Esto es lo que se hace desde hace años y no se puede cambiar a placer, a veces así, otras adelantándolo o atrasándolo. 
Quizás se debería comunicar esto de nuevo a los colegas. 
Los colegas deben trabajar aquí hasta el viernes para que a mediodía nos podamos ocupar también de nuestros visitantes. 
Señor Presidente, quizás pueda yo ayudar. 
La ponente ha declarado que está de acuerdo con su propuesta, es decir, con la propuesta del Sr. Presidente. 
Recapitulo: el Sr. Presidente ha dicho que votamos esta tarde a las 17.30 horas sobre el aplazamiento de la votación a la próxima sesión plenaria. 
Ruego que procedamos ahora así. 
Sarah Ludford ha declarado que está de acuerdo con ello. 
Es decir, a las 17.30 horas votación sobre que se aplace el informe Ludford a la próxima sesión plenaria. 
Yo lo solicito. 
No hay absolutamente ningún problema con eso. 
Se ajusta perfectamente al Reglamento. 
Puede hacerse inmediatamente antes de la votación. 
Es un procedimiento habitual. 
Por eso no puedo incluirla ahora. 
El Reglamento dice que hay que proponer el aplazamiento antes de la votación. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Graefe zu Baringdorf (A5-0044/2000) 
La cuestión de la salud animal nos merece la mayor atención, en particular con las especies bovina y porcina. 
A eso se debe la importancia de la fiscalización sanitaria en materia de comercio intracomunitario de animales de esas especies. 
Ese planteamiento debe tener también en cuenta la necesidad de prestar más atención a la erradicación definitiva de enfermedades como la leucosis, la tuberculosis y la brucelosis a los procedimientos adecuados en el sector de la salud. 
Pero conviene no olvidar la necesidad de apoyar debidamente a los productores, prestando atención especial a las pequeñas explotaciones y a la agricultura familiar, dado que, como sucede en Portugal, muchas veces la ya de por sí baja renta de los pequeños agricultores resulta profundamente afectada por esas enfermedades que, generalmente, los bajos importes de las indemnizaciones no compensan. 
Así, pues, es necesario que en el futuro haya una intervención que permita resguardar debidamente los intereses de los consumidores y de los productores, sobre todo de los pequeños agricultores. 
Informe Ferrer (A5-0066/2000) 
. (DA) No podemos votar a favor del informe debido a las graves violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en México. 
Un hecho que hace poco ha quedado reflejado en un informe de Anmistía Internacional de diciembre de 1999, donde se señalan, entre otros puntos, los graves problemas en la zona de Chiapas. 
Nos parece estupendo la inclusión en el acuerdo comercial de una exigencia relativa al fomento de la democracia en México- incluido, el respeto de los derechos humanos- sin embargo, mientras que esta exigencia no se vea acompañada por acciones concretas, sólo serán palabras huecas. 
En el antiguo acuerdo comercial con México también se había incluido una cláusula de democracia y no se ha cumplido. 
En consecuencia, se ha de presionar a México a través de organizaciones internacionales como la ONU y de cada país y sólo cuando se hayan producido mejoras radicales en el terreno de los derechos humanos, consideramos posible celebrar un nuevo acuerdo comercial con México. 
En su reunión del 7 de mayo de 1999, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo global UE/México, cuando ningún diputado conocía los términos de las negociaciones de su parte comercial. 
Por otra parte, en México continúan la impunidad, las violaciones de los derechos humanos, la represión de los movimientos sociales y una guerra no declarada contra los indígenas de Chiapas- elementos denunciados, entre otros, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y esos procedimientos son contrarios a los compromisos subscritos por las autoridades mexicanas en este acuerdo (título 1, artículo 1). 
El Acuerdo de Asociación está concebido para servir a los intereses de las grandes empresas transnacionales de las dos riberas del Atlántico, como lo demuestra el contenido del título IV del texto, que hace referencia a los "movimientos de capitales y a los pagos relativos". 
En la rúbrica relativa al comercio, volvemos a ver varios de los aspectos más peligrosos del AMI (Acuerdo Multilateral sobre Inversiones). 
Por último, este acuerdo pasa por alto la mayoría de las propuestas de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y ecologistas de México y de la Unión Europea, que quieren, por su parte, que la colaboración social, cultural y política prevalezca sobre los aspectos mercantilistas. 
Por todas esas razones, votamos contra la ratificación de este acuerdo. 
- (DE) He votado en contra el acuerdo UE-México no porque en principio esté en contra de una cooperación más intensiva de la Unión Europea con México sino porque el acuerdo, en la forma que figura para su votación, no es equilibrado y es erróneo desde una perspectiva política de desarrollo. 
México nunca había realizado tantas concesiones frente a un socio comercial mucho más fuerte como ahora frente a la Unión Europea. 
Las repercusiones sobre México no se pueden prever. 
Ya el acuerdo NAFTA ha hecho que amplias partes de la población mexicana se hayan empobrecido y que pequeñas empresas se hayan hundido. 
Las disposiciones del acuerdo sobre el que hemos votado van incluso más lejos que las de la NAFTA. 
Por ejemplo, la liberalización perseguida de las inversiones cubre todos los sectores económicos. Aquí surge un pequeño MAYO. 
La desigualdad de bienestar ya existente y las desigualdades entre la Unión Europea y México se agudizan. 
Mientras que México ha tenido que hacer numerosas concesiones a Europa (por ejemplo, en los sectores de la agricultura, inversiones, sector de adquisiciones públicas) , la UE determina para ella misma las excepciones y limitaciones con las que quiere mantener alejada a la competencia. 
Que la parte europea, sobre todo los grandes consorcios de Europa, se van a beneficiar del acuerdo con México, es evidente. 
Se trata de un regalo a la gran industria europea. 
Por el contrario, no va a contribuir a mejorar la situación de vida y de trabajo de las personas en México. 
Es de esperar lo contrario. 
No se dice nada de los derechos y estándares sociales de las trabajadoras y trabajadores. 
Contradice objetivos de la política de desarrollo. 
Por ello, entre otras cosas, las ONG mexicanas han exigido al Senado de su país que no firme el acuerdo. 
Lo que no ha logrado la UE en la Conferencia de Ministros de la OMC de Seattle, debido, entre otras cosas, a la resistencia de países en vías de desarrollo, lo intenta imponer ahora en el marco de acuerdos individuales con países en vías de desarrollo y emergentes. 
Su objetivo principal en el caso presente es acceder al lucrativo espacio de la NAFTA a través de México mientras que las condiciones de vida de las personas no se tienen en cuenta. 
Este acuerdo no representa un avance deseable en las relaciones entre Europa y México ni es un ejemplo para acuerdos de carácter similar que se puedan acordar en el futuro, por ejemplo, con Mercosur. 
Los acuerdos con países en vías de desarrollo deben servir sobre todo a su desarrollo y no al de los consorcios europeos. 
Resolución común sobre el programa legislativo anual 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, quiero dar la explicación de voto sobre el programa legislativo de la Comisión. 
Nos hemos abstenido como grupo en esta votación. 
Como ya aclaramos durante el debate del martes, se debe a que creemos que el proceso tiene fallos, y no necesariamente a que discrepemos con el contenido. 
Hecha esta observación por esta vez, nos gustaría que el proceso se revisara de cara al futuro de manera que se convierta en algo más que un intercambio de listados entre el Parlamento y la Comisión. 
Queremos algo que tenga más consistencia y sentido. 
Hemos votado contra la propuesta de resolución común, pues constituye un descargo concedido de antemano a la Comisión Europea que desaprobamos tanto en la forma como en el contenido. 
Nos hemos abstenido sobre la resolución del Grupo GUE, pues, si bien estamos de acuerdo con muchas de sus críticas a la Comisión, en el considerando califica la Comisión de "instrumento institucional indispensable", posición que no es la nuestra. 
Informe Duff/Voggenhuber (A5-0064/2000) 
Señor Presidente, ayer oímos mucho a los oradores de la mayoría federalista de este Parlamento decir que la Carta de Derechos Fundamentales en preparación iba a dar un gran acelerón a los derechos de los ciudadanos. 
Sin embargo, las condiciones en las que se lanzó esa operación atestiguan más bien un desprecio de la opinión de los ciudadanos y pueden inspirarnos graves inquietudes sobre sus consecuencias. 
En primer lugar, hace unos meses vimos aparecer en un punto de las conclusiones de Colonia, en los párrafos 44 y 45, la decisión de iniciar la redacción de una Carta de Derechos Fundamentales. 
¿Quién había sido consultado previamente? 
Nadie y en particular no los parlamentos nacionales, que nunca habían oído hablar de ella. 
Ahora bien, conviene recordar, de todos modos, que los derechos fundamentales corresponden esencialmente al poder originario de los parlamentos nacionales y, en su totalidad, de los diferentes pueblos de Europa. 
Naturalmente, algunos dirán que se trataba simplemente de hacer una nueva presentación de derechos vigentes, pero está claro que la operación va a ir mucho más lejos, pues el Parlamento Europeo expresa ya su deseo de que sea una carta innovadora. 
En cualquier caso, no había motivo para marginar a los parlamentos nacionales. 
Éstos últimos figuran ahora en la convención que está preparando la Carta, pero como un interlocutor más, que hará de garante a un trabajo que no habrá controlado. 
Peor aún: no participarán siquiera en la etapa final, ya que las conclusiones de Colonia establecieron que la Carta sería proclamada conjuntamente por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Sí, he dicho bien: "la Comisión". 
Así, los parlamentos nacionales se ven marginados y substituidos por un órgano de funcionarios, que va a "proclamar la Carta". 
Se pasa por alto la democracia, supuestamente por el bien de los ciudadanos, pero, ¿acaso no es así como funciona Europa habitualmente? 
Señor Presidente, a pesar de algunas objeciones he votado a favor del informe porque se ha aceptado la excelente enmienda de la colega Morgan relativa a los idiomas y culturas de las minorías. 
Me habría alegrado si la enmienda del colega Vidal hubiese encontrado también apoyo. 
Pero creo que hemos dado un importante paso hacia una protección más intensa de las minorías tradicionales existentes en la Unión Europea. 
No podemos plantear continuamente criterios a los candidatos a la adhesión que nosotros mismos no cumplimos. 
Señor Presidente, mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, es defensor de una colaboración democrática desde la base con todos los pueblos europeos, pero no lo es de un gran superestado europeo a la manera de los Estados Unidos de América. 
Una constitución europea puede ser el embrión de un superestado de este tipo. 
Por esta razón he apoyado una serie de enmiendas del Grupo UEN y del grupo EDD al informe Duff-Voggenhuber. 
No he hecho lo mismo con las enmiendas de tipo parecido que ha presentado el grupo TDI, si bien comparto plenamente las críticas formuladas en ellas sobre la omisión de los parlamentos nacionales, la falta de consultas populares y los intentos de convertir a la Unión Europea en un superestado. 
Si los partidos que componen el Grupo TDI fueran siempre consecuentes con respecto a la igualdad de todos los seres humanos y con la democracia, seguramente habría apoyado sus enmiendas. 
No obstante, en mis reflexiones he tenido que tener en cuenta cuál es la visión del mundo de los que presentan las enmiendas. De todos los grupos aquí representados, son los que menos en consideración toman la igualdad, la democracia y los derechos humanos. 
Por eso no he podido apoyar sus propuestas. 
Señor Presidente, esta semana hemos tratado en este Parlamento de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y hemos concretado- entiendo que adecuadamente- los derechos individuales de los ciudadanos. 
Pero yo, como representante del País Vasco, todavía echo en falta- y espero que se incluyan próximamente- los derechos colectivos, como, por ejemplo, el derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones europeos que tienen conciencia colectiva de serlo, y ello para que, si así lo deciden sus ciudadanos democrática y mayoritariamente, puedan integrar la Unión Europea de forma directa, y no sólo a través de los actuales Estados. 
También hemos aprobado la inclusión del derecho a la protección de la diversidad de las lenguas y culturas de Europa, especialmente de aquellas lenguas nacionales y regionales menos difundidas y utilizadas, lo cual viene a hacer justicia también a las lenguas oficiales de las comunidades y regiones autónomas, como es el caso del euskera en el País Vasco. 
En este mundo- que cada vez es más global -, algunos pretenden imponernos la homogeneización, como si todos fuéramos militares o unidades de la cadena de producción. 
Y yo quiero reivindicar el derecho a la propia identidad individual y colectiva, el derecho a la diversidad y a la diferencia. 
Éste sí que es un derecho fundamental que merece la pena defenderse en la Unión Europea. 
. 
(SV) El asunto más importante para el futuro de la UE es, en este momento, que en la Conferencia Intergubernamental se alcance unanimidad en torno a las reformas necesarias para que la ampliación se realice de acuerdo a un calendario prefijado. 
Por eso es interesante que en la Cumbre de Niza se adopten decisiones sobre los leftovers de Amsterdam. 
Hemos votado a favor de que la Carta de derechos fundamentales de la UE se incorpore a las decisiones de la Conferencia Intergubernamental, para asegurar de esta manera los derechos de los ciudadanos frente a las instituciones comunitarias. 
La Carta es una expresión del anhelo de acercar la Unión a los ciudadanos. 
Nuestro punto de partida ha sido que el trabajo de revisión del Tratado debe continuar después de Niza y que la Carta de derechos fundamentales de la UE forme parte de este proceso. 
. (DA) El informe del Parlamento Europeo sobre la carta está caracterizado por un tema transversal: el deseo de una ciudadanía de la Unión dentro de una formación estatal supranacional, le guste a uno la expresión o no. 
Esta forma de pensar difiere radicalmente de nuestra visión de una comunidad europea. 
La Unión es y debe seguir siendo una asociación de estados. 
De ahí que debamos asegurarnos de que la carta no intervenga de ninguna forma en las constituciones nacionales de los Estados miembros o en los regímenes equivalentes de derechos fundamentales. 
Esto no supone respaldar la postura de que los poderosos puedan hacer y deshacer dentro de las fronteras de un país dado, sino expresa el carácter justamente universal de los derechos humanos y la necesidad de disponer de herramientas universales para protegerlos. 
Además, no deseamos ver dos conjuntos de derechos en el continente europeo- uno para los ciudadanos de los países comunitarios y otro para los ciudadanos de los países no comunitarios. 
Luego es importantísimo que una eventual carta comunitaria tampoco afecte sino que más bien exija la ratificación por parte de los países miembros de los convenios y declaraciones sobre derechos internacionales existentes. 
Aumentan los problemas al asumir la UE cada vez más competencias como estado sin poder comprometerse de acuerdo con, por ejemplo, la Convención Europea de Derechos Humanos. 
No obstante, no nos parece una solución que la UE se adhiera a la Convención de Derechos Humanos como "persona" jurídica pues no compartimos la opinión de que la UE tenga o deba tener estatuto de identidad político-estatal específica. 
Tampoco respaldamos el proceso constitucional del que forma parte integrada la aprobación de una carta. 
Preferiríamos que en el tratado quedara reflejado que la autoridades comunitarias respetan la competencia y las decisiones del Tribunal de Derechos Humanos. 
Esta práctica jurídica hace posible condenar un aspecto criticable del derecho comunitario, planteado por el uso de éste por parte de un Estado miembro. 
La jurisdicción del Tribunal de Justicia de la CE no debe comprender ámbitos que ya están garantizados por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o por otros órganos internacionales. 
Si se piensa que las convenciones existentes no son suficientes, por ejemplo, porque el desarrollo biotecnológico supone la aparición de nuevos problemas, es un problema internacional al que hay que tratar de hallar soluciones internacionales. 
No es sólo cuestión de la UE y hemos de tratar de alcanzar un consenso internacional/global en los foros internacionales. 
De ahí que votemos en contra del informe en su conjunto. 
Nuestra abstención respecto de la Carta no entraña una oposición a su carácter europeo. 
Al contrario, estamos convencidos de que el futuro es de una Europa sin fronteras, con pueblos unidos de un extremo a otro del continente. 
Sin embargo, las instituciones europeas, igual que las instituciones nacionales, son infinitamente más representativas de los intereses del gran capital que de los de los pueblos en general y de la población trabajadora en particular. 
Los derechos y las libertades democráticos, como la propia democracia, no pueden expresarse verdaderamente sino en la medida en que no se opongan a los intereses de los grandes grupos industriales y financieros. 
Ya se opte por una o por otra de las dos evoluciones institucionales que figuran implícitamente en el debate centrado en la Carta, esos grupos pueden adoptar, con toda soberanía, decisiones económicas catastróficas para toda una población y que pueden provocar, por ejemplo, cierres de fábricas, la ruina o la contaminación de toda una región. 
En consecuencia, consideramos que una Europa verdaderamente unificada y democrática no puede existir sino en la medida en que se haya liberado del poder de hecho de los grandes grupos industriales y financieros, condición necesaria para un control real y democrático de los pueblos sobre sus instituciones. 
Con gran satisfacción me enteré, en junio del año pasado, de la decisión del Consejo Europeo de Colonia de convocar la convención (compuesta de representantes de los jefes de Estado o de Gobierno, del Parlamento Europeo, de los parlamentos nacionales y de la Comisión) encargada de redactar una Carta de Derechos Fundamentales. 
Dicha Carta resulta indispensable para la prosecución en buenas condiciones de la profundización política de la Unión Europea. 
En efecto, permitirá colmar un déficit que existe desde que empezaron a desarrollarse las competencias de la Unión y la Comunidad Europea y las instituciones europeas adoptan decisiones que afectan cada vez más directamente a la vida de los ciudadanos europeos. 
Éstos últimos deben disponer de un texto al que referirse para apoyar su defensa ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Para ello hay que establecer un recurso conforme a ciertas modalidades. 
La Carta contribuirá, además, a la formulación de un "patrimonio colectivo de valores y principios en el que se reconozcan los ciudadanos y que inspire las políticas de la Unión", patrimonio que debemos defender sin cesar ante los resabios racistas y xenófobos, ¡que, por desgracia, no han desaparecido! 
Como representante de los pueblos de la Unión Europea, nuestro Parlamento debe mostrarse particularmente vigilante respecto del contenido de este documento. 
Las esperanzas de los ciudadanos europeos deben incitarnos a ser ambiciosos. 
Nuestras exigencias están claras. 
La Carta deberá ser jurídicamente vinculante, gracias a su incorporación en el Tratado. 
Para ello, la Comisión de Asuntos Constitucionales pide al Consejo que inscriba la Carta en el orden del día de la CIG. 
Todo modificación de la Carta deberá seguir el mismo procedimiento que para su elaboración, incluido un dictamen conforme del Parlamento Europeo. 
Toda disposición de derecho derivado que pueda afectar a los derechos fundamentales deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo. 
Se debe reconocer la indivisibilidad de los derechos fundamentales y se debe extender el ámbito de aplicación a todos los órganos y las instituciones de la Unión y a todas sus políticas (incluidas las correspondientes a los pilares segundo y tercero) , en el marco de las competencias que le ha conferido el Tratado. 
Los Estados miembros deberán respetar la carta en la medida en que apliquen o transponga el derecho de la Unión. 
En cuanto al contenido propiamente dicho de la Carta, la distribución de los derechos en tres categorías parece conveniente. 
La Carta consagraría derechos cívicos, directamente vinculados con la ciudadanía europea, como el derecho de voto, el derecho de petición, el derecho de recurso al Defensor del Pueblo; derechos de la persona, es decir, el conjunto de derechos protegidos por las diversas organizaciones internacionales y los derechos nuevos (bioética, protección de los datos personales) ; los derechos sociales: derecho a una renta mínima, derecho de huelga, derecho a subsidios de desempleo. 
¡Concluiré diciendo que se debe concebir esta Carta como una pieza fundamental de un proceso que debe servir para dotar a la Unión Europea de una constitución! 
. (EN) Deseo exponer las razones por las que me he sentido obligado a abstenerme en la votación final, a pesar de que al igual que otros diputados estoy totalmente a favor de la protección de los derechos y las libertades fundamentales, así como de que se tengan en cuenta los futuros avances en materia social. 
En la Unión Europea, los Estados miembros ya han ratificado y transpuesto a sus respectivos sistemas jurídicos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, documento que a pesar de tener casi 50 años, ha demostrado ser capaz de evolucionar a la par que han ido cambiando las condiciones y han ido surgiendo nuevos derechos. 
Creo que lo que ahora se propone en esta Carta terminará por acarrear conflictos entre la interpretación de los derechos según los diferentes documentos, lo cual podría crear un vacío legal e, irónicamente, reducir los derechos existentes. 
Necesitamos más tiempo para debatir sobre estos posibles conflictos. 
. 
(SV) En la reunión del Consejo en Colonia se decidió acerca de la elaboración de una Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. 
La Carta recopilaría y fijaría los derechos contenidos en los Tratados, haciéndolos más claros y conocidos. 
Damos la bienvenida a esta Carta de derechos fundamentales que, obviamente, también deberá comprender los derechos contemplados en las convenciones internacionales suscritas por los países miembros. 
Asimismo, los derechos humanos deben ser concebidos como un problema de carácter global e internacional y no sólo como un asunto de interés para los ciudadanos de la UE. 
Sin embargo, tenemos dudas acerca de hacer obligatoria esta Carta antes de que se aclare completamente su alcance. 
La relación entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribual Europeo parece ser muy complicada desde el punto de vista jurídico y podría afectar a la Convención Europea sobre Derechos Humanos. 
Opinamos que son muchos los asuntos que hay que estudiar antes de decidirse por un modelo. 
Por estos motivos nos abstenemos en la votación final. 
. (DA) Los cinco diputados del Partido Liberal al Parlamento Europeo, Bertel Haarder, Anne E. Jensen, Ole Andreasen y Niels Busk, hemos votado hoy en contra del punto 14a del informe, puesto que nuestro deseo es mantener la carta fuera de la Conferencia Gubernamental. 
. (EN) Este informe confirma nuestro peores temores acerca de las intenciones de algunos en lo que respecta a la Carta y ése es el motivo por el que hemos votado en contra. 
No votamos en contra de la Carta en sí, pero hasta ahora, el proceso parece sugerir que se ha desaprovechado la oportunidad de proteger a los ciudadanos de Europa de los abrumadores poderes de las instituciones comunitarias. 
Existe un vacío que debe llenarse con la garantía de los derechos fundamentales a los ciudadanos de los Estados miembros en lo relativo a la regulación y la legislación europeas. 
Este informe da la espalda a esta necesidad y restringe el potencial de la Carta. 
Con nuestra votación en contra, hemos intentado mejorar el contenido en beneficio de los diputados de los Estados nación de Europa que podrían verse afectados y algunas de las enmiendas que hemos respaldado persiguen precisamente este objetivo. 
Los diputados Conservadores al Parlamento Europeo seguiremos examinando la evolución de la Carta propuesta a través de nuestro representante en dicho organismo, Timothy Kirkhope, diputado al PE por Yorkshire, y mantendremos conversaciones con nuestros colegas del Parlamento Europeo y seremos todo lo positivo posible en este ejercicio. 
No obstante, no tenemos demasiadas esperanzas de convertir todo este ejercicio en algo que sea realmente positivo en la tarea de invertir la tendencia de la burocracia legislativa y el exceso de regulación, de manera que proteja realmente los derechos humanos de los ciudadanos de Europa. 
El debate sobre la Carta de Derechos Fundamentales revela la ausencia de legitimidad y transparencia de la construcción de Europa. 
Pues lo que hoy prevalece sobre los derechos humanos es el derecho de competencia y de beneficio. 
Nosotros estamos a favor de otra lógica, partiendo de la exigencia de subordinación de la economía a la satisfacción de los derechos y las necesidades humanos y ecológicos. 
La elaboración de la Carta debería hacerse mediante un gran debate público, con la participación de todos los pueblos, incluidos los de países candidatos, de los sindicatos, las asociaciones, los movimientos femeninos, de desempleados, en un proceso constituyente. 
A partir de los logros más avanzados, semejante Carta debería combinar derechos sociales y derechos democráticos. 
Reducción radical de la jornada laboral que imponga las contrataciones y no la flexibilidad; prohibición de los despidos; requisición de las viviendas vacías; igualdad y derecho de elección para las mujeres; derecho de voto y de circulación para los inmigrados: eso es lo que debería figurar en ese texto. 
Semejante Carta sería un punto de apoyo para todos cuantos luchan contra una Europa que despide a los asalariados o que expulsa a los indocumentados. 
- (DE) No he votado a favor de la resolución a pesar de que estoy a favor de elaborar una Carta de los Derechos Fundamentales ya que contiene exigencias que van mucho más allá del objetivo y nos arriesgamos a una gran confusión debido a las diversas formulaciones de los mismos derechos y, en especial, a poner en peligro la universalidad de los derechos humanos. 
Tampoco soy de la opinión de que esta Carta deba contener derechos económicos y sociales demandables ante los tribunales. 
Estos últimos están reservados al derecho laboral de los Estados miembros y a la autonomía de los interlocutores sociales. 
Aquellos que quieren sobrecargar el carro, por ejemplo, mediante nuevos derechos fundamentales en los campos de las tecnologías de la información, de la biología y del medio ambiente y que ven en la carta de los derechos fundamentales un elemento componente de una Constitución Europea, proporcionan un flaco servicio a la positiva idea de una Carta de la Unión que contenga unos derechos fundamentales demandables subjetivamente. 
Preferiría mucho más una rápida adhesión de la Unión Europea y, naturalmente, de todos los Estados miembros de la UE, al Convenio de los Derechos Humanos de 1950 que un litigio programado de antemano sobre nuevas formulaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión. 
Para garantizar una jurisprudencia unitaria e impedir interpretaciones diferentes, se debería reservar la jurisprudencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha hecho de la Convención de 1950 un instrumento dinámico gracias a la calidad de su jurisprudencia de 40 años y que tiene plenamente en cuenta las transformaciones sociales, económicas y éticas de nuestra sociedad. 
De la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer se puede ver qué disparidades y divergencias pueden provocar diferentes perspectivas de carácter ideológico pues, por ejemplo, exige que la Carta de los Derechos Fundamentales debe contener una cláusula sobre una prohibición de la discriminación de la orientación sexual pero afirma que los derechos de la familia, como tal, no existen. 
Es necesario ser precavido frente a unas propuestas generosas y quizás bien intencionadas si queremos impedir que en la UE se paralicen procesos decisorios debido a una gran cantidad de recursos lo que obligaría al Tribunal Europeo de Justicia más que a duplicar el número de jueces y nadie sabría dónde puede reclamar sus derechos y cuánto tiempo tendría que esperar a una sentencia. 
. (SV) Damos la bienvenida al trabajo que se inicia sobre la elaboración de una Carta de derechos fundamentales de la UE. 
Una carta de esta naturaleza tiene un enorme valor simbólico y fortalecerá la confianza de los ciudadanos en la Unión y en la integración europea. 
La Carta de derechos fundamentales debe entenderse como un complemento de la Convención Europea de Derechos Humanos, que, en nuestra opinión, debe incorporarse al Tratado. 
La Carta debe concentrarse en las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones europeas. 
Su primer objetivo debe ser garantizar que la Unión se gobierne de forma abierta. 
La Carta debe ser obligatoria, incorporándosele también en el Tratado de la UE. 
La Carta no debe ser solamente una declaración, sin normas vinculantes para las instituciones de la UE y para los Estados miembros. 
Queremos hacer hincapié en el principio de la subsidiariedad y en que la Carta se concentre en los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal como se deriva de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. 
Queremos destacar la importancia de la dimensión social de las actividades comunitarias, pero opinamos que la política social es un asunto que deben decidir separadamente los Estados miembros. 
La Carta de Derechos Fundamentales es el último avatar de la deriva constituyente de las legislaciones comunitarias. 
En efecto, el interés de semejante texto es evidente, si lo consideramos como el posible preámbulo de una Constitución Europea; a la inversa, sería redundante en el caso de Estados miembros que incluyan dichos derechos en su propia Constitución y sus tradiciones jurídicas y los confirmen con la ratificación de los textos internacionales como el Convenio Europeo y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Siempre se pueden imaginar soluciones para mejorar la aplicación de los textos vigentes, pero el carácter tecnocrático de la construcción comunitaria se impone aún hoy mediante el recurso a la elaboración de un texto suplementario cuyo carácter repetitivo será difícil de evitar. 
Sin embargo, lo que más me inquieta es el contenido que se pretende dar a sus derechos. 
En efecto, en este mismo período de sesiones examinamos informes de la Comisión de Libertades Públicas que nos presentan una visión libertaria de la sociedad. 
En ellos no se trata tanto de defender y fomentar los derechos humanos cuanto de hacer tabla rasa de todos los puntos de referencia en que se basan nuestras sociedades y substituirlos por un magma individualista: "sin Dios ni amo". 
En esa construcción están las bases para un nuevo totalitarismo en el que el hombre se encuentra solo frente a una administración comunitaria tan lejana como impersonal, pues se han destruido progresivamente los cuerpos intermedios y, en particular, el más esencial de ellos: la familia. 
Nuestra sociedad ya no será una comunidad de destinos, sino la yuxtaposición de "minorías", cada una de ellas con sus derechos, pero sin un deber común. 
La conclusión que saco de esos textos es la de que la justa lucha por los derechos humanos se ha vuelto el juguete ideológico de irresponsables y egoístas. 
Es la muerte del bien común y, más allá, del sentido mismo de la vida lo que nos proponen, ellos, que, al ocuparse únicamente de los derechos humanos, han olvidado lo que es ante todo el hombre y cuáles son sus raíces y sus aspiraciones. 
. (EN) Los diputados Laboristas británicos apoyamos plenamente una Carta de los Derechos Fundamentales que haga visibles los derechos de los ciudadanos en toda la Unión Europea. 
No obstante, nos encontramos aún en una fase inicial del proceso de elaboración de la Carta. 
Por tanto, es demasiado pronto para decir qué debería ser legalmente vinculante. 
Esta decisión se tomará más adelante, como reconoce el propio informe en su apartado 6. 
Este apartado dice también que toda situación legalmente vinculante reconoce la indivisibilidad de los derechos fundamentales, incluyendo en su ámbito de aplicación a todas las instituciones y órganos de la Unión Europea y todas las políticas de la misma. 
Se trata de un objetivo reconocible que contará con el apoyo de los diputados Laboristas británicos. 
Habida cuenta de que el texto final de la Carta no está disponible, apoyamos la Carta, en principio, pero esperamos la versión definitiva. 
Es un proceso complejo que necesita claridad y precisión en todas sus etapas para garantizar que el resultado final será un avance positivo y visible para la población de todos los países de la UE. 
El voto de abstención que concedemos al presente informe sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se debe, ante todo, a la consideración que hacemos de que podría inscribirse en una lógica federalizadora, de la que discrepamos y que podría tener una expresión clara y definitiva en la necesidad de que la Unión Europea se dote de una Constitución, propugnada en el informe, y de la que la citada Carta sería un componente importante. 
Ahora bien, la identificación con muchos de los derechos que se pretende inscribir en la Carta (y que, por lo demás, forman parte de la Constitución de la República Portuguesa) nos han movido a no votar en contra del informe, aunque consideramos que el conjunto previsto de derechos podría y debería abarcar de forma inequívoca el dominio social, como así sería con la aprobación de las enmiendas formuladas en ese sentido por el Grupo GUE/NGL. 
. (IT) La decisión de no votar el informe Duff/Voggenhuber no pretende ser una crítica a los contenidos de esos derechos fundamentales reconocidos por los Estados miembros, contemplados en el Tratado de la Unión Europea, aplicados por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en muchas de sus sentencias, incorporados desde hace tiempo a la Convención de los Derechos Humanos, a los cuales me parece que quiere inspirarse la nueva Carta. 
Estos derechos constituyen la estructura constitucional en todos los Estados que forman parte de la Unión: de esta manera protegen al ciudadano europeo de posibles ataques y abusos en cada Estado miembro y, a través de la interpretación de la jurisprudencia, penetran profundamente en las realidades nacionales específicas. 
Se puede estar de acuerdo con la elaboración de una Carta con valor de mera declaración política y con un elevado contenido moral, a través de la que la Unión reitere- si fuere menester- el carácter pregnante, estable e imperecedero de los derechos fundamentales. 
De este modo, la nueva Carta podrá inspirar una filosofía que los Estados miembros o algunos de ellos podrían transponer en sus sistemas. 
Por el contrario, se considera que la elaboración de una Carta de derechos fundamentales de la Unión, con carácter vinculante para las Instituciones e, indirectamente, para los Estados miembros en las relaciones con sus ciudadanos, puede revolver los papeles en términos de relaciones entre la Unión y los Estados miembros, replantear por la puerta de atrás el principio de subsidiariedad y dar lugar a un sistema en que los distintos planos- nacional, europeo- en los que actúan dichos derechos fundamentales, con su correspondiente tutela, se solaparían y crearían peligrosas confusiones con interpretaciones incluso diferentes de un mismo principio. 
Al fin y la postre esta eventual situación iría paradójicamente en contra del principio inspirador de una Carta de los derechos fundamentales de la Unión que es el de querer proteger y garantizar mejor a los ciudadanos europeos. 
. (DA) La Unión Europea descansa sobre los principios fundamentales de libertad, democracia y respeto por los derechos humanos. 
El hecho de que, sin embargo, me produzca ciertos reparos la introducción de un nuevo conjunto de derechos humanos en los tratados comunitarios, debe ser visto a la luz de la perturbadora señal que con ello se enviaría y al miedo de que se pongan en peligro instrumentos existentes y que funcionan bien. 
En mi opinión, una declaración sería mucho más adecuada. 
La Convención Europea de Derechos Humanos es un instrumento excelente para la protección de los derechos humanos en Europa. 
Según lo dispuesto en ésta, el mantenimiento de estos derechos se consigue mediante fallos dictados por el Tribunal de Derechos Humanos que ha acumulado una gran experiencia en este ámbito y una amplia práctica. 
Además, presenta la ventaja de que no sólo se limita al ámbito comunitario sino que opera en casi todo el conjunto del continente europeo. 
Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia de la CE toma en consideración en su práctica los derechos fundamentales nacionales en los Estados miembros. 
Esta práctica podría verse afectada en el caso de que la propia UE dispusiera de su propio conjunto de derechos humanos y fundamentales. 
Resolución Jackson (B5-0227/2000) 
Mi Grupo ha votado a favor de la resolución Jackson sobre los programas de los Fondos Estructurales en materia de medio ambiente, porque creemos en el principio que garantiza la aplicación eficaz de la legislación ambiental- en este caso, la Directiva sobre la protección de las aves y de sus hábitats. 
No obstante, nos sorprende que algunos diputados hayan votado a favor de la propuesta original en el apartado 7 para la reducción de los fondos destinados a una de las regiones más pobres de la UE. 
De hecho, la Comisaria, en una respuesta al debate, dijo que no pararía la aprobación de programas de financiación clave. 
Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente no pueden evidentemente conocer los retrasos indebidos que la no aprobación de los programas de los Fondos Estructurales podría ocasionar, ni tampoco el nuevo procedimiento presupuestario que entrañaría no sólo retrasos, sino además la pérdida de millones en fondos, en el caso del Reino Unido, para Merseyside, South Yorkshire, las Highlands and Islands, Irlanda del Norte, Cornwall y la Isla de Wight. 
Se trata de unos fondos de vital importancia para salvar puestos de trabajo y proteger el crecimiento. 
Por consiguiente, saludo el hecho de que esta Asamblea haya votado mayoritariamente en contra del recorte de fondos. 
La Comisaria, en todo caso, no habría tenido competencia legal para parar la aprobación y, por lo tanto, me alegra que al final haya prevalecido el sentido común en nuestra votación. 
- (DE) Parece que la protección común del medio ambiente no tiene ningún lobby entre los órganos comunitarios. 
No se puede explicar de otro modo porqué la Comisión se doblegó ayer interpretando de repente de un modo totalmente nuevo el reglamento sobre los fondos estructurales. 
Después de que la Comisión mantuvo firmemente su posición el último año exigiendo por fin la más que necesaria declaración de los territorios FFH para el proyecto acordado conjuntamente "Natura 2000", ahora se echa ella misma hacia atrás aceptando que las declaraciones de puedan presentar a posteriori. 
Esto no era necesario pues el reglamento cubría plenamente la exigencia de la Comisión de presentar las listas FFH a más tardar junto con los planes y no permite a la Comisión ningún margen de actuación. 
El reglamento de los fondos estructurales- acordado unánimemente el último año por todos los Estados miembros- dice con total claridad que la evaluación ex ante es condición previa para los programas y la documentación de los proyectos que los Estados miembros presentan a la Comisión para su autorización. 
El reglamento sobre los fondos estructurales dice también que en esta evaluación ex ante se incluye la situación del medio ambiente, en especial, de los territorios sobre los que se puede influir mediante intervención de dichos fondos. 
En consecuencia, la Comisión tiene la obligación de prestar atención a que se le den a conocer en los documentos los territorios potenciales europeos protegidos antes de autorizar los planes. 
Una presentación de la lista FFH tras la autorización de los planes no tiene sentido en si pues los territorios protegidos entonces se verán reducidos y adaptados a las inversiones proyectadas (y no como prescribe el reglamento al indicar que los territorios protegidos representan el marco) , ni tampoco tiene sentido jurídico pues entonces se producirá exactamente los que quería impedir la Comisión, es decir, que los conflictos de planificación arrastren consigo unos litigios de larga duración. 
Es una ilusión creer que la Comisión pueda lograr mediante el artículo 39 lo que no haya exigido en la evaluación ex ante. 
¿Cómo puede ser creíble para las ciudadanas y ciudadanos europeos una Comisión de este tipo si no es capaz de imponer sus propias exigencias? 
Debido a su doblegamiento, la Comisión ha perdido la confianza de muchas personas de entender el desarrollo sostenible como una oportunidad para la próxima generación. 
Los diputados franceses del Grupo Unión por la Europa de las Naciones tienen mucho interés en la preservación del patrimonio natural, en general, y de las zonas ecológicamente delicadas, en particular. 
Compartimos la preocupación por la preservación de un medio ambiente que tenemos el deber de transmitir intacto a nuestros hijos. 
Se trata de una ambición loable y necesaria. 
Sin embargo, la Comisión, fiel a su naturaleza y sus costumbres, no puede por menos de aprovechar la ocasión para abrumar a los Estados y a sus ciudadanos con nuevas directivas y pequeñas normas puntillosas, muchas de ellas inapropiadas para las realidades locales. 
La única consecuencia de esa sobrepuja es la de paralizar un poco más todos los días a los agentes económicos y limitar la libertad de empresa. 
Así fue, por ejemplo, en el caso de los CTE, que pretenden transformar a nuestros agricultores en funcionarios del medio ambiente, retribuidos no por el fruto de su trabajo, sino mediante subvenciones abonadas para recompensar su sumisión al Gosplan de Bruselas. 
Así, pues, nos negamos categóricamente a vincular, como propone la Sra. Jackson, los pagos con cargo a los Fondos estructurales y la transposición por los Estados miembros de la legislación comunitaria en la esfera del medio ambiente. 
Se trataría de una mezcla de géneros muy peligrosa que abriría la vía a un procedimiento generalizado de chantaje financiero, tanto más inadmisible cuanto que el dinero de los Fondos estructurales sigue siendo ante todo- conviene recordarlo- fruto de las contribuciones pagadas al presupuesto comunitario por los Estados miembros. 
Informe Malmström (A5-0060/2000) 
Señor Presidente, en cualquier caso quiero agradecer al Parlamento su apoyo a la ayuda prestada a Mongolia. 
Espero que ello conduzca a una toma de posición más activa de la Comisión, porque hasta ahora se echa en falta. 
No es de recibo que, de un país que quizá no tenga materias primas, que en el ámbito de los derechos humanos está consiguiendo resultados relativamente satisfactorios en la zona, que es pequeño y que está fuertemente orientado hacia la agricultura, la Comisión pueda decir: no nos va ni nos viene. 
El país no está en el centro del interés pero, a pesar de todo, la necesidad es perentoria. 
Este Parlamento lo ha entendido y lo ha apoyado, y hago un llamamiento a la Comisión para que se tome muy en serio esta señal y brinde la ayuda. 
Aun compartiendo ciertas preocupaciones concretas del informe relativas, en particular, a los derechos de las mujeres, aun votando a favor de ciertas enmiendas que siguen una orientación progresista, no tenemos la intención de salir garantes de la pretensión de la Unión Europea de transformar "el respeto y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales... en objetivos fundamentales de (su) política exterior". 
Dentro de la propia Unión Europea, uno de los derechos fundamentales, el de poder vivir correctamente de su trabajo, es pisoteado en el caso de veinte millones de mujeres y hombres. 
Una fracción más o menos importante de los trabajadores inmigrados, los considerados indocumentados, se ve al margen de toda vida legal. 
Y, en el exterior, varios de los Estados de la Unión Europea, de los más poderosos, apoyan, arman y financian dictaduras infames, en particular en su antiguo imperio colonial. 
¿Y qué decir de esa manifestación del respeto de los derechos humanos que fueron, durante varias semanas, los bombardeos de Kosovo y de Serbia? 
En esas condiciones, nos abstenemos respecto de este informe. 
. (FR) En este debarte conjunto relativa a los derechos humanos, el informe en cuestión analiza los instrumentos a disposición de la Unión para la promoción de estos derechos en el mundo así como su aplicación concreta desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 1999. 
Como ya saben, varios instrumentos fundan la acción internacional de la Unión para la promoción y la protección de los derechos humanos, como la PESC o la cooperación para el desarrollo. 
Al instaurar el tratado de Amsterdam, y gracias al nombramiento de un Alto representante para la PESC, Javier Solana, la Unión es más visible desde el punto de vista internacional. 
El tratado de Amsterdam hizo del respeto de los derechos humanos uno de los objetivos principales de la política extranjera y de la seguridad común de la Unión. 
La Unión europea dispone de numerosos instrumentos en este campo: estrategias comunes (instrumento nuevo creado a raíz del tratado de Amsterdam, que pretende reforzar la coherencia de conjunto de la acción de la Unión en el plano internacional) , las posturas comunes (que definen el enfoque de la Unión con respecto a un tema específico) y las acciones comunes (que atañen a varias situaciones particulares e implican reacciones inmediatas, como la ayuda humanitaria). 
También existen acciones específicas y horizontales relativas a una política en concreto. 
Este es el caso especialmente de la lucha contra la pena capital. 
Por último, la cláusula llamada "de los derechos humanos", introducida desde los años 90 en la mayoría de los acuerdos de cooperación y de desarrollo con terceros países, permite a la Unión seguir presionando a los países con los que está relacionada para actuar en pro de los derechos humanos. 
Esta cláusula no transforma la esencia fundamental de los acuerdos, pero sí permite reafirmar desde ambas partes los valores y principios comunes como condición previa a cualquier cooperación, ya sea económica o de cualquier otro tipo. 
La Sra. ponente cree sin embargo que la política actual europea de los derechos humanos está fragmentada y debe sustituirse por una estrategia común coherente definida por una mejor cooperación entre las instituciones. 
Naturalmente me muestro de acuerdo con esta afirmación. 
Pienso que, gracias a iniciativas tales como la instauración de un grupo consultivo que incluya a representantes de las instituciones de la Unión, de los Estados miembros y de expertos de los derechos humanos- grupo que se encargaría de debatir los aspectos estratégicos de las actividades en este campo- sería posible mejorar la coherencia y por lo tanto la eficacia. 
Dentro del mismo orden de ideas, la elaboración por parte de la Unión de sus propios indicadores para medir el respeto de los derechos humanos, la designación de un enviado especial del Parlamento Europeo para los presos políticos así como la creación en Internet de una página de la Unión dedicada a los derechos humanos, son propuestas que merecen toda nuestra atención. 
El informe insiste igualmente en el hecho de que la eliminación sistemática de las discriminaciones de las que son víctimas las mujeres debe ser una prioridad en la estrategia de la Unión europea. 
¡Desearía ofrecer mi apoyo incondicional a tal reivindicación! 
. (EN) El Partido Laborista del Parlamento Europeo ha votado en contra de la enmienda 7 porque no consideramos oportuno que en este informe se haga referencia a la supuesta red "Echelon". 
Las alegaciones sobre la existencia de dicha "red Echelon" están basadas en habladurías y en evidencia circunstancial. 
Por otra parte, la supervisión democrática de los servicios nacionales de inteligencia es, en cualquier caso, una cuestión que concierne principalmente a los parlamentos nacionales. 
El Reino Unido cuenta con uno de los sistemas más eficaces del mundo de supervisión democrática, tanto en el plano político como judicial, de sus servicios de inteligencia. 
La supervisión política la ejerce una comisión de la Cámara de los Comunes que tiene pleno acceso a la documentación. 
Asimismo, las operaciones de inteligencia de terceros países, incluidos los Estados Unidos, que operan en cooperación con los servicios de inteligencia británicos en el Reino Unido, también están sujetas a la misma supervisión democrática. 
. (EN) Los Conservadores británicos nos encontramos entre los primeros que intentan mejorar la situación de los derechos humanos en muchas partes del mundo. 
A pesar de que podemos apoyar buena parte de la resolución Malmström, lamentablemente se han incluido elementos significativos que consideramos inaceptables. 
Por ejemplo, no compartimos el entusiasmo por una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Somos escépticos respecto de las demandas de incrementar sustancialmente el gasto y la actividad burocrática, así como respecto del papel que desempeñan las ONG financiadas por la CE. 
Nos preocupa que se fomenten las diferencias de las minorías, sin hacer apenas hincapié en la integración. 
Nos preocupa la ampliación del concepto de derechos humanos para que incluya, por ejemplo, la violencia doméstica, que es un asunto que debe ser tratado en el marco de otros instrumentos judiciales. 
Nos oponemos a la introducción de nuevas categorías indiscriminadas para poder solicitar asilo, ya que darían pie a que se cometan abusos. 
Muchos de nosotros no apoyamos en principio la abolición de la pena capital. 
Y recelamos de las nuevas propuestas a favor de imponer más códigos de conducta a las empresas. 
Aunque valoramos el papel de la UE en apoyo de los derechos humanos, creemos que la regulación y legislación en materia de derechos humanos, al igual que en tantos ámbitos relativos a las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, son competencia de los gobiernos nacionales, y no aprobamos una extensión de la intervención comunitaria a este ámbito. 
Por estos motivos, los Conservadores británicos hemos votado en contra de la resolución Malmström. 
Informe Haarder (A5-0050/2000) 
Señor Presidente, hubiese querido votar a favor del informe Haarder, a pesar de ciertos pasajes y de algunas intervenciones, incluso en la tribuna, que indican que no hay derechos para la familia, y que otorgarle derechos especiales sería discriminatorio, e incluso racista. 
Los partidarios de esta teoría tendrían que ponerse de acuerdo consigo mismos. 
Si no existen derechos en sí inherentes a la familia como tal (tal y como decidió, muy a pesar mío, la comisión de los derechos de la mujer) , tampoco los hay para otras comunidades heterosexuales u homosexuales y el capítulo "Estilo de vida y relaciones sociales" no tiene lugar en este informe. 
Yo tuve la gran suerte de haber crecido en una familia totalmente normal, formada por una madre y un padre que no estaban divorciados, y sigo pensando que este modelo de familia feliz y unida es una de las bases de nuestra sociedad, que merece siempre reconocimiento y gozar de una situación privilegiada, mal que les pese a algunos. Pero el resultado de la votación de las modificaciones es tal que realmente me fue imposible votar finalmente a favor de este informe, sobretodo porque se adoptó el apartado 18. 
Quiero decir que el colega Haarder se ha esforzado ejemplarmente por lograr un consenso. 
Por ello, su informe ha resultado mucho mejor que todos los demás informes precedentes. 
Sin embargo, he votado en contra del informe con la mayor parte de mi Grupo político porque en los puntos 52 a 56 se han recogido unas exigencias político sociales muy controvertidas que aunque las apoya la izquierda de esta Asamblea no tienen nada que ver con los derechos humanos. 
La Constitución alemana coloca al matrimonio y ala familia bajo su especial protección y esto no tiene nada que ver con una violación de los derechos humanos. Por el contrario, es una garantía para los mismos. 
El matrimonio y la familia son la base de los derechos humanos así como el derecho a la vida. 
Por ello, creo que se deberían haber dejado fuera estos puntos en el informe sobre los derechos humanos. 
Entonces habría encontrado un apoyo unánime en esta Asamblea pues, por lo demás, el trabajo del colega Haarder ha sido ejemplar. 
Señor Presidente, tomo nota con cierta sorpresa de que puedo intervenir ahora al final a pesar de que he sido el primero en pedir la palabra por escrito. 
En segundo lugar, quiero indicar también que mi Grupo apoya en principio el informe Haarder y subraya expresamente que ha existido una excelente cooperación con el ponente. 
Hemos logrado que se presente un informe que se ocupe realmente de este tema, el período de tiempo indicado y también de los derechos demandables ante los tribunales. 
De ahí nuestro apoyo en general. 
Pero hemos votado en contra porque hay dos puntos que han sido aprobados por la mayoría de la Asamblea, a saber, los apartados 53 y 54 que se ocupan del tema de la familia y del enorme o especial apoyo de todas las formas alternativas de relación. 
Como Partido Popular Europeo vemos la familia como un valor en si, como pilar básico de la sociedad, si así quieren como corazón de la sociedad y no aceptamos que se promueva de un modo especial a unas formas de vida alternativas colocándolas de este modo sobre la familia, a quien consideramos como elemento central de nuestra sociedad. 
Pero después de que esto ha ocurrido debido a los puntos mencionados y a la decisión mayoritaria del Parlamento en los apartados 53 y 54 que promueven de modo especial las formas de vida alternativas colocándolas por encima de la familia, consideramos que no nos es posible dar nuestro voto afirmativo a la totalidad del informe. 
Señor Presidente, sólo quiero decir complementariamente a lo expuesto por el colega Pirker que he votado a favor del apartado 42 del informe Haarder a pesar de que allí existe un error ya que se menciona a Austria en relación con la libertad de circulación de personas. 
En base a una resolución de la Comisión central del Consejo Nacional, éste ha aprobado unánimemente la solicitud en el sentido del artículo 2 de la Ley del 3 de abril de 1919 de aprobar el acuerdo de la Comisión central sobre la resolución del Gobierno federal del 26 de marzo de 1996 y considerar como suficientes las declaraciones de renuncia de Felix Habsburg-Lothringen y Karl Ludwig Habsburg-Lothringen, de modo que nada se opone a la entrega de pasaportes que tengan validez también para entrar en Austria. 
Por tanto, puedo decir aquí que tanto Felix Habsburg-Lothringen como Karl Ludwig Habsburg-Lothringen poseen un pasaporte en vigor sin ninguna limitación. 
Ambos no han firmado esa declaración de renuncia que exige el servicio de defensa de la Constitución no porque se distancien de la casa Habsburgo sino porque en su solicitud de pasaporte han realizado la siguiente declaración: "Para evitar equívocos, yo, el solicitante, quiero indicar en este contexto que no he cuestionado la forma de Estado republicana de Austria ni tampoco la cuestiono así como tampoco he considerado jamás presentar cualquier reclamación de poder". 
Por ello, carece de toda base la exigencia a Austria de hacer algo respecto a la libertad de circulación de las personas. 
. (FR) El Parlamento Europeo, al adoptar el informe Haarder sobre los derechos humanos en la Unión europea, acaba de tener uno de esos despistes que parecen tan habituales que cabe preguntarse si no forman parte de su esencia misma. 
Entre otras cosas, pide la igualdad de derechos de todo tipo y naturaleza entre las parejas homosexuales y las familias tradicionales, y que se reduzca la edad legal del consentimiento para las relaciones homosexuales. 
Quisiera simplemente recordar que, según la declaración universal de los derechos humanos (artículo 16) , "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado". 
La familia se define en el mismo artículo como el matrimonio entre un hombre y una mujer. 
El acuerdo internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales recoge la misma idea cuando declara en el artículo 10 que "se debe otorgar una protección y una asistencia tan amplias como sea posible a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad". 
Si la familia tradicional recibe esta consideración preferente por parte de los poderes públicos, es porque garantiza un servicio que no tiene precio: la renovación de las generaciones, la continuidad de la sociedad, la educación de los hijos y la transmisión de los valores. 
Este servicio realizado justifica ampliamente que la familia beneficie de ventajas particulares, específicas para ella. 
Al ignorar esta ley primordial, el informe Haarder demuestra que, en este ámbito como en otros muchos, los mecanismos europeos actúan no sólo contra las naciones, sino contra la sociedad misma. 
. (DA) Respaldamos las recomendaciones generales del informe a los Estados miembros para que cumplan las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. 
Asimismo, compartimos las preocupaciones mencionadas en el informe ante la situación con respecto a los derechos de solicitantes de asilo, minorías, mujeres, niños, etc., en ciertos países. 
Sin embargo, somos contrarios a que el informe anual sobre derechos humanos se utilice para promover una mayor integración en la UE. 
No apoyamos las innovaciones institucionales propuestas en el informe, entre ellas, el establecimiento por parte de la UE de un marco judicial común y de una política de refugiados y asilo común. 
Creemos que los problemas referidos a los derechos humanos deben combatirse a nivel local y mediante las instituciones y foros internacionales de derechos humanos ya existentes y creados con este propósito, por ejemplo, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. 
Tampoco respaldamos la elaboración por parte de la UE de una nueva carta comunitaria de derechos fundamentales con carácter jurídicamente vinculante, puesto que somos de la opinión de que semejante carta causaría conflictos con respecto a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Una carta comunitaria sobre derechos fundamentales no contribuiría por sí misma a la mejora de la situación personal, ni a nivel europeo ni a nivel internacional. 
No obstante, hemos elegido votar a favor del informe a pesar de todo lo anterior al considerar sumamente importante luchar por una mejora de la situación de los derechos humanos en Europa. 
. (FR) Quiero reconocer el trabajo realizador por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa con respecto al informe anual relativo a los derechos humanos en la parte que atañe a la Unión europea. 
Quiero recordar que este informe sustituye al tradicional memorándum sobre las actividades de la Unión en este ámbito que hasta este momento dirigía cada año el Consejo al Parlamento Europeo para informar a éste último de la acción de la Unión en materia de derechos humanos en el mundo en el curso del año transcurrido. 
El documento quiere hacer comprender la motivación de la Unión así como las estructuras institucionales y los instrumentos de los que dispone para instaurar una política activa de respeto de los derechos humanos. 
De forma más concreta, el informe indica que el tratado de Amsterdam ha creado nuevas disposiciones en el ámbito de los derechos humanos para reforzar el fundamento de la acción de la Unión en este campo, y sobretodo en el marco de la PESC. 
Debemos explotar estas nuevas posibilidades. 
De este modo, el Tratado ha instituido como principio el respeto de los derechos fundamentales tal y como están garantizados por el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
La Unión "funda" así su acción en los principios de la democracia, del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Con la ampliación, la Unión europea ha anunciado claramente que cualquier país candidato deberá, como criterio básico para conseguir su adhesión, respetar la democracia, el Derecho y los derechos humanos y de las minorías. 
Nuestro Parlamento es un elemento protagonista a la hora de diseñar y concretar la política de la Unión en materia de derechos humanos. 
Nuestras competencias se han ampliado poco a poco, hasta el punto de que el Parlamento se ha convertido en un foro de discusión sobre los derechos humanos, y un foro reconocido como demuestra el debate que tenemos hoy. 
El informe que discutimos ahora recuerda que, aunque la Unión europea quiera exportar su modelo a terceros países, su situación interna también tiene fallos: el informe de Amnistía Internacional de 1999 mencionó a once Estados de los quince Estados miembros a quienes reprocha ataques más o menos graves contra los derechos humanos. 
El ponente, por encima de las críticas, hace propuestas concretas que apoyo, como la ampliación del derecho de voto y de elegibilidad en las elecciones municipales y europeas a extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y que residan desde hace cinco años en el territorio nacional. 
También existen otras propuestas relativas a la mejora del derecho de asilo que me parecen muy interesantes y que deben materializarse rápidamente. 
En lo que se refiere a la situación en los países candidatos a la adhesión, quedan por hacer numerosos progresos, sobretodo en lo que se refiere al respeto de los derechos de las minorías. 
El Parlamento Europeo debe pues seguir siendo cauteloso. 
. (EN) Respecto de la declaración en la enmienda 32 del Sr. Rack, la Sra. Schleicher, la Sra. Cederschiöld y el Sr. Méndez de Vigo, en nombre del Grupo PPE-DE, al informe Duff/Voggenhuber sobre una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, nuestro Grupo se pregunta si, en las circunstancias actuales, sigue siendo necesario que la Unión forme parte del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
Es un tema que debe ser analizado más detenidamente. 
En todo caso, deberían evitarse las coincidencias y los conflictos entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
. (EN) Creo que es un buen informe y merece ser apoyado. 
No obstante, existen problemas en los pormenores de los apartados 52, 53, 54 y 56. 
He votado a favor de estos apartados porque estoy de acuerdo con los objetivos del ponente. 
No obstante, quisiera asegurarme de que mis intenciones de voto no se interpretan mal. 
En relación con el apartado 52, apoyo el derecho a la conciencia individual. 
Al declarar este principio, quisiera también dejar perfectamente claro que eso no significa de ninguna manera que personalmente apoye el aborto. 
Con respecto a los apartados 53, 54 y 56, me opongo a la discriminación por razones de orientación sexual. 
No obstante, quisiera añadir algunas salvedades. 
En primer lugar, no apoyo el derecho de las parejas homosexuales a la adopción. 
En segundo lugar, no apoyo la reducción de la edad para el consentimiento por debajo de los 18 años. 
Tras hacer constar estas aclaraciones, me complace votar a favor del informe del Sr. Haarder. 
. (EN) Si hacemos balance, se trata de un excelente informe con la excepción de los apartados 52 hasta 56. 
Esta sección está mal redactada y es ambigua. 
Trata de temas que a todas luces son de la competencia de cada Estado miembro, y debería seguir así. 
. (FR) Quiero dejar constancia de la calidad del informe relativo al respeto de los derechos humanos en la Unión europea de nuestro colega Haarder. 
Estoy totalmente de acuerdo con la filosofía general del texto, que pretende consolidar la política europea en materia de derechos cívicos y políticos, aunque también económicos, sociales y culturales, de los residentes de la Unión. 
Quiero sin embargo llamar la atención de mis colegas sobre dos peticiones presentadas en el informe que me parecen problemáticas. 
El punto 19 del informe, relativo a la protección de las minorías nacionales, así como el punto 20, que pide la ratificación de la carta de las lenguas regionales y minoritarias, levanta varios interrogantes. 
Desde luego, entendemos bien la idea subyacente de la observación del ponente relativa a la protección de las minorías nacionales: señala fuertemente en dirección a algunos países candidatos a la adhesión, y en particular a los de Europa del Este, cuyos ciudadanos no disponen en su totalidad de los derechos fundamentales. 
El Parlamento condena firmemente los ataques contra las libertades fundamentales en toda Europa, y el informe Haarder lo recuerda con fuerza. 
Sin embargo lamentamos que se haga alusión a los derechos de las «minorías nacionales» , expresión que demuestra una concepción más bien restrictiva con respecto a la concepción más universal de los «derechos humanos». 
Además defendemos la idea de una comunidad política indivisible, donde las pertenencias no se ocultan sino que se «dejan de lado». 
La República no puede reconocer «minorías» o «comunidades» específicas: solo existen para ella los ciudadanos autónomos, libres e iguales en derechos. 
Nuestras convicciones también nos llevan a expresar reticencias con respecto al punto 20 del informe, que menciona la carta de las lenguas regionales y minoritarias. 
Cada cual es libre de utilizar una o varias lenguas de su elección además del idioma de la República, y todos tienen derecho a aprenderlas en la escuela. 
Pero se trata de una elección personal y no de una obligación. 
La carta es demasiado imprecisa a este respecto, lo que puede favorecer el nacimiento de comunitarismos regionales que amenazan la unidad de la República, e incluso, a largo plazo, la cohesión de la Unión. 
Sin embargo, voto a favor del informe del Sr. Haarder, teniendo en cuenta la calidad y el espíritu general del texto. 
. (EN) Obviamente, no tenemos nada que objetar a la presentación al Parlamento Europeo de un informe sobre los derechos humanos, pero teniendo en cuenta que todos los Estados miembros de la Unión Europea son signatarios del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y, por consiguiente, (aun indirectamente) pueden perseguir casos de incumplimiento de los derechos humanos ante un tribunal de arbitraje, nos preocupa el hecho de que este informe parece ir mucho más allá de los importantes principios consagrados por las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Entre las principales funciones de este Parlamento no se incluye la elaboración de amplios y controvertidos añadidos a la legislación en vigor ni la creación de canales adicionales de reparación en base a la hipótesis de que éstos sean automáticamente aceptables por la sencilla razón de haber sido presentados. 
Todos queremos que los derechos humanos figuren entre las prioridades de los legisladores nacionales y comunitarios. 
En la mayoría de los casos es así. 
No necesitamos este informe para recordar dichas prioridades ni para intentar impulsar la agenda hacia ámbitos que muy probablemente despertarán una gran polémica y pueden acarrear resultados contraproducentes, en vez de una mejora de los derechos humanos ya establecidos. 
Una vez más, la hipocresía de la Unión Europea es obvia, tanto en cuanto a la situación de los derechos humanos y de su respeto en el interior, como en cuanto a su política internacional sobre estos temas. 
Nos inquietan especialmente las propuestas sobre la mayor importancia que debe concederse a estos temas en el ejercicio de la política exterior de la Unión Europea; no porque valoremos poco su importancia y la necesidad de fomentarlos y de salvaguardarlos, sino porque la experiencia muestra que se utilizan selectivamente. 
La Unión Europea cierra los ojos ante salvajes violaciones de los derechos humanos y antepone sus intereses imperialistas. 
Un ejemplo escandaloso es su postura ante el régimen de Turquía. 
En otros lugares, la especialmente delicada cuestión de los derechos humanos se utiliza como excusa para llevar a cabo intervenciones, incluso militares, imponer políticas y directrices concretas. 
La reciente y continuada incursión en Kosovo que presentaba como excusa la violación de los derechos de las minorías y las exigencias que se proyectan a costa del gobierno legítimo de Yugoslavia, es un ejemplo característico de cómo se eleva la intervención a principio general del derecho internacional, en detrimento del principio de la soberanía nacional y de la independencia. 
La propia política que la Unión Europea y los Estados miembros ejercen en su interior conduce a la degradación real de una serie de derechos humanos y a los convierte en letras sin sentido. 
Las consecuencias de esta política ya son visibles en el refuerzo de las potencias extremistas fascistas y racistas, no sólo en Austria. 
Así, el informe sobre la lucha contra el racismo no muestra que se hayan extraído las conclusiones necesarias. 
Por tanto, denunciamos el intento de la Unión Europea de utilizarlas como excusa para fomentar su carácter antipopular y antidemocrático, para llevar a cabo nuevas intervenciones a costa de los pueblos. 
Pedimos al pueblo que esté alerta y que no permita que los que se nombran a sí mismos "salvadores" violen sus derechos que con su lucha imponga soluciones que garanticen el fomento y su florecimiento. 
Por todas estas razones, los tres diputados del Partido Comunista Griego se van a abstener en la votación. 
(FR) Quisiera establecer un paralelismo entre los informes de la Sra. Ludford y del Sr. Haarder y el de los Sres. Duff y Voggenhuber. 
El Parlamento Europeo quiere participar en la elaboración de una carta europea de los derechos fundamentales. 
¿Y por qué no? 
Sin embargo no se acaba de ver como este texto adicional aportará algo a la lucha en pro de los derechos humanos, como no sea algo más de confusión jurídica. 
Y sobretodo, ¿qué pensar de la idea que nuestra asamblea tiene de los derechos en cuestión? 
Al leer los informes Ludford y Haarder, surge un primer boceto: el proyecto de una sociedad libertaria, fundada en derechos sin deberes, en una libertad sin responsabilidades. 
La libertad no se decreta. 
Sin embargo, la construcción comunitaria no parece ser consciente de este hecho. No sólo quiere asegurar la felicidad de los pueblos ex nihilo, con total abstracción de sus diferencias y de sus aspiraciones, sino que además quiere poner en marcha una sociedad sin referencias, sin distinciones entre los que se puede hacer y lo que no se puede, una sociedad adepta del hedonismo o de la cultura de la muerte. 
El ser humano no puede concebirse a sí mismo como una entidad independiente de lo que le rodea que sólo se preocupa de su bienestar inmediato. 
Ciertamente tiene derechos, y ante todos, aquel que se le niega habitual y paradójicamente: el derecho a la vida, que es necesario defender y promover. Pero parecen haber olvidado que el ser humano necesita que se establezcan límites objetivos necesarios para la vida en sociedad. 
El ser humano no sólo necesita medios para vivir, sino también y sobretodo razones para vivir. 
Una carta adicional, aunque sea europea, no puede aportar respuestas definitivas. 
. (NL) Hemos aprobado el informe Haarder pero desearíamos hacer las siguientes observaciones a los apartados 19 y 20 del proyecto de informe. 
El apartado 19 se refiere a la petición de que Bélgica firme el Convenio marco para la protección de las minorías nacionales. 
No es que Flandes se niegue a que Bélgica ratifique este Convenio, pero hay que hacer constar que debe entenderse que no es aplicable al contexto constitucional de Bélgica. 
En la federación belga, en lo que se refiere a las fronteras, los estados de la federación son constitucionalmente iguales. 
Ninguno constituye una minoría realmente. 
Como el Convenio no proporciona una definición clara de minoría nacional, Flandes tampoco considera que pueda aplicarse a la periferia: para Flandes, el término "minoría nacional", en un contexto similar sólo puede referirse a una minoría establecida desde hace siglos en un determinado terreno, mientras que los francófonos de la periferia llevan establecidos en ella tan sólo unas tres décadas y se han negado a integrarse, como era lógicog esperar (pensemos en los emigrantes flamencos en Valonia y en su descendencia perfectamente integrada). 
Además, los francófonos de las zonas con facilidades lingüísticas disfrutan de una protección que ya querrían a menudo las minorías reales. 
Así pues, quien quiera intentar cambiar la situación en la periferia de Bruselas por medio de este Convenio, deja implícitamente en entredicho el equilibrio constitucional de Bélgica e ilustra una vez más que la falta de conocimiento de Europa de nuestra estructura federal debe llevarnos a la conclusión que mejor sería que Flandes y Valonia funcionaran como estados independientes que Bélgica como Estado federal. 
Los miembros belgas francófonos del PE quizá quieran aprovecharse de esta votación para jugar a sus maniobras políticas. 
Nosotros no queremos tomar parte en ello, queremos distanciarnos claramente. 
Además, queremos hacer constar nuestro pesar porque en el apartado 5 del informe Ludford sobre el racismo y la xenofobia se haya adoptado el mismo texto. 
En esta misma óptica, Flandes hace constar que la Carta sobre las lenguas minoritarias, tal como se indica en el apartado 20 del informe Haarder, no hace referencia a la situación del francés en la periferia, sino al alemán de Limburgo (reconocido en los Países Bajos en aplicación de esta Carta) o al alemán de la provincia de Luxemburgo ("Areler Land"). 
Más allá de las enmiendas aprobadas o rechazadas y de los apartados suprimidos o modificados, es realmente con indignación que leemos en un Informe anual del Parlamento Europeo sobre un asunto tan delicado y urgente como la defensa de los derechos humanos, unos apartados en los cuales se propone "no encarcelar, salvo en última instancia, a los que abusan de los menores" y además que se pida a los Estados miembros que "rebajen la edad del consentimiento del menor para la relaciones homosexuales". 
Deberíamos luchar contra la pornografía, contra la pedofilia difusa, contra el tráfico de mujeres y hombres, contra el turismo sexual que siempre se realiza en perjuicio de los menores. 
Deberíamos luchar contra las discriminaciones y las violencias, incluso psicológicas, en el mundo del trabajo, de la comunicación, de la política y de la familia que vuelve a situarse en el centro del debate en un momento en que los hijos se están convirtiendo en el instrumento para satisfacer el egoísmo de quien, habiendo perdido cualesquiera otros valores, trata de satisfacer su ego y sus ganas de poseer en una maternidad o paternidad "tecnológica". 
Consternados rechazamos una resolución que destruye sus puntos positivos con las aberraciones que hemos denunciado y, preocupados, damos la alarma: "Este camino que han tomado es el que destruirá a la Unión Europea y la alejará del sentir común de la inmensa mayoría de los ciudadanos". 
. (FR) Deseo explicar las razones que motivan mi rechazo al informe anual relativo al respeto de los derechos humanos en la Unión europea. 
Dos de las disposiciones de este texto apelan a cierto número de países, entre los cuales está Francia, para que ratifique rápidamente el convenio-marco europeo para la protección de las minorías nacionales y la carta europea de las lenguas regionales y minoritarias. 
Antes de nada, quiero disipar el malentendido que mancha cualquier debate sobre las lenguas regionales: no se trata en ningún momento de prohibir a nadie hablar, enseñar o promover una lengua minoritaria o regional, sea cual sea. 
Desde el momento en que su aprendizaje y su práctica siguen siendo una elección personal, soy, en lo que a mí respecta, totalmente favorable a cualquier medida que apoye la conservación y la transmisión de estas lenguas, que forman parte del patrimonio cultural de las naciones. 
Me he opuesto a este informe ya que, al llamar a la ratificación del convenio-marco europeo para la protección de las minorías nacionales y de la carta europea de las lenguas regionales y minoritarias en cuestión, el informe Haarder quiere promover una idea de la construcción europea que se basa en una visión comunitarista con la que no puedo estar de acuerdo. 
Según esta concepción, el individuo dispone de derechos específicos a causa de su pertenencia a una entidad territorial, étnica o religiosa, y la comunidad se convierte en el mediador ineludible entre el individuo y el derecho que reivindica. 
Pero si bien es cierto que en un primer lugar la comunidad puede aparecer como un factor de protección de la integración de las minorías, en la realidad resulta por contra un potente factor de segregación y regresión social (pensemos en la situación de las jóvenes turcas o del Magreb, excluidas de las ventajas emancipadores de la mezcla escolar, abocadas a una posición arcaica de la mujer). 
Del mismo modo, aunque el reconocimiento de un estatuto específico de las comunidades parezca proteger a los más débiles y desfavorecidos, constituye por el contrario un aislamiento social en el que el liberalismo triunfante hace su agosto. 
Por otro lado, si bien es cierto que la ampliación de la Unión europea nos obliga a considerar la situación particular de algunas minorías nacionales, sigue siendo cierto que la solución comunitaria no es en absoluto una opción a largo plazo para las poblaciones amenazadas u oprimidas. 
Al contrario, la historia reciente nos ha enseñado como exacerbar el sentimiento comunitario puede llegar a ser el germen del resurgimiento de disputas étnicas milenarias que acarrean enfrentamientos fratricidas. 
Frente a esta idea, prefiero la visión universalista de una Europa republicana donde cada individuo es, plenamente y como tal, sujeto activo de sus derechos y libertades. 
Prefiero una Europa que ofrece una oportunidad integradora a todos aquellos que acatan sus valores comunes, ya reivindiquen su pertenencia a una religión o no practiquen ninguna, ya hablen el idioma de sus ancestros o hayan decidido olvidar sus raíces. 
Esta Europa afirma la primacía de un principio ausente del informe Haarder, el principio de laicidad, que contiene y sintetiza todas las demás libertades: el derecho al respeto de la vida privada, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de expresión y de asociación. 
La República de Europa no está aún construida: esperemos que la carta de los derechos fundamentales, actualmente en proyecto, sea el primer acto y la piedra angular de esta Europa. 
Las mismas razones me han llevado a abstenerme en el informe relativo a la lucha contra el racismo y la xenofobia en la Unión europea. 
. (SV) La declaración de 626 diputados al Parlamento Europeo sobre el concepto y la legislación de familia, asuntos sobre los que corresponde decidir a los parlamentos nacionales de los 15 Estados miembros y de los doce países candidatos, no es compatible con el principio de la subsidiariedad y de la cercanía. 
En solemnes discursos e intervenciones, como el del Primer Ministro de Portugal, país que ejerce la Presidencia, esta semana aquí en el Parlamento, se menciona frecuentemente la riqueza de las diferentes culturas, tradiciones, lenguas e identidades nacionales europeas. 
Así, las expresiones encaminadas a uniformar los asuntos de familia e indirectamente la situación jurídica de los menores, tal como se hace en los puntos 53 y 54 de esta resolución, constituyen un grave atropello a los derechos nacionales para legislar y al propio principio de subsidiariedad de la UE, según se estipula en los Tratados de Maastricht y de Amsterdam. 
Como democristianos suecos, vamos a continuar nuestro trabajo en el parlamento nacional en favor de la familia y del matrimonio entre hombre y mujer, a fin de hacer la legislación sueca más favorable para la familia y los menores y para promover relaciones parentales estables y duraderas, que satisfagan las necesidades de seguridad, protección y transmisión de normas de los menores. 
El informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea es habitualmente un momento de subasta de lo políticamente correcto bastante lastimosa. 
Los defensores de la ideología libertaria no desaprovechan nunca la ocasión para lanzar un catálogo de reivindicaciones a cual más descabelladas, todo ello arropado de buenos sentimientos. 
Quizás es el propio ejercicio el que así lo quiere. 
Desafortunadamente, el crudo 2000 no escapa a esta singular tradición. 
Del derecho a voto de los nacionales extracomunitarios a las elecciones municipales y europeas a la uniformización del procedimiento del derecho de asilo en el territorio de la Unión pasando por "la igualdad de los derechos entre parejas homosexuales y familias tradicionales", nada se ha olvidado con, además, la sempiterna voluntad de conseguir poderes en beneficio de Bruselas. 
Como miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer, me conformaré con insistir en la igualdad entre hombres y mujeres, por una parte, y por otra, en la familia. 
Si la persistencia de discriminaciones entre hombres y mujeres en la remuneración salarial, por ejemplo, es inadmisible, oponer hombres y mujeres como lo hacen con demasiada frecuencia algunas organizaciones feministas sería estéril y peligroso para la cohesión del corpus social. 
Por tanto, rechazamos categóricamente cualquier política de cuotas y de discriminación positiva, tartas de crema del discurso políticamente correcto. 
Una política así marcaría, efectivamente, como hemos tenido ocasión de expresar en Bruselas el pasado 1 de marzo, un profundo desprecio con respecto a las mujeres: no será mediante el juego mecánico de una cuota cualquiera como una mujer accederá a unas funciones políticas y administrativas, sino mediante el reconocimiento de sus méritos y capacidades. 
La mujer tiene un papel específico que desempeñar en la sociedad: función familiar esencial mediante la procreación de nuevas generaciones indispensables para la supervivencia de la sociedad, función de educación de las jóvenes generaciones, función económica, como madre de familia pero también en el seno de las empresas familiares (explotaciones, comercios, PME). 
Este papel está desvalorizado desde hace demasiado tiempo, cuando realmente es de una importancia capital. 
Ello implica, por una parte, proporcionar un estatuto estable a las mujeres de los trabajadores independientes que participan en la vida de la empresa familiar y, por otra, reconocer la función económica y social de la madre de familia. 
Implica, finalmente, permitir a la mujer que concilie la vida familiar y la vida profesional, dar a cada una la posibilidad de efectuar una verdadera elección: ¿Cuántas mujeres, obligadas a sacrificarse por estrecheces económicas, no tienen más que dos niños cuando desearían tener un tercero? 
¿Cuántas se ven obligadas a dedicar a su vida profesional más tiempo del que desearían? 
Una política así exigiría reconocer toda su importancia a la familia. 
Ahora bien, la familia sufre en este informe un ataque en regla muy peligroso también. 
Reclama "una igualdad de derechos entre parejas homosexuales y familias tradicionales" olvidando la función esencial de la familia para la cohesión del corpus social. 
Que nadie se equivoque: cada cual lleva la vida privada que desea, no se trata de tener un policía en la alcoba. 
Sin embargo, las uniones homosexuales como tales no tienen ninguna utilidad para la sociedad, son estériles y sólo pueden generar la esterilidad de la sociedad; por tanto la sociedad no tiene por qué reconocerlas ni concederles derechos: debe ignorarlas. 
La familia, al contrario, es la comunidad de base de la sociedad a la que garantiza su estabilidad. 
Su utilidad es ofrecer el marco más estable posible a la renovación de las generaciones, a su educación, y por tanto a la pervivencia de la humanidad. 
Ya, con gran acompañamiento de resoluciones europeas, algunos, bajo la presión de grupos reivindicativos, están preparando el reconocimiento a las parejas homosexuales del derecho de adopción de niños. 
Imaginen cual podrá ser el desarrollo psicológico de niños que hayan tenido dos padres y ninguna madre, o dos madres y ningún padre. 
Un niño necesita para su desarrollo de un padre y una madre, necesita la estabilidad de la familia. 
Frente a la cultura de muerte, tenemos el deber de testimoniar cultura de vida. 
Tenemos en gran estima la dignidad de la persona humana, de cualquier persona humana sin discriminación, desde su concepción hasta su muerte natural. Ello exige romper con la visión materialista e individualista de la persona humana para considerar que hay en cada ser una parte de sagrado, fundamento de su dignidad. 
Sólo con esta condición podemos prohibir con eficacia y coherencia la clonación humana o las discriminaciones practicadas en razón del patrimonio genético, discriminaciones de las que son con mucha frecuencia víctimas, por ejemplo, en nombre de los mejores sentimientos, las personas que padecen el síndrome de Down. 
Sólo a este precio podremos romper con esa hipocresía inaceptable que nos permite charlar tranquilamente de derechos humanos cerrando los ojos a un sistema económico y comercial que, en nombre del dogma del librecambio, alienta la explotación de niños en numerosos países del tercer mundo. 
Así podremos liberarnos de una política de las minorías, herencia del pensamiento individualista que amenaza la paz social, de una ideología de las minorías, nueva expresión de la lucha de clases que olvida la unidad profunda de la familia humana para establecer divisiones superficiales basadas en la raza, en los hábitos sexuales, en la edad, en la etnia y reivindicar para cada una de ellas derechos específicos. 
El hombre no es ni un número de seguridad social ni un peón en el tablero social y económico, manipulable a capricho y desechable después de su uso. 
Vale mucho más que eso: cualquier hombre es una historia sagrada. 
(NL) Las diputadas europeas del PS, las Sras. Anne Van Lancker y Kathleen Van Brempt, se han abstenido en la votación de los apartados 19 y 20 de la resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, donde se insta a Bélgica a firmar el Convenio Marco europeo para la protección de las minorías nacionales de 1995 y la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias de 1998. 
"Suscribimos plenamente los acuerdos internacionales para la protección de las minorías y las lenguas minoritarias. No obstante, no podemos tolerar que determinados grupos hayan utilizado estos acuerdos internacionales en Bélgica para poner en entredicho la legislación lingüística, que garantiza la coexistencia pacífica de las tres comunidades lingüísticas." 
El turno de explicaciones de voto queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 14.11 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Sáhara occidental 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0246/2000 de los diputados González Álvarez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica; 
B5-0253/2000 de los diputados Sánchez García y otros, en nombre del Grupo del Partido Liberal y Democrático de Europa; 
B5-0262/2000 de los diputados Carnero González y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; 
B5-0272/2000 de los diputados Schröder y otros, en nombre del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea; 
B5-0278/2000 de los diputados Salafranca Sánchez Neyra y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (demócrata cristianos) y de los Demócratas Europeos 
sobre el Sahara Occidental. 
Señor Presidente, llevamos ya muchos años solicitando desde este Parlamento que, en primer lugar, se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas; en segundo lugar, que la Unión Europea, es decir la Comisión y el Consejo, tengan una implicación más fuerte en la resolución del problema saharaui; en tercer lugar, que, aunque vamos a votar a favor de esta resolución- que considero una buena resolución de consenso, en la que se vuelve a solicitar lo que es obvio -, yo habría redactado quizá algunos aspectos de otra forma. 
Me refiero a la afirmación de que ambas partes por igual, Marruecos y el Sáhara, han de poner todos sus esfuerzos por que se resuelva el conflicto. 
Nosotros creemos que hay que pedir con más énfasis a Marruecos que ponga toda su voluntad política para resolver el conflicto, porque los saharauis han dado innumerables muestras de querer resolverlo de una vez por todas. 
Han puesto prisioneros en libertad y han aceptado lo que las Naciones Unidas han dicho sobre los posibles electores; es decir, que quien ha estado poniendo obstáculos a la resolución del conflicto ha sido el Gobierno de Marruecos. 
El último obstáculo que ha retrasado, no se sabe hasta cuándo, este referéndum ha sido la introducción de 76.000 recursos ante las Naciones Unidas por parte de posibles votantes en el referéndum sobre el Sáhara. 
Si se continúa poniendo obstáculos en el camino, quizá seamos responsables de que surja un conflicto más grave. 
Hay quien se escandaliza de que ahora el pueblo saharaui diga, de nuevo, que, si no le dejan otra alternativa, puede volver a las armas. 
Yo no me escandalizo. 
Yo lo comprendo; porque es una solución que ciertamente nadie quiere, pero es la que les estamos obligando a tomar. 
Señor Presidente, la Unión Europea- y el Parlamento en eso es claro- debe esforzarse por evitar un nuevo conflicto en una zona que ya de por sí es bastante conflictiva. 
No queramos que el Sáhara se convierta en otro Timor oriental, señor Presidente. 
Señor Presidente, Señorías, existen circunstancias que hacen del Sáhara una cuestión de la máxima actualidad y que son pertinentes en la tarde de hoy. 
La primera es la resolución urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del pasado 29 de febrero, que acordó extender el mandato de MINURSO hasta finales del próximo mes de mayo. 
En segundo lugar, la crítica situación alimentaria en la que se encuentran los refugiados saharauis en los campamentos del desierto. 
Hay que mencionar los graves incidentes que se han producido últimamente en los territorios ocupados del Sáhara, donde las manifestaciones pro referéndum han sido reprimidas por las autoridades marroquíes. 
También hay que mencionar la visita que la próxima semana efectuará a Marruecos la delegación del Magreb y la predisposición del Rey de Marruecos a que este Parlamento Europeo visite por vez primera el territorio del Sáhara. 
La situación de inestabilidad que se puede plantear en esta zona del continente africano puede afectar a algunas de las regiones ultraperiféricas comunitarias, como es el caso de mi región, Canarias, y muchos ciudadanos queremos una solución pacífica del conflicto planteado en el Sáhara y que el pueblo saharaui pueda celebrar el referéndum en condiciones de libertad, transparencia e igualdad. 
Y por último, uno de los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea es el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional. 
Y en este sentido, sería oportuno que el Alto Representante de la PESC, el Sr. Solana, desempeñase un papel más activo en el logro de garantías suficientes para el pueblo saharaui a través de una presencia activa y de una participación directa en las etapas del proceso de paz y del referéndum. 
De ahí nuestro apoyo a la propuesta de resolución. 
Señor Presidente, en primer lugar es preciso poner de manifiesto aquí nuestra preocupación por el pueblo saharaui, un pueblo que lleva muchos años en unas condiciones de vida marcadas, en muchos casos, por el exilio y por el sufrimiento. 
Y para resolver el problema de este pueblo es preciso que se cumplan los plazos ya fijados para la celebración del referéndum una y otra vez aplazado. 
Es decir, debe volver a producirse un nuevo aplazamiento que constituiría un serio agravamiento del problema. 
De la celebración de este referéndum dependen la estabilidad, la seguridad y la paz en la región del Magreb. 
Pero para que este referéndum sirva para el cumplimiento de estos objetivos, es preciso velar por el buen desarrollo de los trabajos preparatorios, y especialmente por la correcta elaboración del censo total de votantes, lo cual todavía no se ha conseguido y es preciso insistir en que se cumplan a rajatabla los criterios que presiden dicha elaboración. 
Y en este proceso- importante no solamente para esa región, sino también para toda Europa, y especialmente para determinados países- es preciso que la Unión Europea asuma plenamente su papel de mediadora. 
Papel que habrá de cumplir, entre otras formas, apoyando las decisiones de las Naciones Unidas y velando por que se culmine con total transparencia y con las máximas garantías este proceso, dentro de la más absoluta limpieza y respeto democrático. 
Señor Presidente, tras el del Timor oriental, el del Sáhara Occidental es el último proceso de autodeterminación pendiente en el mundo. 
Un proceso de autodeterminación, además, en el que la situación se complica día a día, como han puesto de manifiesto la última semana las noticias sobre la represión que se está dando en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. 
De la correcta culminación de ese proceso de autodeterminación dependen la estabilidad, la paz y también la integración económica y el desarrollo en el conjunto del Magreb. 
Yo diría incluso que de ella depende también la transición hacia una democracia plena que parece iniciarse en el Reino de Marruecos. 
Desde nuestro punto de vista, la culminación del proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental pasa por la aplicación del plan de paz de las Naciones Unidas y también de la Organización para la Unidad Africana. 
Y el núcleo de ese plan de paz es precisamente la celebración de un referéndum de autodeterminación justo, libre y en el que los votantes puedan expresarse sin ningún tipo de presión. 
A pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas, a pesar de la MINURSO, a pesar de los avances que se han dado en la elaboración del censo, el referéndum sigue retrasándose casi sine die. 
Ciertamente, el retraso de la consulta es responsabilidad, esencialmente, de una de las partes, que no termina de aceptar los términos en los que dicha consulta debe tener lugar. 
Para que esa consulta se lleve a cabo, para que la autodeterminación del Sáhara Occidental sea realidad muy pronto, hace falta utilizar los instrumentos que tenemos a nuestra disposición: los acuerdos de Houston, en primer lugar, y las gestiones de James Baker, en segundo lugar. 
Y es imprescindible el diálogo directo entre las partes. 
El Reino de Marruecos y el Frente Polisario deben recuperar el diálogo directo que se dio a finales de los años 80, que también se tradujo en los acuerdos de Houston. 
Debe ser un interés prioritario de la Unión Europea colaborar para que este proceso no se detenga, para que este proceso salga bien. 
Y, lamentablemente, hasta la fecha, la Unión no ha actuado de la manera más adecuada posible. 
Se han hecho muchas declaraciones, pero poco en la práctica. 
Lo más importante de la resolución que vamos a aprobar hoy aquí es el llamamiento del Parlamento Europeo a que el Consejo adopte una acción común, tal y como está contemplado en el Tratado de la Unión Europea, sobre el Sáhara Occidental. 
Y eso significa declaraciones, instrumentos, poner todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para colaborar a que termine bien este proceso de autodeterminación, ayudando al Sr. Baker, apoyando a las Naciones Unidas, pidiendo a las partes que respeten los términos de las resoluciones internacionales y también poniendo en marcha una colaboración humanitaria imprescindible. 
Así contribuiremos a conseguir un objetivo prioritario: la paz en el Magreb. 
La autodeterminación en el Sáhara Occidental es imprescindible para ella. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero comunicar al Parlamento Europeo pero sobre todo a la Comisión y al Consejo nuestra gran preocupación por la situación actual en el Sahara Occidental. 
Es inaceptable el continuo aplazamiento del referéndum sobre el futuro del Sahara Occidental. 
En los territorios ocupados impera el estado de excepción. 
Se ha detenido al menos a 56 personas, de ellas 27 mujeres, porque han reclamado su derecho a la autodeterminación. 
Apelamos al Gobierno de Marruecos para que detenga en la represión, levante el estado de excepción y permita la libre expresión de opinión. 
Exigimos al Consejo de la UE que apruebe medidas conjuntas que hagan posible sin demora y del modo adecuado la aplicación del plan de paz. 
La actividad llevada a cabo hasta ahora por el enviado especial del Secretario General de la ONU, el Sr. James Baker, debería aprovecharse para que interceda además para que se aplique la resolución nº 1292/2000 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Instamos con urgencia a la Comisión de la UE para que garantice inmediatamente el suministro de alimentos a las personas que viven en los campos de refugiados. 
La situación de los suministros ha empeorado dramáticamente. 
Se han consumido todas las reservas de alimentos básicos. 
Según indicaciones de diferentes ONG, los alimentos se racionan desde diciembre. 
Diversos Estados han retirado la ayuda bilateral. 
El World Food Programme confía en la UE, por lo que ECHO debe proporcionar ahora el 80% de la ayuda alimentaria entendida originariamente como complementaria. 
Por ello, el Consejo y la Comisión tienen que presionar sin demora sobre la ONU para mejorar la situación alimentaria. 
La Comisión tiene que establecer un fondo de garantía financiera para los tres próximos meses. 
¿Es cierto que debido a problemas personales en ECHO y a la ausencia de un nuevo plan global no tiene lugar actualmente la ayuda alimentaria? 
Lo que ahora se apruebe se aplica lo más pronto en el próximo agosto. 
Pero las personas no pueden permanecer durante tanto tiempo desatendidas, a no ser que se quiera que mueran de hambre. 
Hace un año nos encontramos con una situación similarmente dramática en Timor Oriental. 
Se celebró un referéndum al que siguió el estado de excepción. 
Sólo entonces reaccionó la ayuda internacional. 
No se evitó el conflicto preventivamente. 
Por ello, exigimos a la Comisión y al Consejo que actúen ahora antes de que sea demasiado tarde. 
Señor Presidente, quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que se ha dicho aquí, especialmente con lo manifestado por mi colega González Álvarez. 
También quiero aprovechar la ocasión para hacer una petición al Consejo. 
Entiendo que Portugal no piensa tomar iniciativas en este asunto durante su Presidencia. 
Por eso pido a Francia que lo haga durante su próxima Presidencia y también se lo pido a Suecia, para que durante su Presidencia, si nada ha ocurrido hasta entonces, tome medidas que favorezcan la solución pacífica de este conflicto, después de tantos años. 
También me satisface especialmente la presencia del Comisario Nielson. 
Espero que en un futuro relativamente próximo podamos coincidir en lo que señaló una organización alemana de ayuda, aquí en Parlamento Europeo, el otro día, es decir, que los refugiados se van a morir de inanición en los campamentos y que la mortalidad infantil y las muertes relacionadas con los alumbramientos ya han aumentado considerablemente los últimos meses. 
ECHO ha asumido una gran responsabilidad para proporcionar apoyo continuo a los refugiados y cuando esta organización se tambalea, las organizaciones de voluntarios quedan incapacitadas. 
Éstas han prestado su ayuda y no hay coordinación. 
Ruego al Comisario Nielson que obre con celeridad. 
También pido al presidente de la Comisión de Presupuestos y a los diputados que traten este tema rápidamente. 
No me puedo imaginar algo peor que estar en unas dunas durante 25 años, engañado todos los años por plebiscitos y, además, muriéndose de hambre. 
Señor Presidente, lamentablemente, el asunto del Sáhara occidental es una vieja cuestión. 
Es uno de los pocos restos del colonialismo que subsiste en el año 2000 y es una cuestión que ve a Marruecos incumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Se tenía que haber celebrado el referendo hace años, un referendo que se ha llevado a cabo en otros países como Timor oriental, Letonia y otros lugares donde se ha reivindicado el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos. 
El Parlamento Europeo ha adoptado siempre una posición que no estaba a favor de la independencia del Sáhara occidental, sino a favor de que el pueblo saharaui pudiera expresarse libremente. 
Pues bien, esto no ha ocurrido todavía con varios pretextos. 
Al mismo tiempo, el pueblo saharaui se halla en precarias condiciones e incluso la misma supervivencia física de sus miembros se encuentra amenazada. 
A pesar de esto, se continúan manteniendo buenas relaciones con Marruecos, se siguen celebrando acuerdos comerciales en muchos sectores, de la pesca a los cítricos, mientras que la violación de los derechos humanos y del derecho de autodeterminación de los pueblos no se toma en absoluto en consideración. 
En consecuencia, pido que se haga todo lo posible para que se reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, si fuere menester, incluso mediante una ralentización, un cambio en las relaciones con Marruecos que, por otra parte, ya ha gastado demasiado dinero para luchar contra este principio. 
Señor Presidente, iniciado y conducido por el Secretario General de las Naciones Unidas, el proceso de paz en el Sahara occidental iba por el buen camino. 
La identificación de los votantes se llevó a cabo gracias a la eficacia de la misión de las naciones unidas, la Minurso. 
Pero el gobierno marroquí ha multiplicado de forma artificial los recursos relativos a los votantes, con el objetivo claramente declarado de impedir la realización del referéndum de autodeterminación. 
No se ha conformado, además, con esas maniobras de retardo. 
En estas últimas semanas ha llevado a cabo una violenta represión contra la población saharaui que se ha traducido en arrestos, en desapariciones y en la instauración de un verdadero estado de sitio en los territorios ocupados. 
En su propuesta de resolución, mi Grupo reafirma el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y pide a Marruecos la terminación de cualquier tipo de represión, la aplicación íntegra de los acuerdos de Houston, que ha aceptado. 
Las Naciones Unidas han de hacer todo lo necesario para que el referéndum pueda realizarse antes de finales de 2000. 
Llamo al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros, principalmente el de Francia y España, a terminar con toda complacencia con respecto las autoridades marroquíes y a comprometerse de forma más activa con el éxito del plan de paz hasta la realización de un referéndum, que constituye la vía democrática más apropiada para llegar a una solución pacífica y duradera en el conflicto del Sahara occidental. 
. (EN) La Comisión sigue de cerca el desarrollo de la aplicación del plan de paz del Consejo de Seguridad de la ONU para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental. 
Al igual que los Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión apoya incondicionalmente los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y de su enviado personal, el Sr. James Baker, para encontrar una solución justa, equitativa y duradera en el Sáhara Occidental. 
La Comisión tiene conocimiento de que la organización del referéndum atraviesa actualmente por dificultades relacionadas con la elaboración de las listas censales y espera que la visita del Sr. Baker a la región permita realizar los avances deseados. 
En cuanto a la ayuda humanitaria, la Comisión ha canalizado más de 61 millones de euros a través de ONG asociadas para proporcionar a los refugiados saharauis en la región de Tindouf alimentos, medicinas y ayuda sanitaria entre 1993 y 1999, y a pesar de que las condiciones para el suministro de la ayuda humanitaria en este caso son bastante difíciles, no por ello interrumpiremos nuestra ayuda. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Mozambique 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuesta de resolución: 
B5-0244/2000 de los diputados Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica; 
B5-0251/2000 de los diputados Queiró y Ribeiro i Castro, en nombre del Grupo Unión para la Europa de las Naciones; 
B5-0254/2000 del diputado van den Bos, en nombre del Grupo de los Liberales y del Partido Democrático Europeo; 
B5-0263/2000 de los diputados Carrilho y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; 
B5-0276/2000 de los diputados Rod y otros, en nombre del Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea; 
B5-0279/2000 de los diputados Maij-Weggen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (demócrata cristianos) y de los Demócratas Europeos 
sobre los temporales en Mozambique. 
Señor Presidente, conocida es la dramática situación que se vive en Mozambique, por lo que reviste la mayor urgencia prestar la ayuda necesaria para que el Gobierno atienda las necesidades más urgentes de la población y consiga reconstruir las vastas regiones en las que la destrucción ha sido casi total. 
Así, es fundamental que la Comisión y los Estados miembros se comprometan decisivamente con todas las acciones de apoyo, incluyendo ayuda financiera de materiales y equipo, de asistencia técnica para la desactivación de minas en las zonas del país en las que se plantea ese problema, de apoyo a la celebración de una Conferencia Internacional para movilizar la mayor ayuda de emergencia posible y para la obtención de los medios económicos necesarios para la recuperación de la economía mozambiqueña, tan duramente afectada por las inundaciones. 
Igualmente importante es que todos los países perdonen la deuda en su totalidad a Mozambique a fin de facilitar su recuperación. 
Así, pues, solicitamos el mayor compromiso de todos en la solidaridad activa con Mozambique, incluido este Parlamento, por lo que consideramos importante que se envíe una delegación para que los diputados puedan profundizar el conocimiento de la situación teniendo en cuenta el proceso de reconstrucción del país. 
Señor Presidente, Señorías, aún están en la memoria y en la retina de todos las trágicas imágenes que nos llegaron de Mozambique, a raíz de una sucesión poco frecuente de acontecimientos naturales extraordinariamente duros, y también está presente en nuestro espíritu una reflexión sobre la lentitud de la reacción ante una catástrofe de tamañas dimensiones. 
Consideramos la resolución que hoy se votará aquí la continuación de un debate de emergencia que se celebró en la minisesión plenaria de Bruselas. 
Nos identificamos con todos los puntos aquí mencionados: la necesidad de continuar aún la movilización de medios de salvamento y socorro para las poblaciones desplazadas, la realización del inventario de los efectos de la totalidad de la crisis y la necesidad de coordinar y combinar los esfuerzos para prestar socorro contra las consecuencias sanitarias previsibles, para restablecer los cultivos agrícolas y reconstruir el país. 
Pero no debemos cargar nosotros solos con el peso del retraso. 
Es necesario también que nos preguntemos por lo que han hecho otros países de otros continentes. 
¿Qué han hecho la India y el Pakistán, que tienen medios poderosos y comunidades importantes residentes en Mozambique? 
¿Qué han hecho otros países africanos más próximos? 
Angola, por ejemplo, tiene fuerzas armadas poderosas que podrían haber prestado una ayuda preciosa, o Zimbabwe, allí al lado, o Nigeria, que tiene una fuerza aérea operativa. 
También hay que hacerse esa pregunta, dada la inminencia de la próxima Cumbre Unión Europea/África para comunicar mejor en la esfera de una preocupación común de solidaridad. 
También debo decir que somos sensibles a la cuestión del perdón de la deuda externa, pero nos identificamos más con el texto que figura en la resolución común. 
Debo decir que, como demócrata cristiano, soy sensible a los llamamientos que la iglesia católica ha hecho en este año jubilar para que, en general, la deuda externa del tercer mundo sea objeto de un tratamiento concreto. 
Pero, respecto de muchos países africanos, tenemos que distinguir situaciones. 
Hay casos en que la fortuna acumulada por dirigentes de esos países daría para pagar las deudas externas, por lo que se plantean a este respecto cuestiones delicadas que se deben sopesar. 
Sabemos que no es ésa la situación de Mozambique, entre otras cosas por la pobreza de ese país. 
Pero consideramos que la resolución que figura en la propuesta de resolución común es correcta y debo decir desde ahora mismo que concordamos con la posición adoptada por el Gobierno portugués de un perdón inmediato de la mitad de la deuda externa de Mozambique. 
Señor Presidente, los medios de comunicación han ofrecido una imagen desfigurada de la catástrofe de Mozambique. 
Mientras el mundo observaba a las personas desesperadas encaramadas a los tejados y las copas de los árboles, parece ser que la ayuda ya estaba en camino, pero eso no era captado por las imágenes. 
En cualquier caso, las impactantes imágenes han tenido un fuerte efecto movilizador en la opinión pública y han creado una fuerte base de apoyo para la ayuda. 
Pero el reverso es que las catástrofes que no aparecen en los medios de comunicación no existen en realidad. Por eso es esencial que la ayuda internacional no se deje engañar por los medios de comunicación, sino que atienda exclusivamente a las necesidades de las personas en apuros. 
Pese a todo, según las organizaciones afectadas, la ayuda ha llegado con razonable rapidez. 
Puede que sea cierto, pero no lo fue el caso de las primeras operaciones de salvamento. 
De esto no ha sido responsable la Comisión, sino los gobiernos. 
Aviones, helicópteros, alimentos y medicamentos tenían que haber estado disponibles ante las peticiones, y de inmediato. 
Quiero decir literalmente de inmediato. El tiempo de espera sólo puede estar determinado por la distancia y no por la burocracia. 
Para ello es necesaria una mejor colaboración entre las organizaciones de ayuda humanitaria y las fuerzas armadas. 
Es positivo que el Comisario Nielson se haya desplazado rápidamente a Mozambique. 
¿Cuáles han sido sus experiencias y qué opina de las críticas al gobierno? 
¿Y qué opina de las críticas a la coordinación? 
La contribución de 25 millones en ayuda financiara es suficiente ahora, pero más adelante habrá de incrementarse. 
Para Mozambique se abre ahora una etapa sumamente difícil. 
Será preciso evitar los brotes de enfermedades, eliminar las minas diseminadas y comenzar la reconstrucción. 
Para muchos mozambiqueños las desgracias no han hecho más que empezar, ahora que los medios de comunicación han desaparecido. 
Nosotros, Parlamento, Consejo y Comisión, debemos mantener viva la imagen de las víctimas de la catástrofe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos nos preguntamos aún: ¿cómo fue posible? 
El hecho es que la movilización internacional fue tardía e inicialmente insuficiente, a excepción de la inmediata ayuda procedente de los países vecinos, en particular de Sudáfrica: hasta comienzos de marzo no comenzó a afluir un apoyo internacional importante. 
La primera observación es la de que no existen las estructuras organizativas internacionales necesarias para afrontar semejantes catástrofes, porque los medios técnicos existen y existen en las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad de cada país, fuerzas preparadas para operaciones de búsqueda y salvamento. 
El saldo de esta catástrofe aún no está completo: se sabe que cerca de dos millones de personas resultaron afectadas, que en este momento la falta de agua potable es trágica, que muchas de las minas antipersonal- se calcula que cerca de un millón y medio de minas existe en el país- fueron arrastradas hacia campos agrícolas y vías de comunicación ya barridas de minas. 
Ahora de lo que se trata es de reconstruir un país que fue martirizado por una guerra colonial dirigida por un Gobierno que también en Portugal oprimió al pueblo portugués hasta la liberación del 25 de abril de 1974, un país, Mozambique, que fue atormentado hasta hace pocos años por una sangrienta guerra civil, pero que se había situado en la vía de un desarrollo económico, social y político internacionalmente reconocido como ejemplar. 
Se trata, en primer lugar, de dar consuelo y devolver la esperanza al pueblo mozambiqueño. 
Es necesario absorber la conmoción y reactivar la economía del país. 
En este momento, es justo acoger con satisfacción la movilización internacional en curso y el propio Presidente de Mozambique ya ha agradecido la importancia de esa ayuda. 
En cuanto a la Unión Europea, debe desempeñar un papel de primer plano. 
Por un lado, tiene capacidades para contribuir efectivamente en el plano material; por lo demás, el Club de París acaba de decidir la suspensión del servicio de pago de la deuda hasta que se llegue a un acuerdo global para su cancelación total. 
Por otro lado, la Unión Europea, en cooperación con las autoridades locales y otros países y organizaciones, en particular las Naciones Unidas, puede emprender un serio esfuerzo organizativo apto para apoyar la reconstrucción de Mozambique. 
Vamos a trabajar en ese sentido, vamos a apoyar intensamente la Conferencia Internacional para la reconstrucción de Mozambique, que organizará el Canadá. 
Vamos a comprometernos para que la comunidad internacional pueda dotarse de los medios necesarios para afrontar rápidamente situaciones de graves catástrofes en materia humanitaria. 
En el Parlamento Europeo vamos a estar atentos para que se cumpla el papel de la Unión Europea. 
Señor Presidente, todos sabemos que las consecuencias de las trágicas inundaciones y de la catástrofe de Mozambique habrían sido menores, si los Estados más desarrollados, y en particular los de la Unión Europea, que tiene una responsabilidad particular para con la antigua colonia portuguesa, hubieran reaccionado inmediatamente enviando los medios precisos, sobre todo helicópteros, para socorrer a la población. 
Durante muchos días sólo siete helicópteros, ante el silencio de los gobiernos y la mirada entristecida y asombrada del mundo entero, intentaron llevar la ayuda necesaria a aquella gente. 
La Unión Europea no puede tener nunca más un comportamiento semejante. 
Ahora, para remediarlo en lo posible, debe prestar a Mozambique toda la ayuda necesaria para luchar contra las enfermedades, alimentar a las personas y reconstruir materialmente el país, superando, en caso necesario, las limitaciones restrictivas y antieuropeas establecidas en los egoístas acuerdos presupuestarios de la Agenda 2000. 
En particular los Estados miembros deben anular la deuda externa de Mozambique que les corresponda. 
Señor Presidente, las recientes inundaciones en Mozambique, seguidas por el huracán, han provocado una enorme catástrofe en un país que estaba empezando a recuperarse de los actos de violencia acaecidos en el pasado. 
Se trata de uno de los países más pobres del mundo. 
Es lamentable que la ayuda haya llegado bastante tarde, y no haya sido hasta que las imágenes han llegado al exterior. 
Las imágenes de personas encaramadas a los tejados y los árboles que han recorrido el mundo entero, por supuesto, han suscitado preguntas a la comunidad internacional y a las ONGs sobre la rapidez de las medidas necesarias cuando se trata de prestar los primeros auxilios. 
Además, el mundo entero ha podido ver cómo los helicópteros sudafricanos llegaban al lugar rápidamente y conseguían salvar a miles de personas, y eso merece un homenaje. 
Entre tanto, hemos oído decir al Comisario Nielson que se ha hecho mucho más de lo que se ha sabido. 
Apreciamos el hecho de que él se haya desplazado personalmente a Mozambique para ponerse al corriente de la situación y ver por sí mismo qué podía hacer la UE para prestar ayuda. 
Pienso que el programa que se ha acaba de concertar con el Gobierno de Mozambique es un buen programa. Lo es también porque se va a llevar a cabo por etapas: primero, la ayuda de emergencia, después la construcción de viviendas e infraestructuras y, por último, ayuda estructural para que las zonas afectadas puedan recuperarse. 
Los medios que se han puesto a disposición son considerables. 
Tengo entendido que la comunidad internacional ha ofrecido cien millones y que la UE participa proporcionalmente en esa cantidad. 
Además, esta mañana he oído que entretanto se han recortado considerablemente las deudas, pero que ahora queda por ver que continuación se les dará. 
Naturalmente, sería bueno que las deudas se suspendieran, de modo que el Gobierno mozambiqueño pudiera emplear el dinero en la reconstrucción. 
Señor Presidente, queda un sentimiento desagradable, y es el de que las imágenes que se han ofrecido no corresponden a la realidad. 
El Sr. Van den Bos ha llamado la atención sobre este hecho. 
Esto significa que la Comisión Europea debe preguntarse si la ampliación de la fuerza de intervención internacional que el Sr. Solana se está dedicando a organizar no podría convertirse en una especie de fuerza de intervención europea para la ayuda humanitaria que trabaje con rapidez y que pueda informar a los medios de comunicación sobre el trabajo realizado. 
Las imágenes eran malas, la catástrofe es muy lamentable, pero la Unión Europea, no se ha quedado mirando con las manos cruzadas, tal como se ha dicho, sino que ha contribuido sustancialmente. 
Es lo menos que podemos decir aquí. 
Señor Presidente, raras veces el Parlamento Europeo ha dedicado parte de su atención a desastres naturales en circunstancias tan dramáticas y merecedoras de nuestro apoyo. 
No es sólo la extensión del desastre que todos conocemos y su expresión en el número de víctimas mortales, poblaciones aisladas, niños sin nada que comer, destrucción de casas y haberes o en el tardío apoyo de que han hablado muchos hoy; es la circunstancia irónica de un pueblo que, después de la independencia y la guerra, tuvo la capacidad y la inteligencia de elegir la paz y la democracia y, cuando comienza a reconstruir sus estructuras y a proseguir su desarrollo, se topa con una tragedia natural de esas proporciones que obliga a comenzar todo de nuevo en muchos sectores. 
El fortalecimiento del apoyo humanitario, el perdón de la deuda para uno de los pueblos más pobres del mundo y la celebración de la Conferencia Internacional prevista en la resolución que vamos- espero- a aprobar, es lo mínimo que podemos hacer para acudir en ayuda de quienes están dispuestos a desistir de su avance en África hacia la paz, la democracia y el desarrollo. 
. (EN) Como ya saben, he estado en Mozambique los días 2 y 3 de marzo en compañía del Secretario de Estado portugués, Sr. Amado. 
Hemos visitado algunas de las zonas afectadas por las inundaciones, incluido el campamento de Chaquelan en el que ya reciben ayuda más de 28.000 personas, y por tanto hemos podido presenciar directamente las consecuencias de la catástrofe y hemos visto también las repercusiones inmediatas de parte de nuestra ayuda. 
Desde el inicio de la crisis, la Comisión ha tratado sobre las consecuencias de las inundaciones en Mozambique de una manera integral. 
Hemos dirigido nuestra atención a los siguientes ámbitos de interés: ayuda inmediata, realojamiento, rehabilitación, estabilidad macroeconómica y desarrollo a largo plazo. 
En lo relativo a la fase de rescate, búsqueda y restablecimiento, lo cierto es que la Comisión no dispone de los instrumentos necesarios para este tipo de intervención. 
Los Estados miembros sí disponen de la capacidad logística necesaria para estas actividades. 
Para la fase de ayuda urgente y realojamiento, la Comisión ha aprobado dos decisiones del programa ECHO por un total de 2,7 millones de euros para Mozambique y estamos preparando una tercera decisión por valor de 5,5 millones de euros. 
Estas decisiones abarcan ayuda alimentaria, agua y servicios sanitarios, artículos de primera necesidad, así como la rehabilitación a pequeña escala de la infraestructura para primeros auxilios y la preparación para combatir la epidemia de cólera. 
Por otra parte se han destinado 1,4 millones de euros, con cargo a la línea presupuestaria para la seguridad alimentaria, a la delegación local y al Gobierno de Mozambique. 
La Comisión tiene en proyecto financiar el suministro de semillas y herramientas para los agricultores con vistas a fomentar nuevos cultivos tan pronto como se retiren las aguas. 
Además de la acción ya financiada en Botswana, la Comisión está realizando en estos momentos una evaluación de la ayuda humanitaria que necesitan Zimbawe, Zambia y Madagascar. 
Volviendo sobre la fase de rehabilitación, durante mi visita anuncié un importe inicial por valor de 21 millones de euros en fondos adicionales con cargo al presupuesto para el desarrollo, de los que entre 5 y 10 millones serán con cargo a la línea presupuestaria para la cofinanciación de las ONG y el resto procederá de la redistribución de antiguos fondos del FED. 
La Comisión insiste en la necesidad de reforzar la coordinación con el Gobierno en el marco para la reconstrucción integral compartida. 
El grupo de los principales donantes se reúne cada semana con el Gobierno a nivel ministerial en Maputo. 
La Presidencia de la UE y la delegación de la Comisión son miembros de dicho grupo. 
La Comisión se propone contribuir a la preparación de la Conferencia internacional de donantes que probablemente será convocada antes de finales de abril. 
La Comisión aportará su financiación para cubrir las necesidades de rehabilitación en rigurosa coordinación con los Estados miembros de la UE y los demás donantes. 
En lo relativo a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo a largo plazo, la Comisión, junto con el Gobierno y el Banco Mundial, está estudiando actualmente las propuestas destinadas a ayudar al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica de Mozambique. 
Podríamos proporcionar recursos adicionales hasta por un valor de 15 millones de euros. 
Para mantener el rápido crecimiento alcanzado por Mozambique durante estos últimos años no sólo se mantendrán los niveles de cooperación anteriores a la catástrofe, sino que se incrementarán. 
Esta medida se traducirá en desembolsos con este fin por un valor estimado de 150 millones de euros durante este año, en comparación con los 100 millones de euros del año pasado. 
Dentro del marco comunitario, contribuiremos con 1.000 millones de euros en concepto de ayuda a los países ACP para hacer frente a la deuda. 
En este concepto, Mozambique figura entre los casos retroactivos y tendrá derecho a beneficiarse de la ayuda que se destinará este año para la deuda de conformidad con la iniciativa mejorada para los PPME. 
Respecto de la coordinación con otros donantes y agencias de ayuda, el Gobierno de Mozambique, en conjunción con la Oficina para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) , proporciona la principal plataforma para la coordinación de operaciones de rescate y de ayuda de acuerdo con lo manifestado en los llamamientos consolidados que ha realizado. 
Esta propiedad local del proceso de coordinación no debería ser desafiada por los donantes extranjeros, al menos mientras funcione razonablemente bien, y así se hará, según nos han informado las organizaciones de las Naciones Unidas en Maputo. 
En el caso de esta terrible catástrofe se han puesto de manifiesto algunas limitaciones. 
La magnitud y la llegada repentina de las inundaciones en Mozambique han llevado a la Comisión, así como a los Estados miembros y otros donantes, a preguntarse si la respuesta de ayuda no podría haber llegado antes, como también se ha señalado en este debate. 
En estos momentos estoy estudiando cómo podemos superar estas limitaciones en la prestación de ayuda humanitaria con el fin de proporcionar asistencia desde la Comunidad con mayor rapidez y eficacia que en la actualidad. 
Pero no debemos olvidar que ésta ha sido una catástrofe que contenía muchos elementos sorpresa, ni tampoco ha sido especialmente fácil para los Estados miembros movilizar y desplegar con suma rapidez maquinaria delicada y difícil de transportar como helicópteros. 
No es algo que pueda hacerse fácilmente. 
Por último, quisiera hacer hincapié en las cifras relativas a la respuesta internacional. 
La cifra global de financiación para paliar los efectos de esta catástrofe se eleva ya a aproximadamente 109 millones de euros, de los cuales más de 91 millones de euros proceden de la Comisión y de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Ya se ha dicho en este debate que la respuesta europea ha demostrado, en términos relativos, que la preocupación de Europa es sincera. 
En términos monetarios, hemos hecho una contribución bastante buena. 
Aquí no termina la respuesta a este problema y continuaremos buscando medios mejores y más rápidos de respuesta. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
Todos esperamos que nuestra ayuda sirva para paliar realmente las mayores necesidades que padecen las personas allí. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Elecciones presidenciales en el Perú 
B5-0252/2000 de los diputados Marset Campos y Jové Peres, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica; 
B5-0255/2000 del diputado Di Pietro, en nombre del Grupo de los Liberales y del Partido de los Demócratas Europeos; 
B5-0264/2000 de los diputados Medina Ortega y Fava, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; 
B5-0270/2000 de los diputados Lipietz y Knörr Borrás, en nombre del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea; 
B5-0280/2000 del diputado Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (cristiano demócratas) y de los Demócratas Europeos; 
sobre el procedimiento electoral en el Perú. 
Crímenes de guerra en Chechenia 
B5-0245/2000 de los diputados Markov y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica; 
B5-0256/2000 de los diputados Haarder y Väyrynen, en nombre del Grupo de los Liberales y del Partido Democrático Europeo; 
B5-0261/2000 de los diputados Oostlander y otros, en nombre del Grupo del partido Popular Europeo (cristiano demócratas) y de los Demócratas Europeos; 
B5-0265/2000 de los diputados Sakellariou y Krehl, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; 
B5-0271/2000 de los diputados Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea 
sobre la violación de los derechos humanos y del derechos humanitario en Chechenia. 
Libertad de prensa en Serbia 
B5-0247/2000 de los diputados Morgantini y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica; 
B5-0257/2000 del diputado Haarder, en nombre del Grupo de los Liberales y del Partido Democrático Europeo; 
B5-0266/2000 de los diputados Swoboda y Sakellariou, en nombre del Grupo del partido de los Socialistas Europeos; 
B5-0273/2000 de los diputados Lagendijk y otros, en nombre del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea; 
B5-0281/2000 de los diputados Oostlander y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (cristiano demócratas) y de los Demócratas Europeos 
sobre la libertad de prensa en la República Federal de Yugoslavia. 
Situación en Irak 
B5-0268/2000 de los diputados Naïr y Sakellariou, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; 
B5-0282/2000 del diputado Buttiglione, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (cristiano demócratas) y de los Demócratas Europeos 
sobre la situación en Irak. 
Situación en Jammu y Cachemira 
B5-0250/2000 del diputado Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; 
B5-0258/2000 de la diputada Lynne, en nombre del Grupo de los Liberales y del Partido Democrático Europeo; 
B5-0283/2000 de los diputados Elles y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (cristiano demócratas) y de los Demócratas Europeos; 
B5-0285/2000 de los diputados Messner y Maes, en nombre del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea 
sobre la situación en Jammu y Cachemira. 
Elecciones presidenciales en el Perú 
Señor Presidente, el caso de la violación de los derechos humanos en Perú es uno más de los que, bajo la complacencia y connivencia de Estados Unidos, se registran en una larga serie de países de América Latina. 
La celebración de las próximas elecciones no ofrece ninguna garantía democrática y, por ello, la Unión Europea debería convertirse en referencia cualificada de exigencia de tal garantía para la ciudadanía peruana y para los partidos democráticos de ese país. 
A la vista de lo que ocurre en este país, así como en Colombia, en México, en Ecuador, etc., parece conveniente que la Unión Europea establezca un observatorio permanente de derechos humanos para América Latina. 
No sólo el euro ha de competir con el dólar, sino que nuestros principios éticos y políticos en materia de derechos humanos han de sustituir la vieja política de patio trasero y cañonera que desarrollan los Estados Unidos en la zona. 
Señor Presidente, el Perú es un país que ha tenido una vida constitucional bastante agitada, con frecuentes intervenciones de los militares en la vida civil. 
Después de una restauración democrática, como consecuencia- es cierto- del desarrollo de la actuación terrorista de una organización conocida con el nombre de Sendero Luminoso, el Presidente, democráticamente elegido, del Perú, el Sr. Fujimori, se dio lo que se llamó un autogolpe, que consistió en la disolución del Parlamento y en la preparación de una constitución hecha a la medida del propio presidente. 
El Parlamento Europeo ya condenó en su momento este tipo de actuaciones por parte del Presidente Fujimori. 
El Presidente Fujimori, evidentemente, ha restablecido un grado de calma, si se quiere, en el Perú; pero ha seguido manteniéndose en los cauces autoritarios. 
De hecho, yo diría que el Presidente Fujimori, para muchos, no es otra cosa que la representación civil del poder militar ejercido de una manera indirecta. 
Es cierto que sigue habiendo elecciones en Perú, que hay partidos políticos, que hay medios de comunicación y que hay unas ciertas garantías. 
Pero las garantías no son completas. 
Prueba de ello es que, con motivo de su proyecto de ser reelegido de nuevo, tres magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a ello fueron destituidos. Es decir, las garantías no son completas. 
No hay una independencia del poder judicial o del poder constitucional. 
En segundo lugar, el Perú, recientemente, acaba de retirar su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que esto es un signo muy malo para un país. 
Creo que deberíamos pedir al Gobierno del Perú que reconsiderara esta decisión. 
Y, en tercer lugar, en este momento, hay todavía acciones militares en el interior del Perú que, en muchos casos, ponen en dificultad la democracia. 
Hay que recordar que el Perú está vinculado a la Unión Europea, como miembro del Pacto Andino, por una cláusula democrática y la Comunidad Europea, concretamente las instituciones comunitarias, tienen una cierta responsabilidad de, en virtud de esa cláusula democrática, pedir que el proceso electoral en Perú se ajuste, en la medida de lo posible, a unas exigencias democráticas esenciales. 
Señor Presidente, como miembro del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y también como europarlamentario del País Vasco, país que ha dado no pocos emigrantes a países de América Latina, quiero expresar mi solidaridad con todos aquellos que luchan por la vigencia de los derechos humanos, -no solamente en el Perú, sino en todo el mundo-. Y denunciar la situación que se da en el Perú, situación que, como se ha dicho aquí, no se debe sólo a la complacencia y connivencia de los Estados Unidos, sino también de no pocos países, incluidos los europeos, y de la hipocresía que reina en el escenario político internacional. 
Es bien sabido- y ahí está el informe de la Fundación Carter- que es preciso proporcionar cuanto antes acceso a los medios de comunicación, terminar con la parcialidad de los mismos, terminar con el acoso a candidatos y observadores electorales locales, alertar sobre el empleo impropio de fondos públicos como ventaja electoral, incrementar la transparencia de la administración electoral, asegurar el acceso de todos los partidos a las elecciones y asegurar los derechos de los observadores electorales independientes. 
En este sentido, me parece absolutamente oportuno lo que ya se ha dicho aquí en cuanto a crear un observatorio permanente de derechos humanos para América Latina. 
Señor Presidente, nuestra obligación primordial en la lucha por la protección de la población civil, de los refugiados y de los prisioneros de guerra en Chechenia es hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la guerra en Chechenia acabe finalmente. 
Esta tarea debería ser también primordial para la delegación de este Parlamento que va a viajar en las próximas semanas a la zona de guerra. 
Sólo una solución política de todas las cuestiones relacionadas con el conflicto y la reconstrucción de la región pueden garantizar que cambie la terrible situación de las personas en las ciudades y pueblos destruidos, en los campos de refugiados y en los campos de prisioneros. 
Pero, por otro lado, también quiero advertir frente a las condenas y echar la culpa de antemano a la parte rusa. 
Como indica, entre otros, el informe de la delegación del Consejo de Europa, todas las partes que participan en la guerra han cometido violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra. 
Deben aclararse y exigirse responsabilidades a los culpables. 
Pero también debemos conceder a los órganos competentes rusos la posibilidad de realizar ellos mismos este trabajo. 
Señor Presidente, ayer recibimos la agradable visita a este Parlamento de una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la CEI, que nos brindó la extraordinaria oportunidad de tratar cara a cara con otros diputados sobre la guerra de Rusia contra Chechenia. 
Estos visitantes nos pidieron que entendiéramos que, según sus propias palabras, Rusia está luchando contra el terrorismo y no está haciendo un guerra de verdad, y que esta lucha contra el terrorismo se había visto agravada por la entrega de armas desde el exterior y los campos de entrenamiento patrocinados por naciones rapaces celosas del poder de Rusia. 
Respondimos que Rusia es miembro del Consejo de Europa e incluso su necesidad en términos de seguridad para proteger a sus ciudadanos dentro del país del asalto exterior no la eximía de sus responsabilidades asumidas en los convenios internacionales. 
Yo expuse el argumento de que la contención por parte de Rusia del tráfico de armas procedente de Rusia sería una medida muy gratificante para poder avanzar en los esfuerzos compartidos de lucha contra el terrorismo. 
No obstante, este cuento político de guerra y sufrimiento tiene dos caras, y creo que debemos esforzarnos más en comprender las causas del conflicto entre Rusia y Chechenia, de manera que podamos ayudar a poner fin al derramamiento de sangre humana más rápidamente en otra ocasión. 
Sugiero que en esta ocasión no debemos plantearnos imponer sanciones, ninguna sanción económica contra Rusia. 
Ahora que la guerra toca a su fin, tenemos el deber de intentar llegar hasta las víctimas y prestar ayuda para la recuperación. 
Señor Presidente, tengo que contradecir con toda claridad al Sr. Markov. 
No se trata de una culpabilización unilateral si se dice que Rusia ha cometido genocidio contra el pueblo checheno, tal como ha hecho Lord Judd en el informe de la comisión de observadores del Consejo de Europa. 
Naturalmente que se han cometido excesos por ambas partes en este conflicto, pero el diagnóstico de Lord Judd es bastante claro: genocidio. 
Por ello, no es suficiente con que exijamos a Rusia que investigue los excesos y crímenes de guerra. 
Es muy poco corriente que se pida a los asesinos que investiguen contra ellos mismos. 
Aquí son necesarios unos organismos internacionales. 
Necesitamos por fin el Tribunal Penal Internacional y tenemos que llevar ante la justicia a los responsables. 
Naturalmente, tenemos que instar a las autoridades rusas para que actúen pero nosotros tenemos que inmiscuirnos más intensamente que hasta ahora pues no se trata de un simple asunto interno de un Estado sino de gravísimas violaciones de los derechos humanos en una región que está sometida a al Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en una región que está sometida al sistema jurídico y de valores de la OSCE. 
Olvidamos continuamente que el Gobierno checheno fue elegido bajo la supervisión de la OSCE y que nosotros tenemos que defender también a este Gobierno checheno legítimo. Pero hoy no encontramos en absoluto a dicho Gobierno porque sus representantes se encuentran en cualquier lugar de las montañas luchando por su supervivencia. 
Por ello, advierto frente a un pseudo equilibrio. 
Naturalmente que hay que condenar los excesos en ambas partes, pero no se debe confundir al genocida con sus víctimas y esto significa que debemos actuar para que no sólo se proporcione ayuda humanitaria- esto tiene que hacerse y es ya más que hora para que la UE haga por fin algo al respecto -, sino también para que se llegue a una solución política del conflicto. 
Y una solución política del conflicto no se puede imponer con las armas del ejército ruso pues entonces la guerra se reproducirá de una forma nueva, como guerra de guerrillas, terrorismo o cualquier otra manera de guerra subterránea. 
Tenemos pues que adoptar las medidas necesarias para que se produzca una solución negociada con los representantes elegidos del pueblo checheno. 
Ya que hoy se ha hablado aquí del derecho de autodeterminación del Sahara Occidental, quiero decir que también que el pueblo checheno tiene derecho a vivir y tenemos que garantizar a este pueblo su derecho a la vida bien junto con Rusia o por su propia vía. 
No hemos llegado aún a tal punto, pero esta mañana nos hemos enterado a través de un experto de la radicalización que está teniendo actualmente en la sociedad rusa. 
Estamos a favor de la puesta en libertad del periodista ruso Babitzky. 
Hoy debería haber estado aquí en el Parlamento Europeo para informar sobre la situación en Chechenia que ha vivido como testigo presencial. 
El Sr. Babitzky no ha podido salir de Rusia. 
No ha podido venir a Estrasburgo porque las autoridades rusas tienen miedo de la declaración libre y abierta de un periodista independiente que ve a las dos partes críticamente y que quería aportar aquí luz a la verdad y llamar la atención sobre el genocidio que se comete contra el pueblo checheno. 
Esto es escandaloso y no podemos aceptarlo. 
La libertad de prensa para Rusia es también un servicio al pueblo ruso. 
Señor Presidente, parece que la guerra empezada para acabar con el terrorismo no está finalizando sino con el inicio de un nuevo terrorismo. 
Parece que éste va a ser un fenómeno permanente en esa región. 
Durante los últimos meses, hemos condenado la actuación de Rusia en cinco resoluciones diferentes. 
En éstas ha habido esporádicamente posturas unilaterales que no han mejorado la eficacia de las condenas. 
Por ejemplo, las ideas relacionadas con el uso del programa TACIS como vehículo sancionatorio sólo dan lugar a que sufran las personas normales, mientras que no han conseguido modificar la línea del Gobierno de Rusia. 
La extensión de la guerra, o por lo menos del terrorismo, supone una gran amenaza para todos. 
Por ello, necesitamos una conferencia de paz para el Cáucaso, ya que estos problemas no se ciñen a las fronteras de Chechenia. 
En segundo lugar, la situación de los derechos humanos es inadmisible, y ello hace necesario un esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por todas las partes. 
Asimismo, hay que garantizar de una vez por todas el acceso libre y rápido a la región de las organizaciones de ayuda humanitaria. 
En tercer lugar, hay que finalizar la guerra y entablar negociaciones. 
En cuarto y último lugar, es imprescindible que Rusia participe activamente en la lucha internacional contra el terrorismo y contra el tráfico ilegal de armas. 
Para concluir, la regla principal respecto del trato de los desplazados es que las ayudas se proporcionen cerca de sus lugares de procedencia y que se les ayude a volver a sus hogares. 
Sin embargo, también a nosotros se nos debe llamar la atención- para que no seamos demasiado hipócritas- sobre el hecho de que cuando los chechenos acudieron a nosotros para que acogiésemos refugiados, nosotros no accedimos a tomar refugiados procedentes de esa región como hicimos, y en grandes cantidades, en el caso de Kosovo. 
En esto notamos la cortedad de miras de nuestra propia política. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, sabemos que la reputación de Rusia ha sufrido graves daños internacionalmente como consecuencia de la guerra de Chechenia. 
Una aclaración plena de las violaciones de los derechos humanos bajo la supervisión internacional es algo que radica también en interés político de Rusia. 
Pero parece que el Gobierno ruso no está demasiado convencido de ello. 
No se puede entender de otro modo que no haya concedido permiso a la encargada de la ONU, Mary Robinson, para entrar en Grozny o en los campos de filtración. 
El acuerdo alcanzado ahora por el encargado de los derechos humanos del Consejo de Europa, Gil Robles, con el Sr. Kalamanov es un paso en la dirección correcta pero sólo será creíble si los dos enviados del Consejo de Europa pueden trabajar con independencia y si se pueden mover libremente en el país. 
Rechazamos cualquier interpretación arbitraria del acuerdo por parte del Gobierno ruso y no la vamos a aceptar. 
Si ocurriese que el Gobierno ruso no cumple este acuerdo, los Estados miembros de la Unión Europea deberán presentar una demanda interestatal contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y adoptar medidas para que se produzca una aclaración internacional de las violaciones de los derechos humanos en lo que apoyo plenamente al Sr. Paasilinna. 
Nosotros también debemos lograr que se detengan los desplazamientos de refugiados a nuestros países, tal como ha hecho el Gobierno alemán. 
También tenemos que conceder ahora a los chechenos asilo político en nuestros países. 
Sería muy positivo si todos los Estados miembros recogiesen las propuestas del Gobierno alemán al respecto. 
Señor Presidente, sin aprobar, no obstante, la política de los dirigentes nacionalistas chechenos, debo expresar aquí, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, nuestro rechazo ante las infamias cometidas por el ejército ruso en Chechenia. 
Se trata de una guerra abyecta de la que son víctimas en primer lugar el pueblo checheno, pero también los jóvenes soldados rusos. 
Pero nos sentimos también indignados por la actitud de las potencias occidentales, principalmente las de Europa. 
El viaje reciente del Jefe del Gobierno británico a Moscú, su adulación servil con respecto al "exterminador" en jefe Putin ilustra la actitud de todas las potencias occidentales. En la opinión pública, algunas declaraciones de condena de ciertos aspectos de la guerra en Chechenia; en la realidad, el apoyo político y financiero al Kremlin. 
La parte de los préstamos occidentales que no ha sido desviada por el clan Yelsin puede así dedicarse a la continuación de la guerra contra Chechenia. 
Un gran número de partidos representados aquí en este Parlamento forman parte de gobiernos que están llevando a cabo esta política de complacencia y de apoyo. 
La votación en el Parlamento no sirve, en estas condiciones, más que para ocultar bajo la hoja de parra de la hipocresía la complicidad profunda de las grandes potencias de Europa con los crímenes cometidos por los dirigentes rusos en Chechenia. 
Libertad de prensa en Serbia: 
Señor Presidente, una de las piedras angulares de una sociedad libre y democrática es el acceso a medios de comunicación y a debates libres. 
Esto lo han sabido todos los dictadores del mundo. 
Todas las sociedades, todos los estados que reprimen a sus propios medios de comunicación sólo persiguen una cosa: silenciar el debate y apagar la llama de la democracia, el diálogo libre y abierto. 
Esto ocurre cada día en Serbia. 
Las pocas radios y televisiones libres que hay en Serbia son perseguidas, hostigadas y, finalmente, clausuradas. 
Se silencia a las voces críticas. 
Milosevic, un líder desesperado con arrebatos dictatoriales y que reprime a su pueblo, amenaza a Montenegro, ataca a la débil oposición en Serbia y se infiltra en Kosovo. 
Milosevic y sus secuaces deben irse. 
Hay que salvar la democracia. 
Por eso, quiero preguntar al Comisario Nielson qué hacen, él y la UE, para que se juzgue a Milosevic en el Tribunal Internacional de La Haya. 
Es una vergüenza para el mundo que los delitos de guerra de Milosevic no hayan sido juzgados por un tribunal y que continúe sus ataques a la paz, a la libertad, a la democracia y a la prensa libre. 
Señor Presidente, la población de la Federación Yugoslava continúa viviendo en condiciones dramáticas, víctima de la política homicida y suicida de su Gobierno y castigada por los bombardeos de la OTAN y el embargo de la comunidad internacional. 
La vida de las oposiciones democráticas es muy difícil no solo por la represión de las autoridades serbias, sino también por las privaciones a las que está sometida toda la población y por las responsabilidades de la comunidad internacional: privaciones y condiciones que crean más conflictos y generan violencia. 
Hoy queremos expresar nuestra solidaridad con los periodistas y los demócratas que han visto violar sus derechos y declarar nuestro compromiso contra la represión de la libertad de prensa y de expresión, de la que el Gobierno de Milosevic es culpable. 
Las autoridades serbias actúan la represión contra los periódicos, las emisoras de radio independientes y las que se refieren a grupos o partidos de la oposición. 
Quiero tan sólo mencionar el ejemplo de los operadores de Estudio B que, además de estar sometidos a las presiones de las autoridades a través del pago de fuertes multas, han visto como unos individuos enmascarados que actuaban por encargo destruían sus equipos. 
A este propósito, se ha cursado una petición a las autoridades serbias para que concluyan las investigaciones para castigar a los culpables de actos criminales, pongan fin a las crecientes represiones y modifiquen la reciente ley que limita la libertad de los medios de comunicación. 
Confiamos en un apoyo económico de la Unión Europea en favor de la prensa independiente, así como en un plan de ayudas económicas a Serbia que ayude a toda la población castigada y contribuya a lograr que la población serbia pueda por fin vivir y elegir a un Gobierno democrático. 
Señor Presidente, es evidente que ha dado comienzo por enésima vez una nueva ronda en la guerra de Milosevic contra los medios de comunicación libres. 
Parece que es la medida perversa de cara a las elecciones. 
La campaña ha empezado y todo aquél que no esté de acuerdo con él tiene que ser acallado. 
Verdaderamente es inaceptable que pronto tengan lugar elecciones, denominadas formalmente elecciones democráticas, en un país en que se ha negado a la oposición toda posibilidad de expresar su opinión. 
Es el rasgo característico de un régimen totalitario que sabe perfectamente bien que los medios de comunicación libres son inconvenientes y que pueden constituir una seria amenaza incluso para un régimen como el de Milosevic. 
El apoyo- sobre esto probablemente estaremos todos de acuerdo- de la UE puede, más o menos, adoptar dos formas, y el apoyo de los medios de comunicación en los países circundantes- se ha citado Croacia y otra serie de países- sería una buena medida. Estoy a favor de ello. 
Pero nunca puede ser una alternativa para el apoyo a los medios de comunicación que operan en Yugoslavia, en Serbia, medios que necesitan ese apoyo. 
La UE ha hecho diferencias. 
La UE ha hecho diferencias en el pasado en el apoyo prestado y en el futuro debe hacerlo también. Lo ha hecho en el marco del nuevo programa Casa, lo cual está muy bien, pero también debe hacerlo dentro de dos semanas en el nuevo pacto de estabilidad. 
En la conferencia de financiación sobre el pacto de estabilidad, la Unión Europea puede y debe comprometerse a llevar a cabo una serie de programas. 
Los programas están ahí, la necesidad está ahí, asumámoslo con decisión y rapidez. 
Señor Presidente, si examinamos la situación de los Balcanes, ya sea desde el terrible pasado reciente o en una perspectiva de futuro, en relación con el pacto de estabilidad, nos topamos siempre con la aterradora figura de Milosevic y sus secuaces, que tienen en su haber miles de crímenes contra la humanidad y que deben ser conducidos sin dilación ante el Tribunal de La Haya. 
Gracias a la posición de monopolio que mantienen en la radio y la televisión y a la represión de cualquier tentativa de crítica independiente, este canalla, este viejo canalla comunista, puede seguir en el poder. 
Desde la Unión Europea se ha hecho de todo, como proveer de equipos a las emisoras independientes. 
Pero ahora que han sido clausuradas una tras otra, la UE de nuevo tendrá que tomar medidas en concertación con los afectados. 
Hace un momento hemos oído que al Sr. Wiersma se le ha denegado un visado para visitar a la oposición en Belgrado. 
Lo más chocante es que en la Unión Europea haya escasa conciencia de que también nosotros disponemos de ese recurso y que, por ejemplo, aquí también podría denegarse la entrada a los fanáticos del fútbol serbio, puesto que son los que se aprovechan de la manera más atroz del régimen de Milosevic. 
Una vez que el pacto de estabilidad comience a funcionar, la ayuda de los países circundantes constituirá una nueva y excelente oportunidad, sobre todo ahora que en Croacia se ha producido un cambio político. 
A través de las emisoras de Croacia y también de Montenegro se pueden ofrecer directamente informaciones alternativas. 
El pacto de estabilidad sólo podrá tener éxito si Serbia es un Estado de derecho democrático, y sólo entonces. 
Y si los criminales son llevados ante el Tribunal de Justicia. En tanto Milosevic y los suyos puedan adoptar leyes que violan los derechos humanos tradicionales y las libertades, mientras eso ocurra, las perspectivas de Serbia son muy oscuras. 
Es de lamentar que la oposición interna sea tan débil y esté fragmentada por cuestiones nacionalistas. 
La Unión Europea tendrá que buscar fuerzas en Serbia que no estén dirigidas por el nacionalismo mezquino sino por valores cuya pervivencia en la Unión Europea ha resultado ser positiva para la humanidad. 
Señor Presidente, apoyamos plenamente nuestra resolución de compromiso, con más satisfacción aún ahora que el Grupo GUE/NGL se ha retirado de ella. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no es la primera vez que hablamos sobre los medios de comunicación en Serbia. Lo hacemos ya desde hace años. 
Debemos recordar que en octubre de 1998, cuando la OTAN dejó de lado el primer ataque proyectado contra Serbia para ayudar a los kosovares porque Milosevic aparentemente había cedido y había permitido que entrasen en el país observadores no armados de la OSCE, exactamente en ese momento se decretó esta Information act que significó que todos los medios de comunicación independientes tuviesen dificultades y ahora vemos el resultado. 
Desde hace dos años constatamos que los medios son cada vez más marginados. 
Pero esto ya se ha dicho aquí. 
¿Cómo de débil se tiene que sentir el sistema de Milosevic cuando se ve cómo trata a los medios? 
Por lo visto tiene pavor a que por fin una mayoría de los ciudadanos vean claramente la terrible verdad sobre su comportamiento durante años caracterizado por un desprecio contra las personas, contra todos los ciudadanos de Serbia, también contra los serbios en Serbia, el miedo a que el pueblo trate pronto a Milosevic y a sus esbirros como los rumanos trataron a Ceaucescu. 
Creo que este miedo le persigue y deberíamos ayudar a los medios para que puedan difundir la verdad sobre Milosevic y su régimen. 
Señor Presidente, aparentemente, el régimen de Milosevic aún no se ha cansado de librar batallas. 
En los últimos tiempos actúa sistemáticamente en contra de las emisoras locales. No ha escatimado la violencia para ello. 
Tampoco se quedan atrás los medios de comunicación dirigidos desde arriba en una campaña legal de difamación entablada contra los medios de comunicación independientes del país. Se les calumnia con calificativos como "agentes de la OTAN" o "traidores de la patria". 
No sin motivo opera el poderoso aparato político de Serbia especialmente en el nivel local, sobre todo en las ciudades en las que la oposición resultó vencedora en las pasadas elecciones municipales de noviembre de 1996. 
Ante la proximidad de las nuevas elecciones municipales, surge en muchos serbios la sospecha de que el régimen de Milosevic ya ha empezado su propia campaña. 
En la óptica de Milosevic es evidente cuál es el blanco: las emisoras regionales de radio y televisión. 
Todo aquél que en las pequeñas y medianas ciudades de Serbia quiera oír y ver otra cosa que lo que pregonan los medios de comunicación estatales desde Belgrado, ha de escuchar por excelencia estas emisoras. 
Dicho sea de paso, los pocos periódicos independientes que existen apenas si se consiguen en las ciudades. 
Esto subraya una vez más la importancia que tiene la oposición política a través de las ondas serbias. 
Como es de esperar, Serbia libra autocráticamente su batalla contra los medios aún no captados, y no lo hace al descubierto. 
Los argumentos legalistas sobre los permisos que faltan o las demoras en la contribución financiera al Estado enmascaran los verdaderos objetivos políticos: acallar a la mayor parte posible de la propia población. 
Los que sí se encuentran oficialmente disponibles son los encargados de las emisoras políticamente correctas de los hijos de Slobo, Marko y Marija. 
Dada esta lamentable situación, todos aquéllos que luchan por la libertad de prensa merecen nuestro apoyo. Y no sólo verbal, sino, como estipula la presente resolución común en su apartado 3, también concreto, proporcionado previa consulta nuevos equipos a las emisoras afectadas. 
Entonces ya pueden los sirvientes voluntarios de Milosevic quedarse tranquilamente con las instalaciones técnicas incautadas. 
Señor Presidente, una mayoría del Consejo de Seguridad- Francia, China, Rusia- es favorable, bajo condiciones, a un levantamiento del embargo impuesto a Irak desde hace cerca de diez años. 
Impuesto al pueblo iraquí, debería decir. 
Los inspectores de la ONU para el desarme en Irak han destruido o hecho destruir los depósitos de armas, de materiales o de productos que puedan servir para la fabricación de armas de destrucción masiva. 
Se han asegurado de que Irak no disponga de ningún cohete del largo alcance que pueda amenazar a sus vecinos. 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica ha concluido, tras varias investigaciones in situ, que Irak no posee ninguna capacidad de producción de armas nucleares, y ello se ha visto confirmado en los informes de los tres grupos de expertos sobre Irak, como especifica hoy la resolución 1284 del Consejo de Seguridad. 
Por ello, nuestra resolución pide el levantamiento de este embargo. 
A pesar de todo, el Gobierno de Estados Unidos se niega a levantar definitivamente el embargo, con el pretexto de que Irak no ha respetado sus obligaciones. 
Sin proporcionar la más mínima prueba, Washington continúa acusando a Irak de fabricar en secreto armas biológicas y químicas. 
Para responder a esta preocupación- sin fundamento, según los expertos -, Francia ha propuesto al Consejo de Seguridad que el levantamiento del embargo se vea acompañado de la continuación de las inspecciones de desarme y de un control de las importaciones iraquíes. 
Washington ha rechazado también esta propuesta, creando así una situación que perjudica principalmente al pueblo iraquí y no a sus dirigentes. 
Según las agencias humanitarias de la ONU, varios cientos de miles de iraquíes, entre los que se encuentran cerca de 500.000 niños, han muerto prematuramente por causa del embargo, sin productos alimenticios, medicamentos y cuidados médicos apropiados. 
Por primera vez desde hace diez años, una delegación americana de consejeros y parlamentarios publicó, ayer 14 de marzo, a la vuelta de un viaje realizado a Irak, un informe en el cual ésta llama, por razones humanitarias, al levantamiento del embargo. 
El programa "petróleo por alimentos", dice esta delegación, no es suficiente para satisfacer las necesidades físicas urgentes de los iraquíes. 
El Sr. Eric Rouleau, ex embajador de Francia, habla de un genocidio a cámara lenta. 
Nuestra resolución llama por tanto a poner fin a esta situación. 
Pero nosotros pensamos también que es necesario un debate amplio sobre este tema. 
Por ello no someteremos esta resolución a votación. 
Sobre una cuestión tan dramática preferimos en primer lugar pedir una declaración a la Comisión y al Consejo. 
Proponemos retrasar este debate al mes de abril. 
Intentaremos entonces obtener el apoyo de todos los que quieren terminar con esta práctica inhumana del embargo, y ello, es preciso aclarar, sin dar carta blanca al régimen dictatorial de Saddam Hussein. 
Señor Presidente, Señorías, la situación a la que debemos enfrentarnos es la que nace de la negativa del Gobierno iraquí a aceptar la resolución nº 1284 de las Naciones Unidas. 
Actualmente, el Gobierno iraquí no está dispuesto a acatar esta resolución y existe el peligro real de que, cuando la comisión de las Naciones Unidas, encargada de controlar la destrucción de las armas de destrucción masiva pida el visado de entrada, le sea denegado. El Gobierno de Su Majestad británica y el Gobierno de los Estados Unidos ya han dado a entender claramente que en ese caso nos espera el recrudecimiento de las hostilidades. 
Por lo tanto, podemos imaginar que dentro de algunos meses tendremos un fuerte enfrentamiento armado: no la guerra reptante que, lamentablemente, continúa hasta la fecha- las bombas siguen cayendo periódicamente también en estos días- sino un enfrentamiento con bombardeos masivos dentro de algunas semanas. 
Creo que debemos concentrar nuestra atención en la posibilidad de evitar que esto ocurra. 
Estoy convencido de que el Gobierno de Irak está dispuesto a aceptar la resolución nº 1284- me lo confirman los contactos mantenidos con los máximos dirigentes de este país- pero el mismo necesita que se aclaren algunos puntos que, de un modo u otro, ya figuran en la resolución. 
Lo que hay que aclarar es si, después de cumplida la misión de la comisión de las Naciones Unidas, se levantará el embargo: no tan sólo se suspenderá, sino que se levantará. 
Nadie irá a Irak a reconstruir sabiendo que quedan sólo cuatro meses de certeza, después de los cuales se podría volver a imponer el embargo sin nuevos motivos apremiantes. 
Hemos tratado de asediar a Irak y de obligar al pueblo iraquí a cambiar su Gobierno a través del embargo. 
No lo hemos conseguido, a pesar de que lo venimos intentando desde hace siete años y medio. 
En lugar de obligar a los iraquíes a luchar contra el régimen, el embargo les ha incitado a la hostilidad frente a las potencias occidentales y, en todo caso, ha reducido cualquier capacidad de acción. 
Creo que para el régimen sería más desestabilizador volver a una situación más vivible desde el punto de vista de las relaciones comerciales, es decir, a una situación en que la gente pueda albergar alguna esperanza de felicidad por pequeña que sea, que perseguir el camino del embargo que, en este punto, no consigue derrocar al régimen, sino sólo infligir graves y enormes sufrimientos a la población y en particular a los niños iraquíes. 
Irak no muere de hambre. 
No existe un problema de falta de alimentos, hay un gravísimo problema de salud: la red de abastecimiento de aguas es ruinosa, el alcantarillado está destruido, las aguas residuales y las aguas para uso doméstico se mezclan dramáticamente y crean índices de disentería que hacen que la mortalidad infantil alcance cifras altísimas. 
No sólo hacen falta medicamentos, hay que ir allí y reconstruir la red de abastecimiento de agua, el alcantarillado, las centrales eléctricas, restablecer las condiciones de una vida civil. 
