro próximo. 
. Señor Presidente del Parlamento Europeo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en nombre del Consejo Europeo quiero sumar mi voz a la del Presidente Cox, para condenar con la máxima energía el asesinato del profesor Marco Biagi, asesor del ministro italiano de Trabajo Sr. Maroni, cometido ayer en Bolonia. 
En nombre del Consejo Europeo transmito nuestras condolencias a la familia del Sr. Biagi que hago extensivas a las autoridades y al pueblo italiano. 
La lucha contra el terrorismo es una prioridad esencial de la Unión Europea. 
El terrorismo, sabemos, es una amenaza para la libertad y para la democracia que debe ser combatido con firmeza y con constancia y con todos los medios que nos brinda el Estado de derecho. 
Debemos pues reafirmar nuestra determinación más decidida y hacer frente al terrorismo desde la serenidad y el coraje político por solidaridad con las víctimas y por propia dignidad democrática. 
Señor Presidente, señoras y señores, es para mí un placer comparecer en esta Cámara, tal como tuve la oportunidad de anunciarles en enero de este año, durante la presentación de las prioridades de la Presidencia Española de la Unión Europea, en esta ocasión, para informarles de los resultados del Consejo Europeo celebrado en Barcelona. 
Hace dos años, en el Consejo Europeo de Lisboa, los Jefes de Estado y de Gobierno nos planteamos cómo Europa podía enfrentarse al enorme cambio que hoy vivimos en nuestras sociedades, fruto de la mundialización y cómo podríamos también enfrentarnos a los desafíos que ofrece una economía basada en el conocimiento. 
Entonces fijamos para la Unión Europea un objetivo estratégico ante la próxima década: convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos, y con una mayor cohesión social. 
Dos años después, y tras el Consejo Europeo de Barcelona, tengo la satisfacción de afirmar que el proceso de Lisboa de modernización económica y social, no sólo se ha consolidado, sino que ha salido fortalecido. 
Señorías, el éxito de la modernización de nuestras economías depende esencialmente de la voluntad política para emprender una serie de reformas. 
Me gustaría destacar y agradecer ante sus Señorías la contribución del Parlamento Europeo a la buena marcha del Proceso de Lisboa y a los buenos resultados obtenidos en Barcelona. 
Este reconocimiento fue unánimemente expresado ante el Presidente Cox, durante su primera comparecencia ante el Consejo Europeo. 
Muchos son los trabajos y decisiones que ustedes vienen desarrollando respecto al Proceso de Lisboa. 
Quiero recordar aquí, entre la larga lista de asuntos que sus Señorías han discutido, cómo gracias al informe sobre " la ejecución de la legislación sobre los servicios financieros? se desbloqueó un aspecto tan trascendental como la creación de unos servicios financieros integrados en la Unión Europea. 
La decisión de sus Señorías de avanzar sobre este tema no sólo ha ayudado significativamente a la creación de unos mercados financieros competitivos, sino que ha contribuido a que se adopten, en el futuro, un conjunto de medidas que pueden suponer un crecimiento adicional, cada año, de un 0,5 % del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. 
Quiero también destacar sus Resoluciones sobre la ratificación del Protocolo de Kioto, y sobre el desarrollo sostenible o los informes adoptados la semana pasada sobre el mercado interior de la electricidad y el gas, y los intercambios transfronterizos de electricidad. 
La contribución sustancial del Parlamento Europeo al Consejo de Barcelona no se ciñe, por lo tanto, a un ámbito específico de los trabajos relacionados con las reformas económicas, sino que abarca una multitud de esferas diferentes. 
La aportación de esta Cámara permitirá, sin duda, establecer unas pautas renovadas de colaboración entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, con vistas a robustecer el partenariado político e interinstitucional asentado en un espíritu de confianza mutua. 
Así lo destaca claramente la primera de las Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona. 
Señorías, antes de referirme al contenido de los debates y las decisiones tomadas en el Consejo, me gustaría subrayar, de forma muy especial, la participación de los países candidatos en una sesión ordinaria de trabajo en el marco del Consejo. 
Este Consejo Europeo ha visto con enorme agrado el compromiso que los futuros miembros de la Unión Europea han mantenido hacia la estrategia de reformas de Lisboa. 
Podemos decir que los países candidatos se han convertido, aún antes de su incorporación a la Unión, en decididos impulsores de esas reformas. 
Los buenos resultados del Consejo Europeo de Barcelona no nos deben hacer olvidar lo mucho que nos queda por recorrer, para alcanzar el ambicioso objetivo de convertir Europa en una sociedad de pleno empleo al final de esta década. 
Por eso, a la hora de exponerles los resultados del reciente Consejo Europeo, me permitiré hacer igual hincapié tanto en lo logrado como en lo que tenemos que conseguir de aquí a ocho años. 
A mi juicio, el Consejo ha lanzado dos mensajes principales en Barcelona: la confianza en la recuperación económica y la reactivación del ' espíritu? de Lisboa. 
Hemos coincidido en que la recuperación económica ha comenzado, y confiamos en que esta recuperación se consolide a lo largo del año. 
Su solidez y duración están aseguradas, si somos capaces de avanzar en nuestra Agenda de reformas y de crear un marco estable y favorecedor del crecimiento. 
El Consejo Europeo ha recalcado la importancia de cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad. 
Para ello, todos los Estados miembros hemos asumido el compromiso de lograr o mantener unos presupuestos próximos al equilibrio o con superávit para el año 2004, al tiempo que acordamos reforzar la coordinación de nuestras políticas económicas. 
Señorías, podemos resumir en cuatro grandes bloques el conjunto de asuntos en los que el Consejo Europeo de Barcelona se ha centrado. 
El primero es el conjunto de decisiones que mejorarán el funcionamiento del mercado interior y profundizarán la integración del espacio económico europeo, la mejor vía que tenemos para crear más riqueza. 
En este sentido, las Conclusiones recogen el compromiso de los Estados miembros de reducir los niveles de ayudas públicas respecto al PIB, y de que éstas se utilicen de manera más transparente. 
También el Consejo Europeo ha encargado a los ministros de Economía que evalúen la transparencia de nuestras normas de contabilidad, consultoría y auditoría. 
No tendremos unas normas verdaderamente eficaces si no garantizamos su cumplimiento. 
Por ello, el Consejo ha acordado que para el Consejo Europeo de primavera de 2003 se haya traspuesto el 100% de aquellas directivas cuya incorporación a los ordenamientos jurídicos lleva una demora de 2 años. 
El espacio económico europeo al que aspiramos sólo será una realidad, si junto con un marco legal transparente y flexible, se avanza hacia la apertura e interconexión de sectores clave como los transportes, la energía y las telecomunicaciones, y hacia un sistema financiero que, a su vez, permita una correcta asignación del ahorro y una financiación al menor coste posible. 
En este ámbito es donde quizá los avances del Consejo Europeo han sido más relevantes. 
En materia de mercados financieros y tras el acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, será posible cumplir con los calendarios para obtener un mercado de valores integrado en 2003 y la plena integración de los servicios financieros en 2005. 
Para ello, hemos identificado siete directivas y un reglamento que se deberán aprobar este año para conseguirlo. 
Por lo que se refiere a la energía se ha registrado un avance tanto en la apertura de los mercados como en su integración europea a través de las interconexiones. 
Como ustedes saben se ha decidido la apertura de los mercados del gas y de la electricidad en el año 2004 para todas las empresas europeas, lo que supone que aproximadamente el 70% del mercado europeo de la energía estará abierto a la competencia. 
En cuanto al resto del mercado, el Consejo Europeo ha dado un mandato para tomar una decisión antes del Consejo Europeo de primavera de 2003. 
Estas medidas de apertura energética se completan, por otra parte, con el objetivo de interconexión eléctrica entre los Estados miembros de al menos un 10% de la capacidad de producción instalada de cara a 2005. 
A partir del cumplimiento de este objetivo, no podremos hablar más de mercados nacionales fragmentados, sino de un verdadero mercado europeo de la electricidad, abierto e integrado. 
Por lo que se refiere a los transportes y a las telecomunicaciones hemos diseñado un programa de trabajo que contribuirá sustancialmente a mejorar la eficacia del mercado interior. 
Así, este año aprobaremos la revisión de las Redes Transeuropeas de Transporte, lo que nos permitirá eliminar importantes problemas, entre otros espacios en el mar Báltico, los Alpes y los Pirineos. 
Por otra parte, hemos acordado la puesta en marcha del Programa Galileo que tiene no sólo una clara vertiente en el ámbito del desarrollo de los transportes y comunicaciones europeos, sino también un importante componente tecnológico. 
Hemos llegado también al acuerdo para la entrada en vigor en 2004 del "Cielo Único Europeo", lo que reducirá los tiempos de vuelo, los costes del transporte aéreo y hará más eficaz la gestión del tráfico aeronáutico y, por último, hemos acordado la máxima prioridad al desarrollo de las redes de banda ancha como elemento primordial para el desarrollo de la sociedad de la información. 
Señores, el segundo conjunto de asuntos al que quería referirme es el relativo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible que aprobamos en el Consejo Europeo de Gotemburgo. 
El Consejo Europeo ha acordado la entrada en vigor de la Directiva sobre fiscalidad de la energía en diciembre de 2004, en paralelo a la apertura de los mercados energéticos. 
Como sus Señorías saben, la Unión y sus Estados Miembros han decidido la ratificación del Protocolo de Kioto. 
El Consejo ha instado a que todos los procedimientos nacionales de ratificación estén concluidos en junio, antes de la Cumbre de Johanesburgo. 
Por último, y de cara a la Cumbre de Monterrey, los Quince hemos llegado a un acuerdo para elevar la media de la ayuda oficial al desarrollo de la Unión Europea al 0,39 % en el año 2006 como un paso intermedio para alcanzar el compromiso del 0,7 %. 
Señorías, el tercer bloque del Consejo Europeo de Barcelona engloba al empleo y los asuntos de contenido social. 
Como saben sus Señorías, la tarde previa al Consejo Europeo se celebró una cumbre con los interlocutores sociales. 
El resultado expreso de esa cumbre social fue el compromiso de los agentes sociales con la estrategia y los objetivos de Lisboa. 
Durante todo el Consejo Europeo ha existido un amplio acuerdo para que los Estados miembros se esfuercen en la eliminación de las trabas que dificultan la incorporación de los europeos al mercado de trabajo. 
Trabas relacionadas con los sistemas fiscales y de protección social, y trabas también a la movilidad de los trabajadores en el marco de la Unión. 
En este sentido, hemos aprobado la creación de una Tarjeta Europea de Sanidad, que facilitará la atención médica de los ciudadanos durante sus desplazamientos, y hemos decidido crear las correspondientes páginas únicas europeas, a través de Internet, para las ofertas de trabajo. 
Se ha insistido en medidas destinadas a dos grupos de población muy concretos: en primer lugar, el fomento del acceso a guarderías para la gran mayoría de niños, como medio para facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, y en segundo lugar, y a la luz de los bajos índices de natalidad y el envejecimiento de nuestras poblaciones, pondremos los medios para que se incremente en cinco años- durante esta década- la edad media efectiva de jubilación en Europa. 
Por último, el Consejo también dedicó su atención a los asuntos relacionados con la educación y la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológicos, factores que deberían suponer importantes elementos de la ventaja competitiva europea. 
El Consejo Europeo considera que una educación de calidad es una de las características esenciales de las sociedades prósperas y abiertas. 
Por eso, hemos aprobado el "Programa de trabajo para 2010" de los sistemas educativos. 
Como elementos concretos en materia de educación, el Consejo Europeo ha apoyado la enseñanza de al menos dos idiomas, de otros Estados miembros, a partir de una edad temprana y la generalización de la enseñanza de informática e internet desde la enseñanza secundaria. 
En materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica quiero destacar el compromiso de gran relevancia al que hemos llegado en Barcelona y que sin duda ustedes ya conocen: aumentar la inversión destinada a estas categorías para alcanzar en el año 2010 el 3% del PIB, procediendo dos tercios de esta inversión del sector privado. 
Señorías, en Lisboa se decidió que, cada primavera, el Consejo Europeo celebrara una sesión de trabajo dedicada a las cuestiones económicas y sociales para asegurar la coherencia global y la supervisión efectiva de los avances hacia el nuevo objetivo estratégico. 
El Consejo Europeo de Barcelona, de acuerdo con este mandato, ha dedicado principalmente sus trabajos a la estrategia de Lisboa. 
Lo cual no quiere decir que no se haya podido ocupar de otros asuntos relativos a la política exterior de la Unión Europea o a otras cuestiones institucionales. 
Entre estas últimas me gustaría destacar el debate que por iniciativa del Primer Ministro irlandés tuvo el Consejo Europeo sobre la ratificación del Tratado de Niza por parte de la República de Irlanda. 
El Consejo Europeo ha acogido con satisfacción el enfoque presentado por el Primer Ministro irlandés y ha reiterado su voluntad de apoyar al Gobierno de Irlanda en el proceso de ratificación del Tratado de Niza, acordando volver a ocuparse del asunto en Sevilla. 
Este mismo Consejo Europeo será también el primero en dedicar una sesión de trabajo a estudiar la marcha del debate sobre el futuro de Europa. 
Un informe del Presidente de la Convención nos permitirá conocer de primera mano los avances de las reflexiones de este foro preparatorio de la futura Conferencia Intergubernamental. 
Por último, y en lo que respecta a las cuestiones institucionales, hemos dado cumplimiento a los mandatos de los Consejos Europeos de Gotemburgo y de Laeken. 
De acuerdo con este último Consejo Europeo, el Secretario General del Consejo nos presentó un informe del que deberemos extraer las conclusiones operativas pertinentes en la reunión de Sevilla para la reforma del Consejo Europeo. 
En las próximas semanas, la Presidencia y la Secretaría General del Consejo llevarán a cabo los contactos necesarios para conseguir y alcanzar esa meta. 
Señorías, el debate sobre temas de política exterior ha tenido un importante capítulo en la situación de Oriente Medio. 
Debatimos también los acuerdos alcanzados entre Serbia y Montenegro, las relaciones entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica y el futuro papel de la Unión Europea en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Por otro lado, quiero destacar también, el especial apoyo del Consejo Europeo al proceso de Bruselas sobre Gibraltar. 
La Unión Europea por medio de la adoptada "Declaración de Barcelona", ha reafirmado de nuevo, su condena de todos los ataques terroristas, al mismo tiempo que señala que corresponde a la Autoridad Nacional Palestina, como única autoridad legítima, luchar contra el terrorismo. 
En este sentido, el Consejo Europeo ha exigido que se levanten de inmediato todas las restricciones a la libertad de movimientos del Presidente de la Autoridad Nacional palestina, Yasser Arafat. 
Por otra parte, el Consejo Europeo ha afirmado que Israel debe retirar sus fuerzas de las zonas situadas bajo control de la Autoridad Palestina, detener las ejecuciones extrajudiciales, suprimir los bloqueos y las restricciones, congelar los asentamientos y respetar el Derecho internacional. 
El Consejo Europeo ha reiterado, a través de esta declaración, el doble objetivo tradicional de la Unión en la región: la creación de un Estado de Palestina democrático, viable e independiente, que ponga fin a la ocupación de 1967, y el derecho de Israel a vivir en paz en fronteras seguras y reconocidas, garantizadas por el compromiso de la Comunidad internacional y en particular de los países árabes. 
Sólo a través de una estrecha coordinación entre la Unión, las Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, y otros países de la región podremos contribuir efectivamente a la solución del conflicto. 
Señorías, también la política europea hacia los Balcanes descansa sobre un principio claro, que es el principio de inviolabilidad de fronteras y el respeto de la integridad territorial de los Estados. 
El acuerdo alcanzado el pasado 14 de marzo por los líderes de Serbia y Montenegro es un buen paso en ese sentido, al consagrar el mantenimiento de su unidad constitucional y de su integridad territorial. 
Este acuerdo será una buena prueba para contrastar las aspiraciones europeas de la Unión de Serbia y Montenegro y, en función de su mantenimiento, la Unión Europea determinará su grado de compromiso. 
Señorías, el Consejo Europeo ha expresado su disposición a continuar apoyando el proceso de estabilización, reconciliación y reconstrucción de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Siguiendo la filosofía que ha llevado a la Unión Europea a decidir heredar la misión de policía en Bosnia y Herzegovina, a partir del 1 de enero del próximo año, el Consejo Europeo ha expresado la disponibilidad de la Unión para asumir la responsabilidad de una operación que suceda a la que actualmente lleva a cabo la Alianza Atlántica, en el entendimiento de que los acuerdos permanentes de cooperación entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica ya surtan el correspondiente efecto. 
Para ello, el Consejo Europeo ha solicitado a España, en su calidad de Presidencia de la Unión Europea, que, junto con el Alto Representante, mantenga los oportunos contactos de alto nivel para la obtención de un resultado positivo que permita desbloquear esta situación. 
Señorías, el África subsahariana también tuvo cabida en los debates del Consejo Europeo que ha manifestado, por un lado, su satisfacción por el cese de hostilidades en Angola, tras más de veinticinco años de un conflicto que ha producido desastrosas consecuencias en la población y, por otro, ha condenado la falta de garantías políticas con que se han desarrollado las recientes elecciones en Zimbabwe. 
La Unión Europea ha expresado también su preocupación por la evolución de la situación en la República del Congo y por las informaciones que apuntan a la posible lapidación de una mujer en Nigeria. 
El Consejo Europeo ha instado a las autoridades de ese país a que respeten plenamente los derechos humanos, con particular atención a los de las mujeres. 
Tengo que decir que en Monterrey tendré la oportunidad de solicitar expresamente al Presidente de Nigeria que atienda a todas las demandas que se están haciendo, para evitar ese acto de lapidación de un ser humano, de una mujer, en ese país. 
(Aplausos) 
Como he dicho, quiero destacar, por otra parte, la enorme satisfacción con que el Consejo Europeo ha recibido la decisión del Reino Unido y de España de relanzar el Proceso de Bruselas sobre Gibraltar, establecido en noviembre de 1984, apoyando el compromiso de ambos Gobiernos de superar sus diferencias en relación con Gibraltar y de concluir un acuerdo global antes de verano. 
Señorías, Señor Presidente, se viene hablando en los últimos tiempos de la necesidad de acercar el proceso de construcción europea al ciudadano. 
Recientemente la Unión Europea ha podido dar la imagen que se ocupaba de asuntos aparentemente demasiado lejanos a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. 
Creo que el Consejo Europeo de Barcelona ha demostrado lo contrario. 
Se ha ocupado y nos hemos ocupado de decisiones que afectarán a la realidad concreta y a la vida diaria de los ciudadanos de la Unión. 
Creo que el resultado es una agenda de trabajo importante y completa para los años venideros. 
En este año 2002 se pondrá en marcha el Programa Galileo, se aprobará la revisión de las Redes Transeuropeas de Energía y de Transportes, se aprobarán las propuestas sobre servicios portuarios y contratos de servicio público y las reglas sobre la asignación de franjas horarias de vuelo, se aprobarán 7 Directivas y un Reglamento de servicios financieros y el importante Reglamento sobre flujos transfronterizos de electricidad. 
Sevilla, entre otras cuestiones, tendrá que dedicar su atención a la aprobación del 6º Programa Marco de Investigación y Desarrollo y la estrategia común de la Unión Europea para Johanesburgo, el programa nuevo eEurope 2005 y la reforma del Consejo Europeo, entre otras materias, además de los debates sobre la ampliación. 
En el 2003 obtendremos la plena aplicación del paquete de telecomunicaciones, la puesta en marcha de la página web europea de búsqueda de empleo y el lanzamiento de la Tarjeta Europea de Sanidad, así como la integración de los mercados de valores europeos. 
En 2004 se producirá la apertura de los mercados de gas y electricidad para todas las empresas, los Estados miembros verán una situación de equilibrio presupuestario de superávit, entrará en vigor la Directiva sobre productos energéticos y se implantará el Cielo Único Europeo. 
En 2005 alcanzaremos mercados plenamente integrados, con un 10% de capacidad de interconexión eléctrica y con las redes de banda ancha desarrolladas. 
En 2010 habremos de cumplir el 3% del PIB dedicado a Investigación, Desarrollo e Innovación y habremos aplicado los programa de trabajo de educación, la conciliación de la vida familiar y laboral y el aumento de la edad de jubilación desde el cese efectivo de la actividad. 
Creo sinceramente que el objetivo de poner en marcha la agenda de reformas que acordamos en Lisboa está sustancialmente, razonablemente, alcanzado. 
Creo, además, Señor Presidente, que hoy tenemos ' más Europa? y sobre todo "mejor Europa" que antes de celebrar el Consejo Europeo de Barcelona. 
Y creo, por último, que hemos contribuido con nuestros acuerdos a impulsar, a acelerar, la recuperación económica. 
Precisamente estos eran los grandes objetivos con los que la Presidencia española planteaba el Consejo de Barcelona. 
Los Estados miembros, dando prueba de la ambición y la flexibilidad necesarias, han contribuido de una manera determinante a alcanzar estos acuerdos equilibrados y positivos. 
La Comisión Europea ha propuesto documentos que han constituido una base de trabajo excelente para el Consejo Europeo, y ha animado de forma muy activa el compromiso y el avance europeo. 
Y, por supuesto, como he dicho, quiero agradecer las propuestas y actuaciones del Parlamento Europeo que ha desempeñado un papel muy dinámico en el desarrollo de la estrategia de Lisboa. 
Quisiera, por lo tanto, cerrar mi intervención como la empecé: con un agradecimiento sincero por la contribución a alcanzar unos resultados que sinceramente creo que merecen la pena. 
(Aplausos) 
. (IT) Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, hoy estamos aquí reunidos para debatir los resultados del reciente Consejo Europeo de Barcelona. 
Quiero iniciar mi declaración recordando a un hombre que muchos de ustedes en este Pleno conocían: se llamaba Marco Biagi, éramos amigos y fue asesinado ayer por la noche en Bolonia. 
Tenía 52 años, estaba casado y tenía dos hijos. 
Profesor de la Universidad de Módena, era especialista en Derecho laboral y asesor del ministro de Trabajo del actual Gobierno italiano, al igual que lo fue de otros ministros de Trabajo en Gobiernos anteriores, incluido el que yo presidí. 
Trabajó toda la vida para fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales en Italia, su país y el mío, y en Europa. 
Nombrado por la Comisión Europea, fue miembro del Grupo de alto nivel sobre el futuro de las relaciones industriales que elaboró el informe sobre el diálogo social, en concreto ese informe que debatimos hace unos días en Barcelona. 
Para recordar a Marco Biagi, señor Presidente del Parlamento, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, debemos trabajar para mantener unidas a nuestras sociedades y luchar codo con codo contra el terrorismo y hemos de trabajar para vencer el terrorismo que es el enemigo implacable de la democracia. 
Todos nosotros sabemos que el desarrollo y la justicia social y la solidaridad mutua deben avanzar conjuntamente en nuestras sociedades. 
Estos son los valores sobre los cuales queremos construir Europa: una Europa libre y democrática, una Europa en la que el necesario contraste de ideas excluye por principio el uso de la violencia. 
Estos son los valores que nunca, repito, nunca debemos olvidar, especialmente en momentos como estos. 
Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, hoy estoy aquí para informales de los resultados alcanzados en el Consejo Europeo celebrado a finales de la semana pasada en Barcelona. 
El Consejo de Barcelona, como decía el Presidente Aznar, ha sido un éxito. 
Es un éxito para Europa porque ha supuesto un firme paso adelante hacia la realización concreta de la estrategia de Lisboa. Un éxito asimismo del método y de las Instituciones, de la Comisión, del Consejo y del Parlamento: un éxito de la Comisión que, con su informe de primavera, ha orientado los debates del Consejo Europeo y las propuestas que se reflejan en las conclusiones; un éxito de la Presidencia en ejercicio del Consejo en su inteligente tarea de dirección y organización, que deseo agradecer sincera y calurosamente al Presidente Aznar y a su equipo de colaboradores; un éxito también del Parlamento que, en las mismas semanas, debatió y aprobó prácticamente todas las propuestas formuladas con vistas a la Cumbre de Barcelona. 
Esto significa que, como usted, Presidente Cox, ha subrayado acertadamente, hemos pasado de la cultura de la confrontación a la cultura del cambio. 
De este modo se consolidan indisolublemente el espíritu de cooperación entre las Instituciones y la mayor eficacia del proceso de reforma. 
Por ello, Presidente Cox, le expreso también a usted mi más sincera gratitud. 
He valorado altamente las palabras que usted pronunció en la apertura del Consejo que pusieron en marcha de la mejor manera posible las dos positivas jornadas de trabajo. 
En efecto, usted subrayó la firme intención del Parlamento de erigirse en parte esencial en la reforma y el progreso de la construcción comunitaria, y yo me apunto a su punto de vista. 
En particular, en los últimos tiempos, a través del procedimiento de codecisión, el Parlamento ha venido realizando una gran cantidad de tarea de la que todos estamos orgullosos y que les agradezco muy en especial. 
Me congratulo de estos avances sobre todo porque permiten reducir la diferencia entre el anuncio de una política y su efectiva realización. 
En el mes de noviembre pasado, y también en el informe de primavera, subrayé los peligros de una divergencia entre las declaraciones políticas y las actuaciones concretas. 
En realidad, mi gran temor es continuar generando nuevas expectativas en nuestros ciudadanos para después no cumplirlas. 
Para acercar realmente Europa a los ciudadanos hay que tomar decisiones y actuar. 
Hoy estoy contento de que en Barcelona hayamos definido un programa de trabajo con un calendario claro para los próximos años. 
Este programa de trabajo ha sido marcado y recordado por el Presidente Aznar. 
Señor Presidente, ahora quisiera centrarme muy brevemente en algunos puntos relevantes. 
En Barcelona, en efecto, hemos fijado una fecha para la apertura de los mercados de la energía eléctrica y del gas. 
Éste era un proyecto que estaba bloqueado hacía meses y que impedía a las empresas europeas beneficiarse de las bajadas de los costes y, por lo tanto, de los aumentos de la productividad. 
A finales de 2004, a más tardar, los usuarios no domésticos podrán elegir libremente a sus proveedores. 
Sin embargo, también hay que decir que la apertura estará sujeta a regulación para garantizar el servicio público. 
De hecho, esta Comisión ya tuvo la ocasión de mostrar su especial sensibilidad hacia la necesidad, mejor dicho, la obligación de conciliar las exigencias de la competencia y de la productividad con las exigencias ligadas a los servicios de interés general. 
Barcelona, además, ha vuelto a reconducir y ha dado un nuevo impulso al proyecto Galileo. 
Galileo ha sido un resultado inesperado y es un paso adelante muy importante con implicaciones políticas y económicas de gran relevancia. 
Además de esto, quisiera subrayar asimismo la gran meta alcanzada en lo que a la apertura de los mercados financieros se refiere. 
El Consejo ha confirmado el compromiso de llevar a término el plan de acción para los servicios financieros e integrar los mercados plenamente. 
Esto significa que en el año 2003, a más tardar, se integrarán los mercados de los valores inmobiliarios y de capitales de riesgo y dentro de 2005 los mercados de los servicios financieros. 
Esta decisión no se ha de infravalorar en absoluto, aunque quizás en la prensa haya acaparado menos espacio que la decisión sobre el mercado de la electricidad; sin embargo, en términos de consecuencias económicas, es una decisión mucho más importante, si cabe, porque el mercado de capitales integrado a escala europea y con una moneda única ofrecerá a los consumidores y a los inversores extraordinarias ventajas. 
En la preparación del Consejo de Barcelona se han hecho asimismo progresos de cara a consolidar la interconexión de las redes europeas de telecomunicaciones y de energía eléctrica. 
Pese al aparente tecnicismo de este tema, hay que aclarar que esto permitirá una mayor integración de los mercados y una mayor productividad de la industria europea. 
Por último, se ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo plan de acción e-Europe 2005 que refuerza nuestra estrategia dirigida a permitir la difusión de las nuevas tecnologías en sectores como el comercio, los servicios sanitarios y la administración pública. 
Además, el Consejo ha acordado una mejor coordinación de las políticas económicas, sobre todo en lo que a la zona euro se refiere. 
Por lo tanto, los resultados alcanzados son unos grandes resultados y no debemos infravalorarlos. 
En efecto, no podemos seguir dando por descontado los éxitos y centrarnos sólo en los retrasos y en los incumplimientos. 
El Consejo de Primavera se ha convertido en un momento político importante para hacer balance y relanzar el proceso en curso. 
Una parte crucial de este proceso es la coordinación de las políticas económicas. 
Como he resaltado en muchas ocasiones, ha llegado el momento de capitalizar el éxito extraordinario de la implantación del euro. 
Después del euro es necesario no escatimar esfuerzos desde el punto de vista político y dirigir nuestra atención a la cuestión de cómo definir y llevar a cabo una política económica para la zona euro a través de una coordinación reforzada de las políticas económicas de los Estados miembros. 
En particular, es preciso actuar a través de un conjunto de principios consensuales y de reglas que rigen la política presupuestaria de los Estados miembros. 
Me satisface que el Consejo Europeo haya respaldado este concepto que da coherencia y previsibilidad a las políticas presupuestarias estructurales. 
Esto demuestra que los Consejos de Primavera han asumido la responsabilidad de ofrecer una guía política a este proceso formativo de la gobernancia de la economía europea. 
Los Consejos de Primavera están asimismo preparados para desempeñar su papel y para pasar revista anualmente a esta estrategia económica general. 
De este modo se refuerza la base económica que sostiene el euro y se crea un círculo virtuoso entre la vertiente monetaria y la vertiente de la economía real. 
Señor Presidente, en Barcelona hemos dado un fuerte impulso a las reformas económicas que habían sufrido retrasos respecto al calendario previsto, pero no hemos subordinado nuestra dimensión social a esos objetivos. 
Los temas como la creación de puestos de trabajo, la creación de las condiciones para seguir siendo competitivos en el mercado laboral y la cuestión medioambiental han revestido mucha importancia para nosotros. 
Por otra parte, como recalcamos en el informe de primavera, el hecho de haber optado por centrarnos en algunas prioridades no supone en absoluto que nos hayamos olvidado de otras. 
Debemos mantener el ritmo en todos los sectores porque, como bien sabemos, el enfoque integrado es de capital importancia para alcanzar el objetivo final. 
En consecuencia, el esfuerzo es doble: actuar enseguida para dar seguimiento a lo conseguido en Barcelona y proseguir en nuestra batalla para alcanzar los demás objetivos de nuestra estrategia. 
En realidad, no se trata de un juego sin resultados, sino de un juego con resultado positivo. 
En nuestras decisiones políticas, primar un elemento no significa perjudicar a otro. 
Por lo tanto, continuaremos asociando los aspectos sociales y medioambientales con nuestras decisiones políticas de carácter general. 
Evidentemente, tendrán que seguir otras iniciativas, pues nunca debemos olvidar que estamos comprometidos en una estrategia a diez años vista. 
Nuestros resultados se deberán medir al final de la década y no debemos perder de vista esta perspectiva. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo Europeo, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, hemos tenido noticia con profunda aflicción y rechazo del asesinato de Marco Biagi y queremos compartir nuestro dolor con su familia. 
Nuestro Grupo dice a todos los terroristas en Europa y en el mundo: ¡nunca cederemos ante vosotros! 
Quien ceda ante ellos cuestiona nuestro orden democrático. 
Vamos a combatir con decisión el terrorismo en Europa y en el mundo con todos los medios democráticos y de Estado de derecho. 
Quiero expresar mi agradecimiento al Presidente del Parlamento, Pat Cox, por las propuestas muy prácticas y políticas que ha presentado al Consejo Europeo. 
Creo que ha sido una buena base para el debate. 
El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión, a quien deseamos un buen viaje a Italia para ver a su amigo asesinado y a su familia, han expresado lo mucho que le agradecemos por su aportación. 
Pero también quiero decir unas palabras de reconocimiento al Presidente del Consejo Europeo y alabar también su responsabilidad porque en el período de la Presidencia española va a venir tres veces al Parlamento Europeo. 
Hoy ha sido la segunda vez. 
Creo que es un buen ejemplo para las posteriores Presidencias. 
La cumbre de Barcelona es una cumbre que enjuiciamos básicamente de modo positivo aunque, naturalmente, quedan abiertos muchos deseos. 
Lo interesante es el lenguaje. 
Señor Presidente del Consejo Europeo, el Consejo Europeo insta- al Parlamento y al Consejo- a abrir el mercado de la energía en un plazo determinado para las empresas proveedoras. 
Nos habría gustado si el Consejo Europeo nos hubiese instado también a abrir el mercado europeo de la energía a las consumidoras y consumidores pues estaríamos gustosamente dispuestos a ello. 
La indecisión del Consejo, que se debe a un país miembro- y sé que el Presidente del Consejo Europeo no ha escatimado esfuerzos- oculta esta actitud negativa en la mencionada exigencia al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo. 
Queríamos algo más. 
Le felicitamos encarecidamente por su decisión, señor Presidente del Consejo Europeo. 
Es de importancia estratégica para Europa. 
Me alegra que se hayan podido superar las resistencias tanto políticas como de carácter financiero. 
También tomamos nota con satisfacción de que usted está a favor de la estabilidad y que desea para todos los Estados miembros de la Unión Europea un presupuesto prácticamente equilibrado hasta el año 2004. 
Pero aún habríamos deseado mucho más si el Consejo Europeo en Barcelona hubiese podido afirmar que saluda la actitud de la Comisión de enviar a dos Estados miembros de la Unión Europea la llamada carta azul que después- como todos sabemos- fue detenida por los ministros de Hacienda debido a un comportamiento determinado de un Estado miembro. 
Desearíamos que esta declaración positiva sobre un presupuesto prácticamente equilibrado experimentase también en el futuro una aplicación práctica apoyando a la Comisión en sus esfuerzos de estabilidad frente a los países miembros de la Unión Europea. 
El Consejo Europeo gozará de credibilidad cuando los ministros de Hacienda actúen también del modo correspondiente en las medidas concretas. 
Señor Presidente del Consejo Europeo, saludamos en gran medida que la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno haya pronunciado unas claras palabras respecto al Cercano Oriente. 
Estamos decididamente a favor de que los palestinos obtengan con dignidad un Estado y también de que Israel pueda vivir dentro de fronteras seguras. 
Pero tenemos que combatir el terrorismo en ambos lados. 
No nos parece correcto- y me alegro que se haya referido a ello- que se mantenga al Presidente de la Autoridad Palestina, Jassir Arafat, bajo arresto domiciliario siendo hoy cuestionable que pueda participar en la cumbre árabe. 
Hemos acordado invitar a Jassir Arafat y a Simon Peres al Parlamento Europeo. 
Queremos tener la libertad de invitar a estas personalidades y también tenemos que estar seguros de que puedan retornar de nuevo a sus casas. 
(Aplausos de la derecha) 
Permítanme referirme aún a dos aspectos que van más allá de Barcelona. 
Primero: la reforma del Consejo. 
Señor Presidente del Consejo Europeo, usted ha dicho en enero que está a favor de un grupo de trabajo institucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento y tenemos declaraciones suyas de que esto va a ocurrir realmente. 
Tenemos informaciones por las que esto se quiere impedir en un plano determinado, no en el plano político. 
Queremos alentarle a llevar a cabo este grupo de trabajo institucional en el plano político de modo que el Presidente del Parlamento Europeo esté representado por un miembro del Parlamento y se llegue así en Sevilla a unos resultados positivos. 
Si llegamos en Sevilla a unos resultados positivos, será en honor de la Presidencia española y también suyo propio. 
Esto es ventajoso para todos. 
Bajo su Presidencia tendrá lugar el 21 y 22 de abril en Valencia una conferencia sobre el diálogo en el Mediterráneo y supongo que aparte del ministro de Asuntos Exteriores, usted estará también presente. 
Acabo de regresar de Argelia y mi impresión es que a pesar de que tenemos que mirar hacia el Este, hacia los países candidatos, también tenemos que hacerlo hacia el sur, pues los acontecimientos en algunos países de la zona sur del Mediterráneo son tan dramáticos que tenemos que dar una importancia política central a esta zona. 
No debemos conformarnos con declaraciones políticas teóricas sino que necesitamos una amplia cooperación en la economía, en el sector financiero y también entre los pueblos afectados. 
Quiero alentarle a que conceda una gran atención al proceso de Barcelona en el sentido del diálogo del Mediterráneo. 
Nuestro Grupo estará a su lado. Le deseamos mucho éxito para la segunda mitad de su Presidencia. 
Si en esta tarea nos escucha algo así como a la Comisión, entonces estoy totalmente seguro de que será una Presidencia de gran éxito. 
¡Deseo este gran éxito a la Presidencia española! 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, ante todo deseo en nombre del Grupo Socialista expresar nuestra solidaridad y nuestro dolor, asociados al pronunciamiento del Parlamento Europeo, con motivo del asesinato del Profesor Biagi, señalando que el terrorismo no podrá con nosotros y, además, que condenamos absolutamente la cobardía y la impunidad que, desgraciadamente, siguen vigentes en contra de la idea de la libertad y de la causa europea. 
En relación con la Cumbre de Barcelona, señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo voy a empezar por donde usted ha acabado. 
Creo que la Cumbre de Barcelona, además de hacer de la Ciudad Condal una capital abierta y cosmopolita de Europa, ha demostrado algo que desmiente una crítica que solemos hacer: se dice siempre que los ciudadanos no se interesan por lo que hacemos. 
Han demostrado que eso no es cierto con el euro y lo han demostrado en Barcelona. 
Cientos de miles de personas se han manifestado pacíficamente en Barcelona, y eso demuestra que lo que hacemos en la Unión Europea les interesa, y también demuestra otra cosa: que no hace falta suspender el Acuerdo de Schengen, porque la gente sabe comportarse con corrección y debidamente. 
Pasando al contenido de la Cumbre, creo que el Consejo de Barcelona ha conseguido encarrilar de nuevo el proceso de Lisboa y dado, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que usted es el maquinista en este momento del tren del Consejo, tengo que señalar que en mi Grupo había una enorme preocupación por el riesgo manifiesto de que todo el convoy descarrilara a partir de la manifestación que usted mismo hizo diciendo que se enfrentaba con la mayoría socialista del Consejo de cara a la Cumbre de Barcelona. 
Creo que el colocar el proceso de una manera equilibrada nos ayuda a todos en un proceso que debe mantener el equilibrio entre el crecimiento y la protección social para garantizar el pleno empleo y el desarrollo sostenible. 
Y para nosotros, la combinación de políticas es muy importante. 
Creemos que la liberalización, que es una desregulación regulada, tiene sentido si ofrece mejores servicios y a mejor precio. Pero necesita- y está en las conclusiones del Consejo- una mejor regulación y vigilancia. 
Necesita que los monopolios públicos no se vean reemplazados por monopolios privados y, sobre todo, necesita- y me dirijo a la Comisión- que se haga realidad la propuesta de una Directiva marco que garantice los servicios de interés general. 
(Aplausos) 
Eso es absolutamente fundamental desde nuestro punto de vista. 
En cuanto al pacto de estabilidad y crecimiento, estamos a favor del crecimiento. 
Ahora bien, ¿por qué no revisan ustedes ese pacto? 
Yo nunca he entendido- y creo que la gente tampoco lo entiende- que, si un país tiene un déficit que se acerca al 3%, haya que ponerle una multa. 
Lo único que se hará es crearle más dificultades. 
Por lo tanto, un pacto que nació bajo la inspiración de los conservadores alemanes necesita una cierta revisión para tener una mejor lógica. 
(Aplausos) 
Y dicho esto, señor Presidente, en relación con el mercado de trabajo, creo que también hay que hacer reformas, pero llamo la atención sobre la situación de la Directiva sobre la regulación del tiempo de trabajo, llamo la atención también sobre un hecho positivo, que es la red de guarderías infantiles, y creo que hay que considerar el tema de la edad de jubilación en relación con la maduración demográfica de Europa. 
Y para concluir, señor Presidente, dos cosas: la primera es el apoyo firme a la Declaración sobre Oriente Medio, y la segunda es que mi Grupo no comprende por qué el ECOFIN puede más que el Consejo Europeo en relación con la creación de un Banco Euromediterráneo. 
Creo que el ECOFIN tiene que subordinarse al Consejo Europeo y no al revés? 
(Aplausos) 
? 
Y luego, le pido al Presidente que lleve el mensaje de que empezamos a recuperar nuestra ayuda- y lo tomamos en serio- de cara a Monterrey. 
Y una última cuestión, señor Presidente, usted ha ofrecido una rama de olivo al Consejo con un diálogo práctico y pragmático. 
Vamos a convertirlo en realidad. 
El Presidente Aznar se comprometió en enero aquí a un acuerdo interinstitucional sobre la mejor regulación y la legislación europea. 
Yo no veo en las conclusiones de la Cumbre de Barcelona este punto. 
Hay una alusión al fantasmagórico informe Mandelkern en el apartado 19 y se nos pide, en el apartado 35, que aprobemos ocho directivas de golpe sobre la liberalización de los servicios financieros. 
¿Por qué no nos sentamos de verdad y hacemos un acuerdo interinstitucional para mejorar la legislación europea? 
Nosotros estamos dispuestos, la palabra la tiene el Consejo. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a los sentimientos de los oradores anteriores respecto del Sr. Marco Biagi. 
Señor Presidente, lo felicito por el éxito de su primer Cumbre como Presidente de esta Asamblea. 
Se propuso usted afianzar este Parlamento como un socio creíble y fiable en el diálogo interinstitucional y demostrar que el Parlamento, por su parte, ha colmado el "desfase en la ejecución" como lo llamó el Sr. Prodi. 
Lo ha logrado usted admirablemente en ambos sentidos. 
Señor Presidente en ejercicio, los liberales demócratas acogemos con beneplácito varios logros sólidos de Barcelona. 
El aumento de la ayuda para el desarrollo de Ultramar a una media de la UE de 0,39 por ciento del producto interior bruto es un paso positivo. 
Si la Unión puede más adelante alcanzar la meta del 0,7 por ciento del producto interior bruto, fijada por las NN.UU, dejaremos de privar a los pobres de 100.000 millones de euros al año en asistencia para el desarrollo. 
También aplaudimos la insistencia de la Cumbre en que no haya desfase entre los salarios y el trabajo realizado y en reducir la carga fiscal de los peor pagados y el acuerdo sobre la directiva relativa al impuesto sobre la energía. 
Necesitamos más crecimiento económico, pero no a expensas de nuestro medio ambiente natural, que debemos legar a las generaciones futuras. 
Sobre el Oriente Medio, acogemos con beneplácito la declaración hecha por el Consejo Europeo. 
Instamos a los israelíes y a los palestinos a que inicien nuevas conversaciones basadas en la Resolución 1397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acepten observadores internacionales, respeten el Convenio de Ginebra y renuncien al terrorismo y la violencia indiscriminada. 
También quisiera felicitar al Alto Representante, Sr. Solana, por el acuerdo para el que hizo de mediador entre Serbia y Montenegro: una auténtica primicia diplomática de la Unión Europea. 
El Primer Ministro británico, Tony Blair, calificó la Cumbre de Barcelona de ocasión "decisiva para bien o para mal". 
Ahora puede que lamente esa hipérbole, porque, aunque la Cumbre de Barcelona representa indudablemente un paso adelante en la vía de la reforma económica, está claro que será una vía larga y tortuosa. 
Debemos velar por que el desfase en la ejecución a que se refirió el Sr. Prodi no pase a ser un desfase de credibilidad por la incapacidad del Consejo para alcanzar la multitud de metas que fija en cada una de las Cumbres. 
Un ejemplo de ese desfase de credibilidad es el acuerdo parcial sobre la liberalización de la energía. 
¿Qué crédito tendrá, a ojos de nuestros ciudadanos, si les denegamos los beneficios que entraña una mayor posibilidad de elección y precios más baratos de la energía? 
Instamos al Consejo a que apoye el llamamiento del Parlamento en pro de una segunda fase de la liberalización de la energía, en la que se incluya a los consumidores domésticos, en 2005, a más tardar. 
El crédito de la UE está también en juego en relación con los servicios financieros. 
La directiva relativa a los fondos de pensiones ha permanecido bloqueada en el Consejo, desde que fue aprobada por el Parlamento en nuestra primera lectura en julio del año pasado. 
Se trata de un primer ejemplo de un desfase en la ejecución que el Parlamento ha colmado, pero que requiere algo más que buenas palabras por parte del Consejo. 
El Consejo tiene también otras aspiraciones ambiciosas, tales como el logro del acuerdo sobre la patente europea en mayo, a más tardar, y el marco para los contratos públicos. 
Para que no resulte socavada la credibilidad de esas Cumbres económicas de primavera, los Primeros Ministros deben dedicarse a acuciar a sus ministerios nacionales para que logren avances respecto de esas cuestiones. 
Señor Presidente en ejercicio, no se logrará colmar el desfase entre la Unión Europea y sus ciudadanos suspendiendo los derechos de las personas a la libre circulación, en particular si dichas personas desean ejercer sus derechos democráticos para expresar sus opiniones como protesta. 
Además, para acercar más la UE a sus ciudadanos, hacen falta avances en materia de transparencia. 
El párrafo 51 de las conclusiones pide que se vele por una mayor transparencia del proceso legislativo. 
Sin embargo, no establece medidas concretas antes de junio y, además, el informe del Secretario General al Consejo limita los documentos a los que se aplicará la transparencia a los instrumentos legislativos aprobados por codecisión, lo que constituye una violación del reglamento sobre el acceso a los documentos que aprobamos el año pasado y en el que figura una definición mucho más amplia de documentos legislativos. 
Ya llevan ustedes cuatro meses de retraso en su aplicación. 
Les pedimos que lo hagan. 
Por último, en el párrafo 20, las conclusiones del Consejo disponen la creación de un grupo de sabios. 
Me pregunto si, en un momento en que reconocen ustedes la importancia de la participación de las mujeres en la fuerza laboral y expresan preocupación por el bienestar de las mujeres de Nigeria, no deberían hablar, al menos en este tercer milenio, de un grupo de personas sabias. 
Señor Presidente, quisiera ante todo sumarme, junto con mi Grupo, al homenaje a Marco Biagi que, después de Ezio Tarantelli y Massimo D ' Antona, es el tercer especialista más importante en Derecho laboral asesinado en estos años. 
Estos hombres buscaban vías para reforzar y restablecer el diálogo y la cohesión sociales y esto es, hoy por hoy, el enemigo de los terroristas y creo que hoy, al debatir los resultados de Barcelona, no lo podemos olvidar. 
El Consejo Europeo de Barcelona ha confirmado, según mi Grupo, una tendencia que impera hace tiempo, o sea, la incapacidad de este tipo de reuniones de abordar temas importantes y de dar orientaciones generales coherentes. 
Pienso, por ejemplo, en el extraño silencio sobre Irak y en el cuasi silencio sobre la estrategia para el desarrollo sostenible. 
Por el contrario, existe este creciente gusto por ocuparse de asuntos que no competen directamente al Consejo Europeo como, por ejemplo, el número de ordenadores para los alumnos de los colegios que la Unión Europea deberá tener en los próximos años. 
Esto es grave, pues contribuye a aumentar la confusión en el ciudadano que en esas conclusiones no alcanza a percibir la diferencia entre qué se convertirá en decisiones a escala nacional y qué representa una orientación concreta para las Instituciones de la Unión, en particular para el Consejo de Ministros, y qué, por el contrario, tiene un valor meramente declamatorio y, por lo general, se olvidará en la próxima Cumbre o durante la Presidencia siguiente. 
Debo decir que también nosotros nos confundimos cuando en Gotemburgo nos alegramos de que por fin se hubiese entendido que no existe una vía sostenible de desarrollo y de bienestar sin un enfoque integrado que tenga en cuenta los aspectos social y medioambiental, además de los económicos. 
A excepción de esa pequeña parte en que se habla de desarrollo sostenible, de medio ambiente se habla una sola vez en las conclusiones. 
Estoy convencida de que, a pesar del clima y del espíritu positivo de Barcelona, no ha habido una visión de conjunto respecto a cómo hay que llevar adelante las reformas económicas para alcanzar los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo. 
Y de esto creo que los 500.000 manifestantes estaban perfectamente al corriente. 
Ahora quisiera decir algo respecto al tema de la liberalización, porque me gustaría que, por una vez, nos librásemos de una ideología estándar y que nos diéramos cuenta de que hay problemas que están aún por resolver. 
El abuso de posición dominante y la distorsión de los mercados en favor de la energía nuclear son, hoy por hoy, nuestros problemas principales. 
En efecto, sabemos perfectamente que las empresas públicas como EDF, EON y RVE están distorsionando el mercado comprando otras empresas europeas con los fondos reservados al tratamiento de los residuos nucleares y al desmantelamiento de las centrales. 
Por otra parte, el aumento de las interconexiones entre España y Francia en un 10% no cambiará nada en absoluto respecto a la posición dominante de Endesa y de Iberdrola, y por lo tanto, casi no supondrá ningún cambio para los consumidores. 
Quisiera terminar formulando dos preguntas concretas al Presidente Aznar, si me está escuchando, acerca de la cuestión de Oriente Próximo. 
Quisiera saber por qué en el proyecto de resolución sobre Oriente Próximo había una referencia al IV Protocolo de Ginebra relativo al trato de los civiles en tiempos de guerra, y por qué en la versión final de estas conclusiones se ha eliminado dicha referencia. 
Me gustaría saber porqué y creo que saberlo será importante también para todo nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, me uno a su declaración inicial para expresar a mi vez una condena sin reservas del innoble acto terrorista que acaba de enlutar Italia. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señora Vicepresidenta de la Comisión, en cierto modo, las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona dicen más del estado de la Unión que el mejor discurso sobre el tema. 
La cumbre de primavera de los jefes de Estado y de gobierno de los Quince insiste en principio cada año sobre la dimensión social de la construcción europea. 
Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la aportación de Barcelona? 
Habló usted, Señor Presidente del Consejo, de la decisión de retrasar en cinco años la edad efectiva de la jubilación, o bien del solemne compromiso de respetar el pacto de estabilidad, es decir, la limitación del gasto público y social y la moderación salarial. 
También se consideró la flexibilización, es decir, la precarización, del mercado de trabajo. 
¿Acaso piensa usted que nuestros conciudadanos se sienten identificados con este enfoque? 
¿Cuál es, Señor Presidente del Consejo, su valoración de los progresos realizados desde la cumbre de Lisboa hace dos años, con respecto al pleno empleo anunciado en aquel entonces para 2010? 
¿Acaso se ha vencido al paro y acabado con la pobreza? 
¿Por qué no ha citado las cifras que la misma Comisión ha publicado al respecto, como por ejemplo que ' 60 millones de personas que viven en el umbral de la pobreza en los Estados miembros después de las transferencias sociales?? 
¿Qué conclusiones saca de esto? 
¿Dónde está la realización de la agenda social adoptada en Niza? 
Me gustaría oír respuestas que vayan más allá de aquellas tan generales que figuran en las conclusiones de la cumbre. 
Mi segunda observación se refiere a la cuestión de los servicios de interés general. 
Hemos tomado buena nota de la petición que se ha hecho a la Comisión para elaborar una propuesta de directiva-marco al respecto. 
Seguimos muy de cerca el contenido, el alcance efectivo de este texto. 
Dicho esto, Señor Presidente, el Parlamento europeo pidió el 13 de noviembre pasado que se realizara ' rápidamente una evaluación precisa y comparativa del impacto real de la política de liberalización de los servicios de interés general antes de comprometer nuevas etapas de la liberalización?. 
¿Dónde esta dicho estudio? 
No se ha realizado y sin embargo ha impulsado el proceso de liberalización. 
¿Acaso debemos concluir que no le importan en absoluto las peticiones expresas de los elegidos y de los ciudadanos europeos? 
Limitándome al sector de la electricidad, ¿no saca usted ninguna enseñanza del fiasco de California o de la quiebra de Enron? 
O mejor aún, en su propio país, en España, operan cinco compañías, todas privadas. 
La que controla la región de Barcelona, precisamente, ha sido incapaz de asegurar el suministro a sus clientes y Cataluña se ha visto sumida en la oscuridad en el mes de diciembre pasado. 
El presidente de otra compañía española ha avisado, en sus propias palabras que ' cabía esperar algo peor en el futuro?. 
Y para rizar el rizo, su gobierno va a cederles 7.800 millones de euros pagados por los contribuyentes españoles para ayudarles a prepararse a una desregularización aún más avanzada. 
¿Es verdad o mentira, señor Presidente del Consejo? 
¿Acaso es ese el modelo que se piensa en generalizar para que la Unión europea sea la zona más competitiva y dinámica del mundo, retomando los términos pomposos y algo presuntuosos que ahora están tan en boga en nuestras instituciones? 
Además, hubo, antes, durante y después de la cumbre de Barcelona lo que El País tituló con razón la más importante manifestación a favor de otra globalización. 
Y, esto soy yo quien precisa, a pesar de las inadmisibles limitaciones que ha impuesto a la libre circulación de cientos de ciudadanos europeos. 
¿De qué forma, Señor Presidente, ha considerado este clamor sin precedentes que surge en nuestras respectivas sociedades frente a los principales responsables políticos europeos? 
¿En verdad, el lema de la Unión europea en Barcelona cabe en las tres palabras con las que ha definido usted mismo sus ideas en una reciente conferencia en El Escorial? , y aquí le citaré: ' liberalización, privatización, competencia?. 
Algo que haría soñar a un hombre de negocios o a un accionista, pero seguramente no a la mayoría de nuestros conciudadanos. 
Porque somos unos cuantos los que queremos creer en otra ambición europea, que ofrezca al mundo una perspectiva alternativa a la lógica liberal, predadora, despiadada que estructura a la actual globalización. 
Somos, mi Grupo y otros muchos, parte implicada de las movilizaciones ciudadanas, asociativas, sindicales que forman el nuevo desafío de todo el periodo. 
Señor Presidente, después de la Cumbre de Barcelona dos sucesos han sacudido no solo a Italia sino, por su gravedad, también a Europa. 
El asesinato del profesor Marco Biagi vuelve a situar en el centro del debate el problema del terrorismo. 
El mortal y trágico atentado tuvo lugar el día en el que se publicó su artículo en el importante diario económico Il Sole-24 Ore, en el cual el Sr. Biagi analizaba con mucha lucidez lo muy necesario que es para toda Europa y para Italia acometer rápidamente unas reformas que permitan por fin relanzar el empleo y liberalizar el mercado laboral con el fin de luchar contra esa lacra que desde hace años atormenta a todos los quince Estados miembros: los millones de parados y los nuevos pobres. 
Debemos enfrentarnos con energía y lucidez al fenómeno del terrorismo que golpea matando a miles de personas como en Nueva York y que aniquila selectivamente a sus víctimas y pone en grave peligro no solo las reformas, sino la misma democracia. 
Las medidas de Barcelona, al igual que muchas señales lanzadas por la Presidencia española en pos de una cada vez mayor integración y un mayor desarrollo de los sistemas de información y de lucha contra el terrorismo, tienen que impulsarse sin demora, mientras reiteramos que, a pesar de que se ha acabado con la vida del profesor Biagi, sus ideas y sus proyectos de reforma seguirán avanzando con nosotros. 
La segunda tragedia es el desembarco de casi 1000 kurdos, entre los cuales había 360 niños que los adultos usaban como escudos, y la presencia de otros barcos que están a punto de arribar a territorio italiano, europeo: otros miles de desesperados entre los cuales se esconden, aprovechando este éxodo epocal, también terroristas y delincuentes comunes. 
Estos desembarcos vuelven a poner sobre la mesa una vez más y con fuerza el histórico problema de una emigración cuyas causas no sólo se han de achacar a la pobreza, sino también a la connivencia de los Gobiernos de algunos países y las condiciones inhumanas de vida de algunos regímenes que hacen vivir a sus pueblos inhumanamente, así como la necesidad de definir nuevas estrategias y nuevos modos de entender la cooperación. 
En efecto, no puede haber cooperación con quien no controla sus fronteras o viola cualesquiera derechos humanos y civiles. 
La Comisión y el Consejo tienen que garantizar la máxima prioridad al diálogo euromediterráneo, al objeto de fomentar el crecimiento, el empleo y las estructuras socioeconómicas más compatibles con la economía de mercado. 
Creemos que es insuficiente recurrir a un instrumento financiero limitado como el Fondo euromediterráneo de inversiones, mientras que, por el contrario, es indispensable crear un verdadero Banco del Mediterráneo dotado de autonomía y de recursos. 
Asimismo reafirmamos la urgencia de lanzar el proyecto de estabilización de los Balcanes occidentales, una región clave para la seguridad y la paz. 
Pedimos que se cumplan los compromisos contraídos en el año 2000 en Feira por el Consejo Europeo, también con vistas a las adhesiones. 
Recalcamos la existencia de cuellos de botella en las redes de transporte en algunas regiones, como las del sistema alpino, unos cuellos de botella que, hoy por hoy, no permiten la libre circulación y distorsionan el funcionamiento del mercado interior. 
Desde hace demasiado tiempo estamos acostumbrados a oír intenciones optimistas y previsiones tranquilizadoras después de cada Cumbre. 
Actualmente se dan las condiciones para materializar las mejores intenciones. 
No quisiéramos que, como suele ocurrir, el optimismo se reduzca por norma al pesimismo y que de este modo la realidad contradiga las previsiones. 
Deseamos al Gobierno español que reúne todos los requisitos para dar una respuesta a estas urgencias que haga realidad, lo mismo que todos nosotros, lo que deseamos, lo que desean los ciudadanos, o sea, libertad y justicia, democracia y progreso compatible con la dignidad del ser humano. 
Señor Presidente, la Cumbre ha creado ahora un grupo de trabajo que debe dar a luz reformas del trabajo del Consejo, lo cual es muy necesario. 
Actualmente el 70% de todas las leyes comunitarias son aprobadas por funcionarios en los grupos de trabajo del Consejo, un 15% adicional es aprobado por los lugartenientes de los embajadores en Coreper y el 15% restante llega al Consejo de Ministros. 
No dispongo de porcentajes sobre qué ven los ministros, sin embargo, sé que el poder legislativo pertenece a electores y elegidos pero que en la UE éste ha sido conquistado por los funcionarios y sus ministros cambiantes. 
Podríamos relevar a nuestros propios ministros, pero nunca podremos votar nuevas leyes. 
Si una ley funciona mal, sólo puede ser modificada si conseguimos que la Comisión presente una propuesta y sea aprobada como norma con 62 votos de los 87 posibles detrás de las puertas cerradas del Consejo. 
El Parlamento Europeo puede, con mayoría absoluta, presentar enmiendas y rechazar una ley según el procedimiento de conciliación, sin embargo, el Parlamento Europeo no ha conseguido el poder legislativo que han perdido los electores y nuestros elegidos en los países miembros. 
Seguimos encontrándonos con un creciente déficit democrático. 
Quiero proponer que cualquier ley comunitaria sea tramitada paralelamente por los parlamentos nacionales. 
Es en éstos donde la población puede hacer un seguimiento de aquéllas; es en éstos donde comienza la democracia. 
La próxima reforma es abrir el debate en el Consejo a la opinión pública. 
Las negociaciones sobre las leyes deben ser públicas, al igual que en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo. 
Asimismo se debe permitir el acceso del público a las votaciones. 
Los elegidos deben tener acceso a todos los documentos de los grupos de trabajo del Consejo y, por qué no a examinar las propuestas del Defensor del Pueblo sobre la reforma administrativa. 
Durante las negociaciones sobre el Reglamento relativo al acceso del público, Alemania, Francia y España fueron los tres mayores opositores a una mayor transparencia. 
Ahora el Sr. Aznar López tiene la oportunidad de dar a España otra imagen. 
Ésta podría ser la Cumbre de junio en Sevilla, que pasará a la historia como el lugar en el que la UE se abrió de veras a sus ciudadanos. 
Espero que también sea el lugar en el que se acabe de una vez por todas con los intentos de los países grandes por conquistar la Presidencia de la UE. 
No deben crearse presidencias de grupo en las que cada uno de los cinco países grandes incluya cuatro o cinco estados pequeños en una presidencia de grupo- se corre el riesgo de que el país grande tome la parte del león. 
Los países pequeños deben poder también representar la política exterior y de seguridad común de puertas afuera. 
Debemos aparecer como una cooperación entre países independientes- no como un nuevo estado. 
Si los países grandes quieren presentarse juntos, pueden agruparse en un estado común. 
No pueden utilizar las instituciones comunitarias para marginar a los países miembros más pequeños. 
Señor Presidente, en su último artículo publicado ayer en Il Sole-24 Ore el profesor Marco Biagi escribía sobre los resultados de la Cumbre de Barcelona y pedía que se prestara más oídos a las peticiones de reforma del mercado laboral del Consejo en los Estados miembros, y en particular en Italia. 
Fue asesinado por sus ideas sobre la flexibilidad del mercado laboral y sobre la reforma de la seguridad social y por su contribución a los Gobiernos para que estas ideas se convirtieran en realidad. 
Es preciso responder a la violencia recurriendo rigurosa y apasionadamente a la democracia, a sus reglas, a su dialéctica y a su capacidad de crear contrastes y enfrentamientos, incluso agrios, de manera no violenta. 
Sin embargo, no puedo dejar de denunciar que en estos días en Italia algunas personas que ocupan puestos de gran responsabilidad y de gran repercusión mediática, a propósito de las reformas promovidas por las Instituciones europeas y firmemente respaldadas por Marco Biagi, han hablado cínica y demagógicamente de falta de civismo, de barbarie y de violación de los derechos fundamentales. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, existe el riesgo de que Lisboa se convierta en un eslogan perfecto para todas las ocasiones; por no decir que quizás sería mejor dejar de mencionar que hace dos años los líderes europeos decidieron que en diez años la economía europea se convertiría en la mejor y la más innovadora del mundo, como si los líderes que los habían precedido hubieran querido conseguir lo contrario. 
Creo que es preciso debatir única y exclusivamente las reformas y los objetivos que se consiguen o no se consiguen. 
No quiero restar importancia a las decisiones que se han tomado en la Cumbre de Barcelona; sin embargo, creo que fijar nuevas prioridades, nuevos objetivos, sigue siendo un riesgo, mientras no demos pasos adelante concretos y firmes en lo que nos habíamos propuesto hacer. 
Me refiero, por ejemplo, al tema de la liberalización de la energía eléctrica. 
Estamos satisfechos de que se haya avanzado; sin embargo, lo primero que debemos lamentar es lo que no se ha conseguido, o sea, la plena liberalización también para los usuarios domésticos. 
Por esto, creo que debemos decir que en Barcelona quizás se ha alcanzado el mejor resultado posible, pero que dicho resultado es insatisfactorio si nuestro objetivo es ver a Europa competir en los mercados internacionales, en primer lugar con los Estados Unidos. 
Es necesario hacer más, es preciso acelerar en las reformas. 
En lo que respecta a la coordinación de las políticas económicas, de la que ha hablado el Presidente Prodi, quiero recordar a todas sus Señorías y al Presidente del Consejo que Europa no necesita tanto políticas económicas coordinadas cuanto buenas políticas económicas y, como nos enseña la historia, no siempre ambas cosas van juntas. 
. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados. 
Quiero agradecer a los distintos portavoces que han intervenido sus comentarios y aportaciones al debate sobre las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona. 
Me parece importante hacer una referencia previa a una cuestión que ha sido citada por todos ustedes; la lucha contra el terrorismo, que saben que, efectivamente, es la prioridad fundamental en este momento, como ya lo ha manifestado la Presidencia española; démosle la prioridad de las prioridades. 
He tenido la oportunidad de decir en alguna ocasión, a raíz de las decisiones que se adoptaron el 11 de septiembre, que la Unión Europea ha sabido estar a la altura de las circunstancias cuando ha tenido que responder, en lo que respecta a los avances en la lucha contra el terrorismo. 
Creo que en ese punto se ha avanzado de una manera extraordinaria, cabría decir, incluso, que impensable hace pocos meses, y quiero recordar que, evidentemente, y por desgracia, no es a la Presidencia española a la que hay que estimular para adoptar medidas para combatir el terrorismo, sino que éste justamente debe ser un esfuerzo sostenido por parte de todos, muy activo por parte de todos, con plena comprensión a quien lo sufre y se produzca contra quien se produzca, sin ninguna justificación nunca. 
Hay que saber que todos los terrorismos son iguales, que todos deben ser combatidos y que no tienen que tener más destino que ser derrotados y erradicados definitivamente. 
Para ello contamos con instrumentos suficientes que se perfeccionarán si resulta necesario. 
En lo que respecta al Consejo Europeo de Barcelona, quisiera referirme, a la cuestión relativa al Consejo y su entorno. 
El Consejo Europeo de Barcelona, como reunión internacional, tenía algunos precedentes que debían ser tomados en consideración: la reunión celebrada en Seattle, el Consejo Europeo celebrado en Niza, el de Gotemburgo y la reunión celebrada en Génova. 
Quiero recordar que en el mes de junio del año 2001, el Banco Mundial decidió la suspensión de una reunión que se iba a celebrar precisamente en Barcelona, por decisión del propio Banco Mundial. 
Por tanto, además de alabar las actitudes cívicas de la ciudad de Barcelona y de sus ciudadanos con toda claridad y de alabar el espíritu pacífico de una gran mayoría de los manifestantes de Barcelona, quiero decir que hay evidentemente otros grupos que no son pacíficos y, hay que decirlo, que no tienen interés pacífico, que no tienen ni siquiera interés en manifestarse, sino que entienden que pueden practicar la violencia impunemente. 
Si Barcelona ha sido, por distintas razones, una ciudad mucho más tranquila, aunque ha habido 17 miembros de los servicios de seguridad españoles que han sido heridos, si ha sido mucho más tranquila que en otros momentos, ha sido porque se han adoptado todas las medidas correspondientes, entre ellas la de impedir que gente que estaba dispuesta a ejercer la violencia con todas sus consecuencias en la ciudad de Barcelona pudiese llegar a Barcelona, y eso es un servicio que se hace a la ciudadanía en todas partes y también, en este caso, a la ciudadanía española y a la ciudadanía europea y a la legitimidad democrática. 
Por otra parte tengo la esperanza y tengo la impresión de que hay distintas formas, sin duda, en una democracia, de plantear las necesidades, las demandas, las aspiraciones y los objetivos. 
Hay una en la cual yo creo especialmente que es la que deriva y la que otorga la legitimidad democrática a los que son elegidos, a los que pasan por las urnas. 
Quiero decir sinceramente, que con todo el respeto a manifestaciones de todo tipo, las mayorías o las minorías en una democracia se dilucidan en las urnas, las dilucidan los ciudadanos votando y tan respetables son los cientos de miles de ciudadanos que han salido a la calle en Barcelona como los millones y millones de ciudadanos europeos representados por sus legítimos representantes en el Consejo Europeo, que no han salido a la calle en ningún lado y que han seguido atentamente los debates de Barcelona y que desean pacíficamente que Europa prospere y que Europa siga avanzando en el proceso de reformas que se ha puesto de manifiesto en Barcelona. 
(Aplausos) 
Por lo tanto, si habrá nuevas mayorías o no en Europa, lo determinarán los ciudadanos en las urnas, como espero que todo el mundo sepa y todo el mundo acepte. 
Creo que una de las cuestiones esenciales de Barcelona, Señorías, es justamente haberse acercado al espíritu de los ciudadanos y cuando hablamos de los elementos políticos, de las decisiones del Consejo de Barcelona, tenemos que tener presente que todos ellos afectan de una manera directa al ciudadano. 
Cuando hablamos de los transportes o de la energía, o del empleo, o cuando hablamos del ahorro y de las inversiones o de la investigación, o cuando hablamos de la educación, estamos siempre hablando de los ciudadanos. 
Hablando del pleno empleo, ¿cabe alguna ambición social mayor que el pleno empleo? 
Prefiero tener la satisfacción del pleno empleo y de veinte millones de empleos en Europa, que no del pleno subsidio, lo digo francamente. 
Haré lo que pueda por enfocar las políticas, en todos los países europeos y en la Unión Europea desde el punto de vista de la obtención del pleno empleo. 
¿Qué podemos hacer para obtener el pleno empleo? 
Hay cuestiones que evidentemente son fundamentales: una es mantener la correcta orientación que decidió el Consejo Europeo en Lisboa, que es la estrategia de reformas, la estrategia de apertura, la estrategia de liberalización, a la que añadimos evidentemente el objetivo del desarrollo sostenible. 
Pero hay cuestiones que no debemos olvidar, y menos en momentos de recuperación, la estabilidad y las políticas de estabilidad no necesitan ser modificadas, en mi opinión, necesitan ser ratificadas, porque son la base fundamental que permite tener economías más saneadas y que permite que la recuperación económica en estos países pueda ser más fuerte y más rápida. 
Una estabilidad presupuestaria razonable supone que los tipos de interés en todas partes son bajos, que las inflaciones son razonablemente bajas, y que las posibilidades de crecimiento y en consecuencia del empleo, por lo tanto, son más altas. 
Pero si se manda el mensaje de que por llegar al 3% de déficit no pasa nada, por la misma razón se puede pretender que no pasa nada por llegar al 5%. 
Mi opinión es que sí pasa y es que se pierden oportunidades de crecimiento, se pierden oportunidades de empleo y se pierden oportunidades de tener una mayor prosperidad para las empresas y para las familias. 
Lo mismo pasa desde el punto de vista de las políticas de liberalización que significa, en mi opinión, dar más oportunidades, en la medida de lo posible, tanto a las empresas como a los consumidores domésticos. 
Sustituir un monopolio público por un monopolio privado no es liberalizar, es lo contrario de liberalizar. 
El problema principal no está en el carácter público o privado, el problema está en el monopolio y justamente la liberalización es la política que permite terminar con los monopolios, sea luego el carácter de lo que resulta público, privado, mixto o de las dos formas que pueden convivir. 
Y lo que tenemos que hacer en Europa es, en primer lugar, evitar los monopolios y, por lo tanto, liberalizar, con todas las consecuencias, y eso hará mejores servicios a menor coste, si al mismo tiempo favorecemos las interconexiones eléctricas, porque puede haber evidentemente mercados que puedan ser monopolísticos, que cercenen la competencia y que estén mal conectados eléctricamente. 
España, que alguna de sus Señorías ha puesto como ejemplo, tiene una interconexión eléctrica del 3%. 
¿Cuál es el acuerdo? 
Llegar al 10%. 
Eso ¿qué supone? 
Supone un cambio, desde el punto de vista energético, extraordinario. Eso, unido a la liberalización y unido a la competencia, es un beneficio objetivo que espero alcance a todos los ciudadanos de Europa, en el plazo más breve posible. 
Ya alcanzará en el 2004 al 70% del mercado y espero que alcance al 100% en la decisión que tomemos antes del Consejo Europeo de primavera, que es lo que hemos acordado exactamente en Barcelona. 
Por último quiero decir que desde el punto de vista de lo que significan el proceso de equilibrio, el compromiso de equilibrio entre los tres pilares de la estrategia de Lisboa, el crecimiento económico y las reformas, el empleo y el desarrollo sostenible, podemos estar, en mi opinión, razonablemente satisfechos. 
Se han citado algunas cuestiones en relación con Galileo o con Oriente Medio. 
Yo respaldo plenamente la declaración sobre Oriente Medio. 
Se presentan borradores de declaración para ser debatidos por los jefes de Estado y de Gobierno, y esos borradores son objeto de correcciones en uno, en dos o en siete puntos, sobre los cuales evidentemente yo no puedo entrar en detalles. 
Creo que se ha hecho una buena declaración sobre Oriente Medio, es una declaración que ha surtido y surte sus efectos en relación con la situación actual de la región y esperamos poder seguir trabajando en el futuro inmediato para mejorar la situación. 
Desde el punto de vista institucional, simplemente, Señorías, reitero mi posición manifestada aquí en mi comparecencia del pasado mes de enero. 
Quiero recordar que ya existe una reunión programada para el próximo día 5 de abril para tratar del acceso del Parlamento Europeo a documentos confidenciales, del horizonte temporal y objetivos de la cooperación interinstitucional para una mejor regulación y que asistirán los Secretarios de Estado de España, el Secretario General del Parlamento, el Secretario General de la Comisión y los Secretarios Generales de los Grupos políticos del Parlamento Europeo. 
La cita es el día 5 de abril y por lo tanto, de acuerdo con lo que establecimos con el Presidente del Parlamento Europeo y con el Presidente de la Comisión, creo que podemos avanzar también en esa mejora de la relación institucional que culminará, evidentemente, cuando estos trabajos hayan visto su fin. 
Quiero reiterar mi gratitud a la Comisión por los trabajos y la iniciativa que ha realizado, y una vez al Parlamento Europeo por su estímulo y su comprensión. 
Gracias, señor Aznar, por estar aquí hoy para informar sobre la Cumbre de Barcelona. 
Sé que debe usted marcharse para viajar a Monterrey. 
Permítame, en nombre del Parlamento Europeo, desear a la Presidencia éxito en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo y bon voyage. 
Pese a los muchos comentarios previos en el período inmediatamente anterior a la Cumbre de Barcelona, que daban a entender que el programa iba a estar considerablemente sesgado a favor del neoliberalismo y la reforma estructural, en los resultados se mantienen los elementos esenciales de la combinación de políticas establecida en Lisboa, a saber, una reforma económica, el pleno empleo y una cohesión social que se apoyen mutuamente y, a partir de la Cumbre de Gotemburgo, la cuestión del desarrollo sostenible. 
El único elemento que nos habría gustado ver más desarrollado en la combinación global en Barcelona es el del desarrollo sostenible. 
Creemos que se debe integrar con las demás políticas y no se puede simplemente abordarlo como un añadido. 
Naturalmente, en Barcelona se abordó la cuestión de la liberalización en relación con la apertura de los mercados de la electricidad y del gas. 
He de formular dos observaciones a ese respecto. 
La primera es la de que, junto con los debates sobre la liberalización, acogemos con la mayor satisfacción las fundamentales decisiones adoptadas en Barcelona para garantizar unos servicios públicos de calidad en la Unión Europea como garantía fundamental para los ciudadanos y en pro de la cohesión territorial y social. 
La segunda es la de que, para nosotros, la liberalización en sectores como el de la energía no es un fin en sí misma. 
Se debe encauzar hacia la consecución de un mayor crecimiento cualitativo y sostenible, una mayor cohesión social y un servicio mejor y más barato para los ciudadanos. 
El Primer Ministro Aznar ha hablado de metas para la "interconectividad". 
Sin embargo, según tengo entendido, la liberalización en España ha propiciado fallos en las conexiones, por lo que se han producido apagones en Madrid y en otras zonas. 
Eso es precisamente lo que debemos evitar. 
El PPE y nosotros hemos presentado un texto de transacción y espero que mañana reciba apoyo en esta Asamblea. 
Hay dos aspectos más de dicho texto que quisiera subrayar. 
En primer lugar, es necesario fortalecer la política de inversiones económicas a escala europea a fin de fomentar la inversión privada y pública como elemento decisivo para la estimulación de la actividad económica. 
En segundo lugar, existe la necesidad de reconocer que las reformas del mercado laboral deben ir encaminadas a la creación de empleos de mayor calidad, con una clara insistencia en la prescripción de una inversión sustancial en las personas y en sus posibilidades. 
Eso es lo que afirmó el Parlamento en el informe Bullman. 
Se debe asignar, en particular, dicha inversión a la educación, la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
La propuesta aprobada hoy por la Comisión sobre los trabajadores temporales de agencias es una contribución importante a ese respecto. 
Contribuirá a fomentar un equilibrio apropiado entre la flexibilidad para las empresas y un grado adecuado de seguridad para los trabajadores de dichas empresas y que pasan de unas a otras. 
También propiciará una mayor empleabilidad. 
Así, pues, se trata de un paso muy satisfactorio. 
Los elementos esenciales de la combinación de políticas siguen en pie y la resolución de transacción que tenemos ante nosotros expone claramente los pasos que debemos dar en las semanas y meses próximos. 
Espero que la Asamblea la apoye. 
Muchos de los logros de Barcelona son, naturalmente, dignos de beneplácito y me sumo a quienes han estado reconociendo los enormes esfuerzos de la Presidencia española y la Comisión Europea para conseguir esos logros. 
Sin embargo, no debemos hacernos falsas ilusiones: la metodología mediante la cual se organizan esas cumbres ha entrado ya en crisis. 
Estamos todos sufriendo de "cumbritis", estado en el que se abrigan esperanzas muy infladas antes de cada una de las Cumbres. 
Hemos de decir que no se mejora esta situación con cierta retórica hiperbólica de algunas capitales de la Unión Europea, que describen, por ejemplo, la Cumbre como un acontecimiento decisivo para bien o para mal. 
Inevitablemente esas esperanzas resultan defraudadas cuando se las contrapone a las realidades del cutre proceso de obtención de acuerdos en el Consejo Europeo, lo que perjudica la credibilidad de todos nosotros. 
Es hora, la verdad, de poner fin a la falsa ilusión según la cual se puede inventar en cierto modo la competitividad de la Unión Europea en sus cumbres anuales celebradas en primavera. 
Así no se crea competitividad. 
Su creación requiere un planteamiento mucho más prosaico. 
El objetivo de Lisboa 2002 requiere un esfuerzo grande y constante y un planteamiento aplicado de forma coherente en muchos sectores de formulación de políticas, no una dieta inacabable de retórica simbólica y formulista. 
Mi observación final es la siguiente: la competitividad no tiene que ver sólo con la forma de lanzar iniciativas y el número de metas que se fijan. 
Tiene que ver también con la forma de preparar y formular la reglamentación para velar por que tenga las repercusiones que se desean. 
Con demasiada frecuencia la legislación y la reglamentación de la Unión Europea tienen efectos que obstaculizan directamente la aspiración más amplia de competitividad. 
Me ha alegrado ver que el Sr. Barón Crespo se ha hecho eco antes de esta opinión. 
Acojo con beneplácito el párrafo 19 de las conclusiones de la Cumbre de Barcelona y estoy deseoso de conocer el nuevo planteamiento interinstitucional que establecerá- esperamos- evaluaciones de las repercusiones de la reglamentación aplicables a la labor de todas las instituciones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Sr. Aznar nos ha presentado un balance halagüeño de Barcelona. No comparto su punto de vista. 
Ni en su forma, ni en su contenido. 
Esta reunión no ha sido digna de la capital catalana. 
En su forma, en primer lugar, puesto que la ciudad se ha visto considerablemente perturbada durante varios días: problemas de circulación, ambiente de inseguridad a causa de la masiva presencia de las fuerzas de seguridad. 
Cataluña, una de las naciones más eurófilas de Europa, ha sido menospreciada. 
Señor Presidente, el Consejo le ha recibido. 
No así al presidente de Cataluña. 
Es una pena. 
Pero creo que mis compatriotas sacarán las consecuencias pertinentes. 
Para ser reconocidos, tenemos que crear democráticamente la república catalana, para entrar en igualdad de condiciones en la Unión. 
El Sr. Aznar ha visto como su ardor capitalista se ha visto ligeramente templado por sus colegas que han de someterse en breve al veredicto del sufragio. 
Sin embargo, el desmantelamiento de las empresas públicas sigue adelante, lo que significa, se quiera o no, la liquidación de los servicios públicos. 
La duración media de la vida laboral se prolongará cinco años. 
Para mantener en el tajo a los viejos trabajadores, se pagará a jóvenes parados. 
Flexibilidad y movilidad son las palabras clave de una política europea del empleo y se cuenta con los empresarios para humanizar, si cabe, las reestructuraciones. 
Los resultados de esta política son la inseguridad para todos, el estrés, la degradación de las relaciones humanas, la violencia y quizás, mañana, la tragedia argentina a escala continental. 
Señor Presidente, al mirar las estrellas de nuestra bandera, veo otra Europa, una Europa fraternal de la cultura, de la solidaridad, del intercambio, de la donación. 
Es la Europa de los cientos de miles de manifestantes de Barcelona. 
Es la Europa de mañana. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, podemos estar de acuerdo en la importancia del Consejo de Barcelona, pero el desacuerdo es evidente en la valoración de sus consecuencias, como lo han demostrado las masivas y pacíficas manifestaciones que reclamaban una Europa más social. 
La Presidencia del Consejo presenta a Barcelona como la continuación de Lisboa y dice buscar la competitividad mediante unas reformas que afectan a la protección social y a las liberalizaciones. 
Ambos enfoques cuestionan el modelo social europeo e ignoran que, en Lisboa, para alcanzar el pleno empleo en 2010, se estimaba necesario un crecimiento sostenido del PIB de un 3%, pero nos encontramos frente a una previsión del 1,3 % para 2002 y un crecimiento del empleo del 0,2 %, de tal forma que aumentará el paro en el espacio comunitario. 
No basta con que las conclusiones de la Presidencia afirmen que la situación económica se encuentra en las primeras fases de recuperación mundial tras el brusco declive de 2001. 
La flexibilización del mercado de trabajo, junto con la moderación salarial, distribuyen regresivamente el producto social, precarizan el empleo y contribuyen a crear bolsas de marginación y subempleo. 
Por otra parte, se propone reducir las prestaciones por desempleo, culpabilizando a los desempleados como causantes de su situación, abaratar el coste laboral, incrementar la edad de jubilación y desincentivar el recurso a las jubilaciones anticipadas. 
Todas estas cosas son políticas que se alejan, desde mi punto de vista, del objetivo del pleno empleo al que dice aspirar la Unión y que exige puestos de trabajo estables, con derechos y de calidad. 
La interpretación rígida del Pacto de Estabilidad ni siquiera preserva a la inversión pública a la hora de establecer déficit excesivos. 
Ésta sería una conducta razonable y sensata para que la Unión recupere un ritmo inversor suficiente ante la actual incertidumbre económica y ante las necesidades inherentes a la ampliación o el objetivo declarado de aumentar el esfuerzo general en I+D y en innovación. 
La Unión Europea necesita un pacto por el crecimiento y por el empleo, elevando la integración real de las economías europeas. 
La Presidencia española ha pretendido profundizar en una liberalización de los mercados de la energía y el transporte. 
Aunque sus intenciones se han visto rebajadas en la Cumbre, no parece coherente que la Unión Europea aborde estos procesos liberalizadores sin evaluar previamente los problemas encontrados en la primera ' ola desreguladora?. 
El Consejo Europeo de Barcelona debería haber evaluado la situación actual de los servicios públicos y de los servicios de interés general antes de adoptar nuevas medidas. 
Se expone como dogma científico que las liberalizaciones mejoran la calidad de los servicios y reducen los precios. 
Las experiencias en contra son abundantes, por otra parte: la electricidad en España, el ferrocarril o la sanidad británicas. 
Para nosotros, es preciso recuperar la idea de servicio público en la construcción europea y promover un debate sobre las características y objetivos de los servicios de interés general. 
Nos queda el reconocimiento de Barcelona de ' consolidar y especificar los principios de los servicios económicos de interés general, subyacentes en el artículo 16 del Tratado, en una propuesta de Directiva marco?. 
Hay una serie de cuestiones positivas, por otra parte, en Barcelona, tales como la tarjeta sanitaria, el desbloqueo de Galileo- siempre que quede bajo control civil -, la posición sobre Gibraltar, las declaraciones- aunque insuficientes- sobre Oriente Próximo y la ayuda al desarrollo. 
Sin embargo, en el campo de los asuntos exteriores son evidentes unas carencias preocupantes. 
El Consejo Europeo ha ignorado dos situaciones particularmente graves: la intención declarada por Estados Unidos de poder utilizar el arma nuclear y su amenaza de ataque inmediato a Irak. 
Es incomprensible que el Consejo Europeo no haya encargado al Alto Representante de la PESC que realice las oportunas gestiones ante Estados Unidos para que cese de introducir tensiones en el mundo y modifique su estrategia, alejando el riesgo de nuclearizar el mundo. 
En resumen, para nosotros, para nuestro Grupo político, y por las razones expuestas, el Consejo de Barcelona no resulta satisfactorio. 
Señor Presidente, he pedido la palabra en este debate como representante de Cerdeña, una región remota situada en el centro del Mediterráneo, para hablar de los problemas que afectan a una zona más amplia que no es más que toda la zona del sur de Italia; sin embargo, diré cosas que creo que responden al interés objetivo de la Comunidad y no sólo al interés legítimo de algunas poblaciones y, a decir verdad, de algunas de las poblaciones con mayores dificultades en la Europa de los Quince. 
Se trata de la cuestión mediterránea. 
La próxima ampliación, un óptimo en el que todos estamos de acuerdo, tendrá como resultado objetivo desplazar hacia el Norte la Comunidad Europea, tanto en los hechos como en el mapa. 
No pedimos que se paralice este proceso, sino que recobre impulso la política hacia el Mediterráneo y hacia el Sur. 
Lo pedimos en nombre de regiones, de pueblos que siempre han aportado una gran contribución a la Unión Europea, que creen en la Unión, que quieren continuar y que piden simplemente que se les ponga, al igual que los demás, en condiciones de poder participar en un desarrollo equilibrado. 
Lo pido hoy en concreto porque, con vistas, entre otras, a la Conferencia Euromediterránea del próximo mes, hay un proyecto que interesa muy en especial a mi tierra, pero creo también a muchas regiones del Sur, esto es, el proyecto de gasoducto que puede conducir el metano de Argelia, a través de Cerdeña y Córcega, al continente europeo. 
Se trata de un proyecto que ya hemos ilustrado a la Comisaria, Sra. de Palacio, que está aquí presente y a la que le mando mis saludos, un proyecto del que la Comisión está ya al corriente y que ya ha sido aprobado por el Gobierno italiano con una primera financiación. 
En esta gran política euromediterránea es un proyecto que, créanme, Señorías, -usted, señora Comisaria, lo sabe bien y ustedes, los representantes españoles, también conocen estos mismos problemas- reviste una importancia fundamental. 
Europa no es sólo la Europa del norte, sino que es también la Europa de los pueblos del Mediterráneo. 
Señor Presidente, es llamativo que antes de que se celebre una Cumbre Europea de Jefes de Gobierno y Ministros se hable mucho de lo que ha de decidirse a lo largo de la misma. 
Esta vez la Cumbre debía servir para dar un nuevo impulso a unos viejos objetivos. 
Uno de esos viejos objetivos que quisiera comentar aquí es la integración del medio ambiente en la política socioeconómica. 
Observamos cómo en la Declaración Final de la Cumbre de Barcelona se vuelve a llamar la atención sobre el necesario equilibrio entre la política económica y la política social. 
Eso es positivo, pero falta algo: las conclusiones apenas hacen mención de la integración del medio ambiente. 
Aparecen muchos objetivos económicos concretos, pero no se presta suficiente atención a las consecuencias del crecimiento económico para el medio ambiente. 
Sí es una noticia grata que se hayan obtenido avances en el ámbito de la imposición de los productos energéticos. 
Este impuesto puede contribuir a un uso más responsable de la energía y a una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 
Respaldo plenamente la propuesta de emplear instrumentos económicos para estimular la eficacia energética. 
Ahora bien, con respecto a esa decisión de introducir una imposición de los productos energéticos quisiera preguntar a la Comisaria Loyola de Palacio cuál será, según ella, el efecto de esta medida sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
En la Cumbre se han dado pasos adelante, se han logrado avances. 
Sin embargo, no ha sido una Cumbre dedicada a grandes líneas políticas, y debería haberlo sido. 
Corresponde a los Jefes de Gobierno marcar las pautas para el futuro de Europa. 
Intercambiar ideas sobre detalles, por importantes que sean, no es propio de una Cumbre. 
En resumidas cuentas, hay demasiadas cumbres y demasiado pocas líneas maestras. 
Señor Presidente, el informe final del Presidente en ejercicio sobre el Consejo Europeo de Barcelona resulta bastante deprimente. 
La fórmula del Sr. Aznar para la construcción de un mercado laboral más flexible expresa con entusiasmo la necrología del modelo social europeo. 
En realidad, ésa es la razón por la que el Gobierno español envió gran número de policías a las calles de Barcelona con el pretexto de que Batasuna desencadenaría la violencia entre ellos y los manifestantes antimundialización. 
Por fortuna, el Sr. Aznar no lo ha logrado. 
El enfrentamiento básico que todos presenciaron en Barcelona fue el del gueto-bastión y centenares de miles de personas comunes y corrientes que se manifestaban por las calles de Barcelona. 
Por último, quisiera, señor Presidente, expresar mi condolencia a la familia del profesor Marco Biagi, al que conocía personalmente. 
Señor Presidente, creo que en este debate se trata no tanto de exaltar luces o de ocultar sombras como de hacer una aproximación objetiva, lo más equilibrada posible, a los resultados que se han obtenido en Barcelona. 
Creo que en Barcelona se ha producido un equilibrio razonable entre lo deseable y lo posible, que ha permitido que la Unión Europea avance tanto en su dimensión interna como en su proyección externa. 
Se ha tomado toda una serie de decisiones en ámbitos muy importantes, como por ejemplo en el ámbito de las infraestructuras; es evidente que no podrá haber una Europa unida si no se progresa precisamente en la mejora de las infraestructuras, entre otras cosas porque la integración de los mercados no es sólo una noción política o jurídica sino, sobre todo y eminentemente, una noción física. 
Hoy que se habla tanto, señor Presidente, de la aceleración del cambio y de los retos y desafíos de una Europa en mutación, creo que hay que tener claro, en un orden de prioridades, lo que puede esperar y lo que no puede esperar. 
En esa clasificación de urgencias, precisamente lo que no puede esperar son las infraestructuras, porque al ser un sistema inerte hacen absolutamente irrecuperables los retrasos acumulados. 
Lo mismo vale, señor Presidente, para el diálogo social. 
Creo que en el ámbito de las ideas lo importante no es su color. 
Cuando hablo de ideas, evidentemente, no me refiero a las manifestaciones del Sr. Gorostiaga, que es el portavoz, en este Parlamento, de la banda terrorista ETA y que podría, efectivamente hacer extensivo su pésame a las víctimas de aquellos cuyas opiniones él manifiesta aquí. 
Señor Presidente, decía que en el ámbito de las ideas lo importante no es tomar en consideración su color político, sino su carácter de verdaderas o falsas. 
Creo, señor Presidente, que nadie afirma hoy que cuanto más flexible es un sistema menos paro tiene. 
Creo que lo que se puede afirmar con toda rotundidad es que ningún grupo ni ninguna persona puede tener el monopolio de lo social, porque el verdadero carácter social de una política lo dan las cifras del paro y la cantidad y la calidad de los servicios que el Estado presta a nuestros ciudadanos. 
Por eso, preferimos dejar para otros Grupos políticos la utopía de construir paraísos sociales sobre cementerios económicos. 
Sólo las sociedades prósperas pueden atender con eficacia las necesidades sociales de la población. 
En este sentido, señor Presidente, hay que decir que lo importante es reformar para conservar lo esencial del modelo social europeo. Hay que tener en cuenta que la productividad y la competitividad de nuestras economías son absolutamente necesarias para impulsar este proceso. 
Competitividad y proteccionismo forman un matrimonio absolutamente imposible. 
La historia económica de los pueblos pone claramente de manifiesto que las murallas y el proteccionismo son asilo histórico de ineficacias y fuente también histórica de pobreza. 
La caída del muro de Berlín pone claramente de manifiesto lo que nos encontramos al levantar la alfombra. 
Por lo tanto, señor Presidente, yo quiero saludar las conclusiones de Barcelona como un camino para recuperar la competitividad de la economía europea, competitividad que empieza por la escuela primaria, para recobrar la senda del crecimiento y para combatir el lacerante problema del paro. 
Por lo tanto, mi reconocimiento y el de nuestro Grupo a los esfuerzos de la Comisión y, naturalmente, a la Presidencia en ejercicio de la Unión Europea. 
Tomo nota, señor Gorostiaga, de que desea usted plantear una cuestión de orden. 
Si quiere hacer una declaración personal, tiene derecho, de conformidad con el artículo 122, a hacerla al final de este debate. 
Señor Presidente, la declaración de Barcelona sobre Oriente Medio es un primer intento del Consejo europeo de dejar a un lado los discursos hueros y de escapar del erróneo principio de equidistancia que caracterizaba hasta ahora las posiciones comunes del Consejo. 
El Parlamento europeo, con su resolución de febrero pasado, y el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, con su resolución 13/97, ya habían abierto el camino. 
Al mismo tiempo, comprobamos que los partidarios de la paz levantan la cabeza incluso en Israel y me alegro de que nuestra comisión de asuntos extranjeros haya decidido ayer invitar a los Sres. Yossi Beilin y Abed Rabbo, principales instigadores de la Coalición por la paz. 
Ante la espiral de violencia despiadada y sin parangón de las últimas semanas, era hora de adoptar un lenguaje más concreto, que condenara no sólo los actos terroristas kamikazes palestinos, que condenamos, sino también las provocaciones, las destrucciones, las ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno de Sharon a los Palestinos. 
En un viaje reciente a Ramala, dos colegas de mi Grupo, los Sres. Menéndez y Sakellariou, han podido comprobar con sus propios ojos la extrema precariedad de las condiciones de vida de los Palestinos. 
Pero lo que calificaría de cambio súbito europeo no reside en que se haya puesto en la picota explícitamente las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel, y especialmente del cuarto convenio de Ginebra. 
Consiste en el rechazo de la política del todo por la seguridad, de la que el Sr. Sharon, desde que fue elegido, se convirtió en abanderado con el éxito que sabemos. 
Cito una frase que me parece esencial para encontrar una solución a la situación actual: ' es esencial ceñirse a los aspectos políticos, económicos y de seguridad, elementos inseparables e independientes de un único y mismo proceso?. 
El elemento político en el que en efecto debería insistir la Unión europea es la retirada del ejército israelí de ocupación a sus fronteras reconocidas internacionalmente, es decir, las de 1967. 
Desgraciadamente, no es el Sr. Arafat quien tiene la llave para acabar con la pesadilla, sino el Sr. Sharon. 
Si al contrario, contra cualquier expectativa, y despreciando los consejos de la comunidad internacional al completo, el gobierno del Sr. Sharon sigue buscando una solución militar al conflicto, entonces, Sr. Presidente del Consejo, la Unión europea debería suspender el acuerdo de asociación que le une a Israel, ya que una de las condiciones esenciales no se ha cumplido. 
Pienso, por otro lado, que la Unión europea debería presentar al Sr. Sharon la factura por las inversiones financiadas por los contribuyentes europeos y deliberadamente destruidas por su ejército. 
Señor Presidente, es bastante curioso que estemos viviseccionando los documentos del Consejo inmediatamente después de la Cumbre. 
Yo también lo hago prestando una atención preferente al sector de los transportes y veo cosas interesantes como el espacio aéreo único, el caso de Gibraltar, los ferrocarriles, GALILEO; en definitiva, hay una serie de noticias interesantes y buenas. 
Sin embargo, siento cierta preocupación cuando leo la parte que se refiere a las redes transeuropeas de transporte, aunque al principio sea positiva. 
Se habla de darse prisa en llevar a cabo una revisión en diciembre de 2002, a más tardar, y luego se dice que hay que mejorar las condiciones de los transportes en toda la Unión Europea y que es necesario reducir los cuellos de botella existentes en regiones como los Alpes, los Pirineos y el Mar Báltico. 
Ahora bien, en el Libro Blanco, en lugar de "reducir" se dice "eliminar" que, sin duda, está mejor. 
Por lo tanto, creo que hay que trabajar en este proyecto de eliminar los cuellos de botella pensando sobre todo en la situación de los Alpes. 
En este sentido, quisiera recordar que, lamentablemente, en estas declaraciones no se menciona el caso del Mont Blanc. 
Lo digo a la Vicepresidenta, Sra. De Palacio, ya que éste se está convirtiendo en una especie de farsa y tres años después no se entiende todavía qué pasará. 
¿Se reabrirá a los TIR? 
¿No se reabrirá? 
Por ahora circulan solamente los coches. 
Pues bien, me gustaría que se aclarara. 
Nuestra posición, como habitantes del Valle de Aosta, es bien conocida: la solicitud de que haya una limitación por motivos de seguridad y por motivos de contaminación medioambiental. 
Todo lo demás corre el riesgo de ser una palabrería que, sin embargo, genera en la opinión pública una gran incertidumbre y, yo diría, cierta desconfianza hacia las Instituciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, yo también estuve en Barcelona, no para tomar parte en la Cumbre, sino porque en las mismas fechas se celebraba una conferencia conjunta de las ONG sobre el desarrollo sostenible en la que participaban ONG de organizaciones sindicales, ONG de organizaciones medioambientales, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la plataforma social. 
El desarrollo sostenible también debería haberse convertido en el tema principal de esta Cumbre. 
En la conferencia de las ONG reinaba un ambiente de profunda decepción porque, en realidad, se ha avanzado muy poco en el ámbito de la integración de la política económica, la política social y sobre todo la política medioambiental. El Sr. Blokland lo ha señalado también. 
En la Cumbre de Laeken se han definido algunos indicadores estructurales de carácter medioambiental, pero faltan las referencias a la integración de esta dimensión. 
Si hablamos de un crecimiento del 3% o así ello no significa que se trate de un crecimiento sostenible a largo plazo. 
Ése es uno de los problemas al que nos vemos confrontados. 
Por lo demás, las ONG y las organizaciones sindicales han insistido una y otra vez en que son absolutamente partidarias del pleno empleo, pero que echan en falta toda una serie de condiciones que deben cumplirse para lograr ese objetivo. Sostienen asimismo que no resulta fácil fomentar la movilidad o la flexibilidad del mercado de trabajo si no está previsto el cumplimiento de un determinado número de requisitos básicos. 
En el Acta de la Declaración del Consejo se subraya en algún momento la importancia de la flexibilidad y la seguridad social, pero al mismo tiempo la Directiva sobre las empresas de trabajo temporal, que podría redundar en beneficio de esta flexibilidad y seguridad, está encontrando mucha resistencia. 
Se está haciendo todo lo posible para bloquearla. 
Lo mismo sucede en otros ámbitos. 
Las plataformas sociales han tratado temas relacionados con la liberalización y sus consecuencias para la calidad de los servicios. 
Hace poco hemos celebrado aquí un debate sobre la liberalización de los servicios de interés general. 
La evaluación de esta liberalización no resultó muy positiva. 
Las organizaciones sindicales y las ONG sociales sienten preocupación por los efectos de una liberalización más avanzada de los mercados de la energía, tanto más cuanto que la única contrapartida positiva para el medio ambiente consiste en una mínima imposición de los productos energéticos. 
Exigen una mayor claridad en cuestiones como el futuro de la asistencia sanitaria y la educación y en cuanto a las consecuencias para nuestros servicios públicos. Aprovecho la ocasión para volver a poner sobre la mesa estas preocupaciones. 
Las expresaron los cientos de miles de personas que participaron en la manifestación y más tarde las doscientas o trescientas mil personas que contradicen a los antiglobalización. 
Tendremos que aprender a pasar de la palabra a la acción. Lo que hace falta son hechos, directivas concretas y respuestas a las preguntas formuladas. 
Y, a decir verdad, tengo mis dudas al respecto. 
Señor Presidente, todos los trimestres, en cada cumbre, vemos como Europa se aplaude a sí misma, es un auto-aplauso trimestral, mientras que en las calles, en Gotemburgo, en Niza, en Barcelona, el número de manifestantes aumenta y de forma manifiesta los pueblos europeos se sienten mucho más cerca de estos manifestantes que de sus dirigentes reunidos en buenas lides cada vez más protegidas, de cumbre europea en cumbre europea. 
Si la Unión europea concentra, en el fondo y ahora, toda la protesta contra la globalización ultraliberal, es porque todo el mundo ha entendido que se había convertido en su principal artífice, incluso en Doha, en la última cumbre de la OMC. 
Europa, bueno, más bien lo que ustedes llaman Europa, es decir las instituciones europeas, se ha convertido efectivamente en un embudo que intenta hacer tragar a los pueblos europeos una regla tan vieja como el mundo, es decir, el reino del dinero. 
Ningún Europeo cree ya en su otra Europa gastada, envejecida, cansina, como diría el Primer ministro francés hablando de su competidor, y los pueblos, con un reflejo totalmente sano, están encontrando su personalidad gracias a una votación de identidad. 
Ésta se encuentra más bien con un voto de derechas, hoy por hoy, ya que Europa es, sin duda, una vieja idea de la internacional, y hoy en día por lo tanto globalizadora; y yo creo que este Parlamento, como todas las instituciones europeas, subestima totalmente el descrédito de Europa. 
El último Eurobarómetro- termino enseguida- del que, según creo, no se ha informado lo suficiente, dice que si la Unión europea desapareciese, al 50% de los Europeos le sería indiferente, el 28% estarían satisfechos y el 21% lo sentirían mucho. 
Y seguimos tan contentos, cada trimestre, después de cada cumbre estamos tan contentos con esto. 
Confieso que empiezo a preguntarme si esta reunión sigue siendo útil. 
Señor Presidente, el Consejo de Barcelona ha reiterado el compromiso de los Estados miembros de llegar de aquí a 2004 a una situación presupuestaria cercana al equilibrio o excedentaria. 
Se puede imaginar fácilmente el carácter apremiante de este objetivo para los países que están actualmente en campaña electoral. 
Por este motivo es preciso seguir atentos a la propuesta del Primer ministro francés quien, de nuevo en Barcelona, ha sugerido que se instaure- le cito- ' un saldo público añadido para la zona euro, un complemento necesario para la política monetaria única?. 
Efectivamente, la idea de un saldo presupuestario europeo único se sitúa en la lógica del nuevo sistema monetario integrado. 
Pero al mismo tiempo, todo el mundo ve bien el objetivo de la maniobra: se trata de diluir el déficit de los Estados laxos en los excedentes de los Estados virtuosos. 
Aquí se ve un efecto perverso del euro, la desresponsabilización de los gestores nacionales, cuya responsabilidad ya se ve considerablemente comprometida a causa de la desaparición de la tasa de cambio de cada país. 
La disciplina espontánea ejercida por el mercado en las gestiones nacionales desaparece poco a poco, así que hay que sustituirla por una autoridad administrativa central que funcionará mediante órdenes. 
Así es como, siguiendo la lógica de lo que antecede, el Consejo de Barcelona decidió reforzar los mecanismos existentes de la coordinación presupuestaria y ha encargado a la Comisión que presente propuestas a este respecto después de las elecciones francesas y alemanas. 
El engranaje del euro, señor Presidente, empieza a mostrar sus consecuencias. 
Por muy buena cara que pongamos al mal tiempo que representan, las conclusiones de la Cumbre de Barcelona fueron, en verdad, una decepción. 
El proceso de Lisboa, que se lanzó con tan grandes esperanzas hace dos años, se estancó en Estocolmo en la primavera del año pasado. 
La semana pasada, los dirigentes europeos lograron lo justo para mantener la reforma económica en marcha, pero demasiado poco para hacerla avanzar decisivamente del modo que Europa necesita urgentemente. 
No me ha sorprendido oír esta tarde el ataque a la actitud ante la Cumbre de Tony Blair por parte de uno de sus propios diputados al PE, Stephen Hughes, al calificarlo de neoliberalismo. 
Sabemos que el Sr. Blair no tiene influencia en los instintos socialistas y los votos de sus diputados al PE aquí, pero hace mucho Tony Blair habló de que la de Barcelona era una Cumbre decisiva para bien o para mal. 
Después de la reunión, habló simplemente de pequeños pasos sólidos. 
El Sr. Aznar ha calificado el proceso de Lisboa de irreversible, pero ésa no es la cuestión, en realidad. 
Aun cuando Europa no retroceda, la falta de avances reales cuesta en realidad a Europa puestos de trabajo, prosperidad y éxito. 
Cuando se acercaba la reunión de Barcelona, las metas de la Presidencia pasaron a ser más modestas e imprecisas. 
En lugar de liberalización total de la energía, rechazada por Francia el año pasado a despecho de las obligaciones que le impone el Tratado, ahora vemos que se habla de liberalización "parcial", en algún momento futuro. 
En lugar de medidas inmediatas sobre el Mercado Único, vemos que se habla de una sarta de plazos que irán sucediéndose en los próximos años. 
Lamentablemente, el comunicado publicado la semana pasada es, en realidad, una simple lista de deseos sobre plazos. 
No es una serie de acuerdos vinculantes, pese a las arduas gestiones hechas por el Gobierno español y por el Primer Ministro español, a quien reconozco su mérito. 
Sigue aún pendiente la dura negociación sobre los términos precisos de la liberalización de la energía no doméstica, por ejemplo, sobre las directivas relativas a los servicios financieros, sobre el cielo único europeo. 
Sobre cada uno de esos asuntos, la Cumbre de Barcelona representa simplemente una afirmación de voluntad y aún no un acuerdo logrado. 
Al mismo tiempo, dicha Cumbre orienta a Europa en una dirección inadecuada en otros sentidos. 
El comunicado se refiere de pasada a un mayor gasto de los Estados en relación con diversas prioridades, cuando, en realidad, las claves para el éxito económico de Europa son la reducción de los impuestos y de las intervenciones de los Estados. 
Reafirma un modelo social europeo que necesita urgentemente una reforma. 
Prevé una mayor armonización de los impuestos sobre la energía como compensación por una limitada e incierta liberalización energética concedida por Francia. 
La resistencia francesa en materia de energía y el tono intervencionista de ciertas partes del comunicado subrayan la continua necesidad de desbancar a los Gobiernos socialistas en toda Europa. 
Los instintos y las esperanzas en materia de liberalización de los primeros ministros Aznar y Berlusconi resultan alentadores, pero la Unión Europea sólo podrá ponerlos en práctica, si el Sr. Hughes y sus amigos de la izquierda son expulsados del poder en las numerosas elecciones nacionales que van a celebrarse este año. 
El regreso del centro-derecha al poder en Portugal, después de Italia, Austria y Dinamarca, es una señal esperanzadora. 
A no ser que haya un cambio real, las esperanzas para el futuro económico de Europa quedarán defraudadas. 
Por último, el Financial Times lo expresa adecuadamente: " Hace dos años la promesa de llegar a ser la economía más competitiva del mundo pareció muy ambiciosa en Lisboa. 
Sin rápidos avances prácticos, pronto parecerá ridícula ". 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera acoger con beneplácito la declaración de Barcelona respecto de Oriente Medio y confío en que a las intenciones e ideas expresadas allí siga una intensa actividad diplomática por parte de la Unión Europea. 
Permítaseme recordar a mi colega Jonathan Evans que la decisión adoptada en Lisboa fue en pro de una economía europea más competitiva en el mundo y basada en la inclusión social y la cohesión social y territorial. 
Todos sabemos que, por sí solo, el mercado no realizará la justicia social para los ciudadanos de Europa. 
Sencillamente no puede hacerlo y nunca lo hará. 
Sabemos que, pese a la ideología aportada por los tories en el Reino Unido, éstos han perdido dos elecciones seguidas por culpa de su actitud ante la economía y los ciudadanos del Reino Unido. 
Mi respuesta a la Cumbre de Barcelona es de alivio de que, pese a lo mucho que se había hablado de liberalización y privatización, se tratara de simples palabras y el equilibrio del poder político en el Consejo siga correspondiendo al centro-izquierda, con el sentido común de saber que los ciudadanos de Europa quieren una Europa social y una Europa con mercado y que se debe mantener el equilibrio entre la política social, la política económica, la política de empleo y la sostenibilidad. 
Acojo con satisfacción que el Consejo reconociera en Barcelona esa realidad. 
Quería acoger con particular beneplácito un aspecto particular, a saber, el compromiso con una directiva relativa a un marco para los servicios públicos. 
Se trata de un sector decisivo para cumplir con una Europa de los ciudadanos. 
Sabemos que los ciudadanos de Europa quieren servicios públicos de la mayor calidad, sabemos que los quieren a un precio asequible y que su prestación sea universal. 
Las empresas que prestan los servicios públicos universales y los Estados miembros tienen el deber de velar por que así sea y por que los trabajadores de esas empresas tengan certeza jurídica. 
La Comisión, el Consejo y el Parlamento saben lo que debe figurar en un documento-marco de esa clase. 
Conque, ¿por qué hay que aplazarlo hasta diciembre? 
En mi opinión, se debe sacarlo adelante en Sevilla. 
Mi observación final se refiere al llamamiento a la Comisión para que prepare un reglamento sobre una exención por categorías correspondiente a los servicios de interés general, en caso de que el Tribunal Europeo de Justicia considere que el apoyo a esos servicios de interés general constituye una violación de la legislación sobre la competencia. 
¿Por qué no sacamos adelante inmediatamente ese reglamento para evitar precipitaciones al final? 
Deberíamos hacerlo ahora, mientras tenemos tiempo y calma para hacerlo y, como digo, garantizar los servicios que necesitamos en Europa. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, en primer lugar quiero sumarme a la expresión de duelo de esta Cámara en relación con el asesinato del profesor Biagi y la condena total del terrorismo. 
En relación con el resultado del Consejo Europeo de Barcelona creo que es positivo, como lo ha considerado el Grupo Liberal. 
Sus resultados son ciertamente inferiores a las expectativas que la Presidencia había creado, pero hay suficientes logros como para considerar que ha habido avances concretos y compromisos claros para dirigirse hacia los objetivos que se fijaron en Lisboa, y tanto el Presidente del Consejo como el Presidente de la Comisión ya se han encargado de detallarlos. 
Sin embargo, comentando esta mañana estos aspectos en la Comisión de Asuntos Económicos con el profesor Issing, del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, coincidimos en saludar evidentemente estos avances, pero también en considerarlos insuficientes, tanto para asegurar que se cumplan realmente los compromisos de Lisboa- en el sentido de las reformas estructurales necesarias, en las cuales evidentemente no hay aún unas garantías plenas para alcanzar lo que se fijó, es decir, una economía sostenible, competitiva a nivel internacional, basada en el crecimiento y que asegure la cohesión económica y social- como incluso para consolidar el proceso de crecimiento que se apunta en estos momentos. 
Un proceso de crecimiento que, evidentemente, ha de tener su correspondiente traducción, precisamente, en una confianza de que tales reformas estructurales se realizarán. 
No me queda más tiempo, Señor Presidente, pero querría señalar que en Barcelona también ha habido un toque de atención sobre un distanciamiento de la opinión pública o sobre la percepción, seguramente distorsionada, de la Unión Europea; es evidente que se ha hecho manifiesto. 
Y para solucionar esto, hay que trabajar también. 
En Sevilla hay una propuesta para una reorientación en los trabajos del Consejo. 
Creo que es absolutamente necesaria, y que hay que tener en cuenta que, para contar con esta aproximación, también es necesario asociar a estos trabajos a las regiones con capacidad legislativa plena, que están más cerca de los ciudadanos. 
En primer lugar quiero sumarme al rechazo del terrorismo y quiero condenar también el atentado al Sr. Biagi, además de expresar mi condolencia a su familia y amigos. 
El Consejo Europeo ha adoptado la llamada Declaración de Barcelona sobre Oriente Próximo a fin de impulsar una solución dialogada para el conflicto palestino-israelí, y yo les felicito por ello. 
Sin embargo, no puedo decir lo mismo respecto del Sr. Aznar y de su Gobierno español, cuando actúan como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, en el caso del conflicto político e histórico con el pueblo vasco. 
Por un lado, el Sr. Aznar se niega a mantener un diálogo democrático sobre esta cuestión y por otro, menosprecia y torpedea los intereses de asociaciones pacifistas como El Karri. 
Incluso ha puesto en marcha toda la maquinaria diplomática española para tratar de impedir que tanto el Congreso como el Senado del Estado norteamericano de Idaho debatan sobre el caso vasco. 
Afortunadamente, congresistas y senadores no se han dejado intimidar y han aprobado sendas resoluciones de condena del terrorismo, de respeto al derecho de autodeterminación de los vascos y de impulsión de un proceso de diálogo democrático para resolver pacíficamente la situación del País Vasco, que no está en el exterior sino entre Francia y España, y que, por tanto, es un problema interno de la Unión Europea que debemos resolver, además de luchar contra el terrorismo. 
Lamento que el Sr. Aznar haya abandonado el Parlamento, quizá porque no quiere oír las intervenciones de los nacionalistas, y también espero que el Sr. Salafranca no me acuse de ser portavoz de ninguna banda terrorista por estas palabras. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en Lisboa se formuló con valor, ambición y sin tapujos: se quiere hacer de la UE hasta el 2010 el área económica más competitiva y dinámica del mundo. 
Hay que aplaudir tanta voluntad. 
Pero no se pueden aplaudir los resultados de Barcelona. 
No se ha producido la tan necesaria ya desde hace mucho tiempo apertura total de los mercados de la energía. 
Un compromiso viciado pues un mercado interior que funcione bien es la clave del crecimiento y el empleo. 
El 'Neue Züricher Zeitung? resumió de modo acertado el resultado de Barcelona con una frase :' Europa entre el querer y el poder '. 
Coincido con el Sr. Solana en sus críticas a esta diplomacia de las conferencias. 
Se producen montañas de papel, se mantienen conversaciones privadas y menos privadas, es decir, en total se anuncia en todos los sitios mucho querer y el deseo de adoptar en interés común en el mundo un papel económico de peso y crecientemente político. 
El aplazamiento de la liberalización de los mercados de la energía es un ejemplo de que Europa sigue encontrándose muy lejos del poder. Lo considero especialmente dañino económicamente sobre todo en un campo central como el del mercado interior- tal como ha formulado el colega Evans- y políticamente ridículo. 
Señor Presidente, en el fondo, ignorar las peticiones de modernización procedentes de Barcelona sería una decisión egoísta, propia de quien piensa en sí mismo y no imagina un futuro mejor para sus hijos. 
La solidaridad es verdadera si realmente nos proponemos construir una sociedad diferente y más justa. 
Con estas palabras Marco Biagi concluía ayer un artículo dedicado a la Cumbre de Barcelona. 
Este Parlamento no puede sino compartir las palabras del economista y asesor del Gobierno italiano asesinado ayer por la noche en Bolonia, y compartir su pensamiento es la mejor manera de recordarlo aquí en Bruselas. 
En efecto, el Consejo Europeo nos ha permitido avanzar en la lucha contra el desempleo. 
Se trata de mensajes nuevos en favor de la flexibilidad del mercado laboral que si se hacen realidad permitirán a los jóvenes europeos salir de la inadaptación social. 
La decisión de favorecer las iniciativas empresariales y la competitividad mediante la prevista reactivación global nos hace confiar en el futuro. 
También es positiva la decisión de liberalizar los sectores del gas y de la electricidad; sin embargo, es necesario vencer las resistencias estatalistas que continúan existiendo dentro de la Unión. 
Valoramos asimismo la puesta en marcha del programa Galileo y las decisiones para favorecer la paz en Oriente Próximo. 
Muchas son las decisiones positivas tomadas por el Consejo de Barcelona bajo la guía del Gobierno español que consideramos positiva, al igual que lo son los resultados de los trabajos, aunque siguen habiendo algunas sombras en tres asuntos. 
En lo que se refiere a los transportes, han de superarse los obstáculos a la libre circulación, a la competencia y a la realización del mercado único. 
No quisiéramos que en el futuro Italia fuera penalizada por decisiones equivocadas. 
Se podía hacer algo más también por el Mediterráneo. En el futuro tendremos que pensar en un auténtico Banco del Mediterráneo, más que en un Fondo euromediterráneo. 
Asimismo también para los Balcanes será conveniente intervenir para reforzar el proceso de estabilización y asociación. 
Estamos convencidos de que durante el semestre de Presidencia española estos temas se abordarán y se resolverán positivamente, del mismo modo que se abordará con gran determinación la lucha contra el terrorismo que es una de las prioridades marcadas por el Presidente Aznar en la presentación del semestre español: una lucha que no debe conocer distinciones entre las fuerzas políticas que se sientan en este Pleno y que creo que están todas comprometidas en la defensa de la democracia y en impedir que el terrorismo encuentre nuevos adeptos. 
Señor Presidente, soy un ferviente partidario de la estrategia de Lisboa, ya que ésta se compone de numerosas políticas que hay que coordinar. 
Sentí gran preocupación ante la Cumbre de Barcelona, especialmente por dos motivos. 
Uno de ellos era el equilibrio en la estrategia: temía que este equilibrio se rompiese y que sólo se hablara de liberalizaciones. 
El otro era cómo dar mayor espacio en el documento a la estrategia sobre desarrollo sostenible. 
En uno de los puntos estoy feliz de que no ocurriese lo que temía. 
Creo que el proceso está equilibrado. 
Hay propuestas para liberalizar el mercado de la electricidad y el gas y el mercado financiero, además de propuestas para mejorar los cuidados infantiles, para aumentar el empleo y para otros aspectos en el campo social, lo que implica un fortalecimiento del modelo social. 
En cuanto a la propuesta de desarrollo sostenible, cabe comprobar que es muy débil. 
Pasó lo que temía. 
Lo único que está realmente claro en la propuesta es que los países ratificarán el protocolo de Kioto. 
Esto es importante, pero, en general, el documento es demasiado superficial y contiene sólo anotaciones sobre ciertas cosas. 
Los aspectos ecológicos desaparecen en el futuro. 
Otra parte del desarrollo sostenible es la relación entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. 
Los objetivos fijados para las ayudas al desarrollo están muy por debajo de los objetivos de la ONU. 
El objetivo de alcanzar la mitad del 0,7 por ciento que fijó la ONU es demasiado bajo. 
La lucha contra la pobreza se desvirtúa en relación con lo que propuso la Comisión. 
Tengo esperanzas en el proceso de Lisboa. 
Espero que se pueda mantener el equilibrio en el futuro. 
También espero que en las próximas reuniones las materias relacionadas con el desarrollo sostenible y con los aspectos ecológicos se integren más claramente en el proceso. 
Esto es necesario para que el proceso pueda sobrevivir. 
Señor Presidente, los terroristas asesinos de las Brigadas Rojas al asesinar a un hombre como el profesor Biagi, han pretendido tapar la boca a un valiente intelectual, asesor del ministro de Trabajo Sr. Maroni, al cual no perdonaron que respaldara precisamente los principios afirmados en el reciente Consejo Europeo y que pusiera su valía al servicio del Gobierno de su país para llevar a cabo un proceso de revisión del artículo 18, y en general de la legislación italiana en materia laboral, que sigue contando con puntos que son un obstáculo para la modernización de nuestro mercado laboral, uno de los más atrasados de Europa. 
La lección que debemos extraer es la concienciación, afirmada en reiteradas ocasiones por este mártir del trabajo, de que sólo con medidas de intervención política realmente reformista en la legislación laboral se podrán brindar verdaderas oportunidades al empleo y, por lo tanto, al futuro de nuestros hijos tanto en Italia como en Europa. 
El Consejo de Barcelona, sin embargo, deja abierta y sin resolver la grave cuestión de las futuras orientaciones de Europa en el terreno económico y social. 
Consideramos que sólo una Europa pensada y construida desde abajo, a partir del territorio y de las regiones, que tenga en cuenta las especificidades y los diferentes modelos sedimentados a lo largo de las décadas, puede alcanzar el objetivo de un verdadero equilibrio entre la modernización del trabajo, el desarrollo productivo y las garantías sociales. 
Señor Presidente, Señorías, quiero saludar sin limitaciones los preparativos de la cumbre por la Presidencia española del Consejo y felicitar al equipo del Jefe de Gobierno y Presidente del Consejo Aznar. 
En lo que se refiere al enjuiciamiento del resultado voy a continuar allí donde ha terminado el presidente de nuestro Grupo y volver a la doble moral que ha dirigido las plumas con que se han escrito los resultados. 
¿Es realmente la realidad que solamente se puede describir con palabras como 'saludamos, pedimos, subrayamos, esperamos'? 
¿No sería el Consejo más creíble si también criticase, lamentase ciertos modos de proceder y en formulaciones concretas reconociese, tal como ha hecho hoy el Presidente del Consejo en su intervención? 
Hay que mencionar por su nombre a los que bloquean, retrasan y frenan en lugar de limitarse siempre al mínimo denominador común eludiendo de este modo las necesidades europeas. 
¿Quién es el Consejo en realidad? 
Ciertas formulaciones transmiten la cínica y equívoca impresión de que los miembros de la cumbre no tuviesen nada que ver con el Consejo Europeo y los ministros del ramo a pesar de que son responsables de su comportamiento. 
Sí, necesitamos un apoyo más intenso de las pequeñas y medianas empresas. 
Saludo por ello el punto 15, que se basa en las resoluciones del Parlamento Europeo para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 
Exijo por ello que todos los Consejos se ocupen de las negociaciones del Comité de Basilea para que se unan los seis con los nueve. 
Sí, necesitamos una aplicación más rápida de las directivas aprobadas. 
Exigimos por ello la reducción de las diferencias de aplicación. 
Exigimos más Europa cuando se trata de la realización de los objetivos de Lisboa y, en consecuencia, del papel de Europa en el mercado mundial. 
Sí, necesitamos el plan de acción para los servicios financieros y la estabilidad. 
Exijo por ello al Consejo que adopte por fin al cabo de dos años una posición común sobre la reforma de las pensiones. 
Exijo la crítica al Consejo Ecofin diciendo que ha actuado socavando a la Comisión. 
Sí, necesitamos más transparencia. 
Exigimos por ello la publicidad de las reuniones del Consejo. 
Sí, necesitamos la supresión de las barreras, bloqueos y obstáculos. 
Criticamos por ello que fechas electorales como en Francia y Alemania y monopolios como el EDF han socavado el objetivo europeo de la liberalización de los mercados de la energía y la resolución del Parlamento. 
Señor Presidente, me informan de una cierta consternación en esta Casa por los comentarios que, al parecer, el Sr. Aznar, sotto voce pero a micrófono abierto, ha hecho a propósito de esta sesión. 
Si ello es cierto, no seré yo quien le desmienta, sobre todo a estas alturas de la tarde. 
Pero, obviamente, yo no soy el Presidente del Consejo. 
Quisiera que le trasmita mi ruego de que imprima a sus comentarios- ¿cómo lo diría? -una mayor moderación y respeto en el futuro. 
Antes y después del Consejo Europeo de Barcelona se ha producido, como ya comienza a ser habitual, un contraste aparentemente paradójico: por parte de los responsables políticos- sobre todo los más directamente implicados en el desarrollo del Consejo Europeo- grandes expectativas previas y posteriores valoraciones triunfales, a veces incluso, declaraciones triunfales previas. 
Por parte, en cambio, de muchos observadores y medios de comunicación el énfasis se pone en las discrepancias y en las valoraciones más o menos circunspectas, cuando no pesimistas. 
Pero la novedad en Barcelona- que un cotidiano de Bruselas definía en portada como "pálida Cumbre y brillante manifestación" -ha sido, sin duda, la afirmación potente y espectacular de un nuevo y activo movimiento social en Europa. 
Cientos de miles de personas, señor Presidente, una representación activa de una naciente sociedad civil europea, manifestándose de forma pacífica, cívica y constructiva, pidiendo más Europa, una Europa más social y, muy en particular, una Europa más activa y solidaria en el mundo de la globalización acelerada. 
Estas manifestaciones han mostrado hasta qué punto la construcción europea y su papel en la configuración de un mundo más justo preocupan a la ciudadanía. 
En cambio, como invirtiendo el dicho clásico, se produjo- antes y después de estas multitudinarias manifestaciones- no una excusatio non petita sino una accusatio non petita, que en realidad implicaba una excusatio manifesta. 
Como si estas acusaciones que pretenden culpabilizar a la ciudadanía que se manifiesta, quisieran en realidad excusar o disimular el problema real: una falta de conexión, de sintonía, de simpatía; un alejamiento preocupante entre la ciudadanía y la conducción básicamente intergubernamental de los asuntos europeos. 
Ojalá este gran momento de la democracia europea, que es la Convención, sirva para crear una sinergia positiva entre las instituciones democráticas y la sociedad civil, que activamente estuvo presente en Barcelona durante las jornadas del Consejo Europeo. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Barcelona suscitó por adelantado cautelas y dudas a algunos, que temían un retroceso respecto de la estrategia de Lisboa. 
Aunque somos conscientes de la enorme ambición de los objetivos fijados en Lisboa y de las diferentes y más adversas circunstancias económicas actuales, nunca dudamos que los Estados miembros y, en particular, la Presidencia española de la Unión Europea, a la que aprovecho para felicitar, harían- como hicieron- suyos los avances en materia de política social. 
A ese respecto, conviene destacar el impulso dado a la creación de políticas activas en pro del pleno empleo y la reforma del mercado laboral es un paso esencial para la creación de empleo y reviste importancia particular el papel destacado que se atribuye a la prosecución de políticas de la Unión Europea en materia de incentivación de la competitividad y mejora del empleo, al aumento de la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores, lo que exige una mayor atención a la formación de mano de obra y mejores aptitudes en el nivel de la sociedad del conocimiento, así como el reconocimiento de que el envejecimiento de la población requiere respuestas nuevas y creativas, de las cuales resulta muy afortunada la encaminada a crear legislación que disponga la reforma parcial como un instrumento de permanencia voluntaria de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral, sin perjuicio de la necesidad de acelerar las reformas del sistema de pensiones. 
Uno de los grupos más afectados por el desempleo en la Unión Europea son las mujeres. 
Hay que fomentar su participación en el mercado laboral, cosa que sin la aprobación de medidas activas de conciliación de la vida familiar con la vida profesional, resulta utópica. 
Así, pues, es urgente una actuación conjunta en el nivel comunitario, intergubernamental, regional y local en la creación de infraestructuras de acogida de niños y de apoyo a las personas de mayor edad, en particular mediante la asignación y la aplicación de fondos con cargo al Fondo Social Europeo, a la vez que la adopción de medidas en el nivel fiscal y social. 
Para nosotros es una evidencia la necesidad de coordinación y sincronización entre las dimensiones social y económica. 
En verdad, sólo con mayor creación de riqueza y su distribución justa y equitativa podrá haber menos exclusión social y más justicia social. 
Señor Presidente, esta Cumbre se anunció como la Cumbre de la liberalización, pero se ha convertido en la Cumbre del aplazamiento de la edad de jubilación. 
No tengo nada en contra de este principio en sí. 
Incluso creo que merece un debate, pero la pregunta es si Europa gana en popularidad al pronunciar una y otra vez este tipo de declaraciones. 
En mi opinión, el hecho de que una Presidencia se centre en estos aspectos en lugar de resolver una serie de otras cuestiones al menos igual de importantes es señal de una falta de liderazgo. 
En Lisboa se habló principalmente de la economía del conocimiento y de la importancia del conocimiento y de los recursos humanos en este contexto. 
Pues bien, ¿acaso se han adoptado decisiones sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida en esta Cumbre? 
No, dicha decisión se deja para Sevilla, donde se nos presentará una resolución. 
A mi modo de ver, hemos de cerciorarnos muy mucho de que ésta no revista carácter meramente académico. 
Si deseamos obtener unos logros concretos tendremos que establecer un marco de referencia: acordemos claramente qué porcentaje del PNB se destinará a la educación, dejemos claro que el aprendizaje y el derecho al aprendizaje no dependen únicamente de los datos del mercado de trabajo. 
Ahora bien, no quiero limitarme a lo negativo. 
Creo poder afirmar que la Cumbre también ha adoptado una serie de decisiones relevantes, siendo una de ellas lo estipulado con respecto a la imposición de los productos energéticos. 
Es una decisión que hay que mimar. Espero que, de hecho, se lleve a cabo. 
En segundo lugar, deseo felicitar a la Presidencia y a la Cumbre por el acento que han puesto en el aprendizaje de idiomas. 
La enseñanza de idiomas se ve cada vez más amenazada. 
En algunos Estados miembros reina la idea de que es algo poco importante, pero yo creo que están equivocados y que es un tema que merece toda nuestra atención. 
Señor Presidente, a estas alturas del debate hasta los críticos más ácidos de Barcelona- los que estuvieron por la noche en el Consejo y por la mañana en la manifestación- sólo han podido decir que Barcelona ha sido un paso modesto, un paso modesto en la buena dirección, diría yo. 
¿Por qué en la buena dirección? 
Porque hoy no discutimos- salvo el Sr. Barón- cosas que hace cinco días discutíamos. 
No discutimos el dogma de la estabilidad de precios; no defendemos ni cuestionamos el Pacto de Estabilidad; no discutimos la necesidad ni la urgencia de acelerar reformas estructurales para conseguir tres cosas: un mercado que funcione, el principio de compensación social y el desarrollo sostenible. 
Müller-Armak en estado puro. 
En cuanto a las reformas económicas, sólo quiero hacer dos apuntes. 
En cuanto a la energía y el gas, ha quedado meridianamente claro después de Barcelona que la liberalización no coincide necesariamente con la privatización: quien quiera empresas públicas que las guarde. 
Y que la liberalización incorpora los principios básicos del servicio de interés general: la igualdad de accesos, la continuidad de las prestaciones y la seguridad de los consumidores. 
Por tanto, cualquier discurso desde aquellos bancos abogando por más retraso en la liberalización son excusas de mal pagador, porque no logro entender por qué es bueno que los empresarios puedan elegir su suministrador y no es bueno que no lo puedan elegir los consumidores. 
En materia de mercados financieros, solamente un mensaje al Consejo: este Parlamento ha sido extraordinariamente generoso aprobando el informe von Wogau. 
Ha sido extraordinariamente eficaz en la aprobación de las medidas necesarias. 
Puedo prometer, y prometo, que si el Consejo nos remite por correo urgente las ocho modificaciones que quiere en materia de servicios financieros, por correo urgente tendrá la contestación adecuada. 
Envíennos las posiciones comunes. 
Un apunte último en materia de arquitectura institucional para hacer esas reformas: Sevilla. Harían bien el Consejo y la Comisión en considerar qué es lo que hay que hacer, desde el punto de vista institucional, para que las reformas pendientes sean reales. 
¿Cuál es el papel del Parlamento y del Consejo en el procedimiento legislativo (artículo 202)? 
¿Quién coordina de verdad las políticas económicas? 
Es decir, ¿vamos o no vamos a un gobierno económico? 
¿Quién representa el euro en la escena internacional? 
¿Vamos a seguir manteniendo la unanimidad en materia de fiscalidad cuando seamos 27 y el más pequeño de los pequeños pueda vetar cualquier decisión? 
Éstas son las tareas pendientes que tiene el Consejo. 
Felicito a la Presidencia en ejercicio del Consejo por el éxito de Barcelona. 
Y felicito también al Gobierno español, porque si hubiese habido desórdenes, habrían dicho que no había suficientes guardias, y como ha habido suficientes guardias, dicen que ha habido demasiados guardias. 
En definitiva, señoras y señores, lo importante es lo que uno tiene en los votos y no los gritos que uno pueda dar en la calle. 
Y en eso vamos ganando. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, desde el Grupo Socialista sentimos una gran preocupación por la falta de propuestas tangibles que ha dejado la Cumbre de Barcelona en materia de medio ambiente. 
Supuestamente, el Consejo de Barcelona debería haber sido el que tradujera a iniciativas concretas los objetivos que se marcaron en Gotemburgo y Lisboa para una nueva estrategia de desarrollo sostenible. 
Lejos de ello, el documento de las conclusiones tiene demasiados términos como "reafirma", "subraya" o "reitera" que, en el fondo, siguen siendo una declaración de intenciones que no se concreta ni en calendarios ni en propuestas de acción a corto o a medio plazo. 
Es decepcionante observar el pobre equipaje que llevamos a Johanesburgo en materia medioambiental. 
La cumbre de Barcelona ha repetido viejos vicios no tomando en pie de igualdad lo económico, lo social y lo medioambiental. 
Sirva como ejemplo la falta de mención a las grandes posibilidades que la conservación del medio ambiente presenta como nuevos yacimientos de empleo. 
El apartado de las acciones prioritarias no menciona el fomento de sistemas de transporte más respetuosos con el entorno, tan reclamados por esta Cámara en numerosas ocasiones. 
Los socialistas acogemos con agrado esa voluntad expresada de cumplir con los compromisos de Kioto. 
Sin embargo, no podemos dejar de reclamar planes nacionales para conseguir dichos objetivos. Y más si tenemos en cuenta que, en el caso de España, por ejemplo, actual detentora de la Presidencia, se supera ya en un 23% ese porcentaje de emisiones. 
Por ello decimos que con meras declaraciones de intenciones no llegaremos a construir una Europa de desarrollo sostenible. 
Quiero finalizar con una última inquietud. 
El Consejo de Barcelona ha roto la combinación equilibrada de políticas que creíamos intocables desde Lisboa y Gotemburgo. 
En el documento de las conclusiones volvemos a encontrar la ya obsoleta concepción sectorial de las políticas en contraposición con la deseable combinación de lo económico-social y medioambiental. 
El empleo, el transporte, la energía o la investigación vuelven a ser tratadas de manera sectorial, sin integrar la dimensión medioambiental, y eso es dar pasos atrás a pesar de lo que ha dicho el Sr. Prodi, de que se han dado pasos adelante. 
Y no debemos dar esos pasos atrás, todo lo contrario. 
Seamos más ambiciosos poniendo sobre la mesa iniciativas y calendarios concretos, que es lo que ha faltado en esta Cumbre de Barcelona. 
Como dijo el Sr. Jiménez-Beltrán, Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente: "la Unión Europea será sostenible o no será". 
Señor Presidente, señoras y señores, al contrario que la oradora anterior, quien ha alegado que se han adoptado demasiado pocas medidas, tengo que decir que las medidas propuestas por los Gobiernos me preocupan mucho como diputada y Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Entre los campos enumerados, el Consejo Europeo menciona objetivos que interfieren en parte claramente en las competencias de los Estados miembros. 
Aunque la coordinación abierta no se mencione ya expresamente como un método político especialmente adecuado para estos campos políticos, esto no nos debe confundir sobre el hecho de que se debe seguir aplicando el procedimiento de los objetivos y directrices cuya aplicación por parte de los Estados miembros debe someterse a una revisión en el plano europeo. 
El resultado de esto es la coordinación abierta. 
Este procedimiento es profundamente antidemocrático. 
No se incluye al Parlamento Europeo ni los a Parlamentos nacionales. Esto es una violación de los Tratados en vigor. 
Pero además es también un atentado contra el objetivo formulado por los Gobiernos en diciembre 2001 en Laeken para la siguiente Conferencia Intergubernamental y el tema más importante de la Convención, la delimitación de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. 
Bajo la perspectiva constitucional habla por sí misma la constatación del Consejo de Barcelona de que para la estrategia de empleo europea es necesario simplificar el proceso y que hay que reducir en especial el número de directrices de empleo. 
Pero, ¿quién ha puesto en marcha este proceso? 
Apenas se puede documentar de un modo más claro la necesidad de una clara delimitación de competencias. 
Sólo puedo instar a los Jefes de Gobierno de los Estados miembros para que respeten las competencias prescritas por los Tratados en vigor y no se apropien de derechos que no están contemplados por las Constituciones nacionales ni por los Tratados europeos. 
Por el contrario, la llamada del Consejo a los Estados miembros para que introduzcan una flexibilización de los mercados laborales nacionales va a tener sin duda más resultados que la determinación de objetivos y directrices utópicas europeas. 
Junto a la inflación de objetivos, los Jefes de Gobierno de los Estados miembros deberían evitar también una inflación de Consejos y centrarse en las tareas realistas de la Unión Europea cubiertas por los Tratados. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a la Presidencia y a los Jefes de Estado o de Gobierno europeos su apoyo y contribución positiva al proceso de consulta sobre el Tratado de Niza en Irlanda. 
El resultado del referéndum celebrado el pasado mes de junio fue una profunda decepción, en particular por la participación del 30 por ciento. 
Sigo perplejo ante el intento de nuestro Taoiseach de jugar una vez más la baza de la neutralidad en Barcelona con vistas a conseguir apoyo para el Tratado de Niza. 
Espero que el Gobierno de Irlanda dedique suficiente tiempo a explicar el Tratado exacta y sinceramente a todos nuestros ciudadanos en la segunda ronda. 
Lamentablemente, se han vendido a los ciudadanos irlandeses los beneficios de la UE exclusivamente en términos económicos, mientras que no se ha promovido el imperativo moral y político de asistencia a los países de la Europa central y oriental a integrarse en la familia europea de naciones. 
Confío en que, una vez que así se haga, los ciudadanos irlandeses votarán a favor del Tratado de Niza y aceptarán que debe contar con una disposición necesaria relativa a la ampliación de la UE. 
Si la estrategia de nuestro Taoiseach consiste en insistir en una declaración del Consejo Europeo, en el sentido de que el Tratado de Niza no afecta a la neutralidad militar irlandesa, es que una vez más ha tergiversado el Tratado de Niza y el papel de Irlanda en la Asociación por la Paz ante sus propios ciudadanos. 
Me gustaría que abogara inequívocamente por la participación de Irlanda en la Asociación por la Paz y abandonase ese juego artero. 
Sin embargo, no es de extrañar por proceder de un Gobierno que en los últimos años ha estado hablando contradictoriamente sobre la UE. 
Se atribuyen a la burocracia o la excesiva reglamentación de Bruselas las cuestiones difíciles que este Gobierno irlandés debe afrontar y, en cambio, las buenas noticias a logros ministeriales irlandeses. 
Esa actitud de arriesgar el futuro de las jóvenes democracias y las economías en ascenso de la Europa central y oriental ha alimentado la vena euroescéptica en Irlanda y constituye un reflejo de un Gobierno que prefiere dedicarse a juegos políticos nacionales a corto plazo por conseguir unos pocos votos en unas próximas elecciones generales. 
En conclusión, señor Presidente, he de decir, para que conste, que Irlanda nunca ha sido neutral ni podríamos permitírnoslo. 
No figura en nuestra Constitución ni en nuestra compilación legislativa. 
Taoisiagh sucesivos de la mima orientación que el Gobierno actual, incluidos DeValera, Lemass, Cosgrove y Lynch, han declarado expresamente que Irlanda no tiene una política tradicional de neutralidad y que adoptaría las decisiones en materia de política exterior atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. 
Irlanda es hoy y ha sido siempre, en realidad, una nación no alineada y deseosa de desempeñar su modesto papel en la protección de la paz y la seguridad en todo el mundo. 
El Tratado de Niza en modo alguno afecta a ese estatuto. 
Corresponderá al Parlamento irlandés decidir en qué misiones de defensa deben participar nuestras fuerzas. 
Somos un pueblo orgulloso: orgulloso de nuestra ejecutoria a largo plazo en materia de mantenimiento de la paz por parte de nuestras fuerzas de defensa en todos los puntos convulsos del mundo. 
Creo que debemos explicar claramente nuestra política actual de seguridad y defensa a los ciudadanos de Irlanda. 
Debemos poner fin a esa clase de falsedad que caracteriza la actitud del Fianna Fáil ante la cuestión de la participación en la Asociación para la Paz. 
El Tratado de Niza no cambia la estructura de seguridad europea e irlandesa, pero constituye el próximo paso decisivo para curar las tradicionales divisiones de Europa causadas por la guerra y la destrucción. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, a esta hora de la tarde, después de todas las intervenciones anteriores, uno piensa que la gran mayoría de los puntos abordables han sido ya explicados. 
Por eso, en cuanto miembro de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales de este Parlamento, quisiera centrar y limitar mi intervención a unos cuantos asuntos estudiados y decididos en la Cumbre de Barcelona que, al parecer de muchos, explican el éxito de la Cumbre y justifican que se haya dicho que la Cumbre de Barcelona ha salido razonablemente bien. 
Cuando se puede ver ya la salida de la desaceleración económica, hay un compromiso concreto y decidido para recuperar la estrategia de Lisboa y para alcanzar el objetivo crucial marcado por aquélla: el pleno empleo. 
A veces, a los ciudadanos europeos les cuesta creer, o tienen tendencia a pensar- visto desde otra parte- que Europa siempre se preocupa de hacer estudios sobre lo que deberá hacerse en el futuro y que hace poco realmente. 
Y a mí me gustaría destacar, precisamente, las decisiones y los compromisos asumidos en esta Cumbre de Barcelona que, debidamente expuestos, a ese ciudadano no precisamente entusiasmado le permitirían cambiar de opinión. 
Desde luego, el compromiso para conseguir el pleno empleo con más y mejores empleos y, además, en el horizonte temporal de esta década. 
Igualmente, el compromiso para la reducción fiscal para los salarios más bajos, o para la acentuación de las medidas para motivar la búsqueda de empleo, para el control del desempleo y, cómo no, para la incentivación de la incorporación de la mujer al mercado laboral a través de diversas medidas, muchas de las cuales ya fueron destacadas aquí, la estrategia para el alargamiento flexible de la vida laboral activa a la vista de la evolución de nuestra demografía, la mejora en la transferencia de los derechos sociales y de la movilidad laboral en general, son sentimientos e ideas- y decisiones, por lo tanto- a través de las cuales los ciudadanos europeos tenemos y percibimos más Europa y, además, la vamos a tener reforzando el papel de los interlocutores sociales, que nos hace a todos corresponsables en esta grandiosa tarea de construir Europa, una Europa mucho más solidaria y, por lo tanto, más justa. 
Verdaderamente no tengo nada que añadir a lo ha expuesto el Presidente del Consejo en su primera intervención, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los diputados que me han planteado las preguntas, están ausentes de este hemiciclo. 
Quiero, en cualquier caso, elogiar la profesionalidad de los jefes de los Grupos parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista, que por lo menos están aquí presentes. 
En cualquier caso, quisiera agradecer a todos aquellos que han tenido la visión positiva del esfuerzo que la Presidencia española ha hecho en Barcelona, y decir a los que han expresado alguna desilusión, que es lógico y está en la naturaleza de las cosas que la Presidencia de la Unión plantee estos retos con ambición, y también es lógico que todas las ambiciones no se realicen porque eso es la vida de la Unión de todos los días, esa es la vida de la Unión desde el año 1955, no vamos a hacer una Unión nueva ahora mismo, hay siempre una ambición por llegar a unas metas y luego normalmente, hay que hacer compromisos, los mismos que hay que hacer también en este Parlamento, que tampoco alcanza sus ambiciones todos los días. 
Por lo tanto yo digo que en ese esfuerzo de adecuar nuestras ambiciones a las realidades de la vida y de las necesidades políticas, creo que se puede decir, que el balance obtenido en Barcelona, es un balance extraordinariamente positivo. 
Por otra parte, ha habido quien se ha expresado insistiendo en algunos elementos, los que han insistido en algunos elementos ignorando otros, desconocen la verdadera esencia de la estrategia de Lisboa, porque la estrategia de Lisboa es el buen equilibrio entre la reforma y la liberalización económica, la cohesión social, las necesidades de educación y de investigación y el desarrollo sostenible. 
No se puede ir más allá en unos temas y menos en otros, tiene que ser un avance armónico, y yo creo que ha habido un avance armónico porque en todos los asuntos que se han tratado ha habido avances positivos y sustanciales que se pueden medir, que están reflejados en las conclusiones. 
Concretamente he oído la crítica reiterada de que el desarrollo sostenible no ha tenido el suficiente reflejo. 
A mí me sorprende que se diga aquí, que no es suficiente que la Unión por primera vez haya dicho que desea y se compromete formalmente a ratificar el Protocolo de Kyoto y que al mismo tiempo haya llegado a un compromiso con respecto a la ayuda al desarrollo en Monterrey, que me parece que son dos citas importantísimas. 
A mí me parece que eso es mucho más de lo que nadie podía esperar. 
Si no se ha hablado más de Johannesburgo es porque el Consejo Europeo de Barcelona no puede hablar más de Johannesburgo antes de que se inicien los preparativos de Johannesburgo en el ámbito de Naciones Unidas. 
De Johannesburgo hablaremos en profundidad en Sevilla, que es donde se dará claramente el mandato para que la Unión tenga una posición común. 
Por lo tanto, lo que hay en Barcelona, en el momento actual, es lo suficiente y lo deseable. 
Por otra parte, aquellos que han expresado sus ideas sobre los manifestantes, dando más importancia a los manifestantes que están en la calle que al resto del Consejo Europeo, y diciendo que ellos representan a la sociedad civil, yo quisiera recordarles que estos manifestantes son efectivamente ciudadanos europeos, pero que también detrás del Consejo Europeo hay muchos millones de ciudadanos silenciosos que han votado por los partidos que representan los gobiernos que están allí, sentados en el Consejo Europeo, y que son la verdadera sociedad civil. 
Esa es la verdadera sociedad civil. 
No quiero quitar legitimidad a aquellos que salen a las calles, pero tampoco hay que quitar legitimidad a aquellos que apoyan, a través de sus partidos políticos, a los gobiernos que toman las decisiones. 
Creo que muchos de los que dan tanta importancia a los que se manifiestan en las calles no han aprendido la gran lección que la ciudadanía europea ha dado a todos los europeos en el momento de la aceptación del euro. 
Estos son los mismos que decían que las gentes no querían nada de Europa y no querían nada del euro y por eso en quince días, toda la ciudadanía europea aceptó el euro, de manera espontánea y absolutamente voluntaria. 
Por lo tanto creo que hay que sacar muchas lecciones de qué es lo que la gente piensa en la calle y no pensar que son únicamente los que se manifiestan, con un ambiente más que festivo, con ocasión de un Consejo Europeo, los que tienen la legitimidad democrática de la Unión, porque no es así. 
Quisiera terminar, por cierto, expresando el estupor de la Presidencia ante la manifestación hecha por el representante de Herri Batasuna que lamenta el asesinato de un político italiano por parte del grupo terrorista Brigadas Rojas y que nunca ha lamentado las innumerables víctimas asesinadas por el grupo terrorista ETA, al cual su partido da cobertura política. 
En primer lugar quiero señalar que creo que los resultados de Barcelona han sido positivos globalmente, -nadie puede negarlo- aunque quizá ha habido quien quería todavía más, y quien- como hemos podido oír aquí hoy -, incluso, quería en algunos aspectos, menos, pero en general han sido positivos. 
En gran medida, esos resultados han sido positivos por el trabajo de tres instituciones: este Parlamento, la Comisión y el Consejo, es decir, sencillamente por el buen funcionamiento del método comunitario, y eso creo que es lo primero por lo que nos tenemos que felicitar todos los aquí presentes. 
Barcelona ha dado resultados, Barcelona ha supuesto pasos adelante en tanto en cuanto, y durante un tiempo importante, hemos venido trabajando codo con codo, cooperando este Parlamento muy especialmente, haciendo un esfuerzo notable, para permitir que se produzcan esos resultados. 
En España decimos, señor Presidente, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y eso es lo que diría a aquellos a quienes les ha parecido poco. 
Yo creo que hay que ver los resultados en todos los ámbitos, también en política exterior, en cuestiones tan importantes como la declaración sobre Oriente Medio, y no quiero extenderme a otras cuestiones que pertenecen en menor medida al ámbito de la Comisión. 
El balance es positivo si nos centramos en lo que son competencias muy específicas de la Comisión y propias de la política comunitaria, cuando hablamos de los avances en la cuestión de la garantía de las pensiones, en el ámbito laboral, en la integración de los mercados, en la realización de Europa, en la vertebración física y espacial de su propio territorio, por ejemplo a través de las interconexiones, ya sean energéticas, ya sean de los transportes, en el apoyo de la política medioambiental, no sólo en el capítulo medioambiental específico, donde hay elementos importantísimos que ya han sido señalados por el Sr. de Miguel hace un momento, como el Protocolo de Kyoto o los compromisos de Monterrey. 
Lo mismo hay que decir de las políticas concretas, cuando hablamos por ejemplo, en el capítulo de transportes, del impulso de los transportes- y con eso quiero contestar a una de las intervenciones concretas que ha habido -, a los transportes medioambientalmente más respetuosos como es el impulso dado al ferrocarril, y al transporte marítimo. 
En el terreno de la energía también se han hecho avances importantísimos con una directiva sobre la fiscalidad de la energía, cuestión que es indudablemente clave dentro del modelo de desarrollo que propugnamos en Europa, que no se basa ni mucho menos en una energía barata, sino más bien al contrario. 
Cuando se ven todos los avances que se han realizado, insisto, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y ha habido mucho de bueno y el método comunitario ha funcionado. 
Por último, señor Presidente, muy brevemente, no puedo por menos de señalar que, como política, como parlamentaria durante más de trece años- y espero que algún día la confianza de los ciudadanos españoles, me vuelva a llevar otra vez a esos trabajos- quiero decir una cosa muy clara: la legitimidad política está en los parlamentos y en los gobiernos democráticamente elegidos. 
Otro tipo de manifestaciones que son representaciones de lo que se denomina la sociedad civil, son muy importantes, y cualquier político que quiera seguir teniendo un respaldo popular tendrá buena cuenta de lo que suponen esas manifestaciones, incorporará al máximo lo que dicen esos grupos sociales, pero evidentemente lo que no podemos es sustituir la democracia y la legitimidad democrática política de los votos que se dan a los representantes de los ciudadanos por las manifestaciones, por muy importantes que sean estas; porque son elementos totalmente distintos y que no deben mezclarse. 
Son cuestiones diferentes. 
Había cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron pacíficamente como suele ocurrir en siempre este tipo de manifestaciones, salvo en el último momento en que salieron los reventadores que conocemos y que lamentablemente, no habían sido antes interceptados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
Pero insistamos, señor Presidente: la legitimidad está en este Parlamento, la legitimidad está en los parlamentos nacionales, la legitimidad estaba claramente en el Consejo Europeo con los Jefes de Estado y de Gobierno de 15 países democráticos junto con la Comisión que allí participaba. 
Como conclusión de este debate la Presidencia ha recibido seis propuestas de resolución cuya votación tendrá lugar a las 19.00 horas. 
El Sr. Cox ha dicho que al final de este debate podía yo presentar mi cuestión de orden, por lo que solicito el uso de la palabra. 
Tiene usted la palabra, señor Gorostiaga, para una cuestión de orden. 
De conformidad con el artículo 122 voy a limitarme a rebatir la declaración de un airado nacionalista y derechista español que viola hasta las más elementales normas de la cortesía parlamentaria. 
Resultaría totalmente inaceptable que me refiriera a ese colega como el portavoz de los torturadores españoles, aun cuando haya pruebas de que en las comisarías de España se practica la tortura. 
Semejantes ataques personales deben quedar proscritos de esta Asamblea para siempre. 
Confío en que el Presidente Cox haga lo que esté en su mano para evitar ese tipo de incidente en el futuro. 
Señor Presidente, voy a contestar al Sr. Gorostiaga porque entiendo que se ha referido a mí, desde el respeto a la falta de respeto, desde la cortesía parlamentaria a la descortesía. 
Simplemente quería señalar que lo que he hecho en mi intervención ha sido poner claramente de manifiesto que cada vez que la Presidencia del Parlamento levanta valientemente su voz para condenar los cobardes asesinatos de la banda terrorista ETA, el Sr. Gorostiaga, prevaliéndose de la libertad que le confiere ser miembro de esta Cámara- libertad que pisotean todos los días sus amigos de la banda terrorista ETA -, aprovecha la ocasión para justificar lo injustificable. 
Por lo tanto, Señor Presidente, lo único que quería es preguntar ¿hasta cuándo vamos a tener que tolerar en esta Cámara este tipo de manifestaciones, que constituyen una ofensa para la memoria de las víctimas y una burla para las posiciones de este Parlamento? 
Gracias, señor Salafranca. 
Este punto de orden ha sido suficientemente tratado y pasamos al siguiente punto del orden del día. 
De conformidad con el orden del día, pasamos al siguiente punto, las declaraciones de la Comisión y del Consejo sobre la Estrategia Política Anual de la Comisión Europea para el año 2003. 
. Señor Presidente, señores diputados, el pasado 27 de febrero, el Presidente, Sr. Prodi, les informó sobre las decisiones adoptadas ese día por la Comisión, y, en particular, sobre las prioridades políticas de la Comisión para el 2003 y las necesidades en materia de recursos humanos y financieros de la Comisión. 
Como hemos dicho en esa ocasión, este año, por primera vez, las tres instituciones principales participan en un diálogo en profundidad sobre las prioridades políticas y sobre el programa legislativo y de trabajo para el próximo año. 
El diálogo se desarrollará sobre la base del nuevo acuerdo presentado ante la Conferencia de Presidentes el 31 de enero y de un procedimiento renovado de consulta con el Consejo. 
El pasado 4 de marzo presentamos las prioridades políticas para el 2003 ante el Consejo de Asuntos Generales, y estamos llevando a cabo un trabajo estructurado de coordinación con las Presidencias griega e italiana, al objeto de conferir pleno sentido a la programación a medio plazo. 
Nuestro objetivo es fundamentar la programación en un diálogo político con los representantes de los Estados de la Unión y los ciudadanos, basándonos de este modo en el ejercicio del derecho de iniciativa que el Tratado otorga de forma exclusiva a la Comisión en un proceso, precisamente, donde la participación y la escucha de las distintas posiciones se mantiene al máximo. 
Evidentemente seremos nosotros, la Comisión, en última instancia, quienes tendremos que asumir las responsabilidades- insisto- que el Tratado nos asigna. 
Pero lo haremos en un contexto en que el ejercicio de esta prerrogativa sea políticamente no sólo responsable, sino abierto. 
Que se haga con luz y taquígrafos, sin listas de "buenas" intenciones negociadas en los oscuros pasillos de ninguna institución. 
En este sentido, exhorto a que la Presidencia de este Parlamento, y el Parlamento en su conjunto, continúen su trabajo de acción política para promover que la institución parlamentaria sea- como órgano supremo de debate democrático y de codecisión- capaz de ir más allá de simples discusiones de detalle o sencillamente de defensa de algunas posiciones concretas. 
Como bien saben sus Señorías, la Comisión se ha fijado de cara al año 2003 tres ejes prioritarios: en primer lugar, la ampliación; en segundo, la estabilidad y la seguridad; y en tercero, la economía sostenible y solidaria. 
Desde su toma de posesión, esta Comisión ha apostado por el éxito del proceso de ampliación. 
Porque la ampliación sigue siendo nuestra prioridad fundamental para la segunda parte de nuestro mandato. 
En este sentido, 2003 será un año crucial: tenemos que prepararnos para acoger en la Comisión a todos los representantes, a todos los comisarios procedentes de los nuevos Estados miembros y debemos hacer frente a los nuevos desafíos planteados ante la Unión. 
Pero la Comisión ha decidido conceder también prioridad a otro ámbito de acción: ante todo, la estabilidad y la seguridad. 
Dentro de la Unión nuestro objetivo principal es acelerar la creación de un espacio europeo de justicia, seguridad y libertad. 
La lucha contra la delincuencia en todas sus formas, incluido el terrorismo- y hoy más que nunca, una vez más, conviene repetir lo de incluido el terrorismo -, es y seguirá siendo el primer punto de nuestra agenda. 
Debemos seguir prestando una especial atención a la inmigración, con todos sus complicados efectos. 
La solidaridad con quienes tratan de mejorar sus propias condiciones de vida y las de sus familias debe correr pareja con la gestión rigurosa y ordenada de los flujos migratorios a nivel europeo. 
Precisamos una colaboración en el control común de las fronteras, un intercambio de informaciones y normas comunes para la entrada y readmisión de los inmigrantes, así como una armonización de las normas que regulen la circulación, la vida y los comportamientos de todos. 
En el plano exterior, la extensión de la estabilidad y de la seguridad a todo el continente europeo y a las regiones limítrofes de la Unión ampliada, constituye otra prioridad fundamental. 
Por ello es necesario, una vez más, reforzar nuestra asociación con todos nuestros vecinos. 
El tercer eje de nuestra política para el año 2003, señor Presidente, es una economía sostenible y solidaria. 
Hay signos de recuperación a no muy largo plazo. 
No obstante, la rapidez y la intensidad de esta recuperación dependen también del grado de compromiso con que la Unión se esfuerce por aplicar la estrategia de Lisboa. 
La dimensión exterior de dicha estrategia reviste una especial importancia como contribución al gobierno de la globalización. 
Y nuestra contribución deberá orientarse hacia la distribución de las ventajas de la recuperación entre un número lo más amplio posible de países. 
Señorías, entre las prioridades políticas de la Comisión se inscribe también la ya impostergable resolución de nuestro déficit de recursos humanos y financieros. 
Así pues, la Estrategia Política Anual no se limita a identificar las principales prioridades políticas, sino que apunta también a garantizar que la Comisión dispondrá de unos recursos adecuados para esta tarea. 
Como dijo el Presidente Prodi, el 27 de febrero pasado, esta Comisión no piensa asumir ningún mandato sin disponer de los recursos necesarios. Sencillamente, porque eso sería abocarnos al fracaso. 
En estos momentos, no podemos prepararnos adecuadamente para la ampliación si no es mediante la obtención de mayores recursos humanos. 
Por esta razón, tras un atento examen, la Comisión ha incluido en su Estrategia Política Anual la petición de 500 agentes temporales. 
A nadie se le escapa que esta es una cifra mínima, absolutamente por debajo de las tareas que la ampliación nos impone en este año 2003. 
Es sabido que el actual límite máximo impuesto a los gastos administrativos no nos permite disponer de los recursos necesarios para la preparación del proceso de ampliación. 
Por esta razón, la Comisión juzga esencial hacer uso del instrumento de la flexibilidad. 
No es el instrumento adecuado, pero entendemos que es el único instrumento disponible. 
Tenemos asimismo otras dos grandes misiones: la seguridad y la elaboración de una política en favor de una economía sostenible, que constituyen una responsabilidad adicional para la Comisión. 
No obstante, para no tener que pedir un nuevo aumento de personal, hemos decidido aprobar tan sólo las iniciativas que nos es posible desarrollar redistribuyendo internamente las fuerzas actuales o, sencillamente, concluyendo algunas de las actividades que se están desarrollando. 
Señor Presidente, esto es una prueba de la seriedad y del rigor con que la Comisión asume sus prioridades sin olvidar la disciplina presupuestaria. 
Por lo que se refiere a los recursos financieros, quiero recordar que la Comisión y las Autoridades Presupuestarias debemos encontrar con urgencia una solución estructural a la insuficiencia crónica de la Rúbrica 4, relativa a las relaciones exteriores. 
La actual rigidez no permite, en efecto, la optimización de nuestras acciones. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión está planteando hoy los grandes ejes de acción. 
Este debate irá seguido de unos debates, en todas y cada una de las comisiones, en las que participarán los Comisarios junto con los diputados que forman parte de las mismas. 
Ese será el momento de ir concretando y elaborando todavía más estos grandes ejes de acción. 
En cualquier caso, permítanme manifestar desde ahora el agradecimiento, en nombre de toda la Comisión, por su aportación constructiva y concreta a la mejor gestión posible de las prioridades para el año 2003. 
. Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Presidencia ha escuchado con especial interés la exposición por la Vicepresidenta, Sra. De Palacio, de la estrategia de política anual de la Comisión para el año 2003, que constituye la primera fase del ciclo de planificación y programación de las prioridades definidas por la Comisión. 
Se trata con ello no solamente de identificar esas prioridades sino también de analizar la mejor manera de utilizar racionalmente los recursos financieros y humanos de la Unión. 
Me parece especialmente satisfactorio que las prioridades identificadas por la Comisión, como la ampliación, la estabilidad y la seguridad, y la economía sostenible y solidaria, coincidan ampliamente con las que la propia Presidencia y la Unión Europea, en su conjunto, han definido y que han sido confirmadas por el Consejo Europeo de Barcelona, sobre el que el Presidente en ejercicio del Consejo, el Presidente del Gobierno español, acaba de informar a este Parlamento. 
La Presidencia acoge favorablemente la intención de la Comisión de entablar un diálogo sobre la estrategia presentada, en el que las implicaciones presupuestarias habrán de constituir un elemento fundamental. 
Por ello, la articulación del debate de las prioridades estratégicas con el procedimiento presupuestario para el año 2003 habrá de ser preparada cuidadosamente. 
El Consejo ha mantenido ya algunos intercambios de opiniones y considera que el Consejo de Asuntos Generales del próximo mes de mayo podría incluir, en su orden del día, un primer debate político sobre las prioridades estratégicas de la Comisión para el año 2003. 
Asimismo, los aspectos presupuestarios, que en opinión de la Presidencia deberían incluir las implicaciones que la ampliación podría tener en materia de gastos tales como las necesidades inmobiliarias, podrían analizarse en el momento en que se considere más oportuno dentro del marco general del procedimiento presupuestario. 
La Presidencia no excluye que el primer debate político sobre la estrategia de la Comisión sea seguido, en el curso del próximo otoño, bajo Presidencia danesa, de una nueva discusión con un horizonte temporal más próximo a la decisión sobre el presupuesto de la Unión. 
La Presidencia, señor Presidente, reitera su disponibilidad para apoyar las prioridades estratégicas propuestas por la Comisión y para analizar en profundidad sus implicaciones presupuestarias, en el momento oportuno. 
Señor Presidente, mi Grupo acoge con beneplácito la celebración de este debate esta noche, porque es la primera vez que hemos podido celebrar tan pronto un debate sobre la estrategia de política anual en el proceso presupuestario para 2003. 
El hecho de que el Consejo esté presente en este debate- aunque tal vez no esté escuchando- es una señal importante de que las tres instituciones deben trabajar conjunta y coherentemente. 
Mi primera observación es la de que estamos viendo un cambio importante en el proceso de funcionamiento, en el que hay, en primer lugar, una fijación de las prioridades en materia de políticas de la Comisión; en segundo lugar, estamos intentando lograr una correspondencia apropiada entre tareas y medidas para 2003 y, en tercer lugar, acogemos con beneplácito la idea de que exista un diálogo institucional más intenso, para que podamos lograr que el presupuesto se decida, en realidad, colectivamente. 
Naturalmente, ese debate comienza aquí y ahora, en marzo de 2002. 
Conque, ¿son ésas las prioridades idóneas? 
Aún es demasiado pronto para saberlo. Pero el caso es que hemos podido decidir al respecto: ampliación, estabilidad, seguridad y una economía no exclusiva. 
Resulta muy difícil encontrar un asunto que no quede comprendido en esos tres apartados, pero, en vista de cómo se ha preparado, en esta Asamblea y en nuestras comisiones encontraremos en los debates la forma adecuada de indicar en qué radican las prioridades. 
Desde luego, habrá debates, por ejemplo, sobre la ampliación. 
¿Puede la Comisión, como dice, concluir los preparativos lingüísticos y administrativos para la ampliación durante 2003? 
¿Puede continuar aplicando la reforma de la Comisión para que esté totalmente modernizada al final de 2004, a más tardar? 
Ésas son cuestiones que vamos a tener que plantear claramente y lo mismo es aplicable a la estabilidad y la seguridad. 
Se ha expresado el deseo de que se cree la Agencia Europea para la seguridad de los alimentos y que empiece a funcionar. 
Que yo sepa, aún no se ha adoptado esa decisión, por lo que debemos tener claro lo que estamos intentando hacer con estos debates. 
Es evidente que en la economía no excluyente y sostenible hay todo una serie de cuestiones diferentes en relación con la disponibilidad de los recursos humanos y financieros. 
A ese respecto se plantea la cuestión de los 500 puestos no permanentes, que vamos a tener que examinar en detalle. 
Para concluir, este debate es algo digno de beneplácito. 
En el documento se fijan varias metas claras por alcanzar en las que nosotros- el Parlamento y el Consejo- tendremos que participar. 
Es de esperar que podamos acabar el año con la mejor correspondencia entre el presupuesto y los procedimientos legislativos que hemos estado pidiendo. 
Quisiera concluir observando que hay una cuestión importante en relación con la disponibilidad de recursos financieros. 
En el documento se dice claramente que se limitarán los pagos no sólo para el reembolso de los compromisos pendientes, sino que se deben contener todos los pagos del presupuesto para velar por que no superemos los límites máximos necesarios. 
Así, pues, el 2003 va a ser un año excepcionalmente difícil, pero hemos comenzado lo suficientemente pronto para encontrar las soluciones idóneas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Vicepresidenta de la Comisión, la Comisión define como una de sus prioridades para el año 2003 la ampliación del punto de orientación. 
El colega Elles quizás lo haya observado de un modo algo cínico. 
Sin embargo, me parece correcto e importante pues, de lo contrario, podría surgir la impresión de que si concluimos, como espero, con diez candidatos en el año 2002 los Tratados, todo ya a ha terminado. 
Todo está ya arreglado. 
Pero no es así. 
Sería también de ayuda para el proceso de ratificación y de apoyo en esta Asamblea si tuviésemos algunas iniciativas de la Comisión precisamente en el 2003. 
Por ejemplo: hay que preparar a los nuevos Estados miembros para una participación con plenos derechos dentro de la Unión Europea. 
Hay que practicar también la solución pacífica y amistosa de conflictos. 
Espero que no sólo en Chipre sino- tal como se ha visto en los últimos debates en esta Asamblea- también entre Eslovaquia y Hungría o la República Checa y Hungría y también Austria y Alemania se ven algo afectados. 
Hay que remodelar y estructurar de nuevo toda la política de cohesión. 
Hoy hemos tenido precisamente una auditoría sobre el Libro Blanco del transporte. 
Es bueno que la Vicepresidenta esté presente. 
Si realmente queremos ampliar las redes transeuropeas y realizar una aportación a la cohesión, entonces hay que hacer mucho en el 2003. 
Hay que apoyar intensamente la capacidad de aplicación en los futuros países miembros en el sector administrativo y de la justicia, por ejemplo en la cuestión de la lucha contra el fraude. 
Así pues, el año 2003 es un año decisivo precisamente en lo tocante a la ampliación. 
No se debe infravalorar esto. 
Pero el año 2003 va a ser también un año en el que tenemos que intentar dar respuestas a los países que no son candidatos, pero que se lo están pensando. 
Ucrania es uno de ellos. 
El Sr. Schewardnadse ha estado aquí y hemos mantenido algunos debates al respecto. 
También en Rusia se producen debates. 
Precisamente hace muy poco hemos hablado con una delegación de Croacia sobre Croacia. 
Hasta ahora no hemos hecho nada para definir las cuestiones del trazado de fronteras en Europa o definir qué es lo que debe ser la Europa de la Unión Europea, pues va a haber también una Europa más allá. 
En el año 2003 hay que dar algunas respuestas al menos provisionales. 
También habrá que desarrollar algunas ideas sobre cómo debe ser una cooperación reforzada, organizativamente garantizada, con aquellos países que no van a pertenecer a la Unión Europea pero que no se encuentran sencillamente totalmente al margen. Esta es asimismo una tarea para el 2003. 
Rusia es un ejemplo y los países del Mediterráneo son otro. 
Aquí es importante que desarrollemos nuevas ideas sobre cómo cooperar con aquellos países que no están dentro ni totalmente fuera. 
Precisamente esta cooperación va a ser también muy importante para la estabilidad y seguridad, la segunda prioridad que se ha mencionado. 
También hay que decir claramente que Europa tiene que hacer sus deberes. 
No podemos confiar siempre en los Estados Unidos y en sus intervenciones. 
No queremos confiar siempre en los Estados Unidos y en sus intervenciones. 
Sin duda, tenemos que refrenar también las tendencias hegemónicas de los EE.UU., pero para ello tenemos que trabajar también para que el papel de Europa sea más fuerte, en cualquier caso en nuestro ámbito inmediato de intereses. 
El año 2003 va a ser también un año importante, por ejemplo, para la cuestión de las intervenciones comunes. 
Señora Vicepresidenta, la Comisión necesita para llevar a cabo las cosas que se ha propuesto, en primer lugar, dinero- a este respecto hablará mi colega -, necesita recursos humanos y también un modo innovador de gobernar y regular. 
Lamentablemente, la Sra. Comisaria está hablando en estos momentos con el Presidente del Consejo, a quien también me voy a referir. 
Quizás tenga un poco de tiempo para escucharme. 
Señor Miguel, quiero decirle algo. 
Quizás pueda darle alguien los auriculares al Sr. Presidente del Consejo para que pueda escuchar brevemente. 
Quisiera decirle algo sobre la cuestión del gobierno y regulación alternativos. 
Muchas gracias por la respuesta que ha dado el Sr. Aznar, pero ruego que se le comunique que la respuesta, que sigue a su anterior respuesta en esta Asamblea, aunque es para nosotros un pequeño rayo de esperanza en lo que se refiere a la cooperación interinstitucional, sin embargo no en absoluto satisfactoria. 
Pues la sugerencia de la Comisión y la intervención que ha mantenido el Presidente Cox en Barcelona han mostrado claramente que necesitamos un acuerdo político entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
Si los Jefes de Gobierno se ocupan de otras formas de gobierno- lo que saludo- entonces creo que es también acertado que los diputados de esta Asamblea se ocupen de ello. 
El secretario general puede preparar algo, pero quien tiene que decidir son las instancias políticas, es decir, también este Parlamento. 
(Aplausos) 
Hace dos años, hablé en el debate sobre el programa legislativo anual en nombre del Grupo Liberal y me mostré muy crítico con el antiguo proceso, que califiqué de intercambio de listas de la compra entre el Parlamento y la Comisión. 
Ahora tenemos un proceso adecuado, un diálogo interinstitucional adecuado. 
Ahora tenemos ante nosotros una amplia estrategia adaptada al objetivo político primordial de la ampliación y pocos de nosotros disentirían de ese panorama en sentido amplio y, de hecho, el intento temprano de incluir las consecuencias presupuestarias. 
Ahora el proceso real comenzará con el examen minucioso en las comisiones del Parlamento y eso es lo primordial. 
Por fin hay una participación importante del Parlamento y no me cabe duda de que las comisiones comenzarán a dar consistencia a un programa legislativo final. 
Se trata de un cambio digno de beneplácito en nuestros métodos de trabajo y debe permitirnos planificar y preparar nuestra labor legislativa mucho mejor. 
Súmese a ello que esta mañana la Comisión de Asuntos Jurídicos celebró una trascendental reunión conjunta con diputados a los parlamentos nacionales para examinar el proceso legislativo de la UE y la aplicación del derecho comunitario. 
No cabe duda de que se debe avisar lealmente a los diputados a los parlamentos nacionales sobre lo que vamos a abordar y cuándo, lo que les permitirá hacernos aportaciones o responsabilizar a sus ministros en el Consejo de forma elocuente. 
De nuestro debate resultó claro que los Estados miembros que permiten una participación temprana de sus diputados nacionales en el proceso tienen muchas menos dificultades para aplicar la legislación comunitaria. 
Sus ciudadanos están más conformes con el proceso y el resultado final ha aumentado la legitimidad. 
Ésa es la conexión real con nuestros ciudadanos por cuya consecución estamos esforzándonos todos, por lo que, por fortuna, soplan nuevos vientos para nuestro proceso legislativo. 
La Convención puede levantar algunos más, pero tengo mucho gusto en decir que la primera ráfaga se ha llevado por delante esas malhadadas listas de la compra. 
La estrategia de política para 2003 comprende algunas iniciativas decisivas sobre el desarrollo de una economía no excluyente y sostenible. 
En particular, la Comisión desea abordar el examen a mitad de período de la PAC y la reforma de la PPC. 
Esos dos importantes sectores de las políticas se tragan, juntos, la mitad del presupuesto total de la UE, pero ni la PAC ni la PPC han alcanzado sus objetivos básicos. 
No han salvaguardado puestos de trabajo. 
No han logrado un nivel de vida decente para nuestras comunidades rurales y tampoco han logrado la sostenibilidad. 
Con esa ejecutoria de fracasos, hace mucho que se necesita una reforma radical y me complace que en la estrategia de política para 2003 esas propuestas ocupen un lugar fundamental. 
De hecho, a mediados de abril la Comisión Europea publicará sus propuestas legislativas para la reforma de la Política Pesquera Común. 
El eje de ese plan de reforma será sin lugar a dudas la delegación de la gestión de la pesca a los principales interesados directos en determinadas zonas pesqueras. 
Aunque esos comités tendrán sólo un carácter consultivo, al menos al principio, gracias a la participación de pescadores, científicos y especialistas en ecología marina, constituirán un paso espectacular hacia la descentralización del poder, lejos de Bruselas, y de vuelta a las bases. 
En un momento de desmoronamiento de las poblaciones de peces, reducción de flotas, pérdida de puestos de trabajo, desmantelamiento, paralizaciones, despidos, semejante iniciativa es muy urgente y resulta digna del mayor beneplácito. 
En la UE tenemos demasiados pescadores pescando demasiado pocos peces. 
Necesitamos una reducción global de la capacidad de un 40 por ciento, aproximadamente, de la flota, pero permítaseme hacer una petición especial a la Comisión y al Consejo. 
Por favor, no exporten nuestros problemas de pesca y explotación excesivas de los recursos fuera de la UE y a terceros países. 
Estudios recientes de casos en Mauritania y Senegal muestran que han agotado las poblaciones de peces. 
En Mauritania las capturas de pulpo se han reducido a la mitad en los cuatro últimos años. 
Algunas especies, como el pez sierra, han desaparecido del todo. 
Aplaudo la estrategia de política para la búsqueda de objetivos sostenibles y no excluyentes, pero recuérdese que dichos objetivos deben ser aplicables fuera de la UE tanto como dentro de ella. 
Señor Presidente, en lo que se refiere al tema del espacio de libertad, seguridad y justicia, la Comisión nos recuerda ante todo que la lucha contra el terrorismo está siempre en primer plano. 
Pues bien, no podemos sino mostrarnos totalmente de acuerdo con este punto. 
El salvaje asesinato del profesor Marco Biagi ayer en Bolonia, nos confirma trágicamente la necesidad de este compromiso. 
Sin embargo, debemos mostrarnos también de acuerdo con lo que ha declarado hoy aquí el Presidente Aznar, esto es, que actualmente disponemos de instrumentos suficientes para derrotar el terrorismo. 
Por otra parte, todas las Instituciones europeas han mostrado una gran sensibilidad y prontitud a la hora de adoptar las medidas que exige la repentina agudización de este fenómeno de delincuencia política. 
Es en otros sectores que al espacio de libertad, seguridad y justicia le resulta difícil desarrollarse y, sin duda, no por culpa de este Parlamento ni tampoco por culpa de la Comisión. 
La Unión Europea no ejerce las facultades que le confiere el Tratado de Ámsterdam en materia de inmigración y de asilo, debido a los obstáculos que pone el Consejo, a su incapacidad para alcanzar un acuerdo sobre las propuestas de la Comisión y a sus decisiones de adoptar de vez en vez instrumentos de carácter represivo que empobrecen y que, por sí solos, convierten en inadecuada toda política en este ámbito. 
Es un problema político volver a encontrar la voluntad y la capacidad de afrontar con los instrumentos de la civilización este complejo problema que afecta a las relaciones internacionales, a las normas y a los instrumentos comunes de control de las fronteras y al hacerse cargo de la responsabilidad común de las obligaciones que debemos cumplir, pero también de los objetivos de enriquecimiento cultural y económico que el reto de la integración nos plantea. 
Sin embargo, es también un problema institucional. 
La regla de la unanimidad es paralizante, la falta de codecisión es antidemocrática. 
Es necesario que los principios en los que asienta la Unión Europea- la democracia y el Estado de Derecho y, en consecuencia, la sujeción al control judicial- se extiendan a cada ámbito de actuación que afecte a la seguridad y a la libertad de los ciudadanos. 
La integración de EUROPOL dentro del marco institucional de la Unión es sólo un ejemplo de esta necesidad. 
En relación con estos temas la Comisión podría aportar muy útilmente una argumentada contribución de propuestas a la Convención sobre el futuro de Europa que acaba de abrirse. 
Señor Presidente, Señorías, tenemos de nuevo ante nosotros un documento de la Comisión del que solamente quiero decir que siempre me admira la capacidad de los funcionarios de la Comisión para llenar 28 páginas sin decir realmente nada concreto. 
Quizás esto tenga al menos la ventaja estratégica de que al final no se puede retener nada. 
Señora Comisaria, aunque esto no es aplicable al capítulo del que es usted responsable, sin embargo sí lo es a otros muchos capítulos en este documento y otros muchos documentos. 
No obstante, como lo tenemos creo que se debería decir algo al respecto. 
En lo que se refiere a las cuestiones del mercado interior, sólo puedo decir de mi experiencia de años pasados en esta Asamblea que estamos muy lejos de tener un mercado interior que realmente funcione efectivamente en todos los sectores. 
Sigue habiendo grandes carencias. 
Creo que la Comisión debería colocar en su agenda de trabajos principales durante el año 2003 centrarse en la eliminación de estas carencias. 
Precisamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior hemos debatido en segunda lectura la directiva sobre la venta a distancia en las prestaciones de servicios financieros. 
Aquí se ha visto claramente de un modo ejemplar que, por ejemplo, para el sector de los seguros no existe en absoluto un mercado interior que funcione sino que siguen existiendo mercados nacionales cerrados y estancos. 
Sigue habiendo, como he dicho, considerables carencias. 
Tenemos el mismo problema, lo que se ha visto claramente en los informes de la Comisión, en la aplicación de la libertad de establecimiento y de prestación de servicios también en otros sectores. 
Se nos ha presentado un informe de la Comisión sobre el que ya se debatió en una ocasión en la comisión y que va a tener en alguna ocasión sin duda algunas repercusiones al tratarse en el mismo sobre carencias concretas en el sector de la libertad de prestación de servicios. 
No voy a exponer ahora ejemplos, pues el tiempo no me lo permite. 
Pero mi ruego a la Comisión es el de proseguir consecuentemente y actuar para que al fin obtengamos realmente un mercado interior europeo que funcione. 
Un último punto que se trató esta mañana en el encuentro con los diputados nacionales: el Parlamento aprobó en enero un informe sobre los pasos a dar en la aproximación del derecho civil y comercial. 
Ruego a la Comisión y en especial a los Comisarios responsables que avancen en este campo, viniendo lo antes posible con un Libro Blanco o Verde para que sepamos concretamente cómo proseguir. 
Creo que esto es decisivo para que el mercado interior no solamente exista y funcione para las grandes empresas sino que también el consumidor y las clases medias tengan la posibilidad de utilizar plenamente las opciones que ofrece. 
Hacemos el mercado interior sobre todo para nuestros ciudadanos y no sólo para las grandes empresas. 
Ruego por ello que en este campo se siga trabajando con fuerzas intensificadas y mayor energía, enfrentándose también a ciertas resistencias que siempre existen en algunos Estados miembros tal como nos indica la experiencia. 
Señor Presidente, yo he aprendido que es oportuno unir las alabanzas y las críticas y que esta actitud es pedagógicamente valiosa. 
Por ello, voy a comenzar con las alabanzas a la Sra. Comisaria. 
Es positivo que tengamos por fin un debate a tiempo con mucha antelación sobre una planificación estratégica y que se produzca a tiempo este diálogo entre la Comisión, el Parlamento Europeo y la comisión especializada del Parlamento Europeo. 
Menciono a propósito estas dos instituciones pues para mí el Consejo no desempeña ningún papel en absoluto. 
En Barcelona hemos visto que el Consejo acuerda su propio orden del día y hace lo que quiere. 
Por ello, el diálogo entre usted, señora Comisaria, como representante de la Comisión, y el Parlamento Europeo es lo único de lo que aquí se trata. 
Pero acto seguido vienen las críticas. 
Se lo puedo decir como una señal optimista, señora Comisaria: si en alguna ocasión buscan a alguien para vender un producto defectuoso, solicite ese puesto. 
Tiene aptitudes para hacerlo. 
Usted no ha escatimado esfuerzos en apoyar un documento que yo no he entendido. 
Admiro a todos los que han leído este documento y que han entendido las diferentes frases en un contexto global. 
Me he preguntado qué es lo que se necesita para encontrar algo. 
Habría que tener algo de este tipo, señora Comisaria. 
Usted ha sabido mencionar como Comisión cualquier cosa sobre todo. 
El concepto protección del consumidor aparece y la palabra sostenibilidad aparece en todos los lugares donde se puede encajar: transporte sostenible, economía sostenible. 
Todo es sostenible. 
Pero lo que no he conseguido averiguar es qué es lo que quiere hacer y cuáles son sus prioridades. 
No he podido entender en ningún lugar cuáles son realmente sus prioridades. 
Sí, ampliación sí, economía sostenible sí, quizás también seguridad y estabilidad. 
Pero el modo de lograr esto lo esconde tras abigarradas frases, señora Comisaria. 
Vaya por ello a casa y diga a sus colegas Comisarias y Comisarios lo que sin duda también les diremos personalmente: haced vuestros deberes mejor el año próximo. 
Como Parlamento, ahora tenemos que llenar de un contenido razonable lo que usted ha suministrado como marco. 
Lo que nos ha presentado se puede comparar con un deber escolar provisto de la siguiente anotación: 'Un buen intento, por favor la próxima vez mejor'. 
Y esto se lo digo también a usted. 
Señor Presidente, hay que esforzarse realmente para encontrar en el documento estratégico de 28 páginas de la Comisión para el año 2003 algo sobre política agrícola y desarrollo rural. 
Tres veces, distribuidas en tres páginas, se puede encontrar la palabra 'agricultura'. 
Quizás se deba esto a que la política agraria aún no está sometida al procedimiento legislativo de la codecisión. 
Temas como el de la ampliación, las negociaciones con la OMS, el desarrollo del presupuesto y la evaluación intermedia tenemos que valorarlos estratégicamente por primera vez. 
La ampliación: en el 2003 se quieren concluir las negociaciones de adhesión con los países candidatos, entonces podría comenzar la ampliación a partir del 2004. 
Todos tenemos claro qué gigantesco trabajo tienen que realizar la Comisión, el Parlamento y el Consejo en los capítulos de agricultura y desarrollo rural el 2003. 
Por ello, la ampliación va a constituir también para la agricultura una de las prioridades principales ese año y va a requerir mucha habilidad negociadora. 
Lo que aún hay que solucionar lo ha mostrado ayer claramente la auditoría en la Comisión de Presupuestos sobre este tema. 
Por ello, un estrecho diálogo con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural es exactamente tan necesario como el de lograr una mejor utilización de los créditos en las ayudas para la preadhesión en el marco de la ampliación. 
En la OMC, la agricultura desempeña un papel central. 
Así pues, querida Comisión, esperamos una información continuada sobre el progreso de las negociaciones con la OMC. 
Usted misma habla en la página 14 de su disparatado documento sobre la decisiva fase de negociaciones. 
Respecto al presupuesto: según el resultado de la votación en el informe Färm o, dicho muy concretamente, según la directriz 9 aprobada por el Pleno, se quiere garantizar dentro de lo posible que se tenga ya en cuenta en el presupuesto 2003 la modificación de la evaluación intermedia. 
Una constatación muy sencilla que va a provocar muchos dolores de cabeza sobre todo ante el trasfondo existente, ya que los Estados miembros cuentan de modo creciente con que se les devuelvan créditos no utilizados del presupuesto de agricultura. 
Siguiendo fielmente el lema: 'Bajo determinadas circunstancias esto podría proteger a alguno que otro frente a una carta azul de Bruselas'. 
Por todo ello, la exigencia estratégica para el 2003 sólo puede ser la de una utilización plena y más eficiente del presupuesto de agricultura y un empleo más flexible de los créditos para nuevos programas en el desarrollo rural. 
Una exigencia muy importante: hay que introducir en la política agraria común más aspectos cualitativos dignos de percibir ayudas. 
Los pagos compensatorios bajo este aspecto los entienden también los no agricultores. 
Señor Presidente, en relación con el proceso presupuestario anual, quisiera ocuparme de ciertas cosas. 
En primer lugar, no soy tan crítico como la señora Roth-Behrendt. 
Creo que es importante que exista una estrategia política anual que sirva también como directriz a la Comisión para los presupuestos del próximo año. 
Actualmente todas las instituciones formulan sus directrices en la primavera y hay esperanzas de que la Comisión fundamente su propuesta presupuestaria en ideas del Consejo y del Parlamento. 
En ese caso estaríamos ante un avance evidente. 
En segundo lugar, numerosos diputados han señalado que hay que fortalecer el vínculo entre el programa legislativo de la Comisión y las materias presupuestarias. 
Hasta ahora hemos quedado con demasiada frecuencia en una situación en la que se nos presentan propuestas legislativas, sobre nuevos programas y gastos, sobre la creación de nuevas instituciones, etcétera, sin contemplar el proceso presupuestario ni las consecuencias económicas. 
Especialmente en el campo de la política exterior se hacen muchas promesas. 
En esta materia hay mucho por hacer, pero el proceso de este año es, en cualquier caso, un paso en la dirección adecuada. 
En tercer lugar, nos alegramos por el capítulo sobre colaboración interinstitucional. 
Para crear una Unión que funcione correctamente es decisivo que exista esta cooperación y confianza. 
Por eso nos preocupa profundamente saber que en el Consejo se discute un nuevo reglamento presupuestario, que conlleva una disminución de los poderes del Parlamento. 
En el Comité de Presupuestos del Consejo se discute disminuir nuestras posibilidades para presentar propuestas de reservas, para influir en los presupuestos complementarios y modificatorios, etcétera. 
Si el Consejo continúa en esta dirección se pondrá en peligro el equilibrio institucional, cosa que jamás podrá aceptar el Parlamento. 
En cuarto lugar, quisiera ocuparme de un tema concreto. 
Es satisfactorio que todas las instituciones destaquen la ampliación, que es una de las tareas más importantes de nuestro tiempo. 
Espero que en relación con la conciliación presupuestaria de julio podamos ponernos de acuerdo en la forma cómo manejar los gastos administrativos del próximo año. 
Esto facilitaría los preparativos, ya que se contemplarían recursos para construcciones, para trabajar con los temas lingüísticos, para decidir el personal que habrá que contratar y para determinar las normas necesarias para incorporar observadores en los Grupos de partidos. 
Si todas las instituciones le atribuyen importancia a esto, podremos alcanzar los acuerdos necesarios en julio. 
Esto sería muy conveniente. 
Finalmente, espero que antes de que finalicen las negociaciones el Consejo y la Comisión inicien una discusión con el Parlamento sobre las consecuencias económicas a largo plazo de la ampliación. 
Creo en la ampliación, pero no podemos ocultar a los contribuyentes que habrá costes. 
Esto es algo que conviene tomar en serio. 
. Señor Presidente, aun a riesgo de que sea más o menos lo mismo, teniendo en cuenta el movimiento reinante en el Hemiciclo, sí que quisiera dar las gracias a todas sus Señorías que se han tomado la molestia de leer las veintiocho páginas, incluida la Sra. Roth-Behrendt. 
Creo que de las veintiocho han podido sacar elementos positivos, como decía el Sr. Swoboda. 
Porque, efectivamente, hay unos cuadros en el capítulo 3, apartado 3.1, 3.2 y 3.3 donde se dan más detalles concretos sobre las propuestas políticas para el año que viene. 
Quiero decir que estamos en el inicio del ejercicio; a partir de aquí se abre el período de discusión, de diálogo con las distintas comisiones por parte de los distintos Comisarios, y, después, seguiremos trabajando para, a lo largo del otoño, tener ulteriores debates concluyendo el proceso en el mes de noviembre con la presentación formal por parte del Presidente de la Comisión en el Pleno. 
Quiero, una vez más, felicitar y agradecer el trabajo de todas sus Señorías y esperar que esta experiencia, que iniciamos con este debate de hoy, sea en beneficio del funcionamiento de las instituciones, del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. 
Espero que dé unos buenos resultados y que, al final, pensemos que hemos dado un paso adelante en la cooperación interinstitucional. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Señor Presidente, como he realizado una observación crítica respecto a las explicaciones del Jefe de Gobierno Aznar, quiero expresar mi agradecimiento al Presidente del Consejo en funciones, quien está presente aquí, porque ha aclarado- al menos a mí personalmente- que es de la incumbencia del Parlamento enviar a sus representantes políticos al grupo de trabajo interinstitucional. 
Esto es una aclaración y quería darla a conocer de modo general. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Propuesta de resolución TC B5-0180/2002 
Señor Presidente, deberíamos publicar conjuntamente, para la edificación de los escolares, las mociones entusiastas del Parlamento europeo sobre las distintas cumbres y la crítica cruel que un testigo irrecusable acaba de expresar contra el funcionamiento de la cumbre, puesto que se trata del Sr. Javier Solana. 
Ocurre con la resolución de hoy como con otras. 
Lleva al público al éxtasis. 
En cuanto a nosotros, hemos visto como son las cosas realmente y decimos que una Europa que no sea social no es la nuestra. 
Señor Presidente, no he votado en contra de la resolución sobre el Consejo Europeo de Barcelona porque soy un europeísta convencido y porque estoy a favor de Europa. 
Sin embargo, señor Presidente, tampoco he votado a favor porque hay algo que no me convence en este texto y sobre todo no me convence algo de la comunicación y de los resultados del Consejo Europeo de Barcelona. 
¿Qué es lo que no me convence? 
Los quince Presidentes del Consejo están de acuerdo en hacer trabajar a los trabajadores cinco años más, pasando de la media de 57 años a la media de 62 años. 
Han declarado públicamente este buen propósito. 
¡Bravo! 
¡Bien! 
Pero, antes de hacer trabajar más a los trabajadores que ya tienen un trabajo, ¿no sería mejor hacer todos los esfuerzos posibles para dar trabajo a los parados que no tienen trabajo, y son muchísimos, y a los jóvenes en especial? 
Por lo tanto, el Partido de los Pensionistas está en contra de que se eleve la edad de jubilación tanto de carácter voluntario, como debería de ser, como obligatorio, al menos mientras exista un solo parado en Europa. 
Señor Presidente, la razón por la que muchos conservadores, o demócratas europeos, y yo nos hemos abstenido en la votación general es la de que en el párrafo 37 hay una referencia inaceptable a las conversaciones Reino Unido/España sobre el futuro de Gibraltar que en modo alguno tienen en cuenta las opiniones de los 30.000 gibraltareños, quienes desean claramente conservar su vínculo de soberanía con Gran Bretaña. 
El Gobierno laborista del Reino Unido tiene poco interés en defender su causa y ha informado a Gibraltar de que, si no apoya los resultados de las conversaciones, quedará marginado y financieramente presionado para que se ajuste a los objetivos estratégicos europeos del Reino Unido. 
Estoy convencido de que, si así sucede, Gibraltar debe buscar la libre determinación o algún tipo de solución semejante a la de Andorra. 
Si el Gobierno español discrepa, debe pensar en cuál sería su respuesta, si Portugal insistiera en su derecho, conferido por un tratado, a la devolución de Olivença por España o Marruecos insistiera en que Ceuta y Melilla pasaran a ser de su soberanía. 
El Partido Comunista de Grecia aplaude a los cientos de miles de manifestantes que han expresado su oposición a la política de la Unión Europea, a la política de la pobreza y del paro, de la privatización y de la liberalización. 
Las movilizaciones envían un mensaje de optimismo, demuestran que el movimiento popular está intensificando su lucha para derrocar dicha política antipopular. 
Por su parte, los jefes de Estado de la Unión Europea han manifestado que se hará frente a la pobreza y al paro desarrollando el espíritu empresarial, reduciendo las ayudas estatales, aumentando la empleabilidad y la flexibilidad laboral, y no han omitido la intención de acelerar la reforma de los sistemas de pensiones ¡y haber aumentado la edad de jubilación en cinco años hasta el año 2010! 
Este es el famoso ' modelo social? que se supone que va a traer el empleo pleno y que convertirá a la Unión Europea en la potencia económica más dinámica y competitiva. 
Las oposiciones surgidas entre ellos han entorpecido, en estas fases, que la energía se venda en saldos al capital privado. 
Con todo, han mostrado compasión por Oriente Medio al declarar que la Autoridad Palestina tiene toda la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo haciendo también recomendaciones amistosas de buen comportamiento a Israel. 
Su silencio ha sido culpable ante las amenazas americanas contra Irak y los planes de desarrollar nuevas armas nucleares. 
También ha sido viva su inquietud por regular los temas pendientes del ' Euroejército? , para tomar el relevo de la OTAN en ERYM. 
La resolución del Parlamento Europeo constituye un himno a la política antipopular y por este motivo, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra. 
. (FR) El Consejo europeo de Barcelona que acaba de tener lugar los días 15 y 16 de marzo pasados forma parte de esas ' cumbres técnicas? que toman decisiones sin que nadie les preste atención. 
En este caso, más que de decisiones, habría que hablar de un estrechamiento progresivo de disciplinas a las que se someten los Estados mediante procedimientos harto poco democráticos. 
El Consejo ha sido precedido por el envío de una carta de Romano Prodi a los jefes de Estado y de gobierno, indicando lo que- cito textualmente- ' la Comisión espera del Consejo europeo de Barcelona?. 
Se trata de una inversión de papeles especialmente audaz. 
En esta carta, se encuentra especialmente un llamamiento a que se endurezca la coordinación económica, de la que ya he dicho lo que pienso en el debate, así como la exigencia de una transposición más estricta de la legislación europea por parte de los Estados miembros. 
El Consejo ha retomado estos dos puntos en sus conclusiones sin hacerse pregunta alguna, en especial en lo que se refiere al papel imprescindible de los Parlamentos nacionales en la transposición. 
(Intervención acortada por aplicación del apartado 1 del artículo 137 del reglamento) 
Como se decía en la resolución del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, en la que nos integramos, la Cumbre de Barcelona hizo suyos aspectos muy importantes, en particular en lo relativo a la prosecución y aceleración de las privatizaciones, la liberalización y la desreglamentación en los sectores de la energía, los transportes y las telecomunicaciones y a aspectos importantes de los derechos de los trabajadores, al tiempo que insistía también en el mantenimiento estricto del Pacto de Estabilidad. 
Lamentablemente, una vez más el Consejo Europeo insistió en las reformas estructurales del mercado laboral basadas en la flexibilización, la precarización del trabajo y la moderación salarial. 
Igualmente grave es que haya recomendado el aumento de cinco años en la media de edad de la jubilación, lo que, además, indica un camino peligroso de amenaza a la protección social, que se debe mantener y reforzar como apoyo a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Así, como se afirmó en las grandiosas manifestaciones del movimiento sindical y asociativo que se desarrollaron paralelamente en Barcelona, a pesar de los condenables intentos de desmovilización y represión del Gobierno español y de la policía, se impone la necesidad de un cambio de política y no más de lo mismo. 
Es fundamental defender los servicios públicos, poner fin a las liberalizaciones y a la precarización del mercado laboral, luchar contra el neoliberalismo y defender otro mundo más solidario y más justo. 
A eso se debe nuestro voto contra la propuesta de resolución conjunta de los otros Grupos políticos y que no hemos suscrito. 
. (FR) Con esta votación, se pide al Parlamento que ratifique las decisiones tomadas en el Consejo de Barcelona. 
Se nos pide que aceptemos de aquí a 2004 la liberalización total del sector de la energía en detrimento de la lógica de servicio público fundada en los principios de continuidad, de igualdad de acceso y de tratamiento de todos los usuarios, de ordenación del territorio y de protección del medioambiente. 
Se nos pide carta blanca para desregularizar el transporte aéreo mediante el proyecto de cielo único y para seguir con la liberalización de los ferrocarriles. 
Se nos pide nuestro acuerdo para el aumento en cinco años de la edad media de la jubilación y la instauración de fondos de pensiones. 
Se nos pide que demos nuestro aval a reformas estructurales del mercado laboral basadas en la flexibilización y la precarización de la mano de obra y en la moderación salarial. 
Se nos pide que digamos que sí a la Europa liberal y antisocial. 
No, no podemos votar a favor de los resultados del Consejo de Barcelona, y nos identificamos completamente con el mensaje de los 100.000 sindicalistas y 400.000 militantes que se han opuesto pacíficamente a ' la Europa del capital? y han reclamado otra Europa y otra globalización. 
El Consejo de Barcelona, pese a las grandilocuentes declaraciones de Tony Blair antes de su celebración, fue decepcionante y tímido. 
El Consejo prometió en el pasado situar la sostenibilidad al frente del desarrollo europeo. 
La Cumbre ha prestado atención a ese compromiso sólo de boquilla. 
La llamada "liberalización" propugnada por el ala derecha de Blair ha chocado contra la roca de la inmovilidad francesa en relación con la producción de energía en el sector doméstico, con lo que resulta que Electricité de France puede seguir absorbiendo empresas de fuera de Francia sin por ello dejar de seguir protegida de intervenciones inversas. 
La retórica de la liberalización encubre con demasiada frecuencia políticas sobre el Mercado Único que bailan al son de intereses de orientación monopolista de las grandes empresas. 
La visión de Adam Smith de una economía libre y sin las trabas representadas por intervenciones de acumulaciones de capital en gran escala está muy alejada de la realidad que vemos en la economía contemporánea mundializada. 
En relación con Gibraltar, nadie puede dejar de acoger con beneplácito los avances logrados entre España y el Reino Unido. 
Pero no hay una referencia a los ciudadanos de Gibraltar. 
¿Qué ha sido de la libre determinación? 
-Sin trabajo no podemos vivir, pero ello no significa en absoluto que el aumento del empleo mejore nuestra vida. 
Aquí entran en conflicto dos opiniones encontradas. 
Según la ideología de la izquierda hemos de producir entre todos lo que deseemos consumir, garantizando una distribución lo más equitativa posible del trabajo y de las rentas y protegiendo a los trabajadores contra una excesiva presión laboral y tiempos de trabajo demasiado largos. 
La derecha, por el contrario, aboga por un crecimiento económico continuo. Sostiene la idea de que incluso las mujeres con niños pequeños, las personas discapacitadas y muchos jubilados han de realizar un trabajo remunerado. 
Sólo personas de muy avanzada edad y quienes puedan vivir de sus propias rentas están exentas de esta obligación. 
Los más fervientes defensores del crecimiento económico suelen ser aquellos que se niegan a compartir su riqueza con las personas menos favorecidas. Prefieren desviar la atención del problema de la distribución. 
Para no tener que modificar la actual distribución entre ricos y pobres gritan que todos deben tener más. 
Hoy el Presidente del Consejo, el Sr. Aznar, y el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, nos vienen a cantar los beneficios de una mayor apertura e integración de los mercados, de la reducción de los costes y de una cada vez mayor participación de Europa en la economía mundial. 
La mayoría de este Parlamento no tiene suficientemente en cuenta las consecuencias negativas de las Cumbres de Lisboa y Barcelona para el bienestar de los ciudadanos, los servicios públicos y la conservación del medio ambiente. 
Me parece un precio demasiado alto. Por eso rechazo los resultados de la Cumbre. 
. (SV) He votado en blanco en la votación final de la resolución, que fue aprobada por 211 votos a favor, 58 en contra y 34 abstenciones. 
Lo he hecho porque rechazo los puntos 25, 35 y 37. 
En el punto 35, el Parlamento Europeo quiere una ' revisión de la colaboración abierta entre los Estados miembros, por ejemplo en los sectores de las pensiones, la sanidad y la educación, para que el Parlamento Europeo pueda participar plenamente en los trabajos del Consejo y de la Comisión en esas materias?. 
Así, el Parlamento cuestiona la colaboración abierta como método y quiere iniciar un proceso para abandonar las relaciones entre estados en esas importantes áreas legislativas nacionales en beneficio del método comunitario y de la supranacionalidad, con el Parlamento Europeo como colegislador. 
Como cristianodemócrata sueco, rechazo esta tendencia. 
El punto 35 sobre Zimbabwe debería haber condenado mucho más duramente la violencia que ha sufrido el MDC, movimiento de oposición, durante el periodo eleccionario por parte del gobierno del Presidente Mugabe y de sus secuaces, y el asesinato de personas, incluyendo la matanza de agricultores blancos por motivos racistas. 
En el punto 37 sobre Gibraltar no se menciona al pueblo ni a su voluntad política. 
Los ciudadanos son esenciales en una democracia. 
Hace dos días éstos manifestaron su claro e inequívoco rechazo a los intentos del Reino Unido y de España para decidir los destinos de Gibraltar sin escuchar a su población. 
El Parlamento Europeo pierde aquí su perspectiva ciudadana, lo que es grave. 
Deseo plantear una cuestión de orden sobre las condiciones en que se ha celebrado el debate. 
Quisiera expresar mi profunda inquietud ante el intolerable comportamiento del Vicepresidente Vidal-Quadras, miembro del Partido Popular español, al conceder el uso de la palabra a su amigo político, el Sr. Salafranca, cuando, de conformidad con el artículo 122, no había razón para ello, mientras que me denegaba a mí el derecho a replicarle. 
Puede usted comprobarlo en el vídeo, señor Presidente. 
Habría que condenar de la forma más firme la actitud partidista del Vicepresidente Vidal-Quadras, porque de ello depende el crédito de esta Asamblea. 
He tomado nota de su observación, señor Gorostiaga. 
Queda cerrado el turno de explicaciones de voto. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 19.25 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 14 de marzo de 2002. 
Debo decirles que me encuentro ahora en la Presidencia porque el Presidente, Sr. Cox, se halla de camino hacia Estrasburgo desde Gran Bretaña, en donde ha estado hoy por la mañana para transmitir su pesar por la pérdida de la reina madre a la familia real británica. 
Por esta razón, mañana guardaremos un minuto de silencio en memoria de la reina madre. 
Estimados colegas, la noche del 26 de marzo, en la ciudad de Nanterre, en Francia, tuvieron lugar acontecimientos trágicos. 
Durante la reunión del Consejo Municipal, una persona armada se puso a disparar contra miembros de dicho Consejo, resultado de lo cual fue el asesinato de ocho concejales y que otros catorce fueran heridos de gravedad. 
Quisiera expresar mi más sentido pésame, en nombre del Parlamento Europeo, a la ciudad de Nanterre, al Consejo Municipal y a los familiares de las víctimas. 
Asimismo quisiera alabar el valor de los miembros del Consejo Municipal que consiguieron inmovilizar al atacante. 
Por otro lado, el 21 de marzo Juan Priede Pérez, único concejal socialista en el pueblo de Orio, en el País Vasco, fue asesinado por dos terroristas. 
El mismo día transmitimos, en nombre del Parlamento Europeo, nuestro pésame a la familia del Sr. Priede y a la Presidencia del Partido Socialista Obrero Español. 
Igualmente, enviamos un mensaje de apoyo a las autoridades españolas. 
Con el asesinato de Juan Priede Pérez, los terroristas han demostrado una vez más que niegan, no sólo el derecho a la vida, sino también, en este caso, a una persona dedicada al bien de sus conciudadanos. 
Incluso rechazan el derecho a participar en la política local y el derecho a ejercer las libertades democráticas. 
Señoras y señores colegas, por estos dos hechos les invito a guardar un minuto de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señor Presidente, sé que se va a adoptar una resolución sobre el problema de Israel y Palestina durante esta sesión, pero creo que no podemos empezarla sin recordar que se han producido 200 asesinatos en el territorio de Palestina y que el pueblo palestino está siendo humillado por el ejército de un Estado. 
Creo, por lo tanto, que necesitamos que esta sesión comience también... 
(El señor Presidente interrumpe al orador) 
Señor Nogueira Román, le rogaría que repitiera su observación cuando lleguemos al punto sobre Oriente Medio. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias por su intervención de hace unos momentos y decir en pocas palabras a los elegidos en las urnas, como somos nosotros, y a los ciudadanos que les escuchan, que cuando unos terroristas se vuelven locos y cuando unos locos se convierten en terroristas y matan a los elegidos en las urnas, en un momento en que se prodigan los ataques populistas cada vez más graves que quieren pisotear la política y a los elegidos en las urnas, es bueno recordar que estas personas, estos elegidos en las urnas, permanecen en primera línea de valor por el bien público. 
Señor Presidente, quiero hacer constar que con frecuencia, cuando los diputados nos levantamos para guardar un minuto de silencio, el público presente en la tribuna permanece sentado. 
Ahora, puesto que ellos también son ciudadanos europeos, creo que también deberían levantarse con nosotros para guardar un minuto de silencio. 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, siguiendo el comentario expresado por el Sr. Evans, yo también quisiera dar las gracias al Presidente Cox por la visita que está realizando hoy a Londres para presentar sus respetos en nombre del Parlamento Europeo con motivo del fallecimiento de la Reina Madre. 
Confío en que la Conferencia de Presidentes pueda dar una respuesta positiva a la petición del Sr. Evans de que las votaciones sean adelantadas mañana, de suerte que se permita a aquellos diputados británicos, y otros diputados, que deseen ver el funeral en la televisión que así lo hagan. 
Gracias, señor Murphy. 
El proyecto definitivo de orden del día, establecido de conformidad con el artículo 110, tras la Conferencia de Presidentes de los Grupos políticos en la reunión del 4 de abril ha sido distribuido. 
Martes: 
En relación con el debate conjunto de los seis informes sobre la aprobación de la gestión de la Comisión de Control de Presupuestos, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha solicitado que la votación sobre dichos informes tenga lugar el miércoles a mediodía. 
Tiene la palabra el Sr. Barón Crespo, Presidente del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que es quien ha redactado la solicitud del aplazamiento de la votación. 
Señor Barón, si usted me lo permite, creo que su intervención es a favor del aplazamiento de la votación al miércoles a mediodía. 
¿Alguno de los Sres. diputados quiere decir algo en contra? 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Martes: 
En cuanto a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio, que iba a ser el primer tema del miércoles, el Alto Representante para la PESC, Sr. Solana, nos ha avisado de que puede hallarse entre nosotros y hacer una declaración, el martes después de las 17.00 horas. 
En estas condiciones, el orden del día del martes por la tarde podría variar de la forma siguiente: de las 15.00 a las 17.00 horas debate conjunto sobre la defensa y el armamento, desde las 17.00 hasta las 19.00 horas debate conjunto sobre la situación en Oriente Medio, con las declaraciones del Sr. Solana y de la Comisión. 
Debo informar al Parlamento de que si se acepta el cambio, el debate sobre la situación en Oriente Medio nos obligará a no tener el turno de preguntas a la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo apoya la propuesta de aplazar la Declaración del Sr. Solana para mañana por la tarde a las 17.00 horas y de hacer un debate después, de 17.00 a 19.00. 
He de informar también a sus Señorías de que el Sr. Solana no podrá estar aquí el miércoles, ante lo que debemos mostrar comprensión porque irá a reunirse en Madrid con el Ministro de Asuntos Exteriores norteamericano. 
Esta es una razón que nosotros, como Parlamento, debemos aceptar. 
Tengo una petición y me sentiría muy agradecido si los otros Grupos se sumasen a ella. 
Señor Barón Crespo, me dirijo a usted en particular porque no quise condicionar con nada nuestra aprobación del aplazamiento de la votación sobre control presupuestario. 
Hemos aceptado su argumento y le pido que usted acepte que nosotros, si preparamos una Resolución sobre Oriente Próximo, no planifiquemos la votación para el miércoles, sino para el jueves. 
Nuestro Grupo no está realmente por hacer una Resolución, pero la Conferencia de Presidentes opinó lo contrario. 
Somos demócratas y lo aceptamos. 
Participaremos en la elaboración de una Resolución aún cuando, precisamente, la semana de sesiones pasada ya teníamos una muy fundamentada, pero participaremos y colaboraremos como corresponde a las reglas del juego parlamentario. 
Pero si el miércoles en Madrid negocian el tema la Unión Europea, esto es, Solana y Piqué, por una parte, y Powell por la otra, el resultado de esas deliberaciones tiene que poder ser incorporado al texto. 
No será muy fácil desde el punto de vista formal, pero en todo caso, los Grupos tienen que poder comentar oralmente los resultados de Madrid. 
Por tanto mi más encarecida petición sería que no votásemos el miércoles el texto de la Resolución, que sería demasiado pronto respecto de las negociaciones de Madrid, sino que, con conocimiento de los resultados, lo votemos el jueves. 
Les estaría agradecido si sus Señorías la apoyasen, pues nosotros estamos siempre dispuestos a ello cuando sus Señorías nos plantean razones justificadas. 
Señor Presidente, permítame, estimado colega señor Poettering, que le haga una rectificación en relación con sus informaciones. 
El miércoles en Madrid no habrá un encuentro bilateral europeo-estadounidense, sino una Cumbre presidida por el Presidente del Consejo- el Sr. Aznar, correligionario suyo- en la cual van a estar el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, que se encuentra en Madrid en este momento, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el Sr. Ivanov, el Sr. Powell, el Sr. Piqué y el Sr. Solana. 
Responde a algo que ya ha votado este Parlamento. 
Creemos que es muy importante que estén todos, incluso, de ser posible, un representante de la Liga Árabe, pero eso todavía no está confirmado. 
Por lo tanto, la Cumbre del miércoles en Madrid tiene una especial importancia. 
Yo no voy a entrar en el debate que celebraremos mañana, pero creo importante y absolutamente necesario que el Parlamento pueda pronunciarse con una voz firme en defensa del papel de Europa y que trate de aportar un resquicio de luz y algo de esperanza en este momento trágico que estamos viviendo. 
Por lo tanto, creo que la oportunidad política reside precisamente en que hagamos llegar nuestra resolución en caliente, en vivo, a la Cumbre de Madrid, cosa perfectamente factible. 
Añado algo más. 
La Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que no se caracteriza por su filiación socialista, en su Comité Permanente del día 6 de abril ha planteado una resolución que creo acorde con lo que podemos plantear nosotros. 
Pienso y espero que podamos lograr una resolución en una línea parecida. 
Me refiero a algo muy querido por el Grupo PPE-DE, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. 
Por tanto, insisto en que, de acuerdo con la doctrina del Presidente Cox, que no está aquí ahora mismo pero que la defiende, es muy necesario no quedarse rezagado respecto a los acontecimientos y, por ello, me parece que es especialmente oportuno que votemos el miércoles y que en Madrid se conozca a tiempo el resultado de la votación. 
Señor Watson, puede estar seguro de que se han registrado sus observaciones sobre el tema de las preguntas a la Comisión. 
Señor Presidente, regreso de Jerusalén y de Ramala y quiero sobre todo apoyar el principio del debate mañana, cualesquiera que sean los arreglos necesarios en relación con las preguntas a la Comisión, aunque, por otro lado, este punto es importante. 
Es necesario que este debate se celebre en presencia del Sr. Solana y lo que a mí me importa sobre todo, y a mi Grupo, es que el contenido de nuestra resolución común responda al acto de descaro inaceptable del gobierno israelí con respecto al Sr. Solana y el Sr. Piqué, es decir con los representantes de la Unión Europea. 
El que luego la votación tenga lugar el miércoles o el jueves me parece secundario. 
Si hay que elegir, prefiero el miércoles, por las razones expuestas por el Sr. Barón Crespo. 
Pero lo esencial es que nuestra posición sea clara, independientemente de lo que se vaya a decir y del compromiso que unos y otros adquieran en Madrid. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve, puesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente Wurtz. 
En particular, quisiera subrayar la importancia, y aquí me dirijo al presidente Barón Crespo y al presidente Poettering- de que nuestro Parlamento adopte una resolución realmente unitaria. 
Creo que tenemos todos los instrumentos para hablar con una sola voz, al menos nosotros, y pienso que es importante hacerlo. 
También mi Grupo, como decía el presidente Wurtz, prefiere que la votación sobre la resolución se celebre el miércoles. 
Señor Presidente, aunque naturalmente, como la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara, defiendo la prioridad absoluta de tratar el problema trágico de Oriente Próximo, como Vicepresidente responsable de las preguntas a la Comisión y al Consejo y en representación de todos los que han preguntado y quieren verificar cuál es la posición de la Comisión, me sumo a lo que acaba de explicar el presidente del Grupo Liberal, el Sr. Watson. 
Creo que no se puede suprimir el turno de preguntas a la Comisión. 
Cámbiese de hora, búsquese la solución que sea precisa, pero el turno de preguntas no puede ser el comodín que, según la capacidad que tengan la Comisión o el Consejo de venir aquí, pueda suprimir el Parlamento. 
Me parece una falta de respeto suprimirlas y confío en usted y en el Pleno para que se mantenga el turno de preguntas, aunque sea en otro momento. 
Señor Puerta, quiero asegurarle que no hay intención alguna de suprimir el turno de preguntas a la Comisión. 
Es simplemente que, en este caso en concreto, hay ciertas dificultades que creo que todos entendemos. 
En cualquier caso, tomamos nota de sus observaciones como hemos hecho también con las del Sr. Watson. 
Por ello mi reproche no se dirige contra usted, pero yo he visto en estos años a muchos vicepresidentes y vicepresidentas que, respecto del turno de preguntas, han dicho procure que no vuelva a ocurrir, que sea una excepción. 
Pero cada vez más se está convirtiendo en una regla. 
Es un hecho que puedo demostrárselo estadísticamente, por lo que pido encarecidamente que se fije el turno de preguntas a una hora en la que siempre pueda tener lugar. 
Antes era al principio de la sesión nocturna del martes, puntualmente. 
Desde que se trasladó al martes por la tarde, cada dos o tres veces se suspendía. 
Ahora estamos oyendo que se quiere poner el jueves a las 17.30 horas, porque hasta las 18.30 o 19.00 horas no tenemos nada supuestamente qué tratar. 
Los viernes no hay sesiones, pero no tenemos tiempo para el derecho elemental y contractualmente asegurado de preguntar de que gozamos los parlamentarios. 
Me parece inaceptable y pido no sólo que se modifique, sino también que ese turno de preguntas con el Comisario Busquin y otros, que muchos de nosotros hemos preparado con todo detalle, se recupere lo antes posible. 
No queremos recibir respuestas escritas por funcionarios, sino que queremos poder repreguntar, como es usual en el ámbito parlamentario. 
Señor Posselt, ya he explicado antes que, especialmente esta vez, nos encontramos en una situación muy difícil. 
Tomamos nota también de sus observaciones, pero le aseguro que no hay intención alguna de eliminar el turno de preguntas. 
A continuación procederemos a dos votaciones: 
La primera es sobre si la Sala acepta que el debate sobre Oriente Medio se celebre el martes, tal como hemos dicho. 
(El Parlamento emite su dictamen conforme) 
La segunda votación es en relación con si la votación sobre las resoluciones relativas se celebra el miércoles o el jueves. 
(El Parlamento vota a favor del miércoles) 
Señor Provan, tiene usted razón. 
La declaración de la Comisión deberá haber concluido a las 17.30 horas. 
Miércoles: 
Tengo el deber de informarles que, después de las decisiones que hemos tomado, el debate y las comunicaciones del Consejo y de la Comisión sobre Oriente Medio tendrán lugar el martes por la tarde. 
Tengo una solicitud del Sr. Leinen para que el debate se celebre el miércoles. 
Señor Presidente, ante situaciones extraordinarias se imponen actuaciones extraordinarias. 
Me habría gustado que el Presidente del Parlamento, el miércoles después de la votación, en la pausa de mediodía, nos hubiese llamado a un acto por la paz en Oriente Medio. 
Tenemos una sala maravillosa, donde otras veces se han celebrado fiestas. 
Tenemos un espacio precioso delante del Parlamento. 
Todos nuestros visitantes, toda nuestra gente, podrían participar. 
Lo único que se necesita es un micrófono. Si esto no fuese fácil, yo mismo ayudaría a conseguir uno. 
Creo que un acto tan extraordinario como éste sería una clara señal de que Europa no está dispuesta a aceptar la espiral de violencia de Oriente Próximo. 
Sería un gesto contundente, justo el miércoles, el día en que se buscará una solución de paz para oriente Próximo. 
Pido que lo reflexione junto con sus colaboradores de la Conferencia de Presidentes. 
Señor Leinen, muchas gracias por su observación. 
La transmitiré literalmente al Presidente del Parlamento Europeo. 
Jueves: 
En cuanto al debate de actualidad y urgencia, hemos recibido una solicitud del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata- Cristianos) y Demócratas Europeos, así como del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, para que se añada debajo del título 'Derechos Humanos? un nuevo punto titulado' Posición de la Unión Europea en la sesión Especial de la ONU a favor de la Infancia?. 
(El Parlamento emite su dictamen conforme) 
Igualmente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata- Cristianos) y Demócratas Europeos y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos han solicitado que el título del quinto punto sea el siguiente: ' Lluvias torrenciales en Tenerife y en el Este de España, así como cambios climáticos?. 
(El Parlamento emite su dictamen conforme) 
El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado. 
Intervenciones sobre temas judiciales 
Como ya saben, hemos guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo. 
Les ruego encarecidamente que respetemos la memoria de dichas personas. 
Señor Presidente, intervengo solamente para recordar la carta que envié al Sr. Cox la semana pasada para darle cuenta de una catástrofe que azotó la isla de Tenerife, concretamente la capital, Santa Cruz de Tenerife, donde desgraciadamente, además de los daños materiales, perdieron la vida siete personas. 
Le agradecería que transmitiese la condolencia al alcalde de la ciudad y, al mismo tiempo, que esta Cámara apoyase el próximo jueves la propuesta de resolución que han presentado algunos compañeros canarios. 
Señor Presidente, el Consejo ha solicitado procedimiento de urgencia para las medidas restrictivas especiales contra determinadas personas, el denominado combate contra el terrorismo. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos tiene una sesión especial esta tarde 
Espero que se tome en cuenta que diputados del Grupo GUE/NGL han pedido a algunas víctimas de esta legislación antiterrorista en el ámbito comunitario que acudan al Parlamento el miércoles para asistir a una conferencia de prensa y a una mesa redonda. 
Tres ciudadanos suecos han caído en esta trampa. 
A mi juicio- y así lo entienden también muchas personas- estamos ante un escándalo judicial enorme. 
Lamento también que el Consejo no esté dispuesto a enviar representantes a esta mesa redonda. 
Me parece muy vergonzoso, ya que se trata de ciudadanos que no pueden defenderse. 
Ni siquiera están acusados, pero se les han congelado todos sus medios de vida. 
Señor Presidente, quisiera informar al Parlamento de que la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, celebrada en Nicosia los días 5 y 6 de marzo, con la participación de 43 partidos políticos de izquierdas y otras organizaciones de 22 países, adoptó una resolución que condena el ataque por todos los frentes de Israel contra el pueblo, la Autoridad y el liderazgo palestinos. 
Asimismo, la resolución expresa su solidaridad con las fuerzas pacifistas de Israel, y hace un llamamiento a la comunidad internacional, y especialmente a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Coalición Árabe, a fin de que presionen a Israel para que obedezca las resoluciones recientes y más antiguas de la ONU. 
Señor Presidente, uno se pregunta cómo es posible que Israel realice tales salvajadas contra la población civil, incluso contra niños, bajo la mirada insensible de los poderosos de la tierra. 
También se pregunta, de dónde saca valor para apalear a diputados griegos, prohibir la entrada a una representación del Parlamento chipriota y para prohibir incluso que altos mandos de la Unión Europea se reúnan con el presidente Arafat. 
Se pregunta por qué la Unión Europea no utiliza los medios de que dispone para poner fin a la ofensiva israelí, por qué no toma medidas económicas, por qué no detiene la exportación de armas a Israel. 
En estas trágicas condiciones, la no condena de Israel y el silencio equivalen a la complicidad en el genocidio del pueblo palestino y del asesinato de la paz. 
Señor Presidente, voy a volver de nuevo sobre la observación de la Sra. Read y sobre las consideraciones del Sr. Helmer. 
El Sr. Helmer me fuerza a hacer una observación que, realmente, nunca creí que tuviera que hacer. 
Soy una persona que, en este Pleno, he criticado a menudo a la Sra. Presidenta Fontaine durante el período en que ocupó el cargo. 
Pero ahora tengo que dejar claro lo siguiente. Tengo que oponerme totalmente a lo que el Sr. Helmer ha escrito en su Newsletter sobre que las declaraciones de la Sra. Fontaine suenan a marxistas o a socialistas. 
Nicole Fontaine se merece muchas cosas, pero no calificarla de afín al marxismo o al socialismo. 
Sería más o menos lo mismo, señor Helmer, que calificar sus observaciones de inteligentes. Ambas calificaciones serían igualmente falsas. 
Tengo que decir que no podemos permitir que se difame de este modo a miembros y representantes del Parlamento, pues junto a la observación chistosa, la recomendación a una representante del Parlamento Europeo de que mencione su ' Mein Kampf? , es una equiparación con ideologías históricas inaceptable desde todo punto de vista. 
Creo que esto debe ser reprendido por este Pleno. 
Pregunto a los compañeros y compañeras del Grupo del PPE: este Parlamento prevé que los políticos de la misma línea se unan en un Grupo parlamentario, ¿cómo se puede estar en un mismo Grupo con un hombre semejante? 
Señor Presidente, con referencia a la cuestión israelo-palestina, quisiera llamar su atención y la de sus Señorías sobre el hecho de que la Sra. Morgantini que viajó a los territorios ocupados con una delegación de diputados y sindicalistas italianos, fue retenida y utilizada como escudo humano por los soldados israelíes. 
Sé perfectamente que la cuestión es muy grave y que esto podría parecer un hecho irrelevante; sin embargo, considero que se ha de reprochar el tratamiento del que fue objeto no solo una mujer valiente, sino una representante de nuestro Parlamento. 
Agradecería al Presidente de este Pleno que enviara una nota de protesta al Gobierno israelí por el tratamiento reservado a la Sra. Morgantini. 
Señor Presidente, mi intervención guarda relación con la del Sr. Bigliardo, pero su tenor no es el mismo. 
Me solidarizo, como creo que todos nosotros, con lo que le ocurrió a la Sra. Morgantini, pero no como diputado europeo, sino como ciudadano europeo. Por lo tanto, me sentiría igual de solidario con cualquier otro ciudadano europeo. 
Sin embargo, incluso antes de la intervención del Sr. Bigliardo, quería pedir que mañana en el debate sobre los acontecimientos de Israel y de Palestina, la Comisión recomiende a todos los ciudadanos europeos que no ocupan cargos en las organizaciones de las Naciones Unidas, de la OTAN y de la Unión Europea que se abstengan de participar en el macabro turismo de la curiosidad y de la falsa solidaridad. 
Quien viaja a una zona donde se lleva a cabo la que es una auténtica guerra, lo hace a propio riesgo y ventura y no puede pretender involucrar a toda la comunidad internacional. 
Creo que en estas zonas no necesitan ninguna presencia de este tipo: la solidaridad se manifiesta en nuestras ciudades, en nuestros Estados y en los hemiciclos de los parlamentos. 
Dos o tres delegaciones de diputados italianos de la izquierda fueron rechazadas en el aeropuerto de Tel Aviv: se limitaron a dar una vuelta dentro del aeropuerto causando más molestias y más motivos de preocupación. 
Creo que es del todo innecesario. 
Por lo tanto, pido a la Comisión que recomiende expresamente a los ciudadanos europeos que se abstengan de participar en este tipo de turismo. 
Señor Helmer, creo que el problema ya se ha debatido en extenso. 
Usted ha tenido la posibilidad de expresar su punto de vista y los Sres. colegas de juzgar ciertas cosas. 
No demos comienzo ahora a todo un debate sobre un tema que creo que hemos agotado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0047) del Sr. Deprez, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional (12175/1/2001- C5-0067/2002- 2001/0824 (CNS) ). 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, el deporte en general- y el fútbol en particular- ocupa, ustedes lo saben bien, un lugar muy especial en nuestras sociedades, tanto en los comportamientos de nuestros conciudadanos como en la imagen colectiva. 
El gentío que se desplaza habitualmente con motivo de los grandes partidos- y en especial de los grandes partidos internacionales- así como el número de telespectadores causan simplemente estupefacción. 
El fútbol profesional es hoy al mismo tiempo una gran actividad deportiva, un gran juego de sociedad, una gran empresa de espectáculos y también, hay que decirlo, un gran negocio. 
Pero, lamentablemente, los grandes partidos- y sobre todo los grandes partidos internacionales- son también demasiado frecuentemente el escenario de escenas de agresividad, de desórdenes, de actos de violencia inaceptables tanto en lo referente a la ética del deporte como en lo referente al respeto debido a las personas y a los bienes. 
Además, ningún Estado miembro se escapa totalmente del riesgo de sufrir desórdenes, incluso aunque algunos partidos sean menos sensibles que otros y aunque, evidentemente, los seguidores de algunos clubes o de algunos equipos nacionales sean más fáciles de controlar que otros. 
Es precisamente para ayudar a prevenir mejor y a controlar mejor los riesgos de desórdenes que pueden producirse con motivo de partidos internacionales, por lo que el Reino de Bélgica ha tomado la iniciativa de la propuesta de decisión del Consejo sobre la que estamos llamados a pronunciarnos mañana. 
Este proyecto de decisión, Señor Presidente, señorías, tiene su origen en una triple observación. 
En primer lugar, cada vez hay más partidos de fútbol internacionales, ya se trate de diferentes competiciones europeas, de campeonatos de Europa o de otros torneos, lo que ocasiona un incremento de los desplazamientos de los seguidores y, como consecuencia de ello, un incremento del riesgo de desórdenes antes, durante y después de las competiciones. 
Segunda observación: la mejor forma de prevenir los desórdenes es garantizar el mantenimiento del orden con motivo de los partidos y disponer, en primer lugar, de un sistema organizado y eficaz de intercambio de información sobre los riesgos que determinados partidos representan globalmente- y muy especialmente determinado tipo de seguidores que se desplazan con motivo de estos partidos- y, por tanto, en segundo lugar, mejorar la coordinación entre los servicios encargados de la seguridad. 
A este respecto, hay que reconocer que el sistema actual de cooperación entre los cuerpos de policía, basado simplemente en acuerdos voluntarios y en contactos puntuales con motivo de cada partido, ha demostrado su debilidad cuando no su ineficacia. 
No es ni lo bastante fiable, ni lo bastante rápido, ni lo bastante sistemático. 
Por ello, señorías, el proyecto de decisión propone formalmente hacer obligatoria, en cada Estado miembro, la creación o la designación de un punto nacional de información "fútbol" de tipo policial, que haga las veces de punto de contacto único, directo y centralizado entre las autoridades y los servicios de policía de los Estados miembros encargados de garantizar la seguridad con motivo de un partido internacional o de una competición internacional. 
Cada punto nacional de información "fútbol" debe, por tanto, estar dotado de equipamientos adecuados y de personal cualificado. 
Ni que decir tiene que las necesidades operativas no son las mismas en Finlandia, en Austria, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido o en los Países Bajos. 
Los diferentes puntos nacionales así creados o designados deben pues funcionar como una especie de red de intercambio de información que incluya al mismo tiempo datos de carácter general- número de seguidores que se desplazan, grupos de riesgo, presencia de núcleos duros- y datos de carácter personal, es decir de los seguidores que presentan riesgos específicos para la seguridad y el orden públicos. 
Aprobando el informe propuesto, la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha dado su conformidad a las grandes orientaciones de esta propuesta de decisión del Consejo. 
También ha aprobado diecinueve enmiendas, las cuales tienen todas como objetivo bien reforzar el carácter operativo de la red, bien, señora Buitenweg, incrementar la protección de los ciudadanos con motivo del intercambio de datos de carácter personal. 
Aprobando el informe, nuestra Asamblea demostrará su voluntad de luchar más eficazmente contra las acciones de los hooligans y, de este modo, ayudará al fútbol profesional a confirmar su vocación primera, que es la de ofrecer un espectáculo de calidad a los seguidores entusiastas, sin permitir a algunos salvajes que transformen los estadios o las ciudades que los acogen en terrenos de entrenamiento de destrozadores o en campos de batalla de bandas rivales. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, quisiera empezar felicitando sinceramente al Sr. Deprez por su informe. 
No ha sido una tarea fácil ya que el Consejo iba adaptando continuamente sus versiones. 
A pesar de todo, el ponente ha sido capaz de presentar un informe hecho a conciencia en esta materia que afecta directamente al ciudadano. 
Con respecto al intercambio de información y a una mejor coordinación con los servicios encargados de la seguridad en los partidos de fútbol, estoy completamente de acuerdo con su propuesta. 
Sin lugar a dudas habrá un aumento de la eficiencia si la información se centraliza en cada Estado miembro en un centro que funcione como punto de contacto único para todos los implicados. Esto es urgente y muy necesario. 
Sin embargo, quisiera advertir que con este sistema no se pueden vulnerar el derecho a la intimidad ni los derechos individuales de cada hincha. 
Por lo tanto, el artículo 4.3 es de una importancia crucial. 
Las disposiciones nacionales e internacionales constituirán la base para la recogida, el tratamiento y la utilización de la información. 
Asimismo, le corresponde a la justicia tomar las medidas contra la violencia empleada por los hinchas futbolísticos y no a las federaciones que organizan los partidos de fútbol. 
No obstante, la lucha contra la violencia y los desórdenes relacionados con los partidos de fútbol no sólo es una cuestión de una actuación policial más eficaz. 
A mi juicio, es más importante cambiar la mentalidad del aficionado. 
El deporte y tanto el fútbol profesional como el fútbol practicado por aficionados tienen una importante función social. 
Los expertos señalan que la violencia relacionada con el fútbol se debe fundamentalmente al afán de mostrar la masculinidad, el estatus y la lucha por el territorio. 
Esto es lo que hay que cambiar y en este ámbito los equipos, las asociaciones de aficionados y los jugadores mismos pueden desempeñar un papel muy destacado. 
Asimismo, la UEFA puede jugar un papel clave. 
Por su gran experiencia en la organización de partidos de fútbol y gracias a los contactos con las federaciones nacionales, la UEFA sabe mejor que nadie cuáles son los problemas que pueden surgir. 
Desde aquí hago un llamamiento para que colabore con nosotros. 
También quiero exhortar a los puntos nacionales de información para que inviten a los equipos, las peñas futbolísticas y la UEFA a colaborar estrechamente con ellos, de modo que sus tareas se puedan realizar de la mejor forma posible y más eficaz para aumentar la seguridad en los partidos de fútbol internacionales. 
Señora Presidenta, la propuesta de establecer unos puntos nacionales de información futbolística permanentes, que pretende, dicho de otra forma, mejorar la colaboración entre los Estados miembros en el mantenimiento del orden público en los partidos de fútbol internacionales, es una iniciativa belga basada en la experiencia adquirida en Euro 2000, el campeonato europeo de fútbol organizado, como saben, conjuntamente por Bélgica y los Países Bajos en junio de 2000. Me parece una propuesta excelente. 
El informe me parece también muy bueno y esta iniciativa merece todo nuestro apoyo. 
Sin embargo, me gustaría hacer dos observaciones. 
En primer lugar, la propuesta sólo se aplicará, lógicamente, en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Se plantea la pregunta de qué hacer con los países de fuera de la Unión Europea, cuyos equipos también participan en las competiciones internacionales. 
Los equipos de Turquía, Rumanía y Croacia juegan también con los de la UE. 
Ustedes dirán que los Estados miembros candidatos tendrán que adoptar el "acervo comunitario", y eso es cierto. 
Pero esto no se hará ni hoy ni mañana. 
Algunos lo adoptarán, como muy pronto, en el 2004. 
Y queda la cuestión de qué hacer con los demás, con los estados que no son candidatos a la adhesión. 
Por lo tanto, espero que se encuentren vías para colaborar con la UEFA y con las federaciones nacionales para solucionar esta situación. 
Mi segunda observación va dirigida a que se busque una mayor implicación y colaboración de los equipos y las asociaciones de aficionados para que se mejore el ambiente y la calidad. 
Señora Presidenta, Señorías, los grandes partidos internacionales de fútbol son para los aficionados la esencia futbolística en su máxima expresión, pero para los encargados de mantener el orden público y las administraciones locales constituyen más bien una pesadilla con costes muy elevados. Asimismo, estos partidos son para los vecinos de los estadios de fútbol muchas veces una fuente de sufrimiento y desgracia por los destrozos causados en jardines, coches, terrazas, etcétera. 
Esta decisión del Consejo tiene por objeto, en primer lugar, el núcleo duro de los ultras que hasta ahora han podido aprovecharse de las imperfecciones en el sistema de intercambio de información entre los diferentes servicios policiales. 
Por lo tanto, no constituye ningún lujo superfluo que se establezca por fin una coordinación eficiente en el intercambio de datos. 
Sí ha de quedar claro que se trata primordialmente de un instrumento preventivo para hacer una estimación sólida de los riesgos. 
Por cierto, el informe del Sr. Deprez me parece muy bueno. 
Ha conseguido esclarecer el texto original y hacerlo más conciso prestando mayor atención a los periodos antes y después de los partidos. 
Me parece que una buena red de puntos de información futbolística nos hará capaces de dirigir las dotaciones policiales de forma directa y eficiente. 
La competición internacional de fútbol absorbe mucha energía y medios de los servicios policiales implicados, por lo cual se corre el riesgo de que las otras tareas no se realicen de forma debida. 
No obstante, la clave en estos instrumentos de control es cómo se puede controlar el control. 
Me parece que el primer paso, más que lógico, es informar a los individuos afectados de que sus datos se recogen y se guardan en este banco de datos y que pueden consultarlos. 
Se puede objetar que esto impide la función controladora de los servicios policiales y que constituye una ventaja para las personas recogidas en el mismo. Sin embargo, creo que la práctica desbarata esta objeción. 
Porque no sólo se trata de un derecho fundamental, es decir el saber si uno figura en un banco de datos, sino que también se trata de un claro aviso que, además, tiene un efecto disuasorio. 
Señor Presidente, la iniciativa del Consejo y el informe del Sr. Deprez, vienen a cubrir un gran vacío en todo lo referente a la prevención y la represión de los ultras violentos en los campos de fútbol, que ha tomado ya dimensiones peligrosas en los últimos años; entre otras cosas, también a causa de la debilidad de los Estados miembros a la hora de aplicar medidas efectivas. 
Sin duda, la comercialización del fútbol y la búsqueda del beneficio es una de las causas de los episodios violentos en los campos de fútbol. 
El vandalismo no lo provocan multitudes salvajes de aficionados impetuosos, sino las mafias organizadas que se sirven del fanatismo y la violencia para servir a determinados objetivos ilegales que no guardan ninguna relación con el espíritu deportivo. 
En dos palabras, hay quien ha apreciado que la violencia en los campos de fútbol vende, aporta beneficios. 
La violencia en los campos de fútbol ya está organizada y dirigida y a menudo, con el nombre del deporte se cubren crímenes del Derecho penal común, como el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, según un estudio relativo británico. 
En los últimos años, los diferentes grupos de ultras violentos están explotando al límite la nueva tecnología, los móviles e Internet para organizar mejor su actividad y, por supuesto, para despistar a la policía. 
Desde este punto de vista, considero que la creación de una red de centros de información y el fomento de la cooperación judicial y policial entre los 15 Estados miembros para reprimir la violencia en los campos de fútbol, constituye una condición necesaria para crear un especio europeo de libertad y seguridad. 
Por supuesto, sigue siendo crucial el papel de las asociaciones deportivas que deben alejarse de los ultras violentos y educar a los aficionados en los ideales de la competición, de la cooperación, del diálogo, del respeto a toda diferencia y la coexistencia pacífica. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera subrayar que los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas constituyen una oportunidad importante para el resurgir del espíritu olímpico y de los ideales de la tregua sagrada y de la paz, como de propuesta alternativa de política a la lógica y la cultura de la violencia. 
Señora Presidenta, me parece llamativo que haya habido tres intervenciones por parte del Grupo Parlamentario de los Verdes/Alianza Libre Europea, lo que demuestra dos cosas. 
En primer lugar, que nosotros sí estamos interesados, en contra de la Sra. Ilka Schröder, en los 22 hombres en pantalones cortos que corren detrás de un balón. 
Y en segundo lugar, que nuestro Grupo Parlamentario quiere abordar los problemas relacionados con estos partidos de forma seria. 
Señorías, quisiera que se preste atención a una enmienda- mi colega ya la ha resaltado de alguna forma- porque espero que la aprueben. 
Se trata de la enmienda por la que se establece que las personas, cuyos datos se recogen y se guardan en un banco de datos porque suponen un peligro para la seguridad y el orden público, tienen que ser informadas del hecho de que sus datos quedan registrados. 
Me parece que se trata de una situación muy distinta que en el caso de criminales. Me puedo imaginar que en este caso no debe trascender que se les sigue la pista, porque todavía está abierta la instrucción del sumario. 
Pero en el caso de los hinchas va a tener un componente preventivo porque saben que se les está vigilando. 
O sea, este derecho de consulta no solamente purgará los bancos de datos de individuos que están injustificadamente registrados, sino que también tendrá un efecto preventivo. 
Las personas que saben que están en el punto de mira se lo pensarán dos veces antes de comportarse otra vez de forma violenta. 
Por lo tanto, espero que aprueben la enmienda 22. 
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión considera una iniciativa importante esta sobre el vandalismo de los hinchas y que ilustra en cierto modo el avanzado estado de cooperación ya existente en esa esfera. 
Por lo demás, puedo decir que este ejemplo va a servir de fuente de inspiración para que se aplique en otras. 
La iniciativa de Bélgica se basa en una evaluación detallada del Compeonato Europeo de Fútbol del año 2000, que fue apoyada y financiada, por lo demás, por el programa OISIN de la Comisión y en la que ésta participó. 
Nuestra opinión es la de que el establecimiento de puentes de información nacionales sobre el fútbol y su estrecha cooperación puede ser un medio eficaz para prevenir las manifestaciones de vandalismo de los hinchas de fútbol y luchar contra ellas. 
El objetivo fundamental es el de que los Estados miembros puedan intercambiar información sobre grupos de hinchas de los equipos de fútbol y sobre sus traslados a otros países y también que se puedan intercambiar informaciones sobre la clasificación de esos grupos como pacíficos o violentos. 
Ese intercambio de información tiene sobre todo como objetivo el de ayudar a los países que organizan los partidos de fútbol a prevenir posibles manifestaciones violentas y garantizar la seguridad de todos los amantes de ese deporte que quieran participar en paz, asistiendo a los partidos de fútbol. 
El aspecto innovador de esta decisión es el de que, además de permitir la continuación del intercambio de informaciones ya existente, es jurídicamente vinculante, lo que significa que se trata de un paso en el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el tratamiento de esas informaciones. 
Por tratarse de intercambio e informaciones sobre datos personales, hay que resguardar su tratamiento y su garantía, teniendo en cuenta sobre todo que esos intercambios de informaciones se aplican no sólo a las normas de derecho internacional vigentes en materia de garantía de la intimidad, sino también que, a juicio de la Comisión, deberíamos también integrar ese intercambio de informaciones en un instrumento jurídico que regulara la protección de los datos personales en todas las materias relativas al tercer pilar, es decir, en todas las materias relativas a la cooperación judicial. 
Quisiera concluir agradeciendo al Sr. Deprez el espíritu deportivo con que se ha entregado a la preparación de este informe y al Sr. McCormick, en particular, la información histórica de que el primer partido de fútbol se celebró en 1872 entre Escocia e Inglaterra, aunque lamento que no se nos haya dicho quién ganó... 
Gracias, Comisario señor Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto del informe del Sr. Kirkhope (A5-0036/2002) , en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la iniciativa del reino de los Países Bajos con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo relativa a la creación de una red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra (11658/2001- C5-0499/2001- 2001/0826 (CNS) ). 
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión apoya la propuesta holandesa de crear esos puntos de contacto sobre los crímenes de genocidio, porque nos parece que se trata de una propuesta oportuna encaminada a la creación de una estructura ligera y no dispendiosa. 
Esa propuesta no afecta a los mecanismos jurídicos existentes de asistencia judicial, sino que representa un complemento importante en la precisa medida en que permite que los Estados miembros de la Unión Europea cumplan las obligaciones que les impone el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, creado en Roma por el Convenio de 1998 y que está a punto de entrar en vigor con la ratificación del número necesario de Estados miembros. 
La cooperación entre los Estados de la Unión Europea en esa esfera, en el sentido de la prevención de ese tipo de crímenes, ya fue objeto de una posición común, de 11 de junio de 2001, por parte del Consejo. 
Y, por tanto, nos parece que la iniciativa holandesa se inserta en una línea coherente y consistente para abordar esos crímenes particularmente odiosos a escala internacional. 
La Comisión comparte la insistencia del ponente, Sr. Kirkhope, al que deseo felicitar por su excelente informe sobre la necesidad de que ese tipo de mecanismos de cooperación no afecten a las garantías de protección de los datos personales ni pongan en entredicho los derechos de defensa de los acusados. 
A este respecto están en vigor normas comunes aplicables- desde luego, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los convenios del Consejo de Europa al respecto- y éste es un ejemplo más de materias que, junto con las abordadas en el informe del Sr. Deprez, estamos examinando en relación con el estatuto jurídico para garantizar la protección de los datos personales en el ámbito de la cooperación judicial en la Unión Europea. 
Gracias, Comisario señor Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto del informe del Sr. Coelho (A5-0082/2002) , en nombre de la Comisión de Libertades y derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa marco sobre la base del Título VI del Tratado de la Unión Europea- Cooperación policial y judicial en materia penal (COM (2001) 646- C5-0694/2001- 2001/0262 (CNS) ). 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, comienzo felicitando a la Comisión en la persona del Comisario António Vitorino, por la excelente iniciativa que nos presenta. 
Muchas veces criticamos con razón a la Comisión; hoy es justo felicitarla por la iniciativa que nos presenta y que responde positivamente a las recomendaciones que el Parlamento Europeo hizo, con la aprobación del informe Kessler, de juntar los cinco programas abarcados por el título VI en un único programa-marco. 
Como todos sabemos, de conformidad con el artículo 29 del Tratado de la Unión, ésta deberá perseguir su objetivo de brindar a los ciudadanos un elevado nivel de protección en un espacio de libertad, seguridad y justicia, mediante acciones en común entre los Estados miembros en la esfera de la cooperación policial y judicial también en materia penal. Con esa lógica se crearon los cinco programas de financiación bianuales abarcados por el título VI, que deberían concluir en diciembre de 2002 y que eran- y son aún- Grotius II, destinado a los profesionales de la justicia; 
La propuesta que hoy está aquí en debate crea un programa-marco único encaminado a reagrupar y fundir en un marco legislativo y operativo armonizado todas las acciones correspondientes al título VI del Tratado de la Unión Europea, lo que refleja la evolución de los programas comunitarios en general y las experiencias de cinco años en el terreno. 
Así conseguimos, a nuestro juicio, un conjunto más coherente y unos efectos aún mayores de las acciones apoyadas: viabilizar una utilización más eficaz de los recursos financieros, evitar posibles superposiciones entre los diferentes programas y colmar las lagunas existentes. 
Aunque considero bastante positivo el planteamiento de la Comisión, me parece oportuno y acertado introducir algunas enmiendas con los siguientes objetivos: 
primero, dar una mayor claridad a la línea de acción del programa, así como una formulación precisa (entre otras cosas, porque los proyectos presentados deberán ser examinados a la luz de su conformidad con los objetivos del programa) , con lo que se rechazan conceptos vagos o poco precisos; 
segundo, dar nuestro aval a la inclusión en el programa de proyectos transfronterizos en la esfera de la asistencia a las víctimas de actividades delictivas, junto con el fomento de la cooperación policial y judicial. 
De ese modo fomentamos la defensa efectiva en los Estados miembros de los intereses de las víctimas en los procesos penales, en particular mediante la creación de una red de puntos de contacto. 
Podría también resultar pertinente, por ejemplo, disponer la realización de un estudio independiente sobre el estado de transposición de la decisión-marco, acompañado de propuestas de perfeccionamiento para cada uno de los países; 
tercero, reconocer que la participación de los países candidatos es importante y oportuna, pero que conviene decir con claridad que deberán participar en el nivel de la elaboración o en el de la ejecución del proyecto. 
No se puede considerar suficiente una mera participación en el proyecto casi como simples consumidores; 
cuarto, precisar que la capacidad de iniciativa para la formulación de propuestas no se puede limitar sólo al sector público de los Estados miembros y los países candidatos, sino que se debe ampliar a las organizaciones no gubernamentales, las universidades y otras entidades interesadas: 
quinto, respecto de la financiación, está prevista una cofinanciación máxima del 70 por ciento y que en algunos casos podría alcanzar el 100 por ciento. 
Se trata de proyectos concretos y medidas complementarias. 
La financiación del 100 por ciento en concepto de contrapartida comunitaria nos parece defendible sólo en el caso de proyectos que revistan mayor interés para la propia Unión Europea y que no se puedan ejecutar con un apoyo financiero inferior. 
Pero a este respecto conviene subrayar- y estoy seguro de que ése es también el criterio del Comisario António Vitorino- que la idea subyacente es intentar financiar el mayor número de proyectos posible con los recursos disponibles; 
y, en penúltimo lugar, la propuesta de la Comisión coincide con el deseo de este Parlamento de incrementar el apoyo a los proyectos destinados al fomento de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, pero es un poco difícil aceptar una propuesta que exceda las actuales perspectivas financieras. 
A eso se debe la propuesta de que este programa-marco funcione en el período 2003 a 2006, después de lo cual se deberá renovarlo conforme a las nuevas perspectivas financieras. 
Y, para concluir, considero lamentable que la posición del Parlamento Europeo no esté debidamente resguardada. 
Por eso, propuse que se brindara al Parlamento la posibilidad de participar, lo que brinda sin duda la posibilidad de que ejerza de la mejor manera posible su cometido como Autoridad Presupuestaria. 
La construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia constituye uno de los objetivos fundamentales de este Parlamento, por lo que su participación resulta de la mayor importancia. 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias en nombre de la Comisión de Control Presupuestario al Sr. ponente, Sr. Coelho, y a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores por haber incorporado al informe la mayor parte de las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario. 
La propuesta que la Comisión ha presentado concentra cinco programas existentes- Grotius II, Oisin II, Stop II, Hipócrates y Falcone- en uno y creo que la propuesta a grandes rasgos coincide con los deseos del Parlamento de asegurar mayor apoyo a aquellos proyectos que pueden ofrecer a los ciudadanos comunitarios una Unión con mayor seguridad. 
Pues la seguridad interna es naturalmente una de las prioridades que también el Parlamento destaca en las directrices para el proceso presupuestario de 2003- el próximo año- aprobadas en la última asamblea celebrada aquí en Estrasburgo. 
Uno de los propósitos de la unión de programas es que exista en el futuro mayor correlación entre el trabajo policial y la cooperación judicial, y para la Comisión de Control Presupuestario, éste es un propósito con el efecto nada insignificante de un mejor aprovechamiento de los recursos financieros. 
Es motivo de alegría ver que también se permite a los países solicitantes tomar parte en los proyectos que se financien con cargo al programa, sin embargo, ha de quedar claro que el Parlamento como autoridad presupuestaria no puede aceptar que se sobrepasen los cálculos financieros, por lo que el programa debe limitarse al período 2003-2006 en primera instancia y así verse recortado un año. 
Naturalmente, tal cosa implica una reducción equivalente de la dotación asignada. 
Posteriormente podemos prorrogarlos. 
Por último, me parece importante que se consulte a la autoridad presupuestaria si de todas formas fuera necesario aumentar la dotación del programa. 
Un aumento de la dotación de este programa no ha de tener como consecuencia reducciones de la dotación de otros programas que también son financiados con cargo a la categoría 3 de los cálculos financieros. 
Señora Presidenta, en el gran cuadro político este informe es una bagatela. 
Desde el punto de vista económico, hablamos de menos de un 0,1 % del presupuesto anual comunitario, y las consecuencias políticas inmediatas no inspiran ni el aplauso ni la oposición. 
Se trata de un programa en virtud del Título VI del Tratado de la Unión Europea. 
Es evidente que como jurista y demócrata he de decir que la cooperación y el desarrollo siempre son positivos, y que puede ser útil y enriquecedor, sin embargo, resulta muy difícil tomar en serio la retórica. 
En la exposición de motivos del informe aparece lo siguiente: ? Si se quiere garantizar a los ciudadanos europeos un espacio de libertad, seguridad y justicia, es necesario ocuparse de que la investigación de la delincuencia junto a los procesos y el cumplimiento de las penas se apliquen completamente de un país a otro.? 
Es como si la libertad, la seguridad y la justicia se hubieran descubierto por primera vez con estas decisiones, pero el caso es que la gran mayoría de la resolución policial, criminal y jurídica se produce nacional y localmente. 
Se trata de un número retórico que contribuye o puede ser visto como un paso más en el camino hacia una unificación de las decisiones criminales, jurídicas y policiales. 
En lo que respecta al aspecto económico, cabe decir que los 65 millones de euros también son dinero y es otro punto más de esta larga serie de programas que inmigran al proceso administrativo comunitario. 
No voy a profundizar más en ello, sin embargo, para acabar, sólo señalaré la particularidad de que, según aparece en la información de la Comisión, estos programas hayan sido evaluados. 
Sin embargo, han sido evaluados en el año 2000, a pesar de que la gran mayoría de los programas fueron aprobados por primera vez en el año 2001. 
Es una clarividencia impresionante que resulta prometedora para los programas. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Sr. Carlos Coelho y felicitándolo por su excelente informe. 
Subrayo que esta propuesta de programa-marco tiene como objetivo el de racionalizar y simplificar la ejecución de los programas de cooperación entre los Estados miembros en la esfera policial y judicial penal, lo que corresponde a una solicitud expresa formulada por el Parlamento Europeo en el informe Kessler. 
En cuanto al contenido de este programa-marco, abarca la totalidad de los cinco programas anteriores y también la ejecución de acciones vinculadas con el plan de lucha contra la droga, en relación con la cual el Parlamento Europeo había creado una rúbrica presupuestaria específica que toca a su fin en el presente año. 
El programa abarca todas las esferas que son y deben ser objeto de una acción europea, lo que evidencia el empeño de las autoridades públicas y los beneficiarios de los proyectos, con los que estamos en estrecho contacto, y refleja también los resultados de la evaluación externa de hace dos años sobre el desarrollo de los programas anteriores a la evaluación, evidentemente. 
A veces se acusa a la Comisión de ser una institución esquizofrénica, pero aún no hemos llegado al extremo de evaluar lo que aún no se ha hecho. 
En este planteamiento, se ha limitado voluntariamente el dispositivo jurídico básico en el sentido de enunciar las grandes orientaciones, porque la Comisión entiende que se debe dejar para los programas anuales la tarea de definir de forma más precisa las prioridades, en cada año, en función de la evolución de la situación política y de las propias necesidades de la situación penal. 
En esa óptica, las enmiendas que se proponen al artículo 2, cuando acentúan uno u otro asunto concreto, son, a mi entender, difíciles de aceptar. 
La Comisión entiende que en el programa-marco se deben fijar los objetivos genéricamente y dejar a cargo de cada programa anual la determinación de las prioridades. 
Sin embargo, la formulación general de la propuesta de la Comisión abarca, a mi entender, todos los asuntos y temas que figuran en las enmiendas y será posible incluirlos en cada uno de los programas anuales. 
El programa-marco insiste también en el concepto de asociación. 
Se trata de un elemento fundamental, dado que se debe hacer la ejecución de los proyectos no sólo con una amplia participación europea, sino también- y desde su comienzo- en el ámbito de una estrecha asociación entre los principales participantes de los diferentes países. 
Por tanto, la enmienda introducida por el ponente que precisa mejor ese concepto de asociación es totalmente aceptable para la Comisión. 
Como ha dicho el Sr. Carlos Coelho, los países candidatos a la adhesión pueden participar desde ahora mismo en los proyectos. 
La Comisión desea ir más lejos y, en el ámbito de los acuerdos europeos, ha creado un sistema de protocolos financieros gracias al cual las organizaciones establecidas en los países candidatos podrán también presentar proyectos por las mismas razones y con las mismas normas que las organizaciones de los Estados miembros. 
Por eso, me congratulo de la enmienda también introducida a este respecto por el ponente, quien propone una formulación que me parece afortunada, en la medida en que insiste también más en el concepto de elegibilidad de los países candidatos. 
En cuanto a las restantes enmiendas, la Comisión acepta las que se refieren a los considerandos y enriquecen el texto o ciertas precisiones, como, por ejemplo, la referencia más explícita a la inclusión de las universidades, organizaciones no gubernamentales y escuelas de policía en las organizaciones elegibles. 
En relación con la petición de anticipación del informe provisional a junio de 2004, la Comisión propondría que se mantuviera la fecha de junio de 2005. 
En contrapartida, propondríamos que se adelantara la presentación del informe anual a junio de 2004 a fin de que el Parlamento Europeo sea informado lo antes posible sobre los primeros resultados de la ejecución del programa que hayan tenido efectos evaluables. 
Por último, sobre la duración del programa debo confesar que, en relación con otros programas vigentes en la Unión Europea, no se utilizó el argumento de que "el fundamento jurídico dispone su ejecución para después de 2006", es decir, para después de la expiración de las Perspectivas Financieras y, por eso, quisiéramos pedir al Parlamento que, teniendo en cuenta, claro está, que el plan financiero para el período posterior a 2006 siempre dependerá de las Perspectivas Financieras que se adopten después de 2006, la limitación del fundamento jurídico no se limite al 2006 y abarque acciones programadas hasta el año 2007, con la salvedad, naturalmente, de que la dotación financiera dependerá siempre de las nuevas Perspectivas Financieras. 
Para concluir, agradecería al ponente y al Parlamento Europeo el apoyo, el estímulo y el incentivo que han dado a esta importante tarea de racionalización de los programas en una esfera particularmente delicada, que es la de la cooperación policial y judicial en el nivel europeo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
informe (A5-0080/2002) del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión marco del Consejo relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal (Nueva consulta) (15525/2001- C5-0022/2002- 2000/0801 (CNS) ), e 
informe (A5-0099/2002) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal (COM (2001) 139- C5-0116/2001- 2001/0076 (COD) ). 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, conocemos muy bien la historia de esta decisión marco. 
Se nos consulta por segunda vez porque la decisión marco, sobre la que ya nos expresamos hace dos años, se ha revisado. 
Mientras tanto, sin embargo, la Comisión ha manifestado una reserva de carácter general respecto a la decisión marco al comprobar que a la protección medioambiental se dedican muchos textos comunitarios que en su inmensa mayoría prevén sanciones administrativas, y por lo tanto, considera que el asunto se debe tratar con un instrumento del primer pilar. 
La Comisión insiste en que las sanciones existentes se han revelado insuficientes, hecho que queda demostrado por el estado en que se encuentra el medio ambiente en Europa. 
Por lo tanto, la propuesta de directiva que será objeto de debate en el ámbito del informe de la Sra. Oomen-Ruijten, se debe considerar complementaria al proyecto de decisión marco. 
Según la Comisión, es necesario que se adopte un instrumento del primer pilar y que dicho instrumento tenga preferencia respecto a un instrumento del tercer pilar. 
Esto significa que, cuando una materia compete a la Comunidad, a la Unión les es jurídicamente imposible adoptar normas comunes a través de un instrumento del tercer pilar sin conculcar los poderes de la propia Comunidad. 
Quiero recordar que en este punto el Parlamento está de acuerdo con la Comisión, puesto que en la sesión de 15 de diciembre de 2001, por medio de un procedimiento sin debate, adoptamos una recomendación sobre las sanciones penales y leyes comunitarias que, en el apartado 6, invitaba al Consejo a que no emprendiera ninguna acción concerniente al Derecho penal en materia de medio ambiente antes de la adopción de la propuesta de directiva sobre protección del medio ambiente a través de sanciones penales. 
Ahora, estos dos documentos- la decisión marco y la directiva- se complementan entre sí y están pensados para estar juntos, al objeto de evitar la esquizofrenia de tener dos documentos que digan cosas diferentes sobre la misma materia. 
Como verán en las enmiendas, en lo que se refiere a las definiciones y a las sanciones, la decisión marco se remite a la directiva, puesto que estamos convencidos de que la directiva es el instrumento útil y necesario, precisamente por su carácter de instrumento comunitario, para proteger el medio ambiente de la devastación. 
Debo añadir asimismo un aspecto muy importante: mientras que la directiva parece tener como filosofía la protección anticipada del medio ambiente, esto es, una protección que se lleve a cabo antes de que el medio ambiente sea devastado totalmente, la decisión marco, prevista por el Consejo, pretende imponer sanciones penales cuando el medio ambiente ya ha sufrido devastaciones o, en todo caso, daños irremediables. 
Obviamente, aquí no disponemos del tiempo suficiente, pero en la comisión expusimos con mucha claridad esta diferencia de filosofía. 
Por lo tanto, insisto en que se debe expresar un voto favorable tanto sobre la decisión marco, ya propuesta en comisión, como sobre la directiva, puesto que ambos documentos, tal como están pensados, se complementan entre sí. 
Por el contrario, si se adoptase una decisión incoherente en cuanto a la filosofía o, incluso, se aprobase la enmienda 28 al informe de la Sra. Oomen-Ruijten, que prevé el rechazo total, volveríamos a caer en la esquizofrenia más absoluta. 
Por lo tanto, es preciso estar de acuerdo con la complementariedad de estos dos documentos y aprobarlos ambos de acuerdo con la versión propuesta. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, la directiva relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal será un nuevo instrumento jurídico europeo que contribuirá a un mayor respeto de las leyes medioambientales europeas que se promulguen y que se apliquen en los Estados miembros. Me parece que el tema es apasionante. 
Apasionante, porque el marco jurídico por el que se ha optado es muy interesante, pero que al mismo tiempo dará mucho trabajo a los expertos jurídicos europeos en los próximos años. 
La Comisión, el Parlamento y el Consejo coinciden plenamente en que los Estados miembros deben disponer de la posibilidad de imponer sanciones penales como instrumento para que se respete la legislación europea en materia medioambiental. 
Sin embargo, la cuestión de quién, cómo y con qué procedimiento de decisión se debe establecer este sistema de sanciones penales para los delitos graves contra el medio ambiente, nos dividen profundamente. 
Por mi parte, estoy de acuerdo con el ponente Di Lello de la Comisión de Libertades y coincido con la Comisión Europea de optar por el primer pilar para una directiva en materia de delitos contra el medio ambiente. 
El Consejo optó, con la denominada propuesta danesa, por unas medidas en el marco del tercer pilar. 
Con mucho acierto, los miembros de la Comisión de Libertades lo rechazan. 
Lo que nos une en el Consejo, el Parlamento y la Comisión es que todos queremos atender la petición explícita del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 de elaborar unas definiciones comunes, normas y sanciones penales centradas en una serie limitada de sectores de especial importancia, pero en las que figurara explícitamente la delincuencia medioambiental. 
Como el fundamento jurídico basado en el primer pilar sigue suscitando dudas en el Consejo- y también entre algunos colegas de mi Grupo Parlamentario, como acabo de comprobar- haré una serie de observaciones para explicarlo, con las que espero poder convencer a los dubitativos. 
Quisiera hacerlo repasando algunas cuestiones. 
¿Por qué optamos por el primer pilar y por qué yo misma aconsejo optar por él? 
En primer lugar: el Consejo se basa, con la propuesta danesa, en el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, que dispone que los Estados miembros pueden intervenir conjuntamente en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y en la letra e) de dicho artículo, que prevé explícitamente la adopción progresiva de medidas que establezcan normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. 
Esta disposición está recogida en el Título VI. No obstante, según el artículo 29 del Tratado de la UE se establece, y lo voy a citar, "sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea". 
Pero también en el artículo 47 del Tratado de la UE se dice que el Tratado UE no menoscabará los Tratados CE. 
Por lo tanto, Señor Presidente, esto quiere decir que el Derecho penal no es competencia exclusiva de la Unión Europea. 
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, a la que por otra parte hago referencias en el informe, confirma que el Tratado de la UE no constituye ningún obstáculo. 
En segundo lugar: la pregunta que surge a continuación es qué puede hacer explícitamente la CE, ahora que no quedan obstáculos para establecer sanciones penales en el marco del Tratado CE. 
Si consideramos el artículo 280, apartado 4 del Tratado CE, en relación con el artículo 5, en el que se establece el principio de la subsidiariedad, entonces llego a la conclusión de que también en materia de Derecho penal sobre medio ambiente habrá que procurar que la legislación comunitaria no altere el sistema penal de cada Estado. 
En tercer lugar: esta directiva no tiene por objeto incluir disposiciones específicas en materia de Derecho penal, sino que se aplique el Derecho penal para asegurar el respeto íntegro de la legislación medioambiental. 
En muchos ámbitos, el Derecho penal es la pieza final para mantener el respeto de las disposiciones, cuya sintonización, sin vulnerar el prinicipio de la subsidiariedad, puede servir para que se lleven a cabo íntegramente las disposiciones comunitarias. 
En cuarto lugar: la propuesta relativa al delito ecológico está basada en el apartado 1 del artículo 175, del Tratado CE, que dispone que el Consejo, con arreglo al procedimiento de codecisión previsto en el artículo 251, decidirá las acciones que deba emprender la Comunidad para la realización de los objetivos de política medioambiental fijados en el artículo 174, a condición de que el principio de la subsidiariedad no prevalezca. 
En quinto lugar: la propuesta de directiva servirá de complemento a las directivas y disposiciones en materia de la protección del medio ambiente que están establecidas en el apartado 1 del artículo 175 y sólo añade un componente de Derecho penal a esta legislación. 
Por lo tanto, se mantiene la línea de actuación y la directiva obliga a los Estados miembros a aplicar sanciones penales para actividades que dañen significativamente el medio ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, a la hora de valorar la propuesta y las enmiendas presentadas me he dejado guiar por los criterios que acabo de enumerar. 
Por otra parte, no he tocado el artículo 1 de la directiva, que tiene por objeto que se establezcan unas normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de delito. 
De esta manera, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer sus propias sanciones. 
Asimismo, he incluído en las definiciones del artículo 2 la inducción al delito ecológico, para lo cual, por cierto, me he basado en la denominada propuesta danesa. 
En tercer lugar, los delitos que ahora se enumeran en el anexo, los he agrupado en el artículo 3, con ligeras modificaciones. 
Por mi parte, rechazo enérgicamente la enmienda 22, porque me parece que carece de fundamento jurídico. 
En cuarto lugar: en el artículo 4 queda recogida una mejor definición del concepto "marco". 
En lugar de que los Estados miembros establezcan las sanciones, es mejor que se utilice el concepto de sanciones penales. 
Por otra parte, he adaptado la enmienda 25 porque tiene que ver con el principio de subsidiariedad. 
A mi juicio, sólo cabe hacer una invitación a los Estados miembros para que tomen medidas como la confiscación cuando este elemento esté explícitamente establecido en su propio sistema jurídico. 
Señor Presidente, esta directiva es una especie de malabarismo. 
Como Parlamento Europeo hemos de actuar con mucha precisión porque me imagino que el Tribunal de Justicia la va a investigar y que, posiblemente, nos personaremos allí llevados de la mano de la Comisión Europea. 
Para terminar, quisiera dar las gracias a mis colegas, no sólo los de la Comisión de Medio Ambiente y al ponente de la Comisión de Libertades, sino también a los de la Comisión de Asuntos Jurídicos y a todos los ponentes de partido. 
Señor Presidente, le puedo asegurar que hemos trabajado en buena armonía y aunque los resultados parezcan muy técnicos hay mucho debate político detrás que no sólo es importante para la Comisión, sino sobre todo también para el Parlamento Europeo. 
Además, todo esto es para una causa muy noble: una mejora de la protección del medio ambiente. 
Señor Presidente, sólo quiero decir que a las 19.30 horas empieza una reunión extraordinaria de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores para una consulta urgente que nos ha hecho el Consejo. 
He pedido la palabra en los dos informes siguientes y creo que éste es el caso de varios miembros de dicha comisión que nos encontramos aquí en este momento. 
Pido la palabra para que conste en acta el motivo del abandono de la Asamblea y para decir que, como coordinadora del Grupo del Partido Socialista Europeo en la comisión, no tengo más remedio que salir para manifestar también que deberíamos evitar ese tipo de situaciones. 
Entendemos perfectamente su situación y así se hará constar en acta. 
Señor Presidente, el número de normas medioambientales ha aumentado enormemente durante treinta años, hasta el punto de multiplicarse por más de cincuenta los protocolos y demás instrumentos relativos a este ámbito. 
En el marco de la ONU hay más de cincuenta tratados al respecto, y en el marco jurídico de la UE contamos con un centenar largo de directivas. 
Todos suelen tener la carencia de no ser lo suficientemente específicos y su aplicación es inadmisiblemente ineficaz. 
En última instancia, necesitamos la existencia de responsabilidades penales y, por lo tanto, es importante que apoyemos ahora esta propuesta de directiva de la Comisión. 
Ésta es mucho más amplia, más coherente y más eficaz que el Acuerdo marco del Consejo, el cual presenta una debilidad general en materia de reglamentación medioambiental y cuya base jurídica es, además, claramente errónea. 
La propuesta de directiva, que tiene su base en el primer punto del artículo 75 del Tratado constitutivo de la CE, es el instrumento idóneo en este caso y, en virtud del artículo 47 del Tratado de la Unión Europea, ese instrumento del Derecho comunitario del primer pilar es el que debe prevalecer con mucha ventaja en este ámbito, tal y como se expresa pormenorizadamente en la declaración de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Señor Presidente, quiero comenzar felicitando al Sr. Di Lello Finuoli y a la Sra. Oomen-Ruijten por el excelente trabajo que han llevado a cabo con vistas a aunar esfuerzos para crear instrumentos que permitan luchar contra la amplitud cada vez mayor de los delitos contra el medio ambiente y los frecuentes efectos transfronterizos. 
No puedo dejar de recordar uno de los últimos sondeos presentados por el Eurobarómetro, que confirma que el medio ambiente, junto con la seguridad, la salud y el desempleo, es una de las grandes preocupaciones sentidas por los ciudadanos de la Unión Europea. 
De modo que tenemos la obligación de contribuir a la búsqueda de soluciones que atiendan dichas preocupaciones y garanticen una protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos en pro de un aumento de la calidad de la vida de todos. 
Tenemos ante nosotros, por un lado, una iniciativa presentada por Dinamarca (en 2000) con vistas a la aprobación de una decisión-marco del Consejo en materia de lucha contra los delitos graves para el medio ambiente que propone que los Estados miembros adopten medidas concertadas con vistas a su protección en el ámbito del Derecho Penal, incluidas investigaciones y acciones penales eficaces, así como una cooperación eficaz en materia policial, penal y administrativa, es decir, el establecimiento un acervo en materia de sanciones penales contra delitos medioambientales. 
Por otro lado, tenemos una iniciativa de la Comisión (en 2001) con vistas a la formulación de una directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, conforme al artículo 175 del Tratado de las Comunidades. 
Se aplicará dicha propuesta a actividades que violen la legislación comunitaria de protección del medio ambiente o las normas adoptadas por los Estados miembros para darles cumplimiento o ambas. 
Creo que debemos elogiar la estrategia seguida por los dos ponentes, Di Lello Finuoli y Oomen-Ruijten, de procurar que los dos informes coincidieran lo más posible y permitir que resulte clara y coherente la posición del Parlamento Europeo en relación con las dos iniciativas. 
Se pretende dar indicaciones claras de la preferencia inequívoca del Parlamento en relación con el planteamiento de la Comisión, es decir, la adopción de un instrumento del primer pilar, pues la legislación sobre asuntos relativos al medio ambiente es competencia comunitaria. 
Pero conviene destacar aquí que el Derecho penal no es competencia exclusiva de la Unión Europea, es decir, que de lo que aquí se trata es de que el sistema actual de sanciones no es suficiente para garantizar la aplicación del Derecho comunitario y, como tal, es esencial que se garanticen normas mínimas que entrañen la existencia de sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias, si bien quedarán al arbitrio de los Estados miembros la aprobación de normas y sanciones más rigurosas en ese ámbito. 
Señor Presidente, los dos informes que estamos examinando son la prueba más evidente de la necesidad de una seria reforma institucional que consiga integrar en el ámbito comunitario las competencias de la Unión en materia de cooperación judicial, penal y policial que hoy corresponden al llamado tercer pilar. 
Ésta es la propuesta que el Parlamento Europeo ha formulado repetidas veces y que espero que sea asumida por la Convención sobre el futuro de Europa y después por la Conferencia Intergubernamental para la reforma de los Tratados. 
Sólo así se podrán evitar en el futuro disputas contraproducentes y conflictos institucionales y, sobre todo, se podrá actuar con eficacia para proteger los derechos de los ciudadanos. 
Es fácil comprobar que, sin una acción comunitaria eficaz, algunos de estos derechos como, por ejemplo, el derecho a un nivel de protección del medio ambiente elevado y a la mejora de su calidad, un derecho reconocido en el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, no están debidamente protegidos por los Estados miembros. 
Ninguno de los Estados miembros ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa de 1998 sobre la protección del medio ambiente a través de las normas del Derecho penal. 
Las mismas y numerosas directivas comunitarias en materia medioambiental no implican una protección suficiente debido a su carente aplicación y a los frecuentes incumplimientos por la falta de sanciones eficaces. 
Por lo tanto, merece plena aprobación la propuesta de directiva de la Comisión, modificada mediante las útiles enmiendas contenidas en el informe Oomen-Ruijten, que insta a los Estados miembros a que prevean sanciones penales. 
A pesar de que la Comisión, el Parlamento y el propio servicio jurídico del Consejo han reiterado muchas veces que, de conformidad con los artículos 3 y 6 del Tratado de la Unión, la protección del medio ambiente es un objetivo fundamental de la Comunidad, que el fundamento jurídico correcto para la protección del medio ambiente a través del Derecho penal es el artículo 175 del Tratado y que el Derecho comunitario prevalece sobre el Derecho de la Unión, el Consejo pretende adoptar en la misma materia una decisión marco que no se limita a integrar, sino que altera la propuesta de directiva, limita su ámbito de aplicación, reduce su alcance y no somete la materia al procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo. 
Muy acertadamente el informe Di Lello sostiene que esta decisión marco debe ser coherente con la directiva, esperar su adopción y hacer referencia a la misma, sin repetir los elementos ya abarcados por la directiva y, en su caso, integrando la misma. 
Espero que el Parlamento apruebe ambos informes y que todos reflexionen sobre la conveniencia de evitar en el futuro este tipo de contraposiciones dañinas y de llegar a la plena comunitarización del tercer pilar. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal se felicita también por esta propuesta de directiva de la Comisión, y acoge así mismo muy favorablemente el proyecto de decisión marco elaborado por el Consejo en diciembre de 2001. 
Quiere también, lógicamente, dar las gracias a nuestros dos ponentes, la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Di Lello. 
Estas dos iniciativas constituyen una respuesta concreta a una de las mayores preocupaciones de la población: el 88% de los ciudadanos europeos desea que la Unión tome medidas concretas en materia de protección del medio ambiente. Es una de las indicaciones de un eurobarómetro realizado hace menos de un año y al que hacía referencia hace un instante mi colega el Sr. Coelho. 
Frente a los actos de delincuencia ecológica, el Grupo Liberal apoya la posición defendida por la Sra. Oomen-Ruijten, a saber que el marco comunitario del primer pilar es el que mejor se adapta. 
Una directiva nos parece el instrumento más apropiado para confeccionar una lista europea de crímenes medioambientales y establecer una base común de sanciones penales. 
Sobre el contenido más específico de esta propuesta, estimo, como la mayoría de mis colegas, que la incitación, al igual que el propio acto que trata de violar la legislación europea medioambiental, debe ser castigada. 
Así mismo, es mejor hacer referencia a las violaciones de la ley en términos generales con el fin de evitar que los delincuentes ecológicos se precipiten por un posible fallo jurídico. 
Dicho esto, y más allá de la discrepancia sobre la base jurídica entre el Parlamento y la Comisión, por una lado, y el Consejo por otro, me parece fundamental actuar deprisa, tranquilizar a nuestros ciudadanos tomando medidas represivas contra esos contaminadores de los tiempos modernos, pues hoy, y diría que especialmente en el ámbito del medio ambiente, la no-aplicación de la ley es la que mata a la ley y beneficia a los individuos sin escrúpulos. 
Un ejemplo: la mayoría de nuestros Estados miembros ha reforzado su arsenal penal. 
Esto está bien. 
Al mismo tiempo es grave comprobar que en estos mismos países los casos penales relacionados con el medio ambiente solo representan un 2% del total de contenciosos. 
Por ello hay que utilizar el instrumento disuasivo a nivel comunitario para hacer que se apliquen las reglamentaciones en vigor, pero también para luchar eficazmente contra las redes organizadas que han hecho de la contaminación su nueva arma por excelencia. 
Señor Presidente, el Derecho penal en materia de delitos contra el medio ambiente sigue siendo un desastre en los Estados miembros. Por eso no se puede luchar como es debido contra los que contaminan nuestro medio ambiente deliberadamente. 
Una de las causas es que las directivas europeas ni se transponen, ni se aplican, ni se controlan. 
La experiencia nos ha enseñado que las sanciones actuales por infracción de la normativa europea y nacional en materia medioambiental son, por decirlo de forma suave, insuficientes. 
Por lo visto, sólo las sanciones penales constituyen el elemento disuasorio necesario para que se respete la legislación medioambiental. 
Señorías, la legislación europea en materia de medio ambiente no es algo baladí ya que la contaminación del aire y del agua no entiende de fronteras nacionales y nos está afectando a todos. 
Además, venimos sufriendo muchos efectos negativos por los transportes de residuos tóxicos a lugares donde no hay un tratamiento medioambiental adecuado. 
Incluso el funcionamiento del mercado interior se puede ver afectado. 
Por estos motivos quiero apoyar sinceramente este enfoque internacional para luchar contra los delitos medioambientales. 
Me parece que la directiva presentada es el instrumento adecuado y efectivo para realizarlo. 
El informe de la Sra. Oomen-Ruijten lo fundamenta de forma convincente. 
Sin embargo, sigue la cuestión de si nos hace falta para ello la decisión marco del Consejo. 
Por último, Señor Presidente, quiero decir que voy a votar a favor de la directiva pero tengo la intención de no adoptar la propuesta de la decisión marco, a no ser que el Comisario Vitorino me pueda convencer de que esta decisión marco es absolutamente necesario para la aplicación de la directiva. 
Señor Presidente, la Comisión nos presenta hoy una propuesta de directiva que impone a los Estados miembros que castiguen mediante sanciones penales un determinado número de infracciones especialmente graves del Derecho comunitario sobre medio ambiente. 
Que sea necesario proteger mejor un medio ambiente cada vez más degradado y que sea indispensable poner en marcha medidas represivas severas, nadie lo niega. 
Pero lo que representa un problema, a nuestro modo de ver, es la voluntad de la Comisión de utilizar con este fin el instrumento comunitario de la directiva basada en este caso concreto en el artículo 175-1 TCE. 
En efecto, este artículo establece las acciones comunes a llevar a cabo en materia de medio ambiente, pero respeta totalmente, de conformidad con la filosofía general de los Tratados, la autonomía de los Estados miembros en materia de Derecho penal. 
Pretender que el derecho a prever sanciones penales estuviera implícitamente incluido en la competencia comunitaria de protección del medio ambiente, porque era indispensable para su aplicación, y por tanto indisociable de ésta, sería totalmente engañoso. 
En efecto, si las sanciones penales están implícitamente incluidas en el artículo 175-1, ¿por qué no también en todos los demás artículos del Tratado que autorizan la promulgación de normas comunitarias en este o en otros ámbitos? 
Se llegaría así, poco a poco, a negar un principio fundamental del Tratado: la competencia nacional sobre el Derecho penal. 
Negando este principio, nos inclinaríamos un poco más hacia la concepción de una Unión centralizada que no es la que nosotros queremos. 
Esto no significa que no haya nada que hacer. 
¡Al contrario! 
La presidencia danesa presentó un proyecto de decisión marco sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, que incitaba al endurecimiento de las sanciones al tiempo que respetaba más la libertad de los Estados al establecer su base jurídica sobre el tercer pilar, es decir sobre la parte puramente intergubernamental del Tratado. 
Esta es la vía preferible. 
Es la que, señor Presidente, deberíamos seguir. 
Señor Presidente, señorías, existen, efectivamente, numerosas directivas y numerosos reglamentos europeos destinados a salvaguardar el medio ambiente en sus más diversos aspectos. 
Pero todos sabemos que muchos de estos textos son papel mojado por la falta de sanciones efectivas. 
En efecto, la mayoría de las veces la imposición de sanciones financieras o materiales por aplicación del principio del contaminador-pagador es considerada insuficiente por una opinión pública totalmente consciente del carácter poco disuasivo de estas penalizaciones en relación con los considerables beneficios generados por las actividades que son el origen de las grandes contaminaciones. 
Por otra parte, también sabemos que algunos daños medioambientales presentan un carácter totalmente irreversible y que, por tanto, no pueden ser reparados materialmente. 
Estas consideraciones justifican, por consiguiente, la adopción por los Estados miembros de disposiciones destinadas a sancionar desde el punto de vista penal el incumplimiento de las prescripciones europeas en materia de medio ambiente. 
Por esta razón, junto con mis colegas socialistas, apoyo totalmente la iniciativa de la Comisión. 
Sin embargo, no debemos ignorar la principal dificultad que, en este caso, se nos presenta, es decir el problema de la base jurídica. 
Por mi parte, defiendo el punto de vista según el cual la cuestión que se nos somete se deriva completamente de las competencias atribuidas a la Unión en virtud del primer pilar e implica, por tanto, la adopción de una directiva marco votada por nuestra Asamblea. 
Este es además el sentido de la recomendación votada por nuestro Parlamento en el mes de noviembre de 2001. 
Hay que recordar al Consejo que si hubiera finalizado su proyecto de decisión marco en relación con el tercer pilar, ciertamente lo habría hecho en contra de la voluntad política del Parlamento Europeo. 
Por otro lado- y porque estamos interesados en reforzar la legislación medioambiental mediante la aplicación de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasivas- estamos totalmente obligados a aprobar un texto sólido, por encima de cualquier otra discusión jurídica, y que no sea susceptible de ser sancionado por el Tribunal de Justicia. 
Esto significa que debemos vigilar especialmente lo referente al principio de subsidiaridad y a las reglas de competencia previstas por el Tratado. 
Aunque la Comunidad tiene la potestad de imponer a los Estados miembros que adopten sanciones penales en caso de violación de las normas materiales comunitarias, por el contrario, no es competente para determinar los tipos y los grados de las sanciones aplicables. 
Por ello, debemos mostrarnos especialmente prudentes en cuanto a referencias y a conceptos tales como extradición, que reflejan un grado de gravedad de las infracciones y de las penas. 
Sin embargo estoy tranquilo por la formulación que muy recientemente ha adoptado nuestra ponente, la Sra. Oomen-Ruijten. 
Así mismo, la Comunidad no tiene competencia para adoptar disposiciones que se traduzcan por un acercamiento de las disposiciones nacionales de carácter penal. 
En consecuencia, hacer mención al concepto de incitación- que no existe en todos los Derechos nacionales- equivale a querer acercar disposiciones nacionales, lo que me parece hacer considerablemente frágil la validez jurídica de nuestro texto. 
A reserva de estas observaciones, tengo que reiterar mi total apoyo a la aprobación de este texto y mis felicitaciones a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten. 
Este texto constituye para nosotros una señal política fuerte en relación con una forma de delincuencia cada vez menos aceptada por nuestros conciudadanos. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Quisiera hacer una pregunta al Comisario. 
En las reuniones con la Comisión había entendido que la Comisión Europea sí estaba dispuesta a adoptar todas las enmiendas. 
Ahora me gustaría que la Comisión Europea me comunicara mañana por la mañana por qué no quiere adoptar algunas de ellas. 
Saliéndonos un poco del procedimiento pero, dado que la pregunta es interesante, si el señor Comisario tiene a bien responder, le concedo la palabra. 
Así se hará, por tanto. 
Le damos las gracias, Señor Comisario. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
informe (A5-0085/2002) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un programa de acción relativo a la cooperación administrativa en los ámbitos de fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración (ARGO) (COM (2001) 567- C5-0553/2001- 2001/0230 (CNS)) 
informe (A5-0078/2002) del Sr. von Boetticher, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, del Reino de España y de la República Francesa, con vistas a la adopción por el Consejo de una decisión por la que se modifican los apartados 1 y 7 del artículo 40 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (11896/2001- C5-0563/2001- 2001/0820 (CNS) ). 
Señor Presidente, me parece que el contenido de la propuesta ARGO es sumamente interesante. 
Sin embargo, al leer la propuesta de la Comisión me llamó la atención que los redactores ya se habían cubierto a priori sus espaldas por la oposición que podría haber por parte del Consejo. 
Me refiero a que está prevaleciendo, en mi opinión, la técnica, o casi prefiero decir el truco, de organizar las cosas en el traspaso de tareas del tercer pilar al primero de tal forma que la burocracia del Consejo siga teniendo la sartén por el mango, mientras que las competencias del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea sigan siendo pura formalidad. 
Me parece que esta postura peca de un exceso de timidez, más propia de una Secretaría de Consejo que de un gobierno federal en ciernes. 
A fin de cuentas, la Comisión es la guardiana de los tratados y valores europeos y creo que debería asumirlo con mayor confianza. 
Por mi parte, con la ayuda de la Comisión parlamentaria he intentado reforzar la dimensión comunitaria de la propuesta. 
O sea, queremos echarle una mano a la Comisión, sobre todo en relación con el derecho de iniciativa. 
Señorías, la ejecución del Programa ARGO no debe corresponder sólo a las administraciones nacionales. 
Así por ejemplo, me parece muy extraño que en un programa tan exitoso como Odysseus las ONG sí tuvieran un papel y ahora en el programa ARGO llamado a sucederle no. Por este motivo, me parece muy importante que se refuerce el derecho de iniciativa de la Comisión. 
Esto ha de ser subrayado enérgicamente, porque a través de la Comisión se puede movilizar también a otras organizaciones para que ARGO sea un éxito. 
Tampoco puede ser que ARGO sólo se reduzca a una especie de cooperación entre las burocracias nacionales. ARGO requiere un acompañamiento comunitario, para que los fines de las directivas se vigilen de la forma más objetiva posible. 
También en este ámbito la Comisión es la guardiana de los tratados y de todo lo que quede reflejado en las directivas. 
Lo que me ha molestado en cierto sentido es que tanto la ejecución como el control hayan pasado a otras manos e incluso bajo el pretexto de reforzar la transparencia. 
Me parece que la transparencia no tiene nada que ver con unos grupos de funcionarios, sino con representaciones parlamentarias. 
Esta acepción de la palabra transparencia está socavando todo el concepto y no deberíamos ir por ese camino. 
Por lo tanto, al amparo de esta palabra no podemos justificar que algunos grupos de las burocracias nacionales se encarguen del control del programa, mientras que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no tengan ninguna competencia. 
Me refiero sobre todo al artículo 3, letra e). 
Según los principios parlamentarios normales de los estados de derecho las directrices de la política las ha de marcar y elaborar el poder ejecutivo, la Comisión, y a la representación popular, el Parlamento Europeo, le corresponde aprobarlas y controlarlas. 
Por otra parte, también tenemos competencias en el ámbito presupuestario. 
Los detalles sobre la ejecución se pueden solventar con la ayuda de consejos nacionales, tal como queda también reflejado en la propuesta. 
Además, se requiere un reparto de tareas claro, un reparto de responsabilidades de quién controla y qué. 
Me parece que la Comisión y el Parlamento tienen competencias en los aspectos comunitarios, y las autoridades y parlamentos nacionales en los aspectos nacionales. 
Como punto final, quisiera decir algo de las fronteras exteriores de la Unión Europea que dentro de poco no serán las mismas de ahora, más bien coincidirán con las fronteras exteriores de los pobres estados miembros candidatos. 
Creo que ARGO debería anticiparse a esa situación y prepararse para llevar a la práctica la política de formación y metodología comunitarias y una responsabilidad común relativa a las fronteras exteriores, y a ser posible a tiempo, porque esto está a la vuelta de la esquina. 
Señor Presidente, he de decir que también he visto una enmienda con la que hay un problema. Se trata de la enmienda presentada por los liberales, que se refiere a las personas perseguidas por organizaciones no estatales. 
La mayoría de las veces sólo hablamos de personas que son perseguidas por razones políticas por su propio estado. 
Por regla general, me parece que es acertado. 
Si una persona es perseguida en su propio país por organizaciones no estatales y puede vivir en otro lugar de su país con seguridad, no tiene porqué establecerse en Amsterdam. 
En ese caso, también puede quedarse en Turquía o en Rusia. 
Siempre hemos defendido que tiene que haber capacidad de acogida en la región y si ahora vamos a defender en la enmienda de la Sra. Ludford que se acoja en la Unión Europea, por medio de la legislación de asilo, a todos aquellos que puedan irse a un lugar distinto dentro de su propio país, no me parece acertado y queremos expresarlo para que quede claro. 
Para terminar, Señor Presidente, el Parlamento Europeo pide que la Comisión Europea se muestre más segura y espero que lo consideren como un apoyo. 
Si el Consejo finalmente no quiere dar su aprobación, todavía nos queda tiempo suficiente para protestar y decirlo a los cuatro vientos. 
Señor Presidente, Señorías, la eliminación de nuestras fronteras interiores, la cooperación policial unida a ella así como la seguridad de nuestras fronteras exteriores serán uno de los mayores retos de la Unión Europea en este nuevo siglo. 
El Sr. Oostlander se ha referido ya en su informe a la necesidad de un régimen común de fronteras exteriores. 
Mi informe tiene por contenido el desarrollo del Acuerdo de Schengen en lo relativo a actuaciones en el ámbito de la investigación policial transfronteriza. 
Allí donde ya se han eliminado las fronteras interiores, la policía nacional tiene la posibilidad, tras hablar con la policía del país vecino, de tener bajo observación a sospechosos de delitos transfronterizos. 
Junto a ello, el instrumento de la observación policial transfronteriza es el medio más efectivo de persecución criminal transfronteriza. 
Hasta qué punto es necesaria semejante regulación se puso de manifiesto en Alemania justo la semana pasada, cuando, tras un asalto a un banco, los atracadores tomaron rehenes y luego huyeron a Polonia y de ahí a Ucrania. 
Aunque la cooperación fue buena, una regulación como la del Acuerdo de Schengen del tipo que se propone hubiese facilitado aún más la persecución. 
Con la propuesta del Consejo, los delitos penales respecto de los que es posible la observación transfronteriza, deben ser ampliados hasta incluir las estafas organizadas, la actividad de las organizaciones de los bajos fondos, el blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el tráfico de material radioactivo. 
Para mí queda planteado el tema de por qué no se ha incluido el catálogo de delitos terroristas que hemos aprobado hace pocos meses. 
Creo que es un acuerdo importante y deberíamos incluirlo en esta propuesta. 
Por ello, la propuesta del Sr. Buijtenweg y otros me parece una ampliación acertada. 
Solemos perdernos cada vez más en una maraña de incontables regulaciones distintas relativas a la cooperación judicial. 
En el futuro debemos procurar más que hasta ahora obtener marcos penales uniformes. 
También se está ignorando, lamentablemente, no sólo que el Acuerdo de Schengen está vigente hasta ahora en un estrecho ámbito de aplicación, sino sobre todo que se ve limitado por obstáculos burocráticos. 
En vista de ello he propuesto algunas puntualizaciones sistemáticas que han encontrado un amplio apoyo en la Comisión. 
Deberíamos tener valor para lograr con este Acuerdo de Schengen nuevos desarrollos y progresos. 
Desde la adopción de la observación transfronteriza se ha triplicado el número de veces que se ha aplicado. 
El obstáculo más frecuente al que se refieren los funcionarios competentes es la ausencia de un derecho de arresto. 
Hasta ahora, los funcionarios encargados de la observación en territorio extranjero son testigos de delitos penales sin tener poder para intervenir. 
No pueden intervenir, sino sólo informar a sus colegas del otro país, sometidos ya, a menudo, a una carga de trabajo excesiva. 
Desde que son informados hasta que intervienen, los delincuentes tienen tiempo de esfumarse. 
Mi propuesta es que, en vista de ello, las fuerzas policiales extranjeras que estén realizando una observación transfronteriza tengan la posibilidad de tener bajo arresto a los sospechosos hasta que intervengan las fuerzas policiales nacionales. Los arrestos podrán realizarse cuando, primero, los sospechosos hayan cometido un delito penal sujeto a extradición y, segundo, cuando la policía nacional sola no pueda impedir la realización de ese delito. 
Es difícil de hacer comprensible a nuestros ciudadanos por qué fuerzas policiales extranjeras pueden observar pero no intervenir en casos graves de delitos penales. 
Deberíamos adaptar nuestras leyes a las realidades de una Europa que está creciendo unida. 
Sea cual sea el desarrollo que se de a este Acuerdo de Schengen, estoy convencido firmemente de que la Unión Europea necesita también auténticas competencias policiales para esta Europa que está creciendo unida. 
En el marco de la Convención, que, como se sabe, prevé una reordenación de los tratados, no sólo debatiremos sobre las competencias que devolveremos a los Estados miembros, sino que también señalaremos los ámbitos en los que Europa necesita competencias propias añadidas. 
La lucha contra el crimen organizado, y, justamente, cuando éste es transfronterizo, es uno de esos ámbitos en los que, como Parlamento, debemos señalar expresamente que, bajo control parlamentario, bajo control de una fiscalía estatal, se necesita una policía propia con competencias específicas. 
Señor Presidente, los programas de cooperación administrativa dentro de las políticas de inmigración y materias conexas tienen, a mi juicio, una gran importancia. 
Hoy debatimos el programa Argo, cuyo fin último es obtener la garantía de un trato homogéneo para los nacionales de terceros países. 
Y quiero recordar que en los ámbitos cubiertos total o parcialmente por este programa, el número de directivas, reglamentos y otros instrumentos en vigor o en marcha es muy elevado, y que este acervo comunitario debe aplicarse de forma coherente, garantizando por igual los derechos de los nacionales de terceros países. 
Hay aspectos muy relevantes que el programa debería tener en cuenta: es fundamental que se desplieguen acciones para prevenir la inmigración ilegal, acciones contra la falsificación documental y acciones ineludibles en el ámbito de la cooperación consular. 
El objetivo de establecer una política común en esta materia es un gran reto y de su éxito depende en gran medida que la Unión constituya un verdadero espacio de seguridad y libertad. 
Mi país ha pasado en pocos años de ser un país de emigración a un país que recibe un gran número de inmigrantes y que tiene al mismo tiempo problemas derivados de su situación de frontera exterior de la Unión. 
Si bien no es una novedad- puesto que viene a continuar con nuevos enfoques el anterior programa Odysseus- el programa Argo es una pieza clave. 
El aumento de créditos es señal de que nos tomamos en serio el esfuerzo que hay que realizar para que las administraciones nacionales actúen de forma homogénea y aplicando las mejores prácticas. 
Estoy de acuerdo con el enfoque del ponente, nuestro colega Oostlander, al que felicito, porque ha reflejado en su informe propuestas que mejoran el texto y dejan bien claro que la Comisión y el Parlamento deben tener un papel protagonista en el desarrollo del programa. 
Señor Presidente, mucho se ha avanzado en este ámbito de la mano del Comisario Vitorino, pero el camino que queda por recorrer es aún muy largo. 
Por eso es un acierto que entre los objetivos de la actual Presidencia estén, justamente, los de avanzar en los compromisos de Tampere y Laeken en las políticas de asilo, inmigración y control de fronteras. 
Es una exigencia que no sólo deriva de la presente realidad de la inmigración en la Unión, sino también del anhelo de los ciudadanos por una verdadera Unión política. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estos informes y el programa de acción muestran que la Unión va por buen camino, concretamente por el camino de una seguridad común, y ponen de manifiesto que la seguridad empieza en las fronteras. 
Si queremos tener fronteras interiores abiertas, necesitamos sistemas de vigilancia en las fronteras exteriores que funcionen y también elementos de compensación como la observación transfronteriza. 
Esto ha sido destacado abundantemente. 
Para ello necesitamos el nuevo programa ARGO. 
No sólo porque el dinero de ODYSSEUS ya ha sido utilizado, sino porque nuestra meta debe ser conseguir un nivel de seguridad equivalente en las fronteras exteriores, también en las futuras, para, por una parte, estar protegidos contra la inmigración ilegal, el contrabando y el crimen organizado internacionalmente, y para, por la otra parte, tener instrumentos para el control, la ayuda, la emigración legal así como para estar preparados frente a una concesión de asilo. 
Para mí es particularmente importante destacar medidas como los parámetros uniformes en la utilización de tecnologías de la información, o que finalmente intentemos crear una formación profesional básica común, es decir, un nivel de formación y cualificación común. 
Deberíamos intentar también acercarnos a lo que necesitaremos en el futuro, a saber, que equipos mixtos formados por expertos de varios Estados miembros se encarguen operativamente de la seguridad de las fronteras. 
Me parece un punto importante que esté prevista la posibilidad- como antes en ODYSSEUS- de que los países candidatos también participen en el programa, pues con ello garantizamos una estructura óptima en los países candidatos en relación a una mayor seguridad para las fronteras de nuestra ampliada Unión Europea. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Oostlander y al Sr. von Boetticher por sus informes. 
Voy a concentrar mis observaciones en el informe Oostlander y el sistema Argos. 
Reconocemos que una aproximación común a la inmigración, a la cuestión de los visados y el asilo y nuestras fronteras exteriores, es esencial. 
No creo que la Unión europea funcione apropiadamente si no tenemos ese enfoque común. 
Esa es la dirección en la que nos movemos y necesitamos una interpretación realista y moderna que reconozca la situación existente en Europa y en el resto del mundo tal y como es, no una que pretenda que la situación es diferente o que la describa como quisiéramos que fuera. 
Quisiera ocuparme de las enmiendas 41 y 42 a las que se ha referido el Sr. Oostlander y sobre las que el y yo hemos discutido mucho, ya que ambas son muy importantes. 
Le doy las gracias la Sr. Schmidt y a la Baronesa Ludford del Grupo Liberal por presentar la enmienda 42 porque esto fue objeto de una acalorada discusión en nuestra comisión y fue a causa de una ligera dificultad administrativa por la que faltó un voto para que fuera aprobada en comisión. 
La pugna en la enmienda 42, en comparación con la 41, residía en que la enmienda 42 habla sobre el ofrecimiento de asilo y protección a las personas que huyen de la persecución estatal y no estatal. 
Es a la persecución no estatal a la que debemos dedicar nuestra atención. 
Todos podemos pensar en ciertos países cuyos regímenes no nos gustan y en los que la gente huye del acoso, de la persecución y de las agresiones del Estado, pero aquí, no obstante, debemos tener presentes los casos en los que esas personas huyen de organizaciones y entidades no estatales. 
Antes he dado ejemplos sobre Afganistán, donde los talibanes no eran reconocidos como un Estado. 
Si no hubiéramos incluido esto, no hubiéramos podido aceptar la persecución por los talibanes como una causa razonable para ofrecer asilo a una persona. 
Así, existen otros países en todo el mundo, Somalia, por ejemplo- país del que no soy un experto- donde es difícil saber qué es el Estado y qué no lo es. 
También hay personas que huyen de países devastados por la guerra que necesitan protección. 
Podemos elaborar una larga lista de tales países. 
De modo que hay muchos países divididos por fuerzas de una facción u otra, algunas estatales y otras no estatales. 
Puede que solo sean unos pocos, pero mi Grupo opina que deberíamos ofrecerles protección: esa es la razón por la que apoyamos la enmienda 42, y creo que debiera ser votada antes de la enmienda 41 porque es más relevante y apunta en una dirección diferente. 
Si en la enmienda 41 se eliminaran las palabras 'y las practicas actuales? no tendríamos tantas dificultades en concederle nuestro respaldo por cuanto reza' de acuerdo con la Convención de Ginebra? y hay pocas personas en esta Asamblea que se opondrían a cualquier cosa relacionada con la Convención de Ginebra, la cual apoyamos. 
Permítanme decir algunas palabras acerca de la ampliación. Esto plantea un verdadero desafío. 
Tenemos que solucionar toda la cuestión del asilo, los visados y la inmigración antes de que se produzca la ampliación, pero no debemos emplear la cuestión de la ampliación para pretender que los países candidatos dispongan de unos niveles superiores a los que nosotros mismos adoptamos. 
Muchos países candidatos lo están haciendo muy bien y sus economías y niveles de vida se están aproximando a los de los países de la UE. 
La ampliación no consiste en la construcción de una nueva frontera exterior, más poderosa, más fuerte. 
Si tenemos una Unión Europea plenamente exitosa no debemos permitir que ello propicie una nueva división entre nosotros y los países que se encuentren entonces fuera de una nueva y ampliada Unión de 25 o 27 estados. 
Se trata aquí de compartir responsabilidades, y de asegurar que la gente dispone de oportunidades y de derechos, y eso es lo que vamos a apoyar. 
Señor Presidente, señor Comisario, me concentraré en el Programa Argo y empezaré por dar las gracias al señor Oostlander por su excelente informe. 
Durante la tramitación en la comisión se aprobaron numerosas propuestas que fortalecieron aún más la dimensión comunitaria de este Programa. 
No exageramos, señor Presidente, cuando reiteramos la importancia para la UE de contar con una perspectiva común en materia de asilo. 
Es necesario que los procedimientos administrativos funcionen de manera parecida en todos los países. 
Los que buscan asilo en Europa deben ser tratados con respeto, dignidad y humanidad. 
Esas personas no deben ser trasladadas de un país miembro a otro como si fuesen mercancías, tal como desgraciadamente ocurre actualmente. 
Los últimos años demuestran claramente la necesidad de contar con programas y financiación comunes en materia de asilo. 
Tal como lo han expresado otros colegas, se necesita formación, intercambio de experiencias y desarrollo de prácticas comunes. 
Los países candidatos, que configurarán las nuevas fronteras exteriores de la Unión, son también importantes en este contexto. 
Desgraciadamente, y considero que merece la pena destacarlo aquí, en los últimos años la política de refugiados y asilo de la UE se ha caracterizado por tendencias totalmente opuestas. 
Los países miembros han actuado frecuentemente de manera irreflexiva y sin metas a largo plazo, con enormes sufrimientos humanos como consecuencia. 
A veces cabe preguntarse si algunos países miembros compiten sobre cuál es el que más ignora los derechos humanos y el imperio de la ley. 
Como señaló el señor Oostlander, el Grupo liberal ha presentado una enmienda para ampliar la definición de refugiado contemplada en la Convención de Ginebra. 
Esta Convención constituye ciertamente un pilar esencial en el que se asienta la política de refugio y asilo, pero conviene adaptarla a las nuevas realidades. 
Como señaló Robert Evans, las experiencias de estos últimos años así lo demuestran. 
Los refugiados deben poder huir de los atropellos en sus países de origen, lo que hace necesaria una definición más amplia. 
Por tanto, proponemos una definición más amplia y esperamos que el Parlamento acepte nuestra propuesta. 
Señor Presidente, algunas observaciones sobre el informe Oostlander. 
También yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente, pero no puedo dejar de hacer algunos comentarios sobre el derecho de asilo, un principio humanitario que toda persona civilizada ha de compartir, pero que se debe acotar con precisión si se quiere evitar el riesgo grave y objetivo de ver que se utiliza con el fin, ciertamente no compartible, de vehicular la entrada de ilegales en el territorio de la Unión Europa. 
El texto que nos ocupa afirma que pretende evitar que los solicitantes de asilo se trasladen de uno a otro Estado de la Unión; sin embargo, abrigamos ciertas dudas de que este objetivo se pueda alcanzar con unas normas mínimas como las que figuran en la propuesta, también en consideración de la facultad conferida a los Estados de acordar mejores y más amplias facilidades a los solicitantes de asilo. 
Con respecto al fondo, quisiera hacer hincapié en dos límites de la propuesta. 
En primer lugar, se prevén muchos recursos ante la autoridad judicial para la concesión o la denegación de subvenciones, viviendas, tratamientos, etcétera. Esto significa incluir una infinidad de individuos en la asistencia pública, con posiciones jurídicas exigibles al Estado asilante que, en muchos casos, no las reconoce siquiera a sus ciudadanos. 
En segundo lugar, el principio de libre circulación por el territorio del solicitante y de los familiares a su cargo conlleva una clara consecuencia: cuantas menos probabilidades tiene el solicitante de asilo de obtenerlo, más fácilmente tratará de que se pierda su rastro, con lo cual se pasará a engrosar el número de ilegales difícilmente localizables. 
Aquí se trata de problemas serios y concretos. 
En efecto, muchas normas tratan la posición del solicitante como si fuese la de un sujeto a quien ya se le ha reconocido dicho status, por ejemplo, regulando el acceso a actividades de larga duración como la formación laboral. 
En conclusión, son necesarias medidas como las que figuran en el texto para convertirla en una directiva que defienda concreta y eficazmente a las personas que pueden gozar del derecho de asilo y no en un obstáculo. 
Esto es lo que tememos, es decir, que se convierta en un obstáculo de cara a reprimir la inmigración ilegal, un fenómeno grave y preocupante. 
Señor Presidente, la vigilancia transfronteriza es un procedimiento bien delimitado que permite a los agentes de policía de un Estado miembro que procedan a seguir los pasos de un sospechoso, que prosigan su trabajo, si es necesario, atravesando una frontera hacia un Estado miembro, después de haber presentado a este último una petición de ayuda mutua judicial. 
El proyecto de decisión examinado hoy a propuesta de Bélgica, de España y de Francia, mejora este procedimiento ampliando considerablemente la lista de crímenes que pueden motivarla. 
La comisión competente del Parlamento Europeo propone, además, añadir a la misma el terrorismo, lo que parece acertado. 
Sin embargo, el informe de nuestra Asamblea nos deja un poco perplejos. 
Por otras propuestas de enmienda que, por ejemplo, amplían el derecho de vigilancia a ciertos lugares privados o bien dan la posibilidad, en ciertos casos, de sobrepasar la simple vigilancia y proceder al arresto de los sospechosos, nuestra comisión competente parece dar la impresión de que quiere hacer de la vigilancia transfronteriza el inicio de un derecho de intervención multilateral en el marco de una Unión sin fronteras interiores. 
Una evolución de este tipo debe ser evidentemente rechazada, Señor Presidente, pues engendraría a la larga una confusión de responsabilidades que ocasionaría inconvenientes mayores a las ventajas esperadas. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera dar las gracias a los dos ponentes, Sr. Oostlander y Sr. von Boetticher, por sus excelentes informes. 
La primera propuesta que discutimos hoy es una propuesta para un programa de financiación que trate de promover la cooperación entre los servicios nacionales responsables de la aplicación de las reglas comunitarias en el ámbito de los artículos 62 y 63 del Tratado. 
Este programa ARGO completará las iniciativas legislativas lanzadas o que vayan a lanzarse sobre la base de los artículos 62 y 63 del Tratado. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Kaufmann en reconocer que el programa debe verse en estrecha colaboración con el acervo legislativo, y espero que haya un acervo legislativo. 
Pero hay que reconocer también que en ámbitos como éste, la legislación europea y su transposición nacional no son suficientes para armonizar las practicas. 
Hay un aspecto muy importante: las prácticas que los servicios nacionales adopten cuando se trate de controlar las fronteras exteriores, de expedir visados o de resolver las peticiones de asilo y los casos de inmigración. 
Como muchos de ustedes han subrayado, el programa ARGO va a suceder al programa Odysseus. 
Pero hay diferencias sustanciales que más vale determinar muy claramente. 
En primer lugar, ARGO es un programa de cooperación administrativa. 
Por ello se concentra muy especialmente en las administraciones nacionales y los servicios competentes para la aplicación del acervo comunitario basado en los artículos 62 y 63 del Tratado. 
Es falso pretender que se trate únicamente de programas de cooperación entre los cuerpos de policía, porque en el terreno del asilo y de la inmigración hay tareas muy importantes que recaen en servicios de la administración civil de los Estados miembros. 
En el caso presente- y debo subrayarlo, porque quizás aquí hay un punto de desacuerdo con el Sr. Oostlander- los actores principales del programa son las administraciones nacionales. 
Efectivamente, cuando tengamos un acervo legislativo, la primera tarea de aplicación del acervo legislativo europeo corresponderá a las administraciones nacionales de los Estados miembros. 
Lo que este programa no excluye es que las administraciones nacionales que se benefician de la financiación ARGO puedan delegar tareas de ejecución de programas en organizaciones no gubernamentales que propongan proyectos y programas de aplicación teniendo en cuenta los objetivos del programa. 
La base jurídica de ARGO establece no solamente objetivos generales, sino que fija también objetivos más precisos en cada uno de los ámbitos: fronteras exteriores, visados, asilo, emigración. 
ARGO contempla nuevas formas de acción tales como la determinación de las mejores prácticas, las técnicas de recogida, de análisis y de difusión de la información, las acciones en terceros países. 
Llamo su atención sobre el hecho de que en materia de control de fronteras exteriores, el acervo de Schengen ha sido clasificado, dentro de la Unión Europea, entre los elementos importantes del primer pilar y también entre los elementos importantes del tercer pilar. 
Es ahí donde reside la dificultad en distinguir bien el aspecto comunitario del aspecto de la cooperación intergubernamental para centrarlos bien. 
De cualquier modo, tengo que dar las gracias al Sr. Oostlander por su apoyo a la propuesta de la Comisión y garantizarle que podemos adherirnos al espíritu de muchas de las enmiendas que se proponen, en particular las que tratan de reforzar el papel de la Comunidad y las que tratan de completar o de reforzar los objetivos de la cooperación administrativa. 
Nuestra prioridad es que el programa sea aprobado lo más rápidamente posible por el Consejo, con el fin de que la Comisión pueda dar a conocer, este año además, los procedimientos necesarios para la puesta en marcha del programa y aplicar como debe ser el presupuesto asignado para este año. 
La segunda propuesta, que se refiere a la enmienda del artículo 40 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, enmienda propuesta por Bélgica, España y Francia, trata de dar a la policía de los Estados miembros, como el Sr. von Boetticher subraya, bajo ciertas condiciones, el derecho a continuar ejerciendo una discreta vigilancia de una persona sospechosa de estar implicada en un delito sujeto a proceso de extradición cuando esta persona atraviesa una frontera. 
Desearía subrayar la mejora, a mi modo de ver sensible y concreta, que una enmienda así representa para el trabajo de los servicios encargados de aplicar la ley. 
Como ha señalado el ponente, la vigilancia transfronteriza es un instrumento de mantenimiento del orden y de la seguridad pública que, desde la supresión de las fronteras comunes entre los Estados miembros de Schengen, reviste una importancia muy especial. 
Quiero también subrayar que la modificación propuesta, aunque facilita las investigaciones, no cambiará el marco jurídico que se aplique a las mismas, puesto que las autoridades nacionales solo podrán actuar respetando su propia legislación nacional, tal como está previsto en el Convenio de Schengen. 
Lo lamento mucho, pero estamos muy lejos de un Estado totalitario. 
En conclusión, las dos iniciativas y propuestas que están sobre la mesa y sobre las que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos ha realizado un importante trabajo, deberían permitir progresos muy concretos en sectores que, creo, son esenciales para el espacio de libertad, de seguridad y de justicia que se construye progresivamente. 
Señor Presidente, cuando alguien llama a la puerta de Europa huyendo de alguna violencia, de alguna guerra, de alguna guerra civil, es un refugiado conforme al Convenio de Ginebra y viene a pedir asilo en nombre de los derechos humanos fundamentales. 
No se le puede responder cándidamente que se ha equivocado de calle o de número de portal y que no es allí donde se trata esa cuestión, sino en otro lugar, en algún otro país, que alguien le dirá cuál, si insiste, si insiste y pregunta... 
Para desterrar esas y otras situaciones que frecuentemente afrontamos en Europa, la Comisión ha elaborado oportunamente esta propuesta de reglamento, como una hoja de ruta del derecho de asilo, que explica, respecto de cada una de las situaciones y casos concretos, quién- y dónde- tiene la obligación de dar una respuesta, cuál es el país que debe analizar una solicitud de asilo y, a fin de cuentas, qué puerta se abre ante la angustia de un refugiado que sólo espera a alguien con quien poder hablar. 