Creo que en nuestra resolución debemos tranquilizar al Estado de Israel. 
No hay que olvidar que Irak no tiene armas atómicas, ni previsiblemente podrá fabricarlas, pero está claro que su régimen o una parte del mismo utilizaría estas armas si las tuviese. 
Por consiguiente, es preciso que aclaremos a Israel que la defensa del Estado de Israel y del derecho a la existencia del Estado de Israel, es una piedra angular de nuestra política. 
Si queremos evitar el enfrentamiento que está a punto de estallar debemos elaborar una resolución equilibrada que pueda ser aceptada por todas las partes implicadas: no una declaración demagógica, sino una propuesta política en que haya un protagonismo de Europa que actúa para defender la paz del mundo y que desempeña su papel en esta región responsablemente. 
Señor Presidente, he de confesar que no me satisface en absoluto que esta resolución no se vote hoy. En realidad, cada minuto que pasa podría arrastrarnos a un enfrentamiento que debemos evitar. 
En el pasado período parcial de sesiones, pedí que se debatiera el asunto y me sorprende que haya pasado un mes sin que los amigos socialistas concertaran con nosotros una moción que se puede acordar perfectamente, dado que compartimos sus bases fundamentales. 
Sin embargo, me doy cuenta también de que es importante que haya un consenso lo más amplio posible para ofrecer a nuestros Gobiernos un fuerte apoyo. 
No obstante, invito a que se procure que el tiempo no pase en balde, ya que no quisiera que nos sucediera una vez más lo que en otras ocasiones, es decir, que decimos lo que haría falta para salvar la paz cuando la guerra ya ha empezado. 
Señor Buttiglione, si puedo resumir sus palabras, confirman la nota que, entretanto, ha llegado, en nombre de su Grupo, a la Presidencia, en el sentido de que, también de acuerdo con el Sr. Naïr, se retire esta resolución. 
Pero el debate continúa, independientemente de lo que suceda en el próximo período de sesiones de abril y espero que concuerde con la voluntad política que los dos han manifestado aquí. 
Por tanto, continúa el debate y se retiran las resoluciones. 
Señor Presidente, yo también lamento que la votación no se celebre ahora. 
Me preocupa, al igual que a los demás oradores, las penurias que padece el pueblo iraquí. 
No deberíamos olvidar nunca que la difícil situación por la que atraviesa la población de Iraq se la está imponiendo su propio gobierno. 
Tampoco deberíamos olvidar que en enero de este año el Parlamento aprobó una resolución en la que se pedía la puesta en libertad de los prisioneros de guerra kuwaitíes que siguen encarcelados en Iraq o al menos que se proporcionen detalles a sus familiares, y que deberían cumplirse las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Nada de eso ha sucedido y debemos ser perfectamente claros al enviar el mensaje a Iraq, y también a la población de Kuwait, de que en Europa no olvidaremos y no vamos a hacer caso omiso del sufrimiento de esas personas que siguen encarceladas injustamente en Iraq. 
Queremos transmitir ese mensaje lo más alto y claro que podamos para que no haya lugar a dudas. 
Señor Presidente, las sanciones impuestas por la ONU se han convertido en un arma de destrucción masiva que se cobra al menos las vidas de 200 niños al día. 
Dennis Halliday, que dimitió de su cargo de director de la Misión humanitaria de las Naciones Unidas en Iraq en señal de protesta contra las sanciones, confirma las estadísticas de UNICEF- entre cinco y seis mil niños mueren cada mes como consecuencia directa de las sanciones. 
Mary Robinson, la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Refugiados, se ha manifestado en contra de las sanciones impuestas en violación del Derecho internacional, que prohibe dejar morir de hambre a los civiles como táctica de guerra. 
La Sra. Robinson dice: "¿ Cómo pueden esperar de mí que condene los abusos contra los derechos humanos en Argelia, China y otras partes del mundo, cuando las propias Naciones Unidas son responsables de la situación en Iraq ?" 
Las sanciones económicas impuestas por la ONU impiden que los iraquíes reciban las piezas de repuesto para restaurar la infraestructura, lo que ha ocasionado la proliferación de enfermedades infecciosas que se transmiten a través del agua y del aire. 
Por otra parte, la escasez de ayuda médica y alimentaria ha causado muertes a causa de esta epidemia de enfermedades que pueden curarse. 
Las Naciones Unidas estiman que entre cinco y seis mil niños mueren innecesariamente cada mes como consecuencia de las sanciones, incluso después del programa de la ONU "petróleo a cambio de alimentos". 
Las sanciones constituyen una fuerza letal implacable, y la población iraquí inocente que se ve atrapada entre las fuerzas contrarias está pagando por ello. 
Eso no puede continuar. 
El documental de John Pilger que vimos en la televisión británica hace dos semanas enseñaba la situación con toda claridad, y nadie con un mínimo de conciencia humanitaria puede hacer caso omiso de este sufrimiento y perseguir al pueblo inocente que no tiene ningún poder sobre Sadam Husein. 
Esto es absurdo: se está librando una guerra contra los niños que no tienen voz, básicamente porque los Estados Unidos y también los británicos apoyan este tipo de crueldad contra sus semejantes. 
Señor Presidente, no hay ninguna duda de que el pueblo iraquí está atravesando la situación más difícil que jamás haya podido soportar. 
Las estadísticas pertinentes sobre la salud son aquellas que publica la Organización Mundial de la Salud. 
Recientemente se han publicado los perfiles estadísticos de los países de la región mediterránea oriental para la OMS, entre los que se incluye Iraq. 
Se trata de las cifras aprobadas por los países que publica oficialmente la OMS. 
Los indicadores más sensibles en materia de la salud demuestran que Iraq se encuentra en el nivel más bajo posible de la tabla después de Afganistán, Yibuti en Somalia, que son los países menos desarrollados de la región. 
Iraq tiene la capacidad de ser el país más rico per cápita del mundo. 
Puedo demostrar, sin embargo, que el régimen de Sadam Husein, el Gobierno de este corrupto Estado, es enteramente responsable de la salud de esos niños. 
En la vecina República Islámica de Irán se encuentran 95.000 refugiados iraquíes- una parte proporcional de los fondos destinados a Iraq se ha utilizado en estos niños y en sus madres; 35.000 de los cuales tienen menos de cinco años; sin embargo, la salud de esos niños ha mejorado de manera sistemática y ahora la tasa de mortalidad es igual que la del país anfitrión, Irán, y casi idéntica a la de otros países occidentales. 
El 92% de todos los niños que nacen en esos campos de refugiados presentan un peso aceptable, algo imposible de conseguir en Iraq. 
La culpa la tiene el Gobierno de Iraq. 
Situación en Jammu y en Cachemira: 
Señor Presidente, hoy nos ocupamos durante unos pocos minutos de un tema que se encuentra muy alejado de Europa y que, sin embargo, está muy cerca ya que en el mundo actual los focos de crisis pueden tener sus repercusiones en todo el mundo. 
Tenemos todo el interés en evitar una nueva crisis, una nueva guerra en Cachemira. 
Pues, a la postre, se trataría de un enfrentamiento bélico de dos naciones dotadas de armas nucleares, que persiguen ampliar y adquirir este tipo de armas. 
Se trata de una situación gravemente peligrosa que debemos evitar. 
Sin realizar una valoración, creo que ambos países, India y Pakistán, tienen que adoptar una actitud extremadamente precavida. 
Unos con las permanentes violaciones fronterizas y los otros con las demostradas discriminaciones de parte de la población, en especial, de la población musulmana en la India. 
No quiero realizar una valoración de ello, no quiero ponerlo en una balanza, pero en ambos casos impera el fanatismo, un fanatismo y extremismo de carácter religioso que hace que este foco de crisis sea cada vez más peligroso. 
En los últimos días hemos hablado muy profusamente sobre derechos humanos, xenofobia y discriminación y la Unión Europea tiene que defenderse con toda vehemencia frente a este extremismo con todos los medios de que dispone en todos los lugares, en el propio entorno, en los países que buscan la adhesión y en todo el mundo. 
Tenemos que apoyar todas las iniciativas que hay. 
No somos nosotros los primeros que podemos adoptar iniciativas. 
Son las Naciones Unidas y, sin duda, también los Estados Unidos de Norteamérica. 
Pero nosotros tenemos que decir claramente que este conflicto debe solucionarse y no azuzarse. 
En este sentido, señor Presidente, considero importante que Europa eleve su voz e inste a ambos países, India y Pakistán, para que hagan ellos mismos todo lo posible y, sin embargo, ofrecer a ambos que recapaciten si no es necesaria y razonable una ayuda internacional para solucionar este conflicto. 
En cualquier caso, no debemos callar. 
Señor Presidente, me alegra que hoy estemos debatiendo esta resolución, aunque habría preferido que debatiéramos la resolución del ELDR. 
India y Pakistán arrastran este conflicto desde hace más de cincuenta años. 
Durante todo esto tiempo ha habido resoluciones de las Naciones Unidas que hacían un llamamiento en favor de la celebración de un plebiscito entre la población de Cachemira, pero aún no se ha celebrado nada. 
Ahora es incluso más importante que encontremos una solución, sobre todo porque India y Pakistán son potencias nucleares. 
Si vuelve a declararse otra guerra en esa frontera, creo que podría convertirse en una guerra nuclear, y eso afectaría no sólo a India y Pakistán y a la población de Cachemira, sino a todos nosotros. 
Por ello espero que India y Pakistán acudan a la mesa de negociaciones, junto con el pueblo de Cachemira. 
Me gustaría que la Unión Europea o los Estados Unidos actuaran de intermediario honesto, de mediador, para intentar poner fin a este conflicto. 
Pero en cualquier caso, hay que poner fin a los abusos contra los derechos humanos. 
A diario nos llegan noticias de violaciones, asesinatos, torturas, y son muchos los que afirman que se trata de exageraciones. 
Pero cuando estuve en Azad Kashmir y acudí a uno de los campos de refugiados hace unos años, me sentí profundamente conmovida por los relatos que escuché de primera mano. 
Y me conmovió aún más lo que vi cuando entre en una tienda en la que había mujeres y niños. 
Me acerqué a una mujer y a pesar de que no hablábamos la misma lengua permanecimos allí y nos abrazamos. 
Aquella mujer estaba gimiendo desconsoladamente. 
Casi pude tocar el dolor, sentir realmente el dolor de aquella mujer. 
No estaba simulando, no estaba fingiendo el dolor; nadie acude a un campo de refugiados por gusto. 
Estaban allí porque habían sido torturados, habían sido maltratados y huían de eso. 
Aquél no fue un incidente aislado, y casos similares siguen ocurriendo hoy. 
Debemos encontrar una solución. 
Tienen que acudir a la mesa de negociaciones. 
Señor Presidente, me produce gran satisfacción que hoy podamos hablar sobre este conflicto olvidado, puesto que el conflicto no está tan olvidado en la medida en que los afectados viven en nuestros propios vecindarios y ciudades como refugiados políticos y pueden hablar con nosotros de este problema. 
A menudo me produce vergüenza comprobar qué poca influencia podemos ejercer como gran potencia económica en el terreno político. 
De ahí que me parezca bien que hoy podamos hablar sobre este conflicto. 
Pero no sería bueno que nos limitáramos a tratarlo como un conflicto entre el Pakistán y la India acerca de sus respectivas esferas de influencia, tal como quisieran ambos países que se considerara. 
En general no se tiene en cuenta a las personas que viven allí. Las Naciones Unidas, en sus resoluciones de 1948 y 1949, establecieron que el destino de Cachemira y Jammu debería decidirse en un referéndum con supervisión internacional. 
Pero no se llegó tan lejos. 
La India y el Pakistán deberían hacer lo mismo, pero no han hecho sino provocar una serie interminable de pequeños conflictos que- como han subrayado acertadamente los anteriores oradores- adquieren un carácter amenazador desde que ambos países se han convertido en potencias nucleares. 
Esto, aparentemente, ha vuelto a sacudir a la opinión pública. 
Estoy convencido de que la mediación internacional es conveniente y necesaria. 
Me adhiero plenamente a lo que ha dicho Kofi Annan al respecto, pero espero que también se respete el derecho de autodeterminación de los pueblos afectados. 
Señor Presidente, hace más de un año, en febrero de 1999, surgieron esperanzas de que existiesen unas nuevas relaciones entre la India y Pakistán. 
En la declaración de Lahore ambos Jefes de Gobierno subrayaron su decisión de cumplir el acuerdo de Simla de 1972. 
Sin embargo, como consecuencia del litigio por Kargil desde mayo hasta julio de 1999, lamentablemente el proceso de Lahore se paralizó. 
Los nuevos acontecimientos en Cachemira son preocupantes. 
Condenamos las continuas violaciones de los derechos humanos, el fanatismo religioso, el sabotaje y el terrorismo. 
La causa de ellos son actividades de rebeldes que operan transfronterizamente desde el lado pakistaní, la line of control, y atacan sistemáticamente a civiles indefensos. 
La India ha acusado en repetidas ocasiones al Gobierno de Islamabad de apoyar a los guerrilleros con know-how técnico y militar. 
Hay que impedir las violaciones fronterizas aunque la región tenga 700 km. de longitud y sea de difícil control. 
Se tiene que estabilizar la situación política y militar para crear una atmósfera apta para conversaciones bilaterales. 
El Gobierno hindú se ha declarado dispuesto a reiniciar las negociaciones. 
Condición previa es respetar estrictamente la línea de demarcación y frenar las tendencias fundamentalistas. 
Cuando el Presidente Clinton- James Elles ha llamado la atención al respecto- visite a finales de marzo el sudeste asiático y cuando la delegación SAARC del Parlamento Europeo se encuentre en abril en la India, el tema de Cachemira debe incluirse en el primer punto del orden del día. 
Debemos trabajar para lograr un acercamiento de ambos países vecinos, el Pakistán de carácter islámico y La India de carácter multinacional. 
Es también responsabilidad del Comisario Patten y del alto representante del Consejo, Solana, que la Unión Europea tenga una oportunidad de poder perfilarse como una mediadora internacional exitosa en situaciones de conflicto. 
. (EN) En primer lugar, sobre las elecciones presidenciales en Perú, las autoridades peruanas han invitado a la Presidencia de la UE y a la Comisión a enviar a observadores a las elecciones. 
Tras la consulta llevada a cabo entre la Comisión y los Estados miembros, hemos llegado a la conclusión de que la situación no justifica la organización ni el despliegue de toda una misión de observación de la UE. 
Algunos Estados miembros han anunciado, sin embargo, que enviarán a observadores sobre una base bilateral, incluidos, en algunos casos, representantes de sus parlamentos nacionales. 
Asimismo apoyan la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, encabezada por el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Sr. Eduardo Stein. 
Respecto de la situación de los derechos humanos en Chechenia, quiero hacer los comentarios siguientes: la Comisión también siente una gran preocupación ante la creciente evidencia de abusos contra los derechos humanos en Chechenia. 
Queremos que Rusia respete sus compromisos asumidos en la OSCE y el Consejo de Europa y busque una solución política, autorice investigaciones independientes de las denuncias de abusos contra los derechos humanos, mejore el entorno para el funcionamiento de una prensa independiente y atienda a las solicitudes legítimas de los operadores de ayuda humanitaria. 
La resolución del Parlamento también recoge estos temas. Son precisamente los mismos sobre los que traté muy abiertamente con el Gobierno ruso durante mi vista a la región a comienzos de febrero. 
La Comisión también ha reiterado este mensaje a través del ministro de Asuntos Exteriores Ivanov durante la troica ministerial del 2 de marzo, ocasión en la que le presentamos una serie de propuestas concretas, entre las que se incluían el envío de misiones de reconocimiento a Chechenia en el marco del programa ECHO, el acceso y peticiones básicas de las ONG, la autorización de visitas de diplomáticos de la UE a la región antes de las elecciones presidenciales para que informen sobre las condiciones en que vive la población civil, la situación humanitaria, los supuestos abusos contra los derechos humanos e investigaciones. 
Seguimos esperando una respuesta de las autoridades rusas a estas propuestas concretas. 
En lo relativo a la situación de los medios de comunicación en Serbia, la creciente serie de ataques contra Studio B a manos de las autoridades la semana pasada es completamente inaceptable y la deploramos. 
El incremento de la presión que se ejerce sobre los medios de comunicación independientes demuestra precisamente la importancia de estos medios. 
La Comisión Europea ha realizado grandes esfuerzos para apoyar a los medios de comunicación independientes de Serbia. 
En diciembre de 1999, aprobamos un plan de apoyo por valor de 3,3 millones de euros. 
Hemos reservado una asignación de fondos de emergencia que podrá proporcionar equipos y fondos para la supervivencia de estos medios, entre los que se encuentran la cadena de televisión Studio B. La Comisión está destinando nuevo personal a la aplicación de los proyectos relacionados con los medios de comunicación y hemos agilizado nuestros contratos con los beneficiarios en un intento de acelerar el proceso de entrega de las subvenciones. 
Se están distribuyendo equipos para la recepción vía satélite en toda la región de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. 
El servicio de la Comisión Europea Europa vía satélite mantiene su apoyo cediendo tiempo en su servicio a las cadenas de televisión independientes de Serbia para que transmitan información que llegue al resto de la región y fomente el intercambio de programas. 
Sobre Iraq haré los siguientes comentarios: la Comisión siente preocupación por la decisión unilateral iraquí de no aceptar la resolución 1284 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por el consiguiente retraso en la puesta en marcha de su nuevo instrumento de vigilancia UNMOVIC y el levantamiento parcial del régimen de sanciones. 
Esta decisión sólo prolongará la crisis en Iraq. 
Petróleo por alimentos sigue siendo la mejor opción a corto plazo para paliar el sufrimiento de la población iraquí. 
A más largo plazo, la situación económica y social en Iraq sólo puede mejorar a través de una mayor actividad económica estimulada por el levantamiento de las naciones. 
Debería estudiarse el modo de conseguir que el Gobierno iraquí acepte un diálogo sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que conduzcan al levantamiento gradual de las sanciones. 
Pero no nos equivoquemos; la clave para el levantamiento de las sanciones la tienen los iraquíes. 
La Comisión es desde la Guerra del Golfo en 1991 uno de los principales donantes de ayuda humanitaria a Iraq, ayuda que ha superado los 242 millones de euros. 
Además se han asignado otros 8,6 millones de euros con cargo al presupuesto ECHO para 2000. 
La Comisión, sin embargo, siente preocupación por las restricciones impuestas por el Gobierno iraquí al funcionamiento de las ONG, que pueden hacer peligrar la aplicación de los programas de ayuda humanitaria financiados con cargo a ECHO en Iraq. 
Por último, señor Presidente, sobre la situación en Jammu y Cachemira, la Comisión saluda la profunda inquietud del Parlamento Europeo por el conflicto de Cachemira, como se refleja en las diferentes propuestas de resolución. 
La inquietud que esta región despierta entre la comunidad internacional está justificada, sobre todo, porque ambas partes poseen armas nucleares y porque el diálogo entre las mismas está efectivamente roto en estos momentos. 
Precisamente como consecuencia de este punto muerto y de los altos riesgos que entraña la situación, es necesario que los demás adoptemos un enfoque equilibrado. 
Sólo los que no estamos involucrados directamente podemos instar a ambas partes a que procedan a la reducción de los enfrentamientos militares de una manera estructurada y a reanudar un diálogo exhaustivo con vistas a la reanudación del proceso de paz de Lahore. 
Deberíamos pedir a Pakistán que ponga fin a la infiltración de personal paramilitar que cruza la línea desde su parte de control. 
Deberíamos animar a India a buscar y explorar todo el potencial que ofrecen las soluciones políticas internas para cumplir las expectativas de las población de Jammu y Cachemira con respecto a la posibilidad de conceder una mayor autonomía tal y como recoge su Constitución. 
La Comisión cree que deberíamos adoptar una posición al respecto que tenga en cuenta el carácter explosivo de la situación actual, especialmente con vistas a la celebración de la próxima cumbre entre la UE e India, en la que ciertamente se discutirá la cuestión de Cachemira. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas, excepto la relativa a la situación en el Irak, como ha quedado acordado. 
Lucha contra la delincuencia organizada 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0248/2000 del Sr. Di Lello Finuoli, Sr. Manisco y Sr. Papayannakis, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europa/Izquierda Verde Nórdica, sobre la lucha contra la delincuencia organizada relacionada con el contrabando en Apulia (Italia); 
B5-0259/2000 del Sr. Procacci, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la lucha contra la delincuencia organizada procedente del Sudeste de Europa; 
B5-0267/2000 del Sr. Lavarra y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la lucha contra la delincuencia organizada; 
B5-0274/2000 de la Sra. Frassoni y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación de urgencia provocada por la delincuencia relacionada con el contrabando en Apulia (Italia) 
B5-0277/2000 del Sr. Le Pen y otros, en nombre del Grupo Técnico de Diputados Independientes-Grupo Mixto, sobre la delincuencia organizada; 
B5-0284/2000 del Sr. Fitto y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre la lucha contra la delincuencia organizada. 
Señor Presidente, quiero apoyar la propuesta de resolución común presentada por un gran número de colegas y respaldada por los grupos más representativos de este Parlamento, para hacer un fuerte llamamiento a los Gobiernos de los Estados miembros en cuanto a la necesidad de intensificar y ante todo de convertir en más eficaz la lucha contra la delincuencia organizada cuando ésta se dedica no sólo al contrabando de cigarrillos, sino también al tráfico de droga, de armas y, lo que es peor, al tráfico de seres humanos. 
Los italianos conocen perfectamente las dificultades que se plantean cuando se debe hacer frente a la lucha contra la delincuencia organizada. 
Sabemos que la delincuencia organizada, obtiene de estas prácticas que, alguna vez- como en el caso de los cigarrillos- aparentemente, pero sólo aparentemente, no parecen tan graves, los medios con los cuales luego corrompe cualesquiera posibles iniciativas. 
Europa tiene un cometido fundamental en el desarrollo de estas nuevas regiones- para muchas de las cuales, por otra parte, está prevista la adhesión a la Comunidad- sin embargo, todas nuestras inversiones resultarán inútiles si no logramos vencer esta delincuencia organizada que, de lo contrario, se convertirá en la principal beneficiaria de nuestras inversiones. 
Los medios, los recursos puestos a disposición por la Comunidad Europea no alimentarán el cuerpo sano de las poblaciones, sino que acabarán reforzando aún más, si cabe, el cáncer de la delincuencia organizada. 
Por esto destaco un aspecto muy positivo de la resolución, aquel en que se dice que la Comunidad debe velar por el desarrollo económico y social de las poblaciones, porque es precisamente allí donde se conseguirán los mayores resultados. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no es la primera vez que nos ocupamos del problema del crimen organizado en la Unión Europea. 
El que hoy lo hagamos en un debate de urgencia tiene una causa concreta: el asesinato cometido el 24 de febrero en Brindisi contra dos funcionarios de la Guardia di Finanza ha mostrado de nuevo claramente el grave peligro que corren las y los colegas de los órganos de seguridad de los Estados miembros que deben proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea o que trabajan en regiones que al encontrarse en las fronteras exteriores de la Unión Europea son campos de operación del crimen organizado. 
Estas colaboradoras y colaboradores del servicio público de los órganos policiales no sólo merecen nuestra plena solidaridad y nuestro respeto sino que sobre todo merecen que comprendamos por fin- independientemente de que país provengamos en la Unión Europea- que, por ejemplo, los funcionarios de la Guardia di Finanza en Apulia protegen también el territorio de las ciudadanas y ciudadanos de mi país, y lo digo como diputado alemán. 
Creo que en el Parlamento Europeo debemos reconocer a los allegados de las víctimas y constatar que el respeto ante los muertos no es un asunto italiano sino europeo. 
Este es el primer punto que quiero exponer. 
El segundo es una apelación política que, en mi opinión, no nos tomamos lo suficientemente en serio. 
Hablamos de la necesidad de una lucha eficaz contra el crimen organizado y consideramos con demasiado poca frecuencia que el mercado interior creado por nosotros mismos, con su libertad de circulación de servicios, capital, mercancías y personas, ha creado un enorme espacio de actividad económica pero que en todos los lugares en los que se realizan actividades comerciales legales y libres también es posible la economía ilegal. 
Con este inmenso espacio económico legal hemos creado también un inmenso espacio de economía ilegal. 
Hoy es posible operar en toda Europa con contrabando, tráfico de personas, delincuencia con cartas de crédito, tráfico de drogas, prostitución y con todas las formas de criminalidad. 
Sin embargo, las necesarias estrategias policiales para oponerse a ello siguen permaneciendo prioritariamente dentro del ámbito de competencias nacional. 
Los instrumentos para combatir el crimen organizado se organizan a nivel interestatal. 
En mi casa, en el distrito de Aquisgrán, hay una ciudad llamada Herzogenrath. 
A un lado de la calle se encuentran los Países Bajos y al otro Alemania y si uno realiza un asalto a un banco en el lado alemán y llega con suficiente rapidez al lado holandés entonces ha tenido suerte pues ningún policía alemán puede perseguirle. 
Este es un ejemplo práctico de las dificultades en la lucha contra el crimen organizado que revela la necesidad de un modo de proceder transfronterizo o, mejor dicho, a nivel europeo. 
Con ello quiero expresar que para las formas más graves de criminalidad que sólo se pueden combatir a nivel europeo, la Unión Europea necesita unas potestades operacionales propias para los órganos policiales europeos bajo el control del Parlamento Europeo. 
Creo que debemos a aquellos que caen víctimas del creciente crimen organizado que los políticos en el Consejo, en la Comisión y en el Parlamento creemos los instrumentos necesarios para oponernos eficientemente a ello. 
Señor Presidente, durante mucho tiempo el contrabando de cigarrillos, especialmente en la posguerra, gracias a las películas del neorrealismo, ha tenido una aura casi romántica en Italia. 
Sin embargo, lo que ocurre en Apulia y en el sur de Italia no tiene nada de romántico, todo lo contrario. 
La trágica muerte de dos funcionarios de la policía fiscal no es sólo un problema de seguridad pública italiana, es un problema europeo: no es solo un problema de seguridad europea, sino también y sobre todo un problema que afecta a nuestras relaciones con nuestros vecinos de la otra orilla del Adriático. 
La Unión Europea participa de forma sustancial en la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
Las iniciativas de las autoridades locales y nuestra movilización para ayudarlas a actuar son elementos cruciales para vencer a las organizaciones delictivas y, por ende, para la seguridad de los europeos. 
En este sentido, lamentamos que en la resolución de compromiso se haya rechazado condicionar, como habíamos propuesto, los nuevos programas de reconstrucción al compromiso de los Gobiernos de la antigua Yugoslavia con una activa colaboración en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Por contra, esperamos que el Consejo y la Comisión no escatimen esfuerzos para movilizar a dichos Gobiernos y que la participación de ambas Instituciones en la Conferencia de los días 19 y 20 de mayo marque el comienzo de una acción eficaz en este sentido. 
Señor Presidente, el Consejo extraordinario de Tampere del pasado año tomó nota de la dificilísima situación en que se encuentran algunas regiones de Europa y tomó la decisión de convocar la Conferencia de los días 19 y 20 de mayo, cuyo tema es la seguridad y el desarrollo de esa zona. 
Europa está tratando de ampliar sus fronteras, está reflexionando sobre los espacios de justicia, seguridad y libertad. 
El Adriático es una frontera, el Jónico otra. 
Si queremos que los procesos de ampliación de Europa tengan peso, debemos asegurar a nuestros ciudadanos, a nuestros conciudadanos, a los habitantes de esas regiones que nuestras palabras no son proyectos políticos, sino auténticos proyectos calados en la realidad y que cuando hablamos de Derecho y seguridad les ofrecemos los medios, las situaciones y los sistemas para que se sientan seguros. 
Hemos pagado con demasiados muertos: demasiado civiles han perdido la vida en esta suerte de incursiones que ocurren en Apulia; hemos pagado con demasiados hombres de las fuerzas de orden. 
Tenemos la necesidad, ya que por otro lado existe un Pacto de estabilidad, de intervenir concretamente para demostrar que ampliando Europa ampliamos también la seguridad de nuestra gente. 
Señor Presidente, respecto a este tema tengo una actitud ambivalente. 
Yo fui ponente para la ampliación hacia el Este y la seguridad interior y, por un lado, naturalmente no sólo debemos preocuparnos de lograr unos elevados estándares de seguridad en los países candidatos, tal como hacemos nosotros mismos en la UE, sino además en todos los países europeos. 
Necesitamos un sistema paneuropeo de seguridad interior y en este contexto nos deben preocupar especialmente los Balcanes pues hemos adquirido una especial responsabilidad en Kosovo y en las regiones vecinas. 
Pero, por otro lado, debemos tener cuidado en no clasificar de algún modo a determinados pueblos. 
Por ello, estamos en contra del apartado 4 de la resolución común en el que se menciona a Montenegro. 
Naturalmente, Montenegro tiene también problemas con la seguridad interior, por cierto, como nosotros también los tenemos en la UE. 
Pero Montenegro se ve actualmente amenazada de un modo masivo y han escuchado que Milosevic ha puesto en marcha actualmente operaciones militares contra Montenegro, lo que la OTAN declaró ayer de modo totalmente oficial. 
Debemos prestar aquí atención para no proporcionarle ninguna excusa. 
Pero, por favor, ningún pasaje específico contra Montenegro sino apoyo a Montenegro en su difícil camino hacia más libertad. 
Señor Presidente, considero muy importante la convergencia que se ha alcanzado en este Pleno con relación a una nueva iniciativa contra la delincuencia organizada, sobre todo porque se ha comprendido, empezando por el Grupo en cuyo nombre estoy interviniendo, que el dramático suceso de Brindisi no es un fenómeno circunscrito a la Región de Apulia, sino que recuerda los valores, los principios y los objetivos que forman parte integrante de la nueva política europea; recuerda el problema de la justicia y la seguridad para los ciudadanos de la Unión. 
El Parlamento y las Instituciones de la Unión deben plantearse esta perspectiva para responder de manera racional a los sentimientos de miedo y de inseguridad de los ciudadanos frente al crimen y para combatirlo en todos sus aspectos: en los aspectos de violencia cruel que no duda en matar a las fuerzas del orden y a los ciudadanos indefensos, y en los aspectos de auténtica empresa criminal, económica y financiera de carácter supranacional. 
Debido a las relaciones entre los grupos criminales de distintos países y al ámbito geográfico cada vez más amplio, nos encontramos ante la necesidad de una respuesta supranacional. 
Por otra parte, el tema de la seguridad figura entre los objetivos de la Europa de Amsterdam y fue abordado en el Consejo Europeo de Tampere de otoño 1999. 
Confiamos en que se tomen decisiones concretas como las propuestas en Tampere en orden a la creación de grupos de investigación comunes, de una Agencia europea de policía y de un auténtico órgano judicial europeo como EUROJUS. 
Éste es el camino que debemos seguir teniendo en cuenta la lucha contra la criminalidad en esos países en las relaciones de la Unión con los países de los Balcanes. 
Por último, permítanme sumarme al dolor de las familias de las víctimas y expresar en este Pleno mi solidaridad y reconocimiento al elevado sentido del deber que estos dos agentes demostraron ese trágico 24 de febrero. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
CITES 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0243/2000 de la Sra. Maij-Weggen y del Sr. Bowis, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES); 
B5-0249/2000 del Sr. Sjöstedt y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europa/Izquierda Verde Nórdica, sobre la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES); 
B5-0260/2000 del Sr. Davies, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES); 
B5-0269/2000 de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES); 
B5-0275/2000 del Sr. de Roo y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES); 
Señor Presidente, señorías, antes de nada quiero disculpar a la Sra. Maij-Weggen, ponente de la resolución. Ha tenido que marcharse para asistir al entierro de un familiar. 
No es la primera vez que en esta Cámara se habla del Convenio CITES. 
En el transcurso de los años, este convenio, en el que participan 148 países, ha salvado muchos animales y plantas en peligro de extinción. 
A menudo ha sucedido que después de insistentes acciones por parte de las organizaciones protectoras de animales y ecologistas, estas acciones más de una vez fueron adoptadas por el Parlamento Europeo, por los parlamentos nacionales y también, por ejemplo, por el Congreso de los EE.UU. 
Ahora parece que en la reunión del CITES en Nairobi pueden volver a tomarse decisiones erróneas y que debemos volver al campo de batalla para impedirlo. 
En esta intervención quiero concentrarme en tres peligros. 
El primero es que una serie de países del África meridional han propuesto trasladar al elefante africano del Apéndice I al Apéndice II, lo que significa permitir su caza controlada. 
Algunos quieren permitir a los países que extraigan cerca de 50 toneladas de marfil. 
Solicitamos fervientemente a la Comisión y a los Estados miembros que se pronuncien en contra. 
La lista de marfil extraído ilegalmente es tan amplia que una caza legal no hará sino agravar el problema y mientras tanto, en veinte años, la población total del elefante africano se ha reducido de 1,3 millones a 625.000. 
Con ello se ha atravesado una barrera crítica, como ya es sabido. 
Un segundo peligro que quiero señalar es la propuesta de Noruega y Japón para poder cazar legalmente la ballena hocicuda (minke whale) en la zona occidental del océano Atlántico y en la zona meridional del océano Pacífico. 
También estamos en contra de esta propuesta, aunque sólo sea porque en ambos países ya se da caza a estos bellos animales. 
De ese modo lo único que se conseguirá es recompensar una conducta incorrecta. 
Además, esta ballena hocicuda está en peligro y mejor será que nos atengamos a nuestro acuerdo de proteger todas las especies de ballenas. 
Por último, en tercer lugar, Cuba ha pedido que se traslade de nuevo al Apéndice II la tortuga de carey (hawksbill turtle). Esto obedece a una típica visión reduccionista de un animal que está en peligro de extinción. 
Como la especie desova fundamentalmente en Cuba, se piensa que hay ejemplares más que suficientes y se quiere cazar 500 de estas tortugas por año, ya se sabe para qué, para restaurantes exclusivos y para vender los caparazones a Japón. 
Tanto lo uno como lo otro constituiría un fuerte impulso para seguir con la caza ilegal. 
Cuba debería avergonzarse de esta propuesta, porque además su propia propuesta no se ajusta a la ideología que defiende Cuba, que, por otra parte, yo tampoco comparto. 
En resumidas cuentas, éstos son tres ejemplos de una gama de propuestas planteadas en Nairobi que nos causan gran preocupación. 
Pedimos a la Comisión y a los Estados miembros que no apoyen este tipo de propuestas, sino que mantengan el convenio CITES en su forma actual. 
No empecemos este siglo con mal sino con buen pie, y velemos juntos por que las plantas y los animales no vean amenazada su supervivencia. 
Señor Presidente, como ha dicho la oradora anterior, nos dirigimos con esta resolución a las partes del Convenio CITES que se reunirán en Nairobi en abril. 
Y nos dirigimos para intentar preservar especies amenazadas de nuevo; especies tales como el pangolín asiático, los gorilas del Congo, los elefantes- por la venta del marfil -, y otras especies que se mencionan en la resolución. 
Voy a referirme brevemente a tres medidas imprescindibles que deberían tomarse en Nairobi en los próximos días. 
La primera es la información y concienciación de la opinión pública, los que compran y los que venden. 
La segunda, mecanismos de sanción para quienes no hayan adoptado todavía medidas legales que impidan la impunidad, sobre todo de cazadores furtivos. 
Y la tercera, cooperación con los países en vías de desarrollo, en cuyas zonas rurales, en ocasiones, no hay más medios de sobrevivir que traficar y comerciar con las especies amenazadas. 
Señor Presidente, la protección de especies animales y vegetales amenazadas constituye algo más que la protección del reino natural. 
Se trata de la lucha entre la civilización y la barbarie. 
El mantenimiento de la biodiversidad también consiste en algo más que en no dejar que desaparezcan determinadas especies animales, por muy importante que sean, como elefantes o ballenas. 
Dado que ellos no pueden, tenemos que cuidar de los animales, no sólo los domésticos, sino la totalidad de ellos. 
Esto significa, por ejemplo, cortar las alas al transporte internacional de animales tropicales. 
Todavía siguen produciéndose abusos escandalosos, tanto en el tráfico legal como en el ilegal. 
La superexplotación y los abusos no sólo se explican por la miseria. A menudo son producidos por el enriquecimiento de traficantes sin piedad. 
Sin que sea evidente, también los animales son víctimas masivas de las catástrofes naturales y sobre todo de las guerras en África. 
Los animales por definición no son partidistas. Prestar más atención a su suerte animal es una cuestión de civilización. 
Señor Presidente, en la anterior conferencia de CITES, el Parlamento Europeo aprobó casi unánimemente una resolución para dar al elefante africano el más alto estatus de protección. El elefante africano sigue siendo una especie amenazada según la IUCN. 
Catorce ministros de la Unión Europea se abstuvieron en la votación y de ese modo legalizaron la matanza de estos animales en Africa. 
Tan sólo el ministro de los Países Bajos votó a favor de la protección del elefante. 
El próximo mes, del 10 al 20 de abril, el destino del elefante africano vuelve a estar en el orden día de la comunidad internacional. 
Kenia, el país anfitrión, y la India han presentado la propuesta de volver a conceder plena protección al elefante africano. 
Abatir elefantes para extraer los colmillos de marfil y venderlos en Japón y utilizar sobre el papel los beneficios para la protección de los animales salvajes es un lógica perversa. 
Además no funciona. Sudáfrica, Namibia y Zambia quieren seguir abatiendo elefantes. 
También en este caso parece que este dinero sangriento se mide por raseros inadecuados. 
Hago un llamamiento a los 15 ministros de Medio Ambiente, incluidos cinco ministros ecologistas, para que el 30 de marzo, en el Consejo de ministros de Medio Ambiente, demuestren su valor y exijan la plena protección del elefante africano. 
También es necesario otorgar plena protección a la tortuga de carey, que sólo existe en Cuba. 
En tres generaciones ha desaparecido más del 80% de la población. 
Para el elefante africano y la tortuga de carey, la Comisión Europea da preferencia al comercio sangriento con Japón. 
Es un escándalo. 
. (EN) Señor Presidente, la Comunidad Europea no ha suscrito el CITES. 
El actual texto del Convenio contempla únicamente la adhesión de países individuales. 
La enmienda Gaborone de 1983 al texto del CITES nos permitiría entrar a formar parte del mismo. 
No obstante, dicha enmienda aún no ha entrado en vigor porque no ha sido ratificada por un número suficiente de partes. 
La Comisión continúa sus esfuerzos diplomáticos para garantizar la ratificación por un número suficiente de países para que la Comunidad pueda desempeñar un papel más activo en este importante Convenio. 
Aunque aún no formamos parte, la Comunidad posee legislación para la aplicación de CITES. 
Esta legislación figura entre las más minuciosas y exhaustivas del mundo en su especie. 
La política de la Comisión está basada en la conservación y la utilización sostenible, y en principios que reconocen que las personas y los Estados son los mejores protectores de su fauna y flora silvestres. 
Respecto a los temas concretos de las resoluciones del Parlamento, reconocemos la necesidad de incrementar las medidas de control en el ámbito del comercio de animales silvestres en India. 
Nos dirigiremos a las autoridades indias en las líneas sugeridas y seguiremos haciendo todo lo posible para apoyar y ampliar los objetivos de CITES. 
En cuanto a las propuestas para la próxima Conferencia de las partes de CITES, la Comisión deberá adoptar aún una propuesta formal. 
No obstante, nuestra orientación general sobre los aspectos principales es como sigue: 
Respecto a las ballenas, la posición de la Comunidad debería ser inequívoca. 
La explotación ballenera no debe reanudarse hasta que la Comisión Ballenera Internacional estime que existen controles de gestión adecuados. 
Por tanto nos opondremos a las propuestas japonesa y noruega de reanudar el comercio. 
Respecto a los elefantes africanos, estamos a favor del mantenimiento de la situación actual hasta que no dispongamos de una imagen clara de las repercusiones del comercio internacional autorizado en 1997. 
No apoyaremos ninguna de las propuestas presentadas. 
Respecto a las propuestas sobre las tortugas marinas cubanas, la Comunidad se opondrá a la reanudación del comercio anual regular de conchas. 
No obstante, debemos mantener una posición más abierta respecto a la utilización de las reservas de conchas cubanas hasta que conozcamos la posición de los países vecinos de Cuba. 
Por último, en lo relativo a los tiburones, existen motivos de preocupación y habría que apoyar, en particular, la propuesta sobre cetorrinos. 
No obstante, en este caso, CITES deberá trabajar en estrecha colaboración con los organismos pesqueros regionales y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, veo en mi orden del día que se ha retirado la votación sobre la situación en Iraq. 
¿Puede decirme por solicitud de quién y cuáles han sido las razones alegadas para ello? 
Señor diputado, no se ha retirado la votación sino que los mismos autores han retirado sus dos propuestas. 
Si no hay ya propuestas sobre las que votar, entonces está también claro que la votación no tiene lugar. 
No conozco en detalle los motivos que han impulsado a los autores a hacerlo- esto se lo deberá preguntar usted mismo- pero está totalmente claro que si se han retirado no se puede entonces votar al respecto. 
Quizás pueda explicar brevemente el colega Swoboda cuál es la causa de ello. 
Señor Presidente, tiene toda la razón, hemos retirado las propuestas de resolución. 
Me permito explicarlo a los colegas. Las hemos retirado porque en el próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo mantendremos un debate más largo y extenso al respecto. 
Creo que la grave situación en Irak hace que sea más oportuno emitir un dictamen tras un debate y las declaraciones del Consejo y la Comisión que en el marco de un asunto de urgencia. 
Este ha sido el motivo de la retirada. 
Señor Presidente, efectivamente, confirmo que lo que acaba de decir el Sr. Swoboda es válido para el grupo PPE-DE. 
Hemos retirado nuestra resolución por las mismas razones: es decir, el debate que tendrá lugar en el próximo mes de abril. 
Muchas gracias, estimada colega. 
Creo que los motivos están ahora claros. 
Sobre una cuestión de orden, tiene la palabra el colega Buttiglione. 
Señor Presidente, he retirado la moción aunque estoy convencido de que nos equivocamos a la hora de no aprovechar la ocasión de intervenir ahora que es posible hacerlo, ya que existe la posibilidad de conseguir un consenso general con respecto a la misma. 
Deseo subrayar que es la segunda vez que aplazamos la aprobación de esta moción. Espero que los acontecimientos no se precipiten sin que nosotros hayamos podido tratar de influenciarlos en beneficio de la paz. 
Muchas gracias, señor diputado 
Vamos a proceder ahora a la votación. 
VOTACIONES (continuación) 
Señor Presidente, aunque habría sido mejor que hubiéramos votado a mediodía, me alegra que prosigamos ahora con la votación. 
Señor Presidente, apoyo con placer la propuesta de mi apreciada y estimada colega, la Baronesa Ludford. 
Permítanos votar 
Señor Presidente, sólo quiero preguntar de dónde viene ese repentino cambio de actitud de los colegas. 
Señor Posselt, le propongo que pregunte luego a las y a los colegas. 
No quiero que se mantenga ahora un debate al respecto en el Pleno. 
Antes de la votación de la enmienda 53 
Señor Presidente, he retirado, en nombre del Grupo GUE/NGL, las enmiendas 53 y 55 que se refieren al párrafo 17 del informe. 
Efectivamente, parece que la redacción de estas dos enmiendas puede prestarse a interpretaciones contradictorias, principalmente en algunas de sus versiones lingüísticas. 
Estoy en contra de las clasificaciones étnicas, ya que eso estigmatiza a los inmigrantes. 
Las enmiendas 53 y 55 pretendían suprimir el término "étnico". 
La utilización del término "datos" puede hacer referencia a estadísticas relativas al estado del racismo y al estado de discriminación, algo que puede ser positivo, pero puede también hacer referencia a la instauración de ficheros, con todos los problemas que ello supone y de lo que hemos hablado con ocasión de Eurodac. 
Éstas son las razones por las que he retirado las dos enmiendas. 
Muchas gracias, estimado colega. Tomamos nota de ello. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Sylla por haber retirado las dos enmiendas mencionadas, pero quisiera preguntarle si no le parece que, en la enmienda 54, la parte de la primera frase que no ha sido modificada y que en inglés- es la versión que tenemos ante nosotros- dice "tresses that the EU must collect reliable ethnic data as a basis for review"; si esta parte, digo, y más concretamente los términos "reliable ethnic data" no plantean el mismo tipo de problema y si no convendría, mediante una enmienda oral que pudiera presentarnos, modificar también esta noción de "ethnic data". 
Señoría, el solicitante ha retirado la solicitud con una obediencia preventiva ya antes de la votación. 
Por tanto, no votamos sobre ella. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, no quiero paralizar nada. Sólo ruego a la Mesa que en el futuro considere no aceptar ninguna solicitud más de supresión que eliminan párrafos enteros para evitar el problema que hoy ha surgido. 
Ruego que se tenga en cuenta. 
Estimado colega, señor Swoboda, esto tiene que ver con que en nuestra sabiduría hemos modificado así el Reglamento y si recuerdo bien- como estoy sentado detrás de usted lo sé- usted ha votado entonces también. 
Si ya no lo quiere, deberá poner en marcha una solicitud para que modifiquemos de nuevo el Reglamento y en ese caso lo haré gustosamente de otro modo. 
Señor Presidente, reconozco gustosamente que aún puedo ser más listo. 
Estimado colega, señor Swoboda, esto es algo que tenemos en común. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden, me alegra mucho que este informe haya sido aprobado. 
Hemos dedicado mucho tiempo a la votación sobre el mismo. 
La mayoría de las enmiendas fueron presentadas por miembros del grupo técnico de racistas o por el PPE sobre posiciones que perdieron en comisión. 
No deberíamos dedicar tanto tiempo a la votación de enmiendas que han sido presentadas cuando han perdido su posición anteriormente. 
Podríamos haberlo hecho de manera mucho más rápida, porque la posición estaba perfectamente clara. 
Señoría, se refiere a un problema básico relacionado con el modo cómo lo hemos reflejado en nuestro Reglamento. 
Si estas enmiendas se presentan dentro de plazo según el Reglamento serán sacadas a la palestra y tratadas normalmente por el Presidente. 
El Sr. Speroni para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, no sé si se trata de un problema de traducción, pero el colega ha dicho "grupo técnico de los racistas": nosotros somos el grupo técnico de los independientes. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es la primera explicación de voto que realizo desde hace muchos años y es la primera que realizo como presidente del Grupo del PPE/DE. 
Lamentablemente, nuestro Grupo no ha podido dar su voto favorable al informe Ludford "lucha contra el racismo y la xenofobia en la Unión Europea" por consideraciones básicas. 
Opinamos que se ha manipulado aquí un asunto en si positivo, la lucha contra el racismo y la xenofobia, para perseguir objetivos ajenos y que en este informe hay temas que no tienen nada que ver con el racismo y la lucha contra el mismo o la xenofobia. 
Por ello, nuestro Grupo se ha abstenido mayoritariamente o ha votado en contra. 
Los motivos son los siguientes. 
Primero: el informe Ludford ignora y viola el principio fundamental de la subsidiariedad cuando en los apartados 4, 6, 27 segundo guión, 11 y 20 exige medidas como la inclusión de pertenecientes a terceros Estados en el servicio público o la obligación de modificación de los planes docentes para las escuelas y los programas de formación de profesores. 
Segundo: el informe contiene puntos que no tienen nada que ver con el tema del informe cuando en los apartados 19, 22 y 30 exige la concesión del derecho electoral en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo a nacionales de terceros países. 
Tercero: el informe Ludford contiene puntos que se encuentran fuera del marco del informe y que no tienen nada que ver nada en absoluto con el mismo. 
Quiero mostrar el absurdo de este informe- desearía que escuchen ahora más, en especial aquellos que se están marchando en estos momentos- y lamento tener que decirlo precisamente con motivo de este informe. 
El absurdo se debe a lo siguiente: no sólo el hecho de que haya votado menos de una tercera parte de las y los colegas sino que además aquí se ha realizado una declaración respecto a un Estado miembro de la Unión Europea, a saber, Austria, una declaración por la que el Parlamento se adhiere ahora a las sanciones de los catorce Estados miembros. 
Tras un apasionado debate que tuvo lugar en febrero en Bruselas, el Parlamento no se adhirió con gran mayoría a estas sanciones y hoy, con una minoría tan reducida, con una participación tan pequeña, nos adherimos. 
Esto tiene dos motivos: primero, que se trata de un tema ajeno a este informe y segundo, que nos ocupamos de un tema que hemos decidido ya hace tiempo con una gran mayoría. 
Esto no me parece correcto. 
Por estos motivos, mi Grupo se ha tenido que abstener o votar en contra. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe porque no valoro una buena botella de vino por su etiqueta sino por su contenido. 
Este informe lleva la etiqueta del antirracismo, pero el contenido es un mejunje intomable de confusas mezcolanzas ideológicas y no merece llevar el nombre de antirracismo. 
Era imposible mejorarlo y advierto a esta Asamblea para que no siga haciendo el ridículo con informes absurdos de este tipo, pues el antirracismo es demasiado importante para utilizarlo como base de pseudo enfrentamientos ideológicos del tipo que sean. 
Aunque no estemos de acuerdo con gran parte de los considerandos del informe sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, hemos votado a favor de este informe porque toma posición contra la discriminación y a favor del derecho de las minorías. 
No nos sumamos sin embargo, en absoluto, a las felicitaciones que el Parlamento se dedica a sí mismo. 
En primer lugar, porque la mayoría de las propuestas a favor de los derechos de las minorías o de los inmigrantes siguen siendo vagas y no vinculantes. 
En segundo lugar, en razón de la hipocresía consistente en erigirse en defensor de los inmigrantes y de las minorías mientras en el propio país se está llevando a cabo una política contra los inmigrantes, aunque sea en forma de una caza de los sin papeles. 
Finalmente, el informe deja completamente de lado las razones económicas sociales profundas que facilitan la agitación de los demagogos de la extrema derecha racista y xenófoba, principalmente la importancia del desempleo y el agravamiento de la pobreza para una parte creciente de la población. 
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre de la delegación española del Grupo del Partido Popular Europeo para explicar por qué nos hemos abstenido en la votación, que en este caso es una toma de partido clara, aunque la abstención, normalmente, no lo es. 
Nos hemos abstenido porque, por una parte, compartimos la idea simbólica y los principios de la lucha contra el racismo y la xenofobia, porque algunos puntos de este informe contienen declaraciones importantes. 
Por citar sólo dos, citaré el apartado 8, sobre las funciones del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia; o el apartado 24, que invita a los Estados miembros a esta lucha en algunos temas muy concretos. 
Pero, por otra parte, a diferencia del informe Haarder, que hemos votado esta mañana, éste es un informe radicalmente demagógico y falto de rigor jurídico. 
Y este Parlamento, que es colegislador, debe saber que cualquier pronunciamiento suyo tiene o valor jurídico o, como en este caso, valor cuasi-jurídico, por lo que debería tener más cuidado. 
Déjenme darles sólo un ejemplo al respecto: el apartado 22, en el que se pide que se dé contenido a la ciudadanía europea, extendiendo el derecho de voto en las elecciones europeas y locales a los ciudadanos de terceros Estados residentes en la Comunidad. 
Evidentemente, eso va, de entrada, contra el Tratado. 
Y podría dar más ejemplos como éste, que justifican nuestra abstención. 
Señor Presidente, quiero emitir una declaración muy breve en nombre de la delegación austríaca de los social demócratas. 
Hemos votado a favor de este informe porque creemos que a pesar de algunas formulaciones es un buen informe y me parece absolutamente injustificado cómo se ha calificado aquí en parte en las explicaciones de voto. 
Nos hemos abstenido con el apartado 10. 
Habríamos preferido una declaración que reflejase exactamente lo que acordó el Parlamento en su resolución sobre Austria. 
Como, a pesar de ello, se ha aprobado este apartado, hemos votado a favor del informe por su tendencia básicamente positiva. 
Señor Presidente, soy un firme partidario de la lucha contra cualquier forma de racismo y xenofobia, pero me he abstenido en la votación de la resolución presentada por la Sra. Ludford porque considero que se trata de una de esas resoluciones trastero, en las que se dice todo y a veces lo contrario. 
Creo que este tipo de resolución no hace honor a este Parlamento. 
. (EN) A mi Grupo y a mi nos alegra haber votado a favor y haber apoyado el informe Ludford, que trata sobre el importante tema de la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Aquellos que han votado en contra de la unidad de la familia; en contra de alentar a las minorías étnicas a participar en las elecciones; en contra de un cuerpo policial que refleje la diversidad de Europa y en contra de parlamentos 'multiétnicos' merecen nuestro desprecio y condena. 
Los diputados Laboristas británicos y el Grupo del PSE han votado a favor de la enmienda 2 para que desaparezca el apartado 17, no porque nos opongamos a los sentimientos e intenciones, sino porque se prestaba a posibles malentendidos o podían ser acusados de ambiguos. 
La lucha contra los racistas y xenófobos de nuestra sociedad, contra aquellos que quieren dividir a Europa, es una lucha que debemos ganar y que ganaremos. 
. (SV) Los conservadores apoyamos la mayoría de las medidas contra el racismo y la xenofobia del informe Ludford. 
Sin embargo, nos abstenemos en la votación final ya que opinamos que la legislación del mercado laboral debe regirse por el principio de la subsidiariedad, cosa que se señala en el punto 17. 
. (FR) El informe Ludford sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, al igual que informe Haarder, que es simultáneo, sobre los derechos humanos en la Unión Europea, parecen animados por un espíritu malicioso que, por encima de la legítima protección de los derechos vinculados a la dignidad humana, los lleva a retirar uno a uno, metódicamente, todos los cerrojos de la ciudadanía, ya sea ésta nacional o europea. 
Tenemos la impresión de que tanto un informe como el otro tienen como objetivo defender los derechos de un individuo indiferenciado, susceptible de vivir en cualquier parte del planeta, y no los derechos de las personas censadas y situadas, herederas de tradiciones, detentadoras de valores propios, es decir, justamente los ciudadanos de nuestros respectivos países, que nos han enviado aquí para protegerlos y no para otra cosa. 
Creo que hay en el planteamiento de estos informes una especie de violación de mandato. 
Por ejemplo, se ve cómo el informe Ludford proclama la igualdad entre ciudadanos europeos y nacionales de países terceros, hasta el punto de proponer que los extranjeros puedan ser funcionarios europeos al igual que los nacionales de los países miembros, o que disfruten de los mismos derechos de circulación sin controles y de reunificación familiar que los nacionales comunitarios. 
Se borran las diferencias a todos los niveles ya que, en el informe Haarder, se afirma también la igualdad de derechos entre las parejas de homosexuales y la familia tradicional. 
Los dos informes reclaman igualmente, en un mismo movimiento, el derecho de voto de los inmigrantes en las elecciones locales y europeas. 
La segunda categoría parece muy significativa. 
Porque, si la reivindicación de participación en las elecciones locales puede en algunas ocasiones alardear de supuestos motivos prácticos, la de participación en las elecciones europeas reviste un significado puramente ideológico: se trata de mostrar que la Europa del futuro no debe ser una super-nación (aunque haya un superestado) sino, al contrario, un conjunto abierto, un lugar de paso en el que los derechos sustraídos a las naciones se distribuirían a todo el mundo. 
Otro punto común revelador: estos dos informes exigen que los nuevos "derechos" que proponen se incluyan en la Carta de derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, en curso de elaboración, sobre la cual ya me manifesté anteayer, durante el debate del informe Duff-Voggenhuber. 
Y, por supuesto, insisten para que este documento se vea dotado mañana de una fuerza jurídica vinculante con respecto a los países miembros. 
Éste es un elemento suplementario que muestra que esta carta, si verdaderamente fuera adoptada en la forma que pide el Parlamento Europeo- aunque nos opondremos a ello radicalmente -, funcionaría como una máquina de sometimiento de las naciones. 
Vemos aquí, como siempre, que el nivel europeo constituye un lugar de mínima resistencia frente a los grupos de presión, a las minorías excéntricas, e incluso a los intereses extranjeros. 
Y extraemos de nuevo la misma lección: los ciudadanos han de conservar sus poderes cerca de ellos mismos y no delegarlos, si es necesario, más que a instituciones transparentes, dedicadas a defenderlos, y que ellos controlen totalmente. 
. (DA) Respaldamos la perspectiva humanista desde la que se ha elaborado el informe. 
Apoyamos que el informe se centre en el caldo de cultivo del racismo y la xenofobia en Europa. 
Nos parece importante combatir el racismo y la xenofobia garantizando a los ciudadanos el derecho a la educación, el derecho a acceder al mercado de trabajo, etc. Asimismo también es positiva la recomendación incluida en el informe de que los ciudadanos de terceros países dispongan de mejores oportunidades para su integración. 
Por las razones mencionadas hemos elegido votar a favor del informe, pues en general nos parece sumamente importante combatir el racismo y la xenofobia. 
No obstante, queremos subrayar que no apoyamos los medios para combatir el racismo y la xenofobia recomendados en el informe. 
Creemos que iniciativas como, por ejemplo, establecer una política de asilo común y EURODAC- que entraña una criminalización de los solicitantes de asilo- no promueven la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Debo felicitar a la Sra. ponente por la calidad de su trabajo relativo al informe de la Comisión sobre la declaración del Año europeo contra el racismo (1997). 
Los recientes acontecimientos en Austria nos demuestran que la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia sigue estando por desgracia de actualidad. 
Como señala el informe, realmente hay razones para estar "horrorizado por la entrada en el Gobierno de Austria del partido de Jörg Haider". 
Aprovecho la ocasión que se me brinda para reafirmar la necesidad de mantener la presión sobre el Gobierno austríaco y de seguir alimentando el debate en la opinión pública. 
Hay un riesgo grande de acomodarse a la situación. 
Repito: la trivialización es el mayor de los peligros. 
Esta brecha abierta en lo que constituye el fundamento de la Unión Europea, el respeto incondicional de los derechos fundamentales no debe crear un precedente. 
En toda Europa los partidos de extrema derecha esperan sacar provecho de la llegada al poder de esta coalición de tintes fascistas. 
Es nuestro deber como demócratas europeos permanecer vigilantes, provocar el paso en falso que lleve a caer al gobierno actual. 
Personalmente, estoy dispuesto a llevar el combate hasta el final. 
Pienso, al igual que la Sra. ponente, que la diversidad étnica, religiosa, cultural y lingüística de Europa es una fuente de vitalidad y resulta esencial para la prosperidad económica y social futura de Europa. 
Por ello, las autoridades públicas de los Estados miembros y las instituciones de la UE han de promover de forma activa la igualdad racial y emprender acciones concretas para llegar a una diversificación étnica creciente de sus efectivos. 
Sostengo por otro lado la idea de que la lucha contra el racismo y la xenofobia, así como la promoción de la igualdad de oportunidades, deberían estar colocadas de manera explícita bajo la responsabilidad principal de un solo miembro de la Comisión. 
Otra propuesta merece toda nuestra atención. 
Se sugiere que los Estados incluyan, como materia obligatoria en los programas escolares y en los programas de formación de los enseñantes, los temas siguientes: enseñanza de Europa en el mundo, principalmente en lo que respecta a la esclavitud y al colonialismo y a la historia y cultura de las comunidades minoritarias; una enseñanza de los peligros del racismo, de la xenofobia y de la intolerancia, incluido el Holocausto y el antisemitismo, de la necesidad imperativa de la tolerancia racial y de los valores vinculados a la diversidad. 
Volviendo a Austria, una de las razones por las que se ha llegado a esos extremos es quizá que este país no ha realizado un trabajo de memoria suficientemente objetivo. 
Terminaré pidiendo reflexión, en el marco de la CIG, sobre la posible modificación del Tratado de Amsterdam, principalmente del artículo 7 orientado a sancionar a un Estado culpable «de una violación grave y persistente» de las libertades y derechos fundamentales. 
La lucha contra el racismo y la xenofobia no será posible sólo mediante la formulación de legislación para ello, sino, esencialmente, mediante medidas encaminadas a modificar profundamente las razones de fondo que crean las condiciones propias a la extensión de ese fenómeno. 
El informe ahora en debate aborda una serie de aspectos con los cuales estamos enteramente de acuerdo y, principalmente, con el encaminado a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos de terceros países que eligen uno de los Estados miembros de la Unión Europea como lugar de trabajo y residencia. 
Merece relieve especial la necesidad de atribución de derechos políticos, mediante la concesión del derecho de voto en las elecciones locales y europeas, a los ciudadanos de terceros países residentes en la Unión Europea. 
Por las razones citadas hemos votado a favor del informe. 
. (EN) En mi calidad de antiguo ministro del Reino Unido para las Relaciones Interraciales, soy perfectamente consciente de la necesidad de buscar siempre nuevos modos de mejorar las relaciones entre todos los grupos e intereses de la población. 
Esta tarea requiere una delicada mezcla, en primer lugar, de formación y, únicamente cuando es absolutamente necesario, de legislación. 
El presente informe fracasa por completo en su intento de proporcionar un enfoque equilibrado. 
Es política de gesto en su peor acepción, en la que la clara ideología de su autora se impone sobre la sensatez. 
Es perjudicial por su estridencia. 
No reconoce ningún mérito a los grandes logros en materia de relaciones interraciales en los Estados de la Unión Europea. 
Sólo ofrece un plan derrotista y no un plan positivo. 
Insulta a aquellos que intentan mejorar la situación y, por consiguiente, es ofensivo para muchos. 
En una palabra, es un abuso de las oportunidades que ofrece nuestro Parlamento de debatir y determinar sobre cuestiones como ésta, que son fundamentales e importantes y merecen algo mejor que este enfoque. 
Aquellos de nosotros que nos preocupamos sinceramente, conocemos las grandes dificultades de este tema. 
Sencillamente no podemos apoyar una serie tan espantosa de propuestas, en particular, debido a que el enfoque de la baronesa Ludford podría tener el lamentable resultado de poner a la mayoría en contra de la minoría, en vez de armonizar las relaciones. 
El presente informe debilitaría, en vez de mejorar, las relaciones interraciales. 
Ése no puede ser un resultado deseable. 
- (FR) El informe de la Sra. Sarah Ludford es una obra maestra de encarnizamiento morboso y destructor de la identidad de los pueblos y naciones de Europa, contra sus derechos a la diferencia, contra sus derechos a disponer de ellos mismos, a continuar siendo dueños de sí mismos, a rechazar la desintegración social, cultural e institucional. 
El delirio patológico, fanático y obsesivo del "antirracismo" no es más que el brazo de palanca psicológico del proceso de colonización de Europa y de sumisión de su población. 
La culpabilización furibunda de los europeos, generosos sin embargo, acogedores, abiertos a otras culturas, en las antípodas del racismo y la intolerancia, no tiene otro objetivo que el de hacerles aceptar lo inaceptable, llevarlos a sufrir en silencio una colonización general y masiva, una nueva sociedad en la que ya no serán más que una minoría sometida. 
La inquisición moral, la propaganda y el condicionamiento psíquico permanente que se nos aplica son dignos de los métodos más abyectos de los campos de "reeducación" de los regímenes comunistas. 
Pero este informe tendrá al menos el mérito, gracias a la baronesa y a sus gentes, de poder conocer a nuevos colaboracionistas. 
Tengan cuidado. 
. (FR) Europa vive hoy grandes dificultades. 
Lo quiera o no, no representa para los ciudadanos de los Estados miembros la vía resplandeciente que le gustaría encarnar. 
Da la imagen de lo que es, una máquina lejana y opresiva, cuya única misión parece ser el dictado de reglas normativas puntillosas, en un objetivo centralizador y uniformizador evidente. 
Es en este contexto como resurge, al igual que cada año, el debate sobre los derechos humanos en el mundo y en la Unión, asociado este año a la lucha contra el racismo en la Unión y en los países candidatos. Esto hubiera podido permitir dar una "dimensión no material" a un conjunto al que le está faltando de forma cruel. 
No ha sido así. 
Los ponentes, la Comisión de Libertades y Derechos del Ciudadano, de Justicia y de Asuntos Interiores y el Pleno nos han servido textos que presienten la muerte. 
Estos pseudo defensores de los derechos humanos han olvidado simplemente que el hombre no es un concepto, un punto en un programa político. 
La persona humana tiene una dignidad, una misión que son muy superiores, incluso opuestas a lo que se nos propone hoy. 
Respetar la persona humana es reconocer que a sus derechos legítimos corresponden unos deberes legítimos, que su libertad ha de ejercerse de manera responsable, que su dignidad natural supone unas referencias morales. 
No se trata de limitar la libertad sino, al contrario, de tomar conciencia de que el hombre vive en una comunidad familiar, nacional, en una humanidad que le impone unas reglas sin las cuales civilización se convierte en sinónimo de barbarie. 
Yo no diría que el Parlamento Europeo ha perdido una ocasión, sino más bien que de nuevo ha sido fiel a sí mismo, libertario y, a fin de cuentas, liberticida. 
. (FR) No he podido votar a favor del informe de la baronesa Ludford, y deseo que mi abstención se entienda como especialmente despreciativa, a causa de las incongruencias y exageraciones que contienen algunos pasajes de este informe. 
Diversas declaraciones y reivindicaciones exageradas, principalmente en lo que se refiere a los nacionales de países terceros que residen en los Estados miembros de la Unión Europea, tienen un carácter provocador que conlleva unas reacciones que el informe califica de racistas, cuando la mayoría de los ciudadanos de nuestros Estados miembros no comprenden con frecuencia que los nacionales de países terceros residentes entre nosotros han de disfrutar totalmente de los mismos derechos que ellos, entre otros el de voto, desde el momento en que no existe ninguna reciprocidad para los ciudadanos de la Unión residentes en esos países terceros. 
Sé que con estas precisiones corro el riesgo de ser objeto de una demonización mediática y de caer en la trampa que ciertas partes del informe tienden a aquellos de nosotros que nos atrevemos a expresar una opinión frente a las exageraciones que están en la base de un aumento del racismo y de la xenofobia que el informe de la baronesa Ludford cree que debe constatar. 
. (FR) El Parlamento Europeo nos presenta hoy al hombre nuevo en un mundo nuevo. 
El informe Ludford no es la constatación de realidades buenas o malas relativas al racismo en la Unión, es el programa político de una extrema izquierda libertaria y al fin y al cabo poco preocupada con los derechos naturales del hombre. 
La lectura de este texto presenta a los países de Europa, especialmente a los Estados miembros, como infiernos en los que los derechos más elementales son aplastados diariamente, en los que los gobiernos y sus órganos entre los que, cito, "los servicios de policía, de justicia y de inmigración", ejercen políticas totalitarias e inhumanas. 
¡Ah, que bien se vive en China, en Cuba o en Corea del Norte! 
Frente a estos tiranos, la Unión Europea vigila: ella sabrá, ella que está cercana a las personas y tan preocupada por su bienestar que lo gestiona en el día a día, promover derechos nuevos desconocidos hasta ahora; ella, cuyas fundaciones y funcionamiento son tan democráticos, sabrá crear ese Estado nuevo liberado de todo pecado, sabrá ser ese guía incuestionable que lleva a todos sus adeptos hacia un futuro lleno de "días luminosos". 
Todo esto no es serio. 
Las comunidades, ya sean nacionales o europeas, necesitan señales que no son exclusivas sino garantes de relaciones duraderas. 
Nuestras naciones son con frecuencia pluriseculares, ha atraído siempre hacía ellas a diversas poblaciones, a etnias que no les correspondían y que han sumado sus valores a los de sus anfitriones. 
Eso se hacía sin problemas, porque nuestras naciones presentaban a esos recién llegados conjuntos identificados en los cuales era fácil orientarse, encontrar un lugar. 
La Sra. Ludford nos propone una sociedad sin modelo en la que no faltaría la imposición de la ley del más fuerte: la libertad, es la ley injusta e idéntica para todos; cuando cada individuo o cada grupo tiene su propia ley, se llega a la anarquía y a la barbarie. 
La construcción europea no existirá por la simple suma de los que la componen: será el resultado de una concordancia de puntos de vista en cuanto a su destino y a las formas de alcanzarlo, o no lo será. 
Hoy el informe Ludford nos aleja de ello. 
Informe Belder (A5-0055/2000) 
Señor Presidente, si hemos votado a favor de este texto es únicamente para reafirmar nuestra oposición de principio contra cualquier forma de racismo, de xenofobia y de opresión de las minorías, ya sea en el interior o en el exterior de la Unión Europea. 
Sin embargo, nuestro voto no significa que estemos de acuerdo con todos los considerandos o todas las propuestas del texto. 
Por otra parte, no consideramos que los Estados ya integrados en la Unión Europea estén en situación de dar lecciones a los países que están solamente pidiendo su adhesión de tanto como la ignominia racista y xenófoba esta extendida en la mayoría de los Estados de la Unión Europea por demagogos de extrema derecha, incluso en el interior de este Parlamento. 
Solicitudes del BCE de más activos exteriores de reserva 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0042/2000) del Sr. Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la recomendación del Banco Central Europeo del Reglamento (CE) del Consejo (BCE 0001/1999- C5-0202/1999- 1999/0817 (CNS) relativo a las solicitudes efectuadas por el Banco Central Europeo de más activos exteriores de reserva 
. (FR) Señor Presidente, señorías, la Unión Europea se ha dotado de un Banco Central políticamente independiente, encargado de mantener la estabilidad de los precios. 
La independencia del BCE ha de ser cuando menos financiera. 
Según el Tratado, el capital inicial del Banco está fijado en 5 millardos de euros, con unas reservas de cambio de 50 millardos de euros. 
Como el Sistema europeo de bancos centrales no reúne actualmente más que a once bancos centrales nacionales, el capital liberado es de sólo 3,9 millardos de euros, mientras que las reservas efectivamente transferidas no son más que de 39,46 millardos de euros. 
El 15% son en oro, y el 85% restantes están constituidas por dólares y yenes. 
Es importante saber que los intereses sobre el capital propio constituyen la única fuente fiable de ingresos del Banco Central Europeo. 
A corto plazo, estos ingresos varían en función de los tipos de interés. 
La otra fuente de ingresos procede de los intereses de las reservas oficiales del BCE. 
Es preciso sin embargo deducir de estos ingresos los intereses pagados por el BCE sobre sus compromisos en Euros con respecto a los bancos centrales nacionales. 
Las reservas de cambio que figuran en el balance del BCE son extendidas en divisas, mientras que el compromiso con respecto a los bancos centrales nacionales, que es la contrapartida, está extendido en euros. 
En la actualidad, a la vista de los diferenciales de tipos de interés entre el euro, por una parte, y el dólar y el yen, por otra, la renta neta por intereses es positiva. 
Sin embargo, en caso de variación de los tipos de interés, en la medida en que la fuente de ingresos es muy sensible a los diferenciales de tipos de interés, la parte de ingresos procedente de los intereses podría disminuir con mucha rapidez, e incluso provocar una pérdida. 
Como el BCE posee divisas contra compromisos en euros, se expondría también a un riesgo de cambio si el euro tuviera que apreciarse considerablemente con respecto a las monedas de reserva detentadas. 
Un cálculo interno del BCE señala que el value at risk del riesgo de cambio podría superar al capital actual del BCE. 
Una depreciación de un 10 % del dólar y del yen con respecto al euro, acompañada de una caída del 10 % del precio del oro, borraría todo el capital actual del BCE. 
El Tratado prevé un mecanismo mediante el cual el BCE puede prevenirse contra una erosión de su capital. 
La renta monetaria del eurosistema puede, parcial o totalmente, ser conservada por el Banco Central Europeo. 
Sin embargo, un banco central dependiente de un reflote que se repitiera no sería muy creíble. 
Ahora bien, el Banco Central Europeo va a cerrar el ejercicio 1999 con un déficit que superará posiblemente los 200 millones de euros. 
Por tanto, es absolutamente necesario poner remedio a este problema estructural. 
El Parlamento Europeo ya había emitido un dictamen favorable, el 14 de abril de 1999, sobre una recomendación del BCE orientada, a plazo, a duplicar el capital de este banco. 
La recomendación de pasar el examen en buenas condiciones pretende habilitar al Consejo de Gobernadores para recabar reservas de cambio suplementarias, hasta 100 millardos de euros. 
No se trata por tanto más que de una autorización de principio para poder proceder a un aumento de las reservas en función de las necesidades y sin la presión de acontecimientos extraordinarios. 
El BCE podría por ejemplo utilizar este procedimiento para completar sus reservas caso por caso, en períodos de intervenciones masivas principalmente, pero también, eventualmente, por causa de minusvalías latentes en su cartera, que se reevalúa cada trimestre en función de los cursos del mercado. 
Es necesario recordar en este contexto que las reservas totales del eurosistema superan los 350 millardos de euros. 
Como ha sostenido el Presidente Duisemberg en su última audición ante el Parlamento Europeo, el BCE no desea intervenir en los mercados de cambio para tratar de influir en el valor exterior del euro. 
En el supuesto de una nueva crisis internacional que, a la vista de la exuberancia irracional de los mercados, sigue siendo posible, podría llegar a ser necesaria una intervención concertada de los principales bancos centrales. 
Para permitir al BCE que sea parte acreedora en acuerdos como los llamados Plaza o del Louvre, ha parecido evidente a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aconsejar un voto positivo a la recomendación. 
No he propuesto a mis colegas una resolución llamada política. 
Personalmente, y acabo de decirlo, soy de la opinión de que el Parlamento vota demasiadas resoluciones y que esta inflación de resoluciones deprecia el valor de aquellas otras políticamente indispensables. 
Aquí se trata de decir sí o no. 
Un sí masivo es también un mensaje político. 
Queremos que el BCE pueda proseguir con toda independencia, -también material- su objetivo principal, el mantenimiento de la estabilidad de los precios. 
Queremos al mismo tiempo, y el Sr. Duisemberg es a mi gusto demasiado evasivo en este tema, que el Sistema Europeo de bancos centrales aporte también su apoyo decidido a las políticas económicas generales de la Unión. Deseamos que el Banco Central asegure plenamente su papel en la escena internacional y que contribuya de forma activa a la fijación de nuevas reglas que permitan un funcionamiento sin crisis del sistema financiero internacional. 
Confiamos en el Consejo del Gobernadores para hacer, en caso de tensión en los mercados, el mejor uso de las reservas de cambio del eurosistema. 
Nadie pretende que el carácter disuasivo del instrumento de intervención de cambio es proporcional al montante de las reservas, pero es la facultad de poder movilizar sin plazo y en cualquier momento activos suplementarios lo que refuerza la credibilidad. 
Estaría sin embargo justificado que esas transferencias internas al sistema europeo de bancos centrales, que no aparecerán en detalle en las situaciones semanales consolidadas del eurosistema, se vean desveladas a posteriori. 
El Parlamento Europeo parte del principio de que el Presidente vendría a explicar las decisiones adoptadas por su Consejo en sus comparecencias ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, incluso con ocasión de debates en el Pleno. 
El Banco Central tiene todo que ganar en este beneficio de transparencia para consolidar su credibilidad. 
Señor Presidente, termino mi informe señalando a título personal a la atención del BCE, que éste está al servicio de las mujeres y de los hombres de Europa, al servicio de toda la economía. 
Su función no es por tanto la de satisfacer sólo las expectativas de los mercados financieros. 
Señor Presidente, quiero continuar allí donde el ponente, a quien quiero felicitar por su trabajo, ha terminado en su informe e indicar de nuevo que entre el gran número de algunas de las resoluciones que no tienen en cuenta las prioridades de esta Asamblea, el aumento de las reservas de divisas es una resolución de importancia. 
¿Cuál es el fundamento jurídico del debate de hoy? 
Según el artículo 3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, la posesión y administración de reservas monetarias oficiales es una de las tareas del BCE. 
Este encargo es realizado paralelamente por el BCE y por los Bancos Centrales nacionales, si bien estos últimos transfieren una parte de sus reservas al BCE hasta un contravalor de 50 mil millones de euros, tal como figura en el apartado 1 del artículo 30 de los Estatutos. 
El apartado 4 del artículo 30 determinaba ya entonces- por lo que el debate de hoy no es sorprendente- que el BCE puede exigir un pago adicional de reservas monetarias más allá del importe determinado en el apartado 1 del mismo artículo. 
Esta exigencia tiene que realizarse en forma de un decreto del Consejo de la UE. 
Actualmente se está solicitando un aumento adicional de 50 mil millones de euros. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (cristiano demócratas) y de los Demócratas Europeos así como la totalidad de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, tal como ya ha dicho el ponente, saluda esta propuesta. 
Se han expuesto los motivos de modo exhaustivo y la hora está ya algo avanzada. 
Pero permítanme decir que, desde nuestro punto de vista, este aumento es necesario. 
Primero: porque contribuye a elevar la independencia financiera del BCE y la independencia de éste es una condición previa esencial para la estabilidad e incontestabilidad de esta moneda. 
Los rendimientos del capital pagado hasta ahora y de las reservas oficiales constituyen actualmente la única fuente de ingresos del BCE con los que debe financiar él mismo su funcionamiento. 
Sabemos que en el año 1999 se produjo una pérdida. 
Por ello, tenemos que decir que una carencia de fondos quita al BCE la posibilidad de configurar su política de modo independiente y transparente. 
Por ello, hay que cubrir la necesidad de financiación para que no se cuestione jamás la independencia. 
En segundo lugar, estamos a favor de este aumento porque contribuye a generar credibilidad en los mercados. 
Una independencia financiera del BCE, de modo que pueda mantener su propio funcionamiento fortalece también la credibilidad del Banco Central Europeo en los mercados internacionales y, en consecuencia, también del euro en su camino hacia la tercera fase el 1-1-2002. 
Tercero: el aumento eleva la capacidad de reacción y de adaptación del BCE. 
En caso de un fuerte desequilibrio en los mercados, el Banco Central Europeo, mediante una posible duplicación de sus reservas, tiene la posibilidad de realizar sus tareas con mayor rapidez y efectividad en el sentido de una política de estabilidad. 
Tiene la posibilidad de una reacción más flexible porque dispone de los recursos necesarios para ello. 
En nuestro informe hemos incluido también un modelo adicional para el fortalecimiento de la transparencia de este procedimiento y les ruego su voto favorable al aumento de las reservas. 
. (EN) Señor Presidente, en nombre de mi colega, Sr. Solbes, quisiera hacer los comentarios siguientes. 
La Comisión ha sido consultada por el Consejo- así como por el Parlamento- acerca de la recomendación del Banco Central Europeo relativa a las solicitudes del BCE de más activos exteriores de reserva. 
El 8 de marzo, la Comisión adoptó su opinión sobre esta recomendación, que es como sigue: Teniendo en cuenta los derechos de iniciativa de la Comisión y del BCE, la Comisión está de acuerdo con la iniciativa adoptada por el Banco Central Europeo. 
La Comisión apoya un incremento del límite de solicitudes del BCE de activos exteriores de reserva hasta que estas solicitudes adicionales permitan reponer la cantidad de activos de reserva hasta el límite inicial de 50.000 millones de euros que establece el Estatuto del SEBC. 
Por consiguiente, la Comisión ha adoptado un dictamen conforme sobre la recomendación del BCE. 
Si el Parlamento aprueba el informe del Sr. Goebbels en su forma actual, ello significará que las opiniones del Parlamento y de la Comisión convergen, algo que yo acogería con satisfacción. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.35 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, nos hemos tenido que enterar a través de las noticias de la primera cadena de televisión alemana, en la tarde de ayer, de que recientemente el Ministerio Público ha abierto una investigación contra el Delegado de la UE en los Balcanes, el Sr. Hombach. 
Habida cuenta de que ya ha habido notables problemas en esta dirección y teniendo en cuenta también los problemas de la anterior Comisión, se trata aquí de la acusación de que, al parecer, se han pagado 300.000 marcos a una agencia sin una contraprestación de ésta última. 
Yo le rogaría a usted que informase al Consejo sobre esto y le instase a que el Sr. Hombach sea suspendido de todas sus funciones hasta que se produzca una decisión judicial firme en este asunto. 
No podemos permitirnos que surja otra impresión negativa en relación con la Unión Europea. 
Tomamos nota de su declaración, señoría. 
Ayer noche después de las votaciones se hizo un comentario del que me gustaría distanciarme y con el cual no quiero que se me asocie. 
No hubo ningún error de interpretación y diputados de esta Asamblea se refirieron al Grupo Técnico como el Grupo Técnico de los racistas. 
Este fue un comentario injusto. 
Nadie podría considerar racista a alguien como la Sra. Bonino, ni siquiera haciendo un extraordinario ejercicio de imaginación. 
Se debe ser extremadamente cauteloso con la forma en la que se trata a las demás personas de esta Asamblea. 
Puede que a algunos no les guste que se haya creado el Grupo Técnico, pero así ha sido. 
Esos diputados han sido elegidos de la misma forma en la que lo he sido yo y cualquier otro diputado de esta Asamblea y debemos aceptar este hecho. 
A la gente le amparan ciertos derechos y no creo que el comentario que se hizo ayer sea aceptable. 
Tomamos nota de su declaración, señora. 
Señor Presidente, en la sesión del lunes, cuando di las gracias al Estado francés, a la ciudad de Estrasburgo y al Parlamento Europeo por la recepción del sonido en el canal finlandés de televisión, si bien no se ve la imagen, y por salir agua del grifo, aunque no salga caliente, no quise decir que las cosas tendrían que ser así, sino que habría que arreglarlas. 
Desearía que el Estado francés, la ciudad de Estrasburgo y el Parlamento Europeo empezasen a intervenir para reparar estas cosas tan insignificantes en un edificio tan caro. 
Muy bien, señor Seppänen, tomamos también nota de su declaración. 
Señor Presidente, al ver el Acta me doy cuenta con horror de que una vez más he olvidado firmar en la lista de presencia, cuando he participado en una serie de votaciones nominales muy considerable. 
Señor Presidente, no tengo observación alguna sobre el Acta, pero sí sobre los servicios informativos del Parlamento Europeo. 
No sé si éste es el momento adecuado para decir esto. No se refiere al Acta, sino que es una puntualización de otra índole. 
¿Puedo hacerla ahora? 
Acabo de recibir de manos de un colega la session news acerca del debate de ayer sobre el informe Ludford, y he de constatar con consternación que la declaración que yo emití en nombre de mi Grupo no figura allá. 
Ruego a los servicios del Parlamento que averigüen por qué ésta declaración no ha sido mencionada. 
Los servicios lo verificarán con mucha atención, señor Poettering, me comprometo a ello. 
Señor Presidente, quisiera señalar, a propósito de las actas de ayer, que me ha decepcionado sumamente que ayer hubiera incluso menos de 200 diputados presentes durante las votaciones. 
Eso deduzco de las actas. 
Bien, señor Manders, todo eso está anotado. 
(El Acta queda aprobada) 
VOTACIONES 
Tanto si es nacional como si es europeo, un Banco central está siempre exclusivamente al servicio del gran capital y de sus detentadores. 
Nosotros nos negamos a elegir entre las diferentes maneras como los grupos capitalistas y los ricos poseedores gestionan sus asuntos bancarios, ya que de todas formas lo hacen contra los intereses de las clases trabajadoras y de la mayoría de la población. 
Nuestra abstención expresa nuestra oposición tanto a la organización nacional del sistema bancario como a su organización europea. 
Medidas de información en el ámbito de la PAC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0046/2000) de la Sra. Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM (1999) 536- C5-0249/1999- 1999/0209 (CNS) ) sobre las medidas de información en el ámbito de la Política Agrícola Común 
Señor Presidente, presento un informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de reglamento del Consejo referida a medidas de información en el ámbito de la Política Agrícola Común. 
Es un informe que sienta precedente, ya que es la primera vez que el Consejo consulta al Parlamento sobre estas medidas. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha estudiado con gran interés y prontitud este proyecto de resolución legislativa y lo ha aprobado por unanimidad. 
Entre las enmiendas que el Parlamento propone, quisiera destacar los siguientes aspectos: En primer lugar, en la enmienda 2, se incluye a los centros rurales de información y promoción como agentes posibles de estas medidas. 
En segundo lugar, se hace una consideración explícita del importante papel que pueden desempeñar los jóvenes agricultores en dichas medidas. 
En tercer lugar, señalamos a la Comisión la conveniencia de la simplificación y de realizar una gestión rápida en la tramitación administrativa, tanto para el estudio de los programas como para el control posterior. 
En cuarto lugar, destacamos como destinatarios ideales de estas medidas a los hombres y mujeres del campo, los agricultores y los demás agentes del mundo rural. 
Si se observan nuestras enmiendas, se verá que tienen un carácter humano y se acepta un debate abierto y mucho más dinámico. 
Se huye de un tratamiento informativo de la PAC meramente burocrático, tecnológico y de carácter pasivo. 
Por eso creemos que las enmiendas del Parlamento mejoran el texto. 
En quinto lugar, en lo que se refiere al porcentaje de cofinanciación, el Parlamento quisiera que la Comisión pudiera ampliar ese porcentaje, ampliando la financiación cuando se trata de organizaciones o asociaciones sin capacidad financiera. 
En sexto lugar, en cuanto a los créditos comprometidos, ya sabemos que según la propuesta se trata de un importe de 4,5 millones de euros anuales a través del FEOGA-Garantía, lo que para el período actual, 2000-2006, supone 27 millones de euros; pero en la propuesta del Parlamento se indica que la Comisión Europea debe adecuar la dotación presupuestaria al amplio número de organizaciones con derecho a participar en el ámbito de este reglamento. 
Finalmente, señor Presidente, quisiera destacar la aportación que supone la enmienda 10, que propone un nuevo artículo 5 bis, en el que se definen como criterios a los que deben ajustarse los programas o acciones subvencionables los siguientes: que sean programas que potencien una agricultura sostenible y multifuncional; que sirvan para mantener y generar empleo; que fomenten la cohesión social y territorial; que den más protagonismo a las mujeres y a los jóvenes; que preserven el medio ambiente y garanticen los recursos hídricos, la calidad del aire y de los suelos; que traten los residuos agrícolas, controlen el gasto energético, el hábitat rural y los transportes. 
Se trata, a nuestro juicio, de proyectos que deben promover el desarrollo rural, mejorar la seguridad alimentaria y la calidad de los productos. 
El Parlamento Europeo quisiera que, en estas próximas medidas de información, la Comisión hiciera las cosas de manera que estas prioridades, que son prioridades de la agricultura del 2000, se visualizaran. 
Nada más, señor Presidente. Quiero agradecer el apoyo y la colaboración que he tenido por parte de todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en todas las reuniones que hemos celebrado. 
También quisiera que la Comisión Europea, de una forma u otra, tuviera en cuenta estos criterios del Parlamento. 
Señor Presidente, se trata de un instrumento dirigido y sumamente importante para todos los ciudadanos, pero sus verdaderos protagonistas han de ser los agricultores. 
Nuestra posición sobre la propuesta de reglamento referida a las medidas de información en el ámbito de la Política Agrícola Común se podría resumir así. Tras el período de gestión de la Dirección General VI y el apoyo al FEOGA-Orientación, por fin se abre una ventana de mayor transparencia que no debe desperdiciarse en absoluto. 
La Política Agrícola Común es un instrumento para los agricultores, es el pilar destinado a llevar las empresas agrícolas hacia el reconocimiento global del papel de los agricultores tanto respecto al consumidor como respecto a los grandes temas medioambientales. 
También es el medio para difundir entre los agricultores una conciencia más ajustada a la actualidad y, por encima de todo, estrechamente cercana a las necesidades de toda la sociedad europea. 
Con demasiada frecuencia hemos escuchado discursos que elogiaban el papel productivo, medioambiental y de protección del consumidor y de la agricultura. 
Muchas veces estas palabras han resultado ser tan sólo meras palabras, sin ofrecer ocasiones precisas para concretar las oportunidades que se ofrecían. 
Ahora tenemos la posibilidad de lanzar un mensaje concreto al mundo del campo. 
Por esto albergamos algunas dudas acerca de la ampliación a todas las organizaciones de consumidores y de protección medioambiental que ningún derecho o deber pueden reclamar o ejercer con respecto a este tipo de medida. 
De lo contrario, perderíamos una nueva ocasión para centrar los objetivos de crecimiento, de participación, de multifuncionalidad y de valorización de la calidad, en los cuales se basan las medidas europeas previstas para el sector agrícola. 
A esto se añade la preocupación por la escasa dotación financiera destinada a la ejecución del programa. 
Con mayor motivo, por lo tanto, no se puede producir una ampliación política que implique al mayor número posible de potenciales adquirentes de los anuncios de licitación, sino que, en el ámbito de lo que se acaba de expresar acerca de las finalidades de las representatividades agrícolas, esta ampliación debe traducirse en una financiación razonable, convenientemente orientada y destinada a lo que el título mismo del programa prevé, la Política Agrícola Común, en que el término "agrícola" es, en nuestra opinión, muy significativo. 
Por el contrario, si se quiere actuar en otra dirección, lo único que ofreceremos es la ocasión y la posibilidad de poner de relieve una confusión de papeles que no beneficia ni a quien está arriba ni a quien está abajo del proceso productivo. 
Por el contrario, es a través de la importancia de este programa que pueden definirse y reconocerse también las responsabilidades con el fin de ofrecer al mundo del campo una eficaz ocasión para convertirse en protagonista de los cambios en curso. 
Con todo esto, no se quieren olvidar ni pasar por alto los méritos de otras organizaciones que han llevado a cabo e interpretado lo mejor posible una confrontación con el mundo productivo de la agricultura. 
Sin contar que la ampliación a las organizaciones parece un acto de desarrollo de potencialidades reconocidas por la propia Unión. 
El paso del FEOGA-Orientación al FEOGA-Garantía constituye un elemento de apoyo adicional para alcanzar los objetivos marcados anteriormente y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de seguir el destino de los fondos y sobre todo los objetivos que se quieren alcanzar. 
En consecuencia, y para reforzar las posiciones expresadas, no hay que olvidar el sentido más estricto del programa: la implicación de los mismos agricultores en una más decidida toma de posición sobre la validez de los instrumentos puestos en práctica con la reforma de la Política Agrícola Común. 
Queda por implicar todavía una parte. 
Probablemente es el componente más vinculado a los esquemas tradicionales que difícilmente se combinan con las rápidas y desconcertantes evoluciones que estamos presenciando. 
Sin embargo, es una parte que la misma Unión Europea quiere llevar hacia momentos más apropiados a las actuales condiciones de vida de nuestra sociedad europea: hacia el euro, la globalización y el mercado abierto, así como hacia esos nichos de mercado propios de zonas económicamente válidas que deben ser valorizadas más aún, si cabe. 
En este sentido, es casi automático, por ejemplo, el paralelismo con el desarrollo del turismo rural- fuente de renta y, al mismo tiempo, instrumento de protección del territorio del ciudadano- que se propone como ejemplo pujante para dar una nueva aceleración hacia una agricultura europea que quiere tener en cuenta las distintas posibilidades de producción y de fuentes de renta. 
El ejemplo del turismo rural combina perfectamente con la producción biológica, pero llega hasta las cotas extremas de las producciones cualitativamente reconocidas por la Unión Europea. 
Estos son los factores que confirman la integración de la Política Agrícola Común en las demás formas de desarrollo económico y social de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la transparencia y la información a los ciudadanos comunitarios sobre el trabajo que se lleva a cabo en la UE deben recibir la máxima prioridad posible. 
Informar sobre la cooperación en Europa de forma objetiva y seria es muy importante en estos años en los que nos enfrentamos a enormes retos con la ampliación hacia Europa Central y Oriental. 
Especialmente importante resulta explicar de qué trata la Política Agrícola Común e informar sobre los objetivos, los medios y las posibilidades de desarrollo. 
Hay muchos grupos objetivo, ante todo los agricultores, pero también la opinión pública en su conjunto y todas las personas afectadas directa o indirectamente. 
Es importante establecer una colaboración con las organizaciones agrarias y también con los consumidores si se quiere que este trabajo tenga éxito. 
La Política Agrícola Común es la primera, pero también la mayor de las políticas integradas comunitarias y a ella va a parar gran parte del presupuesto comunitario. 
De ahí la importancia de precisar que los regímenes de subvención les garantizan a los consumidores alimentos a precios gracias a la subvención inferiores a los que tendrían éstos sin subvención. 
Esto significa que los regímenes agrarios comunitarios redundan en beneficio de todos los ciudadanos comunitarios. 
La Política Agrícola Común está siempre en desarrollo y sujeta a modificación. 
Aspectos éstos que presentan grandes exigencias en materia de información y especialmente de coordinación necesarias para que la cooperación tenga éxito, tanto en los países miembros como de un país a otro. 
Las circunstancias son muy diferentes y por ello deben ser las organizaciones agrarias los agentes principales, puesto que estas organizaciones se centran ante todo en los agricultores. 
Señor Presidente, mi Grupo quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Izquierdo, por este informe. 
Constituye el necesario intento de colocar sobre un fundamento jurídico la financiación de grupos y asociaciones de la Unión Europea en el ámbito agrícola. 
Esta línea ha existido siempre, sólo que no estaba jurídicamente asegurada y así lo ha objetado el Tribunal de Cuentas. 
Ahora con esta aportación jurídica la Comisión sale al paso de estas necesidades. 
La dificultad en su puesta en práctica reside solamente en que del presupuesto que antes estaba por completo- en diferentes magnitudes- a disposición de las asociaciones la Comisión extrae ahora una gran parte- tal como se indica allí- para actividades de información propias. 
Tenemos que temer que estos recursos se van a sustraer a las asociaciones lo cual no significa un procedimiento afortunado. 
Por otro lado, en el pasado este dinero se ponía a disposición de las asociaciones para su utilización y éstas debían desarrollar sus propios criterios acerca de cómo debía gastarse tal dinero. 
Esto no era y no es procedente y por esta razón es acertado que ahora se establezcan los criterios. 
Sin embargo, -la Sra. Izquierdo se ha referida ya a esto- se establecen determinados porcentajes de financiación y con ello se priva a las asociaciones financieramente más débiles de la posibilidad de acudir a esta fuente, pues no tienen recursos propios. 
Aquí resultan desfavorecidas las asociaciones pequeñas, débiles. 
Por esta razón, celebramos mucho que la Sra. Izquierdo haya formulado también la propuesta de que, a ser posible, se llegue a una financiación plena, cuando se demuestre que las medidas se ajustan a los criterios y cuando exista una deficiente capacidad financiera, posiblemente una deficiente capacidad financiera en toda la región, de suerte que estas zonas tampoco sean excluidas en su totalidad. 
Nuestro Grupo celebra en general que hayamos conseguido un fundamento jurídico y apoya también las enmiendas que ha presentado la ponente. 
Señor Presidente, Señorías, la información sobre la Política Agrícola Común debe tener por objetivo el de establecer una estrategia de comunicación principalmente dirigida a los participantes en el mundo agrario y rural. 
Ahora bien, en nuestra opinión, la principal crítica relativa a esa propuesta de reglamento de la Comisión se refiere a la apertura de la línea presupuestaria a organizaciones no agrarias y también a la reducción de las dotaciones presupuestarias a cuatro millones y medio de euros. 
Esa situación se agrava aún más por la reserva de asignaciones que la Comisión hace para sí, lo que, por lo demás, junto con las acciones concretas, sólo deja para las organizaciones tres millones de euros, importe manifiestamente diminuto. 
Así, es positiva la propuesta presentada por la ponente de que la Comisión adapte la dotación presupuestaria al considerable número de organizaciones con derecho a participar en el ámbito de aplicación de este reglamento. 
Pero otro aspecto negativo en la propuesta de la Comisión se refiere a la limitación de la cofinanciación al 75%, cuando las acciones directamente realizadas por la Comisión son financiadas en un 100%. 
Por otro lado, se sabe que la propuesta del vademécum reglamentario agrava aún más las dificultades de acceso de las organizaciones a dicha línea presupuestaria, sobre todo de las más débiles financieramente, es decir, exactamente las que necesitan mayor apoyo. 
A eso se debe la importancia de la propuesta que presentamos para completar la idea que figura en el informe. 
Con nuestra propuesta pretendemos que la cofinanciación comunitaria pueda superar el 75% cuando se trate de organizaciones representativas de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar con dificultades financieras. 
Y esperamos que sea aprobada. 
En cuanto a la propuesta encaminada a reducir en un millón de euros la asignación destinada a la Comisión para aumentar, a cambio, las acciones concretas, consideramos que puede ser una posible solución para remediar la propuesta de reglamento de la Comisión. 
Por último, conviene subrayar la necesidad de que la Comisión simplifique los procesos administrativos para el estudio de los programas que las organizaciones presenten o para su futuro control. 
Desde el punto de vista administrativo la formalización es algo positivo. 
Pero cuando llegamos al punto de reflexionar sobre la misma resulta que la cantidad de dinero es muy escasa- 27 millones de euros para un periodo de seis años. 
Teniendo en cuenta el tamaño del presupuesto agrícola y el hecho de que se extiende hasta el último confín de la Unión, se trata de una cantidad de dinero relativamente pequeña. 
Esta es la razón por la que saludo el hecho de que la mayor parte se vaya a gastar en una proporción de hasta el 50% en lugar del 75%. 
Cuanto más se gaste con el ratio de hasta el 50%, el dinero tendrá mayor alcance y más impacto. 
La Política Agrícola Común recibe multitud de críticas. 
Una de las cuestiones que no ha sido generalmente comprendida es la importancia de esta política desde un punto de vista social: el hecho de que en todas las regiones deprimidas de la Unión la Política Agrícola Común, en un sentido social, ha mantenido a la población y ha sustentado a comunidades que de otro modo no hubieran podido sobrevivir. 
Esto es particularmente cierto en países periféricos como, por ejemplo, Irlanda, Grecia, España y Portugal, donde comunidades que hubieran desaparecido han sido apoyadas y sustentadas, aunque si bien no por siempre, por lo menos hasta que se ha producido un cambio en el entorno económico, hasta que han hecho aparición las nuevas tecnologías. 
En este sentido, el efecto a largo plazo de la Política Agrícola Común será mayor de lo que a menudo se ha imaginado. 
No puedo poner ningún reparo a la forma en que a lo largo de estos años la Comisión ha interactuado con la industria agrícola. 
Por mi experiencia la Comisión Europea se ha mostrado más abierta al intercambio de información y la recepción de representantes de la industria agrícola que la mayoría de los ministerios de agricultura de los Estados miembros. 
La Comisión ha enseñado a los Estados miembros a lo largo de estos años como se puede ser abierto disponiendo de recursos muy limitados. 
Pero ahora surgen nuevas presiones que se derivan de las preocupaciones de los consumidores acerca de nuevos procedimientos y sistemas de producir alimentos. 
Estos han de ser explicados no sólo a los agricultores sino también a los consumidores. 
Hay mucha mitología sobre lo que es seguro y lo que no. 
Tenemos ante nosotros la gran tarea de explicar el funcionamiento de todo el sistema productivo a los consumidores europeos y aquellos de fuera de la Unión que van a comprar nuestros productos. 
Es importante que con este fin empleemos todos los recursos posibles. 
La última cuestión que quería plantear es que frente a estas presiones observaremos una reacción desde el sector agrícola. 
Mientras inevitablemente calmamos algunos de los apoyos existentes en el proceso de ampliación y, al mismo tiempo mantenemos la presión para proteger el medio ambiente y los consumidores, habrá fricciones entre los productores y la administración europea. 
Votar por que se disponga de los mayores recursos posibles para que se mantengan buenas relaciones constituye una sabia política. 
. (FI) Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar por este informe a la Sra. ponente, María Izquierdo Rojo, y a los miembros de la comisión parlamentaria. 
El reglamento propuesto tiene por objetivo dotar a la Comisión de un instrumento, mediante el cual la Comisión pueda emprender acciones informativas sobre el funcionamiento del modelo agrario europeo y dar mayor publicidad a la Política Agrícola Común. 
De esta forma, se facilita la ejecución de la política agrícola. 
En cuanto a las enmiendas propuestas por el Parlamento, por lo general, éstas no pretenden modificar el contenido, sino que más bien apuntan a una corrección de la propuesta. 
Las enmiendas 2 y 6 están relacionadas con las asociaciones y organizaciones que entrarán en el ámbito del reglamento. 
La Comisión considera que no es necesario mencionar los nombres de esos grupos y organizaciones. 
El artículo 2 afecta a todas las asociaciones y a todos los agentes rurales. 
Por tanto, las enmiendas propuestas son innecesarias. 
Las enmiendas 5, 8 y 10 se relacionan con las actividades subvencionables. 
La enmienda 5 contiene puntualizaciones sobre medidas informativas y foros dirigidos a las mujeres y a los hombres del campo. 
Estas medidas son innecesarias porque ya están incluidas en la propuesta de la Comisión. 
En cambio, una de las puntualizaciones presentadas en esta enmienda, "apoyarles en sus opciones", no se adecua a la propuesta de la Comisión. 
El propósito de este reglamento no es el de ofrecer servicios especiales a los agricultores. 
Esto lo pueden llevar mejor a cabo los órganos locales. 
Los fondos disponibles tampoco podrían correr con esos gastos. 
En lo que concierne a algunas enmiendas propuestas para el artículo 3, quisiera observar que las visitas para difundir información no quedan excluidas de su ámbito. 
El listado de actividades subvencionables no está cerrado, como se desprende del inciso "en especial". 
Sin embargo, la Comisión está dispuesta a aprobar esta enmienda. 
Por otro lado, la financiación de programas de intercambio de larga duración no puede ser aceptada, ya que estas actividades no entran dentro de la política informativa. 
La enmienda 10 afecta al artículo 5. 
La Comisión apoya los objetivos que en ella se mencionan, y prueba de ello es que están incluidos implícitamente en el artículo 1, en el cual se trata el modelo de actividad agraria en Europa. 
Por consiguiente, no tiene sentido volver a repetir minuciosamente el contenido de este modelo. 
Las enmiendas 7 y 13 se refieren al porcentaje de cofinanciación. 
La Comisión considera que no es conveniente subvencionar más del 75% de los costes de las actividades subvencionables. 
Los fondos disponibles son escasos. 
Cuanto más pequeño sea el porcentaje de la subvención, más proyectos podrán subvencionarse y más múltiples serán los efectos. 
Las enmiendas 9 y 12 se relacionan con la distribución y ratificación de los fondos. 
Como es sabido, el Parlamento y el Consejo ejercen conjuntamente las competencias presupuestarias. 
Por ello, la Comisión cree que la enmienda 9 no es necesaria. 
En cuanto a la enmienda 12, que propone la inclusión en el Reglamento de los criterios de distribución de los fondos, quisiera señalar que si cerramos las asignaciones de los fondos de antemano, se verá reducida la flexibilidad necesaria en la gestión presupuestaria, lo cual puede ser perjudicial para las solicitudes de subvención que se vayan presentando. 
La enmienda 11 se relaciona con el seguimiento, con la evaluación. 
La Comisión está de acuerdo con el Parlamento en la utilidad de una evaluación continua. 
Esto se puede tomar mejor en cuenta en los estatutos de ejecución del reglamento. 
La enmienda 4 concierne a las tramitaciones administrativas. 
La Comisión considera innecesaria la inclusión de este párrafo adicional en el prólogo del reglamento. 
Los detalles administrativos, el seguimiento y la evaluación posterior serán especificados en los estatutos de ejecución del reglamento redactados por la Comisión. 
En este contexto, cabe indicar que los procedimientos que se establezcan, independientemente de la simpleza y transparencia con que se doten, deben garantizar el control eficaz de los fondos públicos. 
Las enmiendas 1 y 3 son correcciones lingüísticas. 
La Comisión considera que estas rectificaciones carecen de sentido, puesto que los párrafos 4 y 7 del prólogo de la propuesta de la Comisión son menos restrictivos. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5­045/2000) , de la Sra. Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM (1999) 428- C5­0187/1999- 1999/0182 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CE) no 1577/96 por el que se establece una medida específica a favor de determinadas leguminosas de grano. 
. Señor Presidente, presento un informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1577/96 por el que se establece una medida específica en favor de determinadas leguminosas de grano. 
El Parlamento Europeo ha estado analizando esta propuesta desde octubre de 1999 y el 23 de febrero de 2000 aprobó este proyecto de resolución legislativa, por unanimidad. 
Quisiera destacar los aspectos siguientes de las enmiendas que propone el Parlamento Europeo. 
En primer lugar, la enmienda 1 relativa a un considerando 2 bis. 
Esta enmienda complementa la visión del Consejo, que es una visión puramente mercantil, y opta por una propuesta con miras más amplias en el sentido económico, humano y de calidad alimentaria. 
Ahí donde el Consejo habla únicamente de mercado, el Parlamento Europeo llama la atención sobre el interés económico comunitario de estas producciones de leguminosas de grano. 
Dado el déficit de proteaginosas en la Unión Europea, el Parlamento considera que es necesario mejorar este régimen sin que se llegue a disminuir el nivel de ayudas. 
En segundo lugar, la enmienda 2 del Parlamento propone que pueda ser objeto también de ayuda la producción de semillas de vezas. 
Esta ayuda a las semillas existe ya para el arroz, los garbanzos y las lentejas. 
La proponemos porque, como todos sabemos, la producción de semillas está sometida a requisitos técnicos adicionales y de control de calidad, de tal manera que si no se apoya con una ayuda su cultivo, el abandono podría tener consecuencias muy negativas para la calidad de la producción de estas semillas de vezas. 
En tercer lugar, la enmienda 3 señala que la Comisión, a nuestro juicio, sin más dilación, debería hacer propuestas para la campaña de 2000-2003. 
Antes de concluir, señor Presidente, quisiera recordar que en 1993- que ya queda algo lejos- el Consejo señaló que era su intención reforzar progresivamente el régimen de ayuda actual a las leguminosas de grano. 
Sin embargo, esto todavía no se ha hecho. 
En segundo lugar, las campañas sucesivas nos indican que estamos ante un desajuste crónico de este régimen. 
Se rebasa sistemáticamente la superficie máxima garantizada y con ello se penaliza una y otra vez a los agricultores que sufren descensos de la ayuda hasta de un 20%. 
Por todo ello, señor Presidente, lo que quisiera realmente la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo es mejorar el régimen. 
Ahora bien, somos conscientes de lo que nos indica la Comisión, de que estamos en un momento en el que hay serias restricciones presupuestarias, que no podríamos ponerlas en práctica sin disminuir la ayuda. 
Es por ello por lo que nosotros estamos presentando esta propuesta, que realmente es una propuesta de mantenimiento, y lo que decimos a la Comisión es que, sin más tardar, para la campaña, como mucho, del 2000-2003, debe elaborar propuestas que supongan una mejora de este régimen sin disminuir la ayuda. 
Agradezco la colaboración y el apoyo de todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la opinión de la Comisión de Presupuestos, y gracias también a la Comisión por su actitud dialogante y, espero, abierta a nuestras propuestas. 
Señor Presidente, señor Comisario, este informe que hoy se nos propone aprobar en el Pleno del Parlamento se refiere a una mínima reforma del Reglamento 1577/96 de apoyo al sector de las leguminosas de grano. 
Tan mínima es la reforma que no modifica ni la cantidad máxima garantizada total, aunque la reparta en dos bloques, ni la ayuda por hectárea. 
Sólo nos ofrece una novedad en lo que se refiere al comité de gestión, al sustituirlo por el comité de gestión de cereales. 
Como dice un refrán español- muy acorde con este reglamento -, "Esto son lentejas; si quieres las tomas y si no las dejas". 
En consecuencia, mi Grupo va a apoyar el informe de la ponente y, sobre todo, apoyará muy especialmente la enmienda 2, que propone incluir en la ayuda a las superficies dedicadas a producción de vezas para semillas porque ello redundará en unos cultivos de calidad. 
No obstante, quisiera poner de manifiesto que se ha perdido la ocasión de apoyar a una extensa zona bastante árida del sur de Europa que no dispone de otras alternativas de cultivo para sus tierras. 
Además, la demanda de vezas para la alimentación del ganado es cada vez mayor, como lo demuestra el que, al menos en España, la superficie sembrada en las últimas tres campañas ha sobrepasado la propuesta de superficie máxima garantizada en una media de 100.000 hectáreas por campaña. 
Por otro lado, los problemas alimentarios que hemos tenido en la Unión Europea han sido ocasionados por la alimentación de una ganadería herbívora con piensos animales, y si no abaratamos y fomentamos la alimentación de las cabañas ganaderas con proteínas vegetales, como las leguminosas, los agricultores seguirán recurriendo a las harinas animales porque la presión concurrencial a que están sometidos es enorme. 
Para terminar sólo me queda lamentar una vez más que la política agrícola de la Comisión se preocupe más de reducir el gasto- o, en el mejor de los casos, de no aumentarlo, como en esta ocasión- que de mantener un auténtico sector agrario europeo tan necesario para el equilibrio del territorio. 
Señor Presidente, intervengo en este debate para apoyar el informe de mi compañera, María Izquierdo, cuyas propuestas, como las de la Comisión, me parecen beneficiosas e interesantes. 
Las leguminosas de grano constituyen un cultivo tradicional en algunas zonas del sur de Europa, entre ellas España y, más en concreto, en Castilla-La Mancha, la región de la que yo provengo y en la que se concentra un tercio de la superficie total que en España se dedica a estas producciones. 
Nuestra preocupación es, por lo tanto, que no se perjudique el régimen de ayudas a este sector de la producción agraria, y, más concretamente, a la producción de garbanzos, lentejas y vezas. 
Garbanzos y lentejas son dos productos esenciales para la cultura gastronómica española y para nuestra dieta, la dieta mediterránea, ahora tan alabada por la comunidad científica, que incluye las legumbres secas entre nuestras recetas tradicionales. 
La compra de legumbres secas en España sigue una evolución ascendente, creciendo hasta un 5% anual. 
En mi país, ese consumo alcanza los 6,5 kg. por habitante y año y cualquiera que conozca cómo se cocinan estos productos puede acreditar que es una cantidad muy importante. 
Costumbres de origen religioso, por ejemplo, hacen que no se coma carne en tiempo de Cuaresma y la picaresca y el sentido común de nuestros compatriotas han sustituido esa carne por otros platos- deliciosos, por cierto- como es nuestro potaje de garbanzos y espinacas. 
Se trata de usos que se han consolidado a través de la historia prolongándose a lo largo del año, incluso para el común de los no practicantes y de los no creyentes, y que han dejado una serie casi infinita en su variedad de menús a base de legumbres secas como plato principal, que, sin duda, hacen aumentar las cifras de consumo. 
Otro sector necesitado de este tipo de productos es el de la ganadería. 
En momentos como los actuales, en que estamos observando el fraude en el engorde de ganado y la utilización de productos no autorizados, resulta fundamental que en el mercado se ofrezcan piensos naturales de calidad y a un precio razonable, como algunos de los concernidos por este reglamento, concretamente las vezas. 
En definitiva, hablamos de la protección comunitaria de una producción que el año pasado y en mi región ha permitido vivir con dignidad y de su trabajo a cerca de 17.000 familias. 
Se trata, además, de un sector en el que, afortunadamente, no han proliferado los caza-primas que aterrizan en la agricultura para cobrar subvenciones de la Unión. 
Aquí estamos ante cultivos tradicionales de gentes que vienen dedicando a ellos su esfuerzo, de generación en generación, y que han contribuido a perfilar una buena parte del paisaje y de la gastronomía de regiones significativas de Europa, paisaje y gastronomía que a todos nos interesa y nos corresponde mantener. 
Les pido, por ello, el apoyo del Parlamento a las propuestas de la Comisión y a las mejoras que, por vía de enmienda, se contienen en el informe de María Izquierdo. 
Señor Presidente, apoyamos una prórroga de la propuesta, sin embargo, quiero recordar que la Agenga 2000 acordada el año pasado en Berlín está basada en la necesidad de encaminarnos hacia el libre comercio y de esforzarnos por reducir los actuales regímenes de ayuda y por cerrar acuerdos bajo los auspicios de la OMC que nos permitan, en virtud de los mecanismos de mercado, un mayor acceso a los muchos mercados existentes en el mundo. 
Quiero recordar también que la agricultura convencional ha estado sometida a una considerable presión durante estos años, ha habido una caída de precios en casi todos los productos. 
Lo que algunos llaman estabilidad, los agricultores lo ven como algo diferente, porque aumentan los costes y, en consecuencia, una congelación de los sistemas de precios funciona automáticamente como un descenso. 
También querría recordar que recientemente la Comisión ha endurecido las condiciones para la intervención en el caso de los cereales. 
Especialmente, los granos de trigo se verán afectados muy duramente, ya se han visto afectados por una caída en su precio del 15%, a lo que hay que añadir las mayores exigencias en cuanto a calidad como a contenido proteínico, lo que significa- especialmente en la parte septentrional de la UE- que está en marcha una caída adicional de precios. 
En nombre de mi grupo y como ya dije, quiero respaldar el aplazamiento del régimen aunque quiero exhortar a que la Comisión antes de los años 2002-2003 trabaje seriamente en analizar las posibilidades de llevar a cabo reformas en la forma de empleo de los recursos de modo que también pudiéramos seguir garantizando el grupo de los granos que hasta ahora han estado garantizados mediante estos regímenes de ayuda. 
Señor Presidente, Señorías, como se sabe, conviene apoyar la producción de cultivos de leguminosas para grano mejorando su régimen sin disminuir el nivel de la ayuda, dado el actual déficit de leguminosas en grano destinadas a la alimentación humana o a la alimentación animal. 
La verdad es que se ha modificado varias veces el régimen de ayuda instituido en 1989, pero no se ha presentado un informe sobre la aplicación del presente régimen. 
Ahora la Comisión, al defender una superficie máxima garantizada de 400.000 hectáreas, quiere reducir en cerca de 100.000 hectáreas la superficie media de producción de las tres últimas campañas, lo que entrañará importantes reducciones de la ayuda. 
Por otro lado, aunque no disintamos de la separación en dos de la superficie máxima garantizada, consideramos necesario corregir el período histórico de referencia para efectos de cálculo de cada una de las superficies máximas garantizadas retirando las tres últimas campañas a fin de disminuir las repercusiones negativas para Portugal en el caso de los productos destinados a la alimentación humana. 
Por último, conviene decir que para Portugal es importante que se consideren las alubias secas en ese régimen, aun sin la modificación de la superficie máxima garantizada. 
Insistimos, pues, en la necesidad de que la Comisión tenga en cuenta estas propuestas de modificación en el nuevo régimen que pretende instituir para las leguminosas en grano. 
. (FI) Señor Presidente, quiero volver expresar mi agradecimiento a la Sra. ponente, María Izquierdo Rojo, por su constructivo informe, que es de una gran calidad. 
Los fundamentos de la cuestión sobre las leguminosas de grano que ahora nos ocupa se encuentran en dos documentos de la Comisión. 
El primero es un informe sobre el sistema de subvenciones de las leguminosas de grano y el segundo es una propuesta para mejorar la tramitación administrativa del sistema. 
¿De qué tipo de plantas se trata en realidad? 
Sé que los diputados españoles conocen bien este asunto, pero hay que reseñar que las leguminosas de grano incluyen tres tipos de plantas de cosecha anual, cuyo contenido en proteínas es alto y cuyo fruto son granos secos. 
Como alimento humano se usan las lentejas y los garbanzos, mientras que los granos de veza, planta más desconocida para nosotros, se usan como piensos animales. 
Estas leguminosas se cultivan comercialmente, sobre todo, en campos de las regiones meridionales de la Unión, ya que dan buenos resultados en climas secos. 
En realidad, el porcentaje de España en cultivos de leguminosas de grano supone el 90% de la producción de la UE. 
Las leguminosas secas no entran en el régimen de ayudas que fue renovado mediante el programa de la Agenda 2000, a pesar de que su cultivo se puede alternar con otros productos como, por ejemplo, los cereales. 
Las leguminosas de grano cuentan con un sistema específico que asigna 181 euros por hectárea cultivada y la superficie máxima garantizada es de 400.000 hectáreas. 
Este sistema se creó en 1989 al reducirse la superficie de cultivos de leguminosas y en detrimento de los cereales, de los cuales había ya superproducción. 
Este sistema especial tenía por objetivo conservar el cultivo tradicional de leguminosas secas mediante subvenciones por hectárea. 
¿Cuáles son las conclusiones de la Comisión sobre este informe? 
Al examinar la aplicación de este sistema, se puede observar que se han rebasado sistemáticamente las 400.000 hectáreas de superficie máxima garantizada. 
De esto se pueden extraer dos conclusiones. 
En primer lugar, que el objetivo de este sistema ha sido alcanzado con éxito, y, en segundo lugar, que las superficies cultivadas deben estabilizarse con más rigor. 
Si examinamos las superaciones de las superficies máximas durante los últimos años, podemos observar que, sobre todo, se sobrepasan las superficies destinadas a las semillas de veza. 
Aunque este sistema se aplica de forma satisfactoria en su conjunto, el control de estas superaciones de las superficies máximas es problemático, ya que los productores que rebasan las superficies no pueden ser tratados de manera excepcional con respecto a otros productores. 
¿Cómo se podría mejorar este sistema? 
Debemos aspirar a encontrar los medios para mejorarlo en el marco del sistema actual y de los fondos disponibles. 
Nos encontramos en una situación, en la que se ha aprobado la reforma de la Agenda 2000 y las negociaciones comerciales a nivel internacional están por llegar. 
Quiero subrayar que la modificación propuesta por la Sra. ponente, según la cual las subvenciones actuales para los productores de veza podrían integrarse en otro régimen de mercado, es decir, en el régimen de ayudas de mercado a las semillas, no aportaría la mejora deseada. 
Hablo de la enmienda número 2. 
No puede ser aceptada por dos razones: primera, porque estos sistemas son contradictorios entre sí, pues en uno de ellos el grano debe ser destinado, en principio, a piensos animales, mientras que en el otro sistema se incluyen los granos destinados a la siembra; y la segunda razón es que esto podría producir más gastos. 
La Comisión propone, de acuerdo con su propio informe, que la superficie máxima garantizada sea dividida, en función de la subdivisión de superficies, en dos bloques con una relación 40/60. 
Así pues, la división sería la siguiente: el cupo conjunto para las lentejas y los garbanzos es de 1.600.000 hectáreas y el cupo de las semillas de veza es de 240.000 hectáreas. 
Además, la propuesta plantea que el Comité de gestión de piensos animales sea sustituido por el Comité de gestión de cereales. 
El único propósito de esta modificación es registrar en las disposiciones del Reglamento una práctica que se ha generalizado en el seno de los comités. 
Por último, quiero manifestar que la Comisión aprueba aquellas enmiendas propuestas por la Sra. ponente que corroboran la postura de la Comisión, según las cuales la Comisión presentará un nuevo informe, en lo que concierne a la enmienda 3, e intentará mejorar el sistema actual, en base a la enmienda 1. 
Señoras y señores diputados al Parlamento, a la luz de los comentarios que acabo de hacer, no será difícil aprobar esta propuesta para que entre en vigor a partir de la campaña 2000-2001. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Adicionalidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos preguntas orales formuladas a la Comisión: 
B5-0207/2000, de Jillian Evans, Nogueira Román, Ortuondo Larrea y MacCormick, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la adicionalidad 
B5-0209/2000, de Davies y Attwooll, en nombre del Grupo ELDR, sobre el principio de adicionalidad en los créditos de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, el objetivo de los Fondos Estructurales es centrarse en las zonas más pobres y deprimidas de la Unión Europea, aquéllas con mayor necesidad de desarrollo, e invertir cantidades adicionales de dinero para contribuir al inicio de la reconstrucción económica, a la creación de empleos y la regeneración de las comunidades más pobres. 
La adicionalidad tiene por objeto garantizar que esto sea así y evitar que los gobiernos usen la financiación comunitaria para sustituir la propia, lo que constituiría un fracaso en ese objetivo. 
Pero en muchas regiones y naciones eso es lo que está ocurriendo actualmente y puedo ilustrar el problema poniendo como ejemplo a Gales. 
La concesión, el año pasado, de la categoría de Objetivo 1 a Gales Occidental y Los Valles constituyó un reconocimiento de la pobreza existente en dos tercios de l país. 
1200 millones de euros de financiación comunitaria eficientemente empleada puede ciertamente suponer la ayuda adicional que se pretende. 
Pero si observamos el presupuesto del gobierno para Gales, en la práctica, el próximo año, en el que se cuenta con la categoría Objetivo 1, no habrá un mayor gasto gubernamental del que hay un año antes de la concesión del Objetivo 1. 
El presupuesto de la Asamblea Nacional que proviene del Tesoro permanece inalterado de modo que, por lo menos, en los primeros quince meses del nuevo periodo de programación no habrá, en absoluto, recursos adicionales. 
El dinero se tomará de otros presupuestos de la Asamblea Nacional como, por ejemplo, sanidad y educación. 
Por tanto el gasto del gobierno central se reduce. 
En los Fondos Estructurales las áreas con las mayores necesidades se identifican y eligen sobre la base de criterios regionales. 
Sin embargo, cuando la Comisión contempla la adicionalidad se negocia en el nivel de los Estados miembros. 
Esto es una clara contradicción. 
A los Estados miembros no se les exige que demuestren la adicionalidad en el nivel regional o programático. 
Coincido con la afirmación del Comisario Barnier, contenida en una respuesta escrita dirigida a mí, acerca de que el espíritu de la adicionalidad, más allá de la letra de la ley sobre este tema, constituye una consideración importante. 
Necesitamos una revisión del sistema y un aspecto esencial de ello consiste en contemplar la adicionalidad desde la perspectiva interna de los Estados miembros, al nivel de los programas y también al nivel del Estado miembro. 
Hay que establecer mecanismos para asegurar que los Estados miembros respeten el principio y el espíritu de la adicionalidad de suerte que los fondos sean destinados y desembolsados efectivamente. 
De modo que, señor Comisario, lo que le estamos pidiendo en esta cuestión es la confirmación de que esto se va a llevar a cabo, y espero con impaciencia la votación de este debate que tendrá lugar en abril. 
. (EN) Señor Presidente, el principio de adicionalidad existe para asegurar que las transferencias a los Estados miembros en el marco de los Fondos Estructurales se añadan, en lugar de reemplazar, al gasto nacional destinado a las medidas al desarrollo estructural. 
De este modo, las políticas estructurales de la Unión Europea tendrán un mayor efecto en la reducción de las disparidades regionales y sociales. 
La verificación ex-ante de la adicionalidad se está llevando a cabo actualmente en aplicación del artículo 11 del Reglamento 1260/99. 
Este es un elemento integrante de la negociación de los programas de los Fondos Estructurales con los Estados miembros. 
Este hecho constituye una demostración de la intención de los Estados miembros de aplicar el principio de adicionalidad durante el periodo de programación que nos aguarda. 
Cuando sea necesario la Comisión pedirá a los Estados miembros las correspondientes aclaraciones sobre los detalles de sus previsiones de gastos elegibles para el periodo 2000-2006. 
Como medida ulterior, la Comisión ha preparado algunas disposiciones de ejecución para su inclusión en los documentos de programación que cubren tanto la verificación de la adicionalidad ex-ante, como la intermedia y la final. 
El segundo asunto tratado por las preguntas es la posibilidad de verificar la adicionalidad en el nivel regional. 
Quisiera desarrollar algunos elementos de respuestas anteriores. 
En primer lugar, a pesar de que la adicionalidad se aplica en el nivel de los gastos generales elegibles de los Estados miembros en lugar del nivel regional, hay que tener en cuenta que la adicionalidad general que se debe demostrar es, por definición, la suma de los gastos elegibles realizados en el nivel inferior. 
En la práctica, la reducción de los gastos elegibles en una región debería ser compensada con un aumento en otras regiones para que la adicionalidad fuese respetada en el conjunto. 
A este respecto, la Comisión puede garantizar que, cuando existan pruebas de la reducción del gasto nacional en una determinada o determinadas regiones, permanecerá especialmente atenta en relación con la credibilidad de las cifras totales. 
Una segunda aclaración atañe al alcance de la adicionalidad y a la sugerencia de que al ser ejecutada en el plano estatal pudiera ser incompatible con la vocación regional de los Fondos Estructurales. 
Hay que tener en cuenta que el gasto de un Estado miembro destinado al desarrollo, que se toma como referencia para la evaluación de la adicionalidad, es por regla general una mezcla de los recursos asignados y gestionados a nivel estatal y aquellos gestionados en el nivel regional. 
Mientras que existen algunas categorías de gasto de las que se puede esperar permanezcan estables en el nivel regional en el tiempo que media entre los periodos de programación, difícilmente se puede sugerir que el nivel de gasto en, por ejemplo, en las infraestructuras principales deban permanecer en el mismo nivel en cada región independientemente de las necesidades actuales. 
Esta es la razón por la que la Comisión tiene la opinión de que la aplicación estricta de la adicionalidad en el nivel regional conduciría a una rigidez excesiva en la gestión del propio gasto de los Estados miembros destinado al desarrollo. 
Finalmente, en relación con las provisiones presupuestarias practicadas en el seno de los Estados miembros entre el gobierno central y las regiones, la comisión no puede más que repetir que estas cuestiones son exclusivamente de orden nacional y que no tienen que ver con la adicionalidad tal y como ésta es definida en los reglamentos. 
Señor Presidente, quisiera comenzar dándole las gracias a mi colega galesa- aunque es de otro partido- Jillian Evans, por plantear este asunto. 
No creo que en Gales haya ahora ninguna otra cuestión más importante que la aplicación de los fondos correspondientes al Objetivo 1 y es importante que contemplemos el trasfondo de los asuntos que estamos considerando actualmente. 
Al día de hoy hay dos noticias principales en el Reino Unido. 
Una de ellas es la impactante noticia de la decisión de BMW de fragmentar el grupo Rover-Land Rover con el riesgo de que se produzcan despidos masivos por todo el Reino Unido y la otra gran noticia de esta mañana es la contundente victoria del Partido Conservador en las elecciones parciales de Ayr desplazando al Partido Laborista en el poder a un miserable tercer lugar con una oscilación de casi el 10%. 
Estos sucesos no constituyen solo el trasfondo de actualidad de este debate. 
En mi opinión subyacen a los asuntos que estamos considerando en el contexto del gasto de los Fondos Estructurales en los Objetivos 1 y 2 en aquellos lugares de la Unión Europea que se enfrentan a graves problemas económicos. 
Como ya hemos oído en boca de Jillian Evans, a una parte significativa de Gales, que incluyen circunscripciones a las que represento, se le ha concedido el rango de Objetivo 1, aunque lamentablemente desde que la Comisión lo anunciara los problemas que teníamos en Gales no han hecho más que agudizarse. 
Como resultado directo de lo que yo denominaría política gubernamental del Reino Unido, nuestra economía agrícola ha hecho de todo menos colapsarse. 
Los ingresos de las explotaciones agrícolas se encuentran en el nivel más bajo de esta generación y el declive está incluso afectando al sector manufacturero. 
No me voy a excusar por decir que la exagerada sobrevaloración de la Libra esterlina que otorga al Ministro de Trabajo del R.U. un caballo de batalla electoral de proporciones sin precedentes a coartado a todos los manufactureros galeses y británicos que intentan exportar al mercado europeo. 
No es ninguna sorpresa que BMW eche la culpa de su decisión acerca de Rover a la política económica del Gobierno británico, pero me temo que este es un pobre consuelo para los miles de trabajadores de Rover que se han esforzado en mejorar la eficiencia de la compañía únicamente para comprobar que sus esfuerzos han sido socavados en Downing Street. 
Me ocupo ahora de la actuación del gobierno laborista en el poder en términos del paquete de los Fondos Estructurales europeos. 
El inaceptable comportamiento del Gobierno del Reino Unido ya ha causado el puntual fin de la carrera política del primer Secretario de la Asamblea de Galés. 
Lamentablemente, las cuestiones relacionadas con el desembolso de los Fondos Estructurales han estado marcadas por el retraso causado por las disputas sobre la financiación oportuna y también sobre el asunto de la adicionalidad. 
Para que no vuelva a plantearse más tarde en este debate permítanme dejarlo claro: este no es un asunto nuevo y comparto la opinión de que se trata de un asunto que requiere ser examinado muy cuidadosamente por la propia Comisión. 
Tengo el honor de haber sido nombrado ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios para las directrices 2000-2006 de los Fondos Estructurales y la comisión acordó, sobre la base de nuestras recomendaciones a la Comisión de Política Regional, que la Comisión debería prestar atención a este asunto de la adicionalidad. 
Hemos repetido la importancia de garantizar que los Fondos Estructurales no solo sustituyan, como ha ocurrido, el gasto público asimismo destinado a aquellas áreas más retrasadas. 
Lamento que la Comisión de Política Regional no haya incorporado las mismas en ese informe, pero ahí está. 
Hay una serie de cuestiones que quisiera plantear al Comisario Liikanen para que las trasladase al Comisario Barnier. 
Aprecio que él es hoy el comisario en funciones pero es posible que no esté en disposición de responder a estas cuestiones. 
No obstante, se trata de unas reflexiones que ciertamente quiero plantear en el contexto de la región que represento y quizá sean unas reflexiones que apoyaría Jillian Evans en nombre de su partido. 
¿Qué progresos se están haciendo en el seno de la Comisión en relación con la aprobación de los documentos de programación? 
¿Dará un paso adelante el Comisario en términos de transparencia a la hora de publicar oportunamente la correspondencia que se ha establecido entre la Comisión y la Asamblea Nacional? 
Se nos aseguró, debo decir que fue un más bien complaciente Secretario de Economía que a la sazón ha sido nombrado ahora Primer Secretario, que todos los asuntos estaban discurriendo de forma adecuada. 
Sin embargo, de cuando en cuando oímos comentarios de la Comisión en el sentido de que hay graves problemas y es difícil hacer nuestro trabajo en este Parlamento sin ese grado de transferencia. 
De modo que, ¿va a comprometerse la Comisión a poner a disposición de todos los diputados del Parlamento Europeo esa información? 
¿Se van a comprometer a mantenernos informados en relación con estas cuestiones? 
¿Se va a comprometer a desafiar a los Estados miembros en relación con los mapas que se han diseñado respecto del Objetivo 2 donde también ha habido pruebas de que se han hecho divisiones ventajistas? 
La adicionalidad es un asunto importante, pero debo decir que no es el único que preocupa a muchos diputados de este Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quisiera hacer referencia a un par de puntos que ha planteado el Sr. Evans. 
En primer lugar, reconozco que existen dificultades los Midlands con el Grupo Rover. 
No quisiera obtener capital político de ello. 
Hay demasiados puestos de trabajo en peligro. 
En segundo lugar, también ha mencionado su elección parcial. 
Felicito a su partido por asegurarse una victoria en estas elecciones parciales. 
Pero al contrario que ella, he estado en Ayr durante las últimas tres semanas, al pie del cañón. 
Puedo decir que la adicionalidad no se ha nombrado ni una sola vez. 
Me ocupo ahora de la cuestión que estamos tratando. 
Les doy las gracias a los nacionalistas por haberla planteado. 
Está muy bien que tengamos un verdadero debate sobre todo el asunto de los Fondos Estructurales. 
Pero sospecho que aquí hay algo más profundo. 
¿Qué es lo que intentan conseguir? 
He escuchado a la Sra. Evans. 
Básicamente, lo que he extraído de su intervención es que quiere redefinir los reglamentos de los Fondos Estructurales. 
Quisiera recordar a los miembros de este Parlamento que no hace tanto tiempo este parlamento aprobó, por el procedimiento de consentimiento, las normas y reglamentos que rigen los Fondos Estructurales, incluyendo el artículo 11 que define la adicionalidad. 
Por tanto, ¿corresponde ahora al Parlamento cambiar esto? 
No deberíamos hacer esto. 
El papel de este Parlamento es garantizar que se cumplen las normas. 
Esto es en lo que nos deberíamos concentrar. 
Me consta que la Sra. Evans, junto con una de sus colegas, Dafydd Wigley, y uno de los miembros del Partido Nacionalista Escocés, el Sr. Wilson, acudió a ver al Comisario Barnier. 
Me gustaría leerles las declaraciones del Comisario después de esa reunión. 
" Me consta que recientemente ha habido un intenso debate en Escocia y Gales sobre la financiación regional europea. 
Pero tengo la impresión de que en ocasiones se han confundido dos asuntos diferentes- adicionalidad y cofinanciación ". 
No me sorprende que haya cierta confusión acerca de esto entre los nacionalistas. 
" La adicionalidad, tanto si los fondos de la UE proveen un impacto adicional, comparada con lo que de otro modo hubiera ocurrido, puede ser usado por los planificadores locales de programas como uno de los criterios de selección antes de que decidan aprobar la ayuda a proyectos individuales. 
La Comisión, por otra parte, está obligada por las normas a evaluar globalmente la adicionalidad en el Reino Unido, al objeto específico de asegurar que la ayuda financiera europea se añada y no sustituya a la financiación nacional. 
En el pasado siempre hemos estado satisfechos con el cumplimiento de las exigencias nacionales. " 
Señor Presidente, ha quedado claro por lo dicho por el Comisario que la Comisión es muy concienzuda a la hora de medir la adicionalidad de la financiación estructural en el nivel de los Estados miembros, y también ha sido satisfactorio escuchar sus garantías acerca de los diferentes niveles de evaluación que existen. 
No obstante, como bien sabe la Comisión, algunos Estados miembros de la Unión Europea tienen sistemas regionales de gobierno con transferencia de poderes. 
Tales sistemas regionales de gobierno se financian normalmente, en todo o en parte, con fondos del gobierno central. 
Me da la impresión de que, con las normas actuales, los gobiernos centrales pueden verter la contribución de la UE a la financiación estructural en sus cálculos para determinar los presupuestos de los gobiernos regionales. 
No parece que hay ningún mecanismo, a pesar de lo que haya dicho el Comisario, para asegurar una de estas dos cosas, en primer lugar, que la regla de adicionalidad se aplica a este cálculo, y en segundo lugar, que la cantidad de recursos de la UE que finalmente llega a las regiones individuales corresponde directamente a la cantidad destinada a esas regiones durante la etapa de planificación. 
También puede significar que el principio de adicionalidad no se está aplicando correctamente sobre una base de región por región. 
Acepto, al igual que la Sra. Evans, que esto no contradice, hablando estrictamente, la letra de la legislación de la Unión Europea sobre la materia. 
Pero al igual que ella, me parece claramente contradictorio con el espíritu de las normas de adicionalidad y que socava los objetivos por los que se estableció inicialmente la financiación estructural. 
A pesar de que provengo de Escocia, me consta que estos asuntos no sólo preocupan a mis colegas democrataliberales de otras partes del Reino Unido sino también a otros miembros del ELDR que representan a otras regiones de toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar a la compañera de la nación galesa por su magnífica exposición y congratularme también de que, desde otras posiciones ideológicas, se comparta el fondo de la cuestión. 
Algunos, que somos nuevos en este Parlamento, ya empezamos a estar cansados de buenas intenciones, de magníficos programas y de que se nos hable del espíritu de las normas comunitarias. 
Porque, al final, lo que vamos a tener, en vez de espíritu, son fantasmas y noches de insomnio, porque lo que ocurre es que no se cumplen los compromisos. 
Por lo tanto, en este tema de la adicionalidad, conviene que las propias instituciones europeas comiencen por cumplir sus compromisos. 
El Tribunal de Cuentas, en junio de 1999, ya hizo un balance de la aplicación del principio de adicionalidad y muestra que es un completo desastre y un desatino. 
En segundo lugar, hay que tener en cuenta- y esto es una declaración política- la Europa real, la Europa de los ciudadanos, la Europa de las naciones y pueblos internos a los Estados, porque mientras esto no se tenga en cuenta, estaremos volviendo sobre el mismo problema de siempre. 
Escocia, Gales, el País Vasco, Cataluña, Galicia, incluso una región tan grande como Andalucía, no pueden estar al albur de lo que decida un Estado central, por muy Estado que sea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hago mías las palabras de nuestro colega el Sr. Miller, que ha hablado hace poco- y siento que no esté presente en la sala, en este momento -, cuando criticaba a los autores de esta pregunta diciendo que nuestra misión principal es la de velar por que se cumplan las normas. 
Y las primeras normas que se deben cumplir son las del Tratado, en este caso su artículo 158, que sitúa en el plano más alto el objetivo de la cohesión económica y social. 
Y nuestro trabajo consiste en velar después por que los reglamentos y el comportamiento de la Comisión alcancen- y sirvan para alcanzar- esos objetivos. 
Y aquí estamos vigilantes para criticar y plantear el problema, siempre que comprobemos que no es así. 
Convenimos en la oportunidad y en el sentido de las cuestiones planteadas por los autores de la pregunta oral y nos identificamos con las consideraciones ya expresadas aquí. 
Hacemos un llamamiento a la Comisión para que, en lugar de dejar, como nos parece, enfriar el objetivo de la cohesión económica y social, ejerza más presión para que esos instrumentos actúen efectivamente en beneficio de las regiones más necesitadas. 
Es evidente que este asunto es delicado, con una evolución muy debatida a lo largo de estos años, con muchas normas que son sistemáticamente revisadas, pero lo que no se puede consentir es que la revisión de las normas y la evolución de la burocracia perjudiquen siempre a quienes están más necesitados. 
No podemos, por ejemplo, concordar con que se pongan dificultades a la conjugación de esos fondos para regiones elegibles según los diversos programas, porque, si esas regiones son elegibles para varios fondos, es porque son precisamente las más necesitadas y todo lo que castigue la operatividad de esos fondos retrasa su desarrollo y perjudica el objetivo de la cohesión económica y social. 
Como tampoco concordamos con que la Comisión se vuelva en cierto modo la aliada de cierta inercia de algunos Gobiernos nacionales, cuando éstos no están dispuestos a socorrer a las regiones más necesitadas. 
Por tanto, hacemos un llamamiento a la Comisión para que sea... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, me voy a referir a un tema que no ha tratado ninguno de los oradores anteriores. 
Me refiero al informe del Tribunal de Cuentas sobre el principio de adicionalidad. 
Es un informe que fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 9 de marzo pasado. 
En dicho informe hay un apartado muy interesante- el apartado 62- que habla de las privatizaciones. 
En los últimos años, varios gobiernos de la Unión Europea se han lanzado entusiasmados a una política de privatizaciones que ha colocado en pocas manos el patrimonio que antes era de la comunidad. 
Por ejemplo, en España, en los últimos cuatro años se han privatizado empresas públicas por valor de 4 billones- con b de Barcelona, con b de Bruselas -; empresas públicas que han pasado a manos de particulares. 
El Sr. Liikanen es un experto en términos contables, y sabe que privatización es una forma de desinversión pública y, concretamente, que puede ser una forma de desinversión regional. 
Si se privatiza, por ejemplo, una compañía aérea que presta servicios regionales, se puede producir una desinversión regional, con lo cual estaríamos infringiendo el principio de adicionalidad. 
El Tribunal de Cuentas se ha referido a esto diciendo que cuando los gastos, como consecuencia de las privatizaciones, evolucionan a la baja, al Estado miembro, conociendo ya los resultados, le interesa su supresión. 
Teniendo en cuenta la importancia de las categorías de gastos afectados- telecomunicaciones, energía, etc.-, esta simple operación puede traducirse en una modificación sustancial del resultado final. 
Y tenemos también la respuesta de la Comisión, que debe ser muy reciente y que el Comisario Liikanen, como miembro del Colegio, debe recordar perfectamente. 
Y la Comisión responde aquí con un sistema que, en la terminología española, llamamos el "método Olendorf"; método de aprendizaje de lenguas que consistía en que el maestro le preguntaba al alumno "¿ Tiene usted los calzoncillos de mi tío ?", y el alumno le contestaba "No, pero tengo las gafas de mi abuela". 
Y la contestación que nos da la Comisión a ese apartado 62 es muy escueta. 
Dice: "Aunque el sector privado realiza a veces inversiones en sectores tradicionalmente considerados a cargo del sector público, resultaría extraordinariamente difícil ampliar la comprobación de la adicionalidad a las inversiones privadas, ya que ello supondría la recogida y el examen de las cuentas de una serie de empresas privadas que no estarían obligadas a proporcionar la información correspondiente ni a las autoridades nacionales ni a la Comisión". 
Es decir, la Comisión contesta con el "método Olendorf". 
Tenemos aquí al Comisario Liikanen que conoce muy bien el tema, y quizás podamos escuchar de él una respuesta más precisa, porque creo que esto afecta sustancialmente al núcleo de la adicionalidad. 
El segundo tema es que, en las previsiones financieras de Berlín, se ha previsto una reducción sustancial de los Fondos estructurales. 
Este año tenemos 29.430 millones de euros, en el año 2006 tendremos 26.600 millones de euros nominales, es decir, que hay una disminución del orden del 14% en siete años. 
Teniendo en cuenta que hay inflación, yo puedo calcular que hay una disminución del 20%. 
Es decir, de aquí al 2006, los Fondos estructurales van a tener una pérdida superior al 20% respecto de lo que hay hoy, con lo cual será muy difícil que se puedan atender las necesidades que hoy atendemos y, por lo que hemos oído, sigue habiendo muchos problemas en muchas regiones comunitarias. 
Y hay un problema adicional, que tampoco se le oculta al Comisario ni a los miembros de esta Asamblea: estamos hablando de una ampliación inmediata de la Unión Europea con trece nuevos Estados miembros, la mayoría de los cuales tiene un nivel medio de renta muy inferior a las regiones más pobres de la Comunidad y no hay nada previsto para atender las políticas de cohesión con esos candidatos a Estados miembros. 
Sé que a esto el Comisario no podrá responderme, pero sí llamo la atención de la Asamblea y del Comisario sobre el problema que esto va a plantear con respecto a las políticas de cohesión comunitarias. 
Señor Presidente, al tiempo que suscribo todo lo que ha dicho el Sr. Medina Ortega, quiero decirle que, aunque somos un Grupo muy pequeñito y tenemos muy poco tiempo para exponer las cosas, sí he hecho referencia al informe del Tribunal de Cuentas que él ha mencionado, que es precisamente del 9 de marzo de este año. 
Señor Presidente, señor Comisario, como ya se ha indicado aquí, los fondos de la UE no deben servir para sustituir las subvenciones públicas o ayudas estructurales similares de los propios Estados miembros. 
Este principio de adicionalidad es importante para que se cumpla el objetivo, enmarcado en la política regional y estructural de la Unión, de reducir las diferencias entre regiones. 
La Comisión debe obligar a los Estados miembros a proceder de tal manera que el principio de adicionalidad sea aplicado tanto a nivel nacional, como a nivel regional. 
Tengo la sospecha de que los Estados miembros infringen este principio descaradamente. 
La eficiencia de la política regional de la Unión se ve disminuida de forma decisiva, a causa de que los Gobiernos recortan las subvenciones nacionales, públicas y estructurales que asignaban a sus regiones, incluso mucho más de lo que las regiones perciben de los Fondos estructurales de la Unión. 
En algunos casos, la violaciones del principio de adicionalidad se han enmascarado cifrando como ayudas nacionales de desarrollo a las regiones ciertos tipos de subvenciones que, sin embargo, se han destinado a las regiones de mayor crecimiento económico. 
La omisión de la aplicación a nivel regional del principio de adicionalidad agrava las diferencias regionales internas de los Estados miembros, cosa que va en contra de los objetivos de la Unión en materia de política regional. 
Señor Presidente, ciertamente es una pena que el Comisario Barnier no haya podido estar presente esta mañana, ya que esta es una cuestión que corresponde a su cartera y que está causando gran preocupación no sólo en Escocia y Gales sino también en otros lugares de la Unión Europea. 
Es un asunto preocupante porque está configurado para que parezca un esquema que supuestamente otorga una ayuda específica, y al final no es más que truco entre la Comisión y los gobiernos nacionales por el que se supone que se invierte más dinero, aunque al final nos cuentan que no hay ninguna diferencia si el dinero extraordinario va a parar a una región en concreto o no, mientras el dinero vaya a parar al país en general. 
Esto es simplemente inaceptable. 
Además se nos dice que todo está bien, porque las normas de adicionalidad contenidas en el reglamento se están aplicando correctamente. 
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, respecto de este mismo informe, dice lo siguiente: las dificultades encontradas tienen su causa en el limitado desarrollo del principio en términos conceptuales y metodológicos y el fracaso conjunto en encontrar procedimientos adecuados y efectivos para su verificación. 
Y dos párrafos después dice que la identificación de las intervenciones de ayuda estructural en las regiones elegibles no es fiable, y esto conduce a la inclusión de numerosas estimaciones e hipótesis que son difíciles de verificar. 
Ciertamente "difícil", señor Presidente. 
No es ninguna sorpresa que esto genere inquietud en toda la Unión Europea y por tanto solicitemos a la Comisión que dedique a esto su máxima atención. 
Señor Presidente, no tenía previsto intervenir hoy porque represento al sudeste de Inglaterra que es una región de las más prósperas de Inglaterra y de Europa. 
Nosotros pagamos los impuestos que posibilitan las subvenciones que otros reciben. 
No tenemos financiación de Objetivo 1. 
La financiación del Objetivo 2 con la que contábamos ha sido reducida por el actual gobierno y el Fondo Conver que era muy útil está siendo ahora retirado. 
De modo que ¿por qué intervengo? 
En especial quisiera hablar de la Isla de Wight, una bella isla con 130.000 habitantes y con PIB del 68% de la media comunitaria- una región muy pobre. 
No recibe ningún apoyo de Europa. 
¿Por qué no? 
No recibe las subvenciones europea porque en NUTS II es clasificada junto a Hampshire. 
Hampshire es un condado próspero- alrededor del 100% de la media europea, de modo que no hay dinero para la Isla de Wight. 
Sin embargo, tiene una población de 130.000 habitantes, una población mayor que la de las Islas Åland que están el NUTS II y reciben subvenciones de la Unión Europea. 
La Isla ha llevado el caso al Alto Tribunal de Londres contra el Gobierno británico ya que estima que están siendo tratados injustamente. 