Por la naturaleza del problema se ve el alcance de la iniciativa. 
No vamos a resolver toda la cuestión del asilo, pero estamos dando un paso sin lugar a dudas. 
Como ponente, me enorgullezco de haber hecho todo lo posible para conseguir- y por eso tengo la conciencia tranquila- la aprobación de esta iniciativa y dar fuerza a la Comisión en la lucha que aún habrá de entablar con algunos- espero que no sean muchos- Estados miembros. 
Y, por eso, expreso mi agradecimiento a los miembros y a mis compañeros de la Comisión de Libertades Públicas y muy particular y sentidamente a la Sra. Eva Klampt, la ponente, sin cuyos esfuerzo y comprensión difícilmente habríamos tenido hoy condiciones para apostar por una aprobación de esta iniciativa de la Comisión. 
Muchas gracias, señora Eva Klampt. 
Es que hemos vivido, señor Presidente, sin ley y en un mar de buenas intenciones. 
Normas va habiendo, las ratifica quien quiere, valen aquí y no allá, unas puertas se abren y otras se cierran y en esa zona pantanosa es en la que el poco derecho se mide con ningún derecho, surgen los expedientes, las trampas, las habilidades, la escapatoria respecto de las autoridades. 
Y así nacen los clandestinos, las redes, proliferan las mafias, el delito, naturalmente indisculpable para quien lo practica, pero sólo posible porque los Estados, personas de bien, nunca se han entendido a propósito de normas mínimas para responsabilizar objetivamente a uno de ellos por el análisis de una solicitud de asilo. 
La propuesta de la Comisión es valerosa. 
Desde luego, garantiza que se analizará en realidad una solicitud, impide la confusión de solicitudes múltiples y la existencia de refugiados en órbita y somete esas normas a su vigilancia y al control del Tribunal de Justicia. 
Básicamente, se basa en el principio de que cada uno de los Estados miembros es responsable de la entrada irregular o permanencia en el territorio de un candidato al derecho de asilo y obliga a todos los Estados a perfeccionar sus mecanismos de lucha contra la emigración clandestina. 
Esa responsabilidad, a partir de hechos objetivos, sólo cede ante criterios suplementarios que tienen que ver con los valores de la reagrupación familiar. 
Así, los menores van incluidos en la solicitud de asilo del adulto y los no acompañados son encaminados, en la formulación que propongo, hacia el Estado en el que haya algún pariente que quiera o pueda tomarlos a su cargo. 
Del mismo modo se pueden resguardar los criterios de entrada o permanencia cuando haya que garantizar la unidad del grupo familiar, cuando uno de ellos haya solicitado ya asilo en determinado Estado miembro. 
Y también, por razones humanitarias vinculadas con la salud o de otra índole, el solicitante de asilo podrá, en la formulación aprobada en mi informe, reunirse con cualquier otro pariente, siempre que lo acepte el Estado al que lo solicite. 
Señor Presidente, lo esencial es velar por que la solicitud de asilo y el refugiado que hay tras ella tenga una respuesta y la malla jurídica europea esté al servicio de los derechos de los candidatos y las obligaciones de los Estados e impida que la ausencia de una ley propicie un recrudecimiento del racismo y la xenofobia. 
Esta iniciativa nos garantiza estos tres objetivos y, por eso, me inclino a creer que será, naturalmente, aprobada. 
. (IT) Señor Presidente, ante todo quiero felicitar al ponente y luego recordar que, a tenor de la verdad, a menudo los Estados miembros han descuidado un hecho muy simple y obvio: en la historia, independientemente de las circunstancias geográficas, ninguna barrera ha podido impedir jamás a un ser humano en busca de refugio encontrar la manera de cruzar la frontera o de saltar la barrera. 
Por lo tanto, me parece que este informe rinde justicia al problema y trata, sobre todo, de encontrar una solución bastante convincente, también desde el punto de vista de la superación positiva de la misma Convención de Dublín. 
Por lo tanto, se trata de un enfoque importante y de una mejora indiscutible del propio reglamento. 
Con respecto a la situación de hecho, debo decir que este informe pretende encontrar un equilibrio entre dos exigencias contrapuestas: por un lado, se trata de prevenir que se abuse del procedimiento de asilo, y por otro, de permitir un acceso efectivo a los procedimientos de otorgamiento de la condición de refugiado a quien realmente la necesita. 
Al mismo tiempo, hay nuevos criterios y nuevas excepciones que aceptamos en términos positivos, especialmente con el fin de preservar la unidad de los grupos familiares en un único Estado miembro. 
Lo mismo vale también por lo que se refiere a la responsabilidad del Estado miembro que no emprende una acción eficaz contra la presencia irregular de nacionales de terceros países en su territorio que se equipara a la del Estado miembro que no realiza controles adecuados. 
En consecuencia, consideramos que el Consejo tiene que poner en marcha un procedimiento de asilo justo y eficaz, un método claro y práctico en el que se puedan incluir estas nuevas disposiciones que conciernen a mecanismos para la determinación del Estado miembro competente para el examen de la solicitud de asilo. 
En conclusión, nos felicitamos del contenido del artículo 27 del Reglamento en el que, señor Presidente, se prohibe toda discriminación basada en el sexo, la raza, el color de la piel e incluso en la edad, un criterio que consideramos fundamentalmente progresista y que nos convence plenamente. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar a la Comisión por su propuesta tan pragmática y equilibrada y al Sr. Marinho por su informe y su buena disposición para el trabajo constructivo. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos ha aprobado mayoritariamente el informe fortaleciendo con ello el punto de vista del ponente. 
La propuesta de la Comisión representa un progreso tangible respecto del Acuerdo de Berlín y constituye un paso importante de cara a la construcción de un sistema común europeo de asilo. 
Las principales novedades son: 
Primero: la acentuación de la responsabilidad de los Estados miembros cuando autoricen la residencia en su territorio a personas que han entrado ilegalmente. 
Segundo: la adaptación de los plazos procedimentales a los del reconocimiento o desposeimiento del estatuto de exiliado para que pueda garantizarse un rápido procesamiento de las solicitudes de asilo. 
Tercero: la introducción de normas dirigidas a garantizar la unidad familiar del solicitante de asilo. 
Los procedimientos para la determinación del Estado miembro competente deben tener en cuenta un reparto justo de las cargas. 
Por ello, la solicitud de asilo en un Estado miembro determinado no debe sancionar hechos ya consumados, es decir, no debe ser un criterio de competencia. 
Este principio es considerado en las medidas previstas para la simplificación procedimental con aceleración simultánea del procedimiento bajo cumplimiento del principio de responsabilidad así como en la planeada simplificación del procedimiento de prueba en la determinación del Estado miembro competente. 
Gracias al compromiso con el ponente pudimos aprobar en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos un informe que excluye enmiendas inaceptables e impracticables. 
Se abre así la posibilidad para que la Comisión, el Parlamento y el Consejo encuentren una solución inteligente que regule las competencias de los Estados miembros en materia de asilos. 
Las enmiendas rechazadas, que preveían la ampliación del concepto de familia y la eliminación de partes importantes del Reglamento, han sido incorporadas de nuevo. 
El Grupo del Partido Popular rechaza estas enmiendas. Especialmente la referente a la extensión indiferenciada del concepto de familia a familiares con derecho a manutención exteriores al núcleo familiar. 
Igualmente, en la votación de mañana rechazaremos la eliminación de partes esenciales del Reglamento. 
Repito: la propuesta de la Comisión es realista y equilibrada. 
Ofrece una serie de mejoras respecto del Acuerdo de Dublín. 
No hay ninguna razón para intentar modificar este proyecto en una dirección que no favorece ni a los solicitantes de asilo ni a los Estados miembros. 
Celebro la buena cooperación que ha habido. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al ponente por el contenido de su informe y por la manera en la que ha trabajado y cómo ha establecido un diálogo con los otros grupos de la Cámara que creo que ha sido positivo, y quiero felicitar también a la Comisión por su propuesta inicial. 
Creo que se debe recordar hoy aquí que estamos diciendo a los refugiados que sólo un país de la Unión Europea va a considerar su demanda de asilo. 
Eso equivale a decir que catorce de los quince países europeos ya no van a figurar en la relativamente corta lista de países democráticos y prósperos donde un ciudadano perseguido puede legítimamente pedir asilo. 
Creo que esto nos plantea a los países de la UE y a la propia Unión la seria responsabilidad de ofrecer, a cambio, unas firmes garantías de seguridad a estas personas en varios sentidos, que deben concretarse en el respeto a su persona y a su familia, en la adopción de una decisión rápida que sea favorable para las personas que solicitan el asilo, en la prohibición de toda discriminación y en el acceso garantizado de dichas personas a la justicia, a fin de recurrir tal decisión al Estado responsable para que se vuelva a examinar su caso. 
También entiendo que esta propuesta es un paso necesario, que requiere de otros para tener pleno sentido. 
Yo creo que podemos afirmar que esta Cámara mañana debe apoyar esta propuesta para que se pueda avanzar en la dirección señala anteriormente. 
Estamos viendo cómo el Consejo Europeo tiene problemas para avanzar en la composición de esta política armónica y europea de asilo y cómo le cuesta dar estos pasos y creo que sería muy importante que mañana esta Cámara diese un apoyo fuerte a la propuesta en el sentido que he indicado para, entre todos, incitar al Consejo a que asuma la responsabilidad que contrajo en Tampere. 
Por eso, tal como ha dicho el ponente, mi Grupo y yo vamos a pedir que se apruebe este informe con las enmiendas que han pasado ya por comisión y con pocas de las que se presentarán en el Pleno. 
Señor Presidente, señor Comisario, la semana pasada visité Bosnia y Herzegovina y la Republica Serbska. 
Colegas, hace sólo diez años que tuvo lugar una atroz matanza de personas inocentes en una Europa que hemos asegurado que nunca más verá fosas comunes con cadáveres ultrajados. 
No ha sido así. 
Actualmente se encuentran fosas comunes y se identifican restos de cadáveres. 
Pude ver los restos de 500 personas alineados en un local industrial 
Señor Presidente, nunca antes han sido tan evidentes las carencias de la UE. 
Cuando empezaron las primeras olas de refugiados, la UE procedió lentamente, incapaz de actuar. 
No había una estrategia común. 
Por eso, tanto el informe Marinho como la propuesta de la Comisión son extraordinariamente importantes. 
Quiero felicitar al ponente por este excelente trabajo y por la prudencia que ha demostrado. 
El Grupo liberal acepta el principio esencial de la propuesta sobre cómo se debe examinar una solicitud de asilo, cómo hay que actuar y qué excepciones pueden existir. 
Sin embargo, queremos que estas normas sean más presumibles y que se dé más relevancia a los deseos de los individuos. 
Hay que dar más relevancia a los deseos individuales sobre el país de asilo. 
¡Estamos actuando con personas! 
Las normas que determinan el país de asilo deben ser lógicas y justas. 
Cualquier persona que tenga lazos estrechos con los menores que solicitan refugio, aunque no sea un pariente, debe poder obtener su tutela, si es lo que más favorece al menor. 
Este tipo de factores debe ser decisivo a la hora de determinar el país obligado a otorgar asilo. 
Las solicitudes de los refugiados que tengan un pariente en un país miembro deberían tramitarse en ese país. 
Los recursos de apelación respecto a qué países corresponde conocer las solicitudes de asilo deberían tener un efecto suspensivo, es decir, que debería estar prohibido trasladar a los recurrentes a otros países mientras la apelación esté pendiente. 
Los datos personales de los solicitantes de asilo sólo deberían entregarse a los países miembros que los acojan y no a todos, como propone la Comisión. 
Permítanme destacar especialmente la enmienda 12, a la que aludió también la Sra. Klamt. 
Pensamos que un conviviente, independientemente de su sexo, debe ser considerado miembro de la familia en los países miembros donde se da un tratamiento igualitario a las parejas casadas y a las de hecho. 
La Comisión no es clara en esta materia. 
Confío en que mañana el Parlamento respaldará esta propuesta. 
Para finalizar quisiera formular una pregunta al Comisario Vitorino. 
A mi juicio, la propuesta que usted ha presentado imposibilitaría las humillaciones que tienen lugar en Sangatte, en el túnel bajo el canal, donde se corretea con las personas y las responsabilidades de un país a otro. 
¿Qué hace usted para impedir hechos como los de Sangatte? 
¿Qué hace usted para que, junto con Londres y París, se aplique esta propuesta desde ahora? 
Señor Presidente, señor Comisario, celebro las propuestas de la Comisión y doy mi apoyo al ponente y al informe tal como ha sido votado en la Comisión. 
Sin embargo, creo que las enmiendas presentadas por los Verdes y otros Grupos son contraproductivas e inaceptables. 
Si se aceptan van a conducir a un rechazo total del informe, por lo que espero que se apoye el informe original y las propuestas de la Comisión. 
Les voy a decir por qué respecto de algunos puntos. Los Verdes quieren ampliar lo más posible el concepto de familia, mucho más allá de la familia nuclear hasta incluir de facto a todos los familiares y amigos. 
Con ello sólo fomentarán la emigración. Sin embargo, aquí estamos tratando el tema de la ayuda a los refugiados. 
Quieren introducir también la posibilidad de elección para los solicitantes de asilo respecto del Estado miembro en el que deba desarrollarse el procedimiento. 
Esto vulnera el principio del país de contacto y el del reparto de cargas, que queremos alcanzar indirectamente, y, como consecuencia, recrudecerían la situación en aquellos países que ya están luchando con grandes problemas por la integración. 
También quieren eliminar instrumentos que la Comisión y el ponente han previsto para combatir irregularidades en casos de documentos no válidos o falsificados, visados caducados o similares. 
Ustedes aceptarían no sólo estas irregularidades, sino que incluso las fomentarían así como el incumplimiento de normas existentes. 
Si ustedes van a utilizar todos los medios legales para introducir demoras, estarán impidiendo la introducción de medidas seguras y rápidas y de soluciones adecuadas. 
Les digo ahora definitivamente lo que ya les dije en la Comisión: que el Grupo del PPE apoya las propuestas de la Comisión y del ponente. 
Pero si sus enmiendas o siquiera una de ellas recibe apoyo mayoritario, entonces rechazaremos totalmente el informe 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar al ponente por su trabajo porque se ha preocupado enormemente por la optimización de la política de asilo de la Unión. 
Su propósito ha marcado claramente la dirección hacia la creación de un espacio de libertad, de seguridad y de derecho. 
Se ha tomado muy en serio la tarea fijada en el Tratado de Amsterdam. 
Esto es muy deseable para todos. 
Me parece correcto que se hable detalladamente sobre la responsabilidad de los Estados miembros respecto de la acogida y de la competencia en caso de solicitud de asilo. 
No sólo es provechoso para los ciudadanos de la Unión, sino también para los refugiados, pues saben exactamente a qué atenerse. 
A causa de la recrudecida amenaza del terror y el aumento generalizado de desplazamientos de refugiados en todo el mundo, debemos proporcionar de una vez claridad a las personas acerca de sus posibilidades de quedarse en la Unión Europea. 
Por ello es correcto reflexionar con todo detalle el aspecto de este proyecto de Reglamento relativo a la definición de la extensión familiar y dejarlo bien claro. 
Es correcto e importante fomentar también la unidad familiar. 
Ambos principios responden a una política coherente de asilo. 
Queremos que cada Estado tenga el derecho de proceder según su legislación nacional. Naturalmente, esto no impedirá a nadie que aprenda de la experiencia de otros Estados miembros. 
Queremos garantizar conjuntamente el asilo y evitar los abusos. 
Pero para ello no todo debe ser idéntico en cada Estado, sino que se debe aprender unos de otros a proteger a los exiliados y a impedir los abusos. 
Otra razón por la que discutimos ahora la regulación de la responsabilidad de los respectivos Estados miembros es que en un plazo breve de tiempo acogeremos a nuevos Estados en la Unión. 
Una cosa está clara: la Unión debe, antes de la incorporación de nuevos Estados, tener desarrollada todo lo posible su política interna, su política de asilo y su política de emigración. 
No podemos confrontar a los nuevos Estados con una política de asilo inmadura. El proceso de adhesión ya será para ellos suficientemente difícil. 
La reglamentación a escala UE de la responsabilidad precisa de los Estados miembros en materia de refugiados hay que efectuarla ahora, esto es, antes de que se incorporen los nuevos Estados. 
El proyecto de una Unión Europea ampliada y de un espacio de derecho común será aún más seguro y fructífero merced a nuestro trabajo en este informe si conseguimos que todos los Estados miembros se acojan a una misma regulación. 
La propuesta de un Reglamento del Consejo nos da la oportunidad de evaluar la experiencia del Acuerdo de Dublín y de incluirla en una nueva legislación. 
Espero que lo logremos. 
Señor Presidente, es necesario, ciertamente, mejorar el funcionamiento de la Convención de Dublín y proceder a su transposición al derecho de la Comunidad Europea, con la supervisión del Tribunal Europeo y el Parlamento. 
Debemos atajar el problema de los refugiados ' en órbita?. 
Los demandantes de asilo no son paquetes que se puedan llevar de un lado a otro: se trata de seres humanos que quizá estén o no legitimados a recibir protección humanitaria aunque, en cualquier caso, deben ser tratados con respeto y dignidad. 
La mayoría de ellos estarán exhaustos, muchos desorientados, temerosos o débiles. 
Es necesario repetir una y otra vez que las principales responsabilidades de los Estados miembros consisten en gestionar las demandas de asilo expeditamente, integrar rápidamente a los que sean aceptados y excluir a los que no lo sean. 
Esto no implica recortar los presupuestos ya que los casos en los que se decide torpe o injustamente propician el riesgo de llevar más tiempo a causa de las apelaciones. 
Por otra parte, esto no pretende poner en tela de juicio el derecho de los demandantes a apelar. 
Una de las enmiendas de mi Grupo concedería a las apelaciones un efecto suspensivo. 
Si no fuera así, y el demandante es transferido, no podrán estar en contacto con el procedimiento ni con sus abogados, lo cual es injusto. 
Mi Grupo también tiene por objetivo reforzar las disposiciones relativas al agrupamiento familiar. 
Una de nuestras enmiendas otorgaría mayores derechos de agrupamiento a las parejas no matrimoniales, incluidas las del mismo sexo. 
También nos adherimos a la enmienda del Grupo de Los Verdes, a pesar de que me temo tiene menos posibilidades que la nuestra. 
Es necesario que se hagan progresos haciendo converger el desarrollo del derecho de familia a escala nacional y las normas de la UE sobre inmigración y libertad de circulación, reconociendo a las parejas no matrimoniales como familia, especialmente aunque no exclusivamente, a aquellas que estén registradas. 
Confío en que el Grupo Socialista respalde esta muy razonable postura del Grupo ELDR. 
Comprendo los motivos de aquellos que desean que la decisión del demandante sea el elemento determinante en la cuestión de dónde se debe procesar una demanda de asilo, en lugar de serlo el país responsable de la entrada. 
Sin embargo, lamentablemente, ello no será viable hasta que exista un sistema de asilo e inmigración común, plenamente operativo, en el que no existan distorsiones artificiales que influyan en esa decisión. 
También confunde el asilo con la inmigración. 
El sistema de asilo se fundamenta en la necesidad urgente de protección. 
Si quedara determinado únicamente por la elección del destino corremos el riesgo de socavar, en última instancia, su integridad. 
Esta nueva propuesta contiene una cláusula que obligaría a un Estado miembro a asumir responsabilidades en el caso de que hubiera tolerado conscientemente la presencia ilegal de personas en su territorio durante más de dos meses. Esto incluiría al Centro de Sangatte cerca de Calais. 
Insto al Gobierno francés a que reconozca la lógica y la urgencia de esto, aunque tengo entendido que están ofreciendo resistencia en el Consejo. 
Vamos a tener que enfrentarnos, más pronto que tarde, con la necesidad de tener una ruta de inmigración así como una ruta de asilo hacia la UE, y acabar con los traficantes. 
Pero no se puede permitir que la situación de Sangatte comience a supurar. 
El Centro no puede ser cerrado: eso sería inhumano y solo dilataría el problema. 
Pero es algo distorsionante y peligroso y el Reino Unido debe reconocer que también es problema suyo. 
Debe darse una solución bilateral, urgentemente necesaria, sustentada por la nueva Dublín II aunque alcanzada a través de un acuerdo bilateral pragmático. 
Señor Presidente, debemos recordar que ésta es una propuesta de directiva que establece única y exclusivamente unos criterios mínimos de aplicación, es decir, que su mayor virtud es la gran discrecionalidad que otorga a los Estados miembros a la hora de aplicar una parte de las normas nacionales y una parte de las normas comunes. 
De cualquier forma, podemos decir que esta directiva es algo así como la solución que exige el problema. 
En efecto, en muchos Estados, empezando por Italia, este tipo de acciones se practica desde hace mucho tiempo ante la que es una auténtica emergencia de la inmigración. 
A este propósito, me parece que una vez más en este debate no todos tenemos muy clara la diferencia entre los tres tipos de peticiones de asilo, y por lo tanto, entre las personas que las presentan, ya que existen refugiados políticos, refugiados por motivos de emergencia contingente e inmigrantes en busca de trabajo. 
Está claro que se trata de tres especificidades muy diferentes, y por lo tanto, también son muy diferentes las soluciones que podrán regular estas cualidades. 
En esta directiva se habla también de ARGO y de ODYSSEUS: dos programas, padre e hijo, con una única finalidad, unos programas que saben combinar, por fortuna de manera muy acertada, legalidad y rigor. 
A lo largo del debate he escuchado alguna preocupación que yo tildaría de excesiva. 
Alguien ha dicho incluso que se podría ir hacia un Estado policial. 
Francamente, yo diría que éste no es el caso, puesto que antes de ahora no he escuchado aflorar ningún temor de este tipo en el debate. 
Sin embargo, hay que decir que si rigor supone, no un Estado policial, sino ante todo una garantía de regularidad en los expedientes de concesión de asilo; si rigor significa sobre todo distinguir los inmigrantes irregulares de los inmigrantes ilegales y de las personas con antecedentes penales y establecer una diferencia entre los inmigrantes honrados y los correos de la droga y los traficantes de esclavos, entonces, bienvenido sea, a estas alturas, un rigor, un rigor bien ponderado, puesto que las personas de bien no tienen nada que temer de este rigor y, gracias al mismo, los solicitantes de asilo sólo conseguirán hospitalidad, comprensión y ayuda. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión del asilo ha ocupado un lugar destacado en el programa político de la Unión Europea y sus Estados miembros, sobre todo después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que atribuyó nuevas competencias a la Comunidad, con lo que brindó nuevas posibilidades de acción a escala europea. 
La propuesta que hoy estamos debatiendo aquí se inserta en la dinámica de establecimiento de un sistema europeo común de asilo basado en la aplicación integral y exhaustiva del Convenio de Ginebra, que pretende crear un método claro, pero simple y operativo, para determinar el Estado competente con vistas al análisis de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un ciudadano de un tercer país en el marco de un procedimiento de asilo que pretende ser equitativo y eficaz. 
La propuesta establece disposiciones innovadoras que pretenden concluir el proceso que resultó muy lento mediante la fijación de plazos de procedimientos más cortos, así como aumentar su eficacia facilitando la cooperación entre los Estados miembros, con lo que se pretende crear un sistema que sea justo y humano para los solicitantes de asilo, cosa que reviste la mayor importancia no sólo para los solicitantes de asilo, sino también para los propios Estados miembros, al crearse una reglamentación uniforme, directamente aplicable en toda la Unión Europea y garantizarse que toda solicitud de asilo sea, de hecho, objeto de análisis, con lo que se evita simultáneamente que haya presentación de solicitudes múltiples en varios Estados. 
Acojo con satisfacción las gestiones del ponente, Luis Marinho, y la Sra. Eva Klamt, que han procurado viabilizar un texto equilibrado y ajustado al objetivo perseguido. 
Ahora urge que todos colaboremos para evitar la aprobación de enmiendas incoherentes que pueden volver inviable el equilibrio del texto logrado en la Comisión de Libertades Públicas. 
Señor Presidente, es muy fácil sentirse impotente frente a la situación de los refugiados en Europa. 
Resulta fácil sentir impotencia frente al hecho de que tanta gente necesita protección y frente a la incapacidad para integrar a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes en nuestros Estados miembros. 
Porque esta materia es extraordinariamente importante quisiera empezar dando las gracias a mi colega, el Sr. Marinho, por este informe. 
Obviamente quiero dar las gracias también a la Comisión por esta propuesta. 
Quisiera subrayar que el Sr. Marinho señaló la importancia de que los Estados miembros se preocupen con seriedad de esta materia y pasen de las palabras a los hechos. 
La propuesta sobre responsabilidad por los solicitantes de asilo es un pequeño pero muy importante paso para instaurar una política común de asilo en la UE. 
A pesar del Tratado de Schengen y de la eliminación de las fronteras en esta región, los Estados miembros acogen a los refugiados de maneras muy diferentes, así como distintas son las posibilidades de los refugiados para obtener permisos de residencia. 
Los refugiados son los principales interesados en la existencia de una acogida solidaria y en que sus solicitudes de asilo reciban una tramitación indulgente. 
Por eso es satisfactorio que la UE vaya más lejos que lo contemplado en la Convención de Dublín. 
Los plazos de tramitación más cortos contribuirán a disminuir los largos periodos de espera que conllevan inseguridad para los refugiados. 
Particularmente interesante es la propuesta para fortalecer los derechos de los menores en relación con su familia. 
Los menores que son abandonados para huir de las guerras y de la opresión deben recibir toda la ayuda que seamos capaces de ofrecer. 
Una importante contribución en este sentido es la ampliación del concepto de familia que votaremos en el Parlamento. 
Finalmente, quisiera destacar la importancia de que respetemos las formas cómo las personas eligen sus relaciones familiares, de modo que intentemos equiparar las relaciones conyugales con las de hecho. 
Señor Presidente, es importante poner al día la excelente Convención de Dublín, base de esta propuesta de reglamento, con el fin de hacerla compatible con el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, puede existir el peligro de que no consigamos progresar, sino más bien desbaratar. 
Tiene que haber unas reglas del juego claras sobre cuál es el Estado miembro responsable en todas y cada una de las solicitudes de asilo. 
En cuanto a la tramitación de las solicitudes, es importante que los plazos sean lo más cortos posible. 
Cuanto más eficaz sea el sistema europeo, tanto mejor para todas las partes interesadas. 
No es justo que los verdaderos solicitantes de asilo se vean abocados a esperar ociosamente la tramitación de su petición durante largos períodos de tiempo sólo a causa de la burocracia. 
Los Estados miembros deben ser capaces de agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo y de las demandas de refugio. 
Un mes es el período máximo de espera humanamente aceptable. 
La patria potestad sobre los menores no es una cuestión unívoca cuando los padres biológicos no están en condiciones de ejercer la custodia. 
Tampoco es necesariamente bueno para los niños que cualquier familiar que lo solicite voluntariamente pueda hacerse cargo de su custodia. 
Esto también puede ser usado subrepticiamente para entrar en el país, con lo cual se ven amenazados los intereses de los solicitantes realmente merecedores de asilo. 
El concepto de patria potestad debe ser definido con precisión. 
Existen concepciones muy diferentes de la familia en el norte y en el sur. 
¿Qué es la familia natural? 
¿Está formada por los padres y los hijos, o por todos los familiares hasta los primos segundos? 
La tramitación de la propuesta de directiva relativa a la reagrupación familiar está aún en curso, de modo que sería insensato definir por separado en cada directiva qué es la familia. 
La Directiva relativa a la reagrupación familiar debe entrar en vigor con urgencia. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, la propuesta de reglamento que trata de remplazar la Convención de Dublín por un instrumento de Derecho comunitario, se inscribe, como dispone el artículo 63 del Tratado, en el paquete de medidas que se solicitó en Tampere y que comprende, además de este reglamento, tres propuestas de directiva relativas respectivamente a las normas mínimas comunes sobre los procedimientos de asilo, a las normas mínimas comunes sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y a los criterios de admisión al beneficio del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria y al contenido de estos estatutos. 
Su elaboración viene precedida de una amplia consulta, sobre la base de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, con los Estados miembros, con el Alto Comisariado para los refugiados de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales. 
Gracias al excelente trabajo del ponente, Sr. Marinho, al que felicito, el Parlamento Europeo va a aportar también su contribución a este informe. 
Es verdad que si trabajáramos dentro de un sistema único de asilo, en el que todos los elementos estuvieran armonizados, la solución más práctica sería quizás reconocer la responsabilidad del Estado en el que se presenta la solicitud. 
Pero esto no es así. 
Estamos trabajando en un marco en el que la armonización se refiere a normas mínimas comunes. 
Estamos obligados a reconocer que en el momento actual, al ser muy limitada la armonización, la solución más pragmática y más eficaz es reconocer que el Estado responsable de la entrada de refugiados al territorio de la Unión Europea debe ser el que se pronuncie sobre la solicitud de asilo, con un espíritu de solidaridad y de leal cooperación. 
En consecuencia, la propuesta de la Comisión se basa en el mismo principio que la Convención de Dublín. 
El estudio de la solicitud de asilo incumbe al Estado miembro que más haya tenido que ver en la entrada o en la estancia del solicitante de asilo en la Unión Europea, con excepciones muy precisas para proteger la unidad de los grupos familiares. 
No obstante, hay que reconocer que la Convención de Dublín no ha producido los efectos esperados. 
Hay que sacar enseñanzas del pasado. 
Por ello, hemos propuesto varias innovaciones: nuevas disposiciones, haciendo hincapié en la responsabilidad que adquiere un Estado miembro frente a los demás dejando que perduren situaciones de estancia clandestina en su territorio; plazos de los procedimientos mucho más breves con el fin de conseguir el objetivo de una tramitación rápida de las solicitudes de asilo, en beneficio de los verdaderos solicitantes de asilo, y de evitar dejar demasiado tiempo a los solicitantes con la incertidumbre sobre el resultado de su solicitud de asilo; plazos ampliados para proceder al traslado de las personas afectadas al país responsable con el fin de tener en cuenta las dificultades prácticas de ejecución; y disposiciones nuevas que tratan de preservar la unidad familiar de los solicitantes de asilo en la medida en que esto sea compatible con el objetivo de una tramitación rápida de las solicitudes de asilo. 
La respuesta a la pregunta del Sr. Olle Schmidt es la siguiente: en primer lugar, la existencia de reglas claras sobre la responsabilidad del Estado miembro, en segundo lugar, unas observaciones, añadidas en nuestra propuesta, sobre el nivel de las pruebas requeridas para la determinación de los Estados responsables, y, por último, unas reglas sobre la responsabilidad subsidiaria del Estado que dé muestras de laxismo. 
La Comisión es consciente de que ningún sistema para determinar la responsabilidad en materia de asilo puede pretender ser perfecto. 
Como bien lo ha señalado la Sra. Sarbati en su informe para la Comisión de Peticiones, hemos tratado de buscar un equilibrio, bastante difícil, lo reconozco, entre, de una parte, el legítimo interés de los Estados miembros por luchar contra el fenómeno del asylum shopping y de las múltiples solicitudes presentadas por un mismo individuo para permanecer el mayor tiempo en el territorio de la Unión Europea y, de otra parte, el interés de los solicitantes por ver que su demanda se estudia dentro de unos plazos razonables y por no estar permanentemente separados de los miembros de su familia, cuando ningún motivo razonable se opone a que su solicitud sea examinada en el mismo Estado miembro. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas que el ponente ha propuesto y que, en nuestra opinión, mejoran el texto y hacen más efectivas las intenciones que han animado a la Comisión al redactar este texto. 
No será una sorpresa, estoy seguro de ello, si la Comisión no está a favor de las enmiendas inspiradas en otra lógica que, por muy respetables que sean, desvirtúan la propuesta y contradicen la elección claramente manifestada por la Comisión de disponer de un texto pragmático, razonable y efectivo, en el plazo más breve posible. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Muchas gracias, señor Di Lello Finuoli. 
Tomamos nota de su observación. 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, el Acta es correcta, pero me gustaría hacer un comentario. 
Ayer estuve presente en Estrasburgo, pero desde el momento de mi llegada tuve reuniones hasta después de las 21 horas. 
Por consiguiente, no firmé la lista de asistencia en la cámara del Pleno, por ello, mi nombre no aparece el Acta. 
Algunas organizaciones publican pormenores de la asistencia de los diputados; no obstante, éste es un ejemplo típico de cómo a veces, cuando afirman que algunos diputados no han asistido a las sesiones plenarias, lo que ocurre sencillamente es que ese día no han firmado en la Asamblea. 
Me gustaría que esto constara en Acta. 
Los diputados deberían tenerlo presente cuando se publican dichas listas y resulta que la lista de asistencia no se corresponde con la realidad de la situación. 
Gracias, señor Wynn. 
Su observación, naturalmente, quedará reflejada en el Acta. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden, quisiera rogarle que pida al Presidente del Parlamento que presente nuestra queja al Gobierno francés, al alcalde de Estrasburgo y también a Air France: algunos de nosotros no pudimos asistir al inicio de la sesión plenaria de ayer porque Air France canceló uno de los vuelos directos desde el Reino Unido a Estrasburgo. 
Por este motivo, muchos de nosotros nos vimos obligados a volar vía Nantes y no llegamos a Estrasburgo hasta después de las 21 horas. 
Nosotros tuvimos suerte. 
Tengo entendido que el Presidente del Parlamento también se vio afectado. 
Si el Gobierno francés insiste en que nos reunamos aquí para celebrar doce períodos de sesiones al año- y yo no fui una de los que se quejaron de ello- le rogamos que nos permitan llegar a la sesión plenaria y, también, regresar a casa desde la sesión plenaria después de la votación a las 18.30 horas del jueves por la tarde. 
Es absolutamente ridículo que los diputados al Parlamento Europeo no puedan tomar parte en los debates. 
Yo debía intervenir ayer en uno de dichos debates, al igual que otros, según me consta. 
¿Podría el Presidente, por favor, ponerse en contacto con las autoridades y pedirles que hagan algo al respecto? 
Señora Lynne, evidentemente se transmitirá su protesta. 
Saben que nuestro presidente, el Sr. Cox, también fue víctima de este incidente. 
Informaremos de ello al Gobierno francés. 
Dicho esto, parece que en este incidente, que todos deploramos, las responsabilidades no eran únicas sino múltiples. 
Remitiremos por tanto nuestras protestas a todos los responsables de este incidente, para que no vuelva a producirse. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, podemos apoyar esta propuesta de urgencia si se trata en el segundo período parcial de sesiones de abril. 
Entonces conoceremos también la opinión jurídica de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Aunque no estemos de acuerdo con la enmienda, estamos sin embargo dispuestos a tratar este asunto bajo estas condiciones en el segundo período parcial de sesiones de abril. 
. Señora Presidenta, esta propuesta de reglamento desarrolla la Resolución 1390, adoptada el 16 de enero pasado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo con el Título VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
A la vista de los 30 días previstos para que los Estados signatarios adopten las medidas correspondientes de desarrollo de la referida Resolución de las Naciones Unidas, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos votó ayer a favor de la urgencia y de que se realice un procedimiento sin informe, es decir, que aquélla pase directamente al Pleno con un tiempo de enmiendas para los Grupos políticos. 
Pido a la Presidencia que se arbitre el plazo de enmiendas más largo posible, habida cuenta de estas circunstancias. 
Permítame hacer dos observaciones complementarias. 
La primera es que, para desarrollar este tipo de Resoluciones, como la 1390, la Unión Europea toma dos tipos de actos: uno correspondiente al segundo pilar, es decir, de política exterior, y otro dentro del Tratado CE. 
La Comisión consideró ayer de forma prácticamente unánime que este Parlamento debería trabajar en el desarrollo de los instrumentos del segundo pilar, es decir, en el desarrollo de la posición común que se está adoptando en estos momentos. 
Y si no es asociado, debe ser, al menos, informado, pues una cosa es la letra del Tratado y otra lo que impone el sentido común y la idea de que esta Cámara es la representante de los intereses de los ciudadanos. 
La segunda observación es que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos manifestó una gran preocupación y pedirá formalmente que el Consejo y los Estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas arbitren los mecanismos procesales necesarios para que se puedan corregir eventuales inclusiones no justificadas de nombres de personas físicas o jurídicas en estas listas. 
En estos momentos, esto causa mucha inquietud en la opinión pública de nuestros Estados miembros. 
Por último, pedimos ya a la Comisión que no nos fuerce a hacer este tipo de ejercicios. 
No es serio que este Parlamento disponga de cinco días contados para respaldar esta decisión, pues no se trata de dar realmente una opinión, sino de respaldar esta resolución de las Naciones Unidas, cuando ésta es una resolución de 19 de enero. 
Pedimos que en el futuro también se nos asocie más pronto al proceso de elaboración de este tipo de reglamentos con el fin de que este Parlamento dé un respaldo con pleno conocimiento de causa y no haciendo un esfuerzo procesal verdaderamente desproporcionado. 
Señora Palacio, no entiendo cómo ha permitido a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores aceptar este procedimiento. 
No entiendo cómo la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores debe tramitar una lista de nombres sin saber cómo se ha creado esta lista y sin que nadie sepa cómo puede modificarse. 
Si la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se hubiera tomado su trabajo en serio, habría rechazado tramitar este asunto antes de que supiéramos cómo puede modificarse la lista de nombres. 
Si se quiere ser respetado por la Comisión, no se puede decir simplemente sí a trabajar al ritmo de la Comisión. 
Debería haberlo rechazado. 
Señora Presidenta, en favor de la urgencia y contestando específicamente a este punto, como he dicho aquí, no se trata de que el Parlamento dé una opinión sobre una lista. 
De lo que se trata es de que el Parlamento respalde una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Es un acto que adopta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que los Estados signatarios y la Unión Europea- como potencia regional representante en algunos aspectos de estos Estados signatarios- debe respaldar, pero en él no tiene participación. 
La Carta de las Naciones Unidas prevé en los artículos 40 y 41 del Título VII que el Consejo de Seguridad adopta las medidas que estime oportunas y que los Estados signatarios "deben" -es un acto debido- desarrollarlas. 
Por lo tanto, cualquier modificación de esas listas se debe instar en el Consejo de Seguridad. 
Lo que la Comisión de Asuntos Jurídicos pide- y lo desarrollaremos- es que el Consejo, como representante de la Unión Europea, y los Estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad velen por que se arbitren unos procedimientos y unos mecanismos dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de que, si hay alguna persona física o jurídica incluida en esa lista que no debiera estarlo, se pueda hacer una excepción. 
Señora Presidenta, me gustaría recomendar la concesión a la Comisión de la aprobación de la gestión del Fondo de Desarrollo y me gustaría pedirle a la Sra. Schreyer que se lo comunique al Sr. Nielson, puesto que puedo ver que hoy no está presente durante este importante debate. 
A lo largo del proceso he amenazado con retrasar la decisión de aprobación de la gestión presupuestaria si la Comisión no facilitaba algunos resultados. 
Lo ha hecho. 
Sigue habiendo problemas, sin embargo, hemos de ver éstos en un informe de seguimiento. 
Me he centrado en particular en la calidad en forma del número de seguimientos de auditorías este año. 
Lo que me preocupa es que la Comisión no dispone de una visión general de cuántas auditorías se han realizado ni de quién ni dónde. 
Una de mis primeras preguntas a la Comisión fue: ? ¿Cuántas auditorías hicisteis en el año 2000? ?. La primera respuesta fue 12 auditorías, y fueron- me parece- muy, muy pocas cuando se piensa que hay 70 países ACP. 
Luego la Comisión encontró algunos informes más. 
Se acordaron de que seguramente se habían hecho algunos informes en las delegaciones y el Sr. Nielson aseguró a la comisión que se habían realizado 73 auditorías en el año 2000. 
A resultas de lo cual pedí la lista de estas auditorías. 
Resultó ser una lista con datos muy escasos, no me iluminó mucho más. 
Sin embargo, causó gran hilaridad- especialmente en el Tribunal de Cuentas- cuando vieron qué era lo que se había presentado como auditorías. 
La mitad, dicho sea de paso, procedían de Malawi, resultó que tuvieron que descontarse, por lo que acabamos en 52 auditorías. 
Y no, como nos prometiera el Sr. Nielson en la comisión, 73 auditorías. 
Bien es verdad que 52 auditorías son suficientes, sin embargo, resulta preocupante que la Comisión no disponga de una visión general de cuántas auditorías se realizan ni de quién las lleva a cabo. 
No existe un archivo central, y tampoco existe una visión general de las actividades? sobre el terreno?. 
La Comisión, sin embargo, me ha convencido de que no es necesario que las auditorías se realicen desde el cuartel general en Bruselas. 
Por ello he retirado mi pretensión original de devolver al menos 50 auditorías. 
Sin embargo, cuanto mayor responsabilidad quede en manos de las delegaciones, mayores exigencias deben plantearse a la visión y coordinación del cuartel general. 
He solicitado asimismo a la Comisión que me facilite una mejor explicación de por qué aún no se ha solicitado la devolución de los millones de euros restantes que son mencionados en el informe anual del Tribunal de Cuentas. 
Han pasado dos años desde que se observara este hecho y aún no ha sucedido nada. 
Pregunté al señor Director General de la DG-AIDCO si él podía, en base al sistema de control y las informaciones procedentes de las delegaciones, emitir una declaración de que los fondos EUF han sido empleados de acuerdo con los principios de? administración responsable?. 
Aún no he recibido una respuesta. 
Podría haberle planteado esta pregunta al señor Comisario Nielson si hubiera estado hoy presente. 
Sin embargo, puede que la Sra. Schreyer pueda ayudarme. 
Ha habido muchas críticas hacia el funcionamiento de la Secretaría ACP. 
Se han realizado auditorías que son muy, muy críticas y desgraciadamente, también ha habido varios casos en los tribunales de Bélgica, que han acabado en condenas por no cumplir la legislación. 
No creo que podamos tolerarlo en la UE. 
Ahora ha llegado una nueva dirección y he mantenido con ella varias reuniones increíblemente positivas. 
Espero que la situación mejore y por ello he dicho que ahora esperamos a ver cuál será el desenlace de las decisiones del Tribunal de Cuentas y así habremos de retomar esta cuestión de nuevo. 
Quiero hacer también un par de comentarios en nombre del Grupo GUE sobre el informe del Sr. McCartin. 
Me parece un resultado excelente y me gustaría elogiarle por haber tenido en cuenta mis numerosas enmiendas y por que éstas se hayan incorporado al informe. 
Éste es uno de los modos en que podemos hacer un seguimiento todo el tiempo de las anteriores decisiones de aprobación de la gestión presupuestaria y es muy, muy importante. 
No obstante, hay dos casos importantes, sobre los que echo en falta más información al respecto: ¿Cuándo se darán por concluidos los expedientes disciplinarios abiertos en la oficina de Estocolmo, también por parte de la OLAF? 
Y lo mismo es válido para el caso IRELA de España, del que llevamos hablando tanto tiempo. 
Me gustaría decir un par de palabras sobre la decisión de aprobación de la gestión presupuestaria para el Parlamento. 
El Sr. Virrankoski ha efectuado un trabajo estupendo. 
Es agudo y es equilibrado. 
No resulta fácil entender con motivo de la decisión de aprobación de la gestión presupuestaria para el Parlamento que solicitemos transparencia. 
Todos los presentes estamos al pie del cañón, especialmente cuando se trata de nuestro propio dinero. 
Me gustaría decir que estoy muy desilusionado con el Secretario General del Grupo PPE-DE, quien ha remitido un escrito a todos los demás grupos en el que dice que sería una catástrofe que hubiera transparencia en torno a nuestras cuentas. 
Criticamos a la Comisión por no ser transparente y cuando se trata de nosotros mismos, cerramos los ojos. 
Creo realmente que el Secretario General del Grupo PPE-DE debería estar muy avergonzado de ir llamando por ahí solicitando que haya plena opacidad sobre el dinero de los contribuyentes. 
No podemos tolerarlo. 
También me gustaría decir que algo que me llama la atención es que se quiera desmantelar la Inspección Financiera. 
Cuando se observan las cifras del año 2000, puede verse que en el 7% de los documentos había errores. 
Creo que esto demuestra que la auditoría interna que ahora llega debe tener la posibilidad de ser independiente. 
Sin embargo, aún seguiré diciendo: Abstenéos de desmantelar la Inspección Financiera. 
En cuanto a la decisión de aprobación de la gestión presupuestaria para el Consejo, me gustaría insistir en que nos aferremos a los comentarios y a la decisión de la comisión. 
No podemos tolerar que algunos en un grupo sean llamados al orden con el resultado de que debemos modificar la decisión a favor de la cual votamos en la Comisión de Control Presupuestario. 
No obstante, quiero recomendar en general que demos la aprobación de la gestión en todos los ámbitos. 
Va bien, irá mucho mejor y sólo nos cabe alegrarnos por ello. 
. (FI) Señora Presidenta, el funcionamiento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero se ha caracterizado durante los últimos años por la espera ante la perspectiva del cese de sus actividades el próximo verano. 
Se ha decidido finalizar las actividades de la CECA; ¡basta con medio siglo! 
La CECA ha funcionado como un banco durante sus últimos ejercicios. Suscribía y concedía créditos. 
La gestión de sus fondos quedó a cargo de la Comisión, cuya misión es ahora liquidar la actividad bancaria, cobrar los préstamos concedidos y amortizar las deudas. 
Hay más efectos por cobrar que deudas por satisfacer. 
Se calcula que quedará un superávit de alrededor de 1.100 millones de euros tras el cierre de la actividad de la CECA. 
De conformidad con las decisiones ya adoptadas, este superávit será invertido en los mercados financieros para que reporte beneficios. 
Sus reservas se usarán también para crear un Fondo del Carbón y del Acero específico que financiará actividades de investigación en estos sectores bajo los principios propuestos por la Comisión y aprobados por el Consejo. 
El rendimiento de las reservas será destinado al sector del carbón y del acero, que antes pagaba sus cuotas para financiar las actividades de la CECA. Esto está totalmente justificado. 
En este contexto, hay que recordar que los recursos del Fondo de Investigación provienen de los Estados miembros más antiguos y deben ser usados principalmente en la investigación del sector del carbón y del acero de esos países. 
Sin embargo, considerando la gran importancia de estos sectores en la economía de muchos países candidatos, cabe exigir que la Comisión entable negociaciones con los Estados miembros antiguos a fin de que los nuevos Estados miembros también puedan ser partícipes de los conocimientos que aporten estas investigaciones. 
La Comisión deberá invertir los remanentes de la CECA de forma que generen el mayor rendimiento posible. 
En caso de tener que hacer compromisos entre la seguridad y el riesgo de las inversiones, habrá que eludir los riesgos. 
Es importante poder hacer estimaciones previas sobre el rendimiento que la Comisión obtendrá de las inversiones realizadas. 
El rendimiento medio del año 2000 fue del 4,72 %. 
Esta información supone un avance en la dirección correcta, pero habrá que tomar aún nuevos pasos. 
Es conveniente que en los próximos años se establezca el objetivo indicativo del rendimiento, sobre cuya base los interventores de cuentas podrán hacer el balance de los resultados de las inversiones con relación al objetivo previamente fijado. 
Asimismo, es importante evaluar durante los próximos años si el desmantelamiento de las antiguas actividades de la CECA se va realizando según los planes. 
La Comisión tiene la intención de mantener a más de treinta funcionarios para realizar los trabajos directamente relacionados con la reasignación de los bienes remanentes de la CECA. 
Este número parece bastante elevado. 
Durante los próximos años, el Parlamento deberá ocuparse de que las reservas provenientes de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero no sirvan para sostener una burocracia innecesaria en el seno de la Comisión. 
El Tribunal de Cuentas ha emitido su dictamen de inspección, en el que da su visto bueno a la aprobación de la gestión. 
El Parlamento puede compartirlo. 
. (FI) Señora Presidenta, el presupuesto del Parlamento para el ejercicio financiero de 2000 ha presentado una ejecución bastante buena. 
El nivel de ejecución fue del 99,28 por ciento, y la relación entre los fondos de pago consignados y los compromisos de pago contraídos fue del 91,505 por ciento. 
Este alto grado de ejecución resulta de las transacciones de la reserva realizadas para proceder al pago por adelantado de los edificios del Parlamento. 
Nos fue posible así reducir los alquileres futuros. 
Estos procedimientos deben ser evitados en el futuro, de modo que el total consignado en los presupuestos debe responder estrictamente a las previsiones de gasto. 
Sin embargo, la exposición del balance del Parlamento es difícil de entender. Por ello, el informe propone una mayor claridad en la redacción y, sobre todo, una especificación bien definida de las inversiones de capital en inmuebles. 
Las prioridades presupuestarias del ejercicio 2000 eran el desarrollo de la gestión por actividades y una mejor canalización de los recursos humanos. 
El sistema de presupuestación y gestión por actividades ha empezado a ser desarrollado, pero, tal y como se señala en el informe, los resultados son aún bastante tímidos. 
Hay que seguir delegando hacia abajo competencias y responsabilidades, y hay que delimitar la responsabilidad personal de cada funcionario. 
Asimismo, debemos seguir avanzando hacia una gestión orientada a la evaluación de los resultados, en lugar de ceñirnos a prácticas puramente administrativas. 
Sólo así será posible hacer más eficaz la gestión y moderar el gasto. 
En este sentido, las recomendaciones del informe "ROME-PE" deben ser aplicadas y debemos desarrollar el control interno de la gestión financiera. 
Debe existir la posibilidad de reorganizar los recursos humanos de forma más flexible y deben ser suprimidos los trabajos innecesarios. 
El sistema actual es demasiado rígido y está anquilosado en fórmulas anticuadas. 
Esto también tiene relación con la falta de igualdad entre hombres y mujeres. 
El Parlamento Europeo es todavía un lugar de trabajo muy chapado a la antigua. 
Así pues, durante el último año y medio se nombró a dieciocho personas para ocupar puestos en las categorías profesionales A1-A3. 
Había sólo una mujer, y los diecisiete restantes eran hombres. 
En el informe se critica esta práctica y se exige la adopción de un sistema de cuotas como fase de transición hacia una situación normalizada. 
La gestión también afecta a los Grupos políticos. 
Los principios del sistema de gestión por actividades implican el desarrollo de la autonomía interna de los Grupos. 
Por ello, el informe pide que, en el contexto de la reforma del Reglamento Financiero, se tenga en consideración este rasgo específico de una u otra manera. 
En el informe se exige que los Grupos presenten su balance y cierre de cuentas de forma más clara y que se proceda a su publicación. 
Asimismo, hay que desarrollar la administración de las propiedades y los criterios de inventariado. 
A su vez, la responsabilidad de los Grupos como parte contrayente de contratos, en general, y como patronal, en particular, debe ser clarificada jurídicamente, de tal manera que la responsabilidad no recaiga siempre en el Parlamento Europeo en última instancia. 
En cuanto a las dos sedes de reunión del Parlamento Europeo, se constata que sólo los costes variables de las sesiones son el 33 por ciento más altos en Estrasburgo que en Bruselas. A esto hay que añadir importantes gastos adicionales ocasionados principalmente por la existencia del doble de inmuebles. 
La reducción de la semana de sesiones sólo da lugar a un ahorro del uno por ciento. 
Este asunto convendría quizá examinarlo en el seno de la Convención que prepara la reforma de los Tratados. 
El mayor problema específico reside en el precio del edificio Louis Weiss en Estrasburgo. 
Aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el total del coste de las inversiones con la constructora del proyecto, la empresa SERS. 
Hay diferencias sobre la fecha de finalización de las obras y el caso está en manos del Tribunal de Justicia de las Comunidades. 
La solución de todo el contencioso puede durar incluso diez años. 
Considerando que el Parlamento no ha deseado dos lugares de reunión, sino que se reúne en Estrasburgo como consecuencia de las fuertes presiones ejercidas especialmente por Francia, nosotros tenemos que exigir que la querella sobre los costes de construcción del edificio del Parlamento sea solucionada de inmediato. 
La ciudad de Estrasburgo y la provincia de Alsacia tienen mayoría de acciones en la empresa SERS, el 60 por ciento en total, de modo que ambas instancias deben hacer uso de sus facultades decisorias. 
También el Estado francés debe asumir la responsabilidad que le corresponde, puesto que el Parlamento Europeo no tendría ninguna necesidad de ser parte del contencioso, sino que podría pagar enseguida sus instalaciones y acceder al derecho de propiedad sobre las mismas. 
Es excesivo que el Parlamento se vea obligado a estar siempre en guardia para que no se le cobren frescos inexistentes. 
Salvo las observaciones mencionadas, el informe propone la concesión de la aprobación de la gestión del Secretario General en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2000 y del Interventor de Cuentas en la contabilidad del mismo ejercicio. 
. (EN) Señora Presidenta, por su modo de anunciar esa larga lista, cualquiera pensaría que he estado muy ocupada. 
Quisiera centrarme en las instituciones que acaba de mencionar. 
El ejercicio, naturalmente, estudia el gasto y hace una evaluación de la eficacia con que se han utilizado los fondos de los contribuyentes europeos en el caso de dichas instituciones. 
En el presente informe se hace referencia también al Consejo, a la que me referiré más tarde. 
En términos generales, no había ningún motivo serio de preocupación respecto al Tribunal de Justicia, aunque, sin ninguna duda, haremos un seguimiento de algunas peticiones que hecho sobre la necesidad de ampliar algunos detalles. 
Concedemos la aprobación de la gestión al Tribunal de Justicia. 
El Tribunal de Cuentas, al parecer, sigue siendo reacio a nombrar a los Estados miembros que presentan deficiencias, y advierto al Tribunal de Cuentas una vez más de que no descansaremos hasta que atienda a esta petición. 
Acogeríamos con satisfacción que los informes fueran de más fácil lectura, así como una declaración de intereses del Tribunal de Cuentas en Internet, como realiza actualmente la mayoría de las demás instituciones. 
El Tribunal de Cuentas nunca debe sentirse demasiado ilustre para cumplir las normas que hemos aprendido a esperar que cumplan otros funcionarios públicos preponderantes. 
No obstante, concedemos la aprobación de la gestión al Tribunal de Cuentas. 
El nuevo presupuesto del Defensor del Pueblo es muy pequeño, por lo que cualquier cantidad de fondos no utilizada puede aparecer como desproporcionada entre los porcentajes, aunque es algo que la Comisión de Presupuestos deberá tener presente a la hora de establecer el presupuesto para el Defensor del Pueblo. 
Concedemos la aprobación de la gestión al Defensor del Pueblo. 
El Comité de las Regiones es también relativamente nuevo en el panorama europeo. 
Es gratificante comprobar que comparte algunos gastos con el Comité Económico y Social, aunque a veces dicho compartimiento de gastos no es todo lo amplio que cabría desear. 
La Comisión de Control Presupuestario podría quizá examinar en un futuro informe la relación gastos-beneficios y realizar una evaluación de las repercusiones de esta institución. 
El Comité Económico y Social, así como el Comité de las Regiones han obtenido muy buenos resultados en lo relativo a los edificios Belliard y Montoyer y han hecho un excelente juego con las malas cartas que, injustamente, les repartió el Parlamento. 
Concedemos la aprobación de la gestión al Comité de las Regiones. 
Paso a continuación al ámbito en el que se centra el informe, a saber, el Comité Económico y Social: un comité que existe desde el comienzo de este gran proyecto. 
A pesar de que el informe reconoce que el Comité Económico y Social puede hacer las veces de un foro para los grupos de interés que, de otra manera, no podrían hacer oír sus voces en el contexto de la UE, los acontecimientos de estos últimos años- incluido, por ejemplo, el protocolo social- deberán ahora tenerse en cuenta. 
¿Vemos aquí, por ejemplo, alguna duplicación? 
Nos preocupa que la información no trascienda hasta el nivel de las bases. 
Los cuantiosos costes de financiación de esta institución, que se elevarán a casi 100 millones de euros a partir de la ampliación, también nos preocupa mucho. 
Existen críticas, incluso entre algunos sindicatos reconocidos por la Institución y que hacen uso de ella. 
Un destacado sindicato británico llegó incluso a decir que el Comité Económico y Social parece superfluo y que se contentaría con que desapareciera. 
Otro aspecto preocupante del Comité Económico y Social fue su reacción al presente informe, en el sentido de que el concepto de relación costes-beneficio de un organismo establecido por los Tratados Europeos es muy cuestionable y políticamente injustificable. 
¡Que intente decir eso a los contribuyentes de Europa! 
Creo que es bastante evidente, cuando vemos reacciones como ésa, que no existe demasiada transparencia en el seno del Comité Económico y Social. 
La Comisión de Control Presupuestario recomienda que no se conceda la aprobación de la gestión al Comité Económico y Social en los ejercicios 1996 y 1997. 
Es una medida histórica y no ha sido tomada a la ligera. 
Hasta ahora, sólo en dos ocasiones se ha rechazado la aprobación de la gestión; una de las cuales fue la que obligó a dimitir a la Comisión en 1999. 
Quizá parezca extraño que hayamos esperado hasta ahora para examinar las cuentas y los gastos de 1996. 
No obstante, hasta ahora no hemos recibido una aclaración objetiva sobre las irregularidades relativas a los pagos de gastos de viajes de sus miembros. 
Toda la secuencia de acontecimientos, desde el propio fraude en que están implicados 59 miembros del Comité Económico y Social por un importe superior a 1 millón de euros, hasta la actitud escandalosamente relajada de los directores del Comité Económico y Social y sus esfuerzos por encubrir el problema, y el enfoque chapucero y poco profesional de la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, todo apesta a incompetencia, dilación y falta de profesionalidad. 
Han sido necesarios seis años para llegar hasta el fondo de este fraude ocurrido en 1996. 
Esta situación es una vergüenza. 
Su consecuencia es que no exista ninguna posibilidad de procesar a los responsables, porque los Tribunales afirman que ha prescrito. 
No obstante, ha habido mejoras desde entonces, que es por lo que concedemos la aprobación de la gestión al Comité Económico y Social en los ejercicios 1998, 1999 y 2000. 
Es importante que la Convención sobre el futuro de Europa preste atención al mensaje contenido en el presente informe. 
Paso, por último y muy brevemente al Consejo. 
Tradicionalmente, este apartado lo hemos agrupado con el gasto de la Comisión. 
Este año, sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha preparado un informe crítico sobre el funcionamiento de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Se trata, una vez más, de un ámbito del Consejo bastante nuevo. 
La Comisión de Control Presupuestario ha pedido respuestas y una aclaración sobre algunos asuntos que preocupan al Tribunal de Cuentas. 
El Consejo está debatiendo sobre este punto esta misma mañana, por lo tanto, esperamos conocer los resultados del Consejo antes de que celebremos la votación sobre el presente informe. 
Espero que tengan esto en cuenta en el momento de votar. 
Espero que el Comité Económico y Social se ocupe del hecho de que no le hemos concedido la aprobación de la gestión y reconozca la gravedad de esta medida. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera sumarme a las palabras de agradecimiento dirigidas a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, así como a la Sra. Schreyer. 
Creo poder afirmar que en este año la colaboración ha sido excelente. 
También deseo dar las gracias a los ponentes de opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y de la Comisión de Asuntos Exteriores por la grata y ágil colaboración. 
Por último, no puedo dejar de manifestar mi gratitud a los representantes de las agencias descentralizadas, cuya gestión aprobamos hoy. 
Tras someter las cuentas de estas tres agencias a un examen minucioso el Tribunal de Cuentas ha llegado a la conclusión de que, en los tres casos, los estados financieros correspondientes al ejercicio 2000 son fiables y que las operaciones estudiadas son legítimas y regulares. 
Como ponente me he ido a las sugerencias incluidas en el informe sobre la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1999. 
En los dos primeros casos recomendamos que se realizara una evaluación externa y que se presentara un plan de acción. 
En cuanto a la Fundación de Dublín sugerimos el año pasado que se estudiaran las ventajas y desventajas de una más estrecha colaboración con la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Al CEDEFOP le pedimos que estudiara la posibilidad de mejorar la colaboración con la Fundación Europea de Formación de Turín. 
Debo comunicarles, estimados colegas, que la Fundación de Dublín se ha retrasado un poco en la tramitación de nuestra solicitud. 
La evaluación externa acaba de concluir y el plan de acción ha sido debatido hace poco. Sin embargo, puedo decirles que se ha accedido a nuestra solicitud. 
En este momento es objeto de debate y, como ponente, estaré por supuesto en contacto con los representantes de la Fundación de Dublín para garantizar que el informe sobre la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1999 se cumpla rigurosamente. 
En el CEDEFOP esta fase ha finalizado ya, así que en este caso les puedo transmitir buenas noticias. 
Me parece regocijante que de vez en cuando se pueda introducir una nota positiva en el debate sobre la aprobación de la gestión. 
El CEDEFOP ha hecho todo cuanto le hemos pedido. Es más, incluso ha celebrado un acuerdo de cooperación con la Fundación de Turín. 
Creo que la presión ejercida por esta institución, por el Parlamento Europeo, ha contribuido a que a este respecto también se den pasos importantes a favor del contribuyente europeo. 
Estimados colegas, las noticias que nos llegan de la Agencia Europea para la Reconstrucción de Kosovo también son buenas. 
Acuérdense de cómo estaban las cosas. 
Una vez terminada la guerra, Kosovo se encontró con un enorme desafío, no sólo a causa del daño material y humano ocasionado por la guerra, sino también como consecuencia del daño provocado durante más de un decenio por el régimen de Milosevic. En todo ese tiempo Kosovo sufrió una falta crónica de inversiones, al tiempo que los derechos humanos de los kosovares fueron violados permanentemente. 
Quiero alabar de todo corazón los esfuerzos realizados por nuestros colaboradores sobre el terreno, el personal de la Agencia Europea para la Reconstrucción, así como las acciones llevadas a cabo por los efectivos de la Fuerza de Paz para Kosovo que se desplazaron a la región inmediatamente después de la guerra. 
Han realizado una inmensa labor en unas condiciones a veces francamente arduas. 
El Tribunal de Cuentas, y todo el que lea atentamente los informes anuales y los informes trimestrales, llegará a la conclusión de que en ese ámbito nuestra gestión ha sido enormemente eficaz. 
Obviamente, hemos aprendido cosas y no hemos vuelto a incurrir en los errores cometidos en Bosnia y Herzegovina. 
Fui designado ponente para el informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la actuación de la Unión Europea en Bosnia Herzegovina. 
Allí cometimos errores, pero aprendimos nuestra lección. Ello nos ha servido para hacer un buen trabajo en Kosovo. 
Por último quisiera referirme brevemente a la situación en Kosovo. 
El sector de la energía es el principal destino de nuestras inversiones, y aquí estamos ante una paradoja. 
A pesar de las gigantescas cantidades de dinero que se invierten en el suministro energético, se producen prácticamente todos los días apagones eléctricos. A los ojos de la población eso resulta paradójico. 
Por eso pido en mi informe un mayor esfuerzo para explicar a la opinión pública de Kosovo que es necesario prestar más atención al ahorro energético y que habrá que pagar por la energía a fin de lograr una política más sostenible. 
Para concluir, estimados colegas, debo decirles que me han llegado rumores sobre supuestas malversaciones de fondos por parte de una empresa eléctrica kosovar. 
En este momento aún no me puedo pronunciar al respecto. 
He encargado un informe a la Unmik, puesto que, a fin de cuentas, este asunto le incumbe a ella. 
Creo que tendremos que incluir los resultados de ese informe en el informe sobre la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2001. 
Señora Presidenta, Señorías, 82.000 millones de euros se gastaron en el año 2000 en el presupuesto europeo. 
Han sido cientos de miles de diferentes operaciones de pago a investigadores, institutos de investigación, pagos de becas, primas a agricultores por retiradas de tierras de la producción o por vacas, ayudas alimentarias a refugiados, pagos para la puesta a disposición de material de construcción en Kosovo o para la lucha contra el SIDA en Africa, ayudas para la ampliación de las redes de ferrocarril en la UE, para la construcción de parques industriales, etc. Podría seguir la lista durante mucho tiempo. 
Esto muestra lo heterogéneas y diversas que son las tareas de la Unión Europea a las que van a parar los fondos financieros. 
También muestra lo diversas que son las exigencias que se plantean a una buena gestión presupuestaria y a un control correcto. 
A ello viene a añadirse lo que el Sr. McCartin ha subrayado expresamente en el sentido de que la competencia administrativa sólo es en una pequeña parte asunto de la Comisión y que por lo demás miles de oficinas de pago para los gastos agrícolas en los Estados miembros así como cientos de Ministerios y autoridades en los mismos son responsables de su aplicación, es decir, de recibir las solicitudes, examinarlas y aprobarlas. 
Señor McCartin, su informe sobre la aprobación de la gestión del presupuesto 2000 refleja este amplio abanico de actividades de la Comisión, los riesgos específicos y las fuentes de error, las medidas necesarias y, naturalmente, también los fallos en la ejecución presupuestaria. 
Se trata realmente de un informe muy completo y la Comisión le felicita expresamente por el mismo. 
Me permito también felicitarle personalmente por su intervención y compromiso en la Comisión de Control Presupuestario. 
La Comisión saluda que la Comisión de Control Presupuestario recomiende con una mayoría tan grande la aprobación de la gestión de la Comisión para el presupuesto 2000. 
Sin embargo, el informe y la resolución son algo totalmente diferente a una carta de corso para la Comisión. 
En el informe se plantean 144 exigencias a la Comisión- desde la presentación de informes, pasando por la adopción de medidas administrativas hasta la modificación de leyes. 
Naturalmente, no me puedo referir ahora aquí a todas estas exigencias, pero sí voy a destacar algunas. 
En nombre de la Comisión, primero quiero felicitar al Sr. Black por el trabajo sobre los fondos de ayuda al desarrollo y por la recomendación de aprobación de la gestión que, de conformidad con su costumbre que yo aprecio en gran medida, va unida a numerosas exigencias. 
Señor Seppänen, usted desempeña un papel prácticamente histórico como ponente para el presupuesto de la CECA. 
Me permito también felicitar a la Sra. Morgan y al Sr. Virrankoski. 
Aunque sus informes afecten a las gestiones presupuestarias de otras instituciones, se trata de un elemento de la totalidad del presupuesto europeo. 
Me voy a referir más adelante al informe del Sr. Staes que la Comisión saluda mucho. 
La Comisión expresa su agradecimiento a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, por la buena dirección de todo el proceso de debates sobre la aprobación de la gestión y, naturalmente, también a la secretaría y a toda la comisión por el duro trabajo realizado. 
Un resultado del ejercicio 2000 que ha sido recogido muy críticamente por la Comisión de Control Presupuestario es el gran excedente presupuestario de 11.600 millones de euros, aunque este dato ha sido saludado efusivamente por los ministros de Hacienda de los Estados miembros. 
No puedo añadir nada a la exposición del Sr. McCartin sobre el positivo desarrollo en el lado de los ingresos. 
Es sencillamente de saludar que las tasas de crecimiento sean superiores a lo que se esperaba al principio. 
Sin embargo, hay que analizar más críticamente la cuestión de por qué los gastos han sido inferiores a lo previsto en el presupuesto. 
Esto no se refiere a los gastos agrícolas o administrativos, donde unos gastos menores a los estimados significan unos ahorros reales. 
En el caso de los fondos estructurales significa solamente un aplazamiento temporal de los gastos. 
No se han podido acordar a tiempo todos los reglamentos que eran necesarios pues las resoluciones de la Agenda llegaron tardíamente en el año 1999. 
El Sr. McCartin también ha expuesto esto. 
Pero también hoy, en el año 2002, tenemos que constatar una mala ejecución del programa. 
Para el siguiente período de ayudas hay que extraer por ello consecuencias y para el actual período de ayudas tampoco puede quedar sin modificaciones. 
Respecto al Fondo Europeo para el Desarrollo, el Sr. Blak ha destacado que en el año 2000 se pudieron utilizar en la práctica muchos más créditos que en el año anterior. Es decir, aquí existe una evolución positiva. 
En vista de las enormes necesidades en muchos Estados ACP, también está claro que la no utilización de créditos no es una cuestión de insuficiencia de la demanda sino que con frecuencia es reflejo de la falta de proyectos concretos. 
La Comisión ha reaccionado entregando en parte más ayudas a los presupuestos de esos Estados, lo que por un lado es correcto pero, por otro, requiere naturalmente nuevos conceptos de control. 
En lo referente a la puesta a disposición de informaciones en el procedimiento de aprobación de la gestión, me permito indicar de nuevo que la Comisión siempre publica inmediatamente en Internet informes de evaluación de los diversos programas y líneas presupuestarias y que las cifras de aplicación para el presupuesto en curso se transmiten electrónicamente todas las semanas también a la Comisión de Control Presupuestario. 
La Comisión está convencida de que el acuerdo con el Parlamento para la transmisión de informaciones confidenciales ha acreditado su validez. 
Sin embargo, tengo que indicar de nuevo que tanto para los informes de la Comisión como para los de la OLAF se aplican las normas sobre la protección de datos y mantenimiento del secreto de las investigaciones. 
A demanda de la Comisión de Presupuestos, la Comisión ha puesto a disposición las comunicaciones de los Estados miembros sobre errores y reclamaciones de devolución en el sector de los fondos estructurales. 
Las comunicaciones han aumentado debido a un control más intenso aunque con frecuencia los Estados miembros no siempre controlan con la amplitud necesaria. 
Señor McCartin, usted lo menciona críticamente en su informe. 
Comparto la crítica. 
Sin embargo, es muy cuestionable que los Estados miembros estructurados federalmente se vayan a dejar imponer, tal como se propone en el informe, que cambien su distribución de competencias para los controles en lo referente a los fondos europeos, tanto más cuando esto está ya establecido con frecuencia en las Constituciones. 
Se trata pues de una cuestión muy espinosa. 
Un tema esencial en el debate sobre este procedimiento de aprobación de la gestión ha sido y es el método con el que el Tribunal de Cuentas Europeo basa su decisión sobre la concesión o no concesión de una declaración de garantía. 
La Comisión saluda que el Tribunal de Cuentas Europeo esté dispuesto a debatir propuestas sobre un concepto diferente para la creación de indicadores comprobables y comparables temporalmente para la gestión financiera. 
Tanto en el informe sobre el presupuesto de la Comisión como en el informe de la Sra. Morgan se exige que se averigüen las tasas de errores por Dirección General. 
El Tribunal de Cuentas ha aclarado ya a este respecto que esto no es compatible con su actual método Sampling pues para ello serían necesarias muchas más pruebas aleatorias de las que el Tribunal puede realizar. 
Sin embargo, indico que con la reforma de la Comisión se han introducido nuevos estándares para los controles y que las Direcciones Generales deben informar ahora anualmente al respecto en sus informes sobre actividades, es decir, sobre qué estándares y cómo se han cumplido. 
Junto con el Tribunal de Cuentas examinaremos qué aportaciones de estos informes sobre actividades y de las declaraciones de la Dirección General se pueden utilizar para la averiguación de los indicadores que se pueden comparar en un marco temporal. 
Señor Staes, en su informe sobre la aprobación de la gestión del Director de la Agencia Europea para la Reconstrucción de Kosovo, usted se adhiere al juicio positivo del Tribunal de Cuentas. 
Por un lado, porque la experiencia con esta Agencia muestra que la vía de desconcentración de la responsabilidad, es decir, de adoptar más decisiones in situ, es la vía correcta. 
Por otro lado, porque informes de prensa han dado en parte la impresión de que en el sector del suministro de energía se hubiesen confirmado ya las críticas sobre una gestión defectuosa. 
Usted ha aclarado de nuevo que no es así pero que la situación sigue siendo insatisfactoria. 
Usted ha expuesto asimismo cómo era la situación en el 2000, es decir, totalmente desolada, tanto en lo referente a esta central de energía como al hecho de que no se pagaban las facturas de electricidad, como ocurre en la totalidad del antiguo bloque del Este. 
Un punto esencial es también que las relaciones de propiedad de la central no estaban claras, por lo que no podría realizarse una privatización y que esta central tiene además una enorme importancia para el mantenimiento de puestos de trabajo. 
También se debería tener esto en cuenta en esta situación política tan inestable, si bien aquí es naturalmente necesario un cambio. 
Estoy muy satisfecha de que el Tribunal de Cuentas haya examinado muy a tiempo y a fondo la Agencia para la Reconstrucción de Kosovo. 
Usted mismo estuvo allí. 
El resultado del control del Tribunal de Cuentas es muy positivo en su totalidad. 
Esto es esencial ya que el trabajo en los Balcanes y en Kosovo va a tener una gran importancia no sólo para la política exterior sino también para la política presupuestaria de los próximos años. 
Me voy a referir aún brevemente a la observación y exigencia sobre el sector agrario, en especial sobre las restituciones por las exportaciones agrícolas. 
En este aspecto, se ha podido alcanzar ya durante el procedimiento de aprobación de la gestión un acuerdo entre la comisión y mi colega Fischler sobre algún punto. 
Esto muestra también que el clima entre la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión ha cambiado positivamente hacia una cooperación directamente crítica pero constructiva. 
No sólo yo sino que la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos saludan que el Parlamento exija decisiones para reducir los transportes de animales vivos que con frecuencia solamente se realizan para obtener restituciones por exportación. 
Espero que en este Pleno se concluya el procedimiento de aprobación de la gestión para el presupuesto 2000. 
Al mismo tiempo están en marcha los trabajos para la elaboración del presupuesto 2003. 
Previsiblemente será el último presupuesto para una UE con 15 Estados miembros. 
Con la ampliación de la Unión el presupuesto será de nuevo más complejo y más diverso. 
La Comisión aprovechará el tiempo hasta entonces para apoyar a los Estados candidatos en los preparativos para la ampliación y para participar en los fondos europeos, controlará la introducción de las medidas necesarias y seguirá ella misma reformando sus procedimientos administrativos. 
Esto exige ciertos impulsos por parte del Parlamento pero en especial la cooperación entre el Parlamento y la Comisión. 
Expreso mi agradecimiento en nombre de la Comisión por esta cooperación durante los últimos meses y recurriendo a una antigua cita futbolística quiero concluir diciendo que la Comisión sabe muy bien que tras la aprobación de la gestión siempre se encuentra ante la siguiente aprobación de la gestión. 
. (EN) Señora Presidenta, nuestra comisión cubre 120 líneas presupuestarias, algunas de ellas muy grandes, incluidos los programas de investigación Tacis, Phare y Meda. 
La ejecución de estas partidas fue objeto de duras críticas en el pasado. 
Mi primera observación es sobre el gasto en 2000 del programa Synergy, cuyo objetivo es promover la cooperación internacional en el sector de la energía, y que obtuvo el firme respaldo del Parlamento Europeo. 
Estoy segura de que podrá imaginar, señora Comisaria, cuál fue nuestra sorpresa y consternación cuando la Comisión abandonó este programa en el año 2000, canceló una convocatoria de licitaciones que ya se había publicado, lo que causó no pocas molestias, y optó por no destinar al programa ninguna financiación durante todo el año 2000. 
No puedo hacer suficiente hincapié en que éste es un comportamiento inaceptable, y la Comisaria responsable conoce perfectamente nuestro punto de vista. 
Me complace decir que se han adoptado medidas reparadoras y esperamos con interés la creación de un programa mejorado en este sector tan importante. 
Paso a continuación al programa Tacis sobre seguridad nuclear en la antigua Unión Soviética. 
En el pasado, este programa fue objeto regularmente de duras críticas- justificadas. 
Se trata de una labor que se realiza en condiciones difíciles, en un ámbito en el que la negligencia y la ineficacia en la ejecución de los presupuestos era algo habitual. 
Observamos con satisfacción una notable mejora y esperamos con interés poder obtener garantías sobre la seguridad de las centrales nucleares en la antigua Unión Soviética. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a los colegas de la Comisión de Control Presupuestario por su cooperación y por ayudarnos a realizar esta labor tan importante de escrutinio a la que nuestra comisión, si quisiéramos, podría destinar todo su tiempo. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, como ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales me voy a centrar en las Agencias pues es urgentemente necesario un acompañamiento y control más eficiente y transparente. 
No lo digo sólo porque la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sea competente para cuatro Agencias sino también ante el hecho de que la cifra de Agencias aumenta continuamente. 
Hoy tenemos 11 Agencias pero pronto serán 14 pues saben que tan pronto como se haya solucionado la cuestión de la sede, tendremos también Agencias para alimentos y seguridad en el tráfico aéreo y marítimo. 
Tal como ya he indicado, nuestra comisión es competente para cuatro Agencias: para Dublín, Bilbao, Tesalónica y Turín y aquí no existe tampoco en principio ningún problema. 
Sin embargo, sí representa un problema básico el hecho de que solamente exista un procedimiento individual de aprobación de la gestión por parte del Parlamento Europeo para cuatro Agencias. 
Al menos tenemos un ponente para las Agencias en la Comisión de Presupuestos y Wilfried Kuckelhorn ha puesto ya muchas cosas en marcha. 
No obstante, necesitamos una igualdad de trato de todas las Agencias. 
Insto por ello hoy a la Comisión para que elabore propuestas para equiparar a todas las Agencias en el procedimiento de aprobación de la gestión. 
A este respecto, hay que modificar del modo correspondiente sobre todo los fundamentos jurídicos. 
De otro modo, en el futuro no podremos llevar a cabo el control presupuestario de las Agencias de modo satisfactorio, lo que no puede radicar en interés de nadie. 
También hay que mejorar nuestra cooperación interna entre las comisiones. 
Las directrices elaboradas en 1998 para las Agencias se deberían revisar por ello bajo cuatro aspectos: el aspecto del aseguramiento de mecanismos adecuados de control en las comisiones especializadas, el aseguramiento de la transparencia en el procedimiento presupuestario, el fortalecimiento de las obligaciones recíprocas de información y una delimitación más clara de competencias entre las comisiones participantes. 
Nuestra comisión elaborará las correspondientes propuestas al respecto. 
Para finalizar, de nuevo muchas gracias a los colegas McCartin y Staes por el apoyo recibido hasta ahora en este asunto. 
. (EN) Señora Presidenta, en primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento al Sr. Bowe que ha sido ponente del presupuesto en la Comisión de Medio Ambiente durante la primera mitad del mandato. 
El enfoque general del procedimiento de aprobación de la gestión consiste en examinar qué porcentajes de la línea presupuestaria se han utilizado. 
Si se ha utilizado el 95% o más, se pone un visto junto a esa partida. 
Si se ha utilizado menos del 80% se le pone una marca negra. 
Pero si disponemos de información, deberíamos examinar con mayor detenimiento los objetivos alcanzados con esos fondos, en vez de limitarnos a comprobar que los fondos han sido utilizados. 
Por ejemplo, en el caso del Quinto Programa de acción ambiental, sólo se utilizó el 70% del presupuesto. 
La causa declarada fue la falta de proyectos buenos; lo cierto es que algunas instancias no obtuvieron ninguna respuesta en absoluto. 
No debemos destinar fondos a proyectos malos. 
No obstante, quiero hacer una ligera amonestación en este sentido: espero que nuestros sistemas de licitación no se vuelvan tan burocráticos que disuadan de presentarse al concurso a algunos licitadores en potencia con buenos proyectos. 
Mencionaré la línea presupuestaria de salud pública B3-4301 para la lucha contra el cáncer. 
En 1999 hubo una infrautilización importante en este sector y me complace comprobar que en 2000 fue utilizada prácticamente en su totalidad, incluido el excedente de 1999. 
Sería rayano en lo delictivo no agotar los recursos asignados a la lucha contra enfermedades como el cáncer. 
Es cierto que en el año 2000 sólo se utilizó la mitad del presupuesto para medio ambiente, cuyo importe ascendía a 200 millones de euros- o 125 millones de libras esterlinas. 
Ello fue debido a los programas LIFE, que componían la mitad de este presupuesto y que no pudieron aplicarse en 2000 porque el fundamento jurídico no se determinó en conciliación hasta julio de 2000. 
Me alegra comprobar que el programa quinquenal ha sido comprimido en un programa de cuatro años. 
A pesar de la importante infrautilización del presupuesto a causa, principalmente, de las líneas de LIFE III y habida cuenta de que el Tribunal de Cuentas no ha manifestado ninguna preocupación, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor recomienda que se conceda la aprobación de la gestión con respecto al presupuesto 2000 para las líneas presupuestarias que son de su competencia. 
. (EN) Señora Presidenta, quiero expresar, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, mi agradecimiento al ponente, Sr. McCartin, por su informe y sus esfuerzos y, en particular, por haber puesto de relieve la principal preocupación de mi comisión, a saber, la lentitud con que se ejecutan los Fondos estructurales de la Comunidad. 
Como el ponente resalta acertadamente, ésta es la principal causa del problema en términos de excedentes que ahora ocupa a este Parlamento. 
La pregunta a la que mi comisión no ha obtenido una respuesta satisfactoria de la Comisión era la siguiente: ¿por qué permitimos que se produzca una situación semejante? 
Era previsible que en el primer año de los programas con cargo a los Fondos estructurales los índices de ejecución serían muy bajos. 
No obstante, nos encontramos con unas expectativas y unos planes en materia de previsiones presupuestarias completamente irreales que, por definición, no podían cumplirse. 
Por lo tanto, la situación es que en numerosos ámbitos no ha habido prácticamente ningún gasto en absoluto con cargo a determinadas líneas presupuestarias de los Fondos estructurales de la Comunidad. 
Creemos que esto dificulta aún mucho más la posibilidad de que el Parlamento y mi comisión hagan un escrutinio adecuado y riguroso del presupuesto. 
Como punto habitual en el orden del día de nuestra comisión, ahora hemos decidido centrarnos en la inspección minuciosa del presupuesto y, en cada debate, invitamos a la Comisión y al Consejo a participar con nosotros en una revisión exhaustiva del gasto en el ámbito de los Fondos estructurales. 
Pero esta labor resulta muy difícil con estos presupuestos tan poco realistas. 
La Comisaria deberá explicar cómo se supone que evaluemos debidamente un presupuesto que es de por sí muy cuestionable. 
Nuestro segundo motivo de preocupación es relativo realmente a la segunda observación que el ponente ha hecho en su presentación- el modo en que se gestionan actualmente los Fondos estructurales. 
Compartimos su preocupación en el sentido de que, a menudo, la regulación es demasiado compleja y dificulta enormemente nuestra labor, como Parlamento, de escrutar el presupuesto. 
Por ello tenemos aquí un problema doble. 
Numerosas organizaciones, personas, grupos, asociaciones y comunidades que tienen derecho a beneficiarse de los Fondos estructurales no reciben la parte que justamente les corresponde porque el proceso de solicitud es excesivamente complicado. 
Nosotros, como Parlamento- y las otras autoridades responsables de vigilar el gasto presupuestario- tenemos un problema en el sentido de que no podemos vigilar adecuadamente el gasto con vistas a garantizar una buena relación gasto-utilidad. 
Mi última observación es relativa a las redes transeuropeas. 
Reiteramos nuestro punto de vista de que la Comisión actúa acertadamente al centrar su atención en un número menor de proyectos, pero estamos en contra de los actuales planes de la Comisión de añadir 60.000 millones de euros a la línea presupuestaria de transportes para la red transeuropea. 
Invitamos a la Comisión a que comente cómo puede garantizar una buena relación coste-utilidad cuando planean un incremento tan enorme del gasto. 
Cooperación. Señora Presidenta, en primer lugar, felicito al Sr. Blak por haber adoptado finalmente la decisión de proponer en su informe la aprobación de la gestión de los 6º, 7º y 8º Fondos Europeos de Desarrollo. 
Los esfuerzos de la Comisión, particularmente del Comisario Nielson para mantener informado al Parlamento sobre los gastos de estos fondos y, sobre todo, los países en desarrollo benefeciarios merecen que el Parlamento adopte una gestión a la que el Tribunal de Cuentas ya ha dado su visto bueno. 
Por todo ello, el Grupo socialista y la Comisión de Desarrollo, de cuya opinión he sido ponente, son favorables a la aprobación. 
Sin embargo, pedimos a la Comisión que, en el futuro, los fondos destinados al desarrollo social sean más elevados y se reflejen más claramente, tal como plantea la Comisión de Desarrollo, tanto en lo que se refiere al presupuesto como al FED. 
Esperamos que el año próximo podamos analizar las cifras de la ayuda de la Unión Europea de acuerdo con el sistema del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, lo que nos permitirá calibrar con más exactitud la incidencia de los fondos comunitarios de ayuda en el avance del desarrollo social. 
En cuanto a las enmiendas presentadas por el mismo señor Blak, tenemos que rechazar las que se refieren al acceso a los documentos y la revisión del acuerdo marco interinstitucional, y no por cuestiones de fondo, porque efectivamente el acuerdo no se está mostrando muy eficaz, sino porque no se puede cuestionar en cada informe de la Comisión de Control Presupuestario la validez de un acuerdo negociado, firmado y votado por este Parlamento con la participación, no lo olvidemos, de miembros relevantes de dicha Comisión. 
Además, los tribunales también se han pronunciado al respecto. 
Por tanto, entendemos que el tema del acceso a los documentos no debe plantearse en un informe. 
Somos favorables, por el contrario, a las demás enmiendas relativas a las auditorías y a la gestión del centro para el desarrollo empresarial. 
Este ejercicio de aprobación de la gestión del FED, que acometemos ritualmente todos los años, debe servir para poner de manifiesto, una vez más, la absurdidad de que el Parlamento fiscalice la gestión de unos fondos que no figuran en el presupuesto comunitario, sobre cuyo importe no hemos sido consultados y sobre cuyo gasto somos informados a posteriori. 
El FED, ejecutado por la Comisión y controlado teóricamente por el Parlamento, debe incluirse en el presupuesto comunitario como parte cuantitativa y cualitativamente fundamental de la política de desarrollo. 
Entendemos que este momento de reforma de la Unión Europea es perfecto para que lo recordemos y animo a todos los grupos para que trasladen a la Convención esta propuesta, que es la del Parlamento Europeo desde hace años. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la revisión y control del presupuesto de la UE es una de las tareas más importantes del Parlamento Europeo. 
Es urgente dedicar una mayor atención a la financiación de la política de igualdad de oportunidades en el período de planificación de los programas 2000-2006 del Fondo Social Europeo. 
El Presidente español del Consejo ha expresado en la comisión la intención de hacer de la equiparación una tarea general dentro del ámbito del empleo y de los asuntos sociales. 
Esto es necesario pues las cifras demuestran que sólo se ha previsto el 6% de los créditos del Fondo Social Europeo para medidas especiales relativas a la igualdad de oportunidades aunque el Parlamento Europeo había exigido el 15%. 
La no utilización plena de los créditos y el gran volumen de transferencias de créditos es una consecuencia de las dificultades iniciales en la ejecución de los fondos estructurales en el período de planificación de programas 2000- 2006. 
Fue necesario racionalizar y simplificar los procedimientos para medidas estructurales pues son demasiado complejos tanto a nivel comunitario como nacional y ahora tenemos que trabajar para impedir que se repitan tales dificultades si en el futuro deseamos establecer los nuevos programas. 
Sólo desde ayer se dispone del informe de evaluación para el programa DAPHNE. 
Me interesan en especial los motivos de la reducida tasa de utilización de los créditos de pago en el ejercicio presupuestario 2000. 
Una cosa es muy importante: en el desarrollo sostenible, las mujeres desempeñan un papel importante, por lo que se deben tener en cuenta las cuestiones específicas relacionadas con el sexo en cada fase de planificación, ejecución y evaluación de la cooperación para el desarrollo. 
Por ello, ruego que se me aclare por qué solamente se gastaron aquí el 59% de los créditos de pago. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se ocupa de algunas pocas líneas presupuestarias que son de gran importancia porque con ellas se pueden proseguir los objetivos de la política de equiparación en la UE. 
Señora Presidenta, Señorías, el informe presentado por el colega Black sobre la aprobación de la gestión de los Fondos Europeos para el Desarrollo muestra claramente las especiales dificultades de la política europea de desarrollo. 
Están claros los problemas que tienen su origen en el sistema y en el modo de trabajo de la Comisión. 
Por ejemplo, no se puede aceptar que a finales del 2000 esté a disposición un importe de 6.000 millones de euros pero que no se haya utilizado. 
Ante el creciente empobrecimiento en muchos países ACP, no puede ser que la Comisión no logre llevar a los necesitados los créditos puestos a disposición. 
La Comisión ha puesto en marcha una modificación del sistema en este campo. 
Desde el acuerdo de Cotonou, la ayuda se proporciona de modo creciente en forma de programas sectoriales de apoyo presupuestario. 
Dicho sencillamente, esto significa que la Comisión deposita más confianza en la responsabilidad de los países beneficiarios. 
En el fondo, este es un método digno de saludar pero, como contrapartida a esta confianza, en caso de un empleo indebido debe existir una reclamación consecuente de los fondos entregados. 
Sin duda falta dicha consecuencia, pues el Tribunal de Cuentas constató que la Comisión aunque realiza auditorías y comprueba la existencia de abusos, sin embargo, hasta ahora no ha reclamado ni recuperado ni un solo centavo de los 14.000 millones de euros que el Tribunal de Cuentas menciona. 
La Comisión debe tener el valor de indicar los motivos de ello. 
O se debe a una administración propia incompetente o se renuncia a reclamar los fondos por motivos políticos generales. 
En mi opinión, esta va a ser la prueba de la verdad para el nuevo sistema de financiación. 
Una creciente confianza en los Estados beneficiarios presupone la plena responsabilidad de los mismos en caso de producirse un uso indebido. 
Otra cosa me parece inconsecuente y tampoco es de utilidad a largo plazo para los propios intereses de los beneficiarios. 
La Comisión tiene que decidirse aquí claramente y no debe optar por la vía de la mínima resistencia, aunque sin duda sea más cómoda. 
Hay que criticar aún algunos anacronismos ya conocidos desde hace tiempo en este procedimiento del FED y que deben superarse lo más rápidamente posible. 
Hay que conceder al Parlamento las potestades presupuestarias y legislativas sobre los créditos del FED si es que se quiere que apruebe la gestión. 
La declaración de garantía que emite el Tribunal de Cuentas en el contexto del FED debe contener también, al igual que para el presupuesto general, un examen completo y no terminar allí donde los créditos abandonan el nivel de la Comisión. 
Esto explica asimismo por qué en el ámbito del FED es positiva la declaración de garantía. 
Dos declaraciones de garantía diferentes sólo crean confusión y desconciertan. 
Me voy a referir ahora a la aprobación de la gestión para el presupuesto del Parlamento. 
Aquí el Parlamento debe ser especialmente cuidadoso para evitar que surja cualquier sospecha de que actúa con sus propios créditos de un modo menos estricto que con otros. 
Quiero subrayar expresamente la exigencia contenida en el capítulo de política de personal del informe del colega Virrankoski de finalizar por fin con la reducida presencia de mujeres en las posiciones dirigentes y de tomarse en serio la política de igualdad de oportunidades. 
El Secretario General del Parlamento es aquí personalmente responsable. 
El Parlamento debe ser un ejemplo si no quiere perder su credibilidad. 
Es más que triste que el Secretario General no haya utilizado esta posibilidad en los largos años de su mandato. 
Creo que el Parlamento debe tener también una función ejemplar en la creación de una auditoría interna independiente. 
Esto significa que el revisor de cuentas no debe estar sometido a ningún tipo de instrucciones de Directores Generales o del Secretario General. 
Saludamos también un derecho directo de informe frente al Presidente del Parlamento. 
El informe sobre la aprobación del presupuesto del Parlamento no debe tapar omisiones ni fallos ni tampoco debe utilizarse para trasladar hacia fuera la solución de problemas internos. 
Me parece que este es el objetivo de algunas enmiendas que se han presentado de nuevo. 
En especial, el Reglamento Financiero no es adecuado para solucionar problemas internos del Parlamento. 
Estos los tenemos que solucionar nosotros mismos. 
Querido Freddy Blak, la transparencia, regularidad y responsabilidad de los participantes, a lo que tú te has referido, son principios evidentes para el Parlamento. 
No son adecuados para dirimir litigios partidistas, por lo que no se deberían tampoco exigir continuamente de un modo automortificante. 
Para finalizar, ruego apoyen mi enmienda nº 8 al informe McCartin, que encarga al Presidente del Parlamento que defienda los derechos del Parlamento derivados del artículo 276 del Tratado de la CE ante el Tribunal de Justicia si es que el Consejo intenta limitarlos de nuevo. 
Señor Presidente, como casi todas las oradoras y oradores anteriores han sobrepasado el tiempo de intervención en al menos un minuto, ruego asimismo tolerancia conmigo. 
Cuando en diciembre del año pasado comenzó este procedimiento de aprobación de la gestión con el informe del Tribunal de Cuentas, indiqué que entrábamos en una fase en la que nos ocupamos de los problemas sistemáticos de la política presupuestaria de la Unión Europea y no tanto de ir detrás de cualquier escándalo posible o real. 
Dos aspectos apuntan en esta dirección, a saber, la cifra comparativamente reducida de enmiendas presentadas a todos los informes y las amplias mayorías con que han sido aprobadas así como el eco comparativamente reducido en la prensa antes de este debate sobre la aprobación de la gestión. 
Pero quiero decir aún algo muy concreto sobre la cuestión de Parlamento. 
Me voy a referir a un punto sobre el que ya ha hablado la Sra. Stauner, la oradora anterior. 
Es cierto que sería deseable que el Parlamento pudiese regular jurídicamente con plena autonomía todos los asuntos relacionados con su gestión presupuestaria. 
Sería estupendo y lo apoyaría. 
Pero existe aquí un problema: en el Reglamento Financiero de la Unión Europea no se prevé una separación de la gestión financiera del Parlamento y de los grupos políticos representados en este Parlamento. 
Necesitamos una separación de este tipo. 
Recuerdo que con motivo del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión financiera de los grupos políticos, mantuvimos hace dos años un gran debate en esta Asamblea en el que se reveló que determinadas prácticas cuestionables de financiación de algunos grupos políticos se adjudicaron globalmente al Parlamento como institución. Las personas en la tribuna y la prensa hacen responsables a todas y todos los colegas en esta Asamblea por algo de lo que de facto solamente son responsables grupos políticos concretos. 
Yo no quiero que se me haga responsable por determinadas prácticas cuestionables de financiación que se realizan quizás en otros grupos políticos y, del mismo modo, no quiero que si en mi Grupo algo funciona mal se haga responsable de ello a otros colegas de otros grupos políticos. 
Con el informe del colega Virrankoski tenemos ahora la posibilidad de dar un paso un paso esencial en el camino hacia la separación de las responsabilidades de la administración del Parlamento y los grupos políticos. 
Advierto frente a plantarnos y decir: ¿cómo podemos permitir que la Comisión nos prescriba lo que debemos hacer o no en una propuesta legislativa relativa a disposiciones ejecutivas sobre el Reglamento Financiero? 
Crearíamos un maravilloso conflicto aparente con la Comisión mostrando lo estupendos y fuertes que somos, con el efecto secundario de que la separación de las responsabilidades de la administración del Parlamento y de los grupos políticos se aplazaría hasta el día del juicio final y quizás también con el agradable efecto secundario de que determinadas cosas que han ocurrido en el pasado pudiesen seguir ocurriendo. 
Por ejemplo, si un grupo político despide a un empleado, éste se resarce con la administración del Parlamento demandando al Parlamento ante el Tribunal de Trabajo. 
O que los derechos de vacaciones acumulados y transferidos de empleados de los grupos políticos tengan que ser compensados en sumas astronómicas con el presupuesto del Parlamento mientras que serían los grupos políticos los que tendrían que responder por ello. 
Advierto pues frente a crear una situación de este tipo mediante conflictos aparentes. 
Si se quiere evitar esta situación, tenemos la posibilidad de encontrar hasta mañana una solución en el nivel de las formulaciones. 
Pero si al final se produjese realmente una situación en la que prosigue la situación actual, entonces mencionaremos también a los responsables por su nombre. 
Señor Presidente, parece ser que por primera vez en muchos años este Parlamento vuelve a aprobar la gestión de la Comisión antes del 30 de abril, tal y como está prescrito. Es algo que considero muy positivo. 
Por tanto, quiero felicitar al Sr. McCartin y también a los demás ponentes. Por lo que a la actitud de la Comisión se refiere, tengo la impresión de que esta institución ha hecho todo lo posible por acceder a las solicitudes del Parlamento en un lapso de tiempo muy breve. 
Ahora bien, lo más llamativo de este presupuesto es que una vez más se echa en falta una declaración de fiabilidad positiva. Y éste es el primer presupuesto que corresponde a la nueva Comisión. 
Nosotros, como Grupo Liberal, y no sólo nosotros, hemos insistido una y otra vez en la necesidad de disponer de indicadores que nos permitan averiguar si la situación ha mejorado o no. Si año tras año se nos comunica que no hay declaración de fiabilidad positiva ¿qué explicación podemos dar a la opinión pública si año tras año acabamos aprobando la gestión? 
Por todo ello llamo una vez más la atención de la Comisión sobre este problema, rogándole que establezca ella misma un indicador en caso de que el Tribunal de Cuentas se niegue a hacerlo, como parece ser el caso. 
Necesitamos un indicador que nos informe, por ejemplo, acerca del margen de error de una dirección general determinada y nos permita conocer su valor exacto así como el porcentaje de errores registrado en otros sectores. El Tribunal de Cuentas puede controlar a posteriori si la técnica resulta eficaz. 
De este modo, nosotros, como Parlamento, dispondremos al menos de un instrumento que nos ayude a verificar si las cosas mejoran o no. Me parece a mí que ésta debe ser una de las prioridades para el año que viene. 
Mi siguiente observación tiene que ver con la liquidación de cuentas. 
Nosotros, como Grupo Liberal, hemos presentado una enmienda en la que se propone prorrogar de 24 a 36 meses el período previo a la aprobación definitiva. 
De esta forma, el Parlamento dispone de un poco más de tiempo para impugnar las decisiones de la Comisión. 
Del mismo modo consideramos que tal vez sea necesario proceder a un nuevo incremento de las correcciones financieras. 
En este momento el máximo se sitúa en el 100%, pero ¿por qué no introducimos más gradaciones para disponer de otro tipo de medición que nos permita comprobar si la situación mejora o empeora? 
Por lo demás, creemos que la informatización de las oficinas de aduana debe convertirse en un objetivo prioritario, especialmente en los países candidatos. 
¿Qué hace la Comisión exactamente para reforzar las futuras fronteras exteriores de Europa y qué podemos aportar nosotros, como Parlamento, a este fin? 
Por último, señor Presidente, quisiera detenerme en otro punto que también ha sido señalado ya por varios oradores: la nueva política exterior y de seguridad de la Unión Europea. 
De hecho, todos los indicios apuntan a que se está desarrollando una política totalmente nueva que podría escapar a la atención del Parlamento. 
Somos partidarios de que la Comisión, el Parlamento y el Consejo alcancen un nuevo Acuerdo Interinstitucional que permita llevar a cabo un mayor control de los gastos efectuados por el Consejo en este ámbito. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar en nombre de mi Grupo a todos los ponentes por su buen trabajo sobre la aprobación de la gestión del presupuesto general de este año y realizar solamente algunas pocas observaciones. 
Por ejemplo, saludamos en gran medida que en el informe McCartin se haya tocado el tema de las subvenciones a las exportaciones. 
Lo destacaremos aún algo más mediante una enmienda pues creemos que precisamente en el campo de las subvenciones del transporte de animales vivos se encuentran aún abiertas demasiadas puertas al fraude de las subvenciones que no se pueden explicar en absoluto a los contribuyentes de la UE. 
Queremos que se sea aún más estricto pues consideramos este tema extraordinariamente importante. 
Apoyaremos a la Sra. Morgan aprobando la gestión de la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales por los dos últimos años pero no por los años 1996 y 1997. 
Consideramos extraordinariamente importante que subrayemos de nuevo como comisión que en esos años no se han administrado correctamente las dietas de viaje y, lo que aún es más importante, que la aclaración de este fraude con las dietas de viajes ha sido obstaculizada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no cooperando suficientemente con OLAF. 
Hay que criticar esto. 
No debemos correr un velo del silencio sino destacarlo de nuevo. 
Apoyo también expresamente a la Sra. Morgan en su exigencia de que hay que aprobar la gestión del Consejo en el ámbito de la política exterior y de seguridad y también en el de política interior que conducen de modo creciente a gastos operativos. 
En cualquier caso, no estoy en absoluto satisfecho con el modo con que el Consejo se ocupado en el pasado de estas cuestiones y me temo que ahora tampoco nos va a dar una respuesta satisfactoria. 
Tenemos que subrayar de nuevo que debe llevarse a cabo realmente esta aprobación de la gestión. 
Esto no entra ya dentro del Gentlemen's agreement. 
Aquí hay que adoptar una decisión clara. 
Para finalizar quiero dar la razón expresamente al orador anterior, el Sr. Kuhne. 
Si criticamos al Consejo en el ámbito de la aprobación de la gestión, tenemos que actuar muy precavidamente en el Parlamento con nuestra propia aprobación de la gestión. 
La separación entre el presupuesto administrativo y el de los grupos políticos es algo que se debe hacer ya desde hace mucho tiempo. 
También quiero instar al Consejo para que adopte por fin decisiones relativas a los partidos. 
Como Parlamento no tenemos la capacidad de actuar. 
Necesitamos por fin la decisión del Consejo para un estatuto de los partidos, para que se tenga por fin en cuenta en la práctica la crítica de la opinión pública a este punto. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar elogiando a mis compañeros de la Comisión de Control Presupuestario y al Presidente de la comisión y dando asimismo las gracias a los colaboradores de la comisión y de los grupos que han efectuado un trabajo enorme y muy concienzudo. 
Este gran trabajo ha llevado a la mayoría a recomendar la concesión de la aprobación de la gestión. 
No puedo entrar a comentar detalladamente todas estas eventualidades- igual que otros tampoco pueden hacerlo- debido al escaso tiempo, sin embargo, me remitiré a los excelentes comentarios que mis compañeros Virrankoski, Blak y Morgan han realizado al respecto. 
Debo concentrarme en el informe del Sr. McCartin sobre la aprobación de la gestión a la Comisión. 
Me gustaría citar dos puntos: en el punto L se dice: ? considerando que la contabilidad del año 2000 se vió afectada por un aumento considerable en la cuantía del fraude y de las irregularidades que fueron registradas por los Estados miembros y la OLAF?. 
En el punto P se dice: ? considerando que lo fundamental a la hora de valorar la ejecución presupuestaria de las cuentas del año 2000 son, en primer, lugar la estructura administrativa de la Comunidad, que debería servir de base para una administración eficaz, pero que es deficiente, y en segundo lugar, las partes del sistema que fomentan el fraude y las irregularidades?. 
Y así se continúa con una larga serie de comentarios mordaces que- al leerlos- dan la impresión de que estamos hablando de una república bananera sudamericana. 
La UE no se ha fundado hace un par de años, este sistema está construido desde 1957 y no resulta nada satisfactorio que nosotros- año tras año- redactemos estos informes con indicaciones claras y sólidas de los errores sin que nada mejore. 
Para el próximo año escribiremos algo que apenas se diferencie de lo que escribimos este año, otorgando de todas formas la aprobación de la gestión. 
Démonos cuenta de que la crítica del informe del Sr. McCartin es igual de dura que la crítica del informe relativo a las cuentas del año 1996 que derribó a la Comisión anterior. 
La administración económica y la propia legislación son inaceptablemente malas. 
En mi país, un gobierno con semejante administración sería derrocado y los funcionarios responsables, despedidos. 
No podemos tolerar que del dinero de los contribuyentes europeos desaparezca tanto en fraudes e irregularidades. 
Los ciudadanos no tolerarán que esto simplemente pueda ser el precio de una cooperación en Europa. 
La única solución lógica pasa naturalmente por votar en contra de la concesión de la aprobación de la gestión a la Comisión. 
Señor Presidente, el enorme superávit presupuestario correspondiente al ejercicio 2000, que asciende a 11.600 millones de euros, demuestra que la gestión del presupuesto deja aún mucho que desear. 
En el caso de los fondos estructurales la infrautilización de los recursos disponibles incluso se está convirtiendo en un problema estructural. 
A nuestro modo de ver, los fondos no utilizados deben devolverse a los Estados miembros al cabo de dos años. Este dinero puede servir, por ejemplo, para aliviar la deuda pública. 
Por todo ello, apoyamos la enmienda 9 del Sr. Heaton-Harris. 
La gestión de los fondos estructurales es susceptible de mejora. La compleja normativa comunitaria debe simplificarse. 
La coordinación entre la Comisión y los Estados miembros deja mucho que desear. 
El control financiero presenta enormes lagunas, tanto ex-ante como ex-post. 
El actual sistema de corrección financiera requiere una reforma urgente, puesto que incita a los Estados miembros a ocultar las prácticas irregulares y fraudulentas en lugar de notificarlas. 
Es algo que sabemos desde hace años, pero la Comisión y los Estados miembros no terminan por poner remedio a esta situación. 
Es decepcionante que los programas para la ayuda a la preadhesión no cumplan en absoluto sus objetivos. 
Las conclusiones a las que llega el Tribunal de Cuentas en su informe especial son preocupantes. 
Resulta inaceptable que los países candidatos posiblemente no logren poner en marcha los diversos programas de ayuda durante el año en curso. 
Pido a la Comisión que nos indique cómo están las cosas en este momento. 
En el año 2000 la reforma de la Comisión Europea iniciada en el año 1999 aún no ha dado resultados concretos. 
Es de suponer que a estas alturas la Comisión ya se haya podido hacer una idea de los resultados obtenidos a lo largo del año 2001. 
Tenemos curiosidad por saber si está dispuesta a informarnos al respecto. 
En el caso de los programas de ayuda para la cooperación al desarrollo tampoco se han agotado todos los fondos disponibles. 
Este hecho puede tener su origen en posibles solapamientos con la política de los Estados miembros. 
¿Puede la Comisión examinar este asunto a la mayor brevedad posible? 
Consideramos absolutamente necesario que la política comunitaria en materia de desarrollo garantice una correcta aplicación del principio de subsidiariedad. 
Por último, señor Presidente, resulta estremecedor comprobar que cada período de sesiones en Estrasburgo supone un gasto suplementario de aproximadamente 11,5 millones de euros por semana, sin tener en cuenta las consecuencias negativas para el medio ambiente. 
El Parlamento se ve obligado a ello única y exclusivamente porque hay un Estado miembro que así lo desea. 
Sería justo que ese Estado miembro pagara a este Parlamento todos los gastos adicionales, estimados en 138 millones de euros. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a los ponentes, en especial, al Sr. McCartin, que me ha ahorrado un buen número de críticas. 
También quisiera felicitar a la Sra. Morgan por su informe sobre la aprobación de la gestión. 
No estaba presente cuando hizo sus comentarios sobre el Comité Económico y Social, pero estoy seguro de que ahora se unirá a mi petición no sólo de no conceder la aprobación de su gestión, sino incluso de que se disuelva, porque es un despilfarro. 
Mi principal deber aquí es hablar, en nombre de mi Grupo, sobre los informes Staes y Seppänen sobre la aprobación de la gestión. 
Es una tarea muy fácil porque son dos excelentes informes elaborados por dos excelentes diputados. 
Respecto al informe del Sr. McCartin, quiero declarar públicamente, especialmente para las personas que se encuentran en la tribuna de invitados, algunas verdades sencillas de las que deberíamos ocuparnos. 
El Tribunal de Cuentas sigue sin conceder una declaración de fiabilidad positiva. 
Es el séptimo año consecutivo. 
Probablemente nunca la concederá porque ahora ha entrado en una situación muy delicada. 
¿Cómo puede concederse la aprobación de la gestión a una organización en la que el 5% o más del presupuesto se pierde como consecuencia del fraude, la mala gestión o el despilfarro, y en la que el 14%, como mínimo, del presupuesto se presenta como excedentes? 
Cerca del 20% del presupuesto no se utiliza correctamente, como a nosotros nos gustaría. 
No es un balance del que sentirse orgulloso. 
El informe del Sr. McCartin sobre la aprobación de la gestión contiene varias observaciones bastante mordaces y pone de relieve los problemas que actualmente existen en el seno de la Comisión. 
Y sin embargo, el Sr. McCartin llega a la conclusión de que debe recomendar la aprobación de la gestión. 
Muy acertadamente, el ponente observa que la mayor parte del presupuesto de la UE es administrada por los Estados miembros. 
No obstante, esto no exime a la Comisión de su responsabilidad final y de su deber de rendir cuentas. 
La responsabilidad es de la Comisión. 
Como establece el artículo 274, la Comisión tiene la responsabilidad de ejecutar y de supervisar el presupuesto comunitario. 
Una vez más, este año ha vuelto a fracasar en su intento de gestionar y vigilar debidamente el presupuesto comunitario. 
Los representantes de mi partido en esta Asamblea hicieron toda una serie de promesas cuando fueron elegidos, siendo la principal de ellas la de poner en orden las cuentas de la Comisión Europea y de otras instituciones europeas y la de garantizar que el proceso de reforma, que la mayoría de los diputados vemos con buenos ojos, sigue adelante, se completa y da frutos. 
En el presupuesto 2000 se está perdiendo la misma proporción de fondos como consecuencia del fraude y de la mala gestión que en 1999, cuando nos comprometimos a buscar una solución a este problema. 
John Wiggins, antiguo miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, declara en un periódico británico que la situación en la Comisión permanece inalterada. 
Las cosas tienen que cambiar. 
Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo enviaron a la Comisión de Control Presupuestario el 5 de noviembre de 2001 una nota en la que daban su opinión sobre si la no concesión de la aprobación de la gestión debía dar lugar a la dimisión de la Comisión. 
La nota declara que, sin ninguna duda, las negativas a conceder la aprobación de la gestión es la expresión de una grave sanción política a la Comisión. 
No obstante, sus repercusiones legales no obligan a la Comisión a dimitir. 
Este aspecto está contemplado en un procedimiento especial establecido en el artículo 141 del Tratado CE. 
Con nuestro voto en contra de la aprobación de la gestión de la Comisión, en realidad nos estamos asegurando de que la Comisión se entera, en primer lugar, de que no queremos su dimisión y, en segundo lugar, de nuestro deseo de que la Comisión solucione sus problemas. 
Si el año próximo por estas fechas no ha cambiado nada, si sigue sin producirse una declaración de fiabilidad positiva, si sigue desapareciendo el 5% y más de los fondos como consecuencia del despilfarro, la mala gestión y el fraude, y si se mantiene el enorme excedente presupuestario, nos veremos obligados a decir a las personas que se encuentran en la tribuna de invitados y a aquellos que nos han elegido que en la Comisión Europea no ha cambiado nada, que el proceso de reforma sigue su curso- y que es el proceso más lento de la historia- y que hemos fracasado en uno de nuestros deberes fundamentales que es, ante todo, poner orden en estos problemas. 
No es un balance como para sentirse orgulloso ni que yo esté dispuesto a defender ante mis electores. 
Señor Presidente, estoy seguro de que el hecho de que la tribuna de invitados haya quedado vacía mientras el Sr. Heaton-Harris hablaba no refleja la calidad de su intervención. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme felicitar a todos los ponentes por su trabajo realizado en lo que se refiere a este abultado dossier. 
A mi juicio, el procedimiento de aprobación de la gestión es un trámite fundamental y la expresión de una facultad que caracteriza a nuestra Institución y que nos permite comprobar año tras año que se cumplen las buenas intenciones, los propósitos, pero también las expectativas que han depositado en nosotros los ciudadanos que nos han elegido. 
Este dossier es extraordinariamente técnico y extraordinariamente político a un tiempo, y las consecuencias de las decisiones tomadas de manera apresurada o emotiva pueden ser y, lamentablemente, llegan a ser desastrosas en ambos sectores. 
Es por ello que cada año, antes de la votación, es necesario preguntarse no tanto si todo se ha hecho lo mejor posible, sino más bien si estamos avanzando en la dirección correcta, si las prioridades que se están dando son las adecuadas, si de la acción ejecutiva de la Comisión y, dentro de los límites de sus posibilidades, de todas las demás Instituciones se desprende la voluntad de implementar lo mejor posible o no las voluntades de las dos ramas de la autoridad presupuestaria. 
Concentrándome en particular en el informe del Sr. McCartin, y por ende, en el presupuesto de la Comisión, yo diría que hay que subrayar, como lo ha hecho el propio ponente, sobre todo tres aspectos. 
En primer lugar, el ejercicio financiero 2000 se ha caracterizado por el excepcional superávit presupuestario, un superávit que pone de manifiesto una grave carencia en las previsiones presupuestarias. 
En segundo lugar, a pesar de que 2000 ha supuesto para los Fondos estructurales y para las ayudas a la preadhesión el inicio de un nuevo período de programación que va hasta 2006, el mismo no ha funcionado todo lo deseable, puesto que en la ejecución se han registrado muchos problemas. 
Por último, y quizás este punto sea más importante que los dos anteriores, el ponente ha hecho bien en llamar la atención sobre la necesidad de identificar, por un lado, cuáles son los elementos de la gestión comunitaria en los cuales debe basarse la eficacia, pero que presentan puntos débiles, y del otro, cuáles son los aspectos del sistema que fomentan el fraude y las irregularidades. 
A mi modo de ver, es en estos campos donde se jugará una limpia y correcta ejecución del presupuesto en los próximos años. 
Señor Presidente, los órganos de la Unión siguen haciendo posible grandes irregularidades en la gestión financiera. 
El motivo de ello son deficiencias en la legislación, una cooperación deficiente o en absoluto inexistente entre las autoridades nacionales y unas penas o controles demasiado laxos. 
Esto se confirma de nuevo en los presentes informes sobre el procedimiento de aprobación de la gestión 2000. 
Por ejemplo, el Tribunal no ha mencionado por su nombre a los Estados miembros negligentes. 
No sólo hay que mencionar a estos Estados miembros que socavan la lucha contra el fraude con unos controles demasiado poco estrictos sino que además deben correr con los gastos por los daños que sufre la Unión como consecuencia de su actuación. 
El trabajo de la OLAF en relación con el asunto de las dietas de viaje ha sido asimismo insuficiente. 
Pero para reducir el fraude necesitamos una reforma a fondo del sistema europeo del IVA. 
Por ejemplo, se debería eliminar la retención previa a impuestos dentro de la cadena empresarial también en el plano nacional pues de este modo se favorece actualmente en gran medida el fraude con el IVA. 
Señor Presidente, querría comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento y felicitando a los ponentes por el trabajo realizado y, en particular, al Sr. McCartin, que ha hecho un magnífico trabajo en un tiempo muy breve, cuyo resultado es una buena definición de lo que debe ser la aprobación de la gestión para el ejercicio 2000. 
Efectivamente, todavía subsisten algunas dificultades. 
En general, hay una petición unánime de que se modernicen las administraciones y se aumente la simplificación en el procedimiento, facilitando una mayor transparencia y una mayor comprensión del público en general, con un acercamiento mayor de este importante procedimiento a los ciudadanos de la Unión. 
Yo querría, en particular, referirme a un informe en el que nuestro Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo, se abstuvo, dando su aprobación al resto de los informes, como probablemente ustedes saben. 
Se trata del informe Morgan, en el que tenemos algunas discrepancias con la ponente y con su resultado en la comisión. 
Comprendemos bien todo lo que aquí se ha dicho sobre las irregularidades del Comité Económico y Social durante 1996 y 1997. 
Quedan ya muy lejos estos años, hubo unos gestores que actuaron mal, se han hecho muchas investigaciones, se han pedido pruebas documentales y se han presentado las que había. 
La realidad es que hoy existen nuevos gestores, nueva actuación; no hay ningún problema, tal como pone de manifiesto la aprobación de la gestión en 1998, 1999 y 2000. 
No creemos que sea adecuado permitir esa laguna, esa mancha de dicho organismo que, por otra parte, es un organismo colaborador de las demás instituciones y, en particular, del Parlamento Europeo, cuando los actuales gestores han hecho lo posible e imposible por clarificar todas aquellas irregularidades. 
Creemos que lo mejor es terminar con este asunto, cancelar esta mala gestión, dándole una oportunidad nueva a este Comité Económico y Social para que en el futuro mantenga una buena relación con el Parlamento, una buena relación con el Parlamento y una buena representación de todas las gestiones sociales- como ha hecho hasta ahora- y que sea uno de los órganos eficaces de la Unión Europea- uno de los más antiguos, si no el que más- de todos que hoy analizamos en este informe. 
Por tanto, aquí hay una discrepancia que esperamos que se solucione en la votación en el Pleno. 
Tampoco estamos de acuerdo con lo que propone la ponente respecto al Consejo. 
Nosotros creemos que la gestión del Consejo debería aprobarse. 
La política exterior y de defensa es reciente. 
Hay que ver las cosas de otra manera. 
Creo que la ponente está haciendo unas gestiones que pudieran facilitar una solución más adecuada, teniendo en cuenta lo que el Grupo del Partido Popular Europeo piensa en este asunto. 
Si eso no fuera así, nosotros tendríamos que votar en contra del informe. 
Esperamos que se clarifique este asunto y que, de no ser así, esta parte del informe pueda volver a la comisión, para que se facilite el desarrollo de dicha política exterior y de defensa pues, como digo, no debemos seguir con un planteamiento como el actual, ya que hay que procurar un mejor entendimiento y una mayor clarificación de las actuaciones realizadas hasta ahora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, mi felicitación a todos nuestros ponentes por el excelente trabajo llevado a cabo y un sincero agradecimiento a la Comisión por la colaboración prestada. 
Permítanme que destaque el espíritu constructivo y europeo de nuestro colega el Sr. McCartin, así como el apoyo prestado por los servicios de la Dirección General de Agricultura de la Comisión. 
El informe McCartin es un elemento importante para el proceso de reforma de la política común. 
Espero que las demás instituciones europeas lo tengan debidamente en cuenta, preparando las necesarias medidas para la extinción progresiva de subvenciones a las exportaciones agropecuarias y para que se utilicen dichas subvenciones con vistas a un objetivo fijado por el Tratado con vistas a asegurar un nivel de vida equitativo a la población agraria. 
Quisiera decir que, en la esfera de la falsificación alimentaria, es necesario que vayamos bastante más lejos. 
Respecto de los productos lácteos- sector fundamental en las Azores -, no puedo aceptar que los agricultores vivan en permanente angustia respecto del pago de multas por exceso de producción, mientras que organizaciones delictivas europeas falsifican decenas de millares de toneladas de mantequilla con la complicidad de grandes grupos de productos lácteos europeos, las industrias lácteas reciben subvenciones para la leche en polvo, que es, a fin de cuentas, suero de queso seco y grandes empresas de productos lácteos venden, como tales, el equivalente a centenares de millones de litros de leche de productos falsificados y que no están hechos a base de leche. 
¡Y que la Comisión tenga muy poco o nada que decir al respecto! 
Y, si nos fijamos en otros sectores, como el del aceite, el vino o incluso la carne, el panorama no es demasiado diferente. 
La falsificación alimentaria, hecha con frecuencia con el objetivo de obtener subvenciones a la exportación o a la salida comercial, resulta ser hoy uno de los principales problemas en el control presupuestario de la agricultura. 
Por eso instamos a la Comisión a que establezca rápidamente un plan de iniciativa en ese sector que permita poner fin a ese estado de cosas. 
Señor Presidente, para comenzar, pienso que debo hacer referencia a la nueva entrega de armas en Irlanda. 
Es una clara demostración de que el proceso político y el proceso de paz avanzan a buen ritmo. 
¿Por qué relaciono esto con el debate sobre el presupuesto? 
Pues bien, cuando debatimos sobre el presupuesto, es importante observar el importante papel que la Unión Europea y el Parlamento Europeo han desempeñado en este proceso de paz a través del Fondo Internacional para Irlanda, el establecimiento del Fondo para la paz y la reconciliación, INTERREG y la desaparición, a través del Acta Única, de la frontera económica que afectó a la región fronteriza durante muchos años. 
Por ello es importante hacer referencia a esto. 
Me gustaría, en particular, elogiar a mi colega, Sr. McCartin, por su minuciosa y exhaustiva labor sobre el importante asunto que nos ocupa. 
El poder que tenemos en el Parlamento, que compartimos en calidad de autoridad presupuestaria de la Unión, es quizá la mayor responsabilidad de cuantas tenemos. 
Estamos hablando de fondos públicos por valor de 100.000 millones de euros. 
Tenemos el deber de someter este gasto a las normas más estrictas de escrutinio. 
Puede que el Parlamento tenga la última palabra en la aprobación de las cuentas, pero es importante recordar que el 84% del presupuesto comunitario se gestiona en los Estados miembros. 
También es importante que exista una sólida cultura de apertura y cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales, regionales y locales. 
Como sabemos, la Política Agrícola Común se lleva la mayor parte del presupuesto; una de las pocas políticas realmente comunes que existen en la Unión. 
Nos ha sido de gran utilidad y debemos mantenerla y defenderla. 
Me preocupan algunas sugerencias en el sentido de que se debería poner fin a las restituciones a la exportación, y rechazo cualquier insinuación de que las restituciones a la exportación sean, en cierto modo, inherentes al fraude. 
Sigo estando convencido de que las restituciones constituyen un elemento fundamental de la política; tienen un papel importante en la gestión de los mercados agrícolas y hay que defenderlas a nivel de la OMC. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar deseo constatar que tenemos seis informes y en todos ellos se recomienda la aprobación de la gestión, excepto en una parte del informe de la Sra. Morgan sobre la que ya hemos hablado. Creo que esta situación no se ha producía desde hace mucho tiempo. 
Quiero felicitar muy encarecidamente a los ponentes. 
Sin embargo, también quiero mencionar que la Comisión ha estado presente al más alto nivel en muchas reuniones de nuestra comisión facilitando de este modo el trámite de las cosas, a lo que se ha referido usted, señora Schreyer. 
La aprobación de la gestión es la máxima competencia que tiene el Parlamento. 
Aquí el Parlamento se encuentra por encima del Consejo, por lo que representa un instrumento político de primer orden. 
Quiero subrayarlo de nuevo. 
En esta ocasión, el juicio sobre la gestión presupuestaria 2000 es realmente suave, en especial en el informe sobre la Comisión. 
Me voy a referir por ello brevemente sólo a tres puntos. 
El primero es la cuestión del elevado excedente. 
No se trata para mí en primera línea de que este dinero se devuelva a los Estados miembros o se compense sino de que no se han logrado aquí unos objetivos políticos, en especial en el sector estructural y de la ampliación, lo que me pone muy sobre aviso. 
Hay que corregir los fallos y no se puede admitir que en el 2001 surja de nuevo un excedente de este tipo. 
El segundo punto es el DAS no concedido por el Tribunal de Cuentas. 
Por lo visto, este instrumento no se puede aplicar plenamente. 
Si no tenemos porcentajes sobre la tasa de errores es muy difícil para nosotros enjuiciar si se han cometido errores y cuántos son. 
En tercer lugar, me quiero referir a la cuestión de los controles. 
Aquí la Comisión, como responsable ante los Estados miembros, pero también en los países candidatos- por ejemplo, en el capítulo 28 -, debe prestar mucha atención para que se protejan eficazmente los intereses financieros de la Unión Europea. 
Por ello, me parece muy oportuno el Libro Verde sobre la creación de un fiscal europeo. 
Señor Presidente, si miramos sin demasiado apasionamiento este primer procedimiento de aprobación de la gestión para la nueva Comisión, llegamos a dos constataciones explosivas: la primera es un enorme excedente presupuestario, una enorme falta de utilización del presupuesto que sacude el principio de la veracidad del presupuesto. 
Hay que preguntarse para qué llevamos aquí a cabo durante meses un procedimiento presupuestario si el 14% de un presupuesto no se utiliza. 
Sé y todos sabemos que esta deficiencia de utilización en el año 2001 fue aún mayor que en el 2000. 
Si además tenemos en cuenta el hecho de que el mismo año 2000 tuvimos una duplicación de irregularidades y fraudes constatados, este primer año de Comisión Prodi parece más bien humilde en lo que se refiere al presupuesto. 
Pero aquí no se trata de echar la culpa a los Estados miembros, colega McCartin. 
La Sra. Comisaria ha indicado que se quiere aprovechar el tiempo hasta la ampliación para acercar a estos países. 
Entonces pregunto a la misma Comisión: ¿cuál es la situación con la ejecución de las ayudas a la preadhesión en relación con las políticas agrícolas? 
Se ha demostrado que esta ejecución ha sido igual a cero en los años 2000 y 2001. 
La misma Comisión propone a la Unión Europea llevar a cabo el 2004 una ampliación. 
¿Cómo debe ocurrir? 
O los países candidatos a la adhesión, dicho en cristiano, son demasiado tontos para recoger dinero que se les regala o la Comisión no está en situación de formular programas de preadhesión que harían posible a la postre una aplicación práctica de este tipo. 
Señora Comisaria, ya hoy podemos partir del hecho de que, por ejemplo, un programa como IACS, es decir, todos los sistemas de control en el sector agrario de los que se ha hablado aquí tanto, no se podrá llevar a la práctica durante años entre otras cosas porque la Comisión no ha elaborado los programas de preadhesión. 
Señora Comisaria, creo que es muy importante que durante los próximos años no perdamos todo el tiempo filosofando sobre quién puede o no puede dar a quién qué documentos y aquí se diferencian las apreciaciones sobre lo estupendo este 'agreement' entre la Comisión y el Parlamento. 
De lo que se trata aquí es de que comprenda usted por fin que debe rendir cuentas hasta el último centavo ante la opinión pública europea por lo que ha empleado o, en el presente caso, no ha empleado. 
Entonces espero que entremos en esa nueva cultura de administración pública en Bruselas que nos ha prometido el Sr. Prodi pero que hasta ahora aún no hemos comprobado. 
Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría elogiar al ponente por su trabajo. 
Sus años de experiencia y sus conocimientos técnicos en este ámbito lo convierten en la persona mejor cualificada para ocuparse de un asunto tan importante. 
La mayor parte del presupuesto se destina, naturalmente, a la financiación de la Política Agrícola Común, y ésta es una medida comunitaria importante que no debe ser debilitada. 
Este verano, la Comisión deberá publicar sus propuestas sobre la revisión a medio plazo de la Política Agrícola Común. 
Así se acordó en Berlín. 
Es muy importante que dicha revisión no se utilice de ninguna manera como pretexto para reformar la política en estos momentos. 
La reforma deberá aplazarse hasta que se alcance un acuerdo sobre agricultura en las conversaciones sobre el comercio mundial. 
Las sugerencias, por ejemplo, relativas a la conveniencia de poner fin a las restituciones a la exportación tendrían consecuencias desastrosas, en particular, para Irlanda, donde exportamos hasta el 90 por ciento de toda nuestra producción agrícola. 
Señor Presidente, el informe sobre la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo es extraordinariamente controvertido. 
No puedo referirme aquí a todas las incongruencias que allí se contienen. 
Pero no puedo evitar denunciar las auténticas cuentas de la lechera que se contienen allí en lo referente al personal y otros costes de nuestros diversos lugares de trabajo. 
Todo esto se realiza con la intención de desacreditar los lugares de trabajo Luxemburgo y Estrasburgo, glorificar un centralismo insano en Bruselas y socavar las resoluciones contractuales relativas a la determinación de los lugares de trabajo Luxemburgo y Estrasburgo. 
Estos se establecieron en el Tratado por lo que este Parlamento no puede cambiarlos. 
Gracias a Dios. 
Naturalmente, tampoco deben vaciarse de contenido por la puerta trasera, ni por parte de la administración, por la Mesa o por una pequeña mayoría de este Parlamento recurriendo a nuestro calendario de sesiones. 
Para mí es perverso que en el informe presente se salude que haya descendido la cifra de viajes de servicio de funcionarios de Luxemburgo a Bruselas y a la inversa y que se ufane de que en el año 2000 se hayan ahorrado 2.800 millones de euros, independientemente de que tras esas cifras se esconden cambios de destino obligatorios de funcionarios del nivel medio e inferior de Luxemburgo a Bruselas que son dolorosos para las familias e insoportables tanto social como financieramente. 
Además, se ha olvidado indicar qué costes adicionales han surgido porque ahora cada mes hay que enviar en viaje de servicio a cientos de funcionarios de Bruselas a Estrasburgo en lugar de Luxemburgo a Estrasburgo, lo que naturalmente es más caro. 
Se notan las intenciones y esto enoja. 
Estrasburgo recibe adicionalmente en el informe un vapuleo al indicar que los costes variables de las sesiones de cinco días en Estrasburgo son un 33% superiores que los de Bruselas. 
Quiero recomendar para el libro Guinness de los récords a este genio de la aritmética. 
Lo que es cierto es que la absurda resolución de este Parlamento sobre el calendario de reducir las sesiones de Estrasburgo a cuatro días ha hecho que los costes por día de sesión sean ahora sensiblemente más elevados, con independencia de que falta el tiempo para tratar de un modo adecuado aquí en el Pleno en especial los textos legislativos. 
Lo que se alaba como más barato resulta ser a la postre sensiblemente más caro. 
La relación precio-calidad no encaja sencillamente. 
Quería decir esto con toda claridad aprovechando esta ocasión. 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresar muy brevemente mi agradecimiento en nombre de la Comisión por las numerosas aportaciones, observaciones y sugerencias realizadas en este debate. 
En lo referente a las cuestiones concretas que han planteado los ponentes de las diversas comisiones, quiero sugerir que se discutan también con mis colegas en las comisiones. 
Hemos acordado un nuevo procedimiento para el trabajo común a la hora de determinar las prioridades para el año siguiente y en este marco deberán tener lugar en los meses de abril y mayo también muchos debates bilaterales entre las comisiones competentes y los Comisarios. 
Y si se habla de las prioridades para el próximo año entonces también hay que incluir las experiencias de los años pasados. 
La Comisión se ocupará naturalmente durante los próximos meses de las otras cuestiones y exigencias planteadas en los informes e informará sobre este trabajo en el informe Follow up. 
Se ha mostrado de hecho que este debate se ha centrado mucho más intensamente que en el pasado en cuestiones estructurales de la gestión presupuestaria y del control de garantía. 
Estos temas van a acuñar sin duda durante los próximos meses también el debate conjunto. 
En lo referente a la cuestión del método DAS del Tribunal de Cuentas por supuesto estamos dispuestos a seguir más intensamente este concepto y la idea de las single audits, para lograr una mejor coordinación entre los controles que la Comisión realiza on the spot a través del Internal Audit Service y los realizados por el Tribunal de Cuentas. 
En lo referente a la cuestión de la ampliación, el gran retraso en el programa agrícola ha mostrado que a veces es necesario conceder preferencia a las exigencias de control. 
Esto ha exigido también una fuerte adaptación por parte de los países candidatos, en los que se acreditan ahora sucesivamente las diversas oficinas de pagos. 
Esperamos que se puedan iniciar los pagos a los agricultores este año. 
Me permito felicitar de nuevo al ponente, Sr. McCartin, a los otros ponentes y a la totalidad de la Comisión de Control Presupuestario por el trabajo realizado y por la recomendación de aprobación de la gestión. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0093) del Sr. Schmitt, en nombre de la Comisión de Política Regional Transportes y Turismo, respecto de la posición común aprobada por el Consejo, con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes en el ámbito de la aviación civil y se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea- Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo (13382/1/2001- C5-0696/2001 / 2000/0246 (COD) ). 
Señor Presidente, Señorías, hoy nos encontramos en la segunda lectura de una propuesta de reglamento que desde mi punto de vista tiene una gran importancia y muestra claramente en especial una cosa. En los últimos meses se ha logrado, gracias también al compromiso personal de la Comisaria competente, recuperar en el sector del tráfico aéreo lo que debería ser ya desde hace mucho tiempo algo evidente, a saber, que el tráfico aéreo tenga lugar sin fronteras y que por ello las regulaciones y medidas de seguridad que afectan a dicho tráfico se organicen también unitariamente sin fronteras, es decir, en este caso, en toda Europa o al menos en el ámbito de los Estados miembros. 
Con el presente reglamento para la creación de una Agencia Europea de Seguridad Aérea y que tratamos en segunda lectura, se garantiza que en el futuro se valore unitariamente qué aviones deben ser construidos según qué criterios para ser autorizados a continuación para el tráfico aéreo. 
Creo que es evidente que este paso no es sólo de importancia para la seguridad en el cielo, ya que los prototipos son sometidos a un examen unitario, sino que es también esencial para la industria aérea que hasta ahora tenía que solicitar en cada Estado miembro por separado una autorización. En el futuro podrá tratar este tema con una autoridad, con una Agencia, para obtener la correspondiente certificación. 
La Agencia Europea de Seguridad Aérea tendrá la tarea de autorizar los aviones, certificarlos y supervisarlos. 
Al mismo tiempo, -y este el deseo que hemos expresado claramente en el marco de las deliberaciones en la comisión y en los preparativos de la segunda lectura- en el futuro se deberá regular legalmente la correspondiente supervisión del personal de vuelo y también la reparación y demás medidas que caen dentro del campo de la seguridad aérea. 
Repito de nuevo el claro mensaje: el objetivo principal de este reglamento es la creación de un elevado nivel unitario de seguridad aérea en Europa. 
Naturalmente, hay otros objetivos adicionales o efectos secundarios que se pueden describir muy brevemente. 
Por un lado, el aumento de la eficiencia de los costes en la correspondiente industria aérea y, por otro, que considero asimismo muy importante, la garantía de una interpretación unitaria de las correspondientes normas así como la promoción y fortalecimiento de las posiciones de la Comunidad en el mundo, es decir, en especial también en relación a la situación norteamericana. 
Para la comisión lo importante era que la Agencia Europea de Seguridad Aérea gozase de una amplia independencia. 
Independencia, por un lado, de la política, pues se trata exclusivamente de cuestiones técnicas en las que peritos especializados sean los que decidan y no la política, es decir, ni el Parlamento ni el Consejo. 
Era además importante garantizar la autonomía de la Agencia, es decir, que el jefe ejecutivo sea también realmente la autoridad competente y que el consejo de administración esté al mismo tiempo en situación de determinar e influir del modo correspondiente sobre las directrices así como sobre el modo de trabajo de esa Agencia. 
Sé que de este modo entrábamos en conflicto con el Consejo y la Comisión. 
Pero creo que en las numerosas conversaciones que hemos mantenido hemos llegado a soluciones que garantizan que siga estando clara la responsabilidad de la Comisión, que debe controlar por así decirlo a la Agencia Europea de Seguridad Aérea pero que al mismo tiempo está claro que esta Agencia debe ser responsable ella misma en el campo en que trabaja. 
Confío en que se logre evitar un procedimiento de conciliación, que podamos hacer poder entrar en vigor este reglamento con el asentimiento del Consejo y que la Agencia inicie doce meses después sus trabajos. 
En mi opinión, hemos dado un gran paso en este campo de la seguridad de la navegación aérea. 
Me permito felicitar a todos aquellos que han puesto en marcha y apoyado este proyecto de ley, en especial a mis colegas en la Comisión de Transportes. 
Expreso también mi agradecimiento a la Comisión y al Consejo por su disposición a buscar compromisos y espero que mediante la votación de hoy podamos concluir este informe e iniciemos en este campo un nuevo capítulo en la historia de la seguridad aérea en Europa. 
Señor Presidente, para comenzar, quisiera felicitar a nuestro ponente, Sr. Schmitt, por su informe que ahora aporta un prudente compromiso con la propuesta original de la Comisión. 
Es justo reconocer que todos los que nos encontramos en esta Asamblea habríamos apoyado plenamente la creación de un organismo paneuropeo que se ocupe específicamente de la certificación de los productos aeronáuticos, lo cual es sumamente sensato y yo lo apoyo plenamente. 
No obstante, yo era de la opinión de que la propuesta original de la Comisión tenía un alcance demasiado amplio y que eran numerosos los motivos de preocupación relativos a cuestiones como la soberanía, el marco regulador y, en particular, la autonomía de la Agencia propuesta. 
Hay que hacer hincapié en que, al igual que en el caso de las autoridades nacionales de la aviación civil, que a todas luces sólo se ocupan de los temas de seguridad, esta Agencia no debería estar obligada a velar por otros aspectos, como el medio ambiente y la competencia. 
Asimismo, yo esperaría de dicha Agencia un funcionamiento similar al de las autoridades nacionales de la aviación civil, cuyas responsabilidades son las propias de los reguladores independientes. 
A pesar de que he recibido una respuesta exhaustiva de la Comisión sobre el futuro de las autoridades nacionales de la aviación civil, su papel debe aún ser aclarado con mayor detalle en términos de cuáles serán su ámbitos de competencia en el futuro. 
Asimismo, convendría hacer hincapié en la necesidad de seguir centrando los esfuerzos en alcanzar un cumplimiento uniforme de las normas actualmente en vigor de la OACI, las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas y Eurocontrol. 
La Agencia Europea de Seguridad Aérea debería evitar convertirse en una organización paralela y distorsionar, sin proponérselo, el marco de seguridad actualmente en vigor basado en la OACI. 
Por último, como cabría esperar de expertos independientes en lo relativo a la gestión de esta Agencia, a nadie beneficiaría una intromisión política excesiva o la injerencia de la Comisión, lo que podría convertir el tema de la seguridad en un factor secundario. 
En opinión de mi Grupo, el principal objetivo de la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la normativa correspondiente consiste en garantizar un elevado y uniforme nivel de seguridad y protección del medio ambiente en el ámbito de la aviación civil. 
Se trata de un paso lógico e importante en el camino hacia una política europea integrada para la aviación. 
Una normativa conjunta aporta claridad y previsibilidad, al tiempo que ayuda a prevenir innecesarias duplicaciones y, por tanto, permite ahorrar. 
La existencia de una normativa europea uniforme redunda en beneficio de la industria, pero, obviamente, también debe fomentar la seguridad del consumidor. 
Por lo que a nosotros respecta, el ámbito de aplicación de la Agencia puede ser bastante amplio: hay que empezar por la certificación de las aeronaves, pero luego deben incluirse otros elementos, tales como la formación. 
Evidentemente, tenemos que hacer un uso eficaz de las posibilidades nacionales existentes. 
No queremos una política de doble vía protagonizada por instituciones que se hacen la competencia. 
Los denominados terceros países deben ser implicados en la mejora de los acuerdos en materia de seguridad. 
A este fin la Unión Europea ha de desarrollar una política activa razonable, pero al mismo tiempo tenaz. 
Tenemos que evitar que el sistema de seguridad haga agua a falta de buenos acuerdos con países que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la normativa propuesta y de la Agencia. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha aprobado las enmiendas de transacción del ponente. 
Nosotros también somos partidarios de una ágil tramitación. 
Hacemos un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que se hagan partícipes de este mismo espíritu de cooperación. 
El Grupo del PSE se felicita por la tenacidad del ponente a la hora de defender la independencia de la Agencia. 
Para nosotros también se trata de un punto esencial. 
Lo que debe prevalecer es la seguridad, no el reparto de las competencias. 
Ahora bien, independencia no equivale a ausencia de responsabilidad. A este respecto el Parlamento Europeo desea desempeñar un papel activo. 
Estamos dispuestos a hacernos corresponsables, incluso hoy mismo, de la creación de la Agencia, pero exigimos que, a cambio, podamos disponer de la información necesaria para llevar a buen término nuestro trabajo como diputados europeos. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, doy las gracias al Sr. Schmitt por la excelente elaboración de este informe. 
El establecimiento de unas normas comunes en el campo de la aviación civil y la creación de una Agencia de Seguridad Aérea supone un paso importante en la mejora de la seguridad aérea. 
También son importantes los objetivos relativos a una mayor protección del medio ambiente, a la existencia de una competencia leal y al perfeccionamiento de los procedimientos de certificación 
Para conseguir estos objetivos, la Agencia de Seguridad Aérea debe ser lo más autónoma posible. 
Las disposiciones pertinentes deben ser aplicadas uniformemente tanto en el nivel nacional, como en el ámbito de la Agencia. 
Las normas comunes contribuirán a aumentar el rendimiento y a simplificar la burocracia. 
El período de transición prolongado incluido en la posición común es imprescindible al objeto de permitir a los Estados miembros introducir con tiempo los certificados en sustitución de los complicados procedimientos de regulación y autorización vigentes. 
La mayor parte de los accidentes aéreos se produce por fallos humanos. 
A medida que se vayan aplicando nuevas tecnologías a la aviación, la recopilación de datos y el intercambio de información son elementos clave en la mejora de la seguridad de la aviación civil. 
Aunque el transporte aéreo ha sido una modalidad relativamente segura, su crecimiento y la congestión de los aeropuertos y del espacio aéreo han incrementado el riesgo de accidentes. 
La intensificación de la colaboración entre los Estados miembros para mejorar la seguridad aérea es una importante medida de precaución en el contexto del crecimiento del tráfico aéreo. 
La seguridad del espacio aéreo europeo afecta al interés general común. 
En mi opinión, deberíamos alcanzar a un compromiso lo más rápidamente posible en este asunto y evitar así el procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, con la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea la Unión Europea se propone avanzar y mantener un alto nivel de seguridad y protección del medio ambiente, cosa que tiene un interés objetivo para la sociedad europea y también para la construcción de la Unión. 
Estamos de acuerdo, naturalmente, con ese propósito. 
En todo caso, quisiera decir que la seguridad y la protección del medio ambiente tiene mucho que ver con la estructura aeroportuaria, pues ésta se ve concreta y gravemente perjudicada por las tendencia a la centralización de los aeropuertos que predomina en la mayor parte de los Estados europeos y promovida por los gobiernos centrales que, por razones políticas y de poder, concentran las inversiones en las capitales, así como por las llamadas compañías de bandera que, por las mismas razones, centralizan sus vuelos en los mismos aeropuertos. 
Como consecuencia de ello, la mayor parte del territorio europeo, como ocurre en mi país, Galicia, sufre graves perjuicios por verse privada de buenas líneas de comunicación aérea, el tráfico se concentra extraordinariamente en los corredores aéreos que conectan las capitales y las poblaciones que viven en la proximidad de esos aeropuertos centrales sufren las consecuencias del ruido y los embotellamientos. 
Todo eso actúa contra el desarrollo sostenible que debemos perseguir tanto desde el punto de vista de la seguridad como del económico, del social y del medioambiental. 
Considero que nos encontramos, así, ante un grave problema que debemos comenzar a solucionar. 
Señor Presidente, señora de Palacio, la seguridad del transporte es un ámbito en el que los esfuerzos conjuntos de los países de la UE pueden salvar miles de vidas humanas. 
En Europa tenemos un nivel elevado de seguridad aérea, pero el crecimiento del tráfico nos obliga a imprimir cada vez mayor eficacia a nuestras medidas. 
Sin embargo, yo diría a este propósito que es inconcebible e incluso vergonzoso haber esperado hasta ahora para presentar esta propuesta, en vez de haberlo hecho diez años atrás. 
De hecho, los Estados han ido cada uno por su lado y han politiqueado en menoscabo de vidas humanas. 
El orgullo nacional debe ceder el paso a una cooperación racional. 
La Agencia de Seguridad Aérea bien podría ser el mejor ejemplo de la integración de la UE, siempre que podamos esquivar los escollos de la burocracia. 
En esto sí que tendríamos que aprender de América, donde existe confianza en las personas. 
La centralización de la información y la armonización de los estándares son premisas necesarias en la prevención de los accidentes, pero, en cualquier caso, no debería ser regla general hacer más rigurosa la normativa sólo tras los accidentes, sino que habría analizar sistemáticamente los riesgos del presente y del futuro. 
Y la única forma de conseguir esto es que todos los Estados miembros dispongan de las mismas herramientas. 
Nuestro mundo sigue abriéndose de forma progresivamente acelerada, a pesar de que en esta Asamblea no siempre haya voluntad de reconocerlo. 
La Agencia de Seguridad Aérea debería adoptar soluciones vinculantes a escala mundial cada vez que ello sea posible. 
También cabe apoyar la letra e) del artículo 2 de la propuesta del Consejo, ya que las soluciones autoritarias son siempre contraproducentes. 
Por cierto, yo creo que Parma sería una sede apropiada para la Agencia de Seguridad Aérea. 
La deliciosa comida de Parma, como el jamón prosciutto, garantizaría el buen estado de ánimo de las autoridades y, deseablemente, también daría lugar a soluciones muy maduras en beneficio de la seguridad aérea y de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la resolución de hoy sobre la Agencia Europea de Seguridad Aérea es el inicio de un gran número de decisiones que debemos adoptar en el sector del tráfico aéreo. 
Hay mucho movimiento en el cielo europeo. 
La crisis de la navegación aérea tras el 11 de septiembre parece que entretanto se ha superado totalmente. 
Los movimientos de aviones parece que se van a duplicar hasta el 2015. 
La reestructuración del sector del transporte aéreo está en plena marcha. 
La respuesta política más prioritaria a estos desafíos consiste en un cielo unitario europeo y la optimización de las capacidades de los aeropuertos. 
Lo más urgente es lograr la continuidad en las transformaciones. 
La seguridad aérea debe seguir siendo la máxima prioridad en el transporte aéreo. 
Las estrategias mantenidas hasta ahora para la armonización de las normas técnicas no han podido mantener el paso con la rapidísima evolución en el sector de la navegación aérea. 
También por ello necesitamos la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
Debe constituir el núcleo de un futuro concepto de seguridad unitario. 
Me alegra que hayamos encontrado precisamente en este sensible sector una respuesta europea. 
Como éxito en las negociaciones con el Consejo y la Comisión, podemos registrar que ya un año tras la entrada en vigor del reglamento se ha determinado la elaboración de los requisitos para la explotación de aviones y para la autorización de las tripulaciones de los aviones y que estos pasos se deben aplicar también a aviones de terceros países. 
También se tienen en cuenta aspectos de seguridad en los aeropuertos. 
En lo que se refiere a la Agencia, el Parlamento ha logrado que se le conceda más autonomía, también frente a la Comisión. 
Además, se ha determinado que si se crean oficinas externas de la Agencia, los países miembros afectados deben realizar una aportación adecuada- desde la perspectiva del Parlamento, una aportación financiera. 
En total, el debate sobre la EASA muestra que necesitamos de la Comisión una directiva marco para Agencias europeas que tendrían que responder a las cuestiones horizontales de una estructura unitaria de las mismas. 
Es insatisfactorio que el problema de la inclusión en el presupuesto de los ingresos de las Agencias no se haya podido regular en el sentido de la Comisión de Control Presupuestario. 
A la Agencia de Seguridad Aérea seguirán otras Agencias, por ejemplo, para la seguridad de los ferrocarriles o para la seguridad marítima. 
Considero que esta estrategia es en general adecuada para hacer avanzar la integración de los mercados europeos de transporte. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, señoras y señores, con el excelente proyecto de informe Schmitt nos encontramos en la vía correcta. 
Pero aún no hemos llegado totalmente a la meta. 
Un transporte aéreo mas seguro tiene que realizarse sin fronteras al menos dentro de la Unión. 
Este es nuestro objetivo. 
Uno de los elementos centrales para lograr este objetivo es una Agencia de Seguridad Aérea que pueda ofrecer un elevado nivel unitario de seguridad aérea bajo responsabilidad propia. 
El concepto clave es responsabilidad propia. 
El Parlamento Europeo tiene que seguir insistiendo en que a pesar de toda la responsabilidad de vigilancia que tiene la Comisión, sea eso, vigilancia, y que la Comisión y otros no se metan a configurar todos los detalles. 
Demasiados cocineros echan a perder el cocido, no sólo en este conocido refrán sino también en el presente caso. 
Por ello, como diputados tenemos que insistir continuamente en la independencia lo más amplia posible de la Agencia, por ejemplo, teniendo su director ejecutivo no sólo una posición fuerte hacia fuera sino también hacia dentro. 
Así, queremos que otros directores de la Agencia se nombren a propuesta del director ejecutivo y, por tanto, bajo su responsabilidad. 
Pero aún queremos y necesitamos con la mayor rapidez otra cosa: un texto jurídico para que la Agencia pueda iniciar también lo antes posible su trabajo en servicio de una mayor seguridad en el cielo europeo. 
Esperamos por ello que lleguemos rápidamente a un texto común con la Comisión pero sobre todo con el Consejo. 
Por ello, el Parlamento se ha retirado muy conscientemente en sus enmiendas de todos aquellos lugares en los que creemos que se pondría en peligro esta unidad de criterios. 
Esperamos que los demás también participen ahora cuando se trate de encontrar esa unidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar debo saludar, al igual que la totalidad de mis colegas, el trabajo eficaz del ponente, el Sr. Ingo Schmitt, que ha permitido una cooperación constructiva con el Consejo y la Comisión. 
El resultado es un texto de compromiso equilibrado y que nos ofrece todas las posibilidades para evitar la fase de conciliación. 
Insisto en la calidad de las enmiendas sometidas por el ponente y en la necesidad de ganar tiempo. 
Ya hemos esperado demasiado. 
En materia de transportes, como en otros ámbitos, tenemos el deber de garantizar un alto nivel homogéneo de seguridad en los Estados miembros. 
También es el momento de que la industria aeronáutica pueda disfrutar de una certificación única para colocar sus productos en el mercado. 
Espero que la Agencia europea para la seguridad aérea pueda ponerse a trabajar rápidamente. 
Debe poder asegurar una certificación única al Airbus A 380: será el resultado de años de trabajo de ingenieros, empleados y la prueba de lo que los europeos pueden hacer, de lo que pueden lograr cuando están unidos. 
El primer vuelo de prueba del A 380 está previsto para 2004 y el primer vuelo comercial para 2006, que es lo mismo que decir mañana. 
Para garantizar sus funciones, la Agencia europea de la seguridad aérea debe ser independiente y basarse en las competencias y cualificaciones existentes en los Estados miembros. 
Sabemos que la Agencia europea no debe servir para coordinar el trabajo de las agencias nacionales existentes. 
Debemos en primer lugar buscar la eficacia y, ya, la lógica nos permite pensar que, para las actividades de certificación, la Agencia europea debe trabajar en colaboración con los grandes centros europeos de concepción y construcción. 
Creo que las agencias regionales serían un buen medio para lograrlo. 
Señorías, Europa debe aportar a sus ciudadanos ventajas concretas. 
Para ello, debemos llegar a una seguridad única, para un cielo único, y a una certificación única en un mercado único. 
El texto que se nos propone hoy es un paso importante en este sentido. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer yo también al ponente, Sr. Schmitt, el trabajo que ha realizado en plena cooperación con la Comisión y con el Consejo. 
Esta cooperación nos va a permitir- esperemos- aprobar este texto, la constitución de la Agencia, sin necesidad de llegar al trámite de conciliación. 
El objetivo principal de las normas comunes en el campo de la aviación civil y de la creación de una Agencia Europea de Seguridad Aérea es el mantenimiento de un nivel elevado y uniforme de seguridad en todo el territorio de la Unión, así como una mayor protección del medio ambiente- como decía hace un momento la última interviniente-. 
Además, con este sistema se conseguirá una simplificación de los actuales procedimientos de certificación de los aviones, simplificación que fomentará el mercado interior y la competitividad de los productos europeos, como lo han resaltado distintos oradores. 
El instrumento principal del nuevo sistema será un certificado europeo único que dará acceso a todo el mercado europeo y servirá de base a los acuerdos de reconocimiento mutuo. 
Como ustedes saben y se ha puesto de relieve anteriormente a lo largo del debate, la industria europea espera de esta Agencia que facilite la certificación de su próximo producto estrella: el Airbus 380. 
Así pues, la propuesta constituye un avance considerable, dados los objetivos que persigue. 
No sólo eso, se trata además de una verdadera innovación en materia de integración comunitaria, si se tiene en cuenta que hasta ahora el sector de la aviación civil ha estado muy marcado por la soberanía de los Estados y por la cooperación intergubernamental. 
En primera lectura sus Señorías han aprobado la propuesta de la Comisión introduciendo diversas enmiendas, muchas de las cuales han sido aceptadas por la Comisión e integradas en la posición común del Consejo. 
En esta segunda lectura, el ponente, el Sr. Ingo Schmitt, ha querido insistir en algunos aspectos que no se habían integrado en la posición común. 
Los contactos establecidos entre las tres instituciones, deseosas todas de llevar a buen término la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea lo antes posible, han permitido llegar a una solución globalmente aceptable. 
Por lo tanto, espero que hoy el Parlamento, en su conjunto, podrá confirmar su apoyo a este texto para hacer posible la aprobación del Reglamento en junio próximo y la creación de la Agencia a partir del verano de 2003. 
En lo que se refiere a las enmiendas, quisiera señalar que la nueva enmienda 29 puede comprometer el frágil equilibrio obtenido, así como el calendario previsto. 
Por consiguiente, esta enmienda no puede recibir el apoyo de la Comisión. 
Quiero subrayar que las enmiendas 1 y 4 han resultado muy problemáticas para nosotros y que estas enmiendas afirman la voluntad del Parlamento Europeo de ampliar rápidamente los ámbitos de competencia de la Agencia a todos los sectores de la seguridad, en particular las licencias del personal y las operaciones aéreas. 
En cuanto al fondo de la cuestión, la Comisión es de la misma opinión que el Parlamento, pero, en nombre del Colegio, tengo que dejar constancia aquí formalmente de las reservas de la Comisión sobre formulaciones que podrían menoscabar su derecho de iniciativa, tal y como está consagrado en el Tratado. 
Por lo tanto, la aceptación de las enmiendas 1 y 4 no puede en ningún caso considerarse una limitación de este derecho de iniciativa, en tanto en cuanto estas medidas estaban ya previstas en nuestro programa de trabajo. 
En el contexto concreto de este asunto, la Comisión acepta por lo tanto las enmiendas y confirma su voluntad de presentar estas propuestas, señalando que ya estaba previsto en nuestro calendario y resaltando que en ningún caso se pueden considerar una limitación a nuestra capacidad de iniciativa, tal y como está contemplada por los Tratados. 
En lo que se refiere a las otras enmiendas, la Comisión las puede suscribir plenamente. 
Muchas mejoran el texto de la posición común o clarifican su contenido. 
La Comisión también puede apoyar sin reservas las enmiendas que refuerzan los poderes del director ejecutivo y las disposiciones destinadas a facilitar su nombramiento. 
Podemos dar nuestro apoyo a las enmiendas que tienen por objeto reforzar la autonomía de la Agencia, concretamente la 9 y la 11, y nos parece especialmente razonable que la Comisión, que no tiene los conocimientos técnicos necesarios, no enmiende normas técnicas sin previa coordinación con la Agencia. 
Estas enmiendas están redactadas de tal manera que queda reservado el derecho de iniciativa de la Comisión y quiero dar por ello las gracias a este Parlamento. 
El Parlamento, ejerciendo su función de autoridad presupuestaria, ha querido introducir una enmienda, la número 2, en la que se pide el establecimiento de normas comunes acerca de las contribuciones en metálico o en especie que los Estados aportan a menudo para facilitar el establecimiento de agencias en su territorio. 
Por parte de la Comisión no tenemos ninguna objeción al respecto. 
Finalmente, el Parlamento ha querido también dar una clara señal política con la enmienda 16, que tiene por objeto limitar el período durante el cual puede mantenerse un doble sistema comunitario y nacional de certificación. 
La Comisión considera que los argumentos del Parlamento son procedentes y, por lo tanto, nos sumamos también a la enmienda. 
Por último, respecto a la enmienda número 15, en su considerando D, la Comisión, tal como lo hace el Consejo y el ponente, interpreta- y quiero resaltar la cuestión- que el acceso a estos lugares tiene que ser pertinente y no indiscriminado. 
Creo que con esto podemos zanjar el problema. 
La evolución de este asunto permite esperar una aprobación rápida del reglamento y, de nuevo, quiero felicitar al ponente por su excelente trabajo y al Parlamento en su conjunto por facilitar, lo mismo que el Consejo, la aprobación sin tener que llegar al trámite ulterior de conciliación. 
Esta mañana se celebra en Londres el funeral por la Reina Elizabeth, la Reina Madre, una mujer que con un siglo de servicio a Gran Bretaña durante el siglo más turbulento de Europa se ganó un afecto especial en los corazones del pueblo británico. 
Les pido, colegas, como señal de respeto por la fallecida Reina Madre, que guarden un minuto de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Invito a los servicios lingüísticos a que corrijan el texto de conformidad con las indicaciones del señor ponente. 
Quisiera pedir a la Comisión que exprese su posición sobre las enmiendas. 
. Señor Presidente, agradezco al ponente que haya hecho esa aclaración, que también yo había señalado en mi intervención. 
Es decir, aceptamos todas las enmiendas, salvo la número 29. 
Esperamos así poder mantener el acuerdo interinstitucional que nos permita aprobar en este acto la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
Señor Presidente, antes de que votemos sobre este informe en particular, creo que es importante que la Asamblea conozca el consejo jurídico que nos han dado nuestros propios servicios jurídicos, que aún desconocíamos cuando votamos en comisión. 
Ahora está perfectamente claro que algunos aspectos del presente informe quedan fuera de las responsabilidades que son competencia de la Comunidad, en virtud del artículo 175. 
La buena noticia es que si votamos a favor de la enmienda 28 todos esos problemas quedarán resueltos. 
Señor Presidente, quisiera llamar su atención sobre lo siguiente. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor la Comisión Europea aceptó las enmiendas tal y como han sido adoptadas hoy, por lo que doy las gracias al Pleno. 
Pues bien, al final del debate de ayer la Comisión Europea señaló que hay cinco o seis enmiendas a las que no puede dar su visto bueno. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi desaprobación respecto de la forma en que ello se comunicó ayer al final del debate. 
¿Por qué? 
Porque sólo se ha informado a la ponente de las razones por las cuales al final no se aceptan algunas enmiendas legalmente correctas. 
Por lo tanto, creo que debemos instar a la Comisión a que explique esta actitud. 
Estamos ante una conducta inaceptable: hoy llueve y mañana brilla el sol, o viceversa. 
Creo también que la Comisión debería reconsiderar en una carta las enmiendas adoptadas ahora, aparte de que todos mis colegas deberían recibir una copia de aquello que en realidad debería haberse dicho en el debate. 
Muchas gracias. 
Señora Oomen-Ruijten, la Comisión está presente y ha escuchado su intervención. 
Espero que responderá a sus comentarios. 
Informe (A5-0047/2002) del Sr. Deprez, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión del Consejo (12175/1/2001- C5-0067/2002- 2001/0824 (CNS) ) relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0036/2002) del Sr. Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de los Países Bajos (11658/2001- C5-0499/2001- 2001/0826 (CNS) ) con vistas a la adopción de una decisión del Consejo relativa a la creación de una red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0082/2002) del Sr. Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 646- C5-0694/2001- 2001/0262 (CNS) ) por la que se establece un programa marco sobre la base del Título VI del Tratado de la Unión Europea- Cooperación policial y judicial en materia penal 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0080/2002) del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión marco relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal (nueva consulta) (15525/2001- C5-0022/2002- 2000/0801 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0085/2002) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 567- C5-0553/2001- 2001/0230 (CNS) ) por la que se adopta un programa de acción relativo a la cooperación administrativa en los ámbitos de fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración (programa ARGO) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0081/2002) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 447- C5-0403/2001- 2001/0182 (CNS) ) por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0078/2002) del Sr. von Boetticher, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, del Reino de España y de la República Francesa (11896/2001- C5-0563/2001- 2001/0828 (CNS) ) con vistas a la adopción por el Consejo de una decisión por la que se modifican los apartados 1 y 7 del artículo 40 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Schmitt (A5-0093/2002) 
Ebner (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe Schmitt porque estimo que se trata de un informe muy importante. 
En efecto, tanto la seguridad como la protección del medio ambiente son temas que se deberían valorar más seriamente, si cabe, y apoyar por su trascendental importancia. 
En el pasado y en repetidas ocasiones pregunté e intervení tanto sobre la imposición del queroseno como sobre un sistema único de control del espacio aéreo. 
Espero que estas iniciativas, respaldadas también por otros colegas, incidan notablemente en la labor de la Comisión y en la aportación de los miembros del Parlamento y de las comisiones competentes. 
Espero que el camino que hemos emprendido se siga con la máxima celeridad. 
Señor Presidente, ayer por la noche estaba en Estrasburgo, como muchos de nosotros. 
Iba con un diputado, cuyo nombre no diré- empieza por S- y dos guapísimas funcionarias del Parlamento Europeo, cuyo nombre no diré- V y T- una rubia y la otra morena, y mirábamos el cielo estrellado de Estrasburgo tratando de reconocer las constelaciones. 
Señor Presidente, usted no se lo va a creer pero de repente el diputado que estaba conmigo dijo: " ¡Pero qué cielo estrellado tan bonito! 
¿Cómo es posible que no se proteja el medio ambiente, incluso a través del Derecho penal, para poder seguir contemplando estas maravillas de la naturaleza? 
Por eso, mañana debemos votar a favor de este texto ". 
Gracias, Señoría, por la cita indirecta del gran Kant. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe de Ria Oomen-Ruijten a pesar de que Austria estaba originariamente en contra de una directiva. 
Quiero felicitar realmente a la ponente. 
Felicito su trabajo, con el que se nos ha concedido una posibilidad muy eficiente, también mediante un listado de todos los actos punibles en el artículo 2. 
También he votado a favor porque la Comisión declara, si bien de modo totalmente no vinculante, pero al menos declara que examinará el preparativo de un acto jurídico que prevea sanciones penales contra actividades no autorizadas en relación con materiales nucleares. 
Si existe una auténtica amenaza, no sólo para el medio ambiente sino también para las personas, es la proveniente de accidente nucleares. 
Creo que es sencillamente ridículo que tengamos toda una lista de hechos punibles pero ni una sola sanción penal por accidentes y daños premeditados o debidos a negligencia en el sector nuclear. 
Insto a la Comisión, que ya no se encuentra presente, y lo haré también en una pregunta, para que presente lo antes posible una directiva al respecto. 
Señor Presidente, queridos amigos, creo que la opinión de la Sra. Oomen-Ruijten sobre la directiva es correcta, pero me veo obligada a votar en contra de ciertos puntos del informe, ya que se da un tratamiento muy superficial al principio de subsidiariedad. 
Mi principal objeción, que también ha expresado la Comisión, se relaciona con las enmiendas 19 y 27. 
A mi juicio, habría que mencionar explícitamente todas las conductas que se penalizan. La aprobación de la directiva sin mencionar explícitamente qué conductas son punibles se opone al principio de legalidad que mi partido y yo defendemos. 
Debemos ser más cuidadosos con el principio de legalidad en este punto. 
Ni siquiera el medio ambiente podría justificar un descuido a la hora de decidir qué conductas deben ser castigadas. 
El resto del informe es excelente. 
Pensamos que es necesario crear una plataforma común de Derecho penal para combatir los delitos contra el medio ambiente y respaldamos la decisión marco en esta materia. 
Por el contrario, una directiva en esta materia nos merece dudas, ya que no existe un fundamento jurídico para obligar a los Estados miembros a contemplar penas en el marco del primer pilar para delitos de carácter medioambiental. 
En la actualidad no hay normas en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea que otorguen semejante competencia a la Unión. 
. 
(DA) Es un hecho lamentable que la legislación medioambiental no se cumpla satisfactoriamente en los Estados miembros en detrimento del medio ambiente. 
Las posibilidades sancionadoras vigentes que se aplican en la actualidad no son suficientes y deben ser por ello ampliadas. 
El que todos modos hayamos votado hoy en contra de los dos informes sobre la protección penal del medio ambiente obedece a que deseamos que esta ampliación de las posibilidades sancionadoras y de la protección medioambiental se lleve a cabo mediante una aproximación de las normas penales bajo el tercer pilar. 
Deseamos respaldar la iniciativa danesa en el Consejo y rechazar la propuesta de directiva de la Comisión y una ' unionización? del Derecho penal bajo el primer pilar. 
. (EN) Apoyo firmemente la iniciativa de atacar con mayor eficacia el problema pendiente de la contaminación. 
Es más, las peticiones para permitir a los Estados miembros equiparar las infracciones de la legislación de la UE en materia de medio ambiente a un delito enviará una señal firme y positiva de que la UE es un interlocutor serio en el ámbito del medio ambiente. 
Con una relación de los delitos ambientales y su correspondiente lista de sanciones, la propuesta de directiva de la Comisión proporciona un medio concreto para que los Estados miembros puedan aplicar la legislación en materia de medio ambiente en simetría, habida cuenta de que en la actualidad, la política de medio ambiente de la UE se aplica de una manera ad hoc y asimétrica. 
Por último, con la aprobación de la presente directiva, la UE reforzará y reafirmará la señal explícita que emitió con la firma del Protocolo de Kioto: que es un interlocutor mundial responsable y fundamental en el ámbito del medio ambiente. 
Si me da el balón lo más seguro es que no me limitaré a hacer el saque de honor, sino que iré hasta la portería. 
Señor Presidente, he presentado dos enmiendas a este informe. 
Una- la enmienda 20- lamentablemente no ha sido aprobada. 
Me alegra que la enmienda 21 sí lo haya sido. 
La primera enmienda intentaba garantizar que los centros nacionales de información o las autoridades competentes o los cuerpos de policía accedieran a utilizar la información que se les ofrezca en los procedimientos judiciales en el Estado miembro en que haya sido detenido el aficionado al fútbol. 
Presenté esta enmienda porque Mark Forrester, de mi circunscripción, fue condenado en Bélgica después de un partido de la Eurocopa 2000, a pesar de que los servicios de inteligencia británicos ofrecieron a las autoridades belgas pruebas en vídeo que demostraban que el acusado se alejaba del conflicto y de la violencia. 
Éste fue el motivo por el que presenté esta enmienda y también por el que voté a favor de la misma. 
Lamentablemente, las autoridades belgas se negaron a hacer uso de esas pruebas. 
Yo confiaba en que el presente informe estableciera una señal que dijera que las autoridades debían poder hacer uso de la información que les proporcionan los centros nacionales de información de otros Estados miembros. 
Eso nos permitiría tomar medias drásticas contra los auténticos gamberros del fútbol y los aficionados inocentes no caerían en la trampa. 
Se supone que el informe que se está debatiendo del Sr. Deprez, quiere hacer frente al problema de la violencia en los partidos de fútbol internacionales. 
Y decimos que se supone porque lo único que, tanto el informe como la propuesta del Consejo de la Unión Europea, nos pueden proponer es obligar a los Estados miembros a fundar centros nacionales de información futbolística, es decir, 'centros de carácter policial? que se hagan cargo de la' recogida, el tratamiento, y el análisis de la información relativa a las características de todos los aficionados, tanto de los aficionados en general, como de los aficionados que presentan un riesgo en particular?. 
De esta forma se intenta hacer frente al problema real de la violencia en los campos de fútbol mediante la represión policial y ser así un brazo más de represión de los derechos y libertades individuales y democráticos de los ciudadanos de la Unión Europea. 
El aumento de los episodios violentos en las organizaciones deportivas nacionales e internacionales no se debe a la falta de redes de información y de mecanismos de represión suficientes, sino a la comercialización del deporte, a los tremendos intereses económicos relacionados con él, el culto a un espíritu ' deportivo? desorientador de fanatismo (el fenómeno de los ultras violentos) , así como al desarrollo de la psicología de la violencia, especialmente entre los jóvenes. 
Es decir, se debe a situaciones que son consecuencia de la propia naturaleza del sistema capitalista. 
Los documentos en debate del Consejo y del Parlamento Europeo no hacen referencia alguna a estos temas tan importantes. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia, votamos en contra del informe. 
Hablamos del informe sobre la red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
El viernes por la tarde y el sábado por la mañana me invitaron y participé en el congreso transnacional del Partido Radical, partido al que, entre otras cosas, solicité y logré apuntarme. 
Puesto que el objetivo principal y más importante de dicho partido es luchar, como Gandhi, mediante una política de no violencia contra cualquier tipo de violencia, se me ocurrió preguntar a los Sres. Cappato, Dupuis y Dell ' Alba, que estaban allí presentes y eran los líderes de este Partido Radical Transnacional, cómo tenía que votar sobre esta directiva que lucha contra la violencia. 
Señor Presidente, esta intervención nos indica muchas cosas: en primer lugar, la capacidad de expansión transnacional del Partido Radical y su fuerza incluso a la hora de expresarse en el Pleno en un momento en que, como usted sabe, luchamos por los derechos de los no inscritos. 
Pues bien, satisface escuchar una voz que en las explicaciones de voto se alza también en nombre del Partido Radical. 
En segundo lugar, y agradeciendo este apoyo, en el transcurso de una reunión durante la cual se barajaron varias tesis sin imponer, no obstante, ninguna disciplina de voto, puesto que el voto es totalmente personal, acordamos con el Sr. Fatuzzo votar favorablemente esta resolución, de manera totalmente democrática y sin pretender vincular al Sr. Fatuzzo a directrices dictadas por el partido. 
Por lo tanto, todos hemos votado libremente a favor de este importante texto que marca un paso adelante hacia la creación del Tribunal Penal Internacional que, dentro de dos días, el Secretario de la Organización de Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, anunciará en Roma como una realidad ya muy cercana. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Carlos Coelho pretende intensificar la cooperación policial y judicial en materia penal. 
En nombre del Partido de los Pensionistas, he votado a favor de este informe. 
¿Por qué? 
Porque considero extraordinariamente importante un aspecto que figura en este informe, o sea, la lucha contra la corrupción, especialmente importante en el momento en que los países candidatos están a punto de convertirse en Estados de la Unión Europea. 
Lamentablemente, el comunismo que durante cincuenta años gobernó con un sistema autoritario y sin un método democrático en aquellos países, ha supuesto un considerable aumento de la corrupción que la Unión Europea debe contribuir a reducir a unos niveles lo más bajos posibles a través de su democracia. 
Quiero felicitar al Sr. Di Lello Finuoli por su informe que, como gran jurista que es, ha sabido elaborar de manera excelente para dar unas indicaciones útiles a esta decisión marco relativa, una vez más, a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal. 
Sin embargo, a pesar de haber votado a favor, considero que se pueden lograr resultados más concretos en la lucha contra los delitos medioambientales y contra los daños causados al medio ambiente no ya condenando a algunos días de cárcel que alguien incluso puede cumplir alegre y placenteramente, sino más bien condenando a sanciones pecuniarias de miles o muchos millones de euros a aquellas empresas industriales que tanto dañan a nuestro medio ambiente en tantas partes de la Unión Europea. 
. 
(DA) Es un hecho lamentable que la legislación medioambiental no se cumpla satisfactoriamente en los Estados miembros en detrimento del medio ambiente. 
Las posibilidades sancionadoras vigentes que se aplican en la actualidad no son suficientes y deben ser por ello ampliadas. 
El que todos modos hayamos votado hoy en contra de los dos informes sobre la protección penal del medio ambiente obedece a que deseamos que esta ampliación de las posibilidades sancionadoras y de la protección medioambiental se lleve a cabo mediante una aproximación de las normas penales bajo el tercer pilar. 
Deseamos respaldar la iniciativa danesa en el Consejo y rechazar la propuesta de directiva de la Comisión y una ' unionización? del Derecho penal bajo el primer pilar. 
. 
(DA) He votado hoy en el Parlamento Europeo a favor del informe del Parlamento Europeo relativo a un programa de acción para la cooperación administrativa en los ámbitos de fronteras exteriores, visado, asilo e inmigración. 
No obstante, soy consciente de que la propuesta toca un ámbito incluido dentro del Título IV del Tratado de la Comunidad Europea y no se aplica a Dinamarca, cf. el Protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
El Sr. Marinho ha elaborado un informe sobre un reglamento relativo al examen de las solicitudes de asilo presentadas en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país. 
Este informe es muy importante y lo apoyo porque ésta es Europa; sin embargo, quisiera que se examinara con más atención el contenido de estos documentos y que se comprobaran asimismo los motivos por los cuales muchos ciudadanos de terceros países solicitan entrar en la Unión Europea, puesto que a veces hay algunos que no son, por así decirlo, precisamente ejemplares. 
Por ejemplo, me consta que en los países de África, en los países menos desarrollados de Extremo Oriente, pero también en los países que están cerca de nosotros se están organizando expediciones de personas mayores que solicitan entrar en Italia porque allí se les entregará 1 millón de liras al mes si tienen más de 65 años tan pronto como se acepte su solicitud de asilo. 
Evidentemente, estoy a favor de que se ayude a todos los ciudadanos de todo el mundo, pero considero que hay que prestar atención a los motivos que empujan a las personas a viajar a nuestros Estados, esto es, si vienen para aprovecharse de unas leyes que les son especialmente favorables o bien para tratar de encontrar trabajo y de aumentar al mismo tiempo la producción de nuestros Estados. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos votamos en contra de la enmienda 13 y nos abstuvimos respecto a las enmiendas 14, 15 y 24 del informe Marinho sobre los criterios para determinar la responsabilidad de los Estados miembros frente a las solicitudes de asilo. 
En la enmienda 13 del Grupo ELDR se propone que las solicitudes de asilo deberán ser examinadas en el país en que sus familiares hayan pedido asilo o donde se les haya otorgado permiso de residencia. 
Declaramos que estamos a favor de las reuniones familiares y de que los solicitantes de asilo pertenecientes a una misma familia puedan vivir en el mismo Estado miembro. 
Por el contrario, entendemos que ampliar este concepto para hacerlo valer a los familiares que ya están en el país por otras razones podría llevarnos demasiado lejos, ya que podría llegar a comprender toda clase de fundamentos legales como, por ejemplo, el permiso de residencia para estudiantes. 
Un sistema de esta naturaleza dificultaría también la armonización de la acogida de refugiados. 
En las enmiendas 14, 15 y 24 se sostiene, en contraposición a lo propuesto por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, que la reclamación de las decisiones sobre qué país es responsable para examinar una solicitud de asilo suspenderá el traslado de la tramitación de un Estado miembro a otro. 
Opinamos que el efecto suspensivo solamente es aceptable en casos especiales. 
Por eso nos abstuvimos en relación con estas enmiendas. 
. 
(DA) He votado hoy en el Parlamento Europeo a favor del informe del Parlamento Europeo relativo al tratamiento de las solicitudes de asilo. 
No obstante, soy consciente de que la propuesta toca un ámbito incluido dentro del Título IV del Tratado de la Comunidad Europea y no se aplica a Dinamarca, cf. el Protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
. (SV) Nos hemos abstenido de votar por la enmienda 16 para respaldar, en cambio, la enmienda 12 de nuestro Grupo. 
Apoyamos la idea de que las parejas de hecho registradas sean consideradas parientes, pero pensamos que esto ya se incluye en el concepto de "parejas no casadas". 
Además, nos gustaría que más Estados miembros modificaran sus legislaciones para reconocer a las parejas de hecho registradas y a las parejas formadas por homosexuales. 
No obstante, es conviene que se aplique el principio de subsidiariedad en relación con la definición de pariente. 
No es conveniente que el Parlamento Europeo ni el Consejo modifiquen la legislación de familia de los Estados miembros mediante directivas en materia de política de asilo. 
Por eso hemos propuesto en la enmienda 12 que las parejas del mismo sexo sean reconocidas como parientes si la legislación del país receptor o la práctica indican que las parejas no casadas, las parejas del mismo sexo y las parejas casadas reciben el mismo trato. 
Señor Presidente, este informe establece, entre otras cosas, que con la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes se podrá seguir más fácilmente a un ciudadano cuando cruza las fronteras internas de la Unión. 
Por lo tanto, quería votar a favor, pero me ha asaltado una duda. 
Esta noche también soñé con que estaba en París, en el Lido, cenando con una guapísima mujer, la mujer de mis sueños, y mientras miraba el ballet de las Bluebells, vi que se agitaban dos piernas muy velludas, tan llenas de vello- eran las del Sr. Christian Ulrik von Boetticher- que di un brinco y comprendí que era un policía que me estaba siguiendo por encargo de mi mujer para comprobar si yo estaba aquí en el Parlamento Europeo o bien en París, en el Lido viendo un espectáculo de las Folies Bergères o de las Bluebells. 
Al final, señor Presidente, he decidido abstenerme para evitar estas situaciones que probablemente van más allá de lo que pretendía este informe. 
. 
(SV) Hemos votado a favor del informe sobre controles en las fronteras comunes, pero tenemos temores respecto a la enmienda 4, mediante la que se faculta a la policía, en determinadas circunstancias, para realizar controles de identidad y para detener provisionalmente a personas en el territorio de otros Estados miembros. 
Quisiéramos destacar también la enmienda 1, que faculta a la policía de un Estado miembro a continuar la vigilancia en otro distinto si éste no tuviese las mismas posibilidades. 
El monopolio de la violencia por parte de la policía nacional es una norma fundamental en las sociedades democráticas. 
Las policías de otros países sólo deben tener facultades para actuar en otro Estado miembro en situaciones muy especiales, que están contempladas en la convención de Schengen. 
Permitir que la policía de un país vigile o detenga a personas en otro Estado miembro implica que se trabaje más eficientemente. 
Al mismo tiempo, conviene destacar que a la policía extranjera se le debe aplicar la legislación del Estado miembro receptor. 
Las normas y tradiciones de los Estados miembros, especialmente los trámites relacionados con los controles e identidad y las detenciones, son muy variadas y no deben ser objeto de armonización. 
Hay que asegurarse de que la policía no abuse del derecho a vigilar a presuntos delincuentes fuera de las fronteras de sus propios países miembros y de que se respete plenamente la legislación local. 
También deben existir garantías de que se cumplan todas las exigencias de la convención de Schengen antes de que la policía pueda actuar en otro Estado miembro. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Señor Gorostiaga, sólo quiero hacer dos comentarios: en primer lugar, considero que mi colega, Sr. Dimitrakopoulos, se ha comportado muy correctamente y ha respetado todos los artículos de nuestro Reglamento; en segundo lugar, trataremos de armonizar los textos del Acta y del Acta literal del debate, de modo que en ambos conste la misma cosa. 
(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.05 horas) 
. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme expresar, en primer lugar, mi enorme satisfacción personal y en nombre del Gobierno de España por esta primera comparecencia, que ha subrayado el señor Presidente y que en mi caso además, si me lo permiten, es un reencuentro con el mundo parlamentario. 
Tuve el honor de presidir el Parlamento- las Cortes Generales de España- en la pasada legislatura como Presidente del Congreso y es esa- la parlamentaria- mi auténtica y definitiva vocación política. 
En consecuencia, reiterando el honor, quiero también recordarles que he tenido oportunidad de recibir a los presidentes de las Comisiones de Defensa de los Parlamentos de los quince países de Europa junto con la representación del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria de la UEO para tratar, justamente, de los objetivos de la Presidencia española de la Unión durante este semestre, que así mismo expuse en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa de este Parlamento el pasado 18 de febrero. 
Permítanme, al inicio de mi intervención, que presente el esquema de la misma: quiero, en primer lugar, recordar brevemente los antecedentes y los principios que inspiran la política europea de seguridad y de defensa para pasar luego al análisis de los objetivos de la Presidencia española en tres áreas en las que hemos agrupado esos objetivos. 
La dimensión o área operativa, la institucional y la, no por última menos importante, de todo aquello que corresponde a las cuestiones de relación con la opinión pública, tanto con las opiniones públicas nacionales, cuanto con la opinión pública europea. 
Comenzando, en consecuencia, por los antecedentes tengo que recordar que nuestro verdadero mandato, y tras la reunión de Saint-Malo, comienza en diciembre de 1999 en Helsinki cuando se decide la creación de un cuerpo de ejército como fuerza de reacción rápida europea, que se constituya con un total de, al menos, 60 000 efectivos desplegables en dos meses, sostenibles en teatro al menos durante un año y con elementos de apoyo logístico, medios aéreos, navales y terrestres para el desarrollo de misiones que hemos acuñado como ' de Petersberg? , en alusión al ya célebre palacio cercano a Bonn en donde se analizaron y que, básicamente, son de mantenimiento e imposición de la paz, de rescate y de carácter humanitario, que habrán de estar constituidas para el año 2003. 
Por tanto, a partir de comienzos del año 2000, en estos escasos dos años, hemos tenido ocasión de desarrollar en gran medida ese objetivo principal de forma que, tras las Presidencias portuguesa y francesa, se llegó a la constitución de órganos que primero fueron transitorios y ya son permanentes, a la confección de un catálogo de capacidades militares, que luego ha sido puesto al día y al que se han incorporado las contribuciones de seis países aspirantes y que fue revisado por la anterior Presidencia belga, a la que quiero agradecer su trabajo. 
El objetivo militar tuvo cierta ralentización durante la Presidencia sueca, la cual, sin embargo, aprovechó muy bien el tiempo para desarrollar los procedimientos y órganos de gestión civil de crisis. 
Como saben, el Consejo Europeo de Laeken declaró la operatividad de esta fuerza de reacción rápida, operatividad que, tengo que decir con sinceridad, es, de momento, más bien una declaración de operatividad virtual que de operatividad realmente efectiva, y eso sitúa a la Presidencia española ante un mandato si cabe más compulsivo después de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Haciendo ahora un breve recordatorio de los principios, quiero, en primer lugar, recordar, como sabe muy bien esta Cámara, el carácter intergubernamental del área que nos ocupa y del cual, además, se desprende como corolario el principio de voluntariedad, la vinculación directa al Consejo Europeo y la propia organización sui generis de esta área, en donde existen el Alto Comisionado y Secretario General, que posteriormente tendrá oportunidad de intervenir ante el Pleno para otra materia, el CPS, el Comité Militar y el Estado Mayor Europeo. 
El segundo principio es el de especialidad de la misión. 
Señorías, creo que ese principio de especialidad debe ser entendido como principio de tasación, de forma que reitero que estamos hablando exclusivamente de misiones militares para el desarrollo de tareas Petersberg, de misiones humanitarias de imposición o mantenimiento de la paz, en su caso, de rescate. 
He ahí una de las dificultades, señor Presidente, para incluir la aportación de capacidades militares europeas a la defensa frente al terrorismo exterior, eventualmente, que viene a ponerse en conexión con la primera prioridad de la Presidencia española, que es la lucha contra el terrorismo y que, sin embargo, en el estado actual del desarrollo de nuestras misiones por mor del principio de tasación, no podemos asumir sin una previa declaración del Consejo a la que luego, si hay tiempo, podré referirme. 
Un tercer principio es el de subsidiariedad, obviamente no en el sentido tradicional entendido en esta Cámara y todo el Derecho europeo, el antiguo Derecho comunitario, sino simplemente en el sentido de que nuestras tareas como europeos en la Europa de la política de seguridad y defensa son subsidiarias de la defensa nacional, que corresponde- como todavía formando parte de ese núcleo, antes duro, de la soberanía- a los Gobiernos nacionales. 
Sin duda, también es subsidiario de la defensa colectiva, que a la mayoría de los países integrantes de la Unión les corresponde entenderla como atribuida a la Alianza Atlántica, de forma que nuestras misiones, a su vez, son en ese sentido subsidiarias de la defensa colectiva que corresponde a la Alianza Atlántica, pero no por ello menos autónomas. 
De ahí que el cuarto principio sea el principio de complementariedad, de forma que, combinando adecuadamente las estructuras de la Alianza Atlántica y las de la Unión Europea, podamos mantener esos principios, requeridos absolutamente por el sentido común de no reduplicación, no redundancia y no duplicidad ni en las estructuras, ni en el planeamiento, ni en el gasto. 
Al cabo son inversiones en defensa como las dos caras de la misma moneda, en este caso de nuestra moneda común. 
Permítanme referirme ahora, antes de desglosar los objetivos de la Presidencia española el lema que ha elegido esta Presidencia para estos seis meses: como ustedes saben, ' más Europa? , que se entiende hacia dentro y hacia fuera. 
Más Europa hacia dentro quiere hacer referencia, en la política europea de seguridad y de defensa, a que los ciudadanos adquieran mayor conciencia de la necesidad de una política de seguridad y de defensa común. 
Más defensa hacia fuera significa, ni más ni menos, hacer frente a una necesidad existencial. 
Señorías, créanme que expreso una opinión no sólo personal sino del Gobierno de España, al decir que la política europea de seguridad y defensa es una necesidad existencial de la Unión Europea. 
Si Europa quiere tener una presencia unida en el mundo necesita inexcusablemente una política de seguridad y de defensa común. 
No es creíble una Unión Europea en el mundo si no tiene una voz propia y unida en materia de seguridad y si esa voz no va acompañada y respaldada por capacidades militares. 
Ocasiones estamos teniendo y viviendo para darnos cuenta de esa insuficiencia. 
Creo además, Señorías, que ni siquiera es pensable a largo plazo una política monetaria común si no hay una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea que respalde esa moneda. 
En fin, les anticipaba, señor Presidente, Señorías, que podríamos agrupar los objetivos de estos seis meses de la Presidencia española en los siguientes tres ámbitos: los objetivos de carácter operativo u operacional, los objetivos de carácter institucional y los objetivos relativos o atinentes a la opinión pública. 
Comenzando por los de carácter operativo, necesariamente ya más técnicos, tengo que decir ante el Parlamento que han constituido el primer objeto de interés de la reunión informal que he mantenido con mis colegas, los Ministros de Defensa de la Unión, en los pasados días 22 y 23 de marzo en Zaragoza. 
Todos estamos decididos a dar al Headline Goal y a sus capacidades militares la prioridad de las prioridades. 
Y así, en primer lugar, tengo que señalar que se ha puesto en marcha la determinación de los elementos de respuesta inmediata para el ejercicio eventual de las operaciones Petersberg acordadas en Helsinki. 
Esta necesidad de determinar los elementos de respuesta inmediata se deriva también de la necesidad comprobada últimamente de elegir determinadas capacidades del Headline Goal- de su catálogo- de forma que existan procedimientos que permitan su movilización inmediata en caso de crisis. 
No hemos tratado, sencillamente, de construir un mini Headline Goal, ni tampoco de construir un Headline Goal paralelo, sino sencillamente de determinar los procedimientos para seleccionar qué capacidades estarían dispuestas en los primeros momentos para hacer frente, de manera más inminente, a una crisis. 
En segundo lugar, estamos impulsando el progreso en la designación de cuarteles generales operacionales. 
Por decirlo de una manera clara, con la informalidad que tiene siempre el debate parlamentario, la Declaración de Operatividad de Laeken no permite, de momento, saber cuál sería el cuartel general operacional que dirigiría una fuerza encargada de desarrollar una misión Petersberg en situación de crisis. 
Aún no lo sabemos, pero, además, tampoco sabríamos cuáles son los elementos de esa fuerza que habrían de desplegarse en un primer momento. 
En consecuencia, estos dos primeros objetivos son vitales para conseguir la efectividad de la Declaración de Operatividad. 
Hay ofertas suficientes de cuarteles generales para determinar cuáles pueden ser en el futuro inmediato esos cuarteles generales. 
Han de conseguir- y hemos establecido los requisitos- la correspondiente multinacionalidad de sus estructuras y la homologación de sus procedimientos y funcionamiento. 
La Presidencia seguirá impulsando los trabajos siguiendo dos líneas de acción en este punto: desarrollando los procedimientos operativos normalizados que regirán el funcionamiento de los futuros cuarteles generales y, en segundo lugar, participando también en el panel de cuarteles generales que se ha creado dentro del Plan de Acción Europeo al que paso a referirme. 
En efecto, señor Presidente, Señorías, el Consejo de Laeken aprobó una propuesta belga, auspiciada por los Países Bajos, de un plan de acción de capacidades militares europeo. 
No viene a ser otra cosa que el método de trabajo para señalar las discapacidades, las insuficiencias de nuestro catálogo y proveer los métodos para solventar esas incapacidades. 
La Presidencia española se puso en marcha, precisamente, activando a los Jefes de Estado Mayor de Defensa de cada uno de los países, de forma que designaran lo que, para ellos, eran incapacidades prioritarias del catálogo. 
Se contestó en tiempo récord y se han podido constituir y están ya funcionando diecisiete paneles de expertos, que dedican su trabajo a analizar soluciones para veintitrés prioridades o incapacidades que se considera prioritario cubrir. 
Por nuestra parte, estamos haciendo un esfuerzo solidario liderando cuatro de esos paneles, que, para darles una idea ejemplificativa, les indico que se refieren a helicópteros de ataque, reabastecimiento en vuelo, poder aéreo embarcado y hospitales de campaña. 
Participamos, además, en otros ocho paneles. 
Hemos efectuado en Zaragoza un intercambio preliminar de opiniones sobre el camino a seguir para la dotación y financiación de las nuevas capacidades que resulten necesarias como consecuencia de los estudios en curso y se han puesto sobre la mesa ideas originales sobre financiación en común, que estamos estudiando y que quizás, más adelante, podré también, en algún momento de mi intervención, detallar. 
Por otra parte, y en consonancia con el objetivo permanente de transparencia de nuestras actuaciones en relación con la Alianza Atlántica, está trabajando ya el grupo de expertos de la Unión Europea conocido como el Headline Task Force, que lleva a cabo estudios que están reuniendo en formato plus durante nuestra Presidencia junto con los expertos de la OTAN, que continuarán prestando su apoyo en este proceso y, por tanto, con plena coordinación y transparencia con los trabajos de la Alianza Atlántica para el desarrollo de su iniciativa de capacidades de defensa. 
También en este campo debo mencionar la necesidad de dotarnos de un mecanismo de desarrollo de capacidades que pueda indicarnos en cada momento, con claridad, la situación de las capacidades y discapacidades europeas. 
Ha de ser, naturalmente, un mecanismo autónomo y propio de la Unión Europea, pero igualmente y, en nuestro propio beneficio, debe tener también muy en cuenta las positivas experiencias vividas en la Alianza Atlántica. 
Sin duda, la mayor dificultad hoy se encuentra en la relación con el proceso de planeamiento de fuerzas de la Alianzas en aspectos tales, por poner algún ejemplo, como el formulario adaptado y los cometidos del propio grupo de capacidades. 
Sin duda, entramos así en un aspecto capital, si no decisivo, no sólo de nuestra Presidencia, sino del desarrollo de la política europea de seguridad y de defensa, que es el de las relaciones entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica, el desarrollo del acuerdo denominado Berlín Plus, especialmente en el capítulo referente al acceso permanente de la Unión Europea en procesos de gestión de crisis a las capacidades de la OTAN. 
El Consejo Europeo de Barcelona ha subrayado la importancia de alcanzar y cerrar los acuerdos permanentes entre la Unión Europea y la OTAN lo antes posible y ha encargado a la Presidencia y al Secretario General, Alto Representante, la realización de los contactos de alto nivel necesarios para llevar a buen término las negociaciones. 
Nuestros Jefes de Estado y de Gobierno no han hecho sino constatar que no se puede seguir retrasando el logro de un marco permanente de cooperación con la OTAN y que las soluciones ad hoc o caso por caso podrían conducir a situaciones de bloqueo similares a las ya vividas y perjudicarían a la Unión en el momento menos adecuado, el momento de desarrollar, por primera vez, una operación de gestión de crisis, poniendo en grave riesgo su prestigio de presente y de futuro. 
Señor Presidente, dejo, por si existe mayor interés por parte de sus Señorías, el examen de la asunción por parte de la Unión Europea del liderazgo de determinadas misiones, tanto respecto de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de la continuidad de la operación Amber Fox, como de la asunción de ciertas responsabilidades en Bosnia y Herzegovina, y sólo me resta en este ámbito referirme a la importancia del ejercicio CME 02, que pondrá a prueba nuestra capacidad de organización a través de los procedimientos de gestión de crisis el próximo mes de mayo. 
Se va a realizar durante la Presidencia española y puedo garantizarles, señoras y señores diputados, que las dificultades que, en principio, parecían insalvables se han ido venciendo y confirmarles también que desarrollaremos este ejercicio no sólo en la fecha prevista sino- estoy seguro- que con éxito, tanto el adecuado protagonismo a las distintas instituciones de la Unión Europea, como el Comité Militar, el Comité Político y de Seguridad, el Secretario General, Alto Representante, y el propio Estado Mayor. 
Me refería a un segundo ámbito, Señor Presidente, Señorías, que es el ámbito institucional. 
En este punto tengo que señalar que España ha sido impulsora, junto a otro grupo de países, de la necesidad de constituir y formalizar un Consejo de Ministros de Defensa. 
Entiéndanme, señoras y señores diputados, no se trata de añadir otro Consejo a la galaxia institucional europea; se trata sencillamente de que quienes tenemos encomendada esa responsabilidad podamos cumplirla, podamos trabajar. 
No queremos ni suplantar ni interferir las competencias propias de los Ministros de Asuntos Exteriores; pretendemos tan solo hacer nuestro trabajo, poder ocuparnos entre nosotros de los problemas a los que me he referido: de la efectividad del Headline Goal y del despliegue eventual de misiones Petersberg. 
Para eso, ese Consejo es de vital importancia. 
Hemos conseguido ya un primer y gran paso, porque ha suscitado el consenso de todos, que es la reunión, bajo el paraguas del Consejo de Asuntos Generales, de un Consejo de Ministros de Defensa, formado sólo por Ministros de Defensa, para el próximo mes de mayo en Bruselas. 
Paso, en segundo lugar y dentro de los objetivos institucionales, a referirme a las bases para una política europea de armamentos, que vienen así también a responder a las preguntas y las inquietudes del diputado Sr. Brok. 
En efecto, aunque muy brevemente mencionado en la Declaración de Helsinki, hasta ahora no se había desarrollado un intento de poner en práctica- o poner al menos las bases, o pavimentar el camino- de una política europea de armamentos. 
No se trata, en modo alguno, de interferir en la industria europea de armamento, que no sería propio de nuestra competencia, pero sí de fijar las bases, los principios elementales de una política europea de armamento. 
Antes decía que la política europea de seguridad y de defensa es una necesidad existencial para la Unión, y también es necesidad existencial para cualquier política de defensa una política de armamento. 
En consecuencia, hemos preparado una especie de decálogo- el número de principios es, al final, lo de menos- que suscite consenso sobre los grandes principios que habrían de orientar una política europea de armamento. 
Este listado parte de la aseveración de que la industria europea de armamento ha de estar al servicio de la PESC y no al contrario- alegación que podría parecer una evidencia si no se mira la realidad que suele demostrar lo contrario- y que debe basarse obviamente en los principios de voluntariedad, transparencia y coordinación con otras organizaciones. 
Entre las medidas concretas previstas también incorporamos la armonización de requisitos operativos, la utilización común de capacidades, la posible adquisición de las mismas a través de una agencia europea de armamento, que venga a unificar o al menos a coordinar las existentes, el estudio de un sistema contable más adecuado a la realidad, que facilite la financiación a largo plazo de determinados sistemas y la búsqueda también- antes lo cité- de nuevas fórmulas de financiación común. 
La necesidad de definir una metodología que permita abordar a medio y largo plazo las carencias de capacidades identificadas en el catálogo de Helsinki nos pone, a su vez, ante esos principios de una política europea de armamento, que examinarán los directores naciones responsables de armamento de los distintos países en una reunión que la Presidencia ha convocado para el próximo 29 de abril. 
Por fin, Señor Presidente, entrando ya en el final del tiempo que se me ha concedido y tratando de resumir aspectos no menos importantes pero que sin duda no constituyen la prioridad esencial, que es la operativa, déjeme referirme, en los segundos que me restan, a aquellos aspectos que hacen referencia a la creación de una conciencia de defensa europea ante la opinión pública y a aspectos concatenados con esa conciencia. 
Señorías, hemos vivido acontecimientos que nos llevan a la necesidad de ir construyendo un acervo jurídico del Derecho humanitario de las misiones Petersberg para el futuro. 
Cuando España hizo esta propuesta aún no habían ocurrido los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Después del 11 de septiembre, algunos meses después, ciertos acontecimientos han demostrado que es absolutamente imprescindible que clarifiquemos el derecho aplicable a las situaciones de crisis. 
Me refiero, claro está, al trato dispensado a los prisioneros, al trato a la población civil, al tratamiento de las propiedades privadas y a la relación con autoridades civiles en el desarrollo de esas misiones Petersberg. 
Hemos pensado que ese puede ser un camino que comience en Salamanca, Capital de la Cultura Europea durante estos meses, allí donde naciera también hace muchos años, en siglo XVI, el ius ad bellum y el ius in bello, y a tal efecto hemos convocado también una reunión para el mes de mayo en Salamanca, a la que están invitados, por supuesto, los representantes de todos los países de la Unión y también terceros países, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
En fin, señor Presidente, Señorías, no podíamos olvidar la dimensión mediterránea de la PESC desde la Presidencia española. 
Como ustedes saben, se ha convocado una reunión en Valencia en los próximos días 22 y 23 de abril, convocatoria muy oportuna. 
Por nuestra parte hemos querido que la PESC no se quede fuera de esa dimensión mediterránea y, a tal efecto, también hemos convocado para el 20 y 21 de mayo en Barcelona un seminario sobre la dimensión mediterránea de nuestra Política de Seguridad y Defensa Común. 
Se trata sencillamente de hacer saber a los países de la ribera sur que el Headline Goal no es una amenaza y aún menos contra ellos: se trata de establecer contactos estables con sus fuerzas armadas, con sus gobiernos, que permitan enriquecer el Mediterráneo como zona de seguridad y de prosperidad. 
Y, por fin, también con ese objetivo, reuniremos en Cartagena, siguiendo una iniciativa belga, a los responsables de opinión pública de los distintos departamentos de defensa junto a especialistas de diversos medios de comunicación, para dar un nuevo impulso a la comprensión y a la transmisión de nuestro mensaje a la ciudadanía europea. 
Me quedaría, señor Presidente, abusando de su paciencia, una mínima reflexión, que creo importante, sobre el terrorismo. 
Señoras y señores diputados, ya he recordado que la Presidencia española- y aquí tuvo oportunidad de manifestarlo el Presidente Aznar- sitúa la lucha contra el terrorismo como la primera de sus prioridades. 
No hace falta enfatizar por qué España tiene, en estas circunstancias, la obligación moral de poner la lucha contra el terrorismo en el frontispicio de su Presidencia. 
Por nuestra parte hemos reflexionado mucho y en común con los colegas de defensa de la Unión Europea, y estamos de acuerdo en que no cabe la lucha contra el terrorismo en las misiones Petersberg, como antes anticipaba. 
También estamos de acuerdo en que corresponde ejercer la lucha contra el terrorismo interior en la Unión al Estado de Derecho a través de sus procedimientos ordinarios, a través de los tribunales de justicia y de las fuerzas de seguridad del Estado, pero no podríamos quedarnos impasibles ante la defensa de la ciudadanía europea frente a eventuales ataques terroristas desde el exterior, caso para el que sin ninguna duda serían requeridas capacidades militares como las que estamos tratando de poner en común entre todos. 
Me refiero a las capacidades frente a armas de destrucción masiva NBC- nuclear, bacteriológica o química- también a las capacidades de inteligencia, a las de autoprotección de nuestras fuerzas en misiones desplazadas y, en fin, a aquellas que puedan proteger en común el ya conocido como espacio común o cielo común único europeo. 
Esas capacidades, esas misiones constituyen las reflexiones y las líneas básicas de un documento que está preparando la Presidencia española para someterlo al Consejo Europeo de Sevilla, en donde esperamos que sea aprobado y para lo cual también desearíamos el respaldo, como para todo lo mencionado, de este Parlamento. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimados Comisarios, quiero expresar mi agradecimiento por este debate, en especial porque somos testigos de una novedad ya que la Presidencia española del Consejo introduce este tema a través de su Ministro de Defensa. 
Creo que este es un mensaje positivo que recibimos como tal y expresamos nuestro agradecimiento por ello. 
Señor Presidente del Consejo, yo también considero acertado lo que ha dicho al final sobre el terrorismo y lo que España intenta hacer allí con razón. 
Si observo el paisaje político desde el 11 de septiembre, tengo también la sensación de que aunque hemos acordado muchas cosas y de que hemos tratado sobre muchos asuntos, sin embargo también se han perdido muchas oportunidades en los mecanismos ministeriales nacionales en lo que se refiere a la aplicación real de esta lucha contra el terrorismo y la aclaración de las cuestiones que afectan por igual a la seguridad interna y externa. 
Precisamente la semana pasada, en la misión de la Unión Europea en Cercano Oriente, hemos visto lo reducida que es nuestra influencia política. 
Esta influencia es tan reducida porque a pesar de nuestros grandes esfuerzos en la ayuda al extranjero- damos como Unión Europea el triple de ayuda que los Estados Unidos de Norteamérica- y a pesar de nuestra creciente participación en el sector de la gestión civil de crisis, seguimos sin poder proporcionar auténticas garantías de seguridad pues las posibilidades militares no están aún ni mucho menos desarrolladas. 
Las decisiones que se han adoptado en los últimos años, partiendo del Tratado de Amsterdam, pasando por Colonia hasta hoy, han sido excelentes pero la aplicación es muy lamentable en algunos sectores. 
Si se siguen los debates sobre el avión de transporte A 400 M en algunos de nuestros Estados miembros, se ve que aunque se tiene el objetivo a la vista y quizás se suministran cifras, sin embargo la aplicación real y la dotación no son suficientes, ni se actúa con la rapidez suficiente. 
Desempeñamos un papel de menor importancia ya no se nos toma en serio, ya que no podemos suministrar realmente y ya que no tiene lugar la correspondiente aplicación. 
Tenemos que ocuparnos aquí también de las cuestiones institucionales. 
Señor Presidente del Consejo, no coincido con usted en que esto es un tema exclusivamente intergubernamental. 
Cuestiones de la ayuda al extranjero y de la gestión civil de crisis son en su mayor parte una tarea del primer pilar y por ello se deben solventar también con el presupuesto. 
Por ello, no se trata de una cuestión mera y exclusivamente intergubernamental. 
Se trata de una cuestión mixta y vemos que los puntos flacos de la misma se encuentran en el lado intergubernamental. 
Creemos por ello que tenemos que lograr mejoras en esta Convención- a pesar de la necesidad de tener en cuenta las soberanías nacionales que desempeñan un papel en esta cuestión- y adoptar decisiones finales. 
No podemos adoptar con Bruselas decisiones mayoritarias por las que los soldados de todos los países de la UE tengan que ir a la guerra. 
Aquí los Parlamentos nacionales tienen que decir mucho al respecto. 
No obstante, tenemos que lograr imponer, por ejemplo, el tema de la cooperación reforzada para poner en pie una coalition of the willing. 
Lo hemos logrado en Niza en todos los aspectos, sólo no en el campo de la política de defensa, es decir, allí donde lo necesitábamos más urgentemente. 
Por desgracia, esto se impidió en Niza. 
Tenemos que proporcionar aquí el necesario impulso. 
Está claro que todo esto lo queremos lograr conjuntamente con nuestros interlocutores de la OTAN. 
La OTAN es irrenunciable para la seguridad colectiva. 
También tenemos que organizar la política europea de seguridad y defensa de tal modo que los Estados no pertenecientes a la UE pero que son Estados de la OTAN no se sientan excluidos. 
Debe tener lugar un diálogo intenso. 
Por ello, considero correcto que se encuentre una solución con Turquía y que si cerca de Turquía ocurre algo tenga lugar un proceso de consultas razonable. 
En este sentido, espero que los acuerdos que, lamentablemente, no se nos han presentado oficialmente, apunten en la dirección correcta. 
Pero el Consejo debe emitir una opinión clara por la que no se cuestione el derecho autónomo a adoptar decisiones por parte de la Unión Europea como tal. 
Quizás se pueda presentar aún en el curso de este debate para que estemos más seguros sobre esta cuestión al emitir nuestra opinión. 
Debemos reconocer que coincidimos en muchas cosas pero no en la aplicación. 
Este es también el caso en la política de armamento. 
Vemos que la distancia tecnológica entre los EE.UU. y los europeos es cada vez mayor y que no podemos hacer la guerra conjuntamente porque las diferencias tecnológicas son enormes. 
Esto tiene consecuencias catastróficas, no sólo para nuestra capacidad en la política de defensa sino también desde una perspectiva de política industrial. 
Por ello, es también un asunto del mercado interior europeo. 
Me alegra que aparte del Comisario Patten también esté presente el Comisario Liikanen. 
Me puedo imaginar que el programa marco europeo de investigación para proyectos comunes se pueda utilizar también de modo creciente en el ámbito de la investigación militar a causa de ese punto de contacto entre la política industrial y de armamento. 
Quizás se pueda recapacitar sobre cómo se puede hacer esto y realizar aportaciones conjuntas para las adquisiciones. 
Se pueden adquirir determinadas cosas conjuntamente, por ejemplo, para mejorar la capacidad de transporte y, sobre esta base, lograr efectos sinergéticos en el maintenance, en la adquisición y en otros muchos más aspectos y ser de este modo más baratos. 
Nos gastamos el 60% de lo que dedican los Estados Unidos de Norteamérica a gastos militares pero con un 10% de los resultados de este país. 
Sin duda, esto se debe a que nos organizamos mal. 
Si en el nivel europeo y nacional disponemos ya de escasos créditos presupuestarios, entonces tiene que ser posible que nos organicemos, a demás a nivel comunitario, para que alcancemos lo necesario y obtengamos los correspondientes efectos en nuestro interés común. 
Aquí se incluyen naturalmente cuestiones relacionadas con la exportación de armas y la aclaración de las competencias europeas para superar la falta de unión en el code of conduct. 
La Unión Europea tiene que mejorar también en el sector militar para poder defender sus intereses. 
Tiene que mejorar para asegurar también la paz. 
Pero coincido con usted- señor Presidente del Consejo, me parece que ha expuesto un ejemplo muy bueno -, en que una Comunidad que tiene una moneda común tiene también unos intereses comunes en la política de seguridad. 
Por este motivo, tenemos que llegar también a que en una Unión Europea con un mercado interior común, moneda común y ordenamiento jurídico común, no debe haber sectores con una calidad de seguridad diferentes. 
Tenemos que lograr una calidad de seguridad común. 
Muchas gracias por haber podido impulsar esto en un proceso cooperativo. 
. 
(EN) Señor Presidente, señor Ministro, permítanme, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Parlamento por brindar a la Comisión esta oportunidad de debatir asuntos de importancia fundamental como los que cubren estas propuestas de resolución, y permítanme también agradecer a la Presidencia del Consejo la contribución que acaba de hacer a través del Ministro de Defensa español, que ha pronunciado una intervención sumamente interesante e importante. 
Respaldo, en particular, todo lo que ha dicho en sus observaciones finales sobre el terrorismo y la importancia de que las democracias pluralistas den al terrorismo la prioridad que merece. 
Algunos Estados miembros tienen un interés especial en derrotar al terrorismo en todas sus manifestaciones. 
Como usted ha dicho, señor Presidente, mi colega el Sr. Liikanen intervendrá dentro de un momento para tratar sobre los temas del comercio y la producción relacionados con la defensa, pero permítanme unas palabras sobre el enfoque general de la Comisión respecto a la seguridad y la defensa. 
Parto de la firme convicción de que no es posible dividir sencillamente la política exterior en asuntos civiles, por un lado, y asuntos militares y de defensa, por otro, como si no guardaran ninguna relación entre sí y como si fuera posible tratar sobre ellos sin hacer referencia a unos y otros. 
La política europea de seguridad y de defensa es parte integral de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
El Tratado exige que la Comisión participe plenamente en dicha política. 
La Comisión no tiene ninguna función directa en asuntos militares, que el Tratado restringe a las denominadas misiones Petersberg. 
Pero en la práctica, nuestra vinculación con la Política Exterior y de Seguridad Común significa que participamos estrechamente en la política global. 
Y así es como debe ser; porque una política europea de seguridad, prevención de conflictos y gestión de crisis coherente tiene que abarcar aspectos civiles y militares, y éste es un punto sobre el que quiero volver al final de mis observaciones. 
La Unión Europea tiene relaciones y programas internacionales en numerosos ámbitos que cubren, por ejemplo, la energía, el medio ambiente, la cooperación económica, los derechos humanos, la justicia y los asuntos interiores, programas de ayuda exterior, etcétera. 
Puede suceder que, en una crisis, se tomen iniciativas que también incluyen despliegues militares o que tengan otras implicaciones de defensa. 
Pero en ese caso, el elemento militar es un componente de la que debe ser una política europea uniforme e integrada para el país o la región en cuestión. 
Tomemos el ejemplo de los Balcanes Occidentales, que tantas veces hemos debatido en esta Asamblea. 
Después de un largo período de derramamiento de sangre y de luchas interétnicas que culminaron en la campaña militar que logró poner fin a la limpieza étnica en Kosovo, la Unión Europea lanzó un esfuerzo concertado para restablecer la estabilidad y provocar una reforma política y económica profunda en la región. 
Hemos creado un marco de Acuerdos de estabilización y asociación para fomentar la integración regional y dar a estos países la perspectiva a largo plazo de la adhesión a la Unión Europea. 
Estamos gestionando una parte fundamental de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo. 
Asimismo hemos tomado iniciativas como el programa Energía por Democracia en Serbia, con claro objetivos políticos, así como económicos y humanitarios. 
Todos ellos han sido elementos- y elementos importantes- de la política integrada europea de seguridad y prevención de conflictos en la región. 
La Comisión Europea sigue desempeñando un papel principal en la concepción y ejecución de dicha política. 
Pero la política de la UE en la región ha incluido además despliegues militares- por ejemplo, en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, donde la OTAN desplegó tropas, en su mayoría europeas, para apoyar un acuerdo político en unos momentos en que la tensión y la violencia interétnica iban en aumento. 
El despliegue debía ser coordinado estrechamente con lo que la Unión Europea ya estaba haciendo. 
Como el Parlamento sabe, el Sr. Solana y yo participamos directamente en la mediación cuando entraron las tropas. 
La Comisión apoyó los objetivos políticos del despliegue militar a través de la Fuerza de Reacción Rápida, que ayudó a restablecer la confianza en la región y a reducir la tensión interétnica a través de un programa de emergencia de reconstrucción de viviendas, entre otras medidas. 
Ahora, en el Consejo Europeo de Barcelona, los Jefes de Gobierno han declarado que la Unión Europea está dispuesta a asumir la responsabilidad de una operación militar de seguimiento, si se cumple una serie de condiciones, incluidos acuerdos permanentes de cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. 
La Comisión no ha intervenido directamente en dicha decisión, que atañe a la seguridad física del personal militar nacional desplegado en la región- ni tampoco buscamos una participación directa. 
Pero, una vez más, la vinculación de la Comisión es necesaria en la medida en que dicha vinculación añade valor al esfuerzo general de la Unión Europea. 
Es necesario que hagamos oír nuestra voz porque, como he dicho, las decisiones militares también repercuten en la política de seguridad global de la Unión Europea en el sentido más amplio, como he descrito. 
Los vínculos entre los aspectos de defensa y militares de la PESC y los ámbitos más tradicionales de interés comunitario son complejos y, a menudo, políticamente delicados. 
La Comisión Europea está dispuesta a desempeñar su papel, dentro de las competencias que le otorga el Tratado, para contribuir al desarrollo de una industria europea de armamento fuerte, eficiente y viable. 
Resulta evidente de las resoluciones que hoy nos ocupan que eso es lo que el Parlamento Europeo desea. 
La mayoría de los diputados de esta Asamblea, por ejemplo, estaría dispuesta a respaldar la iniciativa de la Comisión de lanzar un Grupo consultivo sobre asuntos aeroespaciales- o STAR 21, como se le conoce- para estudiar los retos estratégicos a los que la Unión Europea debe hacer frente en este sector de crucial importancia. 
Acogemos con satisfacción la participación en ese Grupo de Carlos Westendorp, presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, así como la de Karl von Wogau. 
Estamos dispuestos a desempeñar nuestro papel, como digo. 
Pero en estos asuntos, debemos proceder en estrecha cooperación con los Estados miembros que conservan sus competencias nacionales en muchas de las políticas afectadas. 
Aún se están estudiando detenidamente los vínculos entre los aspectos civiles y militares, y entre las competencias de la Unión Europea y aquéllas nacionales en la realización de una política integrada de seguridad y de gestión de crisis. 
No obstante, la maquinaria institucional necesaria está comenzando a tomar forma- en el Comité Político y de Seguridad, por ejemplo, y en los organismos que lo asesoran, incluidos el Comité Militar, el Grupo político-militar y el Comité de gestión civil de crisis. 
Estoy trabajando con el Sr. Solana en la definición del potencial y de los límites de nuestros respectivos papeles y competencias. 
No siempre resulta fácil. 
Quedan asuntos por resolver, por ejemplo, la financiación de la Política Exterior y de Seguridad Común, en el caso de las acciones financiadas con cargo al presupuesto comunitario o del gasto con implicaciones militares o de defensa, que siempre debe correr a cargo de los Estados miembros. 
La Unión Europea necesita mecanismos que la doten de mayor flexibilidad presupuestaria en la ejecución de la política exterior, y que le permitan asignar fondos con mayor rapidez en tiempos de crisis. 
Hemos presentado algunas propuestas relativas al presupuesto comunitario con este fin. 
Pero en la búsqueda de mayor flexibilidad no debemos crear estructuras paralelas en la Política Exterior y de Seguridad Común que escapen al necesario escrutinio parlamentario y al control financiero del Tribunal de Cuentas- ni que invadan asuntos de competencia comunitaria. 
Estos problemas tienen solución. 
Hemos adoptado acuerdos sobre la Misión de la UE de mantenimiento del orden en Bosnia, por ejemplo, que establecen un delicado equilibrio entre intereses contrapuestos. 
Y debemos seguir avanzando con delicadeza- también en el ámbito de la industria de defensa, sobre la que mi colega, Sr. Liikanen, se dispone a tratar. 
Quisiera hacer una última observación provocado- o alentado- por las interesantes observaciones que ha hecho el Sr. Brok. 
El Sr. Brok, comprensiblemente, ha dicho que debemos poder demostrar la seriedad con que nos tomamos la seguridad de Europa. 
Ha hablado del gasto de la defensa y del gasto del equipamiento de defensa. 
Éstas son aguas sumamente peligrosas- aguas infectadas de tiburones- como para que un Comisario quiera bañarse en ellas. 
La Comisión no es el 16º Estado miembro; no tiene sus propios contribuyentes responsables de elegirla o de aprobar su gestión. 
Leo sobre el importante debate de si Europa debe gastar más en misiles dirigidos de precisión, en fuerzas especiales, en capacidad de puente aéreo, en telecomunicaciones militares. 
Me parece que existe un argumento intelectual y político muy sólido de que a menos que estemos dispuestos a incrementar el gasto en estos ámbitos, las consecuencias para la Alianza Atlántica en términos de diferencia en capacidad tecnológica serán, tarde o temprano, desestabilizadoras. 
Pero no quiero adentrarme más en este debate, sólo quiero hacer una observación realista muy importante. 
El Presidente de los Estados Unidos acaba de pedir un aumento del gasto militar del 14% -un incremento del presupuesto de defensa de los Estados Unidos por valor de 48.000 millones de USD. 
Me gustaría saber en este Parlamento si hay alguien perteneciente a un partido político que saldría elegido si defiende en Europa un incremento del gasto de defensa del 14%, al tiempo que se recortan los gastos de salud y educación. 
¡Que levante la mano! 
Sólo quisiera señalar que debemos ser realistas. 
No deberíamos permitir que la diferencia entre nuestra retórica y lo que realmente estamos dispuestos a defender como políticos sea demasiado grande. 
Y deberíamos reconocer la contribución sumamente importante que hacemos a todos aquellos otros aspectos de la seguridad sobre los que, por ejemplo, hablábamos en Monterrey hace unas semanas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
No es irrelevante para la seguridad que en estos momentos participemos en lo que algunos denominan con desdén asistencia social en Afganistán. 
Si la asistencia social en Afganistán hace innecesaria nuestra participación militar en aquel país dentro de cinco o diez años, podría decirse que es una excelente inversión en la seguridad de la Unión Europea y de la región y del mundo. 
Espero que seamos realistas en nuestras valoraciones de la seguridad y realistas sobre la mejor forma en que Europa puede contribuir realmente a una mayor seguridad en todo el mundo, con el respaldo incondicional de aquellos que les han elegido, aunque no me hayan elegido a mí. 
Señor Presidente, la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea está tomando cuerpo. 
Las buenas intenciones se plasman en unas actividades cada vez más concretas y el desarrollo de la fuerza de intervención rápida avanza día a día. 
Ojalá podamos estrenarla en Macedonia. 
Pese a todo, incluso la constitución de una fuerza militar de tan sólo 2.000 personas continúa siendo una ardua tarea, de modo que por el momento la Unión Europea sigue necesitando a la OTAN, y eso plantea algunos problemas. 
En principio la colaboración con la OTAN reviste carácter positivo puesto que garantiza una mayor operatividad, pero por otra parte también complica las cosas, como demuestran las conversaciones con Turquía. 
A largo plazo la Unión Europea debe aspirar a una plena autonomía por lo que a la puesta en marcha de la fuerza de intervención rápida se refiere. 
Por eso mismo, debemos remediar urgentemente nuestra falta de capacidad militar. 
La Unión Europea no es la OTAN y la OTAN no es Naciones Unidas. 
No confundamos los papeles. 
La Unión Europea no pretende convertirse en una organización para la defensa colectiva. 
No es una superpotencia militar, sino que aboga por un planteamiento multilateral de los problemas internacionales a través de Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales. 
Ellas se deben principalmente al hecho de que ambas potencias manejan un concepto de seguridad muy distinto. 
En realidad, la política exterior y de seguridad común es un reflejo de la historia de Europa de los últimos 100 años. 
La colaboración está por encima de todo, en tanto que el instrumento militar recibe menos atención que en Estados Unidos, y no sólo porque nosotros no seamos una prestigiosa superpotencia militar. 
Nos hemos dado cuenta de la relatividad de este instrumento y, por eso, concedemos más importancia a la puesta en marcha de recursos civiles tales como la diplomacia y la cooperación económica. 
No en vano la prevención y solución de conflictos ocupa un lugar primordial en nuestra política. 
La ampliación de la Unión Europea y la política para los Balcanes son dos ejemplos concretos de este empeño, que también nos ha llevado a intensificar la lucha contra la pobreza, y ello no sólo como consecuencia del 11 de septiembre. 
Una política de esta índole reviste carácter multilateral por naturaleza. Por eso nos repudia tanto la opción militar de Sharon. 
Sabemos por propia experiencia que tal enfoque no hace más que agudizar los problemas. 
Muchas veces los Estados Unidos adoptan un punto de vista diferente. 
En su caso prevalecen la ostentación del poder militar y la posibilidad de utilizarlo. 
Su lema es: si hace falta lo haremos solos. 
A este respecto son muy ilustrativos el punto de vista de Estados Unidos acerca del control de armamento y su discurso amenazante ante Irak. 
Obviamente, somos partidarios de que se ponga fin a la propagación de armas de destrucción masiva, empezando por las que se fabrican en Irak. 
Para ello está Naciones Unidas, y la Unión Europea debe ayudar a elaborar una política contundente en esta materia. 
Aunque ciertamente no debemos descartar la posibilidad de ejercer presión, el uso de la fuerza no debe ser nuestro primer recurso. 
Hemos llegado a un reparto de tareas poco natural entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Ellos se sirven de su predominio militar y, de paso, marcan el rumbo político de los acontecimientos, mientras que la Unión Europea suele ser la que paga los platos rotos. 
Ésa es al menos la impresión que queda. 
Esta situación es insostenible a largo plazo. 
En nuestra opinión, el poder civil debe prevalecer sobre el poder militar. Ése debe ser el eje del diálogo transatlántico. 
Europa sólo podrá desempeñar un papel principal en la escena mundial si está dispuesta a pagar un alto precio por ello. Desafortunadamente, éste no es aún el caso. 
Nuestra falta de capacidad de acción causa frustración e incluso nos expone a humillaciones públicas, tal y como sucedió con motivo de la reciente misión a Israel. 
El precio político de una actuación más eficaz pasa por una reducción de la soberanía nacional en beneficio de una mayor unidad europea. 
La fuerza económica y la generosa distribución de euros no bastan para desplegar una política exterior contundente. 
El conflicto en Oriente Medio es un claro ejemplo de la falta de influencia del principal socio comercial de Israel y el mayor donante de los palestinos. 
Si no nos esforzamos por desarrollar una defensa europea creíble Europa seguirá siendo el perrito al que se le permite dar brincos al lado del bulldog estadounidense. 
En este sentido la fuerza de intervención rápida continúa siendo una condición necesaria pero insuficiente para todas las misiones de Petersberg y la lucha contra el terrorismo. 
En comparación con la fuerza militar norteamericana Europa se sigue quedando atrás. 
La única manera de acortar esta distancia consiste en un incremento sustancial de los gastos europeos en materia de defensa. 
Si nuestras convicciones políticas nos lo impiden, tendremos que atenernos a las consecuencias. 
La fuerza de intervención debe hacerse operativa urgentemente. 
Pues bien, en Macedonia está sobre la mesa una buena propuesta de colaboración entre la Unión Europea y la OTAN que incluso cuenta con el apoyo de Turquía. 
Por desgracia, Grecia no para de levantar obstáculos. 
En todo caso, Europa mantiene su autonomía a la hora de tomar decisiones. 
No puede haber una defensa europea si no se procede a una estandarización y racionalización de los medios. 
La creación de una industria de defensa se ha visto obstaculizada durante demasiado tiempo por el egoísmo nacional y los intereses comerciales. 
Señor Presidente, si Europa no se muestra dispuesta a pagar un alto precio político y financiero por una defensa creíble no tiene derecho a seguir quejándose sobre el insignificante papel que le corresponde en el mundo. 
En ese caso seguiremos levantando la voz sin ser oídos. 
Para empezar quisiera subrayar una de las observaciones formuladas por el Comisario Patten, en concreto su referencia a la fundamental importancia de los aspectos civiles de la seguridad. 
El Parlamento se ha acostumbrado a la presencia en sus filas de un ex general, nuestro colega Morillon, pero que yo sepa es la primera vez que este Pleno acoge a generales auténticos, que- me imagino- ocupan un alto rango. 
Señores, sean bienvenidos. 
Sin embargo, quisiera poner de manifiesto que para la Unión Europea la seguridad no equivale sólo y ni siquiera primordialmente a seguridad militar. 
Gracias a los aspectos civiles de la seguridad- el Comisario también lo ha dicho, y con razón- la Unión Europea ha llevado a cabo con éxito su cometido en Macedonia. Y no es la primera vez. 
No importaba la fuerza militar. Señor Van den Bos, tampoco se trataba de levantar la voz. 
Hablando de Macedonia, todos sabemos que la Unión Europea piensa emprender su primera acción de gran envergadura por esos lares. 
Es algo que suscribo plenamente, pero también sabemos que a ese respecto la imprescindible colaboración entre la Unión Europea y la OTAN plantea aún enormes problemas. 
Sabemos que existe un trato entre el Reino Unido y Turquía, aunque ciertamente no aporta una solución ideal, y que, ahora mismo, Grecia es el único país que se opone. 
Así las cosas, quisiera instar al Consejo, al Presidente del Consejo, a que en adelante haga todo lo posible por evitar que este primer intento acabe en fracaso. 
A pesar de que el acuerdo existente no es una solución ideal- lo vuelvo a repetir -, los griegos deben respaldarlo porque, de hecho, sería una vergüenza que no pudiéramos llevar a cabo nuestra primera acción por causa de divisiones internas. 
Por último, considero harto importante que se elaboren planes europeos comunes de cara a las inversiones en materia de defensa. 
En este momento los Países Bajos tienen que hacer frente a los problemas sufridos por un Estado miembro que debe realizar, a título individual, exorbitantes inversiones a la hora de adquirir nuevos equipos para uso militar. 
A este respecto resulta prácticamente imposible adoptar una decisión sopesada. 
Y con ello no me refiero a las ventajas e inconvenientes de aviones norteamericanos y europeos. 
Tenemos que colaborar a escala europea. De lo contrario, invertiremos en cosas que ya tenemos desde hace mucho tiempo y, llegada la hora de la verdad, no tendremos suficiente dinero para invertir en cosas que necesitamos realmente. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, en este debate, y después de oír las declaraciones del Consejo y la Comisión, que agradezco, por su calidad y oportunidad, parece oportuno recordar que la Unión Europea sigue sin disponer, en sus Tratados, ni de una cláusula de asistencia militar mutua, semejante a la que existe en la OTAN o en la UEO, ni de disposiciones concretas sobre la cooperación en materia de armamentos. 
Por lo que se refiere a Europa, esos asuntos están, como es sabido, regulados en el Tratado de Bruselas revisado, en el ámbito de las llamadas funciones reminiscentes de la Unión Europea Occidental. 
A ello se suma que, desde el 11 de septiembre, todos tenemos una idea más clara y consciente de que es necesaria una nueva definición de defensa, que combine seguridad interna y externa. 
Actualmente, debemos saber afrontar a enemigos que, a pesar de no disponer de ejércitos, ponen en peligro la seguridad de los países y los ciudadanos, sin que los ejércitos tradicionales consigan, por su parte, dar respuestas cabales desde el punto de vista de su defensa. 
En efecto, en el mundo globalizado en que vivimos, política, diplomacia, informaciones, seguridad interior y defensa se complementan para dar respuesta a esos nuevos tipos de amenaza. 
La seguridad ha pasado a ser un concepto mundial e indivisible, diferente de las concepciones tradicionales. 
De modo que la obligación de la Unión Europea y sus Estados miembros es la de racionalizar sus capacidades militares y de producción de armamento, así como fortalecer los medios de cooperación diplomática, los servicios de información y también la articulación judicial y policial, en una auténtica sinergia de políticas nacionales y transnacionales. 
Por lo que se refiere a las relaciones con la Alianza Atlántica, consideramos que se deben ver las medidas encaminadas a la formulación de una política de seguridad y defensa común desde la óptica de la cooperación con la OTAN. 
La fuerza de la política europea de seguridad y defensa radica precisamente en su cooperación con la OTAN y no en la tentación, peligrosa e inútil, de competición alguna con esa organización. 
Por último, unas palabras sobre la fiscalización parlamentaria de la PESD, que, como se sabe, se hace en dos niveles: el europeo, a cargo de este Parlamento, en lo relativo a la prevención y la gestión civil de las crisis, y el nacional, en lo relativo a la gestión militar de éstas, que corre a cargo de los parlamentos nacionales. 
En esta Asamblea se debatió y se aprobó recientemente una posición sobre este asunto. 
De modo que resulta absolutamente pertinente la exhortación con vistas al establecimiento de relaciones más estrechas y un mayor intercambio de información entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales para los asuntos relativos a la PESD como forma de posibilitar a los diferentes órganos parlamentarios su fiscalización democrática del modo más apropiado y adecuado. 
Señor Presidente, las naciones disponen de medios de fuerza como la policía, la moneda y el ejército. 
El que la UE quiera ahora disponer de estos medios de fuerza no está fundado en razones prácticas. 
Se podría combatir la delincuencia transfronteriza a través de Interpol. 
En lugar de eso, Europol va a ser el pistoletazo de salida del FBI europeo. 
El núcleo de la unión monetaria no es una moneda común para el comercio internacional, sino la prohibición de las monedas nacionales, lo que llevará a un gobierno económico común. 
Y el propósito de la fuerza de intervención rápida (Rapid Reaction Force) no es sólo garantizar la paz, pues tal cosa puede hacerse a través de Naciones Unidas y de la OSCE. 
La agenda totalmente oculta es el deseo de un verdadero ejército común que llegado el momento reemplace a la OTAN. 
La UE va a ser un estado con una policía, una moneda y un ejército comunes. 
Mi Grupo tiene otra visión diferente para Europa. 
Deseamos una Europa de las democracias, en la que países independientes cooperen en todo aquello que no podemos gestionar cada uno por sí solo, pero no deseamos una UE convertida en una nueva superpotencia con un ejército de superpotencia. 
La UE es el bloque comercial más poderoso del mundo. 
Tenemos superpotencias con un pasado como poderes coloniales. 
No es seguro que la gente en otros lugares del mundo nos contemplen tan pacíficamente como nosotros mismos. 
También en aras de la paz es mejor que nos contentemos con Naciones Unidas, la OSCE y la OTAN en lugar de levantar un nuevo poder militar. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Ministro por su interesantísima intervención y por su apoyo a la creación de un Consejo de Ministros dentro de una formación de defensa. 
Lo que me tiene intrigado es cuál es exactamente la situación del proyecto de acuerdo entre Gran Bretaña, los Estados Unidos y Turquía, entre la Unión Europea y los miembros europeos de la OTAN no pertenecientes a la Unión Europea. 
A pesar de que el proyecto de acuerdo es de carácter bastante secreto, lo leo con mucha atención. 
Me parece que representa fielmente las conclusiones del Consejo Europeo de Niza, que los intereses de seguridad no sólo de la Unión Europea, sino también de Turquía, deberían estar garantizados por la operación de la Fuerza de Reacción Rápida. 
El proyecto de acuerdo confiere al Consejo la facultad de decidir invitar a Turquía a tomar parte allí donde los servicios de la OTAN no son necesarios. 
A mi modo de ver, esto no parece representar una amenaza a la autonomía de la Unión Europea. 
Agradecería mucho una explicación clara de cuál es exactamente el problema en el seno del Consejo. 
Señor Presidente, otra vez se debate sobre la política común de defensa y de seguridad, sobre una colaboración más estrecha entre la Unión Europea y la OTAN, sin que los responsables definan al rival cuyo enfrentamiento hace necesaria la organización propuesta y el aumento de los medios militares. 
Para el Partido Comunista de Grecia y para otras fuerzas pacifistas, está claro que esta política no ayuda en nada a la paz. 
Se trata de una política intervensionista, de operaciones principalmente militares, que perjudica a los pueblos; ayer con la excusa de la defensa de los derechos humanos, hoy con la del terrorismo, incluso aquel terrorismo que los propios intervencionistas provocan o apoyan; pero siempre a favor de los beneficios del gran capital. 
El objetivo es repartirse otra vez los mercados entre los más poderosos. 
Y seamos sinceros, a favor de dicho objetivo se está explotando el atentado del 11 de septiembre, y además de una forma tan perturbadora que se nos plantean interrogantes sobre los verdaderos culpables. 
He aquí el por qué de nuestra falta de apoyo, del apoyo de las fuerzas pacifistas que sueñan con un mundo distinto, totalmente contrario al mundo actual que, desgraciadamente, está cada vez más dominado por la ley de la jungla. 
Señor Presidente, es muy significativo que la política de defensa de la Unión Europea y la industria vinculada a la defensa entren a formar parte de un debate conjunto. 
Aunque en realidad se trata de dos resoluciones separadas, este procedimiento establece un vínculo artificial entre ambas propuestas. 
Yo soy partidario de desvincular estos dos temas. 
En el contexto de la Unión Europea pueden decirse muchas cosas sensatas sobre la política de defensa. 
La coordinación de los esfuerzos nacionales en materia de defensa- preferentemente en el marco más amplio de la OTAN- no perjudica a nadie. 
Eso sí, la responsabilidad final queda en manos de los Estados miembros. 
Ahora bien, el desarrollo de la política de defensa europea está sujeta a una condición: hemos de guiarnos por un concepto estratégico común. Por lo que a mí respecta no se trata de establecer grandes objetivos comunes o guiones confusos. 
¿Qué es lo que Europa quiere conseguir con su política de defensa? 
¿Cuáles son las amenazas y cómo podemos formular una respuesta adecuada? 
A día de hoy seguimos sin recibir una respuesta unánime del Consejo a estas preguntas. 
En mi opinión, no tiene sentido alcanzar acuerdos a escala europea para la industria vinculada a la defensa. 
El argumento de que ello redundaría en beneficio de la política europea de seguridad y de defensa hace agua por todas partes. 
Parece ser que sólo se trata de defender los intereses de las grandes industrias. 
En la práctica el material de defensa suele fabricarse en empresas de riesgo compartido, y éstas no quedan restringidas al continente europeo. 
Además, en este momento la industria europea está bastante divida. 
Los intereses de los diferentes Estados miembros pesan demasiado. 
Por regla general, los proyectos europeos tropiezan con muchos problemas. 
Queda por ver, pues, cuál es la mejor forma de aumentar nuestra escasa capacidad militar: ¿optar por material europeo o por material de otra procedencia? 
Señor Presidente, la división del mundo en buenos y malos no es una definición que conduzca a una política de paz activa, tanto más cuando la definición de lo que es bueno y malo se realiza unilateralmente en función de los correspondientes intereses. 
Cualquier conflicto militar tiene una historia previa. 
Por ejemplo, no se debe olvidar que el régimen de los talibanes en Afganistán fue apoyado y promovido por intereses petroleros multinacionales. 
Esto es algo conocido. 
Ya entonces habría sido importante llamar la atención sobre los peligros resultantes de ese apoyo. 
Si ahora los Estados Unidos amenazan atacar en el futuro al Irak y posiblemente también a otros países, como Irán o Corea del Norte, es un juego enormemente peligroso que puede quedar fuera de control en cualquier momento. 
La Unión Europea tiene que actuar en este contexto con más energía que hasta ahora como defensora de los valores del derecho internacional. 
Esto precisa de un elevado nivel de coraje civil y de independencia. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es un importante acontecimiento que el debate de hoy trate también sobre los aspectos industriales de la política de defensa europea. 
Debemos recordar que los padres de la Unión Europea no crearon ésta porque quisiesen cooperar económicamente sino que el objetivo fundamental era el de asegurar la paz. 
Ya en entre los años 1952 y 1954 existió un proyecto de política de defensa europeo. 
Ha sido acertado recoger hoy este mandato. 
El Comisario Patten nos ha instado a responder. 
Nos ha planteado la siguiente pregunta: ¿estamos dispuestos a exigir que se gaste un 14% más para defensa, como ocurre en los Estados Unidos? 
Pero yo quiero plantear primero otra exigencia, a saber, la exigencia de que el dinero que nos gastamos ya en defensa lo gastemos de un modo más razonable y que no existan 15 políticas diferentes en este campo sino que se aprovechen las sinergias que son posibles si cooperamos en este campo. 
Para ello hay que aplicar más las reglas del mercado interior europeo. 
Existen excepciones que son razonables, pero esas excepciones se aplican de un modo demasiado extensivo, por lo que tenemos que lograr que esas reglas se apliquen cada vez más. 
Si 15 naciones diferentes cooperan en multitud de ámbitos, en este campo hay que introducir también una cierta estandarización pues, de lo contrario, surgirán enormes problemas de compatibilidad. 
En el ámbito civil hemos desarrollado procedimientos de estandarización que podrían ser de utilidad también en este contexto, en especial de cara al uso dual. 
Finalmente, deberíamos tener presente que el proyecto piloto más importante en este campo es la tropa de intervención para casos de crisis que se acordó en Helsinki. 
La cuestión es la siguiente: ¿Debe la Unión Europea adoptar en un plazo previsible un papel dirigente en Macedonia? 
No debemos dar aquí el primer paso a ciegas. 
No debemos caer en una situación en la que podamos ser chantajeados por cualquier parte, pues esta primera intervención de Europa va a ser para nosotros de la mayor importancia. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señores Comisarios, el Comisario Patten ha dicho que no debemos infravalorar los aspectos no militares de la política exterior y de seguridad europea. 
Esto es absolutamente correcto. 
Por otro lado, es también correcto, tal como han expuesto Elmar Brok y Gary Titley, que nuestros gastos militares se caracterizan por una elevada ineficiencia, en especial, desde una perspectiva europea. 
Actualmente, en muchos países de la Unión Europea impera la inseguridad e incluso el caos en la política de adquisiciones. Esto no es ningún secreto. 
Necesitamos un representante para la defensa, nombrado por el Consejo y la Comisión conjuntamente, en especial para el capítulo de adquisiciones militares. 
Esta persona debería rendir cuentas ante el Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad común, es decir, el Sr. Solana, como también ante los Comisarios Patten y Liikanen y desarrollar un plan común de defensa y adquisiciones. 
Señor Comisario Patten, no se trata en primera línea de gastar más en maquinaria militar sino de lograr una política de adquisiciones en los países miembros de la UE que esté coordinada y preferentemente orientada también a la defensa europea. 
Este es un mandato de la seguridad, eficiencia y ahorro. 
Señor Presidente, se ha dicho reiteradamente que la Unión Europea es un gigante económico, pero un enano político y militar. 
Al mundo exterior le costaba creerlo, pero las guerras en Yugoslavia han despejado cualquier duda al respecto. 
Altos militares de prácticamente todo el pilar europeo de la OTAN reconocían en la televisión su incapacidad de vencer al JNA, el Ejército Popular Yugoslavo en vías de desintegración. 
Ello dio una imagen deplorable de nuestra capacidad de acción como Unión Europea y pilar europeo de la OTAN. 
Afortunadamente, hemos aprendido la lección. 
Hemos aprendido a sentir vergüenza por lo ocurrido, además de haber logrado ciertos avances. 
Ya tenemos el valor de asumir determinadas tareas, tomando el relevo a los norteamericanos. 
Se habla de Macedonia y de un papel específico para la Unión Europea, concretamente en Bosnia. 
En otras palabras, se están registrando progresos. 
Sin embargo, aún no nos atrevemos demasiado a incrementar los gastos militares. 
Ya lo ha señalado el Sr. Patten: en el fondo el incremento del presupuesto en materia de defensa cuenta con un amplio apoyo en este Parlamento, pero hay que saber leer entre líneas para caer en la cuenta. 
La falta de rendimiento de nuestros esfuerzos resulta incluso más grave si cabe. 
El por qué ya se ha explicado antes. 
Aquí entran en juego muchos elementos: razonamientos divergentes, argumentos nacionales poco racionales, el prestigio del locutor, las ventajas industriales y económicas y todo tipo de otros argumentos que adquieren importancia en el contexto de las acciones y las compras realizadas en materia de defensa. 
A decir verdad hace mucha falta una política europea con una visión clara. 
La población es muy consciente de ello, tal y como demuestran las estadísticas aportadas por la Sra. Lalumière, pero también se ha dicho ya que en algunos departamentos esta idea goza más bien de escasa popularidad. 
Creo que debemos seguir propagando este mensaje. 
La soberanía nacional es un asunto positivo que sobre todo redunda en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. 
Y si no basta con una soberanía nacional estrictamente separada tendremos que aprender a ampliar nuestro campo de visión. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores comisarios, señoras y señores colegas, una parte especial de la política de seguridad y de defensa común se refiere a las relaciones en desarrollo entre las potencias europeas y la OTAN. 
Un aspecto de estas relaciones es que la OTAN es el organismo de seguridad colectiva en la que Europa apoya su defensa. 
La defensa europea no aspira, ni puede hacerlo, a reemplazar a la OTAN en este papel. 
Esto es indudable. 
Un segundo aspecto es que no hay motivo para que las potencias europeas adquieran medios de los que ya dispone la OTAN, puesto que no hay razón para gastar el doble. 
No estoy seguro de si este segundo punto tiene una base firme como el primero. 
Este punto de vista presupone una equivalencia perfecta y una afinidad en las opiniones entre la administración de la política europea y la administración de la política de la OTAN, y no tenemos ninguna garantía de que podamos conseguir una convergencia así. 
Por supuesto nadie están pensando en oponerse, en una hostilidad hacia la OTAN, pero basta que haya una pequeña diferencia para que la OTAN quiera negarse a aportar sus medios a las potencias europeas. 
Con toda certeza un acuerdo permanente sobre la utilización de los medios de la OTAN por parte de las potencias europeas sería un avance; pero todos conocemos que la propia OTAN se enfrenta a problemas graves que deseamos que pueda superar. 
Hemos oído a uno de nuestros Sres. colegas decir que los griegos también deberán aceptar ciertas cosas. 
No sé el qué. 
La cuestión de la independencia de la política europea de defensa no es un problema local griego. 
Sería ridículo imaginar una cosa así. 
Es una cuestión mucho mayor, tiene que ver con la credibilidad de dicha política y todos debemos reivindicarla. 
. Señor Presidente, enlazo con las últimas palabras del diputado y profesor Medina Ortega. 
En efecto, confieso sinceramente que me ha sorprendido el grado de apoyo, que no había tenido probablemente ninguno de mis colegas de Defensa ocasión de constatar, de este Parlamento Europeo, con todos los matices lógicos de su legítima pluralidad, a la política europea de seguridad y defensa y las muchas posibilidades y matices que se abren en todas y en cada una de las intervenciones, que agradezco y he anotado concienzudamente. 
Creo que tiene razón la Sra. Lalumière cuando dice que podemos prever después de esta sesión, y tras las encuestas que nos ha recordado- que coinciden básicamente con las que se tienen en mi país -, un buen futuro para la política europea de seguridad y defensa. 
Me gustaría agrupar mis respuestas en función de las consideraciones de futuro inmediato y las de un futuro que deseo próximo pero que quizás sea más remoto. 
Me ha interesado enormemente el planteamiento del comisario Patten sobre los temas presupuestarios y también la respuesta que le ha dado, entre otros, el Sr. Souchet. 
Ojalá se pudieran escuchar tales cosas todos los días y en todos los parlamentos. 
Los ministros de Defensa de los Estados miembros sólo podemos agradecer cualquier avance en el Parlamento Europeo y desear que cunda el ejemplo. 
Quiero tomar hilo argumental de las palabras del Sr. von Wogau cuando ha hablado de aprovechar las sinergias. 
No se trata, Señorías, tan sólo de ir construyendo un presupuesto adicional en el seno de la Unión. 
Se trata también de hacer un esfuerzo para poner en común nuestras políticas de armamento, porque, en efecto, si ponemos en común los requerimientos, los programas, la gestión a través de una agencia europea que coordine la comercialización y, por supuesto, la financiación, estaremos ahorrando dinero. 
No es sólo que estemos aumentando nuestra eficacia, como es nuestra obligación. 
Estaremos ahorrando dinero. 
Es, lo confieso, absolutamente insalvable la laguna que produce el 14% del incremento norteamericano que se ha mencionado, pero sí son salvables y deben serlo todas esas diferencias entre nuestros programas, que tenemos que poner en común. 
Por cierto, Señorías, ello no perjudica a las PYME, porque todos los países tenemos ejemplos de cómo las pequeñas y medianas empresas pueden acoplar su producción a los grandes programas y representar una cuota de participación que se produzca a través de los grandes consorcios europeos, que sin ninguna duda son inevitablemente, y quizás con un entendimiento transatlántico, el futuro de las empresas. 
Pero en este punto yo no puedo introducirme ni profundizar. 
Al Sr. Marset quisiera tranquilizarle respecto del Derecho. 
Nuestra Unión, por no emplear otros términos, está basada en el Derecho. 
Obviamente, esa ha sido la inquietud de la Presidencia a la hora de convocar la reunión de Salamanca. 
Creemos muy necesario, y no menos urgente, el que vayamos haciendo entre todos- y desde luego, con la colaboración absolutamente inexcusable de este Parlamento- ese derecho de las misiones Petersberg, que pueda ser aplicado desde el primer momento en que puedan desarrollarse. 
Se preguntan sus Señorías por las relaciones con la OTAN. 
Ponía en cuestión el propio Sr. Marset el principio de subsidiariedad, que luego acaba de ratificar el Sr. Katiforis. 
Es verdad, la OTAN es, hoy por hoy, absolutamente insustituible como instrumento de defensa colectiva. 
Sería, Señorías, imposible incluso hablar entre nosotros ni siquiera de un ejército europeo, de momento. 
Estoy seguro de que, al igual que hasta aquí ha habido coincidencias, podría haber serias discrepancias. 
La defensa colectiva hoy la tiene atribuida y asumida la Organización Atlántica a través del Tratado de Washington. 
Nosotros- como ha comentado el Sr. Duff en su intervención- tenemos una visión complementaria de la Alianza Atlántica, lo cual no impide- antes al contrario- el que tengamos que avanzar en esa política europea de seguridad y defensa ampliando misiones, integración, política de armamentos e instituciones. 
Me pregunta la Sra. Lalumière qué cambios se están produciendo en la OTAN tras el 11 de septiembre. 
Necesariamente tengo que ser muy sumario: en primer lugar, están produciéndose las reuniones permanentes con Rusia, que eran impensables antes del 11 de septiembre. 
Tengo que ratificar aquí que sin la colaboración de Rusia las operaciones desarrolladas por la coalición internacional en Afganistán habrían sido imposibles y no habrían tenido el resultado que algunos dicen que han alcanzado en dos meses, aunque todavía no estén cerradas. 
Rusia está en un momento tan espléndido de relación con la Alianza Atlántica que sería una locura no aprovechar esta oportunidad para establecer mecanismos estables con las reformas institucionales que sean necesarias. 
Sobre la ampliación de la Alianza, creo que el 11 de septiembre nos deja a todos la sensación- que desde luego tienen la Presidencia y el Gobierno de España- de que la ampliación debiera orientarse hacia la comunidad ideológica más que hacia el estricto cumplimiento de requerimientos militares, porque hemos descubierto que aquellos valores que defendemos en común y que suponen exactamente los que sustentan la Unión Europea no están universalmente aceptados, están en juego. 
Por tanto, tenemos que ser especialmente sensibles a aquellos países que han advenido a la democracia y a la defensa de esos valores y que quieren contribuir a su defensa común. 
Señalaba el Sr. Patten en primer lugar- y más tarde muchas de sus Señorías- el carácter interpilar que debería tener la consideración de la política de seguridad y defensa. 
Sin ninguna duda, quiero recordar al Parlamento- no lo hice antes- que ese carácter lo tiene ya el centro de satélites de Torrejón, que se ha incorporado dentro del acervo de la Unión Europea Occidental, que de la misma manera debiera tenerlo el Instituto de Estudios de Seguridad de París también derivado de la Unión Europea Occidental y que, por cierto, está en este momento realizando- por impulso en primer lugar de la Presidencia belga y ahora de la Presidencia española- un estudio sobre un Libro Blanco europeo de la Defensa. 
Este Libro Blanco puede ser de gran interés, porque hasta ahora creo que todos coincidimos en la misma meta pero tenemos distinta visión en cuanto a la comprensión de cuál ha de ser el objetivo de la política europea de seguridad y defensa. 
Hablaban de la reforma institucional que se está desarrollando con el estudio del CoPS y del Alto Representante. 
Eso me lleva a terminar, señor Presidente, contestando a las preguntas del Sr. Salafranca sobre cuáles son las visiones que pueda, modestamente, tener sobre el futuro próximo de la política europea de seguridad y defensa con consideraciones breves, estrictamente personales: en primer lugar, en la Convención se ha de replantear la estructura institucional de este pilar, teniendo en cuenta su consideración interpilar. 
Por tanto, habrá que volver a pensar los órganos que han pasado rápidamente de transitorios a permanentes, pero habrá que volver a pensarlos. 
En segundo lugar, las misiones. 
Sin ninguna duda, hay que ampliar las misiones. 
De hecho, la Declaración de Sevilla que preparamos sobre el problema del terrorismo de ataque exterior exclusivamente ya sería una ampliación de las misiones Petersberg de Helsinki. 
Ya tenemos en marcha en algunos países Eurofor, Euromarfor y algunas otras cooperaciones en materia anfibia. 
Y habrá en fin- ¿por qué no? -que pensar en algunos criterios de convergencia, en los que- sin que yo sea nadie para señalar cuáles- habría que primar, desde luego, la calidad sobre la cantidad y la concurrencia en determinados requisitos. 
. 
(EN) Señor Presidente, el Sr. Titley ha pedido a la Comisión que responda a una pregunta muy concreta sobre las decisiones del Tribunal de Justicia relativas a la aplicación del artículo 296 del Tratado. 
La Comisión ha utilizado esta jurisprudencia para mejorar su reglamento sobre el control de las exportaciones de mercancías y tecnología de doble uso. 
Más recientemente, y como he mencionado en mi intervención, la Comisión se ha enfrentado a 12 Estados miembros por la aplicación indebida del artículo 296 relativo a los aranceles sobre las importaciones de armas, lo que impide que se aplique un arancel común. 
La Comisión mantendrá esta línea de actuación. 
Quiero dar las gracias al Parlamento por lo que ha sido un debate muy interesante; es muy importante que mantengamos nuestros esfuerzos por fomentar una industria y una capacidad de defensa fuertes en Europa. 
Será muy breve, señor Presidente, no me han contestado a mis preguntas relativas a las armas y municiones de uranio empobrecido. 
¿Podría tener confirmación por el Presidente del Consejo de lo que no está en condiciones de contestarme? 
Creo que el Sr. Ministro está dispuesto a responder a su pregunta. 
Lo que no puedo decirle es si podrá facilitarle una respuesta. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Gracias por su intervención y también por ofrecerse a volver al Parlamento para informarnos; ocasión que, estoy seguro, el Parlamento no querrá perderse. 
. Señor Presidente, Señorías, este Parlamento ha solicitado con una cierta premura, justificada por el dramatismo y la rapidez de los acontecimientos, la comparecencia de la Presidencia para exponer los puntos de vista de la Unión Europea sobre la crisis de Oriente Próximo. 
Hacerlo hoy aquí, al lado del Alto Representante, Sr. Solana, y también del Comisario Patten, creo que es una buena muestra de la cohesión interna que existe entre todos nosotros. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para manifestar el apoyo sin reservas que la Presidencia da al Alto Representante y también a la Comisión y la excelente colaboración y cohesión que existe entre todos para hacer frente a esta crisis. 
Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en calificar de crítica la situación de Oriente Próximo. 
Los territorios palestinos se encuentran al borde una catástrofe humanitaria. 
La Autoridad Palestina se enfrenta a la incertidumbre de su futuro y la estabilidad y la seguridad en la región están claramente en peligro. 
Todos los intentos de desactivar la crisis han resultado fallidos hasta el momento y no han evitado que durante las últimas semanas la violencia haya seguido aumentando. 
Una espiral de violencia generada por brutales atentados terroristas de suicidas palestinos y por represalias consiguientes israelíes, que está llevando cada día a mayor sufrimiento a ambos pueblos. 
Una vez más hay que reiterar que el conflicto al que nos enfrentamos no se solucionará hasta que los palestinos sean libres de la ocupación de 1967 y los israelíes se sientan en paz y en seguridad; hasta que los israelíes y palestinos puedan vivir en dos Estados, con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. 
Y, una vez más, también es necesario insistir en que no hay solución militar para este conflicto y en que la paz y la seguridad sólo podrán lograrse por medio de negociaciones. 
La comunidad internacional y más específicamente la Unión Europea tienen una responsabilidad y un papel de los que no cabe inhibirse. 
Es asimismo necesario que cualquier intervención o iniciativa sea rigurosamente coordinada, especialmente entre las Naciones Unidas, la Unión Europea y las principales potencias implicadas. 
La Presidencia de la Unión, a lo largo de estas últimas semanas, no ha permanecido inactiva. 
En la Declaración de Barcelona del pasado 16 de marzo la Unión Europea insistió en la necesidad de abordar todos los aspectos, tanto de seguridad como políticos y económicos. 
La Declaración reiteraba también las bases para una solución del conflicto, esto es, las Resoluciones 242, 338 y 1397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los principios de las Conferencias de Madrid, Oslo y acuerdos posteriores que permitirían a los dos Estados, Israel y Palestina, vivir en paz y en seguridad. 
El objetivo- como dije antes- es doble: la creación de un Estado palestino democrático, viable e independiente, poniendo término a la ocupación de 1967, y la garantía para Israel del derecho de vivir dentro de fronteras seguras, garantizadas por el compromiso de la comunidad internacional y, en particular, de los países árabes. 
La última fase de la presente crisis coincidió prácticamente en el tiempo con el fin de la Cumbre de la Liga Árabe en Beirut. 
La Presidencia de la Unión, representada por el Presidente del Gobierno español, acudió a dicha Cumbre para testimoniar el interés de la Unión Europea en todo el proceso y con objeto de apoyar la iniciativa saudí, que habría significado la posibilidad de una normalización de las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, a cambio de la retirada israelí a las líneas de 1967, y una solución justa del problema de los refugiados, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. 
Era la primera vez que un representante de la Unión Europea acudía, al máximo nivel, a una Cumbre de la Liga Árabe. 
La Unión Europea ha hecho esfuerzos incesantes para conseguir un alto el fuego inmediato, retirada de las tropas israelíes de las ciudades palestinas, restablecimiento de la libertad total de movimientos del Presidente Arafat, cumplimiento de la legalidad internacional y la vuelta a las negociaciones políticas. 
Asimismo, hemos condenado inequívocamente los actos terroristas, como el atentado de Netanya, y hemos hecho llamamientos a Arafat instándole a tomar todas las medidas necesarias para evitarlos. 
El derecho de Israel a luchar contra el terrorismo no puede limitar la eficacia operativa del Presidente Arafat como legítimo representante del pueblo palestino y de la Autoridad Nacional Palestina. 
La Unión exige que se ponga término a los ataques contra el cuartel general de la ANP en Ramala y la retirada inmediata del ejército de Israel de la ciudad. 
La Resolución de la Cumbre de la Liga Árabe de Beirut constituye una base sólida para avanzar hacia una perspectiva política para una solución justa y global en la región y para la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe. 
Los contactos diplomáticos de la Presidencia a todos los niveles políticos con el resto de las capitales europeas, con todos los países árabes de la región, así como con los Estados Unidos y con Rusia, intentan imponer la coordinación necesaria entre todos los actores internacionales para detener el conflicto e iniciar la solución de la crisis. 
Recientemente, y dada la gravedad de la situación, la Presidencia de la Unión convocó al embajador de Israel para transmitirle cuatro puntos: primero, no hay solución militar al conflicto; segundo, las tropas de Israel han de retirarse de las ciudades palestinas tal y como se establece en la Resolución 1402, que debe ser inmediatamente aplicada, y el asedio al Presidente Arafat debe terminar; tercero, Israel debe permitir a los enviados especiales llevar a cabo su misión diplomática y tener acceso libre al Presidente Arafat; cuarto, Israel debe garantizar el libre acceso de los representantes diplomáticos y consulares de la Unión Europea a sus nacionales, así como que se les garantice el cumplimiento normal de sus tareas diplomáticas y consulares. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, España convocó el día 3 de abril un Consejo extraordinario de Asuntos Generales de la Unión Europea, que se celebró en Luxemburgo, con un triple objetivo: coordinar las actuaciones de los Estados miembros de la Unión, expresar la preocupación de la Presidencia de la Unión por los acontecimientos y su voluntad de no permanecer pasiva en una situación intolerable, ejercer todo el peso político de la Unión Europea en una acción destinada a desbloquear la situación actual. 
Como consecuencia de esta reunión, como ustedes saben, se decidió enviar a la Presidencia y al Alto Representante, Sr. Solana, a la zona con el objetivo de entrevistarse con las partes al máximo nivel, para exigirles un cese del fuego inmediato, la aplicación de las resoluciones 1397 y 1402 de las Naciones Unidas y una vuelta a las negociaciones sobre un acuerdo político. 
La oposición del Primer Ministro de Israel a que la delegación europea mantuviera un encuentro con el Presidente Arafat ha limitado desgraciadamente el alcance de la misión, de cuya necesidad inaplazable la Presidencia estaba y permanece convencida, como lo está también del hecho de que el discurso del Presidente Bush del pasado jueves constituye un intento nuevo de resituar los términos del conflicto y de buscarle una solución a corto plazo. 
La Unión Europea considera que los pasos ulteriores deben estar dirigidos a conseguir los siguientes objetivos: aplicación total e inmediata de la Resolución 1402 del Consejo de Seguridad; urgente necesidad de un verdadero alto el fuego y de la retirada del ejército de Israel de las ciudades palestinas, incluyendo el cuartel general de la Autoridad Palestina en Ramala, garantizando la integridad al Presidente Arafat y su total libertad de movimientos; los esfuerzos diplomáticos de los enviados especiales en Oriente Medio no pueden verse obstaculizados y en particular debe garantizarse su libre acceso al Presidente Arafat; la necesidad de que el derecho legítimo de Israel a luchar contra el terrorismo se ejerza en el marco de la legalidad internacional y en particular del Derecho internacional humanitario; la Autoridad Palestina, cuya operatividad debe ser garantizada, debe realizar todos los esfuerzos necesarios para impedir actividades terroristas; la grave situación humanitaria en los territorios exige que las instituciones y el personal médico y humanitario puedan ejercer libremente su acción. 
Quiero por último resaltar- como ya lo ha hecho antes que yo el Alto Representante- que mañana el Ministro de Asuntos Exteriores de España, Sr. Piqué, como Presidente de la Unión Europea, y el Alto Representante, Sr. Solana, van a reunirse en Madrid con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. Powell, el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sr. Ivanov, y el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, para analizar la situación y buscar soluciones a esta crisis, en un esfuerzo más de la Presidencia española para coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional en ese sentido. 
. 
(EN) Señor Presidente, para comenzar, quisiera decir que respaldo firmemente lo que han dicho el Alto Representante y la Presidencia del Consejo. 
¿Cómo se ha llegado a esta situación? 
Hace casi diez años, Israel y los palestinos sentaron las bases para alcanzar una solución pacífica del conflicto árabe-israelí al reconocer el derecho del otro a existir y con la celebración del Acuerdo de Oslo, que contribuyó a la creación de una estructura gubernamental palestina por primera vez en la historia. 
Asimismo ayudó a Israel a mejorar su situación diplomática y económica en la comunidad internacional. 
El Acuerdo de Oslo ofrecía además un plazo preciso, al final del cual, en 1999, deberíamos haber asistido a la conclusión del acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. 
Lamentablemente, no se ha cumplido la promesa de Oslo, en parte, debido a los hechos acaecidos en la parte israelí, como la rápida expansión de los asentamientos y la no ejecución de la retirada acordada de zonas de Cisjordania y, en parte, debido a la violencia palestina perpetrada por fuerzas extremistas con la clara intención de sabotear el acuerdo de paz palestino-israelí. 
Más tarde, la reunión en Camp David en el verano de 2000 y los esfuerzos exhaustivos por llegar a una solución negociada en Taba en enero de 2001 también fracasaron en el intento de conseguir una paz duradera. 
Desde entonces hemos asistido a una destrucción y a un sufrimiento atroces. 
Israel- un Estado democrático que se enorgullece acertadamente de su democracia, su Estado de derecho y sus principios humanitarios y que, innegablemente, se siente amenazado por los atentados suicidas- se ha comportado, me temo, de una manera que contradice mucho los principios que defiende. 
Los atentados suicidas son totalmente inadmisibles; son actos horribles de terrorismo- y digo esto sin reservas. 
Son injustos en todo momento y en todo lugar. 
Siempre injustos e injustos en todas partes. 
(Aplausos) 
Debo reconocer mi deseo de que los dirigentes islamistas condenen con mayor firmeza dichos atentados. 
Es más, deseo que tan siquiera los condenen... 
(Aplausos) 
... y deseo que se comprometan a esforzarse más activamente para impedir que jóvenes lleven a cabo esas acciones extremas. 
Ninguna circunstancia, repito, justifica dichos atentados. 
Me solidarizo con todas esas familias israelíes que han perdido a sus seres queridos en estos atentados, del mismo modo que sufro por todas las familias palestinas que han perdido a miembros de su familia. 
Es evidente que no existe ninguna solución fácil. 
En mi opinión, el único medio de acabar definitivamente con la oleada de atentados suicidas es atajar de raíz los problemas y encontrar una paz justa y duradera. 
De lo contrario, no habrá garantías de que cese la violencia. 
Es la única alternativa, como han señalado algunas personas valientes, como el portavoz de la Knesset, Avraham Burg, a quien todos recordamos hablando desde esta tribuna hace un año aproximadamente. 
Él se ha declarado abiertamente en contra de entrar en lo que él describe "este loco círculo de violencia". 
(Aplausos) 
La actual respuesta israelí de bloquear a toda la población, retener los ingresos fiscales, las ejecuciones extrajudiciales, la destrucción de la infraestructura, la destrucción del territorio árabe no es en absoluto la solución. 
Este tipo de actuación parece perseguir no sólo la eliminación del terrorismo, sino también la eliminación de la Autoridad Palestina y de los logros de los Acuerdos de Oslo. 
(Aplausos) 
Permítanme ofrecer al Parlamento las últimas informaciones que he recibido, que aunque no puedo responder por ellas, en mi opinión, son probablemente ciertas. 
Acabamos de escuchar que las fuerzas israelíes han asaltado el Ministerio de Industria, han asaltado el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Asuntos Civiles. 
Han destrozado ordenadores, han destrozado archivos, han destrozado la infraestructura administrativa. 
Las previsiones apuntan a que también asaltarán el Ministerio de Economía esta noche, y que presumiblemente harán exactamente igual. 
Me pregunto qué puede tener esto que ver con frenar los atentados suicidas. 
(Vivos aplausos) 
Es una ofensiva deliberada dirigida a la infraestructura del Gobierno de Palestina. 
Es un intento deliberado de destruir las legítimas ambiciones políticas de los palestinos de vivir en un Estado viable en su propio país. 
La Unión Europea ha dejado claro que seguirá apoyando a la Autoridad Palestina, que seguirá apoyando al Presidente elegido porque, como el Alto Representante ha dicho, son necesarias estructuras organizadas para gestionar los territorios palestinos y también para representar al pueblo palestino en las conversaciones de paz y en el panorama internacional. 
Como ya he dicho aquí antes, y como han dicho otros, ¿qué alternativa puede existir a la Autoridad Palestina? 
La alternativa a la Autoridad Palestina es la anarquía palestina. 
¿Es eso lo que realmente quieren los dirigentes israelíes? 
(Aplausos) 
En semejantes circunstancias, nosotros, los europeos, consternados por el deterioro diario de la situación, consternados por la violencia horrible, debemos preguntarnos qué podemos hacer. 
Podemos, en su momento, proporcionar un mínimo de asistencia humanitaria siempre y cuando la situación lo permita. 
En este contexto, deberemos implorar a Israel que respete el Derecho internacional en materia de derechos humanos, en particular, el Cuarto Convenio de Ginebra. 
Debemos instar a Israel a que desista de negar los servicios médicos a los necesitados, a que ponga fin al bombardeo indiscriminado de los campos de refugiados, al trato vejatorio de los prisioneros y a la destrucción sin sentido de la propiedad pública y privada. 
Lo único que conseguirá con todo esto es dejar un legado de amargura y echar por tierra la reputación internacional de Israel. 
Evidentemente debemos apoyar iniciativas como la misión propuesta por la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, para examinar la situación de los derechos humanos y recomendar cualquier acción adecuada que sea necesaria para proteger los derechos humanos de conformidad con las normas internacionales. 
No hay ninguna duda de que antes o después, Israel deberá justificar, como democracia que se jacta de sus tradiciones pluralistas, su comportamiento ante el tribunal de la opinión mundial. 
Apoyamos la petición de la comunidad internacional a Israel de poner fin a su ofensiva militar en Cisjordania y que lo haga ahora. 
Apoyamos la iniciativa saudí, que tuvo como consecuencia la histórica decisión de la Cumbre Árabe a finales de marzo. 
Apoyamos asimismo las últimas resoluciones de las Naciones Unidas y hemos expresado nuestra conformidad con la declaración del Presidente Bush que insta a Israel a poner fin sin demora a su ofensiva militar. 
No obstante, Israel no parece prestar oídos a ningún consejo procedente del exterior. 
Debería preocuparle el daño que su actual política está causando a su reputación internacional. 
Aparte del hecho de que una política basada en la represión y la fuerza, como el Alto Representante ha dicho, no conseguirá el objetivo de garantizar a la población israelí una seguridad duradera. 
Lo único que conseguirá será dar un nuevo impulso maligno al culto de la violencia y de la muerte. 
El Consejo de Asuntos Generales de la semana próxima querrá estudiar la gravedad de la situación y tratar sobre cómo podemos transmitir con la mayor eficacia posible nuestra preocupación a Israel. 
Queremos mantener abiertos los canales de diálogo con Israel. 
Esto es, sin duda, lo que el Presidente Prodi tenía en mente. 
No obstante, Israel debe demostrar por una vez que escucha, que respeta las normas internacionales de comportamiento que todos nos hemos comprometido a respetar y que explorará todas las vías para llegar a la paz y que dejará de aferrarse a su enfoque militar. 
La práctica totalidad del mundo está unida en sus llamamientos a Israel para que se retire del territorio palestino y en el llamamiento de que vuelva a la mesa de negociaciones. 
Es la única manera de encontrar la paz honorable y duradera que tanto desea la población de la región y todo el mundo. 
A menos que sigamos por ese camino, la única alternativa será más sufrimiento, más destrucción y más muerte. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Señor Presidente, distinguidos representantes del Consejo y de la Comisión, mi Grupo, PPE-DE, quiere promover enérgicamente un futuro para dos naciones independientes, Israel y Palestina, en cuyo marco estas dos naciones puedan vivir en paz y colaborar mutuamente. 
Éste tiene que ser el objetivo de todos nosotros y debe ser alcanzado pronto. 
En la abominable situación actual, nosotros condenamos todos los atentados terroristas contra Israel. 
Toda región que se autodenomine como independiente debe ser capaz de impedir la filtración por sus fronteras de delincuentes y terroristas que amenacen a los países vecinos. 
La Autoridad Palestina no ha demostrado ser capaz de hacerlo, pero, no obstante, el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército, que destruye objetivos civiles en la zona palestina, es condenable y no puede ser justificado, ni siquiera alegando que se trata de una guerra contra el terrorismo. 
Asimismo, hay que finalizar el confinamiento de los dirigentes palestinos y, sobre todo, el de Yasser Arafat. 
Las fuerzas israelíes tampoco pueden impedir que los palestinos heridos o lesionados acudan a los servicios sanitarios. 
La Cruz Roja ha informado reiteradamente que eso es lo que hacen las tropas de Israel. 
Si los elementos extremistas de Palestina creen que pueden hacer naufragar a los israelíes con sus demenciales atentados terroristas suicidas, están muy equivocados. 
Si en Israel existe la creencia de que sólo a través del poder de su ejército puede garantizarse el futuro de su país, entonces, visto a largo plazo, están cometiendo un gravísimo error. 
Únicamente la cooperación pacífica puede garantizar la existencia y el bienestar de ambos países. 
Como dijo el Comisario, Sr. Patten, el pasado mes de feberero en este Hemiciclo: ¿Cuántas personas deberán morir todavía antes de que la voz de los moderados, que aún existen tanto en la zona palestina como en Israel, llegue a oídos de esos otros colectivos? 
En ese mismo debate, el Sr. Hans-Gert Poettering señaló: Es excepcionalmente importante para el futuro de los europeos conseguir la paz en Oriente Próximo y que los propios europeos lleguemos a trabajar en armonía y en paz con todos los países del Mediterráneo. 
Esto es así, en efecto; pero los mandatarios de Israel y Palestina saben que también ellos necesitan a Europa. 
Somos el socio comercial más importante de Israel y, con creces, el mayor sufragador de los palestinos. 
En caso de que no veamos ningún signo de entendimiento o de voluntad de paz en la zona, podremos cambiar nuestra política. 
Tenemos la posibilidad de suspender el acuerdo de asociación con Israel, y tampoco estamos dispuestos a financiar actividades de las que se pueda sospechar con fundamento que sirven para generar y aprobar el terror continuado contra Israel. 
Las noticias de esta mañana sobre la retirada parcial de Israel son alentadoras, pero no dejan de ser excesivamente parciales. 
Y lo que acaba de contar ahora el Comisario, Sr. Patten, hace que todos los acontecimientos de esta mañana sean bastante contradictorios. 
Nosotros exigimos el estricto cumplimiento de la Resolución 1402 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Es de desear que el Secretario de Estado, Sr. Colin Powell, actúe ahora de forma rápida y decidida para conseguir el alto el fuego por ambas partes y la retirada total de Israel, todo ello, por supuesto, con el sólido y benéfico apoyo del Consejo. 
Hay que dejar de matar inmediatamente. 
En el futuro más inmediato posible, Israel, los palestinos, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y los países moderados de Oriente Próximo que quieran ver la paz en su región deberán sentarse alrededor de la misma mesa y encontrar un camino hacia la paz en toda la zona. 
Señor Presidente, señor Alto Representante de la PESC, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, esta es una hora grave en la que tenemos que trabajar juntos para conseguir romper un círculo infernal de violencia que genera violencia, consiguiendo un alto el fuego que cree una ventana de oportunidad y que abra paso a negociaciones para lograr la coexistencia de dos Estados en el Oriente Próximo. 
Los europeos, por razones históricas, políticas, culturales y hasta religiosas tenemos una enorme responsabilidad de la que no podemos sustraernos. 
En primer lugar, a través del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común dirigido a la Cumbre de Madrid mañana. 
Pedimos que la Presidencia del Consejo, conjuntamente con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Secretario de Estado de los Estados Unidos y con el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia expresen con una sola voz la necesidad del alto el fuego y la disposición conjunta de enviar una fuerza internacional de interposición y observación para favorecerlo. 
Israel fue un Estado que nació por decisión de las Naciones Unidas, un David que expresa un compromiso político y moral mundial y ese David tiene que escucharnos aplicando las reiteradas declaraciones del Consejo de Seguridad. 
El segundo mensaje que se debe enviar es al Gobierno Sharon, que debe cortar en seco con su línea de convertir a David en Goliat acabando con su declaración unilateral de guerra total como respuesta a los atentados suicidas contra la población civil perpetrados por algunos elementos palestinos. 
La solución no está en la escalada de operaciones destinadas a eliminar a la Autoridad Palestina y a su Presidente elegido, Yaser Arafat, cuyo secuestro debe acabar de inmediato, ni en las flagrantes violaciones del Derecho internacional humanitario y la ley de la guerra en los territorios ocupados. 
Y el tercer mensaje es un mensaje de apoyo a la Autoridad Palestina para que pueda desempeñar su papel en la lucha antiterrorista, para lo cual debe disponer de medios que no se deben destruir- y hay que recordar que nosotros, como Unión Europea, hemos contribuido activamente a estos medios- y pueda actuar en el futuro como núcleo del Estado palestino. 
A la vez, queremos expresar también nuestra preocupación por los riesgos de extensión y polarización que se están produciendo en el mundo. 
Así como condenamos los atentados contra símbolos e instituciones judías en Europa, también nos preocupa la creciente tensión, no sólo en los países árabes sino en el resto del mundo. 
Estamos unidos con ambas partes a través de acuerdos y tratados de asociación que suponen lazos recíprocos de amistad y cooperación. 
En este marco, queremos expresar nuestra reprobación ante el rechazo, por parte del Gobierno israelí, a aceptar la mediación de la misión enviada por la Unión Europea el día 4 de abril y consideramos que, en estas condiciones, se debe suspender el acuerdo de asociación en los términos del artículo 2 del mismo hasta que tengamos un signo claro e inequívoco del Gobierno de Israel de su voluntad de superar esta crisis. 
Asimismo, apoyamos y defendemos el embargo de armas a ambas partes por parte de la Unión Europea y yo anuncio que pediré a mi Grupo en la resolución transnacional de compromiso que hemos negociado- aunque nosotros vamos más allá- que vote a favor del apartado 8 de esa resolución de compromiso. 
Por último, señor Presidente, pese a todo, queremos manifestar de nuevo nuestra convicción de que, a pesar de la gravedad del momento actual, la paz es posible. 
Como ustedes saben, tenemos una larga y fructífera relación histórica con nuestros compañeros laboristas israelíes. 
Hemos criticado públicamente su participación en este Gobierno, pero queremos seguir dialogando. 
Ayer mismo me llamó Simon Peres, una personalidad querida y respetada en esta Cámara, y hemos concertado un próximo debate con el Partido Laborista en nuestro Grupo. 
Les animo a todos a que no cejemos en este empeño y a que utilicemos todas las posibilidades de diálogo que podamos tener con nuestros interlocutores y amigos israelíes y palestinos para expresarles que no estamos condenados a la violencia sin fin. 
Nuestra propia historia lo demuestra y lo que tenemos que hacer es apoyar la acción internacional coordinada en el marco de las Naciones Unidas, aprovechando las propuestas de la Liga Árabe para que Madrid vuelva a ser un rayo de esperanza. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, esta semana debatimos sobre conflictos militares en dos lugares: Chechenia y Palestina. 
Ambos se han recrudecido desde que el mundo occidental le declaró la guerra al terrorismo. 
Parecería que el poder dominante en cada conflicto se ha aprovechado de la causa antiterrorista para mejorar su posición estratégica. 
Las repercusiones sobre las vidas de las personas atrapadas en el fuego cruzado, literal y metafóricamente, han sido devastadoras. 
Por razones históricas, humanitarias y de seguridad, tenemos el deber de intervenir para impedir los enfrentamientos. 
Hasta el momento, la diplomacia ha fracasado, tanto si está patrocinada por las Naciones Unidas, los Estados Unidos de América, la Unión Europea o los Estados vecinos. 
Probablemente, el plan de paz saudí es el que actualmente ofrece los indicios más prometedores de paz. 
Las partes enfrentadas ofrecen por sí mismas escasas esperanzas de llegar a una solución. 
Ni el Sr. Sharon ni el Sr. Arafat pueden garantizar la paz, y es prácticamente igual de cierto que ninguno de ellos puede imponerla. 
La trayectoria de vinculación con el terrorismo del Sr. Arafat y su aquiescencia continuada a abominables atentados terroristas palestinos son, al menos en parte, achacables a la actual situación. 
El mejor modo de avanzar, en opinión de los Liberales Demócratas de esta Asamblea, es imponer, con carácter inmediato, el embargo de exportaciones de armas a Israel y Palestina, y persuadir a las Naciones Unidas de la conveniencia de crear una misión internacional para enviar tropas a la región que vigilen la paz. 
Sólo entonces sería posible aislar a los extremistas y reunir a los moderados con ayuda de un moderador sincero en un proceso político en el que los argumentos de la fuerza den paso a la fuerza de los argumentos. 
La temeraria aventura militar, por un lado, y la aceptación cínica del terrorismo, por otro, sólo sirven para agravar el derramamiento de sangre y el sufrimiento y acrecentar el odio mutuo, lo que retrasará y dificultará aún más la posibilidad de alcanzar una paz duradera. 
Las recientes ofensivas militares israelíes en territorio palestino han sido tan chocantes como contraproducentes. 
Occidente cuenta con palancas de presión. 
Usted, señor Solana, debe utilizarlas. 
Debería convocar una reunión urgente del Consejo de Asociación UE-Israel. 
El orden del día debería incluir la negativa de Israel a permitir que nuestros representantes se reúnan con el Sr. Arafat; debería incluir la destrucción sin sentido de infraestructura financiada por la UE y la violación de las disposiciones sobre derechos humanos recogidas en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación. 
Usted podría tratar con Colin Powell mañana sobre la amenaza de suspender los 3.000 millones de USD de ayuda anual a Israel. 
Deberían enviarse observadores de los derechos humanos para que documenten la difícil situación de ciudadanos palestinos inocentes, que ven sus vidas perturbadas a diario, que sufren hostigamientos aleatorios, humillación gratuita y, en algunos casos, tortura y muerte. 
La comunidad internacional no tiene ninguna duda acerca de dónde deben trazarse las fronteras para garantizar la coexistencia en dos Estados de seis millones de israelíes y unos 4 millones de ciudadanos palestinos. 
No podemos permanecer impasibles mientras Israel desacata las resoluciones de las Naciones Unidas con una política agresiva de asentamientos y la negativa de buscar la paz. 
Cuando se hace caso omiso del Derecho internacional de una manera tan flagrante, es inevitable tanto derramamiento de sangre como hemos presenciado. 
Los responsables deberán ser llevados en su momento ante la justicia. 
El jueves de esta semana entrará en vigor el estatuto del Tribunal Penal Internacional. 
Desde Sabra y Chatila hace 20 años, hasta lo que está ocurriendo en Yenín esta misma tarde, el Sr. Sharon podría reflexionar sobre si desea encontrarse entre los primeros acusados. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, he regresado ayer de Palestina y, si me lo permiten, tomaré dos minutos para dar mi testimonio. 
No hay palabras para expresar el horror de la situación ni las atrocidades que vive el pueblo palestino oprimido en sus derechos más elementales. 
En Ramala, el hospital está cercado y el dispensario desbordado por el número de heridos graves. 
Todos los locales de auxilio médico están saqueados. 
Hay mujeres que mueren en el parto, y bebés también. 
Las ambulancias circulan bajo las ráfagas para sacar a los heridos y recoger a los muertos que no se pueden enterrar. 
Se abre una fosa común en el patio del hospital para amontonar en ella los cuerpos. 
A un niño no le da tiempo a cruzar la calle, una bala le paraliza la vida. 
A una mujer mayor no le ha tiempo a ir a llenar una cacerola de agua en el patio, una bala la alcanza y la fulmina en el acto. 
Un hombre enfermo, apoyado en su bastón, acude a tratar su diabetes, pero una bala lo mata en el primer escalón del dispensario. 
Cuando llegamos ante el cuartel general de Yasser Arafat, para llevar agua y víveres, un carro nos apunta con su cañón. 
Los soldados, en posición de tiro, nos obligan a retroceder. 
Ante las amenazas volvemos a irnos con nuestros víveres. 
Esos niños, esos viejos, esas mujeres, ¿son terroristas que ponen en peligro al Estado y al pueblo de Israel? 
En Belén también hay toque de queda. 
Es domingo, día de oración universal. 
Se oyen tiros sin cesar. 
Decidimos acompañar a algunos fieles a la iglesia. 
Abajo de la escalera, en la plaza de la Natividad, están estacionados los carros de combate que bloquean todos los accesos. 
Los soldados nos dan la orden de irnos inmediatamente, nos amenazan con disparar. 
Subimos una pequeña alameda cruzando escuelas e iglesias saqueadas. 
Franqueamos ruinas, coches destruidos, quemados, cascotes procedentes de casas destruidas, aceras hundidas. 
Las canalizaciones rotas dejan salir el agua que forma torrentes de suciedad. 
Las reservas de agua potable en los tejados se vacían; muy pronto los habitantes estarán sin agua como ya están sin electricidad. 
En la esquina de una casa nos vemos de nuevo rodeados por soldados que nos apuntan con sus metralletas. 
Es necesario saber que nuestra delegación de diputados ha entrado clandestinamente en esas ciudades, por caminos de tierra alejados, cruzando canteras y obras escondiéndose de las patrullas, de las patrullas de soldados. 
Al vernos, algunos jóvenes y otros menos jóvenes salen para hablarnos, para pedirnos que intervengamos urgentemente. 
Esperan mucho de Europa. Tienen todas sus esperanzas puestas en nosotros. 
Nos dicen que nunca abandonarán al que consideran su único representante legítimo, Yasser Arafat, a pesar de todos los reproches que se le están formulando. 
Nosotros, representantes democráticamente elegidos portadores de pañuelos blancos, nos escondemos como terroristas para llevar auxilio y protección a este pueblo víctima de prácticas terroristas. 
Sí, es la guerra, pero no una guerra de religión. 
No; una guerra colonial, una resistencia contra una ocupación militar, contra un Estado que en total impunidad sigue violando el derecho internacional y el derecho a la vida. 
Allí, en esa cuna de las culturas y las civilizaciones, los valores universales y la dignidad humana se ven escarnecidos: es la humanidad la que se hunde. 
No tenemos derecho a guardar silencio y no podremos decir mañana que no lo sabíamos. 
Hemos de asumir nuestras responsabilidades haciendo valer nuestro peso para detener inmediatamente esta masacre. 
Ustedes, Señorías, deben tener verdaderas propuestas para una solución política. 
Votar a favor de la suspensión de los acuerdos de asociación, pronunciar el embargo a las exportaciones de armas con destino a Israel, enviar urgentemente una fuerza de interposición para la protección del pueblo palestino, es comprometerse de forma concreta a favor de la paz y la seguridad de estos dos Estados. 
Es también comprometerse así a favor de la paz en el conjunto de los pueblos de Israel y Palestina, para el conjunto de la región y del mundo. 
Es reafirmar que el futuro y la prosperidad no pueden construirse despreciando el derecho y la justicia. 
Muchas gracias, Señorías, por contribuir ustedes también a la paz dando su apoyo a esta resolución. 
Señor Presidente, lloré ante un soldado israelí que nos impedía socorrer a un herido palestino. 
Lloré por Ahmed que, estirado en el suelo, nos llamaba moviendo la mano. 
Lloré, debo decirlo, por nuestra impotencia y por la mía. 
Lloré por la pérdida de humanidad del soldado israelí. 
Hablé con él: " No lloro por miedo a tu fusil, sino por ti que eres joven. 
Lloro por Hetty Hillesum que, incluso en el campo de concentración donde la habían encerrado, quería ser el corazón pensante del barracón. 
Lloro porque me impides socorrer a un hombre que se está muriendo y que- tú lo sabes- no estaba disparando. 
Lloro porque te he visto hacer caer al suelo y poner de rodillas con las manos contra la pared a los hombres de la policía palestina que no te habían disparado. 
Les has obligado a desnudarse y luego les has vendado los ojos y les has atado las manos. 
Todos ellos salían del portal de su casa que había sido derribado por la fuerza. 
Junto con ellos había un viejo que yo había visto durante años en Ramallah. 
Nos saludábamos siempre. 
"Mapsuta", le contestaba yo. 
Lloro porque, mientras el tanque bombardeaba la casa que nos habéis obligado a evacuar- hombres, mujeres y niños -, a través de la ventana de otra casa un joven nos pedía pan y cigarrillos. 
Lloro porque Mohammed Iska ' fi, médico, herido varias veces, cuando vio a un soldado israelí herido no dudó. 
Sin embargo, los tanques y tu fusil nos han prohibido el paso. 
El herido israelí fue evacuado; en la calzada quedó Ahmed que nos habéis quitado de las manos en cuanto conseguimos ponerlo sobre una rudimentaria camilla ". 
¿Dolorosa necesidad de la intervención militar para proteger el futuro del Estado israelí amenazado por el fenómeno de las bombas humanas que podrían destruirlo? 
Como muchos israelíes con los cuales desde hace años caminamos para buscar una paz justa que reconozca el derecho de ambos a su propio Estado, pienso que la única vía para salvar al Estado de Israel es poner fin a la ocupación militar israelí. 
El aumento de las colonias, la ocupación de las tierras, los toques de queda, los palestinos prisioneros en sus aldeas, las ejecuciones sumarias, las ambulancias bloqueadas, las mujeres que dan a luz en los puestos de control, la destrucción de la Autoridad Palestina no son errores o accidentes en el camino. 
Son prácticas políticas concretas, declaradas explícitamente por Sharon que, junto con los partidos de la coalición de su Gobierno, reivindica el traslado, es decir, la deportación de la población palestina no solo la de los territorios ocupados, sino también la de los ciudadanos árabes de Israel. 
La nueva ocupación del territorio y las destrucciones ponen de manifiesto la voluntad de anexión colonial. 
Hay que poner freno a la política de los kamikazes que lamentable y trágicamente ya no es sólo de Hamas o de la Yihad, organizaciones que, como mujer, considero no solo destructivas, sino también perjudiciales para mis derechos. 
No existe justificación moral ni política para estos actos. 
Entiendo el miedo de los israelíes, pero saco fuerzas de la organización de los familiares israelíes y palestinos que cuentan con víctimas y que juntos dicen: "La ocupación militar mata a todas y a todos". 
Saco fuerzas de Jamal Zakout, un palestino que lleva en el cuerpo las marcas de las torturas y dice: " No soporto que en Israel se produzcan ataques a civiles. 
Aunque los bombardeos matan a civiles, no se puede responder con la lógica del "diente por diente", no se puede pensar que, puesto que nuestros niños, nuestros jóvenes mueren cada día, también ellos deben morir. 
No podemos perder nuestra humanidad. 
El futuro del pueblo palestino no puede forjarse con la cultura de la muerte y de la venganza ". 
Es una doble tragedia. 
Ojalá todos pudiéramos estar allí, junto con aquellos palestinos y con aquellos israelíes que continúan creyendo que la mejor seguridad para cada pueblo, para cada individuo, está en el reconocimiento recíproco del derecho a existir y a vivir en su tierra en democracia y libertad. 
Shulamit Aloni, una mujer israelí, declara cada día: " Luché en el Hagganah para tener un Estado judío en Palestina y me encuentro con un Estado colonialista. 
No lo acepto, siento vergüenza de este ejército, de nuestros Gobiernos que, en nombre de la seguridad, destruyen vidas y todos nuestros valores humanos ". 
Quiero pedir disculpas a mi Grupo por haber agotado todo el tiempo de uso de la palabra para un testimonio tan personal, pero lleno de implicaciones políticas. 
Pedimos a la Unión Europea una posición firme y clara, coherente con la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos. 
Utilícense todos los instrumentos de que disponemos para imponer al Gobierno israelí la retirada de los territorios ocupados. 
Reconózcase al Estado de Palestina las fronteras de 1967. 
Apóyese la presencia inmediata de una fuerza internacional. 
Suspéndase el Acuerdo de Asociación con Israel, puesto que las violaciones del artículo 2 son un escándalo. No cabe hacer otro examen. 
La paz es indispensable para los palestinos, para los israelíes, para toda la región y también para nosotros. 
No se trata de tomar partido por uno u otro bando. 
Estoy a favor de la paz, estamos a favor de la paz; no hacen falta victorias ni de uno ni de otro bando. 
Sin embargo, hay que establecer las responsabilidades y debemos asumirlas hasta el fondo, porque todos nosotros, juntos, no queremos que sean la muerte, el dolor, el sufrimiento los que marquen el tiempo en Palestina y en Israel. 
El primero, naturalmente, es la emoción que embarga a esta Asamblea con el recuerdo o la mención de lo que ocurre en esa parte del mundo y eso nos concierne a todos. 
Al cortejo de atentados y asesinatos ha sucedido una situación de guerra ya que se trata exactamente de eso. La guerra con su secuela de violencia, de horrores de todo tipo. 
El segundo sentimiento, al escuchar al Alto Representante que ha hablado con gran honestidad e imparcialidad según ha dicho, y yo le devuelvo con gusto ese testimonio: lo que se impone también es un cierto sentimiento de desesperanza y es verdad que en este momento no se puede decir que la Unión Europea haya encontrado los medios necesarios para ejercer todo su peso en la búsqueda de una solución que permita detener esta situación. 
En tercer lugar, naturalmente eso no es sencillo, soy perfectamente consciente. 
Pero, es necesario recordar una serie de cosas y especialmente que la paz no ha podido conseguirse, y si no ha sido así se debe principalmente a que el acuerdo que proponía el Sr. Barak no se ha aceptado, y desde entonces la situación no ha hecho más que degradarse. 
Estoy convencido de que tampoco será la propuesta de los países árabes la que permita salir de esta situación. 
Únicamente un compromiso fuerte por parte de la comunidad internacional y el envío de una fuerza militar de interposición tiene alguna posibilidad de hacer que retroceda la desgracia y la situación actual. 
Hemos de estar muy vigilantes en la medida en que esta situación puede tener consecuencias en nuestros propios países en los que comienzan a verse enfrentamientos entre representantes de distintas comunidades. 
Asistimos también al incremento de un cierto racismo, del antisemitismo, algo que es inaceptable. 
Ésta es la razón por la cual, en lo que me concierne, daré todo mi apoyo a las propuestas que se hagan para enviar una fuerza de interposición y obtener los medios para poner fin a esta situación. 
En el pasado mes de diciembre el Consejo Europeo exigió a la Autoridad Palestina que desmantelara las redes terroristas de Hamas y Jihad Islámica, arrestara y procesara en su ámbito de jurisdicción a todas las personas sospechosas de estar implicadas en actividades terroristas y anunciara públicamente en lengua árabe el fin de la intifada. 
Cuatro meses más tarde, señor Presidente, debemos concluir que Arafat y los demás políticos palestinos no han cumplido de ninguna manera esta petición de los Estados miembros de la UE. 
Es más, cada vez hay más pruebas de que el Presidente de la Autoridad Palestina está involucrado directamente en los actos terroristas contra ciudadanos israelíes. 
¿Qué conclusiones saca la UE, como mayor donante de la Autoridad Palestina, de este comportamiento? 
¿No deberíamos considerar seriamente la posibilidad de imponer sanciones financieras? 
Es legítimo que el Gobierno Sharon, tras sufrir una larga sucesión de ataques suicidas palestinos extraordinariamente sangrientos, acabe tomándose la justicia por su mano eliminando a las redes terroristas palestinas. 
En este momento la diplomacia occidental está ejerciendo una enorme presión sobre Israel para que suspenda su actual operación militar. 
¿Pero qué garantías de seguridad pueden ofrecer la UE y sus Estados miembros a Israel? 
¿Puede Europa garantizar que el terror palestino contra los habitantes de Israel no volverá a recrudecerse en toda su violencia en cuanto se retiren las tropas israelíes? 
Insto a los europeos y también a los norteamericanos a que mañana, durante su reunión en España, tengan muy presente esta pesadilla, con la que tienen que vivir las víctimas potenciales, los ciudadanos israelíes. 
Por último, señor Presidente, debo subrayar que la escalada de violencia en Oriente Medio ha dado lugar a una serie de declaraciones francamente vergonzosas inspiradas por un flagrante antisemitismo. 
Pido que estas manifestaciones sean condenadas explícitamente por todas las instituciones europeas y espero que los Estados miembros combatan con eficacia toda muestra de antisemitismo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar el deseo de que se dedique al genocidio que, como recordaba el Sr. Watson, se está perpetrando contra el pueblo checheno que ha sido aniquilado en un 20%, la misma, necesaria y urgente atención que Europa está dedicando a la violencia y a la sangre que fluyen en Palestina. 
Hasta la fecha, permítanme decirlo, sólo ha habido un vil silencio por parte de Europa en torno a este tema. 
Europa no puede reivindicar una posición equidistante entre Israel y la Autoridad Palestina. 
No existe una autoridad moral para ninguna mediación si las condenas van casi siempre en una única dirección, si no se demuestra que se establece una diferencia entre un país democrático, el único de toda la región, comprometido en el respeto a los derechos humanos- aunque cabría preguntarse ¿hasta cuándo? -y una satrapía donde los sospechosos de colaboracionismo son ajusticiados sin ningún tipo de proceso; si no se considera que el ejército israelí está empeñado en una respuesta armada que puede ser equivocada y estéril, que no debe y ante todo no puede ser la única respuesta, pero que se debe al goteo de matanzas de civiles inermes e inocentes. 
Pocas lágrimas por ellos. 
Como decía el Alto Representante Sr. Solana, es probable que Sharon, en su intento de erradicar las infraestructuras del terrorismo, termine por preparar nuevos grupos de terroristas fanáticos; sin embargo, no podemos pensar realmente que, a diferencia de aquellos que destruyeron las Torres Gemelas, los kamikazes palestinos no tienen una organización igual de sanguinaria y cínica que les sustente. 
Pedimos a Sharon que se retire y que calle sus armas. 
Está bien. 
¿Pero qué pedimos a Arafat? 
Siempre y cuando Arafat pueda hacer algo más que decir no, como ha hecho hasta ahora. 
Cuando pedimos a Sharon que ponga fin a las represalias violentas, ¿qué garantías, qué soluciones ofrecemos? 
Se habla de retorsión económica contra Israel. 
Quisiéramos que alguien pidiese a la Autoridad Palestina una investigación sobre las financiaciones europeas, al objeto de garantizar a los contribuyentes europeos que no están pagando el sueldo a funcionarios y dirigentes implicados en la organización de los atentados suicidas. 
Europa debe dar un paso claro ofreciendo a la democracia israelí su plena integración en la Unión. 
Sería una manera de ganar autoridad, de ayudar a las instituciones del Estado de Israel y de ofrecer una perspectiva estratégica de desarrollo económico. 
Sería una manera de dar a los ciudadanos palestinos y a los ciudadanos israelíes una esperanza concreta de paz. 
He recibido seis propuestas de resolución para finalizar el debate 
Señor Presidente, es evidente que nos encontramos ante una crisis sin precedentes en Oriente Medio, cuya gravedad se ve además aumentada por el riesgo de su expansión. 
En la misma zona tenemos que mostrar nuestra honda preocupación por la evolución los acontecimientos en la frontera entre Israel y Líbano y hacer una llamamiento a países influyentes, como Irán o Siria, para que, a pesar de su lógica indignación, ofrezcan sus buenos oficios para contener el clima de tensión. 
Pero también en otras áreas geográficas se aprecian reacciones airadas de solidaridad con las humillaciones que están sufriendo los palestinos, como pudo comprobarse en la masiva manifestación de Marruecos. 
El Gobierno de Israel debe entender que no puede quedarse al margen de las claras indicaciones que le llegan de la comunidad internacional. 
Confiamos en que la cumbre de mañana en Madrid, con la Presidencia de turno de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, el Secretario General de las Naciones Unidas, se aproveche para firmar de manera concertada la firme voluntad de los patrocinadores del proceso de paz de hacer cumplir las últimas resoluciones de las Naciones Unidas. 
Parece que se está produciendo una retirada parcial de tropas que apunta en la buena dirección pero que sin duda es claramente insuficiente, sobre todo si lo que ha dicho el Sr. Patten hoy aquí es cierto. 
Yo provengo de un país, Señor Presidente, en el que el terrorismo constituye la principal preocupación de los ciudadanos y, por lo tanto, somos especialmente solidarios con sus víctimas. 
Pero no vale todo en la lucha contra el terror; ha de respetarse siempre el Estado de Derecho y la legitimidad internacional. 
No es aceptable, bajo ningún concepto, desde ese punto de vista, el pretender socavar las estructuras de la Autoridad Nacional Palestina, que es, por el momento, el legítimo representante del pueblo palestino, por muy criticables que puedan ser algunas de sus actuaciones. 
Eso sí, hay que exigirle que condene claramente los atentados: no hay terroristas buenos y terroristas malos, todos son igualmente detestables. 
Tienen que hacer todo lo que está en su mano para evitar que se produzcan atentados y para detener a sus autores e instigadores, cosa que lamentablemente no siempre ha ocurrido. 
En la Unión Europea hemos de asegurar la unidad de acción. 
Una Europa dividida es igual a una no Europa. 
Se han producido unos progresos entre los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros que creo que nuestra opinión pública estima insuficientes. 
Yo creo que hay otras vías, hay instrumentos en las prácticas internacionales que permiten mostrar nuestro desagrado hacia la política de un Gobierno como el de Israel. 
Señor Presidente, estamos confrontados a la peor situación que ha existido en la región si dejamos de lado las guerras del 67 y 73. 
Israel muestra su desprecio total a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, al derecho internacional, los tratados y convenios internacionales. 
Nos hacemos cómplices de las masacres, de los crímenes contra la humanidad, de la represión y humillación cotidianas de todo un pueblo si guardamos silencio al respecto y buscamos ponderación entre represores y reprimidos. 
Esta no existe. 
¿Qué podemos hacer? 
Creo que mucho. 
Por ejemplo, un embargo de armas contra Israel, una llamada de nuestros embajadores para consultas a las capitales de la Unión Europea, la congelación de todos los contactos con altas personalidades gubernamentales de Israel y, finalmente, la suspensión del Tratado de Asociación. 
Señor Comisario, me dirijo a usted como representante de la Comisión si bien me refiero al Presidente de la Comisión, Prodi, a quien respeto mucho por su personalidad y por su obra. 
Sólo que no tengo ninguna comprensión por declaraciones que ha hecho los últimos días. 
Cito: 
Señor Presidente, la pesadilla en Oriente Medio no acaba nunca. 
Mientras estamos aquí discutiendo se multiplican las matanzas y la violencia. 
Como pueden escuchar, señores Solana y Patten, sentimos enorme impotencia, repugnancia y frustración. 
Los ataques suicidas impiden a los israelíes la libre circulación. 
Tomar una taza de café con un amigo o hacer la compra puede ser muy peligroso. 
El miedo a nuevos ataques es paralizante. 
El Parlamento Europeo ha condenado estos ataques en innumerables ocasiones y ha instado al Sr. Arafat y a la Autoridad palestina a hacer cuanto puedan para impedirlos y para contener el odio que se vierte hacia los israelíes. 
Para los palestinos en Cisjordania y en Ramallah también impera la violencia, con cientos de muertos, entre ellos numerosos niños. 
Los que nos consideramos amigos de Israel, los que defendemos el estado de Israel y su derecho a existir, nos vemos obligados a reaccionar enérgicamente cuando los militares y el gobierno actúan de esta manera. 
La escalada de violencia y brutalidad utilizada en la ocupación es totalmente desproporcionada. 
Todo el mundo exige a Israel que se retire de los territorios palestinos. 
Es una política indefendible y los ataques contra la población civil palestina dará origen a nuevos atacantes suicidas. 
La violenta ofensiva y las matanzas jamás podrán conducir a la paz. 
Si Israel está en guerra, como ha afirmado el señor Sharon, rigen ciertas normas y convenciones internacionales. 
Actualmente llegan muchos informes sobre la violación de estas normas. 
No lo sabemos con certeza, ya que no se permite la presencia de organizaciones ni de medios de prensa en la zona. 
Tampoco se permite el acceso de las ambulancias, según las informaciones de algunos diputados. 
El odio entre los señores Sharon y Arafat es antiguo. 
Parece que las partes ya no son capaces de salir de la situación en que se encuentran. 
Por eso son necesarias acciones internacionales y una clara lista de exigencias. 
Es provechoso que EE.UU. haya aumentado su participación y haya enviado a Colin Powell a la región. 
Pero también la UE debe hacer más. 
En la reunión del lunes los ministros deben preguntarse qué podemos hacer. 
¿Un embargo de armas inmediato? 
Sí. 
Primero habría que discutir el acuerdo de asociación. 
No creo que en la actual situación se le pueda suspender, pero es algo que hay que discutir. 
Israelíes y palestinos deben poder vivir en paz, como vecinos. 
La solución de este conflicto sería la más valiosa contribución a la paz mundial y a la lucha contra el terrorismo internacional. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, señor Alto Representante, en nombre de los partidos de las naciones europeas que no cuentan con un Estado propio les puedo asegurar que nosotros compartimos el punto de vista del Sr. Solana y del Comisario Patten. 
Es necesario que se ponga fin a la violencia y que se instaure una paz duradera. Al lado del Estado israelí debe haber un Estado palestino. 
Ahora bien, nos han decepcionado los medios utilizados por la comunidad internacional para lograr este objetivo, en concreto la impotencia de la UE. 
Nos llena de vergüenza tanta impotencia ante el inmenso dolor de tanta gente, tantas muertes innecesarias, tantos ciudadanos retenidos como rehenes. 
El espíritu de Oslo está muerto. 
El Sr. Sharon ha acogido en su Gobierno a ministros que pretenden volver a anexionar Cisjordania. 
Con las graves violaciones de los derechos humanos en Yenín y en otras zonas nuevamente ocupadas Israel anula por sí solo el acuerdo de asociación con la UE, puesto que el respeto de los derechos humanos entra a formar parte de las cláusulas del mismo. Corresponde a la UE suspenderlo. 
No basta con imponer un embargo de armas. 
El pueblo israelí y el pueblo palestino piden paz, agua, pan y dignidad, pero los inunda la guerra y la violencia. 
Debemos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para poner fin a estas hostilidades. 
Es por eso por lo que tenemos que decidirnos a enviar una fuerza de paz sin más demora. No nos queda más remedio. 
Señor Presidente, no existe ninguna solución militar al conflicto entre Israel y el pueblo palestino. 
A menos que se trate de solucionar la raíz del problema, no será posible garantizar una solución pacífica entre las partes enfrentadas. 
El Primer Ministro Sharon ha optado por una guerra inflexible contra el terrorismo, pero no ofrece ninguna solución diplomática para evitar una escalada de la violencia y de la brutalidad. 
Las propuestas Tenet y Mitchell siguen aún sobre la mesa y, junto con las recientes propuestas del Gobierno saudí, también proporcionan una base para la reanudación de las negociaciones de paz si el Gobierno israelí cumple fielmente las recientes resoluciones de las Naciones Unidas. 
Creo firmemente que Yasir Arafat es el dirigente político con el que el Gobierno israelí debe negociar en estos momentos, y que los intentos de derrocar a la Autoridad Palestina es la fórmula infalible para la inestabilidad a largo plazo y sólo intensificará el odio entre los pueblos palestino e israelí, así como entre los israelíes y los países árabes de Oriente Medio. 
Será imposible acercar a ambas partes sin la mediación inmediata y seria de terceros, y el Gobierno estadounidense debe involucrarse con más ahínco en este proceso y de una manera firme y significativa, al igual que debe hacer la Unión Europea. 
Deberá estudiarse la posibilidad de suspender los Acuerdos de Asociación euromediterráneos entre la UE e Israel que existen entre la Unión e Israel si continúan los ataque militares de Israel contra el pueblo palestino. 
Quisiera decir, para terminar, que condeno la reciente y actual violencia en Oriente Medio y todos los actos de antisemitismo que se han producido y que se siguen cometiendo en Europa y en otras partes del mundo. 
Señor Presidente, no hay nada que indique que el Sr. Sharon haya pensado en cumplir algunas de las recomendaciones que llegan desde la UE o desde los EE.UU.. 
Tampoco hay absolutamente nada que indique que Israel esté actualmente preocupada por su fama. 
En cambio, Israel respeta el dinero y por tanto el único modo de presionar a Israel es exigir debates orientativos sobre nuestros acuerdos comerciales. 
Estuve en Israel en enero y había grandes manifestaciones por los recortes de las subvenciones a los estudiantes y a los mayores. 
El Sr. Sharon desea naturalmente, como cualquier político, ser reelegido y este objetivo se esfumaría en la lejanía si su población se viera expuesta a sanciones económicas a causa de su gobierno. 
La UE ha intentado con indulgencia y durante demasiado tiempo influir en el gobierno de Sharon y esta actitud ha tenido como respuesta que el Sr. Sharon negara el acceso a la UE para entrevistarse con Arafat. 
Todos mis amigos en Israel, a los que conocí cuando en 1967 aterricé en el primer vuelo cargado de voluntarios para quedarme allí posteriormente durante dos años, están de acuerdo en que el terrorismo de estado del Sr. Sharon destruye la sociedad israelí desde dentro, y por ello hemos de frenar al Sr. Sharon también por el bien de Israel. 
¿Cuándo tiene pensado la UE decir que ya es suficiente? 
¿Y cuándo tiene pensado la UE llamar lo que hacen el Sr. Sharon, sus soldados y sus colonos, es decir, matar por miles a civiles e inocentes- hombres, mujeres y niños- por su nombre: terrorismo? 
Pues antes de que pongamos nombre a las acciones de Sharon, él podrá seguir como hasta ahora cerrando los suministros de agua, comida y asistencia médica disparando a las ambulancias, todo en la segura convicción de que no tenemos pensado hacer nada más que hablar y que nunca pasaremos a la acción. 
Señor Presidente, muchos han pedido que se tomen medidas respecto de Israel y en favor de un alto el fuego y nosotros nos sumamos a estas voces. 
Muchas menos han sido las voces que, fuera del coro, han recordado el drama de las víctimas del terrorismo ciego y bestial que golpea a civiles inocentes, a propósito de la "perdida de humanidad", por utilizar las palabras de una de nuestras colegas. 
A estas exigencias quisiéramos añadir otra. 
Europa no puede permanecer inerte cuando las armas amenazan con destruir unos lugares que son el símbolo de nuestra civilización, que es la civilización cristiana. 
¿Por qué Europa no ha pensado nunca en hacer suya la propuesta formulada por las más altas autoridades espirituales y respaldada desde hace años de internacionalizar los Santos Lugares? 
Pido que el Presidente haga llegar tanto al Gobierno de Israel como a la Autoridad Palestina la sensación de dolor que anima en estos días a cientos de millones de ciudadanos europeos de religión cristiana que ven en Belén los Santos Lugares en los que nació Jesucristo profanados por las bombas, los combates y las ocupaciones de hombres armados, trasformados en refugios de combatientes y convertidos en objetivos de las dos facciones. 
Señor Presidente, el hecho de haber abandonado la vía del diálogo y de la negociación ha tenido terribles consecuencias para todos. 
La violencia no construye la justicia, no repara las injusticias, no reconoce las razones. 
En estas horas, en los territorios palestinos se están perpetrando repetidas y gravísimas violaciones del Derecho internacional y de los derechos humanos que la comunidad internacional debe frenar, del mismo modo que se debe parar la locura terrorista que lleva a chicas y chicos a sacrificar sus jóvenes vidas por una causa que, lejos de beneficiar a su pueblo, produce otras víctimas inocentes y ofrece al jefe del Gobierno israelí la excusa para declarar una guerra unilateral y total a la Autoridad Palestina, a su estructura y a sus miembros, empezando por el Presidente Arafat. 
Es importante que hayamos logrado que mañana se celebre en Madrid una reunión en que los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas puedan por fin concentrar sus esfuerzos en la dirección, espero, de enviar de inmediato una fuerza internacional de interposición, capaz de imponer el alto el fuego y el final de todos los actos de violencia. 
Para conseguir que se cumplan las repetidas Resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con la retirada inmediata y total del ejército israelí de los territorios ocupados y la liberación del Presidente Arafat, se deben ejercer todas las presiones, incluida la revisión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. 
La proclamación de un Estado palestino soberano junto con el compromiso internacional de garantizar la seguridad de Israel en la dirección abierta por la reciente posición de la Liga Árabe, debe continuar siendo nuestro objetivo. 
Pos esto, seguiremos apoyando a quien, incluso en estos momentos tan dramáticos, lucha por la paz, por el respeto mutuo, por la convivencia de ambas comunidades tanto en Palestina como en Europa. 
Por esta misma razón, volvemos a condenar con mayor fuerza todos los actos de violencia y de intolerancia contra los símbolos y exponentes de las comunidades judías. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Alto Representante, aquí se trata de la lucha existencial de dos pueblos. 
Es una lucha por la existencia que tiene lugar en ambas partes bajo una dirección política no precisamente buena. 
Como es así y las reacciones emocionales se disparan, es erróneo investigar dónde tuvo su origen tal o cual acción. 
Quien conoce la historia moderna o antigua de Tierra Santa sabe que no se puede encontrar a quien ha tirado la primera piedra. 
Por este motivo no debemos despertar nuevas emociones sino confianza para que los pueblos se serenen y estén en situación de hablar de nuevo entre ellos. 
Es extraordinariamente importante que no echemos más leña al fuego. 
Les expreso por ello mi agradecimiento por estar hoy aquí y porque mañana tenga lugar este encuentro en Madrid. 
Si la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia y las Naciones Unidas llegan a una posición común, la elaboran con sus más altos representantes de política exterior y la exponen a continuación juntos a ambas partes, se tendrá por primera vez la oportunidad de que se comprenda la seriedad de la situación en ambos lados. 
Sobre todo existe el factor credibilidad, pues así como cada uno tiene carencia de credibilidad en uno u otro lado, la credibilidad existe aquí en el colectivo. 
Una credibilidad que esté en situación de proporcionar garantías de seguridad para un Estado de Israel y para un Estado palestino, que esté en situación de incluir las propuestas de Arabia Saudita, inclusive el reconocimiento del Estado de Israel por los Estados árabes, para despertar sobre esta base la credibilidad de que ya es hora de realizar la retirada y de renunciar al terror, una condición para que se puedan iniciar negociaciones concretas. 
Aquí tenemos nuestro propio interés concreto, no sólo general en la paz y en los derechos humanos: a causa de la inmediata cercanía, estamos interesados en que la coalición antiterror no quiebre, que un nuevo fundamentalismo no lo utilice como coartada y que avancemos con éxito con nuestra política para el Mediterráneo en el marco del proceso de Barcelona. 