Creo que pueden ganar el caso. 
Por los que respecta a Europa, siguiendo mi consejo, llevaron el caso ante el Defensor del Pueblo, porque pensamos que EUROSTAT al negarse a definir a la Isla de Wight como una región separada NUTS II, trató a la isla de forma injusta. 
Esta semana, en lo que yo calificaría como un hito en la labor del Defensor del Pueblo, ha dicho que constituía una mala administración de EUROSTAT y de la Comisión Europea. 
Permítanme leer su sentencia: "en el presente caso la Comisión no ha proporcionado elementos al Defensor del Pueblo que demostrasen que EUROSTAT, al no clasificar a la Isla de Wight como una separada región NUTS II, hay tenido en cuenta todos los factores relevantes incluyendo el artículo 158 del Tratado y el informe Viola del Parlamento Europeo". 
El defensor del Pueblo recomienda que la Comisión y EUROSTAT vuelvan a revisar este problema particular. 
Le pediría a la Comisión que tenga en consideración esta recomendación que realiza el Defensor del Pueblo de suerte que pueda decirles a los ciudadanos de la Isla de Wight que su asunto va a ser revisado y que pueden esperar que la Comisión va a tratar con justicia los problemas y preocupaciones particulares de la Isla. 
Entonces podremos contar con este acto de adicionalidad y retomar nuestra lucha contra el Gobierno británico para asegurarnos de que recibimos el apoyo de Europa y del Gobierno británico para tratar con justicia una isla que hasta la fecha no lo ha sido ni por el Gobierno británico ni por la Unión Europea. 
. (EN) He escuchado atentamente este interesante debate y transmitiré todas las cuestiones que aquí se han planteado a mi colega el Sr. Barnier, y él responderá consecuentemente. 
Estoy seguro de que les hará llegar sus contestaciones por lo menos respecto de todas las cuestiones que atañen a los Fondos estructurales y la adicionalidad. 
Señor Presidente, inevitablemente el Comisario Liikanen no estaba en otra posición que en la de dar una respuesta formal al debate y decir que ha escuchado lo que se ha dicho y que lo transmitirá. 
Esto no es muy satisfactorio desde el punto de vista de los numerosos diputados de esta Asamblea que han planteado reflexiones interesantes. 
Solicito que el Sr. Barnier entregue un resumen escrito de su respuesta a estas cuestiones. 
Estoy seguro de que el Sr. Barnier no dejará de dar curso a este interesante debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el próximo 11 de abril. 
Señoras y señores, deseándoles que pasen un buen fin de semana, declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 10.50 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 17 de marzo de 2000. 
Comunicación de la Presidenta 
Como saben Sus Señorías, el martes de esta semana ocurrió una terrible catástrofe en Kitzsteinhorn, cerca de Salzburgo. 
Once personas murieron en una avalancha. 
El balance aún no es definitivo. Podría aumentar en las próximas horas. 
Quisiera simplemente decir a Sus Señorías que en estos dolorosos momentos mi pensamiento, nuestros pensamientos, son para las víctimas de esa catástrofe y para sus familias. 
Señora Presidenta, quiero hacer una referencia al acta literal de la sesión de 16 de marzo, en la que una intervención mía no se ha reproducido en su totalidad. 
Desearía corregirla, pues su sentido aparece así tergiversado. 
En dichas acta consta lo siguiente: "Por ello, puedo decir aquí que tanto Felix Habsburg-Lothringen como Karl Ludwig Habsburg-Lothringen son titulares de un pasaporte en vigor sin ninguna restricción". 
Ahora viene el error: "Ninguno de los dos ha suscrito esa declaración de renuncia exigida por el Verfassungsdienst porque se 'distancian' de la Casa de los Habsburgo" es el tenor del acta. El tenor correcto debería ser "no se distanciarán nunca". 
Señora Presidenta, quisiera pedir tanto a usted, por ser nuestra Presidenta, como al Consejo y a la Comisión que intervengan ante las autoridades y el parlamento turcos en relación con algunas cuestiones que se han planteado en estos últimos días referentes, por una parte, a la existencia de una lista de diputados y de representantes de algunas organizaciones no gubernamentales considerados no gratos por el Gobierno turco; por otra, a la nueva detención- además en el momento en que se encontraba en Turquía una delegación de diputados europeos- de Akin Birdal, defensor de los derechos humanos, detenido pese a sus precarias condiciones de salud. 
Por otro lado, se registra un notable recrudecimiento de la represión ejercida sobre los periodistas que ha sido objeto de un informe de otras fuerzas. 
Consideramos realmente grave que Turquía haya llevado a cabo tales acciones también contra algunos diputados. 
Quisiera que se preguntara si existen listas referentes a otros Estados europeos, aparte de Italia. 
Gracias, señora Morgantini. 
Naturalmente, vamos a examinarlo muy detenidamente. 
Señora Presidenta. tomo la palabra en relación con la manifestación que acaba de hacer la Sra. Morgantini. 
El lunes por la noche, como presidente de la delegación socialista que ha visitado Turquía, después de hablar con el Primer Ministro, Sr. Ecevit, de evocar la situación del Sr. Birdal y de la Sra. Zana, y de manifestar nuestro criterio- y señalo que tuvimos la oportunidad de recibir el primer informe que está debatiendo el Gobierno turco sobre la acomodación de la constitución y la legislación turca a los criterios de Copenhague -, celebramos una reunión en la sede de la Comisión en Ankara con representantes de las ONG, entre los cuales figuraba el Sr. Birdal, que participó muy activamente en la reunión. 
Ayer, martes por la mañana, el Sr. Birdal ingresó en prisión para cumplir la condena que le han impuesto los tribunales turcos. 
Nosotros expresamos desde Turquía nuestra condena más enérgica por que un luchador por los derechos humanos desde hace muchos años como el Sr. Birdal- que además ha pagado esta lucha no con su vida, afortunadamente, pero sí con su salud- hubiera ingresado en prisión y además manifestamos nuestro criterio- que creo que no sólo es el del Grupo Socialista, sino el de toda la Asamblea- de que para aproximar a Turquía a un camino que pueda dar paso a una buena relación para la plena adhesión, es preciso, desde luego, -como dice el Gobierno turco en este momento- modificar la constitución, la legislación y además aplicar una ley de amnistía para que personas como la Sra. Zana, que está en prisión, o el Sr. Birdal, que acaba de ingresar en ella, no tengan que purgar por delitos de opinión que no existen afortunadamente en ninguno de nuestros países. 
Señora Presidenta, usted recordará perfectamente que en el último Pleno que celebramos aquí en Bruselas todos los grupos políticos, sin excepción, condenamos el asesinato en manos de ETA del parlamentario socialista vasco Fernando Buesa. 
Desde entonces, señora Presidenta, decenas de ciudadanos vascos y españoles han sido objeto de atentados, de extorsiones, de amenazas en el más puro estilo fascista. 
De hecho, casi todos los días somos testigos de acontecimientos que nos retrotraen a las páginas más oscuras de la historia de Europa. 
Yo quisiera simbolizar, señora Presidenta, esas víctimas en la persona de un periodista español, Carlos Herrera, y pedirle que en nombre del Parlamento Europeo le traslade nuestra solidaridad, en lo que tiene esta solidaridad de expresión de la defensa innegociable que los demócratas hemos de hacer de la libertad de expresión. 
Muchas gracias, señor Galeote Quecedo. 
Naturalmente, todos nosotros tenemos muy presente en el recuerdo el debate, muy emocionante, que celebramos aquí mismo a ese respecto. 
Podemos asegurar a ese periodista la solidaridad total de nuestra institución ante ese acto en verdad indigno. 
Señora Presidenta, quisiera comunicar a la Asamblea un incidente que marcó una reunión común de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Canadá y su homólogo canadiense, que nos visitó la semana pasada. 
El Sr. Sturdy, presidente de nuestra delegación, no podía estar aquí en este momento, señora Presidenta, pero le ha escrito esta mañana para confirmar lo que yo voy a decir. 
Ocurrió algo bastante asombroso en este tipo de reuniones. 
El presidente de la delegación canadiense, sin que hubiera motivo alguno para ello, se lanzó de repente a hacer ataques personales, bastante odiosos, contra mí, hasta el punto de que los miembros de su delegación tomaron la palabra para desolidarizarse de él. 
Resulta extraordinariamente lamentable, porque esa visita era excelente y nos interesaba mantener las mejores relaciones con el Canadá, después de unos años en que, por culpa de conflictos de pesca, en particular, han sido difíciles. 
Resulta imperativo restablecer esas buenas relaciones, razón por la cual deploramos vivamente ese incidente. 
Desearía, señora Presidenta, que pidiera usted explicaciones sobre el significado de esas afirmaciones al Gobierno canadiense. 
Se trata de un incidente totalmente lamentable, en efecto. 
Por lo demás, tengo entendido, como usted ha dicho hace un momento, que los miembros de la delegación canadiense se excusaron y expresaron su pesar por ese incidente. 
Señora Presidenta, el día 13 de abril comenzará en Irán un juicio contra trece ciudadanos iraníes de religión judía. 
Existe la fuerte sospecha de que, dado que se les acusa de espionaje en favor de los Estados Unidos y del Estado de Israel que, por otra parte, han desmentido cualquier relación con dichas personas, dichos trece ciudadanos puedan ser condenados a pena de muerte. 
Señora Presidenta, sé que usted ya ha intervenido, a petición de algunos diputados, para pedir la presencia en el juicio de una delegación del Parlamento Europeo. 
Me consta que el Gobierno de Irán no ha dado aún una respuesta, ni positiva ni negativa. 
Me veo obligado a pedir una vez más su mediación, así como la de la Comisión para que el juicio se siga en el más absoluto respeto de los derechos humanos y para que no se condenen a muerte trece personas sin saber ni cómo ni por qué, habida cuenta de que más de una vez también este Parlamento se ha expresado en contra de la pena de muerte. 
Le agradezco todo lo que tendrá a bien hacer y lo que harán este Parlamento y la Comisión Europea para defender la libertad y el respeto de los derechos humanos en este juicio contra trece judíos iraníes. 
Señor Tajani, Su Señoría tiene toda la razón. 
Intervine, en efecto, pero no recibí respuesta. 
Así, pues, voy a insistir de nuevo, puede contar conmigo. 
El orden del día de mañana incluye el tema de la clonación de seres humanos. 
Es importante que los diputados, que se preparan para el debate, sepan que los científicos que trabajan en la investigación que ha conducido a la patente han garantizado categóricamente que su proyecto nada tiene que ver con la clonación y que en ningún momento había sido enfocada en ese sentido. 
Esto no afecta a ninguna de las cuestiones centrales del debate sobre la conducta de la Oficina de Patentes, pero habida cuenta de que trata sobre la reputación de algunas personas, creo que es justo y acertado que los diputados lo sepan. 
Debo mencionar también un interés personal, puesto que soy profesor en excedencia y sin sueldo de la Universidad que también participa en el proyecto. 
Señora Presidenta, me gustaría responder a lo que acaba de decir el Sr. Berthu en relación con el lamentable incidente ocurrido con la delegación de Canadá. 
Desgraciadamente, en el momento del incidente yo me hallaba ausente y por tanto no quiero pronunciarme al respecto. 
Desde luego, quiero decir que desapruebo totalmente la censurable conducta del presidente de la delegación de Canadá. 
No obstante, quiero señalar que los representantes por parte europea presentes en el encuentro, entre ellos la Sra. Thyssen y yo, no estábamos precisamente entusiasmados con el discurso que el Sr. Berthu pretendía pronunciar en nombre del Parlamento Europeo. 
En su discurso ofreció una imagen muy parcial de las opiniones del Parlamento Europeo, y quiero expresar mi total rechazo al respecto. 
Cuando una delegación europea se reúne con una delegación de otro país hay que respetar una cierta diplomacia. 
Que el Sr. Berthu considerara en ese momento imprescindible hablar del fracaso total del euro, me parece una actitud muy poco adecuada frente a unos socios comerciales potencialmente muy importantes. 
Además, el Sr. Berthu también consideró imprescindible pronunciarse claramente en contra de una ampliación de la Unión Europea y en un momento dado incluso habló de la diferencia entre- y cito- "los valores entre los países que forman parte actualmente de la Unión y otros países que quisieran formar parte de ella". 
Esta clase de discursos no deben pronunciarse en reuniones de este tipo. 
Aunque el presidente de la delegación canadiense haya reaccionado de una manera que no puedo aprobar, pienso que el Sr. Berthu debería poner un poquito más de cuidado en el lenguaje que usa en este tipo de encuentros. 
Señorías, deseo que podamos iniciar rápidamente nuestro orden del día. 
No me parece que todas estas intervenciones sean de verdad cuestiones de orden. 
No obstante, aún hay dos más. 
Señora Presidenta, voy a ser muy breve. 
Compartimos la reprobación de nuestro colega el Sr. Galeote Quecedo por las manifestaciones de violencia política en el País Vasco. 
Ahora bien, me parecería más honrado intelectualmente y más justo en el plano de los hechos reprochar esa violencia a sus auténticos inspiradores. 
No es la doctrina de Benito Mussolini la que inspira a los asesinos en el País Vasco, sino el marxismo. 
Son las ideas de extrema izquierda, representadas en esta Asamblea. 
Por tanto, salvo que se considere que benefician... 
(La Presidenta retira la palabra al orador) 
Vamos a ver si la intervención del señor Katiforis es una cuestión de orden de verdad. 
Señora Presidenta, simplemente quería seguir con lo que ha dicho la Sra. Morgantini sobre las listas de Turquía. 
Parece que existe una lista de ciudadanos griegos, y veo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ha declarado que todos los países pueden elaborar listas de este tipo. 
Naturalmente, me imagino que entiende todos los países que no pertenecen a la Unión Europea... 
(La Presidenta interrumpe al ponente) 
Señor Katiforis, vamos a examinar ese asunto, le doy las gracias. 
Bienvenida 
Orden del día 
Mañana oiremos las declaraciones de la Comisión y de la Presidencia del Consejo sobre la interceptación de comunicaciones. 
Es un tema delicado, en el que las competencias de la Unión están estrictamente limitadas y los principales grupos políticos no han querido tomar posiciones antes de oír al Consejo y a la Comisión. 
Por consiguiente, solicitamos el aplazamiento de la votación hasta el período parcial de sesiones de abril y la reapertura del plazo para la presentación de propuestas en virtud del artículo 37 de nuestro Reglamento, de manera que la comisión pueda, si lo desea, presentar una propuesta sobre este tema. 
Este punto está en el orden del día de la próxima reunión de nuestra comisión. 
Señora Presidenta, quisiera expresarme a favor de esta propuesta. 
Debo decir que me parece extraordinariamente sensata, ya que, si se celebra el debate próximamente, esperamos disponer de elementos de información que nos permitan pronunciarnos con mayor conocimiento de causa sobre esta importantísima cuestión. 
Por lo demás, creo que, en cualquier caso, es sensato, señora Presidenta, esperar para pronunciarnos a que estemos perfectamente informados y, en particular que esperemos, por ejemplo, para pronunciarnos sobre una cuestión relativa a la observancia del Reglamento a que el orador haya agotado el tiempo de uso de la palabra que ésta le concede. 
¿Hay alguna oposición a la petición del Sr. Watson, en nombre de su comisión, de aplazar la votación de la resolución sobre el sistema Echelon al período parcial de sesiones del mes de abril? 
No es así. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Seguridad general de los productos- Pruebas EEB 
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a presentar una comunicación sobre la seguridad general de los productos. 
. (EN) Señora Presidenta, entre las decisiones adoptadas por la Comisión en su reunión de esta mañana hay dos que son de mi competencia, y tengo el placer y el honor de informar al Parlamento sobre las mismas. 
La primera, como usted ha mencionado, trata sobre las propuestas relativas a la enmienda a la directiva sobre la seguridad general de los productos. 
Es para mí una gran satisfacción poder presentarles el proyecto de revisión de la directiva sobre seguridad general de los productos que hoy ha aprobado la Comisión. 
Lo que se persigue con la directiva es muy sencillo. 
Únicamente podrán ser puestos a la venta productos alimenticios o productos industriales seguros, y esto es válido para los productos europeos, así como para los productos importados. 
Los dos objetivos clave de la directiva sobre la seguridad general de los productos son, en primer lugar, garantizar un nivel elevado y constante de protección de la salud y la seguridad de los consumidores de toda Europa y, en segundo lugar, garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. 
El informe sobre los resultados principales se difundirá junto con el proyecto de revisión de la directiva. 
A pesar de la solidez del enfoque general de la directiva, la práctica ha puesto de manifiesto algunas carencias que ahora intentamos corregir. 
En primer lugar, deseamos aclarar el alcance de la directiva. 
Esta directiva tiene por objeto proporcionar garantías constantes de la seguridad de los productos para los consumidores. 
Con ella se pretende además llenar las lagunas que pudieran existir en la legislación sectorial, por ejemplo, la vigilancia de los mercados o los procedimientos de urgencia, que rara vez son previstos en las normativas específicas. 
No obstante, la directiva no es aplicable allí donde un sector de legislación específico contempla los mismos aspectos que son objeto del estudio. 
Queremos asegurarnos de que la directiva ofrece la mejor cobertura posible de los artículos que consumen los consumidores. 
Asimismo incluye los productos que han pasado del ámbito profesional al consumo particular, por ejemplo, los punteros láser y, en segundo lugar, los productos utilizados para proporcionar un servicio. 
Dos ejemplos serían los secadores de pelo en una peluquería o los aparatos de un gimnasio. 
Queremos disponer de un sistema más eficaz, lo que supone, por consiguiente, obligaciones adicionales para los productores y distribuidores en lo que respecta a proporcionar información. 
Es probable que éste sea el elemento más importante de este conjunto de disposiciones enmendadas. 
La situación actual dista mucho de ser ideal. 
Resulta extraordinario, por ejemplo, que los Estados Unidos informaran a las autoridades de un Estado miembro sobre un producto concreto que es peligroso, porque las disposiciones en vigor en la Unión Europea no contemplan este extremo. 
Esta notificación es obligatoria en los Estados Unidos, pero no así en la Unión Europea. 
Esta disposición en particular está encaminada a rectificar esta situación. 
Como saben, ninguna ley es buena si no se aplica debidamente. 
Ahora se exigirá a los Estados miembros que refuercen las funciones de las autoridades responsables de la vigilancia. 
Se les exigirá que impongan sanciones; además deberán desarrollar contactos con otros Estados miembros, en particular, a través de una red de las autoridades de los Estados miembros responsables de velar por el cumplimiento de la ley. 
Este aspecto es también sumamente importante desde el punto de vista del sector, para garantizar el mantenimiento de igualdad de condiciones entre los competidores, especialmente, en lo relativo a los productos importados. 
También queremos mejorar el sistema de alerta rápida; un sistema del que se sirve la Comisión para hacer un seguimiento de la información sobre productos peligrosos y las medidas adoptadas. 
Se ha ampliado el alcance de Rapex, que así se denomina el sistema, de manera que incluya las medidas que el sector adopta voluntariamente para la retirada de un producto. 
Se mejorará el funcionamiento práctico del sistema. 
También hemos previsto la posibilidad de hacer extensivo el sistema a terceros países, en particular, a los países candidatos. 
Asimismo nos proponemos introducir disposiciones encaminadas a simplificar los procedimientos para imponer medidas con carácter de urgencia a nivel comunitario, de manera que podamos adoptar medidas sin pérdida de tiempo previo asesoramiento de un Comité de Reglamentación. 
Mencionaré aquí que ya hemos introducido la prohibición de exportar productos que hayan sido retirados a nivel comunitario. 
Otro punto sobre el que me gustaría atraer su atención es la mejora de la transparencia. 
A menudo, los consumidores desconfían porque no saben qué está ocurriendo. 
Creemos que siguiendo la línea de la política general de la Comisión, los ciudadanos tienen derecho a conocer los peligros reales a que están expuestos y las medidas adoptadas. 
Una de las limitaciones es naturalmente el secreto profesional, según recoge el artículo 287 del Tratado, pero dicho artículo no es aplicable cuando existen riesgos importantes para la salud pública. 
Para terminar, diré que los consumidores deberían confiar en que los productos que se ponen a la venta están regulados de manera constante, que los productos peligrosos son vigilados debidamente y que se proporciona información. 
Creo que esta propuesta de directiva puede hacer una contribución eficaz a la realización de nuestro objetivo común de garantizar a los consumidores un alto grado de salud y seguridad y espero tener ocasión próximamente de discutir más a fondo con los diputados sobre este asunto. 
Quisiera, en nombre de mi Grupo, asegurar al Comisario que acogemos con satisfacción estas propuestas, y me gustaría hacerle algunas preguntas al respecto: en primer lugar, ¿podría ofrecernos más detalles sobre el programa de consulta en lo que respecta a los países candidatos? 
Es urgente que los países que aspiran a incorporarse en la Unión Europea conozcan perfectamente el carácter cambiante del acquis communautaire y de las normativas que deberán respetar. 
En segundo lugar, quisiera preguntar acerca del proceso a través del cual, los productos peligrosos o considerados peligrosos son retirados del mercado. 
En este caso, ¿es cierto que será posible acelerar el procedimiento, a través del proceso de reacción rápida, para retirar algo del mercado tan pronto como se sepa que es peligroso? 
Por último, quisiera preguntarle acerca de aquellos productos, respecto a los que muchas personas, entre las que me incluyo, han mantenido correspondencia con usted, de los que se creía que eran peligrosos, pero que en esta fase la Comisión ya no los considera como tales. 
Un caso que me viene ahora a la cabeza sería el de los muebles inflamables. 
¿Se ampliará del ámbito de escrutinio para tener en cuenta productos de este tipo? 
. (EN) Gracias, señor Whitehead, por sus palabras de apoyo que acojo con gran satisfacción. 
Permítame decir, en relación con su pregunta sobre los países candidatos, que ese aspecto está siendo discutido actualmente. 
Mis servicios y aquéllos del Sr. Verheugen que, naturalmente, son los principales responsables del tema de la ampliación, están discutiendo al respecto, no sólo sobre temas relacionados con la salud pública, sino también con la protección de los consumidores. 
También enfocaremos nuestra atención hacia temas como esta disposición en particular. 
En relación con la segunda parte de su pregunta, la retirada rápida de productos peligrosos, quisiera tranquilizarle en el sentido de que en el marco del sistema de alerta rápida, el sistema Rapex, se procederá a la retirada inmediata del mercado de aquellos productos sobre los que existan pruebas de que son peligrosos. 
En tercer lugar, tengo conocimiento de su preocupación en lo que respecta a los muebles y otros artículos inflamables, un ámbito que se encuentra en estudio. 
Señor Comisario, acaba usted de decir- y es algo muy importante- que es necesario que los consumidores tengan confianza. 
Es necesario que la tengan en todas las esferas y me parece que para ello se han aplicado toda una serie de instrumentos, en particular el Libro Blanco sobre el consumo y la seguridad alimentaria. 
Hoy, para dar más sentido a todas las reflexiones que se formulan sobre la seguridad del consumidor y aproximar a Europa a la sociedad civil, la que, en particular, pudo expresarse en Seattle o en otras partes y manifestó sus preocupaciones en torno a la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria, ¿no podría la Comisión adoptar la iniciativa de organizar un foro que permita un amplio debate entre representantes de la Comisión, representantes de los gobiernos, diputados, por un lado, cierto es, pero también representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de consumidores, profesionales también, para que esos debates lleguen hasta el ciudadano europeo? 
Eso evitaría que se nos volviera a reprochar que seamos un recinto un poco cerrado, un recinto que no permite una participación suficiente de los ciudadanos en todos los debates. 
¿Sería usted partidario de la organización de semejante foro? 
. (EN) Puedo confirmar que estamos elaborando varias propuestas relativas a este tema concreto al que se ha referido su Señoría. 
Por ejemplo, mis servicios están dando los últimos toques al documento marco sobre salud pública, documento que incluye una referencia a la creación de un foro de salud pública, en el que podrán tratarse temas relacionados con la salud pública y, por extensión, aquéllos relativos a los productos alimenticios y a los consumidores, a los que hacía referencia. 
Estoy interesado en que la sociedad civil participe en cuestiones como aquellas a las que se ha referido, en particular, en las relativas al comercio. 
Yo también asistí a las conversaciones de la OMC en Seattle con vistas a fomentar las ideas a las que hace referencia su Señoría, es decir, la conveniencia de que la sociedad civil participe y tenga voz, al igual que las ONG y las asociaciones de consumidores en general, en las conversaciones en torno a toda esta cuestión de la OMC. 
Por tanto, puedo asegurarle, señora Auroi, que me preocupan estos temas. 
Creo que es importante que exista una conexión entre los trabajos de la Comisión y la sociedad civil y, naturalmente, es algo con lo que la Dirección General, de la que tengo el honor de ser Director Ejecutivo, debe estar estrechamente relacionada. 
Me tomo muy en serio esa responsabilidad y seguiremos avanzando por este camino. 
Señora Presidenta, para el caso de que ahora entre en vigor una prohibición de exportación de las mercancías prohibidas en la Comunidad, ¿ha analizado y evaluado cuántos puestos de trabajo se perderán? 
¿Esta medida ha sido pactada con los sindicatos y asociaciones de empresarios? 
. (EN) Debo hacer hincapié, señora Presidenta y Señorías, en que mis responsabilidades se circunscriben al ámbito de la salud pública y la protección de los consumidores. 
He dicho en reiteradas ocasiones, y también ante este Parlamento, que la principal consideración debe ser la protección de la sociedad. 
En aquellas circunstancias en las que exista un conflicto entre la protección de los consumidores, en particular, su salud, y los asuntos monetarios, se dará prioridad a la salud pública, naturalmente. 
Eso no quiere decir que las consideraciones a las que ha hecho referencia su Señoría deban ser ignoradas. 
No pueden serlo, pero en una situación de conflicto en la que haya que optar por un ámbito u otro, la salud pública debe prevalecer. 
Pero quisiera que el Comisario explicase cómo es posible adoptar esta iniciativa después de haber aplicado una Política Agraria Común totalmente contraria a la defensa de la seguridad y la calidad alimentarias. 
La Política Agraria Común paga esencialmente para producir y su única base es el criterio cuantitativo de la producción; si los agricultores reciben por la cantidad que producen, ¿cómo es posible aceptar una directiva de éstas sin previamente adaptar la política agraria a una política de calidad, a una política de seguridad alimentaria? 
¿O se trata sólo de una forma de hacer frente a la desconfianza cada vez mayor de la opinión pública respecto de la cadena alimentaria, pero que con esta política agraria no es posible contrarrestar? 
¿Por qué no se empieza adaptando la política agraria para dar una confianza total a los consumidores? 
. (EN) Quisiera decir que las disposiciones contenidas en este documento legislativo en particular las relativas a los productos alimenticios se aplicarán hasta el momento en que entre en vigor la Ley general alimentaria. 
Como sabrá su Señoría, nuestros planes, que están recogidos en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, incluyen una disposición relativa a la introducción de legislación con respecto a una ley general alimentaria, y existen muchas otras disposiciones legales contenidas en el Libro Blanco destinadas a proteger la seguridad alimentaria y, por extensión, a los consumidores. 
Con motivo de la presentación de esta legislación, será necesario realizar consultas minuciosas con otros Comisarios y, en particular, con el Comisario Fischler, que es responsable de la PAC. 
Puedo asegurarle, señor Campos, que la interacción que tiene lugar a nivel de la Comisión sobre estos temas atribuye una gran importancia a la seguridad alimentaria. 
Soy de la opinión de que no habrá ni puede permitirse que exista ningún conflicto de intereses entre aquéllos relativos al desarrollo de la agricultura y los relativos a la seguridad alimentaria. 
Señora Presidenta, yo también quisiera expresar mi satisfacción por la comunicación que ha hecho hoy la Comisión. 
Pero quisiera hacer hincapié en el tema de la transparencia porque considero, señor Comisario, igual que usted, que la transparencia está en relación directa con la confianza de los ciudadanos en cuanto a la seguridad de los productos alimenticios. 
Con todo, ha utilizado usted el concepto de "confidencial" sobre la transparencia, y quisiera preguntarle dónde empieza y dónde acaba tal concepto, porque creo que esta es la cuestión más delicada para volver a ganar la confianza de los ciudadanos europeos. 
. (EN) Esta disposición en particular pretende mejorar la transparencia y, como he mencionado antes en mi presentación al Parlamento, en la Comisión creemos que, siguiendo la línea de la política general, los ciudadanos tienen derecho a conocer los peligros reales a los que están expuestos, así como las medidas que pueden adoptarse para protegerlos. 
Como he mencionado, lo único que limita este derecho es el secreto profesional o la confidencialidad, según recoge el artículo 287 del Tratado, salvo en circunstancias en las que prevalezcan consideraciones relativas a la salud pública. 
En semejantes circunstancias, las disposiciones contenidas en el artículo 287 pasarían a un segundo plano; y tanto el propio Tratado y como la propuesta legislativa que se presenta aquí esta tarde tratan sobre la misma situación a la hace referencia su Señoría y proporciona la protección adecuada y plena del consumidor y total transparencia. 
Permítame decir también que estoy completamente de acuerdo con su Señoría en que el mejor medio de incrementar la confianza de los consumidores consiste en proporcionar toda la información. 
La transparencia tiene una enorme importancia en este sentido y cualquier temor entre los consumidores en el sentido de que se les oculta parte de la información perjudica seriamente la confianza de los consumidores. 
Soy plenamente consciente de ello, por lo que reconozco la trascendencia de su pregunta. 
Señora Presidenta, señor Comisario, seguridad de los alimentos, seguridad de los productos ­quiero extenderme sobre este aspecto. 
Sabemos que la producción de carne comienza en el establo. 
En este momento estamos hablando de la declaración completa del pienso. 
Estamos viendo que la industria del pienso ya se está defendiendo anticipadamente al decir que lo que aquí se exige no se corresponde con la realidad. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos proteger a nuestros agricultores en cuanto productores, si al fin y al cabo no saben qué dan de comer a sus animales y luego, en ciertos casos, se les imputan responsabilidades? 
. (EN) Su Señoría pregunta cuál es la mejor manera de proteger a nuestros agricultores, en su calidad de productores, cuando ignoran con qué exactamente están alimentando a sus animales. 
Existe una ley en vigor relativa a la alimentación animal y en el Libro Blanco sobre este tema también se aborda el problema. 
Existen disposiciones legislativas en el Anexo al documento que indican cuáles son las intenciones de la Comisión en materia de alimentación animal. 
Señor Presidente, también yo quiero expresar mi agradecimiento al señor Comisario por esta importante Directiva que, como ha dicho, debería restablecer la confianza de los consumidores. 
El señor Comisario será muy consciente del hecho de que la opinión pública belga ha sufrido una gran conmoción y que la confianza de los consumidores se ha visto muy debilitada a raíz de la crisis de las dioxinas, y que incluso se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento belga. 
Quisiera plantear al Comisario una pregunta muy concreta sobre el rapid alert system, el sistema de alerta rápida. 
En la comisión de investigación se sostiene que el Gobierno belga y las autoridades competentes pusieron en marcha este sistema demasiado tarde. 
La respuesta a esto ha sido que el sistema de alerta rápida realmente no es más transparente en sus procedimientos y en lo que respecta al momento en que debe declararse la alarma. 
¿Me puede asegurar el señor Comisario que este problema podrá ser subsanado con esta nueva propuesta? 
. (EN) Su Señoría tiene toda la razón en lo que afirma sobre la provisión de información por parte de las autoridades belgas en el caso del problema de las dioxinas. 
En aquella ocasión se produjo un retraso muy considerable que desató la alarma entre todo el mundo, no sólo en la Comisión, sino también, evidentemente, en el Parlamento. 
El grado de preocupación de la Comisión la llevó a iniciar procedimientos contra Bélgica en el Tribunal de Justicia. 
Ese litigio sigue abierto, aunque los demás aspectos de ese problema concreto que plantea su Señoría ya han quedado resueltos, y la causa es el retraso en la comunicación de este asunto a las autoridades pertinentes y a la Unión Europea. 
Permítanme que continúe con el otro aspecto de mi presentación al Parlamento de esta tarde, que trata sobre la propuesta relativa a la introducción de pruebas EEB y que es para mí un placer presentarla al Parlamento esta tarde. 
He manifestado en varias ocasiones que considero las nuevas pruebas consistentes en un examen rápido post mortem una de las principales herramientas en nuestros esfuerzos para controlar la EEB. 
Los servicios de la Comisión han elaborado una propuesta para introducir estas pruebas en el proceso de seguimiento de la EEB que se realiza en toda la Comunidad desde septiembre del pasado año. 
Actualmente disponemos de tres pruebas diferentes que han dado excelentes resultados cuando han sido practicadas en animales que presentaban síntomas clínicos de la enfermedad después de su muerte. 
Las pruebas ofrecen nuevas oportunidades de examinar un gran número de animales de manera rutinaria. 
Un programa de seguimiento activo llevado a cabo en Suiza ha demostrado que la prueba rápida post mortem podría mejorar considerablemente la eficacia del proceso de seguimiento de la EEB, en particular, si se enfoca hacia los animales que mueren en granjas o deben ser sacrificados. 
Desde 1998, la Comunidad cuenta con un programa de seguimiento de la EEB que está basado en el reconocimiento de animales que presentan síntomas clínicos que apuntan a la EEB. 
La Comisión propone ahora sustituir este programa por otro nuevo en el que cada Estado miembro examine a una muestra representativa del ganado que muere en las granjas o que es sacrificado en su territorio. 
En comparación con el seguimiento actual, el tamaño de la muestra se incrementará entre veinticinco y cien veces en cada Estado miembro, dependiendo de la magnitud de su cabaña. 
Espero que el nuevo seguimiento propuesto proporcione información sobre la incidencia de la EEB en la Comunidad mucho más precisa que aquélla de que disponemos actualmente. 
Asimismo me complace poder comunicar al Parlamento que estas pruebas en particular producirán un resultado en un plazo de 24 horas. 
Proponemos que se examine un mínimo de 65.000 animales al año en toda la Comunidad, y las pruebas se iniciarán en enero de 2001. 
La decisión propuesta no repercute directamente en el presupuesto comunitario, aunque éste es un tema que será discutido en el Comité veterinario permanente la semana próxima. 
Recomiendo al Parlamento estas propuestas que la Comisión ha presentado esta tarde. 
Señora Presidenta, señor Comisario, a usted no le sorprende que yo no esté contento. 
Tengo varias preguntas. 
Desde la constitución de la Comisión de control del EEB, el Parlamento exige la introducción obligatoria de las pruebas del EEB. 
Hace tiempo que le vengo haciendo la misma pregunta: ¿no está usted de acuerdo en que la introducción obligatoria en enero de 2001 hace tiempo que ya no es suficiente y que además llega demasiado tarde, si las pruebas EEB se han evaluado hace ya un año? 
¿No está usted de acuerdo, señor Byrne, en que no basta con utilizar animales muertos y enfermos, sino que sólo obtendremos una imagen verdadera, un screening por así decirlo, si, según el nivel de EEB que se dé en cada Estado miembro, hacemos pruebas en uno de cada cinco, seis, siete o diez mil animales que se sacrifican? 
Señor Byrne, si la debilidad de la propuesta de la Comisión sólo se debe a que los Estados miembros no han querido apoyarla, ¿está dispuesto a decir aquí qué Estados miembros no han dado su apoyo a una propuesta más amplia? 
. (EN) Esta propuesta en particular, como he indicado, será presentada al Comité veterinario permanente, a ser posible, la semana próxima, y suponiendo que en el comité haya acuerdo, entrará en el sistema mucho antes de lo previsto. 
En caso de que no haya un acuerdo claro, deberán seguirse los procedimientos adecuados establecidos, es decir, el caso pasará al Consejo de Agricultura, etcétera. 
Luego, naturalmente, deberán crearse en los Estados miembros los sistemas necesarios para la realización del plan, por lo que las fechas que he previsto son, por así decirlo, el resultado de un cálculo prudente. 
Es perfectamente posible que todo ocurra en menos tiempo. 
Asimismo, algunos Estados miembros ya han anunciado su intención de presentar sus propias pruebas a nivel nacional, y es muy posible que algunos Estados miembros introduzcan estos sistemas en un plazo más corto. 
No debemos olvidar, sin embargo, que un sistema como éste exigirá no sólo la introducción de disposiciones legislativas, sino que además habrá que organizar también los detalles técnicos. 
Deberán existir pruebas que garanticen que se hace un seguimiento de los sistemas que se establezcan y que éstos funcionan correctamente. 
Será necesario seguir todos estos pasos para garantizar que obtenemos los mejores resultados posibles de la labor que hemos emprendido y de los gastos en que habremos incurrido. 
Por consiguiente, la mejor fecha posible que puedo predecir para el funcionamiento del sistema y la mejor estimación que puedo ofrecer respecto a la fecha de puesta en marcha, teniendo en cuenta todos estos factores, es enero de 2001. 
Pero si hay Estados miembros que están en condiciones de hacerlo antes, que lo hagan y tanto mejor para todos. 
Señor Presidente, señor Comisario, ya ha respondido usted parcialmente a la primera pregunta sobre las muestras. 
Quisiera formular una segunda pregunta. 
Estoy convencido de que, respecto del consumidor, los productores nos tomarían más en serio si elimináramos también los sacrificios con riesgo y si tuviéramos la misma legislación en toda la comunidad. 
El segundo punto se refiere a la aplicación en 2001, señor Comisario. 
Creo que hay que añadir la eliminación del sacrificio urgente de los animales enfermos y que sólo se pueda sacrificar con urgencia a los animales accidentados. 
Así, el control sería mucho más serio en el nivel de la producción y también para el consumidor. 
. (EN) Estoy totalmente de acuerdo en que los despojos de alto riesgo son motivo de preocupación y precisamente por eso presentaré propuestas relativas a la eliminación de despojos de este tipo. 
Sabemos que ya existe una propuesta en este sentido y nos proponemos hacer un rápido seguimiento de la misma. 
Espero que el Consejo de Agricultura se ocupe de esta cuestión aproximadamente en junio, de manera que se disipen los temores que ha despertado esta cuestión. 
Señor Comisario, estamos particularmente preocupados porque no tenemos la sensación de que la decisión adoptada responda a la inquietud de los consumidores. 
Dado que las pruebas no son sistemáticas o se limitan a los animales enfermos o muertos en la explotación, no damos en absoluto la impresión de tener una actitud casi sistemática y, por tanto, fiable en cuanto a la realidad de la carne y la política epidemiológica que se podría aplicar. 
Ha dicho usted antes que la salud pública estaba por encima de las consideraciones relativas al empleo y la economía. 
¿No cree usted que a ese respecto la cuestión del costo de las vacunas y del dinero ha pasado por encima del interés de los consumidores? 
. (EN) Esta propuesta en particular está enfocada, como dice su Señoría, hacia los animales enfermos y aquellos que han sido sacrificados a través de procedimientos de urgencia, pero no está enfocada exclusivamente hacia dichos casos. 
La propuesta ha sido concebida pensando en dichos animales porque éste es precisamente el ámbito en el que más posibilidades tenemos de obtener la mejor información y los datos más exactos. 
No obstante, debe tenerse en cuenta también que existen propuestas relativas a la eliminación de los despojos de animales enfermos, que añaden un factor más de seguridad del consumidor. 
Por otra parte, el Parlamento ya conoce las propuestas que existen relativas al control de la alimentación animal que contiene aditivos a base de carne y harina de huesos. 
Por tanto, estos factores deben ser examinados todos juntos. 
No se trata simplemente de una propuesta que esta tarde estemos presentando al Parlamento como si fuera la única respuesta a la protección de los consumidores con respecto al consumo de carne de vacuno. 
Existe una respuesta de múltiples niveles en la que intervienen múltiples aspectos, y he hecho referencia aquí a algunos de ellos esta tarde. 
Deseo asegurarles que nos proponemos garantizar la máxima protección de los consumidores con respecto al consumo de productos alimenticios de todo tipo, incluida la carne de vacuno. 
Señor Presidente, comparto todas las preocupaciones que los anteriores oradores han manifestado. 
Yo, como fabricante, tengo un gran interés en que el consumidor vuelva a confiar en la producción de vacuno y de cordero y de este modo en todos los productos derivados. 
Esta es mi pregunta, Señor Comisario: Austria no ha sufrido hasta ahora, gracias a Dios, ningún caso de EEB. 
¿Se aplicarán también estos controles en Austria? 
. (EN) Sí, estas pruebas se llevarán a cabo en todos los Estados miembros, incluida Austria. 
Únicamente si realizamos estas pruebas en todos los Estados miembros podremos tener la clase de seguridad que consideramos necesaria. 
Muchas de sus Señorías se han referido a la necesidad de anteponer a cualquier otra consideración la protección de los consumidores, la seguridad alimentaria y la salud pública, y en semejantes circunstancias, el plan que hemos concebido para estas pruebas está basado en el principio de que para adquirir la información más valiosa y exacta posible, las pruebas deberán realizarse en todo el territorio de la Unión Europea. 
Con el único fin de centrar la atención de los Estados miembros, quisiéramos preguntar a qué conclusiones han llegado la Comisión, así como el Comité veterinario permanente, a raíz de las pruebas realizadas en Suiza en lo que respecta al número de animales que han entrado en la cadena alimentaria humana, ya sea por número de cabezas o parte proporcional. 
. (EN) Debo decir que no puedo leer el pensamiento del Comité veterinario permanente, pero esta cuestión en particular será presentada al comité la semana próxima y, naturalmente, mis representantes en dicho comité defenderán todos los argumentos que he anunciado al Parlamento esta tarde. 
Su Señoría, señor Whitehead, los conoce especialmente. 
Espero y confío en que las propuestas obtengan una buena acogida en el comité y que no sea necesario presentar las propuestas al Consejo de Agricultura. 
Pero lamento no estar en condiciones de leer el pensamiento del Comité veterinario permanente. 
Espero que obtengamos una buena respuesta y a raíz de los contactos que hemos establecido con algunos de los Estados miembros, existe un temor real en lo que se refiere a estos temas, debido también a los resultados del único caso descubierto en Dinamarca en fecha muy reciente. 
Este hallazgo ha permitido aunar los pensamientos de manera muy considerable. 
Sólo una preguntita para completar lo que ya han dicho el Sr. Daul y la Sra. Lienemann: ¿Qué hacer? 
¿No sería prudente eliminar también a los animales llevados en el último minuto a los mataderos y que con frecuencia son animales sospechosos? 
¿No sería mejor decidir eliminarlos de la cadena alimentaria? 
. (EN) Según tengo entendido, dichos animales son sacados normalmente de la cadena alimentaria. 
Mi pregunta al Sr. Byrne es relativa al reciente informe de la Agencia alimentaria y veterinaria de Dublín sobre la incidencia de la EEB en Francia. 
El informe abarca un período de 1999, pero llegó al Parlamento Europeo y a los diputados no hace mucho tiempo. 
Los resultados del informe tienen una lectura sumamente alarmante. 
Parece ser que en un gran número de departamentos franceses- creo que son unos 23- no se realiza ningún seguimiento de la EEB entre la cabaña del departamento, a pesar de que algunos de ellos cuentan con un elevado número de vacas lecheras. 
Las condiciones y los controles en los mataderos nos han llevado a la conclusión, tras leer el informe, de que es perfectamente posible que al día de hoy, 29 de marzo de 2000, animales infectados con la EEB sigan entrando en la cadena alimentaria en Francia. 
Es una cuestión que debería preocupar seriamente al Sr. Comisario. 
He planteado este caso ante el ministro de Agricultura francés, Sr. Glavany, cuando acudió a Bruselas la semana pasada. 
El ministro rechazó de plano las conclusiones del informe de la Agencia alimentaria y veterinaria, así como los resultados de los inspectores. 
Quisiera saber qué medidas ha adoptado la Comisión al respecto. 
Reconozco que mi pregunta debería ir destinada al Comisario de Agricultura, pero el Sr. Byrne es el responsable de la seguridad alimentaria y si se aceptan los resultados de la Agencia alimentaria y veterinaria no hay duda de que existe un riesgo para la seguridad alimentaria en Francia. 
Por consiguiente, quisiera preguntar al Sr. Byrne que medidas ha adoptado en lo que respecta a dicho informe. 
. (EN) Este informe en particular fue el resultado de una inspección realizada en junio del pasado año. 
Acto seguido fue necesario proceder a la redacción del informe y a su evaluación, tras lo cual fue discutido con las autoridades francesas. 
Eso se hizo en otoño y me han asegurado que los problemas que se pusieron a la atención de las autoridades francesas durante ese ejercicio han quedado resueltos en su mayoría gracias a las respuestas dadas por dichas autoridades. 
Debo decir, en relación con los informes de la Agencia alimentaria y veterinaria, que he mantenido conversaciones con sus responsables sobre los informes y actualmente estamos revisando el modo en que son elaborados los informes de este tipo, cómo son redactados y qué información contienen. 
El pasado fin de semana asistí a un seminario en Dublín en el que se trataron estos temas con los principales responsables del ámbito veterinario de la Unión Europea y de la propia Agencia alimentaria y veterinaria. 
Hemos presentado varias propuestas y me complace pensar que cuando dichas propuestas se apliquen, habremos disipado los temores que existen en los Estados miembros en relación con este asunto y, naturalmente, también habremos atendido a las preocupaciones de los consumidores. 
Me complace que las autoridades francesas hayan adoptado medidas. 
Asimismo quisiera comunicar al Parlamento el anuncio que ha hecho recientemente el Sr. Glavany, ministro de Agricultura francés, en el sentido de que se propone realizar aproximadamente 40.000 pruebas del mismo tipo sobre el que hemos estado tratando esta tarde en el Parlamento para determinar la presencia de EEB y los niveles de infección que puedan existir en Francia. 
Aviones " Hushkits 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos preguntas orales a la Comisión, presentadas por los diputados: 
Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre aeronaves equipadas con dispositivos de insonorización (hushkitted) (B5-0018/2000); 
Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre dispositivos de insonorización (B5-0020/2000). 
Señor Presidente, espero con gran interés poder oír la respuesta de la Comisaria a este debate. 
La primera pregunta que quiero formular es la siguiente: ¿está en lo cierto The Financial Times cuando anuncia en su edición de esta mañana que la Comisaria se dispone a responder a nuestras preguntas afirmado que el 4 de mayo sólo entrará en vigor una parte de la normativa sobre niveles de ruido, la parte correspondiente a la Unión Europea. 
Creemos que la Comisaria dirá que la parte correspondiente a terceros países, que debería entrar en vigor a partir de 2002, no lo hará y que en realidad se suspenderá. 
La Comisión de Medio Ambiente es responsable, en el marco del Parlamento Europeo, del reglamento original relativo al nivel de ruido de los aviones, y nos ha producido cierto malestar que los Estados Unidos sean reacios a reconocer que la Unión Europea está en su derecho de insistir en la entrada en vigor del reglamento en el plazo previsto. 
El trasfondo de esta situación, desde nuestro punto de vista, es la continua prevaricación por parte de la Administración de los Estados Unidos, cuya actitud en el pasado no nos ha dado garantías suficientes de que estén dispuestos a negociar seriamente en el seno de la OACI para buscar una solución a nuestros problemas. 
La Comisión de Medio Ambiente insiste en que tenemos todo el derecho, habida cuenta de la proximidad de un gran número de aeropuertos europeos a centros urbanos, a intentar imponer niveles de ruido más bajos a los aviones que aterrizan en Europa, independientemente de su procedencia o de quién los opere. 
Los europeos ciertamente deberían poder legislar según sus deseos para proteger a la población de Europa y ofrecerle la mayor protección posible contra el ruido. 
Dicho en los términos más crudos, ¿cómo explicaremos la situación a la población de Europa si, después de 2002, debe seguir soportando el ruido de viejos aviones procedentes de terceros países, equipados con dispositivos de insonorización que consideramos inadecuados y que llenan de ruido nuestros cielos? 
Se trata, naturalmente, de un asunto difícil de negociar razonablemente en un año en el que se celebran elecciones en los Estados Unidos. 
Podemos entender que los políticos norteamericanos tengan poca capacidad de maniobra. 
Creo, sin embargo, que la Comisaria puede estar a punto de anunciarnos que se vislumbra una luz y que podemos ver el camino por el que avanzar que nos permita a ambas partes estar satisfechas y proseguir unas negociaciones sensatas para encontrar una solución a nivel mundial. 
El primer compromiso presentado recientemente era, en opinión de muchos diputados, demasiado frágil. 
En efecto, la Unión Europea debía suspender todo el reglamento y luego los Estados Unidos habrían retirado su reclamación en el seno de la OACI y las negociaciones habrían avanzado. 
¿Habrían avanzado realmente? 
El peligro, en nuestra opinión, es que la Unión Europea se quedaría absolutamente sin nada. 
Esperamos con interés poder oír lo que la Comisaria tenga que decir, y debo hacer hincapié en que es muy importante que satisfaga las aspiraciones de la Comisión de Medio Ambiente y del Parlamento, entre otros motivos, porque si nos pide que suspendamos la aplicación de una parte del reglamento, la medida deberá ser aprobada por el Parlamento en el proceso de codecisión. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Medio Ambiente, en las últimas semanas me he visto forzosamente sumido en este conflicto tan enconado entre los Estados Unidos y la Unión Europea. 
¿Cuál es el núcleo del problema? 
En 1977 se suscribieron acuerdos internacionales para reemplazar las aeronaves anticuadas y ruidosas por modernos aviones más silenciosos. 
El problema empezó cuando los Estados Unidos decidieron unilateralmente eliminar con más rapidez los aviones ruidosos. 
En sí misma, la medida es excelente, pero para compensar los elevados costes de la misma, los Estados Unidos han equipado a las aeronaves anticuadas y ruidosas con unos costosos sistemas de amortiguación acústica, los denominados "hushkits" o lotes de insonorización. 
Esto no ha sido sino una cara artimaña, dado que los estudios en los aeropuertos han puesto de relieve que las aeronaves equipadas con estos silenciadores siguen causando relativamente bastante ruido. 
Esto se debe a que la norma se ha establecido para las aeronaves sin carga. 
Además, el propósito del acuerdo internacional de 1977 nunca ha sido prolongar artificialmente la vida útil de las aeronaves que deben eliminarse progresivamente, sino trasladar dichos aparatos del capítulo 2 al capítulo 3. 
Para tomar en serio el problema de la sobrecarga acústica es importante el reglamento. 
No obstante, debemos dar preferencia a entablar unas negociaciones duras y concretas entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre unas normas más estrictas en materia de ruido. 
Para alcanzar este objetivo tenemos que suscribir un acuerdo con los Estados Unidos en el que nos atengamos a un calendario concreto para la retirada de la mayoría de las aeronaves ruidosas del capítulo 3, incluidas las equipadas con estos sistemas de insonorización. 
Además, es preciso acordar normas internacionales para las aeronaves del nuevo capítulo 4. Junto a ello tenemos que evitar que los aviones que cumplan esta normativa en Estados Unidos se vendan a países desde donde se puede volar a destinos europeos con aeronaves ruidosas. 
Si realmente no se puede hacer otra cosa, debemos desarrollar nuestras propias normas europeas, aunque esta es evidentemente a second best solution, una solución peor. 
Además, otro problema esencial del conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Europea es que aparentemente ya no hay base para la confianza. 
Esto se debe a las sospechas que se han puesto de manifiesto una y otra vez. 
Es preciso volver a restablecer la confianza, en lugar de atizar el fuego de la desconfianza. 
En lo que a esto respecta, quiero preguntar al Consejo y a la Comisión cómo piensan abordar el conflicto. 
La resolución de la Comisión de Medio Ambiente que ahora se presenta tiene por objetivo dejar clara la posición del Parlamento Europeo. 
Es preciso encontrar una salida al callejón sin salida. 
Parece que hay voluntad por ambas partes, ahora quedan por verse los resultados. 
Señor Presidente, es evidente que hemos planteado esta cuestión porque el reglamento 925/99 sobre la reducción del ruido de los aviones debe entrar en vigor muy pronto y, sin embargo, aún hay conversaciones entre la Sra. De Palacio y la parte americana, que está molesta con este reglamento, aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo, y pide que se retire, que se suspenda. 
Este reglamento, como todos sabemos, se aprobó para proteger el medio ambiente y a los ciudadanos. 
Pero parece que también afecta a los intereses de la industria americana. 
Haciendo gala de su buena voluntad, el Consejo y el Parlamento Europeo aplazaron su puesta en vigor un año. 
Pero los americanos, a pesar de nuestra positiva posición, han mostrado una gran arrogancia, especialmente ante el Parlamento Europeo, al solicitar, como ya he dicho antes, la suspensión de este reglamento al principio y a continuación, al hacer un pequeño descuento, hablando de un aplazamiento indeterminado. 
Como sabemos, el Consejo de Ministros autorizó a la Sra. De Palacio a negociar con los americanos. 
No tengo ninguna duda de que estos debates han sido extensos y difíciles. 
Hubo una ocasión en la que parecía que avanzábamos algo; pero no lo suficiente como para estar satisfechos; al final, incluso este pequeño avance ha aparecido estos últimos días porque la parte americana ha presentado un recurso a la OACI según el artículo 84 del Tratado de Chicago contra la Unión Europea por este reglamento, que, como he dicho, aspira a proteger el medio ambiente. 
Por nuestra parte queremos dejar claro lo siguiente: No queremos tensiones con los americanos, no queremos una guerra comercial, no queremos problemas en nuestras relaciones, los consideramos aliados y amigos, pero como dirían ellos mismos, deberán entender que "it takes two to tango". 
Así pues, nuestra postura es la siguiente: 
primero, nuestra estrategia debe aspirar a un acuerdo mundial encaminado hacia prototipos mucho más estrictos en cuanto al ruido de los aviones, 
segundo, si no hay acuerdo, entonces, evidentemente, será necesario que la Unión Europea actúe unilateralmente, 
tercero, consideramos que es del todo inadmisible la postura de los EE.UU. sobre la retirada del reglamento o sobre la suspensión indefinida de su aplicación, 
cuarto, damos la bienvenida al avance que se ha registrado en la comisión Aviation Environment Protection para prescindir gradualmente de los aviones ruidosos que vuelan en la actualidad. 
quinto, somos contrarios a un aplazamiento adicional de la puesta en vigor del reglamento sobre los aviones de los Estados miembros, y esto es así porque consideramos que es un asunto interno nuestro y no podemos considerar que los americanos tengan competencias en lo que vamos a hacer nosotros con nuestros aviones, 
sexto, estamos preparados para revisar el reglamento 925/99 sobre los aviones de países terceros, siempre y cuando haya un acuerdo sobre los prototipos en la OACI. 
Y si se tiene buena intención, este acuerdo puede hacerse realidad. 
Pero, con todo, no hay ninguna razón para suspender el reglamento en el caso de los aviones de países terceros, por la sencilla razón de que, para estos aviones, el reglamento entra en vigor en el año 2002. 
Y en este sentido, me es incomprensible la insistencia de los americanos en la suspensión de nuestro reglamento. 
Y, por supuesto, pensamos que los americanos deben retirar inmediatamente el recurso que presentaron según el artículo 84 del Tratado de Chicago en la OACI, porque este recurso echa por tierra el clima de colaboración que teníamos. 
Y quiero terminar, señor Presidente, haciendo dos observaciones complementarias. 
La primera observación es la siguiente: Debe estar claro quién es el negociador por parte americana. 
Por nuestra parte sabemos quién es, es la Sra. De Palacio. 
Por la otra parte no esta claro. 
Este hecho influye en que no tengamos una postura firme por parte de los americanos y esto obstaculiza nuestros esfuerzos. 
La segunda observación es la siguiente: Los americanos deben darse cuenta de que el Parlamento Europeo no es el Parlamento de antes, de las décadas anteriores. 
Ya es una institución poderosa. 
Deben entender que, aparte de debatir con el Consejo, deberán hacerlo también con el Parlamento Europeo y tendrán que tener muy en cuenta sus posiciones, porque sin él no se puede progresar. 
Así que, si quieren que les ayudemos, deberán antes hacer una aportación ellos mismos al progreso, mostrando buena disposición. 
Con estas reflexiones, querría preguntar a la Sra. Comisaria y al Consejo cuáles son sus posturas. 
Señor Presidente, Señorías, hay una cosa muy clara: el 4 de mayo entra en vigor el Reglamento "Hushkits" en la Unión Europea. 
Esto es lo único que está clarísimo. 
A partir de ahí, habrá que ver cómo seguimos negociando con los Estados Unidos. 
El objetivo de este reglamento es muy claro: conseguir que se cumpla lo que ya está acordado en el seno de la OACI, es decir, que, de verdad, los aviones que aterrizan en nuestros aeropuertos sean conformes a los estándares de ruido de la OACI. 
Este reglamento no pretende más, pero yo creo que tenemos que ser más ambiciosos. 
Los estándares actuales, como ha recordado el Sr. Blokland, datan de 1978. 
Desde entonces, la tecnología aeronáutica mundial ha hecho grandes avances. 
Hoy día el nivel de ruido es, a veces, de 1 a 20, de 1 a 40 o incluso de 1 a 50 entre los antiguos aviones y los aviones de hoy. 
Por ello, se trata de conseguir unos nuevos niveles de ruido como estándares internacionales en el seno de la OACI. Y ahí necesitamos colaborar con los norteamericanos que, además, son nuestros aliados y nuestros amigos. 
El hecho de que este reglamento entre pronto en vigor no quiere decir que no haya que seguir negociando con los norteamericanos con el objetivo de mejorar la situación de los estándares de ruido en el seno de la OACI. 
Y ¿qué se puede negociar? 
Se pueden negociar dos cosas: 
Primera: que vamos a buscar unos mejores estándares internacionales en el marco de la OACI, que vamos a colaborar en el seno de OACI y que vamos a buscar un objetivo común, que es reducir, todavía más, los ruidos en los aeropuertos, y por lo tanto unos mejores niveles de ruido, mediante la aplicación de las tecnologías más modernas con un período de phasing out de los aviones más ruidosos con el establecimiento de un capítulo 4. 
Segunda: que los norteamericanos suspendan su reclamación en el seno de la OACI conforme al artículo 84 y que nosotros- eso lo podemos negociar- suspendamos la parte del reglamento que se refiere a las compañías de países terceros; en ningún caso a las compañías europeas, por cuanto eso entra en vigor el 4 de mayo próximo. 
Es decir, respecto a las compañías europeas no hay nada más que hablar, sólo se puede negociar lo que se refiere a las compañías de terceros países- para lo que tenemos margen hasta el año 2002- y se trataría de suspender esa parte. 
Y, obviamente, cuando alcancemos un nuevo acuerdo en el seno de la OACI, la normativa comunitaria se adaptará a las nuevas normas de la OACI, que serán, en cualquier caso, mejores que las que contempla el actual reglamento. 
Señorías, me preguntaba el Sr. Hatzidakis que con quién negociamos y la Sra. Jackson recordaba la reunión que han tenido con el Secretario de Transporte Sr. Slater. 
Yo he negociado con bastantes personas de la Administración de los Estados Unidos. 
El único problema es que lo que hace falta- y espero que en algún momento lo obtengamos- no son sólo las negociaciones sino la confirmación de que los preacuerdos alcanzados por el negociador de turno son respaldados por la Administración de los Estados Unidos. 
Yo he informado a sus Señorías de manera puntual y totalmente transparente a lo largo de todo este tiempo. 
No me voy a extender hablando sobre cuáles han sido las etapas, pues las conocen perfectamente. 
La última, el lunes pasado, con el Sr. Slater. 
Y sobre las bases que les he planteado habría posiblemente un acuerdo. 
Vamos a seguir trabajando en él. 
Por lo tanto, señora Jackson, lo del Financial Times no es exactamente así ni mucho menos. 
Sólo si hay un acuerdo sobre los otros aspectos, yo vendría al Parlamento a pedirles su respaldo para un aplazamiento en cuanto a las compañías de los terceros países, para una suspensión de los efectos del reglamento en ese aspecto concreto. 
Espero que, entre todos, consigamos ese acuerdo. 
. 
(PT). Señor Presidente, Señorías, acabo de oír ahora la intervención que la Comisaria ha tenido la oportunidad de hacer y quisiera informar al Parlamento Europeo de que ayer hubo una reunión del Consejo de Ministros de Transportes y en ella se examinó, evidentemente, este asunto y se confirmó un apoyo total por unanimidad a la impecable dirección de los trabajos y las negociaciones con los Estados Unidos de América por parte de la Comisaria. 
Así, pues, quisiera sumarme a las palabras que la Comisaria ha tenido aquí la oportunidad de pronunciar en relación con la estrategia que la Comisión tiene para el desarrollo de este asunto y decir a Sus Señorías que, de acuerdo con la opinión de la Presidencia del Consejo y también de la Comisión, se examinó este asunto incluido en un tema más amplio, que abordaríamos- pensábamos- hoy aquí, en este Parlamento, relacionado con un sector de importancia fundamental para el futuro de Europa: transportes aéreos y medio ambiente y cómo afrontar los imperativos del desarrollo sostenible. 
Y ayer tuvimos oportunidad de oír también en el Consejo una comunicación de la Comisión relativa a este asunto y, en mi opinión, resulta fundamental que se incluya la cuestión de los "hushkits" en una estrategia más global de la construcción de una Europa diferente a ese respecto. 
Y, si me permite, señor Presidente, quisiera dar cuenta muy rápidamente de las conclusiones que el Consejo sacó ayer respecto de ese asunto, en el que va incluido el tema de los "hushkits". 
En primer lugar, el desarrollo y la introducción a corto plazo de normas internacionales sobre el ruido, decisión que se adoptará en la Asamblea de la OACI en 2001, así como disposiciones transitorias para la supresión gradual de las aeronaves más ruidosas, lo que debe servir para disipar las preocupaciones de las regiones con requisitos medioambientales más estrictos y con problemas de ruido más apremiantes. 
En segundo lugar, la introducción de incentivos económicos para reducir las repercusiones mediambientales de las diferentes operaciones de la aviación teniendo en cuenta la necesidad de evitar distorsiones de la competencia, la naturaleza especial de las operaciones relativas a emplazamientos periféricos y la contribución de acuerdos voluntarios con la industria. 
En tercer lugar, la futura formulación, conforme al principio de subsidiariedad, de orientaciones para el desarrollo sostenible de aeropuertos que deben constituir una base objetiva para las medidas que deben adoptar las autoridades competentes teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones próximas a los aeropuertos. 
El Consejo consideró que las medidas por adoptar deberán garantizar al mismo tiempo el mantenimiento de un elevado grado de seguridad, una competencia leal, el funcionamiento eficiente del sistema de transportes y el acceso equitativo al servicio de transporte, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones en los diversos Estados miembros y regiones de la Unión y muy en particular los requisitos de la cohesión económica y social. 
Y, desde nuestro punto de vista, se deberá plantear la cuestión de los "hushkits" en función de esos principios, porque, si no, podemos caer en el error de ceñirnos sólo a un problema, que es grave, cierto es, y en relación con el cual tenemos que ser firmes. 
Y estamos manteniendo una actitud de firmeza, la Comisión está manteniendo una actitud de firmeza y la Comisaria ha dicho aquí hoy que el reglamento entrará en vigor el día 4 de mayo. 
Pero también debemos ser realistas y crear condiciones para que tengan éxito las negociaciones que la Comisaria está celebrando. 
En ese sentido el Consejo creó ayer por unanimidad las condiciones de flexibilidad indispensables para que se llegue a un acuerdo en esas negociaciones. 
El de negociar es el arte de la transacción, no de la imposición. 
No puede haber imposición por parte de los Estados Unidos, pero tampoco por parte de la Unión Europea. 
La Presidencia tiene la convicción de que vamos a obtener resultados y quisiera manifestar una vez más ante el Parlamento nuestra total confianza en el trabajo que está haciendo la Comisaria. 
Estoy seguro de que la fórmula que se va a encontrar contará también- cosa fundamental- con el apoyo de este Parlamento para que se pueda solucionar de una vez este problema. 
Señor Presidente, el reglamento que hoy nos ocupa data del 29 de abril del año pasado. 
En aquel momento, el Parlamento se pronunció unánimemente a favor de este reglamento. 
Su objetivo es elaborar una normativa en la Unión Europea que garantice que los aviones supersónicos civiles certificados se vean sometidos a nuevas normas medioambientales. 
No voy a negar que el año pasado me resultó difícil aceptar el aplazamiento del reglamento, un aplazamiento de las medidas propuestas por la UE que además se produjo a petición del gobierno de los Estados Unidos bajo la amenaza de una reclamación oficial. 
El proceso de negociación sobre el reglamento que se entabló a petición de las autoridades estadounidenses fue largo y costoso. 
En relación con esto quiero felicitar a la Comisaria responsable, la Sra. de Palacio. Ha cumplido de modo excelente su tarea y se ha volcado en ella con energía. 
Esto quiere decir que no ha habido bloqueos por nuestra parte, sino una absoluta disposición comunitaria a elaborar normas con respecto a la cual quiero también señalar que, en cualquier caso, los Estados Unidos han tenido dos años para proceder a la retirada progresiva. 
Yo no puedo- y muchos parlamentarios estarán de acuerdo conmigo- decir a mis electores y a las bases de mi partido que nos hemos gastado miles de millones de florines en nuestros propios países para demoler y aislar los edificios de viviendas en las proximidades de los aeropuertos, mientras que lo que hacía falta era entablar una lucha efectiva en la fuente del problema. 
Encuentro inaceptable que los ciudadanos europeos sigan estando aún más expuestos a unos niveles de ruido que causan perjuicios, perjuicios financieros y también perjuicios para la salud. 
Por eso, el grupo del PPE apoya, como un solo hombre y una sola mujer, nuestra propia resolución y también la política de la Sra. de Palacio. 
Además, hago un llamamiento a las autoridades de los Estados Unidos una vez más para que tomen en serio nuestra legislación europea. 
Me ha causado cierta preocupación oír decir al presidente del Consejo que ayer se plantearon nuevas condiciones. 
Me pregunto qué quiere decir con eso. 
Es o lo uno o lo otro. 
Ahora hay que respetar el reglamento. 
Además, no es posible imaginar otra cosa. 
No es posible bajo ningún concepto, porque el reglamento ya está aprobado. 
El año pasado se actuó de modo erróneo desde el punto de vista de la legislación. 
Si el Parlamento Europeo hubiera acudido en ese momento al Tribunal Europeo, éste le hubiera dado la razón. 
Tengo la sensación de que se dio marcha atrás, que se eludió el problema, lo cual, en cualquier caso, no es aceptable en este asunto. 
Debemos apoyar a nuestra Comisaria y debemos respetar la legislación que nosotros mismos hemos aprobado. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención con el título de una obra de Shakespeare: "Mucho ruido y pocas nueces", pero, desgraciadamente, sería algo totalmente inadecuado. 
Se hace mucho ruido por una buena cantidad de cosas. 
Muy a mi pesar, examinaré la situación desde una perspectiva más acertada, apartándome así quizás de la opinión del Presidente del Consejo. No estamos hablando aquí sobre medio ambiente ­algo que me gusta hacer, como usted sabe­, ¡estamos hablando sobre la salud! 
El tema del que estamos hablando hoy no tiene mucho que ver con la legislación sobre tráfico o sobre medio ambiente, sino que estamos adoptando una normativa dirigida a proteger a las personas. 
Los científicos de todo el mundo, incluidos también, por cierto, los de EE.UU., han comprobado en los últimos años que el ruido provoca enfermedades. 
El ruido provoca enfermedades en las personas; no sólo perjudica y lesiona a las personas, sino que perjudica también a la totalidad de las cosas, es decir, a la economía. 
Esto es algo que muchos de nosotros queremos tener siempre en cuenta. 
Por ello hemos adoptado esta normativa. 
Es la única razón. 
Y queremos tenerlo en cuenta sin perjuicio de que, naturalmente, queramos integrar la política de transportes en otros ámbitos políticos y, al contrario, queramos integrar la política medioambiental en la política de transportes. 
Esta normativa está en vigor; eso lo hemos dicho todos hoy y la Comisaria ha vuelto a ponerlo de relieve con mucha claridad, lo cual se agradece. 
Las últimas veces en que pude escucharle, Señora Palacio Vallelersundi, me quedé encantada del modo tan claro, razonado y decidido en que expuso sus opiniones. 
Me congratulo y la felicito por ello. 
La normativa está en vigor, y por ello me he preguntado de qué se ocupó ayer el Consejo de Ministros de Transporte, porque, bien mirado, no tiene nada de qué ocuparse, a no ser que nos quiera presentar una nueva propuesta de normativa. 
Y es evidente que no lo quiere. 
La Señora Palacio Vallelersundi ha dicho antes que es posible que en algún momento necesite el apoyo del Parlamento para la segunda parte del reglamento, es decir, para la parte que afecta a los terceros países, incluidos EE.UU o Sudamérica, o los países de Europa del Este, en fin, todos los estados no miembros de la Unión Europea. 
Esa es la parte que entrará en vigor en abril. 
Si usted acude a nosotros y quiere que dejemos en suspenso esa parte, creo que es más necesario que lo que tiene usted en este momento en la mano, y eso lo sabe usted también Si usted vuelve aquí a negociar, debe quedar clara una cosa, y espero y creo que esta Asamblea esté más o menos de acuerdo en esta cuestión: debe quedar claro que la declaración debe contener normas claras. 
Debemos ser claros y convenir en las siguientes cuestiones: ¿adónde queremos ir? 
¿Cuál es el final del camino? 
No voy a regatear medio año por ello, pero quiero contar con objetivos claros y debemos tener un calendario claro. 
Si no es posible ­y esto lo digo off the record, en la medida en que esto sea posible en un debate que se recoge en acta­, si no fuera posible en abril de 2002, sino en septiembre de 2002, o incluso en enero de 2003, yo sería la última en montar un escándalo por ello, pero quiero que haya un calendario claro y vinculante al que se atengan todos las partes, incluido EE.UU. Una vez hayamos conseguido todo esto, quiero que el asunto pase a la asamblea general de la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OACI. 
Si este asunto está aprobado en septiembre del próximo año, tendremos aún tiempo bastante para suspender el reglamento. 
No estoy dispuesta a admitir una suspensión si no se cumplen los requisitos que acabo de exponerle. 
Pero si usted los cumple, entonces será posible suspenderlo, pero tendrá que pasar por el procedimiento normativo ordinario, y usted deberá recabar el apoyo del Parlamento ­eso lo tendrán que comprender los Estados Unidos de América; quizá así podamos acabar el día con una pieza de Shakespeare, diciendo: "Ningún ruido y pocas nueces". 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, lamento verdaderamente que haya dedicado tanto tiempo y energía en este asunto, porque, como ha dicho el Sr. Blokland, nos pasamos demasiado tiempo mirando atrás a los reglamentos de los años 70 en lugar de mirar hacia adelante. 
Pienso que este es un asunto muy lamentable. 
Debemos adoptar la nueva normativa con la mayor rapidez posible, es importante para nosotros, y lo que falta es el compromiso por parte americana. 
Eso está claro. 
Es compromiso lo que nos falta, y eso es lo que nos hace tan suspicaces. 
Nos ha pasado muy a menudo. 
Muy a menudo han insinuado que lo harían y luego se han echado atrás, y así sucesivamente. 
Está claro que la suspicacia- tengo la sensación- reside en la falta de voluntad de los Estados Unidos para comprometerse con algo que debe ocurrir. 
Hasta que no nos den una confirmación por escrito, en la Unión no podemos ayudar a desbloquear la situación. 
Opino que no debemos invertir las tornas. 
Ayer mantuvimos una conversación con el Sr. Slater, Secretario de Transporte de los Estados Unidos. 
Mi impresión de la reunión es que el Sr. Slater piensa, como nosotros, que los "hushkits" en realidad constituyen una cuestión secundaria, que hay cosas mucho más importantes que tratar y que debemos solucionar con la mayor rapidez posible, porque suscitan mucha desconfianza. 
Pienso que es preciso dar una señal clara, pero que en primer lugar debe salir de ellos. 
Deben decirnos que quieren una solución, no en una reunión a puerta cerrada en cualquier sitio, sino en un documento oficial. 
Lo que no puede ser es que nos pidan que aplacemos unilateralmente los reglamentos. 
Su compromiso para el futuro depende de un eventual aplazamiento por nuestra parte. 
Su reclamación ante la Organización de Aviación Civil Internacional es realmente una amenaza excesiva. 
Pienso que deben retirarla. 
El Sr. Hatzidakis ha pedido que la retiren, usted ha pedido que la suspendan. 
He presentado una enmienda en la que se dice claramente que la retiren. 
Pienso que hace falta una redacción más incisiva que la que hemos presentado. 
Lo que encuentro admirable, señora Comisaria, es que se halle usted en la misma posición que el Parlamento y posiblemente que el Consejo. 
Pienso que eso garantiza una posición más fuerte frente a los Estados Unidos en este momento, y debemos hacer todo lo que podamos para mantener dicha posición en la medida de lo posible. 
Señor Presidente, señorías, una empresa americana, Pratt and Whitney, sigue fabricando los denominados "hushkits". Estos dispositivos son unos silenciadores de los motores de las aeronaves antiguas y cochambrosas que se venden sobre todo en los países en desarrollo de Europa Oriental. 
El Parlamento y el Consejo han decidido que a partir del 4 de mayo ya no podrán aterrizar en aeropuertos europeos más aeronaves ruidosas procedentes de América como las que ahora lo hacen. 
Aparentemente esta empresa ha ejercido tanta presión que la Administración Clinton la sigue servilmente. 
El Gobierno de los Estados Unidos ha amenazado con que el Concorde ya no podrá aterrizar en los EE.UU. si Europa no retira esta decisión. 
Los quince Ministros de Transporte y la Comisión Europea, encabezada por la Comisaria de Palacio, quedaron tan atónitos de esta amenaza que quisieron hacer concesiones a los americanos. 
Afortunadamente, el Parlamento tiene poder de codecisión en materia de medio ambiente. 
Esta es la razón de que no se hayan hecho concesiones. 
La Comisión Europea, en particular debido a la presión del Parlamento, no hizo suficientes concesiones al Gobierno estadounidense. Por eso, la semana pasada, la Administración Clinton decidió presentar una reclamación en contra de Europa ante la Organización de Aviación Civil Internacional. 
Esto es un grave error. 
En última instancia, Estados Unidos incluso podría expulsar a Europa de esta relación. 
Ahora bien, de eso no tenemos que tener miedo en absoluto, porque entonces podemos establecer sin problema normas medioambientales estrictas. 
Pero la sangre no llegará al río. 
Tan lejos no se llegará. 
Una vez pasen las elecciones presidenciales americanas, los debates se realizarán en un tono más calmado. 
La conclusión política de mi Grupo es que Europa debe elaborar su propia política en materia de contaminación acústica y atmosférica de las aeronaves, tanto de las nuevas como de las antiguas. 
Debemos negociar la posición europea con los americanos, sobre todo con vistas a las negociaciones mundiales de septiembre de 2001. 
Si se llega a un compromiso con los Estados Unidos, entonces podrá solucionarse el problema de los "hushkits", el pequeño problema de los "hushkits", enmarcado en un compromiso global. 
Señor Presidente, en Europa queremos acabar con el ruido en los aeropuertos. 
Uno de los medios para lograrlo es negar la entrada a los aviones ruidosos. 
Ahora bien, por esta razón hemos preferido dotarnos de normas para tal fin, normas que son mejores que las existentes en otras partes del mundo y que constituyen una ruptura con la época de los Tupoliev, los Concorde y los viejos aviones ruidosos equipados con silenciadores. 
En América, la importancia del lucro económico sigue predominando por encima de los hombres y su hábitat. 
El lucro económico puede conseguirse entre otras cosas volando con los viejos aviones ruidosos o vendiendo los aviones de segunda mano a los futuros Estados miembros de la Unión Europea. 
Aparte de eso, hemos de reconocer que Europa hace un año dio a Estados Unidos una señal equivocada. 
Pensamos que un aplazamiento de nuestra normativa contribuiría a un rápido acuerdo sobre la limitación de ruido a escala mundial. 
Los americanos pensaron, por el contrario, que no nos lo tomábamos en serio y que nos conformaríamos con normas menos estrictas en materia de ruido. 
Entre tanto nos hemos dado cuenta de que no va a haber un acuerdo rápido y sencillo. 
Ya no hay lugar para hacernos ilusiones sobre un compromiso rápido por parte de Estados Unidos en este año de elecciones. 
Si queríamos evitar a todo precio una guerra comercial, nos hemos traído la guerra precisamente a nuestro terreno. 
Ahora podemos elegir entre transigir ante los Estados Unidos o aferrarnos a las normas estrictas anteriormente establecidas. 
No es ningún escándalo si la Unión Europea establece normas que son más estrictas que los Estados Unidos o la OACI a nivel mundial. 
Me temo que en el transcurso de este debate se ha suscitado la impresión de que llegar a un acuerdo con los americanos es más importante que la protección del medio ambiente. 
El que se haya suscitado este equívoco no tiene por qué impedir que mañana en la votación tengamos las ideas claras. 
Europa debe estar dispuesta a negociar con Estados Unidos sobre las estrictas normas medioambientales comunitarias a corto plazo, pero no a aceptar aplazamientos o medidas imprevistas. 
Señor Presidente, considero que la posición de la Comisaria Sra. De Palacio es muy correcta al apoyar la posición europea frente a los Estados Unidos. 
No es la primera vez que tenemos posiciones divergentes, legislaciones y normas diferentes de los Estados Unidos: pensemos, por ejemplo, en los organismos modificados genéticamente. 
Si queremos reivindicar nuestra soberanía debemos hacerlo en todos los campos, incluido éste. 
Ahora bien, en mi opinión, la cuestión no estriba en qué sistemas instalen los aviones para reducir el ruido existen sistemas estándar para verificar los niveles de ruido de los aviones, lo importante es que los aviones no superen los límites. 
Si luego lo hacemos con poscombustores modificados o con otros equipos silenciadores, es algo que, desde mi punto de vista, carece de importancia: lo fundamental es que se cumplan y que las organizaciones competentes hagan cumplir los límites establecidos para proteger a nuestras poblaciones. 
Señor Presidente, la Sra. Roth-Behrendt ha citado a Shakespeare en su intervención y yo quisiera citar el monólogo de Hamlet: ¿es más noble sufrir las adversidades de la vida o, por el contrario, ponerles fin? 
Como presidente de la Delegación para las relaciones con los Estados Unidos de este Parlamento, conozco demasiado bien las adversidades de la vida que constituyen los conflictos comerciales entre la UE y los Estados Unidos de América. 
Pero dicho esto, es importante situar cada conflicto comercial dentro de su contexto. 
A todos sin excepción nos gustaría poder saludar un ligera señal de progreso al final de las reuniones con el Secretario de Estado Slater y el embajador Morningstar. 
Digo esto con pleno conocimiento de las enormes presiones a las que se ve sometido el Congreso en un año de elecciones. 
No quiero ser demasiado crítico, todos nosotros, como diputados, conocemos demasiado bien las presiones electorales, pero conviene recordar que las presiones en los Estados Unidos no proceden tanto de los ciudadanos, de los votantes, sino de las grandes empresas que respaldan a ambos partidos y ambas campañas y eso cambia mucho las cosas. 
La Comisaria, entre otros, ha esbozado cuál sería la base de una posible negociación. 
No entraré de nuevo en todo este asunto, sólo diré que existe la necesidad no sólo de establecer un calendario para la aprobación de unos estándares de ruido más estrictos, sino también de acordar un calendario para su aplicación. 
La Sra. Roth-Behrendt ha mencionado un objetivo con el que estoy de acuerdo. 
Quiero hacer otra breve observación, porque este conflicto pone de relieve la necesidad de celebrar cuanto antes unas conversaciones que sean más directas sobre los numerosos temas pendientes. 
La Delegación para las relaciones con los Estados Unidos está planeando, como sabrán probablemente, un diálogo transatlántico en el que se utilicen técnicas de videoconferencia, de manera que podamos discutir y entender- y desde luego los norteamericanos necesitan entender- cuáles son las competencias de este Parlamento, las competencias positivas y también las negativas, así como la importancia de sincronizar nuestras negociaciones conjuntas. 
Ambas partes debemos aprender la lección, pero tengo grandes esperanzas de que incluso en esta fase tan avanzada exista algún tipo de resolución. 
Señor Presidente, apoyo firmemente las resoluciones presentadas al Parlamento. 
Y lo hago no sólo por la importancia que tiene en sí el tema de los "hushkits", aunque nadie debería subestimar la enorme molestia y las repercusiones tan reales y graves que tiene el ruido para la salud, sino también porque marca el inicio de una era en la que Europa fije sus propias normas regionales. 
Son muchos los que ven en el tema de los "hushkits" el primer caso de cómo el nuevo Parlamento y la nueva Comisión tratarán los temas de la aviación en el futuro. 
Es evidente que los estándares de la OACI deben ser considerados como niveles mínimos y no máximos. 
Sería perfectamente posible y acertado ir más allá de esos valores. 
Este caso tiene una importancia decisiva porque se trata de afrontar decisiones difíciles sobre cómo podemos comenzar a conseguir que un sector tan insostenible sea un poco menos perjudicial. 
Se trata de llevar a la práctica el Tratado de Amsterdam en lo relativo a la integración del aspecto de sostenibilidad en todos los ámbitos políticos, incluso en los más difíciles. 
Me pregunto si sabremos aprovechar este conflicto y estas negociaciones con los Estados Unidos para iniciar un debate más amplio por propia iniciativa sobre una política ambiental mundial en el ámbito general del transporte aéreo. 
Los "hushkits" son importantes, aunque la contaminación acústica no es más que uno de los aspectos del daño que el sector del transporte aéreo ocasiona al medio ambiente. 
Entre los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, este sector es el que crece más rápidamente y sabemos que eso es absolutamente insostenible. 
Debemos aspirar a una nueva forma de hacer política para encontrar una solución a todas estas cuestiones. 
Señor Presidente, tengo problemas con la génesis del Reglamento 925 de 1999 al que se refiere la resolución que nos ocupa. 
Fue aprobado por el anterior Parlamento sin debate. 
Va en contra del principio de no discriminación. 
Atenta contra el requisito fundamental de estar motivado, según establece el artículo 253 del Tratado, en el sentido de que el reglamento no contiene ninguna explicación de por qué se utiliza la relación de derivación de un motor de aviación como criterio cuando ya existe la certificación de estándares de ruido y emisiones aprobados internacionalmente para motores de aviación. 
Va en contra del principio de proporcionalidad y, lo que es más grave, va en contra de las normas de la OMC, que exige la utilización de estándares de funcionamiento y no estándares de diseño, como sucede en el caso de este reglamento. 
¿A quién puede beneficiar que esta normativa, introducida por la vía rápida, se aparte de procedimientos de probada utilidad y de la práctica de aplicar criterios objetivos de funcionamiento para niveles de protección del medio ambiente? 
Esta legislación extiende la propuesta que Airbus presentó en la reunión que organizó en Toulouse los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 1997, legislación que en realidad ha sido patrocinada por intereses comerciales. 
En aquella reunión, los asesores jurídicos comunicaron a los miembros de la Conferencia de Aviación Civil Europea (CACE) allí presentes que, en virtud del Acuerdo de la OACI, no podían acceder a la solicitud de Airbus, por lo que Airbus persuadió a la Comisión para que legislara allí donde la CACE no podía hacerlo. 
Ahora tenemos una legislación que amenaza con desatar otra guerra comercial transatlántica- aunque ése es otro problema- que no respeta la mejor práctica ambiental con unos criterios de funcionamiento y que- oh sorpresa- excluye a los aviones que utilizan un reactor moderno de fabricación norteamericana, al tiempo que permite que se sigan utilizando los motores Rolls Royce que, muy oportunamente, tienen una relación de derivación de 3,1. 
Sí, señor Presidente, la contaminación acústica afecta al 20% de nuestra población y el 0,01 % proviene de la aviación. 
Apoyo plenamente los estándares necesarios para proteger la salud y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
No obstante, los criterios más rigurosos posibles para reducir el ruido y las emisiones de los motores de aviación sólo pueden lograrse utilizando criterios de funcionamiento y no criterios de diseño patrocinados por intereses comerciales e introducidos mediante una legislación por la vía rápida que va en contra de la competencia. 
La legislación ambiental basada en criterios de diseño, estimados colegas, no tiene precedente y es así por una buena razón. 
Quisiera pedir respetuosamente a la señora Comisaria, en aras de la probidad, que se cerciore acerca de la génesis de este reglamento en cuestión de cara a asegurar el impacto de su aplicación sobre el sector de la aviación mundial. 
Me es igual si se trata de Estados Unidos, Europa, China o Marte; mundial quiere decir equitativo. 
Sobre todo, debería servir lo mejor posible a los importantes objetivos en materia de medio ambiente que se pretenden alcanzar con el reglamento. 
Apoyo plenamente el objetivo del reglamento y debemos llegar a un acuerdo sobre el calendario para la aplicación de los niveles de ruido, pero el calendario deberá estar basado en criterios de funcionamiento objetivos y no en criterios de diseño. 
La integridad de esta Asamblea exige respuestas puntuales a cuestiones que despiertan importantes dudas acerca de los aspectos de un reglamento que sirve de base a la propuesta de resolución que hoy nos ocupa y sobre la que deberemos votar mañana. 
Señor Presidente, Señorías, creo que la Sra. Doyle no ha examinado la génesis de esta realidad, pues en esta Asamblea hemos debatido en varias ocasiones ese expediente. 
No puedo concebir, señora Doyle, que el Consejo, por unanimidad, y la Asamblea, casi por unanimidad, no hayan adoptado una decisión salvo respecto de la defensa de Airbus. 
No, hay miles de habitantes que viven en las cercanías de los aeropuertos y sufren molestias considerables. 
Está claro que el reglamento los protege de la mejor forma posible en la situación actual y conforme a la legislación internacional vigente. 
En segundo lugar, señora Comisaria, señor representante del Consejo, la enseñanza que se desprende, a mi juicio, del informe correspondiente a un año es la de que no ha servido para nada por la simple razón de que los intereses americanos- y, cuando hablo de intereses americanos, quiero decir los intereses de una parte de la industria americana- no se orientan- resulta claro- hacia una mejora general de las normas y menos aún en el caso de los "hushkits". 
Sólo actuarán con dos condiciones: una primera presión, la de la Unión Europea; otra, la de su opinión pública, pues, por desgracia, los Estados Unidos son un gran territorio y, en las cercanías de los aeropuertos las molestias son menores que las que afectan a los territorios sobrevolados en Europa, que, por su configuración geográfica, se ve más afectado por ese tipo de limitaciones. 
Así, pues, la opinión americana sólo reaccionará, también ella, en masa, si la alertamos como europeos. 
Lamento que nuestros interlocutores hayan podido interpretar que este año sobre el que versa el informe denota cierta fragilidad de nuestra posición. 
Por eso, me permito decirle, señora Comisaria, señor representante del Consejo, que deseamos esa firmeza en la negociación. 
No hay razón alguna para suspender la reglamentación. 
Como máximo, podemos revisarla y podemos hacerlo sólo en un caso: aquel en que un acuerdo internacional permita mejorar la situación y elaborar un acuerdo marco de conjunto. 
Marco de conjunto no quiere decir «marear la perdiz» , pues, al escuchar al Consejo, he sentido cierta incertidumbre. 
¿Convenimos de verdad todos en que el acuerdo marco corresponde a las normas relativas al ruido y no va encaminado a abarcar un ámbito demasiado amplio, encaminado a hacernos aceptar varias transacciones en cuanto al ruido, en detrimento de cualquier otra contaminación que probablemente merezca nuestra atención, pero que no podría justificar un abandono? 
Señor Presidente, señora Comisaria, como ustedes saben yo vivo en Bilbao, una ciudad del País Vasco que, como otras ciudades europeas, registra una alta densidad de población. 
Nuestro aeropuerto está muy próximo a las viviendas y, al igual que el 20% de los ciudadanos europeos, sufrimos unos niveles de ruido por los aviones que los expertos en materia de salud consideran inaceptables. 
La Unión Europea adoptó el 29 de abril de 1999 un reglamento del Consejo con vistas a controlar y reducir el ruido producido por los motores de los aviones subsónicos, limitando en el tiempo la utilización de silenciadores, que no resuelven el problema totalmente, y propiciando que las compañías renueven sus flotas con aeronaves de nueva generación menos contaminantes. 
Esto ha gustado a las poderosas empresas norteamericanas, como fabricantes de aviones, pero les perjudica porque al mismo tiempo son inversoras propietarias de miles de aeronaves arrendadas en leasing a todos los países del mundo, aeronaves que, por anticuadas, tendrían dificultades para operar en Europa. 
Tampoco ha gustado el reglamento europeo a los propios fabricantes norteamericanos de silenciadores para motores de avión denominados hushkits y, por ello, los Estados Unidos han anunciado medidas comerciales, financieras, etc. contra la Unión Europea si no aplazamos la entrada en vigor de nuestra normativa. 
Yo entiendo que no debemos ser inflexibles, debemos dar una oportunidad al diálogo y al entendimiento, pero para ello es necesario que los Estados Unidos estén de acuerdo en asumir determinadas posiciones. 
Los Estados Unidos deberían comprometerse a que, en la próxima asamblea de la OACI, se pueda adoptar un nuevo y más restrictivo estándar de ruido de los aviones, además de comprometerse asimismo a retirar su reclamaciones y sus medidas coercitivas. 
Solamente en estas condiciones podríamos aceptar un aplazamiento de nuestro reglamento para los terceros países. 
Señor Presidente, acaba de tomar la palabra la diputada británica con el tiempo de palabra del Sr. Bowe. 
Le haría entrega con sumo gusto de los documentos que he obtenido de la Comisaria de Palacio y que invalidan su intervención, para que pueda estudiarlos una vez más y no desprestigie a todo el Parlamento. 
Creo, señor Blokland, que podría haberlo hecho sin necesidad de anunciarlo al Parlamento, pero no importa. 
Señor Presidente, al igual que la mayoría de los otros oradores aquí presentes, no veo absolutamente ninguna razón para proceder a ningún tipo de suspensión inmediata ni a una suspensión con carácter de urgencia del Reglamento "Hushkits". 
Existe un reglamento que nosotros creamos. 
Asistí a la primera lectura en el Parlamento de Estrasburgo. 
No éramos muchos, muchos menos que los que hoy nos encontramos presentes, los que asistimos a la presentación de este nuevo reglamento. 
Es un buen reglamento. 
Será de utilidad y beneficiará positivamente a la población de Europa. 
Eso no significa, sin embargo, que no debamos negociar. 
Tuve la suerte de poder hablar ayer con el Subsecretario Slater junto con otros colegas. 
Parecen personas razonables que estarían dispuestas a mantener un diálogo sensato con nosotros para encontrar una solución mejor a largo plazo. 
Sabemos que existen mejores soluciones a largo plazo porque sabemos que nuestro reglamento sólo es aplicable en Europa. 
Aunque puede tener algunos efectos indirectos sobre terceros países en un futuro no muy lejano, las repercusiones no se notarán a nivel mundial. 
Su objetivo, señora de Palacio, es conseguir ese efecto a nivel mundial. 
Su objetivo es asegurarse sin ninguna duda de que cualquiera que sea el acuerdo que alcance con los norteamericanos, éste garantizará nuevos controles de la OACI sobre el ruido que producen los aviones en todo el mundo y dentro de un calendario claro. 
No se trata únicamente de llegar a un acuerdo sobre los controles y los niveles, sino también sobre un calendario para su aplicación que nos satisfaga y satisfaga a este Parlamento. 
Éste es el mandato que hoy le encomendamos aquí. 
Y nos gustaría que volviera al Parlamento dentro de algún tiempo tras haberlo conseguido. 
Mientras tanto, no obstante, debe respetarse y aplicarse el reglamento tal y como el Parlamento espera que se respete y que se aplique. 
Diga a los norteamericanos que si quieren hablar en un ambiente distendido, de confianza y de buena voluntad, lo primero que deben hacer es suspender su reclamación en el seno de la OACI relativa al artículo 84. 
No necesitan retirarla, no necesitan eliminarla, sencillamente deben asegurarse de que no se incluye en el orden del día de la próxima reunión. 
Sugiérales eso, señora de Palacio. 
Inicie las negociaciones y luego vuelva al Parlamento con un compromiso razonable. 
Señor Presidente, es evidente: todo el mundo tiene derecho al silencio. 
Este es un aspecto de fundamental interés para la salud de la población. 
El Sr. Roth-Behrendt se ha referido acertadamente a ello. 
El problema de la sobrecarga acústica es un importante asunto político, y también lo es en mi distrito electoral de Flandes. 
Nos enfrentamos a graves problemas y a los aviones nocturnos especialmente ruidosos que sobrevuelan el aeropuerto de Ostende. 
También preocupan a nuestra población los problemas relacionados con los aviones nocturnos de Zaventem. 
En este debate quiero poner de relieve cuatro aspectos. 
En primer lugar, es preciso trabajar a nivel mundial para alcanzar normas más estrictas en materia de ruido de las aeronaves. 
En segundo lugar, hay que avanzar simultáneamente en la eliminación progresiva de las aeronaves más ruidosas. 
En tercer lugar, nuestro reglamento nº 925/1999 sobre las aeronaves equipadas con lotes de insonorización debe entrar en vigor íntegramente. 
Es lamentable que los grupos de presión estadounidenses pretendan un aplazamiento de un año. 
Es bueno que ante eso el Parlamento Europeo haya enseñado los dientes. 
Me alegro del dictamen de la Sra. de Palacio y de que el reglamento entre en vigor el 4 de mayo. 
Esto es una buena noticia. 
En cuarto lugar, apoyo al Sr. Sterckx en su análisis de la desconfianza mutua entre los Estados Unidos y la Unión Europea. 
El Sr. De Roo también ha señalado acertadamente la nefasta influencia de la empresa Pratt and Whitney. 
La pelota está ahora en el campo americano. 
Deben retirar la reclamación que han interpuesto conforme al artículo 84 de la OACI. 
Apoyo la resolución sobre la que debemos votar mañana y asimismo me alegra la actitud constructiva de la señora Comisaria. 
Señor Presidente, quiero antes de nada agradecer las intervenciones de todas Sus Señorías y también muy especialmente la del Ministro de Transportes de Portugal, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Ayer discutimos de este asunto y encontré un apoyo pleno por parte del Consejo, cosa que quiero agradecer públicamente. 
Señorías debe quedar muy claro que nuestra ambición no ha de ser conformarnos con el Reglamento "Hushkits", con el Reglamento sobre los silenciadores. 
El Reglamento sobre los silenciadores no supone nada más que hacer efectivos los niveles de ruido del año 1978 y estamos en el año 2000. 
Tenemos que ir más allá. 
Tenemos que conseguir un acuerdo en el seno de la OACI, y para ello es condición indispensable disponer del apoyo de los Estados Unidos y de su colaboración. 
Hay que colaborar no sólo con los Estados Unidos, pero también y sobre todo con los Estados Unidos. 
Debemos superar lo que ha sido una actuación reactiva, es decir, según el principio de acción-reacción, y pasar a unos criterios de ambición, de propuestas de futuro. 
Y, en ese sentido, tenemos que hablar de dos cosas: en el ámbito interno, sobre la comunicación sobre transporte aéreo y medio ambiente a la cual se refería el señor Ministro Coelho, que ayer discutimos en el ámbito del Consejo y en la que se plantean muchas más cosas, aparte de lo que es sencillamente el ruido, como las emisiones, y otra serie de cuestiones; en cuanto a los Estados Unidos, tenemos que intentar buscar una colaboración que vaya más allá de la existente en el seno de la OACI. 
Tenemos que intentar conseguir una zona transatlántica común de aviación que sea una zona regional donde podamos hacer una mejor integración de los mercados entre un lado y el otro del Atlántico, porque es una zona geográfica con unos niveles de desarrollo semejantes y donde se registra el mayor tránsito aéreo de todo el planeta. 
Evidentemente, las tensiones y confrontaciones que hay en torno al asunto "Hushkits" entorpecen ese tipo de actuación. 
Por eso hay que intentar conseguir un acuerdo que permita superar la situación de enfrentamiento que tenemos en este momento. 
Yo quiero dejar muy claro que el Reglamento sobre los silenciadores entra en vigor el 4 de mayo para las compañías aéreas europeas. 
Sobre ello no hay nada más que hablar. 
Hemos propuesto a los norteamericanos- si es que consideran que esta definición de los bypass ratio suponen discriminación; nosotros entendemos que no- que podemos buscar una definición distinta. 
Pero los Estados Unidos no han querido entrar en este tipo de discusiones. 
El reglamento entra en vigor, para las compañías europeas, el 4 de mayo. 
No obstante, Señorías, si pudiésemos alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos para actuar conjuntamente, para obtener mejores niveles y mayores exigencias en lo que respecta a la emisión de ruido de los aviones, yo estoy dispuesta a hacer una propuesta a este Parlamento y al Consejo para suspender los efectos del reglamento actual en lo que se refiere a los terceros países. 
Creo que como ha dicho el Sr. Sterckx, hay que superar desconfianzas mutuas, hay que superar situaciones de confrontación y creo que un gesto de este tipo, si va acompañado por el lado norteamericano no sólo de ese compromiso sino además de la retirada, o la suspensión incluso, del artículo 84 en el ámbito de la OACI, merece la pena si a cambio, conseguimos avanzar conjuntamente para obtener unas mejores normas de tipo internacional que también se aplicarán aquí en Europa, y que nos permitirán ir más lejos de lo que podemos ir con este Reglamento sobre los silenciadores en este momento. 
Nada más y muchas gracias señor Presidente. 
Quiero reiterar mi agradecimiento por el apoyo recibido por parte de Sus Señorías y también el agradecimiento al Presidente en ejercicio del Consejo de Transportes y al Consejo de Transportes en su conjunto por la respuesta que ayer obtuve. 
He recibido una propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de doce preguntas orales sobre la política mediterránea, presentadas por los siguientes diputados: 
Napoletano, Sakellariou, Obiols i Germà, Naïr, en nombre del Grupo PSE, al Consejo (B5-0015/2000); 
Napoletano, Sakellariou, Obiols i Germà, Naïr, en nombre del Grupo PSE, a la Comisión (B5-0016/2000); 
Rutelli, en nombre del Grupo ELDR, al Consejo (B5-0202/2000); 
Rutelli, en nombre del Grupo ELDR, a la Comisión (B5-0203/2000); 
Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL, al Consejo (B5-0204/2000); 
Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL, a la Comisión (B5-0205/2000); 
Queiró, Muscardini, en nombre del Grupo UEN, al Consejo (B5-0210/2000); 
Queiró, Muscardini, en nombre del Grupo UEN, a la Comisión (B5-0211/2000); 
Fiori, en nombre del Grupo PPE/DE, al Consejo (B5-0212/2000); 
Fiori, en nombre del Grupo PPE/DE, a la Comisión (B5-0213/2000); 
Bautista Ojeda, en nombre del Grupo Verts/ALE, al Consejo (B5-0214/2000); 
Bautista Ojeda, en nombre del Grupo Verts/ALE, a la Comisión (B5-0215/2000). 
Señor Presidente, la frustración y la decepción del Parlamento Europeo son grandes en cuanto al balance de la aplicación de los programas y de los objetivos contenidos en las Declaración de Barcelona, cuando se cumplen casi cinco años de la misma. 
Esta decepción y esta sensación de frustración son aún más grandes si tenemos en cuenta los importantes avances de las políticas europeas en otros terrenos: pienso en el Este, en Europa central y en los Balcanes, así como en las relaciones con Latinoamérica. 
Para todos es evidente que la asociación euromediterránea debe equilibrar la política europea hacia la cuenca- del mediterráneo. 
Quiero subrayar algunos puntos fundamentales respecto a los cuales esperamos una respuesta concreta en este debate: la cláusula referente al respeto de los derechos humanos en que se basan los acuerdos; el compromiso de desarrollar instrumentos de ratificación de los acuerdos de asociación aún pendientes, el desarrollo y la intensificación si se dan los presupuestos políticos en la próxima Conferencia del Cairo de los días 3 y 4 de abril de 2000 de nuevas relaciones con vistas a un proceso de cooperación con Libia. 
Señor Presidente, quiero subrayar asimismo la necesidad de modernizar las estructuras económicas; la necesidad de que se impulsen los objetivos que permitan fomentar la participación de la sociedad civil a través de la creación de redes entre las ciudades, los puertos, las universidades, las asociaciones profesionales, los empresarios y las organizaciones no gubernamentales; la necesidad de que se utilicen los programas INTERREG para fomentar un desarrollo económico y territorial armónico a través de la modernización de las estructuras económicas; la necesidad de que el programa MEDA que es tan decepcionante en cuanto a su gasto efectivo pueda dar por fin sus frutos. 
Por último, señor Presidente, permítame decir que la política mediterránea de la Unión puede convertirse en una de las estrategias comunes previstas en el artículo 21 del Tratado de la Unión en el ámbito de la política exterior y de seguridad, así como favorecer el diálogo parlamentario a través de su específica dimensión de foro de debate parlamentario. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, junto con otros, ha tomado la iniciativa de celebrar un debate sobre la política mediterránea y no puedo negar que esta iniciativa surge de una doble preocupación. 
La primera preocupación es de carácter general. 
Lo quiero decir muy claramente a los representantes del Consejo y de la Comisión: como Grupo pero pienso que esta sensación no es sólo de nuestro Grupo tenemos la preocupación de que la política mediterránea que en el año 1995 estuvo en el centro de un gran proyecto, el de Barcelona, hoy por hoy, no forma parte de las prioridades de la Unión. 
Por lo tanto, ésta es una preocupación política de índole general. 
Pensamos que, junto con la ampliación- o quizás más que la ampliación, dado que la ampliación como estrategia ya está en marcha la política mediterránea necesita una cuidadosa profundización y un atento relanzamiento. 
La segunda preocupación es de fondo. 
En nuestra opinión, Barcelona definió las bases de esta política, sin embargo, entretanto, se han ido perdiendo algunas de ellas. 
La sensación que tenemos lo podrán comprobar en la resolución que aprobará el Parlamento es que se ha concedido una absoluta prioridad a una modalidad que conduce a la zona de libre cambio y se han dejado en un segundo plano las demás políticas que, a nuestro juicio, deben acompañar el objetivo de la construcción de la zona de libre cambio que compartimos y que no ponemos en duda. 
Esto implica que los pilares en que se asentaba Barcelona deben retomarse y tal vez reforzarse: nos referimos a una política de apoyo a las inversiones, de empleo, de cooperación descentralizada, de gestión común de los flujos migratorios; también hablamos de la cultura, de la escuela, de los jóvenes y de la posibilidad de poner en marcha un fuerte y decisivo intercambio con estos países y con sus sociedades. 
Asimismo resaltamos el hecho de que los acuerdos de asociación a pesar de que son importantes y que deben simplificarse en cuanto a sus procedimientos de ratificación- no pueden constituir el eje de una política cuya finalidad ha de ser la multilateralidad. 
Y éste es un punto débil. 
Por lo tanto, saludamos como un hecho importante la decisión del Parlamento Europeo, tomada a raíz de la decisión de los presidentes de los Grupos, de convocar un foro interparlamentario. 
Estamos de acuerdo en respaldar el foro civil. 
Nos felicitamos de que la Presidencia francesa haya anunciado en su programa que quiere celebrar la Conferencia euromediterránea en Marsella; sin embargo pensamos que la Conferencia euromediterránea de Marsella no podrá ser una conferencia de rutina. 
La señal política que debemos dar todos juntos y los instrumentos que tendrán que derivar de la misma deberán estar a la altura de un relanzamiento creíble de esta política. 
Considero que he sido convincente, ya que hacemos todo esto con gran convicción y pasión. 
Señor Presidente, los que pertenecemos al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea miramos con extrema preocupación el estado de coma en que se encuentra la asociación en el Mediterráneo y no encontramos justificaciones para el inmovilismo que la Comisión y el Consejo muestran a la hora de relanzar el diálogo. 
Y eso que hoy han desaparecido dos de las causas fundamentales por las cuales los debates entraron en punto muerto: en Bruselas ha tomado posesión una nueva Comisión que afirma que una de sus prioridades es la creación de un espacio euromediterráneo de paz y estabilidad en Próximo Oriente y se han reanudado, no sin muchas dificultades y contradicciones, las negociaciones de paz entre Israel, Palestina, Siria y Líbano. 
Ya es hora de que desde Europa se lance una señal política de relanzamiento del diálogo con los terceros países mediterráneos. 
Por esto, consideramos muy favorablemente la idea de la futura Presidencia francesa del Consejo de organizar una nueva Conferencia euromediterránea. 
La agenda, sin embargo, debe afrontar los nudos concretos y no ser vaga como parece. 
Nos preocupa mucho, por el contrario, constatar que de la Comisión no parece llegar señal alguna de interés por reabrir los debates. 
Y eso que mucho queda por hacer para relanzar los tres capítulos de la cooperación de Barcelona. 
En el plano de la cooperación política y de seguridad, debe abrirse un amplio programa de trabajo acerca de los temas de la promoción de la salvaguardia de los derechos humanos en el Estado de derecho, en un contexto de respeto mutuo: con relación a los derechos humanos y al respeto de los mismos no se pueden hacer descuentos a nadie, ni siquiera a la civilizada Europa. 
Desde hace tiempo, el Parlamento Europeo viene proponiendo la creación de un Tribunal Euromediterráneo de Derechos Humanos, siguiendo el ejemplo del Tribunal de Estrasburgo, así como la definición de los sistemas de consulta recíproca para promover foros de solución pacífica a los conflictos y de lucha contra la delincuencia organizada. 
Consideramos que el diálogo político debe organizarse y asumir la forma de consultas periódicas. 
A dicho fin, proponemos que se celebren periódicamente Cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de los países mediterráneos, al objeto de reforzar también el papel del enviado especial para Próximo Oriente y de no dejar sólo a los Estados Unidos el papel político que esperamos desempeñar. 
Y siempre en el terreno del diálogo político, creemos que deben superarse las últimas dificultades con Libia que debe formar parte integrante del proceso de Barcelona, especialmente después de que las Naciones Unidas han revocado las sanciones. 
Se han resuelto asimismo los contenciosos con Gran Bretaña y los Estados Unidos. 
Actualmente, no existe razón alguna para excluir a Libia del diálogo y, en consecuencia, debería participar en la próxima Conferencia euromediterránea. 
En el plano de la cooperación económica y financiera, la Comisión debe relanzar las negociaciones con vistas a la firma de acuerdos comerciales socialmente sostenibles. 
En este sentido, es realmente sustancial, ya que los intereses recíprocos son muy importantes. 
Al mismo tiempo, sin embargo, quiero subrayar que el enfoque bilateral adoptado hasta ahora por la Comisión no nos parece apto para considerar y hacer frente a los demasiados retos del Mediterráneo. 
Es necesario que con respecto a los temas de cooperación económica se admita un enfoque multilateral y multibilateral que facilite la promoción de los intercambios entre los países mediterráneos y entre los países del Sur del Mediterráneo. Una multilateralidad que debe manifestarse también en el ámbito de la cooperación cultural y social. 
La promoción de la cultura de la diferencia, de la libre existencia, de la multiplicidad de los sujetos, de la coexistencia y del diálogo interreligioso, en el respeto de los derechos humanos que son universales, así como la afirmación de los derechos y de las libertades de las mujeres, pasan a través de programas de cooperación multilateral que deben implicar a más países. 
En este sentido, es fundamental y, por otra parte, coincide con el cometido de la Unión, respaldar a las organizaciones democráticas de la sociedad civil organizada de los países mediterráneos y el diálogo parlamentario siguiendo el ejemplo del foro euromediterráneo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la creación de un espacio eurmediterráneo de paz, justicia económica, ciudadanía y estabilidad es una necesidad común para las dos orillas del Mediterráneo. 
Es un gran reto, una política exterior que nos gustaría que persiguieran las Instituciones comunitarias para ofrecer a la Unión un proyecto cultural y político que logre la convivencia y el crecimiento entre distintas realidades territoriales y culturales y para conseguir, más allá de los mitos de esplendor de la historia pasada, convertir el Mediterráneo en un mar de paz y no de conflictos o de abusos o de pobres inmigrados que pierden la vida con la esperanza de alcanzar Europa. 
Señor Presidente, para el desarrollo del Mediterráneo hacen falta antes que nada estrategias políticas que no dejen a la burocracia la posibilidad de gestionar y de entorpecerlo todo. 
Europa es portadora de grandes valores: la paz, la libertad y el progreso social son unos valores que deben defenderse día tras día, precisamente porque son fruto de conquistas que han costado muchos sacrificios. 
Actualmente, sin embargo, el progreso económico de Europa se vuelve a cuestionar por el proceso de mundialización en curso que hace correr a nuestro continente un grave riesgo de recesión por los retos que plantean el Sudeste asiático- donde el coste de la mano de obra es diez veces menor que el nuestro- los Estados Unidos y Japón. 
Encerrarse en un mercado único, poner barreras y protecciones es una táctica defensiva que, al fin y a la postre, resulta ser una estrategia perdedora. 
Los retos que plantea la mundialización no pueden evitarse, sin embargo, hay que procurar entender cómo afrontarlos y tratarlos. 
El Mediterráneo es, hoy por hoy, el más importante banco de pruebas de la capacidad de Europa de actuar más allá de los límites del continente. 
En este marco, se trata de elaborar una política mediterránea en una Unión demasiado abocada al Noreste y cada vez menos atenta a su Sur, a la cuenca mediterránea. 
La política mediterránea se articula en un mundo de intereses diferentes y de estados de tensión latente, por ello debe englobar varios aspectos: el desarrollo de las iniciativas dirigidas al mantenimiento de la paz, ahora que se ha relanzado el proceso de paz en Próximo Oriente y en este sentido, queremos expresar nuestro agradecimiento porque el viaje del Papa contribuye a establecer una nueva relación entre las distintas religiones, para que se comprendan y se ayuden; la creación de proyectos de asociación que impliquen al norte y al sur de Europa, porque el objetivo de convertir el Mediterráneo en un espacio de diálogo, de tolerancia y de cooperación para garantizar la paz y la estabilidad, no puede alcanzarse sin una fuerte voluntad política y sin un desarrollo social y económico duradero y equilibrado. 
No se puede soslayar la necesidad de una política económica diferente y más eficaz para los países en vías de desarrollo de la cuenca. 
Demasiadas son las iniciativas inútiles, mientras faltan todavía acueductos, escuelas, medios para los jóvenes diplomados y titulados para iniciar una nueva vida. 
Por esto, señor Presidente, creo que nos queda mucho trabajo por delante. 
Señor Presidente, estamos viviendo un momento fundamental para la vida de la Unión Europea, ya que nos estamos preparando para una ampliación sin precedentes y, al mismo tiempo, estamos trabajando con miras a una reforma de las Instituciones que nos permitirá gestionar lo mejor posible una entidad política de esta envergadura. 
En nuestro esfuerzo no podemos infravalorar la región del Mediterráneo: debe ser unos de los interlocutores privilegiados de nuestras políticas, una frontera importante en la que hay que fijar nuestra atención. 
El proceso para conseguir una asociación euromediterránea eficaz, definido en Barcelona en 1995, no ha culminado todavía, pese a la decidida voluntad de los Gobiernos de la Unión Europea de incluir la política mediterránea en sus prioridades, una voluntad que nuestro Grupo comparte plenamente. 
A pesar de los progresos realizados en el plano bilateral y multilateral, la Carta de estabilidad y de seguridad no se ha elaborado todavía. 
La asociación está muy lejos de alcanzar los objetivos marcados. 
El desarrollo de las relaciones multilaterales no ha registrado un avance constante y la asociación cultural, social y humana es decididamente insuficiente. 
Habida cuenta de que la culminación del proceso de paz es esencial para que la asociación euromediterránea pueda desarrollarse de forma más armónica, ¿no considera la Comisión que la Unión debe actuar con la firme voluntad de favorecer el proceso de paz en Próximo Oriente? 
En lo referente a la asociación económica y financiera, ¿puede la Comisión precisar qué acciones tiene intención de promover en los países implicados para alcanzar, además de una zona de libre cambio en el 2010, los objetivos de estabilización macroeconómica, y llevar a cabo el proceso de liberalización y de privatización, así como la simplificación legislativa? 
¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para una gestión más eficaz del programa MEDA? 
¿Qué acciones tiene intención de emprender para contribuir a disminuir las disparidades entre niveles de prosperidad, para promover la realización de obras infraestructurales y una valoración y una puesta al día de los acuerdos comerciales? 
¿Qué acciones específicas va a emprender la Comisión para poner en marcha una asociación cultural, social y humana eficaz? 
Volvamos a Barcelona y retomemos su planteamiento global favoreciendo esas prioridades hasta ahora descuidadas y sosteniendo la celebración de foros civiles a fin de fomentar la participación activa de la sociedad. 
Relancemos con una clara voluntad política la asociación mediterránea definiendo una nueva generación de programas para evitar la fragmentación y garantizar, en cambio, una coordinación mejor y una utilización más eficaz de los recursos. 
Nuestro Grupo cree en el Mediterráneo y quiere que el Mediterráneo asuma para la Unión Europea la importancia estratégica, económica y política que la historia le ha asignado. 
Señor Presidente, la ampliación es imprescindible y realmente importante para el futuro de la Unión Europea como única forma de evitar que Europa se convierta en una isla de prosperidad rodeada de pobreza. 
Pero si la ampliación hacia el Este es un asunto incuestionable, no se puede entender que esa ampliación se realice exclusivamente en una sola dirección, alejándonos de la orilla mediterránea, tan próxima a nosotros, olvidándonos de lo cercanos que están los países del Magreb, algunos de los cuales disfrutan de un estatus especial de asociación con la Unión Europea y de que nuestro futuro está ligado de una forma íntima a ellos. 
Y no hace falta recordar los importantes intereses comunes que con dichos países tenemos en agricultura y pesca, ni los graves problemas compartidos de tipo inmigratorio entre Andalucía y Marruecos, que generan dificultades añadidas. 
Regiones europeas como Andalucía, muy próximas a los países del Magreb, comparten con esos países más intereses y problemas que con otros Estados miembros de la Unión y muchísimos más que con los futuros Estados candidatos de la ampliación. 
En concreto, esta situación de amor-desamor entre ciertos territorios comunitarios y el Magreb crea tensiones innecesarias, tanto económicas como sociales, que debemos solucionar poniendo toda nuestra capacidad de negociación sobre la mesa y utilizando todos los mecanismos existentes, o nuevos por crear, para relanzar la cooperación euromediterránea. 
En este sentido, ¿creen el Consejo y la Comisión que la creación de un órgano o consejo interterritorial del Estrecho, con presencia de representantes políticos de los territorios limítrofes y de la propia Unión Europea, pudiera ser útil y permitir la descentralización de la cooperación? 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, antes de nada permítanme subrayar que las relaciones con los países mediterráneos constituyen una prioridad establecida como tal en el programa de trabajo de la Presidencia portuguesa para este semestre. 
Conocemos los principales mecanismos establecidos por la Unión Europea a ese respecto, por lo que me dispenso de citarlos. 
Pero he de decir que, por lo que se refiere a la cooperación euromediterránea, durante la Presidencia portuguesa se celebrará una reunión oficiosa de los Ministros de Asuntos Extranjeros de la cooperación euromediterránea los días 25 y 26 de mayo cuyo objetivo es el establecimiento de un diálogo franco y abierto sobre el funcionamiento y las prioridades de esa cooperación, en particular haciendo un inventario y un análisis crítico de la forma como interpretamos el funcionamiento de la cooperación y que puede suscitar- lo sabemos- en algunos Estados de ambas riberas del mar Mediterráneo interpretaciones diversas, a fin de poder dar un impulso necesario para dinamizar las actividades en sus tres vertientes. 
Y también para preparar la reunión oficial de ministros de Asuntos Exteriores Barcelona IV que, en el marco del proceso de Barcelona, se celebrará en noviembre en Marsella. 
Consideramos que será importante hacer esa evaluación no sólo para hacer sistemáticamente lo que ya hicimos en Stuttgart, sino también para hacer un análisis de nuevas prioridades en algunos sectores en los que la cooperación está poca desarrollada. 
En cuanto a la creación de una zona de libre comercio, que es otra de las vertientes del proceso de relación mediterránea, consideramos que no se debe afrontar como un fin es sí misma, sino como un medio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y aumentar su nivel de ingresos. 
Y permitir, en particular, atenuar la disparidad que hoy existe respecto de los ciudadanos de la Unión Europea. 
La creación de esa zona va a brindar sin lugar a dudas a los países mediterráneos, mediante un proceso de libre comercio, la posibilidad de que participen en un mundo más interdependiente y, por tanto, no se queden al margen de ese desarrollo general tendente a una prosperidad y bienestar mayores. 
Por lo que se refiere al programa MEDA, que es un instrumento importante en ese marco, aún no se conoce el importe del programa MEDA-II para el periodo 2000-2006 y la Comisión anunció que en breve haría propuestas de reparto de la rúbrica IV del presupuesto relativo a las relaciones exteriores de la que forma parte el programa MEDA. 
El Consejo está analizando la propuesta presentada por la Comisión al final del año pasado para simplificar y mejorar los procedimientos del reglamento MEDA, con lo que responde a una petición de nuestros socios mediterráneos. 
En el pasado comprobamos que se debía mejorar una parte de ese sistema tanto por parte de nuestros socios del sur del Mediterráneo como de algunos países comunitarios y de la propia Comisión, que a ese respecto hizo una evaluación concreta sobre la eficacia del sistema. 
Consideramos que los mecanismos propuestos pueden contribuir a ello. 
Por lo demás, el Parlamento Europeo fue consultado sobre esta propuesta y el Consejo espera que en breve esté disponible su dictamen. 
El programa MEDA financia también actividades en los sectores de la educación y la formación profesional y en el marco actual asciende a un importe de casi mil millones de euros al año. 
Los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que representan un importe de la misma magnitud, van destinados principalmente a la financiación de infraestructuras y proyectos medioambientales. 
Quisiera decir que, en el marco del proceso de Barcelona, los próximos días 31 de marzo y 1 de abril se celebrará una reunión de expertos en empleo y formación profesional precisamente con el objetivo de ver la forma de ayudar a los países del sur del Mediterráneo a formular políticas nacionales en materia de empleo y formación profesional e intercambiar informaciones y experiencias. 
El objetivo más global es, evidentemente, el de contribuir a un aumento de la competitividad, pues ésta depende, en efecto, en gran parte del nivel de formación de los recursos humanos. 
Por lo que se refiere al papel del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, citado en una de las preguntas formuladas al Consejo, quisiera afirmar que la Unión Europea atribuye la mayor importancia a la promoción de una política coherente y global para la región mediterránea. 
En ese ámbito nos proponemos desempeñar un papel activo no sólo en el marco del proceso de Barcelona, sino también en lo relativo al propio proceso de paz en el Oriente Medio. 
El Alto Representante está particularmente comprometido con ese tipo de cuestiones y participó en la última reunión celebrada en Moscú del Comité Directivo Ministerial, que dio un nuevo impulso a la vertiente multilateral del proceso de paz en el Oriente Medio, en el que participa la Unión Europea. 
Otras cuestiones en que la Unión Europea tiene intención de seguir trabajando son, como saben Sus Señorías, la elaboración de una estrategia común sobre el Mediterráneo, conforme se decidió en el Consejo Europeo de Colonia y se reiteró en el Consejo Europeo de Helsinki. 
La Presidencia portuguesa se encuentra en este momento preparando esa estrategia común que tiene- lo señalo a la atención de Sus Señorías- características diferentes de las dos estrategias comunes anteriores de carácter bilateral con Rusia o con Ucrania. 
Es una estrategia común de naturaleza más horizontal y carácter multilateral y entraña un conjunto de vertientes que, a nuestro entender, deben intentar superar lo ya abarcado por el proceso de Barcelona. 
Es decir, que, si la estrategia común no fuera más que la repetición de lo que figura en el proceso de Barcelona, no tendremos ningún valor añadido relativo a una política coherente por parte de la Unión Europea para con nuestros interlocutores del Sur. 
Nuestra idea es la de conseguir contribuir con esa estrategia común y con una nueva dimensión y en particular, tener en cuenta la evolución del proceso de paz en el Oriente Medio y la forma como dicha evolución- en sentido positivo, esperamos- puede reflejarse en la propia relación estratégica en el Mediterráneo. 
La Unión Europea está trabajando también en un documento prospectivo sobre el futuro de la región a fin de estar preparada para desempeñar plenamente su papel cuando se haya logrado la paz en el proceso de paz del Medio Oriente. 
También se deberá hacer un análisis de las cuestiones en relación con las cuales está particularmente bien situada la Unión Europea en el ámbito de las cuestiones de seguridad, agua y refugiados. 
Por lo que se refiere a la Carta Euromediterránea para la paz y la estabilidad, asunto que ha merecido la atención de este Parlamento y que moviliza la atención del Consejo, conforme al mandato encomendado por la Conferencia Ministerial de Stuttgart en abril de 1999, hubo una planificación de trabajos al respecto y se celebraron reuniones en los meses de noviembre, diciembre y marzo sobre ese asunto. 
Hasta ahora los debates se han centrado en los principios que se deberán incluir en dicha Carta, en sus medios y sus mecanismos, así como en sus disposiciones de carácter institucional. 
Está prevista una nueva reunión dentro de unos días, que se celebrará aquí, en Bruselas. 
También están avanzando los trabajos con vistas a preparar un informe sobre los avances logrados, que se deberán analizar, si bien de forma oficiosa, en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores que se celebrará en Lisboa durante la Presidencia portuguesa. 
El Consejo no está abordando- y con esto respondo a otra pregunta- la posibilidad de un tratado multilateral entre terceros países. 
La Unión Europea considera que es necesario incentivar primero toda forma espontánea de cooperación Sur/Sur, cuyo nivel es aún muy reducido, así como la aceleración de acuerdos de comercio entre países mediterráneos, para lo cual ya se ha preparado apoyo técnico. 
Y a este respecto permítame, señor Presidente, decir que muchas de las quejas formuladas respecto del funcionamiento del proceso Mediterráneo casi siempre se reflejan en la forma como se mantiene la relación Norte/Sur. 
Quisiera subrayar claramente aquí, sin que ello constituya forma alguna de crítica, que en eso radica también una dimensión clara de lo que se formuló en Barcelona: los países de la ribera meridional del Mediterráneo deben llevar a cabo toda una labor interna en lo relativo a su interrelación interregional que no se ha hecho, cosa que, por lo demás, reconocen los países meridionales del Mediterráneo, y sin esa labor de cooperación interregional en el sur del Mediterráneo no es posible que el proceso de cooperación euromediterránea tenga éxito. 
Y es importante que este mensaje llegue también a nuestros interlocutores del Sur, porque, de lo contrario, no pasaremos de ser como unos vectores individualizados de la relación de la Unión Europea con cada uno de esos países y nunca llegaremos a la creación de un espacio común y, para ese espacio común, es necesario que los países del sur del Mediterráneo comprendan que deben hacer concesiones y deben mantener un diálogo constructivo, en el sentido de que se articule en una cooperación interregional. 
Quisiera decir que la Presidencia francesa, en el ámbito de la cooperación euromediterránea, tiene la intención de proseguir la labor iniciada ya en La Haya en marzo de 1999 sobre la migración y los intercambios de población organizando una nueva reunión de altos funcionarios en el segundo semestre de este año. 
Se trata de un problema muy delicado y reconocemos la importancia y la pertinencia de la cuestión planteada al Consejo, pero para abordarla es necesaria una buena preparación. 
Respecto de la cuestión de la fecha objetiva de 2010 y respecto de la pregunta que se nos ha formulado sobre la creación de un comité que estudie las acciones necesarias, en este momento no nos proponemos crear comité alguno, sino que tenemos la firme intención de proseguir y concluir lo más aprisa posible las negociaciones de los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y los países mediterráneos. 
Para conseguirlo es importante la voluntad de las dos partes. 
El acuerdo de asociación con Marruecos acaba de entrar en vigor el 1 de marzo y la Presidencia confía en que, dados los avances logrados en materia de ratificación nacional, el acuerdo con Israel puede entrar en vigor también el próximo mes de junio. 
Como es sabido, prosiguen las negociaciones con Argelia a mediados de abril y deberían haber proseguido con Siria a finales de marzo, pero se acaban de aplazar a raíz de la formación del nuevo gobierno. 
La Presidencia portuguesa espera que durante este semestre se puedan lograr avances importantes. 
Pero en relación con esa cuestión de los acuerdos euromediterráneos también es importante, señor Presidente, decir que debemos tener una perspectiva que no entrañe un aumento sistemático de las esperanzas puestas en dichos acuerdos. 
Los acuerdos euromediterráneos no pueden constituir como una base de lanzamiento para que los países que conciertan los acuerdos obtengan ventajas substanciales y acumulativas respecto de los que obtuvieron los anteriores, cosa que crearía como un juego de espejos sistemático en este proceso. 
Es importante que los países del sur del Mediterráneo comprendan que debemos garantizar una equidad de trato y que no se pueden ganar ventajas respecto de los acuerdos sucesivos mediante el retraso en el lanzamiento de los procesos. 
Y, en particular, que no se pueden revisar acuerdos antiguos en función de ventajas ya adquiridas en acuerdos posteriores. 
No se trata de un proceso de acumulación, sino de un proceso de equilibrio y equidad. 
La Unión Europea se ha esforzado por demostrar a los países del sur del Mediterráneo que la creación del Mercado Único constituye una experiencia positiva. 
Y, por eso mismo, y en consonancia con lo que antes he dicho, hemos venido incitando a esos países a que intenten armonizar en la medida de lo posible su legislación con la vigente en el ámbito de la Unión. 
Eso forma parte del programa regional de cooperación industrial realizado en el ámbito de la cooperación euromediterránea y la Presidencia portuguesa decidió, de acuerdo con el gobierno de Chipre, hacer en Nicosia, los días 21 a 23 de junio, un balance de la situación en el nivel de los ministros de Industria, cosa que nos parece de la mayor importancia. 
Será la tercera reunión euromediterránea en el nivel de los ministros de Industria sobre este asunto. 
Respecto del proceso de paz del Oriente Medio, la pregunta formulada por el Parlamento plantea una cuestión de fondo. 
El relieve público en el proceso de paz del Oriente Medio no constituye un fin en sí mismo para la Unión Europea. 
Consideramos que el criterio fundamental subyacente a la acción del Consejo de Ministros es el intento de contribuir con nuestra presencia y nuestra acción al éxito del proceso de paz. 
Hemos apoyado con firmeza ese proceso de paz no sólo mediante una considerable asistencia económica- y esa asistencia económica no tiene paralelo con lo que se ha hecho en el Oriente Medio, quisiera que esto quedara bien claro -, sino también mediante las propias iniciativas políticas y su apoyo constructivo a las gestiones de los Estados Unidos y otros participantes fundamentales. 
Conviene tener presente lo siguiente: el relieve público y la presencia de la Unión Europea en el proceso de paz en el Oriente Medio serán las que los interlocutores en ese proceso de paz quieran que sean, no la que necesariamente puedan corresponder al interés en materia de relieve público que algunos países puedan tener al respecto. 
Haremos lo que esté en nuestra mano en el sentido de ser útiles al proceso de paz, porque lo que nos interesa es la paz y no necesariamente el relieve público en el marco de esa paz. 
Quisiera que en esa esfera se señalara nuestro compromiso con la vertiente palestina, apoyando la aplicación de los acuerdos concertados y ofreciendo nuestra contribución a las conversaciones sobre el estatuto permanente. 
Por lo que se refiere a la vertiente Siria, el Consejo sigue empeñado firmemente, en particular por mediación de un enviado especial- cuyo trabajo me corresponde aquí subrayar como extraordinariamente positivo -, en ayudar a ambas partes a seguir la vía adecuada para reanudar las negociaciones bilaterales, cosa que, por lo demás, sucedió, como saben Sus Señorías, el pasado mes de diciembre. 
Esperamos que la nueva situación en el marco internacional en que se encuentran las relaciones de Siria brinde también una evolución en ese sentido, pues conocemos la interdependencia de todos los vectores en el marco del Oriente Medio. 
Junto con los Estados Unidos y con Rusia, que son copatrocinadores de la vertiente multilateral del proceso iniciado en 1991 en Madrid, el Consejo ha trabajado para que, después de una interrupción de tres años, se puedan reanudar normalmente las actividades en esa dimensión. 
Ese esfuerzo propició la reunión ministerial del grupo directivo que se celebró el 1 del pasado mes de febrero, en la que se dio luz verde a la mayoría de los grupos multilaterales que ahora reanudan normalmente sus actividades en esta primavera. 
Como presidentes del grupo de trabajo sobre desarrollo económico y regional, que consta de 53 miembros en el interior y el exterior de la región, el Consejo y la Comisión lo reunirán los días 8 y 11 de mayo. 
Por otra parte, la Unión Europea acogerá la próxima reunión del grupo directivo en julio. 
En la sesión del 24 de enero, el Consejo invitó al Alto Representante, asistido por el enviado especial y por la Comisión, a que examinara más profundamente las cuestiones sobre las cuales la Unión Europea está destinada en particular a desempeñar un papel fundamental, tales como las relacionadas con la seguridad, el agua y los refugiados. 
Igualmente le pidió que presentara, para su examen, un documento de reflexión sobre las perspectivas futuras para la reunión a fin de que la Unión Europea esté perfectamente preparada para poder desempeñar un papel importante, una vez que se haya logrado la paz. 
La cooperación con la sociedad civil, que es uno de los aspectos planteados en otra pregunta, sigue siendo efectivamente un elemento esencial para el desarrollo del tercer capítulo del proceso de Barcelona. 
Ya se han llevado a cabo toda una serie de actividades- por ejemplo, la creación de un foro para la juventud- y espero que en la reunión de Lisboa podamos examinar en qué esferas se pueden concentrar dichas actividades de esa tercera dimensión a fin de permitir que la sociedad civil tenga un papel cada vez más importante a ese respecto. 
Por lo que se refiere a la cuestión del apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales que actúan en esa esfera, es competencia de la Comisión, como resulta evidente. 
Respecto de la Unión del Magreb Árabe, el Consejo está convencido de la utilidad y la necesidad de la cooperación en una región de 80 millones de habitantes que, por lo demás, comparten la misma lengua y la misma religión. 
Y, por eso mismo, ha ido fomentando sistemáticamente, como ya he dicho, la cooperación regional en el Magreb mediante el diálogo político que mantiene con Argelia, Túnez y Marruecos. 
Y, por tanto, independientemente de algunas evoluciones de carácter coyuntural- y esperamos que temporalmente limitadas- que pueden haber influido negativamente en las relaciones dentro del Magreb árabe, abrigamos esperanzas de que haya evoluciones positivas en el futuro. 
Por lo que se refiere a las relaciones con Libia, con el levantamiento de las sanciones, exceptuado el embargo de las armas, el pasado mes de septiembre se dio un paso considerable. 
El Consejo confirmó su deseo de que Libia participara plenamente en el proceso de Barcelona y espera que pueda dar su acuerdo total y sin reservas al acervo de Barcelona. 
Por lo demás, la troika, en el nivel de embajadores, acaba de trasladarse, a Libia en los días 26 y 27 de marzo y en ese marco se indicó claramente a ese país que su aceptación del acervo de Barcelona significaría que debería negociar un acuerdo de asociación con la Unión Europea a fin de poder adherirse a la zona de libre cambio euromediterránea prevista para 2010. 
La cuestión de la negociación de semejante acuerdo con Libia no está en este momento en el orden del día, pero en su momento el Consejo la examinará. 
El Consejo es consciente del problema que representan- y eso es un aspecto planteado en otra pregunta- las inversiones privadas, que son una de las palancas esenciales en materia de crecimiento. 
A propuesta portuguesa, formulada en el ámbito del foro mediterráneo y continuada más tarde en el ámbito del proceso de Barcelona, el 28 de febrero y el 11 de marzo se celebró en Lisboa, con importante participación del sector privado, una conferencia sobre inversiones en toda la zona mediterránea. 
Los participantes pusieron de relieve el reducido e insuficiente nivel de la corriente de inversiones en la región mediterránea respecto de sus potencialidades y en comparación con otras regiones del mundo. 
Pusieron de relieve también los diferentes factores favorables a la inversión que es necesario reunir y potenciar, en particular la necesidad de una dimensión suficiente de mercados que se deberá concretar mediante la progresiva creación de una zona de libre comercio euromediterránea. 
En aquella ocasión la Comisión anunció la creación de una red euromediterránea de cooperación entre organismos de fomento de las inversiones que debería facilitar su actualización y el fortalecimiento institucional gracias a un programa de formación y know-how. 
Además, se emprendió un estudio sobre los obstáculos a las inversiones directas extranjeras que podrá brindarnos- así lo creemos- datos fiables hasta final de año. 
Por lo que se refiere a la cuestión del Sáhara Occidental, mencionada en una de las otras preguntas, el Consejo ha venido apoyando las gestiones del Secretario General de las Naciones Unidas y de su representante especial para la región, el embajador Eagleton, y del enviado especial, Sr. Bacon. 
El Consejo tuvo conocimiento del informe presentado por el Sr. Bacon el 17 de febrero, según el cual dejó de ser válido el calendario previsto y en esta fase no se puede fijar aún con seguridad una nueva fecha para la celebración del referendo. 
Somos conscientes de que esta nueva circunstancia puede introducir un elemento negativo en todo ese proceso. 
Ahora bien, el Consejo no puede por menos de congratularse de las intenciones del Alto Representante de pedir a su enviado especial que explore los medios para alcanzar una solución aceptable y duradera de ese conflicto. 
El Consejo confirma que está dispuesto a contribuir a la creación de un clima de confianza entre las partes a fin de encontrar una solución para la cuestión del Sáhara Occidental basada en los derechos humanos y en el respeto de los principios democráticos. 
Como estoy respondiendo a una serie muy larga de preguntas, si no doy el desarrollo debido a todas ellas, algunos de Sus Señorías podrían, naturalmente, sacar la conclusión de que la Presidencia no les presta atención. 
Quiero decir que presentamos detalladamente, aunque este asunto merece un desarrollo mayor en mi opinión, algunos de los diferentes elementos de la actual política mediterránea. 
Aunque pueda existir una sensación de decepción respecto de las esperanzas surgidas con ocasión del lanzamiento del proceso de Barcelona en noviembre de 1995- y yo soy aquí tal vez uno de los pocos que estuvieron presentes en dicho lanzamiento, en la firma de aquel acuerdo -, la culpa es principalmente de las circunstancias políticas registradas en la región del Próximo Oriente, que eran favorables en noviembre de 1995, pero se degradaron mucho posteriormente con el bloqueo que se dio en el proceso de paz. 
Ahora bien, no debemos olvidar que, a pesar de esas dificultades, el proceso de Barcelona puede proseguir y considero importante subrayar que se trata de la única instancia que reúne en torno a una misma mesa a los países árabes mediterráneos, a Israel y a la Unión Europea, lo que ya de por sí representa, a mi entender, un gran avance. 
Con la entrada en funciones del nuevo Gobierno israelí, con su nueva política de reactivación del proceso de paz, consideramos que existen razones una vez más para esperar que haya repercusiones positivas en el desarrollo del proceso de paz en el Oriente Medio. 
. (EN) Señor Presidente, en nombre de mi colega, Chris Patten, haré los siguientes comentarios. 
La Comisión reconoce la necesidad de reactivar el Proceso de Barcelona y presentará en breve ideas que nos permitan impulsar el proceso este mismo año, en particular, a la luz de la Conferencia Euromediterránea que se celebrará probablemente a mediados de noviembre. 
Se espera que en la reunión de mediados de noviembre se apruebe el texto de la Carta para la paz y la estabilidad, carta a la que debería darse el mayor significado y el mayor alcance posibles. 
Desearía que las negociaciones regulares sobre seguridad y estabilidad estuvieran abiertas a todos los socios que deseen tomar parte. 
Asimismo, deberíamos desarrollar la cooperación en materia de drogas, terrorismo, migración, buena administración y prevención de conflictos, al menos con los países del Magreb. 
También estoy a favor de dar mayor dimensión a los derechos humanos en la colaboración. 
Convendría celebrar un diálogo franco y abierto sobre las políticas que necesitan los gobiernos asociados para mejorar la situación en este sentido. 
Utilizaremos MEDA y el programa específico de MEDA para la Democracia con vistas a apoyar acciones positivas, en particular aquéllas de las ONG, y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas en la región. 
El objetivo económico de la colaboración es crear un espacio de prosperidad compartida a través del establecimiento progresivo del libre intercambio, que iría acompañado de importantes ayudas financieras de la UE para apoyar la transición económica y ayudar a los países asociados a afrontar los retos sociales y económicos que ello implica. 
Existen programas financiados con cargo a MEDA para apoyar la modernización industrial, el ajuste estructural, el desarrollo del sector privado, la formación y el fomento de pequeñas y medianas empresas. 
Todos los programas incluyen el requisito de garantizar que se tiene en cuenta su repercusión social. 
Tengo intención de garantizar un enfoque aún más estricto de las prioridades en nuestra cooperación financiera en el futuro, en particular, centrándonos en servicios de ajuste sectorial. 
Estos servicios nos permitirán centrarnos en los objetivos clave de la cooperación y además mejorarán el ritmo de desembolso con cargo a MEDA. 
La aplicación de MEDA ha sido objeto de críticas, algunas justificadas y otras no. 
Es un programa joven con objetivos específicos relacionados con la aplicación del libre comercio con los países asociados. 
A menudo, los beneficiarios finales no son los gobiernos asociados; aspecto que por sí solo ha incrementado la complejidad de la aplicación. 
La Comisión ha presentado una propuesta de enmienda al Reglamento de MEDA para garantizar un enfoque más estratégico de la programación, mejorar la coordinación con otros donantes, incluidos los Estados miembros y agilizar los procedimientos. 
La propuesta está siendo debatida en el seno del Consejo y me temo que, lejos de apoyar estos objetivos, el Consejo puede estar intentando hacer el procedimiento aún más pesado. 
Cuento con que el Parlamento apoye nuestros esfuerzos. 
En lo que a mí respecta, me aseguraré también de que los procedimientos internos en el seno de la Comisión sean reformados de manera que permitan agilizar la entrega. 
La inversión fue uno de los temas principales abordados en la importante conferencia celebrada en Lisboa el 29 de febrero y el 1 de marzo. 
Dicha conferencia puso de manifiesto que la clave para incrementar el atractivo de la región a los ojos de los inversores es que los países asociados tengan economías florecientes, abiertas, competitivas en un entorno legal y administrativo seguro y previsible. 
Nos serviremos de MEDA para respaldar los esfuerzos de los países asociados en este sentido. 
La cooperación regional para garantizar que la región presenta un mercado unificado es también de vital importancia. 
Convendría apoyar espacios de libre comercio subregionales como medio para alcanzar el objetivo global. 
Quiero fomentar la armonización de medidas para un mercado único entre todos los asociados- se espera que este mismo año se apruebe un programa de acción- y ofrecer la acumulación diagonal en materia de normas de origen a aquellos asociados que celebren acuerdos de libre comercio entre sí. 
La infraestructura regional es fundamental para el desarrollo económico. 
MEDA apoya, entre otras cosas, la interconexión de infraestructura en lo que respecta a la energía, el transporte y nuevas tecnologías. 
Las inversiones en estos ámbitos son apoyadas principalmente mediante créditos del Banco Europeo de Inversiones, así como por otros donantes. 
Seguiré asegurándome de que se utiliza la combinación adecuada de fondos que garanticen que los sectores público y privado pueden desempeñar sus papeles correspondientes. 
En lo que se refiere a la agricultura, convendría realizar un estudio detallado de todos los temas relativos a este sector con vistas a descubrir qué podemos hacer para mejorar el acceso al mercado con el objetivo del libre comercio. 
Asimismo, estamos estudiando la introducción de un programa de cooperación regional que podría centrarse en el tratamiento y la conservación, normas de calidad y salud animal. 
El apoyo a la sociedad civil es fundamental para el desarrollo de la dimensión humana de la cooperación. 
Me ocuparé de que se apoye a la sociedad civil, pero en lo que respecta a los antiguos programas descentralizados de cooperación, no repetiré los errores del pasado en lo que se refiere a la gestión y administración financiera. 
Las ONG pueden beneficiarse de una serie de programas. 
El programa SMART de medio ambiente, el Programa de Patrimonio Cultural, el programa para los Jóvenes EUROMED y el programa MEDA para la democracia, por ejemplo. 
Estudiaré qué más podemos hacer al tiempo que respetamos la necesidad de una buena gestión financiera. 
Señor Presidente, a estas alturas resulta evidente que esta iniciativa parlamentaria nace de la sensación de preocupación generalizada que está asentada en esta Asamblea sobre la lentitud, e incluso la parálisis en algunos ámbitos, en lo que se refiere al desarrollo de los acuerdos suscritos en el marco de la Conferencia de Barcelona, hace ya más de cuatro años. 
Por una u otra razón, estos acuerdos no acaban de desarrollarse. 
Seguramente podríamos darnos por satisfechos, y habríamos dado un paso importante en la dirección adecuada, si este debate sirviera para incitar a la Comisión a desarrollar un mayor activismo en el relanzamiento del acuerdo de asociación euromediterráneo. 
De la lectura de la propuesta de resolución común del Parlamento, que previsiblemente vamos a aprobar mañana, seguramente se pueden extraer propuestas concretas de las que partir. 
Estoy seguro de que todos compartimos la importancia estratégica, crucial para la Unión Europea, de su proyección mediterránea; políticamente, ya que nuestra condición de vecindad nos exige construir una relación que vaya más allá de la constitución de una mera zona de libre cambio; económicamente, porque me parece indudable que se están generando oportunidades de mutuo beneficio que no estamos aprovechando suficientemente; también, socialmente, ya que problemas de la envergadura de las desigualdades de riqueza existentes o de las fuertes presiones migratorias requieren soluciones coordinadas y de carácter estructural y, evidentemente, también hay que mencionar el ámbito de la seguridad. 
Desde ese punto de vista, no por reiterada es menos justa la petición del Parlamento de una contribución más decidida de la Unión Europea al proceso de paz en el Próximo Oriente, sobre todo después de que las partes en conflicto así lo hayan pedido explícitamente durante la reciente visita a la región de la Presidenta del Parlamento Europeo. 
Estamos convencidos de que, para tener éxito, una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea debe sustentarse en la noción de equilibrio para responder a las sensibilidades de todos los Estados miembros y, por ende, de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, Señorías, en noviembre van a cumplirse cinco años de la firma de la Declaración de Barcelona. 
Ha llegado, pues, el momento de hacer balance de la política euromediterránea, balance de los resultados obtenidos y también de los retrasos y de las carencias al respecto. 
En este sentido, este debate y las propuestas de resolución que han presentado los Grupos en este Parlamento son una iniciativa muy oportuna. 
En este balance hay ciertamente aspectos positivos. 
Por un lado- y no es poco -, el proceso ha continuado, a pesar de las circunstancias negativas por las que ha pasado el proceso de paz en el Próximo Oriente. 
Las cumbres y las reuniones se han mantenido en todo momento con la presencia de todos los países implicados, incluidos Siria, el Líbano e Israel. 
En segundo lugar, también- aunque con lentitud- se ha procedido a la firma, ratificación y puesta en marcha de una serie de acuerdos de asociación. 
En tercer lugar, se ha ido desarrollando una rutina de cooperación intergubernamental permanente y se han ido implementando los proyectos de las distintas ayudas financieras del programa MEDA. 
Pero estos resultados no pueden hacernos ignorar retrasos y carencias que, en parte, han defraudado las esperanzas y expectativas que levantó la primera Conferencia Euromediterránea de noviembre de 1995. 
Primero, no ha habido un impulso político decidido cuando esto era absolutamente necesario. 
En rigor, podría hoy afirmarse que, políticamente, la política mediterránea debería ser la primera prioridad de la estrategia exterior de la Unión Europea. 
La ampliación al Este, en términos estratégicos e históricos, conduce a un escenario que no tiene otras incertidumbres que las relativas a calendario, ritmos, costes y medios; incluso admitiendo eventuales nuevos conflictos regionales, es muy difícil imaginar otro escenario que la culminación del proceso de ampliación. 
En cambio, no hay certeza alguna de futuro en el Mediterráneo. 
De la política que desarrolle la Unión Europea depende en buena medida que esta región llegue a ser un sun belt, con reequilibrio económico y social en un contexto de seguridad, desarrollo y paz, o un slum belt, donde la norma sea el desequilibrio creciente entre norte y sur, la pobreza galopante en el sur y la emergencia progresiva- valga la redundancia- de toda suerte de emergencias: violencia, inestabilidad, terrorismo e incontenibles presiones migratorias. 
En segundo lugar, creo que, como consecuencia de esta falta de dirección política, la dimensión económica y financiera ha conocido obstáculos y retrasos. 
Hay que señalar en este sentido las dificultades de lanzamiento de los programas MEDA, los excesos de centralización, la heterogeneidad de los criterios de ayuda, la ausencia de reflexión común sobre la eventualidad de una política agrícola mediterránea común y, en tercer lugar, y como consecuencia de ello, el escaso monto de la inversión directa en el sur: sólo el 2% del conjunto de las inversiones directas de la Unión Europea en el exterior. 
Y ello ilustra sobre lo que podríamos llamar "la ceguera estratégica" del sistema Europa en su conjunto. 
Conclusión: es necesaria una nueva fase, con las Presidencias portuguesa y francesa, un brand-new start de la política euromediterránea, que pueda impulsar un círculo virtuoso hacia los objetivos que trazó de forma correcta la Conferencia Euromediterránea de Barcelona de noviembre de 1995. 
Muchas gracias, señor Obiols. 