Por ello, no debemos realizar el intento de que el Sr. Solana, el Sr. Patten y la Presidencia del Consejo vayan solos a Jerusalén y ocho días después viaje allí también solo Powell; logren mañana que viajen juntos allí. 
Este sería el mensaje de la comunidad mundial a las partes litigantes para que salgamos de este círculo de violencia. 
Les deseo a todos que mañana se logre este éxito. 
Señor Presidente, hace algunos días el Financial Times decía que la política de la UE en Oriente Medio está deshecha y Le Monde se quejaba de la inacción de la UE en esta región. 
Cuando escuchamos a los representantes del Consejo y de la Comisión lo entendemos. 
Hermosas palabras y autocomplacencia, pero ninguna acción. 
Mucho más satisfactorio es escuchar a los jefes de Grupo y a los diputados que exigen más acciones, que se utilicen las facultades que otorga el acuerdo de asociación y, especialmente, que se envíen fuerzas de paz. 
Tenemos que enviar a decenas de miles de activistas por la paz, civiles y militares, aunque Israel y EE.UU. se opongan. 
No los enviaremos a Israel y no vamos a bombardear las ciudades israelíes. 
Hay que escuchar las peticiones de tropas de protección de los palestinos. 
No debería haber impedimentos jurídicos para enviar a decenas de miles de activistas por la paz- civiles y militares- a Palestina, a petición de los palestinos. 
¿Por que tienen tanto miedo de actuar, señores Solana y Patten? 
Señor Presidente, por tradición cultural y política he sido siempre un amigo sincero de los israelíes y del Estado de Israel. 
Creo que ahora la tarea de quien se precia de ser amigo de Israel debe ser la de hacer entender al Gobierno israelí que está equivocándose en muchas cosas. 
Los amigos deben hablar claro si quieren serlo de verdad y éste es el momento de hacerlo. 
Por eso, creo que el Parlamento Europeo debe auspiciar la paz y hacer todo lo posible en favor de la misma, aunque tiene que decir claramente que existe el deber de cambiar por parte de un Gobierno que apreciamos, de un país al que estamos ligados sinceramente y que queremos defender, pero precisamente en aras de su defensa pedimos que cambie. 
Señor Presidente Cox, hoy hemos visto al profesor Luzzatto, presidente de las comunidades judías italianas: usted se acaba de reunir con él y nos ha pedido que el Parlamento intervenga en el asunto. 
Señor Presidente, sé lo muy difícil que es, pero creo que si también nosotros, como Parlamento, como delegación, como Presidencia del Parlamento, podemos hacer algo, aunque sea poco, en favor de este camino de paz, pues bien, hagámoslo. 
La Unión Europea ha hecho bien en intentarlo, a pesar de que se ha encontrado con un rechazo. 
Si tenemos responsabilidades, asumámoslas hasta el fondo. 
Señor Presidente, el debate de estos días, incluso el debate en este Pleno, demuestra, creo- como si aún hiciera falta- lo muy diferentes y encontradas que son las propuestas que se presentan. 
La triste conclusión que se puede extraer de ellas es que, hoy por hoy, no se dan las condiciones para frenar la guerra en Oriente Próximo. 
Mientras tanto, en Oriente Próximo, dos hombres, Sharon y Arafat, continúan poniendo en peligro la estabilidad del mundo actual, y si hablan de paz, en realidad no la desean, la evitan, porque ni uno ni otro quieren la paz, y esperan o piensan ganar la guerra, uno gracias a la superioridad militar y el otro con los atentados suicidas. 
Los efectos de esta crisis en Oriente Próximo empiezan a sentirse y a afectar, como decía el Sr. Pasqua, incluso a nuestros Estados. 
El racismo aumenta y afecta al resto del mundo, a Europa y a los Estados Unidos, creando peligrosas incomprensiones y divergencias entre estas dos realidades, entre Europa y los Estados Unidos. 
Es difícil vislumbrar una solución pero, como decía el Sr. Solana, hay que ofrecer una perspectiva y creo que la idea de una especie de plan Marshall internacional para resolver al menos una pequeña parte de los problemas de los palestinos podría ser una buena aportación. 
El Gobierno italiano ha puesto a punto desde hace tiempo una iniciativa de este tipo, una iniciativa de ayuda a la economía de Oriente Próximo y en particular de la economía palestina, una iniciativa que el Presidente Berlusconi presentó hace pocas fechas a todos sus colegas europeos. 
Estimo que todos aquellos que auspician y esperan una verdadera paz en Oriente Próximo deben apoyar dicha propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, apoyo la propuesta expresada en este debate por mi amigo Barón Crespo para que el Parlamento Europeo dirija tres mensajes: a la Cumbre de Madrid, al Gobierno de Sharon y a la Autoridad Palestina, como ha dicho. 
Pero, ¡con las palabras no basta! 
Ya hemos dicho las suficientes y no se nos ha escuchado. 
Hemos sido humillados, al contrario de lo que afirma mi amigo Javier Solana, por el trato que recibió la delegación de la Unión Europea en Israel y que es inaceptable. 
Ahora debemos pasar a los actos, pero que nos respeten. 
En el estado actual a que ha llegado el gobierno de Sharon, sólo los actos serán entendidos. 
Israel ha dejado de ser un Estado de derecho, por mucho que nos pese. 
No respeta el derecho internacional ni la ley. 
Como ha dicho el Comisario Chris Patten, la lucha contra el terrorismo que todos apoyamos no puede ser un pretexto para contravenir la ley internacional. 
Por eso, apoyo la medida, que debe ser urgente, de suspender el Acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea. 
Es el camino que nos queda. 
También debemos insistir ante las Naciones Unidas para enviar una fuerza militar de interposición a fin de garantizar el alto el fuego. 
Después de las repetidas declaraciones del Presidente Bush, que hasta ahora no han tenido seguimiento alguno, no hay otro camino. 
Tenía mucho respeto por Israel, pero compruebo, con mucha pena, que su ejército actúa como un verdadero ejército colonial y no respeta siquiera, en la guerra que riñe con los palestinos, el Convenio de Ginebra. 
Señor Presidente, señoras y señores, el Jefe de Gobierno Sharon prometió a su pueblo más seguridad y paz. 
En realidad, su política ha conducido a menos seguridad para Israel y menos paz para la región. 
En Europa tenemos que criticar también el proceder de Israel pues medimos a este país con el patrón que nos es común, el del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos. 
Pero esta constatación no debe hacernos olvidar cuál es el núcleo central de este conflicto. 
Se trata del derecho a existir, de la existencia de Israel y no de la de los Estados árabes vecinos. 
En una existencia segura se incluye una vida sin terror. 
El derecho a vivir sin terror se le ha negado continuamente a los israelíes. 
Israel no sólo se ha visto amenazado por el terror sino que ha sido víctima del terror por parte de organizaciones como Hamas y Dschihad, que pueden ejercer su sangriento oficio en los territorios palestinos prácticamente sin obstáculos. 
La responsabilidad por este terror radica claramente en el dirigente palestino Arafat, quien no se distancia nunca decididamente del terror y mucho menos lo combate eficazmente. 
La insuficiente lucha contra el terror ha destruido mucha confianza. 
Los europeos no debemos reducir aún más nuestra influencia despertando la sensación de que ya no podemos diferenciar entre causa y efecto. 
Pero con terror y violencia no se soluciona ningún conflicto. 
Por ello, ambas partes deben finalizar sus enfrentamientos violentos. 
Israel tiene que retirarse de los territorios palestinos. 
El terror de los palestinos tienen que finalizar. 
Estas exigencias las tenemos que dirigir a ambos. 
La situación entonces era desesperada. 
Existía una terrible espiral de violencia, pero al mismo tiempo, llegó la noticia de que los ingredientes para una solución estaban sobre la mesa en Camp David y Taba. 
Desde entonces, la situación de la seguridad se ha deteriorado catastróficamente. 
Los extremistas terroristas han cometido los atentados más viles y han exacerbado deliberadamente las emociones, los prejuicios, la ignorancia y los temores de los más vulnerables, en particular, entre las comunidades islámicas, y han despertado los más profundos temores entre los israelíes. 
Convendría recordar la vulnerabilidad estratégica de Israel, un país diminuto cuya población ha estado sometida a los atentados terroristas más terribles, a un tiempo impredecibles y aleatorios, aunque organizados y planeados para que tuvieran las repercusiones más crueles y devastadoras posible. 
Pienso en la madre israelí que no permite que sus hijos pequeños viajen en el mismo autobús escolar por temor a pederlos a todos. 
Pienso en los padres de esos jóvenes, entre otros, que son asesinados o mutilados en los innumerables atentados suicidas con bomba. 
No existe ninguna justificación moral ni política para actos tan horrendos. 
Pero no abogo por Ariel Sharon. 
En realidad, su enfoque me desconcierta y me consterna. 
Por un lado, ha hecho un llamamiento a la Autoridad Palestina para que aplaste a los terrorista, pero por otro, ha inutilizado a esas mismas entidades que pueden llevar a cabo una misión semejante. 
Ha querido cambiar la actitud de los pueblos árabes con respecto a Israel, pero con sus acciones ha contribuido a instigar el odio primigenio en una nueva generación de palestinos y ha avivado la cultura del martirio. 
Debemos reconocer la situación desesperada del pueblo palestino. Muchos de ellos han sido abandonados por sus hermanos en los campos de refugiados durante generaciones, presa de extremistas, generalmente carentes de un liderazgo de calidad en momentos cruciales que les permitan librarse de su sufrimiento. 
Éstos son los ingredientes con los que debemos trabajar. 
En esta fase, la Unión Europea no debería pensar en sí misma, ni intentar defender un papel para sí misma, sino que debería ser equilibrada, positiva y constructiva. 
Ciertamente no sería de ninguna utilidad para la UE tomar partido en este asunto mediante la adopción de sanciones contra Israel, por ejemplo. 
Esto sólo consolaría a los extremistas y agravaría las diferencias con los Estados Unidos. 
Lo que ahora hace falta es una iniciativa internacional que sea audaz, generosa, urgente en la que participen los países europeos, los Estados Unidos, Rusia y los Estados árabes con buenas intenciones, que hablen con una sola voz. 
Debemos unirnos en torno a una oferta clara de asistencia internacional masiva. 
Hay otras fuerzas oscuras esperando a tomar el relevo en este conflicto. 
El tiempo apremia. 
Señor Presidente, Europa no cree en la guerra: no cree más que en la paz, y por tanto en una solución política. 
Ello supone que cada cual asuma sus responsabilidades. 
Entre los países árabes, Arabia Saudí- país importante- acaba de adoptar una iniciativa de máxima importancia al proponer un plan para salir de la crisis en toda la región. 
En este momento hemos de saber asumir nuestras responsabilidades, y mañana en Madrid, señor Alto Representante, señor representante del Consejo, señor Comisario, espero que puedan convencer al emisario del presidente Bush de que ha llegado el momento de comprometerse en este conflicto para encontrar la solución, que no puede ser más que una solución política. 
Ello supone también que mañana, en el Consejo de Seguridad, cuando el alto el fuego se haya producido, cuando la retirada de los territorios ocupados se haya logrado, seamos capaces de enviar una fuerza de interposición y de observación, que no será jamás una fuerza de imposición de la paz pero que pondrá a cada uno entre la espada y la pared- ante sus responsabilidades- en el seno del Consejo de Seguridad. 
La mayoría de los socialistas franceses es favorable a la suspensión del acuerdo de asociación, pero hemos de tener cuidado en encontrar una solución que nos conserve la capacidad para dirigirnos a todas las partes y no poner en marcha mecanismos que se vieran desviados, que reforzaran la solidaridad en torno a aquel a quien pretendemos sancionar. 
Finalmente, nada de lo que ocurre en Oriente Próximo puede justificar en ningún momento que en ninguno de nuestros países, de manera esporádica u organizada, actos de antisemitismo que nos remitan a las horas más siniestras del siglo pasado vengan a despertar nuestra memoria. 
Espero que cada uno de nosotros pueda movilizarse para alertar las conciencias y que, en nuestros países, conservemos un espíritu de tolerancia, de respeto mutuo y de laicidad. 
Señor Presidente, frente al drama que se está produciendo en este momento en Oriente Próximo, qué otra cosa se puede decir sino nuestra convicción de que el incremento hasta el extremo de la violencia sólo puede conducir a un aumento del sufrimiento insoportable de toda la población. 
En esas condiciones solamente podemos, en primer lugar, dar nuestro apoyo a las posiciones muy firmes adoptadas por el presidente de Estados Unidos, de quien sabemos bien que es el único que hoy puede pesar realmente en las decisiones de Ariel Sharon; en segundo lugar, y para concretar este apoyo, solicitar al Consejo y a la Comisión que pongan en práctica todos los medios a su disposición para facilitar un retorno a la paz, sin excluir una eventual suspensión de los acuerdos de asociación; en tercer lugar, finalmente, invitar a los gobiernos de la Unión Europea a preparar sin tardanza su participación nacional en la puesta en marcha de una fuerza de interposición si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debiera decidir su instalación. 
Recuerdo haber dicho aquí mismo a nuestros colegas de la Knesset que no había otra alternativa para el apaciguamiento que esta solución. 
Sobre esta base, señor Presidente, se ha negociado una moción para una resolución de compromiso. 
Deseo que sea objeto del acuerdo más unánime, al igual que usted mismo, señor Presidente. 
Señor Presidente, hace tres días estaba en Ramala, y por lo tanto, soy uno de aquellos diputados que ayer el Sr. Santini acusó torpemente de dedicarse al turismo de guerra. 
Y contra esta guerra sirve el testimonio de los miembros de este Parlamento. 
Allí vimos cosas que habríamos preferido no ver: vimos los puestos de control cerrados por el ejército israelí, ráfagas de ametralladora disparadas delante de ancianos y niños; vimos los tanques del ejército israelí circular por el patio del hospital de Ramala. 
Si ese hospital no sufrió el destino de todos los demás edificios públicos palestinos, si no sufrió las operaciones de peinado se debe también a la pacífica resistencia de estos diputados, a su testimonio y a su capacidad de denuncia. 
Señor Presidente, creo que no queda mucho tiempo. 
Entre un ejército acostumbrado a ocupar y una población civil resignada a ser ocupada, es difícil que pueda haber una paz sin odio. 
Por el contrario, hoy el mundo necesita una paz sin adjetivos y, sobre todo, como decía la Sra. Morgantini, una paz sin victoria. 
Señor Presidente, mientras estamos ahora celebrando este debate, en Palestina está teniendo lugar una tragedia humana y política. 
Si no se pone fin a esto, va a desmoronarse el presente y el futuro de una solución política. 
Y esta destrucción afecta tanto a los palestinos como a los israelíes. 
En este sentido, la acción política de Sharon es condenable. 
En la fase en la que nos encontramos, la neutralidad o el distanciamiento equivale a ser cómplice. 
Es hora de actuar, de tomar iniciativas y de intervenir. 
Cualquier otro subterfugio será inútil y desastroso. 
Señor Solana, mañana se va a reunir con el Sr. Powell y con los demás para hablar con ellos. 
Espero que junto con la opinión de Powell se sitúe la de Bush, la de Rumsfeld y la de Cheney. 
Y ya sabe lo que quiero decir. 
Pero hoy, que Europa debe juzgar sus valores y sus principios, debe enviar el primer mensaje de que lo que dice, lo cree y lo hace realidad. 
Las propuestas de algunos de mis Sres. colegas deben ser un manual activo en las acciones de aplicación. 
Ahora nos estamos examinando, ahora estamos demostrando cuáles son nuestras políticas. 
. Señor Presidente, haré unas reflexiones breves por razón de la hora. 
Aprovechando la última intervención del Sr. Souladakis, quisiera decir a sus Señorías que mañana no es la primera vez que vamos a hablar con el Sr. Colin Powell: hablamos con el Sr. Colin Powell prácticamente todos los días y por esas conversaciones, seguramente, en parte, se celebrará la reunión prevista para mañana. 
Yo no comparto la opinión de que la Unión Europea no tiene peso ninguno, ese sentimiento de autofrustración. 
Más bien al contrario: por esas razones, por ese contacto, por esa pasión que hemos puesto en tratar de resolver el problema, se ha fijado seguramente la reunión prevista para mañana en Madrid en la que se tratará de que los grandes actores de este conflicto se pongan de acuerdo colectivamente para intentar resolverlo. 
Me gustaría decir que, al menos para mañana, considero que hay tres mensajes fundamentales. 
Después, volveremos a esta sesión para dar cuentas del desarrollo de la cuestión a través de este debate parlamentario. 
El primer mensaje, que es fundamental, consiste en que los representantes de los grandes actores que se van a reunir mañana tienen que hacer un esfuerzo para que la Resolución del Consejo de Seguridad se aplique inmediatamente, sin dilaciones. 
Repito: sin dilaciones. 
Y creo que es fundamental que, por primera vez, se efectúe una declaración pública y conjunta de esta naturaleza por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, por parte de la Unión Europea, por parte de la Federación Rusa y por parte de los Estados Unidos. 
Y creo que tenemos que estar los europeos detrás de esa proposición y detrás de ese tipo de declaración. 
En segundo lugar: a mi juicio, hay que hacer todo lo posible para que los grandes actores que se reúnen mañana consigan que la Autoridad Palestina no se deteriore más. 
Es necesario hacer todo lo posible para que la Autoridad Palestina recupere su capacidad. 
Es una gran contradicción- como se ha subrayado ya- pedir a la Autoridad Palestina que firme un acuerdo de alto el fuego, que arreste a los terroristas que están libres en alguna parte de Palestina, cuando no dispone de medios para hacerlo. 
Esta mañana han visto ustedes en las noticias que las fuerzas de Israel se han retirado de una ciudad. 
Al salir de esa ciudad, han bombardeado y han destruido el cuartel general de la Autoridad Palestina. 
Al mismo tiempo, es muy contradictorio pedir mañana que la Autoridad Palestina sea el líder en encontrar la solución para un alto el fuego. 
Por lo tanto, y como corolario de este razonamiento, me parece fundamental que ese mensaje salga y que lo haga con rigor y claridad. 
Es un mensaje que hay que entender y que se tiene que expresar claramente para que todo el mundo lo entienda y para que lo entiendan también nuestros amigos de Israel. 
Tenemos todos muchos amigos en Israel que comparten esta reflexión. 
El corolario de esta reflexión radica en que es necesario que la comunidad internacional esté dispuesta a desplegarse sobre el terreno. 
Es algo que digo, por primera vez, con contundencia. 
Creo que hay que empezar a pensar seriamente en ello. 
Pero eso no se va a producir en 24 horas, no se va a producir sin algún mandato. 
Cuando se dijo que los europeos se deben desplegar militarmente o policialmente- o no sé cómo- sobre los territorios, está claro que, para ello, hará falta algún mandato para hacerlo. 
Y en eso es en lo que tenemos que trabajar: en conseguir que la próxima resolución del Consejo de Seguridad permita que, una vez que se den las condiciones necesarias, haya la posibilidad de una presencia internacional sobre el terreno. 
Me parece que eso es una medida razonable que la Unión Europea puede apoyar pero que tiene que apoyarla conjuntamente con otros, especialmente con los Estados Unidos y la Federación Rusa. 
Eso es lo que debemos hacer. 
Tercera cuestión: mañana tenemos que dar una señal clara- no solamente los europeos, sino colectivamente todos los grandes actores- de que tiene que existir una perspectiva política. 
Y no hay que inventar dicha perspectiva, sino que ya está inventada: consiste en dos Estados, con fronteras seguras (uno de los cuales es el Estado palestino, que debe tener las fronteras delimitadas de acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Seguridad, es decir, las fronteras fijadas en 1967) y que tengan la capacidad de vivir juntos. 
Ése es el objetivo final. 
¿Cómo llegar a ese objetivo? 
Ahí está la cuestión difícil sobre la que llevamos trabajando muchos meses. 
Es posible que el único camino para llegar sea el Plan Tenet y que, después, se aplique el Plan Mitchell, que yo conozco muy bien porque lo redacté conjuntamente con el Senador Mitchell. 
Yo empiezo a tener alguna duda- y de ahí viene mi pesimismo profundo- de que el Plan Tenet, seguido del Plan Mitchell y seguido de una negociación- que no sé cuándo tendrá lugar- vaya a ser la fórmula ideal. 
Si no contamos con un interlocutor en el lado palestino va a ser muy difícil- como he dicho antes- que mediante este proceso escalonado a pequeños pasos podamos llegar a buen puerto. 
Ésa es mi preocupación y de ahí deriva mi pesimismo. 
No voy a sacar del bolsillo ninguna solución milagrosa y sería ingenuo, estúpido e indigno de ustedes que lo esperaran. 
No obstante, si tenemos que buscar alguna solución, yo dije en alguna ocasión que necesitábamos un Plan Mitchell Express, un Plan Mitchell rápido, no para los tiempos para los que se ideó, sino un programa Mitchell mucho más rápido, que nos llevara lo más rápidamente posible al acuerdo final. 
Por último, me parecería fundamental que pidiéramos nosotros que la Resolución de Beirut- que no se han leído bien y que así deben hacer, pues algunos de sus puntos son muy importantes- pasara a ser también una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; que ese compromiso, que esa mano tendida del mundo árabe hacia la seguridad de Israel se convirtiera también en una Resolución del Consejo de Seguridad. 
Creo que sería un elemento adicional en la recuperación de la confianza entre las partes, una confianza que, desgraciadamente, ahora no tienen. 
(Aplausos) 
Por último, una reflexión de carácter personal: sé que muchos de ustedes han sufrido mucho. 
He visto algunas personas que han sufrido especialmente, algunas de ellas incluso siendo expulsadas de la región. 
Les puedo decir que comprendo sus sentimientos como comprendo también los sentimientos de los palestinos y de los israelíes. 
He visto a muchos palestinos morir y he visto a muchos palestinos sufrir y he visto también familias de viejos amigos míos del campo de la paz de Israel que no llevan a sus hijos en el mismo autobús a la escuela y que separan a sus hijos en dos por miedo a morir por un acto terrorista. 
Todo eso tenemos que entenderlo bien. 
Si no entendemos bien las dos cosas, jamás podremos resolver el problema. 
Por lo tanto, entendamos el problema hasta el fondo para poderlo resolver. 
Última cuestión: por lo que a mí respecta, Javier Solana, tengan la certeza de que me dejaré la piel trabajando por la paz en Oriente Medio como lo he hecho hasta ahora. 
Vengo trabajando por ello desde la Conferencia de Madrid, hace muchos años, y espero seguir trabajando hasta que tenga energías y fuerza. 
(Aplausos) 
. Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
Naturalmente no puedo más que apoyar todo lo que ha dicho el Alto Representante en respuesta al debate que ha tenido lugar en este Parlamento, con el cual la Presidencia está plenamente de acuerdo. 
Yo quisiera aprovechar para hacer dos precisiones. 
La primera, con respecto a la reunión que va a tener lugar mañana: creo que debemos tener una cierta satisfacción, en el sentido de que no es por casualidad que esta reunión tiene lugar en la capital del país que ostenta la Presidencia de la Unión. 
Esta reunión se hace a iniciativa de la Unión, de la Presidencia y, por lo tanto, este es el acto más importante que ha tenido lugar hasta ahora para lograr la paz y verdaderamente es el único horizonte real de poder conjuntar a todos los actores en presencia para llegar a romper este círculo vicioso de violencia. 
Esperemos que todos tengan la misma voluntad que tienen la Presidencia y, desde luego, la Unión toda entera, como lo ha expresado aquí el Parlamento con su apoyo a que se haga un esfuerzo final en la reunión de mañana. 
La segunda observación que quería hacer, señor Presidente, se refiere a la necesidad que muchos diputados y presidentes de grupos políticos han expresado de que se revise el acuerdo de asociación con Israel, de que se utilice el acuerdo de asociación con Israel como instrumento. 
Yo quiero decir enfáticamente que la Presidencia está totalmente de acuerdo con esta línea y precisamente esta misma mañana el Ministro de Asuntos Exteriores de España, el Sr. Piqué, ha anunciado que tiene la intención, de acuerdo con la Comisión, de convocar el consejo de asociación para hacer una revisión de nuestras relaciones con Israel. 
Pero quiero decirles, Señorías, que para tomar cualquier medida, dentro del acuerdo de asociación, se necesita la unanimidad del Consejo. 
Simplemente, me imagino que no tengo por qué decirlo, porque ustedes lo saben, pero creo que es oportuno que se diga que no depende únicamente de la voluntad de la Comisión y de la Presidencia de turno, depende de la voluntad conjunta de los Estados miembros de la Unión. 
Pero la voluntad de este Parlamento ya la hemos apreciado. 
Creo que además queda reflejada en la resolución que va a aprobar mañana y yo espero que esto sea una llamada a la conciencia de todos los Gobiernos de los países de la Unión. 
(Aplausos) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Alto Representante, al Consejo y a la Comisión por su participación en este debate, así como a nuestros colegas que han intervenido en el mismo. 
(La reunión, interrumpida a las 19.10 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0095/2002) del Sr. Sterckx, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativa a la posición común del Consejo (11367/1/2001- C5-0635/2001- 2000/0325 (COD) ) sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para la creación de un sistema comunitario de seguimiento del tráfico marítimo e información así como sobre la derogación de la directiva 93/75/EWG del Consejo. 
Tal vez la legislación de la que estamos hablando no suscite mucho interés, pero no por ello es menos importante. 
Éste es el cuarto informe elaborado en el marco del paquete Erika, y creo que la combinación de los paquetes Erika I y II puede significar un gran paso adelante hacia una mayor seguridad marítima. 
En el paquete Erika I hemos tratado el control del Estado del puerto, las sociedades de clasificación y los petroleros de casco único. 
Ahora estamos ante el primer informe del paquete Erika II, en el que se proponen medidas destinadas a mejorar los sistemas de seguimiento e información en los buques y la prevención de riesgos, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. 
Es éste el objetivo de la directiva que estamos preparando en este momento. 
En primer lugar, me detendré en los sistemas de seguimiento e información, más en concreto en la instalación en los buques de sistemas transpondedores que envían automáticamente una serie de datos a las autoridades costeras. 
No importa tanto la lista de datos que ha de enviarse- todos estamos de acuerdo sobre el contenido de la misma -; lo más importante es que los diferentes Estados miembros sean capaces de descifrar los datos. En otras palabras, es fundamental que los sistemas informáticos, y también los hombres, puedan comunicarse entre ellos. 
A mi modo de ver, tenemos que hacer todo lo posible para que así suceda. 
En segundo término quisiera referirme a la cobertura de los transpondedores, asunto que, a mi parecer, debería estudiarse en el momento de revisar la directiva. 
En la actualidad su alcance es relativamente limitado. Creo que nos interesa- y miro a la Comisión- aprovechar la revisión de la directiva para intentar ampliar la cobertura de los transpondedores en colaboración con la OMI, optando eventualmente por la comunicación vía satélite, a fin de garantizar que el sistema cubra todo el globo terráqueo. 
Otro punto concierne a la caja negra, que ya fue mencionada en el informe del Sr. Watts. 
Hemos tenido que luchar por ella, pero ahí está. Aunque tampoco es la panacea, es un instrumento realmente útil. 
Por eso mismo hemos de cerciorarnos de que sea utilizado en el marco de las acciones preventivas. Hemos de sacar lecciones de accidentes y accidentes evitados por escaso margen para prevenir nuevos siniestros. 
Nuestro seguimiento se centra principalmente en los buques que presentan un alto riesgo debido a su carga o su trayectoria. 
Del mismo modo tenemos que asegurarnos de que en adelante todo incidente se notifique, lo cual me parece un punto muy positivo de la propuesta de la Comisión. De esta forma estaremos realmente al tanto de lo que ocurra en el mar, a diferencia de la escasa información de la que disponemos ahora. 
Por otra parte, la mayoría de los accidentes marítimos graves, cuyas consecuencias son inmensas y francamente desastrosas, se producen en condiciones meteorológicas adversas. Se trata, pues, de mejorar la gestión de riesgos en caso de mal tiempo y temporal. 
A este respecto hemos logrado introducir una serie de propuestas que, a mi modo de ver, suponen una enorme ayuda. 
Creo que en este ámbito la contribución del Parlamento ha sido muy valiosa. 
Es necesario que las autoridades adopten las medidas oportunas cuando se produzcan condiciones meteorológicas adversas: deben informar mejor al capitán, decretar una prohibición de entrada y salida de los buques conforme a la situación de cada puerto, prohibir la carga de combustible en el mar, etcétera. 
Sin embargo, quiero resaltar que, en todo caso, la responsabilidad final recae sobre el capitán. 
Creo poder afirmar que el Parlamento ha recuperado claramente este punto tan importante. 
Paso al tema siguiente. 
Los Estados miembros deben prestar ayuda a los buques en peligro. 
Creo que estamos aquí ante una cuestión fundamental respecto a la cual el Parlamento ha establecido, junto con la Comisión y el Consejo, una normativa más estricta de la que figuraba en el texto original. 
Lugares de refugio, puertos seguros para buques en peligro- el Erika ha demostrado hasta qué punto es necesaria esta medida -, unas buenas instalaciones- lo cual incluye para mí no sólo el uso de remolcadores sino también la aplicación de sistemas destinados a combatir la contaminación -, una buena planificación, la notificación por parte de los Estados miembros de las medidas adoptadas en un plazo de 18 meses- tal y como ha añadido el Parlamento -, y la puesta en marcha de un sistema de indemnización para los puertos y las localidades costeras que acojan un buque en peligro. 
La Comisión tiene el firme propósito de examinar esta cuestión y de informar al Parlamento de los resultados del examen en un plazo de tres años. 
Estimados colegas, quisiera manifestar mi gratitud hacia todos aquellos que nos han prestado su colaboración. Gracias por su aportación y por su esfuerzo. 
Creo que hemos realizado un buen trabajo. 
Agradezco asimismo la contribución de los servicios de la Comisión y de los representantes del Consejo porque creo que la colaboración ha sido excelente y muy constructiva. En mi opinión, hemos presentado una buena legislación. 
Lo importante es, señora Comisaria, que ahora, y a medida que vamos ultimando las seis medidas contenidas en los dos paquetes Erika, lograremos controlar cada vez más lo que ocurre en el mar. 
Es necesario que el Parlamento Europeo- yo diría que los ponentes de los diferentes informes- y la Comisión examinen periódicamente lo ocurrido, así como los avances y los problemas. 
Disponemos de una legislación, y creo que es una buena legislación, pero no olvidemos, señor Presidente, que la seguridad marítima depende asimismo del hombre. 
Por eso mismo resulta imprescindible que en la Unión también invirtamos en las personas encargadas de salvaguardar la seguridad en el mar y en tierra firme. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, el paquete Erika 2, así como el paquete Erika 1 anterior, son secciones en el esfuerzo por adoptar medidas verosímiles de seguridad, así como para la protección del medio ambiente marino, cuya importancia todos conocemos. 
Creo que el conjunto de medidas que debemos adoptar hoy logra el equilibrio correcto. 
Se demuestra así, una vez más, que la protección y la mejora cualitativa de la navegación europea están estrechamente conectadas con el fomento a la seguridad en la navegación, con la necesidad de proteger vidas humanas y el medio ambiente marino. 
Por esta razón querría felicitar a mi colega, el Sr. Sterckx, quien ha trabajado infatigablemente durante mucho tiempo, para lograr este resultado que tenemos hoy ante nosotros. 
En la propuesta inicial de la Comisión había regulaciones positivas, orientadas a mejorar la seguridad en el mar y a reducir el riesgo de contaminación como consecuencia de los accidentes marítimos. 
Se exige que los buques utilicen traspondedores y registradores de datos de viaje, las llamadas cajas negras. 
Esto se había logrado ya con el informe del Sr. Watts. 
Se establece la obligación de que los buques se rijan por sistemas de organización, notificación y control del tráfico; una mejor identificación de los buques, etc. 
El Parlamento por su parte había aprobado, en la primera lectura, 29 enmiendas que creo que mejoraban la propuesta de la Comisión, y quiero señalar que a continuación, el Consejo admitió la mayoría de las enmiendas del Parlamento, haciendo gala así de una postura constructiva. 
Sin embargo, todavía hay cuestiones que se deben solucionar, y por esta razón creo que estamos haciendo bien en insistir, a través de las 9 enmiendas que hemos aprobado en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, en una dirección concreta que muestre el camino a la Comisión y al Consejo. 
Quiero hacer hincapié brevemente en tres de las enmiendas. 
En la enmienda 1, esencialmente se intenta dejar más claro que un Estado miembro puede, si las condiciones son muy desfavorables, limitar tanto la entrada como la salida del puerto porque, a veces, que un barco se quede en el puerto constituye un peligro mayor para la seguridad, y riesgo de contaminación para el propio puerto. 
Creo que nuestra comisión, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, hace bien en apoyar que la salida del puerto debe dejarse a juicio del capitán que, por supuesto deberá explicar las razones por las que toma una determinada decisión. 
Mediante la enmienda 2 intentamos hacer frente, de forma más realista, al coste que ocasiona la contaminación o del daño que sufre un puerto de refugio; la buena disposición de los puertos a la hora de acoger buques en peligro, sin duda aumentará al saber que pueden contar con una indemnización razonablemente rápida de los costes y daños que conlleve esta operación. 
Finalmente, con la enmienda 3 se aspira a que puedan facilitarse rápidamente los recursos necesarios a fin de que los Estados miembros procedan a realizar las regulaciones necesarias para la previsión de los medios y las instalaciones suficientes en los puertos de refugio para proporcionar una asistencia eficaz a los buques en peligro para su salvamento y para hacer frente a la contaminación. 
Y en este sentido es también esencial la propuesta del Sr. Sreckx de que se dé un plazo de 18 meses, para que estas propuestas no se queden en una declaración de intenciones, sino que constituyan Derecho en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, estamos actuando como Parlamento, como Unión Europea, para hacer más seguros nuestros mares en respuesta a sucesos trágicos como los naufragios del Herald of Free Enterprise, el Scandinavian Star, The Estonia y, más recientemente, The Erika. 
Estamos estableciendo una serie de medidas para garantizar que sucesos como éstos no vuelven a repetirse jamás. 
Estamos salvando vidas humanas y protegiendo el medio ambiente marino. 
Por consiguiente, aplaudo a la Comisión y a la Sra. Comisaria por su dedicación para mejorar la seguridad de nuestros mares y al Consejo por estar dispuesto a la codecisión con el Parlamento. 
Rindo homenaje, en particular, al ponente por su determinación de reforzar, además de aclarar una propuesta que de por sí ya era buena. 
Los tres elementos fundamentales son seguimiento e información, transpondedores en todos los buques y seguimiento por parte de todas las autoridades marítimas; componente imprescindible de nuestro paquete de medidas Erika. 
Con ello garantizaremos que no existe ningún santuario para buques que no cumplen las normas, que todos los buques serán vigilados y supervisados y que no escaparán al cumplimiento de sus obligaciones internacionales. 
Es nuestro mensaje a los buques que no cumplen los requisitos de seguridad y que utilizan pabellones de conveniencia. 
En segundo lugar, la propuesta encaja perfectamente con mi informe sobre el Estado rector del puerto. 
En particular, la caja negra registradora de los datos de navegación. 
Como el ponente ha dicho, esto nos permitirá no sólo aprender de las lecciones pasadas, sino también prevenir este tipo de problemas. 
Estamos ofreciendo auténtica ayuda a los buques en dificultades, garantizando que son manipulados debidamente en situaciones de emergencia, cerrando así el eslabón abierto en la cadena de la seguridad. 
Al igual que el ponente, quiero estar seguro de que ésta y otras medidas del paquete Erika se cumplen. 
Éste es quizá el mayor reto al que nos enfrentamos como Comunidad. 
Queremos garantizar que toda esta nueva legislación, tan valiosa, la cumplen no sólo las compañías navieras, sino también los propios Estados miembros que, lamentablemente, se han mostrado durante años reacios a respetar el Derecho comunitario. 
Espero que los ponentes de Erika, juntos, puedan reunirse en breve con la Sra. Comisaria para contribuir a la presentación de propuestas sobre el mejor modo en que el Parlamento puede garantizar que los Estados miembros cumplen con sus obligaciones, que se han vuelto más estrictas. 
Por último, espero que nuestras enmiendas sean aceptadas en su totalidad para poder evitar la codecisión y garantizar que esta legislación, que tanto contribuirá a que nuestros mares sean más seguros, se incorpora a los estatutos en la primera oportunidad que se presente. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Sterckx por su gran dedicación a este asunto y por la estupenda elaboración de este informe. 
Esta propuesta de directiva, incluida en el paquete Erika 2, ha prestado atención a los aspectos fundamentales para incrementar la seguridad marítima y para reducir los daños medioambientales provocados por los accidentes. 
El tráfico marítimo se recomienda, entre otras cosas, por ser respetuoso con el medio ambiente. 
Es especialmente importante para las regiones periféricas de la UE, así como para el transporte comercial entre la UE y países terceros. 
Sin embargo, el riesgo de accidente ha aumentado conforme lo ha hecho el volumen del tráfico. 
La comisión parlamentaria ha vuelto a aprobar algunas propuestas para mejorar la seguridad que no están incluidas en la posición del Consejo. 
Reviste gran importancia contar con suficientes equipos de salvamento y de recogida de fugas de petróleo a lo largo de toda la zona costera. 
Asimismo, debemos encargarnos de la organización de todos los servicios de búsqueda y salvamento necesarios. 
Además de inferir una progresiva rigurosidad a la normativa, debemos cerciorarnos de que las soluciones que se adopten sean realistas y también viables. 
En cualquier caso, está en el interés de todos que esta propuesta sea aprobada rápidamente y que avancemos de forma real en las cuestiones en materia de seguridad. 
Puesto que deberíamos aprobar la Directiva y hacerla entrar en vigor con urgencia, no viene al caso quedarse a esperar la decisión de la reunión de diciembre de la Organización Marítima Internacional. 
Los Anexos de la Directiva podrán ser modificados mediante el procedimiento de comitología, con el fin de adecuarlos a lo que se decida en el seno de la OMI. 
Gracias a este procedimiento, será posible incluir fácil y rápidamente en la Directiva los plazos acordados a escala internacional. 
Quisiera todavía llamar la atención sobre el hecho de que no basta con las decisiones adoptadas en el ámbito de la Unión encaminadas al incremento de la seguridad marítima; necesitamos convenios a nivel mundial para poder atender, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con las responsabilidades. 
Quisiera en primer lugar felicitar al ponente por la calidad de su trabajo y creo, al igual que él, que avanzamos hacia un texto excelente. 
Es cierto que venimos de lejos, ya que después del drama del Amoco Cádiz, del que todos los europeos se acuerdan, y especialmente los franceses, no hubiera pasado nada sino al contrario, las cosas habían empeorado ya que los petroleros habían tomado la decisión de retirarse del transporte para no ver nunca más su nombre en los cascos de los buques varados y para no estar ya vinculados a todas esas varadas y actos de contaminación. 
El resultado hubiera sido dramático ya que el transporte marítimo, el transporte de petróleo se hubiera convertido en un centro de beneficio aislado, que tenía por tanto la necesidad, como cualquier centro de beneficio, de limitar sus costes, de crear ganancias, de vivir bajo la presión de los que le daban órdenes, es decir, los petroleros y se había deducido un efecto incuestionable sobre la calidad del transporte y sobre la seguridad, ya que la edad media de los buques se había multiplicado por dos en quince años, ahora bien, hay una relación evidente entre la edad media de los buques y el número de accidentes. 
Así pues, este Parlamento tiene una legitimidad especial para intervenir en estas cuestiones, no sólo porque conciernen al medio ambiente sino también porque son por naturaleza transnacionales y avanzamos hacia un buen texto, pero quisiera insistir en un punto en particular. 
Por supuesto, el control del tráfico, el registro de datos, la identificación, todo ello está muy bien, pero sería muy razonable, en el mismo espíritu de resistencia a la presión económica, actuar de forma que la salida del puerto, cuando las condiciones de la mar sean difíciles, no se deje únicamente a iniciativa del capitán que puede encontrarse por su propia naturaleza bajo la presión económica, sino que pueda dejarse a las autoridades portuarias que, fuera de toda consideración financiera, puedan decir si es razonable o no hacerse a la mar. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, creo que va a ser decisivo que el Consejo apruebe rápidamente lo que mañana acordemos nosotros en segunda lectura. 
El ponente ha sido muy precavido. 
No ha sobrepasado el tiempo en la segunda lectura pues queríamos tener rápidamente resultados y dicho sinceramente: el hundimiento de Erika II ha ocurrido ya hace mucho tiempo. 
Por ello, debemos adoptar medidas con rapidez y quiero indicar que los transpondedores son adecuados no sólo para la vigilancia sino sobre todo para medidas de salvamento. 
Si un barco se encuentra realmente en peligro e imposibilitado de seguir su derrota, puede ser localizado y salvado más rápidamente gracias al transpondedor. 
Nuestras exigencias en lo referente al equipamiento con transpondedores y cajas negras son muy modestas pues se ha tenido en cuenta al Consejo. 
Esperamos que la OMI acuerde en el otoño un calendario más rápido que podamos aplicar también sin demora. 
Señora Comisaria, lo decisivo es que reaccionemos con más rapidez y el colega Sterckx ha sido tan amable al concederle a usted tres años para la regulación de la indemnización para los puertos que ofrecen refugio. 
El Erika no se tendría que haber hundido si hubiese podido recalar en el puerto. 
Queremos puertos de refugio para aportar seguridad a los barcos, pero para que los puertos puedan permitir entrar a los barcos necesitamos indemnizaciones. 
Señora Comisaria, si logra una regulación con mayor rapidez, la disposición de los puertos para permitir la entrada de barcos que se encuentran en situaciones difíciles será mucho mayor y se podrá evitar un caso como el de Erika II. 
. Señor Presidente, Señorías, creo que aquellos que estamos preocupados por la seguridad marítima y por la protección de nuestros mares- y, por supuesto, dentro de la seguridad marítima situamos en primer lugar la protección de las tripulaciones- hoy estamos asistiendo a la culminación de una medida más dentro de los paquetes Erika I y Erika II, que supone un conjunto de medidas que están dotando a la Unión Europea de instrumentos suficientes y adecuados para llevar a cabo una verdadera actuación de prevención y evitar los accidentes en la mar. 
El naufragio del Erika recordó al mundo el riesgo permanente que supone el transporte marítimo de productos derivados del petróleo y puso de manifiesto la necesidad de conocer y vigilar mejor el tráfico marítimo entre las costas europeas. 
Las medidas que hemos propuesto desde la Comisión han ido mucho más allá y no se han limitado a propuestas para el sector petrolero, sino que se han hecho extensivas al tráfico marítimo en general. 
La propuesta de hoy, relativa a la Directiva sobre el seguimiento del tráfico marítimo, responde a esa preocupación. 
Prevé una estrategia global dirigida a garantizar un nivel elevado de seguridad del tráfico a lo largo de las costas europeas y su objetivo- insisto- es la prevención, a través de una identificación más precisa y una mayor vigilancia de los buques. 
Tiene, asimismo, por objeto mejorar la intervención de las autoridades costeras en caso de accidente o de riesgo de accidente, ya que, como decía el Sr. Hatzidakis, el control de los puertos, el establecimiento de puertos de refugio, la asistencia a los barcos en dificultad son elementos absolutamente claves. 
Quiero decir que, durante todo el análisis y la discusión de esta propuesta, la Comisión ha contado con el respaldo activo del Parlamento, lo mismo en ésta que en las anteriores, y muy especialmente con la constructiva aportación del ponente Sr. Sterckx. 
Creo que la colaboración entre ambas instituciones ha dado sus frutos y hoy estamos muy cerca de conseguir el acuerdo definitivo en un texto que, de entrada, no estaba exento de temas delicados, como por ejemplo la prohibición de hacerse a la mar en caso de mal tiempo o los mismos puertos de refugio, a los que me refería hace un momento, o también la obligación de llevar transpondedores o cajas negras. 
En ese sentido, una vez más quiero elogiar la tenacidad del Sr. Watts, gracias a la cual ha sido posible el acuerdo del Consejo desde la conciliación sobre la Directiva relativa al control del estado del puerto. 
Quiero decir que las indemnizaciones, en cuanto a los puertos de refugio, de los daños que se puedan causar son un elemento básico- y coincido con lo que ha dicho el Sr. Jarzembowski- para lograr que los Estados de la Unión pongan a disposición puertos de refugio, cuestión absolutamente clave. 
Señorías, quiero concluir agradeciendo de nuevo el magnífico trabajo realizado por el ponente, Sr. Sterckx, y por todos los responsables dentro de la comisión correspondiente. 
Compartimos muchas de sus preocupaciones y vamos a aceptar todas las enmiendas planteadas. 
En ese sentido, señalo el seguimiento del informe al cabo de tres años y la evaluación de la realidad, la cuestión de los controles de los lugares de refugio y la asistencia a barcos. 
En fin, aceptamos todas las enmiendas que han planteado y espero que también sean aceptadas por el Consejo, lo que nos permitiría no tener que ir a una conciliación. 
En breve presentaremos la última medida que nos falta para cerrar este paquete que permitirá mejorar sensiblemente la seguridad en el transporte marítimo. 
Tras la aprobación por la Comisión de las medidas relativas al transporte de pasajeros, presentaremos las medidas relativas a las tripulaciones, que son el elemento humano y siempre un factor decisivo. 
Muchas gracias, señora Comisaria De Palacio. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la Sra. Palacio Vallelersundi (A5-0059/2002) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2000) 412- C5-0461/2000- 2000/0177 (CNS) ) sobre la patente comunitaria. 
. Señor Presidente, creo poder empezar diciendo que me satisface este informe, porque representa el final de un largo trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que he tenido el honor de presidir durante una parte importante de esta travesía, además de ser ponente de dicho informe. 
Estamos hoy presentando el informe del Parlamento Europeo sobre la patente comunitaria. 
He de decir en primer lugar que, en este caso, el Parlamento Europeo tiene una competencia de informe simple. 
Esta es la primera- no voy a decir anomalía- pero, en fin, la primera cuestión que, desde el punto de vista del Parlamento quiero resaltar. 
Nos encontramos frente a una propuesta de la Comisión Europea que data de agosto de 2000- hace tiempo, por lo tanto- que fue recogida por el Consejo Europeo de Lisboa, que resaltó la importancia de llegar a tener una patente comunitaria antes de que finalizara el año 2001; esta importancia ha vuelto a ponerse de manifiesto en el Consejo Europeo de Barcelona, instándose así al Consejo a adoptar una posición política en el Consejo de Mercado Interior del próximo día 21 de mayo. 
Estos datos jalonan un debate que ha sido difícil, porque adoptar esta patente comunitaria no es cuestión baladí. 
Estamos en nuestro segundo intento y yo espero y confío que esta vez tengamos patente comunitaria. 
Necesitamos una patente comunitaria que cubra el territorio de la Unión, que sea complementaria de la patente europea y de las patentes nacionales y que sea competitiva en el mundo. 
Esos son los tres ejes que la Comisión Europea tomó como base de referencia y que, a su vez, ha tomado como punto de partida la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Pero para nosotros, señor Presidente, y por la razón sobre todo de que no tenemos más que un informe simple, ha sido fundamental llegar a un consenso en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Creo que lo hemos alcanzado. 
Espero que mañana el voto del Pleno respalde básicamente la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es una posición a la que hemos llegado después de debatir y discutir durante muchas horas sobre los siguientes tres puntos fundamentales que son los tres ejes de esta patente comunitaria: 
En primer lugar, el papel de las oficinas nacionales: Indudablemente, cuando tengamos la patente comunitaria, el papel de las oficinas nacionales quedará muy reducido, salvo que les confiemos un trabajo complementario. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos prevé la posibilidad de que las oficinas nacionales participen en la primera fase de la tramitación de la patente comunitaria- la fase de búsqueda- siempre y cuando garanticen un nivel de calidad suficiente. 
Ese es el primer eje de consenso de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En segundo lugar, la cuestión jurisdiccional: La propuesta de la Comisión es una propuesta ambiciosa que, por cierto, en la actualidad no tiene base jurídica en el Tratado, que se basaría en una previsión del Tratado de Niza que todavía no ha entrado en vigor, que consiste en plantear una jurisdicción comunitaria centralizada desde la primera instancia. 
Pues bien, señor Presidente, después de mucho debate, la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha adherido totalmente a la dirección de la Comisión Europea, pero sin llegar tan lejos: se plantea todavía una primera instancia nacional, si bien con muchos elementos ya comunitarizados, y creo que esta una pista de reflexión que el Consejo deberá seguir si queremos tener nuestra patente como necesitamos. 
En tercer lugar, las lenguas de procedimiento: En la actualidad, la propuesta de la Comisión era mantener el sistema de la patente europea, es decir, tres lenguas de procedimiento (inglés, francés y alemán). 
Como ponente y a la vista de la realidad, de que el inglés es mucho más que la lengua de un Estado de la Unión Europea, que es la lingua franca de la investigación, propuse sólo el inglés. 
Al final, por razones de pluralidad cultural y lingüística que el Parlamento defiende, hemos llegado a un consenso, al defender el sistema de Alicante, es decir, cinco lenguas de procedimiento. 
Creo que también aquí el Parlamento está dando una importante señal política que debe hacer reflexionar al Consejo en aras de encontrar un consenso. 
Y digo esto a la vista, incluso, de las últimas noticias que tengo del trabajo del grupo del Consejo. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar encarecidamente en nombre de mi Grupo a la ponente por su informe. 
Ha tardado algún tiempo, lo que ha sido necesario pues se trata de un tema complicado e importante, pero hemos encontrado un compromiso aceptable por la mayoría en esta Asamblea. 
No va a hacer feliz a todos los afectados, pero en eso consisten precisamente los compromisos. 
No obstante, es un buen resultado. 
Ante el breve tiempo de que dispongo, sólo me voy a referir a un aspecto que, desde mi punto de vista, ha sido muy decisivo en los debates. Me refiero a la cuestión del sistema judicial. 
La Comisión nos había propuesto originariamente que, por así decirlo, existiese paralelamente a las estructuras nacionales existentes, un sistema judicial puramente europeo. 
Siempre he dicho- y lo subrayo ahora de nuevo- que lo considero un camino totalmente erróneo. 
No debemos cometer el error que ya han cometido los Estados Unidos de Norteamérica en su estructura judicial, estableciendo un sistema judicial federal junto a un sistema judicial estatal siguiendo el principio siguiente: los tribunales federales deciden sobre el derecho federal y los tribunales estatales sobre el derecho estatal. Esto no tiene sentido ni se puede explicar al contribuyente, cuesta mucho dinero y conduce a divergencias en la jurisprudencia. 
Por el contrario, somos de la opinión de que los tribunales europeos son naturalmente también tribunales nacionales y que estos tribunales deben aplicar por supuesto tanto el derecho europeo como el del propio Estado. 
Por ello, es un avance decisivo lo que se propone en este informe de Ana Palacio Vallelersundi en el sentido de que las competencias que existen en el ámbito nacional se pueden utilizar también en el futuro para el derecho europeo y que la primera instancia abarcará a los tribunales nacionales. 
Para que la jurisprudencia siga siendo unitaria y en Europa no tengamos evoluciones diferentes existirá en segunda instancia un tribunal europeo supraordenado. 
Me parece una buena propuesta. 
Señor Presidente, quiero disculparme por tener que abandonar enseguida esta sesión pues tengo otro compromiso y debo participar en otra reunión. 
Le ruego me disculpe y expreso mi agradecimiento por su atención. 
Señor Presidente, quiero unirme a la felicitación de mi colega, el Sr. Lehne, a la señora de Palacio, por el trabajo que ha hecho en la equiparación de este informe. 
Como ha señalado la señora de Palacio, el Parlamento Europeo no tiene aquí sino una facultad consultiva, con lo cual realmente estamos en manos de la Comisión y del Consejo. 
Pero yo creo que el Parlamento Europeo en este momento está dando buenos consejos. 
En primer lugar, como ha señalado la señora de Palacio, con respecto al papel de las Oficinas Nacionales de Patentes, que es importante una comunidad como la nuestra. 
En segundo lugar, como decía el señor Lehne, en materia de jurisdicción. 
El otro día unos abogados de grandes compañías norteamericanas me decían que la ventaja que tiene el sistema federal norteamericano es que las jurisdicciones de los Estados son, en general, más bien favorables a las empresas locales y a los consumidores, mientras que las grandes compañías prefieren ir a la jurisdicción federal, que les es más favorable. 
Probablemente tendremos que considerar si la atribución de competencias a una jurisdicción comunitaria especial no podría acaso establecer un desequilibrio y además llevaría a lo que los estadounidenses llaman el forum shopping, que consiste en que cada abogado o experto en términos jurídicos lleva el asunto a la jurisdicción que le sea más favorable. 
Yo querría referirme a otro aspecto, y es que hemos llegado a esta nueva patente europea por la vía indirecta de la adhesión a un Convenio internacional ya existente. 
Esto plantea problemas, entre los que destaca el lingüístico, bastante importante para la Unión Europea. 
La Comunidad Europea no es una unión federal, sino que se aproxima a algún tipo de confederación, en el que tienen mucha importancia las culturas y tradiciones nacionales. 
Concretamente, para un país como España y para los 500 millones de personas que hablan el español, la sumisión a un idioma que no sea el propio va a suponer una limitación importantísima a la hora del desarrollo de la investigación, no sólo en nuestro país, sino en el conjunto de países que se han apoyado en la Oficina Española de Patentes para patentar invenciones. 
El Parlamento Europeo no puede sino dar una recomendación, a través del considerando 2, con respecto al artículo 5. 
Se recomienda, como señala la señora de Palacio, el recurso al sistema de Alicante, que ya ha funcionado y que está funcionando bien en este momento con cinco idiomas, que permiten una gran participación comunitaria y al mismo tiempo no resulta caro. 
Estamos viendo que este sistema se adapta bien a las exigencias de la Unión Europea. 
Yo creo que las propuestas del Parlamento y el acuerdo que hemos alcanzado en la Comisión de Asuntos Jurídicos son razonables. 
Por tanto, nuestro Grupo apoyará todas las enmiendas aprobadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos, aunque, por el contrario, no consideramos que en este momento sea procedente votar cualesquiera otras de las enmiendas, ya que esto rompería el equilibrio que hemos conseguido en dicha comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores Diputados, estimados colegas, me sumo a las palabras de agradecimiento. En nombre de mi Grupo doy las gracias a la ponente por su inmenso trabajo. 
El primer problema es el de las lenguas. A este respecto hemos presentado una enmienda, a saber la enmienda 31, porque para las empresas europeas, que constituyen un gran mercado único, es harto importante que la patente europea se haga realidad. 
Lamentamos, por tanto, que esta iniciativa haya sido aplazada hasta el 21 de mayo durante la Cumbre de Laeken. 
El debate en torno al régimen lingüístico obedece más a sentimientos políticos que al sentido de la realidad, como ya he dicho. 
En Lisboa nos comprometimos a convertir la economía europea en la economía del conocimiento más competitiva del mundo. 
Ahora bien, creo que a la hora de la verdad no nos atenemos a este propósito, tal y como queda de manifiesto en muchas de las enmiendas relacionadas con este tema. 
Los gastos de traducción ocasionarán una subida desproporcionada del coste de las patentes, lo cual constituye una clara desventaja competitiva para las empresas activas en el mercado europeo frente a las empresas que operan en otros grandes mercados como los Estados Unidos y el Japón. 
Tanto es así que las propias empresas europeas han manifestado que no utilizarán la patente europea si resulta excesivamente cara. 
Paso ahora al problema de la jurisdicción. 
A diferencia del Sr. Lehne, nos oponemos a una solución fragmentada en la que cada tribunal interprete la patente comunitaria europea a su manera. 
A nuestro modo de ver debe haber un único órgano jurisdiccional que se pronuncie en primera instancia, en tanto que los recursos de apelación incumben al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Y con esto he llegado al último punto: el aspecto constitucional. 
Nosotros, los liberales, somos partidarios de que Europa introduzca una única patente europea, independientemente del Convenio, o sea, sin adherirse al Convenio, a fin de garantizar que la patente europea se someta al control democrático del Parlamento Europeo y que la legislación europea pueda ajustarse a la patente europea. 
Señora Presidente, muchas gracias por haberme brindado esta oportunidad. Gracias a todos por su atención. 
Señor Presidente, al igual que todos los aquí presentes, agradezco enormemente la labor que ha realizado como ponente la Sra. Palacio Vallelersundi, entre otras cosas, porque valoramos mucho sus esfuerzos como presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Estoy muy de acuerdo con los tres puntos en los que la ponente ha querido que nos centremos, aunque mi punto de vista difiere respecto a uno de ellos. 
Todos coincidimos en reconocer la importancia de preservar el papel de las oficinas nacionales. 
Respecto al segundo punto relativo a la jurisdicción, a muchos de nosotros nos parece que la amplia descentralización de la justicia ha sido parte del genio del desarrollo de la Comunidad Europea y que los tribunales comunitarios, en particular, en asuntos de Derecho privado y Derecho mercantil asuman el papel de asesor o un papel secundario, mientras que las jurisdicciones principales estaban localizadas. 
Éste es un principio de vital importancia que debemos mantener- si es posible mantenerlo sin destruir el régimen de patentes. 
Como el Sr. Lehne ha dicho, podríamos seguir caminos equivocados que conducirían a la dispersión de las jurisdicciones comunitarias y a jurisdicciones paralelas entre los sistemas nacionales y el sistema comunitario. Eso sería una auténtica pena. 
Por ello, espero que aprobemos las propuestas jurisdiccionales. 
Luego tenemos el régimen lingüístico, cuestión en la que discrepo, con todo mi respeto a la Sra. Palacio Vallelersundi, al igual que mi Grupo. 
Creemos que es importante mantener el sistema actual dentro de la Oficina Europea de Patentes. 
Por otro lado, también creemos que las personas deberían poder presentar reivindicaciones de la patente en su propio idioma. 
Luego, creemos que deberían traducirse a todas las otras lenguas- no todo el procedimiento, sino sólo, como dice la letra c) de la enmienda 20 "... se concederá en la lengua de presentación de la solicitud y en la lengua oficial en la que se ha desarrollado la tramitación y estará acompañada por traducciones de las reivindicaciones de la patente y de un breve resumen en las demás lenguas oficiales de la Comunidad ", y luego la letra d) ," Realizará las traducciones el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea y la Unión Europea se hará cargo de los gastos ". 
El mantenimiento del principio de igualdad lingüística es un bien público importante de la Unión Europea. 
La Unión debería hacerse cargo de los gastos. 
No debería convertirse en un gasto para los titulares de las patentes. 
Por consiguiente, las objeciones sobre el precio excesivo de la patente europea dejarían de tener razón de ser. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, para mí la cuestión de qué tribunales nacionales son competentes para una patente europea no es la cuestión decisiva en este informe. 
Para mí se trata más bien de qué finalidad persigue este proyecto y qué efectos tiene exactamente un régimen de patentes de este tipo. 
Este informe y otras modificaciones proyectadas del régimen de patentes en la UE pretenden hacer más atractivos los registros de patentes aplicando directamente la protección de la patente en toda la UE, lo que supone una ampliación. 
Una patente sugiere que el titular de la patente ha inventado todo lo que quiere patentar. 
Pero, por lo general, recurre a muchos conocimientos que las personas han desarrollado antes que él y que sólo puede utilizar, además gratuitamente, si no caen dentro del régimen de patentes. 
Precisamente ante los intentos actuales de hacer patentable cada vez más software, se ve de modo especialmente claro lo absurdo del tema. 
Se quiere que incluso los algoritmos en los programas de ordenador ya no puedan ser de libre disposición. 
De este modo se quita de las manos a cualquier inventor la base para desarrollar un nuevo programa de ordenador. 
Con frecuencia las partidarias y partidarios del régimen de patentes alegan el argumento de que las patentes benefician a inventores que no trabajan para un consorcio sino que hacen sus inventos en privado o al menos con pocos recursos financieros. 
Una patente protegería a esta gente frente a una utilización de las empresas de sus inventos sin pagar una remuneración a los inventores, es decir, sin pagarles por su trabajo. 
El problema en esta exposición es que esta imagen no corresponde ni mucho menos a la realidad de las patentes. 
Al menos en la RFA, los consorcios detentan la mayoría de las patentes y la siguen ampliando. 
Con frecuencia se niega el acceso a los particulares mediante unas elevadas tasas de explotación de la patente. 
Tal como indica la expresión propiedad intelectual, patentar no significa otra cosa que valoración económica de cosas inmateriales como ideas, inventos o incluso descubrimientos. 
No me interesa que las defensoras y defensores del capitalismo se pongan de este modo a ellos mismos una zancadilla, al menos si creen en su credo de innovación y competitividad. Mi objetivo es un acceso libre y el intercambio de informaciones y conocimientos y sus posteriores desarrollos. 
Esta es exactamente la condición previa para una vida con autodeterminación y un enfoque político emancipatorio. 
En contra de este enfoque, el informe de la Sra. Palacio apunta a meter una parte cada vez mayor de los conocimientos mundiales en un molde mercantil para que la industria pueda beneficiarse de ellos. 
Curiosamente, ese interés no tiene que ver con la esencia de la patente comunitaria, sino con el régimen lingüístico propuesto, en el que, desgraciadamente, se hace una vez más una distinción entre lenguas de primera y de segunda dentro de la Unión Europea, ya que la ponente se muestra partidaria de aplicar el procedimiento y el método de la Oficina de Marcas a la patente comunitaria, haciéndose eco del punto de vista del Consejo. 
No puede faltar el neerlandés, mi lengua, hablada por más de 21 millones de europeos. 
Evidentemente, esto ocasiona gastos adicionales. 
Ya lo sé, pero ése es el precio que debemos pagar si queremos salvaguardar la diversidad, que es la riqueza de nuestro continente. 
Por otra parte, observo muy en concreto que los Estados miembros de las denominadas lenguas ' grandes? sí estarían dispuestos a cargar este sustancioso coste suplementario a la Unión Europea si su propia lengua estuviera en peligro. 
El OVV, el Órgano de Consulta para Asociaciones Flamencas, una organización altamente representativa que reúne a un gran número de asociaciones culturales y políticas flamencas de mi país, comparte esta exigencia, concluyendo que, en caso de que la Unión Europeo falte a su compromiso, -cito -: ' Europa amenaza con convertirse cada vez más en un invasor ajeno al pueblo en lugar de ser un marco de cooperación en igualdad de condiciones en el que se respete la identidad nacional de todos sus miembros, conforme a lo estipulado en los Tratados básicos?. 
Se trata de un aviso muy serio de una importante y prestigiosa asociación cultural y política, al que también tiene que prestar atención la Unión Europea. 
Señor Presidente, al igual que otros colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, quisiera felicitar a nuestra expresidenta, Sra. Palacio Vallelersundi, por todos los esfuerzos que ha dedicado a la elaboración del presente informe. 
Ha sido una labor realmente hercúlea, pero, a pesar de ello, me temo que, en opinión de los Conservadores británicos, no ha sido capaz de resolver satisfactoriamente los problemas que con tanta vehemencia se han debatido en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
No obstante, quisiera resaltar que no creo que ésta sea una reflexión sobre su persona. 
Más bien me parece que, como ya han mencionado varios oradores, el núcleo de la presente propuesta contenía toda una serie de auténticas adivinanzas- asuntos serios. 
En particular, indica la imposibilidad más o menos total de compaginar nuestra política lingüística con las necesidades de aquellos que utilizan y trabajan con patentes. 
Sospecho que en un microcosmos, éste puede ser uno de entre la serie de problemas mucho mayores que experimentaremos en la Unión en un futuro no demasiado lejano. 
En mi opinión, la existencia de una patente comunitaria, que podría ser un avance de gran utilidad en la ley de propiedad intelectual, carece de sentido si aquellos que utilizan y trabajan con patentes piensan que no se sirve de nada. 
He podido saber del sector que las propuestas de la Comisión podrían ser de utilidad, pero que la propuesta del Parlamento no lo será. 
Habida cuenta de que éste no es un asunto de codecisión, lo mejor que puede hacer este Parlamento es emitir una opinión como es debido, y luego dejar los asuntos en manos del Consejo para ver si éste tiene éxito donde nosotros hemos fracasado. 
Soy el primero en reconocer que no creo que ésta sea una sugerencia espléndida, pero es pragmática. 
Creo que es la línea de acción acertada en las circunstancias en que ahora nos encontramos. 
Por último, al igual que mi colega Sr. Lehne, debo asistir a otra reunión y espero poder contar con su aprobación para abandonar la Asamblea, al igual que él. 
Señor Presidente, yo también deseo dar las gracias a nuestra ponente, Sra. Palacio Vallelersundi, por su excelente informe y, lo que es más importante, por sus constantes y enérgicos esfuerzos para lograr el consenso sobre la patente comunitaria en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Son aptitudes como éstas las que echaremos muchísimo de menos ahora que ya no es presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Debo reconocer, lamentablemente, que sus esfuerzos no se han visto favorecidos por la imposibilidad del Consejo de llegar a una solución en este ámbito, y menos a un acuerdo unánime. 
Es evidente que necesitamos una patente comunitaria y que ésta es un elemento clave para apuntalar la agenda de Lisboa de fomentar la innovación y la competitividad de la UE. 
Pero el sistema, como ha dicho Lord Inglewood, debe resultar atractivo para la industria y las empresas, de lo contrario, sencillamente será irrelevante. 
La industria ha transmitido a los Estados miembros, a la Comisión y al Parlamento un mensaje muy claro: quiere juicios coherentes bajo jurisdicción comunitaria y una jurisprudencia común, en particular, en lo relativo a la aplicación. 
Queremos, en particular, un régimen económico y de fácil aplicación. 
Para que las PYME y, especialmente, los inventores saquen algún provecho de esta patente comunitaria, lo que no necesitamos es un sistema intrincado que les ate con papeleos y trámites. 
Ilustraré este problema con la experiencia que ha tenido un elector de mi circunscripción, John Hamson, un ingeniero e inventor que no puede permitirse contratar a los caros agentes de patentes. 
Él tiene una patente en el Reino Unido. 
Me cuenta en sus cartas los problemas que encuentra en su trato con la Oficina Europea de Patentes y el sinfín de trabas que debe superar para obtener una patente europea. 
No quiero repetirlas y no digo esto como crítica a la Oficina Europea de Patentes. 
Pero lo cierto es que este señor ha gastado mucho dinero y sigue sin tener una patente europea. 
Sus comentarios se resumen en la última carta que me dirigió hace unas semanas: "el proceso ha sido diseñado sin duda para desalentar a los pequeños inventores y favorecer a las grandes empresas que cuentan con asesores jurídicos y expertos en patentes para sortear su engañosa burocracia." 
Se lo debemos a la industria, a las pequeñas y medianas empresas y a los inventores individuales proporcionarles una patente comunitaria sencilla y asequible, que a su vez contribuya a la innovación y la competitividad de la UE. 
Debemos ser capaces de ofrecer a la industria y a las PYME un mejor trato para garantizar que la protección de la propiedad intelectual es realmente una oportunidad para crear y fomentar la innovación. 
Al igual que Lord Inglewood, no creo que el Consejo tenga las respuestas a este problema. 
Recaerá en el Comisario Bolkestein la tarea de intentar encontrar una solución. 
No obstante, hemos tenido a una ponente que ha realizado un esfuerzo hercúleo para intentar alcanzarla. 
No es culpa suya que no hayamos conseguido el consenso adecuado, pero debo decir que en la cuestión lingüística no podrá llegarse a ningún compromiso. 
Por consiguiente, lo dejo en manos del Comisario Bolkestein para que intente encontrar una solución que satisfaga a algunos de mis electores en el noroeste de Inglaterra. 
Señor Presidente, la señora McCarthy dijo que el Comisario podría buscar un acuerdo de esta naturaleza. 
Me permito proponer la enmienda 32, en la que se contiene un sencillo sistema según el cual se pueden presentar propuestas en inglés o en otra lengua comunitaria. 
Se podrían hacer resúmenes de las solicitudes y traducirlos a todas las lenguas comunitarias. 
Quisiera hacer hincapié en que esta enmienda implicaría que los ciudadanos podrían ver qué monopolios limitan sus posibilidades. 
También quisiera subrayar que hay otros factores tan importantes como la patente comunitaria para fomentar las innovaciones en el ámbito de la Unión. 
Por ejemplo, creo que son fundamentales los inventos que se hacen en el seno de las universidades y su uso posterior. 
En Europa existen normas de difícil interpretación que impiden a las universidades utilizar sus potencialidades. 
Insto a la Comisión a revisar este aspecto que afecta a numerosos países y que tiene relación con los derechos de las universidades y de los investigadores a sus inventos. 
Estamos creando un sistema competitivo, que no sólo beneficia a los inventores europeos. 
Lo fundamental en materia de patente comunitaria es la lucha entre los diferentes sistemas. 
Señor Presidente, señores Comisarios, estimados colegas, nosotros insistimos en la igualdad fundamental de todas las lenguas. 
Ésta es para nosotros una exigencia prioritaria. 
Por tanto, creo que todos los ciudadanos europeos deben tener la posibilidad de dirigirse a los órganos de la Unión en su propia lengua- entre otras cosas para solicitar una patente- y de recibir una respuesta en su propia lengua. 
La discriminación por razones lingüísticas atentaría contra el Derecho comunitario y la Carta de los derechos fundamentales. 
Por todo ello, la selección de cinco lenguas no nos parece un compromiso honesto. 
Instamos al Parlamento, al Consejo y a la Comisión a que suscriban nuestras enmiendas. Gracias a ellas, cada cual podrá presentar una solicitud de patente en su propia lengua y recibirá una respuesta en esa misma lengua, al tiempo que dispondremos de una traducción a las demás lenguas oficiales de la Comunidad. 
Opinamos que la propuesta de utilizar tres lenguas de trabajo en el seno de la propia Oficina no es contraria a estos principios puesto que esta solución contribuye, por una parte, a reducir los gastos y, por otra, evita que todo se haga exclusivamente en inglés. 
Señor Presidente, no es admisible que se cree una patente comunitaria a cualquier precio, en particular poniendo en entredicho los intereses de los países pequeños y medianos, ya sea en cuanto al régimen lingüístico o en cuanto al papel de los institutos nacionales, además de las cuestiones de fondo relativas a la existencia de patentes comunitarias y del grave problema de la posible incidencia de las patentes en esferas fundamentales como la vida, el patrimonio natural o los medicamentos, entre otras, en las que ya se han abiertos puertas inaceptables que sirven sobre todo a los intereses de las grandes multinacionales. 
Es inaceptable la aplicación da la patente comunitaria del régimen de Múnich existente para la patente europea (dado que sólo utiliza tres lenguas) , con lo que contraviene el principio de igualdad de todas las lenguas oficiales y crea discriminaciones inaceptables desde el punto de vista del procedimiento y problemas de seguridad jurídica. 
Pero resulta totalmente inaceptable el régimen lingüístico propuesto en este informe, el denominado "régimen de Alicante" para la marca comercial, que sólo establece la utilización de cinco lenguas de los países mayores, con lo que contraviene el principio de no discriminación entre empresas y crea un directorio de lenguas principales, sienta precedentes para el futuro y pone en entredicho la utilización de todas las lenguas oficiales. 
En este marco, presentamos nuestra enmienda en la que proponemos que en la próxima conferencia diplomática para la revisión del Convenio sobre la concesión de patentes europeas se establezca para la patente comunitaria el uso, en pie de igualdad, de todas las lenguas oficiales de la Unión Europea con el fin de garantizar a todos el uso de su propia lengua en todo el proceso y la seguridad jurídica de la patente. 
Otra cuestión se refiere al software y a la necesidad de que siga siendo libre de una patente comunitaria europea, como indicamos también en la propuesta que presentamos. 
El libre desarrollo del software, en particular el del llamado free software, es una condición esencial para fomentar la innovación y la divulgación, garantizando la continuidad de su creación y su uso público y obteniendo una plusvalía. 
Por eso, es necesario garantizar que el software seguirá teniendo las mismas condiciones que hasta ahora, libre de restricción alguna impuesta por una patente comunitaria europea. 
Señor Presidente, la patente comunitaria no debería ser una ocasión perdida. 
Todo el mundo la reclama y nadie llega a finalizarla. 
Dos fechas jalonan esta ' chassé-croisé? : 1975 y 1989, dos esfuerzos infructuosos. 
En Lisboa, los jefes de Estado y de gobierno hicieron de ello una prioridad. 
La patente comunitaria debía ver la luz antes de finales de 2001. 
En los Consejos de Feira, de Estocolmo y de Gotemburgo se recordó la necesidad y la urgencia. 
¿Qué queda de ello hoy? 
El Consejo no ha llegado a un acuerdo. 
El Parlamento, a través de su Comisión de Asuntos Jurídicos responsable para el fondo, propone un compromiso político del que felicito a la Sra. De Palacio pero que no me parece que responda verdaderamente a lo que esperan los futuros usuarios, ya que no aporta ninguna mejora importante con respecto al sistema existente. 
Los industriales y los inventores solicitan una reducción del coste de la patente, con el fin de que llegue a ser competitiva. 
Pretenden solamente que se garantice el respeto de la seguridad jurídica en la mayor equidad. 
La propuesta de la Comisión es una respuesta pragmática a estas aspiraciones. 
Incide en la reducción de costes, especialmente mediante el régimen lingüístico de las tres lenguas de trabajo de la Oficina europea que, asegurando el umbral de competitividad internacional, sea compatible con nuestra especificidad lingüística, con el reconocimiento del papel privilegiado de las oficinas nacionales para las tareas específicas de información y ayuda técnica a los inventores y a las PYMEs y, finalmente, con un régimen jurisdiccional que garantice el carácter unitario de la jurisdicción mediante la instauración de un tribunal comunitario de propiedad intelectual. 
Estos tres puntos primordiales han logrado el apoyo de los profesionales. 
Ahora bien, son ellos los que esperan la patente. 
No asumamos el riesgo de crear una patente comunitaria que no utilizarían por estar demasiado alejada de sus preocupaciones. 
Ésa es la señal que hemos de enviar al Consejo con nuestra votación de mañana. 
Señor Presidente, la Sra. Palacio ha mostrado su calidad como jurista y como política y ha podido hacer coincidir opiniones. 
Mi enhorabuena. 
Para que prospere la Europa de la libre competencia, especialmente en la época actual del conocimiento y de la innovación, necesita un título comunitario de patente. 
En tanto que todos reconocen dicha necesidad, la forma en la que se han declarado las oposiciones, hasta este momento, muestra algo que, como experiencia, nos es valioso, la gran dificultad de conciliar los estrictos intereses nacionales con el estricto interés comunitario que, en último caso, se supone que está al servicio de los intereses nacionales. 
El primer conato por lograr la concesión de una patente comunitaria tuvo lugar con el Convenio de Munich. 
Pero después de su concesión constituía Derecho nacional y estaba regido por las disposiciones nacionales. 
Hoy se está intentando lograr la patente comunitaria después del fracaso del Convenio de Luxemburgo. 
Voy a referirme a tres temas. 
El primero tiene que ver con el problema lingüístico. 
Se ha dicho de todo, y creo que se trata de una propuesta conciliatoria. 
Sin embargo, sería útil fomentar, por lo menos, la traducción a todas las lenguas del total de las reivindicaciones de una patente comunitaria. 
Esta solución reduce significativamente el coste de concesión de la patente en relación con el coste necesario para la patente comunitaria vigente en 15 países. 
En cuanto a las oficinas principales, la solución de que la Oficina Europea de Patentes tenga un papel central, atribuyendo parte de su labor a las oficinas nacionales, es positiva. 
Verdaderamente, dicha solución combina las ventajas que presenta una Organización Europea de Patentes fuerte con la fuerza de las oficinas nacionales de patentes: proximidad geográfica, conocimiento del terreno, conocimiento de la lengua local, mediación en la colaboración entre el sector público y el privado. 
El estrecho contacto con las oficinas nacionales de patentes reviste una importancia de primer orden también para la información, el apoyo al público y la difusión de la información tecnológica contenida en las patentes. 
Incluso facilita el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las centrales de información. 
Creo que desde el momento en que estemos de acuerdo sobre esta postura básica, podremos llegar también a un acuerdo sobre la índole de los trabajos que pueden realizar las oficinas nacionales. 
Finalmente, el tema de la jurisdicción. 
La solución preferida, es decir, que primero sean responsables, sin discrecionalidades, los Tribunales de la Patente Comunitaria de los Estados miembros, en tanto que, en segundo lugar, la Sala Europea de la Propiedad Intelectual logra una conciliación entre las fuerzas centrípetas y centrífugas. 
De esta manera se consigue un acceso fácil a los Tribunales, una rápida administración de la justicia y que la apelación sea asequible. 
En consecuencia, facilita nuevamente la participación de las pequeñas y medianas empresas en la innovación. 
Desde este punto de vista está coordinada también con la política europea de empleo más general. 
Señor Presidente, los derechos de propiedad intelectual e industrial son un instrumento útil para la economía y para la sociedad en general. 
Me parece obvio que queremos conferirles carácter comunitario ya que, a fin de cuentas, nos movemos en un mercado único. 
Por eso acojo muy favorablemente la propuesta de la Comisión de crear una patente comunitaria. 
Aunque el trabajo realizado por la ponente merece el mayor de los respetos, hay algo en lo que no estoy de acuerdo con ella. Me refiero al régimen lingüístico. 
En mi opinión, planteamiento comunitario implica entre otras cosas respeto de los principios comunitarios, también en el ámbito lingüístico. 
A este respecto me parece significativo que en los debates nunca hayan faltado las discusiones acerca del régimen lingüístico. 
He escuchado con atención a mis colegas franceses, italianos, alemanes y españoles, y he llegado a la conclusión de que todos abogan por una solución en la que su propia lengua esté a salvo. 
Desde 1958 los ciudadanos de los Estados miembros tienen derecho a utilizar su propia lengua oficial en sus comunicaciones con las instituciones europeas y también ante las instancias judiciales comunitarias. 
Tanto es así que este derecho ha quedado consagrado en los Tratados en Amsterdam. 
Ahora bien, Señor Presidente, mientras que, de un lado, causamos a los ciudadanos la impresión de que sus derechos lingüísticos van en aumento, de otro lado, los estamos debilitando cada vez más, sobre todo en el sector de los derechos de propiedad intelectual. 
Primero se trataba de la Oficina de Marcas, luego fue el turno de los diseños y los modelos y ahora le toca al Reglamento sobre la patente comunitaria. 
Entretanto hubo incluso un intento- afortunadamente frustrado- de impedir que la normativa general vinculante destinada a enriquecer nuestro derecho contable se tradujera a todas las lenguas oficiales. 
Estimados colegas, así las cosas, les insto a que mañana voten en conciencia. Hemos de emitir una clara señal al Consejo y a la Comisión. 
Les pido que vuelvan a reflexionar profundamente acerca de los artículos referentes al régimen lingüístico. Realmente debemos evitar que la lista de discriminaciones lingüísticas injustificadas se alargue en cuanto entre en vigor el Reglamento sobre la patente comunitaria. 
Les emplazo una vez más a que examinen minuciosamente las enmiendas lingüísticas y a que las respalden luego. 
Señor Presidente, Señorías, tras muchos años de trabajo para tener una patente comunitaria eficaz, debemos poner de manifiesto que continúan pendientes algunas cuestiones: el régimen lingüístico, el papel de las oficinas de patentes y el procedimiento judicial. 
A pesar de las repetidas invitaciones de los jefes de Estado y de Gobierno y de los varios Consejos Europeos, el último el de Barcelona, la situación no se desbloquea. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos nos hemos encontrado con los mismos problemas en lo que a la cuestión de las lenguas se refiere. 
Tras largos debates, la comisión ha optado por el régimen lingüístico ya experimentado para la marca comunitaria, en virtud del cual las solicitudes se pueden presentar en una de las lenguas oficiales de la Comunidad. 
Sin embargo, el solicitante deberá indicar también una segunda lengua, la llamada lengua de procedimiento, entre un abanico de cinco lenguas (inglés, francés, alemán, italiano y castellano) cuyo uso aceptará para los procedimientos, en particular los procedimientos de oposición, revocación o invalidez. 
Si la solicitud se presenta en una lengua distinta de las cinco antes mencionadas, la Oficina se encargará de su traducción a la lengua de procedimiento elegida por el solicitante. 
A mi modo de ver, no se trata de una solución ideal. 
Por razones de economía hubiera sido mejor tener una sola lengua, el inglés. 
Ésta también es la solicitud de la industria europea. 
Sin embargo, no ha sido posible, y por eso, bienvenido sea el sistema de Alicante que es la única solución posible, aunque no la mejor. 
Por lo que se refiere al procedimiento judicial, la Comisión de Asuntos Jurídicos sugiere una jurisdicción de primera instancia nacional, a fin de poder recurrir a los tribunales nacionales que tengan experiencia en materia de litigios sobre patentes, como tribunales de la patente comunitaria, mientras que la resolución de segunda instancia corresponderá al Registro Europeo de la Propiedad Intelectual. 
Se trata de una solución de compromiso. 
Hubiéramos preferido una única jurisdicción centralizada de primera y segunda instancia que habría garantizado una interpretación más uniforme. 
Pero también en este caso las oposiciones han sido muy fuertes. 
Por último, a las oficinas nacionales de patentes se les garantiza que puedan continuar desempeñando un importante papel en el procedimiento de concesión de la patente comunitaria. 
En conclusión, a nuestro modo de ver, la solución no satisface al cien por cien, pero por fin se cierra esta compleja cuestión. 
Creo que incluso la ponente, Sra. Palacio, a quien felicito por el trabajo realizado, comparte estas perplejidades. 
No obstante, en este procedimiento el Parlamento sólo tiene una facultad consultiva y no actúa como colegislador. 
Por todo ello, damos nuestro visto bueno confiando en que el Consejo de Ministros alcance cuanto antes un acuerdo, sin ampararse en ninguna excusa. 
. 
(EN) La Comisión acoge con satisfacción el informe elaborado por la Sra. Palacio Vallelersundi. 
En unos momentos en que el Consejo sigue forcejeando con la patente comunitaria, es importante que el Parlamento dé su opinión sobre este difícil y complejo asunto. 
El informe de la Sra. Palacio Vallelersundi trata sobre todos los temas fundamentales que afectan a la patente comunitaria. 
Varias de las enmiendas presentadas consagran principios que la Comisión está dispuesta a considerar favorablemente. 
En primer lugar, la enmienda 8 consagra el principio de permitir las pruebas con la única finalidad de obtener la autorización de comercialización después de que haya caducado la patente- la denominada excepción Bowler. 
La Comisión ya ha propuesto una línea similar en su revisión y aunque no me comprometo con la formulación exacta, puedo informar al Parlamento de que la Comisión estudiará detenidamente este asunto, teniendo en cuenta la necesidad de establecer derechos idénticos para la patente comunitaria y las patentes nacionales de los Estados miembros. 
Pero la enmienda 18, sobre el mismo asunto, va demasiado lejos y no puede ser aceptada. 
Un segundo ejemplo es el relativo a las enmiendas 1, 6, 7, 21, 27 y 39. Estas enmiendas tratan sobre las oficinas nacionales de patentes. 
La Comisión reconoce el importante papel de estas oficinas nacionales de patentes. 
La Comisión también puede aceptar, en principio, que éstas participen en la tramitación de las solicitudes de la patente comunitaria siempre que se cumplan cuatro condiciones: primera, que la calidad y uniformidad de las patentes comunitarias estén garantizadas y que las oficinas nacionales de patentes así como su participación se definan debidamente en un marco. 
Los acuerdos de asociación con la Oficina Europea de Patentes, que incluyan criterios sobre la calidad y lo mecanismos de control de la calidad, constituirían un marco adecuado. 
En segundo lugar, la participación de las oficinas nacionales de patentes podría consistir en la realización de la investigación preliminar- como ha sugerido esta misma noche la Sra. Palacio Vallelersundi. 
En tercer lugar, el solicitante siempre debería tener derecho a pedir que su solicitud sea tramitada exclusivamente por la Oficina Europea de Patentes. 
Por último, las oficinas nacionales de patentes y su participación deberían estar restringidas por límites cuantitativos claros. 
Pero incluso con esta aclaración, me gustaría hacer hincapié en que la participación de las oficinas nacionales de patentes es un asunto sobre el que la Comunidad no puede decidir por sí sola. 
Por lo tanto, no es cuestión de reglamento, sino que debe negociarse en el marco de la Organización Europea de Patentes. 
Un tercer ejemplo es la enmienda 9 sobre la distribución de los ingresos procedentes de las tasas de renovación. 
Aunque la Comisión puede aceptar el principio de distribuir parte de las tasas percibidas a los Estados miembros o a sus oficinas de patentes para fines de fomento de la innovación, considera, no obstante, que este asunto debe ser tratado en el contexto de la Organización Europea de Patentes. 
Aún deberá debatirse si la importancia de la oficina de patentes es la clave adecuada para la distribución. 
Algunas de las enmiendas presentadas no se ajustan a los objetivos de la patente comunitaria y, por consiguiente, no pueden ser aceptadas. 
Actualmente, la fuerza motriz de la patente comunitaria es la competitividad de la industria europea a nivel mundial. 
No tiene ningún sentido crear un instrumento, a menos que sea lo suficientemente asequible y ofrezca un nivel suficiente de seguridad jurídica como para que nuestros inventores y nuestra industria puedan utilizarlo. 
La Comisión sigue creyendo que los regímenes lingüísticos y de traducción deben ser asequibles. En este aspecto intervienen dos cuestiones. 
La primera es la lengua en que se tramita la solicitud de patente y se concede la patente, incluidas las traducciones de la solicitud. 
La Oficina Europea de Patentes funciona bien con un régimen de tres lenguas. 
No es necesario modificarlo, ya sea reduciendo el número de lenguas, como alguien ha sugerido, o añadiendo lenguas nuevas. 
En particular, añadir dos o más lenguas de trabajo a la Oficina Europea de Patentes complicaría considerablemente su labor. Supondría una pesada carga para su rentabilidad. 
El Convenio sobre la Patente Europea permite, en principio, que los ciudadanos de la UE presenten la solicitud inicial en su propia lengua, y se ha previsto una compensación para aquellos solicitantes que deban traducir sus solicitudes a una de las lenguas de trabajo de la Oficina Europea de Patentes. 
También me gustaría añadir que el régimen lingüístico de la Oficina Europea de Patentes es un tema sobre el que la Comunidad no puede decidir por sí sola. 
Ésta es la primera cuestión. 
La segunda cuestión es relativa a las traducciones de la patente una vez que ha sido concedida. 
Si las enmiendas implican que la patente deberá ser traducida en su totalidad a todas las lenguas oficiales comunitarias que pronto serán 19 o 20, dependiendo de si el maltés se convierte en lengua oficial o no, esto encarecería tanto la patente que sencillamente dejaría de utilizarse el sistema comunitario de patentes. 
Recuerdo al Parlamento que ya hemos tratado sobre esto anteriormente. 
Había un Convenio de Luxemburgo que exigía la traducción de toda la patente a todas las lenguas oficiales. 
Dicho convenio ha quedado en papel mojado- nunca se ha aplicado. 
Está claro que no queremos repetir el mismo error. 
Permítanme poner algunos ejemplos de los costes que esto entrañaría: los costes de traducción en una Comunidad de sólo 15 Estados miembros se elevarían a 17.000 euros. 
Por último, aunque no por ello menos importante, a la hora de evaluar los costes debe tenerse en cuenta la ampliación. 
La traducción a las 19 lenguas comunitarias, excluyendo el maltés, costaría alrededor de 31.500 euros por patente. 
Por todas estas razones, la Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 2, 22, 31, 32 (2) , 32 (3) , ni la enmienda 36. 
A la Comisión le gustaría aceptar la enmienda 34. 
Esto no significa que la Comisión se oponga sistemáticamente a cualquier necesidad de traducción de una parte de la patente, de la solicitud de patente o de otra información. 
Después de todo, está la patente en su totalidad, el resumen y las reivindicaciones. 
Por consiguiente, es posible que estemos hablando de necesidades diferentes de traducción. 
La Comisión podría aceptar la traducción de partes de la patente, siempre que éstas sean realmente de utilidad y que el sistema general de patente comunitaria siga siendo asequible, sencillo, rentable y jurídicamente seguro. 
En este sentido, conviene hacer una evaluación más detenida de la enmienda 25, parte de la enmienda 19 (1) , 30 y partes de la 32 (1) y de la 32 (4). 
Pero no podemos aceptar partes de las enmiendas 19 (1) , 19 (2) , 19 (3) y 19 (4) , parte de las enmiendas 20, 28 y parte de la enmienda 31 (4). 
En primer lugar, no existe ninguna razón para exigir la traducción de la patente a la lengua en la que se ha presentado la solicitud inicial. 
Ya existe. 
En segundo lugar, el presupuesto comunitario no debería ser utilizado sencillamente para financiar traducciones ni los solicitantes deberían verse obligados a recurrir a los servicios de traducción de las instituciones europeas. 
En tercer lugar, la patente debería ser publicada por la Oficina Europea de Patentes en el Boletín de la patente comunitaria y no en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas. 
En cuarto lugar, el apartado 3 del artículo 44, tal y como propone la Comisión, ofrece garantías suficientes para proteger a terceros de buena fe. 
No existe ninguna razón para exigir formalidades adicionales a un titular de patente que desea hacer valer sus derechos. 
Por otro lado, el apartado 3 del artículo 11 no puede ser suprimido porque se corresponde con el apartado 3 del artículo 44; sencillamente es aplicable en la fase anterior a la concesión. 
Por último, las lenguas de los procedimientos de los tribunales deberán determinarse en un contexto aparte y no aquí. 
Asimismo, la Comisión encuentra dificultades en las enmiendas 23, 24 y 38 en las relaciones con la Organización Europea de Patentes. 
La Comisión sigue creyendo en un sistema fácil de utilizar en el que los solicitantes puedan obtener una patente europea y una patente comunitaria con un solo trámite de la Oficina Europea de Patentes. 
La adhesión al Convenio sobre la Patente Europea lo hará posible. 
Además, permitirá un control jurídico y político suficiente sobre la Oficina Europea de Patentes, habida cuenta de que la Oficina Europea de Patentes no es un organismo comunitario. 
En lo que respecta al sistema judicial, al que se han referido varios oradores, la Comisión está dispuesta a considerar las enmiendas 26 y 29, en principio, pero a la luz de las nuevas disposiciones del Tratado CE- a saber, los artículos 225 A y 229 A- adoptados por el Tratado de Niza. 
El Tratado introduce la posibilidad de crear grupos de expertos comunitarios en materia judicial para tratar casos en primera instancia con la posibilidad de apelar al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. 
La creación de un sistema semejante sólo sería posible, naturalmente, después de la entrada en vigor del Tratado de Niza, y exige una propuesta separada de la Comisión. 
No obstante, la Comisión ve importantes dificultades en las enmiendas 3, 4, 5 y 10 a 17. 
Para comenzar, debería existir un alto nivel de conocimientos expertos y jurisprudencia unitaria. 
Esto aboga por una jurisdicción comunitaria centralizada. 
El sistema propuesto en las enmiendas no garantizaría dicha jurisdicción porque algunos tribunales nacionales tendrían tan pocos casos que tratar que no podrían acumular o mantener el nivel necesario de conocimientos expertos. 
Esta situación podría acarrear una jurisprudencia divergente y apelaciones cuasi-sistemáticas a un tribunal superior, lo que entrañaría un encarecimiento de las costas de litigio y también que las partes tuvieran que esperar más tiempo hasta la decisión final. 
También me gustaría recordar que no es nada seguro que los artículos del Tratado CE, a los que hacen referencia las enmiendas, prevean un sistema como el que ésta proponen. 
En lo que respecta a la información sobre la aplicación del reglamento, la Comisión está dispuesta a preparar el primer informe, a más tardar, en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. 
Si la Comisión estimara necesario informar antes de esa fecha, lo hará. 
Asimismo, la formulación en las propuestas de la Comisión que se centran en los costes de la obtención y renovación de patentes, ya debería cubrir todos los factores sobre los costes pertinentes. 
Tampoco hace falta decir que la Comisión presentará enmiendas siempre que lo estime oportuno. 
Por consiguiente, la Comisión, lamentándolo, no puede respaldar la enmienda 33. 
Por último, la Comisión considera que las enmiendas 35 y 37 son inaceptables. 
La Comisión ha presentado una propuesta de directiva sobre la posibilidad de patentar inventos relacionados con software, que ya ha sido presentada al Parlamento y al Consejo. 
Por consiguiente, esta cuestión será debatida en dicho contexto y no en éste. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a la Asamblea por su apoyo y colaboración en este importante reglamento. 
Espero que Europa pueda mejorar pronto su actuación a nivel mundial ofreciendo a su industria una patente comunitaria competitiva, unitaria, asequible y jurídicamente segura. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como ponente lamento que debatamos en medio de la noche un tema relativamente importante sobre la cuestión de cómo vamos a reciclar en el futuro los residuos electrónicos en Europa. 
Cuando en mi circunscripción electoral cuento que hablamos hasta las 12 de la noche sobre estos temas, nadie me cree. 
Pero la administración parece que no encuentra otros caminos. 
Se me pregunta con frecuencia por qué necesitamos una directiva de este tipo. 
¿Debemos tener de nuevo una reglamentación europea para responder a la cuestión de los residuos electrónicos? 
La respuesta es relativamente simple. 
En la Comunidad Europea producimos cada año entre siete y ocho millones de toneladas de basuras y cada año viene a sumarse un millón de toneladas. 
Esto es ya de por sí solo un argumento para reconocer que no se trata realmente sólo de basura sino de materiales valiosos que no podemos sustraer a las generaciones futuras ni mucho menos tirarlos a los vertederos de basuras. 
De este modo llego a la primera exigencia del Parlamento Europeo. 
En las diversas deliberaciones y decisiones de la comisión nos hemos pronunciado por introducir en la directiva una prohibición de tirar estos residuos y decir a los ciudadanos de Europa que no pueden tirar ya la maquinilla de afeitar al cubo de la basura sino que debe recogerse por separado pues se trata de un material valioso. 
Los Estados miembros, y a la cabeza de ellos el mío propio, tienen aquí menos ambiciones y creen que no es necesaria una exigencia de este tipo dirigida a los Estados miembros y los ciudadanos de Europa. 
Los Estados miembros tampoco muestran demasiado entusiasmo en la cuestión de qué objetivos de recogida debemos perseguir en el futuro. 
Los Estados miembros son de la opinión de que una cuota no vinculante, en este caso 4 kilos, es el camino correcto. 
Sólo puedo decir al respecto: ¿por qué se debe ocupar de un informe un Parlamento como éste si el resultado es a continuación no vinculante y se encuentra ya ahora por debajo de los objetivos alcanzados? 
Pues- admírense- el Reino Unido tiene ya hoy mucho más de lo que exigimos, a saber 6 kilos vinculantes. 
Un punto importante es naturalmente la cuestión de quién paga los costes. 
En este aspecto, las opiniones divergen es esta Asamblea. 
Creo que la Comisión realizó originariamente una propuesta muy buena pero de la que se ha apartado. 
En lo referente a los costes hay dos modelos, uno para los residuos históricos y otro para los equipos nuevos. 
En lo que se refiere a los residuos históricos los costes se deberían soportar colectivamente pues no se pueden asignar ya individualmente. 
Saben que existe una gran cantidad de productos huérfanos; de productos sin nombre y precisamente estos no se pueden asignar individualmente. 
Por ello, debe tener lugar aquí una financiación colectiva. 
Pero las empresas deben hacerse cargo de los costes desde el punto de recogida, por ejemplo, en el centro de la ciudad. 
En esta Asamblea hay algunos diputados que creen que en el futuro los cepillos de dientes tienen que ser recogidos por las empresas cerca del cuarto de baño. 
Naturalmente, esto es algo exagerado, pero quiero indicar que supone unos costes enormes: desde el punto de recogida hasta la puerta de la casa se originan exactamente el 50% de los costes. 
Estoy plenamente convencido de que esto en muchos casos haría que empresas medianas en toda Europa se viesen sometidas a grandes dificultades. 
Por ello, creo que en el futuro los costes de las empresas deben surgir a partir del punto de recogida y no en la puerta de la casa. 
En el caso de los residuos históricos colectivos hemos propuesto para las empresas una alternativa de distribución de los costes con el Visible Fee voluntario. 
Es de ayuda precisamente para responder la pregunta de si en este campo deben existir efectos retroactivos. 
Precisamente si los costes se soportan colectivamente y se identifican, la cuestión de la retroactividad sobre la que hemos debatido apasionadamente en esta Asamblea con motivo de la directiva sobre vehículos antiguos, debería estar respondida plenamente. 
En mi opinión y también en la de esta Asamblea, en la financiación de nuevos productos hay que distribuir individualmente los costes. 
Hay muchos buenos motivos para ello y aquí se esconde precisamente el potencial de innovación y motivación, pues las empresas deben saber en el futuro que pueden volver a recibir en su almacén la nevera. 
Tienen que encontrar por fin un camino para desmontarlo con mayor facilidad y a costes más económicos. 
Precisamente por ello, proponemos aquí una responsabilidad individual. 
No deben ser los Estados miembros los que tengan una posibilidad individual de decidir sino que las empresas deben hacerlo individualmente por si mismas. 
Para mí es muy importante que los costes sean aquí también hasta el punto de recogida. 
Precisamente debido a la aplicación del reglamento de coches antiguos, por el que este Parlamento acordó que las empresas deben de pagar todo, somos testigos de que las empresas- algunas muy conocidas en mi país- dicen hoy: quien paga todo, determina también el precio. 
Precisamente esto es lo que es contrario a los intereses del consumidor. 
Por ello, les quiero advertir frente a la creencia de que la recogida hasta delante de la puerta de casa es un acto a favor de los intereses del consumidor. 
Colega van Brempt, no lo es, pues las empresas tienen entonces ellas solas la posibilidad de decidir cuáles son los costes de recogida y de reciclaje. 
No existe un tercero que desempeñe el papel de controlador. 
Soy lo suficientemente empresario para saber que esto representa una oportunidad para las empresas si se dice, tal como hace el Consejo y ahora lamentablemente también la Sra. Wallström, que los costes deben soportarse al menos desde el punto de recogida. 
Entonces se producirá de nuevo esta alfombra de retazos que en realidad queríamos superar con esta directiva. 
Hemos dicho que queremos unificar de modo duradero las diferentes normas en Europa con el objetivo de obtener unas normas equiparables. 
Este fue uno de los grandes ideales que me impulsaron a venir a Europa, pues me dije que este gigantesco mercado interior debía unificar sus fuerzas sinergéticas. Pero venimos aquí y establecemos de nuevo diversas posibilidades individuales, incluso 15, en este mercado interior. 
Quiero indicar que esta directiva es de utilidad también para los países miembros que han logrado ya con grandes esfuerzos unos objetivos y que han construido sistemas. No vamos a escatimar esfuerzos para que estos países miembros, estoy pensando por ejemplo en los Países Bajos y en Bélgica, puedan conservar esos sistemas que tienen hoy. 
No estaría en mis cabales si penalizase a estos países y les dijese que tienen que recoger ahora el sistema de Europa. 
Naturalmente que no, deben alcanzar los objetivos y si los logran así como las cuotas y prescripciones, entonces podrán mantener sus sistemas de financiación durante un período aproximado de 10 años. 
La industria ha escrito durante los últimos días cartas enojadas pues en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha salido mal una decisión, concretamente la relativa a la pregunta de cómo se puede uno proteger en el futuro en el caso de productos nuevos frente a los freeridern. 
Todos conocen las superofertas poco antes de las Navidades: grandes empresas compran 10.000 frigoríficos en el área del Pacífico que se comercializan a través de un agente desconocido o de quien quiera que sea y luego, cuando se han vendido los frigoríficos, este agente, este importador desaparece y las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen que pagar la cuenta, son las que sufren bajo este sistema. 
La industria es lo suficientemente inteligente como para protegerse frente a tales freeridern o-perdón- también aves carroñeras. 
Para mí, esto es también una protección muy actual para las pequeñas y medianas empresas. 
Estimada colega, se abusa con demasía de la palabra "reutilización" en este contexto. 
En un primer momento reutilización suena muy bien pero ¿es realmente tan buena como creemos? 
Un frigorífico de 10 años de antigüedad es un ladrón de corriente eléctrica de primer grado. 
Una lavadora de 20 años necesita tanta agua que apenas se lo pueden imaginar. 
No es automáticamente la mejor solución sino que debe examinarse críticamente en el banco de pruebas. 
He elevado muy modestamente las tasas de aprovechamiento en un 10% pues en un tiempo previsible vamos a tener una prohibición de vertido. 
He dejado las cuotas de reciclado y reutilización pues son cuotas iniciales y porque la industria, inclusive los sectores industriales pequeños, tiene que orientarse a estas cuotas iniciales. 
Elevar las cuotas en un 20% -por ejemplo, en un móvil como este- no tiene mérito ni es un logro político. Para mí la cuestión decisiva y más importante es qué es lo que van a hacer con el material reciclado. 
Estamos intentando imponer una prohibición de materiales en el tiempo más breve posible para las seis sustancias peligrosas. 
Lo hemos adelantado del 2008 al 2006. 
Señora Comisaria, me alegraría si pudiese seguir estas iniciativas y motivase a sus colegas en los países miembros. 
En el caso del reglamento sobre residuos electrónicos no fue demasiado ambiciosa. 
Muchas gracias, colega Florenz. 
Comprendo perfectamente su queja sobre el momento en que tiene lugar este debate pero me permito observar con toda modestia que no es la administración, ni tampoco la Mesa del Parlamento, sino que son los presidentes de los grupos políticos los que determinan con su sabiduría el orden del día. 
Si los grandes del Reino creen que durante el día tenemos que hablar sobre la OTAN y defensa, donde no poseemos ninguna competencia, entonces ocurre esto. 
Muchos de ellos actúan según el principio de que los conocimientos detallados solamente enturbian la capacidad de emitir un juicio y entonces surgen tales órdenes del día. 
No puedo hacer nada por evitarlo. 
Señor Presidente, apoyo plenamente la idea que se esconde detrás de la presente directiva, pero deberíamos someter la propuesta y nuestras enmiendas a determinadas pruebas. 
En primer lugar, ¿se permitiría el mantenimiento de las disposiciones actualmente en vigor que han demostrado su eficacia en el tratamiento de los residuos electrónicos? 
Creo que existe el peligro de que no. 
Las enmiendas del Parlamento hacen hincapié en la responsabilidad de los productores individuales de manera que ninguno escape a las redes de la directiva, pero esto significa que habrá que modificar los actuales sistemas de responsabilidad colectiva. 
El ponente lo ha resuelto permitiendo el mantenimiento de dichos acuerdos de responsabilidad colectiva durante 10 años a partir de la entrada en vigor de la directiva. 
Esto creará dos sistemas en una UE y distorsionará la competencia. 
Me mantengo expectante, con cierto temor, ante los problemas que encontraremos en la conciliación sobre este punto. 
En segundo lugar, ¿estamos legislando con los ojos abiertos sobre el coste de lo que se propone? 
No, no lo estamos. 
La evaluación de las repercusiones de los costes en la propuesta original es por fuerza inadecuada. 
El Gobierno británico ha realizado una evaluación de las repercusiones de los costes, tras haber aprendido la lección del desastre de los frigoríficos. 
Ha estimado unos costes anuales de la aplicación de la presente directiva que podrían acercarse a los 500 millones de euros, con un ahorro máximo en costes de vertederos de unos 15 millones de euros anuales. 
¿Disponemos de este tipo de estimaciones de otros países? 
No, no disponemos. 
¿Legislarán sin calcular los costes? 
Sí, con toda probabilidad lo harán. 
En tercer lugar, ¿deberíamos pensar en los intereses de las pequeñas empresas? 
No hay ninguna duda de que el ponente piensa que no, porque en la enmienda 15 ha suprimido la posibilidad de conceder a las microempresas cinco años de gracia para cumplir la directiva y aprovecharse de las modificaciones de carácter técnico que las empresas más grandes puedan promover. 
Lo lamento profundamente y no apoyaré dicha enmienda. 
En cuarto lugar, ¿es lo que estamos haciendo de utilidad para las empresas responsables? 
Aún no. 
Tal como está, la directiva crea la posibilidad de que algunas empresas puedan terminar corriendo con los gastos de los que no respetan el sistema. 
Esperamos con interés conocer la respuesta de la Comisaria a la enmienda 92. 
En quinto lugar, ¿estamos siendo justos con las autoridades locales? 
No, las enmiendas hacen caso omiso de ellas. 
En sexto lugar, ¿es sensato incrementar los objetivos de reciclaje? 
No. 
Este incremento no obedece a ninguna evaluación de los costes ni de la viabilidad. 
El Parlamento tiene por costumbre incrementar los objetivos- cualquier objetivo. 
Es una pésima costumbre sindicalista de la que deberíamos distanciarnos. 
El ponente ha insistido una y otra vez en la importancia de la presente directiva. Como otros muchos miembros de este Parlamento estoy de acuerdo con ello. 
Suscribo asimismo las importantes propuestas complementarias, entre ellas la obligación de recoger todos los residuos de aparatos electrónicos, la elevación del objetivo de recogida obligatoria a 6 kilos- lo cual es una propuesta muy realista, como ya dijo el ponente- y en tercer lugar el importantísimo compromiso alcanzado entre los diferentes Grupos en primera lectura que debemos seguir apoyando ahora: la responsabilidad individual del productor. 
No pretendo explayarme una vez más sobre estos tres puntos, pero pienso que, de este modo, lograremos reducir la generación de nuevos residuos, dispondremos de la mejor prevención posible y obtendremos unos residuos más respetuosos con el medio ambiente y más fáciles de reciclar. 
Creo poder afirmar que el Parlamento Europeo concede suma importancia a estas tres cuestiones. Quisiera anticiparme un poco y decir al Consejo que ojalá podamos acatar estos tres principios unánimemente, entre todos, a la hora de iniciar el procedimiento de conciliación. 
Ahora bien, hay algunas cuestiones en las que no estoy de acuerdo con el ponente. Él mismo se ha referido ampliamente a la pregunta de hasta dónde llega esa responsabilidad individual y quién debe financiar la recogida y los centros de recogida. 
Si no resolvemos esta incógnita serán las autoridades locales las que acaben cargando con dichos gastos, como bien dijo la Sra. Jackson. 
Yo no soy partidaria de eso. 
Si pretendemos aplicar al pie de la letra el principio de responsabilidad y el principio de que ' quien contamina paga? tendremos que cerciorarnos de que esos gastos también corran a cargo de los productores. 
Dicho de otro modo, no se puede apoyar la enmienda 67 del ponente. 
Prevenir la generación de residuos implica asimismo que los productos deben reutilizarse tantas veces como sea posible. 
Obviamente, entiendo que los frigoríficos que consuman demasiada energía no se reutilicen, pero habida cuenta de que la vida útil de esos productos tiende a ser cada vez más breve podemos garantizar que los productos nuevamente fabricados puedan volver a utilizarse en el futuro. 
Este objetivo reviste asimismo gran importancia desde el punto de vista social. Por eso me empeño en ello, instándoles a que respalden la enmienda 73. 
Por lo que respecta al consumidor estimamos muy importante que se le informe debidamente de las sustancias peligrosas contenidas actualmente en los productos, tales como mercurio, plomo y sustancias afines. 
Permítanme que, por último, haga referencia a un asunto controvertido, a saber, las bombillas. 
Vuelvo a abordar este tema porque ha sido objeto de mucha presión, y a veces tengo la impresión de que cuanto mayor sea la presión que se ejerza en este Parlamento tanto mayor el resultado. 
Me parece absurdo que las bombillas queden excluidas de la directiva en tanto que se incluyen otros muchos productos, algunos de los cuales son incluso menos contaminantes. 
Señor Presidente, a pesar de todo quisiera concluir dándoles la razón, a usted y al ponente. Es cierto que este debate se celebra a una hora muy tardía, con muy poco público. 
Uno de mis colegas decía hoy: es increíble, ésta es sin duda la directiva más importante que votamos esta semana en el Pleno, y la tratamos a una hora intempestiva. 
Señor Presidente, viajar por la Unión puede parecer a veces a viajar en la máquina del tiempo. 
Empezando por Gran Bretaña, que presenta aún una trayectoria bastante pobre en materia de reciclado, la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos parece el futuro. 
Pero cuando visitamos Dinamarca o los Países Bajos, países en los que los aparatos eléctricos y electrónicos se recogen regularmente, nos damos cuenta de que realmente la directiva de la Comisión es sólo un intento de armonizar y ampliar la mejor práctica del presente. 
Sólo a aquellos de nosotros que seguimos viviendo en el pasado, señor Bowe, nos parece un reto y una empresa ambiciosa. 
La Directiva tendrá, sin ninguna duda, un papel principal en la política de gestión de los residuos y eso es bueno. 
El Grupo de Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos quiere fomentar el reciclaje, el diseño coherente de los productos, la mejor utilización de los recursos y reducir la contaminación. 
Nosotros apoyamos firmemente el principio de responsabilidad del productor. 
Quedan aún muchos puntos sobre los que el Parlamento y el Consejo deberán aún ponerse de acuerdo en el procedimiento de conciliación, y el hecho de que debamos participar en largas negociaciones es un tributo al ponente, que tantos esfuerzos ha realizado por acercar las posiciones de todos los partidos políticos de esta Asamblea para que exista unión y podamos garantizar, casi con total seguridad, la mayoría cualificada para numerosas enmiendas en la votación mañana. 
En particular, acojo con satisfacción su última propuesta de compromiso sobre quién debe hacerse cargo de los costes de los residuos huérfanos. 
No creo que los grandes fabricantes responsables deban correr con los gastos que crean otras empresas, ya se trate de empresas que se desentienden de sus productos o de organizaciones pequeñas. 
Me alegra que ahora se esté fomentando la reutilización de materiales en los casos en que sea aconsejable desde una perspectiva ambiental, y agradezco a los colegas de toda la Asamblea que me hayan apoyado en mi rechazo al desarrollo de los denominados chips inteligentes. 
Es posible que algunos presten oídos sordos a mis palabras, pero quisiera pedir a la Asamblea que considere la posibilidad de apoyar un par de enmiendas que he presentado. 
La enmienda 82 intenta dar respuesta a la preocupación de los fabricantes de cables, aclarando que esa responsabilidad financiera de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos recae sobre el productor del equipo acabado y sobre los distintos fabricantes de componentes. 
Creía que todos estábamos de acuerdo en este punto. 
La enmienda 71 es una llamada de ayuda en favor de las empresas que reciclan plásticos. 
Termino diciendo, no sin un cierto regocijo malicioso, como alguien que ha hecho campaña en mi país durante 30 años en favor de un mejor reciclaje, que espero que esta directiva dé una sacudida a las autoridades locales y al Gobierno recalcitrante de mi país. 
Yo también me sumo a los elogios hacia el ponente Karl-Heinz Florenz. 
Asimismo quisiera dar las gracias a los ponentes en la sombra por la buena colaboración. 
Ésta es una política medioambiental moderna. Apoyar a las empresas pioneras en lugar de lo que solemos hacer siempre: regirnos por una especie de promedio europeo y otorgar tres años extra a los países rezagados. 
Mañana prácticamente todo el Parlamento optará por la responsabilidad individual del productor. 
Es algo nuevo. 
Hace nueve años, con motivo de la Directiva relativa a los envases, nosotros, los Verdes, nos quedamos solos con nuestra propuesta. 
En el marco del reciclado de los automóviles nos pronunciamos a favor de la responsabilidad del productor, pero no de la responsabilidad individual. 
Y mañana por fin llegará el gran día: se optará por la responsabilidad individual del productor. ¿Por qué siguen los dos Grupos mayoritarios ahora la línea verde? 
Una de las razones es que en este caso las empresas pioneras también han ejercido presión. 
A este respecto los esfuerzos realizados por Electrolux de Suecia son dignos de encomio. 
Hace un año Philips aún estaba en contra, pero ahora se calla. 
El famoso principio ambiental dice: quien contamina paga. 
No dice: quienes contaminan pagan. Y menos aún: quienes consumen pagan, como sucede en el sistema neerlandés. 
En los Países Bajos existe un sistema colectivo: todo el mundo, cada consumidor, paga una tasa de eliminación. 
Como consecuencia de este sistema los productores se vuelven cada vez más vagos. 
La responsabilidad individual del productor implica innovación y mejora, lo cual redunda en beneficio del medio ambiente y resulta más barato para el consumidor. 
Si una empresa fabrica un producto que dure dos veces más los gastos de reciclado serán también dos veces más bajos. 
Si deja de introducir sustancias peligrosas tampoco tendrá que pagar después los gastos derivados de la eliminación de las mismas. 
La nueva normativa entrará en vigor en 2006, si del Parlamento depende, o en 2007, si depende del Consejo. 
Creo que en tal caso habrá que revisar profundamente el sistema neerlandés. 
De este modo, no crearemos las dos Europas a las que se ha referido la Sra. Jackson y no tendremos que esperar los diez años que fija el compromiso alcanzado. 
Pero mañana tenemos que convencer al Consejo, porque el Consejo ha entregado una chapuza. Permite que los países elijan entre un sistema individual y un sistema colectivo. 
Ello no procede. 
En Europa tenemos un único mercado y, por tanto, necesitamos también un único sistema. 
Señor Presidente, en nuestro Grupo vemos las líneas generales de este informe de manera positiva. 
Uno de los mayores problemas ambientales que hay que resolver es el de los residuos y nos complace la idea de encontrar una solución global, cuyo objetivo sea disminuir la cantidad total de residuos, aumentar el reciclaje y disminuir la emisión de sustancias nocivas en relación con el procesamiento de los residuos. 
Una directiva inteligente también puede servir para que los grandes fabricantes mejoren el diseño de sus productos. 
En la primera lectura alcanzamos un amplio acuerdo en el Parlamento y creo que ha sido provechoso mantener lo esencial de ese acuerdo en la segunda lectura. 
Esto implica también que nuestra posición ante el Consejo será más fuerte cuando lleguemos a la conciliación. 
Doy las gracias al ponente por su actitud abierta y por su cooperación. 
En cuanto a la directiva sobre sustancias peligrosas, hay un aspecto que no nos satisface del todo, esto es, la propuesta de que la prohibición de sustancias peligrosas como el plomo y el cadmio empezará a regir desde 2006. 
Esto no debe ser un obstáculo para los países que quieran ir más deprisa y que ya cuentan con una legislación más avanzada en muchos de estos campos. 
En relación con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo más importante para nosotros es la responsabilidad de los productores, que debe ser lo más clara posible. 
Es esencial, por una parte, que los productores paguen sus propios costes y, por otra, que la plena responsabilidad de los fabricantes conlleve la existencia de una verdadera fuerza que impulse el desarrollo de los productos para hacerlos tan fácilmente reciclables como sea posible. 
La propuesta del Consejo puede mejorarse. 
Por ejemplo, se puede incluir también a los pequeños productores, haciendo lo posible para evitar los problemas relacionados con los "free riders", materia en la que creo que la enmienda 92 será una buena solución. 
Respaldamos la exigencia de que se aumenten las cuotas de reciclado y los niveles mínimos de recolección por persona. 
Quisiera felicitar al Sr. Florenz por su informe. 
En términos generales coincido con su planteamiento. 
Hay, sin embargo, algunos puntos en los que no podemos perder de vista la realidad. 
Con ello me refiero a las bombillas, los tubos de imagen y los materiales ignífugos. 
Las bombillas tienen un limitado impacto medioambiental. 
Desde el punto de vista ecológico la recogida separada no resulta eficaz. 
Por consiguiente, la prohibición de introducir plomo en el vidrio de las bombillas no parece muy sensata. 
Esta medida las volvería muy frágiles y, por tanto, plantearía un problema, sobre todo durante el proceso de fabricación. 
Por razones de seguridad soy partidario de la presencia de plomo en los tubos de imagen. 
Si prohibimos el uso de plomo podemos estar seguros de que se producirán más accidentes. 
Lo mismo digo respecto a los materiales ignífugos. 
Estoy a favor de la prohibición de materiales ignífugos bromados, ya que ha quedado demostrado que son dañinos. Ahora bien, creo que vamos demasiado lejos si prohibimos todos los materiales ignífugos. 
La eliminación de los gases susceptibles de acelerar el calentamiento de la Tierra resulta poco eficaz. 
Su incidencia en la reducción del efecto invernadero sería prácticamente nula. 
Además, quiero advertir del peligro de inundar los países de fuera de la Unión Europea con los residuos de aparatos electrónicos bajo el pretexto de la reutilización. 
Es importante que los Estados miembros sólo exporten al exterior de la Unión Europea aparatos eléctricos y electrónicos útiles que realmente vayan a ser reutilizados. 
Por último, señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisión Europea, y más en concreto a la Sra. Wallström, cuándo piensa presentar la revisión de la Directiva sobre las pilas. 
La Comisión Europea siempre ha argumentado que esta propuesta de revisión podría presentarse en cuanto la propuesta de directiva sobre residuos de aparatos electrónicos estuviera lista. 
Espero que ésta sea la última vez que me veo obligado a instar a la Comisión Europea. 
Señor Presidente, las dos propuestas objeto del debate de esta noche- que yo coincido también en que se realiza demasiado tarde para la importancia que tiene- son interesantes por varios motivos. 
En primer lugar, porque van a poner a prueba la capacidad y voluntad del sector eléctrico y electrónico de mantener una actitud de compromiso activo con la protección del medio ambiente, pero también porque van a poner a prueba la capacidad y voluntad de estas instituciones europeas, y del Parlamento en particular, de hacer un planteamiento realista y coherente, que pueda asumir la industria. 
El ponente, Sr. Florenz, ha tenido un difícil trabajo, tratando de conseguir una propuesta sólida y eficaz que pueda ser aceptada por todas las partes interesadas. 
Ahora bien, como estamos comprobando en este debate, al tratarse de una iniciativa compleja y pionera en este campo, presenta todavía, en mi opinión, muchas lagunas y puntos problemáticos para su aplicación práctica. 
Dos de ellos a mí me preocupan en particular. 
Por una parte, los consumibles- de los que ya se ha hablado esta noche aquí-. 
Creo que si utilizamos este concepto en un sentido excesivamente amplio estaremos perjudicando a todos aquellos Estados miembros que ya tienen establecidos sistemas de recogida, al romper los circuitos de reutilización ya existentes, con lo que estaríamos premiando el reciclado sobre la reutilización, antes de habernos hecho la pregunta de si estamos primando el sistema medioambientalmente más correcto. 
En segundo lugar, quisiera referirme a los free riders. 
Yo creo que la enmienda de transacción que se presenta es una solución adecuada, ya que no parecía lógico que, marcando el tema de la responsabilidad financiera individual, tengan que hacerse responsables los fabricantes de los productos que desaparecen del mercado o de aquellos que dejan de ser identificados. 
Creo que debemos adoptar una postura exigente con los fabricantes que no asumen su responsabilidad frente a los residuos, en defensa de aquellos fabricantes responsables que no tienen por qué asumir los costes de los free riders. 
Señor Presidente, al igual que todos los demás oradores, quisiera felicitar al ponente por la labor que ha realizado sobre la presente propuesta. 
Ha realizado grandes esfuerzos y ha avanzado con mucha rapidez, en términos parlamentarios. 
Si consideramos todas sus repercusiones, lo que él ha conseguido es bastante espectacular. 
Es el plan de reciclado más amplio que hemos visto jamás en Europa. 
Lamentablemente, vivimos en una sociedad cada vez más derrochadora en la que producimos más y más residuos. 
Lo que me complace comprobar en la presente propuesta es que, por fin, avanzamos hacia el día en que ya no podamos arrojar al vertedero frigoríficos, televisores, tostadoras, teléfonos móviles y otros aparatos eléctricos. 
Todos queremos que llegue una nueva era en la que se reciclen o reutilicen por completo los equipos eléctricos no contaminantes. 
Todos deberemos aportar nuestro granito de arena como consumidores y convertirnos en recicladores habituales. 
Y también, ¿contribuirán las enmiendas del Parlamento a mejorar las cosas? 
Puedo responder que "sí", en buena medida, pero no completamente. 
Una aplicación demasiado rígida del principio de responsabilidad individual ocasionará importantes problemas a las pequeñas y medianas empresas de toda Europa e impedirá el buen funcionamiento de planes de recogida muy eficaces. 
Imponer la separación obligatoria de los residuos electrónicos en cada vivienda, con amenaza de sanción incluida en caso de que se detecte un incumplimiento, no es un modo muy sensato de fomentar la cooperación entre los consumidores ni tampoco es técnicamente factible en todos los casos. 
¿Queremos realmente incluir en esta propuesta los repuestos consumibles y los subconjuntos, a pesar de que añaden contaminación y enormes problemas técnicos al proceso de reciclado? 
¿No se da cuenta todo el mundo de que las pequeñas empresas de toda la Unión Europea necesitan más tiempo y asistencia para hacer frente a todas sus responsabilidades y hacer bien el trabajo? 
Todo esto me lleva a pensar que necesitamos un poco más de tiempo. 
Después de la votación de mañana deberíamos todos pararnos a pensar un poco sobre cómo podemos conseguir que la presente directiva sea plenamente ecológica, rentable y atractiva a los ojos de la sociedad. 
En él se pueden depositar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos previo pago de una tasa especial. 
En promedio, se recolecta un kilo por persona al año. 
En otro lugar de Finlandia con "Rosk ' n Roll" se paga una tasa medioambiental para entregar residuos y recibir información y consejos. Así- basándose en los principios de la economía de mercado- funciona la decimoquinta empresa de reciclado de residuos de Europa. 
Allí se recogen ocho kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por persona. 
Creo que hay mucho que aprender de este ejemplo, igual que del tratamiento de los residuos de petróleo en los ambientes marinos. 
Se necesitan una economía de mercado y sistemas comunes. 
Los vertidos jamás deben ser una ganancia. 
Respaldo la propuesta del ponente, puesto que creo que cumple con las exigencias que he señalado. 
Sin embargo, puedo comprobar que la propuesta sobre las sustancias ignífugas o el bromo en realidad no toma en consideración al medio ambiente, ya que puede implicar una mayor necesidad de recolectar residuos, en tanto no usemos los plásticos de una manera diferente. 
Opino que la enmienda sobre sustancias ignífugas no beneficia al medio ambiente. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la presente directiva y agradezco al ponente sus grandes esfuerzos. 
Esta directiva tendrá como consecuencia que se recojan y reciclen los residuos eléctricos y electrónicos en vez de arrojarlos en vertederos- como se hace en mi país- con el consiguiente detrimento para el medio ambiente. 
Los productores deben hacerse responsables de sus productos y garantizar que, en el futuro, los productos se diseñan teniendo más en cuenta el medio ambiente. 
Por ejemplo, el interior de los televisores puede fabricarse ahora completamente de plástico, en vez de plástico y metal, lo que facilitará su reciclado. 
Estos productores deberían ser recompensados por los diseños que reduzcan los residuos y tengan precios competitivos. 
Los consumidores deberán participar en este proceso para que la directiva tenga éxito. El fácil acceso a los sistemas de recogida es absolutamente fundamental y los consumidores deberán poder devolver sus productos libre de gastos. 
La obligación de que los productores asuman la responsabilidad de los productos de su marca propiciará la mejora de los diseños y tendrá repercusiones directas sobre los costes. 
Es necesario hacer más estricta la posición común poco estructurada para desalentar a los free riders que no asumen la responsabilidad de sus propios residuos. 
En este sentido, acojo favorablemente la enmienda sobre los residuos huérfanos. 
Por último, es de vital importancia que todos los Estados miembros apliquen normas comparables. De lo contrario, el resultado será sencillamente un caos. 
Señor Presidente, felicito al ponente Florenz por este jalón en la política de medio ambiente. 
Quiero exponer mi opinión sobre dos grandes temores: primero, que los sistemas de recogida ya existentes se puedan destruir. 
Yo no lo veo como la Sra. Jackson sino que creo que pueden seguir existiendo. 
Creo que es perfectamente admisible que haya que cambiar algo al cabo de diez años. 
En segundo lugar, las ciudades y municipios tienen un miedo terrible de que les coste muchísimo. 
Pero no tiene por qué costar nada en absoluto a los municipios pues, naturalmente, se podrá cobrar a los consumidores mediante las tasas de basuras. 
Que el fabricante se haga cargo de los costes al menos desde el punto de recogida lo considero un asunto peligroso. 
Como es tarde, permítanme que hable en un tono literario: lo considero casi como un modo de proceder no europeo. 
Unas palabras finales sobre Finlandia: allí impera una confusión tal que lo siento por los finlandeses, pero en Finlandia hay algunas cosas que funcionan mal. 
Incluso quieren construir una nueva central nuclear. 
Señor Presidente, estimados colegas, en mi opinión la Directiva sobre residuos de aparatos electrónicos debe servir en primer lugar al medio ambiente. 
Apoyamos todas las enmiendas destinadas a reforzar el objetivo medioambiental. 
Ahora bien, el medio ambiente no se beneficia de normas europeas que van en contra de los sistemas colectivos. 
Evidentemente, soy partidaria de la responsabilidad individual del productor. 
También comparto la opinión de que es necesario promover el diseño ecológico. 
Pero la financiación individual no contribuye a este fin. 
Hay muchos secadores, cepillos de dientes eléctricos, batidoras, calentadores de agua, televisores, etcétera, que apenas presentan diferencias por lo que a las posibilidades de reciclado se refiere. 
Por eso la financiación individual no aporta grandes ventajas ecológicas. 
Al contrario, los sistemas colectivos resultan menos burocráticos y más prácticos. 
En resumen, no hay razón alguna para marginar los sistemas colectivos. 
Mi segunda observación tiene que ver con la tasa de eliminación. 
¿Por qué no puede ser visible? 
Comprendo el fondo ideológico, comprendo que los costes medioambientales deben incorporarse al precio, pero ¿es realmente necesario que esto se haga de forma invisible? 
¿No aumentará la transparencia si la tasa se menciona explícitamente? 
De todas formas, la visibilidad redunda en beneficio de la concienciación del consumidor. Eso es muy importante si se tiene en cuenta que la consecución de los objetivos medioambientales requiere la colaboración del consumidor. 
. 
(EN) Señor Presidente, para comenzar, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Florenz por la labor que ha realizado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y por su cooperación con la Comisión. 
Permítanme recordar brevemente por qué estamos tratando sobre el problema específico de los residuos eléctricos y electrónicos. 
Es la parte del flujo de residuos que crece más rápidamente, de hecho, su crecimiento es tres veces más rápido que la media. 
Cada uno de nosotros producimos un promedio de unos 14 Kg. al año de estos residuos y para el año 2010, cuando esta directiva entre plenamente en vigor, los residuos eléctricos y electrónicos representarán más del 8% del flujo total de residuos municipales. 
Una vez que se adopte y se aplique, la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos nos permitirá desviar este tipo de residuos de los vertederos y las incineradoras para dirigirlos hacia la reutilización y el reciclado sin causar daños al medio ambiente. 
La directiva sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos impedirá la presencia de sustancias peligrosas innecesarias, que representan riesgos para la salud humana y el medio ambiente en diferentes etapas de la vida útil de estos equipos, incluida su gestión de residuos. 
El trabajo que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo refuerza considerablemente la propuesta original, y acojo favorablemente la mayoría de las enmiendas presentadas. 
En particular, apoyo el reforzamiento de la financiación individual, como propone la Comisión de Medio Ambiente, y que los sistemas de recogida se limiten a los casos necesarios por razones de orden práctico. 
La medida puede contribuir a la inclusión de los costes de gestión de residuos en el precio del producto e incentivar un mejor diseño con vistas a la reutilización y el reciclado. 
Es un primer paso hacia una mayor integración de las consideraciones medioambientales en el diseño de los productos y las pautas de consumo. 
Asimismo, debemos encontrar soluciones adecuadas para la financiación de la gestión de los residuos históricos comercializados antes de la entrada en vigor de la presente directiva. 
Una de las opciones para lograr este objetivo puede ser también la aplicación de una tasa visible. 
No obstante, la adopción de esta medida debe ser conforme a los artículos 88 y 89 del Tratado. 
Acojo favorablemente el principio de incrementar el objetivo de recogida a 6 Kg. per cápita y año, aunque el calendario previsto deberá ser más realista y tener en cuenta el tiempo necesario para la recogida y el tratamiento de datos. 
También apoyo la propuesta de adelantar a 2006 la fecha para la eliminación prevista en la directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas, aunque esto deberá hacerse de conformidad con los principios establecidos en el artículo 95 del Tratado. 
Permítanme también responder a algunas de las observaciones que se han hecho durante el debate. 
Puedo garantizarles que hemos evaluado cuidadosamente todos los aspectos de la presente propuesta, incluidos sus costes. 
Para el objetivo general de recogida de 4 Kg. de residuos por persona, estimamos que los costes serán del orden de entre 500 y 900 millones de euros. 
Hemos basado nuestras estimaciones y nuestros cálculos en sistemas reales, de los que no hay muchos: los Países Bajos es el único ejemplo del que podemos sacar conclusiones y aprender. 
Estas cifras han sido confirmadas por la práctica, por ejemplo, en los Países Bajos. 
Si el Parlamento quiere incrementar el objetivo de recogida, evidentemente es una decisión política, y la Comisión está de acuerdo con eso. 
En lo que se refiere a la subsidiaridad, hemos intentado establecer un equilibrio idóneo entre armonizar determinados elementos de la propuesta y dejar otros a la subsidiaridad. 
Éste es el motivo por el que el funcionamiento de los sistemas de recogida lo dejamos en manos de los Estados miembros. 
Asimismo, pensamos que no es necesario definir a nivel comunitario quién deberá financiar los centros de recogida hasta el momento en que el equipo llega al centro. 
Por eso hemos rechazado las enmiendas 69 y 83. 
¿Qué hay de las pequeñas y medianas empresas? 
La Comisión de Medio Ambiente ha votado a favor de suprimir las excepciones temporales para las PYME de las obligaciones financieras de la directiva. 
Podemos aceptar este punto porque creemos que la práctica ha demostrado que no se trata de costes excesivos para dichas empresas y que dicha excepción no es necesaria e, incluso, podría provocar distorsiones en el mercado. 
Señor Blokland, espero que uno de estos días podamos presentar la propuesta sobre las pilas y estoy trabajando en ello con ahínco. 
Por último, se ha presentado un total de 82 enmiendas a la Directiva RAEE y 18 a la directiva sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas. 
Respecto a la propuesta sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, la Comisión puede aceptar 32 enmiendas en su totalidad, dos en parte y 20 en principio. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 9, 11-19, 24, 27-37, 39, 40, 43, 44, 45, 50, 57, 65, 76 y 77. 
En la enmienda 23, la Comisión acepta el nuevo apartado 1 y el apartado 1 (b) , el último párrafo en su totalidad, y el apartado 1 (b) , párrafos tercero y cuarto, así como el apartado 2 en principio. 
En la enmienda 73, la Comisión puede aceptar la primera parte. 
En las enmiendas 1, 3, 5, 6, 7, 10, podemos aceptar en su totalidad las frases primera, tercera y cuarta. 
En las enmiendas 20, 21 y 41, podemos aceptar la primera frase en su totalidad. 
Podemos aceptar, en principio, las enmiendas 42, 48, 49, 51-55, 66, 78 y 92. 
Respecto a la propuesta sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas, la Comisión puede aceptar cuatro enmiendas en su totalidad, una en parte y siete en principio. 
Las enmiendas aceptables en su totalidad son 3, 4, 10 y 17. 
La enmienda 5 podemos aceptarla en parte- primer apartado- y las enmiendas 2, 6, 7, 8 y 9, el primer apartado podemos aceptarlo en su totalidad, y las enmiendas 13 y 15, en principio. 
Doy las gracias a todos los diputados por este importante debate. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Se conformidad con el orden del día sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0090/2002) de la Sra. Ries, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo (12332/1/2001- C5-0638/2001- 2001/0018 (COD) ) sobre la aprobación de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para la 24ª modificación de la Directiva 76/769/EWG del Consejo sobre limitaciones de la comercialización y del uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (pentabromodifenilo). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, fue el 27 de octubre de 2000 cuando el Consejo de Ministros adoptó su posición común sobre este proyecto de directiva, relativo a la puesta en el mercado y al empleo de ciertas sustancias peligrosas, en este caso, el éter de pentabromodifenilo, un retardador del fuego empleado- debo recordarlo- en el 95% en la fabricación de espuma flexible de poliuretano. 
El pentaBDE es bioacumulable y persistente; tiene la propiedad de exudar espumas y penetrar en nuestra sangre y en nuestro sistema nervioso a través del aire. 
Me felicito por tanto de que la posición común- como sugería por otra parte este Parlamento en su votación en primera lectura- prohíba el pentaBDE en todas sus formas, incluso cuando es residuo de la producción de un producto químico hermano, el octabromodifenilo en este caso. 
Esta prohibición está prevista para Julio de 2003. 
Por lo demás, al contrario, diría que estamos lejos de la realidad. 
El Consejo, siguiendo en esto la opinión de la Comisión, no ha aceptado la propuesta del Parlamento de ampliar el alcance de la directiva a todos los éteres de pentabromodifenilo comercializados: el octaBDE y el decaBDE en este caso. 
Hemos de precisar que el argumento que se nos opone por una mayoría de Estados miembros para justificar este rechazo es doble: en primer lugar, esperar a los resultados finales de las evaluaciones de riesgo actualmente en curso; en segundo lugar, asegurarse, antes de cualquier prohibición de un retardador del fuego, de que se dispone de sustitutos igual de eficaces. 
¿Puedo recordar que es exactamente ése el razonamiento que siguió el Parlamento en primera lectura, así como nuestra Comisión de Medio Ambiente en su votación del 21 de marzo- en todos los casos para el decabromodifenilo. 
Me explico: al pedir para esta sustancia una prohibición diferida como muy tarde al 1 de enero de 2006 y subordinada a los resultados finales de la evaluación de riesgos, el Parlamento tiene en cuenta las últimas informaciones científicas disponibles comunicadas por el Reino Unido, que es el Estado ponente para el apartado "medio ambiente" de la evaluación de riesgos. 
Los expertos británicos han concluido sugiriendo a las autoridades competentes que consideren la necesidad de aplicar el principio de precaución también al octaBDE y al decaBDE. 
El Parlamento Europeo responde además al deseo del Consejo y de la Comisión, a saber, el respeto por las reglas fijadas por el reglamento de 1993 en materia de evaluación y control de las sustancias existentes, la existencia de productos de sustitución y el difícil equilibrio a conseguir entre las cualidades evidentes en cuanto a la seguridad en caso de incendio por una parte, y los daños revelados en términos de medio ambiente y de salud, por otra. 
En este sentido, recordaré que el decaBDE, que representa el 80% de los productos de protección anti-incendios al bromo, es un retardador del fuego especialmente resistente y eficaz. 
Sólo en el año 2000 y en el Reino Unido se salvaron 155 vidas y miles de quemaduras graves se evitaron gracias a estas sustancias. 
Por ello, la Comisión de Medio ambiente no ha querido aplicar estrictamente el principio de precaución, como yo decía, sino de manera progresiva. 
Ése es el objeto de la enmienda 4 que fue adoptada por unanimidad, y por ello también me opongo, y ello al igual que en primera lectura y durante la votación en comisión, a las enmiendas 9 y 10 presentadas por mis colegas, la Sra. Schörling y el Sr. Sjöstedt. 
Soy, por el contrario, favorable a su enmienda 7 que garantiza una mayor claridad de redacción al hacer referencia explícita al decaBDE en los considerandos. 
Con respecto al octaBDE y a su próxima prohibición que me parece justificada, ningún elemento nuevo y tranquilizador relativo a esta sustancia permite al Parlamento modificar su posición adoptada el 6 del pasado mes de septiembre. 
Los resultados en curso comunicados por las autoridades francesas siguen de actualidad, resultados intermedios que demuestran la nocividad del octaBDE para la salud y para el medio ambiente. 
Otro elemento motiva nuestra solicitud de limitación de puesta en el mercado de este retardador del fuego y justifica la reintroducción de las enmiendas 1, 2 y 3: el octaBDE entra en la composición de un número bastante reducido de productos y es sustituible en muchos casos por el decabromodifenilo y es con la fuerza de este elemento como mis colegas y yo misma solicitamos la primacía del principio de precaución en cualquier otra consideración. 
Una palabra de conclusión para usted, señora Comisaria. 
La Comisión está desarrollando programas, multiplicando las iniciativas con el fin de garantizar un nivel cada vez más alto de protección de la salud humana y del medio ambiente. 
La nueva estrategia sobre los productos químicos iniciada por sus servicios es el mejor ejemplo. 
Se daría una señal fuerte y tranquilizadora mediante un compromiso a poner en práctica lo más rápidamente posible: una política de reducción de los riesgos para todos los éteres de polibromodifenilo. 
He observado, por supuesto, el avance de la Comisión en este caso con su declaración en el acta de la posición común en la cual se compromete a examinar con urgencia la necesidad de una nueva propuesta orientada a restringir la comercialización o la utilización del octaBDE y del decaBDE, pero las condiciones planteadas, principalmente la necesidad de nuevo y siempre de esperar al final de las evaluaciones de riesgos, pueden en el presente caso ralentizar de nuevo el calendario allí donde se imponen medidas de urgencia. 
Porque, allí donde reina la incertidumbre científica se impone la decisión política. 
Ésta es la razón por la cual me parece legítimo no esperar a la conclusión de una historia sin final de análisis de riesgos y de priorizar todos juntos una solución equilibrada, siendo esencial conciliar la seguridad inmediata de los ciudadanos frente a los riesgos de incendio y los beneficios a más largo plazo para la salud pública y para el medio ambiente. 
Señor Presidente, segunda lectura, limitación de determinadas sustancias y preparados peligrosos. 
Creo que uno se debería preguntar para qué necesitamos este producto tan tremendamente importante. 
Bien: el pentaBDE se emplea exclusivamente para la fabricación de una espuma blanda para muebles y acolchados. 
Sin duda, un campo infinitamente importante. 
La posición común del Consejo coincide en general con la propuesta modificada de la Comisión y el Consejo saluda afortunadamente también la enmienda que pretende suprimir la excepción para el octaBDE con un contenido de pentaBDE inferior al 5%. 
También es muy satisfactorio que el Consejo haya recogido parcialmente una enmienda en la que se exige que no se puede permitir más octaBDE con un contenido de pentaBDE superior al 0,1 % pues se limita el empleo de pentaBDE. 
En la segunda lectura en la comisión, mi Grupo apoyó plenamente las cuatro enmiendas presentadas por la ponente, con el objetivo, al igual que en la primera lectura, de lograr una prohibición del octaBDE. 
Naturalmente, apoyaremos también las enmiendas nº 1, 2, 3 y 4. 
Como aquí sólo estoy representando a la Sra. Ria Oomen-Ruitjen, permítanme que utilice sus palabras relativas a las enmiendas restantes que no va a apoyar mi Grupo: opina que las enmiendas restantes solamente son un sinsentido. 
Señor Presidente, doy las gracias a la ponente por la labor que ha realizado, y la cooperación que ha mantenido con otros ponentes ha sido de gran utilidad. 
Es un tema interesante. 
Pero también tienen un papel muy importante y de gran utilidad porque permiten salvar vidas humanas gracias a sus propiedades ignífugas. 
Nadie puede discutir este hecho. 
Debemos estudiar muy detenidamente cómo debemos tratar dichas sustancias. 
Está claro que el penta BDE y, probablemente, el octa BDE no son realmente necesarios y que los riesgos que entrañan para el medio ambiente y la salud humana no justifican que se sigan utilizando como materiales ignífugos. 
Pero insto al Parlamento a que se detenga un momento a pensar seriamente sobre las alternativas que existen a estas sustancias ignífugas de tanta utilidad. 
¿Podemos seguir utilizando deca BDE de una manera sensata y seria? 
¿Terminará una evaluación de riesgos por descartar su utilización? 
Sencillamente no sabemos por qué no se han realizado evaluaciones de riesgos. 
La Comisión debe presionar a los Estados miembros para que presenten dichos análisis lo antes posible. 
Queremos que este asunto quede resuelto. 
Queremos saber exactamente qué debemos hacer con estas sustancias. 
Por el momento, es una pregunta abierta. 
Espero que hagamos uso de nuestra inteligencia en esta cuestión y comprendamos la importancia de estas sustancias en la protección de vidas humanas por sus propiedades ignífugas. 
Señor Presidente, la propuesta de la ponente y las propuestas que ha aprobado la comisión implican una actitud más dura que la postura común del Consejo, lo que me parece bien. 
Sin embargo, como la Sra. Schörling, opino que hoy existen motivos para ir aún más lejos. 
Actualmente tenemos motivos no sólo para prohibir el pentabromodifenilo sino también el octo y el decabromodifenilo. 
Si esperamos la evaluación de los riesgos, es probable que pase demasiado tiempo. 
Además, ya tenemos las razones y sabemos que esas sustancias peligrosas que se acumulan en el organismo humano están cada vez más presentes en nuestro medio vital. 
Ya contamos con todo lo que se necesita para adoptar una decisión en este momento. 
Además, existen preparados que pueden sustituir a las sustancias ignífugas con bromo, que amenazan con convertirse en un gran problema de salud. 
Pienso que hay que adoptar una decisión inteligente, tal como opina el Sr. Bowe. 
Una decisión inteligente en este caso es atreverse a prohibir lo que sabemos que es peligroso. 
Señor Presidente, las sustancias ignífugas con bromo constituyen una grave amenaza contra la salud de las personas y contra el medio ambiente. 
Después de decenios de uso industrial, encontramos estas sustancias en peces, huevos, osos polares, productos agrícolas y en la leche materna. 
Podría pensarse que esto ha sido extraído de un artículo escrito por alguna organización medioambiental radical, pero no es así. 
Uno de los que ha suscrito este artículo es el Director General de la Oficina de Emergencia de Suecia. 
Esta Dirección General, con competencia, entre otras cosas, en materia de protección de incendios, está dispuesta a decir que no se pueden seguir usando las sustancias ignífugas. 
Creo que hay que escuchar esta opinión. 
La razón de más peso contra la prohibición del octobromodifenilo y decabromodifenilo es que no conviene exponer a la gente al peligro que implica que no se usen suficientes sustancias ignífugas en edificios, muebles, etcétera. 
Al mismo tiempo, sabemos que existen sustancias de reemplazo, que es posible usar otros materiales y que se puede producir de manera diferente a la actual. 
Parece casi absurdo que tengamos que usar sustancias químicas para combatir otras sustancias químicas que usamos en los edificios. 
Los incendios se producen tan fácilmente porque los productos que utilizamos contienen sustancias químicas. 
La Comisión debería meditar y hacer un serio esfuerzo para prohibir el éter de octobromodifenilo y de decabromodifenilo. 
Lo que no sabemos es cuánto tiempo tendremos que esperar las evaluaciones antes de que se prohiba el uso de estas sustancias. 
La Comisión ha dicho que está dispuesta a actuar con rapidez. 
¿Con qué celeridad está dispuesta a actuar la Comisión? 
. (SV) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los diputados por el interés que han demostrado por esta propuesta y, obviamente, agradezco especialmente a la ponente, la señora Ries, su constructivo trabajo. 
Ésta es, sin lugar a dudas, una directiva importante. 
En ella se prohibe el uso del éter de pentabromodifenilo, pentaBDE, que se ha demostrado que constituye un riesgo para el medio ambiente. 
Esta sustancia se acumula en la naturaleza y, tal como se ha señalado, está presente en la leche materna. 
Esta directiva tiene un gran alcance, ya que cubre el uso del éter de pentabromodifenilo y de toda clase de productos que lo contengan. 
La directiva se fundamenta en el principio de cautela. 
No desaparecerán los riesgos de incendio ni aumentarán los riesgos para el medio ambiente, ya que existen sustancias de reemplazo. 
Entiendo y comparto la inquietud de sus Señorías respecto a otras sustancias similares que no se incluyen en el campo de aplicación de esta directiva, asunto que me gustaría comentar junto con el timing. 
La Comisión está estudiando los riesgos de dos sustancias similares, el éter de octobromodifenilo y de decabromodifenilo, como asimismo los riesgos de incendio que se producirían si esas sustancias fuesen prohibidas en el mercado. 
La postura de la Comisión es que hay que disminuir los riesgos totales. 
Pronto habremos terminado la apreciación de riesgos de estas dos sustancias y calculamos que antes de fin de año podremos informar sobre las consecuencias de su prohibición. 
Se trata de una limitación de los riesgos químicos y del probable aumento de los riesgos de incendio. 
Con los resultados de estos trabajos, la Comisión podrá presentar una nueva propuesta a comienzos del año próximo, esto es, a principios de 2003. 
La Comisión dará también claras instrucciones a todas las partes para que, si es posible, entreguen sus apreciaciones de los riesgos antes de fin de año. 
Por estos motivos, la Comisión aún no está en condiciones de aprobar las enmiendas del Parlamento para hacer que esta directiva comprenda también la prohibición total e inmediata del éter de octobromodifenilo y decabromodifenilo. 
Me refiero a las enmiendas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10. 
La Comisión tampoco puede aprobar la enmienda que implica la total prohibición del éter de decabromodifenilo desde el 1 de enero de 2006, si el resultado del estudio de los riesgos demostrase que ésta es una sustancia peligrosa. 
En ese caso, si fuese necesario, lo adecuado sería que se adoptasen medidas mucho antes de 2006. 
Puedo asegurar a sus Señorías que, respecto a estas sustancias, la Comisión aplicará el principio de cautela en la primera ocasión que se le presente. 
Espero que sus Señorías sean conscientes de que en su propuesta de directiva sobre sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos la Comisión plantea la prohibición del éter de penta, octo y decabromodifenilo. 
Es el informe Florenz, que también se ha discutido en esta sesión. 
Permítanme subrayar que la Comisión asegurará que la propuesta que presentaremos a comienzos del próximo año sobre el éter de octo y decabromodifenilo será compatible con la citada propuesta sobre sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
Puesto que los estudios de los riesgos del éter de octo y decabromodifenilo están muy avanzados, la Comisión podría adoptar medidas, si fuese necesario, mucho antes de 2006. 
Cuando concluyan los estudios de los riesgos y se haya investigado la existencia de productos de reemplazo seguros, será posible determinar en qué casos su uso conlleva riesgos. 
Entonces podremos adoptar medidas adecuadas de inmediato. 
Ya que estos estudios estarán terminados dentro de poco tiempo, las medidas que se acuerden podrían empezar a aplicarse antes de 2006. 
Habida cuenta de las garantías que he dado en nombre de la Comisión, espero que esta importante directiva sea aprobada en el más breve plazo. 
Doy las gracias a sus Señorías por este debate. 
Muchas gracias, señora Comisaria Wallström. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Antes de cerrar el debate deseo indicar a nuestros servicios que en la enmienda nº 4 la fórmula del derivado de octobromodifenilo de difelinéter es errónea. 
Allí figura C12H2Br10O. 
Los dos hidrógenos deben suprimirse. 
(La sesión se levanta a las 23.37 horas) 
Situación en Chechenia 
. Señor Presidente, Señorías, desde que en septiembre de 1999 se reanudaran las operaciones militares rusas en la República Federal Rusa de Chechenia la situación en la misma ha sido objeto de atención preferente para la Unión Europea. 
Constituyen prueba de ello tanto las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, ya en diciembre de 1999, como las actuaciones desplegadas por las Presidencias que se han sucedido desde entonces. 
En contra de lo que algunos vaticinaban, esta posición no se ha visto modificada tras los atentados del día 11 de septiembre. 
La Presidencia española viene actuando y continuará haciéndolo en el transcurso de este semestre con plena coherencia respecto a esta preocupación de la Unión. 
Ya en el plan de trabajo de la Presidencia para el desarrollo de la estrategia común para Rusia, se incluía un párrafo en el que se señalaba la voluntad de ' continuar manifestando el deseo de la Unión de que se alcance una pronta solución pacífica en Chechenia en el marco del principio de integridad territorial, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos, promover la mejora de las condiciones para la distribución de una ayuda humanitaria más segura y eficaz?. 
Esa declaración de intenciones se ha traducido, en los meses transcurridos desde enero, en diversas acciones concretas. 
La Presidencia ha incluido la cuestión de Chechenia en la agenda de todos los encuentros de diálogo político que la Unión Europea mantiene con Rusia a diversos niveles, tanto de representantes políticos, como troika ministerial, Unión Europea-Rusia, troika de Directores Políticos Unión Europea-Rusia y troika CPS-Rusia, como en las reuniones de expertos, la llamada troika COEST. 
Con ocasión de la reciente troika a nivel ministerial con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sr. Ivanov, el pasado 2 de abril, el tema volvió a ser suscitado por la Presidencia. 
Por otro lado, la troika de los jefes de misión de la Unión en Moscú efectuó, a comienzos del mes de marzo, una gestión ante el Viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sr. Gusarov, para expresar a éste la preocupación de la Unión por la situación de los derechos humanos en la región. 
A todas estas actuaciones, que han servido para transmitir a las autoridades rusas el punto de vista de la Unión Europea sobre la evolución de la república caucásica, deben sumarse la solicitud y posterior obtención del apoyo de dichas autoridades al viaje que la troika de jefes de misión proyecta realizar a la región en este mes de abril y que permitirá obtener información directa sobre la evolución de los acontecimientos. 
Con este mismo propósito informativo, la troika de jefes de misión mantiene frecuentes contactos con representantes de ONG y autoridades competentes tales como el Sr. Calamanov, a la sazón representante especial del Kremlin para los derechos humanos en Chechenia o el Sr. Yastrzhembsky, portavoz presidencial. 
En esta relación de medidas específicas, si bien sin limitarse, en este caso, a las desarrolladas, en concreto, por la Presidencia española, es preciso recordar que la preocupación de la Unión se ha traducido en un significativo compromiso financiero. 
La Unión Europea es hoy el mayor donante de ayuda humanitaria a la región. 
Los importes asignados a la misma se elevan a 65 millones de euros en el periodo comprendido entre la reanudación de las operaciones militares en 1999 y el momento actual. De estos fondos, 40 millones corresponden al año 2001. 
En el ámbito de los derechos humanos, todos los informes procedentes del grupo de apoyo OSCE, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de diferentes ONG continúan ofreciendo motivos de preocupación. 
Lord Judd constataba en el informe remitido a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que los avances registrados en este campo durante el pasado año habían sido escasos. 
Los informes del grupo de apoyo de la OSCE de los primeros meses de este año en relación con las operaciones militares conducidas durante este periodo informaban sobre desapariciones de civiles, saqueos, uso indiscriminado de la fuerza y otras violaciones de los derechos de la población civil, todo esto acontecido en contravención de lo que se había convenido previamente. 
No en todas las operaciones estaba presente el representante del Ministerio Fiscal. 
Es preciso reconocer los pasos dados por las autoridades rusas para lograr una mejora de esta situación. 
El Presidente Putin- es justo reconocerlo- ha manifestado su compromiso de que los culpables de violaciones de derechos humanos, aún cuando pertenezcan al estamento militar, sean juzgados y condenados. 
Estas declaraciones han sido repetidas, por otra parte, por otros representantes oficiales. 
La Oficina del Representante Especial del Kremlin para los Derechos Humanos en Chechenia ha proseguido su labor, canalizando denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. 
Las autoridades rusas cooperan con las organizaciones activas en este ámbito. 
Por lo que respecta a las organizaciones intergubernamentales, además de la colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha renovado hasta el 31 de diciembre de 2002 el mandato del grupo de apoyo de la OSCE en Chechenia; tres representantes del Consejo de Europa continúan participando en las tareas de la misma oficina y prosigue su labor el grupo de trabajo mixto formado por representantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la Duma. 
En cuanto a las ONG, el pasado mes de enero se acordó la constitución de un Consejo para la protección de los derechos humanos en Chechenia, integrado por los representantes de estas organizaciones no gubernamentales, del Ministerio Fiscal y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de las autoridades locales, fijándose reuniones con periodicidad mensual. 
Puede señalarse igualmente, dentro de este repertorio de medidas positivas, la presencia de policías chechenos en los puestos de control existentes en las vías de comunicación de la República. 
Con todo, y tal como resulta del diagnóstico de la situación actual, tales medidas son insuficientes. 
Por lo que respecta a la situación humanitaria, persiste el drama de cientos de miles de desplazados, cuyo principal obstáculo para regresar a Chechenia lo constituye la persistencia de la situación de inseguridad e igualmente subsisten algunas de las dificultades a las que deben enfrentarse las organizaciones humanitarias para realizar su trabajo. 
También en este terreno, hay que reconocer que las autoridades rusas han adoptado distintas medidas: al margen de la constitución del ya señalado grupo de trabajo con las ONG, que ofrecerá un foro en el que tratar estas cuestiones, las autoridades de la Federación Rusa han aplicado diversas medidas para la normalización de la vida en la zona. 
Estas medidas no se limitan a los planes de desarrollo socioeconómico, a la reapertura de los centros docentes o al restablecimiento del sistema de pensiones públicas, sino que se extienden también a la elaboración de un proyecto de constitución que deberá someterse a referéndum. 
Ello constituirá el paso previo a la celebración de nuevas elecciones en las que la población de la región pueda elegir a sus representantes. 
A la vista de la persistencia de los problemas que acabo de describir, la Unión Europea se ha valido- y continuará haciéndolo- de todos los canales de diálogo para transmitir a las autoridades rusas su posición, que se articula en torno a los siguientes puntos: primero, la Unión Europea reconoce la integridad territorial de la Federación Rusa así como el derecho y la responsabilidad de sus autoridades de proteger a su población de actos terroristas, que la Unión condena sin paliativos. 
Este reconocimiento va acompañado de una doble constatación: en primer término, la Unión expresa su más firme convicción de que esa responsabilidad de protección de la población debe desarrollarse en el marco de las normas del Estado de derecho y del más estricto respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, consagrado en numerosos tratados de los que la Federación Rusa es parte. 
Por ello, la Unión Europea solicita a las autoridades rusas que los culpables de violaciones de derechos humanos sean juzgados y sancionados, eliminando así cualquier riesgo de impunidad, que por desgracia ha existido en épocas pasadas. 
Igualmente se exhorta a dichas autoridades a que proporcionen a los funcionarios federales una adecuada formación en materia de derechos humanos, lo que permitirá prevenir que dichos sucesos se reproduzcan en el futuro. 
Deseo señalar la contribución que en este sector realizan el Consejo de Europa y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, así como aprovechar la ocasión para manifestar el pleno apoyo de la Unión Europea a la tarea que tanto estas organizaciones como la OSCE vienen desarrollando en Chechenia. 
La Unión desea, así mismo, que las autoridades rusas continúen colaborando con los organismos internacionales y con las ONG para eliminar los obstáculos que aún dificultan su labor. 
Como medidas concretas, cabe señalar las de permitir el acceso de dichas organizaciones a los centros de detención, así como facilitar el recurso a las comunicaciones por radio. 
La mejora de la situación en materia de derechos humanos favorecerá, sin ninguna duda, el regreso de los desplazados. 
La supresión de las restricciones, que actualmente dificultan el acceso a la zona de los medios de comunicación, debe contribuir igualmente a generar una mayor confianza, tanto en la población civil como el ámbito internacional. 
En segundo lugar, el segundo gran punto de la posición de la Unión es que los actos terroristas perpetrados por facciones armadas chechenas constituyen sin lugar a dudas parte del problema pero están lejos de agotarlo. 
De ahí que una solución duradera de este problema pase, necesariamente, por la normalización de la vida civil mediante la plena restauración de los mecanismos y estructuras democráticas en la República chechena. 
Dicho resultado deberá producirse a través del diálogo con los diversos sectores de la sociedad chechena. 
En este sentido, la Unión Europea anima a las autoridades rusas a la reanudación de los contactos iniciados a partir del pasado mes de noviembre. 
En tercer lugar, la Unión Europea estima que su posición respecto de esta cuestión es ecuánime ya que, por una parte no duda en reconocer los avances registrados, lo que por otra, no debe obstar a seguir señalando aquellos ámbitos en los que persisten serias deficiencias. 
La Unión actúa así de forma plenamente coherente con el acervo de valores en los que se sustentan tanto su propia existencia como sus relaciones con Estados terceros, y, dentro de éstas, la relación estratégica entre la Unión Europea y Rusia. 
El núcleo de estos valores que la Unión y Rusia comparten viene constituido por el respeto al Estado de derecho y la salvaguardia de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
Esta actitud de ecuanimidad y coherencia será también la que guíe la actuación de la Unión Europea respecto del tratamiento de Chechenia en la 58ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos. 
La Unión ha manifestado a las autoridades rusas su plena disposición a negociar una declaración de la Presidencia que incorpore tanto avances como deficiencias en términos análogos a los que he expuesto ante esta Cámara. 
Igualmente, se ha comunicado a dichas autoridades que si esta buena disposición de la Unión no viera correspondida por parte rusa, la Unión Europea no dudará en recurrir a la adopción de una resolución, tal y como fue preciso hacer en el período de sesiones de 2001. 
Señor Presidente, Señorías, no me resta ya sino insistir en la firmeza y coherencia de la posición de la Unión, que continuará considerando la situación en Chechenia como un elemento de rango prioritario en sus relaciones con Rusia y va a seguir prestándole toda su atención y esfuerzos cuando los acontecimientos lo requieran, y también afirmar que esta cuestión será parte importante del diálogo al más alto nivel que tendrá lugar el día 28 de mayo con ocasión de la Cumbre entre Rusia y la Unión Europea. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento por el deterioro de la situación sobre el terreno que se está produciendo en Chechenia, como ha quedado de manifiesto en una serie de valiosos informes recientes acerca de graves violaciones de los derechos humanos en los últimos meses. 
A la vista de estos informes, entre ellos uno del Consejo de Europa, la Unión Europea ha seguido expresando su preocupación por este asunto a las autoridades rusas a través de los canales diplomáticos apropiados. 
Como saben, el diálogo político UE-Rusia ofrece un intenso calendario de reuniones de alto nivel, incluyendo la que celebró la semana pasada la troika ministerial con el Ministro de Asuntos Exteriores Ivanov en Madrid. 
La postura de la Unión Europea a este respecto es muy sencilla y muy firme. 
La UE apoya plenamente a Rusia en su lucha legítima contra el terrorismo, en Chechenia y en cualquier otro lugar. 
No debería haber duda alguna acerca de esto. 
Nuestros llamamientos a favor de una solución política que, sin perjuicio de la integridad territorial de la Federación Rusa, satisfaga a la mayoría del pueblo checheno, no socavan en modo alguno este apoyo. 
Del mismo modo, tampoco debería existir duda alguna sobre el compromiso de la UE con la defensa de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo en todo el mundo, incluida Chechenia. 
En este sentido, confío en que el Parlamento Europeo comparta totalmente la opinión de que la lucha contra el terrorismo internacional no puede servir de justificación ni de excusa para la violación de los derechos humanos individuales más básicos, ya sea en Cisjordania, en Afganistán o en Chechenia. 
Esto no debería cambiar- y de hecho, no ha cambiado- por los horribles ataques del 11 de septiembre del pasado año. 
En este marco de esfuerzos conjuntos con Rusia por establecer unas relaciones políticas y económicas más estrechas, la Unión Europea ha dejado claro repetidamente a Rusia que espera que actúe de total conformidad con los valores que Rusia se comprometió a respetar cuando entró en el Consejo de Europa y en la OSCE. 
Estos principios básicos de respeto pleno de los derechos humanos fundamentales y del imperio de la ley, incluido el derecho internacional, constituyen una parte integral de la asociación estratégica que estamos intentando crear juntos. 
Como saben sus señorías, la Comisión de Derechos Humanos está actualmente celebrando un período de sesiones en Ginebra y Chechenia figura como punto importante del programa. 
La Comisión Europea está participando plenamente en las deliberaciones internas de la UE en este foro. 
Aunque la Unión Europea está dispuesta a emprender negociaciones de buena fe con Rusia, para poder reconocer todos los esfuerzos positivos realizados por Rusia a lo largo del pasado año, quedan aún por abordar muchos problemas muy graves en Chechenia. 
En el lado bueno, hemos constatado algunos pasos positivos de Rusia hacia una solución política que pueda garantizar la paz y la estabilidad a largo plazo en Chechenia. 
Acogemos favorablemente estas medidas y estamos dispuestos a apoyarlas del modo que sea necesario. 
En el mismo orden de cosas, también hemos de reconocer que se han producido algunos avances en diversas cuestiones durante el último año, entre otras, la reconstrucción física, la creación de las condiciones para el desarrollo económico, el apoyo al restablecimiento del sistema judicial checheno que restaure el estado de derecho, etcétera. 
Es evidente que queda mucho por hacer en todos estos campos, pero se ha habido avances y hay que reconocerlo porque es así. 
También hemos constatado que el número de denuncias de violaciones de los derechos humanos que han sido llevadas adelante por los fiscales ha aumentado. 
Sin embargo, debemos seguir lamentando el número excesivamente reducido de condenas que ha resultado de estas denuncias. 
Está claro que, al acabar con toda sensación de impunidad, el castigo de los culpables de violaciones de derechos humanos es crucial para evitar nuevas violaciones en el futuro. 
A este respecto debe hacerse todavía más. 
Otro aspecto en el que se manifiestan avances es la provisión de ayuda humanitaria y el acceso a la misma. 
Como saben, la Unión Europea, a través de la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea, ECHO, es, de lejos, el mayor donante de ayuda humanitaria para el norte del Cáucaso. 
Desde octubre de 1999, hemos facilitado alrededor de 65 millones de euros en ayuda a las víctimas del conflicto de Chechenia y, sólo el pasado año más de 40 millones. 
Nuestra financiación es crucial para la presencia de las ONG humanitarias internacionales en la zona, y también es crucial para el trabajo y la presencia de los organismos de Naciones Unidas, en especial, de ACNUR. 
A nuestro juicio, es esencial que estén presentes en Chechenia representantes de la comunidad humanitaria internacional. 
Nos sigue preocupando la persistencia de unas difíciles condiciones operativas para las organizaciones humanitarias en el norte del Cáucaso, sobre todo, el lento y opaco sistema de permisos de entrada y de trabajo para Chechenia, y también la denegación a las ONG humanitarias del derecho a utilizar comunicaciones por radio VHF que es muy importante para su seguridad. 
Llevamos más de dos años planteando de manera constructiva el problema de las condiciones operativas a las autoridades rusas de distinto nivel, pero hasta la fecha sólo ha habido muy pequeñas mejoras. 
Hemos probado todos los canales posibles; éste es un elemento discordante en las conversaciones en curso con las autoridades rusas, pero no dejaremos de insistir en estos problemas. 
Las condiciones de seguridad en el norte del Cáucaso siguen siendo difíciles y es de esperar, por ello, un cierto grado de problemas operativos. 
Pero esperamos recibir más cooperación de las autoridades rusas competentes. 
En este sentido, seguiremos pidiendo mejoras concretas que faciliten la realización de las operaciones humanitarias según las normas internacionales básicas establecidas en cuanto a seguridad, eficacia y seguimiento y evaluación independientes. 
En paralelo, continuamos insistiendo en que cualquier repatriación de personas chechenas desplazadas desde las vecinas Ingushetia y Daghestán, y de refugiados desde Georgia, sólo debe tener lugar de manera voluntaria e incondicional. 
Este problema es cada vez más grave. 
Un movimiento de retorno masivo parece bastante improbable en estos momentos dada la inestabilidad y la violencia que persisten en Chechenia y el muy escaso progreso en la aplicación del programa de reconstrucción y rehabilitación anunciado hace mucho tiempo por el gobierno ruso. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, ayer celebramos en el Parlamento un debate muy serio sobre la situación en Oriente Medio y yo creo que el debate sobre Chechenia merece ser tratado con la misma seriedad. 
Europa tiene una herida sangrante en Chechenia, en la Federación Rusa. 
En nuestra calidad de Partido Popular Europeo, de demócratas europeos, nosotros manifestamos que, en el siglo XXI, la seguridad en nuestro continente europeo dependerá de que contemos con una Unión Europea con capacidad de actuar,? 
? democrática y comprometida en la defensa de los derechos humanos y una Rusia con capacidad de actuación, democrática y comprometida en la defensa de los derechos humanos, y de que ambas trabajen conjuntamente en cooperación. 
Deseamos esta cooperación estratégica porque es importante para el futuro de nuestro continente. 
Sin embargo, no debemos permanecer callados ante los atentados contra los derechos humanos y justamente la Unión Europea no puede callar. 
Según manifiestan algunos observadores, en Chechenia están muriendo más personas que en Oriente Medio. 
Nuestro Grupo considera tan valiosa la vida de un checheno como la de un ciudadano de los Estados Unidos o de la Unión Europea? 
(Aplausos) 
? y concede el mismo valor a la dignidad de un musulmán de Chechenia como a la que tiene la vida de un cristiano, un judío, un palestino, un hindú, un budista o un no creyente. 
(Aplausos) 
Los derechos humanos- y esta es una aspiración particularmente importante para nosotros, los europeos- ¡han de ser indivisibles en todo el mundo! 
(Aplausos) 
El Presidente de Rusia está visitando estos días un país de la Unión Europea. 
Yo le oí exponer ayer su posición sobre Chechenia en la televisión alemana. 
El embajador de Rusia ante la Unión Europea, Sr. Likachev, y el representante de la Comisión de Política Exterior de la Duma, Dimitri Rogosin, se entrevistaron conmigo la semana pasada en Bruselas para informarme sobre la situación. 
Yo me congratulo de que nuestro debate sobre Chechenia también haya dado pie al inicio de contactos con nuestro Grupo. 
Evidentemente, tenemos que combatir el terrorismo, pero no debemos hacerlo de un modo que afecte de manera desproporciona a los derechos humanos y la vida de las gentes de Chechenia, de los civiles que desean vivir en paz. 
(Aplausos) 
Cuando un estudio del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos fechado el 4 de marzo, así como las declaraciones de Médicos sin Fronteras- una organización que nos merece un gran respeto por su compromiso- y de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, señalan que las tropas rusas no manifiestan prácticamente ningún respeto por la vida humana, esto debe ser motivo de alarma. 
Debe ser motivo de alarma que el representante de la Duma para Chechenia, Aslambek Ashlákanov declara- y esto también es indicativo de que Rusia está avanzando por el camino de la democracia, y nosotros así lo reconocemos- que un 80% de la ayuda que Rusia pone a la disposición de Chechenia, no llega a la población. 
Debe ser motivo de alarma que Mary Robinson, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declara que la situación económica, social y cultural en Chechenia es grave, aunque se han registrado algunos progresos, que nosotros también reconocemos. 
Son descripciones de la situación procedentes de organizaciones y personalidades que la conocen mejor que nosotros. 
Sin embargo, en nuestra calidad de Parlamento Europeo, nuestro deber es denunciar estos atentados masivos contra los derechos humanos en Rusia y, por consiguiente, en Europa, mientras no dejen de estar a la orden del día. 
Por esto, nosotros pedimos un alto el fuego y una solución política. 
Pedimos que los soldados rusos que no manifiestan el menor respeto por la vida de los civiles, que menosprecian los derechos humanos y la vida humana, no sólo sean criticados en las posiciones políticas adoptadas en Moscú, sino que también sean juzgados y condenados efectivamente por ello, pues de lo contrario estos atentados contra los derechos humanos proseguirán de manera indefinida. 
(Aplausos) 
Instamos asimismo a Rusia a que permita- en mayor medida que hasta ahora- el acceso de observadores y a que también colabore con las organizaciones de la Unión Europea. 
El Presidente del Consejo y también el señor Comisario ya lo han apuntado y todos mantenemos, a grandes rasgos, la misma línea. 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo, nuestra delegación debería mantener un debate permanente y muy concreto sobre Chechenia con la correspondiente delegación de la Duma- y adoptar también una decisión parlamentaria al respecto- en el marco de un procedimiento regular. 
Deberíamos enviar pronto- tal como ya decidimos el 16 de marzo- una delegación del Parlamento europeo a Chechenia y a la región. 
Por mi parte, señor Comisario, yo también acogería con satisfacción que usted acudiese personalmente allí para entrevistarse sobre el terreno con los afectados. 
(Aplausos) 
Por último, también es necesario que mantengamos una estrecha coordinación con Lord Judd del Consejo de Europa, que se ocupa mucho de este problema, y que alcancemos conjuntamente una solución política. 
Antes de acabar, permítanme que exponga lo siguiente: yo he visitado todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética y he estado en Tatarstán. 
Tatarstán goza, junto con su capital Kazán, de una amplia autonomía; la más amplia de toda la Federación Rusia, de hecho. 
¿Por qué no es posible algo parecido en el caso de Chechenia? 
Los representantes de Chechenia que nos visitaron hace dos meses parecían desesperanzados, estaban deprimidos, y su preocupación y su desesperanza son palpables. 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo, tenemos el deber de ofrecer esperanzas a las gentes que desean vivir en paz en Chechenia- con un estatuto de autonomía, pero dentro del marco de la Federación Rusa- y de actuar como abogados defensores de los derechos humanos en nuestro continente y en el mundo, y por lo tanto también en Chechenia. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el Grupo liberal da la bienvenida a este debate, y lo hizo antes de que nuestro amigo Olivier Dupuis hiciera su huelga de hambre. 
Es importante dedicar un espacio especial a la discusión de la situación en Chechenia. 
Tengo la impresión de que los atropellos y la ofensiva militar tienen lugar a la sombra de los acontecimientos del 11 de septiembre y de la situación en Oriente Medio. 
Rusia- igual que China, que discutiremos más adelante- utiliza la lucha contra el terrorismo como una suerte de coartada para oprimir a sus adversarios políticos y a las minorías. 
La guerra entre Chechenia y Rusia es un conflicto largo, agotador y, al parecer, sin solución. 
Evidentemente se cometen atropellos por ambas partes. 
Por eso hay que investigar y hay que castigar a los culpables. 
Es posible distinguir algunas señales positivas. 
Lord Judd, por ejemplo, ha señalado algunos aspectos que han mejorado. 
En este caso, igual que en Oriente Medio, estamos ante una guerra sobre la información que se da al mundo. 
Abundan los testimonios de las organizaciones de derechos humanos, especialmente sobre la situación de la población civil chechena. 
Se mencionan escuadrones de la muerte, ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y desapariciones. 
Está claro que nos encontramos ante terribles y sistemáticos atropellos contra los civiles en Chechenia. 
Las autoridades rusas tienen que controlar la situación, investigar y castigar a los culpables. 
Casi doscientas mil personas huyen en el interior del país y doscientas cincuenta mil lo han abandonado. 
La situación de estas personas es extraordinariamente precaria. 
El Parlamento Europeo ha adoptado una serie de resoluciones sobre este conflicto, pero ahora es necesario actuar. 
Ha sido provechoso escuchar al Presidente en ejercicio del Consejo decir que enviarán una troica. 
También sería conveniente que el Comisario viajase a la región para discutir la situación con el presidente ruso. 
Tenemos que exigir claramente a Rusia que ponga inmediato fin a los atropellos y matanzas de civiles. 
El Grupo liberal exige que se envíe una comisión investigadora a la región para determinar lo que realmente ha ocurrido. 
Queremos también que se invite al presidente Putin y al presidente de los chechenos, Aslan Maskhadov, para discutir la situación en el Parlamento y para demostrarles nuestro respaldo a las conversaciones de paz. 
Los tímidos intentos que se hicieron en noviembre de 2001 se materializaron tan sólo en una reunión, que no dio resultados. 
La UE, junto con la OSSE y el Consejo Europeo, puede facilitar las conversaciones que conduzcan a una solución política, ya que evidentemente no existe una solución militar. 
Mi Grupo desea también que la UE tome iniciativas sobre Chechenia en la próxima sesión sobre derechos humanos de la ONU en Ginebra. 
El Sr. de Miguel se refirió al respaldo de la UE a la ACNUR, cosa que es muy importante. 
Sin embargo, la verdad es que la contribución de la UE al presupuesto de la ACNUR ha disminuido una tercera parte en los últimos años. 
Ayer discutimos aquí en el Parlamento la situación en Oriente Medio y pudimos notar un gran entusiasmo. 
No obstante, el interés en ese conflicto no debe hacernos olvidar otros conflictos ni dar carta blanca a los rusos para cometer atropellos. 
La situación es dramática y se corre el riesgo de que este conflicto se extienda a toda la región, con deplorables consecuencias para la democracia rusa. 
Señor Presidente, el Grupo liberal respalda la presente resolución, aunque nos parece bastante tibia. 
Hay que enviar un enérgico mensaje al presidente ruso y a su gobierno. ¡Sabemos lo que están haciendo y no lo toleramos! 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, estimados colegas, está claro que los acontecimientos del 11 de septiembre siguen dominando la política mundial. 
Sabemos todos que la política mundial es algo muy cínico, también con respecto a Chechenia. 
Tengo la impresión de que, desde el 11 de septiembre, Chechenia ha desaparecido de la política mundial y ha sido desechada de la actualidad. 
Por eso es tan importante el debate de hoy. 
Estimados colegas, desde que fui elegido presidente de la Comisión Parlamentaria de Cooperación Unión Europea-Federación Rusa he mantenido numerosas conversaciones con rusos, chechenos, cooperantes y defensores de los derechos humanos. 
De hecho, la situación es compleja y dialogar sin matices ciertamente no conducirá a nada, pero ello no obstante debo formular algunas observaciones. 
Los problemas en Chechenia no pueden resolverse por vía militar. 
Hace falta una solución política, un alto el fuego inmediato y un diálogo político. 
En ese sentido respaldo el llamamiento de las organizaciones para la defensa de los derechos humanos. Nos instan a que el próximo mes de septiembre invitemos al Sr. Maskhadov aquí a Estrasburgo y entablemos conversaciones con los representantes rusos del Consejo de Europa. 
Como acaba de señalar el Sr. Poettering, la semana pasada vinieron a vernos algunos colegas rusos. Nos dijeron que en Chechenia las cosas están volviendo a su cauce. 
El embajador ruso también confirmó este extremo. 
Estimados colegas, como ustedes comprenderán, no soy ingenuo. 
A nuestras oficinas llega una avalancha de informes, estudios de organizaciones para la defensa de los derechos humanos y testimonios de los propios refugiados por correo ordinario y a través de Internet. 
El Sr. Poettering ha mencionado con razón algunas organizaciones: Human Rights Watch, Médecins sans Frontières, o sea, Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional. 
Se ha referido a los testimonios de Mary Robertson, una diputada al Parlamento checheno. 
Está claro que hoy en día la vida en Chechenia no es ninguna sinecura. 
Por eso mismo, estimados colegas, debemos convencer a nuestros colegas rusos de la importancia del diálogo y de la comprensión. 
Las organizaciones y las personas mencionadas en nuestra resolución de compromiso difícilmente pueden tacharse de agentes del terrorismo internacional o representantes de Bin Laden. 
Tal planteamiento resulta demasiado simplista. 
Por eso me llena de satisfacción la perspectiva de que el próximo lunes nuestra delegación dispondrá de medio día para debatir estos problemas en Chechenia con nuestros colegas rusos. También me alegro de que en la resolución de compromiso que votaremos más tarde se encomiende a nuestra delegación la tarea de crear un grupo de trabajo encargado de seguir muy de cerca la situación en Chechenia, y de realizar una investigación independiente de lo que realmente está ocurriendo en Chechenia. 
También estoy contento de que reiteremos nuestra petición de enviar una delegación ad hoc a Chechenia. 
Es algo que decidimos en marzo del año 2000, pero a fecha de hoy esa decisión aún no ha sido llevada a la práctica. 
Por eso insto a la Mesa del Parlamento a que, por fin, la ejecute. 
Por último, estimados colegas, hago un llamamiento al Sr. Nielsen en nombre de mi Grupo, del que forman parte los Verdes y los Regionalistas. 
El Parlamento le ha pedido en dos ocasiones que se desplazara a Chechenia. 
¿Me permite que le haga una propuesta, señor Nielsen? 
Vayamos juntos. 
Estoy dispuesto a dedicar el tiempo necesario a esa visita para que, juntos, podamos ir a estudiar la situación en Chechenia. 
Es hora de que pasemos a la acción. 
Estimados colegas, pueden estar seguros de que el próximo lunes la delegación hará todo cuanto esté a su alcance para hacer avanzar la situación e iniciar el diálogo con nuestros colegas rusos de la Duma y del Consejo de la Federación. 
Gracias, señor Presidente, por haberme concedido más tiempo. 
Señor Presidente, ayer durante el debate sobre Palestina muchos sacaron a colación el caso de Chechenia, y existe también un número increíble de parelelismos entre la situación en las dos zonas. 
Al igual que Palestina, Chechenia es un país que está ocupado por una poderosa y gran fuerza superior. 
Al igual que en Palestina, la población en Chechenia ve que sus derechos generales y fundamentales son violados y encima vemos en Chechenia un país reducido totalmente a escombros, donde un 20% de la población ha sido asesinada. 
Es evidente que tanto Israel como Rusia sacan partido de la situación de que los EE.UU. hayan declarado la guerra al terrorismo para, al abrigo de esta lucha contra el terrorismo, hacer la guerra a todo un pueblo. 
Una guerra que se aproxima a la limpieza étnica. 
Creo que debemos recordar que no había terrorismo en Chechenia cuando el país utilizó en 1991 la ley de 16 de diciembre de 1966, según la cual también los países dentro de la Federación tenían derecho a la independencia, para independizarse de Rusia. 
Entonces no había terrorismo, sin embargo, desde 1994 Rusia ha hecho todo lo que ha podido para impedir esta independencia. 
Éste es nuevamente un ejemplo de cómo la represión de un pueblo, de cómo la desesperación de una población, pueden llevar a la gente a hacer cosas que de otro modo no habrían hecho nunca. 
El terrorismo no surge por sí sólo. 
Los terroristas no caen del cielo. 
No es que ciertos grupos de población tengan genes especiales que les hacen comportarse de modo diferente a nosotros. Son las circunstancias bajo las que viven las que les hacen comportarse como se comportan. 
Es importante que adoptemos la decisión de invitar a los Sres. 
Maskhadov y Putin a Estrasburgo en septiembre. Así podremos tener un debate, recibir una explicación e influir en ambas partes. 
Creo que debemos exigir libre acceso para las organizaciones humanitarias y para los medios informativos, de modo que la guerra de informaciones no contribuya a jugar en contra de Chechenia. 
Sin embargo, finalmente también es necesario que la gente que se ha visto expuesta a las agresiones tenga la clara sensación de que aquellos que violan los derechos humanos al final serán castigados. 
Sin esta sensación no creo que lleguemos muy lejos en la lucha ni en favor de la democracia y de los derechos humanos ni en la lucha contra el terrorismo. 
Básicamente hemos de exigir el fin de la ocupación rusa de Chechenia- preferiblemente hoy. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, el texto cuyo principal autor es el Sr. Oostlander es un texto infame. 
Es moralmente indignante y políticamente descabellado. 
Es absolutamente indignante seguir exigiendo, después de dos años de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los chechenos por las autoridades y las fuerzas militares rusas, que éstas detengan sus abusos planificados. 
De igual modo, es absolutamente indignante seguir exigiendo que la ayuda humanitaria llegue a Chechenia, cuando es sabido que las autoridades rusas hacen todo lo posible para que dicha ayuda no pueda llegar a su destino. 
Lo que hoy ocurre en Chechenia no es sólo una violación masiva de los derechos humanos, se trata de un verdadero genocidio. 
Es el primer genocidio en Europa desde el genocidio judío. 
Cuando se extermina el 20% de una población- 200.000 mil personas de una población de un millón de habitantes -, cuando se tortura a decenas de miles de personas y cuando se destruye sistemáticamente su capacidad para tener descendencia ya no se trata de violaciones de los derechos humanos, sino de un genocidio. 
El 40% de la población de un país está compuesta por refugiados y carece de medios de vida: subsiste en condiciones atroces en Ingusetia, donde sólo llega del 20 al 30% de la ayuda humanitaria de la Comisión y el resto se desvía. 
Como el Sr. Poettering ha recordado, la ayuda que proporcionan los rusos tampoco llega totalmente a su destino. 
Cuando se suma todo eso, lo único que se puede afirmar es que se trata de un genocidio, al que Europa asiste en silencio. 
Las comparaciones con Palestina tienen un límite, porque en ese caso hablamos de terrorismo. 
Querría que se me presentaran pruebas del terrorismo checheno. 
Tenemos pruebas de los kamikaces palestinos, pero no se pudo demostrar la participación de chechenos en los atentados de Moscú de hace dos o tres años. 
En cambio, existen indicios de que el FSB- los servicios secretos rusos- estuvo involucrado en dichos atentados. 
Centenares de corresponsales extranjeros buscaron a los chechenos en el Afganistán. 
Las fuerzas internacionales que se encontraban- y que aún se encuentran- en el Afganistán buscaron día tras día a los combatientes chechenos. 
Ahora bien, hasta ahora no se ha encontrado ningún combatiente checheno en el Afganistán. 
Este rumor había sido lanzado por el FSB y el servicio de contrainformación ruso. 
Por consiguiente, es falso afirmar que los chechenos son terroristas, cuando se defienden como se defendieron los bosnios, como se defendieron los croatas, cuando no existen objetivos civiles rusos porque no hay civiles rusos en Chechenia, sólo hay militares rusos y combatientes chechenos que luchan militarmente contra los rusos. 
En cambio, los rusos llevan a cabo diariamente abusos, torturas, amenazas, detenciones en ' campos de filtración? , trapicheos, tráfico de cadáveres, tráfico de prisioneros. 
Se exige a poblaciones que no tienen ni siquiera el equivalente de un euro a pagar decenas de dólares para salvar a sus familiares. 
Esta es la situación en Chechenia: se trata de un genocidio. 
El Comisario Poul Nielson, después de dos años y medio, aún no ha sido capaz de viajar a este país que sufre un genocidio. 
El Sr. Poettering, el Sr. Watson, el Sr. Cohn-Bendit, la Sra. Frassoni, se han reunido con el Sr. Omar Khanbiev, ministro de Sanidad, que se encuentra en la tribuna. 
El Sr. Barón Crespo y el Sr. Wurtz se reunirán hoy con él. 
Señor Poul Nielson, el Sr. Khanbiev no tiene la peste: usted también puede reunirse con él. 
Está allí; sólo tiene que subir a la tribuna; puede reunirse con él. 
El Sr. Khanbiev conoce las necesidades de la población chechena en Chechenia, en Ingusetia, en Georgia y en Azerbaiyán: puede hablar con él. 
Señor Presidente, aquí tienen al condenable autor o coautor de la resolución. 
Realmente estoy impresionado por el entusiasmo y la pasión con que el Sr. Dupuis habla de este asunto, pero, en mi opinión, es muy importante que en una cuestión tan compleja como ésta, en la que se trata de buscar una solución, mantengamos la cabeza fría en lugar de dejar que hable el corazón. 
Es cierto, señor Presidente, que tras la primera guerra chechena sentimos mucha simpatía por los políticos chechenos. 
Se abrió una perspectiva muy prometedora y, como decía el presidente de mi Grupo, el Sr. Poettering, Tatarstán era un ejemplo edificante. 
Chechenia podía haberse convertido en un Tatarstán o incluso en un Tatarstán que gozara de una autonomía superior a la que posee la propia República de Tatarstán. 
Al fin y al cabo es lo que tenían previsto los políticos rusos. 
¿Pero qué sucedió? 
Entre las dos guerras chechenas no se formó ningún Estado. Nació un Estado malogrado, con unas consecuencias catastróficas. 
En estas situaciones se repite siempre el mismo escenario. 
Lo hemos visto en el antiguo Afganistán, lo hemos visto en Somalia, donde aún no se ha encontrado solución al problema. 
Lo vemos también en otras partes del mundo. 
Si el Estado está abocado al fracaso los ciudadanos sufren las consecuencias, aparte de que la situación también afecta a la comunidad internacional puesto que las peripecias de un Estado malogrado siempre repercuten sobre el resto del mundo. 
Señor Presidente, hemos observado- véanse los testimonios de nuestros periodistas, de los periodistas occidentales- cómo Chechenia se iba transformando en un Estado de secuestradores, un Estado de bandoleros y un Estado de contrabandistas con mucho petróleo por medio. 
Se produjo una verdadera catástrofe. 
Se desató una guerra de la que sólo podemos decir una cosa: no queremos eso, ni por parte chechena ni por parte rusa. 
Estamos ante una guerra en la que incluso resulta difícil distinguir entre ciudadanos y militares, y en la que hay muchas víctimas civiles. 
La lucha por Chechenia tiene ciertos elementos que apuntan a una lucha por la libertad, pero este aspecto queda eclipsado por la radicalización y la presencia de actividades criminales. 
Nos hemos enterado de que tanto las tropas rusas como las fuerzas rebeldes chechenas se están enriqueciendo con los transportes ilegales de petróleo que atraviesan la zona. 
Hay mucho cinismo y no es fácil decir: esto es blanco y esto es negro. 
Hay que matizar. 
Debo decir que me alegro de haberme entrevistado en su momento con nuestros colegas de la Duma, con el Presidente de la Comisión para Chechenia, con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y con el portavoz del ejército, el General Manilov. 
Todos me hablaron con franqueza, manifestándome su preocupación. 
Nunca han ocultado nada, lo cual induce a creer que Moscú también se toma muy en serio este asunto, aunque no logra salir del paso. 
Por eso es absolutamente necesario que nos ocupemos de este problema, también en el marco de nuestro acuerdo de cooperación con Rusia. 
Los derechos humanos nos acompañarán siempre y nunca desaparecerán de nuestro orden del día, sobre todo de cara a un socio tan cercano como Rusia. 
Es algo que nos debe preocupar. 
Por eso nuestra resolución está llena de preguntas. 
Acusar a Rusia es fácil y apasionante, pero también tenemos muchas preguntas. 
También tenemos algunas propuestas. Todas ellas se centran en el restablecimiento de la paz, la ayuda humanitaria, una mejor acogida de los refugiados de la región, la posibilidad de retorno y la creación de las condiciones necesarias para que el retorno sea posible. 
Todo el mundo está de acuerdo con ello, incluso los responsables políticos de Moscú. 
Durante mis conversaciones con ellos quedó claro que también están preocupados y que, de ser posible, están dispuestos a resolver el problema de otro modo. 
Además, están plenamente convencidos de que los criminales de guerra rusos también han de comparecer ante los tribunales. 
El problema es que esto no ocurre con demasiada frecuencia, porque los comandantes tienden a proteger a los soldados que luchan con ellos en el campo de batalla contra la administración de justicia. 
Obviamente, se trata de una actitud condenable, pero es característica de muchas guerras, entre ellas las guerras coloniales, como la que libraron los Países Bajos en Indonesia después de la Segunda Guerra Mundial. 
Tuvieron que transcurrir 20 ó 30 años antes de que los crímenes de guerra perpetrados en Indonesia por nuestros propios soldados llegaran a ser un tema de discusión en los Países Bajos. 
Me alegro de que a este respecto Rusia muestre una actitud más abierta, ya que ello permite afrontar el problema. 
Hace poco hemos vuelto a leer que el Presidente Putin se está rodeando de personas con las que intercambia ideas sobre la elaboración de una política viable para Chechenia que restablezca la tranquilidad y la seguridad en la región, eventualmente en combinación con Ingushetia. 
Existen numerosos proyectos en este sentido. Se trata de averiguar cómo se puede crear un Estado que funcione, porque eso es algo que nos interesa a todos. 
Es cierto que hay 200.000 refugiados. Es fundamental- ya hemos insistido en ello- que el Comisario Nielsen, que es competente para asuntos de refugiados y cuestiones humanitarias, se ocupe personalmente de este problema. 
Ahora bien, resulta difícil instarle a que se desplace a Chechenia. 
Ya hemos pedido varias veces permiso- yo también- al embajador y a otros representantes rusos para entrar en Chechenia. Siempre nos dan largas. 
Por eso suscribo plenamente las propuestas- incluidas las que se formularon en el Consejo de Europa- de componer delegaciones- en su caso conjuntamente con los miembros de la Duma que se sientan responsables- y comprobar sobre el terreno cómo están las cosas. 
Sólo podremos formular propuestas realistas y eficaces si sabemos exactamente cuál es la situación y si los medios de comunicación internacionales y rusos tienen acceso a la zona, como bien dice la resolución. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame decir a la Asamblea que cuando nosotros, los políticos, empezamos a intercambiar insultos por el asunto de una guerra en otro lugar, perdemos nuestra razón de ser, que es fomentar la paz, lo cual debe ser nuestro fin último. 
El Sr. Dupuis ha hablado de unas atrocidades que me parecen horribles porque les están ocurriendo a personas reales; a abuelas, abuelos, madres, hijas, padres e hijos por el solo motivo de que son diferentes. 
No comparto la bonita visión de que Rusia está haciendo todo lo que debe, o que está profundamente preocupada. 
Después de todo lo que se nos dijo que tras el 11 de septiembre el mundo había cambiado y que el respeto a los derechos humanos fundamentales se vigilaría con mayor vigor que antes, resulta que, en el caso de Chechenia, esto evidentemente no es así. 
Los derechos de los chechenos, de los cuales 200.000 viven bajo el temor y el peligro directos, están siendo desdeñados por los rusos. 
Es más, yo creo que la situación está empeorando en lugar de mejorar. 
Parece que el 11 de septiembre ha sido un catalizador para una bonita relación entre Rusia y EE.UU., que hace que los EE.UU. miren para otro lado. 
Acojo favorablemente esta resolución pero hemos de darle un impulso. 
¿Por qué, hasta ahora, a nuestras medidas les ha faltado pegada? 
Les diré por qué: porque ha faltado una postura internacional coordinada y coherente por miedo de ofender al Sr. Putin y a sus aliados. 
Las atrocidades crecen, no disminuyen. 
El conflicto hace años que persiste. 
Se trata de una guerra en curso que ha pasado casi desapercibida. 
Vemos la negación de los derechos humanos y la denegación del derecho de las ONG humanitarias a trabajar eficazmente en el terreno. 
Necesitamos una mayor cooperación con las autoridades rusas y con los medios de comunicación independientes para informar de la verdad al mundo exterior. 
Pero no olvidemos el derecho fundamental a vivir en paz sin temor a la persecución. 
Necesitamos una resolución política, pero debe responsabilizarse a Rusia. 
Permítanme acabar diciendo lo siguiente: Cuando estalla una guerra, los políticos han fracasado. 
Cuando las guerras continúan, la humanidad pierde su razón de ser. 
Esta guerra debe terminar. 
El proceso de paz no es una opción: es el único camino. 
Señor Presidente, el señor Cashman tiene razón. 
Las fuerzas militares rusas están librando desde hace ocho años una guerra contra la población civil en Chechenia. 
Esta es la realidad ante la cual no estamos autorizados a cerrar los ojos. 
Por esto, yo le pregunto, señor Presidente del Consejo: ¿ha presentado usted también al Ministro de Asuntos Exteriores Ivanov, en el contexto del diálogo tripartito, la lista de medidas que acaba de exponernos aquí y se la ha expuesto en los términos en que lo hemos hecho aquí? 
¿Le ha expuesto también al Sr. Ivanov en los mismos términos las amenazas de adoptar decisiones contra Rusia o sólo las ha mencionado de pasada? 
En cualquier caso, lo cierto es que hasta ahora no han surtido efecto. 
Yo tengo la impresión de que todo esto no se ha expresado ante la parte rusa con la misma seriedad con que lo ha expuesto usted hoy aquí. 
Esto no hace cómplices de esos crímenes. 
Sabemos que a diario se secuestra a personas, se las asesina y se las tortura en Chechenia. 
Y sabemos que en Rusia llaman negros a los chechenos, un insulto en ruso, que los reduce a la categoría de personas de segunda clase. 
Callar y mirar a otro lado ante los ataques físicos y malos tratos cotidianos contra civiles nos despoja de credibilidad ante el mundo por lo que respecta a la defensa de los derechos humanos en muchos lugares. 
Por esto es importante que no demos crédito a las protestas del Presidente Putin, que no responden a la realidad y que ayer volvió a repetir en Weimar, cuando afirma que es necesario proteger a la población de los bandidos y restablecer el Estado de Derecho. 
Esto no responde en absoluto a la situación real que existe allí. 
Tenemos que procurar instaurar, por lo tanto, un sistema internacional de vigilancia que controle los atentados contra los derechos humanos cometidos allí por el ejército. 
En cualquier caso, yo apoyo todas las propuestas de invitar al Presidente Putin y al Sr. Mashadov a que nos visiten en septiembre aquí en Estrasburgo, con objeto de que el objetivo de que por fin se inicie el diálogo y se interrumpa la espiral de la violencia en la región. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, yo acojo con suma satisfacción la celebración de este debate, pues desde el 11 de septiembre se viene justificando casi cualquier tipo de intervención militar apelando a la necesidad de luchar contra el terrorismo. 
Esto también es aplicable a la situación en Chechenia. 
Es necesario modificar este planteamiento. 
Los conflictos y el terrorismo no se pueden resolver por medios militares. 
Yo me felicité de que ésta fuese la opinión unánime de esta Cámara en el debate de ayer sobre Oriente Medio. 
En el caso de Chechenia, igual que sucede en todas las demás zonas en crisis, sólo las negociaciones, la voluntad de compromiso, la creación de confianza, el desarrollo de la sociedad civil y el Estado de Derecho, unidos a la reconstrucción, pueden conducir a una solución de los problemas. 
Es necesario intensificar de manera decidida el diálogo con Rusia sobre estos problemas. 
Deberíamos presionar para que el Gobierno ruso prosiga e intensifique los contactos que inició en noviembre con Mashadov y otros chechenos dispuestos a dialogar. 
Un grupo de trabajo del Consejo de Europa, en el que también están representados algunos diputados de la Duma, ha comenzado a impulsar mediante propuestas transparentes estos primeros pasos a favor de un amplio diálogo ruso-checheno. 
La situación de los derechos humanos en Chechenia sigue siendo dramática. 
Yo me congratulo de que el Parlamento llame la atención sobre estos hechos en su resolución de compromiso. 
A mí me parece un hecho crítico que la persecución penal de los atentados contra los derechos humanos y la condena de las personas que sean halladas culpables de estos delitos avance sólo muy lentamente, a pesar de que ayer mismo el Presidente Putin volvió a repetir lo contrario. 
No obstante, es positivo que el Gobierno ruso haya dado los primeros pasos hacia la reconstrucción y la normalización de la vida pública. 
Yo quiero resaltar en particular los esfuerzos realizados en el ámbito de la reconstrucción de la administración civil, el sistema judicial y la policía local. 
No me parece justo que se rechacen y se cuestionen de entrada todas las afirmaciones de la parte rusa. 
Es preciso otorgar confianza tanto a los unos como a los otros. La confianza mutua es, en efecto, la única base posible para el diálogo. 
La Comisión debe apoyar esta evolución con la aportación de mayores recursos financieros. 
Para hacernos una idea de lo que se requiere, deberíamos poner por fin en práctica nuestra decisión del año 2000 y enviar una delegación ad hoc a Chechenia. 
Señor Presidente, algunos oradores anteriores han hecho referencia al paralelismo entre Chechenia y Palestina. 
Hoy en Madrid se reúnen el Presidente español y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso para abordar el conflicto más peligroso de nuestro tiempo. 
Hace dos días, el Sr. Aznar le dijo al Sr. Sharon que el conflicto palestino sólo podría ser resuelto por medios políticos con las premisas del reconocimiento mutuo de los Estados de Palestina e Israel. 
El Sr. Aznar debería protestar firmemente al Sr. Ivanov por la violación en Chechenia de los principios básicos del derecho internacional, entre ellos del derecho de autodeterminación del pueblo checheno. 
Por desgracia, no se atreverá a hacerlo porque sabe que la respuesta rusa sería recordarle, como hizo el Sr. Putin, el conflicto existente en el País Vasco. 
Ayer, el Sr. Solana, respaldado por el Presidente en ejercicio, propuso una solución muy razonable al conflicto palestino; ésta sería una solución excelente para Chechenia, ¿por qué no también para el País Vasco? 
Señor Presidente, mientras el Canciller federal Schröder y el Presidente Putin están reunidos en Weimar y hacen negocios como si no pasara nada, en Chechenia se está cometiendo en secreto un genocidio. 
Deseo emplear realmente la palabra genocidio, pues esto y no otra cosa es lo que ha tenido lugar en Chechenia en los últimos años: se ha desplazado a una quinta parte de la población y decenas de miles de personas han sido asesinadas de manera sistemática, ¡y los crímenes continúan! 
No se trata de casos aislados de violaciones de los derechos humanos o excesos. Son hechos que ocurren de manera sistemática. 
Se iniciaron con una de las contiendas electorales más sangrientas, si no la más sangrienta, de la historia de la humanidad, concretamente la que llevó a cabo el Sr. Putin, como parte de la cual desencadenó esta guerra en Chechenia. 
En ese momento, su objetivo no era combatir el terrorismo. 
El objetivo era desbancar a un régimen democrático, aunque sumamente deficiente- esto es absolutamente evidente en el caso de dicha región -, elegido bajo la supervisión de la OSCE, para sustituirlo por sus propios guardianes. 
Me parece un poco grotesco que ahora pidamos a esos mismos guardianes que investiguen sus propios delitos. 
Nuestra misión debe ser internacionalizar esta cuestión, situarla por fin bajo los focos de la opinión pública mundial. 
Por esto, yo quiero manifestar mi agradecimiento a Hans-Gert Poettering y a todos los que han conseguido, superando grandes obstáculos, que esta Cámara trate hoy, a la hora más favorable para un debate, el tema de este atentado realmente grave contra el Derecho Internacional y contra los derechos humanos, de este genocidio, y por fin deje claro que no es aceptable que una delegación de alto nivel de la UE viaje a Oriente Medio e intente llegar hasta el Sr. Arafat, pero al mismo tiempo digan que no pueden viajar a Chechenia, que esto no es posible o que no obtendrían autorización. 
Es inadmisible que un socio como Rusia mantenga sistemáticamente cerrada, vedada al acceso de los periodistas, de los observadores políticos y de las organizaciones internacionales, una zona como esa, donde se están cometiendo atentados tan brutales contra los derechos humanos. 
¡No podemos seguir permitiendo que esto suceda! 
Por esto, yo también apoyo que el Comisario viaje allí, que la troica viaje allí, ¡y también debe hacerlo la delegación parlamentaria! 
¡Todos estamos dispuestos a sumarnos a ella! 
Yo tengo que decir con toda claridad que es preciso aprovechar también la oportunidad de discutir la situación en septiembre con el Consejo de Europa y con el Jefe de Gobierno elegido de Chechenia- al cual lamentablemente no se menciona en la resolución-y trabajar para buscar una solución política. 
Debemos tener presente que periodistas valerosos, como Thomas Avenarius del Süddeutsche Zeitung o su colega del Frankfurter Rundschau han conseguido penetrar en la zona arriesgando su vida y han documentado personalmente cinco acciones terroristas sistemáticas cometidas en torno al 4 de marzo en cinco localidades chechenas, con numerosos asesinatos. 
Defensores de los derechos humanos rusos, como la organización Memorial, han viajado allí con riesgo de su vida y han documentado la presencia en Chechenia de escuadrones de la muerte creados por el servicio secreto militar ruso. 
¡Son hechos que debemos tener en cuenta de una vez! 
Hay localidades que han sido objeto de 33 supuestas operaciones de limpieza- de 27 en otro caso-en las que se dio muerte a alrededor de una séptima parte de sus respectivas poblaciones. 
Civiles y mujeres embarazadas son arrancados de los autobuses y fusilados. 
No estamos ante una lucha contra el terrorismo. 
Se ha abatido a tiros a supuestos terroristas en zapatillas. 
Yo me siento francamente obligado a declarar que la opinión pública está siendo objeto de una desinformación sistemática cuando se crea la impresión de que sólo se trata de una lucha contra el terrorismo por medios algo desproporcionados. 
Por no mencionar el hecho de que de este modo no se combate el terrorismo, sino que más bien se crían terroristas y, en este contexto, yo debo sumarme a Olivier Dupuis y manifestar que hasta ahora no tenemos la menor prueba de que verdaderamente exista un terrorismo checheno en gran escala. 
Hasta el prestigioso Neue Züricher Zeitung expresó muy claramente que no existe el menor indicio de que los atentados cometidos en Rusia fuesen obra de chechenos y dicho periódico opina que éstos tienen un trasfondo más bien dudoso y quienes mueven los hilos son otras personas muy distintas. 
Es preciso decirlo al fin también públicamente en esta Asamblea. 
Contamos con una gran tradición en lo que respecta a la adopción de numerosas posiciones claras sobre el tema de Chechenia. 
Nos hemos situado a la cabeza de quienes aspiran a proyectar por fin alguna luz sobre esta política, que tiene como objetivo la opresión sistemática de un pueblo, por intereses petroleros, por intereses en las materias primas. 
¡Estamos ante una guerra colonial de principios del siglo XXI, ni más ni menos! 
Tenemos todo el derecho a oponernos a esta guerra colonial. Mantenemos una relación privilegiada de cooperación con Rusia. 
Participamos conjuntamente en la OSCE. Participamos conjuntamente en el Consejo de Europa. 
Disponemos de instrumentos para hacer algo, pero tenemos que empezar a utilizarlos de una vez y no podemos continuar amodorrados, actuando como si se tratase de ataques aislados. 
Los escasos oficiales que ya han sido procesados o acusados, como un oficial, un coronel, que en 2000 violó y asesinó a una joven, no han sido condenados hasta la fecha. 
Se trata únicamente de acciones de propaganda. No se está poniendo fin en absoluto a estos delitos. 
¡No podemos seguir tolerando que esto suceda! 
Porque nos lo tomamos en serio, tenemos que hablar claro con un socio importante, como es Rusia. 
Señor Presidente, me parece importante no confundir la situación en Chechenia con la situación que se ha creado después del 11 de septiembre. 
Está claro que por parte de Rusia se tiende a unificar lo que sucede en los diferentes escenarios del mundo- Afganistán, Oriente Próximo, Chechenia y Georgia- como si formara parte del mismo fenómeno, mientras que en cambio no es así. 
Con frecuencia los rusos parecen los más fieles lectores de aquellos expertos en geopolítica que predicen el choque entre civilizaciones- el Islam y el Cristianismo- haciendo algunas piruetas ideológicas respecto de las posiciones de no hace mucho. 
Me parece que, de vez en cuando, también nosotros cometemos algún error. 
Por ejemplo, si las Instituciones europeas llaman "bandidos" y "terroristas" a los guerrilleros chechenos, es imposible imaginar que se pueda mantener un diálogo con los bandidos y terroristas. 
Por lo tanto, yo trataría de encontrar un término único para definir a esta parte de los combatientes que cuentan con un fuerte apoyo popular. 
Puesto que la posición europea en su conjunto es mucho más articulada, son necesarios expertos observadores sobre el terreno para desmentir las simplificaciones locales. 
Está muy bien, por lo tanto, la misión de Lord Judd, así como la propuesta de constituir las troikas, los equipos de cinco miembros, con la parte rusa y el Grupo de trabajo sobre Chechenia para seguir la situación, para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos y parece oportuno crear incluso una delegación ad hoc para el Cáucaso Septentrional, para debatir con los rusos y los representantes chechenos todos los problemas pendientes. 
Todo esto está muy bien: significa que al menos estaremos presentes. 
En definitiva, la mayor parte de la resolución que nos ocupa invita a los rusos a que presten ayuda a las víctimas, acepten la creación de comisiones y de grupos de seguimiento y ayuden y cooperen con aquellos que, a través de las organizaciones humanitarias, necesitan permisos, visados y protección para llevar a cabo su labor. 
Naturalmente, el problema del retorno de 200.000 refugiados es sólo una agradable retórica parlamentaria. 
Por lo tanto, depende de la buena voluntad y disponibilidad del Gobierno Putin a aceptar o no aceptar las que son, en definitiva, las observaciones implícitamente críticas a la situación actual en Chechenia, de lo contrario, no se pedirían tantas delegaciones. 
La voluntad de Rusia de entablar unas correctas relaciones de cooperación con la Unión Europa se comprobará también a través de su disposición a aceptar estas invitaciones. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, frente al drama checheno no podremos decir que no sabíamos. 
De esta segunda guerra de las fuerzas federales rusas en Chechenia nos llegan a trozos- gracias a las declaraciones aterradoras de los refugiados y a los testimonios de los últimos periodistas que se hallan in situ- noticias de abusos sistemáticos y de una barbarie revanchista y exacerbada. 
Esta vez tampoco podremos decir que no podíamos. 
Rusia ya no es un Estado autárquico dirigido a puerta cerrada y con un derecho de decidir sobre la vida y la muerte de su población. 
Rusia está vinculada a la Unión Europea y, más allá de ésta, a otras partes del mundo a través de compromisos morales y políticos, de los que depende su credibilidad y su solvencia en el escenario europeo e internacional. 
Entre éstos figuran la estrategia común de la Unión Europea con respecto a Rusia y el acuerdo de cooperación y de asociación, que obliga a Rusia a respetar los derechos humanos. 
Rusia está apoyada en su difícil transición hacia las normas económicas occidentales por programas, acuerdos de asociación y financiaciones en los que la Unión Europea desempeña un papel clave. 
Debido a la ampliación de la Unión, Rusia se encontrará a corto plazo en una situación geopolítica nueva que la obligará a volver a negociar a fondo su posición y sus relaciones con sus nuevos vecinos europeos. 
Sepamos, esta vez, oponernos a este Estado de no-Derecho e imponer, bajo pena de adoptar medidas reales de retorsión, el envío de observadores y de representantes de los medios de comunicación extranjeros a este último ' secretismo? trágico de la barbarie humana. 
Sepamos exigir la presencia urgente de ayudas sanitarias y humanitarias, y sobre todo dejemos de disimular nuestra pasividad detrás de declaraciones y de tranquilizar nuestra conciencia, con el pretexto de proteger la frágil democracia en Rusia. 
Sepamos evitar el proceso de amalgama simplista entre lucha contra el terrorismo y genocidio planificado; de lo contrario, el agravamiento in situ de la barbarie será proporcional a nuestra indiferencia. 
. Señor Presidente, Señorías, el Consejo ha tomado muy buena nota de todo lo que se ha dicho en este debate y agradece al Parlamento que haya traído aquí este asunto tan importante, no solamente desde el punto de vista de la política internacional general, sino, sobre todo, de la política de nuestra familia europea, puesto que consideramos que Rusia es un país que forma parte de nuestro espacio y aspiramos a que tenga los mismos comportamientos, el mismo respeto por el Estado de Derecho, el mismo respeto por los derechos humanos, que tenemos en Europa. 
Quisiera decir que todas las afirmaciones que se han hecho aquí son compartidas, en gran manera, por la Presidencia y por el Consejo, que ven con preocupación la situación en Chechenia. 
Comparto plenamente las afirmaciones en el sentido de que lo sucedido el 11 de septiembre no debe servir de coartada a nadie, y mucho menos a Rusia, para violar sistemáticamente los derechos humanos, escudándose en la lucha contra el terrorismo. 
Efectivamente, hay violaciones de los derechos humanos, y muy graves, pero también hay una evolución positiva y así lo ve el Consejo. 
Por lo tanto, creo que tenemos que proseguir con nuestros esfuerzos: el Parlamento debe hacer oír su voz y aprobar esta Resolución- que a mí, personalmente, me parece excelente- y el Consejo debe seguir aprovechando todas las ocasiones para hacer llegar a las autoridades rusas nuestra posición- la del Consejo, la de la Unión Europea, y la del Parlamento Europeo-. 
Quiero tranquilizar a la diputada Schroedter, que me ha preguntado si efectivamente en nuestros encuentros con los altos dirigentes de la Federación Rusa, desde Putin y el ministro de Asuntos Exteriores hasta los viceministros y otros altos representantes, el Consejo dice lo mismo que dice ahora. 
Yo le diré que el Consejo dice a las autoridades rusas las mismas cosas que ha dicho aquí en el día de hoy. 
No me atrevería a venir al Parlamento a decir algo que no hayamos sido capaces de decir a las autoridades de la Federación Rusa. 
Puede tener la perfecta tranquilidad de que, durante este período y durante las Presidencias que nos seguirán, la Presidencia continuará teniendo el mismo discurso que ha mantenido siempre con las autoridades rusas. 
Es evidente que todos tenemos que seguir en este esfuerzo, es reconfortante que el Parlamento Europeo nos apoye en él y creemos que la lucha por el restablecimiento de la normalidad en Chechenia, el establecimiento de condiciones democráticas plenas, el respeto a los derechos humanos, el retorno de los refugiados y la plena normalización de la vida son un objetivo al que podemos y debemos aspirar. 
Le garantizo, señor Presidente, que el Consejo no regateará esfuerzos, conjuntamente con la Comisión y con el apoyo de este Parlamento, para llegar a este objetivo. 
. (EN) Señor Presidente, permítame subrayar de nuevo que nosotros estamos presentes en la región. 
Estamos presentes en Chechenia; y el grado de ayuda humanitaria financiada por la Comisión, por un valor de 40 millones de euros en 2001, constituye una prueba clara de la prioridad que damos a esta crisis y al sufrimiento de Chechenia. 
Nuestros expertos sobre el terreno y el personal de ECHO son otra prueba de nuestra presencia allí. 
Somos, asimismo, el único agente externo que ha establecido un sistema independiente de distribución de alimentos y asistencia dentro de Chechenia. 
El Consejo Danés para los Refugiados es la única alternativa al Ministerio EMERCOM ruso, que se empeña en hacerlo solo. 
Por ejemplo, la ayuda del Programa Mundial para la Alimentación se facilita a través de la organización rusa. 
Insistimos en seguir contando con un canal de distribución independiente para asegurarnos de que nuestro rendimiento es mejor de lo que se ha dicho en este debate. 
No puedo aceptar el dato de que sólo un 3% llega realmente a las personas adecuadas. 
Si esto fuera cierto, los 200.000 refugiados de Ingushetia ya no estarían vivos. 
Nosotros podemos lograr cosas, pero no intentamos en modo alguno presentar esta operación como algo fácil o perfecto. 
Es tremendamente difícil y ése es uno de los motivos por los que vamos a seguir presionando a las autoridades rusas, tanto sobre los aspectos de seguridad del acceso a las radios VHF como sobre los permisos de trabajo y las condiciones generales de las organizaciones humanitarias internacionales que trabajan en la zona. 
La primera misión a la que me trasladé tras asumir mi cargo fue a la misión humanitaria en Timor Oriental en otoño de 1999, la segunda fue a la región de la que estamos hablando hoy. 
Agradezco el consejo de que puede ser útil que yo vaya allí una vez más y lo vamos a estudiar. 
El esfuerzo de la Comisión, es decir, la financiación y el apoyo decidido a nuestros socios a cargo de la ejecución, constituye el único esfuerzo real por garantizar una presencia humanitaria internacional en este escenario. 
Estamos firmemente decididos a seguir con este trabajo y esa firme decisión no se está debilitando en modo alguno. 
Puede también ser útil afirmar, atendiendo a lo que se ha dicho en este debate, que a mí me parece que es necesario y, sin duda, tiene sentido mantener la división establecida entre, por un lado, el diálogo político más amplio- un diálogo que también pone el acento en los aspectos relativos a los derechos humanos- y el claramente definido esfuerzo de ayuda humanitaria. 
Esa división del trabajo de quién hace qué y cómo se hace es necesaria y tiene sentido. 
Si mezclamos todo esto en un cóctel único, nos dejaríamos llevar por razones políticas buenas y comprensivas, pero pondríamos realmente en peligro el acceso de las organizaciones humanitarias internacionales a esta turbulenta zona. 
La ayuda humanitaria tiene su propia lógica y es importante reconocer que si politizamos todo, haremos un flaco favor a la ayuda humanitaria. 
Es importante recordarlo y yo suplico al Parlamento que entienda que ello no indica, en modo alguno, un debilitamiento de la razón de ser y de la fortalezca de nuestro diálogo político con Rusia sobre los aspectos políticos de todo esto. 
Pero tenemos que lograr una actuación creíble como importante contribuyente de ayuda humanitaria. 
He tomado nota de los muchos buenos consejos dados en este debate y van a ser una aportación importante a nuestras futuras deliberaciones. 
Gracias, señor Comisario. 
Sí, señor Dupuis, ¿para qué pide la palabra? 
Señor Presidente; precisamente, en el plano estrictamente humanitario, mi pregunta al comisario Poul Nielson es la siguiente: ¿está dispuesto a caminar veinte metros- ¡20 metros! -para reunirse con el ministro de Sanidad checheno, que se encuentra en la tribuna del Parlamento? 
Como conclusión, he recibido cinco propuestas de resolución 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0087/2002) del Sr. Esteve, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo con vistas a la preparación de la reunión de Ministros Euromediterráneos de Asuntos Exteriores en Valencia los días 22 y 23 de abril de 2002. 
. Señor Presidente, quisiera en primer lugar dejar constancia de mi agradecimiento a todos los grupos por su actitud, algo que ya expresé en la comisión y que ha sido una constante en la preparación de esta sesión. 
Debo referirme también a la colaboración y al diálogo que hemos podido mantener con la Comisión y el Consejo, en la línea de la continuidad con la aprobación unánime de este informe por los 49 miembros que estábamos presentes en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Paso al comentario sobre las enmiendas. 
En primer lugar, la Sra. Boudjenah presentó siete enmiendas, de las cuales me consta que las 4, 6, 7 y 8 están retiradas y mantiene las 3, 5 y 9. 
Yo diría a la Sra. Boudjenah, en primer lugar, que creo que la enmienda 5, relativa a la legislación de armonización sobre inmigración, está bien justificada en los apartados 45 y 46 y que el tema sobre la deuda exterior se trata adecuadamente en el apartado 29. 
Por lo tanto, mantendría mi posición en contra de estas enmiendas. 
En cambio, creo que la enmienda 3 sobre los servicios públicos es positiva y enriquece el informe. 
Por lo tanto, estaría a favor, aunque propondría que en su votación no contempláramos el lugar que plantea la enmendante, sino el apartado 26 bis como lugar adecuado. 
Creo que la enmienda 2 de la Sra. Napoletano es una aportación muy positiva, puesto que el programa Euroscola es un programa de jóvenes que funciona y, por lo tanto, me manifiesto a favor de la misma. 
En cuanto a la enmienda 1, que he presentado como ponente, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que incluir las resoluciones del Consejo de Seguridad en los vistos del informe es de pleno sentido. 
Me refiero, evidentemente, a las resoluciones 1397 y 1402. 
Por último, la enmienda 10 de la Sra. Napoletano sobre el Banco Euromediterráneo es la que, a mi modo de ver, requiere un mayor comentario. 
Creo- y en la Comisión de Asuntos Exteriores así lo consideramos- que la redacción actual es un apoyo decidido a la creación del banco. 
Ahora bien, el Consejo Europeo de Barcelona marcó unas posiciones y unas medidas que, aunque no van en este sentido, tampoco entran en contradicción con la posibilidad de que en un año nos planteáramos el banco. 
Por tanto, creo sinceramente que el Grupo del Partido Socialista Europeo ha hecho un esfuerzo de síntesis que podría ser válido para el debate en diversos grupos- el mío propio- y que la enmienda que plantea es un resumen positivo de la situación, puesto que podríamos mantener un consenso en no renunciar al banco y sostener que la Comisión presente una nueva propuesta que, evidentemente, debería ser ampliamente debatida en este Parlamento. 
Por tanto, expreso mi opinión favorable a la enmienda 10. 
Propongo también, señor Presidente, una reordenación de cuatro apartados. 
Concretamente, creo que los apartados 31, 32, 33 y 34 expresarían de forma más ordenada sus conceptos si llevasen el orden 33, 32, 34 y 31. 
Creo también que el apartado 52, que es netamente del capítulo económico, debe ser incluido en él y no en el que está actualmente. 
Creo que debería colocarse tras el apartado 22. 
Para concluir, pienso que lo importante de este informe, y sin entrar en detalles, son dos cuestiones: la primera es que el informe sirva para ayudar y para orientar la Conferencia de Valencia en el sentido de una prioridad de una política euromediterránea y en el sentido de la eficacia. 
Creo que esto es así y, por tanto, en la parte que nos corresponde, espero que la votación lo pueda reflejar. 
En segundo lugar, pienso en el gravísimo conflicto de Oriente Medio, en el debate que tuvimos ayer, en las tristes noticias que nos llegan hoy de Haifa, en la reunión que hoy se mantiene en Madrid, en la que esperamos que pueda aparecer una postura conjunta. 
Pensando en todo esto, creo que podemos afirmar que el proceso de Barcelona exige una acción positiva por la estabilidad y por la paz en general en la zona y en Oriente Medio. 
Permítanme que les recuerde que si la reunión de Valencia tiene lugar de la forma prevista, será el único foro donde podrán estar las delegaciones de Palestina e Israel. 
Creo, sinceramente, que, como Unión Europea, el instrumento que tenemos con el proceso de Barcelona es, si no el más importante, probablemente uno de los más importantes para el diálogo y para la cooperación, Es además un proceso que está a nuestro alcance, porque es de nuestra responsabilidad. 
Creo que debe seguir cumpliendo- y hacerlo de veras- su cometido. 
Esperamos que así sea y, por tanto, agradezco, señor Presidente, el modo en que se ha elaborado y se ha negociado este informe. 
. Señor Presidente, he pedido la palabra, aunque no sea usual, tras la presentación de este informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, excelente informe elaborado por el Sr. Esteve, porque la Presidencia quiere dar constancia de su agradecimiento por el trabajo hecho por la Comisión de Asuntos Exteriores, y particularmente por el ponente. 
Este informe se ha elaborado en vísperas de la reunión de Ministros de Valencia, sobre el diálogo euromediterráneo, en una situación tan difícil como la que nos encontramos, en un momento crucial del diálogo euromediterráneo, porque, como ha dicho precisamente el Sr. Esteve, es el único elemento de concordia en nuestro espacio mediterráneo y quizá la única ventana abierta para que delegaciones árabes e israelíes, conjuntamente con delegaciones europeas, puedan establecer un diálogo fructífero. 
Creemos, por ello, que aporta el apoyo político necesario de este Parlamento para que la Presidencia española pueda sentirse animada no solamente a mantener esta convocatoria a pesar de las circunstancias, sino también a dar a este diálogo euromediterráneo un impulso particular, un impulso renovado a este proceso que se inició en 1995, precisamente en Barcelona. 
Creo que es muy simbólico que sea un diputado de Cataluña, parlamentario europeo, quien nos recuerde el espíritu de Barcelona, ese espíritu de 1995 que nos gustaría recuperar hoy y dentro de unos días- precisamente el 22 y el 3 de este mes de abril- en Valencia. 
Creo que esta aportación de la Comisión de Asuntos Exteriores es absolutamente esencial y da el apoyo político que necesita la Presidencia en estos momentos tan difíciles. 
Por lo tanto, quiero hacer constar el aprecio y el agradecimiento del Consejo a esta labor de la Comisión de Asuntos Exteriores y del ponente, Sr. Esteve. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, ante todo deseo darles las gracias, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, por el homenaje que acaban de rendir al trabajo de ésta y, naturalmente, felicitar a nuestro colega Esteve por lo que ha señalado, es decir: este informe fue aprobado por unanimidad, haciéndose hincapié en que el hecho es excepcional en la historia de nuestra comisión. 
Desearía apoyar asimismo las propuestas que nuestro colega Esteve, nuestro ponente, acaba de efectuar a propósito de las enmiendas y explicarles el porqué de esta unanimidad. 
La misma responde, en mi opinión, a la calidad del trabajo realizado, pero también a la toma de conciencia, tras el 11 de septiembre, de la obligación en que se encuentra la Unión Europea de no contentarse con mirar desde su balcón lo que ocurre del otro lado del Mediterráneo, a la toma de conciencia de que le interesa ayudar al continente africano a salir del caos y de la miseria que favorece una parte de los reclutamientos del fundamentalismo islámico y de la imposibilidad actual de Europa de encerrarse en una fortaleza, que, como todas las fortalezas, acaban por ser asediadas- y que han empezado a serlo con el fenómeno creciente de la inmigración clandestina -, con la necesidad, por consiguiente- como ustedes acaban de manifestar -, de reactivar el diálogo de Barcelona. 
Mis colegas me habían encargado la redacción de una resolución común para la reunión del Foro Euromediterráneo, el 6 de noviembre en Bruselas, y he podido comprobar que la cooperación que se había creado entre nuestros colegas palestinos e israelíes dentro de este comité de redacción podía tener un importante valor simbólico y esperanzador, a pesar del drama actual que atraviesa Palestina. 
Por lo tanto, soy de los que apoyan firmemente las conclusiones de dicho informe para pedir la reactivación de un diálogo creado con la iniciativa de Barcelona, y que no sólo debería referirse a las cooperaciones económicas y políticas, sino también a las interculturales e incluso interreligiosas. 
Creo que está en juego el restablecimiento, de una y otra parte del Mediterráneo, de esta dimensión de comprensión y de respeto mutuo que, tras la fase de la descolonización y una vez que empiecen a cicatrizar las heridas que la acompañaron, deben hacer recobrar al Mediterráneo ese aspecto de mare nostrum en torno al cual compartimos con nuestros colegas determinados valores en los que se funda nuestra civilización. 
Por consiguiente, creo que Europa- hoy principal potencia económica mundial- no sólo tiene el deber, sino también el interés de ayudar a la creación de asociaciones privilegiadas con nuestros socios euromediterráneos. 
Sobre esta base proseguiremos nuestros trabajos en el marco de informes de propia iniciativa sobre la unión del Magreb árabe que se someterán a nuestra Asamblea en el Pleno del mes de mayo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que el debate de hoy es oportuno porque sitúa el debate que llevamos a cabo ayer en un marco más general: Oriente Próximo, Mediterráneo y Europa. 
Quiero dar las gracias al ponente por haber permitido a todos los Grupos participar en este informe que pienso que constituye realmente una aportación a la reunión de Valencia, así como por haber sabido utilizar y valorar la contribución de todos los Grupos políticos. 
Asimismo quiero dar las gracias a la Comisión por haber presentado una comunicación eficaz e incluso nueva en sus propuestas que el Parlamento, a través del informe Esteve, quiere reforzar y alentar. 
A este respecto, quiero subrayar tres puntos: en primer lugar, hoy el Mediterráneo es la prioridad estratégica de la Unión. 
Tras la ampliación, ésta es nuestra prioridad política. 
En consecuencia, debemos ser consecuentes tanto desde el punto de vista de las políticas como desde el punto de vista de los recursos. 
En segundo lugar, hay que romper con esta idea de que la asociación es sobre todo libre mercado. 
Necesitamos convertir esta asociación en una gran política que abarque los ámbitos económico, social, cultural, de la formación y de las instituciones parlamentarias. 
Queremos enriquecer esta asociación mucho más que en el pasado. 
En tercer lugar, es necesaria una doctrina sobre los derechos humanos. 
No podemos oscilar de la Realpolitik a la amenaza de suspensión de los acuerdos y debemos conseguir que todas las Instituciones, en particular la Comisión, se comprometan en favor de la promoción de los derechos humanos en los países de la región mediterránea. 
Estamos preocupados, y yo muy especialmente, porque cuantos más poderes otorgará la Comisión a sus oficinas en los países mediterráneos, más deberá mostrarse capaz de ser eficaz e independiente también de las presiones de esos regímenes. 
De lo contrario, malgastaremos nuestro dinero. 
Por último, quisiera decir que queremos reforzar la dimensión institucional de esta asociación atribuyendo a la Asamblea Parlamentaria un papel protagonista, comprometiéndonos nosotros mismos en este empeño y reforzando a las dos instituciones propuestas por la Comisión, es decir, el Banco y la Fundación. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, en nombre de mi Grupo, quiero manifestar nuestro total apoyo a la comunicación de la Comisión y a las decisiones implícitas de retomar con la máxima fuerza la política euromediterránea. 
Se ha dicho que, tras la ampliación al Este, esta política es una prioridad absoluta e importante que no podemos soslayar. 
Hoy a todos los motivos alegados hasta ahora se añade el drama de la guerra y del terrorismo en Israel y en Palestina. 
Nos encontramos frente a la evidencia, a la costosa evidencia de que, sin una mayor implicación de Europa y sin unas políticas que vayan a las raíces de las causas de inestabilidad y de subdesarrollo en la región, no somos capaces de prevenir los conflictos reales o potenciales o sus efectos incontrolados como la inmigración ilegal. 
Por lo tanto, bienvenida sea una política mediterránea más decidida por parte de la Unión Europea y bienvenida sea la exportación del método de construcción europea, partiendo de la promoción de una verdadera zona de libre cambio que fomente lo más posible los intercambios Sur-Sur antes que los Norte-Sur. 
En apoyo de este proceso, se ha de considerar favorablemente la idea de constituir ahora secciones especializadas del BEI y en el futuro un Banco Euromediterráneo de Desarrollo. 
Sin embargo, en el caso mediterráneo, e insisto en que la crisis israelo-palestina lo demuestra, es necesario profundizar más aún, si cabe. 
En este momento, esto implica trabajar para que se vuelvan a dar las condiciones y para que se intensifique el diálogo entre culturas y religiones, un diálogo que permita ese conocimiento, esa comprensión recíproca que, hoy por hoy, hemos de reconocer que no es suficiente para evitar los conflictos entre el mundo occidental y el mundo islámico, entre Europa y las culturas mediterráneas, y entre las propias culturas mediterráneas. 
Para conseguirlo no bastan ni las buenas intenciones ni las acciones puntuales, sino que es necesario un trabajo estable y duradero. 
Por eso, he de decir que respaldo con fuerza y apremio la puesta en marcha de los trabajos de la Fundación euromediterránea que figura en la comunicación de la Comisión. 
El Mediterráneo es rico en experiencias y lugares simbólicos donde el diálogo intercultural e interreligioso se ha desarrollado a lo largo de los siglos. 
Procedo de Venecia, una ciudad que cuenta con una tradición en este sentido y estoy seguro de que si la Fundación activará todas estas energías, las muchas energías que posee el Mediterráneo, las muchas historias y experiencias de cooperación y comprensión, seremos capaces de ir hasta el fondo del problema. 
Con mucha frecuencia en nuestros programas el aspecto cultural es algo que se añade, que viene después de la política y de la economía. En este caso debe ir antes, pues de él arranca la posibilidad de que la economía y la política puedan realizar su función. 
Señor Presidente, hoy el conflicto de Oriente Medio expande la onda de choque en todos los países mediterráneos. 
Dicho conflicto centrará, seguramente, las discusiones de Valencia. 
La empatía por el pueblo palestino colonizado, que traspasa los límites de las sociedades árabes, se alimenta particularmente en estos países de la acumulación de humillaciones y frustraciones culturales, sociales, políticas, de las que las poblaciones corresponsabilizan a los dirigentes árabes y occidentales. 
Por eso en dichos países, la aspiración a una vida digna y al respeto del derecho, toma cada vez más a menudo el camino escabroso del nacionalismo- árabe o religioso- antioccidental. 
Este desarrollo, acelerado por la incapacidad de la comunidad internacional para detener la matanza y hacer que se respete el derecho en Oriente Medio, es nefasto para el diálogo cultural y civil que exige el proceso de Barcelona, al mismo tiempo que demuestra la urgencia e importancia de este último. 
De hecho, el límite y el desafío de dicho proceso de Barcelona consiste en realizar lo que aún no ha sido demostrado, es decir: un proceso de apoyo a la democratización en los países del Mediterráneo. 
Si el acuerdo de asociación con Israel no fuese suspendido, entonces los tanques israelíes no sólo habrán aplastado los territorios, sino también el artículo 2 de dicho acuerdo y el artículo 2 de todos los acuerdos de asociación. 
¿Qué tendríamos que decir frente al golpe de Estado constitucional de Ben Alí en Túnez? 
¿Cómo podríamos responder a las aspiraciones de la sociedad argelina, tomada como rehén por dos campos hermanos enemigos de la democracia? 
La idea de que el desarrollo económico conduce ipso facto a la democracia no es seria. 
La ambición de un desarrollo sostenible- es decir, solidario y ecológico- en el Mediterráneo, no puede reducirse a la concepción de la zona de un libre cambio. 
¿Se tiene una idea de las consecuencias sobre los servicios públicos y la vida de las poblaciones que tendrán las medidas de liberalización de dichos intercambios? 
Desde este punto de vista, la democracia es una condición del desarrollo. 
Esta exigencia de democracia no sólo no es una injerencia- que algunos califican de neocolonial -, sino que incluso constituye el desafío fundamental de las relaciones que deben construirse en dicha región. 
Señor Presidente, en primer lugar agradezco y aprecio la excelente labor hecha por el Sr. Esteve, en la Comisión de Asuntos Exteriores, que ha sabido proponer un trabajo muy equilibrado, muy positivo, y a su vez recoger el conjunto de sugerencias de los distintos grupos. 
Efectivamente, es crucial para la Unión Europea prestar atención al papel que, en el futuro, la zona mediterránea desempeñará para la paz, el desarrollo económico, la democracia, el suministro energético y la inversión económica; por ello son fundamentales este informe y el Consejo que se va a celebrar en Valencia sobre estas cuestiones. 
Sin embargo, hay aspectos preocupantes que merecen ser señalados. 
En primer lugar, como ya se ha dicho, tenemos que acometer con decisión la situación en Oriente Próximo, la invasión militar de Palestina- y cabe recordar que no hay invasión militar de Palestina en Israel-. 
De lo contrario, creo que ese conflicto va a paralizar y a echar por tierra las expectativas que hay depositadas en el desarrollo de la Unión Europea en esta zona. 
También debemos recordar otro conflicto que está larvado, pero que puede estallar en cualquier momento, y es el del Sáhara Occidental. 
Es imprescindible- como hemos dicho siempre- reconocer las resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas para que se celebre el referéndum de autodeterminación y podamos eliminar un posible conflicto en la típica tarea de prevención de problemas por la que la Unión Europea ha apostado. 
También hay que señalar, con toda claridad- como ya se ha dicho -, la necesidad de recuperar un respeto de la democracia y de los derechos humanos en varios países de esta zona y que están afectando a esa perspectiva. 
Otro aspecto que también es preocupante es la paradoja de que si se realizan inversiones en dicha zona sin respetar un necesario equilibrio, se produce el efecto inesperado de aumentar el paro, de desplazar campesinos de las tierras hacia las ciudades, donde no encuentran trabajo y, por lo tanto, de fomentar la emigración, clandestina o no. 
Por tanto, deberíamos considerar estos aspectos tan importantes. 
Creo que la propuesta de elaboración para esta zona de un modelo de asociación similar al de la Unión Europea, en el que nosotros podamos intervenir, es positiva, pero habría que hacerlo con más énfasis y urgencia. 
Por ello, también reconozco la importancia de la última propuesta de la Asamblea Parlamentaria, que es crucial para el desarrollo para esta zona. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo quisiera también, como han hecho otros colegas, felicitar al ponente, señor Esteve, por la preparación de este informe. 
Me refiero, naturalmente, a la forma en la que este informe se ha preparado- ya ha sido dicho aquí que ha gozado de una aprobación unánime en el seno de nuestra comisión- y también al contenido, que mejora una magnífica propuesta elaborada en su día por la Comisión. 
Me gustaría poner el acento, señor Presidente, en un elemento que para mí es fundamental, que es el diálogo político. 
Estas relaciones que se plasman en el proceso de Barcelona sólo podrán progresar decididamente sobre la base del diálogo político y de la voluntad política, tanto por el lado de los Estados miembros como por el de nuestros socios mediterráneos. 
Es evidente que las propuestas que hace el ponente en su informe son positivas y que, en el ámbito del diálogo político y de la voluntad política, nuestro Parlamento tiene y debe desempeñar un papel fundamental como legitimador de nuestro proyecto de integración. 
Por eso saludamos muy especialmente esa iniciativa de constituir una Asamblea Euromediterránea. 
Es evidente también que este diálogo euromediterráneo renovado pasa, necesariamente, por una agenda ampliada en la que se pueda tomar en consideración toda una serie de factores como los desafíos a la gobernabilidad, la prevención de conflictos y aspectos muy importantes relativos a la democratización y a la defensa de los derechos humanos. 
También la lucha contra el fenómeno terrorista debe desempeñar, en nuestra opinión, un papel fundamental en este ámbito del diálogo político. 
Es evidente que este aspecto no es el único: estamos propugnando una asociación económica y financiera que no debe extenderse solamente a los aspectos comerciales, sino que debe tomar en consideración la posibilidad de movilizar cada vez mayores grados de inversión extranjera, favorecer los procesos de integración dentro de los países socios mediterráneos e incrementar nuestro diálogo en el ámbito de la política económica. 
En este sentido, entendemos que la propuesta de constituir un banco euromediterráneo puede favorecer ese diálogo y esa asociación económica y financiera que estamos propugnando. 
Es evidente que uno de los aspectos fundamentales también debe ser la creación de ese diálogo intercultural y alcanzar una verdadera asociación mediterránea en los ámbitos social, cultural y humano. 
Para terminar, me gustaría, señor Presidente, decir unas palabras en lo que se refiere al tema de la financiación, que es un elemento fundamental en la medida en que tiene que producirse un respeto a los compromisos financieros adquiridos por la Unión Europea y una gestión mejor y más eficaz de los fondos del programa MEDA. 
Esto pasa, naturalmente, por una capacidad de absorción mayor por parte de nuestros socios mediterráneos y por una descentralización de esos programas. 
Entiendo, señor Presidente, que el apoyo para la superación del conflicto de Oriente Medio va a encontrar en el diálogo euromediterráneo un aliado fundamental y que en la vida, en la política, en la ciencia y en la sociedad no sólo se trata de conocer, sino de entender también a otras personas que, quizá por distintos caminos, buscan como nosotros la misma verdad, la misma concordia y la misma solidaridad. 
Señor Presidente, permítame que inicie mi intervención expresando mi satisfacción por el hecho de que este Parlamento haya logrado un consenso unánime en torno a una política euromediterránea, que se resume de forma concreta y muy positiva en el informe del Sr. Esteve. 
Pero, al mismo tiempo, tengo que expresar una sensación, ya no de insatisfacción, sino de amargura, por la sensación- que estoy seguro que compartimos prácticamente todos- de que en este proceso euromediterráneo estamos subiendo por una escalera mecánica que en este momento desciende a una velocidad claramente superior a nuestra marcha ascendente: vamos para atrás. 
En el terreno económico y social- y ahí hay responsabilidades compartidas, pero también responsabilidades europeas- se tiende claramente hacia un aumento de la distancia, de la fractura, entre la Unión Europea y nuestros socios mediterráneos. 
Pero, sobre todo, es en el ámbito político donde las circunstancias, como consecuencia de la atroz situación en Oriente próximo, ponen realmente, si no en peligro, sí en una situación delicadísima el proceso euromediterráneo. 
Aprovecho esta ocasión para decir que la Conferencia ministerial de Valencia va a ser, sin duda, una ocasión importante para sentar alrededor de una mesa a representantes israelíes y palestinos, pero que la presencia significativa de la Autoridad Palestina- cabe recordar que en la Conferencia anterior estuvo presente el Presidente Arafat- debe ser una condición sine qua non para que esta Conferencia se realice, pues la Unión Europea no podría participar en la "ceremonia de deshonor" que significaría reunir a los países mediterráneos dejando vacía la silla de la Autoridad Palestina. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera darle la enhorabuena al señor ponente, Sr. Esteve, por su amplio y completo trabajo que recoge una tras otra todas las preocupaciones y los interrogantes de la cooperación euromediterránea. 
El relanzamiento del proceso de Barcelona es más necesario que nunca para la paz y la estabilidad. 
Debe efectuarse intensificando el diálogo político y mediterráneo, abordando cuestiones fundamentales como son la necesaria promoción de los valores democráticos, los derechos más fundamentales- por otro lado tan gravemente menospreciados en el conflicto de Oriente próximo- la amenaza terrorista o los temas relacionados con la cooperación económica, los aspectos ambientales del desarrollo, la emigración o el tráfico de drogas. 
En el escaso tiempo que tengo me voy a centrar en algunos aspectos: parece obvia la creación de un área de libre comercio que impulse la economía y evite que, en una orilla, unos mueran de hambre mientras que, en la otra, otros lo hagamos de colesterol; pero tenemos que prever que esta zona de libre comercio no se convierta en una bomba de relojería que dinamite los esfuerzos efectuados por los territorios del sur de Europa para alcanzar la verdadera convergencia, la verdadera cohesión de que aún no disfrutan. 
La instauración de una zona de libre cambio debe tener en cuenta también los profundos cambios que van a tener lugar en la Unión Europea como son la reforma de la Política Agraria Común y la ampliación, por lo que debemos de ser muy cuidadosos en relación con los intercambios agrícolas, que, por otro lado, son necesarios y útiles. 
El diálogo político no debe promoverse exclusivamente entre la Unión Europea y sus socios mediterráneos, sino también entre éstos. 
No parece lógico que un aumento del acuerdo de asociación no se acompañe de un diálogo Sur-Sur más amplio, y que existan aún situaciones de fronteras cerradas en las relaciones diplomáticas. 
Se hace perentorio que se respeten los acuerdos internacionales firmados para hacer creíble la posición de países ribereños ante la Unión Europea, como en el caso de la situación- potencialmente explosiva- del Sáhara Occidental. 
Por otro lado, la necesaria lucha contra el terrorismo no debe ser utilizada como arma o pretexto para hacer desaparecer al adversario político o al enemigo; para encontrar la paz se hace prioritario preservar a Yaser Arafat como interlocutor válido. 
El diálogo y el conocimiento mutuo son elementos necesarios tras los atentados del 11 de septiembre y, tras estos atentados, se abrió una profunda brecha entre ambas culturas que debe desaparecer. Para ello, se debe fomentar el intercambio cultural y social mediante la potenciación de la información mutua con medios de comunicación mutuos, comunes, como, por ejemplo, con televisión euromediterránea. 
Y, para finalizar, no debemos olvidar la importante función que las regiones del sur de Europa desempeñan ya y desempeñarán en el futuro de la cooperación euromediterránea. 
Señor Presidente, desearía ante todo dar vivamente las gracias al Sr. Esteve por sus explicaciones preliminares sobre las enmiendas, de las que, evidentemente, tomo nota. 
Es imposible considerar las relaciones euromediterráneas sin acciones firmes para detener la guerra en Oriente Próximo, cuando los tanques israelíes aplastan a la población palestina y el propio Simon Peres habla de matanza. 
La política agresiva, sangrienta y colonial de Sharon conduce no sólo al pueblo palestino, sino también a todos los pueblos de la región- incluyendo al pueblo israelí- a un callejón sin salida marcado de sangre y de rabia. 
Ya no podemos mantenernos callados ante los crímenes, ante la ayuda urgente que se debe aportar a las poblaciones civiles, ante el envío de una fuerza internacional de protección, ante las destrucciones de infraestructuras financiadas por la Unión Europea. 
Si los Sres. Solana y Patten- como lo hicieron ayer aquí mismo- se quejan de que se han traspasado los límites de lo inaceptable, la Unión Europea debe entonces actuar sin hipocresía y con rapidez. 
Ésta posee los medios para ello. 
La Unión Europea puede decidir suspender el acuerdo de asociación con Israel. 
El cese de los bombardeos y de las matanzas, el desmantelamiento de las colonias, el respeto por Israel de las resoluciones de las Naciones Unidas, revisten hoy una urgencia absoluta. 
Si la Cumbre de Valencia puede contribuir a ello, tanto mejor; pero sería surrealista pensar en reunir serenamente en pocos días a todos alrededor de la mesa de negociación- suponiendo que el ministro palestino pueda salir de los territorios -, a falta de una posición franca por parte de la Unión Europea. 
El Mediterráneo necesita paz para pensar en su futuro. 
Otro conflicto influye asimismo en esta asociación: el del Sáhara Occidental. 
Deberían aprovecharse las buenas relaciones que la Unión Europea mantiene con Marruecos, a fin de permitir el desbloqueo de la situación y la aplicación del plan de paz de las Naciones Unidas, que establece la autodeterminación del pueblo saharaui. 
La situación generada desde el 11 de septiembre implica para cada uno, de ambos lados del Mediterráneo, evitar cualquier proceso de amalgama y trabajar en común para eliminar todo aquello que alimenta el terrorismo y que sólo puede favorecer a los integrismos y nacionalismos más violentos. 
Quiero referirme al aumento de la miseria, al saqueo de los recursos naturales, a los intentos de contener y de liquidar las producciones nacionales. 
Soy favorable, como el Sr. Esteve escribe en su informe, a un diálogo de igual a igual que responda a las necesidades sociales, adoptando medidas de lucha contra el desempleo, así como al desarrollo de un comercio Sur-Sur; pero sigo pensando que el camino que conduce a la zona de prosperidad compartida se ha saldado, por el momento, por acuerdos guiados por intereses estrictamente económicos y financieros, ignorando las necesidades de las poblaciones que ya soportan el peso de la deuda, la caída de los precios de las materias primas y la austeridad impuesta por los ajustes estructurales. 
¿Cómo se puede continuar en esta vía de la liberalización desenfrenada, que fracasa en todas partes, sin efectuar un balance de los acuerdos y permaneciendo sordos a las protestas cada vez mayores, incluso en el Mediterráneo? 
Si bien la mejora de la situación económica y social de los países socios constituye uno de los objetivos prioritarios de la asociación, la satisfacción de las necesidades elementales y fundamentales desde el punto de vista de la salud y la educación es, pues, una de las vías obligadas. 
Las cifras del desempleo, por ejemplo, o de los empleos directamente amenazados por la supresión de las barreras arancelarias- 500.000 en Argelia- demuestran hasta qué punto estamos lejos de todo ello, e incluso tenderían a demostrar que se deben explorar otras vías, como la de una cooperación entre los servicios públicos. 
¿Por qué no trabajar también, por ejemplo, de manera más audaz para crear un fondo de desarrollo y de cooperación euromediterráneo que permita a las poblaciones que definan y controlen proyectos locales? 
Finalmente, la libre circulación de las personas debería ser la condición de una asociación solidaria y justa. 
Es deseable realizar una armonización en materia de inmigración y de asilo, pero sólo si contribuye al desarrollo de los países de origen y garantiza a los inmigrantes, en nuestro suelo, un trato digno y justo, respetuoso de los derechos humanos y basado en la igualdad de derechos. 
Señor Presidente, probablemente lo más importante de la Cumbre de Valencia es que se pueda celebrar. 
Es obvio- lo dicen la Comisión y el ponente- que no se debe confundir el proceso de Barcelona con el proceso de paz en el Oriente Medio. 
Pero es cierto que sin paz en el Oriente Medio no habrá proceso de Barcelona. 
Por eso, quiero felicitar a la Presidencia española por los esfuerzos que se han hecho para alcanzar la paz. 
La Declaración de Barcelona es la declaración más firme que yo conozco en esta materia. 
La presencia del Presidente del Consejo de la Unión en la Cumbre de la Liga Árabe constituye una absoluta novedad. 
La misión en el Oriente Medio, en primer lugar, se llevó a cabo y, en segundo lugar, tuvo el acierto de mantener su dignidad: no hubo Arafat, pero tampoco hubo Sharon. 
Expreso también mi satisfacción por la convocatoria del Consejo de Asociación UE-Israel así como por la reunión en Madrid. 
Es necesario en este proceso garantizar la seguridad y la viabilidad de los dos Estados: el Estado palestino y el Estado israelí. 
Una vez aclarado el tema del proceso de paz en el proceso de Barcelona, me parece exagerado el autoelogio que se hace la Comisión. 
Es verdad que se ha hecho algo en materia de acuerdo de asociación, que se ha iniciado el proceso de Agadir y que se ha iniciado tímidamente un proceso de desarrollo, pero esos esfuerzos me parecen absolutamente insuficientes a la vista de los que quedan por hacer. 
Para medir la distancia entre las necesidades y la realidad sólo es necesaria una cifra: dice la Comisión con acierto que en la próxima década sería necesario crear 45 millones de nuevos puestos de trabajo en la ribera sur del Mediterráneo para mantener los niveles de desempleo y pobreza actuales. 
Si eso no se hace, se pondrá en riesgo la seguridad exterior de nuestra frontera sur con el crecimiento del fundamentalismo- como han señalado el Sr. Morillon y otros oradores- y nuestra propia seguridad interior, porque aumentarán los flujos de emigración clandestina. 
Por eso, me parecen muy acertados los puntos que el ponente, Sr. Esteve, pone de relieve en las diversas secciones de su informe, y me parece también que para que eso sea realidad, para pasar de las musas al teatro, es absolutamente imprescindible una asamblea euromediterránea que sirva de punta de lanza, que dinamice y acelere el proceso, lo que constituye una urgencia importante. 
Me congratulo también por el hecho de que haya más oradores de países no mediterráneos- algo que no ha sido frecuente cuando tratamos estos temas -, porque ello indica que la Unión Europea empieza a saber que, además de mirar al Este, tiene también que mirar al Sur para asegurar su propia supervivencia. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, también yo quiero felicitar sinceramente al ponente, Sr. Esteve, y agradecerle la colaboración, en mi calidad de orador de un país no mediterráneo, de un país que ya no es mediterráneo. 
El proceso de Barcelona es de una enorme importancia para la paz, la estabilidad y el bienestar de Europa. 
Lamentablemente, se ve afectado por el conflicto de Oriente Medio, que entre tanto se ha agudizado. 
Aun así, tenemos que continuar este proceso de aproximación a través del Mediterráneo. 
Incluso habría que darle un nuevo impulso, con el objetivo de hacer conjuntamente del mar Mediterráneo un auténtico mare nostrum de todos los países ribereños. 
Es necesario lograr, por lo tanto, que la próxima reunión de Valencia- que yo espero que se pueda celebrar- sea el punto de partida de una reflexión en torno a una estructura permanente y estable de cooperación y coordinación. 
Ya sé que en muchos casos ni siquiera se aplican en un grado suficiente los acuerdos existentes, pero los acontecimientos más recientes, desde los atentados del 11 de septiembre hasta la guerra en Oriente Medio, hacen imprescindible justamente una organización internacional que comprenda a los países y regiones de una y otra orilla del Mediterráneo. 
Es cierto que actualmente esta visión todavía se enfrenta con las diferentes prácticas en relación con el respeto de los derechos humanos. 
Éstos deben ser, de hecho, un componente central de nuestro diálogo. 
Tenemos que convencer a nuestros vecinos, con firmeza y perseverancia, de que el respeto y la aplicación de los derechos humanos no son contrarios a la lucha contra el terrorismo, ni la contradicen, sino que son justamente un requisito para combatir con el éxito el terror. 
Sin embargo- y también quiero resaltarlo -, no debemos expresar nuestras opiniones desde una posición de autosuficiencia y superioridad, sino mostrándonos dispuestos a mantener un intenso diálogo. 
Finalmente, falta recordar que los inmensos problemas sociales, que ya han señalado algunas y algunos colegas, sobre todo el del paro juvenil, hacen necesaria la creación de muchos nuevos puestos de trabajo en la región. 
Para ello es preciso librar una batalla conjunta contra la corrupción, el nepotismo y la burocratización, pero también hay que crear las condiciones necesarias para un incremento de la inversión, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. 
También para ello necesitamos un banco mediterráneo, que por razones organizativas deberá contar, no obstante, con una participación mayoritaria del Banco Europeo de Inversiones. 
Permítanme que vuelva a recordar que la explosiva situación social de la región, especialmente a la vista del elevado crecimiento de la población, constituye junto con los espinosos problemas políticos en el ámbito de los derechos humanos una combinación explosiva que puede acabar afectándonos a todos. 
Señor Presidente, señorías, los días 22 y 23 de abril se reunirá en Valencia la quinta Conferencia ministerial Euromediterránea, que adoptará un plan de acción con propuestas y medidas orientadas al fomento de la cooperación euromediterránea. 
Hay que congratularse porque el informe del colega Esteve llega justamente en el momento más adecuado, es decir, en vísperas la celebración de esta Conferencia ministerial, para expresar las posiciones del Parlamento Europeo y contribuir así, con sus propuestas e ideas, a una aportación más eficaz por nuestra parte a esa cooperación; una cooperación que avanza a paso de tortuga, si es que no retrocede, y se encuentra exasperantemente lejos del espíritu y las necesidades que reconoció y se comprometió a satisfacer la Declaración de Barcelona en noviembre de 1995, y que han proclamado, igualmente, muchas otras conferencias y resoluciones desde entonces. 
El informe Esteve, con total acierto, apoya sin reservas el nuevo plan de acción propuesto por la Comisión en el marco del proceso de Barcelona, y, además, lo mejora y enriquece con propuestas y enfoques de orden práctico. 
En un aspecto falla el informe del colega Esteve, en mi opinión, y se trata, desgraciadamente, del aspecto clave para el éxito de cualquier iniciativa encaminada al acercamiento a la parte mediterránea y a la actuación conjunta, y en concordancia, de ésta con Europa. 
Como es de suponer, me refiero al conflicto árabe-israelí, señor Presidente, al conflicto árabe-israelí, que se encuentra de nuevo en primer plano de actualidad con tintes tan trágicos y peligrosos. 
En el momento de redactarse el informe Esteve, qué duda cabe, las cosas no revestían las dimensiones de tragedia que hoy han adquirido, y el ponente optó por referirse diplomáticamente a la necesidad de encauzar la solución del conflicto, al objeto de destacar especialmente el nuevo enfoque cultural, económico, social, político e institucional. 
Me temo, sin embargo, aun cuando apoyo sin reservas este nuevo enfoque del ponente, que si el conflicto israelo-palestino no se resuelve esta vez con una solución aceptada de común acuerdo, ? insisto: de común acuerdo? esta pesadilla seguirá acechando para impedir continuamente la deseada y necesaria cooperación euromediterránea. 
La Unión Europea, paralelamente a cualquier otra iniciativa, debe moverse resueltamente y comprometerse eficazmente en esta dirección. 
La oportunidad de Valencia es única y no debe perderse 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también me siento orgullosa del trabajo realizado por el Sr. Esteve y por la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Con este informe Europa ha identificado sin ambigüedades las dos prioridades de su política exterior: una política dirigida a la ampliación al Este y una política orientada a considerar la zona mediterránea fundamental para un futuro de paz y de prosperidad. 
La Conferencia Euromediterránea es, hoy por hoy, el único foro existente, real, para un diálogo entre las delegaciones árabes, israelí y europea. 
Facilitar a este foro de trabajo y de debate instrumentos como el Banco Euromediterráneo, la Fundación y la prosecución de los programas MEDA nos permitirá proporcionar y favorecer, por un lado, una zona de libre cambio Sur-Sur y Norte- Sur, y del otro, una zona de diálogo, de conocimiento, de formación y de comunicación. 
Sólo así se pondrán de manifiesto los valores comunes de civilizaciones diferentes, sólo así aumentarán el conocimiento y el respeto por la cultura, la religiosidad y la historia de pueblos diferentes. 
Sólo así, a mi juicio, se puede construir una amplia zona de democracia, de crecimiento económico y de salida de la pobreza que son condiciones fundamentales para promocionar y defender la necesidad de una zona dentro de la cual se comparta una política de respeto a la persona y de defensa de los derechos humanos que es la condición previa para toda política de paz. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría felicitar al Sr. Esteve por su excelente informe, al igual que ya han hecho muchos otros diputados en este debate. 
Demuestra claramente la importancia que concede el Parlamento a la región mediterránea. 
He escuchado el comentario del Sr. Swoboda de que era el único participante no mediterráneo en el debate; en realidad, hay más de uno, pero puede considerarse una virtud de este Parlamento que tengamos tal compromiso e identificación con un asunto como éste. 
Desde el principio, permítanme que reitere, por si hiciera falta, la importancia estratégica del Mediterráneo para la UE. 
En vísperas de la nueva ampliación y a la vista de la evolución de la situación política, esto es más cierto que nunca. 
Después de leerlo detenidamente, debo confesar mi satisfacción por la coincidencia de este informe con la comunicación de la Comisión. 
Aunque todavía queda por hacer, la Comisión y el Parlamento están de acuerdo, en líneas generales, con la forma de entender nuestras relaciones políticas, económicas y sociales con nuestros vecinos del sur. 
A pesar de los graves reveses políticos que se han producido en la región- entre ellos la dramática situación por la que atraviesa actualmente Oriente Medio- y de un cierto escepticismo a finales de los noventa sobre si el Proceso de Barcelona constituía el medio adecuado para impulsar la cooperación euromediterránea, el proceso ha superado la prueba del tiempo. 
No podemos obviar las implicaciones que para el proceso ha tenido la trágica evolución de la situación en Israel, Gaza y Cisjordania. 
No es este el momento de debatir el papel que está desempeñando Europa para poner fin a ese conflicto, pero la presente situación y la continuación de esta terrible violencia subrayan aún más la necesidad de seguir desarrollando el Proceso de Barcelona como un medio con el que Europa pueda contribuir a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región. 
Siempre se puede discutir hasta qué punto el Proceso de Barcelona es un instrumento sólido, pero es indiscutible que este proceso forma parte de la solución y de ningún modo parte del problema, y por ello tenemos que fortalecerlo. 
En esencia, se han logrado avances sustanciales desde 1996. 
Todos los socios euromediterráneos están ahora acostumbrados a un diálogo permanente y a trabajar de forma conjunta. 
El Proceso de Barcelona es el único lugar en el que podemos celebrar un debate con 27 miembros y, lo que es más importante, en el que los 12 socios mediterráneos pueden reunirse con regularidad y debatir. 
En las circunstancias actuales, ésta es una señal valiosa de la capacidad de resistencia del proceso. 
También hemos logrado avances sustanciales en el establecimiento de una zona de libre comercio. 
La mayoría de los acuerdos de asociación ya han sido ratificados, firmados o rubricados. 
Se están negociando acuerdos intrarregionales, como el Proceso de Agadir. 
Sin embargo, aunque nuestras relaciones comerciales euromediterráneas avanzan progresivamente en el eje norte-sur, el comercio sur-sur sigue estancado en apenas un 5% del comercio mediterráneo. 
La estabilización macroeconómica ha sido un éxito en la mayoría de los países mediterráneos, pero las reformas relacionadas con el entorno empresarial no están avanzando a un ritmo suficiente. 
Los socios mediterráneos se enfrentan al reto de aprovechar plenamente el potencial de su fuerza económica y, en ese sentido, el Proceso de Barcelona se ha convertido en el marco de referencia para que se relacionen y trabajen todos los donantes internacionales. 
En el ámbito cultural se ha llevado a cabo un importante trabajo. 
Se han financiado varios cientos de proyectos regionales que han promovido una tupida red de intercambios entre personas. 
¿Cuál es el camino que ha de seguirse ahora? 
¿Cómo podemos dar mayor relieve a la cooperación? 
¿Cómo puede utilizarse mejor ésta para garantizar una zona común de paz y de estabilidad? 
Políticamente, debemos continuar y reforzar nuestro apoyo al Proceso de Barcelona como una herramienta que promueve el entendimiento y el diálogo político. 
El camino está bien allanado, a pesar de algunos baches en su recorrido. 
Un ejemplo claro de este diálogo es la reunión de altos cargos para tratar la cuestión del terrorismo que se acaba de celebrar el 27 de marzo. 
Asimismo, los 27 socios han sido capaces de recorrer un largo camino hacia un acuerdo en torno a una serie de acciones prioritarias en un tema tan delicado como la justicia y los asuntos interiores. 
Esperamos alcanzar un consenso definitivo en Valencia. 
Basándose en estas prioridades, la Comisión pondrá en marcha este año un programa regional en materia de cooperación judicial, lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada y migración. 
Este éxito constituye un hito de la asociación y demuestra su potencial y su capacidad política. 
En particular, respecto de las cuestiones de migración, en el futuro programa regional se incluirán varias de las peticiones del Parlamento (observatorio sobre flujos migratorios, red de contactos, etc.) 
En el ámbito institucional, son necesarios mayores esfuerzos para fomentar la "copropiedad" del Proceso de Barcelona. 
Existe entre los socios del sur una sensación de que la UE "impone su programa" y esta sensación ha de mitigarse. 
En ese sentido, la propuesta de sus señorías de establecer una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea se acoge de manera muy favorable. 
Desde el punto de vista económico, hay signos esperanzadores. 
El conjunto de acuerdos de asociación está casi completado; la integración comercial sur-sur avanza, principalmente en el marco del Proceso de Agadir- aunque no tan deprisa como quisiéramos. 
El programa Meda ha mejorado espectacularmente su rendimiento- aunque, dado el punto de partida, se podría decir que la mejora era inevitable- pero, de todas formas, se está produciendo con una relación entre pagos y compromisos del 53% en 2001 comparada con sólo el 26% en el período 1995-1999. 
Estamos recuperando terreno. 
No obstante, la situación económica de la región sigue siendo incierta y exige esfuerzos complementarios por parte de todos. 
Me complace que el Parlamento apoye nuestras propuestas de avanzar en este proceso, en particular en aspectos como las inversiones, el medio ambiente, el transporte, las infraestructuras y la energía. 
Como saben sus señorías, la idea de establecer un Banco Euromediterráneo no recibió el total asentimiento de los Estados miembros en el Consejo Europeo de Barcelona. 
No obstante, se va a poner en marcha una nueva línea de crédito del Banco Europeo de Inversiones y se va a crear una oficina de representación del BEI en la región. 
Por último, los aspectos sociales y humanos de la asociación muestran hoy, más que nunca, su relevancia, tendiendo puentes entre los mediterráneos y fomentando un mejor entendimiento de las culturas y sociedades respectivas. 
He constatado que muchas de las aportaciones al debate de hoy han dado prioridad a este aspecto. 
El Proceso de Barcelona proporciona un marco único y estructurado que permite este diálogo social y cultural a escala regional; no sólo norte-sur, sino también sur-sur y ciertamente sur-norte. 
La Comisión Europea ha presentado una serie de nuevas propuestas. 
Me complace ver que son muy bien recibidas por el Parlamento, en especial las relativas a la Fundación Euromed y a la cooperación entre universidades (el programa Tempus). 
En cuanto al establecimiento de la nueva Fundación Euromed, la Comisión está convencida de que contribuiría a una asociación más estrecha. 
Sin embargo, algunos Estados miembros no parecen estar tan convencidos como nosotros. 
Serán necesarios durante las próximas semanas algunos esfuerzos de persuasión política. 
La Comisión ha propuesto también que se haga extensivo el programa Tempus sobre cooperación universitaria al Mediterráneo. 
La aprobación de esta ampliación se obtendrá en el Consejo de Ministros de Educación del 30 de mayo. 
Además, todos los programas regionales existentes en esta materia (patrimonio, audiovisual o juventud) proseguirán en el futuro próximo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señor Esteve, usted había pedido la palabra. 
. Señor Presidente, he pedido la palabra simplemente para decir que el agradecimiento que expresé antes por la colaboración ahora debe extenderse a todos los oradores por su amabilidad. 
Pero lo que ocurre es que la situación no es precisamente amable, sino todo lo contrario. 
Creo que de todas las intervenciones se deduce también que la situación es difícil, dura en el terreno de la paz y en el del desarrollo. 
Por lo tanto, en este momento, creo que lo que más importa al Parlamento en relación con la reunión de Valencia no es la votación, sino que aquélla se celebre, que participen en ella todos sus miembros y que llegue a buen término. 
Aparte de esto, sólo me queda destacar que la dimensión e intervención del Parlamento Europeo en el proceso de Barcelona crece, que la creación de la Asamblea consolidaría dicha intervención y que, evidentemente, éste sería un punto de inflexión muy positivo. 
Señor Presidente, Señorías, la primera idea que quisiera dejar consignada es la de que las relaciones entre la Unión Europea y China siguen evolucionando favorablemente, aunque no siempre a un ritmo uniforme ni con la rapidez que sería deseable. 
En todo caso, la comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de una asociación global con China, presentada en el Consejo y a este Parlamento a mediados del año pasado, traza una estrategia y comprende un conjunto de principios, objetivos y métodos que merecen todo el aplauso, por lo que nos parece, por lo demás, positiva la reacción por la parte china en cuanto a varios, aspectos en ella abordados, pero no a todos. 
Asimismo, el apoyo que la República Popular de China se ofreció a dar en la lucha internacional contra el terrorismo representa una actitud digna de mención y aplauso. 
Y, entretanto, se ha admitido a China en la OMC, lo que brinda perspectivas importantes para que represente un papel aún más importante en la escena internacional. 
Son cuestiones debatidas desde hace mucho: el papel de China en el Extremo Oriente; sus relaciones con los países ACM y otras regiones de Asia; su situación política interna, las relaciones políticas comerciales y culturales con la Unión Europea. 
En ese marco, sigue notándose cierto décalage entre las diversas modalidades de cooperación ya en curso y la evolución, que consideramos deseable, de aspectos vinculados con la situación política, la construcción del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, aunque se puede decir que hay ya señales, aquí y allá, que permiten fundamentar algunas esperanzas de plasmación gradual. 
Así, muy en particular, las experiencias en curso relativas a Hong Kong y a Macao muestran que esa plasmación es posible en el plano político, social, económico y cultural. 
Por eso, hay que profundizar la cooperación y el diálogo sin dejar de insistir en los otros objetivos que transcienden el marco de las relaciones económicas y que pueden incluso, en ciertos casos, condicionarlas negativamente, si la República Popular de China no adopta las vías de una solución satisfactoria en cuanto a aspectos que consideramos esenciales. 
Algunos de los problemas que requieren más atención son los planteados por los capítulos específicos del informe, entre ellos los relativos a la entrada de China en la OMC, la necesidad del desarrollo sostenido, una mejor coordinación entre la vertiente del progreso económico y las del progreso político y social, las preocupaciones por los problemas de empleo que resultarán de la entrada de China en la OMC y de la progresiva reconversión y modernización de su economía, el respeto de los intereses de los países vecinos, la necesidad de protección del medio ambiente, la ventaja en la intensificación del intercambio cultural, en particular en el nivel universitario, etc., etc. 
Otro de ellos es el conjunto de preocupaciones expresadas sobre las relaciones con Taiwán. 
El reconocimiento por la Unión Europea del principio de una sola China no puede movernos a aceptar soluciones de fuerza en circunstancia alguna. 
Todos comprendemos- creo yo- que no hay posibilidad alguna de eludir ese diálogo, por muy difícil que sea. 
Y, por otro lado, consideramos nuestro deber manifestar nuestra preocupación por el Tíbet, respecto del cual resultan igualmente necesarias y urgentes las vías del diálogo con vistas a la formulación de un nuevo y efectivo estatuto de autonomía plena, sólo limitado por las políticas exterior y de defensa. 
En tercer lugar- y aun señalando algunos avances que parece ir logrando China en lo relativo a los derechos humanos -, consideramos que sigue habiendo un ámbito enorme en el que la situación dista de ser satisfactoria, por lo que este Parlamento debe afirmarlo sin subterfugios. 
En el informe se recapitulan con cierto detalle esos aspectos que tengo el honor de subscribir, por lo que me dispenso de enumerarlos aquí. 
Surge así, señor Presidente, un marco complejo con innumerables posibilidades positivas para la relación y la cooperación entre la Unión Europea y China, pero en el que también subsisten innumerables problemas que se deberán abordar francamente para llegar a una solución aceptable con criterios democráticos que propicien la construcción del Estado de derecho, el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto estricto de los derechos humanos. 
En cuanto a las 22 enmiendas presentadas entretanto, quisiera observar rápidamente lo siguiente: no creo que se deban aceptar algunas que entrañan simples redundancias respecto de lo que ya figura en el texto; hay también enmiendas cuyo tenor tendrá mayor razón de ser en un informe sobre Hong Kong, por eso las rechazo en este momento; por último, hay otras- que o no versan sobre la sistemática o se refieren al perfeccionamiento del texto y que he aceptado. 
Para terminar, he de decir, señor Presidente, que estoy convencido de que, al votar el informe, esta Asamblea contribuirá a respaldar desde el punto de vista institucional y político la estrategia diseñada por la Comisión sobre el desarrollo de una asociación global de la Unión Europea con la República Popular de China. 
Señor Presidente, más allá de la mera fórmula de cortesía parlamentaria, quisiera felicitar muy sinceramente al Sr. Graça Moura por la propuesta de resolución que presenta al Pleno, avalada además por la casi unanimidad de la comisión competente. 
Como miembro de la Delegación para las Relaciones con la República Popular de China desde 1986, creo poder decir que se trata del texto más equilibrado que jamás se haya sometido a consideración del Pleno sobre esta materia. 
Rozaría la perfección, señor ponente, si además admitiera las enmiendas socialistas. 
No tengo la menor duda de que, junto a la implantación del euro o a la ampliación de la Unión Europea, la evolución de China constituye uno de esos cuatro o cinco hechos básicos que marcarán la historia del siglo XXI a nivel mundial. 
De ahí la importancia que concedo a las relaciones China-Unión Europea. 
Habría muchos temas que comentar pero, en aras de ahorrar tiempo y teniendo en cuenta que habrá otros colegas de mi Grupo que intervendrán, me ceñiré a algunos puntos, partiendo de la premisa de que en nuestra cultura- como ya he reiterado a nuestros interlocutores chinos- no es una injerencia sino un deber de amistad señalar sus errores al amigo. 
Así, por ejemplo, denunciamos la pena de muerte como un defecto allá donde exista, sea en Estados Unidos o sea en la China Popular. 
Señor Presidente, es signo de los tiempos: una favorable acogida de las autoridades chinas a la comunicación de la Comisión que sirve de base al informe. 
Todas las instituciones de la Unión comparten que redunda en interés de la propia China, y no sólo en el de la Unión Europea, una evolución estable y próspera de la República Popular y su avance hacia la democracia, que no puede detenerse en unas elecciones municipales con más de un candidato por puesto. 
Señorías, hemos de fomentar nuestros intercambios de todo tipo. 
Los que hemos vivido, desgraciadamente, muchos años bajo una dictadura sabemos que el aislamiento contribuyó más a reforzar a los dictadores que a ayudar a los demócratas que luchábamos por su derrocamiento. 
La adhesión a la Organización Mundial del Comercio es un difícil riesgo valientemente asumido por el Gobierno chino que tendrá inconmensurables repercusiones internas y externas; a corto plazo, ya ha provocado reconversiones y despidos dramáticos en ciertos sectores industriales. 
En cuanto al gran capítulo de los derechos humanos, en nuestra opinión, a China le queda mucho trecho por avanzar. 
En este ámbito, no podemos aceptar la excusa del subdesarrollo. 
Hemos de lograr la moratoria de la ejecución de los ya condenados a muerte, antes de que consigamos la eliminación de esas sentencias. 
Hay que erradicar la tortura, de la que nos llegan tantas denuncias fundamentadas. 
Recibimos hace unas semanas a una delegación oficial tibetana. 
Creemos que fue un paso positivo y nos dieron respuestas interesantes, pero quedan aún muchos interrogantes y, por lo tanto, hemos de pedir a las autoridades chinas que prosigan su reciente política de liberación de presos políticos tibetanos. 
Son pasos en la buena dirección. 
Sin duda, esto ayudará a la propia China y a las relaciones entre China y la Unión Europea. 
Señor Presidente, también me gustaría dar las gracias al señor ponente por un buen y equilibrado informe que pone de relieve los cada vez mayores intereses comunes existentes hoy en día entre la UE y China. 
China es un actor cada vez más importante en la escena mundial en todos los sentidos y esto se aplica también a la lucha contra el terror, en la que debemos valorar que China respalde activamente la grave lucha contra el terrorismo. 
El Grupo ELDR desea una China democrática que respete los principios de libre mercado, los derechos humanos y los principios de un estado de Derecho. 
Deseamos que China también cumpla los criterios de Copenhague, no existe ningún motivo para que estos criterios deban estar limitados y cumplirse dentro de las fronteras de Europa. 
El Grupo ELDR ha presentado una serie de enmiendas que tienen como objeto hacer un poco más eficaz el informe. 
La cuestión más importante, en nuestra opinión, es en este orden de cosas? la política de una China?. 
Todos la conocemos y sabemos por qué existe. 
Como liberales no estamos orgullosos de? la política de una China? , porque impide el desarrollo de un país que respeta la democracia, el pluralismo social y los principios de un estado de Derecho- es decir, Taiwan. 
El Grupo ELDR piensa que deben respetarse los derechos y la voluntad de Taiwan y que la política de China obstaculiza esto. 
También pensamos que el Parlamento Europeo es el lugar adecuado desde el que enviar esta señal, luego ha de estar en manos de nuestros gobiernos seguir nuestro consejo. 
El año pasado se concedió al señor Presidente de Taiwan, Chen Shui-Bian, el premio de la libertad de la Unión Internacional Liberal. 
Desgraciadamente no se le concedió también un visado desde algún país comunitario de modo que él mismo pudiera recibirlo, lo hizo su mujer, en esta Asamblea en noviembre. 
Especialmente nos gustaría manifestar nuestro descontento ante la falta de cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones a la hora de respetar el derecho fundamental que tiene el Presidente de Taiwan para viajar libremente. 
Los Juegos Olímpicos se van a celebrar en China en el año 2008, la decisión está tomada y no debe modificarse, sin embargo, aprovechemos esta oportunidad para exigir que China utilice esta oportunidad para demostrar que el país quiere cumplir todas las normas y convenciones internacionales sobre derechos humanos. 
En este último tiempo China ha aplicado una práctica que implica que los niños que han nacido en el continente en China sean separados de sus padres en Hongkong. 
Es una violación muy censurable de los derechos humanos y por ello queremos exigir que el gobierno chino detenga inmediatamente esta práctica e inicie los reagrupamientos familiares para que los padres en Hongkong puedan estar junto a sus hijos. 
Quiero nuevamente dar las gracias al Sr. Graça Moura por un bien trabajado y ponderado informe que tiene como objetivo una política comunitaria más eficaz en la cuestión de China. 
Señor Presidente, desgraciadamente las organizaciones de derechos humanos continúan informando sobre atropellos a los disidentes y a las minorías en China. 
Simultáneamente prosiguen las protestas de trabajadores por la desaparición de al menos 25 millones de puestos de trabajo en empresas estatales como consecuencia de las liberalizaciones y privatizaciones. 
En las antiguas regiones industriales del norte de China se calcula que hay un desempleo del 40 por ciento. 
En un estudio sobre los riesgos de la inestabilidad en China, la Conflict prevention network (CPN) señala que puede empezar a cuestionarse la legitimidad ideológica del partido comunista de ese país si éste no es capaz de asegurar los ingresos de una creciente cantidad de desempleados y de pobres, al mismo tiempo que otros se hacen ricos. 
En ese momento podrían producirse desórdenes en China. 
A pesar de una serie de reformas, la democracia de base no ha logrado echar raíces. 
Según la CPN, el gobierno chino se encuentra en una carrera contra el tiempo que da origen a un dilema en la UE. 
¿Conviene que la UE respalde a un régimen represivo porque es capaz de mantener la estabilidad o merece la pena arriesgar la estabilidad para fomentar los derechos ciudadanos? 
Para el Grupo de los Verdes la respuesta es obvia. 
En cualquier circunstancia hay que fomentar los derechos ciudadanos y la democracia. 
El gobierno de Pekín tiene que cumplir su promesa de iniciar conversaciones con el Dalai Lama. 
También es necesario continuar el proceso de normalización con Taiwán, sin ruido de sables, y China debe cumplir con la convención de la ONU sobre derechos humanos que ha suscrito. 
Si así lo hiciese, no podría arrestar a las personas por sus convicciones religiosas, por su origen étnico ni porque tienen intenciones de fundar un partido político o un sindicato. 
Sin embargo, parece que algo está sucediendo. 
La Far Eastern Economic review informa en su ultimo número que las normas que regulan las manifestaciones masivas se están ablandando. 
Incluso un policía ha podido publicar una carta en la que señala que el derecho a manifestarse públicamente está contemplado en la constitución china y que, por esa razón, debería ser más fácil conseguir permiso para organizar estas manifestaciones. 
En el informe de la CPN se sostiene que los intentos de la UE para influir sobre China deben ser cuidadosos. 
Por cierto, podemos ser cautelosos. 
Sin embargo, esto implica un juego constructivo por parte de China, que cumpla las convenciones que ha suscrito y que los representantes chinos no interpreten las críticas amistosas como una improcedente intervención en los asuntos internos de ese país. 
Señor Presidente, yo valoro el esfuerzo que ha realizado el ponente. 
Los intereses económicos continúan ocupando el primer plano en la valoración de las relaciones de la Unión con la República Popular China. 
Esto es ciertamente comprensible, dadas las prácticamente inagotables ganancias que promete un mercado de unos 1.300 millones de personas para las empresas y los bancos que operan allí. 
Con el ingreso de China en la OMC mejorarán todavía más las condiciones para la valorización del capital. 
A la vez se intensificará también la competencia entre las potencias económicas del Pacífico, como Japón y Taiwan, y también los Estados Unidos, y la UE y sus Estados miembros. 
Todos desean hacerse con la mayor porción posible de la gran tarta. 
Todo ello acompañado de permanentes objeciones en el aspecto político, en el sentido de que China debería respetar más los derechos humanos. 
Sin embargo, se pasa por alto o se subvalora el hecho de que China está procurando completar las reformas económicas iniciadas hace años con la creación de estructuras federales democráticas, sistemas de seguridad social y mecanismos de orientación económica. 
China se propone continuar este proceso con la adhesión a la OMC. 
Nadie debe dejarse llevar, no obstante, por la ilusión de que separar la economía del Estado va a resolver los enormes problemas sociales de China. 
Nos guste o no, el tan loado mercado del capitalismo global es amoral e inadecuado para hacer realidad valores fundamentales, como la justicia social y la solidaridad. 
Esto requiere y seguirá requiriendo la intervención del Estado. 
No existe ningún otro gobierno en el mundo que sea responsable de 1.300 millones de seres humanos. 
Intentar establecer un diálogo multilateral con China es bueno y acertado, pero nadie debería ejercer presiones en este contexto y pensar sólo en sus propios intereses. 
Quien opte por las presiones, debe hacerlo con buen ojo, valorar de manera realista su propio potencial y tener claros de antemano los efectos que se desencadenarán. 
Un diálogo sólo tiene sentido y permite aproximarse a los objetivos si se intenta alcanzar un consenso que favorezca los intereses mutuos. 
Esto también es cierto en el caso de la pena de muerte. 
Es correcto exigir su abolición, pero la misma exigencia debe plantearse de manera igualmente consecuente en el caso de los Estados Unidos. 
Las relaciones con China han adquirido mayor importancia estratégica que antes. 
Una actuación unidimensional, como la que se está desarrollando en estos momentos frente a su puerta y que responde a los designios estratégicos de los Estados Unidos, contribuiría poco a propiciarlas. 
El resultado sería una inestabilidad. 
La UE debe responder al reto de oponerse- también y justamente en el marco de su proceso de ampliación- a los intentos unilaterales de dominio, y debe preservar la estabilidad manteniendo o estableciendo, en caso necesario, y consolidando unas relaciones equilibradas con China. 
Si podemos creer el informe sobre China y la comunicación de la Comisión las relaciones entre la UE y China anuncian la primavera, el comienzo de una nueva era. 
La UE y sus Estados miembros mantienen relaciones cada vez más fluidas y más amplias con China. 
A primera vista se trata de señales esperanzadoras. 
Ahora bien, la Comisión y el ponente estarán de acuerdo conmigo en que aún se deben vencer muchas dificultades antes de que podamos hablar de primavera. 
Sobre todo el respeto de los derechos humanos deja aún mucho que desear. 
Nos llegan tantas noticias de torturas, mutilaciones e incluso asesinatos que no podemos ignorarlas. 
Estas violaciones de los derechos humanos afectan a diversos grupos de la sociedad china, entre ellos los cristianos no registrados: según un informe fiable de diversas ONG fueron perseguidos durante los últimos años a instancias de altos cargos del Gobierno chino. 
Dado que en el informe del Sr. Graça Moura apenas se presta atención a esa persecución he presentado aquí algunas enmiendas suplementarias. 
Espero que merezcan el apoyo del Parlamento Europeo. 
En mi opinión, la respuesta de la UE a estos abusos ha sido demasiado tibia hasta la fecha. 
En el documento de la Comisión sobre China leo que ya se han celebrado diez rondas de negociación en el marco del diálogo político. 
Al mismo tiempo, la Comisión constata que sigue habiendo una brecha enorme entre los hechos y las normas internacionales. 
¿No debería ello llevarnos a concluir que el ' diálogo crítico? falla como instrumento? 
¿No sería preferible que se reforzara el vínculo entre intereses económicos y respeto de los derechos humanos en China? 
El diálogo crítico no puede servir para tranquilizar nuestra conciencia mientras velamos sobre todo por nuestros propios intereses económicos. 
Es muy probable que esto nos cueste dinero, señor Presidente, pero tenemos que estar dispuestos a pagar este precio si realmente concedemos tanta importancia a los derechos humanos. 
Nosotros, como UE, no podemos hablar de primavera cuando China se encuentra aún en pleno invierno. 
Muchas gracias, señor Belder. 
El debate queda interrumpido en este punto, para dar paso a la votación. 
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión importante para los diputados individuales de esta Asamblea en relación con el Turno de Preguntas al Consejo. 
Ayer la oficina responsable de preguntas de esta Asamblea me informó de que el Consejo no respondería a mi pregunta relativa a Oriente Medio porque la cuestión que estaba planteando, el Acuerdo de Asociación entre Europa e Israel, la iba a tratar el Consejo en el debate de ayer. 
El Consejo no trató ese tema ayer, por lo que hoy he puesto de nuevo en contacto con la oficina para que volviera a incluir esa pregunta en el orden del día. 
Ahora se me ha informado de que el Consejo no va a tratar mi pregunta ni otras diez de otros diputados aduciendo que no ha tenido tiempo de preparar sus respuestas. 
No creo que eso sea aceptable. 
Éste es uno de los pocos derechos con los que cuestan los diputados individualmente: hacer preguntas directas a la Comisión y al Consejo en esta Asamblea. 
Es una muestra de desprecio a los parlamentarios que el Consejo pretenda dejar al margen preguntas importantes que diputados individuales desean plantear. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que proteste del modo más firme posible ante el Consejo para que mi pregunta y las de los demás parlamentarios vuelvan a incluirse y se respondan y para dejar claro que ni este Consejo ni ningún otro tiene derecho a tratar a esta Cámara con ese desprecio. 
El Turno de Preguntas aparece en el orden del día a las 17:30 horas de esta tarde. 
Cuando terminemos las votaciones, intentaré ponerme en contacto con el Consejo e informaré a su señoría de lo que haya averiguado. 
Su postura está clara, bien expresada y bien planteada. 
Se la transmitiré al Consejo tras las votaciones. 
. 
(EN) La Comisión puede aceptar la enmienda 1 y las enmiendas 9 a 15. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 3. 
Aunque el espíritu de algunas de las otras enmiendas- de la 2 a la 8- podría aceptarse, es, con mucho, preferible la letra de las enmiendas 9 a 15. 
. 
(EN) Señor Presidente, he trabajado de manera muy estrecha con mis colegas de la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y creo que este conjunto de enmiendas de transacción, sobre el que vamos a votar hoy, es el mejor resultado que podría esperarse en cuanto a la gestión integrada de las zonas costeras. 
Como algunos de ustedes sabrán, en primera lectura propuse el año pasado que se fortaleciera esta recomendación mediante una revisión que diera lugar a otro marco jurídico sobre la gestión de las zonas costeras. 
La protección de nuestras zonas costeras es esencial y yo creo que es necesaria una legislación más fuerte para garantizar esta protección. 
En primera lectura, el informe fue aprobado por una amplia mayoría de la Asamblea. 
Sin embargo, no fue posible que el Consejo aceptara nuestras enmiendas acerca del marco jurídico en ese momento. 
En mi calidad de ponente, me sentí muy decepcionada de que hubiéramos perdido esas enmiendas al marco jurídico. 
Sin embargo, como he dicho, las actuales enmiendas de transacción constituyen un muy buen paso en la dirección correcta y un claro indicio de que nos tomamos en serio la protección de las zonas costeras de Europa. 
Por iniciativa propia, en tanto que ponente, yo pensaba que era esencial llegar a un acuerdo con el Consejo en segunda lectura, y eso es exactamente este conjunto de enmiendas. 
Me complace afirmar que hemos alcanzado un buen acuerdo sobre el calendario de esta recomendación. 
En primer lugar, en relación con el plazo en que los Estados miembros deben informar a la Comisión de su experiencia en la aplicación de la recomendación: el Consejo puede aceptar los 45 meses propuestos por nosotros. 
En segundo lugar, el Consejo puede también aceptar nuestra propuesta de que la recomendación se revise dentro de 55 meses. 
En esencia, hemos ganado un año en el calendario, lo cual significa fundamentalmente que las nuevas medidas para proteger nuestras zonas costeras llegarán más temprano que tarde. 
Me gustaría agradecer sinceramente al Consejo su comprensión en este importante asunto. 
Me gustaría también aprovechar la oportunidad para dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, que han respaldado el conjunto de enmiendas de transacción, y al Consejo por reconocer la importancia de este acuerdo y por incluir la recomendación en el orden del día del COREPER en un plazo muy breve. 
Me gustaría también dar las gracias a los responsables de la Comisión. 
. 
(EN) Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente su trabajo constructivo en esta directiva que garantizará una mayor seguridad en el tráfico marítimo. 
Como dijo ayer mi colega, la Sra. de Palacio, la Comisión puede confirmar su apoyo a todas las enmiendas presentadas. 
Confío en que el Consejo siga la postura del Parlamento para que esta directiva pueda aprobarse lo antes posible. 
. 
(EN) Señor Presidente, sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la Comisión puede aceptar las enmiendas 9, 11 a 19, 24, 27 a 37, 39, 40, 43, 44, 45, 50, 57, 65, 76 y 77. 
En la enmienda 23, la Comisión apoya el nuevo párrafo 1 y el párrafo 1 (b) , último subpárrafo en su totalidad y párrafo 1 (b) , subpárrafos tercero y cuarto, así como el espíritu del párrafo 2. 
En la enmienda 73, la Comisión puede aceptar la primera parte. 
En las enmiendas 1, 3, 5, 6, 7 y 10, pueden aceptarse en su totalidad las frases primera, tercera y cuarta. 
En las enmiendas 10, 20, 21 y 41 puede aceptarse en su totalidad la primera frase. 
En las enmiendas 42, 48, 49, 51 a 55, 66, 78 y 92 puede aceptarse el espíritu que recogen las mismas. 
. 
(EN) En cuanto a las restricciones a la utilización de sustancias peligrosas, las enmiendas aceptables en su totalidad por la Comisión son las siguientes: 3, 4, 10 y 17. 
La enmienda 5 puede aceptarse parcialmente- esto es, su primer párrafo. 
Pueden aceptarse en su espíritu las enmiendas 2, 6, 7, 8, 9 (el primer párrafo de la enmienda 9 puede aceptarse en su totalidad) , 13 y 15. 
. 
(EN) Señor Presidente, como explicaba mi colega la Sra. Wallström durante el debate de ayer, la Comisión no puede aceptar aquellas enmiendas del Parlamento que ampliarían el alcance de la directiva propuesta estableciendo una prohibición total e inmediata del éter de pentabromodifenilo (octaBDE y decaBDE, en su forma abreviada). 
Esto afecta a las enmiendas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10. 
Esta postura de la Comisión responde a que la evaluación del riesgo de estas sustancias todavía no ha finalizado. 
Del mismo modo, la Comisión tampoco puede aceptar la enmienda que establecería una prohibición total del decaBDE a partir del 1 de enero de 2006 en caso de que las evaluaciones de riesgo llegaran a la conclusión de que la sustancia causa preocupación. 
Es decir, la enmienda 4. 
La razón de nuestra postura es que la prohibición debería establecerse mucho antes de 2006, puesto que la evaluación del riesgo concluirá a lo largo de 2002. 
. (DA) Señor Presidente, me gustaría llamar su atención sobre un error en la edición inglesa de la enmienda 3, donde la última palabra? status? debería haber sido? place?. 
Me gustaría pedirle por ello que se corrija en el texto original inglés. 
Señor Presidente, tras la consulta de ayer, me gustaría proponer una enmienda oral al final del párrafo 41 añadiendo unas palabras que tengan en cuenta las medidas adoptadas por los Grupos políticos en respuesta a las críticas realizadas hace un par de años por el Tribunal de Cuentas. 
Diría lo siguiente: "Toma nota de la decisión de la Mesa acerca de la línea presupuestaria 3701 siguiendo las respuestas de los Grupos políticos al informe especial del Tribunal de Cuentas". 
Ese es el añadido que figura también en la lista para las votaciones. 
Señor Presidente, aquí están mi propia enmienda, la número 13, y el apartado 43 en su forma original, al que el Grupo PSE quiere presentar una enmienda oral. 
El apartado 43, tras la enmienda oral, tiene un contenido muy similar al de la enmienda 13 presentada por mí. 
Por consiguiente, le haría un ruego al Grupo PSE y le preguntaría si puede retirar su enmienda oral, a la vista de que ésta puede ser rechazada si se oponen a ella 12 diputados al Parlamento, habida cuenta que la enmienda 13 es casi igual que el apartado 43 modificado mediante la enmienda oral del Grupo de los socialistas. 
Señor Presidente, yo comprendo muy bien la pregunta del ponente. 
Por otra parte, sólo varía la valoración jurídica de la relevancia del Reglamento Financiero. 
Nosotros consideramos que nuestra enmienda es más clara en este aspecto, pero en realidad no tiene demasiada trascendencia cuál de las dos se adopte. 
Por consiguiente, yo le ruego que someta primero a votación la enmienda de los liberales y a continuación, la nuestra. 
A nuestro parecer, nuestra enmienda, incluida la enmienda oral, es un poco más clara. 
Sin embargo, no estallará una guerra por ninguna de ambas partes porque se apruebe la una o la otra. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera referirme a la situación con el Consejo. 
La Comisión de Control Presupuestario solicitó al Consejo información acerca de la política exterior y de seguridad común. 
Inicialmente, el Consejo se mostró reacio a facilitar esa información y por ese motivo el texto, tal y como está en este momento, aplaza la aprobación de la gestión del Consejo. 
Anoche, a última hora, sin embargo, tras una reunión del Consejo de Ministros de Hacienda, éstos aceptaron responder las preguntas para el viernes de esta semana. 
Debido a este cambio en la situación, y puesto que quisiera evitar un enfrentamiento con el Consejo si fuera posible, me gustaría proponer una enmienda oral a la enmienda 4, que no se ha retirado. 
Esta enmienda es casi idéntica a la enmienda oral referida a la enmienda 3: "Agradece las respuestas que, en principio, ha aceptado facilitar el Consejo a las preguntas relativas a los aspectos de la política exterior y de seguridad común en el plazo de siete días". 
Por consiguiente, yo rogaría que votáramos primero la enmienda 4, con la enmienda oral, y si ésta se rechaza, tendríamos que votar entonces la enmienda 3. 
Y quisiera indicar que si tal cosa ocurre, yo retiraré el párrafo 3e. 
Siento que sea un poco complicado pero ello se debe al cambio de situación. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, trasladamos de ayer a hoy la votación de este informe porque esperábamos que el Consejo nos diera una respuesta oficial. 
El presidente del Grupo del PSE justificó esta petición el lunes y nosotros nos sumamos a ella. 
Sin embargo, hoy todavía no hemos recibido una respuesta oficial. 
En mi calidad de presidenta de la comisión, yo tengo ahora concretamente en mis manos una posible respuesta oficiosa del Consejo, que he recibido hoy en una traducción también oficiosa. 
Yo creo que no sería justo para el Consejo ni tampoco para nuestra comisión, que no ha tenido oportunidad de examinar esta materia, que votemos ahora la aprobación de la gestión y decidamos si vamos a concederla, denegarla o aplazarla. 
Me parece que sería razonable esperar a tratar el problema de la aprobación de la gestión con tranquilidad y reflexión, debatiéndolo también con el Consejo, en el contexto del ejercicio siguiente, de 2001, en el que ya se establecen también líneas presupuestarias destinadas a la política exterior y de seguridad y a la política interior. 
En consecuencia, yo les ruego que examinemos estas cuestiones en la comisión competente mediante un procedimiento claro y transparente, de manera que luego podamos emitir un dictamen bien fundamentado. 
Yo pido, por lo tanto, a nuestra ponente y también al Grupo del PSE que renuncien a este procedimiento tan precipitado; demasiado precipitado, tal vez. 
Señor Presidente, yo quiero pronunciarme en contra de la petición, concretamente, porque la Sra. Theato ha ofrecido, a mi parecer, una justificación contradictoria. 
En efecto, por una parte, ha dicho que desea la devolución a comisión del informe, porque quisiera aprobar luego la gestión del Consejo en la ejecución del presupuesto. 
Sin embargo, es un hecho sabido en esta Asamblea que justamente en su Grupo existen también fuertes reticencias en contra. 
Al mismo tiempo, la Sra. Morgan ha presentado una propuesta que eliminaría muchas presiones y problemas en relación con este asunto y permitiría resolver de manera elegante el problema. 
Por lo demás, yo quisiera recordar que también tenemos que adoptar decisiones con respecto a muchas otras instituciones y, por lo tanto, considero que no deberíamos desperdiciar, con esta justificación contradictoria, una oportunidad de resolver hoy con elegancia este problema. 
Podemos examinar con mucho gusto las cuestiones que ha planteado la Sra. Theato en el contexto del siguiente ejercicio. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo opina que la forma de proceder de la Sra. Morgan, con cambios de última hora, no es la más adecuada para un informe de esta importancia. 
Ya que el Consejo se ha comprometido a contestar el viernes, lo más razonable es que el informe vuelva a comisión para que con las respuestas del Consejo, podamos reflexionar e intentar llegar a un acuerdo a fin de conseguir un resultado más adecuado, dada la importancia de este informe. 
Ruego a la Sra. Morgan que solicite la devolución del informe a comisión. 
He intentado convencerla antes. 
El Grupo PPE-DE quiere insistir en este asunto, y se opone a la enmienda oral. 
. 
(EN) Señor Presidente, si lo devolvemos a comisión, no puedo prometer en qué forma va a volver. 
Podríamos iniciar una gran crisis constitucional con el Consejo. 
Acabamos de obtener una respuesta del Consejo acerca de la política exterior y de seguridad común. 
Deberíamos reconocer que esto supone un cambio importante por parte del Consejo, y por ello les insto a que voten hoy a favor de la línea que he propuesto. 
Señor Presidente, deseo plantear una cuestión referente a la observancia del Reglamento sobre el anexo 5. 
En cuanto a la aprobación de la gestión, se establece que esta Asamblea debe pronunciarse sobre la base de un informe de la Comisión de Control Presupuestario- bien si éste rechaza la aprobación, o bien si la concede-. 
El informe presentado por la Sra. Morgan se orientaba hacia una decisión en una dirección determinada. 
No se puede someter ahora a este Pleno una decisión que va en otra dirección. 
Entiendo muy bien las objeciones, señora Morgan. 
En este Grupo no hemos sido responsables del inicio de una crisis con el Consejo sobre el punto que nos ocupa, más bien hemos hecho un llamamiento a la moderación. 
Ahora consideramos que para cerrar adecuadamente este asunto es preciso, de conformidad con el Reglamento, que dicho informe- o al menos la parte del informe relativa al Consejo- se devuelva a comisión, y, por lo demás, se puede votar el resto del informe. 
Pero hay que devolver a comisión la parte del informe relativa a la aprobación de la gestión del Consejo. 
Es la única solución compatible con el sentido común y con el Reglamento. 
Señor Presidente, el Sr. Bourlanges se ha referido a la observancia del Reglamento, cuando, en realidad, ha intervenido a favor. 
Hemos actuado como aprendices de brujo en la materia que nos ocupa, lo que nos lleva a encontramos en esta situación. 
Apoyo firmemente, pues, la devolución a comisión y les exhorto a continuar, porque hay votaciones importantes sobre Oriente Medio y sobre Chechenia, que es absolutamente necesario celebrar hoy. 
He escuchado con atención lo que ha dicho su señoría. No he oído en ninguna de sus palabras que hiciera usted ninguna propuesta sobre procedimiento. 
Muchos colegas han señalado que les gustaría intervenir. 
Yo pediría a la Asamblea- no obstante la intervención del Sr. Poettering- que no reabriera el debate. 
El debate lo celebramos ayer. Por tanto, pasemos a la votación. 
Hago constar que esta resolución no ha sido firmada por la Sra. Muscardini y cualquier referencia a ella como firmante será suprimida. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta conjunta de resolución (RC B5-188/2002) 
. (FR) Desde hace varios años asistimos a una continua degradación de nuestras zonas costeras, y los esfuerzos realizados por los Estados miembros para hacer frente a dicho fenómeno varían según las políticas decididas por los gobiernos. 
Para algunos países, como Francia, la ordenación territorial no es una prioridad política. 
La degradación de nuestras zonas costeras resulta a menudo de este inmovilismo culpable. 
Los problemas existentes: a la vez en tierra (demografía, redes de carreteras, viviendas... ) y en mar (vertido de hidrocarburos, proliferación de algas... ) , constituyen problemas transversales, por lo que corresponde a Europa desempeñar un papel especial de iniciativa e incitación en este ámbito. 
Naturalmente, conviene tener en cuenta las diferentes zonas geográficas. 
Todas las costas son distintas. 
Se trata de incitar a los Estados afectados a efectuar un inventario nacional, a aplicar una verdadera estrategia de protección coordinada en el plano local y orientada en el plano nacional, así como a aplicar la legislación comunitaria que posee un impacto en las zonas costeras. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Veintiocho meses después del naufragio del Erika seguimos discutiendo las medidas de control del tráfico de buques, medidas que entran en el ámbito de disposiciones legislativas ' Erika II? y que se supone contribuirán a prevenir nuevas catástrofes medioambientales del mismo género. 
Y no hemos terminado el procedimiento puesto que el Pleno acaba de aprobar nuevas enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes. 
La mayoría de estas enmiendas no son realistas o vuelven a poner en entredicho métodos de organización nacionales que son plenamente satisfactorios. 
El resultado es, pues, una prórroga abusiva de los plazos de procedimiento, que retrasan la aplicación de las disposiciones preventivas adecuadas contenidas en el proyecto de directiva, en particular el uso obligatorio a bordo de los buques de sistemas de identificación automática (SIA) y de registradores de datos de viaje (cajas negras). 
Al negarse a aprobar fechas de instalación realistas para los transpondedores y las cajas negras, el Parlamento Europeo retrasa, pues, su uso efectivo. 
Además, al proponer un proceso complejo de indemnización de los puertos que acojan buques en peligro, sin tener en cuenta las organizaciones nacionales eficaces ya existentes, el Parlamento Europeo llega a un punto muerto. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Señor Presidente, intentaré ser lo más serio posible en mis explicaciones de voto de hoy. 
La primera se refiere al informe del Sr. Florenz sobre la directiva relativa a la recogida diferenciada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Hoy he votado a favor y en su día respaldé este informe en la Comisión de Medio Ambiente. 
Creo que es sumamente importante que el Parlamento Europeo permita que se goce de un medio ambiente mejor. 
En particular, me gustaría que se empleara a los pensionistas en las labores de recogida de los residuos eléctricos y electrónicos. 
De esta forma, se sentirán más útiles de lo que normalmente se sienten. 
La delegación europea del Partido Laborista de los Países Bajos declara lo siguiente: 
1. 
La delegación del Partido Laborista es muy partidaria de las Directivas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
En estas directivas deben prevalecer los objetivos medioambientales. 
Por eso respaldamos todas las enmiendas destinadas a reforzar dichas metas. 
2. 
Países Bajos es uno de los pocos países que ya han adquirido experiencia en la recogida de residuos de aparatos eléctricos. 
Hay que animar a los productores a que opten por diseños ecológicos, pero este concepto rebasa los límites del reciclado. 
Además, abogamos por la responsabilidad individual del productor. 
Ahora bien, hay muchos televisores, secadores, cepillos de dientes eléctricos y batidoras que apenas presentan diferencias por lo que a las posibilidades de reciclado se refiere. 
Por eso la financiación individual no es necesariamente preferible a las soluciones colectivas. 
Al contrario, los sistemas colectivos aportan grandes ventajas: resultan menos burocráticos y más prácticos. 
No hay, por tanto, ninguna razón para marginar los sistemas colectivos. 
3. 
El último punto concierne a la tasa de eliminación. 
Somos partidarios de que los costes medioambientales se incorporen al precio del producto y opinamos que haríamos bien en mencionar explícitamente la tasa de eliminación, ya que ello aumentaría la transparencia. 
Además, la visibilidad redunda en beneficio de la concienciación del consumidor. 
Eso es muy importante si se tiene en cuenta que la consecución de los objetivos medioambientales requiere la colaboración del consumidor. 
Por último queremos subrayar la importancia de una tasa de eliminación visible en el marco de la normativa en matera de competencia. 
. (FR) Hoy los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (televisores, electrodomésticos... ) se depositan en vertederos, sin ningún tipo de tratamiento específico. 
Estos residuos representan en Europa cerca de 6 millones de toneladas anuales, o sea: una media de 16 Kg por habitante. 
Ahora bien, dichos productos contienen sustancias tóxicas, nocivas para el medio ambiente (plomo, cadmio, mercurio... ). 
Considero importante, pues, aprobar una normativa que permita gestionar con mayor eficacia estos residuos e incitar a los fabricantes a participar activamente en el sistema de recogida. 
En efecto, hoy se pide a los consumidores que asuman la responsabilidad de la selección; las colectividades locales asumen asimismo dicha responsabilidad mediante el uso de equipos específicos. 
Por eso es lógico que los productores participen en este esfuerzo colectivo. Es esencial que los fabricantes participen eficazmente y desde el punto de vista financiero en el sistema de recogida de sus productos. 
Por consiguiente, los objetivos de recogida deben ser realistas para poder ser aplicables. 
Conviene asimismo excluir de dicho dispositivo productos que pueden ser particularmente difíciles de recoger, como, por ejemplo, las bombillas de filamento. 
Este texto brinda una perspectiva para la prevención de los residuos eléctricos y electrónicos y el desarrollo de sistemas de valorización y de reutilización de dichos residuos. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (NL) Existe un conflicto de intereses entre las empresas industriales y todos los demás. 
A los consumidores y al medio ambiente les interesa que los productos sean duraderos y que sus componentes puedan volver a utilizarse una vez agotada la vida útil del producto, mientras que a la industria le interesa establecer precios de venta competitivos y reducir al mínimo los costes posteriores. 
También le interesa pasar los problemas a los demás, en concreto a las autoridades, que en ese caso se ven obligadas a buscar una solución basada en el dinero del contribuyente. 
La industria ha hecho todo lo posible por debilitar las propuestas en su propio interés. 
Sus representantes también se han dirigido a mí, con argumentos aparentemente razonables. 
Sostienen que los defensores a ultranza del medio ambiente optan por una solución costosa y poco práctica y que las ventajas medioambientales perseguidas también pueden obtenerse sin medidas de fuerza. 
Tal vez tengan razón en algunas cosas, pero admitirlo significaría dar carta blanca a competidores no tan bienintencionados que aspiren a conquistar y ampliar mercados sustrayéndose a sus responsabilidades y ofreciendo precios más bajos. 
Por eso hacen falta normativas para el reciclado, para productos 'huérfanos? de empresas que han dejado de existir y para residuos' históricos? puestos en circulación antes de la entrada en vigor de la directiva o cuyo productor es desconocido. 
Las excepciones para pequeñas empresas son injustificadas, sobre todo por lo que respecta a los aparatos de uso militar. 
Por desgracia, el Grupo demócratacristiano se sirve una vez más de sus 314 votos para salirse con la suya. 
. La delegación del Partido Popular austríaco ha votado a favor de la exención de las PYME y a favor del sistema colectivo en el contexto de las enmiendas 15 y 41. 
Se espera que en la fase inicial los trámites burocráticos sean muchos. 
Las PYME deberían poder incorporarse a un mercado que ya funcione y tendrían que poder escoger. 
La segunda directiva sobre aparatos eléctricos y electrónicos se refiere a la prohibición de utilizar algunas sustancias muy dañinas como el plomo, el mercurio, el cadmio y el cromo hexavalente en la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Tanto en mi condición de representante del Partido de los Pensionistas como personalmente soy muy favorable a esta directiva y mi pensamiento se dirige no solo a los ciudadanos que podrían sufrir daños a causa de estas sustancias peligrosas, sino también y sobre todo a los trabajadores que trabajan en empresas que fabrican aparatos eléctricos y electrónicos que contienen estas sustancias dañinas. 
Creo que convendría tener muchos menos pensionistas por enfermedades profesionales provocadas por la utilización de estas sustancias dañinas y espero que se apruebe cuanto ante una directiva o un reglamento o una recomendación para que estos trabajadores trabajen seis horas al día en lugar de ocho en estos ambientes nocivos. 
. 
(EN) Señor Presidente, apoyo plenamente las medidas destinadas a que los productores y consumidores de aparatos eléctricos sean más responsables con el medio ambiente. 
Al obligar a los productores a participar en los programas de recuperación, la presente directiva será eficaz y contundente. 
La retirada de los residuos de aparatos eléctricos aún no se ha tratado eficazmente y poner el peso en el productor bien pudiera resultar ser una solución eficaz. 
Sin embargo, para conseguir que los fabricantes respeten esta directiva y que se aplique con éxito, debe tenerse en cuenta la peculiaridad de algunos de los productos que se fabrican. No debería acabar ocurriendo que algunos productores soportaran una proporción injusta de la carga financiera que esta directiva implica. 
La directiva acierta asimismo al mencionar el papel que deben desempeñar también los consumidores en la retirada de los residuos de aparatos eléctricos. 
Por último, puesto que algunos Estados miembros están claramente rezagados en cuanto a la eliminación de estos residuos, es vital que se facilite una amplia información acerca de las nuevas normas. 
Señor Presidente, quisiera explicar mi voto sobre la cuestión de la utilización de las lenguas oficiales de la Unión Europea en la Oficina Europea de Patentes. 
Defiendo inequívocamente el derecho a que se utilicen en todas las circunstancias la totalidad de las lenguas oficiales de la Comunidad, en particular cuando en un futuro próximo puede haber una tendencia a prescindir de ese principio, aprovechando el aumento de once a veintidós o más lenguas oficiales en el momento de la ampliación a los nuevos Estados. 
Creo también que, si alguna de las lenguas de la Unión Europea parece más apropiada como lengua de trabajo, no se puede olvidar su dimensión universal. 
A ese respecto, quisiera recordar que la lengua portuguesa- y dentro de ella el brasileño y el gallego- es la tercera de las lenguas universales de la Unión Europea, pues sólo la aventajan el inglés y el español. 
Se debe tener en cuenta en las patentes y en cualesquiera otras cuestiones. 
. 
(SV) Los socialdemócratas suecos votamos en contra de la enmienda 2 que propone aumentar el número de traducciones. 
Nos interesa mantener los costes de solicitud de patente en un nivel bajo y, por esa razón, somos partidarios de una solución que comprenda una o dos lenguas. 
La enmienda 3 y de la 9 a la 17 proponen que los tribunales nacionales conozcan en primera instancia los litigios sobre patente comunitaria. 
A nuestro juicio, esto contravendría el principio de uniformidad de esta patente. 
Pensamos que la primera instancia que se creará según el artículo 225a debe contar con cámaras regionales o locales. 
De esta manera se aseguraría la existencia en todos los Estados miembros de expertos locales en materias de patentes. 
Esto también permitiría que las partes pudiesen estar más cerca del tribunal. 
. (FR) La aprobación por el Parlamento del Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria pone fin de manera positiva a un año y medio de esfuerzos por lograr una posición del Parlamento que hoy ha obtenido una amplia mayoría. 
He considerado, coincidiendo con dicha mayoría, que el reglamento propuesto pretendía garantizar la convergencia de la eficacia, de la reducción de los costes económicos y de la diversidad lingüística. 
Ésta no puede ampliarse hasta el infinito y es bueno que el Parlamento se dé cuenta de ello. 
El futuro nos exigirá otras elecciones, aún más dolorosas. 
. (FR) A pesar de estar convencido de la necesidad de la patente comunitaria, he votado en contra del informe de la Sra. Palacio Vallelersundi y de la resolución final sobre la patente comunitaria puesto que considero que las condiciones de su aplicación no son aceptables. 
Los puntos fundamentales de este reglamento relativos al régimen lingüístico, al papel de las oficinas nacionales y a la seguridad jurídica no responden a las expectativas de los usuarios. 
En estas condiciones, la patente comunitaria no sería rentable y los profesionales podrían no utilizarla. 
. (FR) No he votado a favor de la patente comunitaria: como ferviente ' europeísta? , habría deseado poder hacerlo, pero me lo han impedido las discriminaciones lingüísticas incluidas en este proyecto. 
El respeto de la diversidad cultural y lingüística es hoy uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario. 
Ahora bien, de derecho y de hecho, ni este proyecto ni las instituciones de la Unión, en general, respetan dicho principio. 
En efecto, el principio presupone la igualdad, de derecho, de todas las lenguas. 
La adecuación técnica de esta igualdad es, sin duda, necesaria, pero no debe contradecir el principio. 
Como catalán, no puedo aceptar que mi lengua no goce de los mismos derechos que las que hoy son oficiales. 
- (NL) Las patentes impiden que un invento realizado con anterioridad por otra persona pueda ser aplicado libremente. 
Por un lado, es positivo que se proteja la propiedad intelectual evitando que algunos aprovechados sin escrúpulos hagan su agosto con algo que ha costado muchos años de duro esfuerzo a otras personas. 
Por otra parte, las patentes impiden que los países del Tercer Mundo puedan producir medicamentos destinados a combatir las enfermedades tropicales más comunes y contribuyen a que se comercialicen plantas y animales modificados genéticamente que los herederos de los inventores pueden gravar con una especie de impuesto. 
La mejor forma de recuperar el retraso tecnológico y económico sufrido por algunos países consiste en ignorar la existencia de los derechos de patente. 
Además de los regímenes nacionales de patentes, la lucha por una patente mundial y la existencia de una Oficina Europea de Patentes independiente de la UE, llevamos hablando 40 años de una patente comunitaria, que continúa suscitando controversia en el seno del Consejo Europeo. 
En realidad, la presente propuesta trata únicamente de las lenguas que han de utilizarse. Se concede un tratamiento privilegiado al inglés, francés, alemán, español e italiano en detrimento de las demás lenguas oficiales de los actuales y futuros Estados miembros de la UE. 
En detrimento, por tanto, de los 22 millones de neerlandófonos y, más tarde, en detrimento de los 40 millones de polacos. 
En otras palabras, estamos ante una propuesta inmadura a partir de la cual no se pueden adoptar decisiones. Por eso voto en contra. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo he votado en contra de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para 2000. 
Los siguientes motivos han sido decisivos para mí. No se han desembolsado 11.600 millones de euros, o sea, un 14% del presupuesto total. 
Yo lo interpreto como un claro indicio de la mala gestión de la Comisión, que además también refleja una tendencia, pues el montante todavía ha aumentado desde 1999. 
Un 20% de los fondos no se han utilizado debidamente, el doble que el año anterior. 
El Tribunal de Cuentas ha denegado por séptima vez consecutiva la declaración de fiabilidad. 