El minuto de propina se lo he concedido en su calidad de presidente de la delegación del Magreb. 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo y la Comisión deberían tomar buena nota de la posición prácticamente unánime de este Parlamento a favor del relanzamiento de la política de la Unión con respecto al Mediterráneo, tal como fue establecida en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona en 1995, bajo Presidencia española, y cuyas características ya se han destacado aquí. 
Por otra parte, sabemos que diversos obstáculos, básicamente políticos, han impedido su correcta aplicación. 
Yo querría simplemente recordar a sus Señorías que, dentro de pocos años, la población en el sur del Mediterráneo será superior a la del norte, pero que prácticamente toda la riqueza estará en el norte del Mediterráneo y no en el sur del mismo. 
Si la Unión Europea no actúa rápidamente para reequilibrar esta situación, tanto en su aspecto demográfico como en su aspecto social, económico y político, nosotros legaremos una situación explosiva a las futuras generaciones. 
Por lo tanto, es una prioridad política ejercer un liderazgo político, acompañado, evidentemente, de una cooperación económica para mejorar las expectativas de estas poblaciones y conseguir que la prosperidad y la estabilidad reinen en el conjunto del Mediterráneo, porque de ello también depende la prosperidad y la estabilidad de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, en Barcelona firmamos con mucha solemnidad la carta del Mediterráneo y en su centro colocamos el Estado de derecho y los derechos humanos. 
Me alegro mucho de que en la resolución común hayamos recogido la idea que propusimos nosotros de pedir a la Comisión y al Consejo que publiquen todos los años un balance del estado de los derechos humanos y del Estado de derecho en los países del Mediterráneo. 
En efecto, creo que no basta con utilizar los derechos humanos y el Estado de derecho como argumento antes de ir a la misa del domingo y olvidarlos a la salida- como se olvidan muchas cosas -, sino que se debe hacer de esa política un elemento esencial de las relaciones bilaterales. 
Por eso, debemos decir a países en los que no se respetan los derechos humanos que las relaciones bilaterales pueden retroceder y a los países en los que hay, efectivamente, una evolución, como Marruecos, o en otros países, que las relaciones bilaterales pueden avanzar. 
Señalaré, por ejemplo, Túnez, uno de los primeros países con los que firmamos un acuerdo de cooperación. En ese país la situación del estado de derecho y de los derechos humanos es escandalosa. 
Expongo estas ideas, porque creo que no debemos dejar de colocar a los países del Mediterráneo ante sus responsabilidades por lo que se refiere al Estado de derecho y los derechos humanos. 
El respeto de los derechos humanos debe tener primacía en nuestra política y no es así en este momento. 
No es así y en eso es en lo que debemos cambiar tanto el Parlamento y la Comisión como el Consejo. 
Señor Presidente, la cooperación euromediterránea, lanzada en 1995, está en precario, como ya se ha dicho. 
Su reactivación, anunciada con la futura Presidencia francesa de la Unión Europea es de buen augurio, dados los ingentes y urgentes imperativos que deben afrontar los países de esa región. 
Para hacerlo de forma eficaz, la consideración real de los intereses de los pueblos de nuestro mar común y su participación activa en la cooperación son decisivas. 
Me apresuro a decirlo: es el momento de reorientar la política euromediterránea. 
En primer lugar, el objetivo de semejante política debe ser el de abordar las disparidades clamorosas entre las riberas septentrional y meridional del Mediterráneo, que mantienen a las poblaciones del sur en una situación económica y social explosiva. 
Pobreza, tasa de analfabetismo elevado, desempleo en masa, que afecta sobre todo a los jóvenes, desigualdades muy marcadas, desfase tecnológico mayor con los países occidentales. 
Las necesidades en materia de infraestructura son considerables y no hay que olvidar los imperativos en materia de medio ambiente. 
El aumento de ese desfase propiciará por fuerza y cada vez más los nacionalismos y los integrismos más violentos, las guerras. 
Ahora bien, el peso de la deuda externa, la caída de los precios de las materias primas, los planes de ajuste estructural, ya han obligado a esos países a seguir políticas de austeridad devastadoras y han acabado con su capacidad de desarrollo. 
La perspectiva de una zona de libre cambio, como una especie de AMI regional, podría exacerbar peligrosamente esas relaciones de dominación. 
Así, los estudios llevados a cabo muestran que las dos terceras partes de la industria tunecina no sobrevivirán a la apertura de las fronteras. 
Por lo demás, la aminoración del proceso se debe tanto al bloqueo del proceso de paz en el Oriente Próximo como a las numerosas inquietudes que se expresan de forma cada vez más abierta. 
Por ejemplo, la primera conferencia sindical euromediterránea, celebrada hace un año, que subrayó la ausencia de dimensión social. 
Sin embargo, existen bazas para construir cosas nuevas. 
Ciudadanos, ONGs y sindicatos se empeñan en dar vida en situaciones cotidianas a la solidaridad entre las poblaciones, materializar múltiples proyectos locales de cooperación. 
Así, pues, el proceso euromediterráneo requiere una mancomunación que sea provechosa para todos a fin de avanzar hacia una zona de prosperidad compartida, el objetivo fijado en Barcelona. 
Hay numerosas pistas por explorar para salir del libre cambio erigido en dogma e impugnado en Seattle. 
Ya es más que hora de anular la deuda de los países del Sur, transferir las tecnologías e iniciar cooperaciones en las esferas de la formación entre servicios públicos. 
Por último, quisiera decir que, además de la paz en el Oriente Medio, por la que la Unión Europea debe seguir laborando, deseo también ardientemente que Europa desempeñe un papel mucho más activo a fin de que el referéndum de libre determinación en el Sáhara Occidental, gravemente amenazado, se celebre en las condiciones fijadas bajo la autoridad de las Naciones Unidas. 
De ello depende el crédito de una política exterior europea. 
Señor Presidente, la política mediterránea de la Unión Europea suscita interrogantes, tal como refleja este debate. 
Yo también tengo mis propias preguntas sobre el programa MEDA, no sólo dirigidas a la Comisión, sino también a los que plantean tales interrogantes. 
Me resulta difícil aceptar las conclusiones en las que basan sus preguntas. 
Hablan de avance en el proceso de paz de Oriente Medio, del restablecimiento de la paz en los Balcanes y de una mejora de la situación en el Magreb. 
Al igual que ellos deseo que se trate realmente de mejoras estructurales en las regiones correspondientes. 
Pienso que, no obstante, es prematuro intentar modificar drásticamente la política mediterránea en función de estas tendencias, que quizá son incidentales. 
También me resulta difícil aceptar la idea de que la política mediterránea sea un fracaso total. En los cuatro años que existe esta asociación se han conseguido rotundos éxitos, especialmente gracias a la celebración de diferentes acuerdos de asociación. 
Con ello no quiero decir que como Parlamento Europeo tengamos que suscribir acríticamente la actual política mediterránea de la Unión Europea. 
En su mayor parte es susceptible de mejoras. 
En primer lugar se trata de conseguir un cambio de actitud. 
Si consideramos las relaciones con los países mediterráneos en términos de asociación, nos comprometemos a tomar en serio a nuestros socios. 
Esto sin duda lleva a un planteamiento modesto sobre el papel de Europa en todos los procesos de paz y el respeto de los derechos humanos en los países asociados. 
Esto también llevará a una política mediterránea de la UE más equilibrada. 
La asociación no consiste sólo en expresar los planteamientos europeos, sino también mediterráneos sobre la política y la colaboración económica. 
No obstante, no se trata tan sólo de la actitud subyacente. 
También requiere nuestra atención la gestión y ejecución del programa MEDA. 
En los últimos años han visto la luz fuertes recortes. 
El año pasado la Comisión presentó propuestas de modificación. 
En este contexto, en los próximos tiempos debemos reflexionar sobre el futuro de la política mediterránea. 
En esta reflexión no debemos dejarnos llevar predominantemente por las tendencias incidentales, sino por una visión a largo plazo. 
En relación con esto, honestidad, equilibrio y equidad son las palabras clave. 
Señor Presidente, ha de acogerse en principio con satisfacción que gane de nuevo consistencia la consideración de la región mediterránea como socio de la Unión Europea. 
A mi juicio, la inclusión de Libia es fundamental. 
En particular, tras el final del embargo se percibe una gran necesidad de fomentar la comunicación. 
Hace un mes pude visitar dicho país y pude detectar un ambiente muy abierto y de interés por Europa, sobre todo entre los jóvenes. 
En conversaciones con el rector de la universidad y con estudiantes se expresó la queja de que el embargo de años ha dejado en muchos jóvenes una suerte de trauma de impotencia y un alejamiento del Norte. 
Creo que en este momento se nos exige hacer todo lo posible por demostrar a todos los habitantes de los países mediterráneos que los consideramos socios valiosos e iguales en derechos y les ofrecemos ayuda, tanto para reforzar la confianza en nuestras relaciones como para resolver los problemas sociales y económicos. 
Todo ello beneficiará a ambas partes. 
Señor Presidente, creo que el debate que se ha desarrollado en este Pleno ha dado lugar a una significativa convergencia de todas las posiciones en torno al reconocimiento de la importancia que el desarrollo de la asociación euromediterránea del proceso de Barcelona reviste de cara a definir la identidad y la estrategia de una Europa al principio del tercer milenio, desde la óptica de una convivencia pacífica basada en la estabilidad y en la seguridad de los pueblos, así como de un diseño y de un proyecto de desarrollo social y económico basado en el más riguroso respeto de los derechos humanos, civiles y políticos fundamentales. 
Todo esto determina y marca el camino que ha de seguir el desarrollo de la asociación euromediterránea. 
Al igual que otros colegas que me han precedido, estoy convencido de que si han habido retrasos quizás estos no solo se pueden achacar a motivos de carácter técnico, sino también a la pretensión- que no comparto- de reducir este proceso a la configuración de una zona, aunque importante, de libre cambio. 
El desarrollo de la asociación euromediterránea no puede reducirse a esto; debe valorizar, sin ninguna duda, también una infraestructura vinculada al valor de las sociedades civiles y a los intercambios de carácter cultural, social, turístico y deportivo, así como a la valorización de estas aportaciones que no van a suponer la inmediata construcción de una zona de libre cambio, sino que permitirán completar sus efectos. 
Como se suele decir en mi país, pero no sólo en mi país, es un quiero y no puedo. 
Por lo tanto, considero que se debe recuperar a través de un activo esfuerzo de la Comisión y del Consejo y con el pleno apoyo del Parlamento la disponibilidad de recursos para respaldar la asociación mediterránea comparable con la cantidad de recursos que hoy se emplean para apoyar la ampliación al Este. 
Hay que recordar que el Consejo Europeo de Cannes ya se pronunció en este sentido. 
Hay que fomentar el desarrollo de un contexto favorable a las inversiones privadas: un apoyo para la asistencia técnica que garantice a estos terceros países el mismo tipo de apoyo y ayuda que se garantiza a los PECOS; la posibilidad de un programa de cooperación interregional y transnacional que complemente e integre lo que se hace entre los países ribereños en la relación entre MEDA e INTERREG; por último, la posibilidad de una nueva generación de programas para superar la actual fragmentación e ineficacia de una miríada de programas comunitarios que afectan al Mediterráneo del sur y que hoy- lo comprobaremos en cuanto hagamos un rápido análisis- conciernen a más de diecisiete Direcciones de la Comisión y a innumerables microproyectos que probablemente no son aptos para dicho fin. 
He hecho unas propuestas concretas, ya que me identifico con las intervenciones de los demás colegas sobre los aspectos más estratégicos y políticos. 
Señor Presidente, yo creo que es oportuno este debate al final del período de cinco años para el que se programó MEDA, pero creo también que vamos a tener tiempo para discutir este nuevo reglamento, que en este momento está en fase de debate en esta Asamblea. 
Quiero decir que comparto de todas formas la preocupación de la Comisión y que me parece positiva la propuesta que hace de simplificación de los procedimientos. 
Espero que consiga para ello el apoyo de este Parlamento. 
Me voy a referir en los pocos segundos que tengo solamente a dos aspectos que creo que hay que abordar con urgencia en relación con los programas MEDA. 
En primer lugar, la cooperación descentralizada y las actividades generadas por el proceso de Barcelona entre los agentes sociales más activos de los países mediterráneos no comunitarios y la Unión Europea, proyectos que, además de su valor intrínseco, sirven para el crecimiento de estos sectores sociales en estos países. 
Me parece imprescindible, puesto que queremos un área de libre cambio y prosperidad, y además empujar decididamente la democratización de este espacio del Sur del Mediterráneo, que apoyemos a estos hombres y mujeres que intentan trabajar en este ámbito. 
Debemos frenar el descrédito que la Unión tiene ahora entre ellos y debemos conseguir otra vez que sus expectativas y sus ambiciones sean apoyadas por la Unión. 
Creo que además la Comisión debe tener los recursos humanos y materiales suficientes para hacerlo. 
El segundo tema que me preocupa es la inclusión de la inmigración en el reglamento. 
Me preocupa cómo se aborda este tema en el ámbito del Mediterráneo. 
Debemos generar no sólo acuerdos en relación con las cláusulas de readmisión, no sólo destinar recursos al control de fronteras sino también crear capacidad, con imaginación y con propuestas nuevas de cogestión con estos países, para situar la cuestión de la emigración en el ámbito de la legalidad y para que no sólo sientan que les hemos cerrado la frontera sino que en el ámbito de este espacio de libre cambio las personas también podrán circular libremente. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, hoy resulta conveniente poner sobre la mesa una serie de consideraciones euromediterráneas, ya que se están produciendo una serie de acontecimientos de tipo cultural, social, religioso y político que no pueden pasar desapercibidos para quienes, desde la atalaya europea, deseamos lo mejor para las sociedades de los países que están bañados por el Mediterráneo y que además a lo largo de la historia han tenido vivencias comunes con algunos pueblos europeos. 
También es pertinente este debate por cuanto la Delegación de este Parlamento para las Relaciones con los Países del Magreb ha visitado la semana pasada Marruecos y Túnez, con una apretada agenda de trabajo. 
Lo cierto es que la situación es diferente a la de hace algunos años, por cuanto se observan algunas ligeras mejoras en ámbitos concretos como los derechos humanos y- como sucede en el ámbito económico- pese a algunas disfunciones. 
En general se aprecia un deseo común de asociarse a sus vecinos del norte que conforman la Unión Europea, ya que ven en nosotros la tabla de salvación a la hora de resolver los problemas que tienen planteados en su vida cotidiana. 
De ahí el esfuerzo que todos debemos hacer desde las distintas instituciones europeas, Parlamento, Comisión y Consejo, para que estos pueblos de la zona mediterránea puedan mejorar su situación. 
Pero para ello hace falta por nuestro lado realizar una política decidida y valiente que permita afrontar con éxito los retos euromediterráneos que se han planteado en este mundo tan globalizado. 
El Mediterráneo y sus pueblos nos necesitan. 
No podemos dejarlos a un lado. 
Señor Presidente, el instrumento económico básico para la aplicación de nuestra política mediterránea, derivada del proceso de Barcelona, es sin lugar a dudas el programa MEDA para el que soy ponente de actividades y cuyo reglamento estamos modificando junto con el Sr. Valdivielso de Cué. 
Señalo a la atención de Sus Señorías esos informes que se están examinando en comisión y que se someterán a nuestra Asamblea en el próximo mes de junio. 
Quisiera señalar aquí dos aspectos importantes: en primer lugar, MEDA es un buen programa, un programa joven, que ha padecido hasta ahora disfunciones en su aplicación. 
De un plan financiero de unos 3.500 millones de euros para los cuatro últimos años, se ha gastado menos del 30% hasta hoy: retrasos de pagos, observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la instrucción de los expedientes, demoras demasiado largas. 
Así, pues, hay que modificar el reglamento, aumentar el personal de la Comisión. 
Vamos a hacer propuestas en ese sentido en el Parlamento para que mejore la instrucción de los expedientes. 
Además, el 90% de los créditos están reservados para la cooperación bilateral, pero sólo el 10% para la cooperación regional, que nos interesa mucho. 
Así, pues, hay que aumentar estos últimos, dinamizar la cooperación descentralizada y utilizar la participación de las sociedades civiles. 
En segundo lugar, este programa presenta un aspecto económico encaminado al libre cambio. 
Hay también la formulación de un espacio común de paz y estabilidad y la preocupación por una aproximación entre los pueblos mediante una cooperación social y cultural. 
Por último, va encaminado a hacer que los terceros países estén a la altura por lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y en ese sentido la situación en numerosos países no mejora. 
Así, pues, pedimos al Consejo y a la Comisión que publiquen un informe anual o bienal sobre los derechos humanos en los países participantes en el proceso de Barcelona, que sirva de base para la ejecución de las operaciones de cooperación entre la Unión Europea y terceros países. 
Tan sólo Túnez, del que ha hablado Daniel Cohn-Bendit antes, ha recibido el 10% de los créditos de MEDA y se han pagado casi todos. 
Debemos tenerlo en cuenta precisamente para que sea la Unión Europea quien oriente los proyectos y no sólo se decidan según... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, quiero decir que este debate es importante, pero yo siento cierto cansancio y fastidio, especialmente por las respuestas que ha dado el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, que está claro que tiene buenas intenciones. 
Y creo que partiendo de la intranquilidad que sienten todas las partes, podemos hacer algunas constataciones. 
En un minuto debo decir que no hay estrategia en la política mediterránea de la Unión Europea, no hay calendario ni planificación de objetivos, al contrario de lo que ocurre con la política de la Unión Europea sobre Europa oriental. 
Si alguien intentase resumir en cinco líneas la respuesta del Sr. Ministro, no podría hacerlo. 
No podría porque ha contestado a todos los temas pero no a los temas claves. 
Segundo, en mi opinión hace falta más valentía. 
La Unión Europea se ha quedado atascada en el libre comercio, a pesar de los resultados económicos y sociales negativos para estas regiones de zonas de libre comercio, y sin embargo podría tomar medidas inmediatas, concretas y efectivas en cuestiones como es el endeudamiento, la transferencia de tecnología, en donde sentimos indecisión y falta de efectividad. 
El tercer punto es que, en mi opinión, la Unión Europea no tiene autonomía. 
Lo vemos también en Oriente Medio frente a los EE.UU., lo vemos en general. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que no podrá haber un desarrollo de la política euromediterránea si no se impulsará el proceso de paz en Próximo Oriente y creo que este tema es una parte significativa de la resolución que estamos debatiendo en este Pleno. 
Cabe preguntarse, sin embargo, qué papel puede y deberá desempeñar la Unión Europea para promover el proceso de paz. 
Cierto que la Unión Europea no podrá tomar partido por una de las partes enfrentadas; por el contrario, creo que deberá cumplir un importante papel de cara al desarrollo económico de esos territorios dedicando todos sus esfuerzos al crecimiento económico de las poblaciones que viven alrededor del Estado de Israel, porque la conflictividad política, además de religiosa, se ve acentuada por un fuerte desnivel social: basta comparar la renta per cápita de los ciudadanos israelíes con la renta per cápita de los ciudadanos, de los habitantes de los países adyacentes y de los territorios limítrofes del Estado de Israel. 
No cabe duda de que el crecimiento económico de esas poblaciones atenuaría sobremanera la conflictividad política y social que ha desembocado en enfrentamientos epocales. 
La reducción de la tensión es una tarea fundamental de la Unión Europea. 
Por lo tanto, respaldo todos los puntos de este informe que hacen hincapié en la necesidad de ayudas económicas para apoyar el desarrollo de programas y de inversiones privadas, el desarrollo cada vez mayor de una presencia de particulares de la Unión Europea en los territorios limítrofes de Israel. No cabe duda que todo esto conllevará el crecimiento de ese bienestar económico que atenuará con fuerza la conflictividad social. 
Si seremos capaces, si la Unión Europea será capaz de hacerlo, ciertamente habrá contribuido muy significativamente a lograr la paz en Próximo Oriente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la voluntad expresada por la Unión Europea de tener una política mediterránea ambiciosa no es nueva, al menos en el nivel de los discursos y las declaraciones de intenciones, y nuestros debates de esta noche lo confirman. 
De Lisboa 1992 a Cannes 1995 y sobre todo Barcelona el mismo año, siempre se ha pedido la formulación de un sólida cooperación euromediterránea. 
Por consiguiente, en 1995 la Unión Europea y doce países mediterráneos aprobaron con satisfacción la famosa Declaración de Barcelona. 
Las ambiciones de dicha declaración desde el punto de vista económico y financiero, político y de seguridad, social, cultural y humano eran particularmente grandes. 
Pero, como han dicho otros antes que yo, las decepciones de nuestros interlocutores son, desde aquella fecha, aún mayores: muy pocos acuerdos de asociación y aún no se han aplicado de verdad; están previstos importantes créditos europeos, pero muchos menos se han comprometido y menos aún se han pagado: todos nuestros interlocutores nos lo dicen y nos lo repiten. 
Por lo demás, hay un gran desorden: todo el mundo observa y denuncia dificultades técnicas, dificultades políticas, inversiones directas deficientes, un endeudamiento excesivo de nuestros interlocutores. 
Los resultados de todo ello son desastrosos: desencanto de nuestros interlocutores, desarrollo económico insuficiente, inmigración salvaje hacia Europa, gran aumento del integrismo prácticamente por doquier. 
Así, pues, hay que reactivar- y todo el mundo lo ha dicho esta noche- el proceso de Barcelona, simplificarlo administrativamente, aceptar una apertura mayor de nuestro mercados europeos, mitigar las deudas, todo ello a cambio de esfuerzos indispensables de nuestros interlocutores en materia de derechos humanos y con una visión mediterránea global que deberá garantizar el equilibrio y la paz entre todas las zonas que componen el conjunto euromediterráneo. 
Por lo demás, no tenemos otra opción y quiero agradecer al Presidente del Consejo todas las importantes y pertinentes informaciones que nos ha facilitado esta noche. 
Esa es la razón por la que, como socialista, apoyo lo esencial de las propuestas que figuran en nuestra resolución común. 
Señores Presidentes, señor Comisario, quisiera, con ocasión de este debate, subrayar la importancia y las repercusiones de la visita del Papa a Tierra Santa. 
Sean cuales fueren nuestras creencias, nuestras convicciones religiosas, no queda más remedio que reconocer que el mensaje de Juan Pablo II contribuye en gran medida al avance de la paz en la región. 
El Soberano Pontífice, avanzando por un terreno sembrado de trampas, en un marco en el que cada palabra, cada gesto, se mide con el rasero de su representación simbólica, supo tanto en Jordania como en Israel y en los territorios palestinos abordar los problemas persistentes entre las comunidades con el tono apropiado. 
El Santo Padre nos muestra que no se puede pasar por alto la dimensión religiosa de los conflictos y que el diálogo interreligioso, como el diálogo político, es un factor de estabilidad. 
Ese viaje ha sido una demostración excepcional del posible entendimiento entre todas las partes. 
Con ocasión de este debate he considerado que ese gran hombre de paz, peregrino infatigable, merecía que se reconociera su acción. 
Quisiera también formular dos preguntas al Consejo y a la Comisión. 
La primera, sobre la cooperación regional entre los países de la ribera meridional del Mediterráneo; la segunda, sobre el papel de nuestro Parlamento Europeo en el proceso de Barcelona. 
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la cooperación regional- y la Presidencia probablemente haya respondido parcialmente al respecto antes -, la Unión basa su política mediterránea en el proceso de Barcelona. 
Ese planteamiento pretende ser global y regional y considera la cuenca mediterránea una entidad regional. 
Es razonable pensar que una cooperación entre los Estados de esa cuenca debería ser mucho más intensa. 
La segunda pregunta se refiere al papel del Parlamento Europeo y no queda más remedio que hacer constar que hoy es demasiado limitado. 
Conque, como he subrayado, la política mediterránea de la Unión pretende ser global. 
Sólo se presentan ante el Parlamento Europeo los acuerdos bilaterales. 
Así, pues, habría que aproximar al Parlamento Europeo al foro, siguiendo el modelo del la asamblea paritaria UE-ACP, u organizar una participación más activa y regular del Parlamento Europeo en las reuniones ministeriales. 
Señor Presidente, la política mediterránea de la Unión tiene que cobrar no sólo forma sino también fondo; tiene que llenarse de contenido, y no vaciarse. 
Resulta imprescindible, Señorías, estrechar vínculos políticos, económicos y sociales y continuar dando pasos hacia adelante. 
Tenemos un Acuerdo de asociación con Marruecos, en vigor desde el 2 de marzo, que convierte a este país en nuestro socio privilegiado. 
Pero no cabe una cooperación estrecha con Marruecos sin que se contemple una actividad- la pesca- de la que depende la economía de muchas regiones europeas. 
Quiero referirme al Acuerdo de pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos que expiró el pasado 30 de noviembre. 
Aún no tenemos la fecha del inicio de las negociaciones. 
No renovar dicho acuerdo supondría un paso atrás en nuestra política mediterránea, porque para que ésta no se limite a la mera retórica es necesario que avancemos en los casos concretos. 
La política mediterránea obtiene su nombre del mar donde, desde hace siglos, pescan juntos pescadores europeos y pescadores del norte de África. 
Cumpla la Comisión con sus deberes y consiga abrir de una vez por todas estas negociaciones. 
Señor Presidente, si con este debate conseguimos equilibrar la atención del Consejo y de la Comisión sobre la importancia de la ribera sur del Mediterráneo para la política europea, habremos conseguido, en parte, nuestro objetivo. 
Como aquí se ha dicho, una delegación de este Parlamento acaba de visitar Marruecos y Túnez. 
Derechos humanos, Sáhara occidental, pesca, agricultura, inversiones, MEDA, emigración han sido objeto de la atención de los diputados, de las autoridades y de los representantes de la sociedad civil. 
El resultado ha sido que nos han pedido una mayor implicación política de la Unión en el Mediterráneo. 
Hay temor ante la ampliación y hay un sensación de que la balanza se inclina más hacia el norte y hacia el este que hacia el sur. 
Sería bueno que a esta cuestión respondieran los representantes de la Comisión y del Consejo aquí presentes. 
Por otro lado, hay que fomentar las inversiones en la región, y, respetando su idiosincrasia, hay que cooperar con esos países para que avancen en sus procesos democráticos y de respeto de los derechos humanos, aceptando el ritmo que ellos dispongan pero haciéndoles comprender también que la Unión Europea no sólo desea invertir en desarrollo económico, sino invertir en paz y estabilidad sobre la base del respeto de los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio democrático de sus libertades. 
No es tarea fácil, pero sólo el diálogo, y no la confrontación, puede conseguirlo. 
Las acciones de la Unión Europea son todavía muy difusas y complejas en este ámbito. 
La Conferencia de Barcelona responde más a una voluntad política que a una auténtica estrategia dirigida a crear un verdadero espacio euromediterráneo, donde lo económico sea una parte importante, pero sólo una parte, de un permanente diálogo y de una cooperación política en el ámbito de lo social, lo cultural e incluso en la defensa de los intereses mutuos para garantizar la paz y estabilidad que todos deseamos en esa zona. 
Señor Presidente, no he querido intervenir antes por no interferir en el debate. 
Simplemente, quería transmitirle mi total desacuerdo con la anterior presidencia en cuanto al tiempo de uso de la palabra, pues no ha respetado el tiempo adjudicado a los Grupos y el que se ha repartido, por supuesto, entre los diputados. 
El anterior presidente ha hecho una clara discriminación en favor de otros diputados a los que les ha permitido expresarse durante más tiempo del correspondiente. 
Una vez que nos sentamos aquí, todos los diputados somos iguales y todos tenemos que respetar las normas. 
Y en ese sentido, aunque este humilde diputado no represente a una multinacional del voto, pide que se respete el tiempo que su Grupo le ha acordado. 
Señor Bautista Ojeda, sus observaciones constarán en Acta y se transmitirán a la Mesa. 
Señor Presidente, Señorías, he examinado con interés los documentos que hoy se someten a la atención del Parlamento y he comprobado que la solicitud del Parlamento es una solicitud que afecta a muchos sectores quizás incluso demasiados. Se pide, justamente, la paz- el tema ya ha sido abordado hace unos momentos -, se pide la salud, se pide el bienestar, se piden servicios públicos eficaces, se pide el progreso social. 
Ahora bien, creo que cuando se pide todo- por otra parte, es justo que se haga al menos por precaución- a menudo se consiguen resultados mediocres. 
A mi juicio, conviene seleccionar las perspectivas a través de las cuales, tanto bilateralmente como a través de la intervención de la Unión, se puede trabajar en los países mediterráneos. 
No cabe duda de que hay algunos sectores que si se seleccionan darían resultados útiles: primero, hay que lograr que funcione adecuadamente la administración local a través de la privatización que ya ha empezado en algunos países, y a través de suministros de tecnología; segundo, hay que incrementar la sanidad, ámbito este último que hemos abordado incluso recientemente al preparar al personal: el personal técnico localmente y el personal médico especializado a través de los Estados europeos; por último, hay que aumentar la que en el programa MEDA es la realidad de un intercambio más intenso de programas que no se ha producido. 
En cuanto a este programa, debo decir que, después de haberlo estudiado por varias razones en el ámbito de mi comisión, me he sentido decepcionado por las dificultades encontradas tanto a la hora de conseguir información como de comparar dicha información con la que obraba en poder del Parlamento. 
Esta Comisión dispone aún de tiempo, ya que ha sido nombrada hace tan sólo algunos meses y, por consiguiente, tiene la posibilidad de imprimir un enérgico giro a los trabajos y de informar al Parlamento más detalladamente... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, automáticamente me viene a la memoria el debate que celebramos aquí hace mas o menos cinco años, cuando la Comisión de entonces anuncio, a bombo y platillo, la nueva política mediterránea de la Unión Europea. 
Ahora todos estamos de acuerdo en que, de lo que se anunció entonces no se ha llevado a cabo la mayor parte. 
Y creo que la explicación de estos resultados tan pobres es la combinación de la falta de voluntad política por una parte, y por otra, de la falta de dinero. 
Creo que debemos poner más énfasis en la política mediterránea, apoyándonos en el díptico democracia y desarrollo. 
Democracia en los países de Europa del Mediterráneo oriental y del sur porque servirá de ayuda a que nos entendamos mejor, y desarrollo porque, aparte de muchas cosas más, reducirá el volumen del movimiento migratorio que tenemos y vamos a seguir teniendo durante los próximos años. 
Por tanto, el Consejo y la Comisión deberán hacer todo lo posible por fomentar de nuevo la asociación euromediterránea que se acordó en el marco de la Conferencia de Barcelona. 
También es importante dar un nuevo empuje a los programas MEDA, y ayudar a los programas paralelos MEDA- Democracia y EUROMED- Audiovisual, y también a programas colaterales de formación de periodistas. 
Es también una propuesta antigua del Parlamento aplicar un programa de colaboración interperiférica e interestatal que aspire a la integración económica y social eficaz de los Estados y de las periferias participantes a ambos lados del Mediterráneo, por medio de una coordinación eficaz, financiera y organizativa de los programas INTERREG y MEDA. 
Quisiera hacer hincapié en otro tema, que puede que no les parezca importante, pero que, para mí, lo es. 
Creo que las islas del Mediterráneo deben desempeñar un papel importante y catalizador en pro del feliz resultado de la colaboración euromediterránea; ya que islas como Malta, Chipre, Creta, son lugares intermedios entre las dos partes del Mediterráneo. 
Dado que estas islas tienen vínculos tradicionales a un lado y otro del Mediterráneo, pueden ser los centros de esta colaboración y creo que es en esta dirección en la que deberemos dirigir muchos programas en el marco del programa MEDA. 
He recibido 6 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Aprovecho la ocasión para decirles que el Sr. Secretario de Estado se ha excusado formalmente por no poder continuar con nosotros en la continuación del debate. 
Grupo de alto nivel " Asilo y Migración 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0057/2000) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre los solicitantes de asilo y los inmigrantes: planes de acción para los países de origen y de tránsito- Grupo de alto nivel ((C5-0159/1999- C5-0160/1999- C5-0161/1999- C5-0162/1999- C5-0163/1999- C5-0164/1999- C5-0165/1999- C4-0133/1999- 1999/2096 (COS)) 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a los Grupos políticos de esta Asamblea que han apoyado el informe en la Comisión de Libertades, y que lo han enriquecido con su participación en los intensos debates que hemos mantenido. 
Además, también quiero hacer constar la actitud positiva y de colaboración que he encontrado en la Comisión, a la que quiero expresar, señor Comisario, mi agradecimiento personal. 
Los planes de acción sobre los seis países seleccionados por el grupo de alto nivel de asilo y migración responden, y esto me parece importante, a la primera acción exterior de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo, y que, como acertadamente dijo el Comisario Sr. Vitorino en Estrasburgo, son objetivos prioritarios de los Estados miembros y espero que lo sigan siendo. 
Mi informe, señor Presidente, recoge, por una parte, el sentimiento crítico de todos los Grupos políticos sobre aspectos formales y de fondo en la presentación y elaboración de los planes. 
No hemos podido hacer un examen individual de cada uno de ellos y hemos tenido que limitarnos a consideraciones de carácter muy general y, en base a ello, hacer unas propuestas que espero sean muy tenidas en cuenta por la Comisión y por el Consejo para éstos y para los futuros planes de acción. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, la simple puesta en marcha de estos planes de acción ya es positiva en sí. 
Es positiva también la combinación de acciones en el ámbito de la política exterior, de cooperación y desarrollo y en la adopción de medidas para ordenar los flujos migratorios. 
Pero entiendo que no ha sido positiva la forma en que el Consejo ha presentado dichos planes al Parlamento, el cual ha actuado como un convidado de piedra en su selección y elaboración. 
Nuestra preocupación fundamental estriba en la eficacia que puedan tener las acciones previstas en países como Afganistán, Somalia o Iraq, en los que a su inestabilidad política se unen permanentes violaciones de los derechos humanos más fundamentales. 
Caso aparte es el de Marruecos, o incluso los de Albania o Sri Lanka, que ofrecen más posibilidades de cooperación multisectorial, e incluso hay situaciones privilegiadas como en el caso de Marruecos, donde se acaba de poner en marcha un Acuerdo de asociación. 
Al imposible cumplimiento de los plazos previstos en la mayoría de las acciones, se une también la falta de dotación presupuestaria para alguna de las medidas previstas, ya que más del 50% de ellas no tienen recursos financieros. 
De ahí que precisamente una de nuestras propuestas sea la de crear para el año 2001 una línea presupuestaria que cubra estas necesidades. 
Quiero también llamar la atención sobre el desequilibrio entre las medidas para controlar los flujos migratorios y las que fomentan una verdadera cooperación al desarrollo de los países seleccionados, incluidas las medidas de integración. 
No podemos criminalizar la inmigración, sea por causas políticas o sea por causas económicas. 
De aquí que entienda que sea urgente poner en marcha las previsiones del Tratado de Amsterdam y de la cumbre de Tampere sobre la "comunitarización" de la política de asilo y el trato justo y humanitario a los refugiados y a los inmigrantes. 
Se debe poner el acento en las condiciones humanitarias de los centros de acogida y aprovechar también la experiencia de algunos países en orden a la aproximación regional. 
Y a la inmigración económica, a la cooperación con los países de origen, hay que añadir la ordenación del mercado laboral en los propios Estados miembros, la integración social de los inmigrantes y la lucha contra los mafiosos que trafican con los seres humanos. 
No sólo los acuerdos de readmisión y el control fronterizo, aunque sea necesario, resuelven el problema; medidas éstas que parecen primar, en los planes, sobre las anteriores. 
Considero, además, necesaria la creación de un observatorio de la inmigración, porque ello permitirá, además de coordinar los datos estadísticos, hacer estudios sociológicos sobre el fenómeno migratorio que colaboren a la hora de la toma de decisiones. 
Y en cuanto al respeto de los derechos humanos, sería importante una mayor cooperación para modernizar las estructuras administrativas de alguno de los países seleccionados, colaborar en la formación de las fuerzas policiales y, muy especialmente, abrirlos a la cooperación con las ONG que desempeñan un papel social en este ámbito. 
Finalmente, señor Presidente, espero que, para éstos y para los próximos planes, se corrijan los defectos que en esta resolución se exponen, se coopere más estrechamente, especialmente por parte del grupo de alto nivel y del Consejo, con el Parlamento, y naturalmente se dote a la Comisión de los medios necesarios para su ejecución. 
Del éxito de estos planes depende el éxito o el fracaso de la propia Unión Europea en su primera acción exterior en un ámbito tan sensible hoy para la sociedad europea como es el de la inmigración y el asilo. 
- (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de nada quisiera felicitar al Sr. Hernández Mollar por el óptimo trabajo que ha realizado y por el excelente informe que nos presenta. 
Él ya había subrayado atinadamente que migración y asilo, aun siendo problemas íntimamente relacionados, son diferentes en su naturaleza y en las respuestas que la Unión Europea debe dar, aunque se recuerde y se reconozca que en ambos casos presenta ventajas un planteamiento interpilares y global. 
Sabemos que cada vez hay un número mayor de personas que buscan mejores oportunidades o protección mediante la inmigración para escapar a la guerra, la persecución, la pobreza, el desempleo o las violaciones de los derechos humanos. 
Sabemos que hay un aumento de los movimientos migratorios ilegales, en la mayoría de los casos dirigidos por redes delictivas que con frecuencia crean situaciones de explotación y violación clamorosas de los derechos humanos. 
Somos claramente partidarios de un planteamiento global en el que se deberán tener en cuenta el apoyo a la democratización y al fomento de Estados de derecho, el apoyo a la prevención de conflictos y a la reconciliación, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo dentro de los países y las regiones de origen y de tránsito de la lucha contra la pobreza y en pro de la mejora de las condiciones de vida y de más posibilidades de empleo. 
Por todo eso y abundando en las críticas que el Sr. Hernández Mollar acaba de manifestar ante la Asamblea, en particular desde el punto de vista de la acción del Parlamento y de la eficacia de dicha acción en algunos de esos países, el compromiso del Parlamento debe ser serio y consecuente. 
No podemos pregonar buenas intenciones y no materializarlas por falta de medios financieros. 
Se deberán llevar a cabo campañas de información en estrecha cooperación con los países de origen y de tránsito sobre las posibilidades reales de emigración legal para intentar así reducir o contrarrestar el problema en su origen. 
Es necesario fortalecer la lucha contra la inmigración clandestina, garantizar la protección de los derechos de las víctimas de redes delictivas, intensificar las medidas de prevención de todas las formas de tráfico de seres humanos, reservando una atención especial a la situación de los derechos de las mujeres y los niños, y descubrir y desmantelar las redes delictivas que participan en esas actividades. 
Dentro de la Unión hemos de hacer una evaluación a fondo de la situación en los diferentes Estados miembros y una aproximación de las legislaciones nacionales sobre las condiciones de admisión y residencia teniendo en cuenta la evolución económica y demográfica de la Unión, la capacidad de acogida de cada Estado miembro y los lazos históricos y culturales que el Estado miembro tenga con los países de origen. 
En resumen, concordamos con una política europea común en materia de asilo e inmigración basada en cuatro pilares: una cooperación con los países de origen, un régimen de asilo europeo común, un trato equitativo para quienes procedan de terceros países y una gestión más eficaz de las corrientes migratorias. 
Señor Presidente, quiero expresar en primer lugar, en nombre de mi Grupo, la extrañeza que nos causa esta propuesta del Consejo en un momento en el que, en el ámbito de la Unión, estamos trabajando- y así lo indican las iniciativas que ha tomado y está tomando la Comisión- en la comunitarización de lo que hemos llamado "tercer pilar" y en el desarrollo de una política de inmigración y de acogida de los ciudadanos que vienen de terceros países. 
Y la extrañeza nace de que no entendemos muy bien de dónde viene y por qué se mantiene este grupo de alto nivel, por qué el Consejo hace una propuesta en esta forma y esa propuesta queda recogida en Tampere, qué va a hacer la Comisión en estos planes de acción y cuál es la coherencia entre esta propuesta y el trabajo desarrollado por el grupo de alto nivel del Consejo y el resto de propuestas de la Comisión de políticas a desarrollar en la Unión. 
Creo que esto es bastante importante y me gustaría obtener una respuesta del Consejo. 
En segundo lugar, quiero expresar una división de sentimientos en relación con estos planes de acción. 
Por un lado, parece razonable lo que dicen; parece razonable establecer políticas bilaterales entre la Unión Europea y alguno de los países en que el problema de la salida de emigrantes y refugiados es más grande; parece útil. 
Tal es el caso, por ejemplo, de Marruecos, con el cual creo que hay que establecer una relación bilateral seria e importante para mantener, dentro del ámbito de la legalidad, la inmigración que proviene de este país. 
Y también puede ser el caso de los países balcánicos, donde hay interlocutores claros. 
Pero, por otro lado, hay países en esta lista cuyos gobiernos no merecen siquiera este nombre, y países con los que creo que no podemos ni hablar, como es el caso de Afganistán. 
Me gustaría que me dijera el Consejo si va a ir a Afganistán a decirles: ' Buenas tardes. 
Venimos a decirles que respeten los derechos humanos porque nos mandan ustedes demasiados refugiados. ' 
Me parece o muy naïf o bastante increíble. 
Además, me parece que la aproximación a este tema con estos países es difícil y peligrosa. 
Creo que, por principios, hay gente con la que no debemos ni hablar. 
Por ello, y porque una aproximación interpilares- es decir, entre el tercer y el primer pilar- no puede hacerse por la vía más estrecha, creo que el Consejo debería volver a consultar a este Parlamento sobre todos y cada uno de los planes de acción que vayan a establecerse, de conformidad con lo establecido en el primer pilar. 
He señalado dos problemas: ¿quién va a hacerse cargo de estos planes de acción? 
Y ¿con quiénes? 
No hay dotación presupuestaria prevista para ello y las medidas que prevén algún grado de financiación hablan de sacar el dinero, por ejemplo, de programas de cooperación como MEDA. 
Me parece que la idea de codesarrollo y la idea de trabajar con estos países para hacer frente a la emigración desde su origen es difícilmente compatible con la idea de sustraer, para el control de las fronteras exteriores, fondos de cooperación al desarrollo. 
Creo que esto merece una reflexión. 
Por último, el desarrollo de los planes de acción está en el scoreboard. 
Eso es bueno, pero quiero recordar que hay un plan de acción desarrollado, el de Iraq, sobre el que nadie nos ha informado nunca. 
Señor Presidente, para comenzar, quisiera felicitar al Sr. Hernández Mollar por el excelente trabajo que ha realizado en el presente informe y por el espíritu de cooperación con el que ha buscado el consenso de todos los partidos para apoyar sus recomendaciones. 
También quisiera saludar la labor que ha realizado la Comisión en este ámbito. 
Nos enfrentamos a una serie de retos en un mundo en el que el impulso migratorio y el impulso a emigrar a Europa siguen siendo considerables. 
No hay duda de que nos enfrentamos a una situación en la que existen factores en los países de origen que impulsan a abandonar el país y factores en nuestros países que ejercen una fuerte atracción. 
Es importante que al enfocar este debate hagamos una clara distinción entre asilo e inmigración ilegal. 
Es importante que respetemos el compromiso contraído en la Convención de Ginebra y un enfoque humanitario. 
Si pudiera transmitir un mensaje a los gobiernos de los Estados miembros, éste sería que con demasiada frecuencia caen en la tentación de buscar titulares fáciles adoptando para ello medidas populistas en respuesta al problema de los solicitantes de asilo y la inmigración ilegal. 
Con demasiada frecuencia se olvidan de los principios que ellos mismos han suscrito y no intentan seriamente encontrar una solución a este problema. 
El presente informe presenta una serie de propuestas de acción que, en mi opinión, merecen ser saludadas. 
En particular, analiza la inmigración y la insuficiencia de los datos actuales. 
Analiza los problemas de los planes de acción elaborados que no logran establecer el balance adecuado entre la seguridad y la inmigración. 
Analiza la vigilancia de la inmigración ilegal y hace un llamamiento en favor de centrar los esfuerzos en la lucha contra el tráfico de personas y en la lucha contra la contratación ilegal. 
Éstas son las cosas que deberían estar haciendo nuestros Estados miembros. 
Y naturalmente, lo más importante, analiza los presupuestos y el hecho de que son menos de la mitad las medidas propuestas que cuentan con asignaciones presupuestarias, de manera que si queremos ser serios al respecto, será necesario que el Consejo establezca un fundamento jurídico para los presupuestos que están siendo presentados. 
Para terminar, señor Presidente, y en nombre del Grupo de los Liberales, saludo el presente informe, al que mañana daremos nuestro voto positivo. 
Señor Presidente, los planes de acción del Grupo de alto nivel "Asilo y Migración", no se atienen, desgraciadamente, al encargo recibido. 
Una lectura detenida de los planes de acción revela que las medidas de lucha contra la inmigración ilegal ocupan la mayor parte de los mismos. 
Pero este no puede ser el único contenido. 
No se analizan medidas de política de desarrollo ni de política exterior que traten las causas de la huida de los países y de la emigración. 
Aunque el propio grupo de trabajo ha comprobado que las violaciones de los derechos humanos constituyen una causa importante de la huida de los países, no es objeto de consideración suficiente en los planes de acción. 
Examinemos la situación en Irak. 
En este momento, seguramente en dicho país no es fácil presentar propuestas adecuadas que, a la vista de la actual situación política, puedan ser aplicadas. 
Allí no se sabe con quién mantener conversaciones. 
¿A quién hay que urgir a que respete los derechos humanos? 
Igualmente criticable es la constitución y métodos de trabajo del Grupo de alto nivel. 
No se consultó al Parlamento Europeo ni la constitución del grupo ni la selección de las regiones en crisis. 
Esta forma de proceder es inaceptable. 
El presente informe del colega Hernández Mollar aborda de forma muy crítica el trabajo del Grupo de alto nivel. 
Gracias a este informe es ahora posible desarrollar un nuevo enfoque para valorar el trabajo del Grupo de alto nivel. 
Por esta razón, mi Grupo parlamentario apoya al ponente. 
Señor Presidente, con relación a los dos aspectos de este tema, quiero abordar en particular el que atañe al problema de la inmigración, más que al del asilo, sin referirme a esos países, sino a esta problemática en general. 
Ante todo, y en contra de los que quizás muchos piensan, no existe un derecho a la inmigración: no está reconocido por ningún acuerdo ni por ningún convenio internacional y, por lo tanto, es lícito establecer unas normas, unos límites a la inmigración. 
Por otro lado, también los europeos cuando emigraban, por ejemplo, a los Estados Unidos o a América del Sur, lo hacían a través de cupos, con permisos. Soy nieto de un emigrante y sé que entonces existían unas reglas. 
Por mi parte, cuando emigré durante un breve período de tiempo a un país africano, necesité visados y fui sometido a controles. También recientemente, cuando acudimos a la Asamblea ACP-Parlamento Europeo tuvimos que conseguir el visado y tuvimos que vacunarnos. 
En consecuencia, estas reglas son fundamentales y quien desea que éstas existan y se cumplan no puede ser acusado ni de racismo ni de xenofobia. 
Las reglas deben tener en cuenta la compatibilidad de la acogida y, en consecuencia, el número que puede entrar en la Unión Europea evitando fronteras coladero, así como evitando que, a través de repetidas regularizaciones, exista la esperanza o incluso la certeza de que lo que cuenta es entrar en la Unión Europea, a lo mejor en algunos Estados como Italia de manga mucho más ancha que otros: una vez que se ha entrado basta con estar tranquilos, quizás no demasiado cometiendo algún delito, ya que más tarde o más temprano llegará la regularización. 
Y esto es totalmente inaceptable. 
Señor Presidente, espero que sus Señorías me disculpen si me aparto algo de la corriente general y formulo una pregunta fundamental. 
¿Por qué necesita la Unión Europea una política de asilo común? 
Nadie negaría que es un ámbito en el que los países pueden beneficiarse de la colaboración mutua, pero, naturalmente, la cooperación entre nuestros respectivos países en el ámbito de asilo no es nada nuevo. 
Desde mucho antes de la firma del Tratado de Roma, los Estados miembros de la Unión han estado entrelazados por una compleja red de acuerdos que abarcan el derecho de asilo, el trato a los refugiados y el principio de non-refoulement entre muchos otros. 
No debemos cometer el error, como tan a menudo parece ser el caso en esta Asamblea, de creer que la única alternativa a la acción comunitaria es algún tipo de anarquía en la que ningún país consulte a ningún otro. 
Por el contrario, la alternativa a la acción comunitaria es una negociación de los acuerdos bilaterales y multilaterales entre países independientes. 
En mi opinión, estos acuerdos ofrecen dos posibles ventajas sobre la acción comunitaria. 
Primero, a menudo son de probada utilidad y están muy arraigados, y segundo, pueden ser aplicados entre Estados no pertenecientes a la Unión Europea. 
En mi circunscripción del Sudeste de Inglaterra, la policía local y los servicios de inmigración mantienen desde hace mucho tiempo excelentes relaciones con sus homólogos franceses y belgas. 
Es cuando menos discutible que actualmente exista una cooperación más estrecha con otros Estados miembros a raíz de la entrada en vigor del Convenio de Dublín y sus acuerdos correlativos que la que existía hace diez años. 
¿Cómo es esto posible? 
Aristóteles fue el primero que proclamó el principio de que nadie necesita proteger lo que no posee. 
Ciertamente su precepto sigue siendo válido entre los países, así como entre las personas. 
Dicho llanamente, un agente fronterizo que ve a un viajero dirigirse hacia un punto de destino que está más allá de sus fronteras, es posible que no se sienta incentivado a pararle y provocar así una solicitud de asilo dentro de su jurisdicción. 
Según la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados, 93.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido durante el pasado año. 
Esta cifra convierte a Gran Bretaña en el principal país de destino entre los solicitantes de asilo en Europa; posición que compartimos con Alemania. 
Pero lo que es más sorprendente es que esta cifra haya experimentado un aumento en el Reino Unido de aproximadamente un 40% desde mediados de los años noventa, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se ha mantenido relativamente estable. 
Sin duda, la auténtica prioridad del refugiado es salir del país en cuestión, pero no la de entrar en otro determinado. 
Salvo casos excepcionales, no es descabellado esperar de alguien que escapa de la opresión que solicite asilo tan pronto como llegue a un Estado seguro. 
Me siento orgulloso de que, durante siglos, Gran Bretaña haya sido considerada un refugio seguro para aquellos que huyen de la injusticia y del mal, y sé que algunos diputados de esta Asamblea sienten un orgullo similar por la honrosa trayectoria de sus respectivos países. 
Pero esa trayectoria depende de nuestra capacidad de distinguir entre emigrantes económicos y auténticos refugiados, y depende fundamentalmente de que tengamos la determinación de proteger nuestras fronteras contra los falsos solicitantes de asilo. 
Como Estados que cooperan entre sí, podemos hacerlo, pero como un territorio único, las pruebas apuntan a que no podemos. 
Señor Presidente, Señorías, este informe señala las numerosas insuficiencias y confusiones que entrañan los planes de acción. 
En primer lugar, podemos plantearnos la cuestión de la cooperación, en particular, de la función asignada a las ONGs. 
No se ha pedido su opinión o no se ha tenido en cuenta. 
Otro error es el de tratar de la misma forma las cuestiones relativas al asilo y las de la inmigración. 
Cierto es que no podemos abordar las causas de las corrientes migratorias sin hablar de los derechos humanos. 
Voy a hablar del asilo. 
Europa firma con ciertos países acuerdos en los que figuran cláusulas de readmisión que permiten devolver a un ciudadano de un tercer país sin que se tenga en cuenta la situación política, económica y social del ciudadano o del país. 
Esa cláusula viola el derecho internacional. 
Pone en tela de juicio el principio de no expulsión sin preocuparse de si se trata de un país seguro. 
¿Cómo podemos creer que las personas devueltas a ciertos países serán aceptadas sin riesgo, cuando resulta que los derechos humanos, en particular los de las mujeres, son violados en ellos todos los días? 
¿Cómo podemos aceptar que se ponga la condición para la ayuda al desarrollo de la firma de esos acuerdos? 
Europa debe dejar de taparse los ojos. 
La mejor solución para reducir las corrientes migratorias consiste en ayudar al desarrollo de esos países y al bienestar de esas poblaciones. 
Es anular la deuda de esos países en vías de desarrollo. 
Esa anulación de la deuda permitiría desarrollar las estructuras educativas, sociales, médicas, en beneficio directo de la población. 
Por otra parte, más vale mejorar las estructuras de acogida para los refugiados y los solicitantes de asilo, hoy tratados como delincuentes que quieren abusar del procedimiento. 
Su protección debe estar garantizada, en particular el acceso a la atención médica, los derechos sociales, la educación de los niños. 
Para concluir, ¿no sería más urgente armonizar nuestras políticas de asilo e inmigración y formular una auténtica política comunitaria al respecto? 
Señor Presidente, todos los países a los que se hace referencia en el presente informe difieren entre sí y cada uno de los planes varía en consecuencia. 
Hablaré únicamente de Sri Lanka, un país que he visitado y del que muchos de sus ciudadanos han buscado refugio en Londres y en otras partes de la Unión Europea. 
Es un país, señor Presidente, en el que una guerra civil ha causado estragos durante los últimos dieciocho años; dieciocho años durante los que la proporción que el Gobierno destina al gasto militar no ha dejado de crecer. 
Unos fondos que se utilizan para financiar una guerra que el Gobierno esrilanqués no puede ganar y que tampoco pueden ganar los tamiles. 
La única solución debe ser un paz negociada. 
Quizá la Unión Europea, a través de sus lazos históricos, pueda intervenir como ese intermediario necesario. 
Mi colega Anna Terrón ha dicho que este informe es naïf. 
Yo creo que el informe elude el problema real y desvía el debate que deberíamos estar celebrando sobre Sri Lanka y los demás países. 
El informe afirma que el conflicto étnico de Sri Lanka no tiene fin. 
Habla de abusos de los derechos humanos, de casos en que la ayuda no llega a las zonas más necesitadas y de las penurias económicas. 
Son las consecuencias de la guerra y añade que deberíamos colaborar más estrechamente con el Gobierno esrilanqués. 
Sin embargo, es el Gobierno el que controla lo que nosotros conocemos y el que controla las noticias que nos llegan, por lo que debemos ser cautos. 
Todos conocemos casos bien documentados de ataques de los tamiles contra el ejército estatal. 
Pero hemos oído menos sobre la destrucción de hospitales y escuelas y sobre las torturas que practican las tropas gubernamentales esrilanquesas. 
Por ello, cuando el informe dice, señor Presidente, que deberíamos buscar vías que nos permitan alcanzar una solución política a este conflicto, estoy de acuerdo. 
Todo lo demás no importa. 
Ninguna otra cosa resolverá los problemas ni disminuirá los abusos de los derechos humanos. 
Nada que no sea el cese del conflicto pondrá fin al sufrimiento de los tamiles de Sri Lanka y ninguna otra cosa frenará el flujo de personas que buscan refugio en la Unión Europea. 
Ninguna otra cosa impedirá que la población huya del país. 
Un plan de acción de alto nivel, señor Presidente, que no reconozca estos hechos fundamentales- me atrevería a sostener- no vale ni el papel en el que está escrito. 
Señor Presidente, así como felicito al ponente, en cambio no puedo felicitar a esta Unión Europea cuando a la hora de afrontar el problema de las libertades públicas se limita a considerar sólo el aspecto represivo de los problemas. 
Con mayor motivo, por lo tanto, estoy contento de que en el informe se haya incluido la referencia al importantísimo estudio de las Naciones Unidas sobre la inmigración de sustitución, recientemente publicado, porque dicho estudio contiene datos que no pueden dejarnos de preocupar y que demuestran el inexorable proceso de envejecimiento y de descenso demográfico en curso. En Europa la población se reducirá un 12% dentro de 50 años, en el caso de que los flujos migratorios fueran los mismos que los actuales. 
La consecuencia de la disminución de la tasa de fertilidad y de mortalidad es la reducción a la mitad de la relación trabajadores-pensionistas: de cuatro trabajadores por pensionista a menos de dos en el año 2050 en la Unión Europea que conlleva la exclusión del gasto asignado a las pensiones y del gasto social por el descenso vertical de los ingresos fiscales. 
Estas consideraciones no pueden eliminarse con una seria política de inmigración, ya que ante esta hecatombe demográfica y muy pronto económica hay que proponer políticas de inmigración liberales, liberalizadoras, atentas a las necesidades económicas y a la demanda del mercado de trabajo, en oposición a la política de prohibición y proteccionista, nacionalista, étnica e inhumana que hoy se aplica en Europa, cuyo único resultado ha sido hasta ahora la criminalización de los inmigrados que exige el mercado de trabajo y la entrega de los inmigrados ilegales en manos de la delincuencia, desde la organización de su entrada en el territorio europeo hasta su implicación en el trabajo sumergido y en las actividades ilícitas. 
Para terminar, señor Presidente, mientras los Estados Unidos tratan con las universidades indias para tener los mejores licenciados en nuevas tecnologías, Europa, en cambio, prefiere tratar con el régimen talibán para ver cómo se pueden devolver algunas mujeres perseguidas por ese tipo de régimen. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada debo decir que no comparto las conclusiones del colega que me ha precedido, aunque sea mi conacional. 
Sin embargo, como él, quiero felicitar al ponente, así como a la Comisión por el exhaustivo trabajo realizado. 
¿Qué aflora de este trabajo? 
Que existe, en esencia, un convencimiento divergente entre el Consejo y el Parlamento. 
Se trata de una posición que incluso podríamos definir histórica, pero de la que hoy tomamos nota formalmente a través de un documento: por una parte, el Consejo que mantiene una línea determinada a través de cada uno de los Estados que se engloban en esta Institución y que da unas indicaciones que son fruto de decisiones estatales; por otra, la Comunidad, el Parlamento en particular, que querría una decisión diferente, más armonizada, más conexa, más homogénea. 
Creo que este distingo es importante: el Parlamento tiene un mayor grado de idealismo, de esperanza, de utopía; los Estados nacionales tienen más problemas concretos, deben responder también a los ciudadanos que no se dejan convencer fácilmente por las esperanzas y las ilusiones, sino por una difícil realidad que es esa que en muchas ocasiones ha provocado en mi país y en muchos Estados europeos un fenómeno difícil de aceptar: una inmigración salvaje. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema de la seguridad y el problema de la inmigración- fenómeno que nace de los países pobres que necesitan resolver muchos problemas, donde individuos, sujetos y una pluralidad de personas y de familias necesitan encontrar no solo un alivio, sino también una realidad diferente y una seguridad- creo que es importante que la política comunitaria tenga que ser una política de síntesis. 
- (PT) Señor Presidente, los planes de acción en curso del grupo de alto nivel son, como todos sabemos, un instrumento precario para afrontar en común un problema que para unos es sólo de seguridad, pero para otros es sólo de integración, y la mayoría de las veces resulta casi imposible distinguir dónde comienza y dónde acaba la frontera entre el derecho al asilo y el derecho a la supervivencia económica. 
Y digo un instrumento precario porque no me parece que los análisis que fundamentan los planes de acción aporten novedades útiles que justifiquen medidas de política eficaces, pues la mayoría de las veces se trata de propuestas genéricas de política exterior clásica o de ayuda al desarrollo que sólo darían resultado ante autoridades de los países beneficiarios que fueran legítimas y estables, cosa que, por desgracia, no sucede en la mayoría de los casos. 
Eso explica la tentación de los planes de acción de insistir mucho más, entre las medidas propuestas, en la gestión de la inmigración clandestina que en la integración de los ciudadanos, mucho más en la represión y el control que en una política de asilo europea y un verdadero sistema de protección temporal de quienes llaman a la puerta de Europa por las razones que fuere, siempre que sea en auténtico estado de necesidad. 
Ahora bien, mientras la Unión Europea no se dote de una política de asilo e inmigración propia, se pueden mejorar los planes de acción que se adoptaron y cuya continuidad se ordenó en Tampere, pese a su fragilidad ante la complejidad del problema. 
Lo que no pueden hacer es oscilar entre su inutilidad y la agravación de la situación desde el punto de vista de los derechos humanos, incluso cuando no se puede considerar a los inmigrantes delincuentes en potencia, so capa de solicitantes, y mejor sería que, en vez de considerarlos «casos de policía» , fueran tratados normalmente, como casos de exclusión universal. 
Este informe es, Señorías, excelente, alude a todas las heridas de este drama, pero mejor sería que estuviéramos aquí analizando propuestas de la Comisión en lugar de informes de los expertos de los gobiernos. 
Pero no perdemos la esperanza de que en breve se debatan aquí esas cuestiones en diálogo con el Comisario Antonio Vitorino: será la señal de que Europa ha avanzado hacia la formulación de políticas comunes basadas en el equilibrio entre seguridad e integración y que ha optado decisivamente por el fin de la precariedad. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión desea expresar su agradecimiento al Parlamento por la oportunidad que le brinda de celebrar este debate, y quisiera, a título personal, dar mi más cordial enhorabuena al ponente, Sr. Hernández Mollar, por su excelente informe y por la excelente propuesta de resolución. 
Me complace que el Parlamento apoye el enfoque integrado e interpilar propuesto que- parafraseando el informe- podría dar resultados positivos. 
Entiendo que el Parlamento adopte un enfoque cauteloso ante estos planes de acción, y la Comisión desea seguir esa misma línea. 
Por un lado, a la Comisión le complace comprobar que, en términos generales, el enfoque del Consejo respecto al desarrollo de estos planes de acción corresponde fielmente a aquél defendido por la Comisión en su Comunicación sobre migración de 1994, que obtuvo un amplio respaldo en este Parlamento. 
Por otro lado, no podemos olvidar que por el momento, estos planes sólo existen sobre el papel. 
Para la aplicación de estos planes será necesaria, como ya han destacado varias de sus Señorías, una combinación de políticas muy diferentes: la cooperación política, los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia, así como las políticas comerciales, sociales, de desarrollo y de ayuda económica deben compaginarse con otras medidas encaminadas a corregir la gestión del flujo migratorio procedente de dichos países y regiones. 
No cabe duda de que no es una tarea fácil. 
Les ruego que me permitan destacar algunos elementos importantes, que también suscribo, de su propuesta de resolución. 
La cooperación con los terceros países en cuestión siempre será un elemento clave para el éxito de dicha política de cara a fomentar el codesarrollo. 
Por consiguiente, no tengo reparos en respaldar la opinión del Parlamento en el sentido de que deberemos iniciar un diálogo político sobre la aplicación del plan de acción sobre una base acordada de beneficio mutuo para los Estados miembros de la Unión, así como para los terceros países. 
Debemos reconocer que este diálogo político deberá tener en cuenta el hecho de que la situación política en cada uno de estos cinco países es muy diferente. 
Por ello quisiera hacer hincapié en el importante papel que deberán desempeñar las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de estos planes de acción. 
Todos sabemos perfectamente que los problemas de la migración no se resolverán de la noche a la mañana. 
Debemos tener presente esta seria limitación cuando el Consejo Europeo reciba en diciembre de este año la primera evaluación de estos planes de acción. 
Estoy muy de acuerdo con la observación del Parlamento de que la Unión Europea debería adoptar una política estructural a largo plazo para atajar las causas de la migración y, en este sentido, reconozco que los plazos fijados en los planes de acción son bastante optimistas. 
No obstante, los planes de acción pueden ser considerados como un primer paso en la creación de una política exterior de la Unión Europea en materia de migración, por lo que deberíamos darle una oportunidad. 
También coincido con la opinión del Parlamento en que la recepción en la región no exime a los Estados miembros de la Unión de sus obligaciones con respecto a los solicitantes de asilo en virtud de la Convención de Ginebra. 
A la hora de aplicar estos planes de acción, es sumamente importante mantener el equilibrio entre las distintas medidas, de manera que los esfuerzos no se centren exclusivamente en acciones de protección a corto plazo. 
La Comisión hace hincapié en que desempeñará un papel activo en el mantenimiento de dicho equilibrio. 
La aplicación exigirá la estrecha cooperación entre el Consejo y sus organismos competentes, la Comisión y los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas competencias conforme a lo establecido en el Tratado. 
El Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del pasado lunes, 27 de marzo, reconocía el importante papel que deben desempeñar los Estados miembros. 
La Presidencia ha pedido a los Estados miembros que conviertan sus compromisos políticos en acciones reales, petición que ha recibido el respaldo de la Comisión. 
La Comisión está dispuesta, naturalmente, a desempeñar el papel activo que le corresponde, en particular, en ámbitos como el desarrollo y la ayuda económica, los derechos humanos, la buena administración y la creación de instituciones. 
La Comisión carece actualmente de los medios financieros necesarios para desempeñar un papel similar con respecto a otras medidas. 
Por tanto, acojo con gran satisfacción la recomendación del Parlamento relativa a la posibilidad de destinar fondos adicionales para cubrir la cooperación con terceros países en los ámbitos de justicia y asuntos interiores, con especial referencia a la inmigración. 
Estas líneas presupuestarias deberían, ante todo, contemplar no sólo la provisión de ayuda humanitaria, incluida la mejora de las condiciones de vida básicas, como ya venimos haciendo con cargo a los fondos de ECHO, sino también las diferentes iniciativas que persiguen el desarrollo económico, la mejora de la situación de los derechos humanos, la mejora de la independencia del poder judicial, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en los terceros países, pero además ayudar a estos países a crear mecanismos jurídicos y prácticos de cara a resolver el problema de los solicitantes de asilo y los refugiados. 
Señor Presidente, por último, tomo nota de que el Parlamento considera que los planes de acción prestan demasiado poca atención a las políticas de interior. 
No obstante, tengo entendido que el principal objetivo del plan de acción es contribuir al desarrollo de una política exterior de la Unión en materia de migración. 
Permítame garantizarles que, en cualquier caso, la Comisión asumirá sus propias responsabilidades en el desarrollo de una política interior de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo, de conformidad con lo previsto en las conclusiones de Tampere. 
En la lista de resultados adoptada por el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del pasado lunes ya figura un desglose detallado de nuestras intenciones, desglose que ya había sido comunicado al Parlamento. 
En otoño de este año tendremos una nueva oportunidad de debatir sobre las prioridades de una política integral de inmigración de la Unión, cuando la Comisión presente al Consejo y al Parlamento una revisión de la comunicación de 1994, con vistas a incorporar la nueva dinámica, la nueva realidad social, política y económica del mundo en que vivimos en lo que respecta a la política de inmigración. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Orientaciones presupuestarias 2001 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario para 2001: 
A5-0070/2000 de la Sra. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto 2001: Sección III; 
A5-0068/2000 del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto 2001: Otras secciones. 
Señor Presidente, queridos colegas, estimada señora Comisaria, en comparación con lo que la colega Haug ha puesto de manifiesto, el presupuesto de las otras instituciones contiene cantidades ridículas ­así lo diría un banquero­, pequeños presupuestos, poco significativos, también desde el punto de vista de la dirección política; no obstante, no son menos importantes, por cuanto con ellos las otras Instituciones dan transparencia a su trabajo y pueden cobrar relevancia, creo yo, ante los ciudadanos y ciudadanas. 
¿Cuáles son los retos para el año próximo que debemos tener en cuenta en los pequeños presupuestos? 
En primer lugar, y esto vale para todos los presupuestos: una gestión presupuestaria que ahorre gastos. 
Percibo la existencia de tal ahorro al ver que para el Parlamento Europeo prevemos un aumento de los gastos del 0,07 % con relación al año 2000, y pienso: ¡aquí nos podemos lucir! 
Con un presupuesto total de 965 millones de euros no apuramos las posibilidades financieras puestas a nuestra disposición. 
¿Cuáles son los objetivos del activity based budgeting? 
Esta es una pregunta que, sin duda alguna debemos formular en el ámbito de las demás Instituciones, siempre que tenga sentido. 
Al recorrer con la mirada esta Sala, podría uno preguntarse por la cuantía de los costes en relación con los parlamentarios presentes. 
Estas son preguntas que nosotros no hacemos, pues lo importante es la transparencia de los gastos en las líneas presupuestarias. 
Debemos elaborar un plan de recursos humanos a medio plazo, pues nos hallamos ante el gran reto de la ampliación de la Unión Europea. 
En particular, dicha ampliación implica grandes desafíos para el Parlamento y para las demás Instituciones en el ámbito de los servicios de traducción. 
En los últimos años nos hemos venido preparando para ello, y en 2001 debemos comenzar a afrontar los desafíos y, en consecuencia, ampliar personal. 
De ello resulta una segunda reflexión que debemos plantearnos. 
¿Cómo podemos colaborar con otras Instituciones en el reclutamiento y contratación de personal? 
En los próximos años todas las Instituciones abordaremos las mismas tareas en los respectivos ámbitos, por lo que es sin duda alguna razonable considerar la posibilidad de organizar tales actividades de forma conjunta y de centralizarlas convenientemente. 
Debemos tener presente que con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam también tenemos que afrontar nuevos retos en las tareas legislativas. 
Si analizamos el programa de trabajo de la Comisión, que prevé 108 procedimientos de codecisión, vemos que esto supone una tarea que no habíamos tenido hasta ahora. 
Incluso en los años de mayor actividad, a principios de los noventa, con la ejecución del programa del mercado interior, teníamos sólo entre un tercio y la mitad del trabajo que ahora nos ha propuesto la Comisión; por tanto debemos organizar nuestro trabajo de manera eficiente y contar con los recursos necesarios para ejecutarlo en la forma debida. 
Ello incluye también el trabajo científico, esto quiero dejarlo muy claro. 
Tenemos que colaborar con una Comisión que dispone de un centro de investigación común. 
Tenemos que colaborar con 15 Estados miembros que disponen de recursos nacionales, y aquí el Parlamento debe aprovechar las oportunidades que le brinda su condición de órgano colegislador. 
Propongo, con el apoyo de la Comisión de Presupuestos, que introduzcamos una mejora en el ámbito de la información al público, para que contemos con una oficina de coordinación en la que los ciudadanos y ciudadanas que quieran informarse sobre los trabajos del Parlamento puedan hacerlo sin que tengan que formar parte de un grupo de visita oficial. 
Proponemos que se prevean nuevos centros de planificación en determinados ámbitos, pero sólo donde sea absolutamente necesario. 
Tendremos que examinar en profundidad esta cuestión durante las próximas semanas y meses, porque necesitamos varios espacios libres. 
Hemos desarrollado una política muy razonable en la gestión del edificio, en particular en lo que respecta a su coste, pero no tendría sentido perder ya en 2001 estos nuevos espacios ganados. 
En lo relativo a las demás Instituciones, sólo quiero hacer unas pocas observaciones. 
En mi opinión, deberíamos intentar ya colaborar de forma más estrecha con el Comité Económico y Social y con el Comité de las Regiones en el ámbito de los servicios de interpretación. 
En este sector se dan posibilidades de cooperación. 
Tendremos que seguir atentamente al Tribunal de Justicia a este respecto. 
Espero que en el marco de la revisión del Tratado se desarrollen nuevas reglas de juego en favor del Tribunal de Justicia que permitan realizar un trabajo eficiente y una financiación estable de los planes de personal. 
Quiero felicitar expresamente al Tribunal de Cuentas, porque no sólo nos controla estrictamente, sino que cumple de forma igualmente estricta su palabra; con respecto al Defensor del Pueblo, debemos también velar por un empleo comedido de los recursos, en particular en lo que se refiere a las nuevas contrataciones de personal. 
Quiero agradecer a todos los que han colaborado, en particular a nuestros servicios administrativos por su correcto y muy positivo trabajo; a todos los colegas que han hecho posible que, a pesar del poco tiempo disponible, hayamos podido presentar muy rápidamente al Pleno un buen trabajo. 
Señor Presidente, este año acojo con mayor satisfacción este procedimiento porque lo iniciamos antes que ningún otro año y ello nos permitirá, espero, estudiar más seriamente y más detenidamente el proceso a medida que se desarrolla. 
Por tanto, considero que esto es un comienzo y no un fin. 
Como comienzo, quisiera decir que la Comisión de Medio Ambiente desea reiterar las solicitudes que hizo el año pasado con respecto al presupuesto. 
Existe una constante y clara necesidad de trabajar en pos de dotar al presupuesto de un carácter más ecologista en todos los ámbitos de la actividad política y quiero que esta tendencia siga avanzando este año. 
Por otro lado, destinamos sumas importantes a nuestras políticas exteriores, en particular, a través de los programas PHARE y TACIS, para buscar el modo de desarrollar el importante papel del medio ambiente y el desarrollo sostenible de zonas situadas muy cerca de nuestras fronteras. 
Quiero que la Comisión realice mayores esfuerzos y nos demuestre que esos fondos son utilizados debida y correctamente y que nos diga cuáles son los resultados positivos que generan. 
También quiero que estudiemos más detenidamente las actividades de las agencias y que adoptemos un enfoque más diferenciado de las mismas, dependiendo de cuáles sean sus funciones y actividades respectivas, algo que no hemos hecho en el pasado. 
En particular, queremos que se estudien los problemas que presenta el Tratado de Amsterdam y el hecho de que hasta este año no hayamos conocido en su totalidad las repercusiones financieras del Tratado de Amsterdam, y debemos tener esto en cuenta. 
La comisión también quiere reiterar su apoyo al mantenimiento de la ayuda financiera a las ONG por su participación en buena parte del trabajo que realiza el comité técnico del Parlamento y de la Comisión. 
Por último, señor Presidente, quisiera decir que seguimos oponiéndonos a las subvenciones que la Comisión continúa destinando al cultivo de tabaco, y mientras antes tengamos la oportunidad de hacer algo al respecto, mejor. 
Es la opinión de este Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por la excelente colaboración mantenida con la Comisión de Presupuestos. 
Se han adoptado algunos puntos. 
Planteamos una modificación en profundidad del presupuesto 2001. 
En primer lugar, basar las diferentes rúbricas y gastos en las modernas rúbricas DAC 1- y DAC 2-. 
A algunos esto les puede sonar a chino, pero en la práctica significa que se puede ver a qué rúbricas se destinan los fondos para la lucha contra la pobreza, y después se pueden pedir informes en consonancia con ello. 
En este momento no es posible decir cuánto de los fondos para la lucha contra la pobreza se destina a la enseñanza básica. 
Esto debe cambiar. 
Queremos que se destinen más fondos a la rúbrica de enseñanza básica y salud pública primaria y a los países de menos ingresos. No incrementando el total, sino efectuando transferencias del total a fin de que tome en serio el foco de pobreza. 
En tercer lugar, queremos que los gastos del FED que quedan fuera del presupuesto del Parlamento se integren en él, no porque tengamos algo que alegar al respecto, que ya querríamos, sino por lo menos para que pueda verse cómo se asigna con seriedad el total de los gastos a la lucha contra la pobreza, ya que de otro modo no tiene sentido elaborar un informe anual sobre los gastos. 
Para terminar, en nuestro enfoque queda claro que queremos unir las diferentes líneas presupuestarias en diferentes partidas, de modo que se tenga una buena visión general en relación con el presupuesto y no una multiplicidad de líneas presupuestarias donde cualquiera puede examinar el presupuesto sin transparencia. 
Queremos un enfoque de transparencia. Afortunadamente, estamos de acuerdo con la Comisión de Presupuestos a este respecto. 
No es tanto una cuestión de dinero como de una mejor asignación y de más responsabilidad. 
Señor Presidente, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de Presupuestos que incorpore, en la propuesta de resolución que adopte, las siguientes conclusiones: 
Subraya la importancia de una adecuada formación de las mujeres, más allá de los esquemas tradicionales, fomentando la formación continuada, la especialización y la integración de la mujer en el fenómeno de las nuevas tecnologías, de forma que se proporcione a la sociedad un elevado número de mujeres altamente cualificadas cuya participación a todos los niveles- empresariales, políticos y sociales- se deba a criterios cualitativos y cuantitativos y solicita que, teniendo en cuenta que la sociedad de la información tiene para la mujer un enorme potencial, no sólo en relación con la formación o el acceso a los conocimientos, sino por la posibilidad de aparición de nuevos empleos o nuevas fórmulas de trabajo que faciliten la conciliación con la vida familiar, se añada una nueva línea prioritaria a la iniciativa e-Europa. 
Destaca la necesidad de que se concedan los créditos apropiados y se añadan los comentarios pertinentes en el presupuesto para la aplicación rigurosa del principio de mainstreaming que garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en lo que concierne a la programación, ejecución y evaluación de todos los proyectos y programas de la Unión Europea. 
Solicita a la Comisión que apoye el quinto programa de acción para la igualdad de oportunidades diseñado con la intención de suplir las deficiencias del anterior y pide que el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres incida en todas las políticas de la Comunidad. 
Solicita la creación de un programa sobre empleo dirigido específicamente a la mujer y, consecuentemente, pide la creación de una línea presupuestaria para su financiación con el objetivo fundamental de lograr la instalación efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, no sólo a través de medidas protectoras de dicha igualdad sino también a través de fórmulas especiales que permitan a la mujer una total integración en el mercado laboral sin detrimento de otras facetas de su vida. 
Destaca la importancia que, para alcanzar los fines de la Unión Europea en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tiene la colaboración de aquellas organizaciones y asociaciones no gubernamentales que con sus actividades complementan los programas de acción comunitarios. 
- (PT) Señor Presidente, Señorías, las orientaciones para el proceso presupuestario 2001 expresadas en el informe Haug constituyen el punto de partida de un debate que se prevé arduo y vehemente durante todo este año sobre el presupuesto de la Unión Europea para el año 2001. 
Subrayo que la disponibilidad de la ponente, a la que felicito, ha permitido ampliar el espacio de consenso. 
Volviendo a los cuatro primeros párrafos de la propuesta de resolución, en los que se formulan las prioridades políticas del Parlamento Europeo y, por tanto, aquellos en los que figura lo esencial de su posición, distingo los siguientes aspectos: se fomenta la financiación adecuada de las nuevas políticas introducidas y reforzadas por el Tratado de Amsterdam en las esferas de acción interior y exterior. 
Lo que figura en el Tratado es para ponerlo en práctica y no mera declaración de intenciones, cosa que constituiría una grave manifestación de hipocresía política y, por tanto, resultaría inaceptable. 
Lo que figura en el Tratado es para que se cumpla. 
Se aborda la cuestión del empleo con vistas a la creación de puestos de trabajo, que, a su vez, está vinculada con las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, así como con la utilización de las nuevas tecnologías. 
Ésa es la perspectiva que nos interesa. 
Lo esencial es crear nuevos puestos de trabajo y eso depende de la iniciativa y la creatividad de los empresarios. 
Así, pues, hay que invertir en una cultura de iniciativa. 
Se reafirma la necesidad de una contribución sostenible y plurianual a la asistencia financiera para la reconstrucción de Kosovo y la estabilización de la región de los Balcanes en el marco de una revisión de las perspectivas financieras. 
Así, se rechaza dicha financiación a costa de compromisos existentes, ya sea en el ámbito de otras acciones exteriores o mediante reducciones en la Política Agraria Común o en otras políticas. 
A nuevas responsabilidades deben corresponder nuevas financiaciones, poniendo como condición, como siempre, una determinación juiciosa de las necesidades, la utilización rigurosa de los fondos, como siempre debe ser, y en relación con Kosovo esa preocupación parece particularmente razonable. 
Se insiste en la reforma del sistema administrativo de la Unión Europea, condición de eficiencia, responsabilidad y transparencia. 
Con este debate queda lanzado el proceso. 
Al final de este año, al hacerse la evaluación final de la propuesta de presupuesto para 2001, debe figurar en ella lo esencial de la posición de este Parlamento. 
De no ser así, la legitimación democrática que el Parlamento confiere a los actos de la Unión Europea, en particular en el proceso presupuestario, sería una inmensa estafa que los ciudadanos sabrían intuir y no podrían perdonarnos. 
Señor Presidente, para comenzar desearía felicitar al Sr. Ferber por las excelentes orientaciones que ha presentado. 
Saludo la clara orientación del informe hacia la planificación de la ampliación. 
El afán por la eficacia es especialmente decisivo en el contexto de la ampliación. 
Incluso en esta temprana fase, es importante que dispongamos de una estrategia clara sobre la respuesta que darán las instituciones a la adhesión de nuevos miembros. 
Debemos ser imaginativos a la hora de abordar temas como los requisitos en materia de personal y de edificios. 
Las instituciones no pueden responder a la ampliación limitándose a añadir un puesto adicional aquí o una oficina allí. 
No queremos que se enfoque la ampliación como si se tratara de un juego de Lego. 
Debemos replantearnos a fondo el tema de la gestión de operaciones, lo que supone que las instituciones deberán explorar modos alternativos y adoptar con entusiasmo las nuevas tecnologías de la información. 
Esto es especialmente importante en lo que se refiere al apoyo lingüístico. 
Estoy totalmente a favor de la idea esbozada por el Sr. Ferber relativa a la creación de una oficina de contratación interinstitucional, porque creo que permitirá reducir costes y reducir la competencia entre las instituciones a la hora de atraer a nuevo personal. 
Como todos los aquí presentes deben reconocer, existen limitaciones importantes en lo relativo a los recursos disponibles a raíz de la ampliación y habrá también repercusiones sobre las previsiones financieras en lo que respecta al gasto de la Categoría 5. 
No obstante, estas orientaciones no tratan únicamente sobre la ampliación, tratan también sobre la dirección política de todas las instituciones durante el próximo año. 
Por consiguiente, deberá darse la máxima prioridad a la obligación de rendir cuentas y a la transparencia, porque el ciudadano europeo no hace distinción entre las diferentes instituciones. 
Todas las otras instituciones deben emprender una revisión fundamental siguiendo pautas similares a aquéllas propuestas por el plan de reforma de la Comisión, porque lo que quiere el contribuyente europeo son muestras de que existe una buena relación gasto-utilidad y esto es válido no sólo para las instituciones, sino también para los partidos políticos, los diputados al Parlamento Europeo y su personal. 
Todos los cambios deben estar claramente justificados y ser transparentes. 
Cada institución debe dar pruebas de sus mejoras y su eficacia, y creo que esto sólo puede realizarse a través de herramientas como basar la dotación presupuestaria en las actividades y el examen minucioso de las políticas, los sistemas y los procedimientos en curso. 
Uno de los principales casos de ineficacia que existe es el de las sedes de las instituciones de la UE y si queremos que nos tomen en serio, debemos concentrar nuestros trabajos en una sola sede. 
Reconozco que existen obligaciones en virtud de los Tratados con respecto a dos sedes diferentes, pero debemos asegurarnos de que éstas no se amplían. 
Como saben muchas de sus Señorías, el Reino Unido es reacio a ampliar el alcance de la votación por mayoría cualificada, pero en este caso, el Reino Unido vería con buenos ojos la celebración de una votación por mayoría. 
Para terminar, las prioridades de nuestro Grupo con respecto a estas orientaciones son prudencia presupuestaria, mayor eficacia, un control presupuestario más eficaz, una mejor utilización de los recursos y mejoras generalizadas de los servicios y de la gestión, por lo que hago un llamamiento a todas las demás instituciones para que tomen nota e introduzcan enérgicamente estas mejoras. 
Señor Presidente, mientras estamos aquí reunidos, en otro lugar de Bruselas se está celebrando una conferencia sobre la reconstrucción de los Balcanes. 
La ponente, Sra. Haug- quiero aprovechar para agradecerle la excelente colaboración que nos ha brindado- señala que la Comisión no debe asumir compromisos o despertar expectativas sin consultar previamente a la autoridad presupuestaria. Eso lo apoyo. 
La consulta es buena y es importante saber de qué lado sopla el viento. 
Pero esto no puede significar ninguna injerencia en el derecho de iniciativa de la Comisión Europea. 
Así como la Comisión tiene que velar por los intereses europeos, nosotros a menudo hemos visto en las negociaciones sobre el presupuesto 2000 que una de las ramas de la autoridad presupuestaria piensa en concreto en la tesorería nacional. 
La cuestión del interés propio me lleva en realidad al apartado 22. 
Sé que la Sra. Haug no va a derramar una sola lágrima si eliminamos ese párrafo del texto. 
Mi Grupo tampoco. 
Pero el Consejo sí. 
Al menos supongo que se alegra de que introduzcamos en el texto que las consecuencias financieras derivadas de las necesidades presupuestarias especiales deben repartirse de forma equitativa entre todas las rúbricas presupuestarias. 
Después de todo, esto entraña recortes de los programas de las rúbricas 2 y 3, que están repletas, mientras que la mayor parte del dinero que queda en la rúbrica 1, entre otras cosas a causa de los tipos de cambio o de la modificación del reglamento del azúcar, al final del año puede volver a la tesorería nacional. 
Confío en que podamos cambiar de opinión con respecto a esta disposición, y que podamos llegar a un acuerdo con los diputados y aguardemos primero las propuestas de la Comisión. 
Por último, una palabra sobre nuestra enmienda al informe del Sr. Ferber. 
Se pide a las instituciones que dejen de discriminar sobre la base de la naturaleza de las relaciones de hecho de los funcionarios. 
Algunos diputados han encontrado que eso es demasiado detallado para unas orientaciones. 
Quiero subrayar que en ese texto nos referimos a la obligación de mantener a los funcionarios y a las asignaciones por hijos a cargo. 
En el transcurso de este año con toda probabilidad se adoptará una directiva en la que se prohibe la discriminación por motivos de orientación sexual en el lugar de trabajo. 
Espero que aprovechen esta oportunidad para ir a la vanguardia de la lucha en favor de la igualdad de trato. 
Señor Presidente, señora Comisaria, debo decir que me encuentro incómodo ante este informe, sobre todo después de ver las enmiendas presentadas por la Comisión de Presupuestos. 
Así, pues, no está en tela de juicio la Sra. Haug. 
Individualmente, muchos de sus párrafos son aceptables y algunos excelentes incluso y mi Grupo los votará, naturalmente. 
Pero, globalmente, por no hablar siquiera de tal o cual párrafo francamente inaceptable para nosotros, me parece que a este informe le falta esa voluntad política clara, esa ambición profunda, esas opciones resueltas, que el Parlamento debería expresar, a mi juicio, ya en esta fase de la batalla presupuestaria, porque esta batalla se anuncia también este año muy ardua. 
Cada uno de nosotros recuerda el pulso que tuvimos que echar el año pasado al Consejo, porque quería equilibrar la financiación de la reconstrucción de Kosovo recurriendo, en particular, a los créditos de la cooperación con el sur. 
La mayoría del Parlamento aceptó al final votar el presupuesto, gracias a una concesión limitada del Consejo, pero sobre todo un compromiso por su parte de aceptar en el año 2000 una revisión de las perspectivas financieras, si resultaba que la evolución de la situación en los Balcanes requería un esfuerzo financiero sensiblemente superior al programado. 
Así es manifiestamente hoy. 
Ahora bien, ni la Comisión ni el Consejo parecen decididos a respetar el espíritu de ese compromiso o, dicho de otro modo, a financiar nuestras nuevas prioridades sin comprometer nuestras prioridades tradicionales. 
Ahora bien, si bien el informe recuerda perfectamente esa posición en sus considerandos, en particular en los considerandos A, B, D, en el párrafo 22, ya citado, propugna, en cambio, -y cito- "un reparto equitativo de las limitaciones presupuestarias en lugar de una revisión limitada de las perspectivas financieras con recursos suplementarios". 
Una vez más, se pretende desnudar a un santo para vestir a otro en virtud del sacrosanto pacto de estabilidad presupuestaria. 
Por mi parte, sigo convencido de que debemos formular claramente la siguiente pregunta: ¿queremos desempeñar un papel activo en el continente y en el mundo? 
En caso de que sí, debemos dotarnos, razonable pero resueltamente, de los medios financieros. 
El mismo razonamiento es válido para otras prioridades, anunciadas pero no asumidas, como la de lo social y del empleo o la de la cooperación con el Sur. 
Deseo que, aparte de esta votación, seamos suficientemente numerosos para recuperar la iniciativa a tiempo con este espíritu y esta vez resistir hasta el final. 
Señor Presidente, quiero ante todo agradecer a los Sres. Haug y Ferber sus informes, sin duda, exhaustivos y muy puntuales en lo que respecta a todas las orientaciones programáticas. 
Asimismo y antes que nada quiero destacar el importante papel a la hora de relanzar el empleo en la Unión Europea haciendo hincapié en el papel de las pequeñas y medianas empresas que, a fin de cuentas, son el verdadero núcleo de nuestra empresa en Europa y además la referencia a la economía cultural y a las nuevas tecnologías. Hay que hacer referencia a esto también con respecto al informe que se elaborará en Lisboa y sobre la base de estos puntos, a mi juicio, podremos relanzar seriamente el empleo. 
Quiero añadir que a menudo se habla de nueva economía, sin embargo, si luego, al final, no focalizamos el que puede ser el núcleo fundamental de esta nueva economía- en este caso la cultura, las nuevas tecnologías- entonces seguramente no conseguiremos dar respuestas. 
Además de esto, en cuanto a las líneas programáticas, quiero señalar que se han vuelto a incluir las catástrofes que se pueden registran en nuestros Estados. 
¿Y esto por qué? 
Porque de esta forma podemos ayudar a los Estados que se adherirán y en los cuales pueden haberse producido catástrofes como, por ejemplo, un terremoto, de lo contrario, la gente no entiende por qué intervenimos en países como Kosovo y, en cambio, no podemos intervenir en nuestros Estados. 
Por ello, a mi juicio, es importante que este aspecto se haya vuelto a incluir en el presupuesto. 
A esto, sin embargo, añado una nota polémica acerca de los recortes en la agricultura. 
Considero que conceptualmente esto no puede ocurrir siempre, quiero decir en términos de lógica. 
Es lógico que tengamos que financiar la misión en Kosovo como objetivo político prioritario para hacer olvidar ese drama y demostrar al mismo tiempo que existe un objetivo político, pero no lo podemos hacer recortando constantemente la agricultura. 
Asimismo subrayo el hecho de que el Consejo y la Comisión nos dan constantemente las orientaciones programáticas, precisamente porque no podemos vivir el mismo presupuesto que vivimos el pasado año y del cual, sólo gracias a la paciencia y a la tenacidad del presidente Sr. Wynn, hemos conseguido llegar al final: esto no puede volver a ocurrir. 
Por último, subrayo la necesidad de rectificar el presupuesto, por ejemplo, eliminando los BAT: allí tal vez encontraremos nuevos recursos. 
Señor Presidente, el presupuesto es el instrumento por excelencia para la adopción de decisiones políticas. 
En el examen de las orientaciones para 2001 se plantea irremediablemente la cuestión de qué prioridades establecemos para la política europea en los próximos años. 
La ponente, Sra. Haug, menciona cuatro prioridades, algunas de las cuales cabría calificar de dudosas. 
Sin embargo, más grave es que apenas mencione y, cuando lo hace, de pasada, la prioridad máxima de los próximos años: la ampliación. 
¿Nos quiere poner una venda en los ojos? 
Más Europa, más programas sociales y culturales, más trabajo: suena familiar por la idea que ha subsistido de la necesidad de una convivencia viable, pero ni los actuales Estados miembros y ni los países candidatos se benefician de un paquete de actividades ampliado. 
Cada vez más encuentra eco la idea de que es preciso debatir el paquete de actividades de la Unión Europea, aspecto al que también se ha referido el comisario Kinnock. 
Está bien que la Sra. Haug quiera que se informe sobre el paquete de actividades, pero el resultado ya está fijado de antemano. 
Del apartado 4 se deduce que quiere mantener todos los programas existentes. 
Si ese va a ser el punto de partida e incluso aboga por nuevas actividades, el debate sobre las actividades fundamentales está abocado al fracaso. 
Debemos dejar abierto el debate sobre las actividades fundamentales y estar dispuestos a aprender de los errores del pasado. 
El año pasado, este Parlamento entabló prematuramente el debate sobre el límite financiero al establecer la financiación de Kosovo y la totalidad de los Balcanes como medio de romper el hielo para revisar el límite. 
Con razón, el Consejo no lo aceptó. 
¿De qué valen los marcos financieros de la Agenda 2000 si al cabo de un año ya no los respetamos? 
La declaración del Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, de que en los próximos años deben destinarse más de cinco mil millones de euros para los Balcanes fue, por decirlo de la manera más suave, inopinada. 
Despertó expectativas sin consultar previamente a la autoridad presupuestaria y tampoco declaró de dónde saldría el dinero. 
Todo político debe saber que todo gasto nuevo va unido a una cobertura financiera. 
Por medio de dos enmiendas, presentadas entre otros por mí, se ha puesto el dedo sobre la llaga. 
Esperamos que el próximo mes se presente el plan plurianual de la Comisión. 
Una primera cobertura, de 300 millones, aparentemente se carga al presupuesto agrícola. 
Junto con el apartado 22, me declaro en contra de una financiación unilateral a costa de la agricultura. 
La Agenda 2000 acaba de poner fin a la presupuestación anteriormente tan amplia de la rúbrica 1. 
En otras rúbricas a mi juicio hay más margen; cabe pensar en los fondos estructurales. 
Como ha dicho la propia ponente, en los fondos estructurales "el gran número de créditos pendientes" sigue siendo el límite, la asignación prevista. 
La ponente incluso quiere agotar de una vez ese saldo el año próximo. 
Un mal asunto, la asignación forzada de fondos genera fraude y va en contra de la proporcionalidad. 
Para finalizar, me refiero a la petición del Sr. Ferber de que la Comisión presente una propuesta de estatuto de los partidos políticos. Algo así es tarea de los propios partidos, sobre todo exceptuando el hecho de que los partidos europeos agrandan la brecha entre los ciudadanos y la política europea. 
­ (DE) Señor Presidente, queridos colegas, la Comisión de Empleo apoya la iniciativa de la ponente general de dar también este año prioridad a la política de empleo y, sobre todo, permitir que lleguen ayudas a las PYMEs en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Pero también han de observarse los aspectos sociales. 
Por ello, nuestra comisión exige una iniciativa propia que principalmente garantice el acceso de todos en igualdad de condiciones a las nuevas tecnologías. 
Es inaceptable que a fecha de hoy sólo cerca del 30% de las mujeres tengan acceso a Internet y que las personas de ingresos más altos tengan un acceso tres veces mayor a Internet que las personas con rentas inferiores. 
Este presupuesto contiene otra cuestión importante para nosotros. 
Afecta al diálogo con la sociedad civil. 
Para este diálogo y para las organizaciones no gubernamentales que participan en él exigimos que se encuentre una vía de financiación sólida que apoye el importante papel que éstas desempeñan como voz de los desfavorecidos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en los debates presupuestarios el tema del empleo desempeña, naturalmente, un papel decisivo en la Comisión de Pesca. 
¡Todos deseamos un crecimiento sostenido y un menor desempleo! 
Europa debe crear el marco, y para ello nació el Tratado de Amsterdam. 
Pero la verdadera responsabilidad de la creación de empleo, y no lo subrayo por primera vez, es de los Estados miembros. 
No basta con crear simplemente una green card ­como se prevé hacer en Alemania. 
La práctica de cada país pone de manifiesto si un Estado miembro es innovador o si esconde su culpabilidad tras el parapeto de la UE. 
Sería un pretexto fácil e injusto. 
En los próximos años habrá que afrontar varios acuerdos y convenios de pesca a nivel internacional. 
Todos tienen relevancia a nivel presupuestario, pues si queremos que nuestros productos sigan competiendo en el mercado mundial, necesitamos la materia prima y las importaciones, y eso tiene su precio. 
Pero en la Comisión de Pesca no podemos permitirnos ninguna alegría, querida señora Comisaria, porque usted nos sigue escatimando el análisis de costes y beneficios de nuestros convenios de pesca que nos prometió hace largo tiempo. 
¿Cómo podemos así hacer frente a los recortes que exige la Comisión de Presupuestos? 
A partir de 2002 contaremos con una nueva política de pesca en la UE, una empresa enorme y fascinante a escala mundial. 
Hoy adoptamos las medidas preparatorias necesarias. 
Por ello necesitamos directrices sólidas en el ámbito de la pesca, como las previstas por la ponente principal. 
Después necesitaremos los recursos financieros necesarios 
Muchas gracias, señora Langenhagen. 
La felicito porque ha sido capaz de expresarse en menos tiempo del previsto. 
Esto no suele sentar precedente. 
Señor Presidente, quisiera empezar también deseando a la Sra. Haug y a la Sra. Comisaria mucho éxito en su primer procedimiento presupuestario, en las muchas etapas que aún les quedan antes de que se pueda aprobar el presupuesto en diciembre. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Haug cuando en su introducción ha señalado que estaba a favor de un presupuesto de ahorro. 
Comparto esa opinión. 
Pienso que desde luego tenemos esa obligación con nuestros electores, por muchas razones. 
También este año el debate se plantea en torno a lo que debemos hacer en los Balcanes y especialmente en Kosovo. 
Mi posición es más o menos la misma que el año pasado. 
Estoy dispuesto a contribuir, pero primero debo saber cuánto dinero va a costar. 
Para una cifra arbitraria de 5.500 millones como la que se ha mencionado aquí no he escuchado aún argumentos suficientes. 
También estoy de acuerdo con muchos otros oradores en que no es aceptable que haya que cargar a otra rúbrica del presupuesto la cobertura de los costes. 
Esto debe proceder de las partidas presupuestarias y quizá alguna vez pueda recurrirse a la agricultura, donde realmente quedan fondos. 
En resumen, cambiar las perspectivas financieras no es ningún objetivo en sí mismo, sino que sólo es posible, en lo que a mí respecta, en caso de absoluta necesidad. 
Me gustaría poner sobre la mesa un último punto, y es algo que no es específico para el año que viene sino para los años venideros. 
En todo el presupuesto agrícola no hay una sola partida, ni siquiera pequeña, para las enfermedades infecciosas animales. 
Pienso que si en Europa volvemos a atravesar una crisis como la peste porcina o la SST será imposible sufragarla. 
Por ello pienso que la Comisión debe ponerse a trabajar con la mayor rapidez posible en un sistema de seguro para este tipo de brotes de enfermedades infecciosas animales. 
Señor Presidente, garantizar el futuro ha sido siempre un problema difícil de abordar, ya fuera mediante el Libro Blanco, la desregulación, la colaboración o la adaptación de las estructuras. 
La situación incide siempre de forma decisiva sobre la evolución futura de los acontecimientos. 
En el informe principal los principales asuntos aparecen tratados en el lugar adecuado. 
No obstante, dicho informe adolece de una falta de ampliación de sus contenidos. 
La lucha contra el desempleo mediante el crecimiento económico es el gran reto europeo. 
La Conferencia de Lisboa ha hechos públicas las directrices que guiarán este proceso hasta el año 2010. 
Por tanto, cabe prever que la futuras conferencias de Jefes de Gobierno pongan las bases del cómo de dicho proceso. 
Los agricultores y cooperativas esperan de la Comisión Europea que desburocratice la política agrícola y que dicte directrices de política presupuestaria orientadas hacia la previsibilidad, la seguridad y el desarrollo estructural. 
Mediante los acuerdos de Berlín se fijaron los contenidos de la política agraria hasta el año 2006. 
Los trabajadores del sector y los políticos han conseguido este éxito luchando duramente. 
Si resultase necesaria una revisión anticipada porque el análisis social impone otros parámetros, deberá hacerse con los números y los hechos a la vista, preservando lo que ha dado buen resultado ­previsibilidad y no deshacer hoja por hoja la Agenda 2000 hasta convertirla en un manual de supervivencia apenas reconocible. 
Poco después de la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2000, la Sra. Schreyer exige una revisión financiera y una previsión de las prioridades, así como una intervención sobre los gastos negativos. 
Sin el reflujo de estos recursos al presupuesto agrícola, la Agenda 2000 peligra, máxime cuando cabe prever que se produzcan nuevos desajustes técnicos. 
Esta es una política trazada a ojo de buen cubero y que se basa únicamente en la simple observación. 
No hay duda de que hay que reconstruir los Balcanes, pero en su totalidad, como forma de solidaridad social. 
Entonces ­y de ello estoy convencido­ los agricultores y las cooperativas aportarán también su contribución. 
Señor Presidente, la economía general de la resolución sobre las orientaciones relativas al procedimiento presupuestario para el año 2001 no puede recibir, en su estado actual, nuestro asentimiento. 
En efecto, nos oponemos al auténtico desvío de créditos que se nos propone: la utilización indebida de recursos reservados a los gastos agrícolas de la rúbrica 1 de las perspectivas financieras como fuente de financiación para satisfacer las necesidades de créditos en la esfera de la política exterior. 
Nos parece absolutamente inicuo pretender financiar la reconstrucción de Kosovo a costa de los agricultores europeos y pretender hacer creer que no existe ninguna otra solución presupuestaria constituye un engaño totalmente escandaloso. 
Muy al contrario, debemos mantener el gasto agrícola, los gatos obligatorios y moderar los gastos de las otras rúbricas, allí donde existen márgenes innegables. 
Así, pues, conviene rechazar toda financiación anual de los 5.500 millones de euros destinados a los Balcanes, importe calculado por la Comisión Europea, no sabemos con qué base, mediante un aumento del límite máximo de los gastos exteriores y una reducción de los límites de las rúbricas agrícolas con el motivo falaz de que no se reducirían los créditos de la agricultura, sino que convendría dejar libres márgenes para 2001 y 2002. 
Ahora bien, todos sabemos que en 2003 se hará el examen a mitad de periodo previsto por la Cumbre de Berlín. 
No cabe duda de que en esa ocasión, si el procedimiento dudoso propuesto por la Comisión y que nuestro Grupo denuncia firmemente, es respaldado por nuestro Parlamento, muchos lo consideran definitivo. 
Así, pues, constituye un precedente extraordinariamente peligroso para nuestros agricultores. 
Por lo demás, ése es el mensaje claramente expresado por el Consejo Europeo en Lisboa, que se negó sin ambigüedad a recoger en sus conclusiones la voluntad de la Comisión de reducir las capacidades del presupuesto agrario en 300 millones de euros en 2001 y después otro tanto en 2002. 
Independientemente del fondo, no aceptamos que se pongan en tela de juicio las decisiones de la Cumbre de Berlín con esa exigencia permanente de revisión de las perspectivas financieras y de las diversas rúbricas. 
Lo aceptamos tanto menos cuanto que el ambicioso programa de la Comisión Europea para los Balcanes no está expresado en cifras con rigor ni con precisión, los créditos existentes destinados por la Unión a Kosovo no se pueden gastar en su totalidad y los demás Estados donantes no respetan sus compromisos financieros. 
Así, pues, repito, señor Presidente: no hay razón alguna que justifique la solicitud de revisión de las perspectivas financieras que se nos propone. 
Por eso la rechazaremos. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera en primer lugar expresar nuestra coincidencia con las prioridades políticas establecidas por la Sra. Haug. 
Sin embargo, echamos de menos un apoyo explícito a ámbitos tan relevantes como la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos. 
Su omisión en cualquier diseño presupuestario general de la Unión equivaldría a salir a la calle desprovistos de paraguas en un día de lluvia. 
Sin un esfuerzo permanente e intenso en estos campos no hay competitividad, y sin competitividad no hay creación de empleo. 
Por ello, hemos introducido una enmienda en este sentido. 
Otra modificación que hemos sugerido, de acuerdo con lo que se ha acordado en el Consejo Europeo celebrado en Lisboa, se refiere a que el empleo es una de las grandes prioridades políticas de la Unión para los próximos años y tal objetivo pasa indefectiblemente, tal como la Sra. Haug señala con acierto, por políticas favorables a la pequeña y mediana empresa. 
Pero no nos podemos limitar a facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 
La red es un instrumento, no una varita mágica. 
Sin un decidido programa de reformas estructurales básicas, que mejoren la capacidad de competir de nuestro tejido empresarial, la era digital será para Europa un tiempo de frustración. 
De ahí nuestra enmienda para recordar este hecho tan obvio pero a la vez tan temido. 
Por último, en referencia a lo que la Sra. Haug define como "economía cultural", hemos advertido que lo menciona dentro de las prioridades políticas, sin que vuelva a aparecer en el resto de su informe. 
Con el fin de paliar esta inconsistencia metodológica, hemos propuesto una enmienda que desarrolla este sugerente concepto. 
En cualquier caso, la ponente ha establecido, a nuestro juicio, correctamente las bases para orientar la sección III del presupuesto de la Unión correspondiente al año 2001, y nos complace manifestarle nuestra sincera felicitación por su labor. 
Señor Presidente, quiero centrar mi intervención principalmente en el tema de la revisión y decir a aquellos que han realizado comentarios condenando a la Comisión por su propuesta de extraer fondos de 1A, que debemos esperar a ver qué nos presenta el anteproyecto de presupuesto, y no descartar nada ahora. 
Ralf Walter ha hecho la pertinente observación de que el gasto agrícola experimentará un incremento y que si se extraen fondos de 1A, se hará de los excedentes, pero esperemos hasta la llegada del anteproyecto de presupuesto. 
Estamos trabajando sobre hipótesis en la presentación de este informe de la Sra. Haug. 
Me refiero únicamente al informe Haug y no al del Sr. Ferber. 
Felicito a ambos, pero en este informe Haug hacemos algunas suposiciones sobre la revisión, sobre la redistribución en la categoría 4 y sobre las necesidades de Kosovo. 
No obstante, debo recordar al Consejo- y menos mal que contamos con la presencia de un solícito escribiente, porque nadie del Consejo asiste al turno de noche para recibir el mensaje- que realmente, si la Comisión presenta la propuesta que esperamos que presente, estará moralmente obligada, conforme al acuerdo interinstitucional, a negociar con el Parlamento el modo en que debería hacerse esa revisión antes de la primera lectura. 
Mi instinto me dice que no habrá acuerdo con el Consejo en lo que se refiere a una revisión de las previsiones financieras. 
Si es así, debemos transmitirle ahora el mensaje inequívoco de que este año tendremos el mismo procedimiento agitado que tuvimos el año pasado y que no se saldrá con la suya. 
Estaremos dispuestos a hacer todo lo posible en favor de los Balcanes y de Kosovo, pero al mismo tiempo, seremos realistas respecto a las políticas que el Parlamento considera importantes. 
El problema con el Consejo es que todo gira en torno a lo acordado en Berlín. 
No dejan de repetirnos que lo de Berlín está fraguado en hormigón. 
Pues bien, parafraseando a Hugh McMahon, un antiguo colega hasta el pasado Parlamento que en cierta ocasión, durante un debate sobre construcción naval, dijo que no queremos que se fragüe en hormigón, queremos que se fragüe en cemento líquido, y supongo que lo que queremos en estos momentos es mantener el Acuerdo de Berlín en una especie de cemento líquido, porque de este modo, al menos, podrán ser lo suficientemente flexibles como para reconocer con nosotros que las cosas tienen que cambiar. 
Quiero hacer una observación, señor Presidente, que también hice ayer en la Comisión de Presupuestos, y es que en los doce años que llevamos de previsiones financieras ha habido 38 revisiones que han afectado a un importe total superior a los 7 billones de euros. 
Kosovo es uno de esos casos en los que las previsiones financieras no son lo suficientemente flexibles y eso tiene que cambiar, y es necesario que el Consejo se dé por enterado, porque de lo contrario habrá problemas. 
Señor Presidente, hay que tener un descaro indudable para afirmar que el empleo es- y cito- una prioridad constante de las instituciones europeas, cuando resulta que Unión Europea tiene18 millones de desempleados y en este momento varias grandes empresas europeas, algunas de las más ricas, anuncian brutales supresiones de empleos sin que dichas instituciones muevan ni siquiera el meñique para impedírselo. 
No es que sea imposible poner fin inmediatamente al desempleo, pero para ello haría falta una política voluntarista que no vacilara en recurrir a los beneficios de los grupos financieros e industriales y a la fortuna personal de los grandes accionistas. 
Y, además, ¿cómo calificar sino de hipócrita la pretensión de las instituciones europeas de erradicar- y cito- por doquier la pobreza, cuando resulta que dejan a grupos industriales agravarla aquí mismo, en los países más ricos de Europa y sirven de instrumentos políticos a esos mismos grupos para favorecer el saqueo criminal al que se entregan en los países pobres? 
Somos conscientes de que sería inútil pedir a las instituciones europeas lo que no pueden dar, concebidas como están, como los Estados nacionales, para favorecer los beneficios y representar los intereses de la clase rica. 
Por esas razones, los representantes de Lucha Obrera votarán en contra del informe Haug. 
Señor Presidente, felicito a ambos ponentes por sus informes, que han alcanzado un alto grado de consenso. 
El informe Ferber es una exposición muy valiente de las necesidades presentes y futuras del Parlamento. 
Un Parlamento Europeo interesado por las nuevas tecnologías de la información, un Parlamento Europeo consciente de que su organización debe girar prioritariamente en torno a las nuevas tareas que a los diputados europeos les obliga el Tratado de Amsterdam. 
Es un informe que propone cambios, los cambios siempre encuentran resistencia en las instituciones y por eso es más de agradecer aún la voluntad del ponente de llevar ese informe adelante con el apoyo del PPE y, esperemos, del resto de los grupos políticos del Parlamento. 
La ponente Haug, por su lado, ha pactado grandes áreas de compromiso en su informe, que esperamos sean respetadas en la votación, y que refuerza el compromiso del Parlamento ante el empleo, la cultura, las nuevas políticas de Amsterdam y, no menos importante, las obligaciones y los derechos presupuestarios. 
Este Parlamento votó mayoritariamente las perspectivas financieras que reflejaban los equilibrios políticos de Berlín incluso cuando éramos conscientes todos de su insuficiencia ante circunstancias exteriores inesperadas. 
Este Parlamento votó, en el pasado mes de diciembre, mantener las perspectivas financieras y el Acuerdo interinstitucional a pesar de que, entonces, el Consejo tensó la negociación hasta límites inaceptables. 
Hoy el Consejo, el Parlamento y la Comisión están ligados por un compromiso firmado. 
Un compromiso muy serio. 
Si hay que financiar nuevas políticas, hay que encontrar nueva financiación. 
Si el Consejo pretende financiar los Balcanes a costa de las actuales políticas exteriores o agrícolas, no sólo mostrará falta de visión política, sino también falta de palabra ante los compromisos que firma. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento a los ponentes por su trabajo y decir que han sabido lograr un consenso decente y han elaborado buenos informes. 
Quiero transmitir a la nueva Comisaria mis mejores deseos en su primer presupuesto y decirle que espero sinceramente que tengamos un procedimiento tranquilo y eficaz en el que todos nos esforcemos para producir un presupuesto sensato de la manera más eficiente posible. 
Si han de surgir problemas- y a veces surgen- éstos serán relativos a la cuestión de la propuesta de financiar el déficit en la Categoría 4 con fondos procedentes de la partida presupuestaria para agricultura. 
Esta propuesta tiene más probabilidades de crear problemas psicológicos en las zonas rurales de toda la Unión Europea que problemas reales. 
Debemos tranquilizar a los agricultores europeos y decirles que existen normativas, que dichas normativas otorgan una serie de derechos a los agricultores europeos y que, pase lo que pase, no existe la posibilidad de que la Unión Europea les niegue dichos derechos. 
No obstante, se ha producido una reducción de los ingresos. 
Tuvimos una declaración de la Comisión para el período 2000-2006 en la que se establecían ciertos perímetros dentro de los cuales se prevería el gasto agrícola. 
Ahora nos llegan nuevas propuestas que dicen que ante una situación de ampliación, tendremos propuestas completamente nuevas para políticas completamente nuevas destinadas a los nuevos Estados miembros y sin que exista ninguna disposición sobre cómo se financiarán dichas propuestas. 
Necesitamos algo más de claridad y está creciendo la tensión entre las instituciones por esta cuestión de los Balcanes. 
Cuanto antes nos presente la Comisión cifras claras para el gasto año por año, mejor. 
No creo realmente que sea necesario extraer fondos de agricultura para financiar un programa decente sin salirse de las cantidades establecidas- 5.500 millones de euros- teniendo en cuenta cuáles son las obligaciones de la Unión, las contribuciones que harán los Estados miembros y los reembolsos que posiblemente se reclamarán debido a la situación en Serbia. 
Por tanto, ¿por qué debemos pelearnos por unos 300 millones de euros que al final, creo, no será necesario desviarlos de agricultura? 
Señor Presidente, estimados señoras y señores diputados, el objetivo de este temprano debate sobre el Presupuesto 2001 consiste en reflejar las prioridades de la política europea en el presupuesto de la Unión Europea. 
Es el primer presupuesto para el que la Comisión elabora un anteproyecto, y es el primero para mí como nueva Comisaria que trabajo desde el principio. 
Estimo que es enormemente útil que el Parlamento Europeo y la Comisión tengan ya una línea de actuación común, que haya un acuerdo sobre las prioridades que exigen una cobertura financiera en el Presupuesto 2001. 
Aún no se trata de examinar las cifras concretas, ni las fuentes de ingresos, sino que ahora estamos hablando de los gastos. 
¿Qué queremos, qué objetivos queremos alcanzar o fomentar con este presupuesto? 
A mi juicio, es bueno que el debate sobre el ejercicio presupuestario comience estableciéndose de este modo las prioridades. 
En relación con la fijación de prioridades para el próximo ejercicio presupuestario, constato que los informes, que sus prioridades y las prioridades de la Comisión tienen muchos puntos en común. 
En mi opinión, este es la condición necesaria para llegar también a un buen resultado final en el procedimiento presupuestario. 
En particular, quiero dar las gracias en nombre de la Comisión a la ponente y al ponente. 
En primer lugar quiero abordar el informe del Sr. Ferber y agradecerle el apoyo al planteamiento de la Comisión que se pone de manifiesto en su informe: adaptar progresivamente el procedimiento de informe presupuestario al activity based budgeting. 
El informe contiene asimismo la propuesta de que las demás Instituciones se atengan consecutivamente a este nuevo enfoque. 
Sobre todo, el informe pone de manifiesto el apoyo a la reforma administrativa de la Comisión, lo cual agradezco especialmente. 
Naturalmente, la Comisión se alegra de que se invite a las demás Instituciones a reflexionar individualmente sobre qué medidas de reforma administrativa serían las adecuadas y pueden llevarse a la práctica. 
Señor Ferber, en su informe ha llamado la atención sobre otras cuestiones que deben ser resueltas. 
Me referiré expresamente al tema de la financiación de los partidos políticos. 
Creo que éste es un asunto en el que también es necesario encontrar rápidamente una solución mediante la adopción de medidas en común. 
Paso a comentar el informe de la Sra. Haug. 
Señora Haug, debo felicitarla por su informe y por haber conseguido concentrarse en las cuestiones prioritarias, ya que me figuro que le han hecho llegar muchos deseos ­a modo de cartas a los Reyes Magos­, todo lo que importa de verdad a cada uno, para que lo incluya en su informe. 
En vez de hacer eso, se ha concentrado en las verdaderas prioridades y creo que ello será de gran utilidad a la hora de llegar a acuerdos. 
Ha puesto de relieve, en particular, los cometidos de política exterior. 
A ellos voy a referirme inmediatamente. 
Pero también subrayó la importancia de establecer prioridades y preferencias en el ámbito de la investigación ­una opinión compartida por la Comisión­, así como la necesidad de fomentar la evolución de una economía con posibilidades de futuro recurriendo a medidas de carácter presupuestario. 
En este punto voy a analizar los resultados de la Cumbre de Lisboa, tal como ya ha hecho usted antes. 
A mi juicio, la Cumbre de Lisboa ha supuesto, en términos generales, un éxito para la Unión Europea, porque en ella se ha llegado al acuerdo de que ahora es necesario fomentar el sector de la información y de las tecnologías de la comunicación mediante la adopción de medidas amplias; debe ser, por tanto, un deseo común reflexionar sobre en qué medida puede tomarse en cuenta en el presupuesto esta tarea, este orden de prioridades. 
Señora Haug, en este orden de cosas acojo con satisfacción una afirmación que acaba de hacer en su intervención, en el sentido de que no hay que competir con los programas de empleo de los Estados miembros, sino que ha de pensarse, con respecto a cada una de las iniciativas, cuál es la específica tarea de Europa y qué podemos hacer en concreto desde las instancias europeas. 
En este contexto puedo pasar a abordar su pregunta acerca de la verdadera incidencia del presupuesto europeo en el empleo. 
Evidentemente, para el fomento del empleo, el programa de los fondos estructurales es el instrumento más importante. 
Para el nuevo período de fondos estructurales hemos establecido de nuevo como objetivo horizontal que en el momento de realizar valoraciones a priori se elaboren documentos sobre cuáles sean las previsiones y cálculos y sobre la incidencia de estos programas especiales en la situación del mercado de trabajo. 
Me alegra mucho que mi colega Barnier afirme también que la Comisión no se contentará con declaraciones poco claras, sino que quiere contar con cálculos concretos para que todo pueda someterse a revisión. 
Con respecto al establecimiento de prioridades por parte de la Comisión, puedo señalar que la Comisión, en su reunión de 23 de febrero, mantuvo un debate sobre las prioridades y adoptó un acuerdo según el cual en el plan presupuestario para el ejercicio 2001 debe reflejarse en particular el reforzamiento de los compromisos asumidos en política exterior por la Unión Europea, así como el importante objetivo de fomentar el desarrollo del espacio rural y el apoyo a la transición hacia una sociedad de la información. 
Voy a pasar a abordar la cuestión de los gastos necesarios para el pacto de estabilidad en la zona occidental de los Balcanes. 
Dicho pacto ha ocupado la mayor parte del debate de hoy. 
A partir de la previsión de que en el período hasta el año 2006 se necesitarán recursos financieros por importe de 5.500 millones de euros, la Comisión ha extraído consecuencias para el establecimiento de prioridades en el presupuesto 2001. 
Diversas partes han señalado aquí que se insta a la Comisión a actuar. 
Así lo exigieron ustedes en su acuerdo de 16 de diciembre tanto de la Comisión como del Consejo. 
Se insta a la Comisión a que presente en abril estimaciones concretas de los recursos necesarios y que asimismo comunique en qué medida es necesaria una revisión de las perspectivas financieras. 
En el debate sobre las prioridades para el presupuesto 2000, la Comisión llegó a la conclusión de que no es posible aportar todos los recursos necesarios mediante una redistribución de los mismos dentro del ámbito de las políticas exteriores. 
Naturalmente, analizamos dónde podemos realizar algún trasvase de recursos en el ámbito de las políticas exteriores. 
Mi colega Chris Patten aceptó esta tarea junto al Sr. Nielsen. 
No obstante, hemos llegado a la conclusión de que hacen falta nuevos recursos que deben financiarse a través de otras medidas a las que voy a pasar inmediatamente. 
Quiero subrayar en este lugar que la cifra o el cálculo de 5.500 millones de euros para el período hasta el año 2006 va a ser analizada en profundidad. 
En este contexto deseo señalar que en el período 1991-1994 fluyeron 4.500 millones de euros desde el presupuesto de la Unión Europea hacia las regiones. 
Si ahora hablamos de 5.500 millones de euros, es claro que esto supone un incremento considerable, pero no es desmesurado, sino que guarda proporción con la cuantía de la ayuda prestada hasta ahora. 
A mi juicio todos coincidimos en que en comparación con la década pasada, el apoyo y la ayuda financieros a las regiones deben constituir una prioridad reforzada. 
Quiero pasar ahora a la propuesta de financiación, en particular al punto referido al trasvase de recursos desde el ámbito de la política agrícola. 
Tengo un especial interés en referirme a esta cuestión porque quizá en el debate se despierten ciertos temores que, en mi opinión, no tienen justificación alguna. 
Señor Walter, en su intervención señaló que no se trata de reducir los gastos de la política agrícola para el ejercicio 2001, sino de la pregunta de qué crecimiento se precisa. 
De conformidad con las perspectivas financieras, en comparación con el presupuesto 2000, sería posible teóricamente, según los cálculos efectuados, un incremento de los gastos en el sector de los mercados agrícolas de 3.100 millones de euros. 
La Comisión presenta una propuesta que prevé un nuevo incremento de 2.800 millones de euros en el sector de los gastos de los mercados agrícolas. 
Por ello les pido que tomen nota de ello y que no digan que en el sector de la política de mercados agrícolas se abre un agujero que pone en peligro la totalidad de los gastos. 
Repito de nuevo claramente, y la Comisión lo afirma también: las ayudas directas a los agricultores no se verán en ningún caso afectadas por el acuerdo, sino que se prevé en el ámbito de los gastos de los mercados agrícolas un aumento superior al 7%, y en el ámbito de la ayuda al desarrollo de las zonas rurales un incremento incluso del 9,5 %. ¡Eso sí que es exorbitante! 
Espero que estos aumentos reciban el apoyo de las autoridades en materia presupuestaria, pues, a mi juicio, este programa de fomento del desarrollo de las zonas rurales ofrece muchas posibilidades para impulsar la adopción de nuevos planteamientos en la política agrícola. 
Permítanme que haga una breve referencia a la cuestión del incremento total de los gastos presupuestarios. 
En la Comisión de Presupuestos hemos tenido ya la ocasión de debatir dos veces sobre este tema. 
Con toda seguridad, tendremos que debatir en profundidad con el Consejo qué tasa de crecimiento es necesaria desde el punto de vista de los gastos. 
Puedo señalar que es necesario un fuerte aumento de los gastos para poder pagar las viejas deudas adquiridas en el pasado y que, por supuesto, han de satisfacerse. 
Con respecto a la cuestión de las perspectivas financieras debo observar que la Comisión propone, siguiendo la petición y la exigencia del Parlamento Europeo, incluir los gastos para las ayudas a Chipre y a Malta en la rúbrica de los gastos de ampliación, es decir, en la rúbrica de la categoría 7. 
Creo que esta sería una medida que favorecería especialmente la transparencia presupuestaria, y espero que el Consejo no mantenga su primera respuesta negativa a este respecto. 
Quiero volver al procedimiento presupuestario para el ejercicio 2000. 
El procedimiento presupuestario del año pasado, lo diré en términos diplomáticos, fue de una enorme intensidad. 
Tuve así una buena ocasión de conocerles en profundidad, y pude apreciar que la Comisión de Presupuestos es una comisión sólida y de gran perseverancia. 
Supongo que la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo está resuelta a adoptar una posición muy decidida, pero que justamente a partir de esa posición decidida está dispuesta a entablar negociaciones. 
No obstante espero en beneficio de todos que el procedimiento presupuestario 2001 no ponga forzosamente a prueba nuestra resistencia, sino que transcurra por la vía del consenso. 
Con todo, estoy plenamente convencido de que si surgen de nuevo conflictos, la Comisión mostrará la misma tenacidad. 
Puedo asegurarles que la Comisión se dispondrá de nuevo con perseverancia a conseguir un buen resultado. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Lucha contra el turismo sexual que afecta a niños 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0052/2000) de la Sra. Klamt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la Comunicación de la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (1999) 262- C5-0096/1999- 1999/2097 (COS) ), sobre la aplicación de las medidas de lucha contra el turismo sexual que afecta a niños. 
Señor Presidente, el turismo sexual que afecta a niños no es un problema de alcance nacional ni europeo, es un problema de alcance mundial que ha crecido progresivamente en intensidad y dimensión en el curso de los últimos años. 
La presente propuesta de resolución tiene en cuenta esta circunstancia. Excede con mucho de una dimensión puntual, nacional y europea. 
El preocupante crecimiento de casos de explotación sexual de niños pone de manifiesto que la Unión Europea y sus Estados miembros deben emplear todos los medios a su alcance para proteger a los miembros más débiles de nuestra sociedad, los niños. 
En consecuencia, la propuesta de resolución contiene dos exigencias centrales. 
Primera: en caso de turismo sexual que afecte a niños, debe bastar la punibilidad unilateral, es decir, incluso cuando el país de comisión del delito no castiga el abuso sexual, debe ser posible, no obstante, perseguir ante los tribunales a los delincuentes en su país de procedencia. 
Segunda: ha de observarse el principio de la competencia extraterritorial. 
Necesitamos legislaciones uniformes en toda Europa que castiguen el turismo sexual que afecta a niños cometidos por ciudadanos de la Unión, con independencia del lugar de comisión del delito. 
Europa debe asumir su responsabilidad por sus ciudadanos más allá de sus fronteras. 
Estas exigencias pueden resumirse brevemente: el derecho que tienen los niños a protección no puede ser menor porque su patria se niegue a darles la protección necesaria. 
Tampoco podemos cerrar los ojos ante los sucesos que se producen dentro de la Unión Europea. 
Cada uno de nosotros sabe de casos de abuso sexual de niños en su propio país. 
El Consejo y la Comisión han corroborado el principio de la competencia extraterritorial, pero sus propuestas admiten en casos excepcionales la exigencia de la punibilidad bilateral. Es decir, en casos excepcionales siempre sería posible que los turistas sexuales que han abusado de niños queden libres de castigo si el país de comisión del delito no castiga el abuso de niños. 
El Parlamento Europeo rechaza firmemente la posibilidad de esta normativa excepcional. 
Los Estados miembros deben actuar enérgicamente contra todo lo que favorezca o reste importancia al turismo sexual que afecta a niños. 
Para garantizar básicamente la protección del niño, la observancia de los derechos del niño debe estar consagrada en los Tratados europeos. 
Ha de examinarse la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora, y en un futuro habrá de destinar recursos de la UE a la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños. 
A este respecto, debe subrayarse expresamente el papel de las ONG. 
Se invita a la Comisión a realizar un balance de las legislaciones penales de los Estados miembros en este ámbito y a que, si fuere necesario, presente propuestas sobre los elementos constitutivos de los delitos. 
Dichas propuestas deben recoger todos los aspectos que deben ser regulados y considerados en un futuro dentro de la Unión Europea y ser observadas de manera uniforme en las negociaciones de adhesión, en las relaciones con terceros países y, en particular, en la determinación de la utilización de los recursos en la cooperación al desarrollo. 
Los derechos y libertades de los ciudadanos comprenden la integridad corporal y moral. Esto no vale sólo para nuestros niños, sino para todos los niños. 
Nuestra tarea consiste en hacer que esto sea realidad utilizando todos los medios a nuestra disposición. 
Todos los participantes han consensuado esta opinión. 
Esta resolución es, a mi juicio, un ejemplo de colaboración constructiva y fructífera de todos los Grupos parlamentarios. 
Y quiero agradecérselo a todos los colegas, en particular a los de las otras comisiones participantes cuyas opiniones he incorporado a mi informe. 
Con ello quiero decir también que mi Grupo no ha aceptado algunas enmiendas. 
Ya aparecen contenidas en el texto del informe en un tenor parcialmente modificado. 
Estoy convencido de que hoy ponemos en marcha una resolución buena y adecuada para la protección de los niños. 
­ (DE) Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer a la Sra. Klamt su amplio y fundamentado informe, y me alegro de que la opinión de la Comisión de la Mujer haya quedado incorporada al informe. 
El turismo sexual que afecta a niños no sólo se produce en Europa, sino en todo el mundo. 
La explotación sexual de los niños es una realidad trágica y conmovedora, y en algunas regiones del mundo este problema ha seguido empeorando y agravándose en los últimos años. 
Por tanto, las reflexiones del Parlamento sobre la lucha contra este mal deben traspasar las fronteras europeas. 
Además del escenario del Lejano Oriente, encontramos otro en la frontera germano-checa. 
En consecuencia, en el marco de las negociaciones de adhesión este ámbito de problemas debe ser discutido en concreto. 
Es importante aclarar la situación legal y prescindir del principio de la punibilidad bilateral. 
Las leyes de los países de procedencia de los autores de los delitos deben ser vinculantes en la persecución jurídico-penal. 
Los criminales no pueden creerse en la falsa seguridad de encontrarse en un espacio en que existe un vacío legal. 
El criminal debe ser penado aunque el abuso no se castigue en el país de comisión del delito. 
Este problema no puede resolverse con medidas estatales unilaterales. 
Es necesario que la Unión Europea y los Estados miembros actúen conjuntamente, en colaboración con los terceros estados afectados. 
El niño, como titular de derechos propios e inviolables, merece nuestra especial protección, con independencia del país en que viva. 
Esta protección debe garantizarse tanto material como inmaterialmente. 
Deben ponerse a disposición los recursos suficientes para luchar contra este mal de forma efectiva y orientada a la protección de la víctima. 
La protección de los niños debe ser garantizada mediante las medidas legislativas necesarias y la aproximación de las legislaciones de todos los Estados miembros. 
Es igualmente importante que la protección del niño como persona titular del derecho a la integridad física y moral sea recogida en la Carta europea de derechos fundamentales. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente Klamt por este excelente trabajo. 
Los operadores turísticos suecos han sido los primeros en el mundo en combatir activamente el comercio sexual con menores que surge en muchos de los llamados paraísos turísticos. 
Todos los grandes operadores turísticos suecos se han comprometido a respetar un código especial de conducta. 
Una vez que hayan demostrado que cumplen con esas normas se les aprobará, se les homologará. 
A comienzos de abril se inicia una campaña para concienciar a los viajeros. 
Se hará mediante campañas en la televisión y en los cines, carteles en los aeropuertos y grandes anuncios. 
Tras el código de conducta está la sección sueca de ECPAT, una organización que trabaja para combatir la explotación sexual de los menores. 
Entre otras cosas, se pide a los operadores turísticos que informen a su personal, tanto en los lugares de destino como en los países de origen, y a los viajeros. 
También se busca la colaboración, por ejemplo, de los dueños de los hoteles y de sus empleados. 
Se trata de llegar a la conciencia de las personas. 
Permítanme concluir mi intervención refiriéndome a los niños, nuestro mayor tesoro, lo mejor que tenemos. 
Son indefensos, inocentes y buscan protección. 
Hay que despertar la conciencia de los ciudadanos. 
También quiero hacer mención a la vida sexual. 
El mundo de los adultos no puede negar que su labor para formar opinión sobre los aspectos maravillosos y las responsabilidades de la vida sexual ha sido insuficiente. 
Se trata de resaltar el amor y el cariño, el don de la existencia, la perpetuación de la vida y la fidelidad. 
Hay que despertar la conciencia de los ciudadanos en temas vinculados con la vida amorosa. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo, naturalmente, felicitar a la Sra. Klamt por su informe. 
No sólo es excelente, sino que, además, resulta muy útil. 
Pues todos coincidimos en pensar y decir que los niños son el futuro del mundo. 
Constituyen una de las categorías más vulnerables de la población de nuestro planeta. 
Por lo demás, la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 les reconoce derechos específicos y todas nuestras acciones deben inspirarse en el reconocimiento de dichos derechos. 
Debemos abordar un flagelo terrible: la explotación sexual de los niños. 
Son clientes- palabra que pongo entre paréntesis por el horror que me causa- los que compran a niños para saciar sus fantasmas sexuales. 
Dichos clientes, procedentes de Europa, de los Estados Unidos, del Japón, constituyen el núcleo duro de los que abusan de niños. 
Las causas son sobre todo la pobreza y las desigualdades sociales, el desplome de las protecciones familiares y comunitarias, la discriminación para con las niñas y la ignorancia. 
Todas esas causas son el crisol de vidas destrozadas por la codicia de algunos y el desviacionismo de otros. 
Podemos recordar un antiguo proverbio japonés, que dice: «El viajero no conoce la vergüenza». 
Lo que algunos no harían en su país lo hacen sin vergüenza en otro. 
El anonimato, la impunidad, combinados con un desprecio que podemos calificar de racista, hacen que algunos tomen al niño como un objeto que se utiliza, se ensucia y se tira. 
La mayoría de los niños prostituidos son introducidos en el conjunto del mercado de la prostitución creado por mafiosos proxenetas. 
Resulta muy difícil localizar a esos niños y sacarlos de ese estado de prostitución. 
La red Internet es, por desgracia, utilizada por ciertos individuos que facilitan detalles de sus infamias y las direcciones para conseguir niños. 
No podemos permanecer indiferentes ante ese flagelo, que constituye una espantosa violación de los derechos de los niños y de los derechos humanos, y debemos proteger a esos niños abordando las raíces del mal y persiguiendo a los pedófilos. 
Para abordar el mal, debemos luchar en primer lugar contra la miseria y la ignorancia. 
Debemos sancionar penalmente a los individuos que practican la explotación sexual de niños. 
El Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño, en su capítulo primero, nos dice que por «niño» hay que entender toda persona que no haya cumplido los 18 años. 
En efecto, hay que proteger absolutamente a toda persona menor. 
Es un deber que tenemos para con esta generación, que es nuestro futuro y que espera de nosotros protección y respeto. 
Este informe y la comunicación de la Comisión a la que responde representan dos contribuciones importantes al progreso hacia el intento de reducir la explotación sexual de menores a través del denominado turismo sexual. 
Afirmar que no permitiremos que nuestros ciudadanos exploten sexualmente a menores de otros países encaja es este modelo, y la parte del informe de la Sra. Klamt relativa a la necesidad de insistir en que es inadmisible esa doble moral que permite más derechos al hombre que a la mujer, está muy bien planteada y resulta especialmente valiosa. 
No es aceptable que nuestros ciudadanos se comporten en el extranjero de un modo distinto del que se comportarían en su propio país. 
En segundo lugar, este informe hace una contribución a la cooperación policial y judicial en la Unión Europea. 
Es un claro ejemplo de que los euroescépticos que se resisten a la cooperación en este ámbito están equivocados. 
Únicamente a través de la acción conjunta transfronteriza podremos atajar este problema, sin olvidar el acuerdo relativo a la aplicación extraterritorial de la legislación penal. 
La aproximación y el reconocimiento mutuo de las legislaciones nacionales en materia penal, que no es lo mismo que armonización, será de la máxima utilidad, al igual que lo será la cooperación entre los cuerpos de policía y a través de Europol, sin dejar de insistir, como hace el Parlamento, en el mantenimiento del control parlamentario y judicial. 
Por tanto, felicito a la Sra. Klamt por un informe muy valioso y espero que siga progresando en el futuro. 
Señor Presidente, ante el inquietante desarrollo del turismo sexual y, más en general, de la explotación sexual de los niños en Europa y en el mundo, la Sra. Klamt tiene toda la razón al proponer en su informe medidas a la altura del grave problema que afrontamos. 
Destaco en particular la incorporación de los derechos del niño a la Carta de Derechos Fundamentales, la creación de números de llamada gratuita en pro de los niños. 
Es urgente aplicar una política coherente de protección de los niños. 
Por eso, apoyo la enmienda 4, que pide la creación de un centro europeo de niños desaparecidos y víctimas de abusos sexuales para coordinar la actividad de las organizaciones creadas en los Estados miembros. 
La Comisión debe comprometerse para que se cree, efectivamente, ese banco de datos europeo. 
Quiero recordar que el Parlamento Europeo ya ha aprobado resoluciones a ese respecto. 
No podemos por menos de hacer constar que las propuestas presentadas se han aplicado sólo parcialmente. 
Hacen falta dispositivos mucho más eficaces. 
Por último, doy la voz de alarma sobre el movimiento que está en marcha. 
Ya no se trata sólo de turistas sexuales que se desplazan a terceros países: ahora se trata de niños a los que traen como paquetes aquí, a Europa. 
Así, pues, habida cuenta del carácter transnacional de ese problema, creo que habría que exigir que Europol propiciara la realización de encuestas nacionales y transnacionales y diese cuenta anualmente de su labor. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, también yo quisiera felicitar calurosamente a la Sra. Klamt. 
Creo que ha hecho un informe que propone soluciones concretas. 
Era algo que muchos deseábamos y se lo agradezco. 
Creo también que evita los escollos de cierta sexofobia que no está ausente de ciertas manifestaciones. 
Se trata de un problema muy grave. 
Éste es un buen informe, pero yo no quisiera que, como temo, una parte de la Asamblea lo saboteara o al menos lo amputase mañana. 
En efecto, está bien hablar del problema en el tercer mundo, pero creo, como ya se ha dicho antes de mí, que también dentro de la Unión Europea se plantean enormes problemas y acabo de enterarme de que el Grupo Socialista ha pedido una votación separada sobre partes importantes de este informe. 
Una votación separada quiere decir la supresión de ciertas partes de texto. 
El Grupo Socialista pide en particular la supresión de la creación de una comisión de investigación. 
Eso me parece sumamente grave. 
Sabemos- y ya hemos hablado de ello- de la gravedad de la situación en ciertos países dentro de la Unión: Bélgica, en particular. 
En el momento en que hablo, se está formando por fin una burbuja de oxígeno en la televisión nacional belga- la RTBF- con una investigación muy bien hecha- por desgracia, no pude verla entera- sobre el famoso caso Dutroux. 
Nos hemos enterado de que las más altas autoridades de ese país han hecho todo lo posible para que dicha investigación encallara mediante subterfugios, desplazamientos de policías, magistrados, la denigración- y cosas peores- de las víctimas que han prestado testimonio. 
Son cosas extraordinariamente graves que implican a personalidades de primerísimo plano, pero todo ello permanece perfectamente oculto, completamente fuera del circuito de la justicia. 
Creo que podemos y debemos observar lo que ocurre en el tercer mundo, podemos y debemos- y se lo agradezco una vez más a la Sra. Klamt- proponer soluciones. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Ludford: hay que pensar en instituciones, en un tribunal internacional, y ya en la ampliación de las competencia de los tribunales internacionales, pero no caer en el exotismo. 
Dentro de Europa ocurren cosas extraordinariamente graves. 
Es urgente que, conforme a los artículos 6 y 7, "Violaciones graves y continuas del Estado de derecho, los derechos humanos, los derechos fundamentales", la Unión y, por tanto, nuestro Parlamento, que tiene cometidos a ese respecto, aborden por fin- puesto que un Estado miembro afectado no puede hacerlo- esa gravísima cuestión relativa a la desaparición de centenares, miles, de niños y que sigue teniendo que ver- como saben Sus Señorías, que ven los carteles en las estaciones, en las paradas de autobús- con la desaparición de al menos 150 niños en Bélgica, que no sólo son violados, sino que, además, son asesinados, inmolados, en nombre de placeres de los que habría mucho que hablar. 
Señor Presidente, en el informe de la Sra. Klamt se señala que los turistas sexuales se hacen la ilusión de que el abuso de niños en países muy alejados de Europa es menos abominable porque existen diferentes condiciones culturales y no rigen las normas morales de sus países respectivos. 
Pienso que esos turistas se hacen estas ilusiones deliberadamente con el fin de tener una excusa para su comportamiento abusivo. 
No puede ser que los principios morales del individuo cambien repentinamente cuando está en otro país. 
Debemos preguntarnos críticamente cómo es eso posible. 
¿Siguen vivos los valores y normas basados en las tradiciones cristianas y humanistas en nuestra debilitada sociedad europea occidental? 
Apoyo las acciones de la Comisión dirigidas a la concienciación moral. 
Pero esto no es suficiente. 
Insto al Consejo a que aplique de modo no restrictivo el principio de extraterritorialidad. 
El requisito de la punibilidad bilateral que todavía impera en algunos Estados miembros implica que un delito por el que uno es juzgado sólo es penalizable si lo es en un tercer país. 
De modo irónico esta norma se ajusta perfectamente a la ilusión del turista sexual de que en otra cultura no rigen las normas morales de su país. 
Este requisito debe suprimirse directamente. 
No apoyo la cuestión relativa a crear un fundamento jurídico para una política europea a favor de los niños. 
Este debate no nos compete en este informe sobre la problemática mundial del turismo sexual que afecta a niños. 
Señor Presidente, el tema que trata el informe, realmente excepcional, de la Sra. Klamt está incluido entre los problemas actuales más candentes y en constante crecimiento, cuya solución es urgente. 
Ciertamente, las iniciativas de la Comisión, especialmente las acciones de sensibilización no deben infravalorarse; pero desgraciadamente está demostrado que son insuficientes, porque la explotación sexual de los niños y el turismo pederasta cada vez toman mayores dimensiones; no sólo en los países "tradicionalmente" subdesarrollados, sino dentro de la propia Unión Europea. 
Por tanto, necesitamos urgentemente una política comunitaria conectiva para los niños, y es realmente lamentable- lo han dicho otros de nuestros colegas- que el Tratado de Amsterdam no proporcione la base jurídica necesaria. 
Por otra parte, la previsión sobre la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el futuro inmediato, que presupone la colaboración judicial y policial para luchar contra el crimen organizado, alimenta nuestras esperanzas en una lucha más eficaz contra la oferta y la demanda de servicios sexuales pederastas. 
Por esta razón, es urgente incluir, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se está creando, los derechos de los niños tal como están expresados en la Convención de la ONU del 20 de noviembre de 1989. 
Todavía necesitamos una legislación extraterritorial, para que las acciones punibles que se cometan en el país extranjero sean castigadas; necesitamos disposiciones estrictas para la persecución de los agentes turísticos y de las empresas de transporte que llevan adelante la infamia del turismo sexual pederasta. 
Necesitamos más recursos para aplicar planes concretos, la colaboración más estrecha entre la Comisión y la industria del turismo para definir códigos de conducta. 
Debemos ver también el buen ejemplo de Suecia. 
Finalmente, debemos actuar en la protección y el apoyo a los niños que son víctimas de la explotación sexual, así como a los jóvenes refugiados y migrantes, que constituyen un grupo especialmente susceptible. 
Resumiendo, creo que nos hace falta un frente y una estrategia comunes a tres niveles. 
Primero, en la información; segundo, en la represión y, tercero, en el ámbito de la protección y rehabilitación de las víctimas. 
Señor Presidente, en noviembre de 1996, la Comisión Europea aprobó su primera comunicación sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños. 
Un año después, en noviembre de 1997, una resolución del Parlamento Europeo y una declaración del Consejo de Turismo demostraban el amplio consenso institucional sobre las líneas generales de la comunicación de la Comisión. 
Posteriormente, ese apoyo se concretó en la creación de una nueva línea presupuestaria, cuyos fondos fueron destinados a campañas de sensibilización en la Unión Europea contra el desarrollo del turismo sexual que afecta a niños. 
Ahora está plasmado en las conclusiones del Consejo de 21 de diciembre de 1999 reveladoras de un nuevo compromiso político firme sobre un importante problema social para cuya solución estamos comprometidos. 
Si, como es de esperar, el Parlamento Europeo reitera su apoyo a esa operación, todos los agentes de la lucha contra ese flagelo verán fortalecida su determinación. 
Al mismo tiempo, nuevos avances en ese sentido constituirán otros tantos elementos suplementarios de respuesta ante las preocupaciones expresadas por los ciudadanos europeos respecto del desarrollo de ese flagelo. 
El informe de la Sra. Klamt sigue a la comunicación de la Comisión de mayo de 1999 en la que se presentaron las acciones realizadas para el periodo 1997-1998 y se precisaron los seguimientos operativos con vistas al lanzamiento y/o la realización de nuevas acciones. 
Sus Señorías habrán comprobado que la acción comunitaria en materia de lucha contra el turismo sexual que afecta a niños prosigue a ritmo sostenido, en el marco de la estrategia acordada inicialmente y encaminada, por una parte, a reducir la demanda, en cooperación, en particular, con la industria del turismo y las ONGs interesadas, y, por otra, a abordar las raíces de la oferta en los países de destino de los turistas por todos los medios apropiados, incluidos los políticos de la Comunidad en materia de relaciones exteriores y cooperación para el desarrollo. 
Por lo demás, ya en 1998 la Comisión recordó la importancia de ese segundo componente con ocasión de la formulación de la estrategia de apoyo al desarrollo de un turismo duradero en los países en vías de desarrollo, al disponer que se propiciara la consideración del problema específico del turismo sexual que afecta a niños en el marco de un diálogo político estructurado con los países más afectados y, en particular, en el nivel regional. 
El desarrollo del turismo sexual que afecta a niños constituye una violación flagrante de la propia idea de comunidad humana reunida en torno a valores tales como el respeto y la dignidad, bienes comunes y memoria. 
Por lo demás, se puede considerar que, más que alimentar el debate autorregulación/regulación, la eficacia exige centrar la atención en la investigación y la explotación de las sinergias entre esos dos modos de intervención, en gran medida complementarios. 
Tanto más cuanto que, paralelamente a los progresos logrados en materia de autorregulación efectiva, es decir, incluidos los mecanismos de control de los compromisos subscritos, el desarrollo de la cooperación policial y judicial en Europa no carece de consecuencias positivas sobre la represión del turismo sexual que afecta a niños. 
A ese respecto, la acción común de Consejo del 24 de febrero de 1997, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de niños, que dispone que cada Estado miembro se comprometa a revisar su legislación nacional sobre medidas relativas a tipos de comportamiento intencionales, reviste un carácter ejemplar. 
En efecto, el hecho de que siga siendo posible la existencia de una doble incriminación, con carácter excepcional, no debe ocultar la aportación esencial de esa acción común, a saber, la afirmación del principio de una competencia extraterritorial aplicable a uno de sus ciudadanos o a una persona que resida habitualmente en su territorio. 
Por esa razón, se comprende mejor el gran interés que suscitan las reformas legislativas al respecto, así como su plasmación concreta en la aplicación de las leyes en la vida cotidiana. 
Eso explica la importancia que el Parlamento Europeo concede a la evaluación del respeto por parte de los Estados miembros de las obligaciones que les impone dicha acción común, evaluación que podría brindar la oportunidad de conceder una atención particular a la represión del turismo sexual que afecta a niños y hacer un primer balance de la situación. 
Desde el punto de vista cooperativo, la aplicación del conjunto de acciones previstas ha proseguido a ritmo sostenido. 
La lucha contra el turismo sexual que afecta a niños brinda una oportunidad para que la Comisión movilice sus diferentes servicios en el marco del fortalecimiento de la coordinación interna y también para que la Comisión intensifique su cooperación con las administraciones nacionales, las asociaciones profesionales y las organizaciones no gubernamentales afectadas. 
Otras iniciativas de la Comisión con vistas a una participación mayor de la industria del turismo han dado igualmente resultados concretos por lo que se refiere, en particular, a la elaboración y al fortalecimiento de códigos de conducta y otros mecanismos autorreguladores de la industria del turismo. 