La Comisión tiene conocimiento desde agosto de 2000 de las nuevas objeciones formuladas en el llamado informe van Buitenen, que sin embargo no se han examinado ni se han presentado al Parlamento. 
Esto mantiene bloqueado mi informe sobre el programa de ayudas Leonardo. 
La Sra. Schreyer, en su calidad de Comisaria responsable, demostró en el debate de ayer en el Pleno una total incapacidad para percibir las deficiencias de la Comisión y además trasladó a los Estados miembros- con una actitud que ya conocemos de sobras- la responsabilidad por el desembolso indebido de los fondos. 
El Tratado CE establece, no obstante, la responsabilidad inequívoca de la Comisión. 
El Sr. Kinnock, en su calidad de Comisario responsable de la reforma interna, habla mucho de ella, pero el proceso de reforma no se ha traducido en progresos mensurables por el momento. 
Así lo ha confirmado también el Tribunal de Cuentas. 
La Comisión Prodi es por primera vez la responsable única de la ejecución del presupuesto para 2000. 
Ya no puede escudarse en los errores de sus predecesores. 
Por esto yo he votado en contra la aprobación de la gestión correspondiente a este ejercicio, como ya hice en el caso de los dos anteriores. 
Señor Presidente, ¿cómo no votar a favor de la aprobación de la gestión en la ejecución de los Fondos Europeos de Desarrollo? 
Es extremadamente meritorio para la Unión Europea emplear el dinero, y ha sido correctamente explicado cómo, para que los pueblos de los países en desarrollo tengan ayudas concretas. 
Sin embargo, señor Presidente, quisiera preguntarle: ¿Acaso no ve usted en este momento los muchos pensionistas que quisieran ir a trabajar gratuitamente en estos países en desarrollo y sentirse todavía útiles ayudando a personas que por su desgracia viven en países tan distantes del nuestro, no solo geográficamente, sino también como nivel de vida? 
Estoy seguro de que usted desea como yo que se emplee a muchos más pensionistas para la asistencia concreta a los países en desarrollo. 
Señor Presidente, en este informe sobre el que he votado a favor, se habla de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
Sobre esto hablé con un minero de la ciudad de Gorno, en provincia de Bérgamo, donde vivo desde hace mucho tiempo, que al final me preguntó qué iba a hacer hoy en Estrasburgo. 
Entonces le hablé de este informe financiero del Sr. Seppänen, y él me invitó a que hiciese presente al Pleno, como siempre muy concurrido cuando hago mis explicaciones de voto, que debemos esforzarnos en prestar mayor atención a aquellos que trabajan en las minas, como este minero de Gorno, para extraer, por ejemplo, carbón, a fin de que puedan vivir más y enfermar menos durante su actividad laboral. 
Por lo tanto, confío en que en el presupuesto de la CECA se piense también en esto. 
Señor Presidente, mi Grupo se ha abstenido hoy en la votación de la aprobación de la gestión del Parlamento en la ejecución del presupuesto. 
Los motivos fundamentales son los siguientes: al igual que los autores del informe y de las enmiendas, también nosotros consideramos necesario que prevalezca la claridad, la transparencia y la legalidad y es preciso velar por que así sea justamente en lo que respecta a la posición y responsabilidad de los Grupos parlamentarios. 
Sin embargo, a nuestro parecer, esto no se puede hacer en el marco de una decisión particular relativa a la aprobación de la gestión, sino que requiere un debate y un examen a fondo. 
Lo mismo puede decirse también en el caso del estatuto jurídico y la protección de los asistentes. 
. (FR) Hemos aprobado el informe Virrankovski sobre la ejecución del presupuesto 2000 del Parlamento Europeo puesto que hace una propuesta para clarificar los gastos de los Grupos políticos. 
Con respecto a los asistentes, hemos votado positivamente la enmienda del propio ponente, que coincide con nuestra posición tradicional, la cual exige que el Parlamento Europeo asuma directamente su administración, dejando, pues, a los diputados únicamente el derecho de contratación o de despido, así como el derecho de decidir el nivel de retribución (dentro de los límites, evidentemente, de las indemnizaciones disponibles). 
En cuanto a las asignaciones de los diputados, pedimos de nuevo que la asignación parlamentaria principal siga siendo abonada por el país de elección, contrariamente a los proyectos en curso, que la cargan en el presupuesto comunitario. 
Se trata de una cuestión de principio: cada diputado debe ser retribuido por el pueblo al que representa. 
Con respecto a las dietas de representación, nos parecería más claro dividirlas en dos grupos: las que representan exactamente gastos y las que constituirían unos ingresos variables en función de los días de presencia. 
La retribución de los diputados estaría compuesta, pues, por una parte fija, de origen nacional y sometida al impuesto nacional, y por una parte variable, con cargo al presupuesto del Parlamento Europeo y sometida al impuesto comunitario. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) Tras haber concedido su aprobación de la gestión de la Comisión y de sí mismo en la ejecución presupuestaria para el ejercicio 2000, el Parlamento Europeo acaba de devolver a comisión el informe sobre la del Consejo. 
Se trata de una ruptura con la tradición del ' acuerdo entre caballeros? , según la cual el Consejo no fiscaliza el presupuesto del Parlamento- incluso cuando éste orientaba los textos en un sentido federalista, por ejemplo creando una línea para la financiación de los partidos políticos europeos- y, como contrapartida, el Parlamento no examinaba casi el presupuesto del Consejo -, lo que parece más normal, en cualquier caso, puesto que el Consejo es la institución superior de la Unión-. 
Hoy el Parlamento Europeo revoca brutalmente este compromiso. 
La razón oficial consiste en que el Consejo no facilitó a la Comisión de Control Presupuestario explicaciones lo bastante detalladas sobre la utilización de los fondos destinados a la política exterior y de seguridad común. 
Pero se trata sólo de un pretexto. 
La PESC es privativa del Consejo. 
En realidad, estos últimos años el Parlamento Europeo se ha fortalecido lo bastante como para imaginarse que posee la legitimidad superior en la Unión, y así lo hace saber al Consejo. 
Este último debe despertar y tener en cuenta este acontecimiento en el momento en que se abre la Convención que reflexionará sobre el futuro de la Unión. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Señor Presidente, antes de ofrecer la explicación de mi voto, me gustaría felicitarle por la manera en que ha dirigido la votación sobre la resolución relativa a Oriente Medio. 
Estaba absolutamente claro que la mayoría de esta Asamblea deseaba que esa resolución se aprobara hoy y habría sido una verdadera tragedia que se hubiera frustrado deliberadamente. 
Me complace mucho lo ocurrido. 
Nuestro Grupo ha votado en contra de la resolución sobre la industria armamentística porque la utilización de más fondos y recursos para promover la industria del armamento en Europa va en contra de lo que debería ser la Unión Europea. 
No necesitamos más armas en este mundo; necesitamos menos. 
Está bastante claro que todo esto lo dirige el beneficio económico. 
Nos preocupa especialmente el uranio empobrecido porque se trata de un arma nuclear de pequeña escala. 
Es muy alarmante que a este Parlamento, y, de hecho, al conjunto de las instituciones de la UE, les preocupe poco el uso del uranio empobrecido. 
Si observamos lo que está ocurriendo en Irak, e incluso en Afganistán, veremos que la gente sigue sufriendo a causa del uso de esta arma mucho después de que las guerras hayan terminado. 
Pero es fácil ver que toda la industria armamentística está impulsando esta política. 
Aparentemente, la Asamblea de la Unión Europea Occidental desea contribuir a la Convención sobre Europa asegurándose de que la industria del armamento se fortalece para que pueda competir con lugares como los Estados Unidos. 
Cuando nos fijamos en los conflictos que se dan en el mundo, debemos darnos cuenta de que la producción y venta de armas es uno de los principales factores que contribuyen a la inseguridad global. 
Deberíamos ayudar a las comunidades y a la civilización dedicando recursos a la educación, la salud y otros aspectos prioritarios en los que se necesita dinero, en lugar de emplear los recursos para fomentar la industria armamentística. 
Es una tragedia absoluta que la Unión Europea se esté moviendo en esa dirección. 
Señor Presidente, las personas mayores y los pensionistas lucharon en la última guerra y sus mujeres sufrieron las consecuencias de la misma. 
Por lo tanto, se acuerdan muy bien de lo malos que son los tiempos de guerra, y es por eso que no querrían ver nunca más soldados ni armas. 
Pero también saben lo importante y necesario que es tener armas para la defensa y esperan, y con mi intervención lo hacen saber a este Parlamento, que la Unión Europea tenga un ejército de defensa, una aviación de defensa, una marina de defensa, bien organizada, bien equipada, capaz de que se reconozca no solo en el ámbito europeo, sino también allá donde haya conflictos y guerras la importancia de que exista en el mundo una Unión Europea con una autentica capacidad defensiva de su propio aparato militar. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo ha votado a favor de esta resolución, a pesar de oponerse tanto al párrafo 8 como a las enmiendas que afectan a éste. 
Nosotros respaldamos el firme compromiso del gobierno británico con la evolución de la política europea de seguridad y defensa y con el mantenimiento de la integridad de la OTAN. 
La resolución Brok constituye un buen resumen de las cuestiones que rodean a la política europea de seguridad y defensa. 
Sus méritos se echan a perder, sin embargo, con el párrafo 8. 
Sin el acuerdo sobre el aprovechamiento de las ventajas de la OTAN, no habrá política europea de seguridad y defensa alguna. 
Por tanto, deberíamos acoger favorablemente todos los esfuerzos por resolver este difícil problema, en lugar de criticarlos. Esto no hace sino socavar el crédito del Parlamento. 
El gobierno del R.U. ha actuado en todo momento de conformidad con los deseos del Consejo. 
El acuerdo con Turquía también fue respaldado por el Consejo y abre el camino para hacer de la política europea de seguridad y defensa una realidad. 
Hablo en mi calidad de Secretario del Grupo SOS Democracy para explicar nuestra oposición a las dos resoluciones en materia de defensa sobre las que la Asamblea acaba de votar. 
En este Parlamento existen diversos puntos de vista acerca de las necesidades militares del continente. 
Sin embargo, no ha de haber controversia en que la defensa de Europa debería regirse primordialmente por consideraciones estratégicas y no por consideraciones políticas. 
Y eso es lo contrario de lo que se propone en estas resoluciones. 
La política de defensa y seguridad europea, y en concreto la Fuerza de Reacción Rápida, no aumentan la capacidad de defensa de Europa con un solo soldado ni con una sola bala más. 
Todo lo que hace es transferir la línea de mando en las capitales nacionales desde la OTAN a las nuevas estructuras político-militares de la UE. 
En el mejor de los casos, estamos ante un ejercicio de duplicidad costoso y sin sentido; en el peor, debilita a Europa al cortar sus vínculos con el único socio de la OTAN capaz de proporcionar capacidad de transporte aéreo y marítimo, satélites de comunicación avanzados y misiles de precisión. 
Una y otra vez, los ministros de defensa europeos, entre ellos los británicos, se han mostrado dispuestos a desoír el consejo de sus propios generales y a avanzar en proyectos europeos conjuntos. 
Quizás, el mejor ejemplo de este modo de pensar es el Eurofighter, un avión que va a estar operativo con años de retraso, con miles de millones de euros por encima del presupuesto y que ya se ha quedado, en realidad, obsoleto. 
Después de todo, en una época en la que cada vez tenemos que actuar más fuera de zona, lo que sin duda necesitamos es un avión capaz de operar desde toscos aeropuertos locales, con pocas necesidades tecnológicas en cuanto a piezas de recambio, con reabastecimiento en vuelo y con una larga permanencia en área. 
En lugar de esto, lo que tenemos es una avión concebido a principios de los años ochenta como medio de defender los cielos de Europa central contra un ataque masivo de los MiG rusos. 
Estas dos resoluciones no tienen nada que ver con crear una Europa más segura y sí todo que ver con hacerla más integrada como fin en sí mismo. 
De aquí nuestra oposición. 
. (FR) El Parlamento Europeo acaba de votar de nuevo una resolución sobre la política de seguridad y defensa (PESD) -cuando ni siquiera el nombre de esta política existe en los Tratados-. 
El Parlamento prosigue, sin embargo, el trabajo agotador de tratar de hacerla emerger en unas condiciones que él mismo ha establecido y que la hacen prácticamente imposible. 
Por esto no se le compadece por las dificultades con las que se encuentra. 
El primer obstáculo ya aparece en el considerando A de la resolución aprobada, donde se afirma que la supuesta PESD debe 'dar credibilidad a la política exterior y de seguridad común? , la cual' debe estar al servicio de los intereses del mundo y de los valores universales, como lo expresa la Carta de las Naciones Unidas?. 
Nada se dice sobre los intereses de Europa y de sus países miembros. 
¿Cómo se puede pretender que las personas se interesen por una política, cuando esta propia política proclama que no defiende los intereses de éstas? 
En segundo lugar- cómo muy bien manifestó mi colega Souchet en el debate de ayer -, no se podrá realizar una política común con países que tienen visiones diferentes o incluso opuestas de la misma. 
Es necesario, pues, salir del marco rígido de las instituciones comunitarias y aplicar directamente la geometría variable. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137) 
Para garantizar una paz duradera y la seguridad internacional, es necesario y manifiestamente viable pasar de un programa de seguridad determinado por consideraciones militares a un sistema de seguridad civil encaminado a abordar las causas económicas, sociales, ecológicas, étnicas y culturales de los conflictos y a adoptar un planteamiento preventivo para neutralizar y tratar las causas de situaciones previsibles y agudas de conflicto en Europa y en todo el mundo. 
Ahora bien, no ha sido ése el camino seguido por la Unión Europea en la actual política de seguridad, sino que se ha mantenido una posición muy seguidista de los Estados Unidos de América, que, a su vez, utilizan la amenaza del terrorismo y las gestiones para luchar contra él, para aplicar una política unilateral y fortalecer su hegemonía en el mundo, de la que son ejemplo las recientes declaraciones de Bush sobre el "eje del mal", que parecen anunciar nuevas operaciones militares en otras regiones del mundo. 
Como se dice en la resolución que el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea ha presentado, pero- y resulta más que lamentable- no se ha aprobado, ya es hora de modificar radicalmente la situación existente, en particular mediante la disolución de la OTAN y la UEO, insistir en el desarrollo y el fortalecimiento de la OSCE y dotarse de los medios materiales y financieros adecuados, cosa que la mayoría del Parlamento Europeo manifiestamente no apoya. 
A eso se debe nuestro voto contra la resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
. 
(SV) Celebro la activa participación de la UE en el manejo de las crisis y en la colaboración en la industria de armamentos. 
Sin embargo, en algunos puntos no comparto los criterios del ponente. 
Se dedica mucho espacio a la PESC y a la cooperación con la OTAN. 
La UE y la OTAN no tienen los mismos objetivos y por eso me opongo a la redacción de un Libro Blanco sobre la seguridad en la cooperación con la OTAN. 
Además, me opongo a la creación de un instituto europeo de material de guerra. 
Actualmente ya se colabora en la práctica para la compra de equipos militares y, a mi juicio, no se justifica la creación de un instituto europeo. 
. 
(EN) La delegación de los Conservadores británicos ha votado en contra del informe Brok sobre política de seguridad y defensa (PESD) por las siguientes razones: 
Contempla un concepto de PESD erróneo en lo fundamental, regido por el deseo divisivo y equivocado de dotar a la Unión Europea de una capacidad militar autónoma como parte de su ambición política de crear un estado europeo. 
La OTAN debería ser la organización de seguridad militar a la que se recurra en primer lugar, no sólo para la defensa colectiva, sino también para toda la gama de operaciones de respuesta militar a crisis. 
Únicamente de este modo se garantizan de manera apropiada los lazos de seguridad transatlánticos. 
Tanto en 1999 en Washington como posteriormente se acordaron mecanismos adecuados para el desarrollo de una identidad de defensa y seguridad europeas dentro de la OTAN. 
Estos mecanismos permiten a todos los aliados europeos realizar una aportación coherente y eficaz a la Alianza y actuar por sí mismos según se acuerde y según sea necesario. 
La PESD se aparta de manera grave de este concepto. 
Además, no hay indicio alguna de que los Estados miembros de la UE tengan la firme intención de aumentar el gasto en defensa ni de ampliar sus capacidades militares significativamente. 
Nosotros no consideramos que cumplir los requisitos de la fuerza de reacción rápida europea deba ser la "prioridad absoluta" para la defensa. 
Por el contrario, la prioridad debería ser ampliar al máximo la eficacia operativa de nuestras propias fuerzas armadas en el contexto del variado conjunto de amenazas a las que hoy nos enfrentamos. 
El aprovisionamiento en materia de defensa y los presupuestos de defensa son esencialmente cuestiones de competencia nacional y no deberían pasar a ser responsabilidad comunitaria. 
El desarrollo de las industrias de defensa europeas no debería estar motivado por el deseo de "competir con la industria de EE.UU." sino por la necesidad de dotar a nuestras fuerzas armadas de los mejores equipos posibles y de cumplir con los requisitos de la industria y la seguridad nacionales. 
Esto puede suponer asociaciones con empresas de EE.UU., con europeas y de otros países. 
. 
(SV) Celebro la activa participación de la UE en el manejo de las crisis y en la colaboración en la industria de armamentos. 
Sin embargo, en algunos puntos no comparto los criterios del ponente. 
Se dedica mucho espacio a la PESC y a la cooperación con la OTAN. 
La UE y la OTAN no tienen los mismos objetivos y por eso me opongo a la redacción de un Libro Blanco sobre la seguridad en la cooperación con la OTAN. 
Además, me opongo a la creación de un instituto europeo de material de guerra. 
Actualmente ya se colabora en la práctica para la compra de equipos militares y, a mi juicio, no se justifica la creación de un instituto europeo. 
Señor Presidente, el Sr. De Clercq y yo hemos votado en contra porque no nos parecía oportuno votar hoy sobre la situación en Oriente Medio. 
A través de nuestro voto en contra queremos alzar al mismo tiempo una protesta contra la falta de decisión de las instituciones europeas en el ámbito de la política exterior en general y de cara a la situación de crisis en Oriente Medio en particular. 
Así las cosas, las críticas vertidas contra la actitud adoptada por los Estados Unidos no pueden sino interpretarse como una muestra de arrogancia. 
Por último, lamento que una mayoría de los miembros del Parlamento Europeo se deje llevar por ideas preconcebidas a la hora de valorar la situación en Oriente Medio, lo que, entre otras cosas, supone un serio obstáculo para la eficaz continuación de la lucha contra el terrorismo. 
Señor Presidente, quisiera hablar sobre la cuestión de Oriente Medio para que se me desvincule de la propuesta de resolución presentada por mi Grupo y de la posición de voto que éste ha adoptado en esa cuestión. 
Tras haber criticado siempre a Estados Unidos por su enfoque unilateral que suponía que agravara la situación y se convirtiera en parte del problema en lugar de en parte de la solución, lamento que el Grupo PPE-DE esté adoptando una postura similar. 
La falta de una condena inequívoca en la resolución del PPE-DE de la actividad ilegal de los miembros de las fuerzas de defensa israelíes y de la exigencia de su procesamiento es moral y políticamente indefendible. 
El terrorismo se produce no sólo cuando un suicida pone una bomba, sino también cuando componentes de las fuerzas de seguridad actúan fuera de la ley. 
Debemos ser coherentes en nuestra postura acerca del terrorismo. 
Aunque yo estoy de acuerdo en la exigencia de que la Autoridad Palestina haga todos los esfuerzos por impedir los actos terroristas, hay que preguntarse ¿cómo puede actuar cuando sus infraestructuras políticas, civiles y de seguridad están siendo destruidas en una campaña militar incesante que se ha cobrado muchas vidas inocentes?. 
Del mismo modo, ¿cómo puede Yasser Arafat ejercer cualquier tipo de autoridad cuando está siendo humillado de este modo por Ariel Sharon? 
El que no nos enfrentemos sincera y objetivamente a las realidades políticas socava nuestra capacidad de ejercer influencia para acabar con este sangriento y terrible conflicto. 
. (FR) El debate del Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Medio me ha parecido poco objetivo, carente de perspectiva con respecto a los acontecimientos y muy desequilibrado en detrimento de Israel. 
Me he negado, pues, a asociarme a la resolución- la cual también está marcada por la parcialidad- que ha cerrado el debate. 
Las acciones israelíes de estos últimos días han revestido mucha dureza, ciertamente, pero se trata, en realidad, de una reacción a una situación de extrema tensión engendrada por un terrorismo cruel e indefendible, cuya condena clara y definitiva por la Autoridad Palestina se sigue esperando. 
La causa más remota de esta situación extrema es la aplicación incompleta de la Resolución 181, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, donde se establecía la creación de dos Estados, uno judío y otro palestino. 
Ahora bien, el segundo no se creó debido, primero, a la agresión de los Estados árabes contra Israel, y luego por la voluntad de estos mismos Estados de mantener a los palestinos en la irrealidad y el resentimiento. 
Por eso es por lo que la verdadera base de una paz justa y duradera en Oriente Medio consistirá en retrotraerse a la Resolución 181, con la coexistencia de dos Estados, seguros y reconocidos. 
Además, sería preferible que la ciudad santa de Jerusalén tuviese un estatuto internacional que implique en su gestión a las diferentes religiones. 
. (FR) El proyecto de resolución es desequilibrado y no expresa lo que la opinión pública europea desea oír. 
Primero, que los pueblos pagan caro la locura de sus gobiernos, puesto que la última intifada fue provocada por un paseo con fines puramente electorales del general Sharon por los jardines de las Gran Mezquita de Jerusalén; que cada vez más se descubre que el Sr. Arafat es un tramposo que hace un doble juego, un jefe de la guerra que alienta, organiza y paga a los terroristas, pretendiendo luego condenarles. 
En segundo lugar, que hemos estado dos veces cerca de la paz, con el Sr. Rabin, primero- desgraciadamente, asesinado tras una campaña llena de odio de la derecha israelí -, luego con el Sr. Barak, cuyas ofertas de paz el Sr. Arafat rechazó, con las consecuencias que hoy conocemos. 
En tercer lugar, que la paz no saldrá ni del terrorismo-suicida ni del terrorismo de Estado y que ahí donde había 20 ó 25 personas dispuestas al suicidio, ahora hay 200 ó 250 si no más, como lo demuestra el atentado de hoy. 
En cuarto lugar, que Israel, que debe su existencia al Derecho internacional, no puede comportarse como si este último no existiese o como si el Consejo de Seguridad no hubiese tomado ninguna decisión. 
. (FR) No soy favorable a la suspensión del acuerdo de asociación con Israel. 
Europa no puede olvidar sus responsabilidades históricas y conserva un deber moral frente a Israel. 
Condeno la política del Gobierno de Ariel Sharon, así como los atentados suicidas. 
No existe solución militar en el conflicto palestino-israelí. 
Es preciso volver a emprender el camino trazado por Isaac Rabin con Yasser Arafat, el de la negociación y la paz. 
Europa debe hacer oír su voz y tener mayor peso en Oriente Próximo. 
Nos quejamos de que los Estados Unidos sean los únicos en tener esta capacidad. 
Eso se debe al hecho de que están presentes y de que garantizan la seguridad de Israel. 
Si Europa quiere tener mayor peso para que triunfe la lógica de paz, si desea que se pueda crear una fuerza de interposición bajo la égida de las Naciones Unidas y ayudar a que se respete un compromiso de paz y las resoluciones del Consejo de Seguridad, no debe estar menos presente, sino más presente ante los palestinos e israelíes. 
Empeñarse en la ruptura del acuerdo de asociación no ayudará en nada a Europa a desempeñar su papel y a convertirse en el interlocutor ineludible que desea ser. 
El camino de la paz es estrecho, el de Europa en esta región también. 
. (FR) Por más que titubee, Europa debe servir para algo. 
Reunido en el Pleno en Estrasburgo, el Parlamento Europeo ha discutido con una intensidad sin precedente para lograrlo. 
Ha aprobado una resolución que no se contenta con buenas intenciones; que condena enérgicamente los atentados suicidas a ciegas; que hace un llamamiento a un embargo sobre el envío de armamento a Israel o a Palestina, al envío de una fuerza internacional de interposición bajo la égida de las Naciones Unidas, a la convocatoria del Consejo de Asociación Unión Europea/Israel y a estudiar la suspensión del Acuerdo de Asociación Euromediterráneo UE/Israel. 
Europa es débil: carece de política exterior única y de capacidad militar. 
Pero Europa crece, empieza a comprender que debe hablar con una sola voz y tratar de influir en los diferentes actores, empezando por el primero de ellos, el imperio estadounidense. 
Es demasiado pronto para decir lo que prevalece en Bush, si el doble juego o la inconsistencia. 
Hoy debemos constatar que ha terminado por desmarcarse de Sharon. 
¿Por qué? 
' Ha cedido ante la presión de Europa, del mundo árabe y de la mayoría de los medios de comunicación? 
(Wall Street Journal, 5 de abril). 
Y Patrick Jarreau añade: ' Cada uno de estos tres protagonistas ha desempeñado un papel determinante? 
(Le Monde, 9 de abril). 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137) 
. (DE) La resolución que ha aprobado hoy el Parlamento apunta en la dirección adecuada. 
Nosotros la acogemos con reservas, pues no ofrece ninguna alternativa razonable con vistas a una solución política y no es posible seguir aceptando la presente respuesta bélica del Gobierno de Sharon frente a los atentados terroristas de fanáticos palestinos que menosprecian la vida humana. 
La escalada militar de Israel atenta contra el Derecho internacional y contra los derechos humanos. 
No contribuye a acabar con el terror, sino que está dirigida contra la población civil palestina y está destruyendo las infraestructuras palestinas. 
Nosotros apoyamos firmemente la exigencia de la inmediata aplicación de las resoluciones 1397, 1402 y 1403 del Consejo de Seguridad de la ONU, que formula el Parlamento Europeo, en particular la retirada inmediata del ejército israelí de los territorios palestinos, así como la condena de los atentados terroristas suicidas. 
Es totalmente inaceptable que se mantenga bajo arresto domiciliario a Arafat, en su calidad de Presidente democráticamente elegido. 
Acogemos con decidida satisfacción que el Presidente del Parlamento Europeo se haya manifestado a favor de un embargo de armamento contra Palestina e Israel, y que inste al Consejo y a la Comisión a considerar la suspensión del Acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea. 
También es significativo que el Parlamento Europeo reclame la libertad de acceso de los medios de comunicación a los territorios ocupados y manifieste su pleno apoyo a las organizaciones israelíes, palestinas e internacionales que mantienen un compromiso activo a favor del restablecimiento de la paz en Oriente Medio. 
Respaldamos sin reservas la condena a través de la resolución del PE de los numerosos atentados antisemitas contra sinagogas, escuelas y cementerios judíos cometidos en Europa. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
La votación celebrada hoy sobre la resolución sobre el Oriente Medio, subscrita por la mayoría de los Grupos políticos con excepción del PPE, ha sido un paso importante en la condena de la verdadera guerra declarada unilateralmente por el Gobierno israelí y por el Primer Ministro Ariel Sharon contra el pueblo palestino y el Presidente Arafat en los territorios de Palestina, cosa que ya ha provocado centenares de muertos, un número inmenso de heridos, enormes problemas humanitarios y perjuicios materiales, con la destrucción de casas e infraestructuras básicas. 
Como afirmaron muchos oradores en el debate de ayer, también ha sido duramente criticada la actuación de la Administración de los EE.UU., dada la responsabilidad que tiene en la evolución de la situación en la región. 
Igualmente importantes fueron las medidas propugnadas, en particular las siguientes: la petición de suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, el embargo de armas y la posibilidad de abordar el envío de una fuerza de interposición y observación a la región con la égida de las Naciones Unidas y con vistas a lograr la paz, el fin de las agresiones israelíes y la retirada de los territorios ocupados, exigiendo la garantía del libre acceso de la comunicación social y las organizaciones humanitarias a los territorios de Palestina y apoyando la lucha de los reservistas israelíes. 
. (FR) Gerhard Schröder recibe hoy con gran pompa a Vladimir Putin. 
Se hablará de aumentar la cooperación económica entre Rusia y Alemania. 
Chechenia representa 100.000 muertos, el aniquilamiento de Grozni. 
¡Y hoy nuestro Parlamento esgrime la sanción comercial contra el Estado de Israel! 
¡Mientras que, paralelamente, la Unión negocia acuerdos con Siria e Irán, paladines- como todos sabemos- de los valores democráticos que defendemos! 
¡Basta de hipocresía! 
Sanciones, amenazas, condenas e intimidaciones para Israel. 
Indulgencia y omisiones para los palestinos. 
¿Dónde está la condena inequívoca de un sistema educativo que glorifica el Shahid e instruye a toda una generación para el odio y el crimen? 
¿Dónde se menciona, dónde se condena el apoyo financiero del Iraq, concretamente a los kamikaces y a sus familias? 
Tampoco se dice nada de los centenares de armas descubiertas en el cuartel general de Arafat. 
En la resolución se expresa indignación por el hecho de que el Tsahal dispare contra la ambulancia que transporta a un niño; ¿quién ha dicho que éste escondía un cinturón con explosivos? 
Niños al frente de los Tanzims, niños detrás de los fusiles; la historia de siempre. 
No apruebo la política del Gobierno Sharon, no creo que la paz esté al final de esta escalada militar, deseo fervientemente que se reanuden las negociaciones... 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137) 
. (FR) Todos estamos profundamente conmovidos por los acontecimientos de Oriente Próximo, acontecimientos sangrientos que ven desvanecerse las esperanzas de paz. 
No podemos permanecer indiferentes frente a los atentados que aterrorizan a los niños de Israel ni podemos permanecer indiferentes ante los sufrimientos del pueblo palestino, pueblo rechazado y humillado. 
Cuando Rabin fue asesinado, Netanyahu implantó nuevas colonias, y las esperanzas de paz se alejaron. 
Cuando la paz tuvo una segunda oportunidad en Camp David, no olvidemos que Barak llevó las concesiones más lejos que nunca, pero Arafat no aceptó la mano que se le tendía. 
Los europeos no pueden seguir siendo espectadores de este drama ni aceptar el trato injurioso dispensado a la delegación de la Unión Europea. 
Es evidente que dicha actitud del Gobierno israelí marca un viraje decisivo en las relaciones entre Israel y la Unión Europea. 
Sin embargo, no debemos abandonar al pueblo israelí. 
El proyecto de resolución de compromiso sometido al Pleno del Parlamento Europeo estudia una posible suspensión del Acuerdo de Asociación UE/Israel, e insisto en que quizá no sea sancionando al pueblo israelí como lograremos fustigar a quien queremos fustigar, es decir, a Ariel Sharon. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137) 
. 
(SV) He votado a favor de la propuesta de resolución del Grupo cristianodemócrata EPP-DE. 
En la votación final voté en contra de la propuesta común de socialistas, liberales, verdes y socialistas de izquierdas, que fue aprobada por 269 votos a favor, 208 en contra y 22 abstenciones. 
El hecho de que haya sido aprobada por un margen tan pequeño la debilita políticamente. 
La verdad es el único camino para la paz verdadera, la reconciliación y la convivencia. 
En la resolución que se ha aprobado se critica doce veces a Israel y sólo tres a los palestinos y a la autoridad palestina. 
Hamás y la Yihad Islámica- organizaciones calificadas como terroristas por EE.UU. y por la UE- no han sido mencionadas en la resolución, como tampoco Hezbolá ni la brigada Al-Aqsa, grupos calificados como terroristas por EE.UU. 
En cambio, en la resolución (punto 8) amenaza el Parlamento Europeo con rescindir el acuerdo de asociación con Israel. 
Se dice que "en la frontera con el Líbano tienen lugar combates que amenazan con extenderse a toda la región" (punto 2) , sin decir que Hezbolá, respaldada por Irán y Siria, ataca con cohetes a las ciudades israelíes. 
La resolución insta a la deserción en el ejército israelí. 
La propuesta de resolución del Grupo EPP-DE ha sido un importante intento de dar al Parlamento Europeo y a la UE mayor relevancia frente a Israel y a los palestinos, demostrando verdadero interés por los problemas y sufrimientos de ambas partes, no de una de ellas en especial. 
. (FR) Al aprobar una resolución a la vez desequilibrada e irresponsable sobre la cuestión palestino-israelí, el Parlamento Europeo acaba nuevamente de desacreditarse y de demostrar, si fuese necesario, su incapacidad para discutir seria, ponderada y eficazmente cuestiones internacionales delicadas. 
El debate que nuestra Asamblea dedicó ayer a los acontecimientos de Oriente Próximo estuvo marcado- incluso por parte del comisario Patten- por la ausencia de una perspectiva respecto a los actuales acontecimientos, el desequilibrio manifiesto de las tomas de posición y la ausencia de una preocupación que contemple soluciones a largo plazo. 
Los europeos no pueden quejarse por el hecho de no tener ningún peso ni desempeñar papel alguno en la búsqueda de soluciones diplomáticas a la cuestión de Oriente Próximo, por el hecho de que se rechace a sus representantes, cuando éstos hacen todo lo posible- al menos a nivel del Parlamento Europeo- para adoptar una postura partidista, dejándose guiar exclusivamente por la pasión y la emotividad. 
¿Se cree seriamente que al recomendar la suspensión del acuerdo de asociación con Israel se favorecerá una contribución de los europeos a la búsqueda efectiva de la paz? 
¿Hay que cerrar los ojos con indulgencia respecto a la instrumentalización de la Basílica de la Natividad, en Belén, por partidarios armados, o mostrar que estas desviaciones ponen sobre el tapete la necesidad de una protección internacional de los santos lugares? 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) Regreso de Palestina con una mezcla de sentimientos de rabia y horror frente a los excesos cometidos por el ejército israelí en las ciudades declaradas zonas de seguridad militar: toque de queda desde hace más de una semana, negativa a proporcionar asistencia sanitaria a los heridos, cortes de agua, de electricidad, humillaciones de todo tipo... 
La población, tomada como rehén, es más y más objeto de actos de violencia- se habla de matanzas en Jenín y en Naplusa- y de aislamiento, tras el rechazo por parte del Tsahal de autorizar la presencia de testigos, periodistas u organizaciones internacionales. 
Debemos actuar con rapidez. 
Sabemos que no habrá paz para los pueblos de la región sin que se haga justicia con los palestinos, sin que se reconozca su derecho a un Estado con Jerusalén Este como capital. 
Eso supone la retirada total de los territorios ocupados, el desmantelamiento de las colonias, el derecho al regreso de los refugiados. 
Debería poder intervenir una fuerza de protección del pueblo palestino para hacer respetar de inmediato las resoluciones de la ONU. 
Este era el mensaje de numerosas manifestaciones de apoyo al pueblo palestino en todas partes del mundo y en las que hemos participado. 
He votado a favor de la resolución propuesta porque rompe el silencio cómplice de Europa, exigiendo, en particular, la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. 
. (FR) Esta resolución no es ni justa ni útil. 
Europa podría, sin embargo, aportar una contribución decisiva; tiene medios para ser creíble. 
Para eso sería necesario que siguiera desempeñando su papel de apoyo a un verdadero desarrollo de los territorios palestinos- y mañana del Estado de Israel -, poniendo como condición absoluta de su ayuda el respeto de los derechos fundamentales. 
Debemos ser honestos. 
Hay que tener mucho orgullo para sancionar a Israel, a su pueblo, a su ejército de civiles, su vitalidad democrática. 
Y si bien la responsabilidad colectiva tiene un sentido, no estoy seguro de que nuestra historia remota o nuestro pasado reciente nos habiliten realmente para hacer este género de juicios. 
Cuando nosotros mismos nos enfrentábamos a análogas dificultades no reaccionamos mejor. 
¿La Italia de los carabineros de Génova o la Suecia de los gendarmes de Gotemburgo pueden dar a Israel lecciones de mesura con respecto al mantenimiento del orden público? 
¿Francia, cuyas tropas acamparon en las puertas de Srebrenica durante las matanzas? 
¿España, cuando todos sabemos cómo reprimió a los terroristas vascos, o el Reino Unido, que censuró la Guerra de las Malvinas, pueden dar lecciones de transparencia al Estado hebreo? 
Más que precipitarnos para aplastar de nuevo a Israel... 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137) 
. (FR) A riesgo de romper la gran unanimidad- aunque bastante artificial, en mi opinión- que domina en estas filas, el presente debate me sugiere dos reflexiones. 
Ante todo constato que una vez más la Unión Europea, en general, y este Parlamento, en particular, se meten en lo que no les importa. 
En efecto, mientras no se demuestre lo contrario, la Federación de Rusia no es miembro de la Unión Europea. 
Por consiguiente, ¿con qué derecho nos permitimos intervenir en los asuntos interiores de este Estado soberano? 
Ciertamente, la situación en Chechenia es dramática. 
Pero una guerra es siempre un acontecimiento deplorable y ¡con mayor razón cuando ésta es desencadenada por facciosos en contra de la autoridad legítima de un Estado! 
A pesar de lo que digan los partidarios del intervencionismo humanitario, las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas rusas en el territorio de Chechenia- Chechenia, que forma parte integrante de la Federación de Rusia- implican a un ejército regular sometido a la autoridad de un presidente elegido democráticamente, y, en tal sentido, entran en el ámbito del simple mantenimiento del orden. 
A menos que deseemos erigirnos en gendarmes moralizadores que dan lecciones al mundo entero, este Parlamento no tiene la más mínima competencia para juzgar el comportamiento de las fuerzas rusas en Chechenia. 
Lo digo y lo repito, ¡nuestra Cámara comete hoy un acto de injerencia inadmisible! 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137) 
. (FR) Desde el 11 de septiembre de 2001, en nombre de la lucha contra el ' terrorismo? , el poder ruso ha acentuado su ofensiva contra el pueblo checheno. 
Se hostiga e incrimina al conjunto de un pueblo, sin que la UE manifieste su indignación. 
La considerable importancia de Rusia en la palestra mundial, la presencia de hidrocarburos y de gas en el Cáucaso, así como el paso de varios oleoductos por esta región, son quizá la razón fundamental del silencio de las grandes potencias frente a la política rusa en Chechenia. 
El Gobierno ruso ha ofrecido a las fuerzas estadounidenses una presencia en Asia Central. 
El ejército de los Estados Unidos dispone asimismo de 200 de sus consejeros militares en Georgia, con el acuerdo de Putin. 
El Parlamento Europeo debe exigir a las autoridades rusas que cesen de inmediato las operaciones de ' limpieza?. 
Debe declararse un alto el fuego. 
El Gobierno ruso debe volver a entablar de manera inmediata y sin condiciones previas las negociaciones con el representante del Presidente Maskhadov. 
La UE debe manifestar a Rusia que la guerra en Chechenia es incompatible con la voluntad de construir una sociedad abierta, transparente y democrática. 
Por eso he votado positivamente todo lo que se orientaba en tal sentido. 
Señor Presidente, en muchos aspectos el informe de nuestro colega Graça Moura da en el clavo. Su lectura es muy recomendable. 
Pienso, por ejemplo, en la situación de los derechos humanos fundamentales en la dictadura comunista que sigue existiendo en China, en el violento genocidio cultural perpetrado en el Tíbet, en las frecuentes torturas y penas de muerte que se aplican incluso a los disidentes políticos. 
Creo que esto no tiene nada que ver con la situación en los Estados Unidos de América, a pesar de la comparación establecida esta mañana por otro orador. 
No nos olvidemos de las brutales amenazas contra un país libre como Taiwán, ni de la absoluta falta de libertad de opinión, y podría dar muchos ejemplos más. 
Ante esta lista interminable de denuncias deberíamos tener el valor de preguntarnos cuál es entonces el resultado concreto, el resultado tangible, de tantos años de intenso diálogo internacional sobre los derechos humanos en la dictadura comunista de China. 
¿Hasta qué punto ha mejorado la situación en los últimos años? 
Por desgracia, basta con hacer la pregunta para obtener la respuesta. 
En mi opinión, resulta inaceptable que la dictadura merezca tanta paciencia y tanto apoyo por parte de la Unión Europea y, salvo muy contadas excepciones, por parte de la comunidad internacional en general. Hasta puede organizar los Juegos Olímpicos de 2008. 
Recuerdo, por ejemplo, que hace unos años no nos mostramos tan comprensivos con la República de Sudáfrica. 
Nuestra protesta se queda en palabras que nunca se convierten en hechos. 
Les recuerdo, además, que recientemente se han emprendido acciones de boicoteo concretas cuando en Austria e Italia llegaba al poder, por vía democrática, un Gobierno que no era del agrado de determinados creadores de opinión europeos, por ejemplo, en mi país. 
Ahora bien, estas conciencias del mundo se callan la boca y no pasan de la retórica cuando se trata de China, y eso es algo que lamento profundamente. 
Quisiera empezar acogiendo favorablemente el informe del Sr. Graça Moura. 
Aunque no formo parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, soy uno de los vicepresidentes de la Delegación para las relaciones con la República Popular de China y, por tanto, tengo un gran interés en lo que ocurre allí. 
Desde mi punto de vista, el acontecimiento más significativo que se ha producido en China en los últimos años ha sido la marcha hacia su incorporación en el sistema de comercio mundial. 
Esto no sólo es importante porque China entre en la comunidad mundial de naciones, también incorpora a China al nuevo sistema de toma de decisiones que se está desarrollando dentro de un mundo cada vez más interdependiente. 
Me gustaría decir dos cosas que derivan de lo anterior. 
En primer lugar, para que la pertenencia de China a la Organización Mundial de Comercio sea un éxito, es necesario que la seguridad jurídica y la imparcialidad se apliquen a las relaciones comerciales entre las empresas chinas y las de otros países. 
Cuando estas relaciones vayan mal, y esto ha de ocurrir de vez en cuando, es totalmente necesario que existan procesos jurídicos adecuados para tratar de manera imparcial y justa las causas de desacuerdo pendientes. 
Sé que se están adoptando medidas para que esto sea así y las respaldo y apoyo firmemente porque sin ellas la pertenencia a la OMC no puede ser un éxito. 
En segundo lugar, una característica de la evolución actual de las relaciones internacionales es la ruptura de la división tradicional entre política interior y exterior. 
No importa que en el pasado las cuestiones relativas a los derechos humanos se hayan tratado como asuntos puramente internos, ahora y cada vez más ya no lo son. 
No importa lo que dijera el derecho internacional clásico, estas cuestiones tienen importancia para la gente del exterior de China que las tiene y las tendrá en cuenta al establecer sus normas, tanto políticas como comerciales. 
Esto mismo es de aplicación dentro de la Unión Europea. 
El modo en que estos aspectos de la vida se traten internamente en China tiene ahora, y seguirá teniendo en el futuro, repercusiones en el desarrollo de las relaciones entre China y los demás países y las empresas de estos países. 
Señor Presidente, no estará de más subrayar la importancia de las relaciones entre la Unión Europea y China, que en los últimos años han experimentado, como es sabido, una evolución significativa y, en particular, conviene mencionar el nivel de diálogo político, relaciones comerciales y cooperación científica y tecnológica. 
Ahora de lo que se trata es de intensificarlas y ampliarlas a otras esferas de forma mutuamente conveniente. 
La comunicación de la Comisión, que merece el apoyo del Parlamento, presenta un nuevo marco estratégico para ese proceso y propone elementos de acción concretos. 
En esa línea, esperamos también que se tengan en cuenta los contenidos presentes en el excelente informe de nuestro colega Vasco Graça Moura. 
Por limitaciones de tiempo, voy a subrayar sólo tres aspectos: además de la cooperación en la esfera del comercio, la industria y la tecnología, facilitada por la reciente adhesión de China a la OMC, se debe impulsar el diálogo cultural entre Europa y China. 
Por ejemplo, el desarrollo del intercambio en el nivel universitario está a nuestro alcance fácilmente, en particular mediante la ampliación del ámbito del programa TEMPUS; en segundo lugar, quisiera decir que Macao y Hong Kong, además de ser puntos privilegiados de contacto internacional en la esfera económica y financiera, podrían constituir centros de intenso intercambio cultural. 
El éxito de esas dos autonomías regionales será benéfico para China, pero también interesa a Europa. 
Además, puede ser un buen ejemplo de lo que es posible conseguir cuando las relaciones internacionales se orientan hacia una interacción pacífica. 
Por último, la cuestión de los derechos humanos sigue constituyendo una enorme preocupación siempre que pretendemos una profundización de la cooperación con China. 
Esperamos, como dice el ponente, algunas señales más, positivas e importantes, por parte de China, entre otras cosas para que, al llegar la celebración de los Juegos Olímpicos de 2008, esa fecha constituya el concepto completamente positivo que se tenga de China en el marco internacional. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, mi Grupo coincide con el ponente en que la intensificación de las relaciones entre la UE y China resulta muy beneficiosa para ambas partes. 
La UE puede ayudar a China, un país con 1.250 millones de habitantes y el séptimo producto interior bruto del mundo, a encontrar el sitio que le corresponda en la comunidad internacional en el ámbito de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. 
Desde este punto de vista reviste especial importancia la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio el pasado mes de noviembre en Doha. 
Ahora China ya no puede perseguir fines políticos con sanciones económicas. 
Las sanciones económicas, como las que China impuso a los Países Bajos en 1997- cuando mi país ostentaba la Presidencia de la UE- por haber elaborado una resolución de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en China, pertenecen definitivamente al pasado. 
China estará obligada a atenerse a la letra y al espíritu de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. 
Como presidenta de la delegación interparlamentaria para las relaciones con China quisiera subrayar que el Parlamento Europeo puede desempeñar un papel nada desdeñable. 
El diálogo político abierto y transparente entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Popular Nacional puede contribuir, junto con las cumbres ministeriales y oficiales, al desarrollo de la democracia y el respeto de los derechos humanos en China. 
La situación de los derechos humanos en China empeoró sustancialmente a lo largo del pasado año. 
Pensemos, por ejemplo, en el aumento de las ejecuciones políticas, la proscripción del movimiento Falun Gong y la reciente huida a la India del Karmapa Lama tibetano. 
China ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y, por tanto, debe respetarlo sin condiciones. 
El país debe emprender acciones concretas para llevarlo a la práctica. 
El Parlamento Europeo volverá a insistir una y otra vez en la democratización y el respeto de los derechos humanos en China y seguiremos prestando atención a los problemas sufridos por Taiwan y el Tíbet. 
Hace dos semanas obtuvimos un extraordinario resultado durante nuestras conversaciones con una delegación del Parlamento de la Región Autónoma del Tíbet en Bruselas. 
Hemos obtenido permiso para que la Cruz Roja visite las prisiones y los campos de trabajo del Tíbet. 
Nos felicitamos por ello y esperamos que se cumpla esta promesa. 
En junio la delegación para las relaciones con China se desplazará a China y al Tíbet. 
De este modo, el Parlamento Europeo puede contribuir a la intensificación de las relaciones con China, puesto que aún podemos aprender muchas cosas de China, y viceversa. 
Señor Presidente, yo quiero felicitar, ante todo, al ponente Garça Moura. 
Sólo voy a referirme, empero, a la parte del informe dedicada al Tíbet. 
Hace más de veinte años que conozco el Tíbet, hasta sus rincones más remotos, y es preciso tener en cuenta que se trata de la meseta más alta del mundo, aproximadamente del tamaño de toda Europa, desde Gibraltar hasta los Urales. 
El Tíbet poseía y aún posee en parte una cultura, una religión y un estilo de vida propios, y ya es hora de que el Consejo nombre a un representante especial de la UE y de que todo el Tíbet acceda a una autonomía, que debe quedar inscrita en un tratado. 
En efecto, todo no está aún perdido, pues junto al Tíbet actual, en Kham y Amdo, provincias que actualmente ya no se consideran incluidas dentro de la provincia autónoma del Tíbet, todavía se mantiene viva la antigua cultura. 
Es necesario impulsar el inicio de negociaciones entre el Gobierno central de Pequín y el Gobierno en el exilio de Dharamsala. 
Nadie desea que se restablezca el antiguo Estado monacal. 
Pero el Tíbet podrá preservar su cultura como región autónoma de China, si los derechos humanos están garantizados. 
Finalmente, antes de acabar, quisiera añadir una observación que me parece muy importante. Los tibetanos en el exilio y también los tibetanos del Tíbet que hace cincuenta años que luchan por medios pacíficos por sus derechos, sin haber recurrido jamás a medios terroristas, no deberían ser estigmatizados como terroristas en unos tiempos como los nuestros, de predominio del terror globalizado, sino que deberían ser acreedores de respeto por su actitud pacífica. 
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al ponente, el Sr. Graça Moura, por un informe muy equilibrado. Ha planteado una serie de cuestiones que merecen consideración. 
Estoy de acuerdo con su observación de que aunque el diálogo sobre los derechos humanos podría, en efecto, ser útil, por desgracia hasta ahora no ha producido resultados tangibles. 
Se siguen violando los derechos humanos, se reprime la actividad política y, según Amnistía Internacional, el año pasado se produjeron en China más ejecuciones por parte del Estado que en todos los demás países juntos. 
Sobre la cuestión de Taiwan, yo también condeno las amenazas del Presidente Jiang Zemin de utilizar la fuerza militar. 
Sólo unas negociaciones pacíficas que tengan lugar en un ambiente de respeto mutuo producirán avances. 
Asimismo, la cobardía de los Estados miembros de la UE al negar un visado al Presidente Chen Shui-bian para que visite Europa es egoísta y contraproducente. 
Volviendo a otros asuntos, la UE ha de revisar el modo en que se está aplicando el embargo de armas de 1989, especialmente porque se está permitiendo a los Estados miembros que interpreten ellos mismos las normas. 
En Irlanda, por ejemplo, puede exportarse material militar a China, siempre y cuando no se venda directamente a los militares. 
No existen comprobaciones de usuarios finales que garanticen que ese material no acaba en las manos de los militares o de los servicios de seguridad para fines que la UE desaprobaría rotundamente. 
El R.U. sigue teniendo un floreciente comercio de material militar fabricado en Gran Bretaña. 
En mi calidad de ponente para Hong Kong, hay una serie de cuestiones que me preocupan, pero creo que no es apropiado plantearlas en este momento. 
Espero que en un futuro muy próximo- posiblemente en otoño- la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa adopte una iniciativa y dispongamos de un informe mucho más exhaustivo que aborde las numerosas preocupaciones que esta Asamblea y yo mismo, como ponente, tenemos en relación con Hong Kong. 
Señor Presidente, muchas veces hemos hablado de China en esta Asamblea y me parece estupendo que exista un informe completo sobre la estrategia de cooperación de la UE en la región. 
Felicito al señor Graça Moura por este informe, que es realmente muy bueno. 
China es un país enorme cuya importancia aumenta en el mundo. 
No podemos imaginarnos las consecuencias de los cambios económicos, sociales y políticos que se tendrán que realizar en ese país. 
En relación con la adhesión a la OMC- circunstancia alentada por los liberales- habrá ocasión de intensificar la colaboración entre la UE y China. 
Debemos entablar un amplio diálogo económico, social, cultural y político con China. 
La adhesión a la OMC significará un endurecimiento de las exigencias respecto a las copias piratas, a los asuntos medioambientales, a los sindicatos, etcétera, y tal vez podamos ayudar. 
Sin embargo, el Grupo liberal está muy preocupado por los derechos humanos, lo que para usted, señor Presidente, no es una novedad. 
Pedimos a la Comisión que aumente la presión sobre China en esta materia. 
Observadores de todo el mundo están de acuerdo en que empeora la situación de los derechos humanos. 
Parece que China, tal como lo hace Rusia respecto de Chechenia, utiliza la lucha contra el terrorismo como coartada para cometer atropellos contra las minorías. 
En China está muy limitada la posibilidad de practicar libremente las religiones. 
Los católicos informan que sistemáticamente son objeto de agravios y se han quemado mezquitas. 
El pueblo tibetano está oprimido, especialmente los monjes. 
También nos preocupan las torturas y las persecuciones de que son objeto los que luchan por la democracia, los miembros activos de los sindicatos y los disidentes, así como también son inaceptables los esfuerzos por limitar la libertad de expresión por medio de Internet. 
También nos inquietan las detenciones diarias, las torturas y las persecuciones sistemáticas a los seguidores de Falun Gong. 
Aunque el régimen chino parece decidido a eliminar este movimiento, no lo logrará, por lo que conviene que exista un diálogo en torno a este asunto. 
En China se ejecuta a más ciudadanos que en el resto del mundo, por eso hay que presionar para conseguir un cambio. 
Estos asuntos deben tener la más alta prioridad en nuestras relaciones con China. 
Teníamos la esperanza de que no se les concediesen los Juegos Olímpicos de 2008, pero no ha sido así y, en cambio, habrá que usarlos como un medio para ejercer presión. 
Señor Presidente, muchas veces he hablado en este estrado de los derechos humanos en China y he recibido muchas llamadas telefónicas de la embajada de ese país. 
Esto seguirá así. 
En tanto haya liberales en el Parlamento seguirá existiendo interés por los derechos humanos en China. 
Señor Presidente, señor Comisario, los liberales pueden estar seguros de que no se quedarán solos en su lucha. 
China ha optado por entrar a formar parte de la Organización Mundial del Comercio. 
Ello significa que China ha optado a conciencia por la apertura, no sólo en el ámbito comercial. A consecuencia de ello China experimentará numerosos cambios que dejarán su impronta en la sociedad. 
Tenemos que dialogar con ese gigantesco país, y ese diálogo no puede fundamentarse únicamente en los intereses económicos. 
Nuestros electores, nuestros valores y nuestras instituciones basadas en la democracia y los derechos humanos nos obligarán a dotar el diálogo de una base ética. Es algo que, de entrada, debemos dejar muy claro a las autoridades chinas. 
Aquí se ha hecho mención a la masiva represión contra los católicos y los musulmanes. 
Aunque no haya tenido conocimiento directo del movimiento Falun Gong, advierto de la brutal represión contra sus seguidores. Nos han llegado espeluznantes historias y testimonios que hablan de miles de personas pacíficas detenidas y encarceladas. 
No cabe duda de que en este momento los derechos humanos y el derecho de gentes constituyen el punto débil. 
La democracia va echando raíces en la sociedad china y poco a poco irá buscando su camino. 
Ante esta situación las autoridades chinas no pueden recurrir a la represión masiva. 
También quisiera llamar la atención sobre otra gran preocupación de este Parlamento. Nos preocupa el Tíbet, y las demás regiones de ese extensísimo país que aspiran a una cierta autonomía y una evolución cultural propia. 
Reprimir estos anhelos equivale a cometer un crimen. Creo que todos aquellos que piensen mantener contactos con las autoridades chinas en un futuro próximo deben dejar muy claro que nosotros y nuestras comunidades no pensamos sólo en el dinero. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo no estoy tan seguro como la oradora que me ha precedido de que la adhesión a la OMC determine automáticamente transformaciones políticas en China; enseguida volveré sobre ello. 
Yo creo que la adhesión de la República Popular China a la OMC es favorable. 
No le resultó fácil dar el paso, pues conllevará grandes procesos de reestructuración interna, pero yo creo que es urgente que estas reestructuraciones comiencen ya, en interés de China. 
También pienso que se trata de un punto de partida favorable para mejorar las relaciones comerciales. 
No obstante, quiero instar a la Comisión a que vigile atentamente que China también cumpla los compromisos que ha contraído con su adhesión a la OMC. 
La actitud que mantuvo el año pasado, después de haberse comprometido a liberalizar el mercado de seguros, por ejemplo, no fue demasiado alentadora. 
Se hicieron promesas, pero luego se intento eludirlas. 
En este sentido, yo espero- y sería interesante que el Comisario nos dijera luego cómo se propone vigilar la Comisión que esto se cumpla -, que China también reconozca con actitud verdaderamente positiva las consecuencias que ello comporta. 
Por lo que respecta al diálogo político, todos mis colegas ya han mencionado el tema de los derechos humanos. 
Éstos son derechos universalmente válidos, no son derechos europeos que queramos imponer a China, sino derechos humanos universalmente reconocidos, que exigimos que se cumplan, y éstos incluyen también los derechos de las minorías, tanto de carácter religioso como cultural. 
Mis colegas ya se han referido al Tíbet. 
Yo quisiera señalar otro ejemplo, concretamente la persecución de la Iglesia católica no oficial en China, que está obligada a vivir en la clandestinidad, dado que el Gobierno no reconoce a la Iglesia católica que se siente vinculada al Vaticano. 
Esto no es admisible. 
Por lo que respecta a Taiwan, yo espero que China inicie un diálogo político sin condiciones previas. 
Sólo un diálogo político de estas características podrá conducir a una reunificación, pero también únicamente si ésta se realiza sobre la base de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. 
Desde el Parlamento deberíamos contribuir a facilitar los contactos entre ambos Estados. 
También deberíamos mantener contactos con los diputados de la República Popular China y de Taiwan. 
Señor Comisario, yo espero que la Comisión abra pronto su oficina en Taipei, para que así pueda apoyar también el diálogo político entre ambos Estados, por medio de sus representaciones en Pequín y Taipei. 
Señor Presidente, en mi opinión, el ponente ha presentado un excelente informe que, al abarcar una gran variedad de temas, pone de manifiesto la enorme importancia que revisten las relaciones con China y la necesidad de establecer un diálogo satisfactorio. 
Creo poder afirmar que a este respecto la presidenta de la delegación para las relaciones con China, la Sra. Plooij-van Gorsel, también ha formulado algunas observaciones muy acertadas. 
Ello no obstante, hemos de tener cuidado de no eludir la verdad en nuestras relaciones con China. 
Ya ha sido señalado por algunos colegas, entre ellos el orador anterior: si el emperador chino no lleva traje, tendremos que decírselo. 
Es algo que ocurre con cierta frecuencia. 
Al igual que algunos de mis colegas pienso en la situación en Taiwan y en la forma de que la Unión Europea, más en concreto nuestros Ministros de Asuntos Exteriores, afrontan este problema. Realmente adoptamos una actitud hipócrita. 
La candidatura de Taiwan para participar como miembro observador en la Organización Mundial de la Salud constituye un buen ejemplo de ello. 
Es una situación absurda. 
No creo que su situación sea equiparable a la de la OLP en los años 60 y 70. 
Se trata de un país con el que mantenemos buenas relaciones, incluso en el ámbito político, y que, desde el punto de vista democrático, ha evolucionado muy favorablemente. 
Pese a ello, es tratado como un paria. Eso no puede ser, señor Presidente. 
¿Cómo es posible que un líder electo como Chen Shin-Lian no pueda venir aquí a recoger su premio a la libertad? 
Vino su esposa, fue muy impresionante, pero él mismo no estuvo presente. Sin embargo, en este momento el líder chino realiza una gira gloriosa por la Unión Europea. 
Me alegro de que lo haga porque, de este modo, podemos conversar con él sobre China e incluso sobre los cambios positivos que se están produciendo en su país, pero no deja de ser una situación hipócrita. 
Seamos sinceros: China no cumple ninguno de los requisitos democráticos. 
Los últimos acontecimientos en Hong Kong lo dicen todo: ahí se han celebrado ' elecciones presidenciales? entre comillas puesto que no se han respetado las reglas de la democracia. 
Si esto es lo que le espera a Taiwan, si algún día vuelve a formar parte de China, no es una perspectiva demasiado alentadora. 
También está la situación de los derechos humanos. 
En este contexto no podemos dejar de mencionar la pena de muerte. 
Por supuesto el Parlamento Europeo se opone a la pena de muerte como tal, pero a eso se añade que en materia de ejecuciones China bate todos los récords. 
Entre abril y julio de 2001 fueron ejecutadas más de 1.700 personas. Ese número es superior al número de personas ejecutadas en el resto del mundo durante los últimos tres años. 
Sin olvidar que la tortura y el maltrato de personas sospechosas también son moneda corriente. 
Señor Presidente, estamos ante un informe excelente, pero creo oportuno que incorporemos estas observaciones críticas. 
Señor Presidente, queridos colegas, yo, en cambio, no saludo al Comisario Nielson. 
No sé por qué está aquí, no creo que China forme parte de sus competencias. 
Me da la impresión de que el Comisario Nielson se ocupa demasiado a menudo de cosas que no le conciernen, y creo que me está entendiendo, por lo tanto, no comprendo qué puede decirnos al respecto. 
Queridos colegas, en lo que hace referencia a este informe, quiero decir que hace dos horas hemos votado un texto muy critico con Israel, sobre el que las posiciones han sido muy encontradas. 
Yo he votado en contra de ese texto y me he dado cuenta de que este Parlamento, cuando quiere, sabe hacer oír su voz. 
Al cabo de horas, señor Presidente, se nos presenta un documento que hace referencia a China: un país con 1.200 millones de habitantes, que oprime a cientos de millones de personas, a minorías étnicas, culturales, así como a simples ciudadanos amantes de la libertad y de la democracia, y este Parlamento no puede hacer otra cosa que invocar tímidamente en el apartado 10 la cuestión de los derechos humanos, después de haber expresado el buen concepto que tiene de China y de su evolución, naturalmente en lo que concierne a los intercambios comerciales con la Unión Europea. 
Nosotros no estamos de acuerdo. 
Nosotros, los radicales, rechazamos este enfoque, rechazamos este maniqueísmo del Parlamento Europeo en virtud del cual somos "fuertes" o pretendemos ser fuertes con los débiles, como lo es hoy Israel, atacado por un terrorismo feroz que otra vez esta mañana, y nadie lo ha mencionado, ha matado al menos a ocho personas, naturalmente inocentes, que viajaban en un autobús israelí, y luego, en el mismo día disculpa, da un cheque en blanco al régimen dictatorial chino que oprime a cientos de millones de personas. 
Nosotros no estamos de acuerdo con esto. 
Pensamos que esta Europa será grande sólo cuando sabrá hablar de manera inequívoca sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las personas, sobre los derechos de las minorías, y por lo tanto, no votaremos un texto que ha sido definido hipócrita, opinión que comparto. 
Hay algunas partes, como la que se refiere a Taiwán, que suscribimos; sin embargo, rechazamos en bloque el planteamiento de este texto. 
Pensamos que el mensaje de este Parlamento y de la Unión Europea debe ser muy distinto en relación con ese país. 
Señor Presidente, Señorías, el ponente ha señalado que no ha sido una tarea nada sencilla para el Parlamento elaborar una posición. 
Ésta contiene diferentes ideas y yo quisiera referirme a dos puntos centrales, relacionados con el procedimiento. 
Yo creo que existe el riesgo de que la aplicación del método de coordinación abierta se encomiende exclusivamente a funcionarios y a los llamados expertos, sin un debate público. 
Sin embargo, se trata de un tema demasiado importante, para dejarlo exclusivamente en manos de un círculo cerrado, en el que se marcarán orientaciones de una gran trascendencia. 
Por esto, los parlamentarios europeos debemos participar en este debate en nuestra calidad de representantes de los intereses de la población. 
En este contexto, yo quiero reiterar mi petición en el sentido de que necesitamos un acuerdo interinstitucional sobre el método de coordinación abierta. 
Finalmente, quiero repetir para que lo oigan la Comisión y los Estados miembros que tenemos que debemos conseguir progresos concretos en relación con los problemas que preocupan a la gente en Europa. 
Esto incluye, por ejemplo, las pensiones de jubilación. 
Tenemos que revisar sin demora el Reglamento nº 1408/71 sobre la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Necesitamos normas sencillas sobre la transferibilidad de las pensiones de jubilación complementarias. 
Necesitamos soluciones para el tratamiento fiscal de las mismas y para ello no se puede confiar únicamente en el método de coordinación abierta, sino que también se debe prever la participación del Parlamento Europeo, como representante de los intereses de la población europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, antes que nada quisiera dar las gracias al Sr. Fatuzzo por el presente informe. 
Es muy importante que los ciudadanos, al alcanzar la edad de jubilación, puedan contar con un régimen de pensiones razonable y equilibrado, independientemente de que vivan en Finlandia o en Portugal. 
Esto vale tanto para las mujeres como para los hombres. 
Quisiera referirme muy en particular al primer grupo, resaltando tres puntos que afectan especialmente a las mujeres. 
En primer lugar, es fundamental que los sistemas de pensiones contribuyan de forma eficaz a la prevención de la pobreza y la exclusión social. 
En los sistemas actuales sucede aún con demasiada frecuencia que mujeres de avanzada edad que han de valerse por sí mismas viven muy por debajo del nivel de pobreza. 
Muchas de ellas han optado por dedicarse a sus hijos en lugar de desarrollar una carrera profesional, de modo que apenas tienen derechos de pensión individuales, si es que los tienen. 
Por todo ello pido encarecidamente a los Estados miembros que reformen sus sistemas de tal manera que no sólo las mujeres sino también los hombres que no participen activamente en el mercado laboral por razones familiares tengan la oportunidad de obtener derechos de pensión individuales. 
El trabajo a tiempo parcial, realizado mayoritariamente por mujeres, tampoco aporta derechos de pensión adecuados, así que convendría crear las condiciones necesarias para la obtención de derechos complementarios. 
En segundo término, la Comisión señala en su comunicación que la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones requiere un aumento de la participación laboral en general. El Sr. Fatuzzo acaba de insistir en ello. 
Es sin duda un objetivo loable, pero queda por ver si las mujeres- tal y como sucede en algunos países- estarán dispuestas a cotizar más en virtud de los denominados factores actuariales. Lo dudo mucho. 
El hecho de que, según las estadísticas, sean más longevas no tiene por qué fomentar la discriminación. Todo lo contrario, no se puede prescindir bajo ningún concepto del principio de igualdad de trato para mujeres y hombres. 
Insto a los Estados miembros a que tengan en cuenta este aspecto. 
En tercer lugar, la Comisión propone que se aplique el método de coordinación abierta en apoyo a las estrategias nacionales. 
Para ello se necesitan datos e indicadores desglosados por sexos. 
Éste es otro elemento que no se puede perder de vista. 
Por último, es evidente que de cara al futuro envejecimiento de Europa necesitamos unos sistemas de pensiones seguros, suficientes y viables que garanticen que las mujeres y los hombres jubilados puedan llevar una vida independiente con una gran actividad social y cultural. 
Señora Comisaria, señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo creo que todos somos conscientes de que, dadas las tendencias demográficas- esto es, el hecho de que en los próximos años alrededor de un tercio de la población habrá alcanzado la edad de la jubilación- y a la vista de la felizmente creciente esperanza de vida, la futura seguridad de las pensiones constituye uno de los mayores retos para la política presupuestaria y social, y por lo tanto también humanos, de nuestro tiempo. 
El Grupo del Partido Popular Europeo/Demócratas Europeos apoya las tres propuestas centrales de la Comisión, encaminadas a hacer todo lo posible para conseguir un nivel de pensiones adecuado, garantizar la viabilidad financiera de los instrumentos públicos y privados de previsión para la jubilación, y modernizar los sistemas de pensiones, con objeto de que puedan seguir brindando seguridad en el futuro, aunque el marco de condiciones haya cambiado. 
Continuamente estamos hablando de una gran movilidad y flexibilidad, y del mercado interior. 
Ha llegado el momento de decir muy claramente que la movilidad, la flexibilidad y el buen funcionamiento del mercado interior exigen como requisito previo una seguridad social, una seguridad para las personas, que haga posible su movilidad. 
Nuestro Grupo también apoya, por lo tanto, muy decididamente el modelo de los tres pilares, esto es, la responsabilidad estatal, la responsabilidad en el ámbito empresarial, fruto de los acuerdos entre empleadores y asalariados, y los sistemas individuales privados de previsión. 
Es necesaria una coordinación de estos tres pilares del sistema de pensiones para la vejez. 
Todo su peso no puede reposar sobre un solo pilar. 
No obstante, también es preciso recordar en este contexto la actual diferenciación de las competencias. 
Las naciones son competentes en lo que respecta a los sistemas, a las relaciones entre los pilares, al Derecho Fiscal y al Derecho Laboral y Social. 
El mercado interior, la movilidad y las actividades transfronterizas son de competencia europea. 
En consecuencia, nosotros estamos a favor de una mayor coordinación, pero siempre que no suponga la exclusión de la política y del Parlamento Europeo, que no se nos dé de lado, por decirlo así. 
Coordinación, sí, pero bajo la codecisión de los responsables políticos y de los representantes de los ciudadanos. 
Nosotros somos responsables de los sistemas complementarios de previsión para la vejez a escala transfronteriza. 
Este es un aspecto importante del plan de acción para los servicios financieros. 
En el documento final de Barcelona se reitera la necesidad de regular también el segundo pilar a escala europea. 
El Parlamento Europeo adoptó su posición en julio de 2001 con más de 460 votos a favor. 
Todavía estamos esperando la posición común del Consejo. 
La situación ha llegado hasta el extremo de que el Comisario competente declaró ayer en una entrevista con el Financial Times que va a retirar la propuesta de la Comisión, a pesar de nuestras peticiones de una normativa europea y a pesar de la oportuna presión de Barcelona. 
Nosotros pedimos a las personas competentes y responsables que cumplan con las responsabilidades que han asumido y se marquen un plazo para empezar a actuar de una vez; de lo contrario de nada nos servirá adoptar nuevos informes y resoluciones, si las acciones no están a la altura de los objetivos políticos. 
¡Consejo, actúe! 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, señor Presidente, mi primer ruego va dirigido a usted. 
Quisiera comenzar por señalar que el presente informe llega al menos con un mes y quizás incluso con muchos meses de retraso. Debería habernos acompañado a la Cumbre de Barcelona, donde se debatió el problema de las pensiones. 
Señor Presidente, el Parlamento ha desempeñado un papel muy modesto en el método de coordinación abierta. 
Por eso mismo debemos buscar urgentemente métodos que nos permitan reaccionar con mayor celeridad en tanto que Parlamento. De lo contrario, nuestra participación en este debate carecerá de credibilidad. 
Pues bien, señor Presidente, espero que usted comunique esta preocupación al Praesidium y que encuentre una solución a este problema. 
Dicho esto quisiera dar las gracias al ponente Carlo Fatuzzo por haberse mantenido fiel a la línea defendida por el Parlamento, reafirmándose consecuentemente en los puntos de vista expresados en el informe del Sr. Cercas Alonso. Mi Grupo concede suma importancia a esta coherencia. 
Después de muchos años por fin se ha roto el silencio en un asunto tan importante como el de las pensiones. 
Ahora bien, señor Presidente, el silencio es un concepto muy relativo. 
No olvidemos que el Ecofin se interesa por las pensiones desde hace mucho tiempo, aunque sólo desde la perspectiva del Pacto de Estabilidad y las grandes orientaciones económicas, limitándose al problema de la sostenibilidad financiera de las pensiones. 
Gracias a la Comisión, el Comité de Protección Social y mi propio Ministro, Frank Vandenbroucke, bajo la Presidencia belga este asunto también se ha planteado en términos sociales en el orden del día. 
Seamos sinceros, si queremos salvaguardar el modelo social europeo, si queremos salvaguardar la solidaridad entre generaciones y en el seno de una misma generación en el ámbito de las pensiones, si queremos que las pensiones entren a formar parte de una estrategia destinada a erradicar la pobreza y garantizar una renta suficiente, esta cuestión no puede faltar en un orden del día social. 
Por mucho que este expediente competa a los Estados miembros, señor Presidente, ello no significa que no podamos lograr un acuerdo a escala europea sobre los objetivos sociales del sistema de pensiones. 
En mi opinión, el presente informe contribuye claramente a este fin. 
Estas iniciativas nos ayudarán a concretar el método de coordinación abierta en los años venideros. 
Es por eso por lo que me preocupa y me asombra sobremanera la actitud del Grupo GUE/NGL, y también la del PPE, que a estas alturas pretende aminorar la marcha y aflojar algunos de nuestros puntos de vista, no sólo respecto al método de coordinación abierta, sino también por lo que a los objetivos sociales del sistema de pensiones se refiere. 
Señor Presidente, ¡esto es el colmo! 
Si nos erigimos en defensores de los derechos en el segundo pilar de las pensiones no entiendo por qué no haríamos lo mismo de cara a los sistemas de pensiones legales. Ésta es, por cierto, otra fuente de preocupación. 
Me da la impresión, señor Presidente, de que últimamente el Consejo también da muestras de cierta reticencia. 
Tras el fuerte estímulo lanzado bajo las Presidencias sueca y belga parece ser que el Consejo se arredra un poco bajo la Presidencia española. 
Todos los indicios apuntan a que, de hecho, se está concediendo una prórroga a los países que no han ultimado sus planes de pensiones y no se está prestando la debida atención a los indicadores que puedan ayudarnos a concretar este método de coordinación abierta. Además, en Barcelona sólo se ha hablado del fomento de la actividad laboral. 
Dejémonos de ambigüedades. Mi Grupo también está convencido de que el número de trabajadores en activo debe ir en aumento para salvaguardar la sostenibilidad financiera de los regímenes de pensiones de cara al futuro. 
Pero seamos claros con respecto a los objetivos sociales. Digamos claramente que no se trata de una subida de la edad de jubilación legal, sino de la implantación de una serie de medidas que animen a los ciudadanos a permanecer más tiempo en el mercado de trabajo y de una lucha tenaz contra todo tipo de discriminación en el mercado laboral por motivos de edad. 
Señor Presidente, espero que de nuestra votación se desprenda que esto es lo que nos importa. 
Espero asimismo que el PPE no se tome este método de coordinación abierta a juego. Confío en que vote, junto con nosotros, a favor del informe de Carlo Fatuzzo. 
Señor Presidente, comenzaré felicitando al Sr. Fatuzzo por su informe sobre un tema que sé que le toca de cerca el corazón. 
Tengo dos puntos que comentar, y son de hecho los mismos dos puntos que el Sr. Kuckelkorn mencionó, por un lado, sobre la coordinación abierta de las pensiones y por otro lado, sobre el mercado interior de regímenes de pensiones complementarias. 
La coordinación abierta, en la cual los Estados miembros fijan objetivos y directrices comunes para la política futura en materia de pensiones, analizan el desarrollo e intercambian experiencias, es en muchos aspectos una buena colaboración. 
En particular es estupendo que el debate sobre las pensiones del futuro ya no trate sólo de la economía nacional y de qué coste tendrá en la próxima década la existencia de muchos pensionistas. 
Es una buena cosa que los Estados miembros hablen juntos de cómo garantizamos que podamos contar en el futuro con buenas y seguras condiciones para los pensionistas. 
No obstante, debo subrayar de todas formas el problema existente con la coordinación abierta, es decir, el déficit democrático. 
Este objetivo y las directrices que los Estados miembros acuerdan para las pensiones del futuro son diseñados en primera instancia por los llamados representantes de? alto nivel? , funcionarios enviados por los gobiernos de los Estados miembros y los acuerdos son ratificados por los ministros de los Estados miembros y cabe suponer que estos ministros tienen un mandato popular. 
Cabe? suponer? -pues no hay ningún debate popular al respecto. 
Cuando aprobamos legislación en la UE, se produce un debate público en los Estados miembros. 
Un sistema de consulta de los grupos de interés, de modo que los políticos dispongan de una base objetiva de decisión. 
En este Parlamento Europeo tenemos nuestros debates abiertos, para que la opinión pública pueda oír y entender cuáles son los argumentos que respaldan nuestras decisiones y así los grupos de interés pueden hacerse sentir en el debate. 
Esta base para las decisiones y el debate abierto brillan totalmente por su ausencia cuando los países colaboran bajo la coordinación abierta. 
Si se habla en serio de emplear esta colaboración y se quiere de hecho que así quede reflejado en la política realizada, han de abrirse las puertas cuando se adopten las decisiones sobre objetivos y directrices. 
Los parlamentos nacionales han de tener una participación mucho más activa y debe incluirse a las autoridades locales y las organizaciones de interés. 
El Parlamento Europeo puede desempeñar asimismo un papel positivo en esta cooperación, pues aquí unimos todas las culturas y vemos las cosas en su conjunto. 
No se puede subrayar lo suficiente la necesidad de hacer un esfuerzo para democratizar la coordinación abierta y quiero exhortar al Consejo a que replantee este cuestión. 
Especialmente la colaboración en torno a un tema como las pensiones del futuro requiere transparencia, es un tema que nos toca a todos profundamente y creo que mucho del temor hacia las posibles implicaciones de las reformas de las pensiones puede ser conjurado con una mayor transparencia. 
El segundo punto que quiero mencionar brevemente es la petición al Consejo y a la Comisión para que aceleren la aprobación de la Directiva relativa a las pensiones complementarias. 
La que aprobemos debe ser naturalmente la adecuada. 
Debemos evitar normas que impongan trabas y frenen los regímenes existentes. 
Sin embargo y con esto en mente, es importante dar un impulso a este asunto, con normas comunitarias podemos facilitar la vida de los trabajadores en las empresas que trabajan en varios países y fomentar la competencia y la eficacia entre los operadores de pensiones. 
Señor Presidente, también yo quisiera dar las gracias a nuestro relator. 
Todos sabemos que éste es un tema respecto del cual sus ideas son muy claras: por lo menos ha tenido sus cinco minutos para explicárnoslas. 
Estoy de acuerdo con mucho de lo que ya se ha dicho en este debate. 
Cuando hablamos de pensiones seguras y viables, no podemos olvidar que constituyen un problema particular para las mujeres. 
La cuestión de las pensiones tiene mucho que ver con la equiparación de hombres y mujeres. 
Hay muchas desigualdades graves, especialmente en relación con las pensiones profesionales e incluso con los derechos a una pensión estatal, y la mujer está realmente penalizada por desempeñar funciones domésticas, por haber trabajado a tiempo parcial o con arreglo a un horario flexible. 
A medida que las nuevas pautas de las condiciones de trabajo se hacen cada vez más corrientes, es evidente que lo que necesitamos es conseguir que las pensiones estén garantizadas para hombres y mujeres en esos lugares de trabajo tan diferentes. 
Quizá, como a menudo suele suceder, una vez que sean más numerosos los hombres que empiezan a trabajar con horario flexible, de repente veremos manifestarse un interés mucho mayor en que las pensiones se uniformen en los diferentes lugares de trabajo. 
Esto quizá suene a cínico, pero es cierto. 
Como el Sr. Van Lancker ha dicho, ésta es una cuestión que tiene mucho que ver con la pobreza. 
Ya podemos ver en un número demasiado grande de países que los jubilados con una pensión básica inadecuada no pueden participar enteramente en la vida de la sociedad y a menudo no pueden ni siquiera atender sus necesidades fundamentales. 
La solución, evidentemente, es que haya pensiones estatales decentes, y su financiación es una opción política. 
Mi Grupo no estima que el costo de las pensiones desestabilice necesariamente a las economías o a la sociedad, si los gastos en que hay que incurrir se seleccionan cuidadosamente. 
En realidad, los casos de personas que se atienen a la lógica y que invierten en sus empresas- y ante nosotros tenemos el ejemplo de Enron o el de Equitable Life en mi propio país- o que procuran contratar una pensión privada, indican que uno no puede confiar en los mercados como tampoco confía uno a veces en los gobiernos. 
El déficit democrático de la coordinación abierta se manifiesta con claridad cada vez mayor. 
No hay duda de que ésta es una cuestión de la que tenemos que ocuparnos con la máxima rapidez. 
Señor Presidente, el debate sobre la evolución de los sistemas de pensiones tiene como telón de foro el nuevo contexto demográfico en Europa, verdadero desafío lanzado por el aumento constante del número de personas que llegan a la edad de la jubilación, aumento ligado al retraso de la longevidad. 
En este contexto, en nombre del respeto del Pacto de Estabilidad y de la lucha contra los déficits públicos, la Comisión y el Consejo han impulsado a menudo esta reforma del sistema de pensiones. 
Si bien no se cuestionan las competencias nacionales en materia de pensiones lo que se nos propone- y este es el objeto del informe del Sr. Fantuzzo- es un enfoque integrado al servicio de las estrategias nacionales tendentes a garantizar pensiones seguras y viables. 
El problema consiste en saber cuál es el sentido de dicha cooperación, cuáles son los medios para lograr el objetivo de unas pensiones seguras y viables. 
Las cuestiones relativas a la edad en que se tiene derecho a la jubilación, las cuestiones relativas a la garantía de los derechos, a las remuneraciones, en suma: a las condiciones de jubilación, son tanto más sensibles por cuanto se plantean al final de una trayectoria profesional y humana y por cuanto constituyen la garantía de un vínculo positivo y solidario entre generaciones. 
Es positivo que el informe del Sr. Fantuzzo reconozca que el debate sobre las pensiones no debe limitarse a los problemas de financiación, sino garantizar dichos derechos. 
También es positivo que proponga reforzar el método abierto de coordinación por medio de una voluntad democrática, asociando ONG, interlocutores sociales, países candidatos y Parlamento Europeo para definir indicadores y mecanismos de seguimiento eficaces, tendentes a la evaluación de las reformas y a la modernización. 
Pero el informe apoya, no obstante, las líneas maestras de la Comisión en favor de un régimen de pensiones universal- y ello a pesar de introducir matizaciones -, al pedir que se privilegien los regímenes colectivos de pensiones de capitalización, por encima de los planes de pensiones y de ahorro individuales. 
No sé si esto clarificará el interrogante de la Sra. Van Lancker, pero, en cuanto al fondo, el informe acompaña la voluntad de la Comisión de orientarse hacia un refuerzo de los fondos de pensiones de reserva ad hoc y de no tocar los gastos públicos, en el marco del respecto del Pacto de Estabilidad. 
Todos recordamos, no obstante, el Consejo Europeo de Barcelona, que mencionó el objetivo de ampliar en cinco años la edad de la jubilación en los países de la Unión, de aquí a 2010. 
Evidentemente, se plantea el problema de la financiación. 
No se puede contemplar el desarrollo del sistema de reparto en el nuevo contexto demográfico, sin un aumento de los fondos. 
Sería irresponsable. 
Se deben buscar, pues, nuevos recursos. 
En nuestra opinión, se deberían tomar en consideración con mayor atención tres direcciones: el esfuerzo de desarrollo y concretización con respecto al empleo, empleo de calidad para los nuevos cotizados y, paralelamente, recurrir a las rentas financieras en un porcentaje similar que los salarios, lo que es objeto de una enmienda de mi Grupo. 
Señor Presidente, desearía, a mi vez, dar las gracias al Sr. Fatuzzo por su informe, que- presentado, como siempre, con mucha pasión- se inscribe en el marco de un contexto demográfico, como acaba, por otra parte, de subrayarlo el Secretario General de las Naciones Unidas en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se celebra actualmente en Madrid. 
En efecto, en dicha ocasión nos recordó que en 2040, en el mundo, la cifra de las personas mayores de sesenta años será superior a la de los menores de quince años. 
Las perspectivas de la evolución demográfica europea son aún más significativas puesto que el 40% de la población europea, según Eurostat, tendrá sesenta y cinco años o más en 2025. 
Lo preocupante son, pues, sobre todo las consecuencias, de cara al equilibrio de los regímenes de pensiones, de este envejecimiento de la población- lo que revela, además, indiscutibles progresos sanitarios y sociales -, puesto que la proporción actual de cuatro trabajadores por cada jubilado descenderá a dos trabajadores por cada jubilado en 2030. 
Por esta razón la comunicación presentada por la Comisión, tendente a garantizar pensiones seguras y viables mediante un planteamiento integrado al servicio de las estrategias nacionales, cuyos regímenes- sobre todo públicos- entran en el ámbito de competencias nacionales, nos parece particularmente bienvenido al debate europeo. 
Hay que subrayar, en efecto, que muchos países de la Unión Europea han empezado a adoptar disposiciones valientes para dar continuidad a sus regímenes de pensiones. 
Este no es el caso del Gobierno francés, que no ha llevado a cabo las reformas indispensables y urgentes, y el debate nacional que debemos afrontar en Francia lo demuestra. 
Lo que querría manifestar- refiriéndome concretamente al informe Fatuzzo- es que si la organización y la financiación de las pensiones públicas deben seguir siendo competencia de los Estados miembros, el método abierto de coordinación propuesta en la materia por el Consejo de Gotemburgo está encaminado a fomentar las reformas nacionales y a enriquecerlas con experiencias de otros países. 
En este sentido, señora Comisaria, esperamos con impaciencia la presentación de los primeros planes nacionales en el otoño, precisando, al mismo tiempo, que insistimos para que se permita una mayor participación del Parlamento Europeo en dicho procedimiento. 
Asimismo, en esta perspectiva, contrariamente a la opinión de otros oradores, me congratulo de que el Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 se haya comprometido, por una parte, a intensificar los esfuerzos destinados a ofrecer a los trabajadores de edad avanzada mayores posibilidades de continuar en el mercado de trabajo- por ejemplo, mediante fórmulas flexibles de jubilación progresiva y garantizando un verdadero acceso a la educación y a la formación durante toda la vida- y, por otra parte, a aumentar progresivamente en cinco años, de aquí a 2010, la edad media efectiva en la que cesa la actividad profesional en la Unión Europea. 
En efecto, creo oportuno poder ofrecer, en el contexto actual, un planteamiento de libre elección centrado en las trayectorias individuales de los asalariados y en sus diferentes tiempos de vida, que a veces ponen término a la jubilación ' cuchilla? que puede desembocar en un derroche humano incalculable. 
Señor Presidente, lamento que nuestro dictamen se emita después de Barcelona, lo que limita el alcance de nuestra votación de mañana. 
En Barcelona, el Consejo se fijó como objetivo aumentar en cinco años, de aquí a 2010, la edad de la jubilación, en ausencia de una conclusión en tal sentido del Parlamento o del Comité de Protección Social, pero también y sobre todo sin tener en cuenta las expectativas de los ciudadanos y de los interlocutores sociales, para quienes este horizonte es inaceptable. 
La Unión, que carece de competencia para decidir en materia de protección social, pero que, de hecho, ejerce dicha competencia en nombre de la constitución del mercado único de pensiones de capitalización, debería desempeñar un papel más importante, ampliando el debate público sobre el futuro de las pensiones. 
Señalando, primero, como lo hace la Comisión de Empleo, que se trata de un desafío esencialmente social, que presenta aspectos financieros, y no a la inversa. 
En segundo lugar, sólo se podrá aceptar dicho desafío si admitimos que el criterio decisivo estará basado ante todo en la tasa de empleo y no en la demografía. 
Nosotros ya sabíamos que los fondos de pensiones no cambiaban en nada las elecciones claves que debe realizar la sociedad: ¿en qué consiste esta cuestión y esta elección? 
¿Qué parte de la riqueza global queremos destinar a las pensiones? 
Ayer defendíamos el reparto porque se trata de un sistema colectivo de solidaridad entre generaciones que crea vínculos sociales. 
Hoy deberíamos estar totalmente vacunados contra el sistema de la capitalización, a la vista del caso Enron y de la situación de los aseguradores británicos, que ruegan a sus clientes que se orienten hacia los servicios de pensiones de reparto. 
Para muchas empresas, el empleo sigue siendo una variable del ajuste de los costes. 
Los trabajadores de edad más avanzada, que son también los mejor remunerados, pagan a veces las consecuencias de una política de exclusión de la empresa. 
Así pues, en estas condiciones, no puede sorprendernos que las jubilaciones anticipadas susciten la adhesión de aquellos que están amenazados por el desempleo y la pobreza. 
Sería necesario un cambio de objetivos a través de una modernización adaptada a la evolución del trabajo y del tiempo de vida, a fin de crear un verdadero derecho al paso progresivo a la jubilación. 
Señor Presidente, una de las cuestiones fundamentales en todo el planteamiento del sistema de seguridad social es la necesidad de velar por que el nuevo método de coordinación creado sirva para garantizar el derecho a pensiones que permitan a los jubilados tener una vida condigna y autónoma y no para presionar reformas del sistema encaminadas a una privatización, aunque sea parcial, en particular los fondos de pensiones. 
Es cierto que es importante, como dice el ponente, Sr. Fatuzzo, garantizar el derecho a pensiones adecuadas, independientemente del problema de la financiación, con lo que se evita a los trabajadores y a los jubilados tener que asumir responsabilidades por posibles desequilibrios del régimen de pensiones, dado que el mantenimiento de un sistema justo, más que un problema demográfico, es un problema de distribución, por lo que conviene garantizar un sistema de seguridad social público y universal, apto para luchar contra la pobreza y mantener un nivel de vida satisfactorio para todos los jubilados, como proponemos en las propuestas que presentamos. 
No es aceptable que, con el pretexto de la necesidad de consolidación presupuestaria inscrita en el Pacto de Estabilidad, se vaya a avanzar hacia la fijación de normas y recomendaciones que, en la práctica, pongan en entredicho el derecho a pensiones que garanticen una vida digna y autónoma y la participación en la vida social y cultural. 
Por eso es importante que se amplíe la base contributiva y se exploren formas substitutivas de financiación de los regímenes de pensiones obligatorios, haciendo, por ejemplo, las cotizaciones sociales extensivas a las rentas financieras y la necesidad de revisar profundamente algunas iniciativas legislativas, en particular la directiva sobre las actividades y la fiscalización de organismos que ofrecen servicios en el sector de las pensiones de jubilación complementarias. 
Igualmente preocupante es el camino que trazó el Consejo en las conclusiones de la Cumbre de Barcelona, al proponer, de aquí a 2010, un aumento progresivo, de casi cinco años por término medio, de la edad de abandono de la actividad profesional en la Unión Europea. 
Por nuestra parte, nos oponemos a cualquier intento por parte de los Estados miembros de tomar la conclusión del Consejo como punto de partida para aumentar la edad legal de jubilación o prolongar los períodos de cotización para adquirir el derecho a pensión por entero. 
Así, pues, esperamos que las propuestas que presentamos sean aprobadas con vistas a mejorar el contenido del informe. 
Señor Presidente, también yo quisiera sumarme a mis colegas que han felicitado al Sr. Fatuzzo por su informe. 
Cuando el Sr. Fatuzzo vino por vez primera a este Parlamento y pronunció su primer discurso, se refirió a los derechos de los jubilados y a la obligación que cada uno de nosotros tiene y tendrá para con ellos en el futuro. 
Muchas personas se guasearon o se rieron de él por lo que había dicho. 
Sin embargo, lo único que puedo decir al Sr. Fatuzzo es: ' Veni, vidi, vinci?. 
La cuestión de las pensiones, de las cotizaciones futuras y la necesidad de asegurar las pensiones, es en parte financiera, dígase lo que se diga. 
Naturalmente, antes que nada tenemos una obligación social y un interés social respecto de los más vulnerables de nuestra sociedad. 
A menos que instituyamos un modelo financiero apropiado y una base para asegurar que todos tengan pensiones universales, el sistema acabará por fracasar como consecuencia de la demografía y de otras prioridades que pueden surgir. 
Creo que cada uno de nosotros tiene que enfocar este debate y esta discusión desde el punto de vista de que se garanticen las máximas oportunidades de empleo, oportunidades máximas de protección social y oportunidades máximas de planificación anticipada por lo que se refiere a las necesidades en materia de pensiones. Muchos oradores han indicado cuál es la mejor forma de ocuparnos de esta cuestión. 
Me gustaría llamar la atención de los diputados respecto del ejemplo de Irlanda, mi propio país, que desde hace años viene reservando un uno por ciento del producto nacional bruto para destinarlo a sostener las pensiones públicas futuras para el año 2025 y años siguientes. 
En Irlanda no tenemos el mismo problema demográfico que tienen otros países, pero hemos tomado ahora esa decisión, aunque en estos momentos podamos utilizar los fondos para otras cosas: la infraestructura, etc. Ahora bien, hemos contraído ese compromiso. 
Ésta es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta: la conveniencia de hacer una opción política dura y a largo plazo en vez de elegir una opción política a corto plazo acerca de la forma de utilizar los fondos. 
La cuestión final que voy a plantear, señor Presidente, es que estoy de acuerdo con el ponente cuando dice que el régimen de pensiones debe incluir la individualización de las pensiones, la seguridad social y los sistemas fiscales. 
Sin embargo, nos oponemos a que haya un sistema armonizado y uniforme en toda la Unión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero comenzar felicitando al colega Carlo Fatuzzo por su excelente trabajo y, sobre todo, por su esfuerzo en incorporar las numerosas enmiendas presentadas a su informe. 
En mi opinión, es cierto que la imagen clásica de la vejez se ha quedado vieja y obsoleta, fuera de tiempo y de lugar. 
La imagen del mayor de 60 ó 65 años no se corresponde ya con una persona achacosa y con capacidad física y mental dramáticamente reducida. 
El alargamiento de la vida, que supera ampliamente los 65 años, es un logro cultural, social, sanitario y económico. 
Pero ese logro puede transformarse en un problema si no somos capaces de comprender su significado más profundo y de adaptarnos a él, extrayendo sus potencialidades positivas, por supuesto. 
El envejecimiento se ha calificado como el fenómeno social de mayor transcendencia de este principio de siglo. 
La relación- como aquí ya dijo la señora Hermange- entre población potencialmente activa y mayores de 65 años, aproximadamente de 4 a 1 actualmente en muchos Estados miembros de la Unión, será hacia el año 2050 de 2 a 1. 
Cambios como éste exigen, por lo tanto, ser abordados para minimizar su aspectos negativos. 
Este logro cultural, social, sanitario y económico exige que el individuo mayor pueda también disfrutar de calidad de vida en esa etapa, y que la sociedad aproveche su experiencia y sabiduría. 
Por ello, será preciso alcanzar una combinación de pensiones públicas y brindar a los mayores que lo deseen la posibilidad de trabajar mediante el fomento de una vida laboral flexible y de las políticas de igualdad, tan importantes en este sector. 
Frecuentemente la mujer ha trabajado o trabaja a tiempo parcial, se ha incorporado tarde al trabajo, ha tenido numerosos periodos de inactividad durante determinadas épocas de su vida, como la crianza de sus hijos, etc. Me parece que el método adecuado es la coordinación abierta que permite aproximar las legislaciones de los Estados en materia social y permite también facilitar la exclusión de situaciones de pobreza en esta etapa de la vida de las personas, así como impulsar la movilidad reconociendo el carácter exportable de las pensiones, tal como determinaba el Consejo Europeo de Barcelona bien recientemente. 
Permite también aprovechar las capacidades de quienes integran la llamada tercera edad, aunque no quizá preferentemente, para menesteres de carácter social, voluntariado, etc. Y, sobre todo, permite estimular su participación en la vida laboral activa, todo ello- repito- también desde el impulso de una política de igualdad de género. 
Señor Presidente, este Parlamento está debatiendo hoy un asunto relacionado con una cuestión que preocupa al mundo. 
En este preciso momento se celebra en Madrid la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento. 
Así, felicito al Sr. Fatuzzo por la elaboración de este informe que subraya la urgencia de una respuesta al problema de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en el futuro. 
La Unión Europea afronta un grave problema en los próximos decenios resultante del aumento del envejecimiento de la población, relacionado con el descenso de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. 
El envejecimiento de la población y la reducción del número de personas activas exige la formulación y la aplicación de políticas innovadoras y eficaces. 
En la Unión Europea es urgente que los Estados miembros hagan una reforma acelerada de los sistemas de pensiones. 
Y eso entraña cambios en el nivel de la organización del trabajo, la creación de más y mejores puestos de trabajo, en particular para los de más edad, la reformulación de las políticas demográficas y de natalidad, así como de las políticas de emigración. 
Si dichas reformas se retrasan, como dice el ponente, el modelo social europeo, el crecimiento y la estabilidad económica de la Unión Europea sufrirán consecuencias gravosas. 
En ese ámbito, una de las medidas de mayor importancia es el fomento de políticas que promuevan la idea del envejecimiento activo, es decir, que todos los ciudadanos deben poder optar por la jubilación o por continuar en el mercado laboral con jornada completa o jornada parcial. 
Para ello, se deben conceder incentivos a la jubilación en edad avanzada, se debe fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida y mejorar los sistemas sanitarios. 
La legislación que reglamenta el régimen de la seguridad social compete, como se sabe, exclusivamente a los Estados miembros, lo que explica las considerables diferencias entre ellos. 
Con todo, la importancia de este asunto y sus reflejos economicosociales exigen un planteamiento y estrategias globales. 
Por eso, la Unión Europea debería desempeñar un papel relevante en el apoyo a las estrategias nacionales, mediante un método abierto de coordinación, acordando objetivos y métodos de trabajo comunes, y favorecer el intercambio de experiencias y procedimientos idóneos, además de evaluación permanente y coherente de los avances logrados. 
Otro aspecto digno de destacar es la considerable proporción de personas de edad avanzada que en los Estados miembros son víctimas de pobreza y exclusión social. 
Los regímenes de pensiones deben contribuir a eliminar semejantes problemas y al mantenimiento de formas de vida dignas de la tercera edad. 
Por último, no puedo dejar de decir que los sistemas actuales de pensiones son particularmente desfavorables a las mujeres, por lo que los Estados miembros deben conceder prioridad a la igualdad entre los sexos y se debe promover una legislación europea que garantice eficazmente el principio de no discriminación por razones de sexo en los sistemas de pensiones. 
Señor Presidente, yo quisiera decirle a nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, más que a nuestro comprometido ponente, Sr. Fatuzzo- que fue designado para formar parte de esta Asamblea por el partido italiano de los jubilados -, que ¡menos habría valido más! 
La culpa la tienen, sin embargo, entre otras cosas, las más de 200 enmiendas que tuvo que considerar nuestro ponente y que finalmente han dado como resultado esta larguísima resolución, que incluye lo esencial y lo no esencial, lamentablemente con algunas contradicciones y repeticiones. 
Aun así se trata de un informe importante, puesto que no queremos permanecer ausentes del diálogo sobre la futura seguridad de las pensiones de jubilación, no en último término por las repercusiones que pueden tener unos sistemas de pensiones no sostenibles no sólo sobre el nivel de vida de los jubilados, sino también sobre el valor del euro. 
Un euro débil tendrá efectos negativos para todos. 
Lamentándolo mucho, por razones de tiempo, voy a tener que limitarme a exponer algunos principios fundamentales, a saber: aunque las decisiones relativas a los sistemas de pensiones sigan siendo de competencia nacional, sin embargo es tarea de la UE instar a los responsables de adoptar las decisiones a que introduzcan puntualmente las reformas- que en parte ya llevan un retraso -, encaminadas a asegurar la viabilidad a largo plazo de sus sistemas y garantizar, así, unas pensiones de jubilación adecuadas y seguras. 
Por esto, también debemos acoger con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para acompañar y promover este proceso de reforma mediante una cooperación más intensa entre los Estados miembros basada en un método de coordinación abierta. 
Nosotros podemos suscribir los tres elementos fundamentales de unos sistemas de pensiones seguros y viables, tal como se ratificaron en Gotemburgo. 
En consecuencia, estamos autorizados a esperar que los Estados miembros contribuyan a la consecución de un consenso, que puede ayudarles a resolver sus problemas comunes. 
Sabemos que las reformas de los sistemas de pensiones se están introduciendo con demasiadas vacilaciones en algunos Estados miembros, que se muestran reacios a adoptar decisiones políticas impopulares. 
Por esto confiamos en que el método no vinculante de coordinación abierta pueda contribuir a la adopción de unos objetivos comunes y también a su pronta integración en las políticas nacionales. 
Como mujer- entre tanto, he llegado a ser lamentablemente la mayor de la Asamblea, después de haber sido la más joven, con mucha diferencia, en 1965 -, yo me congratulo, naturalmente, de que la comunicación de la Comisión incluya la recomendación de una revisión de sus sistemas de pensiones de jubilación con vistas a su modernización, en el marco de la cual se deberá conceder prioridad a la supresión de las discriminaciones por razón de sexo existentes en los tres pilares. 
Algo que, por otra parte, ya se debería haber hecho hace tiempo, en aplicación de las directivas vigentes desde los años setenta sobre la igualdad de trato de los hombres y las mujeres. 
Los Estados miembros deben garantizar, obviamente, que las mujeres, pero también los hombres, que por razones familiares no participen en el mercado de trabajo, así como los cónyuges que colaboren en las empresas familiares, tengan posibilidades de obtener derechos de pensión propios. 
Yo quisiera destacar en particular el caso de las personas que trabajan en empresas propiedad del cónyuge. 
En 1995 elaboré un informe sobre este tema al que todavía no ha respondido la Comisión. 
Señor Presidente, si usted me lo permite, como la mujer de más edad, yo quisiera añadir una última observación, dirigida concretamente a aquellos que hoy han rechazado que, dada la prolongación de la esperanza de vida, parece obvio que también debería existir la posibilidad de seguir trabajando, de manera voluntaria, durante más tiempo. 
Yo quisiera responderles que tal vez deberían considerar mi caso como una muestra de que el trabajo y el esfuerzo son una excelente medicina contra un envejecimiento prematuro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la intervención precedente ha tendido un puente realmente idóneo para mi propia intervención. 
La Sra. Lulling representa aquí a las diputadas más veteranas y yo, por mi parte, soy la diputada más joven del Grupo PPE-DE. 
Puedo coincidir totalmente con lo señalado por la Sra. Lulling en su intervención precedente. 
Esto es una prueba de que no existe ninguna brecha generacional, al menos en el Parlamento Europeo. 
Si en la Unión Europea se creara el cargo de Defensor de la Vejez, sería el ponente de este informe, el Sr. Fatuzzo, el candidato más probable para desempeñar esa función. 
Estoy segura de que las personas mayores de Finlandia sí apoyarían su nombramiento. 
La forma que tiene el Sr. Fatuzzo de dedicarse a su trabajo es excepcional. 
Pero, bromas aparte, el Sr. Fatuzzo ha centrado su trabajo en la defensa de los intereses de los ancianos europeos. 
Nuestro colega tiene una experiencia profesional de varias décadas en los temas relacionados con la vejez, cosa que también queda plasmada en este exhaustivo informe elaborado con una gran profesionalidad. 
Este informe tiene un importante trasfondo social. 
El aumento del número de jubilados, consecuencia del incremento de la esperanza de vida y de edades de jubilación relativamente tempranas, acabará desmoronando la base financiera de los actuales sistemas de pensiones si no procedemos a realizar a tiempo las reformas necesarias con la debida profundidad. 
Necesitamos soluciones tanto a nivel nacional, como a nivel de la Unión. 
Las diferencias entre los sistemas de pensiones de los distintos Estados miembros son tan notables que el diseño de los regímenes legales y las competencias en materia de financiación de las pensiones deben seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros. 
En cambio, lo que podemos hacer a nivel de la Unión para contribuir a desactivar la bomba de relojería de las pensiones es impulsar el desarrollo del carácter exportable de las pensiones individuales y de fondos de pensiones transfronterizos que, en primer lugar, tengan una base financiera sólida, en segundo lugar, pongan a disposición de las empresas mediante las inversiones el capital que aquéllas necesitan y, en tercer lugar, sean capaces de responder a las cambiantes necesidades individuales mejor que los regímenes legales públicos. 
Lamentablemente, los Estados miembros muestran timidez a la hora de adoptar las decisiones necesarias. 
Particularmente, viene siendo excesivamente lenta la elaboración de las directivas relativas a las actividades y el control de organismos que ofrecen servicios de previsión para la jubilación. 
Esconderse en la madriguera no denota visión de futuro. 
Así pues, al igual que mis colegas, apelo al Consejo para que afronte finalmente los retos impuestos por nuestra evolución demográfica y para que, todavía durante la Presidencia española, adopte las decisiones necesarias que permitan a los fondos de pensiones complementarias desarrollar sus constructivas actividades en nuestro mercado interior. 
Facilitar las garantías de una vejez segura ha sido la función primordial de las diferentes culturas a través de los tiempos y en todas partes del mundo. 
El trato a los ancianos es el indicador del grado de civilización de una sociedad. 
Tomar a tiempo las decisiones redunda, sobre todo, en interés de la generación más joven, ya que cada día perdido hace crecer el coste de las reformas y complica aún más el asunto. 
Señor Presidente, quisiera dar una dimensión ligeramente diferente al debate y aportar la experiencia de la Comisión de Peticiones del Parlamento, en la que las cuestiones relativas a las pensiones y la seguridad social constituyen el 20 por ciento de las peticiones sometidas a la atención de la comisión parlamentaria. 
Añado mi propia felicitación al Sr. Fatuzzo y a su manera personal de insistir en las necesidades de los jubilados. 
Los jubilados de toda Europa tienen motivos para quedarle agradecidos por lo que ha hecho. 
El asunto que más se suele plantear en la Comisión de Peticiones es el de las personas que durante su vida activa ejercitan su derecho a circular y trabajar en diversos países de Europa y luego a retirarse en cualquier otro lugar. 
Me acuerdo muy bien del caso de un ciudadano alemán, casado con una francesa, que había transcurrido gran parte de su vida activa en Bélgica, se había jubilado después en España y quería saber quién le iba a ayudar a rellenar sus formularios de solicitud de pensión. 
También me acuerdo del caso de un ciudadano italiano que había pasado gran parte de su vida activa en Luxemburgo y que después se jubiló en Italia. 
Nos hizo observar que los arreglos que en aquellos tiempos se aplicaban permitían acumular prestaciones, pero a pesar de todo penalizaban a los trabajadores migrantes que se veían obligados a tratar con varias cajas de pensiones nacionales. 
En otro caso que se nos comunicó a principios de este año estudiamos una petición hecha por un ciudadano británico en nombre de 40.000 jubilados británicos que viven en España, que se quejaba de que el Gobierno británico se negaba a pagarles la prima invernal de combustible. 
Su argumento era que dicha prima se abonaba a todos los jubilados que vivían en Gran Bretaña, independientemente de los medios de que dispusieran, independientemente de que la parte de Gran Bretaña en que vivían fuera fría o calurosa. 
Yo represento a la Isla de Wight- que es la parte más soleada del Reino Unido- pero la misma prima invernal de combustible se abona a las personas que viven en el frío norte de Escocia; el Gobierno británico se ha negado a pagar esa prima a los ciudadanos del Reino Unido que viven en España. 
Esos ciudadanos recurrieron al Parlamento Europeo y me alegra sobremanera decirles que, como resultado de esa petición, la prima invernal de combustible se va a pagar ahora a los jubilados británicos, independientemente del lugar en que vivan. 
Lo que quiero dejar sentado es que los jubilados británicos tienen que remitirse al Gobierno británico, los jubilados alemanes al Gobierno alemán, etc. 
No niego que sea ésa la responsabilidad de los gobiernos nacionales, pero lo que hay que hacer constar es que más y más millares de ciudadanos que son jubilados y que trabajan o han trabajado en diferentes países de Europa se retirarán a otros países de nuestra Unión. 
Es importantísimo que los Estados miembros que sean responsables de cajas de pensiones tengan en cuenta las necesidades de los ciudadanos que utilizan sus derechos de la Unión Europea para trabajar y jubilarse en diferentes países de la Unión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el informe del colega Fatuzzo presenta un cuadro no maquillado de la situación sumamente problemática de la previsión para la vejez en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en particular los problemas que ya plantea la financiación de los sistemas nacionales de pensiones y otros sistemas de previsión, y que seguro que se agravarán todavía más en el futuro. 
Es absolutamente indiscutible que la UE está obligada a actuar también en este ámbito y a contribuir a una posible solución de los problemas, aunque siempre en el marco de los fundamentos jurídicos inscritos en el Tratado CE y bajo su estricto cumplimiento. 
Los sistemas de seguridad social están organizados de manera muy distinta en cada uno de los Estados miembros de la UE. 
Más que casi ningún otro ámbito jurídico, su desarrollo ha sido fruto de un proceso histórico y, por lo tanto, no admiten ningún tipo de armonización a escala europea. 
Mi crítica se dirige contra el método de la llamada coordinación abierta que ha introducido el Consejo en el caso de las pensiones de jubilación. 
El informe Fatuzzo acoge con satisfacción este método. 
Se trata de un procedimiento que conduce a que la Unión Europea se arrogue una competencia legislativa nacional sin un fundamento jurídico inscrito en los Tratados; por la vía directa, como quien dice. 
Los Estados miembros se someten, a través de las decisiones del Consejo, a unas exigencias cada vez más estrictas y detalladas, que generan un compromiso y una vinculación de carácter análogo a los que generaría una norma legislativa. 
Ya hemos podido asistir a este proceso en el caso de la política del mercado laboral y la política de empleo. 
Nosotros somos partidarios de una clara delimitación de las competencias legislativas de la Unión y de los Estados miembros porque es la única manera de garantizar la inteligibilidad y la transparencia, la claridad jurídica, en suma, para los ciudadanos europeos. 
El efecto secundario más grave de la llamada coordinación abierta es, además, la total exclusión del único órgano democráticamente legitimado de la Unión Europea, o sea, el Parlamento. 
El Consejo ha anunciado su intención de ampliar la coordinación abierta a otros ámbitos muy sensibles, como el sistema sanitario y la atención a los mayores. 
Ya es hora, por lo tanto, de que el Parlamento le indique al Consejo cuáles son los límites y adopte una posición al respecto, sobre todo para preservar sus propios intereses. 
El grupo de la Unión Social Cristiana del Partido Popular Europeo no va a dar su voto afirmativo al informe Fatuzzo debido a sus considerables reparos contra el método de coordinación abierta. 
Yo desearía poder mantener en el futuro un amplio debate sobre este tema en el Parlamente, también con vistas a la labor legislativa de la Convención. 
Muchas gracias, señora Comisaria Anna Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0091/2002) de la Sra. Damião, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo (COM (2001) 417-C5-0347/2001/0165 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 
Señor Presidente, comienzo felicitando a la Comisión y diciendo que esta iniciativa tan sólo peca de tardía y modesta. 
Ahora bien, tiene la virtud de centrar la atención en los grupos de trabajadores actualmente en mayor riesgo y también de incluir sectores que, de hecho, como la industria naval y la aeronáutica, cuya exclusión carecía de la menor justificación. 
La Comisión afirma- acertadamente- la necesidad de ampliar la protección de los trabajadores sujetos a los riesgos del amianto y también la necesidad de que se aumente la eficacia fiscalizadora y preventiva, sobre todo en la industria de la construcción civil, para determinadas tareas, como la reparación y la eliminación de materiales que contengan los diversos tipos de amianto. 
Felicito a la Comisión de Medio Ambiente y a su ponente, Sr. Meyer, por las propuestas que nos ha presentado y que la Comisión de Empleo procuró incluir, pese a las escasas posibilidades jurídicas. 
Y consideramos que hay, de hecho, materia de salud pública que se debería analizar conforme al artículo 174 en otro marco. 
Quisiera señalar a la atención de sus Señorías el esfuerzo que la Comisión de Asuntos Sociales ha hecho y destacar que mis colegas han contribuido a que éste sea hoy un informe más ambicioso, más amplio y también con mayores exigencias para con el proceso posterior. 
Esperamos que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta dicho esfuerzo. 
Se proponen nuevos límites, una nueva organización de la prevención, más esfuerzo de las partes, en particular de los empleadores, a los que se pide mayor formación y que no esquiven sus responsabilidades por la vía de la contratación de trabajadores sin vínculos contractuales claros, subcontratados. 
Es necesario garantizar que los locales de trabajo sujetos a riesgos de amianto estén debidamente protegidos y que se tomen todas las precauciones para evitar enfermedades (que son enfermedades graves, por regla general cancerígenas, con elevada mortalidad) que conviene erradicar. 
Y, para erradicarlas, es necesario que también se exija a todos los Estados miembros, a las autoridades públicas, que cumplan con su deber; desde luego, cuando se someten algunos trabajos a las administraciones locales, a la protección civil y a la inspección del trabajo para que se inicie la remoción, la contratación y la instalación de un astillero, esas entidades deben observar si se aplican las legislaciones de los Estados miembros y los preceptos comunitarios al respecto. 
Esa evaluación rigurosa es la que nos ha faltado para hacer una propuesta legislativa que pudiera acabar de una vez por todas con algunas controversias, debida más a intereses establecidos que a la que debería ser nuestra orientación, que debe respetar la primacía de la integridad de las personas en el trabajo y la sociedad. 
Y, siendo así, quisiéramos que la Comisión sometiera a este Parlamento estudios epidemiológicos que revelen claramente cuáles son las consecuencias de cada una de las fibras de amianto para la salud de los trabajadores y cuáles los grupos en riesgo y facilite estadísticas que permitan, de hecho, hacer un análisis seguro e impedir que algunos países de la Unión, en particular seis, tengan límites superiores al que ahora se nos propone. 
Y con la ampliación habrá una discrepancia entre los procedimientos preventivos en unos y otros países de la Unión. 
También la reparación de los accidentes y las enfermedades es un asunto que nos gustaría que la Comisión analizara. 
Las indemnizaciones pagadas a las víctimas, en particular a las mortales, son inferiores a las correspondientes a accidentes de carretera. 
Consideramos que eso es inadmisible. 
Y pensamos que la Comisión, independientemente de que los Estados miembros tengan a ese respecto toda la competencia, evidentemente, debe orientar este debate en el sentido de que se castigue a las empresas que propicien con dolo que sus trabajadores contraigan esas enfermedades y las indemnizaciones pagadas sean, a la luz de todos los criterios, aceptables y socialmente justas. 
También pensamos que la Comisión debe aprovechar este conjunto de planes que la Comisión ha presentado oportunamente al Parlamento para revisar criterios jurídicos y conceptuales de higiene y seguridad. 
Hay diferencias sangrantes entre la organización que se propone para esta directiva y la directiva sobre los astilleros y otras, por lo que esperamos que la Comisión apoye esta revisión con vistas a la consecución de un mejor procedimiento legislativo al respecto. 
Señor Presidente, en los años sesenta y setenta el amianto triunfó en la construcción, la industria y como base para carreteras. 
Desde entonces la aspiración de polvo de amianto ha causado muchas víctimas mortales. 
Este material relativamente barato ha seguido utilizándose en diversos países mucho después de que se demostró hasta qué punto resultaba perjudicial para la salud humana. 
El amianto dejará de utilizarse a más tardar en el año 2005, pero a pesar de ello la herencia negativa se hará sentir hasta mucho después. 
En los próximos treinta años sólo en la Europa Occidental medio millón de personas sufrirá discapacidades y será víctima de una muerte prematura, porque la enfermedad suele tardar en manifestarse. 
Con razón se insiste en la necesidad de conceder indemnizaciones, compensaciones, pensiones de invalidez y prestaciones por supervivencia. 
En muchos sitios los edificios, aparatos y vehículos contienen amianto. Es necesario retirarlo como es debido. 
En los países del Este candidatos a la adhesión el problema adquiere unas dimensiones aún más preocupantes, entre otras razones porque en las zonas rurales hay muchas viviendas cuyo tejado y fachada están compuestos enteramente de placas de amianto de origen ruso. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política de los Consumidores ha presentado 15 enmiendas complementarias con objeto de llamar la atención sobre las personas que nunca han trabajado directamente con amianto, pero que pueden haberse contagiado a través de familiares, sobre los habitantes de viviendas que contienen amianto y sobre las personas que viven en las inmediaciones de lugares de trabajo donde se realizan actividades de retirada de amianto. 
Hay que partir de la idea de que todo edificio construido en la era del amianto contiene amianto salvo prueba contraria sobre la base de comprobantes independientes. 
Por lo demás, las propuestas defendidas por mí se refieren a la creación de un registro obligatorio en todos los Estados miembros y países candidatos, la elaboración de un sistema de certificación para las empresas encargadas de las demoliciones y la limitación del transporte del amianto eliminado hasta un máximo de 500 kilómetros. 
Al mismo tiempo se insta a la Comisión Europea a que antes de que finalice el año 2003 presente propuestas relacionadas con las indemnizaciones y la protección de las víctimas que no hayan estado expuestas al amianto en su ámbito de trabajo, aun cuando se desconozca la fuente de contaminación o la empresa responsable del contagio haya dejado de existir. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero agradecer el trabajo llevado a cabo por la colega, Sra. Damião, en un tema especialmente delicado dentro del capítulo de la salud laboral. 
Habitualmente, cuando se nos habla de mejoras laborales, de empleo de mayor calidad, en la cultura que hacía de la estabilidad laboral un principio general del Derecho del trabajo se está pensando más en el empleo estable que en el aspecto de lo que hoy llamamos salud laboral, y antes seguridad e higiene en el trabajo, y se olvida un aspecto intrínseco del trabajo: el trabajo es riesgo, el riesgo cero no existe y, lo que es peor, a veces el riesgo está escondido, no salta a la vista, no nos hiere los sentidos y se hace más difícil percibirlo. 
Es, en mi opinión, la situación de quienes trabajan con el amianto, agente cuya utilización puede resultar peligrosa, que puede causar gravísimas enfermedades como la fibrosis pulmonar y pleural o el mesotelioma de peritoneo. 
Es un agente, además, que ofrece peculiaridades en forma de dudas, de cuestiones pendientes de solución: el efecto, por ejemplo, de la inhalación de pequeñas dosis para el riesgo del cáncer, los límites por debajo de los cuales se tenga certeza de no contraer el cáncer, el poder cancerígeno de los diversos tipos de amianto anfibólico o crisótilo y únase a todo ello el que frecuentemente labores desarrolladas donde se emplea o se empleó amianto son llevadas a cabo por pequeñas y medianas empresas con equipos de protección personal deficientes, incompletos o deficientemente utilizados: tareas tales como el mantenimiento, la reparación, revisión o renovación de edificios o la reparación o el desguace de navíos o de automóviles o de equipos industriales. 
Otra duda importante, no menor, es el tiempo de incubación de la enfermedad y, por lo tanto, de fijación de responsabilidades en relación con ella, así como la necesidad de reconocimientos médicos previos o periódicos a los trabajadores que trabajen con riesgo de amianto, y precauciones- como ya se dijo aquí- para quienes simplemente vivan en el entorno y puedan resultar indirectamente afectados. 
En este sentido, quiero decir que no compartimos en absoluto la posición de la ponente en el sentido de que la directiva deba ir más allá de la protección de los trabajadores y- quiero decirlo expresamente- de todo tipo de trabajadores expuestos al riesgo de contraer enfermedades causadas por el amianto, y ello porque entendemos que correspondería a otro fundamento jurídico. 
Tampoco compartimos que, en caso de duda acerca de la prueba de la causa de la patología, se establezca la inversión de la carga de la prueba, sin más. 
En lo que sí estamos absolutamente de acuerdo con usted, señora ponente, es en la necesidad de un cambio de cultura sobre la protección de los riesgos en el trabajo, en general, y sobre la protección contra este riesgo causado por el amianto, en particular. 
Compartimos la necesidad de la concienciación para todos- Estados, empresarios y trabajadores- y la oportunidad y la necesidad de una mayor formación y de una mayor información; de un cambio de cultura que, desde luego, señora Comisaria, desde la Comisión y desde el Consejo, debe impulsarse y fortalecerse. 
También compartimos la importancia del diálogo social como instrumento en favor de una política eficaz para la salud laboral y la colaboración de las administraciones entre sí, y acaso una menor confianza en un tercero, llamado Estado, pues soy consciente de que el Estado ya tiene muchas tareas y de que lo más importante aquí no es dictar un gran número de normas, salvo en los casos de aparición de nuevos riesgos. 
En definitiva, la actuación en el plano no normativo va a ser mucho más importante y creo que en esta actuación, señora Comisaria, la Comisión tiene muchísimo que decir. 
Señor Presidente, cada año cien personas fallecen en mi circunscripción de West Midlands como consecuencia de enfermedades relacionadas con el amianto. 
Cada año 4.500 personas fallecen en el Reino Unido como consecuencia de esas enfermedades, según los sindicatos, y los estudios predicen, como ha indicado la Sra. Thorning-Schmidt, que entre 250.000 y 500.000 personas fallecerán en Europa Occidental en los 35 próximos años. 
Las pruebas están a nuestra disposición. 
Los hechos son claros, y se basan en estudios científicos. 
La exposición al amianto puede malherir o matar y los trabajadores expuestos al amianto necesitan protección. 
La fabricación de amianto ha quedado prohibida en casi todos los Estados miembros, pero todavía sigue habiendo millones de toneladas de amianto que permanecen en edificios, plantas industriales, vagones de ferrocarril de la Unión Europea que fueron construidos en el decenio de 1950 y en el decenio de 1960, etc. Estoy de acuerdo con el informe en que la presencia de amianto ha de darse por supuesta en un edificio si no se ha probado lo contrario. 
Los trabajadores seguirán expuestos durante muchos años como consecuencia de las operaciones de demolición, remoción, readaptación y mantenimiento que todavía se requieren. 
Por eso estoy procurando conseguir que la comisión parlamentaria haga más rigurosos los niveles de exposición, para lo cual propongo una enmienda que ha sido aceptada en comisión parlamentaria, que reducirá efectivamente a la mitad la exposición permitida. 
En vez del límite de exposición de ocho horas, propongo que se aplique un límite de exposición de cuatro horas. 
Esto reflejaría también las actuales pautas laborales de una industria, porque los turnos de trabajo son bastante inferiores a los de otras secciones de la industria. 
Un período de referencia de ocho horas permitirá que se acepten niveles de exposición más elevados a lo largo de un período más corto; por ejemplo, de una a dos horas, lo que en mi opinión es inaceptable. 
Quisiera que ese límite se aplicara a todos los trabajadores que están expuestos al amianto, excepción hecha de las personas que trabajan con cemento de amianto. 
Creo sinceramente que ése es un caso aparte. 
Es importante que no tengamos diferentes límites de exposición, según el tipo de trabajo, como se prevé en la enmienda 21, pero esa cuestión se tratará en el procedimiento de conciliación. 
Les insto a que voten a favor de la enmienda 21 y a favor de las seis últimas palabras de la enmienda 42. 
Mi entendimiento es que si la enmienda 21 queda aceptada, entonces podríamos votar a favor de la última frase de la enmienda 42, que trata del cemento de amianto, pero necesitamos que el Presidente nos aclare la situación sobre el particular. 
El informe es un ejemplo de directiva de la UE que incluye pruebas científicas y médicas que son indispensables para salvar vidas en nuestra Unión Europea. 
Señora Comisaria, señor Presidente, Señores ponentes, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias a los ponentes, tanto a la Sra. Damião como al Sr. Meijer, porque han puesto un ladrillo importante en el edificio de la legislación comunitaria en materia de condiciones laborales. 
Creo que este proceso debe seguir y seguirá avanzando ininterrumpidamente. Después volveré sobre este punto. 
Como sabemos muy bien, en este tipo de actividades la prevención desempeña un papel fundamental. 
En su día yo también acudí al amianto para montar tuberías y conectarlas. 
A posteriori me he dado cuenta de que en aquel entonces probablemente absorbiera gigantescas cantidades de fibras. 
No sé cuáles serán las consecuencias finales de ese afán de bricolaje. 
Y ahí está el problema, porque ahora presentamos una legislación aplicable a los trabajadores, pero no adoptamos medidas adecuadas con respecto a toda una serie de ámbitos afines: se ha hablado de la subcontratación, pues bien, el bricolage y la proximidad a lugares con amianto también son factores de riesgo. En realidad también insto a la Comisión a que presente, en su caso a través de la Comisaria de Medio Ambiente, una normativa complementaria que nos pueda ser útil. 
No me detendré en los demás elementos que ponen de manifiesto la importancia de tal iniciativa, por ejemplo ese medio millón de víctimas, ya que han sido comentados ampliamente por todos aquellos que me han precedido en el uso de la palabra. 
Sólo quiero volver un momento sobre el comentario de la Sra. Lynne acerca del amianto cemento y el amianto inyectable. La Sra. Smet ya se había referido a este tema con anterioridad. 
Con esto llegamos al problema del tratamiento y de las actividades realizadas con el amianto, el amianto cemento y el amianto inyectable. Se trata de medir la concentración de fibras en el aire por centímetro cúbico y no es recomendable que determinadas sustancias se excluyan del conjunto. 
Señor Presidente, también me gustaría felicitar a la Sra. Damião por su informe. 
Me parece un motivo de alegría que la Comisión ahora con su propuesta haga más eficaces las medidas encaminadas a proteger a los trabajadores de los peligros de la exposición al amianto, que es una sustancia especialmente peligrosa, y por ello también respaldo completamente todas las mejoras adicionales presentes en las enmiendas. 
Como advirtiera la Sra. Thorning-Schmidt, sigue existiendo un problema sin resolver con respecto a la legislación sobre el amianto. 
Se subrayó en la reunión del Consejo (Ministros de Empleo y Asuntos Sociales) de 7 de marzo de 2002. 
Se trata de si la prohibición que entrará en vigor en la UE a partir del año 2005 no se aplicará a la producción destinada a terceros países. 
Sé que varios países, entre ellos, Dinamarca, Alemania, Suecia y Finlandia, quieren que la prohibición quede recogida en la Directiva, sin embargo, desgraciadamente sólo una minoría en la reunión del Consejo (Ministros de Empleo y de Asuntos Sociales) se sumó a esta postura. 
Sé también que la Comisión se muestra reacia a incluir una prohibición directa en la propia directiva basándose en que esto no seguiría el procedimiento normal y en consecuencia podría causar, llegado el caso, problemas jurídicos. 
Esto es en cualquier caso lo que yo he oído. 
De ser éste el caso, quiero exhortar firmemente a la Comisión a que encuentre otra solución, de modo que también logremos prohibir la producción de amianto para su venta en terceros países. 
Cuando se exige que nuestros propios trabajadores adopten medidas especiales, la UE desde luego no puede defender la exportación a terceros países que no disponen de los mismos recursos para adoptar sus medidas. 
Resulta, por decirlo claramente, inmoral y no entiendo sencillamente a los Estados miembros que no pueden comprenderlo. 
La UE debe naturalmente detener esta producción. 
Además, los trabajadores que trabajan en la producción para terceros países estarán expuestos al amianto, ya se venda el producto en la UE o fuera de la UE. 
La UE ya es famosa por sus normas ambivalentes para con terceros países. 
Una modificación de esta directiva para que incluya asimismo una prohibición de la fabricación y de la exportación a terceros países podría ser un buen comienzo para cambiar esta situación. 
Señor Presidente, hace mucho que se reconoce que el amianto puede originar enfermedades graves, entre ellas diversos tipos de cáncer. 
Ese agente representa un peligro no sólo para los trabajadores sujetos a su exposición, sino también para la salud pública en general. 
La propuesta de la Comisión, que aplaudimos y que va encaminada a modificar por tercera vez esta directiva, se debe a la necesidad de fortalecer las prescripciones existentes a fin de salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores, sobre todo en los sectores en los que los riesgos de exposición se consideran hoy más peligrosos. 
Pretende también garantizar una mayor claridad en la definición de diversos tipos de fibras, pues subsisten aún muchas dudas al respecto y sobre los riesgos inherentes en lo relativo a la dosis mínima de exposición. 
La ponente Elisa Damião ha adoptado una posición equilibrada sobre un asunto delicado y muy técnico, por lo que la felicito. 
Conviene destacar la prevención y la reducción al mínimo de la exposición de los trabajadores, en particular en las actividades de eliminación, mantenimiento, mejora o demolición de edificios. 
Con todo, las medidas previstas en materia de valores-límite de exposición nos parecen excesivas en lo relativo al amianto-cimiento, sustancia que contiene sólo 10 por ciento de fibras y, por consiguiente, entraña un menor grado de riesgo. 
La formación profesional facilitada por las entidades patronales, mejorando las modalidades de financiación para las pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes, es otra de las medidas necesarias que aplaudimos. 
Así como el mantenimiento de los registros y fichas clínicas durante un período de 40 años. 
Con la modificación de esta directiva no sólo se confiere una mayor protección y seguridad a los trabajadores, sino que, además, se evitan condicionalismos innecesarios a los empleadores. 
Señor Presidente, como ha explicado muy bien la ponente, con esta directiva no se trata de debatir la peligrosidad del amianto, sino más bien de partir de la certeza de este dato. 
Aunque sean necesarias ulteriores investigaciones científicas para despejar totalmente las dudas que persisten sobre los peligros que el amianto entraña para la salud humana, el número de víctimas del amianto en Europa es tal que la inmensa mayoría de los Estados miembros ha prohibido la comercialización y la utilización de productos que contienen amianto. 
Hoy, el problema es también el de tener en cuenta el desplazamiento, de un sector a otro, de los riesgos relacionados con el amianto: de los riesgos tradicionales en el sector productivo, que aunque significativos, son controlables, a los riesgos en los sectores en los que la manipulación del amianto se realiza en el marco de los trabajos de retirada, mantenimiento, reparación y demolición. 
Estos últimos son riesgos potencialmente elevados y previsibles, para los que se convierte en indispensable inspirarse en el principio de precaución en la definición de los límites de exposición. 
Asimismo, los riesgos asociados al uso del amianto no afectan exclusivamente a los trabajadores que están expuestos directamente a él, sino también, aunque en menor grado, a las familias de los trabajadores y a las personas que viven cerca de los centros de trabajo. 
A pesar de que por suerte la legislación italiana es más avanzada que la normativa propuesta, hoy es importante apoyar a la ponente y aprobar el informe, porque es necesario afirmar de manera inequívoca que no se puede bajar el nivel de seguridad en los centros de trabajo. 
No debemos olvidar nunca que una competitividad elevada se basa en una elevada calidad social y que la calidad del trabajo es un factor productivo importante. 
Para concluir, mas allá de las consideraciones de orden político general ya recordadas, que para nosotros socialistas continúan siendo imprescindibles, es preciso recordar que la internacionalización de los costes económicos y sociales de las enfermedades profesionales, diagnosticadas o por diagnosticar, y los accidentes laborales, deberían hacer comprender a todos, de manera inequívoca, que la seguridad y la salud de los trabajadores, además de un derecho, son también una ventaja para las mismas empresas y para la economía en general. 
Señor Presidente, hay que tener en cuenta que la Comisión no ha podido sugerir un valor límite máximo para la exposición a la crisotila, principalmente porque ha sido imposible demostrar que la utilización de productos que contenían amianto blanco haya sido causa de fallecimiento. 
Sin embargo, esta comisión parlamentaria parece conocer la situación mejor que todos los demás: en su opinión, debe aplicarse el principio precautorio, según el cual la única forma de proteger a los trabajadores es instituir una política de riesgo cero. 
Para demostrar lo absurda que es esa actitud, tengan ustedes en cuenta que un ser humano inhala por término medio 20.000 fibras de amianto blanco al día; hasta dos millones de fibras existen en los pulmones de seres humanos sanos, y todas ellas provienen de fuentes naturales. 
De hecho, aunque el riesgo de la exposición profesional a niveles masivos de amianto blanco pueda plantear algún peligro, igual que lo hace la exposición a un nivel elevado de polvo, incluso la Junta Ejecutiva de Salud y Seguridad del Reino Unido, que hace todo lo que puede por evitar los riesgos, concede que hay un riesgo infinitesimal si uno se expone a productos fabricados con amianto blanco. 
Sin embargo, nada menos que nuestro propio Consejo Sindical ha estimado que la inclusión del amianto blanco en esta directiva, costaría 80.000 millones de libras esterlinas para el Reino Unido solamente y hasta 500.000 millones de libras esterlinas para toda Europa, sin que con ello salvemos quizá una sola vida. 
Por lo tanto, lo más que puede hacer este Parlamento es reservarse el tiempo necesario para reflexionar y devolver esta norma legislativa a una comisión para que evalúe a fondo su costo y sus consecuencias. 
Señor Presidente, hace una año visité una fábrica de amianto en Polonia. 
Durante el periodo comunista era sabido que uno de cada cuatro obreros, más tarde o más temprano enfermaría de cáncer del pulmón o de la pleura. 
Sin embargo, estos datos eran secretos y la fábrica cerró sus puertas después de la caída del régimen comunista. 
Ahora tienen que realizar un trabajo de limpieza gigantesco. 
Además, los antiguos empleados de la fábrica viven atemorizados por la posibilidad de enfermar de cáncer en el futuro. 
A mi juicio hay tres pequeños defectos en este excelente informe. 
En primer lugar, se propone que se creen registros nacionales de empresas competentes para los trabajos de saneamiento. 
Es mucho mejor que esas empresas obtengan un certificado de idoneidad para exhibir ante sus clientes. 
Los registros son burocráticos y de difícil manejo. 
En segundo lugar, es posible exigir que se altere la carga de la prueba en caso de asbestosis y mesotelioma, cuando se sospeche que tienen relación con el amianto, pero no es posible hacerlo en caso de una relación de éste con el cáncer a los bronquios o el cáncer al estómago. 
No es posible, sino después de muchos años de exposición al amianto, valorar el papel del amianto o de otros factores tales como el tabaco en la aparición de las enfermedades. 
Sin embargo, la relación entre el amianto y la asbestosis y el mesotelioma es muy clara. 
En tercer lugar, tiemblo ante la idea de que la UE empiece a diagnosticar enfermedades. 
Existe un sistema mundial de diagnosis redactado por la Organización Mundial de la Salud y la evaluación de este sistema le corresponde a esa misma organización. 
Si la UE va a fijar criterios de diagnóstico entramos en el terreno de la sanidad, donde ésta carece de competencia para legislar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, acabamos de oír diferentes posiciones sobre el amianto- que constituye un verdadero problema de salud pública- basadas en un mismo balance, para llegar a conclusiones diferentes, o sea: se trata de un riesgo muy importante que no debe subestimarse; los datos no son lo bastante elocuentes; no se pueden hacer recaer demasiado las cargas en las empresas. 
Eso es poco serio. 
Estas últimas conclusiones que subestiman un riesgo tan importante como es la exposición al amianto deben, evidentemente, ser tomadas en cuenta del mismo modo que los elementos que se esgrimen cuando se aplica el principio de cautela. 
Al principio, la legislación comunitaria había privilegiado esta protección en el marco de la fabricación y de la transformación del amianto. 
Dicha legislación ha dado sus frutos, pero la prohibición total de la producción aún no ha sido aplicada en algunos países. 
Hoy la cuestión de la conservación y el mantenimiento del amianto descubierta fortuitamente tras la realización de determinados trabajos exige un nuevo marco de intervención y una nueva reglamentación. 
Esta modificación era necesaria, pero las ambiciones de la directiva así modificada no están aún realmente a la altura de la gravedad del problema. 
El trabajo de la Sra. Damião, que ha tratado realmente de reforzar la protección de los trabajadores, es absolutamente notable. 
No obstante, deseo señalar dos puntos. 
Primero, el problema de las excepciones: la propuesta de la directiva no responde a nuestras expectativas en este punto; por eso votaremos a favor de la enmienda 21, que consideramos un mínimo necesario. 
En segundo lugar, la cuestión de la responsabilidad: como lo demuestran estos días las últimas decisiones de las jurisdicciones francesas, la formulación del texto debe permitir contemplar las más amplias responsabilidades, porque las nociones de responsable y ejecutor del proyecto o de responsable de los edificios no son lo bastante precisas como para ser totalmente eficaces. 
Desearía finalizar lanzando una clara advertencia a todos aquellos que no apoyan el conjunto de las disposiciones mínimas propuestas y que asumirán, pues, la responsabilidad de plantear serios riesgos para la salud de muchos trabajadores en Europa. 
Esta infravaloración de los riesgos inherentes al amianto y la no aplicación del principio de cautela- procedimiento costoso, ciertamente, pero mucho menos costoso que la vida humana- podrían acarrear graves responsabilidades a los empresarios. 
Yo creo que no era sencillo elaborar un proyecto con vistas al futuro, dada la gran diversidad de normativas nacionales existentes en la UE; tu informe, sin embargo, lo ofrece, apreciada Elisa. 
Justamente porque el amianto es uno de los materiales de trabajo más peligrosos, sus variedades nocivas se han prohibidas entre tanto en casi todos los países del mundo. 
Aun así, todavía nos enfrentamos de vez en cuando con dificultades e incluso también con una minimización de los riesgos, también a escala mundial, como está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos con Canadá en el marco de la OMC. 
A partir de 2005, en Europa estará prohibido el uso y la comercialización de todos los tipos de amianto. 
Aun así, consideramos necesaria, señora Comisaria, su iniciativa con vistas a una reforma, largo tiempo necesaria en algunos puntos y aspectos particulares. 
Yo no comprendo, por lo tanto, la posición del Grupo del PPE y que acaba de exponer aquí el Sr. Pérez Álvarez. 
Evidentemente, es razonable hacer extensiva la protección también a los usuarios y residentes, además de los trabajadores y trabajadoras. 
Todos conocemos, en efecto, escuelas, instalaciones deportivas e incluso edificios de la Unión Europea que se tuvieron que clausurar debido a la contaminación por amianto, para renovarlos luego con un gran dispendio de energías y dinero. 
Un importante nuevo elemento esencial es la prevención, es decir, la información sobre los riesgos del amianto y una mayor responsabilidad de los empleadores, y no sólo de los grandes, sino también de los pequeños, incluidos los subcontratistas y naturalmente también las relaciones laborales atípicas. 
También esto es necesario a mi parecer. 
Europa debería ser modelo en el ámbito del desarrollo y utilización de materiales alternativos. 
¡Esto es un futuro y no la exportación de amianto al resto del mundo! 
. 
(EN) Señor Presidente, para empezar quisiera dar la bienvenida y las gracias al Sr. de Miguel, Secretario de Estado de Asuntos de la Unión Europea de la Presidencia española. 
Quisiera agradecerle su comprensión. 
Nos hemos retrasado mucho, pero es que a veces las cosas resultan muy difíciles de resolver. 
Quisiera felicitar a la Sra. Damião por su excelente informe sobre un expediente tan delicado y técnicamente difícil como el del amianto. 
A fin de complementar la prohibición de la comercialización del amianto y de los productos que lo contienen, es necesario modificar y actualizar las disposiciones de la directiva vigente a fin de concentrar las medidas preventivas en los trabajadores que actualmente sufren la mayor exposición, que son los que llevan a cabo reparaciones y trabajos de demolición y mantenimiento. 
Quisiera felicitar al Parlamento por la calidad de sus enmiendas. 
Comprendo muy bien por qué insiste el Parlamento tanto en la necesidad de aumentar los niveles de protección, no sólo para los trabajadores sino también para la población en general y para el medio ambiente. 
Desgraciadamente, eso no es posible en el marco del artículo 137 del Tratado, que es la base de esta propuesta. 
Responderé a las propuestas de los distinguidos diputados mediante mis observaciones y mi justificación por la aprobación o el rechazo de las enmiendas. 
La Comisión puede aceptar en su integridad las enmiendas 1, 11, 17, 18, 19, 22, 31, 32, 34 y 39, ya que mejoran la calidad del texto y/o aclaran su significado. 
Aunque puedo aceptar las ideas en que se basan las enmiendas 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13 y 14, la Comisión no puede aceptarlas por razones de ilación jurídica y de técnica legislativa. 
La Comisión tiene que rechazar la enmienda 16 y la segunda parte de la enmienda 25 porque la responsabilidad de los empleadores queda claramente establecida en el marco de la Directiva 89/391 y cualquier otra reserva introduciría una incertidumbre jurídica por lo que se refiere a la persona en la que recae la responsabilidad. 
En cuanto al valor límite, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 15, 21 y 42 porque introducirían dos valores límite diferentes, lo que implicaría diferentes niveles de protección para los trabajadores que llevan a cabo diferentes actividades. 
Además, la expresión de los valores límite como promedio temporal ponderado en un período de cuatro horas en vez del período de ocho horas, ha de rechazarse porque crearía confusión cuando se lo comparase con los mismos valores en las normas internacionales que utilizan un período de referencia de ocho horas. 
Las enmiendas 5, 10, 27, 38 y 40 no pueden ser aceptadas por la Comisión porque el artículo 137, en el que se basa la propuesta de directiva, no prevé el reconocimiento ni la indemnización financiera en caso de enfermedad profesional y sólo se ocupa de la protección de los trabajadores. 
Sea como fuere, la cuestión de la indemnización es un tema de la subsidiariedad. 
De conformidad con el principio de la subsidiariedad, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 30, 33, 35, 36 y 37. 
La enmienda 29 no puede ser aceptada porque la Directiva 89/391 impone al empleador la obligación de proporcionar una capacitación adecuada a los trabajadores y no la de capacitarlos sin más. 
La enmienda 41 no puede ser aceptada por la Comisión porque introduciría, en el caso de las actividades que implican exposiciones esporádicas y de baja intensidad, una carga burocrática innecesaria para las empresas y para las administraciones nacionales, sin ningún beneficio suplementario. 
Por último, la Comisión estima que las enmiendas 3, 6, la segunda parte de la enmienda 23 y las enmiendas 24, 26 y 28 están ya contenidas en sustancia en los diferentes artículos de la propuesta y, por lo tanto, no pueden ser aceptadas. 
Antes de recapitular les diré que se plantea una verdadera cuestión política: ¿prohibirá esta directiva, tal y como está, las exportaciones a terceros países después del año 2005? 
La respuesta, desgraciadamente, es clara: no, no puede hacerlo. 
Éste es uno de los principales temas de debate entre la Comisión y el Consejo. 
Una prohibición total podría ser la respuesta pero, en dicho caso- y la Comisión no tiene ninguna objeción a esta forma de abordar el problema- tendrán ustedes que admitir que se trata de un problema complicadísimo porque en caso de prohibición total tendremos que tomar en consideración no solamente los problemas de la demolición o el mantenimiento- y de los trabajadores que están expuestos a esas actividades- sino también el hecho de que hay una lista de productos diferentes que contienen cantidades pequeñísimas de amianto que no son peligrosas, y tenemos que ver de qué forma podemos resolver este complicadísimo problema interno de comercialización. 
Se ha mencionado en el debate la exclusión del cemento de amianto. 
Como mi colega, que es un experto en esta cuestión, me dice que este producto plantea un verdadero problema, no podemos excluirlo. 
Al menos se trata de un material que no es menos peligroso que los otros materiales que excluimos. 
Por último, para recapitular, la Comisión puede aceptar en su integridad las enmiendas 1, 11, 17, 18, 19, 22, 31, 32, 34 y 39. 
Puede aceptar en parte las enmienda 20, 23 y 25. Rechaza las enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 y 42. 
Éste ha sido un debate sumamente interesante y no es necesario que me refiera al fondo de la directiva porque todos están de acuerdo en que se trata de una de las directivas más importantes de nuestra legislación en lo que se refiere a la salud y la seguridad. 
Muchas gracias, señora. Diamantopoulou. 
Sabemos que se ha prolongado el debate, le pedimos disculpas, pero así son los debates parlamentarios. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves, a las 12.00 h. 
El Sr. De Rossa pide la palabra por una cuestión de orden. 
Yo le pido que sea realmente una cuestión de orden. 
Tiene la palabra. 
Señor Presidente, estoy seguro de que lo que planteo es una verdadera cuestión de orden. 
Se refiere a la pregunta 33 respecto de la cual se me dijo ayer que se iba a retirar de la lista a la que iba a dar respuesta hoy el Presidente en ejercicio. 
Ya he protestado hoy acerca de esta cuestión y el Sr. Cox, o sea el Presidente del Parlamento, ha escrito al Sr. Piqué I Camps pidiéndole que mi pregunta y otras nueve preguntas vuelvan a figurar en el orden del día. 
Lo que quisiera saber es si esa solicitud se ha aceptado o no se ha aceptado, antes de pasar a abordar el fondo de mi cuestión de orden. 
¿Podrían decirme qué es lo que ha sucedido? 
Señor De Rossa y señores diputados, sin perjuicio de que informe el Sr. De Miguel, en nombre del Consejo, les tengo que decir que hay una diferencia de opinión entre este Parlamento y el Consejo en cuanto al día y a la hora límites en que debían llegar las preguntas para ser contestadas. 
Hay una diferencia de opinión. 
No estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy describiendo la realidad. 
El Parlamento dice que el plazo vence el día 26, a las 13.00 horas, y el Consejo dice que vence el día 25, a las 13.00 horas. 
La cuestión es que hay 10 preguntas que quedan al final de la serie de preguntas que vamos a formular al Consejo, que en ningún caso iban a recibir respuesta oral, porque están al final. 
Entonces, o bien el Consejo- ante la carta de nuestro Presidente- decide contestarlas por escrito, que es como se iban a contestar, o bien, en la peor de las soluciones desde el punto de vista del Parlamento, son incluidas en el próximo período parcial de sesiones. 
Yo espero que haya un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento y que estas preguntas tengan contestación. 
Vamos a ser optimistas por una vez. 
Si el Sr. de Miguel quiere aclarar algo, tiene la palabra. 
. El correcto desarrollo del turno de preguntas al Consejo se basa en la plena comprensión entre nuestras respectivas instituciones y en el respeto de los arreglos que tenemos en este asunto. 
En este caso en particular, en lo referente a los plazos de presentación de preguntas- y como usted ha dicho tenemos una opinión diferente -, el plazo de tiempo a disposición del Consejo, si bien es el mínimo necesario, es siempre muy limitado para proceder a la preparación de las respuestas y para proceder además a su aprobación por los Estados miembros, porque yo no puedo contestar nada en este Parlamento sin que el Consejo lo haya aprobado. 
En esta ocasión, el período normal de trabajo se ha visto interrumpido además por las festividades de Pascua, durante las cuales todas las instituciones cerraron sus puertas durante varios días. 
El Consejo desearía poder evitar en todo momento un tipo de situación como la que hoy nos ocupa, por lo que agradecería que nos pusiéramos de acuerdo las dos instituciones y que esto nos permitiera en el futuro evitar tales problemas, sobre todo cuando hay de por medio períodos vacacionales. 
Francamente, no quisiera, en un momento en que esta Presidencia está haciendo un esfuerzo sin precedentes- sin precedentes, repito- de entendimiento interinstitucional, que hagamos de esto un arco de iglesia, como decimos en España. 
No hagamos de ello un incidente porque, verdaderamente, no ha habido tiempo material. 
Y no habido tiempo material no solamente para responderlas, sino sobre todo para hacerlas aprobar por el Consejo y por las delegaciones del Consejo. 
Yo les sugiero que estas respuestas las podamos facilitar por escrito. 
En cualquier caso, las preguntas iban a ser respondidas por escrito, porque les señalo que son casi las 6 de la tarde y hemos empezado ya con media hora de retraso, con lo cual ni siquiera vamos a poder responder a todas las preguntas que están ya admitidas, y mucho menos a diez adicionales. 
Pero no quiero dejar de señalar, porque me parece importante también decirlo, que la pregunta a la que hace alusión precisamente el Sr. De Rossa, se refiere a Palestina y yo quisiera recordarle, señor Presidente, que aquí hubo un debate muy importante sobre Oriente Medio en la tarde de ayer y que nadie le hubiera impedido al Sr. De Rossa haberse inscrito y haber formulado ayer la pregunta sobre Palestina. 
Se la hubiéramos respondido, con muchísimo gusto, tanto el Alto Representante como yo, que estábamos aquí en representación del Consejo. 
Voy a darles la palabra a todos, pero les voy a pedir ,... 
Siéntese, señor De Rossa, sosiéguese y siéntese. 
Les voy a pedir que no impidamos a los diputados que quieren formular preguntas que lo hagan, porque nos queda una hora y no vamos a dedicarla a un debate general sobre la relación entre Parlamento y Consejo en materia de preguntas. 
Les voy a dar a ustedes la palabra, para que con toda brevedad den su opinión. 
En una hora y media, aunque dispusiéramos de ella, no se habría podido contestar, según la experiencia que yo tengo de estos años, a las 30 primeras preguntas, con lo que, en todo caso, iban a ser contestadas por escrito. 
Si se contestan por escrito, resuelto está el problema, y si no, el Parlamento tomará todas las medidas para que tengan una contestación verbal en el próximo período parcial de sesiones. 
Pero yo confío mucho en este diálogo interinstitucional y en los precedentes de llegar a acuerdos. 
No voy a entrar en las palabras del Sr. de Miguel, porque no quiero que haya debate. 
Señor De Rossa, ¿tiene algo que añadir que sea una cuestión de orden? 
Sobre el tema de Palestina, le adelanto que normalmente, cuando hay un debate general sobre un asunto en el mismo período parcial de sesiones, se retiran del turno de preguntas aquellas que se refieren al mismo tema, pero esta decisión la toma el Sr. Presidente del Parlamento con su gabinete. 
En este caso, el Sr. Presidente del Parlamento ha mantenido estas preguntas. 
Está dentro de sus competencias y yo, como Presidente de sesión, así lo acepto. 
Tiene la palabra el Sr. De Rossa. 
Señor Presidente, ésta es una cuestión de orden y me gustaría asegurarle que estoy muy tranquilo, lo que no quiere decir que no esté menos enfadado. 
Doy gracias al Ministro por la consideración que ha tenido al comprometerse a responder a las preguntas por escrito. 
Supongo que eso significa que responderá de la forma corriente y dentro del plazo corriente. 
Quisiera decirle que desgraciadamente no soy yo quien decide si aprovecho la oportunidad para formular una pregunta, a él o a cualquier otro Ministro en este Parlamento, durante el curso de los debates: es el grupo, mi Grupo, el que decide quién va a tomar la palabra. 
Si ayer hubiera tenido la oportunidad de hacer esas preguntas, lo hubiera hecho. 
El motivo de que esté planteando esta cuestión aquí, en forma de pregunta, es que el contenido de mi pregunta no se trató en la declaración que el Ministro hizo ayer. 
Cuando llegue el momento en que el Sr. Crowley formule su pregunta, usted puede hacer una pregunta complementaria. 
Tiene la palabra el Sr. Crowley, para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, no se trata de una cuestión que planteo yo: tomo la palabra en nombre del Sr. Gallagher, cuya pregunta era la No. 10. 
El Sr. Gallagher ha tenido que marcharse esta tarde y se olvidó de firmar una carta pidiendo que hiciera la pregunta en su nombre. 
Antes de que entrara yo en esta sala me llamó para preguntarme si se me había permitido que lo hiciera; la cuestión está, señor Presidente, en sus manos. 
No hay ningún precedente de que sin recibir una carta del diputado interesado se pueda hacer eso. 
Por lo tanto, decae la pregunta, sintiéndolo mucho. 
Sin embargo, como está incluida en una respuesta conjunta, tendrá usted la posibilidad, si quiere, de hacer una pregunta complementaria. 
Y ya comenzamos a utilizar la hora que nos queda del turno de preguntas, porque el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo tiene que ausentarse a las 19.00 horas, según su programa. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0014/2002). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Bernd Posselt (H-0166/02): 
Asunto: Concepto de matrimonio en la UE 
Con motivo de la presentación de una ley sobre las parejas de hecho en la localidad polaca de Sejm, la Sra. Joanna Sosnokowska, diputada del SLD, partido actualmente en el Gobierno, ha señalado que así se asumen las normas de la UE en esta materia. 
¿Hay normas de la UE en este ámbito o depende esta cuestión más bien de la definición de matrimonio y familia en la legislación de cada Estado miembro, con arreglo al principio de subsidiariedad? 
Se trata de una propuesta que se ha hecho en el Parlamento polaco, aunque la traducción española pone en una ciudad polaca. 
Tiene la palabra el Sr. De Miguel. 
Señor Presidente, yo le agradezco su aclaración y quisiera rogarle muy seriamente que nos vuelva a dar la seguridad de que el Consejo va a dejar claro ante los Estados miembros que no es admisible que determinados grupos ideológicos intenten presentar como parte del acervo comunitario cosas que no forman parte del mismo. 
En los Estados miembros existe la impresión cada vez más extendida de que se están dictando a los países candidatos normas relativas a la familia, el aborto y la bioética, afirmando que éstas forman parte del acervo comunitario. 
Yo les ruego que les confirmen claramente a todos los países candidatos que estas temáticas no están incluidas en el acervo comunitario. 
. Esta situación me parece tan buena como cualquier otra para repetir algo que el Consejo y que, desde luego, la Presidencia española, han repetido hasta la saciedad: los Tratados que constituyen la Unión son tratados de atribuciones. 
No hay más acervo comunitario que el que se encuentra en el Derecho primario, que está acordado en los Tratados, y en el Derecho derivado, que tiene que basarse en el Derecho primario. 
Como decía un antiguo rey de España, Fernando de Aragón, "todo lo que no está en los escritos no está en este mundo". 
De igual forma, todo lo que no está en el Derecho primario y en Derecho derivado no está en el mundo de la Unión. 
Pregunta nº 2 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0170/02): 
Asunto: El poder de los países grandes en la futura Unión: el documento Blair-Schröder 
¿Cuál es la posición del Consejo acerca del documento firmado por el Primer Ministro británico Blair y el Canciller alemán Schröder sobre el poder de los Estados, en particular, de los Estados miembros más grandes en la Unión Europea del futuro? 
. Señor Presidente, la comunicación conjunta del Primer Ministro Blair y del Canciller Schröder se refiere a un conjunto de medidas. 
En ella, ofrecen una interpretación de las medidas destinadas a garantizar un resultado óptimo en los trabajos de los Consejos, no solamente del Consejo Europeo, sino de los Consejos que se derivan del Consejo Europeo y a aumentar la eficacia del Consejo Europeo y de los demás Consejos, particularmente el Consejo de Asuntos Generales. 
Las sugerencias formuladas, cuya puesta en práctica no exigiría modificaciones de los Tratados y que coinciden en gran medida con aquellas propuestas por el Alto Representante, Secretario General del Consejo, en el Consejo Europeo de Barcelona, tienen por objeto contribuir al actual debate sobre la mejora del funcionamiento del Consejo con el fin de prepararlo para la ampliación. 
Sin duda, su Señoría sabe que el Consejo Europeo de Sevilla tiene la intención de pronunciarse sobre una serie de sugerencias que el Secretario General, Alto Representante del Consejo, presentó al Consejo Europeo de Barcelona, precisamente para la mejora y la mayor eficacia del trabajo del Consejo Europeo y de los Consejos sectoriales. 
Por lo tanto la carta Schröder-Blair no es sino una aportación más, que se une a otras que han hecho, por ejemplo, el Primer Ministro Persson de Suecia a ese debate, que ya se ha iniciado y que pretendemos culminar en el Consejo Europeo de Sevilla, tratando de introducir modificaciones que naturalmente no deben afectar, en ningún caso, a los Tratados, porque esta competencia le corresponde únicamente a la Convención y a la Conferencia Intergubernamental posterior. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, veo que no va a darme una respuesta concreta sobre una cuestión que estuvo en debate ante la opinión pública europea durante muchas semanas, ocupando incluso un espacio político que en este momento debe competer a la Convención, institución que tratará de este y otros aspectos fundamentales de la futura constitución de la Unión. 
Pregunto, señor Presidente del Consejo, si se van a remitir en este momento histórico los asuntos que se van a tratar en los Consejos Europeos precisamente a la institución competente, que es la Convención presidida por el Sr. Giscard d ' Estaing. 
Es grave que la Presidencia española, que, lamentablemente, aún no ha dicho nada sobre el futuro político de la Unión, permanezca al margen de un debate relativo a un asunto que, por otro lado, difícilmente puede tener una solución democrática respetuosa de la diversidad nacional y europea salvo mediante la existencia de un gobierno de la Unión y un Parlamento Europeo con plenas competencias legislativas. 
. Reitero lo que ya he dicho: en primer lugar, el Consejo es soberano para dotarse de los métodos para lograr una mayor eficacia, una mayor transparencia, una mejor efectividad y un mejor orden dentro de sus deliberaciones, siempre y cuando no toque las disposiciones del Tratado. 
Por lo tanto, nadie puede impedir al Consejo que adopte un reglamento interno, siempre y cuando éste respete las normas de los tratados. 
He dicho también que si, al final, el Consejo Europeo considerara que se necesitaran modificar algunas de las disposiciones de los Tratados, éstas serían referidas inmediatamente a la Convención para que pudiera prepararlas de cara a la Conferencia Intergubernamental. 
Quiero reiterarle al Sr. Nogueira que no hay nadie que defienda la preservación del equilibrio institucional del famoso triángulo institucional Consejo-Parlamento-Comisión con mayor firmeza que la Presidencia española. 
Por lo tanto, puede estar bien seguro de que, durante la Presidencia española, nunca se va a atentar contra ese equilibrio y de que el Consejo tampoco tomará ninguna medida que afecte al Derecho primario, porque eso es únicamente competencia de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Europa representa, en efecto, la unidad en la diversidad y yo quisiera preguntarle, por lo tanto, lo siguiente: ¿Qué va ocurrir, en su opinión, con el derecho de veto? 
Esta es una cuestión muy importante y de gran transcendencia para los Estados más pequeños. 
¿Cree usted que en el futuro, teniendo en cuenta también la Convención, será imprescindible que el Consejo mantenga el derecho de veto en determinados ámbitos? 
. Este es un asunto de la Conferencia Intergubernamental y yo espero que la Convención lo trate para preparar la Conferencia. 
No obstante, permítame decirle que usted habla del derecho de veto y yo hablo de la toma de decisiones por unanimidad. 
Y quiero recordarle que, en las sociedades más democráticas, las decisiones se pueden tomar bien por mayoría simple, o por mayoría cualificada o por unanimidad, y el que haya una unanimidad para tomar decisiones en el Consejo no supone el ejercicio de un derecho de veto, supone, simplemente, que hay que hacer un esfuerzo mayor para que todo el mundo esté de acuerdo. 
Además, estará usted de acuerdo conmigo en que hay todavía asuntos que forman parte de la toma de decisiones comunitaria que, por su delicadeza política, requieren que el Consejo haga un esfuerzo- todo el que sea necesario- para aunar las voluntades de todos. 
Ésa es la explicación positiva que yo doy al hecho de que aún solo exista unanimidad en muy pocos aspectos de la toma de decisiones de la Unión. 
Y así seguirá siendo, siempre y cuando sea políticamente necesario, para preservar equilibrios, que yo creo que están muy presentes en todos los países que forman parte de la Unión. 
En primer lugar, me gustaría decirle al señor Presidente en ejercicio del Consejo que el Rey Fernando de Aragón no era un rey español, porque entonces España no existía; era un rey de Aragón. 
En segundo lugar, quiero señalarle que la negativa de Irlanda a ratificar el Tratado de Niza y las reticencias mostradas por Dinamarca en tiempos pasados vienen a probar el temor que los Estados pequeños tienen de que los grandes Estados- los Super Estados- puedan imponerles sus criterios y sus intereses. 
Por eso, yo querría preguntarle si, para esta cuestión del temor de los Estados pequeños, no sería mejor solución conceder al Parlamento Europeo competencia legislativa plena en todos los asuntos- sin excepción- de la Comunidad y de la Unión Europea, así como exigir la presencia de los Gobiernos de las naciones históricas, de los Estados federados y de las regiones constitucionales en los Consejos de Ministros, lo cual daría una posición más equilibrada a las decisiones del Consejo, que no serían tan centralistas y sí mas equilibradas y distribuidas desde el punto de vista territorial. 
. No tenía ningún interés en abrumar a este Parlamento con lecciones históricas y, sobre todo, en abrumar al Sr. Ortuondo Larrea con alguna referencia que le indicara que tendría que darse un repaso a la historia de España, aunque tampoco me sorprende que no la conozca, porque no tiene ningún interés en hacerlo. 
Con respecto a su segunda pregunta, éste es un tema propio de la Convención y de la Conferencia Intergubernamental y no es objeto de debate en el Parlamento en este momento. 
El Consejo no puede responder a ella. 
Simplemente quisiera rechazar el juicio de intenciones que ha hecho el Sr. de Miguel diciendo que no me interesa conocer la historia de España. 
Me interesa y la conozco. 
No voy a juzgar ahora si la conozco mejor o peor o igual o más que el Sr. de Miguel. 
Pido a los señores diputados y a todas las instituciones que nos centremos en los debates que tenemos. 
Yo voy a actuar como si fuera un presidente finlandés, que no conociera nada de la historia de mi país, y sin hacer ninguna intervención. 
Pregunta nº 3 formulada por Brian Crowley (H-0172/02): 
Asunto: La paz en Oriente Próximo 
¿Podría indicar el Consejo qué gestiones ha emprendido en las últimas semanas para entablar nuevos contactos con el Sr. Arafat ante el recrudecimiento de la violencia en Oriente Próximo? 
¿Podría precisar asimismo las posibilidades de que dispone para influir o tratar de influir sobre Israel en el marco de sus relaciones con ese país, a fin de detener la alarmante escalada de muertes en la región? 
. Entiendo que, a pesar de haber habido ayer un debate de más de dos horas sobre este tema, se mantiene la pregunta. 
Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en responder que el Consejo Europeo afirmó claramente, en su Declaración de 16 de marzo, que debe detenerse el derramamiento de sangre, que no existe solución militar al conflicto de Oriente Próximo y que la paz y la seguridad únicamente pueden lograrse a través de las negociaciones. 
El Consejo se mantiene en contacto permanente con las partes y con otros actores importantes, en particular a través del Alto Representante para la Política Exterior, que ya ha visitado la región tres veces este año. 
Recuerdo que el Presidente del Consejo ha estado dos veces. 
El representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz de Oriente Medio, Sr. Moratinos, prosigue sus esfuerzos sobre el terreno. 
El Consejo ha trabajado estrechamente con otros interlocutores, como son los Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas, y prueba de ello es la Cumbre que tiene lugar hoy en Madrid entre los cuatro actores que he mencionado- los Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y la Presidencia de la Unión Europea -, y también ha estado en contacto con los países de la región. 
Ha manifestado asimismo su apoyo a la reciente iniciativa del príncipe heredero de Arabia Saudí, el Príncipe Abdalá. 
El Consejo se congratula de que esta iniciativa haya sido respaldada por la Cumbre de la Liga Árabe en Beirut, a la que ha asistido también el Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión- por cierto, en un acto sin precedentes porque no ha habido ningún caso en el que un Presidente del Consejo de la Unión haya sido invitado a participar en una reunión ministerial de la Liga Árabe-. 
Por lo tanto, creo que todas las premisas de la paz han sido puestas encima de la mesa por parte de la Unión Europea, como quedó bien patente aquí en el debate que tuvimos ayer; que los contactos prosiguen y que esperamos que de la reunión de hoy puedan salir decisiones que permitan lograr un alto el fuego de manera inmediata e iniciar, también de inmediato, conversaciones de paz para restablecer el orden entre Palestina e Israel. 
Quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Sé que es difícil plantear una y otra vez la misma cuestión. 
Ahora bien, podrá usted comprobar que mi pregunta se presentó al final de febrero. 
Como mi colega, el Sr. De Rossa, no tuve tiempo ayer para tomar la palabra en el Parlamento. 
En las negociaciones llega un momento en que hay que quitarse el guante blanco, para pasar a la acción. 
La delegación de la Unión Europea ha recibido una bofetada en la cara que les dio Israel al no permitirles que se reunieran con las partes con que era necesario reunirse para procurar iniciar un diálogo y ponerlo en marcha. 
Tenemos que hablar con más firmeza cuando apoyemos el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado, al mismo tiempo que se garantiza el derecho de Israel a su seguridad. 
Ninguno de nosotros puede aceptar ni dar por bueno el sistema de explosiones suicidas que han tenido lugar estas últimas semanas, pero también erraríamos a fondo si no condenásemos firmemente las reacciones de las fuerzas israelíes. 
Mientras las dos partes no encuentren la forma de elaborar una solución, no habrá paz. 
La paz sólo puede construirse mediante la equiparación de la estima recíproca, mientras se respete la integridad territorial y los derechos de cada grupo. 
Insto al Presidente en ejercicio del Consejo a que se sirva de lo que evidentemente son los buenos oficios de la Presidencia española para alcanzar esa solución. 
. Señor Presidente, quería agradecer al Sr. Crowley sus consideraciones, que yo comparto. 
Como ayer tuvimos un debate profundo sobre este tema y esta mañana el Parlamento ha apoyado una resolución valiente sobre el tema de Oriente Medio, creo que nos debemos remitir a las conclusiones que ayer extrajimos conjuntamente en el debate, que han quedado muy bien reflejadas en esa resolución aprobada por el Pleno de esta mañana. 
Señor Presidente, mi pregunta es para determinar si la Presidencia en ejercicio tiene o no tiene en su orden del día la cuestión de la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel. 
En ese Acuerdo hay disposiciones sumamente claras en materia de derechos humanos. 
Hay indicaciones muy claras de que se está recurriendo a la tortura contra palestinos; eso es lo que comunican organizaciones de derechos humanos de Israel. 
Si eso es verdad, constituye una infracción del Acuerdo de Asociación. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si tiene la intención de incluir esa cuestión en el orden del día y de dejar bien sentado ante el Gobierno israelí que se puede suspender el Acuerdo de Asociación e incluso adoptar medidas más rigurosas, como por ejemplo un embargo comercial, si ese tipo de actividades no cesa. 
. Señor Presidente, quisiera recordarle al honorable parlamentario que precisamente ayer, en este mismo sitio y durante la conclusión del debate, yo señalé, en nombre de la Presidencia, que ésta tenía la intención de convocar el Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. 
Con respecto a las medidas que puedan derivarse de nuestras consideraciones sobre la conveniencia o no de aplicar o de suspender alguna parte del Convenio, deseo recordarle asimismo que esas decisiones se toman por unanimidad del Consejo y que, por lo tanto, será el Consejo, en su sabiduría, quien decida si se toman las medidas a las que su Señoría se refiere. 
En este momento sólo puedo decirle lo que indiqué ayer: que la Presidencia trabaja activamente a fin de convocar ese Consejo de Asociación y que, si las circunstancias lo permitieran, éste podría incluso reunirse con ocasión del próximo Consejo de Asuntos Generales, que se celebrará en Luxemburgo durante los próximos días 15 y 16 de este mes. 
Si, por cuestiones procedimentales, no se pudiera, lo haríamos lo antes posible. 
Pero le repito: una cuestión es reunir el Consejo de Asociación y otra es tomar medidas que tienen que ser aprobadas por unanimidad. 
Me alegra volver a escuchar al Sr. de Miguel. 
Le escuché ayer y, efectivamente, usted mismo anunció que la Presidencia tiene intención de convocar el Consejo y hoy nos recuerda que la revisión del acuerdo con Israel tiene que adoptarse por unanimidad. 
Quiero preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo: ¿cuál es la posición de la Presidencia española? 
. Le diré que, por respeto al Consejo, la Presidencia no puede tener una posición, aunque creo que Dª Rosa Díez conoce muy bien cuál es la posición del Gobierno de España en este asunto. 
Por lo tanto, espero que me excuse de tenerla que expresar en público porque no estaría en el buen estilo de la neutralidad que tiene que tener la Presidencia. 
Pregunta nº 4 formulada por Marie Anne Isler Béguin (H-0174/02): 
Asunto: Programa comunitario de educación sobre el medio ambiente en los centros de enseñanza 
Entre los objetivos de las Cumbres de primavera figura la evaluación de la integración del desarrollo sostenible en las políticas comunitarias. 
Entre las prioridades para la Presidencia del Consejo Europeo figuraba la intención de conceder particular importancia a la educación. 
¿De qué forma piensa el Consejo integrar la enseñanza sobre el medio ambiente en las diferentes propuestas, teniendo en cuenta que no figura entre las prioridades del programa de la Presidencia española titulado ' Más Europa?? 
. Señor Presidente, quisiera responder a la Sra. Isler Béguin que por el momento no se ha presentado al Consejo ninguna propuesta relativa a la noción de educación sobre el medio ambiente a la que alude en su pregunta. 
Pero también quisiera recordar que el tema de la educación es algo que no es competencia comunitaria, sino que es competencia exclusiva de los Estados miembros y que me complace mucho saber (aunque no lo conozco con detalle, pero sí lo suficiente como para afirmarlo) que, en la mayor parte de los Estados miembros, los temas de medio ambiente están incluidos ya en la enseñanza primaria y secundaria y, por supuesto, también en la universitaria. 
Pero, como digo, esto es algo que compete a los Estados miembros y no es una competencia comunitaria. 
La única institución que tiene el derecho de iniciativa para presentar propuestas es la Comisión y, como no tiene base jurídica para hacer propuestas, no ha hecho ninguna. 
Señor Presidente, me esperaba, en cierto modo, su respuesta puesto que sabemos muy bien que la educación es competencia de los Estados miembros. 
Pero, precisamente, si he formulado esta pregunta es porque existe una urgencia real. 
Ustedes saben que en todas partes no se habla más que de desarrollo duradero, desarrollo sostenible, sin saber exactamente lo que implican dichos términos. 
Por consiguiente, hay que actuar ahí, precisamente, y pienso que sería interesante que en el ámbito del Consejo y de la Unión se adoptase una iniciativa que establezca que a cada alumno, a cada alumno de enseñanza media quizá, se le pueda impartir en el seno de la Unión Europea un curso sobre el ' desarrollo sostenible y sobre el medio ambiente?. 
Aunque no sea competencia de los Estados miembros, creo que han existido demandas similares sobre la historia de la Unión Europea. 
Pienso que es urgente, puesto que hace treinta años que se nos habla de medio ambiente, de la educación respecto al medio ambiente, y, en resumidas cuentas, siempre se trata de un capítulo que pertenece al ámbito bien de los Estados miembros, o bien del voluntariado. 
Pienso que es urgente y que es hora de adoptar disposiciones y de presentar iniciativas concretas. 
. Yo no necesito estar convencido de la necesidad de introducir un elemento de universalidad en los temas de educación a nivel europeo, tanto en la historia como en el medio ambiente, pero le respondo lo mismo que respondía hace un momento: en la Unión no hay más atribución que la que conceden los Tratados y el Derecho secundario. 
Por lo tanto, el Derecho primario no reconoce esta competencia comunitaria. 
Usted sabe que en Conferencias Intergubernamentales ya se planteó la posibilidad de modificar los artículos del Tratado y esto fue rechazado por varios países que no voy a nombrar, pero que usted conoce. 
Por lo tanto, sólo le puedo decir que el único instrumento a nivel europeo para despertar las conciencias de los países miembros es este Parlamento y, por tanto, le animo a que promueva una moción o una resolución del mismo, que ponga este tema encima de la mesa y que sea una llamada de atención a los Gobiernos de los países miembros. 
Ya que no puede haber una política común y que, por lo tanto, la Comisión no puede hacer propuestas, que éstas vengan del órgano político de la Unión, que es el Parlamento Europeo. 
Asunto: Ratificación del Acuerdo de Cotonú 
A 6 de marzo de 2002, según la información que el propio Consejo publica, sólo cuatro de los Estados miembros de la Unión Europea (Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y Suecia) han ratificado el Acuerdo de Cotonú, firmado el 23 de junio de 2000. 
Actualmente, sólo Bélgica e Italia han lanzado los procedimientos de ratificación según sus respectivos ordenamientos. 
El Parlamento Europeo ha aprobado su dictamen conforme, culminando la ratificación por parte de la Comunidad Europea el 16 de enero de 2001. 
¿Qué previsiones puede hacer la Presidencia del Consejo sobre la ratificación del Acuerdo de Cotonú a pocos meses de cumplirse el segundo aniversario de su firma? 
¿Qué acciones ha llevado o piensa llevar a cabo la Presidencia para promover que los Estados miembros que no lo han hecho inicien los procedimientos de ratificación? 
¿No cree el Consejo que sería necesaria una campaña de ámbito europeo para dar a conocer a los ciudadanos y al mundo asociativo este Acuerdo que enmarca las relaciones de asociación entre la UE y 77 países del mundo en desarrollo? 
. Quisiera confirmar que, desgraciadamente, aunque ya hace tiempo que está firmado, hasta la fecha sólo cuatro Estados miembros han ratificado el Acuerdo de Cotonú. 
Se trata, por orden cronológico de Dinamarca, el Reino Unido, Suecia y Finlandia. 
El Consejo quiere, por otra parte, corregir la afirmación según la cual sólo dos Estados miembros han iniciado los procedimientos de ratificación. 
Esto no es así: los procedimientos ya se han iniciado en todos los Estados miembros, sin excepción, e incluso están a punto de concluir, en breve, por ejemplo, en España. 
Es, diría yo, casi más una cuestión de días que de semanas. 
Los procedimientos de ratificación siguen su curso normal, aunque el proceso sea largo, y cabe esperar que, salvo imprevistos, todos los Estados miembros hayan ratificado el Acuerdo de Cotonú antes de que finalice el presente año 2002. 
Quisiera decirle que la Presidencia del Consejo- que ya ha sido consciente de esta situación- ha iniciado contactos con todos los Estados miembros de la Unión para urgirles a adelantar y a acelerar los procedimientos de ratificación y nada nos daría mayor satisfacción que poder decir que, al término de nuestra Presidencia, está ya ratificado el Acuerdo de Cotonú, teniendo en cuenta que dicho acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que se depositen los instrumentos de ratificación de los Estados miembros de la Unión y de dos tercios de los Estados ACP- es decir, 51- así como el instrumento de aprobación del acuerdo por parte de la Comunidad. 
Al día de hoy, 42 Estados ACP han depositado sus instrumentos de ratificación. 
Deseo aprovechar esta ocasión para volver a subrayar que la Presidencia está recordando a todas las partes contratantes del Acuerdo de Cotonú la urgencia de la plena aplicación de dicho acuerdo, que constituye un componente esencial de la política exterior de cooperación y desarrollo de la Unión, y así lo hice, representando a la Presidencia del Consejo de la Unión con ocasión de la reunión de la Asamblea parlamentaria paritaria, que tuvo lugar en Ciudad del Cabo del 18 al 21 del pasado mes de marzo. 
Desde luego, éste será un punto preferente en la reunión que a nivel de ministros ACP-UE se va a celebrar durante la Presidencia española en Punta Cana (República Dominicana) el próximo 28 de junio. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por lo que ha dicho hoy que también dijo en Capetown, imagino que España está a punto de ratificarlo. 
De todas formas, habida cuenta de la importancia que este acuerdo de asociación tiene entre los países ACP y la Unión Europea y puesto que ya han pasado dos años desde la ratificación del Convenio de Cotonú, querría saber si, aparte de lo que estén haciendo en este momento los Estados miembros que lo han ratificado- que, como muy bien ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, sólo son cuatro -, el Consejo piensa organizar una campaña de información para nuestra opinión pública europea, que prácticamente desconoce qué es este acuerdo de asociación de Cotonú. 
No puede decirse lo mismo de los países ACP, 44 de los cuales, como muy bien ha indicado, lo han ratificado. 
¿Tiene intención el Consejo de aprovechar esta Presidencia y la situación existente en los países ACP para llevar a cabo esta campaña de sensibilización? 
. Creo que tiene usted mucha razón en cuanto a la oportunidad de hacer una campaña para hacer conocer a los ciudadanos europeos la importancia de este vínculo, el más antiguo que tiene la Unión con países terceros, pues es un compromiso que tiene la Unión con el mundo en desarrollo, un mundo hacia el que los países europeos tenemos razones de especial responsabilidad, ya que la mayor parte de esos países ACP han sido países colonizados por antiguas potencias coloniales, hoy miembros de la Unión Europea. 
Creo además que el momento es óptimo. 
Ha tenido lugar la Conferencia de Monterrey sobre financiación del desarrollo, y en Johannesburgo va a tener lugar, a principios de septiembre, una Conferencia mundial sobre desarrollo sostenible, donde la financiación del desarrollo y todas las acciones que se desarrollan en el Convenio de Cotonú tienen un lugar preferente. 
Yo, desde luego, estoy dispuesto a tratar esto con la Comisión- con el Comisario responsable- y a tratar de llevar efectivamente, a través de una campaña, a la conciencia de los ciudadanos europeos la importancia de ese instrumento que sitúa a Europa a la cabeza de la cooperación al desarrollo en el mundo en el que vivimos. 
Esto es particularmente importante, sobre todo si se tiene en cuenta que, en Monterrey, se nos ha recordado el especial deber que los países más desarrollados tienen de ayudar a los menos desarrollados. 
Pregunta nº 6 formulada por Richard Corbett (H-0183/02): 
Asunto: Cachemira 
¿Piensa el Consejo que la reciente evolución de los acontecimientos hace que resulte aún más urgente hallar una solución al conflicto de Cachemira? 
¿Qué medidas pretende aplicar la UE para contribuir a que las partes interesadas se reúnan y negocien una solución? 
. Al Consejo le preocupan las recientes tensiones entre la India y el Pakistán, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de su despliegue militar y la capacidad nuclear de ambos países. 
Espera que, a raíz de las firmes medidas tomadas por el Pakistán contra los grupos terroristas que están establecidos en su territorio y operan en la India, ambos países sean capaces de reanudar el diálogo bilateral dentro del espíritu del Acuerdo de Shimla y la Declaración de Lahore. 
El Consejo espera asimismo que este diálogo abarque todos los temas que interesan a ambas partes, incluida la cuestión de Jammu y Cachemira. 
El Consejo está dispuesto a prestar ayuda en el diálogo, pero sólo si las partes lo estiman útil. 
¿No le parece a la Presidencia que el caso de Cachemira es un buen ejemplo de conflicto que durante demasiado tiempo se ha tolerado que dure? 
Cierto es que nuestra atención se concentra lógicamente en otros asuntos- como por ejemplo el del Oriente Medio- pero me parece que tendemos a olvidar que hay conflictos peligrosísimos en otros lugares del mundo y que no estamos ocupándonos demasiado de tratar de resolverlos. 
¿Sabe la Presidencia que hay muchos ciudadanos de la Unión Europea que son originarios de Cachemira- y no solamente en mi propia circunscripción- y que están sumamente preocupados, y cada vez más inquietos, acerca del buen desarrollo de sus relaciones? 
¿No le parece al Presidente en ejercicio que ya es hora de insistir con más vigor para que las partes interesadas lleguen a una solución negociada? 
No debemos olvidarnos de ese conflicto, aunque nuestra atención se concentre en otros puntos. 
Tenemos que prestar más atención a ese conflicto en nuestra calidad de Unión Europea y, de ser necesario, ofrecer los servicios de la Unión Europea como mediadora si eso fuera útil para las partes involucradas. 
. Señor Presidente, la Presidencia es bien consciente de que el conflicto de Cachemira es uno de esos conflictos que duran o que han durado más tiempo del que sería deseable. 
Por desgracia, los ajustes de la sociedad moderna que ha emergido en el siglo XX en el contexto internacional han hecho que hayan florecido en diversos puntos de los diversos continentes focos de tensión que no han podido ser resueltos, porque tienen grandes cargas políticas y emocionales. 
Es evidente que Cachemira no atrae toda nuestra atención, pero no porque no sea grave el problema, sino precisamente- y esto hay que elogiarlo- por los esfuerzos que han hecho tanto la India como el Pakistán para que ese punto caliente, que ha estado al borde de desencadenar una guerra que podría haber tenido consecuencias incalculables, haya podido contenerse gracias a un espíritu de diálogo que, a pesar de los muchos problemas, todavía existe entre la India y el Pakistán. 
Creo que el Consejo ha apreciado extraordinariamente ese espíritu de conciliación que han tenido el Gobierno indio y el Gobierno paquistaní, particularmente durante los últimos meses, en los que se han producido acontecimientos muy graves con atentados terroristas que han podido desequilibrar la región, que ya estaba suficientemente desequilibrada por el conflicto en Afganistán. 
Desde luego, la Presidencia ha ofrecido a las partes sus buenos oficios desde el primer día. 
Creo que el Pakistán y la India son países de gran cultura y larga tradición. 
Creen que son capaces de resolver el conflicto por sí mismos. 
Si nos necesitan, puede usted estar seguro de que nosotros estaremos a su disposición pero, de momento, el espíritu de diálogo que reina entre las dos potencias, el Pakistán y la India, hace suponer que, aunque lentamente, tienen una voluntad de ir resolviendo ese conflicto, que es un caso similar al acontecido con ocasión de la separación de la India cuando tuvo lugar la independencia de Pakistán y que fue detonante de grandes frustraciones. 
Pregunta nº 7 formulada por Cecilia Malmström (H-0187/02): 
Asunto: Visado de entrada para dirigentes taiwaneses 
El liberal Chen Shui-bian, Presidente de Taiwan democráticamente elegido, ha sido invitado por un partido homólogo sueco a intervenir, a título privado, en la celebración de su centenario. 
Sin embargo, se le ha denegado el visado de entrada, ya que las normas de la UE en la materia prohiben la entrada del Presidente de Taiwan a los Estados miembros. 
El pasado otoño se la había denegado ya el visado para viajar a Bruselas. 
La política del "un país, dos sistemas" limita claramente la acción de la UE en las relaciones con Taiwan. 
Desde hace tiempo, los países de la UE han ido poniendo a prueba las restricciones derivadas de sus relaciones diplomáticas con China, forzándolas de vez en cuando. 
El otoño pasado, por ejemplo, la UE recibió al líder tibetano Dalai Lama. 
¿Está dispuesto el Consejo a revisar su política de visados respecto a Taiwan, de modo que el Presidente de este país, que ha sido elegido democráticamente, pueda entrar en la UE por lo menos a título privado? 
¿Considera el Consejo que el hecho de autorizar la visita del líder del Tíbet pero no la del Presidente de Taiwan, democráticamente elegido, constituye una política consecuente? 
. El Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo establece la lista de terceros países, identidades y autoridades territoriales no reconocidas como Estados, al menos por un Estado miembro, cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, y Taiwan figura en esa lista. 
Corresponde a los Estados miembros adoptar las decisiones relativas a la concesión o denegación de visado en casos individuales, basándose en los criterios establecidos en la Instrucción Consular Común, cuando dicha decisión está relacionada con el acervo Schengen. 
No existe ninguna decisión específica del Consejo por la que se obligue a los Estados miembros a denegar la concesión de visado a la persona a la que su Señoría hace referencia. 
Por lo tanto los Estados tienen la facultad de hacerlo si lo desean. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por su clara respuesta. 
En la mañana discutimos la situación de China y hubo unanimidad en el Parlamento sobre la importancia del diálogo y de la cooperación en materia de derechos humanos. 
Si interpreto su respuesta correctamente, significa que los gobiernos de Francia, de Dinamarca y de Suecia carecen de fundamento cuando se remiten a las normas comunitarias para negar el visado al presidente Chen Shui-bian, cuando éste ha recibido una invitación privada. 
No existe, por tanto, ninguna decisión de los ministros de la UE sobre esta materia, sino que cada país puede hacer sus propias consideraciones. 
¿No le parece extraño que se hagan esas consideraciones? 
Con esto damos señales muy extrañas a China, al mismo tiempo que estamos tan interesados en mantener el diálogo sobre los derechos humanos y en mantener un buen tono de conversación con Taiwán en esta materia. 
. Yo no considero que haya nada extraño, señora Malmström. 
Lo que le digo es que Taiwan presenta un problema político que usted conoce- y en el que, naturalmente, no voy a entrar- y que, por lo tanto, la Instrucción Consular Común no asume la concesión automática de visados a personas de Taiwan y, particularmente, a una persona tan significativa como el Presidente del Gobierno. 
Sin embargo, cualquier país de la Unión que desee, por sí mismo, conceder ese visado para la entrada, exclusivamente en ese país, puede hacerlo y nadie se lo impide. 
Eso, naturalmente, depende de la consideración política de cada Estado y me imagino que a usted no se le escapa que existen poderosas razones políticas y grandes presiones por parte de China para que no se concedan ese tipo de visados. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 8, formulada por el Sr. Van den Bos, decae. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 9 y 10 recibirán una respuesta conjunta. 
La Sra. Rodríguez Ramos, autora de la pregunta nº 9, ha delegado como suplente en la Sra. Díez González. 
Pregunta nº 9 formulada por María Rodríguez Ramos (H-0192/02): 
Asunto: Desbloqueo de las adopciones internacionales en Rumania 
A instancias de varias Instituciones internacionales, el Gobierno rumano decidió, en el mes de junio de 2001, suspender las adopciones internacionales y está tramitando una nueva ley de adopciones que, al parecer, está a punto de pasar a trámite parlamentario. 
No obstante, el 7 de diciembre de 2001 adoptó un decreto de urgencia por el cual se abre el camino para completar los procesos sub iudice. 
Asimismo, este decreto permitía plantear excepciones a la paralización de los procedimiento en espera de la nueva ley. 
Existe un elevado número de familias españolas (1.200) y de otros Estados miembros que han iniciado el trámite de adopción de un menor en Rumania. 
Incluso, en ciertos casos el Comité Rumano de Adopciones había asignado un menor a sus padres adoptivos, y estos ya han viajado a este país para conocer personalmente a su hijo/a antes de la suspensión. 
Este es el caso de 17 solicitudes españolas con menor asignado por el Gobierno rumano y pendientes de conformidad del Comité Rumano de Adopciones para que se puedan presentar ante los Tribunales de Rumania. 
¿Qué acciones ha realizado o piensa llevar a cabo el Consejo de la UE ante las autoridades rumanas para completar los procedimientos de estas 17 solicitudes y qué iniciativas piensa promover el Consejo para que las familias cuyo expediente de adopción se encuentra paralizado y en fase administrativa desde el año 2000 puedan encontrar, en un breve plazo, una salida a una situación angustiosa que ya se ha dilatado demasiado en el tiempo? 
Pregunta nº 10 formulada por Pat the Cope Gallagher (H-0219/02): 
Asunto: Adopciones internacionales y Rumania 
En junio de 2001 el Comité de adopción rumano dejó de facilitar referencias de niños a las instituciones de adopción internacional y suspendió la inscripción de nuevas familias extranjeras que, como mínimo, llevaban un año solicitando una adopción internacional. 
¿Puede informar el Consejo sobre las medidas que piensa tomar para levantar la moratoria que se aplica a las adopciones internacionales en Rumania? ¿Considera el Consejo que se están realizando esfuerzos suficientes para integrar la política de protección de la infancia en otras políticas sectoriales? 
. Señor Presidente, casualmente usted presidía esta sesión en el pasado mes de marzo. 
Precisamente a esta misma hora y en esa sesión yo contesté una pregunta al Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, en la que me extendí claramente sobre este tema. 
La pregunta formulada ahora es idéntica. 
Yo podría remitir a lo que contesté al Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, pero no lo voy a hacer, sino que voy a leer exactamente lo que le contesté, para que se sepa que en verdad el Consejo no ha cambiado de opinión del mes de marzo al mes de abril: 
" La Unión Europea ha concedido sistemáticamente prioridad a la cuestión de los derechos humanos y de la protección de las minorías en sus relaciones con los países candidatos a la adhesión. 
Esta cuestión es un elemento clave en la estrategia previa a la adhesión de cada uno de estos países, de acuerdo con los requisitos políticos para la adhesión establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. 
En el caso de Rumania, uno de los ámbitos específicos que incluye la estrategia previa a la adhesión es el de la atención infantil. 
En el informe periódico de la Comisión para el año 2000 sobre los progresos de Rumania en el camino de la adhesión, la Comisión expresó su inquietud con respecto a la legislación y a las prácticas de adopción entre distintos países, que permiten que consideraciones distintas del interés superior del menor influyan en las decisiones en materia de adopción. 
A raíz de ello, y de otras muestras de inquietud, el Gobierno de Rumania decidió suspender las adopciones internacionales. 
En la Asociación para la adhesión de Rumania revisada, que adoptó el Consejo el 28 de enero de 2002, entre las prioridades y objetivos intermedios, se estipula que Rumania deberá mantener la moratoria sobre la adopción internacional hasta que se adopte una nueva legislación compatible con los intereses de los niños y con las obligaciones internacionales de Rumania, y esté garantizada la capacidad administrativa necesaria para aplicar la nueva normativa. 
A la par que mantenía la moratoria general, el Gobierno de Rumania adoptó medidas en diciembre de 2001 para permitir que se completaran los procedimientos de adopción en aquellos casos que se encontraban ya ante los tribunales en el momento de la suspensión de las adopciones internacionales. 
La Presidencia del Consejo considera que las adopciones de aquellos niños cuyos procedimientos de adopción han comenzado ya en los Estados miembros, con todas las garantías jurídicas, deberían completarse dentro de un plazo razonable. " 
Por cierto, el Presidente del Consejo de la Unión Europea- el Presidente del Gobierno español, el Sr. Aznar- obtuvo este compromiso cuando visitó al Sr. Iliescu y al Sr. Nastase en el pasado mes de noviembre, en una ronda de capitales previa al inicio de la Presidencia. 
Obtuvimos allí garantías de que iban a seguir adelante las adopciones y de que, además, iban a introducir toda la legislación necesaria. 
Por lo tanto, la Presidencia ya lo hizo antes de que se iniciara su turno y ahora pretende- como se decía en la respuesta- "seguir muy de cerca la situación en Rumania a este respecto, especialmente en los órganos creados en el marco de Acuerdo Europeo, como son el Consejo de Asociación y el Comité de Asociación." 
Debo recordar que en la última reunión del Consejo de Asociación se suscitó también este tema y que también lo hemos hecho bilateralmente, tanto con el Primer Ministro, Sr. Nastase, como con el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Geoana. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, efectivamente usted lo ha dicho, hay una nueva legislación, un decreto de urgencia que permite agilizar algunos trámites. 
Mire, señor de Miguel, no quiero que el Consejo cambie de opinión y, además, creo que hay que proteger a la infancia, pero ¿no cree usted que nuestros Gobiernos pueden ser al menos tan eficaces como los funcionarios norteamericanos? 
Porque sabe usted que en el mes de febrero, después de una visita del Primer Ministro rumano a los Estados Unidos, en aplicación, precisamente, de este nuevo decreto y de esta nueva legislación, se han adjudicado diecinueve niños en adopción a familias norteamericanas. 
¿No cree usted que. una vez que el decreto está en vigor y que se han desbloqueado las adopciones, velando por los niños, pero exigiendo también al Gobierno rumano un trato de equidad respecto de las familias europeas, la solución está en la presión política bien ejercida? 
¿No cree usted que si el Sr. Aznar incluyera este tema en su agenda otra vez, si descolgara el teléfono, si hiciera un contacto político de alto nivel, esta cuestión- la que afecta por lo menos a las diecisiete familias españolas que tienen los niños asignados- se desbloquearía, como se ha desbloqueado la cuestión para los norteamericanos? 
Creo que sí, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y le pido que lo haga. 
. No hago más que reiterarle que, efectivamente, el Presidente del Consejo de la Unión ya hizo una gestión, antes de llegar a la Presidencia, que logró que se desbloqueara este tema. 
Al mismo tiempo, se ha vuelto a tratar este tema- la última vez en el Consejo Europeo de Barcelona- y no conozco las medidas que ha tomado Rumania con respecto a los niños norteamericanos, ni tampoco conozco el detalle de las adopciones a las que se ha dado ya curso con respecto a otros niños comunitarios. 
Les recuerdo que la Presidencia no hace excepción de nacionalidad; para nosotros todos los niños de la Unión son los mismos, sean españoles o de cualquier otro Estado miembro de la Unión. 
No conozco el número de los que están desbloqueados, pero tengo la impresión de que esto va por buen camino. 
En cualquier caso, le quiero responder, señora Díez, que naturalmente no pensamos escatimar esfuerzos y que, si es necesario hacer una nueva gestión, la haremos con mucho gusto. 
Tomo nota y no dejaré de hacerlo llegar a quien corresponda, e incluso de hacer yo mismo la gestión necesaria. 
. Señor Crowley, visito con frecuencia Rumania por razones de mi trabajo y he tenido la ocasión de ver en diferentes ocasiones la miseria y la desgracia existente en los hospicios, en los asilos de niños que no tienen padres o han sido separados de ellos. 
No puedo más que coincidir con usted en que, naturalmente, esos niños estarían mucho mejor en una familia que en una institución de caridad. 
Además, estas instituciones, normalmente, no tienen ni medios ni dinero para ofrecer a dichos niños una vida digna. 
Pero este tema de las adopciones es un tema extraordinariamente emocional en esos países y, por ser emocional, extraordinariamente político. 
El Gobierno de Rumania tiene muchas dificultades precisamente para poner la casa en orden en este tema porque la cuestión no ha estado exenta de extraordinarios esquemas de corrupción que han manchado la vida pública de ese país. 
Creo que debemos dar un voto de confianza al nuevo Gobierno del Sr. Nastase, que es un Primer Ministro honesto, que está tratando de establecer un sistema ajeno a la corrupción y basado en mayor medida en el respeto de los derechos y de los derechos humanos, tal y como se le exige en virtud de los criterios de Copenhague en tanto que candidato a la Unión Europea. 
Y yo creo que tenemos que darle ese margen necesario para que puedan rehacer el sistema de adopción de niños. 
Pero, en cualquier caso, como esto afecta a muchas familias, es un tema humanitario. 
Existe también el problema de aquellos que están esperando todavía esos niños; nos tenemos que ocupar de ellos y después tenemos que dar un margen de maniobra al Gobierno rumano para que establezca un régimen de adopción totalmente transparente y que permita que tantos niños rumanos sin familia y sin fortuna puedan encontrar un mejor futuro en familias europeas o americanas. 
Es para mí un verdadero placer dar las gracias y apoyar al Consejo por todo lo que ha dicho hoy acerca de esta complicada cuestión. 
Tomo la palabra porque, aunque la posición del Consejo no se ha modificado, el Gobierno rumano se ha esforzado mucho por encontrar solución a este asunto, y quisiera elogiar al Consejo por el informe que presentó hace unos días el grupo independiente para el análisis de las adopciones internacionales, informe que había encargado el Primer Ministro. 
El informe está ya aprobado y se publicará y promoverá una vez que se hayan corregido un par de detalles. 
Este nuevo informe es importantísimo, en particular para desbloquear algunos casos pendientes de solución, cosa que estoy segura producirá gran placer a mi buen y eminente colega el Sr. Gil-Robles Gil-Delgado. 
Ahora bien, hemos de recordar que las familias afectadas por la corrupción y por la trata de niños a que se ha referido el Consejo no son solamente familias de España y de América del Norte: hay muchos millares de niños en Rumania que tienen sus propias familias y que han quedado separados de ellas. 
O sea que todo el sistema requiere estudio, renovación y que se le preste atención, como ha dicho el Consejo. 
Es un asunto importantísimo, particularmente por lo que se refiere a los niños con discapacidades graves, y estoy segura de que el nuevo informe será también de utilidad para la cuestión de las prioridades. 
Lo que quisiera preguntar al Consejo, por lo tanto, después de expresar mi sincera preocupación por los informes- que al parecer están bien fundados- de que los Estados Unidos, inducidos quizá por la emoción que este asunto crea, están vinculando la posibilidad de que Rumania pase a formar parte de la OTAN, posibilidad que este Parlamento apoyó al 100 por ciento, con la supresión de la moratoria sobre la adopción internacional, es lo siguiente: ¿podría declarar el Consejo, si lo que acabo de decir es verdad, que ésa es una manera de obrar muy poco adecuada? 
. Mi respuesta será muy sucinta: no deseo seguir tratando este tema. 
La Baronesa Nicholson of Winterbourne ha hecho una contribución muy importante a las relaciones entre la Unión Europea y Rumania por su informe, que todos conocemos y que, naturalmente, los rumanos conocen mejor que nosotros. 
Por lo tanto, creo que ella sabe bien que muchos de estos temas están en vías de solución y no parece que es el momento de seguir especulando sobre los asuntos de adopción en Rumania. 
Señor Presidente, mi pregunta va a ser muy breve. 
Quiero preguntar al señor Presidente en ejercicio del Consejo si sus informaciones son que anualmente en Rumania había unas 3.500 adopciones internacionales y que el mismo número de niños residía en los orfanatos. 
Si actualmente hay en los orfanatos al menos 50.000 niños, con ese sistema no se resuelve el problema; y si realmente el Gobierno de Rumania está exento, por la necesidad de corregir la corrupción, de un principio básico de la Unión Europea, que es la no retroactividad de las normas existentes, con arreglo a las cuales, hasta ahora, se han tramitado las adopciones. 
. Verdaderamente, no estoy en condiciones de poder dar precisiones sobre las cifras de los niños que se encuentran en los orfanatos. 
También estoy de acuerdo en que una manera humana de dar una salida a esos pobres niños sin horizonte sería precisamente acelerar las adopciones. 
Sin embargo ya he dicho que creo que este es un grave problema político que tiene el nuevo Gobierno rumano, que arrastra de situaciones anteriores. 
Este Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para hacer una legislación y poner orden en este tema de adopciones que, además, es extraordinariamente sensible por tocar a la población rumana en general. 
Por lo tanto, creo que tenemos que darle el beneficio de la duda y pensar que el Gobierno del Sr. Nastase va a poner en marcha esta nueva legislación y va a restablecer el ritmo de adopciones tal y como se hacía antes. 
El principio de retroactividad es una opción para el Gobierno rumano, que puede, si quiere, aplicar la antigua legislación o puede esperar a aplicar la nueva. 
En cualquier caso, ya hemos obtenido el compromiso de que los niños que estaban sujetos a la antigua legislación sean entregados a las familias, y eso es lo que está sucediendo en este momento. 
Pregunta nº 11 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0193/02): 
Asunto: Ampliación del registro SIS 2 
El Consejo está examinando una propuesta de ampliación de los datos recogidos en el registro SIS de modo que también incluya a los llamados 'alborotadores? como, por ejemplo, los aficionados al fútbol problemáticos (' hooligans? ) o los manifestantes violentos. 
¿Tiene intención el Consejo de permitir que en el registro SIS se incluyan también los manifestantes que no han cometido ningún tipo de delito? 
. Señor Presidente, la pregunta se refiere a la propuesta belga de incluir en las descripciones del SIS (Sistema Informatizado Schengen) a personas conocidas por haber cometido hechos reconocidos de trastorno del orden público y que puedan convertirse en alborotadores en determinados acontecimientos, como pueden ser actos deportivos, sociales, culturales o cualquier tipo de manifestación. 
El propósito era asimilar esta información a descripciones con arreglo al artículo 99 del Convenio Schengen, aunque la finalidad sería diferente: es decir, impedir la participación de estas personas en determinados eventos, en lugar de llevar a cabo controles específicos o discretos como, por ejemplo, han tenido lugar recientemente. 
Los ministros debatieron esta propuesta en la reunión del Comité Mixto de 7 de diciembre de 2001. 
Hubo divergencias de opiniones y algunas delegaciones se opusieron firmemente a la propuesta. 
Por consiguiente, no se ha efectuado un examen detallado de la propuesta a nivel de expertos ni se han precisado todavía las posibles condiciones de introducción de estos datos sobre estas personas en caso de que se acordara introducirlos. 
Por lo tanto, en estos momentos no se puede dar una respuesta definitiva a la pregunta pero, habida cuenta de las opiniones actuales, no parece probable que esta propuesta vaya a prosperar en un futuro próximo y todavía menos probable que pueda afectar a personas que no han cometido delitos. 
A título informativo, el Consejo subraya que existe un proyecto de decisión del Consejo relativo a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional. 
En el citado proyecto de decisión, se prevé el intercambio de información policial entre puntos nacionales de información futbolística pero no se contempla la utilización del SIS con esta finalidad. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta. 
Mi pregunta ahora es si esta propuesta va a ser tramitada nuevamente en algún grupo de trabajo o en el Consejo de Ministros. 
¿Se le ha incorporado al orden del día de las próximas reuniones? 
También quisiera subrayar que estamos ante un importante asunto de seguridad jurídica. 
Probablemente se cercenan las libertades fundamentales de los individuos: el derecho a circular libremente y a expresar públicamente sus opiniones. 
Debe haber muy buenas razones para realizar estas limitaciones. 
Una condición esencial es que exista una sentencia, es decir, que no se fundamente sólo en sospechas políticas. 
Me satisface la respuesta del Consejo, esto es, que en la práctica usted no cree que sea posible registrar a personas que no hayan sido condenadas por delitos y que considere improbable que se adopte una decisión en este sentido. 
. Creo que he sido suficientemente explícito, señor Sjöstedt. 
El Consejo no ha sido receptivo a esa idea de introducir, en el SIS, listas de personas que son conocidas únicamente por sus actividades en diferentes eventos que se salen de lo normal, pues esto supondría una fiscalización absolutamente intolerable de personas que no han cometido ningún delito. 
El SIS recoge únicamente listas de delincuentes. 
En caso de que se prevean alteraciones del orden público con ocasión de eventos deportivos o políticos o de manifestaciones, como ha ocurrido en el pasado, es muchísimo más efectivo el control discreto de la entrada de personas y de fronteras que hacer estas clasificaciones que no solamente son odiosas, sino contrarias a toda nuestra tradición cívica. 
Yo quisiera decirle que, en la última ocasión en la que se han practicado controles discretos, ha sido precisamente en el Consejo Europeo de Barcelona, para evitar que las calles de esa ciudad se convirtieran en un campo de batalla, como ocurrió en Génova, y, mediante la suspensión temporal del Convenio Schengen, esto permitió, a la policía española, parar en la frontera a algunos sujetos alborotadores que, por ejemplo, llevaban mazos y bates de béisbol para romper escaparates. 
Se requisaron más de 2.000. 
Se dejó pasar a todas las personas, excepto a aquellas que llevaban instrumentos para hacer actos de destrucción. 
Estos controles son, seguramente, más efectivos que la publicación de una lista de personas que, teóricamente, no han cometido ningún delito y que, por lo tanto, no tienen por qué ser clasificadas. 
Señor Presidente, verdaderamente no es una pregunta, pero respondo gustosamente a su sugerencia, y es que, efectivamente ni los controles, discretos o no, ni las listas del Sistema Integral Informático van a impedir que ocurran actos desgraciados en el curso de manifestaciones, y yo creo que la Presidencia española puede decir con orgullo que en Barcelona no se produjo ningún acto de brutalidad, ni contra los bienes o las propiedades de las personas ni contra los manifestantes, porque la policía- naturalmente- ejerció su deber de control y vigilancia con el suficiente respeto a las personas que se manifestaban y tratando siempre de separar a los alborotadores de las gentes que se manifestaron de buena fe. 
Hay que recordar que la manifestación de Barcelona fue una manifestación verdaderamente extraordinaria de unidad cívica y que, además, no hay precedentes de una manifestación tan importante en la que no se hayan producido actos violentos. 
Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que la mejor manera de evitar estos sucesos consiste en ejercer una vigilancia efectiva y que la policía sepa hacer su trabajo de manera eficiente, como sucedió en el Consejo Europeo de Barcelona. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nº 12 a 40 recibirán respuesta por escrito. 
Señor Presidente, he asistido a muchas sesiones del turno de preguntas en este Parlamento y mi percepción comparativa es que el Sr. de Miguel practica un cierto filibusterismo parlamentario, porque habla muy lentamente, pero sobre todo lee muy lentamente, lo cual es más llamativo. 
Yo conozco bien el español, y esto lo interpreto como una argucia parlamentaria para ir retrasando el debate. 
Creo que si hiciéramos un estudio comparativo fonético, fonológico y de los tiempos, veríamos que ha habido Presidentes del Consejo que han hecho turnos magníficos, dedicando mucho tiempo a explicaciones, pero éste no es el caso. 
Mi percepción es que aquí hay un cierto filibusterismo parlamentario, de retrasar, a propósito, para que no dé tiempo a tantas preguntas. 
Por tanto, pido a la Presidencia que estudie la cuestión por si fuera precisa una recomendación al Sr. de Miguel. 
Ya le puedo decir, señora diputada, que mi percepción no coincide en absoluto con su apreciación, que es muy personal. 
Esto no es una cuestión de orden. 
Está usted en su derecho de manifestar sus opiniones por escrito, pero la Presidencia puede ya anunciar que no va a hacer ningún estudio ni fonológico, ni de tiempos y que cree que el Sr. de Miguel, de acuerdo con su criterio, contesta a las preguntas. 
Unas veces les gusta a los diputados y otras no, señora. Izquierdo. 
Esto es elemental ¿no? 
Si el Sr. de Miguel, por alusiones, quiere hacer alguna contestación, tiene la palabra. 
. Me parece, desde luego, que está en el límite de la cortesía hacerme esta observación, precisamente hoy que este Parlamento me ha tenido esperando durante media hora para iniciar el turno de preguntas porque había otro debate. 
Yo no he reprochado al Parlamento el retraso en sus debates porque me parece totalmente normal. 
Me parece absolutamente increíble que alguien me pueda reprochar a mí que pierdo el tiempo respondiendo a las preguntas cuando el propio Parlamento me ha hecho esperar media hora. 
Esto lo debería saber la Sra. Izquierdo Rojo. 
Además, no es la primera vez que intervengo en un Parlamento- ni siquiera en este- y jamás alguien me ha acusado de hacer filibusterismo, sino todo lo contrario. 
Me parece que leo con suficiente rapidez y hablo con suficiente rapidez para que nadie me pueda hacer ese reproche. 
Por lo tanto, protesto formalmente, señor Presidente, por estas afirmaciones que, como mínimo, están en el límite de la descortesía. 
Señor de Miguel, yo le pido disculpas por empezar tarde el turno de preguntas. 
Usted sabe que no depende del Presidente de sesión, porque es necesario acabar el debate anterior. 
Ya he manifestado con toda claridad que esta Presidencia no coincide, en absoluto, con ninguna de las manifestaciones que ha hecho la Sra. Izquierdo Rojo. 
No vamos a plantear ahora un problema entre el Parlamento y el Consejo, no tiene ningún sentido. 
Yo, como Presidente de sesión, me doy por muy satisfecho del ritmo y de las contestaciones y de su cooperación con el Parlamento. 
Luego podemos criticar, o pueden criticar los diputados como crean conveniente- como ocurre en todos los parlamentos del mundo- el tipo de contestaciones. 
Y yo estoy seguro que la Sra. Izquierdo Rojo podrá llegar a coincidir conmigo en esta apreciación, aunque no sea en este momento. 
Pero queda claro por parte de la Presidencia la absoluta dedicación que ha tenido esta tarde el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo y en la medida en que usted lo ha demandado, y más allá de que lo haya demandado, con la mayor cortesía, le agradezco su presencia en este hemiciclo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0020/2002) del Sr. Skinner, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Plan de Acción sobre Capital Riesgo (PACR) (COM (2001) 605- C5-0015/2002- 2001/2213 (CNS) ). 
Presidente, precisamente porque la Cumbre de Lisboa fue la primera que se fijó como objetivo el conseguir que Europa, para el año 2010, tuviera la economía más dinámica y orientada a los conocimientos de todo el mundo es por lo que actualmente contamos con el Plan de Acción sobre Capital Riesgo que tenemos ante nosotros. 
El fijarse el mencionado objetivo fue una prueba de optimismo entre los Gobiernos, pero no fue una prueba de falta de realismo, pues el conseguirlo está a nuestro alcance. 
Se requiere un marco estimulador para que podamos promover industrias de alto crecimiento como la información y las biotecnologías, que pueden engendrar puestos de trabajo. 
Las PYME forman parte integrante de ese proceso y eso es realmente lo principal: atraer financiación para tratar de generar esas empresas. 
¿Para qué necesitamos el Plan de Acción sobre Capital Riesgo? 
Si hacemos una comparación entre Europa y los Estados Unidos en las esferas de la creación de empresas y la financiación de capital social, particularmente entre las empresas pequeñas, veremos que la actividad en materia de capital riesgo demuestra que Europa está muy rezagada en lo que se refiere a voluntad de competir. 
Hay que establecer un marco para que podamos configurar el futuro de Europa. 
Para empezar hay que reconocer que la Comisión- previa intervención del Parlamento- lo ha formulado muy bien: hay que suprimir las barreras fundamentales y hay que fijar referencias para suprimirlas. 
El marco de esas referencias ha quedado ya identificado: el primero es la fragmentación de los mercados. 
¿Cómo consiguen las empresas de toda la Unión Europea obtener financiación para hacer frente a la deuda y al capital social? 
Las respuestas son variadas y diferentes en los 15 Estados miembros. 
Como mejor se pueden describir es como mercados incipientes, por una parte, y por otra recurriendo a enfoques más sofisticados y desarrollados. 
Muchas empresas pequeñas y medianas consiguen financiación gracias a préstamos bancarios en condiciones comerciales. 
Esto es totalmente apropiado en algunas circunstancias, pero los proyectos nuevos e interesantes o sus derivaciones no son necesariamente tan apropiados en el caso de los préstamos bancarios. 
En las esferas en las que el riesgo será probablemente una característica importante del intercambio, por ejemplo en las ' dotcoms? , las transacciones con bancos comerciales pueden considerarse inapropiadas e inviables. 
En esos casos se precisan procesos alternativos: filántropos comerciales o grupos de inversionistas, inversionistas privados, que agrupen a la gente con ideas por una parte y con dinero por la otra. 
En el plano institucional existe la posibilidad de cotizarse en el mercado AIMS del Reino Unido, por ejemplo, y quizá incluso de utilizar las cajas de pensiones para conseguir un rendimiento mejor que con valores y acciones de empresas muy seguras. 
En el marco de la consecución de esos rendimientos más interesantes para posibles empresas nuevas y en expansión, quizá no sea sorprendente enterarse de que toda una industria se ha lanzado en esa dirección. 
De igual forma, el cuidadoso enfoque de esos inversionistas, que aplican el principio de la debida diligencia, significa que la espontaneidad no forma parte de la ecuación de los riesgos, como uno podría haber imaginado en primer lugar. 
Si la Unión Europea desea un lugar en la ' Primera división? de la competencia y el crecimiento industrial, la financiación de las industrias del futuro revestirá importancia vital. 
Ésta es la dura realidad de un mercado que está retenido, no solamente por la lenta evolución de la formación de la deuda, sino también por el carácter de las barreras institucionales y regulatorias que surgen en cualquier otra operación llevada a cabo en la Unión Europea. 
Fijémonos por un momento en algunas de esas barreras. 
Desde el punto de vista administrativo es agradable ver que las formalidades administrativas para la constitución de una empresa representan actualmente la parte más importante de los estatutos de la empresa. 
Eso facilita el tipo de progreso que esperamos exista. 
Observo también que en enero de 2002 la Dirección General de Empresas comenzó a trabajar en la determinación de referencias para la administración del establecimiento de empresas. 
El costo de establecer una empresa varía según los países de la Unión Europea, aunque se haya registrado algún progreso. 
Ahora bien, fijémonos en algunos de los problemas de la obtención de licencias. 
Fijémonos en algunos de los otros problemas que frenan el desarrollo de las empresas. 
Es importante hacer distinciones, y podemos ver que hay empresas en las esferas de alta tecnología, medicamentos y biotecnología a las que se obliga a superar dificultades cuando quizá hubiera sido mejor reconsiderar lo que se estaba haciendo. 
No necesitamos fijarnos en las empresas incipientes: las empresas crecen, se desarrollan o son objeto de compra. 
O sea que, a todos los fines prácticos, necesitamos considerar qué tipo de empresas retienen nuestra atención cuando pensamos en el capital riesgo. 
Incluso ahora las adquisiciones de la totalidad de las acciones- en particular en el caso de la compra por los cargos importantes de la empresa- constituyen la categoría única más importante de acción con capital riesgo. 
La eliminación de las barreras reguladoras equivale a la introducción de nuevas directivas. 
Las nuevas directivas agrupan los enfoques necesarios para la emergencia de un mercado único. 
Recientemente la directiva sobre el prospecto fue adoptada y ahora- supongo que a causa de las actividades de este Parlamento- protege a las empresas pequeñas y medianas contra los requisitos burocráticos del registro continuo o los peligros que amenazan a su capacidad de acceso a la financiación. 
Los problemas de la directiva sobre el prospecto que el Parlamento tuvo que abordar se hubieran podido evitar si hubiera habido desde el principio la debida cooperación mutua con el plan de acción sobre capital riesgo. 
Permítanme que mencione también las pensiones y la necesidad de que contemos con una directiva de buena calidad sobre pensiones, una que evite en primer lugar el enfoque superprudencial. 
Ese enfoque reduciría realmente las perspectivas de obtener cualquier tipo de financiación recurriendo a la industria de las pensiones, industria que en los Estados Unidos es una fuente importante de inversiones en pequeñas empresas. 
Si ese enfoque superprudencial se utiliza, entonces no veo por qué necesitaríamos una directiva sobre pensiones en Europa. 
El plan de acción sobre servicios financieros agrupa a muchas de las directivas necesarias para poner en práctica el Plan de Acción sobre Capital Riesgo, incluidas la mayor parte de las que acabo de mencionar. 
Ahora bien, como la cuestión de Lamfalussy está prácticamente resuelta, el progreso está asegurado, con lo cual el requisito del marco regulatorio para el plan de acción sobre capital riesgo queda a nuestro alcance. 
El impacto de las pequeñas y medianas empresas ha sido desde hace mucho tiempo una cuestión planteada por muchos parlamentarios que no quieren ver nada más que las ventajas más positivas para las empresas. 
La definición de referencias en cuanto a los logros de la Comisión en esas esferas ha proporcionado al Parlamento Europeo y al Consejo el instrumento necesario para medir el progreso europeo. 
Hasta ahora ese progreso ha sido positivo, aunque un poco lento. 
Hay otras esferas que ya se han mencionado, como la tributación, la doble tributación de capital riesgo o el impuesto sobre ganancias de capital, los arreglos fiscales para nuevas empresas y las tasas impositivas comparativas con formas menos arriesgadas de capital. 
De estas cuestiones se han ocupado cierto número de Estados miembros pero aún queda alguna cuestión difícil que habría que incluir entre esas otras cuestiones. 
Además, en términos de recursos humanos, necesitamos el tipo de entrenamiento o asesoramiento que es indispensable para ayudar a que esas empresas tengan éxito desde el principio: la enseñanza durante toda la vida e iniciativas en materia de cualificaciones profesionales pueden ser consideradas como el comienzo de la difusión de una práctica óptima, como también lo es la introducción de mentores comerciales en algunos países y la evolución de los planes de estudio escolares. 
Las pequeñas empresas de alta tecnología que, a fin de cuentas, son el objetivo del plan de acción sobre capital riesgo, son actualmente poco frecuentes. 
La Cumbre de Lisboa de 1997 arrojó el guante del plan de acción sobre capital riesgo para que Europa lo recogiera. 
Lo previsto es que el plan quede completado para el año 2005 en calidad de marco regulatorio y para el año 2010 por lo que se refiere a la economía basada en conocimientos. 
El plan de acción sobre capital riesgo no constituye de por sí un plan de incremento del crecimiento o de creación de puestos de trabajo, pero es el marco esencial. 
Se han hecho progresos pero con bastante lentitud. 
Señor Presidente, quisiera empezar con dos declaraciones de interés. 
La primera es que represento al País de Gales en el Parlamento Europeo. 
Los diputados quizá sepan que el plan de acción sobre capital riesgo fue adoptado por primera vez en la Cumbre de Cardiff, que es la capital del País de Gales y también la ciudad en que resido. 
La segunda es de interés financiero bastante más directo: soy el director de la National Farmers ' Union Mutual Insurance Company del Reino Unido, que es una de las diez compañías de seguros más importantes del Reino Unido. 
Menciono lo antedicho porque algunas de mis observaciones se referirán a cuestiones de pertinencia para el sector de los seguros. 
Felicito al Sr. Skinner por la labor que ha realizado para la preparación de este informe. 
Es tradicional decirlo así pero, en este caso concreto, realmente aprecio la intensa labor y la dedicación de que ha dado pruebas. 
El Sr. Skinner es una figura algo solitaria en esta parte de la sala del Parlamento, desde el punto de vista de la necesidad de conseguir que protejamos los intereses de las empresas comerciales. 
Sin embargo, la suya es una voz que escucho siempre con interés. 
Su informe es un texto que acojo con agrado. 
Mis colegas y yo, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hemos hecho algunos cambios en el informe que lo hacen aún más aceptable. 
Este informe se halla dentro del contexto- me parece- de algunos de los fracasos de la industria de capital riesgo. 
Ha habido fracasos. 
La industria de capital riesgo se ha concentrado demasiado en esferas en las que ya había una actividad financiera importante. 
Por eso es necesario que haya alguna orientación acerca de las normas sobre ayuda estatal. 
Ahora bien, quisiera prevenir al Parlamento, a la luz de una parte de mi propia experiencia, acerca de los fallos de aventuras patrocinadas por el Gobierno en todo el campo del capital riesgo. 
En primer lugar, la gente imagina que si hay algún plan de capital patrocinado por los gobiernos ese plan representará una garantía de asistencia financiera. 
En segundo lugar, ¿cuáles son los juicios acerca de las inversiones que hay que proteger y las que no conviene proteger? 
¿Quién es el que formula esos juicios? 
En tercer lugar, el efecto que a veces pueden tener, que es una perturbación de los mercados que puede traducirse en la desaparición de algunos buenos competidores. 
Ésas son algunas de las notas de advertencia que conviene tener en cuenta. 
El informe que estamos considerando aquí está bien equilibrado pero sigue siendo necesario que abandonemos la idea de que el Gobierno, en cierto modo, puede resolver todas esas cuestiones. 
Es importante que tratemos de la promoción del sector empresarial. 
Hablamos demasiado de la cuestión sin molestarnos en ocuparnos efectivamente de ella. 
En mi propio país hemos obtenido la condición de Objetivo I pero es dificilísimo conseguir que las personas involucradas en la puesta en práctica del plan reconozcan la importancia del sector empresarial. 
Muy a menudo tenemos administraciones locales y regionales gestionadas por el sector público que consideran a esa cuestión como una posibilidad más de obtener ingresos. 
Eso quiere decir que también en esas esferas precisamos orientación. 
Por último, quisiera plantear una cuestión acerca de las fuentes para la recaudación de fondos. 
Entre ellas figuran las cajas de pensiones, los bancos y las compañías de seguros. 
Eso es algo que la Comisión reconoce y también el Sr. Skinner. 
En este Parlamento tenemos que cesar de satanizar a esas organizaciones. 
Con esas organizaciones contamos para obtener la financiación que necesitamos para crear la economía dinámica que queremos desarrollar en Europa. 
Así podremos obtener dos beneficios: crearemos nuevas empresas y oportunidades de empleo y, al mismo tiempo y a menudo, estaremos aportando los fondos necesarios para la jubilación de ciudadanos europeos. 
Como resultado de lo antedicho estaremos creando un círculo de inversiones virtuoso. 
He aquí un mensaje que no se suele oír a menudo en este Parlamento. 
Señor Presidente, sin obligación parlamentaria alguna, comienzo felicitando y elogiando al Sr. Peter Skinner por la calidad y la profundidad del informe que nos presenta y que, por lo demás, me dispensa de consideraciones concretas sobre el asunto, dado que está muy bien tratado en su informe. 
Señorías, la recuperación económica de Europa, que es absolutamente fundamental para que se alcancen todos los objetivos políticos de la Unión, debe depender más de la calidad de las políticas propias que del resultado de impulsos favorables que reciba de la recuperación de otros espacios económicos. 
La Unión fijó en Lisboa en 2000 el objetivo claro e imperativo de transformar la Unión Europea hasta el año 2010 en la economía más dinámica y competitiva del mundo. 
La consecución de ese objetivo entraña, por un lado, el aprovechamiento integral de todas las potencialidades resultantes de la generalización de la sociedad de la información y del conocimiento y la liberalización de algunos mercados, en particular en el sector de la energía, y, por otro, la formulación y la aplicación de políticas públicas de competencia y competitividad que creen un ambiente propicio para el desarrollo económico sostenido. 
La Europa comunitaria está constituida por una economía basada en un tejido empresarial en el que la iniciativa privada es dominante y el recurso a la innovación y el riesgo de una realidad innegable. 
Por tanto, lo que se exige a las autoridades nacionales encargadas de la reglamentación y a las instituciones comunitarias pertinentes es que fomenten todos esos esfuerzos de innovación y no las obstaculicen. 
El plan de acción en materia de capital de riesgo que el Consejo Europeo de Lisboa valorizó, al pedir su aplicación hasta 2003, es uno de esos instrumentos y seguramente uno de los más eficaces. 
Así, pues, es importante hacer su balance y supervisar su aplicación, no sólo para comprobar los avances logrados, sino también y sobre todo para motivar y apelar a todas las fuerzas relevantes de los Estados miembros en relación con la necesidad de la progresiva y continua prosecución de un saludable espíritu empresarial basado en una concepción en la que el riesgo sea un factor permanentemente controlado. 
Se debe estimular y defender la utilización del capital de riesgo como instrumento de fomento de la inversión en nuevas empresas y sobre todo en sectores afectados por una incertidumbre cada vez mayor al comienzo del proceso productivo, pues aún no están agotadas las enormes posibilidades que engendra y multiplica. 
Con todo, ello impone, como bien recuerda el ponente, un conjunto de medidas de armonización legislativa y la aceptación de políticas de estímulo fiscal adoptadas por cada uno de los Estados miembros, pero también indicadas por la Unión, que permitan romper los bloqueos existentes en el sector de la oferta de capitales y, en particular, en lo relativo al acceso de las pequeñas y medianas empresas a ese instrumento de financiación. 
Al asumir una responsabilidad mayor en la financiación del capital de riesgo por mediación del Banco Europeo de Inversiones, Europa demuestra que desea asumir sin equívocos una parte de su responsabilidad. 
Con todo, conviene fortalecer y desarrollar, sin perjuicio del acceso a esa forma de financiación para los sectores de tecnología avanzada, un marco político, económico e institucional adecuado para la utilización plena del instrumento de capital de riesgo por las pequeñas y medianas empresas. 
En ese marco, el papel de la Comisión y del Parlamento resulta absolutamente indispensable y será rigurosamente determinante. 
Muchos avances tecnológicos importantes salieron de pequeños empresarios ingeniosos. 
Así por ejemplo, Philips inventó la bombilla en su casa y Bill Gates comenzó a desarrollar software en su garaje. 
Valga decir que no toda innovación cuenta inmediatamente con el apoyo del gran público. 
Hace falta valor, coraje, osadía y capital riesgo. 
Para que la sociedad pueda beneficiarse de esas innovaciones son necesarias grandes inversiones que fomenten el posterior desarrollo de nuevas tecnologías. 
Ahora bien, muchas pequeñas empresas no disponen de tal capacidad de inversión o no tienen acceso al mercado de capitales para obtener recursos en unas condiciones favorables. 
Por eso es imprescindible que se facilite el acceso al capital riesgo y que se eliminen todos los obstáculos. 
En los últimos años se ha venido registrando un estancamiento tanto de la demanda como de la oferta de capital riesgo para pequeñas y medianas empresas. Ello pone de manifiesto que solamente podrá surtir efecto un planteamiento que elimine a la vez las trabas a la demanda y a la oferta. 
No creo que convenga demasiado liberar fondos públicos a este fin. 
Corresponde sobre todo a los Estados miembros elaborar una buena legislación en la que se establezca claramente cómo los fondos de pensiones pueden rentabilizar los recursos que les han sido confiados. 
Debe existir la posibilidad de invertir en capital riesgo bajo unas condiciones muy estrictas y habida cuenta del perfil de riesgo del fondo. 
En todo caso, es importante que ello no haga peligrar las pensiones. 
Por otra parte, los Estados miembros han de evitar que los incentivos terminen por convertirse en ayudas estatales. 
Eso es poco recomendable y no supone ningún estímulo para el empresario innovador y creativo. Tampoco aporta ninguna solución al problema esencial: un mercado de capitales deficiente. 
Por todo ello, es fundamental que los incentivos revistan carácter provisional. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas aún presentes, todos tenemos clara la importancia del capital propio y el capital de riesgo para el cumplimiento de los objetivos que se adoptaron en Lisboa para Europa. 
Nosotros nos congratulamos de que en Lisboa se reconociese con toda claridad el importante papel que cumplen unos mercados de capital riesgo eficaces para las pequeñas y medianas empresas innovadoras, con un potencial de crecimiento intensivo, y en consecuencia también para la creación de nuevos puestos de trabajo estables. 
Nos alegramos mucho de que en Lisboa se pidiese la plena transposición del plan de acción relativo al capital de riesgo para 2003, a más tardar, y se dejara claro que, en nuestro continente, las pequeñas y medianas empresas constituyen la base del desarrollo tecnológico y de la innovación. 
En consecuencia, también valoramos muy positivamente el resultado, con un incremento del volumen total de inversiones de capital riesgo en Europa, de 10.000 millones de euros en 1999 a 19.600 millones de euros en 2000. 
Lamentamos, no obstante, que a pesar de este éxito aún sigamos estando muy rezagados con respecto a los Estados Unidos. 
En 2000, las inversiones de capital riesgo sólo representaron un 0,23 % del PIB en Europa, mientras que en los Estados Unidos supusieron el 0,7 % del PIB. 
Si queremos lograr los objetivos de Lisboa, tendremos que alcanzar o tal vez superar a América en este aspecto. 
En este contexto también es importante señalar- como ya ha hecho el orador que me ha precedido- que la mayor fuente de financiación son los fondos de pensiones, seguidos por las compañías aseguradoras y los bancos. 
Por esto es particularmente lamentable que la propuesta de la Comisión con vistas a la consolidación de los sistemas de previsión complementarios, como parte del plan de acción relativo a los servicios financieros, no haya recibido hasta ahora una respuesta oficial del Consejo, con lo cual de momento no podemos debatirla. 
También lamento que, según parece, las llamadas propuestas de compromiso alcanzadas en el Consejo no van a poder contar con la aprobación del Parlamento, ni tampoco de la Comisión, y no la obtendrán. De manera que el Comisario competente, Bolkestein, se ha sentido obligado a declarar ahora, en una ocasión, que si las cosas no avanzan, se verá obligado a retirar la propuesta de la Comisión para recuperar la iniciativa. 
La actitud del Consejo también se contradice con las decisiones adoptadas en Barcelona. 
También sabemos que las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para acceder al capital de riesgo. 
Por esto es tan importante el proceso de Basilea y que el resultado de Basilea tenga en cuenta el tamaño medio de la estructura económica en Europa y no dificulte el acceso de las pequeñas y medianas empresas al capital. 
En consecuencia, también pedimos a la Comisión que, además de realizar un seguimiento del proceso de Basilea desde el punto de vista de las decisiones de Barcelona, también influya activamente sobre él, teniendo en cuenta la estructura económica europea y la importancia de las pequeñas y medianas empresas para el crecimiento y el empleo. 
Señor Presidente, el informe Skinner proporciona una interesante respuesta a la comunicación de octubre de 2000 de la Comisión encaminada a poner en práctica el plan de acción sobre capital riesgo, que se expuso en la Cumbre de Cardiff de 1998 y que encaja muy bien en el plan de acción sobre servicios financieros al que se ha asignado prioridad en Barcelona. 
Las PYME de Europa tropiezan con mayores dificultades que sus homólogas de los Estados Unidos para obtener un préstamo o para financiar el capital social, lo que puede ayudar en parte a explicar el éxito extraordinario del crecimiento económico de los Estados Unidos durante los diez últimos años. 
Aunque ahora se registra un rápido crecimiento de los fondos de capital riesgo en la Unión Europea, su rendimiento acusa enormes variaciones. 
La Ciudad de Londres, que represento con orgullo, abre el marcador con el 0,4 por ciento del PIB del Reino Unido dedicado a esa causa, pero incluso en ese caso, la mayor parte de la financiación proviene de fuentes de los Estados Unidos de América. 
Las cajas de pensiones constituyen la fuente principal de capital, y he preconizado que haya cajas de pensiones de libre elección, estilo Reino Unido, para los empleados por su propia cuenta, a las que se permita efectuar ese tipo de inversiones sobre una base paneuropea, aunque esta sugerencia, desgraciadamente, fue rechazada en la comisión parlamentaria. 
Coincido con la posición en favor de que haya leyes de insolvencia como las de los Estados Unidos para toda la Unión Europea, en conformidad con los procedimientos de quiebra del Capítulo XI de los Estados Unidos, que ofrecen cierto número de ventajas, particularmente en la medida en que no perturban la continuidad comercial de las compañías afectadas. 
Lamento también lo mucho que se ha tardado en abordar la cuestión tan necesaria de la patente comunitaria, debido a una reticencia excesiva acerca de los términos utilizados, que lo único que hace es aumentar el costo para las PYME e imposibilitar la finalización de los procedimientos. 
El hecho de no resolver radicalmente la cuestión de los términos utilizados no hará más que agravarse después de la ampliación de la UE, pues habrá 40 millones de oradores polacos que querrán también que su idioma reciba la misma prioridad que, por ejemplo, el español o el italiano. 
Los Estados miembros deben considerar también seriamente la promoción de fondos mediante incentivos fiscales generosos en términos de ganancias de capital, a fin de moderar el riesgo para los inversionistas. 
Ahora bien, en general rechazo la idea de que el Estado financie directamente a las PYME, ya que el Estado suele acertar raras veces cuando elige a los ganadores en la competencia de demandas de capital. 
Sin embargo la sugerencia del Sr. Skinner de que haya un espacio Web en el que puedan resolverse de una vez todas las cuestiones relativas al capital riesgo y facilitar así la articulación de las PYME con los proveedores de fondos es una sugerencia muy buena. 
Este excelente informe obtuvo considerable apoyo general de los partidos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y, a pesar de que proviene del otro lado de esta sala, merece nuestro apoyo sin reservas. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, señor Skinner, que tan bien ha descrito una gran cantidad de medidas necesarias para aumentar el flujo de Capital Riesgo en Europa. 
Para alcanzar el optimista objetivo fijado en Lisboa hace dos años, que Europa sea pionera en el mundo el año 2010, habrá que tomar medidas rápidamente para aumentar el flujo de Capital Riesgo hacia las empresas. 
El tiempo vuela. 
EE.UU. aumenta su ventaja. 
Como ha señalado el ponente, es especialmente importante revisar las condiciones para las empresas pequeñas y medianas. 
Es allí donde tienen lugar el desarrollo tecnológico y las innovaciones. 
También estas empresas son las que crean nuevos puestos de trabajo. 
Es sabido que las inversiones del Capital Riesgo han descendido en Europa. 
En estas circunstancias es fácil caer en soluciones anticuadas: financiación oficial. 
Sin embargo, esto significaría nuevas empresas, pero no sanas y fuertes, sino que dependientes de subvenciones. 
Por eso conviene subrayar que las subvenciones estatales sólo pueden justificarse en circunstancias muy excepcionales. 
El clima empresarial es decisivo para la economía europea y de los Estados miembros. 
Un claro ejemplo de deficiencias en este sentido lo encontramos en Suecia, que ha manipulado mucho con las subvenciones, estropeando así la sana competencia. 
Desde 1960 no se ha creado ni una sola gran empresa en mi país. 
Este informe se ocupa de muchos aspectos importantes para las empresas pequeñas y medianas. 
De esto se deduce claramente que todavía existen impedimentos administrativos, legales y culturales y que se ha hecho muy poco para eliminarlos. 
Es conveniente que estos trabajos se apresuren ya que el acceso al Capital Riesgo es una condición para el crecimiento y desarrollo de las empresas. 
Las empresas que van a la quiebra deben tener una nueva oportunidad. 
Los intentos y los fracasos no deben conllevar un estigma derivado de la aplicación de la legislación de quiebras, ya que en ese caso nadie se atreverá a hacer intentos. 
Las personas dispuestas a arriesgar y el capital Riesgo son fundamentales en una economía en crecimiento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Jonathan Evans representa a los ciudadanos de Gales y yo represento a los ciudadanos de Wels. 
En ambos lugares tenemos pequeñas y medianas empresas fuertes y esta es también la fuerza de Europa. 
Dos terceras partes de los empleos corresponden a empresas de menos de 250 trabajadores; por esto debemos tenerlas siempre presentes en nuestra política. Think small first. 
Tenemos que pensar primero en los más pequeños y examinar cómo podemos incidir en este ámbito. 
Ahora mismo, si un estudiante o un colaborador desean establecerse por su cuenta, carecemos de instrumentos operativos que permitan ayudarles. 
El llamado one man start up (lanzamiento individual) es un objetivo muy importante. 
También debería ser posible ofrecer capital de riesgo en montantes de 5.000- 10.000 euros y no sólo a partir de los cinco millones. 
Esto va a ser particularmente necesario en los nuevos Estados miembros. 
Tenemos que saber que allí existe una clamorosa insuficiencia de capital propio y la situación es muy difícil también para los bancos, y que si deseamos alcanzar un bienestar viable allí y construir una economía de mercado operativa, tenemos que pensar cómo van a poder conseguir el capital necesario sus empresas cuando empiecen a operar dentro de la Unión Europea. 
El segundo gran ámbito es el de la transmisión de empresas. 
En estos momentos, la carga tributaria cuando que grava la transmisión de las empresas de una generación a la siguiente es enorme. 
Sin embargo, las empresas se encuentran en situación de máximo riesgo justamente en esa fase, puesto que, por un lado, se retira la generación experimentada y, por el otro lado, la nueva generación desea construir algo nuevo y, por lo tanto, también incurre en nuevos riesgos. 
Yo quiero pedirle al señor Comisario que nos ofrezca alternativas. 
Finalmente, yo quisiera añadir que es importante que pensemos en la optimización de los impuestos. 
¿Son adecuadas las normas en materia de amortizaciones? 
¿Necesitamos nuevas normas, nuevas exenciones, nuevas provisiones, para las nuevas empresas, para las empresas de capital riesgo? 
¿Cuáles deben ser los plazos y cuál debe ser su alcance? 
Yo creo que los impuestos también desempeñan un enorme papel en el ámbito de la acumulación de un capital propio y quiero pedirle a la Comisión que presente un libro verde sobre este tema, pues el Convenio de Basilea II va a introducir también enormes cambios en la fiscalidad y sólo podremos cumplir los requisitos necesarios si se reduce la tributación de las ganancias empresariales, particularmente en el caso de los beneficios no retirados, lo cual seguirá generando grandes recelos entre los Ministros de Finanzas. 
. 
(EN) Señor Presidente, para empezar quisiera decir que la Comisión acoge con satisfacción este informe y quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Skinner, por haber preparado el informe acerca de la aplicación del plan de acción sobre capital riesgo. 
El informe apoya claramente la estrategia de la Comunidad en favor de desarrollar el mercado de capital riesgo en la Unión Europea. 
Como se ha dicho varias veces esta tarde en este Parlamento, el capital riesgo brinda una fuente esencial de financiación para empresas nuevas e innovadoras y de esa forma contribuye sobremanera al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo. 
El desarrollo de un mercado de capital riesgo grande y eficiente en la Unión Europea es un elemento fundamental de la denominada Estrategia de Lisboa, encaminada a crear una Unión Europea más dinámica y más próspera. 
Durante el período transcurrido desde que se puso en práctica el plan de acción sobre capital riesgo se ha registrado un rápido incremento del mercado de dicho capital en la Unión Europea. 
Las inversiones casi se triplicaron entre 1998 y 2000. 
El crecimiento fue más lento en 2001 porque la ' burbuja dot.com? estalló y la economía mundial se debilitó, pero a pesar de ello el mercado sigue siendo fundamentalmente sólido. 
En realidad el frenazo del crecimiento puede ser considerado como una consolidación necesaria después de la conducta más bien exuberante de los años anteriores. 
Ahora bien, a pesar del progreso real que se ha efectuado, sigue habiendo todavía importantes barreras para el desarrollo del mercado de capital riesgo en la UE. 
Como indica el informe, esas barreras afectan tanto al sector de la oferta como al sector de la demanda del mercado. 
El plan de acción sobre capital riesgo tiene por finalidad superar esas barreras, y a fin de cumplir el plazo de 2003 para la puesta en práctica del plan de acción sobre capital riesgo es preciso adoptar algunas medidas indispensables. 
Quizá no esté de más que mencione cuatro de ellas. 
En primer lugar, hay que adoptar urgentemente las medidas apropiadas del plan de acción sobre servicios financieros. 
Esas medidas incluyen la directiva propuesta sobre los prospectos, la directiva propuesta sobre cajas de pensiones profesionales, acerca de la cual han hablado esta noche algunos oradores, y el reglamento propuesto sobre las normas de responsabilidad internacional. 
Es muy positivo que el Consejo Europeo de Barcelona se haya comprometido a que esas propuestas queden adoptadas lo antes posible en 2002. 
Permítanme que diga en respuesta al Sr. Karas, acerca de la cuestión de las cajas de pensiones profesionales, que la Comisión no tiene la intención de complicar más la vida a las cajas de pensiones que están actualmente en funcionamiento y que trabajan con eficiencia y de forma satisfactoria. 
¿Por qué impondría la Comisión mayor carga regulatoria a esas cajas de pensiones? 
Por eso he dicho recientemente que si el Consejo hubiera de insistir en que se introduzcan nuevas restricciones respecto de esas cajas de pensiones que operan de forma satisfactoria- y que básicamente se hallan en el Reino Unido y en Irlanda, en los Países Bajos y en Dinamarca; juntos, esos países representan quizá las dos terceras partes o el 75 por ciento del capital total reunido y destinado a hacer frente a las obligaciones de las cajas de pensiones -, no veo por qué debería imponer la Comisión nuevas restricciones a esas cajas de pensiones. 
Como ya he dicho, si el Consejo desea hacerlo, entonces la Comisión no tendrá más remedio que retirar la propuesta. 
Ésta que he mencionado es la primera forma en que la Comisión proyecta incrementar el mercado para el plan de acción sobre capital riesgo. 
La segunda forma es que los Estados miembros mantengan, y mejoren cuando sea necesario, el ritmo de la reforma estructural. 
El objetivo de la reforma tiene que ser crear un ambiente en el que pueda prosperar el mercado de capital riesgo. 
Se han hecho progresos, pero aún queda mucho por hacer. 
Las amplias directrices de política económica de la Comisión para el año 2002/2003 instarán de nuevo a que se intensifiquen los esfuerzos en esta esfera. 
En tercer lugar, hay que estimular el aspecto empresarial. 
En la UE se han adoptado medidas en el plano nacional y de la Comunidad para promover una cultura empresarial, pero los diputados saben muy bien que no es fácil modificar una cultura. 
De hecho, las barreras culturales pueden ser particularmente difíciles de superar, pero nuestros esfuerzos en esta esfera tienen que continuar y, de ser posible, tienen que intensificarse. 
En cuarto y último lugar, hay que mejorar la eficiencia de la financiación pública para las actividades a base de capital riesgo, y es importante que la financiación pública no descarte las inversiones del sector privado. 
No queremos que pueda hacer semejante cosa. 
Sobre la base de esa consideración, la Comisión ha aclarado su política por lo que se refiere a la ayuda estatal a las actividades con capital riesgo. 
Considero que el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es otro importante punto de partida para nuestros esfuerzos encaminados a desarrollar el mercado de capital riesgo en la UE. 
Es alentador que las recomendaciones de la comisión parlamentaria correspondan enteramente a las medidas propuestas en el plan de acción sobre capital riesgo, y la Comisión quisiera realmente dar las gracias una vez más al ponente por su labor. 
Antes de que dé por terminada mi contribución al presente debate, quisiera decir, en respuesta a una pregunta del Sr. Karas, que la Comisión está siguiendo activamente las negociaciones de Basilea. 
Como sabe el Sr. Karas, la Comisión desempeña en esas negociaciones un papel de observadora. 
Estamos entrando ahora en la tercera ronda de consultas. 
Se ha previsto más tiempo para esas negociaciones y uno de los principales objetivos de la Comisión es que la evolución de las negociaciones brinde a las pequeñas y medianas empresas las mismas posibilidades de atraer capital que a las grandes compañías. 
Una vez más, ¿por qué aprobaría la Comisión algo que sería perjudicial para las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas de obtener capital? 
Al fin y al cabo, todo lo que queremos hacer es facilitar que el capital llegue a las PYME porque todos sabemos que las PYME desempeñan un cometido importantísimo en la creación de puestos de trabajo; no hace falta decir que también desempeñan un papel sumamente importante en la creación de industrias de alta tecnología, o, mejor dicho, que también desempeñan actividades que pueden conducir a la implantación de industrias de alta tecnología. 
Diré para acabar algo acerca de las cinco enmiendas que ha propuesto el Sr. Goebbels. 
Es una lástima que no esté presente, pero quisiera decir que, respecto de la primera enmienda, la Comisión tropieza con dificultades porque tememos que dicha enmienda transmita una falsa señal al mercado. 
Nos preocupa en particular que no se debilite la disciplina en la ayuda estatal, y por eso la Comisión no aprecia realmente la primera enmienda y espera que el Parlamento no la acepte. 
La segunda enmienda indica que un déficit de financiación apropiada constituye el principal obstáculo para poner en marcha una empresa. 
Permítannos que la Comisión difiera de lo que acabo de decir. 
La Comisión no está de acuerdo en que la escasez de fondos sea el principal obstáculo. 
Hay una serie de obstáculos y sería difícil decir cuál de ellos es el obstáculo más importante. 
Por lo tanto la Comisión lamenta no poder aceptar esta enmienda. 
Las otras tres enmiendas- enmiendas 3, 4 y 5- son aceptables para la Comisión y sin duda se informará al Sr. Goebbels de lo que opina la Comisión. 
Por lo tanto diré una vez más que aceptamos el hecho de que esas tres enmiendas vayan a ser aprobadas por el Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Por supuesto que la Presidencia transmitirá sus opiniones al Sr. Goebbels, pero el Sr. Goebbels, de todas maneras, estaba representado por el Sr. Santos en este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0073/2002) de la Sra. Ayuso González, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común del mercado del alcohol etílico de origen agrícola (COM (2001) 101- C5-0095/2001- 2001/0055 (CNS) ). 
. Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, anualmente, la Unión Europea produce aproximadamente 20 millones de hectólitros de alcohol, de los cuales 13 millones son de origen agrícola y el resto de la producción es el llamado alcohol de síntesis. 
Las principales industrias de transformación que utilizan alcohol etílico son, por un lado, las que producen bebidas espirituosas, que representan alrededor del 30 % del mercado europeo del alcohol y que solamente pueden utilizar alcohol de origen agrícola y, por otro, las industrias de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos, que representan el 70 % restante y que pueden abastecerse indistintamente de alcohol de origen agrícola o de alcohol de síntesis. 
Es decir, ambos alcoholes compiten en el mismo campo. 
En el pasado, ha habido cinco tentativas sucesivas, por parte de la Comisión, de crear una OCM del alcohol, pero todas ellas han fracaso en el Consejo y las razones de este fracaso residen en la divergencia de los regímenes nacionales en materia de alcohol existentes tradicionalmente en los distintos Estados miembros. 
En particular, la razón principal reside en que una OCM implicaría, en principio, el desmantelamiento de las ayudas nacionales tal y como consta en el artículo 10 de la propuesta. 
Sin embargo, este tipo de ayudas que están ligadas al desarrollo rural pueden y deben mantenerse, porque además no distorsionan el mercado en la actual Europa de los 15. 
Las razones en favor de un marco normativo son: el funcionamiento del mercado único, la lealtad en las condiciones de competencia entre los operadores, la facilitación de una mayor transparencia y el conocimiento de los flujos de comercialización con vistas a la globalización. 
Y es que el proceso global de apertura y globalización constituye la principal amenaza para los productores europeos de alcohol. 
El alcohol procedente de países terceros accede cada vez con más facilidad al mercado de la Unión Europea, ya sea como consecuencia de los nuevos huecos que abren los regímenes preferenciales, como consecuencia de los compromisos GATT de reducción de los aranceles o como consecuencia de las negociaciones bilaterales con determinados países terceros, fuertes productores de alcohol. 
Además, en estos momentos hay otros factores que podrían afectar el futuro del sector europeo del alcohol, como la importante producción de alcohol de los países candidatos a la adhesión, la futura negociación de la OMC, que puede dar lugar a reducciones suplementarias de protección en frontera y al previsible aumento del mercado de bioetenol para combustibles en la Unión Europea, que podría modificar sensiblemente el mapa de utilizaciones y destinos tradicionales del alcohol etílico europeo. 
Ante esta evolución, el Consejo de Ministros de Agricultura de 17 de junio de 2000 invitó a la Comisión a estudiar la conveniencia de un marco normativo para el alcohol agrícola con la idea de mejorar la información estadística para una mayor transparencia del mercado, así como de introducir un régimen de licencias de importación y de exportación y crear un comité de gestión adecuado para el sector. 
La Comisión ha propuesto una OCM de menor alcance ya que no contempla ni medidas de intervención ni gasto del FEOGA, pero que, sin embargo, va bastante más allá de lo que constituye la propia invitación del Consejo, en la medida en que, además de definiciones, estadísticas, régimen de certificados de importación-exportación y creación del comité de gestión, nos propone la posibilidad de establecer contingentes arancelarios, cláusulas de salvaguardia, de prohibir o restringir el recurso al régimen de perfeccionamiento activo y una disposición específica en materia de ayudas de Estado. 
El problema es que una OCM sólo puede aplicarse a productos del Anexo I del Tratado, por lo que sólo puede abarcar el alcohol etílico de origen agrícola, pero no el alcohol de síntesis. 
Dado el importante grado de sustitución y competencia entre el alcohol agrícola y el de síntesis para la mayor parte de las utilizaciones, el hecho de que sólo se contemple el alcohol de origen agrícola suscita la cuestión legítima de saber cuál es el sentido y la utilidad de una reglamentación que está supuestamente concebida para organizar el mercado europeo del alcohol en su globalidad. 
Por ello, en el momento de empezar a elaborar el correspondiente informe en nombre de la Comisión de Agricultura, surgió una dificultad: ¿qué hacer con el alcohol de síntesis? 
Añadir el alcohol de síntesis implicaba la consulta a la Comisión de Asuntos Jurídicos ya que se pretendía modificar la base legal de la propuesta de la Comisión. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó que la doble base legal (artículos 37 y 95) es imposible, ya que los procedimientos correspondientes a ambos artículos son incompatibles. 
En consecuencia, ante la imposibilidad de modificar la propuesta para incluir el alcohol de síntesis, la ponente propone que sea la Comisión la que haga una nueva propuesta incluyendo el alcohol de síntesis en el ámbito de aplicación de la misma. De esta forma se conseguirá regular todo el mercado del alcohol etílico a nivel comunitario. 
Comprenderán por qué la Comisión de Agricultura ha votado esta propuesta por unanimidad. 
Es probable que una OCM no sea el instrumento apropiado, pero hay que tener en cuenta que es la Comisión quien tiene la potestad de iniciativa legislativa. 
Voy a terminar haciendo tres preguntas a la Comisión: ¿nos podrá decir en qué situación están las negociaciones en el Consejo? 
¿Piensa la Comisión retirar la propuesta? 
En caso afirmativo, ¿piensa presentar una nueva? 
. 
(EN) Señor Presidente, hemos llegado a un momento de la velada en el que estoy seguro de que el Comisario Bolkestein, la Sra. Ayuso González, usted y yo podemos pensar que lo mejor que se puede hacer con el alcohol etílico no es hablar de él. 
Sin embargo, no nos queda más remedio que prolongar durante unos cuantos minutos más la conversación. 
Quisiera expresar mi profunda simpatía a la Sra. Ayuso González por el volumen de trabajo y de tiempo que ha dedicado a este informe, para acabar descubriendo que no era posible elegir una base jurídica adecuada para poder referirnos a las dos fuentes del alcohol etílico. 
Según creo entenderlo, el alcohol etílico producido para usos industriales proviene en términos más o menos iguales de fuentes agrícolas y de fuentes no agrícolas, principalmente de la industria petrolera. 
En ese contexto, sería necesario encontrar una base jurídica doble para poder tratar de las dos fuentes al mismo tiempo. 
Personalmente me parece que la Sra. Ayuso González tiene razón cuando dice que sería absurdo que la Comunidad intentara tratar de estas dos sustancias, idénticas una a la otra, de forma diferente según la fuente de que provengan. 
Por otra parte, la economía de la producción y las circunstancias industriales de la producción son diferentes, como estoy seguro de que el Comisario Bolkestein sabe mejor que yo gracias a su polifacética experiencia. 
Por eso es una cuestión más bien importante tratar de encontrar la manera de englobar a todo el mercado de una forma que responda debidamente a cada una de las dos fuentes de producción. 
Hubiera sido censurable- lo digo por los contactos que tengo con la industria petrolera de Escocia- encajar el etanol producido en la industria petrolera en una organización agrícola que se ha establecido sin tener en cuenta las circunstancias que reinan en el otro sector, o sea que necesitamos un doble método para tratar de esta cuestión. 
Por lo tanto es perfectamente lógico sugerir que la Comisión ponga de nuevo su cerebro en marcha y haga un nuevo estudio de todo lo que necesita para mantener los ojos bien abiertos a fin de registrar todo lo que sucede en el mercado del alcohol en estos difíciles momentos, tratando con la misma atención a cada una de las dos fuentes de producción. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de creación de una organización común de mercado para el alcohol etílico de origen agrícola, presentada por la Comisión, se basa en una buena intención. 
Se trata de crear condiciones que garanticen una mayor regulación del mercado y una mayor transparencia y lealtad en los intercambios comerciales intracomunitarios y extracomunitarios. 
Además, debería ser una importante contribución al funcionamiento del Mercado Único en ese sector. 
Su utilización en sectores como la industria de bebidas espirituosas, las industrias química, cosmética y farmacéutica, le confiere una importancia estratégica en el marco europeo. 
Pero el alcohol de origen agrícola es sólo la mitad, más o menos, del consumido y producido en la Unión Europea, por lo que el resto es de origen sintético. 
Ese tipo de alcohol, con buenas condiciones de competitividad y sustitutibilidad en todas las utilizaciones, excepto en las bebidas alcohólicas, ha experimentado una expansión cada vez mayor en la Unión Europea. 
Pero resulta que la propuesta de la Comisión sólo abarca el alcohol de origen agrícola y excluye el alcohol de síntesis, como ya ha dicho la Sra. Ayuso González. 
En consecuencia, no es posible obtener una regulación mínimamente eficaz del mercado dejando fuera, sin normas o con normas diferentes, este último tipo de alcohol. 
Además, conviene subrayar que la propuesta de la Comisión tampoco resolvía el problema de las destilerías pequeñas y muy pequeñas que hasta ahora se beneficiaban de regímenes y ayudas nacionales. 
Por las razones expuestas nos parece oportuno, como propone la ponente, rechazar ahora la propuesta de la Comisión. 
A ese respecto el Parlamento Europeo expresa de forma fundamentada su insatisfacción por el alcance de las intenciones de la Comisión y le solicita la presentación de una nueva propuesta que reglamente todo el mercado del alcohol, agrícola y no agrícola, y resuelva los problemas pendientes con los diversos regímenes nacionales en vigor. 
En la futura propuesta se deben tener en cuenta también las cuestiones del bietanol y la ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar yo quiero manifestar mi agradecimiento a nuestra colega, la Sra. Ayuso González, que ha dedicado el máximo esfuerzo a la elaboración de este informe, aunque al final sólo vamos a votar una enmienda. 
En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, colegas de todos los partidos han intentado dar, junto con la Sra. Ayuso, una orientación equilibrada a la propuesta de la Comisión. 
A nuestro parecer, el equilibrio requiere que una futura organización común del mercado también incluya el alcohol sintético, junto con el alcohol de origen agrícola- que sólo representa una parte del mercado total del alcohol -, dado ambos mantienen una competencia directa. 
Esta petición se rechazó. 
En segundo lugar, es necesario contemplar algunas excepciones en relación con las disposiciones existentes en los Estados miembros que apoyan con ayudas estatales la producción de alcohol de origen agrícola, a fin de incorporar por esta vía consideraciones relativas a la protección del paisaje y del medio ambiente, la biodiversidad y la preservación de las pequeñas explotaciones agrarias. 
Me refiero concretamente al monopolio alemán del alcohol de origen agrícola, que hasta ahora ha cumplido de manera eficaz las citadas funciones. 
Con unas pequeñas ayudas estatales- que no son en modo alguno relevantes desde el punto de vista del mercado interior dentro del contexto europeo -, se consiguen mantener, sobre todo en el sur de Alemania, paisajes rurales de praderas con frutales diseminados, con un valor ecológico. 
Su mantenimiento y cultivo corre casi exclusivamente a cargo de pequeñas explotaciones campesinas. 
El resultado de esta política acertada que se ha venido desarrollando hasta la fecha se puede apreciar ahora mismo, Señorías, en las pendientes más empinadas de la Selva Negra, que en este momento se encuentran en flor. 
Esta modesta compensación por el cuidado del paisaje se inscribe prácticamente dentro de los planteamientos del segundo pilar, que por otra parte se prevé reforzar ampliando su interpretación. 
Sin embargo, tampoco se ha tenido en cuenta este objetivo. 
Por lo tanto, yo opino que el Parlamento Europeo procede acertadamente al rechazar la presente propuesta de la Comisión, que además desoye ampliamente el mandato originario del Consejo, que preveía un reglamento marco ' blando?. 
La pelota está ahora de nuevo en su campo. 
Yo deposito mis esperanzas en la reunión oficiosa del Consejo de Ministros de Agricultura de finales de abril y, muy concretamente, en la Sra. Künast. 
Sería de desear que el Consejo haga suya la propuesta del Parlamento, que doy por sentado que se aprobará mañana en los términos citados. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo acojo con clara satisfacción la decisión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de apoyar el informe de nuestra colega Ayuso González. 
El rechazo de la propuesta de la Comisión sobre la organización común del mercado del alcohol de origen agrícola era la única respuesta razonable posible. 
Permítanme que aproveche la oportunidad para exponer de nuevo brevemente los motivos. 
A la Comisión no se le había encomendado que elaborase una nueva organización común de mercado, con la consiguiente intervención en un mercado saludable e intacto. 
Aun así, elaboró con gran ahínco una propuesta en la que, ya a primera vista, se aprecian grandes lagunas. 
Por ejemplo, no se considera para nada el alcohol sintético, a pesar de que éste ha llegado a representar un 50% del consumo de la UE y, sobre todo, es imprescindible para los importantes sectores de la industria cosmética, farmacéutica y química. 
Existe el riesgo de que esto genere distorsiones de la competencia que perjudiquen al mercado del alcohol de origen agrícola. 
Una nueva organización común de mercados también es rechazable en el contexto de la ampliación de la UE. 
Teniendo en cuenta, sobre todo, que en muchos países candidatos se producen grandes cantidades de alcohol de origen agrícola, no se puede introducir poco antes de la incorporación de dichos países una normativa que no tome en consideración en ningún momento la situación en los mismos y que, por lo tanto, tampoco podría preparar de manera adecuada al mercado existente para su adhesión. 
Otro aspecto criticable importante es que la propuesta de la Comisión subestima por completo a todas luces la importancia cultural y económica del alcohol de origen agrícola. 
Éste es obtenido como un producto natural por pequeñas y medianas empresas, sobre todo de las zonas rurales, y contribuye de manera apreciable a la preservación de los paisajes agrícolas, tal como ya ha recordado la Sra. Jeggle. 
Su producción también reviste una gran importancia desde el punto de vista ecológico y los productos secundarios se utilizan incluso como forraje. 
Si se llevasen a cabo los planes de la Comisión, las zonas rurales caracterizadas por la presencia de prados con frutales dispersos entrarían en una grave crisis. 
Se puede apreciar fácilmente, que ello no afectaría sólo a las regiones que se caracterizan por la presencia de explotaciones de tamaño medio, sino que también provocaría una enorme pérdida de puestos de trabajo. 
La Comisión no puede pasar por alto este hecho y, por lo tanto, me parece totalmente incomprensible que se desentienda de este modo de las consecuencias negativas para la agricultura y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. 
El texto que ha presentado la Comisión representa, por lo tanto, a mi parecer, un enfoque inservible para la organización del mercado del alcohol. 
Un nuevo reglamento debería contemplar todos los tipos de alcohol. 
No se puede ni si debe adoptar ninguna solución parcial, que generaría nuevos desequilibrios. 
Por otra parte, es razonable que, en vez de establecer un plazo transitorio para las actuales normativas nacionales en materia de ayudas, éstas se integren en el marco de un planteamiento global adecuado. 
Señor Presidente, la gran cantidad de trabajo invertido tanto por la Comisión como por la colega ponente, que ha realizado un gran esfuerzo, habrá sido inútil en la práctica, puesto que en la votación de mañana no se va a alcanzar finalmente un resultado satisfactorio. 
De nada habrá servido, por lo tanto, este sexto intento. 
Yo quisiera aprovechar esta breve intervención para destacar dos hechos. 
Tengo la impresión de que, al amparo de la absolutamente justificada protección de las pequeñas empresas y microempresas, volvemos a encontrarnos finalmente en una situación con la que topamos a menudo en los temas agrícolas, esto es, que se pone en un primer plano a las pequeñas empresas para que las grandes puedan seguir afianzando su situación. 
No quisiera que se interpretasen mal mis palabras. 
Yo estoy totalmente a favor de que se mantengan las disposiciones relativas a los pequeños destiladores y al pago de compensaciones, sobre todo en la forma en que existen en Alemania, pero con mesura y con unos objetivos, precisamente de manera que favorezcan a las pequeñas empresas y no a las grandes. 
Antes de acabar, quisiera referirme al tema de los biocombustibles; un tema de la máxima importancia. 
Yo creo que los biocombustibles representan una gran oportunidad para la agricultura. 
En este ámbito, se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, concretamente impulsando las correspondientes investigaciones, y creando las condiciones y aportando un apoyo que permitan aprovechar también estos productos derivados del alcohol, a fin de promover un entorno ecológico y ofrecer a la vez a nuestros agricultores nuevas salidas para sus productos. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, yo también quiero agradecer el informe y el trabajo de la Sra. Ayuso, que no escatimó esfuerzos para conseguir un resultado positivo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, aunque esto lamentablemente no haya sido posible. 
En Europa se producen anualmente unos 20 millones de hectolitros de alcohol, unos 13 millones de los cuales son de origen agrícola. 
Ya se ha intentado establecer en varias ocasiones una organización común del mercado del alcohol de la UE. 
Hasta ahora, la propuesta siempre había naufragado en el Consejo, pues las normativas nacionales son tan heterogéneas y los planteamientos y ayudas tan diversos que resultaba imposible encontrar un denominador común. 
Esta vez la propuesta ha fracasado a causa del fundamento jurídico. 
La nueva propuesta de la Comisión presenta lo que se ha descrito como una OCM 'blanda', que no prevé mecanismos de intervención con cargo al FEOGA ni restituciones por exportación. 
Por lo tanto, únicamente contempla las definiciones de los productos, un sistema de seguimiento del comercio exterior por medio de licencias de importación y exportación, la posibilidad de establecer contingentes arancelarios y una cláusula de salvaguardia, la obtención de datos estadísticos y unas disposiciones específicas relativas a las ayudas estatales. 
Yo quiero manifestar que, por principio, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión, aunque la situación del sector del alcohol no es en estos momentos un problema que ocupe un primer plano en Austria. 
No obstante, sé muy bien que la inclusión del alcohol de síntesis en la OCM propuesta es un tema fundamental para otros Estados miembros. 
Justamente por esto no creo que sea posible hallar una solución, puesto que no existe un fundamento jurídico irrefutable que lo permita. 
En consecuencia, yo también comparto plenamente la opinión de la ponente, en el sentido de que deberíamos pedirle a la Comisión que presente otra propuesta. 
Dicho esto, quisiera añadir, no obstante, una observación algo crítica sobre la relación entre el alcohol de origen agrícola y el alcohol de síntesis. 
A mí me preocupan los intereses de los agricultores y de las zonas rurales en general. 
Desde esta perspectiva, no quiero dejar de señalar que la producción de alcohol, en su calidad de producto agrícola elaborado a partir de determinadas materias primas, como por ejemplo el vino, frutas, cereales y patatas, representa una importante posibilidad de darles salida. 
Yo quiero insistir firmemente en que en el presente expediente se debía contemplar la producción y comercialización del alcohol de origen agrícola y no del alcohol de síntesis. 
En mi opinión, este último se debe seguir empleando sólo para fines industriales, farmacéuticos, energéticos, etc. y no se debe mezclar con otros productos. 
En mi calidad de representante de las zonas rurales en el Parlamento Europeo, yo voy a defender siempre los intereses de los agricultores y de las zonas rurales, pues una agricultura plurifuncional, basada en las prácticas campesinas, integral y ecológica constituye el modelo que debe seguir la agricultura en toda Europa. 
En cualquier caso, yo creo que una nueva propuesta de la Comisión debería prever la creación de un comité de gestión propio, pues el del sector del vino ya está sobrecargado con una gran cantidad de competencias. 
Finalmente, quiero declararme plenamente partidaria de una Política Agrícola Común, razón por la cual también estoy al corriente de los problemas de los agricultores en los diferentes Estados miembros. 
. 
(EN) Quisiera dar las gracias a todos los diputados que han tomado la palabra por su consideración de la propuesta en favor de crear una Organización del Mercado Común para el Alcohol. 
Dirijo en particular mi agradecimiento a la ponente, Sra. Ayuso, por su análisis de la propuesta y los esfuerzos que ha desplegado para comprender sus objetivos. 
Como ustedes saben, ésta es otra propuesta encaminada a establecer una serie de normas comunes para el sector del alcohol, tras diversos intentos que fracasaron en el pasado por razones diferentes, como han mencionado esta noche algunos oradores. 
La Comisión opina que la situación actual del mercado en este sector obliga a proponer por lo menos un conjunto mínimo de normas y que, en esas circunstancias, las posibilidades de que nuestros esfuerzos tengan éxito son relativamente buenas esta vez. 
Ésa era también la opinión de una gran mayoría de Estados miembros que invitaron a la Comisión a presentar esa propuesta. 
Por eso la Comisión ha quedado algo sorprendida al ver que, a pesar de lo mucho que ha trabajado la ponente, que ya al principio había presentado una serie de enmiendas que valía la pena considerar, el Parlamento propone ahora que se rechace íntegramente la propuesta. 
En el proyecto de resolución el Parlamento ha pedido a la Comisión que retire su propuesta, que no cumple sus objetivos que son los de regular todo el mercado del alcohol en la Unión Europea. 
Supongo que esa enmienda se refiere al hecho de no haberse incluido al alcohol sintético en la propuesta referente al alcohol agrícola. 
La Comisión, en esta fase, no puede coincidir con la posición del Parlamento, cosa comprensible. 
La posición del Parlamento equivaldría a considerar que la propuesta es resultado de una falta de reflexión y de análisis de la situación real del sector. 
Si desde un punto de vista económico hay buenas razones para ampliar la propuesta a fin de que incluya al alcohol sintético, hay motivos jurídicos y prácticos que explican por qué la Comisión no lo hizo cuando estableció la propuesta. 
El alcohol sintético es un producto que no figura en el Anexo I y que, por consiguiente, no está incluido en la PAC. 
Si se inserta en la propuesta tendríamos que buscar otra base jurídica diferente de los artículos 36 y 37 del Tratado, que son los que rigen la PAC. 
Además, y esto es más importante, la forma más sencilla de formular una propuesta consistía en limitarla al alcohol agrícola porque la producción y el comercio de alcohol sintético en la Unión Europea es más limitado. 
La mayor parte de los problemas con que se enfrenta el sector se relacionan con el alcohol agrícola y no tanto con el alcohol sintético. 
Si una vez que este reglamento esté en aplicación surgieran graves problemas en relación con el alcohol sintético, no hay duda de que siempre podemos prever la posibilidad de añadir el alcohol sintético al presente instrumento. 
La Comisión sabe muy bien que la mayor parte del mercado del alcohol es accesible a ambos tipos de alcohol, que, por lo tanto, están en competencia para tener acceso a los mismos puntos de venta. 
A fin de conseguir su objetivo, que es una mejor transparencia e información del mercado, la inserción del alcohol sintético en el artículo que trata de la reunión de datos a fin de establecer un balance anual del mercado en el sector y de aumentar así el conocimiento acerca del mercado, es algo que cabe considerar. 
La Comisión se está ocupando de la cuestión. 
Eso también se podría defender sin necesidad de modificar la base jurídica siempre y cuando se demostrara que era absolutamente necesario, a fin de promover la idea de la OMC para el alcohol agrícola, que dispusiéramos también de los datos referentes al alcohol sintético. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite recurrir al Artículo 37 para las disposiciones que tengan un efecto secundario respecto de productos que no figuran en el Anexo I, cuando ello sea necesario para el buen funcionamiento de la OMC. 
Por lo demás, la Comisión opina que todas las otras disposiciones propuestas son necesarias para establecer un conjunto de normas comunes para el sector del alcohol, incluidas las disposiciones sobre la aplicación de las reglas acerca de la ayuda estatal. 
Sin una aplicación apropiada de esas reglas no habría un mercado común para el alcohol agrícola, como ya existe para el alcohol sintético. 
Quisiera referirme brevemente al mercado alemán para responder a los diputados que han hecho referencia a ese aspecto concreto de la cuestión. 
La Comisión sabe muy bien que hay un monopolio alemán del alcohol que está en funcionamiento. 
La finalidad de esta propuesta de organización del mercado común para alcohol no es poner término a la existencia del monopolio alemán. 
Si la producción de alcohol por agricultores alemanes, en el marco de las normas del monopolio, incluye pagos de ámbito federal, o es necesaria para mantener ecosistemas valiosos o para cubrir los gastos adicionales causados por la utilización de métodos de producción que respeten el medio ambiente, no habría problemas de ningún tipo, pues las actuales normas de ayuda estatal brindan considerables posibilidades para que los Estados miembros concedan ayuda con esos fines. 
Ahora bien, si, por el contrario, la ayuda que se da en Alemania no tiene esos motivos sino que es una sencilla asistencia para el funcionamiento, abonada por otras razones, entonces la aplicación de las normas de ayuda estatal provocaría un problema. 
Por otra parte, esos destiladores de pequeña envergadura que no solamente producen alcohol sino también una bebida alcohólica, podrían beneficiarse de las normas de minimis acerca de la ayuda estatal para productos no agrícolas. 
Espero que los comentarios que he hecho también en nombre de mi colega, el Sr. Fischler, hayan aclarado la posición de la Comisión acerca de la propuesta. 
Además, quisiera dar las gracias a los diputados por sus sugerencias positivas, que la Comisión examinará sin duda alguna. 
En respuesta a la pregunta que me ha hecho la ponente, diré que si esta enmienda se acepta- lo que la Comisión lamentaría- entonces el Sr. Fischler y mis otros colegas volverán a estudiar la situación y reflexionarán sobre una nueva línea de acción. 
Una vez más doy gracias a los diputados que han tomado la palabra y a otros que se han ocupado de esta cuestión. 
Les agradezco el tiempo que han consagrado a esta propuesta. 
En particular, quisiera dar las gracias a la ponente, Sra. Ayuso González, por sus esfuerzos. 
Muchas gracias, señor Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, no es sólo una cuestión de orden, sino de una alusión personal y política... 
(El Presidente interrumpe a la oradora). 
. (FR) He votado a favor del proyecto de recomendación para la segunda lectura presentado por el Sr. Dirk Sterckx. 
Deseo dar las gracias al ponente, que ha representado las enmiendas del Parlamento que no habían sido aprobadas por el Consejo en su posición común. 
Para la segunda lectura yo había propuesto un calendario más apretado respecto a la instalación de las cajas negras y de los transpondedores a bordo de los buques. 
Dicho calendario había sido aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo, pero no ha sido recogido por el Consejo en su posición común para la segunda lectura. 
Sin embargo, los Estados Unidos han propuesto en el marco de la OMI una aplicación anticipada de las exigencias en materia de AIS a más tardar en 2004. 
Deseo hacer recordar que la posición común del Consejo se ajusta a la fecha de 2007 con miras a una aplicación por los Estados miembros de la Unión Europea. 
Una vez más estaríamos, pues, retrasados con respecto a los Estados Unidos en materia de seguridad marítima. 
Por lo tanto, me felicito de que nuestra Asamblea haya introducido de nuevo esta exigencia mediante la votación de hoy. 
En cambio, he expresado mis reservas en relación con la noción de lugares de refugio, que no ofrece las mismas garantías que un puerto en materia de equipos e instalaciones navales. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Protección de los menores y la dignidad humana 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0037/2002) del Sr. Beazley, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el informe de evaluación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998 sobre la protección de los menores y la dignidad humana (COM (2001) 106- C5-0191/2001- 2001/2087 (COS) ). 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi reconocimiento a mi colega, el Sr. Heaton-Harris, por su trabajo inicial en el borrador de este informe antes de irse a otra comisión. 
El rápido desarrollo de los medios audiovisuales nos ha reportado muchos beneficios reales en términos de educación, propagando por todo el mundo una mayor concienciación de los asuntos públicos y, no en menor grado, en términos de entretenimiento. 
Sin embargo, junto a sus indudables ventajas, existe la preocupación de que, debido a la cada vez mayor aptitud de los niños para el uso de los recursos audiovisuales, en algunas áreas su acceso a un material inadecuado o perjudicial comporta ciertos peligros. 
Esto es sobre todo evidente por lo que respecta al material sexual abierto y la violencia gratuita. 
Los principios que han guiado este informe son fomentar una mayor concienciación pública sobre estas cuestiones, apoyar la responsabilidad de los padres y fomentar la cooperación entre los proveedores de contenidos, las organizaciones de consumidores y las correspondientes autoridades, tanto nacionales como europeas. 
La autorregulación se considera el principal instrumento, reforzada en caso necesario por requisitos legales. 
El informe, que analiza el informe de evaluación de la Comisión, se centra principalmente en Internet y los videojuegos, pues no se percibe la importancia de anticipar una posible revisión futura de la directiva de la Televisión sin Fronteras. 
El informe pide que se establezcan sistemas de filtración de contenidos fáciles de usar que permitan a los padres predeterminar el tipo de contenido que ellos crean inadecuado para sus hijos y, a este respecto, me agrada mucho el hecho de que, desde el primer borrador del informe, la Asociación para la Clasificación de Contenidos de Internet (ICRA) ha lanzado un sistema de filtración gratis, una iniciativa apoyada por la Comisión. 
También pedimos una mayor concienciación pública y la creación de campañas de educación y líneas directas, como las que ya existen en TV, para que los consumidores, especialmente los padres, puedan registrar sus quejas sobre los contenidos perjudiciales o ilegales. 
Consideramos que los llamados ' Sitios de Chat de Internet? deben ser sometidos a una mayor supervisión, tanto en lo que concierne a las reglas para su instalación como en relación a su uso. 
Por lo que respecta a los videojuegos, pedimos a los Estados Miembros que sigan promoviendo la clasificación de los videojuegos de nuevo mediante la autorregulación, pero si en algunos casos se considerara inadecuada, debe reforzarse con la introducción de criterios mínimos acordados de contenido y promoción. 
También se espera que los Estados Miembros continúen intercambiando sus experiencias en este campo y sigan coordinando medidas en cooperación con la industria y los proveedores de contenidos. 
El informe no pretende ser sensacionalista ni exagerar los peligros percibidos, sino proporcionar un marco útil para fomentar la concienciación pública de los riesgos implicados y proporcionar remedios prácticos. 
Por último, el Parlamento pide a la Comisión que prepare otro informe, preferiblemente antes de final de año, sobre la implementación de la recomendación con referencia específica a la implementación en cada Estado Miembro. 
Recomiendo a la Cámara el informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la protección de los menores y la dignidad humana es un tema que nos conmueve a todos. 
Por lo tanto, es muy positivo que la Comisión haya presentado este informe de evaluación en relación con los progresos que estamos consiguiendo en el ámbito de internet y los medios audiovisuales. 
Me parece que el Sr. Beazley, como anteriormente hizo el Sr. Heaton-Harris, ha elaborado un informe excelente. 
No obstante, quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar que los medios tecnológicos y una regulación desde arriba no son suficientes para garantizar esta protección. 
Siempre habrá artimañas más o menos ingeniosas para eludir las medidas protectoras y sobre todo los niños son muy hábiles en burlarlas. 
Me parece que la autorregulación, que se está aplicando a gran escala, ha resultado un instrumento muy eficaz. 
Sin embargo, quisiera señalar que la mejor forma es y sigue siendo la sensibilización de los menores mismos, de los padres y los educadores. 
Esto se puede llevar a cabo, por una parte, prestando atención en los colegios a la educación mediática, mediante la que se enseña a los jóvenes a reconocer un contenido nocivo, y por otra parte, facilitando a los educadores un instrumento como el sistema de clasificación neerlandés "kijkwijzer". 
Justamente ayer tuvimos una reunión muy interesante sobre este sistema. 
En los Países Bajos también estoy implicada en su puesta en marcha. 
Se trata de un sistema muy ingenioso y muy práctico mediante el cual se pueden clasificar de forma fiable los medios audiovisuales. 
Incluye también una clasificación por edades: MJ6 por ejemplo significa: 6 años y mejor mirar juntos. De esta forma se subraya la responsabilidad que tienen los padres porque el desinterés de los padres hace a los niños más vulnerables. 
Por consiguiente, hago un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que en los estudios sobre la mejor forma de protección tengan en mente este sistema de clasificación y para que en los planes escolares deje un hueco a la formación mediática. 
Señor Presidente, apreciados colegas, distinguida Comisaria, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Beazley por su informe y dar también las gracias por la buena cooperación. 
Este tema nos interesa mucho a todos, como ha afirmado ya mi predecesora en el uso de la palabra. 
Existen muchas cuestiones en las que somos unánimes, por ejemplo, en que la confianza es un requisito básico mejor que un control exagerado o que incluso una censura, los cuales no serían una buena base para una buena cooperación. 
También estamos de acuerdo en que debemos promover más intensamente las hotlines a fin de que puedan ser utilizadas en todo el plano europeo como desearíamos nosotros y para que podamos constatar dónde es necesaria la protección. 
También estamos de acuerdo en que hemos de poner en manos de los padres los instrumentos necesarios para que puedan juzgar junto con sus hijos qué programas de TV, juegos electrónicos, obras de cine, son apropiados para sus hijos de manera que con su apreciación de los programas puedan apoyar también tales programas. 
En esto coincido también con mi predecesora en el uso de la palabra. 
Una aproximación a nivel europeo hacia una clasificación unitaria en todo el ámbito audiovisual sería enormemente necesaria aquí, pues éste es un instrumento que significa un autocontrol para los padres y un autocontrol para los jóvenes y que podría funcionar también sobre la base de la confianza y no va encaminado, precisamente, al control exagerado y mucho menos a la censura. 
Quiero pasar ahora al punto que, en mi opinión, es el más importante en relación con esta ' caja? : esta Internet parece ser una caja prodigiosa para muchos, y muchos se sientan delante de la misma y resultan sencillamente dominados por todo lo que de ella sale y olvidan las influencias que pueden operar sobre las personas, en especial, sobre los niños y los jóvenes, si no somos conscientes de lo que está por venir en este punto. 
Quiero insistir tres, cuatro, diez veces, en la competencia mediática. 
Respecto de la competencia mediática, no podemos comenzar suficientemente pronto a despertar la conciencia de contribuir a esta competencia. 
Para ello no sólo necesitamos disposición política, sino que necesitamos también más programas. 
También necesitamos dinero. 
Quizá se pueda llegar en este punto a una cooperación con todos los actores del plano europeo que, en definitiva, interese a todos. 
Señor Presidente, señorías, nuestra experiencia de los grandes avances que se registran en los medios de información de masas, y especialmente en los televisivos, se enriquece a diario. 
Asisten seguramente todos ustedes en sus países, como veo yo en el mío, al auge de esos programas de pésimo gusto que se basan en la reclusión, el encarcelamiento voluntario, podría decirse, de ciertas personas en un recinto, en los que los espectadores son invitados a mirar por la cerradura, a la espera de algo picante? habitualmente, alguna escena de sexo, no nos engañemos? o de que ocurra algo inesperado que pueda resultar interesante. 
Al mismo tiempo, se cultiva también, principalmente entre las edades más delicadas, el modelo en el que se juega una especie de lotería en la que se apuesta el cuerpo y el espíritu al objeto de ganar algún dinero a costa de los demás. 
Y todo esto, que yo considero, naturalmente, inadmisible y exasperante, no puede ser combatido con disposiciones legales o con intervenciones represivas. 
No creo que se pueda hacer frente a estos fenómenos ni con reglas artificiales? ya lo han dicho otros colegas? ni con la información y aleccionamiento de los niños, porque, claro, la prohibición deja tras de sí la idea y el encanto de lo misterioso. 
Así pues, entiendo que todo esto es insuficiente, más aún cuando estos temas y estos programas, ahora con Internet, hoy o mañana, señora Comisaria, serán accesibles a todo el mundo. 
Creo que hace falta una legislación europea y una regulación más fuerte que la que ahora tenemos. 
No creo mucho en la autorregulación, puesto que la competencia impone reglas muy duras. 
No obstante, no hace daño imaginar un código deontológico de cumplimiento algo más obligado que en la actualidad. 
Demos a los padres y los consumidores el derecho a acosar a los productores de toda esta basura. 
Tal vez eso funcione como contrapeso de la competencia. 
Y, por supuesto examinemos también los aspectos más técnicos con respecto a las horas en que se emiten los programas en cuestión, al objeto de establecer, en la medida de lo posible, alguna distinción entre las horas de actividad de los niños, las horas de sueño, etcétera, y el horario de emisión de estos programas. 
No obstante, y a pesar de todo, si no encontramos algo más original, con más imaginación, seguiré siendo pesimista, señor Presidente, con respecto al futuro y el éxito de este tipo de programas. 
Señor Presidente, internet y la televisión han cambiado el mundo. 
Se pueden tener noticias e información las 24 horas al día y en grandes cantidades. 
Sin embargo, como ya he manifestado en ocasiones anteriores, internet y la televisión son un reflejo de la sociedad. 
Tanto el informe de evaluación de la Comisión como el informe del ponente Beazley lo confirman. 
Sendos medios de comunicación son utilizados para fines criminales que atentan a la dignidad humana. 
Por mi parte, he acogido con gran satisfacción el informe de evaluación de la Comisión y el informe del ponente. 
Me parece muy positivo que la Comisión haya podido comprobar que en muchos Estados miembros se lucha tanto contra la difusión de la pornografía infantil como contra las actividades ilegales y otros atentados a la dignidad humana. 
Asimismo, se señala acertadamente que la Comisión ha de seguir insistiendo a los Estados miembros para que traspongan las disposiciones de la recomendación. 
Por otra parte, me parece que el ponente subraya con mucha razón que la responsabilidad recae, en primer lugar, en los padres pero también en la administración y en los proveedores de los productos de internet. 
Todos juntos han de procurar que se valore el ser humano como una creación única y no como un instrumento para satisfacer las necesidades personales. 
Son justamente los menores a quienes hay que proteger para que puedan desarrollar un concepto sano del ser humano. 
No se trata solamente de la pornografía infantil, sino también del racismo, el odio y otras formas que atenten a la dignidad humana que a través de internet y la televisión se difunden con tanta facilidad. 
Me parece que el alcance mundial de internet y de la televisión requiere un enfoque internacional. 
El deseo por parte de los Estados miembros de someter los marcos reguladores nacionales a unas normas mínimas a nivel europeo y tal vez a nivel mundial lo acojo favorablemente. 
La combinación de marcos nacionales y normas mínimas internacionales me parece buena porque hace justicia al problema mundial y a la diversidad cultural. 
Además, el mantenimiento de un marco regulador nacional no da opción a los Estados miembros a que se escondan detrás de una regulación internacional. 
Señorías, la propuesta de consultar a todos los grupos implicados a la hora de diseñar un código deontológico y otras estrategias para luchar contra la difusión de material pornográfico y racista es muy útil. 
Sin embargo, quisiera manifestar que con miras a la censura y el control del material ilegal, la policía y la justicia son las autoridades competentes. 
Señor Presidente, como punto final quisiera hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que insista a los Estados miembros en que sigan prestando atención a los abusos que se difunden a través de la televisión, los videojuegos y las películas. Del informe se desprende que en estos ámbitos se ha avanzado menos que en el ámbito de internet. 
No obstante, aunque sena abusos menos evidentes no dejan de ser abusos. Por mi parte, creo que tratándose de la protección de los menores y la dignidad humana no podemos ser lo suficientemente precavidos. 
Señor Presidente, los diputados MPF celebran la resolución del Parlamento Europeo relativa al informe de evaluación de la Comisión sobre la protección de los menores y la dignidad humana, que votarán favorablemente. 
En este tema, que afecta al fundamento mismo de la humanidad, entran en juego dos actores principales: en primer lugar, la familia, que tiene la responsabilidad de la educación de los hijos, y después la sociedad, que debe velar por su protección. 
Es importante, pues- como se destaca en la resolución que debatimos hoy- hacer todo lo necesario para establecer unos marcos protectores, en particular por lo que se refiere a los medios de comunicación que pueden consultar libremente los jóvenes consumidores, ya se trate del sector audiovisual, de los soportes escritos o de Internet. 
También es importante que las víctimas de agresiones puedan dirigirse a una autoridad moral capaz de ayudarlas. 
Hay que incrementar los medios a disposición de esos organismos. 
Pero, para proteger eficazmente a los más vulnerables de nuestros conciudadanos, hay que cambiar asimismo los comportamientos de los adultos. 
No hay que tener miedo, aunque sea ir contracorriente, a redefinir las reglas de una moral que respete al hombre en su integridad. 
Hay que denunciar esos contramodelos del placer que demasiado a menudo son elevados al rango de héroes por una juventud cuyos puntos de referencia se intenta quebrar. 
Y también hay que emprender una verdadera pedagogía de lo bello, lo bueno y lo verdadero hacia los menores, para que tengan en su mano las llaves de su protección. 
Para responder al Sr. Papayannakis, creo que, adoptando esta actitud, podremos ser optimistas; por mi parte, no soy pesimista sobre lo que la sociedad y cada uno de nosotros podemos hacer para proteger efectivamente a los menores. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Beazley. 
La realidad es que los peligros a los que están expuestos los niños y los jóvenes de hoy en día son muy distintos a aquellos a los que estamos sometidos nosotros. 
La televisión e Internet, no cabe duda, han contribuido en gran medida a ello, ya que les dan demasiadas ideas de situaciones que no son nada reales. 
Hace poco salió publicado en un medio de comunicación español un estudio en el que citaban que el hecho de que los jóvenes vean, por ejemplo, cómo una persona se tira de un cuarto piso y sale corriendo ilesa o para con la mano una bala que acababa de ser disparada, sin sufrir ninguna consecuencia, contribuía a que muchos jóvenes no fueran conscientes del verdadero peligro de estas situaciones. 
Es más, se piensa que les dan demasiadas ideas y que, tristemente, esto está contribuyendo al aumento de la violencia tanto juvenil como infantil. 
Dicho esto, yo quisiera expresar mi total apoyo al ponente, cuando pide a los Estados miembros que clasifiquen los videojuegos mediante mecanismos de autorregulación establecidos por la industria y que creen también departamentos de detección de abusos. 
También quisiera- cómo no- felicitar a la Comisión por su intención de realizar un estudio sobre la clasificación de las películas que se distribuyen en salas de cine, en la televisión, DVD y cintas de vídeo. 
Señorías, tenemos que ser conscientes de que no podemos aspirar a un mundo sin violencia cuando nuestros futuros adultos se pasan el día viendo dibujos animados, películas y noticias de actualidad cada vez más violentos. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero concentrarme en la auténtica tarea que tenemos que realizar aquí como institución europea, aunque no sin tener en cuenta las exigencias que también hay que plantear a los países miembros. 
Creo que el actual desarrollo de las ofertas de los medios, que en gran medida ya no se limitan sólo a la televisión clásica, tampoco a Internet, sino que incluyen también muchas otras ofertas, aumentará en la era de la digitalización y por esta razón es acertado y necesario que reflexionemos acerca de la configuración jurídica del control y de la protección de los jóvenes y destinemos también recursos para la vía en que hay que proceder para esto. 
Sin duda es preciso que el marco jurídico se adapte a este nuevo desarrollo. 
Esto es cierto no sólo respecto del plano europeo, sino también del plano nacional. 
Considero los organismos de autorregulación, y en esto hablo en nombre de mi Grupo, como un complemento importante de un marco jurídico. 
No podemos renunciar a una fijación de estándares jurídicos. 
Es una necesidad acuciante. 
Incluso los organismos de autorregulación precisan un fundamento jurídico y esto significa lo siguiente: los proveedores, aquellos que ofertan los programas no pueden ser exonerados de su deber. 
Expresado de otra manera: no podemos renunciar a una responsabilidad del oferente y una responsabilidad de los programas. 
Éste es un requisito básico. 
Cómo se vaya a llevar a cabo, para ello pueden existir muchas vías y existen también muchas vías. 
En los países miembros existen muchas regulaciones diferentes que, en definitiva, corresponden a los sistemas mediáticos tradicionales y no se trata, por ejemplo, de suprimir todo esto. 
Quiero insistir en lo siguiente: los organismos de autorregulación, como complemento, son irrenunciables. 
Inclusos los sistemas técnicos pueden ser irrenunciables, pero tampoco pueden sustituir la responsabilidad. 
También sabemos que muchos niños y jóvenes, justamente en una era en la que los adultos no han aprendido a desarrollar sobre el teclado las nuevas posibilidades técnicas, son superiores a sus padres en este sentido. 
A largo plazo esto va a cambiar, pero hoy sucede justamente así y todos sabemos que los niños pueden ser muy ingeniosos cuando se trata, por ejemplo, de extraer algo. 
Por esta razón, no es posible confiarse exclusivamente a los sistemas técnicos, sino que en este punto debe haber un control de contenido, debe haber limitaciones de contenido y éstas tampoco pueden referirse solamente a la emisión en una hora apropiada. 
Si se emite por satélite, esto se ha vuelto ya obsoleto a nivelregional a causa de las diferentes zonas horarias. 
Por consiguiente, incluso éste no deja de ser un método muy limitado. 
Celebro sobremanera que en este informe se haya recogido la exigencia de mi Grupo de proseguir y desarrollar el plan de acción encaminado a un aprovechamiento más seguro de Internet, que debería extinguirse a finales de año. 
Para terminar quisiera decir lo siguiente: hemos de abordar medidas para facilitar competencia mediática a los niños, a los jóvenes y a los padres, pues solamente puede generarse una capacidad segura de evaluación si contribuimos a ello mediante nuestras medidas. 
. 
(EN) Señor Presidente, quiero centrarme en la necesidad de afrontar el creciente fenómeno del abuso de menores en Internet. 
Agradecemos las iniciativas de los Estados Miembros de la UE sobre el uso seguro de Internet por parte de los niños, pero es necesario que intensifiquemos nuestras acciones a favor de una campaña más coordinada para luchar contra la pedofilia en Internet. 
Cuando se trata de ciberdelincuencia, los Estados Miembros dan prioridad correctamente a la campaña contra el terrorismo global y, además, se centran en el fraude de tarjetas de crédito en Internet, pero se puede y se debe hacer más por lo que respecta a la pedofilia en Internet. 
La semana pasada conocí la Unidad de Imágenes Ofensivas de la Policía del Gran Manchester, un equipo pequeño y comprometido dirigido por Terry Jones, líder del RU en materia de mecanismos para localizar y detener a los que abusan de los menores en la red. 
La unidad se creó en 1995, año en el que se incautó de 12 imágenes ofensivas. 
En 1999 se incautó de 41.000 imágenes y recientemente se detuvo a un hombre con cerca de 50.000 imágenes de abuso de menores. 
No se trata de pornografía infantil, sino de un desmesurado e indecente abuso sexual. 
He visto las imágenes. 
En cada una hay un niño real traumatizado por sus experiencias. 
Estos policías están haciendo un excelente trabajo y se valen de una nueva tecnología de software diseñada por una compañía local de mi distrito electoral, Surf Control. 
Con esta tecnología supervisan los canales de chat durante 16 horas. Atraparon a 48 delincuentes en la UE, delincuentes que ocupaban puestos de confianza (maestros y monitores de los scout, un padrastro en Alemania y un sargento del ejército sueco) ; bebés de tan sólo tres meses eran violados analmente. 
Apenas se denuncia este abuso. 
Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en la UE? 
Es necesario que hagamos más. 
Necesitamos líneas directas y dar prioridad a este asunto en la UE y en cada Estado Miembro. 
Esta semana hemos votado a favor de una red en la UE de centros de supervisión nacionales para luchar contra el vandalismo en el fútbol. 
Esta es una forma de abuso visible y violenta, pero podemos hacer más por los niños que sufren miedo y abuso violento en esas escenas. 
Sí, es necesaria la autorregulación y la cooperación, pero los proveedores de servicios en Internet deben dar prioridad a esta cuestión. 
AOL y NTL tienen excelente reputación, pero existen otros que no están haciendo nada. 
No están respondiendo a la demanda de la policía de localizar a los que abusan e incluso están empezando a pedir que se acuse a la policía por ello. 
Me gustaría que existiera una mayor cooperación entre la Europol y la aplicación de la ley en la UE. 
Me gustaría que se investigara más y se financiara más para diseñar un software localizador en Internet. 
Podemos hacer más si damos prioridad a este asunto y protegeremos así a nuestros hijos de esta violenta y atroz forma de abuso. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría expresar mi agradecimiento al ponente por su trabajo en este importante informe. 
La explosión de tecnologías de difusión ha hecho que muchos padres pierdan el control sobre lo que ven sus hijos, y la expansión de la TV digital, por cable y satélite, así como la tecnología computacional doméstica, ha mermado la capacidad de los padres para supervisar los hábitos televisivos de sus hijos. 
De acuerdo con algunos informes, los padres no tienen conocimiento de los mecanismos disponibles que existen, como el bloqueo en la TV de pago y los filtros de Internet, para controlar lo que ven sus hijos. 
Es necesario dar más información a los padres sobre cómo funcionan y hasta qué punto son fiables. 
El bienestar de los niños es, en lo fundamental, la responsabilidad de sus tutores legales, pero esto no resta responsabilidad a los proveedores y distribuidores de contenidos audiovisuales. 
Ambos deben asumir plenamente su responsabilidad a este respecto. 
El grado de autorregulación en la difusión difiere en cada Estado Miembro, pero todos estamos de acuerdo en que debemos trabajar en la dirección de metas comunes en esta materia y que la autorregulación debe reforzarse con una base legal. 
Por último, la pornografía infantil en Internet es imperdonable, y existen numerosos sitios en la red con contenido ilegal fuera de la Unión Europea. 
Recomiendo a la Cámara el informe y doy las gracias de nuevo al ponente por su excelente iniciativa a este respecto. 
Distinguido señor Presidente, también yo deseo felicitar al ponente por este informe. 
En vista del constante crecimiento de la oferta mediática es necesario, sin duda, proteger a nuestros niños y jóvenes de contenidos nocivos y de determinadas consecuencias mediante medidas de seguridad que sean equivalentes en todo el ámbito europeo. 
Sin duda, es preciso apoyar completamente y poner en práctica por igual en todos los Estados miembros la mencionada introducción de medios técnicos auxiliares, tales como sistemas de filtrado y señales acústicas de alarma, así como la intervención directa en las ofertas que hieran la dignidad de los jóvenes y constituyan un peligro para los mismos. 
No obstante quisiera recordar, como lo hace también el informe, que muchas medidas de seguridad no están aquí para eximir de su responsabilidad a los educadores. 
Los educadores deben ser, en definitiva, la instancia de control última y más importante. 
De lo contrario, no podremos impedir que los jóvenes puedan comprar banderas con la cruz gamada en el mercadillo más cercano, aunque no las puedan comprar por Internet. 
Impedir esto es tarea de la educación, no de la censura. 
Señor Presidente, evidentemente, debemos dar las gracias al ponente y a la Comisión por este trabajo y este informe de evaluación. 
No repetiré lo que han dicho mis colegas, pero quisiera citarle, señora Comisaria, tres hechos concretos que me han sido comunicados esta semana. 
Se trata, en primer lugar, de la madre de un adolescente minusválido que trabaja. 
Desde hace algún tiempo, todas las noches, debe salir en su busca, cuando se supone que debería regresar del trabajo hacia las 17.00 horas. 
Esto sucede en una gran ciudad de Francia, donde pueden consultarse libremente sitios pornográficos. 
Actualmente, ella no tiene ningún recurso ante la policía local para impedir que funcionen esos sitios. 
En segundo lugar, esta semana me han enviado un correo en el que se indica un sitio financiado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de la Educación Nacional. 
En ese sitio se dice que el papel de los adultos es permitir a los jóvenes probarlo todo, tener todo tipo de experiencias. 
Y tienen ahí, les facilitaré en seguida los documentos, una serie de ejemplos muy concretos financiados con fondos públicos que dan testimonio de lo que nuestros hijos ven actualmente. 
Tercer punto, asociaciones que luchan contra la pedofilia me hicieron llegar la semana pasada un CD-ROOM que recoge una serie de datos que circulan actualmente. 
Ese CD-ROOM fue remitido desde hace un año a autoridades como Europol y, a día de hoy, no se ha avanzado nada en este campo. 
Próximamente tendremos, señora Comisaria, una cumbre mundial de la infancia, el 8 de mayo. 
Esta tarde votaremos una resolución en la materia. 
Nos gustaría que, de aquí a dicha cumbre, pudiese reunir a todas las instancias competentes en torno a usted e indicarnos cuáles son las disposiciones concretas que piensa tomar para luchar contra este fenómeno. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0035/2002) de la Sra. De Sarnez, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior (COM (2001) 385- C5-0538/2001- 2001/2217 (COS) ). 
. 
(FR) Señor Presidente, antes de presentarle mi informe, quisiera dar las gracias a todos los diputados que, con sus enmiendas, han contribuido a mejorar este texto, así como al ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que ha redactado una muy buena opinión. 
El informe que les presento tiene por objeto estudiar, tomando como base la comunicación de la Comisión, los medios que deben emplearse para mejorar la competitividad y el atractivo de los Estados miembros en el mercado internacional de la formación. 
Como todos sabemos, la baza de la formación será capital en los próximos años. 
Estudiantes de todo el mundo buscan cada vez más, fuera de sus fronteras, la formación que les ofrezca las mejores posibilidades. 
Está naciendo así un auténtico mercado internacional de la formación. 
Ahora bien, la presencia de estudiantes de terceros países es menor en Europa que en los Estados Unidos, Australia o Canadá, por poner algunos ejemplos. 
Tenemos, pues, un retraso importante que colmar, y en mi informe se presentan una serie de propuestas a tal fin. 
Primera propuesta: debemos contar con un análisis detallado de la situación de la movilidad internacional de los estudiantes; ahora bien, en la actualidad, no es así. 
Sería útil, por tanto, que la Comisión Europea, a través de Eurostat, trabajase en estrecha colaboración con la Unesco y la OCDE para darnos una visión clara y precisa de la situación de los estudiantes extranjeros en términos de movilidad y ya es hora, creo, de proponer una definición armonizada de la calidad de estudiante extranjero. 
Segunda propuesta: debemos avanzar hacia la armonización de la calidad de la enseñanza superior y el reconocimiento de los títulos y de los estudios. 
La Unión Europea ha de ofrecer una formación de calidad, y ello cualquiera que sea la universidad o el país de acogida. 
Es esencial que los estudiantes tengan la posibilidad de comenzar un ciclo de estudios en un Estado miembro y terminarlo en otro con la garantía de que los conocimientos que han adquirido serán validados por un título reconocido en todos los Estados miembros. 
Propongo pues que la Comisión siga mejorando y promoviendo el sistema de validación de créditos universitarios conocido con el nombre de ECTS y que se inspire en él para desarrollar nuevos programas de movilidad. 
También hay que promover la creación de ciclos de estudios comunes entre las universidades de los Estados miembros que conduzcan, en la medida de lo posible, a la obtención de títulos comunes. 
Tercer punto: propongo la creación de una marca universitaria europea que se concedería a módulos de formación impartidos por centros de enseñanza superior reconocidos por la calidad de la enseñanza y de la acogida reservada a los estudiantes de terceros países. 
Esta marca universitaria no se referiría tanto a la calidad de la universidad en tanto que institución, como a los módulos impartidos. 
Estoy segura de que ello contribuiría a la promoción de la enseñanza superior europea y transmitiría una señal clara a los estudiantes extranjeros. 
Cuarto punto: debemos favorecer también el aprendizaje de las lenguas. 
El aprendizaje de las lenguas es un factor de movilidad indiscutible; en consecuencia, es deseable que los Estados miembros impartan sistemáticamente una enseñanza de las lenguas extranjeras, en forma de módulos, en todas las ramas de la enseñanza superior, pero también que pongan a disposición de los estudiantes extranjeros una enseñanza de la lengua del país de acogida. 
Quinto punto: tenemos que ofrecer una acogida de calidad. 
Las universidades deben concentrar sus esfuerzos para ofrecer una acogida de calidad a los estudiantes extranjeros. 
Hay que facilitarles los trámites administrativos que deben realizar obligatoriamente. 
Hay que favorecer su acceso al alojamiento, así como la obtención de becas. 
Esta acogida de calidad será uno de los criterios para la concesión de la marca universitaria europea. 
Sexto y último punto, debemos apoyarnos en programas de cooperación existentes que han demostrado su eficacia, como el programa ALPHA. 
Así, los próximos programas deberían tener en cuenta la elaboración de programas de estudios comunes y el establecimiento de sistemas de reconocimiento mutuo de cursos y títulos, así como favorecer la cooperación con empresas, corporaciones u organizaciones multilaterales. 
Por tanto, el objetivo del informe que les presento es hacer un llamamiento a la Unión Europea y a los Estados miembros para que se movilicen a fin de dinamizar y hacer competitiva y atractiva la enseñanza superior europea. 
Por supuesto, esta competitividad, esta capacidad de atracción de nuestra enseñanza superior europea deberá empezar a tomar cuerpo primero en los Estados miembros. 
Los ministros de Educación de los Estados miembros son conscientes de ello y lo recuerdan en cada Consejo de Educación. 
Estoy segura de que la Comisión Europea, así como el Parlamento, están hoy dispuestos a hacer lo necesario para crear un espacio europeo del conocimiento, atractivo y competitivo, capaz de tener un peso en la competencia internacional. 
. (IT) Señor Presidente, que existe un mercado internacional de la formación es un hecho y que la Unión Europea participa en él de una manera limitada, que no se corresponde a sus tradiciones culturales, es una realidad de la que ella misma es consciente y de la que justamente la Comisión es intérprete. 
Considero excelente el trabajo de la ponente, Sra. Marielle De Sarnez, y positiva la contribución de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Más allá de los múltiples aspectos técnicos de la comunicación y de las numerosas consideraciones y propuestas que facilitamos a la Comisión para reforzar la cooperación en materia de enseñanza superior, existe un tema muy importante, es decir, la calidad de la formación. 
La propuesta de resolución incluye más de diez apartados referentes a garantizar la calidad de la enseñanza superior pero, evidentemente, no puede ir más allá, dado el aspecto técnico de las sugerencias y de las propuestas. 
La cuestión de la calidad de la formación merece una profundización, puesto que se refiere a aspectos ligados al desarrollo humano de las jóvenes generaciones. 
El desarrollo cultural y profesional parte asimismo del desarrollo de la dimensión humana, del respeto de la vida de cada uno y de la de los demás. 
Cuando existen jóvenes que se matan por motivos aparentemente fútiles- como ocurre en Occidente- o que utilizan sus cuerpos como instrumento de muerte contra otras personas inermes- como ocurre en Oriente Próximo- debemos interrogarnos sobre las causas que han provocado este cambio de valores y sobre lo que podemos hacer en el ámbito de la formación, entendida también en el sentido de desarrollo humano y de toma de conciencia de la dignidad de la persona con el fin de evitar estos comportamientos aberrantes. 
El problema ya no es solo técnico, sino también filosófico y pedagógico. 
A este respecto, me pregunto si las competencias de la Unión no deberían ir más allá de los límites de la armonización de las normas y del perfeccionamiento de los instrumentos de cooperación. 
Apoyamos firmemente la creación de centros de excelencia hacia una etiqueta universitaria europea, así como estamos a favor del papel de la Unión en el fomento de una enseñanza universitaria de calidad. 
Vale la pena tratar de poner en marcha todas las energías posibles al efecto de utilizar las inteligencias disponibles para mejorar la calidad de la formación con el fin de que la cultura y la enseñanza lleguen a ser un estímulo vital y acompañen al ser humano a lo largo de toda su vida. 
Por lo tanto, calidad como inteligencia de vida: éste es el objetivo prioritario de la formación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con este informe- que agradezco a la Sra. De Sarnez- se presenta el momento propicio para una reflexión de la Unión Europea sobre el modo en que concibe el derecho a la educación- y más concretamente a la enseñanza superior- y cómo piensa ponerlo en práctica. 
En el siglo XX asistimos a la aceptación universal de los derechos humanos como principio rector de nuestra construcción. 
Nuestra responsabilidad debe ser verlos plenamente respetados y realizados en la práctica, ya que la educación no es sólo un derecho de la persona, sino también un medio esencial para promover la paz- una cuestión crucial hoy -, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en general. 
Para que su contribución potencial a la construcción de un mundo de paz pueda materializarse, la educación debe generalizarse, ser accesible a todos en plena igualdad. 
La tarea es enorme: no olvidemos que todavía hoy nuestro planeta cuenta con más de 800 millones de adultos analfabetos y casi 100 millones de niños en edad de ser escolarizados en secundaria y que no tienen acceso a la escuela. 
Por otra parte, entre los que están escolarizados, hay millones que no pueden beneficiarse de una enseñanza de calidad que responda a sus necesidades educativas fundamentales. 
Ahora bien, cada vez es más urgente responder a estas necesidades en un mundo en el que los trastornos generados por la globalización, así como por la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, marginan a poblaciones enteras, hundidas en la más extrema pobreza, que son presa fácil de extremismos de todo tipo. 
Realizar el derecho a la enseñanza es menos una cuestión de acceso a la educación que de acceso a posibilidades de una formación adecuada para todos, que permita satisfacer necesidades fundamentales. 
Desde esta perspectiva, el derecho a la enseñanza superior- lo comprobamos- todavía no es una realidad, en especial para las mujeres. 
En la enseñanza superior, que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser de acceso abierto a todos en pie igualdad, en función de los méritos personales, el número de alumnos en África y Asia asciende a menos de uno de cada diez dentro de cada grupo de edad, y la brecha sigue abriéndose entre estas regiones y Europa, así como América del Norte. 
Si no hay duda alguna de que, en todos los lugares del mundo, la realización del derecho a la enseñanza superior ha progresado considerablemente desde hace medio siglo, no debe olvidarse que esta visión, recogida en el artículo 26, no sólo es cuantitativa sino también cualitativa, pues engloba los fines y objetivos de la educación, y por tanto sus contenidos. 
En consecuencia, muy atenta contra la tarea que queda por realizar- y agradeciendo una vez más a la Sra. De Sarnez su informe -, creo que es fundamental que se sepa que, para las poblaciones que todavía están excluidas de cualquier formación, no es cuestión de elección, sino que muchas personas no saben siquiera que podrían tener elección. 
Si hablamos de dignidad, de reivindicaciones, de derechos iguales e inalienables, deseo de todo corazón que este informe permita al Parlamento Europeo seguir ocupando su lugar y no detenerse en el camino. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, desde hace tiempo existe en Europa el fenómeno de la movilidad de estudiantes y docentes en la enseñanza superior. Esto es una importante aportación para que haya mayor comprensión entre los pueblos de Europa. 
Constituye realmente la base para que esto se lleve a cabo. 
La Comisión hace ahora un llamamiento para ampliar e intensificar este proceso hacia terceros países y con mucha razón señala la Sra. De Sarnez en su excelente informe que se requiere para ello una enseñanza superior de alta calidad. 
Es obvio que para ello hay que mejorar y fomentar el sistema de convalidación de los créditos. Asimismo, habrá que desarrollar nuevos programas de cooperación en materia de enseñanza superior cuando haya una cooperación más estrecha con terceros países. 
La UE ya tiene programas de cooperación con los EEUU y Canadá, pero quisiera romper una lanza a favor de una mayor cooperación en materia de enseñanza superior con los países en vías de desarrollo. 
Según la Comisión, uno de los objetivos de la cooperación con terceros países es la formación de personas altamente cualificadas. 
Esto es muy importante, sobre todo para los países en vías de desarrollo. 
La movilidad de las personas e ideas es muy estimulante para todas las instituciones que participan dentro y fuera de Europa. 
Además, la enseñanza en general es el mejor método para luchar contra la pobreza en el mundo y esto es más que cierto en relación con los países en vías de desarrollo. 
Por otra parte, para evitar una fuga de cerebros hace falta llegar a unos acuerdos de intercambio muy estrictos. 
Por este motivo, hago un llamamiento a la Comisión para que preste mayor atención a este punto en su política de fomentar la cooperación en materia de enseñanza superior. 
Una segunda cuestión que me gustaría subrayar es la de la enseñanza por internet. 
Muchas universidades, sobre todo las de los países en vías de desarrollo, no pueden financiar amplios programas de intercambio. 
Justamente para ellas el uso del e-learning es sumamente importante, tanto para adquirir conocimientos como para difundirlos. 
Por lo tanto, la Comisión debería prestar mayor atención a esta cuestión en su política de ayuda al desarrollo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar también a la ponente por este interesante informe. 
Naturalmente, habría que mejorar en la EU la cooperación en el plano académico y cultural. 
Pero también es una parte de la identidad nacional de los países miembros que la educación en determinados ámbitos posea una tradición diferente y que conduzca a resultados diferentes. 
Sólo se produce peligro allí donde la educación está por debajo de un determinado nivel. 
Así en el pasado, lamentablemente, ha sucedido con frecuencia que, por ejemplo, titulados en Medicina de un país miembro no pudieran ejercer en otros países miembros a causa de su bajo nivel de formación. 
Tampoco será posible el cambio transfronterizo de unas universidades a otras, si no se garantiza el mismo nivel mínimo. 
No obstante, hay que celebrar de manera especial la anunciada cooperación con futuros países candidatos a la adhesión en los niveles académico y cultural. 
Los que estamos junto a la frontera con la Europa oriental conocemos muy bien estos países. 
Algunos comprobarán con asombro que incluso podríamos aprender algunas cosas de los países de la Europa oriental, candidatos a la adhesión, en estos dos ámbitos, cultura y educación. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. De Sarnez por su excelente informe. 
El informe resume muy bien y con mucha claridad la situación actual de la enseñanza superior, los programas existentes y las posibilidades actuales de cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior. 
Me parece que nos ha ofrecido un resumen extraordinario. 
Señor Presidente, en el siglo XVII el 40 por ciento de los estudiantes de las universidades neerlandesas procedían del extranjero. 
Actualmente, con la fundación de los estados nacionales, la enseñanza se ha vuelto también cada vez más nacional. 
Ahora estamos viendo una evolución hacia la internacionalización y eso es muy necesario. 
Con la ampliación y el desarrollo de Europa necesitamos más gente con un corazón que lata por Europa, provista de conocimientos y sentimientos de otros países, idiomas y culturas. 
Pero el mundo no se reduce a Europa y el mundo se hace menos grande, por así decirlo, debido a la creciente movilidad y la progresiva internacionalización. 
Por algo el término de "global village" está en boca de todo el mundo. 
La sociedad de la información hace de nuestro mundo un conjunto. Y por ello no sólo hay más demanda para ciudadanos que tengan conocimientos técnicos y científicos, sino también para ciudadanos que se sientan ciudadanos del mundo. 
Por lo tanto, es importante que haya cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior. 
Señorías, son los ciudadanos los que han de sostener la sociedad. 
En la Edad Antigua los griegos eran ya muy conscientes de la importancia de formar buenos ciudadanos. 
Tenían muy claro que la política, la enseñanza y la educación para formar una ciudadanía responsable formaban un conjunto. 
Además, la enseñanza desempeña un papel muy importante en la integración. 
Es evidente que contribuye a que haya mayor comprensión y, por ello, mejores relaciones. 
Me parece importante que la UE busque más cooperación y que quiera profundizarla. 
A pesar de que la enseñanza es competencia nacional, creo que puede y debe haber una mayor armonización. 
Este informe trata de la cooperación con terceros países. 
Resulta que Europa, ya se ha dicho anteriormente, no es la primera opción de los estudiantes que quieren estudiar un año en el extranjero. 
Los EEUU aún resultan más atractivos. 
Por una parte, esto es debido al problema lingüístico, pero no sólo eso. 