Como habrán comprendido Sus Señorías, su apoyo nos alentará forzosamente a proseguir con determinación por la vía trazada. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Responsabilidad civil por productos defectuosos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0061/2000) del Sr. MacCormick, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la responsabilidad civil por productos defectuosos (COM (1999) 396- C5-0184/1999- 1999/2158 (COS) ). 
. (EN) Es un honor y un placer tener la oportunidad de presentar hoy este informe al Parlamento. 
Trata sobre el importante tema de la responsabilidad civil por los productos defectuosos, ámbito en el que la Comunidad Europea ya introdujo legislación en 1985 en la forma de una directiva. 
La transposición de esta directiva por parte de los Estados miembros fue algo lenta y podríamos decir que en algunos casos fue incluso terriblemente lenta. 
Por este motivo, en el territorio de la Unión sólo disponemos desde fecha bastante reciente de casos relativos al funcionamiento del régimen de responsabilidad civil por los productos defectuosos, funcionamiento que, naturalmente, no es del todo uniforme entre los distintos países, porque en algunos ámbitos la directiva permite adoptar posturas diferentes. 
En cierto modo, esta legislación sustituye la justicia distributiva por la justicia correctiva en este ámbito tan importante de la ley de responsabilidad civil. 
Lo que se pretende es que si se pone a la venta un producto defectuoso y el consumidor sufre algún tipo de daño al utilizarlo, éste debería tener derecho a una compensación sin necesidad de demostrar la culpabilidad del productor, aportando sencillamente pruebas de que el daño ha sido ocasionado por el producto defectuoso. 
Es un idea magnífica. 
Ayuda a diversificar las medidas para minimizar los riesgos de lesiones y garantiza la compensación. 
Naturalmente no garantiza la seguridad del producto en sí. 
Con este mismo fin existen otros regímenes que regulan los distintos sectores, y en la Unión Europea ya contamos con un buen régimen regulador para la mayoría de los sectores. 
Asimismo, no debe pensarse que éste sea el único fundamento para ayudar a las personas que resultan perjudicadas. 
Tenemos otros sistemas de justicia distributiva a este lado del Atlántico sin parangón, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, país que cuenta con una ley de responsabilidad civil por los productos algo más estricta que la nuestra. 
No obstante, en aquel país es una especie de lotería forense, como la han denominado los académicos, porque muchas personas perjudicadas no reciben nada en absoluto, mientras que otras obtienen enormes compensaciones. 
Existe la creencia general, acertada, de que los abogados del demandante son los que se llevan la mejor parte. 
Nosotros deberíamos aferrarnos a nuestra propia versión de la seguridad social como la principal base de ayuda, pero además contar con este régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos. 
El Libro Verde planteaba la cuestión de si este plan debería ampliarse y si convendría introducir algunas modificaciones. 
La respuesta de la Comisión a los debates del Parlamento del pasado año fue la introducción de una enmienda a la directiva para incluir los productos agrícolas primarios. 
Creo personalmente que el Libro Verde, a pesar de que ha sido un buen inicio del debate, no lo terminará por completo. 
Ofrecía un resumen muy útil de cómo ha evolucionado la ley y de cuál ha sido su aplicación, y luego formulaba una serie de preguntas de las partes interesadas y pedía que se dieran respuestas antes de finales de noviembre del año pasado. 
Es un buen modo de descubrir si existen asuntos urgentes o que siembren la alarma que necesiten una intervención rápida. 
No es un buen modo de realizar un estudio minucioso y científico de las consecuencias de un código en materia de sociedad civil y de vida en nuestra Unión. 
Para ello necesitamos más estudios y que además sean más exhaustivos. 
Mientras tanto, podríamos defender esta opinión, como mi informe sugiere que hagamos, de que a menos que las pruebas presentadas demuestren la necesidad, basada en hechos, de una pronta modificación, deberíamos seguir reflexionando más a fondo sobre la cuestión, y deberíamos celebrar un debate que tenga mayor alcance que el que ha desencadenado el propio Libro Verde. 
Existe una gran cantidad de trabajos muy interesantes muy eruditos y de rigor científico y podría haber más, si se supiera que se está estudiando debidamente esta cuestión. 
Sé que este enfoque ha decepcionado a algunos colegas, en particular, a aquellos que propusieron la celebración del debate el año pasado, y hay quien ha sugerido que el Parlamento se limitaría a dar la espalda a temas importantes si dejamos las cosas como están. 
Personalmente no quisiera que las dejáramos como están. 
Por tanto, he presentado algunas enmiendas de compromiso que apuntan a la necesidad de celebrar un diálogo más a fondo sobre este tema y que preste mayor atención a las observaciones formuladas, sin prejuzgar cuál es la respuesta acertada a las mismas. 
No creo que deban ser prejuzgadas. 
Personalmente no me gustaría participar en la imposición en Europa del "impuesto por daños" que tantos problemas ocasiona a los norteamericanos. 
Por consiguiente, sugiero que instemos a la Comisión a entablar un diálogo más exhaustivo y más a fondo sobre esto; y que no nos precipitemos a adoptar medidas, sino que realicemos un examen comedido. 
Disponemos de una buena legislación, y en este caso cabría aplicar aquel dicho de "no te pongas la venda antes de la herida, pero tampoco te confíes". 
Señor Presidente, ayer, estimados señoras y señores, una sentencia dictada por un tribunal estadounidense concedió a la víctima de la nicotina Leslie Whiteley una indemnización no inferior a 44 millones de dólares. 
Hace una semana, el Consejo Europeo se declaró a favor de una Europa de la innovación. 
En este contexto nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Debemos dar una nueva regulación al Derecho europeo de la responsabilidad por productos? 
¿Queremos incorporar el modelo americano a nuestro Derecho de la responsabilidad? 
¿Cómo configuramos un Derecho de la responsabilidad que fomente y no obstaculice estas innovaciones? 
Acogemos con satisfacción que la Comisión haya presentado en primer lugar un Libro verde sobre este asunto, porque creemos razonable evaluar antes de nada los resultados obtenidos con la directiva en vigor antes de pasar a adoptar nuevas disposiciones. 
Como Grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (cristianodemócratas) y de los Demócratas Europeos, nos manifestamos a favor de una clara separación, en interés de la seguridad jurídica, entre la reparación del daño y las medidas penales, algo que impide el Derecho estadounidense. 
En interés de las PYMEs, queremos impedir que la producción de riesgos de responsabilidad incalculables, y tampoco queremos una compensación excesiva de unos pocos damnificados en perjuicio de todos los consumidores, que al final tendrán que pagar precios más altos por lo productos como consecuencia de tal normativa de indemnización de los daños. 
Queremos un Derecho de la responsabilidad por productos que fomente las innovaciones y no dé lugar a riesgos de responsabilidad incalculables para los que quieren introducir nuevos productos en el mercado. 
Con respecto a la valoración de las amplias opiniones sobre el Libro verde, queremos que la Comisión tenga las manos libres para apreciar la necesidad de una reforma de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos. 
Queremos que valoren con imparcialidad estas detalladas opiniones. 
A nuestro juicio, el Derecho de la responsabilidad por productos permite, a primera vista, un justo equilibrio entre los intereses del consumidor, por un lado, y los de los fabricantes, por otro. 
Las empresas deben responder ante el consumidor por los daños aunque no concurra culpa. 
A cambio, por otro lado se prevé un plazo de responsabilidad de 10 años y importe máximo de la responsabilidad de 75 millones de euros. 
Por ello, estimamos que sólo en el caso de que se constate con claridad la necesidad de modificar la directiva, debe procederse a tal revisión de su texto. 
En este contexto ha de actuarse con prudencia y cautela, pues esta cuestión afecta a millones de casos todos los días. 
Deseamos que la Comisión acierte en su valoración de los resultados del Libro verde. 
Señor Presidente, queridos colegas, nuestro colega MacCormick ha analizado a fondo el Libro verde de la Comisión relativo a la responsabilidad civil por productos defectuosos. 
Su trabajo y colaboración colegial merecen nuestro agradecimiento. 
En nombre de mi Grupo sólo quiero realizar unas pocas observaciones sobre las enmiendas necesarias, en las que con carácter previo hemos alcanzado un amplio consenso con el Grupo del Partido Liberal y Democrático Europeo. 
Se trata, esencialmente, de enmiendas de revisión dirigidas a su departamento, señor Bolkestein. 
Por un lado, se trata de la carga de la prueba que, de conformidad con el artículo 4, recae únicamente en el damnificado. 
A juicio de mi Grupo, la Comisión debería examinar si pueden tenerse en cuenta las pruebas prima facie o indiciarias en todos los niveles de prueba. Esto es particularmente importante porque el mundo de la producción es cada vez más complejo y es cada vez más difícil para el damnificado aportar medios de prueba en este ámbito. 
Nuestras observaciones hacen asimismo referencia a las excepciones a la responsabilidad general del fabricante, sobre todo al llamado riesgo de desarrollo. 
Es necesario examinar si estas normas de excepción son adecuadas y velan por el equilibrio entre el productor y el consumidor. Esto se afirma en particular con respecto a los alimentos y medicamentos. 
No se comprende que los riesgos asociados a los avances técnicos deba asumirlos únicamente el consumidor. 
Me parece dudosa la validez de la directiva con respecto al uso y consumo privados. 
La Comisión debería examinar si el ámbito de aplicación de la directiva debe extenderse a los bienes de consumo industrial. 
El daño objetivo de un empresario no reviste diferencias fundamentales con respecto al de una persona privada. 
La desigualdad en el trato es tanto más perjudicial cuanto más pequeña sea la empresa. 
Una aproximación de las legislaciones a nivel comunitario satisfaría el objetivo de la Directiva sobre responsabilidad por productos, máxime cuando la clara diferencia entre los ámbitos privado y laboral se reduce cada vez más en virtud de la flexibilización del mundo laboral. 
La limitación temporal de la responsabilidad también merece una reflexión. 
El caso del EEB ha puesto de manifiesto que una limitación global de la responsabilidad a 10 años es en ciertos casos insuficiente. 
Podría reflexionarse, por ejemplo, sobre la posibilidad de fijar esta limitación habida cuenta de cada tipo de producto. 
Pero no sólo son importantes estos puntos, sino que deberíamos aprovechar plenamente todas las posibilidades de una mayor armonización de la responsabilidad por productos en el sentido de una amplia protección al consumidor en la Unión Europea. 
Si completamos del modo expuesto el informe MacCormick, el Parlamento habrá realizado un gran trabajo en beneficio de los consumidores y consumidoras. 
Para eso nos eligen. 
Señor Presidente, quisiera saludar lo que es un informe muy bien considerado, que nos invita a dar un paso atrás y hacer balance antes de embarcarnos en la introducción de nueva legislación en este ámbito; lo que supone un agradable cambio con respecto a la tendencia que a veces muestra esta Asamblea de hacer las cosas deprisa y corriendo o permitir que nos metan prisa cuando debemos estudiar una legislación compleja. 
Quisiera centrar mis comentarios en particular en los temas que plantea el informe relativos a una mayor armonización del Derecho privado. 
En nuestro entusiasmo, a veces nos olvidamos de que la armonización del Derecho privado es un asunto muy delicado; afecta a las tradiciones jurídicas nacionales de nuestros Estados miembros; unas tradiciones jurídicas nacidas de nuestras historias y culturas diferentes de países y jurisdicciones separados. 
El Profesor MacCormick conoce este extremo perfectamente en lo que respecta a Escocia, que cuenta con su propia herencia jurídica. 
No me opongo en absoluto a una mayor armonización, puede ser de utilidad para el buen funcionamiento del mercado interior, pero la imposición de una armonización legislativa debe ser examinada con detenimiento y transparencia, o de lo contrario podríamos descubrir que hemos dejado atrás a nuestros ciudadanos en este proyecto. 
El tradicional impulso hacia la armonización lo ha dado el mercado interior, al que ahora podemos añadir las aspiraciones de Tampere relativas a la creación de un espacio único para la justicia europea. 
Pero la armonización deberá respetar la subsidiariedad; no tenemos ninguna necesidad de precipitarnos hacia la uniformidad del Derecho civil en este ámbito de responsabilidad civil por los productos. 
Deberíamos tener presente que la uniformidad puede contener la innovación e impedir la adaptación a las circunstancias y a los problemas locales o nacionales. 
Es un tópico que el Derecho europeo se haya beneficiado de la capacidad de inspirarse en el rico material comparativo de las distintas tradiciones jurídicas de nuestros diferentes Estados miembros. 
Sería peligroso que dicha uniformidad frenara el buen desarrollo. 
Permítame sugerir que las aspiraciones de Tampere podrían realizarse mejor en el ámbito del Derecho público de la futura Carta de los Derechos Fundamentales que a través de más legislación impuesta que armonice nuestras tradiciones en materia de Derecho privado. 
Las investigaciones parecen demostrar que nuestras tradiciones tienden lentamente hacia la convergencia. 
Quizá deberíamos prepararnos para facilitar y guiar dicha convergencia y respetar el carácter condicional de una mayor armonización que es esencial a las propuestas del Profesor MacCormick. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a mis colegas en la cordial acogida del informe tan realista del Profesor MacCormick. 
Al analizar todo este asunto de la responsabilidad civil por productos defectuosos, debemos decir que la actual directiva parece haber funcionado bien. 
No hay demasiadas pruebas de que los consumidores se vean seriamente perjudicados en estos momentos. 
Estaría dispuesto a defender con ahínco el hecho de que hemos logrado un equilibrio de intereses muy justo y razonable. 
Quiero retomar la observación que ha hecho mi colega el Sr. Wuermeling de que debemos ser especialmente cautelosos en lo que respecta a los riesgos de una evolución del entorno en el que actualmente nos encontramos. 
Fue un tema crucial en la Cumbre de Lisboa y la innovación de nuevos productos es uno de los aspectos competitivos clave de las empresas europeas. 
Si nuestras normativas sobre responsabilidad civil por productos defectuosos restringe la competitividad y la innovación, me atrevería a afirmar que los consumidores también sufrirán importantes desventajas. 
Los consumidores serán los que salgan perdiendo si se restringe el flujo de productos competitivos e innovadores. 
Por tanto, permítanme que me haga eco de las palabras del Sr. MacCormick: necesitamos hechos que estén basados mucho más claramente en pruebas objetivas antes de introducir modificaciones a esta legislación. 
Señor Presidente, muchas gracias por haberme concedido la palabra. 
Quisiera comenzar dando las gracias cordialmente al ponente por el informe que ha elaborado y por el trabajo que ha realizado. 
También quiero agradecer cordialmente a los restantes miembros de esta Cámara las observaciones que han formulado y las preguntas que han planteado. 
El asunto de la responsabilidad por los productos defectuosos se trató hace dos años en el Parlamento Europeo. 
La Comisión presentó entonces una propuesta por la cual el principio de la responsabilidad del riesgo de los productos defectuosos previsto en la Directiva 85/374 se aplica a los productos agrícolas y de la caza. 
Quizá recuerden que durante ese debate celebrado en noviembre de 1998 la Comisión anunció su propio informe sobre la aplicación de la Directiva como la mejor oportunidad y manera de reflexionar sobre una revisión de la Directiva de 1985. 
A finales de este año se presentará este informe al Parlamento y al Consejo. 
Además, la Comisión llevará a cabo un amplio debate con todos los interesados en forma de un Libro Verde que se presentará a debate en esta Cámara. 
El 29 de julio del año pasado la Comisión dio su aprobación al actual Libro Verde sobre la responsabilidad legal de los productos defectuosos. 
El Libro Verde se destinaba y se destina a proporcionar información a todas las partes interesadas, fundamentalmente a las empresas, los consumidores, las compañías de seguros y las instituciones públicas con respecto a dos cuestiones. 
La primera cuestión es cómo ha funcionado en la práctica la Directiva sobre la responsabilidad de los productos. 
La segunda es en qué medida puede modificarse dicha Directiva. 
Este documento pretende ser un estímulo, como he dicho, para la reflexión y el debate. 
En una sección importante del Libro Verde se hace un llamamiento a todos los interesados para fundamentar con argumentos su postura sobre la necesidad de una revisión. 
En dicha sección se incluye una amplia gama de temas. A ella pertenecen aspectos que el Parlamento presentó por escrito hace dos años, entre otros, la carga de la prueba, los riesgos de desarrollo, la compensación por daños morales, las franquicias, los plazos de prescripción y las cuantías máximas, así como otras cuestiones como la necesidad de mayor trasparencia, la responsabilidad de los proveedores y las posibilidades de indemnización. 
Son temas que ha planteado, al menos en parte, la señora Gebhardt. 
También se ha referido a la carga de la prueba, los riesgos de desarrollo y la ulterior armonización en este ámbito y el ulterior uso industrial. 
Son dos series de temas que se solapan. 
En cualquier caso está claro que todos los temas deben tratarse en un informe que la Comisión va a presentar a finales de este año. 
Las indicaciones del Libro Verde acerca de una posible revisión deben servir de hilo conductor para un amplio debate. 
En su intervención de esta tarde, el Sr. MacCormick también se ha referido a la necesidad de que la Comisión profundice este debate. 
Esto lo digo en nombre de la Comisión, pero por supuesto esto debe realizarse conjuntamente con el Parlamento, junto con los restantes interesados, porque la Comisión se basa en las opiniones que plantea la sociedad y esta Asamblea. 
La Comisión no quiere anticiparse a eventuales iniciativas futuras por parte de la propia Comisión. 
Pide a todos los interesados que se basen en una respuesta a los hechos. 
Esto también es un punto que ha sido mencionado por el Sr. Harbour cuando se ha referido a las razones inequívocas de tipo fáctico como argumento para modificar la Directiva. 
La Comisión está totalmente de acuerdo con el Sr. Harbour. 
Siempre estamos dispuestos a reconsiderar nuestra posición a la luz de los argumentos de tipo fáctico que se aleguen, pero sólo en ese caso. 
Esa es también la razón de que una vez más la Comisión haga un llamamiento a los miembros de esta Asamblea para que se ciñan a los puntos principales del tema. 
La comisión parlamentaria competente en la materia comparte la opinión que acabamos de expresar el Sr. Harbour y yo, pero la Comisión establece que toda revisión de la Directiva de 1985 tiene que basarse en hechos probados inequívocamente. 
Antes de emprender reformas el legislador comunitario debe someter a un cuidadoso juicio la legislación existente. 
En este juicio deben plantearse entre otras una serie de cuestiones que se formulan en el Libro Verde. 
Por estas razones, en algunos casos no se está de acuerdo con los intentos de la Comisión de pasar a la acción. La Comisión comparte esta última conclusión. 
Es evidente que en el informe deben analizarse a fondo todos los asuntos mencionados en el Libro Verde. 
Hasta ahora se han presentado cientos de contribuciones procedentes de organizaciones de consumidores nacionales y europeas, diferentes sectores del mundo empresarial, de las instituciones públicas de los Estados miembros y de otros países europeos, así como de las instituciones especializadas en materia de responsabilidad de los productos. 
De ahí se deduce cuánta importancia se da a este tema y cuán acertada ha sido la atención que le ha prestado el Parlamento esta tarde. 
En el informe se adoptará el análisis de la aplicación de la Directiva que se efectuará sobre la base de estas contribuciones. 
En el debate sobre si es necesario o no revisar la Directiva de 1985, la Comisión se guiará por los análisis. 
Si realmente es necesaria la revisión, entonces por supuesto que los servicios de la Comisión elaborarán una propuesta. 
Espero que el Parlamento Europeo asuma este enfoque y que la propuesta de resolución preparada por la comisión parlamentaria competente se acepte sin cambios. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Electricidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0078/2000) del Sr. Turmes, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre "Electricidad procedente de fuentes de energía renovables y el mercado interior de la electricidad" (SEC (1999) 0470- C5-0342/1999- 2000/2002 (COS) ). 
. (FR) Señor Presidente, una directiva sobre las energías renovables o un informe de iniciativa del Parlamento, ¿para qué? 
Creo que hay que situar este informe, así como la directiva que está en gestación, en el marco de la política energética de la Unión Europea con estos tres objetivos: el coste competitivo, la seguridad de suministro, la protección del medio ambiente. 
Desde el 29 de febrero de este año, tenemos un mercado común de la electricidad, pero, lamentablemente, con distorsiones de la competencia todavía considerables y que, desgraciadamente, redundan en detrimento tanto de la cogeneración de las energías renovables y del control de la energía como de las formas de energía del futuro. 
Las razones son los precios de la energía sin internalización de los coste externos, con considerables subvenciones, que se mantienen en el sector nuclear y en el de las energías fósiles. 
La directiva en curso de elaboración deberá perseguir, en mi opinión, dos objetivos. 
En primer lugar, hará falta una rectificación necesaria de ese mercado imperfecto para proteger esa planta aún frágil que son las energías renovables y, en segundo lugar, poner los cimientos de las energías renovables para que vayan en la dirección que deben seguir de aquí a 2030, 2040, es decir, poder asumir la mayor parte del mix energético de la Comunidad Europea. 
Tenemos numerosas razones para seguir en esa dirección. 
En primer lugar, la protección del medio ambiente, pero también la creación de puestos de trabajo. 
Sabemos por estudios apoyados en cifras que las energías renovables son más creadoras de puestos de trabajo que las clásicas. 
Sabemos que debemos preparar a Europa para un mercado mundial de las energías renovables y tenemos también ventajas bioestratégicas, si reducimos nuestra dependencia de regiones que con frecuencia están en crisis. 
¿Cuáles deben ser las piedras angulares de esa futura directiva? 
En primer lugar, deberá estar basada tanto en los artículos del Tratado, en relación con el Mercado Interior, como en los relativos al medio ambiente. 
Harán falta objetivos ambiciosos y claramente formulados en el nivel europeo en las magnitudes del Libro Blanco de la Comisión, es decir, 12% para la energía y 23% para la electricidad. 
Después de haber fijado esos objetivos en el nivel europeo, será necesaria una negociación de tipo burden sharing entre la Comisión y los Estados miembros para llegar a ponerse mutuamente de acuerdo sobre los objetivos específicos nacionales que, sumados, constituirán, en una palabra, el objetivo europeo. 
Respecto de los instrumentos que se deben aplicar, mi informe propugna la subsidiariedad. 
Creo que es demasiado pronto para juzgar los diferentes instrumentos que se pueden categorizar. 
Por un lado, tenemos los sistemas de precios garantizados, que hicieron despegar la industria de la energía renovable en Europa. 
Por otro lado, tenemos los sistemas de trading que acaban de nacer en los Países Bajos, en Dinamarca y en los que seguirán existiendo muchos problemas administrativos y técnicos por resolver. 
Así, pues, proponemos que la Comisión haga una evaluación de los diferentes instrumentos en 2005 y que hasta esa fecha haya subsidiariedad y también moderación en la Comisión por lo que se refiere a la regulación de las subvenciones destinadas a las energías renovables. 
Creo que no es útil reducir las subvenciones para las energías renovables, cuando resulta que persisten subvenciones mucho mayores para los sectores nuclear y del carbón. 
Un último aspecto que quisiera destacar es el de que hará falta un sistema de labelling y de información sobre todas las formas de electricidad. 
En un mercado interior será necesario que el consumidor esté informado y que cada forma de electricidad garantice una información y no sólo la electricidad verde. 
Agradezco por adelantado a todos los diputados que han ayudado en un trabajo de equipo a redactar este informe y siento curiosidad por oír sus comentarios. 
­ (DE) Señor Presidente, quiero felicitar al ponente. 
Ha hecho un trabajo extraordinario. 
En el ámbito de las energías renovables, contamos con textos básicos magníficos en y por sí, como el mencionado Libro verde, que contienen argumentos brillantes. 
En términos generales, todo el mundo está de acuerdo. 
Todos decimos, sí, necesitamos nuevas fuentes de energía. 
Son un elemento fundamental del siglo XXI, del pensamiento del siglo XXI. 
Pero cada uno quiere hacerlo de forma un poco distinta, con el resultado habitual de que no encontramos ninguna línea unitaria para cumplir estos objetivos. 
El segundo asunto que tenemos es el problema de que nuestras opiniones están polarizadas. 
Por un lado decimos que hay partidarios de las fuentes de energía renovable, personas de orientación ecológica y que mira al futuro. 
Por otro lado, están los proveedores de energía, comerciantes y productores de petróleo que quieren justamente lo contrario. 
Aquí se están trabando posiciones de hostilidad. 
Creo que deberíamos superarlas y reconocer que estas fuentes de energía renovable tienen un único enemigo. 
Este enemigo es el desconocimiento de las magníficas posibilidades que se nos ofrecen. 
Si reconocemos ahora que nos traen la paz, daremos posiblemente un paso importante si mañana aprobamos este informe. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, señoras y señores, queridos colegas, desde 1996 el Parlamento mantiene una posición básicamente unívoca en esta cuestión. 
Fue el Parlamento, quiero recordar, quien atrajo a la Comisión hacia esta política. 
En el principio no estaba el Libro blanco, sino la iniciativa del Parlamento. Eso puedo recordarlo en mi condición entonces de ponente. 
Necesitamos un mayor porcentaje de utilización de energía primaria. 
Ya hemos avanzado algo, pero sin duda alguna no lo bastante. Lo necesitamos por razones climáticas y de política industrial, pues aquí hay que ocupar un mercado mundial. 
Por tanto, quiero dar las gracias al ponente en nombre de la comisión y constatar que, en consecuencia, no ha sido necesario discutir un 80% de las resoluciones presentadas. 
Por cierto, una observación al margen: ¡El que hoy por la noche está aún aquí no es que tenga energías renovables, es que tiene energías inagotables! 
¡Así estamos adecuadamente representados, como el asunto exige! 
Desgraciadamente, debo hacer constar que el informe contiene algunas afirmaciones erróneas, que infringen el Tratado o que no merecen apoyo político. 
Errónea es, por ejemplo, la elevación a los altares del sistema de alimentación. 
Evidentemente, es cierto que los Estados miembros en los que se da dicho sistema han progresado considerablemente, pero no como consecuencia del sistema de alimentación en sí, sino por las subvenciones que se prestan en dichos países. 
No conviene confundir las causas. 
Esto también conduce a que compartamos con la Comisión la opinión de que hay que dejar a los Estados miembros experimentar. 
Aún es demasiado pronto para santificar un sistema y descalificar otro. 
Segunda: el informe contradice al Tratado en algunos puntos. 
Se trata en particular de las afirmaciones relativas a la política de ayudas. 
Es cierto que las energías renovables necesitan ahora y probablemente durante un largo tiempo una ayuda a modo de empujón de arranque. 
Esto es completamente correcto y conforme al Tratado. 
Pero es sin duda alguna incorrecto concederles la misma ayuda que a las demás energías, pues contribuyen de forma muy distinta al mix de energías; tampoco es correcto vincular las ayudas a una a la duración de las otras. 
Mi tercera observación se refiere a un punto en que el acuerdo no es conforme al Tratado. 
En la Unión Europea no podemos imponer compromisos vinculantes a los Estados miembros. 
La Unión carece de fundamento jurídico para hacerlo, de legitimación, y dado que carece de ello, tampoco puede, en consecuencia, imponer sanciones. 
Justamente esto lo ha rechazado unánimemente el Consejo en su reunión de Lisboa para el ámbito de los mercados de trabajo. 
Por ello es correcto que esto se considere una asunto de política económica de interés comunitario y se hacen necesarias las negociaciones burden sharing. 
No puedo aprobar, en particular, que se hable de la maldición del proveedor más económico. 
Tal afirmación desprecia al consumidor y desdeña la oferta y la demanda. 
Además, no podemos ­eso lo entenderá usted­ alegrarnos de la creación de un nuevo aparato burocrático, aunque venga cubierto bajo el atractivo manto de una agencia de la UE. 
Señora Vicepresidenta, de ahí mis tres recomendaciones a la Comisión: 
Primera: en su directiva, cuyo proyecto aguardamos, debería impulsar la utilización de todas las energías renovables y, en la medida de lo posible, proponer un marco de subvenciones unitario. 
Segunda: en lo que respecta a la ayuda financiera, debería diferenciarse entre los que necesitan dicha ayuda y los demás. 
Seguramente podrán establecerse diferencias. 
Tercera, y esta es, a mi juicio, especialmente importante en interés de los inversores: en caso de que alguna vez, en lugar de los sistemas que se ensayan en la actualidad en Europa, se recurra a uno nuevo en los Estados miembros o en Europa, los que hayan realizado inversiones no deberán verse perjudicados. 
¡Deben ser protegidos de forma duradera! 
Esta debe ser una firme declaración, dirigida tanto a las autoridades de defensa de la competencia como al departamento de energía de la Comisión, de cómo deseamos configurar los mercados. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quiero también agradecer sinceramente al Sr. Turmes su magnífico trabajo de detalle que encierra su informe. 
Informes no nos faltan. 
Tuvimos el informe Mombaur, el informe Rothe; nuestra antigua colega la Sra. Bloch von Blottnitz escribió un informe, la Sra. Ahern hizo un informe y, si mal no recuerdo, yo también redacté un informe sobre este tema. 
Así que informes hay bastantes. 
Todos están traducidos a todas las lenguas posibles. 
Aquí se trata realmente de que adoptemos iniciativas para ejecutar lo que hemos acordado. 
Hemos acordado que el porcentaje de energías renovables debe aumentar del 6% al 12%. 
Si recuerdo bien las cifras, actualmente no llegamos siquiera al 6%, sino que estamos en el 5,4 %. 
En todo caso, reproduzco las cifras de la Comisión. 
¿Cómo se alcanzan estas cifras? 
Un 9,5 % de las energías renovables en la Unión Europea son biomasa y energía hidroeléctrica. 
Sólo un 5% representan la energía eólica, la solar, la fotovoltaica, etc. 
¡Sólo un 5%! Es decir, si yo ahora quiero duplicar esta cifra y en el caso de la energía hidroeléctrica me topo con límites de carácter físico, si ya no se puede construir a discreción más centrales hidroeléctricas ­la explotación de los Alpes tiene también sus límites­, entonces se nos tiene que ocurrir algo, por ejemplo, tender un puente hacia la política agrícola. 
Quiero pedirle de verdad, señora Comisaria, que tienda un puente hacia la política agrícola, que pacte una alianza. 
Si, por ejemplo, la Unión Europea se amplía hacia países como Polonia, que cuentan con grandes superficies de cultivo, cuya población trabaja en un alto porcentaje en la agricultura y perderá en su mayor parte su empleo en los próximos 10, 20 años, porque practicarán una agricultura extensiva, contaremos aquí entonces con un margen de actuación. 
Sin embargo, uno tiene que preguntarse: ¿Cómo se financia eso? 
Pero, al menos, contamos con un margen técnico de actuación. 
En lo que respecta a las energías renovables y su financiación a nivel nacional, sólo apuntaré un par de conceptos fundamentales. 
A mi juicio, los sistemas, por muy distintos que sean, deben hacerse en todo caso compatibles a medio plazo, para que efectivamente exista un mercado a nivel europeo. 
En segundo lugar, las ayudas deben ser regresivas. 
Quizá no tengan que reducirse de forma radical, pues el resultado de tal medida sería negativo, pero sí deben ser tendencialmente regresivas para que puedan aplicarse las mejores tecnologías, pues en el ámbito de las energías renovables también se dan constantemente avances técnicos. 
Supongo que no comparto la opinión del Sr. Mombaur cuando afirma que debemos reflexionar sobre la imposición de sanciones, pues de otro modo todo pierde su sentido. 
Por ejemplo, en el marco de Kioto nos hemos obligado a observar cuotas determinadas. 
No se puede, dice el Sr. Mombaur castigar a nadie por no cumplir las cuotas. 
Si hubiéramos introducido así el euro, si no se impusieran sanciones cuando alguien incumple las disposiciones relativas al euro, el euro no habría tenido éxito alguno. 
En lo relativo a las energías renovables, o en la política de CO2, no se puede funcionar a la larga sin sanciones. 
No pueden contraerse obligaciones a discreción y luego no cumplirlas. 
Insisto una vez más: sin sanciones, esta política energética común ­pues es política al fin y al cabo­ no funcionará. 
Quizá sea desagradable, ¡pero de otro modo no funcionará! 
Señor Presidente, quisiera reiterar mi agradecimiento al ponente por el marcado talante de cooperación con el que se ha embarcado en este importante informe y me complace formar parte del pequeño círculo de fanáticos de la energía renovable a esta avanzada hora de la noche. 
Tres observaciones; en primer lugar, el asunto de la igualdad de condiciones. 
Consideramos fundamental que si vamos a conceder a las fuentes de energía renovables el respiro y el impulso que merecen, es justo que intentemos y aspiremos a la igualdad de condiciones. 
Esta igualdad exige, sobre todo y por encima de todo, que presionemos por una reducción de los inadmisiblemente altos y legalmente dudosos niveles de subvenciones que siguen fluyendo hacia las fuentes de energía fósiles en la Unión Europea, en particular, aunque no exclusivamente, al sector del carbón en varios de los Estados miembros grandes. 
Mientras se sigan concediendo estas subvenciones a los combustibles fósiles que distorsionan el mercado, no podemos hablar de manera realista sobre igualdad de condiciones en la Unión Europea. 
En este contexto, nos unimos al ponente en el sentimiento de que hace falta algún tipo de disposiciones especiales que regulen las subvenciones mientras se mantengan esas subvenciones que distorsionan el mercado. 
Respecto a los objetivos, doy decididamente la razón al Sr. Linkohr. 
No podemos hablar en serio sobre esto sin intentar defender de alguna manera, moral, financiera o de otro tipo, el concepto de los objetivos. 
Las primeras versiones del ponente no nos gustaban demasiado porque teníamos la sensación de que el objetivo era gestionar al milímetro el mercado de las fuentes de energía renovables. 
Eso no es ni viable ni deseable, pero una mezcla de la presión por alcanzar los objetivos, combinada con la competencia entre sectores eficientes de energía renovable nos parece que es el enfoque que deberíamos adoptar a largo plazo. 
Por último, quisiera formular un ruego en nombre de mi Grupo: abstengámonos de crear otra agencia. 
El apartado 22 de este informe pide la creación de una agencia europea para la energía sostenible. 
Este Parlamento y las instituciones europeas han estado generando un vendaval de nuevas agencias por todo el territorio de la Unión Europea. 
Eso no nos ayuda necesariamente a seguir las políticas que deseamos seguir; por el contrario, podría tener el efecto de marginar por completo la política. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su esfuerzo y, en particular, por la excelente definición que hace de las fuentes de energía renovables. 
Esta directiva debería estar encaminada únicamente a apoyar las nuevas tecnologías renovables que aún no son viables comercialmente. 
La directiva, como ya han dicho algunos oradores, debe tener objetivos vinculantes para que los Estados miembros y toda la Unión Europea lleven a cabo un incremento significativo de la proporción de energías renovables del mercado total de energía. 
Tomo nota de que la Comisión propone una revisión en 2005, pero quisiera instarla a que además pida a los Estados miembros que elaboren informes anuales sobre la realización de los objetivos del Libro Blanco. 
También querría que la directiva no estableciera ningún tope ni limitación respecto a los mecanismos que elige cada Estado miembro. 
La directiva debería fomentar además un acceso justo y no discriminatorio a la red como su principal objetivo. 
Asimismo, la directiva debería incluir mecanismos destinados a persuadir, como ya hemos podido oír, a los Estados miembros de que no sigan concediendo subvenciones que distorsionan el mercado a las fuentes tradicionales de energía, en particular, a los combustibles fósiles y a la energía nuclear. 
Existen muchas subvenciones encubiertas para el sector nuclear desde hace mucho tiempo y ya es hora de que se realice una revisión a fondo de las mismas, si no puede ser su prohibición total. 
Los argumentos de que las ayudas a la energía renovable distorsionan el mercado son totalmente espurios en el contexto de las vastas subvenciones que en la Unión Europea se destinan al sector nuclear y a los combustibles fósiles. 
Espero que la Comisaria se tome realmente en serio este punto. 
La directiva debería proponer, de manera explícita, un sistema de ayudas y ventajas para las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la producción y distribución descentralizada de energía renovable. 
Debería incluir incentivos que permitan a los Estados miembros apoyar sin rodeos las ventajas para las regiones, en particular, para las zonas rurales, de esta producción ecológica que además requiere mucha mano de obra. 
Y lo más importante de todo, la directiva debería proponer mecanismos para la asimilación de los costes externos de la producción tradicional de energía. 
Por último, quisiera insistir en la importancia de que algunos de los proyectos que llevan a cabo los Estados miembros para incluir a las fuentes renovables en la combinación de fuentes de energía del sector eléctrico sean al menos iguales que el compromiso total de la UE recogido en el Libro Blanco sobre energía renovable, conforme a lo respaldado por el Consejo y este Parlamento. 
Me gustaría hacer una referencia especial al bajo índice de aprovechamiento en el Reino Unido, Irlanda y Francia. 
En este sentido, estudios empíricos nos demuestran que el acceso a la red es en mucho el mejor modo de alcanzar altos porcentajes de energía renovable, en vez de los otros métodos que aplican dichos países. 
Señor Presidente, creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que el desarrollo de las fuentes de energía renovables es el camino a seguir. 
Si somos serios al respecto, debemos estar dispuestos a destinar fondos a la investigación y al desarrollo de este sector a nivel nacional y a nivel europeo. 
El Parlamento ha aprobado recientemente la propuesta de mantener e incrementar los fondos para el programa SAVE. 
Mi país, Irlanda, ha destinado un total de 125 millones de euros al desarrollo del sector de la energía ambientalmente sostenible. 
Me alegra que el ponente identifique la relación que existe entre el tema de las fuentes de energía renovables y consideraciones políticas más amplias. 
La creación de un mercado interior de la electricidad debería proporcionar a los consumidores la oportunidad real de elegir la electricidad que consumen. 
La introducción del elemento de competencia en cualquier sector debería proporcionar precios más favorables para el consumidor. 
Aunque es deseable que exista igualdad de condiciones, podría ser necesario proporcionar subvenciones a determinados tipos de energía al objeto de fomentar otras fuentes. 
No hay duda de que el desarrollo de la energía renovable va unido a consideraciones ambientales, así como a otros aspectos como el empleo, el desarrollo regional y el fomento de iniciativas locales. 
Estoy a favor del desarrollo de pequeñas iniciativas locales que refuercen el desarrollo rural a través de la creación de, digamos, entre 20 y 30 puestos de trabajo por proyecto. 
Estos proyectos no sólo deberían estar abiertos al sector empresarial, y los grupos locales, como las pequeñas cooperativas de ámbito local, deberían recibir ayudas para crear empresas locales de este tipo. 
Este informe afirma que las ayudas a proyectos relacionados con la energía renovable no deben ser consideradas como simples subvenciones, según las normas por las que se rigen las ayudas estatales. 
Lo importante es permitir que los Estados miembros continúen subvencionando las fuentes de energía renovables que aún no son económicamente viables. 
Aparte de los evidentes beneficios ambientales y de otro tipo, estas ayudas pueden justificarse en términos de competencia. 
No hay duda de que existen graves distorsiones del mercado de la energía, en el que existen muchas subvenciones encubiertas a la energía generada a base de carbón y petróleo. 
Sería prácticamente imposible cuantificar estas subvenciones que han estado arraigadas en el sector durante décadas de construcción de generadores. 
Nos enfrentamos aún al importante reto de cumplir nuestros compromisos en lo que respecta a la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la energía conforme al Protocolo de Kioto, mientras que al mismo tiempo fomentamos el crecimiento de nuestras economías. 
Creo que, a pesar de que cada Estado miembro debe esforzarse en alcanzar el objetivo del 12% de fuentes de energía renovables, la imposición de un objetivo único vinculante no sería de utilidad, porque existen grandes diferencias entre los Estados miembros en lo que se refiere a las estructuras del mercado de la energía. 
Todo lo que he dicho hasta ahora se refiere al aspecto positivo, pero en cuanto al lado negativo, el informe defiende específicamente la exclusión de la turba. 
Las centrales eléctricas alimentadas con turba funcionan muy bien en mi país y su contribución al suministro eléctrico de Irlanda es muy importante. 
Además de eso, el informe defiende enfáticamente la imposición en Europa de un impuesto sobre el consumo de energía. 
Estoy totalmente en contra de este enfoque y rechazo esa tributación. 
Por consiguiente, lamento decir que mi voto final sobre este proyecto se verá seriamente afectado. 
Señor Presidente, la necesidad de promover el desarrollo de las fuentes de energía renovables es un tema esencial cada vez que se plantean cuestiones como el acuerdo del Protocolo de Kioto y el cumplimiento de nuestros compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o cuando hablamos de sostenibilidad en política energética. 
Igualmente está en la mente de todos el hecho de que apoyar las energías renovables es una de las bazas más importantes para conseguir resultados efectivos, especialmente en lo que se refiere al control de las emisiones de dióxido de carbono, así como para alcanzar el objetivo propuesto en el Libro Blanco de llegar a un 12% de energía renovable en el año 2010. 
Ahora bien, siendo conscientes de esta necesidad, hay una serie de hechos relevantes a considerar. 
En primer lugar, hay que decir que las energías renovables presentan actualmente el inconveniente de su menor eficiencia económica, por lo que en una primera fase necesitan mecanismos de apoyo que las hagan empresarialmente viables. 
En segundo lugar, cualquier mecanismo de apoyo que se plantee debe ser realista y coherente, pero sobre todo debe estar dotado de un marco jurídico estable y adecuado para lograr el efecto perseguido. 
Cualquier acción de desarrollo de nuevos proyectos de inversión en estas tecnologías exigirá, para su lanzamiento, el disponer de una base jurídica que haga transparentes las normas a las que tenga que acogerse. 
En un tercer lugar, es característico de las energías renovables la diferente situación de partida de los distintos Estados miembros, lo que aconseja que cualquier solución se adapte a esta diferencia. 
En un cuarto lugar, no debemos limitar en exceso el concepto de energía renovable, aunque sí parece razonable prever ciertas restricciones en acciones de apoyo para las instalaciones cuyas dimensiones y rendimientos así lo requieran. 
Para concluir, considero que el informe de nuestro colega, el Sr. Turmes, que este Pleno del Parlamento se dispone a votar, recoge de manera suficiente mis principales inquietudes. 
Su contenido ofrece el equilibrio necesario que nos permite valorarlo positivamente, pero nuestra posición final dependerá del resultado en determinados puntos cruciales. 
No quisiéramos terminar sin felicitar al ponente por su talante dialogante y por su esforzado y completo trabajo. 
Señor Presidente, declaro un interés, aunque no es un interés financiero, en este asunto, porque soy presidente de la Northern Energy Initiative, una empresa que opera en el Noreste de Inglaterra y que cuenta con una agencia de energía renovable, cuyo objetivo es el fomento de las fuentes de energía renovables. 
En el Reino Unido, el porcentaje de electricidad procedente de fuentes de energía renovables es muy bajo, creo que se encuentra entre los más bajos. 
Y sin embargo, estudios realizados en mi región demuestran que existe un potencial considerable para proyectos de energía renovable: eólicos, incluso mar adentro, pequeñas centrales hidroeléctricas, gas generado a partir de residuos en vertederos, incineración de residuos, biocombustibles y energía fotovoltaica. 
Es importante que nos marquemos objetivos comunitarios y nacionales, pero también es importante contar con una directiva europea que apoye los esfuerzos a nivel local y regional, que es donde se toman realmente muchas de las decisiones. 
En general, existe la necesidad de divulgar entre arquitectos y posibles clientes las tecnologías de que disponemos. 
Toda directiva debería incluir además ayudas a proyectos de demostración. 
Los proyectos más grandes a menudo no consiguen el permiso de obras porque existe oposición entre la opinión pública. 
Una orientación de la planificación más activa, a ser posible relacionada con objetivos regionales de energía renovable, y estudios de viabilidad serían unos complementos muy útiles de esta directiva. 
El acceso a la red de suministro a precios justos tiene una importancia decisiva. 
La falta de incentivos debido a los altos costes de capital necesarios para la conexión a la red de suministro desde centrales de energía renovable situadas en lugares remotos y la prevención de sanciones de transmisión son otros de los problemas que debería atajar la directiva. 
Espero que la Comisión tome nota de estas observaciones. 
Quisiera solicitar el respaldo a la enmienda encaminada a facilitar el fomento de fuentes de energía renovables en las islas más alejadas de la Comunidad. 
Estoy seguro de que se trata de un descuido en la redacción del texto. 
Debo decir que los diputados Laboristas británicos votarán en contra de la exclusión de la incineración de residuos de la definición de fuentes de energía renovables, por entender que se trata de un material que no puede ser reciclado. 
Señor Presidente, el mercado interior de la electricidad debe tener por objetivo principal la práctica de una competencia leal. 
Este objetivo se refleja claramente en el documento preparatorio de la Comisión. 
Sin embargo, el informe de nuestro colega, el Sr. Turmes, no recoge esta filosofía en todos sus aspectos. 
Hay que reconocer que el informe contiene muchas buenas ideas. 
Obviamente, hay que apoyar el objetivo fijado por la Comisión en cuanto al fomento de las energías renovables. 
Debemos volcarnos de lleno en el fomento de la investigación de las fuentes de energía. 
No obstante, debemos recordar que, en el futuro, el libre mercado de la electricidad debe basarse en una competencia libre que sea rentable, y no en un trato preferencial de las energías renovables en detrimento de las demás fuentes de energía. 
Todos los tipos de electricidad deben tener un acceso libre a los mercados. 
La armonización de los impuestos y de los sistemas de subvención es ya otra cuestión. 
Los productores de electricidad deben tener la posibilidad de determinar el precio al que están dispuestos a vender. 
Si la Unión comienza a trastornar los mercados mediante acciones tales como el establecimiento de disposiciones sobre el tipo de conexiones en el suministro de electricidad, de garantías sobre los precios mínimos o de modelos de cupos, entonces podemos despedirnos del libre mercado. 
Las energías renovables también pueden ganar en competitividad si se aumentan las posibilidades de elección de los consumidores. 
En este sentido, se puede apoyar la idea de crear un sistema de certificados sobre el origen de la electricidad. 
Si, por ejemplo, queremos pagar más por la electricidad producida en plantas eólicas, debemos contar con la posibilidad de hacerlo. 
Este informe altera inútilmente el concepto de energía renovable y hace de la turba de pantano una cuestión particular. 
No es posible determinar la posición de la turba usando los mismos indicadores que, por ejemplo, para la clasificación de los gases de las biomasas. 
Por ello, la turba debe seguir clasificándose en su propio grupo aparte, con el fin de aplicarle un nivel razonable de impuestos. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar al ponente por su apertura al diálogo en todo lo relacionado con el informe y con las enmiendas. 
Creo que todos los asuntos relacionados con las energías renovables debemos considerarlos como algo muy importante, teniendo en cuenta que queremos dejar en herencia un planeta que sea habitable para las próximas generaciones. 
Resulta curioso que nos vayamos casi suicidando escalonadamente sin que suenen las alarmas por la contaminación del globo terráqueo y ¿qué es lo que podemos hacer? 
Yo creo que, en primer lugar, buscar todas las energías renovables, aprovecharlas, impulsarlas, promoverlas y aplicar los incentivos adecuados para que sean viables, penalizando en la misma línea las energías contaminantes. 
Comprendo que todo esto es fácil de enunciar y difícil de resolver pero, si no actuamos inmediatamente, en pocas generaciones estaremos hipotecados. 
En mi opinión deberíamos empezar por diferenciar entre compensaciones y subvenciones. 
Como es sabido, la mayor parte de las fuentes de energía tradicionales, salvo las hidráulicas, eólicas, etc., generan una serie de perjuicios para el medio ambiente que, en muchas ocasiones, son tan graves como el CO2, las lluvias ácidas, las mareas negras, etc. Estos daños son habitualmente reparados por las administraciones públicas, gracias a programas de recuperación y cuidado del medio ambiente. 
En el caso de las energías renovables que no generan perjuicio alguno para su entorno, pienso que sería razonable compensarlas al menos en tanto no haya un impuesto sobre las emisiones de partículas contaminantes como el CO2 y otras. 
Así, mientras las administraciones públicas sigan haciéndose cargo de reparar los perjuicios causados por las centrales térmicas o nucleares, estaremos en este caso subvencionando estas fuentes de energía en detrimento de las renovables. 
Por último, me gustaría referirme a la creación de un marco jurídico apropiado para este tipo de energías que fomente un rápido desarrollo de éstas, teniendo en cuenta que, a la larga, la parte correspondiente a las renovables debe ser la predominante. 
Señor Presidente, estimada señora Comisaria Palacio Vallelersundi, estimados señoras y señores, resumiendo el debate de hoy, quiero hacer constar que, en lo esencial, estamos en presencia de tres principios rectores. 
El primero, la duración de las reservas de fuentes de energía. 
El segundo, la seguridad de abastecimiento, que tiene en Europa una incidencia muy particular, sobre todo habida cuenta de la inestable situación política de los países desde los que esta energía llega hasta Europa. 
El tercero: lógicamente, la rentabilidad, porque la energía es un elemento fundamental de nuestra competitividad internacional, y por ello hemos de vigilar siempre que el abastecimiento energético sea rentable. 
Yo mismo vengo de la Alta Austria, y la Alta Austria está batiendo actualmente records como ahorradora y renovadora de energía. 
Somos un estado federado en el que la energía renovable goza de prioridad absoluta y que cuenta con una agencia para el ahorro de energía que funciona estupendamente. 
Aquí se aplica el principio de subsidiariedad; además, la agencia para el ahorro de la energía creó la feria del ahorro energético, que ha tenido lugar hace pocos días, respondiéndose así, en mi opinión, a las necesidades de educación e información de amplias capas de la población. 
Creo también que la investigación y el desarrollo en este ámbito requieren mayores ayudas. 
Por último, deberíamos intentar aplicar en Europa el modelo del best practice, es decir, buscar paradigmas ­en la feria del ahorro energético de Wels hemos presentado un grueso catálogo con modelos de best practice­ y, por otro lado, mostrar con benchmarking en qué somos líderes en Europa y, a la vez, donde se producen avances a nivel mundial. 
Creo que esta sistemática de la gestión tiene una gran importancia para el futuro del abastecimiento energético en Europa. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Turmes por el informe que ha preparado, dado que será de una gran utilidad para los trabajos de la Comisión. 
Quiero recordar que la Comisión aprobó en abril del año pasado un documento de trabajo sobre la electricidad procedente de energías renovables, cuyo objetivo principal consistía en presentar una visión completa de los programas de apoyo de los distintos Estados en materia de energías renovables, así como en destacar algunas conclusiones y opciones posibles para la adopción de medidas comunitarias en este terreno. 
En aquella ocasión, la Comisión indicó, en su documento de trabajo, que no había llegado a una conclusión definitiva y que se adoptaría una decisión final sobre todos los asuntos planteados a la luz de las reacciones suscitadas por el propio documento. 
En este sentido, la contribución del Parlamento constituye un elemento importantísimo en este proceso. 
Este Parlamento siempre ha respaldado con convicción unas políticas activas, orientadas hacia el fomento de las energías renovables. 
Y quiero aprovechar la ocasión para reiterar mi agradecimiento al Sr. Turmes por el trabajo hecho. 
Es más. 
Como ha señalado el Sr. Linkohr, hay que decir que es el Parlamento el que arrastra en parte a la Comisión a llevar a cabo acciones más concretas en el terreno de las energías renovables y que el Parlamento ha actuado siempre en este terreno como vanguardia y motor. 
Todos coincidimos en que las energías renovables deben desempeñar un papel clave a la hora de garantizar el suministro energético, así como contribuir a la menor dependencia de las importaciones y dar cumplimiento a los compromisos firmados en Kioto. 
Pero, además, pueden servir para ayudar al desarrollo tecnológico de la Unión Europea y para permitir una exportación de tecnologías limpias a otras zonas del planeta. 
Quiero señalar que el informe del Sr. Turmes comparte plenamente estas opiniones. 
La Comisión ya presta su apoyo a la producción de energía eólica, solar, biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas, geotérmica, es decir, todas las fuentes de energías renovables, exclusión hecha de las grandes centrales hidráulicas a las que entendemos que no procede apoyar porque tienen suficientes posibilidades y, además, presentan algunos aspectos enormemente negativos desde el punto de vista medioambiental, pues la construcción de una presa implica siempre la inundación de un valle. 
Pero tengo que decirle al Sr. Turmes que, sin embargo, no podemos considerar la turba como una energía renovable. 
El programa ALTENER está permitiendo una magnífica labor y el Parlamento siempre ha sido aliado y colaborador con los esfuerzos de la Comisión, incluso- insisto- motor para llevar mayor ambición a las propuestas de la Comisión. 
Nos hallamos ante un reto importante: definir los mecanismos más adecuados para apoyar el desarrollo de la electricidad verde, dentro de un mercado interior, un mercado único de electricidad abierto, como el que pretendemos obtener en el ámbito de la Unión Europea. 
Quiero garantizarles que todas las cuestiones aquí señaladas van a ser tenidas muy en cuenta en la directiva que comenzará a debatirse en los próximos días. 
Entrando en cuestiones concretas, quiero decir que prácticamente todos los puntos señalados en el informe del Sr. Turmes merecen nuestro apoyo y coinciden plenamente con nuestros análisis. 
Si bien es cierto que hay algunos aspectos que son más discutibles, merecen también, aunque sean rechazados en algunos casos por falta de factibilidad o porque plantean problemas superiores a las soluciones que proponen, un análisis a fondo. 
Quiero insistir en que el informe recalca la importancia del objetivo de doblar, del 6% al 12%, la participación de las energías renovables en el consumo interior bruto de energía. 
Esperamos plantear en la propuesta de directiva unos objetivos seleccionados por países, individuales para cada país de la Unión Europea. 
No unos objetivos obligatorios, pero sí unos objetivos que, al menos desde el punto de vista político, tengan influencia en los resultados y creo que ese es un paso muy importante. 
Coincido con el Sr. Turmes en la necesidad de proteger los distintos sistemas nacionales vigentes en el momento en que se apruebe esta directiva. 
Eso es lo que vamos a hacer, lo cual no quiere decir que, dentro de cinco años, no deba llevarse a cabo una revisión de los distintos sistemas y apostar por aquellos que sean los probadamente más efectivos y que hayan producido un mayor desarrollo de energías renovables en los países correspondientes. 
En cualquier caso, como saben, el 2 de diciembre de 1999, en el Consejo de Energía, presenté un cuestionario a los Estados miembros para ver el punto, un estado de la cuestión y poder presentar una directiva que pueda obtener un consenso suficiente para, en poco tiempo, acabar su tramitación, tanto en el Parlamento como en el Consejo. 
El resultado de dicho cuestionario, que ha sido analizado por los servicios y que ha dado lugar a un documento, en mi opinión, de una excelente calidad, espero que nos permita poder superar con una cierta rapidez los trámites parlamentarios y en el Consejo. 
La propuesta- digámoslo muy claro- pretende sencilla y llanamente impulsar la producción de electricidad en base a energías renovables en el ámbito de la Unión. 
Quiero señalar que he tomado buena nota de lo que ha dicho el Sr. Linhkor sobre la política agrícola y la posibilidad de impulsar las producciones non food. 
Como antigua ministra de Agricultura, soy sensible a estas cuestiones y es una de las que también, de alguna manera, está contemplada en la propuesta. 
También quisiera señalar que lo que pretendemos con todo ello es tener un abastecimiento energético más garantizado, más seguro y más respetuoso con el medio ambiente en el ámbito de la Unión. 
Lo han dicho también hace un momento tanto el Sr. Vidal-Quadras como el Sr. Valdivielso. 
Las energías renovables hoy en día no son competitivas con las energías tradicionales, sobre todo en tanto en cuanto las energías tradicionales tienen algunos costes externos que, desde luego, no están internalizados. 
Hay que llevar a cabo un apoyo a las energías renovables. 
Yo creo que, hoy por hoy, no se pueden gravar las otras energías- esa es mi tesis, aunque sé que hay tesis distintas- por razones de competitividad y de crecimiento. 
Pero se pueden apoyar las energías renovables precisamente por su claro componente de respeto del medio ambiente y de reducción de emisiones. 
En ese sentido, hay que garantizar a aquellos que apuestan por las renovables que van a tener un justo retorno de las inversiones realizadas. 
Y evidentemente, hay que crear un marco estable que permita hacer las inversiones que reclaman un número de años suficientes para su amortización. 
Este ha sido uno de los asuntos que se están debatiendo en la Comisión y que ha resultado más difícil en algunos casos, junto con algunos otros elementos, pero al final todo el mundo participa dentro de la Comisión de esa necesidad de impulsar la energía verde. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente y a todos los oradores y asegurarles que este aspecto de estabilidad que permita tomar decisiones de inversión a medio plazo también va a estar dentro de la propuesta de directiva que espero poder presentarles en breve. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.10 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
Hay alguna observacin? 
Señora Presidenta, en la página 6 del Acta creo que cualquier lector puede sacar una falsa impresión de la yuxtaposición de mi intervención y de la del Sr. Vander Taelen. 
Quisiera señalar dos puntos. 
En primer lugar, mis posiciones sobre la Unión Europea, que el Sr. Vander Taelen desaprueba, no podían justificar en nada los ataques personales completamente infundados de los que he sido objeto por parte del presidente de la delegación canadiense. 
Por otro lado, el propio Sr. Vander Taelen ha dicho que no estaba presente en el momento de dichos incidentes. 
En segundo lugar, no comprendo en absoluto cómo el Sr. Vander Taelen ha podido tener la impresión de que yo me oponía a la ampliación. 
Nunca he dicho eso. 
Al contrario, mil veces en este hemiciclo he dicho que la ampliación era una necesidad histórica. 
Simplemente he señalado que las instituciones en su forma actual constituían sin duda un obstáculo para la ampliación. 
Pero se trata de una cuestión totalmente diferente. 
Evidentemente, estoy a favor de la ampliación de la Unión Europea hacia el Este. 
Gracias, señor Berthu. 
Vamos a ver muy atentamente si hay lugar para modificar el Acta para que las cosas estén como debieran estar. 
Hay alguna observacin? 
Señora Presidenta, a pesar de no ser yo el ponente, sino el Sr. Katiforis, he constatado que en el Acta dice que las autoridades turcas han redactado una lista de ciudadanos griegos que residen en Turquía. 
El Sr. Katiforis no dijo eso. 
Dijo una lista de "ciudadanos griegos" simplemente, es decir, residentes en Grecia. 
Lo digo para corregir el Acta porque el Sr. Katiforis no está presente. 
Totalmente de acuerdo. 
También yo lo recuerdo así. 
Por tanto, vamos a rectificar en ese sentido. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, no se trata del Acta, sino de una cuestión de orden. 
Algunos periodistas, que andan tras la pista del informe que el Tribunal de Cuentas le ha remitido sobre la financiación de los Grupos políticos, se han puesto ya en contacto conmigo ayer y hoy. 
Comprendo que éste es un tema muy delicado y debemos evitar que aparezcan cuentos chinos en la prensa. 
Bastante gente se pregunta qué va a pasar con este informe ¿Se hará público? 
Tengo entendido que los presidentes de los Grupos han tenido la oportunidad de echar una ojeada al mismo. 
Quisiera preguntarle qué piensa hacer con este informe ¿Se lo hará llegar, de una manera u otra, a la prensa o a las personas que así lo deseen? ¿Hará algún comentario a este respecto? 
Creo que debemos seguir una estrategia clara y transparente, de forma que podamos decir con total honradez cómo hemos utilizado en el pasado el dinero que se pone a disposición de los Grupos políticos. 
Señora Presidenta, he sabido ayer por la noche que el Sr. Akim Birdal, antiguo presidente del comité de derechos humanos de Turquía, ha vuelto a ser encarcelado. 
El Sr. Birdal había solicitado su liberación por razones de salud, tras un atentado del que él mismo fue víctima. 
Esta solicitud ha sido rechazada y se encuentra de nuevo en prisión porque se atrevió, hace algún tiempo, a proponer la búsqueda de una solución política al problema kurdo. 
Creo que tendría muy buena acogida si usted misma, como Presidenta del Parlamento Europeo, se dirigiese, en la forma que considerara más apropiada, a las autoridades turcas para solicitar la excarcelación de este hombre honorable. 
Ayer mencionamos esta cuestión y estoy absolutamente de acuerdo en realizar esta gestión ante las autoridades turcas. 
Sistema " Echelon 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la existencia del sistema de inteligencia artificial que permite a los Estados Unidos de América interceptar y vigilar todas las comunicaciones telefónicas y electrónicas de la Unión Europea, sistema llamado "Echelon". 
. 
Señora Presidente, Señores Diputados, como consecuencia de la carta que este Parlamento Europeo envió al Consejo y de la audiencia llevada a cabo por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos sobre protección de datos en el marco de la Unión Europea, el Parlamento Europeo entendió que debía oir al Consejo y a la Comisión sobre la posible existencia de un sistema ECHELON que procedería a la interceptación de comunicaciones al margen de cualquier marco jurídico en el ámbito de las actividades de justicia y asuntos interiores. 
Me gustaría agradecerles que hayan invitado al Consejo a intervenir sobre este punto, dado que así tendremos la oportunidad no sólo de aclarar nuestra posición, sino también de informar al Parlamento sobre todas las medidas o conjunto de medidas adoptadas por el Consejo en lo que se refiere a la interceptación legal de las telecomunicaciones. 
La Unión Europea debe respetar los derechos fundamentales tal como se garantizan en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y como resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros en cuanto principios generales del derecho comunitario. 
En este sentido, el Consejo hará todo lo necesario para salvaguardar estos principios, especialmente en lo que se refiere al hecho de que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio o de su correspondencia de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que constituye la piedra angular de nuestro trabajo político. 
Todos saben que se están realizando trabajos, a los que el Parlamento Europeo está plenamente asociado, con la finalidad de reunir en una Carta los derechos fundamentales que deben regir en la Unión. 
Por todo esto, la Presidencia quiere expresar firmemente su posición respecto de la posible existencia de un sistema de interceptación de telecomunicaciones a nivel de la Unión Europea y al margen de cualquier marco jurídico. 
El Consejo no puede aceptar la creación o la existencia de un sistema de interceptación de telecomunicaciones que no respete las normas jurídicas de los Estados miembros y que viole los principios fundamentales que pretenden preservar la dignidad humana. 
Insisto, el Consejo no puede aceptar la creación o la existencia de un sistema de interceptación de telecomunicaciones que no respete las normas jurídicas de los Estados miembros y que viole los principios fundamentales que pretenden preservar la dignidad humana. 
Dicho esto, la Presidencia considera que hay que hacer todo lo necesario para crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia a nivel europeo. 
Nuestro objetivo es construir una Europa más abierta y más segura, anclada en un mismo apego a nuestros valores fundamentales comunes. 
En este ámbito, en ocasiones habrá que permitir la posibilidad de interceptar las telecomunicaciones en la medida estrictamente indispensable para preservar estos valores y en interés de la justicia. 
Una actividad como esta, que debe estar bien delimitada y obedecer a criterios de proporcionalidad, debe perseguir objetivos precisos como, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado. 
En el ejercicio de este derecho que está plenamente consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Presidencia considera que es igualmente necesario respetar la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos en lo que se refiere a la necesidad de una proporcionalidad entre la injerencia en la vida privada y el interés público. 
En casos muy determinados y con carácter verdaderamente excepcional la interceptación de las comunicaciones, en estas circunstancias, se puede justificar. 
Por lo que se refiere a este punto, queremos actuar con total transparencia de forma que el Parlamento Europeo pueda estar y mantenerse claramente informado sobre el estado de los trabajos que se desarrollan en el ámbito del Consejo relativos a la interceptación legal de las telecomunicaciones. 
Pero, además de ésta, hay algunas materias que queremos abordar y que se han suscitado en la carta que ya he referido, apuntadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, y en la carta que la Sra. Presidenta acaba de dirigir al Consejo. 
Y estos asuntos son los que se refieren a la cooperación policial, a la cooperación judicial en materia penal, a la EUROPOL, a Schengen y al estado de las primeras reflexiones actualmente en curso sobre la protección de datos en el marco del tercer pilar. 
Estos han sido los asuntos referidos por la Comisión y cuyo abordaje me fue solicitado en carta dirigida por la Sra. Presidenta. 
En materia de cooperación policial, el 17 de Enero de 1995 el Consejo adoptó una decisión sobre la interceptación legal de telecomunicaciones. 
Esta resolución, publicada en el Diario Oficial, contiene una lista de especificaciones de los Estados miembros autorizándoles a proceder a una interceptación legal de las telecomunicaciones respecto de los operadores de las redes y los suministradores de servicios. 
Esta lista permite que cada Estado miembro adapte su propia legislación nacional de manera que se identifiquen y superen las dificultades en la introducción de las especificaciones técnicas relativas a la interceptación en los modernos sistemas de telecomunicaciones. 
En Noviembre de 1995 los quince Estados miembros y Noruega establecieron un código de conducta que integra la misma lista de especificaciones previstas en la resolución. 
A este respecto, quiero deciros que los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Canadá y Australia informaron al Consejo que no firmarían este código de conducta, pero que seguirían una política idéntica a la que allí consta. 
En 1999 se sometió a la apreciación del Consejo una iniciativa sobre la interceptación legítima de las telecomunicaciones en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. 
Al iniciarse estos trabajos el Consejo se preocupó de consultar al Parlamento Europeo acerca de esta propuesta, respecto de la cual el Parlamento emitió su parecer en Mayo de 1999. 
El Consejo continúa los trabajos en esta materia y todavía no ha adoptado una postura final sobre este dossier. 
En la sesión del 28 de Mayo de 1998, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre el cifrado y la represión para garantizar la integridad y la confidencialidad de las comunicaciones digitales, que presentan ventajas considerables para el comercio electrónico y para la vida privada de las personas, permitiendo también prevenir la práctica del fraude y de otras infracciones. 
De hecho, no ignoramos las preocupaciones manifestadas sobre las divergencias negativas que la proliferación de los servicios de cifrado con fines confidenciales pueden tener en la lucha contra ciertas formas de criminalidad. 
Es por esto que se ha decidido vigilar de cerca el grado de utilización de las técnicas de cifrado, especialmente por parte y en beneficio de la gran criminalidad. 
Estas medidas deben ser proporcionadas y ponderadamente equilibradas respecto de otros intereses importantes- especialmente tomando debidamente en cuenta la necesidad de proteger los derechos fundamentales previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el funcionamiento del mercado interno- con el objetivo de garantizar el desarrollo del comercio electrónico. 
En el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, merece una atención especial el proyecto de convenio sobre asistencia judicial mutua en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Ya casi están llegando a buen fin más de cuatro años de negociaciones sobre el proyecto de convenio relativo a la asistencia judicial mutua en materia penal. 
El Consejo de Justicia y Asuntos Interiores, en su reunión del 27 de Marzo pasado, examinó las cuestiones más importantes todavía pendientes, incluyendo las relativas a la interceptación de telecomunicaciones. 
Tengo la gran satisfacción de poder anunciar que en esa reunión se alcanzó un acuerdo político pleno respecto de las disposiciones sobre interceptación, por lo que se espera que la adopción del acto que establece el convenio tenga lugar en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de Mayo. 
En el marco del Convenio EUROPOL también se han previsto medidas sobre la protección de datos. 
A este respecto hay que subrayar que la EUROPOL no tiene poderes de investigación ni desarrolla una actividad de naturaleza operativa. 
En realidad, la EUROPOL tiene como misión analizar los datos facilitados por los Estados miembros o por entidades terceras, y no puede recoger esos datos de forma directa. 
Para dar al Parlamento Europeo una visión más completa sobre este asunto, permítanme unas aclaraciones complementarias a este respecto. 
Incumbe a cada Estado miembro enviar los datos a la EUROPOL. 
Así, cualquier control sobre protección de datos se realiza en el Estado miembro de origen con absoluto respeto del Convenio del Consejo de Europa de Enero de 1981 y de la recomendación de 1987, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en Septiembre. 
De este modo se respetan las normas generales relativas a la protección de los datos transmitidos a la EUROPOL por los Estados miembros. 
En este contexto el Convenio refiere que la cuestión acerca de si los datos se recogieron adecuadamente en los Estados miembros debe encontrar respuesta a nivel de cada uno de ellos. 
Así pues, a cada Estado miembro le incumbe corregir, suprimir o modificar los datos enviados a la EUROPOL en el momento en que se tenga conocimiento que esos datos son incorrectos o violan las normas establecidas en esta materia. 
Es muy importante subrayar que la EUROPOL por sí misma no está en condiciones de determinar si los datos enviados por un Estado miembro han sido recogidos adecuadamente. 
Cada una de las autoridades nacionales de control tiene que desempeñar una función primordial en este campo. 
Unas palabras más sobre las reglas de protección de datos en el marco del sistema de información Schengen. 
Este sistema de información prevé una autoridad responsable de la protección de los datos de carácter personal. 
Esta autoridad de control, que es común, está compuesta por las autoridades de control de los distintos Estados miembros y vela por el respeto de los principios del sistema en materia de protección de los datos, especialmente respecto del contenido de los que en él figuran y de la utilización que se hace de estos datos. 
De este modo se produce una protección plena de los intereses de los ciudadanos de conformidad con los instrumentos ratificados por los Estados miembros. 
Por último, unas palabras sobre la protección de los datos en el marco del tercer pilar. 
Los Estados miembros y la Comisión procuran examinar la cuestión que consiste en saber hasta qué punto se debería prever una protección de los datos desde un punto de vista horizontal para el conjunto del tercer pilar. 
En el ámbito de este debate están siendo objeto de una cuidada ponderación diversos aspectos. 
Por ejemplo, se está examinando la cuestión de si sería o no conveniente crear una autoridad de control común para el conjunto de todos los instrumentos relativos al tercer pilar, o de si sería sensato crear un secretariado común para esas autoridades. 
Además, la Presidencia portuguesa ha asumido la intención de someter, a su debido tiempo, a la consideración del Consejo las primeras reflexiones sobre la oportunidad de desarrollar los principios generales relativos a la protección de datos, que serían aplicables al conjunto de los instrumentos del tercer pilar. 
Estas reflexiones se encuentran todavía en fase embrionaria y de estudio inicial. 
De cualquier forma, quiero deciros que la Presidencia portuguesa, en el pleno respeto de los mecanismos de funcionamiento comunitarios, informará oportunamente al Parlamento Europeo sobre la próxima evolución de estos trabajos. 
He aquí, Señora Presidenta, Señores Diputados, en unas palabras, la posición del Consejo respecto de los trabajos todavía en curso o ya concluidos en materia de interceptación legal de telecomunicaciones. 
Para concluir, deseo manifestar la mayor comprensión hacia las preocupaciones políticas subyacentes a esta iniciativa del Parlamento Europeo. 
La Presidencia quiere subrayar que está dispuesta a seguir de cerca la evolución de los trabajos del Parlamento Europeo en esta materia porque considera que se dan todas las razones para no transigir cuando están en causa los principios de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. 
Señora Presidenta, en primer lugar, celebro sobremanera el hecho de que el Consejo y la Comisión hayan emitido hoy una opinión clara en relación con la problemática Echelon. 
En el pasado se ha ignorado sin más un buen número de preguntas parlamentarias. 
Por esta razón la declaración de hoy constituye un paso adelante en la dirección adecuada. 
Sin embargo, este paso sólo puede ser el primero, pues tienen que seguir muchos más. 
Ahora debemos pensar con cabeza fría qué medidas es preciso adoptar para una eficaz protección de la economía europea. 
Sin embargo, no son tan útiles aquí las precipitadas enmiendas de los cuatro Grupos minoritarios de esta Asamblea. 
Cuando en la enmienda del Grupo Técnico de Diputados Independientes leo que se tiene miedo de un Superechelón que mediante la vigilancia vaya a controlar a toda la sociedad de la información, se pone de manifiesto con cuán poca expertez se aborda este tema. 
Aquí no se trata de la realización del mundo feliz de Huxley, sino simplemente del espionaje económico. 
Con su petición de que se instituya una comisión de investigación una alianza compuesta de verdes, izquierdistas y derechistas quiere utilizar aquí claramente al Parlamento Europeo como escenario de juegos a lo James Bond. 
Y yo me pregunto ¿a quién va a citar la comisión de investigación? 
¿Al Presidente norteamericano o al jefe del servicio secreto británico que ni siquiera es conocido en Inglaterra? 
¿Qué es lo que va a averiguar esta comisión de investigación? 
Que existe Echelon y que con el mismo se practica también el espionaje económico lo sabemos como muy tarde desde la entrevista del antiguo director de la CIA, Woolsey, del 7 de marzo del presente año. 
No debemos investigar ni discutir más, sino que debemos actuar. 
Además de unas palabras claras a nuestros amigos americanos y británicos necesitamos un sistema europeo de encriptado, independiente de los EEUU., para proteger nuestros datos. 
Debemos incluir este tema en el orden del día de la próxima reunión de la Conferencia Mundial del Comercio. 
Hemos de desarrollar un código de conducta que asegure una indemnización en el caso de utilización abusiva de los sistemas de espionaje, y hemos de decir más claramente que nunca a nuestra economía que ella misma está llamada a asegurar sus propios datos por medio de la codificación. 
Frente a la idea, absurda en este caso, de una comisión de investigación, éste constituye un planteamiento constructivo. 
Señora Presidenta, he emitido esta declaración en representación del Sr. von Boetticher, quien tuvo que regresar ayer a Alemania a causa de fallecimiento. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, nos hallamos en una difícil situación a la hora de la decisión que hemos de adoptar tras haber escuchado al Consejo y a la Comisión. 
En dos manifestaciones de los tres últimos minutos podemos apreciar la dificultad de la situación. 
Nuestra colega, la Sra. Klamt afirma: todos nosotros sabemos que los Estados Unidos de América practican el espionaje económico. 
El Sr. Comisario acaba de manifestar lo siguiente: naturalmente, los Estados Unidos de América no practican espionaje económico alguno. 
Esto lo ha manifestado todavía ayer por escrito. 
¿Si no, qué? 
Todo esto apoya, naturalmente, que, prosigamos en la estrategia que, como Socialdemócratas, hemos considerado correcta, después de lo que hemos escuchado en la audiencia celebrada en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
En la misma se han producido graves acusaciones contra el Consejo y la Comisión. 
Se dijo que no se practica suficientemente la protección individual de los ciudadanos de la UE frente a las escuchas y la vigilancia, que los daños a la competencia que se siguen para la economía europea a causa del sistema Echelon no se combaten en medida suficiente por las instituciones de la EU en el marco del derecho comunitario, y que no se desarrollan contraestrategias suficientes. 
Después dijimos nosotros que queríamos escuchar qué tienen que decir al respecto el Consejo y la Comisión, para decidir luego como hemos de proceder en adelante. 
Quisiera decir que lo que he escuchado esta mañana de ambas instituciones plantea más problemas que soluciones. 
Por esta razón, el Grupo Socialdemócrata hará lo que decidió ya hace semanas a la luz de los datos dados a conocer hoy, una vez enterados de las declaraciones de ambas instituciones, adoptaremos decisiones- debemos adoptarlas- en la semana próxima. 
Lo digo claramente: ¿Deseamos una comisión de investigación? 
¿Queremos un informe de iniciativa? ¿Queremos adoptar otras medidas para lograr más luz en las cuestiones planteadas, para obtener más respuestas y, sobre todo, para comprobar si se ha vulnerado el Derecho comunitario? 
En la próxima semana decidiremos en qué forma vamos a hacer esto, pero quiero decir claramente una cosa: con una actitud favorable a un tratamiento dilatorio del problema- ésta es mi impresión- tal como se lo he escuchado hoy a nuestras dos instituciones interlocutoras, no solucionaremos el problema político ni el dramatismo político que se esconde detrás de las cuestiones que se han planteado hoy. 
Ignoro si hemos estado acertados ahora al decir que queremos una comisión de investigación porque incluso el fundamento jurídico para una comisión de investigación, si es que se pretende que ésta tenga éxito, debe estar absolutamente claro. 
Incluso en este punto hay cuestiones que no están resueltas. 
Por eso mi opinión ha sido que era demasiado pronto. 
Sin embargo, no quiero descartar que en el debate de hoy lleguemos resultados que lleven a nuestros socialdemócratas a decir aquí, en el Parlamento, lo siguiente: Si existe siquiera la sospecha de que se ha vulnerado el Derecho comunitario y de que no se protegen suficientemente las libertades civiles ni la igualdad de competencia de nuestra industria y de nuestra economía, entonces actuaremos con toda claridad. 
Señora Presidenta, las intervenciones del Consejo y de la Comisión por el contrario han sido, creo, muy esclarecedoras. 
Los Estados Unidos hoy reconocen la existencia del sistema «Echelon». 
Se desatan las lenguas en algunos gobiernos de la Unión y la prensa rebosa de detalles sobre esta red tentacular de vigilancia electrónica. 
Sin embargo, qué obstáculo para las intenciones del Consejo y de la Comisión. 
No he oído ni una mínima explicación relativa al hecho de que haya sido necesario que unos diputados descubran este importante asunto hace cerca de dos años, ya que han aportado recientemente pruebas de la veracidad de sus revelaciones, para que el Consejo convenga de forma implícita y con todo tipo de circunloquios que existe un problema. 
Recordemos el problema: en virtud de vínculos privilegiados y muy especiales, un aliado estratégico y un país miembro unen sus esfuerzos en la sombra para vigilar las comunicaciones privadas y espiar a las empresas de los demás países de la Unión. 
¿Adónde vamos así? 
"Padre, líbranos de nuestros amigos, que de nuestros enemigos ya me libro yo". 
Ahora que esto es una verdad evidente, comprenderán ustedes, señor Presidente, señor Comisario, que nos sintamos con derecho a pedirles algo más sobre estas cuestiones que todo el mundo se plantea en el día de hoy. 
En primer lugar, ¿qué saben sobre el tipo de informaciones interceptadas por este sistema, sobre los destinatarios a los que estas informaciones se han transmitido finalmente y sobre la fiabilidad de las protecciones que existen en Europa para la vida privada de los ciudadanos y de las informaciones estratégicas de las empresas? 
En segundo lugar, por encima del intercambio formal de correspondencia al que el Sr. Comisario ha hecho alusión, ¿qué actuaciones serias se han iniciado con relación a las autoridades de los Estados Unidos sobre este asunto y con qué resultados? 
En tercer lugar, ¿qué pueden decirnos sobre el papel que ha desempeñado Gran Bretaña, o al menos sobre el que desea desempeñar en este sentido en el futuro, en este sistema? 
Guste o no, el expediente «Echelon» está abierto y seguirá estándolo. 
Después del Parlamento Europeo, otras asambleas y el propio Congreso de Estados Unidos, con el que yo me he puesto en contacto ya que no hay ningún tipo de antiamericanismo en nuestro planteamiento, se han dado por enterados del asunto. 
Nuestros conciudadanos están alertados. 
También quisiera dirigirme a aquellas o a aquellos de nuestros colegas que aún dudan. 
Intentar detener este movimiento sería un combate de retaguardia, que la opinión democrática juzgaría sin duda con mucha severidad. 
A la inversa, y he oído perfectamente las palabras, principalmente del portavoz del Grupo socialista y del Grupo liberal, hacer juntos que avance la verdad, la transparencia y la ética en las relaciones internacionales respondería a una importante expectativa. 
Ésta es la decisión de más de una cuarta parte de los diputados de esta Asamblea al presentar la solicitud de una comisión de investigación. 
Creo que el Parlamento se engrandecerá haciendo mayoritariamente lo que le conviene. 
Señora Presidenta, la nueva economía nos ha dotado de una red de comunicaciones mundial. Sin embargo, sus aspectos negativos también se hacen patentes en esta discusión. 
Mediante la red de espionaje "Echelon" resulta muy sencillo interceptar conversaciones telefónicas, también de particulares,. 
Me parece superfluo someter a discusión en este debate la existencia de "Echelon". 
Sobre todo, debemos examinar detenidamente las consecuencias que ésta implica en el terreno político. 
Por ello, es importante ser consciente de que no podemos oponernos a la existencia de las técnicas utilizadas. 
Ésta se justifica por la lucha contra la criminalidad, por el comercio de armas y por la seguridad internacional. 
La regularidad de su uso es crucial a este respecto. 
El lucro económico no puede constituir un motivo. 
El derecho de los individuos a la vida privada no puede verse conculcado porque sí. 
No obstante, también debemos hacer un examen de conciencia en Europa. Existen, así mismo, prácticas ilegales de espionaje entre nosotros. 
Además, todavía hay que definir la legalidad del espionaje. 
Deberemos examinarla en el debate trasatlántico, de manera que los ciudadanos puedan contar con la protección de su vida privada en todo el mundo y de forma equivalente. 
América protege en este momento el derecho a la vida privada de sus propios ciudadanos, mientras Washington parece no tener reparos en violar los derechos de los no americanos mediante una red mundial de espionaje. 
Señora Presidenta, parece que todas las comunicaciones mundiales por cable, por satélite, por teléfono, por fax, por correo electrónico o por teléfono móvil han podido ser escuchadas por el país de la estatua de la libertad, de Jefferson, de Lincoln, de los derechos humanos. 
Para nosotros, evidentemente, se trata de una sacudida, no de nuestros conocimientos técnicos sobre el la tecnología criptográfica, sino de nuestras creencias políticas. 
Se creía, como en Dios, en el gran mercado, en la competencia, en la competitividad, todo ello bajo el arbitraje de la OMC. 
Se hacía todo con el Sr. Monti, ayer con el Sr. Van Miert, para preservar la competencia pura, perfecta, incluso contra nuestras propias empresas, nuestros bancos, nuestros fabricantes de aviones nuestras aseguradoras, el Crédit Lyonnais, Rhône-Poulenc. 
Y al final se descubre que en el mercado se hacen trampas, se espía, que hay distorsiones de competencia. 
Este Parlamento, que quería espiar a los diputados con OLAF, en nombre de la protección de los intereses financieros de Europa, descubre que somos espiados por Estados Unidos, contra nuestros intereses financieros, incluso en negociaciones de la OMC. 
Se pensaba que nuestras libertades habían sido puestas en peligro por la Austria del Sr. Haider. 
Y ha sido la Gran Bretaña del Sr. Tony Blair, de Glyn Ford, en la que quince mil agentes, distribuidos en Gibraltar, en Chipre e incluso en territorio inglés nos espían. 
Por tanto, señora Presidenta, ¿irá usted aún a Londres? 
¿Irá usted aún a Sydney? ¿Irá usted aún a Ottawa, a Wellington? 
Pensábamos que Europa era solidaria. 
Sin embargo, descubrimos que los ingleses son solidarios al otro lado del Océano Atlántico, al otro lado del Océano Pacífico. 
Pensábamos que se estaba construyendo Europa. 
Europa para ser más fuertes. 
Pero más fuertes, ¿contra quién? 
¿Contra Irak, contra los serbios, contra las naciones, contra los nacionalismos? 
Pero con "Echelon" se descubre que Boeing tiene una nación, que Rayton tiene una nación, y que hacen que se espíe a Airbus o a Thompson porque estas empresas no tienen una nación. 
Y se descubre que "Echelon" nos pone en presencia del nacionalismo, pero el nacionalismo de base étnica, la etnia anglosajona, con Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá. 
La etnia de base religiosa, la santa alianza de Adam Smith y Calvino. 
Entonces, ¿pedirá perdón la Europa católica de Gasperi, de Schuman, de Adenauer? 
Perdón a los pueblos espiados, por tanta candidez? 
Temo que de "Echelon" en "Echelon" se pasen todos los escalones y se llegue al nivel cero de la dignidad. 
Pobre Comisión, pobre Consejo de Ministros europeo, pobre Unión Europea. 
Seguimos allí donde hemos nacido. 
Cuando se ha nacido en un anfiteatro de la facultad de Harvard, bajo la presidencia de un general americano, el general Marshall, forzosamente se termina siempre obedeciendo al progenitor. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer mucho al Consejo y al Comisario su respuesta y, sobre todo, quisiera señalar que todavía continúa habiendo falta de claridad. 
Quisiera formular algunas preguntas al Consejo y a la Comisión y, en caso de que no deseen responderlas hoy, quisiera preguntarles si no les importaría hacerlo por escrito en un plazo muy breve. 
Durante la sesión se ha puesto de manifiesto que dos empresas han comunicado la anulación de sus pedidos debido a espionaje económico. 
Mi primera pregunta para el Consejo es: ¿tiene conocimiento esta institución de más casos de empresas que se hayan quejado ante los Estados miembros por la anulación de sus pedidos debido a espionaje económico? 
Mi segunda pregunta está dirigida al Consejo y a la Comisión: todos estamos muy ocupados con la encriptación. 
Está muy bien ¿Qué garantías hay de que la tecnología de encriptación que se desarrolla en Europa se desarrolle de forma segura y no caiga en manos de terceros? 
Comprenderá usted, desde luego, a qué me refiero. 
Mi tercera pregunta se relaciona con el artículo 3. 
El Sr. Woolsey, el antiguo director de la CIA, escribe en el Wall Street Journal del pasado 22 de marzo que sí se está prestando una atención extraordinaria por parte de los Estados Unidos ante la dual use technology. 
Quisiera preguntar al Consejo: ¿cómo funciona esta protección extraordinaria que efectúa Estados Unidos respecto de la dual use technology? 
¿Puede dar su opinión sobre el papel especial que desempeña en ella el servicio de seguridad americano? 
Mi cuarta pregunta está dirigida a la Comisión y es la siguiente. 
Existe una directiva sobre la protección de datos. Esta directiva establece obligaciones para los proveedores de servicios de las redes, pero resulta que el soporte lógico queda fuera de las mismas. 
Mi primera pregunta a este respecto es: ¿está dispuesta la Unión Europea a cerrar este loophole en el soporte lógico mediante la revisión de la directiva? 
Mi segunda pregunta, dirigida a la Comisión, es: ¿examina la Comisión, en el marco de sus competencias, si la directiva europea se ha transpuesto correctamente a la legislación nacional, si se respeta la proporcionalidad en las disposiciones que adoptan los Estados miembros en cuanto a las excepciones permitidas por la directiva europea sobre protección de datos? 
¿Cuál es su experiencia a este respecto? 
Señor Presidente, el Sr. Gomes, en nombre del Consejo, y el Sr. Liikanen, en el de la Comisión, han hecho esta mañana exposiciones sumamente claras. 
Como Diputado del Reino Unido en este Parlamento, entiendo las preocupaciones de otros Diputados. 
Esta mañana y particularmente en los últimos días hemos leído y escuchado muchas alegaciones. 
Incluso hoy hemos oído hablar de James Bond, del espionaje estadounidense y hasta los desvaríos de un loco a mi izquierda hace unos momentos. 
Sin embargo, hoy, en la Comisión de Derechos de los Ciudadanos, ante nosotros se han presentado algunos hechos reales debido al secreto. 
Después de todo, esa es la naturaleza del trabajo de la información militar y de la inteligencia. 
Si no fuese secreto y supiéramos todo sobre él no serviría para el propósito deseado y necesario. 
Por lo tanto, los Diputados comprenderán que es costumbre del Gobierno del Reino Unido así como, imagino, de la mayoría de los demás gobiernos, no hacer comentarios sobre la presunta interceptación si las alegaciones se basan en trivialidades o en algo quizás más consistente. 
Como ha señalado el Sr. Liikanen, todo lo que ha hecho el Reino Unido está dentro del marco legal correspondiente. 
Todo es susceptible de un examen parlamentario minucioso en la Cámara de los Comunes. 
Tenemos controles muy fuertes, tanto independientes como los procedentes de la Secretaría de Estado, que disfrutan del pleno consentimiento del Gobierno del Reino Unido. 
Por último deseo reiterar algo importante. Todo lo que se ha hecho o hará observa y observará las leyes del Reino Unido, las de los Estados Unidos y, lo que es más importante aún, se ha hecho con total respeto y conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
-Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, al término de estas intervenciones, damos todos como probado que existe un sistema organizado, controlado por los servicios secretos americanos, que tiene la capacidad de interceptar prácticamente todas las formas de comunicación de voz y de datos a escala planetaria. 
Lo que todavía no hemos dado como probado, aunque lo recelamos y sospechamos, es que el sistema se ha redireccionado ya no hacia objetivos puramente militares y de defensa, sino comerciales, industriales y tecnológicos. 
Por lo tanto, tenemos que hacer tres preguntas. 
La primera, al Consejo y a la Comisión, es: ¿Cuál es el significado de la expresión fair trade? ¿Qué sentido tiene cuando grandes empresas americanas pueden tener ventajas ilegítimas gracias a informaciones privilegiadas obtenidas por este sistema? 
La segunda es: ¿Qué significado tienen para nosotros las libertades civiles, principio que tanto pregonamos, cuando la privacidad de nuestros Jefes de Estado, de nuestros gobernantes y de nuestros ciudadanos puede ser violada sin que ello se deba, como imponen nuestras leyes, a la fuerza de la lucha contra el crimen y mediante orden judicial? 
¿Cómo creen el Consejo y la Comisión que reaccionaría el Estado americano si supiese que Europa podía interceptar las comunicaciones de su presidente, de sus gobernantes y de sus ciudadanos? 
Y, por último, ¿Cómo nos defendemos de esta amenaza? 
El señor comisario ya ha hablado de los esfuerzos respecto de la criptografía, que ya constaban en la última recomendación del Parlamento Europeo. 
Pero, en concreto, ¿Qué es lo que se ha hecho para reforzar el sistema de la criptografía, para invertir en tecnología europea que nos garantice una mayor defensa ante esta amenaza? 
Por último, ¿Qué es lo que el Consejo y la Comisión tienen que comentar sobre la decisión de Francia, que recientemente ha decidido eliminar de sus sistemas públicos los sistemas operativos informáticos comerciales de código de fuente cerrado, permitiendo adoptar sistemas de código de fuente abierto, de manera, -como dice el Ministerio de Defensa francés -, que se garantice que ninguna nación y los sistemas de defensa queden a merced de un solo hombre, a merced de una sola empresa? 
Señor Presidente, "Echelon" preocupa a los ciudadanos europeos no sólo por el uso ilícito que puede haber habido, sino sobre todo por los riesgos inherentes a su propia naturaleza, habida cuenta de que, por supuesto, es un sistema de escuchas indiscriminado, generalizado y automático. 
Hacen falta controles más serios para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y proteger a las empresas europeas; hacen falta iniciativas políticas para una cooperación más leal entre los Estados miembros que permitan conocer sus acuerdos con los terceros países en esta materia. 
Hace falta una actualización y una armonización de las legislaciones, así como una simplificación y un reforzamiento de las autoridades de control; son necesarias tecnologías para proteger las telecomunicaciones de posibles injerencias desproporcionadas e injustificadas. 
Se trata de un complejo abanico de medidas que el Consejo y la Comisión sólo tardía, tímida y parcialmente han anunciado. 
El Parlamento debe apoyar todas las medidas necesarias para esclarecer la verdad y para vigilar con vigor y constancia más allá del clamor del momento, porque sin la transparencia de los poderes públicos y la certeza de los derechos individuales no hay confianza en la democracia. 
Señor Presidente, a pesar de que hoy, lamentablemente, hayan quedado sin respuesta tantas cuestiones, quisiera plantear algunas otras preguntas y pedir que recibieran respuesta de parte del Consejo y de la Comisión. 
¿Es procedente- y aquí hago una llamada al Consejo y a la Comisión- que representantes de la Comisión y del Consejo hayan trabajado bajo la dirección de los americanos en estándares europeos de Telekom compatibles con Echelon, incluidas las posibilidades de escucha, y en concreto, en el marco de un seminario, denominado ILETS? 
Esto es lo que nos han deparado los tristemente célebres documentos de Infopol. 
¿De qué magnitud es el daño que se ha causado hasta ahora a la economía europea? 
¿Existen más empresas perjudicadas además del consocio Airbus y de Thomson? 
¿Qué van a hacer el Consejo y la Comisión y qué trato van a dar a aquellos Estados miembros de la Unión que espían a sus socios de la Unión para- tal como se ha reconocido- proteger su economic well being? 
¿Cómo van a reaccionar el Consejo y la Comisión a la respuesta de los americanos que ha sido leida hoy y que está en clara contradicción con lo que, por ejemplo, ha afirmado el ex director de la CIA, Woolsey? 
. 
Señor Presidente, Señores Diputados, he tomado nota de las preocupaciones que aquí se han manifestado con el mayor interés. 
Muy directa y sucintamente me gustaría añadir lo siguiente 
Primer punto: me he referido objetivamente, más de una vez, al sistema ECHELON, condenándolo de forma inequívoca y afirmando en mi intervención que el Consejo no puede aceptar la creación o la existencia de un sistema de interceptación de comunicaciones que no respete las normas jurídicas de los Estados miembros. 
El Sr. diputado Wiebenga ha afirmado que yo no me había manifestado directa y objetivamente por la condena del ECHELON es evidente que me he referido a ello y me reafirmo. 
No está aquí en causa, como resulta de este debate, la existencia o no de un sistema de interceptación de telecomunicaciones. 
¡Eso está claro! 
Lo que está en causa es la utilización que se hace de esa interceptación. 
Y sobre este asunto me gustaría añadir lo siguiente: el Consejo no dispone de datos que le permitan concluir- respondiendo al Sr. diputado van Velzen- si hay alguna otra empresa o si incluso las empresas de las que habla han sido beneficiadas o perjudicadas como consecuencia de esta interceptación por parte de ese sistema. 
No disponemos de ninguna información precisa porque, si la tuviésemos, es seguro que el Consejo no dejaría de adoptar una posición clara. 
A la segunda pregunta del Sr. diputado sólo podré responder más adelante por escrito, porque no dispongo de datos precisos. 
Me gustaría además informar a este Parlamento de lo siguiente: las preocupaciones aquí manifestadas no pueden dejar de ser preocupaciones de la Presidencia. 
Y, por eso, en el próximo Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de los próximos días 29 y 30 de Mayo, la Presidencia portuguesa llevará a debate del Consejo este asunto para obtener de éste una posición. 
Mantendremos siempre informado al Parlamento de la evolución de este asunto. 
. - (EN) Señor Presidente, en primer lugar permítame agradecer al Parlamento este debate. 
Califico de fundamentalmente importante una cuestión que ha sido planteada por algunos parlamentarios, es decir, garantizar la existencia de productos europeos de encriptamiento fuertes. 
Es muy importante aumentar la conciencia de los ciudadanos y las compañías europeas de que las comunicaciones electrónicas requieren ser encriptadas para garantizar la confidencialidad. 
Aquí ha habido programas durante dieciocho meses. 
Los programas de investigación europeos han dado sus frutos, y en los debates en otros países se ha reconocido también la competencia europea en este área. 
En segundo lugar me referiré a la pregunta del Sr. van Velzen sobre el software y la intimidad de los datos en las telecomunicaciones. Como sabe el Sr. van Velzen, actualmente estamos trabajando en la revisión de la legislación de las telecomunicaciones y este asunto debe analizarse en ese contexto, y muy pronto le contestaré por escrito a esa y al resto de las preguntas. 
La Sra. Berger ha preguntado si algunas empresas han estado perdiendo contratos debido al espionaje. 
Ninguna empresa ha contactado con la Comisión en ese sentido. 
Por lo que se refiere al asunto relacionado con Estados Unidos y el Reino Unido: la razón por la que recientemente hemos solicitado una aclaración son las entrevistas concedidas por un antiguo agente del servicio de inteligencia de Estados Unidos. 
Por esta razón hemos contactado con el gobierno de Estados Unidos y hemos solicitado una aclaración, y lo que aquí he expuesto ha sido su respuesta a esta cuestión. 
Por último, hay áreas muy importantes y sensibles y debemos asegurar con firmeza que se pueden garantizar la confidencialidad y la intimidad en el teléfono y las comunicaciones. 
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tomó una decisión hace algún tiempo cuando declaró: " la grabación y otras formas de interceptación de las conversaciones telefónicas representan una seria interferencia en la vida privada y la correspondencia, por lo que deben basarse en una ley que sea particularmente precisa. 
Es esencial la existencia de normas detalladas y claras sobre el asunto, especialmente porque la tecnología de la que disponen los usuarios es cada vez más sofisticada ". 
Creo que esta decisión es muy clara. 
La Comisión respetará en todas sus acciones estos principios y no dejaremos de actuar bajo las obligaciones del Tratado si cualquier norma comunitaria se incumple. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido cuatro propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar durante el próximo período parcial de sesiones. 
Decisión de la Oficina de Patentes sobre la clonación de seres humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la decisión de la Oficina Europea de Patentes relativa a la clonación de seres humanos. 
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores, comparezco hoy ante ustedes para hablar sobre la Patente Europea Nº EP 695351 que la Oficina de Patentes Europea concedió el 8 de diciembre de 1999 a la Universidad de Edimburgo. 
Tras la concesión de esta patente han surgido varias preocupaciones, tanto aquí en el Parlamento como en organizaciones como Greenpeace, sobre el verdadero alcance de esta patente. 
En nombre de la Comisión quiero expresar que la Comisión comparte esas preocupaciones. 
Parece claro para todos los implicados que esta patente no debió ser concedida de la forma en que lo fue. 
La Oficina de Patentes Europea ha emitido un comunicado de prensa a estos efectos. 
Sé que hoy y aquí hay algunos de ustedes que creen que la Ofician de Patentes Europea ha sido, en el mejor de los casos, económica con la verdad o, en el peor de los casos, ha intentado llevar al público a conclusiones erróneas. 
Tienen ante ustedes hoy una propuesta de resolución que incluye esas acusaciones. 
Debo señalar que la Oficina de Patentes Europea no es una organización de la Comunidad; su existencia y sus acciones se derivan de un acuerdo internacional en el que todos los Estados miembros de la Unión Europea y cuatro países más constituyen una parte, pero no la Comunidad en sí. 
Por lo tanto, no puedo darles información autorizada sobre las acciones de la Oficina de Patentes Europea en este caso particular. 
Sin embargo, dada mi experiencia en la Oficina de Patentes Europea, que recientemente he visitado en Munich, me sorprendería personalmente que este desafortunado incidente fuera otra cosa distinta que un error durante el proceso de examen. 
Al margen de la causa del problema, es obvio que, como acabo de mencionar, la patente no debió concederse de la forma en que lo fue. 
Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que va a hacer la Comisión sobre este asunto? 
Esta es la razón que explica mi presencia aquí hoy. 
La propuesta que tienen ante ustedes solicita del Parlamento y de las demás instituciones de la Unión Europea que se oponga formalmente a esta patente en el plazo de 9 meses en que se permite presentar una reclamación de acuerdo con las reglas que rigen la concesión de patentes europeas. 
Ya se han presentado algunas reclamaciones en contra de esta patente. 
Sin embargo, si la Oficina de Patentes Europea sigue sus normas usuales concernientes a las reclamaciones, entonces es poco probable que se introduzcan cambios antes de diciembre del año 2000 o tal vez más tarde. 
Este retraso para corregir lo que es, de hecho, un error admitido, es claramente indeseable. 
Por consiguiente, he escrito a la Oficina de Patentes Europea sita en Munich solicitando que se busquen todas las posibilidades de llevar a cabo una resolución lo más rápidamente posible sobre esta cuestión. 
Me complace decir que, dada la naturaleza particular del caso, la Oficina de Patentes Europea está de acuerdo en formar inmediatamente lo que podríamos llamar un organismo de reclamaciones, un organismo de reclamaciones que poco después de haberse constituido emita un primer comunicado expresando una opinión preliminar. 
Ahora bien, la Oficina de Patentes Europea ha señalado que esta opinión preliminar se emitirá sin prejuicio del fallo final de la división de reclamaciones en este caso. 
Pero la Oficina me ha asegurado que los procedimientos conducirán rápidamente a una conclusión, respetando el derecho de las partes a ser oídas. 
Estoy seguro de que igual que yo, los Diputados de esta Asamblea y el Sr. Presidente acogerán con agrado esta disposición de la Oficina de Patentes Europea a responder a algunas de las preocupaciones planteadas por este Parlamento y como resultado directo del enfoque adoptado por la Comisión. 
Me satisface poner a disposición de usted, Presidente, una copia de mi carta a la Oficina de Patentes Europea así como de su respuesta a la Comisión. 
Por supuesto, le informaré tan pronto como sea posible de las conclusiones que formule el servicio legal de la Comisión cuando ésta haya estudiado minuciosamente la respuesta de la Oficina de Patentes Europea a la carta que envié recientemente. 
Por último, permítanme concluir reiterando que la Comisión y todos los demás lamentamos que se haya concedido esta patente de la forma en que lo fue. 
Hemos emprendido una acción que, basada en la total cooperación de la Oficina de Patentes Europea, creo resolverá rápidamente este desafortunado incidente. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, la concesión de una patente a embriones humanos genéticamente modificados y a una técnica que posiblemente pueda utilizarse para la clonación de seres humanos constituye un escándalo gigantesco. 
Con esto se ofende de manera palmaria a la dignidad humana. 
El caso muestra lo importante que ha sido que en la discusión en torno a la directiva sobre la obtención de patentes de las invenciones biotecnológicas el Parlamento Europeo haya consolidase en una directiva que las técnicas para la clonación de seres humanos, las técnicas para la intervención en la línea germinal y, sobre todo, el ser humano en todas las fases de su desarrollo están excluidos de ser patentados. 
Muchos dijeron entonces que estas aclaraciones no eran necesarias, en absoluto, que tal patente no se concedería nunca. 
Hoy estamos viendo cuán importantes fueron estas aclaraciones entonces. 
La Oficina Europea de Patentes ha asumido en sus directivas la directiva del Parlamento Europeo. 
Aunque no se vincula directamente a la directiva del Consejo y del Parlamento, ha asumido, sin embargo, de manera literal en sus normas de ejecución estas cosas que decidimos entonces. 
Por consiguiente, lo que aquí ha sucedido constituye también una contravención palmaria de las propias reglas del Parlamento Europeo. 
Tampoco puedo sentir simpatía o comprensión para los que dicen: está bien, las cosas no han sido tan malas, no tenemos por qué irritarnos, y quizá sea también muy prometedora la técnica de la que se trata aquí. 
Ha habido, además, una declaración de prensa- Europabio- que no ha sido muy útil en este sentido, y yo he escrito una carta al director de Europabio indicándole que una posición ambivalente sobre esta patente no ayuda nada en sentido alguno a fomentar la comprensión de las personas en favor de la biotecnología. 
Tal posición debe chocar con una enérgica protesta en el Parlamento Europeo. 
Pero no se trata de que sea mala la directiva que aprobamos en 1998. 
Se trata de que debe ser aplicada mejor. 
Hay una violación de esta directiva, y por esta razón no deberíamos ponerla en cuestión, sino que deberíamos procurar que se aplique la directiva, en la Oficina Europea de Patentes pero también mediante su traslación al Derecho nacional. 
También debe estar clara otra cosa: el Parlamento Europeo ha tomado siempre posición de manera clara no sólo contra la patentización de técnicas que violen la dignidad humana, sino también contra las técnicas como tales. 
La clonación de seres humanos, la intervención en la línea germinal humana y la investigación que utiliza embriones humanos han sido rechazadas siempre por el Parlamento Europeo, por ejemplo, en el caso del informe del Sr. Tannert sobre el pertinente programa de investigación en este ámbito. 
Por esta razón el Partido Popular Europeo ha presentado la enmienda 4 para aclarar una vez más esto: que no retrocederemos. 
En cualquier caso, votaremos a favor de esta decisión, pues el Parlamento Europeo debe sentar aquí una clara señal. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la patente 635/351 que ha otorgado la Oficina Europea de Patentes y que se refiere a la manipulación genética de células humanas y de embriones humanos ha desatado en la opinión pública una indignación comprensible. 
Una vez conocido el hecho, mi Grupo ha formulado inmediatamente una pregunta oral al respecto. Ésta pretendía lograr claridad acerca de las preguntas fundamentales que se han planteado y también sobre las consecuencias que se seguirán necesariamente. 
Pero la pregunta se ha perdido en el trajín del funcionamiento de esta Asamblea. 
En lugar de las necesarias respuestas, hemos recibido hoy una declaración de la Comisión que no puede ser la última palabra para el Parlamento Europeo. 
¿Por qué comento esto? Muy sencillo. 
La patente indignante con su historia previa y la desapariciçón de una pregunta parlamentaria muestran de qué manera no hemos de tratar la biotecnología, es decir, de manera despreocupada y desidiosa. 
Ésta sería el camino hacia una catástrofe que destruye la inviolabilidad de la persona humana y de su dignidad. 
Está claro que es necesario hacer todo lo posible para borrar del mapa la patente 695/351 y todos los posibles desvaríos de ese estilo. 
Está claro que debemos llenar por la vía más rápida la laguna legal de la ausencia de la patente europea. 
Está claro que hemos de crear rápidamente un camino, accesible a todos, hacia la jurisdicción de patentes independiente o ¿queremos seguir confiando una autoridad poderosa a un autocontrol que ni siquiera por asomo funciona de manera satisfactoria? 
Está claro que el desarrollo de la biotecnología y de todas las técnicas nuevas debe estar cada vez más bajo control público. 
A este propósito le corresponde al Parlamento Europeo una tarea especial que reclama un informe anual sobre el trabajo del Grupo para la ética de las ciencias naturales y de las nuevas tecnologías. 
Para mi Grupo y para mí mismo está igualmente claro que la herencia genética de la humanidad debe seguir siendo patrimonio común y no debe ser negociado en el parket de la bolsa. 
Utilizamos la biotecnología con conciencia de nuestra responsabilidad, cuando respetamos sus fronteras éticas y hacemos accesible el código genético a todos los investigadores del mundo. 
Finalmente es preciso dejar en claro de una vez por todas de manera inconfundible que nuestra directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas no sólo excluye la patentabilidad de la persona humana, de partes del cuerpo humano así como las intervenciones en el genoma humano, sino que prohibe también la clonación de seres humanos en todas las fases de su desarrollo. 
A esto tienen que atenerse también todos. 
Señor Presidente, la patente nº 695/351 nos ha conmocionado profundamente, ésta es una concesión intencionada de patente a la cría de seres humanos. 
El ser humano modificado mediante técnica genética estaría degradado a la condición de producto de la técnica genética y esto constituye un violación palmaria de la dignidad humana. 
Por esta razón celebramos que en la propuesta de resolución del Parlamento se haya adoptado la propuesta de los Verdes, en el sentido de que como Parlamento presentemos un recurso ante la Oficina de Patentes en Munich y que el Parlamento nos siga también en la crítica a los problemas estructurales de la Oficina Europea de Patentes. 
Efectivamente, para hacer que reinen la transparencia y la ética necesitamos un control independiente de la Oficina Europea de Patentes. 
Sin embargo, esta patente no constituye un caso aislado. Es solamente la punta de un iceberg. 
La caja de Pandora se abrió ya hace tiempo. 
La Oficina de Patentes ha otorgado ya un buen número de patentes sobre la herencia humana y ha violado así las disposiciones del Acuerdo Europeo sobre Patentes. 
Partes del ser humano han sido declaradas de manera insostenible invención y propiedad de terceros y han sido comercializadas. 
Hemos de actuar decididamente contra esta comercialización del ser humano y contra esta palmaria violación de la dignidad humana. 
Pero esto incluye también que pongamos en cuestión la patentización de partes del ser humano y de los propios genes que también se hace posible mediante la directiva sobre patentes. 
En efecto, necesitamos una moratoria sobre la patentización de genes humanos y de partes del ser humano a fin de que puedan ser analizados los efectos sociales y morales, siempre observables, pues esta patente nos ha de servir de lección y ha de ser el último aviso para manejar esto realmente de otra manera. 
Hoy había esperado algo más de la Comisión, más crítica, más preguntas trascendentales también sobre la directiva sobre patentes, la cual constituye también directamente una legitimación de la praxis pasada de la Oficina de Patentes. 
Señor Presidente, nos ha sobresaltado la noticia de que la Oficina Europea de Patentes haya concedido una patente para la manipulación de células y embriones humanos. 
En cuanto a si se trata de un error en la traducción, tal como se ha dicho, o se ha hecho deliberadamente, adopto una posición intermedia. 
La oficina ha admitido, en cualquier caso, que la patente se ha concedido erróneamente. 
La Comisión afirma que la transposición a tiempo de la directiva relativa a la patente de las invenciones biotecnológicas habría podido evitar este error. 
No estoy de acuerdo. 
En primer lugar, la patente tampoco debió concederse conforme al derecho nacional. 
En segundo lugar, no estoy seguro de que la directiva sea tan uniforme como la Comisión evidentemente cree. 
En los Países Bajos, mi propio país, la directiva no se ha transpuesto todavía. 
El motivo es la demanda neerlandesa de declaración de nulidad presentada ante el Tribunal de Justicia, entre otros motivos, por su "inconsistencia interna". 
Ruego a la Comisión que elimine urgentemente todas las ambigüedades y lagunas de la directiva. 
El Grupo Europeo de Ética debe estudiar, además, si la dignidad humana está, en efecto, suficientemente protegida. 
El respeto de los seres humanos, los animales y las plantas creados por Dios tiene una importancia vital para nuestra sociedad. 
La Comisión se engaña si piensa que la transposición de la directiva pone fin a toda incertidumbre. 
La directiva plasma la tensión existente entre los intereses económicos y las consideraciones éticas, tensión que continuará siendo objeto de debate. 
Señor Presidente, Señorías, a mi modo de ver la alarma de la opinión pública por la concesión de esta patente es totalmente justificada. 
En primer lugar, nos encontramos en una etapa en la que existe un interés general por evitar que se autoricen patentes del cromosoma humano, al objeto de dejar lo más abierta posible a la investigación científica la posibilidad de definir las modalidades de curación y de uso del conocimiento del genoma humano para mejorar la salud que es un objetivo que tendría que situarse más allá y por encima de la aun legítima protección de los intereses económicos de los investigadores. 
En segundo lugar, constatamos que la legislación adolece de un defecto: nos damos cuenta de que no es posible que la Oficina Europea de Patentes esté totalmente desligada de la Comisión Europea y quede al margen de la estructura de la Unión Europea. 
En tercer lugar, nos sorprende una cuestión y éste es el punto más importante que afecta a las bases de nuestra civilización. 
El cristianismo ha enseñado la dignidad de cada persona; en la tradición de la izquierda es fundamental la idea de que las personas, los seres humanos no son una mercancía, no pueden ser modificados: pues bien, ahora nos encontramos ante la posibilidad, claramente indicada, de convertir total o parcialmente al ser humano en una mercancía, y esto afecta a las raíces de nuestra civilización tanto en su versión cristiana más tradicional como en su derivada versión ilustrada y marxista. 
Creo que todos juntos debemos reaccionar ante esto con una gran determinación y decisión recordando que el embrión es un individuo de la especie humana. 
Más allá de nuestras diferencias en materia de aborto, también aquellos que respaldan la legalidad del aborto han estado siempre de acuerdo con un punto: el derecho del embrión cede ante el derecho de la madre, sin embargo, existe; cede sólo y únicamente ante el derecho de la madre y no ante el derecho al beneficio de esta o aquella multinacional. 
Señor Presidente, agradezco a la Comisión su declaración. 
Quisiera instar a la Comisión a que presente de manera oficial un recurso contra esta patente. 
El Consejo debería otorgar a la Comisión este mandato. 
A modo de fundamentación quisiera indicar que una función de la Comisión debe ser la de dotar de vigencia a la directiva sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
Se duda de si la directiva sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, cuyo ponente fui yo es realmente un instrumento adecuado para dominar la problemática. 
Hubiera sido útil que alguno de los que airean su indignación se hubiera tomado la molestia de leer la patente. 
Entonces habría constatado que la patente viola la directiva sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas por dos razones, en concreto, por un lado, porque la protección de la patente se extiende hasta un procedimiento para la modificación de la línea germinal y, en segundo lugar, porque la protección de la patente se extiende hasta la utilización de embriones para fines comerciales e industriales. 
Éstas constituyen dos claras violaciones de la directiva sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
La manera de cómo se puede tomar ahora esto como ocasión de volver a poner en cuestión la directiva sin haber leído la patente y sin haber leído la directiva, supera mi capacidad de imaginación. 
De ahí mi ruego al Parlamento: no deberíamos volver a poner en cuestión la directiva, como nuestra colega, la Sra. Breyer, cree que hay que hacer. 
De hecho, constituye de hecho el primer texto en todo el mundo que soluciona de manera satisfactoria esta problemática de la protección bajo patente y las invenciones biotecnológicas, el primer texto en todo el mundo que, por lo demás, ha merecido aprobación en todas partes. 
Por consiguiente, no poner de nuevo en cuestión la directiva sino otorgarle validez, de esto se trata ahora. 
Señor Presidente, debo empezar aclarando que no tengo ninguna relación con la Universidad de Edimburgo, pero pienso que es importante subrayar su buena fe. 
Después de todo, es una de las universidades más destacadas de mi propio país. 
Cuando solicitaron y obtuvieron esta patente, algo que hicieron con fines totalmente legítimos, lo hicieron de buena fe. 
No les interesa la clonación de seres humanos, lo que les interesa es poder trabajar con el tejido humano con objeto de buscar remedios para enfermedades como, por ejemplo, el mal de Alzheimer y la leucemia, y lo que están haciendo no viola la ley en el Reino Unido. 
Como se ha explicado, la patente en cuestión se examinó antes de que entrara en vigor la directiva de 1998 en septiembre de 1999, pero se publicó después de esa fecha y, como se ha dicho, se cometió un error en la forma en la que se concedió. 
Hasta este momento no veo evidencia sino de un error cometido por la Ofician de Patentes. 
Por supuesto, me gustaría añadir que se trata de un error que provoca honda preocupación. 
Pero hasta que no tengamos más evidencias, creo conveniente que se ignoren las reclamaciones y sugerencias más descabelladas. 
Mi opinión es que el error de la patente se puede corregir mediante la solicitud de corrección del documento por parte del propietario de la patente, o mediante la reclamación presentada por una tercera parte, algo que creo que ya se ha hecho. 
Los consejeros de la Universidad me han informado de que no se opondrán siempre que la rectificación que se añada a la patente siga permitiéndoles realizar su legítimo trabajo sobre el tejido humano. 
En otras palabras, de lo que aquí se trata es de una enmienda para eliminar los elementos infractores de la patente convirtiéndola así en legal, y no de su total revocación. 
Creo que el trabajo que se está realizando en Edimburgo no lo permiten las leyes de otros Estados miembros. 
Pero lo que no debe hacer este Parlamento ni las instituciones comunitarias ni los organismos internacionales es intentar legislar suplantando a los parlamentos nacionales en ámbitos que son competencia nacional y, en mi opinión, debemos oponernos a todo intento de hacerlo puesto que ello supone ignorar el principio constitucional. 
. - (EN) Señor Presidente, me gustaría empezar agradeciendo sobremanera a los Diputados de este Parlamento las cuestiones que han planteado y los comentarios que han hecho. 
Permítame hacer algunos comentarios sobre lo que han dicho algunos Diputados de este Parlamento. 
Quisiera empezar respondiendo al Sr. Rothley que, efectivamente, la Comisión se ha reservado el derecho de oponerse a la patente de una manera formal. 
Como he dicho antes esta mañana, he escrito una carta en nombre de la Comisión a la Oficina de Patentes Europea. 
No tengo inconveniente alguno en hacer pública esta carta. 
El penúltimo párrafo dice así: "En este contexto, tengo que informar que el Colegio de Comisarios ha decidido ya hacer una demanda formal, especialmente para presentar una reclamación por parte de la Comisión o la Comunidad en caso de que no se alcance una solución práctica". 
En otras palabras, aunque preferimos un acuerdo negociado porque sería más rápido que los nueve meses previstos según el reglamento de la Oficina de Patentes, nos hemos reservado la fórmula apropiada para oponernos a las patentes si no se hace ningún progreso por esa vía más rápida. 
Por lo tanto, si todo va bien, el Sr. Rothley puede quedar tranquilo de que la Comisión se ha reservado el derecho a actuar. 
Me gustaría expresar, pues, mi apoyo al Sr. Liese, que ha subrayado que no hay nada erróneo en la directiva. 
Estoy de acuerdo con él. 
Creo que la directiva es válida. 
En efecto, el mismo Sr. Rothley ha dicho que la directiva es la primera de este tipo que se ha hecho en el mundo, y ha recibido una aclamación universal. 
Es lo cierto que el párrafo cinco de la directiva, en el que se señala que ciertos procesos no se deben considerarse patentables, me sugiere que la directiva está expresada con absoluta claridad. 
El Sr. Blokland ha dicho que la directiva es poco clara e incongruente y, por supuesto, a la Comisión le interesa sobremanera una revisión que compruebe esta declaración. 
La Sra. Gerbhardt ha mencionado también que la clonación de seres humanos debe prohibirse. 
Bien, Presidente, está prohibida. 
Me gustaría que la Sra. Gebhardt prestara atención al hecho de que la directiva lo prohibe específicamente. 
En mi opinión eso es todo lo que tenemos que hacer, siempre que la directiva se aplique correctamente. 
La última cuestión que quisiera tocar es el asunto de las patentes comunitarias. 
Varios oradores han hablado esta mañana sobre las patentes europeas. 
Bien, una patente europea es aquella que concede la Oficina de Patentes Europea. 
El término adecuado que se debe usar es el de patente comunitaria. 
En otras palabras, es una solicitud que se hace a la Oficina de Patentes Europea en Munich, pero esa oficina debería entonces conceder una patente comunitaria y ésta se aplicaría entonces a toda la Unión Europea. 
Estamos trabajando en este asunto. 
Me gustaría decir a la Sra. Gebhardt y al Sr. De Clercq, quienes han mencionado este asunto, que por supuesto estamos trabajando duro para hacer realidad la posibilidad de tener una patente comunitaria. 
No es cosa fácil, sobre todo porque la Oficina Europea de Patentes no es una institución comunitaria. 
Por lo tanto, lo que queremos que haga la Oficina de Patentes Europea es algo en nombre de la Comisión Europea habida cuenta de que la Oficina no es una institución comunitaria. 
Esto nos plantea ciertos problemas legales y estamos intentando resolverlos. 
Por supuesto, los problemas lingüísticos son considerables. 
El coste medio de una patente ronda los 30.000 euros, mucho más elevado que en los Estados Unidos, y ello se debe a que el 40% de esos costes corresponden a traducción, y estamos intentando hacer frente a este problema. 
Por último, la Comisión tiene la intención de emitir un documento que justifique la construcción de una patente europea antes del verano, y espero debatir con el Parlamento el contenido de ese documento. 
Señor Presidente, sólo quiero hacer una vez más una aclaración. 
Señor Comisario Bolkestein, lamento mucho que usted no haya escuchado atentamente o que la traducción no haya sido tan exacta, pero yo no he planteado la exigencia de que se prohíba enteramente la clonación. 
No he formulado esta exigencia. 
Por mi seguimiento crítico de la legislación relativa a la directiva sobre las invenciones biotecnológicas sé muy bien qué se contiene en la misma. 
Quisiera rogarle que usted entienda también esto. 
He afirmado que quería hacer una aclaración absoluta acerca de que esto también está contenido en aquella. 
Esta es una afirmación absolutamente distinta de la que usted ha puesto en mis labios. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 10.55 horas, se reanuda a las 11.05 horas) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, pido disculpas por mi voz que está un poco tomada. 
Me encuentro acatarrada. Sobre esta enmienda el Grupo de los Verdes/Alianza Libre por Europa ha solicitado una votación separada. 
Creo que la primera parte de la misma es indiscutible, pero en la segunda parte hay un problema de lenguaje. 
Creo que es un problema de traducción. 
La intención del Grupo del PPE no ha sido la de abrir un nuevo debate sino solamente la de reforzar lo que el Parlamento ha aprobado ya en el último período, por ejemplo, con ocasión del Quinto Programa Marco de Investigación o del Informe Tannert sobre el Programa Marco Especial de Investigación. 
Por consiguiente, sería importante que adaptásemos la versión lingüística alemana a la formulación que se escogió también en el Quinto Programa Marco de Investigación. 
Aquí el original ha sido el texto inglés y en alemán debe decirse "investigación que utiliza embriones" como también en lo que el Paramento haya decidido sobre el Programa Marco de Investigación. 
Por consiguiente, no se trata de un endurecimiento de las posiciones, sino de acentuar lo que hemos aprobado. 
Por esta razón, en alemán debe decir "investigación que utiliza embriones". 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Haug sobre las orientaciones presupuestarias 2001 por un motivo que quizás a los demás diputados les parecerá baladí, pero que es muy importante para mí que fui elegido en este Parlamento como representante del Partido de los Pensionistas y que me propongo hacer todo lo posible y lo imposible para tratar que se preste atención a las exigencias y a las necesidades de las personas mayores. 
En Europa tenemos unos 120 millones de ancianos la mayor parte pensionistas y algunos, los menos afortunados, ni siquiera cuentan con una pensión sin embargo, en estos procedimientos presupuestarios, en estas orientaciones no se hace referencia alguna a una política de la Unión Europea en favor de los pensionistas. 
Por esto estoy en contra de este procedimiento y confío en conseguir a lo largo de estos años mejorar la situación de los pensionistas y de las personas mayores. 
Señor Presidente, naturalmente he votado el informe de la Sra. Haug sobre las orientaciones presupuestarias, pero quisiera hacer hincapié en especial en la reinclusión deseada, y confirmada por el voto de esta mañana, de las catástrofes naturales. 
Ya lo he dicho aquí en varias ocasiones, creo que la Unión Europea no puede pretender al mismo tiempo querer estar más presente de lo que lo ha estado hasta el momento ante los ciudadanos, más visible, y apartarse de sus dificultades y de sus desgracias cuando sobrevienen. 
Por tanto, he votado con mucho agrado los párrafos 21 y 34. 
Deseo personalmente que tengan una aplicación rápida, principalmente para un sector que vive dificultades estructurales, que ha conocido una colisión de ofertas, el sector de la silvicultura. 
Creo que la Unión encontraría en ese caso una vocación natural para implicarse y espero que a partir de este informe podamos sensibilizar al Parlamento y a la Comisión sobre la necesidad de una intervención. 
Hemos votado en contra de algunos puntos del informe de Haug sobre las orientaciones para los procedimientos presupuestarios del año 2001. 
El principal reto de la UE en los próximos años es la ampliación hacia los países de Europa Central y del Este. 
La ampliación va a ser costosa de muchas maneras. 
Por eso es importante que la UE presupueste grandes sumas para este objetivo y no sólo ayudas destinadas a la preparación de la adhesión. 
A pesar de esto, en el informe de Haug no se menciona la ampliación. 
En cambio, en las orientaciones para el presupuesto del 2001 se opta por destacar "la dimensión social y cultural de Europa" como el punto más importante. 
En nuestra opinión, la UE tiene que emplear su fuerza para resolver los problemas que los Estados miembros no pueden resolver por sí solos, los asuntos de carácter internacional. 
La política cultural y la social son muy importantes, pero, en general, son materias sobre las que no cabe legislar en el ámbito comunitario. 
Otro sector prioritario en el informe de la Sra. Haug es el de las ayudas a la reconstrucción de Kosovo, que respaldamos plenamente. 
No obstante, opinamos que los recursos necesarios para Kosovo deben sacarse de las ayudas al cultivo del tabaco y de otras formas de producción incluidas en la Política Agrícola Común. 
Como liberales, opinamos que hay que adecuar la política agrícola al mercado, además de desburocratizarla. 
Por consiguiente, si el Parlamento considera la ampliación como algo serio, debe influir para que se reduzcan considerablemente los costes de la política agrícola. 
Paulatinamente deben ser eliminadas todas las ayudas directas a la producción agrícola. 
El papel de la UE en materia de empleo es muy importante, especialmente en el mercado interior. 
No obstante, queremos destacar que el desempleo no se reduce solamente con medidas políticas en el ámbito europeo. 
Estamos convencidos de que algunas medidas adoptadas por los Estados miembros, tales como las rebajas fiscales para el trabajo, la flexibilidad en la legislación laboral y la creación de un clima favorable para las empresas, conducen a aumentar el empleo y a dar dinamismo al desarrollo en toda la Unión. 
. Felicito a la Sra. Haug por su excelente trabajo, y comparto su posición de destacar la creación de empleo como la prioridad para la Unión. 
La Comisión de Pesca no quiere más dinero. 
Sólo queremos que se nos nombre en las orientaciones, porque lo que no se nombra no existe, y la pesca existe, incluso es una política común. 
La pesca es crucial para el mantenimiento del empleo y de la economía en regiones europeas periféricas dependientes de esa actividad. 
Este sector genera además numerosos puestos de trabajo en tierra, en la industria transformadora o los astilleros. 
Los puestos de trabajo más baratos son los que no hay que crear, porque no se han perdido. 
Mejor apoyar actividades que ya generan empleo, que tener que invertir, más tarde, cantidades ingentes en creación de nuevas industrias. 
En la Comisión de Pesca pensamos que los acuerdos internacionales pesqueros merecen un apoyo presupuestario explícito, para que la flota comunitaria pueda continuar con su actividad y la economía de las regiones pesqueras no entre en crisis. 
En el procedimiento de concertación velaremos por tanto para que el apoyo de la Unión a la pesca se consolide e incremente. 
Durante el procedimiento presupuestario actual destacaremos también nuestras preocupaciones por la conservación de los recursos pesqueros, así como la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad en el sector. 
He votado contra la Propuesta de Resolución porque la referencia del Artículo 1 a "volver a certificar los aviones con bajas relaciones de derivación" acabaría efectivamente con un proyecto para cambiar los motores de aviones en una bolsa de desempleo del Oeste de Gales que potencialmente podría crear 400 puestos de trabajo. 
Y es que los motores que proyecta construir la compañía implicada tienen una relación de derivación menor de tres, por lo que quedarían excluidos del espacio aéreo de la UE de acuerdo con el Reglamento. 
El Artículo 2 (2) sólo excluye del alcance del Reglamento a los aviones que han sido totalmente reformados "con motores con una relación de derivación igual o mayor que tres". 
Esto es así a pesar del hecho de que los motores en cuestión cumplirían fácilmente los niveles aceptados de ruido y emisiones. 
El ruido de los aviones no sólo lo determina la relación de derivación; en mi opinión se debe medir de acuerdo con el ruido que hacen durante el despegue, el vuelo y el aterrizaje, como en el caso de la Convención de Chicago. 
. (FR) El reglamento pretende reducir el ruido ambiental en los alrededores de los aeropuertos comunitarios, que en general se encuentran cercanos a los centros económicos de la Unión, por consiguiente en zonas muy urbanizadas. 
Este reglamento prevé la prohibición, a partir de mayo de 2000, de algunos aviones ruidosos equipados con dispositivos de reducción sonora llamados "hushkits". 
La industria de la aviación civil experimenta un crecimiento anual de aproximadamente un 6 %, que debería duplicarse en diez años. 
Esto sólo puede verse acompañado de una reducción progresiva del ruido imputable a los aviones. 
El problema del ruido se plantea con la misma actualidad en los aeropuertos americanos. 
Es a nivel internacional, en el seno de la OACI, donde han de dictarse normas más estrictas sobre el ruido de los aviones. 
La resolución lo señala. 
El reglamento fue retrasado un año, en 1999, se aplicará en mayo con un gran número de supuestos de excepción. 
Según las últimas entrevistas euroamericanas, este conflicto no reúne aún las condiciones para que se produzca una solución porque, además, los americanos han presentado un recurso ante la OACI. La industria americana ejerce enormes presiones y la perspectiva de las elecciones falsea el juego. 
Pero, ¿de qué forma podrían defenderse tales supuestos de excepción con el pretexto de que existe un litigio? 
¿Hemos dicho a los chocolateros franceses y belgas que la directiva se suspendería o que habría supuestos de excepción? 
Pero esa "cooperación" es la del lobo y el cordero, y la mayoría pobre de la población no encuentra más que la dudosa ventaja de ser explotada al mismo tiempo por los potentados locales y por las empresas europeas. 
Desde hace dos siglos, la política mediterránea de Francia ha sido la colonización de Marruecos, de Túnez y de Argelia; la de Italia, la ocupación de Libia; y la de Inglaterra, el pillaje desvergonzado de Egipto. 
Algunas voces se han oído aquí mismo, con toda razón, contra la dictadura que castiga a Túnez y que tiene su prolongación, aunque sea de forma edulcorada, en Marruecos. 
Pero, ¿cómo olvidar el apoyo material, militar y diplomático concedido por Francia a estos regímenes? 
¿Cómo olvidar la responsabilidad de Francia en la guerra contra Argelia y en la situación dramática que conoce este país aún hoy? 
Nuestra solidaridad se dirige a las clases trabajadoras de la región del Mediterráneo y se opone, por eso mismo, a la cooperación entre capitalistas y gobernantes que propugna esta resolución. 
No estoy en absoluto en contra de las intenciones o las opiniones del informe, únicamente me opongo al plan de acción para Sri Lanka. 
Creo que es inadecuado y que se presta demasiada poca atención a la necesidad de encontrar una solución política para Sri Lanka. 
La guerra en Sri Lanka, Presidente, es una guerra en la que ningún contendiente puede ganar, y a menos y hasta que no se lleven a cabo negociaciones de paz siempre habrá personas que soliciten asilo a Occidente, la mayoría de ellas tamiles. 
Europa puede ser el intermediario de paz que conduzca a la isla de Sri Lanka a una solución pacífica y lleve la paz a las comunidades tamil y cingalesa así como a otras comunidades de Sri Lanka. 
En Francia por ejemplo, de cada 7000 solicitudes de asilo sólo se aceptan 2000. 
Los solicitantes de asilo que ven denegada su solicitud se transforman en "sin papeles" contra los cuáles está abierta esta caza del inmigrante que, aun reglamentada, no es por ello menos inmunda... 
Y, ¿de qué valen las distinciones sutiles del informe "entre los ámbitos de inmigración y de asilo propiamente dichos" frente a esta realidad social que hace que en razón de una organización económica delirante, millones de personas se vean condenadas a la tortura o a la muerte por hambre con tanta certeza como en las prisiones de las dictaduras? 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Klamt no sólo porque, como es obvio, estoy a favor de cualquier medida que permita limitar al máximo la plaga del turismo sexual que afecta a la infancia, sino también porque de este modo quiero dar el impulso necesario para hacer más. 
No debemos olvidar que son muchos los europeos que alimentan, son, por así decirlo, la gasolina de esta tremenda plaga del año 2000. 
. (FR) El texto que debatimos hoy nos afecta sin duda más que los demás ya que se trata de la protección de los niños contra el turismo sexual. 
La Comisión nos hace el balance de las medidas que se han adoptado en este ámbito. 
Los Estados miembros deberían dotarse de una legislación extraterritorial que les permita realizar investigaciones, perseguir y castigar a cualquier individuo culpable de crímenes cometidos en el extranjero y vinculados a la explotación sexual de los niños. 
Hemos de llegar aún más lejos aplicando medidas como la puesta en marcha de una política coherente de protección del niño mediante la creación de una nueva base jurídica general en el marco de la próxima revisión del Tratado, dotada de una financiación comunitaria suficiente. 
Es igualmente esencial decir que es la pobreza la que, en los países en desarrollo, genera con mucha frecuencia la prostitución en general, que afecta a niños, a mujeres o a hombres. 
Es también en este terreno en el que hay que luchar ya que siempre habrá personas poco escrupulosas a la hora de explotar la miseria humana. 
Terminaré reafirmando que los niños, el futuro del mundo, constituyen una de las categorías más vulnerables de la población, con unas exigencias específicas que conviene proteger. 
Por otra parte, no podemos olvidar que la infancia de cualquier individuo y las circunstancias particulares de su entorno familiar y social determinan, en gran medida, su vida de adulto. 
Por consiguiente, la protección de sus derechos, reconocidos en el Convenio de las Naciones Unidas de 20 de noviembre 1989, ha de inspirar la acción de todas las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros. 
. (FR) La Sra. Klamt nos presenta en el día de hoy un buen informe. 
Sin embargo, ¿cómo sorprenderse por este fenómeno cuando al mismo tiempo nadie se ofende, de forma más general, por el desarrollo de la prostitución? 
Los procesos a pedófilos sacuden en este momento incluso a nuestros anfitriones belgas, procedimientos análogos se encuentran con frecuencia en curso en nuestros países. 
No podemos alegrarnos de que caigan supuestos tabúes, y entristecernos a continuación por los crímenes que no son más que la consecuencia de la desaparición de esas reglas naturales de toda vida en sociedad. 
Hemos de condenar estas prácticas, es preciso que nuestros Estados respectivos se doten de los medios necesarios para perseguir y condenar a aquellos que sean declarados culpables. 
Pero es preciso también que, además, en nuestros países, en nuestras ciudades, luchemos contra la explotación sexual de los niños que no es más que la expresión más infame de la explotación sexual de cualquier persona humana. 
La dignidad de esta persona, de la más débil en particular y de toda en general, ha de ser nuestro hilo conductor, tanto en este ámbito como en cualquier otro. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la protección del medio ambiente constituye un ámbito político de alto rango y, por cierto, con razón. 
Sin embargo, precisamente el tema de las energías renovables debe ser liberado del fárrago de la ideología, de la proyección de los deseos e incluso del abuso material. 
¿Qué hay defendible, por ejemplo, en las tan elogiadas ventajas de la energía eólica? 
Yo la considero un camino equivocado tanto en lo económico como en lo ecológico. 
La demanda energética de nuestros estados industriales altamente modernos no puede satisfacerse a través de la energía eólica de tal manera que ésta pueda entrar en el ámbito porcentual del balance energético. 
Pero la demanda total es de 2.500 millardos de kilowatios, lo cual significa apenas un 0,8 por mil y esto ha costado a los contribuyentes tres millardos de marcos en subvenciones. 
Aquí se pone de manifiesto que éste no es un camino con futuro y, en consecuencia, deberíamos poner coto a este camino económica y ecológicamente errado y buscar nuevas orientaciones. 
¿Cómo no se puede estar de acuerdo con cualquier iniciativa que haga hincapié en la importancia, reconocida por todos, de la electricidad? 
Sin embargo, intervengo para explicar mi voto y también porque quiero decir, señor Presidente, que falta algo. 
La electricidad es como el agua que bebemos y el aire que respiramos. 
¿Acaso pagamos el aire que respiramos? 
Si carecemos de medios económicos no debemos pagar tampoco la electricidad. 
. (FR) El texto final del informe del Sr. Turmes sólo puede disgustar a aquellos que pretenden conciliar una política energética racional con el imperativo vital de preservación del medio ambiente. 
Solamente el texto del Sr. Turmes, bajo la doble influencia de los compromisos tan queridos para esta casa y del "credo" ecologista que, partiendo de constataciones verificadas, toma posteriormente los caminos de la utopía más etérea, se transforma en verdadera "fábrica de gas" que produce cualquier otra cosa que la simple promoción de las energías renovables. 
Señor ponente, pasaremos pues por alto, por caridad, el efecto inducido de su propuesta de creación de una tasa sobre las emisiones de CO2, que ponen de relieve el carácter ecológico de la energía nuclear, su "limpieza" que contribuye así a la preservación de la capa de ozono: si bien nos felicitamos por esta posible interpretación, no estamos seguros de que ése fuera el objetivo que usted perseguía. 
Pero, por el contrario, hemos de señalar que usted no propone nada menos, por esta vía, que la creación de un impuesto europeo, desde su primer párrafo: la adopción de una medida así crearía un precedente de extrema gravedad para todos los que soportan una fiscalidad europea uniformizada. 
Pero allí donde su capricho igualitarista se transforma en ceguera doctrinaria es donde asume su voluntad de ver impuestas a los Estados miembros coartadas obligatorias sobre la materia con sanciones en caso de no realización de los objetivos: este tipo de requerimiento no es de recibo en un recinto que aún no ha renunciado oficialmente a considerar a los Estados miembros como naciones independientes, que conducen libremente las políticas que ellos mismos deciden. 
Tiene usted el mérito de desvelar sus baterías, pero de forma algo perentoria, al afirmar que los Estados miembros reconocen que es necesario promover de forma prioritaria las fuentes de energía renovables: somos de la opinión de que efectivamente es necesario promover este tipo de energías renovables pero que la prioridad es la elaboración de un plan de conjunto en materia energética que no desprecie el existente, y englobe en especial las necesarias adaptaciones de las infraestructuras nucleares hacia una mayor seguridad, hasta el punto de que su erradicación total, que usted parece valorar tanto, sólo es posible si las 7/10 partes de la superficie del planeta se dedican exclusivamente al desarrollo de las energías sustitutivas tal como usted las define. 
Sin embargo, en la votación hemos estado muy divididos. 
Yo, por ejemplo, he votado a favor de la resolución porque para mí tenía mucha importancia sentar una señal en pro de la dignidad humana. 
Creo que el Grupo del PPE ha querido intentar convertir esta propuesta de resolución en un panegírico de la directiva sobre patentes. 
Sin embargo, tengo confianza en que en un futuro previsible termine el autoengaño del Parlamento Europeo, en concreto, el autoengaño de creer que la directiva sobre patentes prohíbe patentar los genes humanos o partes del ser humano. 
La Oficina Europea de Patentes ha patentado desde hace años genes humanos, no en el origen, en el cuerpo; pero queda una patentización de genes humanos y de partes del ser humano. 
Ésta constituye una violación de la dignidad humana, constituye también una comercialización del cuerpo humano. 
Me he alegrado mucho de que tanto la Asociación Europea de Médicos así como la Asociación Alemana de Médicos vean esto de manera tan clara y que hayan llamado la atención acerca de una obstaculización de la investigación. 
Por consiguiente, es un absurdo y un autoengaño afirmar que la directiva sobre patentes prohibiría esto. 
Creo que precisamente este caso ha mostrado que necesitamos una revisión de la directiva sobre patentes y, sobre todo, que necesitamos una moratoria para la patentización de genes humanos y de partes del ser humano, pues pienso que con esta patente se han vuelto más que claros los efectos morales y sociales. 
Señor Presidente, lamento mucho, también en nombre de mi Grupo, que una minoría haya logrado ideologizar con elementos extraños a la materia la resolución sobre los cambios necesarios en el acompañamiento de la biotecnología en materia del derecho de patentes. 
Con esto no se ha prestado ningún servicio a la claridad del Derecho de patentes ni se ha mejorado la protección, urgentemente necesaria, ante una comercialización, falta de escrúpulos, de los elementos que constituyen la vida. Al contrario. 
El texto que se ha aprobado en la forma de hoy rebaja aún más el nivel mínimo de protección de la directiva sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, de 1998. 
Con esto crece el peligro de que la herencia genética de la humanidad se sustraiga a la colectividad y se convierta en un objeto comercial productor de beneficios para unos pocos. 
Para combatir este peligro, he rechazado en la votación, y conmigo también mi Grupo, todos los elementos que no tienen nada que ver con la protección bajo patente de las invenciones biotecnológicas. 
Esto no me impide ni nos impide luchar en el futuro en pro del respeto de todos los límites éticos en la investigación médica y en la terapia. La dignidad humana es en esto el criterio definitivo. 
. (EN) Hemos tenido un largo debate en esta Asamblea sobre las patentes de biotecnología. 
Específicamente advertí que hacer patentes de los genes humanos o de parte de ellos pondría en peligro la libertad de investigación e impediría el progreso de la medicina. 
La comercialización del conocimiento del genoma humano, que se ha acumulado mediante investigación en muchas partes del mundo, podría poner en peligro la aplicación médica de este importante conocimiento científico sobre el cuerpo humano y sus funciones. 
El genoma humano y sus secuencias no deben poder patentarse. 
La concesión de esta patente por parte de la Oficina de Patentes Europea es profundamente escandalosa y debe revocarse. 
La solicitud de la Universidad de Edimburgo de esta patente no guarda relación alguna con la clonación (¡la clonación se consideraba imposible cuando se registró la patente!) 
La manipulación genética de las células humanas en el cultivo de tejidos es una práctica consolidada y legítima tanto en la investigación académica como biofarmacéutica. 
Esto se ha estado haciendo durante muchos años y es un importante método para saber cómo funcionan los genes y las células. 
Es erróneo sugerir que el objeto de esta patente es la manipulación genética de los humanos. 
La Universidad de Edimburgo ha manifestado su disposición a cooperar en una modificación adecuada de la patente. 
Con esta explicación de voto quiero expresar mi ira y mi profunda decepción por el tratamiento totalmente irreflexivo y negligente dado por la Oficina Europea de Patentes a un asunto que atañe a la vida de los seres humanos. 
Esta decisión absolutamente inaceptable sobre manipulación genética de células y embriones humanos debe ser suspendida y anulada tan pronto como sea posible, en aras de la protección de la vida, el más grande y sagrado de todos los dones. 
. (EN) En primer lugar quisiera felicitar a los que han redactado y votado la Directiva 98/44/CE, un paso hacia la protección del ser humano. 
Aunque declaran que apoyan la prohibición de "reproducción por clonación", ya han patentado y comercializado células humanas con el fin de tratar males degenerativos y relacionados con la edad. 
Desde agosto de 1995 se concede en el Reino Unido una patente para estas técnicas. 
Aunque entiendo el argumento de que la experimentación de la clonación de buena fe puede contribuir a progresos científicos que podrían aliviar el sufrimiento humano, debo señalar que existe la posibilidad de hacer un uso totalmente inaceptable del embrión humano en la fase de células madre, cultivándolas "fuera de su entorno natural". 
En efecto, este experimento bajo el disfraz de "clonación terapéutica" está ya patentado, y es el objeto de la investigación en curso. 
A la luz de esta realidad, pediría a la Comisión que emitiese una referencia concreta por lo que se refiere a las patentes de embriones humanos en la fase de células madre. 
. (FR) La investigación científica hace algo más que explorar o analizar el mundo, lo transforma. 
La Oficina de patentes ha reconocido un error "lingüístico", que el artículo 11 de la descripción de la intervención no parece corroborar en absoluto. 
Nosotros, representantes, ciudadanos, nos vemos superados por un excesivo componente científico en estos ámbitos. 
La ciencia, los expertos, sufren las consecuencias de graves crisis (vacas locas) e incluso las de crisis futuras porque no son capaces de decirnos cuáles serán las consecuencias de sus intervenciones: la diseminación de los OGM en el medio ambiente, las manipulaciones de los seres vivos, las manipulaciones genéticas. 
La propia ciencia parece superada por esta carrera hacia delante de los aprendices de brujo que ya no tienen tabúes ni fronteras morales o éticas. 
Sus laboratorios de investigación, durante mucho tiempo torres de marfil, están cada vez más rodeados... de oficinas de negocios que proliferan en este nuevo Eldorado de la biología, entre saber y beneficio. 
¿Las potencias políticas tendrán el poder de regular este nuevo mercado y de hacer que se respeten las dimensiones éticas de la genética? 
No basta con que la Oficina de patentes se dé cuenta del error y pida disculpas. 
Quedan muchas incertidumbres en el plano legal y moral sobre la futura admisibilidad de las miles patentes provisionales presentadas actualmente. 
Se ha abierto el debate sobre las fronteras morales de la biotecnología y sobre sus controles. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 30 de marzo de 2000. 
Señora Presidenta, la Comisión de Desarrollo y Cooperación viene pidiendo a la Comisión desde hace entre seis meses y un año que haga algo respecto a la sequía en Etiopía. 
No ha hecho nada, pero en cambio, la Comisión ha reaccionado instantáneamente cuando la noticia de que la hambruna amenaza a 12 millones de personas en Etiopía ha transcendido a la opinión pública. 
Sugiero que convoquemos esta semana, con carácter de urgencia, al Comisario Nielson para que explique a esta Asamblea el retraso con el que la Unión Europea responde a una sequía que dura ya desde hace tres años. 
Al parecer no hay ningún problema para enviar armas a la región para que eritreos y etíopes continúen la lucha que libran entre sí por problemas absurdos, y mientras la Unión Europea y Occidente exportan armas a Etiopía y Eritrea, la hambruna continúa y las vidas de millones y millones de personas están amenazadas. 
Formo parte de esta Asamblea desde 1984, y rara vez he visto semejante negligencia- una negligencia deliberada- por parte de la Unión Europea en hacer frente a una hambruna de esta magnitud que sabíamos que estaba en puertas. 
Es muy vergonzoso que cada vez que el Comisario Nielson, o la Comisión, plantea un asunto como éste, él se desentienda como si no importara nada; como si no creyera lo que está ocurriendo. 
El Comisario Nielson debe acudir a esta Asamblea y explicar la utilización que hace de su personal de relaciones públicas y de los "responsables de dorar la píldora" en esta vergonzosa muestra de negligencia. 
A pesar de los desmentidos, no hay la menor duda de que es posible conseguir armas por valor de miles de millones de dólares para mantener vivo el conflicto entre Etiopía y Eritrea. 
Todo este asunto es un reflejo de la incapacidad de actuar de esta Asamblea. 
Señor Andrews, naturalmente que no cabe entablar un debate sobre esta cuestión. 
Simplemente quería indicarle que, en unos momentos, la Asamblea votará para saber si añade un tema más al punto "Derechos humanos" y una de las propuestas de los dos grupos se refiere justamente al problema del hambre en Etiopía. 
Señora Presidenta, como muchos colegas saben, el viernes pasado se inauguró en Viena el Observatorio de los fenómenos racistas, xenófobos y antisemitas. 
Quisiera agradecerle su enérgica intervención. 
En esa ocasión tan importante usted manifestó que no pueden haber puntos de contacto entre la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas, por una parte, y el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, por otra. 
Usted lo dijo con mucha claridad y contundencia y de esta forma ha dirigido un mensaje de confianza al pueblo austríaco y a todos los pueblos de Europa. 
A esa ceremonia asistieron muchos colegas del Parlamento Europeo, de casi todos los Grupos parlamentarios de numerosos países y, por supuesto, muchos colegas austríacos y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sr. Graham Watson. Todos ellos me rogaron- y cumplo muy gustoso su ruego- que le diera las gracias por su discurso que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a este Pleno. 