La calidad del curriculum, la reputación de la institución y el reconocimiento de los títulos juegan un papel importante. 
Coincido totalmente con el informe en el sentido de que en Europa hemos de esforzarnos por ofrecer un nivel alto y constante de enseñanza, de la que forman parte intrínsecamente el conocimiento de idiomas, el reconocimiento internacional de títulos, un sistema, al menos a nivel europeo, de convalidación de créditos y una flexibilización de las posibilidades para que estudiantes de terceros países que estudian en un Estado miembro también puedan estudiar temporalmente en otro país de la UE. 
Para terminar, Señor Presidente, quisiera señalar la importancia que tiene todo esto para la ayuda al desarrollo. 
Esto es crucial para el desarrollo de un país. 
Me parece una buena propuesta que se estudien los programas comunitarios con este criterio y que se investigue si hay más posibilidades. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión, a pesar de ser algo tardía, pretende afrontar y resolver el problema de la delicada relación entre la Unión Europea y el mercado internacional de la formación, cuyos principales protagonistas son, hoy por hoy, los Estados Unidos y algunos Estados europeos que, por otra parte, han entrado en liza. 
La puesta en marcha de este debate y el excelente informe de la Sra. De Sarnez nos parecen muy importantes dentro de la Unión Europea, especialmente en el ámbito de la enseñanza superior, puesto que ponen en evidencia lo muy escasa que es actualmente la participación de Europa. 
Una prueba de ello es el hecho de que sólo existen programas nacionales de intercambios bilaterales que han sido puestos a punto por los Estados miembros. 
Así y todo, me parecen muy convincentes los dos objetivos indicados para la cooperación entre la Unión Europea y los terceros países: primero, el desarrollo de los recursos humanos de alta calidad que sólo se puede conseguir a través de una formación o de una enseñanza de calidad; segundo, la promoción de un centro mundial de excelencia para el estudio, la formación y la investigación que esté ubicado en Europa. 
Asimismo hubiera visto con buenos ojos una referencia al CEDEFOP y a la Agencia de Turín que tanto hacen en este ámbito, en especial en lo que a la investigación se refiere. 
Sin embargo, el problema no es solo la calidad de los cursos y de los programas, sino también el reconocimiento mutuo de los títulos de estudio, un ámbito en el que sufrimos un grave y culpable retraso. 
Por lo tanto, es necesario llegar a módulos transnacionales de formación cuya calidad se convalide y reconozca, fomentar los intercambios de estudiantes y el aprendizaje de idiomas, así como mejorar el sistema de becas de estudios previendo asimismo becas de regreso para los estudiantes de terceros países que ciertamente han de tener libertad de decidir dónde desean establecerse para ejercer su profesión, pero que quizás con una beca de regreso podrían volver a sus países de origen y contribuir a su desarrollo de manera más provechosa. 
No cabe duda de que es un reto importante- el reto para la Europa de la cultura y de los valores- un reto que no podemos dejar de afrontar y vencer. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a nuestra compañera De Sarnez por el trabajo tan excelente que ha realizado sobre un tema tan importante para todos los europeos. 
No descubro nada nuevo diciendo que la educación no es una competencia comunitaria; es más, en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, de la que formo parte, cada vez que hablamos sobre temas de educación, un colega nuestro se dedica a contar cuántas veces aparece la palabra "subsidiariedad" en el debate. 
Sin embargo, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea es la libre circulación de personas, derecho que estamos denegando a los ciudadanos europeos en la medida en que no existe un reconocimiento de títulos para que puedan ir a trabajar a otro país de la Unión Europea. 
Ahora mismo, los numerosos estudiantes acogidos al programa Erasmus que invierten un año de sus estudios en otro Estado miembro pierden dicho año en su país de origen, porque al volver no se les reconoce el año estudiado en el primer Estado. 
Esto me parece verdaderamente inaceptable, sobre todo porque, ante estas condiciones, muchos de los estudiantes, en vez de ir a otro país de la Unión Europea, prefieren ir a los Estados Unidos o al Canadá e invertir un año allá y aprender bien el idioma. 
Creo que tenemos que evitar esta situación mediante la mejora de las condiciones dentro de la Unión Europea. 
Es muy importante que los estudiantes tengan la opción de invertir un año fuera de sus países, tanto por la convivencia y la formación que dicha experiencia les brinda como por la posibilidad que también les ofrece de aprender y perfeccionar otro idioma europeo, que es tan importante para nosotros como ciudadanos de la Unión. 
Por todo esto, yo quisiera unirme a la ponente, la Sra. De Sarnez, en la defensa de la creación de la etiqueta universitaria europea, la mejora de la movilidad de los estudiantes, el fomento del aprendizaje de más idiomas y, sobre todo, en esa armonización de la enseñanza superior que, sin duda, va a tener que llevar al reconocimiento de títulos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de una Declaración de la Comisión sobre la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento (Madrid, 8 a 12 de abril de 2002). 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a la Comisaria, Sra. Reding, por haber venido hoy a exponernos las estrategias puestas a punto por la Comisión en lo que se refiere al tema del envejecimiento. 
Dicho tema, cuya inclusión solicité muy firmemente en el debate del día de hoy, nos debe hacer reflexionar a todos nosotros y en general a la Unión Europea que considero debe mostrar una mayor determinación y sensibilidad a la hora de abordarlo. 
En los próximos años nuestras Instituciones estarán llamadas a dar una respuesta puntual y eficaz a los nuevos retos que nos plantea el incremento de la esperanza media de vida, de modo que podamos garantizar a las personas mayores de todo el mundo una calidad de vida cada vez mejor. 
En efecto, el fenómeno del envejecimiento de la sociedad afecta a todos los países tanto los más avanzados como los en vías de desarrollo, aunque con evidentes diferencias que, tenidas debidamente en cuenta, suponen enfoques e iniciativas diferentes. 
Por ello, considero que el Parlamento Europeo, una institución que representa a los ciudadanos de Europa, debe asumir una posición oficial con ocasión de la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas que mañana finalizará en Madrid, y esto se conseguirá gracias a la votación de hoy sobre el proyecto de resolución de compromiso. 
En efecto, es necesario que se garanticen al máximo la protección y el respeto de la dignidad de esta parte de la población y que se abra un debate sobre el futuro de la tercera y de la cuarta edad. 
Ésta no es una diferenciación ligada a la edad biológica, sino más bien al estado de autosuficiencia de las personas mayores. 
En efecto, es preciso establecer una diferencia entre las personas mayores que pertenecen a la tercera edad, todavía plenamente activas y que tienen derecho a no ser excluidas de la vida social, cultural, política y económica, unos ciudadanos que representan un recurso para nuestra sociedad y no sólo un problema, y las que, al pertenecer a la cuarta edad y al no ser autosuficientes, tienen, en todo caso, derecho a vivir dignamente en el pleno respeto de su persona. 
Por esto, señor Presidente, espero que este Pleno apoye mayoritariamente la resolución que hoy vamos a votar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, gracias por sus aportaciones. 
En realidad, éste quizás no sea el mejor momento para discutir este tema. 
Habría sido mejor aprobar una resolución antes de la realización de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, con el objeto de influir, o al menos poder hacerlo con posterioridad, cuando hubiésemos evaluado los logros de esta reunión. 
Sin embargo, es provechoso que en el Parlamento Europeo exista unidad de criterios sobre el envejecimiento. 
Con demasiada frecuencia vemos el envejecimiento como un problema. 
No entiendo que sea un problema que la gente viva más largo tiempo y que seamos cada vez más sanos a edades avanzadas. 
Por el contrario, me parece algo muy positivo y un bien para nuestras sociedades. 
Con todo, los países miembros de la Unión somos muy malos para aprovechar el capital que representan los mayores, especialmente en el mundo laboral. 
La edad formal de jubilación en la mayoría de los países miembros es de 65 años. 
En la realidad, la edad de jubilación es considerablemente más baja. 
La gente abandona el mundo laboral por distintas causas. 
Una de ellas es la discriminación de los mayores, algo que es real, que hay que combatir, y que lo hemos hecho en parte. 
También puede deberse al deficiente ambiente laboral, que desgasta prematuramente. 
Por último, también puede ser porque nuestra sociedad del conocimiento, en la que cada vez es más importante la formación continua y mantenerse al día, no ofrece a los mayores esta posibilidad. 
Si se les diese la oportunidad de hacerlo, aumentaría considerablemente la posibilidad de aprovechar sus experiencias y conocimientos. 
Es importante mantener el modelo europeo, es decir, un sistema de seguridad social con servicios de salud adecuados y modernos. 
Es esencial, especialmente para los más ancianos, ya que éste grupo es el que más necesita cuidados y atención médica. 
En el futuro las necesidades aumentarán, ya que las mujeres, que en el pasado se hacían cargo de gran parte de los cuidados a los mayores, hoy se han incorporado al mercado laboral, y seguirán haciéndolo. 
Esto hace que la sociedad debe asumir mayor responsabilidad en la creación de nuevos recursos para que los mayores reciban atención digna cuando lleguen a edades avanzadas. 
También debemos considerar la perspectiva global, tal como lo ha hecho la Comisión. 
Conviene que nos interesemos por lo que ocurre más allá de nuestras fronteras e intentemos diseñar una estrategia global para los mayores. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, una de las cuestiones clave del envejecimiento es afrontar la discriminación por la edad en sí, en particular en el mercado de trabajo, en la atención sanitaria, etc... 
En nuestra opinión, este asunto va a requerir algo más que códigos de conducta que, al parecer, no funcionan de forma particularmente rápida. 
Como ya han mencionado otros, también es importante que reconozcamos la contribución de los mayores al mantenimiento de la sociedad y la economía, actuando como cuidadores gratuitos de sus nietos, por ejemplo, para que sus hijos puedan salir a trabajar, o actuando como voluntarios. 
En efecto, en varios países el sistema de gobierno local, por no mencionar el sistema parlamentario, se colapsarían sin su ayuda. 
Ya se ha dicho que la clave es que actuemos para que no se perpetúe la imagen de los mayores, como muchos de nosotros en esta Cámara, como una carga para la sociedad y sus servicios, y empecemos a vernos más bien como un activo de la sociedad. 
En efecto, en el futuro tendremos que estar más implicados en nuestras sociedades. 
Esperamos que nuestras sociedades y nuestros gobiernos actúen internacionalmente para crear un futuro sostenible con el fin de que podamos cambiar la situación de pobreza en la que muchas personas viven. 
Señor Presidente, Señorías, en la estrategia de acción internacional de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas se propugna el compromiso de realizar una sociedad para todas las edades, dedicando para ello medios políticos y financieros. 
Ahora bien, es fundamental que la Unión Europea y sus Estados miembros contraigan ese compromiso, integrando las cuestiones del envejecimiento en las políticas comunitarias y mediante la inclusión de las personas de edad en los programas sociales, económicos y de desarrollo, prestando atención particular a las personas de edad en riesgo de aislamiento y aplicando el principio de envejecimiento activo, favorecido por las posibilidades de que las personas de edad participen en la vida económica, social y cultural. 
Y, como ya ha dicho nuestra colega Lambert, hay diversas formas. 
Aunque la cuestión del envejecimiento vaya en general asociada a preocupaciones a largo plazo, constituye ya en este momento un gran problema para las sociedades y los gobiernos, dadas las profundas consecuencias que tiene para las políticas de seguridad social, educación, salud, inmigración y familia, por lo que resulta imperativo adoptar las medidas necesarias con vistas a velar por que las rentas y los recursos disponibles para las personas de edad y jubiladas se ajusten al nivel de vida medio de la sociedad. 
No es aceptable que las preocupaciones por el gasto público y las presiones con vistas al cumplimiento del Pacto de Estabilidad tengan una repercusión negativa en las condiciones de vida de las personas de edad, como indican tanto una reciente decisión del Consejo Europeo de Barcelona, en el sentido de aumentar en cinco años la edad de jubilación de aquí a 2010, cosa que consideramos inaceptable, como las declaraciones del actual Presidente del Consejo, el Primer Ministro Aznar, en la inauguración de la segunda Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, cuando propugnó cambios en el sistema de pensiones, jornada laboral y edad de jubilación, que siguen la misma orientación. 
Es fundamental que se avance con políticas sociales integradas, se fomente la solidaridad intergeneracional, se preste atención particular a las cuestiones de acceso de todos a la asistencia sanitaria y a la calidad de los servicios prestados y se conceda mayor importancia a la ocupación del tiempo libre de las personas de edad. 
Esperamos que la Comisión proponga un programa de acción concreto para las personas de edad teniendo en cuenta todos esos aspectos en una visión integrada y después de oír a las organizaciones de jubilados y personas de edad. 
Conviene también que la Unión Europea se comprometa más con la concesión de una ayuda internacional a los países en desarrollo para permitirles aplicar políticas en materia de envejecimiento, en particular a favor de las mujeres y de la lucha contra el sida. 
Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias a la ponente y compartir su trabajo realizado en lo que se refiere a un tema de suma importancia como lo es el envejecimiento de la población en nuestros Estados, en nuestro continente. 
Creo que todos nosotros deberíamos considerar en serio a las personas mayores un patrimonio de la humanidad, puesto que, de hecho, su sabiduría, sus conocimientos, la historia de la que son intérpretes vivientes, no se valoran ni se aprovechan hasta el fondo. 
Para ser francos, a lo largo de estos años también en nuestros países, también en Europa, se ha hecho mucho para tratar de ofrecer sistemas de garantías y de dignificación a todas las personas mayores. 
Lo cierto es que en algunas zonas se ha hecho más que en otras, y por lo tanto, creo que Europa necesita desarrollar políticas que garanticen un nivel mínimo de garantías y de atención para con el mundo de las personas mayores, igual en todos los Estados de la Unión y que ha de proponerse como meta también para los países en trámites de adhesión. 
No cabe duda de que el mundo europeo ha tomado conciencia de que tener dificultades económicas, ser pobres es siempre difícil, de que ser pobres y estar enfermos es difícil y complicado, y de que ser pobres, estar enfermos y ser mayores es terrible. 
Por el contrario, creo que se ha hecho menos para tratar de ofrecer una posición, incluso política e institucional, para tratar de mantener durante el tiempo más largo posible a todas las personas mayores dentro del mundo activo y para garantizar una salida más gradual del mundo laboral. 
En definitiva, creo que el gran reto al que todos nosotros debemos enfrentarnos es éste y que se ha de estudiar precisamente desde un punto de vista más flexible del propio mundo del trabajo y empleando más inteligentemente la profesionalidad de las personas implicadas. 
Señor Presidente, tenemos que abordar la cuestión del envejecimiento de nuestra población desde el punto de vista de una sociedad para todas las edades, como indica nuestra propuesta. 
Hay riesgos reales en abordar este asunto exclusivamente desde el punto de vista económico, considerando y valorando a los ciudadanos sólo según la contribución que pueden hacer a la economía o a la fuerza de trabajo. 
La sociedad, como sabe esta Cámara, es un concepto mucho más amplio que la economía, y ese debe ser nuestro punto de partida. 
La cuestión de la renta de los mayores depende del grado en que mantengamos el modelo social europeo de contribución de las personas que están trabajando para quienes, en diferentes fases de su vida, bien por enfermedad o por su avanzada edad, ya no pueden participar en la fuerza de trabajo. 
Por lo tanto, es esencial asegurar un sistema tributario efectivo y eficiente y un sistema de seguros sociales efectivo. 
Sobre todo, es necesario que dispongamos de un fondo de reserva de pensiones de manera que haya solidaridad intergeneracional entre esta generación y no sólo la siguiente, sino también la que venga después. 
Es importante que todos los Estados Miembros consideren esta cuestión. 
Me gustaría también que se considerara la para mí equivocada perspectiva de la Sra. Diamantopoulou, quien parece pensar que la solución del envejecimiento de nuestra población es que todos nosotros seamos más fértiles: que tengamos más hijos. 
Esto es eludir el meollo de la cuestión. 
Esto simplemente no va a ocurrir y, con toda seguridad, no en las zonas ricas de Europa. 
Por lo tanto, tenemos que abordar seriamente la cuestión de la inmigración. 
No basta hablar de la necesidad de asegurar suficientes recursos a los países en vías de desarrollo para que alimenten y mantengan a su gente. 
Por supuesto, eso es necesario, pero al margen de la frecuencia y la eficacia de cómo lo hacemos, la gente seguirá trasladándose a partes más ricas de Europa. 
Yo mantengo que debemos abandonar la idea de que podemos construir una Europa-fortaleza y dejar fuera a esos millones y millones de personas que desean venir. 
Quieren hacer una contribución a Europa, y esto nos beneficiará a todos, tanto económica como culturalmente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, organizada por la Presidencia española y que se celebra veinte años después de la primera Conferencia sobre el tema, constituye una ocasión única no sólo para los países desarrollados, sino para toda la población mundial, para poder centrar la atención sobre el importantísimo y rabiosamente actual tema del envejecimiento de la población que deriva del nuevo contexto demográfico y del incremento de la esperanza media de vida, gracias también a los avances realizados por la medicina. 
Al afrontar y profundizar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias del incremento de la esperanza media de vida y del envejecimiento de la población, espero que se ponga el acento no solo en el papel que hoy las personas mayores han de poder cumplir en la sociedad moderna, sino también en el derecho, por ejemplo, de cada persona mayor que pierde su autonomía de disfrutar continuadamente de una calidad de vida segura. 
Necesitamos una nueva y renovada sensibilidad de todos los Estados de la Unión Europea hacia la promoción de una activa participación de las personas mayores en la vida social y cultural. 
En realidad, este enfoque sería una meta valiosa para nuestra sociedad que debe considerar a la persona mayor no solo como un consumidor potencial de servicios, sino también como una persona todavía útil para toda la sociedad. 
Acojo favorablemente, también porque hasta ahora la Comisión no ha hecho gran cosa en este tema, el nuevo programa comunitario que la Comisión Europea está a punto de lanzar en el segundo semestre de este año para tratar de remediar una situación que ella misma define preocupante en lo que se refiere al mantenimiento de la calidad de vida de las personas mayores. 
En definitiva, hace falta una acción fuerte y coordinada a escala europea para poder hacer frente al envejecimiento que es un reto y al mismo tiempo una emergencia que afecta al futuro de todos los Estados europeos, en particular de Italia, mi país, donde la ciudad de Génova detenta el récord de la tasa más alta de vejez de toda la Unión 
Señor Presidente, colegas, el sábado pasado intervine en Madrid en una de las numerosas mesas redondas organizadas dentro del foro de las ONG que ha acompañado a la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento. 
Allí se expuso que el envejecimiento está afectando tanto al Norte como al Sur y ello pese a la creciente dualidad y desigualdad que se viene estableciendo entre las sociedades del mundo desarrollado y las de los países que luchan por superar el subdesarrollo. 
Lo más interesante sea quizá entender que, con independencia del lugar, se plantean tres necesidades específicas para las personas mayores. 
La primera concierne a la atención sanitaria en edades en que la salud va requiriendo cuidados más y más costosos; la segunda es la garantía de una seguridad económica para que los mayores puedan seguir viviendo con independencia cuando, por razón de su edad, dejan de trabajar; y la tercera es la consideración social, el respeto y la valoración que de las personas mayores hace la sociedad, no sólo como reconocimiento por los servicios prestados- lo que también debe hacerse -, sino además por el papel y la función que estas personas mayores deberían encontrar y cumplir en nuestro entramado social. 
La respuesta satisfactoria a estas tres necesidades es lo que permitirá que las personas mayores puedan, afortunadamente, vivir dignamente durante un número de años cada vez más largo. 
En términos generales, y en los países de la Unión Europea, se ha llegado a responder de forma básicamente aceptable a las dos primeras exigencias planteadas: la atención sanitaria y la seguridad económica, aunque las prestaciones sean aún francamente insuficientes, y por ello mejorables, y haya que estar alerta ante amenazas que puedan producirse sobre su permanencia. 
En cambio, poco o nada se ha avanzado en cuanto a la tercera necesidad, la de la consideración y responsabilidad de los mayores en nuestras sociedades. 
El panorama en el mundo en desarrollo es todavía mucho peor. Allí ninguna de las tres demandas planteadas ha tenido una respuesta mínimamente satisfactoria y, si acaso, sería en el tercer terreno, en el del respeto y la corresponsabilidad para con los mayores, en el que algo positivo pudiera contabilizarse. 
Dentro de las perspectivas demográficas que alteran diariamente los flujos de migraciones, éstos son otros de los retos a los que debemos enfrentarnos. 
Así lo ha hecho la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento en Madrid, que nos ha marcado una nueva estrategia que la Unión Europea debe apoyar de forma decidida, como lo hacemos en el Parlamento aprobando hoy el excelente proyecto presentado por el colega Podestà. 
Y debemos hacerlo por nuestro futuro y por el futuro de un mundo que debería ser cada vez más solidario y, por ello, más justo también con las personas mayores. 
Para cerrar este debate, he recibido cinco propuestas de resolución 
A continuación procedemos a la votación. 
Procedimiento simplificado: 
Propuesta en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, de reglamento del Consejo que imponga ciertas medidas restrictivas específicas dirigidas contra ciertas personas y entidades asociadas con Osama Bin Laden, la red de Al Qaeda y los talibán, y revoque el Reglamento del Consejo (CE) Nº 467/2001 que prohíbe la exportación de ciertos bienes y servicios a Afganistán, reforzando la prohibición de los vuelos y extendiendo la congelación de fondos y otros recursos financieros relacionados con los talibán de Afganistán (COM (2002) 117- C5-0132/2002- 2002/0059 (CNS)) 
. 
(EN) Señor Presidente, respecto a la primera petición de opinión del Consejo al Parlamento sobre la congelación de fondos del Consejo de Seguridad de las NU, quisiera informar al Parlamento que la Comisión dedicará toda su atención a las enmiendas propuestas por el Parlamento y promoverá su adopción por parte del Consejo siempre que lo permita el Tratado de la UE, la Carta de las NU y la urgencia de la cuestión. 
En segundo lugar, la Comisión sigue también abierta a futuras discusiones con el Parlamento sobre la tensión que inevitablemente surgirá entre los continuados esfuerzos por erradicar la financiación del terrorismo y el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos. 
Señor Presidente, he pedido la palabra simplemente para pedir que se devuelva a la Comisión la propuesta legislativa tal y como se ha votado por unanimidad en la Comisión de Agricultura. No es porque no estemos de acuerdo con ella, sino porque no incluye el alcohol de síntesis y la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento no ha encontrado una base jurídica para poderla incluir. 
Por lo tanto, pido votar en contra de la propuesta legislativa, para que ésta se devuelva a la Comisión. 
. (IT) Quisiera formular una enmienda oral a la enmienda 16, presentada por el Sr. Pronk y la Sra. Lulling, cuyo texto reza: "Considera que los Estados miembros deben asumir su responsabilidad para garantizar una pensión con la cual cualquier pensionista pueda llevar una vida digna e independiente y participar en la vida social y cultural". 
Como enmienda oral añado, en este punto, los términos "con el apoyo de la Unión Europea en el respeto del principio de subsidiariedad". 
. 
(SV) La lucha contra el terrorismo, en todas sus formas, debe someterse a las normas del Estado de derecho. 
Respaldamos todas las iniciativas en este sentido. 
El derecho de los ciudadanos a ejercer acciones judiciales debe mejorar. 
Este derecho también debe extenderse a asuntos relacionados con los derechos humanos. 
Con esta votación expresamos nuestro anhelo de combatir el terrorismo, pero no de asegurar el imperio de la ley, que, a nuestro juicio, debería ser mayor, tanto en la perspectiva nacional como en el ámbito europeo. 
. 
(EN) Estoy a favor de los procedimientos para permitir que la lista de sanciones establecidas por la Comisión de Sanciones de las NU se revise siempre que se haga de acuerdo con la Enm. nº 2. 
La lista es extensa y minuciosa y confiamos en ella. 
Hubiera deseado haber estado más seguro del papel propuesto del Tribunal de Justicia teniendo en consideración el papel de los tribunales de los Estados Miembros. 
No estoy seguro de las implicaciones de la Enm nº 9, que trata de las propuestas de la Comisión sobre la transmisión de la información recibida por la Comisión a las autoridades competentes de los Estados Miembros. 
La posterior transmisión de esa información al Parlamento y a su 'comisión competente? y' de acuerdo con los procedimientos relevantes? es vaga. 
Apoyo firmemente las enmiendas propuestas al texto de la Comisión sobre el respeto a los derechos humanos y a las necesidades humanitarias. 
No he participado en la votación porque considero que se trata de una cuestión seria. 
Todo lo que se pueda hacer para luchar contra el terrorismo es importante. 
Bloquear la provisión de fondos a las organizaciones terroristas y sus socios es uno de los medios más importantes de los que disponemos para enfrentarnos a las redes de Al Qaeda. 
Me gustaría haber dispuesto de más tiempo para examinar este aspecto de la propuesta y, en caso necesario, haber tenido más tiempo para reforzar aún más esas medidas. 
(Abreviado conforme al Artículo 137 (1) del Reglamento) 
. (IT) Al reafirmar nuestro compromiso contra todos los terrorismos, hemos votado a favor de las enmiendas que hemos presentado junto con los demás Grupos, puesto que permiten- a través de recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- proteger judicialmente a los ciudadanos europeos. 
Algunos de estos ya se han incluido en la lista aneja al Reglamento, a pesar de que contra los mismos aún no se ha aportado ninguna prueba de su conexión a movimientos terroristas o de su implicación en actos terroristas. 
Por el contrario, hemos expresado nuestro voto contrario al Reglamento tanto por el procedimiento- es la cuarta vez que se vota sobre el terrorismo aplicando el procedimiento de urgencia, sin debate y sin informe- como por el fondo, ya que se vota sobre una lista de nombres facilitada a la ONU por la CIA, sin ninguna prueba o posibilidad de acceder a posibles pruebas. 
Los procedimientos de elaboración de la lista de personas, grupos y entidades que se señalan en el artículo 2 del Reglamento, violan de forma manifiesta las normas irrenunciables del derecho a la defensa de los ciudadanos de la Unión Europea- confirmadas asimismo en la reciente Carta de Derechos Fundamentales- con una restricción de las disponibilidades y actividades financieras de los mismos, adoptada sin ninguna posibilidad de control democrático y/o judicial de las pruebas en que se basa la resolución de inclusión en dicha lista. 
En consecuencia, sería deseable que el Consejo, cuando menos, tomara en consideración las enmiendas votadas por el Parlamento y aportara las pertinentes modificaciones a la propuesta de reglamento. 
Una vez más- la cuarta -, la Comisión viene a pedir al Parlamento Europeo que se voten medidas restrictivas contra ciertas personas y entidades con vistas a la lucha contra el terrorismo internacional sin que previamente haya habido debate alguno al respecto, ya sea en el Pleno o en la comisión especializada correspondiente. 
Es un método que rechazamos y ésa es una razón para nuestro voto en contra. 
Tras reafirmar nuestra condena frontal e inequívoca de los actos terroristas habidos en los EE.UU., así como la necesidad de dar una respuesta basada en la combinación de gestiones y cooperación internacionales, en el marco de las Naciones Unidas y con pleno respeto de su Carta, consideramos inaceptable que se someta a la aprobación del Parlamento Europeo una lista de organizaciones y personas sin que esté fundamentada ni se presente prueba alguna y ésa es una segunda razón para el voto en contra. 
Por otro lado, consideramos que la necesaria lucha contra el terrorismo no puede servir de pretexto para atentar contra aspectos esenciales de la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea. 
. 
(SV) Nos hemos abstenido en la votación final de la propuesta de la Comisión sobre congelación de bienes de presuntos terroristas. 
En cambio, hemos dado nuestro respaldo a las enmiendas, que en su totalidad contribuyen a mejorar el reglamento. 
La lucha contra el terrorismo es decisiva y cuenta con nuestro apoyo. 
La congelación de los bienes de los presuntos terroristas es un elemento importante de esta lucha mundial. 
Sin embargo, no es aceptable que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Comité de Sanciones decidan aplicar castigos sin exhibir pruebas ni dar a los afectados la posibilidad de defenderse en un juicio. 
Este procedimiento quebranta el Estado de derecho. 
Todas las personas incluidas en la lista de Naciones Unidas tienen derecho a conocer inmediatamente las pruebas en su contra y se les debe acusar formalmente. 
Debe haber un tribunal que resuelva. 
Deben existir criterios claros para incluir y borrar a las personas de esas listas. 
Los países de la Unión representados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- el Reino Unido, Francia e Irlanda- tienen la responsabilidad de defender el Estado de derecho y de exigir que no se trasgredan los derechos humanos. 
La Presidencia española y los Estados miembros deben actuar enérgicamente en la ONU respecto a EE.UU. para que se respeten los derechos humanos. 
. 
(SV) En la votación de hoy hemos respaldado un nuevo reglamento del Consejo sobre terrorismo internacional, que incluye importantes enmiendas aprobadas por el Parlamento destinadas a fortalecer el imperio de la ley y a fomentar el respeto por los derechos humanos fundamentales. 
Lamentamos profundamente la situación de indefensión en que se encuentran tres suecos incluidos en la lista de presuntos terroristas confeccionada por el Comité de Sanciones de la ONU. 
Es evidente que no existen pruebas fehacientes en su contra y que, en cambio, se trata de una "medida preventiva". 
Por eso, el proceso para apoyar a estos ciudadanos debe continuar. 
Aplaudimos la referencia que se hace en las enmiendas a que "( el Tribunal de las Comunidades Europeas) debe ser competente para conocer las acusaciones contra las personas incluidas en el Reglamento (de presuntos terroristas )". 
En la propuesta de reglamento se expresa también que "hay que establecer un procedimiento en el ámbito comunitario para modificar esas listas". 
Nuestro país está obligado por el Derecho Internacional a aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sirven de fundamento al reglamento del Consejo. Hay que respetar este principio aunque no estemos de acuerdo con esas resoluciones. 
El objetivo de esas resoluciones- combatir el terrorismo- es legítimo e importante, pero también lo es modificar su aplicación. 
El reglamento del Consejo es un paso en la dirección adecuada, pero el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos fundamentales exige que perseveremos en los intentos para modificar las actuales normas que rigen las sanciones. 
. 
(SV) Los derechos y libertades fundamentales jamás pueden ser cuestionados. 
Esto es particularmente importante en la lucha contra el terrorismo. 
No se puede combatir al terrorismo con atropellos a la democracia y a los derechos humanos. 
Según la Carta de Naciones Unidas, todos los países miembros están obligados a cumplir las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad. 
Esas decisiones son obligatorias, pero jamás absolutas. 
Debe existir un espacio para maniobrar. 
El procedimiento del Comité de Sanciones- hacer suyas sin reservas las listas de individuos y organizaciones presuntamente terroristas confeccionada por EE.UU. no es aceptable. 
El hecho de que las listas- que no se han publicado- hayan sido aprobadas por el Comité de Sanciones sin que nadie haya protestado en un plazo de 48 horas, abre las puertas para la adopción de decisiones sin fundamento. 
Una instancia no judicial suprime las libertades y derechos fundamentales cuando no notifica a los individuos de qué se los acusa y éstos no pueden apelar. 
Las enmiendas del Parlamento son esenciales para garantizar a los ciudadanos de la UE el imperio de la ley. 
Por esa razón, sólo respaldaría el reglamento del Consejo en una versión modificada en este sentido. 
. (IT) Los diputados radicales han votado en contra de este documento para expresar un voto contra el terrorismo, contra las políticas y los procedimientos de urgencia, en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, por la dignidad del Parlamento y de los diputados europeos. 
Hemos votado en contra porque, por cuarta vez, el Parlamento Europeo está llamado a votar con carácter "extraordinario" un documento lleno de lagunas, dirigido a tomar medidas contra el terrorismo; y, por segunda vez, a votar sin debate y sin informe, la decisión de bloquear los bienes a personas y sociedades por actividades terroristas sin especificar. 
Hemos votado en contra porque es un hecho que tras el 11 de septiembre se ha consolidado una práctica de emergencia en cuya virtud se utiliza de forma instrumental y sin motivos el procedimiento de urgencia. 
Hemos votado en contra porque, como diputados, nos negamos a suplir la función y la responsabilidad de los órganos "naturalmente" responsables, como los jueces y la policía. 
Hemos votado en contra porque estamos en contra de una propuesta propia de la policía judicial y que se podía debatir y votar aplicando el procedimiento ordinario. 
Hemos votado en contra esperando que surja una iniciativa de todo el Parlamento contra los procedimientos y las políticas de emergencia, responsables de conculcar los principios fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho, objetivo proclamado de los terroristas. 
Con la propuesta de directiva ahora en debate, la Comisión pretende, aunque de forma mitigada, reorientar las medidas de protección para las personas que lleguen a estar más expuestas, revisar los niveles de exposición y reexaminar el método de evaluación del tenor en fibra de amianto en la atmósfera, insistir en medidas de prevención o reducción al mínimo de la exposición y reflejar en la evaluación de los riesgos resultantes de los trabajos respecto de los cuales la exposición al amianto es intrínseca o accesoria. 
Con la labor en la comisión parlamentaria especializada y en el Pleno contribuimos a mejorar el informe con propuestas que la ponente Elisa Damião y el Pleno aceptaron, en particular: 
necesidad de prestar atención particular al cumplimiento de la legislación laboral, que en este sector reviste una importancia primordial, en particular la lucha contra la precarización del trabajo y el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo; 
necesidad de que los Estados miembros presten atención particular a los derechos de los trabajadores, en particular a la salud, en las situaciones de cierre de minas o unidades de producción; 
supresión de las excepciones, siempre que no esté probado que los casos mencionados no representen un riesgo para los trabajadores. 
Esperamos ahora que la Comisión y el Consejo acepten las propuestas del Parlamento Europeo. 
. 
(EN) Apoyo firmemente los esfuerzos por aumentar la protección de los trabajadores frente a los riesgos que entraña su exposición al asbesto. 
Dado que se ha predicho que el número de personas afectadas por el asbesto va a aumentar considerablemente hacia el año 2020, se debe mejorar la legislación para reducir más los niveles aceptables de exposición. 
Para que la UE se muestre seria ante el incumplimiento de esta legislación, es vital el uso de sanciones contra los empleadores irresponsables. 
También me satisfacen los esfuerzos encaminados a proporcionar financiación de la UE para instruir e informar sobre los riesgos para la salud asociados al asbesto. 
En lo esencial, este informe debe conducir a un enfoque más razonable de tipo preventivo- antes que curativo- sobre el envenenamiento por asbesto y podría potencialmente reducir de forma considerable las cifras de trabajadores afectados. 
. 
(SV) No estamos de acuerdo con el informe Ayuso González sobre la organización común del mercado del alcohol etílico de origen agrícola. 
Pensamos que este informe representa una política agrícola anticuada, que no responde a las necesidades de la sociedad moderna y global. 
Por el contrario, la propuesta de la Comisión sobre organización de este mercado sin medidas intervencionistas sería un paso en la dirección adecuada. 
Por estas razones, y habida consideración de la próxima revisión de la política agrícola comunitaria, hemos optado por votar a favor de la propuesta de la Comisión. 
. 
(SV) Damos la bienvenida al proceso de Barcelona y, consiguientemente, al informe. 
Sin embargo, nos oponemos a la creación del Banco EURO-MED, ya que sólo significaría hacer dos veces los trabajos del Banco Europeo de Desarrollo y del Banco de Desarrollo Africano. 
Apoyamos, en cambio, la propuesta de creación de una ventana de préstamos en el BEI, que sería evaluada después del primer año de actividad. 
Propugnamos la profundización de las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países del Mediterráneo y consideramos que se deberá hacer a partir de la profundización de la cooperación y las relaciones económicas y culturales entre dichos países, con respeto de los intereses de todos y cada uno y en pro del desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de cada uno de los pueblos. 
Por eso, criticamos las propuestas formuladas por la Comisión Europea y apoyadas por el Consejo con vistas a utilizar el "Proceso de Barcelona" para llevar a cabo- en el marco de este proceso de acuerdos de asociación con esos países y de la creación de una "zona de libre comercio" la liberalización de los servicios y la agricultura y, de modo general, las orientaciones neoliberales indicadas en la Conferencia de la OMC, de Doha. 
Por otro lado, nos preocupa el objetivo de apuntar a la lucha contra el terrorismo como prioridad política fundamental, menospreciando la necesaria consideración de sus causas profundas (como, por ejemplo, la resolución del conflicto en el Oriente Medio o en el Sáhara Occidental, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas) o la respuesta a las más básicas necesidades y carencias que afectan a muchas poblaciones, velando por el desarrollo económico y la mejora de las condiciones sociales en los países del Mediterráneo. 
La región del Mediterráneo, por su dimensión estratégica y principalmente en el marco de la ampliación al Este y del nuevo marco político internacional resultante del 11 de septiembre, justifica un fortalecimiento y profundización cada vez mayores de las relaciones euromediterráneas y, en consecuencia, del Proceso de Barcelona. 
El Proceso de Barcelona tiene como principal objetivo el desarrollo de una zona euromediterránea de paz y prosperidad compartidas. 
Por eso, no cabe la menor duda sobre la importancia y la necesidad de la continuación, revitalización y profundización de los instrumentos de cooperación existentes. 
Por eso, doy mi apoyo al Plan de Acción propuesto por la Comisión para la Conferencia Interministerial Euromediterránea que se celebrará en Valencia, pues me parece que refleja adecuadamente las preocupaciones y los imperativos que se plantean actualmente a la Asociación Euromediterránea. 
Ahora bien, quisiera, para terminar, subrayar los tres puntos del Plan de Acción que considero prioritarios: fortalecimiento del sentimiento de pertenencia y asociación de los países mediterráneos mediante una reorganización de las estructuras de diálogo y los métodos de trabajo; apoyo al sector privado; fortalecimiento de las relaciones entre culturas y civilizaciones. 
por escrito. (DE) Acabo de votar a favor del Informe ' Estrategia de la UE para China? , de nuestro colega Graça Moura y he apoyado a este respecto varias enmiendas. 
Miles de monjas y de monjes siguen siendo perseguidos, encarcelados y maltratados. 
Se niega la independencia cultural religiosa del Tibet. 
Se está estableciendo sistemáticamente a chinos, de manera que los tibetanos se están volviendo minoría. 
El informe recoge acertadamente la reiterada exigencia del PE de nombrar un embajador especial de la UE para el Tíbet. 
También se hace memoria de la resolución de hace dos años en la que el PE instaba a los Estados miembros de la UE a reconocer en el plazo de tres años al gobierno tibetano en el exilio en caso de un estancamiento o de un agravamiento de la situación en el Tíbet. 
No existe ninguna alternativa a una solución pacífica: negociaciones entre el Gobierno chino y el Dalai Lama- sin condiciones previas. 
Como presidente del intergrupo sobre Tíbet considero como objetivo central la plena autonomía del Tíbet. 
Semejante solución bilateral debería redundar en beneficio de los chinos que se esfuerzan por su reputación internacional. 
A este respecto, el punto de partida deberá ser el plan de cinco puntos del Dalai Lama y el discurso que pronunció el 24.10.2001 ante nuestro Pleno. 
Considero muy lamentable la posición de la UE. 
No llevó al orden del día en Ginebra las violaciones de los derechos humanos por parte de China y prefirió tratar este tema en el marco del diálogo UE-China y, en consecuencia, a puerta cerrada. 
Como país más poblado del mundo, China es una superpotencia militar y económica. 
Por otra parte, el partido comunista gobernante ya no tiene que ver con aquellos movimientos revolucionarios de obreros y campesinos que luchaban en el pasado contra su explotación y falta de derechos. 
Más bien ocurre lo contrario. 
El partido comunista intenta con la ayuda del ejército, la policía, mediante el encarcelamiento de disidentes y la aplicación de la pena de muerte, salvaguardar el forzado crecimiento económico. 
El omnipotente estado lucha contra su pueblo y crea todas las condiciones necesarias para un nuevo grupo de empresarios que se están enriqueciendo rápidamente gracias a los bajos sueldos y las malas condiciones laborales de los trabajadores. 
No tienen derecho de huelga ni de manifestación, como tampoco hay libertad de asociación, libertad religiosa ni hay elecciones libres. 
Si China fuera un país pequeño, habría un amplio consenso para ejercer presiones. 
Como es grande e importante, se buscan a diestro y siniestro lazos de amistad y acuerdos comerciales. 
Por mi parte, rechazo totalmente este trato de favor a China, que lamentablemente también encuentra partidarios entre los colegas de mi Grupo Parlamentario. 
Mi colega Belder del EDD con mucho acierto ha manifestado anteriormente en este debate que el diálogo crítico tranquiliza la conciencia pero no es un instrumento eficaz si al mismo tiempo estamos pendientes de los propios intereses económicos. 
Con respecto a esto, me sumo completamente a su conclusión. 
. 
(EN) Apoyo firmemente esta resolución, porque demanda una mayor cooperación entre la UE y China. 
Creo que la UE tiene un importante papel que representar para ayudar a configurar la agenda económica, social y política de China. 
El acceso de China a la OMC debe acogerse con satisfacción, pero la UE no debe darse por satisfecha: los derechos humanos y las convenciones de la UE que China ha ratificado están aún lejos de ser totalmente respetadas. 
Creo que el informe muestra el equilibrio correcto entre el fomento de las reformas sociales y económicas de China, así como la denuncia de sus permanentes violaciones de los derechos humanos y del imperio de la ley. 
Las relaciones EU-China siguen obstaculizadas por cuestiones como la opresión de los miembros de Falun Gong y los monjes encarcelados en Tibet. 
Por lo tanto, es también importante que la UE se muestre firme ante estas cuestiones y dispuesta a comprometerse con China. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a los diputados de todos los Grupos que han votado a favor o que, en todo caso, han participado en el debate sobre este informe dirigido a conseguir pensiones seguras para todos los ciudadanos de Europa. 
Lo cierto es que no podemos hacer milagros, pero la Unión Europea puede hacer algo- y yo digo mucho- para los ciudadanos que han trabajado toda la vida y tienen derecho a que se les reconozca la importancia de su trabajo en el momento en que, más mayores, necesitan que la sociedad les devuelva alguna cosa. 
Es justo que nuestro dinero se emplee bien y que ellos tengan una larga, larguísima vida como pensionistas. 
Señor Presidente, al final he votado a favor del informe del Sr. Fatuzzo a pesar del rechazo de una parte de las enmiendas que yo había presentado, junto con el Sr. Brok, en nombre de mi Grupo. 
Es una pena, porque aclaraban qué pertenece, en el ámbito de las pensiones, a los Estados miembros y cuál es la competencia- extremadamente reducida- de la Unión Europea. 
La enmienda oral que el Sr. Fatuzzo presentó a nuestra enmienda 16 habla del apoyo de la Comisión para garantizar el derecho a una pensión. 
El término ' apoyo? puede prestarse a confusión. 
Debe quedar claro que no se puede pensar que la Comisión intervenga financieramente para realizar los objetivos previstos en ese apartado, objetivos con los cuales todos estamos de acuerdo. 
La Comisión no puede intervenir financieramente: sólo puede apoyar un proceso, como lo hace en el marco de la coordinación abierta. 
Por otra parte, en el mismo apartado, celebramos la iniciativa de la Comisión dirigida a garantizar unas pensiones seguras y viables. 
Ello habría bastado ampliamente. 
No he entendido que nuestros colegas socialistas- que se muestran tan vigilantes cuando se trata de la seguridad social- hayan creído ver aquí una confusión entre las competencias comunitarias y el gran principio de la subsidiariedad. 
Ayer, toda la izquierda de nuestro Parlamento se reveló contra la propuesta de Barcelona según la cual sería interesante y necesario que muchas más personas mayores de 50 años trabajasen. 
En ese caso, estamos por la subsidiariedad, con más razón cuando se trata de la responsabilidad plena y no compartida de los Estados miembros con respecto a los tres pilares de nuestros regímenes de pensiones. 
. (FR) El informe Fatuzzo sobre la viabilidad de los sistemas de pensiones en la Unión Europea muestra de forma fascinante cómo Bruselas llega a adueñarse de un asunto, dando por sentada su competencia, cuando ni una palabra del Tratado hace referencia a las pensiones, que desde el punto de vista jurídico son, es innegable, competencia exclusivamente nacional. 
Todo empieza, como siempre, con comunicaciones prudentes de la Comisión, tendentes a demostrar que la viabilidad de las pensiones influye de cerca o de lejos en determinadas competencias europeas. 
Paralelamente, en las conclusiones de diversos Consejos Europeos (Lisboa, Estocolmo, Gotemburgo, Laeken) se deslizan ' frasecitas? que legitiman el proceder de la Comisión. 
Después, un día, la idea se encuentra suficientemente aclimatada para que, ante la estupefacción general, el Consejo de Barcelona (marzo de 2002) haga un llamamiento para que se incremente en cinco años la edad media de partida a la jubilación. 
Nos acercamos a la ingerencia europea pura y simple, sin que se haya celebrado ningún debate democrático. 
Sin embargo, en el fondo, las ideas expresadas van en la dirección acertada. Pero éste es un aspecto indispensable del método para ir arañando poco a poco: para que la transferencia de competencia sea invisible e indolora, es preciso que inicialmente la política expresada sea indiscutible. 
A medida que la seguridad en las condiciones vitales, el nivel del bienestar y los servicios públicos son mejores y el medio ambiente más limpio, la expectativa de vida de la población va en aumento. 
Por lo tanto, el grupo de población que depende de una pensión crece. 
Mientras la pensión para los trabajadores mayores es imprescindible, hay gente joven que ni piensa en ella y gente acomodada que no le hace falta. 
Aquellos que piensan que la pensión no es importante, la consideran como un gasto que lleva a un aumento de impuestos y cuotas. 
Algunos políticos aprovechan hábilmente esta percepción defendiendo la libertad de elección, la comercialización y la disminuición del papel del estado. 
Los gobiernos están estudiando la posibilidad de reducir gastos o no han ahorrado lo suficiente para tener un sistema sostenible de pensiones. 
Por este motivo, se llegó en Barcelona a un acuerdo de elevar cinco años por término medio la edad con derecho a pensión a partir de 2010. 
Al mismo tiempo, los trabajadores luchan por bajar la edad con derecho a pensión de los 60 a 55 años. Lo presenciamos nosotros mismos en Estrasburgo, el pasado 7 de febrero, cuando se hizo una huelga en el transporte público. 
Mientras la presión laboral siga aumentando exigiendo de los trabajadores la máxima productividad, no nos debe sorprender que la gente quede agotada a edades cada vez más tempranas. 
Por consiguiente, yo particularmente elijo la opción de una pensión garantizada para todo el mundo, de modo que la gente pueda dejar de trabajar a una edad razonable sin que se les condene a vivir en la más absoluta pobreza. 
. (IT) Hay que reconocer a la Comisión el hecho de haber abordado en el momento oportuno un tema fundamental para la cohesión social en Europa con 15 y próximamente con 27 miembros. 
Asimismo hay que reconocer que lo ha hecho desde un punto de vista y con unos principios que, respetando el principio de subsidiariedad, permiten concebir y establecer orientaciones y objetivos comunes a través del método de coordinación abierta y de los planes de acción nacionales sobre pensiones. 
Sin embargo, creemos que el ya de por sí amplio escenario que la Comisión ha considerado en su comunicación no es del todo exhaustivo del alcance del problema, y por lo tanto, de su futura evaluación. 
El Sr. Fatuzzo, cuyo trabajo compartimos, ha evidenciado muchos aspectos peculiares, empezando por la necesidad de codificar en los futuros indicadores la que es realmente la prestación de previsión social y la que es, por el contrario, la prestación de asistencia social, aunque grava, por una mera elección política, en el ahorro de previsión social, y por lo tanto, en las economías de las entidades aseguradoras. 
Existen otros dos aspectos dignos de mención: el primero se refiere a la depuración del gasto consagrado a las pensiones de la imposición fiscal y el segundo se refiere fundamentalmente a la cohesión social dentro de cada uno de los Estados. 
En cuanto al primer aspecto, sería paradójico considerar, como ocurre en algunos Estados, el volumen bruto del gasto en pensiones, cuando es sabido que el mismo, más allá de los diferentes niveles impositivos, está sujeto a retención fiscal. 
El otro aspecto, es decir, el de la cohesión nos lleva a decir que no hay duda de que los territorios menos favorecidos de los Estados miembros pueden y deben beneficiarse de incentivos para el desarrollo de las economías locales, y por lo tanto, del empleo. 
(Texto abreviado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (EL) Las pensiones son tratadas no como un derecho y una necesidad de las capas populares, que han de ser satisfechos con responsabilidad del Estado, sino como un 'indicador? , una' partida? contraria a los objetivos del Plan de Estabilidad y al aumento de los beneficios del gran capital. 
Mediante ' la capacidad de los sistemas para cumplir sus objetivos sociales? y del mantenimiento de su sostenibilidad financiera se impulsa una política que echa por tierra los derechos sociales de los trabajadores, en la dirección de reducir el precio de la fuerza de trabajo. 
La reforma de los sistemas de seguridad social en el marco de reestructuraciones capitalistas se propone la abolición de los derechos laborales, la extensión de las formas flexibles de empleo, la mercantilización de la salud y la previsión; y entre tanto las reservas de los fondos no dejarán de correr grave peligro en las bolsas. 
Con la coartada de reducir los gastos públicos y abordar las consecuencias del problema demográfico, cuyos responsables son el sistema y las políticas antipopulares, se dinamitan derechos y conquistas fundamentales, se eleva la edad de jubilación, se amplía la vida laboral, que se convierte en trabajo perpetuo, las pensiones se convierten en ayudas asistenciales; y mientras, se agrava el problema del paro y se extiende el empleo a tiempo parcial. 
El discurso sobre la dignidad y la vida independiente de las personas mayores, desde el momento en que el 70% de los pensionistas vive por debajo del umbral de la pobreza, no es más que hipocresía y demagogia; lo mismo cabe decir del discurso sobre la igualdad de los sexos, que abona el terreno al aumento de la edad de jubilación de las mujeres y a la abolición de derechos como la jubilación anticipada, la protección de la maternidad, etcétera. 
Nosotros defendemos un sistema de seguridad social que satisfaga las necesidades populares, con seguridad social pública y sanidad pública y gratuita para todos, reducción de la edad de jubilación a los 60 para los hombres, a los 55 para las mujeres y a los 50-55 para los trabajos insalubres y peligrosos, reducción de los años de cotización y trabajo estable y a tiempo completo. 
. 
(SV) He votado en contra del informe Fatuzzo sobre pensiones seguras y viables. 
Mi principal crítica es que en el informe se pretende cambiar el sistema abierto de coordinación por otro comunitario, en que participen todas las instituciones. 
Opino que sería lamentable que se abandonase el sistema abierto de coordinación dando paso a un proceso que signifique la aplicación del sistema comunitario en materia de pensiones. 
El Tratado tampoco lo permite. 
Por las razones señaladas, he votado en contra de este informe. 
Este informe se enmarca, de forma general, en el plan de acción de servicios financieros y la integración de los mercados de capitales, como se decidió en la Cumbre de Lisboa y se aceleró en Estocolmo, con el plazo de 2003 para la integración de los mercados de valores mobiliarios y de 2005 para la integración completa de los mercados financieros. 
Partiendo de la mistificación que representa considerar el capital de riesgo una forma de resolución de las necesidades de financiación de las PYME y de su capital inicial, como si dicha integración fuera una solución para sus problemas, una vez más lo que pretende es avanzar hacia una más amplia financiación de la economía, mediante el mercado de capital de riesgo y la participación de las PYME en mercados volátiles, lo que tiene como principal núcleo de inversión los grandes fondos de pensiones. 
A eso se debe la petición que hace el ponente de liberalización de las inversiones de los fondos de pensiones en capital de riesgo, exención fiscal para las plusvalías inmobiliarias procedentes de las PYME, defensa de la patente comunitaria y beneficios fiscales para las inversiones de los fondos en régimen de capital de riesgo. 
Por todo esto, votamos en contra. 
. (FR) Este informe tiene la función de aportar nuevas ventajas al capital, esforzándose por arroparlas con justificaciones modernas. 
Invoca así las supuestas dificultades de las nuevas empresas (las start-up) para obtener créditos y propone, de forma irresponsable, que se autorice a los fondos de pensiones lanzarse a operaciones más arriesgadas, cuando créditos considerables han sido engullidos por las quimeras de la ' nueva economía?. 
En el informe se pide la supresión de los obstáculos fiscales, reglamentarios y administrativos a las nuevas pequeñas empresas, que, de creerle, serían prácticamente por sí solas capaces de ' cerrar la brecha que separa a Europa de los Estados Unidos? en materia de conocimiento. 
La insistencia del informe en la interdependencia entre capital riesgo y Bolsa demuestra claramente de qué se trata: aligerar aún más el funcionamiento del capitalismo con el pretexto de la innovación, crear un estatuto privilegiado de pequeña empresa que permita a los grandes grupos externalizar aún más sus actividades, reducir sus impuestos y aflojar las pocas ' exigencias? que aún les impone el Código del Trabajo. 
Por estas razones, he votado en contra del informe. 
. 
(EN) Apoyo firmemente este informe que sugiere mejorar la legislación presente con el fin de proteger a los menores. 
Se reconoce que el bienestar de un niño es responsabilidad de sus tutores legales, pero los niños están expuestos a todos los tipos de influencias malévolas potenciales de los medios de comunicación, y especial de Internet. 
Aunque la UE ha actuado para proteger a los niños de las influencias perjudiciales de los medios, como el plan de acción y la recomendación del Consejo de 1999, ya va siendo hora de que se desarrolle un plan de acción más concreto que implique a las ONG, los grupos de consumidores y las asociaciones voluntarias. 
El control de los medios es una tarea gigantesca y es necesario que Europa utilice todos los conocimientos y mecanismos a su alcance para controlar una influencia crecientemente perjudicial en los niños. 
No debemos olvidar nunca que los llamados nuevos medios de comunicación, la Sociedad de la Información, es una espada de doble filo en la que están implicados los niños: es un valioso recurso de información y aprendizaje, pero también los puede exponer a información perjudicial. 
Señor Presidente, es un tanto triste que en el ámbito de la cultura y de la educación la Unión Europea no posea las competencias que desearíamos. 
Por esta razón, el informe de la Sra. De Sarnez constituye un comienzo sencillo, modesto, en la puesta en práctica de los pasos pertinentes en el mercado internacional de la educación. 
Espero que a esta iniciativa sucedan muchas otras más. 
Uno de los puntos de la lista es el inventario de la movilidad de los estudiantes, y a este respecto, naturalmente, es irritante que hoy muchos estudiantes no realicen estudios en el extranjero porque después tienen enormes dificultades de reconocimiento. 
Esto afecta también a mi región que es una región bilingüe y que está emplazada tanto en el espacio lingüístico italiano como en el alemán, pero tiene dificultades precisamente por la ausencia de reconocimiento. 
Esperamos poder evitar en el futuro estas dificultades a nuestros jóvenes y a muchos otros jóvenes. 
. (EL) bajo el epígrafe ' refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior? se oculta la incipiente operación de exportación del modelo educativo de la Unión Europea, dirigida a los países candidatos a la adhesión, a los otros países del continente europeo, y también a los países del Tercer Mundo. 
Es significativo la importancia que el informe que estamos examinando concede al desarrollo de ' sistemas de enseñanza superior competitivos a escala internacional? , algo que pone absolutamente de manifiesto que se enfrenta a la educación como a una mercancía sujeta a las leyes del mercado, a la liberalización y a la competencia. 
Más escalofriante resulta aún que el informe proponga el establecimiento de una etiqueta europea de calidad (!) , como si la educación fuera un aparato eléctrico o un detergente en los estantes de los grandes almacenes. 
En este punto el informe de la comisión parlamentaria supera al texto correspondiente de la Comisión. 
Más allá de esto, el informe repite las conocidas posiciones sobre movilidad de estudiantes y profesores, planes de estudios? e incluso titulaciones? comunes, reconocimiento de créditos, cursos y títulos, en nombre de las cuales se impone la armonización de los estudios universitarios, igualando a todos en el nivel más bajo, y la degradación de la educación en su conjunto. 
No se abstiene, por supuesto, el informe de recordar las declaraciones de Bolonia y de Praga, que constituyen la punta de lanza de la intervención en los sistemas educativos de los países europeos, sean o no miembros de la Unión Europea. 
El Partido Comunista de Grecia lucha por elevar la calidad de la enseñanza universitaria en su conjunto, por reforzar su carácter público y gratuito, en contra de la mercantilización y de la conversión en empresas de los establecimientos universitarios. 
Por estas razones los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra del informe. 
Señor Presidente, por un contratiempo mi Grupo no pudo intervenir durante el debate, motivo por el cual me limito a la explicación de voto que formulo con mucho gusto, puesto que fui ponente sobre el tema de la vejez, hacia una sociedad para todas las edades. 
Considero que el esfuerzo que hoy ha hecho el Parlamento Europeo presentando un informe, por otra parte, respaldado por todos, es extraordinariamente positivo, puesto que se da un vuelco a ese prejuicio frente a las personas mayores que las mira sólo en términos negativos considerándolas un peso, un lastre para la sociedad, y a las cuales no se dedica la atención que desearíamos. 
La persona mayor es, finalmente, un recurso, y por lo tanto, se concibe en términos positivos. 
Las políticas de la Unión Europea y a escala mundial deben dirigirse a la persona mayor considerando más atentamente la humanidad y la cultura de las que es portadora: una cultura de referencia muy importante para las jóvenes generaciones; una cultura que se puede manifestar en el terreno de la profesionalidad y de la actividad para las personas mayores todavía activas; una cultura que se expresa también en términos de concienciación y de conciencia de la historia, a la que la humanidad debe mirar con mayor atención para evitar esos errores garrafales que hoy se están haciendo sobre todo en el terreno de los equilibrios mundiales y de la paz. 
Considero que en esta resolución hay aspectos muy positivos que se refieren a las políticas activas de la Unión Europea para las personas mayores y para el tiempo libre y las actividades y los derechos de ciudadanía, pero sobre todo para aquellas posibilidades de acción que las personas mayores tienen todavía y que pueden poner a disposición de toda la comunidad. 
Por lo tanto, al expresar nuestra satisfacción por esta resolución, estimo que podemos decir que hemos dado una contribución incluso a lo que ha tenido lugar en España, así como a la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas. 
Así concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 12,45 p.m., se reanuda a las 3 p.m.) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0210/2002) de los diputados Malmström y Thors, en nombre del Grupo ELDR sobre Moldavia/Moldova; 
(B5-0212/2002) de los diputados Sacrédeus, Suominen y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE sobre la desaparición de un diputado del Parlamento moldavo; 
(B5-0219/2002) de los diputados Elisabyh Schroedter, Staes, McCormick y Bouwman, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre la situación política en Moldavia/Moldova y la desaparición de Vlad Cubreacov; 
(B5-0232/2002) del Sr. Wiersma, en nombre del Grupo PSE sobre la situación política en Moldavia/Moldova y la desaparición de Vlad Cubreacov; 
Señor Presidente, la situación política de Moldova ha empeorado rápidamente desde la visita de la Delegación parlamentaria a Moldova en el otoño pasado. 
En aquel momento, parecía que el proceso de reformas sociales y económicas estaba avanzando, a pesar de las grandes dificultades y escollos en que se debatía. 
Las noticias de Moldova nos cuentan ahora que se han violado los derechos humanos y los principios del Estado de derecho, así como el derecho democrático de los ciudadanos a manifestarse, y que se ha limitado también la actividad de los medios de comunicación. 
Los diputados al Parlamento sienten una especial preocupación por las inquietantes desapariciones de dirigentes de la oposición en Moldova. 
Tenemos razones para sospechar que estas desapariciones están relacionadas con los problemas políticos del país. 
Naturalmente, nosotros deseamos que se haga todo lo posible para localizar sanos y salvos a los desaparecidos y que se lleve a cabo una investigación minuciosa para esclarecer estos sucesos. 
En la propuesta de resolución se exige acertadamente que el Gobierno de Moldova debe acatar las normas y procedimientos democráticos y garantizar el respeto a los derechos humanos y a los principios del Estado de derecho. 
El Parlamento moldavo también deberá revisar la suspensión de la inmunidad parlamentaria a los representantes de la oposición y renunciar a las nuevas limitaciones de dicha inmunidad. 
También hay dejarle claro al partido que ostenta el poder que no puede abusar de ese poder para disolver a la oposición. 
A la hora de examinar los problemas de Moldova, hay que recordar que la economía del país se derrumbó tras la disolución de la Unión Soviética. 
La pobreza y el lento avance de las reformas sociales alientan el auge de la delincuencia y de la economía sumergida. 
La situación de la política interior se ve empeorada aún más por el problema de la región de Transdniéster. 
El restablecimiento de la estabilidad política y social, así como el respeto de los derechos humanos y de los principios del Estado de derecho, son condiciones indispensables para solucionar también los problemas económicos del país. 
En mi opinión, es importante que el Parlamento Europeo exprese claramente su postura tanto al Gobierno y al Parlamento de Moldova, como al partido que está en el poder, de acuerdo con lo establecido en esta propuesta de resolución. 
Señor Presidente, hace algo más de un año visitó Vlad Cubreacov mi despacho del Parlamento Europeo en Bruselas. 
Hablamos de las condiciones políticas para actuar en Moldavia, el país más pobre de Europa. 
Vlad Cubreacov me contó que había sido objeto de un atentado. 
Como sueco y como diputado al Parlamento Europeo en Estrasburgo y en Bruselas, pensé que éste es un hombre valiente. 
Está dispuesto a luchar por valores como la libertad, el Estado de derecho, el pluralismo político y la democracia, que cuestan tan poco en nuestros países, pero que son tan difíciles para él. 
Hace aproximadamente tres semanas me llamaron por teléfono de Bruselas para comunicarme que Vlad Cubreacov había desaparecido. 
La persona que había estado en mi despacho y que amigablemente había conversado conmigo sobre temas políticos, había desaparecido. 
En el Parlamento Europeo estamos muy preocupados por su suerte. 
Esto no nos afecta sólo a los cristianodemócratas. 
Moldavia necesita un nuevo futuro. 
Por eso resulta muy inquietante que uno de los principales representantes de la oposición en el parlamento haya desaparecido. 
También nos preocupa profundamente que el régimen comunista moldavo haya suspendido la inmunidad política de numerosos miembros del Partido Cristianodemócrata y que los trabajos políticos futuros de este partido puedan verse gravemente entorpecidos. 
Moldavia es un país que busca su identidad política y cultural. 
Las actividades políticas- en ese país hay una lucha entre la orientación occidental y la rusa- jamás deben implicar amenazas para la vida o la salud de las personas, ni desapariciones con signo político. 
En el Parlamento Europeo luchamos por una Moldavia libre y democrática. 
Señor Presidente, estimados colegas, les doy la razón: en Moldavia se está fraguando una seria crisis política. 
A este respecto no comparto la opinión de la ponente del Consejo de Europa, según la cual para esta crisis política existen aún posibilidades de una solución que puede ser encontrada por el propio gobierno. 
Abrigo la sospecha de que los partidos en el gobierno, tras la votación sobre el levantamiento, a mi juicio ilegal, de la inmunidad de dos políticos de la oposición, se sienten vencedores y no entienden que tres meses de manifestaciones de masas significan que se les ha retirado la confianza y que ellos mismos no están ya en situación de sacar de la crisis al país en el momento actual. 
Temo que esta crisis se agudice en breve en este país empobrecido y que se vuelva ingobernable. 
Por esta razón, considero necesario que el Consejo y la Comisión actúen ahora y no esperen hasta que el niño se haya caído de nuevo al pozo. 
A mi juicio debe hacerse lo siguiente: debe constituirse una troika entre la UE, la OSCE y el Consejo de Europa que viaje en breve a este país con una misión. 
Esta misión debe acordar con el Gobierno qué pasos han de darse para que se ponga fin a la crisis. 
Es preciso que se hable también de medidas de sanción para que el Gobierno no realice tibiamente estos pasos. 
Estos pasos necesarios comprenden, en mi opinión, la impunidad de las pasadas y futuras manifestaciones pacíficas de protesta, retirada de todas las medidas equivalentes a una censura de prensa y el aseguramiento de las condiciones marco para un desarrollo político y económico. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados, y más bien escasos, colegas, Moldavia es un país con el que la Unión Europea tiene relaciones privilegiadas. 
También es un país receptor de TACIS y es un país que, aunque oscila, piensa siempre en intensificar las relaciones con la Unión Europea y quizá en convertirse también un día en miembro de esta Unión. 
Sin embargo, los acontecimientos en este país son extraordinariamente tristes y nos causan preocupación, pero no sólo a nosotros sino también a una buena parte de la población. 
No en vano el 31 de marzo se manifestaron 80.000 personas en las calles, lo cual demuestra que no son pocos los que a pesar de las presiones y dificultades siguen saliendo a la calle y se manifiestan. 
Nos causa preocupación la relación del Gobierno con la oposición, que no es sana, no es democrática, ni nos parece aceptable. 
Nos causa preocupación, sobre todo, la desaparición de algunos políticos de la oposición y, también, de algunas personas prominentes de los partidos de la oposición y de parlamentarios. 
Parte de ellos fueron amenazados o golpeados antes de desaparecer por completo. 
Como ya se ha dicho, esto es absolutamente incompatible con la democracia. 
También nos causa preocupación el hecho de que el levantamiento de la inmunidad amenace a otros diputados de la oposición. 
Ciertamente, éste es un procedimiento que puede darse siempre en la vida normal pero, tal como están las cosas en Moldavia, este levantamiento de la inmunidad no se corresponde con los usos democráticos. 
En este sentido- no quiero repetir lo que nuestra colega, la Sra. Schröder, ha dicho también- no podemos quedarnos mirando por más tiempo. 
No puede ser que en el centro de Europa- y Moldavia es una parte integrante de esta Europa y también debe ser una parte integrante de Europa, buena y respetada por nosotros- se proceda como en los peores tiempos de la dictadura. 
Esto no nos parece aceptable. 
. (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte su preocupación por la situación actual de Moldavia, como tuvo ocasión de comprobar en el último debate de urgencia celebrado sobre esta cuestión, aquí mismo, hace un mes, debate en el que participó Franz Fischler en nombre de la Comisión. 
Lo que nos preocupa especialmente hoy, como por lo demás a usted, es la desaparición del Sr. Cubreacov, uno de los jefes de la oposición, precisamente el que le visitó, señor Sacrédeus. 
Este incidente, que se ha producido en un momento en que se acentúa indiscutiblemente la presión ejercida sobre los organizadores del movimiento de protesta y sus participantes, es tanto más preocupante cuanto que el Parlamento moldavo acaba de votar la suspensión de la inmunidad de varios miembros de la oposición, como ha indicado el Sr. Swoboda. 
¿Qué hacemos con ocasión de una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores moldavo como la del pasado mes de febrero? 
Mi colega Chris Patten se expresó sobre la situación política en Moldavia, y en particular sobre la cuestión pendiente de la región secesionista de Transnitria. 
La Comisión comunicará a sus homólogos moldavos su preocupación por el deterioro del clima político en Chisinau siempre que tenga oportunidad, siendo la próxima el Consejo de cooperación que se celebrará la próxima semana en Luxemburgo. 
El hecho de que un político, jefe de un movimiento de oposición, desaparezca sin dejar rastro es efectivamente alarmante. 
Nos sumamos al llamamiento urgente lanzado en su proyecto de resolución, en la que se pide una investigación completa y profunda por parte de las autoridades. 
Llamamos a ello a todos los actores políticos de Moldavia, para que den muestras de moderación y no exploten el deterioro de la situación política, ya un tanto tensa. 
Recordaremos al Gobierno de Moldavia que es capital no exacerbar las sensibilidades lingüísticas y étnicas y respetar los principios del Consejo de Europa y de la OSCE, que la Sra. Schroeder ha citado. 
El hecho de que el Gobierno moldavo haya propuesto al Consejo de Europa que envíe un observador de misión a Chisinau es uno de los pocos signos alentadores, y esperamos que esta medida contribuya a calmar la situación en el plano político. 
Dicho esto, somos de la opinión de que la extrema pobreza del país no facilita la búsqueda de un equilibrio o de un compromiso político. 
Seguimos convencidos de que la causa principal de esa pobreza y ese malestar es de orden político y se deriva, en particular, de la incapacidad para resolver el conflicto de Transnitria, como destacó Fischler ante ustedes el mes pasado. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0209/2002) del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR sobre la situación en Birmania/Myanmar; 
(B5-0213/2002) de los diputados Maij-Weggen, Van Orden y Tannock, en nombre del Grupo PPE-DE sobre Birmania/Myanmar; 
(B5-0221/2002) de los diputados McKenna y Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre Birmania/Myanmar; 
(B5-0234/2002) del Sr. Kinnock, en nombre del Grupo PSE sobre Birmania/Myanmar; 
Señor Presidente, mayo será el duodécimo aniversario de las elecciones que dieron a Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional para la Democracia el 82% de los escaños parlamentarios. 
Aún se encuentra bajo arresto domiciliario en Birmania. Hay cerca de 1000 prisioneros políticos en varias cárceles de Birmania. 
Son sometidos diariamente a maltratos y torturas y se les niega la comida y la atención sanitaria necesarias. 
En noviembre de 2001 la Asamblea General de las NU expresó su preocupación por el lentísimo progreso de las conversaciones entre el Consejo Estatal para la Paz y Desarrollo y la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi. 
En Febrero se negó a una misión de la OIT acceder a Aung San Suu Kyi, y el Enviado Especial de las NU criticó duramente el lento progreso del diálogo. 
El ejército birmano aún sigue perpetrando grandes violaciones de los derechos humanos contra grupos civiles étnicos, entre ellas, palizas, violación sexual, trabajos forzados, ejecuciones sumarias extrajudiciales y desapariciones. 
Merece la pena señalar que la inversión europea en Birmania es importante, particularmente en las industrias petrolífera y de gas. 
Debemos recordar que todas las inversiones extrajeras se realizan a través de compañías respaldadas por militares. 
La Federación Internacional de Productos Químicos, de Energía, de Minas y los Sindicatos Generales de los Trabajadores pidieron a las empresas petrolíferas y de gas que dejaran de invertir en Birmania mientras continuaran los trabajos forzados. La Confederación Internacional de Sindicatos Libres pidió que se impusieran sanciones contra Birmania. 
Este Parlamento debe volver a solicitar la liberación de Aung San Suu Kyi y de todos los que están encarcelados sin razón. La Comisión Europea debe asegurarse de que la ayuda humanitaria llega a las zonas más necesitadas sin interferencias políticas y de que se impliquen las ONG internacionales. 
Señor Presidente, señoras y señores, hace aproximadamente una docena de años la Liga Nacional para la Democracia logró un éxito electoral aplastante en Birmania. 
Pero desde entonces la voluntad del pueblo- y, en concreto, la de todas las etnias, esto hay que destacarlo- se ve pisoteada. 
Desde hace una docena de años una presidenta elegida se encuentra en arresto, se arroja a las prisiones a ciudadanos y ciudadanas no deseados, se abusa de trabajadores y trabajadoras forzosos, se maltrata a mujeres y se inflige vejaciones a las minorías étnicas. 
El tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos y el tráfico de armas ligeras se encuentran a la orden del día. 
Desde hace una docena de años la comunidad internacional de los pueblos viene urgiendo, lamentablemente sin éxito hasta ahora, la vuelta a la democracia. 
No obstante, es acertado y digno de celebrarse que la Troika de la UE muestre señales de disposición al diálogo, sin vincular esto a aprobación alguna. 
Hay que apoyar de manera especial los esfuerzos del enviado especial de la ONU por impulsar las conversaciones con la presidenta elegida y con el SPDC y encontrar un punto de apoyo para las transformaciones democráticas. 
No obstante, el aplazamiento de la visita de Razali Ismail, que estaba prevista para marzo, no da motivos de optimismo. 
Los que sufren las consecuencias son las personas de este país amargamente pobre, a las cuales les va cada vez peor y cuyo destino no debe perderse de vista desde la parte democrática del mundo. 
Esto lo garantiza también la Oficina Euro-birmana, sufragada con recursos de la Unión Europea, que está gestionada en cooperación con la Fundación Friedrich-Ebert que posee gran experiencia en política de desarrollo y en política democrática. 
En este punto esperamos nuevos impulsos mediante los cuales podamos avanzar un trecho, si seguimos manteniendo prolongadamente el aliento. 
Señor Presidente, desde los años sesenta Birmania se ha aislado del mundo en general con un elevado coste para su pueblo. 
Birmania es pobre, subdesarrollada y su población está cada vez más alejada del gobierno militar socialista, que se negó en 1990 a aceptar el resultado de las últimas elecciones libres celebradas en ese país y puso bajo arresto domiciliario a la ganadora Aung San Suu Kyi. 
De acuerdo con los datos del Banco de Asia para el Desarrollo, citados por el propio ponente de las NU en su informe, el país gastó sólo el 0,17 por ciento de su PIB en atención sanitaria y una cantidad similar en educación. 
Birmania es actualmente el mayor productor de heroína del mundo y grandes partes del país están controladas por los señores de la droga, y me preocupa que Chian está facilitando ese proceso. 
Hay aproximadamente 1000 prisioneros políticos en el país, entre ellos 15 diputados electos y un profesor de 74 años de edad mencionado por mi colega el Sr. Van Orden, el Dr. Salai Tun Than, cuyo único delito fue pedir elecciones multipartidistas: un hombre que no siente odio por sus carceleros, pero que simboliza patéticamente la triste situación de su propio país. 
Los dirigentes de Birmania han conducido a su pueblo y a sí mismos a un callejón sin salida. 
Apoyo el principio de sanciones directas, entre ellas prohibiciones de viajar a los líderes militares, pero soy escéptico respecto a las consecuencias de su aplicación indiscriminada, porque esto podría perjudicar al pueblo más que a los líderes militares, aunque tiene sentido hacer nuevas inversiones dependiendo de si mejoran los derechos humanos sobre la base de un examen caso a caso. 
Ciertamente, reconocemos que algunos prisioneros políticos han sido recientemente liberados y que a 25 oficinas de la Liga Nacional para la Democracia en Rangoon se les ha permitido reabrir sus puertas. 
Esto supone un gran progreso y debemos impulsar este tipo de acciones. 
Dicho esto, es necesario que nos aseguremos de que la ayuda se canaliza a través de organizaciones fiables y que ofrezcamos a los líderes un plan detallado para las reformas que han de acometer. 
Por último, he comunicado a los líderes militares que el hecho de encarcelar a un hombre de 74 años de edad demuestra más su debilidad que su fuerza. 
Un país que tolera la libertad de expresión es un país más fuerte y con mayores esperanzas para el futuro. 
Les urjo a que liberen inmediatamente al Dr. Than, a Aung San Suu Kyi, a los demás prisioneros políticos y les insto a que den a su pueblo esperanza para el futuro. 
. (FR) Señor Presidente, en las conclusiones de su reunión de octubre de 2001, el Consejo de ' Asuntos Generales? pidió la liberación de todos los presos políticos que siguen detenidos en Birmania (Myanmar) , incluido Aung San Suu Kyi, y la Comisión apoyó esta petición y sigue haciéndolo. 
Estamos convencidos de que una solución duradera debe descansar en un acuerdo entre el Consejo Nacional para la Paz y el Desarrollo, por un lado, y, por otro, la oposición democráticamente elegida y los representantes de las minorías étnicas. 
No buscamos, como Unión, imponer un acuerdo, sino respaldar la solución que se acuerde entre las partes. 
Aunque durante el pasado año se observaron en este país algunos desarrollos algo menos desalentadores que en el pasado, a nuestro entender estamos muy lejos aún de un compromiso claro del Consejo Nacional para la Paz y el Desarrollo en favor del restablecimiento de la democracia y el respeto de las normas internacionales en materia de derechos humanos. 
La reciente misión de la troika de la Unión en Birmania (Myanmar) -que se desarrolló los días 13 a 15 de marzo- alentó la continuación de las negociaciones en curso entre la Liga Nacional para la Democracia y el CNPD y, una vez más, expresó nuestra esperanza de que este proceso conduzca al fin a resultados concretos. 
En la misma ocasión, la troika reafirmó el apoyo de la Unión a la misión del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Razali Ismail. 
Las conclusiones de la misión de la troika y la renovación de la posición común de la Unión van a ser examinadas conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros en las próximas semanas. 
En efecto, nuestra posición común- la de la Unión- debe renovarse antes del 29 de abril. 
De un modo general- y para responder a las preocupaciones expresadas por los autores de la resolución- sólo unos signos claros y concretos de evolución podrían llevarnos a modificar nuestra posición común. 
Estamos dispuestos- y lo repito ante ustedes- a revisar dicha posición en un sentido o en otro si así lo justifican nuevos desarrollos positivos o negativos en el país. 
Para responder a la cuestión planteada hace un momento por la Sra. McKenna sobre la ayuda humanitaria, ésta continúa suministrándose a través de las ONG y las organizaciones internacionales por importes del orden de 5 millones de euros al año. 
Por otra parte, estamos preparando un programa específico sobre el sida, que, de ser adoptado, será gestionado por los mismos canales y tendrá un orden de magnitud anual similar al volumen de la ayuda humanitaria que distribuimos por el momento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me parece que la pregunta que hay que hacerse es por qué los ciudadanos de las tierras altas centrales de Vietnam huyen al país vecino de Camboya. 
Esta pregunta sigue siendo actual a pesar de que los EEUU han ofrecido acoger a los refugiados como salida de la crisis. 
Esto es sólo una especie de lucha contra los síntomas pero el mal sigue sin solucionarse. 
Este mal es simple y llanamente la supresión de los derechos de las minorías étnicas, los denominados montagnards de la presente resolución, e incluso su persecución por parte del gobierno vietnamita. 
Esta supresión de sus derechos es de carácter social, religioso y económico. 
Los "Kinh", los denominados auténticos vietnamitas, se creen superiores a las minorías indígenas de las tierras altas centrales. 
Estos, con la ayuda de los gobernantes comunistas, han ido robando como colonos en los últimos 15 años la tierra de los pueblos indígenas de esta zona. 
Así podríamos resumir la falta de derechos sociales y económicos de los montagnards. 
Sus congregaciones se han negado a formar parte de la iglesia protestante única, controlada por el gobierno, y por lo tanto han sido declaradas ilegales. Por este motivo, las autoridades que ya de por si son antirreligiosas, recelan aún más de los montagnards protestantes. 
Además, el afán de los montagnards de mantener relaciones religiosas con otras comunidades extranjeras y su reivindicación de autodeterminación son dos cuestiones por las que el gobierno vietnamita considera y trata las tierras altas centrales como zona de riesgo. 
A fin de cuentas, este gobierno comunista tiene pánico a que se formen grupos u opiniones fuera de su control. 
Señorías, ¿entonces no hay esperanza para estos montagnards? 
Saben perfectamente que los servicios de inteligencia no les quitan la vista. 
Así por ejemplo, los representantes de los donantes extranjeros y ONG vietnamitas no pueden viajar libremente por sus tierras. 
Por esta razón, resulta sumamente difícil iniciar cualquier proyecto de desarrollo local. 
No se permite que los representantes de los pueblos indígenas convoquen reuniones o si lo hacen, las fuerzas de seguridad ejercen un control férreo sobre ellas. 
Sin embargo, los expertos, los cooperantes occidentales en las tierras altas centrales, están divisando un rayo de esperanza. 
Últimamente hay ciertos indicios de que dentro de la administración vietnamita surgen opiniones que demuestran cierta comprensión hacia las legítimas reivindicaciones religiosas, políticas y sociales de los montagnards. 
Por mi parte, deseo al Consejo y a la Comisión mucha sabiduría y paciencia para encontrar, en los contactos con las autoridades vietnamitas, una salida a esta situación inaceptable de vulneración de los derechos de los indígenas de las tierras altas centrales. 
Señor Presidente, me parece que la resolución presentada constituye un apoyo para ellos para avanzar en esa dirección. 
Señor Presidente, lamentablemente, existe también en Europa una larga historia de opresión de minorías étnicas y de grupos étnicos, de expulsión y persecución de comunidades religiosas y de credo, pero esta Unión Europea se entiende a sí misma como una superación de todo esto, como un faro de los derechos humanos, y por esta razón tenemos también, naturalmente, la misión de velar a nivel mundial en calidad de socio, no de tutor, por que la validez universal de los derechos humanos se haga realidad. 
Precisamente porque Asia sudoriental es para nosotros un importante y apreciado socio desde el punto de vista económico y estratégico, tenemos también el derecho y el deber de propugnar que los principios universales sean respetados allí. 
Actualmente vemos que existe un círculo vicioso. 
Minorías indígenas, los diversos pueblos de las tierras altas de Viet-Nam están siendo oprimidos, en parte huyen hacia Camboya y son recogidos allí en campos de refugiados. 
Damos las gracias por esto a los camboyanos, los cuales tuvieron un gran problema de desplazados y de refugiados y siendo pobres practican aquí la solidaridad. 
También hay que reconocer esto. 
Pero, naturalmente, los camboyanos, por diversas razones, devuelven luego a las personas a Viet-Nam y éstas vuelven a ser perseguidas y oprimidas allí, y se produce un nuevo movimiento de huida hacia Camboya. 
Si queremos romper este círculo vicioso que amenaza la estabilidad de toda la región debemos urgir que, en primer lugar, Camboya siga cumpliendo, y quizá más que hasta ahora, sus compromisos internacionales. 
Pero, en segundo lugar, y éste es el auténtico asunto, debemos exigir que Viet-Nam respete y proteja, de una vez por todas, sus minorías indígenas y sus grupos étnicos, como es debido, que no lleve a cabo programas de colonización en detrimento de las minorías y que las comunidades religiosas gocen de la correspondiente protección. 
Defendemos los derechos de todas las comunidades religiosas, sin distinción alguna. 
Pero, así como los musulmanes defienden- y reconozco esto como algo positivo- los derechos de los musulmanes en todo el mundo, de la misma manera deberíamos defender con más denuedo las minorías cristianas en todo el mundo, y por eso, no dejamos de tener, en definitiva, un gran deber. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, agradezco al presidente Nassauer, de la Delegación para las relaciones con los países miembros de la ASEAN, y a los diputados Posselt, van den Berg, Maaten, McKenna y Corbett que hayan tomado esta iniciativa. 
Les estoy aún más agradecido cuanto que la situación un tanto de ' apestados? de los no inscritos hace que nos sea prácticamente imposible presentar resoluciones, de modo que encontramos especialmente afortunadas iniciativas como ésta. 
El próximo lunes, en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, hará uso de la palabra por vez primera el líder de la Fondation des Montagnards, Sr. Kok Ksor, para defender los derechos de su pueblo. 
Pienso que la situación es extremadamente grave, no sólo para los Montagnards sino para toda la población vietnamita. 
Tengo algunas reservas respecto de los puntos 4 y 5 de la resolución, porque creo que lo que debe cuestionarse es todo el enfoque de la cooperación del Sr. Poul Nielson. 
Ayudar a las autoridades vietnamitas a luchar contra la pobreza no da ningún resultado, sobre todo en términos de democratización del Vietnam: está el problema de los Montagnards, extremadamente grave, pero está también el de la libertad religiosa para las minorías cristianas y, sobre todo, para la mayoría budista. 
El patriarca de la Iglesia budista unificada, Sr. Thich Huyen Quang, sigue encarcelado después de 20 años, al igual que el número dos, Sr. Thich Quang Do, encerrado también él en su pagoda desde hace muchos años. 
Esta es la situación en Vietnam. 
El Parlamento la ha destacado en muchas ocasiones y la política del Sr. Poul Nielson no ha conducido a ninguna mejora en el país, a pesar de las considerables inversiones financieras de la Comisión. 
Creo que a nadie extraña la ineficacia de la política del Sr. Poul Nielson, pero debemos recordarlo en toda ocasión. 
Hay también antiguas complicidades con la Internacional comunista en la región. 
El Sr. Hun Sen, cuyo pasado entre los Jemeres Rojos se oculta a menudo, ha mantenido obviamente buenos aliados en Hanoi y ello explica esta complicidad en el asunto de los Montagnards. 
. (FR) La Comisión comparte plenamente la preocupación de los parlamentarios que se han referido a la situación de los habitantes de las montañas vietnamitas. 
Siempre hemos reconocido la complejidad de los acontecimientos que dieron origen a la inestabilidad reinante desde principios de 2001 en las montañas centrales de Vietnam. 
Al igual que ustedes, hemos seguido con preocupación el éxodo de las poblaciones de las montañas en la región, y hemos respaldado los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en colaboración con los gobiernos de Vietnam y de Camboya, para garantizar un retorno en condiciones adecuadas para las personas que volvían al país de forma voluntaria. 
Por ello, lamentamos que se haya roto el acuerdo tripartito, y, dadas las circunstancias, hemos acogido favorablemente la acertada decisión del gobierno de Camboya de permitir que los habitantes de las montañas que viven actualmente en los campos de Camboya se reinstalen en los Estados Unidos con la coordinación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Sin embargo, consideramos que esta medida no supone una solución definitiva a los problemas que han provocado este éxodo. 
Por lo tanto, seguiremos trabajando para animar a Camboya a que asuma su responsabilidad internacional. 
Este país está condicionado por el Convenio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, y debe seguir proporcionando ayuda, asilo y protección temporal a los demandantes de asilo. 
Al mismo tiempo, compartimos la opinión de los parlamentarios que han intervenido en esta resolución, y, al igual que ellos, pensamos que Vietnam debe seguir esforzándose en materia de protección de los derechos civiles, políticos y religiosos. 
En particular, en cuanto a la situación de los habitantes de las montañas, es evidente que los problemas en cuestión no pueden ser tratados por el gobierno vietnamita a escala local. 
Deben ser tratados a ese nivel. 
De forma más general, estas cuestiones están vinculadas a la necesidad de continuar activamente con las reformas en este país, de manera que la administración vietnamita se acostumbre, a todos los niveles, a la libre expresión de la pluralidad de opiniones y a apreciar las virtudes de un régimen político que permita la expresión de puntos de vista distintos, lo cual no es todavía necesariamente el caso. 
Vietnam debe igualmente profundizar sus reformas jurídicas y velar por que los derechos constitucionales de los ciudadanos en su conjunto se apliquen plena y equitativamente. 
Esta es la postura de la Comisión. 
En conclusión, el Sr. Dupuis me permitirá recordarle que la política que seguimos en Vietnam no es la de Poul Nielson, sino la de la Comisión, la del Consejo de Ministros, la del Parlamento Europeo, en una palabra: la de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en los últimos años algunos países del mundo así como zonas de Nigeria han reestablecido la ley de la sharia en sus territorios. 
En Sudán esta ley se ha utilizado contra los cristianos, lo que va en contra de las enseñanzas islámicas. 
Aquí no estamos hablando de la pena de muerte en sí, que sigue siendo legal en la ley internacional y aún se practica en algunas democracias, no sólo en los Estados Unidos, sino también en Rusia, India, las islas caribeñas, Japón y Singapur, por nombrar sólo unos pocas. 
De hecho, para mi propio partido, en el RU, la pena de muerte sigue siendo una cuestión de conciencia individual, y muchos de sus afiliados, entre ellos yo mismo, estamos a favor de su aplicación restringida en los casos de los crímenes más atroces, como el asesinato de niños y el asesinato en serie. 
Decenas de millones de ciudadanos europeos también comparten esta opinión. 
Sin embargo, podemos ver en Nigeria el terrible espectáculo de mujeres ejecutadas por cometer simple adulterio mediante un método salvaje, lento y doloroso. 
Siempre es complicado interferir en las costumbres de otros, pero es importante que, como parlamento que somos, transmitamos sin demora al gobierno de Nigeria nuestro rechazo más absoluto de esta práctica. 
Además, he oído recientemente que Afganistán no tiene intención de derogar el código penal de la sharia, que incluye apedrear a las mujeres hasta la muerte por adulterio. 
Soy de la opinión de que, como la UE es el mayor donante para la reconstrucción de este país, con la cantidad de cerca de 1 billón de euros, debemos condicionar la ayuda a que cesen estas prácticas inaceptables. 
Tanto Nigeria como Afganistán son miembros de la comunidad internacional y signatarios de varias convenciones internacionales que garantizan los derechos humanos. 
Yo creo, como otros muchos Diputados de esta Cámara, que las penas de la sharia son del todo inaceptables en los albores del siglo XXI. 
Señor Presidente, señor Comisario, si la voz de estas dos mujeres, Safiya Hussaini y Hafsatu Abubakar, ha conseguido llegar hoy desde su lejana provincia nigeriana de Sokoto y de Katsina hasta nuestro hemiciclo de Estrasburgo, es que la situación de estas dos mujeres había alcanzado el paroxismo de lo inaceptable. 
Culpables de haber engendrado una vida después de haberse divorciado, condenadas por ello a la más horrible de las muertes, a la lapidación, las Sras. Hussaini y Abubakar son culpables de ser mujeres en una región que la aplicación integrista de la ley coránica, la sharia, ha relegado a una situación que está por debajo del umbral de la humanidad. 
Los ciudadanos de ciertas regiones de Nigeria, maniatados y amordazados por costumbres oscurantistas, son víctimas de una regresión moral, incluso de un retroceso de la civilización. 
Ya hemos oído el testimonio de estas víctimas. 
Gracias a nosotros, gracias al sobrecogimiento y a la movilización de toda la Comunidad Internacional, las autoridades y los jueces nacionales de Nigeria han indultado a estas dos mártires del integrismo religioso. 
Pero es impensable suponer que estos esfuerzos han sido suficientes, cuando siguen aplicándose estos arcaicos preceptos que, desde la cuna, convierten en víctimas y condenan a estos millones de ciudadanos. 
A través de su constitución y de sus compromisos internacionales, el Estado Federal de Nigeria condena este tipo de prácticas y de jurisdicciones paralelas. 
Debe demostrarlo también en la práctica. 
Al dejar patente esta voluntad, Nigeria podrá asumir el papel y el modelo de referencia que su envergadura democrática y su transición democrática le han asignado en el seno de la Comunidad Africana e Internacional. 
Si restablece de forma efectiva el Estado de derecho y se muestra intransigente con la intolerancia étnica, sexista o religiosa, Nigeria debería poder seguir disfrutando de las ayudas comunitarias. 
En respuesta al reconocimiento, por parte de todos los nigerianos, de la primacía de los derechos humanos, y, por supuesto, de los derechos de la mujer, sobre cualquier precepto o principio religioso, la Unión Europea prestará su apoyo solidario y sin fisuras a las transiciones democráticas y económicas que se están produciendo en Nigeria. 
Señor Presidente, gracias a la movilización internacional y a las anteriores resoluciones adoptadas por nuestra Asamblea sobre los derechos humanos en Nigeria, la causa de la Sra. Safiya Husaini, sobre la que pesaba una sentencia de muerte por lapidación, ha sido sobreseída. 
Aunque nos alegremos de ello, no deja de ser cierto que debemos seguir ojo avizor. 
Hay más mujeres sobre las que pesa la misma pena de muerte por lapidación, como por ejemplo la Sra. Lawal en el Estado de Katsina. 
La aplicación de la charia afecta sobre todo a las mujeres, y en particular a las humildes. 
Tanto los procedimientos judiciales arbitrarios como las penas que se le aplican a estas mujeres son contrarios a los derechos fundamentales reconocidos por los convenios internacionales ratificados por Nigeria. 
Debemos denunciar esta justicia selectiva, que considera el adulterio como un crimen, lo cual permite eximir a los hombres y condenar a las mujeres, incluso a las que son víctimas de una violación. 
Nuestro Parlamento debe exigirle al gobierno de Nigeria que prohiba cualquier ejecución de una pena capital, y que someta ante el Tribunal Constitucional la aplicación de la charia. 
El gobierno de Nigeria tiene que respetar los convenios internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito, materializando así el proceso de democratización que pretende llevar a cabo con un Estado de derecho, con la voluntad de garantizar una justicia económica y social, y de favorecer el diálogo entre las distintas comunidades. 
Pedimos que el Consejo, la Comisión, y los Co-Presidentes de los ACP recurran a todos los medios políticos y comerciales a su alcance para que los convenios y la Carta Africana de los Derechos Humanos sean aplicados y respetados por el gobierno de Nigeria. 
Señor Presidente, cuando en 1999 los procesos democráticos volvieron a Nigeria y se votó la Constitución del país, no podíamos imaginar que ocurriría lo que ha ocurrido en los dos o tres años posteriores. Me refiero a los violentos enfrentamientos étnicos, religiosos y políticos que han costado la vida a miles de personas, así como al retorno de la ley musulmana, la Sharia, a doce estados del país, los estados con mayoría musulmana. 
La opinión pública internacional quedó sobrecogida recientemente a causa de las condenas a muerte por lapidación de mujeres acusadas de adulterio, mientras que, naturalmente, y de acuerdo con esta justísima ley, los hombres quedan libres de toda culpa. 
Puede que el clamor internacional, así como la movilización del Parlamento Europeo, de la sociedad civil y de los medios de comunicación, les haya salvado la vida en el último momento, pero la cuestión de las violaciones de los derechos de las mujeres y la escandalosa discriminación en razón del sexo siguen pendientes. 
Sigue abierto, además, el caso de Amina Lawal, que ha sido condenada por el tribunal islámico de Bakori. 
Más allá, en todo caso, de los tribunales islámicos y de la interpretación de la Sharia, hay otras cuestiones pendientes relacionadas con el trato discriminatorio, injusto e inhumano recibido por las mujeres, como son las mutilaciones sexuales? se calcula que aproximadamente el 60% de las mujeres de Nigeria ha sido objeto de esta horrible práctica? , como es el reconocimiento a los hombres del derecho a maltratar a las mujeres sin hacerse acreedores a castigo alguno, como es, finalmente, el tráfico organizado de mujeres y la explotación sexual de las mujeres. 
Por todo ello, debemos hoy dirigir, desde esta sala, un mensaje contundente al gobierno federal de Nigeria, y emplazarle a que los tribunales del país funcionen de acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, por otra parte, está incluida en la propia Constitución de Nigeria. 
Deberá, sobre todo, quedarle claro al gobierno nigeriano, y en cualquier otro lugar donde esté en vigor la Sharia, que la mejor defensa contra la intolerancia es la consolidación del carácter laico del Estado y del orden democrático constitucional. 
Debemos, igualmente, lanzar el mensaje de que ninguna tradición o costumbre religiosa, o de cualquier otra naturaleza, puede situarse por encima del respeto a los derechos humanos fundamentales y de las leyes del Estado de derecho. 
Al mismo tiempo, llamamos a la Comisión Europea, con vistas a las elecciones de 2003 en Nigeria, a brindar, si la precisan, ayuda técnica para la consolidación de las estructuras legales y democráticas, así como para la formación de abogados, jueces y policías en el marco del acuerdo de Cotonú, así como de las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países ACE. 
. (FR) Señor Presidente, como todos sabemos, la Unión Europea es total y permanentemente contraria a la pena de muerte y, en los países en los que todavía existe, pedimos que la aplicación de esta pena se elimine progresivamente, e insistimos en que se lleve a la práctica en el menor número de casos posible. 
Todos tenemos ya la costumbre común de presionar a favor de la adopción de moratorias. 
Como Unión y como Comisión, estamos especialmente preocupados por la crueldad de los castigos y de las ejecuciones que se derivan de la aplicación de la charia en un cierto número de países. 
En Nigeria, el ahorcamiento de una persona, realizado en enero de este año, puso fin a una moratoria de hecho de la pena de muerte. 
Nosotros nos sumamos a las gestiones que, sobre este tema, hizo la Unión ante las autoridades nigerianas el pasado mes de febrero. 
También hemos intervenido en varios frentes en el caso de Safiya Husaini, y en particular cuando el Presidente Prodi lanzó un llamamiento directo al Presidente Obasanyo. 
Actualmente, seguimos de cerca el caso de Amina Lawal, que ha sido citado por las Sras. Ainardi, Karamanou y Gihlardotti, para el que se encuentra abierto un procedimiento de apelación. 
Ahora, ¿cuál es el impacto de todo esto en las relaciones entre la Unión y Nigeria, que se enmarcan dentro del Acuerdo de Cotonú? 
Uno de los elementos esenciales de este acuerdo es el respeto a los derechos humanos, y, en este contexto, la igualdad entre el hombre y la mujer forma parte de ese respeto. 
Nos alegramos de que el Ministro de Justicia de Nigeria haya declarado oficialmente que los Estados Federados deben modificar su legislación penal para suprimir los castigos que atentan contra los derechos de los ciudadanos que están garantizados por la constitución nigeriana. 
Parece también que el gobierno federal está preocupado por la incompatibilidad entre la aplicación penal de la charia, por un lado, y los convenios internacionales firmados por Nigeria, por otro. 
Hemos financiado la realización de un estudio sobre la charia en Nigeria, que dice que las leyes de la charia se han redactado de forma incorrecta, y que efectivamente contradicen a otras leyes federales. 
Además, se aplican de un modo bastante incoherente, debido a la falta de formación de los jueces. 
Por el momento, creemos que la solución sigue estando en el diálogo y sobre todo en el respeto a las obligaciones que este país ha contraído en el marco del Acuerdo de Cotonú. 
Ustedes, como nosotros, saben que este acuerdo contempla procedimientos que pueden ser aplicados en caso de que no se respeten los derechos humanos. 
Este es el punto que debemos analizar conjuntamente, para presionar cuanto sea necesario, pero evitando sancionar indiscriminadamente al conjunto de los Estados Federados de Nigeria, y evitando comprometer la creación de un entorno propicio al cambio, porque este cambio debe ser precisamente el fruto de nuestra presión y de nuestro esfuerzo colectivo. 
Señor Presidente, este Parlamento Europeo tiene un innegable papel protagonista en el proceso de paz que han vivido los países hermanos de América Central. 
Ahora nos toca hablar de la situación por la que está pasando últimamente Guatemala, 6 años después de que se cerraran los acuerdos de paz, en 1996. 
Y ha llegado el momento de que el Parlamento una su voz a la de otros defensores de los derechos humanos, sindicalistas y religiosos que trabajan con las propias comunidades indígenas para que estos planes de paz progresen y no se atasquen. 
Es imprescindible que el Gobierno guatemalteco finalice las reformas legislativas que se derivan de los acuerdos de paz, que la autoridad judicial consolide su independencia y su capacidad para perseguir y enjuiciar a los culpables de las guerras y de los atentados contra los derechos humanos previos y posteriores a los acuerdos de paz. 
Por eso, esta es una llamada de solidaridad del Parlamento Europeo que transmitimos al pueblo guatemalteco, a su Gobierno, para animarle a que siga luchando, para que garantice la prevalencia los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial. 
Es necesario que estos acuerdos de tanto éxito que no sólo se han logrado en Guatemala sino también en otros países de Centroamérica tengan un final feliz. 
Y eso implica que los Gobiernos deben apostar por seguir trabajando para que se persigan y se castiguen los delitos, lo que sólo se puede hacer respetando y potenciando la independencia del poder judicial. 
Este es el sentido del mensaje que, desde aquí, queremos mandar en apoyo al pueblo guatemalteco, a los que luchan por su libertad y a sus autoridades políticas. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, estamos viendo que los derechos humanos son siempre un tema de actualidad; hoy nos toca hablar también de su situación en un país hermano y entrañable de Centroamérica, precisamente además en un día en que se hace realidad una Corte Penal Internacional. 
Hace unos días leí un artículo que creo que es vigente en el día de hoy, escrito por un liberal centroamericano, en el que se decía que Centroamérica es una zona de catástrofes naturales, a la que recorre una falla sísmica, que cada cierto tiempo derriba ciudades y sepulta poblaciones enteras. 
Pero parece ser que también la región se ve amenazada por otro tipo de falla, de orden moral, y que, al parecer, la impunidad protege a ciertos desalmados. 
En un informe del año 2001 una ONG alemana, Transparencia Internacional, que controla y denuncia la corrupción gubernamental en el mundo, sitúa a Guatemala en unos niveles que desacreditan el sistema democrático hasta poner en peligro las instituciones. 
Hoy condenamos, desde esta Cámara, la violación de los derechos humanos en Guatemala, que sufre una escalada ascendente que, como bien acaba de señalar el colega Pomés, afecta a trabajadores, periodistas, políticos, etc. Lamentamos los abusos cometidos por determinados agentes económicos que no dudan en utilizar el tráfico de armas, las drogas, el blanqueo de capitales e incluso los secuestros para enriquecerse. 
Desde esta Cámara pedimos al Gobierno de Guatemala que controle y sancione a los grupos clandestinos, que garantice la seguridad de los ciudadanos y que abra la puerta a la justicia, investigando los crímenes que se han venido cometiendo desde hace cierto tiempo. 
Sólo será posible acabar con la impunidad desde la independencia y la libertad del poder judicial, el aumento de la presión internacional y la globalización de los castigos para que los delitos no queden impunes; así también se fortalece la democracia. 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre de mi Grupo, el Grupo Verdes/Alianza Libre Europea, me sumo a todos los colegas que hablaron anteriormente en la denuncia de la violación de los derechos humanos en Guatemala; en la petición de que se respeten los acuerdos de paz y reconciliación; en que se juzguen los delitos y atrocidades cometidos en la dictadura; en la denuncia contra todas las atrocidades que se siguen cometiendo, muy especialmente por los grupos que se llaman "clandestinos", que asesinan, torturan y violan los derechos humanos. 
Pero yo quería hacer una denuncia muy particular, Señorías, sobre una cuestión que me parece que es muy específica de muchos países de Latinoamérica: Guatemala, el Perú, Bolivia, el Ecuador y otros países aún viven en un régimen colonial. 
Hay una minoría criolla- blanca- que sigue sometiendo y manteniendo en la marginación a millones y millones de indígenas que, a pesar de ser la mayoría, no son tenidos en cuenta en absoluto por el Estado. 
Estos Estados no pueden ser democráticos y, para mantener los privilegios tradicionales de la propiedad, someten y marginan a las minorías indígenas y, en caso de que éstas se rebelen, llegan a generar regímenes dictatoriales que torturan y asesinan. 
Así, esta minoría detenta el poder judicial, la propiedad, la policía y manda en el ejército, y creo que, en estos países de Latinoamérica, mientras no haya una auténtica democracia- como pasó en Sudáfrica -, mientras el poder no pase a las mayorías indígenas y aprendan realmente ellas mismas a construir su propio Estado, no tendrá solución el problema de la violación de los derechos humanos en los mismos. 
Muchas veces comparo a países tan próximos a nosotros- concretamente a los españoles- con los países africanos: éstos se encuentran muchas veces en la miseria y tienen regímenes dictatoriales, pero un día serán regímenes democráticos gobernados por la mayoría antes marginada. 
En Latinoamérica el problema es mucho más grave y tenemos que ser conscientes de ello para, desde Europa, ayudar a construir regímenes auténticamente democráticos, gobernados por la mayoría. 
Señor Comisario, permítame expresar una cierta fatiga por esta semana, por todas las tardes en las que hablamos de la falta de respeto a los derechos humanos. Y no me refiero a la fatiga por tener que tratar este asunto, sino por la falta de resultado, a pesar de la presión constante de este Parlamento. 
Se abrieron muchas expectativas con la firma de los acuerdos de Guatemala, en 1996, y El Salvador. 
Se habla ahora de la necesidad de un diálogo en Colombia. 
El problema es que los acuerdos no se cumplen, y eso es lo que hay que tratar hoy aquí, y que ello frustra las esperanzas de la mayoría de la población, en este caso de Guatemala, de la que- como muy bien decía Camilo Nogueira- una parte importante está compuesta por indígenas. 
Creo que la mejor manera de recordar a Monseñor Gerardi, que fue responsable y redactor de ese documento extraordinario de clarificación histórica que hoy debiera ser la guía para la mayoría de los jueces en Guatemala que están hablando de los delitos cometidos durante la guerra civil, es exigir que se cumplan los acuerdos, que haya realmente una reforma agraria que no ha habido, que haya un respeto por las grandes mayorías del pueblo de Guatemala- respeto que no hay, porque siguen en la más absoluta pobreza -, que haya un freno a la violencia que aumenta contra la población y contra sus representantes, defensores de derechos humanos, representantes de los campesinos, sindicalistas, religiosos, personas que están cercanas a los derechos de la mayoría de la población. 
Desgraciadamente, hasta hoy no se respeta la mayoría de los derechos humanos en Guatemala. 
Por eso, creo que lo que debemos pedir aquí es que la Unión Europea, con los medios que tenga a su alcance, influya para que esos acuerdos a los que tanto contribuyó se respeten. 
. (FR) Señor Presidente, compartimos la preocupación de los autores de la resolución sobre el sensible deterioro de la situación de aspectos fundamentales como la protección de los derechos humanos, la administración de la justicia, y la correcta gestión de los asuntos públicos en Guatemala. 
Por otra parte, al igual que ustedes, estamos profundamente preocupados por la proliferación de los actos de intimidación que se cometen en ese país, no solamente contra los defensores de los derechos humanos, sino también contra representantes de la sociedad civil, dirigentes políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales o del clero. 
En consecuencia, las principales prioridades de la Comisión en sus relaciones con Guatemala son las siguientes: de entrada, apoyar la aplicación de los Acuerdos de Paz de 1996, y en segundo lugar, fomentar la modernización del Estado y consolidar una gestión más eficaz de los asuntos públicos. 
Estas prioridades están dentro de un marco general, que es el de la aplicación integral de las recomendaciones incluidas en el Informe de la Comisión sobre la clarificación histórica, que ha sido mencionado por la Sra. González Álvarez, y cuya importancia es capital. 
A este respecto- y, por lo demás, de acuerdo con la resolución sobre los derechos humanos en Guatemala que adoptaron ustedes el pasado mes de junio -, la Comisión ha decidido adoptar medidas complementarias. 
De entrada, en el marco de un diálogo político, la Comisión y los Estados miembros de la Unión recuerdan con regularidad y sin desmayo a las autoridades guatemaltecas y a las instituciones públicas locales la enorme importancia de disuadir cualquier forma de violencia, y de examinar sistemáticamente cualquier obstáculo al respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. 
Por otra parte, en una declaración común publicada tras la reunión de un grupo consultivo para Guatemala- que se celebró en Washington el pasado mes de febrero -, la Comisión y los Estados miembros insistieron en la necesidad de que los progresos en materia del proceso de paz sean mucho más consistentes que los que hemos podido verificar recientemente. 
Exhortamos- y vamos a seguir exhortando- al gobierno guatemalteco a tomar medidas con regularidad y de forma constante para llevar a la práctica las conclusiones y compromisos que han sido asumidos en el marco de este grupo consultivo. 
La segunda iniciativa consiste en presionar al gobierno guatemalteco en el marco de nuestra cooperación, para que respete los Acuerdos de Paz de 1996, y, como usted sabe, apoyamos financieramente iniciativas específicas en este campo, y en concreto las medidas destinadas a reforzar y a modernizar la policía nacional civil. 
Este programa pretende animar a las autoridades guatemaltecas a que tomen las medidas necesarias para impedir cualquier menoscabo del Estado de derecho, y a que intensifiquen sus esfuerzos para que el país sea efectivamente más democrático y más justo. 
Esta iniciativa será remplazada en los próximos meses por un nuevo programa de cooperación en favor del sistema judicial guatemalteco. 
A lo largo del periodo 2002-2006, que es el horizonte de la estrategia de cooperación de la Unión con Guatemala, vamos a reforzar nuestra actividad en el ámbito de los derechos humanos, de la lucha contra la intimidación y contra la impunidad. 
No es casual que Guatemala sea uno de los principales beneficiarios de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos durante el periodo 2002-2004, en el que nos preocupamos principalmente de la correcta gestión de los asuntos públicos, de los derechos de las poblaciones indígenas, de la pena de muerte y de la lucha contra la impunidad, que son los puntos que los propios parlamentarios han identificado hace ya algún tiempo. 
Señor Presidente, la situación en la entrada al Túnel de La Mancha ha sido caótica durante meses. 
Desde el pasado noviembre, los servicios de transporte ferroviario de mercancías en Fréthun, cerca de Calais, se han visto seriamente perturbados por las actividades ilegales de los inmigrantes. 
Ya he planteado a esta Cámara este problema en dos ocasiones, el 4 de febrero y el 11 de marzo, y nuestra resolución de urgencia refleja la enorme gravedad de la crisis. 
El 19 de marzo el gobierno francés respondió a las preguntas iniciales de la Comisión Europea declarando que debían tomarse medidas inmediatas para realizar obras de seguridad en Fréthum y para proporcionar una cobertura policial de 24 horas. 
Sin embargo, el 27 de marzo, junto a cerca de 150 parlamentarios, operadores del transporte ferroviario de mercancías, funcionarios, policías, periodistas y otros, y con la notable ausencia de algún ministro del gobierno francés o británico, visité la terminal del transporte ferroviario de mercancías de Fréthun. 
Nos sorprendió ver ante nuestros ojos y a plena luz del día inmigrantes ilegales alojados por todo el tren. 
La situación está claramente fuera de control y no ha mejorado, a pesar de las promesas de la SNCF para lograr que se normalice el servicio desde el 2 de abril. 
Sólo el pasado jueves cerca de 100 inmigrantes salieron huyendo de un tren de mercancías en Dollands Moor, Folkestone. Al parecer, este tren había estado parado en Calais virtualmente sin vigilancia durante 24 horas. 
Esta situación es inaceptable. 
Aparte de la tragedia humana que esto supone, me preocupa el riesgo que corren las empresas británicas y cerca de 8.000 puestos de trabajo ante este estado de cosas, incluso en mi zona en el Este de Inglaterra. 
Esto tiene también muy graves consecuencias medioambientales y de otro tipo. 
Es una burla a la idea del libre movimiento de mercancías por la Unión Europea. 
Dada la falta de acción por parte del gobierno francés y británico el jueves formé una delegación para reunirme con la Comisión Europea: Lord Berkeley, Presidente del Grupo de Transporte Ferroviario de Mercancías y el Sr. Alan Roberts, uno de mis electores de Hertfordshire- cuya familia, empresaria organizadora de transporte ferroviario de mercancías, ha padecido enormemente la crisis de Fréthun- vinieron conmigo a ver al Comisario Bolkestein. 
Se mostró solidario y expresó su frustración por la falta de acción gubernamental. 
Imploro ahora a la Comisión que tome las medidas necesarias, incluida la acción legal contra el gobierno francés, como un problema urgente. 
Estas empresas necesitan ayuda financiera urgente para poder seguir comerciando y como compensación por el largo plazo de pérdidas que han soportado debido a la falta de acción efectiva por parte del gobierno francés y de las autoridades británicas. 
Señor Presidente, no intervengo en calidad de autor, ya que el Grupo de Los Verdes no apoya esta propuesta transaccional. 
¿De qué estamos hablando verdaderamente aquí? 
¿Estamos hablando de los beneficios que deja de obtener el Eurotúnel, de las disfunciones del tráfico bajo La Mancha, o bien de lo que normalmente sería el objeto del debate de esta tarde: de los derechos humanos, y, en este caso, del derecho de los refugiados que están en Sangatte, y de la tragedia humana que eso supone? 
Los refugiados de Sangatte no son ilegales. 
Están en un centro abierto por el Estado francés, gestionado por la Cruz Roja, que recibe para su funcionamiento una subvención pública del Estado francés. 
Estos refugiados son kosovares, kurdos, hoy mayoritariamente afganos. 
A Sangatte llegan por oleadas todos los pueblos que ocupan hoy la portada de la actualidad en el mundo. 
Si queremos hablar de derechos humanos, hagámoslo, pero no hablemos de cuestiones financieras ni de la seguridad del tráfico bajo La Mancha. 
En esta confusión, hay algo absolutamente indecente. 
Este centro se abrió gracias a una movilización muy importante de las asociaciones, que querían dar respuesta a un problema urgente: cerrarlo supondría una catástrofe humanitaria. 
Ya sabemos cómo eran Calais y Sangatte antes de tener un centro. 
Ya hemos visto vagabundear por las calles de Calais con niños, bajo la lluvia, a esos refugiados que, arriesgando sus vidas, intentaban pasar a Gran Bretaña. 
Había asociaciones que intentaban a duras penas darles de comer todos los días. 
¿Queremos, en un debate sobre los derechos humanos, volver a esta situación? 
Francamente, este debate ha empezado muy mal. 
Por eso Los Verdes no apoyan esta resolución, e invitan a los colegas a hacer lo propio, porque respaldarla sería algo absolutamente inadmisible. 
Además, el Grupo de Los Verdes, que considera que el Estado francés demuestra tener una relativa mala fe en cuanto a la capacidad de estas personas de solicitar asilo en Francia, ha respaldado la edición, en colaboración con las asociaciones, de un documento que los refugiados de Sangatte se quitan de las manos. 
¿Qué dice este documento? 
Explica de forma simple a los refugiados cómo solicitar asilo en Francia y cuáles son los derechos que les corresponden a los peticionarios de asilo en Francia. 
Para responder a esta situación, esta es la vía que debemos seguir, evidentemente a largo plazo, con la perspectiva de un estatuto europeo de los refugiados. 
Señor Presidente, actualmente nos enfrentamos a verdaderos problemas generados por la llegada masiva de refugiados. 
Hoy en día, entre otras cosas, vemos cómo familias con niños pequeños, con bebés, llegan y piden asilo. 
Esta situación se deriva del desamparo de miles de refugiados y de personas desplazadas que, a menudo en contra de su voluntad y pagándolo a veces con su vida, han tenido que abandonar países en los que están oprimidos política, económica y socialmente, y en los que la guerra y los conflictos causan estragos. 
Acoger a los refugiados en unas condiciones dignas debe ser necesariamente posible, porque si no se le llama la atención a las colectividades locales, a pesar de que ellas ya no pueden seguir asumiendo esta función. 
No tienen medios ni humanos, ni estructurales, ni financieros para paliar esta situación de necesidad. 
Por tanto, ante estas dificultades, somos nosotros los que tenemos que dar una respuesta satisfactoria a largo plazo, y hay que adoptar un enfoque humano en materia de política de asilo y de inmigración. 
No podemos seguir negándonos a la evidencia. 
No podemos seguir escondiendo la cabeza como una avestruz. 
Así, vamos directos al desastre. 
Si persisten las grandes dificultades a la entrada del túnel bajo La Mancha, a pesar de los esfuerzos conjuntos de los gobiernos francés y británico para abortar los intentos de cruzarlo ilegalmente, es sin duda porque carecemos de una política común de asilo a escala europea. 
Esto afecta a todos los países de la Unión Europea, porque los problemas que hemos de resolver se derivan de la falta de armonización de los procedimientos de asilo en Europa. 
En consecuencia, debemos adoptar rápidamente un paquete de medidas que materialicen una política europea de asilo. 
Tenemos que abordar por fin todos juntos los problemas a los que nos enfrentamos. 
Así pues, la Unión Europea tiene que actuar con determinación y tomar lo antes posible una decisión sobre los distintos instrumentos, sobre las normas mínimas de acogida y sobre el procedimiento de concesión y de retirada del estatuto de refugiado, y les recuerdo que todo ello debe hacerse dentro del espíritu del Consejo Europeo de Tampere. 
Señor Presidente, estoy participando en un debate sobre los derechos humanos, aunque le resulte difícil creerlo tras escuchar detenidamente las apasionadas palabras del Sr. Hannan. 
Lo que aquí debatimos es un asunto concerniente a los derechos humanos. 
No es un asunto fácil y nadie sugiere que lo sea. 
No ha pasado a ser urgente debido a sus consecuencias económicas en las empresas o en la industria del transporte de mercancías, con las que me solidarizo enormemente. 
Se trata de una situación muy grave y desagradable que no mejora la reputación de nadie. 
Como otros han dicho, preocupa a una elevada cantidad de personas y a los gobiernos- tanto de Francia, como en el RU y en otros países- y las autoridades locales. 
Es un asunto que mi comisión parlamentaria ha analizado en más de una ocasión. 
La gente puede retroceder y buscar diferentes razones que expliquen por qué hay tanta gente allí. 
Rechazo las propuestas harto simplistas e inhumanas del Sr. Hannan. 
Es una situación que ha empeorado en los últimos años y considero que el problema es mucho más complicado de lo que él supone. 
Pero del mismo modo que el Parlamento debe proteger las actividades empresariales y la industria del transporte de mercancías, Europa- no exclusivamente el Reino Unido o Francia- tiene el deber de asistir y proteger a los que buscan refugio. 
Son gente desesperada. Algunos han huido temiendo por su vida, y debemos poder ofrecerles asilo y darles todas las oportunidades para que lo soliciten. 
De esto trata la Convención de Dublín que pretendimos revisar a principios de esta semana en el informe Marinho. 
Necesitamos una Convención de Dublín que proporcione seguridad a los buscadores de asilo y les dé la oportunidad de solicitarlo en el primer país de la UE al que llegan. 
A principios de esta semana el otro lado de la Cámara presentó enmiendas sugiriendo que se les debía informar de sus derechos en cualquier lengua, no necesariamente en una lengua que ellos entendieran. 
Esto no es adecuado y explica por qué en algunas ocasiones las personas se trasladan a otro país. 
No se trata de quién apoya qué enmienda y quién no lo hace. 
Personalmente no tengo problemas con la enmienda nº 2, por la que he sido cuestionado antes. 
Tenemos que hacer que funcione el sistema por el bien de todas las personas que se mueven por Europa. 
Tenemos que hacer que sea seguro y operativo para las industrias. 
Es necesario trabajar para lograr un sistema de asilo común Europeo. 
Sin él, Europa no funcionará y volveremos una y otra vez a debatir estos problemas. 
Necesitamos un sistema de asilo común europeo en todos los Estados Miembros que se entienda y funcione. 
Mis colegas y yo en este lado de la Cámara y otros más trabajaremos duramente en este asunto en los próximos meses. 
Señor Presidente, hace dos meses, ya se celebró en este hemiciclo un debate sobre la cuestión de los obstáculos a la circulación en el túnel bajo La Mancha derivados de la presencia de numerosos refugiados en el lado francés que intentan pasar a Gran Bretaña, al parecer para pedir asilo en ese país. 
Pero, como este primer debate fue paupérrimo, y hay que reconocerlo, nuestra Conferencia de Presidentes ha decidido sabiamente convocar hoy un segundo debate sobre este mismo asunto. 
Desgraciadamente, a tenor del proyecto de resolución que se va a someter a votación, parece que va a ser tan insatisfactorio como el anterior. 
Así, sin retomar todo lo que dije sobre este tema hace dos meses, y en concreto sobre lo pretencioso de una política de asilo armonizada que supuestamente resolvería todos los problemas, me limitaré a subrayar que en ningún sitio se menciona la verdad pura y dura. 
Actualmente, la vida de la población francesa de esta región está enrarecida, las actividades económicas se han visto perturbadas, a costa de nuestros vecinos británicos, las empresas ferroviarias se hunden por el peso de los gastos adicionales de seguridad, y todo ello por un simple motivo: la absoluta desidia del gobierno francés, que permite que se acumulen inmigrantes ilegales, a pesar de ser una situación de dominio público, cuando el 90 % de esas personas no tiene ningún derecho a quedarse y debería ser expulsado y devuelto a su lugar de origen. 
Si no reaccionamos ante esta nueva forma de inmigración, la situación degenerará rápidamente y será incontrolable. 
El colmo es que nuestra Asamblea aprobó el martes pasado, hace tres días, un texto que contribuye significativamente a solucionar el problema. 
Se trata del Reglamento del Consejo que establece los criterios para determinar qué Estados miembros son responsables de una solicitud de asilo, que ha sido objeto del informe Marinho. 
El Estado responsable es, evidentemente, el Estado de la primera entrada. 
Pero, además, el artículo 12 que hemos adoptado precisa, y cito, que ' el Estado miembro que ha tolerado conscientemente la presencia irregular de una persona originaria de un país tercero en su territorio durante un periodo superior a dos meses, es responsable del examen de la solicitud de asilo?. 
Por tanto, en el caso que nos ocupa, no es Gran Bretaña, sino Francia la que es plenamente responsable. 
Lo mínimo sería que nuestra resolución lo dejara bien claro. 
. (FR) Señor Presidente, es evidente que la Comisión está al tanto de todas las dificultades que para la seguridad, para el correcto funcionamiento de la red de transporte ferroviario y para la circulación de mercancías plantean las repetidas intrusiones de inmigrantes ilegales en las infraestructuras de transporte que facilitan el paso desde Calais, en Francia, hasta el Reino Unido. 
Este fenómeno es fruto de una combinación de factores bastante complejos, cosa que, en mi opinión, ha quedado clara en sus distintas intervenciones, y, al menos desde mi punto de vista, muestra una vez más que la Unión, ahora más que nunca, necesita políticas comunes de inmigración y de asilo. 
En este punto, me identifico con las palabras de la Sra. Ludford y de la Sra. Roure sobre el tema. 
En este contexto, la Comisión ha adoptado ya todas las iniciativas pertinentes en lo que le concierne, presentando ante el Consejo y ante su Parlamento el conjunto de propuestas que son necesarias para garantizar una cierta igualdad de trato entre los Estados miembros, en cuestiones que son evidentemente complejas. 
En materia de política de asilo, las propuestas de la Comisión pretenden crear un sistema de asilo europeo equitativo, eficaz y rápido. 
Propusimos una directiva del Consejo sobre los procedimientos de asilo en septiembre de 2000. 
Es sabido que numerosos Estados se oponen a la fijación de plazos imperativos en la aplicación de los procedimientos. 
Por tanto, en las próximas semanas, presentaremos una propuesta revisada, tal y como nos lo ha pedido el Consejo Europeo de Laeken. 
En los próximos quince días, su Parlamento debería pronunciarse sobre la propuesta de directiva que la Comisión presentó hace un año para armonizar las condiciones de acogida de los demandantes de asilo. 
Esta prioridad de la Presidencia española podría ser objeto de un acuerdo político en el Consejo a lo largo de las próximas semanas. 
Está claro que la tarea será más sencilla si el propio Parlamento se define. 
Otra propuesta de directiva que se adoptó el pasado mes de septiembre intenta armonizar los conceptos de 'refugiado? y de' persona que necesita protección internacional?. 
Debería ser negociada de aquí a 2003. El principal objetivo de todas estas propuestas es reducir lo que podríamos llamar diferencias de presión entre Estados miembros, diferencias que provocan lo que burocráticamente se denomina ' movimientos secundarios debidos a las diferencias en los marcos prácticos y jurídicos en materia de derecho de asilo?. 
Todas estas iniciativas pretenden también garantizar el acceso a la protección para aquellos que la necesitan, lo cual, de hecho, es particularmente evidente si se respeta a pies juntillas el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados de 1951. 
Finalmente, la Comisión ha propuesto también un reglamento sobre la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo que incluye, como el Sr. Berthu ha recordado acertadamente, una cláusula según la cual el Estado miembro que ha tolerado con pleno conocimiento de causa la estancia ilegal de personas de países terceros en su territorio durante más de dos meses, es responsable de analizar la solicitud de asilo de estas personas. 
Las negociaciones sobre este asunto aún no se han dado por concluidas, aunque el propio Parlamento haya intentado culminarlas, y deberían finalizar a lo largo de la Presidencia danesa. 
Por tanto, Señor Berthu, en este punto estamos todavía en fase de elaboración del texto. 
La Comisión suscribe plenamente el objetivo de desarrollar una aproximación global de la gestión de los fenómenos migratorios, incluida su dimensión externa. 
Forma parte de los objetivos de la política común de asilo y de inmigración que se establecieron en el Consejo Europeo de Tampere. 
Además, el próximo lunes retomaremos este tema en Luxemburgo, más concretamente todo lo relativo a la lucha contra la inmigración ilegal. 
Habrá que sentar las bases de una reflexión profunda sobre la relación entre desarrollo y emigración. 
En cuanto a la lucha contra la inmigración ilegal, el Consejo adoptó un plan de actuación el pasado 28 de febrero, que se basa en gran medida en nuestra propuesta, y que insiste en la importancia de la cooperación con los países de origen y de tránsito. 
La lucha contra el tráfico de seres humanos y contra las redes de inmigración ilegal es evidentemente prioritaria, y debe ir acompañada de una ayuda para las víctimas que quieran colaborar en las actuaciones penales que se lleven a cabo contra los traficantes. 
Y, a partir de un Libro Verde sobre la política de expulsión de los residentes ilegales que la Comisión adoptó ayer, vamos a lanzar dentro de muy poco una amplísima consulta sobre este aspecto de la política global de emigración. 
Finalmente, y esto da fe de la complejidad del asunto, estamos preparando una comunicación sobre las orientaciones en materia de gestión integrada de las fronteras exteriores. 
Más concretamente, centrándonos en la responsabilidad de los transportistas, ésta se encuentra regulada por el Convenio de Schengen, y ha sido perfilada con la adopción de una directiva que pretende armonizar las sanciones aplicables en la materia. 
No obstante, somos conscientes de que el problema es más amplio, y hemos adoptado varias iniciativas para sentar en la misma mesa a los profesionales, a las administraciones públicas y a las organizaciones humanitarias. 
Para concluir, en lo tocante a la situación específica de la terminal de SCNF de Fréthun, en aplicación de la normativa comunitaria, nos hemos dirigido a las autoridades francesas con el fin de pedirles que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías por ferrocarril. 
Las autoridades francesas nos han comunicado que las obras para incrementar la seguridad de Fréthun ya están prácticamente finalizadas, y que la extensión del muro de protección, la instalación de cámaras de vídeo y de otros equipos están casi terminadas. 
Se han comprometido a que las obras anunciadas estén concluidas en tiempo útil para que en el mes de junio de 2002, el tráfico pueda recobrar el ritmo normal de antes de octubre de 2001. 
Por otra parte, hemos comprobado que el número de empleados destinados a la vigilancia del recinto de SNCF se ha reforzado. 
El pasado 26 de marzo, en el Consejo ' Transporte? , la Comisión incluyó este punto en el orden del día del Consejo, sobre todo a consecuencia de un cierto número de intervenciones parlamentarias, y con el fin de permitir que los dos ministros más afectados intervinieran, y esto es un eufemismo que utilizo con cierta precaución. 
En esta ocasión, las dos delegaciones, francesa y británica, afirmaron que se habían puesto de acuerdo sobre las medidas a adoptar para garantizar el retorno a un tráfico normal, con unas condiciones de seguridad normales. 
Ya que hoy ha cumplido con su deber de vigilancia, la propia Comisión considera, basándose en este acuerdo, que ahora les corresponde a ellos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías. 
Habrán notado ustedes que he abordado este aspecto de la cuestión- ciertamente importante- sólo después de haber tratado los temas de política de asilo y de inmigración, que evidentemente son los elementos principales de este asunto. 
Señor Presidente, una sociedad que se llama a sí misma civilizada, una sociedad como la europea, que hace de la defensa de los derechos humanos su bandera, no puede permanecer impasible ante la situación de tantos millones de niños en el mundo privados de los derechos que decimos defender; niños condenados a morir a causa del sida, o por desnutrición, o por falta de asistencia médica, o abocados a vivir en unas condiciones de vida totalmente indignas. 
Es cierto que la Convención sobre los Derechos del Niño y el Plan de Acción aprobado en la Cumbre mundial de 1990 intentan garantizar al niño el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero, desgraciadamente, la situación no ha mejorado en absoluto y los niños siguen siendo las principales víctimas de la pobreza y el subdesarrollo, entre otros. 
Las estadísticas hablan por sí solas y no olvidemos que detrás de cada cifra se esconde el rostro de un niño, unos ojos que nos piden ayuda. 
Por ello, de la sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas en favor de la infancia que va a celebrarse debe salir, por descontado, el firme compromiso de traducir en hechos las obligaciones que derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño, estableciendo mecanismos de control para supervisar el grado de cumplimiento de las mismas, en especial en lo que se refiere a la lucha contra los abusos, la explotación y la violencia de que son objeto y para garantizarles el derecho a la educación. 
Pero también, y sobre todo, de la Asamblea debe salir el compromiso de adoptar políticas de cooperación al desarrollo y lucha contra la pobreza más coherentes y más generosas, para asegurar a todos los niños el derecho fundamental a unas condiciones de vida dignas. 
Y, en la medida en que la familia es la principal unidad de la sociedad y a ella corresponde la responsabilidad primordial de proteger y criar a los niños y velar por su desarrollo, es indispensable impulsar también políticas de ayuda a la familia que contribuyan a crear el entorno humano indispensable para que el niño pueda desarrollarse y pueda, el día de mañana, inserirse útilmente en la comunidad de la que forma parte. 
Este Parlamento debe dar un mandato claro a la Unión Europea en esta dirección. 
De ahí que, en nombre del Grupo del PPE-DE, pida a la Cámara que apoye la resolución conjunta que estamos debatiendo y las enmiendas que hemos presentado y que formaban ya parte del texto que este Parlamento aprobó el pasado mes de julio para esta misma sesión de las Naciones Unidas, que debía haberse celebrado en el mes de septiembre; porque, con este voto, haremos de la causa de los niños nuestra causa, la causa del Parlamento Europeo y la causa de la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera hacer hincapié en la importancia del entorno familiar para los niños. 
La familia es esencial para dar un hogar y permitir el crecimiento natural de los menores. 
Valiéndonos de una resolución del 5 de julio de 2001, sostenemos que los niños son las primeras víctimas de las rupturas familiares. 
Nos referimos también a un borrador de UNICEF en el que se hace hincapié en que "la familia es la unidad social fundamental, siendo su principal responsabilidad la protección, educación y desarrollo de los menores". 
Queremos subrayar lo que dijimos en el Parlamento Europeo el año pasado, esto es, que el mundo que conviene a los niños debe ser también el mundo que conviene a la familia. 
La ruptura de la familia y de la vida familiar es una de las mayores y más graves amenazas y retos en Europa. 
En mi país, Suecia, la presidenta del tercer partido mayoritario dijo ante la opinión pública: "Muerte a la familia". 
El Parlamento Europeo, en cambio, tiene una opinión diferente y hace hincapié en que la familia es la unidad esencial para dar protección y amor a las generaciones futuras. 
Tal como lo hicimos en 2001, queremos destacar estos valores. 
Queremos decir al mundo que la denominada Europa moderna aún piensa que la familia es una institución fundamental para dar amor a las nuevas generaciones. 
Hoy, más que nunca, es necesario entender el significado de la familia. 
Señor Presidente, señor Comisario, hay una frase hecha que dice que los niños valen su peso en oro. 
Es la típica frase que pronuncian los padres y los abuelos pero a partir de ahora sería bueno que se utilizara hablando de política. 
La interacción que existe entre padres e hijos en ambos sentidos, esa interacción la deberíamos realizar entre los niños y la política en todos los ámbitos. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niños han cambiado mucho últimamente porque la convivencia en familia y el reparto de tareas han sufrido muchos cambios. 
La familia tradicional ya no es la habitual. 
Los niños reclaman sus derechos y la edad no constituye el factor determinante. 
Me parece que estas señales de la sociedad las deberían asumir los políticos. 
Los niños han de ser tratados como interlocutores adultos en la toma de decisiones. 
Creo que es un deber político que se creen los procedimientos y órganos de consulta adecuados para ello. 
Sería sumamente importante que se tomara la iniciativa desde el Parlamento Europeo de organizar un foro dentro de los edificios de nuestro Parlamento para los niños de los Estados miembros y para los niños de terceros países. 
Señor Presidente, la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a la infancia será efectivamente un buen momento para hacer balance de los progresos realizados desde 1989, fecha de la declaración del Convenio de los Derechos del Niño. 
Debe conseguir que los Estados asuman su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos adquiridos. 
En este sentido, me alegro de que la resolución proponga la creación de mecanismos destinados a controlar que, en el futuro, los gobiernos respeten estos compromisos. 
Me gustaría que esta sesión no fuera una reunión más. 
Diariamente, los derechos de los niños son mancillados en todos los rincones del planeta: imposibilidad de acceder a la sanidad y a la educación, niños soldados, explotación sexual, pedofilia, tráfico de menores, trabajo infantil, malnutrición. 
A esta lista, que no es exhaustiva, viene a sumarse la particular discriminación que sufren las niñas en numerosos países: hace un rato, mi colega mencionaba las mutilaciones sexuales de los órganos genitales. 
Finalmente, los niños son los primeros que sufren en las situaciones de guerra, pero también en las de pobreza y en las de marginación social. 
Incluso en nuestros propios países, dentro de la Unión, cuántos niños no disfrutan de la atención que les corresponde, ni del entorno que favorece su pleno desarrollo, simplemente porque sus padres son pobres, están socialmente marginados, o son inmigrantes ilegales. 
Ya es hora de que hoy reafirmemos el compromiso de la Comunidad Internacional de considerar prioritario el bienestar de la infancia en el mundo entero. 
La materialización de este compromiso exige recursos financieros. 
Exige también, en mi opinión, fomentar los derechos de la mujer, condición ineludible para avanzar en la protección de los derechos de la infancia. 
Europa tiene que jugar aquí un papel muy importante. 
Tiene que desarrollar la colaboración de las instituciones europeas con las asociaciones y las ONG, con los gobiernos y con las asociaciones de los países candidatos a la ampliación de la Unión. 
Hay que implicar también a los niños en la adopción de un cierto número de decisiones, en todas las fases del proceso que se consideren adecuadas. 
Finalmente, añadiré que necesitamos más coherencia en nuestras pretensiones. 
Exigirle a los países candidatos, en los que la situación de la infancia es ya de por sí muy difícil, que reduzcan el gasto público, por tanto el gasto en salud y en educación, me parece incompatible con la mejora de los derechos del niño. 
. (FR) Señor Presidente, también la Comisión espera con impaciencia la adopción de una Agenda internacional específica para la próxima década, orientada a la infancia y basada en medidas concretas que los dirigentes se comprometerán a respetar en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas del mes que viene. 
El plan de actuación contempla cuatro puntos de vital importancia: la salud, la educación, la protección de la infancia y el SIDA- VIH, que ocupan un lugar privilegiado en nuestra cooperación al desarrollo. 
La Comisión considera que la asistencia a la infancia más desfavorecida y su protección deben evaluarse dentro del contexto más amplio de la lucha contra la pobreza, y por tanto en el marco de la cooperación al desarrollo que lleva a cabo la Comunidad. 
Desde esta perspectiva, la infancia supone un objetivo importante para la ayuda exterior, sobre todo en las políticas sectoriales, como la educación o la salud. 
En cuanto a la educación, hemos adoptado recientemente una comunicación sobre la educación y la formación en el marco de la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo. 
Este texto propugna un refuerzo cualitativo y cuantitativo de la ayuda que le concedemos a estos países en materia educativa. 
Como algunos de ustedes acaban de recordar, nosotros precisamos con este motivo la importancia de un enfoque que le dé prioridad a los derechos. 
En lo relativo a los niños implicados en conflictos armados, la ayuda se canaliza también a través de un cierto número de programas que gestiona la Comisión, y en especial por medio de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
Además, en 2001, la defensa de los derechos de la infancia era una de las prioridades para la asignación de recursos, y ha sido respetada en las financiaciones previstas para el periodo 2002/2004. 
Finalmente, consideramos también que la infancia es una prioridad tangencial en términos de actuaciones derivadas de la ayuda humanitaria. 
Esto se traduce en proyectos concretos, en actividades de defensa de la infancia desarrolladas dentro de la Unión, y en los esfuerzos realizados para mejorar la respuesta humanitaria de la Comunidad Internacional. 
Nuestras actividades están en sintonía con los deseos que acaban de ser mencionados, y esto afecta a distintas dimensiones de la actuación exterior e interior de la Unión. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 5.30. 
El siguiente punto es el debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0204/2002) de Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR sobre la situación en Angola; 
(B5-0217/2002) de Cunha y otros, en nombre del Grupo PPE-DE sobre la situación en Angola; 
(B5-0220/2002) de Isler Béguin y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre Angola; 
(B5-0226/2002) de Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN sobre Angola; 
(B5-0230/2002) de Miranda, Ainardi, Vinci y Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre la situación en Angola. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más Angola vuelve a merecer la atención del Parlamento Europeo: hoy, por mejores razones que las que obligaron a hablar sobre Angola en este hemiciclo la última vez. 
Toda la comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, debe decir con claridad que esperamos de todas las partes que hagan todo lo posible para que este proceso de paz sea definitivo e irreversible. 
Estuvo bien el Gobierno de Angola cuando mandó interrumpir todas las medidas militares ofensivas y estuvieron bien los dirigentes políticos y las jefaturas militares de UNITA. 
Todos revelaron capacidad de diálogo que conviene subrayar y aplaudir. 
Ahora urge crear los fundamentos de una vida democrática en común. 
Hay que desmilitarizar fuerzas y ampliar la Administración del Estado a todo el territorio. 
Hay que integrar a UNITA en la vida democrática. 
Hay que establecer las condiciones para que el Estado de derecho democrático cree sus raíces, respetando los derechos de oposición, la libertad de prensa, fortaleciendo la transparencia de los poderes públicos, luchando contra la corrupción y la arbitrariedad y luchando contra la pobreza y la exclusión social y fomentando el desarrollo del país en un ambiente de paz. 
Es urgente reintegrar a la normalidad de la vida civil a quienes antes se dedicaban a la guerra y realojar a todos los que fueron desplazados de sus tierras por la violencia de la guerra civil. 
Después de crear las condiciones necesarias, se deben organizar elecciones. 
Quiero hacer también un llamamiento a todas las partes para que se comprometan con vistas al rápido esclarecimiento de la situación de los niños portugueses desaparecidos desde hace meses. 
Nuestras palabras son, por tanto, de estímulo a la buena fe de todas las partes y de apuesta por la capacidad y la determinación de los angolanos. 
¡Que incluso, a estos millares de kilómetros de distancia, en Luanda, se oiga nuestra voz! 
¡Buena suerte, Angola! 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, hacía ya demasiado tiempo que la vida en Angola parecía una caricatura, una caricatura de un país que una brutal descolonización había abandonado a su suerte, de un país africano gangrenado por un conflicto civil interminable entre facciones fratricidas, y de una población civil minada por la miseria y por las desgracias, sobreviviendo en una tierra que, a pesar de todo, rebosa petróleo, y caminando con sus pies descalzos sobre minas de diamantes. 
Angola había quedado reducida a una lamentable caricatura, y su población estaba viviendo un infierno. 
Sin embargo, tras el asesinato a balazos del cabecilla de la Unita, Jonas Savimbi, renació la esperanza en esta tierra mártir. 
El nuevo diálogo que se entabló inmediatamente entre el gobierno y los representantes de la Unita, fruto de un deseo común de pacificación, recibe el apoyo de toda la Comunidad Internacional. 
Este momento crucial va a hacer historia para los angoleños. 
Angola podrá convertirse en un modelo de reconciliación nacional, de normalización y de retorno al Estado de derecho. 
En una palabra: este país podría devolverle la vida a su pueblo. 
Angola se ha dotado de los medios y está haciendo los esfuerzos necesarios para cohesionar de nuevo a su población y para sentar una vez más las bases de su sociedad. 
La naturaleza ha dotado a este país de recursos y de riquezas capaces de librarle de la necesidad y de garantizarle las mejores condiciones de vida en la tierra. 
Contando con nosotros, con la movilización de toda la Comunidad Internacional, y sobre todo con el apoyo plural de la Unión, Angola podrá reconciliarse con su futuro. 
La Unión ya no tiene la excusa del peligro de la lucha armada y, de ahora en adelante, puede aportar su ayuda alimentaria a la población hambrienta. 
No hay discípulo más necesitado ni más deseoso de seguir las reglas democráticas y de acatar el respeto a los derechos humanos propuestos por la Unión Europea. 
No hay mejor ejemplo que el de nuestra historia europea para evitarle a Angola las ansias del neocolonialismo, y para guiarla, con total transparencia e independencia, por la senda de un desarrollo sostenible de su economía y de la emancipación de su pueblo. 
Señor Presidente, señor Comisario, hay motivos suficientes para afrontar nuestro debate de hoy sobre la situación en Angola con un grado de optimismo y esperanza mucho mayor que en anteriores debates. 
La rápida evolución y las perspectivas positivas que se le brindan actualmente al país y al pueblo angolano permiten, en efecto, un planteamiento diferente de la situación del país, ahora fundamentalmente orientada a la adopción de medidas que permitan la consolidación de la paz y la reconstrucción, el desarrollo y el progreso de un país y de un pueblo martirizado por decenios de guerra. 
Y, en esta ocasión, convendría subrayar y aplaudir los enormes pasos dados ya en este corto período de tiempo, desde la muerte de Jonas Savimbi. 
Acogemos con particular beneplácito el significado y el alcance del memorando de entendimiento, firmado el 30 de marzo en el marco y como complemento del Protocolo de Lusaka, además de la amnistía propuesta por el Gobierno y aprobada el 3 de abril por la Asamblea Nacional, como también la firma oficial de alto el fuego, el 4 de abril, por las fuerzas armadas angolanas y la UNITA, medidas que, junto con el programa de emergencia presentado por el Gobierno y orientado al regreso de cuatro millones de desplazados a sus regiones de origen, a la reintegración de los 150.000 desmovilizados y ex combatientes y a la integración de 100.000 mutilados y 50.000 niños huérfanos de guerra, constituyen el marco fundamental para el lanzamiento del país a una nueva era. 
Pero, para que esa nueva era sea una realidad sin retorno, ahora, más que nunca, es necesario el concurso y el compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales angolanas a fin de garantizar la movilización de recursos y voluntades capaces e indispensables para el nuevo país que parece querer renacer. 
Y, en ese marco y simultáneamente con el indispensable y definitivo cese de la actividad militar de la UNITA y con su total desmilitarización, conviene garantizar e incentivar también su completa integración en la normal vida política angolana como partido político no armado. 
Y resulta decisiva también la contribución activa y positiva de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, con vistas, desde luego, a la urgente ayuda humanitaria a la población angolana y, de forma general, a la reconstrucción del país. 
Por lo que se refiere a la Unión Europea, y teniendo en cuenta el estado de debilidad y destrucción de aquel país y el enorme esfuerzo de reconstrucción y rehabilitación que es imperioso desarrollar y también la importancia que dicho país adquiere en el marco regional, están perfectamente justificados un apoyo y una atención especiales y tal vez incluso la adopción de un programa específico de ayuda para la consolidación de la paz y la reconstrucción de Angola. 
La evolución de la situación es alentadora. 
Las medidas y los instrumentos ya adoptados se presentan como orientados en una buena dirección. 
La propia perspectiva de celebración de elecciones, ya antes anunciada, indica la voluntad de seguir el camino de la normalización política, aunque no esté exento de dificultades y escollos. 
Es un momento de optimismo y toda nuestra acción debe ir determinada por el apoyo sin límites a la materialización de la esperanza que los angolanos abriguen en el día de hoy. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Parlamento Europeo, al conceder no hace mucho el Premio Sajarov al arzobispo angolano Zacarias Camuenho, quiso apoyar la lucha de todos los que en Angola trabajaban por la paz y contra la lógica implacable de la violencia y la guerra. 
Mal podíamos entonces imaginar que los acontecimientos se precipitarían de tal modo, que hoy surgieran grandes esperanzas de paz y reconciliación en aquel martirizado país. 
La concesión de dicho premio contribuyó sin duda a fortalecer el espíritu y las exigencias de paz que impuso a todos después de la desaparición del jefe de la UNITA. 
Angola está ahora saliendo de esa trágica categoría de países a los que se ha dado en llamar "de guerra sin fin" y entrar en un período de construcción de una paz duradera. 
Con eso toda la Humanidad se debe congratular, en particular todos cuantos aman a Angola y sienten una infinita piedad por los inenarrables sufrimientos de su pueblo, víctima durante decenios de un combate encarnizado entre las dos facciones en lucha por el poder. 
En Angola sólo hay héroes y mártires entre su pueblo anónimo, ¡nada más! 
Este pueblo extraordinario tiene ahora derecho a la paz, a la libertad, a la democracia y al progreso. 
Tiene derecho al pan y la libertad. Tiene derecho al futuro. 
Sólo así podrían materializarse por fin las enormes esperanzas suscitadas por la descolonización y la independencia. 
Ahora más que nunca, la comunidad internacional debe solidaridad moral y material al pueblo angolano. 
Hay millares y millares de niños abandonados o desaparecidos. 
Y a ese respecto tampoco podemos dejar de reclamar la verdad sobre las jóvenes vidas de dos portugueses desaparecidos recientemente en una brutal emboscada y sobre los cuales reina un gran misterio. 
Hay en Angola millares y millares de mutilados y millones de desplazados. 
Todos esperan una solución para sus dramas. 
La paz recuperada y la reconstrucción de Angola habrá de dar respuesta a esta situación de verdadera catástrofe humana. 
Las condiciones de paz y democracia sólo se conseguirán de verdad en Angola cuando acabe el monopolio del poder y la diversidad de las corrientes políticas pueda expresarse sin vacilaciones ni temores, cuando se democratice de verdad el poder y cuando haya una distribución de los recursos justa y equitativa. 
Debemos ser optimistas y prudentes a un tiempo. 
Optimistas porque Angola está ahora en el buen camino, prudentes y vigilantes para que no haya tergiversaciones y retrocesos. 
Nos extraña, en particular, que voces de figuras prestigiadas entre intelectuales, religiosos y políticos independientes se hayan vuelto demasiado discretas. 
De hecho, sin el pleno surgimiento de la sociedad civil en Angola, todo puede ser más frágil, limitado e incierto. 
En todo caso, es hora de decir: ¡viva Angola! 
. (FR) Señor Presidente, como todos los diputados que acaban de intervenir, la Comisión piensa que la firma de un alto el fuego por parte de las fuerzas armadas angoleñas y de la Unita es por fin una buena noticia. 
Consideramos adecuada la declaración del gobierno angoleño que autoriza a la Unita a convertirse en un interlocutor viable, con un espacio propio en la escena política, y que le concede el tiempo necesario para reorganizarse. 
Animamos a las dos partes a adoptar todas las medidas necesarias para integrar en los debates a todos los estamentos de la sociedad civil angoleña, incluidos los representantes religiosos, que han desempeñado un papel activo en este proceso- tal y como lo acaba de subrayar el Sr. Lage -, con el fin de alcanzar una reconciliación nacional y de instaurar de una vez por todas una paz duradera. 
En cuanto a la ayuda humanitaria- mencionada por el Sr. Miranda -, brindamos una importante ayuda humanitaria a la población desplazada en el interior de Angola, y le rogamos encarecidamente al gobierno que tome medidas adicionales para facilitar la llegada de la ayuda de emergencia a zonas que, hasta la fecha, son inaccesibles. 
Animamos igualmente al gobierno a que considere prioritarias sus negociaciones con la Unita, por encima de la extensión de esta ayuda humanitaria a todo el territorio nacional. 
Somos plenamente conscientes de que la presencia de minas terrestres y anti-personas representa un obstáculo considerable para el envío de la ayuda humanitaria, para la reubicación de la población desplazada y para las distintas operaciones de reconstrucción. 
Desde este punto de vista, el refuerzo de la seguridad ' in situ? es lo que nos permitirá realizar, a través de organizaciones especializadas, todas las operaciones inherentes a la limpieza de minas, a las que ya se han destinado importantes recursos financieros. 
En el plano de los derechos políticos, le pedimos al gobierno angoleño que consolide la democracia, mejorando la situación de los derechos humanos y de la libertad de prensa. 
Esta es una condición previa indispensable para la consecución de una paz duradera. 
Los grandes grupos de derechos políticos, así como la libre circulación de personas, la reforma del derecho constitucional, la reforma de la legislación electoral, y el censo de la población, elementos todos ellos basados en el alto el fuego, serán determinantes para la futura celebración de elecciones libres dentro de la legalidad. 
Estamos dispuestos a apoyar la celebración de elecciones en cuanto las condiciones del país lo permitan. 
En cuanto a la estrategia de los próximos años, está siendo actualmente debatida, tanto con el gobierno y la sociedad civil como en el seno de la Comisión y de la Unión. 
Intentamos hacer lo posible por garantizar, a través de esta estrategia, un vínculo muy estrecho, muy permanente y muy coherente entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo, que son los tres problemas a los que nos enfrentamos. 
Habrá que destinar importantes recursos financieros al reasentamiento de las personas desplazadas, incluso bajo la modalidad de micro-proyectos, así como a la recuperación de los medios de producción agrícola y de las estructuras ganaderas, con el fin de garantizar la paulatina recuperación socioeconómica de las zonas que se han visto afectadas por el conflicto. 
Por experiencia, todos sabemos que estas zonas son material altamente sensible para la cirugía del desarrollo, cuando han sido víctimas de conflictos, y cuando están tan minadas como en este caso. 
Por descontado, vamos a seguir proporcionando ayuda para la sanidad, la educación y el refuerzo de las capacidades de las administraciones provinciales que, en definitiva, serán las encargadas de crear y de preservar las estructuras, los sistemas y los entramados sociales y locales. 
Finalmente, también hemos considerado una buena noticia la intención que ha manifestado el gobierno angoleño de organizar una conferencia internacional para la reconstrucción del país. 
Estamos convencidos de que hay que tener en cuenta a todos los grupos sociales en el proyecto de reconstrucción que se elabore, proyecto que estamos dispuestos a seguir apoyando, siempre que, por supuesto, podamos valorarlo positivamente. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 5.30 p.m. 
El siguiente punto es el debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0218/2002) de Fernández Martín y otros, en nombre del Grupo PPE-DE sobre las inundaciones en Santa Cruz de Tenerife; 
(B5-0231/2002) de Marset Campos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre las lluvias torrenciales en Tenerife y el cambio climático; 
(B5-0237/2002) de Medina Ortega y otros, en nombre del Grupo PSE sobre las lluvias torrenciales en Tenerife y el Levante español y el cambio climático. 
Señor Presidente, el pasado 31 de marzo, en cuestión de dos horas cayeron sobre Santa Cruz de Tenerife, en la Islas Canarias (España) , 224 litros/m2, una gran tromba de agua que ha producido innumerables pérdidas. 
Estos cambios climáticos también se hicieron notar en la Comunidad Valenciana, donde comarcas como la Marina y la Safor también sufrieron gravísimas pérdidas. 
La población local y vecinos europeos prestaron su solidaridad, así como los cuerpos de bomberos y sanitarios, la policía, el Gobierno regional y el Gobierno de España. 
Creo que este Parlamento tiene que ser sensible con la pérdida de vidas humanas, la pérdida de más de 400 viviendas y pedir a la Comisión que ayude también económicamente, que aporte la solidaridad europea con las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, que han sufrido unas devastadoras consecuencias del cambio climático que últimamente tanto está afectando al Mediterráneo y, en este caso, también a las Islas Canarias. 
Por lo tanto, pedimos la solidaridad de la Comisión y preguntaremos al Comisario qué se puede hacer. 
Por ejemplo, grandes infraestructuras que se estaban desarrollando en Santa Cruz de Tenerife, fruto del programa Urban, han sido destruidas, hay que recomenzarlas. 
Obviamente habrá que revisar los presupuestos porque lo que estaba hecho- en este caso con cargo a dotaciones comunitarias- se ha perdido. 
Desgraciadamente, debemos transmitir nuestra condolencia a los familiares de las víctimas mortales y de todos los heridos que ha causado esta riada pero, a continuación, a Dios rogando y con el mazo dando, tendremos que aportar también presupuestariamente las medidas oportunas que puedan mostrar con cifras la solidaridad de todos los europeos por los daños a familias, a bienes y a infraestructuras en estas dos regiones de España. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Pomés ha expuesto la situación: unas lluvias torrenciales en Canarias y en el Sudeste de España, que han producido daños importantes, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con 8 muertos y 400 viviendas, muchos automóviles y propiedades particulares destruidos. 
Desde el punto de vista comunitario, lo que más resalta- desde luego- es el elemento del cambio climático, que incluimos en nuestra propuesta de resolución común, y la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo de Kioto, al objeto de conseguir que este cambio climático deje de producir los daños que produce en la actualidad, que todavía pueden hacerse mayores. 
Debemos tener en cuenta que en materia de edificación y de construcción local la competencia es nacional, regional y local. 
La incidencia, desde el punto de vista comunitario, se encuentra en que, precisamente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, la Unión Europea ha tenido la generosidad de hacer una importante contribución económica para el plan Urban. 
En este momento, la cuestión que se plantea es que, sin poner en duda la utilización adecuada de esos fondos y su ajuste a las consideraciones ambientales, está claro que se nos está escapando el hecho de que el desarrollo urbanístico en zonas insulares como ésta de Canarias y en otras regiones ultraperiféricas lleva a lo que podríamos llamar una utilización abusiva del suelo, sin tener en cuenta otro tipo de consideraciones. 
Quizás la lección que podamos sacar de este tipo de acontecimientos es que en este momento la Unión Europea dispone ya de un importante caudal de conocimientos sobre la edificación en zonas expuestas a inundaciones de carácter catastrófico, no sólo en España, sino en Francia, Inglaterra, Alemania, prácticamente en toda la Comunidad. 
Sin olvidar que el tema es fundamentalmente de competencia nacional, éste es un campo en el que la Unión Europea podría contribuir al bienestar del conjunto de sus ciudadanos utilizando estas experiencias y viendo en qué medida sus ayudas a proyectos como los proyectos Urban pueden ser utilizadas de una manera más eficaz. 
Para ello, al abordar por ejemplo el plan Urban sobre una población determinada, no debemos limitarnos a lo que podríamos llamar los caracteres puramente ornamentales exteriores, sino ver qué incidencia tiene ese tipo de planes sobre el conjunto de la situación. 
Concretamente, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que es una ciudad edificada sobre barrancos, que han sido cegados, se ha ido construyendo como consecuencia de la presión demográfica y de la necesidad de utilizar el territorio. 
Probablemente habría sido útil que en los estudios previos a la realización del plan Urban se hubieran tenido en cuenta ese otro tipo de consecuencias. 
Siempre, desde luego, es mucho más fácil dar lecciones desde la experiencia y lo que no podemos hacer es rehacer el pasado, pero teniendo en cuenta que todavía el plan Urban está en marcha y que la Unión Europea puede haber sacado experiencias de esta situación, yo pediría a los servicios de la Comisión que aprovecharan la ocasión para ver en qué medida las ayudas comunitarias pudieron haber evitado este tipo de catástrofes y éstas podrían servir como ejemplo para otro tipo de proyectos en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera, en primer lugar, recordar que las regiones ultraperiféricas están situadas en zonas donde los ciudadanos conviven con ciclones caribeños y con borrascas oceánicas, por eso no deben extrañarnos algunas catástrofes naturales en dichas regiones, como la ocurrida precisamente en Tenerife, una isla del archipiélago Canario, donde afortunadamente vivimos algunos diputados de esta Cámara, que se vio afectada por unas graves lluvias torrenciales. 
Desgraciadamente, el 31 de marzo pasado, Santa Cruz de Tenerife, una de las capitales de las Islas Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea, Objetivo 1 y que tiene obras incluidas en la Iniciativa Urban- como acaba de señalarse- sufrió una catástrofe natural de dimensiones brutales. 
En sólo dos horas, una precipitación puntual de más de 200 litros/m2 inundó la capital. 
Miles de ciudadanos, cientos de viviendas y locales comerciales, miles de vehículos y una gran parte de la infraestructura pública se vieron afectadas por las devastadoras consecuencias del temporal. 
Pero el hecho más triste fue el fallecimiento de ocho personas. 
A estas desgracias personales se unieron pérdidas materiales cuantiosas, que han sido valoradas en más de 100 millones de euros. 
Por ello, se ha iniciado una campaña social para reparar los daños producidos y para que Santa Cruz de Tenerife siga siendo una ciudad habitable. 
Afortunadamente, la ciudad se está recuperando gracias a la solidaridad y al esfuerzo colectivos y confía en el apoyo oficial de las administraciones públicas canarias. 
No obstante, entendemos que también la Comisión debe adoptar una serie de medidas en coordinación con las citadas autoridades para contribuir, con carácter excepcional, a paliar dichos daños y para que, de esta manera, la ciudadanía canaria pueda sentir que las instituciones europeas están próximas en momentos difíciles. 
Esto se aplica también al caso de la Comunidad Valenciana. 
. (FR) Señor Presidente, al igual que a usted, a la Comisión le han sorprendido las consecuencias de las lluvias torrenciales que el pasado 31 de marzo castigaron a las Islas Canarias y a Alicante. 
En nombre de la Comisión, puedo confirmarle nuestra intención de recurrir a todas las medidas disponibles en el ámbito de la política regional, de la Política Agraria Común y de la política de desarrollo rural para facilitar la reconstrucción de las zonas devastadas y la recuperación de las actividades productivas. 
En cuanto a la política regional, durante el periodo 2000-2006, las zonas afectadas, tanto en Canarias como en la región de Alicante, son catalogables en el Objetivo 1 de los Fondos Estructurales. Además, en el marco de los comités de seguimiento de los programas operativos del FEDER, la Comisión va a estudiar junto con las autoridades españolas, como usted ha dicho, la posibilidad de reorientar eventualmente recursos disponibles de estos programas a la reconstrucción de las infraestructuras que han sido dañadas por estas lluvias torrenciales. 
Pasando a la política de desarrollo rural, que está co-financiada a título del FEOGA-Orientación en las regiones de Objetivo 1, la medida del Programa Operativo Integrado para las Islas Canarias relativa a la conservación de los paisajes y de la economía agrícola contempla, entre otras cosas, actuaciones preventivas y correctoras de los procesos de erosión del suelo, actuaciones de defensa y de prevención de los eventuales daños, así como labores de reconstitución y de regeneración de los ecosistemas. 
Para este dispositivo en su conjunto, existe un presupuesto comunitario de más de 20 millones de euros, y dentro de la política de desarrollo rural, la Comunidad Valenciana disfruta, gracias al Programa Operativo Integrado, de una medida destinada a la silvicultura; esta medida prevé concretamente la reconstitución del potencial forestal tras las catástrofes naturales, así como instrumentos de prevención. 
A este respecto, hay una dotación comunitaria de más de 13 millones de euros y, al igual que en el FEDER, llegado el caso, le corresponde a las autoridades españolas reorientar sus prioridades dentro de la partida prevista por el programa para paliar las consecuencias de esta catástrofe. 
En lo relativo a la intervención del Sr. Medina Ortega, por desgracia estas inundaciones súbitas que se han producido son un fenómeno bastante frecuente en las regiones mediterráneas o en las zonas costeras, y por ello hemos desarrollado junto con los Estados miembros varios proyectos concretos sobre esta cuestión, cuyos resultados nos permitirán determinar si es conveniente adoptar orientaciones sobre la atenuación de estas inundaciones súbitas en el marco de programas de actuación comunitarios. 
En general, y con los datos científicos de que disponemos actualmente, es imposible establecer una relación directa entre estas perturbaciones meteorológicas y el cambio climático. 
Sin embargo, creemos que este cambio climático es la amenaza ecológica más importante de todas las que debemos afrontar, y, a este respecto, los acuerdos alcanzados en Bonn y en Marrakech son un paso adelante para la adopción de un enfoque multilateral en la lucha contra el cambio climático. 
Como acaban de recordarnos, este avance le ha permitido a la Unión y a los países terceros obtener elementos técnicos que les permiten ratificar el Protocolo de Kyoto. 
Como ustedes saben, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó a principios del pasado mes de marzo la decisión de ratificar este Protocolo de Kyoto, y todos juntos vamos a intentar presentar los instrumentos de ratificación de este Protocolo antes del 1 de junio, es decir, antes de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Este será el símbolo del liderazgo que la Unión se ha reservado en este tema, y también de cara a la Cumbre de Johannesburgo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
(Se suspende la sesión hasta las 5.30 p.m., queda pendiente la votación) 
. (EN) Ya he manifestado a esta Cámara la vital importancia del Túnel de La Mancha para la industria de Escocia y para la viabilidad del Eurocentral en Motherwell, en el extremo geográfico más septentrional de una red transeuropea. 
Debemos lograr que el túnel vuelva a plantearse como una cuestión urgente. 
Esta resolución podría ser incluso más dura, pero aún así le doy mi más sincero apoyo. 
No quisiera manifestarme sobre este punto, sino sobre el Reglamento y dirigir una llamada a la Mesa y a la Conferencia de Presidentes respecto de la economía de la sesión. 
Señor Presidente, el martes, por estar tan lleno el orden del día, se suprimió, en realidad en contra de los acuerdos y del Reglamento, el turno de preguntas. 
El miércoles, ayer, el turno de preguntas al Consejo sufrió un recorte de 35 minutos porque el orden del día estaba muy lleno. 
Hoy hemos tenido un orden del día más desahogado y ya hemos terminado a las 17.36 horas. 
Quisiera pedir una mejor economía de la sesión. 
Hoy no somos menos numerosos que en las últimas sesiones, cuando la sesión del jueves que se extendía hasta las 18.30 horas. 
No somos menos numerosos que cuando estábamos aquí el viernes, o quizá sí, y no somos menos numerosos que los que mañana, viernes, estemos aún aquí. 
Por consiguiente, pido que en el futuro se aproveche la tarde del jueves de manera más intensiva que ahora y que se proceda con arreglo al principio siguiente: los que se marchen, que carguen con las consecuencias. 
La Conferencia de Presidentes ha dejado a mi discreción la organización de la agenda del Martes a la luz de la disponibilidad del Sr. Solana antes de que marche a Madrid. 
A pesar de las consecuencias que usted describe, la Cámara entiende que esta es la mejor opción política de momento. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 11 de abril de 2002 
Disculpe, señor Comisario, pero quiero rogar al colega responsable de ese teléfono que lo apague y, a todos los colegas, por favor, apaguen los teléfonos móviles. 
. (EN) Reconozco que estoy completamente en contra de la pena capital, pero creo que lo único por lo que cabría cuestionarse... 
Permítame aconsejarle, señor Comisario, que no pierda la cabeza por este motivo. 
Ruego al personal de seguridad que se encargue de cerrar las puertas para que podamos oír nuestro debate. 
. (EN) Sospecho que en el exterior se está debatiendo uno de los aspectos menos agradables de la civilización europea. 
(Risas y vivos aplausos) 
A veces convendría que lo tuviéramos presente, cuando en Europa, alguna que otra vez, damos lecciones a otros sobre los derechos humanos y las libertades civiles. 
Quiero repetir que estoy eligiendo estas palabras con mucho cuidado. 
Nuestro compromiso con la consolidación de la Autoridad Palestina y con la reconstrucción deberá integrarse dentro de un proceso político más amplio que incluya garantías suficientes por parte de ambas partes del conflicto en el sentido de que nuestros esfuerzos no serán desperdiciados ni destruidos. 
No es posible reconstruir la Autoridad Palestina en un vacío político. 
(Aplausos) 
El Sr. Peres nos dijo ayer que él apoya una Autoridad Palestina floreciente y moderna. 
Es posible que algunos piensen que Israel ha encontrado un modo extraño de expresar ese apoyo durante las pasadas semanas. 
Pero espero que el Sr. Peres hable en nombre del Gobierno israelí y que podamos ver reflejada la opinión que él expresó en la actitud de Israel respecto a las aspiraciones de crear un Estado Palestino y en las acciones de Israel en los territorios palestinos. 
Aunque es aún demasiado pronto para evaluar todo el alcance del daño causado, no hay duda de que también será necesaria una labor de reconstrucción y rehabilitación muy importante. 
La evaluación de las necesidades, que no ha hecho más que comenzar, es urgente. 
No obstante, ya resulta evidente que las necesidades, incluso a corto plazo, se elevarán a cientos de millones de dólares. 
Espero que la reunión de mañana de la comunidad de donantes internacionales que se celebrará en Oslo, el denominado Comité de enlace ad hoc, nos ayude a cuantificar los daños y a comenzar a preparar una respuesta coordinada de los donantes. 
Me gustaría repetir lo que ya he dicho. 
A aquellos que hablan de un Plan Marshall para Oriente Medio, un Plan Marshall para los territorios palestinos, les digo, 'de acuerdo'. 
No obstante, un aspecto muy importante de la ayuda Marshall fue que comenzó cuando los bombardeos habían finalizado. 
En mi última observación, me gustaría referirme a la plena rehabilitación de las estructuras palestinas: existe, además, la necesidad de llenar el vacío administrativo y de seguridad que se ha producido con la retirada de los israelíes. 
La alternativa es el caos y la anarquía, que no beneficiarán a nadie. 
Debo reiterar mi profunda preocupación por la destrucción de las estructuras fundamentales de la Autoridad Palestina y por la ofensiva militar contra Arafat. 
Con ello se merma la capacidad de la Autoridad Palestina para reforzar el Estado de derecho, detener a los terroristas y prevenir los atentados suicidas. 
Además, favorece y aumenta el apoyo entre la población palestina a grupos extremistas como Hamás. 
La lucha contra el terrorismo no puede ser utilizada para justificar la destrucción de la infraestructura fundamental de la Autoridad Palestina. 
(Aplausos) 
También siento gran preocupación por la alteración de la ley y el orden general. 
Estos últimos días hemos presenciado sucesos horribles como linchamientos. 
Es necesario poner fin a esta situación. 
No obstante, es probable que sólo se le pueda poner fin cuando los Palestinos recuperen el control sobre sus zonas. 
Las intervenciones del ejército israelí no sólo apuntaban al aparato de seguridad de la Autoridad Palestina, sino que han dañado sistemáticamente la infraestructura civil que nada tiene que ver en absoluto con la seguridad. 
¿Qué objetivo para la seguridad puede tener la destrucción de los ministerios de Educación, Finanzas, Agricultura y el Registro de la Propiedad? 
(Aplausos) 
¿Por qué destruir la Oficina Central de Estadísticas o el Consejo Legislativo Palestino? 
Esto es sin duda motivo de grave preocupación para esta Asamblea. 
Los palestinos deberán reconstruir gran parte de su Administración, sin la cual la vida diaria no puede funcionar de una manera ordenada. 
La Comisión se ha comprometido a apoyar y reconstruir dichas estructuras. 
Pero nuestros recursos ya han llegado a su límite. 
Una vez realizada la evaluación de las necesidades, volveremos al Parlamento para informar a la Asamblea de las repercusiones financieras y para pedirle su ayuda de cara a proporcionar una respuesta adecuada de la Unión Europea. 
Pero, repito, el Parlamento deberá preguntar a la Comisión, llegado el momento, en qué contexto político intentamos reconstruir lo que se ha destruido. 
He perdido la cuenta del número de debates en los que he intervenido sobre Oriente Medio durante los últimos dos años y medio. 
No falto a la verdad al afirmar que en cada debate, las noticias han sido más desalentadoras que en el anterior. 
Rezo por que llegue el día en que pueda tomar parte en un debate cuando las cosas vayan mejor. 
(Aplausos prolongados) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los aplausos para el Comisario Patten han mostrado claramente que una situación, aunque parezca ser muy dramática y casi expresión de ausencia de esperanza, nunca puede conducir a que terminemos de dialogar. 
Pues si ya no dialogamos entonces sólo hablarán las armas. 
Es importante que tenga hoy lugar aquí este debate sobre el diálogo en el Mediterráneo. 
Quiero dirigir expresamente a la Presidencia española mis palabras de agradecimiento por su compromiso y dedicación. 
Probablemente, a pesar de los estremecedores acontecimientos en Cercano Oriente, nunca ha sido tan necesario el diálogo en el Mediterráneo como ahora. 
Pues actualmente nos encontramos ante el gran peligro de que surja realmente un clash of civilizations. 
Este clash surgirá si en nuestras propias cabezas comenzamos a levantar muros entre las culturas. 
Por ello, nuestra tarea debe ser la de mantener este diálogo entre las culturas tanto en estos días como en el futuro. 
Esto debe ser totalmente prioritario. 
Sin embargo, me turba oír ahora que aunque, por un lado, se proponga la creación de esta Fundación para el diálogo entre las culturas, lo que saludamos, sin embargo, por otro, no se ponga a disposición posiblemente ese millón de euros, que realmente no es una suma muy elevada. 
Si firmamos documentos y esos documentos no tienen ya ningún valor cuando abandonamos la Conferencia, entonces estas Conferencias no tienen ningún sentido. 
Pido por ello a la Presidencia española y a la Comisión que garanticen que se ponga a disposición también el dinero necesario y podamos poner en marcha este diálogo. 
Durante estas semanas y meses en que depositamos esperanzas en la ampliación de la Unión Europea, miramos sobre todo hacia el Este. 
Pero es importante que miremos también hacia el sur, pues los peligros son allí probablemente mucho mayores que los problemas que tenemos en el Este de Europa. 
Si es cierto que la distancia de la capital de Argelia, Argel, a París es menor que la distancia entre París y Varsovia, este hecho tiene que mostrarnos también geográficamente que el área del Mediterráneo, el Norte de África, el Cercano Oriente, para nosotros los europeos es de la mayor importancia. 
Estamos a favor de llegar a una auténtica cooperación estratégica política con el área del Mediterráneo, con los países del norte de África, con el Cercano Oriente, de llegar a una cooperación económica y financiera y a una cooperación social y cultural. 
Naturalmente, la lucha contra el terrorismo es importante y todos estamos a favor de esta lucha. 
Pero no debemos reducir nuestro diálogo con el mundo árabe e islámico a la lucha contra el terrorismo sino que debe ser un diálogo que incluya todas las cuestiones políticas, económicas, financieras y culturales. 
Por ello, tenemos que hacer allí mucho más de lo que hemos hecho en el pasado. 
(Aplausos) 
Por supuesto, es importante tener una Asamblea parlamentaria euromediterránea. La hemos exigido. 
Pero no haríamos justicia a nuestra responsabilidad como europeos, como Parlamento Europeo, si creyésemos que nuestras tareas quedan ya satisfechas con la creación de una institución de este tipo. 
No, tenemos que llevar a la práctica nuestras declaraciones solemnes. 
He visitado Israel varias veces y también muchos Estados del mundo árabe y mi impresión es que estos países solamente podrán vivir en seguridad, libertad y democracia si realmente logramos crear allí puestos de trabajo. 
El Comisario ha dicho que son necesarios 40 millones de puestos de trabajo en el área del Mediterráneo. 
Si no se crean, los jóvenes seguirán metiéndose en pateras y, según las apreciaciones, en su intento de llegar a España o Portugal cada año morirán 7.000 personas en el Mediterráneo solamente provenientes de Marruecos. 
Sobre todo, tenemos que contribuir a que la economía se privatice, que los estamentos medios tengan una oportunidad para que se creen puestos de trabajo. 
Hay que superar el analfabetismo en los Estados del norte de África, pues la formación es una de las condiciones previas más importantes para el desarrollo de las personas y sobre todo es también la condición previa para la realización de los derechos humanos. 
Respecto al Cercano Oriente: hemos mantenido en nuestro Grupo también unos debates muy intensos sobre estas cuestiones pues se trata de un asunto muy serio y difícil. 
Pero decimos muy en primer lugar: acabad con la política del ojo por ojo y diente por diente. 
Si se prosigue así, nunca habrá paz en el Cercano Oriente. 
Por ello, es importante que las tropas israelíes se retiren, pero al mismo tiempo decimos que es un crimen convencer a jóvenes para que se coloquen en el cuerpo explosivos y matar de este modo también a otras personas. 
Por ello, tenemos que plantear las mismas exigencias a ambas partes, a Israel y a los palestinos. 
También tenemos que constatar que nuestros amigos americanos no pueden ellos solos establecer la paz. 
Por supuesto, los americanos tendrán que realizar una aportación importante, pero la confianza en nosotros, los europeos, es mayor entre los palestinos, por diferentes motivos, que la que tienen en nuestros amigos americanos. 
Por este motivo- naturalmente, también a causa de Israel, pero también por este motivo -, tenemos una importante responsabilidad en esta región. 
Gracias a Dios, hay también representantes de Israel con mucha credibilidad. 
Ayer, en la Conferencia de los presidentes, hemos hablado con el Presidente del Knesset, con Abraham Burg, y tengo que decirles que esta conversación me ha dado nuevas esperanzas pues en Israel hay también personalidades políticas que ponen en primer plano la reconciliación y no el enfrentamiento y las medidas militares. 
Apelamos a las partes afectadas, los palestinos, los israelíes, la comunidad mundial, para que apoyen nuestros esfuerzos e impere por fin la paz en Cercano Oriente y como europeos logremos un futuro positivo también con los países del área del Mediterráneo e Israel y Palestina puedan vivir dentro de unas fronteras seguras. 
Esto radica en beneficio de los derechos humanos en Cercano Oriente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señoras, señores, Señorías, en realidad tengo la vaga impresión de que, por una parte, todos tenemos razón y, por otra, todos somos hipócritas. 
Decimos que Israel no hace lo suficiente o que hace demasiado y es cierto. 
Decimos que los palestinos no hacen lo suficiente y es cierto. 
Y nosotros, ¿hacemos lo suficiente? 
Planteo una pregunta muy sencilla. 
En Barcelona decidimos una ayuda al desarrollo, no del 0,7 % lo que es necesario, ni del 1%, lo que es más que necesario, sino del 0,39 %. 
Y a continuación hacemos discursos diciendo que hace falta crear 40 millones de puestos de trabajo en el Magreb y más de 150 millones en todo el mundo. 
¿No somos hipócritas? 
¿No somos personas que hacemos discursos, pero que cuando se trata de adaptar nuestros presupuestos pensamos en primer lugar en nosotros, y sólo después en los demás? 
¿No es así? 
Por tanto, planteo esta pregunta: ¿Hacemos nosotros lo suficiente? 
Vamos a plantear ahora el problema de Israel. 
Es evidente que la comunidad internacional dijo "sí" al Estado de Israel tras la barbarie del holocausto. 
Era justo e injusto al mismo tiempo. 
La comunidad internacional hizo causa común de una justicia y de una injusticia al mismo tiempo. 
Ya es hora de garantizar la justicia y de reparar la injusticia. 
Reparar la justicia quiere decir que la ONU, hoy, mediante un voto solemne, decrete el Estado palestino, al igual que mediante un voto solemne decretó el Estado israelí. 
Esto es reparar la injusticia y garantizar la justicia. 
Se puede hacer inmediatamente. 
En segundo lugar, si hace falta imaginar la paz, ¿quién puede conseguirla? 
Decimos que el Estado de Israel es un Estado democrático. 
Es cierto. 
Creo que la Autoridad Palestina es una estructura social en vías de democratización, pero aún le queda mucho por hacer. 
Aunque sabemos que en unas elecciones democráticas no son siempre los más demócratas los que más votos tienen y hay elecciones en Europa que nos lo han demostrado. 
(Aplausos) 
Por tanto, a partir de ahí, ¿cómo tranquilizar a la sociedad israelí para que se libere por fin de Ariel Sharon? 
Porque no hay más que una solución para llegar a la paz y es que por fin haya en Israel un gobierno que de nuevo vele por la paz, algo que no ocurre con este gobierno en este momento que, con el pretexto de más seguridad para Israel, lleva más muertos e inseguridad al pueblo israelí. 
Para ello, es necesario que hagamos más. 
Abraham Burg ha dicho: "¿ Por qué no garantizar la integridad del territorio de Israel, por ejemplo, integrando a Israel en la OTAN ?" 
Efectivamente, ¿Por qué no? 
Pensemos en esto por un lado, y por otro, que la OTAN garantice la integridad del Estado palestino decretado por la ONU lo más rápidamente posible. 
Hoy, esos pueblos, a la vista de la situación, no son capaces de garantizar la seguridad del otro, de garantizar la esperanza del otro. 
Nos corresponde a nosotros, comunidad internacional, pensar en garantizar las dos seguridades. 
Dos Estados, una paz, una seguridad. 
¿Hacemos lo suficiente? 
¿Hemos llegado verdaderamente al límite de nuestras contradicciones? 
Terminemos de decir, por una parte, que todos somos israelíes o, por otra, que somos todos palestinos. 
No somos ni israelíes ni palestinos. 
Somos europeos que quieren luchar por el derecho a vivir en un Estado para los israelíes y para los palestinos. 
Somos todos israelo-palestinos o palestino-israelíes. 
Que nos entre esto en la cabeza de una vez por todas. 
Y si llegamos a pensar así, podremos pensar que si Sharon ha cometido crímenes contra la humanidad, o crímenes de guerra- no sé nada de eso y no me corresponde a mí decidirlo- ahora tenemos en La Haya un tribunal internacional. 
Desde Sabra y Chatila hasta lo que ocurrió en Yenín es necesario que los responsables de masacres comparezcan ante el Tribunal de Justicia Internacional. 
(Aplausos) 
Sí, los que aplauden esto deben también aplaudir para que los responsables palestinos que envían a jóvenes a provocar masacres en Israel comparezcan también ante el Tribunal Internacional de La Haya. 
Unos y otros. 
(Aplausos) 
Y si nosotros argumentamos así, si seguimos, entonces seremos creíbles. 
Termino con esto, estoy a favor de una comisión de investigación internacional de la ONU sobre lo sucedido en Yenín, y pregunto a todos aquellos que hoy están a favor de esto, diciendo también que, con todo, el Estado israelí es un Estado democrático, por qué se negaron a una comisión de investigación internacional en Argelia cuando Argelia no es ni la mitad de democrática que Israel actualmente. 
Un peso, dos varas de medir. 
Eso es lo que digo. 
Somos hipócritas, estamos a favor de algo cuando nos interesa y en contra cuando no nos interesa. 
Cuando estemos en nuestro sitio seremos creíbles en el mundo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en muchos sentidos nos hemos vuelto tan insensibles a la violencia que se produce en todo el mundo que da la impresión de que nos hemos mantenido completamente al margen de lo ocurrido en Yenín y de lo ocurrido con los atentados suicidas en Israel. 
Lo cierto, naturalmente, es que debemos intentar encontrar soluciones y esforzarnos por realizarlas. 
Pero no debemos olvidar, en primer lugar y ante todo, que se trata de seres humanos. 
Debemos situarnos en el contexto de que cada vida humana individual es sagrada y bendita. 
Si examinamos la situación desde esa realidad, no es difícil encontrar una solución o un compromiso, porque a pesar de lo que han dicho algunos oradores, no es el amor a la patria o el nacionalismo lo que desata la violencia bélica; es la falta de respeto, la falta de tolerancia con puntos de vista diferentes y con la diversidad que existe en nuestra sociedad. 
Eso es lo que provoca la violencia y el conflicto. 
La única solución real a los problemas en Israel, en Palestina y en toda la región de Oriente Medio pasa por reunir a las partes enfrentadas. 
Las paces hay que hacerlas con el enemigo, no con los amigos. 
No tiene ningún sentido afirmar que apoyamos a Israel o a Palestina. 
No tiene ningún sentido que los estadounidenses digan "apoyamos lo que están haciendo los israelíes" o "les estamos pidiendo que moderen su respuesta". 
A menos que los israelíes y los palestinos se sienten a negociar y resuelvan sus problemas, nada de lo que hagamos o digamos nosotros será más eficaz que lo que ellos consigan por sí mismos. 
La dificultad, no obstante, radica en reunirlos. 
Cada parte debe ceder en algo. 
Cada parte debe rebajar su posición negociadora o su objetivo último, en cierta medida, porque en un proceso de paz no puede haber vencedores ni vencidos. 
Con el mismo rigor con que condenamos todas las formas de violencia, con el mismo rigor con que condenamos los episodios que se han producido en Yenín, el sitio a la iglesia de la Natividad en Belén y los atentados suicidas que se cometen en cafés y restaurantes de Israel, también debemos estar dispuestos y ser conscientes para poder contribuir a reunir a las partes. 
El único modo en que podemos hacerlo es sacándolas del área de conflicto y llevarlas hasta el diálogo, ofrecerles el apoyo, la fuerza y el respaldo que necesitan, y no sólo persuadirles de que se puede alcanzar la paz y de que la armonía entre los pueblos israelí y palestino es posible, sino también de que recibirán toda la ayuda necesaria de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros para alcanzar esa meta. 
Con la mano en el corazón, debemos asumir nuestro compromiso con la paz, la justicia y, lo que es más importante de todo, con la humanidad. 
Señor Presidente, en este Parlamento y en las demás instituciones europeas se reitera una y otra vez que la Unión Europea es y debe ser una comunidad de valores. 
Por tanto, las manifestaciones antisemitas sencillamente no tienen cabida en nuestra comunidad europea. 
Sin embargo, esta situación ha variado como consecuencia de la escalada del conflicto en Oriente Medio: abundan las manifestaciones antisemitas absolutamente condenables. 
¡Creo poder afirmar que tal actitud no es digna de Europa, el continente del holocausto! 
¿Cuáles son los límites de lo políticamente correcto en los Estados miembros de la Unión Europea? 
Hoy en día ésta no es una pregunta abstracta. 
Hace poco he podido observar en una revista española cómo el nombre del Presidente de Israel iba acompañado de una cruz gamada y cómo el rostro de dicho Jefe de Gobierno se había transformado en una cabeza de cerdo con kipá. 
Por unos momentos me creí en la era del notorio emponzoñador nazi Julius Streicher. 
Con razón el responsable de Asuntos Exteriores del Gobierno israelí, Simon Peres, ha vertido duras críticas contra nuestros excesos antisemitas durante la Conferencia Euromediterránea de Valencia. 
Justo antes de la inauguración de la Cumbre Euromediterránea se procedió a la firma del acuerdo de asociación entre Argelia y la Unión Europea. 
En dicha sesión solemne el Presidente argelino Buteflika calificó a los suicidas palestinos de 'mártires? y justificó sus actos terroristas apelando a la' legítima defensa?. 
De este modo, Buteflika socavó de entrada el objetivo de la ' lucha contra el terrorismo? , uno de los elementos más notables del acuerdo de asociación. 
Señor Presidente, si la Unión Europea desea erigirse asimismo en interlocutor válido para el Estado de Israel tendrá que oponerse y continuar oponiéndose firmemente a todas las manifestaciones de antisemitismo y terrorismo. 
Agradezco al Sr. Piqué i Camps y al Sr. Patten su enérgica condena del terrorismo en Oriente Medio. 
Quisiera pedir a los colegas que desean protestar que lo hagan en silencio y permitan continuar al orador. 
Señor Presidente, no tiene corazón, sobre todo si es francés, todo aquel que no esté apenado por lo que sucede en Oriente Próximo, en los lugares santos de los que Francia fue protectora durante siglos. 
Este verdadero desafío a Dios que constituye la irrupción de la violencia en la cuna de Jesús puede aparecer como preapocalíptico. 
Francia y Europa están ausentes desde que se pusieron a las órdenes de los Estados Unidos en la persona del Sr. Solana, antiguo Secretario General de la OTAN. 
No podemos más que lamentarlo. 
Domine dona nobis pacem. 
Señor Presidente, yo también considero que la reunión de Valencia ha sido un éxito y lo ha sido, y en esto coincido con el Presidente Piqué, por el mero hecho de haberse celebrado. 
He tenido el honor de encabezar la delegación del Parlamento Europeo y debo manifestar que la Conferencia se ha desarrollado a través de un intenso debate que en algunos momentos ha sido incluso muy difícil; sin embargo, el consenso sobre el programa de acción, así como, y evidentemente el Parlamento Europeo lo resalta, la aprobación de la idea de la Asamblea parlamentaria, así como de la Fundación para el diálogo intercultural son, sin duda, un éxito. Todo esto nos hace decir que, a pesar de la trágica situación en Oriente Próximo, es posible que después de Valencia, las cosas puedan ir algo mejor. 
De todas maneras, seguramente existen las bases para relanzar el proceso de cooperación en la cuenca del Mediterráneo. 
Pienso que Israel tiene que vencer a muchos enemigos para vivir seguro y en paz. 
Como ya se ha dicho, el primero de estos enemigos es, sin duda, el antisemitismo, y nosotros, como Unión Europea y Parlamento Europeo, estamos en primera línea para combatir esta tremenda plaga que nos ha golpeado incluso recientemente aquí, en nuestros Estados miembros, con atentados execrables. 
Otro enemigo es el terrorismo, y también en este caso nosotros estamos con Israel, contra cualquier forma de terrorismo como, por ejemplo, los atentados suicidas. 
Sobre este punto subsiste cierta ambigüedad en algunos partidos y en algunos países árabes cuando se dice que también en Europa la lucha contra el nazismo y el fascismo fue una rebelión: fue una rebelión, sí pero, dejando a un lado la comparación desacertada, quiero recordar que la resistencia contra el nazismo y el fascismo nunca se dirigió contra los civiles: matar a civiles no es un martirio, como se ha dicho, sino terrorismo. 
El tercer enemigo de Israel es hasta la fecha el rechazo de muchos países a la hora de reconocer su existencia y de mantener relaciones correctas con este país. 
Desde este punto de vista, el plan saudí puede constituir una novedad importante. 
El cuarto enemigo de Israel, quisiera decirlo, es la gran desconfianza hacia la Unión Europea. 
Esta desconfianza que quizás se podía explicar en el pasado, ahora es absolutamente inaceptable y no tiene ninguna razón de ser. 
Es justamente en la Unión Europea, en sus principios, en sus políticas donde Israel tiene un amigo y un aliado: no aprovechar esta amistad y esta alianza es un gravísimo error por parte del Gobierno de Israel. 
Por último, es mi opinión personal, otro enemigo de Israel es el Gobierno Sharon y su política: los actos simbólicos y los gestos concretos. 
Evidentemente, le corresponde al pueblo israelí evaluar el daño causado por Sharon al convertir la lucha justa contra el terrorismo en un uso desproporcionado, excesivo e inaceptable de la fuerza, al pregonar la idea de que existe una solución militar para derrotar al terrorismo y para salir de la crisis, al convertir al representante de la Autoridad Nacional Palestina en el jefe de los terroristas, al privarle de libertad para luego decir que no hace nada contra el terrorismo, al no reconocer el objetivo de dos Estados y de dos pueblos, al no fijar con claridad una fecha concreta para la retirada de todos los territorios ocupados. 
Todas estas posiciones del Gobierno Sharon ponen a Israel en una situación difícil y, sin duda, no favorecen la paz ni, por eso mismo, un futuro cierto para Israel. 
Por último, la seguridad no radica en el número de tanques que ocupan el territorio, sino en el compromiso de la comunidad internacional, y Madrid, el Cuarteto, como ha dicho el Presidente Piqué, es la novedad más importante. 
Se nos brinda esta oportunidad que hay que aprovechar para poner en marcha, como ha dicho Javier Solana, una nueva y corta negociación para una paz que sea estable y duradera para el pueblo palestino y para el pueblo israelí, así como para toda la cuenca del Mediterráneo. 
Debemos hacer algo más para que los jóvenes puedan confiar en un futuro de paz y de seguridad. 
Señor Presidente, me parece evidente, al empezar una valoración sobre la Conferencia de Valencia y sobre la situación en Oriente Medio, señalar una coincidencia especialmente relevante primero, destacar hasta qué punto el relanzamiento del proceso de Barcelona ha llegado a estar justificado en este momento, y al mismo tiempo reconocer que nos encontramos con el peor momento de la situación en Oriente Medio, desde hace muchos años. 
Yo he defendido en muchas ocasiones- lo saben ustedes- que el proceso de Barcelona debe y puede ayudar al máximo al proceso de paz y que lo deseable es que el conflicto de Oriente Medio frene lo menos posible el proceso de Barcelona. 
Pero es evidente hoy que el estado de las cosas es extremadamente difícil y penoso. 
El simple hecho de que con esta dificilísima situación se ha aprobado el Plan de Acción, demuestra hasta qué punto la justificación del relanzamiento del proceso de Barcelona ha llegado a tener fundamento. 
Creo que la aprobación del plan cubre los objetivos que nos habíamos fijado. 
En primer lugar porque fija una prioridad repetidamente justificada y, en segundo lugar, porque se basa en el modelo de plan de acción, en hechos concretos. 
Los planteamientos operativos hechos, como ya se ha dicho anteriormente, impulsan la defensa de los derechos humanos, el desarrollo, el trabajo, el diálogo, la paz y la democracia. 
Además lo hemos hecho con instrumentos importantes como la Fundación, como la decisión de no renunciar al Banco, a un banco abierto, un banco que permite la copropiedad, como la creación de una Asamblea Parlamentaria que además de ser útil reúne dos características: en primer lugar, que es una propuesta del Parlamento y en segundo lugar, que es una propuesta genuinamente parlamentaria, por lo tanto nos pertenece de forma muy especial. 
El hecho de que en este momento la Autoridad Nacional Palestina tenga sus estructuras destruidas, que Arafat esté detenido, que haya una ocupación, que haya graves problemas humanitarios, que, al mismo tiempo, el gobierno de Israel no atienda a nada, a ninguna ley ni a ningún acuerdo y que la Unión Europea no pueda imponer ninguna solución, es una situación de extrema gravedad. 
Naturalmente, yo valoro de forma positiva que el Sr. Solana hoy esté en Palestina y valoro de forma positiva que en Valencia ayer y anteayer ambas delegaciones estuvieran sentadas al menos durante un tiempo en la misma mesa y considero que el plan de acción es una aportación vital para la paz pero, insisto, no se cumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad, y este Parlamento no ve cómo el Consejo de la Unión Europea pueda aplicar las medidas aprobadas. 
Me refiero al embargo, al acuerdo de asociación con Israel, pero también me refiero a la importancia que Estados Unidos tiene en este tema, y hasta qué punto el Parlamento, hasta qué punto la Unión Europea está insistiendo. 
Simplemente, señor Presidente, todo lo anterior nos impide expresar una satisfacción que por diversas razones podría estar justificada. 
Señor Presidente, ayer viajé con el Sr. Watts y otras personas a Yenin. 
He estado en Palestina docenas de veces desde 1968 y he visto innumerables casas destruidas. 
Pensaba que ya estaba inmune, pero lo de Yenin es peor que lo que me imaginaba. 
Se puede decir que Yenin es el ground zero de Palestina. 
También puede decirse que Yenin es un nuevo Deir Yassin. 
Fue allí donde en abril de 1948 los camaradas de partido del señor Sharon asesinaron a 250 civiles palestinos, convirtiéndose en la señal para la masiva huida de palestinos que es el trasfondo de todo el problema. 
Ésa fue la intención en aquella ocasión. Hay muchos indicios de que ésa también es la intención en esta oportunidad. 
Se intenta hacer cundir el terror entre los palestinos para que se vayan. 
Se les quiere hacer huir. 
Los que se queden serán encarcelados. 
El New York Times del domingo pasado señalaba que se va a levantar un muro de Berlín en torno a Cisjordania. 
No se trata de un muro entre Israel y Palestina, sino que un muro alrededor de toda Cisjordania, de modo que toda la zona se convertirá en un gran campo de concentración. 
Cuando estuvimos allí hace algunas noches, doce palestinos fueron expulsados de sus apartamentos en el centro de la ciudad. 
Según el periódico Ha ' aretz esto es parte de la estrategia para cercar la ciudad antigua con posiciones judías. 
El Jerusalem Post señala que Ben Elon, miembro del parlamento israelí, "he promises Jewish continuity in Jerusalem." 
Si sustituyésemos la palabra "jewish" por "blanco", "sueco", "cristiano" o por cualesquier otra denominación étnica o nacional, todo el mundo gritaría "racismo, racismo". 
¿Por qué son tan extremadamente cautelosos los señores Piqué y Patten? 
Ciertamente dijeron cosas muy acertadas, pero por qué no ven las cosas como son y reconocen que la política israelí de ocupación es la misma política que finalmente condujo al boicot contra Sudáfrica. 
Es la misma política que finalmente llevó a la intervención en Kosovo para salvar a los albanokosovares. 
Por eso hay que tratar a Israel tal como lo hicimos con la política segregacionista en Sudáfrica y en la Serbia de Milosevic. 
Hay que aislar al régimen de Sharon. 
Por suerte hay muchas personas que piensan de esta manera. 
Ciento veinte investigadores han publicado una carta en el periódico The Guardian exigiendo que se excluya a Israel de la colaboración científica con la UE. 
Los Colegios Médicos de Suecia y del Reino Unido han propuesto que se excluya al Colegio Médico de Israel de la World Medical Association y a comienzos de mayo la Federación Internacional de Fútbol FIFA decidirá la expulsión de Israel. 
En Sudáfrica, el ministro judío Ronald Kasrils exige un boicot contra Israel. 
Ha llegado la hora de que en la UE seamos un poco más decididos y por lo menos apliquemos las tibias exigencias del Parlamento, esto es, que se suspenda el acuerdo de asociación con Israel. 
Lo menos que se puede pedir es que el Consejo y la Comisión apliquen esta medida en la práctica. 
Señor Presidente, a pesar de que la cuestión israelo-palestina haya acaparado la atención en Valencia- no podía haber sido de otro modo, dada la tragedia- es indudable que se ha avanzado en la aprobación de una agenda que desarrolle el diálogo y la asociación. 
Creo asimismo que no es menos importante la decisión de crear una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, en la que deberemos trabajar muy intensamente. 
En muchas ocasiones he manifestado mi opinión acerca de la solución al conflicto. Estoy cansada de repetir siempre lo mismo y suscribo muchas de las cosas que aquí se han dicho. 
Por lo tanto, quisiera utilizar el tiempo de que dispongo para repetir unas frases de algunas mujeres palestinas y israelíes que han acudido juntas al Parlamento para pedirnos una acción de paz. 
Son mujeres del Jerusalem Link, mujeres diputadas israelíes y palestinas. 
Son voces que mantienen una esperanza de futuro, voces de quien espera de nosotros acciones coherentes. 
Agradezco las palabras y los gestos del Presidente Piqué, del Sr. Solana- que no está presente- y del Comisario Patten; sin embargo, creo que debemos hacer realidad el mandato de la que fue la resolución de nuestro Parlamento. 
Les leo las palabras de estas mujeres: " La deliberada matanza de civiles inocentes tanto palestinos como israelíes no se debe perdonar. 
Prolongar el sufrimiento de la población palestina, destruir las infraestructuras, los hogares de civiles, mantener segregado a Arafat lo único que va a provocar es que se agrave el sufrimiento y la inseguridad de ambas poblaciones y que se destruya toda perspectiva de paz. 
Ambos pueblos no pueden alcanzar la paz y la seguridad sin erradicar las causas profundas de este conflicto, el verdadero enemigo de la paz: la ocupación militar. 
Actualmente, el clima de miedo y de obsesión de represalias embarga a ambos pueblos. 
Nosotras, las mujeres, nos negamos a que estos miedos nos paralicen y embarguen. 
No podemos cerrar los ojos ante las políticas y las prácticas que se han formulado para humillar, intimidar y forzar la sumisión palestina al programa estratégico de Israel de expropiación, asentamiento y colonización, llevado adelante a lo largo de 34 años de ocupación. 
No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que los intentos no violentos de movimientos palestinos de oponerse a la negación de sus derechos humanos fundamentales han chocado históricamente con la violencia y las medidas represivas israelíes y con el silencio de la comunidad internacional. 
Para lograr la paz y la seguridad hay que poner fin a la perpetración de la negación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en el contexto de una negociación justa y global. 
Por esto, pedimos a las fuerzas internacionales una presencia internacional para proteger a la población civil. 
Por esto, pedimos la aplicación de las Resoluciones de las Naciones Unidas. 
El derecho, el reconocimiento mutuo y el respeto a los recíprocos derechos individuales y colectivos abrirán el camino a la construcción de la paz ". 
Esto es lo que dicen estas mujeres y creo que no podemos dejar de escuchar estas voces de mujeres israelíes y palestinas, pero también de muchos hombres palestinos e israelíes que juntos dicen: " ¡Basta! 
¡Acabemos con la ocupación militar! " 
Ahora debemos pasar de las palabras a los hechos concretos. 
Hoy la presencia de la Unión Europea, que espero que se haya reunido con Arafat, es importante, aunque debemos procurar por todos los medios que Israel sepa que en la defensa total de cualquier acto que pueda afectar al pueblo judío, no es posible permitir que se siga así. 
Debemos utilizar también los instrumentos de que disponemos. 
No podemos ser racistas, utilizar para Zimbabue la suspensión del Acuerdo y para Israel, por el contrario, sólo palabras amables. 
Debemos actuar lo antes posible porque la paz es un bien para todos. 
Señor Presidente, una de las conclusiones de la Cumbre de Valencia son los acuerdos de asociación de la Unión Europea con Argelia y Líbano. 
Creo que el Parlamento Europeo no puede dejar de evidenciar que están destinados a quedar en letra muerta en lo que se refiere a las cláusulas que vinculan todos los acuerdos económicos e institucionales de la Unión con los terceros países al respeto de los derechos humanos, civiles y políticos. 
Por diferentes razones, ciertamente, Líbano y Argelia no mantendrán estos compromisos. 
Y ésta es una hipocresía que mina la credibilidad interna e internacional de la Unión que, sobre el papel, tranquiliza a la opinión pública europea respecto de su compromiso en favor de la libertad y de las garantías para los ciudadanos de los países contratantes, pero que, en la práctica, no se atreve nunca con Gobiernos- de Túnez a Laos- que cobran las ayudas, pero que luego no hacen absolutamente nada para cumplir los compromisos. 
Sería conveniente que se reflexionara sobre esto y se optara por una más honorable renuncia a las cláusulas, en lugar de continuar mostrando hipocresía e impotencia. 
El Parlamento debería reflexionar sobre esto, habida cuenta que pidió y sigue pidiendo sanciones contra Israel, el único país en Oriente Próximo comprometido con el respeto a la democracia y a los derechos humanos y civiles. Por el contrario, se da la circunstancia de que el Parlamento no pide o no ha pedido nada a los demás países con la misma fuerza. 
Europa, señor Presidente, se ha centrado o se centra en la frontera nordeste- véase la ampliación- pero ha descuidado culpablemente la frontera sur, la del Mediterráneo. 
Mucho de lo que Europa sufre, por ejemplo, en términos de inmigración y de seguridad, tiene su origen en la frontera sur de Europa, en la relación con el mundo islámico. 
He valorado las propuestas y las palabras sobre el relanzamiento del proceso de Barcelona. 
Alguien ha saludado como un éxito la Cumbre de Valencia. 
Hemos de recordar que también la Cumbre de Barcelona fue saludada como un éxito y hoy decretamos su fracaso. 
Temo que sucederá lo mismo si no pasamos a los hechos concretos. 
Un ejemplo que vale por todos: ¿Para cuándo la puesta en discusión de las políticas proteccionistas de Europa en materia comercial en los mercados de los productos manufacturados y en el mercado de los productos agrícolas? 
Seguiremos defendiendo la PAC contra el interés que tenemos o deberíamos tener por que los productos agrícolas del Magreb lleguen aquí generando empleo o quizás también un freno a la inmigración? 
Por último, en cuanto al conflicto israelo-palestino: es comprensible la satisfacción expresada por la visita a Palestina de nuestra delegación. 
Sabemos qué pedimos a Israel. 
Ayer el Consejo ha vuelto a instar a Israel a no intervenir en Ramala contra Arafat. 
Bien ¿pero qué pediremos a Arafat? 
¿Acaso nos conformaremos con sus negativas o pediremos el fin del goteo de los atentados de los kamikazes? 
Por último, señor Presidente, quiero reiterar con fuerza la necesidad y la oportunidad de que la Unión Europea manifieste su disponibilidad a llegar a la plena integración de la democracia israelí en la Unión Europea. 
Ayer, el Presidente del Knesset, Avram Burg, dijo que veía mal el bastón de las sanciones y que, por el contrario, veía bien la zanahoria de la plena integración. 
Es una ocasión que hay que aprovechar para una Europa que pretenda la paz y el futuro de esa región, para una Europa que tenga una visión. 
Y ésta es una visión. 
Señor Presidente, pensé que se había saltado mi turno de palabra, dando un lamentable ejemplo de incumplimiento de las mismas normas que usted reprocha a algunos representantes franceses que no cumplen. 
Lamento que el Presidente Cox le haya cedido la presidencia, por así decir, pues hubiera querido decirle directamente, aunque sin duda usted será mi portavoz, que en Francia, en muchos sectores de opinión, entre los soberanistas en particular, sus tomas de posición hasta anteayer sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Francia son nulas y sin valor, no tienen ningún efecto, pero ante todo demuestran un incumplimiento muy grave del deber de imparcialidad que debe respetar cualquier presidente de una asamblea, por una parte, y aún más una asamblea internacional y no supranacional que no debe inmiscuirse en los asuntos políticos de un país miembro. 
Espero que se arrepienta y retire las palabras totalmente inútiles y escandalosas en muchos sentidos que pronunció anteayer. 
A propósito de Oriente Próximo, sólo una cosa nos preocupa- al menos en lo que se refiere al aspecto europeo -, y es de nuevo la ausencia de Europa y finalmente de los Estados miembros de Europa vinculados como están por una falsa solidaridad europea en el escenario de Oriente Próximo en el que se producen los acontecimientos dramáticos que se están viendo no sólo desde hace semanas y meses sino en realidad desde hace años. 
Que no se nos diga de nuevo, señor Presidente, que Europa debe tener una política exterior. 
Se dijo en 1991 durante la guerra del Golfo, se volvió a decir tres años más tarde en el asunto de los grandes lagos de África, se dijo de nuevo a propósito de Bosnia, se dijo de nuevo a propósito de Kosovo. 
En cada ocasión se trataba de un deseo bienintencionado, en cada ocasión en que surge una crisis Europa está muda, porque los países europeos son incapaces de ponerse de acuerdo en una línea común. 
Europa no puede hablar con una sola voz más que para no decir nada, y no lo dice porque es prisionera de una concepción exagerada y peligrosa de su unidad, ella impide a las naciones que se expresen. 
Esto es grave principalmente para Francia que hubiera tenido, si no estuviera atada por los lazos europeos, una voz de justicia, una voz de paz y una voz oída por un gran número de países del mundo. 
Ya es hora de que Francia- estoy convencido de ello desde hace años- se sacuda el yugo y nadie duda de que lo hará como los franceses desean en su inmensa mayoría, en los próximos años. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, realmente yo también creo que el encuentro de ministros en Valencia ha sido un éxito y poco a poco nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene para todos nosotros el área del Mediterráneo, además no sólo para los países de la Unión Europea ribereños del Mediterráneo sino también para los países que están muy alejados de esa zona. 
El área del Mediterráneo es importante, la ampliación es importante, y esto es de interés común para todos nosotros. 
Vemos que si en el área del Mediterráneo no existe una evolución seria y pacífica entonces arde delante de nuestra propia casa. 
El atentado ejecutado en Djerba contra turistas muestra lo cerca que ese fuego ha llegado ya delante de nuestra propia casa. 
Por este motivo, es importante que se lleve este diálogo sobre la base de la igualdad de derechos. 
Este es también un diálogo cultural que la política no puede superar por sí sola. 
La creación de una perspectiva económica, social y política para las personas en el norte de África es para nosotros de la mayor importancia pues de este modo se podrá iniciar un desarrollo estable y democrático en esta región. 
Por ello, también es tan importante que la ayuda llegue allí con rapidez, sin obstáculos burocráticos y con efectividad. 
Sé que el Comisario Patten ha realizado en los últimos años grandes esfuerzos para lograr mejoras en este campo, pero seguimos estando en una situación por la que se da dinero y se adoptan resoluciones formales, pero su eficacia deja mucho que desear. 
La aplicación no es suficiente, pues tenemos dificultades tanto en nuestro lado como con la burocracia existente en los correspondientes países y esto tiene que cambiar. 
No lograremos el éxito en la totalidad del área del Mediterráneo mientras no se produzca una solución al conflicto del Cercano Oriente, pues dicho conflicto dispara las emociones y hace difícil una solución total a la problemática del Mediterráneo. 
Considero que a veces es ridícula la diplomacia de viajes que actualmente se practica. 
Las semanas pares viaja Powell y las impares Solana. 
Señor Presidente, ¿qué tal sería si en el Consejo se acordase que la próxima delegación no vaya a Jerusalén sino a Washington para lograr por fin allí que vaya una delegación conjunta a Jerusalén y Ramallah, junto con los rusos y las Naciones Unidas? 
Creo que esto es lo que marca la diferencia real. 
El Comisario Patten ha hablado aquí de joint efforts y precisamente esto es lo que hay destacar muy claramente en esta cuestión. 
Sé que existen grandes reservas diplomáticas en algún que otro lado, pero creo que tenemos que lograrlo, que sólo unos esfuerzos comunes con los Estados árabes que tienen la voluntad de hacer algo podrá poner fin a la violencia diciendo que se ha llegado ya al límite. 
Tenemos que lograr el reconocimiento de los dos Estados- el israelí y el palestino- por parte de todos los vecinos. 
Esta es una importante condición previa para un posterior desarrollo. 
Es necesario en especial encontrar una solución al problema de los refugiados para que las personas tengan allí una nueva perspectiva y los campos de refugiados no sean el foco de un terror permanente. 
Hay que acabar con ello. 
No se puede aceptar que se les mande a Israel para lograr de este modo un cambio dentro de Israel sino que los árabes tienen que estar dispuestos a ofrecer a los refugiados palestinos una perspectiva en sus países. 
Creo que deberíamos oponer a la gente de Le Pen pero también a nosotros mismos cuando defendemos opiniones diferentes una cita de Voltaire: "Su opinión es exactamente la contraria a la mía, pero sacrificaría mi vida para que la pueda exponer". 
Una familia palestina que llevaba viviendo en Jerusalén Este desde hacía cincuenta años y que fue desahuciada el lunes pasado por la noche para que su vivienda pudiera ser ocupada por unos colonos israelíes. Soldados israelíes que, tras apilar los ordenadores del Ministerio palestino de Educación, los hacen estallar con granadas. 
¿Puede alguien explicarme qué tienen que ver estas acciones con la lucha contra el terrorismo? 
El Gobierno de Israel no se limita a combatir el terrorismo: Sharon destruye deliberadamente la infraestructura palestina, y con ella la esperanza de los palestinos, incitando a esta gente desesperada a cometer actos desesperados. 
Y así se llega a estos repugnantes atentados suicidas. 
De este modo, el propio Sharon contribuye a la inseguridad de Israel, aunque, según dice, desea fomentar la seguridad. 
La única forma de garantizar la seguridad de Israel consiste en erradicar las causas de esta desesperación: la colonización y la ocupación. 
Sin embargo, Sharon ha declarado que tiene la intención de construir nuevas colonias. 
¿Cómo puede ello redundar en beneficio de la seguridad de Israel? 
Quisiera terminar diciendo, señor Presidente, que estamos todos muy conmocionados por el creciente antisemitismo en Europa. Es algo que condenamos enérgicamente, e instamos a los gobiernos a que actúen con firmeza. 
Ahora bien, de ahí a calificar de antisemita a todo el que critique a Israel, como hace Peres, hay un trecho. Es una generalización inaceptable y un pretexto barato para no tener que tomarse en serio unas críticas internacionales fundadas. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera en primer lugar señalar el hecho de que el Consejo "Asuntos generales" se ha comportado de manera responsable al rechazar la recomendación del Parlamento Europeo de suspender de forma no equitativa el acuerdo de asociación con Israel. 
No se ha referido tampoco, señor Presidente, con razón, al envío sin acuerdo político negociado de observadores o de una fuerza de interposición. 
Cuál pudiera ser, efectivamente, su papel en una situación en la que no son claramente dos ejércitos regulares los que están enfrentándose. 
Cualquier falta de simetría en el comportamiento de la Unión Europea sólo puede socavar el capital de confianza del que debemos disponer obligatoriamente ante cada uno de los protagonistas si queremos aportar, llegado el momento, una contribución eficaz a la búsqueda de una solución de paz duradera. 
La gesticulación ideológica y la ceguera pasional dejan libre el terreno diplomático, es decir, el de la búsqueda real de la paz en beneficio exclusivo de Estados Unidos. 
Sus palabras de esta mañana, señor Presidente del Consejo, van más bien en la buena dirección, después de muchas derivas, ya sean la ambigüedad de las posiciones europeas en la conferencia de Durban, los resbalones europeos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o esta resolución parcial del Parlamento que ha enviado una mala señal en un mal momento. 
Su declaración, señor Presidente, era equilibrada. 
El Consejo solicita al mismo tiempo una retirada de las tropas israelíes de los territorios y una detención de los atentados en Israel. 
Ha condenado usted firmemente los atentados suicidas calificándolos de injustificables y aclarando que sus autores no eran mártires sino terroristas. 
No debe haber, efectivamente, sobre este punto ninguna ambigüedad, ningún equívoco, ninguna complacencia por parte de la Unión Europea. 
En las próximas semanas, la Unión Europea deberá también contribuir a que la investigación de Naciones Unidas sobre Yenín sea imparcial y no un pretexto para manipulaciones o desbordamientos que no servirían a la causa de la paz. 
En la perspectiva de la creación de un Estado palestino, necesitaremos también contribuir a convencer a la Autoridad Palestina de que renuncie definitivamente a confundir las cosas y que adopte un comportamiento totalmente responsable. 
Señor Presidente, distinguidos representantes de la Comisión y del Consejo presentes aún en este debate maratónico, gracias a la Comisión y al Consejo por su informe sobre la Conferencia Ministerial Euromediterránea y sobre la situación de Oriente Medio. 
Naturalmente, nosotros queremos estar al día aquí en el Parlamento, y nuestro Grupo apoya todos los intentos equilibrados que persigan la consecución de la paz en Oriente Medio. 
Sin embargo, parece casi grotesco que sólo nos limitemos a hablar de este tema semana tras semana y mes tras mes. 
Nosotros, desde el Parlamento, no tenemos posibilidad de ser operativos en este asunto. 
Acudimos aquí a hablar, cada cual a su público, pero, ¿es que partimos satisfechos tras estos discursos? 
¡Ojalá que no! 
Parece ser que, al igual que en los trabajos de salvamento y rastreo del Wall Trade Center se llegó hasta el nivel cero, las relaciones entre israelíes y palestinos están también en el nivel cero. 
Los optimistas dirían, y yo me incluyo entre ellos, que a partir de aquí es posible y necesario avanzar en mejor dirección. 
A esto se refirió también, en forma de deseo, el Comisario, Sr. Patten. 
Ya parece claro que sólo mediante los esfuerzos conjuntos del Cuarteto- las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia- será posible avanzar. 
Los movimientos en solitario, ya sean por parte del Sr. Colin Powel o del Alto Representante de la PESC, Sr. Javier Solana, no dan resultado. 
Siempre una de las partes sospecha de la actitud partidaria de la otra. 
A la vista de que una de las partes ha llegado a recelar hasta de una misión tan clara como la encomendada por el Secretario General, Sr. Kofi Annan, al ex-presidente de Finlandia, Sr. Martti Ahtisaari, para evaluar el número de víctimas mortales y daños materiales de Yenín, hay que decir que estamos realmente en el nivel cero. 
Es impensable acusar al ex-presidente Ahtisaari, a quien conozco muy bien, de tener actitudes partidarias preconcebidas. 
Toda la Comunidad Internacional debe aunar sus fuerzas para obtener el único resultado final posible: Los palestinos deben recibir un Estado unificado, sobre cuyo territorio ejerzan la soberanía total, y no sólo sobre ese territorio, sino también sobre sus aguas y su espacio aéreo. 
Los israelíes han de tener plenas garantías de que sus niños, sus ancianos, sus padres y sus madres pueden trasladarse con total seguridad dentro del territorio de su propio Estado sin la amenaza continua de insidiosos atentados terroristas. 
Solamente sobre esta base será posible una convivencia constructiva cimentada en la confianza mutua. 
Señor Presidente, yo no creo en las sanciones, debería bastar con las presiones, pero si no se ponen pronto en marcha negociaciones constructivas con objetivos claros que conduzcan a la obtención de resultados concretos, caeremos sin remedio en el fenómeno de lo déjà-vu. 
¡Cuánto tiempo y cuán en vano no se estuvo negociando en la antigua Yugoslavia antes de las sanciones! 
Señor Presidente, Señorías, comienzo felicitando a la Presidencia española y en particular al ministro Piqué por todas las gestiones que han llevado a cabo para celebrar la Conferencia de Valencia, cuyos resultados no me parecen desdeñables. 
Felicito asimismo al Comisario Chris Patten por la inteligencia, la ecuanimidad y la sagacidad de su intervención. 
Mi pregunta es sencilla y va dirigida al ministro Piqué: después de haber oído al Comisario Chris Patten afirmar que el Oriente Medio está en llamas, como, efectivamente, está, ¿cree usted que el proceso de Barcelona puede resistir las repercusiones del conflicto en el Oriente Medio? 
Con su reprobable política, Sharon ha demostrado que no acata las resoluciones de la Unión Europea ni las de las Naciones Unidas ni las recomendaciones del Presidente Bush siquiera. 
¡No se las toma en serio! 
Pregunto: vamos a seguir multiplicando las buenas palabras, los discursos bonitos y las grandes votaciones, que, como sabemos, no sirven para nada, cuando tenemos a nuestro alcance algunos medios para obligar a Sharon a cambiar de política? 
¿Por qué no se ejecuta la resolución, aprobada por gran mayoría por este Parlamento Europeo, de suspender el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel? 
¿Por qué no se adopta una iniciativa en serio, en el marco de las Naciones Unidas, para imponer a Israel una fuerza de interposición y de paz? 
Como amigo de siempre de Israel, lamento decir que Sharon está manchando de forma indeleble la honra de Israel y colocando a su país en una posición moralmente indefendible y en un aislamiento internacional que es mayor que nunca? 
Señor Presidente, yo también acabo de regresar de Yenín y comparto la aflicción por las violaciones, por ambas partes, de los derechos humanos. 
Debemos recordar incesantemente al Sr. Arafat que los atentados suicidas no sólo son moralmente repugnantes, sino que además nos impiden ayudarle a conseguir un Estado palestino. 
Le hacen el juego a Ariel Sharon. 
La mayoría de esta Asamblea pidió hace dos semanas la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. 
Apoyo el embargo de armas, pero no las sanciones, y tras mi regreso estoy aún más convencida de que, aunque éstas pueden satisfacer nuestro deseo de que se vea que hacemos algo, nos encontramos ante un posible callejón sin salida. 
Presumiblemente, las sanciones deberían tener efecto entre la población israelí, que sentirá el doloroso mordisco de la pérdida de exportaciones y de puestos de trabajo, lo que presionará al Gobierno de Sharon a poner fin a sus políticas disparatadas. 
Pero en la entrevista al Comisario Patten que Herat publicaba en su edición del lunes, se indicaba que Bruselas se sentía frustrada porque los israelíes no parecían apreciar las relaciones con la UE. 
Nos miran, con razón o sin ella, con desconfianza. 
Mientras que los palestinos se ven a sí mismos entregados a la lucha por la liberación nacional de la opresiva ocupación israelí, el 75 por ciento de los israelíes considera que ellos son las principales víctimas, que luchan por la supervivencia nacional. 
No estoy comentando la justificación de estas dos versiones, sino que los intercambios académicos e intelectuales pueden contribuir a poner fin a esta situación, tal y como insisten dos profesores británicos. 
Son canales a través de los cuales nosotros, europeos, podríamos transmitir nuestra experiencia en el uso del respeto mutuo para superar los odios, que ayude a los israelíes y palestinos a reforzar su diálogo. 
¿De qué serviría dejar de financiar las ONG que defienden los derechos humanos en Israel? 
Si suspendemos el Acuerdo de Asociación, lo único que conseguiremos es reforzar la percepción israelí de una Europa pérfida. 
¿Cuál será nuestra estrategia de salida de las sanciones comerciales? 
¿Qué condiciones deberán cumplirse para restablecer el Acuerdo de Asociación? 
No he oído a nadie explicar cómo funcionará eso. 
Es mucho mejor, en mi opinión, que nos centremos en un apartado diferente de nuestra resolución: la necesidad de una fuerza internacional en Palestina. 
Si nos proponemos contribuir eficazmente al logro de un Estado palestino lo antes posible y al establecimiento de la paz y la justicia en la región, deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos diplomáticos en esa dirección y no hacia la eliminación de la posibilidad de diálogo que tenemos. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los diputados que han visitado la región recientemente y hoy nos traen hasta aquí su experiencia de primera mano. 
Al igual que muchos otros diputados, en las pasadas semanas me he reunido con representantes de Oriente Medio que han acudido al Parlamento en busca de ayuda. 
Al igual que la Sra. Morgantini, la semana pasada tuve el privilegio de conocer a mujeres israelíes y palestinas muy valientes y llenas de inspiración que trabajan unidas por la paz- paz entre iguales, tal y como ellas lo ven. 
Nos explicaron de una manera muy vívida hasta qué punto la situación es desesperada. 
Se está destruyendo de manera sistemática el trabajo que los palestinos han realizado durante los últimos 10 años para construir las bases de un Estado. 
La mayoría de las mujeres trabajaban para ONG, y sus archivos, ordenadores e inmuebles han sido destruidos y no pueden continuar su labor. 
Las resoluciones y conferencias han sido numerosas. 
Todas ellas son necesarias y habrá muchas más, pero estas mujeres no han visto la intervención necesaria para evitar nuevos derramamientos de sangre. 
Pedían una fuerza de mantenimiento de la paz que proteja a la población, y creo que deberíamos respaldar su petición. 
La política de fuerza nunca podrá acabar con los niveles de desesperación que conducen a nuevos actos de violencia. 
Es necesaria una solución justa y pacífica a largo plazo, así como una respuesta rápida para poder poner fin ahora a nuevas matanzas. 
Debemos asegurarnos de que seguimos presionando a todos los niveles, por todos los medios posibles, para conseguir una paz duradera. 
Señor Presidente, en el debate sobre Oriente Medio, muchos de nosotros hemos protestado por la presencia de Le Pen en esta Sala. 
Sin embargo, mucho me temo que, aparte de hacerlo con nuestras políticas económicas y sociales, con la política en Oriente Medio, también estemos fomentando extremismos tales. 
Son conocidas las ideologías de movimientos del tipo del Frente Nacional. 
¿Cuáles son? 
La grandeza nacional. 
Y es natural que cuando nuestros pueblos ven una Europa que es la asistenta de hogar de los Estados Unidos, ciega, muda, sorda ante el genocidio que están sufriendo los palestinos, que den la espalda a las potencias políticas del orden europeo establecido y que se vean cautivados por la flauta mágica de las antiguas grandezas nacionales. 
Es el antisemitismo. 
Es natural que cuando Europa acepta que hoy Yenin se convierta en un gueto actual de Varsovia, en una Europa regada con la sangre de los judíos, que se vuelva a gritar ' la culpa la tienen los judíos? y que saquen fuerzas de las turbias aguas del antisemitismo. 
Es la xenofobia. 
Pero también es natural si en lugar de dejar que estos países, los islámicos, los árabes, desarrollen un régimen de seguridad y vean la cohesión social, el control de la natalidad, los metemos en el Oriente Medio en llamas. 
¿Y cuál va a ser la consecuencia? 
¿Acaso van a ser menos los emigrantes, los magrebíes, o habrá quien tenga menos posibilidades de hablar de xenofobia? 
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que debemos intervenir inmediatamente en Oriente Medio para proteger a los palestinos, a Israel del antisemitismo, y también para proteger el propio curso democrático de Europa. 
Señor Presidente, señoras y señores, el Comisario Patten ha expuesto de nuevo de modo sugestivo una posición convincente de la Unión Europea sobre el conflicto en Cercano Oriente y yo voy a realizar algunas observaciones al respecto. 
Quiero anticipar que me siento vinculado con Israel, tanto con su pueblo como con su Estado. 
Dicho esto, quiero dirigir la siguiente pregunta a mis amigos israelíes: ¿qué habéis logrado cuando en breve probablemente hayáis retirado los tanques de los territorios palestinos, después de haber matado a muchos palestinos, supuestos autores de atentados, asesinos y asesinos potenciales, después de haberles destruido muchas viviendas y escuelas así como la estructura de las autoridades palestinas? 
¿Os ha acercado esto un solo milímetro a la paz y seguridad? 
¿No es más bien de temer que vuestro modo de proceder incube un nuevo odio multiplicado por mil que explotará en la próxima ocasión en Cercano Oriente o posiblemente también aquí entre nosotros? 
También quiero dirigir a nosotros mismos la siguiente pregunta: ¿hemos hecho realmente lo suficiente para poder plantear ahora a Israel todas estas arrogantes exigencias que se escuchan aquí? 
¿Aquellos que han estado en Janin han estado en alguna ocasión en Jaffa entre las familias que perdieron del modo más terrible a sus allegados durante la fiesta del Pescha por una bomba que sumió todo en sangre? 
¿No es cierto que Israel es víctima del terror palestino desde hace mucho tiempo, mucho antes de que Scharon tuviese la descabellada idea de marchar sobre la explanada de los Templos? 
¿Es suficiente lo que hacemos siempre en tales ocasiones, es decir, aprobar una urgencia que condena el terror sabiendo perfectamente que ningún palestino le va a hacer caso ni un solo segundo? 
¿Hemos hecho así pues lo suficiente en esta situación? 
¿No es cierto que Arafat nunca ha tenido la voluntad- y probablemente tampoco ha podido- de frenar el terror? 
¿Cómo justificamos que todos los meses pongamos a disposición de las autoridades palestinas sumas considerables? 
Señora Comisaria Schreyer, ¿sabe qué es lo que ocurre con ese dinero? 
¿Lo ha comprobado en alguna ocasión? 
¿Puede mostrar las pruebas al Parlamento? 
¿Cómo ha reaccionado la Comisión ante los informes que demuestran la sospecha fundamentada de que el mismo Arafat participa en la financiación del terror? 
En un gran periódico de Alemania, la última semana apareció un informe sobre un atentado terrorista en Jerusalén de hace cuatro años- es decir, mucho antes de la segunda intifada -, que costó la vida o la salud a muchos inocentes. 
Allí se describe como las fotos de los antiguos autores son veneradas en las escuelas palestinas como héroes. 
¿Hemos hecho realmente lo suficiente para controlar el terror que se abate desde hace años sobre Israel? 
Creo por ello que no es suficiente exigir que los israelíes se retiren. 
Sin duda, tienen que hacerlo, pero esto solamente no garantiza la paz. 
No es suficiente condenar el terror palestino y emitir declaraciones sin hacer más. 
Todo indica que las partes no van a estar en situación de superar sus odios recíprocos sino que tiene que haber una tropa internacional que participe allí activamente. 
La Unión Europea tiene que abogar a favor de ello. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera referirme a las morbosas escenas de esta semana: los atentados totalmente condenables contra sinagogas y ciudadanos judíos en Europa bajo el pretexto del conflicto en Oriente Medio. 
Las autoridades deben lanzar serias advertencias a la opinión pública y tratar con mano dura a los autores de estos ataques. 
Lo mismo digo con respecto a las agresiones xenófobas verbales de la extrema derecha europea contra conciudadanos inmigrantes. 
La historia de Europa del siglo pasado nos ha enseñado que la explotación del terror y la utilización de los demás como chivo expiatorio constituyen una verdadera lacra para nuestra sociedad. 
La única solución con perspectivas de futuro pasa por una progresiva construcción y cooperación y el respeto hacia los demás, independientemente de la creencia o la raza. 
Este razonamiento se aplica tanto a Europa como a Oriente Medio. 
Señor Presidente, esperamos que la noticia de que en este momento Solana y Moretinos se encaminan hacia Oriente Medio para entrevistarse con Sharon y Arafat suponga un pequeño avance. 
Va siendo hora de que Europa actúe de forma unánime y con mayor eficiencia de lo que ha hecho hasta ahora. 
El Parlamento Europeo ha instado a que se ejerza toda la presión posible, a que se suspenda el acuerdo de asociación y a que, en caso de lograrse un alto el fuego, se participe inmediatamente en la fuerza de interposición y de supervisión encargada de reconstruir la infraestructura de la Autoridad Palestina y separar a las partes beligerantes. 
Queda, sin embargo, una pregunta acuciante: ¿se han adoptado a escala del Consejo Europeo las medidas preliminares necesarias para convocar al Consejo, tal y como está previsto en el acuerdo de asociación, con objeto de examinar las violaciones de este acuerdo con Israel? 
Se han puesto en marcha en el seno del Consejo los preparativos internos con vistas a la participación en la fuerza de interposición supervisora de las Naciones Unidas o no se ha pasado aún de las palabras a los hechos? 
Para mayor claridad: no se trata de un enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos. Nos necesitamos mutuamente, del mismo modo que necesitamos a Rusia y a los países árabes para abrir una verdadera perspectiva de paz. 
O como me decía esta semana Yosi Beilin, el artífice de los Acuerdos de Oslo que Sharon parece haber enterrado para siempre: ' Sólo tiene sentido declarar un alto el fuego y enviar una fuerza de paz internacional si se obliga a las partes a negociar y a trabajar sinceramente en una solución política.? 
Coincido con él en que todos los ingredientes necesarios están sobre la mesa. 
Señor Presidente, tal vez sea cierto que en este momento especialmente difícil, en esta situación límite en la que el derramamiento de sangre en uno y otro bando parece imparable y las posturas maniqueístas abundan por doquier, la única salida viable consiste en abrir unas negociaciones serias. 
A este fin debe contribuir la presión ejercida por una Europa autoconsciente, sólida y unida. 
Ésta es la mejor forma de convencer a los Estados Unidos para que se pasen a nuestra causa. Es la opción más creíble y la mejor contribución que podemos hacer de cara a la celebración de una segunda y eficaz Cumbre de Madrid. 
Señor Presidente, señor Ministro, sentimos gran pesar y frustración por lo que ocurre en Oriente Medio. 
La violencia y las muertes deben terminar. 
La UE, junto con EE.UU., puede desempeñar un importante papel en el proceso para alcanzar una tregua, paz y reconciliación. 
Los políticos europeos deben poder crear una amplia base de confianza para la UE como mediadora en Oriente Medio. 
Hoy no es así, estimados amigos. 
Hasta ahora se ha buscado un concepto equilibrado, capaz de resolver conflictos y de crear un clima apropiado para la coexistencia, no un clima de aislacionismo o marginación para alguna de las partes. 
Se habla cada vez más de sanciones, especialmente en este edificio. 
¿Son realmente las sanciones comerciales contra Israel- e indirectamente contra Palestina- la mejor manera de allanar el camino para la paz? 
¿Es un buen camino aislar a Israel si queremos que la UE tenga un papel más significativo en la región? 
En mi opinión, no. 
Quisiera decir también que la comparación que acaba de hacer Per Gahrton entre Israel y la política segregacionista de Sudáfrica es vergonzosa. 
Las experiencias que tenemos de la aplicación de sanciones en el ámbito internacional nos deberían hacer pensar: ahí tenemos a Cuba, ahí está Iraq. 
¿Se han debilitado Fidel Castro y Saddam Hussein? 
Muy poco. 
¿Quiénes son los que sufren? 
No es Ariel Sharon sino los agricultores y campesinos que cultivan frutas y fabrican vino. 
Señor Ministro, quisiera formularle algunas preguntas. 
Se me ha informado que la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia dijo en la pasada reunión del Consejo, en Luxemburgo, que la UE debería prepararse para imponer sanciones a Israel. 
¿Es esta información cierta? 
¿Qué países podrían aplicar sanciones comerciales? 
Se me ha dicho también que el gobierno sueco se está preparando para aplicar sanciones económicas. 
¿Ocurre lo mismo en otros países? 
Señor Ministro, para terminar quisiera preguntarle qué opina de las sanciones comerciales y de las amenazas de aislar a Israel. 
¿Opina usted que la UE debería escoger ese camino? 
Usted dijo que todas las opciones estaban abiertas. 
¿Qué quiere decir usted con esto? 
¿Significa que usted también está dispuesto a aislar a Israel? 
Señor Presidente, estamos aquí para participar en el enésimo debate sobre la situación en Oriente Próximo y, en realidad, constatamos una situación de impotencia de la Unión Europea. 
En Valencia, por fin, se ha tratado de dar una señal de que la Unión está presente y de hacer entender que ha llegado el momento de intervenir y que ya no es hora de perderse en polémicas y en declaraciones. 
Europa debe ser cada vez más protagonista de paz en Oriente Próximo, pero hasta ahora ha fracasado en su misión. 
La crisis en Oriente Próximo corre el riesgo de encender focos de crisis en toda la región del Mediterráneo y de alimentar el terrorismo, así como de fomentar el reclutamiento de terroristas. 
Por lo tanto, Europa debe tener una posición de fuerte presencia, cada vez más fuerte, pero también de equidistancia entre las dos partes enfrentadas. 
No he compartido el voto del Parlamento sobre la resolución aprobada en Estrasburgo que iba en contra de Israel y que no mantenía una posición de equidistancia de las partes. 
Los palestinos tienen derecho a tener su Estado independiente, pero Israel debe tener derecho a su seguridad: que Arafat detenga a los terroristas kamikazes que con frecuencia son sólo niños, y que Sharon retire sus tropas de los territorios ocupados, en el respeto de los derechos humanos. 
¿Pero cuál es el camino que debemos seguir para atribuir a Europa un papel protagonista? 
Ante todo se debe crear una mesa de negociación en la cual participen la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, la Liga Árabe, la Autoridad Palestina e Israel. 
Italia se ha mostrado dispuesta a albergar una conferencia de paz. 
Acto seguido, se deberá poner en marcha una acción de ayuda humanitaria y alimentaria para el pueblo palestino y, aunque Israel es contrario, se deberá empezar a pensar seriamente en una fuerza de interposición que separe a las dos partes enfrentadas hasta que la situación sea menos dramática. Por último, se tendrá que poner en marcha un Plan Marshall para la reconstrucción de las infraestructuras en un territorio palestino herido dramáticamente. 
Debemos evitar que la crisis de Oriente Próximo alimente una nueva oleada antisemita en Europa. 
Las críticas a Israel, aun siendo legítimas, no deben convertirse jamás en desinterés por los atentados realizados en nuestra Unión contra sinagogas y cementerios judíos. 
A este propósito, recordamos lo ocurrido en el cementerio de Estrasburgo. 
¡Ay de poner en peligro la libertad de expresión religiosa de nuestros conciudadanos de religión judía! 
Por eso, es importante no dar oportunidades políticas a fenómenos extremistas que, de tanto en tanto, vuelven a cobrar aliento, como ha ocurrido en Francia y en Alemania. 
Es por eso que todos nos debemos comprometer con actos a construir una nueva Europa que tenga una única política exterior y de defensa, una Europa que cuente y que sea la Europa de la solidaridad y de la subsidiariedad. 
Esta Europa ganará la batalla, puesto que los ciudadanos europeos están de nuestra parte y a favor de la paz y de la tolerancia. 
Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por la declaración que ha hecho hoy el Comisario Patten. 
Ha sido una declaración ejemplar, a un tiempo, tranquila y racional y firme y equilibrada, en la que ha expuesto la situación tal y como es realmente y los pasos necesarios que deberán dar todas las partes para crear una paz sostenible en la región. 
No entiendo la cautela excesiva del Consejo. 
Digo cautela 'excesiva'. 
No tengo nada en contra de la cautela, pero el Consejo ha expresado hoy unos puntos de vista que no son equilibrados. 
Yo también he estado en Yenín y he visto la destrucción del lugar, la destrucción de casas y de vidas humanas y personas sepultadas bajo los escombros de sus propias casas. 
Me gustaría hacer hoy aquí una sugerencia práctica. 
Las personas de Yenín piden maquinaria pesada para poder desenterrar los cuerpos que siguen ahí. 
Ayer, cuando estuvimos allí, no había maquinaria pesada. 
Hago un llamamiento para que se conceda ayuda con carácter de urgencia en este sentido. 
Como diputados, es nuestro deber evitar el lenguaje extremo y las soluciones extremas. 
Debemos demostrar que el extremismo de Sharon no llevará la seguridad al Estado israelí, ni los atentados suicidas palestinos aportarán nada a la existencia de un Estado palestino. 
Eso sólo puede conseguirse a través de negociaciones lentas y dolorosas con compromisos, sólo así podrán israelíes y palestinos sentirse seguros en sus respectivos Estados. 
Me reuní con embajadores en Tel Aviv, después, en Jerusalén, con grupos israelíes que luchan por la paz y, a continuación, me desplacé hasta Yenín para hablar con los habitantes del lugar. 
El objetivo del Gobierno de Sharon en estos momentos es la destrucción de toda posibilidad de un Estado palestino. 
No tengo la menor duda al respecto. 
Europa, por consiguiente, debe presionar a Sharon y a su Gobierno para hacerles ver que ésta no es una opción viable para Israel. 
Para terminar, el arma más importante y eficaz de que disponemos es el Acuerdo de Asociación. 
Lo que pedimos es la suspensión de dicho acuerdo, no la suspensión de todo contacto con Israel, sino la suspensión de los acuerdos preferenciales que Europa mantiene con Israel, de manera que, al menos, comiencen a darse cuenta de que estamos dispuestos a pasar a la acción. 
Es un enfoque moderado que puede ir en aumento o ser cancelado cuando Israel retire sus tropas de la zona palestina, permita el libre acceso a la ayuda humanitaria y el libre acceso a la misión de las Naciones Unidas en Yenín y otras partes de la región. 
Existen muchas otras condiciones que quizá podríamos aplicar. 
No hay ningún problema respecto a la estrategia de salida. 
Sencillamente declaramos cuáles son nuestras condiciones y cuáles son los requisitos para que se inicien las conversaciones en el marco del cuarteto de Oslo. 
Señor Presidente, tras haber participado en los trabajos de Valencia, someto a su atención y a la del Pleno algunas impresiones que me han resultado duras: en primer lugar, la confirmación de que no puede haber un futuro de paz y de estabilidad, de prosperidad y de desarrollo de Europa si la cuenca del Mediterráneo vive los conflictos que estamos viviendo en este momento; en segundo lugar, no quisiera ser una voz disonante, pero por primera vez he tenido la sensación, confirmada después en los encuentros bilaterales, de que el mundo árabe, la orilla sur del Mediterráneo consideran a Europa y a la Unión Europea como el único interlocutor posible en orden a sus problemas, el único interlocutor que puede convivir con sus problemas y solucionarlos. 
En este sentido, debo felicitar al Presidente Piqué por haber dirigido todos los encuentros y las troikas con una actitud y un sentido del equilibrio realmente extraordinarios dada la dificultad de la situación política. 
¿Nosotros, como Unión Europea, qué ofrecemos? 
Ofrecemos un escenario en el que sólo nos podemos reconocer; ofrecemos una reactivación del proceso de Barcelona y nos comprometemos a cambiar los plazos; ofrecemos una Asamblea parlamentaria que sirva para seguir las acciones emprendidas, ofrecemos un nuevo diálogo entre las orillas del Mediterráneo más reforzado desde el punto de vista humanitario y de la justicia, así como de la lucha contra el terrorismo. 
La otra parte pide que nuestras propuestas se concreten a corto plazo. 
El Banco, las relaciones de cooperación reforzada, los acuerdos de asociación son todos actos concretos que demuestran que la Unión Europea es el socio ideal para la otra orilla del Mediterráneo. 
Sobre esto gravita el proceso de paz, el enfrentamiento en curso entre Israel y el mundo palestino. 
Pero si como Unión no tenemos el valor de atrevernos más aprovechando los medios de que disponemos y las esperanzas depositadas en nosotros, pues bien, probablemente perdemos una ocasión histórica incluso para el proyecto de la Europa que está en la mente y en los corazones de muchos de nosotros y que está tomando cuerpo en la Convención. 
Un acto concreto: recojo el llamamiento hecho esta misma mañana por el Sumo Pontífice. 
Estamos viviendo lo que acontece en los Santos Lugares con el Sr. Mario Mauro que está en estrecho contacto con fray Giacomo Bini que es el ministro general de la Orden de los frailes menores. 
Es una situación que ha llegado al límite de la intervención humanitaria. 
Los frailes y las monjas que viven en la comunidad religiosa de Belén no se pueden considerar rehenes. 
Es un hecho simbólico de suma importancia: la atención de todo el mundo se centra en lo que está ocurriendo en el lugar donde nació Jesucristo que es portador de paz entre los hombres. 
Millones de hombres y mujeres están esperando un acto que venza pensamientos y acciones de muerte. 
Pedimos al Parlamento, a usted, como su Presidente, a la Comisión, al Presidente en ejercicio del Consejo y al ministro de Exteriores, Sr. Piqué, que intervengan con una acción concreta que conduzca al fin de este episodio. 
Pienso que sería un verdadero signo de esperanza y una promesa de estabilidad para el futuro de esta Tierra Santa, lamentablemente, ensangrentada. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la contribución del Comisario Patten al presente debate, así como la decisión de Kofi Annan de enviar una misión de investigación para que determine exactamente qué ocurrió durante el bombardeo israelí del campo de refugiados de Yenín. 
No obstante, me preocupa la motivación que se esconde tras los intentos de Israel de retrasar la investigación. 
Israel sostiene que su invasión de Yenín y otras zonas fue un intento de destruir la infraestructura terrorista palestina. 
No obstante, se han hecho serias acusaciones en el sentido de que las Fuerzas de Defensa israelíes se han visto involucradas en ejecuciones extrajudiciales y en el uso de escudos humanos. 
Si se demuestra que eso es cierto, Israel y su ejército son tan culpables de actos de terrorismo como aquellos que planifican, apoyan y llevan a cabo los atentados suicidas. 
Ariel Sharon planeó y organizó en 1982, cuando era ministro de Defensa, la invasión conocida como la 'Operación Paz para Galilea'. 
Su objetivo entonces, según sus propias declaraciones, era: erradicar la amenaza terrorista palestina en Líbano. 
El resultado fue la masacre de 800 palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Shatila. 
Una comisión de investigación israelí designada posteriormente llegó a la conclusión de que toda la responsabilidad recaía sobre él que, en palabras de la comisión, hizo caso omiso del peligro de los actos de venganza. 
¿Estamos asistiendo a una repetición de la historia? 
El Sr. Sharon deberá asumir personalmente la responsabilidad de lo ocurrido en Yenín y en otras partes de Cisjordania. 
Es una consecuencia de sus políticas, sus prejuicios y su odio a Yasir Arafat. 
Si el equipo de las Naciones Unidas llega a la conclusión de que se han cometido realmente crímenes de guerra, la comunidad internacional deberá tomar medidas, incluida la presentación de la causa al Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra. 
El Sr. Sharon está perjudicando seriamente a la población de Israel. 
Sin ayuda de nadie ha provocado el aislamiento político de su país. 
Asimismo, ha alimentado los odios que han tenido como consecuencia la escalada de actos antisemitas, que personalmente deploro. 
Ha humillado al Gobierno estadounidense durante la reciente visita de Colin Powell a Oriente Medio. 
No obstante, es posible que esta postura tenga repercusiones positivas y propicie un replanteamiento de la política estadounidense en la zona y anime a aquel país a abandonar su enfoque unilateral de apoyo inequívoco a Israel, en vez de trabajar junto con la UE, entre otros, por una resolución equilibrada y pacífica a este terrible conflicto que ya se ha cobrado demasiadas vidas. 
Señor Presidente, la práctica totalidad de los ciudadanos corrientes de Israel desean vivir en paz en su país. 
Desean un país con fronteras seguras y unas relaciones diplomáticas normales con todos sus vecinos árabes. 
¿Cómo podemos contribuir a apagar el fuego que ha devastado Palestina y ha reducido a su pueblo a una vida de humillación, miedo y privación de los servicios básicos para vivir? 
La población judía y los palestinos musulmanes y cristianos han trabajado y vivido juntos durante siglos antes de la creación de Israel. 
El pueblo judío soñaba con un país propio y lo consiguieron, acertadamente. 
Los palestinos, tanto musulmanes como cristianos, sueñan y desean tener también su propio país y no descansarán hasta tener un Estado seguro y viable basado en una solución justa. 
¿Qué puede hacer la UE para contribuir a este fin? 
Dejemos de ser educados y políticamente correctos. 
Para mi gran alegría, hoy es la primera vez en mis dos años y medio como diputado al Parlamento Europeo que he oído a diputados de esta Asamblea abordar este asunto con tanta confianza. 
Hemos permanecido amordazados durante todo este tiempo. 
Digamos alto y claro cuáles son los requisitos de dicha solución justa; es algo en lo que todos creemos, pero tenemos demasiado miedo a decirlo. 
En primer lugar, Israel debe tener derecho a existir con una frontera segura y debe ser plenamente reconocido como Estado por todos sus países vecinos. 
En segundo lugar, Israel debe respetar el Derecho internacional y sus propias leyes nacionales, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En tercer lugar, Israel debe aceptar a observadores internacionales neutrales bajo los auspicios de las Naciones Unidas para facilitar un alto el fuego. 
Las personas corrientes, judíos, musulmanes y cristianos, están hartas de sus políticos. 
Quieren la paz ahora. 
Ayudémosles con coraje y confianza y digamos alto y claro lo que la mayoría de nosotros piensa en privado, que para que Palestina sea un Estado viable y para permitir que dicho Estado acoja a los millones de refugiados, sólo puede existir una frontera y es la frontera tal como era antes de 1967. 
Ésos son los límites a los que Israel debe retirarse. 
Hasta que eso no ocurra, no habrá paz en Oriente Medio y ése es el origen del terror, del miedo y de las dificultades que ahora presenciamos en la Unión Europea. 
Es hora de que digamos con total claridad cómo deben ser las cosas. 
Señor Presidente y señores del Consejo, hace dos semanas los socialistas, los liberales, los Verdes y los socialistas de izquierdas aprobaron por una pequeña mayoría una resolución común sobre la situación en Oriente Medio. El Grupo cristiano demócrata PPE-DE votó en contra. 
En esa resolución se optó por criticar doce veces a Israel, pero sólo tres a los palestinos y a la autoridad palestina. 
En la resolución del Parlamento Europeo no se mencionó ni se criticó a Hamás ni a la Yihad Islámica, organizaciones calificadas como terroristas en la UE y en EE.UU. Tampoco se mencionó a los grupos que EE.UU. califica como terroristas, esto es Hezbolá y las Brigadas Al-Aqsa. 
Este último grupo constituye la rama militar del movimiento Fatah de Yasser Arafat y es responsable de los atentados suicidas del 12 de abril en Jerusalén en el que murieron seis civiles israelíes. 
Sólo tres oradores mencionaron a esos grupos terroristas durante la sesión plenaria del 10 de abril, que duró dos horas. 
Aún así, todos sabemos que esas personas que ejercen violencia y realizan ataques suicidas- esas personas que quieren que sus hijos se sacrifiquen para matar a otras personas y que reciben dinero de Iraq para estos efectos- no están dispuestas a reconocer al estado de Israel el derecho a existir en la zona. 
Señor Presidente y señores de la Presidencia española, esos grupos terroristas son parte de la vida cotidiana en Oriente Medio. 
¿Qué hacemos ante su existencia? 
La vez anterior el Grupo PPE-DE optó por votar en contra, ya que pensamos que la UE y el Parlamento Europeo están perdiendo cada vez más relevancia frente a las partes. 
El debate de hoy demuestra una obstinación tal que hace que las partes de este sangriento y doloroso conflicto no nos tomen en serio. 
Ya ha pasado la época en que el Parlamento Europeo aprobaba resoluciones políticas superficiales para intentar conseguir un consenso imposible de alcanzar en el espectro político, que va desde socialistas de izquierdas y comunistas, pasando por los socialdemócratas, los liberales Verdes y los cristianodemócratas, hasta los euroescépticos y los radicales de derechas. 
Ha llegado la hora de que la UE asuma un papel relevante frente a ambas partes en Oriente Medio. 
Señor Presidente, Señorías, debo decir que hay algunas armas específicas que sirven para impedir que el deterioro continúe en Oriente Próximo e incluso aumente: el arma de la diplomacia que se ha intentado y se ha empleado, pero que apenas se respeta, puesto que con frecuencia cede ante el ruido de las armas. 
Otra arma importante, útil y pacífica que es el arma de la ley de la economía, de la ayuda a los países subdesarrollados y a los más pobres, se ha utilizado de manera insuficiente, ya que en algunas ocasiones incluso se ha llegado a rechazar en el diálogo entre los países que debían ser ayudados y los países que ayudaban. 
Lo que debemos volver a decir en esta ocasión es no a las armas, no a los kamikazes y no a los tanques y a las represalias. 
Entonces ¿cuál es la fórmula, y una vez más es una fórmula tan vieja como el mundo, en la que se debe basar la paz en la zona? 
Los Gobiernos que actúen colegialmente en las instituciones que pueden agruparlos y los Gobiernos individualmente. 
El Gobierno italiano ha formulado un plan, una propuesta de ayudas económicas, una suerte de Plan Marshall- como se le ha llamado, creo que justificadamente, a pesar de que alguien lo haya lamentado- al país más pobre, Palestina. 
Ésta era un arma importante que en los últimos años no se ha empleado nunca, aunque muchos Estados habían presupuestado enormes cantidades para ayudar a los pueblos de Oriente Próximo que más las necesitaban. 
¿Qué es lo que más me preocupa? 
Creo que es el deterioro en que continúan viviendo muchísimo jóvenes, desde que nacen hasta que alcanzan la edad para trabajar, en los campos de desplazados, en los campos de refugiados en Palestina. 
Es un caldo de cultivo extraordinariamente peligroso. 
Creo que algunos Gobiernos árabes no han ayudado a sus hermanos de forma adecuada, antes bien, les han incitado solamente, han tolerado en su interior unos movimientos que han llevado a las consecuencias que hemos visto en los últimos tiempos. 
Cabe hacer una referencia a las Naciones Unidas que seguramente han desempeñado un papel incluso agotador, importante pero insuficiente y, en todo caso, improductivo; se debía crear una fuerza de intermediación, una fuerza que ha sido invocada en muchas ocasiones. 
Yo diría que la lógica, la experiencia y la historia son las que nos enseñan cómo se puede utilizar válidamente la fuerza de intermediación. 
Sin embargo, no se ha utilizado. 
¿Qué iniciativa puede adoptar Europa, la Unión Europea? 
La de dar más fuerza a las iniciativas de la ONU, en particular la de una fuerza de intermediación entre las dos naciones en conflicto. 
Señor Presidente, comparto su profunda preocupación por el resurgimiento de la violencia que se ha desatado en Oriente Medio durante las últimas semanas, porque ambas partes parecen haberse encerrado en una espiral destructiva que deja escaso margen para el diálogo y para avanzar hacia una solución final. 
La única solución posible deberá tener como base las Resoluciones 242, 338, 1397 y 1402 de las Naciones Unidas, que incluyen la aceptación de la solución de Dos Estados, que garantizará la seguridad al Estado de Israel y la dignidad a los palestinos. 
Esta solución incluirá la retirada total en su momento de los territorios ocupados y el desmantelamiento de todos los asentamientos ilegales. 
No obstante, no deberíamos perder de vista el hecho de que existe una gran convergencia de la opinión internacional a medida que la violencia se recrudece; convergencia que debemos seguir fomentando. 
También hay que dejar claro que el derecho de los palestinos a regresar sólo podrá aplicarse cuando exista el nuevo Estado de Palestina, ya que de lo contrario, la seguridad del Estado judío de Israel estaría comprometida. 
Deberá estudiarse, por otra parte, la posibilidad de ofrecer compensación a los que se les expropien sus bienes inmuebles, como preludio necesario para la reanudación de unas negociaciones coherentes sobre una solución política final. 
Está, por un lado, el trágico componente de los atentados suicidas que se cometen de manera indiscriminada contra civiles israelíes y, por otro, la trágica pérdida de vidas de civiles en la parte palestina, cuando Israel envía sus tropas para erradicar a los responsables. 
No he apoyado la petición de la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación UE-Israel porque considero que la medida es demasiado punitiva y selectiva en esta coyuntura. 
No obstante, sí soy partidario de una convocatoria urgente del Consejo de Asociación UE-Israel para tratar sobre la crisis. 
En particular, considero, al igual que muchos de mis colegas, que puesto que la Autoridad Palestina recibe 120 millones de euros al año de la UE, debería esforzarse más por prevenir los atentados suicidas y frenar a los terroristas islámicos. 
Hago un llamamiento al Presidente Arafat para que condene regularmente y en árabe los atentados terroristas y reconozca el derecho de Israel a existir en paz en el interior de las fronteras de 1967. 
Al mismo tiempo, hago un llamamiento al Partido Likud para que retire de su manifiesto toda referencia a sus pretensiones de que Cisjordania es parte integral y perpetua del Estado de Israel. 
Por otra parte, me preocupan el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército, el desprecio por la IV Convención de Ginebra sobre la aplicación de los castigos colectivos a civiles y la prohibición del paso de ambulancias a Israel, lo cual ha afectado a civiles heridos, así como a milicianos y terroristas y que, para mi satisfacción, se levantó al día siguiente. 
Creo que con la solución de Dos Estados, la comunidad internacional ya ha sentado las bases para una paz duradera. 
Todos los que constituimos la comunidad internacional debemos aprovechar esta oportunidad para aplicarla antes de que tengamos en nuestras manos una guerra de grandes proporciones en Oriente Medio. 
Señor Presidente, soy amigo de Israel y me siento orgulloso de serlo. 
Además, soy un amigo franco de Israel. 
Son dos palabras: 'franco' y 'amigo'; por lo tanto permítanme, en primer lugar, ser un amigo franco de Israel. 
Sí, Israel debe aceptar que exista un Estado palestino dentro de unas fronteras seguras. 
Sí, Israel debe retirarse de los territorios que ha ocupado durante estas últimas semanas. 
Sí, Israel debe permitir que se investigue lo ocurrido en Yenín, con la condición de que dicha investigación sea justa y equilibrada y adopte un punto de vista objetivo con todas las partes. 
Sí, digo al Estado de Israel que no estoy del todo convencido de que la ofensiva que ha emprendido estas últimas semanas le permita alcanzar el objetivo que se ha marcado, porque mucho me temo que pueda haber provocado un aumento del número de personas dispuestas a participar en misiones suicidas. 
O sea que, he aquí el amigo franco del Estado de Israel. 
Pero como amigo de Israel, también tengo derecho a defenderlo en este Parlamento. 
Digo a esta Asamblea que debe comprender que lo que Israel ha sufrido durante estos últimos meses, el asesinato de 418 hombres, mujeres y niños inocentes, es más de lo que un Estado democrático puede soportar. 
¿Qué se supone que debe hacer Israel respecto a los ataques casi diarios contra sus ciudadanos inocentes? 
¿Qué se supone que debe hacer Israel estando, como está, rodeado de países que al día de hoy ni siquiera aceptan su derecho a existir? 
Apoyo el plan de paz saudí, pero es terrible tener que comentar que han sido necesarios casi 53 años para que algunos Estados árabes presenten un plan en el que se reconoce el Estado de Israel. 
Asimismo, Israel debe hacer frente a la situación de Yasir Arafat, que no sólo no hace nada por impedir que se cometan actos terroristas, sino que además existen pruebas firmes que demuestran su complicidad en lo ocurrido. 
Eso es inaceptable en un socio con el que deba negociar cualquier Estado, cualquier gobierno. 
Digo a este Parlamento que después de los acontecimientos del 11 de septiembre, en el mundo civilizado adoptamos la opinión de que el terrorismo es indivisible. 
Sí, las personas tienen derechos, pero el terrorismo es inadmisible, no existe nada parecido a un terrorista bueno. 
Debemos mantener firme esa propuesta, porque de lo contrario, si decimos que el terrorismo está bien cuando ocurre en Oriente Medio, pero no lo está cuando se comete en los Estados Unidos o en Europa, estaremos cometiendo un error por el que deberemos pagar. 
El camino hacia la paz y la contribución que Europa puede hacer a la paz pasa por hacer uso de su influencia en la zona, en particular, sobre los palestinos, y decirles, sí, debe existir un Estado palestino, sí, debe existir un Estado de Israel, pero ambos deberán tener garantizada la seguridad en el futuro. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a todas las personas que han intervenido por sus opiniones y sus aportaciones que me eximen ahora de extenderme demasiado, porque creo que se han expresado todos los argumentos posibles desde todas las sensibilidades, y debo decir que muchos de ellos, además, de forma reiterada, casi con las mismas palabras. 
Por lo tanto, agradezco- insisto- todas las intervenciones, y me gustaría centrar mi respuesta en dos puntos: 
El primero es la relación que se puede establecer entre el proceso de Barcelona y la situación en Oriente Medio. 
A pesar de la gravedad de la situación actual, en algún momento habrá paz en Oriente Medio, y como en algún momento habrá paz- y todos esperamos que sea más pronto que tarde -, el proceso de Barcelona demostrará toda su virtualidad, toda su potencialidad, toda su eficacia, y en aquel momento, además, demostrará que es más necesario que nunca. 
Una paz estable sólo se puede basar en la prosperidad, en la cooperación, en la integración económica, en la movilidad entre los respectivos pueblos, en el intercambio de ideas, en el intercambio de sus sistemas educativos, en el intercambio de sus gentes, y para eso todo lo que implica el proceso de Barcelona, en los aspectos políticos, en los aspectos económicos y en los aspectos culturales y sociales, es de extrema importancia. 
Por lo tanto, yo deduzco del debate de hoy que todos estamos de acuerdo en que hay que perseverar en esa voluntad de revitalizar el proceso de Barcelona que hemos de puesto de manifiesto en Valencia. 
En cuanto al segundo punto que quería tratar, que es específico de la situación en Oriente Medio, muchos de los diputados se han referido a la política del Sr. Sharon, actual Primer Ministro de Israel. 
Quiero recordar que el Sr. Sharon es Primer Ministro desde hace algo más de un año, no llega a dos años, y que si es Primer Ministro es porque responde a la voluntad de la sociedad israelí. 
Quiero recordar también que el Gobierno del Sr. Sharon es un Gobierno de unidad nacional en el que está representado el Partido Laborista y varios otros partidos, y, por lo tanto, cuando se habla de la política del Sr. Sharon- conviene no olvidar estas cosas -, se habla de la política de muchos más. 
Es la política que asumen todos los que están en su Gobierno, porque, de lo contrario, habrían dimitido, o habrían sido cesados si mostraran sus discrepancias. 
Creo que cometemos muy a menudo un error, que es personalizar en exceso las causas del conflicto. 
El conflicto en Oriente Medio, en su versión más moderna, tiene más de cincuenta años de existencia, y en ese momento no había un Sr. Sharon. 
Quiero recordar que la segunda Intifada se inicia antes de que el Sr. Sharon fuera Primer Ministro. 
Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo ello e ir a la raíz del conflicto. 
Es cierto, sin embargo, que hay políticas concretas que son especialmente criticables y rechazables, y como tales las hemos denunciado con mucha claridad el Comisario Patten y yo mismo, no sólo hoy sino en muchísimas otras ocasiones. 
Pero el problema no radica únicamente en las personas concretas, sino en algo muchísimo más profundo, y es que, cuando un conflicto dura tantísimo tiempo con sus diferentes oscilaciones, ello se debe a que no hay una auténtica voluntad mayoritaria de paz en las partes; porque no hay sinceridad y honestidad en las manifestaciones de paz que hacen una y otra parte; porque, cuando unos expresan su voluntad de paz, pero en su fuero interno están deseando la destrucción del Estado de Israel, no quieren la paz, y cuando otros dicen que desean la paz, pero en su fuero interno, lo que pretenden es hacer realidad el mito del gran Israel y, por lo tanto, la consolidación de un Estado de Israel sobre los actuales territorios ocupados, no quieren realmente la paz. 
Como esas dos actitudes provienen de sueños históricos respectivos, y esos sueños históricos no son compatibles entre sí, mientras no haya una renuncia explícita, sincera y honesta a esos sueños históricos no va a haber paz por más que intentemos imponer sanciones, por más que la comunidad internacional haga todo lo que puede hacer. 
Y en este contexto hay que situar la actuación de la comunidad internacional, porque nuestro papel en estos momentos está especialmente claro, y consiste en hacer llegar al ánimo de las partes que debe producirse una renuncia sincera y honesta por parte de Israel a aumentar sus territorios sobre la base de la ocupación y debe producirse una renuncia sincera y honesta por parte de los palestinos y del conjunto del mundo árabe a la destrucción de Israel. 
En ese momento podremos efectivamente construir sobre una base completamente sólida. 
Se trata de un trabajo de persuasión. 
No estoy nada seguro de que sea un trabajo realizado a base de sanciones, no estoy nada seguro. 
Debe ser un trabajo de auténtica persuasión que llegue a los líderes políticos de una y otra parte y que llegue a las opiniones públicas respectivas. 
Porque la opinión pública israelí, que ahora ha votado- hace algo más de un año- al Sr. Sharon, previamente había votado al Sr. Barak para que hiciera la paz, y previamente había votado al Sr. Netanyahu, y previamente, en un espacio de cinco o seis años, al Sr. Rabin. 
Por lo tanto, existen posibilidades de paz, y por eso tenemos que seguir por la vía de la concertación; por eso es tan importante ir de la mano con los Estados Unidos, con Rusia y con las Naciones Unidas, y cuando a veces se plantea la conveniencia de un cierto diletantismo, de que Europa tenga una voz autónoma, que se separe de los Estados Unidos, creo que debemos ser enormemente prudentes. 
No quiero decir que nos unamos a todas sus posturas. 
Lo que estoy diciendo es que vayamos juntos, porque eso es muy importante y, si se lee bien, la Declaración de Madrid dice lo que la Unión Europea viene repitiendo desde hace mucho tiempo, y quienes han venido a las posiciones de la Unión Europea han sido los demás, incluidos, en buena medida, los Estados Unidos. 
Yo me alegro profundamente de ello, y vamos a perserverar además en esa política porque me parece absolutamente imprescindible. 
Es en ese contexto de la comunidad internacional, concertada toda ella, cuando tiene sentido hablar de observadores; es cuando tiene sentido hablar de fuerzas de interposición, porque, si no, no sería posible; y es cuando tiene sentido que hablemos de planes Marshall y aportaciones económicas- que van a tener que ser muy importantes, por cierto- y que hablemos también de todo lo que signifique el acercamiento de los pueblos sobre la base, entre otras cosas, de los sistemas educativos. 
La presencia de los sueños históricos, a los que me refería anteriormente, se refleja, de una forma evidente, en los contenidos educativos de una y otra parte; se ha ido educando a las respectivas juventudes no en la conciliación ni en la convivencia, sino en el odio. 
Tenemos, por lo tanto, muchísimo trabajo por delante, pero el camino está trazado. 
Sabemos cuál es el horizonte final y lo que hace falta es seguir trabajando en esa dirección. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Tiene la palabra el Sr. Alyssandrakis para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, señores colegas, en una entrevista concedida al periódico griego, ' To Vima? el Alto Representante, Sr. Javier Solana, ha declarado que si no se resuelve la cuestión de Chipre, se anexionará a la Unión Europea sólo la parte greco chipriota de la isla. 
Las respuestas sucesivas del Sr. Solana a las preguntas del periodista del mencionado periódico, quien subrayó que esto se contradice con cuanto se conoce sobre la decisión de Helsinki, no dejan margen de error o de hacer una mala interpretación. 
Esta postura del Sr. Solana confirma la apreciación del Partido Comunista de Grecia, sobre todo después de la cumbre de Helsinki; a saber: que el proceso de adhesión de Chipre a la Unión Europea va a llevar al país a la dicotomía, legalizará la ocupación turca y justificará el ataque de 1974. 
Además, el Sr. Solana con su declaración, muestra un desprecio absoluto por las decisiones relativas de las Naciones Unidas y por el Derecho internacional más generalmente. 
Quisiera, señor Presidente, solicitar su intervención ante el Alto Representante, puesto que la postura que ha expresado es totalmente contraria a las decisiones y las resoluciones del Parlamento Europeo. 
Muchas gracias, señor Alyssandrakis. 
La Presidencia toma nota de esta cuestión de orden que usted ha planteado. 
Tiene la palabra el Sr. Korakas para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, yo también quiero declarar algo antes del orden del día, sobre la visita que el Sr. Solana ha realizado a Grecia. 
La semana pasada el Secretario de Estado de Asuntos Europeos, el Sr. De Miguel nos dijo en esta Sala que el Sr. Solana iría a Grecia para convencer al Gobierno griego a fin de que acepte el documento de Estambul, de Ankara, elaborado por Gran Bretaña, Turquía y los Estados Unidos; un documento que pone en tela de juicio la integridad territorial de Grecia, para que el euroejército se beneficie de las infraestructuras de la OTAN para fomentar la llamada Política Europea Común de Defensa y de Seguridad. 
Es indudable que las exigencias de Turquía están dictadas por los Estados Unidos y, desgraciadamente, la Unión Europea las acepta. 
Señor Presidente, quiero denunciar las presiones ejercidas al Gobierno de Grecia y avisar a esta Asamblea de que si el Gobierno griego, bajo la presión del pueblo griego mantiene su postura actual y se niega a aceptar dicho documento, digo: si el gobierno griego avanza en las concesiones que le están pidiendo los catorce países de la Unión Europea y el Sr. Solana, habrá problemas muy graves en Grecia, donde la oposición del pueblo griego es categórica y unánime. 
Por favor, señor Presidente, tome nota de nuestra denuncia, y haga lo que pueda, por su parte, para poner fin a dichas presiones inaceptables. 
Señor Presidente, en realidad, la integración horizontal de la política de derechos humanos de la Unión Europea constituye el hilo conductor del informe sobre los derechos humanos en el año 2001. 
En otras palabras, hay que comenzar por poner fin a la nefasta costumbre de la Unión Europea y sus Estados miembros de conceder suma importancia al concepto de derechos humanos en las resoluciones y los informes, al tiempo que en la práctica, en el día a día de la política exterior, a menudo se deja que prevalezcan otros intereses. 
Acabo de volver de Ginebra, donde he asistido como miembro de la delegación del Parlamento a la 58ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
En una conversación con los quince embajadores de la UE no sólo ha quedado de manifiesto que el principal foro mundial para los derechos humanos sufre un enorme problema de credibilidad, sino que, además, la Unión no logra implantar una política de derechos humanos eficaz y coherente. Dicho de otro modo, no consigue hablar con una sola voz. 
La semana pasada los representantes europeos de la Comisión de las Naciones Unidas votaron de forma diferente con motivo de una moción sobre situaciones humanitarias en Oriente Medio. 
Obviamente, ello redunda en perjuicio de nuestra autoridad moral. Además, se acaba teniendo la impresión de que la Unión Europea patrocina sin problema resoluciones sobre la violación de los derechos humanos en países como el Congo, Sudán y Colombia, pero se muestra mucho más reticente cuando se trata de socios importantes desde el punto de vista estratégico o económico, como es el caso de China. 
Las nuevas orientaciones comunitarias para el diálogo sobre los derechos humanos reforzarán sin duda la cohesión y la coherencia de la política de la UE en materia de derechos humanos, con tal de que se lleven a la práctica. 
Sientan asimismo las bases para el documento de programación en el que la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos ocupa un lugar prioritario. 
A este respecto el Comisario Patten ha lanzado unas ideas muy innovadoras, pero nos preocupa la ejecución de las mismas. 
Pese a la alta prioridad que el Parlamento concede a esta línea presupuestaria en el año 2002 ya han sido recortados los créditos. 
Mi informe se centra en dos temas de actualidad: las formas modernas de esclavitud y el difícil equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y el respeto de los derechos humanos. 
Aunque la esclavitud fue abolida oficialmente hace cincuenta años, continúa existiendo hoy en día bajo diversas formas: personas compradas y vendidas como mercancías, personas forzadas a trabajar y apenas remuneradas, personas que sufren restricciones en su libertad de movimiento. 
Las pocas estadísticas disponibles son alarmantes. 
Habida cuenta de los últimos acontecimientos y del auge de la extrema derecha en Europa interesa a la Unión Europea que este problema creciente se resuelva. 
El presente informe aboga por una modificación de las leyes nacionales e internacionales con objeto de facilitar la persecución de los traficantes de seres humanos, proteger a las víctimas y evitar que la gente sufra formas modernas de esclavitud. 
El segundo punto concierne a la relación entre terrorismo y derechos humanos después de los atentados del 11 de septiembre. 
No cabe duda de que los atentados terroristas son crímenes graves y que, por tanto, deben ser tratados como tales. 
Pero por otra parte, las violaciones de los derechos humanos pueden constituir un caldo de cultivo para el terrorismo, al tiempo que la lucha contra el terrorismo puede dar lugar a nuevas violaciones de los derechos humanos, servir de justificación a la hora de violar los derechos humanos o contribuir a que algunos países cierren los ojos ante las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los aliados en nombre de esa misma lucha. 
Destacados políticos como Lord Russell Johnson han advertido del peligro de que vuelvan a repetirse los errores cometidos durante la Guerra Fría, cuando se prestó apoyo a las dictaduras de los países en vías de desarrollo en nombre de la lucha contra el comunismo. 
Es importante que en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional se haga todo lo posible por erradicar las causas subyacentes, que alimentan los sentimientos extremistas y son utilizadas por los terroristas para reclutar adeptos. 
Más que nada los atentados del 11 de septiembre y la lucha contra el terrorismo han puesto de manifiesto de una forma embarazosa las deficiencias del derecho internacional. 
Las convenciones de Ginebra parten del supuesto de que las guerras entre Estados siguen constituyendo la mayor amenaza para la paz mientras que la mayoría de los conflictos actuales se reducen a guerras civiles o acciones terroristas. 
La Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra se fundamenta en la protección de soldados pertenecientes a ejércitos regulares, pero hoy en día la mayoría de los combatientes forman parte de guerrillas y milicias y la mayoría de las víctimas son víctimas civiles. 
Es por eso por lo que el informe aboga por la implantación de nuevas reglas, nuevas convenciones y nuevos instrumentos que tengan en cuenta estos nuevos tipos de conflictos. 
La Unión está llamada a tomar la iniciativa para llevar a buen término la revisión del derecho internacional. Tendrá que hacer todo cuanto esté a su alcance para garantizar que el Tribunal Penal Internacional comience a funcionar lo antes posible. 
Nosotros, en tanto que Parlamento Europeo, debemos hacer honor a nuestra reputación mundial como defensores de los derechos humanos cerciorándonos de que determinados derechos humanos fundamentales y universales sean respetados en cualquier circunstancia. 
Para finalizar, quisiera dar las gracias a todos los colegas merced a cuya contribución se ha podido presentar un informe equilibrado, que al menos en la Comisión de Asuntos Exteriores ha sido objeto de un amplio consenso. Espero que este informe sobre los derechos humanos merezca mañana el apoyo de todo el Parlamento. 
. Señor Presidente, hemos elaborado este informe que hoy presento teniendo en cuenta que la comunicación de la Comisión remarca la importancia que la Unión otorga a los derechos humanos dentro del desarrollo de su política exterior, lo que merece una evaluación muy positiva, en nuestra opinión. 
Pero quiero destacar que, aunque dicha comunicación aporta importantes propuestas y sugerencias, no ofrece, a nuestro juicio, instrumentos concretos que nos permitan enfrentarnos con éxito a los nuevos retos derivados de una visión nueva que compartimos, y en la que los derechos humanos y su promoción se integran de pleno en la política exterior de la Unión. 
Es verdad que no existen, en teoría, diferencias sustanciales de enfoque entre las instituciones de la Unión a la hora de definir cómo abordar el desarrollo de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en el mundo, pero es verdad también que las diferencias y responsabilidades entre instituciones de la Unión comienzan a la hora de pasar del terreno de la retórica al de las realizaciones concretas. 
Así, no es inhabitual comprobar cómo las exigencias democráticas a nuestros socios vienen demasiadas veces muy por detrás de los intereses económicos y comerciales de la Unión o de sus Estados miembros, individualmente considerados. 
Añadámosle a esta constatación otra aún más paradójica, a mi juicio: a pesar de que existe una sola doctrina, se aplican distintas políticas. 
Vean si no, el caso paradigmático de Cuba, y lo cito sólo a modo de ejemplo. 
El Consejo bloquea, mientras los Estados miembros mantienen relaciones bilaterales, comerciales y de todo tipo con la isla. 
En este contexto, el objetivo del presente informe no es reiterar la conocida doctrina de la Unión, sino presentar propuestas de acción concretas, relativas tanto a la fase de negociación de los acuerdos de todo tipo entre la Unión y los terceros Estados, como a la de la aplicación de los mismos, o su eventual suspensión. 
Las propuestas contenidas en este informe pretenden dotar de una mayor coherencia a los trabajos de las distintas instituciones comunitarias, poniendo fin a las contradicciones de hecho y a la especial preponderancia de la voluntad política del Consejo en este ámbito, porque a nuestro juicio no contar con una postura unívoca y propia de la Unión nos lleva a actuar en la escena internacional guiados por la necesidad o bajo el cambiante liderazgo de otros, que no siempre comparten nuestros intereses en esta materia. 
Hemos elaborado este informe con ambición y con responsabilidad; con la ambición que requiere comprometerse con la defensa de los derechos humanos en el mundo y con la responsabilidad que confiere saber que el reto de integrar los derechos humanos en la política exterior de la Unión es verdaderamente complicado. 
Pero teniendo presente también que las contradicciones entre instituciones, la falta de unanimidad, de coordinación y de unidad en la acción son el peor enemigo de los derechos humanos y de la democratización en el mundo. 
Las propuestas de este informe han de entenderse, pues, como una aportación para superar esta situación, para superar nuestras propias contradicciones. 
Como ha dicho el Sr. Patten esta tarde en su intervención, nos gusta dar lecciones sobre derechos humanos pero, a veces, merece la pena que nos miremos un poco a nosotros mismos. 
Por tanto, mi primera propuesta es pedir a la Comisión que elabore un código de conducta interinstitucional, destinado a conferir una mayor coherencia y equidad a la acción exterior de la Unión en esta materia. 
Este código debiera regir las relaciones entre la Unión y los más de 120 Estados a los que es de aplicación actualmente la claúsula democrática. 
Un código, Señorías, que será un instrumento para saber en qué términos, internos y externos, se está dialogando; un código para cohesionar el discurso y las actuaciones de la Unión, pero nunca para hipotecar el diálogo; un código como instrumento político, que no jurídico y ético, que recoja de manera sistemática los valores y el pensamiento político de la Unión y sus reglas de aplicación. 
Me interesa subrayar que dicho código no debe basarse en la naturaleza punitiva y suspensiva de la claúsula de los derechos humanos, sino en el respeto mutuo entre las partes, incorporando cuantos incentivos positivos sean posibles e incluyendo programas de cooperación generosos, que permitan mejorar el respeto de los derechos humanos a todos los niveles. 
Nuestros objetivos han de ser no sólo evaluar los avances realizados por los distintos países socios en materia de derechos humanos sino lograr un enfoque coherente entre países y regiones, evitando sobre todo, como vimos en Ginebra, resultados injustos, agravios comparativos y tratamientos de doble rasero a la hora de tratar con ellos. 
El código es, en fin, el abc de la democracia parlamentaria. 
La segunda propuesta que presenta este informe, y que quiero destacar, es la recomendación de que el Parlamento resultante de las elecciones del 2004 constituya una comisión dedicada a los derechos humanos que tenga competencias sobre los derechos humanos y la democratización en terceros países y sea responsable de las relaciones con las organizaciones internacionales que actúan en este ámbito. 
En tercer y último lugar, quiero referirme a la propuesta de creación por parte de la Comisión, de una agencia de la Unión para los derechos humanos, sugerencia ya planteada por el Consejo Europeo de Colonia. 
Esta agencia, Señorías, sería un órgano que tendría como objetivo establecer criterios y parámetros comunes para el análisis de la situación de los derechos humanos en el mundo, elaborando una evaluación anual que posibilite la acción interinstitucional de acuerdo con los elementos que constituyan el código. 
Naturalmente es la Comisión quien deberá establecer las áreas de actuación de la agencia, pero sería muy útil, para realizar un trabajo más eficaz y coordinado, que pudiera, por ejemplo, incluir la evaluación del impacto de las medidas estructurales, dada su gran importancia en los procesos de reconciliación tras un conflicto armado. 
En definitiva, un instrumento útil, que no reste competencias a nadie, sino que sume esfuerzos y recursos propios y externos. 
Finalmente, respecto a las cinco enmiendas presentadas por la Sra. Malmström, debo decir que no las voy a aceptar, que voy a pedir al Pleno que vote el informe aprobado por una amplia mayoría en la comisión, con tres abstenciones y ningún voto en contra. 
No obstante, doy las gracias tanto a la Sra. Malmström como al resto de los diputados y diputadas de cualquier Grupo político, que han enmendado y que han reflexionado con nosotros en la elaboración de este informe, porque su trabajo ha contribuido a enriquecerlo. 
Quisiera además pedir a los servicios de la Cámara que tuvieran en cuenta que el texto original es español y que revisen el resto de las versiones, porque creo que en los matices hay diferencias. 
Señor Comisario, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación quiero, en primer lugar, agradecer a la Comisión su comunicación sobre el fomento de los derechos humanos y felicitar a la ponente, Rosa Díez, por su excelente informe, que complementa y enriquece las propuestas ya de por sí positivas que formula la Comisión en su comunicación. 
El compromiso de la Unión Europea con la defensa de los derechos humanos y los principios democráticos requiere efectivamente una acción eficaz pero, sobre todo, coherente; si no hay coherencia, no se tiene credibilidad, y sin credibilidad no se tiene la autoridad necesaria para impulsar y exigir el respeto de los derechos humanos. 
Por ello comparto el enfoque estratégico y global que propone la Comisión de cara a integrar los derechos humanos en la política exterior de la Unión y asegurar que todas las políticas, todos los programas y proyectos comunitarios, toman en consideración este tema. 
Finalmente comparto el enfoque de la ayuda humanitaria basada en los derechos humanos, muy importante de cara a la prevención de conflictos, o que los documentos de estrategia por país deban proponer medidas concretas para el fomento de los derechos humanos, y que estas medidas deban ser consideradas como prioritarias. 
La lucha por los derechos humanos es indisociable de la lucha contra la pobreza y la política de cooperación al desarrollo, en la medida en que ambas promueven el establecimiento de las condiciones económicas y sociales necesarias para garantizar la paz y asegurar que toda persona pueda vivir con dignidad; condiciones sin las cuales el respeto de los derechos fundamentales no es más que una entelequia. 
Por eso pido especialmente a la Comisión que, en el marco del diálogo político y de la discusión de los documentos de estrategia por país, el acceso universal a la educación sea considerado una prioridad temática, porque la educación es indispensable para el desarrollo de los pueblos y sin desarrollo difícilmente se podrá hablar de pleno respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, es justo y acertado que la Unión Europea se centre firmemente en la cuestión de los derechos humanos. 
He estado en primera fila con los defensores de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en países como Birmania y Zimbabue, donde la reelección del Presidente Mugabe el mes pasado y la violencia política y la intimidación que siguieron a dichas elecciones han sido motivo de gran preocupación y convierten las acciones internacionales en una farsa. 
Si queremos que nuestros esfuerzos sean más eficaces, creo que debemos centrarnos más específicamente en las zonas en las que realmente se violan los derechos humanos. 
No deberíamos definir el concepto de derechos humanos de una manera tan amplia que abarque todos los deseos y aflicciones de los seres humanos. 
Debemos tomar medidas para impedir que los extremistas y terroristas exploten nuestra preocupación por los derechos humanos. 
Al tiempo que nos mantenemos siempre vigilantes de las libertades civiles de nuestros ciudadanos, debemos garantizar que la legislación en materia de derechos humanos no interfiere en exceso en los ámbitos operativos que afectan a nuestra capacidad de proteger a nuestros ciudadanos respetuosos de la ley y a nuestras democracias, en particular, cuando la amenaza crece. 
Los derechos humanos no deben convertirse en un dispositivo que contribuya a reconfortar, e incluso ofrecer compensación financiera, a personas como los terroristas, que son los peores violadores de los derechos humanos. 
Los informes que hoy nos ocupan son encomiables por el ámbito que abarcan, pero a veces se adentran en terrenos que convendría evitar. 
Hasta cierto punto, pierden de vista el concepto original de los derechos humanos. 
No hacen ninguna mención de la necesidad de buena gobernanza ni del hecho de que los gobiernos corruptos de Estados fracasados son a menudo los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos. 
Son aspectos generales, pero hay aspectos específicos que no podemos apoyar. 
Por ejemplo, aunque apoyamos firmemente la prohibición de la terrible explotación y el abuso de niños, como en el caso de los niños soldados en países como Uganda y Sierra Leona, no podemos apoyar la prohibición de reclutamiento de soldados menores de 18 años en nuestros países. 
El Ejército británico es probablemente el mejor del mundo. 
Unas 5.000 personas, el 4,5 % de su fuerza, son menores de dieciocho años. 
Más de la tercera parte de su personal se alistó, con orgullo y voluntariamente, antes de alcanzar la mayoría de edad. 
Nadie es destacado a zonas de conflictos hasta haber cumplido los 18 años. 
Sería un craso error y una injerencia en un ámbito de exclusiva competencia nacional intentar prohibir dicho reclutamiento. 
No podemos aceptar la interpretación errónea de la Convención de Ginebra ni la crítica desproporcionada a la actuación estadounidense respecto al trato que reciben los prisioneros en Guantánamo, cuando la Administración de los Estados Unidos ha dejado claro que los derechos humanos fundamentales de todos los detenidos estarán garantizados. 
No compartimos el entusiasmo por una Corte Penal Internacional, como se propone actualmente, que podría convertirse fácilmente en un instrumento político y cuya jurisdicción sobre los auténticos infractores de los derechos humanos, como los terroristas, es poco clara. 
No apoyamos la ' comunitarización? de la política exterior en la Unión Europea. 
Podemos dar nuestro apoyo a muchas cosas, pero he expuesto los aspectos que no podemos apoyar. 
En vez de la constante autoflagelación, los golpes de pecho y la búsqueda de fallos en nuestras democracias, debemos realmente ser más eficaces a la hora de subsanar la violación constante y masiva de los derechos humanos que es el pan nuestro de cada día para la población de tantos países lejanos. 
Es nuestro deber indiscutible reconocer los fallos de nuestra propia democracia. 
Es evidente que esto guarda relación con el debate sobre Oriente Medio. 
A menos que reconozcamos nuestros propios fallos e insuficiencias, ¿cómo vamos a conseguir que cambien otras democracias? 
Es precisamente lo que estos dos informes hacen de manera brillante. 
El informe de la Sra. Díez González nos recuerda que disponemos de acuerdos que incluyen cláusulas sobre los derechos humanos y la democracia, pero que no hacemos nada. 
Nos mantenemos al margen porque los factores económicos nos impiden intervenir. 
Prestamos más atención a las disposiciones económicas que a las llamadas de los ciudadanos que ponen en nosotros su mirada para que mejoremos sus vidas a través de los acuerdos que la UE y sus Estados miembros han suscrito y ratificado. 
El informe del Sr. Van Hecke nos recuerda que son muchas las cosas que marchan mal en el mundo y nos acerca brillantemente a la necesidad de que la Unión Europea hable con una sola voz. 
La semana pasada fui testigo en Ginebra, en mi calidad de delegado, de que la Comisión es posiblemente una de las comisiones más ineficaces de cuantas conocen los veteranos asistentes. 
¿Por qué? 
Porque Oriente Medio se está utilizando como una pelota que pasa de un grupo de Estados-nación a otro. 
Nos encontramos aquí, en esta Asamblea, gozando del lujo de poder contradecirnos unos a otros, de pertenecer a diferentes partidos, de tener ideas diferentes, de tener orientaciones sexuales diferentes, un color diferente, un modo de vida diferente. 
Ésta es la realidad de las violaciones de los derechos humanos. 
No podemos restringir la interpretación de los derechos humanos. 
Nuestra interpretación debe ser para todo el mundo. 
Debe ser expansiva. 
Por último, quiero repetir una frase que se dijo a raíz del 11 de septiembre: 'el ataque a uno de nosotros es un ataque a todos nosotros'. 
Ésa es la realidad. 
Es el principio inmutable de la defensa de los derechos humanos y de las libertades universales. 
Señor Presidente, actualmente, cuando el racismo y la intolerancia muestran su cara más repugnante y soplan vientos antisemitas y xenófobos en numerosos países europeos, quizás sea más importante que nunca mostrarse partidario de la tolerancia y de los derechos humanos. 
Estoy orgullosa de que el Parlamento Europeo en general se ocupe de defender la dignidad humana en el mundo. 
La tolerancia, el respeto, la democracia y los derechos humanos son los cimientos de la cooperación europea y siempre habrá que defenderlos. 
La política de la UE en esta materia es buena, pero, como muchos han señalado, es demasiado confusa y carece de estructura. 
Se necesita una estrategia coordinada, verosímil y consecuente que se integre naturalmente en el resto de las actividades comunitarias. 
Esto lo hemos repetido muchas veces. 
Es lamentable que hayamos abandonado la tradición de realizar un gran debate sobre derechos humanos en las sesiones de Estrasburgo, habiéndolo divido, lo que implica, por ejemplo, que el informe Swiebel sobre derechos humanos en la UE se discuta más tarde. 
Es sintomático que en el Parlamento también trabajemos de manera desordenada. 
Durante muchos años la Comisión y el Parlamento han propuesto diversas medidas para coordinar las políticas entre las instituciones y para mejorar su seguimiento. 
Muy pocas de esas propuestas se han materializado. 
Son propuestas bastante ambiciosas y no puedo entender por qué resulta tan difícil. 
En el informe Van Hecke se hace hincapié en la esclavitud moderna y en el terrorismo. 
La esclavitud y el tráfico con personas, especialmente con niños, constituyen problemas horribles que tienen lugar parcialmente a escondidas. 
Es extraordinariamente provechoso que se saquen a la luz. 
El terrorismo y los derechos humanos también son temas de actualidad. 
En el Parlamento Europeo hemos sostenido de manera especial que la lucha contra el terrorismo, que es muy importante, despierta también una serie de interrogantes sobre la integridad personal y el imperio de la ley. 
Nunca hay que defender la apertura de la sociedad con métodos antidemocráticos. 
Nos hubiese gustado que este excelente informe- al que el Grupo liberal da su respaldo- se ocupase más de estos asuntos. 
Coincido plenamente con la filosofía y las intenciones contenidas en el informe Díaz González. 
Sin embargo, algunas de sus propuestas nos parecen dudosas, como, por ejemplo, la que se refiere al nuevo código interinstitucional. 
Sin lugar a dudas es algo muy necesario, pero nos preguntamos cómo se compatibiliza esto con las exigencias existentes. 
Creemos en el diálogo y ya existen unas exigencias, por ejemplo el artículo segundo del acuerdo de asociación, que no se cumple. 
¿Vamos a poner el listón aún más alto? 
Igualmente nos parece criticable la creación de una nueva oficina de derechos humanos. 
¿Qué va a hacer? 
¿Cuáles serán sus funciones? 
Sin embargo, una Comisión de Derechos Ciudadanos y Humanos nos parece una excelente idea. 
Todavía se viola la dignidad humana de la manera más repugnante en todo el mundo. 
La UE puede desempeñar un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos. 
Pero también se necesita coordinación y mejores antecedentes para la realización de estudios, evaluaciones y seguimientos. 
Tenemos que hablar con una sola voz. 
Sólo entonces la UE podrá influir de manera verdadera. 
Señor Presidente, los últimos acontecimientos acaecidos en Oriente Próximo y en el corazón de Europa, aquí con ocasión de las elecciones francesas, nos han vuelto a poner alerta para percatarnos de la fragilidad, ligereza y vulnerabilidad del armazón que sostiene a la democracia, a los derechos humanos y a los principios del Estado de derecho. 
En el marco de la lucha contra el terrorismo, nos hemos encontrado asimismo con nuevas y peligrosas presiones- tal y como han señalado la Sra. Malmström y el Sr. Van Hecke- que dificultan aún más el trabajo en pro de los derechos humanos. 
En tales circunstancias, nosotros mismos también corremos el peligro de caer en la misma falta que reprochamos a los gobiernos de muchos países, o sea, la asunción de un compromiso meramente retórico que, sin embargo, no conduce a la adopción de medidas políticas enérgicas y coherentes. 
Todo queda en palabras hueras. 
No tenemos ninguna necesidad de una nueva agencia, tal como expone la Sra. Díez González en su informe, sino que lo que necesitamos, en su lugar, son dosis de voluntad política. 
Somos nosotros quienes debemos encontrar esta voluntad política en las instituciones, en el Parlamento, en la Comisión y, sobre todo, en el Consejo de Ministros, el cual no ha sido capaz de presentarse con credibilidad, salvo en raras ocasiones y de forma vacilante, como un foro de derechos humanos de vocación mundial, cosa que nos ha vuelto a recordar el Sr. Van Hecke con toda la razón del mundo. 
En vez de alabar y luego archivar el excelente informe elaborado por el Sr. Van Hecke, así como la mayor parte del informe de la Sra. Díez González, cosa que, a mi juicio, también cabe apoyar, deberíamos tomarnos en serio, siquiera una sola vez, nuestros propios discursos. 
Ya el año pasado, con ocasión de la aprobación del informe anual sobre los derechos humanos, nosotros decidimos que procederíamos a la evaluación de los métodos de trabajo de los órganos competentes de la UE en materia de derechos humanos y democracia. 
No lo hemos hecho. 
Se espera de nosotros que exijamos a las demás instituciones de la UE que nos rindan cuentas sobre la ejecución de las políticas en materia de derechos humanos, pero tampoco hemos procedido a ello, sino que nos hemos conformado con adquirir compromisos retóricos y pronunciar bellas palabras, que hoy también hemos podido escuchar aquí casi hasta la exasperación. 
Por ello, yo desearía que, por una vez, nos tomáramos en serio el informe del Sr. Van Hecke, así como la mayor parte del informe de la Sra. Díez González, y que actuemos en consecuencia. 
Señor Presidente, la UE es el factor de fuerza económico y civil que puede intervenir en favor de la democracia y de los derechos humanos. 
Una labor que las armas no pueden hacer, es decir, el trabajo de prevención de crisis. 
La verdadera lucha contra la opresión, en favor de la democracia y contra el terror, comienza aquí. 
La UE, a través de sus acuerdos comerciales y de asociación, puede llevar a cabo una política activa en favor de los derechos humanos y de la democracia. 
Sabemos que las violaciones de los derechos humanos tienen consecuencias terribles, y cuando esto sucede, cuando surge el terrorismo, con demasiada frecuencia nos encontramos con la pregunta '¿ quién está detrás? ? y muy pocas veces con' ¿por qué? ?. 
No basta con saber 'quién? , también debemos saber' por qué?. 
Sabemos que detrás del terrorismo subyacen frustraciones, opresión, falta de posibilidades democráticas, falta de derechos humanos. 
Como, por ejemplo, lo vemos hoy día en Oriente Medio. 
Como lo vemos cuando actos terroristas individuales afectan a civiles por azar en Israel. 
Tenemos problemas en la UE con nuestra política- no con las hermosas palabras, sino con nuestra propia acción. 
Aceptamos claras violaciones de las cláusulas de derechos humanos, con las que, entre otras, está gravado el acuerdo de asociación con Israel. 
Violaciones claras que no tienen ninguna consecuencia. 
Nuestros largos debates no llevan a ningún sitio si no estamos dispuestos ni a ajustar los discursos ni a dejar que a las muy hermosas palabras las siga la acción. 
La UE no es impotente, podemos marcar de hecho una diferencia. 
Podríamos haber marcado una diferencia, de modo que lo que algunos de nosotros vimos ayer en Yenin no se hubiera hecho realidad. 
No somos impotentes, usemos la influencia y el poder del que disponemos. 
Señor Presidente, como muchos de ustedes habrán observado, esta semana se celebra una muestra sobre la obra de Herman Hesse en el edificio Spinelli. 
Todo aquel que se haya tomado el tiempo de visitar la exposición, seguro que habrá quedado impresionado por una de sus declaraciones que dice textualmente: "En mi opinión, el mundo no lo componen las naciones, sino las personas". 
El mundo sería un lugar deferente si nosotros, como políticos, tuviéramos presente esas palabras a la hora de elaborar políticas y legislación, durante nuestras negociaciones y en nuestra toma de decisiones. 
Es necesario que enfoquemos de modo diferente la política exterior, es más, no sólo la política exterior y de desarrollo, sino todos los aspectos relativos a nuestras relaciones con terceros países. 
Si pudiéramos dejar de pensar en términos de hechos y cifras, importes y estadísticas, mercados y mercancías; si pudiéramos recordar en todo momento que nuestras políticas repercuten sobre las vidas reales de personas reales, daríamos prueba de un auténtico compromiso con los valores fundamentales que nos jactamos de valorar. 
El fomento de la democracia, el respeto por la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales son todos ellos valores que forman parte integral de la Unión que hemos construido entre todos a lo largo de tantos años. 
Son los valores que han traído la paz, la prosperidad y la libertad a nuestro continente, y no es más que justo y adecuado que intentemos fomentar estas ventajas en otras partes del mundo. 
Comparto el punto de vista del ponente sobre la necesidad de concretar las propuestas sobre una actuación firme. 
Los elevados ideales y las expresiones de buena voluntad no bastan. 
Debemos integrar plenamente nuestras políticas en materia de derechos humanos en todas las políticas que afectan a los países fuera de la Unión, ya sean éstas relativas al comercio, la agricultura, la pesca, etc. Apoyo el requisito de incluir una cláusula sobre la democracia en los acuerdos internacionales, así como la vigilancia estricta del cumplimiento de este tipo de cláusulas. 
El Gobierno irlandés destina actualmente casi 2 millones de euros a proyectos relacionados con la democracia y los derechos humanos. 
El objetivo de las subvenciones es el fomento del respeto de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. 
Se hace especial hincapié en ayudar a las personas a hacer valer sus derechos y en que aprendan a participar plenamente en el proceso democrático. 
La construcción de una estructura democrática más firme debe ser un aspecto clave de los esfuerzos en materia de desarrollo. 
Podemos apoyar una amplia gama de proyectos relativos al fomento y la protección de los derechos humanos y el apoyo a la democracia y la buena gobernanza en los países en desarrollo. 
Es perfectamente legítimo relacionar los incentivos financieros con los aspectos de los derechos humanos y la democracia a través de nuestra financiación de proyectos fundamentales. 
Se están adoptando medidas de orden práctico para hacer realidad una política exterior ética. 
Creo firmemente que la acción continuada en esta dirección garantizará que los proyectos que apoyamos tengan repercusiones reales y positivas sobre las vidas de las pobres gentes que viven en los países en desarrollo. 
Señor Presidente, en todo el mundo hay personas que son objeto de persecuciones, torturas o humillaciones. 
Me alegro mucho de que la Unión Europea esté dispuesta a salir en su defensa. 
No olvidemos que la Unión Europea pretende ser una comunidad de valores. Ello implica que debe aprovechar todas las posibilidades que estén a su alcance para ayudar a los oprimidos del resto del mundo. 
Con razón el Sr. Van Hecke aboga por un planteamiento más estructurado de este tema. 
Ahora bien, quisiera hacer dos observaciones acerca de este debate sobre los derechos humanos. 
En primer lugar, debemos actuar con suma cautela: en nuestros Estados miembros el racismo, la xenofobia y el antisemitismo continúan siendo un gran peligro. 
En tales circunstancias no me parece conveniente que nos erijamos en norma para todo el mundo. 
Por eso opino que algunas de las consideraciones, en concreto las que figuran en el informe de la Sra. Díez González, van demasiado lejos. 
No discuto que todo Estado deba atenerse al derecho de gentes, pero abogo por un mayor respeto hacia otras opciones y otras culturas. 
En segundo lugar, me pregunto si la defensa de los derechos humanos sale ganando con un enfoque lo más centralista posible. 
A diferencia de la Sra. Díez González creo que éste no es el caso. 
Los intereses y las relaciones de los diferentes Estados miembros son demasiado divergentes. 
Una excesiva centralización solamente daría lugar a una lucha interna de competencias, lo cual haría peligrar la defensa de los derechos humanos. 
Si los diferentes Estados miembros y las diferentes instituciones europeas aprovechan a fondo sus propias posibilidades pueden lograrse aún hoy en día muchos avances en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. 
Señor Presidente, como ha afirmado la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, la cláusula de los derechos humanos no produce efectos reales a causa de la inacción de la Comisión y del Consejo. 
Hoy por hoy, la cláusula democrática sirve únicamente para que este Parlamento y la opinión pública acepten acuerdos comerciales y económicos con regímenes totalitarios de tipo militar, religioso o político. 
Incluso hace tan sólo unos meses, cuando el Sr. Dupuis fue a Laos para pedir democracia y libertad para cinco militantes demócratas del Movimiento 26 de octubre 1999, fue secuestrado junto con otros cuatro militantes radicales, socavándose así todos los tratados internacionales y en particular los acuerdos entre la Unión Europa y Laos. 
Al cabo de unos meses, hoy podemos decir, en relación con la acción no violenta del Sr. Dupuis, a los militantes por los derechos humanos, civiles y políticos que ven en la Unión Europa una esperanza, que no se hagan ilusiones. 
Sentimos el deber y la responsabilidad de afirmar que la inercia de la Comisión y del Consejo tiene una relevancia políticamente criminógena, mientras que, desde el punto de vista jurídico y jurisdiccional, es omisiva. 
Hace unas semanas, el Comisario Patten, al responder a una pregunta del Sr. Cappato sobre estos militantes laosianos que continúan en la cárcel desde hace más de tres años, afirmaba que la Comisión no preveía convocar con urgencia la Comisión mixta, pero que habría seguido los cauces establecidos. 
Pienso que los militantes democráticos que están en la cárcel desde hace tres años estarán contentos de esperar que se cumplan los plazos burocráticos y diplomáticos de la Unión Europea. 
A la Sra. Díez González quisiera decirle tan sólo una cosa. 
Usted ha dicho que la Comisión y el Consejo hacen la vista gorda ante las violaciones constatadas. 
No, lo que hacen es cerrar los ojos: no quieren ver, no quieren oír, no quieren hablar y, sobre todo, no quieren actuar. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Díez González y al Sr. Van Hecke por los grandes esfuerzos que han consagrado a sus respectivos informes. 
Me centraré en la labor de la Sra. Díez González porque es el reflejo de un trabajo que yo inicié personalmente a comienzos de los años noventa, tras la caída del Muro de Berlín. 
Son muy pocos los diputados presentes en la Asamblea que ya estaban aquí entonces, aunque reconozco a algún que otro funcionario de aquellos días. 
En aquel entonces, el Parlamento decidió trabajar estrechamente con la Comisión en el establecimiento de un programa para fomentar la democracia y los derechos humanos, principalmente, en la Europa Central y Oriental, pero también en países cercanos a los nuestros y en el ancho mundo, y situar todo el proceso sobre una base más sistemática. 
Todo ello dio lugar a la creación del capítulo presupuestario B7-700, conocido actualmente como la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. 
Lo primero que me gustaría decir es que el éxito de este plan no obtuvo el reconocimiento general. 
Se han destinado durante años muchos millones de euros a proyectos grandes y pequeños, próximos y lejanos, en general con un enorme éxito y un perfil muy alto en todos los países que se ha aplicado. 
No faltan las críticas, como ocurre con cualquier programa, pero, en términos generales, deberíamos felicitar a la Comisión por cómo ha sabido llevar este asunto. 
No obstante, en 1999 se modificó todo el proceso; el proceso según el cual, el Parlamento y la Comisión, junto con el G-24, el Consejo de Europa y alguna que otra entidad, participaba en la supervisión y selección de los programas. La Comisión asumió entonces, a nivel interno, la gestión del programa. 
Paso, a continuación, a las recomendaciones centrales del informe de la Sra. Díez González. 
¿Debería existir una agencia responsable de los derechos humanos y la democratización? 
Mi respuesta, y la respuesta del Grupo PPE-DE es: aún no. 
Pensamos que la Comisión debería mantener la competencia sobre la gestión de estos programas. 
Evidentemente, debemos vigilarla muy de cerca, pero crear otra burocracia más no nos parece adecuado en estos momentos. 
Personalmente no tengo nada en contra de que el Parlamento restablezca la Comisión de Derechos Humanos y Democratización. 
Este debate, sin embargo, debe tener lugar en una fecha más cercana a las próximas elecciones. 
Mientras tanto, seguramente podríamos restablecer el grupo de trabajo sobre derechos humanos y democratización en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores para mantener la supervisión que corresponde a este Parlamento sobre la dotación anual de 100 millones de euros con cargo al presupuesto. 
Mi propuesta es básicamente la siguiente: el Parlamento, y doy las gracias a los que aún permanecen en la Asamblea, debería modificar su enfoque sobre los derechos humanos y la democratización. 
Se trata de proyectos políticos que necesitan una supervisión política. 
No deberíamos dejarlo todo en manos de la Comisión, y mucho menos del Consejo. 
Por tanto, colegas, volvamos a interesarnos de nuevo. 
Agradezco a la Sra. Díez González que haya centrado la atención sobre esta cuestión. 
Muchas de sus propuestas merecen la pena un seguimiento, pero no aquellas a las que me ha referido como burocráticas. 
Le estoy muy agradecido por la labor que ha realizado. 
Señor Presidente, me parece que este debate y este informe sobre los derechos humanos llegan en el momento oportuno. 
Pienso en las imágenes de Yenín que han sido recordadas hoy en este Pleno; pienso en la guerra que se convierte en odio, en el odio que hecha raíces y que se convierte en razón de intolerancia. Pero también pienso en ese límite sumamente frágil, en el plano inclinado de los derechos humanos, que es el respeto a las diversidades, el respeto a las minorías. 
Por esto, nuestro debate llega en el momento oportuno, en el momento en que pedimos a este Parlamento que renueve su compromiso de proteger las diversidades y todo esto el día en que el Sr. Le Pen nos da ocasión para reafirmar una doctrina política, un pensamiento, una intención que pretende negar cualquier respeto a las diversidades, cualquier forma de tolerancia en política. 
Me parece una coincidencia útil para dar un significado proposicional y positivo a nuestro compromiso. 
Algunas palabras más acerca del terrorismo: es útil que se haya recordado que el terrorismo no es una amenaza para Occidente o para la democracia, sino que es una amenaza y una negación para los derechos humanos. 
Y la respuesta al terrorismo no puede prescindir del respeto a los derechos humanos, sea cual sea el ser humano respecto al cual nos corresponde este deber. 
A la brutalidad no se responde con la brutalidad- no lo dice nuestro Grupo, lo dice Cesare Beccaria -, y por lo tanto, pretendemos que no haya procedimientos abreviados, vías preferentes en el ejercicio del derecho de acusación contra los prisioneros de Guantánamo, pero pediríamos que se admita la apelación según lo previsto en todos los juicios por cualquier delito. 
Mejor, pedimos a los Estados Unidos que sean rápidos, diligentes y rigurosos en ratificar el convenio que permitirá al Tribunal Penal Internacional empezar a funcionar. 
En cuanto al trabajo infantil, señor Presidente, creemos que cualquier forma de trabajo infantil constituye una violación del derecho a la infancia que es una etapa de la vida que no prevé, por ejemplo, el uso de los fusiles. 
Por lo tanto, esto vale también para los niños soldado y esto nos lleva a pensar que los derechos humanos escapan del criterio de conveniencia. 
A pesar de que no conviene al ejército británico, nos gustaría que ya no hubiera niños soldado. 
Señor Presidente, por mucho que avance el mundo no puede decirse que haya adelantado mucho en el ámbito de los derechos humanos. 
El número de violaciones de estos derechos va en aumento, así como la sensación de impotencia a la hora de intentar hacer algo. 
Europa, la madre de los valores morales, no puede rendirse. 
La Unión Europea debe desarrollar una política más coherente y menos hipócrita. 
Un código de conducta rígido no surtirá efecto. 
Es preferible que optemos por unas orientaciones claras que se apliquen rigurosamente teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada país. 
Hay que evitar en la medida de lo posible que las sanciones repercutan en la población. 
Los derechos humanos deben ocupar un lugar prioritario en la Unión Europea. Ahora bien, no basta con decirlo; hay que llevarlo a la práctica. 
Sin civilización no hay progreso y sin derechos humanos no hay civilización. 
Señor Presidente, el compromiso y la vigilancia de la Unión Europea a favor de los derechos humanos deben condicionar todas nuestras políticas comunitarias. 
Como primer conjunto económico del mundo, la Unión dispone de una clave para una diplomacia del progreso humano, sobre todo con respecto a los países más pobres, que son los primeros que violentan esos derechos, pero también las primeras víctimas. 
Efectivamente, el contexto es fértil para los atentados contra los derechos humanos cuando, en esos países, los fundamentos económicos y comerciales están desde hace demasiado tiempo desequilibrados y son desesperantes; cuando una capa de plomo cultural o religiosa que quisiera justificar por ella misma la tradición o las costumbres condena a una inferioridad innata y que no se puede transgredir a más de la mitad de la población, la de las mujeres. 
"Derechos humanos" se oye, pero sería necesario realmente decir "derecho de la persona humana", en tanto que se debe tener conciencia de que la suerte de los hombres perseguidos oculta siempre una condición femenina aún más abrumadora. 
Basta con recordar esa barbarie de otro tiempo, y sin embargo muy reciente, de las dos mujeres nigerianas condenadas con un artificio legal a la muerte por lapidación por adulterio. 
Estos casos mediatizados y afortunadamente salvados no deben ocultar el sufrimiento extremo de otras poblaciones íntegras de mujeres, como en la República islamista de Irán, prisioneras de leyes y costumbres basadas en la desigualdad de sexos. 
Las segregaciones y un verdadero terrorismo de Estado se suceden y condicionan vidas entre las mujeres si no decretan su muerte con sentimientos salvajes como la lapidación. 
Los derechos humanos confieren también este reconocimiento de los individuos, de los sexos y de los pueblos. 
El Parlamento Europeo haría honor a esos derechos y a su ambición democrática reconociendo a los pueblos autóctonos como permite ya la creación de una instancia permanente sobre las cuestiones autóctonas en la ONU, instituyendo una delegación en su contra tal como votamos por cierto en 1992. 
Más que declaraciones y resoluciones, será la acción concreta la que debe llevar adelante la promoción de los derechos humanos. 
Señor Presidente, considero extremadamente hipócrita el autonombramiento de la Unión Europea en defensora de los derechos humanos. 
Creo que se cometen infracciones tanto en la propia Unión Europea, como la violación del derecho al trabajo, a la vivienda, a la enseñanza gratuita, salud, bienestar social, como en otros países que se apoyan en la Unión Europea, como Turquía, Israel y otros países. 
La Unión Europea es igualmente responsable del hambre y de la miseria en el resto del mundo a causa de su política. 
Yo también vengo de Palestina, ¿hay algo más allí, aparte de la violación flagrante de los derechos humanos en contra de la población civil palestina, que al final está luchando por toda la humanidad, por parte de un Israel totalmente actualizado en armamento? 
La Unión Europea ante esta situación, al limitarse a mantener las mismas distancias entre la víctima y el sacerdote, se limita a hacer constataciones y pide que el incomunicado Presidente Arafat ponga fin a la intifada, a la que califica de terrorismo, para que Israel detenga su ataque. 
Y, señor Presidente, quienes están pidiendo lo mismo en esta sala, ni siquiera tienen la decencia de explicarnos con qué derecho Israel encarcela al Presidente electo de un pueblo, con qué derecho procede a efectuar detenciones, incluso de diputados palestinos, como por ejemplo el líder de Fatah, Barghouti, que ha sido distinguido por sus incansables esfuerzos por la paz; Con qué derecho mata y destruye. 
Lo seguro es que Israel no quiere la paz. 
Su objetivo es hacer desaparecer a un pueblo entero y materializar los proyectos expansionistas chovinistas de sus elementos más extremos... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, me ocuparé principalmente del informe Van Hecke, que me parece que ha profundizado de manera provechosa en algunos temas. 
Este informe trata de la esclavitud moderna, de las amenazas de los grupos terroristas y del ejercicio de la violencia. 
La esclavitud crece en todo el mundo, y también en Europa. 
La esclavitud no pertenece a la historia. Se fundamenta en una idea del hombre que está muy alejada de nuestra civilización y de la cultura cristiana. 
Se asienta en la negación del principio de que los seres humanos tenemos un valor único, igual e inviolable. 
UNICEF ha señalado que en África Occidental hay 200 000 niños que son objeto de comercio, siendo la industria del cacao un factor de importancia. 
Además, está demostrado que aumenta el trabajo infantil y el comercio con personas. 
En las plantaciones de cacao de la región trabajan principalmente niños, que tienen que realizar el pesado trabajo de recolectar los granos de cacao. 
La jornada laboral de esos niños puede ser de hasta quince horas. 
Por tanto, no es sólo trabajo infantil, sino que los niños son vendidos como esclavos por los productores de cacao. 
El Consejo, la Comisión y los Estados miembros de la UE deben actuar con firmeza. 
Cabe mencionar también la trata de blancas y el comercio con menores que tiene lugar en Europa. 
Los países más afectados son Rumania, Moldavia y la República Checa. 
Este comercio es una gran tragedia para quienes lo sufren, que son explotados de manera brutal, especialmente en el campo de la prostitución. 
El protocolo de la ONU sobre comercio con personas, que se anexó a la convención de Naciones Unidas sobre delincuencia transfronteriza y organizada, constituye una herramienta importante. 
Los Estados miembros y los países candidatos deben pasar de las palabras a la acción para terminar con este detestable comercio. 
Los gobiernos nacionales, la policía y el sistema judicial adolecen de pasividad, de falta de energía y de abandono frente a la tarea de dedicarse a resolver estos asuntos esenciales y a combatir el comercio sexual y el comercio con personas. 
Este desinterés es peligroso para la propia democracia. 
Los ciudadanos exigen energía y dedicación para resolver estos problemas. 
Permítanme subrayar los puntos 52, 53, 54 y 55 del informe Van Hecke, que se refieren a la libertad de culto. 
Me resulta totalmente incomprensible que en la mayoría de los países árabes y musulmanes el abandono del islamismo para abrazar el cristianismo, el budismo u otras religiones sea condenado con la pena de muerte. 
Esto atenta contra la dignidad humana. 
Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por ambos informes que, a mi juicio, se complementan de manera positiva, aunque no mi plena satisfacción porque encuentro una enorme hipocresía en las grandes afirmaciones: mientras que en el mundo el progreso avanza exponencialmente, debemos decir que también aumentan exponencialmente la violencia, las vejaciones y la barbarie y se violan los derechos humanos. 
Con todo, me parece positivo que entre las prioridades de nuestra política exterior figuren los derechos humanos, que se evidencien nuevas formas de esclavitud, en particular el terrorismo, la esclavitud del trabajo infantil forzoso, la esclavitud de la prostitución forzosa y que, por otra parte, existan posiciones comunes sobre estos problemas que afectan a la capacidad de relacionarse con la Organización Mundial de Comercio y con la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, una lucha contra la explotación del hombre por el hombre en todos los ámbitos y en todos los sectores, especialmente en lo que respecta a los menores y a los abusos sexuales que se realizan contra ellos. 
En ambos informes es importante que por primera vez se hayan recalcado algunas acciones positivas de fomento de los derechos humanos. 
No se trata sólo de una censura, y por lo tanto, no se trata sólo de remarcar estas violaciones, sino que se trata de fomentar los derechos humanos y ello a través de dos instrumentos: primero, un embajador para los derechos humanos, expresión de este Parlamento; segundo, una agencia europea para el fomento de los derechos humanos. 
Para estas dos realidades es necesaria una política exterior seria, basada en propuestas concretas que nosotros reclamaremos y en las que estaremos presentes. 
Señor Presidente, los derechos humanos son un tema respecto del cual los socialistas españoles tenemos una sensibilidad especial, y es que, cuando para la gran mayoría de los hombres y mujeres de los países que integran la Unión Europea estos derechos constituían ya una de las principales bases de su sistema de convivencia, a nosotros nos tocaron todavía décadas de esfuerzo y de sufrimiento hasta conquistar una situación aceptable de dignidad en cuanto a los derechos humanos en nuestra sociedad. 