Le agradezco, señor Imbeni, esas palabras tan amables. 
Quisiera decir a todos los colegas que estuvieron en esa ceremonia tan emotiva e importante que pienso que todos juntos representamos bien al Parlamento Europeo, y sé que todos los participantes estuvieron muy atentos a tan amplia presencia. 
Creo que era muy importante para nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, si he sido correctamente informado el Consejo ha suspendido su declaración sobre Irak. Por lo tanto ésta no tendrá lugar esta semana. 
¿Sería posible que usted solicitara al Consejo que emita una declaración sobre Etiopía en lugar de la declaración sobre Irak? 
De este modo cumpliríamos con este punto, aunque desde luego esto también depende de que el Consejo esté en disposición de hacerlo. 
Señor Hänsch, veremos ese punto cuando examinemos el orden del día, en unos instantes, y decidiremos entonces como ocuparnos de esa situación. 
Señora Presidenta, quisiera poner en su atención un asunto interno. 
Algunos miembros del personal del Parlamento Europeo aquí y en Bruselas son insultados por algunos diputados cuando intentan hacer respetar las normas del Parlamento Europeo- en otras palabras, que no se fume en las zonas de no fumadores o cualquiera otra norma del Parlamento Europeo. 
En otros parlamentos, los ujieres son tratados con el respeto que merecen. 
Desearía que también fuera así en el Parlamento Europeo. 
Si la situación no mejora, ¿puede decirme si existen procedimientos disciplinarios que podríamos adoptar contra dichos diputados que amenazan al personal de esta manera tan irrespetuosa? 
No creo que sean necesarias medidas disciplinarias, pero prometo tener muy en cuenta las dos observaciones que ha realizado, tanto en lo que se refiere a las zonas para no fumadores como a la actitud frente a nuestros ujieres. 
Señora Presidenta, Señorías, leyendo la prensa internacional se entera uno en qué se entretienen algunos de nuestros colegas. 
Normalmente la leo con cierta curiosidad, fascinación o asombro, pero también piensa uno que el Parlamento Europeo es una casa con muchas moradas y se guarda para sí sus comentarios. 
Pero la semana pasada ha sucedido algo que no debemos pasar por alto. 
A un miembro notable de esta asamblea, al Sr. Berlusconi, le ha parecido oportuno, durante un viaje de placer en medio de su campaña electoral, hacer, no digo ya comentarios hirientes, sino verdaderos chistes sobre personas que se están muriendo de esa terrible enfermedad que es el sida. 
Perdónenme que les repita lo que dijo el Sr. Berlusconi, pero es que si no lo hago difícilmente podrían ustedes opinar sobre ello. 
El Sr. Berlusconi hizo el chiste siguiente: " ¿Sabéis por qué toma un enfermo de sida baños de arena? 
Son palabras de un diputado de esta Asamblea. 
No creo que nadie se quedase tan tranquilo si el chiste hubiese hablado de negros o judíos. 
Opino que usted, señora Presidenta, debería reaccionar. 
De paso quisiera pedirle al presidente del PPE y al jefe de ese movimiento político que qué opina sobre este tipo de comentarios: por mi parte digo que me han impactado en el mal sentido de la palabra. 
Haciéndome solidario con los millones de personas que ya hay en el mundo padeciendo esta horrorosa enfermedad, asumo la vergüenza ajena del honorable parlamentario Silvio Berlusconi. 
(Aplausos de la izquierda) 
Gracias. 
El colega que ha mencionado no está aquí para contestarle y para defenderse... 
(Reacciones diversas) 
Señora Presidenta, hemos podido leer en los periódicos que se han efectuado robos de la propiedad del Parlamento por un valor de cinco millones de euros y que las cuentas del Parlamento han sido mal gestionadas. 
Además de esto, está por llegar el informe del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas sobre la utilización de los fondos concedidos a los Grupos políticos del Parlamento, el cual tampoco es muy halagador para este Parlamento. 
Se trata de asuntos mayores que el Parlamento debe gestionar mejor. 
Quiero hablarles de asuntos sin importancia que, por lo demás, no me gusta sacar a relucir en la sesión plenaria del Parlamento, pero no deja de ser sorprendente que la burocracia de esta Institución no sea capaz de solucionar estos pequeños problemas. 
Me he quejado en varias ocasiones de que no se vea la imagen de la televisión finlandesa en el sistema televisivo del Parlamento. 
Finlandia es el único país cuya televisión no puede ser vista en el Parlamento. 
Los holandeses se quejaron varias veces, en sesiones plenarias del Parlamento, de que no se viera la televisión holandesa. 
Ahora ellos ya pueden ver dos canales, y yo quisiera que nosotros, los finlandeses, pudiésemos ver ahora, por lo menos, un canal. 
Y si aún se me permitiese, desearía que las tuberías trajeran agua caliente, cosa que no ha ocurrido todavía durante la actual legislatura de este nuevo Parlamento. 
También me he quejado de esto ya varias veces en sesiones plenarias. 
¿Qué os pasa a los burócratas para no ser capaces de reparar estos pequeños desperfectos en este edificio? 
Y por añadidura: ¡mira que dejarse robar cinco millones de euros! 
Gracias, señor Seppänen. 
No se trata de una cuestión sin importancia. 
Seguramente sabe que se han llevado a cabo importantes esfuerzos para que nuestros colegas neerlandeses dispongan de un canal en su idioma, y el problema, en lo que atañe a Finlandia, aún no está resulto. 
La Sra. Banotti, que se ocupa de la cuestión, le dará al respecto la información más reciente. 
Señora Presidenta, al menos en tres ocasiones he buscado a nuestro colega finlandés para asegurarle, según me garantizaron durante el pasado período parcial de sesiones, que se le entregará una tarjeta que le permita no sólo oír, sino también ver la televisión finlandesa en el Parlamento. 
Lamento realmente que no se le haya entregado dicha tarjeta. 
En el Colegio de Cuestores también hemos tratado- porque también nos afecta a nosotros- sobre el tema de los robos que se producen dentro del Parlamento. 
Puedo asegurarle que los Cuestores están trabajando en ello. 
Gracias, señora Banotti. 
Presidenta, Señorías, el orden del día que se propone está bastante cambiado. 
Se han desplazado informes y hasta el horario ha cambiado. 
Mañana empezamos a las ocho y media por vez primera. 
Esta agenda bien cargada no ha llevado a repartir mejor los informes a lo largo de los cinco días que cuenta esta semana estrasburguesa; al contrario, han desaparecido dos informes los viernes y sólo hay programadas tres preguntas orales. 
Lo cual nos conduce al siguiente problema. 
Como representantes electos que somos, somos reflejo del electorado, lo cual debiera expresarse en todas las votaciones; pero los viernes hay que hacer a menudo tan poca cosa, ahora y ya antes, que muchos colegas opinan con razón que en sus respectivos países estarían mejor ocupados. 
¿Cómo podemos pues cumplir mejor con nuestra obligación? 
He hablado de esto largo y tendido con colegas de distintos Grupos parlamentarios y hemos llegado a la conclusión de que el Parlamento tiene que elegir una de dos opciones: o le damos a la agenda de los viernes la importancia suficiente para que acudan más parlamentarios a votar, o al revés, eliminamos la agenda de los viernes. 
Esto no es una campaña contra Estrasburgo sino un alegato para que los diputados acudan a votar y para mejorar la imagen del Parlamento. 
La semana pasada habrán ustedes recibido un mensaje electrónico donde expresamos nuestra intención de pedir el quórum el viernes; también la Conferencia de Presidentes ha recibido una carta al efecto. 
Pero esto no ha logrado que la agenda del viernes se refuerce sino al contrario, como dije: se nos ha vuelto más ligera, más suave. 
Por tanto mantenemos nuestros planes, lo que implica que si el viernes no comparecen los 209 diputados necesarios, la votación no podrá realizarse. 
Lo advertimos con mucha antelación para darles a ustedes la posibilidad de mostrar con su presencia o con su ausencia, más que con sus palabras, lo que ustedes verdaderamente prefieren para los viernes: más trabajo o eliminarlos. 
Estimados colegas, les pediría una vez más que no empiecen, en forma de mociones de procedimiento, un debate sobre esta cuestión que se alargaría hasta la noche. 
Sin embargo prometo que plantearé la cuestión en la Conferencia de Presidentes. 
Los presidentes de grupo han entendido lo que dijo. 
Es cierto que hay un problema que tendremos en cuenta en la Conferencia de Presidentes en cuanto se fije el orden del día y más adelante de forma más general. 
Señora Presidenta, quisiera dirigirme brevemente al Sr. Seppänen, no acerca de la televisión finlandesa sino acerca del primer punto que ha tratado. 
Desde luego me consta que hace unos diez días un determinado artículo del European Voice ha sido reciclado una y otra vez en toda Europa. 
Como ponente para la descarga presupuestaria de nuestra propia institución lo hubiera saludado si el Sr. Seppänen hubiese encontrado un instante para echar un vistazo a mi informe, donde se acomete clara y críticamente esta cuestión del inventario y que se encontraba a disposición de todos los diputados de esta Asamblea, en todas las versiones lingüísticas, con fecha de 10 de febrero. 
Lo saludaría si aprovechásemos la ocasión para tener más en cuenta nuestros propios documentos, nuestras propias propuestas de resolución, que en cualquier caso tienen una perspectiva crítica- también frente a nosotros mismos- en lugar de únicamente reaccionar de forma instintiva a ciertos medios de prensa. 
Gracias, señor Ribeiro, examinaremos con gran cuidado su declaración. 
Señora Presidenta, quisiera poner en su atención un incidente ocurrido la semana pasada en el que dos aficionados al fútbol fueron asesinados trágicamente cuando se disponían a presenciar un encuentro de su equipo que disputaba la Copa de la UEFA. 
El fútbol es un deporte que transciende a todo el mundo. 
Es conocido como un juego bonito. 
Dentro de aproximadamente tres meses, Bélgica y Holanda serán los países anfitriones de Euro 2000. 
Son muchas las probabilidades de que vuelvan a repetirse en estos países incidentes como los ocurridos la semana pasada. 
¿Puedo pedirle que, a través de sus buenos oficios, se ponga en contacto con todos los Estados miembros que participan en el evento para intentar reducir estos problemas al mínimo? 
Gracias, señor Miller. 
Obraremos en ese sentido. 
A menudo hemos votado recomendaciones sobre la violencia en el deporte y lo que usted dice es muy preocupante. 
Señora Presidenta, nuestro colega, el Sr. Hänsch, acaba de comentar algo importante y como el tema está relacionado con el orden del día en general yo también quiero decir algo al respecto. 
Primero digo que, dado que la declaración del Consejo concerniente a Irak no ha prosperado, el EVP apoya la propuesta de cambiar este punto por Etiopía. 
Pienso que es una propuesta muy sensata. 
Quisiéramos además poder colocar a Irak entre los asuntos urgentes, porque el Parlamento tiene que declararse sobre ello de todas formas: no debería suceder que no hablemos en el Parlamento de algo sólo porque el Consejo no lo ha despachado antes. 
Para acabar digo que nos gustaría mucho, también por las imágenes enormemente preocupantes que vemos por la televisión últimamente, que también pongamos a Zimbabue bajo los derechos humanos. 
Tenemos un paquete completo y con él somos probablemente capaces de tocar todos los puntos importantes para este Parlamento. 
Señor van Velzen, tendrá ocasión de hacernos partícipes de su opinión ahora mismo, puesto que vamos a tratar la cuestión del orden de los trabajos. 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, queremos que Turquía sea adelantada y eso significa- si desplazamos a Turquía del miércoles al martes- que queda espacio libre para Etiopía. 
De este modo el miércoles podríamos debatir sobre Etiopía si el Consejo diera su visto bueno. 
Entonces, el martes Turquía y el miércoles Etiopía. 
Señora Presidenta, a mí no me parece tan buena esa propuesta, porque, si me han informado bien, el Consejo no estará el miércoles; quisiera que el Consejo asistiese al debate sobre Etiopía. 
Señor van Velzen, el consejo sí que estará presente el miércoles, me lo confirman en estos momentos. 
Le propongo pues, para el martes, que anticipemos las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Turquía, es decir, que se inscriban en lugar de la declaración sobre Irak. 
El Sr. Hänsch acaba de justificar esta petición. 
Si nadie quiere pronunciarse en contra, propongo que se vote. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) Del miércoles: 
Les propongo ahora sustituir las declaraciones sobre Turquía, que acabamos de anticipar al miércoles, por el debate sobre el hambre en Etiopía. 
¿Alguien se opone a esta propuesta? 
Señora Presidenta, en este caso yo propondría que se diera la posibilidad de emitir una breve resolución sobre Etiopía. 
Señora Presidenta, para muchos de nosotros sería de gran ayuda que pudiéramos votar primero el punto IV. 
Pues creo que una gran mayoría respalda nuestra propuesta bajo el punto IV. De este modo podemos renunciar a nuestra propuesta bajo el punto I. 
Dicho de otro modo, señor Haarder, quiere usted que pasemos enseguida a la propuesta que quiere sustituir el punto 4 "Foro mundial sobre la educación" por el punto "Irak", propuesta que había previsto en el caso en que la primera propuesta no se aceptase. 
Si lo he entendido bien, ya me lo dirá usted, retira su petición para sustituir el punto "Tratado de no proliferación", teniendo en cuenta que es el punto 4 el que queremos sustituir, si la Asamblea está de acuerdo, por supuesto. 
¿A menos que desee que se vote enseguida la sustitución del punto 4? 
Señora Presidenta, me gustaría que pudiéramos votar el punto IV antes de tomar una postura al respecto. 
Señora Presidenta, si lo he entendido correctamente el Grupo de los Liberales ha propuesto sustituir el punto sobre el Acuerdo de No-proliferación por Irak. 
¡Por tanto procedamos a votar al respecto! 
Si usted procede a retirar este punto y quiere situar Irak en el lugar del Foro Mundial para la Formación, entonces debe proponerlo y se votará sobre ello en cuarto lugar, si el Foro Mundial se encuentra en la lista. 
Efectivamente, pienso que está más claro. 
Prefiero que se siga el orden de presentación de las peticiones. 
Propongo para su votación la petición del Grupo liberal de sustituir el punto "Tratado de no proliferación" por un nuevo punto llamado "Irak". 
(El Parlamento aprueba la propuesta) Con respecto al asunto "Derechos humanos", recibí una petición del Grupo del partido popular europeo y demócratas europeos para sustituir el cuarto apartado "Pena de muerte en los Estados Unidos" por un nuevo apartado llamado "Zimbabwe". 
¿Quién desea intervenir para apoyar esta petición? 
Señora Presidenta, ya que ahora tenemos a Etiopía, a la que queríamos añadir, en otro lugar, quisiera preguntarle al proponente si estaría de acuerdo en añadir Zimbabwe como punto 5. De hecho podemos tener cinco puntos. 
Si tomamos Zimbabwe como punto adicional podríamos votar en ese sentido. 
Los autores de la petición parecen estar de acuerdo. 
Se lo agradezco. 
No necesito proceder al voto de esta petición, puesto que finalmente se ha retirado. 
Seguidamente recibí cinco peticiones para añadir un quinto apartado al asunto "Derechos humanos". 
Señora Presidenta, quisiera que me aclarara que si aprobamos que Zimbabwe sea el quinto punto, no tiene sentido que votemos sobre la inclusión de ningún otro punto porque ya tenemos cinco puntos en el orden del día. 
Señor Elles, voy a proponer enseguida, ya que creo que efectivamente corresponde al acuerdo que se acaba de adoptar, que se inscriba Zimbabwe como quinto apartado en el asunto "Derechos humanos". 
La Asamblea juzgará. 
Estamos de acuerdo. 
Sin embargo anuncio las demás propuestas, aunque sólo sea por respeto hacia los colegas y los grupos que las han realizado. 
Tengo pues la petición relativa a Zimbabwe. 
Además, hay una petición del Grupo de los Verdes para un apartado "Violaciones de los derechos humanos en Australia: juicios arbitrarios contra los aborígenes". 
La propuesta relativa al hambre en Etiopía no tiene objeto. 
Vienen después la petición relativa a Zimbabwe, que acabo de situar en primer lugar, y la del grupo liberal que quiere añadir un apartado "Pinochet". 
¿Quién está de acuerdo para que el quinto apartado del asunto derechos humanos sea Zimbabwe? 
(El Parlamento aprueba la propuesta) Del viernes: 
Con respecto a las preguntas orales sobre la silvicultura, el Grupo de los socialistas europeos pide que el debate se clausure con la presentación de propuestas de resolución que no se votarán sino que únicamente se presentarán. 
¿Alguien quiere intervenir a favor o en contra de esta petición? 
Señora Presidenta, quisiera expresarme a favor de que a la pregunta oral a la Comisión respecto de las consecuencias de los temporales del pasado diciembre se añada una resolución. 
Los ciudadanos europeos no entenderían que aquí solo discutiéramos y después no dijéramos nada acerca de las propuestas y posibilidades de solución que puede aportar la Unión Europea. 
Por ello solicito que se añada una resolución a la pregunta oral. 
Después de la pregunta oral sobre las tormentas, ¿es así? 
Creo que no hay ningún problema. 
Lucha contra la pornografía en Internet 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0090/2000) del Sr. Kirkhope, en nombre de la Comisión de las Libertades y de los Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción para adoptar una decisión del Consejo relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet (10317/1999- C5-0318/1999- 1999/0822 (CNS) ). 
. (EN) Señora Presidenta, en 1996 tuve el gran honor de representar al Gobierno del Reino Unido en el Congreso Mundial celebrado en Estocolmo, Suecia, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, sobre el tema de la explotación sexual de menores. 
En aquella ocasión adoptamos varias iniciativas que creíamos ayudarían a los niños, el sector más vulnerable de nuestra sociedad. 
Estas iniciativas eran relativas, en su mayoría, a temas como el turismo sexual y al abuso en general que se comete en países de todo el mundo. 
En general, las iniciativas no eran relativas a asuntos relacionados con Internet- esta nueva tecnología que ha avanzado tan rápidamente durante los últimos años; una nueva tecnología que puede servir para hacer cosas buenas, pero con la que también pueden hacer cosas malas. 
Existen muy pocas normas que regulen los fines con que se utiliza Internet. 
Mientras muchos países se esfuerzan porque sus ciudadanos se beneficien de todas las ventajas que ofrece la red y a pesar de que el propio comercio electrónico se está convirtiendo en una característica importante de la vida, aún no contamos con normativas adecuadas para proteger a las víctimas de los abusos y, en particular, a las víctimas de los abusos mediante la utilización de imágenes de ellos mismos con fines pornográficos. 
Es la razón de mi informe; proteger a los menores, intentar ayudar a los niños para que nadie abuse de ellos a través de este medio concreto. 
Mi informe presenta una definición, lo que supone una primicia. 
Hasta ahora no teníamos ninguna definición. 
A pesar de que en un comienzo existía una iniciativa austríaca, que el presente informe apoya, ésta no contenía ninguna definición. 
En nuestro informe hemos incluido una definición que esperamos sea aceptable a nivel internacional. 
Sólo podremos ocuparnos de este tema si lo hacemos a escala internacional. 
Ahora sólo nos ocupamos del mismo a nivel europeo, pero ojalá que el mundo reaccione, ya sea bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una vez más, o incluso a través del sentido común de otros países. 
Si tenemos suerte, conseguiremos que se adopte un enfoque mundial que suprima estas prácticas tan nocivas. 
En nuestro informe pedimos que los Estados europeos elaboren planes de acción para atajar los abusos que se producen. 
Nos preocupa la producción, venta, distribución y posesión deliberada de fotografías pornográficas en las que aparecen menores. 
Queremos erradicar este abuso terrible. 
En nuestro informe intentamos garantizar que las autoridades policiales de toda Europa adopten medidas para luchar contra estas prácticas. 
Queremos alentar y, de hecho, en algunas circunstancias, exigir a los Estados que analicen su legislación actualmente en vigor para asegurarse de que pueden investigar estos abusos y llevar a aquellos que abusan de menores de este modo ante los tribunales correspondientes. 
Nos enfrentamos a una difícil tarea, no sólo con respecto a la definición que hemos decidido proponer, sino también porque muchos países muestran actitudes diferentes respecto a lo que es, por ejemplo, un niño. 
Hemos intentado llegar a un compromiso en nuestras deliberaciones. 
Creo que lo hemos conseguido. 
Deseo expresar mi agradecimiento como ponente a todos aquellos que han mostrado algún interés, no sólo en mi comisión- la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores -, sino también en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes. 
No hemos tenido sino contribuciones positivas. 
En mi comisión, este informe fue aprobado con 27 votos a favor y una abstención. 
Lo considero una señal muy útil y positiva de cara al futuro. 
Gracias a todo el apoyo que ha recibido esta iniciativa, tanto dentro de las comisiones, como por la reacción del público, tengo grandes esperanzas de que una vez que haya sido analizada por el Parlamento, sea aprobada y puesta en vigor y contribuya a proteger a ese sector vulnerable de la sociedad que necesita protección en este ámbito de las nuevas tecnologías que avanza con rapidez y que no deja de crecer. 
. (SV) Señora Presidenta, la pornografía infantil es una forma abominable de delincuencia. 
Se necesitan medidas de carácter internacional, tanto más cuanto que Internet carece de nacionalidad. 
Quiero felicitar al ponente Kirkhope por su excelente informe. 
Cabe destacar también que es particularmente interesante que él sea inglés. 
Es provechoso que haya definido la pornografía infantil y creo que se ha alcanzado un buen acuerdo. 
Resulta especialmente útil que Kirkhope haya incluido en esta definición todo aquello que tenga el aspecto de pornografía infantil. 
Según esta propuesta, se crearán unidades especiales, puntos de contacto, en los Estados miembros. 
Esperamos que esto redunde en mejores investigaciones. 
Para mejorar las investigaciones en esta materia, son necesarios más conocimientos. 
Se va a comprometer tanto a la Europol como a los países candidatos. 
Es justo que los delitos cometidos en terceros países sean juzgados de acuerdo a las leyes nacionales. 
La definición de "niño" -la edad de los niños- ha sido formulada de manera tal que permita mostrar nuestra voluntad de crear la protección más eficaz posible en materia de pornografía infantil. 
Nuestros criterios permiten flexibilidad para encontrar la definición de límite de edad que sea más eficaz para combatir la pornografía infantil. 
Hay que crear la mejor protección para los menores, para que puedan conservar la infancia a la que tienen derecho. 
¡Todos los niños deberían tener derecho a la infancia! 
Debería ser un derecho humano fundamental. 
El Parlamento Europeo, los Estados miembros, las organizaciones más dispares, fundamentándose en diferentes bases jurídicas, acuerdos y resoluciones, se ocupan ya desde hace años con la cuestión de la protección del menor, los derechos de los niños, el abuso y la explotación sexual, el turismo sexual, el tráfico de niños y mujeres y la pornografía infantil en Internet. 
Mediante la iniciativa de la República de Austria para la adopción de una decisión del Consejo para la lucha contra la pornografía infantil en Internet los Estados miembros estarán obligados- y creo que esta es la palabra clave, estarán obligados- a adoptar medidas para luchar contra la pornografía infantil en Internet. 
Esta obligación debe desplegar efectos jurídicos. 
Todos conocemos la importancia de Internet. 
Se ha convertido en imprescindible como moderno medio de comunicación. 
Lo necesitamos para intercambiar información, para aprender y para todos los procesos imaginables. 
Sin embargo, el uso reforzado de Internet también refuerza el acceso a la violencia, a la pornografía y, en última instancia, a la pornografía infantil. 
También los niños obtienen acceso a la violencia con Internet, lo que para todos nosotros resulta deplorable. 
Los padres se ven impotentes ante este fenómeno ya que no pueden seguir el paso de este avance tecnológico. 
Estamos muy preocupados- especialmente también en el nuevo Programa MEDIA 2000, en el que se está trabajando- por la forma en que se va a tratar todo esto en el futuro. 
Por lo tanto surge la urgente necesidad de luchar con eficacia contra la pornografía infantil con apoyo en la red. 
Esto requiere un software eficaz para que se pueda determinar el país de origen, se pueda hacer un seguimiento de las fotos y se pueda detener tanto a los autores como a los responsables. 
Ello exige una técnica de la más alta cualificación. 
Necesitamos técnicos que desarrollen claves para obtener acceso con lo que también nos hemos de apartar un poco de la libertad de medios. 
Necesitamos una red de todas las organizaciones. 
Necesitamos una red de todas las organizaciones de ayuda, de las ONG, para alcanzar en este asunto un rápido tratamiento y un proceder eficaz. 
Pero hay una cosa que no debemos olvidar: el principal motivo por el que se obliga a los niños es la pobreza. 
Debemos luchar contra la pobreza y la intolerancia y tenerlas muy en cuenta. 
Este es el mejor modo de prevenir, es decir, necesitamos comprensión para los niños. 
Pero eso también significa que debemos proteger a las víctimas, que les debemos ofrecer ayuda para su reinserción, que les debemos ayudar a que vuelvan a encontrar una vida normal. 
Por lo tanto no sólo hemos de prevenir, sino que además debemos ayudar constantemente a los niños afectados. 
- (PT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en el último decenio la exigencia de una política para los niños ha llegado a madurar a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los Estados miembros. 
La atención que se ha prestado a este asunto aumentó considerablemente en todos los Estados miembros. 
Ahora bien, en el nivel de la Unión Europea- pese a que los niños representan cerca de una quinta parte de la población de la Unión- sólo muy raras veces se presta atención explícita a sus necesidades en las políticas económicas y en otros sectores. 
En todo el mundo millares de niños son víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos fundamentales, desde la crueldad familiar no descubierta e impune hasta su utilización en la guerra pasando por la explotación económica de su fuerza de trabajo, robándoles la instrucción y la infancia; desde esa figura horrorosa de los niños soldados hasta su utilización para fines de prostitución o pornografía. 
Según los cálculos aproximados del Comité Económico y Social, en Europa hay más de cinco millones de niños que trabajan en Europa; gran parte de ellos trabajan en sectores como la pornografía, el tráfico de droga, la pornografía infantil y el turismo sexual. 
Esos niños necesitan protección especial de la sociedad. 
La evolución de la red Internet, su vertiginoso desarrollo y su importancia cada vez mayor plantean hoy la cuestión de su utilización para esos fines condenables. 
En el período de sesiones anterior debatimos aquí, en Estrasburgo, sobre lo que deberíamos hacer en la red Internet: la voluntad de la Unión Europea es la de avanzar más aprisa en el comercio electrónico y apostar con mayor decisión por las nuevas tecnologías y la educación. 
Hoy debatimos sobre lo que hemos de evitar y combatir: la circulación y la divulgación de la pornografía infantil, que ha ido aumentando espantosamente. 
Y, si bien es cierto que debemos alentar a los administradores de los sites y a los proveedores de acceso a que formulen sus modalidades de conducta y se autorregulen y a los usuarios de Internet a que informen a las autoridades, siempre que encuentren material de pornografía infantil, no menos cierto es que hay una responsabilidad en la legislación de los Estados y de la Unión. 
El excelente informe del Sr. Kirkhope expone con claridad lo mucho que aún debemos hacer y mejorar en materia de creación de unidades especializadas, fortalecimiento de la cooperación y del intercambio entre los Estados, acción de EUROPOL, eficacia de la acción de los Estados miembros, incluida, cuando sea necesaria, la revisión de su propia legislación y de los procedimientos en vigor en esa esfera para que quede garantizada la aplicación de sanciones penales eficaces. 
Por lo que se refiere a la responsabilidad de la Unión en cuanto tal, me congratulo de que la Carta de Derechos Fundamentales que se está elaborando establezca los derechos específicos de los niños, teniendo en cuenta los sectores en que la Unión puede dar un gran impulso en particular a ese respecto. 
Señora Presidenta, en mi opinión se está produciendo un aumento de la perversión: es el caso de la explotación sexual de un niño que sea como fuere es grabada y por añadidura aprovechada materialmente. 
Estos hechos ocurren todos los días, cada hora, quizá cada minuto. 
Los autores se sirven de la difusión de la más moderna tecnología y con Internet han encontrado un medio mejor que cualquier otro para actuar desde el anonimato. 
Los pedófilos sólo chocan con las fronteras que constituyen sus propios conocimientos técnicos o los equipos que se pueden permitir. 
La sociedad, el Estado dispone de bien poco para oponerse a las actividades ilegales en Internet en comparación con las prácticamente infinitas posibilidades de éstas, especialmente porque el ciberespacio no conoce de Estados ni de fronteras geográficas o políticas y porque su característica más seductora es la disponibilidad a escala mundial. 
Internet no puede cometer crímenes. 
Criminal es la actuación de entre un 3 y un 5% de los internautas, que hacen uso de Internet con fines ilegales. 
Entre el 95 y el 97% de Internet puede considerarse legal. 
De este modo Internet se convierte en un espejo de la sociedad global. 
Exactamente igual que en el mundo real la criminalidad también es un sólido componente del mundo virtual. 
No obstante Internet no es un espacio sin leyes. 
El problema de la criminalidad en Internet no puede ser solucionado por un solo Estado de forma unilateral. 
Para ello se requieren a escala mundial tipos penales y definiciones unitarias, para que las autoridades penales puedan actuar globalmente de forma conjunta y no unos en contra de otros. 
Especialmente en el ámbito de la pornografía infantil, en el que constantemente se pisotean los derechos de los niños, se necesita urgentemente una normativa global. 
La UE ya ha adoptado diversas medidas en esta dirección, que no quisiera seguir desarrollando aquí. 
Quisiera felicitar al Sr. Kirkhope por su informe. 
¡Se trata de un texto de altísima calidad! 
Sin embargo, en mi opinión, para luchar efectivamente contra la pornografía infantil es necesario que Europol sea informada inmediatamente sobre los casos de pornografía infantil y que el intercambio de información con las autoridades competentes sea rápido y directo, tal y como sea dicho en la enmienda 20 de Gerhard Schmid. 
Todas las medidas propuestas son adecuadas y necesarias para una lucha efectiva contra la pornografía infantil. 
Pero no podemos olvidar que por encima de las medidas técnicas y de policía se debe combatir la pobreza, la ignorancia y los prejuicios, de suerte que la imagen que la sociedad tiene de sus niños y la que estos tienen de sí mismos sea potenciada, ayudando a las víctimas, y hay que decir que la protección de las víctimas está desempeñando hasta este momento un papel demasiado escueto. 
Necesitamos un clima social en el que las víctimas de crímenes abyectos no sean abandonadas y en el que los autores no se vean favorecidos por la inactividad y el miedo a terribles revelaciones. 
Presidente, Señorías, le agradezco al Sr. Kirkhope su excelente informe. 
Estimados colegas, todos estamos convencidos que la integridad física y psíquica de los niños y la protección de víctimas de delitos sexuales son de importancia fundamental y deberían colocarse en el centro de las consideraciones de la Unión Europea. 
A pesar de anteriores iniciativas de la Comisión y del Parlamento, el abuso de Internet y sus contenidos escandalosos e ilegales no ha hecho más que aumentar y se ha demostrado una y otra vez lo difícil que es luchar contra la pornografía infantil. 
Entonces ¿qué es lo que hace falta para combatir eficazmente la pornografía infantil, sobre todo la de Internet? 
Pues para empezar necesitamos un límite de denuncia que sea bajo y fácilmente reconocible. 
Ya en 1996 se marcó un límite de tolerancia de ese tipo en Holanda, por iniciativa de los proveedores de Internet. 
Para mantenerse dentro de esos límites, hace falta también que la policía y la Justicia sepan más sobre Internet y su tecnología digital, porque ahora no saben nada de eso; porque, o los funcionarios están bien preparados o no podrán perseguir nada. 
Lo último es que las penas legales deberán ser equiparadas en Europa e incluso fuera de Europa, porque si no Internet se nos volverá una amenaza en vez de la fuente de oportunidades que podría ser. 
Presidenta, comisario Vitorino y Señorías, en primer lugar deseo felicitar a nuestro colega, el Sr. Kirkhope, cuyo nombre por cierto suena en inglés esperanzador. 
Además tengo que decir que hay mucho tras el trabajo del Sr. Kirkhope, mucho sufrimiento de niños y de personas en general. 
Estamos muy satisfechos de que finalmente haya una definición. 
En segundo lugar, conviene que este fenómeno se ventile en público y que haya medidas obligatorias que seguir, los puntos de denuncia o notificación entre otros, como en Bélgica y en Holanda, también en otros Estados de la Unión Europea y en los países que de ella quieren formar parte; porque está claro que hay relación entre pornografía infantil en Internet y el comercio de niños, relación que se descubre en los países de origen de los niños, en los de tráfico y los países receptores de la Unión Europea. 
Esto es lo que se deduce también de las investigaciones de la policía sobre los solicitantes de asilo menores de edad que desaparecen solos e incluso acompañados de los centros de acogida y aparecen luego en ambientes de prostitución. 
La misma conexión se descubre en relación con niños raptados o desaparecidos. 
Hace poco unas madres han reconocido a sus hijos en una sede "web" pornográfica que les enseñó la policía francesa. 
También sabemos que algunos de los que hacen funcionar dichas sedes pornográficas usan y abusan de la identidad de otras personas para esconder la suya propia, por ejemplo usando sus datos bancarios. 
La lucha contra la pornografía infantil pide pues un enfoque multidisciplinar, donde la policía y los servicios de investigación colaboren. 
Esto quieren decir que los políticos deberán preocuparse de que la policía pueda operar. 
La policía entre nosotros, en la Unión Europea, no funciona como en algunos países candidatos a la adhesión, como acaban de decir otros. 
También los políticos tienen que creerse que la pornografía infantil existe en Internet. 
Las ONGs hacen un buen trabajo. 
Por último quiero decir que hay rufianes que abusan de Internet para distribuir fotos de jóvenes dadas o dados a la prostitución. 
Señor Presidente, el mérito del informe del Sr. Kirkhope consiste en llamar la atención del Consejo sobre una actividad criminal terrible. 
Aunque apoyo las medidas previstas por el informe, y en lo que a mí respecta, yo también quiero felicitar al ponente, creo que las medidas propuestas no están a la altura del problema al que nos enfrentamos. 
Las técnicas de comunicación transforman los datos. 
De este modo, Internet tiene efectos de estructuración y multiplicación sobre el comercio y el tráfico de material pornográfico infantil. 
Este tráfico es inusitado por su magnitud y los ámbitos geográficos que alcanza. 
Es urgente proponer medidas específicas porque nos encontramos en presencia de redes. 
En todos los Estados de la Unión se castigan actos individuales de pedofilia, pero el desconocimiento y la ineficacia siguen reinando en la represión de las redes. 
Se trata de páginas evolutivas y efímeras, que se adaptan continuamente, y cuyo control es complejo. 
Esta realidad exige que se realice un estudio de las redes de pornografía infantil en los países de la Unión Europea. 
La existencia de estas redes confirma que es necesario un espacio jurídico común. 
Una vez más, el ponente invita a la Unión a dirigirse a los Estados miembros, para pedirles que se esfuercen en armonizar las legislaciones en este ámbito. 
Comparto su opinión, pero, ante un problema transnacional, es necesario dar una respuesta de la Unión en su conjunto. 
El espacio jurídico común existe, con Europol, Schengen y Eurodac. 
Hay que admitir que se utiliza principalmente para controlar los flujos migratorios y reprimir la inmigración ilegal. 
Pero incluso cuando en cada Estado miembro, se tomaran medidas para crear unidades específicas, trabajando de forma coordinada, como preconiza el informe, no se arreglaría el problema de las redes, porque el trabajo seguiría limitado a las fronteras nacionales. 
Los traficantes de material pornográfico infantil, que suelen ser reincidentes, están pues identificados. 
Se trata de prevenir, para neutralizar sus actividades y desmantelar sus redes. 
La Unión Europea tiene que dotarse de una estructura adaptada, de una herramienta europea de información y de acción. 
Esta herramienta debería permitir apelar a los Estados para invitarlos a transmitir información, pero también debiera intimarles para poder desmantelar las redes. 
La Unión debería poder sancionar un Estado que no asume su responsabilidad penal en un informe relativo a la pedofilia. 
A partir de un CD rom con 10.000 imágenes o secuencias de pornografía infantil en Internet, la policía holandesa a realizado un fichero con varios cientos de niños. 
La Interpol ha reconocido que poseía un fichero con 800 fotos. 
¿Por qué no se utilizan estos valiosos documentos? 
¿Quienes son estos niños? 
¿Qué se hace para encontrarlos? 
Hay un registro de criminales, también se puede realizar un registro de víctimas. 
Es nuestro deber, y es una cuestión ética y humana, hacer todo lo posible para buscarlos. 
Por todos estos motivos, considero que la Unión Europea debería dar prioridad a la lucha contra este tipo de crímenes. 
El informe del Sr. Kirkhope está repleto de excelentes intenciones, pero hay que elaborar otras propuestas ante la situación actual. 
Creo que la Comisión y el Consejo deberían tomar medidas a la altura del reto que suponen unos crímenes que afectan a miles de inocentes. 
Señor Presidente, el excelente informe del Sr. Kirkhope vuelve a centrarnos, tras el de la Sra. Klamt sobre el turismo sexual, en un debate sobre una de las sórdidas desviaciones morales de nuestras sociedades modernas. 
Las acciones que nos propone el gobierno austríaco van en el buen sentido, el de reforzar la represión contra todos aquellos que producen, venden, difunden o poseen de forma consciente material que implica la explotación sexual de los niños. 
En efecto, ¿qué cabe pensar cuando se ven los escasos medios tanto de personal como de material, de los que disponen hoy los servicios de policía encargados del control de las redes Internet, que por naturaleza son mundiales? 
Pero gobernar consiste en prever. 
Y es necesario que busquemos las razones profundas de esta plaga para intentar aportar un remedio eficaz. 
Desde luego que en origen se encuentra el vicio incalificable de ciertas personas, cuya desgracia nunca podrá justificar sus crímenes, así como el afán de lucro de los productores y distribuidores de este género de documentos. 
Pero sobretodo tenemos que fijarnos en la miseria económica de los padres, que se ven abocados a explotar a sus propios hijos para sobrevivir, o en la miseria de niños abandonados, privados de referencias y de protección y que creen que sólo les queda esa solución para salir adelante. 
Nuestra sociedad pretende, así como lo hace a menudo nuestra Asamblea, que el porvenir del hombre es la libertad sin la responsabilidad y los derechos sin los deberes. 
Se trata de una actitud irresponsable. 
En efecto, hoy pagamos el precio de esta permisividad que, desde hace más de treinta años, algunos defienden como si fuera un progreso. 
Pero lo único que parece progresar es la soledad de nuestros contemporáneos. 
La de familias rotas y la de niños abandonados a sí mismos que se vuelven casi con naturalidad hacia la drogadicción, el nomadeo sexual, las sectas y el alcoholismo. 
El respeto de la dignidad de los seres humanos, que reclama justamente la decisión del Consejo, requiere, por un lado, la afirmación sin compromisos del carácter destructor de estas desviaciones, y por otro políticas adaptadas que, en Europa y en terceros países, permitan a las familias acoger, educar y proteger a sus hijos, y a los hijos encontrar las referencias esenciales: la belleza, el bien y la verdad. 
El último y legítimo mensaje represivo de este informe sólo se entenderá y tendrá efectos beneficiosos si, al mismo tiempo, afirmamos claramente los elementos de una cultura vital, una cultura que respete la vida, que se pueda aplicar a todos y en todas partes, y si tanto en los Estados miembros como en la Unión en su conjunto proveemos todos los medios necesarios para su instauración. 
Señor Presidente, estimados colegas, se acaban de decir muchas cosas sobre el informe de nuestro colega Kirkhope, que incluye muchos elementos interesantes, y no me gustaría decir ahora tras estos comentarios una trivialidad. 
Sin embargo, quisiera empezar diciendo que la pornografía infantil es principalmente el resultado de dos elementos. 
El primer elemento es la explosión de la pornografía en general, y el segundo es, naturalmente, el de la explotación de los niños con fines sexuales. 
Hablo de la explosión de la pornografía en general, porque no creo que sea posible aislar completamente la pornografía infantil del resto de la pornografía. 
En efecto, se produce un fenómeno de habituación, si me permiten la expresión, en el consumidor quien, cuando se le incita a la pornografía, en la televisión, en las cadenas de hoteles, incluso aquí en Estrasburgo o en Bruselas, en todas las revistas, en los quioscos, tarde o temprano, acaba por verse empujado a buscar, como si se tratase de una droga, sensaciones cada vez más fuertes. 
Esto es lo que sucede, y es la razón por la cual los que, por ejemplo en Francia en 1987, creyeron poder oponerse fuertemente, en nombre de la libertad, a la razonable medida que quería que las revistas pornográficas se retirasen del escaparate de los quioscos y se situasen en la trastienda, tienen una responsabilidad en las medidas que hoy condenan. 
Oí hace poco a nuestro colega Ainardi, que es diputado de izquierdas, quejarse por ejemplo de que cierto número de ficheros estén formados y no se utilicen con fines policíacos o represivos, como deberían. 
Quisiera sencillamente recordar a nuestro colega que una de las primeras medidas, jurisdiccionales, judiciales y policiales, que tomó el gobierno de izquierdas en Francia, consistió precisamente en ordenar la destrucción del fichero de pervertidos sexuales. 
Así que no hay que extrañarse de que hayamos llegado al punto en que nos encontramos ahora, y que se trivialice la utilización de niños con fines sexuales. 
¿No es acaso también la consecuencia ineludible de cierto número de medidas que se tomaron? 
Por ejemplo al trivializar la homosexualidad. 
Ya sé que toda la pornografía infantil no es necesariamente el resultado... 
(Reacciones diversas )... lo ven, ofrecen ustedes exactamente la demostración de lo que estoy diciendo. 
Tenemos colegas que condenan aquí la pornografía infantil, pero que piden por ejemplo, que las parejas homosexuales- y por qué de hecho limitarse a las parejas- puedan adoptar niños. 
Así proceden a una verdadera inversión de la noción de adopción, que ya no existe para favorecer al niño adoptado, sino únicamente para el adulto que adopta. 
Ponen necesariamente el primer dedo en el engranaje que lleva, tarde o temprano, a las desviaciones de la pornografía infantil. 
Sí, sí, ya oigo las protestas habituales del Sr. Schulz. 
No van a impedirme preguntar si este terrible descalabro de las normas morales y de las obligaciones sociales no está también en la misma línea que en la eliminación de los niños no natos. 
¿En virtud de qué criterio se organizaría en los hospitales públicos, controlados por el Estado, la eliminación de los niños no natos y se pensaría que es escandalosamente inmoral la utilización de niños ya nacidos para el disfrute sexual de los adultos? 
He aquí, estimados colegas, lo que quería decirles. 
Estas prácticas han encontrado una complacencia evidente, lo sabemos todos, en los Estados miembros, incluso en los niveles más elevados de su clase política. 
Entonces, lo que deseamos es que el árbol no oculte el bosque. 
Desde luego que la cooperación internacional es necesaria en este ámbito, igual que la acción de la Europol, y por qué no, la ampliación de la Interpol, pero si es necesario combatir la pornografía infantil, es necesario combatirla por sí misma, ¡y sea cual sea el vector! 
Ya se traten de redes personales, del teléfono, o del Minitel, a nadie se le ocurriría restablecer la censura o abrir las cartas sólo por el hecho de que la pornografía infantil también puede transmitirse por correo. 
Internet, el Minitel o Correos no son más que vectores. 
Lo que es necesario combatir son los verdaderos autores. 
Internet no es culpable en sí, son los pornógrafos infantiles, y hay que castigarlos sin contemplaciones. 
Y todos sabemos que no es el caso hoy en día. 
(Aplausos y reacciones diversas) 
Señor Presidente, los pioneros de Internet pensaron que la autopista de la información sería el no va más de las comunicaciones y la vía para un orden social nuevo y que por eso Internet debería por tanto sujetarse a cuantas menos reglas mejor; pero entretanto se ha demostrado que Internet no es más que un reflejo de nuestra sociedad: junto al gran tesoro de la información y del saber, Internet tiene también el reverso criminal de la sociedad, por ejemplo la pornografía infantil. 
La naturaleza de Internet facilita la distribución anónima, rápida y sin fronteras de dicha pornografía, una buena razón para que la Unión actúe para contrarrestarla. 
Nuestros hijos deben ser protegidos contra este abuso y falta de respecto hacia ellos, porque los degrada a meros objetos de uso y los daña de por vida. 
Me pregunto sin embargo si no se le estará pidiendo demasiado al Consejo, ya que el Parlamento añade elementos a la definición del delito "pornografía infantil". 
Una cosa es armonizar el derecho penal a nivel europeo y otra es crear un derecho europeo. 
Otro punto delicado es la edad por debajo de la cual se puede hablar de pornografía infantil: personalmente soy partidario de poner el límite a los 18 años en vez de a los 16, sin embargo el compromiso actual que habla de las dos edades sin decidirse por ninguna, se presta a la confusión. 
Seamos serios: el Consejo no puede aceptar esta redacción, lo cual no disminuye mi estima por el trabajo realizado por el ponente y por la Comisión. 
Señor Presidente, como alguien perplejo por los permanentes prejuicios de catorce Estados miembros sobre Austria, celebro especialmente que la iniciativa para el presente informe surgiera de Austria. 
El asunto nos ocupa desde hace tiempo, en mi opinión, demasiado tiempo. 
Su importancia se pone en evidencia con la permanentemente creciente delincuencia en este ámbito. 
Sin embargo, a pesar de la importancia de una persecución penal eficiente en este ámbito, no nos podemos distanciar del principio de culpabilidad y defender la responsabilidad fundamentada en el resultado. 
Por ello el informe discurre por el camino adecuado. 
En mi opinión el deseo más urgente es que, en todos los Estados miembros y también en los países candidatos, se consigan lo antes posible todas las posibilidades técnicas y jurídicas para rastrear los contenidos de Internet en busca de pornografía infantil. 
Finalmente, quisiera repetir mi opinión defendida durante años de que los proveedores también deben tener obligaciones. 
Por último permítanme resaltar que quizá fuese razonable establecer unitariamente el término y la definición de niño para toda la Unión. 
En esta Unión los niños se convierten en adultos a diferentes edades. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, ya se ha dicho varias veces que la propuesta de una iniciativa común de todos los Estados miembros de la UE hay que atribuirla a la iniciativa del Canciller Federal austríaco, el Sr. Dr. Wolfgang Schüssel, quien en 1998 en su calidad de Ministro de Asuntos Exteriores en el marco de la Presidencia austríaca y delante de las Naciones Unidas en Nueva York propuso esta iniciativa para retomar el proyecto de una medida común para combatir la pornografía en Internet. 
El motivo para esta iniciativa consistía claramente en que todas aquellas personas que quieren hacer política para el futuro deben tener, por una parte, el valor para acometer las reformas necesarias y, por otra parte, deben utilizar con ímpetu las posibilidades del desarrollo técnico y global y de los recursos humanos, pero también, desde la responsabilidad, deben constantemente señalar los riesgos y las evoluciones perniciosas, así como establecer los límites pertinentes. 
Aquel que no esté en contra de que se seduzca y se abuse de niños y jóvenes ¡pone en peligro a la sociedad! 
La iniciativa austríaca ha querido hacer saber, al igual que los anteriores oradores, que Internet, debido a sus características especiales no sólo ofrece nuevas y, por su dimensión, positivas oportunidades sino también inimaginables posibilidades para la difusión de materiales de pornografía infantil. 
El material pornográfico puede ser difundido a través de Internet en cantidad ilimitada y con la mayor velocidad. 
Existe el peligro de que los niños naveguen por Internet y se topen con fotos pornográficas de sus iguales y de ello se deriven daños psicológicos. 
La lucha contra la pornografía infantil y el mal uso de Internet es, por ello, una tarea mundial aunque también específicamente europea, y reclamamos que se inicien negociaciones entre los Estados miembros en el sentido que marca el informe. 
Saludamos el debate sobre la edad de protección. 
Sin embargo soy de la misma opinión que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, de que deberíamos haber establecido la edad de 18 años, y confío en que las iniciativas conduzcan a que en todos los Estados miembros se establezca el límite de edad más alto. 
Saludamos que se llegue a una terminología unitaria, y apoyo todas las medidas que atribuyan responsabilidad a los proveedores, ya que la discusión de hoy sólo representa el inicio de un debate y de diversas iniciativas que aun distan mucho de su final. 
Es necesario que a continuación comiencen las negociaciones. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, en un debate en el que ya se han mencionado una considerable cantidad de asuntos no es necesario que vuelva sobre todos ellos, pero no puedo dejar de tratar dos observaciones del Sr. Gollnisch, quien lamentablemente en este momento y como hace habitualmente, ha vuelto a abandonar el Hemiciclo. 
El Sr. Gollnisch es un diputado fascista en este Parlamento que hace uso de cada ocasión que tiene para difamar a las personas, también en esta Asamblea. 
Son los de izquierdas, los homosexuales los responsables de la pornografía infantil. 
Todo se mete en el mismo saco. 
El Gobierno socialista francés es el responsable de que se eliminara el registro penal de los delincuentes sexuales. 
Así, en la lógica de este archifascista también es responsable de la pornografía infantil. 
Este es el veneno que aquí inyecta. 
Además este señor luego se escabulle, porque toda esta jauría sólo se sienta en este Parlamento por un motivo, para difamar permanentemente a otras personas para después esconderse en sus agujeros y eximirse de enfrentarse a la responsabilidad del debate. 
En cualquier caso, en el trabajo parlamentario los señores no toman parte. 
Ha llegado el momento de decir esto claramente, ya que solo hablan para los visitantes. 
Algo que uno escucha siempre estupendamente. 
La realidad es que lo señores no toman parte en el trabajo el 99% de las veces. 
Esparcen su veneno y después abandonan la arena. 
Soy de la misma opinión que nuestro colega el Sr. Hager de que también deberíamos imponer obligaciones a los proveedores. 
Creo que este es un punto digno de reflexión que el Sr. Kirkhope debería contemplar en su informe. 
También apoyo expresamente el no distanciamiento del derecho penal de la culpabilidad. 
No puede ser que excluyamos del derecho penal de la culpabilidad uno de los sectores más elementales del ataque a la dignidad humana- en especial si contemplamos que los menores son particularmente dignos de protección. 
Creo que esto debe ser expresado con claridad- aunque hasta ahora sea una cuestión discutida en los Grupos del ala izquierda. 
En este punto tiene razón el Sr. Hager. 
Una última observación: la permanente disponibilidad en el exclusivo y anónimo espacio privado de material sexual, propiciada por la especial estructura de Internet, y el hecho de que el abuso sexual queda sustraído al control público y por tanto al social, constituye uno de los desafíos centrales que nos plantea esta nueva forma de convivencia humana. 
Esto no lo podemos solucionar con la Interpol y un derecho penal reforzado. 
Internet- y esto lo evidencia la pornografía infantil- plantea nuevos desafíos para conciencia responsable subjetiva e individual. 
Sobre ello deberíamos debatir por lo menos tan intensamente como acerca del fortalecimiento del derecho penal. 
Señor Presidente, abusar sexualmente de los niños es un delito lo haga quien lo haga, homosexual o heterosexual. 
Y poner pornografía infantil en la red es otro delito, lo mismo que elaborar esa pornografía. 
Las víctimas de manipulaciones pedofílicas a menudo quedan marcadas traumáticamente para toda la vida y parte de ellas a su vez, se convierten en pedófilas. 
Internet se presta bien a propagar la plaga, porque no sólo aumenta la potencia de su distribución sino que amenaza con banalizar el delito. 
Varios parlamentarios nuestros han dicho ya muchas cosas con motivo de este laudable informe, entre otras que es bueno y necesario que existan centros de notificación o puntos de denuncia, que la policía esté informada y que haya penas bien determinadas: la Sra. Plooij ha insistido en ello. 
Pero quien tenga algo de experiencia en este sucio asunto sabrá que los centros de avisos están inundados con cantidad de datos y que por contraste son muy pocas las personas que deben analizarlos. 
Les tengo lástima a esta gente, no sólo por lo que tienen que soportar sino por la cantidad de material que los abruma. 
Y es que hacemos aquí como si todos estuviésemos de acuerdo, pero no es así en realidad, en la práctica hay mucha resistencia. 
Las zonas turísticas, también las de nuestra Unión Europea, no quieren admitir que haya niños pobres que caigan en la prostitución por su misma pobreza. 
La Internet tiene un halo de progreso y modernidad y si se trata de sintonizar las legislaciones a nivel europeo, enseguida sacamos los principios jurídicos a relucir. 
Yo pienso que quien quiere algo tiene que poner los medios para conseguirlo. 
Señor Presidente, este debate sobre pornografía infantil en Internet es útil. 
Se han dicho muchas cosas sensatas, exceptuando algunas aseveraciones burdas e infundadas de mi interlocutor. 
Quisiera recordarles que muchos pederastas abusan de menores de su propio entorno. 
No son las separaciones, ni el alcoholismo ni otras cosas las que impulsan estas conductas. 
Es bien sabido que la atracción sexual hacia los menores no es un fenómeno de ordinaria ocurrencia, y eso nos alegra. 
Internet facilita el intercambio de imágenes y esto es lo que vamos a discutir. 
Estoy totalmente de acuerdo con Maes en que nuestras autoridades policiales que trabajan en estos asuntos son muy idóneas. 
Sin embargo, en relación con la forma en que ha crecido este problema, éstas son insuficientes para poder analizar la situación en su conjunto. 
Lástima que inmediatamente empecemos a llamar a la Europol. 
Hemos discutido con representantes de Europol sobre asuntos relacionados con el comercio con mujeres y niños y nos han señalado que hay dos informes. 
Sin embargo, esos informes no son oficiales, de modo que sólo Europol los conoce. 
Los policías con los que he estado en contacto en mi país y que trabajan con estas materias a través de Interpol, necesitan obviamente más apoyo, tal como sus colegas en los demás países. 
Éste no es sólo un problema de la UE. 
Hay mucho que hacer en Tailandia, en Filipinas y en otros sitios en los que trabaja la policía. 
Ocuparse de estos asuntos no es un privilegio de Europa Occidental. 
Hay un aspecto que no es frecuente en las respuestas a este informe, pero que me gustaría incluir en el debate, esto es, la rehabilitación de las víctimas. 
El problema de Internet es que las copias son tan claras. 
Los niños que no son muy pequeños corren el riesgo de ser continuamente perseguidos en la red y de ser reconocidos hasta el fin de sus días. 
Hay que pensar cómo podemos proteger en los países miembros a los menores cuyas fotografías aparecen en la red. 
En Suecia también tenemos experiencias de personas que se han incorporado al mundo escolar y de las guarderías infantiles porque son pederastas. 
Es una lástima que no hayamos discutido los enormes recortes y las grandes privatizaciones en estos campos. 
También es obvio que, como medida de prevención, hay que cuidar que nadie trabaje con niños sin compañía, en colegios ni guarderías, sean estos privados o públicos, ni en otros sitios. 
Doy una sincera bienvenida a este debate, pero quiero que recordemos que la pedofilia no es una actividad común ni generalizada, lo cual, como hemos dicho, nos alegra. 
Señor Presidente, igualmente trastornado por los permanentes prejuicios de los 14 Estados miembros respecto de Austria me parece especialmente importante y celebro que demostremos en este caso unanimidad. 
A este excelente informe solo cabe añadir o resaltar lo siguiente: en primer lugar la correspondiente formación de los especialistas para poder perseguir a los autores, en segundo lugar la necesidad de una posibilidad para poder perseguir jurídicamente en el plano internacional y, en tercer lugar, la necesidad de que los delitos que se cometan en terceros Estados puedan ser juzgados según el derecho interno. 
Para terminar quisiera expresar mi satisfacción por que los Estados miembros de la UE se muestren tan unidos y activos detrás de esta propuesta austríaca y no sólo se refugien en eslóganes y clichés. 
Señor Presidente, señor Comisario, mientras siga habiendo una demanda de pornografía infantil, se seguirá produciendo pornografía infantil. 
Mientras siga siendo un negocio, también se utilizará para ello Internet, porque Internet proporciona una ayuda adicional: ciertamente encubre al consumidor y mantiene al oferente en la oscuridad. 
Mientras siga existiendo esa demanda, seguirán produciéndose abusos y daños a los niños que quedarán de por vida. 
Saludo especialmente las propuestas de ampliación que ha planteado aquí el ponente, el Sr. Kirkhope. 
Ha aportado mucho para que el instrumento que los Estados miembros tienen ahora entre manos sea más eficiente de lo que lo fue jamás. 
Quisiera desarrollar cinco puntos que me parecen especialmente importantes en la lucha contra la pornografía infantil. 
El primero es que no sólo se penalice la venta y la difusión, que deberán serlo y con penas altamente disuasorias, sino también la posesión de pornografía infantil. 
El segundo punto es la edad de protección. 
Por ello apelo a que se aplique lo antes posible el objetivo que se ha marcado la comisión de establecer en la armonización a escala europea la edad de 18 años. 
Con los 16 años solamente hemos dado un primer paso. 
El objetivo debe seguir siendo el mismo: ¡18! 
El tercer punto es que en la lucha contra la pornografía infantil en Internet necesitamos expertos. 
Pero es aun más importante que estos expertos estén en combinación con otros, que estos expertos se coordinen y aquí, de nuevo, aparece Europol como la institución idónea para ello. 
El cuarto punto consiste, para mí, en que realice lo antes posible y a escala europea un registro con las personas que han sido juzgadas por difusión de pornografía infantil o por abuso de menores, y que se posibilite el acceso al mismo a través de todos los Estados miembros y Europol. 
El quinto punto es que procedamos según el principio de personalidad con el fin de sancionar eficientemente los delitos. 
Para terminar, quisiera apelar a la propia responsabilidad de todos aquellos que hacen uso de la pornografía infantil. 
Son ellos los que provocan la producción y los daños a los menores. 
Además quisiera apelar a los Estados miembros para que apliquen lo antes posible las medidas que, en interés de los más débiles de nuestra sociedad, se han propuesto mediante el excelente informe elaborado por el ponente y mediante la iniciativa austríaca. 
Señor Presidente, señoras y señores, muchas gracias por la bien reflexionada propuesta del ponente. 
En este sentido, con el fin de volver a mostrar las consecuencias de las propuestas quisiera proponer una serie de medidas, ya que no sólo los e-mails pueden ser enviados anónimamente, no, también las cartas. 
Así, todos los buzones públicos deberían ser cerrados y el envío de cartas sólo debería ser posible desde las oficinas de correos con una comprobación oficial de la identidad. 
El segundo punto concierne a los teléfonos, ya que también las llamadas telefónicas pueden realizarse desde el anonimato. 
Deberían retirarse todos los aparatos telefónicos excepto algunas pocas cabinas telefónicas que, por supuesto, deberían estar bajo vigilancia policial. 
Consecuentemente también deberían, en la medida de lo posible, retirarse los aparatos de fax- esto es lo que tengo que decir al respecto. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión desea unirse a aquellos oradores que han expresado su agradecimiento al ponente por su excelente informe sobre la propuesta de decisión del Consejo. 
Como ya se ha destacado, el objetivo es intensificar las acciones para impedir y combatir los abusos sexuales contra menores, con especial referencia a la producción, posesión y distribución de pornografía infantil a través de Internet. 
La Comisión saluda la iniciativa austríaca de volver a presentar el proyecto de acción común de lucha contra la pornografía infantil en Internet, sobre la que el Parlamento ya ha emitido un dictamen conforme. 
Un aspecto fundamental y positivo del texto es el llamamiento a favor de la cooperación internacional, cooperación que ya está muy desarrollada en otros ámbitos de la lucha contra actividades delictivas, como el narcotráfico y la inmigración ilegal. 
Habida cuenta de que Internet ignora las fronteras nacionales, los responsables de perseguir el delito en Internet también deben poder cruzar libremente dichas fronteras. 
Por ello debe fomentarse al máximo la cooperación internacional. 
La Comisión ha participado directamente en las actividades e iniciativas internacionales encaminadas a resolver este asunto, como la Conferencia Internacional sobre la lucha contra la pornografía infantil en Internet, celebrada entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 1999 en Viena. 
La conferencia fue organizada en colaboración con los Gobiernos austríaco y estadounidense y la Comisión en el marco del programa STOP. 
La conferencia aprobó conclusiones y recomendaciones de las que se está haciendo un seguimiento activo. 
Por consiguiente, la Comisión saluda el hecho de que la propuesta de decisión haga hincapié en la necesidad de involucrar a las autoridades responsables de velar por el cumplimiento de la ley, así como al propio sector, especialmente a los proveedores del servicio de Internet, en un diálogo constructivo con vistas a mejorar el entendimiento mutuo y compartir las experiencias respectivas. 
Existe la evidente necesidad de identificar foros adecuados en los que poder tratar sobre el respeto de la ley y otros aspectos que preocupan al sector, y desde los que se fomente el desarrollo y la aplicación de códigos de conducta y la mejor práctica. 
No debemos olvidar que la autorregulación y la responsabilidad individual de aquellos que utilizan Internet tienen una importancia decisiva. 
La preocupación de la Comisión por la pornografía infantil en la red se remonta a muchos años atrás. 
Para luchar contra ella, la Comisión propuso un plan de acción comunitario plurianual en el que fomentaba una utilización más segura de Internet a través de la lucha contra el contenido ilegal y perjudicial de las redes mundiales. El Consejo y el Parlamento aprobaron el plan de acción el 25 de enero de 1999. 
El plan de acción respalda medidas concretas en cuatro ámbitos: una red europea de teléfonos de emergencia, la autorregulación por parte del sector, el filtrado y la clasificación y sensibilización. 
Asimismo, la Comisión, y la Unión como tal, contribuye a los trabajos del G8 con la creación de una red de puntos de contacto que funciona las 24 horas. 
También toma parte en las negociaciones en curso sobre un proyecto de convenio en materia de delito cibernético en el marco del Consejo de Europa que, también se ocupará del problema específico de la pornografía infantil en Internet. 
La Comisión respalda firmemente la posición expresada en el proyecto de informe de que la lucha contra la pornografía infantil en Internet debería incluir la aproximación de las legislaciones y normativas de los Estados miembros. 
Estamos convencidos de la necesidad del establecimiento de disposiciones sobre definiciones comunes, cargos comunes y sanciones comunes para determinadas prácticas delictivas. 
En la lista de resultados sobre la creación de un espacio de libertades, seguridad y justicia hemos incluido una acción específica encaminada a castigar la explotación sexual de menores, en la que se hace referencia especial a la pornografía infantil en Internet, tal y como solicitaron los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Europea de Tampere. 
Después del verano presentaremos una propuesta sobre una decisión marco relativa a definiciones comunes, cargos comunes y sanciones comunes. 
La Comisión participará plenamente en las negociaciones que tendrán lugar en el Consejo con vistas a la adopción de este proyecto de decisión para analizar si es conveniente y necesario adoptar medidas adicionales. 
Acogemos con satisfacción la propuesta del Parlamento sobre el fundamento jurídico: en su calidad de decisión marco, debería tener como base la letra b del apartado 2 del artículo 34 del Tratado. 
La Comisión también analizará, junto con los Estados miembros, el mejor modo de apoyar la aplicación de la decisión a través de otros proyectos financiados con cargo al programa STOP. 
Éstos podrían tener como objetivo fomentar la especialización y el intercambio de los responsables de los Estados miembros de la lucha contra este fenómeno, como las autoridades policiales, pero también las judiciales, y en estrecha cooperación entre ambas, Europol y la futura red Eurojus. 
Por último, la Comisión desea indicar al Parlamento que puede respaldar plenamente todas las enmiendas presentadas por el Sr. Kirkhope y la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, porque aportan aclaraciones muy útiles de las definiciones y de la descripción de las actividades que deben penalizarse, sobre el límite de edad, sobre el delito de posesión y sobre la necesidad de que las autoridades responsables de velar por el cumplimiento de la ley, la policía y el poder judicial, adopten los instrumentos tecnológicos necesarios para rastrear la red y convertir la lucha contra la pornografía infantil no sólo en un tema retórico, sino en una acción concreta de la Unión como tal y de todos y cada uno de los Estados miembros. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Fondo Europeo para los Refugiados 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0091/2000) de la Sra. Frahm, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se crea un Fondo Europeo para los Refugiados (COM (1999) 686- C5-0120/2000- 1999/0274 (CNS) ). 
. (DA) Señor Presidente, la opulenta Europa occidental será naturalmente un imán para todos aquellos que buscan protección, que huyen de la persecución. 
Nuestra parte de la tarea que comporta un flujo creciente de refugiados ha de tener naturalmente un peso y un tamaño que respondan a nuestro bienestar y a nuestro papel histórico y global. 
No obstante, el encuentro entre individuos de diferentes culturas no siempre es fácil y por ello debe ser favorecido, al igual que las personas que emprenden la huida deben recibir ayuda para iniciar una nueva vida en el nuevo lugar. 
Los Estados miembros se enfrentan a estos temas de formas muy diferentes, deben hacerlo, puesto que parten de diferentes culturas y tradiciones. 
Sin embargo, todos los refugiados tienen necesidades mínimas comunes y para algunos grupos especiales son necesarias ayuda y apoyo profesional para que puedan llegar a llevar de nuevo una vida digna de tal nombre. 
Además, son necesarias el consejo y la orientación con relación a las autoridades del nuevo país y con relación al propio solicitante de asilo. 
En principio, todos los refugiados mantienen el sueño de regresar a su hogar. 
Para algunos, éste se convertirá en realidad, sin embargo, para otros el exilio durará tanto que un regreso no resultará realista. 
Tienen hijos, hacen amistades, construyen una nueva existencia, los hijos echan raíces en el nuevo país y éstas son más fuertes que las de los padres en el viejo país. 
Por ello, quizá algunos opten al fin por pedir la nacionalidad en el nuevo país, no obstante, algunos estudios demuestran la importancia, incluso para las personas que materializan el sueño de regresar a su hogar, de que el período en el exilio haya tenido sentido, de que se les haya permitido desarrollarse como persona mientras tanto, de que se hayan empleado las aptitudes de cada uno de modo que este desarrollo no quede detenido o se vea obstaculizado por el paro, la pasividad, la inseguridad o la falta de cualificación para su desarrollo en su campo de trabajo. 
Por ello, ni la integración y la repatriación son incompatibles ni es la integración sólo para aquellas personas que desean cambiar de país para todo el futuro. 
También es una ayuda considerable para aquellos que regresan a casa. 
De hecho, resulta ser una condición previa para el buen éxito de la repatriación. 
De ahí que no entienda el deseo de algunos de distinguir entre desplazados y refugiados. 
Las tareas en Europa están mal repartidas, tanto con respecto al tamaño de los Estados miembros como con respecto a su riqueza. 
El Fondo Europeo para el Refugiado es un primer y muy tímido esfuerzo por llevar a cabo un reparto de los recursos existentes con respecto a las tareas acometidas por cada Estado miembro. 
No se trata de ver la relación entre el número de refugiados y de ciudadanos originarios del país, sino de ver la verdadera tarea de la que debemos encargarnos. 
De lo que se trata no es del número relativo, sino del número real. 
Creo que algunas enmiendas del PPE y del ELDR pueden estribar en una confusión en este terreno. 
Espero que el debate pueda clarificar cuál es la idea. 
Sin embargo, puesto que la tarea es enorme y está mal repartida, naturalmente es una lástima que el fondo sea tan pequeño. 
Se trata de 26 millones de euros para el trabajo rutinario de los gastos fijos repartidos entre 15 Estados miembros. 
Lo cual no deja mucho para los Estados miembros que realmente han asumido sobre sí una gran responsabilidad. 
Con arreglo al patrón alemán o italiano, ha de verse como una "bola de nieve en el infierno", como decimos en Dinamarca. 
Además, tampoco existe certidumbre alguna con respecto al futuro económico del fondo. 
Espero ansiosa que el señor Comisario tenga alguna buena noticia para nosotros y que la Comisión haya hecho las necesarias consideraciones de forma que el fondo tenga futuro y no se convierta sólo en líneas vacías en los próximos años. 
No obstante y con todo, hay que ver al Fondo Europeo para el Refugiado como un comienzo. 
Y si tiene un buen comienzo y se nos permite hacer un seguimiento de este asunto, el resultado natural ha de ser que aumentemos la cuantía, de forma que el fondo realmente puede hacer honor a su nombre de Fondo Europeo para el Refugiado. 
Señor Presidente, quiero felicitar sinceramente a la ponente por su informe y quiero agradecerle su colaboración conmigo. 
Me he entusiasmado leyendo la propuesta de la Comisión. 
La Comisión va por buen camino, no hay duda. 
Es importante que se divida la responsabilidad financiera sobre los refugiados entre los Estados miembros: es una solución mejor que pasarse personas de unos a otros y es necesaria para terminar de una vez con la espiral descendente de rehuir los Estados la responsabilidad que les corresponde según los tratados internacionales. 
La Comisión de Presupuestos le hace no obstante dos objeciones. 
La primera es que salta a la torera el Reglamento Financiero, porque es un programa para varios años, mientras que la financiación es sólo por uno. 
El segundo problema es más amplio. 
Gastar 26 millones en medidas estructurales y reservar 10 para medidas de urgencia no llevará nunca al objetivo que pretende la Comisión, que es la distribución efectiva de la responsabilidad financiera. 
Lo que sí van a tener que hacer los Estados miembros es crear todo tipo de estructuras y procedimientos para repartirse el dinero. 
Esa propuesta amenaza la solidaridad entre los Estados miembros y la solidaridad con los que buscan protección, la amenaza con una pesada y desproporcionada carga administrativa. 
La Comisión de Presupuestos propone pues en cambio que la propuesta actual con sus cantidades se considere un experimento, un loable experimento; pero un fondo europeo para refugiados costará bastante más. 
Cuánto más exactamente habría que estudiarlo, de lo cual la Comisión de Presupuestos ha decidido por unanimidad que antes del 31 de marzo del 2001 esperamos el resultado. 
La Comisión va por buen camino; vamos a no salirnos de él limitando las perspectivas financieras cuando el resultado neto será positivo. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar, yo también deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Frahm por su trabajo y su buena disposición a respaldar varias enmiendas presentadas por la comisión y por mí personalmente. 
Con demasiada frecuencia, éste ha sido un proceso muy precipitado que no ha permitido a aquellos de nosotros que colaboramos en él buscar, como hubiéramos deseado, las mejores soluciones a determinados problemas. 
Quisiera referirme, en particular, al ejemplo de la asignación de fondos que ni siquiera se ajusta a la intención de la Comisión de tener especialmente en cuenta a los países del Fondo de Cohesión. 
Por eso la propuesta de revisión del proceso resulta fundamental. 
Los solicitantes de asilo no son una carga, sino una responsabilidad. 
Son relativamente pocos los que eligen los Estados miembros de la Unión Europea como su lugar de destino, si tenemos en cuenta la cantidad de países pobres que existen en el mundo, como los de África. 
Una de las enmiendas presentadas por nuestra comisión exige que todas las medidas relativas a este fondo estén basadas en un enfoque ideado para prevenir cualquier brote de xenofobia, racismo, discriminación o desigualdad. 
Este aspecto tiene especial importancia, sobre todo habida cuenta de las recientes críticas del ACNUR a algunos partidos de mi propio Estado miembro por alentar opiniones tan negativas o por no desafiarlas; crítica que, en mi opinión, está plenamente justificada. 
Una propuesta de modificación de la financiación presentada por nuestra comisión tiene por objeto conceder un importe mínimo a cada Estado, importe que podría utilizarse para fomentar la sensibilización de la opinión pública. 
Mi comisión cree que los fondos, actualmente inadecuados, deberían destinarse a la mejora de las instalaciones y de los servicios que se ofrecen, que es por lo que también pedimos una estrategia global para el desarrollo de los servicios, para que los refugiados y las personas desplazadas puedan integrarse en la sociedad en igualdad de condiciones. 
Si no adoptamos dicho enfoque sería una actitud corta de miras, como ya han señalado algunos. 
La comisión propone asimismo que se incremente la cooperación entre los Estados miembros a la hora de determinar y evaluar el fin que debe darse a los fondos, incluida la participación de las propias organizaciones de refugiados. 
También queremos que la comisión parlamentaria que asiste a la Comisión tenga el deber de consultar a otras organizaciones. 
El modo en que tratamos a los desposeídos es un tema que concierne a toda la sociedad, no sólo a los gobiernos. 
Señor Presidente, a mi Grupo le ha encantado la propuesta para crear un fondo europeo de refugiados y la manera en la que la Sra. Frahm ha llevado este asunto. 
Necesitamos perentoriamente una política de asilo a nivel europeo. 
No queremos una espiral descendente donde los Estados miembros compiten por hacer repelente su propio país, como hizo Holanda por ejemplo enseñando por la CNN tiendas para refugiados, pero con goteras. 
Como europeos no queremos este tipo de política, y lo que no queremos en absoluto es que los países se echen las responsabilidades uno a otro. 
Por eso la fundación de este fondo es un paso en la buena dirección, ya que de manera provisional y simbólica hace palpable la deseada solidaridad de la Unión Europea. 
Es completamente justo que aquellos países que hacen mucho por habitante sean los primeros en ser ayudados con dinero, y a eso apunta la enmienda de nuestra fracción. 
A continuación las cantidades a sufragar deberán estar también en proporción con los números absolutos. 
Estas dos consideraciones habrá que expresarlas algebraicamente, cosa que prefiero dejar al cuidado de los funcionarios. 
Lógicamente, esos esfuerzos se miden por la corriente de solicitantes de asilo en cada país, por el número de refugiados a quienes se ha concedido el derecho de asilo (según la Convención de Ginebra, desde luego) y por la magnitud de la acogida a los desplazados. 
Tanto la propuesta como el ponente hablan de las tareas que el fondo debe pagar. 
Nos gusta mucho que nuestra idea del trabajo a medida haya tenido buena acogida, me refiero- como acaba de comentar la Sra. Frahm- a la distinción entre quienes han alcanzado la situación legal de refugiados y quienes gozan de protección provisional, desplazados en masa. 
Sería beneficioso para los refugiados individuales que su integración en la Unión Europea a todos los niveles- empleo fijo, vivienda, reunificación familiar, etc.- se tratase lo más rápidamente posible. 
Por el contrario, los expatriados han sido sacados de su país en contra de su voluntad y lo que desean es volver a su tierra. 
Lo que tenemos que hacer por ellos es procurarles una vuelta lo más digna posible, para lo cual necesitan mantener sus propios contactos sociales y necesitan también desarrollar actividades que mejoren sus perspectivas en sus países de origen, y también su autoestima, desde luego. 
La enmienda 19 trata de eso en cuanto a los refugiados y la 21 sobre los expatriados; tenemos que refinar un poco estas cosas. 
Es mi opinión personal, pero pienso que parte de la integración es que se les reconozca su religión a las nuevas minorías; de ahí que mi enmienda nº 20, siendo yo el único de la comisión que la votó, misteriosamente aparece de nuevo en el informe, así que sea como haya sido a cualquiera de nosotros que quiera demostrar su amplitud de miras en este punto se le da una última oportunidad para añadir esta enmienda al informe. 
Me he enterado que la Comisión Europea está preparando un estudio comparado de la política de asilo en los Estados miembros: quisiera saber cuándo saldrá ese informe. 
Ese estudio contribuiría a fijar unas normas comunitarias basadas en las mejores prácticas, y es importante que contemos con ese informe cuanto antes, porque por ejemplo esta semana se debatirá otra vez en las Cortes Holandesas- y se debatirá en otros sitios también- una política de asilo que no concuerda en nada con lo que está pasando en otros países de la Unión, cosa que me parece de poquísimo sentido común por parte de Holanda. 
Pero quizá esté pasando lo mismo en otras partes, así que la Comisión debería tomar el pulso a otros países, con tacto desde luego pero enterándose bien de qué están haciendo. 
Es natural que el fondo se oriente sobre todo a mejorar procedimientos administrativos, pero por lo menos igual de importante es que abordemos comunitariamente el fenómeno de los expatriados, porque esta es la clase de personas que más protección necesita sin tener que necesariamente tengan que elegir un miembro de la Unión en particular. 
Estamos conformes también con el apoyo de la Unión al seguimiento conjunto de las experiencias de los repatriados y a que se les ofrezcan ciertas garantías. 
Siendo demócrata-cristianos me parece inútil añadir que aplaudimos las iniciativas de las organizaciones privadas y más aún las de los mismos fugitivos y expatriados. 
A este nuevo tipo de fondo estructural, porque eso es lo que es, le deseo éxito en nombre de mi Grupo parlamentario, y felicito a la ponente Sra. Frahm por la manera en que ha tratado este importante asunto, y espero a mi vez que ella sepa aceptar en lo que valen mis puntualizaciones: distinguir refugiados de expatriados. 
Señor Presidente, mi Grupo saluda esta propuesta. 
Es importante que este instrumento permanezca en vigor para todo el periodo quinquenal y que dentro de este plazo se codifiquen los elementos centrales de un sistema de asilo común. 
El Fondo tiene que contribuir a que se igualen las diferencias existentes entre los Estados miembros en acogida e integración de personas que necesitan protección. 
Una condición para ello es que en la distribución de los recursos se tengan adecuadamente en cuenta los diferentes factores. 
Es necesario que se apruebe cuanto antes la base jurídica del Fondo para que se pueda garantizar una continuada financiación de la UE para los proyectos para refugiados. 
Hay que saludar el hecho de que los recursos para los proyectos ordinarios se separen de las medidas de ayuda urgente- artículo 5. Las situaciones de desplazamiento de masas requieren medidas especiales y separadas aportaciones presupuestarias. 
Sólo de este modo pueden mantenerse las medidas a largo plazo ordinarias. 
A largo plazo sólo se podrá conseguir una efectiva distribución de la responsabilidad, tal y como se persigue con el Fondo, si se acometen los problemas existentes derivados de las diferentes capacidades. 
Esto exige un apoyo adicional de los Estados miembros con un sistema de asilo menos desarrollado. 
Por ello considero que destinar una cantidad sólida a los Estados miembros que tienen dificultades en el desarrollo de sus sistemas de asilo es de todo punto razonable. 
La descripción de las tareas y medidas dignas de subvención en el artículo 3 puede conducir a que se apoyen principalmente aquellas medidas dirigidas a mejorar las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo. 
Hay que evitar que de este modo se descuiden aquellas medidas dirigidas a conseguir procedimientos de asilo más justos y eficientes. 
Creo que el Fondo debería financiar medidas para informar al público acerca de la política y praxis de los Estados miembros en relación con los refugiados, los solicitantes de asilo y otras personas protegidas temporalmente. 
Los resultados positivos de tales actividades obtenidos en el pasado aconsejan favorablemente la continuación de tal apoyo financiero, que debería ponerse a disposición de cualquier solicitante cualificado. 
Felicito a la Sra. Frahm por su excelente informe y me adhiero gustosamente a la petición de la Sra. Frahm y de la Sra. Buitenweg de aumentar la suma del Fondo para los refugiados. 
Señor Presidente, la Sra. Frahm y su partido han capitaneado la lucha en Dinamarca contra lo que califican como "mayor unión". 
Han hecho propaganda en contra de la participación de Dinamarca en la moneda única sobre la que debemos votar en septiembre y han estado en contra en cuatro de los cinco referenda anteriormente celebrados en Dinamarca. 
De ahí que esté tan contento de leer el informe de la Sra. Frahm en el cual no sólo aprueba sino que pide también una "mayor unión" bajo la forma de una ayuda mutua para la carga que los flujos de refugiados nos imponen. 
Encima quiere que se transfiera más dinero proveniente de la ayuda nacional a la ayuda comunitaria al refugiado. 
Estoy de acuerdo. 
Si llega un gran número de refugiados albaneses a Italia o un gran número de refugiados bálticos a Escandinavia, es más lógico repartir los gastos entre toda la Unión que proceder a un reparto coactivo de los refugiados por toda la Unión. 
El fondo para los refugiados permite ayudar a más refugiados en las zonas limítrofes, donde pueden conservar la relación con la familia y la cultura natal y mantener la presión sobre los tiranos que los desplazaron. 
Por ello también está bien que la UE pueda prestar ayuda para el sostenimiento de grandes flujos de refugiados. 
Vimos la necesidad durante la guerra de Kosovo. 
Piensen que habría sucedido si muchos más kosovares hubieran podido ser atendidos en las zonas fronterizas de Albania y Macedonia. 
Lo habrían preferido antes que ser enviados a países extraños situados a miles de kilómetros de distancia. 
Si hay personas que nos mantengamos unidas en este asunto, somos mi partido y el partido de la Sra. Frahm. 
Señor Presidente, si también pudiéramos hacer de Pernille Frahm ponente de la cooperación del euro, estoy seguro de que también nos pondríamos de acuerdo en ese tema. 
Señor Presidente, estimados colegas, nos hemos sentido muy aliviados al acoger la propuesta de decisión del Consejo relativa a la creación de un Fondo Europeo para los Refugiados. 
Efectivamente, después de Kosovo, Chechenia y Afganistán, por citar sólo algunos de los dramas sangrientos que afectan a nuestro planeta, la creación de un organismo de este tipo es cada vez más urgente. 
El informe muestra hasta qué punto la actividad parlamentaria puede ser beneficiosa para Europa. 
Por este motivo apoyamos estas propuestas. 
Solamente quisiéramos subrayar tres puntos. 
En primer lugar, si hay un dato en el que este informe no es satisfactorio, es aquel relativo a los medios financieros. 
Las sumas asignadas al Fondo son muy escasas en comparación con la amplitud de sus tareas: mejorar las condiciones de acogida, integrar a las personas con protección internacional y favorecer el retorno voluntario ayudando a la reinserción en el país de origen. 
Son tareas inmensas y requieren sumas muy superiores a las que se previeron inicialmente. 
Debemos concedernos los medios de nuestra ambición común, hacer de Europa una tierra de solidaridad y de acogida, respetuosa de la dignidad del ser humano y de los valores por los que miles de personas buscan asilo, y sobretodo las libertades de expresión democrática y la paz. 
En segundo lugar, conviene incluir en la mejora de las condiciones de acogida el acceso a la asistencia médica para todos, la escolarización de los niños, así como la formación. 
Las familias ya han perdido sus raíces por el exilio, así que deben poder beneficiarse de la escolarización de los niños y de planes de formación para los jóvenes para encontrar cierta estabilidad, para promover su inserción social y económica y para favorecer su posible retorno. 
En tercer lugar, somos muchos los que queremos que se consulte a las ONG y a las asociaciones que trabajan todos los días con los refugiados, tanto en lo que se refiere a la definición de los programas necesarios como a su puesta en marcha. 
Sería un error grave excluir de este proceso a aquellos y aquellas que, con su experiencia sin parangón, colman las lagunas del Estado. 
Por último, y para concluir, quisiera subrayar de nuevo que es cada vez más urgente y necesario que los Estados miembros lleguen rápidamente a una legislación común relativa al asilo. 
En efecto, sólo un progreso así podrá dar toda la fuerza necesaria a ese Fondo europeo. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar recalcar que el pueblo danés en el referéndum celebrado sobre el Acuerdo de Edimburgo en 1993 rechazó tomar parte en la cooperación comunitaria en materia de justicia y por tanto, Dinamarca no está obligada por ningún compromiso a permitir que la UE decida qué refugiados debe recibir Dinamarca. 
Y por sentido de la decencia no se pueden recibir fondos de la UE si no se quiere dejar a la UE decidir qué refugiados van a ser repartidos entre qué países. 
Considero responsabilidad de cada país financiar su política de ayuda al refugiado y sólo por esta razón he de votar en contra de este informe. 
Representantes del Alto Comisariado para los Refugiados en Ginebra han manifestado en la televisión danesa que sólo uno de cada diez individuos que llegan para solicitar asilo tiene justificación para ello. 
Cuando se da, como sucede en Dinamarca, de todas formas asilo o permiso de residencia a la mayoría de los que llegan al país, a los refugiados que sí están justificados se les deja en la estacada. 
Dinamarca presenta el nivel de ayuda al refugiado en términos económicos más alto del mundo y por ello atrae a muchos que sólo acuden con el propósito de lograr una vida mejor en términos económicos, y sobre esto sí que no gira la Convención de Ayuda al Refugiado. 
No obstante, estoy de acuerdo con la Sra. Frahm en una cosa y es en que la cifra de 26 millones de euros es totalmente insuficiente. 
Sólo en Dinamarca el nivel de ayudas está situado en los 2.000 millones de euros al año, por lo que este pequeño fondo no tiene ningún efecto. 
De ahí que consideremos importante gestionar todo el reparto y fijar las prioridades en materia de atención al refugiado de forma mucho más racional. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, por diversas razones saludo lo presentado por la Comisión. 
Por una parte porque la Comisión hace saber a los Estados miembros que no están solos frente al problema de la inmigración, de los refugiados y de los desplazados. 
En segundo lugar, por que así se regula un aspecto parcial de la distribución de las cargas, y en tercer lugar porque la Comisión presenta un catálogo de tareas diferenciado para dos grupos diferentes, en concreto para refugiados reconocidos, por una parte, y para desplazados, es decir solicitantes temporales de protección, por la otra. 
Saludo la propuesta porque se definen con exactitud los grupos objetivo, porque se mejoran las condiciones de acogida y porque se debe apoyar la integración de refugiados y porque se debe estimular la reintegración de refugiados temporales. 
Sin embargo no comparto la opinión de que el informe de la Sra. Frahm se pueda aceptar prácticamente sin críticas, porque no pienso que las medidas que surgen de la definición de las tareas no conducen a los objetivos. 
En primer lugar no se dispone de los recursos y, en segundo lugar, hace referencia a unos grupos totalmente diferentes si se habla aquí de grupos con necesidades extraordinarias de protección. 
Se ha decidido que la cuestión se centra en personas según la definición de la Convención de Ginebra. 
Tampoco apoyo según qué propuestas de medidas contradictorias para los diferentes grupos. 
Si se trata de refugiados, se emplean otras medidas que en el caso de los desplazados. 
Para los desplazados, cuya prioridad es regresar a su hogar, no se puede apoyar la integración en el mercado laboral del país de acogida. 
Esto contradice la intención de principio. 
Sí deberíamos perseguir una modificación de la distribución de los recursos, para la que se debería tomar como base el número de refugiados y desplazados per capita de la población de un Estado miembro. 
Un último punto que quisiera comentar- y no comprendo por qué la Sra. Frahm no lo quiere hacer- es que también debemos tener la posibilidad de poner recursos a disposición de los centros de acogida de refugiados. 
Usted rechaza esto. 
A mí no me queda claro por qué, ya que ese es el primer punto en el que hay que prestar ayuda concreta, para acelerar los procedimientos y para llevar hacia delante la integración de los refugiados. 
En todas las medidas que se han establecido hoy no hay que olvidar que no se ha tratado un objetivo, en concreto la consideración de la distribución de las cargas personales. 
Les ruego que lo hagan al aplicar las medidas positivas y necesarias. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero sumarme a las felicitaciones a la ponente, Sra. Frahm, porque creo que realmente ha hecho un buen trabajo. 
Su informe expresa, además, la alegría del Parlamento. 
Para nosotros, el establecimiento de este Fondo es una buena noticia. 
Desde 1997 estamos intentando desarrollar un trabajo coherente en este sentido, y estamos viendo ya algunos éxitos. 
De todas formas, para que el éxito sea completo, necesitamos una base jurídica que asegure la continuidad de los trabajos relativos a la mejora de la acogida, la integración o, cuando lo deseen, el retorno en buenas condiciones de los asilados y refugiados en la Unión Europea. 
Esas son tres líneas de trabajo diferentes. 
Hay que garantizar las tres, y estoy de acuerdo con que se mantenga una reserva para hacer frente a la llegada de desplazados sin que se ponga en peligro el desarrollo de mejores infraestructuras y mejores prácticas en la Unión. 
En relación con el reparto de los medios, hay que tener en cuenta la solidaridad con los países que mantienen altos niveles de compromiso con los refugiados, pero también hay que tener en cuenta- como se dice en el informe- la necesidad de que los países que tienen menos tradición de acogida- como el mío- mejoren en infraestructuras y servicios para que puedan ponerse al mismo nivel que los demás y asumir- porque creo que éste debería ser el objetivo- más altas cotas de responsabilidad junto con los demás países en la Unión Europea. 
El papel y el esfuerzo que deben hacer los Estados miembros en este sentido es importante. 
Pero quisiera señalar que también habría que utilizar la experiencia en la gestión de otros fondos, especialmente en la de los Fondos estructurales, para implicar en esta gestión, además de a los Estados miembros, a las administraciones locales, regionales y a las organizaciones representantes de la sociedad civil. Esto supondría un valor añadido porque el contacto con las ONG y con las administraciones locales podría contribuir a luchar contra el racismo, a implicar a la sociedad y a informar a los ciudadanos de los países de acogida sobre la importancia del asilo y el refugio. 
Además, utilizar las prácticas ya desarrolladas para la gestión de esos fondos podría fomentar la interacción entre ellos. 
Debemos hacer políticas coherentes con ambos fondos. 
Por último, me sumo también a las peticiones de una mayor dotación financiera para el Fondo Europeo para los Refugiados. 
Señor Presidente, en primer lugar yo también quisiera dar las gracias a nuestra colega, la Sra. Frahm, por este excelente y completo informe. 
Sin embargo, como ella misma ha hecho, quisiera destacar algunos problemas que en nuestra opinión son importantes y deben ser corregidos. 
Los criterios de distribución que se rigen por el promedio de los solicitantes de asilo y de los refugiados reconocidos así como por la calidad de los proyectos, probablemente no sean suficientes para alcanzar una distribución de los recursos equitativa. 
En la práctica lo más probable es que los países que acojan el mayor número de refugiados obtengan las mayores aportaciones de recursos. 
Hasta aquí todo está bien, pero por esta causa no es posible que los demás países de la UE se vean limitados y sean precisamente esos refugiados, que no son especialmente numerosos en estos países, los que no puedan sacar provecho de ello. 
Aun quedan por contemplar los recursos financieros que se van a emplear que tienen que guardar proporción con los objetivos que se han declarado. 
La financiación debe ser asegurada hasta el año 2004. 
Hasta ahora el marco financiero no contiene ninguna indicación clara para el tiempo posterior al 2001. 
Si estamos en disposición de responder a esta cuestión ahora, entonces es razonable. 
Sólo así puede establecerse eficientemente y razonablemente el Fondo Europeo para los Refugiados. 
Señor Presidente, parece legítimo que los Estados de Europa demuestren su solidaridad en caso de afluencia excepcional, masiva y súbita de refugiados huidos de alguna catástrofe exterior. 
Pero lo que la Comisión nos propone hoy es muy diferente. 
Se trata de poner en marcha un Fondo Europeo permanente, que distribuya créditos para ayudar a los Estados miembros a gestionar el flujo habitual de sus refugiados, verdaderos o falsos. 
Esta propuesta suscita numerosos interrogantes. 
¿Acaso los Estados miembros no son capaces de gestionar por sí mismos el flujo de refugiados que acogen normalmente? 
¿Cómo va a mejorar su situación si dan dinero a Bruselas para que Bruselas se lo devuelva más tarde? 
¿Habrá países contribuyentes y otros beneficiarios? 
Si ese es el caso, ¿cuáles? 
Las respuestas no están en ninguna parte de los informes que se nos han remitido. 
Ni siquiera hay una tabla con cifras que muestre cuantos refugiados existen hoy en los distintos países de Europa. 
Una vez más, se nos pide que tomemos una decisión a ciegas. 
Es más inquietante aún cuando se considera que el sistema previsto puede por sí mismo agravar las desviaciones ya que, al ser menor el coste a corto plazo para cada Estado, la vigilancia puede mermarse, de forma que el coste global para todos aumente. 
Es un efecto perverso que los aseguradores conocen bien. 
Este riesgo, a su vez, es más fuerte aún teniendo en cuenta que el texto propuesto define de forma muy vaga a la persona que se beneficia de la condición de refugiado. 
Naturalmente, hablamos del refugiado en el sentido de la Convención de Ginebra de 1951, lo que es normal, pero también se ve como hay muchos más tipos de personas desplazadas de sus hogares que pueden entrar en la categoría de refugiado, incluyendo aquellos acogidos en función de legislaciones, decisiones o prácticas nacionales y no de compromisos internacionales. 
Dadas estas condiciones, el riesgo de engranaje, de deriva financiera, es extremo, Señor Presidente, y de hecho el informe en sí mismo parece preverlo cuando dice que los créditos previstos, 36 millones de euros, que no está mal, son muy inferiores a la demanda potencial. 
Si queremos controlar este riesgo, el Grupo Europa de las Naciones piensa que sólo cabe una solución: conservar la responsabilidad financiera de cada Estado miembro sobre la acogida de sus refugiados, y reservar la solidaridad europea para las circunstancias excepcionales y dramáticas. 
- (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en varias ocasiones muchos de nosotros reclamamos la creación del Fondo Europeo para los Refugiados. 
Fueron necesarios los elocuentes ejemplos de lo ocurrido con Kosovo- y en menor escala con Timor- para que resultase aún más evidente la necesidad de dicho Fondo. 
La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam permitió ese nuevo planteamiento de la política europea en materia de asilo e inmigración que, como ya ha subrayado el Sr. Oostlander, presupone una solidaridad entre los Estados miembros, por lo que deben existir mecanismos destinados a contribuir a que se alcance un equilibrio entre las medidas aplicadas por los Estados miembros que acogen a esos refugiados y para que puedan soportar las consecuencias resultantes, a corto y largo plazo, de dicha acogida. 
Nos parece correcto que el fondo tenga un componente de emergencia para que se aplique en casos de afluencia en masa de personas que se encuentren en una situación de necesidad de protección internacional, pero que al mismo tiempo garantice la financiación de medidas de política estructural, es decir, que permita, en un marco de programación plurianual, prestar un apoyo efectivo a medidas destinadas en primer lugar a mejorar las condiciones de acogida, en segundo lugar a promover la integración, en tercer lugar a facilitar la repatriación voluntaria y en cuarto lugar a facilitar la reintegración. 
La experiencia de Kosovo ha demostrado que gran parte de las personas desplazadas, incluidas personas que habían obtenido el estatuto de refugiado, estaban dispuestas a regresar a su país de origen en cuanto existiesen las condiciones necesarias para ello. 
Así, quisiera subrayar lo que ya ha dicho el Sr. Pirare: la diferencia entre la emigración y los refugiados temporales. 
Lo que en un caso debe corresponder a políticas de apoyo a la integración, en otros debe corresponder, por el bien de los propios refugiados, a políticas de apoyo al regreso al país o a la región de donde se vieron obligados a huir. 
Las dos situaciones son diferentes y requieren respuestas diferentes. 
Confundirlas es ceder a la demagogia. 
Quisiera también subrayar la necesidad de acelerar la creación de los instrumentos jurídicos que permitan disponer de los fondos que se encuentran ya consignados para ese fin en el presupuesto para 2000. 
Igualmente necesaria será la formulación de normas específicas sobre los criterios y las disposiciones organizativas en cuanto a la atribución de dichos fondos y a la actuación de sus mecanismos de control. 
. (FR) Señor Presidente, quisiera empezar por agradecer, en nombre de la Comisión, a la Sra. Frahm, ponente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, por su excelente trabajo, la calidad de su informe y el apoyo que aporta a la propuesta de la Comisión. 
Sabe mejor que yo que la Comisión adoptó la propuesta de decisión del Consejo relativa a este Fondo el 14 diciembre de 1999. Apoya mi propio enfoque, aquel que puse en marcha en la audiencia ante la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo. 
El Fondo reúne en un único instrumento el apoyo a las acciones de los Estados miembros en materia de acogida, de integración y de repatriación voluntaria de los refugiados y de las personas desplazadas, que anteriormente eran objeto de acciones comunes y de proyectos piloto sobre la base de créditos inscritos anualmente en el presupuesto de las Comunidades a iniciativa del Parlamento Europeo. 
Este Fondo no quiere sustituir los esfuerzos de los Estados miembros en el ámbito de la acogida y de la integración de los refugiados, sino que constituye un aspecto político esencial de una estrategia europea: la estrategia en materia de asilo debe estar fundada sobre una responsabilidad compartida de ámbito europeo. 
Creo que la aprobación de este Fondo contribuye a demostrar que, en este ámbito, la Unión Europea como tal puede aportar un valor añadido a los esfuerzos de cada Estado miembro. 
Instituimos un Fondo Europeo para los Refugiados para un primer periodo de cinco años. 
Para el año 2000, la cartera financiera es de 36 millones de euros, de los que 10 corresponden a ayuda urgente. 
Entiendo perfectamente las observaciones del ponente que considera que este importe es insuficiente con respecto a la amplitud de las necesidades y a la ambición del Fondo en sí mismo. 
La Comisión ya indicó a la comisión parlamentaria de presupuestos su intención de proponer, en el anteproyecto de presupuestos para el año 2001, garantías para la estabilidad financiera del Fondo durante los cinco próximos años. 
Dicho de otro modo, la Comisión propondrá que se pase de 36 millones de euros para el año 2000 a 45 millones de euros para los años siguientes, de forma que la asignación global para los cinco años sea de 216 millones de euros. 
Creo que es un primer paso en la dirección correcta. 
El Fondo Europeo para los Refugiados constituye un instrumento de solidaridad entre los Estados miembros cuyo objetivo, tal y como subrayaron varios oradores, consiste en contribuir al equilibrio de los esfuerzos previstos por el párrafo b del apartado 2 del artículo 63 del Tratado. 
Para ello, se prevé un reparto proporcional de los recursos entre los Estados miembros: por un lado según la prorrata del número de peticionarios de asilo que reciben (dos terceras partes de los recursos) y por otro lado, en función de la prorrata del número de refugiados que acogen en su territorio (una tercera parte de los recursos). 
Entiendo bien la razón por la que se ha propuesto contemplar el número de refugiados con respecto a la población global de cada Estado miembro. 
Debo confesarles que la propia Comisión ha intentado considerar este criterio, pero nos ha parecido extremadamente difícil encontrar una fórmula matemática que pudiese realmente respetar el principio del reparto de las cargas y de los esfuerzos e incluyese este criterio. 
Estoy absolutamente dispuesto a examinar soluciones específicas, pero no hay que quedarse en la enunciación del principio, es necesario encontrar una solución concreta y debo confesarles que no es fácil. 
El Fondo europeo de los refugiados podrá co-financiar las acciones de los Estados miembros hasta un 50%, proporción que podría alcanzar el 75% en los Estados miembros que dependen del Fondo de Cohesión. 
La propuesta de decisión puede también considerar la posibilidad de financiar, con la reserva de 10 millones de euros, medidas de urgencia en caso de afluencia masiva de refugiados. 
A este respecto, ofrece una primera respuesta a la petición expresada por el Consejo europeo en Tampere. 
Junto con mi colega Michaele Schreyer, ya entablé una discusión sobre los medios para movilizar, dentro de la hipótesis de una urgencia, recursos más importantes adaptados a la amplitud de las necesidades. 
Pero en este ámbito, más que en las cifras, porque, desgraciada o afortunadamente, no se pueden prever los importes necesarios para hacer frente a situaciones de urgencia como en Kosovo, lo que me preocupa y lo que buscamos es un mecanismo financiero, y también administrativo, suficientemente preparado para responder eficazmente a las necesidades en una situación de urgencia. 
La selección y la gestión de los proyectos del Fondo, dentro de su línea estructural, se delegan a los Estados miembros en el marco de las peticiones de cofinanciación. 
Las modalidades de puesta en marcha, de control, de seguimiento y de evaluación están inspiradas por las disposiciones en vigor para los fondos estructurales. 
En lo que se refiere a las enmiendas, la Comisión ha tomado nota de todas las enmiendas propuestas y puede aceptar, con reservas, en algunos casos, de modificaciones de forma, los principios que inspiran cierto número de estas enmiendas y que pretenden establecer mejor en el preámbulo los objetivos del Fondo Europeo para los Refugiados o hacer que algunas disposiciones sean más precisas. 
Se trata especialmente de recordar, en el preámbulo, la importancia de la acción de las ONG, algunas precisiones útiles como la transparencia del proceso de selección de los proyectos o la necesidad de favorecer la continuidad de los proyectos a largo plazo. 
El principio de una participación mínima en el Fondo permite a cada Estado miembro, con independencia de la importancia de los flujos de refugiados, aportar un apoyo eficaz. 
Por contra, la Comisión no puede estar de acuerdo con otras enmiendas, y en particular aquellas que se refieren a la técnica presupuestaria, ya que no tendrían objeto si la autoridad presupuestaria ratifica las propuestas de la Comisión para aumentar la dotación del Fondo hasta 216 millones de euros en cinco años. 
No puede aceptar las enmiendas relativas a la estrategia de los Estados miembros y a la instauración de un partenariado con los distintos actores afectados por la política de asilo. 
En efecto, se trata de una primera experiencia de un programa descentralizado en el ámbito del asilo. 
Las administraciones nacionales competentes en este ámbito no están en absoluto familiarizadas con estos procedimientos. 
Es necesario evitar, en esta decisión, todo aquello que pudiera suponer más trabajo y retrasar el proceso, sin tener en cuenta que las sumas en causa no son de momento ingentes y que la adopción de la decisión en el curso de este año para el año 2000 no dejará mucho tiempo para preparar las peticiones de cofinanciación. 
La comisión propone inspirarse en ciertas ideas relativas a las enmiendas en el marco de la definición de las modalidades prácticas de instauración de este instrumento y del diálogo que establecerá con los servicios nacionales responsables. 
Por último, y en lo que se refiere a las enmiendas relativas a la cooperación con países candidatos, creo que hay que ser muy claro. 
El objetivo del Fondo consiste en contribuir al equilibrio de los esfuerzos entre los Estados miembros. 
Conviene no debilitar estos recursos de por sí modestos entre objetivos secundarios. 
Una cooperación de este calibre entre los países candidatos puede solaparse con otros programas, y en especial con el programa PHARE relativo a la transposición de aquello adquirido en materia legislativa y en la nivelación de las administraciones competentes en los países de Europa central y oriental. 
Como conclusión, señor Presidente, la Comisión se alegra del apoyo del Parlamento Europeo en favor de esta iniciativa. 
Creo que empezaremos hoy, juntos, un viaje en nombre de la fidelidad para con los valores del asilo, un viaje para demostrar que todos podemos aceptar el desafío de la solidaridad europea en el ámbito del asilo. 
Muchas gracias, señor Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y supervisión cautelar 
), ponente- (EN) Señor Presidente, las dos directivas sobre la supervisión de la actividad de las entidades de dinero electrónico son decisivas para el desarrollo del comercio electrónico en la Unión Europea. 
El objetivo es garantizar la integridad financiera de las entidades de dinero electrónico y contribuir a crear un entorno que favorezca el desarrollo de esta nueva modalidad de pago. 
Debido a que se han tenido en cuenta muchas de las enmiendas presentadas por el Parlamento en primera lectura, personalmente creo que la opinión del Parlamento ha sido incorporada en la posición común en una proporción suficiente. 
La posición común refleja el compromiso alcanzado tras largas negociaciones en el Consejo. 
Soy perfectamente consciente del hecho de que cualquier enmienda a la posición común del Consejo es probable que entrañe el peligro real de que la directiva se pierda en el proceso de conciliación, puesto que la directiva era y sigue siendo un compromiso muy delicado. 
Como ponente he intentado evitar empujar la directiva hacia el procedimiento de conciliación. 
He presentado una propuesta de compromiso que, lamentablemente, no ha sido aceptada en mi Grupo político. 
No creo que podamos llegar a una conclusión que sirva a los intereses de todas las partes interesadas mejor que con esta posición común. 
Por tanto, la cuestión que se nos plantea a los diputados al Parlamento Europeo es si las enmiendas presentadas son absolutamente necesarias, teniendo en cuenta el posible riesgo de que no consigamos en absoluto el marco supervisor. 
Eso significaría que la situación seguiría siendo incierta desde el punto de vista de los consumidores. 
También quiero recordar a los colegas que las enmiendas que ahora presento son nuevas y, por consiguiente, no están basadas en la posición que el Parlamento adoptó en primera lectura. 
Todas ellas son enmiendas presentadas por el BCE que el Consejo rechazó por unanimidad. 
También me temo que al hacer demasiado hincapié en la posición del Banco Central Europeo en términos de control de la estabilidad monetaria ocasionaremos problemas difíciles a los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro. 
Debemos tener presente que el BCE no tiene derecho a veto cuando se trata de legislación comunitaria. 
El control de estabilidad monetaria del BCE tiene su base en los Tratados constitutivos de la CE y no debe ampliarse a través de disposiciones de directivas comunitarias. 
Las enmiendas 1 y 2 añaden al informe las palabras "por su valor nominal". 
Estas palabras adicionales no son en absoluto necesarias porque el artículo 3 establece los términos del reembolso. 
En dicho artículo está implícito que el reembolso se hará por el valor nominal, a menos que existan gastos razonables que serían deducidos del valor nominal. 
En este último caso, las palabras adicionales no añaden nada y podrían confundir al consumidor. 
Añadir las palabras "por su valor nominal" al apartado 1 del artículo 3 puede confundir al consumidor, puesto que siempre es posible deducir los gastos que sean estrictamente necesarios para realizar el reembolso. 
Según la posición común, los Estados miembros podrán autorizar a sus autoridades competentes a eximir de la aplicación de todas o alguna de las disposiciones de la presente Directiva. 
La excepción es posible en aquellos casos en que el total del dinero electrónico en circulación sea limitado y en los que el dinero electrónico emitido sea aceptado como medio de pago sólo en un número limitado de entidades. 
Por ejemplo, la excepción podría aplicarse a las tarjetas de pago en campus universitarios o en los medios de transporte urbano. 
Todos estos casos están sujetos asimismo a un importe máximo de aprovisionamiento que no excederá de 150 euros. 
Asimismo, las entidades exentas no se beneficiarán de las disposiciones relativas al pasaporte del mercado único. 
Las actividades de estas entidades nacionales limitadas no pueden ser comparadas, desde una perspectiva de estabilidad financiera, con aquéllas de entidades monetarias que mueven grandes sumas de dinero electrónico ni con las instituciones de crédito. 
Es poco probable que estas entidades limitadas tengan repercusiones indirectas que pongan en peligro la estabilidad del mercado financiero. 
Asimismo, estas entidades nacionales limitadas no escaparán a la supervisión, puesto que el texto prevé que toda excepción estará sujeta a una decisión independiente de las autoridades supervisoras. 
Las instituciones exentas, por consiguiente, siempre estarían registradas y serían supervisadas por las autoridades competentes. 
Las enmiendas 3, 4 y 5 reducen el alcance de la excepción. 
El Consejo tenía claro que el precio por la introducción de una directiva era la necesidad de incluir la opción de excepción. 
El Consejo sólo llegó a un acuerdo sobre su posición común porque creyó que una directiva que, aunque incluía una excepción, también endurecía la normativa y permitía la competencia en un mercado único, era mejor que no disponer de ninguna directiva. 
La Comisión adoptó una opinión similar. 
Cuanto antes se adopte y se aplique la directiva, antes entrará en vigor la normativa mejorada. 
Si en la práctica perduran los motivos de preocupación, aún contamos con la cláusula de revisión del artículo 11 como reserva. 
Señor Presidente, en estos momentos no existe ningún requisito de supervisión de los planes nacionales de dinero electrónico. 
Por consiguiente, no creo que el Parlamento Europeo deba aprobar ninguna enmienda o de lo contrario existe el riesgo de que nos quedemos sin directiva. 
Señor Presidente, señoras y señores, fundamentalmente respecto de esta directiva quisiera decir que persigue el objetivo, en primer lugar, de reaccionar frente al rápido crecimiento de los medios de pago electrónicos, en segundo lugar, que quiere establecer una base jurídica común para éstos y, en tercer lugar, ocuparse de una garantía de liquidez que procure seguridad y protección para los usuarios. 
También saludamos que las entidades que no sean bancos se sometan en este contexto a un determinado control de vigilancia bancario y se les imponga una reserva mínima obligatoria. 
También saludamos que no haya excepciones en la obligación de devolución. 
La ponente acaba de indicar en su intervención que a pesar de este asentimiento fundamental a la dirección y necesidad de esta directiva hubo enmiendas a la misma y también algunas áreas de discusión que surgieron de las mismas. 
A pesar de que la ponente pertenece a mi Grupo y de que aprecio mucho su compromiso quisiera contradecir a aquellos diputados que han expresado sus reflexiones y han planteado preguntas, en concreto respecto de la afirmación de que todas las enmiendas son enmiendas del PPE. 
El PPE no puede presentar enmiendas en este caso y sería menospreciar a los diputados que han presentado enmiendas, decir que lo han hecho por encargo de terceros y no por decisión y responsabilidad propias, enmiendas que por otra parte fueron aceptadas unánimemente en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, porque el informe junto con las enmiendas fuera aceptado unánimemente. 
¿De qué se trata ahora? 
En estas reflexiones y preguntas que el asentimiento fundamental no cuestiona se trata de cuatro aspectos, básicamente de la siguiente cuestión: ¿se han configurado las excepciones del artículo 8 de forma demasiado amplia y, así mismo, deberían ser formuladas más restrictivamente? 
Más estrictas- y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se ha adherido a esta cuestión- la pregunta está planteada, se desconocen las consecuencias de estas amplias excepciones para el control monetario. 
¿Qué efectos tienen estas amplias excepciones sobre la estabilidad monetaria? 
¿Podría esta profusa enumeración de las excepciones, bajo ciertas circunstancias, propiciar que se produzcan desviaciones y de este modo se convierta la excepción en regla? 
Esta pregunta sobre el control monetario y sobre la estabilidad y la cuestión sobre si la excepción pudiera convertirse en la regla, han conducido a la presentación de las enmiendas. 
Si se aceptara la recomendación aquí realizada sin enmiendas solicito que la Comisión y el Consejo hagan uso de lo que contiene la directiva y entregue en breve un informe al Parlamento sobre las consecuencias de las directivas con las eventualmente necesarias propuestas de enmienda. 
Estaremos atentos a este asunto. 
Señor Presidente, en la Unión Europea el dinero electrónico aun no tiene la misma importancia que la economía electrónica, el comercio electrónico, la Europa electrónica. 
Naturalmente tenemos que mirar por que, también en este sector, se fortalezca la competitividad de Europa frente a los Estados Unidos. 
La introducción del euro va a suponer con seguridad una contribución muy positiva y ya va siendo hora de conseguir un instrumento normativo unitario para asegurar el comercio electrónico. 
Creo que el dinero electrónico no sólo va a ganar peso en el tráfico comercial, sino también entre los consumidores, precisamente porque las medidas de seguridad en Internet son consideradas insuficientes y por esta razón muchos se retraen a la hora de elegir esta opción. 
Hay que declarar que hoy, en la Unión Europea, el dinero electrónico tiene más valor como peculiaridad que verdadera utilidad. 
¡Esto tiene que cambiar! 
En este sentido también hay que indicar que dentro de la Unión Europea estos sistemas electrónicos de pago tampoco funcionan porque la interoperatividad no está garantizada. 
Creo que habría que tener esto en cuenta si en el futuro queremos implantar este medio de pago. 
También lo debemos hacer por el interés del consumidor porque se ahorran costes. 
La emisión de dinero electrónico no sólo tiene que ver con la simplificación o la dotación de seguridad a los procedimientos de pago, sino que afectará, de hecho, a la estabilidad financiera y el funcionamiento de los sistemas de pago. 
Por ello necesitamos una normativa unitaria, y hemos de saber que los temores aparecen de forma especial no sólo cuando se gasta dinero electrónico contra metálico o contra un asiento en la cuenta bancaria sino cuando se gasta dinero electrónico a crédito. 
Creo que este es el origen del temor a la inestabilidad en lugar de la estabilidad que todos queremos garantizar en la Unión Europea. 
Por ello estimo que el artículo 8 que prevé una extensión de las posibilidades de exención propicia un espacio de apreciación demasiado amplio. Esto puede tener como consecuencia que muchas entidades de dinero electrónico no se vean compelidas por las disposiciones aplicables a las entidades de crédito. 
Este no puede ser el caso, este no debe ser el caso, y todos sabemos que la emisión nacional de dinero electrónico al día de hoy ya no está garantizada, sobre todo si contemplamos la formulación del artículo 8 letra c. 
Las enmiendas del consejo que amplían el ámbito de aplicación del dinero no pueden tener lugar desde la perspectiva de los consumidores. 
Por ello tiene que afectar a todo el espacio monetario europeo y no sólo a uno nacional. 
Seguramente también es pertinente pensar en el papel del Banco Central Europeo- por ejemplo la regulación de la oferta monetaria. 
Pero sobre todas las cosas pienso en los consumidores. 
Si el dinero electrónico también se puede utilizar sin limitaciones en Internet y para los teléfonos móviles, acaso también pudiera ser contraproducente. 
En este sentido no puedo votar favorablemente la nueva redacción del artículo 8 letra c. Creo que debemos hacer todo lo posible para que en la era del dinero electrónico se refuerce la confianza de los consumidores y no se ponga a los consumidores en bretes que no ofrecen ninguna estabilidad. 
Señor Presidente, es muy lamentable que esta posición común, que el Consejo ha elaborado con tanto esmero y que respeta debidamente las opiniones adoptadas por el Parlamento en primera lectura, se encuentre en estos momentos en proceso desintegración. 
Creo que vamos a perder una normativa bastante útil que permitiría la creación del marco supervisor necesario para uno de los ámbitos de crecimiento de los servicios financieros, a saber, el almacenamiento de fondos a disposición de las tarjetas de plástico y otras formas de dinero electrónico. 
Las inquietudes manifestadas por el Banco Central Europeo, que han sido tenidas en cuenta en su mayoría, aunque quizá no en su totalidad, están saliendo a la luz de un modo que probablemente perjudique el potencial de desarrollo de esta actividad. 
Las inquietudes, en particular con respecto a la excepción, no tienen razón de ser precisamente porque ésta sería muy limitada: estaría limitada a 150 euros por una tarjeta cualquiera. 
Las autoridades nacionales supervisarían a todos los emisores y sabemos que el posible crecimiento de la masa monetaria ocasionado por este tipo de garantía sería mínimo, habida cuenta del tipo de entidades que operan ya en algunos Estados miembros: por ejemplo, en los campus universitarios, un estudiante puede utilizar ese trozo de plástico para pagar una consumición en la cafetería o el comedor o cualquier adquisición en la librería de la facultad. 
Lo cierto es que a otros bancos centrales de la Comunidad- en particular al Riksbank sueco o al Bank of England- no les preocupa la creación de dinero. 
Si analizamos las causas que han preocupado al BCE durante los últimos años, veremos que no ha existido una relación estable entre la masa monetaria y el crecimiento de ingresos nominales. 
La velocidad de circulación ha experimentado una transformación sustancial a raíz de las nuevas tendencias existentes en el sector de servicios financieros y ésta no es más que otra de dichas tendencias. 
Por consiguiente, en los años en los que el BCE no había asumido aún la gestión de la política monetaria en la zona euro, el propio Bundesbank no fue capaz de cumplir los objetivos en materia de crecimiento de su masa monetaria. 
Lo que tenemos ante nosotros es un intento, cuando descubrimos que una teoría de control monetario determinada no funciona y no se ajusta a la realidad, de volver a introducir por la fuerza dicha realidad en la teoría, en detrimento de la capacidad de innovación de los Estados miembros y de sus sistemas financieros. 
Es algo muy lamentable. 
La Comisión ha introducido numerosas salvaguardas sobre las que el Consejo ha debatido a fondo, y espero realmente que demos todo nuestro apoyo a la posición común del Consejo en este asunto. 
Señor Presidente, en enero de 1999, el euro se convirtió en la nueva moneda de la mayor parte de la Unión Europea. 
Desde entonces no hay más riesgos relacionados con el tipo de cambio y, en teoría, los costes para los consumidores de las transferencias internacionales y del cambio entre divisas de la zona euro deberían haber experimentado un fuerte descenso. 
Las instituciones financieras de la Unión tienen el deber de reducir sustancialmente los costes para los consumidores de las transferencias monetarias desde la zona euro hacia la otra. 
Cabría recordar que la Asociación Europea de Consumidores, que representa a los consumidores de la Unión Europea, realizó el pasado año un estudio en profundidad de los costes de los pagos transfronterizos. 
La conclusión de dicho estudio demuestra claramente que los costes para los consumidores de las transferencias monetarias de un país a otro dentro de Europa siguen siendo demasiado elevados. 
Teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de las compras en la red durante los próximos años, las altas tarifas que aplican los bancos por el cambio de divisas tendrán un fuerte efecto disuasivo sobre los consumidores a la hora de realizar sus compras a través de Internet. 
Es importante tranquilizar a los consumidores en lo que respecta a los pagos electrónicos mediante el establecimiento de un marco jurídico. 
Este estudio demuestra asimismo que los consumidores siguen pagando mucho más por las transferencias transfronterizas que por aquéllas nacionales, lo que carece de sentido. 
El euro ha eliminado los riesgos relativos al tipo de cambio y los costes deberían haber experimentado un fuerte descenso. 
Saludo la directiva sobre las transferencias de crédito transfronterizas actualmente en vigor en la Unión. 
Para terminar, creo firmemente que la nueva directiva sobre transferencias transfronterizas es una buena noticia para los consumidores de la Unión, así como para las instituciones financieras. 
Señor Presidente, al igual que algunos de los oradores que me han precedido esta noche, siento una gran satisfacción por la propuesta del Consejo. 
No creo que las enmiendas presentadas hoy en este Parlamento ni tampoco aquéllas presentadas en nuestra comisión mejoren en nada la propuesta. 
Independientemente de lo que digan respecto a haber tenido que aprobar todo el informe en comisión, no acabo de creerme que algunos miembros de la comisión no tuvieran también sus dudas respecto a las repercusiones de algunas de esas enmiendas. 
Las sugerencias que se han hecho afectarán a algunas de las oportunidades de este incipiente mercado, que ahora vemos surgir en la Unión Europea. 
Aunque, naturalmente, la masa monetaria interesa muy directamente a cualquier banco central, en este caso no se puede deducir directamente que tenga las consecuencias que todos sugieren, es decir, que el dinero electrónico sea cualquier cosa menos un medio de intercambio, un comprobante reembolsable si se quiere o un mecanismo que interviene en la operación. 
Debido a los límites a los que se ha referido el Sr. Huhne, esta influencia estará, naturalmente, controlada muy de cerca por la excepción propuesta por el Consejo y, en particular, por algunos de los compromisos sensatos sugeridos anteriormente. 
Personalmente y el Grupo Laborista del Parlamento Europeo estaríamos dispuestos a respaldar algo así como la enmienda de compromiso 5 que presentó la Sra. Kauppi en comisión; pero me temo que si el Parlamento aprobara esta semana las enmiendas 3 y 4, asistiríamos a la caída de esta resolución legislativa. 
No tengan la menor duda de que la resolución legislativa caería. 
Me preocupan muy seriamente los motivos de aquellos que desearían ver caer esta legislación, porque el vacío que se crearía entonces podría atraer al Banco Central Europeo. 
Como institución que se ha mantenido alejada de todo tipo de regulación que se decide aquí o en cualquier otra parte, me parece una idea preocupante. 
Permítanme pedir a todos los compañeros y colegas que se encuentran hoy presentes en la Asamblea que analicen los efectos de las enmiendas que podrían ser aprobadas esta semana, el daño que podrían ocasionar, la falta de confianza que sin duda provocarían y el daño que ocasionarían a este incipiente mercado. 
. (EN) Señor Presidente, permítame comenzar expresando el sincero agradecimiento de la Comisión por la labor realizada por la Sra. Kauppi. 
Apreciamos mucho ese trabajo y su informe porque trata de un tema de importancia no tanto para los gobiernos, sino, en particular, para los propios ciudadanos de la Unión Europea, como decía la Sra. Randzio-Plath hace un momento. 
Permítame expresar también el agradecimiento de la Comisión Europea por el constante apoyo de este Parlamento a la iniciativa sobre el dinero electrónico, así como a todas las iniciativas de la Comisión relativas al comercio electrónico. 
La Comisión ha observado el alto nivel de cooperación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para alcanzar un pronto acuerdo sobre las propuestas relativas al dinero electrónico. 
Como prueba de ello, podría citar quizá el elevado número de enmiendas presentadas por el Parlamento, enmiendas que fueron aceptadas por el Consejo y por la Comisión. 
Ciertamente hemos tomado buena nota de los deseos expresados por el Parlamento y hemos hecho todo lo posible para incluirlos en las propuestas que ahora tienen delante, como ha observado el Sr. Huhne. 
No obstante, permítame expresar también la decepción que sintió la Comisión cuando el informe inicial de la Sra. Kauppi no pudo ser aprobado. 
Aquel informe reconocía el alto nivel de cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, así como el carácter delicado de la posición común. 
En relación con las enmiendas en cuestión, quisiera decir lo siguiente. 
Las dos primeras que tratan sobre el reembolso por su valor nominal introducen en el texto una incertidumbre jurídica innecesaria. 
La disposición sobre el reembolso que este Parlamento propuso en primera lectura- una primera lectura que tuvo lugar hace casi un año- y que fue aprobada por el Consejo es muy clara. 
Significa que, previa solicitud, el dinero electrónico tiene que ser reembolsado por dinero en efectivo menos los posibles gastos que resulten estrictamente necesarios para realizar la operación. 
El reconocimiento de permitir la deducción de los gastos razonables choca contra la obligación de reembolsar por el valor nominal. 
Sobre esta base y por este motivo, lamentablemente no puedo aceptar las dos primeras enmiendas. 
Las enmiendas 3 y 4 proponen limitar sustancialmente las circunstancias en que los Estados miembros pueden eximir de la aplicación de todas o alguna de las disposiciones de la directiva a determinadas entidades de dinero electrónico, y en este caso me preocupa que pudiera haber un malentendido sobre las disposiciones relativas a la excepción. 
Estas disposiciones son opcionales, su aplicación está limitada a entidades específicas identificables y se aplican sobre una base de caso por caso. 
Permítame añadir que las entidades que se benefician de cualquier excepción no dispondrán del pasaporte europeo. 
Seguirán siendo instituciones de crédito y, por consiguiente, entrarán dentro del control monetario del Banco Central Europeo en la zona euro. 
Por tanto, la justificación para su supresión por motivos de política monetaria carece de fundamento. 
Seguirán informando a las autoridades competentes a intervalos regulares. 
Hablando de este punto, quisiera decir que me siento algo intrigado por las preguntas que han formulado y por las observaciones que han hecho algunos diputados a este Parlamento acerca de la estabilidad monetaria y la masa monetaria. 
Como ha declarado el Sr. Skinner, conforme al procedimiento relativo al dinero electrónico, el cliente paga primero con su dinero y luego recibe la cantidad equivalente en dinero electrónico. 
En otras palabras, en todo el proceso no se crea ningún dinero en absoluto. 
Por tanto, las consideraciones sobre la masa monetaria o la estabilidad monetaria- o como ha dicho un diputado, el dinero electrónico como vector de crédito- sencillamente no tienen razón de ser. 
El dinero electrónico no significa que se cree dinero. 
Significa que se abona dinero a una institución y se recibe en una forma distinta, pero sigue siendo la misma cantidad de dinero. 
No existe la posibilidad de que el fenómeno del dinero electrónico produzca inestabilidad monetaria. 
Volviendo a las disposiciones relativas a la excepción, si fracasara la directiva debido a la eliminación de las disposiciones sobre la excepción- el Parlamento proponía en un comienzo la ampliación de las mismas- existe una posibilidad muy real de que resulte muy difícil, si no imposible, armonizar las normativas sobre el dinero electrónico en un futuro. 
Queremos que estén armonizadas, entre otros motivos, porque los ciudadanos de la Unión Europea así lo desean. 
Si estas dos directivas fracasan, los perjudicados serán los consumidores y las empresas europeos, así como toda la iniciativa del comercio electrónico. 
Si durante los próximos años existen preocupaciones legítimas o si surgen problemas que aún no han sido identificados, siempre podrán ser tenidos en cuenta en la revisión de la aplicación de las directivas. 
La Comisión se compromete a realizar una revisión a los tres años de la entrada en vigor de las directivas. 
Lamentablemente, por tanto, no puedo aceptar las enmiendas 3 ni 4. 
En lo que respecta a la Comisión, nos gustaría que el Parlamento las rechace, al igual que esperamos que rechace las enmiendas 1 y 2. 
Respecto a la enmienda 5, que modifica el texto al objeto de prohibir que los Estados miembros eximan del requisito de reembolso, pero que no limita de ningún otro modo las disposiciones del artículo 8 por el que se permite a los Estados miembros eximir de las disposiciones de la directiva en lo que respecta a un número limitado de entidades específicas, la opinión de la Comisión sobre esta enmienda es algo menos contraria que en el caso de las enmiendas 1 hasta 4. 
Sin embargo, nos gustaría defender la opinión expresada por la Sra. Kauppi, que ha dicho que sería mejor para todos los interesados que el Parlamento rechazara las cinco enmiendas. 
A la luz de estas consideraciones, ruego encarecidamente al Parlamento que medite sobre sus enmiendas por temor a que las directivas se pierdan y se deformen en el proceso de conciliación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0084/2000) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto a la posición común (10804/1/1999- C5-0273/1999- 1998/0301 (COD) ) adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/53/CE por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (Ponente: Sr. Staes) 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la experiencia nos dice que los escándalos y las crisis pueden ser un revulsivo que contribuyen a mejorar la legislación; así sucede sin duda alguna con las disposiciones legales que directa e indirectamente afectan a la seguridad de los alimentos, hay miles de ejemplos que lo demuestran. 
Hace ya más de veinte años que por haberse encontrado hormonas femeninas en potitos infantiles se decretaron las normas sobre hormonas de 1981 y 1985, luego retomadas en 1988. 
El escándalo del clembuterol por culpa del cual se confiscaron en 1988 15.000 terneros en Renania del Norte y Westfalia hizo que se volviesen a cambiar en 1996 las normas sobre hormonas. 
En mi propio país, Flandes, varios atentados perpetrados contra inspectores de la carne y el asesinato de Karel Van Noppen, un veterinario dedicado a su trabajo, han producido lo que puedo calificar sin titubeos que es la legislación nacional sobre hormonas más rígida de Europa. 
Los escándalos pueden resultar purificadores. 
Así lo podemos constatar si releemos cuidadosamente los cambios de la norma 95/53, porque el origen de dichos cambios vuelve a haber un pequeño escándalo, a saber la importación de pulpa de cítricos infectada con dioxina. 
La pulpa de cítricos sirve de pienso a las vacas lecheras, de ahí que acabase en la leche de consumo humana. 
Las autoridades de Baden­Wurttemberg lo descubrieron, levantaron la liebre y estimaron que hasta casi 106.000 toneladas de pulpa contaminada habría entrado en la Unión Europea entre diciembre de 1997 y febrero de 1998. 
Ese escándalo nos ha enseñado que la Comisión carece de medios suficientes para actuar enérgicamente en casos urgentes. 
Por eso la Comisión, a petición de los Estados miembros, propuso el 4 de noviembre de 1998 que se cambiase la directiva que tenemos ahora delante. 
Ya el 16 de diciembre del mismo año aprobó el Parlamento esta propuesta sin hacerle ni una enmienda. 
Inmediatamente después de entrar en vigor del Tratado de Amsterdam modificó la Comisión el fundamento jurídico de 100 A a 152. 
El 15 de noviembre del año pasado definió el Consejo la posición común que nos ocupa ahora; el Consejo modificó la redacción en varios puntos que no nos parecen mal a nosotros como Comisión de Medio Ambiente, pero lo que sí nos parece mal es que el Consejo le ha quitado a la Comisión la posibilidad de actuar inmediatamente en casos urgentes. 
Tengo aquí que descender a detalles de la maraña que es la legislación de comitología, porque desde que se presentó la propuesta de la Comisión ha cambiado dicha legislación y a partir de ahora rige la Decisión 1999/468 del Consejo. 
Esta legislación nos permite diversos procedimientos para transmitir prerrogativas del Consejo a la Comisión; concentrémonos hoy en los artículo 5 y 6 de la Decisión del Consejo. 
El artículo 5 estipula cómo hacer la ley, el artículo 6 el procedimiento de saneamiento o de salvaguardia. 
La primera propuesta de la Comisión tal y como la aprobó el Parlamento estaba redactada según el espíritu del procedimiento de salvaguardia de ahora. 
El Consejo quiere ahora retractarse de ello en su postura conjunta y quiere que se utilice el procedimiento legislativo, con el cual nos debe quedar claro a todos que la Comisión no podrá actuar independientemente sino que siempre tendrá que pedirle permiso al Consejo. 
Después del escándalo de la pulpa cítrica, los propios Estados miembros solicitaron a la Comisión que actuase. 
Yo opino que debemos darle a la Comisión la posibilidad de actuar rápidamente. 
Las cuatro enmiendas que se han presentado tiene por objeto que se pueda aplicar el artículo 6 de las normas de comitología y con él el procedimiento de salvaguardia, para que la Comisión pueda actuar inmediatamente en caso de necesidad perentoria para por ejemplo interrumpir la importación de productos que pongan en peligro la salud de personas y animales. 
El Consejo dispondrá entonces de treinta días para modificar, complementar e incluso suspender una decisión así, y si el Consejo no hace nada durante esos 30 días, entonces quedan derogadas las medidas promulgadas por la Comisión. 
Creo que este es un buen sistema de funcionamiento- hasta ahora, la Comisión nunca ha abusado de este tipo de facultades- que merece nuestro apoyo en contra de lo que piensa el Consejo. 
Todos debemos saber, estimados colegas, que este expediente no es más que un paso intermedio. 
El mismo día que la Comisión de Medio Ambiente aprobó mi informe, la Comisión Europea presentó otra propuesta para modificar la directiva 95/53/CE, habiendo aprendido inmediatamente la lección de la crisis de la dioxina. 
Si el Parlamento y el Consejo siguen a la Comisión, entonces habrá un capítulo entero dedicado a la cláusula de salvaguardia y los piensos animales caerán también bajo un sistema "rápido". 
Por otro lado, estos asuntos estaban ya en el Libro Blanco, y con ellos cumple la Comisión sus primeras promesas de dicho libro. 
Quiero animar a todos, señor Presidente, a que mañana apoyemos a la Comisión por completo, aprobando las cuatro enmiendas. 
Vamos a unirnos a la Comisión para enfrentarnos al Consejo y así ir al procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, a todos nosotros se nos ha hecho evidente en los últimos años, con los muchos problemas y crisis habidos en el sector de la alimentación animal, lo importantes que son los controles oficiales de la alimentación animal. 
El ponente, el Sr. Staes, ha mencionado aquí algunos de ellos. 
Nos consta que los alimentos para animales son el primer eslabón de la cadena alimenticia, en cuyo final se encuentra el hombre, razón por la que los alimentos para animales deben ser seguros. 
EEB y Dioxina son sólo los términos más conocidos dentro de este contexto. 
Estos son los que constantemente hacen que muchos ciudadanos de la Unión Europea se sobresalten, y formulen preguntas, que nosotros como responsables políticos debemos responder. 
Son preguntas como: ¿qué nos aporta el mercado interior si pueden liberarse riesgos incontroladamente? 
¿Quién nos protege y quién nos da seguridad? 
Aquí tiene Europa la responsabilidad y la obligación, y nosotros tenemos la obligación, de configurar el mercado interior, que nosotros hemos creado y que todos nosotros deseamos, de forma que los riesgos existentes para nuestros ciudadanos y consumidores se mantengan en los niveles más bajos posibles con el fin de poder llegar a excluirlos totalmente. 
La recién propuesta de modificación de la Directiva 95/53/CE para la ejecución de los controles oficiales de los alimentos para animales debe constituir una base jurídica para conseguir un procedimiento armonizado para la comprobación de documentos y el control de mercancías de terceros Estados. 
Con el consentimiento de estos países también deberían ser posibles los controles en origen. Esto es legítimo ya que el que desee comerciar con nosotros debe cumplir las condiciones y proporcionar mercancías seguras. 
Ahora el Consejo ha adoptado en su posición común algunas modificaciones respecto de la propuesta de la Comisión, que el Parlamento aprobó sin enmiendas en la primera lectura, y que no queremos aceptar en esa forma. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor presenta ahora al Pleno cuatro enmiendas al informe de nuestro colega, el Sr. Staes. 
Este informe se aprobó por unanimidad en comisión y será respaldado por todos los Grupos. 
Por tanto hemos vuelto a retomar la propuesta original de la Comisión. 
Consideramos que en casos urgentes es absolutamente necesario poder actuar con rapidez. 
La experiencia muestra que la seguridad no puede conseguirse sólo con normas adecuadas, sino que requiere indispensablemente un sistema de control dotado de competencias para actuar, que pueda reaccionar con rapidez y que en último caso pueda también pueda imponer sanciones efectivas. 
La Comisión, en tanto guardiana de los Tratados, debe ser dotada con las correspondientes competencias. 
Por esta razón el PPE se ha declarado en la Comisión de Medio Ambiente a favor de modificar el artículo 9 a de la Directiva para el control oficial de los alimentos para animales, que otorga a la Comisión Europea en caso de peligro extremo un derecho de iniciativa que le permite tomar unilateralmente medidas según la gravedad de la situación y en un marco de proporcionalidad. 
Entonces, en un plazo de 30 días el consejo tiene la obligación de ocuparse de esas medidas para justificarlas y legitimarlas o eventualmente retirarlas. 
Creo que no necesitamos una nueva comisión, ya disponemos de la comisión permanente de los alimentos para los animales. 
En Alemania existe un dicho que hace referencia a que si no se sabe más se organiza un grupo de trabajo. 
En ultima instancia, la existencia de demasiadas comisiones tiene como resultado provocar retrasos y trastornos. 
Debemos hacer uso e involucrar a las instituciones existentes. 
Europa y el mercado interior sólo subsistirán si también son aceptados por los ciudadanos y los consumidores. 
Para ello necesitan confianza, y la confianza solo crece con publicidad y transparencia. 
Los escándalos, que ya hemos discutido, nos muestran que la transparencia y la publicidad son cada vez más importantes. 
Los Estados miembros, el Consejo y la Comisión Europea deben contemplarse como socios naturales que deben apoyarse mutuamente y colaborar constructivamente en una protección de los ciudadanos y consumidores que genere confianza. 
Para terminar quisiera dar las gracias al ponente por su excelente colaboración y su equilibrado informe. 
Señor Presidente, el ponente ha dicho antes en su introducción que las crisis tienen un efecto depurador. 
Le he escuchado y espero que lo que ha dicho sea verdad. 
Evidentemente es más optimista que yo. 
Yo no creo que las crisis tengan realmente un efecto depurador. 
Si las crisis tuvieran un efecto depurador entonces habría algo más en las cabezas de los ministros de agricultura de lo que evidentemente hay. 
De nuevo nos encontramos en este Parlamento en un momento en el que nos entendemos entre nosotros y con la Comisión y con el único que no nos entendemos, en concreto con el representante del Consejo, está ausente. 
Esta es la realidad. 
Sería bueno que se le transmitieran las noticias, pero posiblemente esto sea más bien improbable. 
El ponente y también la Sra. Klaß, que acaba de intervenir, han señalado lo siguiente: el parlamento aprobó la propuesta de la Comisión en la primera lectura sin introducir cambios. 
Esto significa que las instituciones que no siempre están de acuerdo sí lo estaban en esta cuestión. 
¿Qué es lo que ha aprendido el Consejo de ello? 
El Consejo- y esto lo vuelvo a decir con toda claridad, también contemplando mi propia historia de los últimos años- fue quien esencialmente nos metió en el escándalo de la EEB. 
No fue este Parlamento, fue en lo accesorio la Comisión, fue el Consejo de Ministros, que siempre ha intentado esconder las cosas bajo la manta. 
¿Qué es lo que ha aprendido de la crisis de la EEB? 
¿Ha aprendido que es mejor ser transparente? 
¿Ha aprendido que es mejor permitir medidas y cláusulas de salvaguardia? 
¿Ha aprendido que una acción rápida es necesaria? 
¡No ha aprendido nada de eso! 
Nos ha presentado una posición común en la que precisamente se priva a la Comisión de la posibilidad de las cláusulas de salvaguardia. 
No debe tener la posibilidad de actuar rápidamente y sin trámites burocráticos mediante las cláusulas de salvaguardia. 
Tampoco debe disponer de la posibilidad de controles espontáneos in situ. 
No debe estar en disposición de actuar con rapidez. 
Y tampoco debe informar al Parlamento Europeo. 
Tampoco debe publicar informes de control, por todos los santos, la gente podría averiguar algo que les inquietaría. 
Es mucho mejor que los ministros de agricultura tengan todo en sus manos. 
Observo que el representante del Consejo escribe muy aplicadamente, y confío en que le transmita todo esto a la Presidencia y al resto miembros del Consejo de Agricultura. 
Lamento que a estas horas no me muestre muy amistoso y estando resfriado me gustaría ser más amable, pero no lo estoy. 
De nuevo todos los Grupos- con el ponente, con nuestra colega la Sra. Klaß, que acaba de hablar en nombre de su grupo, y yo mismo por mi Grupo- hemos dado ejemplo de cómo las instituciones cooperan estrechamente. 
Le apoyamos, Sr. Byrne, en que usted, en la Comisión, en Bruselas debe disponer de las posibilidades que necesita, por ejemplo con la Food and Veterinary Office de Dublín, en que pueda realizar controles rápidos, para que efectivamente estemos en posición de decir a los consumidores que nos para conseguir alimentos seguros, y alimentos para animales seguros y controles de los mismos son el primer paso para ello. 
Le doy las gracias por que dentro de poco va a estar en disposición de presentar una propuesta para realizar controles originarios de productos de la Unión Europea, no sólo- como en este caso- de países terceros. 
Sólo tendrá sentido si lo evitamos conjuntamente, y sólo entonces, señor Comisario, tendrá sentido el Libro Blanco para la seguridad de los alimentos que usted ha presentado. 
Por ello confío en que mañana le plantemos una bofetada al Consejo de Ministros concediéndole unánimemente al ponente las cuatro enmiendas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, un minuto no me basta para grandes disquisiciones filosóficas, así que es importante agradecer a la Comisión y a nuestro ponente, el Sr. Staes que haya dado por fin sentido al Libro Blanco que había presentado Romano Prodi y que incluía un capítulo sobre la cadena alimenticia y sobre la alimentación animal. 
Este primer eslabón de la cadena empieza por el animal y termina por el ser humano. 
Sin embargo, tenemos la sensación de que el Consejo no lo ve. 
El Consejo no parece haberse dado cuenta de que, tras la crisis de la dioxina, hay cada día desde el principio del año casos de vacas locas en Europa. 
El Consejo no ve por lo tanto lo que vemos nosotros, es decir que son necesarias, para dar continuidad a la legislación europea, estructuras que controlen e intervengan rápidamente en caso de problema. 
En el marco de la próxima instauración de la autoridad sanitaria europea, sería pues deseable que se dedicasen verdaderos medios a ésta para una detección rápida y evitar así cualquier contagio. 
También sería deseable que todos los actores del sector de la alimentación animal firmen con las autoridades sanitarias responsables verdaderos pliegos de condiciones para reducir los accidentes tanto como sea posible, acepten las nociones de umbral, y se lleven a cabo acciones que permitan eliminar del circuito cualquier materia prima de aditivos o de componentes de la alimentación animal con el fin de devolver la confianza al consumidor. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Staes por su informe sobre la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal, así como por el amplio apoyo que obtuvo también la posición de la Comisión por parte del Sr. Olsson, la Sra. Klaß y la Sra. Roth-Behrendt. 
Agradezco, en particular, la buena colaboración con el Parlamento en este caso. 
Ya en la primera lectura, el Parlamento respaldo plenamente la propuesta de la Comisión. 
La propuesta tiene el objetivo de mejorar las medidas de control en el ámbito de la alimentación animal. 
Pretende armonizar los procedimientos de control de todos los productos importados desde terceros países. 
En 1998, la detección de dioxina en algunas materias primas importadas en la Comunidad puso de manifiesto la necesidad de un fundamento jurídico que permita a la Comisión, ante riesgos graves para la salud pública, adoptar medidas de protección sobre los productos originarios de terceros países. 
La propuesta también amplía el fundamento jurídico para realizar controles in situ en los Estados miembros, así como en terceros países. 
Debo decir que me sorprendió que el Consejo rechazara la propuesta de la Comisión relativa a la cláusula de salvaguarda, así como la introducción de un procedimiento de comité que no garantizará la adopción, sin pérdida de tiempo, de una decisión en el caso de que exista un riesgo grave para la salud pública o la salud animal. 
De hecho, la contaminación por dioxina ha demostrado claramente lo importante que es la adopción rápida de medidas, en particular, cuando un peligro se extiende desde la alimentación hasta la cadena alimentaria. 
Quisiera destacar asimismo el hecho de que ya existen disposiciones similares en la legislación alimentaria y veterinaria y no existen pruebas que apunten a una posible mala utilización de este instrumento. 
La Comisión, aunque no se opone a la mayoría de las enmiendas presentadas por el Consejo, rechaza firmemente la enmienda del Consejo relativa al procedimiento de protección. 
El Consejo ha negado la posibilidad de que la Comisión emprenda acción inmediata en casos de emergencia sin consultar previamente a los Estados miembros. 
La posibilidad de que la Comisión reaccione rápidamente en casos de emergencia, antes incluso de consultar a los Estados miembros, marca todo un hito. 
La negociación en el presente caso constituye un precedente importante para el futuro. 
A raíz de la crisis de la dioxina de mayo de 1999, la Comisión anunció medidas legislativas para mejorar las disposiciones legales que regulen la seguridad alimentaria. 
En la reciente propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo adoptada el 21 de marzo, la Comisión introdujo la misma cláusula de salvaguarda relativa a los piensos producidos en la Unión Europea. 
Por consiguiente, esta cuestión también será relevante para varias medidas sobre los piensos que son de vital importancia y que ya anuncia el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. 
Por todos estos motivos, puedo aceptar en su totalidad las enmiendas 1, 2 y 4 que el Parlamento vuelve a introducir a la disposición original sobre procedimientos de protección. 
Aunque no es tan importante como las otras, también puedo aceptar la enmienda 3 relativa a la realización de controles in situ. 
A la luz del apoyo del Pleno a las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, presionaré una vez más al Consejo para que respalde las disposiciones originales de la propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0072/2000) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (COM (1999) 329- C5-0068/1999- 1999/0158 (COD) ). 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, llegamos aquí a un segundo aspecto de la problemática de la seguridad alimenticia. 
Los aditivos utilizados en la alimentación a lo largo de los años son cada vez más numerosos, sobretodo con la industrialización de la producción. 
Basta con examinar las cifras para entender a lo que me refiero con "cada vez más numerosos". 
La situación hoy en día demuestra que 307 aditivos están autorizados en la Unión Europea. 
En efecto, funcionamos sobre la base del principio de una lista positiva. 
Todos los aditivos consignados en esta lista están autorizados, y los que no figuran, están prohibidos de hecho. 
De estos 307 aditivos, únicamente 163 están considerados totalmente inofensivos. Esto significa que muchos otros son dudosos, cuando no presentan problemas reales de seguridad alimenticia. 
Pienso sobretodo en el problema de las alergias. 
¿Qué se nos propone hoy? 
No se trata de reducir esta lista sino de alargarla aún más, puesto que la Comisión realiza nueve propuestas, ya sea de añadir ciertos aditivos a la lista o de añadir algunos usos de aditivos ya autorizados. 
Veamos cuales son los criterios escogidos en principio para aceptar un aditivo. 
La necesidad tecnológica, la utilidad para el consumidor y la inocuidad. 
Hay que reconocer que la necesidad tecnológica se ha convertido con los años en el criterio dominante. No porque se haya ignorado la inocuidad, sino porque la noción de inocuidad ha cambiado con el paso del tiempo. 
Es evidente hoy en día que el principio de precaución se ignoraba prácticamente hace sólo siete u ocho años, mientras que hoy figura en primer lugar. 
Por lo tanto hay que estudiar la situación con una mirada distinta de la que teníamos hace poco tiempo. 
Esta es la razón por la que creo que es sorprendente, y la Comisión de Medio Ambiente también lo considera así, que se nos proponga admitir cierto número de aditivos para los que no tenemos toda la seguridad necesaria. 
De las nueve propuestas de la Comisión, creemos que cinco de ellas son sospechosas, y por diversas razones. 
Voy a citarlas rápidamente. 
En primer lugar se propone utilizar un aditivo, llamado alginato de sodio, para las zanahorias ralladas. 
La utilidad para el consumidor es que las zanahorias ralladas parecerán "frescas" cuando no lo son. 
Es evidente, basta con leer lo que se ha escrito al respecto. 
En cuanto a los riesgos para el consumidor, no parecen muy importantes, pero los comités científicos que han considerado el tema consideran que el efecto laxante de este aditivo puede unirse a otros problemas del mismo tipo. 
Por lo tanto, no es algo necesariamente recomendable. 
Teniendo en cuenta de que no se trata de mejorar la situación para el consumidor, sino que al contrario, se trata de engañarle, nos parece que no hay que aceptar este aditivo. 
Existe otro aditivo que plantea ingentes problemas: el E 467. 
No daré el nombre oficial porque es demasiado largo y complejo, y creo que la traducción sería aún más difícil. 
El E 467 plantea problemas en lo que se refiere a la inocuidad, porque contiene impurezas extremadamente peligrosas. 
Una de esas impurezas es el óxido de etileno, que se ha probado que es cancerígeno, como reconocen los medios científicos a quienes atañe. 
Por consiguiente, nuestra respuesta también es no. 
Por último, se proponen tres aditivos más como auxiliares tecnológicos. 
Se trata de gases inflamables: el butano, el isobutano y el propano. 
Sabemos que existen soluciones distintas, y que por lo tanto, aunque la necesidad tecnológica sea real, otros aditivos pueden cumplir esta función. Sabemos además, que después de la combustión, después de utilizar estos productos, los residuos en forma de productos orgánicos, no son inofensivos a priori, de forma que creemos que también sería preferible renunciar a ellos. 
Acabo de resumir el problema. En lo que a nosotros respecta, cinco aditivos no deberían autorizarse. 
Los cuatro otros aditivos, al no presentar- aparentemente- problemas, según consta en la literatura científica al respecto, podrían aceptarse, ya que no somos fanáticos. 
Creo que es importante, señor Presidente, señor Comisario y estimados colegas, cambiar la tendencia de la legislación actual en lo que se refiere a los aditivos. 
La Comisión anuncia una revisión profunda de la directiva. 
Creo que sería dar un señal positiva el demostrar que no deseamos conservar la actitud dominante durante años y que permitió que los aditivos sean cada vez más numerosos, con efectos combinados por cierto, de los que no sabemos nada. 
Creemos que, al contrario, debemos llegar a una lista mucho más restringida y sacar de la lista los aditivos más sospechosos. 
Otros deberían utilizarse mucho menos. 
Me refiero por ejemplo a los nitritos, nitratos y sulfitos que plantean, como sabemos, problemas de salud probados. 
Hay quien critica lo que llamaré el modo de vida occidental moderno; con o sin razón, dado que a menudo las respuestas vienen determinadas por lo que la gente ha elegido. 
Al Grupo PPE lo que le importa es que el consumidor pueda elegir, y el poder elegir presupone tanto la existencia de información como la seguridad de que lo que se ofrece en el mercado no es peligroso para la salud y que todos los productos han sido fabricados siguiendo normas y procedimientos aprobados. 
Por lo que respecta a los aditivos, las normas generales están en la directiva marco de 1989. 
Esa directiva determina que sólo se deben permitir los aditivos de los que haya necesidad técnica suficiente, que no sean peligrosos para la salud del consumidor y que además no confundan al consumidor. 
En mi opinión, el alginato de sodio que se le añade a las zanahorias peladas o ralladas no cumple este último requisito, ya que el consumidor que compra zanahorias frescas supone que son hortalizas sin tratamientos y no sospecha que hayan sido sumergidas en un conservante. 
Para juzgar si es necesario o no usar un determinado aditivo, la directiva básica enumera diversas de sus finalidades. 
Uno de ellos es que dispensen ingredientes o componentes de nutrientes para pacientes que sigan una dieta. 
El aditivo E 467 (yo también me limito a usar la abreviatura) que propone la Comisión nos parece que cumple con esa finalidad. 
Finalmente dice la directiva básica que el facilitar la producción y la preparación de los alimentos es un criterio válido de utilidad. 
Visto así, a nuestro Grupo no se opone a tres aditivos para los pulverizadores para freír, al revés que la Comisión del Medio Ambiente. 
Apoyamos el resto de las enmiendas de la Comisión del Medio Ambiente, incluso la última del Grupo PSE. 
Si me lo permite quiero añadir lo siguiente. 
Primero: que tiene mucha razón el ponente cuando se queja de que la Comisión informa insuficientemente al Parlamento en el documento COM- y por cierto que el ponente ha trabajado de firme, le felicito porque raras veces he visto un ponente esforzarse tanto para hacer un solo informe. 
Luego se añadieron algunos datos, pero no creo que esta sea forma de trabajar y me gustaría que el comisario nos dijese si tiene intención de corregirla en el futuro. 
Segundo, que la estimación de las consecuencias para la salud pública debería hacerse con una base científica, desde luego, para lo cual disponemos del asesoramiento de la Comisión científica para la alimentación. 
Me temo que si casi sistemáticamente rechazamos las conclusiones de los comités científicos, nos quitamos credibilidad a nosotros mismos y a nuestras leyes y con ello ponemos nuestras convicciones por delante de la pericia de los científicos comisionados- y me cuesta aceptarlo, me cuesta. 
Tercero: me hubiese gustado que la Comisión dijese si tiene o no la intención de muestrear y controlar regularmente los aditivos permitidos a la luz del estado de la ciencia en ese momento, como justamente pide el ponente en su memoria aclaratoria. 
Cuarto y último, una cosa sobre la jerarquía de las normas. 
Pedimos la jerarquización de las normas en el informe IGC, y ya habíamos hablado de ello anteriormente. 
Me hubiese gustado que el comisario hubiese dicho si en su opinión la confección o ampliación de la lista de aditivos es un asunto que deben aprobar el Parlamento y el Consejo europeos, si debiera tratarse por el procedimiento de codecisión o si en su opinión forma parte de las tareas del poder ejecutivo controlado. 
Señor Presidente, nuestros alimentos- y también es válido para los productos frescos como, por ejemplo, las zanahorias peladas que hemos oído mencionar anteriormente- son maquillados de todas las maneras posibles con colorantes, con edulcorantes, con aromatizantes, con conservantes, con todo tipo de sustancias. 
Y todo con el propósito de ocultar las cualidades naturales de los productos. 
No son pocas sustancias de las que hablamos, hoy empleamos varios miles de aditivos y encima en el caso de la mayor parte la verdad es que no conocemos sus consecuencias para la salud. 
Sí, pues incluso de gran número sabemos que son perjudiciales para la salud y aún así autorizamos su empleo. 
Creo que la política comunitaria en materia de utilización de aditivos se ha vuelto completamente irresponsable. 
Por ello, me gustaría sumarme al informe del Sr. Lannoye. 
Creo que se ha llevado a cabo un estupendo trabajo. 
Debe decirse no a nuevos aditivos y debe decirse también no al aumento del número de sustancias aceptadas y autorizadas. 
Incluso, pienso que hace falta que la Comisión emprenda en serio un saneamiento de la cantidad de aditivos. 
El Sr. Lannoye señala en las observaciones generales de su informe muchas sustancias que deben ser examinadas, entre ellas, los antibióticos empleados directamente como aditivos en alimentos. 
Quiero señalar un problema adicional. 
Es un problema que también el Sr. Lannoye mencionó en su intervención, me refiero a la cuestión del empleo como aditivo del nitrato y del nitrito en productos cárnicos. 
En mi opinión, están autorizados en cantidades excesivas. 
Un amplio estudio de cinco organizaciones de consumidores europeas ha demostrado recientemente que gran parte de los productos cárnicos contiene las llamadas nitrosinas en cantidades muy elevadas. 
La nitrosamina es una sustancia cancerígena derivada de y compuesta por el nitrato y el nitrito. 
Considero inaceptable la situación en este terreno, pero no he visto que el estudio haya hecho mella en la Comisión. 
Creo que debe reducirse la cantidad del nitrato y nitrito empleados como aditivos muy sustancialmente cuando se trata de productos cárnicos, y creo que debe llevarse a cabo un control obligatorio de la cantidad de las nitrosaminas, que son, como ya se ha dicho, una sustancia altamente cancerígena, cuya presencia en nuestros alimentos hoy no está medida. 
Espero que el señor Comisario Byrne, quien ha asumido la responsabilidad de este terreno, examine la cuestión de las cantidades del nitrato y nitrito empleados como aditivos. 
Creo que nos enfrentamos a un problema serio y espero que hoy dé una respuesta afirmativa. 
Por último quiero decir que creo necesario efectuar un saneamiento a fondo de la cantidad de aditivos en nuestros alimentos. 
Señor Presidente, el informe trata sobre si añadir a la lista de aditivos permitidos en los alimentos, otros aditivos que no son colorantes ni saborizantes. 
O sea que la Comisión propone aumentar la lista con aditivos que hasta ahora no se han usado, pero no propone eliminar aditivos de la lista. 
Cuando se trata de alimentos y de su seguridad, conviene considerar las necesidades y los deseos del consumidor ahora más de lo que se hacía antes, lo que naturalmente no implica que despreciemos los intereses de los productores de alimentos ni que tengamos que cerrarnos a los métodos industriales modernos de producción de alimentos, como acaba de comentar el Sr. Pohajmo; lo que sí significa es que la seguridad de los alimentos debe ser asunto prioritario. 
Hay muchos aditivos inocuos pero otros no lo son, y si la inocuidad no es segura, la única elección justa es indudablemente prohibir el producto. 
Se ha puesto el ejemplo del alginato de sodio (esto por lo menos sí que puedo pronunciarlo) , el E 401, una sustancia que hace que las zanahorias viejas parezcan frescas. 
¿De qué le sirve eso al consumidor? 
Es verdad que cada consumidor y cada grupo de consumidores tiene distintos intereses, pero más cierto es que todos los consumidores salen beneficiados de la información correcta, para que no se les tome el pelo. 
En este informe se le echa un vistazo literalmente refrescante a esta problemática, que buena falta hacía, y por el cual felicitamos al ponente y le damos el apoyo del Grupo liberal. 
El Sr. Lannoye ha realizado un trabajo extraordinario, ha hecho aquello que la Comisión ha pasado por alto. 
La Comisión sólo habla del principio de cautela, pero el Sr. Lannoye precisamente ha mostrado con su informe que también se trata de aplicarlo en la práctica y de hacer efectivamente del principio de cautela uno de los conceptos directriz. 
También echo de menos lo que había prometido la Comisión, en concreto, transparencia. 
De hecho constituye una confusión al consumidor hablar aquí de algo que en realidad no existe. 
Señor Comisario, tiene usted que confesar de una vez por qué no prevé qué alimentos que no están empaquetados, como la fruta y las verduras, también tengan que ser etiquetados obligatoriamente. 
Quisiera volver a destacar lo que ha dicho el Sr. Lannoye. 
Este informe evidencia que necesitamos una reforma de los aditivos. 
No puede ser que pongamos en el mercado cientos de aditivos sólo por que así lo quiera la industria. 
No tiene nada que ver con la competencia, si uno sólo se pliega a lo que propone la Comisión. 
De hecho necesitamos- algo parecido a lo que tienen en Japón- una lista cerrada de 70-100 aditivos, y también me hubiese gustado saber la opinión del Sr. Comisario al respecto. 
Entonces la industria debería decidir cuáles quiere. 
Esto constituiría, por fin, un punto de vista innovador que hace de la competencia la base. 
El Sr. Lannoye tiene razón, debemos poner las cartas boca arriba y tener en cuenta el principio de cautela. 
Señor Presidente, a modo de introducción me gustaría decir que cuando Paul Lannoye es ponente de un informe, éste está en manos muy competentes y que me adhiero plenamente a todas sus conclusiones. 
Como es sabido, hay tres condiciones que deben darse para que se puedan incluir aditivos en la lista positiva. 
Debe existir una necesidad tecnológica, el producto debe ser útil para el consumidor y su inocuidad debe estar documentada. 
Paul Lannoye advierte con toda la razón de que ninguna de estas condiciones se cumple en lo que respecta al alginato de sodio. 
La sustancia no tiene ninguna utilidad para el consumidor, al contrario, confunde al consumidor final haciendo que las zanahorias cortadas luzcan como frescas, aunque no lo sean. 
También es sumamente lamentable que no se hayan investigado los efectos sinergéticos. 
En principio, produce reparos pensar en que la Comisión pueda ampliar la lista de aditivos, sólo porque las sustancias estén autorizadas en parte de la UE. 
Esta norma debe ser reformada, de forma que un aditivo sólo pueda entrar en la lista positiva si existe una necesidad tecnológica claramente documentada, que además también redunde en beneficio de los consumidores. 
Resulta paradójico tener que tramitar esta propuesta tan poco tiempo después de la publicación del Libro Blanco de la Comisión sobre los alimentos. 
En el Libro Blanco la Comisión justamente hace hincapié en que se limite la toma de aditivos para- en palabras de la Comisión- evitar de esta forma repercusiones negativas sobre la salud. 
La Comisión manifiesta igualmente que su deseo es aconsejar a los consumidores de la mejor manera posible cuando éstos tengan que tomar una decisión. 
Al ver esta propuesta de directiva, uno debe concluir que existe muy poca coherencia entre las palabras y los hechos en el tratamiento de los aditivos por parte de la Comisión. 
Me parece que la intención originaria de elaborar una lista positiva era también la necesidad de adoptar una decisión para retirar aditivos de la lista. 
La liberalización puesta en marcha del número de aditivos autorizados es preocupante. 
Por ello, limitemos la lista antes que ampliarla. 
A colación de las palabras del Sr. Lund con respecto al nitrato y al nitrito, quiero decir que durante el último período de sesiones pregunté a la Comisión si los nuevos datos científicos sobre los efectos dañinos para la salud de estas dos sustancias han hecho a la Comisión replantearse su postura. 
Desgraciadamente, la respuesta fue negativa, y me gustaría, como al Sr. Lund, que hoy aquí hubieran sido explicados los motivos de esta negativa. 
Señor Presidente, comparto el criterio del ponente de que no se deben permitir nuevos aditivos alimentarios si no hay una real necesidad. 
Además, quiero señalar que deberíamos ser cuidadosos en el sentido de que pueden existir tradiciones locales o nacionales que motiven la aceptación de algún aditivo. 
El aditivo al que me refiero es la hidroxietilcelulosa de etilo. 
Esta sustancia no es una exquisitez ni es posible abusar de ella. 
La hidroxietilcelulosa de etilo se ha usado desde hace más de 20 años en Suecia y Finlandia, y creo que también en Noruega, como aglutinante en panes y repostería libre de gluten. 
Se usa para evitar que estos productos se desmiguen y para que el grupo relativamente pequeño de personas que no tolera el gluten pueda comer pan y pasteles de la misma manera que las personas sanas. 
La hidroxietilcelulosa de etilo es especialmente adecuada para la tradición panadera que existe en el norte de Europa. 
Por eso, esta sustancia no es sustituible por otras celulosas ya aceptadas. 
El ponente sostiene que hay riesgos de contaminación en la hidroxietilcelulosa que podrían tener efectos cancerígenos y también da a entender que, en altas dosis, podría tener efectos laxantes. 
Sin embargo, quiero manifestar que en la realidad puede ser al revés. 
Para los niños que adolecen de intolerancia al gluten es especialmente importante que el pan no se desmenuce y que no tengan que usar una cuchara para comerlo si éste se ha convertido en un montón de migajas. 
A los niños con intolerancia al gluten les cuesta trabajo entender por qué tienen que comer migajas de pan cuando otros niños comen panes que no se desmigajan. 
Si los niños descuidan su alimentación aumenta el riesgo de desnutrición. 
Si quienes no toleran el gluten rechazan las migajas y comen pan común sufrirán dolores en el vientre y diarrea. 
Además, a largo plazo, posiblemente también aumentará el riesgo de cáncer en el estómago o en los intestinos. 
Para muchas familias que tienen niños que adolecen de intolerancia al gluten, la situación es complicada y hacen muchos esfuerzos para componer una dieta adecuada. 
Esas familias no pueden comprar su pan; lo hacen ellos mismos y agregan sus aglutinantes. 
¿Por qué habríamos de hacer la vida aún más difícil para esas familias? 
¿Por qué no podrían seguir usando los aglutinantes que acostumbrar a usar? 
No aprobar la hidroxietilcelulosa de etilo es una forma de crear dificultades para quienes sufren de intolerancia al gluten y para sus familias. 
En este caso no se puede invocar el principio de la cautela para prohibir. 
El principio de la cautela, por el contrario, indica que hay que admitirla 
Señor Presidente, al igual que todos los que han intervenido en este debate, deseo felicitar al Sr. Lannoye. 
Él y yo nos enfrentamos a veces a causa de otros aditivos alimentarios, pero en este caso ambos tenemos la mirada puesta en la esencia de la carga de la prueba antes de que vuelva a ampliarse esta lista. 
El Sr. Lannoye ha hecho un favor a la comisión y también a esta Asamblea al señalar que este procedimiento parece avanzar casi siempre en una dirección única. 
Debemos oír qué piensa la Comisión acerca de dos puntos básicos: el primero es si los procedimientos necesitan una revisión como sugería el portavoz de la Comisión en el debate celebrado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor; y en segundo lugar, si existe un medio más eficaz de eliminar los aditivos, así como para poner en vigor su utilización. 
A nosotros nos parece que la lista se hace cada vez más larga y que la carga de la prueba debe mantenerse, ya sea en los Estados miembros, en la Comisión o en los comités científicos, sobre aquellos que desean que aprobemos estas cosas. 
Estoy dispuesto a reconocer que algunos de estos aditivos son inofensivos. 
En realidad, la comisión e incluso el Sr. Lannoye estaban dispuestos a aceptar los aditivos E949 y E650. 
No obstante, aunque no pretendo pasar por experto- al igual que tampoco lo haría ningún otro miembro de la comisión- en el tema de qué aerosoles propelentes pueden utilizarse sin ningún riesgo, en la comisión surgieron suficientes dudas, por no hablar de cuando oímos al representante de la Comisión referirse a los propios aerosoles propelentes. 
Al parecer, los fabricantes los necesitan porque rocían la grasa de manera uniforme sobre el utensilio en cuestión. 
Uno de ellos sólo existe para uso profesional. 
Los otros dos son considerados seguros para todos. 
Todos queremos volver a analizar este asunto y saber por qué han sido elegidos y si ahora podríamos frenar su posible autorización, al menos hasta que haya finalizado la revisión propuesta. 
Con respecto a las dos enmiendas, mi Grupo, aunque apoya el espíritu de lo que propone el Sr. Lannoye en la enmienda 1, no estaría dispuesto a llegar tan lejos como incluir el principio cautelar en esta directiva en particular. 
No nos parece el sitio adecuado para ello. 
Preferiríamos eliminar el considerando 5 y votaremos en ese sentido. 
Se trata de discutir sobre la carga de la prueba y no sobre el principio general de precaución. 
Por último, en lo que respecta a la enmienda 2, diré, en nombre de mi Grupo, que se trata meramente de una enmienda de redacción para eliminar las referencias al procedimiento de codecisión. 
Pero su significado sigue estando perfectamente claro. 
No creemos que deban hacerse estos añadidos, a menos que pueda demostrarse que beneficiarán a los consumidores. 
A fin de cuentas, esto se hace para el consumidor. 
Se está haciendo en nombre del consumidor. 
Por esta razón, recomendamos la enmienda 2. 
No creo que tengamos tiempo para debatir en profundidad una problemática tan compleja como ésta, pero desearía poder hablar con el Comisario fuera de este Hemiciclo. 
En primer lugar, quisiera hacer una primera observación sobre los comités científicos. 
No basta, señor Comisario, con leer las conclusiones de los comités científicos. Es preciso leer el informe, lo que yo he hecho. 
Y a veces sucede que surjan más dudas que certezas al leer estos informes. 
Le pediría que fuese algo más comedido antes de descartar a priori todas las enmiendas, cuando yo también pretendo haber realizado un trabajo científico. 
He comparado distintos puntos de vista y puedo decirle que es un poco rápido al desestimar sin más consideraciones las enmiendas que proponemos. 
Además, hay otro elemento que no se ha considerado, es decir, la posible acción combinada entre la plétora de aditivos que se encuentran en los alimentos. 
Nunca se estudian estos aditivos conjuntamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 21.20 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el punto 6 del Acta, en el que modificamos el orden de los trabajos de la semana, es correcto aunque, probablemente con razón, no menciona que el turno de votaciones del jueves se ha adelantado a las 11.30 horas a causa del gran número de enmiendas presentadas a algunos informes. 
Intervengo, por consiguiente, para preguntar si estamos aplicando correctamente el apartado 1 del artículo 139 del Reglamento. 
Como usted sabe, dedicamos gran cantidad de tiempo a las votaciones el martes, miércoles y jueves a medio día. 
El año pasado aprobamos una serie de modificaciones del Reglamento en un intento de racionalizar nuestro trabajo. 
Con dichas modificaciones otorgamos a todos los diputados el derecho a presentar una enmienda a nivel individual en la fase de comisión, pero limitamos el derecho a presentar enmiendas en el Pleno en un mínimo de 32 diputados o un Grupo político. 
No obstante, si observamos las enmiendas presentadas el martes, por ejemplo, al informe Dimitrakopoulos-Leinen, veremos que hay más de 100 enmiendas presentadas a nivel individual, supuestamente en nombre de su Grupo político, aunque es perfectamente posible que éste no sea el caso. 
Observo, por ejemplo, que el Grupo PPE tiene más de 100 enmiendas en su nombre, pero firmadas por 18 diputados diferentes, ninguno de los cuales es el coordinador o dirigente del Grupo. 
Más de 20 de esas enmiendas son contradictorias, por lo que es imposible que todas ellas correspondan a la posición del Grupo PPE. 
Algunas son idénticas, presentadas por diferentes diputados; y hay incluso un caso de dos enmiendas idénticas presentadas por el mismo diputado. 
¡Podría el Grupo PPE, por favor, ponerse de acuerdo sobre su actuación! 
Ya dedicamos y malgastamos demasiado tiempo en las votaciones y de este modo eludimos la racionalización del Reglamento que adoptamos como Parlamento el año pasado. 
Las enmiendas deben ser presentadas en nombre de 32 diputados o en nombre de un Grupo político y en realidad representan la posición de dicho Grupo político, no la del diputado individual que las presenta en nombre del grupo con la intención de burlar los requisitos que impone el Reglamento para presentar enmiendas en el Pleno. 
Quisiera pedir a los Servicios de la Sesión plenaria que, en el futuro, verifiquen si las enmiendas se han presentado efectivamente en nombre de un Grupo político. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, sólo quería hacer saber al Sr. Corbett que dentro del Grupo PPE no se permite presentar una enmienda al Pleno a menos que haya sido aprobadas por el Grupo y cuente con el apoyo del Grupo. 
No debería tener ninguna duda respecto a ese procedimiento en el seno de nuestro Grupo. 
En segundo lugar, como el Sr. Corbett sabe, en estos momentos hay un proceso en marcha para la reforma del Parlamento. 
Si tiene alguna sugerencia que hacer a la Mesa sobre los procedimientos de votación, ése sería el modo correcto de proceder. 
Señor Watson, someteré a la atención de la Sra. Presidenta sus observaciones y la Mesa examinará todo lo referente a nuestros trabajos en el mes de mayo. 
Señor Presidente, estuve presente ayer y firmé la lista de asistencia, pero mi nombre no figura en el Acta. 
Quisiera que se corrigiera este error. 
Muchas gracias, señora McNally. Así lo haré. 
Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la aprobación de la gestión de 1998 quisiera señalar que anoche tuvo lugar una reunión parcialmente conjunta entre la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre el informe Rühle. En dicha reunión se acordó una solución de compromiso que, posteriormente, ha sido elaborada más en detalle. 
En realidad se trata de que el texto actual sea sustituido por una nueva propuesta conjunta de transacción que implique un aplazamiento real y un nuevo análisis en el mes de junio. 
Dicho texto será presentado conjuntamente por los diferentes Grupos políticos a lo largo de la mañana y el debate puede celebrarse tal y como estaba previsto. 
Solamente quería que los diputados supieran que anoche se celebró una reunión y que a partir de ella se ha creado una nueva situación política en la que los miembros de la Comisión de Control Presupuestario y los miembros de la Comisión de Desarrollo y Cooperación han vuelto a encontrarse en lo que consideramos un planteamiento más positivo. 
Señor Presidente, a propósito de la observación del Sr. van den Berg, yo sólo quisiera señalar que el informe sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión del Fondo de Desarrollo se ha presentado y también se va a votar sobre la premisa de que sólo se debate un aplazamiento y no la denegación o la concesión de dicha aprobación, y todos los aspectos que elaboramos conjuntamente ayer se incorporarán a la versión definitiva, o sea que el informe de la Sra. Rühle se va a debatir y a votar de todos modos. 
Señor Presidente, yo quisiera dirigirle un ruego. Cada diputado tiene una agenda muy ajustada. 
En efecto, concertamos muchísimas citas en interés de los ciudadanos. 
Hoy se ha vuelto a adelantar la sesión, por primera vez a las 8.30 horas. 
Yo creo que, como método de trabajo, sería bastante más eficaz que nos atuviésemos a un programa marco y evitásemos introducir continuamente modificaciones a última hora. 
Muchas gracias por su atención. 
Señoría, tenga en cuenta que se trata de una decisión ad hoc tomada como consecuencia de una solicitud presentada por la Presidencia portuguesa. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Es relativa a una referencia que hizo ayer la Presidencia sobre la modificación del orden del día de este período parcial de sesiones. 
Me preocupa realmente la referencia que hizo la Presidencia sobre quién estaría presente del Consejo cuando el Presidente de Austria acuda mañana al Parlamento. 
Son muchos los que temieron y siguen temiendo que la modificación del orden de los trabajos signifique que el Consejo estará ausente en esta importante ocasión. 
Me gustaría que nos aseguraran que el Consejo estará representado a un nivel suficientemente elevado para ofrecer el respeto que tradicionalmente ofrece este Parlamento cuando se producen este tipo de visitas. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Kirkhope, transmitiré su observación a la Presidenta. 
Votación sobre la solicitud de urgencia 
. (EN) Señor Presidente, a pesar de la solicitud del Consejo y de que estamos dispuestos a hacer lo que podamos para garantizar que se agiliza la marcha de los trabajos, no hay ninguna necesidad de votar sobre este debate de urgencia hoy. 
Está previsto en nuestro orden del día de mayo. 
Tal y como están las finanzas en estos momentos, no habrá ningún problema para financiar al Alto Representante en Bosnia-Herzegovina, cuyos fondos están garantizados hasta final de este año, al igual que los importantes fondos disponibles para la operación de la UNMIK. 
Podemos aplazar este asunto hasta el mes próximo. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Aprobaciones de la gestión 1998, control presupuestario 
Señor Presidente, Señorías, la tolerancia cero frente al fraude y las demás conductas indebidas constituye una condición previa para la recuperación de la confianza en la función pública europea, así lo expresó el Vicepresidente de la Comisión, Sr. Kinnock, responsable de la reforma de la Comisión, en el Documento de reflexión del 18 de enero de este año. 
La Comisión Prodi ocupó sus puestos en septiembre con esa idea y con el loable propósito de no volver a repetir los errores del pasado; a fin de cuentas, la anterior Comisión cayó hace casi exactamente un año debido a los casos de fraude e irregularidades. 
La Comisión debe estar a la altura de ese propósito y de su evidente obligación, en su calidad de guardiana de los Tratados frente a terceros, de velar por que éstos también se respeten en su propia casa. 
La Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, aplicando este patrón de medida, alcanzó la decisión de recomendar el aplazamiento de la aprobación de la gestión hasta el 15 de mayo de 2000 y pedir a la Comisión que adopte 17 medidas. 
Éstas se refieren fundamentalmente a cuatro ámbitos en los que falta una aclaración, así como el tan citado nuevo inicio. 
En primer lugar, se debe reducir en un grado considerable hasta 2001 el porcentaje de error de más de un cinco por ciento detectado durante varios años sucesivos por el Tribunal de Cuentas y llegar a obtener una declaración de fiabilidad positiva en 2003 a más tardar. 
En segundo lugar, es preciso que se aclaren y se sancionen plenamente los fraudes e irregularidades particularmente escandalosos en relación con los casos Fléchard, ECHO, MED y de los contratos concedidos a científicos invitados. 
En tercer lugar, se debe conceder al Parlamento pleno acceso sin trabas a la información y documentos necesarios para ejercer su actividad de control, tal como ya solicitaba la Resolución sobre la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1997. 
En cuarto lugar, se debe presentar un informe sobre los correspondientes procedimientos disciplinarios y se debe proceder a una reforma a fondo. 
A la comisión no le resultó fácil alcanzar esta decisión, pero finalmente adoptó por una gran mayoría, de 19 votos contra uno, la presente propuesta de resolución. 
El hecho de que los cuatro grandes Grupos hayan alcanzado esta propuesta de compromiso indica claramente que el Parlamento está unido ante un asunto tan importante como este y ha decidido emitir una señal de unidad, más allá de las fronteras partidistas y de eventuales intereses nacionales. 
La Comisión debería sumarse a esta posición unánime si desea mantener su credibilidad en relación con el uso de los fondos de los contribuyentes europeos y el trato democrático con los representantes populares electos de Europa. 
La capacidad de funcionamiento y la integridad de la Comisión como órgano administrativo europeo me preocupa de manera particular justamente en el contexto de la ampliación de la UE, ya que ésta debe tener las manos libres para dedicarse a las tareas de construcción política, sin encontrarse maniatada por campañas de justificación que hacen malgastar tiempo y desgastan los nervios. 
El Parlamento se toma en serio la función de control que le asignan los Tratados. 
Todos los fraudes e irregularidades que se mencionan en la resolución guardan una relación directa con el ejercicio 1998, aunque sus orígenes se remonten en parte a bastantes años más atrás. 
Todas las medidas que se piden pueden cumplirse dentro del plazo fijado. 
Todos los casos están maduros para que se pueda adoptar una decisión. 
Es evidente que no se puede responsabilizar directamente a la nueva Comisión, aunque no todos sus miembros sean nuevos, por la ocurrencia de los casos citados. 
No obstante, es sin duda responsable de la manera en que afronte este lastre del pasado, puesto que una aclaración sin cortapisas ni lagunas de dichos casos le permitirá desmarcarse positivamente de su predecesora. 
La Comisión también debería revisar, además, detenidamente el trato que concede a sus colaboradores, cuyo valor cívico ante las irregularidades sólo merece mi más absoluto respeto. 
A pesar de las incontables declaraciones, todavía no se puede constatar en verdad un nuevo inicio. 
El importante documento sobre la reforma del Comisario Kinnock, al menos en lo que su alcance se refiere, activa algunas señales de alarma justamente en el ámbito del control financiero. 
Una descentralización no se puede traducir en la práctica en la total supresión del control financiero interno. Al contrario, es preciso procurar más bien que la reforma se concentre en los aspectos esenciales y sigue siendo válido el principio que antepone la calidad a la cantidad. 
Yo lo resumiría así: " Ya se han intercambiado suficientes palabras, déjenme ver ahora algunos hechos. 
Mientras ustedes andan a vueltas con los cumplidos, podría suceder algo útil. " 
(Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich auch endlich Taten sehen. Indes Ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehen.) 
Como pueden ver, el viejo Goethe también encontró las palabras adecuadas para describir esta situación. En este sentido, yo concibo la propuesta de resolución como una oportunidad para que la Comisión justifique la confianza que el Parlamento depositó en ella y en su Presidente en el momento de su nombramiento, en septiembre del año pasado, y que volvió a reiterar al adoptar la decisión sobre la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1997. 
La propuesta también se propone ofrecer al señor Presidente de la Comisión, que lamentablemente no se encuentra presente, una señal clara del apoyo del Parlamento, ni más ni menos. 
Yo quisiera dirigir un llamamiento al señor Presidente y decirle que aproveche esta oportunidad y haga uso, en caso necesario, de sus competencias en materia de directivas 
El control del ejecutivo es una competencia central del Parlamento y el control presupuestario es el núcleo central del mismo. 
No obstante, resulta difícil conceder la aprobación de la gestión de un presupuesto que se remonta a dos atrás y del cual, cosa que resulta aún más problemática, no debe responder la actual Comisión, sino su predecesora, una Comisión que se vio obligada a dimitir porque no asumió de manera satisfactoria dicha responsabilidad. 
Nuestra piedra de toque debería ser, por lo tanto, la siguiente pregunta fundamental: ¿cuál es la actitud actual de la nueva Comisión con respecto a la asunción de responsabilidades? 
La aprobación de la gestión del Fondo de Desarrollo constituye un buen ejemplo, a mi parecer. 
Nuestra comisión disponía de información fiable sobre casos que van desde la mala gestión y las irregularidades hasta la sospecha de corrupción. 
Durante largo tiempo, sólo recibimos información insuficiente en respuesta a nuestras preguntas. 
La mayoría de las comisiones decidió aplazar, por consiguiente, la aprobación de la gestión con objeto de poder disponer de mayor información. 
Entre tanto cabe señalar, no obstante, un hecho satisfactorio. 
Ayer establecimos, junto con las y los representantes de la Comisión y de la Comisión de Desarrollo del Parlamento, un plan de acción que se podrá transponer antes del 15 de mayo. 
Por lo tanto, puedo rectificar mi informe en este aspecto, es decir que vamos a sustituir mi informe por dicho plan de acción y proponer que se aplace hasta el 15 de mayo la aprobación de la gestión, a fin de adoptar entonces una decisión sobre la base del informe de la Comisión sobre dicho plan de acción. 
Yo creo que esta evolución indica muy claramente en qué dirección debemos avanzar. 
La Comisión y el Parlamento tienen que colaborar, tienen que mejorar la transparencia en relación con el Presupuesto y con su ejecución. 
Lamentablemente, en mi informe me veo obligada a recomendar otro aplazamiento, que afecta al Comité Económico y Social. 
Se han vuelto a detectar problemas en relación con los gastos de viajes y pagos de dietas del Comité Económico y Social. 
Nuestra comisión dejó pasar más de 15 meses antes de comunicar a la OLAF los casos en los que existían sospechas fundadas de corrupción. 
Por lo tanto, será necesario aplazar la aprobación de la gestión hasta que se disponga de los resultados de la investigación de la OLAF. 
También existe otro problema en relación con el Comité Económico y Social: el de los edificios. 
Todavía estamos pagando el alquiler de los complejos Ardenne y Ravenstein. 
Además, también pagamos el alquiler del complejo Belliard y el Parlamento tiene que pagar su nuevo edificio, lo cual significa que el contribuyente debe pagar en estos momentos los alquileres de tres edificios. 
Queremos presionar en este aspecto a fin de que el traslado del Comité Económico y Social, así como también del Comité de las Regiones, al complejo Belliard se pueda realizar lo más pronto posible. 
No obstante, no proponemos un aplazamiento en este ámbito, sino que esperamos que se podrá alcanzar una solución satisfactoria que nos permita aprobar la gestión relativa a los edificios en el contexto del Presupuesto de 1999, sin que sea necesario seguir presionando. 
Yo quisiera señalar, sin embargo, a propósito de los edificios, que es preciso mejorar la gestión en este aspecto en el ámbito europeo. 
Encontramos problemas análogos en el caso del Tribunal de Justicia Europeo. 
En este caso, el Tribunal de Cuentas elaboró un informe que se tomará en consideración en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión correspondiente a 1999. 
En mi calidad de ponente, yo quisiera proponer que se establezca una mejor colaboración entre las diferentes instituciones de ámbito europeo, que nos permita aprender de los respectivos errores con vistas a una gestión responsable de los fondos del contribuyente europeo también en este aspecto. 
Justamente por mi condición de diputada novel me parece necesario señalar que existen claros déficit en este ámbito. 
Dada la falta de tiempo, voy a exponer el resto de mi informe de manera muy sucinta y concentrada. 
Podemos recomendar la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto relativa al Tribunal de Justicia Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo. 
Ambas instituciones respondieron de manera muy satisfactoria a los comentarios críticos de mi informe y, por consiguiente, consideramos que nuestras preguntas y observaciones han sido atendidas puntual y exhaustivamente. 
Podemos recomendar asimismo la aprobación de la gestión relativa a la Agencia de Dublín y la Agencia de Salónica. 
No obstante, desearíamos que en el futuro se abrevie el procedimiento contradictorio que se sigue en el ámbito de las agencias. 
Acogemos con satisfacción que éstas hayan decidido realizar una evaluación y esperamos los resultados de la misma para diciembre de 2000 a más tardar. 
En resumen, en mi calidad de diputada novel, yo quisiera resaltar una vez más que, a mi modo de ver, el resultado de los trabajos realizados en el contexto de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1998 constituyó un importante paso adelante con vistas a volver a fortalecer la confianza de las y los contribuyentes en las instituciones europeas. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, en los últimos días, poco antes del debate del presente informe, en algunos órganos de prensa se creó la impresión de que necesitamos nos señalen primero desde fuera las carencias de nuestra propia institución, como si el Parlamente midiese por un doble rasero, criticando por un lado enérgicamente a la Comisión, pero cerrando, en cambio, por el otro lado, los ojos ante sus propias deficiencias. 
Yo quiero señalar que no ocurre así en ninguno de ambos casos, y lo digo con toda claridad. 
El proyecto de mi informe se entregó a nuestra comisión en todas las versiones lingüísticas el 10 de febrero de este año y muchas de las deficiencias sobre las que ha informado la prensa, como por ejemplo en el European Voice hace unos 10 días, ya se tratan de manera crítica y abierta en dicho informe. 
No es cierto que haya habido una operación de blanqueo. 
El informe que hoy se presenta ante el Parlamento incluye, además de la descripción de las deficiencias, unas condiciones claras dirigidas a la administración del Parlamento, incluidos unos plazos vinculantes, en las que se especifican las medidas que se deben adoptar para poder solucionar dichas deficiencias. 
Al contrario de lo ocurrido en el procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, no hemos tenido que quejarnos de que no se nos hayan entregado determinados documentos. 
Algunos llegaron quizá con un cierto retraso, pero los recibimos todos. 
Esta es otra diferencia con respecto al procedimiento de aprobación de la gestión. 
Es cierto que en el Parlamento debemos criticar y resolver errores de gestión en determinados ámbitos, pero no tenemos que afrontar ningún lastre antiguo, como pueden ser los casos de fraude. 
Lo digo a fin de resaltar una importante diferencia, ya que desde una parte interesada se ha estado "alimentando" la idea de que- si se midiese por el mismo rasero- el Parlamento debería llegar, de hecho, a la misma conclusión y no estaría autorizado a aplazar, por un lado, la aprobación de la gestión de la Comisión y, por el otro lado, manifestarse dispuesto a aprobar su propia gestión. 
Yo estoy a favor de que se aplique el mismo rasero, pero esto no significa que el resultado deba ser el mismo. 
No deberíamos adoptar una perspectiva estratégica corta de miras y declarar que ahora debemos humillarnos ante quienes han creado la impresión de que deberíamos vestir el sayo de penitentes, simplemente para que nuestra decisión de aplazar la aprobación de la gestión de la Comisión resulte aparentemente más creíble. 
Si así lo hiciésemos, yo les puedo asegurar que el jueves, cuando no haya pasado más de media hora de las votaciones, desde Bruselas hasta Estrasburgo se oirán saltar los corchos de las botellas de champán en muchos despachos bruselenses, donde algunos celebrarán que esta Cámara condicione el contenido de la aprobación de su propia gestión a la variable dependiente de la aprobación de la gestión de la Comisión. 
Si obramos así, ninguna Comisión deberá temer ya durante los próximos veinte años el procedimiento de aprobación de la gestión por parte del Parlamento, sino sólo, como máximo, su despiadado oportunismo. 
Paso a exponer ahora cuáles son las deficiencias que debemos subsanar. 
Tenemos que resolver, por ejemplo, el tema de la tendencia al espectacular incremento del número de contratos directos en relación con las licitaciones públicas. 
En parte, éstos están asociados sobre todo al acondicionamiento de este edificio. 
Tampoco se trata de un procedimiento ilegal de por sí. 
Sin embargo, debemos insistir en la necesidad de que se invierta esta tendencia en aras de una cultura de gestión esmerada. 
No debe arraigar la idea de que este recurso a los contratos directos pueda convertirse en el procedimiento dominante. 
A la larga, esto nos conduciría a aceptar el incremento de los costes de los contratos sin tener la posibilidad de verificar si se podrían abaratar. 
Por esto es necesario que se modifique esta tendencia. 
Como segundo punto, el Parlamento ha perdido en los últimos años varios procesos ante el Tribunal de Justicia Europeo en relación con asuntos de personal y el Tribunal de Justicia se ha manifestado con claridad y dureza. 
Éste ha señalado de manera inequívoca que se han incumplido algunos de nuestros propios criterios de licitación, públicamente establecidos con anterioridad, con objeto de aupar a determinadas personas a dichos puestos. 
Desde el Parlamento y en nuestra calidad de diputados debemos velar por que semejante hábito no arraigue en nuestro propio aparato. 
Tenemos que procurar que nuestros colaboradores y colaboradoras mantengan su motivación, y que puedan tener la seguridad de que las promociones y nombramientos se regirán por los servicios prestados y las cualificaciones y no por el nepotismo. 
Otro punto importante es el relativo al tema de los edificios, que ya se ha mencionado. 
Hemos podido constatar que el Parlamento se encuentra en una situación sumamente difícil, la cual tenemos que agradecer en gran parte al Consejo, que financia sus propias instalaciones con cargo a los costes obligatorios del Presupuesto, pero ha denegado la posibilidad de una financiación directa al Parlamento. 
Yo me opongo- lo digo con toda claridad, a pesar de todas las dificultades que tendremos que superar- a que, además, enviemos una caja de bombones al edificio del Consejo, adornada encima con un lazo, y admitamos que, en efecto, reconocemos que todos los procedimientos plantean problemas jurídicos. 
Hemos recibido toda clase de documentos al respecto. 
A quien todavía tenga problemas, yo le recomendaría que acuda al Tribunal de Justicia Europeo y solicite que éste los aclare, pero por favor que no convierta el Pleno del Parlamento en un seudoseminario, y también debería plantearse qué sentido tiene desde un punto de vista político que encima le regalemos este bombón al Consejo. 
El tema del inventario ya se ha tratado. 
El Sr. Seppänen se refirió a él ayer. 
En el informe propiamente dicho se exponen las dificultades que se han detectado, el gran número de objetos desaparecidos, robados diría yo, hablando claro. 
Entre tanto el Parlamento ya dispone, a Dios gracias, de un sistema electrónico para realizar el inventario. 
Esperamos que se nos informe sobre cómo está funcionando dicho sistema electrónico. 
Vuelvo ahora al tema de los raseros y los resultados. 
Si la mayoría de esta Cámara decide, no por razones que guarden relación alguna con el presente informe, sino relacionadas en parte con el hecho de que determinados Grupos tienen más basura debajo de la alfombra que otros en relación con el uso de sus fondos y la financiación de los partidos, o sea, si la mayoría utiliza el informe como una prenda, el Parlamento mismo se encontrará en una situación que nos obligará a empezar a preguntarnos a partir de la semana próxima qué futuro puede tener un procedimiento de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Comisión y del Parlamento que se ha convertido exclusivamente en una prenda de manipulaciones y maniobras políticas partidistas. 
Si ese es el caso, ¡ese Parlamento como me interesa! 
. 
(PT) Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam fortaleció considerablemente el sistema de protección de los intereses financieros de la Unión Europea, al reformular y profundizar los dispositivos creados por el Tratado de Maastricht en el nuevo artículo 280. 
Así, además del principio introducido en Maastricht según el cual los Estados miembros están obligados a adoptar medidas análogas a las que adoptan con vistas a combatir los fraudes lesivos para sus propios intereses financieros, en Amsterdam se sumaron dos nuevos elementos: el Parlamento Europeo pasó a contar con un poder de codecisión, por lo que la protección de los intereses financieros de la Comunidad deberá ser efectiva y equivalente. 
Por tanto, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam entraña la aplicación del principio de igualdad de todos los ciudadanos y equivalencia de todos los actos ante la ley en la esfera de la protección de los intereses financieros. 
Señor Presidente, ahora estamos examinando el primer acto legislativo relativo a la prevención del fraude y otras irregularidades desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Se trata de una modificación de un reglamento destinado a prevenir el fraude y otras irregularidades en el ámbito de la Política Agraria Común. 
La PAC llegó a representar un máximo del 87% del gasto comunitario en 1970 y su peso ha disminuido lentamente a lo largo de los tres últimos decenios hasta situarse en el 45% del gasto comunitario en nuestros días. 
Por tanto, es comprensible que la legislación de prevención y lucha contra el fraude se haya desarrollado de forma autónoma en el marco de la PAC y no a partir de normas generales aplicables a todo el presupuesto. 
Hasta hace pocos años la propia represión del fraude en la agricultura, en lugar de correr a cargo del departamento apropiado, la UCLAF, corría a cargo de los propios servicios de la Dirección General de Agricultura. 
Hoy, con el Tratado de Amsterdam en vigor, esa situación ha dejado de ser aceptable. 
No podemos permitir que se siga haciendo la protección de los intereses financieros de la Comunidad conforme a una legislación independiente, inconexa y contradictoria, que trata los diferentes atentados contra los intereses financieros de la Comunidad con arreglo al gasto concreto a que se refieren y no a los principios equitativos. 
En materia de protección de los intereses financieros, hemos de acabar con los compartimentos estancos entre los diversos capítulos del gasto comunitario y velar por que en todos ellos exista un solo peso y una sola medida. 
La reforma de la Comisión no puede seguir entendiéndose como la recitación de tópicos carentes de sentido y debates metafísicos sobre las ventajas y desventajas de diversos modelos de control ex ante y ex post y de descentralización, sino más bien como la determinación de acabar con feudos y capillas burocráticas. 
Por esa razón, proponemos que esta Asamblea solicite la modificación del fundamento jurídico de la reglamentación de la prevención de los fraudes y las irregularidades del artículo 37 por el artículo 280. 
Del mismo modo que la Comisión y todas las instituciones europeas acabaron aceptando y comprendiendo que la lucha contra el fraude tuviera que desarrollarse de forma efectiva y equivalente en toda su acción, al atribuirse la competencia a la OLAF, ahora se trata de que la Comisión acepte que la legislación relativa a la prevención de fraudes e irregularidades tiene que desarrollarse también de forma efectiva y equivalente en estricta observancia del Tratado de Amsterdam. 
Confiamos en que la Comisión acabará estando plenamente de acuerdo con ese principio. 
Señor Presidente, mi informe trata sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y cómo encaja este asunto en el informe de la Sra. Stauner y la aprobación de la gestión. 
Hemos decidido conceder la aprobación de la gestión con tres condiciones y las tres condiciones se explican claramente. 
Esperamos que antes del 15 de agosto los interesados nos faciliten la información solicitada. 
Lo que me parece extraordinario es que este vestigio- lo que queda de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que históricamente fue muy importante, pero que ha dejado de serlo- gestione 2.000 millones de euros. 
Está siendo liquidada y es curioso que un instrumento como éste continúe con ese presupuesto y con una plantilla de 145 personas. 
Creo que semejante instrumento debería ser liquidado cuanto antes de manera que sea incorporado, quizá, en un Banco Europeo de Inversiones reformado: un Banco Europeo de Inversiones que sea transparente y que rinda cuentas debidamente. 
Estas inversiones pueden y deberían hacerlas bancos profesionales en vez de este pequeño negocio que tenemos en la actualidad. 
El número de personas contratadas para la cantidad de fondos invertidos es, también, bastante desproporcionado. 
Espero que esto pueda liquidarse rápidamente y ser incluido en el BEI o en el Fondo Europeo de Inversiones, porque sería una mejor manera de utilizar los fondos y los recursos. 
Esto en lo que respecta al fondo social y de investigación, pero insisto en que estos objetivos estarían mejor atendidos por un banco que encarga a otros bancos la gestión de las inversiones con el fin de obtener los máximos beneficios. 
Espero que las tres condiciones, la aprobación condicional de la gestión y las obligaciones de los interesados de corregir estas condiciones sean tomadas en serio. 
En el pasado hemos descubierto con demasiada frecuencia que no se cumple lo prometido. 
Por tanto, espero que aporten respuestas al Parlamento y a la Comisión de Control Presupuestario. 
Creo que esto es todo lo que debo decir. 
Con estas condiciones, recomiendo a la Asamblea que apruebe la gestión. 
Señor Presidente, Señorías, como ponente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, siento cierta satisfacción al señalar que el Tribunal de Cuentas no ha formulado ninguna crítica sobre la ejecución de los créditos para el ejercicio de 1998 en nuestro sector de competencia. 
Por lo demás, no se me ha presentado ninguna queja por parte de funcionario alguno. 
No he tenido conocimiento de artículo vengador alguno de periodista de investigación ni de una investigación de la OLAF y, por mi parte, no he descubierto ningún caso comprobado de mala gestión, fraude o malversación en nuestro sector. 
En una palabra, por lo que se refiere a la esfera de competencia de nuestra comisión, nadie se opondría a que se aprobara la gestión a la Comisión. 
Expresándome ahora a título personal y en un plano más general, deseo decir que doy mi apoyo a las conclusiones del informe de la Sra. Stauner, encaminado a aplazar la aprobación de la gestión de la Comisión correspondiente al año 1998. 
El primer derecho de los ciudadanos es el de que su dinero sea gestionado y gastado correctamente y, mientras no haya quedado claramente demostrado, no se debe conceder la aprobación de la gestión. 
No obstante, deseo hacer dos consideraciones. 
No hay que confundir la lucha contra la mala gestión, contra las irregularidades, contra los fraudes, con un arreglo político de cuentas o ataques ad hominem. 
En ese marco hay que evitar que se instaure un clima de venganza política entre las principales instituciones de la Unión. 
Segunda consideración: en mi opinión hay que ser tan implacable con uno mismo como con los demás y a ese respecto me pregunto por el efecto, que preveo desastroso, del aplazamiento de la concesión de la aprobación, por una parte, cuando el Parlamento se concede la aprobación a sí mismo, pese a los problemas de gestión que reconoce, y los Grupos políticos se rocían con agua bendita a propósito de su propia gestión. 
Personalmente, me inclino por adoptar una actitud más crítica para con nosotros mismos. 
Señor Presidente, estimados colegas, los gastos de investigación representan prácticamente la tercera parte del presupuesto de la política interior. 
Por eso mismo, la Comisión de Industria considera sumamente prioritario que el Tribunal de Cuentas estudie detenidamente la legitimidad y la licitud de los pagos efectuados en el ámbito de la investigación. 
La Comisión de Industria lamenta que se produzcan irregularidades en una tercera parte de los casos. 
La mayoría de las veces la Comisión Europea pagaba demasiado porque los beneficiarios declaraban gastos no susceptibles de subvención. 
Además, la falta de control por parte de los servicios de la Comisión y la ausencia de multas contractuales por presentar notas de gastos desorbitadas dieron lugar a una facturación engrosada deliberadamente en poco menos de la tercera parte de los pagos. 
¿Cómo piensa la Comisión afrontar este problema? 
¿Ha adoptado la Comisión alguna vez medidas jurídicas al respecto? 
¿Acaso tiene previsto hacerlo? 
Quisiera obtener una respuesta a estas preguntas. 
El éxito y la utilidad de los programas de investigación son incuestionables. 
Sin embargo, una eficaz ejecución de los mismos requiere que las diferentes direcciones generales lleven a cabo una mejor gestión y coordinación así como un control más estricto. 
La Comisión de Industria también considera enormemente importante que las tareas de gestión financiera sean realizadas por funcionarios que asuman ante la institución la plena responsabilidad de los trabajos efectuados. 
Si el dinero empleado procede de Bruselas, la responsabilidad ha de residir en Bruselas y no en los proveedores de servicios externos. 
Bajo estas condiciones estamos dispuestos a conceder la aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, dos corazones laten en mi pecho. 
El uno quisiera y sin duda también debería recomendar la aprobación de la gestión de la Comisión, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, habida cuenta del porcentaje satisfactorio de ejecución de las líneas presupuestarias de nuestra competencia y a pesar de las numerosas observaciones críticas. 
El otro no puede recomendar, en realidad, la aprobación de la gestión a la vista de los sucesos no aclarados dentro de la Comisión, que han generado un lastre que amenaza la existencia de los promotores de proyectos regionales y por cuya aclaración vengo luchando desde hace meses en mi calidad de representante de mi región. 
No basta con que la Comisión actual reconozca los errores de la anterior Comisión, pero no consiga encontrar ninguna vía para su solución. 
No obstante, este no es, sin duda, el momento para estas reflexiones personales. 
Permítanme, más bien, que señale, en mi calidad de representante y ponente de opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, los siguientes hechos que han sido objeto de una valoración crítica. 
En primer lugar, nuestra comisión constata que sigue pendiente el cierre de algunas medidas anteriores a 1989. 
En segundo lugar, las anomalías constatadas por el Tribunal de Cuentas están relacionadas sobre todo con errores en las declaraciones de gastos suscritas por los Estados miembros. 
En este aspecto, una pequeña parte de responsabilidad indirecta recae sobre la Comisión, que debería haber adoptado una normativa más clara sobre las ayudas y la subvencionabilidad de los gastos. 
En tercer lugar, constata el retraso de los pagos por parte de la Comisión, que genera inseguridad para el ciudadano y tiene en parte consecuencias ruinosas, motivado bien por los errores y la ineficacia de las estructuras burocráticas y por maniobras de ocultación, bien como resultado de la reducción de los créditos de pago por parte del Consejo. 
Debemos acoger con satisfacción el aplazamiento de la aprobación de la gestión por un plazo limitado, vinculado a unas condiciones, que solicita la Sra. Stauner. 
Personalmente, yo desearía disponer en el futuro de mayores posibilidades de control cualitativo y sobre el terreno sobre la utilización de los recursos presupuestarios de la UE. 
Señor Presidente, Señorías, hoy se debate por segunda vez en el curso de este año la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto de un ejercicio ya pasado. 
Ustedes aprobaron hace dos meses y medio la gestión correspondiente al ejercicio 1997 y vincularon dicha aprobación a un gran número de exigencias de muy amplio alcance dirigidas a la Comisión, que representaron un impulso y un estímulo muy potentes para la reforma de la Comisión y han quedado incorporadas en su Libro Blanco. 
En nombre de la Comisión, yo quiero volver a expresarles mi agradecimiento, sobre todo a la ponente en aquella ocasión, Sra. van der Laan, y también al ponente encargado de la reforma, Sr. van Hulten. 
Hoy se debate la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1998. 
De conformidad con el Tratado europeo, al Parlamento le corresponde examinar, con ese fin, la contabilidad y los balances financieros, así como el informe anual del Tribunal de Cuentas, junto con las respuestas de los correspondientes órganos controlados. 
En su informe correspondiente al ejercicio 1998, presentado en noviembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas otorgó a la Comisión una declaración de fiabilidad en el ámbito de los ingresos y también en la gestión de los créditos de compromiso. 
El Tribunal de Cuentas no dirigió a la Comisión ningún certificado de censura en cuanto a la legitimidad o la legalidad de la ejecución de los pagos. 
El Tribunal de Cuentas juzgó que el porcentaje de errores o insuficiencias constatados era demasiado alto. 
En mi calidad de Comisaria responsable de los presupuestos, yo comparto por completo la opinión de que las insuficiencias en la gestión del presupuesto son sencillamente inaceptables en determinados ámbitos. 
Por esto, adopté de inmediato, con mis servicios, la iniciativa de elaborar un plan de acción que establezca medidas concretas para cada sector sobre la base de un calendario concreto, a fin de reducir el número de errores detectados. 
Casi un 90% de los errores constatados y estimados por el Tribunal de Cuentas corresponden a los Estados miembros. 
En efecto, la administración de Bruselas no ejecuta directamente la mayor parte de los pagos con cargo al presupuesto de la UE, sino que éstos se realizan a través de las unidades administrativas de los Estados miembros. 
Esta descentralización de la ejecución del presupuesto tiene muchísimas ventajas, pero por el otro lado exige, naturalmente, una cooperación muy buena y muy estrecha. 
El Sr. Kuhne, en su calidad de ponente competente para las medidas del SEM 2000 y la gestión descentralizada, ha examinado detenidamente estas cuestiones y yo le agradezco el trabajo que ha realizado en este ámbito. 
El Consejo incluyó el tema de la gestión compartida (shared management) en su debate sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del Presupuesto de 1998- el Consejo recomendó la aprobación de la gestión de la Comisión- y se propuso que los Estados miembros quizá también deberían marcarse un objetivo con vistas a reducir las deficiencias en la ejecución de los créditos de la UE; una propuesta muy interesante. 
La Comisión va a intensificar sus esfuerzos para formular también de manera más manejable la normativa financiera aplicable a las administraciones de los Estados miembros y para poner a su disposición asesoramiento e información, sobre todo sobre los sistemas de control, o para aplicar, en caso necesario, las correcciones financieras en las restituciones a los Estados miembros como una palanca monetaria, como sucede en el caso de la agricultura. 
El hecho de que la proporción de errores en los gastos agrícolas sea, por ejemplo, muy inferior a la que se da en los Fondos estructurales quizá se explique también por el uso de dicho instrumento de las correcciones financieras. 
Mi colega Franz Fischler lo expondrá más ampliamente en seguida; no obstante, yo quisiera expresar en este contexto mi agradecimiento al Sr. Casaca por su informe y mi gran respeto al Sr. Mulder por el suyo. 
El Tribunal de Cuentas no formuló ninguna observación crítica en relación con el Presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y yo quiero agradecer al ponente, Sr. Khanbhai, el informe que acaba de presentar. 
El Tribunal de Cuentas emitió asimismo una declaración de fiabilidad en relación con la gestión en la ejecución del presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo, si bien también con algunas observaciones críticas. 
En conjunto, en el caso del fondo se constató una clara reducción de la proporción de errores en comparación con los años anteriores. 
Esto no constituye, sin embargo, de ningún modo un motivo para que la Comisión pueda darse por satisfecha. 
Al contrario, la Comisión también desea conseguir resultados más satisfactorios en relación con este instrumento tan importante para la política de desarrollo y esto afecta sobre todo a la rapidez de las ayudas. 
Usted ya lo ha señalado, Sr. van den Berg. 
Ese es también el deseo de la ponente competente para este ámbito y yo quiero agradecerle muy sinceramente, Sra. Rühle, la buena disposición que ha demostrado al incorporar los argumentos de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y también los de la Comisión en su informe y con la propuesta de un plan de acción, y agradecer asimismo en este contexto los trabajos previos realizados por el Sr. Blak en este ámbito. 
En la Unión Europea, las competencias legislativas, presupuestarias y de control de las distintas instituciones se solapan de manera más marcada que en los Estados miembros. 
La colaboración es, por lo tanto, imprescindible para el buen funcionamiento de la política europea, y su requisito previo es un reparto claro y fiable de los papeles. 
De ahí la extraordinaria importancia de las actuales conversaciones y negociaciones entre el Parlamento y la Comisión sobre el Acuerdo, que también incluye el tema del acceso a informaciones fiables y su utilización. 
En este contexto le corresponde cumplir un papel de una gran responsabilidad a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato. 
A todos nos interesa que estas negociaciones ojalá se cierren muy pronto con un resultado que haga posible desarrollar una buena política y una buena cooperación justamente en relación con temas tan importantes como el de la aprobación de la gestión. 
La Comisión se ha comprometido a garantizar la transparencia y la publicidad. 
Este compromiso no es una fórmula vacía para la Comisión. 
Por esto, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, he remitido a la Comisión de Control Presupuestario y a la ponente todos los informes de auditoría confidenciales solicitados. 
Por esto, la Comisión ha respondido también exhaustivamente a los cuestionarios presentados, aunque esto se apartase de la práctica anterior en materia de información. 
La Comisión no tiene nada que ocultar y esta Comisión considera que es su deber apoyar plenamente al Parlamento en el cumplimiento de sus obligaciones. 
No obstante, necesitamos un procedimiento que preserve la confidencialidad de la información y sobre todo que salvaguarde el principio constitucional que excluye la condena anticipada de las personas. 
Dicho principio también se debe aplicar al personal de la Comisión, así como a los miembros de las demás instituciones europeas y a todos los ciudadanos y ciudadanas. 
En el informe adoptado por la Comisión de Control Presupuestario se pide a la Comisión que responda a diversas preguntas y adopte medidas directas antes del 15 de mayo. 
Yo quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión de Control Presupuestario por esta resolución y también por la exigencia temporal vinculada a la misma. 
Una parte de los puntos se refieren a la actuación con respecto a los llamados casos antiguos, o sea, la ocurrencia de irregularidades o las sospechas de fraudes correspondientes a años anteriores. 
En este contexto, yo quiero manifestar con toda claridad que la Comisión está haciendo todo cuanto le permiten sus posibilidades de actuación para combatir el fraude, no sólo con vistas al futuro, sino también en lo que se refiere a la aclaración de los casos pasados. 
Esta Comisión no tiene ningún temor a que se descubra nada. 
Así lo demostró cuando remitió a los tribunales los documentos sobre el llamado caso Cresson/Barthelot, con la incoación de procedimientos disciplinarios, con la suspensión de la inmunidad de un antiguo miembro de la Comisión, con la lógica apertura del acceso a los locales de la Comisión a los jueces de instrucción y al exigir la devolución de los recursos de la UE desembolsados. 
Sin embargo, vuelvo a repetirlo, la Comisión debe cumplir los principios del Estado de Derecho, lo cual significa que, obviamente, no puede influir sobre los procedimientos judiciales, aun cuando resulte insatisfactorio que en el caso de ECHO, por ejemplo, los tribunales correspondientes, a los que se remitieron hace tiempo los expedientes, todavía no hayan adoptado ninguna medida. 
Esto también significa, empero, que el principio de la proporcionalidad de las sanciones y las exigencias de devolución del dinero debe prevalecer también en las exigencias que se impongan a la Comisión o las devoluciones que se exijan a través de los Estados miembros. 
El Tribunal de Justicia Europeo volvió a expresarlo claramente en su sentencia más reciente, de unas semanas atrás, por la que reduce a la mitad o incluso suspende las multas en el caso del cártel del cemento. 
Mi colega Franz Fischler va a responder de inmediato con mayor detalle a las preguntas de la Comisión de Agricultura en relación con la aprobación de la gestión. 
Yo también quisiera señalar, no obstante, en este contexto que yo no interpreto cada carta que indica a la Comisión que una determinada medida suya podría hacer quebrar a la empresa o destruir puestos de trabajo como un intento de intervención ilegal, tanto si las cartas proceden del Parlamento como de un Estado miembro, y tanto si proceden de Francia o Italia como de Baviera. 
Evidentemente, estas decisiones deben adoptarse de conformidad con unas normas claras y de manera transparente justamente cuando existe un margen de discrecionalidad. 
Yo voy a procurar que estas normas también queden claras en el marco del Reglamento Financiero. 
La Comisión va a tomar, evidentemente, en consideración con toda precisión las recomendaciones y las averiguaciones del Tribunal de Cuentas en el contexto de la investigación del llamado caso Fléchard, y yo sólo puedo decirles que por mi parte agradezco mucho que el Tribunal de Cuentas se haya hecho cargo de esta tarea. 
Ahora mismo todavía no puedo responder de manera detallada a los diferentes puntos concretos de la resolución. 
Sin embargo, la Comisión comunicará de inmediato su petición a la OLAF y ya he dado los primeros pasos para ofrecer una aclaración en lo que se refiere a la encuesta administrativa. 
En la resolución insisten ustedes, como primer punto, en la reducción del porcentaje de error en la ejecución del presupuesto. 
Yo puedo asegurarles que la Comisión en verdad desea alcanzar plenamente dicho objetivo. 
Por esto presentamos el plan de acción, en el que se especifican medidas concretas con unos plazos concretos. 
Por esto vamos a redactar totalmente de nuevo el Reglamento Financiero y en breve voy a informar al Parlamento al respecto. 
Por esto se está reforzando la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 
Por esto la Comisión ha iniciado la reforma de toda la gestión financiera, con una intensificación la responsabilidad de todos cuantos manejan el dinero de los contribuyentes europeos, con una mejora de la eficacia y con el objetivo claro de restablecer la confianza en las instituciones europeas. 
La Comisión va a dar todos los pasos necesarios para que la reforma sea un éxito y sería bueno que todas las instituciones europeas se mostrasen abiertas a unas reformas parecidas. 
Señor Presidente, Señorías, yo voy a limitar mi intervención a los llamados informes Mulder y Casaca. 
Sr. Mulder, permita que le manifieste, ante todo, en nombre de la Comisión, mi más sincero agradecimiento por su informe sobre la concesión de la aprobación de la gestión a la Comisión en lo que se refiere a las decisiones sobre la liquidación de cuentas de la Sección Garantía del FEOGA para los ejercicios 1993, 1994 y 1995. 
El contenido del informe apunta en el sentido de que en la liquidación de cuentas de la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía para la Agricultura se ha realizado un buen trabajo. 
Así se desprende de las correcciones financieras que se mencionan en el punto 1. 
Yo lo acojo como un cierto reconocimiento, pero también como un mandato de que se haga todavía un mayor esfuerzo en el futuro. 
También quiero manifestar expresamente mi acuerdo con el punto 4. 
La fecha de abril de 2002 es imprescindible para poder garantizar finalmente el pleno funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Control en todos los Estados miembros. 
Éste es también la condición previa necesaria para poder reducir todavía más el porcentaje de errores. 
En relación con el tema de la creación de una base de datos que recogiese todos los pagos realizados a los beneficiarios finales, yo quisiera señalar lo siguiente: la relación entre la Política Agrícola Común y los beneficiarios finales tiene lugar actualmente a través de los organismos pagadores autorizados de los Estados miembros. 
Éstos disponen de los datos completos sobre todos los beneficiarios finales a los que, naturalmente, también tienen acceso sin restricciones los servicios de la Comisión. 
No obstante, yo quiero resaltar que la Comisión misma no necesita disponer de una base de datos centralizada para ejercer sus tareas de control. 
Por consiguiente, yo propongo que se reflexione si no sería conveniente realizar un análisis de la relación costes-beneficios. 
En estos momentos se está examinando mediante un estudio la posibilidad técnica de crear una base de datos centralizada que recoja todos los pagos y, por lo tanto, también los beneficiarios finales. 
Aunque esto no sea jurídicamente obligado, evidentemente podría facilitar algunos pasos, y no sólo a la Comisión, sino también al Tribunal de Cuentas o a la OLAF. 
La Comisión es consciente de que, en relación con este tema, para el Parlamento Europeo también tiene un peso el deseo de conocer los nombres de los receptores de los montantes más altos de subvenciones. 
Yo debo recordarles, no obstante, que la protección de datos a escala de la Unión y de cada Estado impide hacer pública dicha información, aun suponiendo que ello fuese técnicamente posible. 
Por lo que respecta al personal de la unidad responsable de la liquidación de cuentas, puedo confirmarle, Sr. Mulder, que sólo falta publicar la oferta de las plazas de los nuevos jefes de unidad. 
Los procedimientos de contratación para los otros seis puestos se completarán en breve o ya se han completado. 
En cuanto al órgano de conciliación al que se refiere el punto 16 del informe, éste constituye una de las medidas destinadas a garantizar que los esfuerzos para agilizar el procedimiento no mermen la calidad del examen de la documentación. 
No obstante, sólo se trata de un asesoramiento. 
Las decisiones las adoptará en cualquier caso la propia Comisión. 
También puedo asegurarle que se están comprobando escrupulosamente las restituciones y las medidas de apoyo para el lino y el cáñamo. 
Entre otras cosas, se ha procedido a la rectificación de las restituciones correspondientes a los ejercicios 1994-1998 por un montante total de 249,8 millones de euros. 
Sin embargo, antes de poder introducir nuevas correcciones para los ejercicios siguientes, primero debemos realizar las visitas de inspección programadas. 
Antes de acabar, permítanme que añada algunas observaciones sobre la declaración de fiabilidad. 
En la resolución se propone que se elabore una declaración de fiabilidad independiente para el FEOGA y sus sectores respectivos. 
Esta propuesta va dirigida, naturalmente, en primer lugar al Tribunal de Cuentas. 
La Comisión toma nota de ella con interés. 
Un primer paso en este sentido sería, sin duda, la elaboración de una declaración de fiabilidad para los diferentes ámbitos de las políticas, o sea, una declaración independiente para el Fondo Agrícola, otra para los Fondos estructurales, etc. Esto ya permitiría mejorar considerablemente dicho instrumento. 
En este contexto, yo también quisiera agradecer, finalmente, la buena colaboración de la Comisión de Control Presupuestario en la elaboración del informe. 
A continuación, voy a comentar muy brevemente el informe del Sr. Casaca. 
También quiero agradecerle muy sinceramente su informe, Sr. Casaca. 
De conformidad con el Reglamento nº 723/97 del Consejo, la Comunidad contribuye a financiar los gastos en que incurran los Estados miembros en el contexto de la ejecución de nuevos programas de acción aprobados por la Comisión, como resultado de nuevos compromisos de la Comunidad, destinados a mejorar la estructura o la eficacia del control de los gastos de la Sección Garantía del FEOGA. 
Además también se prevé la contribución de la Comunidad en aquellos casos en los que la Comisión exija a los Estados miembros que efectúen un porcentaje de control adicional superior al mínimo fijado en los Reglamentos. 
Por lo que se refiere a las enmiendas, yo quisiera manifestar lo siguiente. Lamento tener que decir que la Comisión no puede aceptar la enmienda 1, puesto que en ella el ponente propone la modificación del fundamento jurídico del Reglamento, que pasaría de ser el artículo 280 en lugar del artículo 37. 
La Comisión considera, no obstante, que el artículo 37 del Tratado es el fundamento jurídico adecuado, puesto que el objetivo más importante de la propuesta es la protección frente a las irregularidades en los gastos correspondientes a la Sección Garantía del FEOGA. 
En cuanto a la enmienda 2, la Comisión no puede aceptar la parte correspondiente al segundo apartado del artículo 5a, que hace referencia a los costes administrativos y de dotación de personal en que incurra la Comisión al gestionar dicho régimen. 
Si bien comparto la idea que inspira la propuesta, esto es, el objetivo de garantizar que la Comisión disponga de recursos suficientes para cumplir sus tareas, la enmienda confunde los costes administrativos y de personal de la Comisión, que se deben cubrir exclusivamente con cargo a la Parte A del Presupuesto, con los costes operativos incluidos en la Parte B. Esto no es admisible para mí. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, distinguida Sra. Schreyer, apreciado Sr. Fischler, ante todo, quiero señalar de antemano que el aplazamiento de la aprobación de la gestión no se debe considerar equivalente a su denegación, como se está dando a entender erróneamente de manera reiterada. 
Por otra parte, la concesión de la aprobación de la gestión es un asunto serio, cargado de consecuencias, ya que la instancia controladora se hace responsable con ello de que todas las actividades y gestiones financieras realizadas por el controlado se han desarrollado conforme a la norma desde el punto de vista jurídico, económico y político. 
Esta responsabilidad del Parlamento ante el ciudadano y el contribuyente europeo tiene mucho peso. 
Por esto, no se puede degradar la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto a la categoría de un ejercicio rutinario anual más bien penoso y yo lamento que el Presidente de la Comisión no pueda estar presente hoy aquí. 
Al contrario, es preciso proceder a una verificación detallada a la vista de todas las fuentes de información relevantes y a una evaluación escrupulosa de los resultados. 
Así lo hemos hecho en la Comisión de Control Presupuestario durante las pasadas semanas. 
La ponente, Sra. Stauner, al igual que los autores y autoras de los demás informes sobre la aprobación de la gestión y documentos de trabajo, a quienes felicito por su tarea, se han basado en primer lugar en el informe anual y los informes especiales del Tribunal de Cuentas, pero también en las respuestas de la Comisión. 
Por otra parte, la aportación de la información y documentos requeridos por parte de la Comisión ha sido escasa o incluso nula, a pesar de la gran cantidad de papel, y lamentablemente sin respuestas claras a las preguntas planteadas. 
El hecho de que la Comisión, además, haya criticado luego en una carta de queja los cuestionarios y los documentos de trabajo de los miembros de la Comisión de Control Presupuestario indica que algo no marcha en el intercambio de información entre controlador y controlado. 
Es preciso superar cuanto antes esta traba. 
Estamos en ello; la Sra. Schreyer también lo ha señalado ya. 
Sin embargo, yo les advierto que la Comisión está rondando a ciegas la misma trampa en la que cayó su predecesora. 
De conformidad con el artículo 276 del Tratado, el Parlamento y la comisión designada por éste tiene derecho a obtener toda la información y los documentos que requiera y solicite para preparar la aprobación de la gestión. 
Esto también incluye la resolución de los casos antiguos. 
La ponente cita cuatro casos a modo de ejemplo. 
A la lista se podrían añadir otros, que la Comisión lamentablemente no nos ha remitido aún, a pesar de que en la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1997 se fijó la fecha de marzo de 2000. 
También en este caso, la Comisión interpreta mal nuestro interés fundamental. 
La ponente y la Comisión de Control Presupuestario no hacen responsable de ningún modo a la actual Comisión, como tal, de las lamentables irregularidades de los años anteriores. 
No obstante, no quedó todo resuelto con la dimisión de la anterior Comisión. 
Al contrario, la nueva Comisión conocía perfectamente todos los reproches pendientes ya antes de ocupar sus puestos y se comprometió a garantizar la transparencia y a asumir la responsabilidad. 
A mi modo de ver, esto significa que debe aclarar por completo los casos antiguos y remitirlos a los tribunales cuando sea procedente. El encubrimiento o la ocultación no son una solución. 
La solución reside, por el contrario, en la voluntad de extraer consecuencias de los desagradables sucesos ocurridos en el pasado a fin de que en el futuro no se pueda repetir nada parecido. 
Esto abarca desde unas disposiciones precisas en materia de archivo, de manera que los documentos no desaparezcan sin más, hasta una reforma a fondo del procedimiento disciplinario, y muchas cosas más. 
Bajo este prisma se va a examinar también el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión que ha presentado el Sr. Kinnock. 
En el informe de la Sra. Stauner se enumeran nuestras exigencias a corto plazo, en forma de unas condiciones que todos consideramos que se pueden cumplir para la fecha fijada. 
Nuestra comisión las debatió durante varias sesiones y finalmente las adoptó con un voto en contra. 
La ponente merece un especial agradecimiento en este contexto, por su integridad, por un lado, pero por el otro lado, también por su gran voluntad de compromiso. 
A nuestro parecer, uno de los objetivos más importantes que debe alcanzar la Comisión es una clara reducción del porcentaje de errores, que sigue siendo superior al 5%. 
Desde luego, tengo presente, Sra. Schreyer, que usted ha presentado un plan de acción. 
Sin embargo, el alto porcentaje de errores se ha mantenido invariable desde hace cinco años. 
Tendremos que debatir esta cuestión. 
También sabemos que la mayoría de los errores tienen lugar en los Estados miembros y nuestra comisión está dispuesta a tratar también con ellos este tema. 
No obstante, a nuestro modo de ver y de conformidad con el Tratado, la responsabilidad de la ejecución del presupuesto general recae sobre la Comisión. 
Las excusas y las promesas ya no sirven. 
Necesitamos pruebas claras de enmienda. 
Hechas todas estas consideraciones, para mí subsiste el hecho de que necesitamos una Comisión fuerte, con capacidad de actuar, que colabore abiertamente con el Parlamento y ponga a su disposición toda la información necesaria y que éste le solicite. 
Ahora nos proponemos dar un impulso en esta dirección mediante la presión del aplazamiento de la aprobación de la gestión; sin embargo, se trata de una presión constructiva. 
Con ello le ofrecemos, en efecto, a la Comisión la oportunidad de subsanar lo más pronto posible unas deficiencias, debidas a la lentitud, la inercia o también a una falta de voluntad, a fin de que el Parlamento pueda conceder muy pronto- y yo espero que pueda ser aún antes de las vacaciones de verano- la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1998. 
Yo creo que el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, debería hacer avanzar con firmeza a su equipo en esta dirección, con el fin de mejorar un poco más la transparencia en Europa. 
Señor Presidente, no soy el primero en resaltarlo: a raíz de los acontecimientos del año pasado esta Comisión tendrá que tenerlas todas consigo si pretende ignorar el contenido de las resoluciones de este Parlamento. 
Al comienzo de este primer debate me limito a decir que la Comisión hará bien en estudiar minuciosamente todos los puntos y comas de las resoluciones, porque esta vez va en serio. 
Por lo que al informe Steuner se refiere el Grupo Liberal está dispuesto a respaldar la resolución de transacción. 
Somos partidarios de que antes del 15 de mayo la Comisión presente un informe detallado que incluya todos los puntos exigidos por nosotros. 
Esperamos con la Sra. Theato que la cuestión quede zanjada antes del verano. 
Sin embargo, debo añadir que nosotros como Grupo apreciamos menos la exposición de la ponente acerca de su propia resolución. 
Ya se mencionó anoche. 
A nuestro modo de ver, la exposición debe reflejar la resolución en sí sin que trasciendan otros temas. 
A continuación comentaré brevemente el informe del Sr. Kuhne. 
Nosotros también sentimos respeto y admiración por la forma en que el Sr. Kuhne ha elaborado su informe. 
De hecho, antes de criticar a la Comisión hemos de poner orden en nuestro propio Parlamento. 
Resulta difícil controlar a los demás mientras nosotros mismos no gocemos de una reputación impecable. 
Creo asimismo que los servicios administrativos del Parlamento harían bien en respetar rigurosamente las numerosas fechas y plazos mencionados en el informe Kuhne. 
Volvamos ahora sobre el informe Stauner y algunos puntos en él planteados. 
En breve el Tribunal de Cuentas publicará un informe sobre el denominado caso Flechard. Esta asunto ha dado lugar a especulaciones de todo tipo en los medios de comunicación, en este Parlamento, etcétera. 
Aunque no podamos anticiparnos al informe, algunas cosas ya están claras, independientemente de las actividades fraudulentas en sí. 
En primer lugar me pregunto cómo se explica que las cuatro direcciones generales o directores competentes perdieron justamente los documentos relacionados con el caso. 
Los documentos desaparecieron en todas partes al mismo tiempo. 
La gran pregunta que hacemos a la Comisión es: ¿Qué medidas ha adoptado al respecto? 
En segundo término, queremos que nos aclare el concepto de la proporcionalidad. 
¿Es necesario que las grandes empresas paguen multas superiores a las que han de pagar las pequeñas empresas? 
En tercer lugar, nos preguntamos hasta dónde llega la responsabilidad de los Comisarios. 
¿Hasta qué punto se permite a los funcionarios adoptar decisiones propias? 
En todos los ámbitos esta Comisión tendrá que hacer frente al problema de que el margen de error es demasiado elevado. 
No basta decir que es preciso disminuirlo. 
Necesitamos un plan por fases. La Comisión debe marcarse como objetivo que en el año equis el margen de error habrá de situarse en un nivel determinado. 
De este modo, el Parlamento sabrá a qué atenerse y la Comisión podrá perseguir una finalidad concreta. Ello redundará en beneficio de nuestra credibilidad ante la opinión pública. 
A fin de cuentas, es eso lo que importa. 
Se trata de preservar el ideal europeo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, yo también quiero insistir una vez más en que el aplazamiento no se debe equiparar con una denegación. 
¡Al contrario! 
Ninguna maniobra de política partidista ha inspirado a nuestra comisión, que alcanzó un amplio consenso de todos los Grupos con un solo voto en contra. 
Apreciamos buenos inicios en la nueva Comisión, pero el tema es la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1998 y ésta es algo que tenemos que tomarnos muy en serio. 
Tenemos que recuperar la pérdida de confianza en las instituciones europeas entre la opinión pública de Europa. 
Tenemos que restablecer la confianza y esto significa que nuestra comisión debe revisar con mirada crítica el presupuesto de 1998. 
No se trata de minimizar los problemas ni tampoco de alentar el sensacionalismo; más bien era necesario que ejerciésemos una presión positiva y nosotros concebimos nuestra decisión como una oportunidad, no como un castigo. 
El rasero que hemos aplicado ha sido la manera de afrontar las responsabilidades, la transparencia, una respuesta abierta frente a las deficiencias y los errores. 
Confiamos en que el plan de acción de la administración pueda contribuir a mejorar la gestión a partir de ahora. 
En cualquier caso, consideramos que también se deben aplicar los mismos criterios al Parlamento y, en este sentido, mantenemos una opinión totalmente contraria a la del Sr. Kuhne, cuyo informe crítico acogemos con satisfacción. 
La crítica es, no obstante, una cara de la cuestión; la otra es una actitud consecuente, y nosotros esperamos que el aplazamiento de la decisión obtenga también un respaldo mayoritario en el Parlamento, con la clara condición de que la administración del Parlamento deberá presentar también un plan de acción para mejorar su gestión. 
Esto afecta al tema de los contratos, al tema de los edificios y al tema del personal. 
Somos conscientes de las presiones de tiempo que han intervenido hasta el momento de la aprobación de la gestión. 
El informe interno del Interventor se presentó, por ejemplo, relativamente tarde. 
Al parecer no fue posible presentar el citado plan de acción antes de la decisión de hoy. 
No obstante, justamente por este motivo, nosotros pedimos al Parlamento que se pronuncie a favor de un aplazamiento, con objeto de que todavía se pueda elaborar conjuntamente un plan de acción para el 15 de mayo. 
Consideramos que esto también constituye una gran oportunidad para que el Parlamento recupere la confianza y deje claro que se toma en serio su propia administración y las deficiencias de la misma. 
Me veo obligada a recordar de nuevo otra cuestión, puesto que el Sr. Kuhne también ha dado a entender que los Grupos políticos podrían tener un interés encubridor. 
En mi calidad de nueva tesorera de Los Verdes, yo sólo puedo manifestar que en noviembre-diciembre ya acudí tanto a la administración como al Tribunal de Cuentas y les indiqué que al tomar posesión de mi puesto había detectado algunos errores en la gestión financiera, que había habido errores de gestión, que voy a trabajar para resolver estos errores durante el próximo trimestre, que estoy a favor de una mayor transparencia y publicidad en este ámbito, y que tenemos que ocuparnos urgentemente del tema de la financiación de los partidos políticos europeos, para poder invalidar así la acusación de financiación indirecta de los partidos que se formula con razón contra el Parlamento. 
Necesitamos unos criterios claros y unas directrices claras. 
Es preciso acabar con las zonas grises en el ámbito europeo, pues todos sabemos que éstas siempre pueden ser y son un terreno de abusos, y por consiguiente pedimos transparencia y publicidad. 
Transparencia y publicidad significa- y este es mi claro toque de atención- que debemos medir por el mismo rasero a todas las instituciones. 
Deberíamos pronunciarnos a favor de un aplazamiento en todos los casos en los que consideremos que se puede elaborar en el plazo de un mes un plan de acción que deje claro ante la opinión pública que nos tomamos en serio nuestros errores y vamos a intentar rectificarlos, e insisto una vez más en que esto nada tiene que ver con un intento de desmantelar instituciones; al contrario, queremos fortalecerlas y queremos restablecer la confianza entre la opinión pública europea. 
Señor Presidente, en el panel indicador pone: "Décharge 1998 COBU". 
Sin embargo, se trata de la COCOBU. 
Quizá convendría rectificarlo y no lo señalo sin motivo, pues el presupuesto y el control presupuestario se confunden a menudo. 
Lo que ahora se debate es, en efecto, el tema del control. 
Difícilmente se pueden confundir, señora presidenta, pero, en todo caso, intentaremos corregirlo en la pantalla. 
Me dicen que hay un número limitado de dígitos para escribirlo. 
Quizás CCB, que es la fórmula que se utiliza en otras instancias, podría ser útil. 
Señor Presidente, la Unión Europea carece de autoridad moral. 
Esto es especialmente problemático en lo que respecta a los asuntos financieros. 
El Parlamento podría tener esa autoridad moral, y tiene voluntad para ello, si lleva a buen término los informes que ahora estamos tratando. 
Pero la credibilidad del Parlamento naufraga en estas materias. 
Para salvaguardar su honor, el Parlamento tendría que aprobar con urgencia el Reglamento de los diputados. 
El Parlamento tiene que investigar las malversaciones de los fondos concedidos a los Grupos políticos. 
Nuestro Grupo no acepta la adopción de subvenciones a los partidos políticos mediante fondos procedentes de la recaudación de impuestos, con el fin de encubrir las malversaciones. 
El Parlamento debe revisar su ineficaz sistema de control en aquellos ámbitos, en cuyo marco se esfuma la propiedad del Parlamento por valor de millones de euros. 
No llego a comprender que el Parlamento deba aprobar la gestión y otorgarse el descargo de la responsabilidad sobre sus actividades precisamente ahora, cuando está a punto de concluirse y publicarse el informe económico-financiero del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas correspondiente al ejercicio de 1998. 
Quiero traer a su memoria lo difícil que le resultó al Parlamento revelar las irregularidades cometidas en la Comisión, basándose en el balance del ejercicio de 1996. 
Les recuerdo cómo los socialdemócratas, más que nadie, defendían a la Comisión del Sr. Santer y cómo nos vimos obligados a pedir las firmas de los diputados en vísperas de la vista de la moción de censura. 
Probablemente tenían razón aquellos diputados que se dedicaron a recolectar esas firmas. 
El balance y los datos sobre las cuentas del ejercicio de 1998 corroboran las conclusiones previas. 
Parece ser que la Comisión del Sr. Santer aprobó un marco de control presupuestario, en el cual las malversaciones de fondos eran posibles. 
En muchos casos, los miembros de la Comisión no incurrieron personalmente en faltas de prevaricación para lucro propio, pero algunos funcionarios sí lo hicieron y siguen ocupando sus cargos anteriores, así que la actual Comisión debe imponer disciplina sobre esos funcionarios. 
Éstos cuentan con el apoyo de unos cincuenta agentes sindicales contratados por la UE para que defiendan a las personas que cometieron irregularidades; se trata de la escolta privada de aquellos funcionarios que actuaron indignamente. 
La mayor parte de los funcionarios de la UE son personas trabajadoras y honorables. 
En este caso particular, hay que aumentar el control, cosa que la Comisión del Sr. Santer no fue capaz de hacer. 
Parece que la Comisión del Sr. Romano Prodi tampoco ha empezado bien sus actuaciones en este sentido y, en particular, el Presidente de la Comisión ha realizado declaraciones, según las cuales los principios de libre divulgación y de transparencia no son muy respetados por la Comisión. 
En cualquier caso, es procedente y conveniente aplazar la aprobación de la gestión en la situación actual. 
Queremos darle a la Comisión la oportunidad de mejorar su modo de proceder y de demostrar que es capaz de desempeñar las funciones que ha heredado de la Comisión precedente. 
La negativa a la aprobación de la gestión es en sí misma el resultado de una situación absolutamente increíble. 
Aunque en este momento no se hable de un rechazo, el aplazamiento es consecuencia de que la Comisión de Control Presupuestario no haya podido obtener datos suficientes a tiempo, de la desaparición de documentos y de que tantas circunstancias de la gestión económica y administrativa sean tan criticables que uno tiene la sensación de estar ocupándose más de una república bananera sudamericana que de una organización europea supranacional. 
Estos resultados increíbles de una cultura administrativa estancada se remontan a 1998 y no son responsabilidad directa de esta Comisión, pero sí es responsabilidad de esta Comisión mostrar que la prevaricación, el fraude y el fraude de mandato que se han producido son verdaderamente cosa del pasado. 
Todavía no hemos tenido pruebas de ello en todos los ámbitos, hemos escuchado evasivas, con frecuencia en un tono de rechazo por parte de la Comisión, como si fuera la Comisión la que tuviera que aprobar nuestra gestión y no al revés. 
Hemos visto una oposición manifiesta a cargar las responsabilidades sobre los funcionarios responsables de situaciones criticables. 
Luego no es que no haya normas, sino que en muchos ámbitos las normas son quebrantadas con total premeditación. 
Es importante como ha dicho muy acertadamente el Sr. Kuhne, que también dirijamos la crítica hacia la propia gestión económica del Parlamento. 
Quiero destacar especialmente la gestión absolutamente inaceptable en materia de obras y la violación de las normas relativas al empleo de los procedimientos de licitación y subasta. 
Uno no puede evitar tener la impresión de que los encargos van a los primos, al tío y a los amigos, algo que justamente debería impedir el procedimiento de licitación. 
De ahí que vayamos a votar en contra de la aprobación de las cuentas del Parlamento para 1998. 
Si no se producen mejoras radicales en la gestión económica, los contribuyentes europeos sabrán reaccionar contra este abuso irresponsable de su dinero. 
La Comisión debe entender que no son los señores feudales de Europa, sino los servidores de los ciudadanos europeos. 
Me gustaría subrayar el amplio consenso existente en la Comisión de Control Presupuestario a la hora de rechazar la aprobación de las cuentas más importantes, y quiero agradecer al Sr. ponente el enorme y sumamente cuidadoso trabajo que ha realizado. 
Y quiero muy especialmente destacar el trabajo sumamente competente de las Sras. Stauner y Rühle, al igual que me gustaría dar las gracias a la Sra. Theato por su dirección tan seria y eficaz de la Comisión de Control Presupuestario. 
La Sra. Theato debe saber que apreciamos su voluntad de llamar a las cosas por su verdadero nombre. 
Señor Presidente, antes de pasar a comentar el informe de nuestro colega Stauner quisiera reiterar lo que se ha venido diciendo aquí. La Comisión Europea realmente merece que el Parlamento Europeo le dé un toque de atención y al menos aplace la aprobación de la gestión 1998. 
Ello sucede en un momento en que en este hemiciclo circula un proyecto de informe del Tribunal Europeo de Cuentas que demuestra que nuestro Parlamento tampoco gestiona como es debido el dinero ganado a duras penas por los contribuyentes. 
Por tanto, de entrada debemos reconocer con toda sinceridad que los reproches que nosotros lanzamos ahora con todo derecho contra la Comisión Europea, mañana pueden ser lanzados contra nosotros con el mismo derecho. 
De ser cierta la información contenida en dicho proyecto de informe, los Grupos políticos no sólo dan muestras de una enorme negligencia sino que, además, cometen prácticas fraudulentas con los muchos millones que son puestos a su disposición Dios sabe por qué razón. 
Los servicios administrativos del Parlamento tampoco se libran. Y que conste que me he expresado en términos suaves. 
Es una cosa más que se añade a las múltiples situaciones que llevan produciéndose desde hace años. Pensemos por ejemplo en el uso francamente descuidado de las remuneraciones que los diputados recibimos fundamentalmente para contratar a colaboradores, o en la política de adquisición de edificios de este Parlamento, que resulta tan extraña que es difícil descartar la idea de un fraude a gran escala. 
En resumen, aunque hoy desempeñemos con razón el papel de acusadores, debemos ser conscientes de que mañana nosotros mismos como Parlamento estaremos sentados en el banquillo de los acusados. 
Sin embargo, estos mutuos reproches no pueden convertirse en motivo o pretexto para que algunos acaben tolerando las mentiras, el fraude y el robo de dinero de los contribuyentes o se absuelva a quienes se han dedicado durante años a estas prácticas y se han enriquecido con ellas. 
Con esto solamente he querido decir que estoy plenamente convencido de que el fraude y la mala gestión son inherentes a aquellos sistemas que carecen de una relación manifiesta entre ingresos y gastos, entre la imposición fiscal, de un lado, y la política financiada por los impuestos recaudados, de otro. A mi modo de ver, se trata de una relación de causalidad. 
Así, por ejemplo, en mi propio país algunos de los proyectos financiados con el denominado dinero europeo no hubieran contado con el apoyo y el entusiasmo de los ciudadanos si éstos hubieran sabido claramente que para ello se utilizaba el dinero de sus impuestos. 
El denominado dinero europeo recibe en todas partes y en todo momento un trato menos correcto que los impuestos que no han dado un rodeo pasando por Europa. 
Ello se justifica con el lema: si nosotros no gastamos ese dinero europeo, otros lo gastarán. 
Estas palabras pueden sonar duras o incluso simplistas, pero dicen la verdad. 
Por no decir nada del hecho de que gran parte de los créditos europeos introducen una financiación por partida doble. 
Los Estados nacionales prestan ayuda a los países en desarrollo, Europa también. 
Los Estados nacionales luchan contra el racismo, Europa también. 
Los Estados nacionales apoyan al movimiento feminista, Europa también. 
Los Estados nacionales apoyan a los sindicatos y los partidos, Europa también. 
Los Estados nacionales apoyan a todo tipo de organizaciones de la tercera vía, Europa también. 
Y suma y sigue. 
El maná continúa descendiendo del cielo, aunque en realidad nadie sabe si todo este dinero está bien empleado, o mejor dicho, sabemos muy bien que gran parte de dicho dinero no está bien empleado, pero ello no importa porque el dinero europeo permite comprar sistemáticamente una especie de buena voluntad a favor de Europa a todo tipo de grupos de interés. 
Con respecto al tema de hoy quisiera felicitar antes que nada a la ponente, la Sra. Stauner, por su informe. 
Es cierto que la exposición de motivos relativa a la resolución se lee como una novela policíaca en la que se van enumerando los ya conocidos escándalos de despilfarro, amiguismo, robo, el caso Fléchard, Echo y otras cuestiones similares, sin hablar de la implicación directa de la Comisaria Cresson. 
Aquí no se trata de volver a poner el acento en lo que ya se dice claramente en el informe. 
Sólo quiero añadir que como representante de muchos cientos de miles de contribuyentes me estremece la constatación de que la Comisión actual también realiza todo tipo de maniobras y también hace todo lo posible para amparar a algunas personas responsables de esta mala gestión. 
Creo que se impone la mano dura y que debemos sancionar la perseverancia de la Comisión en la maldad con una nueva crisis de confianza después del 15 de mayo, lo que, llegado el caso, debería ir acompañado de una nueva moción de censura, porque el buen cirujano corta por lo sano. 
Señor Presidente, la Comisión de Control Presupuestario ha realizado un trabajo estupendo bajo la hábil dirección de los Sres. 
Theato, Van der Laan, Bösch y Blak. También me gustaría elogiar a la Sra. Stauner por su informe. 
Mi grupo no otorgará la aprobación de la gestión de unas cuentas que ocultan más de lo que muestran y presentadas por una Comisión que desprecia la transparencia, la proximidad y la democracia. 
¿Dónde está la diferencia con la Comisión que cayó? 
¿Se informa ahora a nuestros ponentes y reciben respuesta a lo que preguntan? 
No. 
¿Se han abierto procesos administrativos contra aquél que cogió del erario o encubrió al que sí cogió del erario? 
No. 
¿Se ha visto recompensado Paul van Buitenen por sus valientes esfuerzos en aras de convertir a la Comisión en una administración responsable? 
No, ha sido trasladado a Luxemburgo y ha tenido que aceptar un bozal, y todos los futuros van Buitenen sabrán que serán despedidos si se comportan como espera cualquier persona honrada que se comporten los funcionarios de la Comisión. 
La Comisión del Sr. Prodi no tiene la culpa de los errores del pasado, sin embargo, los veinte son ahora todos responsables de que no se haya hecho una limpieza a fondo y se haya comenzado de nuevo. 
Vosotros veinte sois quienes tenéis la responsabilidad de que la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre transparencia cierre documentos que hoy están abiertos. 
Vosotros veinte sois los responsables de que nosotros como parlamentarios sigamos sin recibir lo que pedimos. 
Os guiáis por los principios del absolutismo. 
¡Salid de las tinieblas y reconoced que ya no es posible gobernar con la opacidad de la antigüedad! 
¡Reconoced que caeréis si seguís ocultando la suciedad debajo de la alfombra! 
Pronto habréis cumplido un año en vuestros puestos, por lo que habremos de constatar que también sois culpables si traicionáis vuestra responsabilidad. 
Y este mismo rasero crítico hemos de emplearlo con nosotros mismos. 
No debemos aprobar las cuentas del Parlamento mientras tengamos ayudantes que no pagan impuestos ni tienen seguridad social ni mientras los viáticos sean reembolsados sin tener en cuenta los gastos realizados realmente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, los motivos que ya se han expuesto no son los únicos por los que el presente debate figura seguramente entre los temas más importantes que la actual Comisión debe negociar en estos momentos con el Parlamento. 
En efecto, hoy se ha olvidado por completo que por primera vez, que yo recuerde, los Ministros de Finanzas de la Unión no recomendaron por unanimidad la aprobación de la gestión de la Comisión. 
Por lo tanto, la situación no está mejorando, señora Comisaria Schreyer, sino que al parecer está evolucionando en el sentido contrario y por esto, a mi parecer, tenemos que atenernos lo más exactamente posible a las resoluciones que ha impulsado la Sra. Stauner en la Comisión de Control Presupuestario. 
No la hacemos responsable de los errores del pasado pero, no obstante, me parece que, desde un punto de vista muy pragmático, podemos pedirle dos cosas. 
En primer lugar, encárguese de recuperar las cantidades pagadas indebidamente o de anular los contratos suscritos de manera indebida, como en el caso Fléchard. 
Repare, por lo tanto, en la medida en que todavía sea posible, los perjuicios causados a los contribuyentes. 
En segundo lugar, encárguese de que los responsables de los errores e irregularidades sean sancionados de manera consecuente, llegado el caso también con la obligación de resarcir de su propio bolsillo una parte de los perjuicios causados. 
Esto supondría dos novedades en la Comisión pues, que yo sepa, hasta ahora no se ha exigido jamás a ningún funcionario implicado una restitución al presupuesto de la UE. 
No será necesario corregir las normas financieras al respecto. 
Para ello no se requiere ninguna reforma; lo que hace falta es que se apliquen dichas normas, que de lo contrario seguirán siendo letra muerta. 
Desde este punto de vista, yo creo que usted también podrá comprender que tengamos serias dudas sobre algunas de las propuestas que ha presentado a la opinión pública en el contexto de la reforma de la Comisión, anunciada con gran alarde. 
Sólo voy a citar su intención de suprimir los controles previos independientes- independientes, insisto-o su intención de suprimir del Reglamento Financiero las disposiciones relativas a la responsabilidad financiera de los ordenadores de pagos. 
Esto permite apreciar que algunas personas llevan ya demasiado tiempo instaladas en su casa de cristal de Bruselas. 
Si uno de nosotros acude a su circunscripción y les dice a sus electoras y electores que, después de que por primera vez una Comisión se haya visto obligada a dimitir a causa de los fraudes e irregularidades, se va a suprimir de la correspondiente normativa el control financiero independiente y la responsabilidad de los funcionarios, desde luego le estaremos haciendo un flaco servicio a Europa. 
Aproveche, señora Schreyer, y aprovechen también ustedes, apreciados miembros de la Comisión, el aplazamiento de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1998 como una oportunidad para demostrar su capacidad de mando y de actuación como nuevo equipo. 
Señor Presidente, la principal tarea de este Parlamento Europeo continúa siendo el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos europeos en el proyecto europeo. 
Como la aprobación de la gestión es la arma más potente de la que disponemos para lograr ese fin, el Grupo de los Demócrata-Liberales respalda el aplazamiento de la aprobación de la gestión en los términos propuestos hasta que la Comisión reúna nuestras condiciones concretas. 
Ello nos permitirá seguir ejerciendo presión e introducir reformas dignas de este nombre. 
Desafortunadamente, un año más el Consejo no ha seguido el buen ejemplo del Parlamento y ha concedido la aprobación de la gestión correspondiente al año 1998 como si nada. 
Esto es tanto más lamentable cuanto que los Estados nacionales son responsables del 80% de los gastos europeos y, por tanto, de una buena parte de las irregularidades. 
Realmente va siendo hora de que el Consejo siga nuestro ejemplo y haga examen de conciencia. 
Las profundas reformas emprendidas por la Comisión demuestran que nuestras resoluciones relativas a la aprobación de la gestión surten efecto. 
Gracias a nuestra presión la Comisión Europea ha dado un primer paso en dirección a una drástica reforma de la política exterior. 
Quisiera, por tanto, hacerles partícipes de mi primera reacción. 
Los planes para la modificación del project cycle y la transformación del SCR en una oficina europea significan un importante avance. 
Sin embargo, continúo echando de menos la verdadera definición de las prioridades políticas que tanto nos hace falta para garantizar una buena gestión de nuestros escasos recursos. 
La atención que se presta a la aprobación de la gestión de la Comisión Europea es realmente apabullante, pero creo que la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo merece una atención similar o incluso mayor. 
Bajo nuestra presión la Comisión Europea ha iniciado un drástico programa de reformas. 
Desafortunadamente, en este Parlamento aún no ha sido posible adoptar medidas igualmente drásticas. 
El informe Kuhne es el primer informe del Parlamento en el que la aprobación de la gestión se toma en serio. 
El Sr. Kuhne no solamente ha conseguido poner el dedo en la llaga en todas las cuestiones importantes, sino que incluso ha logrado acordar plazos concretos en virtud de los cuales se juzgará al Parlamento. 
Por todo ello, el trabajo del ponente merece nuestro más sincero aprecio. 
Hay quien dice que el Parlamento Europeo ha de someterse a los mismos criterios de evaluación que la Comisión Europea. 
Yo no estoy de acuerdo con ello. 
Creo que para nosotros mismos tenemos que poner el listón más alto. 
Somos el órgano de control. 
Representamos el vínculo directo con los ciudadanos. 
Somos los primeros responsables de que el ciudadano europeo vuelva a confiar en el proyecto europeo. 
Por eso mismo, no basta con que nos situemos en el mismo nivel que los funcionarios no electos de la Comisión. 
Deberíamos tomarles la delantera, pero, desafortunadamente, nada más lejos de la verdad. 
Quiero atribuir la responsabilidad de la mala imagen de que goza este Parlamento explícitamente a quienes siempre han sido mayoría. 
Los dos grandes partidos son responsables del clima de amiguismo y contrataciones directas de que está impregnada esta institución. 
Pero también los pequeños Grupos políticos que han dado muestras de negligencia respecto a la financiación de su partido han vuelto a desacreditar nuestro prestigio. 
El informe Kuhne puede convertirse en un arma importante en manos de los elementos reformistas de esta Asamblea. 
Sin embargo, queda por ver si llegará a ser adoptado en este momento. 
Existe el riesgo de que al concedernos la aprobación de la gestión a nosotros mismos antes de concedérsela a la Comisión invalidemos una gran parte del presente informe, y esto es precisamente lo que queremos evitar. 
Tenemos que pensarlo muy bien para que realmente podamos restablecer la confianza del ciudadano. 
Señor Presidente, estimados Comisarios, estimados colegas, no defendamos lo indefendible. 
Ésta es la actitud que hemos de adoptar ante la aprobación de la gestión, ese ejercicio anual francamente difícil. 
La Sra. Theato ha dicho con razón que la concesión de la aprobación de la gestión es un asunto serio. 
A fin de cuentas conceder la aprobación de la gestión equivale a conceder un certificado de buena administración. 
Quiero manifestar mi gratitud hacia todos los ponentes así como a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario por haber realizado un buen trabajo. 
El informe Stauner, incluida la exposición de motivos- que respaldo plenamente- se muestra muy crítico con la Comisión Europea. 
Los cuatro Grupos más importantes han logrado un compromiso en el que se recomienda aplazar la aprobación de la gestión, aparte de que se transmite a la Comisión Europea una lista de deberes que incluye 17 preguntas concretas. 
Este planteamiento merece mi apoyo y pido que el informe de la Sra. Stauner sea adoptado íntegramente. 
En segundo lugar, quisiera detenerme en el informe Kuhne. 
¡No defendamos lo indefendible! 
Es mi lema. 
Quiero dejar claro que el informe Kuhne no se rige por este principio. 
El Sr. Kuhne nos ha presentado un trabajo excelente. 
Su informe constituye una denuncia mordaz de todo cuanto falla en nuestras instituciones. 
La Sra. Morgan acaba de decirnos que no se trata de perseguir fantasmas. 
Señora Morgan, no creo que sea esto lo que hacemos. 
Nuestras denuncias aparecen bien claras en el valeroso informe de nuestro interventor O ' Hannrachain. 
Las acusaciones son impresionantes. 
En otra vida anterior pude experimentarlo en mi propia carne cuando robaron mi ordenador y mi impresora. 
En segundo término, es preciso denunciar el excesivo número de licitaciones restringidas y por contratación directa. 
Las contrataciones directas deberían constituir la excepción, pero ¿qué es lo que vemos? 
En 1998 representaron el 50% de los casos. 
Así las cosas, ya no se trata de una excepción. 
El tercer punto se refiere a la política en materia de edificios. 
Una política lenta pero segura. 
Una política en la que, paso a paso, se van adoptando decisiones. Una política de hechos consumados. 
Estimados colegas, en materia de edificios necesitamos una política a largo plazo. 
Ello no sólo redundará en beneficio de la correcta ejecución de dicha política, sino que, además, contribuirá a evitar gastos superfluos. Que sirva de ejemplo la construcción aquí en Estrasburgo de un túnel subterráneo que debe unir la imprenta situada en el edificio IPE-I con el edificio en el que nos encontramos ahora. 
Un túnel subterráneo que ha de comunicar el edificio IPE-I con nuestro edificio. 
El precio de costo asciende a 27,4 millones de francos franceses, ¡es demencial! 
El Sr. Kuhne ha arremetido contra la actitud adoptada por mi Grupo, el de los Verdes y los Regionalistas, en los medios de comunicación y hoy ha vuelto a hacerlo aquí. 
Nos reprocha que estemos jugando un juego en el que nos dejemos llevar por intereses partidistas. 
No, señor Kuhne, no nos dejamos llevar por intereses partidistas. 
¿Acaso es un juego político el que tratemos nuestros propios servicios de la misma forma que tratamos a la Comisión? 
De ahí que hayamos presentado una enmienda en la que recomendamos que se aplace la aprobación de la gestión relativa al presupuesto parlamentario y en la que instamos al secretario general a responder a una lista de preguntas antes del 15 de mayo. 
Observo con satisfacción que el Sr. Deprez acaba de exponer el mismo punto de vista. 
Observo con satisfacción que el PPE ha presentado una enmienda similar en la persona del Sr. Elles. 
Por todo ello, confío en que nuestra enmienda cuente ahora con un apoyo más amplio. 
En la Comisión de Control Presupuestario fue rechazada por la inmensa mayoría de los miembros. 
Espero que aquí en la sesión plenaria pueda contar con el voto de la mayoría. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Stauner, que hoy debatimos, es importante por más de una razón. 
En efecto, interesa directamente a los ciudadanos de nuestros países respectivos, ya que se refiere a las finanzas de la Unión Europea y los pueblos europeos tienen derecho a pedir cuentas para saber qué ocurre con su dinero. 
Este informe es importante también porque trata de graves disfunciones, en el nivel de la Comisión Europea, en la ejecución presupuestaria, que afectan a cantidades financieras importantes. 
Nuestro Grupo es partidario, por definición, de todo lo que se pueda emprender para luchar contra el fraude y, por consiguiente, comparte la opinión de la ponente sobre la imperiosa necesidad de volver más eficiente y eficaz la gestión de la Comisión Europea. 
Estamos extraordinariamente preocupados tanto por las irregularidades cometidas en el marco de los programas MED y ECHO como por ciertas informaciones relativas al caso Fléchard. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones está convencido de que esos métodos por fuerza han de afectar gravemente al crédito y, por tanto, a la reputación de Unión Europea en conjunto. 
Conviene recordar también, Señorías, que hemos tenido que hacer constar insuficiencias en el procedimiento de diálogo con la Comisión, que parece no haber podido o no haber querido responder a las esperanzas y las interrogaciones de los miembros del órgano de control parlamentario. 
En vista de los numerosos casos de litigios en suspenso, ya se trate de irregularidades o de importes presupuestarios en juego, nuestro Grupo considera indispensable de momento rechazar la aprobación de la gestión correspondiente al año 1998. 
No podemos por menos de pedir a la Comisión Europea que transmita lo antes posible todas las informaciones pedidas por la Comisión de Control Presupuestario en cuanto a las medidas que haya decidido adoptar para lograr la eliminación de los obstáculos a la aprobación de la gestión. 
Es evidente que conceder la aprobación de la gestión sin pedir precisiones suplementarias a la Comisión Europea sería una señal de impotencia del Parlamento Europeo. 
Nuestra Asamblea perdería la cara y se desacreditaría ante la opinión pública de nuestros países: eso no lo queremos. 
A propósito de la propuesta de la Comisión Europea, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones no piensa aceptar un reparto de la decisión sobre la aprobación de la gestión. 
En efecto, los Tratados establecen claramente la competencia exclusiva del Parlamento en materia de control presupuestario. 
Señor Presidente, el procedimiento de aprobación de la gestión 1998 vuelve a demostrar que la mala imagen de la Unión Europea no es del todo gratuita, sino que está basada en los hechos. 
En su informe anual de 1998 el Tribunal de Cuentas hace mención de un margen de error inaceptable, viéndose obligado a otorgar una declaración de fiabilidad negativa. 
Mientras la Comisión no se obligue a reducir drásticamente dicho margen de error a partir del año que viene, no podremos concederle la aprobación de la gestión. 
A este respecto el informe Stauner merece todo nuestro apoyo. 
Como Parlamento exigimos mucho a la Comisión. 
Pero ¿somos igual de exigentes con nosotros mismos? 
Instamos con razón a la Comisión a que fundamente el presupuesto en unas estimaciones precisas. 
Pero ¿hasta qué punto son precisas las estimaciones del presupuesto del propio Parlamento? 
Año tras año se producen remanentes en diversas partidas presupuestarias del PE que, luego, son utilizados para la adquisición de edificios mediante transferencia colectiva. 
No puedo evitar tener la sensación de que a la hora de elaborar el presupuesto muchos gastos administrativos son engrosados deliberadamente para poder disponer de una reserva que pueda ser invertida en edificios. 
Es fundamental que desde ya mismo se ponga fin a estas trampas demasiado obvias. 
El Parlamento también ha de hacer examen de conciencia en el ámbito de las licitaciones públicas. 
Es inaceptable que en 1998 el número de licitaciones otorgadas por contratación directa represente la mitad de todos los contratos. 
¿A qué se debe este incremento desmesurado? 
El secretario general aduce una serie de razones relacionadas con el procedimiento, pero ¿queda con esto todo dicho? 
El ponente, Sr. Kuhne, pone asimismo el dedo en la llaga cuando se refiere a las irregularidades relacionadas con la financiación del edificio Spinelli. 
Es la enésima vez que surgen problemas con un edificio nuevo. 
¿No va siendo hora de que se realice un estudio independiente acerca de la toma de decisiones en el marco de los proyectos de construcción? 
Ya no podemos hacer la vista gorda. 
Este Parlamento debe ejercer presión para que se puedan llevar a cabo las reformas necesarias. 
Por todo ello, respaldaremos las enmiendas destinadas a aplazar la aprobación de la gestión hasta que el secretario general presente planes concretos. 
Señor Presidente, saludo a los dos Comisarios más implicados en el desarrollo presupuestario, y no tengo ninguna duda de que el Presidente Prodi estará en el debate que se celebrará dentro de dos meses. 
Empezando por la aprobación de la gestión más importante, la aprobación de las cuentas de la Comisión- la políticamente más relevante y cuantitativamente más importante -, somos conscientes de que su responsabilidad con respecto a los gastos es limitada y de que gran parte de la responsabilidad en materia de gastos es de los Estados miembros. 
Habrá que intentar que, en primer lugar, ustedes sean un ejemplo en el que puedan mirarse los Estados y que, por tanto, entiendan que nosotros les exigimos más, si cabe; y habrá que empezar a hablar algún día muy seriamente de esos casos que siempre se detectan no en la Comisión, sino en el Consejo. 
Quisiera, además, que el informe de nuestra colega Stauner lo vieran desde el punto de vista más positivo posible. 
Hemos llegado a un acuerdo todos los grupos para plantear 17 cuestiones en relación con algunos casos. 
No son los únicos. 
Podríamos haber mencionado otros problemas derivados de los programas TACIS o PHARE. 
Después de la crisis de la Comisión anterior que ustedes han empezado a gestionar, lo que queremos- porque creemos en sus intenciones y deseamos una Comisión fuerte e independiente y por eso les damos tiempo- es que nos den una respuesta positiva a unos casos muy concretos. 
Les aseguro que a cada uno de los casos que les planteamos pueden contestar afirmativamente. 
Por tanto, de aquí al verano podríamos celebrar una sesión para aprobar las cuentas. 
Nosotros no sólo estamos tan interesados como ustedes en la aprobación de las cuentas, sino más. 
Quisiera que contemplaran en este sentido el informe que, con el gran consenso de los grupos, presenta Gabriele Stauner. 
Este es un debate político, y han de entender que necesitamos que hagan cosas. 
No pueden desaparecer los papeles. 
Tienen que hacer algo, con independencia de que deseo que lleguemos pronto a un acuerdo sobre qué tratamiento tenemos que dar a los papeles que llaman confidenciales. 
Como ponente del presupuesto de la Comisión para 1999 me encantaría poder hacer mi trabajo teniendo claro a qué papeles tenemos acceso y a cuáles no y por qué. 
Le doy un dato adicional. 
Nosotros no debemos centrarnos excesivamente en un debate estrictamente contable. 
Como ve en este presupuesto, el debate es un debate político que trasciende el estricto examen de lo que han hecho con el presupuesto de 1998. 
Es un debate general. 
Habrá que llegar también a un acuerdo marco sobre cómo podemos incluir en este debate- que tiene cada vez más importancia- no sólo los temas contables sino también temas de otros años que tengan relación con el gasto o la gestión. 
Ya sabe que no sé cuánto dinero se pierde por fraude o por malversación. 
Ustedes tienen un gran reto, porque hay muchos más recursos que se pierden por la desmotivación, ese virus que ha inundado a toda la administración de la Comisión y que ustedes tienen que "cortar por lo sano". 
La desmotivación, más que la malversación, hace que muchos recursos se pierdan. 
Este es un dato cualitativo que habrá que tener también cada vez más presente en este debate. 
Me referiré finalmente al presupuesto del Parlamento Europeo, y quisiera contestar a quien dice que como somos con ustedes supuestamente duros o exigentes, lo tenemos que ser también con nuestra propia casa. 
Por supuesto. 
Pero no tenemos que comparar temas diferentes. 
Por ejemplo, en el presupuesto del Parlamento el controlador financiero no ha detectado ninguna irregularidad. 
Por lo tanto, tenemos que ser prudentes y justos y tratar a cada uno como lo que es. 
Al Parlamento tenemos que exigirle lo mismo que al resto, pero, ésta es nuestra casa, tenemos más datos y, por tanto, podemos tener un criterio distinto a la hora de proponer, como hace el informe Kuhne, una aprobación condicionada y no un aplazamiento de la aprobación. 
Termino diciendo que pueden contestar a las 17 cuestiones que les hemos planteado. 
Estamos deseando que lo hagan, y entendemos que así les apoyamos para que ustedes, que acaban de llegar a esta Comisión, controlen de verdad su casa, "tomen el toro por los cuernos" -como decimos en España- y podamos llegar antes del verano a la aprobación, por la mayoría de los grupos de la Asamblea, de la gestión de este año. 
Señor Presidente, la nueva Comisión no es responsable de los casos antiguos, sin embargo, debe ser juzgada por su voluntad de limpieza. 
Hasta la fecha no ha tenido gran voluntad para ello. 
La Comisión ha ocultado y ha sido imposible obtener las informaciones necesarias. 
La Comisión afirma que los casos no pertenecen a la aprobación de la gestión de 1998. 
No es cierto. 
Todos los casos surgieron en 1998 y por tanto deben ser tramitados naturalmente bajo la gestión de 1998. 
La Comisión en general ha efectuado numerosas piruetas para evitar responder a nuestras preguntas, lo que es absolutamente inaceptable. 
El Tratado es claro: el Parlamento tiene derecho en virtud del artículo 276 a recibir todas las informaciones necesarias relacionadas con el procedimiento de aprobación de la gestión. 
De acuerdo con la práctica habitual, envié como ponente permanente de la ayuda al desarrollo un cuestionario a la Comisión sobre ECHO. 
Le fue remitido a la Comisión el mes de noviembre. 
A primeros de marzo obtuve la respuesta, donde además se dice que puedo irme al cuerno. 
Entretanto recibe la Sra. Fontaine una carta del Sr. Prodi, donde se dice que la Comisión está cansada de contestar a todas las estúpidas preguntas de la Comisión de Control Presupuestario. 
Discúlpeme, pero o bien el hombre ha sufrido una insolación o bien debe tener consejeros nefastos. 
La Comisión tiene la obligación de contestar a nuestras preguntas, les guste su contenido o no. 
Hasta que lo hayan comprendido, creo que debemos aplazar la aprobación de la gestión. 
Espero que la Comisión tome en serio nuestras exigencias. 
Si no lo hacen, debemos estar preparados para enviarles a unas vacaciones muy largas en el mes de mayo. 
Me gustaría explicar de qué trata el asunto ECHO. 
Ante todo, me gustaría recalcar que no es una cuestión de una campaña de desprestigio personal, sino de efectuar una limpieza a fondo. 
¿Qué señal se envía a los actuales y futuros líderes de la Comisión cuando las personas responsables escapan a la censura? 
El escándalo ECHO aún no ha tenido consecuencias. 
El caso se encuentra actualmente en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el cual admite que probablemente no sucederá nada en el caso y que seguramente lo remitirá a las autoridades belgas dentro de un par de años. 
El problema radica en que el asunto ECHO no es un caso de enriquecimiento ilícito. 
Trata de una grave negligencia y de un funcionario que ha tomado decisiones eludiendo el régimen financiero. 
La decisión de absolver al anterior director fue adoptada por la anterior Comisión, siendo ésta una decisión puramente política. 
Ahora la Comisión dispone hasta el quince de mayo para solucionar el problema. 
Si no presentan soluciones satisfactorias, lucharé por que tengamos una comisión de investigación parlamentaria que estudie el caso. 
También me parece buena idea examinar más detenidamente la aprobación de los fondos para el desarrollo. 
Todavía hay exigencias insatisfechas, pero si aplazamos la aprobación, este aplazamiento debe ir acompañado de claras exigencias a la Comisión. 
Las delegaciones de la Comisión han fallado. 
Hay varios ejemplos en los que podrían haber evitado el fraude si hubieran prestado un poco más de atención. 
De ahí que haya solicitado también permiso para elaborar un informe de iniciativa de forma que podemos aclarar estas cosas. 
Lo último que quiero decir, señor Presidente, es que la Comisión debe comprometerse a enviar los casos de fraude a la OLAF. 
Tuve 11 informes bajo condiciones similares a las del Pentágono, pero la OLAF todavía no sabe nada de ellos, y por ello creo que es hora de que se haga una limpieza a fondo, y me alegra que el Sr. Nielson haya mostrado su intención de hacerla. 
Me hace mucha ilusión ver los resultados. 
Señor Presidente, la cuestión de la aprobación de la gestión de los diferentes órganos de la UE forma parte de un conjunto muy amplio. 
Esta cuestión adquiere aún más importancia porque, en muchos casos, se ha propuesto el aplazamiento de las aprobaciones de la gestión. 
Por lo que respecta a la Comisión, se trata del quinto año consecutivo en el que el Tribunal de Cuentas no emite un visto bueno incondicional. 
Puesto que los Estados miembros, o sea el Consejo, han apoyado la aprobación de la gestión, nos encontramos en los límites de una contradicción estructural. 
Probablemente, el Tribunal de Cuentas tendría que definir mejor las deficiencias e irregularidades y confiar menos en las matemáticas. 
Aunque expongo así el asunto, esto no dirime un ápice la responsabilidad de la Comisión, que es grande. 
Los informes sobre las aprobaciones de la gestión muestran lo acuciante que es la necesidad de llevar a cabo una reforma administrativa. 
El paquete de reformas propuesto por el Comisario Kinnock debe ser tramitado sin demora. 
El punto principal de atención debe centrarse en la reforma de los sistemas de control interno de cada uno de los órganos. 
Hay que vincular la administración y la supervisión de tal forma que se conserve y se incremente la responsabilidad personal. 
El sistema actual, que exige varias firmas para efectuar cada pago, difumina la responsabilidad personal. 
No se encuentra a nadie que asuma la responsabilidad. 
La mejora de la calidad de la administración es condición indispensable para llevar a cabo una gestión responsable y eficaz. 
El incremento del control es sólo un síntoma del fracaso experimentado por la organización administrativa. 
Las dificultades financieras principales afectan al mayor capítulo del presupuesto: la agricultura. 
Esto es debido a que la mayor parte de las subvenciones agrícolas se conceden atendiendo bien a la superficie del campo de cultivo, bien al número de cabezas de ganado, y estas ayudas son abonadas por los Estados miembros. 
Este estado de cosas es consecuencia, en gran parte, del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en el que se estipulan las diferentes modalidades de subvenciones agrícolas, la clasificación de las mismas y las directrices deseadas para su desarrollo. 
Este sistema ha dado lugar a la aparición de una burocracia gigantesca y a un incremento enorme de las medidas de control, y se puede prever que, a largo plazo, también conduzca a la ineficacia y a la desaparición de agricultura de carácter empresarial. 
Al mismo tiempo, los agricultores europeos se han convertido en el sector de población mejor controlado del continente, y por eso deseo que se dé mayor nitidez al sistema de subvenciones agrícolas en el curso de las próximas negociaciones de la OMC. 
Señor Presidente, hemos venido leyendo en los periódicos durante los últimos días que el Parlamento Europeo es el paraíso de los ladrones. 
Esto es vergonzoso y desagradable a la vez. 
Debemos tomar medidas para que la propiedad de la UE merezca el mismo respeto que cualquier otro tipo de propiedad. 
En este caso concreto, hay que inquirir a la administración del Parlamento. 
En los presupuestos de la UE para el presente ejercicio se ha asignado una partida de 300. 000 euros para la inspección de la administración del Parlamento. 
Según el presupuesto, esta inspección será encomendada a una instancia de expertos externa. 
¿Dónde se demora esta inspección, por qué no ha sido aún iniciada y qué se piensa hacer para impulsarla? 
- (PT) Señor Presidente, por los problemas resultantes de los grandes fraudes en las producciones de vino y de otra índole somos más conscientes de que se utilizan las asignaciones del FEOGA-Garantía con frecuencia para el fomento de producciones de grandes explotaciones cuyo único objetivo práctico es el de captar subvenciones sin preocuparse siquiera de saber si existe el mercado necesario para darles salida. 
Así ocurre cuando pequeñas explotaciones familiares como por ejemplo, las dedicadas a la leche quedan fuera del circuito de las subvenciones y ven en peligro su propia supervivencia. 
Por eso, consideramos muy oportuna la propuesta de la Comisión de modificar el reglamento número 723/97 y también de cambiar el fundamento jurídico de la reglamentación de la prevención de los fraudes y las irregularidades del artículo 37 por el 280 del Tratado como propone el ponente, Sr. Casaca. 
De ese modo se tratarán los gastos agrícolas como cualesquiera otros que utilicen los recursos de la Unión, lo que contribuye a fortalecer la intervención del Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, en el contexto del informe de nuestra colega Gabriele Stauner, yo asumí la responsabilidad de la parte de la política interior correspondiente al ámbito de la investigación. 
Desde luego, era muy consciente de su importancia. 
Sin embargo, no era previsible que la votación del informe general volvería a suscitar casi tanta tensión como la denegación de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1996. 
En mis comentarios sobre los párrafos relativos a la investigación voy a referirme también a lo que se ha descrito repetidamente de manera despectiva y con una finalidad concreta como un caso antiguo. 
Un caso antiguo no es, sin embargo, lo mismo que un documento caducado, sino un antiguo lastre del que la Comisión debe descargarnos de una vez. 
El Tribunal de Cuentas señaló una serie de deficiencias en el ámbito de la investigación en el ejercicio 1998. 
Opuso reparos contra la antefecha de algunos contratos así como contra el elevado porcentaje global de errores en el control de los pagos a causa de la justificación e indicación de costes indebidos; un porcentaje de errores de los que puede que la Comisión no sea responsable en un 100%, pero sí en un 90% como mínimo. 
A ello se añaden los antiguos lastres ya citados, como el caso del científico invitado B. y el procedimiento de su contratación. 
Éstos incluyen también el informe de auditoría interno elaborado en 1997 sobre el ámbito de la competencia de la entonces Comisaria de Investigación Cresson. 
Dicho informe permaneció oculto en un cajón hasta finales de 1999 o principios de 2000. 
En el mismo período se produjo el llamado caso nuclear europeo. 
¿A quién puede extrañarle, entonces, que a finales de 1999 se haya establecido, además, una conexión entre el cajón de los interventores y el plutonio errante? 
Algunas de las explicaciones ofrecidas por la Comisión sobre estos hechos han sido satisfactorias. 
Yo he obtenido a través de muchas conversaciones con funcionarios dignos de confianza de la Comisión- y lo señalo con agrado- la impresión de que existe la plena voluntad de rectificar. 
Nosotros también estamos dispuestos a hacerlo. 
No obstante, se cometieron errores y la auditoría ya fue tan amable como la que realizaría un auditor contratado por una empresa. 
Sin embargo, la ha efectuado el Tribunal de Cuentas, un órgano que no tiene ningún tipo de interés personal en el asunto. 
En estas circunstancias, de nada sirve minimizar los errores. 
La ponente continúa opinando, no obstante, que dichos casos no se resolvieron de manera adecuada, opinión que yo suscribo plenamente y sin reservas, al igual que la Comisión de Control Presupuestario, con un solo voto en contra. 
Yo quisiera hacerle una sugerencia a la Comisión. 
Ofrézcannos sin demora respuestas suficientes que se tengan en pie ante la opinión pública. 
Esto permitirá que todo el mundo conozca la verdad. 
Las preguntas pueden resultar dolorosas. 
Nosotros las planteamos porque la desconfianza y las críticas han proliferado desde la denegación de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996. 
No obstante, lo decisivo serán los resultados que se presenten el 15.de mayo. 
Señor Presidente, este procedimiento es muy útil y necesario. 
Un aspecto que me preocupa es que existe la tendencia natural a concentrarse mucho más en el 4% del presupuesto que puede haberse perdido o en el 2% que probablemente se ha perdido, que en el 98% del presupuesto que se ha ejecutado correctamente. 
Es necesario reconocer que el 98% se ha ejecutado correctamente. 
También es importante intentar corregir la situación cuando las cosas se han hecho mal, pero al hacerlo, no debemos exagerar hasta el punto de que la opinión pública europea llegue a pensar que la Unión Europea está fuera de control, que es un mar de corrupción y a la que no se puede confiar el dinero de los contribuyentes. 
El fraude existe a todos los niveles de gobierno en los que he ejercido; local, nacional, europeo y regional. 
Siempre está ahí, pero es posible que los organismos locales y nacionales pueden hacer frente a las críticas mejor que esta institución más joven de la Unión Europea. 
Aunque es importante subsanar errores y depositar la confianza en las personas, no beneficia en nada a su confianza que exageramos la magnitud de los abusos que se producen y del dinero que se pierde. 
Doy las gracias a la Sra. Stauner por su informe. 
Algunos lo han criticado por ser demasiado severo. 
La Sra. Stauner es nueva en la Comisión de Control Presupuestario, pero su declaración es el auténtico reflejo del estado de ánimo y del debate que allí tuvo lugar. 
No estoy de acuerdo con todo lo que dice, naturalmente, pero sin embargo fue aprobado por mayoría. 
No daría mi aprobación a la exposición de motivos. 
Es la explicación de la propia Sra. Stauner, aunque sobre lo que deberá decidir el Parlamento es sobre la propuesta de resolución. 
Otra observación que me gustaría hacer es que al intentar imponer a todo el mundo la transparencia, ya sean funcionarios o miembros de la Comisión, deberíamos, como decía el Sr. Deprez, evitar esta vendeta entre instituciones. 
Deberíamos evitar, en particular, vendetas entre una institución y comisarios individuales. 
Deberíamos considerar esta Comisión como un colegio y aunque los Comisarios individuales deben rendir cuentas de sus actos, debemos adoptar una visión objetiva de lo que ocurre y evitar que la política partidista europea o la política internacional afecte a nuestro dictamen. 
La última observación que haré es que no sólo tenemos la obligación de garantizar que se llevan mejor las cuentas y que se rinde cuenta mejor de la ejecución de los gastos. 
También tenemos la obligación de asegurar que cuando elaboramos normativas, éstas sean viables. 
A lo largo de los años he presenciado la elaboración de todas las normativas que están creando problemas y mi experiencia en este Parlamento me ha demostrado que lo que queríamos era halagar los sentimientos del público. 
Nunca hemos intentado asegurarnos de que nuestras normativas fueran realmente viables. 
Señor Presidente, el año pasado la negativa del Parlamento a conceder la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1996 anunció la caída de la Comisión Santer. 
En aquellas circunstancias extraordinarias el Parlamento supo hacer uso de sus competencias de una forma inteligente. 
Mientras tanto ha asumido sus funciones un Colegio de Comisarios que ha presentado un ambicioso programa de reformas. 
Mientras que hace un año nos quejábamos de que la Comisión contrariaba las actividades del Parlamento, en este momento se están desarrollando unas relaciones laborales francamente buenas. 
Obviamente, el Parlamento debe continuar vigilando las acciones de la Comisión con sentido crítico. 
Sin embargo, utilizar el procedimiento de aprobación de la gestión como arma en una lucha motivada por intereses partidistas no conduce a nada, aparte de que a largo plazo acabará mermando la influencia del Parlamento. 
Desde este punto de vista la versión inicial de la propuesta de resolución de la Sra. Stauner era un texto poco equilibrado y un tanto simplista. Parecía que su único objetivo era perjudicar a la nueva Comisión. 
Su propuesta de resolución contenía graves acusaciones contra la Comisión que, para más inri, no se referían al ejercicio 1998. 
Tras una drástica modificación de la propuesta de resolución inicial se propone aplazar la concesión de la aprobación de la gestión. 
La Comisión tendrá la oportunidad de responder a una serie de preguntas y ruegos urgentes del Parlamento antes del 15 de mayo. 
Quisiera resaltar un punto concreto del informe. 
El año pasado se pusieron de manifiesto las deficiencias del procedimiento disciplinario de la Comisión. 
En numerosos casos no se adoptaron medidas o éstas no surtieron el efecto deseado. 
Es fundamental que dicho procedimiento se modifique profundamente. 
Las propuestas que la Comisión ha formulado al respecto en su Libro Blanco no son suficientes. 
El Comité de Expertos Independientes ha recomendado que entre a formar parte del procedimiento una persona ajena independiente, preferentemente como Presidente del comité disciplinario. 
El Parlamento ya respaldó dicha propuesta en enero y vuelve a apoyarla ahora mediante la presente resolución. 
Pido a la Comisión que revise su punto de vista. 
Durante las últimas semanas los medios de comunicación han dedicado especial atención a las finanzas del propio Parlamento Europeo. 
El Sr. Kuhne ha elaborado un informe sobre este tema por el cual le felicito de todo corazón. 
El Sr. Kuhne no ha caído en la tentación de reajustar su planteamiento equilibrado bajo la presión de determinadas publicaciones, algunas de ellas acaloradas. El informe KUHNE propone conceder la aprobación de la gestión al Parlamento con tal de que se reúnan una serie de condiciones. 
Exige con razón de los servicios del Parlamento que de ahora en adelante la gran mayoría de las licitaciones se otorguen por contratación pública. 
Además, el Parlamento ha de indicar cuándo el proceso de reformas iniciado en la Comisión repercutirá sobre el Parlamento. 
Una de las propuestas más importantes consiste en separar la auditoría de las funciones de control financiero. 
La Comisión ya ha asegurado que presentará propuestas al respecto antes del verano. 
En mi opinión, dicha separación ha de extenderse al Parlamento. 
Es necesario que se cree lo antes posible un servicio parlamentario independiente de auditoría cuya tarea consista en garantizar un empleo eficaz de los recursos públicos por parte del Parlamento. 
Dicho servicio deberá pronunciarse todos los años, o con mayor frecuencia si ello resultara necesario, acerca del método de trabajo de los servicios del Parlamento. 
Mientras el Parlamento no ponga orden en sus propios asuntos financieros, su evaluación y, en ocasiones, condena de la Comisión y los Estados miembros carecerá de credibilidad. 
Señor Bourlanges, su intervención ha sido un poco demasiado larga, pero es un luchador tan tenaz que, francamente, resulta imposible interrumpirle. 
Señor Presidente, me centraré en un solo punto: el acceso a la información. 
Muchos de mis colegas se han referido a este tema esta mañana. 
Necesitamos un mejor acceso para poder avanzar. 
En mi comisión, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, estamos decididos a asumir nuestras responsabilidades como diputados al Parlamento Europeo con toda seriedad. 
Hemos pedido a los diputados que se ofrezcan voluntarios para hacer un seguimiento de las líneas presupuestarias. 
Estos diputados se están dirigiendo ahora a los servicios de la Comisión para hablar con los funcionarios responsables de dichas líneas presupuestarias. 
Estamos teniendo problemas y estamos teniendo problemas a la hora de averiguar quién es el responsable; las personas con las que hablamos no saben muy bien cuáles son sus responsabilidades ni qué información deberían facilitarnos. 
Algunos servicios cooperan muy bien; algunos convocan reuniones para informar a los diputados; pero otros no. 
Lo que necesitamos de la Comisión es un nuevo sistema. 
Necesitamos un mecanismo que informe mejor a las comisiones parlamentarias, a las comisiones que se ocupan de los gastos, de manera que sepamos qué información nos facilitará. 
Podríamos comenzar con una lista de quién es responsable de qué en qué línea presupuestaria de cada comisión. 
Sólo así podremos hacer lo que se espera de nosotros y restablecer la confianza del público, a la que se refería esta mañana la Sra. Schreyer. 
Debemos saber que los fondos son utilizados debidamente. 
Si tenemos esa seguridad, podemos transmitir ese mensaje a la opinión pública de Europa. 
Mi colega la Sra. Morgan hablaba antes de la necesidad de revisar todo el procedimiento de aprobación de la gestión. Tiene razón. 
Durante demasiado tiempo, la aprobación de la gestión ha estado considerada como algo burocrático, más que como algo necesario; algo que debemos liquidar cuanto antes. 
Ahora debemos alejarnos de esa actitud, debemos revisar el procedimiento y espero que en dicha revisión se incluyan mecanismos adecuados para informar a las comisiones. 
Señor Presidente, tomo la palabra como ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
En primer lugar, quiero dar las gracias a la ponente por su informe. 
Me alegro enormemente de que se haya logrado un amplio consenso sobre el problema de la aprobación de la gestión que inste a la Comisión a progresar en la buena dirección y que permita resolver algunas dificultades experimentadas durante el período anterior. 
También quisiera resaltar algunos puntos del informe de la Comisión de Empleo. 
En primer lugar, compartimos las críticas del Tribunal de Cuentas sobre la incapacidad de verificar las repercusiones sobre el empleo de las intervenciones de los Fondos estructurales. 
Pido a la Comisión que no deje de preocuparse por esta cuestión. 
Aunque hayamos avanzado mucho en este terreno, los logros obtenidos no parecen reflejarse en nuestra forma de emplear los fondos. 
Mi segunda observación se refiere a la financiación. 
Los créditos de pago del Fondo Social plantearon problemas durante el período anterior. Estos problemas siguen existiendo. 
Por último, quisiera detenerme en el problema del programa Leonardo. 
Como saben, el programa Leonardo ha desempeñado un papel fundamental en los acontecimientos que han desencadenado la dimisión de la Comisión anterior. 
Pese a ello, queremos insistir en la necesidad de concluir este tema. Asimismo conviene tener en cuenta la lección aprendida en el ámbito de los BAT. 
Quiero dejar de manifiesto que éstos son los puntos más importantes. 
Obviamente, la Comisión de Control Presupuestario no ha podido adoptarlos todos. Al fin y al cabo, tampoco sería conveniente. 
No obstante, quisiera aprovechar la ocasión para añadir estos puntos específicos a la lista que ustedes en el fondo ya tienen delante. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa debatió el informe de la colega Stauner sobre la base de la opinión elaborada por el colega Thielemans y llegó por unanimidad a unas conclusiones que suponen una valoración política distinta de la aprobación de la gestión correspondiente a 1998. 
En primer lugar, opinamos que debemos aprender de lo ocurrido en el pasado y aclarar, evidentemente, por completo todos aquellos aspectos sobre los que dispongamos de nuevas pruebas adicionales. 
No obstante, queremos encomendar a la Comisión tareas para el futuro y no la solución de un pasado del cual ni siquiera está obligada a responsabilizarse. 
En segundo lugar, en la legislatura anterior remitimos a la justicia las irregularidades punibles en una demostración de firmeza sin precedentes. 
Nos encargamos de que se dote a la OLAF de la estructura y las posibilidades adecuadas para investigar cualquier sospecha y cualquier irregularidad. 
Ahora quisiéramos confiar por fin en la justicia, en la OLAF y en las medidas disciplinarias y las decisiones adoptadas, y colaborar con plena confianza con la nueva Comisión del Presidente Prodi, justamente sobre la base de las nuevas normas y obligaciones establecidas en este contexto. 
En tercer lugar, esto también significa- el colega Bourlanges ya lo ha señalado- que debemos tomar nota de hechos tales como, por ejemplo, el cierre del procedimiento disciplinario sobre el caso ECHO y aceptarlos, aunque el colega Blak esté dispuesto a oponerse a ello con uñas y dientes, tal como ha expresado antes. 
Todos los colegas deben comprender por fin que si bien, en nuestra calidad de parlamentarios, debemos cumplir con el máximo rigor nuestras tareas de control, sin embargo no somos detectives ni fiscales, ni mucho menos ángeles vengadores, black vengeance angels, por decirlo así. 
Reclamar una nueva revisión de los procedimientos sin aportar nuevas pruebas o elementos contribuye poco a fomentar la credibilidad de nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción todos los informes sobre los procedimientos de aprobación de la gestión, especialmente el informe de la Sra. Stauner. 
Antes de hacer mis primeros comentarios, deseo expresar mi satisfacción por lo que ha dicho la Sra. McAvan sobre el acceso a la información de la Comisión. 
A mí me ha resultado sorprendentemente difícil obtener documentos e información importantes de la Comisión en varias ocasiones, especialmente sobre varias líneas presupuestarias relacionadas con Cultura. 
Sería de gran utilidad que la Comisión nos facilitara más información y nos proporcionara los informes que solicitamos. 
Acojo con satisfacción el informe de la Sra. Stauner por varios motivos. 
Uno es que puesto que estamos analizando 1998, deberíamos mirar al pasado e intentar encontrar respuestas a las preguntas que hemos planteado a propósito de los problemas de Fléchard, ECHO y MED. 
Todos ellos son casos relevantes en estos momentos porque debemos aprender las lecciones correspondientes. 
Toda nueva prueba que surja de estos casos debe ser investigada. 
Estas investigaciones deben ser muy rigurosas y deben ser comunicadas de nuevo al Parlamento. 
La OLAF tiene que aprender a defenderse. 
Los tres casos que he mencionado también son bastante importantes porque reflejan sorprendentemente a cuatro de los actuales Comisarios. 
Los cuatro deben analizar detenidamente su pasado, confesar y enseñar a esta nueva Comisión dónde hay que introducir reformas. 
Espero que el Comisario Kinnock escuche este debate y reflexione sobre lo que en él se dice. 
Debemos aprender de los errores del pasado y muchas preguntas necesitan respuesta, y él es el responsable de que ahora se nos den respuestas a dichas preguntas. 
También quiero hacer un par de observaciones sobre el informe Kuhne relativo a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del propio Parlamento. 
Regularmente arrojamos piedras a la Comisión, pero cuando se trata de analizar nuestras propias finanzas, a veces nos mostramos un poco lentos en este cometido. 
A pesar de que hemos recomendado la aprobación de la gestión de nuestro presupuesto en esta ocasión, hay varios puntos en el informe que deberíamos analizar, especialmente los servicios de inventario y el nuevo sistema. 
Saludo el hecho de que el informe Kuhne solicite un informe sobre el nuevo sistema de control de inventario del Parlamento. 
Espero que la Comisión se tome el tiempo necesario para analizar seriamente este debate. 
Este Parlamento se toma muy en serio la aprobación de la gestión de la ejecución de los distintos presupuestos. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Morgan en que quizá debamos reflexionar sobre cómo deberíamos aprobar la gestión en el futuro. 
No obstante, por ahora, la Comisión debe responder a varias preguntas y espero que empiece a hacerlo inmediatamente. 
Señor Presidente, Señorías, es la segunda vez que hago uso de la palabra hoy y quiero agradecerles el clima muy constructivo que ha prevalecido en este debate tan prolijo. 
Por consideraciones de tiempo, no voy a poder responder, obviamente, a cada una de las intervenciones, sino que voy a intentar agruparlas por temas. 
El tema del acceso a la información que permita llevar a cabo el procedimiento de aprobación de la gestión con la seriedad necesaria y con los documentos que precisan para ello ha ocupado un lugar importante en las diferentes intervenciones. 
En este contexto, permítanme que les recuerde una vez más que la Comisión remitió a los ponentes y a la Comisión de Control Presupuestario todos los informes confidenciales solicitados. 
Por lo tanto, me veo sencillamente obligada a rogarles que si existen quejas porque no se haya entregado algún documento, lo indiquen de manera concreta, pues sólo de este modo podremos aclarar los malentendidos u ofrecerles mayor información, y la Comisión no dejará de responder. 
Existe, de hecho, un punto de discrepancia que será necesario resolver con vistas al futuro desarrollo del procedimiento y es el relativo a las actas de los procedimientos disciplinarios y las investigaciones administrativas. 
Este aspecto continúa estando excluido del Acuerdo, debido a la protección que merece el interés personal, y permítanme que les recuerde que los procedimientos disciplinarios también están regulados por disposiciones especiales en el Parlamento. 
Quisiera detenerme también en la pregunta del Sr. Blak sobre el cuestionario. 
Antes existía un procedimiento específico para la presentación de cuestionarios. 
Su comisión lo ha modificado ahora de manera informal, por decirlo así. 
Esto creó desconcierto en la Comisión, que dudaba si el cuestionario presentado por el Sr. Blak, pero no ratificado por su comisión, tenía carácter oficial o no. 
La Comisión manifestó luego que, naturalmente, respondería al cuestionario, a pesar de no haberse aclarado esa duda. 
Esto indica una vez más que sería francamente razonable establecer unas normas de procedimiento claras. 
A la Comisión ciertamente no le interesa que se produzcan estos malentendidos o conflictos y lo que debemos hacer es establecer un procedimiento claro, que haga posible una colaboración plena y satisfactoria para todos. 
Voy a retomar un punto de la intervención de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, puesto que se ha preguntado por qué no se ha entregado todavía la lista de los casos antiguos. 
En relación con esta cuestión, yo sólo puedo recordar que el procedimiento se modificó con el cambio del fundamento jurídico de la OLAF. 
Dicho fundamento jurídico establece ahora con toda claridad que la información sobre las investigaciones y los resultados de las investigaciones son de la competencia del Director de la OLAF. 
Yo creo que deberíamos tratar algún día esta cuestión con el Director de la OLAF junto con la Comisión de Control Presupuestario, dado que la Comisión ya no tiene esa competencia. 
En efecto, no dispone de más información que ustedes sobre el número de investigaciones en curso y en qué fase se encuentran, y a mí parecer también es correcto que así sea. 
Por consiguiente, tendríamos que tratar esta cuestión con el Director de la OLAF. 
Evidentemente, yo voy a seguir transmitiéndole todas sus peticiones, pero no puedo ofrecerles información al respecto en lugar del Director de la OLAF. 
Otro punto importante ha sido el tema del procedimiento de presupuestario, que también voy a comentar de nuevo. 
La Comisión ha indicado ya al Sr. Van Hulten en su Libro Blanco su propósito de reformar la forma actual de dicho procedimiento disciplinario. 
Como contrapartida podemos dar, sin embargo, el paso de incluir también una participación externa en el procedimiento disciplinario, con objeto de dejar claro que no se trata de un coto cerrado de ningún tipo, sino de un procedimiento regulado de comprobación de las acusaciones, que se desarrolla de manera objetiva,. 
Dadas las numerosas alusiones al mismo, también quiero referirme al tema del procedimiento de aprobación de la gestión. 
Señora Morgan, le agradezco sus propuestas con vistas a una aclaración en el ámbito de dicho procedimiento y también quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Bourlanges, que se ha referido en este contexto al tema de la interpretación del Tratado actual. 
Señor Bösch, usted ha señalado que este año el Consejo no recomendó unánimemente la aprobación de la gestión de la Comisión. 
Efectivamente, los Países Bajos no apoyaron dicha decisión, con la recomendación de que la Comisión elaborase un calendario claro. 
Señor Mulder, también usted se ha referido a este tema. 
Yo creo que deberíamos discutirlo algún día- también en la Comisión de Control Presupuestario -, pues aun cuando el procedimiento naturalmente es distinto en los Países Bajos, ofrece valiosas sugerencias que quizá podríamos incorporar al procedimiento en relación con el presupuesto europeo. 
En lo que se refiere al tema de la reforma y el control financiero- respecto al cual también se han expuestos muchas observaciones, críticas y sugerencias -, la Comisión ha dejado bien claro en su Libro Blanco que la reforma del control financiero es uno de los puntos fundamentales. 
La propuesta de modificar, suprimir y descentralizar el control financiero previo, hasta ahora centralizado, recoge al mismo tiempo, señor Bösch, una propuesta en la que se insiste repetidamente en el informe de la comisión independiente de sabios y desde el Tribunal de Cuentas. 
No se trata de reducir los controles, sino de mejorar su eficacia. 
De hecho, yo estoy firmemente convencida de que para ello es necesario que todo funcionario que tenga alguna relación con el dinero europeo deba responder realmente de la eficacia y la corrección en la ejecución de los pagos. 
Nadie debe poder ampararse en la existencia de un control financiero centralizado. 
La Comisión también ha decidido crear, en efecto, un servicio separado de auditoría interna ex-post y yo creo que esto deja claro asimismo una vez más que la Comisión se toma, de hecho, muy en serio la mejora del control financiero. 
Se ha dicho claramente que el objetivo debe ser reducir el porcentaje de errores y sólo me queda manifestar que estoy de acuerdo. 
No obstante, como es natural, no puedo reducir retroactivamente el porcentaje de errores correspondientes a los ejercicios de 1998 o 1999. 
El objetivo ha de ser más bien conseguir con medidas claras un mejor resultado en el futuro. 
Esta es justamente la finalidad del plan de acción presentado por la Comisión. 
En este contexto, yo quisiera volver a recordar igualmente lo que ha señalado usted, señor Pomés Ruiz, en cuanto a la conveniencia de que la Comisión indique a la comisión competente cuáles son los informes confidenciales que le ha remitido para los fines del procedimiento de aprobación de la gestión. 