Todo eso lo conoce muy bien la ponente, Sra. Rosa Díez. 
Lo conoce incluso mejor que otros, puesto que, en su condición de vasca y de demócrata, pertenece a una categoría de españoles y de europeos que todavía hoy deben seguir luchando frente al terrorismo ultranacionalista para consolidar derechos fundamentales que son señas de identidad de la Unión Europea. 
Mi intervención será poco más que una manifestación de apoyo a lo que nos dicen y nos proponen la Sra. Díez y el Sr. Van Hecke, añadiendo apenas un par de comentarios. 
El primero es que no debe hacerse una interpretación restrictiva de las varias y excelentes iniciativas que se nos sugieren. 
Por ejemplo, no se trata tanto de que un altísimo nivel en la práctica de los derechos humanos sea una condición previa e inexcusable para que la Unión Europea establezca relaciones de cooperación con terceros países, y sí se trata de que sea objetivo y resultado de esa cooperación el elevar el nivel de respeto a los derechos humanos en cada país con que se coopere. 
Mi segundo comentario sale al paso a alguna crítica que ya hemos escuchado, como que planteamos muchas exigencias en el ámbito de los derechos humanos cuando hablamos de terceros países y, en particular, de países del mundo en desarrollo y, en cambio, somos mucho más transigentes ante situaciones francamente insatisfactorias que en ese mismo terreno se dan en países de la propia Unión Europea. 
No es el caso. 
Es que estos informes se refieren específicamente a terceros países, pero yo doy por descontado que la autoridad moral y política de nuestro discurso en la cooperación con el mundo que rodea a la Unión Europea, y con el que aspiramos a interrelacionarnos coherentemente, será tanto más creíble y eficaz cuanto que prediquemos con el ejemplo y cuanto que aquello que pedimos a los demás venga refrendado por nuestra propia conducta y por nuestra autoexigencia de seguir avanzando, día tras día, mejorando todo lo que a protección de los derechos humanos se refiere en el territorio de la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión y muy en especial en nombre de mi colega, el Sr. Patten, quien no puede participar hoy en el debate, quiero felicitar a la Sra. Díez González y al Sr. van Hecke por sus informes que se complementan bien entre sí. 
Señora Díez González, en su informe sobre la comunicación de la Comisión relativa a los derechos humanos, usted exige que las instituciones elaboren un código de conducta común que regule las relaciones de la Unión con terceros países. 
La Comisión subraya de nuevo la importancia de un concepto constructivo dinámico para las relaciones de la Unión Europea con otros Estados que descanse sobre una cooperación crítica. 
El Consejo subrayó asimismo este enfoque con las directrices para el diálogo sobre los derechos humanos. 
Este diálogo promete un éxito especial cuando el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos constituye un elemento esencial de los acuerdos concluidos con terceros países incluyendo una cláusula de derechos humanos. 
Un paso de este tipo- que se ha mencionado aquí- se ha dado con el Acuerdo de Cotonou. 
La Comisión está dispuesta a discutir sobre la forma futura y la aplicación de esta cláusula y concederá una gran importancia a la opinión del Parlamento. 
La Sra. Díaz González se pronuncia además en su informe a favor de la creación de una agencia europea para los derechos humanos y la democracia que cumpla una función de asesoramiento e información. 
Sin embargo, tal como ha expuesto ya en su comunicación, la Comisión opina que a la Unión Europea no le faltan posibilidades de asesoramiento y fuentes de información. 
La Unión Europea puede apoyarse en los informes de la Naciones Unidas, del Consejo de Europa y también de un gran número de organizaciones no gubernamentales internacionales. 
El desafío en sí para cada institución consiste en aprovechar con rapidez y a fondo las informaciones existentes y en mostrar la voluntad política para adoptar decisiones difíciles. 
Con un gremio asesor adicional no se solucionaría este desafío. 
Además, para la Comisión sería extremadamente difícil transferir potestades a un gremio de este tipo en un campo tan sensible como el de los derechos humanos. 
El Sr. van Hecke ha dedicado su informe a dos temas centrales. 
Por un lado, a la lucha contra el terrorismo y, por otro, a la lucha contra las formas modernas de esclavitud. 
La Unión Europea condena expresamente la esclavitud en todas sus formas, un concepto que actualmente, junto a la esclavitud y a la trata de esclavos tradicional, incluye entre otras cosas graves violaciones de los derechos del niño y de la mujer, la explotación de determinadas situaciones de dependencia así como el apartheid. 
Millones de personas en muchas partes del mundo siguen estando sometidas a estas lacras. 
En esta ocasión, la Unión Europea ha saludado los diferentes instrumentos internacionales, en especial los de la OIT, para combatir estas formas de esclavitud. 
También ha exigido un modo de actuar más activo contra la trata de personas. 
En lo referente a las normas laborales básicas, la Comisión, en su comunicación del último año, titulada "Promoción de las normas laborales básicas y de una dirección más social de la política en el contexto de la globalización", presentó una amplia estrategia para que los países reciban estímulos y estén en situación de aplicar y preservar las normas laborales básicas. 
Un paso concreto ha sido la aprobación por el Consejo de un esquema general revisado de preferencias- el sistema de los estímulos sociales -, que prevé preferencias adicionales para aquellos países que respeten las normas laborales básicas. 
Además, las violaciones graves de uno de los acuerdos básicos con la OIT se encuentran entre los motivos por los que se pueden suspender provisionalmente las preferencias generales. 
La UE ha suspendido el sistema general de preferencias con Birmania sobre todo por estos motivos. 
En muchos países, la Comisión ha apoyado financieramente de modo creciente proyectos contra la trata de personas, la trata de mujeres, el trabajo infantil o la esclavitud. 
Por ejemplo, proyectos contra la explotación de menores en Gabón, Benin, Togo y Nigeria o proyectos en el marco de los programas STOP y DAPHNE, orientados a combatir la trata de personas y la explotación sexual. 
El Sr. van Hecke subraya en su informe muy acertadamente que los acontecimientos del 11 de septiembre representan una nueva forma de terrorismo. 
Me voy a referir a esta parte del informe. 
La lucha contra el terrorismo ha penetrado con razón en todo el debate político. 
Consideraciones sobre los derechos humanos se reflejan en diferentes niveles. 
La Unión Europea se afirma en la importante diferenciación jurídica de que son los Estados los que pueden violar los derechos humanos mientras que los actos terroristas se deben considerar como delitos, como crímenes. 
A pesar de la urgencia de actuar, en todos los aspectos de la lucha contra el terrorismo es de la mayor importancia que nosotros mismos y nuestros aliados respetemos exactamente los valores de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario. 
El informe del Sr. van Hecke se refiere además a la iniciativa europea por la democracia y los derechos humanos. 
La Comisión se esfuerza activamente en la aplicación de su nueva estrategia. 
Esta incluye un concepto a largo plazo que prevé la selección de un número limitado de temas centrales a los que se concede una importancia sustancial y en los que la Comunidad puede lograr unos cambios reales. 
Al igual que hasta ahora, la Comisión incluirá al Parlamento Europeo en los debates sobre el modo y forma de aplicar la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. 
Quiero felicitar de nuevo a la Sra. Díez González y al Sr. van Hecke por sus informes. 
La Comisión saluda la cooperación con el Parlamento para seguir impulsando nuestro deseo común de democracia y derechos humanos. 
La Unión Europea se basa en el respeto de los derechos humanos y este fundamento es aplicable tanto a la política interior en Europa como a nuestra política exterior. 
Muchas gracias, señora Comisaria Michaele Schreyer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 20.03 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0109/2002) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 2/2002 de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (7033/2002- C5-0131/2002- 2002/2043 (BUD) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, al pasar la vista por la Asamblea, se me ocurre que habríamos podido reunirnos en el bar. 
Habría sido mucho más acogedor que esto. 
Es agradable ver a los que están aquí. 
A pesar de que el presente informe figura en el orden del día como el informe Wynn, no ha hecho más que convertirse en el informe Wynn. 
Antes era el informe Costa Neves. Carlos Costa Neves, que era ponente del Presupuesto 2002, ha pasado ahora a formar parte del Gobierno portugués y, personalmente, he sentido mucho su partida. 
Él ha realizado una labor inestimable y quiero declarar públicamente mi agradecimiento por los esfuerzos que ha dedicado al Presupuesto 2002. 
Tengo entendido que el Grupo PPE-DE ha designado ahora como nuevo ponente al Sr. Podestà. 
Por lo tanto, yo soy el eslabón de enlace. Esta es la explicación de que ahora tengamos el informe Wynn sobre el Presupuesto Rectificativo y Suplementario nº 2. 
Al Consejo y a algún que otro diputado les preocupan las enmiendas que hemos presentado. 
Los Estados miembros, muy acertadamente, quieren que se les restituyan los fondos no utilizados el año pasado. 
Estos fondos se elevan a 10.000 millones de euros aproximadamente, una suma considerable. 
Aunque éste no es el importe total, porque el año pasado ya se restituyó una suma, y probablemente quedan aún mil o dos mil millones que aparecerán en el Presupuesto Rectificativo y Suplementario nº 3. 
Tenemos la opción de devolver los fondos a los Estados miembros o de intentar utilizarlos en otros ámbitos. 
Una cosa que nos ha quedado clara es que en el presupuesto del año próximo podría haber un déficit, especialmente en los Fondos Estructurales, en los que es muy posible que se sobrepase el gasto de los créditos de pago en la Categoría 2. 
Por consiguiente, una de las razones de nuestras enmiendas es paliar ese problema el año próximo poniendo a disposición los fondos este año. 
En consecuencia, los Estados miembros no recibirán de vuelta diez mil millones, sino una suma del orden de los 5.500 millones de euros. 
El Consejo y algunos Estados miembros han cuestionado la legalidad de la enmienda y nuestro derecho a hacer eso. 
La respuesta sencilla es sí, tenemos ese derecho. 
Hemos hecho cosas similares desde 1994, sin que el Consejo nos haya retado nunca, porque éste reconoce que, al final, lo que cuenta es el Tratado, y el Tratado otorga al Parlamento la decisión final sobre el presupuesto cuando el Presidente firma el presupuesto. 
Por consiguiente, lo que consideramos una operación de rutina en la modificación del presente PRS ha dado a algunos de nuestros amigos en el Consejo la idea de desafiarlo desde un punto de vista jurídico. 
El segundo problema es, al parecer, que retrasaremos el nuevo sistema de los recursos propios si mañana no aprobamos el PRS en su totalidad. 
Pues bien, lo retrasaremos, pero no es culpa nuestra. 
La Comisión, con toda su buena intención, ha intentado hacer un favor al Consejo con la introducción de dichas modificaciones al PRS. 
Nosotros también estamos a favor de las modificaciones, pero francamente, mientras antes aprobemos el PRS en nuestra segunda lectura, presumiendo que el Consejo no dé su aprobación a nuestra primera lectura, se llevarán a cabo las modificaciones. 
Una tercera crítica del Consejo es que no existe en absoluto la posibilidad de utilizar los fondos este año. 
Si es así, podríamos hacer algo al respecto más adelante. 
Como he dicho, el PRS 3 está en puertas. 
Hemos solicitado a la Comisión información sobre la utilización que puede darse a los fondos, si pueden ser utilizados a tiempo o si pueden ser utilizados en su totalidad. 
Si los comentarios de la Comisión apoyan la posición del Consejo, naturalmente deberemos reconsiderar nuestra postura. 
Si no lo hacemos en el marco del PRS 2, podríamos hacerlo sin ninguna duda en el marco del PRS 3. 
Para aquellos que intentan leer entre líneas, espero que el mensaje haya quedado bastante claro, porque lo que aquí está en juego no es sólo este PRS en particular. 
Hay más consecuencias. 
Si pronuncio las palabras 'Reglamento Financiero', algunas personas se darán cuenta y es posible que comiencen a comprender de qué estoy hablando cuando menciono una y otra vez el PRS 3. 
Otro aspecto de la cuestión es que algunos Estados miembros, incluido el mío, dirán que habrá un agujero en sus propios presupuestos. 
Tienen razón. 
El modo más fácil de llenar ese agujero es resolver esta cuestión lo antes posible. 
No obstante, esto guarda relación no sólo con el PRS 2 o el PRS 3, sino también con el Reglamento Financiero. 
Me gustaría pensar que con la buena cooperación de las tres instituciones quede resuelto este problema en un futuro no demasiado lejano, para satisfacción del Consejo, para satisfacción del Parlamento y para garantizar que la Comisión pueda seguir realizando el trabajo que desea realizar. 
Señor Presidente, no creo que sea capaz de improvisar durante cinco minutos una intervención en materia presupuestaria. 
En cualquier caso, señor Presidente, señora Comisaria, queridos compañeros de la Comisión de Presupuestos y demás interesados en materia presupuestaria, el informe Wynn- que fue anteriormente el informe Costa Neves y que va a ser dentro de muy poco tiempo el informe Podestà, con lo cual podremos decir que ha sido un informe de los más concurridos y transitados de toda la legislatura- tiene algunos puntos que resultan de mucho interés para ser discutidos por este Parlamento. 
En primer lugar, y es un tema que afecta a la Comisión, como ha dicho nuestro presidente Terry Wynn, cabe preguntarse por qué son necesarios tantos presupuestos rectificativos y suplementarios, que muchas veces suponen un coste administrativo en cuanto requieren emprender un procedimiento nuevo y, sobre todo, porque con ellos estamos desfigurando y desvirtuando el procedimiento presupuestario anual, como ya sabemos todos, porque lo hemos discutido muchas veces. 
Sería preferible que restringiéramos en cierta manera esta posibilidad de hacer tantos presupuestos rectificativos. 
Lo que no quiere decir que este Parlamento no esté de acuerdo con la política de los presupuestos rectificativos. 
Es más, este Parlamento, como bien saben, está muy dispuesto a defender sus derechos para que sigan existiendo los presupuestos rectificativos en el procedimiento actual, en la forma actual y con los derechos actuales del Parlamento. 
Por tanto, sí estamos contentos con el fondo, es decir, con que sigan existiendo los presupuestos rectificativos, y que este Parlamento tenga algo que decir sobre todos ellos. 
Hablamos en este caso de un presupuesto de saldos, un presupuesto y un superávit enormes. Hablamos de diez mil millones de euros más otros mil doscientos presupuestados. 
Un dinero que ya estaba presupuestado y que va a ser devuelto a los Estados miembros por una infrautilización. 
Un superávit presupuestario en la política presupuestaria nacional es una buena cosa, es un ahorro. 
Muchas veces supone un esfuerzo presupuestario por no hacer un gasto y es un dinero que revierte en las arcas nacionales o de los contribuyentes. 
Pero aquí estamos hablando de un superávit distinto. 
Estamos hablando de una infrautilización de los créditos presupuestarios que fueron aprobados en su día por el Parlamento Europeo. 
Hablamos de una mala ejecución, de una mala gestión. 
No sabemos si es responsabilidad de la Comisión, de los Estados miembros, de las autoridades regionales o de quién, pero, en cualquier caso, nos encontramos con la realidad de doce mil millones de euros mal gestionados que van a ser devueltos a los Estados miembros. 
Ésta no es una buena noticia para nadie. 
Por supuesto, creo que no es una buena noticia para la Comisión ni, desde luego, para este Parlamento. 
En el fondo, tampoco es una buena noticia para los Ministros de Hacienda, aunque aparentemente sí lo sea, porque éstos son fondos europeos, son fondos comunitarios que tienen un efecto multiplicador en las economías nacionales. 
Si no se usan, evidentemente este efecto multiplicador no se produce. 
Por tanto, en el fondo, tener que devolver este dinero tal como está es una pérdida de oportunidades 
No obstante, mirando el lado positivo de las cosas, este presupuesto va a permitir que analicemos cómo reducir el saldo de pagos pendientes y las necesidades para los pagos del año 2003. 
Evidentemente, para adentrarnos en los pagos del 2003, es bueno empezar con los pagos del 2002, por eso se han presentado estas enmiendas a los créditos de pago de cuatro mil quinientos millones de euros, con los que creo que está toda la Cámara completamente de acuerdo, porque afectan a todas las categorías del gasto. 
Desde los Fondos estructurales o los programas Leonardo hasta los programas de acción exterior, cubren todo el abanico de necesidades presupuestarias en pagos. 
Sabemos que esto no tiene por qué ser una posición definitiva. 
La vida política es una vida de negociación. 
Habrá que negociar con la Comisión, habrá que negociar con el Consejo. 
Tal vez no sean necesarios tantos créditos de pago. 
Tal vez el esfuerzo que hace falta en el año 2003 sea mayor. 
Tal vez el Consejo quiera reflexionar sobre la correcta manera de llevar las relaciones interinstitucionales, particularmente con el Parlamento. 
Estoy seguro de que, en cualquier caso, la tarea de las tres instituciones en este mes que queda hasta el segundo período parcial de sesiones de mayo, en el que tomaremos una decisión definitiva, será un mes de mucha negociación y, por supuesto, somos todos muy optimistas al respecto. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Wynn por su excelente informe y manifestar que apoyo totalmente sus opiniones sobre la modificación del Reglamento Financiero. 
El presupuesto rectificativo y suplementario que nos ocupa incluye dos nuevos elementos: el nuevo principio de recaudación de recursos propios y la consignación en la parte de ingresos del presente ejercicio de los excedentes del ejercicio precedente. 
El porcentaje de gastos de recaudación de los recursos propios tradicionales aumenta del 10 por ciento al 25% por ciento y las cuotas basadas en el Impuesto sobre el Valor Añadido bajan del 1 por ciento al 0,5 por ciento aproximadamente. 
Estos cambios están basados en la nueva Decisión del Consejo que acaba de ser ratificada. 
Ésta beneficia especialmente a los contribuidores netos de la UE. 
La contribución anual de Alemania se reduce en unos 847 millones de euros, la de los Países Bajos en 505 millones de euros y las de Suecia y Bélgica en unos 140 millones de euros. 
La contribución de Italia sube unos 757 millones de euros y la de Francia 458 millones de euros. 
Esta decisión pone de manifiesto lo delicada que es la cuestión de las cuotas de pago a la UE en el ámbito de la política interior, puesto que en términos de Producto Interior Bruto sólo supone alrededor del uno por ciento. 
Una cuestión aún más difícil desde el punto de vista político son los fondos consignados no utilizados, que, según la exposición de motivos del informe, ascienden a nada menos que a 18.000 millones de euros, es decir, el 20 por ciento del total de los fondos presupuestados. 
Solamente los Fondos Estructurales presentaron una infrautilización de 10.500 millones de euros, es decir, el 32 por ciento. 
Ya en el pasado ejercicio quedaron sin utilizar 6.500 millones de euros de estos fondos. 
La razón principal de esta infrautilización se encuentra en la burocracia de la Comisión. 
Es difícil llegar a tomar decisiones. 
El procedimiento de toma de decisiones es confuso y ambiguo. 
Todo el proceso carece de consistencia y de criterios claros de responsabilidad personal. 
Los documentos reposan en las mesas de los despachos y nadie quiere responsabilizarse de la demora de las decisiones. 
Si la ejecución del presupuesto de alguno de los Estados miembros fuese tan deficiente, el gobierno en cuestión se vería obligado a presentar su dimisión. 
Por consiguiente, la Comisión no tendrá más remedio que cobrar vigor en su actuación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero en primer lugar felicitar al Sr. Costa Neves por haber contribuido a lo largo de estos últimos años de manera significativa y positiva a los trabajos de nuestra comisión. 
Tal como ha señalado acertadamente el ponente en la exposición de motivos del informe, el presupuesto rectificativo y suplementario que votaremos mañana, presenta dos aspectos peculiares: en primer lugar, inscribe en el presupuesto para el ejercicio 2002 un importe inicial de 10 millardos de euros por el superávit registrado en 2001, un superávit debido a la no utilización de los Fondos estructurales y gastos agrícolas y que se resuelve prácticamente con una devolución a los Estados miembros que de este modo verán sensiblemente reducidas sus contribuciones al presupuesto 2002; en segundo lugar, las entradas del presupuesto 2002 se vuelven a calcular sobre la base de la nueva decisión del Consejo sobre recursos propios y, en consecuencia, los Estados podrán retener el 25%, en lugar del 10% de antaño de los recursos propios tradicionales en concepto de gastos de cobro. 
Sin embargo, lo que más me interesa en este momento es el primer aspecto de este presupuesto. 
Si no nos dejamos llevar por la óptica populista del ahorro, la gravedad de la situación aparece en su totalidad, o sea, la Comisión Europa, símbolo, con o sin razón, para millones de ciudadanos europeos, de Europa, de integración, de futuro, no ha sido capaz de ejecutar el presupuesto tal como fue aprobado por el Parlamento y el Consejo, y ahora se encuentra con un superávit del 12%. 
No obstante, también podemos contemplar la cuestión desde otro punto de vista: los Estados miembros que piden más dinero incesantemente para acciones estructurales y que con la ampliación en puertas están llevando a cabo duras batallas políticas para que sus ciudadanos no pierdan las ayudas estructurales comunitarias, no han sido capaces de cumplir los compromisos asumidos y no han reclamado los pagos ya asignados. 
Señorías, esta claro que el problema es bastante general y que necesita una solución urgente, puesto que ofende a nuestros conciudadanos, nos expone al ridículo frente a una opinión pública cada vez menos dispuesta a entender y, por el contrario, cada vez más preparada a dejarse llevar por juicios apresurados. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que se desprende esta tarde una hermosa unanimidad detrás de la posición de nuestro ponente, del presidente de la Comisión de Presupuestos, y creo que el Consejo debe escuchar a través, digamos, de lo que mañana será la votación de este pleno porque de la unanimidad se puede desconfiar en algunas ocasiones; pero a veces demuestra la voluntad de una institución de marcar su campo, de dejar oír su voz frente a una rama de la autoridad presupuestaria que en ocasiones olvida un poco el equilibrio que existe entre Parlamento y Consejo e intenta de algún modo apoyarse en nuestros poderes, en nuestras prerrogativas y en el papel que tenemos frente a la opinión pública. 
Ahora bien, este problema, debido al hecho de que efectivamente una cantidad tan importante no llega a gastarse, es un problema serio, no es posible que nos pidan un finiquito así, quizá una firma en blanco, sin ni siquiera reflexionar, sin ni siquiera plantear estas preguntas que se están planteando esta tarde. 
Por tanto, independientemente de la forma como continúe esta situación, creo que hemos sido correctos con los electores, con los ciudadanos europeos, con nosotros mismos, al plantear la cuestión de este PRS y al decirle al Consejo con este gesto: sepan que siempre somos dos para decidir, que así lo quieren los tratados y la lógica. 
Tenemos un PRS saldo, tenemos también responsabilidades de autoridad presupuestaria. 
Las ejercemos, esperamos la respuesta del Consejo, esperamos el curso que le dé la Comisión y avisaremos en segunda lectura porque existe el problema, es justo plantearlo y hemos hecho bien planteándolo así. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el presupuesto rectificativo que hoy debatimos casi en la intimidad, revela, como se ha puesto de manifiesto, un mal endémico en la ejecución de los créditos de pago, porque no se trata, por el volumen de la cuantía, de una excepción sino de la regla. 
La liquidación del año 2000 presentó un excedente en la previsión de pagos de unos 11.000 millones de euros; la del año 2001 puede acabar en torno a los 14.000 millones, excedente que viene a aligerar, lógicamente, la contribución de los Estados miembros en los años inmediatos y posteriores a cada uno de ellos. 
En estas condiciones, estos procedimientos quedan puestos en tela de juicio y socavado su legítimo uso. 
Estos desajustes se concentran en gran medida en la categoría 2, ya sabemos que los primeros años de la puesta en marcha de la política regional y de cohesión, la fase de programación, consume mucho tiempo, recursos y energía. 
Baste citar que la aprobación del Marco Comunitario de Apoyo para las regiones de objetivo 1 tuvo lugar en octubre del 2000, en lo que respecta a mi país, y esta decisión es el requisito que permite la cofinanciación. 
Los resultados del consumo de pagos en el año 2001, en esta rúbrica, arrojan datos preocupantes. 
El porcentaje de ejecución bajó 10 puntos en relación con el año precedente y, en lo que se refiere al montante previsto para las regiones de objetivo 1, lo hizo en 6 puntos. 
El resultado final es, pues, un aumento considerable del RAL. 
La normativa vigente de los Fondos Estructurales debe, por lo tanto, analizarse a la luz de lo anterior. 
De cara a la ampliación debe mejorar para permitir una mejor gestión financiera de los programas por razones evidentes: porque la política regional pertenece a la propia esencia del proyecto europeo y es fundamental para que pueda avanzar en el proceso de integración, y porque es un instrumento clave que concita el más amplio de los consensos. 
Problemas parecidos se plantean con otras cifras menos importantes en las rúbricas 3 y 4: el consumo de pagos en las acciones exteriores en el año 2001 disminuyó también en 5 puntos respecto al año precedente, en concreto, las iniciativas en favor de la democracia y los derechos humanos sólo alcanzaron el 56% de pagos previstos. 
Las enmiendas del Parlamento, Sra. Comisaria, queridos colegas, creo que no tienen otra finalidad que retrasar temporalmente un ahorro que, en gran medida, es de naturaleza transitoria para los Estados miembros y no tienen la finalidad de obstaculizar la gestión de flujos financieros de los Estados, sino de remediar una situación que no es razonable ni política ni financieramente. 
En primer lugar, la Comisión debe mejorar sus sistemas de trabajo tanto en la fase de previsión como en la de ejecución. 
En este sentido, las dificultades en pagos que se prevén para el año 2003 deben encontrar una solución satisfactoria. 
En segundo lugar, el Consejo debe entender que el Parlamento ejerce con todas las consecuencias sus competencias como autoridad presupuestaria y que este presupuesto rectificativo enmendado significa que, aun cuando en materia de recursos propios el Parlamento no esté en pie de igualdad con el Consejo, en ésta y otras materias en curso de negociación, lo que nos piden los ciudadanos es un equilibrio institucional estable y un diálogo que obtenga resultados prácticos, porque no existen otras alternativas que produzcan mayores beneficios para todos. 
Señor Presidente, permita que diga que todos los que esta noche nos encontramos en la Asamblea sabemos por qué estos fondos son retenidos en el sistema. 
El motivo es que existe una gran necesidad de que se utilicen los Fondos Estructurales en nuestros distintos países y regiones. 
Han transcurrido ya dos años y medio del programa de siete años 2000-2006. 
Por lo tanto, ya hemos superado más del 30%, y la infrautilización de los fondos es muy grande. 
Lo que estamos haciendo ahora es ofrecer a los Estados miembros la oportunidad de que organicen su actuación y utilicen estos fondos, para ayudar a mejorar el medio ambiente, las condiciones de trabajo y las perspectivas de empleo en toda la Unión Europea. 
Todo ello redundará en la mejora de la economía en su conjunto y de la situación existente en nuestras distintas zonas. 
Estamos adoptando una actitud responsable y es para mí un gran placer que esta noche exista unanimidad en la Asamblea. 
Espero que quede reflejada en la votación de mañana. 
Es realmente muy importante que nos aseguremos de que los países utilizan estos fondos para permitir al sector privado organizar su actuación porque, a finales de 2006, con la ampliación, los quince Estados miembros actuales perderemos la posibilidad de disponer de la financiación estructural. 
Los otros cinco o diez países que se incorporen a la Unión Europea exigirán Fondos Estructurales para sus respectivos países. 
Se producirá un recorte muy rápido. 
Puede darse el caso perfectamente de que ni siquiera permitamos ningún solapamiento en el año 2007-2008 sobre el gasto si éste se queda aún más atrás. 
Por consiguiente, insto a todos los gobiernos de la Unión Europea a que utilicen estos fondos, a que los utilicen con eficacia y rapidez. 
Respaldo plenamente la orientación que nos brinda el presidente, como capitán de equipo, por así decirlo, en el sentido de que mañana votemos todos juntos, coherentemente, en favor de retener los fondos necesarios y de instar a los países interesados a que los utilicen debidamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, tal como queda recogido en el artículo 3 del Tratado, la Comunidad Europea pretende erradicar todas las desigualdades fomentando la igualdad entre hombres y mujeres. 
En una resolución de 1995 el Consejo reconoció que la igualdad de género constituía un elemento básico de la cooperación al desarrollo. 
En ese mismo año se adoptó en Pekín, en la Conferencia Internacional sobre la Mujer, un programa de acción de diez puntos destinado a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 
Todos los países presentes firmaron dicho programa de acción. 
Pese a ello, la situación deja aún mucho que desear, especialmente en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
No se trata únicamente de proyectos para mujeres sino sobre todo de proyectos con mujeres, proyectos desarrollados previa consulta a las mujeres. 
Durante el último período de sesiones adoptamos el controvertido informe de la Sra. Izquierdo Rojo sobre mujeres y fundamentalismo. 
El presente informe ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Todo el mundo ve claramente cuál es el problema. Existe asimismo un gran consenso sobre las vías de solución. 
La cooperación al desarrollo continúa siendo un asunto de hombres, y eso es inaceptable. 
Señor Presidente, el 70% de los aproximadamente 1.500 millones de personas que viven por debajo del nivel de pobreza son mujeres. 
Ello no significa únicamente que carezcan de recursos financieros, sino que en la práctica carecen de muchas más cosas. 
A menudo no se respetan sus derechos humanos fundamentales ni sus derechos sociales, tales como el derecho a una alimentación decente, agua potable, enseñanza, asistencia sanitaria y empleo. 
Además, por regla general las personas que viven por debajo del nivel de pobreza ejercen poco control sobre los servicios, los instrumentos de ayuda y los bienes, a los cuales no suelen tener acceso, y apenas participan en la toma de decisiones. 
Resulta interesante comprobar que cada vez hay más indicios de que existe una relación entre pobreza y desigualdad de género. 
En los países que presentan una gran desigualdad entre hombres y mujeres, como puede ser el caso de Sierra Leona, Nigeria, Burkina Faso o Mali, también se registran los niveles más altos de pobreza. 
En los países que presentan una menor desigualdad entre hombres y mujeres también hay menos pobreza. 
Además, ha quedado demostrado que los proyectos de desarrollo, por ejemplo en el ámbito de la atención sanitaria, la alfabetización o la agricultura, surten más efecto si en ellos participan también las mujeres. 
Se ha observado que los proyectos que invierten en mujeres producen una disminución de la tasa de mortalidad de niños y mujeres, garantizan una mayor seguridad alimentaria y refuerzan la lucha contra la pobreza. 
No en vano la política de desarrollo se fundamenta en el principio de un desarrollo humano y social sostenible, equitativo y participativo, al que están indisolublemente unidos los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. 
Señor Presidente, los resultados son francamente decepcionantes. Desde que hace seis años el Consejo definió la transversalidad de la perspectiva de género como punto de partida de la política de desarrollo la situación apenas ha variado. 
Por eso aplaudo esta comunicación de la Comisión. 
El programa de acción puede dar un nuevo impulso a la integración de la igualdad entre hombres y mujeres en la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo con las tres líneas maestras diseñadas por la Comisión, a saber, análisis e integración de la dimensión de género en las áreas prioritarias de acción de la política comunitaria de desarrollo, integración horizontal de la perspectiva de género en los diferentes proyectos y programas y desarrollo de una capacidad institucional interna de la Comunidad Europea en materia de género. 
Estos tres elementos, muy en particular el último, son harto importantes. Hace falta un cambio de mentalidad en los órganos de la propia Unión Europea. 
¿Cómo podemos esperar que la situación mejore si el personal encargado de juzgar, ejecutar y evaluar los programas apenas tiene en cuenta este aspecto? 
Es imprescindible que formemos a nuestra propia gente y que la política de desarrollo cuente con suficientes recursos financieros. 
Me parece deplorable y decepcionante que la Comisión vuelva a optar por un planteamiento económico describiendo a la mujer como un instrumento para el crecimiento económico. 
En mi opinión, no se presta suficiente atención a la idea de que las mujeres son personas que tienen derecho a una calidad de vida a título personal y que, por tanto, pueden y deben hacer valer sus derechos en el ámbito civil, político y humano. 
El plan de acción quinquenal pretende llevar a la práctica las buenas intenciones formuladas por la Comisión, a fin de evitar que estas buenas intenciones se queden en el tintero. 
Por eso mismo es importante que sobre la base de este plan se elabore un programa de trabajo que incluya unos métodos, plazos, recursos financieros e indicadores bien delimitados. 
Acojo muy favorablemente la intención de realizar una evaluación intermedia y espero que a este respecto la Comisión implique al Parlamento Europeo en su debido momento. 
Yo también quisiera subrayar la importancia de la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y las demás organizaciones implicadas a escala internacional. 
En más de una ocasión su ayuda resulta muy valiosa. 
Por último, señor Presidente, debo recordar que el reglamento correspondiente expira en el año 2003. Dicho reglamento constituye el fundamento jurídico de la línea presupuestaria destinada a la integración de las cuestiones de género en la política de desarrollo. 
Por eso abogo por la renovación del mismo en mi informe. De este modo podrán culminarse los trabajos pendientes. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, vemos aquí el informe anual del año 2000 que presenta la Comisión para analizar los progresos que se han realizado en la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. 
Vemos con satisfacción que ha aumentado, aunque ligeramente, la tasa de empleo femenino pero todavía nos encontramos con que los empleos de las mujeres suelen ser a tiempo parcial, más precarios y con menores expectativas profesionales. 
No hemos conseguido lograr la igualdad de salarios para un trabajo igual. 
Las diferencias son todavía muy importantes, y aunque hemos avanzado algo en la conciliación de la vida profesional y familiar, tampoco se ha conseguido que exista un mayor reparto de tareas dentro de la familia, lo que posibilitaría que la mujer pudiera dedicarse con más profesionalidad a su trabajo. 
Cuando se piensa que la mujer necesita ayudas nos referimos a las madres, a las mujeres jóvenes con hijos pequeños y creemos que lo podemos resolver con la creación de guarderías. 
Otro fenómeno muy corriente es que en las familias existen personas mayores, personas que están a cargo de estas mismas mujeres, personas discapacitadas que representan un trabajo añadido para el ama de casa, para la mujer. 
Generalmente no se tiene en cuenta que también son necesarias ayudas sociales, como centros de día que faciliten la incorporación de la mujer al trabajo. 
Podemos constatar que la mujer no está avanzando suficientemente en lo que se refiere a la sociedad del futuro, es decir, a las nuevas tecnologías, a la sociedad de la información. 
Solamente un 20% de las mujeres participa en este sector y eso es algo que deberíamos fomentar, haciendo que pudieran acceder a una formación a lo largo de toda la vida, ya que el empleo del futuro, necesariamente pasa por la sociedad de las nuevas tecnologías. 
Hay una ausencia de mujeres muy notable todavía en los puestos de dirección, en empresas, asociaciones, partidos políticos y en las instituciones públicas. 
Nosotros demandamos reiteradamente una mayor presencia de las mujeres, un equilibrio mayor entre hombres y mujeres, pero constatamos la dificultad de conseguir la presencia de la mujer en los puestos de toma de decisiones. 
Por lo tanto pedimos medidas innovadoras, actuaciones específicas que se destinen precisamente a conseguir que la mujer esté más representada en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, con un mayor reparto de tareas entre hombres y mujeres, y con una mejor conciliación de la vida profesional y familiar. 
Debemos vigilar el cumplimiento del objetivo comunitario de igualdad entre hombres y mujeres en los programas financiados con fondos europeos, de acuerdo con el Tratado, y promover una mayor participación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones. 
Estos objetivos se tendrán en cuenta también en el proceso de ampliación de la Unión Europea, vigilando la incorporación del acervo comunitario a las legislaciones nacionales de los países candidatos. 
La violencia doméstica y la trata y explotación de mujeres siguen siendo un grave problema sobre el que tenemos que continuar trabajando para ayudar a las víctimas y erradicar, en lo posible, las causas que lo provocan, como pueden ser la pobreza y la precariedad. 
Como vemos, todavía hay mucho trabajo por hacer, hay todavía una escasa presencia de mujeres en puestos de dirección, hay todavía escasa representación de mujeres en el ámbito laboral y, sobre todo, no se consigue que a igualdad de trabajo la mujer obtenga igualdad de salario. 
Creo, por tanto, que tenemos que pedir a la Comisión y a las instituciones que ejerzan una mayor vigilancia para que el objetivo de la igualdad sea una realidad en el menor plazo posible. 
Señor Presidente, esta noche estamos debatiendo dos informes muy importantes. 
Uno se refiere al último informe de la Comisión Europea sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en el año 2000, tema de una importancia primordial para la calidad de la democracia en la Unión Europea y para lograr los objetivos de desarrollo planteados en Lisboa. 
El segundo es sobre el Programa de acción para la integración de los temas sobre la igualdad entre los dos sexos, en colaboración con los países terceros; un tema especialmente importante para lograr un desarrollo armónico en el mundo, de cuya importancia nos hemos concienciado tarde, puesto que ya han pasado casi seis años desde la primera vez que el Consejo caracterizó la incorporación de la perspectiva de la igualdad como principio de la política de desarrollo de la Comunidad y desde la publicación del Programa de acción. 
Si queremos ser honestos, debemos reconocer que la situación de las mujeres en Afganistán, que desgraciadamente ha salido a la luz después del atentado terrorista del 11 de septiembre, nos ha sensibilizado más sobre la trágica situación de los derechos de las mujeres en diversas regiones del mundo. 
En cuanto al primer informe, que se refiere a los problemas de la Unión, la Sra. Avilés Perea ha subrayado precisamente- y estoy de acuerdo con ella- que el informe este año presenta mejoras en relación con los años anteriores, profundiza en la evaluación de las políticas aplicadas para lograr la igualdad. 
Repito también yo que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades expresa su disgusto por la incapacidad de la Comisión Europea a la hora de hacer seguimientos sobre la aplicación esencial de la legislación comunitaria en cuanto a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Deberemos descubrir y aplicar la forma de seguimiento de dichas políticas. 
Tiene una gran importancia también para los nuevos estados que vamos a admitir en nuestro seno. 
En relación con el objetivo de Lisboa, a pesar del aumento del porcentaje de empleo, los Estados miembros deberán fomentar y reforzar sus esfuerzos y plantear objetivos concretos en sus programas de acción nacionales para conseguir políticas más efectivas y políticas de seguimiento. 
Estoy de acuerdo con la Sra. ponente en que debemos expresar nuestra inquietud por la inseguridad, la ausencia de calidad y de expectativas profesionales para las mujeres en Europa, así como la falta de infraestructura. 
No se trata sólo de las guarderías, es el cuidado a los ancianos y a los enfermos. 
Ya en el congreso sobre personas discapacitadas organizado por la Presidencia española, se subrayó la gran importancia de las infraestructuras para poder ayudar a dichas personas, por su dignidad, y también para aligerar a las mujeres de sus responsabilidades. 
Estoy de acuerdo con la Sra. ponente en que debemos aunar nuestros esfuerzos para elaborar estadísticas por sexos, que nos permitan plasmar la situación real de las mujeres en el mercado laboral y en otros sectores, así como aplicar políticas más efectivas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, felicito a la Sra. Martens y a la Sra. Avilés Perea por sus informes sobre el programa de acción para la igualdad de hombres y mujeres como tarea transversal en la cooperación para el desarrollo y sobre el informe anual 2000. 
Creo que existen algunos paralelismos y en el Grupo de los Socialistas Europeos podemos tomar nota con satisfacción de que se ha colocado otra piedra en la aplicación de la plataforma de acción de Pekín, de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres. 
Se aplica consecuentemente la estrategia marco gender mainstreaming. 
Nos encontramos ante un análisis a fondo del problema y vemos aquí claras normas de actuación para la aplicación regional y nacional. 
Entre algunas de las personas que adoptan decisiones va penetrando entretanto una conciencia gender y sabemos que el desarrollo sostenible debe comenzar en las mujeres. 
También sabemos que el desarrollo sostenible no se puede tener gratis. 
Por ello, es preocupante que la estimación presupuestaria para la cooperación para el desarrollo relacionada con el sexo, que el año 1998 llegaba a los 5 millones de euros, se haya recortado el 2001 en un 60%. 
¿Cómo se puede lograr un cambio de actitud? 
Recuerdo al margen que los Estados miembros se habían comprometido a dedicar el 0,7 % de su producto social bruto a ayuda para el desarrollo. 
Estamos muy lejos de esa meta. La credibilidad de los llamados países desarrollados está en juego si no actuamos inmediatamente. 
También pregunto a la Comisión: ¿cuál ha sido el resultado del gender desk en la cooperación para el desarrollo? 
¿Cómo vamos a mejorar la salud reproductiva y la planificación familiar, garantizar el acceso a los anticonceptivos, inclusive la prevención contra el SIDA y llevar además esto a las zonas rurales si no elevamos claramente los créditos presupuestarios? 
Aunque mediante el debate político hayamos logrado tratar sobre temas considerados tabú, como las prácticas en contra de la dignidad de la mujer, la ablación del clítoris, los azotes públicos, las lapidaciones, la violencia y la explotación sexual, que se condenen estos abusos internacionalmente y que se combatan políticamente, sin embargo, esto se debe llevar también en la práctica. 
Necesitamos informes anuales consecuentes, como el de la Sra. Avilés Perea, para que podamos comprobar los datos con exactitud. 
Por ello, mi Grupo político apoya los dos informes. 
Sólo podemos apoyarlos plenamente e instar a la Comisión para que lleve a la práctica sus objetivos. 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias y felicitando a los dos ponentes de este excelente informe. 
No cabe sino dar la bienvenida al Plan de Acción de la Comisión para la integración del factor género en la cooperación de la Comunidad al desarrollo. 
Al mismo tiempo puedo comprobar que es extraño y produce frustración que hayan transcurrido seis años desde que el Consejo adoptó su decisión y la Comisión presentó su Programa de Acción. 
Conviene que los asuntos a los que se ha dado prioridad en el Programa de Acción se coordinen con los objetivos contenidos en la estrategia marco de la Comunidad para la igualdad de oportunidades, donde se insiste en el tema del desarrollo. 
En esos objetivos se da relevancia a la igualdad económica, a la igualdad de oportunidades laborales, a la representación política, a la igualdad de beneficios sociales y al fomento de los derechos humanos de las mujeres. 
En realidad, esos objetivos se refieren a la dignidad de hombres y mujeres, a la dignidad humana. 
Para hacer esto posible en los países en desarrollo debe existir el compromiso de integrar el factor género en los futuros programas y documentos sobre estrategias para paliar la pobreza. 
También es importante que el factor género sea una exigencia obligatoria para la financiación de todas las partidas presupuestarias en el campo de la política de desarrollo y no sólo en las referidas al VIH y el SIDA, que obviamente es algo conveniente. 
La Comisión también debe presentar tan pronto como sea posible una propuesta sobre el programa de trabajo, precisando los aspectos económicos y las reglas que permitan la pronta aplicación de estas propuestas. 
Numerosos estudios demuestran que la democracia y el desarrollo sólo pueden tener lugar si se integran las mujeres en los países en desarrollo. 
Por eso respaldo el punto 26 de la propuesta, que se refiere a la conveniencia de ocuparse de la aplicación del importante acuerdo Cotonou en una reunión conjunta de parlamentarios de los países ACP y de la UE. 
Mi Grupo dará su respaldo al informe. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, quisiera en primer lugar dar las gracias a la Sra. Martens y a la Sra. Avilés Perea cuyos informes, creo yo, producen una unanimidad entre nosotros que es muy agradable. 
Quisiera también adherirme a todo lo que se ha dicho para señalar algunos puntos precisos de estos informes. 
En primer lugar, creo que tienen puntos comunes, y especialmente cuando señalan bien que la cuestión de la pobreza, al igual que la de la violencia, son cuestiones sexuadas en el mundo. 
Tenemos demasiada costumbre, y acabo de oír tantos discursos sobre la violencia en mi país sin que nadie, ninguno, haya señalado que la violencia no se ejerce de la misma manera por parte de los hombres y por parte de las mujeres y contra los hombres y contra las mujeres. 
Por tanto, el carácter sexuado de la pobreza y de la violencia me parece un punto importante. 
Quisiera también decir que frente a esta dificultad- hay muchas otras pero pienso en ésta- creo que lo que está en proyecto en la futura directiva, señora Comisaria, la que se basará en el artículo 13 y que tocará todas las cuestiones que no son las del empleo, la cuestión de la individualización de los derechos será central. 
¿Qué es la individuación de los derechos? 
Son derechos que se dan, independientemente del estatuto marital, a una persona. 
Creo que esto es nuestro futuro. 
Y es importante señalar que estos informes hacen alusión a ello y que debemos, creo, luchar por este punto precisamente. 
También hemos de luchar en un momento en el que, en mi país, un candidato a las elecciones presidenciales sueña con enviar a las mujeres a la casa- lo ha dicho y lo ha escrito. 
Creo que la cuestión de lo que se llama con frecuencia conciliación- que a mí personalmente no me gusta llamarle conciliación- es decir, la organización, la articulación entre lo que se hace en casa y lo que se hace con los niños en la familia y lo que ocurre en el espacio público, ya sea la vida política o la vida profesional, necesitamos realmente organizarla. 
Éste es un punto sobre el cual creo que, cualquiera que sea el país del que se hable, es importante hacer hincapié. 
Aquí estamos simplemente pensando en el futuro con la individuación de los derechos y la articulación de la vida profesional y la vida pública; y también reflexionando sobre esta directiva. 
Por supuesto, espero las propuestas de la Comisión con la mayor brevedad; y después pensar en la ampliación. 
Deseamos la transposición del acervo comunitario. 
Sabemos que es muy difícil. 
Muy pronto algunas viajaremos a los países bálticos y sabemos que eso será difícil. 
Señor Presidente, hoy estamos debatiendo dos informes muy importantes sobre los derechos de las mujeres. 
Hace algunos días me preguntaron si realmente creo que se violan los derechos de las mujeres en Europa. 
Por supuesto, no me hizo falta pensar mucho para contestar que, comparando con otras regiones del planeta, Europa es verdaderamente un paraíso para las mujeres. 
Sin duda se ha señalado un avance importante los últimos años, tal y como se registra en los informes anuales de la Comisión Europea. 
Sin embargo, sigue habiendo problemas muy serios también en la Europa democrática, como la violencia contra las mujeres en sus distintas formas, violencia doméstica, violencia sexual, violencia en el lugar del trabajo. 
Y lo voy a subrayar una vez más: honra a la Presidencia española haber incluido en sus prioridades y haber puesto de relieve estos temas. 
El hecho de que aproximadamente 500.000 mujeres sean compradas y vendidas al año en la Unión Europea constituye, con toda certeza, una infracción flagrante de los derechos fundamentales, en tanto que la Unión Europea no se ha sensibilizado especialmente y tampoco ha tomado medidas concretas para combatir este fenómeno. 
El hecho de que aproximadamente 3.000 mujeres, y este número sólo en el Reino Unido, sean mutiladas sexualmente para honrar las tradiciones culturales que traen junto con sus equipajes los emigrantes procedentes de regímenes fundamentalistas y antidemocráticos es también una violación de los derechos básicos, así como también lo es el reciente crimen de honor en Suecia. 
El hecho de que el mercado laboral en Europa siga repartido por sexos y que la remuneración de las mujeres sea inferior a la de los hombres, que sólo el 25% de las empresas pertenezca a mujeres y que las mujeres ocupen los escalones más bajos de la jerarquía y no se hallen en los puestos de dirección, de responsabilidad y de toma de decisiones, son también infracciones y discriminaciones contra las mujeres. 
Además, la calidad que es la idea central de las líneas directrices de la estrategia europea para el empleo, deberá ser también el objetivo del empleo de las mujeres, así como el fomento de las medidas para conciliar la vida profesional y familiar y la individualización de los derechos tal como ha sostenido con gran acierto nuestra colega, la Sra. Fraisse. 
Señor Presidente, en muchos países en vías de desarrollo el trato que se da a la mujer continúa clamando al cielo. 
A menudo son ellas las que se encargan del trabajo más duro, aparte de tener que parir y educar a un sinfín de niños sin recibir apenas nada a cambio. 
Su acceso a la enseñanza es limitado, si es que lo tienen. 
Por regla general, la atención sanitaria deja mucho que desear. 
Las mujeres tampoco pueden hacer oír su voz en la política. 
Es necesario que se rompa con las tradiciones culturales, religiosas y socioeconómicas que se opongan diametralmente a la igualdad de trato y al trato humano de la mujer. 
Esta lucha no es una forma de neocolonialismo, sino una condición absoluta para un desarrollo eficaz. 
Por todo ello es fundamental que la lucha contra la injusticia estructural destaque en todos los aspectos de la política de desarrollo europea. 
Es una verdadera lástima que yo sea el único hombre que tome la palabra esta noche. 
Nosotros, los hombres, no podemos abandonar a las mujeres en esta lucha. 
Una situación tan sumamente injusta requiere nuestra intervención. 
Me sorprende la semejanza de estos dos informes. 
El señor Van den Bos acaba de destacar que la situación de las mujeres en los países en vías de desarrollo es terrible, por diferentes motivos. 
Al mismo tiempo, pensé en que en el informe Martens se dice que en los países en desarrollo se discrimina a menudo a las mujeres en relación con el acceso a los alimentos, a la salud, a la educación, a la formación continua, a la toma de decisiones, a la participación en programas regionales y actividades económicas y respecto al derecho de propiedad. 
Lo mismo ocurre en los países miembros de la UE. 
Quizás en un grado menor, pero como se dice en Suecia, "en el infierno hay diferentes matices". 
En el informe se señala también que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el fortalecimiento del papel y de los derechos de la mujer son decisivos para el desarrollo y para la justicia social. 
Esto vale tanto para los países en desarrollo como para los países industrializados, en el seno de la UE y en sus Estados miembros. 
Señor Presidente, yo también quisiera agradecer a ambas ponentes la contribución que han dado con sus informes. 
Sin embargo, quisiera detenerme en especial en el informe de la Sra. Avilés Perea porque, como se ha dicho, creo que el Informe anual es realmente un instrumento importante para todos nosotros para seguir, evaluar y supervisar las iniciativas emprendidas por la Unión y los Estados miembros y la coherencia de las mismas con la normativa y la estrategia global, definida en el ámbito de la Unión. 
El Informe del año 2000, como ya han indicado mis colegas, a pesar de poner de relieve algunos progresos, nos ofrece una Europa todavía muy problemática para la vida de las mujeres y que en muchos aspectos dista de lograr el objetivo de la igualdad de oportunidades: una tasa de desempleo femenino más elevada que la masculina, una tasa de empleo que dista todavía mucho del objetivo establecido en Lisboa, un mercado laboral todavía segregado, una persistente y grave infrarrepresentación en los puestos de responsabilidad y, sobre todo, una diferencia de retribución francamente escandalosa en la Europa del tercer milenio. 
La estrategia marco comunitaria en materia de igualdad de oportunidades, el mainstreaming del factor género, toda la política comunitaria en materia de igualdad de oportunidades van en la dirección correcta. 
En particular, creo que las orientaciones para el empleo de 2002, la modificación de la directiva relativa al acceso al trabajo y a la formación, concluida felizmente con la conciliación de la semana pasada, la directiva relativa a la igualdad de sexos de conformidad con el artículo 13, en cuyo ámbito creo, como la Sra. Fraisse, que deberemos insistir mucho en la determinación de los derechos- una directiva que la Comisión presentará dentro de pocas fechas -, los programas contra la violencia contra las mujeres y contra la trata de mujeres son nuevos aspectos importantes de la estrategia global. 
No obstante, hay que hacer más. 
En cuanto a la diferencia de retribución entre mujeres y hombres, a la infrarrepresentación en los puestos de responsabilidad y al equilibrio de representación en los puestos de toma de decisiones es preciso enfrentar con fuerza a todos- los interlocutores sociales, las organizaciones políticas, las Instituciones, los Estados miembros- con sus responsabilidades y quizás prever instrumentos más convincentes y estimulantes que los utilizados hasta ahora. 
Señor Presidente, señoras y señores, no me voy a ocupar en describir las desventajas padecidas por las mujeres en los países en vías de desarrollo o en otros países, pues muchos ya lo han hecho. 
Creo que el problema es suficientemente conocido. 
La Comisión sigue- al igual que el Parlamento, las ponentes ya lo han hecho de nuevo claramente- la aplicación del principio gender mainstreaming. 
Pero si veo los recursos de que se dispone para ello, me pregunto cómo se puede lograr. 
Gender mainstreaming es un proceso top-down, que presupone que exista la suficiente sensibilización y se lleven a cabo las necesarias medidas de formación dentro de las organizaciones afectadas y autoridades, en el presente caso, la Comisión. 
Sin embargo, sabemos que en este campo de trabajo existe una considerable carencia de personal. 
Si en este tiempo no ha cambiado algo de modo significativo se debe solamente a que sólo tenemos una experta nacional de Suecia que se ocupa del tema de las mujeres y de la cooperación para el desarrollo. 
Esta es una situación anómala de la que nos quejamos desde hace años y, lamentablemente, hasta ahora no hemos podido constatar que se haya producido un cambio. 
No nos vamos a cansar de subrayar que la clave para el desarrollo se encuentra en las manos de las mujeres. 
Pero no tenemos ni de lejos la posibilidad de llevarlo a la práctica, ni siquiera parcialmente. 
Señora Comisaria, por favor, tome nota de la profunda decepción de aquellas personas que son aquí responsables de la cooperación para el desarrollo, porque aunque en muchos documentos se describen algunas cosas- como se sabe, existe también el correspondiente programa -, sin embargo es absolutamente imposible aplicarlas realmente de un modo satisfactorio. 
Aquí tiene que cambiar ciertamente algo. 
Por lo demás, radica también en interés de Europa: si apoyamos el empowerment de las mujeres en los países en vías de desarrollo, repercute también en parte sobre de la emancipación en Europa y aliviará además una parte de los problemas a los que nos enfrentamos hoy. 
Sin empowerment de las mujeres, sin poner en su mano los instrumentos para el desarrollo, no se producirá en absoluto ningún avance. 
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Anna Diamantopoulou está en camino hacia el encuentro G8, por lo que me hago cargo hoy del debate en su nombre. 
Lo hago gustosamente pues la política de igualdad entre los sexos se incluye entre los pilares de la política europea. 
Primero me voy a referir al informe de la Sra. Avilés Perea. 
El informe anual sobre la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la Unión es desde su aparición en 1996 en cierto modo el buque insignia de nuestras publicaciones en el campo de la igualdad de los sexos. 
El informe expone a la opinión pública los progresos alcanzados en el campo de la igualdad y es al mismo tiempo un instrumento de monitoring para la estrategia de la Comisión dirigida a vincular este tema a todas las políticas de la UE y a todos los programas. 
Me satisface poder comprobar que la presente resolución del Parlamento valora nuestro informe de este año como un avance cualitativo, considerando además que realiza una valoración sistemática y crítica de las iniciativas comunitarias y nacionales. 
La resolución del Parlamento contiene asimismo unos comentarios nuevos muy constructivos y propuestas que van a ser muy útiles a la hora de elaborar los próximos informes sobre la igualdad de los sexos. 
Felicito encarecidamente a la Sra. Avilés Perea por su trabajo. 
La Comisión toma nota muy positivamente de su exigencia de mejora y actualización de las estadísticas de igualdad, inclusive la elaboración de un índice para la igualdad de los sexos. 
Le puedo comunicar ya que el informe anual 2001 contendrá el correspondiente anexo estadístico. 
Expertas y expertos en igualdad de derechos trabajan ya en el desarrollo de un índice de igualdad que espero se pueda reflejar ya en el próximo informe anual. 
Otro tema de importancia central es la representación equilibrada de hombres y mujeres en los procesos decisorios. 
No es necesario indicar que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en gremios esenciales. 
Si miramos la Convención, tenemos que comprobar que no es aún ni mucho menos evidente una representación adecuada. 
Sin embargo, quiero indicar que la Comisión, con la creación del grupo de Comisarios Equal Opportunities, ha dado el paso para que también en nuestra institución se dé absoluta prioridad a las cuestiones relacionadas con la igualdad de los sexos. 
La igualdad de los sexos es- también en opinión de la Comisión- una condición previa para una democracia que funcione. 
En la resolución del Parlamento se destacan otros tres temas: la política de igualdad en los fondos estructurales, la situación en los países candidatos y todas las formas de violencia contra las mujeres. 
Respecto al primer punto: la Comisión prevé incluir este año en los fondos estructurales una comunicación sobre el gender mainstreaming, en la que se reflejarán las aportaciones y conclusiones de la tercera Conferencia sobre gender mainstreaming en el marco de los fondos estructurales. 
La Conferencia, que se celebrará el 14 y 15 de junio de este año en España será organizada por la Presidencia española del Consejo en estrecha cooperación y con el apoyo financiero de la Comisión. 
Respecto al segundo punto: en lo que se refiere a los países candidatos, el año pasado se han podido constatar avances positivos en el campo de la igualdad de oportunidades. 
No obstante, aún no se han cumplido todas las condiciones necesarias. 
La Comisión no sólo va a seguir muy de cerca la aplicación de este elemento componente del acquis communautaire sino que además hemos mostrado muy claramente que en lo que se refiere a los derechos de igualdad, a las correspondientes directrices y a la legislación, no puede ni va a haber plazos transitorios. 
Esto lo han indicado claramente el Presidente de la Comisión y mi colega, el Sr. Verheugen, en sus correspondientes viajes a los países candidatos y yo expongo siempre este punto en mis conversaciones. 
Finalmente, me voy a referir al tercer tema, al tema extraordinariamente difícil de la violencia contra las mujeres, inclusive la violencia doméstica y el problema de la trata de mujeres para su explotación sexual. 
Más que en otros campos, aquí es necesario de sensibilizar a la opinión pública e intercambiar informaciones sobre medidas innovadoras. 
El informe anual quiere contribuir también a ello y en el programa de acción se dispone de recursos financieros para medidas de sensibilización. 
Gender mainstreaming es de enorme actualidad no sólo para las políticas de la Comunidad sino, naturalmente, también para la cooperación para el desarrollo. 
Esto se ha destacado en sus aportaciones. 
El programa de acción para la igualdad de los sexos como tarea transversal para la cooperación para el desarrollo que ha presentado la Comisión, pretende impulsar la aplicación de este enfoque político. 
Con el informe de la Sra. Martens, el Parlamento expone su opinión sobre dicha comunicación. 
Quiero felicitar a la Sra. Martens, la ponente, así como también a la autora de la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, por su informe extraordinariamente destacado y constructivo. 
Exigen a la Comisión que siga concretizando el plan de acción y que presente una propuesta formal con un programa de trabajo detallado que contenga indicadores cualitativos y cuantitativos. 
Les puedo asegurar que estamos trabajando con los recursos de que disponemos para incluir esta ambiciosa agenda en nuestro programa de acción. 
Formaremos del modo correspondiente a nuestras colaboradoras y colaboradores e interlocutores en los países participantes seleccionados y aclararemos los papeles y competencias dentro de la Comisión. 
Mejoraremos los análisis en el marco de los procesos de programación para los diversos programas, revisaremos las directrices sectoriales y políticas y estableceremos indicadores. 
Hemos prometido informar sobre los avances y presentar evaluaciones intermedias y finales. 
A finales de este año se presentarán los resultados de la evaluación de las medidas comunitarias en el campo de la igualdad de los sexos para el período entre 1995 y 2001. 
Sobre esta base se elaborará la propuesta para un nuevo reglamento que entrará en vigor cuando expire el actual. 
En nuestro programa de acción, la igualdad de los sexos es un tema transversal que impregna los seis puntos centrales de la cooperación para el desarrollo de la Comunidad Europea. 
Esto significa que cada servicio que tiene que ver con la cooperación para el desarrollo debe incluir en su trabajo diario la cuestión de la igualdad de los sexos. 
Durante los nueve meses desde la aprobación del programa de acción por parte de la Comisión, se han iniciado diversas medidas para aplicar de un modo efectivo el programa. 
La mayoría de estas medidas se refieren a puntos que tratan en su informe. 
Por ejemplo, proponen destinar una parte del presupuesto administrativo a la formación obligatoria del personal en cuestiones relacionadas con la igualdad de los sexos. 
Les puedo comunicar que estas medidas de formación están ya en marcha, entre otros lugares, en las Direcciones Generales de Desarrollo y Empleo así como en los equipos Meda en el campo de la política exterior. 
En el punto 13, exige un análisis específico en función de los sexos de los documentos estratégicos de los países y de las futuras estrategias para combatir la pobreza. 
Les puedo comunicar que ya un gran número de documentos estratégicos de los países se analizan bajo la perspectiva específica de los sexos. 
Los resultados se reflejarán en el proceso de programación y en la mejora de las directrices y documentos de formación para el personal. 
En el punto 16, exige una valoración de los presupuestos públicos bajo la perspectiva de los efectos e influencias específicas relacionadas con los sexos, es decir, un gender auditing del presupuesto. 
Para mí, este es también un punto importante. 
Me permito indicar que en este contexto también están en marcha diversas medidas. 
Espero que el año próximo pueda presentarles más informaciones e informes con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
En lo referente al punto 8, me alegra poder comunicarles que la Comisión ha aprobado en marzo una comunicación sobre la salud y la lucha contra la pobreza en los países en vías de desarrollo. 
Un punto central es el mejor acceso de las mujeres a la atención sanitaria básica, que incluye también unas prestaciones mejoradas de atención en el sector de la salud reproductiva. 
La Comisión realiza asimismo una gran aportación a la Global Health Fund, lo que quiero mencionar también en este contexto. 
La igualdad de los sexos, la realización de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, va a seguir siendo sin duda uno de los grandes desafíos para los diversos niveles políticos durante los próximos años. 
Por ello, es de especial importancia y al mismo tiempo se debe considerar como muy positivo que el Parlamento, los Estados miembros y la Comisión tiren aquí de la misma soga y sean apoyados por muchas organizaciones de la sociedad civil. 
Quiero mencionar aquí de nuevo con gratitud la aportación que el movimiento de la mujer ha realizado para la aceptación de la idea de la igualdad de oportunidades en nuestras sociedades. 
He sobrepasado algo el tiempo de mi intervención, pero creo que este tema, aunque se trate a una hora tan tardía, precisa de mucha atención, mucho tiempo y energía para que podamos constatar un avance. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0111/2002) de la Sra. Jensen, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas comunitarias de estímulo del empleo (PE-CONS 3609/2002- C5-0097/2002- 2000/0195 (COD)) 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, señora ponente, mis primeras palabras son necesariamente de agradecimiento a la Sra. ponente por el buen trabajo, por los esfuerzos realizados, para llegar al lugar en que hoy estamos. 
En las actas del Consejo Europeo de Turín puede leerse que, si Europa avanzase solamente en el terreno económico y en el monetario, no estaría garantizado su éxito- cito, por supuesto, de memoria -, porque se estaría olvidando lo más importante que Europa tiene: los europeos. 
Para implicar a los europeos en el proceso de construcción de Europa, la Unión Europea ha de preocuparse de aquello que preocupa a sus ciudadanos. 
Un ejemplo, una referencia de esta preocupación ha sido la introducción del Título VIII del Tratado, relativo al empleo, a partir de Ámsterdam, con una referencia importante en Luxemburgo, como lo ha sido también el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000, donde se establece como nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea el de convertirse en una economía basada en el conocimiento, competitiva y dinámica, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social, para de este modo alcanzar las condiciones necesarias para el pleno empleo. 
Este objetivo lo recordó bien recientemente la Cumbre de Barcelona. 
Por todo esto, creo que esta decisión del Parlamento y del Consejo Europeo, relativa a las medidas comunitarias de estímulo del empleo, busca mejorar la cooperación de los Estados miembros de manera notoria en el terreno del análisis y de la investigación en materia de empleo y de la puesta en práctica de estos resultados en el mercado de trabajo. 
Y busca también coordinar las políticas de empleo dentro del objetivo general de Lisboa y de Barcelona y aplicar una política de información y de transparencia como respuesta a la pretensión de los ciudadanos europeos de estar bien informados de todo cuanto atañe a la estrategia europea para el empleo, en la que tienen depositadas grandes esperanzas. 
Pretende asimismo apoyar el esfuerzo de los Estados miembros en la evaluación de sus planes de acción, intercambiar experiencias y buenas prácticas, realizar un seguimiento de la estrategia de empleo, particularmente a través del observatorio europeo del empleo, implicar más a los diversos actores, desde las autoridades hasta los solicitantes de empleo, y racionalizar y garantizar la coherencia y evitar duplicidades de actuaciones y, por supuesto, de gastos. 
Pienso, por lo tanto, que se trata de una decisión importante llena de buenos contenidos y de buenas intenciones que pretenden racionalizar y optimizar la estrategia europea de empleo, y que va a suponer un paso adelante en el proceso de construcción de una Europa para los europeos. 
Señor Presidente, doy las gracias a las señoras Jensen y Thorning-Schmidt por sus excelentes informes. 
En cuanto al informe de la señora Thorning-Schmidt, en la conciliación se produjo una ardua lucha. 
Son más altos que los establecidos en los estándares industriales internacionales y muy superiores a los niveles establecidos por la Comisión al comienzo. 
Me consta que la señora Thorning-Schmidt comparte mi opinión en este punto. 
En relación con el informe Jensen, quisiera subrayar la extraordinaria importancia que reviste que la Comisión y el proceso europeo de empleo empiecen a prestar atención a los ámbitos locales. 
Hasta ahora el proceso de empleo se ha detenido en las oficinas gubernamentales de los países miembros y no ha salido al mundo laboral. 
Ahora hay mayor interés por estos aspectos y es muy conveniente que se destinen recursos para las actividades de información en el ámbito local. 
He seguido los trabajos de la señora Jensen y he visto su enérgica lucha para seguir la línea que he mencionado. 
Más adelante presentaré un informe que intensificará los trabajos en esta dirección. 
Es particularmente importante que se destinen fondos para la información, puesto que las actividades locales son desconocidas y no hay garantías ni tendencias que indiquen que las autoridades centrales divulguen las informaciones que vienen de Bruselas. 
Me hubiese gustado que se destinase más dinero, pero espero ocuparme de esto más adelante. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores colegas, con gran satisfacción recibimos hoy la decisión final del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas comunitarias de estímulo del empleo. 
Creemos que es una herramienta indispensable para lograr los objetivos de desarrollo de Lisboa. 
En la actualidad, con gran pesar constatamos que los pasos dados hacia dicho objetivo son muy lentos. 
Las estrategias para el empleo de muchos países no son efectivas y la consecuencia es el paro permanente y los problemas sociales que este implica. 
Así pues, es totalmente imprescindible fomentar la cooperación entre las políticas nacionales, coordinar los esfuerzos, intercambiar buenas prácticas, investigar, realizar un seguimiento y análisis del mercado y de sus necesidades. 
La propuesta aprobada constituye un buen marco para que podamos evaluar la efectividad de las políticas de empleo y será suficiente si hay una buena cooperación entre los Estados miembros, la Comisión Europea, los interlocutores sociales y de todas las autoridades europeas interesadas. 
Estamos especialmente satisfechos de que la propuesta aprobada dé la posibilidad de informar a la opinión pública y a todas las autoridades en el ámbito local y regional. 
Esto es especialmente importante. 
El Parlamento Europeo ha insistido en este sentido. 
Debemos explotar esta posibilidad que se da a las autoridades locales y regionales. 
Dichas autoridades deben desempeñar su papel en la planificación, materialización y proyección de sus experiencias. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la ponente por el resultado alcanzado en el Comité de Conciliación, así como a la Comisión por la colaboración y el apoyo prestados para llegar a este acuerdo. 
Las medidas señaladas en esta decisión que hoy nos ocupa, son instrumentos de apoyo importantes para lograr el objetivo estratégico marcado en la Cumbre de Lisboa, y esta decisión sirve para incrementar la cooperación entre los Estados miembros en las políticas relativas al mercado de trabajo. 
La experiencia de estos años de implementación de la estrategia europea para el empleo a través de la coordinación abierta ha empezado a dar algunos frutos. 
Sin embargo, hay que constatar- y nosotros lo constatamos a diario- que hay una gran desinformación entre los ciudadanos sobre la existencia de esta estrategia, sobre sus objetivos, sobre sus modalidades de aplicación. 
Por esto, el Parlamento Europeo ha insistido mucho en que se pongan en marcha, y por lo tanto se prevean con esta decisión, todas las medidas de información dirigidas a sensibilizar a la opinión pública, en especial aquellas personas que pueden beneficiarse de esta estrategia. 
El segundo aspecto, en que justamente ha insistido el Parlamento Europeo, es la implicación, la asociación y la participación en la puesta en marcha de la estrategia para el empleo de las entidades locales y regionales. 
Sabemos lo muy importante que es, para fomentar el empleo, y un empleo de calidad, en particular para aquellas personas que más dificultades encuentran para insertarse o volver a insertarse en el mundo del trabajo- me refiero a las mujeres, a los jóvenes, a las personas portadoras de algún defecto genético, a los trabajadores de edad avanzada- el papel de las autoridades locales y regionales que pueden, implicando a todos los agentes sociales que trabajan en el territorio, crear las condiciones favorables para el empleo. 
Por esto, pienso que es absolutamente necesario implementar actividades de sensibilización, de difusión de las mejores prácticas, de cooperación y de intercambio de experiencias. 
La asociación, ya experimentada con otras iniciativas y que ha demostrado ser un extraordinario y eficaz instrumento de implicación, debe convertirse también para el empleo en un método de trabajo habitual, normal. 
Señor Presidente, señor diputado, la Comisión saluda el acuerdo alcanzado sobre esta importante resolución y quiere expresar su agradecimiento tanto al Consejo como al Parlamento por su disposición al compromiso. 
El texto aprobado desembocará en un programa de acción que no sólo va a reflejar los deseos de los dos órganos legislativos sino que además va a ser una sólida base para las medidas que la Comisión quiere llevar a cabo para acompañar la estrategia europea para el empleo. 
La Comisión saluda en especial el acuerdo sobre una política de información activa y transparente con la que se puede mostrar de modo más palpable a los ciudadanos europeos los éxitos de la estrategia para el empleo. 
La Comisión saluda en especial la ampliación del ámbito de aplicación de dicha estrategia del nivel nacional al local. 
La Comisión desea felicitar a la ponente, la Sra. Jensen, por sus propuestas así como a la Presidencia española del Consejo por la transparencia con que ha conducido las negociaciones finales. 
Sin esta actitud tan positiva de todos los participantes no se habría logrado sin duda un acuerdo sobre este programa. 
La Comisión se compromete a llevar a la práctica este programa estrictamente también en el sentido del Parlamento. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0110/2002) de la Sra. Thorning-Schmidt, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (PE-CONS 3616/2002- C5-0137/2002- 1992/0449 (COD)) 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora ponente, además de agradecer su trabajo, me gustaría hacer una reflexión ante todos ustedes: cuando vamos por la carretera y encontramos a un trabajador sujetando el martillo neumático, o cuando en una granja vemos al conductor de un tractor asiendo el volante, probablemente, a estas personas- y no hablo como experto en la materia- les resulte difícil pensar que están ante un riesgo que va a producir consecuencias probablemente graves para su salud. 
Por eso creo que hoy es un día que debemos celebrar porque, a pesar de que hayan transcurrido nueve años- como ha dicho la Sra. Thorning-Schmidt -, llega a buen puerto esta primera directiva de aquellas cuatro que preveía la propuesta presentada por la Comisión en 1992. 
A partir de hoy, por lo tanto, se va a contar con una serie de medidas de protección para tratar de evitar que ese riesgo al que yo me refería gráficamente se convierta en siniestro. 
Durante todo este largo tiempo, el Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos ha mantenido una actitud que buscaba sobre todo promover una tarea constructiva y un espíritu de diálogo con todos los agentes interesados, y ello con vistas a obtener una mejor aplicabilidad de las disposiciones de la directiva y, como consecuencia de lo anterior, una mayor eficacia de las medidas de protección de los trabajadores. 
Por esta razón nos alegra especialmente que el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación el pasado 8 de abril haya tenido en cuenta las dificultades de aplicación de esta directiva por parte de numerosas empresas, principalmente las empresas pequeñas, y también en numerosos sectores económicos dentro de la búsqueda de un compromiso sobre los valores límite y sobre el plazo de aplicación de las exigencias impuestas por la nueva directiva sobre las empresas. 
Técnicamente, la gran reducción del valor límite de exposición diaria a las vibraciones, así como la fijación del valor de exposición diaria, ha permitido llegar a este acuerdo. 
Creo que hay que celebrar que los Estados miembros puedan disponer de un plazo más largo, hasta el año 2010, para aplicar las medidas precautorias, así como la consideración especial para los sectores agrícolas y silvícolas, que en muchos de los Estados de la Unión Europea incluyen un conjunto de pequeñas y pequeñísimas empresas, que pueden disponer de un plazo todavía más largo, hasta el año 2014. 
En resumen, voluntad de mejora, observación de la realidad, sensatez creo que son buenos ejemplos y buenas recetas para esperar que pronto se aprueben esas nuevas directivas sobre los riesgos antes mencionados y sobre otros que están ya en estudio. 
Termino con felicitaciones, por lo tanto, a la responsable, a la Comisión, al Parlamento, al Consejo y, sobre todo, al colectivo de los trabajadores afectados, porque desde hoy van a tener un instrumento en defensa de su salud. 
Señor Presidente, yo preferiría que no existiera ninguna directiva en absoluto sobre las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, porque incluso el informe sobre las Normas ISO dice que no existe ninguna relación cuantitativa entre las vibraciones transmitidas al cuerpo entero y el dolor lumbar bajo. 
No obstante, dicho esto, me alegra mucho que hayamos alcanzado un acuerdo. 
No es ideal, pero es mejor que lo que podría hacer sido. 
Me habría gustado que se hubiera mantenido la excepción para los sectores agrícola y forestal. 
Era muy importante, pero me alegra, sin embargo, que hayamos llegado al acuerdo de que la maquinaria agrícola no deberá modificarse hasta 2014, es decir, si la maquinaria ha sido adquirida antes de 2007. 
Me complace asimismo que hayamos retrocedido al valor límite de 1,15 m/s2 de la posición común. 
Es mucho mejor que lo que sugería el ponente del Grupo PSE, a saber, 0,7 m/s2. 
El Grupo PPE-DE proponía 0,8 m/s2. 
Hemos retrocedido hasta unos valores que son razonablemente sensatos. 
De no haberlo hecho, los conductores de tractores y de volquetes sólo habrían podido conducir sus respectivos vehículos durante dos o tres horas diarias. 
Aún surgirán problemas en época de cosecha, pero la mayor parte del sector podrá adaptarse a la normativa, a excepción del sector agrícola. 
Los que insistíamos en que los niveles propuestos en la primera edición del informe no eran viables hemos ganado la partida. 
Quisiera felicitar a todos por los grandes esfuerzos que han realizado. 
Hemos logrado un compromiso que vale la pena. 
No es ideal, pero a mi pesar, pediré a mi Grupo ELDR que vote a favor de la directiva. 
Señor Presidente, señor diputado, gracias a los conocimientos específicos y a la disposición de las delegaciones para avanzar en el Comité de Conciliación en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, se ha podido lograr un acuerdo sin que haya sido necesario un procedimiento formal de conciliación. 
Quiero expresar en especial mi agradecimiento por ello a la ponente, la Sra. Thoming-Schmidt, y a la Presidencia española del Consejo. 
Este acto jurídico para la introducción de medidas destinadas a la protección de los trabajadores frente a los peligros derivados de las vibraciones en el puesto de trabajo es un paso importante para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. 
Para la totalidad de los trabajadores de la Comunidad se va a garantizar ahora una protección mínima que pueden sobrepasar los diversos Estados miembros. 
Como saben, en 1999 se acordó dividir la propuesta originaria de la Comisión, que se refería a los cuatro campos de las vibraciones, ruidos, campos electromagnéticos y radiación óptica, en cuatro propuestas independientes. 
El primer paso se ha dado ahora llevándolo a su conclusión. 
En lo que se refiere a los ruidos, también se han logrado buenos progresos, tal como se ha mostrado en la segunda lectura del Parlamento en la sesión plenaria de marzo. 
Confío también en que el Parlamento y el Consejo inicien pronto sus trabajos sobre las normas relacionadas con los otros dos agentes físicos- la radiación óptica y la electromagnética -, de modo que podamos completar por fin el marco jurídico para estos importantes aspectos de la seguridad y de la protección de la salud en el puesto de trabajo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas) 
Flotas pesqueras 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe (A5-0092/2002) del Sr. Kindermann en nombre de la Comisión de Pesca sobre el Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 2000 (COM (2001) 541- C5-0007/2002- 2002/2006 (CNS) ). 
Señor Presidente, estimados colegas, la Comisión ha aplazado una vez más la aprobación de las propuestas relativas a la reforma de la política pesquera común que, en principio, debía tener lugar en la semana pasada. 
Esto tiene, al menos, la ventaja de que la Comisión dispone todavía de algunas semanas o, quizá, incluso de más tiempo, para incluir en sus propuestas de reforma sugerencias encaminadas a una futura política de flota que hoy votamos en el marco de mi informe. 
Paso ahora a mi informe en el cual de una manera consciente me he limitado solamente al informe de la Comisión sobre la ejecución de los programas de orientación plurianuales para la reducción de la flota pesquera. 
Puesto que nos encontramos en la fase caliente de la preparación de la reforma de la política pesquera común, en general, y, por tanto, de la política de flota, en especial, quisiera tomar posición de una manera general acerca de los POP con el propósito de aludir a algunos problemas que en todo caso deberían ser objeto de reflexión a la hora de la reforma. 
Para la votación de hoy existen solamente dos enmiendas que son del mismo tenor y que, en mi condición de ponente, apoyo sin reservas. 
Esto denota que la Comisión de Pesca, en su valoración, es unánime en que el Informe de la Comisión para el año 2000, así como los informes anuales precedentes, han puesto de manifiesto, sobre todo, una cosa: los POP no han logrado su objetivo, en concreto, reducir notablemente la capacidad de la flota y, con ello del esfuerzo pesquero. 
Lamentamos que la mayoría de los Estados miembros no hayan alcanzado una vez más los objetivos de sus POP. 
Queremos instarlos a que emprendan esfuerzos denodados para la reducción de su flota y celebramos, al mismo tiempo, que la Comisión haya incoado procedimientos por incumplimiento contra varios Estados miembros que repetidas veces no han respetado los objetivos de sus POP. 
Asimismo, queremos instar de manera insistente al Consejo y a la Comisión a que analicen las causas de la no consecución de los objetivos y desarrollen sanciones más eficaces. 
Instamos también a la Comisión a que en sus propuestas encaminadas a una nueva política de flota contemple expresamente la necesidad de un equilibrio entre la capacidad de captura y/o el esfuerzo pesquero de los segmentos de la flota por Estado miembro y los derechos de captura que le corresponden a éste. 
En la semana pasada el Comisario Fischler ha hablado ante la Comisión de Pesca de un exceso de capacidad de los barcos de pesca de la Unión Europea de cerca del 40% y esta cifra no sólo es alarmante, sino que pone de relieve, tanto más, que aquí existe una necesidad urgente de actuar. 
Este exceso de capacidad es atribuible, sobre todo, a que el instrumento para la reducción de la flota no logró su objetivo y a que en los últimos años se ha registrado incluso un aumento de la capacidad de la flota. 
Por consiguiente, es preciso que se aborde urgentemente este problema. 
Sin embargo, a este respecto la Comisión debe asegurar necesariamente que la reducción de la flota se realizará sin perjuicios sociales mediante la inclusión de medidas financieras comunitarias encaminadas a la amortiguación de los problemas sociales. 
Un medio eficaz para los pescadores son las primas atractivas con las cuales la Unión Europea y los Estados miembros, conjuntamente, compren tonelaje de pesca, lo destruyan o lo empleen para otros fines diferentes a los de la pesca o lo vendan. 
Estas primas deberían pagarse obligatoriamente y habría que estudiar una mayor participación financiera por parte de la Comunidad. 
El sistema vigente hasta ahora conducía a que los pescadores que deseaban abandonar su actividad y que la abandonaban vendieran en el mercado el tonelaje de su barco y de esta manera ha sucedido, en parte, que la flota esté siendo adquirida cada vez más por sociedades con capacidad de rendimiento. 
Sin embargo, esto no conduce a una reducción de la capacidad. 
Finalmente, los esfuerzos en pro de la reducción de la capacidad de la flota no deben redundar en detrimento de las condiciones de trabajo a bordo y de la seguridad del barco o de la calidad del pescado. 
Por consiguiente, es preciso que también se sigan utilizando ayudas estructurales para la modernización de la flota. 
No obstante, se deben encontrar medios y vías para impedir un aumento simultáneo del esfuerzo pesquero. 
Soy muy consciente de que a la Comisión no le resulta tarea fácil presentar una propuesta equilibrada y por eso estamos intrigados acerca de sus propuestas de reforma. 
Para terminar, quiero dar las gracias a todos los colegas que han ayudado en esta difícil tarea y, en especial, a la Comisión por su constructiva colaboración. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de nuestro colega, el Sr. Kindermann es un buen informe, y estamos ante una materia compleja y muy importante. 
Además es un informe muy oportuno políticamente en el marco de la reforma de la política pesquera común en el que nos encontramos y en el momento en el que parecían existir unas propuestas en las que se cuestionaban o se suprimían estas ayudas a la renovación y a la modernización de la flota. 
Quiero felicitar, por tanto, a nuestro ponente, al Sr. Kindermann, por este trabajo y quiero decirle al Comisario, el Sr. Fischler, que por favor tome buena nota de lo que diga hoy aquí el Parlamento Europeo, que espero que apruebe el informe del Sr. Kindermann. 
Señor Fischler, es de sabios rectificar. 
Por lo tanto, le pido que tome nota de ello, si el Parlamento se pronuncia en esta línea. 
Del informe del Sr. Kindermann tal y como ha sido aprobado en la Comisión de Pesca- mejorado, creo yo, con las enmiendas que hemos presentado- convendría destacar lo siguiente: en primer lugar, la política de flota es crucial y tiene un gran impacto para las pesquerías, pero también para las regiones dependientes de la pesca y, en definitiva, para la cohesión económica y social de Europa. 
Este es un aspecto muy relevante que se subraya en el informe. 
La política de flota es un importante instrumento político, pero no es el único. 
Hay otros que deben complementarlo, como las medidas técnicas, los TAC, las vedas, los días de pesca, etc. Aumentar la potencia de la flota no quiere decir pescar más, sino pescar mejor, con más seguridad, con mayor habitabilidad y con mayores garantías higiénico-sanitarias para el tratamiento del pescado a bordo. 
Para ello, en consecuencia, se siguen necesitando las ayudas del IFOP para la renovación y la modernización de nuestra flota, aspecto crucial para que siga habiendo pescadores y una flota competitiva. 
Por ello se pide que la Comisión adopte medidas que permitan un incremento de potencia y arqueo de los buques renovados. 
Por ello se pide también, en el marco de la reforma de la política pesquera, la introducción de criterios uniformes y objetivos para medir la capacidad y la segmentación de la flota de los Estados miembros, así como la creación de un régimen de entrada y salida de los buques en los registros que garantice el no aumento de la capacidad. 
En definitiva, nos encontramos ante un informe claro y conciso que espero que marque la línea de la Comisión de Pesca y del Pleno de este Parlamento en la reforma de la política pesquera común que se avecina, optando- como deseamos- por el mantenimiento de un sector pesquero renovado, y por lo tanto competitivo, y no, señor Fischler, por su desmantelamiento. 
Señor Presidente, Señor Comisario, imagínense que, aparte de las cuotas lecheras, la Unión Europea implanta un programa plurianual para ordeñadoras mecánicas: para evitar que los agricultores ordeñen demasiado se impone una reducción del número de ordeñadoras mecánicas. 
Supongamos que uno de los Estados miembros respeta rigurosamente la cuota de leche pero aún rebasa el número máximo de ordeñadoras mecánicas al cabo de cuatro años. 
En este caso, el ponente Kindermann es partidario de sancionar al Estado miembro restringiendo su cuota lechera. 
Imaginémonos ahora que otro Estado miembro dispone del número correcto de ordeñadoras mecánicas pero produce más leche de lo permitido. 
El Sr. Kindermann no parece tener ningún problema con esta situación: ¡basta con que el país cumpla lo exigido en el programa de orientación plurianual! 
Me sirvo de este ejemplo para mostrarles lo absurdo de la situación. 
El objetivo de la política común de pesca es la conservación de los recursos pesqueros. A este fin se establecen totales autorizados de capturas así como cuotas. 
La estructura de la flota es meramente secundaria. 
Por supuesto, es una ventaja que la capacidad se ajuste a las posibilidades de capturas, pero la capacidad no es un objetivo en sí. 
Además, sufre distorsiones como consecuencia de las subvenciones a la modernización y la renovación. 
Todo ello resulta más propio de una política social que de una política económica. 
Adoptar una política social no es ninguna vergüenza, pero debemos llamar las cosas por su nombre. 
De no hacerlo sentaremos en el banquillo de los acusados a los Estados miembros que no lo merecen. 
¿Cuáles son los países que superan sus cuotas? 
¿No da la casualidad de que éstos son los países que reciben el mayor número de subvenciones para su flota y cumplen rigurosamente los objetivos contenidos en los POP? 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente Kindermann por su informe, así como por su valor político, que queda sobre todo de manifiesto en el apartado 6, donde afirma sin ambages que en el marco de la reforma de la política común de pesca no es recomendable que los POP continúen existiendo en su versión actual. 
Estamos ante una afirmación rotunda que, en realidad, refleja el fracaso de este tipo de programa. 
El programa de orientación plurianual para el sector pesquero tiene por objeto la reducción y la renovación de la flota pesquera europea, pero constatamos que el programa no ha contribuido de ninguna manera a la mejora de los recursos pesqueros. 
No existe ninguna relación entre la correcta aplicación del programa por parte de los Estados miembros y la mejora de la situación de los recursos objeto de captura. 
Conozco países, entre ellos los Países Bajos, cuyos recursos pesqueros se hallan en bastante buen estado, pese a que no han cumplido a rajatabla el objetivo del POP. 
En otras palabras, la conclusión es que por mucho que se elabore una política en Bruselas cualquier programa resulta deficiente si los Estados miembros no ejercen el debido control. 
Es lo que leo asimismo en el informe del Sr. Kindermann. 
Señor Presidente, no puedo dejar de hacer una observación acerca del próximo Libro Verde y los proyectos diseñados a este fin. 
Esperábamos que el Libro Verde se hubiera presentado la semana pasada o que la Comisión al menos adoptara una decisión a lo largo de esta misma semana. 
Sin embargo, independientemente del circuito de Bruselas, la BBC informó anoche de que la presentación de las propuestas de la Comisión ha quedado aplazada por mediación de la Presidencia española. 
Desde una perspectiva política sería inaceptable que esta noticia de la BBC fuera verdad. 
El actual Comisario me inspira mucha confianza. Por eso, estoy convencido de que se tomará en serio el informe Kindermann, en concreto el apartado 6, en el que se pone de manifiesto que el POP vigente ha dejado de ser útil para la política de pesca tal y como la conocemos ahora y que, por consiguiente, debe desaparecer de la nueva política de pesca. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe (A5-0112/2002) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (COM (2001) 181- C5-0248/2001- 2001/0091 (CNS) ). 
. Señor Presidente, desgraciadamente debo iniciar el debate sobre mi informe con una triste noticia sobre la muerte trágica de once inmigrantes en las costas de Lanzarote. 
Se han dicho ya demasiadas palabras, que hasta ahora no han sido capaces de detener esta terrible tragedia. 
Tengo que decir, señor Presidente, Señorías, que sólo un milagro podría permitir que mi Grupo y yo mismo votemos a favor del informe que lleva mi nombre, ya que algunas de las enmiendas introducidas en comisión y otras que se presentan de nuevo en este Pleno lo alejan de mis planteamientos iniciales. 
Lamentablemente, creo que ni el Grupo socialista ni el Grupo liberal, al que entiendo menos, están por la labor de tomar posiciones responsables, rigurosas y serias ante el fenómeno de la inmigración o del asilo. 
Así será muy difícil que entre todos cumplamos con el objetivo de hacer realidad el mandato del Tratado de Ámsterdam sobre la comunitarización del procedimiento de asilo y, lo que es peor aún, que las posiciones del Parlamento en esta materia puedan ser tenidas en cuenta por el Consejo, ya que responden a intereses partidistas que en nada ayudan a resolver los graves problemas que en estos momentos están planteando a la sociedad europea la inmigración económica y el asilo. 
Señorías, el irrealismo, la frivolidad y la demagogia en estos temas producen efectos muy negativos en algunas sociedades que, como en Francia, pueden dejar el camino libre a partidos o personas que, desde su radicalidad, pueden dar lugar a peligrosos enfrentamientos sociales. 
Es cierto, por otra parte, que el proceso legislativo actual sobre el asilo se está produciendo de una forma desordenada e ilógica. 
Ello nos lleva a la incongruencia de examinar propuestas de directiva que, como ésta, regulan las normas mínimas para las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, cuando muchos de sus contenidos dependen de otras que están todavía en la cocina del Consejo, como es el caso de la directiva sobre procedimientos o la del estatuto del refugiado, que con el informe Lambert se empieza a debatir. 
En una palabra, que estamos empezando la casa por el tejado. 
Pero, en cualquier caso, hay que avanzar y el Parlamento asume este desorden y tiene deseos de cooperar, a pesar de las dificultades internas o externas, como lo demuestra, por ejemplo, que todos los grupos hayan llegado en comisión a suprimir en la propuesta de directiva toda referencia a supeditar las condiciones de acogida o el tratamiento médico a las distintas fases del procedimiento. 
Entre las dificultades que hay en el camino para que mi Grupo apoye este informe está, en primer lugar, el objeto de la directiva. 
Mi Grupo y yo mismo entendemos que las personas incluidas en su ámbito de aplicación deben ser, tal como propone la Comisión en su texto original, los refugiados definidos en el artículo 1 de la Convención de Ginebra, dejando a los Estados miembros la posibilidad de que puedan, por extensión, recibir otras formas de protección. 
Esto tiene su lógica, sobre todo cuando- y utilizo las mismas palabras que la colega Anna Terrón en comisión- estamos debatiendo en este Parlamento el informe Lambert, que se pronunciará sobre el estatuto del refugiado y la protección subsidiaria. 
Si el Grupo socialista fuera consecuente, debería apoyar la tesis del ponente y no dejarse arrastrar por el Grupo liberal que, junto con los Verdes, pretende imponer la ampliación de la directiva a otras formas de protección. 
Con respecto a la escolarización de menores, creo que no se debe ir más allá de lo que los Estados miembros pueden garantizar a sus propios ciudadanos. 
Algunas enmiendas de liberales y verdes- como las enmiendas 47, 48 y 50- pretenden ir más allá al imponer la obligatoriedad de escolarización, garantizar las guarderías o reducir los plazos para acceder a la educación. 
Esto no es realista. 
Por otra parte, el acceso al mercado de trabajo es un punto de fricción que no acabo de entender, especialmente porque el Grupo socialista aceptaba en comisión, en su propia enmienda, el plazo de seis meses, como plazo después del cual los Estados miembros deben facilitar el acceso al mercado del trabajo. 
Reducirlo a cuatro meses, como ha propuesto el Grupo liberal y así se ha aprobado en comisión no tiene consistencia alguna. 
Es lógico que los Estados miembros puedan tener el margen de maniobra previsto en el texto original, y que se les permitía valorar la situación del mercado laboral. 
En cuanto a los miembros de la familia de los solicitantes de asilo, un compromiso con socialistas y liberales ha llevado a pactar una fórmula que se sale de la línea tradicionalmente defendida por mi Grupo, en aras del consenso global. 
Lo que en ningún caso, desde luego, vamos a aceptar es la enmienda 115, que vuelve a presentar el Grupo de los Verdes, que va mucho más allá de esos compromisos. 
No obstante todo ello, quiero terminar, señor Presidente, Señorías, expresando mi satisfacción por las referencias que aparecen en mi informe, gracias también a la opinión que emitió la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que la actividad terrorista de los solicitantes de asilo figure como causa de reducción o de supresión en lo que respecta a las condiciones de acogida. 
Señor Presidente, yo espero que más tarde en la votación, y como fruto de la reflexión de este debate, se pueda producir el milagro al que hacía referencia al inicio de mi intervención. 
. (IT) Señor Presidente, estoy de acuerdo con la intervención del colega que me ha precedido en lo que se refiere a la inconsistencia y a la escasa organización de la materia que haría falta abordar más ampliamente. 
También estoy de acuerdo con la primera intervención de esta mañana, cuando un colega ha hablado de las personas desplazadas muertas frente a las costas españolas. 
Lamentablemente, debo recordar que con frecuencia se produce este mismo fenómeno también frente a las costas italianas. 
Alrededor de 150 millones de personas viven fuera de su país de origen, la aplicación de las normas sobre derechos humanos no es adecuada en muchas situaciones. 
Lo mejor es enemigo de lo bueno: muchas veces, cuando queremos demasiado, luego no se concreta nada, como en la Conferencia sobre los derechos humanos de Viena de 1990, firmada por muchos países y ratificada por muy pocos, puesto que prevé normas demasiado concretas. 
Asimismo, hay partidos, sobre todo hoy en día, para los cuales la lucha contra el emigrante es uno de los objetivos principales de su programa. 
Con frecuencia se utilizan los emigrantes, entre otras cosas, como reserva para trabajos flexibles, sus visados de permanencia van vinculados al permiso temporal de trabajo y su seguridad social se reduce al mínimo. 
Me parece que todo esto no se ha abordado suficientemente en nuestro texto. 
La inmensa mayoría de los emigrantes ha llegado aquí hace tiempo; sin embargo, entonces el problema no figuraba en el orden del día ni en los primeros lugares de la agenda. 
Sólo ahora salta al primer lugar, cuando el Comisario encargado de emigración asegura que en los próximos diez o quince años tendremos tan sólo 100.000 desplazados al año, y por consiguiente, un país industrial tendrá por término medio sólo 5000, y serán sobre todo los industriales quienes lamentarán la falta de emigrantes. 
Me parece que tampoco esto se ha contemplado. 
De todas maneras, considero que si afrontamos este problema tendremos que hacerlo con más atención y conocimiento. 
Señor Presidente, el ponente ha tenido la amabilidad de referirse en términos positivos a la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, incluida en el informe que él ha preparado. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos valorado, en términos generales, de modo muy positivo la propuesta de la Comisión; creo que la Comisión está haciendo una gran labor de actualización del Derecho comunitario, de uniformización y de armonización del Derecho comunitario en esta materia. 
Creo que también la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha hecho una gran labor, con su ponente al frente, al integrar y tratar de modernizar el nuevo Derecho. 
Hay una cuestión importante en el informe, que es la actualización del actual sistema de asilo y de todo el régimen de la inmigración. 
Desde el punto de vista jurídico internacional, a partir de la Primera Guerra Mundial se adoptaron una serie de convenios internacionales destinados a regular esta materia, basados en lo que podríamos llamar principios del derecho de protección individual frente a las persecuciones políticas que tenían un carácter específicamente europeo. 
En este momento se está produciendo una transformación radical de todo el problema de las migraciones internacionales, en el sentido de que, junto al asilo político, propiamente dicho, se está produciendo el asilo económico. 
Ello da lugar a grandes desplazamientos de población para los cuales, probablemente, no disponemos de instrumentos jurídicos adecuados. 
Esta mañana, en la intervención del Sr. Nogueira y en la última del Sr. Volcic, se ha hecho referencia al trágico acontecimiento que tuvo ayer lugar en la isla de Lanzarote, en la que, de nuevo, once inmigrantes perecieron ahogados tratando de llegar a nuestro continente, a la Unión Europea. 
Está claro que esto tiene difícil solución dentro de los moldes tradicionales del ejercicio del derecho de asilo porque, aunque dispusiéramos de la legislación más liberal y más comprensiva al respecto, no podríamos evitar ni que esta gente saliera de su lugar de origen ni que se dieran las garantías suficientes para que pudieran llegar a su destino sin peligro de sus vidas. 
Por tanto, estamos ante un nuevo fenómeno. 
Repito que, desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la propuesta supone un enorme progreso, pero, probablemente, desde la Comisión y desde las instituciones europeas, habrá que prever una forma de ordenar todo el problema del asilo desde su nueva dimensión de gran fenómeno económico de migraciones internacionales ligado, quizás, al proceso de globalización internacional. 
Señor Presidente, Señorías, creo que hoy debemos evaluar las consecuencias de la competencia perversa y negativa que tiene lugar entre los Estados miembros para ver qué Estado se lleva la palma en el terreno de la disuasión en materia de acogida de los extranjeros. 
Hoy eso produce diariamente situaciones dramáticas en el centro de Sangatte, en Tarifa, en Italia y en muchos otros puntos de Europa. 
Estas situaciones dramáticas ponen visiblemente en entredicho derechos fundamentales de personas, el propio derecho de asilo, así como compromisos internacionales que hemos suscrito. 
Es evidente, pues, que la propuesta de armonización va por buen camino puesto que pretende romper esta espiral negativa de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en Europa. 
Va, efectivamente, por buen camino. La propuesta alcanzará su apogeo y su plena credibilidad en el marco de una política común de asilo y de inmigración con un estatuto europeo de refugiados. 
Esta perspectiva, este primer trabajo, es, pues, bienvenido. 
Se trata, efectivamente, de garantizar unos derechos, tales como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la escolarización, a la formación; derechos fundamentales indivisibles. 
Con eso se procura evitar un fenómeno que conocemos muy bien: la ' clandestinización? de los solicitantes de asilo, la sobresaturación de los centros de acogida y, finalmente, el no respeto de los derechos que decimos promover. 
Pienso que en esta materia no se puede escatimar nada. 
No se debe apoyar a los que quieren convertir la xenofobia, el rechazo de los extranjeros, en el modo de constitución prioritario de Europa. 
En este caso, se trata de defender el propio proyecto europeo. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, como bien sabemos, la presente propuesta de la Comisión en materia de política de asilo forma parte de un paquete de propuestas más amplio. 
En grandes líneas, el planteamiento sugerido por la Comisión resulta equilibrado y realista. 
Por eso, mi Grupo tiene la esperanza de que el Consejo y el Parlamento tengan el valor político necesario para mantener el tenor de este enfoque. 
No dejemos que nos desconcierten los discursos baratos de unos demagogos que intentan sacar provecho político del miedo ante lo ajeno. 
Además de ser indeseable sería totalmente irreal que construyéramos una Europa fortaleza, que rodeáramos a Europea de una enorme verja y que dificultásemos sobremanera la búsqueda de asilo. 
Con ello no se erradican las verdaderas causas de la política de asilo y de inmigración, que son las violaciones de los derechos humanos y el reparto injusto de la riqueza. 
Una política de asilo minimalista es una forma de dumping social. 
En su lugar debemos llevar a la práctica los principios de solidaridad, igualdad de oportunidades, adaptación e integración. 
Por eso mi Grupo hace especial hincapié en los cuatro puntos siguientes, que mejoran el contenido de la propuesta. 
En primer lugar, la protección no debe limitarse a aquellas personas que solicitan asilo en virtud del Convenio sobre los refugiados. 
Ya se ha dicho con anterioridad que en este Parlamento también está sobre la mesa una propuesta sobre el reconocimiento y el estatuto de los refugiados y las personas que necesitan otras formas de protección. 
Así las cosas, no parece muy lógico- por decirlo de una manera suave- que cercenemos la presente propuesta. 
Tal vez sea necesario que volvamos a examinar la lógica de la misma, pero esto es inadmisible. 
En resumen, hay que incluir la protección social. 
Mi segunda observación se refiere a la enseñanza. 
Al ser alejados de su entorno habitual, los niños tienen mucho interés en encontrar lo antes posible sosiego y un horario fijo. 
La enseñanza puede ayudarles en este sentido, aparte de que les permite aprender el idioma e integrarse. 
Por todo ello, el PSE presta su incondicional apoyo a las enmiendas que garantizan un rápido acceso a la escuela así como el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
En tercer lugar, es importante que los solicitantes de asilo puedan participar cuanto antes en el mercado de trabajo. 
Ello redunda en beneficio de su autoestima y de su independencia y les permite ocupar su tiempo de una forma útil, además de acelerar el proceso de integración. 
Es por eso por lo que respaldamos estas propuestas tal y como se formulan aquí. 
En cuarto lugar, quisiera insistir en las propuestas destinadas a prevenir la discriminación, en concreto en el artículo 29. 
El día a día muestra que las relaciones armoniosas entre las comunidades locales y los centros de acogida son fundamentales para erradicar el racismo y la xenofobia. 
Por último, deseo subrayar que los Países Bajos también tienen interés en que no se arrebaten las facilidades de acogida a quienes se amparen en Dublín. Espero que la presente propuesta del Consejo logre convencer de esta necesidad al Gobierno de los Países Bajos. 
Únicamente me queda dar las gracias al Sr. Hernández Mollar. Le agradezco su esfuerzo y su voluntad de diálogo. 
Lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo. Quizá se nos brinde una segunda oportunidad. 
Señor Presidente, sobre Europa se cierne una sombra en cuya oscuridad se esconde una mezcla de patriotería maloliente, de racismo, de xenofobia, de antisemitismo y de nacionalismo europeo clásico. 
Esto no es nuevo en Europa, pero con demasiada frecuencia se ha reaccionado tarde. 
Lo que ha ocurrido en muchos países miembros nos debe hacer reflexionar a los políticos. 
¿Cuál es nuestra responsabilidad en el crecimiento de los partidos xenófobos en tantos países? 
El informe Hernández Mollar se ocupa en gran medida de esta materia. 
La UE, que tanto valora los derechos humanos fundamentales, debe ser capaz de aplicar una política de asilo que se fundamente en estos postulados. 
Lanzarote no es el único ejemplo, hay más. 
La política de asilo que aplican los Estados miembros es inhumana. 
Los países miembros endurecen esta política con la vana esperanza de que disminuyan los problemas, de que se facilite la integración y de que mengüe la cantidad de personas que llegan a nuestras fronteras. 
Opino que la propuesta de la Comisión sobre normas mínimas para la recepción de refugiados es muy relevante. 
Me alegra también que la comisión haya aceptado algunas mejoras propuestas por el Grupo liberal, tales como el acceso a la educación y a un empleo y que se dé más importancia a la situación de los menores y de las familias. 
La propuesta de la comisión para que se amplíe el campo de acción de la directiva más allá de la Convención de Ginebra resulta particularmente importante. 
Pero esto no significa- como sostiene el Sr. Pirker- que el derecho de asilo se vea afectado. 
Es precisamente lo contrario. 
Doy las gracias al señor Hernández Mollar por su cooperación y tenía la esperanza de que hoy respaldase el informe en su totalidad. 
Finalmente quisiera subrayar la trascendencia de que hoy demostremos que no seguimos la línea dura de los Estados miembros. 
Si hoy conseguimos un gran respaldo, estaremos enviando un claro mensaje al Sr. Le Pen y a otros como él: no vencerán jamás. 
Señor Presidente, Señorías, considero que con respecto a las cuestiones de asilo o de inmigración, a la Unión se le plantean hoy dos tipos de lógicas. 
Una que consiste en definir normas claras, equitativas, que protejan a los que luchan por la libertad, a todos los que huyen de dictaduras, de persecuciones o de la miseria. 
El otro enfoque consiste en crear un proceso de amalgama entre solicitantes de asilo e inmigrantes clandestinos, convirtiendo a estas personas en chivos expiatorios. 
Pocas veces he visto que un diputado vaya en contra de un logro comunitario positivo, puesto que en Tampere se afirmó que se necesitaban normas comunes en materia de procedimiento de asilo. 
Me sorprende asimismo que, a pesar de que en 2001 se haya aprobado una primera resolución tendente a dispensar un nivel de vida decente a los solicitantes de asilo y a garantizar el respeto de los derechos humanos, nuestro ponente haya querido restringir estos derechos, lo que va en contra de los propios derechos fundamentales, que también constituyen un logro comunitario. 
En el momento en que el Alto Comisionado para los Refugiados manifiesta su indignación ante las leyes aprobadas por los Gobiernos danés e italiano, que ponen en tela de juicio el derecho de vivir en el seno de la familia (al limitar la reagrupación familiar) , el derecho de amar a la persona que cada uno elija (al oponerse al matrimonio mixto, al limitar de antemano incluso el número de solicitantes de asilo) , en el momento en que todo un país- como el mío, en este caso, Francia, país de derechos humanos- acaba de llevar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Jean-Marie Le Pen, cuyo objetivo es ir en contra de los inmigrantes, de los solicitantes de asilo, nuestro ponente es responsable de continuar la huida hacia delante y de negarse a solucionar los verdaderos problemas, echando la culpa a los extranjeros. 
No, señor Hernández Mollar, el problema que tiene Europa es el desempleo, la exclusión, y no los extranjeros, los solicitantes de asilo. 
No puedo acusarle, señor ponente, de xenofobia. 
Hace un año estábamos juntos en El Ejido, efectuando una misión de investigación, precisamente para proteger a quienes habían sido víctimas de actos de violencia xenófobos. 
Pero cómo puede usted, al mismo tiempo, pretender que ignoremos que los que les explotan son los que les hacen trabajar; que los que les explotan son esos empresarios que les contratan clandestinamente; que los que les explotan son los mismos que trafican con sus viviendas. 
Tengamos, pues, el valor de luchar contra quienes les explotan y dejemos de ir en contra de los inmigrantes, convirtiéndoles en chivos expiatorios. 
Hoy se trata de estabilizar familias, mujeres y hombres que, precisamente, necesitan seguridad, apoyo, puesto que a menudo sus vidas corren peligro, aún en el exilio. 
Tengamos, pues, el valor de luchar contra los traficantes de seres humanos, contra los que les explotan, y no lo contrario. 
Finalmente, debemos llevar a cabo una verdadera política de cooperación y de diálogo entre el Norte y el Sur, porque mientras haya miseria y dictadura en el Sur, es normal que estas personas, como nosotros mismos lo hicimos a través de nuestra historia, traten de ir a lugares donde están mejor... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, el derecho de asilo es un principio sagrado del Derecho universal en el que se reconocen en Europa y en el mundo todas las personas civilizadas; sin embargo, debe ser regulado seriamente si no queremos alterar su alcance y su significado. 
Lo cierto es que aquellos que pretenden extenderlo, me refiero a los que en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores votaron de manera indiscriminada muchas enmiendas al texto propuesto por la Comisión, rinden un flaco favor al principio de derecho de asilo y a quien en realidad tiene verdaderamente derecho a él. 
Me refiero en especial a la enmienda 14, con la que se pretende eliminar una previsión de sanciones concretas, es decir, la reducción o la revocación de las condiciones de acogida en los casos en que se descubra el abuso del sistema de acogida, así como a una serie de enmiendas, la 19, 21, 22, 23 y 34, a través de las cuales se pretende ampliar el ámbito de aplicación de las directivas extendiéndolo a personas que solicitan protección por motivos distintos de los señalados en la Convención de Ginebra. 
En definitiva, ¿acaso se pretende reintroducir el asilo a los refugiados por razones de índole económico y social? 
De este modo, dejaremos entrar en Europa como mínimo a un millardo de personas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más estamos aquí examinando propuestas en el marco del establecimiento de un sistema europeo común de asilo. 
Se trata también, a ese respecto, de perseguir el objetivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia a disposición de las personas que, por diversas circunstancias, buscan legítimamente protección en la Comunidad. 
De acuerdo con las conclusiones de Tampere, se deberá establecer un sistema europeo de asilo, que deberá incluir, a corto plazo, condiciones mínimas comunes de acogida de los solicitantes de asilo. 
Esas condiciones deberán permitir un nivel de vida digno y el respeto de sus derechos fundamentales. 
Se pretende limitar los movimientos secundarios de solicitantes de asilo influidos por las disparidades existentes entre los Estados miembros en cuanto a las condiciones de acogida y velar por que los solicitantes tengan condiciones de vida equiparables en todos los Estados miembros y que haya un justo reparto de los esfuerzos entre los Estados miembros de la Unión. 
Reconozco que la integración en las comunidades locales es compleja y difícil, pero es el camino que se debe seguir, con repercusiones en el derecho a la salud, a la educación y al trabajo. 
En cuanto a la cuestión del acceso al trabajo, se debe permitir la libertad de acceso, aunque sea justo que esté condicionada durante un período de seis meses. 
Nuestro ponente el Sr. Hernández Mollar tiene razón cuando dice que debemos abordar esta cuestión con seriedad y sin demagogia. 
Demasiado voluntarismo en estos asuntos sólo ayuda a quien basa su posición en la intolerancia, el racismo y la xenofobia. 
Por eso, es justo, señor Presidente y Señorías, enviar un mensaje a los bancos de la izquierda de este Parlamento: quien avanza demasiado en materia de asilo, como en otros asuntos, se vuelve el mayor aliado de los extremismos contra los que, según dice, quiere luchar, pero a los que acaba estimulando. 
(Aplausos de la derecha y del centro) 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecer al ponente su forma de conducir este informe. 
Probablemente no se va a producir el milagro que él pedía, pero no será porque él no haya intentado llegar a un acuerdo; sabe además, que en algunos temas, personalmente, estaba dispuesta a ello. 
Sobre todo porque a este Parlamento, en relación con estos temas, no le escucha nadie. 
Señora Presidenta, mire hacia los bancos del Consejo: no hay nadie; mire hacia los bancos de la Comisión: estoy encantada de compartir con el Sr. Fischler esta sesión, pero creo que no es exactamente de Agricultura y Pesca de lo que estamos hablando. 
Me parece absolutamente intolerable que estemos debatiendo aquí un informe cuyo punto de partida nos consta que ha sido ya modificado por el Consejo durante el período en el que este Parlamento ha sido consultado. 
Creo, señora Presidenta, que ésto es triste y quisiera rogarle personalmente que expresara nuestra preocupación por esta situación. 
El tema del que hablamos es absolutamente serio. 
Creo que ésta es una propuesta que avanza en la buena dirección y creo además que, en lo que respecta a algunas de las propuestas del Parlamento, probablemente el Grupo del Partido Popular Europeo no está tan lejos de los demás, aunque sí tenemos diferencias de matices, como en lo que se refiere a la absoluta importancia de un correcto acceso de los refugiados a nuestra sociedad. 
No tengo más tiempo, pero quiero contestar al Sr. Pirker y al Sr. Coelho: creo, queridos colegas, que la manera de hacer frente a la extrema derecha no consiste en comportarnos todos como ella; eso representaría el triunfo ulterior de la extrema derecha y no su fracaso. 
Señora Presidenta, este debate demuestra que los ánimos están caldeados incluso en las negociaciones que se realizan entre bastidores. 
Tiene razón el ponente: éste ya no es su informe. 
Prueba de ello es que fue aprobado en comisión por 25 votos a favor y 18 en contra, y sobre todo que han prosperado nada menos que 111 enmiendas. 
El Grupo del Partido Popular Europeo votó de mala gana; sin embargo se mostró contrario a todas estas enmiendas. 
Por esto, pido al ponente que siga adelante con su honesta toma de posición y que deje de considerar este informe como obra suya o de nuestro Grupo. 
Por otra parte, incluso hace pocos días, en Valencia el Consejo se ocupó del tema de la inmigración al hablar del segundo pilar, en el gran ámbito, el tercero, de la justicia y los asuntos interiores. 
Se recalcó que, tras la negociación de Montpellier de mayo de 2000, ahora es necesario lanzar un programa, y ya se lo ha propuesto a la Comisión, financiado por MEDA, un programa de acciones concretas en el terreno de la inmigración. 
Esto significa que el Consejo se encuentra estancado en la fase de reflexión y de evaluación. 
Lo demuestra el hecho de que, a propuesta de España y de Italia, los dos países que seguramente son los más sensibles a este problema, se ha sugerido para el año próximo una conferencia ministerial sobre emigración. 
Pues bien, mientras el Consejo está aún en este punto de prudencia y de atención, nosotros queremos introducir en un informe del Parlamento Europeo pasos tan avanzados que hablan de asistencia sanitaria a favor de todos los solicitantes de asilo, de derecho a ocupar un puesto de trabajo en el plazo de cuatro meses, de acceso a la educación para sus hijos, incluso en condiciones, lo ha destacado también el ponente, más favorables que para los hijos de los residentes. 
Pues bien, esto no se puede aceptar, sobre todo por parte de los Estados que, en relación con las solicitudes de asilo, están en el ojo del huracán. 
Sobrecargar un informe de problemas lo convierte en inaceptable. 
Considero que no es así como hay que ayudar a quien realmente tiene derecho y necesidad de asilo. 
(Aplausos de la derecha) 
Señora Presidenta, después de la información que amablemente nos ha dado el Comisario- en la que nos confirma que, efectivamente, el Consejo está hoy, incluso antes de la votación de nuestro informe, discutiendo y probablemente aprobando una versión diferente a la que nos remitió para consulta -, quisiera rogarle que se interese por esta situación. 
No es un hecho aislado: en todos los expedientes que estamos discutiendo, que son fundamentales y muy sensibles, de justicia y de interior, con arreglo a los procedimientos adoptados en Ámsterdam- es decir, que estamos todavía en estos cinco años durante los que el Parlamento sólo desempeña una función consultiva--, además de tener poca capacidad de intervención, la poca que tenemos está cada día siendo socavada por actitudes de dudosa lealtad interinstitucional por parte del Consejo. 
Quisiera rogarle, señora Presidenta, que la Presidencia de esta Cámara se interese por esta situación ante el Consejo y le haga llegar nuestro malestar. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, los resultados definitivos de Monterrey son alentadores y ofrecen motivos para un nuevo optimismo respecto de la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo. 
El éxito de Monterrey se basa, entre otras cosas, en la forma innovadora de la conferencia que ha hecho posible que las instituciones de Bretton-Woods y la Organización Mundial del Comercio pudieran participar activamente como socios con iguales derechos. 
Por vez primera se reconoció a la Comunidad Europea en una conferencia de la ONU el estatus de participante de pleno derecho. 
Lo que originariamente debía ser un evento clásico de las Naciones Unidas se convirtió en un encuentro de configuración sustancialmente más amplia que ojalá fomente también en el futuro la cooperación y la coordinación entre los participantes más importantes. 
La forma de la conferencia fue también innovadora en cuanto que el documento final- el denominado Consenso de Monterrey- había sido acordado ya en enero en Nueva York. 
Y puesto que no se realizaron negociaciones en sentido propio, los participantes en la conferencia se concentraron en diálogos de mesas redondas, organizadas junto a los actos, así como en encuentros bilaterales y no sólo en discusiones sobre el tenor de los términos y en drafting sessions sobre el documento final. 
Por esa vía surgieron posibles compromisos concretos, iniciativas bilaterales y aportaciones concretas en núcleo del debate. 
Por lo demás la conferencia se ha basado sobre un consenso global, único hasta ahora, que se había alcanzado en la Cumbre del milenio sobre los objetivos y la política en el ámbito del desarrollo y sobre los indicadores de desarrollo. 
De esta suerte, la movilización de los recursos financieros que se necesitan para alcanzar los objetivos de política de desarrollo de la Cumbre del milenio constituyó el reto esencial para la Conferencia sobre la financiación del desarrollo. 
Merced a esto se buscó en la conferencia un objetivo más claro y mejor definido. 
Los acontecimientos del 11 de septiembre han influido profundamente en el modo en que la comunidad internacional ha considerado y entendido esta conferencia. 
Los acontecimientos han mostrado de una manera trágica la magnitud de la dependencia mutua a una amplia opinión pública que es mucho más extensa que el colectivo que se ocupa de los problemas de la política de desarrollo. 
Hay que ver también sobre este trasfondo el resultado más importante y más visible de la conferencia, en concreto, los compromisos que se han producido de manera paralela por parte de la Unión Europea y de los EE.UU. de aumentar de aquí al año 2006 en 20 millardos de dólares y el 10 millardos de dólares su ayuda pública al desarrollo. 
El anuncio del Presidente Bush sobre la puesta a disposición de 5 millardos de dólares, que luego fueron incrementados a lo largo de la semana hasta acercarse a la posición de la UE, pone de manifiesto también un cambio de mentalidad en la política de desarrollo norteamericana, cuyo presupuesto ha experimentado progresivos recortes en los últimos 20 años. 
No es ninguna arrogancia, pero como Unión Europea estamos desempeñando el papel principal y, en consecuencia, también podemos hacerlo patente. 
Estos compromisos, ampliamente celebrados, constituyeron la respuesta ineludible a la actitud declarada de la mayoría de los países en vías de desarrollo de movilizar los recursos internos y de aceptar la condición de una buena dirección del estado. 
De esta suerte, podrían ser considerados como una parte de la puesta en práctica de las aserciones contenidas en el consenso de Monterrey y están en consonancia con la concepción de la Unión Europea en política de desarrollo en el sentido de un acuerdo global que se extienda a Dohar, Monterrey y Johannesburgo. 
Monterrey no ha satisfecho las expectativas en algunos puntos. 
Permítanme mencionar tres aspectos centrales: problemas inmanentes al sistema, fuentes innovadoras de la financiación del desarrollo y bienes colectivos globales. 
Respecto de estos problemas inmanentes al sistema el consenso de Monterrey se limita a subrayar, cuán importante sería conceder más peso a la voz de los países en vías de desarrollo en la arquitectura financiera internacional. 
Sin embargo, no se siguen propuestas concretas. 
En relación con las fuentes innovadoras de la financiación del desarrollo, en el documento no se pasa más allá de una frase general sobre la necesidad de entrar más detalladamente en estas cuestiones. 
No se nombran, en absoluto, bienes colectivos globales. 
En consecuencia, la conferencia de Johannesburgo ofrece la ocasión de ocuparse de nuevo de estos aspectos. 
Creo que debemos aprovechar esta oportunidad. 
Para terminar, permítanme que me refiera brevemente al papel de la Comisión en este proceso. 
Antes de la reunión del Consejo en Laeken la Comisión, en el plano político, se había puesto a favor de que los Estados miembros incrementen notablemente su AOD. 
Un primer paso en esta dirección fue el Consejo de Desarrollo de 8 de noviembre del pasado año que dio a la Comisión el encargo de ocuparse más estrechamente de estas cuestiones. 
Este proceso condujo luego al acuerdo del Consejo Europeo de Barcelona en el que los Estados miembros decidieron por vez primera votar acerca de sus presupuestos de desarrollo y, sobre todo, transferir a la Comisión un papel de coordinación. 
. (IT) Señora Presidenta, agradezco a los colegas su importante aportación que enriquece este informe, y aprovecho la ocasión para dar las gracias al Comisario Nielson que, pese a no estar presente, no dudó en recibirnos al Sr. Tajani y a mí para hablar de este problema que atenaza a muchos países del mundo. 
Con esta comunicación la Comisión propone liquidar todos los préstamos especiales definidos y concedidos en el marco de los tres primeros Convenios de Lomé a los países pobres altamente endeudados de la región ACP. Unos préstamos que todavía subsisten después de la acordada reducción de la deuda en el marco de la iniciativa HIPC puesta en marcha en 1996, a fin de dar un nuevo impulso al consenso internacional en lo relativo a la reducción de la deuda y de responder a la inquietud creciente de la comunidad internacional ante el aumento de la marginación de estos países pobres. 
Veamos brevemente la situación. 
El problema de la deuda exterior y la capacidad de servir los intereses continúan siendo una de las condiciones que más frenan el desarrollo económico de los países pobres. 
En efecto, estos países, la mayoría de los cuales se encuentra en África, destinan por término medio el 40% de sus recursos anuales a atender la deuda, lo cual reduce su capacidad de inversión, y por lo tanto, de ofrecer servicios sociales básicos, como la sanidad y la educación, a sus poblaciones. 
Paradójicamente, la ayuda al desarrollo que proporcionan la Unión Europea y sus Estados miembros a los países más pobres del mundo en ocasiones ni siquiera es suficiente para financiar los intereses de su deuda exterior. 
Cabe añadir que en este momento influyen los acontecimientos del pasado 11 de septiembre que, al frenar el desarrollo económico global, empeoran el ya de por sí grave problema de estos pueblos. 
Algunas cifras: la deuda de los países altamente endeudados ha pasado de 147.000 millones de dólares en 1989 a 214.000 millones de dólares en 2001; actualmente, 41 de los países más pobres del planeta están en bancarrota; 300 de 600 ciudadanos de los HIPC sobreviven con menos de un dólar al día. 
Les ahorraré todo lo que atañe a la vida de estas personas, afectadas por enfermedades como el sida, la tuberculosis, la malaria que, por otra parte, registran un recrudecimiento en este momento, y de manera especial lo que hace referencia a las condiciones de los niños, de los discapacitados y de los enfermos, puesto que en estos países no cabe hablar de personas mayores. 
Actualmente, se han convertido en admisibles a la reducción de la deuda, por haber alcanzado el llamado punto de decisión, 26 países que de este modo pueden beneficiarse directamente de la reducción del servicio de la deuda, aunque para gozar oficialmente de dicha cancelación por haber alcanzado el completion point que, por otra parte, actualmente sólo alcanzan 4 países, estos deben implementar un paquete preestablecido de reformas sociales y estructurales y mantener una buena actuación macroeconómica. 
Sorprendentemente, no se ha fijado ninguna fecha tope para alcanzar dicho completion point, aunque de hecho el plazo debería durar por término medio al menos 15 meses. 
Este periodo tan corto deja a los países altamente endeudados poco tiempo para desarrollar estrategias multisectoriales de lucha contra la pobreza e impone a los Gobiernos locales gastar dinero y recursos para alcanzar el completion point, en lugar de abordar un programa duradero y un plan viable de lucha contra la pobreza. 
En general, podemos decir que la iniciativa HIPC reforzada, aun reconociendo el fracaso de los programas y de las experiencias anteriores en materia de estrategias macroeconómicas, es del todo insuficiente por sí sola para solventar este problema en el contexto actual de globalización de la economía y, de hecho, no disminuye la deuda nominal de estos países. 
Si no se reduce la deuda drásticamente, dichos países se verán obligados a pagarla indefinidamente. 
Ahora bien, el Parlamento Europeo y en especial la Comisión han respaldado con fuerza la necesidad de condonar esta deuda, también al amparo de la campaña Jubileo 2000 en la que varias organizaciones y movimientos políticos, ciudadanos y religiosos, en primer lugar la Santa Sede, han reclamado con firmeza la cancelación total de la deuda. 
En particular, considero importante remarcar el empeño del Santo Padre que, con ocasión del evento de caridad que fue el Jubileo, llamó la atención sobre la necesidad de dedicar una mayor y preferente atención a los problemas de la pobreza que todavía afligen al mundo. 
Por lo que se refiere a Monterrey, a pesar de las críticas por considerarla una enésima manifestación llena de simples declaraciones de intenciones, en mi opinión, se debe considerar una etapa positiva por haber fomentado más objetivos concretos. 
Prueba de ello es el compromiso de la Unión de financiar otros 20.000 millones de dólares a más tardar en 2006 y otros 7.000 millones después de 2006. 
En conclusión, señora Presidenta, yo creo que existen diversas iniciativas que pueden ayudar a estos países, entre ellas cabe señalar la aplicación de las nuevas tecnologías, debatidas en Palermo hace algunas semanas a iniciativa del Gobierno italiano, del Banco Mundial y de la ONU. Unas nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de gestión de la deuda, incluida la deuda interna, los controles de los presupuestos que ayudarían seguramente a las administraciones publicas a darnos una explicación concreta del posible objetivo a alcanzar, superando el pretexto que nos preocupa, es decir, el de la compra de armas de estos países, la no inversión de los beneficios en iniciativas sociales y económicas en favor de la reducción de la pobreza y en proyectos sociales y sanitarios que, por el contrario, estas poblaciones necesitarían. 
Señora Presidenta, querría explicar en este poco tiempo mi impresión personal, como representante del Grupo socialista en la Conferencia de Monterrey- aunque creo que compartida por todos los Grupos parlamentarios -, sobre esta Conferencia. 
Efectivamente, ha sido una Conferencia con claroscuros. 
Hay aspectos positivos que sería injusto no destacar, pero también hay que reconocer, como ha hecho el Comisario, que en algunos aspectos no se han cumplido las expectativas que habíamos puesto en la citada Conferencia y, desde luego, las expectativas que este Parlamento había expresado a través de una resolución. 
Por un lado, disponer del documento de consenso, elaborado previamente en el mes de enero en Nueva York, ha tenido la parte positiva de permitir que los participantes pudieran dedicar su tiempo a reuniones y al logro de compromisos bilaterales muy interesantes, a participar en mesas redondas. 
Pero, por otro lado, también pusimos al descubierto cuáles eran nuestras debilidades, nuestras limitaciones, hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. 
Con ello se sabía previamente que ciertos temas podían quedar aparcados, porque en aras de lograr un consenso, sobre todo con los Estados Unidos, la Unión Europea iba a ceder. 
Creo que ése ha sido un fallo por parte del Consejo: mostrar esta debilidad. 
Por cierto, quien estaba representada allí no era la Unión Europea; era la Comisión Europea, la delegación de la Comunidad Europea, dado que la Unión todavía no tiene personalidad. 
Entre los aspectos positivos está el logro de un compromiso de aumento presupuestario de los fondos para desarrollo por parte de Europa, además de una mejor coordinación entre los Estados miembros, y que los Estados Unidos también han asumido el compromiso de aumentar su dotación. 
Pero creo que todavía tendremos que seguir trabajando de cara al próximo compromiso de Johannesburgo, donde habrá que definir los asuntos de las nuevas fuentes de financiación- de las cuales no se ha hablado -, de los bienes globales- tampoco se ha acordado nada al respecto -, y recalcar también la necesidad de que se escuche más a los países en desarrollo así como buscar una solución para su deuda externa. 
Hay que comprometerse, a seguir trabajando de cara a Johannesburgo, para poder cumplir los objetivos de la Cumbre del Milenio. 
Señora Presidenta, quiero felicitar a la Comisión por haber inducido a los Estados miembros por primera vez en la Cumbre de Barcelona a comprometerse con el objetivo compartido de financiación en el marco de la colaboración para el desarrollo. 
Esto no es más que un modesto comienzo del proceso común. 
En cualquier caso, quisiera preguntarle al Comisario, Sr. Fischler, qué piensa hacer la Comisión para asegurarse de que los Estados miembros realmente se comprometan también jurídicamente con este objetivo, con el fin de evitar que todo quede en simple declaración política, y también le preguntaría por la fórmula que ustedes han planeado para el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros. 
Es bastante seguro que aquellos países que ya han alcanzado el objetivo del 0,7 por ciento del PIB, como son Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y los Países Bajos, no se prestarán a pagar más hasta que no constaten que los países que les vienen a la zaga cumplen con su parte. 
Se trata de grandes cantidades de dinero. 
Tal y como ya han mencionado aquí otros colegas, los países de la UE deberán aportar siete mil millones de dólares más al año a partir de 2006, y de aquí a esa fecha un total de 20.000 millones de dólares. 
¿Cómo se piensa hacer de esto una realidad? 
Sería muy importante que ya empezáramos a mirar más lejos aún desde el punto de vista político. 
En consecuencia, mi Grupo propone que la UE se comprometa ya en Johannesburgo a alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento para el año 2010. 
Pido que los demás Grupos apoyen este objetivo, sobre el cual podremos votar dentro de unos instantes. 
Señora Presidenta, como otros diputados, también yo creo que no hay razones para euforias excesivas en cuanto a los resultados de la Conferencia de Monterrey. 
Es cierto que en el transcurso de la Conferencia se dieron algunos pequeños pasos, en particular si tenemos en cuenta la situación actual de la financiación del desarrollo y las perspectivas muy magras que se perfilaban ya antes de la Conferencia. 
En ellos incluyo, naturalmente, los ofrecimientos de la Unión Europea de aumentar en 20.000 millones de dólares de aquí al 2006 su ayuda pública y los 5.000 millones que los Estados Unidos se han propuesto aumentar anualmente. 
Y tengo en cuenta también que la Unión Europea ha fijado por primera vez, y con carácter vinculante para los Estados miembros, un objetivo preciso y orientado a alcanzar el 0,39 por ciento del PIB en 2006 como media comunitaria y como etapa intermedia para el objetivo de 0,7 por ciento. 
Pero hay que reconocer que son pasos demasiado cortos, que quedan muy por debajo de las necesidades y las posibilidades actuales. 
Y otra conclusión que no podemos por menos de sacar, si tenemos en cuenta las disminuciones constantes que ha habido en el último decenio en materia de ayuda pública al desarrollo, a la que sólo un número limitado de Estados miembros de la Unión Europea se han hurtado como para confirmar la regla. 
Y dicha conclusión es también inequívoca, si atendemos a las decisiones y recomendaciones sucesivamente reiteradas por las Naciones Unidas, en particular los objetivos del desarrollo del milenio para reducir la pobreza extrema de aquí a 2015. 
O incluso las propias esperanzas creadas por el compromiso contraído en el Consejo de Gotemburgo de alcanzar el objetivo de 0,7 por ciento lo más rápidamente posible. 
Ahora bien, a ello se suma que no se ha adoptado medida alguna en la esfera de la resolución del problema de la deuda externa, a pesar de que ésta sigue siendo uno de los parámetros fundamentales del desarrollo económico de los países más pobres, como afirma el Sr. Mantovani en la exposición de motivos que figura en su informe y que consideramos positiva. 
Y en ese marco, teniendo en cuenta la importancia de la vertiente financiera, considero que los resultados de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible del próximo septiembre se presentan limitados en cierto modo en su alcance deseable. 
Aun así, esperamos que en Johanesburgo se consiga dar pasos más prometedores en esa y otras esferas. 
Señora Presidenta, quiero en primer lugar felicitar al ponente por el trabajo realizado y sobre todo saludar con satisfacción y por fin el compromiso de la Comunidad con la liquidación de los préstamos especiales de los países muy endeudados y menos avanzados. 
Lo cierto es que se trata de las primeras etapas del que deberá ser un largo e importante camino. 
De hecho, sólo una auténtica cancelación de la deuda puede ser la única forma para garantizar a los países en desarrollo la posibilidad de encontrar una salida a la espiral negativa de la llamada trampa de la deuda, para dar a estos mismos países la esperanza y la ocasión de integrarse positivamente en un mercado global y para ofrecer un futuro a sus pueblos luchando real y concretamente contra la pobreza, el hambre y las enfermedades. 
Por supuesto, será necesario exigir que estos países se comprometan a respetar los derechos humanos, a renunciar a la guerra como medio para resolver los conflictos y a destinar los recursos financieros liberados con el alivio de la deuda a programas de reducción de la pobreza serios y sujetos a control, así como a garantizar una más amplia implicación democrática de la sociedad civil. 
No obstante, merece la pena precisar que las medidas de condonación o de alivio de la deuda no han de servir de pretexto para una reducción de la ayuda al desarrollo, por el contrario, esta ayuda habrá de estar sometida a un control e, indudablemente, se deberá aumentar y fomentar. 
No debemos olvidar que Europa tiene la responsabilidad de ofrecer un apoyo indispensable a los países más pobres del Tercer Mundo no sólo con la cancelación de la deuda, sino también con un compromiso a largo plazo en favor de estos mismos países, para respaldarlos en un camino de profunda transformación y de desarrollo económico y social. 
También la lucha contra terrorismo, contra la inmigración ilegal, contra la trata y la explotación de seres humanos pasa por la posibilidad, de que los países y los pueblos más pobres y endeudados, tengan un futuro de paz, de progreso y de justicia económica y social. 
Señora Presidenta, Señorías, no comparto la atmósfera autocomplaciente que ha sido el resultado de Monterrey, antes bien, creo que Monterrey ha quedado muy por debajo de las necesidades y de las ambiciones necesarias. 
Hoy se habla de primeros pasos y resulta, cuando menos, paradójico pensar que ahora estamos en los primeros pasos, cuando la solicitud del 0,7 % data de 1970, así como decir que quizás llegaremos al 0,30 o 0,31 %, sin saber exactamente cuándo. 
Segunda cuestión todavía más decepcionante: en Monterrey ni una sola palabra con respecto a las reformas estructurales necesarias, empezando por nosotros, del proteccionismo agrícola al textil, al proteccionismo americano sobre el acero, por no hablar de las reformas necesarias en esos países en lo que atañe al Estado de Derecho y a los primeros pasos hacia la evolución democrática. 
Por eso, creo que desde este punto de vista Monterrey ha quedado muy por debajo de las ambiciones y que todos, no sólo los países en desarrollo, sino también nosotros y nuestras falsas seguridades, pagaremos cara esta indiferencia sustancial ante la envergadura del problema. 
Señora Presidenta, me parece bien la liquidación de los préstamos especiales concedidos por la Comisión pero, lamentablemente, para la situación que se vive en los países pobres, no basta que las instituciones financieras internacionales aprueben iniciativas para reducir la deuda a un nivel llamado sostenible. 
Hay que tener el valor de llegar a la efectiva cancelación de la deuda para liberar recursos con el fin de permitir el desarrollo económico y social de esos países, y esta cancelación no deberá constituir en ningún caso un pretexto para disminuir la ayuda al desarrollo. 
Por el contrario, se ha de traducir en un compromiso concreto el principio, fijado por las Naciones Unidas y confirmado por el Consejo Europeo de Bruselas el pasado mes de noviembre, de aumentar al 0,7 % del PIB los recursos en favor de los países en desarrollo, avanzando de la misma manera y con la misma determinación con que Europa ha cumplido los criterios de Maastricht y se ha dotado de la moneda única. 
Fijemos un calendario concreto, etapas y sistemas de evaluación para que todos los Estados miembros de la Unión Europea respeten este compromiso y acompañemos esta iniciativa con el embargo sobre la venta de cualquier tipo de armas, incluso las ligeras. 
También la Conferencia de Monterrey nos ayuda a entenderlo. 
Hacen falta nuevos caminos: es preciso valorizar el papel de la ONU y es necesario y justo ampliar el G8 a África y América Latina, puesto que no es posible que a la hora de tomar decisiones que les afectan no estén presentes también los representantes de los países y de los pueblos menos ricos del mundo. 
Señora Presidenta, Señorías, no me andaré con rodeos. 
Hay que anular pura y simplemente la deuda de los países pobres muy endeudados y crear un procedimiento de arbitraje para los países intermedios en situación de crisis, como la Argentina. 
La mayoría de estas deudas son ilegítimas puesto que han sido contraídas por gobiernos corruptos o incluso dictatoriales, y, en realidad, nunca han favorecido a las poblaciones. 
La deuda total del tercer mundo ya ha sido reembolsada seis veces en concepto de intereses. 
Hoy las cantidades reembolsadas en concepto de la deuda por los países del Sur son superiores a la ayuda al desarrollo concedida por el Norte. 
Tras haber saqueado las materias primas del Sur pagándolas al precio más bajo, el Norte se beneficia hoy de este flujo financiero y mantiene, de hecho, su dominio, con las conocidas consecuencias sobre el aumento de la pobreza. 
Pero el dinero que se ahorre debe volver a invertirse no en armas o en otros ámbitos, sino en presupuestos sociales para reforzar preferentemente los servicios públicos, los servicios sanitarios y la educación. 
Por desgracia, la Conferencia de Monterrey no abordó a fondo esta cuestión, así como tampoco la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras. 
En cuanto al objetivo del 0,39 % destinado a la ayuda al desarrollo, no significa una victoria. 
¿Acaso dentro de diez años podremos felicitarnos del 0,22 % que se comprometerá oficialmente? 
No, creo que hoy es necesario reaccionar, hoy hay que anular la deuda, conceder mucho más del 0,39 % de ayuda, y, personalmente, pienso que la Conferencia de Monterrey es un fracaso. 
Es un fracaso para la Unión Europea, pero sobre todo es un fracaso para los países del Sur. 
Señora Presidenta, a pesar de que la riqueza mundial se ha multiplicado por ocho desde 1960, lamentablemente, debemos evidenciar que aún hoy uno de cada dos seres humanos vive con menos de un dólar al día, uno de cada cinco no tiene acceso al agua potable, uno de cada seis es analfabeto y un niño de cada tres padece malnutrición. 
A estos datos alarmantes responde el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y la UNICEF, que han calculado, por ejemplo, que un gasto anual de 80 millardos de dólares, en un período de diez años, podría garantizar a cada ser humano el acceso a la educación básica, a los cuidados médicos básicos y a una alimentación adecuada, así como la posibilidad de utilizar agua potable, las infraestructuras sanitarias, y por último, el acceso de las mujeres a los cuidados ginecológicos y obstétricos: una cantidad cuatro veces menor de la que el Tercer Mundo devuelve por su deuda exterior, una cuarta parte del presupuesto militar de los Estados Unidos, el 18% de los gastos publicitarios mundiales, el 9% de los militares, la mitad de los bienes que poseen las cuatro personas más ricas del mundo. 
En 1999 los pagos de los países en desarrollo a los acreedores de los países del Norte, según los datos del Banco Mundial correspondientes al año 2000, alcanzaron los 300 millardos de dólares, lo que equivale al montante de hasta cuatro Planes Marshall. 
La Unión Europea debe comprometerse a asegurar el alivio o la cancelación de la deuda de los países pobres. 
Los países beneficiarios, por su parte, deben comprometerse a instaurar formas de buen gobierno y a encauzar las economías derivadas de la reducción de la deuda hacia el logro de modelos de desarrollo equilibrado y sostenible para sus pueblos. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, en primer lugar quisiera dar las gracias por las aportaciones tan constructivas que se han producido aquí. 
En este debate, que considero extraordinariamente importante, se han planteado esencialmente dos temas concretos a los que quisiera referirme brevemente. 
En primer lugar, un tema que afecta directamente a mi competencia: la agricultura. 
Aquí se ha afirmado que la Unión Europea está matando a los agricultores en muchos países en vías de desarrollo. 
Esto no se puede dejar así en esta Sala y quisiera informarles un poco acerca de cómo se presenta actualmente nuestra situación de importaciones y exportaciones. 
Quisiera indicarles que en la actualidad la Unión Europea importa de los países en vías de desarrollo más productos que los EE.UU., Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Japón juntos. 
En este punto no tenemos por qué dejarnos reprochar nada por los otros países desarrollados. 
En segundo lugar, quisiera indicarles que somos un importador neto de los países en vías de desarrollo, es decir, importamos más productos agrícolas que lo que exportamos a estos estados, en agudo contraste con los estados antes mencionados que son, todos, grandes exportadores netos. 
Finalmente, permítanme que les indique también que la proporción de exportación de productos agrícolas de la Unión Europea en todos los sectores ha retrocedido en el transcurso de los últimos cinco años. 
Por último, quisiera recordarles que deberíamos cesar de reprocharnos cosas que ya no existen. 
Cuando se sigue hablando aún de las grandes montañas de excedentes en la Unión Europea, quisiera invitarles a que me las mostrasen. 
Ya no tenemos montañas de excedentes. Tenemos una producción equilibrada. 
Se ha planteado una segunda cuestión importante, en concreto, la de cómo queremos asegurar que los Estados miembros cumplan realmente con los compromisos contraídos en el Consejo. 
A este respecto, debo hacerles notar que aquello a lo que se han comprometido los Estados miembros constituye, ni más ni menos, que una declaración general del Consejo. 
No tenemos un instrumento jurídico para exigir realmente por la vía legal estas contribuciones, sino que sólo podemos recordar de manera conjunta- ustedes, el Parlamento, y la Comisión- a cada uno de los Estados miembros que no cumplan esta exigencia, cuán importante sería que lo hiciesen. 
Gracias, señor Comisario. 
Como conclusión de este debate sobre la Conferencia internacional sobre la financiación al desarrollo en Monterrey, he recibido cuatro propuestas de resolución. 
- (SV) Los socialdemócratas suecos nos abstuvimos en la votación del informe Oostlander sobre tráfico ilícito de drogas. 
Creemos que es importante que se refuerce la colaboración entre los Estados miembros para combatir el narcotráfico. 
Por eso respaldamos la decisión marco del Consejo sobre fijación de normas mínimas para la configuración de delitos y para las penas derivadas del tráfico ilícito de drogas. 
Desgraciadamente, el informe Oostlander contiene enmiendas que limitan las intenciones de la decisión marco. 
Pensamos que la decisión marco debe aplicarse a toda clase de narcotráfico y no solamente al comercio de cierto volumen o de carácter internacional. 
La lucha contra las drogas y la dependencia debe comprender todos los ámbitos: prevención, combate a la delincuencia y rehabilitación. 
Nos preocupan las tendencias liberales que aparecen en numerosos países miembros, donde se aceptan cada vez más las denominadas drogas blandas. 
Estas drogas son la puerta de entrada al consumo de drogas duras, que conducen a la dependencia y la miseria social. 
Una condición para que exista una política de drogas eficaz es que se combata todo tipo de drogas. 
- (NL) Gracias a D66 el informe Oostlander sobre el tráfico de drogas ha quedado enmendado de tal forma que solamente cubre el tráfico de drogas a gran escala, transfronterizo y organizado. 
De este modo, la política de los Países Bajos en materia de drogas blandas se mantiene a salvo. 
Ello no obstante, D66 se ha abstenido en la votación final del informe porque el Parlamento ha adoptado las enmiendas 5 y 14. 
Dichas enmiendas obligan a los Estados miembros a emplear los beneficios obtenidos de los bienes confiscados en el marco de la lucha contra la droga en programas de ayuda para drogadictos. 
Aunque ese objetivo merezca nuestra simpatía nos parece esencialmente injusto que los programas de ayuda queden supeditados a los resultados de la lucha contra la criminalidad desde el punto de vista financiero. 
Por eso seguimos optando por el método utilizado en los Países Bajos. En otras palabras, somos partidarios de que las multas y los beneficios procedentes de las confiscaciones se añadan a los recursos generales y que los programas de ayuda se financien con estos recursos generales. 
Las enmiendas antes mencionadas van en contra del principio de subsidiariedad. 
Por eso nos hemos visto obligados a retirar nuestro apoyo al presente informe a pesar de que se hayan introducido considerables mejoras. 
El texto común adoptado, aunque con aspectos positivos que merecen nuestra aprobación, es claramente insuficiente. 
Ahora bien, su aplicación práctica puede contribuir a que haya una mayor participación de las organizaciones y los movimientos sociales y de las autoridades en los niveles local y regional en la materialización y evaluación de los planes de acción nacionales para el empleo. 
Igualmente importante es conseguir, de hecho, como se afirma en el texto aprobado, que se haga una evaluación cuantitativa y cualitativa de los efectos de la estrategia europea para el empleo, incluido un análisis de su coherencia con la política económica general, así como con otras materias políticas, y un seguimiento mediante el Observatorio Europeo del Trabajo. 
Pero lo más importante de todo es que se modifiquen las prioridades políticas en la Unión Europea y se prosiga una verdadera política de empleo de calidad y con derechos encaminada a la consecución del pleno empleo, cosa que dista de haberse conseguido. 
Señor Presidente, usted tiene delante un martillo para llamar al orden a los diputados indisciplinados, pero tiene suerte porque no es un martillo neumático. 
Usted sabe que los martillos neumáticos provocan angioneurosis, una grave enfermedad causada por las vibraciones que padecen muchísimos trabajadores de la construcción. 
Este texto, firmado por la Sra. Thorning-Schmidt, que en conciliación ha conseguido arrancar mayores garantías para la vida de los trabajadores que usan martillos neumáticos, ha sido considerado y acogido favorablemente por todos los trabajadores europeos que padecen esta enfermedad profesional. 
Por lo tanto, al felicitarla por tener la suerte de no estar expuesta a los riesgos de sufrir enfermedades derivadas del uso del martillo neumático, confirmo que he votado a favor del informe Thorning-Schmidt, puesto que considero justa la protección de todos los trabajadores. 
- (SV) Nos hemos abstenido en la votación del informe de Helle Thorning-Schmidt sobre una propuesta de directiva relativa a la exposición a las vibraciones. 
En lo esencial, somos partidarios de la Unión Europea. 
Como liberales suecos, entendemos la integración europea como una posibilidad para solucionar problemas transfronterizos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, el comercio, la circulación a través de las fronteras, los derechos humanos y el manejo de las crisis. 
Sin embargo, la protección de los trabajadores es, a nuestro juicio, un ejemplo de aquellas materias en las que la UE debe tener competencia restringida, si se trata de asuntos relativos a la circulación de las personas. 
Las vibraciones en los centros de trabajo no puede ser considerada una materia transfronteriza. 
Por eso, corresponde a cada Estado miembro la responsabilidad y el derecho a fijar los valores límite. 
Señor Presidente, en este texto se habla del presupuesto de la Unión Europea, así como de una considerable cantidad de dinero que no se ha logrado gastar en 2001 y que, por lo tanto, se pasará a 2002 para las distintas actividades de la Unión Europea. 
Por esto, al votar a favor de este informe contable, se me han ocurrido una reflexión y una esperanza, esto es, que este dinero, no utilizado en los proyectos de la Unión Europea financie algún día un fondo de pensiones europeo que permita a aquellos que viven demasiado, puesto que esto se considera un perjuicio para los presupuestos de nuestros Estados nacionales, recibir de Europa una ayuda al efecto de cobrar, en todo caso, su pensión. 
. (FR) Aprovecho la oportunidad que me brinda el informe Wynn sobre el presupuesto, para recordar que tras nuestro primer debate sobre la aprobación de la gestión presupuestaria los servicios suprimieron 38 palabras de mi explicación de voto. 
En dicho texto deploraba la actitud del Parlamento Europeo, que ahora se cree lo bastante fuerte como para revocar todo ' acuerdo entre caballeros? y meter las narices en el presupuesto del Consejo. 
Añadía que el Consejo debería tener en cuenta esta advertencia, en el momento en que se abre la Convención que va a reflexionar sobre el futuro de la Unión. 
Y concluía con la frase, desgraciadamente suprimida: ' De paso, por otra parte, más le hubiera valido (al Consejo) escuchar nuestras advertencias, y formar la Convención con representantes de los Parlamentos nacionales, sin integrar al Parlamento Europeo, o, en todo caso, sin hacerlo de una manera tan amplia?. 
Como se ve esta frase era importante. 
. (FR) Uno de los dos capítulos del anteproyecto de presupuesto rectificativo 2/2002 se refiere a la consignación presupuestaria de un saldo positivo transferido del ejercicio 2001, debido, concretamente, a una fuerte infrautilización del presupuesto comunitario, en particular en el ámbito de los Fondos Estructurales. 
Las consecuencias de este presupuesto rectificativo consistirían en devolver alrededor de 10 millardos de euros a los Estados miembros de la Unión Europea, lo que debería traducirse por una restitución de aproximadamente 10 millardos de francos a Francia; la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo propone restituir a los Estados un importe de alrededor de 5,5 millardos de euros, puesto que los 4,5 millardos de euros restantes servirán para cubrir diversos gastos registrados en el año en curso, y podemos interrogarnos sobre la legalidad de esta opción, ya que se supone que el Parlamento sólo puede pronunciarse sobre propuestas de gastos previstos por la Comisión Europea, de momento, inexistentes. 
Por otro lado, la Comisión Europea presentará en mayo de 2002 el saldo definitivo de 2001 en otro presupuesto rectificativo; así pues, el importe total de los créditos que deben consignarse en el presupuesto podría alcanzar los 18 millardos de euros. 
El otro capítulo de este proyecto de presupuesto rectificativo suplementario, tras los acuerdos de Berlín de la primavera 1999 sobre las Perspectivas Financieras de la Unión Europea ,... 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (SV) Hemos votado en contra de la propuesta de proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario 2/2002 de la Unión Europea para el ejercicio 2002. 
En las reuniones de la comisión del 19 de marzo y del 9 de abril se decidió que de los catorce mil millones de euros de superávit, se devolverían diez mil millones a los Estados miembros. 
Habida cuenta de que el presupuesto del año 2002 tiene un superávit de catorce mil millones de euros, no nos parece lógico que ahora sólo se devuelvan cinco mil quinientos millones a los Estados miembros. 
Creemos que esta decisión no tiene arraigo en las discusiones que han tenido lugar en la comisión. 
Puesto que los Estados miembros no recibirán de vuelta las cantidades a que tienen derecho, hemos votado en contra de la propuesta. 
Somos conscientes de que la suma que no se paga ahora se pagará más tarde. 
La Comisión ya ha señalado que los gastos en 2003 serán tan elevados que se traspasará el techo presupuestario. 
Esto significaría para los Estados miembros la necesidad de hacer grandes desembolsos en 2003 y 2004, cuando aumenten las necesidades presupuestarias relacionadas con la ampliación. 
- (NL) Mi Grupo, el Partido Socialista de los Países Bajos, aspira a un alto nivel de protección, tanto para el ser humano como para el medio ambiente, y está dispuesto a consentir una elevada presión fiscal a cambio. 
Está plenamente justificado que las autoridades inviertan ingentes cantidades de dinero con objeto de prestar servicios de calidad en el ámbito de la enseñanza, la salud, el transporte público y la conservación del medio ambiente. 
Estos servicios no pueden ser objeto de recortes. 
Sin embargo, nos atrae poco o nada la idea de que los fondos acaben transfiriéndose a fines militares, un crecimiento económico sin rumbo o regalos para empresas con ánimo de lucro. 
Es preferible que la gestión del dinero del contribuyente quede en manos de un órgano cercano sometido al máximo control de los electores, ya que ello suele redundar en beneficio de la calidad y del cumplimiento de la voluntad democrática del electorado. Éste no es el caso del dinero gestionado por un órgano lejano sobre el cual la mayoría de la gente no puede ejercer ningún control. 
Por tanto no nos parece nada evidente que se destine a la Unión Europea todo el dinero posible. 
No somos partidarios de hacer circular el dinero de los fondos estructurales entre los Estados miembros más ricos. La actual política agrícola intensiva y la cada vez más fuerte vinculación con la política de la OTAN tampoco nos parecen oportunas. 
Abogamos, al contrario, por la solidaridad con las regiones más pobres, la ayuda al desarrollo a favor del Tercer Mundo y un mayor respeto del medio ambiente. 
Por eso estamos de acuerdo en que el superávit se reparta entre los planes comunitarios existentes y en que el dinero regrese a los Estados miembros. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Lambert. 
Es importante que la Unión Europea se preocupe por las condiciones de asilo de cualquier persona que venga a nuestra Europa a pedir asistencia y ayuda. 
Sin embargo, señor Presidente, me pregunto: ¿Es justo que, como sucede, por ejemplo, en las costas del sur de Italia, en determinados momentos lleguen cientos y cientos de solicitantes de asilo que son acogidos por las muy generosas poblaciones del sur de Italia, mientras que ningún otro Estado de la Unión Europea apoya y ayuda económicamente esta actividad de ayuda y de asistencia? 
¿No cree que sería el momento de crear un fondo para aliviar a los Estados fronterizos de la Unión Europea, en particular los Estados costeros, Italia, España y Grecia, que acogen a más solicitantes de asilo que los demás Estados, y a los cuales se les debería proporcionar ayuda en esta encomiable iniciativa? 
. (FR) La Comisión Europea nos propone hoy una directiva por la que se establecen normas mínimas de acogida para los solicitantes de asilo en los Estados miembros. 
Este texto burocrático es, en gran medida, inútil puesto que si un Estado ofreciera a los refugiados mejores condiciones de acogida que los otros, se vería desbordado por las solicitudes y se vería obligado a reducir sus prestaciones. 
El sistema europeo se regularía, pues, de forma automática. 
Además, la propuesta de la Comisión establece unas normas mínimas de alto nivel, y el Parlamento Europeo acaba de agravar esta tendencia a través de enmiendas que, entre otros elementos, amplían la definición del concepto de refugiado, así como la de los miembros de su familia. 
En ningún momento se formulan las preguntan esenciales: ¿cuánto costarán a los Estados miembros estas normas de acogida, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que constituirán un atractivo adicional para una nueva forma de inmigración? 
¿Dónde están previstos los créditos? 
¿Cómo se puede luchar contra esta nueva inmigración, en la que vemos, concretamente, como falsos solicitantes de asilo se organizan sirviéndose de redes estructuradas de tráfico de seres humanos? 
En estas condiciones, la propuesta de la Comisión nos parece muy peligrosa, y hemos votado en contra. 
- (NL) En plena guerra fría se alentó a los ciudadanos de los países de la Europa Oriental a que huyeran y los refugiados eran bien recibidos en la Europa Occidental. 
En la actualidad en Europa hay cada vez más refugiados procedentes del Tercer Mundo y nos hemos vuelto menos hospitalarios. 
Al cabo de cierto tiempo muchos solicitantes de asilo son rechazados y se quedan sin enseñanza, ingresos y alojamiento. 
Esta exclusión se convierte en instrumento disuasorio. 
Muchos desafortunados que entraron hace tiempo son condenados a la ilegalidad, de modo que están obligados a ganarse la vida por medios criminales causando problemas a los demás. 
Todo parece indicar que la gravedad de la causa de la huida se supedita cada vez más a los objetivos financieros y demográficos del país de acogida. 
Se intenta reducir al máximo el número de personas que necesitan un apoyo financiero prolongado, en tanto que se suele dispensar una calurosa bienvenida a las personas más cualificadas dispuestas a ocupar puestos de trabajo que, si no, quedarían vacantes por falta de candidatos. 
Las medidas propuestas con motivo de este punto del orden del día benefician sobre todo a este último de grupo de refugiados. 
Ahora bien, a pesar de estas limitaciones se da un paso adelante al someter a los niños a la escolaridad obligatoria y al aprendizaje del idioma del país de acogida, al permitir que los inmigrantes comiencen a trabajar pronto, al mejorar la calidad del alojamiento y al tener más en cuenta a los compañeros sentimentales homosexuales. 
El informe ahora votado mejora, en algunos aspectos, la propuesta que nos presentó la Comisión; entretanto hay que lamentar que, tras haber decidido la Unión Europea la instauración de una política común de asilo, se limite ahora a establecer un conjunto de normas mínimas, como si no supiera que las personas a las que van destinadas merecen todo el apoyo posible, dadas las dolorosas condiciones que generalmente las mueven a buscar refugio en uno de los Estados miembros. 
Por lo demás, no podemos dejar de rechazar el objetivo expresado por la Comisión de establecer dichas "normas mínimas" como mera contribución a la limitación de los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo resultantes de las disparidades en las condiciones de acogida entre los Estados miembros. 
Estamos hablando de los derechos humanos en la Unión Europea. 
¿Es una violación de los derechos humanos dejar vivir a una persona mayor, enferma, jubilada con solamente 500 euros al mes? 
Me pregunto: ¿Es una violación de los derechos humanos en la Unión Europea que una viuda, come sucede en Italia, después de haber trabajado ella y su marido cuarenta años cada uno, o sea, en junto al menos ochenta años, reciba una pensión mensual de sólo 25 euros? 
Señor Presidente, ¿es una violación de los derechos humanos que aquellos, y ya quedan pocos, pensionistas de guerra que lucharon en la II Guerra Mundial reciban no más de 100 euros al mes? 
Yo creo que también estas son violaciones de los derechos humanos y que también debemos ocuparnos de esto en nuestros informes. 
- (SV) Los diputados conservadores al Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe A5-106/2002 sobre derechos humanos en el mundo (2001) y la política de la Unión Europea en esta materia. 
Nuestro voto confirma que respaldamos los grandes principios relativos a los derechos humanos que, a nuestro juicio, están amparados en esta resolución. 
En cambio, rechazamos las afirmaciones de que la globalización causa trastornos económicos y sociales. 
Nos oponemos también a equiparar los denominados derechos positivos (de carácter social, económico y cultural) con los importante derechos negativos (de índole política y jurídica). 
Suponemos que la expresión terrorismo de estado se refiere a los estados que financian a organizaciones terroristas. 
Nos oponemos a que el Parlamento designe a un embajador para los derechos humanos. 
Nos gustaría que se hiciese una recomendación general más contundente sobre la abolición de la pena de muerte. 
Rechazamos las insinuaciones de que los presos que están en la bahía de Guantánamo no han sido detenidos durante la guerra de Afganistán. 
Hemos votado a favor de la enmienda 3 del Grupo ELDR. 
. (FR) El informe Johan van Hecke nos brinda la oportunidad de manifestar nuestra sorpresa por el comunicado del 22 de abril publicado por la Presidencia del Parlamento Europeo, que observa una escalada de la intolerancia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. 
Desde el punto de vista jurídico, se trata de una injerencia en los asuntos internos de nuestro país. 
En cuanto al fondo, dicho comunicado soslaya totalmente problemas importantes. 
El 20% de los sufragios obtenidos por la extrema derecha no es más que un síntoma de una crisis profunda de la representación política en Francia. 
Esta crisis tiene su origen, concretamente, en el hecho de que, estos últimos años, una parte de la clase política y de las instituciones han desoído el padecimiento de los ciudadanos y sus llamadas desesperadas para que se restablezca la seguridad. 
Ahora bien, las instituciones nacionales y la Unión Europea son corresponsables de dicha crisis. 
Digo, pues, a mis colegas del Parlamento Europeo: abran los ojos, como les pido desde hace años en mis intervenciones en este hemiciclo. 
Cambien radicalmente la política europea. 
Y si desean evitar resultados como los del 21 de abril, den por fin prioridad a la seguridad de los ciudadanos y al control de la inmigración. 
Es positiva la aprobación de este informe, que comienza afirmando que uno de los principales objetivos de la Unión Europea debe ser el de mantener la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos y culturales y, simultáneamente, reconoce la responsabilidad fundamental de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, teniendo en cuenta que la Unión Europea debe trabajar activamente con vistas a fortalecer aún más su cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en el nivel de la prevención de conflictos, gestión de crisis, ayuda humanitaria, rehabilitación después de los conflictos y desarrollo en el nivel mundial. 
Igualmente importante es, en particular, subrayar que la lucha contra el terrorismo no puede poner en peligro la protección de los derechos humanos fundamentales y debe basarse en las normas internacionales en materia de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, solicitar que el Consejo y los Estados miembros incluyan el terrorismo de Estado en la definición de terrorismo y la reafirmación de que todas las formas de trabajo forzado, de tráfico de seres humanos, equiparado a una forma de esclavitud, y la explotación sexual de niños son violaciones de los derechos humanos, e insistir en el llamamiento a los Estados Unidos de América y a Somalia para que ratifiquen el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
Ahora bien, el informe tiene algunos aspectos con los que discrepamos, en particular las referencias al Tribunal Penal Internacional. 
- (NL) Últimamente no sé muy bien dónde se sitúa el Sr. Van Hecke en el espectro político. 
Bajo el antiguo gobierno de los democratacristianos flamencos llamaba la atención por sus tendencias izquierdistas, pero ahora está en vías de adherirse a los liberales, que han llegado al poder en Bélgica tras haberse convertido en el partido más votado. 
Por fortuna reconozco al antiguo Sr. Van Hecke en las propuestas contenidas en este informe. 
Tal vez su ambigua situación política le deja una mayor libertad de acción para imponer desde la derecha una serie de convicciones que en esos círculos políticos no suelen considerarse de interés prioritario. 
El ponente no se limita al trabajo infantil, al trabajo forzado, al abuso sexual y a la necesaria abolición de la pena de muerte en países dirigidos por un gobierno autoritario, como es el caso de Estados Unidos, China, Arabia Saudí e Irán. 
También se presta atención al terrorismo procedente del Tercer Mundo y a la primitiva y violenta respuesta estadounidense. 
Con razón se hace hincapié en la necesidad de erradicar el caldo de cultivo en el que se origina el terrorismo y se afirma que la lucha contra el terrorismo no puede repercutir negativamente en los derechos humanos. 
Se condena el decreto militar del Presidente Bush según el cual los prisioneros deben ser juzgados por un tribunal militar secreto, aduciendo que ello va en contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Al mismo tiempo, los denominados combatientes ilegales de Afganistán retenidos en la base militar de Guantánamo son reconocidos como prisioneros de guerra. 
Este enfoque merece mi apoyo. 
Señor Presidente, repetimos con frecuencia que queremos fomentar los derechos humanos en los terceros países. 
Es justo, estamos haciendo lo posible, pero, en mi opinión, estamos haciendo muy poco. 
Debemos pasar de las palabras a los hechos; debemos pasar de los textos escritos, como el de la Sra. Díez González, a los hechos. 
Y para dar ejemplo, invito a todos los pensionistas que viajan alrededor del mundo a que no vayan a hacer turismo a los países en que se violan los derechos humanos de sus habitantes. 
¡Hagamos por fin algo concreto y dejemos de hablar, hablar y hablar! 
- (SV) Celebramos y respaldamos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores que se ocupa de muchos aspectos relacionados con los trabajos para fomentar los derechos humanos en países extracomunitarios. 
Sin embargo, opinamos que una discusión sobre cambios en la estructura de los pilares no tiene cabida en un informe sobre el fomento a los derechos humanos y la democratización en el Tercer Mundo. 
Además, pensamos que la colaboración en materias relacionadas con la política exterior y de seguridad común debe seguir siendo de carácter interestatal. 
. (FR) El informe Díez González me permite recordar que en mi explicación de voto del 20 de marzo pasado relativa al resultado del Consejo Europeo de Barcelona, los servicios habían suprimido el último párrafo. 
Éste decía: 
'El punto 55 de las conclusiones del Consejo de Barcelona anuncia que la ratificación del Tratado de Niza debería llevarse a cabo en todos los Estados miembros de aquí a finales de 2002, sin preguntarse si los irlandeses están dispuestos a decir' sí?. 
Es cierto que el nuevo Presidente irlandés del Parlamento Europeo, Patrick Cox, acaba de declarar que él mismo iría a hacer campaña a favor del ' sí? , cometiendo, de este modo, una importante infracción a las normas deontológicas que rigen su cargo. 
Pero en este ámbito, eso ya no importa demasiado?. 
Yo estaba en lo cierto puesto que el Presidente del Parlamento Europeo acaba de reincidir en su comunicado del 22 de abril sobre las elecciones presidenciales francesas. 
El intervencionismo político de las instituciones europeas avanza a una velocidad galopante. 
A diario uno u otro país es víctima de éste. 
En mi opinión, el próximo Gobierno francés debería mostrarse preocupado por ello. 
- (NL) Europa tiene mucho dinero y mucho poder. 
Ese dinero y ese poder se han venido acumulando durante siglos a costa de otros países sumidos actualmente en el hambre, la pobreza, el caos y la impunidad. 
Parte de la culpa de estos problemas la tiene Europa. 
El poder colonial nos ha enseñado cómo gobernar un país sin tener en cuenta los intereses, las aspiraciones e incluso la supervivencia de la población. 
Se ha venido transmitiendo un estilo de gobierno cuyo único objetivo consistía en aumentar los beneficios de los dirigentes, en lugar de resolver los problemas sufridos por la gran mayoría de la gente. 
Es por eso por lo que no debe de extrañar que hoy la injerencia de Europa en los países del Tercer Mundo sea tachada de falsa, arrogante y neocolonialista. 
Debido a estos errores del pasado Europa tiene obligaciones. 
Además, ahora mismo ese dinero y ese poder adquiridos erróneamente nos permiten hacer cosas positivas. 
El código de conducta propuesto, en virtud del cual los derechos humanos han de prevalecer sobre las relaciones económicas y de otra índole mantenidas con los terceros países y los acuerdos de asociación deben reunir una serie de condiciones, aparte de que incita a combatir la pena de muerte, significa un importante paso en la buena dirección. 
Del mismo modo hay que aplaudir la propuesta de crear una agencia comunitaria encargada, entre otras cosas, de elaborar un inventario de los derechos humanos por países. 
Ahora bien, no puede tratarse de un inventario sin compromiso. Es importante que esta iniciativa incida en las relaciones comerciales y la acogida de los refugiados. 
Señor Presidente, también ayer por la noche tuve un sueño. 
Soñé con tres diputadas del Parlamento Europeo que cenaban juntas, alegremente. 
Eran la Sra. Maria Martens, la Sra. Mercedes Echerer y la Sra. Miet Smet. 
Probablemente cada una de ellas tiene algo que me gusta. 
En este sueño la Sra. Martens decía: "Dios y el ADN han previsto, por ley natural, la igualdad exacta entre hombres y mujeres". 
En efecto, usted, señor Presidente, sabe que en el mundo nacen tantas mujeres como hombres: 50% de hombres y 50% de mujeres. 
Es una ley de Dios, una ley de la naturaleza. 
Y entonces nosotros, ¿a qué esperamos para aprobar una ley, que por ley, declare que deben ser elegidos hombres y mujeres por partes iguales, que deben trabajar hombres y mujeres por partes iguales, y que, por ley, existan los mismos derechos para las mujeres y para los hombres? 
Aunque sea importante aprobar un plan de acción quinquenal (2001-2006) para poner en práctica buenas intenciones políticas en el ámbito de la política de igualdad y de la política comunitaria de cooperación para el desarrollo, con lo que se da continuidad a la Declaración de Peking de 1995 y a su Plataforma de Acción, es lamentable que esa propuesta llegue tan tarde. 
Como sabemos que la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres y el fortalecimiento del papel de las mujeres son decisivos para la justicia social y la eficacia de los esfuerzos de desarrollo, es importante que se insista en que no se debería considerar la integración del fomento de la igualdad sólo como un medio para fomentar la eficacia de las intervenciones de cooperación para el desarrollo sino también como parte de una lucha mucho más amplia a favor de los derechos humanos y el papel de las mujeres y de los hombres, cuyas diferencias se deben reconocer, pero cuyos derechos deben ser iguales. 
Igualmente importante es insistir en el fortalecimiento de los recursos financieros y humanos para apoyar las acciones previstas, teniendo en cuenta que en 2001 sólo se asignaron 2,02 millones de euros a la integración del fomento de la igualdad entre los sexos en la cooperación para el desarrollo, frente a los cinco millones de 1998. 
Señor Presidente, al leer este informe no he podido, no sé por qué pero me sucede muy pocas veces, dejar de pensar en una injusticia, en una discriminación que sufren las mujeres jubiladas, que se registra en Europa y especialmente en un país, tan bonito por muchos motivos, que no es otro que Italia, nuestro país. 
De hecho, hay muchas mujeres jubiladas que perciben una pensión que es igual a la mitad de la mitad de la mitad de la de su cónyuge hombre, puesto que, en virtud de una ley de la Republica Italiana, si las mujeres han trabajado menos años que su cónyuge, perciben una pensión que está muy pero muy por debajo de los 100 euros al mes, mejor dicho, con frecuencia no supera los 25 euros mensuales. 
Esto pasa porque, por una acumulación de intereses y un conjunto de leyes, las personas que trabajan menos perciben pensiones cuya cuantía es insignificante. 
Pues bien, yo creo que se debe hacer algo para acabar con esta discriminación de las mujeres. 
. (FR) En el fondo, el hecho de elaborar un informe sobre el informe anual sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea, que la Comisión nos somete anualmente desde 1996, es, en cierto modo, como llover sobre mojado. 
Pero para preparar bien el futuro, es necesario conocer el pasado, la Historia. 
Por eso nuestro informe sobre el informe de la Comisión Europea tiene una razón de ser. 
Naturalmente, he votado a favor de dicho informe, aunque habría preferido que el ponente y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hubieran aceptado algunas de mis enmiendas, para poner las cosas en su sitio. 
En esta Asamblea, todos sabemos que con respecto a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres no todo es perfecto. 
Pero en este ámbito no hay que subestimar los avances. 
Contamos con unos logros comunitarios en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y, al igual que la Comisión, expresamos claramente que la realización de estos logros constituye la condición sine qua non para que los países candidatos puedan ser admitidos entre nosotros. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
En los cuatro primeros años del POP IV (1997-2001) se redujo la flota comunitaria en 2,5 por ciento en materia de arqueo y 5,9 por ciento en cuanto a potencia motriz. 
Ahora bien, a pesar de que las metas previstas en el POP IV eran ya en sí mismas relativamente modestas, algunos Estados miembros no consiguieron cumplirlas y otros aumentaron incluso su capacidad. 
Eso significa que el presente informe revela el mismo problema de siempre: unos Estados miembros, como en el caso del mío, hemos cumplido las metas establecidas, mientras que otros no y- cosa aún peor- no han sufrido sanción alguna por el incumplimiento. 
En un momento en que la Comisión Europea está a punto de presentar las propuestas sobre el futuro de la Política Pesquera Común, resulta fundamental revisar los POP, porque la vertiente de conservación de los recursos seguirá siendo una de las dimensiones fundamentales de la PPC, ya que sin pescado no hay futuro para los pescadores. 
Pero conviene decir que todos los Estados miembros- y no sólo algunos- habrán de contribuir a ese objetivo. 
A partir de ese presupuesto, los POP- u otras medidas de efectos equivalentes- siguen teniendo un lugar en la PPC, a condición de que se disponga de un régimen sancionador mínimamente eficaz. 
De no ser así, ese o cualquier otro sistema encaminado a adecuar las dimensiones de la flota a los recursos existentes estará condenado al fracaso. 
De modo general, el informe trata de forma positiva la cuestión de la aplicación de los POP y destaca el grado de cumplimiento muy variable de país a país y teniendo en cuenta que el mantenimiento de las actuales ayudas a la modernización y la renovación de las flotas es indispensable para que resulten operativos los programas de orientación plurianuales, con lo que se puede alcanzar el objetivo prioritario del equilibrio duradero entre los recursos disponibles y su explotación. 
Esa cuestión es particularmente importante en un momento en que la Comisión quiere reducir en gran medida o incluso eliminar los apoyos a la modernización y la renovación de las flotas. 
Ahora bien, no dice, lamentablemente, cuáles son los países que no cumplen los objetivos previstos. 
Como se sabe, Portugal ya ha superado en más de un 40 por ciento la reducción prevista, cosa también lamentable, pues hay países que no sólo no han reducido, sino que han aumentado, su capacidad de pesca. 
Así, es fundamental exigir que, en el futuro, no se trate a todos del mismo modo. 
Un aspecto que no subscribimos del todo se refiere a la política de reducción de efectivos, dada la defensa que hacemos del apoyo para la renovación y no para la reducción. 
- (SV) El Parlamento ha aprobado hoy un informe sobre los programas plurianuales de desarrollo para las flotas pesqueras. 
El Parlamento lamenta que numerosos Estados miembros no hayan cumplido los compromisos para disminuir sus flotas. 
Al mismo tiempo se propone, de manera inconsecuente, que se siga apoyando la modernización y renovación de las flotas. 
La pesca indiscriminada en los mares constituye uno de los más graves problemas que afectan al sistema ecológico. 
La flota pesquera europea- que se calcula que tiene un exceso de capacidad del 40 por ciento- contribuye a este fenómeno. 
Para alcanzar el objetivo de disminuir la flota habrá que modificar radicalmente la política. 
No se puede continuar otorgando generosas subvenciones, aunque parezca oportuno mejorar las condiciones laborales y aumentar la seguridad. 
La Comisión ha demostrado en reiteradas ocasiones que la modernización y renovación de la flota implica un deterioro de la situación ecológica, contrariamente a lo que se necesita para "crear un equilibrio duradero entre los actuales recursos pesqueros y su explotación", que el informe muy adecuadamente destaca como el principal objetivo del programa plurianual. 
Puesto que no podemos respaldar la postura del Parlamento en esta materia, hemos optado por votar en contra del informe. 
. (FR) Como el informe Kindermann lo demuestra y como el Comisario Fischler acaba de reconocerlo, la época de los POP ha pasado; en el futuro ya no podremos funcionar con este método brutal, ' ciego? y autoritario de regulación del esfuerzo pesquero. 
En la nueva Política Pesquera Común ya no se pueden crear instrumentos que impiden la modernización, que perjudican la seguridad a bordo de los buques y que tienen efectos disuasivos respecto a la instalación de los jóvenes. 
Sí, todos somos muy conscientes de la necesidad de gestionar, a través de la acción de nuestros poderes públicos, el equilibrio biológico de las especies haliéuticas; ese es el papel de los TAC y de las cuotas, cuya eficacia debe aún mejorarse, perfeccionando las estimaciones de los recursos. 
Sí, las flotillas deben permanecer globalmente estables, pero sin inmovilizar la situación actual. 
Deben tener la posibilidad de modernizarse, optando a las ayudas públicas. 
Sí, pedimos controles justos y generalizados. 
Pero no podemos menos que sorprendernos por la contradicción que existe entre las palabras del comisario, en el sentido de manifestar que la época de los POP ha pasado, y la propuesta de reglamento por la que se eliminan cerca de 6.000 buques actualmente en circulación, 1000 de los cuales pertenecen sólo a Francia, durante el período 2003-2004. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) Afortunadamente, la señal enviada en materia de reactivación de la ayuda pública al desarrollo por el Consejo Europeo de Barcelona ha tenido eco en Monterrey. 
Se trata del reconocimiento del hecho de que hoy la APD sigue siendo uno de los pocos mecanismos de regulación que permiten la financiación de las inversiones públicas necesarias para que las poblaciones puedan acceder a los servicios básicos. 
Pero más allá de las cuestiones relativas a los importes y porcentajes globales, la Unión Europea debe continuar privilegiando la zona geográfica en la que la Historia le confiere responsabilidades específicas. 
La concentración de su acción no puede sino mejorar la eficacia. 
La Unión no debe dejar que la especificidad de su cooperación con los países ACP se diluya, invocando una globalización uniforme en la que algunos desearían que su acción se disolviera. 
Por otro lado, observamos que colectividades locales y asociaciones multiplican los vínculos privilegiados con estos países. 
Nuestras prioridades deben apoyarse en la lucha común contra los efectos destructivos de una emigración empobrecedora que vacía estos países de sus capacidades humanas, así como en la rehabilitación del actor estatal y la lucha contra sus desviaciones burocráticas y corruptas. 
La escala nacional conserva toda su pertinencia en materia de desarrollo y sigue siendo indispensable si queremos basar las políticas públicas en el desarrollo sostenible y el interés general. 
La agricultura, la ganadería y la minería aportan las divisas necesarias para adquirir costosos productos manufacturados procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos o Japón. 
Ese canje perjudica a los países pobres brindándoles pocas oportunidades para superar el atraso. 
Por eso mismo, el libre comercio y la exportación no resolverán sus problemas mientras tengan que hacer frente a unas importaciones costosas. 
Además, el flujo de beneficios de los países pobres a los países ricos sobrepasa desde siempre la ayuda al desarrollo que fluye desde los países ricos a los países pobres. 
Debido a las presiones ejercidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional muchos países se han visto obligados a recortar sustancialmente sus gastos en materia de enseñanza y sanidad y a reducir sus impuestos sobre empresas extranjeras. 
Gran parte de sus ingresos no se emplea para fomentar el desarrollo sino para sufragar antiguas deudas. 
Con razón el ponente y la Comisión de Desarrollo y Cooperación señalan que la capacidad de los países pobres para garantizar los servicios más imprescindibles ha menguado considerablemente, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001. 
Por eso es fundamental que se condonen las deudas y que el importe otorgado por los países ricos a los países pobres se incremente al menos hasta alcanzar el nivel recomendado del 0,7 %. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 25 de abril de 2002. 
Estimados colegas, el 6 de mayo Pim Fortuyn, político holandés y candidato en las elecciones generales holandesas de esta semana, fue asesinado de un disparo en Hilversum. 
Ese mismo día, en mi propio nombre y en nombre de esta Asamblea, condené sin reservas este asesinato y expresé nuestra profunda solidaridad con el pueblo holandés y con la familia, los amigos y los colegas de la víctima. 
La libertad de expresión es un de nuestros derechos más fundamentales y preciados- un valor esencial de nuestras democracias. 
Como demócratas defendemos el derecho de toda persona a participar libremente en la vida política y ejercer sus derechos democráticos. Ello incluye la expresión de sus propias ideas, tanto si éstas nos gustan o no. 
Esa es precisamente la base de nuestro sistema democrático. 
En acto de condena de este hecho y de todos los actos de violencia política, independientemente de cuándo, dónde y de quién los perpetre, quisiera pedirles que guardáramos un minuto de silencio. 
(La Asamblea se pone en pie y guarda un minuto de silencio) 
En nombre del Parlamento Europeo también quisiera saludar la liberación de Daw Aung San Suu Kyi de su arresto domiciliario. 
Daw Aung San Suu Kyi recibió el Premio Sajarov de esta Asamblea en 1990 y el Premio Nóbel en 1991. 
Ella siempre ha sido una punta de lanza en la lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos, en especial en su propio país. 
Esta liberación y su derecho a volver a liderar la vida política de su partido constituyen un importante paso hacia el establecimiento de la democracia en Birmania. 
Confío en que a su liberación sigan las del resto de presos políticos de Birmania. 
Ha llegado hasta mí el llamamiento de Aung San Suu Kyi de la semana pasada reclamando una política común de la Unión Europea para Birmania. 
En nombre de nuestra Asamblea he expresado la esperanza de que a esta liberación siga el desarrollo de tal política en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo. 
Esperamos poder recibirla aquí, en esta Asamblea, en un futuro no muy lejano para que pueda tomar la palabra y hablar en su propio nombre cuando, en el pasado, fueron su marido y otras personas las que intervinieron tan elocuentemente en su lugar. 
Señor Presidente, quisiera apoyar de todo corazón su opinión de que hay que tener cuidado en las intervenciones cuando un caso está sub iudice, como es el caso de los plane-spotters. 
Y estoy seguro de que está sub iudice, se presentarán objeciones, y se piense lo que se piense sobre el cansancio de ciertos miembros de su región electoral, el principio de la discreción de los poderes es muy serio como para que discutamos a la ligera sobre si se puede intervenir en este caso. 
En cuanto a la orden europea de detención, señor Presidente, yo también estaría muy asustado si me fuera a detener el Sr. Van Orden. 
Señor Presidente, lamento que debido al orden del día tan apretado sólo se puedan atender tres cuestiones de urgencia. 
Me sumo a las palabras del Sr. Katiforis y de usted mismo que no debemos entrometernos, hablando del tema de los condenados por haber observado los movimientos de aviones, en las políticas nacionales penales, pero este caso sí nos indica que hay motivos de sobra para se armonicen mejor las sanciones por delitos a nivel europeo, sobre todo desde que se han adoptado las medidas con motivo del 11 de septiembre. 
Los liberales querían presentar una moción de urgencia sobre este tema pero, lamentablemente, esto no se ha podido hacer debido a otras prioridades. 
En los otros debates de urgencia se presenta al mes aproximadamente una cuestión o resolución de urgencia, y en este sentido lamento que no se aborde ahora esta cuestión europea. 
Voy a ocuparme de este asunto teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de reconocer la separación de poderes entre las autoridades políticas y judiciales. 
Señor Presidente, intervengo para solicitar que escriba a las autoridades de la India, de nuevo en relación con el caso de Ian Stillman, el trabajador de beneficencia británico sordo que fue encarcelado en India acusado de tráfico de drogas. 
Como usted sabe, durante el juicio no se le proporcionó un interprete del lenguaje de signos. 
Le estoy agradecido por que les escribiera en el pasado, pero la semana pasada su moción para apelar al Tribunal Supremo fue rechazada. 
El juez principal expresó que las personas discapacitadas son propensas a tener drogas, lo que en mi opinión es absolutamente vergonzoso. 
Le estaría muy agradecido si pudiera volver a escribirles y también utilizar sus buenos oficios en relación con los plane-spotters. 
La cuestión aquí no es del gobierno y del poder judicial, sino del gobierno y de los servicios de seguridad. 
Señor Presidente, gracias por hacer respetar la jurisprudencia en este Parlamento. Y ya que hablamos de esto, creo que es normal rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, sobre todo cuando se trata de ciudadanos de países miembros de la Unión europea. 
Me parece normal que nuestra Asamblea rinda homenaje a las víctimas del atentado de Karachi originarias de Cherburgo, lugar del que no soy representante electa. 
Me parece normal que rindamos homenaje a esas víctimas así como a las personas que están heridas hoy y que mandemos un mensaje de simpatía y solidaridad a sus familias. 
Tiene usted razón, señora Berès, y así lo haremos. 
Señor Presidente, quisiera señalar a su atención, puesto que guarda relación con su intención de pasar a continuación al examen del orden del día, que me parece realmente insuficiente dedicar a la situación de Madagascar sólo uno de los puntos previstos en el debate sobre problemas de actualidad y urgencia. 
Lo que está ocurriendo en Madagascar es muy grave y merece mucho más que un momento de atención. 
Como usted sabe, señor Presidente, tras las elecciones políticas ha sido ratificado el Presidente Ratsiraka; sin embargo, se reprime cualquier intento de restablecer una relación democrática con su contendiente, Marc Ravalomanana. 
Y no sólo eso: en estos días los motines populares han provocado el bloqueo total de los puertos, de los transportes y del abastecimiento de víveres. 
Muchos niños y ancianos se están muriendo de hambre. 
Sé que en la resolución que debatiremos el jueves por la tarde- inevitablemente y como siempre, entre pocos íntimos- se hablará sobre todo de política y de economía. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión que atañe al respeto a los derechos humanos. 
Una señal de alarma procede de una comunidad de monjas italianas y francesas que en estos últimos días advierten un preocupante recrudecimiento contra ellas de presencias gubernativas indeseables. 
En definitiva, se corre el riesgo de crear un clima de opresión y de supresión de los derechos humanos; no se trata sólo de problemas económicos. 
Por ello, le ruego que prevea un momento más propicio en el orden del día para esta cuestión. 
Señor Presidente, me he informado de que el Parlamento de Eslovaquia ha presentado una propuesta de enmienda al código penal, la cual prevé penas de arresto a cuantos expresen su simpatía por la ideología comunista. 
Condenamos vivamente el intento de penalización de la acción política de los comunistas, y más aún, un poco antes de las elecciones, en las que se espera que el Partido Comunista de Eslovaquia logre estar representado en el Parlamento. 
Es evidente que el objetivo inmediato es intimidar a los votantes. 
Con la misma determinación condenamos la identificación del comunismo con el fascismo que se hace en la misma enmienda, es decir, la identificación de los criminales con sus víctimas, de la tiranía con la resistencia; y ciertamente en unas condiciones de ascenso de los partidos de extrema derecha de tipo fascista en Europa. 
Señor Presidente, dado que Eslovaquia es un país candidato a la adhesión, quisiera solicitar su intervención para revocar un cambio de este tipo. 
Señor Presidente, el 24 de abril, durante la mini sesión de Bruselas se impidió al colega Jean-Marie Le Pen celebrar una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo y dos colegas nuestros recibieron sendos tartazos en la cara. 
Ahora bien, no se trata de defender a Jean-Marie Le Pen que probablemente se defiende muy bien él solo, ni de compartir o rechazar sus ideas políticas, pues creo que si hay alguien en este Parlamento que vota todo lo contrario sobre cualquier cuestión, son precisamente los diputados radicales, sino que se trata de defender la dignidad de este Parlamento. 
Los principios ilustrados y volterianos de la Unión Europea dicen de luchar hasta la muerte para defender precisamente las ideas que no se comparten. 
Por ello, es inaceptable que para aquellos miembros de este Parlamento que algunos de nosotros pueden considerar fascistas, comunistas o radicales, no existan derechos que, en cambio, existen para otros miembros. 
Éste es un hecho grave: a éste hecho hay que responder con medidas precisas, y yo diría que también con una investigación interna para esclarecer cómo fue posible que esto ocurriera. 
Y ello, en defensa de todos nosotros y no sólo del Sr. Le Pen. 
Señor Presidente, la transparencia es uno de los conceptos claves en el debate en torno al déficit democrático de Europa. 
Los ciudadanos europeos tienen la sensación de que la política europea es poco nítida y antidemocrática y que las decisiones se toman detrás de unas puertas herméticamente cerradas. 
Con la reciente constitución de la Convención europea se ha dado un paso de gigante hacia una Europa abierta y democrática, entre otras cosas por el diálogo abierto que este foro mantiene con las organizaciones de carácter social. 
Esperamos que en la próxima Conferencia Intergubernamental los jefes de Gobierno tomen las recomendaciones en serio y que se ponga fin a la larga tradición de realizar una política entre bastidores para llegar a ciertos acuerdos. 
Al fin y al cabo queremos que haya una mayor transparencia en la toma de decisiones europea. 
Señorías, la accesibilidad a los documentos es una parte sustancial para llegar a esta transparencia deseada. 
El intercambio de información es lo que propulsa el debate público en los medios de comunicación, el control público y la aportación de ideas de las organizaciones sociales. 
Por este motivo, desde hace tiempo el Parlamento Europeo está luchando para conseguir el acceso del público a todos los documentos- no sólo los documentos del Parlamento Europeo, sino también los del Consejo y los de la Comisión. 
Mi colega Cashman, junto con la Sra. Maij-Weggen, realizó también en la fase previa una gran y extensa labor y ahora estamos en la fase de evaluación. 
Me parece importante que sigamos con nuestra lucha hasta que los documentos de las instituciones europeas que de momento no se consideran públicos también sean accesibles a aquellas personas que tengan algún interés en ellos. 
La Sra. Maij-Weggen se ha referido acertadamente a algunas cuestiones relacionadas con la decisión Solana que todavía no han sido cambiadas del todo. 
Con mucho acierto ha señalado que habría que ampliar la lista con la lista de asistentes por ejemplo, y que no haya más limitaciones, lo que respaldamos plenamente. 
Asimismo, la idea de llegar a establecer una directiva- probablemente de ' manera mínima? , porque sí se ha de reconocer la subsidiariedad y cada país tiene que poder interpretarla a su manera, de modo que a cada ciudadano se le garantice un mínimo de accesibilidad a los documentos- podría ser una buena aportación. 
No obstante, sabemos que el Consejo sigue teniendo problemas con tomar sus decisiones legislativas públicamente, lo cual demuestra la necesidad de seguir con nuestra lucha. 
Señor Presidente, he tomado la palabra en un momento en que en Europa hemos de ser muy conscientes de la importancia y la fuerza de nuestra democracia, pero al mismo tiempo también de su vulnerabilidad. 
Sin embargo, sólo se le puede dar una respuesta enérgica cuando se reduzca de una vez por todas la distancia que nos separa de los electores. 
Se ha de informar con mayor rapidez y profundidad al ciudadano sobre la legislación que le afecte, y sobre todo sobre la elaboración de la misma para que sus intereses se puedan tomar en cuenta. 
¿Por qué no publicar, por ejemplo, unos anuncios en los periódicos de mayor tirada de cada país en los que se informe al ciudadano en términos comprensibles de qué significa tal o cual decisión para él y en los que se le facilite la información de dónde puede protestar? 
Por lo tanto, no sólo hay que facilitar el acceso a la información y a los documentos que, sin lugar a dudas, no trascenderán fuera del circuito de los expertos, sino que habrá que informar de forma activa y directa al ciudadano europeo. 
Así se contribuirá de verdad a concretar el proyecto europeo y nuestra labor como diputados. 
Por último, quisiera dar las gracias a la Sra. Maij-Weggen por su aportación de ideas y espero que siga habiendo una buena colaboración, también en la evaluación de esta cuestión de orientación e información de los ciudadanos de toda Europa. 
Señor Presidente, esta discusión parece aburrida y formal, pero en realidad es enormemente importante y es un elemento esencial en la continua lucha en favor de la apertura de las instituciones europeas. 
La apertura es la asignatura especial de Maij Weggen y quisiera felicitarla por su excelente trabajo. 
Podemos decir que el Parlamento va a la vanguardia en los esfuerzos por abrir las instituciones. 
Nuestros documentos y nuestros procedimientos están a disposición de los ciudadanos europeos. 
Somos una institución abierta y nuestras sesiones son públicas. 
Creo que somos uno de los parlamentos más abiertos del mundo, gracias a que hemos apostado intencionadamente por las decisiones formales, pero también por los métodos informales, tales como la iniciativa Open up Europe de algunos diputados liberales y la decisión de publicar en Internet los intereses económicos de los diputados según el principio de name and shame. 
A través de estos métodos se puede alcanzar la transparencia. 
Hoy es posible informarse de lo que pasa en el Parlamento a través de un ordenador, desde el norte de Finlandia hasta las islas griegas. 
Pero aún queda mucho por hacer. 
Hay que contar con reglas claras para que el acceso a los documentos no dependa de la arbitrariedad o de la interpretación de una solicitud. 
Por eso el registro es un instrumento tan importante para que los ciudadanos se informen de las reglas vigentes y puedan apelar. 
Tal vez debería aclararse en el documento a qué clase de apertura conduce. 
¿Qué tratamiento habrá que dar a los documentos de terceras personas, de los países miembros y a la correspondencia oficial? 
Aquí hay espacio para interpretaciones. 
En general, espero que los funcionarios del Parlamento interpreten generosamente todas las solicitudes y que nos informen pronto sobre el número de solicitudes que han sido rechazadas. 
El acceso a los documentos y la transparencia son condiciones para que las actividades comunitarias merezcan confianza. 
Espero que la Comisión y el Consejo tengan sus registros en regla para el 3 de junio y así poder comenzar la evaluación que contempla el artículo 255, que deberá estar terminada dentro de un año y medio. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias, en nombre de mi Grupo, a la Sra. Maij-Weggen por la lista tan completa que ha elaborado de los documentos que el Parlamento Europeo debe poner a disposición de los ciudadanos. 
Quiero señalar que nuestra colega, la Sra. Malmström, tiene toda la razón al decir que la transparencia puede y debe extenderse desde Finlandia hasta Grecia; y esto sí que ya no tiene nada que ver con la forma de pensar nórdica. 
Sin embargo, quiero indicar que nuestro reciente Reglamento sobre la transparencia quizás refleje un aspecto particular que forma parte intrínseca de la tradición nórdica, y es precisamente la existencia de registros de documentos. 
En Finlandia, en Suecia y en Dinamarca ha sido posible desde hace ya mucho tiempo- y, por supuesto, sigue siéndolo- acudir, por ejemplo, al archivo de la municipalidad, Registro Público, y consultar los documentos que allí se encuentran. 
Ahora contamos con Internet y podemos adoptar este método en el Parlamento Europeo. 
Sólo nos queda esperar que todos los órganos aprueben nuestra iniciativa de crear un registro único de documentos al que se pueda tener accesibilidad directa para consultar el mayor número posible de documentos emitidos por todos los órganos, y es de este modo como conferiríamos realmente más transparencia al proceso de toma de decisiones. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que nos vamos a ver obligados a luchar aún mucho por estas cuestiones. 
Esta misma semana vamos a mantener otro debate muy importante sobre este tema cuando abordemos con el Sr. Solana la reforma del Consejo y la transparencia en el mismo, y entonces nos veremos obligados a defender, por ejemplo, la definición de legislación amplia. 
No podemos conformarnos con que los ciudadanos tengan acceso directo únicamente a los documentos incluidos en el ámbito del procedimiento de codecisión, sino que debemos aspirar a la divulgación de todos los documentos relacionados con las diferentes decisiones que tengan carácter vinculante para los Estados miembros. 
Quiero dar especialmente las gracias a la ponente por haber incluido la lista de ayudantes presentes, pues es un hecho que nuestros asistentes desempeñan una función oficial pública como asesores de los diputados al Parlamento. 
Ya es hora de demostrar que sus nombres no son secretos; no se trata en absoluto de personas secretas, sino que se puede perfectamente publicar su identidad. 
De este modo, el Parlamento también se pronuncia en el sentido de que si, por un lado, es obviamente importante defender la privacidad, por otro lado, el interés general y la transparencia requieren que los nombres de las personas puedan ser publicados bajo determinadas condiciones. 
Señor Presidente, yo también me sumo a las felicitaciones que ha recibido la Sra. Maij-Weggen. 
Sin embargo, al hablar del futuro, de algo que quizás falte en la lista de los documentos que hay que hacer públicos, creo que reviste una importancia fundamental la cuestión de las grabaciones audiovisuales, a las que deberemos acudir cada vez más en este Parlamento. 
En mi opinión, deberíamos tener como norma efectuar grabaciones audiovisuales también de los trabajos en comisión- los costes no son excesivos- y, por lo tanto, poder considerar estos documentos como actos que hay que hacer públicos y accesibles en Internet. 
Éste es un punto fundamental. 
Según el Reglamento, nuestras reuniones son públicas. 
Pero esto sólo en teoría, ya que, en la práctica, sabemos que el ciudadano europeo que por casualidad pasa por aquí no tiene derecho a entrar para asistir a nuestros trabajos si no ha sido invitado por alguien. 
Un elemento fundamental de publicidad de nuestras Instituciones es precisamente la publicación de las grabaciones audiovisuales de nuestros trabajos en Internet. 
Además, con el informe Stenmarck, del cual hablaremos mañana, ya se está abordando la cuestión de la cobertura presupuestaria desde el punto de vista del Parlamento Europeo. 
Les anuncio que mañana, junto con 55 colegas de todos los Grupos políticos, vamos a presentar una resolución en la que se pide también a los miembros de la Convención Europea que introduzcan una reforma de los Tratados para que el derecho de acceso a todas las reuniones públicas de nuestras Instituciones se considere un derecho ínsito en los Tratados; se trata del derecho de acceso, incluso por Internet, a todas las reuniones y a todos los instrumentos de la democracia de la Unión Europea. 
Me parece que ésta es la evolución gracias a la cual este Parlamento podrá aprovechar al máximo las nuevas tecnologías de cara a la publicidad de sus trabajos. 
. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión, al igual que el propio Parlamento, atribuye, en general, una gran importancia a la transparencia de sus actividades y, por tanto, al respeto de las normas de acceso a documentos prevista en el Reglamento (CE) nº 1049/2001. 
Los compromisos contraídos por la Comisión en este ámbito apoyan esta afirmación y, entre ellos, me permito recordar aquí, ante sus Señorías, el relativo a la transmisión a este Foro de los llamados documentos comitología, compromiso que, yendo más allá de las obligaciones que nos impone el Reglamento (CE) nº 1049/2001, confirma nuestra voluntad de avanzar y de conseguir mayores progresos, tanto en términos de transparencia como de cooperación interinstitucional. 
Estoy segura de que coincidirán conmigo en que esta cooperación es particularmente importante en materia de acceso a documentos dada la complejidad de nuestro método de trabajo y la interacción de nuestras actividades; y es precisamente en el marco de esa cooperación interinstitucional, canalizada a través de la ya establecida Comisión interinstitucional, donde han de ser acordados los mecanismos indispensables de consulta de la institución originariamente responsable de los documentos cuya divulgación se propone. 
Por tanto, señor Presidente, Señorías, para referirme al asunto concreto objeto de este debate, la Comisión saluda y apoya la iniciativa del Parlamento en lo que a accesibilidad directa de documentos se refiere. 
No obstante, en la medida en que el informe presentado por la Sra. Maij-Weggen prevé la divulgación de una lista de documentos de otras instituciones sin incluir ningún mecanismo de consulta previa a la otra institución, la Comisión prefiere que se haga una mención genérica a documentos transmitidos por las otras instituciones con referencia a las reglas vigentes y los procedimientos acordados para enmarcar la transmisión, en lugar de establecer una lista de documentos transmisibles. 
En nuestra opinión, ello garantiza suficientemente tanto los objetivos del Parlamento y de la Comisión en materia de transparencia como el respeto al Reglamento (CE) nº 1049/2001 sobre el cual- como he señalado antes- ya estamos dando pasos incluso más allá de lo exigido. 
En cualquier caso, quiero agradecer y felicitar a la Sra. Maij-Weggen por el trabajo que ha realizado, así como al resto de los intervinientes. 
Señor Presidente, mi Grupo lamenta también que el Consejo se haya mostrado tan inflexible a la hora de elaborar la legislación en materia del establecimiento de unos requisitos comunes de seguridad aplicables a la aviación civil. 
Todo el mundo coincide en que es de suma importancia que se aborde este asunto con la mayor urgencia. 
Los trágicos acontecimientos del once de septiembre nos impulsan a ello. 
Me parece importante que dentro de toda la Unión Europea se apliquen las mismas medidas estrictas. 
Por eso no se entiende por qué el Consejo apenas atiende las propuestas de su colegislador, el Parlamento Europeo, por lo cual nos ha obligado a presentar tantas enmiendas en la segunda lectura. 
Mi Grupo apoya plenamente a la ponente, la Sra. Foster, y el punto clave es, a nuestro juicio, la puesta en marcha de un sistema transparente y coordinado de la financiación de las inversiones en seguridad aérea. 
Habría que evitar que se produjera una distorsión de la competencia. En este momento hay demasiadas diferencias entre los Estados miembros en relación con las medidas de seguridad, sobre todo con respecto a la financiación de las mismas. 
Me parece que la Comisión ha de presentar urgentemente una serie de propuestas para solucionar esta situación, tomando como punto de partida el nivel de seguridad más alto posible. 
En caso de que los costes originados por la aplicación de estas nuevas medidas pusieran en peligro el funcionamiento de determinados aeropuertos debe haber una compensación económica, aplicando sin embargo el principio de que los usuarios y el sector mismo han de sufragar todos estos gastos a medio plazo. 
Nos parece que nos hemos de basar en las recomendaciones de la CEAC para establecer las medidas porque es conveniente que nuestras medidas enlacen con los trabajos de este organismo especializado. 
Asimismo, respaldamos el principio de las inspecciones aeroportuarias por sorpresa porque nos parece que pueden funcionar de forma preventiva. Además, esto va en la misma línea de que hay que hacer el menor número posible de compromisos con respecto a la seguridad. 
Se deberían de limitar las excepciones a este axioma. Por este motivo, apoyamos la propuesta de la ponente de eliminar el punto 4 en el anexo 3.2, que prevé la posibilidad de no controlar a todo el personal. 
Naturalmente, no estamos de acuerdo con la inclusión de esta excepción. 
Lamentablemente, el Consejo se ha mostrado indiferente hasta ahora ante nuestra demanda de llegar a mejores acuerdos en materia de requisitos de seguridad con terceros países. Nos extraña porque allí se pueden producir los fallos en el sistema de seguridad. 
También en Europa se encuentran países donde se pueden eludir las medidas de seguridad en los vuelos con destino a la Unión Europea. 
A mi me ha ocurrido dos veces en un país de la Europa Oriental que embarcaban a los pasajeros sin que aplicaran las medidas de seguridad y sin que controlaran si el equipaje contenía explosivos. 
Señor Presidente, para terminar tenemos que volver a plantear la cuestión, a pesar de haberla mencionado muchas veces ya, de que no entendemos por qué el Consejo se resiste a conceder la competencia de evaluación a la co-autoridad en materia presupuestaria. 
Por lo tanto, nos parece importante que se haya presentado de nuevo una enmienda al respecto. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR, doy las gracias a la ponente, Sra. Foster, por la excelente elaboración de su informe sobre este importante asunto. 
Tenemos todavía encima de la mesa una serie de cuestiones sin solucionar, sobre las que habría que llegar a un acuerdo final equilibrado y aceptable para todos. 
Como ya se ha indicado aquí con anterioridad, el Consejo no ha hecho bien los deberes que le corresponden ni ha examinado en toda su profundidad las propuestas del Parlamento. 
Por ello, está justificado que nuestra comisión proponga todavía a última hora la modificación de las enmiendas centrales. 
Nuestro Grupo ha presentado la enmienda 34 al artículo 4 relativo a las normas para los aeropuertos pequeños: se necesita flexibilidad en este terreno. 
La enmienda precisa la redacción del texto para, al mismo tiempo, incrementar la flexibilidad en cuanto a las aeronaves que pueden utilizarse. 
Quiero pedir a los diputados que consideren si es posible que esta redacción sea aceptada por todos nosotros como compromiso para solucionar, sin que se ocasionen grandes costes, los problemas relacionados con pequeños volúmenes de vuelos. 
En segundo lugar, quiero destacar la enmienda 8 relativa a las inspecciones aeroportuarias sin previo aviso. 
Esto es importante. 
La existencia de una amenaza de inspección por parte de la Unión es ya de por sí un elemento incentivador para que todo funcione adecuadamente. 
Si hubiera que avisar de estas inspecciones sorpresa, entonces no se haría de antemano todo lo necesario para mejorar la seguridad aérea. 
Asimismo, debemos ocuparnos de que se corrijan realmente las deficiencias denunciadas por las inspecciones. 
Nuestro Grupo ha partido de la base de que en estas cuestiones hay que considerar qué cosas deben realizarse a nivel de la UE y, atendiendo al principio de subsidiariedad, a qué cosas conviene aplicar el criterio de los propios Estados miembros. 
Por esta razón, no estamos demasiado interesados en aquellos cambios que, ocasionando costes adicionales, no mejoren de forma importante la seguridad. 
La amplitud de las medidas debe proporcionarse en función de lo que sea razonable en cada país. 
Lo mismo ocurre con las acciones de seguimiento, en cuya aplicación sería razonable tener en cuenta determinados factores circunstanciales. 
. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a la Sra. Foster su magnífico trabajo y la profesionalidad que ha mostrado a lo largo de todos estos meses. 
Como todos ustedes saben, aún no se había cumplido un mes de los trágicos sucesos del 11 de septiembre y la Comisión ya proponía, con esta iniciativa, endurecer de manera armonizada los requisitos de seguridad aplicables a la aviación civil y, cuando esta propuesta fue enviada al Parlamento y al Consejo, se planteó la urgencia de llegar a un acuerdo sobre ello. 
El Parlamento estuvo de acuerdo con esta urgencia y actuó, en consecuencia, centrándose únicamente en la parte dispositiva del Reglamento y dejando de lado el anexo técnico que estaba basado en los trabajos de un organismo especializado, la CEAC (Conferencia Europea de Aviación Civil) y, en particular, en el documento nº 30 sobre seguridad aérea de dicha organización. 
Ahora que se ha analizado más detalladamente el texto, la Comisión comprende que la Comisión de Transportes del Parlamento proponga 33 enmiendas a la posición común. 
La semana pasada se ha intentado llegar a un compromiso sobre el tema entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión y, como han señalado hace un momento el Sr. Jarzembowski y la Sra. Foster, lamentablemente no ha sido posible conseguirlo. 
La Comisión insiste en la urgencia de este documento. 
Si surge una disputa interinstitucional, me temo que podríamos encontrarnos ante un callejón sin salida. 
Por ello, reclamo y solicito, una vez más, un espíritu de compromiso, tanto por parte del Consejo como del Parlamento, para que, antes del verano, podamos resolver definitivamente este asunto. 
Quisiera subrayar lo que he dicho en otras ocasiones, y es que desde la Comisión desarrollaremos como siempre nuestro trabajo, buscando acuerdos, como mediadores. 
Respecto a las enmiendas, las clasificaría en cuatro categorías. 
La primera, destinada a hacer más estrictas las normas sobre seguridad aérea, es la que comprende el mayor número de enmiendas y que prácticamente podemos aceptar en su totalidad. 
Además, la enmienda 8, que exige inspecciones aeroportuarias por sorpresa, es aceptable en principio. 
Se pretende que los aeropuertos no estén advertidos de las inspecciones, pero la Comisión desearía que la inspección se hiciera con el conocimiento y la cooperación de las autoridades reguladoras nacionales, tal como sucede en el caso de las inspecciones de competencia o agricultura. 
Es decir, las autoridades reguladoras nacionales estarían informadas, pero no así los aeropuertos concretos. 
Entendemos que ése sería el equilibrio adecuado. 
La enmienda 16, que cuenta con el apoyo de la Comisión, merece una mención especial. 
Se trata del requerimiento de que todo el personal sea controlado cuando acceda a áreas de seguridad. 
La Comisión está de acuerdo en que el personal aéreo deba someterse al mismo nivel de control que los pasajeros y no a niveles inferiores. 
Recordemos que muchos incidentes terroristas se han producido a causa de la falta de seguridad en el interior de las instalaciones aeroportuarias. 
La finalidad de la enmienda 20 de la ponente, es aumentar la seguridad. 
En este caso, la Comisión entiende que complicaría mucho las cosas sin, de verdad, aportar resultados concretos y, en ese sentido, tenemos que rechazarla. 
La Comisión rechaza de manera general las enmiendas del segundo paquete, que intentan reducir las normas de seguridad. 
Se trata de las enmiendas 6, 13, 17, 27, 30 y 31 y, en especial, la 6 y la 13. 
La primera tiene la finalidad de aumentar el número de aeropuertos exentos de normas comunitarias armonizadas, elevando el umbral del tamaño de las aeronaves. 
Como no se ha aportado a la Comisión ninguna indicación sobre el número de aeropuertos adicionales que estarían exentos del Reglamento, caso de aprobarse esta enmienda, la rechazamos, ya que introduciría una situación jurídicamente desconocida. 
También rechazamos la enmienda 13, que supone retrasar doce meses la entrada en vigor de algunos elementos del Reglamento, pues todas las normas de seguridad del Reglamento están basadas en normas aprobadas por la CEAC, a la que pertenecen todos los Estados de la Unión. 
Creemos que no debe retrasarse todavía más su aplicación, sino que, al revés, entendemos, como decía hace un momento el Sr. Jarzembowski, que urge aplicar el Reglamento cuanto antes. 
El tercer grupo de enmiendas tiene la finalidad de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento, por lo que establece explícitamente la obligación de los Estados de la Unión de que los Estados miembros financien las medidas adicionales de seguridad y sean responsables de las mismas. 
La Comisión simpatiza con estos argumentos- lo quiero decir muy claro- y, en particular, con la enmienda 7 sobre la financiación equitativa de los costes de seguridad adicional. 
Pero estas enmiendas no son pertinentes en este Reglamento, y quedan completamente fuera del artículo 80 del Tratado, que es el fundamento jurídico del mismo. 
Además, en el caso de que fuera posible incluir en este Reglamento normas sobre una financiación adicional, éstas no invalidarían las normas comunitarias superiores sobre ayudas estatales que siguen siendo de aplicación. 
Por lo tanto, la Comisión rechaza formalmente las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 12, aunque está dispuesta a examinar los temas planteados desde un punto de vista más amplio, que incluya la necesidad de una mayor organización en el área de la financiación de las inversiones en seguridad aérea. 
Si fuese necesario, tras llevar a cabo un estudio detallado, está dispuesta a presentar una propuesta legislativa, pero de forma separada y no al hilo de este Reglamento. 
Por último, la Comisión considera totalmente aceptables todas aquellas enmiendas cuya finalidad es mejorar el Reglamento desde el punto de vista gramatical, manteniendo su contenido. 
Así, las enmiendas 16, 19, 21 a 26, 28, 29, 32, 33 y 34 y las enmiendas 14, 15 y 18 se podrían aceptar tras algunos cambios de redacción. 
La Comisión y el Parlamento Europeo compartimos, en general, una posición muy similar en este campo. 
Ambos creemos que son necesarias unas buenas normas básicas armonizadas sobre seguridad de la aviación civil y que ha de ponerse un especial énfasis en este Reglamento. 
La propuesta, una vez aprobada, será un paso muy importante en el camino hacia una garantía de un nivel elevado de seguridad aérea en toda la Unión Europea. 
El Parlamento y en particular la Sra. Foster, con su magnífico trabajo a lo largo de todo este informe, están contribuyendo de manera importante a alcanzar este resultado. 
Lo que necesitamos ahora es también una actitud de colaboración por parte del Consejo y conseguir entre todos al final un compromiso que permita ir adelante y que evite un bloqueo en un asunto que debemos resolver cuanto antes. 
Urge, señor Presidente, Señorías, aplicar cuanto antes unas normas armonizadas que garanticen una mayor seguridad en todos los aeropuertos y en todo el sistema aéreo civil europeo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0122/2002) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la posición común del Consejo (12425/1/2001 RIV. 1- C5-0697/2001- 1998/0245 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican las Directivas 90/619/CEE del Consejo y 97/7/CE y 98/27/CE (Ponente: Sra. Berger). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el día de hoy es para mí un día muy anhelado. 
Ya a mediados de 1999 fui elegida por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior como ponente de la misma para la segunda lectura de la Directiva sobre comercio a distancia de servicios financieros. 
Todos hemos sido conscientes en el Parlamento de la urgencia de la Directiva. 
Quisimos estar preparados para la Posición común. 
Si propongo a este Pleno que se hagan algunas enmiendas mínimas a la Posición común del Consejo no es porque esté ya desanimada, sino porque estoy profundamente convencida de que la Posición común del Consejo es un buen compromiso y porque el Consejo ha abandonado su postura originaria y en la primera lectura se ha aproximado bastante al Parlamento Europeo y a sus planteamientos de fondo. 
Quisiera felicitar ahora a la ponente en la primera lectura, la Sra. Oomen-Ruijten. 
Su informé mejoró sustancialmente el Proyecto de directiva. 
Muchas modificaciones del Consejo y la Comisión fueron también aceptadas. 
En la fundamentación de mi informe he presentado un listado detallado de los puntos en que la Directiva ha sido modificada en el sentido de la primera lectura en el Parlamento Europeo. 
Ahora quisiera tan sólo enumerar algunos de ellos: quedó clara la relación con la Directiva sobre comercio electrónico a distancia; también la relación con el Reglamento Bruselas II y con el Tratado de Roma. 
El texto habría podido ser mejor, pero, desde un punto de vista jurídico, la relación está clara. 
La Directiva es aplicable a todos los consumidores. 
La limitación de la misma, criticada por el Parlamento en primera lectura, a los consumidores residentes en la Comunidad ha desaparecido. 
La lista de las informaciones a dar antes de la celebración del contrato, un punto central de la Directiva, contiene todos los puntos exigidos por el Parlamento y, en parte, va aún más allá. 
Como jurista ha sido para mí especialmente importante que el plazo de reflexión obligatorio originalmente previsto, el cooling-off period, haya desaparecido. 
El derecho de rescisión es ahora un derecho general, no sólo una posibilidad bajo determinadas circunstancias. 
La Directiva prevé catorce días, en el proyecto de la Comisión se preveían siete, el Parlamento ha pedido treinta. 
Pero con esos catorce días naturales podemos conformarnos. 
También las consecuencias de la rescisión han sido reguladas en el sentido de la primera lectura del Parlamento Europeo. 
Las más grandes discrepancias, incluso dentro de este Pleno, surgen en torno al principio que debe regir la armonización: máxima o mínima. 
Es la primera vez que debatimos aquí sobre ambos principios. 
El Parlamento Europeo optó ya en primera lectura, aunque por escasa mayoría, por la armonización máxima. 
En el Consejo, en cambio, se constituyó originalmente una mayoría relativamente amplia en favor de la aplicación total de la armonización mínima. 
Si la armonización máxima es fundamento ahora de la Posición común y los Estados miembros sólo en casos específicos, exactamente definidos, pueden utilizar regulaciones adicionales se debe a lo que yo considero un compromiso realista por nuestra parte. 
En un contexto legal en el que, por ejemplo, en derecho contractual o en derecho positivo europeo sobre servicios financieros carecemos todavía de una armonización completa, esta Directiva no puede disponer al respecto en otro sentido. 
Si hay que decidir sobre quién debe recaer el riesgo de una legislación extranjera, si sobre el consumidor o sobre el proveedor, creo que sigue siendo el consumidor el que más difícilmente puede asumirlo, más que los proveedores, incluidos los pequeños. 
Por ello la Directiva prevé que se reduzcan su riesgo y sus costes mediante las informaciones que la Comisión pone a su disposición sobre disposiciones complementarias de los Estados miembros. 
Quisiera para finalizar apelar a todos aquellos que, mediante sus enmiendas, han dado a entender que no están dispuestos a aceptar compromisos manteniéndose en la realización completa de la armonización máxima y en el principio del país de origen, que reflexionen también sobre lo que pasaría si llegamos a un procedimiento de conciliación sin éxito en este balance tan difícil de encontrar y políticamente tan sensible. 
Al final no tendríamos ninguna Directiva y estaríamos donde ya estamos ahora, en la validez inmediata del país de destino. 
Estaríamos muy lejos tanto de los objetivos de contenido como de los plazos que nos hemos propuesto nosotros mismos junto con la Comisión y que recogimos en el Plan de acción de servicios financieros. 
Apelo también para terminar a todos ustedes para que, en aras de un compromiso, retiren eventualmente sus enmiendas o reserven su aprobación todo lo que puedan. 
Señor Presidente, la Sra. Berger ha realizado un trabajo con detenimiento y creo que ha abordado todo el tema. 
Objeto de la directiva es definir un marco jurídico único sobre la comercialización a distancia de servicios financieros hacia los consumidores, y completar las regulaciones ya existentes por sectores, llenando las lagunas creadas con la directiva general sobre la comercialización a distancia de bienes al consumo. 
La presente directiva facilita el funcionamiento del mercado interno y ofrece una protección más amplia a los consumidores. 
La cuestión de la armonización máxima o mínima nos parece deplorable y, por supuesto, han escuchado que hay opiniones divergentes. 
Tengo la impresión de que se puede encontrar una solución, por lo menos si se admiten o se da la posibilidad de introducir algunas regulaciones especiales sobre algunos temas. 
La solución de la armonización máxima unida a la obligación de la Comisión de proporcionar información a los proveedores sobre las distintas regulaciones nacionales, desde un cierto punto de vista ayuda especialmente a las pequeñas y medianas empresas de prestación de servicios financieros ya que reduce los gastos de la información a los proveedores y aumenta la transparencia. 
Asimismo, este principio se respetó en la importante cuestión del derecho de rescisión, con la única excepción de los seguros de vida y de las pensiones de jubilación. 
El plazo de los 14 días es una solución conciliatoria entre los 7 días que en principio proponía la Comisión y los 30 que pidió el Parlamento. 
También se regula unificadamente el modo de cálculo de estos plazos. 
Con la solución unitaria del derecho de rescisión se fomenta la claridad y la seguridad de derecho el mercado único. 
Un tema crucial que debemos señalar es cómo aclara la posición común que la directiva en debate deberá tener en cuenta la Directiva 2031 sobre el comercio electrónico en los cambios que regula ésta última. 
Creo que el reconocimiento del país de procedencia es un punto central que no se nos debe escapar. 
En cualquier caso, y a pesar de las imperfecciones que han quedado, es agradable el hecho de que la posición común satisfaga en gran medida las posiciones del Parlamento Europeo. 
Estoy de acuerdo con la Sra. ponente en que la directiva deberá entrar en vigor inmediatamente, y por eso debemos evitar los retrasos que causarían las enmiendas a las regulaciones complementarias. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de la Sra. Berger, a quien le doy las gracias por el ingente trabajo que ha realizado, ha avivado claramente de nuevo en este Parlamento la clásica lucha por conseguir una mayor o menor armonización. 
Tal vez conviene que recuerde que el proyecto originario de la Comisión Europea seguía el principio de la armonización máxima relativa a la comercialización a distancia de los servicios financieros. 
No obstante, el Consejo tenía un punto de vista completamente contrario. 
Naturalmente, había muchos elementos positivos en el proyecto originario de la Comisión que era sin duda la mejor solución, tanto para los proveedores de los servicios financieros como para los consumidores. 
Sin embargo, la división del Parlamento impide que se imponga esta solución ideal. 
Por otra parte, en la posición común el Consejo pretende introducir excepciones al principio de la máxima armonización. Es una pena porque las disposiciones nacionales pueden ser un obstáculo para la realización del mercado interior. 
Sólo la armonización máxima garantizaría la igualdad de condiciones de competencia entre las instituciones de crédito y daría al consumidor la plena confianza en los servicios prestados desde otros Estados miembros. 
Las excepciones al principio de la máxima armonización pueden dificultar gravemente el comercio electrónico porque obliga a los proveedores a tener en cuenta las disposiciones vigentes en los quince sistemas jurídicos distintos. 
Por mi parte, quisiera subrayar que se aplicará en principio el derecho del país de procedencia en caso de que no haya plena armonización. 
Esto podría ser muy negativo para algunas instituciones porque las legislaciones son muy diferentes en materia de las restricciones. 
Por estos motivos, llego a la conclusión de que es preferible llegar a una armonización máxima aunque una vez más se ve claramente que la política es un ejercicio de encontrar compromisos y en estos casos quizás más vale pájaro en mano que ciento volando. 
Señorías, para concluir lo expresaré con mayor claridad: es mejor tener una solución menos buena que no tener ninguna. 
Señor Presidente, nuestra ponente, la Sra. Berger, ha demostrado concluyentemente que la posición común del Consejo incluye un gran número de las exigencias expuestas por el Parlamento en la primera lectura. 
Ahora puedo mencionar aquí, por ejemplo, que, gracias a la exigencia del Parlamento, la Directiva se aplicará a todos los consumidores, y no únicamente a los que residen en los Estados miembros. 
Asimismo, los requisitos sobre la información que deben proporcionar los oferentes de servicios responden en gran medida a las exigencias del Parlamento, y así sucesivamente, por lo que estoy realmente resuelta, en nombre de mi Grupo, a apelar al Parlamento para que no ponga en marcha ahora el procedimiento de conciliación en este asunto, sino que se preste a aprobar esta posición común, la cual es muy satisfactoria en muchas de sus partes. 
Podemos constatar que ahora hemos dado un primer paso importante para garantizar la protección de los consumidores en el mercado interior de servicios financieros, y seguro que a partir de aquí será posible avanzar en el futuro. 
Lo más conveniente ahora es aplicar el principio de armonización mínima; ello permitiría, a falta de la inclusión en la normativa comunitaria de todos los aspectos y puntos de vista, que los Estados miembros sobrepasen este marco y puedan ir aún más lejos. 
No creo que esto signifique ningún tipo de desmantelamiento del mercado interior. 
Es más, el comercio transfronterizo de servicios financieros podrá ponerse ya en marcha y el nivel de protección de los consumidores en esta primera fase es bastante bueno. 
Señor Presidente, me parece sumamente difícil describir esta cuestión. 
Además, todo este proceso me ha dejado perpleja. 
¿Por qué? 
Porque no ha sido el Parlamento el que ha cambiado varias veces de posición sino porque la Comisión Europea y también el Consejo han cambiado de repente de una postura a favor de una máxima armonización a defender la mínima armonización. 
A este respecto, invito a la Sra. Hautala y al Sr. Berger a que cambien también esta cuestión. 
Bien es verdad que la política es un equilibrio de lo posible, pero si esta manera de regularlo no aporta ningún beneficio al sector de servicios financieros ni a los consumidores, entonces habrá que buscar otras vías. 
Señor Presidente, permítame que le vuelva a resumir los hechos para que pueda opinar después libremente. 
En el mes de mayo de 1992 se presentó la propuesta de directiva relativa a la comercialización de los servicios. 
Esta propuesta incluía también los servicios financieros, o sea toda la comercialización a distancia más los servicios financieros. 
En ese momento hay mucha resistencia y al final, en el año 1995, se presenta la posición común de la que se han eliminado los servicios financieros. 
A continuación, la Comisión se muestra de acuerdo. 
El Parlamento intenta, en segunda lectura, introducirlos pero no lo logra por unos pocos votos de diferencia. 
Entonces se publica en 1997 el Libro Verde. 
El Parlamento opta de nuevo por la inclusión de los servicios financieros en la directiva. 
La Comisión presenta después una propuesta de directiva en la que defiende acertadamente la máxima armonización. 
¿Por qué es tan importante esta máxima armonización? 
Porque el consumidor tiene que poder realizar cualquier acción comercial en Europa, independientemente del lugar, con las mismas disposiciones y bajo el amparo de las mismas garantías. 
Además, esto beneficiaría al sector financiero. 
En la posición común se opta de repente por una armonización mínima. 
Esta armonización mínima causará muchísima frustración en el mercado, como han dicho ya otros diputados. 
Por consiguiente, hago un llamamiento a usted y a todos para volver a estudiar la primera lectura de esta propuesta del Parlamento- de la cual fui entonces ponente- y someter esta propuesta nuevamente a votación y presentarla al Consejo. 
He entendido que el Consejo también podría cambiar de opinión al respecto. 
Señor Presidente, lo que está ahora encima de la mesa, a pesar del buen trabajo de la Sra. Berger, no nos lleva a ninguna parte. 
Y me parece que muchos colegas, no sólo de este Grupo parlamentario sino también de otros, votarán conmigo para eliminar de este dossier todo lo que tiene que ver con una armonización mínima, para que podamos iniciar unas auténticas negociaciones con el Consejo. 
Señor Presidente, señora ponente, creo que han realizado un trabajo notable y sólo me queda animarles seguir por ese camino, esperando que el Parlamento haga gala de su habitual sabiduría para mostrarse de acuerdo con la posición del Consejo. 
Creo que es una postura razonable que necesitamos urgentemente. 
No comparto el punto de vista del Sr. Harbour según el cual una conciliación sería el camino correcto para avanzar. 
Vemos cada día como se desarrollan los servicios financieros a distancia, con las ventajas e inconvenientes que ello puede representar para la financiación de la economía, pero también con los riesgos que pueden correr los consumidores. 
Considerando este punto, la posición común aprobada por el Consejo es una postura razonable que a mi entender considera ampliamente la postura de este Parlamento y mantiene un equilibrio satisfactorio tratándose del principio del país de origen, en beneficio de la defensa del consumidor. 
El punto central es por supuesto el apartado 4 del artículo 3. 
Creo que si este Parlamento debiese romper el equilibrio al que ha llegado el Consejo, nos encontraríamos en una situación perjudicial, aunque sólo fuera porque atrasaríamos la posible entrada en vigor de esta necesaria directiva. 
La solución que se ha encontrado se refiere al conflicto en potencia entre información precontractual e información incluida en el contrato: consiste en precisar que la información precontractual debe ser conforme con las estipulaciones del contrato en sí. 
Es una norma de sentido común que apoyamos. 
Este artículo no se refiere a toda la información precontractual, sino que sólo abarca la información relativa a las obligaciones contractuales y tiene por único objetivo el garantizar la conformidad entre los dos conjuntos. 
De nuevo es una cuestión de sentido común que apoyamos completamente. 
Por último, creo que la Comisión en sí misma ha reconocido ampliamente la compatibilidad de este acuerdo tomado en el Consejo con los textos anteriores relativos al comercio electrónico. 
Naturalmente, apoyamos este punto de vista de la Comisión y esperamos que prevalezca la sabiduría de este Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el problema que estamos discutiendo no es la Sra. Berger, sino el Consejo; el problema es la contradicción entre el objetivo y la realidad, un problema que ya hemos vivido muchas veces. 
La Comisión y el Parlamento se propusieron, igual que la Comisión, crear un marco jurídico coherente para el comercio electrónico, una modalidad que en los próximos años impulsará notablemente la integración de nuestros mercados financieros y fortalecerá la competitividad mundial del sector financiero europeo. 
En opinión mía y de mi Grupo, la presente Posición común del Consejo para una propuesta de Directiva sobre el comercio a distancia de servicios financieros ha seguido de manera insuficiente esas indicaciones de crear un mercado interior europeo armonizado. 
Nuestro objetivo y el modo en que quiere llevarse a la práctica son profundamente divergentes, para perjuicio de todos los implicados, incluidos los consumidores, según yo lo veo. 
Considerando el objetivo que la presente Directiva persigue de garantizar un alto nivel de protección al consumidor para asegurar la libre competencia de los servicios financieros, los Estados miembros no deberían tener la posibilidad de aplicar disposiciones adicionales en los ámbitos armonizados por esta Directiva. 
Un ejemplo de por qué pido esto. 
El reconocimiento de una posibilidad de rescisión en relación con contratos con validez a partir de la celebración de la firma no es compatible con la garantía de aseguración inmediata, muy solicitada por los consumidores en el ámbito de los seguros de bienes. 
Un mercado interior necesita reglas armonizadas, y este objetivo no debe ser minado mediante diferentes legislaciones nacionales. 
Por ello les pedimos que voten nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, quisiera felicitar antes de nada a la señora Berger por su profundo y meritorio trabajo y también a todos los que ya han intervenido. 
Se han dicho muchas cosas acertadas, y para evitar repeticiones, quisiera referirme sólo a un aspecto de la Directiva. 
Se está intentando garantizar la protección del consumidor mediante dos instrumentos principalmente: el derecho de rescisión y la obligación de informar, indicar, aclarar. 
Está claro que tales derechos protegen al consumidor. 
De la otra parte, y seguramente debe ser así de complejo, esto tiene sus puntos débiles. 
¿Lee el consumidor las informaciones? 
¿Las tiene en cuenta? 
¿Las comprende? 
¿Está ejerciendo realmente su derecho a rescisión o no podría ser también que él se vea empujado a la ligereza respecto de su propia firma y después no quiera ya, sin embargo, rescindir lo firmado? 
Por otra parte, para el mundo económico y la comunidad jurídica es básica la fidelidad a los contratos y- el Sr. Karas ha dado un ejemplo de ello- también el propio consumidor tiene interés en la entrada en vigor inmediata. 
Lo digo porque bajo los puntos de vista en que está previsto, la certificación notarial de las declaraciones que el consumidor da representa su mejor protección. 
Por un lado contiene ya una advertencia en el procedimiento, pues el consumidor dispone de un plazo de reflexión. 
Por el otro contiene también una asesoría de un tercero, de una persona ajena obligada a ser neutral, e incluso asume la responsabilidad, cosa que puede ocurrir, si la asesoría no ha estado garantizada correctamente. 
Al mismo tiempo añade a estos puntos la ventaja de la vinculación de una autorización, de la vinculación de los contratos, de la garantía de la seguridad jurídica. 
Por lo que, en mi opinión, la certificación representa, como ya he dicho, allí donde está previsto, la mejor protección al consumidor. 
Esto no es posible en todos los casos, sobre todo en la masa de casos de la vida diaria. 
Por ello soy de la opinión de que apoyen que allí donde las disposiciones nacionales prevean la certificación del consumidor, esto sea suficiente, pues es su mejor protección. 
La Sra. Oomen-Ruijten ha pedido la palabra. 
Señoría, ¡no reabramos el debate! 
De todos modos, me imagino que usted querrá formular una pregunta al Comisario. 
Señor Presidente, usted acaba de decir que este ha sido un debate pero a mí me parece que no lo ha sido en absoluto. 
Durante catorce minutos he tenido que escuchar a un monigote hablante que ha explicado porqué algunas enmiendas son buenas o malas. 
El Comisario no ha explicado en absoluto porqué aboga cuatro veces por la máxima armonización para contarnos después durante catorce minutos que no hace falta adoptar las enmiendas que justamente tienen por objeto esta máxima armonización. 
Además, ni siquiera ha respondido a lo que hemos dicho en este pleno. 
Bien. 
Mañana vamos a votar y cada uno, como han dichos varios colegas, se comportará según su recto juicio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0143/2002) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la posición común del Consejo (14854/1/2001- C5-0070/2002- 2001/0006 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (Ponente: Sr. Bouwman). 
Ahora pasamos a debatir una directiva más conocida como la directiva de la insolvencia, pero que trata evidentemente de la protección social de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario o cuando hay una falta parcial o total de recursos financieros para pagar los sueldos atrasados. 
La directiva en materia de insolvencia ofrece al trabajador una importante protección en caso de que el empresario esté en una situación de apuros económicos. 
La presente directiva pretende modificar la directiva 987 del año 1980. 
Señorías, es evidente que la directiva de la insolvencia evita que los trabajadores tengan que pelearse con los acreedores para cobrar los créditos impagados. 
En vez de tener que pasar por eso, pueden recurrir a las disposiciones de esta directiva. 
Se trata de una modificación de una directiva, lo que en este caso significa que se introducen dos importantes mejoras de cuyo contenido estamos de todas formas muy satisfechos. 
Las modificaciones consisten en que los trabajadores a tiempo parcial, con contratos a plazo fijo o con un trabajo temporal estarán incluidos en esta nueva directiva. 
Todo esto está basado en las directivas que ya existían y que se elaboraron en un clima de diálogo social. 
Se trata de una nueva categoría de trabajadores y me parece importante que prestemos atención a este fenómeno, sobre todo teniendo como trasfondo la evolución en materia de flexibilización del empleo y la necesidad que existe al respecto con vistas a los procesos iniciados en el marco de la Cumbre de Lisboa, etc. 
En segundo lugar, con respecto a las situaciones en que las empresas tienen actividades en más de un país se clarifica dónde y de qué manera se puede invocar la directiva y en qué estado. 
Naturalmente, la importancia de todo esto es grande, porque estamos viendo de forma lenta pero segura lo que significa para los trabajadores en casos como el del año pasado en España con la empresa Telefónica o también en empresas alemanas como Holzman y Kirch. 
En el año 2001, sólo en Europa, ya se registró un fuerte incremento del número de desempleados debido a casos de insolvencia. 
En total hubo 1,4 millones de trabajadores afectados por la quiebra de sus respectivos empresarios. 
Obviamente, esto está estrechamente ligado a muchos otros factores. 
Señor Presidente, en primera lectura, porque aquí estamos hablando de la segunda lectura, ya se adoptaron algunas enmiendas del Parlamento Europeo, especialmente las relacionadas con la limitación de excluir determinadas categorías de trabajadores y la no aplicación de umbrales en forma de duración mínima del contrato laboral después de la cual habría algún derecho a una indemnización de acuerdo con la directiva. 
Asimismo, se acordó entonces que el capítulo sobre la organización y financiación, artículo 5 en la directiva anterior, fuese aceptado. 
Posteriormente, el Consejo añadió, de forma consensuada, que la situación de suspensión de pagos de hecho también se aceptaría y se llegó al compromiso de que un trabajador pueda reclamar a las instituciones de garantía sus salarios impagados según lo estipulado en la legislación nacional. 
Finalmente, también se ha llegado a unos acuerdos, con motivo de esta segunda lectura del Consejo, y sobre todo con respecto a su posición común, sobre la aplicación de límites o no en su conjunto. 
Por mi parte, me parece importante, dado que la realidad social sigue evolucionando, que hayamos planteado la cuestión de las nuevas categorías de trabajadores de las que se lleva hablando mucho tiempo y cuyo concepto como empresario, trabajador, autónomo, autónomo sin empleados, etc. nos gustarían definir. 
Por consiguiente, habíamos pedido que se aplicara esta directiva a algunos autónomos que no habían sido mencionados todavía, como los autónomos sin empleados, los trabajadores con un contrato de aprendizaje, los trabajadores en su propio domicilio etc. Evitaríamos la conciliación en esta cuestión si tanto la Comisión como el Consejo se comprometieran a agilizar todo este proceso, que está relacionado con la legalización de estas situaciones. 
Finalmente, se acordó que tanto en los Estados miembros como en los países candidatos la Comisión realizará un estudio de lo que se ha denominado ' formas de trabajo y relaciones laborales nuevas?. 
Además, hemos acordado que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales junto con la Comisión Europea organizarán una audiencia cuando se publique este estudio, que será dentro de seis meses, para debatirlo e investigar si y de qué manera podemos elaborar directivas, directivas marco, etc. para solucionar toda esta problemática. 
Vuelvo a decir que he subrayado con mucho énfasis que hace falta elaborar una legislación laboral europea nueva y más extensa, sobre todo a la luz de los cambios que se producen en el mercado laboral cada vez más flexible. 
Señor Presidente, quisiera hacer una pequeña observación sobre la enmienda número seis: la hemos retirado por la simple razón de que por la posición común del Consejo ya no hace falta incluirla. 
Para terminar, quisiera volver a agradecer al Consejo, a la Comisión y a todos mis colegas su gran colaboración con la que hemos podido evitar la situación de vernos metidos en el procedimiento de conciliación y que nos ha llevado a unos buenos acuerdos. 
Espero que la Comisaria nos dé alguna respuesta al respecto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, Señorías, en la mayoría de los supuestos normales, la principal- y muchas veces única- fuente de los recursos necesarios para el sustento del trabajador asalariado y de su familia son los ingresos procedentes de su trabajo, es decir, su salario. 
Por eso, dentro del sistema de protección del salario, además de los mecanismos que facilitan de forma privilegiada el cobro de los salarios sobre el patrimonio real del empresario deudor, el legislador construye una garantía específica del cobro de los salarios a cargo de un sistema público, estructurado frecuentemente en torno a un órgano de la administración pública, para los supuestos de insolvencia del empresario. 
Éste era el objetivo principal de la Directiva 80/987/CEE: garantizar en la Comunidad un nivel mínimo de protección en caso de insolvencia del empresario. 
Es cierto que la aplicación de esta Directiva encontró numerosísimas dificultades, tanto por razón del concepto de insolvencia a efectos de la Directiva, como por la necesidad de fijar límites en cuanto a tiempo y cuantía de responsabilidad y por las consecuencias, cada vez más frecuentes, de la transnacionalidad- como ya dijo el Sr. ponente- y de la globalidad, así como por la necesidad de adaptar esta Directiva a otras directivas posteriores o por la necesidad de simplificar las normas relativas al pago de los salarios adeudados, dificultades, todas éstas, que la modificación pretende superar. 
Las modificaciones del texto de la posición común refuerzan el objetivo de la protección de los trabajadores, contemplado en la Directiva, y creo que suponen avances importantes. 
Queda pendiente la concreción, con la nitidez que sería de desear, de algunos conceptos que requieren una mayor precisión (debido, posiblemente, a que la realidad social va, casi siempre, por delante de la realidad jurídico-positiva) , como el concepto de trabajador, para que comprenda todas las modalidades reales, los problemas derivados de la descentralización productiva o externalización, el concepto del papel de la dependencia salarial o laboral frente a la dependencia económica, o incluso el de buena utilización de la institución de garantía. 
Pero, sustancialmente, hemos de felicitarnos por haber llegado a este punto. 
Creo que la preocupación de la Comisión, del Parlamento y del Consejo durante la Presidencia española demuestra que es posible y factible hacer "más Europa" y, además, señala a los países candidatos el camino que deben seguir para alcanzar una Europa más social. 
Creo, por lo tanto, que he de terminar felicitando al Sr. ponente, a pesar de que, en puridad, en teoría, no se hayan conseguido todos los objetivos que serían de desear. 
No obstante, seguramente lo posible es enemigo de lo óptimo y, ahora que está tan próximo el 52 aniversario de aquella fecha a partir de la cual se puede afirmar que Europa comenzó a andar, quizá convenga decir que Europa se va haciendo despacio, paso a paso, pero también conviene recalcar, señora Comisaria, que lo social va cobrando, finalmente, el lugar que le corresponde en esta Europa que queremos. 
Señor Presidente, el Sr. Bouwman ha enfocado con una sensibilidad especial el tema, ha avanzado con éxito en la solución conciliatoria y le felicitamos por ello. 
En la primera lectura, el Parlamento había adoptado el informe Bouwman por gran mayoría. 
El Parlamento Europeo respondió positivamente a esta iniciativa de la Comisión porque completa la labor reformista de tres directivas básicas- las otras dos estaban en relación, una con la protección de los asalariados de los despidos colectivos y la otra en la transmisión de las empresas- y aspiran a reducir las inseguridades de los trabajadores causados por los cambios estructurales. 
Este objetivo común no puede quedarse limitado sólo a estas iniciativas. 
Si queremos lograr reformas en la Unión Europea, y si queremos conseguir el objetivo de Lisboa de una economía más dinámica, debemos afrontar las inseguridades que derivan del trabajo, con creciente interés debemos enfrentarnos a los miedos con las reformas y no yendo en su contra. 
Es la única solución para cortar el camino a la renacionalización de las políticas comunitarias y para impedir la consolidación de los movimientos de extrema derecha. 
El Parlamento ha realizado una serie de enmiendas, muchas de las cuales han sido aceptadas por el Consejo, como por ejemplo la definición del trabajador asalariado, el campo de aplicación para los profesionales liberales y otras categorías, la protección total de los salarios, independientemente de si se trata del sueldo básico, prestaciones o diversos aumentos. 
Surgió una discusión por la inclusión de las indemnizaciones en el caso del despido del trabajador asalariado. 
La aclaración del Consejo sobre que no se niega a incluir estas garantías relativas, sino que considera que están incluidas en las prestaciones garantizadas desde el momento en que éstas resultan de la relación laboral, significa una aceptación esencial. 
Sin embargo, en mi opinión debía hacerse una referencia expresa al término ' indemnización? , tal como se hace en la Organización Internacional de Trabajo y como sugieren también los especialistas de la OIT. 
Un punto especialmente positivo es la concepción ampliada que ha predominado en cuanto al término ' insolvencia?. 
El gran interrogante que ha quedado sin contestar, pero que no afecta sólo a la presente directiva, es sobre si la protección proporcionada al trabajo va a cubrir a todos cuantos trabajan con las nuevas formas y relaciones de trabajo y en qué medida, y si vamos a hacer definiciones comunitarias de los conceptos relativos. 
Estamos de acuerdo con la solución conciliatoria sobre un estudio en profundidad del tema; basta con que haya un compromiso sobre un periodo concreto. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0152/2002) de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un marco de cooperación para el futuro del turismo europeo (COM (2001) 665- C5-0077/2002- 2002/2038 (COS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el turismo es uno de los principales sectores económicos y sociales de la Unión Europea por la riqueza que genera, por los puestos de trabajo que crea, por su contribución esencial al mantenimiento del patrimonio cultural e histórico que Europa posee. 
También es un sector esencial para alcanzar el pleno empleo en la Unión Europea, como se previó en la Cumbre de Lisboa, y fundamental para la política regional, al potenciar el crecimiento y el empleo en zonas menos desarrolladas, sobre todo en la periferia y la ultraperiferia de Europa. 
Y, por último, en ese sector Europa es aún la región que más turistas recibe en el mundo y en la que las posibilidades, sobre todo después de la ampliación prevista en la Unión Europea, son inmensas. 
Y, aun así, no es frecuente que en este Parlamento se celebren grandes debates sobre el turismo. 
Así, pues, felicito al Comisario Erkki Liikanen y a su equipo por habernos brindado esta oportunidad. 
Quiero agradecer también a los ponentes de las opiniones para este informe sus contribuciones, sobre las que la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo votó favorablemente con gran mayoría, con lo que valorizó este informe. 
Europa posee un patrimonio histórico y cultural y una diversidad y densidad de atracciones turísticas que hacen de ella la región más visitada del mundo, lo que permite esperar una duplicación del valor del turismo europeo en los veinte a veinticinco próximos años, con efectos claros desde el punto de vista del producto de un 3 por ciento anual, aproximadamente. 
El empleo experimentará un crecimiento de casi un 15 por ciento durante los diez próximos años. 
Ese riquísimo patrimonio histórico-cultural de Europa es un factor fundamental de atracción de los turistas, que, al contrario de otras industrias, tiene la ventaja de no poder ser trasladado a otros países. 
Otro de los factores importantes del crecimiento del turismo en los próximos años será la evolución de la estructura demográfica de la población. 
Dentro de veinte años la población con más de 65 años ascenderá a más de 17 millones. 
Las personas de esa franja de edad, que tendrán mejor salud, mayor esperanza de vida y más recursos, se sentirán mucho más preparadas para viajar que en el pasado. 
La demanda de turismo también irá evolucionando: el turismo cultural y el relacionado con la naturaleza experimentarán un crecimiento importante. 
Pero lo esencial es que, para los trabajadores, el turismo ha pasado a ser un derecho social y la Unión Europea, para los jóvenes, su territorio. 
Otros elementos dinamizadores del turismo- la liberalización de los transportes, el desarrollo de las redes, el impulso dado por el Mercado Único, en particular, la moneda única, los grandes avances y las salidas de la sociedad de la información- seguirán fomentando la movilidad y la internacionalización de las corrientes turísticas. 
Muchas medidas adoptadas por la Comisión han sido esenciales para el desarrollo del turismo. 
Cito, en particular, la libre circulación de personas, por haber desaparecido las fronteras terrestres, y la creación de la moneda única. 
Un nuevo paso muy importante se dará el 1 de julio de este año, cuando la zona del euro pase a ser mercado interior y las tarjetas electrónicas sirvan como si estuviéramos en nuestro propio país. 
Creo que es un paso muy importante desde el punto de vista de la ciudadanía europea. 
Al ser el turismo tan importante, pedimos al Comisario Erkki Liikanen que, cuando haga la presentación del conjunto de medidas que proponer o en curso para el próximo año, integre todas las medidas relativas al turismo, porque uno de los problemas fundamentales es el de que son tantos los sectores que tienen repercusiones en el turismo, que, si no los analizamos en conjunto, se perderán muchos de los efectos, la importancia y la coherencia de esas propuestas. 
Por eso, creo que su propuesta de crear un foro europeo del turismo que reúna todos los años, junto con la industria, al Parlamento Europeo y a la Comisión en conjunto, es una medida muy acertada y de la mayor importancia y la hipótesis a la que nosotros podemos dar respuesta es la de que tenemos que oír a la industria para saber lo que necesita. 
Otra de las ideas que me parece muy importante es la de un programa comunitario de fomento del turismo en Europa. 
Uno de los factores que más se nos ha solicitado- y que me parece de la mayor importancia- es el de que la política fiscal de la Unión Europea considere los sectores con gran densidad de mano de obra, que son fundamentalmente los del turismo, dignos de que se les aplique la tasa más baja del IVA. 
Por último, solicito al Pleno que en la Convención sobre el futuro de Europa, ahora en curso, apruebe el fortalecimiento del fundamento jurídico para que Europa pueda tener en verdad una política de turismo fuerte, como necesita. 
Señor Presidente, a pesar de los trágicos sucesos del 11 de septiembre, el sector turístico goza de muy buena salud. 
El turismo en Europa y en el mundo entero está viviendo incluso una fase de expansión continua. 
El sector del turismo representa ahora un 5 por ciento del empleo de la Unión Europea y la mayor parte de las actividades y de los puestos de trabajo la realizan 2 millones de PYME, en total unas 8 millones de personas. 
Además, el empleo está distribuido entre diversas actividades de servicios como el transporte y la hostelería. 
Sin lugar a dudas, las pequeñas y medianas empresas son el soporte del turismo europeo. 
Por lo tanto, las acciones propuestas deben estar vinculadas a las acciones que se llevarán a cabo dentro del marco del programa plurianual para las PYME. 
Por otra parte, me parece que la respuesta a la pregunta de si se debe elaborar una política comunitaria de turismo para la industria turística sigue siendo, por el momento, negativa. 
No obstante, sí se ha de gestionar mejor y coordinar con mayor eficacia la política de turismo. 
La política actual de turismo da a menudo la impresión de ser caótica y estar demasiado fragmentada. 
Por este motivo, se han de fomentar las acciones en materia de la recogida de la información, la realización de una nomenclatura armonizada y las acciones de puesta en red. 
Además, merece todo nuestro apoyo la iniciativa de la Comisión de convocar cada año un Foro europeo de turismo en el que se permita que el sector mismo establezca sus prioridades. 
En resumidas cuentas, parece que una colaboración más estrecha entre todas las partes implicadas para que el sector del turismo se haga más competitivo y sostenible es prioritaria. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con la ponente, Sra. Torres Marques, y con mi colega, el Sr. De Clerq, en que el sector del turismo es el más prometedor en la creación de puestos de trabajo, a pesar de la crisis que está sufriendo a nivel mundial y de las consecuencias de ésta en Europa. 
La Comisión de Empleo y Asuntos sociales cree que se debe sacar partido de esta ventaja en todas sus formas, tanto en el ámbito europeo como en el nacional. 
Para empezar, los Estados miembros deberán asumir compromisos concretos en favor del empleo en el sector del turismo en el marco de los planes nacionales de acción para el empleo. 
Una atención básica de estas acciones será la formación profesional, la mejora cualitativa de las condiciones de trabajo y la necesidad de aplicar políticas de protección a los trabajadores en puestos de trabajo temporales, provisionales y precarios. 
Pero para que estas políticas sean efectivas, deberán estar basadas en un estudio correcto del mercado laboral sobre las necesidades actuales y futuras. 
Ya desde ahora se observa una deficiencia en potencial humano en determinadas profesiones del sector turístico. 
Por esta razón, nuestra comisión solicita que la Comisión Europea elabore un estudio sobre las necesidades del mercado, en colaboración con los Estados miembros y en el marco de una estrategia para el turismo planeada a nivel nacional y regional. 
Solicita de la Comisión Europea, en colaboración con el CEDEFOP, que presente modelos de calidad y control en el ámbito de la formación del personal y que facilite la sinergia necesaria entre el aprendizaje y la experiencia profesional. 
Para explotar todas estas posibilidades que brinda el turismo, todas las políticas referidas deberán estar acompañadas del apoyo a la movilidad del potencial humano en los ámbitos nacional y europeo. 
El turismo es un sector tal que nos permite inspirar tales políticas de movilidad. 
Creemos también que debemos beneficiarnos de la posibilidad de creación de puestos de trabajo tanto para fomentar el empleo de las mujeres; para empezar con distintas medidas para facilitar la armonización de la vida profesional y la familiar en el campo de la actividad del turismo, como para animar el espíritu empresarial de las mujeres. 
Nuestra comisión señala igualmente la necesidad de poner énfasis en el turismo social y solicita que la Comisión Europea haga una comunicación sobre las formas de turismo social y su importancia en el desarrollo de una conciencia europea entre los ciudadanos europeos y el revivir de las regiones periféricas de Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados Colegas. Cada año, casi 200 millones de Europeos dejan por un tiempo su lugar de residencia habitual para hacer turismo, con mayor frecuencia en otros países de la Unión. 
La Sra. Torres Marques lo ha subrayado con acierto: Europa sigue siendo el destino turístico más importante de terceros países, aunque deba hacer frente a una competencia cada vez más fuerte. 
Sin embargo, no hay base jurídica específica para una política comunitaria del turismo en los tratados, aunque nuestro Parlamento aboga desde hace tiempo por una política de ese tipo para garantizar a la Comunidad importantes ámbitos de intervención respetando el principio de subsidiariedad. 
Al no prever los tratados tal dispositivo, la Unión europea debe colaborar para mejorar y favorecer la cooperación en ese sector con el fin de concretar el enorme potencial del turismo. 
Quiero hacer constar mi respeto por los esfuerzos de la Comisión, quien propone en su comunicación un marco operativo para el turismo europeo, así como una serie de medidas y de acciones que los distintos participantes aludidos han de instaurar. 
La Comisión subraya la complejidad de este sector a causa de su diversidad y de un carácter transversal que le otorga una escasa visibilidad en el plano político, poco representativa de su importancia económica y social real. 
Pero la Comisión da pruebas de poca ambición: su propuesta no puede representar un verdadero impulso al no prever un verdadero marco estratégico para acompañar a una industria de muy fuerte potencial pero frágil con respecto a su crecimiento. 
Esto de acuerdo con el conjunto de las preconizaciones del excelente informe de la Sra. Torres Marques, y especialmente con la consideración del turismo en el marco de la Convención para el futuro de Europa, y considero que una acción común no es contradictoria con acciones de promoción nacionales. 
El empleo en el turismo suele ser por temporada y precario, lo que es un obstáculo para un desarrollo sostenible. 
Por consiguiente, pido a la Comisión que realice en el más breve plazo propuestas que permitan incluir la restauración y, eventualmente, otros servicios turísticos que no fuesen aún elegibles para esta medida en la lista de los sectores de actividad que pueden aprovechar, de forma perenne, la aplicación de un tipo de I.V.A. reducido con el fin de desarrollar el empleo en este ámbito, de modernizar estas profesiones, de colocar en una mejor posición el turismo europeo con respecto a la competencia internacional. 
Además, es urgente adquirir y difundir la experiencia en materia de gestión y de tecnología para favorecer nuevos métodos de producción y promover una oferta turística que ofrezca la mejor respuesta posible a las necesidades del mercado. 
El turismo es también un elemento decisivo del desarrollo económico de las regiones menos favorecidas, y especialmente de las regiones ultraperiféricas, para las que este sector es la primera industria por ingresos y contribuye en amplia medida a los esfuerzos de convergencia de sus economías hacia el índice medio de desarrollo comunitario. 
Desarrollo coherente a largo plazo: el turismo debe representar para las economías locales una fuente de ingresos duradera preservando y valorando la riqueza paisajística, cultural, histórica o medioambiental. 
Por último quiero insistir en el papel primordial que debería desempeñar la Unión europea a favor de las nuevas formas de turismo en nuevos sitios, sobre todo haciendo que los europeos continentales descubran los encantos de los destinos europeos ultraperiféricos. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en nombre de mi Grupo, doy las gracias a la ponente, Sra. Torres Marques, por la exhaustiva elaboración realizada en el marco de este importante asunto. 
Ella ha sabido escuchar a sus colegas y ha elaborado un buen informe. 
El turismo es el sector del futuro y, como ya se ha indicado aquí, Europa sigue siendo el primer destino turístico mundial. 
Como sector en vías de crecimiento, el turismo es capaz de crear empleo también en aquellas regiones en las que es muy difícil hacerlo por otros medios. 
Es importante que la competitividad y el poder de atracción de Europa en el sector del turismo se incrementen mediante una mejor coordinación de las diferentes políticas, un aumento de la colaboración y una integración en la red. 
Es de especial importancia favorecer el turismo sostenible y fomentar todos los aspectos que permitan el crecimiento del turismo rural y cultural. 
Quiero destacar también la gran importancia de que todas las regiones y todos los ciudadanos de la Unión puedan mantenerse al día en los progresos de las tecnologías de la información y de que todas las empresas del sector turístico puedan acceder a las redes de banda ancha. 
Sin embargo, nuestro Grupo destaca el principio de subsidiariedad en el sector del turismo y, por tanto, apoya la aplicación restringida de medidas en el ámbito de la Unión Europea. 
Así pues, estamos en contra de crear una base jurídica específica y una rúbrica presupuestaria propia para el sector del turismo. 
Creo que está justificado bajar el Impuesto sobre el Valor Añadido en el sector del turismo, pero muchos de los miembros de mi Grupo tienen sus reservas en materia fiscal, dado que este ámbito es, en gran medida, competencia de los Estados miembros. 
Entre las enmiendas, podemos apoyar varias de las presentadas por el Sr. van Dam y por el Sr. Bradbourn. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero felicitar a la señora Torres Marques por su magnífico trabajo. 
Hoy por hoy, el turismo es uno de los sectores más importantes de la Unión Europea y objetivo número uno de absoluto primer nivel en ciertos territorios, en los que aporta la mayor parte del producto interior bruto y es imprescindible para el desarrollo y la cohesión de estas regiones, que, ya de por sí, cuentan también con políticas comunes muy importantes en otros ámbitos. 
La falta de una base legislativa que dé operatividad a este sector y lo saque del ámbito de las decisiones por unanimidad en el Consejo dará alas a este sector, que se encuentra hoy por hoy atenazado por parte de los grandes touroperadores y fuera, en todo caso, del control de esta Cámara. 
Por ello, necesitamos decisiones por mayoría cualificada para el turismo en la Unión Europea. 
La necesaria acción en defensa del consumidor no debe hacer que olvidemos la defensa de los intereses de los países y las regiones productoras de turismo, que también es necesaria. 
La interacción del turismo sobre la ordenación del territorio, los impactos contra el medio ambiente, el sector agrícola tradicional, el empleo, el transporte y sus imprescindibles infraestructuras, así como las relaciones con otros Estados no comunitarios productores y receptores de turismo en los que éste genera riqueza y empleo hace perentoria la adopción de una decisión operativa. 
La elaboración de un sistema de indicadores de calidad y eficacia para el turismo y la gestión integrada de las zonas costeras en el ámbito de las políticas a nivel local, regional y nacional deben figurar en una directiva y no en una simple recomendación. 
Se debería realizar un análisis profundo del impacto de las medidas fiscales de transporte en el turismo y del impacto medioambiental del mismo y, para finalizar, la Convención y el Consejo deberían trabajar en este sentido. 
También necesitamos, pues, un paraguas común, una política común y una promoción común también para el turismo en la Unión Europea. 
Señor Presidente, el informe está orientado unilateralmente hacia la necesidad de desarrollar más el producto turístico en la Unión Europea, a hacer frente a la tendencia descendente del flujo de turistas en Europa y hacia la necesidad de reforzar la política común europea sobre el turismo. 
Según la postura permanente de la Unión, el informe pone al turismo en el lecho de Procrustes de las leyes del mercado y de la competencia, de modo que pueda prestar mejor servicio a los intereses de las grandes empresas turísticas, afectando mortalmente a las pequeñas y medianas, especialmente a las pequeñas empresas del sector. 
Un elemento básico de la política del turismo, en nuestra opinión, debería ser la protección y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores del turismo que, por la particularidad del ramo, se enfrentan a graves problemas, como por ejemplo, garantizar los derechos de seguros, los de las de normas de seguridad y de higiene; y la temporalidad del sector que convierte a estos trabajadores en las primeras víctimas de la arbitrariedad patronal. 
Para nosotros, el turismo debe aspirar a satisfacer las necesidades de los trabajadores, de las capas populares en general, las de descansar y distraerse. 
Es un elemento indispensable para que el potencial humano sea productivo. 
Por consiguiente, debe convertirse en un derecho universal del pueblo, y no en un medio de succionar superbeneficios para el gran capital que devasta el sector. 
En este sentido, el turismo debe desempeñar un papel positivo en la comunicación más amplia, en el conocimiento de otros pueblos, costumbres, tradiciones y culturas. Debe ayudar a desarrollar relaciones de amistad entre los pueblos, a realzar la cultura popular y la historia, en la unión sana y creativa del turismo y el medio ambiente. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión y el informe del Parlamento europeo relativos al turismo demuestran que las competencias europeas pueden ampliarse ignorando todo tipo de subsidiariedad. 
Punto de partida: el tratado no prevé competencias comunitarias en el ámbito del turismo, puesto que sólo figura una alusión puntual al artículo 2, que no puede servir como base jurídica. 
Esta postura es conforme con el sentido común: el turista que viene a visitar una región se ve atraído por las características específicas locales, y por ese motivo, en los países miembros, esta competencia es local o regional, e incluso quizás nacional. 
Aunque a veces la cooperación internacional resulta necesaria, debe seguir siendo flexible entre colaboradores públicos y privados, sin que se vean necesariamente restringidas a la rigidez administrativa del sistema comunitario. 
Evidentemente, el Parlamento europeo y la Comisión no lo ven con esos ojos. 
Quieren integrar el turismo en las políticas comunitarias y crear un programa-marco con una línea presupuestaria adecuada (ver el apartado 12 del proyecto de resolución) con medios administrativos comunitarios (ver el apartado 44) e incluso, diríase a veces, una especie de planificación. 
¿Cuáles son sus motivos? 
El turismo es importante para el crecimiento económico. 
Puede ser una herramienta de desarrollo o crea empleo, y por ello se ve afectado, de cerca o de lejos, por varias políticas comunitarias. 
El informe que se nos presenta añade incluso que los atentados del 11 de septiembre han arrastrado consecuencias para el turismo, de forma que una política turística europea sería necesaria para responder al golpe. 
Estos argumentos son interesantes, pero ninguno es determinante para decidir si tal política ha de llevarse a cabo a nivel comunitario. 
En realidad, el artículo 5 TCE sólo prevé un criterio. 
¿Acaso la acción prevista no se llevaría a cabo más fácilmente si se trata en Bruselas? 
Con respecto a este punto, los argumentos presentados por el informe resultan muy débiles, e incluso inexistentes. 
Nuestra Comisión de Industria, en la opinión que ha expresado, tiene una frase reveladora. 
Después de observar, con razón, que se ve mal que sería lo que abarque una política comunitaria de turismo, añade, y cito: ' Aún así, hay necesidades comunes, que es preciso identificar?. 
Dicho de otro modo, no se sabe qué necesitamos, pero lo necesitamos. 
Para concluir, vemos bien a través este informe que la Comisión y el Parlamento europeo son capaces de demostrar que todo y nada forman parte de sus competencias. 
Si les dejásemos, se ampliarían indefinidamente. 
Por ese motivo es esencial que con motivo de la próxima conferencia intergubernamental se ponga en marcha un verdadero control de la subsidiariedad, es decir un control externo a las instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Sra. Torres Marques ha realizado una labor excelente y, quisiera decir que, sin entrar en detalles, que los mensajes del informe son tres. 
El primero es que alguna vez deberemos pasar de las palabras a los hechos. 
He presenciado en más de una ocasión debates como este en esta Sala del Parlamento Europeo y empiezan a recordarme un rito sin sentido. 
Así pues, realmente debemos pasar de los debates a la acción, a las medidas, a aplicar cuanto estamos discutiendo. 
El segundo mensaje es que, evidentemente, debemos acoger favorablemente las comunicaciones de la Comisión Europea sobre el turismo, pero debemos decir al Comisario, al Sr. Liikanen, que no es suficiente. 
Señor Comisario, empiezan con estas comunicaciones y no acaban. 
Hay medidas de distintas Direcciones Generales, no sólo de la suya, que afectan al turismo, al mercado interno, a los Fondos Estructurales, al medio ambiente. 
Estas medidas deberán coordinarse, a pesar de no haber una política común, para que la Unión Europea pueda obtener la mejor política posible para el turismo. 
El tercer punto en el que quiero hacer hincapié, señor Presidente, es el famoso fundamento jurídico sobre el turismo. 
Hay fundamento jurídico sobre la industria y no lo hay sobre el turismo, que dentro de pocos años será el sector más importante de la industria, aunque el turismo por propia naturaleza cruza las fronteras y es una actividad que supera realmente lo que un Estado miembro puede controlar. 
Por consiguiente, hace falta un fundamento jurídico que no sea substituto de las políticas estatales, sino que por el contrario contribuya a la adopción de una política con un valor añadido a nivel europeo, que finalmente ayude a Europa a mantenerse en la competencia internacional. 
Por estas razones debemos beneficiarnos de la revisión de los Tratados que tenemos ante nosotros en la nueva Cumbre Interministerial, a fin de que tener el fundamento jurídico que el Parlamento Europeo también apoyó en la anterior cumbre. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, hace algunas semanas el Ministro de Sanidad griego se vio obligado a solicitar la suspensión del funcionamiento de todas las escuelas a causa de una infección vírica. 
Las escuelas sólo cerraron dos días y disminuyó muy rápidamente el número de aparición de casos hasta reducirse a cero. 
Sin embargo, las consecuencias en el turismo griego fueron inmediatas y graves, con bastantes anulaciones de viajes que agudizaron una crisis ya importante desde el 11 de septiembre. 
Por supuesto, esta reacción no estaba justificada, puesto que la medida del ministerio era claramente preventiva y mostraba seriedad y responsabilidad, dato que debería tranquilizar al turista. 
Sin embargo, la psicología creada por algunos medios de comunicación y por determinados factores llevó a realizar anulaciones defraudando a cuantos viven del turismo en Grecia. 
¿Pero qué más podía hacer el Ministro de Sanidad? 
¿Debía pensar antes en el daño al empresario o en el posible peligro para la salud del nativo y del visitante, aunque este fuera muy pequeño? 
Me imagino que lo mismo. 
Daría prioridad a la salud. 
Pero es que tampoco tienen la culpa ni el empresario ni nadie de los que vive del turismo. 
Y tiene razón al pedir una solución correcta, al pedir el paraguas protector de la Unión Europea. 
Cuando se activa y ayuda a un sector que ofrece tanto al desarrollo equilibrado de las regiones periféricas de la Unión, es decir, a la integración europea al fin y al cabo, pero también un sector que es tan delicado y tan sensible a las crisis de cualquier tipo, entonces este empresario, este trabajador, este ciudadano europeo considera justo y lógicamente necesario que no se le abandone a su suerte. 
Debe ser eficaz la toma de medidas para paliar estas consecuencias desfavorables, debe existir la posibilidad de que los Fondos Estructurales financien acciones adecuadas, se debe prever una dotación especial en el presupuesto con objeto de mejorar el turismo, con todo lo que esto significa y supone. 
Ya es evidente que el parámetro del turismo se debe incorporar a todos los procedimientos comunitarios de toma de decisiones. 
El excelente informe de nuestra colega, la Sra. Torres Marques muestra este camino. 
Señor Presidente, como diputado elegido por una región ultraperiférica- Madeira- y dada la imposibilidad de abordar en el tiempo de que dispongo las diversas cuestiones que plantea este informe, bien tratadas por la ponente, la Sra. Helena Torres Marques, a la que aprovecho para felicitar por el excelente trabajo que ha llevado a cabo, permítanme que centre mi intervención en tres aspectos que incumben a las regiones ultraperiféricas. 
En primer lugar, quisiera subrayar la importancia del turismo como impulsor de la actividad económica de las regiones ultraperiféricas, pues constituye un medio de lucha contra los retrasos en el desarrollo. 
Este sector representa en esas regiones la primera actividad en cuanto riqueza creada y contribuye en gran medida al esfuerzo de aproximación a las regiones más desarrolladas de la Unión Europea. 
Por eso, es esencial la valorización del papel del turismo y del potencial de desarrollo económico que éste representa. 
Ahora bien, es fundamental no olvidar que esas regiones no deben quedar dependientes del monocultivo del turismo, actividad cuya vulnerabilidad es de todos conocida. 
Por eso, conviene apoyar el esfuerzo de diversificación económica recurriendo a las posibilidades previstas en el apartado 2 del artículo 299. 
En segundo lugar, quisiera subrayar la necesidad de desarrollo de infraestructuras de transporte eficientes y sostenibles con vistas a un acceso más fácil a regiones alejadas como las insulares. 
El aumento de las corrientes turísticas y el consiguiente desarrollo del sector dependen de medidas de facilitación de la accesibilidad, que, junto con una correcta política de fomento y valorización de los recursos medioambientales, históricos y culturales, pueden constituir un instrumento de importancia decisiva para el desarrollo de esas regiones. 
En tercer lugar, destaco la especial sensibilidad y riqueza medioambiental de territorios como las regiones ultraperiféricas, que, si bien es, por un lado, factor determinante y atracción turística, exige, por otro, un turismo sostenible. 
De no ser así, el propio desarrollo económico y turístico de esas regiones quedará irremediablemente comprometido a medio plazo. 
Señor Comisario, me encantaría que esta tarde usted lograra resolver una paradoja que muchos años de debate, incluso el de hoy, pueden contribuir a que quede sin solucionarse. 
La Sra. Torres Marques, en su excelente informe en el que, entre otras cosas, ha dado vía libre a nuestras aportaciones, describe de forma tal que no es preciso que volvamos a explicarlo, que el sector que estamos examinando, o sea, el turismo, con las cifras que representa, no solo es un sector vital, importantísimo para el presente de la Unión Europea, sino también uno de los sectores fundamentales para su futuro tanto en términos estrictamente económicos como en términos indirectos por la aportación que puede dar a las políticas medioambientales, a las políticas sociales, a las políticas de pacificación y de conocimiento entre los pueblos de diferentes regiones. 
Dicho esto, la gran paradoja que, sin embargo, no conseguimos resolver es que, a pesar de reconocer la importancia y el valor estratégico de este sector, no logramos poner a punto ninguna política de envergadura, de alcance europeo a fin de ayudarlo a afrontar los nuevos retos que tiene ante sí. 
Los retos han sido mencionados por mis colegas: hemos tenido el 11 de septiembre pero, más en general, nos enfrentamos a una cuestión de competitividad del sector turístico, cuyo alcance es diferente al del pasado; tenemos un problema de formación, tenemos un problema de sostenibilidad medioambiental. 
El turismo nos debe ayudar, pero también debe ser ayudado en una reconversión medioambiental hacia la sostenibilidad. 
Es verdad que actualmente usted, señor Comisario, no puede hacer más, puesto que los Tratados no lo permiten, pero a lo mejor puede pisar el acelerador para coordinar las políticas y unirse a nosotros para pedir, tal como lo estamos haciendo ahora, que en la próxima Convención se dote al turismo de estos instrumentos, o sea, de los instrumentos jurídicos para poder llegar a una política sectorial que nos ayude a enfrentar los retos del futuro. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0127/2002) del Sr. Ojeda Sanz, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 1999/311/CE, por la que se aprueba la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior (Tempus III) (2000-2006) (COM (2002) 47- C5-0096/2002- 2002/0037 (CNS) ). 
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Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, me gustaría agradecer el excelente trabajo y la ayuda de los funcionarios para la realización de este informe, así como la buena disposición de los responsables de la Comisión en esta materia y, sobre todo, lo que quiero agradecer es la magnífica voluntad de diálogo que ha caracterizado a los compañeros de la Comisión de Cultura y que nos ha permitido llegar al final de este informe con unas importantes propuestas de consenso. 
El programa Tempus- en este caso concreto, la ampliación del programa Tempus que propone el Consejo- debe situarse en el contexto de una estrategia que está destinada fundamentalmente a reforzar el diálogo y el conocimiento entre los pueblos y las culturas de la Unión Europea y del Mediterráneo. 
Algunos preguntaban por qué se ampliaba un programa ya existente en lugar de crear un programa propio. 
Si la pregunta es buena, la respuesta es fácil. 
Si se amplía un programa ya experimentado, y se consigue eludir con ello los problemas normales de la puesta en funcionamiento de un nuevo programa, se podrán utilizar las experiencias y el rodaje del programa Tempus, añadiendo las mejoras que paulatinamente se han ido introduciendo y que favorecerán, sin duda alguna, la rápida diversificación de la oferta universitaria y la cooperación entre los socios euromediterráneos. 
Como saben ustedes, el programa Tempus se inspira en los acontecimientos desencadenados tras la caída del muro de Berlín en 1989. 
Este programa se creó en 1990 para satisfacer las necesidades en materia de reforma de la educación superior que había en los países de la Europa Central y Oriental y también para impulsar, al mismo tiempo, la movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios. 
La financiación de este programa se incluyó en el marco presupuestario de PHARE, en 1993 se amplió con la intención de incluir a todos los nuevos Estados independientes como Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, la República de Moldova y la Federación Rusa, entre otros. 
La segunda fase de este programa de cooperación en materia de educación ya llegaba a un total de trece países asociados por un período de 4 años y a partir de 1997 los diez países de la Europa Central y Oriental en proceso de preadhesión abandonaron gradualmente el programa Tempus para participar en Sócrates (el programa comunitario general en materia de educación). 
Sin embargo, la decisión del Consejo fue modificada para prolongar 2 años más Tempus II. Esta decisión preveía que la Comisión realizara una evaluación para considerar la programación de Tempus. 
Lo que se pretende ahora en Tempus III es ampliar esta cooperación a los socios mediterráneos, cubriendo así las necesidades de cooperación en materia de educación superior en este área. 
Se propone ampliar el programa Tempus a Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Jordania, Palestina, Siria y Líbano. 
Con esta cooperación se pretende reforzar los mecanismos estructurales que permiten a las universidades realizar una cooperación sostenible más allá de la asistencia concedida a través de programas de cooperación y preparar mejor a las instituciones de la Comunidad Europea y a las instituciones de los países y territorios asociados para desarrollar y consolidar las asociaciones. 
Esto tendrá un efecto multiplicador, más allá de las instituciones participantes y un impacto duradero en los sistemas educativos, que es de lo que se trata fundamentalmente. 
Igualmente, y esto es importante, se amplía la gama de participantes, que trascenderá la tradicional comunidad académica, implicará a los responsables de las administraciones públicas y a la sociedad civil en general, y favorecerá una cooperación en materia de educación superior que pueda desempeñar un papel fundamental en el cambio de actitudes, al permitir a las jóvenes generaciones comparar sus respectivos valores y culturas nacionales. 
La intención es sobrepasar las cuestiones puramente académicas con aquellas dedicadas a reforzar los mecanismos de la sociedad civil en los socios mediterráneos y contribuir a una mejor comprensión de las diferentes culturas y al respeto de los derechos humanos y las minorías en estos países. 
Las distintas evaluaciones del programa Tempus han puesto de manifiesto que éste se percibe como un instrumento valioso para la promoción de la comprensión mutua y es en esta escala de valores donde los participantes deben hacer hincapié a la hora de programar sus actividades. 
Éstos son los cambios sustanciales del programa Tempus para los socios mediterráneos que compartimos plenamente en este informe. 
Por lo demás, este programa permanece sin cambios fundamentales. 
Por tanto, insisto, los principales objetivos del programa Tempus son: facilitar el desarrollo de la educación superior, responder mejor a las necesidades socioeconómicas y culturales de los países destinatarios y promover la comprensión y la aproximación entre las culturas y el desarrollo de sociedades libres y florecientes. 
Estos objetivos deben conseguirse a través de proyectos europeos conjuntos, que son los principales instrumentos de cooperación interuniversitaria del programa Tempus. 
Además de los PEC, el programa Tempus ofrece también becas individuales a profesores, investigadores, etc. para una serie de actividades complementarias en apoyo de los objetivos generales del programa. 
Con este informe hemos pretendido subrayar la necesidad de que el programa Tempus se extienda bastante más allá de la comunidad universitaria, para que ésta, que no dejará de ser su eje principal, contribuya a transformar la sociedad civil. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ya hemos oído las ventajas que el nuevo TEMPUS, o, mejor, su ampliación, va a traernos y es bueno que se amplíe tanto por lo que se refiere a los países participantes como a los grupos objetivos del programa. 
Hay muchos retos y oportunidades vinculados a esa ampliación y creo que por ello el programa debe contar con un incremento en su financiación. 
En la ampliación de TEMPUS III a los países socios del mediterráneo hay que considerar también algunos aspectos, como son la política de género o las oportunidades para las mujeres. 
Los países del sur del mediterráneo siguen presentando cifras muy bajas de mujeres con estudios básicos o superiores, sobre todo en el campo. 
La reforma y el desarrollo de las estructuras de educación superior vinculadas a TEMPUS III deben ser vistos sobre todo como una oportunidad para las mujeres. 
En Jordania, junto con Malta y Chipre países modelo entre los mediterráneos, la proporción de mujeres en estudios superiores alcanza ya el 50%, pero la proporción de mujeres entre el cuerpo docente universitario y en las posiciones de decisión es todavía muy bajo, al igual que, por otra parte, en la UE respecto de la presencia de la mujer en posiciones directivas de las universidades. 
Un objetivo muy anhelado es el de resaltar los valores culturales comunes mediante la colaboración en el ámbito universitario. 
También es muy deseable fomentar el respeto por otros valores culturales. 
Otra novedad enriquecedora es que sean incluidos también los responsables políticos- y quisiera referirme al error de la traducción alemana allí donde dice 'los representantes políticos' cuando debería decir 'los responsables políticos' -y como segundo gran grupo la sociedad civil junto con la universidad. 
Quisiera resaltarlo porque a menudo se dice que los responsables políticos serían quienes tuviesen que codirigir esto, y por ello debe corregirse el error de traducción. 
Sería muy satisfactorio que se crease un think tank compuesto de miembros de ONGs, profesores, personal de la administración y científicos junto con ciudadanos y ciudadanas de los países participantes. 
Mediante la participación de distintos grupos profesionales debe surgir una dimensión junto a la dimensión nacional y a la supranacional para poder llegar más cerca de las necesidades de la ciudadanía. 
Creo que lo más importante es que no perdamos la comprensión de la ciudadanía para así poder obviar muchos problemas. 
. (FR) Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar al ponente, Sr. Ojeda Sanz, por el excelente trabajo que ha realizado con todos sus colegas. 
Este informe demuestra el firme apoyo del Parlamento a la propuesta de la Comisión de ampliar el programa Tempus a los colaboradores MEDA; y entra dentro de la línea de la política de apoyo a una cooperación reforzada con esta región que se ha decidido en las conclusiones de la conferencia de ministros Euromed de Barcelona y de la reciente conferencia de Valencia. 
La ampliación de Tempus a los colaboradores Meda también forma parte de la prolongación de la cooperación, en el ámbito de la enseñanza superior, entre la Comunidad y de otras regiones del mundo. Esta cooperación, que me he comprometido a reforzar, es tanto más necesaria en cuanto nos vemos abocados a una progresión de las distintas formas de radicalismo y de intolerancia que revela una falta de diálogo y comprensión entre las culturas. 
Y como hizo justamente notar la Sra. Prets, es evidente que la igualdad entre mujeres y hombres está incluida en ese diálogo. 
El artículo 5 de la decisión relativa a Tempus III prevé de hecho esta igualdad de trato. 
En el nuevo texto, hemos reforzado más aún este enfoque. 
La presente propuesta prevé pues la ampliación del programa a los siguientes colaboradores mediterráneos: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Autoridad Palestina, Siria y Líbano. 
La Comisión se ha limitado, como ha indicado acertadamente el ponente, a enmendar la decisión relativa a Tempus allí donde resultaba imprescindible desde el punto de vista técnico. Sólo se ha añadido, como enmienda sustancial, un objetivo específico que alude al desarrollo de sociedades civiles democráticas, a la posibilidad de incluir a los investigadores para establecer nexos de unión con la investigación, así como a la ampliación de la duración de Tempus III hasta el 31 de diciembre de 2006 para que tenga una duración similar a la de programas como Socrates y Leonardo. 
La Comisión comparte el deseo del Parlamento y del Consejo de tomar la decisión en el plazo más breve. 
Por ese motivo, a la Comisión, aunque está de acuerdo con la filosofía de las enmiendas del Parlamento, no le es posible aceptar tal modificación, señor Presidente, ya que retrasaría la aprobación de la propuesta. 
En cualquier caso, señor ponente, esté seguro de que consideraré los deseos y las enmiendas del Parlamento al poner en marcha el programa. 
Creo que eso es lo más importante. 
La puesta en marcha se realizará en el marco de las acciones existentes en función de las necesidades específicas de cada partenariado. Se tratará pues de mantener un diálogo con las autoridades competentes en cuanto se apruebe la decisión. 
Sé que las autoridades de los partenariados MEDA esperan con impaciencia los movimientos de la Comisión. 
No les hagamos esperar más de lo necesario y pongamos en marcha esta política que todos deseamos. 
Le agradezco su apoyo y estaré agradecido de que el Parlamento tenga a bien, cuando envíe a una delegación parlamentaria a uno de esos nuevos países Tempus, insistir en nuestra nueva política de cooperación universitaria. 
Estoy segura de que sus efectos positivos se harán notar a corto y largo plazo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0126/2002) de la Sra. Gröner, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el Libro Blanco de la Comisión "Un nuevo impulso para la juventud europea" (COM (2001) 681- C5-0110/2002- 2002/2050 (COS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, la evolución de la estrucutura generacional en toda Europa pone de manifiesto que los jóvenes de hoy serán realmente los depositarios de la responsabilidad sobre el futuro. 
Por ello, cabe examinar las cuestiones relacionadas con la juventud a escala de la UE. 
La cooperación europea puede contribuir a mejorar la calidad de las políticas destinadas a la juventud que se practican en los Estados miembros. 
Es alentador que la Comisión aspire a aplicar en el terreno práctico el método de gestión europea y ofrezca a los jóvenes posibilidades de influir en las decisiones que les afectan. 
El proceso de consulta que precedió al Libro Blanco despertó muchas expectativas en los jóvenes respecto de su contenido. 
Es posible que quizás no se hayan cumplido todos y cada uno de los deseos. 
No basta con sólo escuchar a los jóvenes. 
Hay que buscar soluciones prácticas a los problemas que los jóvenes consideran graves. 
Aunque a la mayor parte de la juventud europea le va bien, el paro juvenil y la exclusión de los jóvenes se han convertido en fenómenos sociales crónicos. 
Ello tiene mucho que ver con la transmisión generacional en las familias de la precariedad. 
La participación de la juventud en la toma de las decisiones que le son cercanas no puede considerarse como una obviedad. 
La formación cívica de los jóvenes para ejercer su influencia es un gran reto para los padres, para los educadores y para nosotros los políticos. 
En democracia, caemos de lleno en el terreno de las cuestiones fundamentales si el uso del derecho a voto deja de interesar. 
Por ejemplo, en Finlandia intentamos adiestrar a los jóvenes en el ejercicio de su influencia por medio de delegaciones juveniles, entre otras actividades. 
Se trata de grupos propiamente juveniles que defienden en los municipios los intereses que los jóvenes consideran importantes. 
También hemos organizado comicios juveniles, en los que la juventud puede expresar su opinión sobre la política nacional. 
La existencia de una estructura operativa no genera de por sí la motivación para participar. 
En el seminario de la juventud que yo organicé en Helsinki el pasado mes de abril, al que asistió también la Sra. Gröner, un joven constató inteligentemente que hay que entender la participación no sólo como derecho, sino también como aprendizaje. 
El civismo se aprende y se ejerce a través de la práctica. 
El Libro Blanco de la Comisión supone un impulso inicial adecuado para los trabajos de desarrollo de una política destinada a la juventud. 
También se necesitan medidas concretas y recursos para realizarlas, tal y como ha recalcado la ponente, Sra. Gröner. 
A la hora de plantearse la financiación, debemos tener en cuenta también los retos de la ampliación. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar de corazón a la Sra. Comisaria por su iniciativa de que la Unión Europea estudie los retos particulares a los que se enfrenta la juventud de Europa en la actualidad, de consultar a dicha juventud y de avanzar en una nueva estrategia de cooperación que considera a los jóvenes como capital y potencia básicos para el progreso y el desarrollo de la Unión Europea. 
Verdaderamente, el Libro Blanco nos brinda la ocasión para que todos los políticos, a nivel nacional y europeo, tomemos conciencia de nuestra responsabilidad ante este objetivo. 
Así, al hacer examen de conciencia, deberemos reconocer que no tenemos ni la mentalidad, ni las prácticas que preparan a los jóvenes para ser ciudadanos activos en su sociedad nacional y local y, paralelamente, para ser ciudadanos responsables el día de mañana. 
Es verdad que el paro continuado y los problemas sociales que este genera, muchas veces la falta de calidad en la educación, la inseguridad por el mañana, desengañan y alejan a los jóvenes de los problemas comunes. 
Tal como nos muestran los estudios, asimismo buscan nuevas relaciones sociales y nuevas formas de intervención. 
La Sra. ponente realiza un enfoque correcto en este sentido y se lo agradecemos sinceramente. 
Igualmente, en la mayoría de los países no hay estructuras ni marco institucional que permitan a los jóvenes participar en la vida de la sociedad de una forma concreta y esencial. 
En este sector hay distintas experiencias en los países de la Unión Europea relacionadas con una organización administrativa y periférica distintas, y también con la tradición política. 
El fomento de las buenas prácticas será absolutamente beneficioso en este caso. 
Pero, señora Comisaria, dé también a los jóvenes de Europa más oportunidades de conocimiento, colaboración, solidaridad y preparación del futuro común en el ámbito europeo. 
A pesar de todo el alcance de los programas europeos de intercambio de estudiantes, hay por ejemplo, gran diferencia en los programas educativos. 
En el reconocimiento de títulos, hay universidades cuyo objetivo es dificultar la aceptación de estudiantes de otros países de la Unión Europea, en lugar de admitirlos y de ponerlos en contacto con su comunidad estudiantil. 
Señora Comisaria, haga avanzar las iniciativas valientes; el Parlamento Europeo estará a su lado. 
Señor Presidente, la juventud es la capa más sensible de la sociedad. 
Por lo tanto, es totalmente natural que los fenómenos de crisis del sistema capitalista le afecten sobre todo a ella. 
En serio, ¿qué puede ofrecer a la juventud la sociedad capitalista? 
Una sociedad en la que todo se vende y todo se compra. 
¿Qué puede ofrecer, más particularmente, la política de la Unión europea? 
Un sistema educativo incapaz de proporcionar el conocimiento esencial, que sustituye a la educación con la formación, que excluye un porcentaje importante de los jóvenes basándose en criterios de clase. 
Una perspectiva laboral inexistente o, en el mejor de los casos, un trabajo a tiempo parcial y no fijo, con largos periodos intermedios de paro, sin seguridad social, un botín fácil para los beneficios del gran capital. 
Individualismo y competencia en lugar de una acción colectiva y de reivindicación. 
La subcultura de la televisión, el atletismo de los ultras, el paraíso falso de las drogas. 
Y si la juventud se atreve a hacer reivindicaciones, a veces, en mi país, la arrastran a los tribunales. 
El Libro Blanco de la Comisión, aunque localiza algunos problemas, no profundiza en las causas ni ofrece soluciones. 
Se interesa principalmente en incorporar a la juventud, en llevarla por direcciones anodinas para el sistema, pero que no ofrecen salida a los jóvenes. 
Proyecta el ideal europeo, vacío de contenido, la participación en instituciones del sistema que la juventud ha desechado basándose en su experiencia y su intuición. 
Incluso proyecta el llamado voluntariado como la expresión suprema de solidaridad social; es más, la operatividad como antídoto del paro. 
Quita importancia al grave problema de las drogas al ser casi neutral. 
Es evidente el esfuerzo por absolver al sistema, por convencer de que hay una salida. 
Para el Partido Comunista de Grecia, no hay salida para la juventud sin poner en duda los cimientos del sistema de clases. 
Sólo en la lucha por una sociedad que respete a la persona tendrá la juventud la posibilidad de conquistar lo que necesite para su desarrollo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0132/2002) de la Sra. Pack, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Año europeo de la educación por el deporte 2004 (COM (2001) 584- C5-0497/2001- 2001/0244 (COD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el año 2004 será el Año europeo de la educación por el deporte. 
El deporte es un instrumento efectivo, exitoso y utilizado desde siempre que ejerce una influencia positiva sobre la política educativa y que representa valores educativos fundamentales de nuestra vida social. 
El fomento del deporte y de la asociación entre las organizaciones deportivas y las educativas tiene un efecto positivo sobre el trabajo en equipo, la tolerancia, la solidaridad, la lucha contra las drogas y la violencia y sobre una competencia limpia y sana sin dopimg. 
Son valores que hay que redescubrir y volver a fomentar. 
La elección del 2004 como Año europeo de la educación por el deporte ha sido buena en vista de la coincidencia con los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Atenas y la Eurocopa de Portugal. 
La Comisión propone un total de 11,5 millones de euros de financiación, de los que en el año preparatorio de 2003 se han comprometido ya 3,5 millones en gastos operativos y los otros 8 millones corresponderán a 2004. 
El marco financiero propuesto debe ser coherente con el tope máximo fijado en la Previsión Financiera y no debe producir recortes en otros ámbitos. 
Por razones de eficiencia y para evitar costes administrativos innecesarios cada Estado miembro debería prever un cargo de coordinador. 
Según mi opinión no se necesita una obligación formal de consultar a un grupo de expertos, sin determinar en detalle, que decidan sobre medidas de financiación y cofinanciación. 
La administración y evaluación del programa deberían permanecer bajo custodia pública, esto es, quedarse en manos de la Comisión. 
La decisión en favor de un Año europeo del deporte es correcta, pero el éxito está en la continuidad. 
Esta acción destacable merece ser continuada, pues supone una inversión en nuestra juventud para que crezca sana y contribuya al crecimiento de una Europa unida y sana. 
Es una inversión en nuestro futuro que merece la pena, poque nuestra juventud es nuestro futuro. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por el excelente trabajo que ha realizado y también a la Comisión por haber sabido superar esos obstáculos que siempre tiene para que se traten en este Parlamento temas relacionados con el deporte. 
Quisiera hacer hincapié en dos puntos sobre las razones de por qué este informe me parece tan importante. 
En primer lugar, creo que no debemos olvidar que el deporte es una gran herramienta educativa. 
Siempre hemos oído hablar de las cualidades del deporte: que nos enseña a valorar los esfuerzos, a unir los pueblos, etc. Un millón de cosas que ahora no voy a repetir aquí. 
Pero lo que sí quiero decir- y permítanme que les diga que en esto tengo un poco de experiencia- es que la gente joven, y sobre todo los niños, no suelen olvidar- o muy difícilmente olvidan- lo que han aprendido jugando mientras practican un deporte. Y esto es muy útil para educar en muchas cosas, pero sobre todo en asignaturas como puede ser el medio ambiente, por no mencionar sino una de las muchas que se pueden beneficiar de la educación a través del deporte. 
El segundo punto en el que quisiera hacer hincapié es que no debemos olvidar que vivimos en una Europa en la que las diferencias de raza y de cultura aumentan cada vez más y que entre todos tenemos que hacer un gran esfuerzo de integración en la Unión Europea. 
Para dicha integración, el deporte juega un papel verdaderamente fundamental. Difícilmente puede conseguirse con otra herramienta que no sea el deporte y si se intentara los costes serían elevadísimos. 
Espero que el año 2004, Año europeo de la educación por el deporte, sea el empujón que necesitamos todos para conseguir la inclusión de un artículo en el Tratado que haga referencia al deporte y para que este programa suponga el comienzo- que no el comienzo y el final- de lo que puede ser el deporte en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera decir a modo de introducción que lamento que de nuevo sea tan tarde cuando nos ocupamos de temas que interesan a los jóvenes. 
La tribuna está vacía. 
Los jóvenes han estado todo el día en la tribuna y ahora, cuando discutimos temas que les conciernen directamente, no hay nadie. 
Quizás podamos cambiar esto en el futuro, nos aproximaríamos al ciudadano, se entendería la labor del Pleno. 
No obstante me alegro de la iniciativa que se pone ahora en marcha y quisiera felicitarla, señora Comisaria, por haber situado al deporte en el punto de mira de la política europea y por conseguir que se le preste más atención. 
Estoy convencido de que la merece porque tiene muchas funciones sociales, como por ejemplo el fortalecimiento de la socialidad y de la comunicación social, la formación de la personalidad, la prevención sanitaria y otras similares. 
El deporte es un factor muy importante de socialización de gran relevancia económica. 
La iniciativa del Año del deporte o de la educación por el deporte es un planteamiento muy bueno al que aún deben seguir más cosas. 
Quisiera, sin embargo, referirme a un punto crítico en el que coincido con Doris Pack. 
Bajo el título de 'Año de la educación por el deporte' debemos referirnos sólo a las actividades en las escuelas. 
No puedo unirme a ello porque asociaciones y organizaciones deben ser apoyados e incluidos en las actividades. 
La educación por el deporte no ocurre sólo en la escuela, sino predominantemente en asociaciones, en muchas organizaciones deportivas. 
Creo que el Año de la educación por el deporte podría ser un signo de reconocimiento de la actividad de las asociaciones deportivas. 
Espero también que se discuta aquí ampliamente sobre los muchos valores del deporte. 
Por ejemplo, qué es juego limpio, qué es deporte amateur, deporte profesional, qué significa fomento y cuidado de las canteras de jóvenes y mucho más. 
La discusión ha de ser amplia. 
Si excluimos una parte la cosa se quedará a medias. 
Creo que el Año de las lenguas es un buen ejemplo. 
Se incluyeron tanto las escuelas como las academias de tipos los más distintos, y gracias a todas ellas se produjeron muchas iniciativas y se hicieron muchas actividades. 
Debería servirnos de ejemplo. Funcionó bien y también puede y debe hacerlo en el ámbito del deporte. 
El deporte es movimiento. 
No deberían limitar el movimiento, sino fomentarlo. 
Para ello se necesita espacio de maniobra y financiación segura. 
Señor Presidente, a lo largo de siglos el deporte siempre ha jugado un papel muy importante en nuestra vida. 
Bueno, son unas palabras impresionantes. 
¿Quién no se acuerda de los días de deportes en el colegio en los que tenía que participar todo el mundo en su infancia, fueran deportistas o no? 
Creaban una sensación agradable de unión y esto es justo lo que pretendemos conseguir con esta iniciativa. 
Me parece que la propuesta de establecer el 2004 como el Año europeo de la educación por el deporte es excelente y me gustaría agradecer a la Sra. Pack la manera tan concienzuda en que ha examinado la propuesta. 
Coincido con ella en que el nombre parece un poco forzado. 
Naturalmente, en sentido formal creo que no tiene ningún inconveniente porque no hay ningún fundamento jurídico para establecer un año solamente dedicado al deporte. 
Había algunos Estados miembros que estaban en contra y de esta manera se puede conseguir. 
Me parece que así se resalta el aspecto educativo del deporte y eso me parece muy positivo. 
Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones. 
El deporte en las escuelas es la manera perfecta de educar a los niños en los valores humanos, el juego limpio, el espíritu de equipo y la tolerancia; el deporte incluso puede desempeñar un papel a la hora de crear unión y comprensión por el otro y esto es más necesario que nunca. 
Señorías, entenderán muy bien porqué me expreso hoy de esta forma: el deporte puede ayudar a luchar contra la xenofobia y el vandalismo, sobre todo si los niños pueden participar en competiciones entre colegios a nivel regional, nacional y europeo como ha propuesto la Sra. Pack. 
Me parece una idea excelente para fomentar la integración europea. 
Mi Grupo tiene algunas objeciones en cuanto a la organización y la financiación por parte de la Comisión de esta competición. 
La Comisión no tiene presupuesto para esto, y no creo que sea una tarea propia de la Comisión la de organizar este tipo de eventos. Me parece que esto sería más bien una tarea para los comités olímpicos nacionales por ejemplo. 
Por otra parte, me gustaría señalar que esta iniciativa no se debería limitar sólo a un año. 
Me parece que las buenas iniciativas han de tener una continuidad. 
Pero estoy segura de que la Sra. Reding es de la misma opinión y que trabajará para dar continuidad a esto. 
Señor Presidente, estimados colegas, gracias en primer lugar a la Sra. Pack por ser tan obstinada. 
Si empezó usted en 1995 ó 1996 y ha seguido hasta hoy, desde luego he de decir que eso es lo que se llama defender un dossier. 
Es lo primero por lo que quiero darle las gracias. 
En segundo lugar, pertenezco a dos comisiones de este Parlamento: la Comisión de Cultura y Deportes y la Comisión de Mujeres, que tienen ambas el triste privilegio, o negativo privilegio, de pasar a menudo a horas tardías. 
Me permitirán, esta tarde, que agrupe estas dos preocupaciones para hablarles a la vez de la igualdad de los sexos y del deporte. 
Este es el sentido de la enmienda, de la que de hecho quería volver a hablar, ya que se trata de un elemento que creo muy importante. 
Resulta que la Comisión, en su decisión, pone el acento en el único aspecto de la discriminación. 
Y ese aspecto, que de hecho la Sra. Pack ha subrayado también en un considerando, no me parece suficiente. 
Creo que el deporte, para las chicas y para las mujeres, es un factor de identificación y de liberación y que por lo tanto hay que darle importancia. 
Les recuerdo que la igualdad ante el deporte se ha subrayado durante Pekín + 5 en junio de 2000, en Nueva York, que el informe Helsinki de septiembre de 2000 también la menciona en su artículo 26, que el CIO ha organizado una conferencia 'Mujeres y deporte? en París en 2000 y que la ministra francesa de los deportes ha incluido la cuestión' mujeres y deportes? en el orden del día a partir de 1997 con el éxito que todos sabemos. 
Así es como vemos hoy en los medios de comunicación competiciones deportivas femeninas. 
Creo que hay que ver la importancia de todo esto. 
Sé, señora Comisaria, que tiene la intención de organizar próximamente un coloquio sobre mujeres y deportes. 
Me alegro por ello. 
Creo que hay que insistir, en este informe, sobre este punto. 
En los países del Mediterráneo, por ejemplo, en Irán o en Argelia, mujeres se liberan por el deporte. 
El deporte es pues un factor de liberación importante. 
En Francia y en otros países de la Unión, jóvenes inmigrantes consiguen emanciparse, no tanto por el derecho de voto y la ciudadanía, sino gracias a su cuerpo y al deporte. 
El deporte es pues un factor de unión social- y esto lo dijo ya mi predecesor- extremadamente importante. 
Quisiera pues que insistiéramos en ello. 
Quisiera indicar para terminar que una de mis enmiendas plantea problemas cuando se traduce la palabra ' mixidad? por "mixed-sex sport". 
De hecho, no he querido hablar de deporte mixto sino de ' mixidad? en el deporte. Debe promoverse el deporte femenino tanto en la escuela como en la competición. 
He notificado este problema de traducción, del que me di cuenta demasiado tarde, y espero que la Sra. Ponente lo tendrá en cuenta. 
Así que sabemos que se acercan los Juegos olímpicos. 
Sabemos que de Juegos olímpicos en Juegos olímpicos, la parte de las mujeres en el deporte es cada vez más importante. 
Quisiera que fuese aún más importante en Atenas de lo que lo fue en Sydney. 
De hecho, no soy la única que desea algo así. 
La educación sirve por supuesto de base para lo que sirve: rendimiento y competición. 
Espero, señora Reding, que estas reflexiones sobre las mujeres y el deporte le interesen. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, Sra. Pack, por este trabajo aprobado por unanimidad en comisión. 
En realidad, aprovechamos la ocasión para recalcar la importancia que en el año 2004 revestirán las iniciativas y las manifestaciones que acompañarán al Año europeo de la educación por el deporte, año durante el cual, entre otras cosas, se celebrarán tanto el Campeonato Europeo de Fútbol como los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Atenas. 
El mismo será también una cita importante con vistas a las Olimpiadas de Invierno que se celebrarán en Turín en 2006. 
Hace aproximadamente un año, la Comisaria, Sra. Reding, anunció aquí en Estrasburgo esta celebración subrayando el significado más amplio que reviste el deporte, una dimensión no solo ligada al simple papel económico, sino también- y yo añadiría, sobre todo- como valor añadido de carácter social y cultural para toda la sociedad europea. 
Sin embargo, en el mundo del deporte continúan existiendo fuertes disparidades y, por consiguiente, habrá que dedicar una preferente atención a las pequeñas sociedades deportivas para valorizar el esfuerzo que dispensan a la formación de los jóvenes. 
También se acordará, señora Comisaria, del encuentro que tuve con usted a propósito del traspaso de futbolistas en Europa, en el cual le propuse trabajar en una Agencia Europea del Deporte. 
Considero que sigue siendo un proyecto actual, lógicamente no antes de incluirlo en los Tratados comunitarios sobre la base de la declaración sobre la especificidad del deporte, hecha por los Quince en Niza en diciembre de 2000. 
En efecto, estimo que dicho organismo facilitaría la difusión y la promoción de una cultura deportiva a escala europea y una sana actividad deportiva, así como la cooperación contra la violencia, la discriminación, el racismo e incluso el dopaje. 
Señor Presidente, gracias a la Sra. Pack por su informe y a la Comisión por el esfuerzo que está haciendo por salvar todos los obstáculos que hay para trabajar y fomentar el deporte. 
Creo que si pretendemos que la celebración del año 2004, -del año de la educación por el deporte- sea un éxito, debemos trabajar para que no sea una más de esas acciones que hace la Unión Europea, pero que después no llegan a los ciudadanos. 
En ese sentido, y para que no pase desapercibida esta acción, creo que tenemos que contar con todas aquellas instituciones a nivel local, regional y nacional que durante mucho tiempo han venido trabajando por fomentar los valores educativos del deporte. 
Dichas instituciones deben sumarse a esta acción de forma coordinada, sumando sinergias, que es lo principal. 
La promoción, la difusión y el estudio de todas las ciencias relacionadas con la actividad física y el deporte es la mejor arma que tenemos para educar contra la intolerancia y la xenofobia y a favor de la integración social. 
Señor Presidente, doy las gracias a nuestra colega, la Sra. Pack, por el trabajo que ha realizado en la elaboración de este informe. 
Es estupendo que la Comisión se haya puesto a organizar el año temático del deporte, pues ya era hora. 
Es lamentable que el deporte no tenga base jurídica en la legislación comunitaria. 
El deporte debe contar con su propio artículo o, al menos, debería hacerse mención explícita del mismo dentro del artículo relativo a la cultura; en tal caso, no se restaría ninguna influencia al mundo del deporte, pero las asociaciones deportivas podrían ejercer su propia influencia en las decisiones que les afectan. 
Los jóvenes deportistas deben tener cabida en diferentes programas de intercambio de la UE. 
La práctica actual de disfrazar los proyectos deportivos integrándolos en textos de otros artículos es ridícula. 
Es mejor llamar a las cosas por su propio nombre. 
El deporte también tiene una importancia educativa indiscutible, tal y como se menciona en el informe. 
Por ello, desearía que se reconsidere seriamente la posición del deporte en los programas educativos escolares. 
En las escuelas de muchos Estados miembros se organizan un gran número de actividades deportivas fuera de los horarios escolares. 
También hay que aumentar notablemente los recursos para estas actividades de tarde. 
Las asociaciones de voluntariado que organizan estas actividades extraescolares también suelen realizar una valiosa labor. 
Estas actividades deportivas de tarde ofrecen a los niños la posibilidad de satisfacer la necesidad y el deseo natural de hacer ejercicio. 
Al mismo tiempo, los niños tienen la oportunidad de hacer cosas interesantes y se previene la aparición de problemas sociales y la exclusión. 
Gracias a estas asociaciones, los niños no se ven obligados a pasar largas horas de la tarde solos en casa mientras sus padres alargan cada vez más su jornada laboral bajo la presión de la incipiente escasez de mano de obra. 
. (FR) Señor Presidente, cuando digo que es con placer y satisfacción que hablo hoy ante ustedes del Año europeo de la educación por el deporte, no se trata de palabras hueras, ya que tengo la impresión real de acercarnos a nuestro objetivo y de haber empezado de forma concreta un proceso que va a llevarnos a algo grande e importante para nuestras sociedades, pero también y sobre todo para los jóvenes en esta sociedad. 
Quisiera decir que en política, las casualidades son pocas, y que estoy muy contenta de que sea la Sra. Doris Pack la ponente de hoy, ya que es ella quien tuvo la idea hace tiempo ya, en 1996. 
La Sra. Pack was lange währt, wird endlich gut. 
¡Esperemos que así sea! 
Cuando me convertí en comisaria, enseguida retomé esta idea y puse el proyecto en el orden del día. 
Sé que no se trata de un año europeo del deporte como lo habría deseado, Pero sabe asimismo, y de hecho así lo ha reconocido, que la Comunidad no tiene competencias específicas en este ámbito. 
Eso no debe impedirnos, como nos incitó a hacerlo el Consejo europeo de Niza, utilizar los valores que el deporte transmite para reforzar y mejora las políticas y acciones comunitarias existentes. 
Este Año europeo de la educación por el deporte reviste en mi opinión una importancia tanto política como práctica y simbólica. 
Importancia política ya que demuestra el interés de la Comisión por el uso pleno de los valores educativos y sociales del deporte, valores que pueden contribuir a reforzar las políticas educativas de los Estados miembros. 
Importancia práctica, ya que se van a liberar 11,5 millones de euros para financiar proyectos comunitarios, nacionales, regionales, locales. Y ese dinero va a sumarse a los créditos concedidos por nuestros partenariados en esta ocasión, lo que significa que el año 2004 contará con nuevos y abundantes medios para apoyar la dimensión educativa del deporte. 
No lo olvidemos, el Año europeo de los idiomas ha tenido un éxito fantástico. 
¿Por qué? 
Porque han sido los ciudadanos, las asociaciones privadas quienes se han ocupado. 
Y eso ha permitido avanzar. 
Ha surgido un debate, la sociedad misma es quien se ha ocupado. 
Así que, señoras y señores, a veces basta con un empujoncito como ése para que las cosas avancen. 
Importancia simbólica por último, ya que el año 2004 es un año olímpico. 
Y los Juegos Olímpicos están presentes en este comienzo de siglo al mismo tiempo que otros acontecimientos: campeonatos europeos intercontinentales y mundiales. 
El Año europeo va a desarrollarse en toda la Unión y creo que las miradas de la Unión entera van a volverse hacia este acontecimiento. Será una magnífica ocasión para promover los valores sociales, educativos y culturales del deporte, recordándonos lo que eran las raíces de los Juegos en una época en la que el deporte no era comercio, sino cultura y educación. 
Sabía, Señor Presidente, que el Parlamento europeo iba a mostrarse un aliado. 
No sólo porque la idea nació aquí, en este Parlamento, sino también porque la Comisión siempre ha encontrado ante los diputados un aliado sólido para inscribir en el orden del día de la educación las ideas y los valores del deporte. 
Leí con satisfacción e interés el informe de la Sra. Pack, que no sólo apoya nuestra propuesta, sino que la mejora también en buena parte de sus puntos. 
Algunos aspectos del informe merecen sin embargo que se examinen con detenimiento y suscitan reservas por parte de la Comisión. 
No se trata de problemas de fondo, sino más bien de reservas inspiradas por motivos jurídicos. O porque creemos sencillamente que algunas ideas expresadas superan el marco de la disposición legislativa. 
En primer lugar, la enmienda número 7 que designa tres acontecimientos deportivos específicos además de los Juegos Olímpicos de Atenas. Esto me parece que es abrir la vía a especulaciones sobre la jerarquía de los distintos tipos de deportes y de los niveles de competición en términos de cobertura de los medios de comunicación, de interés del público. 
Cualquier lista es forzosamente discutible y sin duda incompleta. Creo que sería preferible no nombrar ninguno e incluirlos todos. 
En segundo lugar, desgraciadamente la Comisión no puede aceptar la enmienda 22 y las enmiendas 28 y 38 que se refieren a ella. 
No se trata de que la idea de organizar competiciones entre las escuelas, de favorecer partenariados entre organizaciones académicas y organizaciones deportivas, de aprovechar el impacto simbólico y mediático de la llama no me parezca a la vez excelente y posible, lejos de eso. Lo que sucede es que la Comisión no tiene vocación de organizar por sí misma proyectos de ese tipo. 
No tiene las competencias necesarias: recuerdo la autonomía del movimiento deportivo por un lado y la autonomía de los Estados miembros en materia de organización de estudios por otro. 
Por ese motivo no nos es posible imponer desde arriba ese tipo de partenariados. 
Dicho esto, yo también estoy muy a favor de realizar ese tipo de proyectos y siento un gran apego por la idea de la llama y de la tregua olímpicas, por ejemplo. 
No sólo quiero garantizar que el texto de la decisión haga que esos proyectos sean posibles, señora ponente, sino que me comprometo asimismo a poner todos los medios necesarios para que nuestros partenariados, tanto en las escuelas como en los comités olímpicos, tomen la iniciativa en el marco de este Año europeo. 
De hecho, tengo buenas razones para ser optimista: ¡miren la acción política deportes/escuela lanzada a partir del año 2001-2002! 
Se trata de una acción piloto lanzada por los comités olímpicos europeos y los ministerios de la educación de los tres países piloto: los Países Bajos, Francia e Italia, con la ayuda de la Comisión europea. 
Esta prueba ya ha demostrado que tales proyectos sí son posibles, que podemos avanzar y que encontramos partenariados dispuestos a apoyar esta acción. 
Con esta base, señoras y señores diputados, con su ayuda, creo que durante este Año de la educación por el deporte encontraremos muchas asociaciones, muchos organismos, muchos voluntarios dispuestos a ayudarnos. 
De hecho es uno de los objetivos principales de este Año europeo: animar a las instituciones educativas a trabajar en partenariado con las organizaciones deportivas. 
Aprendizaje formal y educación no formal deben ir de la mano. 
El deporte transmite valores: trabajo en equipo, solidaridad, respeto de las reglas, respeto del adversario, superación de uno mismo, es decir una serie de elementos que estarán presentes durante este Año europeo. 
Es un año olímpico, es un año marcado por otros acontecimientos prestigiosos, y el deporte y los deportistas estarán en primera página casi cada día. 
A nosotros nos queda utilizar este impacto en los medios de comunicación para probar que frente a los deportes de alta competición, que reciben amplia financiación, hay también un trabajo considerable de la sociedad civil, basado especialmente en el voluntariado, que debemos respaldar y animar. 
Esta es la dimensión educativa y social que interesa a la Comunidad. 
También dependerá de nosotros el preparar bien este año: trabajo, contactos, programación, son todas cosas que precisan una labor de previsión. 
Por ese motivo, señor Presidente, espero que este Parlamento hará todo lo posible para llegar cuanto antes a un acuerdo político con el Consejo con el fin de llegar a una posición común antes del final de la presidencia española, de la que es el deseo. 
Pienso que es algo de interés común. 
Y sobre todo, iría a favor de aquello que ya propuso y deseó Doris Pack en 1996: situar el deporte y su dimensión social y educativa en primera línea por el bien de Europa, por el bien de nuestras sociedades. 
Gracias por su ayuda. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
(Se levanta la sesión a las 21.40 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, una observación referida a mi intervención de ayer sobre el procedimiento, que ha quedado registrada de forma errónea. 
Dice: ' el Sr. Alyssandrakis, quien protesta por la modificación que se ha introducido recientemente en el Código Penal de Eslovaquia?. 
En realidad se trata de un intento de modificación a través de una enmienda que se ha presentado, no de una modificación ya consumada. 
Ruego que se corrija. 
Señor Presidente, ya había pedido ayer la palabra, pero por falta de tiempo no se me concedió. 
Quisiera decir lo siguiente: a juzgar por la información que recibimos, no puede excluirse la posibilidad de un nuevo ataque de las fuerzas armadas israelíes en la franja de Gaza, con total indiferencia por la consiguiente carnicería; por otra parte, el partido del gobierno en Israel, el Likud, se posiciona abiertamente, por votación, en contra de la creación de un estado palestino; y sin embargo, por exigencia de Sharon, son expulsados de su patria 13 militantes palestinos, a los que se les ha colocado la etiqueta de terroristas. 
El Consejo aún no ha decidido. 
No sé en qué países decidirá finalmente el Consejo que sean acogidos estos militantes. 
Mi pregunta, señor Presidente, es cuál será? sean cuales sean los países a los que finalmente se dirijan? el estatuto de los trece militantes, y si existe la posibilidad de que en el futuro sean devueltos a solicitud de Israel, lo que constituiría todas luces un acto criminal. 
¿Va a mantener la Unión Europea su complicidad con Israel, despreciando la resolución del Parlamento Europeo que insta a suspender los acuerdos de asociación con Israel? ¿Va a seguir la Unión Europea financiando y armando a ese régimen criminal? 
Señor Korakas, le agradezco su intervención, pero en este momento, como su señoría sabe, nos ocupan el Acta y el orden del día. 
En el orden del día está previsto todo un debate sobre Oriente Medio. 
Las preguntas que plantea están relacionadas con el debate sobre Oriente Medio, que tendrá lugar en la sesión de mañana. 
Señor Presidente, por lo que tengo entendido, dada la distribución el tiempo, no tendré posibilidad de intervenir. 
Si usted lo desea, e intercede para que se nos conceda aunque sólo sea un minuto, con mucho gusto formularemos de nuevo estas preguntas. 
Señor Korakas, no quiero entrar en un debate detallado sobre la distribución del tiempo de intervención. 
Sabe perfectamente que hay un reglamento, y que ese reglamento es observado. 
Yo simplemente le llamo la atención sobre el hecho de que las preguntas que formula son cuestiones de contenido que están relacionadas con el debate sobre Oriente Medio, y no con el debate sobre el orden del día y sobre el Acta que mantenemos en este momento. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Procedemos a continuación a la votación sobre la solicitud de debate de urgencia relativa a la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las modalidades específicas de acceso y otras condiciones aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas (COM (2002) 108- C5-0135/2002- 2002/0053 (CNS)) 
Señor Presidente, en relación con esta petición de la Comisión respecto de una Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las modalidades específicas de acceso y otras condiciones aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas, me gustaría decir que he consultado con el ponente y que pido a esta Asamblea que rechace esta petición. 
Las poblaciones de aguas profundas se capturan en zonas situadas más allá de los principales bancos de pesca de las plataformas continentales. 
Se reparten por los declives continentales o alrededor de los montes marítimos. 
Estas especies crecen con lentitud y son especialmente vulnerables al exceso de explotación. 
Dado que en los últimos años se ha desarrollado la pesca de estas especies, es necesario establecer un sistema de gestión que garantice que su explotación es sostenible. 
El asesoramiento científico que hemos recibido indica que las medidas de conservación más apropiadas para estas especies se basarían en una limitación de la actividad y, en determinados casos, en su reducción. 
Esta propuesta introduce elementos de un sistema de gestión de la actividad pesquera dirigido a estas especies de aguas profundas. 
Incluye, asimismo, elementos para la recogida de datos y el apoyo a la evaluación científica y a una gestión adecuada. 
En virtud de esta propuesta, la actividad pesquera se limitará a los niveles recientes y se obtendrán mejores datos para la evaluación científica. 
La Comisión tiene la intención de proponer otros elementos de un sistema de gestión de la actividad, según lo requerido por el asesoramiento científico en su debido momento. 
La propuesta se complementa con otra propuesta por separado de la Comisión destinada a restringir las capturas mediante la gestión de cuotas. 
Se trata de un asunto urgente e importante sobre el que, sin embargo, hasta ahora, no se ha adoptado ninguna medida comunitaria. 
Por consiguiente, requiere que nuestra Comisión de Pesca lo analice muy detenidamente. 
La solicitud de urgencia del Consejo se recibió el 3 de mayo, mientras que nuestro primer intercambio de puntos de vista al respecto no está programado hasta el 22 de mayo. 
Dada la ausencia de acción de la Comisión hasta la fecha, no creo que parezca poco razonable permitir algunos meses para el estudio parlamentario. 
También me parece raro que el Consejo solicite urgencia en este asunto cuando entendemos que el propio Presidente en ejercicio del Consejo ha participado en intentos de retrasar el calendario de publicación de las propuestas de reforma de la PPC. 
Por consiguiente, pido a la Asamblea que vote en contra de esta solicitud de procedimiento urgente. 
Señor Presidente, sólo quiero decir para que figure en el Acta que en los últimos tiempos se repiten con frecuencia en Bruselas los casos por los que ladrones de bolsos rompen el cristal lateral de los coches hiriendo de este modo a las conductoras. 
Ruego que se comunique y que se investigue para ver si existe una posibilidad de encontrar una solución. 
Muchas gracias, señor Rübig, tomamos nota de su observación. 
Debo decirle que, de hecho, los problemas de seguridad en general son objeto de constante atención por parte de la Mesa. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0146/2002) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el nombramiento del Sr. Lucas Papademos como Vicepresidente del Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, propongo al Parlamento Europeo la confirmación del Sr. Lukas Papademos como Vicepresidente del Banco Central Europeo. 
Esta ha sido la decisión unánime de la comisión. 
La confirmación del candidato propuesto no es ninguna confirmación pro forma. 
Es el resultado de la audición celebrada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y, en consecuencia, parte de la transparencia de la política monetaria. 
Los expertos conocen al Presidente del Banco Central pero no las ciudadanas y los ciudadanos de Europa. 
A pesar de ello, deben tener confianza en este Vicepresidente. 
El futuro miembro de la Dirección del Banco Central Europeo decide sobre la política monetaria de la zona del euro. 
Sus decisiones afectan en consecuencia al crecimiento y a los puestos de trabajo y, por ende, a la vida de las personas. 
Al fin y al cabo, el dinero debe servir a las personas y no a la inversa. 
Las decisiones de política monetaria son obra humana. 
Por ello son de gran importancia la integridad personal, la personalidad, la competencia, una gran experiencia en economía y asuntos monetarios pero también la disposición a la transparencia. 
La audición ha subrayado estas características. 
El futuro Vicepresidente es el primer sucesor en la primera Dirección que preparó y llevó a cabo con tanto éxito la introducción del euro. 
La independencia de sus miembros se subraya al no estar permitida ninguna reelección, lo que es la primera prueba de la independencia personal. 
La independencia del Banco Central Europeo- hay que subrayarlo de nuevo hoy- es con razón un elemento componente de la Unión Económica Europea. 
A la postre, la política monetaria y económica no son neutrales. 
En democracia no hay ninguna institución que sea infalible o que pueda actuar opacamente. 
Por el contrario, la transparencia de las decisiones y los motivos de las mismas es algo que va unido indisolublemente a la actividad del Banco Central Europeo por motivos democráticos y de política de integración. 
Por lo demás, esta transparencia no sólo radica en interés de la democracia europea sino también en interés del Banco Central Europeo, que ha ganado en credibilidad, legitimación y confianza, tal como se ha mostrado claramente en los últimos años. 
Queremos fortalecer esta autoridad en interés de las personas y mercados. 
En el sistema monetario de un pueblo se refleja todo lo que quiere, padece y es ese pueblo, tal como dijo en una ocasión el famoso economista Joseph Schumpeter. 
El Parlamento Europeo es de la opinión de que la transparencia del Banco Central Europeo ha aumentado en gran medida en comparación con los anteriores Bancos Centrales nacionales y que hemos experimentado en este sentido una especie de revolución cultural en los países de la zona del euro. 
El diálogo monetario del Parlamento Europeo con el Banco Central Europeo ha contribuido en este sentido mucho. 
No se trata solamente de la publicación de informes mensuales, trimestrales o anuales sino también de un diálogo monetario real, es decir, no sólo de la decisión en sí sino también de saber los motivos de las decisiones en la política monetaria. 
Como Parlamento Europeo tenemos que seguir insistiendo en que aparte de estas publicaciones se publiquen también las actas sumarias y el comportamiento en las votaciones. 
El Banco emisor norteamericano acaba de decidir que el mismo día de la decisión en la política monetaria se publiquen todos los nombres y el comportamiento de los miembros en la votación, de modo que todo el mundo sepa quién ha votado a favor de qué. 
Al igual que una publicación de los argumentos a favor o en contra de una decisión en actas sumarias, para el Parlamento Europeo sería suficiente una publicación anónima del comportamiento de la votación pues para nosotros es importante saber que no sólo se tiene en cuenta el objetivo primario de la política monetaria, es decir, la estabilidad de los precios, sino también los objetivos secundarios de apoyo al crecimiento y el empleo por parte de la Unión Europea 
Es interesante comprobar que en los EE.UU. el comportamiento de las votaciones no está sólo determinado por los problemas derivados del peligro de inflación sino también por los del desempleo, tal como destaca un estudio realizado en ese país. 
Sería tranquilizante saber que también los miembros del Banco Central Europeo se van a comportar de modo similar pues, como he indicado, la política monetaria tiene la tarea secundaria de apoyar el crecimiento y el empleo y hasta hoy el Parlamento Europeo no tiene claro cómo ve el Banco Central Europeo el cumplimiento de este segundo objetivo. 
Precisamente este año va a ser importante tener claridad al respecto, pues el débil crecimiento en Europa no debe ser detenido por decisiones de política monetaria. 
En la audición del Vicepresidente propuesto, Sr. Papademos, se ha visto muy claramente lo importante que son para él estos objetivos contemplados en el artículo 105 del Tratado de CE. 
Por ello, quiero subrayar de nuevo que apoyamos su nombramiento. 
Aunque no tenga ninguna importancia jurídica, es importante que se subraye así la legitimación en este procedimiento de confirmación. 
Cualquier otra cosa precisaría la reforma del Tratado de la CE. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy debatimos sobre el nombramiento del Sr. Lucas Papademos, pues el Vicepresidente francés, el Sr. Noyer, cesa en su cargo. 
En nombre de mi Grupo- y creo que también de toda la Asamblea- quiero felicitar encarecidamente al Vicepresidente saliente por su excelente trabajo que se ha reflejado también en forma de un diálogo permanente con el Parlamento, teniendo en cuenta nuestros argumentos y propuestas. 
En la comisión se ha aprobado unánimemente el nombramiento de Lucas Papademos, lo que ya ha indicado el presidente de la comisión. 
Naturalmente, esto tiene sus causas, pues el curriculum, la carrera científica y docente así como su actividad como Gobernador y Vicepresidente del Banco de Grecia, predestinan a Lucas Papademos para esta función. 
Si menciono solamente las dos funciones en Grecia es porque como Vicepresidente del banco emisor griego ha contribuido esencialmente a la plena liberalización del tráfico de capitales. 
Por otro lado, como Gobernador ha sido quien ha integrado a Grecia plenamente en la zona del euro. 
Pero permítanme decir también que en el se ha comprobado claramente que el nuevo Vicepresidente del BCE no ve ninguna contradicción entre estabilidad de precios y crecimiento, sino que para él aquella es una condición previa para generar crecimiento y empleo. 
Por ello, no ve ningún motivo para modificar el Tratado del BCE. 
La estabilidad de precios es mandato, causa y objetivo de la política del Banco Central Europeo. 
Le agradezco sus propuestas de mayor transparencia en la explicación de las decisiones del Banco Central Europeo para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el euro, su claro apoyo a la independencia del BCE y su posición contraria a las interferencias políticas. 
Tanto el Consejo como nosotros hemos adoptado una buena decisión. 
Le deseamos lo mejor. 
Muchas gracias, señor Karas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate la recomendación para la segunda lectura (A5-0153/2002) del Sr. Caudron, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación (2002-2006). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el pasado 14 de noviembre este Parlamento adoptó por una muy amplia mayoría mi informe sobre el sexto PMID. 
Mantuvimos entonces la estructura, los principios y la filosofía del proyecto Busquin completándolo con aportaciones procedentes del mundo de la investigación para responder mejor a las expectativas de los europeos. 
El 10 de diciembre de 2001, el Consejo "Investigación" respondió de forma notable a muchas de nuestras demandas y propuestas. 
Desde esta fecha hemos continuado trabajando de forma colectiva para precisar algunos puntos y mejorar aún el Programa Marco en contacto estrecho con el Comisario Busquin y sus servicios así como con la Presidencia del Consejo y el Sr. Marimón. 
Nadie ha escatimado esfuerzos, cada cual ha escuchado a los demás y hemos conseguido comprendernos, integrar las obligaciones de los demás y alcanzar compromisos. 
El pasado 23 de abril, esta Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía adoptó noventa enmiendas de las cuales treinta habrán de incluirse en los programas específicos. 
Pedíamos en ellas nuevas precisiones sobre los instrumentos de aplicación al programa, sobre la ayuda a las PYMEs y a las microempresas. 
Insistimos en la investigación, en el desarrollo sostenible y en la reducción de los costes exteriores y medioambientales. 
Recordamos nuestra vinculación con la investigación fundamental. 
Finalmente volvimos a repetir la importancia de la investigación en los ámbitos de la salud y la lucha contra las grandes enfermedades sin olvidar todo lo que afecta a la investigación humana y de sociedad. 
Antes y después de estas votaciones, varios diálogos informales a tres bandas y también formales permitieron aproximar puntos de vista. 
Los equipos administrativos y técnicos de las tres instituciones, los representantes concernidos y sus asistentes trabajaron sin parar. 
Y el 7 de mayo, en el transcurso de un largo diálogo a tres bandas especialmente fructífero logramos algunos acuerdos que se tradujeron en 34 enmiendas de compromiso que la Comisión ITRE, ayer por la tarde, votó casi por unanimidad, dándome como ponente el mandato de sustituirlas por las enmiendas votadas el 23 de abril. 
Sobre la cuestión más delicada de la ética se logró un amplio acuerdo para que la Comisión confirmara los límites que no deben superarse en la materia, que el Consejo los tome en consideración y que todo se refleje de forma concreta en los programas específicos. 
El Comisario Busquin debería confirmárnoslo en unos instantes. 
Ahora nos encontramos a pocas horas de una adopción definitiva. El Consejo nos ha informado ya por escrito de su acuerdo con las 34 enmiendas de compromiso propuestas mañana en su votación. 
Quisiera terminar mi intervención dando las gracias de nuevo a la Presidencia belga que permitió una posición común muy positiva a partir del 10 de diciembre de 2001. 
Doy las gracias de nuevo al Comisario Busquin y a sus servicios que han dado muestras de saber escuchar, de comprensión, de respeto por el Parlamento y de imaginación para proponer soluciones. 
Doy las gracias también al presidente Westendorp y a toda la secretaría de la comisión ITRE. 
A los administradores y secretarías de los Grupos políticos. Doy las gracias a mi asistenta Gaëlle Le Bouler. 
Quisiera manifestar un agradecimiento muy especial a mis colegas que han trabajado conmigo en este expediente durante un año y medio, a los ponentes alternativos, a los coordinadores, a los ponentes para opinión. 
Permítaseme citar entre ellos a Win van Velzen, a Yves Piétrasanta, a Konstantinos Alyssandrakis, a la Sra. Plooij-van Gorsel y también a la Sra. McNally. 
Doy las gracias especialmente a la Presidencia española y al Sr. Marimón que han dado pruebas de una capacidad para escuchar y de una disponibilidad que merecen ser señaladas con agradecimiento. 
Señorías, casi he terminado con lo que será sin duda mi último gran informe europeo después de trece años en este hemiciclo. 
Tras la ruptura con el PS francés desde hace seis meses, me presentaré a las elecciones legislativas en Francia como candidato de la izquierda ciudadana contra un candidato del aparato del PS. 
O bien seré elegido y me iré de con ustedes, o bien no lo seré y el PS me excluirá sin duda de su Grupo. En ambos casos, mi situación se verá completamente alterada y por ello me complace terminar esta fase de mi vida política habiendo contribuido a la consecución de un muy buen programa de investigación europeo que, con 17 millardos y medio de euros, representa la tercera política europea. 
En este 14 de mayo de 2002 por la mañana, deseaba señalar mi orgullo legítimo, saludar al mundo científico europeo con quien he trabajado estrechamente y dar las gracias de nuevo a todos mis colegas y a sus colaboradores que durante un año y medio me han ayudado y apoyado. 
Señor Presidente, quisiera comenzar mi discurso con una declaración inusual. 
Hablo ahora a título propio para desearle mucho ánimo al Comisario habida cuenta de su difícil situación personal como consecuencia de la enfermedad de su esposa. Que sepa que cuenta con nuestro más absoluto apoyo. 
Señor Presidente, el Grupo del PPE suscribe plenamente los compromisos alcanzados y lo hace de todo corazón. 
Algunos de mis colegas presentarán, sobre la base de unos argumentos que ellos estiman importantes, una enmienda al apartado relativo a la ética, el denominado procedimiento de las 32 firmas. 
Considero positivo que nuestros colegas hagan uso de ese derecho para dar a entender que, a su modo de ver, dicho apartado sobre la ética se queda corto. 
A decir verdad, señor Presidente, espero asimismo que el Consejo y la Comisión aprovechen esta oportunidad para aproximar posiciones en el futuro, también con el Parlamento, y que discutan juntos sobre las cuestiones éticas. 
El Sexto Programa Marco no ha resuelto estos problemas- somos conscientes de que las opiniones de los Estados miembros divergen considerablemente -, pero creo que ciertamente merece la pena que intercambiemos ideas al respecto. 
Quisiera manifestar mi gratitud hacia el Sr. Caudron por su excelente método de colaboración basado en la apertura y la comunicación. 
Hago extensiva mi gratitud a nuestro presidente, el Sr. Westendorp, por sus valiosos consejos y su incondicional apoyo. 
Por lo demás, quisiera dar las gracias al Comisario y a su gabinete así como a todos los miembros de la Comisión por haber adoptado una actitud extraordinariamente positiva. Gracias también al Consejo. 
La Presidencia belga realizó una labor magnífica, pero la Presidencia española es un perfecto ejemplo de cómo el Consejo y el Parlamento pueden hacer causa común. Creo poder afirmar que hemos salido del paso gracias al Consejo. 
Obviamente, ello no quita que el presupuesto se haya movido considerablemente en nuestra dirección. 
Por supuesto, como diputado siempre se aspira a más, pero, al final, uno está obligado a aceptar el compromiso. 
Personalmente me alegro mucho de que hayamos sido capaces de dar ejemplo, en concreto en el marco de la investigación sobre el cáncer, de cómo es posible conjuntar dinero nacional y europeo y cómo la combinación de dos fondos permite conferir mucha más fuerza a la investigación sobre el cáncer. 
Ello me complace enormemente. 
También me congratulo de que la relación entre el Programa Marco y el programa específico se haya vuelto más sólida y más coherente. Doy las gracias al Consejo por sus esfuerzos al respecto. 
Señor Presidente, mirándolo bien creo que ha merecido la pena recorrer un camino tan largo para llegar a este resultado. 
Además, podemos decir a la comunidad científica que el Parlamento, el Consejo y la Comisión aunaron sus fuerzas para elaborar la mejor propuesta que en ese momento se podía realizar entre los tres. Creo que esto es un enorme éxito, no sólo para el Comisario, sino para todos nosotros. 
Señor Presidente, me gustaría sumarme a las felicitaciones que ya se han expresado al ponente, a la Presidencia española y al Sr. Comisario Busquin quien ha mostrado una paciencia, comprensión y respeto por las opiniones del Parlamento ejemplares. 
Gente inteligente de toda Europa está esperando conocer la decisión que tomemos esta semana, porque el próximo año podrán utilizar sus cerebros para nosotros. 
Les daremos el dinero para que realicen un trabajo que ayude a nuestra economía y a nuestra sociedad. 
Existe una fuerte correlación entre el esfuerzo en investigación y el éxito económico, y al menos la Unión Europea está dando ejemplo y demostrando que comprende esa conexión. 
En el Parlamento hemos sido capaces de alcanzar un consenso muy amplio, cruzando fronteras políticas y nacionales, sobre el Sexto Programa Marco. 
Presentamos un programa que destaca aspectos clave para la investigación pero que expresa, a la vez, los deseos de los ciudadanos de Europa de que se combatan con inteligencia azotes como el cáncer y otras enfermedades así como los peligros para el medio ambiente. 
Ésta es una de las partes del ámbito de la investigación europea. 
Los Estados miembros deben hacer el resto. 
Es su responsabilidad. 
La Unión Europea está haciendo su parte. 
Hay que dar las gracias a los que han permitido que se dedique más dinero a este importante campo de la ciencia y la sociedad, lo que incluye un examen detallado de las cuestiones éticas. 
Nosotros, en el Grupo PSE, no apoyaremos enmiendas relativas a la ética, pero apreciamos la declaración que se ha presentado. 
Llegados al final de un largo proceso, quisiera dar las gracias una vez más a nuestro excelente ponente que ha trabajado de un modo extraordinario, a nuestros ponentes alternativos y a todos los demás que han participado. 
¡Gente inteligente de Europa: el dinero está de camino! 
Me sumo con mucho gusto a las palabras de mis colegas y doy las gracias a todos quienes han contribuido a la elaboración de este Programa Marco. 
En este momento, estimados colegas, no existe un verdadero espacio europeo de investigación. 
Una de las principales condiciones para su creación es la existencia de una infraestructura de comunicación que funcione correcta y rápidamente. 
Por ello, el Grupo Liberal ha concedido siempre mucha importancia al desarrollo del proyecto GEANT, ya que la cooperación entre investigadores requiere unas comunicaciones rápidas y de buena calidad. 
En este sentido me complace comprobar, por una parte, que, gracias a la presión del Parlamento, se ha incrementado el presupuesto destinado a GEANT y, por otra, que la estructura de gestión ha mejorado considerablemente merced a los loables acuerdos logrados en el seno de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, la movilidad de los investigadores es otra condición importante para la cooperación y la transferencia de conocimientos. 
Es otro elemento sobre el cual quisiera volver a llamar su atención. 
Muchos de nuestros científicos más destacados- me llegan noticias de este tipo desde todos los ámbitos de la investigación- suelen trasladarse temporalmente a Estados Unidos para familiarizarse con los nuevos avances. 
Ahora bien, dado que Europa no es capaz de ofrecer condiciones satisfactorias que motiven el regreso de estos investigadores algunos de ellos prefieren quedarse en Estados Unidos. 
Esta fuga de cerebros nos impide convertir a Europa en la economía del conocimiento más dinámica y más competitiva del mundo. 
Mi última observación, señor Presidente, tiene que ver con la ética. Es un tema que ha dado mucho que hablar durante los últimos meses. 
Quisiera referirme brevemente a la actitud adoptada por algunos colegas que intentan impedir que prosperen las innovaciones en el ámbito de la investigación biomédica. 
El Grupo Liberal también es muy consciente de que como consecuencia de la evolución cada vez más veloz de las posibilidades tecnológicas se nos presenta toda una serie de dilemas éticos. 
Hace falta un planteamiento matizado y muy bien meditado. 
Ahora bien, ¿cómo podemos convertirnos en esa economía competitiva si nos empeñamos en detener toda- insisto, toda- innovación, amparándonos en criterios morales, e incluso intentamos imponer nuestras opiniones a otros Estados miembros? 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, puedo decirles que, respecto a la ética, el Grupo Liberal se felicita por la actual formulación, tal y como figura en la posición común. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo dar las gracias en primer lugar al Sr. Caudron, nuestro ponente, así como a nuestros colegas, los ponentes alternativos. 
El Sr. Caudron ha hecho realmente un excelente trabajo de escucha y nosotros hemos tenido el placer de colaborar con él en la realización de este Sexto Programa Marco. 
En lo que respecta al Consejo, debo dar las gracias también a la Presidencia belga, al Sr. de Don, que ha hecho un esfuerzo para poner en marcha las propuestas que deseaba este Parlamento especialmente así como la actual Presidencia española. 
Falta decir que el maestro de obras de esta cuestión del Sexto Programa Marco es realmente el Comisario Busquin. 
Deseo darle la enhorabuena y las gracias porque ha escuchado constantemente nuestras propuestas; las ha escuchado con competencia diría yo, y también con humanismo. 
Debo darle las gracias sinceramente por su contribución a este Sexto Programa Marco que es el del Espacio europeo de la Investigación- es idea suya- y de los nuevos instrumentos: redes integradas, redes de excelencia, programas integrados y escalera de excelencia. 
Por supuesto, vamos a abordar los diferentes temas. 
Está el caso difícil de la ética que no deseo eludir, ya que nos preocupa. 
Por parte de los Verdes, por otro lado, parece que se deduce una mayoría para no adoptar enmiendas sobre la ética. 
Nosotros nos sentimos concernidos por esta grave cuestión y debemos ser conscientes de que el público y los científicos europeos nos miran mientras estamos decidiendo en este ámbito. 
Reconozco que la cuestión de la utilización de embriones para la investigación es muy personal. Que esa utilización tiene opositores y partidarios en el seno de todos los grupos y no traicionaré ningún secreto si les digo que, incluso en el seno de nuestro Grupo, existen diferentes opiniones. 
Sin embargo, debemos recordar que este Parlamento, en su primera lectura, adoptó una enmienda cuyo objetivo era el de restringir las actividades de investigación en este terreno tan sensible. 
Parece probable en este momento que el Parlamento acepte la propuesta del Consejo de no tratar en detalle la ética en el Programa Marco y, si aceptamos esta propuesta del Consejo, reconocemos de facto que estas cuestiones éticas deben ser solucionadas por los expertos, los científicos, por la Comisión, pero no por nosotros, los políticos. 
Quizá haya buenas razones para aceptar el compromiso y corresponde a cada uno de nosotros decidir si vale más evitar la conciliación o llegar a una solución satisfactoria para estas cuestiones de ética. 
Por ahora todo lo que puedo decirles es que hasta tanto nos reunamos los miembros de nuestros grupos para discutir sobre la cuestión de la ética, no se deberá olvidar que, frente a la opinión, se trata de cuestiones políticas ante las que nosotros, políticas y políticos, somos responsables: no podemos delegar esta responsabilidad. 
Tenemos otras razones para estar satisfechos de este Programa Marco: el tema del desarrollo sostenible se ha introducido por primera vez con un presupuesto muy importante, superior a 2,2 millardos de euros; la investigación sobre la energía, en el marco de las energías renovables, alcanza el nivel de la investigación sobre la energía nuclear; los transportes sostenibles y las investigaciones sobre los ecosistemas urbanos y rurales con una noción de ecodestino, son nuevos temas que se han aceptado. 
Por otra parte, estamos satisfechos de los créditos que se han añadido para las relaciones internacionales, y que afectan al tema ciencia y sociedad especialmente. 
Nos falta optimizar el Sexto Programa Marco con ocasión de los programas muy específicos que se desarrollarán, tal como la Comisión ha prometido y sobre los cuales informaré muy pronto. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, quisiera en primer lugar agradecer a nuestro ponente, el Sr. Caudron, el enorme esfuerzo realizado. 
Deseo igualmente expresar mi agradecimiento al Comisario Sr. Busquin, al Presidente en ejercicio del Consejo Sr. Marimón, a todos los ponentes de los Grupos políticos que han trabajado desde el anonimato, al Presidente de la Comisión de Industria Sr. Westendorp, a todo el personal de secretaría implicado en el procedimiento, por la excelente colaboración mantenida desde el primer momento. 
Considerando el resultado alcanzado, puedo afirmar que es sustancialmente mejor que el texto inicial, y, por consiguiente, mi Grupo lo apoyará. 
Quisiera, no obstante, comentar ciertos aspectos, referidos tanto al proceso de aplicación del Programa Marco como a los próximos programas. 
El Programa Marco señala con acierto una serie de claves de la investigación contemporánea; sin embargo, la orientación que imprime es, a mi parecer, demasiado estrecha, con poco margen para que puedan beneficiarse de las posibilidades de financiación todos los sectores de la investigación que merece la pena reforzar. 
Y dado que, de hecho, el Programa Marco es el norte de la investigación en los países miembros, me temo la eventualidad de una orientación unilateral generalizada. 
La segunda cuestión que nos preocupa es quiénes se beneficiarán finalmente de la financiación. 
Me temo que una gran parte de la financiación irá a parar a la industria, y que, independientemente de la calidad del trabajo que desarrollen, sólo una pequeña parte se destinará a la universidad, a centros de investigación, o a pequeños grupos de investigación. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, hay un enorme potencial de investigación en todos los países miembros. 
En la medida en que consigamos desarrollarlo, financiar sus actividades, aplicar sus resultados, estaremos ofreciendo un importante legado a las generaciones futuras. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, naturalmente, nuestro Grupo apoya, en general, el Sexto Programa Marco y el objetivo que aquí se concreta de más medios financieros para la política europea de investigación. 
Somos conscientes de la enorme importancia de ese programa para la investigación científica en el marco de la Unión y de que es un paso decisivo para la implantación del espacio europeo de investigación. 
Pero la razón por la que intervengo- sólo durante un minuto- es para señalar una vez más a la atención de Sus Señorías las cuestiones éticas, que no deben dejar de estar presentes. 
Desde el punto de vista de nuestro Grupo, la redacción del artículo 3 no es satisfactoria. 
Por eso, mantenemos la presentación de la enmienda nº 89, que aporta una solución, a nuestro juicio, correcta: el principio de la unanimidad legislativa. 
Ese asunto ético es extraordinariamente sensible y debemos confiar en las decisiones que, en el más alto nivel, adoptan los diferentes Estados miembros al respecto. 
Y, en esa medida, creemos que sólo se debe poder aplicar los fondos europeos de investigación a esos objetivos y conforme a técnicas y medios que en ningún Estado miembro estén considerados ilegales. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, con la votación del informe sobre el Sexto Programa Marco de investigación colocamos la piedra angular para proyectos de ayuda con un volumen financiero total de 17.500 millones. 
Esta es una suma considerable. 
El número increíblemente elevado de enmiendas presentadas ya en la primera lectura, ha mostrado claramente lo diferentes que son en esta Asamblea las opiniones sobre la configuración del Programa Marco. 
Unas posiciones especialmente opuestas se reflejan ahora también en la segunda lectura en la definición de los principios éticos básicos. 
En la Comunidad de los 15 es muy difícil encontrar un compromiso sobre los límites de la investigación sobre las células germinales embrionarias pues las opiniones al respecto divergen en gran medida. 
Las cuestiones relacionadas con la bioética nos van a ocupar sin duda en el futuro con mayor frecuencia. 
Yo tengo mis objeciones al empleo de embriones para finalidades de investigación. 
Sobre todo, no puedo aprobar que con fondos europeos de investigación se promueva lo que está prohibido en algunos de los 15 Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, el resultado del procedimiento legislativo que ahora finaliza sobre el informe Caudron y sobre el Sexto Programa Marco de investigación contiene desde mi punto de vista aspectos positivos y negativos. 
Toda una serie de propuestas que ha realizado el Parlamento Europeo han sido recogidas tanto en la posición común como en la propuesta de la Comisión y hemos logrado algunas cosas. 
Desde mi punto de vista, hay que mencionar como algo positivo que las enfermedades infantiles y su tratamiento ahora son parte integrante de la política de investigación europea. 
Lamentablemente, al principio hubo resistencias, pero se ha logrado superarlas. 
También me parece especialmente importante que en la prioridad 1 no sólo se contenga la biotecnología- con todas las oportunidades que nos ofrece -, sino también la investigación médica en general. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los afectados por las mejoras logradas: a la Comisión, al Comisario Busquin, al ponente, Sr. Caudron, a los ponentes en la sombra, en especial al Sr. Van Velzen, y también a la Presidencia española del Consejo. 
Pero el compromiso alcanzado adolece en mi opinión de un error muy grave: no se han aprobado unas reglas claras sobre el modo de actuar con estos campos de investigación tan sensibles desde una perspectiva ética. 
Por supuesto, el Parlamento Europeo también tiene sus dificultades, pero hemos aprobado en primera lectura una enmienda que al menos puede representar una línea de comportamiento para Europa. 
Aunque no la apoyo totalmente, es un compromiso. 
Por desgracia, el Consejo ha eludido su responsabilidad y no ha establecido unas normas claras en este campo. 
Esta es una situación difícil para todos los afectados pues existe inseguridad jurídica. 
La Comisión no lo va a tener fácil con este texto, pues no contiene un mandato, por ejemplo, apoyar la investigación con embriones humanos. 
Pero tampoco está claramente excluido, lo que va a provocar litigios. 
También por ello, en Europa debemos seguir trabajando para lograr un compromiso. 
Estoy dispuesto a contribuir para lograr dicho compromiso dejando de lado mi convencimiento personal, que es muy restrictivo. 
Mientras no lo tengamos, tampoco podremos tener una financiación común. 
La subsidiariedad no puede significar que no dispongamos de reglas comunes- que cada uno haga lo que quiera -, pero que todos paguen conjuntamente. 
Por ello, hay que presentar de nuevo enmiendas y aprobarlas. 
Señor Presidente, señor Comisario, hay momentos en que uno se siente particularmente feliz de pertenecer a una institución y éste es uno de ellos. 
Las tres instituciones han funcionado bien, como los ciudadanos de Europa esperan que funcionen las instituciones legítimamente instituidas. Lo han hecho de una manera eficaz y rápida, gracias al Comisario Busquin y también a la Presidencia belga, que había llegado a un difícil acuerdo sobre el paquete financiero, que- como todos recordarán- hace cinco años fue la manzana de la discordia y que motivó un retraso en la adopción del Quinto Programa Marco. 
Eso no volverá a producirse. 
Gracias también a la Presidencia española, que ha sentido especialmente la sensibilidad del Parlamento Europeo, y gracias, sobre todo, a todos los ponentes, tanto el ponente Caudron como los ponentes alternativos que han actuado con profesionalidad y con un deseo de servir a Europa. 
Por lo tanto, éste es uno de esos momentos en que uno se puede sentir realmente feliz y contento de representar a esta institución. 
Todo el trabajo no está hecho, sin duda hay una serie de incógnitas, y una de ellas es la relativa a la ética. 
Nosotros somos muy respetuosos con todos aquellos que tienen una sensibilidad distinta a la nuestra. 
Pero quiero adelantarles que verán ustedes cómo con la propuesta de posición común del Consejo, y con la declaración de la Comisión en los programas específicos, sus inquietudes quedan atendidas. 
Sobre todo, no permitamos que este tema sea de tal naturaleza que no permita la adopción de un Programa Marco en el que la comunidad científica europea ha depositado sus esperanzas. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Caudron y al Sr. Comisario Busquin por el gran trabajo que han realizado en circunstancias difíciles. 
En especial, me complace la financiación a la sostenibilidad y a la energía renovable recogida en este programa. 
En cuanto a los dilemas éticos sobre la biotecnología, es necesario que nos los tomemos muy en serio, al igual que los esfuerzos para dar respuesta a las preocupaciones éticas a la hora de financiar la investigación de la UE. 
En concreto: la patente del genoma humano; la clonación humana en sus diversas formas; la manipulación y modificación de la línea genética- que suscita una preocupación particular- y la creación y el uso de embriones humanos en la investigación. 
Nuestros ciudadanos están muy preocupados y nuestras políticas y nuestra financiación deberían responder a sus preocupaciones. 
Me preocupan también algunos aspectos relacionados con el bienestar de los animales, en concreto, el desarrollar la validación de métodos alternativos a las pruebas con animales y el agilizar la sustitución de las pruebas de toxicidad con animales en la política química. 
En cuanto a la financiación para la salud, acojo favorablemente estas modificaciones y doy las gracias al Sr. Caudron por su interés, puesto que la investigación del genoma humano no puede ser la única línea de investigación sobre la salud financiada por la UE. 
Parecía que eso podía ocurrir y, por tanto, valoro positivamente los fondos destinados a la salud y a la medicina complementaria. 
Por último, sé que el programa Euratom no forma parte del programa CE y que no es objeto de codecisión, pero me gustaría que el Sr. Comisario garantizara que la Comisión tendrá en cuenta en sus actividades las preocupaciones del Parlamento Europeo y, en especial, nuestras enmiendas al programa Euratom. 
Señor Presidente, señor Comisario Busquin, Señorías, en nombre de los radicales italianos, quisiera dar la enhorabuena al ponente, Sr. Caudron, por haber llevado a buen término esta segunda lectura de un tema tan difícil: como ha dicho con toda razón el presidente Westendorp, podemos sentirnos orgullosos de que se nos haya sometido tal como fue adoptado por la comisión competente. 
Después de que una comisión temporal de investigación que intentó despejar el terreno sin conseguirlo haya tardado, el Parlamento tiene ahora, con el informe Caudron, una toma de posición que es por supuesto un compromiso pero que, creo yo, es importante para nuestros países, para la investigación, para el futuro de millones de personas que ven actualmente en la investigación de las células madre una posibilidad de vida real y no imaginaria, algo de lo que se ha hablado mucho en estos últimos años y en estos últimos meses en el propio seno de este Parlamento. 
Este compromiso, que prevé que el Programa Marco pudiera financiar investigaciones sobre embriones excedentes en los 14 días, con el fin de encontrar las células madre susceptibles de tratar enfermedades incurables en el momento actual, representa un paso fundamental sobre el que no podemos volver. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que haga todo lo posible para que el compromiso que, por supuesto, excluye cualquier manipulación que contemple la clonación humana con fines reproductivos aprovechando un avance notable de la investigación, represente una luz de esperanza para millones de ciudadanos europeos. 
No debemos decepcionarlos. 
Hemos de adoptar el informe Caudron tal como está. 
Señor Presidente, como autor del informe del año pasado sobre el futuro de las industrias de la biotecnología, no puedo sino valorar de la manera más positiva la gran prioridad que se da a las ciencias de la vida en el Sexto Programa Marco de Investigación, firmemente respaldada en el excelente informe del Sr. Caudron. 
En el campo de la salud, hay grandes perspectivas de que se logren avances significativos en la cura de algunas de las enfermedades más temidas de la humanidad: el cáncer, las enfermedades coronarias, la diabetes y la fibrosis cística, todas las enfermedades neurológicas- tales como Alzheimer, Parkinson, demencia, motoneurona, lesiones medulares y cerebrales. 
La intervención genética podría eliminar desastres hereditarios como la hemofilia y la enfermedad Corea de Huntington que afectan trágicamente a algunas familias. 
En el ámbito de los cultivos, el potencial no es menos fascinante, aunque sufra una campaña de rechazo por parte de determinados intereses creados desvergonzados. 
Cientos de miles de personas han muerto y siguen muriendo por el consumo de tabaco y por accidentes de carretera y, sin embargo, nadie ha muerto nunca por culpa de semillas o alimentos modificados genéticamente. 
Por tanto, disponemos de mucho potencial para reducir el uso de herbicidas y pesticidas, para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 y para lograr mayor calidad y mayores frutos. 
Todo ello sin entrar en el potencial en el mundo en desarrollo para alimentar a los hambrientos, cosechar en suelos salinos y afectados por la sequía, corregir las deficiencias de vitaminas y prevenir las enfermedades de millones de personas. 
Pido a la Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros que se preparen y que defiendan con fuerza lo que saben que es el bien de la humanidad. 
Nuestra comunidad científica, nuestros investigadores- y entre ellos los de mi circunscripción escocesa que está a la cabeza en estos ámbitos vitales- merecen todo nuestro apoyo, no sólo mediante la aprobación abrumadora del informe del Sr. Caudron sino también mediante el respaldo al procedimiento simplificado y de seguridad jurídica para la aprobación de productos biofarmacéuticos, para la aprobación del ensayo y comercialización de cosechas y alimentos genéticamente modificados; y para proteger los derechos de la propiedad intelectual a través de una patente comunitaria efectiva y barata. 
La aprobación del Sexto Programa Marco de Investigación es sólo el principio. 
Debemos continuar con las medidas prácticas que hagan plenamente realidad el potencial de la biotecnología. 
Señor Presidente, se trata de una gran obra y quiero felicitar efusivamente al Sr. Caudron así como al Sr. Busquin, quien se ha perfilado en este programa con ideas nuevas. 
Le deseo mucho éxito en la ejecución de este programa. 
No va a ser fácil gestionar y ejecutar un programa de tal magnitud no sólo con los 15 Estados miembros sino también con otros Estados que participan en el mismo. 
Le deseo mucha suerte en cualquier caso en esta tarea. 
Me alegra mucho que se hayan recogido dos temas que siempre he defendido: por un lado, los trabajos de investigación para mejorar la eliminación de minas. 
Mi ruego a la Comisión es que estos trabajos se lleven a cabo a ser posible bajo un solo techo. 
El segundo tema es el del desarme, una aportación al desarme de armas ABC, una aportación técnica a la destrucción de estas armas. 
Si se abren los periódicos de hoy, se lee que las dos antiguas superpotencias liquidan la herencia de la guerra fría, es decir, que quieren un desarme realmente masivo. 
Sería una noble tarea para la Unión Europea participar en ello. 
Respecto a la ética: hemos encontrado un compromiso al respecto. 
La Comisión ha emitido una declaración que esencialmente corresponde a lo que ha acordado el Parlamento Europeo en la primera lectura. 
Mi ruego es que el discurso sobre la finalidad de la ciencia lo ampliemos también a la ética en Europa. 
El problema en sí no son el Consejo, el Parlamento o la Comisión, sino las diversas opiniones públicas. 
Sería importante influir para que tenga lugar un debate público lo más amplio posible sobre el sentido, contenido y finalidad de la ciencia y tecnología en Europa y debería convertirse en un punto central en el curso del Sexto Programa Marco. 
Quiero asegurarle que el Parlamento Europeo está interesado al respecto. 
Yo mismo he participado en la creación de STOA, conozco la importante tarea de la evaluación de la tecnología y espero que cooperemos positivamente con la Comisión. 
Señor Presidente, no puedo sino felicitar al ponente, Sr. Caudron, y lamentar que éste sea el último de los grandes informes que ha elaborado en el Parlamento Europeo. 
La labor realizada en su informe ha sido realmente notable y nos hace concebir grandes esperanzas en muchos campos de la investigación. 
Continúo manteniendo mi propia posición respecto a los temas de la bioética, sobre los cuales lo único que puedo decir a usted, señor Comisario, y a mis colegas es que tengo dudas. 
Llevo dos años trabajando en estos temas y lo único que tengo son dudas y una sola certeza que está representada por el valor inviolable de la dignidad humana. 
Probablemente creo en las instituciones que marcan les pautas del futuro, y seguramente el Parlamento Europeo es un referente no sólo para Europa. 
Debemos darnos cuenta de que está ocurriendo algo impensable que cambia radicalmente las reglas del juego. 
Sopesemos, pues, qué está produciendo la innovación que avanza a un ritmo cada vez más frenético, pensemos en cómo está evolucionando la biotecnología y en cómo podría intervenir en la propia naturaleza de nuestra especie. 
La bioquímica está sólo en sus comienzos y en un futuro no muy lejano nos veremos obligados a tomar una posición respecto a la posibilidad de que un padre pueda alterar el ADN de sus embriones proporcionando a sus propios descendientes genes cada vez más perfectos. 
Nos encontraremos ante la selección, para una mejora genética, de decenas de embriones producidos a dicho fin. 
Muy pronto, las técnicas de clonación permitirán a los individuos replicarse a sí mismos creando gemelos genéticos idénticos, capaces de autoreplicarse, dando lugar y origen a una suerte de inmortalidad genética. 
La lucha contra la muerte, el dolor y el sufrimiento está implícita en cada uno de nosotros y la ciencia interpreta perfectamente este instinto. 
Las perspectivas son aparentemente alentadoras, pero ¿hemos entendido de verdad qué cambios radicales deberá sufrir nuestra manera de ser? 
¿Está tan lejos un escenario en que las técnicas de mejora genética se podrían utilizar por las clases dominantes para perpetuar su propia superioridad genética en perjuicio de las clases sociales más débiles? 
He seguido con atención el largo y laborioso proceso de toma de decisiones sobre el Sexto Programa Marco y he asistido a una especie de resignación de los Estados miembros por no estar en condiciones de llegar a un acuerdo sobre la ética. 
He mantenido mi enmienda consciente de los obstáculos y de las dificultades de mis propios colegas, para transmitir un mensaje claro y coherente. 
Cuando veo florecer en Internet sociedades dispuestas a vender a precio de oro un clon de nosotros mismos, tomo nota que lo peor no tiene límite, pero encuentro también un fuerte estímulo de perseverar en la batalla de la que muchos, comprensiblemente decepcionados, ya se han retirado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me adhiero a todas las muestras de agradecimiento que se han dedicado al ponente así como al Comisario europeo, Philippe Busquin. 
Su eficiencia nos ha permitido alcanzar hoy esta etapa decisiva y confirma que es posible una relación democrática entre el Parlamento Europeo y la Comisión y que, espero, enviará a una señal clara a la comunidad científica sobre las responsabilidades que el Parlamento Europeo es capaz de asumir. 
Regularmente, en este hemiciclo nos toca plantear actos fundamentales para la construcción europea. 
Este Sexto Programa Marco para acciones de investigación y desarrollo tecnológico será una de las piedras sobresalientes de este edificio. 
Porque, ¿qué sería de una sociedad en la que la ciencia no tuviera su lugar apropiado, qué sería de un territorio en el que el estado del conocimiento y de la investigación se encontrara estancado? 
Estas perspectivas de retroceso, de oscurantismo, es lo que nosotros rechazamos cuando afirmamos la voluntad de Europa de crear un espacio de investigación y de innovación. 
Pero, por encima de las consideraciones filosóficas, el Sexto Programa Marco señala también el compromiso claro y decidido de Europa de estar en punta de las tecnologías, de ser innovadora, competitiva, dinámica, de construir nuestro futuro. 
Para demostrarlo ahí están los numerosos aportes científicos que contiene: la investigación humana y de sociedad, los principios de integración del medio ambiente, del desarrollo sostenible, la nueva movilidad, la igualdad de oportunidades, la importancia de las universidades, de la enseñanza y de la apertura al mundo. 
Notable también la coordinación bajo las dos presidencias, la belga y la española, entre los diferentes componentes de la Unión Europea. 
Conviene también constatar la comunicación permanente con la comunidad científica, las perspectivas de creación de una red y la mirada que este Parlamento Europeo y la Comisión han desarrollado para seguir en contacto con las necesidades reales, con las demandas reales de la población. 
Una Europa de la investigación al servicio de su población, de sus investigadores, así es como nosotros queremos que se construya Europa en el día a día y en la realidad. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Caudron por su trabajo en la elaboración de este informe. 
Él ha realizado un buen trabajo en una situación muy difícil, dado que el programa en cuestión ha ido deambulando de institución en institución. 
La ética en la investigación es un tema importante y controvertido, en el cual hay que escuchar las opiniones de todos. 
Ahora deberemos, por fin y al fin, adoptar una decisión sobre el Sexto Programa Marco, sobre sus amplios ramos de financiación para sufragar proyectos de investigación europeos de índole transnacional y multinacional. 
Hay que impulsar la investigación europea, pero los Estados miembros siempre podrán decidir qué aspectos éticos tendrán en cuenta en las investigaciones que ellos financien con cargo a sus propios presupuestos. 
La elaboración del Sexto Programa Marco es un ejemplo perfecto de ineficacia y burocracatización de los procedimientos, cosa que ha venido siendo denunciada durante años. 
La solicitud, la elaboración y los diferentes informes relacionados con los proyectos pueden ocupar varios años a determinado personal. 
Estas manifestaciones de la burocracia restan tiempo a la investigación propiamente dicha. 
La estructura del programa debe ser lo más ágil posible a fin de canalizar los mayores recursos hacia la investigación en sí, y hay que aplicar rápidamente los resultados de las investigaciones al tejido productivo para incrementar la competitividad de Europa conforme a las Conclusiones de Lisboa. 
La brecha existente con EEUU no para de crecer. 
Las cuestiones controvertidas, como puede ser, por ejemplo, el aprovechamiento del cannabis con fines medicinales, no forman parte de este programa. 
El Sexto Programa Marco debe orientarse y centrarse en el desarrollo de la investigación en aquellos terrenos que puedan aportar un verdadero valor añadido europeo. 
A pesar de todas las conclusiones y repercusiones implicadas, es importante que adoptemos ahora las decisiones concernientes al Sexto Programa Marco y que dicho programa se ponga en marcha en el calendario establecido. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en el procedimiento de adopción del Programa Marco en virtud del procedimiento de codecisión, la segunda lectura por el Parlamento Europeo representa una etapa determinante. 
Deseo señalar que a lo largo de este procedimiento la cooperación entre las tres instituciones ha sido especialmente fructífera. 
Doy las gracias al Parlamento y al Consejo por su compromiso. 
Quisiera dar las gracias en particular y de forma especial no sólo al ponente, Sr. Caudron, sino también a los ponentes alternativos, Sr. van Velzen, a la Sra. Plooij-van Gorsel, a los Sres. Piétrasanta y Alyssandrakis, así como al presidente de la Comisión ITRE, Sr. Westendorp, y a todos los miembros de esta comisión y colaboradores que han participado. 
Quisiera también dar la enhorabuena a la Presidencia española y al ministro Marimón por la forma tan eficaz como han gestionado el desarrollo de esta fase importante y delicada del proceso de adopción. 
Quisiera también recordar la importancia que supone la adopción tan rápida de un Programa Marco y su inicio en enero de 2003 para los investigadores y para la comunidad científica en Europa. 
En nombre de la Comisión, puedo señalar mi acuerdo sobre la totalidad de enmiendas de compromiso votadas por la comisión ITRE. 
El ponente, Sr. Gérard Caudron, les ha señalado los principales puntos sobre los que la propia Comisión ITRE ha propuesto enmiendas de compromiso y la forma como el Consejo ha señalado que podía tomarlas en consideración al término de una serie de reuniones del diálogo informal a tres bandas. 
Me conformaré con añadir algunas observaciones sobre cada uno de estos puntos, comunicándoles, cuando sea necesario, los elementos de información de los que aún no disponen. 
El primer aspecto para comenzar, las enmiendas técnicas votadas en bloque por la Comisión ITRE el 23 de abril, y destinadas a recogerse en los programas específicos. 
La Comisión se compromete a recogerlas en los programas específicos mediante la inclusión de la declaración siguiente en el acta del Consejo: "La Comisión considera que las enmiendas votadas en bloque por la Comisión ITRE el 23 de abril de 2002, en relación con la segunda lectura del Sexto Programa Marco, son claramente aceptables y que, con los cambios estilísticos necesarios, pueden incorporarse a las decisiones de los programas específicos que aplican el Sexto Programa Marco y, cuando sea necesario, a las reglas de participación de las empresas, de los centros de investigación y de las universidades en los Programa Marco". 
El Consejo tiene la intención de hacer una declaración en este mismo sentido. 
En segundo lugar, la cuestión de los instrumentos de aplicación y de la participación de las PYMEs. 
La fórmula en la cual las tres instituciones se pusieron de acuerdo señala la necesidad de asegurar una transición armónica entre los Programas Marco actual y nuevo, de conformidad con las preocupaciones del Parlamento. 
Por otra parte, queda claramente indicado que se adoptarán medidas especiales para estimular y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas así como la de las entidades de investigación de los países candidatos a las acciones iniciadas en los ámbitos temáticos prioritarios. 
Ahora, la salud. 
De acuerdo con los deseos del Parlamento, los aspectos de la investigación sobre la salud se han visto al mismo tiempo reforzados y mejor identificados, especialmente en lo que se refiere a la dimensión europea de las investigaciones y de las transferencias de los resultados de éstas hacia los pacientes. 
Es muy especialmente el caso de la investigación sobre el cáncer que, como se les ha indicado, está siendo en este momento objeto de una acción específica, dotada de medios importantes. 
Otro punto, las redes electrónicas para la investigación. 
El Parlamento había manifestado su preocupación por ver las actividades iniciadas en este tema en el marco de las actividades de apoyo a las infraestructuras, aplicadas de forma coherente con las ejecutadas en el ámbito temático prioritario concernido. 
Para disipar cualquier ambigüedad sobre este punto, se acordó en el diálogo a tres que la Comisión incluiría en el acta del Consejo la declaración siguiente: "La Comisión declara que los recursos asignados a las actividades en materia de redes electrónicas de gran velocidad, especialmente ' GEANT? Y GIRD, que representan un total de 300 millones de euros, incluyendo hasta 100 millones de euros para la prioridad temática 2- Tecnologías de la sociedad y de la información- y hasta 200 millones de euros para la parte Infraestructuras de Investigación, se gestionarán de forma integrada". 
Ahora, el presupuesto. 
El sentido de la responsabilidad con el que las tres instituciones han tratado este expediente se manifiesta también en el acuerdo rápido que se consiguió sobre la suma global. 
Sin embargo, se han aportado inflexiones significativas sobre la ventilación presupuestaria en la dirección deseada por el Parlamento. 
Además del aumento de los medios dedicados a la investigación en materia de salud, el relativo a los aspectos específicos de cooperación internacional, así como el tema Ciencia y sociedades, refleja correctamente creo yo la importancia concedida a esos aspectos por la institución que ustedes representan. 
La cooperación internacional: en este ámbito, como desea el Parlamento, se ha hecho un especial hincapié en las medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional con los países en desarrollo, los países mediterráneos, Rusia y los nuevos Estados independientes. 
Además, se ha aportado una clarificación sobre las diferentes vías de apoyo a la cooperación internacional en el Programa Marco. 
La ética finalmente, esa cuestión tan sensible. 
Como saben ustedes, ha sido muy difícil encontrar en este punto una solución que permita conciliar al mismo tiempo los deseos y las limitaciones de las tres instituciones. 
Debo recordar que mi objetivo no es en absoluto prever una armonización del nivel europeo de las normas en materia de ética. 
La Comisión desea solamente ver que avanza la investigación europea, en el respeto por las prerrogativas de cada Estado miembro y de su parlamento: nada sorprendente en un ámbito que se caracteriza en este punto por la diversidad cultural y filosófica y en el que la línea de conducta siempre ha sido, y seguirá siendo, el respeto por las opiniones, los valores y las sensibilidades, en los límites de los principios universalmente admitidos. 
No es menos necesario precisar las condiciones en las cuales las investigaciones realizadas en el ámbito de las ciencias y de las tecnologías de la materia viva pudieran verse efectuadas en el marco particular de los programas comunitarios. 
Con este fin, y creo que es una etapa importante, la Comisión ha incluido en el acta del Consejo la declaración siguiente: "De acuerdo con la opinión del Parlamento Europeo sobre la propuesta relativa al Sexto Programa Marco y habida cuenta de la opinión del Grupo Europeo de Ética en las ciencias y las nuevas tecnologías, la Comisión considera que la investigación en los ámbitos siguientes no debe verse financiada con cargo a los Programas-marco: las actividades de investigación con vistas a la clonación humana con fines reproductivos, las actividades de investigación orientadas a modificar el patrimonio genético de seres humanos que pudieran convertir esas modificaciones en hereditarias, las actividades de investigación destinadas a crear embriones humanos únicamente para la investigación o para el abastecimiento de células madre, especialmente mediante la transferencia de núcleos de células somáticas." 
Se añade a esto, por supuesto, la cuestión de los experimentos con animales, que deben verse reemplazados por métodos de sustitución en cada ocasión en la que ello sea posible, sin contar con que debe evitarse o limitarse al máximo el sufrimiento de los animales. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en poco tiempo y gracias a una colaboración ejemplar- y doy las gracias de nuevo desde lo más profundo de mi corazón a todas aquéllas y aquéllos que han contribuido a ello- hemos recorrido un camino considerable. 
Una vez confirmada la votación en el Pleno, tal como espero, una vez conseguido el consenso, no estaremos sin embargo al final del camino. 
La decisión del Programa Marco no constituye más que el primer componente de un dispositivo que incluye también las normas de participación, adoptadas también de acuerdo con el procedimiento de codecisión, así como los programas específicos. 
Para llegar, de acuerdo con los objetivos contemplados, a la adopción del Programa Marco y de sus instrumentos de aplicación por parte del Parlamento y el Consejo en el mes de junio, las tres instituciones deben proseguir el trabajo de concertación estrecha que llevan a cabo con éxito desde el inicio del procedimiento. 
Una colaboración muy intensa y fructífera se ha podido establecer con la ponente para las normas de participación, la Sra. Quisthoudt-Rowohl, así como con los ponentes para los programas específicos, los Sres. van Velzen, Alyssandrakis, Piétrasanta y Schwaiger y la Sra. Zorba. 
El esfuerzo así iniciado no debe relajarse. 
La Comisión desea continuar haciendo todo lo que esté en su mano para favorecer el diálogo interinstitucional. 
Por primera vez en la historia de la investigación comunitaria estamos en situación de adoptar el Programa Marco antes del último momento, en tiempo útil para que se ponga en marcha y se aplique en las mejores condiciones. 
Hemos de aprovechar esta ocasión y hemos de darnos los medios para explotar esta posibilidad hasta el límite. 
Tanto los investigadores como los ciudadanos europeos nos lo agradecerán. 
. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, esta semana llegamos a un punto culminante en el proceso de discusión para llegar a la aprobación del Sexto Programa Marco, proceso que empezó bajo la Presidencia sueca, ha continuado bajo la Presidencia belga y hemos retomado en la Presidencia española. 
En dicho proceso ha desempeñado un papel muy activo este Parlamento, a través del informe Caudron, ya en la primera lectura que se hizo del Programa Marco. 
De dicha lectura hemos tomado muchos aspectos en nuestra posición común. Y se han tomado porque precisamente los temas, las preocupaciones que aparecieron en el Parlamento también eran temas y preocupaciones que aparecieron en el Consejo y que también han aparecido en otros foros de discusión. 
Me uno, evidentemente, en dar las gracias al presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, al ponente Caudron y a los ponentes alternativos van Velzen, Piétrasanta, Plooij-van Gorsel, por un trabajo de cooperación realmente excelente que tiene la virtud de haber entrado a fondo en el programa. 
Estoy convencido de que el programa que va a salir de este proceso- y confío plenamente en que mañana definamos el programa definitivo- es un programa sustancialmente mejor que el primer programa que se nos presentó y, por lo tanto, es una apuesta de madurez y de colaboración entre las distintas instituciones, en la posición común referente a la primera lectura pero aún más en este proceso estimulante que hemos tenido durante nuestra Presidencia. 
Creo que el Parlamento y el Consejo hemos acercado mucho las posiciones, y lo hemos hecho con la voluntad de responder a la petición de los científicos y de las empresas de que pongamos ya en marcha este gran instrumento y de responder al mandato que se nos hizo en el Consejo de Barcelona de que hiciésemos todos los esfuerzos posibles para aprobar el Sexto Programa Marco dentro de nuestra Presidencia, y, también- como decía- porque las preocupaciones han sido muy comunes. 
Se han desarrollado más los aspectos concretos de contenido, como los temas de investigación en ciencias de la salud, la cuestión de una mayor dotación de la Red GEANT, los temas de ciencia y sociedad, de investigación, de apoyo en temas de medio ambiente, etc. Por esta razón digo que, en términos de contenidos, ofrecemos ahora un Programa Marco mucho mejor definido y que va a servir como pieza central de otra gran iniciativa que va más allá del Programa Marco, que es el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación y la innovación. 
En el Consejo de Barcelona, retomando el compromiso de Lisboa, se concretó un compromiso muy ambicioso de que, en 2010, Europa llegue a un gasto de inversión en investigación y desarrollo del 3 % del Producto Interior Bruto, con una participación sustancial, en dos terceras partes, del sector privado de las empresas y del sector privado en su conjunto. 
Pero no se trata tanto de una cifra como de reconocer que Europa debe cambiar la tendencia y dar un salto cualitativo y cuantitativo para conseguir este objetivo de ser una sociedad altamente competitiva en la sociedad del conocimiento. 
Por eso, el Sexto Programa Marco es una pieza esencial. 
Pero con un buen desarrollo del Sexto Programa Marco también vamos a desarrollar otras iniciativas, como una mayor coordinación de los programas nacionales, tarea que hemos impulsado durante nuestra Presidencia. 
Por lo tanto, en este proceso en particular, nos parece esencial dar una respuesta efectiva a estas expectativas de la comunidad científica y de las empresas, y reservar, como se ha hecho, una participación activa de las pequeñas y medianas empresas. 
Por ello, les agradezco una vez más el trabajo realizado y estoy seguro de que los otros aspectos, -tales como las normas de participación de los programas específicos- serán concretados una vez definido el Programa Marco. 
Por nuestra parte, el Consejo ha apoyado plenamente las iniciativas de la Presidencia- de lo cual estamos muy satisfechos- en este proceso de discusiones que hemos tenido. 
En particular, el Consejo toma nota de la visión de la Comisión y apoya a la Presidencia al incluir todas las enmiendas que se han presentado en bloque, en la medida en que sea posible, encontrando la formulación adecuada dentro de los programas específicos. 
El Consejo apoya en conjunto todo este fructífero proceso de discusión que hemos tenido. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede a la presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003. 
Señor Presidente, Señorías, el 30 de abril la Comisión aprobó el anteproyecto de presupuesto para el año 2003. 
Me alegra poderles presentar hoy dicho anteproyecto en sus rasgos generales. 
Permítanme primero exponer las cifras clave generales del mismo. 
Ayer por la tarde tuvimos la ocasión de hablar brevemente al respecto en la Comisión de Presupuestos. 
El anteproyecto de presupuesto de la Comisión tiene un volumen de 98.200 millones de euros. 
En comparación con el presupuesto en curso, esto representa un aumento del 2,7 %. 
En comparación con las tasas de crecimiento pronosticadas para los presupuestos públicos de los Estados miembros, esta tasa de crecimiento es menor que la tasa de crecimiento media de los Estados miembros. 
Sobre todo, quiero subrayar que el anteproyecto de presupuesto queda con ello 4.700 millones de euros por debajo del importe máximo que se acordó en la planificación financiera de la Agenda 2000. 
Creo que es una buena noticia que, a pesar de los numerosos nuevos requerimientos existentes, se pueda presentar un anteproyecto de presupuesto en el que queda aún un gran margen para el caso de que se origine algo imprevisto y que esto se pueda recoger además dentro de la planificación financiera. 
Expresado en porcentaje de los ingresos nacionales brutos, el presupuesto representa un 1,03 %, es decir, la cuota estatal europea es del 1,03 % para el próximo año. 
Es una cuota muy reducida. 
Es menor que en años anteriores. 
Lo subrayo pues muestra que la disciplina presupuestaria se toma también muy en serio en el nivel europeo. 
También lo destaco pues en el debate público se dice con frecuencia que se producen tales o cuales acontecimientos que van a desbordar el presupuesto. 
No, no es este el caso sino que tenemos de nuevo un anteproyecto de presupuesto por debajo de los límites que se determinaron como límites máximos en la planificación financiera. 
Sobre todo, también debemos mostrar con claridad que con esta cuota estatal ligeramente superior a un uno por ciento de la capacidad financiera de la UE dentro del presupuesto europeo, se financian los sectores políticos a los que debe destinarse este dinero de las y los contribuyentes. 
En primer lugar, la agricultura. Este sigue siendo el sector más significativo. 
Si se calculan todos los gastos de la política agrícola, son en total 48.700 millones de euros los que se prevén para este campo. 
Esta cifra incluye, por ejemplo, las ayudas a los Estados candidatos, es decir, para los agricultores en los Estados candidatos e incluye también al personal en la Dirección General competente. 
En otras palabras: si lo calculamos a su vez en porcentaje de los ingresos brutos de la UE, es casi un 0,5 % de los ingresos brutos de la UE el que se quiere dedicar a los gastos agrícolas a través del presupuesto europeo. 
Esta exposición que acabo de realizar para el sector agrario, corresponde al nuevo enfoque de articulación del presupuesto en función de sectores políticos. 
En el pasado, con mucha frecuencia ocurría que las ciudadanas y ciudadanos tenían dificultades para interpretar el proyecto de presupuesto- si es que podían acceder al mismo -, pues solamente se exponían las líneas presupuestarias pero no los fundamentos jurídicos, por así decirlo, el contenido político de qué es lo que se quiere alcanzar con el dinero. 
Esto es ahora posible con la nueva articulación del presupuesto y de un vistazo se puede ver cuánto se quiere destinar a los determinados sectores políticos. 
Antes de referirme a otros contenidos, voy a mencionar algunas cifras: para la política regional se han previsto 21.800 millones de euros, para la de pesca 940 millones, para las relaciones exteriores 3.200 millones, para la política de desarrollo 1.100 millones, para empleo y asuntos sociales 9.800 millones y para la promoción solamente de la sociedad de la información 1.000 millones de euros. 
Esta articulación es realmente mucho más expresiva que la que se hacía en función de las categorías de la planificación financiera. 
Sin embargo, me voy a referir ahora a estas categorías. 
Ya he mencionado el sector agrario. 
Según la propuesta de la Comisión, en este sector queda un margen de 2.300 millones de euros, es decir, el anteproyecto de la Comisión queda 2.300 millones de euros por debajo del máximo que estaba previsto en la planificación financiera para el sector agrario. 
Este positivo resultado se debe a la conjunción de varios factores: por un lado, el pronóstico de una evolución relativamente favorable de los mercados en el sector agrícola, la situación de unas existencias relativamente bajas y una paridad del euro con el dólar de 1 euro= 0,88 dólares. 
Quiero indicar aquí de nuevo que esto no es un pronóstico de la Comisión para la futura evolución de la paridad del euro con el dólar sino que existe la norma obligatoria de que al elaborar el anteproyecto de presupuesto, tenemos que aplicar la media de los meses anteriores. 
Sin embargo, indico que si la paridad del euro con el dólar cambia, en otras palabras, que si aumenta el euro, también aumentarán los gastos en el sector agrario. 
Pero esto no es un riesgo para el presupuesto, pues este gran margen que queda puede absorberlo. 
En junio presentaremos en la Comisión el llamado mid-term-review sobre el sector agrario. 
Mi colega Fischler presentará entonces una exposición de conjunto sobre cómo se debe valorar la evolución de los gastos agrícolas para el futuro y realizará propuestas de reformas. 
Pero esto no afectará directamente al presupuesto 2003. 
Quiero indicar que en la política agrícola tenemos diferentes tasas de crecimiento. 
Según la propuesta de la Comisión, por un lado, para el sector del desarrollo rural se debe emplear la totalidad de la suma prevista en la planificación financiera, al igual que en los últimos años. Este instrumento va a desempeñar también en el futuro un gran papel y va a despertar también una gran atención dentro de la mid-term review de la reforma agraria, pues es necesario promover también posibilidades alternativas de ingresos con medidas de ayuda en el área rural. 
Sobre todo, esta categoría contiene también medidas medioambientales de política agrícola, por lo que es de gran importancia para un desarrollo agrícola sostenible. 
Dentro de las medidas de mercado y de las ayudas directas para la política agraria, quiero indicar que el 2003 será el primer año en que se aplique el nuevo reglamento de mercado para cabras y ovejas. 
De este modo, en este sector se produce un ligero aumento pues según lo aprobado, por ejemplo, para las ovejas se paga una prima de 21 euros por año y por animal. 
Esto representa un aumento en comparación con antes. 
Los créditos de compromiso para medidas estructurales- me voy a referir ahora a la política estructural- corresponden a la planificación financiera en vigor. 
Sin embargo, aquí se sobrepasa ligeramente el límite de la planificación presupuestaria ya que la Comisión, siguiendo la resolución del Parlamento y del Consejo Europeo, ha previsto poner a disposición el segundo tramo de 27 millones de euros para medidas especiales destinadas a la reconversión de la flota de pesca en España y Portugal. 
Según la propuesta de la Comisión, esto se debe financiar con la reserva de flexibilidad y creo que también cumple el acuerdo que se contenía en la resolución del año pasado. 
En el caso de los créditos de pago para la política estructural en su totalidad, la estimación de las necesidades en los dos años pasados ha sido muy difícil debido a la fase de rodaje de los programas. 
En los años 2000 y 2001 la implementación fue insuficiente. 
Los créditos se pudieron reprogramar en parte. 
Debido a este retraso en la implementación, nos encontramos ahora naturalmente con que cabe esperar un fuerte aumento de los compromisos de pago. La Comisión prevé del modo correspondiente en su anteproyecto de presupuesto un aumento del 4,4 % de los compromisos de pago para la política estructural. 
En especial, una gran parte de ellos está destinada al pago definitivo de los antiguos programas que llevaron a cabo los Estados miembros en los años 1994-99. 
En todos los Estados miembros se han producido aquí retrasos y, en consecuencia, también en dichos pagos. 
Sin embargo, esperamos que en el 2003 se puedan concluir definitivamente todos los pagos. 
Me voy a referir ahora a la Categoría 3, es decir, a las medidas de las políticas internas y aquí se trata de un amplio abanico. 
La estimación de créditos propuesta es de 6.700 millones de euros y deja una reserva de 81 millones de euros que se podrán reclamar sin duda en el marco de los debates presupuestarios. 
También quiero indicar que se han incluido muchas medidas nuevas. 
La Asamblea acaba de mantener un debate sobre el nuevo Sexto Programa Marco de investigación y me alegra mucho que se pueda adoptar ahora una resolución. Tal como he escuchado, mañana va a tener lugar la votación sobre dicho Programa Marco. 
Está dotado en total con una suma muy elevada, en concreto, 17.500 millones de euros hasta el año 2006. 
Hay que destacar este dato pues con frecuencia se achaca al presupuesto europeo que, debido a su especial concentración en la política agraria, no promueve nuevos aspectos. 
Creo que el Programa Marco de investigación muestra lo contrario, que se invierte una suma realmente importante en la promoción de común de la investigación y, tan pronto como se haya adoptado la resolución, podrán seguir los preparativos para la implementación. 
En el próximo año están ya presupuestados más de 4.000 millones de euros para este nuevo programa de investigación en el anteproyecto del presupuesto. 
Voy a mencionar también otro ejemplo de medidas nuevas, por ejemplo, en el sector de los transportes. 
Se han previsto 53 millones de euros para la prosecución de las medidas sobre la seguridad de los transportes. 
El ejercicio presupuestario 2003 tiene en cuenta de este modo la creación de las Agencias europeas para la seguridad del tráfico aéreo y marítimo. 
Esto es algo que espera la población de la Unión Europea. Espera que se adopten medidas para, por un lado, impedir tragedias como las que hemos visto en el pasado y, por otro, lograr que las medidas surtan efectos muy pronto. 
Esta será también una de las tareas de la Agencia para la seguridad en el tráfico marítimo. 
Se han incluido además los créditos para el nuevo Programa Marco Polo. 
Se trata de ayudas financieras de la Comunidad para la mejora de la compatibilidad medioambiental de los sistemas de transporte de mercancías. 
Permítanme que mencione finalmente como ejemplo de la Categoría 3 que las medidas para una política energética inteligente, a saber, la promoción de formas de energía innovadoras, experimentan con casi un 50% la mayor tasa de crecimiento. 
Creo que este es otro ejemplo de que se dedican las correspondientes estimaciones financieras al tema prioritario del desarrollo sostenible. 
Me voy a referir ahora al sector de la política exterior, es decir, a la Categoría 4. 
Aquí se han previsto créditos de compromiso por un importe de 4.900 millones de euros. 
Esto corresponde a un aumento del 2,3 % en comparación con el ejercicio presupuestario en curso. 
En su proyecto, la Comisión se atiene a las prioridades y compromisos que hemos adoptado en política exterior. 
Menciono el ejemplo de los Balcanes. 
Se han previsto para esta región 685 millones de euros para el próximo año. 
Además, la ayuda para Afganistán tiene en cuenta los compromisos que adoptó la Comisión en nombre de la Unión Europea en diciembre 2001 en Tokio. 
Los créditos están también en este caso reflejados del modo correspondiente en el presupuesto, si bien en todos estos créditos también es necesario ejercer un buen control financiero. 
Quiero subrayar además que para la financiación del programa del Mediterráneo se ha previsto un aumento del 4,2 %. 
Por un lado, contiene las ayudas a la preadhesión para Turquía, Malta y Chipre y también nuevos créditos para el compromiso adoptado en el marco del proceso de Barcelona de poner a disposición créditos adicionales por parte del Banco Europeo de Inversiones. 
La Comisión propone colocar 25 millones en la reserva para apoyar financieramente, por ejemplo, un programa de capitales de riesgo. 
La Comisión da una especial importancia en la política exterior a la lucha contra enfermedades gravemente contagiosas en muchas partes del mundo. 
Según la propuesta de la Comisión, en el 2003 las estimaciones de créditos para medidas sanitarias se elevarán en unos 55 millones, de los que 35 millones están previstos como aportación adicional al Fondo Mundial de la Salud. 
En el contexto de la política exterior, deseo mencionar sobre todo que la Comisión propone prever 40 millones de euros para la política exterior y de seguridad común. 
De esta suma, 20 millones estarían reservados para la misión común europea de la policía en Bosnia-Herzegovina. 
De este modo se ve que precisamente esta nueva forma de actividades en la política exterior y de seguridad común se financia con la parte operativa del presupuesto de la Comunidad. 
Permítanme finalmente que me refiera aún a los gastos administrativos. 
Aquí, los enfoques de créditos están casi confrontados a una situación especial. 
Por un lado, tenemos un aumento muy elevado en los gastos por jubilaciones. 
Por otro lado, en la planificación financiera no hemos previsto que naturalmente también las instituciones de la Comunidad Europea- es decir, tanto el Parlamento, como la Comisión, el Tribunal Europeo de Justicia y el Consejo- tienen que adoptar medidas preparatorias de cara a la ampliación. 
Por este motivo, el anteproyecto de la Comisión va más allá del límite máximo, pero sólo de modo especial para estas medidas preparatorias. 
La Comisión propone que se pongan a disposición para ello los créditos necesarios del instrumento de flexibilidad. 
Estoy segura que este va a ser uno de los puntos principales del debate también con el Consejo. 
El mismo Consejo ha previsto un aumento del 11% para sus demandas de personal. 
Este no es el aumento que prevé la Comisión. 
Sin embargo, creo que precisamente en este campo tenemos que debatir conjuntamente de modo muy concreto sobre cómo podemos atacar las necesarias medidas preparatorias para que la ampliación sea un éxito también en sentido institucional. 
Parto del hecho de que este va a ser un punto central en los debates, al igual que la cuestión de la financiación de nuevos requerimientos eventuales en el campo de la política exterior. 
Sólo quiero mencionar a modo de ejemplo Palestina y Chipre. 
Espero que en la concertación podamos encontrar en julio una orientación común. 
La Comisión ha aprobado unánimemente el anteproyecto de presupuesto. 
El debate ha sido muy objetivo. 
La unanimidad se ha logrado también porque el anteproyecto ha sido de nuevo excelentemente preparado por la Dirección General y sobre todo por el Director General, el Sr. Mingasson. 
Como se trata casi del último proyecto que ha presentado en su función de Director General para la Dirección General de Presupuestos, quiero expresarle mis felicitaciones aquí por el trabajo realizado. 
Me alegro mucho por estos aplausos para el Sr. Mingasson. 
Muchas gracias. 
Hemos mantenido un debate sobre las prioridades y se ha mostrado que las prioridades del Parlamento y de la Comisión coinciden en gran medida. 
Esto se refleja también en el anteproyecto de presupuesto. 
Creo que se trata de un borrador muy logrado que prevé la financiación de nuevos requerimientos y, al mismo tiempo, tiene la disciplina presupuestaria como norte. 
Me alegro naturalmente por los debates y soy muy optimista pues creo que también este año podremos llegar a una buena conclusión. 
(Aplausos) 
. 
(SV) Señor Presidente, permítame comenzar pidiendo disculpas en nombre de Terence Wynn, presidente de la comisión, que no podrá estar presente. 
Me ha pedido que hable en su nombre también. 
Ambos queremos dar las gracias a la Comisaria Schreyer y al Director General Sr. Gazon por su excelente colaboración. 
Creo que en el transcurso del año nos servirá mucho este clima de colaboración. 
Hay que resolver ciertos problemas. 
Ésta es sólo una primera discusión sobre la propuesta presupuestaria preliminar. 
Volveremos sobre este tema muchas veces, entre otras en las sesiones de julio y en otras ocasiones durante el otoño. 
Con todo, conviene hacer algunos comentarios previos. 
En primer lugar, hay una serie de aspectos positivos que me parece justo destacar. 
Lo primero en relación con el ejercicio presupuestario de este año son las mejoras del proceso. 
Por fin nos estamos acercando a un sistema presupuestario basado en las actividades y, por ende, hacia un sistema más transparente y sencillo que facilita la presentación de los presupuestos de la Unión a los ciudadanos europeos, cosa que me parece esencial para que exista confianza en la Unión Europea. 
Ahora damos el primer paso mediante el empleo paralelo de la técnica antigua y de la nueva técnica de proceso automático de datos, lo que constituye un gran avance. 
El otro aspecto positivo es que hemos logrado alcanzar un mejor diálogo político. 
A través de la estrategia política anual de la Comisión y de que el Consejo y el Parlamento fijen casi simultáneamente las directrices políticas para los presupuestos del próximo año, hemos logrado desde el comienzo un intercambio político, un diálogo político. 
Esto es un avance. 
En el Parlamento se criticaron los contenidos de la estrategia política anual de la Comisión, pero, aún así, creo que el método en sí constituye un claro avance. 
Espero que renovemos el debate presupuestario en el Parlamento no sólo cuando en julio debatamos ampliamente los presupuestos del próximo año, sino que también en relación con la ejecución del presupuesto de este año y porque ambos procesos se interrelacionarán, cosa que me parece particularmente importante para el futuro. 
Además, me gustaría que el debate presupuestario del otoño- presumiblemente en la sesión de septiembre- fuese interesante y exhaustivo, y que podamos vincular mejor los presupuestos con las iniciativas legislativas de carácter político 
Por tanto, el procedimiento propiamente tal representa un avance. 
Otro aspecto positivo es que hay amplia unidad de criterios respecto a las prioridades políticas fundamentales. 
Si comparamos las prioridades políticas fundamentales de la Comisión con las directrices aprobadas por el Parlamento veremos que coinciden en numerosos puntos. 
Estamos de acuerdo en que la ampliación debe tener la máxima prioridad. 
Presumiblemente a comienzos de 2004 comprenderá a diez países y será la mayor ampliación que hayamos realizado. 
Ésta es nuestra principal tarea y hay que empezar a prepararla en los presupuestos del año 2003. 
También coincidimos en que tenemos que ocuparnos en general de los temas de seguridad, por una parte, cómo hacer frente a la seguridad en Europa después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año pasado y, por otra, desde una perspectiva amplia, ocupándonos de aspectos tales como la seguridad alimentaria, la seguridad en los transportes, etcétera, que deben ser observados en los presupuestos del próximo año. 
También estamos de acuerdo en un tercer campo, esto es, en la necesidad de prestar más atención al desarrollo sostenible desde una perspectiva económica, social y medioambiental, lo que demandará una serie de medidas por parte de la Unión. 
Hasta ahora hemos sido relativamente débiles en esta materia, especialmente para conseguir que prosperen las iniciativas del Parlamento sobre las pequeñas empresas, el aprendizaje por medio de Internet, y en numerosos campos en los que creo que tenemos que acelerar el ritmo considerablemente. 
Pensando en todos los que creen que los presupuestos de la Unión son un coloso que crece indefinidamente, podemos comprobar, especialmente con una finalidad pedagógica, que en los actuales presupuestos disminuye la proporción de las economías de los Estados miembros. 
Aunque podemos ver una serie de signos positivos esenciales, cabe mencionar algunos puntos que nos inquietan. 
El primero es el gran problema de la ejecución de los presupuestos. 
Hay pagos no realizados y otras deudas- denominadas reste a liquider que son el conjunto de los compromisos pendientes- que no dejan de aumentar. 
Puedo recordarles el debate de la sesión anterior sobre el presupuesto suplementario número 2 para el año 2002 y el hecho de que los Estados miembros exigen que se les devuelvan diez mil millones de euros porque la Unión no ha podido cumplir con sus tareas. 
La Comisión propone en esta materia que los pagos aumenten más que los nuevos compromisos, lo que obviamente es un paso en la dirección adecuada. 
Sin embargo, nos preocupa que esta medida no sea suficiente para satisfacer los atrasos existentes. Especialmente en relación con los Fondos estructurales- donde más tarde o más temprano tendremos que pagar- corremos el riesgo de crear grandes problemas en los próximos años si esos pagos se realizan simultáneamente con los grandes costes derivados de la ampliación. 
El problema es esencial y hay que discutirlo. 
El otro problema que nos preocupa y que conviene discutir es cómo se hará la ampliación. 
Lo más urgente son las medidas en las instituciones europeas para preparar la ampliación. 
La ampliación no se reflejará en los presupuestos de 2003, pero hay que prepararse, especialmente si diez nuevos países se incorporarán al comienzo de 2004. 
La Comisión propone que utilicemos el instrumento de flexibilidad para costear los mayores gastos administrativos. 
Es posible que tengamos que hacerlo, pero creo que tenemos que ejercer más presión sobre los secretarios generales para que presenten nuevas y más radicales propuestas, por ejemplo, para aumentar la colaboración entre las instituciones y para rebajar los costes, evitando así echar mano del instrumento de flexibilidad. 
Creo que hay muchos caminos nuevos, por ejemplo, en relación con las normas lingüísticas y con la contratación de personal en la Unión. 
Deberíamos aumentar seriamente las presiones antes de decidirnos a usar el instrumento de flexibilidad. 
En cuanto a los temas de seguridad- anteriormente mencioné la seguridad alimentaria y de los transportes- nos preocupa que hayan empezado a aparecer numerosas autoridades, los denominados órganos. 
Tenemos Eurojust, Europol, autoridades para la seguridad alimentaria, para la seguridad de los ferrocarriles, para la seguridad aérea, etcétera. 
Los órganos en sí no constituyen ningún problema, pero crean problemas presupuestarios y dificultan la visión de conjunto de los costes de la Unión. 
Son un riesgo porque duplicamos los costes, ya que se realizan trabajos en las nuevas autoridades y en la Comisión. 
Crean problemas en cuanto a los métodos para exigir responsabilidades y para mantener la transparencia. 
Pienso que conviene revisar esos aspectos detalladamente antes de seguir creando nuevas autoridades, aunque las tareas que realizan son extraordinariamente importantes. 
Otro punto que hay que discutir- y que la Comisión también ha destacado- es obviamente la política exterior. 
En esta materia, la Comisión propone un margen presupuestario de 60 millones de euros. 
Puede parecer mucho dinero, pero en realidad es insuficiente. 
Estamos ante situaciones inseguras, entre otras, la de Oriente Medio. 
No sabemos qué exigencias se le harán a la Unión respecto a Palestina. 
No sabemos con gran seguridad qué se nos exigirá en relación con Afganistán o con las acciones globales para enfrentar enfermedades relacionadas con la pobreza, etcétera. 
Tampoco sabemos si será aceptable disminuir nuestra intervención en el Programa Card, en los Balcanes, con la rapidez que propone la Comisión. 
También en este campo me parece que se necesitan más discusiones y hacer una evaluación de las acciones de la Unión antes de adoptar decisiones. 
A todos estos factores inseguros hay que agregar los acuerdos de pesca de la categoría 4, que durante un año más tendremos que discutir. 
Finalmente quisiera decir algo sobre el futuro a largo plazo. 
Dos de los problemas presupuestarios más agudos que hay que discutir no se refieren al presupuesto para 2003, pero hay que ocuparse de ellos. 
Son, por una parte, la reforma de la política agrícola y de pesca y, por otra, los verdaderos costes de la ampliación. 
Más adelante la Comisión de Presupuestos presentará un informe especial sobre esta materia. 
Empecemos los debates a tiempo. 
Intentemos mantener la particularmente interesante colaboración y los criterios comunes durante el fascinante camino que nos conducirá a la ampliación. 
De ese modo, creo que podemos confiar en encontrar soluciones comunes. 
La presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003 queda cerrada. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0117/2002) del Sr. Stenmarck, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2003. 
. 
(SV) Señor Presidente, cuando hace algunos meses fijamos las directrices para el ejercicio del año 2003 hubo gran unidad de criterios en el Parlamento en torno a las tres prioridades de la categoría 5. 
Se trataba, en primer lugar, de los preparativos para la próxima ampliación; en segundo lugar, de las necesarias reformas institucionales y, en tercer lugar, de que todo esto tendría que realizarse dentro de los marcos presupuestarios. 
Estas prioridades deben ser transformadas en cifras y en cuentas en euros y céntimos que el Parlamento tendrá que estudiar. 
Si el Consejo Europeo en su Cumbre de Copenhague en diciembre hace un big bang, es decir, decide que diez nuevos países se incorporarán a tiempo para participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, nos enfrentaremos a enormes exigencias. 
Éste es el mayor reto para la Unión Europea. 
Si se realiza una ampliación de estas características, un total de 147 observadores tendrán que estar en sus puestos a comienzos de 2003. 
Para esto se propone que se reserven 6 millones de euros. 
En total se calcula que en 2003 los costes relacionados con la ampliación sobrepasarán los 32 millones de euros. 
Mediante una política previsora, el Parlamento ha trabajado conscientemente durante largo tiempo para facilitar la próxima ampliación. 
Es un trabajo que ahora continúa en los presupuestos de 2003. 
En estos presupuestos hay también reservas para adelantar algunos costes de 2004. 
Son 51 millones de euros. 
En otras palabras, esto implica en total un esfuerzo económico de 89 millones de euros, sólo durante un ejercicio presupuestario. 
Pero para que todo esto sea realizable, el Parlamento Europeo tiene que dar la máxima prioridad a la ampliación y esto debe tener repercusiones en el trabajo presupuestario. 
El proceso de reformas del Parlamento Europeo es de enorme relevancia, y ostenta la segunda prioridad. 
Creo que muchos diputados han escuchado en los últimos años comentarios en el sentido de que éste no es un verdadero parlamento. 
Antes pudo haber sido un comentario valedero, ya que el Parlamento carecía de un verdadero poder legislativo. 
Hoy el Parlamento es colegislador en muchas materias. 
No es difícil predecir que esta facultad va a continuar aumentando. 
Para que esto sea posible, deben fortalecerse las funciones clave del Parlamento. 
Se trata de la posibilidad de que los diputados ejerzan el poder que corresponde a los parlamentos en los regímenes democráticos: presupuestos, legislación y función controladora. 
Si no se apuesta seriamente por fortalecer estas funciones, también habrá personas en el futuro que sostengan que éste no es un verdadero parlamento. 
Por ese motivo hay que fortalecer estos aspectos, hay que posibilitar un mejor seguimiento de los presupuestos y hay que dar más respaldo a los diputados en las tareas legislativas. 
Si todo esto- costes de la ampliación y reformas necesarias del Parlamento- debe tener cabida en la tercera prioridad, es decir, si hay que hacer frente a más gastos dentro de los marcos presupuestarios, se necesitará un estricto proceso presupuestario. 
A pesar de todos los compromisos que implica la mayor ampliación en la historia de la UE, es posible equilibrar los presupuestos de 2003 dentro del marco del 20 por ciento que desde hace tiempo ha correspondido al Parlamento en los presupuestos comunes. 
Para el próximo año prevemos un aumento del 1,6 por ciento, que debe compararse con un posible aumento promedio de un 3,5 por ciento para todas las instituciones comunitarias. 
Cuando hace algunos meses iniciamos los trabajos presupuestarios para el ejercicio de 2003 se había calculado un gran déficit para la categoría 5. 
Unos meses más tarde, la mayoría de las instituciones han respondido positivamente al reto del Parlamento y del Consejo para concentrarse en las actividades fundamentales, disminuyendo así sus gastos. 
Cuando ahora vemos las cifras de los presupuestos de las otras instituciones, queda claro que es perfectamente posible que podamos hacerlo todo dentro de los marcos existentes, sin tener que emplear el instrumento de flexibilidad. 
Finalmente, permítanme hacer una pequeña corrección técnica. 
En el punto 22 de la resolución se menciona la cantidad de 15,5 millones de euros de reserva para edificios. 
Para reflejar de manera adecuada la decisión de hoy, convendría ajustar esta cantidad, para que el Parlamento quede bajo el techo de 1 051 millones de euros. 
Señor Presidente, me complace ser el primero en felicitar a nuestro ponente por haber elaborado un paquete presupuestario para nuestro Parlamento en 2003. 
Nosotros como Grupo podemos apoyar plenamente muchos de los elementos incluidos en su informe. 
En particular, las disposiciones relativas a la ampliación, especialmente la inclusión de observadores y otras disposiciones. 
Hay, sin embargo, tres cuestiones que siguen preocupándonos. 
La primera tiene que ver con un plan de jubilación anticipada, que quisiéramos ver aplicado en esta institución como se aplica en otras. 
Nos gustaría que el Consejo llegara a las conclusiones adecuadas para que tal plan pueda incluirse en el procedimiento de 2003. 
Ello, junto con otras reformas, contribuirá a preparar nuestra institución para la ampliación. 
Hay otros dos aspectos de mayor preocupación que tienen que ver con la forma en que la administración responde a las peticiones y a las consultas de los parlamentarios. 
La primera se refiere a la Oficina Interinstitucional de Contratación de Personal que nosotros como Parlamento, y como Comisión de Presupuestos, llevamos mucho tiempo pidiendo. 
Tenemos ahora ante nosotros un texto pero no hay forma de modificarlo ni debatirlo. 
Entendemos que el Sr. Gargani, como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ha enviado esta mañana una carta al Presidente haciendo constar que dicha comisión esté preocupada por cuestiones administrativas de índole jurídica. 
Mi Grupo comparte también esas preocupaciones y, por tanto, apoya lo que ha recogido en su informe el Sr. Stenmarck, es decir, que nos gustaría que la comisión correspondiente dispusiera de un informe sobre esta oficina de contratación propuesta antes de que se adopte una decisión definitiva. 
Entendemos, asimismo, que el Consejo pretende modificar este documento y, por tanto, no vemos por qué nosotros, como diputados, no deberíamos tener también ese derecho. 
Por último, en cuanto a los edificios, mi Grupo ha analizado las necesidades de ampliación de los despachos, etc., y hemos presentado una petición. 
Mi Grupo todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre los edificios que necesitamos. 
Sin embargo, entendemos que las negociaciones para la construcción de nuevos edificios en Bruselas están en plena marcha, sin que se haya dado ninguna autorización ni políticamente ni en la Comisión de Presupuestos, puesto que no disponemos de documento alguno. 
Por ello, he presentado una enmienda, en nombre de mi Grupo, que pide la aclaración de esta cuestión. 
Igual que el informe Podestà se refiere a la traducción y a la interpretación, debería haber un informe sobre los edificios que indique los compromisos necesarios, para que no ocurra como en el pasado cuando el Parlamento se enfrentó a hechos consumados y tuvo que suscribir la propuesta. 
En conclusión, en estos dos aspectos, nos gustaría ver una mayor sensibilidad hacia los parlamentarios por parte de la administración y de la Mesa, porque en última instancia la soberana es la Asamblea. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría dar las gracias al Sr. Stenmarck por su informe. 
Estoy de acuerdo con él en que las previsiones que tenemos ante nosotros son esenciales porque afectan a los preparativos del Parlamento para la ampliación. 
Todos sabemos que esta es la mayor ampliación que ha experimentado la UE y, por tanto, es fundamental que los preparativos estén listos para 2004. 
Especialmente en el actual clima en el que la UE parece atacada sin motivo desde todos los flancos. 
Nuestra credibilidad depende más que nunca de hacer esto bien. 
En ese sentido, es imperativa la necesidad de mejorar el suministro de información y, por consiguiente, yo respaldo el aumento del 15% recogido en este informe para este aspecto. 
Acercar más a la gente el trabajo del Parlamento Europeo debe ser una de nuestras principales prioridades. 
Cada vez es más evidente que todo el trabajo que hemos estado realizando en cuanto a facilitar información no ha captado el interés del público europeo. 
Hace poco han llegado a mi conocimiento pruebas sobre el referéndum irlandés relativo al Tratado de Niza que demuestran que los ciudadanos que acudieron a las oficinas de información del Parlamento o la Comisión no estuvieron suficientemente convencidos o motivados para ir a votar. 
Si esto es así, necesitamos una revisión fundamental de lo que estamos publicando y de cómo nos estamos comunicando con la gente. 
¿Qué animó pues a la gente a ir a votar? 
La fuente de información que animó de manera más eficaz a la gente a ir a votar "sí" fueron las conversaciones con los amigos y la familia. 
El mensaje obvio para nosotros es que la edición de montañas de folletos impresos en papel satinado no está haciendo llegar el mensaje. 
Yo, por ejemplo, conozco continuamente a personas que están totalmente confusas sobre las funciones de las distintas instituciones. 
Por consiguiente, hemos de reconocer que debe haber una cooperación interinstitucional en la política de información y que dicha cooperación se ha desarrollado con bastante lentitud. 
Sé que alguna de estas cuestiones pueden tratarse en la Convención y sé que el Consejo está hablando de abrir su proceso de toma de decisiones para permitir una mayor transparencia. 
Sin embargo, hemos de tener un enfoque centrado y mejor dirigido, y yo no estoy plenamente convencida de que la propuesta recogida en este informe de transmitir por internet las sesiones plenarias del Parlamento vaya a resolver realmente el problema. 
¿Cuántas personas se sentirán inclinadas a sentarse frente al ordenador y ver estas transmisiones? 
Antes de que recorramos ese camino deberíamos realizar un estudio piloto y analizar la relación coste-valor de la medida. 
También me preocupa mucho el modo en que las instituciones van a tratar las propuestas para la financiación de los costes administrativos. 
La Sra. Comisaria Schreyer nos ha informado hoy de que el gasto administrativo de presupuesto propuesto para 2003 presentará un margen negativo de 66 millones de euros. 
Se ha propuesto completarlo mediante el instrumento de flexibilidad. 
Yo tengo muchas reservas al respecto, porque entiendo que el instrumento de flexibilidad está pensado para circunstancias imprevistas. 
¿Cómo podemos justificar ante el contribuyente que lo empleamos para fines administrativos que son conocidos y que están previstos desde hace mucho tiempo? 
¿Qué pasa si se produce otra crisis el próximo año? 
¿Cómo financiaremos las medidas para abordarla? 
La Sra. Comisaria Schreyer se ha referido también a las pensiones. 
Reconozco que en este ámbito se ha producido un aumento espectacular en cuanto a las prestaciones que necesitamos, dado el perfil demográfico del personal de las instituciones. 
Sin duda necesitamos propuestas a largo plazo que analicen cómo podemos hacer financiar las pensiones mediante la creación de un fondo o de medios alternativos. 
La cuestión del rigor presupuestario se menciona una y otra vez. 
Deseamos más rigor presupuestario, pero el Consejo ha de ocuparse de dos grandes temas para conseguirlo, y es una pena que no esté aquí para escuchar esto: el primero es el tema del régimen de lenguas. 
El elemento más afectado por la ampliación en la institución serán los costes de personal y de edificios relacionados con los idiomas. 
Aunque yo apoyo el derecho de todos los parlamentarios a hablar en su propia lengua, debemos reconocer que es necesario racionalizar esto y que existe un peligro de pérdida de dinamismo en nuestras reuniones. 
Por tanto, el Consejo debe analizar las disposiciones del Tratado para ver cómo podemos racionalizar este aspecto. 
En segundo lugar, el tema de la sede del Parlamento Europeo requiere una atención urgente. 
Este hecho por si solo tiene una gran repercusión en los costes. 
Sin duda es hora de que el Parlamento tenga una sede. 
Señor Presidente, el Sr. Stenmarck ha elaborado unas previsiones muy sensatas y equilibradas sobre ingresos y gastos del Parlamento para el próximo ejercicio, por lo cual le expreso mis mejores agradecimientos. 
El informe también sienta las bases para el posterior debate del presupuesto que tendrá lugar en el otoño. 
Es probable que los presupuestos para el ejercicio 2003 sean los últimos antes de la ampliación de la UE. 
Por ello, el ponente ha consignado en la reserva fondos de importante cuantía para la acogida de los nuevos Estados miembros. 
El ponente propone una consignación inmediata de 32 millones de euros para las necesidades de la ampliación y 51 millones de euros más para una reserva especial. 
Si también tomamos en cuenta las reservas de 6 millones de euros para los observadores y de 15 millones de euros para las instalaciones requeridas por la ampliación, mi Grupo es de la opinión de que existen suficientes reservas para los preparativos de la ampliación. 
La cuestión lingüística es de las más difíciles de gestionar. 
Prácticamente todos los nuevos Estados miembros aportan su propia lengua a la Unión Europea. 
Desde el punto de vista de una democracia operativa, es de vital importancia que cualquier ciudadano de la UE pueda presentarse como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo sin que se le exija que hable fluidamente ningún idioma extranjero. 
Este hecho impone ciertas exigencias al Parlamento Europeo en cuanto a los servicios de interpretación. 
Todo el mundo debe poder intervenir en los debates en su propia lengua materna. 
Por otro lado, es prácticamente imposible organizar la interpretación de las lenguas minoritarias a través de intérpretes directos. 
Por ejemplo, el finés puede traducirse primero al inglés y luego al griego. 
En mi opinión, debería atribuirse a las lenguas mayoritarias, inglés, francés y alemán, la función específica de ser vehículo para la interpretación del mayor número de lenguas posible, también de las lenguas minoritarias. 
Así, los diputados al Parlamento podrían escuchar la traducción de la lengua original desde estas lenguas vehículo a través de un solo intérprete. 
Otro problema central es el apoyo a las funciones básicas del Parlamento. 
Es inconcebible que haya escasez de personal para organizar los trabajos de las comisiones parlamentarias, al tiempo que viene creciendo sin cesar el trabajo legislativo. 
Es importante reforzar este trabajo de base. 
El Parlamento debe ser capaz de abordar las cuestiones con un alto nivel de calidad, ya que la Comisión y el Consejo nos llevan gran ventaja y, sobre todo, porque, si no, se escatimaría la calidad del trabajo legislativo. 
Señor Presidente, según su anteproyecto de presupuestos, la Comisión quiere crear 500 cargos provisionales para cubrir las necesidades de la ampliación, los cuales serían financiados movilizando el instrumento de flexibilidad. 
Esta modalidad de financiación es inadecuada. 
No se trata de gastos imprevistos. 
También el Parlamento quiere prepararse para la ampliación contratando a nuevo personal. 
Para financiar esto, se tiene la intención de utilizar, entre otros métodos, las llamadas prioridades negativas, es decir, que lo que se quiere es recortar y desmantelar las actividades actuales. 
En tal caso, los ahorros afectarían con mayor gravedad a las actividades del Parlamento destinadas a conservar la pluralidad, la diversidad y la multiplicidad de manifestaciones, por lo que esta modalidad de financiación es inapropiada. 
Está justificado que tanto la Comisión como el Parlamento consignen de forma visible en la categoría V del presupuesto los gastos administrativos derivados de la ampliación. 
Está justificado que se rebase el límite máximo de gastos administrativos incluido en el Acuerdo interinstitucional, entre otras cosas porque cuando se contrajo dicho Acuerdo, no estaba previsto que ingresaran diez nuevos Estados miembros con nueve lenguas nuevas. 
Hay que satisfacer los gastos derivados de la ampliación, y éstos deben ser consignados en el presupuesto de forma transparente. 
Señor Presidente, está claro que en el momento actual es difícil de apreciar cuáles van a ser los costes de la ampliación. 
Pero también debemos tener claro que en el futuro los costes de la ampliación no deben desbordarse. 
Los datos económicos en la Unión en lo referente al crecimiento económico y al empleo no son especialmente buenos. 
A ello viene a sumarse que la carga que deben soportar los ciudadanos por los gastos en Europa, ha alcanzado con un 46% un máximo histórico. 
Hablando en plata, esto significa que los Estados miembros tienen que renunciar entre los años 2003 y 2008 a ingresos fiscales ya que los tipos fiscales en vigor son demasiado elevados y es absolutamente necesario reducirlos, lo que ya hemos dado a conocer en esta Asamblea. 
Al mismo tiempo, los presupuestos de los Estados miembros no van a poder soportar cargas adicionales, por ejemplo, como consecuencia de aportaciones mayores. 
Los ciudadanos de la Unión no van a aceptar más cargas. 
Si, a pesar de ello, lo acordamos, el paisaje político de la Unión cambiará de modo definitivo en el futuro y, posiblemente, no de modo positivo para Europa. 
Los ciudadanos nos darán la respuesta con gran seguridad en las próximas elecciones. 
Señor Presidente, Comisaria, compañeros, el estado de previsiones del Parlamento Europeo para el año 2003 hay que verlo como un acierto del ponente, nuestro compañero Stenmarck, porque ha localizado una serie de puntos fundamentales sobre los cuales es bueno que este Parlamento se pronuncie. 
Uno de ellos es la ampliación y el otro, la asistencia a los diputados. 
Evidentemente, en la ampliación tenemos que buscar un equilibrio entre el calendario político y la eficiencia, sin que se produzca un desbordamiento en los gastos administrativos y en los gastos de los inmuebles, tema que para los diputados y para este Parlamento tiene un enorme interés porque, muchas veces, la imagen pública de este Parlamento se resiente, si se realiza un gasto desmedido en los inmuebles. 
Ése es el sentido de la enmienda que presenta nuestro Grupo: buscar una mayor información por parte de los servicios correspondientes de este Parlamento para ver cuál es la necesidad real de estos inmuebles. 
Por otra parte, la asistencia a los diputados requiere también un equilibrio entre las exigencias profesionales y la inmediatez de la actividad de los diputados, que es muy específica y que necesita la asistencia puntual e inmediata. 
Este Parlamento ha aumentado sus responsabilidades políticas, tenemos nuevas competencias, y una serie de necesidades técnicas que hay que satisfacer y, sin embargo, no ha evolucionado lo suficiente la parte administrativa de nuestra asistencia. 
Por eso es necesario seguir las recomendaciones del estudio ROME-PE. 
Creemos que el ponente las ha recogido perfectamente bien en su informe y, por eso, salvo negociaciones posteriores con la Mesa, la opinión del ponente es la que debe prevalecer para este informe. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su trabajo y después recalcar la importancia del apartado 20, donde se pide la transmisión audiovisual las sesiones de este Parlamento, también a través de Internet, así como su archivo. 
Al contrario de la Sra. Gill, creo que es importante el principio de publicidad. 
Habrá reuniones más seguidas y otras mucho menos; sin embargo, creo que Internet permite costes más bajos y hace posible recuperar un principio fundamental de la democracia como es el hacer públicas las reuniones que sabemos que lo son sólo en teoría, sobre el papel. 
En efecto, sabemos que el ciudadano europeo no puede acceder a estas instancias: no importa si interesarán a miles o decenas de personas, el hecho es que no lo puede hacer si no está invitado por alguien. 
Los costes pueden ser muy inferiores que los que actualmente se soportan por el variado material de propaganda o para la información mediática. Por el contrario, ésta sería una información directa, no mediatizada, que devuelve a nuestros trabajos el principio de publicidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los informes siguientes: 
informe (A5-0161/2002) del Sr. Trentin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Recomendación de la Comisión relativa a las orientaciones generales de política económica 2002 para los Estados miembros y la Comunidad (COM (2002) 191- C5-0191/2002- 2002/2075 (COS)) 
informe (A5-0145/2002) del Sr. Marinos, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la evaluación anual de la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia (apartado 4 del artículo 99 del Tratado CE) (2002/2016 (INI) ). 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, nos enfrentamos a una situación económica todavía muy incierta que exige a las Instituciones europeas superar una actitud de mera espera de los efectos de la recuperación americana. 
Por otra parte, también esta última resulta, como en Europa, todavía lenta y desigual según los sectores de qué se trate, y se entrecruza con procesos de reestructuración que tienen considerables consecuencias en el empleo y que reclaman importantes inversiones de capital. 
No es casualidad que el Gobierno de los Estados Unidos haya adoptado una política fuertemente intervencionista que debería hacer reflexionar a las Instituciones europeas que han de enfrentarse todavía a un prolongado estancamiento de las inversiones, por lo menos si quieren que en este período no aumente nuevamente la brecha de competitividad que separa a Europa de los Estados Unidos. 
En estas condiciones, el necesario cumplimiento de los compromisos del Pacto de Estabilidad, en particular en lo que se refiere a los déficits de los presupuestos nacionales y a la tendencia a la reducción del endeudamiento, no puede, como algunos sostienen, sustituir una fuerte coordinación de las políticas económicas y sociales y de una policy mix capaz de influir en las políticas económicas de los Estados de la Unión y en particular de la zona euro. 
El umbral del 3% impuesto para los déficits presupuestarios de los Estados nacionales no se debe superar. 
Ahora bien, en este punto, ¿cómo es posible no comprender que la escasez de los recursos disponibles para cada Estado para una política económica y social, así como medioambiental, capaz de dar un nuevo impulso a la economía y al empleo, hace indispensable la creación de nuevas sinergias, a través de una estrecha coordinación de las políticas económicas, sociales y medioambientales, especialmente en la zona euro, una coordinación, entre otras cosas, que debería manifestarse también en la política de suministros de materias primas y en particular de petróleo, al objeto de reducir las fluctuaciones de los precios y contrarrestar las amenazas de inflación? 
Es por esto que en nuestro informe pedimos a la Comisión que proponga al Consejo y a algunos grupos de Estados experimentos de coordinación abierta precisamente en los sectores de las inversiones en los que el Consejo Europeo de Lisboa había encontrado los mayores retrasos de la Unión Europea en la construcción, a más tardar en el año 2010, de una economía y de una sociedad del conocimiento hacia el pleno empleo y la cohesión social. 
Me refiero en particular a las inversiones en investigación y desarrollo, a las inversiones, costosas si no son de cara a la galería, a la formación permanente, una política, ésta, que no se puede disociar del recurso a la flexibilidad del empleo; me refiero asimismo a las inversiones susceptibles de aumentar, de permitir un envejecimiento activo basado en la voluntariedad y en la recualificación de los trabajadores más mayores para proteger el mantenimiento de un sistema de seguridad social de carácter universal; me refiero, por último, a las inversiones en infraestructuras integradas de redes y de servicios que pueden determinar, con el esfuerzo de los Estados, con el esfuerzo de cada uno de nosotros y con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones una reactivación inmediata del empleo. 
Me parece asimismo importante y urgente que se preste atención a las indicaciones del Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas, en los casos de fusión y reestructuración, al objeto de estimular, también por medio del benchmarking, la práctica de información y de consulta de los trabajadores y con el fin de encontrar soluciones basadas en la creación de empleo y en la formación permanente, alternativas al desempleo estructural. 
Señor Presidente, éste es el camino que Jacques Delors proponía ayer y que continúa proponiendo hoy en su entrevista en Le Monde de esta mañana. 
Es el camino que puede transmitir a la economía y a los mercados un fuerte efecto de anuncio favorable a la reactivación económica también en los países que hoy marcan el paso. 
Por último, señor Presidente, quisiera que la Comisión y el Consejo aceptarán la invitación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a fin de que, además de ser escuchado, el Parlamento participe en mayor medida en la elaboración de las grandes orientaciones de política económica y en la promoción de una mayor cooperación entre las Instituciones europeas, de modo que también este proceso se cumpla en el marco de la transparencia y con la participación informada de los parlamentos. 
Primera: me alegra mucho que tratemos en un debate conjunto sobre los informes Trentin y Marinos, pues de este modo se muestra de nuevo muy claramente que no sólo no existe ninguna contradicción entre el programa de estabilidad y de convergencia y las líneas básicas de la política económica sino que incluso se complementan recíprocamente. 
Segundo: quien compare los objetivos de Lisboa con la realidad, sabe cuánto hay que hacer aún y ve que se han producido considerables retrasos en la aplicación de dichos objetivos. 
Los objetivos de Lisboa, consistentes en hacer de la UE el área económica más competitiva y dinámica del mundo basada en los conocimientos y que haga posible un crecimiento económico permanente con más y mejores puestos de trabajo y una cohesión mayor, son el objetivo supraordenado al que nos hemos comprometido todos, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Tercera observación: señor Comisario, en nombre de mi Grupo apoyo plenamente el contenido de las líneas básicas que ha presentado y creo que a pesar de algunas enmiendas que también hemos apoyado, merecen básicamente nuestro respaldo y son correctas. 
El modo mejor y más seguro de alcanzar nuestro objetivo es mediante el modelo de la economía de mercado social y ecológica. 
Tengo que subrayarlo de nuevo, pues esta economía implica, por un lado, unos mercados libres liberalizados que funcionan y, por otro, tiene en cuenta la responsabilidad frente a empresas, trabajadores y consumidores así como la sostenibilidad como parte de la responsabilidad de futuro. 
Quiero apelar a una parte de los oradores de la izquierda: terminemos por fin de enfrentar la política social a la económica y la política de empleo a la estabilidad de los precios. 
La estabilidad de los precios es condición previa para el crecimiento y el empleo y el crecimiento y el empleo son condición previa para la cohesión social en nuestra sociedad. 
Quien cuestione el pacto de estabilidad y de crecimiento, grava el futuro y actúa irresponsablemente. 
Quien lo respete, posee suficiente margen de actuación para iniciativas políticas e inversiones. 
Exijo más consecuencia en la aplicación y respeto de lo acordado. 
La aplicación de lo acordado en Lisboa, de los criterios de convergencia, del pacto de estabilidad y de crecimiento, del plan de acción para servicios financieros, que implica planes de liberalización y también suficientes posibilidades de coordinación. 
La coordinación a costas del derecho de consulta nunca encontrará nuestro apoyo pero sí la coordinación para la aplicación de nuestros objetivos comunes. 
El mercado interior fortalece la competitividad de Europa en el mundo. 
Pero no supone una prohibición de la competencia dentro de Europa. 
Necesitamos la competencia de los productos y la competencia de los sistemas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los socialistas dicen sí a la necesaria política de estabilidad. 
La estabilidad no puede ser un fin en sí misma, debe servir al crecimiento. 
Europa necesita una política de crecimiento más voluntarista. 
Para conseguirlo, es necesario invertir más en las infraestructuras europeas. 
La rentabilidad colectiva de las infraestructuras es siempre muy superior a su rentabilidad financiera directa. 
Cuántas regiones de Europa han conocido un desarrollo más importante gracias a una red de trenes de alta velocidad, gracias a una nueva autopista, a un puerto más moderno, a un aeropuerto. 
Las redes de comunicación y las redes de transporte de energía son también un factor de desarrollo y crecimiento. 
Diez años después del lanzamiento de las RTE (redes transeuropeas) es obligado constatar que pocos proyectos de entonces han llegado a buen término. 
Peor aún, el crecimiento de la movilidad ha llevado una saturación de todas las redes de infraestructuras existentes. 
Los que proponen la liberalización de los mercados de la energía no parecen darse cuenta de la insuficiencia manifiesta de las interconexiones existentes para el transporte de energía. 
Igualmente, aquéllos que desean una liberalización de los transportes ferroviarios parecen ignorar que las capacidades existentes en las redes ferroviarias ya están saturadas. 
Esto vale para el transporte de pasajeros y también para el transporte de flete. 
Con toda evidencia, necesitamos una extensión de las redes transeuropeas en todos los ámbitos. 
Se trata de una política típicamente comunitaria ya que las redes transeuropeas- y el mismo nombre lo dice, señor Presidente- no se detienen en las fronteras nacionales sino que sirven a toda la economía europea. 
La Comisión estaría bien inspirada si acometiera las redes transeuropeas y previera la extensión de todas esas redes. 
Esas redes transeuropeas deben ser objeto de financiación europea. 
El presupuesto de la Unión, el Banco Europeo de Inversiones, deben contribuir. 
Son necesarias las financiaciones públicas y privadas. 
La política de infraestructuras europea sirve al crecimiento, también al empleo inmediato, pero sobre todo sirve al crecimiento y por tanto al empleo a medio y a largo plazo. 
Quisiera terminar, señor Presidente, dando las gracias a los dos ponentes pero sobre todo a mi colega Bruno Trentin por su informe 2002. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar deseo expresar el apoyo del Grupo Liberal a los dos informes de nuestros colegas Trentin y Marinos, que tratan dos temas claves en este mecanismo- para nosotros excesivamente complicado- de la política económica y monetaria de la Unión: los pactos de estabilidad y las grandes orientaciones en política económica son piezas clave. 
Desearía destacar los siguientes aspectos: en primer lugar, nosotros apoyamos plenamente la política de rigor presupuestario y el cumplimiento de los compromisos que se establecen en los pactos de estabilidad. 
Por lo tanto, lamentamos mucho que los Estados miembros, en el Consejo Ecofin del mes de febrero- si no recuerdo mal -, no apoyasen la propuesta de la Comisión sobre la preocupación que se expresaba en relación con la evolución de las economías y de la administración de sus respectivos presupuestos, tanto en Portugal como en Alemania. 
Añado, igualmente, nuestra preocupación por lo que acaba de anunciar el actual Gobierno francés. 
Por lo tanto, apoyo la política de rigor que ha de dar la confianza y la solidez que se había asegurado para el conjunto de la economía europea al tener su moneda única, el euro. 
Por último, señalo que con respecto a las grandes orientaciones de política económica, evidentemente, nosotros estamos de acuerdo con las propuestas que se hacen en el informe Trentin y muy especialmente en los aspectos que llevan a desarrollar los compromisos de Lisboa después de su revisión en el Consejo de Barcelona. 
Estamos de acuerdo, en particular, con el difícil compromiso entre alcanzar una mayor competitividad y al mismo tiempo no abandonar la política de cohesión económica y social. 
Esto, evidentemente, sólo puede lograrse poniendo el acento- como lo hace el informe Trentin y como propone la Comisión de Asuntos Sociales- en la sociedad de la información y en el desarrollo de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
Ello llevará, evidentemente, a esta sociedad de la información y del conocimiento que nos permitirá incrementar la calidad y ser más competitivos, como se pretende al final de esta década. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera darle las gracias en nombre de mi Grupo a nuestro eminente colega, Bruno Trentin, y felicitarlo no solamente por sus cualidades personales, sino también porque el informe que se adoptó ayer por la tarde en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios contiene a mi juicio un mensaje político importante. 
Este mensaje consiste en decir que el Parlamento, de adoptarse este informe, rechaza la estrategia de espera realizada por los gobiernos de los países miembros y aboga por un crecimiento cualitativo más fuerte. 
Este mensaje se traduce en la puesta en evidencia del hecho de que en el triángulo que los economistas conocen bien, el formado por el volumen de la deuda pública, el volumen de ingresos públicos y el volumen de gasto público- ya se trate de gasto corriente o, sobre todo, de gastos de inversión contemplados por este informe -, se trata de tomar también en consideración el nivel de gasto público requerido para realizar los objetivos definidos en Lisboa y también en Gotemburgo. 
Y no es necesario ser un gran experto para darse cuenta de que este mensaje se opone a lo que se oye generalmente. 
Para convencerse basta con ver los programas electorales de los principales partidos, que hacen hincapié en la reducción de los ingresos públicos sin precisar verdaderamente qué ingresos públicos deberían reducirse. 
Por consiguiente, con respecto a una situación de competencia fiscal que se acelera entre los Estados miembros, pienso que la enmienda 7 es absolutamente crucial, porque alerta contra la presión que se ejerce sobre el gasto público. 
Más allá de los apartados fiscales que a nuestro juicio están muy poco desarrollados en el informe, es también la razón por la cual la enmienda 8 nos parece un mínimo estricto en lo que respecta al impuesto de sociedades y a la aplicación de las conclusiones del informe Primarolo. 
Pero sería necesario también- el Comisario lo sabe bien- que avanzáramos en materia de fiscalidad medioambiental y en materia de imposición de la renta a los capitales, puntos sobre los cuales el debate está estancado. 
Finalmente, señor Comisario, con respecto al Pacto de Estabilidad, mi Grupo no votará el informe Marinos, porque creo que hay una contradicción, al contrario de lo que han señalado los demás oradores, entre el informe Trentin y el informe Marinos. 
El informe Marinos aboga por un respeto estricto de los programas de estabilidad. 
Y yo creo que, en interés de los ciudadanos, no es prudente rechazar la apertura de un debate sobre el Pacto de Estabilidad. 
No es prudente pretender obstinarse a cualquier precio en el respeto por los calendarios estrictos en equilibrios presupuestarios: el nivel de las deudas públicas de los Estados miembros importa más que, sencillamente, el respeto estricto de los saldos presupuestarios. 
Creo que hay un vínculo a establecer entre la escalada de la extrema derecha en Europa y el hecho de que los Estados ya no saben responder a las necesidades elementales de sus ciudadanos, o en todo caso que la satisfacción de esas necesidades se está degradando. 
Ahora bien, necesitamos finanzas públicas a la altura de las exigencias para responder a las necesidades. 
Señor Presidente, en la Unión Europea tenemos un mercado interior y en doce Estados miembros tenemos una moneda única, pero no tenemos una política económica y fiscal europea a nivel comunitario ni tampoco una política de empleo. 
Aquí radica el dilema básico. 
Sobre las líneas básicas se puede ser perfectamente de opinión diferente. 
Si apostamos por el crecimiento, se puede discutir si la condición previa para el mismo no es un elevado empleo, pues éste fortalece la capacidad adquisitiva y, en consecuencia, la demanda interna. 
Se puede discutir sobre si la política económica orientada a la oferta quiere frenar algo en relación con la política económica orientada a la demanda. 
Pero si no logramos unas políticas a nivel comunitario, no solucionaremos el problema. 
Nos encontramos ante una competencia de los Estados miembros entre sí por los emplazamientos de las empresas. 
Esto significa que al menos en las líneas básicas de la política económica se tienen que determinar algunas condiciones marco comunes. 
¿Cómo de elevados pueden o deben ser los gastos de inversión en los presupuestos? 
¿Es realmente necesario- tal como se dice en el texto- apostar preferentemente por la reducción de gastos o no se puede modificar también el lado de los ingresos mediante la justicia fiscal? 
¿Porqué no existe una igualdad de trato entre las sociedades personales y las de capitales en el derecho fiscal? 
¿Porqué no paga cada empresa o persona particular que obtiene beneficios también impuestos por ello? 
Estas son condiciones marco que se pueden establecer para que en los países exista también igualdad de competencia. 
La cuestión que nos tenemos que plantear- el Sr. Karas lo ha expuesto en mi opinión de modo indebido- no consiste en que los de izquierda queramos practicar una política social en contra de la política económica o una política de empleo en contra de la política de estabilidad. 
Una buena política de empleo, un desempleo bajo es la condición previa para que se produzca crecimiento. 
Es decir, están vinculadas entre sí. 
Por ello, tenemos que recapacitar sobre cómo podemos configurar la política económica y social imbricándolas entre sí de un modo decididamente mejor en vez de enfrentarlas. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero dar las gracias al Sr. Trentin por su magnífico informe y por el trabajo que ha realizado, un trabajo que pone de manifiesto de manera bastante evidente el estancamiento de la tasa de crecimiento de la política económica de esta nuestra Comunidad: un dato que ha sido destacado, al igual que lo ha sido, y aprovecho la presencia en el Pleno de los Comisarios, el problema de la escasa colaboración, en clave económica, entre la Unión Europea y el Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, no es sólo una cuestión de confiar en que en el futuro el esfuerzo de colaboración entre el Parlamento y la Unión se convierta en realidad. 
Es una necesidad objetiva si se continúa creyendo en la primacía de lo político sobre cierto tipo di economía lobbista que, sin duda, hasta la fecha no ha dado el resultado esperado, como queda demostrado por los datos relativos al estancamiento económico. 
Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de una situación de este tipo? 
Yo creo que ante los problemas epocales que hoy se plantean en nuestro mundo- alguien los ha mencionado, alguien los ha abordado- hace falta empezar a reflexionar tratando de conjugar la capacidad empresarial de nuestra gran Europa y los problemas de cohesión social que se han puesto en evidencia también en el informe del Sr. Marinos. 
Es necesario asimismo saber interpretar en clave moderna la nueva relación entre la nueva economía y el Estado Social, aquel Estado Social que hoy es necesario interpretar en clave moderna. 
En Italia estamos tratando de hacerlo, lo estamos haciendo, sobre todo con la gran batalla que estamos librando para modernizar la relación entre capital y mundo laboral, con el fin de llegar a una gran síntesis de estos dos aspectos, también con vistas- ésta es la invitación que hago al Sr. Trentin y a los demás colegas de mi comisión- a lo que ocurrirá en los próximos años con la ampliación que ya se avecina. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, presidida por la Sra. Randzio-Plath, ha estado recientemente en Bulgaria, donde hemos podido examinar los presupuestos de esos Estados, con alguna preocupación objetiva por los que serán los reflejos en nuestra economía. 
Por lo tanto, reflexionemos como si la ampliación estuviera en puertas y felicitémonos del esfuerzo que estamos haciendo. 
Considero que el Sr. Trentin ha hecho bien en recordar en su recomendación los antiguos y nobles valores de los que los europeos son tradicionales portadores y, por lo tanto, que la Comisión de Asuntos Económicos ha trabajado bien en esta dirección que es la dirección de la efectiva creación de un Estado europeo, fuerte en la economía y solidario en los contenidos. 
Uno puede decir lo que quiera, pero también debe hacer lo que dice. 
Y esto último deja a menudo que desear cuando se trata de cumplir los acuerdos alcanzados en el ámbito socioeconómico. 
Desde la Cumbre de Estocolmo perseguimos el objetivo de integrar la política social y de empleo y la política medioambiental en la política económica a fin de garantizar un desarrollo sostenible. 
Hace dos meses, la Cumbre de Barcelona dio pie a que al informe preparatorio del Sr. Trentin se incorporaran numerosos objetivos sociales y laborales por la vía de la enmienda. 
Veo que los objetivos sociales y laborales aparecen en el informe del Sr. Trentin, pero, a mi parecer, no se presta suficiente atención a los aspectos medioambientales. 
Por lo visto, la integración de las políticas económica y social plantea menos problemas que la integración de la política medioambiental en la política económica. 
¿Acaso es porque la política medioambiental cuesta dinero y no aporta resultados económicos directamente cuantificables? 
Por todo ello soy partidario de que las orientaciones para la política económica, aparte de hacer referencia a la importancia del medio ambiente, incluyan asimismo objetivos medioambientales claros y concretos. 
Pienso, por ejemplo, en la incorporación de unos objetivos relativos al consumo energético y las reducciones de las emisiones de CO2. 
El crecimiento económico habrá de ir acompañado de un uso responsable de los recursos naturales. 
Por lo demás, he comprendido que el método de coordinación abierta no funciona realmente como quisiéramos que funcionara. 
En la práctica sucede que en muchas ocasiones la aplicación de este método implica una falta de compromiso, aparte de que el método no está muy bien definido. 
El resultado es que la cooperación sobre la base del método de coordinación abierta no es lo suficientemente vinculante para los Estados miembros. 
Por eso es conveniente que se explique claramente cómo se lleva a cabo la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito del empleo y de la política social, habida cuenta de la responsabilidad de éstos. 
Señor Presidente, señor Comisario, también yo quiero dar las gracias a los ponentes por su trabajo. 
En este Parlamento resuenan continuamente dos fórmulas, casi mágicas, típicas de cierto europeísmo: modelo social europeo y economía social de mercado. 
Lo que no se ha dicho- y que, de hecho, se ha dicho a menudo- es que esto marca la diferencia entre el modelo europeo y el modelo americano, altruista y solidario el primero, egoísta y cínico el segundo. 
Creo que haríamos bien en preguntarnos si, en realidad, estos estilemas se corresponden a la realidad, si de verdad el modelo europeo está protegiendo a las clases más débiles, a las clases de los outsiders. 
¿Es cierto que nuestra legislación económica produce resultados mejores que la estadounidense? 
En los documentos del Consejo que hoy estamos debatiendo resuena el mantra optimista y consolador del objetivo de Lisboa: convertir dentro de diez años a Europa en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. 
Excelente propósito, naturalmente; sin embargo, se evita recordar que ya han pasado dos años y que la economía europea está como al principio, que las reformas necesarias se aplazan o diluyen de Cumbre en Cumbre y que las esperanzas de los parados europeos de encontrar trabajo, gracias al crecimiento, siguen dependiendo de la reactivación de la economía y de la locomotora estadounidense. 
Es una constante: se fijan objetivos altisonantes y ambiciosos, y después, si no se alcanzan porque no podían ser realmente perseguidos, pues paciencia. 
Es necesario acelerar las reformas. 
Las llamadas al orden que se hacen a Italia en las OGPE de este año son las mismas que se han hecho a lo largo de los últimos cinco años, pero no sucede nada que responda a las exigencias del mercado laboral, de la previsión social, de las profesiones liberales, de la liberalización de los mercados. 
Y concluyo, señor Presidente, con una observación: hace tan solo diez años, Japón era considerado como una economía invencible, con un modelo social extraordinariamente protector. 
Actualmente, una larga recesión acompañada de la incapacidad de realizar las reformas liberales de aquella economía, parecen condenar a Japón a una lenta como imprevista agonía. 
Evidentemente, son realidades no comparables, diferentes; sin embargo, el caso japonés es una advertencia que en Europa haríamos bien en tener muy presente. 
. 
Señor Presidente, la Comisión puede aceptar las enmiendas 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33 y 34. 
También podría aceptar en principio, pero previa reformulación, las enmiendas 8, 14, 15 y 18, y rechaza las restantes. 
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Señor Presidente, recomiendo la aprobación de la posición común sin enmiendas. 
En el debate celebrado ayer en el Parlamento, se plantearon cuestiones acerca de si había o no una plena armonización. 
Quisiera hacer constar a la Asamblea que existe una plena armonización respecto de la información a los consumidores antes de la suscripción del contrato sobre, por ejemplo, el proveedor, los servicios financieros, el contrato a distancia y el mecanismo de reparación. 
En relación con el apartado 4 del Artículo 3, se expresó una preocupación especial sobre la información en materia de obligaciones contractuales que había de facilitarse al consumidor durante la fase pre-contractual. 
En concreto, se expresó preocupación sobre si ello era conforme con la Directiva sobre comercio electrónico, por lo que yo quisiera manifestar que, en mi opinión, si lo es. 
Remito a la Asamblea, en particular, al considerando 56 de la Directiva sobre comercio electrónico. 
Les aseguro a sus señorías que, por ejemplo, los sitios web estarán sometidos al principio del país de origen. 
En cuanto al Artículo 42, yo diría que es necesario, teniendo en cuenta que está pendiente una nueva legislación de armonización; por tanto, ese artículo es necesario. 
Ruego a la Asamblea que rechace la enmienda 49, puesto que la redacción del artículo es correcta cuando dice que "se aproximarán las legislaciones". 
Esta es la redacción habitual en una directiva mientras que la otra forma de redacción se encontraría en un reglamento. 
Por último, también debería rechazarse la enmienda 50 porque requiere la inclusión de una fecha específica de 2003, lo cual no es apropiado. 
Lo adecuado es estipular, como es normal, dos años después de la aprobación. 
En estas circunstancias, la Comisión recomienda la aprobación sin enmiendas de esta posición común. 
Señor Presidente, ¿no debería pedirnos su Señoría que votemos a favor del texto? 
Está usted dando la vuelta a la votación e invirtiéndola. 
El voto del "sí" sería para que se mantuviera el texto y el "no" sería en contra del texto, ¿no es cierto? 
La última vez que hizo usted esto fue bastante confuso. 
La intención es modificar el texto común y eso requiere una mayoría cualificada. 
Están sus señorías votando a favor o en contra de la supresión porque el texto común ya está ante nosotros. 
Lo estoy expresando del modo correcto tanto desde el punto de vista político como de procedimiento. 
(El Presidente declara aprobada la posición común (así modificada)) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0143/2002) del Sr. Theodorus J.J. Bouwman, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (14854/1/2001- C5-0070/2002- 2001/0006 (COD)) 
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Puedo comunicarle que la Comisión está dispuesta a aceptar todas las enmiendas a la posición común del día 18 de febrero de 2002, ya que somos de la opinión que las enmiendas presentadas no sólo mejoran la posición común, sino que ayudan a clarificarla en muchos aspectos. 
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(EN) Señor Presidente, en el párrafo 7, deberíamos suprimir las palabras "Comité Consultivo sobre Turismo", de tal forma que el párrafo diga :... "convoque al Foro para que se reúna en público". 
Esta es la única solución correcta. 
Pido a sus señorías que la aprueben. 
Homogeneizar las estadísticas a escala de la Unión sería algo útil, y ésa es la razón por la cual hemos votado este informe. 
Pero las estadísticas, incluso en un ámbito tan sencillo como el número de parados, son, y esto es público y notorio, falseadas por todo tipo de manipulaciones gubernamentales. 
Con mucha más razón, ¿cómo obtener estadísticas fiables sobre las rentas cuando hay una desigualdad fundamental entre las rentas de los asalariados y las de sus patronos? 
Los patronos conocen casi hasta el último céntimo los salarios de los trabajadores de sus empresas, pero ¿qué conocen estos últimos sobre los ingresos de sus patronos? 
El importe de los ingresos del capital como, más en general, su funcionamiento, se disimula tras el famoso secreto de los negocios, hecho para todo tipo de despilfarro, para todo tipo de especulación y de corrupción. 
A falta de transparencia, las estadísticas de la Unión Europea sobre los ingresos de las clases ricas siempre serán datos fantaseados, homogeneizados o no. 
La cooperación técnica y científica entre Europa y la India, los intercambios comerciales y participaciones cruzadas de científicos en el marco de programas paralelos, por supuesto, somos favorables a ello. 
No hemos votado por tanto en contra del informe pero nos negamos a avalarlo. 
Porque, tras la fachada de la "cooperación", hay una realidad, y en primer lugar la que, hecha de desprecio por los explotados, revela los mismos ejemplos que cita el ponente. 
Los países pobres, dice, deben prescindir de las fuentes de energía que utilizan los países ricos: son demasiado caras para ellos. 
El informe no menciona ni por un instante las causas de esta pobreza: siglos de explotación colonial, posteriormente imperialista, de la India. 
No menciona tampoco los beneficiarios de los elevados precios de la energía- entre los cuales se encuentran algunas compañías europeas que están entre los gigantes mundiales del petróleo, del gas o de la electricidad. 
El informe presenta como una ayuda el hecho de que la Unión Europea instale, en zonas rurales de la India, tecnologías energéticas de sustitución cuyas patentes son generalmente propiedad de los gigantes ya citados de la energía. 
El informe propone que la Unión Europea dote a los campesinos de tecnologías de transformación de su producción agrícola, con el fin de que puedan... 
(Explicación de voto acortada en aplicación del párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(EN) Los Conservadores británicos han votado en contra de este informe debido a las preocupaciones cada vez mayores sobre los efectos y la aplicación de estos acuerdos. 
En primer lugar, no estamos convencidos de las ventajas de unos acuerdos que implican un elevado coste para los contribuyentes europeos y que, sin embargo, parecen suponer unos beneficios limitados para los pescadores de la UE en su conjunto. 
En segundo lugar, somos escépticos acerca de la adecuación financiera de estos planes y de cómo se gastan los ingresos. 
Se sigue resaltando el efecto sobre los pescadores locales pero es preocupante la actitud de que la UE pueda sencillamente llegar y llevarse el sustento de estos pescadores de subsistencia. 
Al final hemos visto el daño que la PPC ha hecho a las poblaciones de peces en todas nuestras costas. 
La PPC ha sido un desastre medioambiental sin paliativos. 
Creemos que es todo un error plantear que la única respuesta a la tan calamitosa situación de nuestras reservas de peces sea simplemente levantar el ancla e ir a repetir el ejercicio en las aguas de otros. 
Señor Presidente, este informe de la Sra. Maij-Weggen se refiere a la lista de los documentos accesibles al público. 
Dígame, señor Presidente, ¿cuál es el documento del Parlamento Europeo que es más fiel y más cercano a la realidad de todos los documentos del Parlamento y que debemos poner en este registro? 
Usted no me responde, pero seguramente lo ha adivinado: el documento más fiel del Parlamento Europeo no puede sino ser la cinta de vídeo de las sesiones del Pleno. 
¿Se da cuenta, señor Presidente, de la fidelidad del resultado al ver que en el momento en que habla el Sr. Fatuzzo para explicar su voto, todos los demás diputados charlan alegremente con mi gran satisfacción? 
Es más, le ruego que no les llame al orden. 
Estimado colega Fatuzzo, le quiero indicar amablemente que si emite una explicación de voto, ésta debe estar relacionada algo con su comportamiento en la votación. 
El Parlamento Europeo acaba de votar un informe aparentemente muy loable sobre la lista de sus documentos directamente accesibles al público. 
Pero si bien se respetan las formas de la transparencia, se ejerce una censura insidiosa en diferentes estadios del trabajo parlamentario. 
Por ejemplo, las explicaciones de voto por escrito están en teoría limitadas a 200 palabras por el reglamento del Parlamento, pero desde siempre este límite se vigilaba con tolerancia, con el fin de dejar a los diputados manifestar convenientemente sus opiniones. 
Esta tolerancia parece disgustar a una parte; mientras que por otro lado las instituciones europeas tiran con frecuencia el dinero por la ventana, el Parlamento acaba de decidir el ahorro de tinta y de papel suprimiendo 100 palabras por aquí, 50 palabras por allá, en las explicaciones de voto de los diputados. 
He citado casos que me conciernen en el acta del período de sesiones del 25 de abril de 2002. 
Recordemos únicamente que hay sumas considerables que la Unión dedica a subvencionar a asociaciones que no sirven más que par a hacer simple propaganda. 
Evidentemente, prefiere oír permanentemente a asociaciones serviles en lugar de conocer las opiniones de los representantes del pueblo. 
Es todo un programa de "nueva gobernanza" el que se ve dibujarse aquí. 
- (NL) En otros tiempos la administración pública era propiedad privada del rey y de la nobleza, todas las decisiones eran secretas y la gente no poseía derechos civiles idénticos para todos. 
Desde entonces hasta ahora hemos recorrido un largo camino. 
Prácticamente nadie estaría dispuesto a regresar a esa situación pasada, pero sus secuelas aún no han sido erradicadas del todo. 
A los dirigentes y a las grandes empresas les viene muy bien que los ciudadanos no posean información o accedan a ella con retraso puesto que, de este modo, no les da tiempo a ofrecer resistencia a las medidas que interesan a los grupos privilegiados. 
Es más, las consecuencias de la democracia y la publicidad incluso infunden miedo en la medida en que son susceptibles de entrar en conflicto con las ideas tradicionales de las clases dirigentes acerca de la estabilidad y la seguridad de Estado. 
En el seno de la UE el grado de transparencia de gobierno varía considerablemente según se trate de Estados miembros del norte o del sur o de países grandes o pequeños. 
Ello hace posible que a escala de la UE continúe existiendo mucho secretismo. Basta con pensar en las reuniones a puerta cerrada de los Consejos de Ministros que se han atribuido ellos mismos el papel de Senado. 
La propuesta de hacer públicos todos los documentos del PE, tales como las listas de asistencia, las preguntas escritas, las actas, los resultados de las votaciones y las listas de los colaboradores está plenamente justificada, pero no supone ningún paso hacia adelante. 
Yo daba por supuesto que esos documentos revestían carácter público desde siempre, pero obviamente nada impide que se vuelva a hacer hincapié en ello. 
La lucha continúa. 
El Tratado de Amsterdam consagró el concepto de apertura y transparencia en los Tratados, de modo que todos los ciudadanos de la Unión y las personas físicas y jurídicas que residan o tengan su sede social en un Estado miembro tienen derecho a consultar los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
Con esa orientación el Parlamento estableció en su Reglamento que "las categorías de documentos que estén directamente (y en texto íntegro) accesibles serán enumeradas en una lista que deberá aprobar el Parlamento y que se adjuntará al presente Reglamento". 
De ese procedimiento y de esa lista precisamente trata este informe. 
Ha merecido enteramente nuestro apoyo, por corresponder a una contribución positiva más a la materialización en el nivel europeo del principio de transparencia y acceso público a los documentos, aquí, en el marco concreto de nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, aunque sea necesario escuchar con mucha atención, existe siempre un nexo entre mis explicaciones de voto y los motivos de mi voto favorable o contrario. 
Respecto al informe Foster, por ejemplo, que se refiere a la seguridad aérea, a primera vista parece que no hay ninguna relación con el hecho de que, al llegar aquí a Estrasburgo en avión, pensé precisamente en la seguridad aérea y en este informe, con el cual el Sr. Foster pide justamente que se establezcan determinadas medidas para tener vuelos seguros. 
Me hice la siguiente reflexión: la seguridad que el Sr. Foster nos prepara es tan segura que no quisiera que en los aviones desaparezca ese movimiento ondulante y acunador que no permite descansar incluso cuando estamos entre las nubes. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe también porque, como aviador, me felicito de que se mejore la seguridad. 
Sin embargo, hablando de seguridad, estoy bastante preocupado por el hecho de que, por razones de política exterior, nos veremos obligados o nos han convencido de que acojamos en nuestro país a trece peligrosos palestinos que salieron de la iglesia de la Natividad que habían ocupado con las armas. 
No quisiera que esta esquizofrenia europea, de un lado, mejorase la seguridad en un sector, y del otro, nos expusiese a enormes riesgos- pienso que puedo decirlo con seguridad -, puesto que estos trece al no haber sido liberados seguramente no son buena gente y, en todo caso, constituyen un riesgo y un peligro para nuestros conciudadanos. 
Hemos votado todas las enmiendas que van en el sentido de un refuerzo de la seguridad tanto para el personal de las compañías aéreas, de los aeropuertos y de las empresas que trabajan en ellos como para los usuarios del transporte aéreo. 
Pero no hemos votado las enmiendas que, con el pretexto de no-distorsión de competencia, ceden a las presiones de los grupos de presión- comenzando por los de las propias compañías aéreas- y sólo pueden llevar a ralentizar la aplicación de medidas indispensables o a actuar de forma que las medidas adoptadas no estén a la altura de las expectativas legítimas del público y del personal afectado. 
Hay que señalar que preconizando la financiación de estas medidas por las autoridades, la ponente reconoce de hecho que el mercado, las leyes de la competencia y del beneficio, es decir, el funcionamiento capitalista de la economía que alaban las instituciones europeas, son incompatibles con la seguridad de los usuarios y de los trabajadores. 
Y, desafortunadamente, el transporte aéreo no constituye en absoluto una excepción en este ámbito. 
- (NL) A diferencia de los trenes y los autobuses, la seguridad de los aviones depende íntegramente del correcto funcionamiento de sus motores. 
Si éstos se paran como consecuencia de un problema técnico o una operación de sabotaje deliberada el avión se estrella. 
En ese caso no sólo se convierten en víctimas los pasajeros, sino todo el que se encuentre en el lugar donde vayan a dar los restos del avión. 
Hemos podido ver cuáles son las consecuencias de este tipo de siniestros en casos como la caída intencionada de un avión en la localidad escocesa de Lockerbie y la catástrofe aérea sufrida por los habitantes de Bijlmermeer, un barrio residencial de Amsterdam, como consecuencia de la negligencia y el secretismo. 
La seguridad queda supeditada a la organización actual de la aviación civil. 
Ésta se basa en la competencia entre sociedades privadas que aspiran a adueñarse de la mayor parte posible del mercado de pasajeros reduciendo al máximo los costes y las tarifas. 
El mero hecho de que no existe un impuesto sobre el queroseno aventaja claramente a este sector, en detrimento del transporte por carretera. 
Las compañías aéreas prefieren cargar a las autoridades públicas con los gastos en materia de seguridad en lugar de incorporarlos al precio de los billetes de avión. 
La Sra. Foster suele ser su voz aquí. Está a favor del crecimiento irrefrenable del mercado aéreo. 
A mí me cuesta aceptar la continua presentación de propuestas basadas en la continuación de un modelo de organización que generará inexorablemente accidentes incontrolables. 
. 
(EN) Es hora de que la UE actúe a favor de los intereses de las líneas aéreas puesto que son uno de los sectores más gravemente afectados por los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Por tanto, apoyo totalmente este informe que tiene por finalidad aligerar la carga económica que supone pagar por una mayor seguridad y que actualmente soportan los aeropuertos y las líneas aéreas. 
Para que las líneas aéreas europeas sigan siendo competitivas frente a las estadounidenses, no pueden permitirse sostener la carga adicional que ha puesto sobre ellas el 11 de septiembre. 
De hecho, en el actual contexto en el que las compañías aéreas de Estados Unidos se benefician de grandes dádivas económicas, desgravaciones fiscales y ayuda estatal, es tremendamente injusto esperar que las compañías aéreas europeas sobrevivan, y no digamos compitan, ahora que se ven obligadas a pagar el nuevo aumento de las medidas de seguridad. 
Valoro positivamente también el aplazamiento de la entrada en vigor de esta norma hasta el 31 de diciembre de 2003: las líneas aéreas necesitan tiempo para impartir la nueva formación necesaria y para adquirir equipamiento adicional. 
Señor Presidente, este informe sobre los servicios financieros ha recibido mi voto favorable, mío personal y también como representante del Partido de los Pensionistas. 
¿Por qué? 
Pues bien, señor Presidente, antes de tomar mi vuelo desde el aeropuerto de Milán Malpensa, en lugar de encontrarme con el grupo de pensionistas que siempre me viene a saludar, me encontré con el notario Sr. Barbati, que es mi notario. 
"¿ Pero qué haces aquí ?", le dije, "Tú no estás jubilado". 
Me contestó: "Es verdad, Fatuzzo, pero en la pagina 16/22, en la enmienda 21 al artículo 6, apartado 3, letra b) bis del texto, se cuestiona la intervención del notario en los contratos que deben ser amparados por la directiva". 
Por este motivo, y por haber sido aprobada esta enmienda, he votado a favor, también para proteger el trabajo de los notarios. 
. (DE) El Consejo nos ha hecho un regalo muy extraño y peligroso con el nuevo artículo 3§4. 
Este artículo dice en la práctica que en la fase precontractual- que contiene, por ejemplo, informaciones, publicidad, ofertas, etc. que se pueden encontrar en un site de internet- no es suficiente con que el prestador de servicios se atenga al derecho del Estado miembro en el que se ha establecido, sino que tiene que conocer también el de los otros 14 con todas sus características especiales. 
Un prestador de servicios debería crear además no sólo un site en internet sino 15, todos ellos adaptados a las características especiales de la legislación de los diversos Estados miembros. 
Ante tales obstáculos, apenas se puede hablar de un mercado interior común. 
Este artículo perjudica también al consumidor, pues debido a la inseguridad jurídica originada, la mayoría de las empresas eludirán atemorizadas ofrecer sus servicios a través de la cómoda vía de internet para los consumidores. 
De modo similar al artículo 3§4, el artículo 16 de la posición común prevé una excepción al principio del país de origen, si bien limitada temporalmente, y a la directiva E-Commerce, al permitir a los Estados miembros que impongan las normas nacionales a un prestador de servicios establecido en un Estado miembro si su Estado miembro aún no ha aplicado la directiva. 
Este modo de proceder totalmente absurdo podría constituirse en un precedente peligroso y debería desaparecer del texto. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado I del artículo 137 del Reglamento) 
Señor Presidente, he votado a favor- ¿cómo podía no hacerlo? -de la recomendación del presidente de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, Sr. Bouwman, que justamente se ha preocupado de proteger a los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. 
Pero, señor Presidente, ¿cuándo nos vamos a ocupar de la insolvencia de los Estados miembros a la hora de pagar las pensiones? 
Hay muchos pensionistas que reciben su pensión con retraso: estamos ante un caso de insolvencia del Estado. 
Hay muchos ciudadanos que, tras haber trabajado durante muchos años, reciben pensiones insignificantes, miserables: es un caso de insolvencia del Estado. 
Hay muchas viudas que reciben menos de la mitad de la pensión que percibían sus difuntos esposos: ¿no es ésta acaso una insolvencia igualmente grave del empresario que espero que algún día el Sr. Bouwman se encargará de resolver de alguna manera? 
La única razón por la cual hemos votado estas enmiendas es que la obligación de "poner en funcionamiento una institución que garantice a los trabajadores afectados el pago de los activos impagados" que consideran que debe asegurar en toda la Unión Europea que los trabajadores a los que la quiebra de sus patronos pongan en la calle cobrarán al menos una parte de las indemnizaciones legales. 
Pero esta protección es escandalosamente limitada. 
Los textos de las instituciones europeas prevén la exclusión de esta protección de algunas categorías, los empleados de hogar y los pescadores remunerados a la parte. 
Pero, además, entre las enmiendas hay una que precisa que los "Estados miembros pueden fijar límites a la responsabilidad de las instituciones de garantía". 
En otras palabras, si se define una obligación general, los Estados pueden hacer lo que quieran, y especialmente limitar las indemnizaciones abonadas a los trabajadores. 
En cuanto a la financiación de esos fondos de garantía, la enmienda 6 precisa hipócritamente que "los empresarios deben contribuir a la financiación, a menos que ésta no la garanticen íntegramente los poderes públicos". 
Si bien vale ciertamente más, para la protección de los trabajadores, que sean los poderes públicos los que garanticen el pago de las indemnizaciones en caso de quiebra del empresario, con toda... 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado I del artículo 137 del Reglamento) 
Lamentablemente, el Consejo no aceptó en primera lectura algunas de las propuestas que presentamos y que el Parlamento había aceptado, encaminadas a una mejor protección de los trabajadores en caso de insolvencia de la entidad patronal, con modificación de las Directivas de 1980 para adaptarla a los frecuentes casos de insolvencia en la Unión Europea. 
Aunque la posición del Consejo mejore ya la situación anterior, era necesario insistir en las enmiendas destinadas a incluir, en el ámbito de la Directiva, las nuevas formas y las nuevas relaciones laborales y la ampliación a las indemnizaciones por el cese de dichas relaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio nº 173 de la OIT. 
Prevaleció la insistencia en los casos previstos en la legislación nacional. 
Aunque votásemos favorablemente las enmiendas propuestas por el informe, no podemos dejar de lamentar que no se haya avanzado más y que, en particular, se haya remitido a una solución de transacción con la Comisión, que estudiará la situación de los trabajadores ante las nuevas formas de organización del trabajo y este mismo año celebrará una audición pública con el PE sobre ese tema. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe de la Sra. Pack sobre el Año europeo de la educación por el deporte 2004. 
Pues sí, señor Presidente, he soñado con la Sra. Doris Pack. 
Pero, por extraño que parezca, soñé que la Sra. Pack estaba casada con tres diputados europeos, los campeones Mennea, Messner y Vatanen. 
Pero en el sueño, señor Presidente, la Sra. Pack cogía un garrote y me golpeaba, me golpeaba recriminándome: "¿ Pero quién sabe que dirás mañana en el Parlamento Europeo para explicar por qué has votado a favor ?" 
Es extraño, señor Presidente, pero cuando me he despertado esta mañana me dolían todos los huesos. 
A pesar de que recibí los golpes en sueños, me siento todavía dolorido. 
. 
(EN) Ésta es una excelente iniciativa y yo suscribo plenamente el objetivo de destacar el valor educativo del deporte. 
Puede ganarse mucho con el establecimiento de colaboraciones entre las organizaciones deportivas y los centros de educación. 
Como diputado procedente de Irlanda, me complace particularmente que esta propuesta dedique el año 2004 a la Educación a través del Deporte. 
Ello coincidirá con la presidencia irlandesa de la Unión en el primer semestre de 2004 y puedo garantizar a sus señorías que Irlanda desempeñará un papel muy destacado en muchas de las acciones previstas. 
Irlanda cuenta con una larga tradición deportiva, y, en particular, con tradición de voluntarios y deporte aficionado. 
Todos somos conscientes de que en 2004 tendrá lugar una serie de eventos deportivos importantes. 
Se van a celebrar el Campeonato Europeo de Fútbol y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Atenas. 
La propuesta prevé que 2003 sea un año de preparación, coincidiendo el inicio de algunas actividades con el año académico 2003-2004. 
Irlanda será la anfitriona de los Juegos Olímpicos Especiales en 2003, y es digna de alabanza también la aportación de la UE a la organización de este acontecimiento. 
Será una experiencia cultural y deportiva única para los atletas participantes de 160 delegaciones internacionales de todo el mundo. 
Es fundamental seguir insistiendo por todos los medios en un mejor aprovechamiento de los valores del deporte para la mejora de los programas de educación (en particular, de la llamada "educación paralela") y la consolidación y la expansión, en ese marco, de una estrecha cooperación entre las organizaciones educativas y deportivas, con lo que se dará plena expresión al valor educativo y al enorme potencial educativo del deporte. 
Por eso, apoyamos la iniciativa de organizar en 2004 un "Año Europeo de la Educación por el Deporte", lanzada por la Comisión para el mismo año de la Copa Europea 2004 (fútbol) y de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Atenas. 
Y, también por eso, hemos votado a favor del valioso informe de la Sra. Doris Pack. 
Los objetivos del Año Europeo- del que destacamos la sensibilización de las organizaciones educativas y deportivas para con el trabajo en común, la debida consideración del voluntariado y el incentivo de las actividades deportivas en los programas escolares -, así como los medios financieros por movilizar- un plan financiero de 11.500.000 euros- indican perfectamente la importancia de esa nueva línea de acción sensibilizadora. 
Pero deseamos conceder preferencia claramente a una mayor eficacia en el terreno y en esa medida aprobamos las enmiendas a favor de un decidido fortalecimiento de la financiación de las acciones locales, nacionales y transnacionales y de las iniciativas de las organizaciones europeas que trabajan en los sectores educativo y deportivo. 
La verdad es que buena parte de los objetivos perseguidos con el Año Europeo resultarían frustrados, si, al final, comprobáramos que se habían consumido en gran parte dichos recursos en más "exámenes y estudios". 
. 
(EN) Apoyo plenamente este informe que reconoce las diversas ventajas que ofrece el deporte, que van desde la mejora de las habilidades sociales y de la integración hasta el trabajo con organizaciones de voluntarios y la inclusión de las mismas. 
En la UE reiteramos constantemente la necesidad de fomentar la integración: el deporte es el modo ideal de lograrlo. 
Durante demasiado tiempo las actividades deportivas se han supeditado a la llamada educación formal. 
Relegar las actividades deportivas supone negar los muchos beneficios que el deporte trae consigo; es algo en lo que todo el mundo puede tener éxito, con independencia de la posición social o de la raza. 
Por tanto, el fomento del deporte refuerza y mejora otros proyectos comunitarios, desde la lucha contra el racismo y la exclusión social hasta la inclusión de las personas con discapacidad. 
Dado que muchos de los objetivos de la UE pueden conseguirse, en parte, fomentando los deportes, la UE debe promocionar el deporte como actividad funcional a la vez que recreativa. 
Por último, una vez que los Estados miembros comiencen a cooperar más en este ámbito y a demostrar cómo han integrado el deporte en sus sistemas educativos, haremos por fin realidad todo el potencial que el deporte ofrece. 
Señor Presidente, este informe, que he respaldado, se refiere a la ampliación del programa Tempus III. Tempus fugit, se me ha ocurrido. 
Pero ¿qué tiene que ver "tempus fugit"? 
Se escribe en muchos relojes. 
Discúlpeme, señor Comisario, pero se me ha ocurrido que con el paso de los años los jóvenes y los trabajadores llegan a ser pensionistas si tienen suerte. 
Entonces, la invitación que hago- a mí, pero también al Sr. Ojeda Sanz y a su programa Tempus III- es que hay que acordarse que es necesario pensar más, trabajar más, hacer más, esforzarse más para que los jóvenes, que si tienen suerte se convertirán en pensionistas en el futuro, puedan vivir bien en esta etapa de sus vidas. 
Consideramos muy importante la propuesta, formulada ahora por TEMPUS III, de incluir el objetivo de "promover el entendimiento y la aproximación entre las culturas y desarrollar sociedades civiles libres y florecientes", exactamente con la orientación indicada en la Declaración de Barcelona de 1995, que constituye la Asociación Euromediterránea. 
Y, en particular, que se formule en el momento en que se pretende hacer extensivo a partir del próximo año el programa TEMPUS III a los países y territorios abarcados también por el Reglamento MEDA (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Jordania, Autoridad Palestina, Siria y Líbano) y no ya sólo a los países de la Europa central y oriental... actualmente abarcados por los programas CARDS y TACIS. 
Las indicaciones recogidas de la experiencia de TEMPUS I y II, en materia de cooperación transeuropea de estudios universitarios, han sido claramente positivas, motivo por el que afrontamos con confianza (aunque a reserva de una evaluación detenida y objetiva, al final) las innovaciones ahora propuestas a lo largo de TEMPUS III. Confiamos en las diferentes evaluaciones del programa TEMPUS, que, como demuestran, es un instrumento válido para fomentar el entendimiento mutuo y consideramos que precisamente con ese espíritu debe concentrarse toda la programación de sus actividades. 
Lo bonito de la vida es que no sólo hay comedias en Dante sino a veces también en el Parlamento Europeo. 
. (EL) El informe y la propuesta de resolución sobre una estrategia europea para el turismo? un sector particularmente importante para la economía y el empleo en la Unión Europea, pero también particularmente descuidado? tiene muchos aspectos positivos, de ahí mi voto a favor. 
Deseo, en todo caso, añadir: 
Primero: la Unión Europea debe retomar la elaboración de un programa específico para el turismo, como el que proponía el proyecto PHILOXENIA, que chocó con la oposición de determinados países miembros. 
Segundo: el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de las zonas turísticas, amenazadas de muerte por asfixia a causa de las políticas que aplican frente a ellas los operadores turísticos más implantados en Unión Europea, debe ser objeto especial de la política social. 
Tercero: se requiere una política más amplia dirigida a conciliar el desarrollo turístico con el respeto a la herencia histórica, a la personalidad estética y a las tradiciones particulares de cada zona turística, bastante dañadas por el desarrollo de un turismo de tipo industrial y homogeneizador. 
Los diputados MPF han votado en contra del informe Torres Marques, que reclama una política europea del turismo. 
Consideramos que se trata en este caso de una competencia nacional, incluso regional o local, y que las cooperaciones deben ser libres. 
Sin embargo, desde hace años, la Comisión y el Parlamento Europeo trabajan sin descanso, de "comunicación" en "libro blanco", de "reunión informal" en "informe de propia iniciativa", para atraer esta competencia a su seno. 
La primera ha creado en su seno una "Unidad Turismo". 
El segundo ha confiado la atribución del turismo a una de sus comisiones parlamentarias. 
Han logrado deslizar la mención de un ' turismo para todos? en las conclusiones del reciente Consejo de Brujas. 
La Presidencia española acaba de producir un 'documento de trabajo? sobre el tema, que incluye incluso la' dimensión ética? del turismo. 
Todos quieren para el turismo competencias europeas, dinero europeo, personal europeo. 
El informe Torres Marques que examinamos en el día de hoy concluye apelando a la Convención sobre el futuro de la Unión para que proponga ' para el sector turístico... una sólida base jurídica que pueda dar fuerza a las acciones comunitarias?. 
¿No es eso confesar que todo lo que se ha hecho hasta ahora en este ámbito no se apoya en ninguna base legal? 
. 
(EN) Valoro positivamente la iniciativa de la Comisión de proponer formas de impulsar nuestra industria turística, un sector que puede contribuir de manera muy importante a las economías locales, regionales y nacionales. 
Tengo la suerte de vivir en uno de los lugares más hermosos de la Unión, en West Cork, Irlanda. 
Lo menciono sólo para indicar que soy plenamente consciente de las ventajas que puede aportar a una zona un turismo cuidadosamente desarrollado. 
Debemos conseguir un equilibrio adecuado: proteger la belleza natural, el patrimonio y el medio ambiente, que constituyen los atractivos de una zona, y al mismo tiempo sacar el máximo partido a los activos naturales a fin de mejorar la economía local. 
Constato que la Presidencia española tomó la iniciativa de organizar un Consejo Informal de Ministros de Turismo de carácter especial. 
Acojo favorablemente, en particular, la decisión de celebrar un seminario sobre los aspectos colaterales que afectan a quienes tienen intereses en el turismo. 
El sector turístico europeo sufrió un golpe muy duro el año pasado a raíz del 11 de septiembre. 
Algunos Estados miembros, entre ellos Irlanda, se vieron, además, afectados por la crisis de la fiebre aftosa. 
Toda ayuda que Europa pueda ofrecer para relanzar el sector es muy positiva. 
Quedo a la espera de la presentación de medidas y programas específicos en los que puedan participar los interesados en el sector turístico. 
. 
(SV) La industria turística es un importante motor para el desarrollo de actividades económicas en muchas regiones europeas. 
Obviamente respaldamos el fomento de la cooperación en el sector turístico para que éste pueda desarrollarse económica y socialmente en toda Europa. 
Sin embargo, la subsidiariedad es algo que nos interesa proteger y por esa razón nos abstenemos en la votación de este informe, ya que la creación de un fundamento jurídico y de un marco común para el turismo menoscabaría demasiado el principio de subsidiariedad. 
- (NL) En Europa no existe una opinión pública común. 
Algunos temas despiertan mucho interés en unos Estados miembros de la Unión, pero dejan completamente indiferentes a los habitantes de los demás países. 
Las opiniones, si es que las hay, suelen ser absolutamente contradictorias y en numerosas ocasiones dividen radicalmente a los Grupos políticos. 
El cultivo del tabaco, el papel de los fondos regionales, la financiación de la política agrícola común, la elección de Bruselas o Estrasburgo como lugar de reunión del PE, las ventajas fiscales para las islas periféricas, la pesca en el Atlántico y también el turismo son claros ejemplos de ello. 
Si en el PE se habla de turismo se trata sobre todo de la transferencia de ingresos de los habitantes de los Estados miembros del norte a las playas del Mediterráneo. 
Apenas se tienen en cuenta las consecuencias para el medio ambiente, el tráfico, la seguridad y la protección del consumidor, aunque es ahí donde se plantea el mayor número de problemas. 
Pues bien, estos problemas se consideran como responsabilidad exclusiva de las autoridades locales y regionales, en tanto que ' el turista como vaca lechera? pasa a formar parte de las competencias de la UE. 
En la práctica tendemos a adoptar documentos que ponen de manifiesto la importancia económica de las regiones cuyos ingresos dependen fuertemente del turismo. 
Por regla general, dichas regiones aspiran a atraer aún más turistas, distribuidos, de ser posible, a partes iguales entre todas las estaciones del año. 
Sólo la solidaridad con los habitantes de las zonas más desfavorecidas desde el punto de vista económico me impide votar en contra de estas propuestas. Ahora bien, no creo que con estas declaraciones sobre el papel vayamos a aportar una solución. 
. (DE) El futuro del turismo en Europa se encuentra en el desarrollo de un turismo sostenible que tenga en cuenta y promueva los aspectos ecológicos y medioambientales. 
Precisamente en el país turístico que es Austria, el principio del desarrollo sostenible en el sector del turismo goza del máximo valor. 
La protección y preservación de los paisajes naturales y de las zonas sensibles han demostrado ser decisiones de futuro y caracterizan el turismo de bajo impacto ambiental que se practica en nuestro país. 
Saludo por ello expresamente la iniciativa de la Comisión de elaborar y aplicar una Agenda 21 para la promoción de un desarrollo sostenible de las actividades turísticas en Europa. 
Espero que este paquete de medidas represente un paso más en la realización de un turismo europeo compatible con el medio ambiente y que proteja los recursos naturales. 
Sabido es el importante papel desempeñado por el turismo en la economía europea y sus grandes posibilidades en cuanto a crecimiento y desarrollo del empleo. 
Como también es sabido que, con ocasión de las cumbres ministeriales y en las conclusiones de los Consejos Europeos, en diversas ocasiones se ha abordado el turismo y se ha subrayado su importancia como motor del crecimiento económico de la Unión, en particular en las regiones menos desarrolladas. 
Por eso, en nombre del CDS/Partido Popular de Portugal, acogemos positivamente la propuesta de la Comisión, si bien compartimos en gran medida la crítica de la ponente- la Sra. Torres Marques -, que la consideró poco eficaz y ambiciosa. 
También creemos que la introducción de la moneda única es, en verdad, el trampolín ideal para dar un nuevo impulso al desarrollo del turismo en el marco europeo e igualmente consideramos positiva la propuesta de organizar un foro europeo anual con los mayores representantes del sector. 
Dicho foro contribuiría a aumentar el relieve público del sector en Europa, así como su integración en las diferentes políticas comunitarias. 
Pero ya vemos con reserva la propuesta de revisión aislada de los Tratados en este Parlamento y la adición del turismo a las competencias europeas. 
En efecto, la mala experiencia de tantos otros sectores en los que el establecimiento de competencias europeas ha servido para inspirar excesivas reglamentaciones uniformes, intromisiones continuas en la esfera de decisión nacional (e incluso regional) y atropellos constantes del principio de subsidiariedad nos aconseja prudencia al respecto, por lo menos hasta que se haya resuelto adecuadamente y en general el asunto del reparto de competencias en la Unión Europea, en el marco del debate global que ahora está en curso. 
. 
(SV) El turismo constituye un importante sector económico en Europa que, además, tiene un enorme potencial de desarrollo en los próximos años. 
La comunicación de la Comisión contiene numerosas propuestas interesantes sobre cómo potenciar aún más el empleo y la dinámica del sector. 
El método de coordinación abierto y el fortalecimiento del papel del Comité de Turismo son elementos importantes. 
También celebramos que el turismo se haga sostenible a largo plazo mediante la Agenda 21 para el turismo. 
Por el contrario, opinamos que en este informe no se respeta satisfactoriamente el principio de subsidiariedad. 
La creación de un programa europeo marco para el turismo significaría aún más gastos para los presupuestos de la Unión, que ya están excedidos. 
Tampoco es necesario dotar a la política de turismo de un fundamento jurídico en el Tratado. 
Si bien convendría una mayor coordinación, el turismo puede ser manejado en los ámbitos local y regional, por ejemplo, en relación con la mercadotecnia. 
Parece que al informe le falta confianza en la propia capacidad de desarrollo del sector. 
El sector turístico es importante para el futuro de las economías de todos los Estados miembros y es vital que la UE centre su atención en el futuro del turismo. 
De hecho, en los próximos diez años, el empleo en el sector está previsto que aumente en una elevada proporción del 15%. 
El sector turístico se ha beneficiado de la moneda única y su continuo crecimiento está directamente vinculado al hecho de que los ciudadanos europeos poseen ahora más renta disponible. 
Sin embargo, no debemos dormirnos en los laureles sino asegurar que el turismo sigue siendo dinámico y que este crecimiento no se estanca. 
Por tal motivo, apoyo plenamente este informe. 
El turismo debería pasar a basarse en el tratado, no para que los operadores sufran una regulación excesiva- de hecho, el crecimiento del sector depende de su capacidad para innovar de modo independiente- sino para que se vea como una importante cuestión europea. 
Ello crearía también algún tipo de estrategia de turismo de la UE vinculante y a largo plazo. 
Así se garantizaría que el turismo europeo sigue en la buena dirección y satisface las necesidades de los turistas de Europa. 
He votado a favor del informe Torres Marques y felicito al ponente por su excelente trabajo. 
El turismo es un sector de actividad muy importante para la Unión Europea, primer destino turístico mundial. 
Vivero de empleo, vector de la ordenación del territorio europeo, factor de intercambio cultural entre los ciudadanos de la Unión, la contribución del turismo a nuestra economía y a nuestras sociedades es múltiple. 
Al proponer un marco operativo y unas medidas concretas a favor del turismo, la Comisión reconoce su importancia y aborda varios problemas a los que se enfrentará el turismo europeo, sobre todo por el aumento de la competencia internacional. 
Frente a esta competencia creo que no existe más que una solución, la calidad. 
Estoy convencida de que es este imperativo de calidad el que debe guiar la acción de la Comisión en el ámbito del turismo. 
Por ello, formulé, por ejemplo, propuestas a favor de la formación para el empleo en el turismo, con el fin de valorizar las cualificaciones en este sector importante del empleo. 
Lamento sin embargo que la propuesta de la Comisión no sea más ambiciosa: espero compromisos a favor de un impuesto reducido de IVA para los servicios de restauración y eventualmente otros servicios turísticos... 
(Explicación de voto acortada en aplicación del párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento) 
Pienso que Dante se revolverá en su tumba al ver que se le compara conmigo, pero, en cualquier caso, se lo agradezco, señor Presidente. 
Debo decir que he votado a favor del informe Gröner- "Un nuevo impulso para la juventud europea" -en cuya página 8 se lee que la Sra. Gröner opina que también los partidos políticos deben aportar su contribución a la participación de los jóvenes, en concreto animándoles a presentar su candidatura a cargos políticos en el ámbito local, nacional y europeo. 
Sí, de acuerdo, pero tengo un problema, señor Presidente: ¿cómo puedo animar a los jóvenes a que presenten su candidatura en el Partido de los Pensionistas? 
Es lo primero que se me ocurre preguntarme. 
Pero hay una respuesta, señor Presidente, porque el Partido de los Pensionistas tiene una sección que se llama "Jóvenes para los pensionistas" y cuenta con muchísimos jóvenes en sus listas y en las asambleas donde han sido elegidos. 
Por lo tanto, permítame esta consideración que no podía dejar de hacer en esta ocasión. 
. (EL) La propuesta de resolución de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el Libro Blanco de la Comisión está llena de buenas intenciones. 
Hay pocas expectativas razonables, sin embargo, de que pueda resultar de alguna eficacia en la deseable transformación del marco negativo que se ha conformado con respecto a la juventud a escala europea, y que se expresa ya con la indiferencia de los jóvenes hacia el proceso de construcción europea ya con las protestas de sus sectores más avanzados con ocasión de las cumbres europeas. 
Semejante transformación no puede apoyarse simplemente en medidas especiales y fragmentarias, sino en una reorientación de las políticas sociales: de la disciplina presupuestaria, al empleo; de la privatización, al apoyo de la enseñanza pública; de la política represiva, a un marco de apoyo a los jóvenes que caen en la dependencia de las drogas y el alcohol; de la creación de una Europa fortaleza, a la integración de los hijos de los inmigrantes. 
Por nuestra parte, en cuanto al Libro Blanco presentado por la Comisión Europea sobre "Un nuevo impulso a la juventud europea", compartimos en gran medida las críticas de nuestros colegas de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte que censuran la puesta en marcha por la Comisión Europea del proceso de consulta con ideas ya preestablecidas y que lo llevase a cabo de modo que dichas ideas pasaran a ser resultados. 
Por otro lado, también consideramos indispensable velar por que en el futuro se preste mayor atención a las necesidades y a los intereses de los jóvenes de un modo transversal en las diferentes políticas de la Unión. 
Por último, también lamentamos la falta en el capítulo correspondiente del Libro Blanco de una referencia explícita a los numerosos programas de la Comunidad- desde los Fondos estructurales hasta programas como URBAN, EQUAL o incluso MEDA- que, desde hace mucho, han pasado a ser instrumentos axiales de las políticas comunitarias y conviene velar cada vez más por que promuevan un número suficiente de proyectos que redunden en beneficio de los jóvenes. 
Por eso, apoyamos con mucho gusto el informe de nuestra colega la Sra. Lissy Gröner. 
. 
(EN) Apoyo plenamente este informe que pide la revitalización de la política europea de juventud. 
Aunque la gente joven no ha quedado totalmente al margen del proyecto de integración europea, no se ha puesto un énfasis suficiente y continuado en su importancia para el futuro de Europa. 
De hecho, el futuro de la integración europea depende del interés y del apoyo de la próxima generación, y puesto que la guerra no está en el primer plano del pensamiento de los jóvenes- y ya no actuará como catalizador para la integración -, es vital que les incluyamos ahora. 
Una política europea de juventud más sólida puede contribuir a impulsar y reforzar las medidas adoptadas en el ámbito nacional para tratar problemas universales como las drogas y el alcohol. 
Por último, dado que todos los Estados miembros se enfrentan a la lamentable situación de la apatía creciente de los votantes- especialmente, entre los jóvenes- se valora del modo más positivo el llamamiento a favor de una mayor implicación política de la juventud. 
Es más útil buscar una solución para este problema a escala de la UE que los Estados miembros la busquen individualmente. 
Señor Presidente, no creo que esté mal hacer sonreír explicando por qué se ha votado. 
He votado a favor del informe que propone el nombramiento de Lucas Papademos como Vicepresidente del Banco Central Europeo. 
¿Por qué lo he respaldado, señor Presidente? 
La verdad, esta noche hice otro. 
Soñé con que estaba invitado a almorzar en casa de Lucas Papademos, en Atenas naturalmente, que me hacía tomar, como él, un baño en una piscina llena de monedas de euro y no de agua. 
Como el Tío Gilito, él se bañaba en las monedas de euro, y me decía: "Mi sueño es que todos los países candidatos adopten el euro inmediatamente; mejor dicho, todo el mundo debería adoptar el euro". 
Y entonces, señor Presidente, ¿qué mejor candidato que Lucas Papademos? 
También porque, cuando me desperté, me encontré con los bolsillos llenos de euros porque me había bañado vestido, puesto que me dio vergüenza desnudarme entre las monedas de euro. 
Estimado colega Fatuzzo, yo también he tenido esta noche un sueño. 
He soñado que por fin aprobábamos aquí en el Parlamento la modificación del Reglamento. 
Me he abstenido en el nombramiento del Sr. Papademos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, no solamente por voluntad de guardar las distancias con respecto al funcionamiento del euro, sino también en razón de algunas declaraciones del solicitante en el curso de su audición. 
En varias ocasiones ha mencionado, como si se tratara de una evidencia, el ' principio de responsabilidad? al que obedecería el BCE. 
Debo señalar que este principio no existe, ya que la responsabilidad debe ir normalmente acompañada de sanciones. 
De hecho, se trata de una simple obligación de informar al Parlamento Europeo. 
Estos informes no son por otro lado ni siquiera transparentes, ya que no se sabe cómo han votado los Gobernadores en el Consejo del BCE. 
En segundo lugar, el Sr. Papademos ha confirmado que el BCE estaba estudiando una reforma de las modalidades de voto en el seno del Consejo de Gobernadores, lo que el proyecto de Tratado de Niza dejaba entrever. 
En particular, parece encaminarse hacia el abandono de la igualdad de votos de los Gobernadores, regla alabada en el principio, pero que se revela en la práctica como causante de efectos perversos en las decisiones, especialmente relativas a los tipos de interés. 
Una nueva ilusión de Maastricht que se va. 
Señor Presidente, usted habrá notado que las explicaciones de voto del Sr. Fatuzzo comienzan a tener imitadores que me satisface que empiecen a seguir mis indicaciones, puesto que piden que el Parlamento Europeo tenga sólo una sede: no Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, sino sólo una sede. 
Me sumo a esta solicitud, señor Presidente, y le pregunto: ¿Acaso cuesta más el Sr. Fatuzzo por algún minuto de explicación de voto o cuestan más tres sedes del Parlamento Europeo 
con tres edificios, con tres despachos para cada diputado y para cada funcionario? 
Si llegamos a tener sólo una sede del Parlamento Europeo, yo estaría dispuesto a renunciar a las explicaciones de voto para expresar mi júbilo por el gran ahorro que se hará. 
¡Ese es el ahorro que hay que hacer y no en el minuto del Sr. Fatuzzo! 
Señor Presidente, creo que no estamos aquí para reírnos sino para decir cosas serias. 
Hemos votado el estado de previsiones del Parlamento en un momento en el que este Parlamento ha pedido el coste de los tres lugares de trabajo, en un informe votado el mes pasado en atención a la Convención europea. 
Pensamos que esa votación es importante y que al votar el informe Stenmark se señala la situación, como diría el Presidente Chirac, abracadabrante de nuestro modo de funcionamiento: tres lugares de trabajo y un despilfarro enorme de dinero público. 
Por ello, un grupo de diputados desea marcar hoy esta votación mediante las explicaciones de voto, esperando que su mensaje llegue a la Convención, algunos de cuyos eminentes representantes ocupan un escaño por cierto aquí mismo en este recinto. 
El mensaje es: dennos un único lugar de trabajo, una sola sede en Bruselas. 
Señor Presidente, ha mencionado una reforma del reglamento interior en su respuesta al Sr. Fatuzzo. 
Le recuerdo que el loco del rey cumplía una función indispensable. 
El loco del Parlamento cumple probablemente la misma función y quizá es más necesario oír cómo nos distrae que obnubilarnos sobre las cuestiones de la sede, que alimentan el populismo más de lo que cree. 
Señor Presidente, yo también he votado a favor del informe Stenmarck. 
Ahora bien, en dicho informe queda muy claro que una tercera parte de nuestro presupuesto se pierde en ese demencial vaivén entre las tres sedes del Parlamento Europeo. 
No se trata únicamente de los gastos financieros. 
También claman al cielo las incomodidades desde el punto de vista de la organización. 
El Gobierno francés ha pensado que Air France no tiene por qué ofrecer vuelos directos entre Amsterdam y Estrasburgo, así que tenemos que hacer verdaderos malabarismos para llegar aquí. 
Aparentemente, no cuesta nada construir un tren de alta velocidad hasta Disneylandia, pero resulta imposible hacer lo mismo hasta Estrasburgo. 
Sin embargo, la parafernalia de las mudanzas plantea sobre todo un problema de índole política. 
Como Parlamento debemos ejercer control sobre la Comisión y el Consejo, y la Comisión y el Consejo están en Bruselas. 
En otras palabras, la actual situación socava nuestra credibilidad política y, por tanto, es fundamental que reciba un tratamiento prioritario. 
Obviamente, hemos de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para resolver este problema antes de la ampliación. De esta manera podremos ofrecer a los franceses algo a cambio. 
Estoy dispuesta a hacer un buen trato, pero es importante que la Convención conceda la máxima prioridad a este asunto, de tal modo que podamos acabar con este circo. 
Señor Presidente, yo también he votado a favor del informe Stenmarck, que es muy bueno y deja en claro lo que cuesta todo este circo de las mudanzas. 
Hay que resaltar este asunto, hay que discutirlo en la Convención y en esta Asamblea. 
Todas las semanas visito colegios y cada vez- sin excepción- se me pregunta ¿Por qué viajan ustedes entre Bruselas y Estrasburgo? 
No saben nada de la UE, quizás no saben quién es el Presidente Prodi, pero sí saben que nos desplazamos entre Bruselas y Estrasburgo y opinan que es una locura. 
A mí me parece lo mismo. 
Somos como una compañía de teatro itinerante. 
Ya que funcionamos en diferentes sitios, el Consejo y otros podrían decir que sí, que somos un parlamento itinerante, sin mucho poder. 
Los costes son enormes, los parlamentarios derrochamos recursos y siempre hay problemas para llegar hasta aquí, vuelos con retrasos o suspendidos, etcétera. 
Tenemos que hacer que este hermoso edificio sea algo permanente, un Instituto Fatuzzo es una idea excelente. 
Debe tener una función mucho más importante que la actual, de manera que en el futuro podamos concentrar nuestras energías en los asuntos políticos importantes y no en desplazarnos entre las dos ciudades del Parlamento. 
Señor Presidente, creo, al igual que han dicho muy bien mis colegas van der Laan y Malström, que la cuestión es, por supuesto, eminentemente política. 
A lo largo de muchos años fui partidario de Estrasburgo con mis colegas radicales, pero creo que la degradación de los medios de comunicación y de una serie de servicios no autoriza ya el apoyo a Estrasburgo. 
Es una cuestión de dignidad política. 
Evidentemente, serán necesarias algunas reformas. 
Será preciso desmontar el salón de plenos de Bruselas que lleva menos a pensar en un Parlamento que en un Soviet Supremo. 
Pero será necesario también iniciar acciones con vistas al próximo calendario de este Parlamento. 
Será preciso dar a los períodos de sesiones de Bruselas una dignidad verdadera. 
Habrá que actuar de forma que tengan la misma dignidad que los períodos de sesiones aquí, en Estrasburgo. 
Será necesario por tanto al menos duplicar la duración de los períodos parciales de sesiones. 
Y nosotros nos dedicaremos a ello desde el próximo período de sesiones. 
Señor Presidente, Señorías, independientemente del voto que cada uno de nosotros ha dado a este informe, creo que es necesaria una aclaración, puesto que son muchísimos- no estoy seguro de que sean todos, pero seguramente son muchísimos- los colegas que soportan el peso de esta triple sede, sobre todo de las actividades que se realizan alternativamente en Bruselas y en Estrasburgo. 
Hay problemas de coste de gestión muy importantes, hay costes humanos que no se pueden infravalorar, hay fallos en la organización y, por lo tanto, una desorganización, y los plazos de tramitación de los procedimientos son largos. Además existe una inquietud, que en algunos casos se convierte incluso en rabia y desencanto, por parte de los ciudadanos que están informados de esta situación. 
Por consiguiente, he aquí las razones de nuestro voto, distinto pero unido, sobre este asunto. 
Señor Presidente, yo también he votado a favor del informe Stenmark y quiero añadir que todos sabemos que los costes de la ampliación no se pueden saber por el momento pero que tenemos que prestar atención para que los costes no se desborden pues la población europea no lo entenderá. 
Es decir, tenemos que ahorrar. 
Discutimos con mucha frecuencia, también con mucha efusión, sobre los costes de traducción muy elevados que van a aumentar en el futuro. 
En lugar de ello, deberíamos abogar para ahorrar los costes de un emplazamiento del Parlamento. 
La población no entiende que nos arroguemos poder solucionar los problemas de Europa pero que al mismo tiempo no nos podamos poner de acuerdo sobre un lugar. 
Señor Presidente, a los diputados europeos que, como ciudadanos que son, para poder trabajar bien y expresar su opinión, plantean la cuestión del Parlamento Europeo y de que una tercera parte del presupuesto se utiliza para mantener un circo que no es útil para nadie, se les dice que esto es populismo. 
Y precisamente aquellos que no quieren contestar a estas críticas, que no quieren plantear un debate sobre los tributos pagados durante años a la Realpolitik, son los que en sus países han permitido, a través de una labor de mistificación, dar voz y fuerza a quien hace bandera de estas batallas frente al silencio con que cada vez se les responde, mientras nosotros creemos que ésta puede ser y es una iniciativa política concreta por la que todos los ciudadanos muestran interés. 
Señor Presidente, yo también he votado a favor del informe Stenmarck que pone en evidencia- ya lo han dicho muchos colegas- los costes de un absurdo. 
Creo que hoy- y no hace 20, 40 o 50 años- es imposible explicar a cualquier ciudadano europeo el motivo por el cual continúa existiendo una doble sede. 
Es una situación irracional e irrazonable no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de la organización práctica de los trabajos de este Parlamento. 
Creo que este Parlamento debe lanzar una fuerte señal a través de una solicitud que también se puede efectuar, como decía el Sr. Dupuis, empezando a dar más fuerza a los trabajos de las minisesiones de Bruselas, al objeto de que se abandone una situación que hoy ya no tiene sentido y de que se pueda hablar de un Parlamento Europeo explicable incluso fuera de este Pleno, o sea, un Parlamento con una sola sede. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la sede y lugar de reunión del Parlamento Europeo aquí en Estrasburgo, sobre un lugar histórico, tiene sin duda su importancia. 
Sin embargo, creo que esta importancia histórica por la que se eligió originariamente este lugar tan pleno de conflictos, nos indica también algo diferente para el futuro: hacer comprensible a los ciudadanos la importancia de Europa. 
Cuando las personas nos preguntan en la calle, en diferentes actos, porqué no nos podemos poner de acuerdo sobre una sede, puede que este argumento histórico estuviese justificado en el pasado, pero en el futuro creo que no tiene ya validez. 
Creo que va a tener mucha más importancia mostrar con claridad a las personas la voluntad y las decisiones que adoptamos aquí para el futuro. 
No es admisible que, por un lado, acordemos paquetes de ahorro y, por otro, dediquemos una tercera parte de los costes de esta Asamblea a viajes. 
Señor Presidente, lamentablemente, el Sr. Duhamel confunde lo que es populista con lo que es popular. 
Si al menos los ciudadanos europeos pudieran conocer la materia y tomar una decisión respecto a este problema que atañe al presupuesto del Parlamento Europeo, creo que ni siquiera en Francia se podría encontrar a una pequeña minoría a favor del mantenimiento de estos gastos con las repercusiones, ya mencionadas por los colegas, que tienen en el trabajo parlamentario. 
No se trata solo de una cuestión de dinero, sino que está en juego la dignidad de este Parlamento, de sus trabajos, de su organización y de cada uno de los diputados. 
Por esto, doy las gracias a los colegas que se han quedado para hablar de este asunto. 
En realidad, creo que el Parlamento debe asumir la responsabilidad de estas decisiones enfrentándose abiertamente hasta con el Consejo, y que debe estar dispuesto a acudir al Tribunal de Justicia para manifestar físicamente que ya no está dispuesto a moverse entre tres sedes distintas. 
. (EN) Me resulta casi imposible de apoyar el presupuesto previsto para las idas y venidas sin sentido desde Bruselas a Estrasburgo. 
No hay motivo alguno de carácter político, económico, organizativo ni geográfico para esta absurda peregrinación. 
Conduce a la ineficacia y al despilfarro. 
Desgraciadamente, demasiados ciudadanos creen que este disparate es una decisión del Parlamento y no saben que es fruto del atroz acuerdo alcanzado por la peor de todas las razones en Edimburgo en 1992, bajo la presidencia de John Major. 
Gran Bretaña logró una declaración acerca de la subsidiariedad y la opción de quedar fuera del capítulo social, afortunadamente revocada por la victoria laborista de 1997. 
Alemania logró el reconocimiento de Croacia y de la antigua Yugoslavia, lo que dio lugar a una serie de guerras civiles entrelazadas, cuyos resultados ensombrecen todavía hoy la historia europea, y de aquí la perpetuación del absurdo en Estrasburgo que todos esperamos que finalmente termine. 
Estamos ahora anclados en Estrasburgo hasta que el Parlamento encuentre la voluntad política de defender los mejores intereses para sí mismo y se traslade a Bruselas, con sesiones extraordinarias de carácter simbólico en Estrasburgo para ocasiones formales. 
De conformidad con el orden del día, se procede a analizar las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los progresos y perspectivas en la política de inmigración y asilo. 
Me complace dar la bienvenida al Sr. Rajoy Brey que presentara el debate en nombre del Consejo. 
Me complace que dedique su tiempo a estar aquí hoy para tratar este delicado y difícil asunto. 
. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, señoras y señores, en primer lugar, permítanme que les agradezca la oportunidad que me brinda el Parlamento Europeo con esta comparecencia, para hacer balance de los avances que, durante estos ya casi cuatro meses y medio de Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, hemos logrado en uno de los ejes, a mi entender, principales de la política de Justicia e Interior de la Unión Europea, como es el tratamiento de la inmigración y el asilo. 
Dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia que los europeos nos hemos propuesto construir, de acuerdo con las premisas del Tratado de Amsterdam, ocupa un lugar esencial la progresiva formación de una política común de inmigración y asilo. 
Una política de inmigración y asilo que debe sustentarse en un enfoque global y equilibrado. 
Este marco global, de acuerdo con las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, ha de inspirarse en cuatro premisas esenciales: una adecuada gestión de flujos migratorios, la búsqueda del trato justo a los nacionales de terceros países, la colaboración con los países de origen y el establecimiento de un sistema europeo de asilo. 
El avance en estas cuatro directrices inspiró la elaboración del Programa español de objetivos y prioridades de cara a la Presidencia del Consejo de la Unión. 
Todo ello, teniendo muy presente el impulso renovado que supuso el Consejo Europeo de Laeken, celebrado los días 14 y 16 de diciembre de 2001, que puso el acento en el equilibrio necesario entre la protección de los refugiados con arreglo a los principios del Convenio de Ginebra de 1951, la aspiración legítima a una vida mejor y la capacidad de acogida de la Unión y de sus Estados miembros. 
Asimismo, hemos tratado de dar prioridad a aquellos instrumentos que las propias Conclusiones de Laeken fijaban como más perentorios en su adopción, como el Plan Global de acción contra la inmigración ilegal. 
De acuerdo con estas ideas, voy a tratar de sistematizar mi exposición sobre los avances de estos meses en materia de asilo e inmigración, atendiendo a lo que yo creo que deben ser los dos principios inspiradores de esta política: El camino hacia un sistema europeo de asilo y la adecuada ordenación de los flujos migratorios, con arreglo a estas premisas: el respeto a la legalidad, el trato justo a los nacionales de terceros países, la cooperación con los Estados de origen y la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. 
Sobre la fijación de un sistema europeo común de asilo, hemos dado en estos dos últimos Consejos formales de Ministros de Justicia e Interior pasos muy importantes. 
Quiero destacar la Directiva por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. 
Esta propuesta trata de garantizar que los peticionarios de asilo que lleguen a nuestros Estados disfruten de un mínimo estatus de derechos esenciales para desarrollar una vida digna, entre ellos, la residencia y libre circulación, la reagrupación familiar, escolarización y educación de menores, acceso al empleo y formación profesional. 
El Consejo, tras su reunión del 25 de abril, ha alcanzado una orientación política general sobre el texto de la Directiva y ahora hemos de estudiar las propuestas recogidas en el dictamen de este Parlamento y fijar la posición de los quince Estados sobre lo recogido en el dictamen. 
En este mismo ámbito del asilo, quiero detenerme en otro instrumento normativo, que aprobamos el 28 de febrero y que me parece de especial trascendencia: el Reglamento del Consejo por el que se establecen determinadas normas de desarrollo del Reglamento nº 2725/2000, relativo a la creación del sistema "Eurodac". 
Una vez creado el sistema Eurodac, en diciembre de 2000, se hacía necesaria una norma de aplicación que estableciera los procedimientos que permitieran identificar a los solicitantes de asilo mediante la comparación electrónica de sus impresiones dactilares. 
Ello facilitará la aplicación del Convenio de Dublín, que, como bien conocen sus Señorías, determina el Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo. 
En el segundo bloque de mi exposición sobre los avances en lo que va de semestre de nuestra Presidencia voy a detenerme en los hitos de nuestra política de inmigración, que viene presidida por la idea matriz de adecuada gestión de los flujos migratorios, que comprende tanto la idea de ordenación legal de los mismos bajo el prisma de trato justo a los nacionales de terceros Estados como la lucha contra la inmigración clandestina, en particular contra el tráfico de seres humanos, todo ello presidido por la idea de cooperación con los países de origen. 
En esta línea, hemos tratado de avanzar en la unificación progresiva de nuestros sistemas de visados. 
Para ello, en el Consejo de Asuntos Generales celebrado el día 18 de febrero, se aprobaron sendos reglamentos que establecían un modelo uniforme de visado y un modelo uniforme de hoja para la colocación del visado expedido por los Estados miembros a titulares de un documento de viaje no reconocido por el Estado miembro que expide el impreso. 
En el último Consejo JAI del 24 de abril, completamos estas normas con la Decisión del Consejo por la que se aprueba un modelo uniforme de solicitud de visado. 
Junto a esa unificación, también hemos llegado a una orientación general sobre el Reglamento que establece un modelo de permiso de residencia uniforme para los nacionales de terceros países. 
Entre otras ventajas, esta norma facilitará el reconocimiento de los documentos por parte de las autoridades de policía y de control de fronteras, lo que beneficiará a sus titulares y ayudará a detectar con mayor facilidad las falsificaciones. 
En segundo lugar, para apoyar financieramente determinadas acciones propuestas por los Estados miembros, destinadas a promover la cooperación y la coordinación entre las administraciones nacionales y la aplicación transparente de la legislación comunitaria, en el ámbito de inmigración, asilo y fronteras, en el pasado Consejo de abril todos los Estados llegamos a un acuerdo general para la aprobación del Programa ARGO, que tendrá una vigencia de 5 años y está dotado con 25 millones de euros. 
En tercer lugar, no cabe duda que una adecuada gestión de los flujos exige adoptar medidas eficaces en la lucha contra la inmigración clandestina, en especial contra el tráfico de seres humanos. 
De este modo, las Conclusiones del Consejo Europeo de Laeken invitaban a la aprobación de un Plan Global al respecto, que tuvimos la oportunidad de discutir en la reunión informal de ministros celebrada en Santiago de Compostela y que adoptamos formalmente en nuestra reunión de ministros del día 28 de febrero. 
Inspirado muy de cerca en la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2001, el Plan se concibe como una guía programática, que ayudará a planificar las acciones que se pueden ir implementando para combatir eficazmente el fenómeno de la inmigración ilegal. 
Permítanme que haga una breve exposición de las principales acciones y medidas que contempla este Plan. 
En primer lugar, la política de visados; en segundo lugar, potenciar el intercambio y análisis de información en torno al problema de la inmigración ilegal; en tercer lugar, el plan aborda una serie de medidas previas al cruce de fronteras; en cuarto lugar, el plan se centra en mejorar la calidad y eficacia de los controles fronterizos; en quinto lugar, otro aspecto que aborda el Plan son las políticas de readmisión y repatriación; en sexto lugar, se potenciará el papel operativo de Europol en la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos; y, finalmente, el Plan aborda medidas represivas contra medidas represivas contra estos delitos. 
Se trata ahora de avanzar en la necesaria protección y asistencia a las víctimas, la lucha contra los empleadores que contratan ilegalmente, la incautación de las ganancias derivadas de este tráfico y en la confiscación de los medios de transporte utilizados, y en hacer efectiva la obligación de los transportistas de asumir los gastos de repatriación de los extranjeros que no cumplan los requisitos para la entrada legal. 
Pues bien, señoras y señores diputados, este plan ya ha dado sus frutos. 
Así, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior siguiente a su aprobación, ya hemos adoptado alguna medida en cumplimiento del mismo. 
Así, las Conclusiones del Consejo sobre inmigración ilegal y tráfico de seres humanos por vía marítima. Estas Conclusiones buscan una respuesta integral de la Unión Europea a la llegada masiva de inmigrantes por mar, partiendo de la base de que las cuestiones migratorias deben ocupar un lugar relevante en las relaciones exteriores de la UE. 
En mi opinión, este es un tema capital sobre el cual debemos concienciarnos y, sobre todo, debemos actuar en consecuencia y con la mayor celeridad posible. 
Repito, las cuestiones migratorias deben ocupar un lugar relevante en las relaciones exteriores de la Unión Europea. 
En lo que afecta más directamente a los temas JAI, vamos a primar medidas como la realización de un estudio para mejorar el control de las fronteras marítimas, la prevención y la adopción de medidas operativas, especialmente el intercambio de información, que ya está dando muy buenos frutos, y la firme petición a los Estados de origen y tránsito para que luchen contra el tráfico de seres humanos y readmitan a los inmigrantes ilegales que salen de sus costas, entre otras. 
En segundo término, tal y como nos encomendaron nuestros Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Laeken, hemos procedido a determinar la lista de países terceros con los que deben negociarse nuevos acuerdos de readmisión, fijándose los criterios generales para esa determinación. 
También, en el mes de abril, hemos llevado a cabo una operación de evaluación de riesgos en los principales aeropuertos de la Unión Europea, conocida como la operación RÍO, cuyos resultados, que tuve la oportunidad de presentar durante el Consejo celebrado el día 25 de abril, nos van a permitir profundizar en la cooperación entre las autoridades de control de fronteras de los Estados miembros y de Europol, así como conocer métodos, rutas y demás procedimientos utilizados para introducir clandestinamente inmigrantes en el territorio de la Unión Europea. 
En esta misma línea de cooperación, durante este semestre, se ha reunido por vez primera el Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras, y Asilo (SCIFA) , con la participación de los Jefes de los Servicios de Control de las Fronteras Exteriores. 
Esta reunión, que va a tener lugar periódicamente cada seis meses, ha servido para fijar una estrategia para mejorar la cooperación operativa de los Estados miembros en el control de las fronteras exteriores, en aspectos como los sistemas de evaluación de riesgos, la situación de nuestras fronteras marítimas, y la formación especifica para nuestros agentes encargados de los controles de fronteras. 
Por otro lado, hemos profundizado en los mecanismos para dar solución a la situación de los extranjeros que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada o de residencia, a través de unas Conclusiones sobre la obtención de los documentos de viaje para la ejecución de las repatriaciones. 
Desde otro punto de vista, y como ya aludí al principio de esta intervención, para una adecuada gestión de los flujos migratorios es imprescindible fomentar la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino de estos movimientos de personas. 
En estos meses, hemos intensificado las relaciones exteriores de la Unión en este ámbito. 
Muy brevemente me gustaría exponer los contactos que hemos llevado a cabo. 
Como colofón a la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de 28 de febrero, mantuvimos una reunión con los países candidatos a la ampliación, durante la que abordamos, entre otras cuestiones, el control de las fronteras exteriores. 
En este encuentro, les hicimos entrega de un catalogo de recomendaciones y mejores prácticas en lo que se refiere al control de las fronteras exteriores y a los procedimientos de admisión y expulsión en el ámbito Schengen, que habíamos aprobado ese mismo día. 
Del mismo modo, y por vez primera en el seno de la Unión, mantuvimos una reunión los 15 países miembros con los Ministros de Justicia e Interior de Rusia, durante la cual pudimos abordar, entre otros asuntos, el tema de las migraciones, la gestión de fronteras y la política de readmisión, haciéndoles también entrega a los representantes rusos del catálogo de recomendaciones al que antes aludí. 
En tercer lugar, y en el seno de la Conferencia Ministerial y Euromediterránea celebrada en Valencia los días 22 y 23 de abril, se abordó la cooperación en materia de integración social de los inmigrantes, migraciones y circulación de personas, aprobándose dentro del Plan de Acción de Valencia un programa regional en este sentido. 
Además, en ese mismo Plan, se recoge la voluntad de las partes de celebrar una Conferencia Ministerial Euromediterránea, centrada en la cuestión de las migraciones y de la integración social de los inmigrantes en el segundo semestre de 2003 
Por último, quiero detenerme especialmente en la Conferencia sobre Migraciones, celebrada en el seno del proceso ASEM, en Lanzarote, los días 4 y 5 de abril. 
Esta iniciativa, que partió de la Cumbre de Jefes de Estado ASEM celebrada en Pekín en octubre de 2000, ha servido para sentar los cimientos del diálogo y la cooperación entre ambas partes del mundo sobre la situación general de la inmigración, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración ilegal. 
Fruto de este encuentro, se aprobó una Declaración en la que se subraya la necesidad de cooperación entre Europa y Asia para organizar los flujos migratorios de manera integral y en la que se concreta, entre otros aspectos, el establecimiento de una red de puntos de contactos nacionales para continuar el diálogo y desarrollar actuaciones futuras. 
Pues bien, hasta ahora mi exposición se ha centrado en los resultados concretos obtenidos en estos meses. 
Quiero también destacar el importante impulso que en los distintos grupos de trabajo han tenido distintos instrumentos normativos, tanto en el ámbito del asilo como en el de la inmigración. 
Puedo afirmar que han avanzado notablemente los trabajos sobre la propuesta del Reglamento del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable de una solicitud de asilo, conocido como Dublín II, o la Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre el estatuto del refugiado. 
Del mismo modo, y de acuerdo con las propuestas modificadas sobre normas mínimas de procedimiento para conceder y retirar el estatuto de refugiado y sobre la reagrupación familiar, que la Comisión presentó el 30 de abril, impulsaremos la continuación de los trabajos para avanzar en estas materias. 
Como ya conocerán, la Comisión ha presentado recientemente el Libro Verde relativo a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales y la comunicación sobre "Orientaciones para una gestión integrada de las fronteras exteriores", por lo que procuraremos impulsar su estudio por las instancias competentes del Consejo. 
Centrándonos en el ámbito de la inmigración regular, se ha avanzado de forma significativa en la discusión de la propuesta de Directiva que regula el estatuto de los extranjeros de larga duración y la relativa a las condiciones de entrada y residencia con fines de actividad laboral por cuenta ajena y trabajo autónomo. 
Bajo nuestra Presidencia, se ha iniciado el estudio de una propuesta de Directiva relativa a expedición de permiso de residencia de corta duración a las víctimas del tráfico de seres humanos que cooperen con las autoridades competentes. 
Finalmente, dentro de este apartado de progresos llevados a cabo, quiero hacer referencia al impulso de los planes de acción de la Unión Europea con terceros Estados. 
En particular, por lo que se refiere al dialogo con Marruecos, en este tiempo han avanzado los trabajos del Grupo "Asuntos sociales y migraciones", que celebró su segunda reunión el 12 de marzo del presente año en Rabat. 
También me gustaría destacar que el Grupo de Alto Nivel de Asilo e Inmigración ha acordado enviar una misión de expertos a Marruecos para evaluar un programa de control de fronteras. 
Para concluir mi intervención, me gustaría exponerles muy brevemente nuestras perspectivas de trabajo hasta el 30 de junio de 2002. 
De cara a la última sesión del Consejo de Ministros que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de junio, la Presidencia española abordará la cuestión de la creación del Banco de Datos de Visados, respecto del cual ya hemos consultado las líneas directrices del sistema común de intercambio de datos de visados. 
Es nuestra intención presentar este mes de junio para su aprobación, un proyecto de Conclusiones del Consejo en el que se indique a la Comisión qué aspectos deben ser contemplados y examinados en el estudio de viabilidad. 
Este sistema supone un paso más en la ejecución del Plan Global contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos y permitirá evitar que se expida un visado en un consulado de un país de la Unión si ya ha sido denegado en otro consulado de otro Estado miembro. 
A finales de este mes esta prevista la presentación de los resultados del estudio de viabilidad sobre policía europea de fronteras que, bajo los auspicios de Italia, está desarrollando un grupo de trabajo en el que participan además representantes de Alemania, Bélgica, Francia, y España. 
También tenemos previsto someter al Consejo la propuesta de decisión relativa a la firma del Acuerdo sobre readmisión negociado con Hong Kong y el proyecto de mandato de negociación a la Comisión del acuerdo de esta naturaleza con Ucrania. 
Asimismo, si durante estos meses alcanzan suficiente madurez la propuesta de Reglamento conocida como Dublín II, la someteremos para su discusión en este último Consejo de nuestra Presidencia. 
Quiero finalizar mi intervención agradeciendo una vez más el papel básico que la Comisión y el Comisario Vitorino han desarrollado en estos esfuerzos, sin cuya ayuda no habrían sido posibles. 
Quiero también agradecer al Parlamento su dedicación y colaboración, que han permitido un impulso muy relevante de la política de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo en estos casi cinco meses de Presidencia española del Consejo de la Unión. 
Creo que el balance de resultados y perspectivas es positivo y puedo afirmar que estamos cumpliendo en buena parte aquellos objetivos que formaban parte de nuestro programa de trabajo y que tuve la oportunidad de presentar a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores el pasado 4 de febrero. 
Señoras y señores, muchas gracias, y, de manera muy especial, muchas gracias, señor Presidente. 
. 
(EN) Señor Presidente, tengo que pedir disculpas por muchas cosas y una de ellas es por no ser el Sr. Comisario Vitorino. 
Intervengo en su lugar esta tarde- en la medida en que eso es posible- porque se encuentra en una importante reunión en Canadá. 
Me complace tener la oportunidad de participar en este debate, en primer lugar, porque nosotros, como políticos, sabemos cuán importantes y delicados son todos estos asuntos, que requieren un debate y un análisis sincero, transparente y constructivo. 
En segundo lugar, porque existe una estrecha relación, como acaba de dejar claro el Sr. Vicepresidente, entre la política de relaciones exteriores y la inmigración- tanto la inmigración legal como el tráfico ilegal de seres humanos- y otros aspectos conexos. 
Esas fueron las cuestiones que logramos, con el sólido liderazgo de la Presidencia española, debatir en la reciente reunión de los socios mediterráneos en Valencia, y luego volveré a hablar de las mismas. 
También tuve ocasión de tratar estos asuntos en mi reciente visita a la República Popular de China. 
La Comisión valora muy positivamente las conclusiones adoptadas en el Consejo Europeo de Laeken y especialmente la confirmación de su compromiso con las orientaciones y objetivos políticos definidos en Tampere durante el segundo semestre de 1999. 
La Comisión respalda el nuevo impulso para reducir el retraso en la legislación sobre inmigración y asilo definido en la tabla de logros creada para evaluar los avances en el establecimiento de un área de "libertad, seguridad y justicia". 
Estamos encantados de que la Presidencia española haya conferido un nuevo dinamismo a este proceso. 
Cabe recordar que ya están sobre la mesa las principales propuestas necesarias para la aplicación del Artículo 63 del Tratado y de las conclusiones de Tampere. 
Por tanto, depende sobre todo del Consejo acelerar el trabajo. 
El acuerdo político alcanzado en el último Consejo de Justicia y Asuntos de Interior acerca de la propuesta por la que se establecen normas mínimas para la recepción de solicitantes de asilo en los Estados miembros supuso el inicio de un movimiento muy necesario en esta dirección. 
La Comisión está de nuevo agradecida por los esfuerzos de la Presidencia española. 
Hay en curso negociaciones sobre otras dos propuestas legislativas en materia de asilo, a saber, un reglamento del Consejo sobre los criterios y el mecanismo para establecer la responsabilidad en el examen de las solicitudes de asilo que sustituya al Convenio de Dublín, y una directiva del Consejo sobre la calificación y el estatuto de las personas en tanto que refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria. 
La Comisión intentará también que se aplique lo más rápidamente posible el sistema Eurodac en la esperanza de que los Estados miembros adopten pronto las disposiciones necesarias para tomar parte en el mismo. 
En cuanto a los otros temas que están siendo objeto de discusión, la Comisión seguirá contribuyendo al seguimiento de todos estos debates y a su desenlace. 
En este sentido, acogemos de modo muy favorable la rápida aprobación del Plan de Acción para la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas, que se basó en nuestra comunicación. 
Según lo prometido, la Comisión adoptará rápidamente las medidas necesarias para su aplicación. 
Ya se han tomado las primeras iniciativas, al aprobar la Comisión el Libro Verde sobre política comunitaria de retorno de los residentes ilegales. 
A la vista del carácter tremendamente complejo y del enorme alcance de este fenómeno, la finalidad principal del Libro Verde es iniciar un debate y sondear a todas las partes interesadas. 
La Comisión ha presentado, también recientemente, una comunicación sobre la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Esta cuestión se analizará a escala comunitaria en lugar de como conjunto de sistemas nacionales y marcará, espero, el camino hacia el objetivo a largo plazo de crear un cuerpo europeo de guardias o policías de frontera. 
Asimismo, siguiendo la invitación de Laeken, la Comisión presentó el 2 de mayo una nueva propuesta modificada en materia de reagrupamiento familiar con el fin de facilitar la búsqueda de un consenso sobre esta cuestión tan delicada. 
Según lo solicitado también en la Cumbre de Laeken, la Comisión presentará en breve una propuesta modificada de directiva del Consejo sobre normas mínimas de los procedimientos de concesión y denegación del estatuto de refugiado. 
Del mismo modo, la Comisión respaldó la voluntad manifestada en Laeken de integrar mejor la política de inmigración con la política exterior de la Unión. 
Por consiguiente, acogería de manera favorable cualquier iniciativa dirigida a dar una nueva perspectiva al Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Asilo e Inmigración que fue creado por el Consejo en 1999. 
Su mandato requiere una actualización que lo ponga en consonancia con la situación actual. 
La Comisión tiene previsto presentar una propuesta de programa de cooperación con terceros países antes del final del año. 
Se basará en la experiencia atesorada en la aplicación del nuevo instrumento presupuestario creado por el Parlamento Europeo. 
Quisiera manifestar la gran importancia que tanto António Vitorino como yo damos a este asunto concreto: la relación entre las cuestiones que estamos debatiendo esta tarde y la política exterior. 
Existe evidentemente una estrecha conexión entre nuestros éxitos, por ejemplo, en el fomento del desarrollo sostenible y las presiones demográficas. 
Sin duda nos corresponde desempeñar un papel importante ayudando a otros países a enfrentarse al tráfico ilegal de seres humanos, que es para ellos una amenaza tan grande y, en algunos casos, mayor de lo que es para los países más ricos que son el objetivo de quienes trafican con seres humanos. 
En Semana Santa estuve en China y pude avanzar en las conversaciones que habíamos iniciado comenzado, gracias a la iniciativa de Zhu Rongji, acerca del modo de ayudar al desarrollo de programas en China que hagan menos probable que la gente se ponga en manos de quienes intentan mover a otros seres humanos por el mundo, a veces con consecuencias fatales, como vimos en Dover hace un par de años. 
Nos ha impresionado mucho el modo positivo en que las autoridades chinas, encabezadas, repito, por el Sr. Zhu Rongji, han respondido a nuestras ideas, y espero que en breve dispongamos de programas viables en ámbitos como la formación y la información, que ayuden a abordar un problema muy grave tanto para China como para nosotros. 
Este constituye, desde luego, un modelo de lo que deseamos hacer en otros lugares. 
En el campo de la readmisión, la Comisión está a punto de concluir un acuerdo con Sri Lanka. 
Se trata del segundo acuerdo a escala comunitaria de este tipo, habiéndose suscrito el primero, me complace decirlo, con Hong Kong. 
La Comisión continuará con sus esfuerzos por alcanzar los demás acuerdos para cuya negociación tiene mandato y presentará las propuestas necesarias para extender este enfoque del modo más coherente posible. 
Por último, en consonancia con sus comunicaciones relativas a la introducción de métodos abiertos de coordinación en cuanto a la inmigración y el asilo, la Comisión propondrá dentro de poco el establecimiento de un sistema europeo de intercambio de información sobre inmigración, asilo y países de origen, de acuerdo con lo solicitado por el Consejo Europeo. 
Se desarrollarán también el nuevo plan de acción sobre estadísticas pedido por el Consejo en mayo del año pasado, las actividades del Observatorio virtual europeo sobre inmigración y el relevo por la Comisión del comité del Consejo sobre actividades de intercambio de información. 
Respecto de la muy importante cuestión de la integración de los inmigrantes, la Comisión desea complementar los instrumentos que ya se han desarrollado en la lucha contra la discriminación y el racismo con algunas nuevas iniciativas en este campo. 
Se trata de un aspecto de excepcional importancia para nosotros y no habríamos necesitado manifestaciones electorales recientes para convencernos de la importancia de este asunto. 
Una vez más, quisiera agradecer al Parlamento que me haya permitido sustituir a mi colega. 
Afirmo, también como Comisario, que todos nosotros en la Comisión somos muy conscientes de la enorme importancia política de este asunto, y que yo sin duda soy consciente de la enorme importancia de cumplir con mis responsabilidades fundamentales en el ámbito de las relaciones exteriores. 
Señor Presidente, la inmigración es, sin duda, un deber inexcusable de solidaridad por parte de los países más desarrollados. 
Es, también, un instrumento esencial en la lucha contra la pobreza y los desequilibrios sociales en el mundo y, además, -y hay que decirlo y explicarlo sin tapujos- es una necesidad para mantener el crecimiento y la prosperidad en nuestros países. 
Pero es cierto que los flujos migratorios hacia la Unión Europea se han incrementado drásticamente en los últimos tiempos y la capacidad de acogida no es ilimitada. De manera tal que no nos resulta exagerado decir, como ha manifestado aquí el Consejo, que la acertada gestión de la inmigración constituye hoy el mayor desafío de Europa. 
Tenemos que asegurar que los inmigrantes que podamos acoger estén amparados y sujetos a la ley, que asuman los derechos y obligaciones que ello comporta y se integren plenamente en la sociedad que les recibe, compartiendo con los demás ciudadanos los valores en que aquella se funda. 
Está demostrado que la ilegalidad es caldo de cultivo de la marginación. 
Debemos, por tanto, fijarnos como prioridad la lucha contra el tráfico ilegal de personas, es decir contra las mafias y la delincuencia organizada en estrecha colaboración con países terceros de origen y tránsito de las corrientes migratorias, a algunos de los cuales hay que exigirles mayores compromisos. 
Yo le pido a la Comisión que elabore y presente un informe sobre la materia a esta Cámara, porque la sensibilidad para firmar acuerdos de readmisión resulta fundamental en este ámbito. 
Estoy de acuerdo con el Comisario Vitorino cuando afirma que existe una la vinculación entre la política exterior y la de inmigración. 
Tanto la Presidencia española como la Comisión están impulsando una mayor colaboración en los ámbitos policial y diplomático incluyendo, naturalmente, la política de visados que creo- y seguramente el Comisario Patten estará de acuerdo conmigo- que perfectamente puede enmarcarse en los trabajos para crear una diplomacia común europea. 
También han de contemplarse ayudas económicas para casos específicos como el de Canarias, por ejemplo, en cuyas islas hay un déficit de centros de acogida para atender dignamente a la avalancha de refugiados e inmigrantes que se encuentran al margen de la legalidad. 
En definitiva, señor Presidente, creo que es hora de aparcar las declaraciones demagógicas e irresponsables. 
El momento merece para mi Grupo- y así lo propongo- un gran pacto europeo para la inmigración que excluya esta materia de la confrontación partidaria. 
Señor Presidente, al hilo de las palabras del señor Galeote, me gustaría decir que esta mañana me he desayunado con unas declaraciones del Presidente del Consejo Europeo, que afirma que los socialistas europeos son culpables de propiciar con sus políticas la aparición en Europa de movimientos extremistas y radicales y que, en contraposición, el Presidente del Gobierno español y del Consejo tiene y avanza su disposición a endurecer la política de inmigración. 
Por un momento he pensado esta mañana que el señor Rajoy vendría aquí a comunicarnos esta buena noticia de una nueva política de inmigración que- según el señor Aznar- iba a contrapesar estos errores del socialismo europeo que han provocado el auge de la extrema derecha. 
Me alegro de ver que no es así, que se ha mantenido usted en la explicación de lo que han sido las conclusiones del Consejo en Tampere, la corriente principal de las propuestas del Consejo Europeo en estos últimos meses. 
Me alegro de ello y, por tanto, voy a limitar mi intervención a este ámbito. 
Como ha dicho el señor Patten, hay sobre la mesa un programa de trabajo legislativo- pero no sólo- presentado por la Comisión a continuación de las conclusiones de Tampere. 
Dos años y medio después de este Consejo hay pocos avances. 
Usted ha hablado de algunos y yo luego volveré a ello. 
Eso tiene un impacto tanto en el contenido como en las relaciones interinstitucionales. 
Me refiero a la cooperación con el Parlamento. 
Debo decirle, señor Ministro, que estamos perplejos ante situaciones como la creada por la aprobación en el Consejo de la propuesta sobre condiciones de admisión para los asilados. 
Estamos perplejos, porque usted nos dice que va a ver cuáles son las propuestas del Parlamento. 
Yo le tengo que decir que son propuestas sobre un primer borrador que no tiene nada que ver con el adoptado y que difícilmente podremos seguir trabajando así. 
Igual nos sucede con las normas comunes para la entrada en la residencia, el cuerpo de derechos para ciudadanos de terceros países. 
Para nosotros todo esto tiene nombres concretos de propuestas de directiva cuyo resultado no hemos visto en estos años después de Tampere. 
Usted me dice que hay resultados. 
Yo quisiera preguntarle cuáles. 
La lucha contra la inmigración ilegal es una parte de esta política de inmigración que todavía no existe como política común europea, pero para mí, por sí sola va a ser mucho menos eficaz de lo que sería como colofón de una verdadera estructura común de políticas de inmigración. 
Estoy a favor de ella, pero estoy también a favor de una política de inmigración que se adecue mejor a las necesidades del mercado laboral, porque si no, señor Ministro, esta inadecuación se traduce en contratos irregulares o mejor dicho, en falta de contratos y creo que éste es el peor de los efectos "lamada". 
Por último y siguiendo con el plan de trabajo que nos propone la Comisión y que el Consejo debería adoptar, quisiera hacerle cuatro preguntas concretas: ¿qué opina el Consejo sobre la propuesta del Sr. Prodi en relación a la policía de fronteras? 
¿Qué opina el Consejo sobre el Libro Verde sobre la repatriación? ¿nos puede dar un calendario para el desarrollo de las propuestas de Tampere? ¿qué opina el Consejo del contenido de las mismas tras como las ha presentado la Comisión? 
Señor Presidente, la oportunidad de este debate no admite discusión. 
El reciente aumento del sentimiento contra los inmigrantes en Francia y en los Países Bajos demuestra lo que ocurre cuando los gobiernos no responden al reto de la inmigración. 
Sabemos, sin entrar en la valiosa aportación que los inmigrantes hacen a nuestras sociedades en cuanto a mayor diversidad cultural, que existen razones económicas sólidas a favor de una política de inmigración controlada, tales como hacer frente a la falta de mano de obra y financiar nuestros tambaleantes sistemas de pensiones. 
De hecho, nuestra prosperidad dependerá de la inmigración. 
La cuestión es, por tanto: ¿qué política deberíamos adoptar para hacer la inmigración políticamente aceptable? 
Lo que no debemos hacer, como han hecho demasiados gobiernos socialistas, en esconder la cabeza en la arena y negarnos a encarar el reto. 
En gran parte, el fracaso de los gobiernos de la UE en el control de nuestras fronteras, en la lucha contra la discriminación y la xenofobia, y en la integración armoniosa en nuestras sociedades de los inmigrantes es lo que ha conducido a este callejón sin salida. 
No es de extrañar que la preocupación pública siga creciendo. 
El planteamiento Liberal Demócrata sería abrir un poco la puerta principal, ofreciendo vías legales para la inmigración, con el fin de cerrar mejor la puerta trasera a la inmigración ilegal. 
Este planteamiento ha sido ensayado con éxito por el gobierno canadiense y se refleja en las propuestas de la Comisión Europea a favor de una política común de inmigración. 
Haríamos bien considerándolo. 
Una política controlada de inmigración legal, coordinada entre los Estados miembros, no significa descontrol. 
Los incentivos para que los inmigrantes puedan asentarse en condiciones más equitativas en sus países de acogida ayudarían. 
Una política en la que haya un equilibrio entre derechos y obligaciones, para que los recién llegados entiendan que pueden trabajar en su país de acogida y disfrutar de la libertad de circulación en la Unión así como de otros beneficios de la ciudadanía de la UE, también sería útil. 
Pero, igualmente deben entender la necesidad de hacer un esfuerzo por integrarse y por vivir según las normas de la sociedad a la que se unen. 
Es una corrección política sin sentido rechazar cualquier requisito de que los inmigrantes aprendan el idioma del país de acogida. 
Asimismo, debe ofrecerse un apoyo adecuado a la integración y debemos combatir la discriminación y el racismo allí donde se den. 
A tal respecto, quisiera rendir homenaje el trabajo del Observatorio del Racismo y la Xenofobia de la Unión Europea, y elogiar a los partidos políticos por la Carta de los Partidos Políticos para una sociedad no racista. 
Es necesario, también, que invirtamos más en nuestros sistemas de justicia y en la ejecución de las sentencias judiciales- sólo podemos esperar que los inmigrantes respeten los valores esenciales si también nosotros nos aseguramos de que estos valores se respetan plenamente en la sociedad existente. 
Una política de inmigración controlada requiere una acción firme de control de las fronteras exteriores de la Unión y, por tanto, felicito a la Comisión por su iniciativa relativa a un cuerpo común de guardias de frontera. 
También tenemos que hacer más por ayudar a los pobres y a los desposeídos, como ha dicho el Sr. Comisario, para que no tengan que recurrir desesperados a bandas criminales de traficantes de personas. 
La mayoría de la gente no desea dejarlo todo y trasladarse a otro sitio, por tanto, contribuir a aliviar la presión de la inmigración ilegal es un argumento más, si acaso fuera necesario, para fomentar el libre comercio global y para avanzar hacia el objetivo de Naciones Unidas de dedicar el 0,7 % del PNB a ayuda al desarrollo. 
En cuanto a la política de asilo, también aquí el Grupo Liberal Demócrata, apoya en general las propuestas de la Comisión y se muestra a menudo escéptico con las acciones propuestas en el Consejo. 
En conclusión, creemos que hay argumentos tanto morales como económicos a favor de una inmigración controlada y de un planteamiento humanitario del asilo. 
Nosotros en el Grupo ELDR apoyaremos los esfuerzos de la Comisión por hacer avanzar a la Unión hacia las políticas comunes previstas en el Tratado de Amsterdam. 
Porque, en palabras de ese gran liberal, J.K. Galbraith: " La emigración es el acto más antiguo contra la pobreza. 
¿Cuál es la perversidad en el alma humana que hace que la gente se oponga a un bien tan obvio? ". 
Señor Presidente, en muchos de nuestros países vivimos actualmente un giro a la derecha y una creciente xenofobia. 
Según le entendí antes al Sr. Watson, esto se debe a que no hemos estado dispuestos a intervenir en la raíz del mal. 
Creo, sin embargo, que debemos tener en cuenta otro lado de este asunto, es decir, que los partidos xenófobos- por ejemplo, en mi país- son más poderosos allí donde menos extranjeros hay, mientras que en las zonas donde hay más, son más débiles. 
Creo que también debemos ver esto como síntoma de algo distinto, es decir, que el miedo de por sí a menudo deja en la sombra aquello que se temía y que el transfondo detrás de mucho de todo esto es la impotencia. 
Impotencia derivada de la exclusión social que también produce la mayor competencia. 
Poco antes de que comenzáramos este debate visité la página web de ACNUR para ver cómo está la situación y desgraciadamente ésta no ha mejorado. 
Sigue habiendo más de 21 millones de personas que se encuentran huídas de sus países y por ello bajo la responsabilidad de ACNUR. 
Hay otros tantos desplazados internos, es decir, personas que han huído dentro de sus propios países y esto habla de cuánta falta hace actuar, siendo necesario que elaboremos una política común y hagamos un esfuerzo común. 
Sin embargo, sería bueno que- antes de ponernos manos a la obra- nos pusiéramos de acuerdo en un epígrafe. 
¿Debe ser este epígrafe: disminuir el número de los que es responsable ACNUR con muy pocos medios? 
¿O debe ser este epígrafe: disminuir el número de los que llegan hasta las puertas o cruzan las puertas de la UE? 
Me gustaría dar las gracias por la explicación de la Presidencia española porque pasan cosas entretanto. 
Se avanza despacio, también en mi opinión, demasiado lentamente con algunas de estas cosas. 
Sin embargo, no está del todo claro bajo qué epígrafe se trabaja. 
Desgraciadamente he de decir que el epígrafe, cuando la Presidencia danesa tome el relevo dentro de poco, estará cristalino. 
El Ministro danés para Europa dice muy claramente que una política común en la UE tiene como objeto detener el flujo. 
Es lógico. 
Tiene sentido cuando se quiere reforzar el control y aumentar la vigilancia fronteriza y más Dublín y más Eurodac. 
Sin embargo, no se sostiene si se le pone solo frente al otro proyecto que tiene como objeto reducir el número total de refugiados globalmente. 
No hay nadie que en relación con el? trafficking? pueda apoyar que las mafias se lucren de esta actividad y no hay nadie que pueda ser partidario de una actividad que provoca la muerte de chinos inocentes en Dover o en otros lugares, pues no fue un hecho aislado. 
Diariamente llegan cadáveres arrastrados hasta las costas de Europa como resultado de métodos mafiosos totalmente desaprensivos. 
Sin embargo, cuando nosotros mismos contribuimos a penalizar a todos los que ayudan a gente huída, cuando también penalizamos a la gente que ayuda movida por su buen corazón o por un corazón cristiano o religioso o ayuda por motivos humanitarios, también estamos contribuyendo a apoyar directamente las mafias en este proyecto. 
Cuando hacemos esto, forzamos directamente que el dinero de esta pobre gente acabe en el bolsillo de las mafias. 
Cuando nuestra respuesta a los 21 millones de refugiados es muros más altos a nuestro alrededor, obligamos a que el dinero de esta pobre gente acabe en el bolsillo de aquellos que por lo demás deberían tener dinero de sobra. 
Es importante contar con un esfuerzo común, sin embargo, no podemos dejar fuera el mundo, por muy altos que sean los muros que construyamos, y se trata por ello de repartir la responsabilidad, de volcarse más en la prevención de crisis, de mejorar la ayuda al desarrollo, -y aquí debo preguntar si los liberales daneses respaldan al grupo liberal en esta cuestión, estoy muy interesada en saberlo- de prestar más ayuda al trabajo de ACNUR y de mostrar más valor por parte de los políticos europeos para plantar cara al populismo y a la xenofobia. 
Señor Presidente, es urgente un proyecto operativo europeo que distinga entre el derecho de asilo de quien huye por razones de opresión física y la inmigración debida a la búsqueda de mejores condiciones económicas: un proyecto europeo que impida soluciones improvisadas entre Estados. 
El caso de los trece palestinos liberados de la Basílica de la Natividad y la propuesta del Gobierno italiano de europeizar la solución de su traslado a Europa muestran por fin la voluntad de atribuir a la Unión un papel concreto en los asuntos que hasta ahora se confiaban a los Estados miembros. 
A nadie se le pasa por alto que se está produciendo un éxodo bíblico a los países de la Unión. 
Aquellas que hasta hace pocos años se habrían considerado escenas de una película dramática son, en cambio, las imágenes cotidianas que nos trasmiten los medios de comunicación: barcazas descuajaringadas, pateras fuera de servicio, veleros de la época de Sandokán y zodiacs abarrotadas transportan cada día a cientos y cientos de seres humanos desesperados que, para llegar a nuestras costas, han pagado grandes cantidades de dinero y sufren días y días de privaciones y penurias. 
Muchos de ellos, mujeres, hombres y niños, mueren durante el viaje o son tirados al mar por sus transportadores, como ha ocurrido en las costas de Sicilia y de Apulia. 
Y nosotros estamos todavía preguntándonos si es necesario tener una legislación que impida la inmigración ilegal. 
Sin reglas no hay libertad, sin libertad no hay progreso ni dignidad. 
Europa sufre un retraso en la realización del tercer pilar y hasta la fecha no ha sido capaz de dotarse de una posición política y legislativa uniforme, y no nos podemos escudar en la Convención confiando en que ésta pueda inventar respuestas para ahora mismo. 
Los problemas existen y nos consta el esfuerzo hecho por la Presidencia española, a la que respaldamos. 
Es necesario que arranque lo antes posible una policía europea de fronteras, que trabaje conjuntamente por tierra y por mar; es justo que haya un banco de datos para los visados de entrada, pero también es justo que cada Estado tenga el deber de identificar, incluso con las huellas digitales, todas aquellas personas que no cruzan legalmente las fronteras o que no poseen un documento válido de identidad. 
Debemos hacer una distinción entre los inmigrantes legales, que viven en nuestros países desde hace años, y aquellos que, por el contrario, llegan de manera clandestina y que muchas veces no pueden ampararse en motivos objetivos, sino que están al servicio, quizás inconscientemente, de ciertas mafias. 
Asimismo debemos intervenir con fuerza a través de una acción política respecto a aquellos países responsables de dejar que la inmigración continúe, así como respecto a aquellos países en los que hay un tipo de sistema político que amenaza la vida y la integridad física de sus conciudadanos. 
La Unión Europa tiene que revisar sus acuerdos comerciales con los países en los que no se respeta la dignidad humana. 
La lucha sin cuartel contra la delincuencia organizada que se refuerza económicamente a través del tráfico de seres humanos, es uno de los problemas que tiene que convertirse para todos nosotros en un motivo de lucha política cotidiana. 
(Aplausos de las tribunas) 
Quisiera recordar a nuestros visitantes en la galería del público que no es costumbre en esta Asamblea responder de ese modo a las intervenciones. 
Señor Presidente, ¿de qué progresos y perspectivas de la comunicación del Consejo estamos hablando? 
De haber abordado esta cuestión sin otra preparación más que una mentalidad sinceramente humanitaria, uno podría imaginar ingenuamente que el esfuerzo político debería tener por fin impedir y prevenir la persecución y la represión política, que son condicionantes del problema del asilo, y repartir tanto riqueza como influencia política, en resumidas cuentas, democratizar la prosperidad de este mundo, que hoy en día está concentrada en pocos centros dominantes, entre éstos, la UE, como oasis en un mundo de miseria política, económica y social. 
Sin embargo, no es ésta la perspectiva del Consejo. 
Al contrario, puesto que el desarrollo del poder económico y político de la UE- que necesariamente tiene lugar a costa del mundo exterior- siempre es, siempre ha sido y siempre será la guía política general en la política de la Unión Europea. 
La perspectiva y los progresos de los que habla el Consejo tampoco consisten en efectuar un trabajo óptimo para los solicitantes de asilo e inmigrantes. 
No son los intereses de los inmigrantes extranjeros, entre ellos personas necesitadas, los que tenemos en cuenta en primer lugar. 
No, los progresos y la puesta en perspectiva tienen una trascendencia reducida totalmente diferente. 
Se trata de que obtengamos el mayor beneficio posible de la política de inmigración. 
Se trata de limitar lo máximo posible el derecho de asilo, como se dice en la siguiente cita: ? poner coto a los flujos de refugiados?. 
Se trata de emplear nuestros sistemas represivos para actuar con dureza contra aquello que se denomina inmigración ilegal. 
Esto tiene lugar mediante una fantasía jurídica especialmente bien desarrollada y medidas, vigilancia, huellas digitales, el Reglamento Eurodac, el libre intercambio de datos personales, que lindan los métodos de un estado policial. 
En resumidas cuentas, se trata de consolidar y afianzar Fuerte Europa. 
Es una agudeza independiente que todas estas medidas sean señaladas de progresos. 
Incluso damos la bienvenida con un atroz sentido del humor a estos extranjeros a un espacio al que calificamos de espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Como ciudadano danés me avergüenza tener que reconocer que mi país es pionero en esta política global de inmigración de cortas miras, insensible y xenófoba. 
No sólo ha transmitido la política danesa, que realmente impide a los solicitantes de asilo poder ejercer su derecho de asilo, a los demás Estados miembros. 
Además, el Parlamento danés tramita precisamente ahora una propuesta de ley que incluye restricciones impresionantes, entre éstas, un procedimiento de asilo cuya mejor definición es la de? acoso administrativo?. 
Esto se llevará a cabo, obsérvese, en colaboración con el partido de derechas xenófobo, Dansk Folkeparti. 
He de admitir que las perspectivas de más? progresos? bajo la Presidencia danesa son aterradoras. 
Señora Presidenta, hoy se afirma que la inmigración ilegal debe convertirse en el tema fundamental en las relaciones de la Unión Europa con el exterior, y en este Pleno hemos escuchado a muchos oradores denunciar con fuerza en sus intervenciones el peligro que este fenómeno entraña. 
Por esto, se puede decir que quizás el sacrificio de Pim Fortuyn no ha sido en balde. 
Quisiera decir con él que si "Holanda está llena", también lo están Italia, Padania y también Europa. 
En lo que se refiere a las propuestas que se han formulado, la Presidencia española nos habla de la creación de una policía europea de fronteras, respecto a la que no se puede sino estar de acuerdo, siempre que sea una policía dotada de los medios adecuados, de las normas necesarias y de los instrumentos para intervenir eficazmente. 
El dato de la comparación electrónica de huellas dactilares es un dato insignificante. Obviamente, hay que contar con las conexiones necesarias, con la colaboración necesaria. 
A propósito de colaboración, quisiera volver a insistir en las responsabilidades de un Estado como Turquía: no es posible que desde los puertos de ese país sigan saliendo las famosas pateras, de las que se ha hablado, que llevan, por ejemplo, a las costas de Italia, haciéndoles desembarcar en el Sur para después hacer que se expansionen hacia Padania, a cientos o a miles de ilegales cargados de armas y de drogas. 
Ahora, considero que hay que exigir a este país que aspira a entrar en la Unión Europea, que asuma compromisos muy concretos para contrarrestar seriamente y frenar las actividades de las mafias del tráfico internacional de clandestinos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, la presión migratoria en la Unión Europea aumenta. 
Las organizaciones dedicadas al tráfico de personas hacen negocios millonarios con la inmigración ilegal y la población muestra su descontento en las elecciones, un descontento por una política de migración no solucionada óptimamente en la Unión. 
Necesitamos estrategias europeas para el asilo y la inmigración. 
Me alegro por ello por la ofensiva española y la apoyo expresamente. 
Lo que debemos hacer es aplicar con rapidez unos procedimientos de asilo rápidos y seguros tal como lo hemos acordado, acordar estrategias para el retorno de solicitantes de asilo rechazados y de inmigrantes ilegales, encontrar regulaciones para la inmigración legal de trabajadores por motivos económicos, además en función de las necesidades y posibilidades de los Estados miembros. 
Saludo que se apliquen medidas decisivas para la lucha contra la inmigración ilegal, ya se trate de la introducción del sistema EURODAC o de una vigilancia común de las fronteras exteriores con un Eurocorp apoyado por satélites y radares para que realice óptimamente su trabajo. 
Pero lo que además necesitamos es, naturalmente, una ayuda in situ, es decir, medidas de estabilidad, medidas de ayuda en los países de origen. 
Tenemos que rechazar con toda decisión lo que retumba desde la izquierda de Europa. 
En el nivel nacional, en las charlas de café se utilizan argumentos que no queremos ni necesitamos. En el nivel europeo, se satisface a la clientela de izquierdas con exigencias que nadie entiende ni apoya en la población, como cuando hace poco tiempo se exigió el acceso al mercado laboral para todos los solicitantes de asilo ya desde el primer día y la libertad de movimientos de por toda la Unión Europea, a pesar de que solamente un 10% de ellos obtiene el status de refugiado. 
Gracias a Dios, el Consejo y la Comisión nos apoyan, es decir, al Grupo del Partido Popular Europeo, en nuestra línea de la sensatez en lo que se refiere a la inmigración y la política de asilo. 
No se acepta la política de la mitad izquierda. 
Pero no solamente no es aceptada. Si se prosigue, provocará nuevos Le Pens y no queremos esto. 
No los necesitamos. 
Me alegra por ello la actitud decidida de la Presidencia española y apoyo las iniciativas del Comisario Vitorino. 
(Aplausos de la derecha) 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, casi tres años después del Consejo de Tampere que definió una estrategia para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea y que sentó las bases para un programa de trabajo y para una política común en materia de inmigración y de asilo, hoy se puede hacer un balance de los progresos realizados o no realizados, así como de la situación actual. 
Lamentablemente, debo decir que el balance no es ni positivo ni alentador. 
La Comisión, en cumplimiento de las conclusiones de Tampere, ha señalado a través de un programa legislativo la necesidad de desarrollar una política proactiva que reconozca que la presión migratoria está destinada a continuar, que una inmigración bien ordenada puede reportar beneficios a Europa, a los propios inmigrantes y a sus países de origen. 
El enfoque propuesto por la Comisión indica una política comprensiva que afronta todos los problemas, a saber, el económico, el social, el político y el humanitario, y prevé una fuerte coordinación entre la acción de los Gobiernos y de los interlocutores sociales, de las asociaciones y de las autoridades locales y regionales. 
Todo esto, como sabemos y como usted, señor Presidente, ha recordado, significa trabajar simultáneamente en cinco políticas: la definición de canales legales para la inmigración, la lucha contra la inmigración ilegal, el trato justo inspirado en los principios de no discriminación de los ciudadanos no comunitarios y en las políticas de integración, la cooperación con los países de origen, la misión en Europa por razones humanitarias. 
A pesar de este planteamiento positivo de la Comisión, integrado por las contribuciones del Parlamento, el balance, como he dicho, no es ni positivo ni alentador. 
Creo que en todo esto tiene una gran responsabilidad el Consejo que, de un lado, indica un camino a seguir- lo indicó en Tampere -, y del otro, ha incumplido sus compromisos reiteradamente y no ha asumido las responsabilidades subsiguientes. 
El Consejo y muchos Gobiernos olvidan que una de las causas de la inmigración hay que atribuirla a las necesidades de nuestro mercado laboral. 
Se debe registrar un fracaso en la identificación de las necesidades del mercado laboral, de la lucha contra el trabajo negro, de la relación entre todo esto y una correcta política de inmigración. 
Se pone el acento única y exclusivamente en los problemas de seguridad que si bien existen se han de afrontar con equilibrio basando la política en el respeto a la ley y a los derechos de las personas. 
Por el contrario, en lo que respecta a la seguridad y a la inmigración, lo que caracteriza a algunos Gobiernos en Europa, por ejemplo, en Italia, es una mezcla de alarmismo y de milagrería. 
La inmigración se considera sólo como un peligro del que hay que defenderse, se fomentan los miedos y se promete la desaparición milagrosa del problema, se utilizan eslóganes demagógicos dejando entender que, para garantizar el orden, a las fuerzas del Estado y a las fuerzas de policía les está permitido todo. 
Al contrario, una política de seguridad seria se basa en dos pilares, conectados entre sí: mantener las puertas abiertas, según reglas y límites precisos, a los flujos de inmigración legal. 
Repito: las puertas abiertas y no abiertas de par en par. 
El otro pilar consiste en luchar eficazmente contra la inmigración ilegal. 
Sin embargo, si falla el primero, se refuerza el segundo, puesto que los más desesperados y decididos u obligados a emigrar se echan en los brazos de los traficantes criminales que se ofrecen a llevarles a Europa en sus pateras de muerte. 
Si bien es verdad que no se pueden ni se deben ignorar las preocupaciones de los ciudadanos, también es verdad que las mismas no se pueden ni afrontar ni mucho menos resolver en el terreno del alarmismo y de las ciegas políticas represivas. 
Señora Presidenta, la inmigración en nuestros países era en su origen esencialmente una inmigración por razones de trabajo. 
Entre el inmigrante y el país de acogida se estableció una relación en la que ambos salían ganando. 
Después hubo una inmigración de asistencia marcada por un período de incertidumbre y de compromiso. 
Finalmente, desde hace algunos años, se ha transformado realmente en una inmigración de esclavitud: trabajadores clandestinos, prostituidas y esclavos como se ven por cientos en las calles de todas nuestras ciudades. 
Esta situación, en la que se ve a los inmigrantes y a los países de acogida víctimas de los partidarios de una inmigración descontrolada, es evidentemente insoportable. 
Ése es el resultado de treinta años de un planteamiento angelical por parte de la izquierda europea cuyos buenos sentimientos no tienen otro equivalente que los resultados desastrosos. 
Hablar de ello aquí es sin duda algo bueno, pero en conclusión les diré que es necesario manejar todo esto con la mayor atención. 
No podemos decidir en lugar de cada uno de los pueblos qué nombre tendrá cada cual, quien será el vecino de escalera. 
Ésas son las cuestiones esenciales y por avanzar demasiado y por asumir el riesgo de matar las naciones, asumirán también- probablemente estén ustedes más atentos- el riesgo de matar Europa. 
Señora Presidenta, para cerrar este turno de intervenciones quisiera hacer dos breves reflexiones. 
La primera es que causa perplejidad que en su reunión reciente en Sevilla, el Grupo Socialista Europeo haya acusado a la Presidencia española y al Partido Popular de frivolizar con la inmigración. 
Miren ustedes: frivolizar es que el Grupo Socialista diga una cosa aquí, en el Parlamento, y haga otra en el Consejo a través de sus gobiernos; frivolizar, por ejemplo, es aprobar informes en el Parlamento Europeo que dan carta de naturaleza a la inmigración ilegal y ofrecer a los solicitantes de asilo, por ejemplo, derechos que ni siquiera tienen los ciudadanos comunitarios como, por ejemplo, el reconocimiento del derecho y la obligatoriedad de que se les garanticen guarderías infantiles a sus hijos menores. 
Alarman, por tanto, las incoherencias del Grupo Socialista y su ausencia total de ideas y de propuestas sensatas. 
Esto es lo que da lugar a las corrientes extremistas en Europa- aunque no les guste oírlo hoy- como la del Sr. Le Pen. 
En segundo lugar, los acuerdos de asociación con terceros países están para algo, pero algunos de estos países sólo ven en ellos una fuente de financiación y no aplican aquellos apartados que se refieren a la cooperación y al diálogo en ámbitos tan relevantes como el de asumir sus responsabilidades en la ordenación de los flujos migratorios desde su origen. 
Y Marruecos es un claro ejemplo de ello, tal como demuestra lo que está ocurriendo en sus fronteras con España. 
No nos engañemos: si los países que producen la inmigración no ponen orden en su casa, el problema está servido. 
Y creo que habrá que ir pensando en una seria llamada al orden desde el marco de los compromisos adquiridos en el ámbito de los acuerdos. 
Nuestras fronteras exteriores no están cerradas a quienes desde el orden y la legalidad quieren cooperar con nuestro desarrollo y a quienes quieren convivir desde el respeto, que debe ser mutuo, a las costumbres, culturas, y a la seguridad y libertad de quienes habitamos en el nuevo espacio geográfico y político de la Unión Europea. 
(Aplausos de la derecha) 
. Señora Presidenta, señoras y señores diputados que han intervenido, señor Comisario, quisiera hacer una breve intervención comenzando con un comentario inicial y, luego, con algunos comentarios en relación con algunas de las intervenciones que se han producido. 
Si bien no deben hacerse comentarios de carácter personal, el primer comentario que voy a hacer sí lo tiene, pero lo hago porque tengo la impresión de que, en él, coincido con una buena parte de mis colegas del Consejo. 
La inmigración es, sin ningún género de dudas, el fenómeno más importante que se ha producido, que se está produciendo y que se va a seguir produciendo en la Unión Europea en los próximos años. 
Es un fenómeno que, probablemente, va a provocar unos cambios mucho mayores que la propia creación de la UE y que los avances que se producen en su conformación. 
Por tanto, es un asunto en el que se debe actuar con la necesaria finura, con el suficiente equilibrio y con prudencia en lo que se dice y, sobre todo- y este es mucho más importante- en lo que se hace. 
Creo que hay que trabajar para ir aproximando las posiciones de todos los países de la Unión en esta materia, porque, entre otras cosas, somos ya, como mínimo, un espacio de libre circulación de personas, bienes, etc. 
Las ideas en las que creo que llevamos trabajando los últimos tiempos son las siguientes: primero, Europa puede ser- de hecho lo es, lo ha sido y puede seguir siéndolo en el futuro- un país de acogida, porque hay personas que, sin duda, pueden ganarse aquí la vida dignamente y porque, además, -no nos engañemos- hay una gran actividad de muchas personas que contribuyen al crecimiento económico de nuestros países. 
Pero- y es la segunda idea que quería expresar aquí- la inmigración tiene que hacerse por la vía de la legalidad y hay que decir con claridad que no puede ser infinita, entre otras razones, porque la inmigración infinita genera una marginalidad también infinita. 
En este sentido, debemos hacer un esfuerzo para actuar con la mayor responsabilidad posible. 
En tercer lugar, debemos hacer un esfuerzo de integración entre las personas que vienen de fuera y las que viven en la Unión Europea. 
Ese esfuerzo de integración, sin duda alguna, lo hacen y deben hacerlo las administraciones públicas de los países de la Unión y también sus propias sociedades, pero también cabe exigirles a todas aquellas personas que vengan de fuera que acepten las normas básicas de convivencia que tenemos en los países de la Unión Europea, que son nuestras Constituciones, nuestros principios y nuestros valores, porque ello nos afecta a todos. 
Los inmigrantes tienen sin duda derechos, pero también deben tener obligaciones, como las tenemos los nacionales de los países de la Unión Europea. 
La cuarta idea es que hay que luchar con contundencia contra la inmigración ilegal. Efectivamente, mediante la mejora de nuestros sistemas policiales, los visados y el control de fronteras. 
Creo que el plan de acción contra la inmigración ilegal es una buena vía y que de ahí tienen que salir muchas normas que en el futuro nos sirvan para ser más eficaces, pero también me gustaría señalar, tal como dije al principio de mi intervención- y este es un aspecto en el que quiero poner especial énfasis- que tenemos que convertir la política de inmigración en eje básico de la política exterior de la Unión Europea, lo que- creo- es de puro sentido común si admitimos, como creo que hoy ya admitimos casi todos, que la inmigración es el fenómeno más importante de los tiempos en que vivimos. 
Ésos eran mis comentarios iniciales. 
Luego quisiera también aclarar algunas de las cuestiones que han planteado aquí por diversos oradores: se ha dicho que se ha avanzado poco, incluso se ha llegado a decir que, bajo la Presidencia española, no se ha avanzado nada. 
Creo que, en mi primera intervención, he hecho una síntesis de lo que ha hecho la Presidencia española en materia de inmigración en estos seis meses. 
Es evidente que cada uno puede interpretarlo como lo estime oportuno y conveniente, y que incluso en lo subjetivo se puede ser radicalmente antiobjetivo pero, en cualquier caso, por si le sirve de algo a quienes sostienen esta tesis, les recordaré que hagan una comparación con lo que ha ocurrido en tiempos pasados: no es malo recordar que el espacio de seguridad, justicia y libertad, nace, prácticamente, en Amsterdam, que entra en vigor en el año 1999 y que hay una parte muy importante de la Unión, la parte económica, que existe ya desde hace años pero que tuvieron que transcurrir casi cincuenta años para que tuviéramos el euro y aun hoy hay muchos Estados miembros que, en su legítimo derecho, no lo tienen. 
Por tanto, no seamos pesimistas en el tema de los avances y tampoco arrimemos el ascua a una supuesta sardina nuestra, porque eso no sirve para nada, ni da ningún voto, y, además, supongo que aquí no se trata de hacer esto. 
En tercer lugar, quisiera hacer un comentario en relación con alguna intervención que ha insistido en que nosotros hemos puesto el énfasis en la lucha contra la inmigración ilegal y no en otras cuestiones. 
Pues bien, es verdad que hemos puesto el énfasis en la lucha contra la inmigración ilegal, porque es un tema importante, porque había un mandato contundente de Laeken, y una comunicación de la Comisión y, sobre todo, porque todo el mundo lo quería, pero también hemos puesto el énfasis en las políticas activas, como en las políticas de integración y de fomento de la legalidad. 
Hemos hablado de una orientación general en el Consejo sobre la propuesta de directiva de acogida de solicitantes de asilo. 
El plan de acción de lucha contra la inmigración ilegal tiene medidas de carácter preventivo muy importantes. 
Hemos puesto en marcha una serie de diálogos con los países de origen y tránsito; entre otros, con los países asiáticos. 
Hemos conseguido avances en directivas referentes a inmigración ilegal que contienen medidas de integración y hemos avanzado en los planes de acción de la propia Unión; por tanto, no me parecen justas afirmaciones de ese tipo. 
En relación con algunos temas concretos- lo que sería la cuarta parte de mi intervención- que me han planteado, diría lo siguiente: en relación con la Directiva sobre las condiciones de los asilados, es verdad que se obtuvo una orientación general en el Consejo el mismo día que el Parlamento emitía el dictamen, pero nosotros vamos a trabajar ahora a Quince y vamos a tener en cuenta las distintas sugerencias que se nos hagan desde este Parlamento, lo que hemos hecho siempre. 
En cuanto a la policía europea- otro de los asuntos que me han planteado- presentaremos un estudio de viabilidad el próximo día 30 en Roma. 
Es un estudio que encabeza el Gobierno italiano y en el que están colaborando otros tres o cuatro países de la Unión Europea, entre ellos España. 
En cuanto al Libro Verde, me parece que es adecuado y que es necesario avanzar en las políticas europeas de repatriación. 
Creo que cometeríamos un enorme error si, para luchar contra la inmigración ilegal, no hiciéramos un esfuerzo de cooperación con los países de donde provienen los inmigrantes. 
Es verdad que es un esfuerzo que debe ir acompañado de políticas de cooperación. 
Por eso dije que era básico que la política de inmigración se considerara como política clave en nuestra política exterior. 
¡Pero cómo no vamos a estar a favor del Libro Verde que ha planteado la Comisión! 
Por último, en relación a algunos comentarios que se han hecho sobre el racismo y la xenofobia, quiero decir que en la última reunión del Consejo JAI, celebrada en abril, previa una comunicación de diferentes países de la Unión Europea y, también, de la actual Presidencia, hemos aprobado una declaración contra el racismo y la xenofobia. 
Lo que pasa es que se pueden aprobar declaraciones contra el racismo y la xenofobia- y se deben aprobar, porque por fortuna formamos parte de uno de los espacios más civilizados y más respetuosos de los derechos y libertades de las personas de todo el mundo- pero dicha aprobación es perfectamente compatible con el cumplimiento de la ley y con la lucha contra las actuaciones ilegales que, en materia de inmigración, vemos que se producen un día sí y otro también. 
Creo que ésta es la posición del Consejo sobre este asunto. 
Éstas son las líneas en las que estamos trabajando y en las que vamos a continuar trabajando hasta el final. 
Agradezco las palabras y el esfuerzo de la Comisión, que, sin duda alguna, guía todas las acciones del Consejo y agradezco también las sugerencias, los comentarios, las opiniones y las críticas que los diputados han expresado aquí y, agradezco a la Sra. Presidenta su paciencia por haberme permitido hacer uso de la palabra durante más tiempo del debido. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de 
las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Cumbre UE/Rusia de 28 de mayo de 2002, y 
el informe (A5-0156/2002) de la Sra. Hoff, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo sobre la UE y Kaliningrado (COM (2001) 26- C5-0099/2001- 2001/2046 (COS) ). 
Señora Presidenta, muchas gracias por sus amables palabras. 
Sé que mi colega Magdalene Hoff quiere dirigirles ella misma algunas palabras al final de su intervención que les voy a leer. Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas. 
Con la adhesión de Polonia y Lituania a la Unión Europea, el enclave ruso de Kaliningrado se va a convertir también en un enclave de la Unión Europea. 
La difícil, singular y casi paradójica situación consiste en que aunque Kaliningrado cae como territorio ruso dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de Colaboración y Cooperación con Moscú, sin embargo, se ve afectado de hecho más intensamente por la ampliación de la Unión Europea. 
En 1994, el Parlamento Europeo ya llamó la atención en un informe sobre la precaria situación de Kaliningrado. 
En ese informe decíamos que el futuro de la región de Kaliningrado es un asunto de importancia directa y urgente para Rusia, los Estados vecinos y también para la Unión Europea. 
Como consecuencias prácticas, se adoptaron ya entonces medidas cuya importancia para un auge de la región ha aumentado entretanto aún más. 
Ejemplos de ello son la estimulación de la cooperación transfronteriza así como la vinculación más intensa de la región de Kaliningrado en las estructuras europeas de transportes y telecomunicaciones. 
Lo que es lamentable es que no se haya aprovechado suficientemente el tiempo desde entonces. 
Apuntan nuevas posibilidades en el marco de la cooperación estratégica a la que usted se ha referido y para encontrar soluciones para Kaliningrado con la participación adecuada de los países vecinos, Polonia y Lituania, que garanticen la viabilidad del territorio convirtiéndolo quizás incluso en un nexo de unión activo entre los socios. 
Al mismo tiempo, quiero subrayar expresamente como ya hice en 1994 que todas las consideraciones sobre el desarrollo de Kaliningrado deben partir de la condición previa de que el territorio va a pertenecer también en el futuro a Rusia y que su status jurídico interno debe ser regulado exclusivamente entre los responsables en Moscú y Kaliningrado. 
Existen dos escenarios posibles: uno negativo y otro positivo. 
En un escenario negativo, las relaciones de la Unión Europea con Rusia se verían gravemente afectadas. 
Ambas partes no habrían aprobado un importante examen sobre la capacidad de cooperación y prevención de crisis en el marco del Acuerdo de Cooperación. 
Por el contrario, en un escenario positivo el emplazamiento económico Kaliningrado podría ganar en general importancia como punto de referencia para las conexiones de transporte, actividades comerciales y modernas prestaciones de servicios en la dinámica área del Báltico. 
Como región piloto para la aplicación de reformas económicas estructurales, el territorio podría irradiar sobre la totalidad del noroeste de Rusia y unir más estrechamente a Europa toda esa gran región. 
En breve, una regulación de mutuo acuerdo sobre Kaliningrado podría convertirse en un modelo para una cooperación real y no sólo nominal entre la UE y Rusia. 
En vista de la aguda necesidad de actuar, se detecta entretanto en ambas partes una nueva movilidad. 
Saludo expresamente que el Presidente Prodi haya llamado hace poco la atención sobre la necesidad de encontrar regulaciones para Kaliningrado ya antes de la adhesión de Polonia y Lituania a la UE, después de que la Comisión hubiese desarrollado en el 2001l las correspondientes ideas en su comunicación sobre Kaliningrado. 
Igualmente positiva es la actitud visible del Presidente Putin a favor de una solución negociada constructiva. 
No me voy a referir a continuación de modo detallado a los diferentes campos en los que existe necesidad de una regulación común sino que voy a realizar sólo algunas observaciones básicas. 
En la cuestión del régimen de visados y fronterizo, que las personas sienten comprensiblemente como un asunto especialmente sensible, hay que encontrar un equilibrio entre un aseguramiento estricto de las fronteras exteriores de la UE y la necesidad de un paso más fácil de las fronteras. 
Rusia deberá reconocer que tiene que aceptar las reglas del correspondiente derecho comunitario y creemos que lo hará. 
La Unión no puede hacer aquí ninguna excepción pues crearía un precedente para otras regiones fronterizas. 
Por su parte, la Unión Europea debería recapacitar si dentro de Schengen y en los casos mencionados en la comunicación no existen posibilidades para un régimen de visados menos estricto. 
A este respecto, en mi informe se encuentran algunas propuestas. 
La oferta de integración parcial de Kaliningrado en el área del Báltico no se debe reactivar mediante un régimen fronterizo exclusivo para las personas. 
Unas regulaciones flexibles en la circulación de personas y mercancías son condiciones previas importantes para un auge de Kaliningrado y tienen para las personas un elevado valor simbólico en el delicado campo de la exclusión o acercamiento. 
Pero, al contrario de lo que aún hoy se cree en Moscú, dichas medidas no son por sí solas suficiente para un auge. 
Esto lo hemos visto en las fronteras abiertas con Polonia y Lituania. 
La mayoría de los indicadores económicos de Kaliningrado son más bien negativos y no muestran aún una tendencia positiva. 
El nivel de vida en la zona fronteriza se encuentra considerablemente por debajo del nivel general ruso. 
Una causa central para de esta persistente situación negativa radica sin duda en la difícil ubicación geográfica, en los privilegios fiscales y aduaneros y, naturalmente, también en que la situación tiende a permitir en general acciones delictivas. 
Por ello, una apertura de Kaliningrado al mundo exterior tiene que ir unida a profundas reformas en la economía y administración del territorio. 
Si no ocurre esto, existe el peligro de que las industrias locales poco competitivas sean desguazadas por la competencia extranjera y que los inversores extranjeros reduzcan aún más su pequeña participación en Kaliningrado. 
Por ello, dirijo la apelación a los dirigentes en Moscú y Kaliningrado, como responsables del territorio, para que creen in situ las condiciones para una good governance en forma de unas estructuras transparentes, fiables y que funcionen en la administración, en la justicia y en la política. 
Al mismo tiempo, existen muchas posibilidades de apoyar estos esfuerzos. 
En especial, sería muy adecuado establecer una agencia de inversiones que pudiese poner a disposición las correspondientes bases financieras. 
Naturalmente, aquí se incluye también la prosecución de la intensa cooperación en el marco de TACIS y el deseo de que se pongan a disposición los correspondientes créditos a través de las instituciones financieras internacionales. Quiero mencionar especialmente en este contexto al Banco Europeo de Inversiones. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, para finalizar quiero ceder la palabra a mi colega Magdalene Hoff. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, ruego comprendan si permanezco sentada. 
Mi salud no se ha restablecido aún lo suficiente para que pueda hablar de pie. 
Por favor, no lo consideren como una falta de cortesía. 
No voy a reclamar demasiado tiempo sino sólo agradecer a todos los que han contribuido a la formulación del informe de tal modo que el Sr. Comisario Patten ha dicho que la Comisión lo tendrá en cuenta en las negociaciones de la cumbre en Moscú. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El hecho de que el debate sobre este informe se haya planteado aquí en el marco adecuado, es decir, en un debate conjunto sobre la Federación Rusa, muestra de nuevo claramente que seguimos siendo de la opinión de que es tarea del Gobierno ruso adoptar las medidas necesarias para que en Kaliningrado se creen unas condiciones adecuadas. 
Hace poco estuvimos en Kaliningrado con una delegación de nuestra Asamblea y quien ande con los ojos abiertos por la región o la ciudad, sólo puede sentir espanto. 
Tuvimos la oportunidad de mantener una conversación con el alcalde de Kaliningrado, quien se quejó amargamente de que con motivo de la última visita de representantes de la Unión Europea se crearon esperanzas para la nueva construcción de un hospital. En este contexto, se trata en especial de ayudar a los enfermos de tuberculosis. 
Todo lo que han expuesto aquí los oradores anteriores- cuestiones de derechos humanos, salud pública y política de medio ambiente -, son las auténticas cuestiones problemáticas de las que hay que ocuparse y conceder ayuda. 
Pues una cosa está clara y no debemos perderla de vista. Subraya además lo que ha dicho el Comisario Vitorino: no habrá en Europa una situación pacífica si no logramos llenar de vida el Acuerdo de Cooperación y de Comercio. 
Espero que lo logremos pero sería positivo si lo que han expuesto aquí los diferentes representantes de la Presidencia, la Comisión y también del Parlamento, se sacase a colación también en la cumbre de Moscú. 
Muchas gracias por haberme concedido unos minutos de intervención. 
Creo que nos seguiremos esforzando, también conjuntamente, señora Lalumière, para que lo que ha acordado hasta ahora el Parlamento se lleve asimismo a efecto y se convierta en política práctica. 
Muchas gracias. 
Muy en especial, quiero expresar mi agradecimiento a Erika Mann, quien cuando le he preguntado si podía exponer aquí mi aportación, lo ha aceptado inmediatamente sin titubeos. 
Muchas gracias, Erika. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, en primer lugar quiero dirigir unas palabras de respeto y reconocimiento en nombre de mi Grupo y también en el mío propio a Magdalena Hoff por su extraordinario trabajo en general y su excelente trabajo sobre Kaliningrado. 
Quiero añadir lo siguiente: querida Magdalena- nunca me he dirigido aquí en una intervención oficial a nadie empleando su nombre de pila, esta es la primera vez -, quiero expresarte mi profundo agradecimiento por los muchos años de positiva cooperación tanto en el Parlamento como también en otro ámbito, en concreto en la "Europaunion Deutschland". 
Mis mejores deseos para que te restablezcas pronto. 
Muchas gracias por tu extraordinario trabajo. 
Quiero decir unas palabras de duelo por las víctimas de Kaspiisk en Daguestán, que fueron asesinadas el 9 de mayo. 
Entre los 30 muertos había también muchos niños. 
Tal como ha dicho el Comisario Patten, nunca se puede justificar el terror. 
Esperamos que no se repita algo similar. 
Rogamos al Gobierno ruso- esto lo han dicho también el Comisario Patten y el Sr. Presidente del Consejo de Miguel, por lo que les ruego asimismo que lo expongan en la cumbre -, que si los atentados, los actos de violencia han sido cometidos por los chechenos (en el caso de Daguestán es una sospecha para la que aún no hay ninguna prueba) , no equipare a estos terroristas, a esos violentos con el pueblo checheno sino que proteja a la población civil en Chechenia... 
(Aplausos) 
... y que garanticemos mediante negociaciones que Chechenia tenga un buen futuro. 
En total, somos de la opinión de que nuestras relaciones con Rusia son unas relaciones estratégicas. 
Nuestras relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica tienen importancia estratégica, nuestras relaciones con el área del Mediterráneo tienen importancia estratégica y naturalmente, la ampliación de la Unión Europea es también de importancia estratégica, pero del mismo modo nuestras relaciones con Rusia. 
Nuestras relaciones deben basarse en principios democráticos, en el Estado de derecho, en el orden social y de economía de mercado y, sobre todo, en los derechos humanos y en la dignidad humana. 
Queremos cooperar política y económicamente así como en los temas relacionados con la seguridad con Rusia sobre esta base. 
Subrayamos asimismo lo que se acaba de decir aquí sobre el espacio económico común europeo y de cooperar con Rusia todo lo que sea posible. 
Pero añado también, pues a veces se dice, que no me puedo imaginar ni tampoco la gran mayoría de nuestro Grupo- creo que en este aspecto está de acuerdo- que Rusia se pueda convertir con su tamaño en miembro de la Unión Europea. 
Hay que decirlo, pues lo exige la sinceridad. 
Pero queremos ampliar las relaciones económicas, reducir las barreras comerciales y hacer posibles más inversiones en Rusia. 
Aquí tenemos que eliminar obstáculos. 
Queremos cooperar en el campo de la seguridad interna. 
Hace poco estuve con la presidencia de nuestro Grupo en Finlandia, un país limítrofe con Rusia donde existen controles de seguridad ejemplares en las fronteras. 
Tenemos que lograr algo similar en todas nuestras fronteras con Rusia. 
Insto al Gobierno ruso para que realice su aportación y tengamos también seguridad en relación con Kaliningrado. 
Como mi tiempo de intervención ya ha expirado, sólo quiero añadir que tenemos la intención de intensificar las relaciones con la Federación Rusa, pues la seguridad en nuestro Continente depende en el siglo XXI en gran medida de que la Unión Europea tenga capacidad de actuación al igual que Rusia y que sea democrática para que tengamos conjuntamente un buen futuro en nuestro Continente europeo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Comisario, estimada Magdalene, en nombre de mi Grupo, quiero darle a usted las gracias por su valioso trabajo; este informe despierta gran interés en todos nosotros y lo aprobamos unánimemente. 
Por supuesto, también deseamos, querida Magdalene, que usted pueda regresar a trabajar con nosotros y poder así beneficiarnos, entre otras cosas, de sus amplios conocimientos sobre los asuntos del Este. 
Kaliningrado, estimados colegas, se presenta como un ejemplo positivo o negativo en el marco de las relaciones entre la UE y Rusia en función de si se trata de cooperación o de la aparición de problemas. 
En un escenario óptimo, esta región se convertiría en el proyecto piloto de Rusia y de nuestra próxima ampliación: allí se cumplirían las normas de la OMC, lo cual desembocaría en la adhesión de Rusia a la OMC. 
La legalidad, la estabilidad y la sociedad de los ciudadanos crecerían y empezarían a ser una realidad. 
Nosotros ayudaríamos con todo nuestro arsenal: Tacis, Phare, Interreg, etcétera. 
Nuestro comercio mutuo se incrementaría y las personas podrían circular libremente. 
En un mal escenario, crecería la brecha existente en el nivel de vida, cosa que crearía desasosiego dentro de la Unión, mientras que, por el momento, las agitaciones sólo se encuentran fuera de la misma. 
Ello sería sinónimo de sociedad subdesarrollada- la delincuencia es ya un dos por ciento mayor que en el resto de Rusia- y el desplazamiento de la población puede dar lugar a una nueva crisis de Berlín. 
Éste es, pues, el escenario que no deseamos, pero hay que tener bien presente que ahora vivimos un momento lleno de posibilidades si la nueva Administración rusa sabe comprenderlo. 
En cualquier caso, Kaliningrado será el barómetro de nuestras relaciones mutuas. 
Es verdad- como dijo el Comisario, Sr. Patten- que la Cumbre UE/Rusia que se celebrará dentro de un par de semanas es el punto culminante. 
Rusia tiene muchos problemas, y uno de ellos es que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han aportado muy pocos beneficios a la población rusa, la cual no llega a entender esto. 
Por ello, deberíamos proponer un programa de cinco puntos para estrechar nuestras relaciones: espacio económico, adhesión a la OMC, cooperación energética, dimensión nórdica y un acuerdo concreto relativo a Kaliningrado; ¡he aquí esos cinco puntos, estimados colegas! 
Señor Presidente, he intentado escuchar atentamente al Consejo y a la Comisión y debo decir que la Comisión es, como de costumbre, más sincera en la descripción de la actual situación de los acuerdos de colaboración y cooperación y cuando destaca que hay que dar y recibir. 
A mi juicio, no se han producido buenos resultados. 
Hay más boxeo con las sombras y hermosos discursos que resultados concretos. 
Me parece que existe un grave riesgo de que las relaciones entre EE.UU., Rusia y la UE en cierta medida se conviertan en algo parecido a los que estamos viendo en Oriente Medio. 
¿Somos los únicos en el seno de la UE que nos preocupamos de los derechos humanos, de la libertad de expresión, del pluralismo mediático, del medio ambiente y, quizás también, de la situación de las organizaciones ciudadanas? 
¿Qué está sucediendo realmente en Kaliningrado? 
¿Qué está pasando en el diálogo sobre la energía? 
¿Qué ocurre con el acuerdo de colaboración en materias medioambientales en la dimensión nórdica? 
La UE ha dicho en muchas Cumbres que hay que hacer algo. 
La UE ha adoptado decisiones para financiar importantes proyectos medioambientales en el noroeste de Rusia, pero la Federación de Rusia no cumple con su parte. 
¿Les prometeremos que podrán ser miembros de la OMC y de la OTAN o quizás deberíamos exigirles resultados como condición? 
La Presidencia y la Comisión se refirieron a la responsabilidad por los residuos radiactivos, el Acuerdo MNERP. 
¿Cuántas veces tendremos que escuchar a las Presidencias, por ejemplo a la sueca, preguntar por los resultados? 
El asunto se pospone, medio año primero y año tras año después, al mismo tiempo que sabemos que el reloj no se detiene para impedir la fuga de los residuos radiactivos no tratados de los submarinos en Murmansk. 
También sabemos que en mi país- Finlandia- tenemos grandes problemas con los transportes por carretera a Rusia, ya que no se cumplen los acuerdos de horarios y se cobran tarifas adicionales. 
Les pido que en las negociaciones con Rusia también se ocupen de los asuntos difíciles. Por último, estimada Presidencia: otras Cumbres y otros jefes de estado no han evitado hablar de la situación de los niños secuestrados. 
Este asunto debe ser tratado en un diálogo serio. 
Conozco personalmente a muchos niños, por ejemplo a Maria Sboeva y a Tommi Ylönen, que han sido secuestrados y llevados a Rusia. 
Señor Presidente, el mundo ha cambiado en los últimos años, por desgracia, no siempre hacia más paz y seguridad, más cooperación y convivencia pacífica. 
Tras la segunda guerra mundial, los pueblos han transferido al Consejo de Seguridad de la ONU muchos derechos y una alta responsabilidad para la seguridad y la preservación de la paz. 
Aunque la Unión Soviética, como potencia vencedora y en su día segunda superpotencia junto a los EE.UU., ya no exista, Rusia no es como Estado sucesor ningún país insignificante. 
Rusia posee armas nucleares, dispone de unos recursos inabarcables y ha contribuido de modo esencial a configurar la historia de los siglos XIX y XX en Europa y en el mundo. 
La Unión Europea ampliada podrá desarrollar más capacidades para una cooperación con Rusia si se superan los últimos elementos y temores de un pasado de guerra fría y si, por ejemplo, se utiliza adecuadamente la cooperación económica con los Estados candidatos de la Europa Central y Oriental. 
Quien en toda Europa quiera salir de una política de enfrentamiento no debe crear nuevas confrontaciones con una nueva geoestrategia sino tender la mano a Rusia para una auténtica cooperación en la práctica. 
En este contexto, no debemos contar el gran número de encuentros y reuniones y elevarlos a la categoría de baremo de nuestras relaciones. 
El campo de intereses comunes es tan elevado que a la larga el único camino razonable es una seguridad que aporte beneficios a ambas partes, una colaboración que reduzca las tensiones y una cooperación económica con Rusia. 
Como de costumbre, la Sra. Hoff ha elaborado un informe sólido y muy equilibrado sobre Kaliningrado. 
Debo reconocer que admiro su forma de trabajo, así como su delicadeza, puesto que en ningún momento pierde de vista los intereses rusos. Gracias a ello, nuestras preocupaciones por Kaliningrado no suscitarán sospechas en Moscú. 
La Sra. Hoff tiene una amplia experiencia en este campo. 
En realidad, Kaliningrado es una de sus especialidades. Por ello, siempre he tenido mucho respeto a sus informes y también a su opinión, aunque en el pasado encontrábamos cierto placer en medir las armas. 
Kaliningrado ya no es Königsberg. 
Quienes vivieron allí en otros tiempos apenas reconocen nada y ya no se sienten a gusto. 
La región pasaría desapercibida si no fuera a convertirse en un enclave situado en la Unión Europea. 
Proximidad implica responsabilidad. Creo que éste también ha sido un móvil importante para la ponente. 
El futuro de la gente que vive en esa zona debe despertar nuestro interés. 
Por eso mismo, la ponente no se ha limitado al marco general, sino que también ha prestado atención a las necesidades prácticas que los ciudadanos de Kaliningrado experimentan en el día a día. Se trata sobre todo de la necesidad de no permanecer aislados. 
A este fin hacen falta buenas comunicaciones con el resto de la Federación Rusa y con los futuros Estados miembros de la Unión Europea. 
En Kaliningrado se concede incluso una mayor importancia a éstas que a aquéllas. 
Pienso que el libre desplazamiento a la Unión Europea ha de convertirse en un objetivo prioritario. 
Por ello deseamos que se encuentre urgentemente una solución flexible en el marco de Schengen- seamos realistas- para el problema de los visados. 
Muchos de los obstáculos existentes se deben a fallos humanos. 
En numerosas ocasiones los problemas sufridos en las fronteras tienen su origen en la lentitud del personal, las intrincadas costumbres burocráticas, etcétera. 
Se impone, por tanto, un cambio de mentalidad propio de un Estado de derecho, de un sistema democrático y de una economía social de mercado. 
En este sentido también es importante que se establezcan contactos entre la sociedad civil de la Unión Europea, Kaliningrado y otros lugares de Rusia puesto que ello incide directamente en la vida diaria. 
Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Hoff por haber aceptado las enmiendas de la Comisión de Libertades y por su respuesta humorística a los ardides empleados por mí a este fin. 
Muchas gracias, y le deseo mucha suerte. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Hoff por su buen informe. 
Creo que es mucho mejor que el primero, sensiblemente mejor que el documento de la Comisión y espero encarecidamente que este informe pase a la historia de este Parlamento, pues va mucho más lejos. 
La cooperación ha sido también excelente. Muchas gracias a la ponente por haber recogido en gran parte mis enmiendas. 
Existe el peligro de que sólo se realicen bonitas declaraciones festivas sobre lo importante que es la cooperación y sobre qué situación tan especial tiene Kaliningrado, pero las personas que viven allí tienen un miedo alimentado por una realidad, el miedo a que el tránsito sea más difícil, a la libertad de movimientos, a la cooperación entre las ONG y a la pobreza y desempleo. 
Por ello, necesitamos nuevas vías en los instrumentos existentes, nuevas vías en el tráfico fronterizo de pequeña escala, nuevas vías en la cooperación económica, en la cooperación transnacional y, sobre todo, -señor Comisario, deseo apelar de nuevo a usted- nuevas vías en el empleo de los instrumentos financieros. 
Un plan de acción común necesita también un fondo común. 
Señor Presidente, sin duda la cumbre entre la Unión Europea y Rusia es una gran oportunidad para una cooperación histórica. 
Esta cooperación que se debe realizar tanto en el campo económico como en el político, es una de las condiciones más importantes para una política de paz y estabilidad en el siglo XXI. 
Europa y Rusia dependen entre sí mucho más de lo que a primera vista pueda parecer. 
Siempre que se ha producido un vacío entre Europa o los diversos Estados europeos y Rusia ha seguido un terremoto político mundial. 
Es necesario crear una base que impida a la larga un enfrentamiento de este tipo. 
Para ello, es necesario el respeto mutuo y la ampliación de una base de confianza. 
Por supuesto, el conflicto de Chechenia es un gran problema. 
Sin embargo, hay que advertir frente a una condena unilateral de Rusia sin referirse a los motivos de fondo en este conflicto, como por ejemplo, los financieros, los proveedores de armas y, sobre todo, los intereses de materias primas. 
Señor Miguélez, se lo está tomando muy a la ligera. Realmente no puedo aceptar su actitud. 
Que conste que yo participé en dicho debate. Ahora bien, desde el 10 de abril se han venido sucediendo diversas reuniones ministeriales. 
Si no me equivoco, el 16 de abril se celebró un Consejo de Cooperación en Luxemburgo. 
También tuvo lugar un Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. Se trasladó a Bruselas el Primer Ministro ruso, el Sr. Kasjanov. 
Y todas mis fuentes de información dicen que en el fondo el Consejo no tiene en cuenta la opinión del Parlamento. Dicen que ustedes no hacen ningún esfuerzo por incluir el problema de Chechenia en el orden del día político. 
Si usted piensa que no debe leer la presente resolución de compromiso y que puede hacer oídos sordos al último ruego del Parlamento- ojalá se apruebe mañana- de introducir en el orden del día un punto específico sobre Chechenia no me queda más remedio, señor Presidente del Consejo, que concluir que en este momento usted está actuando francamente mal. 
Señor Presidente, no entiendo por qué el ministro español se siente acusado. 
Aprecio el trabajo que se hace en Kaliningrado pero, tal como hace la Comisión, creo que cabe preguntarnos si logramos los resultados previstos. 
A veces parece que nuestras relaciones con Rusia sólo son de "give" por nuestra parte y de "take" por parte de ellos. 
Desgraciadamente hay muchos ejemplos en esta materia. 
Uno de ellos es la dimensión nórdica en la que, tal como el Comisario ha señalado en otras ocasiones, sólo existe un plan of action pero no un action plan. 
El problema es que hemos reiterado que queremos ver resultados. 
Quizás esas Cumbres nos recuerdan los resultados de la propia UE: las decisiones consisten en que habrá que hacer algo más tarde. 
Sin embargo, los verdaderos resultados, aquellos resultados que serían vitales para el entorno en que me muevo, no se ven. 
Les recuerdo al Presidente y a la Comisión que para poder realizar una acción enérgica y eficaz se necesita la totalidad de la UE. 
Señor Presidente, muchas gracias por apartarse del orden del día y concederme la oportunidad de realizar una observación dirigida a mi colega Magdalene Hoff. 
Los socialdemócratas en este Parlamento y los socialdemócratas alemanes queremos expresar nuestro especial agradecimiento a la colega Hoff por haber venido hoy. 
Gravemente enferma, atada a la silla de ruedas, -desde 1979 es diputada de este Parlamento- sin embargo no ha permitido escapar la ocasión de presentar y defender ella misma su informe con ayuda de la colega Erika Mann. 
Por ello, para nosotros, como socialdemócratas que tenemos el placer de trabajar como diputados alemanes desde hace muchos años con ella, solamente se puede decir una frase: estamos orgullosos de nuestra colega. 
Señor Presidente, si le entrego con su autorización un ramo de flores, pues en el Reglamento no se dice que esté permitido algo así, lo hago unido a la esperanza de que lo hago no sólo en nombre de los socialdemócratas sino de todos los diputados de esta Asamblea, quienes pueden estar asimismo orgullosos de tener entre sus filas una colega de esta categoría. 
Muchas gracias, señor Schulz. 
Quisiera decir a la Sra. Magdalene Hoff que el sentimiento expresado por nuestro colega de agradecimiento por su dedicación al Parlamento Europeo es compartido por todos nosotros. 
Muchas gracias. 
He recibido seis propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero elogiar la política presupuestaria de la Comisión como un gran logro y colocar también en el punto central la competencia con que se lleva a cabo. 
Pero para mí, Basilea II representa uno de los mayores problemas para el futuro, el mayor peligro para las pequeñas y medianas empresas desde la segunda guerra mundial si no se hacen bien las tareas. 
¿Cómo cree que repercutirá Basilea II sobre el 40% de las empresas en Europa que no poseen capital propio, cómo repercutirá sobre los ingresos fiscales y cómo lo hará sobre los países candidatos? 
Segundo: actualmente nos encontramos en el marco de la política presupuestaria países que tienen deudas y adicionalmente un elevado desempleo. 
¿Qué programas cree usted pueden ser de utilidad para tener de nuevo bajo control los problemas? 
Señor Comisario, usted ha hecho referencia al tema del envejecimiento de la población y, por ende, a la cuestión de la previsión social. 
La ausencia de reformas en el marco de los sistemas de previsión en los principales Estados europeos resta ahorro al desarrollo económico, mina los presupuestos públicos y constituye un factor de iniquidad entre las generaciones. 
Desde el momento en el que estas referencias a las reformas en materia de previsión se van sucediendo año tras año, mes tras mes, sin que suceda nada en los distintos Estados, ¿no cree usted que es necesario que la Comisión llegue a pronunciamientos más concretos, con cifras más concretas, con solicitudes de compromisos más concretos, también para informar a la opinión pública sobre lo que está ocurriendo, sobre los riesgos que se están corriendo desde el punto de vista de la previsión y sobre los riesgos que seguimos transfiriendo a las nuevas generaciones? 
Esto para evitar que dentro de uno, dos o cinco años estemos aquí repitiendo las mismas cosas porque no habrá sucedido nada. 
Señor Comisario, usted ha llamado la atención en su informe sobre la problemática situación de excepción de los ingresos en los Estados miembros, debida también en parte a las reformas estructurales promovidas por la Comisión. 
Si se observan las deficiencias en el pacto de estabilidad y convergencia y en los programas de estabilidad y convergencia ¿no ha llegado quizás ya el momento de referirse más bien a las deficiencias estructurales o hay que insistir solamente sobre la calidad de los gastos, que es que ocurre en los EE.UU. cuando se habla de las finanzas públicas? 
. La Comisión no quiere añadir nada a lo que ya he comentado en algunas ocasiones. 
El año 2004 es un compromiso aceptado por el Consejo Ecofin y ratificado por el Consejo de Barcelona. 
La Comisión no es favorable a la modificación de esa fecha porque, aunque el programa de estabilidad plantea conseguir una situación de equilibrio a medio plazo, ese medio plazo, inicialmente, se definió en 2002 y se ha alargado ya hasta 2004. 
Creemos que un retraso permanente no ayudará a poder hacer frente a futuras situaciones de desequilibrio creadas por la evolución económica. 
El segundo elemento importante desde nuestro análisis consiste en que todos los Estados miembros deben ser tratados de la misma forma. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0017/2002). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 27 formulada por Struan Stevenson (H-0337/02): 
Asunto: Retraso de las propuestas de reforma de la Política Pesquera Común (PPC) 
¿Puede explicar la Comisión por qué se ha producido un grave retraso a la hora de presentar al Parlamento sus propuestas para la reforma de la PPC? 
¿Puede garantizar al Parlamento que este retraso no impedirá la aprobación de las propuestas claves durante 2002? 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, tras la aparición de nuestro Libro Verde, la Comisión ha mantenido con todos los grupos de intereses un amplio debate sobre el futuro de la política de pesca común. 
Hemos recogido en nuestras propuestas muchas ideas que se han expresado en el marco de este debate. 
Al tratarse las propuestas entre los gabinetes, se plantearon también nuevas cuestiones a las que hay que dar respuestas fundadas que exigen en parte también análisis adicionales. 
Para mí, de lo que se trata es estar en situación de llevar a cabo una auténtica reforma. 
Aquí se incluye que analicemos detalladamente todas las cuestiones. 
A la postre, no se trata solamente de la aprobación de mis propuestas en la Comisión sino también de su justificación fundamentada, precisamente y sobre todo para desbaratar los argumentos de los potenciales opositores a la reforma. 
Queremos asegurar que el paquete de reformas sea amplio y sólido. 
Entretanto hemos avanzado bien con nuestros trabajos. 
Confío en que podré presentar las propuestas a la Comisión a finales de mes. 
Normalmente, el proyecto sólo se habría aplazado una semana, pero por diversos motivos, también porque yo no estaba disponible en determinadas fechas, se ha prolongado algo este período. 
Tenía y sigo teniendo la intención de presentar el proyecto a la Comisión sin una modificación sustancial de las propuestas. 
Naturalmente, es asunto de la Comisión deliberar al respecto y ponerse de acuerdo sobre una posición que sea aceptable por la mayoría de los miembros de la Comisión. 
Una última observación: en lo que se refiere al procedimiento de rotación para los Directores generales, les puedo asegurar que no existe ninguna relación con las propuestas para la reforma de la política de pesca común. 
Están en marcha ya desde hace mucho tiempo los preparativos para una rotación de amplio espectro y el hecho de que la rotación y el paquete de reformas coincidan en el tiempo es pura casualidad. 
Cualquier otra afirmación es falsa. 
Quisiera hacer una pregunta complementaria. 
Agradezco al Comisario la respuesta que ha dado y le he oído decir con placer que desea tomarse el tiempo necesario para producir nuevos análisis y para contener los esfuerzos de cualquier oponente posible. 
Le aplaudo por su actitud, pero desgraciadamente lo que parece haber sucedido ahora es que se han contenido los esfuerzos desplegados para llevar a cabo toda la reforma. 
Nos hallamos actualmente en una situación en la que esperamos que el calendario no haya descarrilado hasta el punto de que rebasemos el final de este año y nos encontremos en 2003, año en el que habrán expirado algunas derogaciones importantes y quizá nos encontramos en una situación de ' cada uno por su cuenta? en todas las pesquerías de la UE. 
Eso no sería beneficioso para ninguno de nosotros ni tampoco para las poblaciones de peces, que se hallan muy cerca del colapso. 
Durante años y años hemos esperado a que esta reforma tenga lugar. 
Nuestros pescadores están sufriendo. 
Estoy seguro de que la Comisión puede darnos una garantía: la garantía de que mantiene su independencia absoluta sobre el particular y de que no cederá ante una presión de cualquier Estado miembro individual o de cualquier otra fuente. 
Señor Presidente, señor diputado, respondo a su pregunta adicional que, en mi opinión, consta de dos partes. Primera: ¿cuál es la situación actual con las fechas? 
Repito de nuevo con toda claridad que a finales de este mes, en concreto el último miércoles de este mes, presentaré la propuesta a la Comisión que será tratada en la misma. 
Además, esto no tiene ninguna influencia sobre el retraso en la adopción de una resolución, pues aunque hubiésemos acordado la propuesta hace tres semanas en la Comisión, el momento para ser tratada por primera vez en el Consejo de ministros de agricultura y en el Parlamento seguiría siendo el mismo. 
Respecto a su segunda pregunta: quiero repetir y asegurar de nuevo que realmente no estoy dispuesto a que nadie interfiera de algún modo sobre las propuestas que realiza la Comisión a través del marco del debate sobre el Libro Verde. 
Tal como me había propuesto, propondré una reforma sustancial y nadie está o estará en situación de influir desde fuera sobre mi posición y mucho menos de un modo ilícito. 
Voy a admitir las cuestiones de orden, pero después de que se hagan las dos preguntas complementarias. 
Y a continuación, la cuestión de orden, porque por ahora no hay ningún desorden. 
Señora diputada, quiero recordarle que ya en mi introducción he indicado claramente que hace un año presentamos un Libro Verde que fue la base de un amplio debate. 
Las propuestas que pienso presentar serán compatibles lo más posible con los objetivos de la reforma y tendrán naturalmente en cuenta las diversas observaciones, aportaciones y discusiones de los últimos meses. 
Pero lo que no va a ocurrir es que la Comisión acepte instrucciones de cualquier tipo. 
La Comisión actúa aquí con plena independencia y responsabilidad propia y presentará las propuestas cumpliendo dicha responsabilidad. 
Este paquete de medidas se ha retrasado tanto que no estoy seguro de que el Comisario que contesta a las preguntas sobre este tema sea el Comisario que debería contestarlas. 
Comprendo que el Sr. Fischler sigua decidido a llevar a cabo una reforma significativa de la política común de pesca, pero no estoy seguro de que vaya a comentar acerca de las sugerencias de que otros están ejerciendo una presión inadecuada sobre otros miembros de la Comisión. 
Quizá deberíamos pedir al Presidente de la Comisión que formule una declaración sobre este asunto. 
También podría confirmarnos si el Director General de política pesquera ha sido trasladado como parte de una operación de pura rutina. 
¿Ha habido también otras personas que en el marco de dicha operación de rutina han sido trasladadas después de avisárseles con solamente unas cuantas horas de antelación? 
¿Es verdad que las dificultades particulares con que se tropieza para llegar a un acuerdo sobre este paquete de medidas se refieren a una parte muy concreta del paquete, y, de ser así, por qué se ha estimado necesario retrasar todo el paquete de reformas? 
Señor Presidente, hay que separar totalmente la cuestión de la reforma de la pesca de la cuestión de la aplicación del principio de rotación en la Comisión. 
Yo siempre me he pronunciado a favor- pues soy miembro del llamado grupo de reforma- de que este principio de rotación se aplique a los funcionarios A1 y A2 y que estos funcionarios de alto rango de la Comisión roten regularmente. 
Hace ya tiempo tuvo lugar un debate sobre una posible despedida del Sr. Smidt durante el año 2003 y en este contexto indiqué claramente que cualquier cambio del Director General de pesca elegido por mí, con quien por cierto trabajo muy bien, puede tener lugar al principio o al final de la reforma, inclusive la primera fase de aplicación. 
Me parece irresponsable que ahora, en que van a comenzar los contactos con los Estados miembros en el Consejo, con el Parlamento y sobre todo con los stake holdern, tenga lugar en la mitad de los trabajos un cambio en una función tan importante. 
El Colegio ha decidido con mi asentimiento que este cambio se realice precisamente ahora al principio y que el Sr. Smidt se incluya en este paquete que se ha aprobado. 
Es muy lamentable que haya habido problemas de comunicación y que el Sr. Smidt haya sido informado muy poco antes de la decisión en la Comisión. 
Pero insisto en que no existe ningún tipo de relación con la reforma de la pesca. 
Señor Presidente, sólo quiero contribuir con una frase a este debate que quizás sirva para traer la paz a esta Asamblea. 
La Comisión de Pesca se va a ocupar extensamente la próxima semana de este tema y me he comprometido a ir allí. 
Estaré entonces a disposición para todas las preguntas que se planteen. 
Pregunta nº 28 formulada por Myrsini Zorba (H-0342/02): 
Asunto: Deportistas menores de edad 
Durante los últimos años, deportistas cada vez más jóvenes participan en grandes acontecimientos deportivos. 
El entrenamiento de estos menores de edad así como su integración en el vivero de campeones comienza frecuentemente en la edad preescolar. 
No obstante, estos jóvenes no están en condiciones de decidir por sí mismos acerca de su futuro y se convierten con frecuencia en semiprofesionales e incluso en objetos de explotación, al tiempo que se les proporcionan "complementos alimenticios" específicos. Europa acogerá los próximos Juegos Olímpicos. 
¿Puede indicar la Comisión si tiene intención de tomar medidas para atajar este fenómeno, quizás en el marco de la estrategia contra el dopaje que ya ha comenzado y tomando como referencia la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño? 
Señor Presidente, señoras y señores, la Sra. diputada se refiere a la cuestión de la protección de los menores de edad en el deporte. 
Llama en especial la atención sobre los riesgos a que están expuestos los menores, con frecuencia profesionales o semiprofesionales, en la participación en grandes competiciones deportivas. 
El tema de la protección de los deportistas jóvenes se trató por primera vez en la declaración realizada por el Consejo Europeo en Niza, en el marco de las políticas comunes, sobre las características especiales del deporte que se deben tener en cuenta y su función social en Europa. 
En el marco del informe de Helsinki sobre el deporte así como del Foro Europeo del Deporte celebrado el 26 y 27 de octubre en Lille- en especial en el workshop sobre el tema de la protección de la juventud -, la Comisión se ha referido a este tema y se analizó asimismo la situación especial de los jóvenes menores de 18 años con motivo de los debates mantenidos entre la Comisión y la FIFA sobre las reglas para la transferencia internacional de futbolistas y que concluyeron en marzo de 2001. 
Pero no debemos olvidar una cosa: la auténtica protección de los deportistas jóvenes cae en su mayor parte bajo el ámbito de competencias de los Estados miembros. 
Pero con sus iniciativas, la Comisión ha impulsado masivamente el diálogo interestatal sobre este problema. 
Además, se han adoptado medidas en el ámbito comunitario teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad. 
Por ejemplo, el Consejo aprobó el 22 de junio de 1994 la Directiva 94/33 sobre la protección de los jóvenes en el trabajo. 
Esta directiva prohibe el trabajo infantil, se reglamenta el trabajo de los jóvenes y se indica que todos los empresarios deben garantizar a los jóvenes unas condiciones de trabajo concordes a su edad. 
Así pues, su objetivo esencial consiste en promover unas condiciones de trabajo mejores para los jóvenes sin prever una prohibición absoluta. 
Finalmente, la Comisión ha puesto en marcha numerosas medidas para la lucha contra el doping, en especial entre los jóvenes. 
En 1999 se aprobó un informe sobre un plan para la contribución de la Comunidad a la lucha contra el doping. 
Además, el año pasado se han financiado varios estudios, entre otros un estudio sobre la protección de los deportistas jóvenes. 
Finalmente, la Comisión está actualmente realizando consideraciones para la aplicación de un nuevo plan comunitario para la lucha contra el doping que tenga aún más en cuenta la problemática de la lucha contra el doping entre los jóvenes. 
Conozco, por supuesto, todo lo que se ha hecho en el pasado, pero, dado que nos encontramos ante la organización de unos Juegos Olímpicos, considero de gran importancia examinar si todas esas medidas parciales y todos esos estudios nos conducirán bien a un verdadero plan de acción comunitario, bien a la recomendación por parte de la Comisión a los países miembros? y a la correspondiente decisión al respecto? al objeto de aprobar planes nacionales sobre el asunto en cuestión. 
Porque los complementos alimenticios y el profesionalismo en los niños en edad preescolar ha alcanzado ya enormes dimensiones. 
Constituye una verdadera amenaza para la salud de los menores? creo yo? y, además, se opone al espíritu del deporte para todos y del deporte voluntario. 
Señor Presidente, señora diputada, señoras y señores, sólo puedo asegurarle de nuevo y me he cerciorado además en los servicios competentes: va a haber un plan de acción de este tipo. 
Reconozco perfectamente su preocupación en relación con los próximos Juegos Olímpicos. 
Por ello necesitamos un plan de acción, que se va a ocupar fundamentalmente del control antidoping y de medidas antidoping. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 29 y 85 se contestarán conjuntamente. 
Asunto: Publicación anticipada de desiderata de la Comisión sobre la liberalización de servicios en los países en desarrollo 
En el marco de las negociaciones GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) se está preparando actualmente, dentro del Comité 133 de la Comisión, la denominada lista de desiderata de la Unión Europea para la liberalización de servicios en los países en desarrollo. 
La Comisión considera que tales listas no son del dominio público. 
A través de la página de Internet de una ONG, dichas listas se pueden consultar desde el 16 de abril por lo que se refiere a 29 países. 
De estas listas se deduce que a los países en desarrollo también se pide la liberalización de determinados sectores de servicios, sectores que igualmente dentro de la Unión Europea se califican de sensibles. 
¿Ha concedido la Comisión un trato prioritario a las empresas? 
¿Qué papel ha desempeñado la empresa European Services Network? 
¿Es cierto que la Comisión es partidaria de la apertura del sector del agua en los países en desarrollo, mientras que los Estados miembros no desean tal evolución en su propio territorio? 
¿No se trata de una contradicción? 
¿Cuál es la relación entre las negociaciones GATS y las exigencias del Programa de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional frente a los países en desarrollo por lo que se refiere a la liberalización? 
Asunto: Preparación de las negociaciones del GATS 
La Comisión está preparando actualmente, en colaboración con el Comité 133, su mandato para las negociaciones del GATS. 
Al parecer, se está elaborando una lista de los sectores que la Unión Europea desea ver incluidos en las conversaciones sobre liberalización. 
¿Puede indicar la Comisión de qué forma se están preparando estas importantes negociaciones y qué sectores se han incluido en la lista de solicitudes ("request-list") de los Estados miembros? 
¿Está dispuesta la Comisión a dar a conocer esta lista al Parlamento Europeo? 
Se ha afirmado repetidas veces que los bienes públicos como la educación, la asistencia sanitaria y el agua no se liberalizarían bajo ningún concepto. 
¿Puede confirmar la Comisión si se va a mantener esta posición? 
¿Se va a someter la lista de solicitudes, para aprobación, al Consejo de Asuntos Generales, o se incluye esta cuestión íntegramente en el mandato de negociación de la Comisión? 
Tenemos un concepto muy alto del Comisario, pero, de hecho, no pensábamos que fuera a desarrollar una estrategia tan secreta como para elaborar esta lista oculta por iniciativa propia. 
Pero ahora que la lista está sobre la mesa constato que el Comisario ha dicho que, si nosotros formulamos una petición, ningún país está obligado a acceder a ella en contra de su voluntad. 
Corresponde a cada país determinar lo que entiende por sector público. 
Según he comprendido, el Comisario fundamenta su razonamiento en un principio básico. Quisiera preguntarle si puede confirmar nuevamente que, por lo que a él respecta- en realidad es algo que afecta a la Comisión y a nosotros como Parlamento -, dicho principio consiste por así decirlo en no imponer a los demás lo que no queremos o lo que no nos exigimos a nosotros mismos, por ejemplo en materia de agua, educación, salud u otros sectores. 
También quisiera saber si está dispuesto a abrir un debate conjunto cada vez que nos desviemos de esta línea general. 
Creo que para nosotros es muy importante que conozcamos a fondo este principio político, esta línea clara. 
Por lo demás, pienso que Johannesburgo puede ser un lugar adecuado para salvaguardar la gestión pública del acceso al agua y para concretar, al mismo tiempo, vías de financiación privada. 
Doy las gracias al Comisario por la claridad de su respuesta. 
Debo admitir que la información de las ONG me produjo una enorme alegría. 
Solamente quisiera que el Comisario puntualizara si, una vez finalizadas las negociaciones, ha de volver al Consejo de Asuntos Generales para obtener un mandato oficial o si la Comisión ya dispone de tal mandato en este momento. 
Es cierto que el tema del agua ha suscitado una enorme controversia, también en Europa. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta y quisiera formular una pregunta complementaria. 
En numerosos artículos de prensa se sostiene que la Comisión pretende asociar las exigencias de liberalización de los servicios en otros países con la disminución o eliminación de las subvenciones a las exportaciones agrícolas por parte de la UE. 
En mi opinión, es repudiable e indefendible relacionar exigencias de liberalizaciones en otros países con la necesaria disminución de las subvenciones a las exportaciones agrícolas en la UE. 
Me pregunto si el Comisario puede dar garantías de que esto no es así, que no se vincularán las subvenciones a las exportaciones agrícolas de la UE con las demandas de liberalización de los servicios públicos en otros países. 
Señor Presidente, señor Comisario Lamy, sabemos que las negociaciones del GATS sirven también para llevar más bienestar a los países en vías de desarrollo, si bien la liberalización persigue el objetivo de aportar una ventaja en beneficio del consumidor y, por lo general, se orienta en contra de las empresas afectadas. 
Por ello, me interesaría saber qué sectores de servicios tienen prioridad para la Comisión en las negociaciones. 
Muchas gracias, señor Lamy, por su cooperación. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Schreyer 
Dado que su autor no está presente, la pregunta 30 decae. 
Pregunta nº 31 formulada por Göran Färm (H-0343/02): 
Asunto: Ejecución del presupuesto 
Desde hace varios años, el presupuesto de la UE registra un superávit importante. 
Se trata de una tendencia negativa, ya que implica que parte de las cantidades asignadas no llegan a su destino, lo que puede, a largo plazo, poner en entredicho la credibilidad de la UE. 
¿Está la Comisión en contacto con el Consejo de la Unión Europea y con los Estados miembros para mejorar la ejecución del presupuesto? 
Señor Presidente, señoras y señores, a la pregunta del diputado Färm respondo como sigue: en el ejercicio 2001 se utilizó en total un 97% de los créditos de compromiso. 
Esto representó una clara mejora frente al valor del año anterior en el que tuvimos una tasa de utilización del 82%. 
Pero en el caso de los créditos de pago, la imagen fue diferente. 
Aquí, la utilización en el año 2001 fue del 82% de los créditos disponibles y con ello por debajo del ya bajo nivel del año anterior, es decir, del 2000, en que la tasa fue del 88%. 
Los excedentes del ejercicio presupuestario 2001 se deben esencialmente a la insuficiente utilización de los créditos de los Fondos estructurales- 9.400 millones -, de los Fondos de cohesión así como de los instrumentos para la preadhesión ISPA, SAPARD y PHARE. 
También los ahorros en el sector agrario, por un importe de 1.900 millones de euros, contribuyeron no de modo insignificante al excedente presupuestario del año 2001. 
En el caso de los Fondos estructurales, el motivo de la deficiencia de utilización se debe sobre todo al retraso en el inicio de los programas del nuevo período de planificación 2000 a 2006. 
En el caso de SAPARD e ISPA se debe a la confluencia de dos factores, por un lado, las dificultades en las nuevas actividades debidas a la puesta en marcha y, por otro, la creación de las necesarias estructuras administrativas en los Estados candidatos. 
La Comisión está muy preocupada por esta evolución y ya ha adoptado una serie de medidas preventivas para impulsar las medidas iniciadas en el 2001. 
Entre otras cosas, se ha dirigido a los Estados miembros, que son responsables de la aplicación de los programas con el requerimiento de que respeten estrictamente el calendario de ejecución para el período 2000 hasta 2006, inclusive la regla n+2 establecida en el artículo 31 del Reglamento 1260/1999. 
Para los diversos programas, esta regla es aplicable ya desde el 31 de diciembre 2002 y para los restantes desde el 31 de diciembre 2003. 
Mediante un escrito del 21 de noviembre del año pasado, mi colega Barnier llamó expresamente la atención de los Estados miembros sobre esta regla. 
Los servicios de la Comisión informan regularmente a los Estados miembros sobre el estado de aplicación de todos los compromisos en los que existe peligro de que la mencionada regla no llegue a aplicarse. 
La última información a este respecto tuvo lugar en abril 2002. 
Se concedió a los Estados miembros un plazo hasta el 31 de marzo 2003 para que presenten sus solicitudes de pago final para los programas del último período de planificación, es decir, el período 94 hasta 99. 
En el caso de los Fondos de cohesión se determina en cada resolución de financiación un plazo vinculante para la presentación de estas solicitudes de pago. 
La Comisión ha comunicado a los Estados miembros que está en principio en contra de una prórroga de estos plazos. 
La ejecución de las medidas de los fondos estructurales se debe revisar en el futuro durante todo el curso del año más intensamente que hasta ahora, en especial con ayuda de las nuevas previsiones de pagos que deben presentar los Estados miembros. 
Estas previsiones serán puestas en conocimiento también de la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario. 
Por lo demás, la Comisión llamará la atención de los Estados miembros afectados sobre el riesgo de una suspensión automática de compromisos no solventados durante demasiado tiempo. 
La apreciación de las necesidades de los Estados miembros para los pagos a realizar en el ejercicio 2001 en el marco de los fondos estructurales- exceptuando los pagos adelantados- fueron para el ejercicio 2001 quince mil millones superiores a lo que reclamaron luego realmente los Estados miembros como pagos. 
En las restantes líneas presupuestarias, la Comisión se esfuerza por afinar sus pronósticos de necesidades y por ampliar el plan de ejecución para el presupuesto 2002, para exponer de este modo a tiempo las eventuales discrepancias entre las necesidades y los recursos disponibles gracias a una función de alerta previa. 
En base a este plan se supervisará la ejecución presupuestaria durante todo el curso del año y en septiembre y noviembre del 2002 se informará a la autoridad presupuestaria, tal como les he indicado. 
Agradezco a la Comisaria Schreyer su constructiva respuesta a mi pregunta. 
Como ponente de los presupuestos habría podido discutir esto con la señora Schreyer en relación con el debate del ejercicio de 2003, pero he optado por hacerlo en forma de pregunta. 
Se trata realmente de algo mucho más importante y más que nada de un problema de principios. 
Las autoridades presupuestarias adoptan sus decisiones sobre política regional y de ayudas al desarrollo porque nos interesa hacer algo en favor del empleo en las regiones pobres y para ayudar a los países pobres del mundo. 
Si descubrimos que una gran parte de lo que hemos decidido no se llega a cumplir estamos frente a un problema que concierne a la democracia y cuya consecuencia puede ser que disminuya la confianza de los ciudadanos en la UE. 
Por eso creo que los Estados miembros, el Consejo, la Comisión y el Parlamento deben redactar un plan de acción común para cambiar realmente esta situación. 
Quisiera formular una última pregunta a la señora Schreyer. 
¿Piensa la Comisión que existe capacidad suficiente en los Estados miembros como para hacer algo que permita realmente resolver estos problemas? 
A veces me parece que los ministros de finanzas de los Estados miembros lo que mejor hacen es aplaudir cuando se les devuelve dinero. 
¿Existe una verdadera voluntad de hacer algo para que la Comisión y el Parlamento resuelvan conjuntamente estos problemas? 
Señor diputado, por un lado me permito indicar que la aplicación ha mejorado sensiblemente en el campo mencionado por usted de la ayuda exterior durante los dos últimos años. 
El último año, el 2001, se han entregado también casi todos los créditos de pago disponibles. 
Esta es una situación básicamente diferente respecto a los años anteriores. 
La reforma y sobre todo también las medidas que mis colegas Chris Patten y Poul Nielson han adoptado se reflejan ahora muy positivamente. 
Respecto a la segunda parte de su pregunta, puedo decir que los Estados miembros están interesados ahora en gastar también los créditos de los fondos estructurales. 
Usted tiene razón, por un lado son naturalmente los Ministros de Hacienda los que se alegran cuando los créditos de un ejercicio retornan pero, por otro, son también los Ministros de Hacienda los que elaboran las previsiones sobre lo que se va a reclamar en un año de los fondos estructurales. 
Tenemos, por un lado, la previsión y la enorme discrepancia con la que luego se realiza y, por otro, también el hecho de que se saluda la devolución. 
Estamos considerando cómo podemos aplicar instrumentos para hacer más concretas y quizás también más vinculantes estas previsiones en las que se basa nuestra propuesta. 
Me permito indicar que en las medidas para el fomento del desarrollo del área rural, la norma prevé que si la previsión de los Estados miembros sobre cuánto necesitan de desvía en un determinado porcentaje de los que luego se ejecuta, se sancione casi al siguiente año en forma de una deducción. 
Esta es una regulación muy amplia, pero se ha mostrado que funciona. 
Mi colega Barnier trabaja también en lograr una mejora en la discrepancia que tenemos actualmente en los fondos estructurales. 
Señora diputada, usted tiene razón en que en el caso de los fondos estructurales devolvemos casi todo los que los Estados miembros han gastado. 
Por tanto, si no se presentan facturas tampoco se puede pagar, mientras que en el caso del programa Live se trata de una implementación directa. 
El año pasado tuvimos un retraso en determinadas licitaciones. 
Lamentablemente, no le puedo informar ahora sobre cuál es el grado actual de utilización. 
Lo haré gustosamente por escrito de modo muy concreto y detallado. 
Muchas gracias, señora Schreyer. 
Preguntas dirigidas al Sr. Busquin 
Pregunta nº 32 formulada por Bart Staes (H-0266/02): 
Asunto: Presupuesto europeo y apoyo a la industria armamentista 
Según el Institute for Security Studies, la UE dedicó en 1999 entre 1.500 y 2.000 millones de euros a gastos relacionados de un modo u otro con el armamento. 
La mayor parte de este dinero se gastó a través de los Fondos Estructurales y del presupuesto de investigación y tecnología del Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
¿Puede confirmar la Comisión esta afirmación y comunicar en qué medida responden fondos europeos del apoyo directo o indirecto a la industria armamentista y puede comunicar asimismo la Comisión cuántos fondos de la UE se han empleado en medidas orientadas a la reconversión de la industria armamentista? 
Agradezco al Comisario Busquin su respuesta. Sin embargo, hay un punto que requiere una precisión. 
Según he podido entender, usted dice claramente que el Programa Marco solamente puede utilizarse para fines civiles, no para fines militares. 
Ahora bien, hay algunos productos de doble uso- dual use- que se emplean tanto en el sector civil como en el sector militar. 
¿Puede afirmar o asegurar el Comisario que el dinero del Programa Marco tampoco se destinará a estos productos de doble uso? 
En segundo lugar, el Comisario ha señalado que el programa KONVER como tal dejará de existir en el período 2000-2006, aunque se considera la posibilidad de llevar a cabo acciones y de presentar solicitudes similares. 
¿Puede comunicarnos si en este momento se están desarrollando proyectos al estilo del antiguo programa KONVER? 
Vaya por delante mi agradecimiento. 
Quisiera responder al Sr. Staes sobre los dos puntos. 
Con respecto en primer lugar al programa de investigación, el Tratado y los textos relativos al Quinto Programa Marco son claros: la Comisión no tiene competencia jurídica en materia de investigación militar específica ya que este ámbito depende de la cooperación intergubernamental y de la UEO. 
Deseo hablar del artículo 17 del Tratado. 
La decisión sobre el Quinto Programa Marco estipula que la asistencia financiera otorgada por la Comunidad a los proyectos de investigación que dependen del Programa Marco se utilizará exclusivamente para fines civiles. 
No autoriza por tanto ninguna ayuda explícita a la investigación civil y militar al mismo tiempo. 
La propuesta relativa al Sexto Programa Marco va en el mismo sentido. 
Es totalmente claro también que no resulta fácil evaluar la parte de las investigaciones civiles que serán quizá objeto de aplicaciones en el ámbito militar. 
Están por ejemplo algunos programas de investigación informática que pueden en un momento o en otro, aunque su objetivo sea civil, tener una aplicación militar. 
Pero nosotros no hacemos más que programas de investigación para fines civiles. 
Esto es todo en lo que respecta al programa de investigación. 
En lo que se refiere a Konver, les he dicho que las acciones financiadas por Konver siguen siendo posibles en el marco de programas que dependan de los Objetivos 1 y 2, que son competencia de mi colega Barnier. 
No dispongo de otros elementos para señalarles la parte actual de las acciones financiadas por Konver en el marco de los objetivos 1 y 2. 
Les señalo con todo que los programas Konver tienen como objetivo la conversión de las cuencas de empleo más afectadas por la reducción de las actividades armamentistas o el cierre de emplazamientos militares. 
Por tanto, la finalidad de estos programas es una finalidad socioeconómica que va en el sentido que, según creo, desean ustedes. 
Pregunta nº 33 formulada por Bernd Posselt (H-0326/02): 
Asunto: Constituciones de los Estados miembros y Sexto Programa Marco 
En vista de la insatisfactoria respuesta de la Comisión a mi pregunta (H-0167/02 
Señor Presidente, no se trata meramente de una cuestión ética de cualquier tipo. 
Por ello, quiero preguntar muy concretamente al Comisario lo siguiente: ¿puede usted excluir que un contribuyente europeo pague impuestos para una investigación que estaría penalizada si se llevase a cabo en su propio Estado miembro? 
Resulta totalmente claro que en cada Estado miembro es necesario evidentemente respetar la legislación de dicho Estado miembro. 
Es absolutamente indispensable. 
Hemos dicho evidentemente que un Programa Marco de investigación es una propuesta comunitaria adoptada por codecisión entre el Consejo y el Parlamento. 
Resulta pues evidente que velaremos para que los comités de ética que analizan cada propuesta tomen en consideración todas las sensibilidades tanto de la comunidad científica como de las legislaciones locales. 
Quisiera preguntar lo siguiente al Comisario: si el debate de esta mañana es una indicación, el Parlamento aceptará probablemente la posición común a reserva de las enmiendas convenidas en bloc. 
Ahora bien, no acabo de ver con claridad qué es exactamente lo que eso significará en esta esfera concreta. 
Quizá el Comisario pueda aclararnos, por ejemplo, lo siguiente: si se recibe una solicitud del Reino Unido, o de Italia, o de Alemania, para desarrollar investigaciones con células germinales embrionarias, ¿habría financiación de la UE en cada uno de esos casos? 
Es importantísimo. 
Según la interpretación el Comisario parece haber dicho que las investigaciones sobre células germinales embrionarias no pueden recibir financiación en absoluto. 
No es así como yo entiendo la situación. 
Quisiera formular una pregunta complementaria al Comisario Bosquin: ¿Qué cree el señor Comisario que ocurre con la confianza de los ciudadanos respecto a la Unión Europea y a los programas de investigación comunes en los diferentes Estados miembros, especialmente en los cuatro países que han prohibido por ley las células madre embrionarias? 
¿No constituye un problema serio de credibilidad para la UE y para la política de investigación común que la propia Unión Europea realice programas de investigación en campos que han sido prohibidos por la vía política en esos países? 
¿No debería la investigación en el ámbito de la UE orientarse hacia lo que es común en lugar de buscar lo polémico? 
Pregunta nº 34 formulada por Phillip Whitehead (H-0330/02): 
Asunto: Trabajos del Grupo Europeo sobre Ética 
¿Puede garantizar la Comisión que en el nuevo Plan de Acción sobre ciencias de la vida las implicaciones éticas de la biotecnología y la investigación genética se seguirán teniendo en cuenta sin poner por ello obstáculos que retrasen el desarrollo de tecnologías potencialmente beneficiosas tales como los ensayos genéticos y la farmagenómica y, en caso afirmativo, cómo piensa hacerlo? 
Le ruego, señor diputado, que repita la última parte de su pregunta que no ha sido bien comprendida. 
¿Reconoce el Comisario que algunas de las investigaciones involucran cuestiones de urgencia, así como un debate fundamental sobre principios esenciales, y que ésa no es una esfera en la que se deban tolerar innecesarias maniobras obstruccionistas llevadas a cabo por grupos o comités éticos? 
Sobre la base de los debates acerca de las dos últimas preguntas y en vista de que mañana es de esperar que aprobemos el programa de investigación, quisiera formular una pregunta directa al Comisario. 
Es evidente que el Grupo Europeo sobre Ética está cobrando una importancia cada vez mayor, y quizá le inquiete a usted que no tenga todavía un programa claro de trabajo. 
¿No le preocupa que no tenga presidente? 
¿Puede garantizarnos personalmente que va a velar por que las preguntas que mis colegas y yo mismo queríamos hacerle hoy en relación con la labor del Grupo y con el nombramiento de un nuevo presidente van a ser contestadas rápida y adecuadamente, de forma sincera y transparente? 
Espero que pueda hacernos usted alguna promesa rápida y clara sobre esta cuestión, pues nos interesa mucho que pueda resolverse sin demora. 
Puesto que usted, Comisario, es evidente que va a utilizar al Grupo Europeo sobre Ética como instrumento para llevar a cabo el Programa Marco de investigación, ¿podría indicarnos hasta qué punto va a informar al Parlamento acerca del asesoramiento que le dé dicho Grupo, acerca de la composición del Grupo y acerca de las discusiones que sostenga usted con el Grupo y con su Presidencia, cuando sea nombrada la persona que vaya a ocuparla? 
Muchas gracias, señor Busquin. 
Preguntas dirigidas al Sr. Verheugen 
Pregunta nº 35 formulada por Mihail Papayannakis (H-0264/02): 
Asunto: Protección de los roma contra la discriminación racial en Europa 
Según el informe del Consejo de Europa "Extremist threats to democracy", en muchos países candidatos de la Europa Central y Oriental se observa un aumento de las agresiones racistas contra los roma. 
En este mismo informe se manifiesta el temor de que los roma sean también víctimas de discriminaciones de clara orientación xenófoba y racista, entre otros, en los Estados miembros, con responsabilidad de las fuerzas políticas que participan en los gobiernos de estos países. 
Considerando que las conclusiones del informe en cuestión difieren de los informes optimistas de los observadores comunitarios sobre los progresos de los países candidatos en el camino de la adhesión, ¿podría informarme la Comisión de las medidas adoptadas por estos países para garantizar un alto nivel de protección de los roma contra la discriminación racial y étnica y, en particular, de la situación existente en los Estados miembros? 
Señor Presidente, señor diputado, queda fuera de toda duda que la discriminación de los roma sigue estando muy extendida en una serie de países candidatos y que sus condiciones de vida son extremadamente difíciles. 
La Comisión ha reconocido siempre en sus informes regulares estas situaciones anómalas y otras más. 
Es necesario seguir realizando esfuerzos y también poner a disposición la correspondiente ayuda financiera para garantizar que se apliquen de modo permanente los diversos programas en los países candidatos. 
Por ello, no puedo compartir la opinión del Sr. diputado, según la cual las opiniones de la Comisión en este contexto son demasiado optimistas. 
Estoy gustosamente dispuesto a poner de nuevo a su disposición los correspondientes extractos de las posiciones e informes de la Comisión. 
La Comisión ha sacado continuamente a colación este asunto en el marco de la estrategia para la preadhesión. 
La Comisión supervisa además regularmente la evolución que tiene lugar. 
La cuestión de la discriminación de los roma es sin embargo una cuestión muy antigua, es de naturaleza muy compleja y debemos tener claro que unas mejoras sustanciales sólo se pueden lograr a medio y largo plazo. 
La Comisión ha exigido que se pongan en marcha en todos los países candidatos en los que existe una proporción considerable de población roma planes de acción para reducir la discriminación. Esto también se ha hecho. 
Diversos programas de la UE han supuesto una considerable aportación al respecto. Sin embargo, tengo que decir muy claramente que nuestro mensaje político a los países candidatos consiste en que son ellos los que tienen la responsabilidad de mejorar la situación de los roma. 
No podemos exonerar de su responsabilidad a estos países frente a este problema. 
En julio del 2000, la Unión Europea aprobó normas jurídicas vinculantes para la prohibición de discriminaciones racistas y étnicas en el puesto de trabajo, en la formación, en el sector social, etc. Una segunda directiva prohibe la discriminación en el puesto de trabajo debido a religión y creencia, minusvalía, edad y orientación sexual. 
Los Estados miembros tienen que convertir estas directivas hasta el 2003 en derecho nacional, es decir, que también los nuevos futuros Estados miembros tienen que hacerlo antes de que se adhieran a la Unión Europea. 
El marco jurídico va acompañado por un programa de acción dotado de 100 millones de euros que pretende mejorar nuestras posibilidades para combatir el racismo y todas las demás formas de discriminación. 
Además, la Comisión presentó en noviembre de 2001 una propuesta para una resolución marco del Consejo para crear un instrumento jurídico en el campo del derecho penal. 
Con este instrumento jurídico se quiere garantizar que los comportamientos racistas y xenófobos se castiguen en todos los Estados miembros con el mismo baremo cuando se trate de los mismos hechos. 
En segundo lugar, se quiere lograr que mejore y se impulse la cooperación de la justicia en este campo. 
Señor Presidente, una observación y una pregunta. 
No quería acusar a la Comisión de ser demasiado optimista, sencillamente he contrastado lo que dice la Comisión con el informe del Consejo de Europa titulado ' Extremist threat to democracy? ; en esa comparación se fundamenta mi juicio. 
La pregunta, señor Comisario, es la siguiente: pedimos muchas cosas a los demás. 
¿Nosotros qué hacemos? 
No me refiero al programa y al dinero. 
Es otra cosa. 
Los roma, como es sabido, no tienen ningún estado que se ocupe de ellos, no pertenecen a un estado determinado y son siete u ocho millones de personas; deberán, pues, encontrar algún medio de expresión. 
Han celebrado un congreso, piden algunas cosas, piden un fórum europeo, piden una relación especial con las instituciones europeas, algún tipo de reconocimiento puesto que, al carecer de un estado que los reconozca y que recuerde a todo el mundo el holocausto, el gran holocausto del que también ellos fueron víctimas hace medio siglo, necesitan encontrar algún cauce de expresión, disponer de alguna representación. 
Nosotros no podemos ser ese cauce. 
¿Tienen intención de hacer alguna propuesta en el sentido de reconocer alguna representación especial de los roma ante las instituciones de la Unión Europea? 
Señor diputado, no la Comisión no tiene tales propuestas y también tengo que decir claramente que tendría grandes objeciones en apoyar que la cuestión de los roma se tuviese que europeizar en el sentido de que este grupo étnico sea dotado de un estatuto europeo de minoría totalmente propio como minoría supranacional europea. 
Más bien, creo que en este caso no podemos actuar de otro modo que exigiendo a los Estados miembros y a los futuros Estados miembros con todas las posibilidades de que disponemos para que combatan enérgicamente el problema de la discriminación. 
Con los programas comunitarios podemos contribuir a apoyar esta lucha y esto es lo que hacemos. 
Pregunta nº 36 formulada por Sarah Ludford (H-0280/02): 
Asunto: Chipre 
¿Qué propuestas puede presentar la Comisión, dentro de los límites del Derecho europeo e internacional, para levantar o aligerar el embargo económico sobre el norte de Chipre, de forma que se alivie el actual aislamiento de la población turcochipriota y se pueda avanzar hacia una solución política en la isla en la perspectiva de la adhesión a la UE? 
Señora diputada, según la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del 5 de julio de 1994 en el asunto Anastasiou, las mercancías chipriotas gozan de un acceso privilegiado al mercado de la UE si se adjunta un certificado de origen extendido por las autoridades competentes de la República de Chipre. 
Actualmente, en el norte de Chipre, exportadores turco-chipriotas son obligados a utilizar el sello de la República Turca del Norte de Chipre. 
Esta República Turca del Norte de Chipre no ha sido reconocida internacionalmente por ningún Estado en todo el mundo, exceptuando Turquía. 
Por ello, estos sellos no pueden demostrar correctamente el origen chipriota de las mercancías. 
El 5 de agosto de 1994, el Presidente chipriota Kleridis comunicó por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas lo siguiente, cito: "Si se respetan los procedimientos previstos según el derecho nacional, europeo e internacional, los turco-chipriotas pueden exportar sus mercancías bajo las mismas condiciones que la restante población de Chipre". 
Este escrito contiene así pues la clara promesa política de la República de Chipre de extender certificados de origen a demanda de exportadores turco-chipriotas. 
Es por ello tarea de los chipriotas ponerse de acuerdo sobre cómo los turco-chipriotas pueden obtener en la práctica certificados de origen extendidos por la República de Chipre. 
Señora diputada, los dos coincidimos sin duda junto con todos los miembros de esta Asamblea en que esta cuestión tan difícil probablemente sólo se podrá solucionar y se solucionará en relación con la solución de la cuestión chipriota. 
Por ello, entre nuestros objetivos se incluye también el de superar esta situación tan lamentable para los turco chipriotas y regular la cuestión chipriota tal como está previsto en este año, antes de que adoptemos las decisiones sobre la adhesión. 
Comisario, ¿no le parece que el comercio brinda una excelente manera de dejar de lado las querellas políticas? 
No creo que sea necesario reconocer al régimen turcochipriota para que un kilo de tomates cosechados en el norte se puedan vender al otro lado de la Línea Verde. 
Sencillamente no veo por qué nuestra negativa a comerciar con los chipriotas del norte está en contradicción con nuestro deseo sincero de conseguir que toda la isla- norte y sur- quede plenamente integrada en la Unión Europea. 
Señor diputado, nosotros no negamos el comercio con los turco-chipriotas. 
Coincido expresamente con usted en que desde la perspectiva de la Comisión, la inclusión más intensa de la parte norte de Chipre en el comercio es incluso ardientemente deseada, pues es una situación lamentable que la parte griega de la isla se desarrolle positiva y rápidamente, mientras que la parte turca se hunde cada vez más en la pobreza. 
No negamos el comercio. 
El problema consiste en que los turco-chipriotas son impedidos por sus propias autoridades- digo autoridades entre comillas- en el cumplimiento de las necesarias condiciones previas y éstas son los certificados de origen que no puede extender la República del Norte de Chipre sino sólo la República de Chipre que es reconocida por el derecho internacional. 
La Comisión no puede modificar nada en esta situación jurídica totalmente clara. 
Cometeríamos una manifiesta contravención jurídica si nos comportásemos de otro modo. 
Pregunta nº 37 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0324/02): 
Asunto: Perspectivas de solución del problema chipriota y negociaciones de adhesión 
¿Qué valoración le merecen a la Comisión las perspectivas de solución del problema chipriota para junio de 2002, y hasta qué punto considera que los turcochipriotas podrán incorporarse finalmente al proceso de adhesión? 
¿Se propone dirigir al Sr. Denktash un mensaje que exprese que el obstruccionismo en el diálogo y el posible intento de causar la impresión de que el problema chipriota podría solucionarse precisamente en vísperas de la conclusión de las negociaciones de adhesión de los países candidatos o con posterioridad a dicho momento no impedirán la adhesión de la República de Chipre a la UE, sino que, por el contrario, perjudicarán los intereses vitales de los turcochipriotas? 
Señor diputado, a mí me pasa como a usted: por el momento no se puede aún reconocer si las conversaciones directas en Chipre sobre la solución del conflicto tendrán el resultado deseado. 
La Comisión apoya plenamente las conversaciones directas entre los dirigentes de ambas comunidades y su intención declarada de encontrar una solución hasta finales de junio de este año. 
Los turco-chipriotas están invitados a participar en las negociaciones para la adhesión en el marco de la delegación chipriota. 
Lamentablemente, los turco-chipriotas no han aceptado hasta ahora esta invitación. 
La actual situación en Chipre no cambia nada en el plan previsto para la ampliación. 
La estrategia de Helsinki sigue siendo válida. 
La solución del conflicto es la opción deseada, pero no es ninguna condición previa para la adhesión de Chipre. 
La decisión definitiva la adoptará el Consejo teniendo en consideración todos los factores relevantes. 
La Comisión no tiene la intención de enviar ninguna nota al dirigente de los turco-chipriotas, Rauf Denktasch. 
No obstante, la Comisión está dispuesta a proseguir las conversaciones con el Sr. Denktasch. 
Yo mismo he mantenido tres extensas conversaciones con él durante mi mandato. 
En el marco de estas conversaciones se han tratado todas las cuestiones políticas importantes relacionadas con la adhesión de Chipre a la UE y a la solución del conflicto. 
Señor Comisario, no tengo ninguna duda de que conoce usted perfectamente el problema chipriota. 
Su respuesta, sin embargo, no ha sido tan concreta como mi pregunta. 
Me ha repetido usted lo dicho en Helsinki, que, por supuesto, merece toda mi consideración, pero yo me refiero a las negociaciones que tienen lugar entre las dos partes. 
Esas negociaciones podrían terminar en junio. 
Pero podrían igualmente no terminar. 
¿Se propone la Comisión dejar claro a los turcochipriotas que si por cualquier causa obstruyen las negociaciones, o intentan causar la impresión de que tal vez aceptarían un acuerdo el año que viene, Chipre, de todos modos, ingresará en la Unión Europea? 
Sabe usted muy bien que se trata de escenario del que se está hablando y según el cual Chipre podría eventualmente no ingresar en la Unión Europea a causa del obstruccionismo practicado por los turcochipriotas, los cuales podrían transmitir ciertas esperanzas de mostrarse de acuerdo más tarde, y, por tanto, por qué no retrasar por esta causa la adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
Es muy concreta mi pregunta. 
Señor diputado, he respondido a su pregunta y repito lo que he dicho. 
Ahora es importante cada palabra. 
La situación actual en Chipre no cambia nada en el plan para la ampliación. 
Esto significa que las decisiones sobre las adhesiones se adoptarán tal como está previsto a finales de este año en Copenhague. 
Como puedo partir del hecho de que hasta entonces habrán concluido las negociaciones con Chipre y, como usted sabe, dichas negociaciones transcurren extraordinariamente bien, al final de este año se adoptará naturalmente la decisión sobre Chipre. 
Uno de los mensajes políticos más importantes en mi última visita a Chipre y también en mis últimas visitas a Turquía y a Grecia ha sido indicar que el calendario de la ampliación se va a mantener al margen de cual sea la situación en Chipre. 
Pregunta nº 38 formulada por Michl Ebner, a quien sustituye el Sr. Posselt (H-0295/02): 
Asunto: Decreto Benes del 19 de mayo 1945 
En relación con el decreto del Presidente de la República Checa de 19 de mayo de 1945 por el que se declaraban nulas todas las transacciones patrimoniales realizadas bajo la dominación extranjera, y por el que se regulaba la administración de los valores patrimoniales de alemanes, magiares, delatores y colaboracionistas y determinadas organizaciones e instituciones (el llamado decreto Benes) , ¿puede aclarar la Comisión si este decreto está aún en vigor y si en la República checa ha habido algún tipo de censo poblacional con posterioridad al 8 de mayo 1946? 
Señor diputado, según las informaciones de la Comisión, no se ha levantado formalmente el Decreto nº 5 del 19 de mayo de 1945. 
Este decreto se incluye entre los decretos que no despliegan ya desde hace mucho tiempo nuevos efectos. 
En opinión de la Comisión es obsoleto. 
Desde el 8 de mayo de 1946, tuvieron lugar en Checoslovaquia negociaciones en las siguientes fechas: el 1-3-1950, el 1-3-1961, el 1-12-1970, el 1-11-1980 y el 3-3-1991. 
En la República Checa creada en 1993 se llevó a cabo el 1-03-2001 un censo. 
Señor Comisario, a mí me parece especialmente importante este decreto ya que afecta a una cuestión inmaterial pero esencial, a saber, la llamada fiabilidad nacional que no reconoce colectivamente a grupos nacionales que han hecho algo legal después de 1929, en concreto, reconocerse como un determinado grupo lingüístico. 
Hace unos pocos meses, con motivo del Consejo de coordinación germano-checo celebrado en Berlín, un representante del partido checo ODS achacó a los representantes allí presentes de la minoría alemana que no eran leales al Estado checo. 
Por ello, es algo actual y le quiero preguntar muy concretamente lo siguiente: ¿le ha comunicado a usted oficialmente la República Checa que este decreto ya no está en vigor? 
Señor diputado, usted sabe perfectamente igual que yo que en lo referente a los decretos relacionados con cuestiones de expropiación y de ciudadanía hay toda una serie de declaraciones y decisiones, tanto del Tribunal Constitucional Checo como del Parlamento Checo, que dicen que estos decretos no despliegan ya nuevos efectos. 
El Parlamento checo ha elegido una expresión que traducida al inglés sería extinct- en alemán diríamos extinguidos -, pero la Comisión prefiere emplear en este contexto la expresión obsoletos. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 39 a 88 se contestarán por escrito. 
De conformidad con el orden del día se procede a la continuación del debate conjunto sobre dos informes de los Sres. Trentin y Marinos en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Señor Presidente, la interdependencia entre macropolítica y pleno empleo es evidente. 
Necesitamos un crecimiento por encima del crecimiento de la productividad para lograr el pleno empleo y elevar la cuota de actividad al nivel de otras regiones en el mundo. 
Necesitamos el pleno empleo para relanzar la demanda interior y también para que los Estados de la UE tengan más ingresos. 
Esta es una condición previa para un crecimiento sostenido a un elevado nivel y durante un largo período de tiempo que se debería destacar con mayor claridad en las líneas básicas de la política económica, con un lenguaje más claro y como mandato dirigido a los Estados miembros. 
El presente documento sigue apostando demasiado sobre las reformas estructurales. 
Pero éstas sólo pueden servir de modo limitado como motor para el crecimiento y el empleo. 
Sin duda, la aplicación del plan de actuación financiera cerrará una parte de la laguna de productividad entre la Unión Europea y los EE.UU., pero sólo parcialmente. 
Por ello, hay que apostar por un nivel superior de inversiones. 
En los años 90, en los EE.UU. fueron posibles aumentos de las inversiones de un 4% con unos fuertes efectos de crecimiento y empleo. 
¿Porqué no en la UE? 
Las líneas básicas de la política económica establecen unas prescripciones insuficientes respecto a las inversiones. 
No ignoro que es un progreso que todos los Estados miembros de la UE deban y quieran invertir para investigación y desarrollo el 3% del producto interior bruto y que también se invierta más en recursos humanos. 
A la postre, los recursos humanos son la materia prima de Europa. 
Pero aún hay que invertir más en formación y cualificación si se quiere que la sociedad basada en los conocimientos sea una realidad europea. 
Las inversiones deberían aumentar del 21 al 25%. 
Esto es aplicable en primera línea a las inversiones privadas que crearían las capacidades de producción y los puestos de trabajo que harían posible este crecimiento sostenido a la larga y que también podrían organizar el progreso tecnológico contribuyendo de este modo a su vez al aumento de la demanda. 
Pero también tienen que relanzarse las inversiones públicas. 
Aquí necesitamos sobre todo inversiones en el sector de las medidas de infraestructura que han padecido especialmente como consecuencia de los procesos de consolidación en el año 2001 alcanzando sólo un valor del 2,3 % del producto interior bruto. 
Aquí se debería establecer una meta del 3% para los programas de estabilidad. 
Creo que merecería la pena recapacitar al respecto. 
Una observación final: la Comisión menciona con razón la necesidad de coordinar las políticas fiscales. 
Sabemos que las empresas critican entretanto también que en la UE no existe una planificación en relación con la tributación fiscal y sobre todo en relación con las actividades económicas transfronterizas que tanto deseamos. 
Por ello, en las líneas básicas de la política económica se debería hacer todo para forzar la coordinación allí donde surgen distorsiones en el funcionamiento del mercado interior. 
El buen doctor Duisemberg está anunciándonos desde hace meses la recuperación económica. 
Lo mismo ocurre con los discípulos del buen doctor Coué. 
Ven señales de ella casi por todas partes, igual que la echadora de la buenaventura ve el destino en los posos del café. 
En realidad, hay que preguntarse si no hemos entrado en recesión. 
Frente a esta realidad, las concepciones liberales que gobiernan la política económica de la Unión revelan cierta nocividad. 
El Pacto llamado de estabilidad y crecimiento, la independencia del Banco Central, privan a los poderes públicos de los medios para hacer frente a la crisis. 
Frente a esta realidad, la famosa declaración de Lisboa muestra más magia que política, y la recomendación de la Comisión relativa a las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad para 2002 depende de esta fórmula de magia. 
Cuando funciona la mano invisible del mercado todo marcha más o menos. 
Más o menos, ya que es necesario constatar a pesar de todo que está ensanchándose inexorablemente el foso entre ricos y pobres. Esto ocurre en todo el mundo al igual que entre nosotros, de forma trágica, y se ve con el ejemplo de la República francesa cómo los demagogos velan en un rincón del bosque para sacar beneficio de esta situación. 
Dicho de pasada, deseo felicitar al pequeño grupo de colegas que acaba de organizar con la ONG Quart-monde la Cumbre de Europa de los pobres. 
Esa Europa representa en la actualidad el 17% de la población, es decir, 60 millones de personas que viven con una renta inferior en un 60% a la media. 
Pero volvamos si me lo permiten a esa mano invisible. 
Cuando esa mano tiene hormigueos, picores, reuma, lo que parece ser el caso actualmente, ya no va más. 
Los Estados miembros tendrán cada vez más dificultades para respetar los interdictos liberales, el famoso umbral del 3%. 
Y qué decir del equilibrio presupuestario para 2004. 
Varios Estados sufren dificultades: Alemania por ejemplo se encuentra hoy en esta situación. 
Se trata de la economía- lo saben ustedes- más fuerte de los Quince. 
Cuando Berlín estornuda Europa se acatarra. 
Tenemos un ejemplo que nos viene de más allá del Atlántico: con su pragmatismo habitual los Estados Unidos de América del Norte, esos cantores del liberalismo, acaban de demostrar una vez más que es necesario a veces recurrir a medidas antiliberales. 
Podríamos inspirarnos en ese lado del Atlántico. 
Tímidamente, demasiado tímidamente- concluyo Señor Presidente- el ponente introduce enmiendas homeopáticas en el credo liberal de la Comisión. 
A pesar de toda la estima que tengo por Bruno Trentin... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Frente al Consejo y a la Comisión que representan a los gobiernos, el Parlamento Europeo se considera la expresión democrática de toda la población. 
Pero el informe Trentin muestra que, si bien el Parlamento es elegido por todo el mundo, los intereses que representa son sólo los de los medios patronales en oposición a los de las clases trabajadoras de la Unión. 
Las modificaciones que pide el ponente del Parlamento van todas el mismo sentido: el agravamiento de la condición de los trabajadores. 
El informe pretende la flexibilidad del empleo. 
Propone lo que denomina audazmente envejecimiento activo, es decir, hacer trabajar más tiempo y retrasar la edad de la jubilación. 
Si habla de política social es para afirmar con una cínica brutalidad que ésta debe ser un factor productivo. 
Por ejemplo, si contempla una política de formación continua es para entregar a la patronal una mano de obra móvil y cualificada en función de las necesidades de ésta. 
Sobre lo que llama los procesos de reestructuración- en realidad despidos colectivos -, se conforma con promover la consulta preventiva a los trabajadores. 
La única medida social de este informe es por tanto que los trabajadores deben ser advertidos de que los van a despedir. 
Votaremos contra este texto hecho para la patronal. 
Señor Presidente, me refiero en particular al informe del Sr. Marinos que seguramente es apreciable, puesto que ha conseguido abordar todos los temas que por su gran importancia económica son de actualidad en las sociedades modernas y desarrolladas. 
Los movimientos de capitales, los flujos migratorios, el mercado de trabajo y los sistemas de pensiones se han examinado con propuestas de solución sintéticas. 
Con todo, el eje del panorama económico europeo sigue siendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sale victorioso de la tormenta económica de los últimos meses. 
Tras el 11 de septiembre fuimos realmente unos pocos los que creímos que los criterios establecidos en el Pacto se podían cumplir. 
Ahora, por el contrario, los escépticos, o al menos muchos de ellos, reconocen que se equivocaron y han cambiado de opinión. 
Los Estados que han tenido que hacerse perdonar algún problema, en particular Alemania y Portugal, se han puesto manos a la obra para recomponer las incertidumbres y reordenar algún parámetro que iba hacia límites preocupantes. 
El ponente con gran capacidad abarca todos los temas económicos y todos los encuentros, de Lisboa a Barcelona, y aborda las grandes problemáticas del número cada vez más creciente de personas mayores, de los refugiados económicos que, con sus familias, representan para los Estados de acogida una variable de incertidumbre derivada del poder del mercado de trabajo negro de captarles. 
En el apartado 20 del informe existe una referencia al mercado de trabajo; sin embargo, la cuestión exige una mayor y más rigurosa profundización. 
El sistema del profit sharing, participación en los beneficios de los trabajadores, y el del profit related pay, salario en función del beneficio, que en el Reino Unido afecta al 20% de la población activa ocupada, son modelos que se tienen que profundizar y aplicar proficuamente. 
Al compromiso de encontrar las fórmulas mejores y más productivas para el trabajo hay que sumar el esfuerzo para mejorar su calidad. 
El trabajo debe desarrollarse en sus contenidos de creatividad, de respuesta a las necesidades sociales y de dignificación de la persona. 
Además el aumento del nivel profesional es, de un lado, la condición para reorganizar el sistema productivo, y del otro, será su resultado. 
Se aumentará la cultura y se valorizará la aportación creativa del trabajador. 
Dar un trabajo a todos es un deber constitucional y moral. 
Señor Presidente, señor Comisario Señorías, quisiera concentrar mi intervención en el informe del Sr. Bruno Trentin, en primer lugar para agradecerle infinitamente la calidad de la contribución que el Parlamento Europeo puede aportar a través de él a la elaboración de las grandes orientaciones de política económica. 
Me referiré a dos puntos. 
Primer punto, después de la Comisión y el Consejo, el Parlamento Europeo concede una gran importancia a la elaboración de las grandes orientaciones de política económica. 
Sencillamente, si esto debe seguir siendo un ejercicio académico, perdemos el tiempo. 
Esas grandes orientaciones de política económica no tienen sentido más que si, además, permiten asociar a los parlamentos nacionales que, en el momento en el que elaboran los presupuestos de los Estados miembros, tengan en la memoria esas grandes orientaciones. 
No tienen sentido más que si, además, los gobiernos- especialmente los de la zona euro- aceptan coordinar antes sus políticas económicas, ya sea en el ámbito presupuestario, en el fiscal o en el de las políticas estructurales. 
Si no, lo que hacemos aquí no sirve para nada. 
Y nos despertamos cuando es casi demasiado tarde, en el momento en el que la Comisión se ve obligada a poner en práctica mecanismos de alerta. 
Tenemos una buena herramienta, hemos de servirnos de ella para mejorar la coordinación. 
En el mismo espíritu, mi segundo punto tratará sobre la contribución que este Parlamento Europeo puede aportar a la elaboración de las grandes orientaciones de política económica. 
Deseamos que, a través de la Convención quizá, pero también mediante una cierta práctica, las enmiendas que elabora este Parlamento se tomen en consideración más ampliamente en el momento de la redacción definitiva de las grandes orientaciones de política económica. 
Y, en este sentido, quisiera insistir en tres de las enmiendas que han presentado nuestro ponente y su comisión. 
La primera, la enmienda 6, trata sobre el papel de los agentes sociales y el diálogo macroeconómico con el fin de favorecer una política de empleo. 
Creo que es absolutamente esencial. 
La segunda es la enmienda 7, e invito a algunos Estados miembros a examinar de cerca cuando se trata de reducir los impuestos, reducción que no puede contemplarse más que en el contexto de un equilibrio armonioso con la reducción de la deuda y el reequilibrio en favor de la inversión pública. 
La tercera enmienda no les sorprenderá: se trata en realidad de dos enmiendas, la 16 y la 18, que con toda justicia insisten en la importancia que debemos conceder a los servicios de interés general en tanto que contribución a la cohesión social y territorial de la Unión, y a la capacidad de creación de empleo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación sobre el informe Trentín tendrá lugar el jueves y la votación sobre el informe Marinos tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0129/2002 de Horst Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los productos alimenticios (COM (2000) 438- C5-0376/2000- 2000/0178 (COD) ); 
A5-0131/2002 de Horst Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (COM (2000) 438- C5-0377/2000- 2000/0179 (COD) ); 
A5-0452/2001 de Heinz Kindermann, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, comercialización e importación de los productos de origen animal destinados al consumo humano (COM (2000) 438- C5-0382/2000- 2000/181 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, al comienzo de mi intervención quiero expresar mi agradecimiento a las colaboradoras y colaboradores de la Comisión así como a mis apreciadas y apreciados colegas del Parlamento por la cooperación tan constructiva y fundamentada. 
Los informes que se nos han presentado son expresión de esta cooperación. 
Con ellos se crea una parte del marco que es necesario para la elaboración de alimentos seguros e inocuos para la salud. 
Cuando hoy estamos aquí reunidos para debatir a esta hora sobre medidas para lograr una mayor seguridad en los alimentos, los ciudadanos de la Unión Europea están sentados en restaurantes o en casa tomando alimentos y apenas nadie se plantea la pregunta de si son seguros. 
De hecho, nuestros alimentos son seguros, más seguros que en muchos otros lugares del mundo. 
El Sr. Comisario ha aprovechado las crisis de los últimos tiempos- y hemos pasado muchas en los últimos años- para desarrollar una nueva estrategia. 
Me parece correcto pero sólo estas crisis no deben movernos a elaborar un nuevo derecho alimentario, pues han pasado y apenas nadie escribe algo al respecto. 
Mucho más importante es que las modificaciones en la producción de alimentos y también el cambio de comportamiento de los consumidores nos obliguen a recapacitar sobre cómo podemos lograr más seguridad en la producción de alimentos, pues el ciudadano plantea otras exigencias y se exige cada vez más seguridad. 
A pesar de las numerosas regulaciones, hay que reconocer que la legislación comunitaria actual en el derecho alimentario muestra considerables puntos flacos. 
Las diferentes regulaciones se limitan a un determinado sector, pero no siguen un concepto unitario. 
El derecho alimenticio comunitario se caracteriza en especial por una considerable deficiencia de coherencia y seguridad jurídica. 
Estos fallos no son un mero problema de redacción sino que tienen unas repercusiones sustanciales y ponen en peligro la eficiencia y ejecución de las normas del derecho alimentario. 
Por ello, hay que saludar en gran medida el nuevo concepto que la Comisión propone en el Libro Blanco. Si se examina detalladamente no se trata tanto de un nuevo concepto de seguridad sino más bien de un nuevo concepto legislativo. 
Por primera vez se propone sin ningún tipo de objeciones en el nivel comunitario un derecho alimentario general con definiciones y principios unitarios. 
Este derecho alimentario se basa en un amplio concepto unitario- desde el productor hasta el consumidor- y establece una vinculación coherente y transparente de normas del derecho alimentario. 
Se ha aprovechado asimismo el proceso de consolidación para mejorar básicamente la deficiente calidad jurídica de numerosas normas existentes. 
En mi opinión, es absolutamente necesaria esta consolidación de las normativas actuales incoherentes para lograr un derecho alimentario en sí coherente. 
En el marco de la higiene de los alimentos necesitamos fundamentos jurídicos que, en primer lugar, puedan ser aplicados fácilmente por las empresas alimentarias, en segundo lugar, permitan un intercambio de informaciones entre los diversos niveles de producción, en tercer lugar, correspondan a las condiciones del mercado interior, es decir, que sean válidas en todos los Estados miembros, en cuarto lugar, aumenten la responsabilidad de las empresas alimentarias y, quinto, faciliten la actividad de los controles oficiales y garanticen la ejecución de medidas administrativas. 
Absolutamente necesario para ello es el reglamento sobre la forma jurídica. 
El Parlamento no va a permitir aquí ningún cambio. 
La recopilación de las hasta ahora diecisiete directivas en cuatro reglamentos conduce a una delimitación más estricta entre los campos de la higiene de los alimentos, el derecho sobre epizootias y el control oficial de los alimentos y, en consecuencia, a unas bases legales más próximas al usuario. 
Esto corresponde también a la opinión de la gran mayoría de los ramos económicos afectados. 
La mayoría de los fabricantes actúan hoy internacionalmente. 
Un reglamento establece un marco de actuación unitario con las mismas obligaciones en todos los Estados miembros y, en consecuencia, unas condiciones más justas en la totalidad del mercado interior. 
El nuevo derecho alimentario sólo puede tener en cuenta las características especiales nacionales y regionales en casos de excepción. Quiero destacar esto especialmente. 
El reglamento sobre la higiene de los alimentos ha sido modificado esencialmente por la comisión con casi 200 enmiendas y creo que ahora ofrece una base mejor. 
Muchas de las modificaciones se basan en el texto del reglamento ya aprobado sobre la higiene general de los alimentos. 
Se trata en lo esencial de modificaciones necesarias de redacción. 
A lo largo de todas las propuestas se extiende como un elemento común el destacar la responsabilidad primaria de los productores de alimentos por la seguridad de los alimentos puestos en circulación por ellos. 
La crisis de la EEB ha mostrado que hemos olvidado transferir a la producción agrícola primaria la misma responsabilidad como la que ya tienen desde hace mucho tiempo los empresarios de alimentos a lo largo de la cadena de producción. 
En mi opinión, aquí se incluye también el principio HACCP. 
Naturalmente, tengo claro que sólo en pocos sectores de la producción primaria se puede aplicar el principio HACCP. 
Pero en las instalaciones con una cifra importante de animales se pueden averiguar los llamados critical points que precisan de una vigilancia continua. 
Si, por un lado, seguimos el principio from farm to table, por otro, deberíamos aplicar también todas las posibilidades del control propio también en la producción primaria. 
Según las propuestas de la Comisión, el principio HACCP no se debe emplear en la producción primaria y, por otro lado, en los presentes reglamentos se exponen normas generales de higiene para la producción primaria. 
Se trata de un capítulo totalmente nuevo en el marco de la legislación de la higiene de los alimentos. 
Si, por ejemplo, un agricultor tiene que llevar las cuentas sobre las medidas que se adoptan para limitar los riesgos, en determinados campos es la primera instancia para la aplicación del principio HACCP. 
A pesar de un elevado estándar de seguridad y de un control sin lagunas, no se pueden evitar al cien por cien errores en la producción. 
Para averiguar las causas se debe garantizar la posibilidad de seguir los alimentos hasta su origen. 
La comisión es de la opinión de que no es necesario un etiquetado adicional, tal como se prevé en la propuesta de la Comisión. 
Es cierto que en los países de la UE hay diferentes etiquetados, pero todos ellos garantizan un seguimiento sin lagunas de la cadena de producción. 
Como el lunes de esta semana he oído la declaración del Comisario Byrne en el sentido de que se quiere simplificar el etiquetado de productos, esta propuesta de la comisión debería encontrar un eco positivo. 
Respecto al apoyo a los procesos de producción, el reglamento prevé directrices para una buena práctica procedimental. 
Por lo general, se trata de directrices sectoriales y nacionales que elaborarán muchos círculos interesados. 
Naturalmente, la aplicación es voluntaria, lo que apoya el Parlamento. 
Pero si se elaborasen directrices europeas para un sector determinado o una dirección de producción concreta, entonces estas directrices corresponderían a un consenso general y a la mejor práctica disponible en Europa. 
Por ello, las directrices europeas deberían sustituir a las directrices sectoriales, nacionales o regionales, también porque entonces obligaríamos a los productores de alimentos a aplicar esta práctica mejor y a introducir estos métodos. 
La producción de alimentos en Europa es muy diversa. 
Es necesario que los reglamentos permitan un cierto grado de flexibilidad. 
Por ello, debe existir la posibilidad de introducir excepciones a las disposiciones de estos reglamentos. 
El Parlamento quiere limitar estas excepciones a regiones en una situación geográficamente difícil y con dificultades de suministro así como a métodos de fabricación tradicionales y al suministro de mercados locales. 
Los procedimientos para la autorización de excepciones deberían simplificarse. 
Pero el Parlamento no puede extender un poder general a la Comisión para poder modificar por la vía de la comitología los anexos de estos reglamentos sobre la higiene de los alimentos que representan el marco básico de las normas sobre higiene. 
Teóricamente, entonces sería posible modificar todos los anexos un día después de la aprobación de los reglamentos. 
Una regulación de este tipo tampoco corresponde al espíritu de la buena cooperación entre el Parlamento y la Comisión. 
Diferente debería ser el modo de proceder en el caso del reglamento sobre las normas específicas de higiene. 
En estos anexos se tratan cuestiones de detalle sobre el modo de proceder higiénico y aquí tiene que lograrse una aplicación rápida de los avances técnicos mediante una modificación por la vía de la comitología. 
Por ello, también hemos extraído determinados sectores- definición, autorización de explotaciones, etiquetado, etc.- de los anexos y los hemos recogido en el articulado que, si se tuviese que modificar, sólo podría hacerse a través del procedimiento legislativo. 
Pero para las otras regulaciones debería aplicarse el procedimiento de la comitología. 
El capítulo dela caza ha sido uno de los puntos centrales a la hora de tratar el reglamento sobre las normas específicas de higiene. 
El debate en el Parlamento fue muy vivo. 
Ahora hemos presentado una propuesta que goza también de la aprobación de la Comisión. 
Por supuesto, tenemos que aceptar que existen características nacionales. En la caza se han desarrollado tradiciones que se han recogido ahora en las propuestas, de modo que podemos partir del hecho de que a pesar de ello podemos garantizar una carne de caza sanitariamente inocua. 
En especial, se pretende preservar de este modo las tradiciones existentes. 
Creo que con ésta y con las propuestas sobre normas jurídicas sobre epizootias para la producción y puesta en circulación de alimentos de origen animal, hemos establecido una base importante para la mejora de las normas alimentarias. 
Quiero felicitar en especial al Sr. Kindermann, quien ha elaborado su informe de modo excelente. 
La regulación sobre la importación de alimentos está tan bien expuesta allí que me puedo ahorrar más explicaciones. 
En mi opinión, los presentes reglamentos son una buena base para la ampliación del reglamento sobre los controles oficiales de alimentos. 
Espero con gran ansiedad al respecto, pues queremos elaborarlos muy rápidamente. 
Señor Presidente, el presente paquete de propuestas de reglamentos contiene la nueva redacción y simplificación de la totalidad del derecho alimentario de la UE. 
En el proyecto de reglamento del que soy ponente se trata de normas jurídicas específicas para alimentos de origen animal y su importación de terceros países con el objetivo de impedir la difusión de epizootias en la comercialización de dichos productos. 
Actualmente, este sector es regulado por siete directivas diferentes. 
Con el presente proyecto de reglamento, se quieren hacer más transparentes las normas sobre epizootias y unificar las directivas existentes en un texto del reglamento. 
Saludo expresamente que la Comisión haya elegido el instrumento jurídico del reglamento para garantizar en el futuro una aplicación unitaria de las normas en toda la Unión Europea así como en los terceros Estados. 
Apoyo en total la propuesta aunque tengo que realizar una crítica de fondo a la misma. 
La Comisión ha recurrido en muchos lugares al procedimiento del artículo 11, es decir, al procedimiento de regulación en el marco de la comitología. 
Esto no es algo inusual ni tampoco especial. 
Precisamente en el campo de la lucha contra las epizootias es correcto e importante que la Comisión pueda reaccionar con más rapidez y efectividad ante los nuevos avances científicos y situaciones imprevistas, sin tener que iniciar en cada ocasión un complicado procedimiento legislativo. 
Pero en el presente caso, la aplicación del procedimiento de comitología, en el que participa el Parlamento Europeo sólo de modo insuficiente, va demasiado lejos. 
Por ello, en algunos lugares del texto del reglamento he previsto complementos, quizás también precisiones, que cumplen ciertos criterios. 
Primero: sólo se pueden reconocer excepciones si la situación de la epizootia lo aconseja y si de este modo no se lesiona de ningún modo el nivel de la protección frente a las epizootias. 
Además, he recogido en mi informe dos nuevas propuestas. 
Por un lado, tanto los Estados miembros como las autoridades de los terceros países tienen que presentar a la Comisión, si esta lo solicita, un informe sobre los controles llevados a cabo, en los que figure en especial la frecuencia de los controles, el tipo de fallos o contravenciones detectados así como las sanciones iniciadas por las autoridades competentes. 
Todos sabemos que la eficacia del marco jurídico depende en gran medida de los controles ejecutados y para garantizar una aplicación eficaz de los controles en los Estados miembros son absolutamente necesarios dichos informes detallados sobre los controles. 
Representan una ayuda para la Comisión para poder reaccionar inmediatamente ante determinados puntos débiles. 
Por otro lado, la Comisión debería elaborar una lista con la categoría de los posibles incumplimientos del reglamento, sus normas ejecutivas o medidas de protección y enjuiciar en cada caso si dichas contravenciones deben ser castigadas penal o administrativamente por las autoridades nacionales competentes. 
Si se incumplen las normas del reglamento, las sanciones deberían determinarse del modo más unitario posible para todos los Estados miembros. 
No puede ser que la misma contravención tenga en el Estado miembro nº1 otras consecuencias que en el Estado miembro nº 2. Hay que ocuparse a fondo de este problema, que en otros campos es sin duda aún más urgente que en el presente caso. 
Con mi propuesta quiero realizar un inicio aunque la Comisión haya señalizado a la comisión que un modo de proceder de este tipo quizás no sea practicable jurídicamente por el momento. 
No obstante, estoy convencido de la necesidad de ello y los colegas en la comisión me lo han confirmado también en este sentido. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión por la constructiva cooperación que espero que siga siendo así. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía quisiera felicitar al Sr. Schnellhard y al Sr. Kindermann por la labor que han realizado. 
La opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre el informe Schnellhard, opinión de cuya redacción me he encargado, se centra en particular en la necesidad de que haya coherencia entre las prácticas de seguridad alimentaria, por estimarse que es esencial para el suministro o la venta en el plano nacional de alimentos, y debido a que esas prácticas abarcan la venta de dichos alimentos en el plano internacional. 
La comisión parlamentaria ha procurado, por lo tanto, dejar bien sentado que el ámbito de cualquier reglamento ha de aplicarse igualmente a las exportaciones, así como al consumo y la venta en el plano nacional. 
También queremos ampliar la composición del comité directivo alimentario que se ha propuesto, a fin de que incluya a expertos que representen a las autoridades públicas y a las agrupaciones de consumidores. 
Es un gran error que la Decisión de la Comisión de 18 de mayo de 2000, que define la composición de los comités directivos, exonere concretamente a las agrupaciones de consumidores de toda representación en dichos comités. 
No hace falta decir que es muy importante que esos comités se ganen la confianza de los consumidores y que sean verdaderos comités representativos de todos los interesados directos. 
Por eso nos parece que es indispensable que las agrupaciones de consumidores estén representados en ellos. 
Por lo que se refiere a las normas de higiene para los alimentos de origen animal, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía quiere que haya mayor flexibilidad, particularmente por lo que se refiere a los mataderos. 
En consecuencia, proponemos que se introduzcan medidas encaminadas a conseguir que haya más flexibilidad en la aplicación del denominado sistema HACCP a los mataderos regionales que se hallen en regiones periféricas o lejanas. 
Las normas rigurosas que se han aplicado en el pasado han provocado dificultades innecesarias para los mataderos que se hallan en las zonas más lejanas de la UE, a menudo debido a que las limitaciones geográficas pueden desembocar en condiciones competitivas inequitativas que tienden a favorecer a las empresas más importantes. 
Ahora que empezamos a familiarizarnos con las lecciones derivadas de la epidemia de glosopeda en el Reino Unido, vemos con toda claridad que uno de los motivos de que se difundiera la enfermedad tanto y tan rápidamente era precisamente la clausura de los mataderos locales. 
Hemos de esforzarnos por no provocar, aunque sea sin intención, más clausuras en esa esfera vital. 
Por último, permítanme que diga a título personal que todo este reglamento me preocupa porque es insuficientemente flexible, en particular para las empresas pequeñas. 
Tenemos que pensar siempre en la carga adicional que puede recaer en las empresas pequeñas y procurar que no se adopte ningún tipo de reglamento que pueda resultar perjudicial para sus medios de vida. 
Señor Presidente, mi cometido consiste en resumir la función generalmente aburrida de comunicar que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha estudiado esta cuestión y ha determinado que no acusaba ninguna deficiencia. 
En realidad, tenemos aquí una propuesta con arreglo al artículo 37 que está totalmente justificada como cuestión de política agrícola común y, por lo tanto, los procedimientos son apropiados. 
Claro está que es importante que comprobemos si tiene una base jurídica adecuada. 
Estamos discutiendo ahora, en la Convención y en otras esferas, la cuestión de lograr que los órganos de la Comunidad se atengan a sus competencias adecuadas, y me place sobremanera declarar que este reglamento puede ser considerado como un ejemplo a ese respecto. 
Además, como ha dicho el Sr. Kindermann, está muy bien que tomemos este complejo acervo de legislación y lo refundamos en un solo reglamento que nos dé una comunidad de enfoque en toda la Unión. 
No estoy seguro de que me hubiera parecido justificado el restar tiempo a los debates del Parlamento con mi intervención, si lo antedicho hubiera sido la única razón para intervenir en las deliberaciones, pero quisiera añadir algo a las cuestiones que estamos discutiendo hoy. 
Como la Sra. Lucas acaba de decir, la importación de productos animales para el consumo humano está íntimamente relacionada con el catastrófico estallido de glosopeda que hemos sufrido en el Reino Unido. 
En mi propia circunscripción, Dumfries y Galloway, esa cuestión nos ha afectado muchísimo. 
Si tuviéramos que desplazarnos con determinación cada vez mayor hacia la producción local para consumo local, que es lo que ha dicho la Sra. Lucas hace un momento, hubiéramos podido evitar algunos de los peligros mencionados. 
Es importantísimo que, al introducir esas leyes que son tan necesarias, nos esforcemos por evitar la creación de circunstancias que de por sí incrementen la presión en favor de un desplazamiento excesivo de los animales. 
Espero que se tenga en cuenta lo que acabo de decir. 
Es posible que haya rebasado el campo de acción de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero por lo menos no he rebasado el tiempo asignado para mi intervención. 
Con respecto al informe Kindermann, consideramos que es de una importancia vital y resulta lamentable que este reglamento no entre, al igual que las otras cuatro propuestas de la Comisión, en el marco de la codecisión. 
Efectivamente, esta propuesta de reglamento se fundamenta en el artículo 37, artículo relativo a la Política Agrícola Común. 
Se trata de aplicar reglas más racionales para evitar la contaminación de los animales de cría con productos de origen animal que contengan agentes patógenos. 
Todos recordamos la epidemia de fiebre aftosa que azotó Europa hace poco y la crisis de la agricultura que ocasionó, principalmente en el Reino Unido. 
Las primeras investigaciones confirman que la contaminación se debe a productos alimenticios de origen animal procedentes de países terceros y que han servido de comida a cerdos. 
En lo que se refiere a las condiciones de policía sanitaria aplicables a la producción y a la comercialización de los productos comunitarios, conviene efectuar un seguimiento preciso y periódico del estado sanitario de las regiones productoras. 
Los controles nacionales y las inspecciones comunitarias deben tener carácter de imprevistos. 
Para disponer de medios adaptados, hemos de reflexionar- como ha dicho el Sr. Kindermann- sobre el número necesario de veterinarios en los Estados miembros, así como en el seno de la Oficina Europea de Productos Alimenticios de Dublín. 
Por otra parte, nuestro dispositivo jurídico debe tomar en consideración a los Estados candidatos. 
Es necesario uniformizar las sanciones. 
En lo que se refiere a las importaciones procedentes de países terceros, han de tener las mismas disposiciones que para los Estados comunitarios. 
Sin embargo medidas de higiene demasiado estrictas no deben aparecer como barreras comerciales. 
Si ese fuera el caso, deberían poder aplicarse a ajustes que conservaran permanentemente el espíritu del objetivo inicial del reglamento. 
Damos nuestro apoyo al informe del Sr. Kindermann, que aporta las precisiones necesarias a la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, esta tarde vuelven a estar sobre el tapete los productos alimenticios. 
En los dos últimos años hemos logrado serios avances. 
Los productos alimenticios deben ser seguros y en ello la confianza desempeña un papel fundamental. 
El mercado interior debe fundamentarse en una normativa común. 
Los consumidores deben tener la certeza de que los alimentos producidos en los demás Estados miembros son seguros y cumplen todos los requisitos en el ámbito de la higiene. 
Por todo esto respaldo de pleno corazón las propuestas de la Comisión. 
Es positivo que se cree un marco general para la higiene de los productos alimenticios y para la higiene en el sector veterinario. 
Es positivo que toda la legislación se reúna en un único paquete legislativo. 
Quisiera transmitir mis más sinceras felicitaciones al Sr. Schnellhardt. Su informe es el resultado de muchas horas de trabajo y de muchas horas de diálogo. 
Ello no obstante, quisiera formular siete observaciones. 
En primer lugar, se ha puesto tanto énfasis en las medidas de higiene que los objetivos finales han pasado un poco al segundo plano, lo cual lamento profundamente. 
A mi parecer, los resultados perseguidos con la legislación deben quedar muy claros. 
Creo que los procedimientos y los métodos de trabajo permiten cierta flexibilidad. 
Hay varios caminos que conducen a Roma. 
En segundo término, hemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo. 
Sabemos que en el ámbito de los productos alimenticios los ánimos se calientan con facilidad: contra la globalización, contra la producción masiva, a favor de la producción local y a favor de la tradición. 
Estas emociones están a menudo justificadas. La política no puede ni debe ignorarlas. 
Hemos de darnos cuenta de que en muchas ocasiones sólo las empresas más grandes son capaces de cumplir una normativa más rígida y más estricta. 
La implantación de una normativa más estricta fomenta la producción industrial, pero la producción industrial levanta sospechas entre los consumidores. 
Dicho de otro modo, una excesiva rigidez surte el efecto contrario. 
Además, es importante que dejemos cierto margen a las culturas nacionales. 
Por ello es conveniente que las guías de buenas prácticas se apliquen con flexibilidad. 
Nosotros no vemos razón alguna para anteponer de entrada las guías europeas a las guías nacionales. 
Debe haber varias opciones. 
Es preciso tener muy presente que, a fin de cuentas, estas guías no son más que un instrumento. 
La pregunta de si conviene aplicar el sistema HACCP en la agricultura se inscribe en la misma línea. 
El HACCP no ha sido diseñado para este sector. 
Una aplicación estricta de los principios HESEP acabaría con las explotaciones unipersonales y familiares. 
En este caso también hay que insistir en que el HACCP no es sino un instrumento, una forma de preparar alimentos de modo responsable. 
No es un objetivo en sí. 
Mi tercera observación tiene que ver con la caza. 
No cabe duda de que este punto ha recibido una excesiva atención política. 
En nuestra opinión puede aplicarse la legislación nacional a la caza a pequeña escala. 
Pero hay algunos límites. 
No somos partidarios de que el uso particular y local quede excluido de toda la sección II. 
A nuestro modo de ver, los suministros de pequeñas cantidades a mercados locales pueden recibir el mismo tratamiento que el consumo privado si no se detectan signos preocupantes a raíz de un control. 
Debemos garantizar que los productos alimenticios importados cumplan las mismas normas de higiene que los alimentos producidos aquí. 
Ello requiere unos controles honestos y de buena calidad, pero la seguridad alimentaria no puede servir de pretexto para introducir medidas proteccionistas. 
La seguridad alimentaria es un deber mundial. Tenemos que ayudar a los países en vías de desarrollo a que concedan importancia prioritaria a la seguridad. 
En quinto término es fundamental que las responsabilidades queden muy bien delimitadas, no sólo con respecto a los ciudadanos y los políticos, sino también de cara a las empresas y sus trabajadores. 
Por eso considero imprescindible que los trabajadores reciban la debida formación. 
Una formación anual adecuada puede resultar útil. 
Esta enmienda puede ser mejorada a lo largo del proceso de toma de decisiones. 
Los trabajadores que denuncien una falta de higiene no pueden sufrir las consecuencias de esta iniciativa. 
Ésta es la enmienda de quienes se deciden a dar la voz de alarma. 
Mi sexto comentario se refiere al grado de minuciosidad de la normativa. 
No podemos perder de vista el objetivo de la higiene de los productos alimenticios. 
Las personas que organizan y controlan la producción de estos alimentos actúan con conocimiento de causa. 
No corresponde a la política europea pronunciarse sobre el alicatado de la carnicería de la esquina. 
Nos hemos pronunciado sobre el embalaje de los moluscos bivalvos. 
Sabemos cómo estos moluscos conservan su vitalidad, pero debo admitir que no he entrado en política para eso. 
Y con esto llego a una última consideración de orden político. 
Tenemos que preguntarnos si éste es el camino que debemos seguir. 
¿Corresponde al Parlamento seguir ocupándose de estos pormenores? 
Respaldamos las enmiendas de comitología del Sr. Schnellhardt, pero les advierto de entrada de que nosotros, como Parlamento, no tenemos por qué detenernos en todos estos detalles técnicos. 
Es algo que debemos dejar en manos de la Comisión, que para eso cuenta con la ayuda de los expertos de la Autoridad Alimentaria. 
Sugiero, por tanto, que sometamos este tema de nuevo a reflexión de cara a la segunda lectura. 
Reitero mi agradecimiento hacia el Sr. Schnellhardt y les agradezco su atención. 
Señor Presidente, me inclino ante los ponentes, cuyo trabajo ha sido excelente: cualificado, bien informado y bien pensado. 
Me satisface mucho que se haya considerado la producción primaria, cubriendo así toda la cadena alimentaria. 
También me alegra que en la legislación sobre alimentos se haya precisado la responsabilidad de los productores. 
No llegaremos a ninguna parte sólo con el poder "policial" si cada persona no asume la responsabilidad de sus actos como empresario o trabajador. 
Me satisface enormemente la voluntad del señor Schnellhardt para llegar a un acuerdo en torno al artículo 44 (enmienda 31) que mantiene en el mercado la infinitamente rica variedad de comidas tradicionales europeas, sin que por ese motivo los Estados miembros puedan eludir las normas y calificar todos sus productos como tradicionales. 
Con esta redacción hemos intentado que esto no sólo se circunscriba a la producción en pequeña escala; una parte de la más importante exportación de alimentos en Europa está constituida por quesos tradicionales, jamones, etcétera, que exigen métodos especiales de producción, sin que por eso sean peligrosos. 
Me alegra mucho que se haya aprobado este artículo, ya que sería terrible que la nueva legislación sobre alimentos en Europa sólo sirviese para Nestlé y McDonald's. 
Finalmente quisiera destacar que estoy muy satisfecha porque se han alcanzado compromisos sensatos y sostenibles en materia de caza. 
Vivo en Suecia, en el medio de un bosque, y casi no me atrevería a llegar a mi casa si a algún cazador de alces se le hubiese ocurrido pensar que yo he prohibido la caza de este animal. 
Esta materia es muy sensible y creo que hemos llegado a un buen acuerdo, que tanto los cazadores de faisanes como de alces pueden aceptar. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a los agradecimientos al ponente Schnellhardt por su trabajo en esta amplia y compleja materia. 
Las numerosas enmiendas demuestran que el producto final será diferente a la propuesta original de la Comisión. 
Si se hubiese materializado, la propuesta de la Comisión habría creado grandes problemas en relación con la manipulación de la carne de animales salvajes. 
La propuesta de la Comisión ponía en peligro la caza de animales salvajes y la posterior venta de su carne en las tiendas. 
Creo que con las enmiendas aprobadas en la comisión se han eliminado esos riesgos. 
Me parece importante que se puedan utilizar diferentes modelos nacionales de control para alcanzar el objetivo común: productos alimenticios higiénicos. 
Por eso agradezco especialmente que se haya establecido que la carne de animales salvajes podrá ser controlada de diferentes maneras, que las condiciones climáticas son diferentes y por tanto los tiempos de refrigeración varían y que se podrán organizar cursos de formación de diferentes maneras. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para reformar la legislación comunitaria sobre las reglas de higiene alimentaria- hay 17 directivas a las que concierne -, la Comisión aplica el principio de responsabilidad de los productores agrícolas del sector alimentario. 
Que este principio se aplique a la industria agroalimentaria, que alimenta a millones de consumidores, lo suscribo totalmente. 
Pero la directiva ataca la totalidad de la producción primaria- productos de la tierra, de la ganadería, de la caza y de la pesca -, a la cual se pretende imponer un sistema vinculante de rastreabilidad. 
¿Cómo comprometer la responsabilidad personal en un champiñón recogido en el bosque o en un pez pescado en un río? 
Eso parece bien poco realista. 
El artículo primero del reglamento "campo de aplicación" precisa que estas disposiciones no se aplican ni a la producción primaria de productos alimenticios para fines de utilización privada, ni a la preparación doméstica de productos alimenticios para consumo privado. 
Es necesario ampliar esta medida al abastecimiento de los mercados locales y a la comercialización de los productos naturales procedentes de la producción primaria. 
Estos productos de la tierra- bayas y champiñones- contribuyen a la imagen de marca de las regiones, refuerzan su identidad y notoriedad gastronómica y favorecen el turismo verde, indispensable para la economía rural. 
Son empleos y prácticas tradicionales lo que está en juego. 
En cuanto a la caza y a la carne procedente de ella, provenientes directamente del cazador al consumidor o al detallista, debe considerarse como una producción alimentaria tradicional, que deben disfrutar de métodos de comercialización específicos. 
Para la spiralis, la enmienda 92 nos parece excesiva, al suprimirse la presencia del parásito con la congelación o la cocción a más de 65°. 
Las autoridades competentes en el seno de cada Estado miembro son las mejor situadas para apreciar la situación y dictar las prescripciones que garanticen una protección apropiada del consumidor. 
Volvamos a la razón dando prioridad a la flexibilidad, habida cuenta de la diversidad de situaciones geográficas climáticas, en lugar de encerrarnos en una regulación rígida que no puede llevar más que a un callejón sin salida y a un enorme descontento. 
Señor Presidente, los escándalos vinculados a los productos alimenticios han sacado demasiado a la luz a lo largo de estos últimos años las lagunas vinculadas a la falta de responsabilidad concreta. 
Por ello es importante restablecer normas claras, precisas, en este ámbito, simplificando los textos, pero simplificar los textos no quiere decir reducir las exigencias. 
Al contrario. 
Por consiguiente, es necesario definir la responsabilidad que incumbe a los fabricantes: respeto por las reglas, rastreabilidad del producto, análisis previo de los riesgos. 
Los fabricantes son los garantes de una alimentación de calidad, de una alimentación de confianza. 
Sí, las exigencias son importantes, pero estas exigencias no pueden más que ayudar al desarrollo de la imagen de sus productos. 
Responsabilidad también del consumidor, que debe poder disponer de libre elección, papel importante de la información y de las asociaciones de consumidores en este marco. 
Por encima de los textos que se nos proponen, desearía realmente que la Unión Europea se decidiera a impulsar una campaña de información, de sensibilización, sobre las medidas de higiene indispensables para observar en cada domicilio. 
Son las pequeñas cosas de la vida cotidiana las que pueden alejar los riesgos: la importancia, por ejemplo, de limpiar el frigorífico, la buena conservación de los productos, el respeto de las temperaturas de conservación, etc. 
Responsabilidad también de las autoridades, con la aplicación de controles rigurosos a nivel de fabricación, de producción y comercialización, con la aplicación de sanciones efectivas en el caso de no respeto de las normas, no solamente contra las partes afectadas sino igualmente a nivel de los Estados miembros que no respetaran la legislación comunitaria: dicho de otra forma, es necesario mostrarse muy firmes. 
Finalmente, se han producido numerosos debates relativos a la carne procedente de la caza. 
Conviene evidentemente asegurar la calidad de este producto y sabemos que los procedimientos varían de un Estado miembro a otro. 
Es necesario tener confianza en los profesionales, es decir, en los cazadores, que están totalmente capacitados para valorar el estado de las piezas abatidas. 
Termino, señor Presidente, diciendo que es necesario recordar que la cadena alimentaria europea es una de las más seguras del mundo y que es necesario simplemente poder responder a las expectativas de nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, me referiré brevemente a una serie de enmiendas que parecen haber suscitado preocupación. 
La enmienda 31 trata de productos que se han obtenido utilizando métodos tradicionales o que se hallan en lugares lejanos. 
Todos nosotros conocemos algún ejemplo de esa clase de productos. 
Lo he podido comprobar en el Reino Unido, viendo cómo algunos trataban de intervenir en nuestro régimen de garantías para el ganado bovino. 
Tenemos que defender esta enmienda porque declara específicamente que esos productos no deberían tener efectos negativos y demostrables en la higiene alimentaria. 
De forma análoga, las referencias que se hacen al sistema HACCP en la enmienda 9 son facultativas y no obligatorias, y el sector de las empresas pequeñas puede absorberlas sin más. 
Me ocuparé a continuación de la enmienda 18 de Goodwill/Bernier, que es lo que supongo que esperaba la Sra. Goodwill, enmienda que exime a los cazadores de la aplicación de este reglamento. 
Podemos aceptarla en el caso del cazador individual que consume lo que ha cazado o ha capturado o que se lo da a alguien. 
Ahora bien, hay una diferencia entre el noble cazador nórdico que persiguiendo a un alce solitario puede escalar la cumbre más alta de los alrededores, que es la imagen que el Sr. Sjöstedt procuraría inculcarnos, y los sindicatos de comerciantes obesos que se pasean por las cotas de caza inglesas y que regresan con gran cantidad de aves y animales cazados de mala manera y destinados al mercado. 
En esas circunstancias, estimo que, si esos productos van a una tienda al por menor o a un restaurante, hay una diferencia. 
El gran ingenio de nuestro Oscar Wilde definió a la fraternidad de cazadores ingleses diciendo que eran ' los indescriptibles a la caza de lo incomible?. 
No tengo nada en contra, pero cuando los 'indescriptibles? empiezan a vender lo' incomible? , lo menos que se puede hacer es obligarles a cumplir las normas de la higiene, según se enuncian en este reglamento. 
No veo razón alguna para que hagamos una excepción en este caso: lo que comienza como una pequeña tiendecilla que no perjudica a nadie, con un par de aves cazadas aquí o allá, puede acabar por ser otra posibilidad de abastecimiento. 
Tenemos que proteger el derecho de los cazadores a cazar, pero no podemos garantizarle una ruta libre hasta las tiendas de ventas de caza. 
Señor Presidente, la presente propuesta sobre un reglamento del Consejo en el que se reflejan de un modo más transparente las normas jurídicas sobre epizootias y se reúnen en un texto las directivas existentes, es en mi opinión otro paso para simplificar la política agrícola en este campo y, sobre todo, para fundamentar jurídicamente las diversas actividades. 
En cualquier caso, espero que sea así. 
Estoy expresamente a favor de que prosigan las investigaciones científicas para el análisis de productos de origen animal, por ejemplo, los análisis de la EEB y la fiebre aftosa en animales vivos y que se puedan aplicar de un modo que se puedan pagar. 
Los nuevos y elevados estándares técnicos y organizativos tienen que ser factibles, es decir, también pagables. 
Me refiero también expresamente a la importación de alimentos de terceros países. 
Al mismo tiempo- con lo que finalizo- se deben apoyar con la seriedad necesaria a las numerosas organizaciones de protección de los consumidores. 
Señor Presidente, aunque sea un comerciante obeso vestido con traje de rayas que se divierte cazando animales rastreados, quisiera poner de relieve el hecho de que aquí tenemos 17 directivas en materia de higiene que se van a refundir en una sola directiva. 
Este reglamento tiene un contenido que rebasa holgadamente el de las directivas que sustituye. 
En particular, amplía el contenido del artículo 3 de la Directiva 93/43 que introduce lo que se ha dado en denominar principios HACCP. 
Los puntos de control crítico y análisis de riesgos fueron desarrollados en el decenio de 1960 para la NASA a fin de garantizar alimentos de alta pureza para los astronautas. 
Una función orgánica incontrolada puede ser muy inconveniente si se manifiesta dentro de un uniforme espacial, pero el sistema HACCP es un sistema de gestión de la seguridad alimentaria destinado a operaciones de preparación de alimentos sumamente sofisticadas. 
Este sistema de la edad espacial ha de imponerse obligatoriamente en toda la UE. 
Solamente en el Reino Unido va a influir en 300.000 empresas, con un costo estimado en 2.000 millones de libras esterlinas al año únicamente en el caso de las PYME. 
Algo que se ha desarrollado para una organización basada en una tecnología sofisticada no es necesariamente apropiado para el café de Joe en Lewisham High Street o para el bistró de Jean Dupont en la calle marsellesa de la Revolución. 
En los primeros meses de este año, como quien dice a la sombra de este edificio, visité los mercados locales de alimentos con un experto en seguridad alimentaria. 
Encontré docenas y docenas de fallos en materia de higiene alimentaria. 
En esos casos, como en todos los demás, hay que cumplir las disposiciones básicas de la Directiva 93/43. 
Por lo tanto, ¿por qué está creando la Comisión aún más leyes? 
Esos tecnócratas han perdido todo contacto con la realidad. 
Han subido a su órbita y han aterrizado en otro planeta como los astronautas para los cuales se preparó el sistema HACCP. 
Basta con ese motivo para concluir que la Comisión no tiene que preparar más leyes. 
No necesitamos que haya más complejidad. 
Si el Parlamento lo respalda, será que el Parlamento también está viviendo en otro planeta. 
Señor Presidente, sin duda hay que respaldar el esfuerzo de la Comisión por simplificar el marco legislativo pasando de 17 directivas a un reglamento. 
Sin embargo, señor Comisario, precisamente por tratarse de un reglamento, usted sabe mejor que yo que es un tema que ha de tratarse con cautela, puesto que el reglamento se aplica inmediatamente y, por su naturaleza, armoniza, y yo diría que casi homologa, todos los procedimientos en un territorio tan amplio como el de la Unión y en un sector, el de la alimentación, de la gastronomía que, no hay que olvidarlo, representa también una gran parte de la cultura y de la civilización de nuestro continente. 
De acuerdo, por lo tanto, con la necesidad de armonizar, pero no sin recordar que hay que abordar el tema con cautela. 
Quisiera señalar tres aspectos en particular: el primero, que ya ha sido ampliamente abordado en el informe y por el ponente, es el tema de los productos típicos que tienen su propia historia no solo como productos, sino también como procesos de producción. 
No basta con limitarlos a las zonas geográficas o a los mercados locales, son productos propiamente dichos que se han de tratar con especial atención. 
En segundo lugar, la cuestión del sector primario que ciertamente no está cubierto totalmente por este reglamento, pero que en cierto modo está regulado. 
Para el sector primario la situación es otra, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que operan en él. 
He propuesto una enmienda que les ruego que apoyen, que está orientada, cuando menos, a reducir las repercusiones burocráticas, administrativas en lo que se refiere la conservación de los documentos que para una hortaliza no se entiende por qué tiene que ser de cinco años. 
En tercer lugar, está la formación, aunque también cabría hablar del tema de los productos de la caza que menciono rápidamente y para el que me parece que, de todos modos, se ha encontrado una solución equilibrada. 
Es justo hacer todo lo posible para que nuestros operadores de la cadena alimentaria estén siempre formados. 
No obstante, también por lo que se refiere a este aspecto, evitemos extender impropiamente la cuestión a la calidad que es algo muy diferente: formación en lo que respecta a la higiene y no a otra cosa. 
Señor Presidente, sería al menos ingenuo sostener que la causa del lamentable estado del sector de la alimentación es la ausencia de directivas actualizadas. 
Las que tenemos, en todo caso, se incumplen sistemáticamente. 
Antes de cualquier intervención legislativa y de cualquier consideración de orden técnico, es necesario detectar las causas de la degradación, adulteración y alteración no sólo de los productos alimentarios, sino del conjunto de la cadena alimentaria. 
La gestión de la cadena alimentaria de acuerdo con las leyes de la máxima ganancia y el superbeneficio es la causa principal de la degradación de la calidad de los alimentos. 
Mientras la producción siga siendo cada vez más intensiva, y la cadena alimentaria se encuentre cada vez más sometida a la guía y el control de las grandes multinacionales del sector, que determinan los procedimientos productivos y la calidad de los alimentos, no habrá modo alguno de garantizar eficazmente la salud de los consumidores. 
El problema es eminentemente político. 
Sólo la erradicación del beneficio capitalista, como objetivo último del proceso productivo, puede evitar el uso de procedimientos ilegales y peligrosos, de producción, elaboración y distribución de alimentos. 
De lo contrario, seguiremos discutiendo sobre el sexo de los ángeles en detrimento de la salud pública. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Sr. Schnellhardt ha presentado dos informes muy bien fundamentados que mejoran claramente las propuestas de la Comisión sobre la higiene de los alimentos. 
En el futuro, los productores y procesadores de alimentos tienen que documentar todos los pasos en la cadena de producción y tratamiento. 
Esta obligación incluye también los piensos utilizados y el estado de salud de los animales. 
De este modo, se proporcionará en el futuro al consumidor en la UE la posibilidad de seguir la cadena de los alimentos y sus componentes desde el mostrador de la tienda hasta el productor. 
Es decir, se garantiza la transparencia en la producción, tanto en las grandes explotaciones como en las pequeñas y medianas. 
Permítanme que me refiera en este contexto en especial a las pequeñas y medianas empresas que trabajan con la carne. 
En la Unión Europea hay aproximadamente 150.000 carnicerías de este tipo con más de un millón de empleados y una cifra de negocios anual de unos 60.000 millones de euros. 
Precisamente estas pequeñas empresas son las que aseguran el suministro local y mantienen la variedad de productos en el área rural. 
Elaboran con habilidad artesanal especialidades locales y contribuyen de este modo esencialmente a preservar la variedad de comestibles finos en Europa. 
El estrecho contacto con el consumidor genera confianza en la calidad y seguridad de los productos. 
Por ello, debemos prestar especial atención a estas estructuras pequeñas y medianas y crear para esta empresas que ofrecen en Europa muchos puestos de formación y trabajo unas condiciones legales adecuadas y factibles. 
He presentado junto con el ponente una enmienda que se refiere al llamado sacrificio de los animales en las carnicerías, pues junto a las normas para el sacrificio a gran escala en los grandes mataderos, se debe tener también en cuenta la realidad en las explotaciones artesanales. 
Un sacrificio en las carnicerías se puede realizar con el correspondiente cuidado y pericia en unas condiciones higiénicas perfectas. 
Por ello, ruego apoyen la enmienda nº 133. 
Señor Presidente, soy cazador de alces en Laponia, en el norte de Suecia. 
Si no cazamos alces todos los años, aumenta rápidamente su número, aumenta la cantidad de accidentes mortales en las carreteras y también aumentan considerablemente los daños en los bosques. 
Cuando iniciamos la caza, por la mañana en septiembre, es frecuente que haya algunos grados bajo cero y el clima en esta época equivale a la temperatura en una nevera. 
A veces la temperatura es la de un congelador. 
Desde un punto de vista ecológico, en mi región no existe mejor nevera para el cazador que la propia naturaleza. 
Mientras más crece la UE, más difícil resulta legislar detalladamente. 
Las directivas comunitarias deben servir en todas partes. 
Tienen que permitir una adecuación a diferentes condiciones. 
Los países miembros que cuentan con normas de control para la carne de animales salvajes antes de que ésta salga al mercado, deben poder mantenerlas. 
En mi país, los políticos que quieren crear opinión adversa a la colaboración europea utilizan esta propuesta de directiva para convertir a la UE en una amenaza contra la caza tradicional. 
Es importante decir que están equivocados. 
La Unión carece de facultades para regular la caza destinada a las necesidades del hogar y el manejo de la carne de animales salvajes para el consumo privado. 
Esto resalta una vez más la necesidad de aplicar el principio de subsidiariedad a las normas sobre caza en general. 
Los aportes del señor Schnellhardt han mejorado considerablemente el capítulo de esta directiva sobre la carne de animales salvajes. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
A5-0119/2002 de Marit Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos, por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo (COM (2001) 452- C5-0372/2001- 2001/0176 (COD) ); 
A5-0120/2002 de Marit Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos transmitidos por los alimentos, por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE, 72/462/CEE y 90/539/CEE del Consejo (COM (2001) 452- C5-0373/2001- 2001/0177 (COD) ). 
. 
(SV) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias por su colaboración a todos los informantes y a los miembros del grupo informal de la Comisión de Medio Ambiente que han trabajado en materias de seguridad alimentaria. 
Obviamente, celebro también las iniciativas de la Comisión en ambos informes. 
Me referiré en primer lugar a la directiva relativa a la vigilancia. 
Es necesario contar con una idea clara de la situación de las zoonosis en Europa. 
Hablamos de los escándalos que se producen en relación con los alimentos, el último de ellos la alarma sobre la acrilamida en Suecia. 
Sin embargo, hay que recordar que aunque todos esos informes alarmantes son importantes, son más graves desde un punto de vista psicológico que para la salud física. 
La gran amenaza para el futuro es ya antigua y conocida, los seres humanos hemos vivido con ella durante millones de años y en el Tercer Mundo todavía la sufren. 
La causa más frecuente de muerte infantil en nuestro tiempo son las enfermedades infecciosas y las diarreas. 
En el mundo rico, el gran problema será la resistencia a los antibióticos. 
Las infecciones sencillas tienden cada vez más a convertirse en graves. 
Existe el riesgo de que si no somos capaces de disminuir rápida y drásticamente el número de infecciones y el uso de antibióticos- lo debimos haber frenado hace 20 años, ya es tarde, quizás demasiado tarde- dentro de poco nos encontraremos como en la época de nuestros abuelos, en que cada mujer tenía que dar a luz cuatro hijos para que dos de ellos llegasen a adultos. 
El problema es mayor para los niños y jóvenes. 
Por eso me satisface la posibilidad de estudiar la resistencia a los antibióticos en los casos de zoonosis que descubramos en Europa. 
Las estadísticas nos señalan actualmente que los contagios de salmonela y otros agentes zoonóticos en la cadena alimentaria presentan una lenta tendencia a disminuir, mientras que los contagios por medio de vegetales aumentan. 
Por esa razón, me interesa mucho que en los estudios, por ejemplo para detectar un contagio, se tome en cuenta a los alimentos vegetales. 
Lo más importantes en esta directiva sobre vigilancia es que contaremos con normas comunes, de manera que los datos que se recojan serán comparables entre los diferentes países. 
Deberán estandarizarse las pruebas, la manera de informar y los procedimientos. 
Quisiera hacer presente también que una nueva técnica debería simplificar y acelerar la información, para no tener que esperar dos años y medio para saber cómo está la situación. 
Se necesita mayor rapidez a fin de que las autoridades, los productores y los ciudadanos puedan ser informados en una etapa relativamente temprana. 
Esto creo que es lo más relevante de esta directiva. 
La propuesta de la Comisión era muy blanda y cautelosa y parecía hacerse eco de que algunos Estados miembros opinan que eso de la salmonela es como un simple constipado. 
Existe esta actitud. 
También hay países miembros que sufren de fobia a la salmonela, como ocurre en mi país. 
Esta fobia no es sorprendente. 
Hace aproximadamente cincuenta años sufrimos la mayor epidemia de salmonela de la historia, o al menos la mayor que registran las estadísticas. 
Después, Suecia empezó a intentar resolver el problema, como una consecuencia obvia de las desgracias. 
Nuestro país tardó entre 25 y 30 años en conseguir un sistema que funcione. 
En Noruega y en Finlandia han demorado menos, porque han podido copiar el modelo sueco. 
El modelo sueco nos da experiencia, pero probablemente hay otros y tampoco es seguro que sea de aplicación universal. 
Suecia es un pequeño país, abierto y con poca población, lo que tal vez contribuyó a que nos resultase más fácil resolver los problemas. 
Pienso que la propuesta es extremadamente cuidadosa, da la idea de que pasa en puntillas alrededor de los problemas. 
Esperaba que la Dirección General de Salud y Protección al Consumidor fuese más dura en este caso. 
En primer lugar, no se contemplan todas las salmonelas relevantes para la salud pública. 
Es extraño que en ciertos casos sólo se contemple a dos tipos, aunque actualmente sean justamente esas dos clases las que causan el 80 por ciento de las enfermedades en las personas. 
O mejor dicho, eso era ayer. 
¿Qué ha pasado con el 20 por ciento restante? 
¿Por qué, cuando se va a controlar a las salmonelas, no se contemplan a todas las que sean peligrosas para la salud pública? 
¿Cómo puede saber la Comisión qué tipo de salmonela explotará mañana? 
¿Será la St. 
Paul, la Hadar u otra diferente? 
Existen numerosas salmonelas invasivas que afectan la salud de las personas. 
Por eso me preocupa que se incorpore la expresión "de importancia para la salud pública", ya que hay que controlarlas a todas. 
Además, en la propuesta de la Comisión faltan normas respecto a los animales. 
Soy consciente de que por razones de seguridad he contemplado a todos los animales, pero seguiré defendiendo a los cerdos y a las reses criadas de manera intensiva, ya que sabemos que en esos casos se emplea una cantidad de antibióticos muy peligrosa. 
Nos consta también que en este tipo de crianza existen bacterias zoonóticas y de otras clases que son totalmente resistentes a los antibióticos. 
Además, existen circunstancias muy simples y prácticas, es decir, aunque nos preocupemos de que los animales y las instalaciones estén en condiciones higiénicas, de nada sirve si los piensos no lo están. 
Sabemos, por ejemplo, que una considerable fuente de contagio para la salmonela aruba es la soja brasileña. 
Todos conocemos la historia de que la salmonela muere normalmente a los 67 grados. 
La aruba, sin embargo, ha logrado sobrevivir a los 68 grados. 
No debemos pensar en que un día estaremos libres de riesgos o que un buen día ganaremos esta lucha. 
Se trata de órganos vivos. 
Entes vivos que en parte son tan inteligentes como nosotros, aunque su inteligencia no reside en el mismo sitio y se manifiesta de manera diferente. 
Por eso pido a la Asamblea que respalde mis dos informes, tal como han sido aprobados por una amplia mayoría en la comisión. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dirigirme a nuestra ponente para darle las gracias y felicitarla por la importancia y la calidad del trabajo que ha realizado. 
Las dos propuestas recogen algunos de los compromisos que figuran en el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria. 
Tienen como objetivo proteger mejor al consumidor europeo contra los riesgos microbiológicos de los productos alimenticios. 
Efectivamente, no se puede ignorar hasta qué punto las crisis alimentarias sucesivas, algunas de ellas vinculadas con la salmonela, han minado la confianza de los consumidores en la seguridad de los alimentos. 
No se puede por tanto más que apoyar la adopción de los dos textos que se nos presentan en el día de hoy. 
Es necesario efectivamente reforzar el sistema de vigilancia y control de los agentes zoonóticos de origen animal con el fin de reducir su prevalencia, señalando que la eficacia de los textos actualmente en vigor se ha restringido por el hecho de que algunos Estados miembros no los aplican más que de forma imperfecta. 
Las propuestas de la Comisión son en su conjunto equilibradas. 
Acaso conviene sin embargo llegar más allá en algunos puntos. 
Así, al igual que la ponente, me parece útil prever programas de control para todos los serotipos de salmonela que presentan un riesgo para la salud pública. 
Deseo también señalar la necesidad de asegurar una coordinación estrecha entre la actividad de la autoridad alimentaria europea y el trabajo de las autoridades nacionales con el fin de permitir un funcionamiento eficaz del sistema de alerta rápida. 
Con respecto a la resistencia a los antibióticos, considero útil, al igual que nuestra ponente, conceder a este fenómeno preocupante la importancia que conviene. 
Una utilización prudente de los antibióticos debe promoverse al igual que deben realizarse los estudios necesarios sobre la resistencia a los antibióticos. 
Mi Grupo apoya igualmente la enmienda que prevé permitir a los Estados miembros que hayan alcanzado un nivel de protección elevado que se impida, por un período limitado, la comercialización de productos importados procedentes de Estados miembros donde no existe aún un programa de control aprobado en los plazos previstos. 
Esta medida tendrá un efecto de estímulo no desdeñable a favor de una armonización de los niveles de seguridad en el mercado interior. 
Me felicito por el hecho de que las medidas de control aplicables se basen en objetivos realizables cada tres años. Ello permitirá fijar restricciones ambiciosas pero realistas. 
Hemos de velar en este sentido para no caer en el exceso imponiendo a los Estados miembros unos calendarios que serían incapaces de aplicar. 
La Comisión, en este punto, ha buscado el equilibrio. 
De acuerdo con el ponente, me parece importante que la vigilancia de las zoonosis y de sus agentes sea efectiva en la totalidad de la cadena alimentaria, incluidos los alimentos para animales. 
Mi Grupo apoyará igualmente el principio de la inclusión de los vegetales en el campo de la directiva. 
Finalmente, hemos de trabajar en favor de una adopción y una aplicación rápida de estas disposiciones que contribuirán, estoy segura, a recuperar la confianza de los consumidores europeos en los productos alimenticios. 
Señor Presidente, tras la desaparición de Edwina Currie, Ministra de Salud de Gran Bretaña, que en 1998 dijo que la mayor parte de la producción de huevos en el Reino Unido estaba infectada con salmonela, es un esforzado político británico el que toma la palabra sobre el particular. 
A raíz de semejante bombazo, el consumo de huevos en el Reino Unido disminuyó en un 60% y el Gobierno se embarcó en lo que, en mi opinión, no puede describirse más que como una reacción instintiva que se saldó con la matanza de dos millones de pollos. 
Se ha progresado algo en la lucha contra la salmonela en el Reino Unido, pero aún queda mucho por hacer. 
Sigue habiendo 15.000 ó 16.000 casos anuales de intoxicación por salmonela en el Reino Unido, lo que representa la mitad de los niveles anteriores. 
Naturalmente este problema no se da solamente en Europa. 
En los Estados Unidos, en 1994, hubo un estallido de salmonela provocado por helados contaminados como consecuencia del cual enfermaron casi un cuarto de millón de personas. 
Suecia, como ha dicho la Sra. Paulsen, se ha puesto a la cabeza de la lucha contra la salmonela pero hay que reconocer que ellos han implantado el termotratamiento de los alimentos, en vez de limitarse a matar a bandadas enteras de aves. 
Claro está que seguimos leyendo que hay suecos que van a España de vacaciones y que caen como moscas a causa de la intoxicación alimentaria con salmonela porque no están acostumbrados a estar expuestos constantemente a la intoxicación. 
No hay duda de que los Estados miembros tienen que progresar a fin de establecer programas nacionales más eficaces de lucha contra la salmonela, y que, al mismo tiempo, hemos de velar por que los productos importados cumplan nuestras propias normas de higiene alimentaria. 
Tenemos que concentrarnos también en las causas del problema, y las causas del problema son las aves de corral, y en particular los huevos que se comen crudos. 
El cerdo es un problema menos importante y, de todos modos, mi abuela solía decir que el que come cerdo crudo merece estar enfermo. 
Los casos de infección en ganado vacuno y en ganado ovino son mínimos, así que podemos seguir comiendo filetes poco hechos. 
Por lo que se refiere a la cuestión de la resistencia a los antibióticos, es evidente que hay resistencia y que está aumentando, pero no deberíamos precipitarnos y prohibir el uso profiláctico de los antibióticos, pues veríamos entonces un estallido de enfermedades que obligaría a aumentar considerablemente el nivel del uso terapéutico de los antibióticos, lo que podría exacerbar aún más la situación. 
Por último, por lo que se refiere a la cuestión de las infecciones de base vegetal, quizá tengan algo que ver con el incremento del consumo de alimentos orgánicos, pues tengo entendido que en ese caso hay 30 veces más posibilidades de coger una infección colibacteriana. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Paulsen, mi colega en numerosas deliberaciones sobre seguridad alimentaria, por la labor que ha llevado a cabo en relación con estos complejos reglamentos. 
Es absolutamente indispensable que, habiendo establecido los amplios principios de una legislación alimentaria europea y una autoridad europea de seguridad alimentaria para que actúe como supervisor general de esas propuestas, se regulen ahora los detalles con eficacia y precisión. 
Las normas zoonóticas a las que la Sra. Paulsen ha consagrado tanto tiempo son, en cierto modo, los cimientos de la existencia futura de una legislación alimentaria eficaz y precautoria. 
Quizás sea algo exagerado definirlas como cimientos, pero lo cierto es que constituyen una forma apropiada de ir hacia adelante. 
Es posible que algunos de nosotros tengamos reservas acerca de la ampliación de esas disposiciones, según existen en la actualidad, a los productos de origen vegetal. 
Una forma apropiada de ocuparse de ellos es regularlos mediante normas de higiene per se y no por conducto de estas disposiciones adicionales de supervisión. 
Éste es el único punto en el que disiento de lo que dijo la Sra. Patrie. 
Por lo demás, aplaudo también sus observaciones. 
Me parece que por lo que se refiere a la prevención y detección general de la salmonela, la ponente tiene razón para llevarnos por ese camino siempre que se respeten los parámetros de la Unión Europea. 
Eso es tan indispensable para los productores de alimentos como para el público en general. 
Si no se restablece la confianza de este último, no puede haber un futuro seguro para los primeros. 
Queremos determinar con toda precisión la creciente resistencia a los antibióticos, que en la actualidad están demostrando los organismos zoonóticos. 
No estoy de acuerdo con el Sr. Goodwill en que eso quizás sea más perjudicial que beneficioso. 
No se trata para nada de la medicina preventiva: se trata de las otras aplicaciones a las que se dedican los antibióticos, en mi opinión equivocadamente. 
. 
(EN) Señor Presidente, intervengo con placer para responder a las preguntas planteadas en este debate sobre los dos informes relativos a las zoonosis. 
Éste es un ejemplo de la aplicación del enfoque ' de la granja al plato? que se enuncia en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. 
Nuestras propuestas son mucho más ambiciosas que la directiva actual. 
Para conseguir que tengan éxito tenemos que dejar tiempo suficiente a los Estados miembros para que puedan cumplir esos objetivos. 
En primer lugar, quisiera dar gracias a todos los diputados que han llevado por el buen camino a este expediente, en particular a la Sra. Paulsen y a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, que tan valiosas contribuciones han hecho. 
Como todos sabemos, el interés público por la seguridad alimentaria es inmenso. 
La protección contra la zoonosis, la trasmisión de enfermedades entre animales y seres humanos, es una creciente inquietud no solamente en la Unión Europea sino en todo el mundo. 
La primera propuesta, que trata de la supervisión de agentes zoonóticos, es la base para mejorar el conocimiento de las fuentes y las tendencias de esos agentes patógenos, respaldar las evaluaciones del riesgo microbiológico, y adoptar medidas de gestión del riesgo. 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria desempeñará un papel clave en este ejercicio sin duda alguna. 
La segunda propuesta, referente a la lucha contra la salmonela, tiende a reducir la carga para la salud pública originada por ese agente. 
Cada año se denuncian en la Unión Europea más de 150.000 casos humanos de salmonela. 
El reglamento se aplicará a la producción primaria, fuente importante de contaminación. 
Aunque algunos Estados miembros han podido reducir los casos humanos de salmonela tras la aplicación de medidas de control rigurosas, la situación puede variar considerablemente. 
Por eso la Comisión ha sido partidaria de seguir un enfoque gradual a fin de reducir el número de casos de salmonela. 
Ahora bien, la estrategia está muy clara: para conseguir que los consumidores europeos estén protegidos por normas rigurosas de seguridad alimentaria, hay que reducir la prevalencia de esos agentes patógenos. 
El objetivo fundamental es la salmonela, patógeno importante respecto del cual sabemos que se pueden adoptar medidas eficaces de lucha, comenzando por la producción primaria. 
En el futuro se pueden añadir otros patógenos a la lista, si se demuestra que las medidas relacionadas con las poblaciones animales son eficaces para disminuir el número de casos humanos. 
En la Comisión de Medio Ambiente se examinaron muchas enmiendas y quedo agradecido por la calidad de los resultados, que ha sido excelente. 
La mayoría de las enmiendas son técnicas y mejoran las propuestas. 
Acojo con satisfacción esas enmiendas, que representan sugerencias importantes y racionales. 
Señor Presidente, en vez de explayarme sobre todas las enmiendas que acepto con placer, me ocuparé más bien de las enmiendas que plantean dificultades a la Comisión. 
Empezaré con el primero de los informes de la Sra. Paulsen, que trata de la directiva sobre la vigilancia de los agentes zoonóticos. Puedo aceptar la mayor parte de las enmiendas referentes a esa propuesta. 
Me referiré en primer lugar a la comitología. 
Me alegra que se haya aceptado nuestra propuesta acerca de la adopción de medidas de aplicación. 
Puedo aceptar que, además del Comité sobre la cadena alimentaria y la salud animal, la Comisión Europea cuente con la ayuda, cuando sea apropiado, del Comité sobre la red de enfermedades transmisibles humanas. 
Ahora bien, esto puede provocar algunos retrasos en la adopción de las decisiones de aplicación. 
También puedo aceptar que algunos criterios fundamentales se transfieran de los anexos al articulado. 
Ahora bien, no acepto que antes de adoptar cualquier medida de transición o de modificar los anexos sea preciso consultar previa y sistemáticamente a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
Algunos actos son administrativos y no requieren conocimientos especializados científicos. 
Por lo tanto no puedo aceptar la enmienda 22. 
Acortar de cinco a tres meses el plazo para que los Estados miembros comuniquen sus actividades de vigilancia es una medida ambiciosísima, si tenemos en cuenta el tiempo que se necesita para recoger y recopilar datos. 
La experiencia del actual sistema de presentación de informes indica que un plazo de cinco meses es ya bastante optimista. 
En consecuencia rechazo la parte correspondiente de la enmienda 20. 
Si no se dispone ya del alimento que se sospecha esté infectado, no siempre será posible hacer estudios microbiológicos sistemáticos durante la investigación de estallidos de contaminación alimentaria. 
Por lo tanto no puedo aceptar la enmienda 18. 
Puedo apoyar las enmiendas 28 a 33, que amplían el ámbito de la vigilancia de la resistencia a los microbios, y reemplazan a las enmiendas 15 y 21. 
Las otras enmiendas son total o parcialmente aceptables, con cambios editoriales. 
Trataré a continuación del reglamento sobre la lucha contra la salmonela y otros agentes zoonóticos. 
Por los mismos motivos que en el caso de la directiva propuesta, rechazo la enmienda 10 que acorta el plazo de que disponen los Estados miembros para informar acerca de la aplicación de sus programas de control. 
También rechazo la enmienda 27 que requiere que se consulte sistemáticamente a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria antes de adoptar medidas de transición o de modificar los anexos. 
Fijarse como objetivo principal a largo plazo la supresión completa de agentes zoonóticos en la cadena de alimentos y piensos es una utopía. 
Hay que hacer todo lo posible por reducir el riesgo de los agentes zoonóticos a un nivel bajísimo. 
Por lo tanto no puedo aceptar la enmienda 7. 
Las enmiendas 1 y 16 introducirían los alimentos de origen vegetal en el reglamento de fiscalización, pero ésta es una cuestión que debe abordarse en el marco del paquete de medidas sobre higiene alimentaria, como ha dicho el Sr. Whitehead. 
Por lo tanto rechazo las enmiendas 1 y 16. 
Me permito indicar que como puedo aceptar las enmiendas 1, 6 y 12 sobre la directiva propuesta, la supervisión de zoonosis en productos de origen vegetal quedaría cubierta. 
Las enmiendas 2 y 22 estipulan garantías adicionales no solamente para la salmonela sino posiblemente también para otros agentes zoonóticos. 
Aunque la existencia de garantías adicionales puede constituir un incentivo para los Estados miembros, su extensión a fin de que abarquen a los agentes zoonóticos diferentes de la salmonela podría crear nuevas barreras para el comercio. 
Además, las garantías adicionales relacionadas con alimentos deben abordarse en el marco del paquete de medidas sobre higiene alimentaria. 
Por lo tanto rechazo las enmiendas 2 y 22. 
En cuanto a la enmienda 24 y a las sanciones que pueden imponerse a los Estados miembros, diré que las sanciones constituyen una cuestión de ámbito horizontal, no solamente en el caso de la zoonosis. 
La Comisión Europea está ultimando un proyecto de reglamento sobre fiscalización oficial de alimentos y piensos en el cual se tratará también de la cuestión de las sanciones. 
Por lo tanto no puedo aceptar la enmienda 24. 
Una enmienda del artículo 8 sobre la prohibición del empleo de antibióticos a fines preventivos o para promover el crecimiento fue rechazada en la Comisión de Medio Ambiente, pero no el texto que preconizaba lo mismo. 
La enmienda 37 restringiría la utilización de antibióticos y la confinaría solamente a fines terapéuticos. 
La Comisión ha anunciado ya la eliminación gradual de productos antimicrobianos utilizados para promover el crecimiento. 
La Comisión pedirá una opinión científica acerca de los riesgos y beneficios del empleo de antibióticos en medicamentos para luchar contra la salmonela. 
Por todo lo antedicho, y en aras de la coherencia, rechazo las enmiendas 3 y 37. 
Las enmiendas 36 y 38 y las partes pertinentes de las enmiendas 29 y 32, relativas a los objetivos y las medidas para gallinas ponedoras y cerdos de matanza son aceptables, a condición de que se examine la cuestión del muestreo en el caso de los cerdos y, posiblemente, que se fije un calendario diferente para cerdos de cría y cerdos de matanza. 
Necesitamos una opinión científica antes de fijar objetivos adicionales para las terneras, otro ganado vacuno y el ganado ovino. 
Además, la posibilidad de añadir otras finalidades debe considerarse sobre la base de la experiencia adquirida con la aplicación del nuevo reglamento. 
En consecuencia rechazo las partes pertinentes de las enmiendas 29 y 32. 
En cuanto a la enmienda 35 sobre objetivos, es evidente que se precisan objetivos para los serotipos zoonóticos que sean importantes para la salud pública. 
Sin embargo, esta enmienda va mucho más allá y no es viable. 
En consecuencia, rechazo la parte pertinente de la enmienda 35. 
La enmienda 33 requeriría la eliminación en las bandadas de aves de corral de cría de todos los serotipos de salmonela que sean de importancia para la salud pública, y no solamente de dos únicos serotipos. 
En vista de la difícil experiencia de la directiva actual sobre zoonosis, el mencionado objetivo es sumamente ambicioso. 
Además, estaría en contradicción con el principio de flexibilidad, según el cual los Estados miembros deben determinar las medidas de control necesarias. 
Por lo tanto no puedo aceptar la enmienda 33. 
El acortamiento del plazo para que los laboratorios apliquen normas internacionales a los planes de garantía de la calidad parece ser algo utópico, si tenemos en cuenta el tiempo que se necesita para preparar y conseguir la acreditación. 
En consecuencia rechazo esa parte de la enmienda 26. 
La enmienda 25 requiere que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Oficina Veterinaria y Alimentaria participen estrechamente en la supervisión de los programas de control equivalentes que existan en terceros países. 
Los programas de control son fundamentalmente una cuestión de gestión y no tienen nada que ver con la AESA. 
Las otras enmiendas son aceptables en su totalidad o parcialmente, con cambios editoriales. 
Espero que el Parlamento comprenda los motivos en que se basan las decisiones de rechazar o aceptar parcialmente algunas de las enmiendas presentadas. 
Se va a proporcionar al Parlamento una lista completa que indique la posición de la Comisión respecto de cada una de las enmiendas. 
Confío en que esa lista se incluya en el Acta de este período de sesiones. 
Por último, quisiera reiterar mis sinceras gracias a todos los que han participado en este enorme esfuerzo. 
Junto con el paquete de medidas sobre higiene alimentaria, las propuestas relativas a las zoonosis representan otro importante paso adelante en nuestro examen de la legislación sobre alimentos, en el marco de nuestro objetivo, que consiste en conseguir que los consumidores europeos tengan acceso al abastecimiento alimentario más seguro del mundo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al examen del informe (A5-0121/2002) del Sr. Alexander de Roo, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo ante el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación para una directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental (PE-CONS 3611/2002- C5-0098/2002- 2000/0194 (COD) ). 
Quisiera manifestar asimismo mi gratitud hacia el Sr. Provan, presidente de la delegación en el Comité de Conciliación. Además, agradezco a la Comisión la buena colaboración, tanto en primera y segunda lectura como en la mayor parte de la fase de conciliación. 
Puede decirse que en la fase de conciliación se abordaron tres puntos importantes. Los enumeraré brevemente. 
El Parlamento exigió que también se midieran niveles de ruido algo más bajos. 
Ello es fundamental puesto que en mi país se sabe por experiencia que al limitar las mediciones a los niveles elevados y muy elevados el ruido acaba invadiendo espacios mucho más amplios de las zonas menos ruidosas. 
El Parlamento ha conseguido aproximadamente la mitad de lo que se propuso: un éxito sin más. 
Mi segunda observación concierne al objetivo. 
Ha salido reforzado. 
El Consejo de Ministros sólo se dispone a contrarrestar los efectos negativos. En términos llanos esto equivale a la instalación de pantallas acústicas al lado de las autopistas. 
Sin embargo la experiencia nos enseña que hace falta un planteamiento mucho más estructurado. 
Es necesario combatir el ruido en sí, por ejemplo mediante el uso de neumáticos silenciosos y asfalto silencioso. 
Ello permite obtener avances mucho más importantes. 
Me alegro de que, al final, el Consejo haya aceptado que el objetivo debe ser la reducción del ruido. No se trata únicamente de combatir y disminuir los efectos negativos. 
El Parlamento, o mejor dicho, todo el Parlamento insistió en la necesidad de presentar directivas destinadas no sólo a medir sino a combatir el ruido ocasionado por estas fuentes. 
No era una petición absurda. En 1992 ya se podía leer en el quinto programa de actuación en materia de medio ambiente, redactado por Laurens Jan Brinkhorst, el entonces funcionario de más alto nivel en esta materia, que la Comisión presentaría en 1994 una propuesta de medición- al final ésta se hizo esperar hasta el año 2000- y que en 1995 seguirían las directivas. 
Pues bien, por la razón que sea la Comisión nunca las ha sacado a la luz. Quizá nos pueda explicar por qué. 
Lo único que ha dicho el Parlamento ahora- y afortunadamente el Consejo lo ha ratificado- es que la Comisión presentará dicha directiva derivada a más tardar en 2006, es decir, once años después de la fecha anunciada por ella misma. 
Habida cuenta de la importancia del tema del ruido, que preocupa en sentido muy negativo a una tercera parte de los europeos, de los ciudadanos europeos, no adoptaré una actitud demasiado exigente. Sólo espero que la Comisión, tal y como hemos convenido, presente dentro de año y medio un libro verde sobre el rumbo que han de tomar las directivas derivadas. 
En todo caso confío en que en algunos terrenos, por ejemplo en lo que a los neumáticos se refiere, no transcurran otros cuatro años antes de que la Comisión formule nuevas propuestas. 
Dada la hora que es lo dejaré aquí. 
. 
(EN) Señor Presidente, es para mí una gran satisfacción que la Directiva sobre el ruido ambiental, que la Comisión propuso en julio de 2000, entre ahora en la fase final de su adopción. 
El ruido es un importante problema ambiental que sabemos que afecta a millones de ciudadanos de la UE. 
Por eso la Comisión se alegra de que esta nueva legislación entre pronto en vigor y ofrezca una mejor protección a las personas expuestas al ruido ambiental en Europa. 
Ya hay una serie de normas legislativas vigentes en la UE relativas a fuentes de ruido como los vehículos de motor, las aeronaves, el equipo utilizado al aire libre, etc. 
Quisiera expresar mi agradecimiento el ponente, Sr. de Roo, así como a todos los demás miembros de la delegación parlamentaria y del Comité de Conciliación. 
Aprecio la dedicación de que ha dado pruebas el Sr. de Roo en esta cuestión. 
En particular, la Comisión toma buena nota del firme interés que ha expresado el Parlamento por lo que se refiere a la legislación sobre fuentes de ruido. 
Ahora bien, mientras que la Comisión muestra su satisfacción por el acuerdo obtenido acerca de un texto conjunto el 8 de abril de 2002 en el Comité de Conciliación, nosotros tenemos graves inquietudes acerca de las disposiciones del Artículo 1 modificado de esa directiva. 
Por esa razón la Comisión ha resuelto formular la siguiente declaración: 
La Comisión toma nota del texto acordado para el Artículo 1 de la directiva sobre el ruido ambiental, por los miembros del Comité de Conciliación que representan al Parlamento Europeo y al Consejo. 
La Comisión estima que las propuestas legislativas encaminadas a reducir las emisiones sonoras de todas las fuentes principales deben formularse sobre la base de pruebas claras que sustenten dichas propuestas. 
Esto está en consonancia con el enfoque basado en los conocimientos y relativo a la institución de políticas, según se propone en el Sexto programa de acción ambiental que han aprobado el Parlamento Europeo y el Consejo. 
A este respecto los informes recabados de los Estados miembros en virtud de la directiva, sobre la base de indicadores de ruido armonizados, serán un elemento esencial. 
La obtención de esos datos en toda la Comunidad permitirá evaluar debidamente las consecuencias y los beneficios de las posibles medidas, antes de presentar propuestas legislativas comunitarias. 
Por lo tanto, y de conformidad con el Tratado que establece la Comunidad Europea, la Comisión evaluará la necesidad de presentar nuevas propuestas legislativas, reservándose el derecho de decidir si es apropiado presentar esas propuestas y, en caso afirmativo, cuándo. 
Esto se halla en consonancia con el derecho de iniciativa de la Comisión según se estipula en el Tratado, mientras que los requisitos del artículo 1 2) referentes a la presentación de nuevas propuestas dentro de un plazo fijo de tiempo parecen ser perjudiciales para dicho derecho. 
Ésa es la declaración que deseaba formular la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.20 horas.) 
Preparación de la Cumbre Unión Europea/América Latina (Madrid, 17/18 de mayo de 2002) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación de la Cumbre Unión Europea/América Latina que tendrá lugar en Madrid los días 17 y 18 de mayo de 2002). 
. Señor Presidente, Señorías, por iniciativa franco-española, en junio de 1999 se celebró en Río de Janeiro la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. 
En el transcurso de la misma, España se ofreció para ser anfitrión de la segunda Cumbre que se acordó en aquel momento, que coincidía además, con la Presidencia española de la Unión Europea. 
Por tanto, tal y como estaba previsto, la Cumbre se va a celebrar en Madrid los próximos días 17 y 18, es decir, el viernes y el sábado de esta misma semana. 
Los profundos cambios acaecidos en las regiones europea y americana durante los años 90 y el mutuo deseo de establecer un marco general para las relaciones birregionales fueron los principales motivos que condujeron a la celebración de la Cumbre de Río. 
Al término de la misma, los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron dos importantes documentos: la Declaración de Río, que estableció los principios generales que debían aplicarse a las relaciones entre Europa y América Latina y Caribe y un segundo documento, denominado Plan de Acción, que identificaba las 55 áreas prioritarias en los campos político, económico, cultural, educativo y social, entre otros, que debían sentar las bases para una asociación estratégica birregional entre ambos lados del Atlántico. 
Con esta Cumbre de Madrid, la Unión Europea y América Latina y Caribe se comprometen a profundizar esta asociación con el fin de que ambas regiones unidas puedan hacer frente a los retos y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el joven siglo XXI. 
En Madrid, los Jefes de Estado y de Gobierno se proponen adoptar tres documentos: un informe de evaluación que recoge lo realizado desde la Cumbre de Río, un documento que recoge las posiciones y los valores comunes cada vez más numerosos que compartimos y, por último, una declaración política que, además de proclamar la consolidación de nuestra asociación estratégica birregional, va a enumerar los compromisos firmes que contraen los más altos mandatarios de ambas regiones en los campos político, económico y de cooperación y que van más allá de lo adoptado en la primera Cumbre. 
Hasta el año 1999 las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y Caribe se había basado en un enfoque principalmente subregional. 
El diálogo político y la cooperación fueron adaptadas a las diferentes realidades subregionales, es decir, se fue subdividiendo el diálogo. 
Se estableció el diálogo de San José para Centro América, el diálogo con la Comunidad Andina, Mercosur, Icaricom y salvo algunas excepciones, como México y Chile que tuvieron alguna relación específica, prácticamente todo el diálogo se centraba en diversas unidades subregionales. 
La Cumbre de Río tuvo el mérito de introducir este nuevo enfoque birregional que, sin duda, ha sumado peso a las relaciones entre la Unión Europea con las subregiones y con los países individuales. 
De cara a esta segunda Cumbre, la Presidencia española ha trabajado intensamente para lograr avances sustanciales en las tres dimensiones estratégicas que he mencionado. 
Además, y debemos destacarlo, se ha querido que esta relación estratégica de la Unión Europea con América Latina y Caribe sea a partir de ahora el marco o el patrón mínimo de referencia sobre el que se han de construir las relaciones que la Unión Europea tendrá con cada una de las áreas subregionales o países individuales de América Latina y Caribe. 
Desde el punto de vista del diálogo político, las prioridades de la Unión Europea con América Latina y Caribe, durante esta corta etapa desde la Cumbre de Río hasta el día de hoy, ha sido, fundamentalmente, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico, así como la promoción de la integración regional y la coordinación entre las diferentes posiciones de ambas regiones respecto de la agenda internacional en el marco de las organizaciones y conferencias internacionales. 
En la Cumbre de Madrid ambas regiones quieren dar un paso más, no sólo cuantitativo, sino también cualitativo, que consistiría en una mejor estructuración del diálogo político y en un abanico de temas a discutir más amplio, que abarcara incluso los que no se refieren a problemas regionales. 
Se espera que este salto conduzca al desarrollo de una visión común de los asuntos mundiales. 
Desde el punto de vista económico habría que comenzar subrayando que la Unión Europea y América Latina y Caribe son dos regiones con características económicas y sociales muy diferentes. 
La población de ALC (América Latina y Caribe) es superior a la de Europa de los Quince- no me refiero a la Europa ampliada, porque naturalmente ahí sí tendremos más habitantes que ellos- y en su mayor parte es muy joven, es decir, la componen clases de edades muy bajas. 
La renta media per cápita de América Latina y Caribe supera en muy poco los 3 000 euros anuales, mientras que la media de la Unión es siete veces mayor. 
El mercado birregional continua ofreciendo amplias oportunidades para el comercio. 
Del año 1990 al año 2000 las exportaciones europeas han aumentado aproximadamente de 17 000 millones de euros a 54 000, es decir, estamos hablando de una cifra cercana al triple. 
En cuanto a las importaciones europeas procedentes de los países de América Latina y Caribe durante ese mismo período, han aumentado desde aproximadamente 27.000 millones a 58.000, es decir, estamos hablando de un aumento del doble. 
A pesar de este incremento espectacular en volumen, las importaciones procedentes de América Latina y Caribe han pasado a significar un 24 % del total en 1990 a tan sólo un 12 % del total en el año 2000. 
En términos relativos disminuye el comercio entre ambas orillas del Atlántico, pero se incrementa dentro del continente americano. 
También se ha producido un notable aumento de las inversiones directas europeas en América Latina y Caribe. 
La Unión Europea es hoy el mayor inversor en la región. 
Las inversiones han pasado de 66 000 millones de euros en 1997 a 122 000 en 1999, lo que representa casi un 11 % del total de las inversiones europeas en el exterior y supone casi las dos terceras partes de las inversiones europeas en países que no forman parte de la OCDE. 
Esta inversión, señor Presidente, refleja de forma importante la confianza y el compromiso de la Unión Europea en toda la zona de América Latina y Caribe y, sin duda, contribuye grandemente al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleo en esa región. 
La Europa de los Quince, además y, sobre todo, comparte profundas raíces históricas, políticas y culturales con América Latina y Caribe, que facilitan el desarrollo de una verdadera identidad y de una verdadera asociación estratégica. 
Estas posiciones y valores comunes están creando importantes lazos en términos de identidad y solidaridad y están animando a ambas regiones a intercambiar cada vez más sus propias experiencias y combinar sus fuerzas para resolver problemas comunes. 
Entre los retos que la Unión Europea y los países de América Latina y Caribe deben afrontar está la necesidad de modernizar los sistemas educativos, crear un clima económico y social favorable a un desarrollo sostenible y establecer mecanismos de buen gobierno. 
La promoción de una asociación estratégica no se puede basar sólo en una identidad común, sea ésta histórica, cultural o política, sino que debe ser el resultado de un interés compartido para convertir principios, valores y objetivos en mecanismos prácticos para el diálogo y la cooperación, de forma que ambas regiones puedan hacer frente unidas a todos los grandes desafíos de este nuevo milenio. 
Los días 17 y 18 en Madrid, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 48 países de América Latina y Caribe y de la Unión Europea que asisten a la Cumbre- notemos que esta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno es la más amplia y mayor que se celebra en la Unión, porque estamos hablando de 48 Jefes de Estado y de Gobierno- van a tratar de dar un importante impulso a la asociación estratégica birregional, que como ya he señalado, tuvo su inicio en Río de Janeiro en 1999. 
En cada uno de los pilares estratégicos en los que se basa esta asociación, el político, el económico y el de cooperación en los ámbitos social, educativo y cultural, ambas regiones han querido dar un importante paso adelante. 
Una mención muy especial va a merecer el combate conjunto contra el terrorismo, mediante la adhesión a todas las convenciones internacionales en la materia, así como la aplicación de todas las resoluciones de Naciones Unidas al respecto. 
Se van a continuar los esfuerzos para reforzar las instituciones democráticas y el Estado de derecho, dedicando especial atención a los derechos humanos y al fortalecimiento de los sistemas judiciales, con el fin de asegurar un tratamiento igual de todas las personas ante la ley. 
De la misma forma se toma nota de la entrada en vigor del estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional que, como sus Señorías saben, ha sido ratificado por un número muy alto de países de América Latina y Caribe. 
Está previsto reforzar el diálogo político y la consulta en el sistema de Naciones Unidas, así como en otros foros internacionales, sobre los temas más importantes de la agenda internacional. 
En el apartado económico y comercial debemos destacar que el pasado 25 de abril se pudo concluir con éxito el proceso negociador del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile. 
Se trata de un acuerdo de libre cambio entre ambas partes. 
Este es verdaderamente innovador en materia económica, el más avanzado, sin duda, de todos los que se han concluido entre la Unión Europea y otros países terceros y no se ha dudado en llamarle un acuerdo de cuarta generación. 
Es un acuerdo de libre cambio que ha alcanzado, quizá, la cota más alta, por el número de temas que se han tratado y por las consideraciones que se han hecho que, sin ninguna duda, abre la puerta a otros acuerdos de este tipo, tanto en la región como en otras partes del mundo, pero recordemos que, precisamente en la región, estamos tratando de establecer un acuerdo de libre cambio entre dos zonas de integración económica como son la Unión Europea y Mercosur y, por lo tanto, el acuerdo establecido con Chile sienta ya un precedente para establecer algo que será histórico, que es un acuerdo de libre cambio entre dos mercados comunes o entre dos zonas de integración económica. 
Quisiera también mencionar, por su relevancia, la reciente aprobación por parte del Consejo de Asuntos Generales, de una propuesta para relaciones futuras de la Unión Europea con la Comunidad Andina y con América Central que abre la puerta para que empiece a considerarse la creación de áreas de libre comercio entre la Unión Europea y ambas zonas y para que se intensifique no solamente la cooperación sino también el diálogo político, que es un valor añadido que no existía antes en los acuerdos con estos países. 
Todos sabemos que la difícil situación interna que están atravesando algunos países del bloque de América del Sur ha dificultado las complejas negociaciones para el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur al que me he referido. 
La verdad es que la Cumbre desea recoger los resultados de la negociación en los que se han cumplido los capítulos político, institucional y de cooperación y registrar los pequeños avances que se han logrado en los terrenos comerciales y medidas de facilitación del comercio con la idea de no abandonar ese proyecto importante de un futuro acuerdo de libre cambio entre Mercosur y la Unión Europea. 
Ambas regiones- me refiero a la Unión Europea y América Latina y Caribe en general- se han comprometido a trabajar conjuntamente para asegurar el éxito de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo el próximo mes de agosto, así como también adoptar un compromiso mutuo de éxito en algo que es muy importante y en la que los países latinoamericanos tienen mucho que decir, que es la Ronda del Mileno, con los temas comerciales que se han lanzado recientemente en Doha. 
Educación, cultura y acceso al conocimiento son, sin duda, importantes llaves para el éxito del siglo XXI. 
Quisiera subrayar el lanzamiento del programa @lis de cooperación con América Latina para la sociedad de la información, recientemente aprobado en la reunión de Ministros de ciencia y tecnología celebrado en Sevilla y al programa ALCUE en materia de cooperación científica y tecnológica y un nuevo programa de becas de postgrado con el se pretende ayudar a 4 000 estudiantes del otro lado del Atlántico para que se beneficien de las ventajas de estudiar en universidades europeas. 
Para finalizar, señor Presidente, quisiera reiterar que en esta Cumbre de Madrid, a la que han previsto asistir- como ya he dicho- 48 Jefes de Estado y de Gobierno, se va a consolidar un proceso birregional sobre la base de una asociación estratégica. 
Estoy convencido de que al término de la Cumbre podremos felicitarnos por los avances conseguidos en un proceso que tuvo su inicio hace solamente tres años. 
. (EN) Señor Presidente, pasado mañana, como acaba de señalar la Presidencia, se celebrará en Madrid la segunda Cumbre entre la Unión Europea, América Latina y Caribe. 
Los objetivos fundamentales de esta cumbre son: reforzar la colaboración estratégica birregional, lanzada hace casi tres años en la primera Cumbre de Río de Janeiro, y fijar nuevos objetivos para los próximos dos años. 
No repetiré todas las razones por las que estas relaciones son importantes y que la Presidencia ha expuesto de manera tan convincente- económicas, políticas y culturales -, pero todos conocemos su importancia. 
En vez de repetir lo que ya ha dicho con tanta elocuencia, me gustaría tratar sobre dos cuestiones principales relativas a la Cumbre. 
En primer lugar, ¿qué ha hecho la Comisión para garantizar el éxito en Madrid? 
Y en segundo lugar, ¿qué resultados esperamos de la Cumbre? 
No es necesario decir que la Comisión se ha comprometido firmemente a garantizar el éxito de la Cumbre de Madrid. 
Y nos hemos comprometido igualmente a garantizar la realización del proceso birregional iniciado en Río. 
De hecho, lo que está en juego en Madrid es la credibilidad fundamental de todo este proceso. 
Como el Parlamento sabe, la opinión pública se ha mostrado cada vez más crítica con las cumbres durante los últimos años. 
No olvidamos la polémica que rodeó las reuniones del G8 el año pasado. 
Estas cumbres son ridiculizadas a menudo como tertulias de alto nivel que con demasiada frecuencia producen poco más que palabrería. 
Con frecuencia y quizás de modo bastante embarazoso, las grandilocuentes declaraciones finales de las cumbres son contrastadas con los escasos resultados alcanzados realmente. 
Como la Comisión ha resaltado reiteradamente, estamos decididos a que Madrid no sea apenas una tertulia así. 
Debe ser creíble y para serlo, debemos demostrar claramente que los ambiciosos objetivos definidos en Río se han cumplido. 
No quiero lanzarme a una prolija exposición de todas las consecuencias de Río. Tampoco soy la persona adecuada para exponer todo lo que otros han conseguido desde entonces. 
Me centraré, en cambio, en los logros alcanzados por la Comisión en los ámbitos prioritarios de cooperación en los que se ha comprometido a trabajar. 
Creo firmemente que hemos cumplido con nuestra parte del trato y podemos acudir a Madrid con la cabeza alta. 
En primer lugar, la Comisión ha lanzado varios programas encaminados a dar apoyo y reforzar las instituciones que defienden expresamente los derechos humanos. 
Aquí se incluye un programa regional de apoyo de los defensores del pueblo en América Latina y dos programas plurianuales sobre democracia y derechos humanos. 
Por otra parte, la Comisión ha cofinanciado una conferencia birregional sobre la labor y la cooperación de los defensores del pueblo y las instituciones nacionales de los derechos humanos, así como una conferencia intercontinental sobre la protección de los derechos humanos. 
Pasando a la sociedad de la información, a la que la Presidencia ha hecho referencia, nuestro logro más notable ha sido la adopción del programa @LIS. 
Con vistas a reforzar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina, fue lanzado oficialmente en la reunión ministerial UE/América Latina y Caribe celebrada en Sevilla hace unas semanas. 
En el ámbito social, la Comisión también acude a Madrid con un balance general positivo. 
Hemos fomentado la participación de diversos grupos de la sociedad civil y hemos financiado una serie de reuniones que presentarán sus conclusiones a la Cumbre. 
Hemos cofinanciado un seminario académico sobre la igualdad social, un foro de ONG, así como una reunión de la sociedad civil. 
Todo esto además del "México Business Forum" celebrado el mes pasado en México. 
Como prueba de nuestro constante compromiso en este ámbito, conviene observar que en la programación de la cooperación para el período 2000-2006, la Comisión ha destinado una parte importante de sus recursos financieros actuales al ámbito social. 
Asimismo, la Comisión trabaja actualmente en todas las iniciativas encaminadas a incrementar la capacidad de la administración pública en políticas sociales, a través del intercambio de experiencias, mejor práctica y conocimientos expertos. 
Por último, en el ámbito de la educación, la Comisión ha aprobado un ambicioso programa de becas denominado ALBAN. 
Durante un período de nueve años, se concederán 4.000 becas a los graduados latinoamericanos que deseen completar sus estudios en universidades europeas. 
Quiero resaltar ante el Parlamento la gran importancia que personalmente atribuyo a este programa. 
Como todos sabemos, los estudiantes latinoamericanos piensan que no tienen otra opción que viajar rumbo norte para continuar sus estudios. 
Debemos darles otra opción: la opción de venir a estudiar a universidades europeas. 
Eso sería bueno para nosotros y espero que sea bueno para la próxima generación de dirigentes de América Latina. 
Se trata de unas becas generosas- por valor de unos 19.000 euros anuales. Estarán gestionadas, espero, por una red de instituciones de enseñanza superior. 
Si conseguimos que este plan de becas tenga éxito, podemos plantearnos planes similares en otras zonas, porque creo profundamente- observación que el Sr. Iglesias ha hecho en varias ocasiones- que uno de los modos más importantes de ayudar a nuestros asociados de todo el mundo es abriendo nuestras universidades al mayor número posible de ellos. 
Permítanme pasar a mi segunda cuestión principal: ¿qué espera la Comisión de la Cumbre? 
En primer lugar, Madrid debería ser una oportunidad de mejorar la dimensión política de nuestra asociación estratégica birregional. 
Esta asociación trata sobre algo más que apenas desarrollar proyectos de cooperación: de hecho, 48 Jefes de Estado y de Gobierno no se reúnen sencillamente para respaldar una lista de proyectos. 
Estoy convencido de que lo realmente importante es la oportunidad que Madrid nos brinda de dar peso político a iniciativas nuevas y de peso. 
En particular, debemos dar un mayor enfoque a nuestro diálogo político. 
Al hacerlo, nos acercaremos más unos a otros en temas de interés común, como el cambio climático, el programa de desarrollo acordado en Doha, la Corte Penal Internacional y los derechos humanos. 
Asimismo debemos comprometernos cada vez más a reafirmar estas posiciones convergentes en los foros internacionales. 
Europa tiene la responsabilidad especial de dejar claro, a través de nuestras acciones y cooperación con otros, que, en nuestra opinión, el único modo de atajar los problemas internacionales es a través de la cooperación internacional. 
Deberíamos, en particular, buscar socios para conseguir que el multilateralismo funcione en América Latina y el Caribe. 
En segundo lugar, la Comisión espera que la Cumbre aborde la que es una de las cuestiones más importantes para la población de América Latina y el Caribe: la lucha contra las desigualdades sociales y la búsqueda de la cohesión social. 
Sabemos- la Presidencia ha dado algunas cifras- que América Latina se enfrenta a un posible problema de inestabilidad política como consecuencia de la desigualdad social. 
Este asunto debe ser abordado y la Cumbre debería centrarse en la búsqueda de soluciones a este problema. 
Por último, esperamos que Madrid represente un hito en numerosos procesos de negociación subregional- una vez más, como la Presidencia ha señalado. 
Quizá lo más importante, la Cumbre marcará las conclusiones de nuestras negociaciones con Chile. 
Se trata realmente de un logro considerable. 
Constituye un fortalecimiento muy importante de nuestras relaciones bilaterales y respaldo todo lo que la Presidencia ha dicho sobre el extraordinario calado del acuerdo que hemos celebrado con Chile. 
Es uno de los acuerdos más importantes que hemos celebrado jamás con cualquier país. 
Por otra parte, la Cumbre debería acoger con satisfacción el hecho de que las negociaciones de los capítulos político, institucional y de cooperación con Mercosur está prácticamente terminado. 
Espero que también impulse los esfuerzos que se están realizando para concluir en breve las negociaciones pendientes. 
En lo que se refiere a América Central y la Comunidad Andina, la Unión Europea se ha mostrado especialmente sensible a las peticiones de estas dos regiones para incrementar sustancialmente sus relaciones con nosotros. 
Las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 15 de abril han allanado el camino para la negociación de un diálogo político y un acuerdo de cooperación con ambas regiones. 
Estos acuerdos negociados intentarán ampliar nuestras relaciones comerciales y de inversión y preparar el terreno para estrechar aún más la cooperación en el futuro. 
Al hacerlo, la Unión Europea ha respondido satisfactoriamente a las aspiraciones legítimas de estos países, y espero que la Cumbre de Madrid apoye incondicionalmente esta iniciativa. 
Antes de terminar, quisiera transmitir mi enhorabuena a la Presidencia española por la excelente labor que ha realizado en la preparación de la Cumbre. 
También me gustaría rendir homenaje al extraordinario compromiso del Parlamento Europeo con el futuro de nuestras relaciones con América Latina y a algunos diputados que, a nivel individual, han desempeñado un papel especialmente constructivo, uno de los cuales tomará la palabra cuando yo vuelva a ocupar mi escaño. 
Quisiera felicitar al Parlamento, en particular, por las iniciativas ambiciosas y de gran alcance contenidas en la resolución de 15 de noviembre de 2001. 
En la Comisión hemos trabajado con ahínco con el Gobierno español, entre otros, para que esta Cumbre sea un éxito. 
Hemos trabajado durante casi 18 meses con este objetivo en mente. 
Hemos conseguido, no sin cierta dificultad, llevar a buen término planes como el programa de becas y el programa sobre la sociedad de la información. 
Hemos concluido las negociaciones con Chile sobre un acuerdo muy amplio, como decíamos, que muchos pusilánimes consideraban imposible. 
Con Mercosur hemos avanzado más de lo que muchos se habrían atrevido a pronosticar. 
Ahora queremos elevar también el nivel de nuestras relaciones con las otras agrupaciones subregionales. 
Todo ello proporciona la base para una buena cumbre que reforzará aún más nuestras relaciones birregionales y nos preparará para impulsar las cosas aún más la próxima vez que nos reunamos- probablemente dentro de dos años- casi con toda seguridad con una Unión Europea ampliada. 
Señor Presidente, con la inclusión de este punto en el orden del día en un contexto internacional muy difícil y coincidiendo con la visita del Presidente Fox y de una importante delegación de parlamentarios mexicanos, hemos querido subrayar el interés que este Parlamento concede a las relaciones con los países de la América Latina en vísperas de la Cumbre. 
Coincido en la apreciación del Sr. Patten de que este tipo de reuniones ha sido criticado porque muchas veces las grandes declaraciones que se plasman en ellas no se traducen en objetivos concretos, y entiendo que, realmente, las cumbres contribuyen a ser la escenificación ritual de una voluntad política subyacente, tendente a generar la energía política necesaria para que la maquinaria funcione. 
Ahora de lo que se trata es de dar contenido a ese ambicioso objetivo de la asociación estratégica y regional que los Jefes de Estado y de Gobierno diseñaron en Río de Janeiro. 
Y coincido con el Sr. Patten en que la Unión Europea se presenta a esta Cumbre con una serie de señales muy positivas. 
En primer lugar- y creo que es mérito de todos los Grupos políticos de este Parlamento -, con un claro y ambicioso informe tendente a constituir una asociación birregional que trate de diseñar una estrategia común de la Unión Europea para América Latina. 
En segundo lugar, con una voluntad plasmada en los presupuestos que permite que la Unión Europea se presente en Madrid con unas cantidades dignas en el presupuesto del año 2002. 
Y, en tercer lugar, con un ambicioso acuerdo de asociación, negociado con Chile- por el que hay que felicitar a la Comisión Europea, por su esfuerzo negociador, y a la Presidencia en ejercicio, por su impulso -, con unas negociaciones con Mercosur que deben recibir también un nuevo impulso, porque es en los momentos de crisis donde este tipo de acuerdos pueden ser más necesarios, y también con unas directivas de negociación, presentadas por la Comisión, para unos nuevos acuerdos con la Comunidad Andina y Centroamericana que, en opinión de este Parlamento, tienen que dar- no digo que en este mismo momento- un horizonte de asociación, como ha reflejado el Presidente del Parlamento Europeo, en una reciente carta que ha enviado al Presidente de la Comisión; y, también, con un ambicioso programa de la Comisión que incluya toda una serie de iniciativas que, aunque no representan un sólo euro adicional, son muy importantes de cara a la constitución de esa asociación biregional. 
Entre tantos elogios, señor Comisario, me va usted a permitir un pequeño apunte crítico: comprenderá que nosotros consideramos que la reducción en 30 millones de euros, que la Comisión ha presentado en su anteproyecto de presupuesto para el año 2003, no constituye, en estos momentos, la mejor carta de presentación de cara a la Cumbre. 
Dicho esto, creo que es importante que la Cumbre tome en consideración el hecho de que las grandes y profundas desigualdades sociales que se dan en América Latina pueden poner en peligro los avances logrados con tantos esfuerzos en los ámbitos de la convivencia y de la democratización y que, por lo tanto, hay que mandar un mensaje muy claro de apoyo a la normalización y consolidación democrática en países como Venezuela y Argentina, la inclusión en la lista de organizaciones terroristas de las FARC y del LN, también la tendencia a normalizar las relaciones con Cuba, sobre la base de las premisas de la cláusula democrática, y a su progresiva inserción en el Acuerdo de Cotonú. 
Y entiendo que es muy necesario que la Unión Europea afronte, sin complejos, una relación global ambiciosa con América Latina para no dejar todo el protagonismo a los Estados Unidos, que no se hacen demasiadas preguntas sobre el grado de integración regional en América Latina. 
Por lo tanto, señor Presidente, espero que en esta Cumbre de Madrid se lance un mensaje claro, en un nivel definido, de constituir un espacio común que se pueda plasmar en un gran eje transatlántico que pueda dar cauce a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina para el próximo milenio. 
Señor Presidente, la Cumbre de Madrid es una reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
No obstante, yo quisiera recordar desde aquí, con toda la modestia, que el Parlamento Europeo mantiene desde hace muchos años relaciones muy estrechas con los parlamentarios de América Latina; la relación más antigua del Parlamento Europeo con otros parlamentos es, por cierto, la establecida con los parlamentos latinoamericanos, que se remonta ya a los años setenta. 
El desarrollo que seguirá América Latina en los próximos años y decenios también dependerá muchísimo de sus relaciones con Europa. 
Yo creo que estamos subestimando nuestras posibilidades. 
En este contexto, yo quisiera recordar, en particular, que las relaciones con América Latina también deben incluir sobre todo un elemento científico-técnico, un elemento industrial, igual que las que mantenemos con los Estados Unidos. ¿Por qué no hacer lo mismo en el caso de América Latina? 
Recordemos que dos grandes instalaciones científicas de Europa se encuentran en América Latina. El Observatorio Europeo Austral, ESO, en Chile, que por otra parte ha contribuido al fuerte impulso que ha experimentado la astrofísica en ese país, y nuestra estación espacial de Kourou, dado que la Guayana francesa se encuentra en tierras latinoamericanas. 
Yo también abogo a favor de un intenso diálogo industrial con la participación de la industria europea y latinoamericana. 
Ya hacer algo en esta línea con Mercosur y podríamos hacerlo extensivo a toda América Latina. 
El Sr. Patten se ha referido con razón a Kioto, o sea, a la política relativa al clima. 
Si dispusiera de tiempo, podría presentarles los cálculos que indican la importancia que podría tener el comercio de emisiones para América Latina en el futuro. 
El Presidente me indica que no dispongo de este tiempo. 
Si lo tuviera, les presentaría los cálculos y se quedarían asombrados al comprobar las posibilidades que ofrece. 
En resumen, tenemos muchas posibilidades de establecer relaciones con América Latina. 
¡Debemos aprovecharlas y no limitarnos a hablar de ellas! 
Señor Presidente, hay que reconocer que el mundo está revuelto y desajustado, y no sólo por la globalización o por el nuevo orden internacional derivado del 11 de septiembre, sino también por las exclusiones, los privilegios, la corrupción y el favoritismo. 
De esta situación no escapan ni Europa ni América Latina ni el Caribe. 
Por ello debemos aprovechar la Cumbre que se celebrará en Madrid para hacer una reflexión sincera y obtener conclusiones pragmáticas y convencernos de la necesidad de buscar entre todos un correcto funcionamiento del conjunto de la sociedad y elevar su calidad de vida, así como el camino de la paz y de la estabilidad en el planeta, particularmente en estos dos bloques geográficos unidos por la Historia como son la Unión Europea y América Latina y Caribe. 
En ellos, el respeto de los derechos humanos y el rechazo a la impunidad política y a la intolerancia, así como la profundización en el ejercicio de la democracia al igual que la incorporación de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas deben ser ejes prioritarios de nuestra acción conjunta futura, en el marco del respeto a la soberanía e independencia de los pueblos. 
En Madrid deberemos, pues, reforzar el diálogo político interinstitucional, en aras de garantizar un clima de confianza y conseguir relaciones adecuadas. 
Señor Presidente, la primera Cumbre en Río de Janeiro en junio de 1999 terminó con la decisión de establecer una asociación estratégica birregional, pero las 54 prioridades del plan de acción decidido al final de la Cumbre quedan hoy ampliamente incumplidas. 
Más allá de las palabras, para nosotros el reto de la Cumbre de Madrid y la iniciativa de asociación estratégica global consiste en ofrecer una opción radicalmente diferente a la ofrecida por los Estados Unidos. 
Me parece que nuestras ambiciones se quedarán muy cortas si lo que hacemos es simplemente repetir que nuestra prioridad radica en el establecimiento de zonas de libre comercio en países como México o Chile. 
O decir lo acertadas que son las políticas del Fondo Monetario Internacional en Argentina, pasando por alto datos como los que nos indican que el 41% de la población en Latinoamérica está todavía en una situación de pobreza, que el 56% de los ingresos derivados de sus exportaciones se emplean para pagar las deudas, y que en países con los cuales Europa ha suscrito acuerdos considerados modelo- como México- todavía existen gravísimas violaciones de los derechos humanos. 
También se quedarán cortas si permitimos que nuestras multinacionales traten a sus trabajadores de un modo que se consideraría inaceptable en Europa, como es el caso de la empresa alemana Continental Tires en México, o si pretendemos intervenir en el conflicto de Colombia simplemente elaborando listas de prescripción, para tratar de definir quién es terrorista y quién no lo es. 
En último lugar, señor Presidente, no queremos olvidar que la Presidencia española fue muy solícita en aceptar de hecho la tentativa de golpe de Estado en Venezuela- no tengo francamente otras palabras para definir esta aceptación -, y que esto tuvo un impacto muy negativo en América Latina, cuyos Gobiernos, por el contrario, reconocieron el valor democrático que tenía el Gobierno de Chávez. 
Por lo que se refiere a la resolución, nosotros pedimos- y concluyo, señor Presidente- que nos quedemos en el compromiso acordado por los grupos y que no votemos una enmienda que podría complicar muy gravemente la situación de los rehenes en Colombia, introduciendo la idea de que hay que cerrar la puerta a todo tipo de diálogo. 
Por eso, esperamos verdaderamente que este Parlamento no apruebe la enmienda propuesta por el Grupo Popular. 
Señor Presidente, agradezco las intervenciones del Sr. de Miguel y del Comisario Patten, que son muy esclarecedoras, pero pienso que se está dejando escapar una oportunidad para analizar qué es lo que está pasando en América Latina y qué papel puede desempeñar Europa. 
Si no entendemos que el proyecto ALCA supone una contraofensiva de los Estados Unidos para poder relegar y apartar la influencia- que, aunque es contradictoria en principio, se puede decir que también es beneficiosa- de la Unión Europea en relación con América Latina, no entendemos nada. 
Ésa, creo yo, es la cuestión más importante que debería tratarse en la Cumbre Iberoamericana de Europa con los Jefes de Estado. 
Y, por ello, es nuestra obligación analizar tanto las consecuencias del proyecto ALCA como las del 11 de septiembre y el cambio que se ha dado en toda América Latina. 
Hay que tomar en consideración cómo se están violando los derechos humanos en Guatemala y estamos viendo la impunidad. 
Debemos tomar en consideración la ruptura de las negociaciones en Colombia, que han sido un fracaso, y nosotros, que nos comprometimos a favorecer el diálogo y la negociación, tendríamos que insistir en esa política de diálogo y negociación para recuperar la sensatez. 
No podemos continuar la política militarista agresiva de los Estados Unidos porque entonces no tendremos ninguna credibilidad ni en el mundo ni en América Latina. 
Lo mismo se puede decir en relación con Venezuela, Argentina, y Brasil, donde es increíble que estén eliminando candidatos demócratas del Partido del Trabajo y sindicalistas de cara a las elecciones, y todo con la impunidad de siempre. 
Por ello, nuestra influencia en América Latina, de cara a la Cumbre, debería ser decisiva para- precisamente como decía el Sr. de Miguel y también el Comisario Patten- poder reforzar los derechos humanos, la convivencia y la democracia en esa influencia que sí puede ejercer la Unión Europea y no están ejerciendo los Estados Unidos. 
Por eso pienso que vale la pena aprovechar esa oportunidad de forma cabal y que no debemos estar mirando hacia otro lado. 
Señor Presidente, uno de mis ancestros fue capitán de un barco que navegaba entre Escocia y Valparaíso, Chile. 
Lamentablemente, se ahogó en uno de aquellos peligrosos viajes. 
O sea que el comercio entre mi país y ese gran continente está muy arraigado. 
Por ello fue para mí un gran placer asistir a la Conferencia Parlamentaria UE/América Latina en aquella ciudad el pasado mes de abril. 
Tengo esperanzas de que Chile se convierta en breve en el signatario más reciente de un acuerdo de cooperación de gran calado con la UE, al igual que hizo México- cuyo Presidente Fox nos visita hoy en esta Asamblea- a raíz de la primera Cumbre de Río en 1999. 
Recientemente, América Latina ha aparecido mucho en las noticias: la visita de reconciliación esta misma semana del Presidente Carter a Cuba, la última dictadura comunista que queda; el ridículo y breve golpe en Venezuela contra el inconformista Presidente Chávez; la triste fusión de la economía que actualmente presenciamos en la que en otros tiempos fuera la próspera Argentina; así como la incesante tragedia de Colombia, sacudida por la guerrilla, los asesinatos políticos y el narcotráfico. 
No obstante, a pesar de estos problemas, me queda cierto grado de optimismo de que los países latinoamericanos terminarán por comprender que para alcanzar la prosperidad y la seguridad al estilo occidental, deberán dejar de lado sus insignificantes divisiones- tan pequeñas en comparación con las diferencias lingüísticas y culturales que conocemos aquí en la UE- y unirse en el desarrollo de economías de mercado sólidas y con un funcionamiento estable, que tengan como base el Estado de derecho, la buena gobernanza, la democracia y los derechos humanos. 
En un inicio, la UE deberá negociar tratados bilaterales, pero estoy convencido de que a más largo plazo, durante la próxima década, emergerá un área de libre intercambio latinoamericana aprovechando las lecciones aprendidas de la experiencia de los países de Mercosur y el Pacto Andino. 
Este acuerdo terminará por subsumir en un área de libre intercambio de las Américas, como aprobaron los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Unidos y de América Latina en Québec el año pasado. 
Asimismo, este acuerdo estableció por vez primera las cláusulas embrionarias sobre los derechos humanos y la democracia que suscribieron todos los Estados con excepción, de manera vergonzosa, de Venezuela. 
En consecuencia, acojo con satisfacción la segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE que se celebrará en Madrid el 17 de mayo. 
Le deseo mucha suerte en su difícil proyecto de hacer realidad una cooperación mucho más estrecha entre estas dos grandes regiones del mundo. 
Señor Presidente, no voy a hablar de las buenas noticias en relación a la Cumbre de Madrid. 
Hago mías las palabras de muchos de mis colegas, pero creo que una de nuestras obligaciones es justamente señalar los eventuales problemas y con la máxima antelación posible. 
Las buenas noticias se llaman México- hoy vamos a tener el honor de recibir al Presidente Fox -, se llaman Chile, y algunas otras hay también. 
Pero quiero llamar la atención del Consejo y de la Comisión sobre la región más pobre del continente americano, es decir, Centroamérica. 
La Unión Europea, desde 1984, desarrolló un papel muy positivo en el desarrollo de los procesos de paz en la región. 
Nos encontramos con cambios políticos que han significado la paz, la instauración de gobiernos democráticos, pero también con una situación en la cual se combinan las dificultades del cambio económico y social con los desastres naturales, y una inercia de desigualdad y de pobreza realmente muy impresionante. 
Creo que la consecución de un acuerdo de paz debe ser considerado siempre como un punto de partida, no como un punto de llegada. 
Y sería un error darnos por satisfechos con la gestión realizada en el pasado y no comprender que hay en la región, como por otra parte en el conjunto de Latinoamérica, un riesgo de falta de perspectivas que conduzca a algo que es lo más desastroso en materia política y social, que es la anomia, no el conflicto, sino la falta total de perspectivas, el desarrollo de situaciones anómicas. 
Esto se da, con particular gravedad, en Centroamérica y creo que la Unión es indispensable para apoyar el desarrollo regional de la zona a medio y largo plazo. 
Para llamar las cosas por su nombre, creo que se está fraguando una frustración centroamericana en la Cumbre de Madrid, y pido al Consejo y a la Comisión que hagan todo lo posible para que esto se evite o, como mínimo, se palie ofreciendo perspectivas de futuro inmediato. 
Señor Presidente, el Comisario Patten ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho que el peligro de estas Cumbres es que se conviertan en fábricas de palabras. 
Nosotros esperamos que la Cumbre llegue, efectivamente, a realizaciones efectivas, pero comparto el punto de vista del señor Salafranca de que el mejor mensaje en este momento no es la presentación, por parte de la Comisión, de un presupuesto en el que la aportación a esta zona se reduce en 30 millones de euros. 
Quería hacer referencia, sin embargo, a otro tema: el planteado por la señora Frassoni, que nos ha pedido, en nombre de su Grupo, que no incluyamos una enmienda que condena el terrorismo. 
Creo que esto podría perjudicar a los rehenes de los terroristas y esto es un error desde el punto de vista metodológico. 
Nosotros no podemos convertirnos en rehenes del terrorismo, porque si en este momento cedemos, entonces, realmente estamos incitando a los terroristas a que secuestren a nuestros nacionales y a nuestros representantes. 
En este momento, la policía española acaba de desactivar una operación terrorista que, al parecer, iba dirigida a ensombrecer la Cumbre de Madrid. 
Creo que esto debe afirmarnos en nuestro propósito de luchar contra el terrorismo tanto en este lado del Atlántico como en el otro, y colaborar con los Gobiernos democráticos de la América Latina con el fin de consolidar las opciones democráticas. 
. Señor Presidente, he escuchado con mucha atención la intervención de la Comisión, que yo creo que ha sido muy acertada. 
Quisiera decir aquí públicamente que la Presidencia del Consejo ha tenido una ayuda inestimable en la Comisión Europea a la hora de satisfacer nuestra ambición de dotar a esta Cumbre de un contenido. 
A mí no me corresponde juzgar las cuestiones presupuestarias, de las que, además, no tengo noticia, pero sí puedo decir que la Comisión tendrá en cuenta lo que han dicho los diputados, si bien esto no es competencia del Comisario responsable de las relaciones exteriores. 
No obstante, tanto este Comisario, como el Comisario responsable de los asuntos comerciales, Sr. Lamy, han realizado un esfuerzo extraordinario para dar contenido a esta Cumbre, que- como opinamos todos- no debe simplemente ser una fábrica de palabras. 
La Comisión, junto con los Estados miembros, ha contribuido mucho a ello. 
El panorama al que nos enfrentamos con América Latina es, seguramente, uno de los más difíciles de los últimos años. 
Después de la llamada "década perdida", todo parecía indicar, en los años 90, que el continente latinoamericano se estaba levantando, que se afianzaban los sistemas democráticos y que había grandes avances en el terreno social, lo que es importantísimo, porque el gran problema de América Latina radica en las grandes diferencias entre las clases, con un porcentaje muy alto de una clase muy desposeída y sin ninguna esperanza. 
Cuando creíamos que, a través de nuestros foros de diálogo- ya fueran subregionales o a otros niveles- como el Grupo de Río, el diálogo de San José, el diálogo andino, Mercosur, etc., estábamos empezando a encontrar una vía para mejorar todo el entorno, resulta que ahora nos encontramos en una situación muy grave. 
Se ha mencionado la situación de Argentina, que es verdaderamente dramática. 
También se ha mencionado la situación de Venezuela, la de Centroamérica... no es un sólo un país, sino todo un conjunto de países los que no están en condiciones de avanzar, y- como decía el Sr. Obiols- se encuentran prácticamente en una situación de olvido. 
Parece que Centroamérica hubiera desaparecido de la atención del resto de la comunidad internacional. 
Ésas son las realidades a las que nos tenemos que enfrentar en un panorama caracterizado por que la Unión Europea tiene plena conciencia de su compromiso histórico con el otro lado del Atlántico. 
No cabe la menor duda de que la dimensión transatlántica de nuestras relaciones es una dimensión irrenunciable de la política exterior de la Unión. 
América entera, desde Canadá hasta el Estrecho de Magallanes, es un continente en el que la cultura, la historia y la vida de Europa han tenido una gran implicación. El resultado de esta implicación han sido unas sociedades híbridas, diferentes, que no son europeas pero que tienen, como base de su sistema de valores, todo aquello que han recibido de nuestra presencia secular en todo ese enorme continente. 
El intento de la Unión Europea es valorar la idiosincrasia y la independencia de todos esos países, pero, al mismo tiempo, potenciar todos esos valores puramente europeos que siguen vivos en esas sociedades y que nosotros, con nuestras políticas, tenemos la obligación de mantener. 
Naturalmente, tenemos que hacer más que eso y, por eso, estamos tan implicados en el tema del desarrollo económico. 
Pero sabemos también que las soluciones se dan siempre a largo plazo, porque hay zonas, como Centroamérica o la zona andina, o incluso la más desarrollada, que es la zona del Cono Sur, que, precisamente por las circunstancias en que están, tienen prácticamente hipotecados los próximos años de una manera muy grave y con consecuencias sociales que pueden ser extraordinariamente peligrosas para el futuro de esos países. 
Por esto, yo creo que los ejemplos que se han proporcionado, como el Acuerdo de Libre Cambio con México y el que vamos ahora a poder cerrar con Chile, establecen una vía de un intercambio más justo e intenso y al más alto nivel. 
La Unión sólo ha celebrado acuerdos de libre cambio con un país latinoamericano, que es México, y ahora los va a celebrar con otro, que es Chile, sin embargo, con el resto del mundo no tenemos acuerdo de libre cambio. 
Eso indica que tenemos una vocación de ir a un sistema comercial compartido y más justo, pero, al mismo tiempo no debemos olvidar que, junto a esos dos países, que son las excepciones, hay otros países que tienen gravísimos problemas, que no se van a arreglar solamente con los acuerdos de libre cambio, pues, como decía la Sra. Frassoni, todo no es comercial, debemos actuar también a otros niveles. 
Eso nos sirve para poder tomar una iniciativa clara con respecto a la política de los Estados Unidos que- eso sí- se limita a un gran acuerdo de libre cambio, que es el ALCA, y no ofrece nada más. 
El valor añadido de nuestra cultura europea y de nuestra vinculación histórica con ese continente tiene que ser ese "algo más" que debemos dar, en primer lugar, mediante la eliminación de las diferencias de riqueza y la creación de una sociedad más equilibrada y más justa, y, sobre todo, mediante el fomento del buen gobierno, del respeto al Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos. 
Éstos tienen que ser los mensajes y creo que los países latinoamericanos los perciben. 
El Sr. Fox lo percibirá hoy aquí- porque hoy vamos a celebrar una reunión con él- y yo creo que todos los Jefes de Estado y de Gobierno lo percibirán también en el marco del diálogo con Europa. 
Por lo tanto, la Presidencia toma muy buena nota de que el sentir del Parlamento Europeo es precisamente ése: ir más allá del ámbito comercial, sin renunciar a él, para dar a nuestras relaciones con América Latina ese valor cualitativo de diálogo entre países hermanos, porque compartimos cultura, lengua, historia y valores- sobre todo valores- y porque el establecimiento de los valores que han hecho de la sociedad europea lo que es debe hacer también, de la sociedad latinoamericana, una sociedad más próspera, más igualitaria, más justa y que proteja más los derechos humanos. 
Con ese espíritu va la Presidencia a esta Cumbre y, además, ahora cuenta también con el apoyo de este Parlamento para avanzar en la dirección que consideramos adecuada. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
. (EN) Señor Presidente, intervengo para presentar mi informe sobre la relación transatlántica. 
Es un debate oportuno si tenemos en cuenta la rapidez con que actualmente evoluciona la relación transatlántica. 
Como muchos sabrán, siempre he sido un firme partidario de estrechar las relaciones transatlánticas. 
Es lógico, en la era de la globalización, que Europa y los Estados Unidos piensen en el fortalecimiento de una relación transatlántica basada en valores compartidos y en intereses comunes. 
Pero lo lógico no basta necesariamente. 
Los motivos de preocupación son numerosos, los lazos transatlánticos se están debilitando sin que se construyan nuevos puentes; cada vez son más los que piensan que la OTAN puede que no exista dentro de cinco años; y no hay ninguna duda de que el Consejo OTAN-Rusia, como hemos podido ver publicado hoy, está cambiando fundamentalmente nuestra relación en materia de seguridad. 
Quisiera examinar por qué ocurre esto, cuáles son los motivos de preocupación y qué deberíamos hacer al respecto. 
Inevitablemente, la OTAN está cambiando, ha dejado de ser una organización defensiva contra un país que ya ni siquiera existe. 
Se está volviendo más política, más internacional. 
Después del 11 de septiembre, resulta evidente que nuestro socio, los Estados Unidos, se siente amenazado. 
Nosotros en Europa no tenemos esa sensación. 
Aquel país tiene unas intenciones mucho más claras de lo que debería hacerse en el ámbito militar. 
Por último, los Estados Unidos es un país que, sin ninguna duda, no está acostumbrado, y puede que tampoco lo desee, a compartir soberanía e instituciones multinacionales, como ha pasado a ser habitual en Europa. 
Por estos motivos ve las cosas bajo una luz muy diferente a la hora de participar en instituciones internacionales, a pesar de que sabe que para el acceso comercial son necesarias normas de gobernanza. 
¿Cuáles son, pues, los motivos de preocupación? 
Mi informe es muy claro en este sentido. 
Los colegas han planteado una serie de inquietudes diferentes de carácter político: la no participación de los Estados Unidos en el Protocolo de Kyoto, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ottawa sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales y, más recientemente, su negativa a firmar el Tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional. 
En segundo lugar, están las inquietudes económicas. 
Hemos presenciado dos casos recientes de la intervención estadounidense sobre el acero y ahora su decisión de incrementar las subvenciones agrícolas. 
En muchos sentidos, estas medidas demuestran que ellos viven en un mundo propio, alejados de la realidad exterior. 
Por último, en política exterior, en la que los Estados Unidos parece desear aferrarse a sus ideas de emprender acciones contra Iraq, son muchos los que piensan que quizá ése no sea el mejor modo de solucionar el problema. 
¿Qué deberíamos entonces hacer nosotros? 
El informe que, junto con mi colega la Sra. Mann, presento a la Asamblea, demuestra que nosotros tenemos muchas buenas ideas, pero quizá no hayamos prestado la atención suficiente a lo que deberíamos estar haciendo. 
El elemento clave del informe es que debemos seguir adelante con la actualización de la OTAN, la actualización de la Agenda Transatlántica para desarrollar una asociación transatlántica sostenida y reforzada basada en un nuevo pacto de confianza y el concepto de reconocimiento mutuo en el que nuestros respectivos papeles estén claramente definidos. 
Hay numerosos ejemplos, pero sólo expondré unos pocos aquí a la Asamblea. 
La OTAN sigue siendo no sólo la garantía fundamental de la estabilidad y seguridad euroatlántica, sino también el marco fundamental para las operaciones de la coalición. 
La OTAN debe responder a los nuevos retos mundiales, y reconocer que la forma de las estructuras política y militar está cambiando de la defensa colectiva a la seguridad colectiva. 
Es fundamental combinar unos presupuestos de defensa adecuados con medidas audaces encaminadas a la coordinación y a una mayor racionalización del gasto de defensa. 
La modernización, en vez de la marginalización de la asociación, exige que los Estados Unidos abran sus mercados de defensa, y nosotros, en Europa, que busquemos la coordinación siempre que sea posible. 
Debemos desarrollar una definición y un concepto comunes y exhaustivos de la seguridad y de los riesgos de la seguridad. 
También debemos comprender que la OTAN y la UE deben estrechar su colaboración, aunando las herramientas no militares de que dispone la UE y combinarlas con la capacidad militar decisiva de que dispone la OTAN. 
Debemos reforzar el diálogo político. 
Mi colega la Sra. Mann tratará sobre los aspectos económicos, sobre los que hay varias propuestas excelentes. 
Debemos involucrar a los Estados Unidos en un diálogo multilateral constructivo y reforzar la participación parlamentaria en todo este diálogo. 
¿Qué significa esto? 
Hemos avanzado algo en la Cumbre UE-EE.UU. sobre esta agenda positiva, pero falta un elemento importante, a saber, la visión estratégica del destino a largo plazo de esta asociación transatlántica sobre la que no tenemos ideas reales. 
En esta Asamblea siempre hemos apoyado una asociación transatlántica a más largo plazo, de más calado, y es por ello por lo que pedimos a la Comisión que elabore un informe. 
Su propia comunicación adolece de pensamiento estratégico, y debemos avanzar más en este ámbito. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo creo que las palabras finales de mi colega constituyen un excelente preámbulo para mi intervención. 
Efectivamente, necesitamos más reflexiones y perspectivas estratégicas. 
Nos encontramos ante una situación sumamente difícil. 
Sólo si intentamos reasentar las relaciones transatlánticas sobre nuevas bases y trasladarlas al terreno de las reflexiones estratégicas, podremos recuperar también una mayor aproximación a largo plazo. 
Yo me he concentrado, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, en el examen de las repercusiones económicas y he alcanzado los resultados que voy a exponer a continuación; mis colegas me han apoyado en esta tarea y también quiero agradecerle al colega James Elles que los haya incorporado a su informe. 
Básicamente, partimos de la constatación de que el mercado transatlántico ya existe. 
Un hecho que se puede comprobar en muchos sectores. 
Lo cual no deja de tener consecuencias, dado que la política y la opinión pública apenas se aperciben de ello. 
Por otra parte, también somos muy conscientes de nuestra gran proximidad y de que somos socios. 
Sin embargo, con mucha frecuencia esto se traduce relativamente poco en acciones políticas. 
Por lo tanto, será necesario tener más en cuenta la realidad económica y traducirla en reflexiones políticas. 
Esta consideración debería hacerse extensiva también a la planificación estratégica. 
Las consecuencias son considerables. 
Constatamos que las frustraciones son cada vez más frecuentes. 
El distanciamiento va en aumento. 
Constatamos una construcción de barreras frente al exterior, un retorno a las políticas nacionales- sobre todo entre los americanos pero, seamos justos, nosotros tampoco estamos totalmente libres de culpa -, una expansión de los llamados valores americanos y europeos. 
Justamente esto determina también un incremento progresivo de los enfrentamientos comerciales, que ponen de manifiesto estos problemas. 
La pregunta que se nos plantea es: ¿qué podemos hacer? 
El colega James Elles ha manifestado acertadamente que es necesario actualizar la Nueva Agenda Transatlántica y la asociación económica transatlántica. 
¿Cómo podemos hacerlo? 
Yo creo que para ello se requiere un cambio radical de paradigma. 
Tenemos que dejar atrás la vigilancia mutua. 
Podemos conseguir este cambio de paradigma mediante tres métodos: primero, un análisis específico por sectores de las interdependencias económicas; segundo, un fortalecimiento del método bilateral previo al procedimiento en el marco de la OMC, en el ámbito de la resolución de conflictos, así como del sistema de alerta rápida; y tercero, una mayor aproximación. 
La Comisión ya lo concretó en la Cumbre, bajo la forma de una llamada agenda positiva, y el Consejo lo ratificó. 
Desde el Parlamento lo acogeremos con satisfacción. 
No voy a entrar ahora en mayores detalles. 
Los podrán encontrar en el informe, que yo espero que cuente con el apoyo de la Comisión y también del Consejo. 
. Señor Presidente, he escuchado con mucha atención tanto la introducción que ha hecho el Sr. Elles a su informe como la intervención de la Sra. Mann. 
Creo que sus reflexiones sobre la situación actual de nuestras relaciones con los Estados Unidos y, en particular, sobre la Agenda Transatlántica y el futuro de nuestras relaciones, merecen un estudio atento por parte de la Comisión y del Consejo. 
Es evidente que han surgido, como decía el Sr. Elles, circunstancias que han cambiado en los últimos años nuestras relaciones con los Estados Unidos y que también hay ciertas actitudes de los Estados Unidos que, de alguna manera, se han separado de ciertos principios comunes que teníamos como propios en la Agenda Transatlántica. 
Pero eso son, a mi manera de ver, interpretaciones sobre la intensidad de una relación que nosotros deseamos que sea muy importante. 
En verdad las relaciones con los Estados Unidos, independientemente de que tengamos que reflexionar sobre su profundización, son ya hoy en día una realidad muy importante. 
Las relaciones transatlánticas son, dentro de las relaciones exteriores de la Unión, seguramente el pilar más sólido de relación entre la Unión Europea y un país tercero. 
Hace escasamente dos semanas se celebró en Washington la Cumbre Unión Europea/Estados Unidos cuyos resultados pueden calificarse, desde luego, de excelentes. 
Ambas partes mantuvieron un destacable espíritu constructivo en todo el abanico de temas discutidos, poniendo así en evidencia lo que había dicho antes: que independientemente de algunas frustraciones por nuestra parte, generadas por nuestra aspiración de mantener una relación más intensa con los Estados Unidos, la realidad es que la intensidad y la profundidad de las relaciones transatlánticas hacen de los Estados Unidos un socio privilegiado de la Unión en este momento. 
La lucha contra el terrorismo, los esfuerzos conjuntos para resolver conflictos regionales, en especial en Oriente Medio- no olvidemos, por ejemplo, que es significativo que, inmediatamente después de la Cumbre, hubo una reunión del llamado Cuarteto para resolver el problema del Oriente Medio -; la elaboración y discusión de una agenda positiva en materia comercial, precisamente para insistir en el lado más importante de nuestro entendimiento y no estar dando vueltas en nuestros desentendimientos, algunos pequeños en materia comercial que, por cierto, no afectan ni siquiera al 5% del volumen de comercio entre los Estados Unidos y Europa. Todo ello constituyen buenos ejemplos de ésta relación transatlántica basada en valores comunes y en la estrecha operación que el propio Presidente Bush calificó como única e importante. 
Desde una perspectiva global y tal como se expuso en la conferencia de prensa posterior a la Cumbre, las principales conclusiones que pueden extraerse de este encuentro son las siguientes, y me gustaría exponerlas porque yo creo que esto es la plasmación real de la situación de hoy en nuestras relaciones con los Estados Unidos: en primer lugar, se destaca sin lugar a dudas la densidad e importancia de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en términos económicos, ya que juntos contabilizamos casi la mitad de la economía mundial- el 40%-, del que sólo, como decía antes, el 5% es objeto de contencioso, y constituye la mayor relación bilateral en el mundo de hoy en términos de comercio e inversión, y asimismo, la importancia de estas relaciones en términos políticos con el renovado impulso que hemos dado conjuntamente a la lucha antiterrorista. 
En segundo lugar, se constató una vez más la existencia de retos y estrategias comunes que hacen de la Unión Europea y los Estados Unidos socios estratégicos, destacándose naturalmente, como he dicho antes, el caso del terrorismo, con el lanzamiento de negociaciones para acuerdos de extradición y asistencia judicial en materia penal, mandato que fue aprobado por el Consejo de Justicia e Interior del 25 de abril, y el refuerzo de la cooperación en materia de congelación de haberes de organizaciones terroristas y en el ámbito de la no proliferación. 
Justo en vísperas de la Cumbre se puso a punto la nueva lista de dichas organizaciones para demostrar nuestro compromiso y mantener la lucha contra tales organizaciones. 
En tercer lugar y desde el punto de vista de política exterior, se subrayó la estrecha cooperación y concertación en conflictos regionales y en procesos de reconstrucción. 
El acuerdo en materia de seguridad en Oriente Medio sobre los principios del fin de la violencia, el reconocimiento de los Estados, el reconocimiento de la Autoridad Palestina como interlocutor legítimo y el apoyo a los planes Mitchell y Tenet constituyen ejemplos claros de esta concertación. 
Al mismo tiempo, se constató la mejora de la situación en los Balcanes, con los ejemplos de la cooperación entre los Estados Unidos y Europa en zonas como Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro; la eficacia de la estrecha cooperación en la reconstrucción de Afganistán y en el logro de una solución política en el marco de la Conferencia de Bonn. 
En cuarto lugar, ambas partes manifestaron su voluntad con respecto a las normas de la Organización Mundial del Comercio en todos los temas comerciales y apoyaron el principio inspirador de la agenda positiva y el salto cualitativo que implica la identificación de áreas de cooperación para acciones concretas futuras. 
En quinto lugar y manteniendo la línea mencionada, se promulgó la voluntad de colaborar en otros foros y en procesos internacionales, como son especialmente la Agenda de Doah y la vía hacia Johannesburgo, que es la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible. 
Por último, se constató que todas estas vías de cooperación han recibido y acusado el impacto de los cambios internos de la Unión, como son el proceso de ampliación o la constitución de la política exterior de seguridad y defensa, con un claro efecto de irradiación que se ha traducido de forma perceptible en una intensificación de las relaciones con los Estados Unidos. 
Éstas son, señor Presidente, las principales conclusiones que pueden extraerse del encuentro que, como es habitual en estos casos, se desarrolló siguiendo un formato de sesión restringida, previa a la sesión plenaria dedicada a los temas de mayor contenido político, seguida de un almuerzo posterior en el que se trataron los temas comerciales. 
Sin perder de vista las ideas que acabamos de apuntar, permítanme, Señorías, analizar en detalle el contenido concreto de las negociaciones en los diferentes puntos de la agenda. 
En primer lugar, tenemos la lucha contra el terrorismo. 
Como ya se ha dicho en otras ocasiones, se trata de un tema central y prioritario para ambas partes, particularmente después de lo sucedido el 11 de septiembre. 
En este capítulo se abordó el proyecto de acuerdo de extradición y asistencia judicial en materia penal logrado tras la aprobación del mandato- como ya había mencionado- por el Consejo JAI del 25 de abril y que fue recibido muy bien por la parte norteamericana. 
En segundo lugar, está la lucha contra la financiación del terrorismo. 
Aquí se hizo referencia al punto relativo a la ampliación de las listas de organizaciones terroristas para tratar de armonizar los contenidos entre la Unión Europea y los Estados Unidos, así como la actualización de medidas de la Unión con vistas a aplicar la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Este Parlamento es sin duda consciente de que el esfuerzo de la Presidencia ha sido considerable en este punto. 
Se llegaron a convocar varias reuniones de la Clearing House y un Coreper extraordinario para tratar exclusivamente esta cuestión y finalmente se logró la adopción formal de la ampliación de la lista de la Unión Europea el mismo día de la Cumbre. 
Como era de esperar, los Estados Unidos se mostraron receptivos a este nuevo esfuerzo, aunque manifestaron cierta decepción ante la no inclusión de Hamás y Hezbollá en la lista. 
Aquí se expresó el compromiso mutuo de incrementar esfuerzos para lograr una mayor coherencia en el tema de las listas de cara a modificaciones futuras. 
Por último, tenemos la cuestión de la no proliferación. 
El interés estadounidense en este ámbito se centró en el llamado 10+10, o "ten plus ten over ten", programa de diez años de duración, cuyo coste se estima en diez mil millones de dólares, y cuyo objetivo es la disminución del material radiactivo y químico de Rusia. 
Los Estados Unidos insistieron en la importancia del papel que la Unión Europea puede desempeñar en este asunto teniendo en cuenta las relaciones que mantiene con terceros países como es el caso de Irán. 
En el marco del mandato de negociación del acuerdo de comercio y cooperación que la Unión se propone adoptar con dicho país, la Unión Europea se comprometió a incluir la no proliferación como uno de los temas a tratar en el diálogo político. 
Además, la Unión Europea aprovechó para anunciar medidas tendentes al refuerzo de los instrumentos multilaterales. 
Me refiero en segundo lugar a la serie de los asuntos de cooperación regional de interés mutuo que se abordaron en la Cumbre. 
Son Oriente Medio, los Balcanes, Rusia y Afganistán. 
En cuanto a Oriente Medio, el Presidente Aznar recordó la necesidad de actuar con la mayor celeridad para no solamente lograr un alto el fuego, sino también una proyección política de los esfuerzos de solución. 
Por parte de los Estados Unidos, el Presidente Bush y el Secretario de Estado Powell recordaron que el contenido del discurso presidencial del 4 de abril seguía vivo, pero que tenía que reconocer el espíritu constructivo que saudíes, jordanos y otros árabes moderados estaban mostrando. 
La necesidad de reconstituir las infraestructuras palestinas fue reiterada por el Alto Representante, Sr. Solana, y el Comisario Patten, recordando además las conclusiones del pasado Comité de contacto ad hoc en Oslo relativas a la necesidad de evitar un vacío de seguridad en los territorios palestinos. 
Merece también destacarse que el Alto Representante, señor Solana, recordó lo injusto de las acusaciones de antisemitismo de la opinión pública norteamericana en contra de los europeos. 
El Presidente Bush aceptó la injusticia de estos ataques. 
Además, conviene recordar que el Cuarteto, como antes había mencionado, se reunió al margen de la Cumbre, en una reunión que fue calificada de hito por parte de los Estados Unidos, reconociéndose así la importancia de la concertación internacional para promover una solución negociada al conflicto en cuestión. 
Hubo, pues, un acuerdo de fondo sobre la importancia de desarrollar en paralelo las bandas política, económica y de seguridad, y ambas partes mostraron su determinación de mantener la presión sobre los dos bandos implicados. 
Estados Unidos manifestó su agradecimiento por los esfuerzos realizados por la Unión Europea en tal área y expresó que siempre actuaría bajo el principio de cautela para evitar poner en cuestión la credibilidad norteamericana en la zona. 
En definitiva, la declaración de Washington reitera y refuerza la declaración de Madrid del 10 de abril. 
En cuanto a los Balcanes, la Unión Europea puso especial énfasis en la importancia de la estrategia de asociación y estabilización, así como el interés común en el despliegue de la misión de policía APTF en Bosnia-Herzegovina a partir de enero de 2003. 
Asimismo, reiteró su disponibilidad para asumir la operación Amberfox en la República de Macedonia y los Estados Unidos elogiaron las iniciativas comunes en esta zona y añadieron a la vez su interés en ejercer presión sobre Serbia para que este país colabore con el Tribunal de La Haya. 
El intercambio de puntos de vista en relación con Rusia se realizó con la perspectiva de las Cumbres Estados Unidos/Rusia del 24 al 26 de mayo, OTAN/Rusia del 28 de mayo y Unión Europea/Rusia del 29 de mayo. 
La Unión Europea destacó los aspectos positivos del diálogo político con Rusia sin dejar de referirse a materias políticamente sensibles, como Belarús y Moldavia, y mostró también su preocupación por la situación de los derechos humanos en Chechenia. 
Los Estados Unidos mostraron su agrado ante el modo en que se desarrolla la concertación en esta área, porque permite dar solidez a la orientación occidental del Presidente Putin y expresaron además su compromiso de alcanzar un acuerdo con Rusia antes de la próxima Cumbre relativo a la reducción de armas nucleares. 
Ya hemos visto, por las noticias de ayer, que este acuerdo ha podido materializarse. 
La Unión Europea añadió aquí una mención a la dimensión económica y a los pasos que Rusia está dando hacia el logro de un estatus completo de economía de mercado, condición previa para su ingreso en la Organización Mundial del Comercio, no previsto en cualquier caso antes del año 2004. 
En cuanto a Afganistán, se volvió a hacer patente la concertación de posturas entre ambos socios, destacándose la importancia de la cooperación bilateral en la tarea de la reconstrucción del país y reconociéndose, por parte de los Estados Unidos, la importante contribución económica que la Unión Europea ha hecho precisamente a este fin. 
Refiriéndome a los temas de contenido económico y comercial, se mantuvo el principio de evitar insistir sobre los contenciosos en curso que, a menudo, no logran más que ensombrecer la importancia de ese gran vínculo económico que tienen la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Nos referimos, en primer lugar, a la Agenda de Doah, a la Cumbre que tuvo lugar en Monterrey y después la que va a tener lugar en Johannesburgo. 
Este punto se abordó brevemente para constatar la voluntad mutua de concertación de posiciones en el marco multilateral del Fondo Monetario, siguiendo el planteamiento de la Presidencia. 
También hubo referencias a la iniciativa Nepad como tema a tratar en el marco de la próxima Cumbre del G8 en Kananaskis, y la posibilidad que ofrece Johannesburgo de desarrollar proyectos de cooperación común en temas como la agricultura y el agua potable. 
Más concretamente, en lo que se refiere a los conflictos comerciales, el intercambio denotó un talante, por parte de los Estados Unidos, de deseo de negociar que se puede traducir, en términos concretos, en su compromiso de acogerse a las normas de la Organización Mundial del Comercio, en particular en los contenciosos del Foreign Sales Corporation y de las restricciones a la importación de clementinas. 
Con respecto al acero, es ya sabido que en este contencioso planea la posibilidad de alcanzar a medio plazo una solución negociada en materia de compensaciones, sin perjuicio de la denuncia que la Unión Europea va a hacer ante la Organización Mundial del Comercio. 
Ambas partes expusieron con claridad su postura al mismo tiempo que expresaban una vez más su voluntad de ajustarse a las normas de dicha organización. 
En cualquier caso, la Unión Europea no dejó de defender su intención de profundizar en la vía de las compensaciones como instrumento clave de protección de sus derechos. 
Con respecto al Foreign Sales Corporation gracias al clima favorable creado tras el retraso de la decisión del panel para el mes de junio, este punto fue tratado en un tono positivo y Bush se comprometió a cambiar la legislación fiscal interna norteamericana para adaptarla a la Organización Mundial del Comercio. 
Del mismo modo, en el tema de las clementinas, los Estados Unidos mantuvieron su compromiso de acortar los procedimientos con objeto de evitar, en lo posible, que se dañe la próxima campaña. 
Es evidente que en aquellos días todavía no había aparecido la nueva ley que acaba de aprobarse, en la que se incrementan las ayudas a los agricultores estadounidenses, y éste es otro tema que puede ser objeto de confrontación entre los Estados Unidos y Europa. 
Precisamente en un momento en que todos tenemos un compromiso común de reducir las subvenciones agrícolas de cara a la negociación de Doah, no parece que los Estados Unidos estén dando una señal muy positiva, pero yo creo que, en ese sentido, nosotros tendremos que sacar nuestras propias conclusiones de cara a nuestra postura negociadora en la ronda de Doah. 
Con respecto a la agenda positiva, hemos recogido bajo esta rúbrica todos los temas susceptibles de dar pie a acuerdos a medio plazo y sobre los que existe un acuerdo de base por ambas partes. 
Se incluyeron en principio los siguientes puntos: acceso mutuo a la contratación en el mercado de valores, aproximación común sobre normas y controles de agricultura orgánica y desarrollo de un prototipo común para la aduana electrónica. 
Voy a concluir, señor Presidente, reiterando la valoración trascendente y positiva que la Presidencia tiene de la Cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos celebrada en Washington el pasado día 2. 
Las relaciones transatlánticas son importantes, nos preocupan, pero la realidad es que tienen actualmente- y yo creo que lo tendrán también en el futuro- un lugar preeminente en el conjunto de las relaciones exteriores de la Unión. 
. (EN) Señor Presidente, hace exactamente un año que presenté ante este Parlamento la Comunicación de la Comisión sobre el reforzamiento de la relación transatlántica. 
Pocos podían imaginar entonces el horror de los atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que, desde entonces, han dominado el panorama internacional y han influido enormemente en la relación entre los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Aquellos ataques nos recordaron la vulnerabilidad de las sociedades abiertas y democráticas. Pero también resaltaron firmemente su perdurable fortaleza. 
Los ataques demostraron hasta qué punto Europa y los Estados Unidos están unidos por valores compartidos, como demuestra claramente la magnitud de las muestras de dolor y simpatía en los países europeos en las semanas siguientes al 11 de septiembre. 
Europa ha hecho todo un despliegue de ayuda práctica y de solidaridad emocional. Nuestra cooperación con los Estados Unidos en los meses siguientes al 11 de septiembre en la campaña contra el terrorismo da prueba de ello. 
Hemos avanzado considerablemente en el ámbito de la cooperación policial y judicial- a través del acuerdo EE.UU./Europol firmado el pasado septiembre, el mandato de un acuerdo de protección de datos EE.UU./Europol y el acuerdo de asistencia y protección mutua, y con la decisión de aprobar la orden de detención europea. 
Hemos trabajado juntos en el endurecimiento de los controles fronterizos y hemos avanzado en el seno de la Organización de la Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional con vistas a reforzar la seguridad del transporte aéreo y marítimo. 
Hemos trabajado juntos en la confiscación de las cuentas de los terroristas. 
La Unión Europea ha tenido una participación plena en la confección de la coalición contra el terrorismo. 
La presencia de las tropas europeas en Afganistán ha sido masiva, con el mayor contingente de las Fuerzas internacionales para la estabilización de Afganistán, así como en operaciones de combate. 
Y la Unión Europea está contribuyendo de manera formidable en la reconstrucción de Afganistán, reconstrucción que estoy ansioso de ver personalmente cuando visite el país la semana próxima. 
En todas estas cuestiones trabajamos estrechamente con los Estados Unidos, y con buenos resultados. 
Estamos demostrando lo mucho que podemos conseguir cuando actuamos uno junto a otro y en colaboración con otras naciones. 
También estamos haciendo otro tanto en los Balcanes y, más recientemente, en el marco del denominado Cuarteto, con vistas a encontrar una solución pacífica en Oriente Medio. 
Todo esto viene a demostrar que el mundo es un lugar mejor y más seguro cuando la Unión Europea y la potencia más formidable del mundo trabajan en armonía. 
Pero, como sus Señorías saben perfectamente, existe desde hace algún tiempo un debate en Washington sobre si los Estados Unidos- ahora tan poderosos- deberían centrarse en sus propios intereses bien definidos, el denominado enfoque unilateral, o si deberían continuar dando prioridad a los esfuerzos multilaterales, a la cabeza del impulso concertado de la comunidad internacional para buscar solución a los problemas comunes. 
El debate no es nuevo, aunque puede que haya aumentado su intensidad. 
Sólo quiero decir esto sobre un debate cuya existencia no es producto de nuestra imaginación europea. 
Europa estará necesariamente de la parte multilateral de este debate. 
Está en la naturaleza de nuestra visión del mundo y de nuestra experiencia. 
Nadie debe disculparse por eso. 
Pero cuando discrepamos con las que a nuestro parecer son políticas unilaterales, ¿cuál es el enfoque europeo correcto? 
En mi opinión, es no quedarnos callados. 
Pero, también, no permanecer al margen y sólo quejarnos. 
Cuando discrepamos con los Estados Unidos- por ejemplo, respecto a su decisión de no ratificar el Protocolo de Kyoto- deberíamos tomar la iniciativa nosotros y presionar en favor de la ratificación, animar a otros a que también lo hagan. 
Asimismo, somos contrarios a la reciente decisión estadounidense sobre la Corte Penal Internacional. 
Pero no basta con oponerse, no escatimaremos esfuerzos para que la Corte sea un éxito. 
Espero que no saquemos de contexto los desacuerdos y que podamos avanzar hacia una relación que nos permita celebrar mejor los ámbitos considerables en los que la UE y los Estados Unidos trabajamos como uno solo, y nos permita encontrar mejores formas de gestionar nuestras discrepancias y que cuando decidamos discrepar, lo hagamos de una manera sensata y de la manera más razonable posible. 
En este contexto conviene adoptar un punto de vista equilibrado de la situación. 
Por ejemplo, en ocasiones, nuestros desacuerdos en materia de comercio parecen ensombrecer nuestra relación. 
Europa y los Estados Unidos son los mayores socios comerciales del mundo. 
Nuestros conflictos afectan a una fracción de nuestro comercio total. 
El flujo comercial crece, pero no así el número de conflictos. 
Se presta demasiado poca atención a la estrecha cooperación de que gozamos en la protección y el desarrollo del sistema comercial internacional. 
La cooperación UE-EE.UU. tuvo una importancia decisiva para el éxito de Doha en lo relativo al lanzamiento de una nueva Ronda de la OMC que estará centrada en el crecimiento en los países en desarrollo. 
Nuestra cooperación para ayudar a los países en desarrollo ha transcendido el ámbito del comercio; ambos hemos incrementado sustancialmente la ayuda al desarrollo; hemos acordado financiar la estrategia de desarrollo en el "Consenso de Monterrey"; ahora estamos trabajando muy estrechamente en la preparación de la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. 
Espero que también allí la cooperación sea igual de buena. 
No repetiré las palabras que Pascal Lamy ha pronunciado recientemente en esta Asamblea sobre los temas de comercio, sólo me gustaría recordarles que el marco de la Asociación Económica Transatlántica (AET) continúa persiguiendo los objetivos que se fijó. 
Los objetivos de la asociación de prevenir la escalada de conflictos y de acelerar la actividad en ámbitos de interés mutuo. 
Éstos son precisamente los resultados de nuestra reciente cooperación, en particular: primero, el lanzamiento de una Agenda Económica Positiva; segundo, la gestión razonable y la prevención de conflictos en el marco del mecanismo de alerta rápida (entre los casos recientes se incluyen las clementinas españolas y los dispositivos de insonorización "hushkits") ; tercero, el firme compromiso al más alto nivel de los Estados Unidos con el cumplimiento necesario de la decisión de la OMC relativa al impuesto sobre sociedades por las ventas en el extranjero (FSC). 
Conviene tener presente estos puntos- al tiempo que no le restamos importancia a nuestros profundos desacuerdos en temas como el acero o nuestras nuevas preocupaciones por las consecuencias de la Nueva Ley Agrícola. 
Puedo asegurar al Parlamento que continuaremos ocupándonos del conflicto del acero y de otros desacuerdos en fiel cumplimiento de las normas y procedimientos de la OMC. 
No tenemos intención de ceder en estas cuestiones. 
Ante dicha perspectiva, no creo que los atroces acontecimientos del pasado otoño exijan un marco totalmente nuevo para el Diálogo Transatlántico y para la Cooperación. 
La Nueva Agenda Transatlántica (NAT) de 1995 sigue siendo válida. 
Nos ha proporcionado una estrategia para profundizar en nuestra relación, que en términos generales ha sido muy fructífera. 
Lo que nos ha faltado ha sido una estrategia que oriente nuestra cooperación hacia los resultados, como nos gustaría. 
Establecer una estrategia semejante y agilizar un proceso excesivamente burocrático era el objetivo de la comunicación del año pasado. 
El enfoque que la Comisión sugería, encaminado a un establecimiento de prioridades más riguroso, fue respaldado no sólo por los Estados miembros, sino también por nuestros homólogos estadounidenses. 
Podría añadir que- irónicamente, quizá- la lucha contra el terrorismo fue una de las prioridades identificadas en la Cumbre del año pasado. 
No es una estructura esculpida en piedra, las prioridades se revisan regularmente, y tampoco limita el ámbito general de nuestro diálogo. 
La Agenda Económica Positiva, que se aprobó en la Cumbre de Washington a comienzos de este mes, es otro buen ejemplo de este enfoque. 
El informe que tenemos ante nosotros pide que se refuercen los diálogos transatlánticos y una mayor participación del Parlamento Europeo y del Congreso de los Estados Unidos en el proceso de la NAT. 
Soy un firme partidario del papel del Parlamento y de la sociedad civil. 
La Comisión ha apoyado los diálogos transatlánticos y ha escuchado sus recomendaciones. 
Estamos negociando con nuestros colegas estadounidenses cómo relanzar el Diálogo Transatlántico sobre Medio Ambiente y cómo dar un mayor impulso a los Diálogos de los Consumidores y Empresarial. 
Hemos trabajado estrechamente con el Parlamento Europeo en el pasado y seguiremos haciéndolo. 
El Diálogo Transatlántico de Legisladores y las reuniones interparlamentarias son instrumentos importantes y yo no dudaría en fomentar un mayor uso de las mismas. 
No añadiré nada al informe tan completo de la Presidencia sobre la reciente Cumbre UE/EE.UU. salvo para observar con satisfacción que el Presidente Bush ha prometido que buscará las modificaciones necesarias a la legislación estadounidense para poder cumplir la decisión de la OMC relativa a las empresas que venden en el extranjero. 
Y hago hincapié, una vez más, en que hemos podido centrar parte del debate en ámbitos como los Balcanes, Oriente Medio, Afganistán, en los que colaboramos muy estrechamente para crear un mundo más seguro. 
Ocasionalmente, cuando en una relación importante en asuntos internacionales surge algún problema, la reacción de los críticos es afirmar que lo que hace falta es una nueva visión o una nueva estrategia. 
Debo decir que no creo que los problemas a los que nos enfrentamos en la gestión de la relación euroestadounidense sea consecuencia de una falta de visión. 
Tenemos una visión bastante clara de que nos irá mejor a ambos lados del Atlántico, y que el mundo es más seguro y próspero, si cooperamos y ofrecemos a la comunidad internacional un claro liderazgo a la hora de afrontar los retos del nuevo siglo. 
Probablemente siempre habrá problemas, incluso en una asociación importante, cuando chocan los intereses nacionales. 
En el mundo de hoy no ha desaparecido el interés nacional. 
Pero esas diferencias se verán magnificadas si comenzamos a discrepar con demasiada frecuencia sobre hasta qué punto es realmente "nacional" el interés nacional. 
En Europa tenemos el profundo convencimiento, fruto de nuestra historia y experiencia, y no un prejuicio sin más, de que invariablemente la mejor forma de perseguir el interés nacional es a través de la cooperación internacional, y no deberíamos avergonzarnos de proclamarlo en voz alta y clara. 
Una última observación: el Sr. Elles ha hecho mucho por fomentar, por profundizar en nuestro diálogo trasatlántico y en nuestra relación transatlántica. 
Pero veo que ha presentado una enmienda que, me atrevo a decir, y no soy como es sabido un viejo pusilánime sensible, produce una ligera frisson al Comisario de Asuntos Exteriores. 
Su Señoría deplora la ausencia de pensamiento estratégico por parte de la Comisión. 
La profundidad de su Señoría como estratega puede que sea mayor que la mía e incluso mayor que la del Dr. Kissinger, 
pero sólo quiero decirle una cosa: el conflicto sobre el acero con los Estados Unidos no es consecuencia de la falta de pensamiento estratégico por parte de la Comisión Europea. 
La falta de acuerdo sobre el Protocolo de Kyoto no es consecuencia de la falta de pensamiento estratégico por parte de la Comisión Europea. 
La Ley Agrícola, y pongo en la atención de su Señoría la última edición del semanario The Economist, no es consecuencia de la falta de pensamiento estratégico por parte de la Comisión. 
El desacuerdo sobre las armas biológicas; el desacuerdo sobre armas ligeras; el desacuerdo sobre la Corte Penal Internacional no son consecuencia de la falta de pensamiento estratégico por parte de la Comisión. 
Permítanme decir algo más. 
La opinión tan arraigada que existe en los Estados Unidos de que Europa no hace lo suficiente para defenderse a sí misma, que no gasta lo suficiente en su propia seguridad- eso no es consecuencia de la falta de pensamiento estratégico por parte de la Comisión. 
Hace unas semanas pregunté aquí en este Parlamento si había alguien en la Asamblea que pudiera afirmar que su partido político haría campaña en unas elecciones defendiendo un incremento del gasto de defensa como el que el Presidente Bush ha anunciado recientemente. 
Incluso el partido al que el Sr. Elles y yo nos sentimos orgullosos de pertenecer no se comprometería a hacer algo así. 
Es un problema que nada tiene que ver con la Comisión Europea. 
En lo que discrepo rotundamente con su Señoría es que la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos tiene una enorme importancia. 
Deploro, al igual que él, el antiamericanismo. 
Deploro, al igual que él, a aquellos que intentan definir su europeísmo en términos de su grado de hostilidad contra los Estados Unidos. 
Si el Sr. Elles quisiera desarrollar este argumento, le recomiendo la edición del próximo sábado del Guardian y la crítica del Comisario de Asuntos Exteriores de un libro de Will Hutton publicado recientemente. 
Asimismo deploro el reflejo de eso: el desprecio visceral a Europa que se expresa en los Estados Unidos y sobre el que a veces leemos y oímos. 
La relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos es de enorme importancia para el futuro del mundo. 
Quizá alguien sostenga que, desde un punto de vista geoestratégico, la relación entre China y los Estados Unidos será más importante en este siglo- más de la quinta parte de la humanidad y la primera potencia mundial- pero nuestra relación también es importante. 
Lo que dificulta tanto la relación es que no estamos tratando solamente con una superpotencia, estamos tratando con lo que Ray Seitz, hasta hace poco embajador estadounidense en Londres, denominaba una "super duper power" (potencia súper embaucadora). 
Una "super duper power" que ha sido responsable del 40% del crecimiento mundial entre 1995 y 2000. 
Para todos nosotros, la gestión de esta relación con la mayor potencia del mundo tendrá una gran importancia. 
No creo que en la Comisión demos prueba de falta de pensamiento estratégico al considerar la importancia de dicha relación. 
Pero hoy, el problema es que son demasiados los asuntos en los que discrepamos, y queremos esforzarnos en reducir su número y garantizar que en los casos en que discrepamos, en la Unión Europea cumplimos con nuestras responsabilidades de liderazgo internacional sin que ello agrave nuestra relación con nuestros amigos de los Estados Unidos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, yo quiero expresar mi sincero agradecimiento no sólo a los dos oradores que me han precedido, sino también a ambos ponentes por el trabajo que han realizado. 
Quiero agradecérselo porque las relaciones transatlánticas se encuentran en una fase muy difícil. 
Debemos tener presente que esta comunidad de valores constituyó la alianza más exitosa de la historia de la humanidad. 
Una alianza que aseguró e hizo prevalecer la paz, la democracia y los derechos humanos no sólo en Europa y en Norteamérica, sino también en muchos otros lugares del mundo, y que aportó muchas cosas positivas al mundo. 
Sin embargo, ahora debemos constatar que, después de este triunfo, algunas cosas ya no funcionan como antes. 
Por un lado, nos encontramos con la arrogancia del unilateralismo, que genera dificultades, y. por el otro lado, con una debilidad, concretamente una debilidad por nuestra parte y, en particular, nuestra incapacidad de colaborar en el aspecto militar, lo cual origina las dificultades que observamos a diario y que también se han expuesto en parte aquí. 
El Tribunal Penal Internacional, Kioto, las cuestiones comerciales o el hecho de que la OTAN parezca ser un edificio vacío en el contexto de la lucha contra las secuelas del 11 de septiembre, son todos motivos de gran preocupación. A la vez, también debemos comprender que es conseguir progresos en el contexto del Grupo de los Cuatro para Oriente Medio- aunque todavía no hayamos comparecido juntos en Jerusalén y Ramala- y yo creo que este debe ser el punto de partida idóneo. 
Quiero decir que el punto de partida decisivo no puede ser la resolución de problemas aislados, como por ejemplo el de los equipos de insonorización o el de los plátanos, puesto que éstos forman parte de una carrera competitiva en la que nunca se puede ganar, ya que en cuanto se resuelve un problema, enseguida se le suman otros dos. 
De manera que este enfoque no nos permite avanzar por sí solo y por esto yo le agradezco mucho al ponente que en sus propuestas incluya sobre todo mejoras estructurales, encaminadas a desarrollar el debate en una nueva dirección, al establecimiento de relaciones estructurales con los Estados Unidos fuera del contexto de la OTAN, como las que ya se preveía establecer en parte a principios y mediados de la década de los noventa en el marco de la Agenda Transatlántica. 
Se trata de escoger entre alcanzar soluciones en el contexto de mecanismos bilaterales de resolución de conflictos en el ámbito comercial, sin que el multilateralismo se vea afectado, debatir estas cuestiones en el contexto del mercado transatlántico o concluir un tratado entre los Estados Unidos y la Unión Europea, un texto marco que defina las posibilidades de mejorar las relaciones en este aspecto, puesto que ofrecería la inapreciable ventaja de incluir la participación del Congreso americano. 
La Unión Europea ha concluido tratados con casi todos los países del mundo, pero no tenemos ninguno con nuestro aliado más próximo, los Estados Unidos de América. 
Acudimos a una administración tras otra, a sabiendas de que allí se dirime sólo la mitad de la partida y que el Congreso americano tiene una gran importancia en este contexto. Por esto, tenemos que encontrar un marco que permita incluir al conjunto de la política americana, un marco de referencia estructural, y yo espero que el Consejo y la Comisión emprendan iniciativas en este sentido con mayor ahínco de lo que tal vez lo han hecho en los últimos tiempos. 
Señor Presidente, la posición general adoptada por Europa, después de los terribles atentados del 11 de septiembre, consistió en colocar en segundo lugar- en sordina- los elementos problemáticos de la Agenda Transatlántica. 
Yo me equivoqué, junto con muchos otros, al hacer esta previsión. 
Sucede que, con la probable excepción del principio de Arquímedes, las leyes de la física no suelen regir en política y ahora, sin dramatizar, se puede decir que la lista de los contenciosos y el tono de la controversia entre los Estados Unidos- más concretamente su actual administración- y la Unión Europea tienen ciertos caracteres inéditos y preocupantes. 
Todos, o casi todos, lamentamos el unilateralismo americano, pero no asumimos que una causa del mismo es la carencia mostrada por Europa a la hora de asumir plenamente sus responsabilidades globales. 
Estoy de acuerdo, señor Comisario Patten, en que no necesitamos nuevas ideas, lo que necesitamos es abandonar las viejas y, entre ellas, la de que los Estados miembros o algunos Estados miembros de la Unión pueden desarrollar una política de potencia en el mundo. 
La mejor manera de ayudar a un retorno, no sólo deseable, sino necesario, del viejo multilateralismo norteamericano de los años 40 y 50, es unificar la política exterior europea y contribuir así a un reequilibrio político de la Agenda Transatlántica que no puede basarse en un reequilibrio de potencia militar, aunque en este ámbito también se plantea un reto, pues, si Europa quiere, no sólo puede explotar su enorme potencial de "soft power", sino que también puede tener realmente una política de defensa común que no pasa, en primer lugar, por un incremento del presupuesto, sino por una sinergia de dicha política, en la que aún queda casi todo por hacer. 
Señor Presidente, desde el 11 de septiembre, todos hemos dicho que Europa y los Estados Unidos deben estar hombro con hombro porque compartimos los mismos valores. 
Debemos apoyar a nuestro aliado en su hora de necesidad, del mismo modo que Estados Unidos acudió en ayuda de Europa en dos ocasiones en las horas más oscuras del siglo pasado. 
Sin embargo, este apoyo no tiene por que ser ciego. 
Los amigos y aliados de verdad deben hablar entre sí y, lo que es más importante, escuchar el uno al otro. 
Lamentablemente, como ha dicho el Comisario, en las relaciones transatlánticas han surgido últimamente demasiados casos de falta de comunicación y de hacer oídos sordos. 
Como el Comisario ha demostrado admirablemente al Sr. Elles, la franqueza es a veces un deber de amistad. 
Debemos decir francamente que en algunos temas, Europa cree que los Estados Unidos está equivocado. 
Las alegaciones de que la Corte Penal Internacional tendría carta blanca para procesar a militares estadounidenses, sencillamente no se ajustan a la verdad. 
Renegar del organismo no impedirá que éste siga adelante, los Estados Unidos sencillamente perderán toda la influencia sobre el desarrollo de las normas. 
Los argumentos estadounidenses contra las medidas de protección en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la infancia- porque impedirían la ejecución judicial de menores en Texas- es una afrenta al concepto europeo de justicia, al igual que el trato dado por los Estados Unidos a los prisioneros talibanes en el campamento de Shibarghan en el norte de Afganistán nos parece que viola la Convención de Ginebra. 
Quedarse fuera del Acuerdo de Kyoto sobre el cambio climático significa que los Estados Unidos se aprovechan de los esfuerzos de otros para atajar el calentamiento del planeta. 
¿Cómo podemos esperar del mundo en desarrollo que aplique normas para que sus empresas sean ambientalmente sostenibles si la principal economía del mundo escurre el bulto de manera tan vergonzosa? 
También en lo relativo a los aranceles sobre el acero, la política estadounidense es errónea. 
En vez de reestructurar su siderurgia, los Estados Unidos se arriesga a ceder en el terreno moral en la campaña mundial en favor del libre comercio. 
No obstante, la interrupción de la comunicación a través del Atlántico no es sólo consecuencia de errores de juicio por parte de los Estados Unidos. 
Tampoco facilita las cosas que la Unión Europea esté hecha un lío. 
El Sr. Prodi y el Sr. Aznar parecían sentirse claramente incómodos el uno con el otro en la cumbre. 
La negativa de los Estados miembros de respaldar a la Comisión en su respuesta en el conflicto de los aranceles del acero mina la credibilidad de la Unión y debilita nuestra posición negociadora. 
La incapacidad de que la Unión hable con una sola voz, desde Iraq hasta la India, hace muy difícil para los Estados Unidos conocer nuestra posición. 
Para que la Unión tenga una política exterior creíble necesitamos una política de seguridad común. 
De nada sirve crear una fuerza de reacción rápida de 60.000 hombres si en la práctica no conseguimos ponerla en marcha y que funcione ni llegar a un acuerdo sobre una política común de adquisición pública de armas. 
También en otros ámbitos, empezando por la vigilancia sobre la base de un cielo único europeo, los estadounidenses no nos tomarán en serio hasta que pongamos orden en nuestras cosas. 
Por último, la Unión podría seguir el ejemplo de los Estados Unidos en su política con respecto a China y Taiwán. 
Es vergonzoso que los gobiernos de la UE, que se jactan de defender los valores democráticos, hayan convertido a Taiwán, una democracia con todas las de la ley desde 1987, en un paria. 
Ya es hora de que los Estados miembros hagan fila tras la bandera de la UE e inicien relaciones normales con Taiwán y adopten una posición ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra contra las violaciones de los derechos humanos por parte de la República Popular China. 
Para terminar, la Unión Europea estaría mejor situada para entablar un auténtico diálogo entre iguales con los Estados Unidos si manifestáramos más unidad y demostráramos más determinación. 
Los Liberales Demócratas tenemos la mirada puesta en la Convención sobre el futuro de Europa para que alumbre una Unión Europea federal con una auténtica política exterior y de seguridad común, que permita a Europa hacer uso de la diplomacia activa para impulsar un nuevo enfoque del desarrollo mundial y convencer a nuestros amigos norteamericanos de que deben seguirnos. 
Señor Presidente, la relación entre los Estados Unidos y la UE no es una relación igualitaria, y con esto no me refiero a la potencia política, económica o militar. 
Sencillamente quiero decir que la UE y los Estados Unidos no son idénticos. No tienen la misma conciencia, no manejan la misma definición de seguridad y no se atribuyen el mismo papel en la escena internacional. 
Pues bien, quisiera dejar claro que esta diferencia es positiva. El mundo no necesita dos Estados Unidos, el original y la copia. 
La Unión Europea diverge, se desvía y tiene que seguir haciéndolo. 
Por supuesto, existen valores y raíces comunes y existen objetivos comunes, aunque no estamos de acuerdo en cuál es la mejor forma de alcanzarlos. 
En ese terreno, de hecho, se está desarrollando una especie de modelo europeo. También quiero dejar claro que no es una cuestión de superioridad moral. 
La UE no tiene siempre la razón y los Estados Unidos no aportan siempre la peor respuesta. 
Ello no obstante, es conveniente que la UE plantee su respuesta, su actitud divergente, dando muestras de autoconfianza y decisión, en una discusión, en un debate con los Estados Unidos, entre otras razones porque los Estados Unidos no son un bloque monolítico. 
En los Estados Unidos está servido el debate y Europa puede incidir en él. 
¿Qué significa esto en concreto? 
En mi opinión, esto significa concretamente tres cosas. 
Una: la UE debe atenerse sistemáticamente a los acuerdos multilaterales en el ámbito de la seguridad, el medio ambiente y el derecho penal internacional. 
No tiene nada que ver con el multilateralismo a la carta del que a veces hacen alarde los Estados Unidos, como demuestran por ejemplo su actuación y su actitud en la OTAN. 
Dos: la UE debe seguir desarrollando sus puntos fuertes reforzando los terrenos en los cuales ha tenido éxito en el pasado. Ya lo he repetido varias veces. 
Debe concentrarse en el diálogo, la diplomacia, la mediación, la prevención de conflictos y la reconstrucción posterior a los mismos. No se trata de tareas menores. 
Todo lo contrario, estos aspectos adquieren cada vez más importancia en el marco de las relaciones internacionales. 
Tres: es fundamental que la UE sea capaz de afrontar con más éxito de lo que solía hacer en el pasado los problemas surgidos en su propia región, incluso haciendo uso de medios militares si ello fuera necesario. 
Ahora bien, esto no significa- y ahora me dirijo sobre todo al ponente- que la UE deba gastar más en defensa, sino que el dinero debe emplearse de forma más eficaz. 
Me hierve la sangre ante los patinazos de los Estados Unidos, por ejemplo en Irak o en Irán. 
Pero también me hierve la sangre al ver que la UE no es capaz de presentar alternativas, aunque a veces sí lo consigue, por ejemplo en los Balcanes. 
Sigamos por esta vía, dando muestras de una autoconfianza cada vez mayor y criticando a los Estados Unidos si hace falta. 
Entonces, señor Presidente, el mundo saldrá adelante. 
Señor Presidente, me concentraré también en la relación existente entre la UE y- lo que el Sr. Patten denomina el ' super poder embaucador? -los EE.UU. No me cabe ninguna duda de que los EE.UU. tienen como objetivo alcanzar la dominación total, global y militar y probablemente ya la tengan. 
La cuestión es entonces qué papel debe desempeñar la UE con respecto a los EE.UU. Si debemos ser un "acólito que dé palmas", como decimos en danés. 
Si debemos ser un grupo de claque que mostremos nuestro respaldo siempre que los EE.UU. quieran, debemos hacerlo. 
La otra posibilidad es que seamos un número dos competidor, y lo seremos si nos lanzamos a una carrera armamentística o a un intento por alcanzar la capacidad militar de los EE.UU. La tercera posibilidad pasa por que elijamos un papel totalmente diferente, es decir, ser el poder civil y global que puede intervenir en las crisis antes de que éstas surjan y antes de que las armas se vuelvan necesarias. 
Lo que vemos es que los EE.UU. tienen ante todo talento y necesidad de resolver conflictos con ayuda del poder militar. 
Lo tienen porque, en mi opinión, son bastante incapaces de llevar a cabo una política exterior adecuada, es decir, una política exterior sostenible que pueda prevenir crisis e impedir guerras. 
La UE, en cambio, ha demostrado su talento para mantener contactos multilaterales y dispone también por ello de la capacidad para sentar las bases de una política exterior más sostenible. 
Ésta es el mejor condicionante posible para una política de seguridad civil, y por ello disponemos de los mejores condicionantes para convertirnos en este factor civil y global. 
El informe del Sr. Elles no es lectura alentadora y entiendo que la Comisión le dispensara una acogida mixta, sin embargo, no entiendo que se quiera lanzar por la borda todas las posibilidades de la UE en favor de la primera posibilidad, es decir, convertir a la UE en el acólito de los EE.UU. 
Señor Presidente, comparto plenamente la exposición, el examen y la presentación hechos por el Consejo y la Comisión en orden al informe sobre el diálogo transatlántico. 
Pienso asimismo que en Europa existen intentos de construir una identidad europea basada en un antiamericanismo tan vacío como simplemente verbal y, a fin de cuentas, irresponsable. 
La única forma de llegar a una situación más estable o equilibrada es que Europa, nosotros, los europeos, tomemos la decisión de asumir más responsabilidades, por ejemplo, en materia de política exterior y de seguridad común, cosa que, en cambio, evitamos. 
Por esto, tengo puestas muchas esperanzas en la Convención y en el nuevo Tratado y creo que debemos trabajar intensamente en esto. 
Es demasiado fácil encontrar siempre un chivo expiatorio para disimular nuestras divergencias, pese a que resultan muy evidentes dando una vuelta por el mundo. 
Por este motivo, deseo subrayar única y exclusivamente dos aspectos: en primer lugar, creo que la posición adoptada por el Consejo y por la Comisión, por ejemplo, en lo relativo al Tribunal Penal Internacional, no es solo una posición que hay que apoyar, sino también una muestra de las diferencias en el respeto mutuo que, sin embargo, no nos impiden seguir adelante en una posición que compartimos. 
Por esto, señor ponente, espero que acepte la enmienda al apartado 14 relativa al Tribunal Penal Internacional presentada por los colegas socialistas y que nos parece muy completa y muy apropiada. 
En segundo lugar, Afganistán. 
Señor Comisario, señor representante del Consejo, pienso que tanto Europa como Estados Unidos se están equivocando en el análisis de la situación. Pienso que, después de haber ganado la guerra, estamos corriendo el riesgo de perder la paz; pienso que si no aumentamos las fuerzas de las Naciones Unidas para garantizar la seguridad del país y nos limitamos a hacer de Kabul una ciudad segura, estamos sentando las bases para una nueva guerra y una nueva inestabilidad en Afganistán. 
Espero que desde este punto de vista Europa en su diálogo con los amigos norteamericanos pueda hacer valer esta posición y que se llegue a una situación mucho más consistente sobre el terreno. 
El ponente señala con razón que, en realidad, las relaciones transatlánticas constituyeron la piedra angular de nuestra seguridad mientras ésta estaba amenazada por la oposición Este-Oeste. 
Ahora que las relaciones con la Federación Rusa han experimentado un cambio radical hace falta revisar nuestras relaciones con los Estados Unidos. 
Cabría puntualizar que en muchos terrenos el pilar europeo se reduce a un montoncito de piedras sueltas. 
La sobrevaloración del significado de las soberanías nacionales y el uso erróneo de dicho concepto conducen a que los Estados miembros no lleguen a ser más que una especie de satélites. 
Sin embargo, nuestras aspiraciones van más allá. 
El informe lamenta el unilateralismo estadounidense. 
Ahora bien, la única forma de acabar con esta actitud consiste en reforzar el otro pilar de la OTAN y de las relaciones euroatlánticas, es decir, las estructuras de la UE. 
Si no fortalecemos estas estructuras seguiremos siendo un grupo de Estados sueltos. 
De este modo nunca podremos apretar los puños, sino que seremos poco más que un conjunto de dedos doblados. 
En diversos sectores se echa en falta un planteamiento comunitario. 
En aquellos terrenos en los que este enfoque sí está presente, por ejemplo en el ámbito económico, la Unión Europea se muestra capaz de convertirse en un socio fuerte que impone sus condiciones y toma iniciativas propias. En este sentido los ejemplos aducidos por el Presidente del Consejo hablan por sí mismos. 
Ello se debe a la fuerza que emana del planteamiento comunitario. 
Desde este punto de vista, la política europea de seguridad y defensa deja aún mucho que desear. 
Es por eso por lo que el informe nos invita a que nos armemos de valor para dar algunos pasos decisivos en dirección a la integración. 
Me parece una observación muy atinada. 
Dichos pasos son mucho más importantes- ya se ha dicho antes- que el incremento del presupuesto de defensa de los Estados miembros. 
En efecto, mientras el rendimiento de nuestros gastos en materia de defensa represente tan sólo el 15% del rendimiento norteamericano avanzaremos mucho más mediante una política plenamente comunitaria. 
Por cierto, quisiera felicitar al Sr. Patten por su contraataque. 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, las relaciones transatlánticas atraviesan un período difícil. 
Creo que se debe subrayar la paradoja de esta situación, puesto que- como lo ha dicho el Comisario Patten- es cierto que, teniendo en cuenta los medios con que cuenta Europa, tras el 11 de septiembre la expresión de la solidaridad europea ha sido total y ejemplar. 
Ciertamente, siempre se puede reprochar a Europa el desfase que existe entre sus ambiciones internacionales y sus medios de defensa o la coherencia de su política exterior común, pero el hecho es que Europa estuvo presente en el plano de la solidaridad. 
Hay que sacar lecciones de la debilidad de nuestros medios, y coincido con lo que ha dicho el Sr. Obiols sobre este punto. 
Creo asimismo que es preciso reconocer que la labor de la Comisión y del Consejo tropieza con la actitud de una Administración norteamericana que, a pesar de seguir siendo exigente en materia de solidaridad, es totalmente indiferente a las consecuencias de su propia política respecto a sus socios, e incluso a los países en desarrollo, cuando se piensa en las consecuencias que podrán tener sus decisiones en el sector agrícola y en el del acero. 
Todos deseamos un fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, pero queremos que el fortalecimiento de esta cooperación no se lleve a cabo a costa de la renuncia de las posiciones europeas. 
Creo, en efecto, que no se debe recriminar a la Comisión una falta de visión estratégica- la Comisión defiende las posiciones europeas en esta relación transatlántica -, pero que, frente a este bloqueo de la Administración norteamericana, la respuesta es, ciertamente, no renunciar a ser nosotros mismos, sino quizás afirmar de manera más global, a escala internacional, nuestra visión estratégica europea para hacer frente a los grandes problemas de seguridad colectiva, de codesarrollo, a los problemas del futuro del planeta y del medio ambiente. 
Y eso debe incitarnos a no seguir encerrados en el cara a cara con los Estados Unidos. 
La dificultad, por el momento, también se debe al hecho de que a los Estados Unidos les cuesta admitir que la Unión Europea aspire a ser un socio al que deba tratar de igual a igual y a mantener una relación de amistad, naturalmente, pero también de igualdad y de reciprocidad. 
A nosotros nos corresponde afianzar nuestra identidad europea, a la que hacía referencia la Sra. Bonino. 
Creo que ello contribuirá profundamente a reequilibrar las relaciones con nuestro socio norteamericano. 
Señor Presidente, el fortalecimiento de las relaciones transatlánticas debe ser acogido con satisfacción. 
No obstante, existen varios aspectos irrenunciables para Europa porque afectan directamente a nuestro propio espacio vital. 
Sin pretender ser exhaustivo, éstos son: la firma del Protocolo de Kioto, el Convenio sobre la diversidad biológica, la participación en el Tribunal Penal Internacional y la prohibición total de las pruebas de armamento nuclear. 
Ni siquiera los terribles crímenes del 11 de septiembre deben servir de pretexto para un rearme nuclear agresivo de los Estados Unidos, que incluso reconocen tener un plan para llevar a cabo ataques preventivos con el llamado ' miniarmamento? nuclear. 
Es muy grave que se prevea reanudar la producción de tritio para la fabricación de bombas de hidrógeno, suspendida en 1988, y la construcción de una nueva fábrica de elementos de plutonio destinados a la fabricación de bombas atómicas. 
También debemos recordar con suma preocupación que, aun cuando los Estados Unidos suscribieron una completa prohibición de las pruebas de armamento nuclear, sin embargo nunca? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, para comenzar, deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar al ponente por el presente informe. 
Este debate ha avivado, sin ninguna duda, el interés en la que el Comisario ha descrito como una de las relaciones más importantes que existen: la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
El ponente está en lo cierto cuando afirma que no existe una visión a largo plazo. 
En estos precisos momentos debemos reconocer lo difícil que les resulta a los estadounidenses alcanzar esa visión a largo plazo a raíz de lo ocurrido el 11 de septiembre en los Estados Unidos, lo que hasta cierto punto ha provocado que dirijan su atención hacia otros problemas, como la seguridad de su "patria". 
A veces, los europeos no llegamos a entender las repercusiones que el 11 de septiembre ha tenido sobre la población estadounidense. 
Esto no significa que no podamos avanzar en la cooperación, es más, debemos cooperar y continuar con nuestro diálogo. 
Naturalmente, son numerosos los problemas en los que discreparemos siempre. 
No obstante, debemos continuar con nuestro diálogo para intentar superarlos. 
No hay ninguna duda de que surgirán otros problemas, como la situación de esta semana con la Nueva Ley Agrícola, que ocasionará tremendos problemas a la Unión Europea a largo plazo. 
El tema del acero terminará por resolverse. 
Por consiguiente, debemos continuar con el diálogo y afrontar el reto. 
No debemos permitir que los problemas que van surgiendo nos distraigan de esta relación de vital importancia entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Nos enfrentamos aquí a un reto. 
El Parlamento debe desempeñar un papel modesto. 
Me alegra que el Comisario así lo reconozca. 
Debemos aceptar este reto y trabajar juntos con la Comisión y el Consejo para asegurarnos de que tenemos una visión a largo plazo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar a los ponentes por el informe. 
Éstos parten acertadamente de la base de que necesitamos una auténtica cooperación entre Europa y los Estados Unidos. 
Cooperación significa que ambas partes deben tener los mismos derechos. 
No tienen que ser iguales entre sí y tal vez ni siquiera deban serlo. 
Por ejemplo, nuestras concepciones con respecto a la seguridad y también a los riesgos para la seguridad son distintas. 
Nosotros prestamos mayor atención a los aspectos económicos, sociales y ecológicos de la seguridad y de los riesgos para la seguridad. 
Los europeos tenemos que reconocer también que la seguridad no deja de tener un coste, que tal vez incluso sea necesario invertir más para alcanzarla. 
No obstante, sería un error suponer que nuestro nivel de gasto militar debe ser igual al de los Estados Unidos de América. 
No, lo más necesario es, sobre todo, mejorar la eficiencia de nuestro gasto. 
También necesitamos mejorar la eficiencia de nuestro gasto civil, que representa una parte mayor y seguramente también más significativa del total, también desde el punto de vista de su contenido. 
Esto sólo será posible si nos encaminamos hacia la creación de estructuras de defensa comunes europeas. 
Yo espero que el ponente Elles también pueda avanzar con nosotros en la dirección de la progresiva creación, paso a paso, de unas estructuras de defensa comunes europeas. 
Señor Presidente, para que el diálogo Unión Europea/Estados Unidos, que reúne a dos socios muy desiguales en competencias, tenga algo de sustancia, sería necesario centrarlo en los ámbitos donde las responsabilidades son de la misma naturaleza. 
Esta es, aparentemente, la dirección que se adoptó el 3 de mayo, con el programa económico concreto aprobado en la Cumbre de Washington. 
La agricultura, que tan a menudo figura de manera polémica en el primer plano de las negociaciones comerciales multilaterales, debería ser objeto de debates profundos, y no sólo, como está previsto, de debates en el ámbito del reconocimiento mutuo de normas para la agricultura biológica. 
Los europeos no deberían limitarse a ver en el nuevo farm bill un instrumento perturbador en materia mercantil, puesto que éste también constituye, por sus objetivos, su amplitud y su duración, el reconocimiento del derecho para cada país de apoyar su agricultura, a causa de desafíos específicos- sobre todo de equilibrio social, territorial y medioambiental- que no pueden dejarse librados únicamente al juego de los mecanismos del libre cambio. 
Este acercamiento sensible de conceptos, de uno y otro lado del Atlántico, no puede sino favorecer el diálogo, señor Presidente, en particular en el marco de la OMC. 
. Señor Presidente, voy a ser muy breve porque soy muy consciente del problema horario y además, sobre todo, porque creo que este debate no ha sido controvertido. 
Creo que ha sido un gran ejercicio de examen de conciencia del gran tema de las relaciones transatlánticas, porque estas relaciones, precisamente por su intensidad, porque son casi como relaciones de familia, presentan a veces una complejidad muy grande, debido a que somos muy exigentes con nosotros mismos y también con nuestros socios. 
Pensamos que los Estados Unidos deben comportarse con respecto a nosotros adoptando el mismo grado de exigencia que nosotros nos imponemos. 
No vamos a solucionar este problema: tenemos diferentes carencias. 
Hemos hablado de la tendencia de los americanos al unilateralismo y a no querer asumir compromisos en los mecanismos internacionales. 
Por otra parte, también hemos dicho que somos conscientes de nuestras carencias, de que no invertimos lo suficiente, de que no nos ponemos al nivel, de que, muchas veces, incluso no estamos de acuerdo para aplicar ciertas políticas. 
Aquí se ha dicho que se veía que el Sr. Prodi y el Sr. Aznar no estaban de acuerdo en el momento en que se entrevistaban con el Sr. Bush. 
Creo que esa es una versión exagerada porque, francamente, ha habido siempre una sintonía muy grande entre la Comisión y la Presidencia: esta Presidencia y, seguramente, las que vengan. 
Y debo decir que no podría expresar mejor el sentimiento de la Unión con respecto a las relaciones con Estados Unidos que como lo ha hecho el Comisario Patten precisamente en esta Cámara. 
Pero es evidente que ahí está nuestra debilidad. 
Muchas veces tenemos el problema de carecer de políticas comunes y de que en política exterior todavía hay profundas divergencias, porque los Estados soberanos, dentro de la Unión, mantienen todavía sus opciones. 
Ello hace que falte un elevado grado de armonización de posiciones en los grandes temas internacionales. 
Pero, verdaderamente, lo que sí hay es una gran identidad entre el Consejo y la Comisión sobre cuál debe ser la visión estratégica- que sí la tenemos- de nuestras relaciones futuras con Estados Unidos. 
También existe una voluntad de mantener estas relaciones a un nivel privilegiado y, por lo tanto, con esa voluntad, nuestra tarea es ir gestionando el día a día de algunas frustraciones, pero también el día a día de esa relación extraordinariamente vital, fructífera y cordial que es la relación transatlántica. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Consejo por las detalladas conclusiones de la cumbre que nos ha facilitado, así como por el reconocimiento de que existe una necesidad real de estudiar una visión estratégica a largo plazo de la relación transatlántica, que tenga en cuenta la seguridad, así como los aspectos políticos y económicos. 
Esta idea constituía el núcleo del informe que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa aprobó por 40 votos contra 5. 
Me gustaría recordar al Comisario que no debe personalizar los debates como ha hecho- aunque contenía una nota humorística- porque yo represento los puntos de vista de la comisión y la enmienda a la que él ha hecho referencia la aprobó mi Grupo por unanimidad. 
Esperamos que con el tiempo la Comisión cierre filas con la mayoría de esta Asamblea y del Consejo a la hora de reconocer la necesidad de una revisión a más largo plazo. 
Eso es lo que pedimos, y esperamos que la Comisión presente un informe estratégico antes del 30 de septiembre de 2003. 
Espero que el Comisario pueda atender a este deseo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.29 horas, se reanuda a las 11.30 horas) 
Se procede al turno de votaciones. 
Recomendación para la segunda lectura, en forma de carta, de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativa a la posición común (6661/1/2002- C5-0149/2002- 2002/0013 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 95/93 del Consejo de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios 
Enmienda 1: 
Señor Presidente, mi Grupo retira la enmienda. 
La presentamos porque opinamos que el actual sistema para la asignación de las franjas horarias hipoteca gravemente la competencia en el sector aéreo. 
Aceptamos a regañadientes el argumento de la Comisión según el cual esta solución es absolutamente imprescindible en este momento para salvaguardar los intereses de las compañías aéreas, pero mantenemos nuestro punto de vista y lo defenderemos en cuerpo y alma con motivo del informe del Sr. Stockmann. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como ya lo indiqué ayer en el debate en el Pleno, la Comisión se felicita por el acuerdo adoptado sobre el informe Caudron relativo al Sexto Programa Marco de Investigación. 
Deseo subrayar una vez más la notable cooperación interinstitucional que estuvo en el origen del procedimiento legislativo y que ha permitido obtener un importante acuerdo. 
Confirmo que la Comisión puede aceptar las 34 enmiendas de transacción aprobadas el 13 de mayo en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y presentadas hoy en el Pleno. 
Deseo una vez más dar las gracias al ponente, el Sr. Caudron, a los ponentes alternativos, el Sr. van Velzen, la Sra. Plooij-van Gorsel, el Sr. Piétrasanta y el Sr. Alyssandrakis, así como al presidente de la Comisión ITRE, el Sr. Westendorp. 
. Señor Presidente, Señorías, nos encontramos ante la posibilidad de que, por primera vez, un programa marco de investigación sea aprobado sin un proceso largo y complicado de conciliación. 
Esto es posible gracias al trabajo realizado con el Consejo, los ponentes de la Comisión ITRE y también con la Comisión y el Consejo. 
Hemos llegado a un acuerdo porque las preocupaciones manifestadas por el Parlamento coinciden con las del Consejo. 
Creo que será importante dar, a toda la comunidad científica y tecnológica en Europa, esta señal, de que el Parlamento apoya esta iniciativa del Sexto Programa Marco que va a desarrollar el espacio europeo de investigación. 
Quiero terminar agradeciendo el trabajo del Presidente de la Comisión y de los ponentes que han trabajado intensamente con el Consejo. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, desearía dar las gracias, a mi vez, a todos los colegas que han colaborado conmigo durante este año y medio de trabajo sobre el Sexto Programa Marco de Investigación, que- no deben olvidarlo -, representa la tercera política europea, con un presupuesto de 17,5 millardos de euros. 
Como lo acaban de recordar el Comisario Busquin, a quien doy las gracias, y el Presidente del Consejo, a quien también doy las gracias, hemos logrado unos acuerdos gracias a las 34 enmiendas de transacción aprobadas el lunes por la noche por la Comisión ITRE. 
En calidad de ponente, pido, pues, a mis colegas que aprueben, naturalmente, dichas enmiendas, pero que no aprueben ninguna otra enmienda, a fin de que este mismo mediodía podamos prácticamente cerrar nuestro Sexto Programa Marco y de que pueda ser aplicado en inmejorables condiciones a partir del 1 de enero de 2003. ¡Gracias a todos! 
Tengo ahora el placer de dar la bienvenida a la tribuna oficial a una delegación de 20 diputados y senadores de México. 
La delegación está encabezada por la Sra. Beatriz Paredes Rangel, portavoz de la Cámara de Diputados. 
(Vivos aplausos) 
Como han podido oír, la Asamblea les da una cordial bienvenida y espera que sus reuniones en el marco de las relaciones UE/América Latina sean fructíferas. 
Continuamos con la votación. 
Informe (A5-0131/2002) del Sr. Horst Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (COM (2000) 438- C5-0377/2000- 2000/0179 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0119/2002) de la Sra. Marit Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos, por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo (COM (2001) 452- C5-0372/2001- 2001/0176 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0120/2002) de la Sra. Marit Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos transmitidos por los alimentos, por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE, 72/462/CEE y 90/539/CEE del Consejo (COM (2001) 452- C5-0373/2001- 2001/0177 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
(La sesión, interrumpida a las 11.58 horas para la sesión solemne, se reanuda a las 12.34 horas) 
Señor Presidente, es para nosotros un gran honor y un placer darle la bienvenida hoy al Parlamento Europeo. 
Es la primera vez que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos intervendrá ante nuestra Asamblea, y su presencia aquí hoy resalta el carácter creciente de las relaciones entre México y la Unión Europea. 
Para mí personalmente tiene además un significado especial: es el primer Jefe de Estado que interviene ante nuestra Asamblea desde que asumí la Presidencia. 
Quisiera dar la bienvenida también a la delegación de Congreso Mexicano que se encuentra en nuestra tribuna. 
Ha venido para asistir a la Cuarta reunión interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y el Congreso Mexicano. 
Señor Presidente, su elección el 2 de julio de 2000 marcó una nueva etapa en la política mexicana y en la consolidación de la democracia en su país. 
Las prioridades que se fijó para su Gobierno- fortalecimiento del Estado de derecho, reforma del sistema judicial, fomento del crecimiento económico y de las oportunidades, desarrollo de los recursos humanos y diálogo con los zapatistas- son todas ellas prioridades que el Parlamento Europeo ha respaldado y sigue respaldando firmemente. 
México demuestra que un país con una cultura milenaria puede combinar sus fuertes lazos históricos con Europa con un papel estratégico y con la participación en la política de América Central. 
Los lazos que unen a México y la Unión Europea son fuertes: su país fue el primero de todas las Américas que firmó un Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea. 
Este acuerdo marca un hito en nuestras relaciones. 
Es importante que hoy señalemos en el Parlamento que no se trata sólo de una conexión mercantil y comercial. 
Es un compromiso político de gran calado, que cubre el diálogo económico, pero también el político con una dimensión parlamentaria, con unos valores compartidos en su núcleo. 
El Acuerdo aspira a incluir el fomento de los principios democráticos y el respeto de los derechos humanos que, para este Parlamento, son aspectos indispensables de nuestros acuerdos de asociación y de los consejos de asociación con otros Estados. 
Como usted sabe, el Parlamento Europeo ha sido un firme defensor de este Acuerdo desde el comienzo. 
Dentro de unos días, en Madrid, usted asistirá a la segunda Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y Caribe, que aspira a renovar e impulsar las relaciones entre estas dos regiones. 
El Parlamento Europeo también estará presente y esta misma mañana hemos celebrado un largo debate sobre la celebración de la Cumbre a la que usted asistirá. 
Señor Presidente, le agradecemos que hoy haya acudido al Parlamento. 
Le damos las gracias por su visita. 
Le agradezco en particular, en mi calidad de Presidente del Parlamento Europeo, que al venir a Europa para asistir a la cumbre, se haya tomado tiempo para dirigirse a los diputados y celebrar la conciencia de la democracia parlamentaria. 
También para nosotros éste es un importante acto político y no meramente un gesto. 
Por consiguiente, es para mí un gran placer, señor Presidente, invitarle a que pronuncie su discurso ante nuestra Asamblea que, como Parlamento elegido por sufragio, es el mayor Parlamento supranacional elegido democráticamente del mundo. 
Tiene la palabra, señor Presidente. 
(Vivos aplausos) 
. Señor Patrick Cox, Presidente del Parlamento Europeo, distinguidas y distinguidos miembros del Parlamento Europeo, señoras y señores: 
Agradezco mucho la invitación para visitar este digno recinto. 
Es para mí un honor dirigirme al Pleno del Parlamento Europeo, una Asamblea en la que está representada la voluntad democrática de millones de ciudadanas y ciudadanos europeos. 
La composición plural de esta institución es testimonio de la diversidad cultural y política de la Unión Europea. 
También es un ejemplo histórico de lo alto que ha llegado nuestra civilización; una prueba fehaciente de que las instituciones democráticas, forjadas al calor de la lucha ciudadana, el esfuerzo constante y el compromiso con visión de futuro, permiten la unidad en la diversidad y, más importante aún, fomentan un verdadero sentido de comunidad y un desarrollo firme y compartido. 
Al igual que en esta bella ciudad europea, en esta institución confluyen distintos caminos. 
La convergencia de voluntades aquí representadas constituye la base del éxito de ese enorme esfuerzo creativo que ha sido la construcción de la casa europea. 
La importancia de este Parlamento trasciende las fronteras europeas, pues con sus acciones y su ejemplo se ha promovido firmemente la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos en el mundo entero. 
En lo que a México respecta, esta Asamblea ha sido elemento clave para el desarrollo e intensificación de las relaciones entre mi país y la Unión Europea. 
Por ello quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo que siempre brindaron al proceso que permitió que millones de mexicanas y mexicanos lográramos implantar un cambio democrático en nuestra nación. 
Gracias a este decidido esfuerzo de los mexicanos, México goza hoy de una libertad sin precedentes y de una democracia firme y robusta. 
En México, como en Europa, el ejercicio de la democracia conlleva la convergencia de esfuerzos muy diversos; el trabajo conjunto de diferentes fuerzas políticas, de individuos y organizaciones no gubernamentales, de empresarios y de servidores públicos, dirigido hacia una meta común: el desarrollo sostenido y sustentable de nuestra nación, en un marco de apego irrestricto al derecho. 
Hoy México y su democracia es un árbol grande y fuerte cuya sombra nos protege a todas y todos, especialmente a quienes habían sido tradicionalmente marginados y excluidos: los niños, las mujeres, los indígenas. 
Desde el 2 de julio del 2000, asumí el compromiso de conducir al país por el nuevo rumbo que eligió el pueblo mexicano. 
Este camino parte de la democracia y el Estado de derecho y se dirige hacia un futuro de prosperidad compartida, de justicia y de equidad. 
Por ello, una de mis prioridades como gobernante ha sido la de que todos y cada uno de los funcionarios de mi Gobierno actúen con absoluta honestidad y total transparencia. 
Hoy, todo presunto acto de corrupción es investigado y sancionado con rigor por la vía de la legalidad. 
Hemos fortalecido las instancias de vigilancia y supervisión del gasto público y estamos decididos a erradicar la corrupción, que obstaculiza el desarrollo y la solidez de las instituciones democráticas. 
Por supuesto, la honestidad y la rendición de cuentas no bastan; también he exigido a los servidores públicos que respondan con eficiencia y eficacia a las demandas económicas y sociales de la sociedad mexicana. 
Los primeros resultados están a la vista: hoy México tiene una economía estable con una inflación que fue del 4,4 % en 2001 y que sigue a la baja, con tasas de interés- las más reducidas de la historia- en niveles del 6% y que permiten emprender, crecer y generar más empleos; con una tasa de desempleo, el año pasado- un año difícil -, en términos económicos del 2,5 % y con un marco legal que da amplias seguridades jurídicas a la inversión. 
También estamos destinando importantes recursos a la modernización de infraestructura y generación de energía. 
En el ámbito social, mi Gobierno ha desarrollado amplios programas para mejorar la salud y el nivel educativo de vastos sectores de la población, particularmente en las zonas más pobres del país. 
Quiero, por ejemplo, mencionar que, el año pasado, independientemente de tener una educación pública gratuita, otorgamos más de 4 millones de becas a niños y a jóvenes en todo el país. 
Este año habremos de añadir 1 millón más: 5 millones de becas de las cuales 300 000 serán directamente asignadas a jóvenes indígenas, a jóvenes de familias pobres para poder estar en la universidad. 
Este año se construirán más de 500 000 nuevas viviendas, un 50% más que el año pasado. 
Hoy existe en México, en términos políticos, un verdadero equilibrio de poderes. 
El poder legislativo y el judicial gozan de una autonomía no sólo formal como en el pasado, sino real. 
Así lo prueba la absoluta independencia que el Congreso ha mostrado respecto de las diferentes iniciativas que le ha enviado el ejecutivo. 
Igual demostración ha dado el poder judicial, quien ha resuelto controversias constitucionales entre poder legislativo y poder ejecutivo que nunca antes en el pasado se habían llevado a cabo. 
Otro importante reto es promover el desarrollo científico y tecnológico para apuntalar el crecimiento económico y social. 
Junto con representantes de la comunidad científica y la iniciativa privada, se han puesto en marcha cambios que hacían falta; entre ellos, descentralización, mayor inversión con un compromiso de llegar hasta el 1% del Producto Interior Bruto y, sobre todo, incentivos importantes para las empresas y los investigadores que inviertan en este rubro estratégico. 
Otro reto muy importante se refiere a los pueblos indígenas. 
En México tenemos 10 millones de ciudadanas y ciudadanos indígenas. 
Para esto se aprobó la Ley de derechos y cultura de los pueblos indígenas que, hoy por hoy, es la ley más avanzada y de vanguardia en la materia. 
Desde que estalló el conflicto en Chiapas, este Parlamento expresó de manera muy clara y en diversas ocasiones su preocupación por la situación en ese Estado mexicano y así se expresó por el respeto a los derechos de los indígenas, especialmente sus derechos humanos. 
Mi Gobierno ha dado muestras claras de su voluntad política para continuar el diálogo con los zapatistas, como lo demostró la protección que dimos a su marcha hacia la ciudad de México. 
A lo largo de mi gestión hemos buscado distender la situación y emprendido programas de inversión, desarrollo y atención a las necesidades de las comunidades indígenas en todo el país. 
Agradezco el apoyo que la Unión Europea ha venido ofreciendo a este proceso y, de manera muy especial, el pronunciamiento que hizo el año pasado en reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno mexicano. 
Con el fin de avanzar en la protección de los derechos de dichas comunidades, promoví una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas; esto es prueba de nuestra firme voluntad para lograr un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, el cual fue complementado con una promoción en favor del respeto de estos derechos fundamentales en cualquier lugar del mundo. 
Sobre este tema, quiero señalar que, desde el principio, nos hemos declarado como un Gobierno humanista y hemos tenido una clara y firme política en favor de los derechos humanos. 
Dicha política tiene dos ejes. 
El primero consiste en promover el apoyo y la cooperación de los organismos internacionales y de la comunidad internacional en favor de todas aquellas acciones que propicien los cambios requeridos para superar cualquier rezago en esta materia. 
El segundo eje consiste en reconocer y promover, en el ámbito internacional, los derechos humanos como valores fundamentales de carácter universal. 
Por ello, México ha decidido desempeñar un papel activo en distintos foros internacionales, en particular en instancias multilaterales como la Comisión de Derechos Humanos de las NU, en donde la voz y el voto de México están fortaleciendo el escrutinio internacional en la materia y reforzando la vigencia de esos derechos fundamentales en el mundo. 
Nuestra preocupación por el respeto hacia los derechos humanos dentro y fuera de nuestro país nos ha llevado a emprender una lucha sin tregua por la defensa de las y los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria. 
También luchamos en favor de los derechos de los mexicanos condenados a la pena de muerte en ese país. 
Nos sumamos a la encomiable labor del Parlamento Europeo por la abolición de la pena de muerte, 
y agradecemos profundamente las muestras de apoyo que se recibieron en el caso de Gerardo Valdés en el Estado de Oklahoma, que finalmente ha salvado su vida gracias a la intervención de ustedes y la de nuestro país. 
Los mexicanos creemos, como millones de europeos, que la privación de la vida a un ser humano- independientemente de la falta que haya cometido- es una violación del más fundamental de sus derechos que atenta contra la dignidad de nuestra especie, y que coloca a los poderes públicos en la misma actitud de violencia que los criminales. 
(Aplausos) 
La promoción de la democracia como la mejor forma de gobierno, el respeto a los derechos humanos y el fomento al desarrollo sostenido y sustentable de los pueblos son parte esencial de la política exterior de México que impulsa mi Gobierno. 
Una política exterior dirigida a participar en la construcción de la arquitectura internacional que requieren nuestras sociedades en el nuevo milenio. 
En septiembre del año pasado, mediante la suscripción de la Carta Democrática Interamericana, México se unió a las naciones de nuestro hemisferio decididas a defender la democracia en nuestra región. 
A través de nuestra participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las NU estamos contribuyendo a la construcción de una nueva arquitectura que salvaguarde mejor la paz y la seguridad internacionales. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento para el Desarrollo, celebrada recientemente en la ciudad de Monterrey, en México, es una prueba más de nuestra firme voluntad de asumir un papel de liderazgo en la conformación de un sistema internacional más equitativo, que ofrezca nuevas oportunidades a las naciones menos desarrolladas. 
En un mundo caracterizado por la interdependencia, sólo con la unión de nuestros esfuerzos tendremos éxito en estos y en otros campos, como la protección del medio ambiente, el combate al narcotráfico y al tráfico ilícito de armas, bienes culturales o personas, la lucha contra la pobreza extrema y la plena vigencia de las normas del Derecho internacional. 
Debemos unir nuestros esfuerzos a los de las demás naciones, a los de Grupos parlamentarios, organizaciones civiles, centros de investigación, familias y personas. 
Todas y todos somos corresponsables de nuestro futuro, de un futuro necesariamente compartido. 
Por ello, como expresó José Martí, estoy convencido de que hoy debemos apostar por la ' diplomacia de los pueblos? , pues lo que al final perdura es el surco que haya dejado en la conciencia de cada ciudadano el conocimiento, la cercanía humana y el interés permanente por el otro. 
Señora y señores Parlamentarios, 
México ha propuesto un nuevo esquema de desarrollo regional, el Plan Puebla-Panamá, que incluye a siete naciones centroamericanas y a ocho Estados del sur-sureste mexicano. 
Una región de muy bajo desarrollo, de gran pobreza y de urgente necesidad de desarrollo. 
Dicho Plan expresa el compromiso y el reconocimiento explícito, por parte de mi Gobierno, de que en las nuevas condiciones económicas y políticas del siglo XXI, no basta modernizar la política de desarrollo si no se trascienden las fronteras nacionales. 
Desde esta tribuna, hago una atenta invitación al Parlamento Europeo para apoyar este esfuerzo de integración regional, que nos permitirá a los Estados del área de Centroamérica comprendida entre Puebla y Panamá, que es la cintura del continente americano, avanzar hacia un desarrollo firme, combatir la pobreza e impulsar la educación y el conocimiento. 
En lo que se refiere a la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, que celebraremos próximamente en Madrid, estoy seguro de que constituye una excelente oportunidad para examinar, desde una perspectiva birregional, los diversos problemas que afectan a nuestras regiones y la mejor forma de hacerles frente, de manera conjunta. 
Mi reconocimiento al Parlamento Europeo por la aprobación de una propuesta tendiente a establecer una asociación global y una estrategia común de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. 
Los Jefes de Estado que nos reunimos en Madrid examinaremos con sumo interés su contenido. 
Deseo reiterar, ante todos ustedes, la determinación de mi país para fortalecer sus intercambios con Europa, tanto con sus instituciones como con cada uno de sus países, regiones y comunidades. 
Es muy grato informar que el primero y el segundo año de vigencia del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea ha sido exitoso con niveles de crecimiento en la balanza comercial del 18% o más, cuando, por ejemplo, el año pasado la recesión global dejó sin crecimiento las exportaciones a otras regiones. 
Esto nos llena de esperanza y de optimismo y vemos un gran potencial en esta relación. 
México es una nación que ha sido enriquecida por las diferentes civilizaciones que en nuestra tierra han surgido o ahí se han encontrado. 
Como Europa, México ha sido, y continúa siendo, punto de encuentro y convergencia entre culturas diferentes. 
Como Europa, México afirma su identidad en la diversidad y en la multicultura que le da fuerza y riqueza. 
Los invito a que ampliemos nuestros intercambios, a que continuemos impulsando nuestra relación, a que seamos parte del fortalecimiento de un México comprometido con su tiempo y una Europa vanguardista en el mundo. 
Hagamos de nuestro presente democrático la base de un futuro de bienestar compartido. 
Con audacia, con esfuerzo, con la convicción de que el bienestar del prójimo es también nuestro propio bienestar, forjemos juntos el mundo que nos merecemos. 
Muchas gracias por su atención. 
(Grandes aplausos) 
(La Asamblea, puesta en pie, aplaude al orador) 
Colegas, antes de clausurar esta sesión solemne, quisiera reconocer en particular, señor Presidente, la presencia de mi colega y predecesora en el cargo, Sra. Fontaine, que en nuestro nombre realizó una visita oficial a México en abril de 2001. 
Le doy las gracias por su iniciativa de invitarle hoy aquí. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera pedir al Grupo del Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos y al Grupo del Partido Socialista Europeo que retiren la enmienda 1 que se refiere a esta resolución. 
Con esta enmienda se pretende ampliar la lista de las organizaciones terroristas a una serie de organizaciones. 
En este momento en el cual la Unión Europea está inmersa en una serie de negociaciones, especialmente con Colombia, y en cual algunas personas, entre las cuales hay una candidata de nuestra familia política, están en manos de los terroristas, nos parece que ampliar unas listas que no tendrán efecto positivo alguno, antes al contrario tendrán un efecto negativo en las negociaciones, no es recomendable para nuestro Parlamento. 
Por consiguiente, es con esta solicitud que nos dirigimos a los dos Grupos mayoritarios. 
Señor Presidente, en la lista de votaciones se indica, en relación con la enmienda 40, que si ésta se aprueba, decaerán las enmiendas 1y 2 y los apartados 16 y 17. 
Nosotros no estamos de acuerdo. 
A nuestro parecer, la segunda parte de la enmienda 1 es totalmente compatible con la enmienda 40. 
Es importante que votemos esta segunda parte, puesto que ésta dice: 
Se consideró incompatible porque iría en contra del espíritu de la enmienda 40, en caso de ser aprobada, votar a continuación sobre las enmiendas 1 y 2 sobre los apartados 16 y 17. 
Pero solicito gustoso el consejo del ponente sobre este punto. 
. (EN) Señor Presidente, resulta evidente que los Socialistas han cambiado de parecer en el transcurso del presente debate. 
El texto original del apartado 16 dice que considera inevitable "incrementar de forma significativa los gastos en materia de defensa a fin de colmar la actual diferencia". 
Durante las conversaciones llegué a un acuerdo con el Grupo Socialista respecto a modificar "incrementar" porque supuse que nuestra enmienda 40 constituiría la base de nuestro compromiso. 
Luego fuimos más lejos, y acordamos presentar una enmienda oral para que dijera "gastos de defensa adecuados". 
Habida cuenta de que el Grupo Socialista ha retirado su aprobación de la enmienda 40 en su versión actual, sugiero que volvamos a la formulación original del apartado 16- "incrementar de forma significativa" -y que primero votemos sobre este texto. 
El Grupo del GUE/NGL subscribe y apoya la propuesta de resolución común sobre las relaciones euromediterráneas. 
En esta ocasión, quiero subrayar la importancia de la Declaración Final del Grupo de Contacto de los Presidentes de los Parlamentos Euromediterráneos. 
Especialmente el artículo 2 sobre la aplicación de las decisiones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, la fórmula ' por la paz? , el derecho legítimo de los palestinos a la autodeterminación y a lograr un estado independiente. El apartado 6 que condena las operaciones militares de ocupación por parte de Israel. 
Eso ha sido de lo más ingenioso, en términos de intentar que el asunto encaje en el punto del orden del día. 
Informe Caudron (A5-0153/2002) 
Señor Presidente, para explicar el motivo por el cual he votado a favor de la investigación, el vuelo de la fantasía será mucho más alto, puesto que soy favorable, muy favorable a la investigación, pero ¿a la investigación sobre qué? 
Creo que deberíamos hacer como Orlando, el protagonista del Orlando furioso, la obra de Ludovico Ariosto. 
Orlando viaja a la Luna en busca de la razón perdida. 
Creo que también nosotros deberíamos buscar la razón, o sea, la cordura, la sensatez que la humanidad ha perdido. 
También ésta es una investigación. 
Es una investigación difícil, pero es una investigación que debería ocupar el primer lugar de nuestras búsquedas, puesto que demasiados hombres han perdido la razón, sobre todo, los gobernantes. 
Lo que en este momento está ocurriendo en Palestina y en Israel y no sólo allí es un ejemplo de que lo primero que debemos buscar es la razón perdida. 
Señor Presidente, la financiación de la investigación destructiva con embriones va en contra de la posición constitucional de Irlanda, y también en contra de la posición constitucional, jurídica o política de otros cuatro Estados miembros. 
La Unión Europea no tiene competencia en investigación y desarrollo tecnológico- Título XVII del Tratado CE. 
Las acciones de la Comunidad completarán las acciones emprendidas en los Estados miembros- artículo 164 del Tratado CE- conforme al principio de subsidiariedad- artículo 5 del Tratado CE- y respetando las identidades nacionales de sus Estados miembros- artículo 6 del Tratado UE. 
Por consiguiente, en contra de la opinión del Comisario de Investigación, la UE no tiene el derecho de anular legislación, reglamentos y directrices éticas nacionales ni de insistir en que los Estados miembros tienen el deber de redactar leyes en el ámbito de la investigación con embriones. 
Lamento el silencio del Gobierno irlandés respecto a la situación inaceptable en la que los contribuyentes irlandeses están obligados a financiar investigación destructiva con embriones con su participación en la financiación de la UE y rechazo la financiación comunitaria de investigación destructiva con embriones tal y como recoge el informe Caudron, acorde con la opinión mayoritaria del Grupo PPE-DE. 
- (NL) Los aspectos éticos del programa marco son los elementos que más me preocupan, en concreto la investigación en embriones supernumerarios. 
No podemos dejar de proteger esta vida creada por Dios. 
El resultado final no tiene suficientemente en cuenta el carácter controvertido de esta investigación. 
Quisiera formular tres observaciones desde una perspectiva ética. 
En primer lugar, el Consejo no ha cumplido su promesa de concretar el contenido de las orientaciones más detalladas, de modo que el Parlamento Europeo no puede pronunciarse al respecto en segunda lectura. 
Ello no es justo, tanto más cuanto que estamos ante un instrumento legislativo cuya elaboración se lleva a cabo mediante el procedimiento de codecisión. 
En segundo término, es importante que el Parlamento Europeo no deje, por principio, que la división de opiniones en el seno del Consejo influya en la definición de su punto de vista. 
Si al final nos vemos obligados a pasar a la conciliación ello no será debido a la actuación del Parlamento Europeo sino a la renuencia del Consejo ante las cuestiones éticas. 
En tercer lugar, persiste el problema de que los ciudadanos estarán obligados a cofinanciar unas actividades de investigación que en diversos Estados miembros constituyen un delito. 
El apoyo activo a estas actividades de investigación resulta incompatible con las palabras del Comisario según las cuales las decisiones acerca de la realización o no de este tipo de investigaciones deben quedar en manos de los Estados miembros. 
He preguntado a la Comisión Europea cómo piensa evitar que la ética se convierta en un factor de competencia, pero no he recibido respuesta. 
. (EN) Acojo favorablemente la concentración de un número selecto de ámbitos prioritarios en el marco del próximo programa. 
Creo que de esta manera, Europa puede contribuir a un auténtico valor añadido y avanzar hacia los objetivos del Proceso de Lisboa. 
Apoyo plenamente el reforzamiento de los nexos entre las iniciativas europeas, nacionales y regionales. 
La gestión descentralizada es una buena noticia, así como el deseo de adoptar un enfoque menos engorroso y burocrático de la gestión de los programas europeos y para la retirada de fondos. 
Soy consciente de la necesidad de continuidad en el ámbito de la investigación, tanto en términos de la integridad del trabajo que se está realizando y del compromiso de aquellos que trabajan en los proyectos. 
Tenemos la responsabilidad de cumplir con la parte que nos corresponde para garantizar que la transición hacia el Sexto Programa Marco se lleva a cabo sin sobresaltos. 
Por último, quisiera hacer referencia brevemente a los aspectos éticos de la investigación. 
Aunque la subsidiariedad dicta que cada Estado miembro puede decidir la clase de investigación que puede llevarse a cabo en su territorio, no podemos olvidar que aquí estamos hablando del dinero de los contribuyentes europeos. 
En mi Estado miembro, Irlanda, existe la prohibición expresa de cualquier forma de experimentación con embriones humanos o con la clonación. 
. (FR) Desde hace tiempo apoyo los esfuerzos de investigación en el plano europeo. 
Los problemas relacionados con la investigación sobre las células madre y los embriones supernumerarios no deben ser abordados en términos emocionales y simplificadores. 
Habida cuenta de los grandes principios fundamentales y de los valores universales que defendemos, tenemos el deber de excluir totalmente los riesgos de eugenismo, así como la clonación con fines de reproducción. 
No debemos ocultar el hecho de que numerosos enfermos esperan el desarrollo de nuevas terapias que permitan curarse a muchos de ellos. 
Si bien la misión del legislador sería establecer un marco regulador para la investigación, se corre el riesgo de darle un carácter demasiado restrictivo. 
Por eso debe favorecerse la Europa de los descubrimientos. 
La investigación atañe asimismo a la vida diaria de todos los europeos, y ámbitos prioritarios como la seguridad alimentaria, la lucha contra las grandes calamidades y la mejora de la salud pública demuestran la voluntad de asociar investigación y bienestar. 
Señalo asimismo con satisfacción la propuesta de apoyo al desarrollo de la investigación sobre las enfermedades poco frecuentes. 
. (FR) Los efectos económicos, para las empresas de la Unión, de una política europea de investigación son considerables. 
Por eso, quizá en este ámbito más que en ningún otro, debemos favorecer el establecimiento de una cooperación reforzada entre los Estados miembros, puesto que el éxito de dicho espacio de investigación europeo es una de las claves de nuestro crecimiento económico del mañana. 
No obstante, la definición y el alcance de los principios éticos fundamentales, en el marco de cuyo respeto la posición común del Consejo establece la realización de dichas investigaciones, no están claramente definidos. 
En efecto, todos los Estados miembros no tienen el mismo enfoque con respecto a la investigación sobre los embriones humanos. 
Ahora bien, descubrimientos científicos recientes nos ofrecen una alternativa a la utilización de células madre embrionarias: las células madre adultas. 
Hoy se puede, pues, conciliar investigación científica y principios éticos. 
Por eso considero lamentable que una mayoría no haya querido replantear este debate con vistas al futuro de la investigación. 
Esto abre, de facto, la vía a la financiación por todos los Estados miembros de investigaciones que algunos de ellos no permiten en su propio territorio. 
Se trata de un ataque al respeto de las soberanías nacionales, así como también de la soberanía moral de los Estados y de sus ciudadanos. 
. (IT) El Espacio europeo de investigación es una realidad que está al caer: es un objetivo ambicioso de la Unión Europea que, a través del Sexto programa marco, se propone coordinar las actividades de investigación de modo tal que Europa pueda competir con las grandes naciones del mundo en el terreno científico y tecnológico. 
Las acciones que se ejecutarán en el ámbito del Sexto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico 2002-2006 se realizarán por primera vez de conformidad con los objetivos generales en materia de investigación, establecidos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a saber: 
fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la industria y de la comunidad; 
favorecer el desarrollo de la competitividad de la industria y de la comunidad; 
fomentar las acciones de investigación de acuerdo con los principios del Tratado constitutivo de la Unión Europea. 
Los temas prioritarios de investigación propuestos en el Sexto programa marco se han definido sobre la base "de los criterios de valor añadido europeo", que consisten: 
en la voluntad de reunir y de concentrar una masa crítica de recursos financieros y humanos limitando al máximo las dispersiones; 
en la necesidad de poner en conexión las distintas competencias complementarias existentes en los distintos Estados de la Unión, así como de acudir a estudios comparados a escala europea; 
en la creación de conexiones con las prioridades y los intereses de la Unión; 
en la exigencia de una investigación necesariamente transnacional. 
(Texto abreviado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(SV) He votado en contra del informe. 
Cuatro Estados miembros de la UE contemplan en sus constituciones esta clase de protección a la vida y por consiguiente prohiben la investigación con células madre provenientes de embriones, de seres no nacidos. 
El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo no están dispuestos a contemplar esta protección constitucional en el marco de los programas comunitarios de investigación, hecho que es profundamente lamentable. 
Soy uno de los firmantes de la enmienda 92, cuyas cuatro partes fueron rechazadas (193 contra 284 votos y 22 abstenciones; 183 contra 293 y 21 abstenciones; 182 contra 303 y 21 abstenciones y 184 contra 312 y 18 abstenciones). 
De esta forma se ha posibilitado el empleo del dinero de los contribuyentes para una actividad ilegal e inconstitucional en cuatros Estados miembros, entre ellos Alemania. 
Las normas éticas del Sexto Programa marco son, por tanto, muy deficientes, especialmente en relación con la investigación científica con embriones humanos. 
Las posturas de los Estados miembros respecto a este tipo de investigación son muy desiguales y deben ser respetadas. 
Debería ser igualmente obvio que los embriones creados para la fecundación in vitro que no se destinen a este fin y la investigación científica que emplea células madre embrionales no deberían financiarse con recursos de la UE. 
Los recursos comunitarios deben beneficiar a todos los países miembros. 
No se debe obligar a los países- como se está haciendo- a financiar investigaciones que consideren ilegales e inconstitucionales. 
. (EN) Acojo favorablemente el presente informe que representa un gran paso en el camino de convertir a la UE en la economía más dinámica y competitiva del mundo antes de 2010. 
Sin el respaldo de este programa, Europa nunca podría aspirar a convertirse en un interlocutor mundial en el ámbito de la investigación y la tecnología, en el que nos encontramos muy por detrás de los Estados Unidos. 
El Sexto Programa Marco respetará además los principios éticos defendidos en toda Europa; en particular, estará prohibida la investigación en la clonación humana con fines de reproducción. 
Pienso que las instituciones europeas pueden felicitarse por haber llegado a un acuerdo razonable y eficaz sobre este tema. 
Las ventajas globales del Sexto Programa Marco deben traducirse íntegramente en ventajas para nuestros ciudadanos: todos los sectores de la sociedad, desde jóvenes científicos hasta personas con discapacidades o de edad avanzada se beneficiarán de su contenido. 
Es más, si alguna vez ha existido un caso que merezca la cooperación a nivel europeo, el programa de investigación se lleva la palma. 
Estoy encantado de que se recompense económicamente a científicos europeos de las regiones de Europa por su inteligencia. 
En definitiva, esto nos hará más competitivos y contribuirá en la lucha contra las enfermedades graves y los problemas ambientales. 
Señor Presidente, yo quiero expresar ante todo mi posición con respecto a dos enmiendas del informe Schnellhardt, concretamente las enmiendas 129 y 82, y manifestar que he votado a favor de las mismas. 
El informe me parece muy equilibrado en su conjunto y felicito al colega Schnellhardt por su trabajo. 
Yo creo que la aprobación de ambas enmiendas en el Pleno demuestra que es posible alcanzar un compromiso razonable entre la necesidad de unas normas europeas y la aplicación del sano sentido común cuando se trate de pequeñas cantidades. 
Además, también se puede aplicar razonablemente el enfoque de la subsidiariedad en el caso de las disposiciones higiénicas relativas a la caza. 
Yo espero que las correspondientes disposiciones encuentren cabida en las normativas nacionales. 
El primer informe Schnellhardt se refiere al Reglamento relativo a la higiene de los productos alimenticios en Europa. 
Como siempre y como ve, señor Presidente, la mayoría de los diputados europeos no se encuentra en el Pleno. 
¿Por qué? 
Porque se han ido a almorzar. 
Seguramente muchos de ellos están disfrutando de platos típicos, tradicionales y regionales; los italianos, por ejemplo, del gorgonzola, del tocino de Colonnata, del parmesano de Reggio Emilia, de los espaguetis al pesto, de los fettucini con trufas, del pollo alla diavola, etcétera, productos típicos regionales que, afortunadamente- sé que tiene la boca hecha agua, pero le ruego que tenga un poco de paciencia- se protegen en el informe Schnellhardt. 
Pues bien, me gustaría que se protegieran aún más y que se dijera alto y claro a todos los ciudadanos europeos que sus productos típicos regionales no faltarán nunca en las mesas europeas. 
Señor Presidente, ésta es la Europa que está cerca de los ciudadanos. 
No ha sido tanto a mí, a quien se le ha hecho la boca agua. 
La secretaría ha comenzado a dirigir miradas a su almuerzo. 
. (EN) Como originario de Irlanda, la ' Isla de los alimentos? , soy muy consciente de la necesidad de convencer a los consumidores europeos de que los productos alimenticios europeos son los mejores del mundo en lo que se refiere a higiene y seguridad, así como a la calidad. 
A raíz de una serie de sustos durante los últimos años, se han tomado enormes medidas para afinar todo el proceso de producción alimenticia de manera que no se deja nada al azar y para que nuestros consumidores puedan estar tranquilos. 
Acojo con especial satisfacción la creación de normas encaminadas a garantizar que los alimentos importados desde fuera de la Unión deben cumplir los mismos criterios estrictos que se aplican a los productores de la UE. 
Cuando avanzamos rápidamente hacia la ampliación, este punto debe seguir siendo prioritario, de manera que se mantengan los niveles que los consumidores europeos se han acostumbrado a esperar. 
La piedra angular de la política de seguridad alimentaria es el establecimiento de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. 
Es motivo de profunda preocupación que casi medio año después de su puesta en marcha, aún no se haya decidido cuál será la sede de la Autoridad. 
Esto envía una señal muy dudosa a los consumidores respecto a la urgencia con que las autoridades europeas se ocupan de toda la cuestión de la seguridad alimentaria. 
Señor Presidente, he votado a favor de este texto sobre la higiene de los productos alimenticios de origen animal, pero lo he hecho de mala gana. 
Creo que nuestro voto se puede explicar con cualquier argumento, siempre y cuando sea serio y humano. 
Entonces, ¿por qué no debemos proponer- y lo propongo en este momento- ser más humanos con los animales tanto si se trata de peces como de vacas, ovejas o cerdos? 
¿Por qué debemos comerlos siempre? 
¿Por qué debemos criarlos para matarlos y consumirlos? 
Yo no soy vegetariano, señor Presidente, pero ¿por qué no defender a los animales que no estoy tan seguro de que el Padre Eterno ha hecho vivir para que acaben en nuestras mesas? 
Creo que en el futuro podríamos decidir incluso no consumir más carne de origen animal. 
Ésta, señor Presidente, es al menos mi propuesta. 
. (DE) Yo acojo con satisfacción los procedimientos diferenciados que ha seguido la Comisión para garantizar una elevada protección de la salud mediante normas higiénicas específicas para el sector alimentario. 
No puede dejar de ser coherente que estas disposiciones se apliquen igualmente a la carne de caza que se ofrece comercialmente y en grandes cantidades a los consumidores. 
No obstante, es preciso distinguir entre la venta comercial y el consumo privado de piezas de caza silvestre en pequeñas cantidades. 
El cazador que regala o vende directamente a escala local las piezas de caza cobradas en pequeñas cantidades no puede y no debería tener que cumplir los mismos requisitos que una gran empresa manipuladora. 
Es necesario encontrar soluciones próximas a la práctica habitual para la situación especial de los cazadores. 
Por muy acertadas y dignas de agradecer que sean las nuevas disposiciones, es preciso que los cazadores privados queden excluidos de dicha normativa. 
Nuestros cazadores ya poseen amplios conocimientos en materia de higiene y patología de la caza. 
El cazador informado ya asume siempre la plena responsabilidad por la inocuidad sanitaria de las piezas de caza que ofrece y seguirá asumiéndola en el futuro. 
La Comisión de Medio Ambiente aprobó varias enmiendas que prevén una flexibilidad en el caso de la comercialización de caza silvestre y carne de caza sin que ello ponga en peligro la seguridad de los alimentos. 
Yo les ruego encarecidamente que también las apoyen en el Pleno. 
. En su informe, que ha recibido mi voto favorable, el ponente ha justamente definido como innovadora la propuesta de reglamento en cuestión, así como las demás propuestas. 
En efecto, es innovadora por el trabajo de refundir y de simplificare las distintas normas existentes sobre los temas antes mencionadas. 
Sin embargo, tras definir nuestro sistema de seguridad alimentaria como uno de los sistemas de más alto nivel del mundo, el ponente se pregunta si nuestra legislación no es demasiado lagunosa o si, por contra, es excesivamente reguladora. 
En realidad, hace falta una legislación comunitaria más conceptual y menos reguladora, puesto que, precisamente por el mismo hecho de serlo, a medio y largo plazo se convierte en lagunosa, por no decir, en contradictoria con el avance de la ciencia y de la técnica, pero también por la evolución de los contextos de valor de las normativas comunitarias y/o de las filosofías de enfoque. 
De todos modos, tanto en este caso como es de desear en los futuros de nueva concepción hay que destacar dos aspectos: el primero es la futura y concreta definición de los papeles, de las competencias y de las responsabilidades de los empresarios, de los Estados miembros y de la Comisión; el segundo es el mayor y más incisivo papel de Europa- de la Comisión, si se prefiere- en los contextos internacionales, empezando por la Organización Mundial de Comercio. 
De todos modos, también es verdad que para este último aspecto hace falta una Europa institucionalmente nueva. 
(Texto abreviado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (EN) Acojo favorablemente el presente informe que aboga por la consolidación de los controles europeos en vigor en materia de higiene y salud animal. 
La higiene de los alimentos es algo que afecta a la vida diaria de los ciudadanos europeos y un tema por el que muchas personas sienten un gran interés. 
Es importante, por consiguiente, que toda la legislación relativa a esta cuestión sea lo más clara y accesible posible. 
La petición de que todas las empresas alimenticias deben registrarse es también oportuna. 
En la actualidad, no existe ningún sistema semejante y ya es hora de que los productores de alimentos sean los únicos que respondan por la seguridad alimentaria. 
Si esto se hace realidad, cuando surjan problemas de seguridad alimentaria, los consumidores deberán sortear menos burocracia y tendrán una idea más clara de quién es el culpable. 
Por último, también es satisfactoria la petición de que todas las carnes estén sujetas al mismo trato. 
No existe ninguna justificación convincente para conceder a la caza un trato diferente del de otras carnes, como ocurre ahora. 
Es más, si un ciudadano europeo tiene problemas con la seguridad alimentaria y descubre que existe una excepción para la carne en cuestión, dejaría sin efecto todo este paquete de medidas. 
. (DE) Por una omisión, no fue posible presentar dentro de los plazos la solicitud de votación por separado o por partes de algunas enmiendas en nombre de mi Grupo. 
La solicitud oral de una votación por partes de las tres enmiendas que presentó nuestro coordinador no fue aceptada. 
Por lo tanto, en mi calidad de ponente, yo quiero manifestar que rechazo las enmiendas 4, 5 y 17 y sólo apoyo la parte final de la enmienda 11, esto es, la frase ' La Comisión informará a las autoridades competentes, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los controles efectuados? , como una adición al texto original de la Comisión. 
En el caso de la enmienda 16, la apoyo con excepción de las palabras ' recurriendo al sistema de alerta rápida?. 
No obstante, puesto que en el informe se incluyen otras enmiendas mucho más importantes, en la votación en bloque he votado, naturalmente, a favor de las enmiendas y de la resolución legislativa, aun cuando no apoyo el contenido de todas las enmiendas. 
Ha sido necesario que los propios acontecimientos, enfermedades graves ' sin precedentes? , así como sus casos mortales, nos sitúen frente a cuestiones cruciales relativas a la salud del ganado, la calidad de nuestros alimentos y los terribles peligros a los que se expone la salud de los consumidores. 
Naturalmente, también es indispensable trazar normas legislativas para determinar normas cualitativas y para garantizar el control de los alimentos. 
Pero antes de cualquier intervención legislativa es imprescindible poner de relieve las causas del empeoramiento y del deterioro de la cadena alimentaria. 
La ley implacable del mercado capitalista que transforma los animales herbívoros en carnívoros es la que debe, en principio, demostrarse como culpable y ser debilitada. 
De otra forma nos limitamos a las partes técnicas complementarias que engañan a los consumidores y se vuelven contra la salud pública. 
Se deben buscar las responsabilidades en la producción mediante explotación intensiva, en la presión que los comerciantes y los acondicionadores ejercen sobre los productores, las grandes empresas multinacionales de piensos y alimentos, para reducir el coste de producción y el aumento de su volumen, con vistas a que estos aumenten sus superbeneficios. 
Finalmente, la gradual y cada vez mayor delegación de poderes de los servicios veterinarios de los Estados miembros hacia un súper servicio de la Comisión, que los convierte en sucursales, presta servicio a otros objetivos políticos sospechosos a los que somos categóricamente contrarios, y que además no ofrecen nada a la efectividad de los controles y a la protección al consumidor. 
Mi Grupo, el GUE/NGL, ha suscrito la propuesta de resolución común sobre las relaciones UE- Rusia. 
Por mi parte quisiera subrayar: 
Primero: La importancia de la creación de un sistema de seguridad y de diálogo político- principalmente mediante la OASE- que tranquilice las inquietudes de Rusia causadas por la anexión de los países bálticos y de Polonia a la Unión Europea. 
Sin embargo será un gran error ampliar la OTAN hacia oriente, puesto que Rusia lo considerará como una acción de acorralamiento. 
Segundo: La Unión Europea debe afrontar positivamente la entrada de los productos rusos en los países en ampliación tras su anexión, considerando los problemas particulares de competencia a los que se están enfrentando aún las empresas rusas. 
Tercero: Más generalmente, la Unión Europea debe fomentar la concepción, las formas legislativas y los mecanismos para lograr un Espacio común Europeo con Rusia, al igual que con Ucrania. 
Si mantenemos las fisuras en el ámbito económico o político de la guerra fría en los tratados posteriores a dicha guerra, sólo tendremos una política sin perspectivas y con muchos peligros. 
Señor Presidente, he apoyado la resolución de la Sra. Hoff sobre Kaliningrado. 
Debemos seguir el ejemplo que nos dio ayer el Sr. Patten en sus observaciones y adoptar una resolución inequívoca en favor de la cooperación con Rusia y sobre la cuestión de Kaliningrado que se ajuste a la voluntad de la población de ese pequeño territorio. 
El Sr. Putin es nuestro amigo y deberíamos animarle. 
Él ha llevado el crecimiento económico a Rusia en momentos de enorme peligro para el sistema económico de aquel país. 
Ha resuelto el sistema fiscal, lo que demuestra la válida teoría de que a menudo la reducción de los tipos fiscales entraña un incremento de la recaudación. 
Chechenia es su punto en contra- en este caso debemos ser críticos con el Gobierno ruso. 
El Sr. Putin es sensible a la crítica, y el Parlamento Europeo debería expresar una palabra de cautela, de la que deberían tomar buena nota los colegas, aunque en estos momentos no se encuentren en la Asamblea. 
Señor Presidente, cierto que no podía votar en contra de este texto del Parlamento Europeo que pronostica una mayor consideración del enclave de Kaliningrado, dentro de poco rodeada por los territorios de la Unión Europea. 
Hablar de Kaliningrado supone hablar de la Federación Rusa y expresar mi opinión sobre las relaciones entre ésta y la Unión Europea. 
En Italia el Sr. Berlusconi ha declarado claramente que desea que Rusia entre lo antes posible en la Unión Europea. 
Por el contrario, yo creo, y lo quiero manifestar públicamente aquí, que antes debemos esperar los frutos de un acuerdo de asociación, de un acuerdo de colaboración, de un acuerdo de cooperación y que antes deben formar parte de la Unión Europea los europeos que desde hace demasiado tiempo han estado lejos de ella, es decir, los países de Europa central y oriental. 
Mucho, mucho más tarde, se podrá hablar, en su caso, de una asociación de Rusia con la Unión Europea: por ahora los tiempos no están en absoluto maduros. 
- (NL) En otros tiempos la Prusia Oriental constituía un enclave alemán amenazador en territorio eslavo y báltico. 
En breve la provincia de Kaliningrado, la parte septentrional de la antigua Prusia Oriental, pasará a ser un enclave ruso en medio de Estados miembros de la UE. 
Esta zona se caracteriza por un nivel de bienestar muy inferior y una gran contaminación medioambiental, y es absolutamente necesario que sus habitantes puedan atravesar libremente la región fronteriza polaca y lituana para trasladarse a Belarús y Rusia. 
La introducción de una obligación de visado para los actuales y futuros Estados miembros de la UE amenaza con aislar esta zona del Estado al que pertenece. 
A lo largo de los últimos diez años en la Europa Occidental han surgido voces para que la zona de Kaliningrado se destine a los alemanes del Volga que perdieron su propia república soviética durante la Segunda Guerra Mundial o a otros grupos de población tales como las minorías rusas de los Estados bálticos, sin tener en cuenta a la población actual llegada de toda la antigua Unión Soviética entre 1945 y 1991. 
Por fortuna, la ponente deja muy claro que no tienen ninguna intención de reconquistar Kaliningrado a favor de Alemania separándolo de Rusia y sustituyendo la población actual por otra. 
Respaldo la propuesta de tratar a Kaliningrado como una parte experimental de Rusia que, con el consentimiento de Rusia, será invitada a integrarse fuertemente en su entorno comunitario y que recibirá el debido apoyo financiero para lograr este fin. 
Señor Presidente, los programas de estabilidad y convergencia son los que permiten a los Gobiernos aplastar a los débiles, a los pobres, y entre ellos, a las personas mayores y a los pensionistas diciéndoles que no tienen dinero para ayudarles y para pagar sus pensiones porque deben cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Como todos sabemos, esto no es verdad. 
Se podría cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pagando todas las pensiones, aumentándolas, facilitando a los pobres que no tienen nada los medios para vivir y, disminuyendo, por el contrario, los gastos menos útiles del Estado. 
Por lo tanto, invito a todos los ciudadanos mayores europeos a que, en vez de repartir sus votos entre todos los partidos de derechas o de izquierdas existentes en sus Estados, y por lo tanto, de dividir el 33% de los votos, puesto que las personas mayores representan el 33% de los votos, constituyan un partido de los pensionistas que de este modo contaría con el 33% y llevaría aquí a 208 representantes que ciertamente harían mucho más que uno solo. 
. (FR) El informe Marinos, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar, presenta un punto de vista muy tranquilizador de la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia en el marco de la UEM. 
Nosotros no compartimos este punto de vista. 
Ciertamente, el Pacto de Estabilidad resulta de la interdependencia que el euro crea entre los países miembros- para bien y para mal-. 
Traduce la búsqueda de una ortodoxia presupuestaria, teóricamente sana. 
Por desgracia, también observamos que los primeros meses de aplicación están salpicados de incidentes cada vez más serios, con Irlanda, Italia, Alemania, Portugal. 
Hoy es Francia la que está en el banquillo de los acusados. 
Estas divergencias expresan con fuerza creciente la necesidad, para las economías y las sociedades nacionales, de evolucionar a su propio ritmo, según sus propios caracteres, sin estar sujetas a una disciplina rígida y uniformadora. 
Por consiguiente, la lógica del euro empieza a oponerse- y en el mañana lo hará de frente- a la lógica de las naciones. 
¿Cuál de ellas es la más importante para la democracia? 
Evidentemente, la lógica de las naciones. 
¿Pero cuál es la más poderosa? 
La respuesta es más difícil, y por eso la aventura del euro siempre nos ha parecido preocupante. 
. (DE) El crecimiento económico global de la UE disminuyó un 1,6 % en 2001 (en 2000 todavía fue de un 3,3 %) , la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente constante (un 7,7 % en diciembre de 2001 frente a un 7,9 % en diciembre de 2000) , la tasa de inflación aumentó, con la introducción del euro, de un 2,1 % en diciembre de 2001 a un 2,5 % en enero de 2002, la proporción del PIB europeo destinada a la inversión es muy inferior a la que se requeriría para mantener un crecimiento sostenido. 
En vez de proponer inversiones públicas, un programa decidido en el ámbito de la política de empleo y planes sostenibles que permitan asegurar la asistencia sanitaria y los sistemas de pensiones, el ponente pide el estricto cumplimiento del Pacto de estabilidad y convergencia como un valor en sí mismo. 
Sus propuestas para garantizarlo son tan anticuadas como erróneas. Pide una limitación categórica de los gastos (naturalmente, el ahorro se debe centrar sobre todo en las transferencias sociales) en vez de una mejora por la parte de los ingresos; pide contención de las subidas salariales cuando los salarios reales ya se están reduciendo de manera general en cualquier caso, mientras las grandes empresas transnacionales presentan simultáneamente unos beneficios espectaculares y en muchos casos ni siquiera tienen que pagar impuestos. 
¿Cómo se puede estimular la demanda con semejante estrategia? 
Yo no puedo votar afirmativamente un informe como este. 
El informe insiste en la severa aplicación del pacto de estabilidad, que ha conducido al recrudecimiento de las condiciones de vida de amplias capas populares y, a pesar de haberlo comunicado, no ha logrado sacar de la crisis a la economía europea ni conseguir ritmos rápidos de crecimiento. 
Fomenta la política antipopular del constante aumento de los beneficios, con propuestas- coartada a la política económica y social, extrema y neoliberal de la Unión Europea y también sus trágicas consecuencias. 
Mientras empeora la situación socioeconómica y se multiplican las desigualdades, se fomenta vehementemente la política de las reformas estructurales que reparte el paro, generaliza las formas de trabajos flexibles, la incertidumbre y la inseguridad de los trabajadores, genera la pobreza, miseria y marginación de millones de ciudadanos, reduce el coste salarial, garantizando un crecimiento constante de los beneficios del capital. 
En aras del equilibrio presupuestario se intenta acelerar la anulación de los sistemas de pensiones y la plena liberalización de los mercados, garantizando el libertinaje monopolístico. 
Invocar la disciplina presupuestaria es un intento de justificar la reducción continua de los gastos destinados a la protección social, a la educación, la salud y los servicios públicos, mientras que los gastos para reforzar el gran capital permanecen intactos y aumentan las disposiciones impositivas tremendas a costa de los trabajadores. 
Votamos en contra de la resolución porque las políticas de la Unión Europea y de los Estados miembros son contrarias a las necesidades de los trabajadores, de los agricultores, de las clases medias y bajsa y porque obedecen a las opciones del gran capital, a cuyos intereses prestan servicio. 
Nos solidarizamos con las capas sociales que se oponen y luchan para revocar esta política económica y social insensible que impone el pacto de estabilidad. 
Señor Presidente, cuando analizamos las relaciones con los Estados Unidos, debemos preguntarnos si este país está dispuestos o no a cumplir los acuerdos multilaterales. 
Hemos visto lo que ha ocurrido en relación con Kyoto; hemos presenciado el intento de sabotear la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la proliferación de armas ligeras y ahora nos enteramos de la Ley Agrícola, que amenaza con sobrepasar los límites fijados por la OMC en términos de subsidios a los agricultores. 
Lo preocupante de todo esto es que en el Acuerdo de Doha, tanto la UE como los Estados Unidos prometieron a los países más pequeños que tendrían acceso a sus mercados textiles y agrícolas. 
Ahora los Estados Unidos parece retractarse de eso, al igual que hizo con los textiles en relación con los países caribeños. 
El peligro real es no sólo el mensaje que la Ley Agrícola envía a los países más pobres, sino que además alentará a los Estados miembros de la UE que se oponen a nuestra propia reforma agrícola. 
Hemos hecho enormes progresos en la reforma de la PAC, pero aún queda mucho por hacer. 
Ojalá que las acciones de los Estados Unidos en la aplicación de políticas de "pork barrel" (subvenciones públicas a determinados colectivos) , con vistas a las elecciones de noviembre, no animen a los Estados miembros de la UE que se oponen a seguir adelante con la reforma. 
Señor Presidente, en el informe anterior hemos hablado de las relaciones entre la Unión Europea y la Federación Rusa. 
Ahora, en este informe de la Sra. Elles, se habla de las relaciones de la Unión Europea con los Estados Unidos de América. 
Yo he votado a favor porque creo que estas relaciones se deben intensificar. 
Más aún, me atrevo a proponer la creación de una comisión interparlamentaria, integrada por miembros del Congreso de los Estados Unidos y miembros del Parlamento Europeo, que se reúna varias veces al año. 
Sin embargo, ante todo quisiera que los Estados Unidos abolieran la pena de muerte y redujeran la venta indiscriminada de armas en todos los grandes almacenes, en todos los comercios del país. 
Esto ayudaría mucho a mejorar más aún, si cabe, las ya excelentes relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
La idea básica del informe es que la Unión Europea no se quede detrás de los Estados Unidos en la proyección y gestión de guerras, en el nuevo reparto de los mercados, en la campaña de sumisión de los movimientos populares opuestos al ' nuevo orden?. 
Para la Unión Europea, la OTAN es 'garante fundamental para la estabilidad y seguridad euroatlántica y el marco fundamental para las operaciones de la coalición? e intenta desempeñar el papel del' socio coherente, fiable y en pie de igualdad con los EE.UU.? en su contexto. 
Así pues, el informe propone un aumento de los gastos militares de los países miembros. 
La intervención imperialista en Afganistán, la amenaza de la generalización de la guerra, la retirada de los EE.UU. del Tratado ABM, los preparativos para la guerra de las galaxias, la perspectiva terrible de una guerra nuclear, la anulación de derechos democráticos básicos; el Sr. ponente no nombra nada de esto en el informe o ' lamenta? que los EE.UU. obraran sin el conocimiento de la Unión europea, la OTAN y las Naciones Unidas. 
En el marco de la competencia imperialista, el informe solicita que los Estados Unidos respeten sus compromisos con la OMC, el FMI y el Banco Mundial 
El hecho de que la Sesión Plenaria vote a favor del informe muestra la aspiración del Parlamento Europeo por una Unión Europea más autoritaria, militarista y agresiva. 
Esto no es ninguna sorpresa para los comunistas. 
Es esperanzador el hecho de que los pueblos de la Unión Europea y del mundo se estén dando cuenta de ello y luchen por combatirlo. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
Las explicaciones de voto quedan cerradas. 
(La sesión, interrumpida a las 13.19 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Antes de continuar con nuestro orden del día, quiero notificar brevemente a los diputados presentes en la Asamblea que la semana pasada realicé una corta visita de trabajo a Chipre. 
Como saben, es un momento crucial y decisivo en todo el proceso de ampliación y especialmente para Chipre. 
Existe ahora la oportunidad de intentar presionar en favor de una solución global en la que puede influir la inminencia de la adhesión a la Unión Europea. 
Ciertamente representa un momento importante. 
Menciono esto hoy porque el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, se encuentra en Chipre. Quisiera expresarle, en nombre del Parlamento, nuestra esperanza de que su visita dé un nuevo impulso a las conversaciones cara a cara que se están celebrando en Chipre gracias a sus buenos oficios. 
Quisiera pedir a la Asamblea que se una a mi mensaje de apoyo y aliento a ambas partes para que aprovechen esta oportunidad. 
De conformidad con el orden del día, procedemos a continuación con las declaraciones del Sr. Solana, Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera presentarle mis disculpas por no haber estado presente el 24 de abril, día en que yo debía acudir al Parlamento para tomar parte en el debate junto con el Comisario Patten. 
Ese día me encontraba en un lugar muy diferente, a saber, asistía a una reunión con el Presidente Arafat que permanecía aún en Mukata privado de libertad de movimiento. 
Estoy seguro de que comprenderán que no pudiera unirme a la Asamblea. 
Señor Presidente, desgraciadamente la situación en la región sigue siendo muy crítica. 
Persisten enormes restricciones a la población palestina, la presión militar persiste también, persisten las acciones terroristas y, como se ha dicho aquí, la semana pasada fueron asesinados otros quince civiles y se registraron más de cincuenta heridos. 
Hay que tener muy presente que no hay sociedad democrática que soporte una acción terrorista cada semana sin exigir una reacción por parte de sus gobernantes. 
Y, en el plano político, hemos asistido a la lamentable resolución aprobada por el Likud, cuya importancia hay que relativizar porque felizmente es minoritaria en el seno del Knesset y también lo es en la sociedad israelí, como señalan las encuestas a que ha hecho referencia el Sr. Solana, de igual manera que las declaraciones del líder del movimiento islámico radical Hamás no representan naturalmente a la Autoridad Nacional Palestina. 
Sin embargo, hay algunas señales esperanzadoras. 
La inmensa manifestación ciudadana en Israel reclamando el fin de la ocupación, las declaraciones del Presidente Arafat que desautorizaban esas acciones terroristas, ordenaban la actuación de la policía y señalaban su disposición a aceptar la coexistencia con un Estado judío israelí y que coinciden con las hechas en Sharm-el-Sheikh por Egipto, Arabia Saudita y Libia, y también, naturalmente, es extraordinariamente positivo el final del confinamiento de Arafat y del asedio de la Basílica de Belén. 
En varias de estas señales esperanzadoras se puede percibir claramente la influencia, la huella de la Unión Europea- y eso hay que tenerlo en cuenta porque frecuentemente tenemos la tendencia a subestimar nuestras propias capacidades. 
La mediación de la Unión Europea es crucial y, por eso, hay que desmentir rotundamente las injustas e infundadas acusaciones respecto al mal uso de las aportaciones comunitarias. 
Celebro la rápida y contundente explicación del Comisario Patten, pero, como él mismo ha dicho, hay que ser muy escrupulosos. 
Ya en el pasado, mi Grupo expresó su preocupación respecto al destino de algunas ayudas para la educación. 
Las partes en conflicto reconocen que es imprescindible la participación de la comunidad internacional. 
Tenemos que contribuir a consolidar la existencia del Cuarteto para que éste fuerce la convocatoria de una conferencia internacional, que incorpore, por supuesto, a los países árabes, y que no le quepa ninguna duda a nadie de que la Unión Europea jugará un papel protagonista en esa conferencia. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, Señorías, las informaciones que ha presentado hoy el Alto Representante nos hacen concebir esperanzas a pesar de la gravedad de la situación. 
Es cierto que sigue habiendo atentados y es cierto también que sigue habiendo ejecuciones sumarias, pero sí hay un cambio desde hace un mes: está el Acuerdo de la Mukata, la cuestión de la solución del problema de la iglesia de la Natividad, y, además, hay otras cuestiones importantes. 
Una, que ha mencionado el Alto Representante, es la votación en el Congreso del Likud. 
Creo que debemos recordar aquí que el Sr. Netanyahu, que ha hecho que Sharon parezca un moderado, y este último firmaron los Acuerdos de Wye Plantation como ejecutivos del Estado de Israel y que eso comporta responsabilidades. 
También ha ocurrido otro hecho, que es la manifestación de más de cien mil personas en Tel Aviv que pedía la paz de inmediato y, por último, un hecho que no se suele mencionar, y es que el Gobierno israelí ha desmovilizado a los reservistas que había convocado para que castigaran a Gaza, lo que, desde mi punto de vista, marca un punto de inflexión importante. 
Sabiendo, como sabemos, que nuestra acción, la acción del Alto Representante y de nuestros representantes en la zona, es más eficaz en el contenido que en la publicidad- en la que nos ganan los Estados Unidos -, creo que debemos animarles a proseguir por este camino aunque no comparezcan en el Parlamento Europeo. 
Creo que la ausencia del Sr. Solana del día 24 de abril estaba ampliamente justificada; no le hemos pedido cuentas por ello. 
En segundo lugar, creo que estamos de acuerdo en que hay que acelerar la creación del Estado palestino, y me remito a resoluciones que empiezan en 1948, en el momento de la creación del Estado de Israel. 
El Alto Representante dijo en su última comparecencia que, seguramente, sobre la base de los planes Mitchell y Tenet, lo que había que hacer era acelerar y crear el Estado palestino. 
Y como ha señalado que hay que hacer que el Estado palestino- o lo que tiene la Autoridad Palestina- se parezca cada vez más a un Estado, creo que hay que acelerar ese proceso, porque una de las consecuencias de lo que está pasando es que se ha reforzado enormemente la identidad del pueblo palestino y su sentido de la responsabilidad. 
En ese sentido, creo que tenemos que tratar de que ese proceso sea lo más rápido posible. 
Entrando ya en la posible Conferencia de Paz, señor Presidente, creo que debe hacerse bajo la égida de la ONU- no hay que olvidar nunca que Israel nació por una decisión de la ONU-. 
Lamento, en nombre de mi Grupo, que no se haya dado una continuación y no se haya aceptado a la Comisión internacional de las Naciones Unidas para investigar lo que ocurrió en Yenín; si realmente no ha habido genocidio, creo que dicha investigación incluso habría ayudado a Israel a poder presentar y justificar su acción. 
En cualquier caso, creo que hay que seguir trabajando con el Cuarteto y con la Liga Árabe para poder convocar esta Conferencia sin ningún tipo de exclusiones. 
Creo que es absolutamente inaceptable la postura reiterada por el Primer Ministro de Israel de querer fijar con quién negocia: cada uno tiene que representarse a sí mismo. 
Por último, señor Presidente, en relación con las acusaciones que se han vertido en algunos medios de comunicación de los Estados Unidos e incluso en el Congreso de ese país- y acabamos de aprobar nuestra resolución sobre la relación transatlántica -, tachándonos de antisemitas, me remito a la resolución que aprobamos el mes pasado y que reitera nuestra condena a los atentados antijudíos en Europa. 
Pero yo creo que también convendría decir a dichos medios y a esos congresistas que deberían releerse la Biblia y que ambos pueblos son semitas, parten de Sem, hijo de Noé, y también tienen como raíz común a Abraham; semitas, pues, son ambos, árabes e israelíes. 
Yo hablo partiendo de una base, y es que también me siento más semita que otra cosa, pues, como dije en el Knesset, los españoles decimos que tenemos algunas gotas de sangre mora y judía. 
Entonces, realmente los que son antisemitas son los que quieren monopolizar verdaderamente esta cuestión. 
Nosotros pensamos precisamente que debemos tratar de que estos dos pueblos hermanos desde hace cinco mil años encuentren una solución de convivencia, y por eso creo que lanzar este tipo de acusaciones no sólo es injustificado, sino que no contribuye en absoluto al necesario proceso de paz en Oriente Medio. 
Señor Presidente, señor Solana, no les envidio su calendario de viajes. 
Les felicito por los éxitos conseguidos en Reikiavik. 
Como sueca no puedo sino lamentar que ahora Rusia tenga más influencia en la OTAN que Suecia. 
Pero no hablaremos de este tema. 
Mis amigos israelíes y palestinos y los que quieren la paz se preguntan por qué en Europa sólo hablamos y no hacemos nada. 
Está claro que estamos inermes ante la violencia y los baños de sangre. 
Asimismo, es una acusación muy injusta. 
Estoy convencida de que el interés, los viajes, los recursos y el dinero que han dedicado los señores Solana y Patten y todas las instituciones tendrán efectos a largo plazo, tanto para encontrar una solución al asunto de la iglesia de la Natividad como para la construcción de la Autoridad Palestina. 
Obviamente el diálogo acaba con la violencia, pero no tenemos otros métodos a nuestro alcance. 
Hemos construido la colaboración europea con negociaciones, conversaciones, diálogo y pactos. 
Quisiera creer que estas herramientas también sirven en Oriente Medio. 
La violencia no soluciona nada. 
Los horribles atentados suicidas deben terminar. 
El asesinato de personas inocentes jamás podrá justificarse. 
No habrá paz mientras continúen estos atentados. 
Los ataques israelíes tampoco son defendibles. 
No han tenido el efecto de acabar con los atentados suicidas. 
El debate sobre una probable lucha por el poder en el seno del partido Likud no debe justificar el asesinato de palestinos inocentes. 
Es muy trágico que no se realizase la investigación imparcial de la ONU respecto a los acontecimientos en Yenin. 
Si Israel nada tiene que ocultar ésta hubiera sido la oportunidad de demostrar al mundo que allí no tuvo lugar una masacre. 
Pero si se han cometido atropellos, hay que investigar. 
Obviamente- como ha señalado el Comisario Patten- Israel tiene que presentar pruebas respecto a las muy graves acusaciones de que la UE ha financiado el terrorismo. 
No cabe duda de que en la Autoridad Palestina hay corrupción, incluso muy extendida. 
Esto lo hemos discutido en reiteradas ocasiones. 
Seguramente algunos recursos han caído en bolsillos inadecuados, pero sostener que hemos financiado el terrorismo es una acusación extremadamente grave. 
Doy las gracias al Comisario Patten por la seriedad que atribuye a este asunto y por sus intentos de desentrañar y explicarnos lo que ha sucedido. 
Algunas palabras sobre la conferencia. 
Es provechoso que se realice una conferencia. 
Está bien que la comunidad internacional participe, pero también debe hacerlo la Liga de Países Árabes. 
Ésta no es la primera conferencia. 
Se empieza a notar un cierto cansancio, pero aún se pueden atar algunos cabos. 
Es indiscutible que los palestinos deben enviar a sus representantes. 
Es inaceptable que Sharon vete a Arafat por ser el representante de los palestinos. 
¿Qué temas se tratarán realmente? 
¿Se intentará resolver todos los problemas o sólo se darán algunos pasos? 
¿En qué se fundamentarán? 
Los israelíes y palestinos con los que he hablado me han dado distintas respuestas: Oslo, Camp David, Mitchell, Taba, la propuesta saudí y las diferentes resoluciones de la ONU. 
No hay acuerdo sobre este punto. 
Aún así, conviene intentar formular una agenda común. 
Sería muy interesante que el señor Solana nos explicase más detalladamente sobre cuál cree él que será la verdadera agenda. 
Señor Presidente, señoras y señores, esta mañana hemos examinado las relaciones transatlánticas. 
Hemos olvidado constatar lo siguiente: las armas del Ejército israelí, armas sufragadas por los contribuyentes norteamericanos, han destruido los edificios y las instituciones de la autonomía palestina, financiados por los contribuyentes europeos. 
Eso también forma parte de las relaciones transatlánticas. 
Creo que ya no es hora de lamentaciones, y estoy de acuerdo en que se trate de definir en qué medida se puede avanzar. 
El objetivo de la Conferencia internacional debe ser el de preparar el terreno para poder contar, antes de finales de este año, de una declaración solemne de la Asamblea General de la ONU sobre la creación de un Estado palestino, siguiendo el modelo de la creación del Estado israelí. 
Por consiguiente, son las Naciones Unidas las que asumen la responsabilidad como- con justicia para unos e injustamente para otros- la han asumido con respecto al Estado israelí. 
Sobre esta base, todos los discursos sobre la necesidad de ayudar a la creación de un gobierno palestino adquieren pleno sentido, ya que un Estado necesita un gobierno. 
En este contexto, considero que la declaración de Likud es positiva por la simple razón de que obliga, finalmente, a la sociedad israelí y a los responsables israelíes a asumir sus responsabilidades. 
Desde hace varios años los responsables políticos israelíes no cesan de manifestar que están a favor de un Estado palestino y, al mismo tiempo, de hacer todo lo contrario. 
En ese sentido, creo que la declaración de Likud intensificará el debate, porque la paz, una de las claves de la paz, se encuentra en la sociedad israelí: ¡que el 70% de israelíes que están a favor del Estado palestino se movilicen políticamente! 
Esta movilización es necesaria para que, por parte de los palestinos, aquellos que están a favor del reconocimiento del Estado israelí detengan las matanzas contra los ciudadanos israelíes. 
Si logramos llegar a esta situación, la declaración de la ONU adquirirá pleno sentido, porque crea un marco político que obliga a todos a tomar una decisión. 
Desearía, pues, que los representantes políticos de la Unión Europea, sufragados por los contribuyentes europeos, puedan expresar con firmeza a los representantes norteamericanos y a los representantes rusos que la clave del problema se encuentra en la ONU: la clave radica en una declaración solemne de creación del Estado palestino. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, muchos de nosotros, en este Pleno, hemos viajado en el último período- algunos por vez primera- a Israel y a los territorios palestinos. 
Cuando pudimos oír, in situ, el testimonio de las poblaciones duramente afectadas, cuando pudimos comprobar la amplitud de la destrucción material y descubrir la gravedad de las heridas morales, se puede medir mejor el alcance de las noticias que nos llegan estos días de la región. 
Lo mismo ocurre con la inmensa manifestación de Tel Aviv, a finales de la semana pasada, que reunió de nuevo a decenas de miles de personas, lo que, teniendo en cuenta la población total de Israel, representa una movilización impresionante. 
Y ésta ha expresado exigencias muy enérgicas sobre lo esencial del problema, es decir: el cese de la ocupación militar, de la colonización y de los crímenes indignos de un ejército, en un país que se considera una gran democracia. 
A finales del mes de abril nos habíamos reunido en Tel Aviv con los representantes de estos movimientos. 
En mi opinión, hoy honran a Israel y permiten ver, al igual que los responsables políticos israelíes que participan en la coalición por la paz- impulsada conjuntamente por el ex ministro laborista Beilin y el ministro palestino Rabbo -, una luz de esperanza con respecto a futuros cambios en Israel. 
La nueva fuerza de esta corriente es, sin duda, la parte visible de unos cambios más profundos que una parte de la sociedad israelí está buscando. 
Una duda saludable parece instalarse en la política de fuerza como medio para promover la seguridad de Israel. 
Los interrogantes parecen multiplicarse sobre todo después de las terribles revelaciones sobre Yenín, sobre las consecuencias de la ofensiva militar contra las ciudades y los campos palestinos desde el punto de vista de la imagen de Israel en el mundo e incluso desde el punto de vista de una acción legal internacional contra sus dirigentes. 
Finalmente, existe un gran interés en cuanto a la propuesta histórica de los vecinos árabes de normalizar las relaciones con Israel a cambio de una retirada de los territorios ocupados. 
Se trata, sin duda, de una reacción a esas manifestaciones crecientes de agresividad de la ultraderecha israelí, que llegan a reafirmar, de manera deliberadamente provocadora, su oposición a cualquier perspectiva de creación de un Estado palestino. 
El Likud expresa en sus resoluciones esta política extremadamente peligrosa, que Sharon aplica in situ. 
Su ensañamiento contra la Autoridad palestina y su presidente, su decisión de destruir sistemáticamente las infraestructuras y los bienes del Estado embrionario creado en Oslo, la creación, según Peace Now, de 35 nuevas colonias y la fragmentación organizada de los territorios palestinos no plantean ninguna duda sobre la estrategia perseguida- desgraciadamente, con toda impunidad-. 
Este es el contexto en el que la Unión Europea se juega su credibilidad. 
Pido a los Quince que mediten este llamamiento de una joven del campo de Yenín a una persona que se había trasladado in situ para expresar su solidaridad: ' No quiero ayuda- le dijo -, sino justicia?. 
Sí, justicia, es decir: la reconstrucción, naturalmente; pero también el fin de la impunidad del ocupante y el fin de la ocupación, el respeto del Derecho internacional, el reconocimiento de los dos Estados, la garantía de la seguridad para ambos pueblos. 
Este es el claro mensaje que, en nombre de nuestros pueblos y de la mayoría de nuestra Asamblea, una delegación oficial, al más alto nivel, de nuestro Parlamento debería llevar ahora a Israel y a Palestina. 
Señor Presidente, la decisión adoptada por el Likud es en realidad la puesta de manifiesto de una política que el Sr. Sharon ha llevado a cabo durante todo el tiempo, es decir, una política encaminada a enterrar sistemáticamente cualquier esperanza de que pueda crearse un estado palestino. 
Es por ello que ahora se culpa a la UE de contribuir a la financiación del terrorismo. 
Es por ello que ahora se entra y se destruyen pueblos y todas las estructuras palestinas. 
Debemos tener cuidado de no caer en la misma trampa, cuando decimos que la seguridad debe estar en las manos del que gobierna el estado, porque naturalmente el Sr. Arafat hará todo lo que pueda para combatir el terrorismo, sin embargo, no es seguro que pueda dominar el terrorismo. 
Luego debemos tener cuidado para no tener que recriminarle si continúan los ataques terroristas. 
Puesto que nos gustaría haber creado un estado palestino que estuviera lo más cerca posible de otras estructuras democráticas, me gustaría saber qué nos proponemos hacer desde la UE para garantizar que puedan reunirse los líderes respectivos. 
El pasado año y medio la Autoridad Palestina no ha tenido posibilidad de reunirse físicamente. 
Cómo se tiene pensado presionar al Sr. Sharon para hacer esto posible. 
Un gobierno que no puede reunirse no puede llegar naturalmente a funcionar. 
En la conferencia internacional es importante que nos mantengamos lo más cerca posible de la iniciativa de paz saudí. 
Garantizará el reconocimiento de Israel. 
Esto es por lo que Israel ha trabajado durante muchos, muchos años. 
Me parece primordial que respaldemos esta iniciativa con todas nuestras fuerzas. 
Señor Presidente, quiero ante todo denunciar el hecho de que la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Israel, que en marzo celebró una reunión formal para su constitución, ve que se ha convocado su primera reunión oficial para el 12 de junio. 
Sentimos el máximo respeto por los problemas personales de su presidente; sin embargo, creo que en estos meses tan difíciles y delicados para Israel y Oriente Próximo, quizás habría sido mejor que la delegación se hubiese reunido y hubiese podido celebrar un debate. 
Señor Alto Representante, siempre hemos denunciado en este Pleno la visión unilateral de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas europeas, incapaces de distinguir los países democráticos comprometidos, a pesar de todo, con el respeto de los derechos humanos y civiles, de los regímenes despóticos y corruptos. 
Hasta la fecha se han lanzado desde Europa, de forma casi unilateral, condenas sin paliativos a las acciones israelíes de represión y de erradicación del terrorismo, y sólo una blanda y ritual condena a las acciones de los kamikazes asesinos que atentaban en Israel con la misma realización lúcida y cínica que animó a los kamikazes que atentaron en Estados Unidos. 
Incluso con respecto a Yenín, señor Alto Representante, señor Comisario, desde Europa se ha alimentado el linchamiento de Israel con acusaciones de matanzas masivas antes de tener pruebas objetivas. 
Hoy, por fin, se está afirmando una verdad: no hay paz sin libertad y sin democracia. 
Señor Solana, usted nos ha garantizado el compromiso europeo con una Autoridad Palestina más democrática y más respetuosa con los derechos de los palestinos. 
Quitamos incluso el término "más". 
Sin embargo, esto implica que hay que reconocer que las tragedias del pasado se debieron en primer lugar a la falta de libertad y de democracia del pueblo palestino y de todos los demás pueblos que viven en esa región bajo el yugo de tiranías, satrapías y dictaduras. 
No podemos ser racistas. 
Debemos ser prudentes, pero no podemos pensar que libaneses, sirios, iraquíes y palestinos no tienen derecho a la libertad y a la democracia; debemos denunciar que con frecuencia los Estados que alimentan el terrorismo son precisamente los Estados que no quieren que se discuta de la libertad y de la democracia dentro de sus fronteras. 
Señor Comisario, cuando Netanyahu se pregunta cuál es nuestro juicio sobre la moción del Likud, cuando se pregunta qué Estado palestino- si un Estado libre y democrático o bien un Estado que vive en la ilegalidad y en el terror y que, por lo tanto, produce terror- tal vez plantea una pregunta útil también para nosotros y para usted. 
Saludamos la puesta en marcha de un proceso electoral en Palestina recordando, no obstante, que Arafat debía haber sido reelegido en 1999, que las elecciones no se celebraron y que entonces aún no había comenzado la Intifada. 
Señor Presidente, si intervengo en este debate es para hacerme eco, en este hemiciclo, del llamamiento que nos han hecho los participantes de la reunión ' Promover la paz? , que se celebró ayer por la noche en el marco de nuestra Comisión de Asuntos Exteriores. 
La Sra. Leila Shahid, representante de los palestinos, la Sra. Dayan, el Sr. Vilan, miembros de la Knesset, acudieron juntos para recordarnos, si fuese necesario, que la Unión Europea debía, por una parte, continuar denunciando todas las formas de terrorismo, procedan de donde procedan, y, por otra, fomentar la búsqueda de una solución, que, en su opinión, supone la aplicación del Plan Mitchell, que aún considero vigente, y la iniciativa árabe saudí ratificada en Charm-el-Cheikh. 
Las actuales discusiones en el seno del Likud se inscriben, evidentemente, en contra de la aplicación de uno u otros de dichos planes. 
Tengo a la vista las breves conclusiones adoptadas anteayer por el Consejo ' Asuntos Generales? de la Unión Europea. 
Deploro que los Estados miembros aún no hayan logrado pronunciarse sobre la perspectiva de esta Conferencia internacional, cuya urgencia e importancia acaba usted de subrayarnos, señor Alto Representante. 
Lamento, en cualquier caso, que al día siguiente de la posición adoptada por el Likud, el Consejo no haya recordado las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas y exigido su aplicación. 
Finalmente, me preocupa la posibilidad de una huida hacia delante del Likud, en contra de la propia opinión de Ariel Sharon, y desearía saber, señor Alto Representante, habida cuenta de su conocimiento del terreno, cómo prevé que evolucione la situación en Israel en caso de fragmentación de la coalición que hoy gobierna en dicho país. 
Señor Presidente, yo también pienso que en este debate es oportuno evaluar las novedades presentes en la dramática situación actual. 
Pongo entre las novedades positivas la solución del problema de la iglesia de la Natividad, a pesar de que creo que deberemos aclarar el status y el marco jurídico de la acogida europea de los trece palestinos. 
Pongo entre los elementos positivos también las declaraciones de hoy del Presidente Arafat ante el Consejo Legislativo Palestino, los compromisos por la reforma y la relegitimación de la Autoridad Palestina, así como la puesta en marcha del proceso electoral, la condena de los atentados contra la población civil y la lucha contra el terrorismo. 
Esta voluntad de reforma evidentemente se ha de comprobar y ayudar. 
Todo esto nos hace estar de acuerdo con lo que ha dicho el Comisario Patten. 
Entre las cuestiones negativas pondría la grave decisión del Likud. 
Hay que recordar, señor Galeote, que en este momento el Likud expresa la posición del jefe del Gobierno de Israel que ciertamente no es algo que se pueda minimizar y que, por el contrario, puede contribuir a alimentar el terrorismo que no ha acabado desde el momento que Hamás continúa expresando la voluntad de seguir con los atentados. 
Por otra parte, en los últimos meses hemos comprobado esta siniestra relación entre la derecha israelí y el terrorismo que se autoalimentan. 
Al igual que el general Morillon, yo también quisiera insistir en su juicio sobre el Gobierno israelí en este momento, puesto que es importante que Shimon Peres haya hecho esas declaraciones que usted, Sr. Solana, ha repetido; sin embargo, Shimon Peres también nos debe decir cuál es la posición del Gobierno del que forma parte en este momento. 
Por último, quisiera decir que la solución del drama de la iglesia de la Natividad fomenta el papel europeo. 
En esta ocasión Europa ha desempeñado un papel negociador. 
Por lo tanto, queda demostrado que según y como Europa puede desempeñar un papel. 
En consecuencia, no podemos dejar de pedir al Consejo que sea más valiente y más coherente, porque Europa puede tener efectivamente su papel y desempeñarlo con éxito. 
Señor Alto Representante, junto con otros colegas diputados asistimos, en Jerusalén, a la Jornada Europea, para convertirla en un día de la Paz. 
Nos reunimos con responsables políticos israelíes y palestinos, así como con ONG. 
No existen palabras, naturalmente, para expresar la atrocidad de las matanzas, pero prefiero, en este Pleno, transmitirles el mensaje que ellos nos han dado. 
Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble respecto a los valores que defiende, es urgente exigir la retirada de los territorios ocupados y reconocer el Estado Palestino, ratificando las fronteras de 1967, lo que implica el desmantelamiento de las colonias, el boicot de los productos procedentes de dichas colonias y el envío de una fuerza internacional de interposición para garantizar la protección del pueblo. 
La manifestación por la paz que el sábado 11 de mayo reunió a más de 70 mil ciudadanos israelíes en Tel Aviv, nos demuestra que es necesario superar los discursos humanitarios y pasar a los hechos. 
Nuestro Parlamento ha asumido sus responsabilidades adoptando resoluciones. 
No lo hacemos para tener la conciencia limpia y éstas no deben quedar en el cajón. 
Ahora incumbe al Consejo, el único habilitado para dar fuerza y vigor a nuestra resolución, el que acepte aplicarlas. 
Como ustedes saben, un grupo de ciudadanos europeos activos integran una fuerza de paz eficaz. 
Les pido solemnemente, en este Pleno, que sean dignos de estos ciudadanos: ¿esta Conferencia internacional no nos brindaría acaso la ocasión de reconocer el Estado palestino al lado del Estado israelí? 
Dicho reconocimiento daría confianza a los palestinos y podría generar una reforma legítima de las instituciones de la Autoridad palestina. 
No podemos menos que felicitarnos por el levantamiento de la ocupación y del sitio de la Basílica de la Natividad, en Belén: se trata de un rayo de luz en un paisaje que sigue siendo extremadamente sombrío. 
La perspectiva de la paz en Oriente Próximo se aleja a partir del cuestionamiento de uno de los dos fundamentos imprescindibles para alcanzar una solución política: la legitimidad y la seguridad del Estado de Israel y la necesidad para el pueblo palestino de disponer de un Estado. 
Ahora bien, estos dos fundamentos acaban de sufrir ataques particularmente temibles. 
Los palestinos, al adoptar con la segunda intifada una estrategia de terror en la que bombas humanas se quitan la vida para perpetrar terribles matanzas de civiles, han hecho que la violencia contra Israel dé un verdadero salto cualitativo, que ahora va acompañado de otro salto cualitativo con la negación del Estado palestino. 
La mayoría del partido mayoritario en Israel acaba de pronunciarse en contra de un Estado palestino, socavando así una de las bases de una solución política. 
Hay que superar este doble punto muerto. 
Usted se ha referido, señor Alto Representante- y se trata de la clave de una reactivación del proceso de paz -, a la necesaria reforma de la Autoridad palestina. 
Eso implica el ejercicio de un verdadero sentido de las responsabilidades y el abandono del terrorismo. 
Nadie podrá efectuar ese cambio en lugar de los palestinos, pero nuestra ayuda deberá estar rigurosamente ligada a dichos cambios. 
Los contribuyentes europeos, señor Presidente, ya no aceptarán seguir aportando una ayuda ambigua a una Autoridad ambigua, sino únicamente una ayuda justificada a una Autoridad que se comporte como un Estado en transformación. 
Señor Presidente, debido, sin duda, a la unanimidad, la actitud del Consejo sobre Oriente Próximo se caracteriza por una extrema desidia. 
Día tras día, desde hace varias semanas, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, las agencias de las Naciones Unidas, así como las ONG israelíes y europeas presentes in situ, nos informan y le informan, señor Alto Representante, de que en la Palestina ocupada se cometen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario y de que el comportamiento del Ejército israelí es inaceptable. 
La confirmación repugnante de ese comportamiento vandálico son los excrementos humanos y la orina derramados sobre los expedientes destrozados y las oficinas arrasadas del Ministerio de Cultura palestino en Ramala. 
Frente a este desencadenamiento de brutalidades, el Consejo no ha tomado en consideración nuestra resolución del 10 de abril por la que se exigía la suspensión del acuerdo de asociación con Israel. 
Hasta ahora el Consejo no ha decretado el embargo sobre las exportaciones de armas hacia Israel, y ello en contradicción flagrante con el Código de Conducta de 1998, en el que los Estados miembros se prohiben a sí mismos exportar armas hacia regiones en crisis. 
Peor aún, a diferencia del Presidente de la Comisión, que se ha pronunciado claramente al respecto, el Consejo no ha protestado formalmente contra la retirada por el Secretario General de las Naciones Unidas de la comisión de investigación sobre la matanza de Yenín. 
Se trata de un momento sombrío de la historia de las Naciones Unidas, jurídicamente inadmisible, e inadmisible también en los hechos. 
Los diputados europeos habrían preferido ver a sus ministros en primera línea para que el Sr. Sharon se sometiera a las exigencias del Derecho internacional. 
Y a través del acuerdo de asociación, señor Alto Representante, usted puede hacerse oír. 
Si se queda con los brazos cruzados, no deberá sorprenderse de que la violencia se imponga al Derecho en Oriente Próximo y en todo el mundo. 
Señor Presidente, se producen en estos días en la sociedad y en el Estado israelíes acontecimientos dispares y contradictorios. 
Los 100 000 manifestantes por la paz en Tel Aviv del pasado día 11, introducen, es verdad, la esperanza de una reacción social a la barbarie de Sharon. 
El lema de esta manifestación era suficientemente significativo: "Por la salvación de Israel, retirémonos de los territorios ocupados". 
Sin embargo, otras fuerzas de naturaleza distinta trabajan con denuedo para eliminar no ya el proceso, sino incluso el espíritu de Oslo. 
Es cierto que Netanyahu se encargó, antes de perder el poder en 1999 de fabricar un comité central del Likud a su manera. 
Tal vez ello relativice la reciente votación de este organismo en contra de la constitución de un Estado palestino, pero la resolución está ahí. 
Por si fuera poco, Netanyahu acaba de decir: Un Estado, con todos los derechos de un Estado (palestino, se entiende) , no es posible. 
No con Arafat; no con otro líder; no hoy ni tampoco mañana. 
El Likud acaba de actuar horas después de que los Jefes de Estado de Egipto, Jordania y Siria- nada menos que Siria, y lo recalco- manifestaran textualmente: Rechazamos la violencia en todas sus formas; nos reafirmamos en una verdadera paz con Israel. 
Ayer, como sabemos, el Parlamento israelí se comprometió a que Israel no reabra negociaciones políticas con los palestinos hasta que se cumplan dos requisitos: por un lado, el fin absoluto de la violencia- recalco el adjetivo "absoluto" y una profunda reforma de la administración palestina. 
Y Sharon pone la guinda: No habrá paz con un régimen dictatorial, corrupto y tiránico. 
Debe haber otra Autoridad Palestina. 
Hace unas horas, el Presidente Arafat ha hecho gala de excelentes reflejos: encajando la injerencia externa ha anunciado ante su Parlamento que es hora de cambios, reformas y elecciones y ha condenado los ataques suicidas. 
Sharon- cómo no- acaba de manifestar que Arafat no ha dicho nada nuevo. 
A la espera de que invente a corto plazo un nuevo pretexto para impedir la creación del Estado palestino y el arribo de la paz, el famoso Cuarteto, en mi opinión, debería movilizarse ya en un sentido exactamente opuesto. 
Señor Presidente, trataré de contestar a quienes han formulado preguntas y que están en la Sala y también a quienes han formulado preguntas y por razones de mayor interés han tenido que abandonarla. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Galeote y creo que es absolutamente imprescindible utilizar una ventana de oportunidad que no es grande sino pequeña. 
Creo que todas las intervenciones de los dignísimos representantes del Parlamento lo han puesto de manifiesto de una u otra manera. 
Hay algunos motivos de esperanza, pero hay todavía enormes motivos de frustración y de desesperanza. 
Lo que tenemos que hacer es aprovechar estos momentos, esta ventana de oportunidad- y creo que eso es lo que la comunidad internacional está tratando de hacer- para avanzar. 
No se van a dar unas circunstancias parecidas a las que tenemos estos días y que han sido señaladas por el señor Patten, por mí mismo y por muchos de sus Señorías. 
Por lo tanto, pongamos manos a la obra. 
Eso es lo que estamos tratando de hacer. 
Creo que hay que tratar de evitar y de hacer todo lo posible para que no se secuestre el proceso de paz. 
Hemos vivido demasiado tiempo, como consecuencia de un gran error político, de los famosos siete días de paz total. 
Esa famosa decisión de los siete días de paz total, condujo, sin ningún género de dudas, a que el proceso se alargara y no hubiera toma de decisiones. 
Creo que ahora tendríamos que hacer todo lo posible para que no haya ninguna conducta previa que nos impida empezar rápidamente, y en paralelo, a trabajar en las tres direcciones: seguridad, nueva composición de la Autoridad Palestina y nueva legitimación de la Autoridad Palestina y del proceso político. 
Los tres vectores- a mi juicio- deberían avanzar en paralelo y uno no debería secuestrar al otro ni viceversa. 
La tercera cuestión que yo quisiera mencionar, -tal como he dicho muchas veces y reitero hoy, pues estoy convencido de ello aunque puedo estar equivocado, si bien sé que, incluso en el Parlamento, hay gente que está equivocada- es que creo que hemos tenido una larga experiencia desde la Conferencia de Madrid, pasando por la Conferencia de Oslo hasta hoy, de procesos de paz; sin embargo lo que no hemos tenido, desgraciadamente, es la propia paz. 
Creo que ha llegado el momento de tener un proceso corto y una paz larga. 
Hemos tenido procesos de paz largos pero sin paz. 
Ha llegado el momento de hacer un proceso corto y rápido que nos haga llegar lo más rápidamente posible a la paz y, a partir de ahí, construir Oriente Medio, proceso en el que la oferta que han hecho los países de la región sea una oferta que podamos medir en términos reales. 
Lo que ofrecemos hoy es una mano tendida con unos compromisos que, por primera vez, son de carácter contractual. 
Me gustaría decir una cosa que no se ha dicho y que quiero reiterar. 
Ayer, el Presidente Arafat dijo en televisión una cosa que jamás había dicho o que, por lo menos, yo nunca había escuchado: habló del Estado de Israel como un Estado judío. 
Creo que el Presidente Arafat nunca se había expresado en dichos términos anteriormente. 
Esa frase, corta, con tres palabras, condensa una parte muy importante de la solución de uno de los problemas más difíciles: el problema de los refugiados. 
Por lo tanto, midamos bien cada una de las palabras, enunciadas por todos, y no sólo por una persona, porque a veces encontramos, en ciertas frases que no analizamos con profundidad, pensamientos que pueden tener consecuencias importantes para la solución del problema y, sin duda alguna, el problema de los refugiados seguirá siendo un problema fundamental para su resolución. 
Si me preguntan cuál debería ser el orden del día o la agenda más realista para la Conferencia, les respondería con toda honestidad, que en este momento no lo conozca. 
Creo que la agenda tiene que estar basada en los principios básicos, a saber, la paz por territorios, las resoluciones del Consejo de Seguridad y que, como he dicho anteriormente, tendría que incluir un elemento fundamental, que es nuevo: la Iniciativa de Beirut que, como he dicho antes, no sólo ofrece también un marco en las pistas de negociación clásicas de Madrid, sino que introduce también un ámbito regional que puede tener una utilidad fundamental para la resolución del problema. 
Se ha dicho que el reconocimiento del Estado palestino tiene que hacerse lo antes posible. 
Estoy de acuerdo, pero ello no tiene que ser antes que los palestinos lo deseen. 
Si sus Señorías vinieran conmigo a preguntarle a Arafat, en este mismo momento, si le gustaría que, esta misma tarde, se proclamara el Estado palestino, seguramente nos diría: "no vayan ustedes tan deprisa y esperen un poco". 
Ahora no es el momento, por lo tanto, hagamos las cosas de acuerdo con el ritmo que también los propios palestinos desean. 
Los palestinos saben que, a día de hoy, si se pusiera en marcha el Estado palestino, no estarían en condiciones de poderlo hacer con la eficacia con la que nosotros desearíamos que lo hicieran y, por ello, hay que darles también la oportunidad de que se preparen adecuadamente y de que tengan las garantías de que dicho Estado palestino sea un Estado que funcione, que sea viable y que defienda los valores que todos nosotros y, sobre todo, todos ellos, o la mayoría de ellos, quieren que se respeten. 
En cuanto al tema del terrorismo, creo que tenemos que seguir diciendo una y mil veces que no es posible llegar a la paz mientras haya suicidas que no solamente se matan ellos a sí mismos sino que matan a los demás. 
Eso lo tenemos que decir y reconocer, tanto en esta Cámara como en cualquier otra. 
El otro día le decía al Presidente Arafat que él necesita a "los mejores", a su juventud, para construir el futuro y el futuro no se construirá si "los mejores" se asesinan y asesinan. 
Lo mejor que puede hacer es convencer a esos jóvenes de que sean partidarios y partícipes de la construcción del Estado palestino. 
Todos serán necesarios. 
Y ese profesor de matemáticas o esa profesora de literatura que se asesina asesinando hubiera sido fundamental para enseñar literatura en la universidad cuando el Estado palestino funcione y el otro joven podría haber sido un buen matemático. 
Eso es lo que los líderes de Palestina deben decir, con voz clara, a sus ciudadanos: ¡sois todos necesarios! 
El Sr. Cohn-Bendit sugería que se diera un año para la creación del Estado palestino y para que las Naciones Unidas declaren su existencia. 
Yo no quiero discutir sobre este plazo: no sé si es mejor un año que nueve meses o que veintidós meses. 
Esta es una decisión que no nos corresponde a nosotros, sino a los palestinos, pero sí es verdad que, cuanto antes sea y cuanto antes estén preparados mejor. 
Para su creación, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas será la manera más lógica y adecuada de reconocer la existencia de un Estado. 
El señor Poos ha dicho cosas muy sensatas y con muchas estoy totalmente de acuerdo, en otras tendría matizaciones que hacer pero, en general, creo que estamos en la misma longitud de onda en cuanto a la soluciones que unos y otros aportamos. 
Sí quisiera decirle a mi buen amigo, el diputado Jacques Poos, que creo que aquí alguien se ha podido quedar con las manos cruzadas. 
Sus Señorías saben muy bien que quien les habla nunca ha estado con las manos cruzadas, ni cuando era ministro representando a su país- cuando era colega suyo y tuvimos muchos momentos para hablar -; por lo tanto, seamos también respetuosos con las palabras que utilizamos. 
Si su Señoría piensa que yo he estado con las manos cruzadas en este conflicto, creo que se equivoca y, si me lo permite, podría hasta echar la vista atrás para ver momentos en el que el Consejo Europeo sí que ha estado con las manos cruzadas. 
En cuanto al señor Emilio Menéndez del Valle, una vez más respeto lo que dice y aprecio la pasión con la que desde hace mucho tiempo, defiende el proceso de paz, pero creo que no debemos caer en una ingenuidad- que no es suya, sino, en general, de muchos otros -: creo que el partido Likud va a seguir diciendo lo mismo que ha dicho siempre y no es de esperar que cambie de posición en este momento. 
No podemos esperar que el partido del Likud aplauda la creación inmediata del Estado palestino. 
No lo va a hacer. 
Lo que sí es verdad es que es muy posible que, dentro de muy poco tiempo la posición de dicho partido no sea la misma que la mantenida por el Consejo del otro día, tal como vimos y como hemos visto a lo largo de muchos años. 
Don Emilio Menéndez del Valle, gran conocedor del tema, conoce muy bien la firma que estampó el señor Netanyahu cuando era Primer Ministro del Gobierno, lo que el anterior Presidente del Gobierno de otro partido político fue incapaz de hacer. 
Por lo tanto, hemos visto muchos cambios de posición- no hablaré de oportunismo- a lo largo de la vida y, en el Oriente Medio, todavía tendremos que ver muchos más. 
Lo importante es que los que veamos se encaminen hacia un futuro de paz y de justicia. 
Creo que la Unión Europea está, sinceramente, cumpliendo con sus obligaciones. 
No podemos resolver el problema solos, pero ninguno puede resolver el problema sin nosotros y ahí reside nuestra fuerza y la vía por la que nos tenemos que poner en marcha. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, procedemos a continuación a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Reforma del Consejo. 
. Señor Presidente, entramos en un tema completamente distinto y tendremos que adaptar nuestro "chip" mental a la nueva situación. 
Querría, muy brevemente, hacer partícipes a sus Señorías de dos cuestiones. 
La primera trata de un informe que tuve el honor de elaborar por encargo del Consejo, con el objeto de estudiar si, antes de que finalizara todo el proceso de reformas de la Unión Europea- sobre todo las reformas institucionales- el Consejo podría tener un funcionamiento más eficaz, por supuesto dentro de los esquemas jurídicos y legales que existen hoy y a expensas de lo que la Convención y, más tarde, la propia Conferencia Intergubernamental, pudieran decir. 
Las propuestas que han estado sobre la mesa y que están siendo analizadas en este momento, a fin de que algunas de ellas se puedan aprobar en el Consejo Europeo de Sevilla, son muy sencillas y fáciles. 
La primera implicaría un cambio en el funcionamiento del Consejo Europeo. 
Éste, como saben ustedes, tiene un funcionamiento que, por lo menos a mi juicio, no es el que debería tener. 
El Consejo Europeo nació para ser el motor de las grandes estrategias políticas de la Unión Europea y, por lo tanto, tendría que disponer de un mecanismo de gestión más ágil, más sencillo y más dirigido a ese objetivo. 
Hoy el Consejo Europeo tiene órdenes del día excesivamente cargados, que los propios Jefes de Gobierno no tienen tiempo de preparar. 
Dichos Jefes de Gobierno dedican una parte muy importante de su tiempo a aprobar unas conclusiones de una cantidad ingente de folios- a veces de más de 60- que cuesta muchísimo escribir y, seguramente, el esfuerzo que se realiza para su elaboración no se corresponde con el número de personas que los leen. 
Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que el Consejo Europeo funcione de una forma más ágil y más racional, como funciona un Consejo de Gobierno en la mayoría o en todos los países de la Unión Europea, con órdenes del día bien preparados y enfocados hacia la decisión en aquellos Consejos que así lo requieran.