Voy a responder con mucho gusto a esta petición, pues creo que esto también podrá contribuir a aclarar las cosas- 
La Sra. Langenhagen ha criticado en términos generales en su intervención a la interventora independiente de la Unión, a propósito de un informe sobre el Centro de Investigación de Geel. 
Yo quiero señalar, no obstante, que afirmar que la interventora es responsable del incidente del plutonio ocurrido en Geel es absurdo, puesto que no es ella la responsable del control nuclear ni de ningún otro tipo de control en Geel. 
Sin embargo, naturalmente he tomado nota de dicha crítica y ya he iniciado una investigación administrativa para comprobar si se cumplió la obligación de informar sobre la discusión del informe con el Centro de Investigación y de remitir el mismo al Tribunal de Cuentas Europeo. 
Señora Ferreira, la felicito por su primera intervención en el Parlamento y le agradezco su alegato a favor de la colaboración en beneficio de la política europea. 
Finalmente, quiero añadir que no interpreto el aplazamiento de la aprobación de la gestión como un enfrentamiento, sino que considero que el Parlamento Europeo ha ejercido su derecho a solicitar información e imponer condiciones, y a pedirle a la Comisión que introduzca medidas. 
El Parlamento Europeo está en su derecho a hacerlo. 
Además, también interpreto las peticiones de la resolución como un apoyo en la vía hacia una renovación de la política europea y, en este sentido, puedo asegurarles sinceramente que vamos a examinar con gran atención y nos vamos a tomar muy en serio cada uno de los puntos de la resolución, y les haremos llegar muy pronto nuestras respuestas sobre la información solicitada y los pasos emprendidos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.45 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
VOTACIONES 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0080/2000) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios respecto de la posición común (12004/2/1999- C5-0306/1999- 1998/0252 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como la supervisión cautelar de dichas entidades, y 
respecto de la posición común (12005/1/1999- C5-0307/1999- 1998/0253 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE del Consejo sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (Ponente: Sra. Kauppi) 
Bolkestein, Comisión. 
(EN) A raíz del debate celebrado anoche y repitiendo los argumentos que ya presenté ayer, deseo resumir la posición de la Comisión como sigue. Las primeras dos enmiendas tratan sobre el reembolso por el valor nominal. 
La opinión de la Comisión es que esto introduce en el texto una incertidumbre legal innecesaria. 
Por lo que la Comisión no puede encontrar el modo de aprobar las dos primeras enmiendas. 
Las enmiendas 3 y 4 proponen limitar sustancialmente las circunstancias en las que los Estados miembros pueden eximir de la aplicación de todas o alguna de las disposiciones de la directiva a un número limitado de entidades de dinero electrónico. 
Como dije ayer, si surgen motivos legítimos de preocupación, podrán ser tratados en la revisión de todo el procedimiento durante los próximos años. 
Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 3 y 4. 
Sobre la enmienda 5, la última, a pesar de que la Comisión desearía adoptar una opinión menos negativa de dicha enmienda que en el caso de las cuatro primeras, sigue siendo de la opinión de que sería mejor rechazar las cinco enmiendas y dejar la propuesta en su estado actual. 
(El Presidente declara aprobadas la primera posición común así modificada y la segunda posición común) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0084/2000) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la posición común (10804/1/1999- C5-0273/1999- 1998/0301 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/53/CEE por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (Ponente: Sr. Staes) 
. 
(EN) En nombre de la Comisión y, en particular, en nombre de mi colega el Sr. Byrne, permítanme decir que la Comisión puede aceptar todas las enmiendas que ha presentado el Parlamento. 
No necesito añadir nada más, puesto que estoy seguro de que el Parlamento estará satisfecho. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0072/2000) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos distintos de los colorantes y edulcorantes (COM (1999) 329- C5-0068/1999- 1999/0158 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0090/2000) del Sr. Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet (10317/1999- C5-0318/1999- 1999/0822 (CNS)) 
Señorías, la Comisión apoya todas las enmiendas adoptadas. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0091/2000) del Sr. Frahm, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se crea un Fondo Europeo para los Refugiados (COM (1999) 686- C5-0120/2000- 1999/0274 (CNS)) 
Antes de la votación sobre las dos enmiendas: 
Señor Presidente, el Partido Popular Europeo solicita una votación separada sobre la enmienda 19 y propone una votación por partes. 
Lo siento, pero es demasiado tarde. 
La solicitud ha sido presentada fuera de plazo. 
Tendría que haber sido presentada la noche antes de las votaciones. 
El Reglamento es perfectamente claro al respecto. 
Quisiera explicar a la Asamblea que la razón por la que hacemos esto es para que todos los Grupos políticos puedan preparar sus papeletas de votación y para que de esa manera no se produzca ninguna confusión durante las votaciones. 
Si comenzamos a incumplir esa norma, se creará el caos durante las votaciones. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe Staes (A5-0084/2000): 
La propuesta que debatimos hoy va encaminada a modificar la Directiva 95/53/CE a fin de disponer de un instrumento jurídico más idóneo para las necesidades de los controles en la esfera de la alimentación animal. 
A raíz de la crisis de la dioxina de mayo de 1999, la adaptación de esa legislación pareció indispensable. 
La Comisión anunció entonces un programa legislativo encaminado a mejorar la reglamentación relativa a la seguridad alimentaria. 
El Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron el programa; comprende una revisión de la Directiva 95/53/CE. 
En aquel momento se descubrieron varios problemas. 
Así, aparecieron disfunciones en la gestión de la crisis, en particular una mala coordinación entre las diferentes autoridades interesadas, y se comprobaron en el marco de un control de la Comisión. 
Las informaciones relativas a la contaminación por dioxina fueron facilitadas tardíamente a la Comisión y las medidas adoptadas en el nivel nacional no fueron suficientes. 
Para paliar esas lagunas, la propuesta va encaminada a disponer la posibilidad de que expertos de la Comisión y de los Estados miembros hagan los controles no sólo en la Comunidad, sino también en terceros países, en particular a raíz de la aparición de un fenómeno que puede influir negativamente en la salubridad de los alimentos para animales distribuidos en la Comunidad; adoptar un régimen de salvaguardia y ofrecer a la Comisión la posibilidad, en caso necesario, de enviar in situ expertos comunitarios para verificar si se respeta la reglamentación comunitaria y adoptar, llegado el caso, las medidas apropiadas; confiar a la Comisión la aprobación, además de los programas generales ya establecidos por la Directiva 95/53/CE, programas de control coordinados y específicos, en caso de contaminación inopinada que pueda constituir un peligro inminente y grave para la salud humana y animal. 
En la posición común no se ha incluido la concesión a la Comisión Europea del derecho de adoptar las medidas de salvaguardia idóneas en el marco de la alimentación animal para casos de urgencia. 
Evidentemente, es algo muy criticable, ¡por no decir irresponsable! 
Por eso, el ponente propone que se reintroduzca esa disposición, cosa de la que me felicito, pues sin ella no está garantizada la protección de los consumidores en situaciones de crisis alimentaria. 
Informe Lannoye (A5-0072/2000): 
- (FR) Deseo felicitar al ponente por su labor relativa a la propuesta de modificación de la Directiva 95/2/CE. 
Dicha directiva autoriza a utilizar ciertos aditivos alimentarios nuevos actualmente prohibidos, pero que el Comité Científico de la Alimentación Humana, tras evaluarlos recientemente, ha considerado aptos para el consumo humano. 
En el informe se expresan bien las preocupaciones de los consumidores ante el aluvión de aditivos y substancias químicas en la alimentación cotidiana. 
Esta última se ha modificado profundamente con el impulso de los cambios de la forma de vida y la aportación de nuevas técnicas. 
Se ha reducido considerablemente el tiempo dedicado a la preparación de comidas. 
Eso nos obliga con mucha frecuencia a tomar platos prefabricados, prácticos, pero que no corresponden verdaderamente a nuestros gustos y sobre todo a nuestras necesidades en materia de vitaminas, sales minerales... 
En efecto, los alimentos industriales que acaban en nuestros platos con frecuencia han sufrido fuertes transformaciones que entrañan una pérdida de gusto, textura y coloración. 
Para paliar esos inconvenientes, los químicos agroalimentarios les añaden aromas, elementos que realzan el gusto, endurecedores, colorantes, etc. Por otra parte, como las cadenas de distribución de los alimentos son cada vez más largas, resulta inevitable recurrir a los conservantes y antioxidantes. 
Todo eso provoca irremediablemente la inquietud de los consumidores, que, a raíz de las recientes crisis alimentarias, ¡desean cada vez más saber de qué se compone lo que llega a su plato! 
Para responder a esas preocupaciones, la Unión Europea se ha dotado de un arsenal legislativo particularmente complejo con vistas a evitar todo riesgo para el consumidor. 
Así, para justificar la incorporación de un aditivo en un alimento, se deben cumplir tres criterios para los cuales el margen de interpretación sigue siendo demasiado amplio: la necesidad tecnológica del aditivo por autorizar. 
Evidentemente, va determinado por la industria que razona ante todo desde el punto de vista de la reducción de los costos de producción y la conquista de mercados. 
Ese criterio recae actualmente con un peso demasiado grande sobre la balanza. 
El de la utilidad para el consumidor es un concepto particularmente impreciso. 
¿De verdad desea el consumidor comer un fruto o una verdura que puede permanecer en su nevera durante un mes sin cambiar de aspecto? 
Por último, la inocuidad. 
Antes de cualquier autorización de utilización de una substancia como aditivo alimentario, ésta es sometida, en principio, a una evaluación toxicológica. 
Normalmente, se realizan numerosas pruebas con animales de laboratorio para determinar si es inofensiva y a qué dosis puede consumirse sin peligro. 
¡Subsisten lagunas! 
Por una parte, el ser humano no siempre reacciona como los animales; así, pues, transponer al hombre los resultados obtenidos con el animal siempre plantea un problema. 
Por otra parte, con esos experimentos se evalúa el efecto de cada substancia tomada aisladamente. 
Ahora bien, ¡nuestra alimentación contiene a menudo un cóctel de substancias diversas de las que no conocemos todos los efectos! 
En materia de productos alimentarios, ¡se debe utilizar el principio cautelar con el mayor rigor posible! 
¡La propuesta de la Comisión no lo ha tenido suficientemente en cuenta! 
Así, pues, esperamos que nos proponga disposiciones encaminadas a una mayor protección de los consumidores, ¡pero también al fomento de una alimentación de calidad! 
Informe Kirkhope (A5-0090/2000): 
. (DA) Los diputados socialdemócratas daneses al Parlamento Europeo hemos optado por votar a favor del informe y respaldamos plenamente las iniciativas que en él se adoptan. 
Internet ha creado una situación completamente nueva para la reproducción, venta y distribución de la pornografía infantil. 
Internet funciona al margen de fronteras territoriales, de ahí la imposibilidad de que un solo estado ponga freno eficazmente a la difusión de pornografía infantil. 
Iniciativas como ésta, donde se aumenta la cooperación entre estados en la lucha común contra la difusión de pornografía infantil son absolutamente. 
- (FR) Como dije en el anterior período parcial de sesiones, con ocasión de un debate sobre el turismo sexual que afecta a niños, nada suscita mayor horror y repugnancia que la explotación de los niños. 
Ahora bien, debemos reconocer que la red Internet facilita esas "prácticas" al permitir a los perversos de todo tipo consultar sitios ilícitos de forma anónima. 
Tras haber hecho constar esa circunstancia alarmante, es indispensable reflexionar sobre los medios para luchar contra ese fenómeno a fin de proteger a nuestros niños. 
Por lo demás, acojo con satisfacción la labor de la Comisión de Libertades, que ha acabado haciendo propuestas muy interesantes. 
Así, propone que en cada Estado miembro de la Unión Europea se encargue a unidades especiales de policía vigilar Internet en busca de material pornográfico que afecte a niños. 
En efecto, si se quiere actuar con eficacia contra la pornografía infantil exhibida en Internet no basta con reaccionar ante las violaciones ya descubiertas. 
Por lo demás, el informe fija en 16 años la edad límite de referencia para definir lo que se debe considerar pornografía infantil. 
Apoyo también al ponente cuando insiste en que la decisión del Consejo debería ser más apremiante y no deberían dejarse las medidas propuestas al arbitrio de los Estados miembros. 
En el mismo sentido, ¡el concepto de "delito de pornografía infantil" debe entenderse en sentido amplio! 
Se propone añadir que "la producción, la venta y la distribución o cualquier otra forma de tráfico de material pornográfico infantil y su tenencia son punibles". 
No obstante, "la tenencia sólo será punible si es resultado de un acto realizado con conocimiento de causa o intencionalmente (o) perseguida deliberadamente". 
De lo contrario, los usuarios que "naveguen" por Internet y por inadvertencia caigan en un sitio que presente pornografía infantil podrían ser también punibles. 
También se hace extensiva la definición de acto delictivo a representaciones que, aunque no pongan en escena a niños, puedan o quieran darlo a entender. 
Las sanciones contra los usuarios de material pornográfico infantil deben ser ejemplares. 
Por lo demás, es muy importante organizar una mejor cooperación entre las fuerzas de policía de los Estados miembros mediante Europol. 
El Parlamento Europeo debe hacer propuestas audaces y mostrarse más vigilante. 
Debemos movilizar todos los medios preventivos y represivos posibles para luchar contra esos fenómenos. 
Esta propuesta sigue esa orientación, razón por la que no puedo por menos de darle mi apoyo. 
. 
(SV) En relación con las enmiendas 22 a 28, que son objeto de votación, queremos manifestar lo siguiente: opinamos que el problema de la pornografía infantil es gravísimo, en Internet y en otros medios, y compartimos, obviamente, el criterio de que tanto los Estados miembros como los países candidatos deben hacer todo lo que esté a su alcance para combatirla. 
Del mismo modo, es importante que se adopten medidas comunes eficaces y que se mantenga al Parlamento Europeo continuamente informado sobre el desarrollo de este trabajo. 
Por los mismos motivos que nos oponemos a la propuesta de creación de un registro especial para los delincuentes sexuales condenados (enmiendas 21, 30 y 32) , opinamos que la propuesta 24 no es políticamente aconsejable. 
Aunque fuese técnicamente posible, la comprobación de la identidad de las personas que han obtenido una dirección de correo electrónico significaría un atropello muy grande a la integridad personal y amenazaría con trabar el altamente recomendable uso legal de Internet. 
El siglo XXI es el de las comunicaciones. 
Paradójicamente, ha llegado a ser más frecuente contactar con amigos o colegas en el otro extremo del mundo que hablar con los vecinos de rellano. 
En ese vasto mercado de Internet algunos han encontrado un medio para hacer dinero fácil con fondo de miseria humana. 
Productores y distribuidores amorales han decidido responder a los deseos desviacionistas de ciertas personas difundiendo en Internet documentos pornográfico que afectan a niños. 
Nadie se escandaliza al encontrarse con numerosas prostitutas en las calles vecinas de este edificio o verlas exhibidas en vitrinas de Bruselas, nadie protesta cuando los establecimientos de prensa venden aunque sea en los estantes más altos revistas que alaban las peores desviaciones, incluidas las pedófilas. 
Y, sin embargo, como si todo eso no estuviera relacionado, nuestra Asamblea se escandaliza hoy ante la pornografía que afecta a niños. 
Una vez más tenemos en este caso la demostración de los estragos de la permisividad: si bien satisface los delirios de algunos, sigue siendo una causa de infortunio para muchos otros. 
Así, pues, es necesario que los servicios policiales y judiciales de nuestros Estados respectivos reciban los medios para luchar contra un flagelo que afecta a los más débiles de nosotros; en esa esfera, transfronteriza por naturaleza, puede ser útil que la Unión Europea aporte su contribución. 
Pero, si bien la lucha debe plantearse en el plano de la cooperación internacional, también es indispensable que se haga en la vida cotidiana acabando con la trivialización de todas esas prácticas. 
Se me replicará, como sucede con frecuencia, que siempre han existido y siempre existirán. 
¡Qué fatalismo en ese comentario, qué abandono, qué desprecio de la condición humana! 
Me alegro de que nuestras instituciones tomen conciencia hoy de ese drama vivido por miles de niños en el mundo, incluidos nuestros países, y decidan ponerle remedio. 
Sin embargo, temo que el habitual fenómeno de "dos pesos, dos medidas" prive de su sentido a esas medidas: en efecto, ¿qué crédito se puede conceder a políticas que limitan la lucha por la dignidad humana a unos y no a otros? 
Evidentemente, los niños necesitan una protección particular por nuestra parte, pero en una sociedad que ha perdido sus puntos de referencia, sean cuales fueren, y que, en nombre de la libertad individual, deja a los heridos por la vida en la cuneta, tenemos el deber de luchar por que todos niños y adultos puedan vivir dignamente. 
Espero, sin creerlo demasiado, que llegará un día en que el bien común volverá a ser nuestra principal preocupación para responder no ya a las peores tentaciones, sino a las aspiraciones más elevadas. 
Informe Frahm (A5-0091/2000): 
Señor Presidente, la creación de ese Fondo Europeo para los Refugiados es lo menos que se puede hacer para afrontar la acogida de los refugiados y las personas desplazadas por la fuerza que pueden llegar al territorio de la Unión Europea. 
Así, pues, votamos a favor de la creación de ese Fondo, aunque sea manifiestamente insuficiente para garantizar la acogida de los refugiados en condiciones correctas y aunque sirva sobre todo de coartada. 
Recuérdese simplemente la actitud incalificable de los países europeos, en particular los responsables de los bombardeos sobre Serbia y Kosovo, para con refugiados obligados a exilarse, muchos de ellos a causa precisamente de dichos bombardeos. 
Refugiados a los que la Europa rica ha dejado esencialmente a cargo de los países vecinos de la región, que aún no se han recuperado de ello. 
Por otra parte, denunciamos que los Estados de la Unión Europea vuelvan cada vez más restrictiva y arbitraria la concesión del estatuto de refugiado. 
Denunciamos que a numerosos hombres y mujeres que huyen de una opresión se les deniegue ese estatuto y se los transforme en indocumentados con la amenaza permanente de la devolución a su país de origen, con los riesgos, con frecuencia muy graves, que ello entraña. 
- (FR) La creación de un Fondo Europeo para los Refugiados que el Parlamento Europeo acaba de aprobar, pese al voto negativo del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, brinda un hermoso ejemplo de esas propuestas hipócritas que nada resolverán en el terreno y que tan sólo contribuirán a agravar la situación al transferir a Europa competencias costosas y que no domina. 
Como expuse en mi intervención de ayer, este Fondo no va destinado concretamente a afrontar situaciones poco comunes, excepcionales, dramáticas, de afluencia de refugiados procedentes de países en crisis. 
Su objetivo es hacer, al día, repartos de créditos para la gestión de la corriente habitual de refugiados de todas clases que se dirigen hacia los países más desarrollados. 
Pero, ¿qué otra cosa va a aportar ese Fondo respecto de la situación existente? 
Como en el caso de los Fondos estructurales, se va a hacer creer a los ciudadanos que Europa les distribuye dinero caído del cielo para ayudarlos a gestionar el programa de los refugiados. 
En realidad, ese dinero no cae del cielo: se les deduce a esos mismos ciudadanos que no se dan cuenta de ello. 
Así, Europa se granjea una buena reputación a costa de poco. 
El proceso siempre es el mismo: se elige una situación consternadora (en este caso la de los refugiados) para recurrir, no al razonamiento racional, sino a la compasión de la gente. 
Se explica que Europa va a aportar una sinergia para resolver el problema con el menor costo y, para demostrarlo, se declara que el nuevo fondo será un organismo menor al que se asignarán créditos limitados. 
Pero con el paso de los años advertiremos que Bruselas ejerce de forma poco rigurosa las competencias transferidas, por estar muy alejadas de los ciudadanos, que el Fondo ha desresponsabilizado a los Estados, por lo que hará falta más dinero, que también harán falta controles europeos para vigilar la utilización de los créditos y una administración europea para gestionar lo que habrá llegado a ser un monstruo incontrolable. 
Acabamos de asistir en directo al nacimiento de una nueva desviación europea que será muy costosa para todos y cuyo único resultado será el de transformar los Estados en recipiendarios de la asistencia pública y, para colmo, con su propio dinero. 
- (FR) Al final de 1998, la Comisión nos proponía un programa de acción comunitario encaminado a promover la integración de los refugiados en la Unión. 
A raíz de nuestro dictamen y de las reacciones del Consejo, la Comisión substituyó ese proyecto por una propuesta de creación de un Fondo Europeo para los Refugiados con una duración, en un primer momento, de cinco años (2000-2004) , ¡y debo decir que me satisface mucho! 
Al presentar un proyecto plurianual y en un ámbito de acción mayor, la Comisión se basa en el Tratado de Amsterdam para llevar a cabo acciones a largo plazo en pro de los refugiados y personas desplazadas y atender las peticiones formuladas por el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 sobre la creación de un dispositivo idóneo para las situaciones de urgencia. 
Constituye una clara mejora respecto de los usos que han prevalecido hasta ahora. 
Este Fondo instaura un sistema de redistribución financiera encaminado a equilibrar las cargas asumidas por los Estados miembros para acoger a los refugiados y permitir colmar su retraso a los países cuyo sistema de acogida es el menos desarrollado. 
El Fondo debería integrar en un solo instrumento los tres aspectos de la política europea relativa a los refugiados: la acogida, la integración y la repatriación de los refugiados y las personas desplazadas. 
Así permitirá la continuidad en los Estados miembros de acciones como la mejora de las condiciones de acogida y de los procedimientos desde el punto de vista de las infraestructuras y los servicios (alojamiento, ayuda material, asistencia social, asistencia para las gestiones administrativas) , pues la integración de las personas se beneficiará de una forma de protección internacional estable, la repatriación voluntaria y la reintegración en el país de origen. 
Los grupos beneficiarios son los refugiados, en virtud del Convenio de Ginebra, y las personas que han solicitado ese estatuto, las personas desplazadas que han pedido una protección limitada en el tiempo. 
Como complemento de las medidas estructurales, la Comisión propone que se financien con cargo al Fondo medidas de urgencia en caso de repentina afluencia en masa de refugiados. 
La Comisión propone para el ejercicio 2000 una dotación de 26 millones de euros con carácter de medidas estructurales y diez millones de euros para las medidas urgentes. 
Como suele ocurrir, esa dotación no es suficiente para atender las necesidades. 
Si se desea obtener resultados, habría que aumentar el presupuesto de ese Fondo,. 
La Comisión Europea debe presentarnos cálculos financieros aproximados que abarquen todo el período del programa correspondiente a las perspectivas financieras actuales y, llegado el caso, una propuesta de revisión de los créditos, pues serán necesarias sumas mucho más elevadas para realizar los objetivos del Fondo. 
Concluiré insistiendo en que la creación de este Fondo Europeo para los Refugiados constituye un primer paso hacia un régimen de asilo común y que debemos seguir trabajando en ese sentido. 
- (DE) Si la creación de un Fondo Europeo para los Refugiados respondiese al objetivo de humanizar y promover una mayor apertura de la política de asilo y de refugiados de los Estados miembros, habría que acoger con satisfacción ese paso. 
Sin embargo, el Fondo, que se crea sencillamente como resultado de la fusión de tres líneas presupuestarias en una, no conseguirá ese objetivo. 
El debate no ha sido lo único que ha demostrado qué es lo que realmente se pretende con la creación del Fondo Europeo para los Refugiados, esto es, el "reparto de las cargas". 
Es un enfoque equivocado por principio interpretar la emigración a la EU de personas que solicitan protección como una "carga" que habría que "repartir". 
Sobre esta base no es posible construir una política que tome en consideración desde el punto de vista de los derechos humanos los intereses de las personas perseguidas y que buscan refugio. 
La política de los Estados miembros y de la Unión está orientada- como quedó claro por última vez con la incorporación de una "cláusula de readmisión" en el Convenio de Lomé- al atrincheramiento y al rechazo contra los refugiados. 
Si las directrices fundamentales de la política europea de asilo y de refugiados son estas y si se concibe a los refugiados como "cargas", la creación de un Fondo para los Refugiados se convierte en una operación cosmética para ocultar el verdadero rostro de una política europea de atrincheramiento. 
Bajo esta forma, el Fondo no obliga a ningún Estado a modificar su política en el sentido de una mayor apertura a la inmigración de refugiados. 
Tampoco puede mejorar la seguridad jurídica de las personas perseguidas y que solicitan protección. 
Sin embargo, de eso se debería ocupar justamente, así como de la participación y los derechos de participación de los refugiados. 
La Unión Europea reivindica la libertad para el capital en todo el mundo, pero limita cada vez más la libertad de las personas, cerrando sus fronteras e erigiendo barreras contra los refugiados y solicitantes de asilo. 
Muchos refugiados pierden cada año la vida y son asesinados en las fronteras exteriores de la UE. 
A la vista de estas circunstancias, sería una ilusión suponer que la creación de un Fondo para los Refugiados va a humanizar la política de asilo y en materia de refugiados. 
Esta es la razón de mi abstención. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Consejo Europeo y la declaración de la Comisión sobre los resultados del Consejo Europeo celebrado en Lisboa, la Cumbre social. 
. 
(PT) Señora Presidenta, Señorías, el Consejo Europeo de Lisboa dio sin lugar a dudas un nuevo impulso al programa europeo y sus Señorías conocen, desde luego, sus resultados por la lectura de las conclusiones o también por la amplia proyección pública que dicho Consejo tuvo en la prensa europea e internacional. 
Se logró la aprobación de la idea fundamental de formular una nueva estrategia global para la Unión Europea en una economía mundial abierta, competitiva y global: hacer de la Unión Europea el espacio económico más dinámico y competitivo del mundo, basado en el conocimiento y apto para garantizar un crecimiento económico sostenible con más y mejores puestos de trabajo y con mayor cohesión social. 
Una economía basada en el conocimiento, respaldada también por una sociedad de la información y la investigación, es un factor poderoso del desarrollo de la Unión Europea y, naturalmente, presupone la aceleración de un proceso coherente de reformas estructurales y la realización plena del Mercado Interior. 
Dicho objetivo requiere también la modernización del modelo social europeo, invirtiendo en las personas y luchando contra la exclusión social, y también la aplicación de políticas macroeconómicas racionales y que propicien el crecimiento económico y el empleo. 
En la aplicación de la estrategia de Lisboa corresponde un lugar fundamental al fortalecimiento del papel de coordinación y orientación del Consejo Europeo, que pasará a seguir anualmente, mediante la celebración de un Consejo Europeo en cada primavera, los avances logrados y también a fijar las grandes líneas de orientación para los consejos sectoriales. 
Se formuló un nuevo método de coordinación con calendarios objetivos a corto, medio y largo plazo, con la indicación de objetivos, de métodos comparativos basados en los mejores procedimientos y también de otro tipo de indicadores. 
Es un método de coordinación abierta que esperamos dé los mejores resultados. 
Esas orientaciones se plasmarán también en políticas nacionales, periódicamente seguidas y evaluadas en un proceso de aprendizaje recíproco. 
Las metas fijadas en el Consejo Europeo de Lisboa son muy vastas y entrañan mandatos específicos para la Comisión. 
Ayer, sin ir más lejos, el Presidente Romano Prodi presentó al Consejo el programa de la Comisión en esa esfera y también las diversas formaciones del Consejo, por lo que es fundamental tener en cuenta la diversidad de plataformas en que se desdobla la estrategia formulada en Lisboa, con consecuencias para los sectores de la investigación científica, la educación, el Mercado Interior, la industria, etc. El desarrollo del comercio electrónico, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y la creación de condiciones para la reducción de los costos de acceso a la red Internet son, evidentemente, factores fundamentales para el éxito de esa estrategia modernizadora y el plan de acción e-EUROPE, que se presentará al Consejo Europeo de Feira, constituirá también un instrumento decisivo para acelerar la evolución de la Unión Europea hacia la sociedad de la información. 
Ayer, sin ir más lejos, pude anunciar al Consejo de Asuntos Generales que la Presidencia portuguesa ya ha preparado un calendario de los mandatos encomendados por el Consejo para la aplicación de medidas concretas en diversos sectores y también con vistas a la preparación adecuada del Consejo de Feira y el Consejo Europeo de Niza. 
Al Consejo ECOFIN corresponderá esencialmente el fortalecimiento del proceso de Cardiff, el plan de acción de los servicios financieros, el plan de acción de capital de riesgo, el conjunto de medidas fiscales, la revisión suplementaria de las directrices sobre el empleo y la evaluación de la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y al empleo. 
Al Consejo del Mercado Interior corresponderán el comercio electrónico, los derechos de autor y derechos conexos, el control de la exportación de bienes de doble utilización y la supresión de los obstáculos a los servicios, así como contratos públicos, adquisiciones comunitarias y del sector público por vía electrónica, el establecimiento de una estrategia coordinada con vistas a la simplificación legislativa y reglamentaria y el problema de la patente comunitaria. 
Al Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales corresponderá hacer la revisión de las directrices sobre el empleo, encomendar al grupo de alto nivel sobre protección el mandato de preparar un estudio sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones con vistas al año 2020, aplicar a las políticas de lucha contra la exclusión social un método abierto de coordinación y reflexionar sobre la orientación futura de la política social con vistas a llegar a un acuerdo sobre el programa social europeo en el Consejo de Niza. 
Al Consejo de Investigación competerá el plan de acción e-EUROPE y promover la realización del espacio europeo de investigación. 
Al Consejo de Telecomunicaciones corresponderán la conclusión de la revisión de la reglamentación de las telecomunicaciones y la liberalización del mercado en ese sector. 
Al Consejo de Consumidores competerán la venta a distancia de servicios financieros- aprobación de la legislación pendiente- y la resolución extrajudicial de los conflictos del consumo, con la creación de una red comunitaria. 
Al Consejo de Educación corresponderán la reflexión sobre los objetivos futuros de los sistemas educativos con vistas a contribuir a los procesos de Luxemburgo y de Cardiff, la formulación en el marco europeo de las nuevas competencias básicas, la creación de un diploma europeo de competencias básicas en materia de tecnologías de la información, la eliminación de los obstáculos a la movilidad de profesores y la formulación de una norma europea para los curricula vitae, y el seguimiento de las políticas nacionales de aplicación de los objetivos, el acceso a la red Internet en las escuelas hasta 2001 y la formación mínima, hasta 2002, de la red de profesores en materia de tecnologías de la información. 
Al Consejo de Industria corresponderán la elaboración de la Carta para las pequeñas empresas y la realización de una comparación de políticas pertinentes para la creación y el desarrollo de empresas innovadoras, en particular las pequeñas y medianas empresas. 
Al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior corresponderá la aprobación de legislación pendiente relativa a una competencia judicial y de ejecución de decisiones. 
Conviene observar que la ejecución de esos mandatos, decididos en Lisboa, exige una buena articulación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, en la medida en que muchos de los actos por aprobar están sujetos al proceso de codecisión. 
Como pueden comprobar sus Señorías, ese esfuerzo de fijación de objetivos en el Consejo Europeo de Lisboa se desdobla en un importante calendario de acciones que deben realizar ahora la Comisión y las diversas formaciones del Consejo. 
La Presidencia portuguesa ya ha adoptado las medidas adecuadas en el nivel del Consejo para que las formaciones concretas comiencen a poner en marcha inmediatamente la ejecución de los programas previstos para sus sectores respectivos y para que se dé en esa esfera una coordinación adecuada mediante la presentación de un informe de síntesis por el Consejo Europeo de Feira, en junio de este año, o también por el Consejo Europeo de Niza, durante la Presidencia francesa. 
. (IT) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la Cumbre que recientemente se celebró en Lisboa fue, como acaba de señalar el Ministro Sr. Gama, un gran éxito para Europa. 
El Consejo Europeo planteó una nueva estrategia para la Unión, una estrategia que la convertirá en una potencia líder en la nueva economía basada en los conocimientos y que le permitirá restablecer las condiciones propicias para el pleno empleo. 
Los últimos datos que tenemos sobre la revisión de las previsiones tanto de crecimiento de la economía como del empleo nos hacen ser optimistas. 
El Consejo Europeo de Lisboa ha asumido el firme compromiso político de llevar a cabo un ambicioso plan socioeconómico, ha marcado objetivos claros para las reformas, ha reforzado el modelo social europeo y, ante todo, ha planteado las cosas de tal manera que a los compromisos adquiridos les seguirán cuanto antes acciones concretas. 
Todo esto da una señal de confianza absolutamente nueva en el futuro de Europa y en el futuro de nuestra economía y de nuestra cohesión social. 
El éxito de Lisboa se debe en gran parte a la excelente calidad de los trabajos preparatorios de la Presidencia portuguesa. 
António Guterres dirigió el debate de manera ejemplar, sin embargo, la Comisión contribuyó de forma determinante a dicho éxito. En efecto, las conclusiones se remiten en gran medida al documento preliminar de síntesis que elaboramos con vistas a este Consejo. 
Del debate de Lisboa ha surgido un gran acuerdo en la mayor parte de los asuntos. 
Los únicos puntos realmente controvertidos son los que atañen a los plazos de liberalización del mercado de la energía y de los transportes, a la cuestión de los servicios públicos, al paquete fiscal y a las competencias de las autoridades regionales en materia de educación y de formación. 
Son puntos importantes, pero muy concretos. 
Este alto nivel de consenso ha permitido a la Presidencia fijar un orden del día muy ambicioso. 
No me voy a detener en repasar analíticamente las conclusiones, sino que me limitaré a abordar los puntos más relevantes. 
El Consejo Europeo ha reiterado la importancia de una sana y fuerte política macroeconómica, de la consolidación fiscal y de las políticas financieras sostenibles, así como de las reformas estructurales. 
En lo que respecta a la sociedad de la información, se han establecido los principales elementos de la iniciativa e-Europe, impulsada por la Comisión, en particular el marco jurídico para el comercio electrónico, la apertura de los mercados de las telecomunicaciones, el acceso de las escuelas a Internet y la formación de los profesores. 
La Comisión ha sido invitada a elaborar una estrategia de benchmarking para definir las mejores prácticas y para garantizar no solo la creación de las infraestructuras necesarias, sino también la disponibilidad de los capitales necesarios. 
En cuanto al mercado interior, el Consejo Europeo ha planteado objetivos ambiciosos para la contratación pública y para la ejecución de los planes de acción relativos a los sistemas financieros y a los capitales riesgo. 
Asimismo se arbitrarán medidas para acelerar la liberalización de los transportes, de la energía y de los servicios postales. 
Se ha dado un fuerte impulso a la investigación, a la educación y a la formación permanente. 
Asimismo el Consejo estuvo de acuerdo en la necesidad de un vigoroso incremento de las tasas de ocupación, en particular de las mujeres y, repito, las previsiones actuales son muy confortantes al respecto. 
Uno de los avances más significativos fue el consenso alcanzado entre los Estados miembros respecto a la necesidad de estudiar las posibilidades de modernizar los sistemas de protección social y de hacer viables los sistemas de pensiones, sobre la base de una iniciativa de la Comisión. 
Hasta hace poco un acuerdo de este tipo hubiera sido inimaginable y éste puede ser un punto extraordinariamente significativo. 
En consecuencia, la Comisión desempeñará un papel destacado a la hora de desarrollar el seguimiento de esta Cumbre. 
Permítanme ahora recordar algunas de las cosas que vamos a hacer: en primer lugar, elaboraremos nuevas propuestas legislativas, en particular para el marco jurídico del comercio electrónico que es muy urgente- no se puede desarrollar el comercio electrónico con el marco jurídico que tenemos- y para la contratación pública; en segundo lugar, procederemos al benchmarking para gestionar el proceso de "coordinación abierta" en todas sus etapas en los campos de la investigación, de la política empresarial y de la exclusión social; en tercer lugar, presentaremos nuestra comunicación titulada "Una nueva agenda social europea" que servirá de punto de partida para la Cumbre de Niza, organizada por la Presidencia francesa; por último organizaremos los Consejos de primavera haciendo un resumen anual de los progresos realizados en el ámbito económico y social, una especie de informe general sobre la situación económica y social de Europa. 
Estos Consejos de primavera- que se celebrarán anualmente- serán importantes para recapitular los progresos realizados y de cara a elaborar estrategias futuras. 
La Comisión, en consecuencia, desempeñará un papel crucial a la hora de garantizar que los compromisos del Consejo Europeo se traducen en acciones concretas. 
Sólo así Lisboa será realmente un éxito para Europa. 
La Comisión deberá servir de motor en este proceso. 
Mañana mismo me reuniré con mis colegas Comisarios para asegurarme que los trabajos van a comenzar cuanto antes y que se alcanzarán los distintos objetivos establecidos. 
Estoy decidido a procurar que esta Comisión mantenga los compromisos asumidos. 
Quiero agradecer aquí al Parlamento el estímulo y el ánimo, así como las ideas que nos ha dado a lo largo de estos debates. 
En Lisboa también abordamos la cuestión de los Balcanes: fue una reunión durante la cena, no prevista en la agenda oficial de los trabajos, así y todo fue una reunión de trabajo. 
En esa ocasión, planteé la cuestión de la responsabilidad política de la Unión Europea respecto a la región de los Balcanes y subrayé que está en juego toda nuestra credibilidad. 
El Consejo Europeo suscribió el informe conjunto, elaborado por la Comisión y el Alto Representante, así como nuestra solicitud de una coordinación más eficaz entre los distintos programas llevados a cabo por la Unión Europea en la región. 
Dicha coordinación, lo repito en este Pleno, es necesaria y urgente, dramáticamente urgente. 
A mi instancia los jefes de Estado y de Gobierno coincidieron en la necesidad de llevar a cabo el saneamiento del Danubio. 
Hemos reunido los recursos: ahora espero que se adopten las iniciativas apropiadas. 
Asimismo coincidimos en simplificar los procedimientos para facilitar ayudas a los Balcanes. 
Por último, por lo que se refiere a Rusia, el Consejo Europeo reconoció el carácter estratégico de nuestras relaciones con Moscú e invitó al Presidente Putin a tener en cuenta nuestra preocupación por la situación en Chechenia. 
Le he remitido una carta felicitándole por su elección y subrayando el sincero interés de la Comisión por una estrecha cooperación con el Gobierno ruso. 
Sin embargo, hemos hecho referencia de forma específica al problema checheno. 
Para terminar, señora Presidenta, quiero agradecer a este Pleno su valiosa contribución a la Cumbre y la labor realizada para garantizar el éxito de la reunión de Lisboa. 
Señorías, considero muy alentador el resultado de esta Cumbre y quiero reiterar una vez más que la Comisión no escatimará esfuerzo alguno para lograr que las decisiones del Consejo Europeo se pongan en práctica rápida y eficazmente. 
A dicho fin, cuento con su pleno apoyo y su cooperación. 
Los ciudadanos europeos que sus Señorías representan nos miran y confían mucho en los resultados de Lisboa: nuestra tarea es no decepcionarles. 
Señora Presidenta, distinguido Presidente en ejercicio del Consejo y Ministro, señor Gama, distinguido Presidente de la Comisión, señor Prodi, cabe perfectamente calificar de histórica la Cumbre de Lisboa gracias a su contenido político. 
El Consejo Europeo trazó como objetivo estratégico de la Unión la creación de la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de mantener un crecimiento económico sostenido y de crear más y mejores puestos de trabajo. 
Sin embargo, este objetivo en sí no hace todavía histórico a este Consejo Europeo, sino la gama de medidas que el Consejo recomienda a la Unión y a sus Estados miembros para alcanzar sus objetivos. 
Cito parte de las conclusiones de la Presidencia del Consejo: en primer lugar, con el fin de alcanzar el nuevo objetivo estratégico hay que confiar, ante todo, en el sector privado, así como en la colaboración entre los sectores público y privado. 
Ello también dependerá de la movilidad de los recursos disponibles en los mercados, así como de los esfuerzos de los propios Estados miembros. 
La función de la Unión Europea consiste en actuar como catalizador en este proceso. 
En segundo lugar, hay que aliviar la presión fiscal sobre el trabajo, de manera especial sobre el trabajo poco cualificado y poco retribuido. 
En tercer lugar, hay que reorientar el gasto público hacia una mayor importancia relativa del gasto en acumulación de capital, tanto en el plano físico como en el humano. 
En cuarto lugar, hay que acelerar el proceso de liberalización, entre otros, de los sectores del gas, la electricidad, los servicios postales y los transportes, con el fin de crear un mercado interior plenamente operativo también en estos sectores. 
He tomado sólo algunos ejemplos para constatar que el Consejo de los quince Estados miembros de la Unión Europea, de cuyos gobiernos catorce están dirigidos por socialistas, ha adoptado por completo una política económica y de desarrollo de centro-derecha, en cuyo marco se ha incorporado la responsabilidad social en algunos puntos tal y como ha hecho el Grupo PPE-DE. 
Al indicar esto con satisfacción en nombre de mi Grupo, no me estoy mofando en absoluto, puesto que, a nuestro juicio, lo esencial no es encontrar contradicciones políticas, sino hacer uso de los instrumentos apropiados para que los ciudadanos salgan beneficiados. 
En las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, estos instrumentos se integran en una economía de mercado social, y está bien así. 
Algunas palabras de advertencia: la responsabilidad principal en el logro de los objetivos relativos a la liberalización de los mercados y al desarrollo de un comercio electrónico asequible para el consumidor corresponde a los Estados miembros. 
Yo pregunto: ¿supone una ventaja para el consumidor del futuro el precio astronómico de los derechos de la telefonía móvil de última generación que se están subastando en Inglaterra? 
Pues no. 
La avaricia en las ventas se traduce en carestía del sistema y en demora de la puesta a punto. 
Tomo este ejemplo debido a su actualidad, y no para recalcar el hecho de que precisamente el Reino Unido está procediendo de un modo contrario a las conclusiones de Lisboa. 
Otra advertencia: estamos en el umbral de la ampliación. 
¿Al acelerar la marcha hacia el marco establecido en la iniciativa "e-Europa" dentro del territorio de la Unión, no estaremos dificultando aún más la adaptación de los países que van a adherirse a la Unión? 
Claro que la respuesta no puede ser: no aceleremos el desarrollo en el marco "e-Europa" de la Unión. 
La respuesta es una pregunta: ¿es que se ha esbozado, aunque sea en el caso de una ampliación relativamente lenta, la vinculación de la ampliación a las perspectivas presupuestarias que se desprenden de las decisiones de la Agenda 2000? 
¿No habría que incrementar las subvenciones en materia de política estructural de tal modo que los países aspirantes a la adhesión no se queden cada vez más rezagados en su desarrollo con respecto a la Unión actual? 
Estimados colegas, distinguidos representantes del Consejo y de la Comisión, quisiera concluir señalando, en nombre del Grupo PPE-DE, que tenemos plena confianza en que, por su parte, el Presidente de la Comisión, el Sr. Romano Prodi, y la Comisión que él dirige van a llevar a cabo los objetivos de Lisboa. 
El Grupo PPE-DE y, a mi entender, todo el Parlamento van apoyar el trabajo de la Comisión practicando un crítica constructiva. 
Puesto que las deficiencias en la plena operatividad del mercado interior son todavía debidas a las trabas interpuestas por los Estados miembros, la ejecución de las decisiones específicas de Lisboa a nivel institucional también dependerá principalmente de que los Estados miembros respalden también con hechos las solemnes tesis de Lisboa. 
Señora Presidenta, la Cumbre de Lisboa pasará a la Historia. 
Después de la de Luxemburgo en 1997, en la que Europa descubrió su responsabilidad común en materia de empleo, el Consejo Europeo acaba de esbozar una estrategia económica nueva que debe hacer de la Unión no sólo un sistema económico basado en el conocimiento más competitivo y más dinámico del mundo, sino también un modelo en materia de empleo y cohesión social. 
Cita: "La novedad de esta Cumbre estriba en que ha versado sobre la globalidad de la política económica y social". Acabo de citar al primer ministro liberal de Bélgica. 
Con él, el Presidente de la República Francesa, los Jefes de Gobierno de Austria, España, Irlanda y Luxemburgo respaldaron las conclusiones de Lisboa. 
No obstante, ciertas fuerzas políticas de este Parlamento parecen querer convertir la Cumbre de Lisboa como en un happening de la Internacional socialista. 
¿Cómo interpretar, si no, la negativa de los Grupos PPE y ELDR a negociar una resolución común a las principales fuerzas políticas de este Parlamento? 
Algunos ayatolás conservadores y liberales no parecen querer entender nada de una política macroeconómica y monetaria al servicio del modelo social europeo. 
Su único dios parece ser el mercado libre e incontrolado. 
Y, sin embargo, la economía de mercado tiene que ser por fuerza social. 
Adivinanza: ¿quién dijo en Lisboa que los ciudadanos esperan de la Unión que manifieste con fuerza su dimensión social? 
¿Quién dijo que para nuestros ciudadanos- y cito- "el paro es lo que arruina vidas y destruye nuestras sociedades durante generaciones y que sigue siendo hoy la prioridad predominante, aunque comience a retroceder"? ¿Que "el regreso general del crecimiento permite hoy lo que era imposible ayer"? 
¿Que "el capitalismo desbocado que, mediante traslados de empresas, practica el dumping social aprovechando las disparidades de nuestras legislaciones sociales o fiscales respectivas antepone el beneficio máximo a la suerte de las mujeres y los hombres en el trabajo"? 
Acabo de citar a la Sra. Nicole Fontaine, Presidenta de nuestro Parlamento. 
El Grupo Socialista sigue también a la Sra. Fontaine, cuando declaró en Lisboa- y cito- que "el Parlamento aprecia profundamente el modelo social europeo en todas sus facetas". 
La Presidenta cuenta con nuestro apoyo cuando pide al Consejo Europeo que- cito- "regule de forma equilibrada las fusiones de empresas dentro de la Unión", "que se prohiban las que no respeten una legislación europea apremiante en materia de información previa y consulta de los trabajadores", "que dichas fusiones vayan precedidas de una evaluación rigurosa de sus repercusiones sociales", y hace constar que "las fusiones salvajes, llevadas a cabo exclusivamente por un poder capitalista dominante, tienen un efecto devastador en la cohesión social de la Unión". 
El Grupo Socialista se suma a la Presidenta cuando reclama un observatorio de las mutaciones industriales, el reparto más equitativo de la rentas entre el capital que permite y el trabajo que produce. 
En una palabra, el Grupo Socialista subscribe las conclusiones de nuestra Presidenta, a la que felicitamos por esas afirmaciones justas y valientes. 
Si este Parlamento votara la resolución común presentada por el PPE y los liberales, que no sólo parecen querer desautorizar a nuestra Presidenta, sino también desmarcarse del Presidente Prodi y de los primeros ministros demócratas cristianos, conservadores y liberales que respaldan el proceso de Lisboa, caería en el ridículo. 
En consecuencia, aconsejo a todos los demócratas cristianos, a todos los liberales y a todos los demócratas en general que deseen una economía social de mercado que voten a favor de la resolución del Grupo Socialista. 
Nosotros queremos aunar eficacia económica, calidad de vida y protección social. 
Queremos un desarrollo duradero en todos sus aspectos. 
(Aplausos a la izquierda) 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Prodi, señor Presidente del Consejo, señor Gama, a modo de introducción quiero decir que los miembros del grupo ELDR no estuvimos muy de acuerdo con la Sra. Fontaine en los comentarios que realizó en su intervención en la Cumbre de Lisboa. 
En cambio, nos alegraron mucho las conclusiones visionarias que aparecían en las conclusiones de la cumbre. 
Nos alegra especialmente el acento puesto en que Europa debe crear bienestar y empleo mediante el fortalecimiento de la economía de mercado y el fortalecimiento de la competitividad, entre otras formas, a través de una mayor flexibilidad en el mercado laboral y una menor presión fiscal sobre los trabajadores de salario bajo. 
Quiero también expresar mi satisfacción por que la coordinación abierta que ya conocemos de la política sobre el empleo vaya a ser empleada como herramienta en otros ámbitos, para fomentar el empleo de las tecnologías de la información, para fortalecer la formación y para fortalecer la investigación. 
Trabajar en pro de objetivos comunes de esta forma abierta y flexible, donde los países pueden medirse con respecto a los demás países y aprender de cada uno, es una buena manera tanto de garantizar el progreso como, al mismo tiempo, de garantizar la libertad de cada país para buscar sus propias soluciones a sus propios problemas. 
También quiero manifestar mi gran satisfacción con el hecho de que la declaración ponga marcos temporales para el desarrollo del mercado interior en áreas importantes, sobre todo, con la promesa de crear rápidamente un marco legal para el comercio electrónico. 
Pero también hace la misma falta desarrollar la economía tradicional y por ello celebro el acento puesto en un mayor esfuerzo investigador y en la consolidación del mercado financiero interior junto al apoyo del Consejo para que se lleve a cabo una liberalización dentro del sector energético, del sector postal y de transporte, aún sin que el Consejo haya fijado los marcos temporales de estas liberalizaciones. 
En el desarrollo de la política de empleo y la lucha contra el aislamiento social es correcto apostar, no sólo por el crecimiento económico sino también por la formación y la activación como una forma de que los excluidos puedan poner el pie dentro del mercado laboral y ayudarse a sí mismos. 
Una coordinación basada en el benchmaking presenta grandes ventajas, sin embargo, naturalmente debemos cuidar de que no tome una dirección burocrática o lleve hacia una regulación pormenorizada. 
Por último, quiero hacer una importante y quizá menos elogiosa observación. 
El Consejo se refiere en muchas ocasiones en el texto final de Lisboa a lo que el Consejo hará en el futuro, eventualmente tras una ponencia de la Comisión. 
Espero que no atribuyamos demasiada importancia a este aparente acento del carácter interestatal de la cooperación comunitaria. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, creo que está claro que en enero, en el momento en que la Presidencia portuguesa lanzó su primer documento, la intuición inicial era excelente. 
La difusión en masa de técnicas de comunicación iba a provocar- y provoca- considerables cambios en el modo de vida y de trabajar de los europeos. 
En las conclusiones de la Presidencia portuguesa figuran numerosos objetivos y compromisos positivos. 
Ahora bien, éstos podrían quedar diluidos y la lectura de la propuesta de resolución presentada por el Grupo liberal da una idea en verdad caricaturesca al respecto y que va a propiciar la división de este Parlamento en torno a una antigua fractura derecha-izquierda, que no corresponde, en realidad, a la observación de las políticas concretas aplicadas en los quince Estados miembros y que tampoco afronta, desde luego, los imperativos del futuro. 
Ahora bien, el verdadero imperativo sería, señor Prodi, que, si el Parlamento aprueba mañana esa propuesta de resolución, no la subscribiera usted en los próximos meses. 
Por eso, le pedimos que profundice la reflexión con el Consejo sobre algunos aspectos que nos parecen dramáticamente ausentes de las conclusiones de Lisboa. 
El primero se refiere al objetivo estratégico. 
¿Se ha olvidado el objetivo estratégico del desarrollo duradero que debía formar parte integrante de una economía del siglo XXI apta para atender las necesidades del planeta y sus ciudadanos? 
Ni una línea sobre los informes que la Comisión presentó en Helsinki con ocasión del Consejo Europeo. 
Ni una línea sobre la aplicación concreta del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 
Hay que vincular la difusión de las técnicas de comunicación modernas y la aplicación del desarrollo sostenible. 
El segundo aspecto se refiere al empleo. 
No hay que ocultar a los ciudadanos europeos que la difusión de esas técnicas de comunicación va a crear empleos, pero también va a destruirlos y que plantea en el corazón mismo de nuestras sociedades, en los planos macroeconómico y microeconómico, la cuestión de la redistribución de la jornada laboral y de las rentas. 
Eludir esas cuestiones es ir al encuentro de graves crisis sociales en el futuro pese al espíritu de optimismo que caracteriza la economía actual. 
Lo mismo ocurre con la cuestión de la fiscalidad, que ha mencionado usted. 
La propia Comisión había dicho en uno de sus documentos sobre la integración de los mercados financieros que sólo era posible con un mínimo de regulación fiscal. 
Lo mismo se puede decir del conjunto de medidas Monti. 
Esos expedientes no avanzan e integrar los mercados financieros sin una regulación fiscal en el nivel europeo equivale siempre a hacer avanzar a Europa a dos velocidades diferentes. 
Por último, en materia social creo que no es prudente, señor Monti, que la Comisión abandone toda propuesta legislativa en materia de derecho laboral. 
La nueva economía consiste también en permitir a los trabajadores, cuando haya reestructuraciones de empresas o haya que hablar precisamente de la inserción, de las innovaciones tecnológicas en las empresas, hacerlo en buenas condiciones. 
Eso también debe figurar en el programa social de Niza y lo alentamos a que consiga que así sea, porque mi Grupo desea una Comisión fuerte y ambiciosa y, si tiene usted en cuenta las observaciones que acabo de formular, le dará su apoyo. 
Señora Presidenta, muchos observadores han subrayado que este Consejo extraordinario se ha caracterizado por el triunfo de las tesis de los señores Blair y Aznar. 
Si se quiere decir con eso que la Cumbre de Lisboa consagra una visión liberal de Europa, subscribo, natural y lamentablemente ese análisis. 
Pero no puedo contentarme con ello. 
En efecto, en modo alguno deseo dejar a los actuales Jefes de Gobierno británico y español el monopolio de una postura ofensiva respecto de la revolución de la información. 
Efectivamente, se trata, a mi juicio, de un inmenso imperativo que se debe afrontar. 
Por eso, cuando leo en las conclusiones de la Cumbre que Europa se fija como objetivo el de promover una economía del conocimiento dinámica, "capaz de un crecimiento duradero acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo", yo digo: ¡a ver si es verdad! 
Estoy resueltamente a favor de aumentar todos los años- y cito- "la inversión en recursos humanos y practicar una política voluntarista encaminada a la consecución del pleno empleo". 
Así, pues, la confrontación política entre nosotros no versa sobre la elección de la modernidad, sino sobre su concepción y, en particular, el lugar y el papel que deben corresponder a los hombres y las mujeres sin exclusivas, a la vez como asalariados y como ciudadanos. 
Ahora bien, en ese plano los señores Blair y Aznar y los que los han seguido están presos de arcaísmos trivialmente conformistas del viejo pensamiento liberal: dejar hacer al mercado, en particular financiero, flexibilizar los salarios, disminuir los costos laborales, con riesgo de drogar a la máquina para que fabrique desigualdades, precariedad y exclusión a escala de todo el planeta. 
Ahí es donde les aprieta el zapato: tener o no la audacia para acabar con esos tabúes, en el momento en que aparecen las primicias tan prometedoras de una nueva etapa de la civilización humana. 
En ese terreno es en el que, en mi opinión, se calibrará la auténtica ambición de Europa y también la verdadera modernidad de la izquierda. 
- (PT) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero señalar algunas conclusiones positivas que el Consejo Europeo de Lisboa presentó plasmadas, por lo demás, en lo esencial, en el proyecto de resolución común subscrito, entre otros, por mi Grupo y ya tan atacado aquí por los socialistas. 
Dichas conclusiones fueron enunciadas por los Jefes de Estado o de Gobierno en el marco de un objetivo estratégico encaminado a convertir dentro de diez años la Unión Europea en el espacio mundial más competitivo mediante el desarrollo de una economía del conocimiento y la aprobación de políticas orientadas hacia el crecimiento y el pleno empleo. 
Pero yo pregunto: las declaraciones de los actuales dirigentes europeos, que son en su mayoría socialistas y hace varios años que gobiernan sus países, ¿no revelan más que nada sus incapacidades y los graves fallos del modelo europeo de desarrollo que se ha venido fomentando? 
¿Qué hay de verdaderamente nuevo y original en las conclusiones de la Cumbre de Lisboa y que no hubiera diagnosticado y afirmado el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo de 1993? 
En aquel momento se apostaba- y cito- "por las redes de información"; hoy se insiste en la apuesta- vuelvo a citar- "por el sector del conocimiento y el acceso a la sociedad de la información". 
Antes se ponía el acento en- y cito- "la enseñanza y la formación a lo largo de toda la vida". 
Actualmente- y vuelvo a citar- "se centra el interés en la formación a lo largo de toda la vida". 
Y podríamos seguir citando innumerables conclusiones totalmente idénticas a las del Libro Blanco de 1993. 
Sin embargo, hay un aspecto que merece una referencia particular en la esfera de las políticas de pleno empleo. 
En 1993, el objetivo era reducir a la mitad el número de desempleados en la Unión Europea: de diecisiete millones a ocho millones y medio. 
La verdad es que estamos en el año 2000, el desempleo se mantiene en los quince millones y las conclusiones de la Cumbre nos prometen tasas próximas al pleno empleo de aquí a un decenio. 
Resulta como mínimo políticamente irresponsable y revela una mentalidad muy propia de los socialistas, incluso los adeptos a la tercera vía, basada en la aplicación voluntarista de una estrategia que es- todos lo saben- producto de múltiples factores y está centrada, en última instancia, en el desempeño de sus funciones por las empresas. 
Como dijo un conocido analista, los dirigentes europeos decidieron algo que no tienen forma alguna de cumplir. 
Prometer, como hicieron, metas ambiciosas de crecimiento y empleo es lo mismo que anunciar un aumento de la población o del número de días de sol. 
Creemos que el papel de los gobiernos debe centrarse más bien en el desarrollo de los medios que permitan a los agentes sociales y económicos producir riqueza y presentar los resultados positivos en esas esferas. 
Otro aspecto que merece nuestra atención se centra en el hecho de que en la Cumbre no se tuviera aparentemente en cuenta que los países de la Unión Europea tienen recorridos históricos y estructuras económicas y sociales diferenciadas y disparidades que la ampliación al Este no hará sino acentuar y subsisten asimetrías que incluso la presentación de tasas medias de desarrollo no consigue ocultar. 
Y eso es válido tanto para los aspectos positivos como para los negativos. 
¿Cómo explicar, por ejemplo, que Suecia y Finlandia, países que tienen modelos de protección social muy desarrollados, tengan tasas de penetración en la red Internet idénticas a las de los Estados Unidos, cerca del 50%, mientras que en Inglaterra, país más bien liberal, ascienden al 29%? 
Por otro lado, ¿cómo es posible que subsistan en la Unión disparidades brutales en los valores de los salarios mínimos en algunos Estados miembros o diferencias marcadas en la calidad de los sistemas de seguridad social y en el importe de las pensiones de jubilación o incluso en las tasas de desempleo o de desempleo oculto, por no hablar de las bolsas de pobreza y exclusión cada vez más diseminadas? 
La Unión Europea puede haber iniciado su carrera hacia niveles de desarrollo de los que la economía y las empresas norteamericanas ya disponen hoy. 
Pero, mientras la convergencia de las economías nacionales y la cohesión económica y social interior no sean su primera prioridad, la verdadera Europa estará por construir. 
He seguido con gran interés la reunión del Consejo Europeo celebrada en Lisboa, y es una exhibición retórica muy impresionante, que sobre todo demuestra una colosal ineficacia que se está generalizando. 
Realmente, sí era un buen y bello objetivo estratégico convertirse en la economía más competitiva, dinámica y basada en el conocimiento del mundo de cara a crear un crecimiento sostenible. 
No obstante, el problema en primer lugar es que no se ha esbozado ninguna actuación concreta que pueda hacer realidad esta ambición. 
Y en segundo lugar, que los problemas sociales que quedan atrás y que sí son una parte muy importante de nuestra realidad dentro de la Unión Europea para bien y especialmente para mal han sido pasados por alto. 
Se habla en las conclusiones de la Presidencia sobre "el modelo social europeo". 
No conozco ningún modelo social europeo. 
Conozco varios modelos diferentes de bienestar social y éstos están unidos nacionalmente a tradiciones determinadas. 
En el país del que provengo existe una tradición que difiere claramente de la tradición dominante en la Unión Europea. 
El problema real es pasado totalmente por alto. 
Éste fue mencionado en las negociaciones dentro de la Conferencia Gubernamental y es la cuestión relativa a la reforma y creación de un modelo social europeo. 
Se apoyan las decisiones por mayoría en este ámbito. 
A tal cosa se opone el gobierno del país del que provengo y lo mismo hacemos nosotros, que observamos con escepticismo este desarrollo de la Unión Europea. 
La contribución más importante de la reunión del Consejo celebrada en Lisboa son todos los problemas que no se solucionaron. 
Señora Presidenta, Señorías, la Cumbre de Lisboa se celebró bajo el signo del empleo, la reforma económica y el ingreso en la era digital. 
Sin embargo, no es la primera Cumbre en la que se ha debatido el tema del "empleo". 
Ya desde Essen se han venido formulando muchas declaraciones de intenciones y programas de acción bienintencionados. 
El único camino para incrementar de manera sostenible la tasa de empleo consiste en ofrecer a las empresas el marco de condiciones que necesitan para poder disponer de un espacio de actuación empresarial. 
Las medidas propuestas de apoyo a las PYME consisten exclusivamente en análisis y la elaboración de nuevas declaraciones de intenciones no vinculantes. 
El papel es paciente. 
Lamentablemente, se echan en falta por completo unos resultados concretos. 
Sólo mediante reformas estructurales será posible mejorar de manera duradera la situación del empleo. 
Concretamente, éstas son: la reducción de la cuota tributaria, la simplificación de los sistemas tributarios y mayores facilidades para la creación de empresas. 
Todo el mundo dice: "Sí, es absolutamente cierto." 
Pero, sin embargo, la transposición fracasa. 
En mi calidad de diputada austríaca, al hablar de Lisboa tengo que referirme también a las sanciones de los 14 de la UE. 
La capacidad democrática está vinculada siempre a la capacidad de debate. 
Por esto me parecieron particularmente preocupantes los esfuerzos de la Presidencia para excluir el tema "Austria" del orden del día. 
A la Unión también le interesa aclarar la relación entre Austria y la UE. 
El rechazo del diálogo no ha sido nunca un planteamiento adecuado para la resolución de conflictos. 
En mi país, muchas personas me preguntas: "¿ Cómo se puede construir Europa como un lugar de paz cuando al mismo tiempo los máximos representantes no se saludan o se niegan la palabra ?" 
Estos gestos simbólicos favorecen la apertura de antiguas brechas entre las personas. 
Por lo tanto, yo quiero decirle a cualquiera que declare que las sanciones van dirigidas contra el Gobierno, pero no contra las personas, que esa separación no es posible. 
Simplemente no es posible separar a un Gobierno legitimado por unas elecciones democráticas del pueblo que lo ha elegido. 
Así lo demuestran los absurdos ejemplos del boicot de los taxis de Bruselas, los problemas con los programas de intercambios de estudiantes y otros. 
La desconfianza con que se trata a Austria, a pesar de que desde 1945 no ha contravenido nunca los principios democráticos, está en clara contradicción con el espíritu de esta Comunidad. 
¡Juzguen al Gobierno austríaco por sus acciones! 
¡En ellas no encontrarán nada que atente contra el espíritu de la Unión! 
(Aplausos de la derecha) 
Señora Presidenta, quisiera saludar al Presidente del Consejo y desearle los mayores éxitos en el ejercicio de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea. 
Todos nosotros estaremos globalmente de acuerdo con el objetivo estratégico de la Cumbre de Lisboa de transformar la Unión Europea- paso a citar- "en el espacio económico más dinámico y competitivo del mundo, basado en el conocimiento y apto para garantizar un crecimiento económico sostenible". 
Nadie dudará de la importancia que reviste preparar a nuestros ciudadanos para las exigencias de la sociedad de la información, del conocimiento y de las nuevas tecnologías de comunicación como armas estratégicas para vencer en el futuro, creando empleo y niveles superiores de calidad y remuneración. 
Todo estaría muy bien si se hubiera convocado la Cumbre de Lisboa para debatir concretamente ese tipo de problemas, por lo que se debería haber llamado Cumbre de la Sociedad de la Información, Cumbre de la Economía y del Conocimiento o Cumbre de la Nueva Economía, conforme a los gustos, las sensibilidades o las pretensiones. 
Pero llamarla Cumbre del Empleo constituye una desviación del objetivo. 
Es como poner un rótulo falso en un producto, ya que la etiqueta no corresponde al contenido. 
Por conveniencia política, en este caso. 
Porque en verdad el objetivo del empleo supera con mucho esas cuestiones. 
En primer lugar, porque la nueva economía, por ser un imperativo esencialmente generacional, no puede colocar una bomba sobre la vieja economía, que constituye el sustentáculo de la realidad que somos y cuyos ajuste estructural y modernización son una etapa que no se puede quemar. 
Ahora bien, eso entraña la necesidad de debatir desde ahora mismo las estrategias de reconversión de los sectores tradicionales de nuestra economía, como también exigiría una reformulación de las opciones que habremos de seguir en materia de principios orientadores de la Organización Mundial del Comercio. 
En segundo lugar, porque un debate estratégico sobre el empleo debería comenzar con un análisis substancial de los factores de competitividad de la Unión Europea, porque en ese plano es en el que se juega el crecimiento sostenido de la economía y, por tanto, el empleo y el bienestar social. 
La verdad es que en un debate de esta naturaleza no podemos dejar de preguntarnos por las razones por las que la Unión Europea ha crecido en los últimos años a una tasa inferior a la mitad de la de los Estados Unidos de América o por las que ningún gobierno ha tenido el valor de poner en tela de juicio el llamado "modelo social europeo" en sus aspectos más negativos, porque, sin poner en entredicho lo que tiene de positivo, ese modelo constituye en algunos aspectos un incentivo a la pasividad, la facilonería y la pereza en capas de la población que podrían y deberían trabajar. 
Por eso, deberíamos preguntarnos por qué han sido tan bajas las tasas de reinserción económica de la población activa beneficiada por algunas políticas de solidaridad, como ocurre en particular con los sistemas de tipo "rendimiento mínimo garantizado", o por qué tenemos en Europa una tradición tan estatalizante y tan intervencionista que condiciona negativamente la competitividad de la economía y que, al amparo de argumentos sociales y de estabilidad, oculta a veces estrategias de gasto por el gasto e incluso, con frecuencia, de gestión de clientelas políticas, fenómenos que afectan negativamente al crecimiento económico, a la distribución de la riqueza y, por consiguiente, al empleo. 
Así, pues, un debate profundo de la problemática del empleo en la Unión Europea no podría dejar de tratar debidamente esas cuestiones. 
Señora Presidenta, deseo añadir mi calurosa bienvenida y mi enhorabuena a la Presidencia por los éxitos alcanzados en la Cumbre de Lisboa. 
Creo que algún día descubriremos que todos los caminos conducen a Lisboa a través de Luxemburgo, Cardiff y Colonia, porque Lisboa debería ser el final de un proceso, un proceso que cumple la clase de prioridades que queremos llevar a buen puerto en todo el territorio de la Unión Europea. 
El quid de la cuestión es cómo convertir las conclusiones de la Cumbre de Lisboa en acción; debemos asegurarnos de que convertimos la retórica de Lisboa en realidad. 
No insistiré demasiado en los detalles de la Cumbre de Lisboa. 
Muchos de nosotros hemos pasado ya por eso y saludamos muchas de las conclusiones. 
Quiero analizar los retos inherentes al proceso de Lisboa para el Parlamento, la Comisión y, también, para las tres instituciones. 
En particular, en lo que al Parlamento se refiere, existe el enorme reto que supone realizar todas las implicaciones legislativas de completar el mercado único. 
Existe el reto de realizar todo el potencial de la e-economía. 
Existe el reto para el Parlamento de cumplir con su cometido en lo que respecta a ayudar a Europa a convertirse en un centro dinámico de creación de puestos de trabajo sostenibles, de innovación, de competitividad y de un sistema modernizado de asistencia social. 
Es un reto que el Parlamento tiene que asumir, en colaboración con las demás instituciones, con el Comisario Prodi y sus colegas y con el Consejo. 
Si no lo hacemos, nadie comprenderá ni nos perdonará que no hayamos alcanzado nuestro objetivo. 
La razón para ello, como mencioné antes de la Cumbre de Lisboa, son las personas que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados; los ciudadanos de Europa. 
Debemos convertir Lisboa en algo lleno de significado para ellos, algo para las personas de mi ciudad de Wolverhampton. 
Para mí, Lisboa trata de la creación de una Europa en la que existan puestos de trabajo bien remunerados, altamente especializados y con un alto valor añadido. 
Si conseguimos ese tipo de Europa a partir del proceso de Lisboa, será bueno para nuestros ciudadanos y para Europa en su conjunto, porque ¿qué podría ser más justo e integral desde el punto de vista social que una Europa que realmente goza del pleno empleo y de buenos puestos de trabajo de los que todo el mundo puede beneficiarse? 
Ése es nuestro reto. 
Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento a la Presidencia portuguesa. 
Agradezco al Presidente en ejercicio, al Sr. Ministro y, en particular, al Primer Ministro Guterres por todos los esfuerzos que personalmente ha dedicado a este proceso. 
En Lisboa, la Presidencia portuguesa nos ha dado la llave para abrir una década de innovación sostenida, de competitividad y de creación de empleo en todo nuestro continente. 
Ha llegado el momento de que nosotros, el Parlamento, la Comisión y el Consejo trabajemos unidos para asegurarnos de que se gira la llave. 
- (PT) Señor Presidente, Señor Presidente Romano Prodi, Señor Presidente Jaime Gama, el documento aprobado en la Cumbre de Lisboa tiene un carácter abstracto que puede volver injusta su aplicación. 
La política aprobada puede provocar en su momento un alto crecimiento, aproximándolo al de los Estados Unidos, pero no evitar la exclusión social ni conseguir la cohesión social y el equilibrio territorial. 
Permítame que hable de este problema que afecta a políticas europeas básicas. 
El Consejo Europeo debería saber que hoy en Europa coexisten, en los mismos territorios o países, la menor renta por habitante y el mayor desempleo. 
Eso exige una política europea de empleo con presupuesto específico asociada a la política de Fondos estructurales que el Consejo Europeo, en su ceguera, no quiere aceptar. 
También debería saber el Consejo que dentro de Europa hay países poco desarrollados, pero preparados para la economía del conocimiento, con un sistema de educación técnico, universitario y profesional de calidad que, por no tener el desarrollo económico necesario, ven de nuevo emigrar a sus hijos e hijas, con lo que éstos desempeñan paradójicamente el mismo papel que el de los informáticos formados en la India que trabajan en los Estados Unidos. 
El Consejo debería pensar en eso y trabajar en pro de una Europa real. 
- (PT) Señor Presidente, los resultados de la Cumbre de Lisboa demuestran que todo lo que previamente había presentado la Presidencia portuguesa como prioridad para el empleo y la lucha contra la exclusión social no pasó de ser una gran mistificación. 
Ya pueden sus partidarios atribuir color de rosa a las conclusiones, ya sea hablando de la llamada modernización del modelo social europeo o de la necesidad de convertir la Unión Europea en el espacio más competitivo del mundo, que no consiguen ocultar sus objetivos de conseguir un mercado de trabajo sin los condicionamientos impuestos por la legislación protectora de los derechos de los trabajadores, colocar la seguridad social a plena disposición de los mercados financieros y acelerar el proceso de liberalización en sectores fundamentales como el gas, la electricidad, los servicios postales, los transportes y las telecomunicaciones. 
Así, en vez de más empleo de calidad y con derechos, de reducción de la jornada laboral con mantenimiento de los salarios y sin flexibilización, las decisiones de la Cumbre van a contribuir en la práctica a la aparición de un empleo peor, más precario, con menos derechos y sin una protección social eficaz. 
En vez de servicios públicos de calidad que atiendan las necesidades de los usuarios, protejan los sectores más vulnerables de la población y creen puestos de trabajo de calidad, lo que el Consejo decidió fue acelerar las privatizaciones para satisfacer intereses de grupos económicos y aumentar sus beneficios, con consecuencias negativas para el empleo, la degradación de las condiciones de trabajo, el medio ambiente y la ordenación del territorio. 
Señalemos como positiva la importante manifestación de decenas de miles de trabajadores que, desfilando ante la Cumbre de Lisboa, denunciaron la precariedad cada vez mayor en el empleo, el desempleo y la exclusión social y exigieron más empleo de calidad, mejores salarios, más derechos sociales y cambios de rumbo en las orientaciones de las políticas europeas para que exista cohesión económica y social. 
Señor Presidente, en el debate previo al Consejo de Lisboa dije que, en vista de los documentos preparatorios, los Jefes de Estado o de Gobierno, al abordar la nueva economía, parecían vacilar entre un planteamiento burocrático y centralizado y otro más libre y simplemente coordinado. 
Después de la celebración de dicho Consejo, nos parece que la balanza se inclina por el lado de la libertad. 
En efecto, según las conclusiones de Lisboa, no se van a añadir nuevas reglamentaciones europeas a las que ya existen, sino que, muy al contrario, hay que aplicar- se trata de una expresión que se repite en varias ocasiones- un nuevo método abierto de coordinación. 
Así, la economía del conocimiento en la que entramos tiene ya repercusiones retrospectivas en nuestra concepción de las instituciones europeas. 
Pues ese nuevo método de coordinación debe significar- ya lo sabemos- el abandono de la integración autoritaria por arriba, el abandono de las reglamentaciones uniformizadoras y su substitución por un sistema en el que los Estados y las democracias nacionales desempeñarán un papel mucho más importante y se coordinarán redes según el modelo precisamente de una red informática. 
Conque la Unión, en cuanto tal, debe desempeñar un simple papel de concertación y catalizador. 
Por lo demás, esa palabra figura exactamente en las conclusiones de Lisboa. 
Ese nuevo método entraña también que el Consejo Europeo vuelva a descubrir su misión fundamental de orientación estratégica y deje a los diferentes Consejos de Ministros la facultad de adoptar las decisiones concretas y a la Comisión la tarea de preparación y ejecución. 
De ese modo lograremos por fin unas instituciones europeas más equilibradas y democráticas. 
Sin embargo, las conclusiones de Lisboa podrían, señor Presidente, inspirar muchas reservas en otros niveles. 
Como falta tiempo, citaré sólo una: el objetivo voluntarista de hacer que la proporción de mujeres activas pase de 51 % a 60 % en 2010. 
Ése es en verdad el tipo de comportamiento autoritario que debería ser cosa del pasado. 
No corresponde a los poderes públicos, sino a las propias interesadas y a la sociedad civil, decir cuántas mujeres deben trabajar. 
Los poderes públicos deben limitarse a velar por que las madres sean tratadas equitativamente en los hogares y que se hagan las elecciones personales libremente. 
Señor Presidente, decidí intervenir en este debate cuando leí el análisis, realmente excelente, de la situación actual de Europa presentado por la Comisión Europea de cara a la Cumbre de Lisboa. 
Es cierto que la Cumbre de Lisboa ha representado también algo así como un cambio radical en las actitudes hacia la sociedad global y, en particular, hacia temas como el comercio electrónico. 
Al mismo tiempo, en Lisboa se ha producido una cierta tensión entre el antiguo mundo de la Internacional Socialista y el nuevo mundo de aquellos que tienen perspectivas algo más amplias. 
Por consiguiente, la ciudad de Enrique el Navegante puede convertirse en la ciudad del navegador Netscape, un nuevo enfoque que personalmente acojo con gran satisfacción. 
La Cumbre ha sido descrita indistintamente como una cumbre social, como una e-cumbre, etcétera. 
Se ha hablado mucho de las políticas económicas y sociales que se suponía que debían surgir de Lisboa. 
La realidad es que la modelo social europea vive ahora en Londres y se llama Laetitia Casta. 
Ella es Marianne, el símbolo de Francia, pero los impuestos en Francia son ahora tan altos que se ha trasladado a vivir a Londres, a pesar de la fuerte subida de los impuestos que ha llevado a cabo el Gobierno Laborista. 
Próximamente, el Gobierno se dispone a incrementar el PIB en 16.000 millones a través de la venta de licencias de telefonía móvil de la tercera generación, como nos ha recordado el Sr. Suominen. 
Existe cierta tensión en toda Europa, pero al mismo tiempo, detecto un cambio radical. 
Rara vez intervengo en los debates tras las cumbres, pero ésta es importante. 
Por tanto, espero con interés que la Comisión Europea emprenda una acción genuina. 
Es acción y no palabras lo que necesitamos. 
Cuando digo palabras, me refiero a palabras como "bench-marking" y "revisión escrutadora". Estoy seguro de que no son muchos en esta Asamblea los que entienden el significado de "bench-marking" o de revisión escrutadora. 
No se preocupen, no tiene importancia. 
Lo que realmente importa es que se dé un toque de agilidad a la directiva relativa al comercio electrónico, un toque de agilidad a las telecomunicaciones. Concedamos a las personas la libertad de utilizar Internet en ventaja propia, en beneficio propio, con fines sociales, con fines educativos, para los discapacitados; todas las ventajas que nos ofrece Internet. 
No necesitamos el pesado toque regulador del pasado. 
Señor Prodi, por favor, no haga caso de lo que dicen sus amigos de la Izquierda y cíñase al nuevo mundo y no al antiguo. 
Señor Presidente, permítame decir al Sr. McMillan-Scott que hay un fantasma que recorre Europa, el fantasma del rendimiento económico, y uno se pregunta por qué se resiste aún, a pesar de los grandes esfuerzos que le ha dedicado el liberalismo. 
Realmente es una cuestión de estrategia. 
¿Cuál es la estrategia a seguir para lograr esta transformación económica increíble que nos está prometiendo Lisboa? 
Es una estrategia radical en su innovación. 
Hasta el día de hoy, cuantos se han ocupado del problema de la economía europea han intentado resolverlo en el marco de la antigua economía. 
El Sr. Guterres ha decidido que en este marco el problema, más o menos, sigue sin resolver, y en lugar de combatir con el estancamiento al que conduce la antigua economía, ha decidido flanquearlo. 
Esta es su gran inspiración estratégica. 
Propone que Europa apoye con todo su peso a la nueva economía, a la informática, a las telecomunicaciones, en la esperanza de que, al crecer la nueva economía, remolcará a la antigua hasta nuevos caminos. 
Y el ejemplo básico es el empleo. 
Hay 16 millones de parados en Europa y no puede absorberlos. 
Paralelamente hay 800.000 puestos de trabajo de alta especialización en el sector de la nueva economía, que no puede llenarlo por falta de personal especializado. 
Hay quien dice que el año que viene el número de estos puestos ascenderá a 1.600.000. 
Si Europa no aprende rápidamente informática, los puestos de trabajo sin ocupar se multiplicarán y la economía se hundirá. 
Y si ocupamos los 800.000 puestos de trabajo, todavía quedarán 15 millones de parados. 
Así que no parece que resolvamos gran cosa. 
Pero las nuevas tecnologías, en la medida en que las apoyamos, redundan en la competitividad y en la reducción del coste en todos los sectores. 
En la medida en que, gracias a la influencia de la nueva economía los todos demás sectores son más productivos, crean también puestos de trabajo. 
Esta es la simple y gran idea de Lisboa. 
La cuestión es si también va a ser rentable en la práctica. 
Y que sea rentable en la práctica depende de si podemos tener una nueva concepción financiera en Europa. 
Durante todos estos años, Europa se había convencido de que no merecía la pena tirar el dinero de sus contribuyentes invirtiendo en la antigua economía. 
De ahí vienen todos los déficit cero y todos los proyectos de estabilización y todo esto. 
Podemos discutir sobre la medida en que estaba totalmente justificado todo este superconservadurismo del ECOFIN; pero quizás ya podamos superar este tema. 
Quizás nos diga Lisboa cómo superarlo porque, si de lo que se trata es de llevar a cabo sus objetivos, necesitamos las inversiones en la nueva economía. 
Nos hace falta construir las carreteras de la información, sobre los que la empresa privada, por supuesto, puede construir sus coches y echarse a correr. 
Pero las carreteras, pueden construirlas sólo los Estados miembros, sólo el Estado, sólo puede construirlas la Unión Europea. 
Y sobre esta base, sobre si vamos a ser capaces de combinar la economía pública con la privada de forma original y valiente, se va a juzgar la suerte de Lisboa. 
Señor Presidente, para el Consejo Europeo de Lisboa, pese a estar dedicado al empleo, el desempleo de 18 millones de mujeres y hombres de la Unión y el drama humano y social que representa sólo son una zona de sombra en una coyuntura económica más prometedora que nunca en el lapso de una generación. 
¡Tanto cinismo raya en la sinceridad! 
La coyuntura, excepcional para la gran patronal y la clase poseedora, se debe precisamente a la amplitud del paro, la presión que ejerce sobre los salarios y la generalización de la precariedad. 
En cuanto a la promesa de crear 20 millones de puestos de trabajo en los próximos años, es tan mentirosa como ridícula. 
El Consejo ha presentado la supuesta nueva economía como la principal proveedora de puestos de trabajo para el futuro. 
Pero la crisis bursátil que se produjo unos días después de la Cumbre ha mostrado hasta qué punto la nueva economía era sobre todo el apoyo de la vieja especulación y que los puestos de trabajo prometidos en las tecnologías de la información y las comunicaciones eran puramente virtuales. 
En el mismo momento la manifestación de los trabajadores europeos de Alsthom en Bruselas ha recordado que la economía muy real, la de las grandes empresas, sigue suprimiendo miles de puestos de trabajo, agravando el paro, mientras los gobiernos secundan a esas empresas al suprimir ayudas e indemnizaciones a los desempleados para obligarlos a aceptar cualquier trabajo, a cualquier precio, en cualesquiera condiciones. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, una cara de la medalla indica que el crecimiento económico y las cifras de empleo mejoran, que se está elaborando el plan de acción "e-Europa", que el desempleo comienza a reducirse ligeramente y que las perspectivas económicas y del empleo son buenas. 
La otra cara de la medalla indica que todavía existen 15 millones de parados, un sector de servicios insuficientemente desarrollado en el ámbito de las telecomunicaciones y de Internet, falta de cualificaciones en el ámbito de la tecnología de la información, un paro estructural de larga duración, demasiados monopolios y trabas estatales, desventajas competitivas frente a Estados Unidos y una insuficiente aplicación de las innovaciones europeas. 
Lisboa ha despertado esperanzas con respecto a la superación de estas insuficiencias. 
Quien despierta esperanzas, debe permitir que le juzguen por los hechos, introducir de manera consecuente un modelo de comparación de resultados, llevar a cabo un seguimiento regular, formular objetivos ambiciosos, elaborar un plan de referencia para cada país que indique cómo se van a concretar dichos objetivos y, sobre todo, pasar rápidamente de las palabras a los hechos. 
Nosotros vamos a evaluarles, apreciados Estados miembros- representados por el Consejo- por el tiempo que transcurra hasta que cada escuela de Europa disponga de una conexión a Internet, el tiempo que tarde en completarse la liberalización de los mercados de la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, los servicios de correos y los transportes, por lo que en verdad diga la Carta sobre las pequeñas y medianas empresas y cuándo se haga efectiva la ofensiva fundamental. 
Les vamos a evaluar por cuánto tarden en completar e iniciar la realización del mercado interior de servicios financieros, y el tiempo transcurrido hasta que la cantidad y calidad de la innovación así como su aplicación logren convertir a Europa en el espacio económico más competitivo y más dinámico del mundo. 
No obstante, permítanme que añada también, en apoyo de la Sra. Raschofer, que a la vista de nuestra experiencia con ustedes vamos a evaluarles asimismo por su actuación con respecto al Parlamento y a la Comisión en el curso de este proceso y por el momento en que en verdad se consiga una reducción sostenible del desempleo. 
Nuestro modelo de economía social de mercado es la base de nuestra actuación y es preciso que se siga desarrollando simultáneamente. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, permítanme destacar de las interesantísimas conclusiones de Lisboa una declaración que, por aparentemente técnica- aunque entiendo que de enorme carga política -, no ha sido hasta ahora comentada por los anteriores oradores. 
Se trata de esa petición que se hace a la Comisión de que para el año 2001 plantee una estrategia coordinada para el entorno legislativo. 
En estos momentos tenemos- y sólo por nombrar unas cuantas- las iniciativas SLIM, Business Test Panel, Regulatory Policy Guidelines, Better Law-Making Report, por no hablar de las iniciativas relativas a la codificación o a la calidad de la legislación. 
Evidentemente, todo eso hay que coordinarlo e incluso hay que ir más allá al hacer la nueva regulación, o al reestructurar la legislación existente. 
La mejora de la calidad tiene que ir enfocada no sólo a la legislación comunitaria sino también a la legislación de los Estados miembros. 
En toda nueva legislación tenemos que establecer un mejor equilibrio entre la self regulation y la public regulation, en la línea de lo que, en las conclusiones de la Cumbre de Lisboa, se llama, en algunas iniciativas, corregulación. 
Tenemos que revisar la iniciativa Best Business Impact. 
Tenemos, en todo este ejercicio, que tener en cuenta los intereses de los consumidores y los intereses del medio ambiente, y son tareas complicadas. 
Volviendo a la simplificación, la iniciativa SLIM necesita una revisión total. 
Necesitamos un programa claro, necesitamos, además, que ese programa se traslade a la dimensión nacional, donde todavía existe mucho gold plating de las directivas cuando se transponen. 
Necesitamos cláusulas de caducidad, necesitamos mejorar la codificación. 
Ahora la codificación es un instrumento demasiado pesado, demasiado poco efectivo, por ello, quizá haya que reformar el Tratado. 
Y, por último, necesitamos regular en menos tiempo, ser más efectivos. 
Si estamos en la era de Internet, tenemos que darnos cuenta de que un año, en Internet, como mucho, son tres meses. 
Por lo tanto, también ahí necesitamos mejorar. 
Señor Presidente, enhorabuena por una cumbre especialmente centrada en lo que respecta a: la claridad de los objetivos, el análisis de las tareas necesarias para alcanzar dichos objetivo y el sistema incorporado de búsqueda del progreso. 
En la Cumbre se ha hecho especial hincapié en el ámbito europeo de investigación e innovación, a raíz de la excelente comunicación del Comisario Busquin. 
Es un ámbito que adolece de graves deficiencias en materia de logros en la Unión Europea. 
Necesitamos conocimientos más amplios en ciencia y tecnología. 
Hemos aprovechado la necesidad de rectificar nuestra carencia- mediante la protección de patentes, la representación de los ámbitos de excelencia, los incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo, una red electrónica de científicos y una mayor movilidad de nuestros investigadores. 
El Sexto programa marco será una herramienta más. 
Además de conocimientos más amplios, necesitamos también conocimientos más exhaustivos. 
Necesitamos a aquellos a los que les ha sido negado el derecho de representación en los ámbitos de la ciencia y la tecnología- mujeres, personas de edad avanzada y, en particular, aquellos que sufren alguna desventaja- para que participen en la búsqueda de estos conocimientos más amplios. 
Necesitamos hacer un mejor uso de los conocimientos. 
Naturalmente necesitamos nuevos productos y necesitamos nuevos procesos y necesitamos nuevas ideas sobre cómo debe ser gestionada nuestra sociedad. 
También necesitamos nuevas tecnologías sostenibles. 
Los Socialistas Europeos respaldamos plenamente el salto hacia delante que ha hecho posible el análisis contundente que ha tenido lugar en la Cumbre de Lisboa. 
Señor Presidente, muchos comentaristas han hecho comparaciones desfavorables entre la Unión Europea y la antigua Unión Soviética. 
Ambas han sido profundamente antidemocráticas, ambas parecían estar en contra de la empresa y de la creación de riqueza. 
En la Cumbre de Lisboa resultó evidente que la UE ha redescubierto el espíritu emprendedor. 
Aunque tengo algunas reservas respecto a las referencias al mercado social que hace la resolución del PPE, es para mí un placer apoyarla. 
Esperemos que se ponga en práctica y que sea algo más que proclamas vacías de contenido y comunicados de prensa. 
En directo contraste, la Presidenta de nuestro Parlamento pronunció un discurso sorprendente en Lisboa, que vino a ser un ataque virulento e injurioso a las empresas multinacionales, a la economía liberal, al libre mercado y a la esencia misma del capitalismo occidental. 
No tengo ninguna duda de que lo hizo movida por las mejores intenciones humanitarias. 
Pero debemos comprender que si sus propuestas se llevaran a cabo, perjudicarían la competitividad y la productividad, alejarían la inversión, dañarían la prosperidad y, sobre todo, incrementarían el desempleo. 
Atacó nada menos que a los fundamentos del capitalismo occidental, el motor que nos ha proporcionado una riqueza y unos logros con los que jamás pudieron soñar generaciones anteriores. 
La Presidenta dijo que los europeos se sienten bastante escandalizados por el capitalismo sin ataduras, cuyas deslocalizaciones, dumping social, explotación implacable y búsqueda despiadada de beneficios a expensas de los trabajadores y de las trabajadoras tienen repercusiones directas y traumáticas sobre sus vidas. 
Eso va más allá del socialismo; es puro marxismo. 
Quizá habría sido apropiado para el Kremlin en los años sesenta, pero está totalmente fuera de lugar en la Europa del siglo XXI. 
Es típico de este Parlamento pedir que se ponga fin al desempleo, al mismo tiempo que fomentamos acciones que tienen el efecto contrario. 
Sus observaciones encajan perfectamente en esta tradición deprimente. 
No sé si hablaba en nombre de su Partido, en nombre del Parlamento o a título personal, pero rechazo, repudio y condeno totalmente sus observaciones, y me complace tener esta oportunidad para desvincularme públicamente de las mismas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en enero y en el mes pasado tuvimos la oportunidad de felicitar a la Presidencia portuguesa por la iniciativa de la celebración de este Consejo extraordinario y por la forma profunda y seria como se preparó. 
Y hoy, una vez celebrado, quisiéramos sumar aquí las nuestras a las felicitaciones expresadas por las conclusiones de ese Consejo y felicitar al Presidente Romano Prodi por la forma como la Comisión, bajo su Presidencia, contribuyó con el documento que oportunamente llegó a la celebración de dicho Consejo. 
Pero todas las conclusiones como ésta tienen, señor Presidente Jaime Gama, un defecto: es que no cambian la realidad el día siguiente y hoy vemos muchas intervenciones de diputados que quisieran que la Presidencia portuguesa llegase aquí y dijese: "Antes de la Cumbre teníamos quince millones de desempleados, hoy ya sólo tenemos diez millones; antes de la Cumbre teníamos 40 millones de pobres y hoy ya sólo tenemos 30 millones". 
Sabemos lo difícil que es la realidad y lo difícil que es poner de acuerdo a esta Unión Europea sobre un objetivo estratégico. 
Y quisiera expresar aquí una profunda preocupación: mientras que la Presidencia, los 15 Estados miembros, la Presidencia de la Comisión, la Comisión, la Presidenta del Parlamento Europeo y una parte substancial de este Parlamento Europeo están de acuerdo en cuanto a un objetivo y a un designio estratégico, el Grupo principal de este Parlamento Europeo está profundamente dividido respecto de lo que quiere y del camino que quiere seguir en esta Unión Europea. 
Nosotros reafirmamos que queremos y perseguimos ese objetivo, pero reafirmamos también que del modelo americano sólo estamos interesados en seguir el objetivo del crecimiento, ya que no queremos el modelo americano como fotocopia para Europa ni queremos, en la esfera social, referencias del modelo americano. 
Instamos a la Presidencia portuguesa y a la Comisión a que sigan decididas a luchar para que de las oportunidades que nos ofrecen la mundialización y la globalización sepamos obtener la creación de nuestro propio modelo a fin de que la riqueza creada pueda luchar contra la pobreza y pueda distribuirse mejor para que la cohesión social, el pleno empleo y el desarrollo sostenible puedan ser las conclusiones- de aquí a diez años y progresivamente hasta entonces- de esta reunión de Lisboa. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la sesión en la que se informa al Parlamento Europeo sobre los resultados de las Cumbres es siempre un acontecimiento. 
Es un acontecimiento porque si de verdad ocurriese realmente sólo la mitad de todo lo que se nos anuncia periódicamente, si Europa ya hubiese alcanzado esos resultados que ahora nos exponen como la idea rectora del Consejo Europeo- la lucha contra el paro y el acceso de Europa al lugar de cabeza en los mercados mundiales -, ya podríamos considerarlo un éxito. 
¿Todavía no se ha enterado el Consejo de cuán poco valen sus promesas políticas si luego no transpone ninguna en la práctica y éstas permanecen bloqueadas durante años en el Consejo por minucias? 
¿Todavía no se ha enterado tampoco el Consejo de que ninguno de los problemas de Europa se va a resolver por el mero hecho de trasladarlo al ámbito europeo? 
¿Puede eludir tan fácilmente el Consejo su responsabilidad en los diferentes Estados miembros? 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo, no podemos aceptar que se proceda así. 
El modelo adecuado para responder con éxito a los retos de la globalización es la competencia por ofrecer la política económica, de empleo, de investigación, educativa y social más exitosa, y no la nivelación europea. 
¿Quién si no Europa, con su diversidad de tradiciones y culturas, puede ofrecer una respuesta, siempre que mantengamos las competencias de la resolución de los problemas en el lugar que les corresponde, o sea, en el ámbito de los Estados miembros? 
No tiene ningún sentido definir metas europeas de crecimiento económico si no suprimimos las barreras que frenan el crecimiento en el ámbito de los Estados miembros. 
No tiene sentido unificar la política educativa a escala europea cuando seguimos teniendo incontables problemas para el reconocimiento de los certificados de cualificación profesional. 
Incluso la aspiración de conectar todas las escuelas a Internet no es un tema de ámbito europeo. 
Se tiene que concretar sobre el terreno. 
En mi calidad de miembro de la Comisión de Presupuestos, yo quiero advertir también que esto no se debe hacer con fondos europeos procedentes del presupuesto europeo. 
En Lisboa se perdió una gran oportunidad de lograr mejoras realmente sustanciales para los ciudadanos y ciudadanas de Europa. 
En lugar de ello, se formularon fantasías que jamás se podrán verificar y que son competencia del Consejo en los Estados miembros y no a escala europea. 
La gente va a acabar volviendo la espalda a una Europa de estas características. 
No debemos permitir que esto suceda. 
Señor Presidente, Señorías, para mí ha revestido gran importancia la celebración de este debate y haber oído las opiniones de sus Señorías, sus contribuciones, sus puntos de vista, sus críticas; sin esas críticas Europa no crece. 
Pero tal vez haya notado que no he venido aquí a celebrar los éxitos del Consejo Europeo de Lisboa, porque eso ya se hizo y sería perder el tiempo con sus Señorías y perder también su tiempo, si hubiera venido a hacerlo. 
Lo que he venido a decir aquí es lo que la Presidencia portuguesa está haciendo para materializar lo que se formuló en el Consejo Europeo de Lisboa, lo que está haciendo desde el punto de vista de los programas concretos para impulsar el ECOFIN, el Consejo del Mercado Interior, el de Educación, el de Telecomunicaciones, el de Investigación; y ya tenemos los programas concretos para que los Consejos sectoriales comiencen desde ahora mismo a trabajar. 
También el Presidente de la Comisión, ayer en el Consejo y hoy aquí en el Parlamento Europeo, vino ya a presentar un programa de las acciones de la Comisión con un calendario para la ejecución del programa de la Europa electrónica. 
Vivimos un período de gran importancia para la afirmación de Europa: conseguimos controlar la inflación en el nivel europeo y en los Estados miembros, conseguimos estabilizar el gasto público y reducir los déficit, conseguimos garantizar cierto crecimiento, reducir el desempleo y lanzar la moneda única y estamos formulando políticas coherentes de reforma institucional, reformas del Consejo, reforma de la Comisión. 
Estamos también comprometidos con la ampliación, con la formulación de una política exterior de seguridad y defensa muy dinámica y innovadora. 
Pues bien, no podíamos dejar de aprovechar esta ocasión- y eso es lo que hizo el Consejo Europeo de Lisboa- para dar una coherencia a Europa en materia de estrategia general sobre modernización de la economía y del empleo, teniendo en cuenta que no podíamos hacerlo de forma autárquica, sino sólo teniendo en cuenta que estamos insertos en la mundialización, que afrontamos un desafío de competición y competencia a escala mundial y que debíamos reaccionar ante ese desafío con una respuesta europea. 
Por eso, el Consejo Europeo de Lisboa sorprendió a los excesivamente ideológicos, porque no abordó los asuntos del empleo de acuerdo con los tópicos del pasado. 
¿Recuerdan? 
Hace dos, tres, cuatro, cinco años sólo se hablaba de los asuntos del desempleo y del empleo a partir de dos oposiciones metafísicas: creación de empleo por mediación del Estado, con la agravación del gasto público y de los déficit, o creación de empleo mediante el desempleo, lay off de las políticas ultrapermisivas en la esfera social. 
Pues bien, el Consejo Europeo de Lisboa marcó una ruptura de conocimiento en relación con la forma de concebir, por un lado, los imperativos de la modernización de la economía europea en un marco mundial de competencia y, por otro, los propios problemas de empleo, pero no deja de ser un Consejo centrado firmemente en la modernización y también en el empleo. 
Es la primera vez que la Unión Europea fija metas para el crecimiento económico de forma no impositiva, sino expresiva: 3%; es la primera vez que la Unión Europea fija metas en la esfera del empleo global con vistas a aumentarlo global de 61% a 70% y el empleo de las mujeres de 51% a 70%; es la primera vez que la Unión Europea fija metas en relación con segmentos de la población con insuficiente preparación, en la sección de edad comprendida entre los 18 y los 24 años, y la primera vez también que la Unión Europea fija metas muy claras en relación con la formación profesional modernizadora, precisamente una formación profesional que pertrechará al ciudadano para afrontar los problemas del empleo en una economía de mucha competencia y no en una economía vieja, obsoleta, o en una economía meramente de producción. 
Y, cuando el Consejo Europeo de Lisboa fija metas muy claras para las políticas fiscales, para que se orienten en pro del empleo, o cuando fija metas para que la Comisión analice la sostenibilidad de las políticas de seguridad social hasta el año 2020, está también formulando un programa social nuevo en Europa e incluso permitiendo que el próximo Consejo Europeo sea el que incluya en su orden del día lo que durante años nunca quiso incluir el Consejo Europeo, es decir, un programa social europeo. 
Y que se haga sin escándalo, sin gran controversia, sino de forma absolutamente consensuada, cosa que tiene una gran importancia. 
Por eso, quisiera decir, para concluir y agradeciendo las intervenciones de sus Señorías, que no se puede hablar sobre los problemas de la innovación económica y la innovación social del mismo modo antes y después del Consejo Europeo de Lisboa. 
Y, naturalmente, nosotros, que hicimos tanto en el Consejo Europeo de Lisboa para prepararlo con la colaboración de todos, de la Comisión, del Parlamento, de los interlocutores sociales, para no abordar esos asuntos como una caricatura, también ahora tenemos el deber de decir a sus Señorías: pues bien, ha llegado la hora para todos de salir en la fotografía, pero quien quiera volver atrás a la caricatura no saldrá, desde luego. 
. (IT) Señor Presidente, al final de este debate creo que bastan pocas palabras, ya que el mismo ha sido extraordinariamente esclarecedor y preciso. 
Quisiera empezar por una reflexión, por el oportuno error del Sr. Martinez que ha solapado los dos debates. 
Y digo "oportuno error" porque creo que el debate que se celebrará a continuación y que versará sobre África no podrá poner de relieve una atmósfera más trágicamente diferente de la de Lisboa. 
Los escasos días- yo diría, las escasas horas- que han marcado la diferencia de tiempo entre Lisboa y El Cairo ponen de manifiesto una infinidad de diferencias. Cuando hablamos de una Europa innovadora, de una nueva Europa, no podemos olvidar que tenemos frente a nosotros un África que se encuentra en una situación dramática, fuera de control. 
Volviendo a Lisboa, el debate ha sido intenso y apasionado porque ha abordado temas concretos y sustanciales. 
No obstante, debemos ser claros en un punto. Es verdad, en Lisboa se habló de la nueva economía, pero no existen dos clases de economía: una nueva economía y una vieja economía. 
Europa es una gran raíz y la fuerza económica europea se debe precisamente a la costumbre de actuar en todos los sectores, incluso los tradicionales, y de descollar con excelencia en estos sectores tradicionales. 
Ahora bien, la difusión de las nuevas tecnologías- la que se denomina nueva economía- se convierte en un fermento, en una forma de transformación de la vieja economía que es absolutamente extraordinaria: ésta es su eficacia. 
El comercio electrónico no es algo aparte, independiente; Internet o los nuevos instrumentos no son un hecho aislado, sino que se traducen en un aumento enorme de la productividad de los sectores tradicionales. 
Cuando cambia la forma de distribución de los bienes más fundamentales, más simples, cambia toda la economía: éste es el cambio que necesitábamos y éste es el cambio que somos capaces de dar, ahora, gracias a la gran coordinación de Lisboa. 
Se impone, por lo tanto, otra observación acerca de Lisboa. 
He notado cierta contraposición entre lo que debe hacer Europa y lo que debe hacer cada uno de los Estados. 
Tengan en cuenta que ésta es una red. 
Lisboa no es importante porque hay que realizar ciertas cosas a escala europea. Ciertamente existen algunas grandes coordinaciones, pero lo que está fuera de toda duda es que la responsabilidad de la mayor parte de estas innovaciones corresponde a los Gobiernos nacionales o incluso locales. 
Su importancia estriba en el hecho de que actuando todos juntos se da un impulso a la productividad del sistema, un impulso que si cada Estado actuase por su cuenta- aunque siempre son ellos los que actúan- no sería tan fuerte para dar nuevo vigor a la economía europea. 
Esto es lo importante de estas Cumbres: si se encuentra la manera de emprender una acción común se multiplica la eficacia de la acción que realizamos. 
Ésta, en mi opinión, es la grandeza potencial de Lisboa. 
Por último, otro aspecto es la insistencia en los recursos humanos. 
Esto vale tanto para la vieja como para la nueva economía. 
Europa invierte aún muy poco en los recursos humanos y éste es un enorme ámbito en que debemos recuperar el terreno perdido. 
El objetivo de reducir a la mitad el número de jóvenes de 18 a 24 años que no acuden a una escuela o no siguen un curso de formación me parece un objetivo realista y sumamente importante. 
Está claro que ésta es la manera de superar los problemas que hemos tenido durante estos meses, incluso en algunos grandes Estados europeos, esto es, el estrangulamiento de los técnicos jóvenes y la necesidad de importar técnicos para Internet del Tercer Mundo, o problemas de este tipo. 
Esto demuestra claramente que tenemos una barrera al desarrollo, dada la escasa utilización de nuestro potencial humano. 
Esto ha centrado el gran esfuerzo de nuestra acción política en Lisboa. 
Por ello, en Lisboa se tomaron algunas decisiones transversales que son muy importantes, unas decisiones que movilizan a la opinión pública, así como nuestra fantasía. 
Aquí se ha recordado- me satisface porque pocos lo recuerdan- que en Lisboa se habló también de la movilidad de los profesores y de los investigadores. 
A escala europea ésta es una revolución: ahora, sin embargo, tenemos que poner en práctica las normas para que los profesores y los investigadores puedan moverse. 
Es algo tan nuevo en la fermentación del clima intelectual europeo que, si se logra, constituirá realmente un gran avance en la productividad y en la mentalidad europeas. 
Éstas son de hecho las decisiones transversales que, en mi opinión, fueron importantes en Lisboa. 
Por último, hay que tener algo de suerte, en el sentido de que toda esta carga de novedades puede tener eficacia si hay esta sensación de recuperación. 
Europa se ha lamentado amargamente: o tenemos confianza en nosotros mismos o no hacemos estas cosas, porque no es tan sólo una cuestión de dinero: es una cuestión de creer en ellas. 
Hoy hemos celebrado en el seno de la Comisión la reunión sobre las previsiones y debo decir que en los últimos meses hay algo nuevo en Europa: en términos de empleo, en términos de pedidos, en términos de decisiones empresariales. 
Dada la estabilización macroeconómica a la que se ha referido el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Gama, podremos gozar realmente de un largo período de desarrollo. 
Me parece que en Lisboa hemos sentado las premisas para disfrutarlo: nos corresponde a nosotros ser coherentes con estas premisas. 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
He recibido ocho propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Cumbre Unión Europea/África (El Cairo, 3/4 de abril de 2000) 
De conformidad con el orden del día, el Consejo procede a hacer una declaración sobre la Cumbre Unión Europea-África, celebrada en El Cairo los días 3 y 4 de abril de 2000. 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, la celebración de esa Cumbre de El Cairo constituye el resultado de cuatro años de gestiones diplomáticas que han permitido congregar a los países de la Unión Europea y de África para esa iniciativa, la primera en ese marco, proceso en el que se superaron muchas dificultades tanto de fondo como de forma. 
La Cumbre de El Cairo instituyó un mecanismo de diálogo global en el más alto nivel político que permitirá conferir una nueva dimensión a las relaciones euroafricanas, que hasta ahora estaban circunscritas a los marcos bilaterales o a plataformas regionales de diálogo, ya fueran el mecanismo ACP o el proceso de Barcelona. 
Constituye un hito en las relaciones entre los dos continentes y permitirá a la Unión Europea profundizar su cooperación estratégica con África en el mismo nivel de las cooperaciones que ya lleva a cabo con Asia, con los países del Golfo o con América Latina. 
El primer indicador seguro de su éxito y de su importancia histórica fue el nivel de representación de los países europeos y africanos: cincuenta y ocho países- cuarenta y cinco africanos y trece europeos- estuvieron representados en el nivel de Jefes de Estado o de Gobierno. 
Permitió abordar todos los temas de interés común para la Unión Europea y para África en condiciones de igualdad y las dos partes tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y también los objetivos comunes. 
En ese marco se examinaron de forma franca y sin complejos todos los asuntos- económicos, políticos y de desarrollo- que entran en el marco de esas preocupaciones y de esos objetivos. 
Me permito destacar algunas medidas importantes adoptadas por la Cumbre. 
En el plano económico se alcanzó un entendimiento sobre la necesidad de formular políticas que permitan a los países africanos beneficiarse al máximo de la liberalización del comercio en el nivel mundial, con lo que se invertirá la tendencia actual a la marginación sistemática y progresiva de África en el comercio internacional. 
Se reafirmó el compromiso de reducir el nivel mundial de pobreza a la mitad de los niveles actuales en el año 2015. 
Sobre la importante cuestión de la deuda africana, y a pesar de que un gran conjunto de países anunciaron allí mismo sus políticas nacionales en relación con ese punto, se dispuso que el grupo birregional de altos funcionarios, que se encargará en primera instancia de la materialización de las decisiones de la Cumbre, preparara un informe sobre la situación del endeudamiento de los países africanos. 
Después se analizará dicho informe en el nivel ministerial, en el ámbito del mecanismo de seguimiento de la Cumbre. 
Por otro lado, los países africanos se comprometieron a fomentar y respetar los derechos humanos, eliminar las formas de discriminación de la mujer, apoyar plenamente la creación del Tribunal Penal Internacional y luchar contra la discriminación y la intolerancia. 
Respecto de la buena administración y del Estado de derecho, ambas partes manifestaron su empeño en adoptar medidas concretas para prevenir el soborno, la corrupción y el nepotismo y luchar contra ellos. 
En ese marco expresaron la disponibilidad para adoptar las medidas necesarias que garanticen la investigación y la devolución a sus legítimos titulares en los países de origen de los fondos públicos obtenidos ilegalmente y depositados en bancos extranjeros. 
Igualmente se expresó la preocupación por las repercusiones negativas en el desarrollo de unos gastos militares en aumento constante. 
Otros asuntos importantes, como la enseñanza, el sida y el medio ambiente fueron abordados en la esfera del desarrollo, con el convencimiento de que constituyen elementos esenciales del imperativo del desarrollo sostenible en África y la erradicación de la pobreza. 
Uno de los aspectos esenciales del contencioso euroafricano es la cuestión de la devolución de los bienes culturales robados o exportados ilegalmente. 
También a ese respecto se dieron pasos adelante. 
El grupo birregional de altos funcionarios preparó un informe para la evaluación, en el nivel ministerial, de la viabilidad de una acción en esa esfera. 
La última parte del plan de acción se refiere a los mecanismos de seguimiento. 
Dichos mecanismos garantizarán la continuidad de ese diálogo global euroafricano en el más alto nivel político, en el nivel ministerial y de altos funcionarios, y está previsto que la segunda cumbre se celebre en Europa, en el año 2003, con lo que se garantizará la continuidad de ese proceso ahora iniciado con la primera cumbre euroafricana, la Cumbre de El Cairo. 
Señor Presidente, agradezco la amplia cobertura que ha hecho el Sr. Corrie sobre estos temas. 
Yo quisiera concentrarme en mi opinión de que la erradicación de la pobreza en África debe comenzar por los niños y por la realización de los derechos de los niños. 
A la Cumbre de El Cairo seguirá otro foro en Dakar sobre la enseñanza elemental. 
La necesidad de enseñanza elemental es en sí la principal causa de la pobreza en el mundo. 
Por consiguiente, debemos garantizar que las niñas, en particular, tienen igualdad de acceso al menos a las ventajas que ofrece la educación. 
Podemos ver que la enseñanza da frutos, que estimulará la economía, ofrecerá oportunidades de controlar el crecimiento demográfico e incrementará la sensibilización ante los peligros para la salud. 
Dakar es una oportunidad para cumplir objetivos que han recibido el respaldo internacional. 
La Unión Europea debería poner su voluntad política al servicio del objetivo de la enseñanza primaria universal antes del año 2015. 
Los compromisos inequívocos asumidos hace una década no se han materializado. 
África está cayendo cada vez más profundamente en el analfabetismo y la pobreza masivos y cada día está más marginada de la corriente predominante de avances en los ámbitos económico y democrático. 
En el África subsahariana hay más niños sin escolarizar que hace una década. 
Actualmente hay 40 millones de niños africanos que no van al colegio. 
La tercera parte de las aulas de África ni siquiera tienen una pizarra. No tienen aseos. 
El 70% de sus colegios no dispone de agua potable. 
Los profesores no tienen formación suficiente y a menudo no tienen ninguna formación, y luchan por salir adelante sin lapiceros, sin cuadernos ni pizarras y en muchos casos intentan enseñar a unos niños que sencillamente tienen demasiada hambre para prestar atención. 
Julius Nyrere, uno de los maestros más célebres de África, decía en aquellos días posteriores a la independencia, días de optimismo, que la educación no es el modo de escapar a la pobreza, sino el modo de combatirla. 
Quizá algunos de ustedes sepan que Julius Nyrere dedicaba su tiempo libre a traducir a Shakespeare al suahili. 
Pero los sueños maravillosos de este hombre no se cumplieron. 
Vivió para ver que una tercera parte de los hombres africanos y dos terceras partes de las mujeres africanas son analfabetos. 
Insto a la Comisión y al Consejo a que relacionen la erradicación de la pobreza con la enseñanza básica. 
Las ventajas para todos las veremos en una mayor esperanza de vida para los niños, recortes del crecimiento demográfico y mejoras de la producción agrícola. 
Tenemos los programas y animo a todos aquellos que tienen voluntad política para emprender medidas, que actúen en beneficio de los niños de África. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr.Presidente del Consejo y al Sr.Comisario por sus explicaciones sobre la Cumbre de El Cairo y decir que creo que alguna persona puede extrañarse de que nunca antes se hubiera celebrado una cumbre así, pero que cuando uno se entera de que ha llevado cuatro años prepararla, quizá no resulte tan raro. 
¿Se saca algún fruto de una cumbre así? 
Sí, todo depende del cristal con que se mire. 
Si tomamos como punto de partida las catástrofes, la hambruna, los conflictos y los problemas relacionados con el SIDA a los que África se enfrenta, innegablemente, como dice Prodi, hay una gran distancia desde Lisboa hasta El Cairo y no se sacó mucho más, pero creo que tampoco podía esperarse que fuera otra la intención de la cumbre. 
La intención de la cumbre era iniciar un diálogo entre la UE y los países africanos. 
Este diálogo se puso en marcha y en ocasiones fue razonablemente sólido con sus manifestaciones y sus altercados o en cualquier caso diferencias y creo de hecho que las dos partes, tanto la africana como la comunitaria, aprenden de este tipo de diálogo, lo que considero también un condicionante previo para que no quedemos expuestos al resentimiento de ciertos países africanos ante la historia que han tenido que vivir, entre otros, junto a los países europeos. 
Creo que el documento final acabará siendo un importante punto de referencia para la futura cooperación entre la UE y África. 
Esto obedece, en primer lugar, a que el documento en sí es una señal importante que indica una mayor cooperación entre la UE y África, que no hemos olvidado a África, y en segundo lugar, a que el documento subraya que la democracia, la política y la economía están relacionadas, y que la integración y el desarrollo de África deben ser vistos por tanto como un conjunto y no como piezas sueltas y separadas. 
Si se traducirá en resultados concretos o no depende naturalmente de la voluntad política que mostremos a partir de ahora. 
Señor Presidente, Señorías, esta reunión de El Cairo había suscitado muchas esperanzas entre los países africanos y, en particular, entre los que esperaban una anulación de su deuda. 
A eso Europa respondió que avanzar hacia una anulación completa de la deuda sería algo muy superior a sus propios medios. 
Nosotros afirmamos, al contrario, la necesidad política de reequilibrar las relaciones entre África y la Unión Europea. 
Después de haber saqueado en muy gran medida los recursos naturales africanos, cosa que, por lo demás, seguimos haciendo, debemos anular nuestra deuda con su historia anulando su deuda con nuestros bancos. 
Eso permitiría proseguir nuestras relaciones sobre bases más sanas. 
Y, además, es necesario que los miembros de Europa dejen de mentir. 
Pedimos a los países africanos que respeten los principios democráticos, pero perpetuamos métodos antidemocráticos para asegurar, a semejanza de Elf o de Total, nuestros intereses financieros en ciertos países. 
Conminamos a los países africanos a que garanticen la pluralidad de los partidos políticos y concedan libertad de expresión a las ONG, pero nosotros sólo tratamos con Jefes de Estado, la mayor parte de los cuales sólo se representan a sí mismos, y olvidamos invitar a las ONG a la Cumbre de El Cairo. 
Pedimos a los países africanos que concedan a las mujeres un puesto mayor en la sociedad, pero deberíamos comenzar instaurando la paridad entre nosotros. 
¿Hace falta recordar que ciertos países de la Unión Europea cuentan con menos de 10% de mujeres en sus asambleas nacionales? 
Reclamamos a los países africanos ceses del fuego, pero atizamos esos fuegos con nuestras exportaciones de armas destinadas a los beligerantes. 
Pero lo esencial no es eso. 
Mientras la Unión Europea no se conceda los medios para hacer aplicar los acuerdos sobre la expedición de las licencias obligatorias con vistas a la producción de medicamentos que permitan luchar contra la pandemia del sida, esperar un avance de la economía africana seguirá siendo un voto piadoso. 
En efecto, ¿cómo quieren que un país que ve morir a una cuarta parte de sus jóvenes todos los años a causa del sida pueda abrigar esperanzas de conseguir una economía floreciente?. 
Una vez más, es necesario, como ya hemos dicho, que la Unión y los Estados miembros den muestras de coherencia entre las declaraciones y la práctica. 
Mientras vacilamos, mientras tergiversamos, mientras debatimos, la que se muere es África. 
Señor Presidente, ante todo quisiera subrayar que considero positivo que se haya celebrado esta Cumbre. 
Siempre sostuvimos la opinión de que se debían hacer todos los esfuerzos con vistas a ese objetivo, ya que siempre consideramos que sería una buena oportunidad para lanzar una verdadera cooperación mutuamente ventajosa entre los dos continentes. 
Pero también consideramos que sus resultados distaron de lo posible y lo deseable. 
Considero incluso que las dificultades de recorrido propiciaron la idea de que lo esencial era sólo la celebración del acto o, como máximo, la reunión formal y la foto de circunstancias y no lo que de él podía y debía resultar con vistas a concretar con nuevas bases una estrategia para dicha cooperación. 
En efecto, las conclusiones no me parecen a la altura de las necesidades y las posibilidades del momento. 
Y es evidente que las cuestiones económicas condicionan una verdadera aproximación entre los dos continentes, cosa que las posiciones individualizadas de algunos Estados miembros no ocultan, de sentido positivo, aunque de alcance limitado. 
Me refiero, en particular, al perdón de la deuda externa de los países en desarrollo. 
Y es así porque la Unión Europea, que viene retrocediendo sistemática y equivocadamente en materia de cooperación, está condicionada o determinada en materia de cooperación con África por dos concepciones fundamentales: por un lado, la perspectiva de transferencia de las relaciones tradicionales y preferencias al ámbito estricto de la OMC (como quedó patente en las negociaciones sobre el acuerdo que seguirá a Lomé) y, por otro lado, porque prevalece la prioridad concedida a las relaciones con el Este europeo, como revelaron claramente las reducciones en los gastos de cooperación para el presente ejercicio presupuestario. 
Es evidente que, con esas perspectivas y ante los enormes problemas y necesidades que afrontan la generalidad de los países africanos en los niveles económico, medioambiental, sanitario, de infraestructuras, de resolución de conflictos, de pobreza, entre otros, es difícil, si no imposible, fundamentar una verdadera cooperación eficaz y duradera. 
Y en ese sentido deberemos avanzar en el futuro. 
Y digo "deberemos", porque, al contrario de lo que ahora ha sucedido, espero que en el futuro se permita la participación del Parlamento Europeo y las ONG en ese proceso y también porque espero que esta Cumbre contribuya, al menos, a una mayor concienciación de los problemas reales que se plantean en la esfera de la cooperación con África y represente una llamada de atención para la necesidad de cambiar de rumbo en esa esfera. 
Señor Presidente, Señorías, en el decenio de 1960 África se había internado se decía por mal camino. 
En el decenio de 2000, África sigue sin haber llegado. 
¿Por qué? 
Porque no se fijó el destino. 
En efecto, ¿partir hacia dónde? ; en efecto, llegar, ¿a dónde? 
El objetivo para África fue en primer lugar la independencia, con Estados-nación en lugar de las tribus étnicas: el resultado fue Ruanda, los hutus, los tutsis, Nigeria, los ibos, Biafra. 
Después el objetivo fue el socialismo, los camaradas rubios. 
El África negra debía volverse roja. 
El resultado fue el hambre en Etiopía y Argelia sin agricultura, por no hablar de la Guinea de Sékou Touré. 
Después el hombre blanco Mitterrand propuso a África la democracia parlamentaria, partidos allí donde había tribus. 
El resultado fue el golpe de Estado permanente, incluso en Côte-d ' Ivoire. 
Ahora el objetivo parece ser el liberalismo, el mercado, el FMI, la Organización Mundial del Comercio. 
El resultado es la rebelión de los pobres en Túnez, la rebelión de los pobres en Casablanca ante el aumento de los precios, la carne europea que destruye las ganaderías de los peuls en África, el plátano latinoamericano que destruye el plátano del Camerún y de Côte-d 'Ivoire e incluso las grasas procedentes de los OGM y que van a destruir el cacao de Côte-d' Ivoire. 
En total, del África socialista al África ultraliberal, del Fondo Europeo de Desarrollo al Banco Mundial, de las Cumbres de Bujumbura, Addis-Abeba, Nairobi, Casablanca y ahora, el 3 de abril, El Cairo, el balance siempre es el mismo, con la misma trilogía: la miseria, las epidemias, las matanzas. 
El 4 de enero, las Naciones Unidas encontraron, de todos modos, la solución final o milagrosa: la emigración de una parte de los 800 millones de africanos. 
Se fijó incluso la cifra: 159 millones de africanos deberían derramarse de aquí a 2025 por Europa. 
Igual que no se resuelve el problema de los arrabales construyendo ciudades en el campo, no se resolverían los problemas de África traspasándola en parte a Europa. 
La razón consiste en aplicar hoy a África lo que, por lo demás, ha funcionado, lo que ha hecho maravillas en nuestras tierras, en los Estados Unidos, en Europa, la solución que ha creado en nuestros países una industria pesada, una agricultura, la industria textil, la solución que ha dado en nuestros países el crecimiento, el desarrollo sostenible. 
Esa solución tiene un nombre: proteccionismo. 
Tiene un instrumento: barreras aduaneras. 
Se ha teorizado esa solución con el nombre de desarrollo "autocentrado" y, por lo demás, el nuevo Presidente del Senegal se inspira en ella al decir a la juventud: más que esperar los miles de millones europeos, debéis movilizaros. 
África franqueará la primera etapa del crecimiento, según el modelo de Rostow, protegiendo, concretamente, su agricultura, su ganadería, su artesanado, su economía en ascenso. 
En cambio, la apertura al mercado mundial es la ley del más fuerte y, por tanto, el saqueo de los recursos naturales africanos: la madera, el petróleo, los minerales, la flora e incluso la fauna, por las multinacionales. 
Por lo demás, ya se ha visto, Señorías, en el caso de las privatizaciones de algunos sectores estratégicos africanos. 
El resultado ha sido negativo para los africanos. 
Por consiguiente, lo que África necesita no es ni la economía salvaje mundial ni la economía de la caridad planetaria con el Santo Padre y Santiago Chirac, o la condonación de los 300.000 millones de euros de deuda pública. 
La palabra clave de la solución es, por parte africana, la protección aduanera y, por parte europea, la cooperación intergubernamental inteligente, cuyo primer modelo fue el Convenio de Lomé. 
A ese respecto, el Mediterráneo podría servir de banco de pruebas para una política euroafricana respetuosa de las identidades. 
Nosotros, en el Frente Nacional, hemos propuesto un método de trabajo concreto tratando los asuntos: recursos hídricos, erosión del suelo, desertización, gestión de los recursos pesqueros, ganadería, contaminación, control de las corrientes migratorias, un plan Marshall para el Mediterráneo y África, que se financiaría con derechos de aduana, reembolsables a los Estados africanos en forma de créditos de compra abiertos en los bancos europeos. 
Hemos propuesto una organización internacional con una alta secretaría intergubernamental del Mediterráneo. Podría tener su sede en El Cairo, en Tánger, en Túnez. 
Y también una asamblea interparlamentaria como la de los países ACP. Creo que la sede de Atenas resulta evidente. 
Tal vez una universidad incluso en Valencia, en Montpellier, en Niza, en Barcelona. 
Y tal vez resultaría evidente la palabra de Raimundo Lulio. 
La realización concreta de esos proyectos euromediterráneos, respetando la identidad de las dos riberas septentrional y meridional y con la participación de unos veinte Estados euromediterráneos, abriría la vía a una ambición mucho mayor. 
A continuación se haría extensiva a las relaciones eurosubsaharianas. 
Es un gran proyecto, señor Presidente, de las dimensiones de la Humanidad y la Humanidad necesita a africanos y a europeos. 
Mayor razón para no sumergir a los africanos bajo la oleada de economía salvaje mundial y a los europeos bajo la oleada demográfica. 
La Humanidad necesita a África, donde, según se dice, un hombre se irguió por primera vez, por la parte de Kenya, para caminar derecho. 
Y la Humanidad necesita a Europa, donde por primera vez, por la parte de Grecia, un pensamiento se alzó para pensar correctamente. 
Señor Presidente, durante su visita a nuestro Grupo la semana pasada el Sr. Solana respondió como sigue a una pregunta acerca de los resultados de la Cumbre de El Cairo: el ambiente fue bueno y eso es más importante que obtener resultados. 
No comparto esa opinión. 
El Comisario Nielson se ha pronunciado en un sentido similar. 
Considero que el ambiente es importante, pero sobre todo como base para lograr buenos acuerdos. 
Si fallan los acuerdos, el buen ambiente no sirve de mucho. 
Pese a todo, es positivo que se haya celebrado una Cumbre Unión Europea/África. 
Asimismo acojo con satisfacción la presente iniciativa de la Presidencia portuguesa. 
Ese enorme continente continúa siendo víctima de la falta de democracia, las guerras, la violación de los derechos humanos, la sequía, las inundaciones y la pobreza crónica de gran parte de su población. 
Si bien es cierto que algunos países han logrado serios avances y presentan índices de crecimiento favorables así como los primeros indicios de cierta prosperidad, hay otros países en los que la situación ha empeorado dramáticamente. 
Señor Presidente, durante los últimos 25 años la Unión Europea ha realizado muchos esfuerzos en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
Resulta decepcionante comprobar que dicha ayuda no siempre ha surtido el efecto deseado. 
En nuestra opinión, es necesario elaborar una nueva política respecto a África. Necesitamos una política en la que la democracia y la buena administración constituyan condiciones previas para la ayuda y la cooperación. 
Al mismo tiempo, es preciso que la Unión reajuste sus políticas agrícola y comercial de tal modo que resulten más beneficiosas para África y dejen de ser, como suele suceder actualmente, un inconveniente más. 
Los países africanos, por su parte, deben fomentar la colaboración regional, abrir sus mercados y dar una real oportunidad a la economía. 
Además, África necesita de una buena gestión presupuestaria que vaya acompañada de una buena política social, una buena política en materia de enseñanza y una buena asistencia sanitaria. Conviene evitar que se emplee demasiado dinero en defensa o proyectos inútiles. 
Señor Presidente, los países africanos han solicitado la condonación de sus deudas. Es realmente imprescindible para los países más pobres, especialmente cuando hay indicios de buena gestión y un presupuesto equilibrado. 
Sin embargo, es más importante aún- ya lo ha subrayado el Comisario Nielson- que tratemos a África de tú a tú. 
Hemos de respaldar lo positivo, pero atrevámonos también a desaprobar lo negativo. 
Apoyemos a los buenos líderes y a los buenos gobiernos, pero no respaldemos a los dictadores, a los malos gestores y a los países altamente corruptos. 
Si la Cumbre sobre África celebrada en El Cairo ha despejado el camino hacia este tipo de realismo, ha habido algo más que un buen ambiente y, en tal caso, vamos bien. 
Señor Presidente, la reciente Cumbre euroafricana tiene elementos de preocupación y aún de disgusto, pero también de satisfacción y de esperanza. 
Preocupación por la manera en que la Cumbre fue gestándose- no figuraba siquiera en el programa del actual semestre -, con momentos de confusión, suspense y abundante rumorología, incompatibles con la seriedad y el rigor que debieran suponerse a la Unión Europea y a la importancia de este encuentro histórico, el primero al más alto nivel entre los máximos dirigentes de Europa y del continente africano. 
Preocupación y disgusto por la manera en que el Parlamento Europeo quedó marginado del proceso de la Cumbre, en parte por nuestra indiferencia. 
Esta marginación, y la de los Parlamentos africanos, pone de manifiesto una notable incoherencia por parte de los organizadores. 
Incoherente es andar por el mundo predicando el buen gobierno, la democracia y el Estado de Derecho e ignorar en la práctica a la institución parlamentaria indispensable para la realización de estos postulados. 
Disgusto al comprobar que determinadas reuniones de ONG- el foro de la sociedad civil -, que debían celebrarse en El Cairo patrocinadas por la propia Comisión Europea, no pudieron tener lugar por deficiencias de comunicación o por el veto, aún no aclarado, de tal o cual parte de la organización de la Cumbre. 
Pero decíamos al principio que en esta Cumbre de El Cairo apreciamos también aspectos positivos que producen satisfacción y son motivo de esperanza. 
Satisfacción por el hecho de que la conferencia haya podido celebrarse- algo que ya en sí tiene un gran valor -, por lo que hay que felicitar a la Presidencia portuguesa y al Comisario Nielson, cuyo empeño fue más fuerte que los inconvenientes, las intrigas y el derrotismo acomodaticio de muchos que ya daban por buena la suspensión de una cumbre que venía a llenar un vacío injustificable en las relaciones exteriores de la Unión Europea. 
Satisfacción asimismo por algunos de los resultados tangibles de la Conferencia en temas como la condonación de la deuda, la eliminación de las minas antipersona y la devolución de los bienes culturales expoliados por las potencias coloniales. 
Ahora Europa debe comprometerse, además, con la prevención y solución de los conflictos armados, con la ayuda humanitaria destinada a las hambrunas y con el tratamiento de enfermedades como el sida o la malaria que diezman la población africana. 
Pero una cumbre de esta naturaleza debería también abrir una importante vía a la esperanza, sobre todo si no constituye un hecho aislado sino un primer paso en un proceso en el que hay que ponerse a trabajar ya, en la perspectiva, además, de que las relaciones entre la Unión Europea y África vayan cambiando de perfil. 
A mí no me convence el actual esquema según el cual los interlocutores africanos plantean sus reivindicaciones de ayuda para resolver sus problemas, ante lo cual los interlocutores europeos conceden en parte tal ayuda y poco más. 
Habrá que ir mucho más lejos, más allá de la mera cooperación al desarrollo, que, por definición, es una cooperación de naturaleza desigual. 
Habrá que articular plataformas de diálogo y colaboración en las que europeos y africanos discutamos problemas comunes y vertebremos juntos estrategias para actuar coordinadamente en un orden mundial del que unos y otros debemos ser protagonistas, en igualdad de dignidad y responsabilidad. 
Así, dicho orden mundial podrá ser más equitativo, más solidario, más cohesionado, más democrático y más coherente con los valores que en la Unión Europea proclamamos como nuestras señas de identidad. 
Señor Presidente, con arreglo a este planteamiento votaremos la buena resolución con que concluirá este debate. 
Señor Presidente, haciendo abstracción de las fotografías y las buenas palabras la Cumbre Unión Europea/África no ha servido de mucho. 
África reclamó un mayor acceso a los mercados y la condonación de sus deudas y Europa le dio vagas promesas a cambio. 
Europa reclamó un mayor respeto de los derechos humanos, un refuerzo de la lucha contra la corrupción y la finalización de los conflictos violentos y África, a su vez, le dio vagas promesas a cambio. 
La declaración solemne de El Cairo fue firmada por gobiernos que no se muestran excesivamente generosos con respecto a la condonación de las deudas y la apertura de su propio mercado. 
Por otra parte, al final del documento figuran nombres de países donde los derechos humanos son violados a gran escala, donde se discrimina a la mujer, donde los escasos recursos financieros disponibles se utilizan para masacrar a otras etnias y donde la corrupción ha adquirido tales dimensiones que resultará sumamente difícil extirparla. 
La adinerada Europa ha de destinar partidas más generosas a las instituciones democráticas, la enseñanza primaria y el sector sanitario africanos al tiempo que debe aliviar considerablemente las deudas del continente. 
Los países africanos han de darse cuenta de que sin una buena gestión su desarrollo se quedará en agua de borrajas. 
Y tanto Europa como África deben comprender que se impone la necesidad de llevar a cabo una rigurosa política demográfica. 
En las fotografías tomadas en El Cairo los líderes africanos y europeos están muy juntos, pero, en realidad, ambos continentes aún están demasiado alejados uno de otro. 
Señor Presidente, la primera Cumbre UE/África ha sido un acontecimiento importante y tenía un enorme potencial para adoptar medidas significativas encaminadas a reducir la marginación de los países africanos. 
Es una pena, por consiguiente, que algunas circunstancias impidan la plena realización de ese potencial. 
En primer lugar, ni el Parlamento Europeo ni la Asamblea Paritaria UE-ACP fueron invitados a participar en la Cumbre. 
En segundo lugar, es muy triste que la sociedad civil no pudiera hacer una aportación mayor a la reunión. 
Las ONG de la UE y de países africanos se tomaron muy en serio la Cumbre, pero no se aprovechó la oportunidad para entablar un diálogo más significativo con las mismas. 
La sociedad civil debe desempeñar un papel decisivo en el proceso de desarrollo de África. 
Por último, esta reunión podría haber desembocado en un plan de acciones concretas de gran alcance. 
Lo que tenemos es un plan lleno de palabras cálidas y de buenas intenciones, pero carente de compromisos firmes, en particular, en el tema del comercio. 
Aunque es agradable recordar la importante decisión de la UE de conceder el acceso libre de aranceles a la práctica totalidad de los productos, habría sido más significativo haber ido más allá de la famosa "práctica totalidad" para incluir aquellos productos que tienen una importancia real para los países más pobres, como es el caso de los productos agrícolas. 
Para terminar- lamentablemente- los precios de las materias primas brillaron por su ausencia del orden del día de la Cumbre. 
La mayoría de países africanos depende principalmente de sólo una o dos materias primas para el grueso de sus ingresos en divisas. 
Hasta que no se adopten medidas para invertir la tendencia a la baja de los precios de las materias primas, no se atajará debidamente la pobreza en África. 
Señor Presidente, desear relaciones de cooperación entre el viejo continente y África equivale en primer lugar a detener el sistema actual que ha funcionado para gran beneficio de las grandes potencias y de algunas minorías corrompidas del Sur. 
El continente africano está devastado por epidemias como el sida, por guerras visibles o a veces olvidadas. 
Minas antipersonales siguen matando a inocentes, proliferan armas de todas clases y acaban en las manos de niños soldados. 
El número de personas subalimentadas en el África negra ha pasado de 90 millones en 1970 a 180 millones en 1995. 
Esas cifras hablan por sí solas. 
Tenemos la impresión de que, entre el hambre que devasta de nuevo a Etiopía y la de Biafra hace 30 años, el tiempo ha permanecido inmóvil. 
El analfabetismo y el desempleo afectan a la inmensa mayoría de la juventud del continente africano. 
De modo que hoy sería ilusorio pensar que las tres cuartas partes del planeta, de la Humanidad, van a seguir viviendo en esa miseria sin provocar graves desestabilizaciones a escala mundial. 
También hay que acabar con las políticas de asistencia, que equivalen a dar un pescado- como dice el proverbio- a quienes viven a la orilla del río en lugar de ayudarlos a fabricar cañas de pescar. 
El resultado es que nunca hay bastante pescado y siempre hay gente que se pelea por las espinas. 
Por lo demás, el FMI ha impuesto políticas ultraliberales, llamadas de ajuste estructural y que nunca han funcionado en ninguna parte: al contrario. 
No conozco un solo ejemplo de país que haya progresado aplicando sus directrices. 
Es necesario que la lucha contra la corrupción- cierto es- y por la democracia sean también exigencias de la Unión Europea en todas sus negociaciones, pero, a la inversa, los países africanos pueden pedir también que los amigos de Le Pen, Haider y Martinez dejen de hacer incursiones violentas y periódicas contra sus poblaciones instaladas aquí. 
No podemos seguir apoyando a dictadores en nombre de la realpolitik, estamos de acuerdo. 
No debemos apoyar sin reservas a los demócratas: desde ese punto de vista, lo que ocurre en el Senegal es una señal que demuestra que África no está condenada a sufrir los conflictos, los golpes de Estado, las guerras tribales. 
Se debe imponer una nueva política, basada en el codesarrollo, la prevención de conflictos, el rechazo de las imposiciones de los mercados financieros. 
Para ello se requiere, más que evidentemente, la anulación de los 350.000 millones de dólares de deuda que estrangulan todo el desarrollo de esos Estados. 
Por último, señor Presidente, Europa se ha enriquecido también gracias al colonialismo y a la esclavitud. 
Así, pues, Europa tiene una deuda moral para con África. 
Una parte de nuestras riquezas son resultado del saqueo colonial del que África fue víctima. 
Reconocer que la esclavitud fue un crimen contra la Humanidad sería un símbolo importante. 
Señor Presidente, después de muchos meses de interminables disputas acerca del orden del día y la lista de participantes la Cumbre de El Cairo por fin se ha celebrado. 
Para colmo sólo ha servido para confirmar una vez más algo que ya sabemos desde hace tiempo, a saber, que la mayoría de la población africana continúa viviendo en la pobreza más absoluta y que sufre las consecuencias de las enormes deudas que pesan sobre sus países. 
No cabe duda de que los numerosos contactos informales a los que ha dado lugar la Cumbre han sido útiles. 
No obstante, me pregunto sinceramente si se puede hablar de una Cumbre euroafricana cuando la sociedad civil es desterrada a Lisboa y ni el Parlamento Europeo ni la Delegación UE-ACP están invitados a participar en ella. 
El Consejo Europeo ha sucumbido ante la exigencia de los dictadores de no admitir a los parlamentos. 
Términos como democracia e interés del pueblo ciertamente hubieran resultado mucho más creíbles si ese pueblo de hecho hubiera estado representado. 
En ese sentido, la Cumbre de El Cairo no fue una Cumbre euroafricana, sino una Cumbre entre élites. 
Al declarar que África no necesita democracia sino bombas de agua el Coronel Gaddafi sin duda ha expresado el punto de vista de muchos de sus colegas dictadores. 
Obviamente, no se trata simplemente de transplantar nuestros esquemas políticos. 
África ha de conferir una interpretación personal al concepto de democracia, aun cuando haya de reunir una serie de elementos incuestionables como son los principios fundamentales, la buena gestión, la separación de poderes, la celebración de elecciones libres y justas y el respeto de los derechos humanos. 
En determinadas ocasiones, la reacción de la Unión Europea carece de firmeza y, en muchos casos, las opiniones acerca de la violación de estos principios divergen. 
Pongamos por caso a Zimbabwe, donde a la vista de las inminentes elecciones se ataca a los adversarios políticos, se amenaza y se expropia ilegalmente a los agricultores blancos y Mugabe propicia la violencia. 
¿Qué otras señales necesita la Comisión para suspender toda cooperación al desarrollo? 
En una entrevista publicada en el Sunday Times del sábado pasado Kofi Annan reprocha a los líderes africanos su codicia, su megalomanía y su incapacidad de crear mejores condiciones de vida en sus respectivos países. 
A raíz de estas declaraciones de Kofi Annan surge la pregunta de si la celebración de misas solemnes como la de El Cairo no es considerada por la población como una conspiración entre élites. 
La comunidad internacional no puede tolerar que los líderes africanos, que carecen de toda legitimidad democrática, le creen sentimientos de culpabilidad. 
Va siendo hora de que se inviertan los papeles y de que la Unión Europea llame la atención de los dictadores africanos sobre su propia responsabilidad. 
Señor Presidente, Señorías, demasiadas personas en Europa consideran a África como un continente perdido; por esto era más que urgentemente necesaria esta Cumbre UE/África. 
Ésta no debe servir como coartada, sino que debe marcar el comienzo de una auténtica cooperación. 
Si somos sinceros, también debemos formularnos algún reproche pues, con el corazón en la mano, también para el Parlamento Europeo sería oportuno algo así como una cumbre africana, habida cuenta que por regla general nos ocupamos del tema movidos por acontecimientos de urgente actualidad, en la mayoría de los casos de carácter dramático. 
Con ello, las reflexiones de fondo y los esfuerzos para desarrollar verdaderas propuestas suelen quedarse demasiado cortos, salvo por el hecho de que África es un tema dominante en la Asamblea ACP. 
¿Pero quién le presta atención aquí, entre nosotros? 
África es el continente más afectado por las injusticias del sistema económico y financiero internacional y las consecuencias de la globalización. 
La promesa del Gobierno federal alemán y de otros países europeos de hacer efectiva la condonación total de la deuda de los países más pobres del mundo puede ser de gran ayuda, pues el alto nivel de endeudamiento restringe las inversiones en toda clase de infraestructuras en los países afectados. Por esto constituye uno de los mayores obstáculos para la lucha contra la pobreza. 
Los gobiernos que todavía no han optado por sumarse a este paso, deberían seguir el ejemplo de los que ya lo han hecho. 
A la larga, sólo podremos tener éxitos si nos fijamos, no en lo que nos separa, sino en lo que nos une, y hacemos un esfuerzo para impulsar la comprensión mutua e integrar a África en la comunidad internacional. 
No obstante, es evidente que es preciso exigirles algunas cosas a los gobiernos de África en lo que respecta al respeto de los derechos humanos, un orden democrático fundamental y los principios del Estado de Derecho. 
No es admisible la presencia en el continente africano de gobiernos dictatoriales que, como está sucediendo ahora en Zimbabwe, fomenten el racismo, las expropiaciones y la opresión violenta y vacíen de contenido un sistema jurídico que funcionaba. 
El Convenio de Lomé ofrece en este caso un marco adecuado para celebrar consultas, mantener un diálogo político y suspender, en caso necesario, la cooperación. 
Menos admisible es aún que las ayudas financieras y alimentarias de la Unión Europea se utilicen indebidamente para adquirir armas. 
En estos momentos, vuelven a llegarnos a través de la televisión conmovedoras imágenes de hambre procedentes de Etiopía mientras el Gobierno invierte a la vez millones en nuevos bienes de armamento e incluso ha rechazado la oferta de Eritrea de abrir sus puertos y vías de transporte a los artículos de ayuda para Etiopía, pese a la persistencia del estado de guerra. 
La relegación del encuentro de ONG fuera de El Cairo fue un suceso colateral sumamente insatisfactorio. 
Los países de África van a tener que acostumbrarse a aceptar que las organizaciones no gubernamentales merecen ocupar un lugar más destacado como parte de la sociedad civil. 
En efecto, pueden actuar como mediadoras del desarrollo de una sociedad civil autónoma y responsable en esos castigados países en su camino hacia la estabilidad y la paz. 
Señor Presidente, la Cumbre de El Cairo ha sido realmente importante, un hito histórico. 
Importante tanto por el significado como por la penuria de los logros. 
El significado histórico, por ser la primera vez que la Europa colonizadora y responsable del atraso y pobreza de África se reúne con sus consecuencias, con los países africanos sumidos en un atraso gravísimo. 
También ha sido importante porque sus conclusiones no han podido ser más raquíticas. 
Se ha notado que se había concebido como operación de cosmética, apresuradamente, sin asumir responsabilidades del pasado y sin preparar programas comprensivos y sólidos sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y África. 
Es realmente un contrasentido lamentarse por la inestabilidad continua, por las guerras, cuando hay toda una lucha por el poder y el control de los recursos en África que, a su vez, incrementa el círculo de la pobreza y empuja oleadas de emigrantes hacia Europa. 
Es también contradictorio estar lamentándonos por el sida cuando su causa ha sido la inestabilidad y precariedad creada en esos países por los planes de ajuste estructural impuestos por nosotros, por el FMI y por el Banco Mundial. 
Por ello, Europa ha contraído una enorme deuda histórica, de siglos, con África, y debería repararla a través, no sólo de la petición de perdón, sino también del desarrollo de vínculos sociales, económicos, políticos y culturales destinados a mostrar una imprescindible solidaridad. 
Señor Presidente, la prensa presentó la Cumbre UE/África bajo el título: ¡que hagáis muchos amigos! 
Lamentablemente, en este caso se desperdició una oportunidad única de aproximar los diversos puntos de vista sobre los problemas actuales y darles una solución. 
En primer lugar, resulta asombroso y nada satisfactorio que no se incluyese la participación del Parlamento Europeo en esta Conferencia orientada, sin embargo, supuestamente hacia el futuro. 
Parece que entre los miembros del Consejo Europeo todavía no se ha impuesto la idea de que a la población europea la representa en primer lugar esta Asamblea. 
Al parecer, tampoco existe demasiado interés en hacérselo ver a los países africanos. 
Por consiguiente, desde luego no fue una cumbre movilizadora, como también la describió la prensa. 
En lo que se refiere al aspecto de contenido, aun cuando es comprensible el interés de los países en desarrollo por la amortización de la carga de su deuda, no se puede contemplar su total condonación sin condiciones. 
En la última sesión de nuestra Asamblea ACP/UE en Abuja, tuvimos noticia de que en Nigeria, que ahora ha vuelto a la democracia, uno de los últimos dictadores desvió a cuentas privadas varios miles de millones de euros. 
A la vista de ello, sólo podemos recomendarles encarecidamente a los países en desarrollo que persigan también en África estas actuaciones punibles y confisquen ese dinero. 
Si así lo hiciesen, ya podrían disponer de una parte, y una parte considerable por cierto, del montante necesario para la amortización de la deuda. 
Ello demostraría las buenas intenciones de los países en desarrollo y permitiría negociar luego la amortización y la condonación del resto de la deuda. 
También esto forma parte, a mi parecer, del buen gobierno al que se han comprometido los países africanos si desean continuar recibiendo la ayuda al desarrollo. 
Por otra parte, me parece totalmente incomprensible que el Canciller federal alemán- en contra de la orientación adoptada por los demás países de la UE- se haya adentrado por la vía de condonar primero todas las deudas de los países más pobres entre los pobres. 
Este gesto jactancioso y de hecho muy poco sólido contradice las decisiones de la Cumbre del G8 del año pasado y casa con su alejamiento de la Conferencia. 
La verdad es que preferir entrevistarse 10 minutos con Gaddafi, en vez de participar en las sesiones de trabajo, no ayuda, de hecho, a arreglar las cosas. 
De qué pueden haber hablado, sólo ha podido ser objeto de especulaciones. 
El canciller de los medios de comunicación, como también se le conoce entre nosotros, consiguió ocupar así la escena y, al parecer, le era indiferente el resultado de la votación de la declaración final, que no tuvo lugar hasta unas horas más tarde. 
De esta manera no se puede definir, a mi parecer, una política de desarrollo, ni tampoco se puede impulsar la urgentemente necesaria armonización de las políticas nacionales de desarrollo. 
Yo creo que, en nuestra calidad de Parlamento Europeo, tenemos que seguir denunciando públicamente estas jugadas nacionales en solitario y exigir responsabilidades con mayor firmeza a los Gobiernos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, parece ser que algunos colegas pretenden atribuir los problemas sobre todo a los africanos. 
Otros, al contrario, han dejado entrever que la mayor parte de la culpa la tienen Europa y los antiguos colonizadores. 
Lo mismo parece suceder con la imagen de la Cumbre celebrada en El Cairo. 
Algunos la consideran como una oportunidad fallida, están profundamente decepcionados y temen las consecuencias, mientras que otros la interpretan como un acontecimiento histórico único. 
El hecho de que por primera vez en la historia haya tenido lugar una reunión de estas características entre los líderes de África y los líderes de Europa constituye sin duda un hito histórico, pero el que los contactos con Latinoamérica y Asia se iniciaran mucho antes induce a creer que algo falla en las relaciones entre África y Europa. 
Yeso es cierto porque habitualmente no son los Ministros de Asuntos Exteriores sino los Ministros de Ayuda de Emergencia los que se desplazan a África para emprender acciones desde allí. 
Debido a la gran variedad de recursos en materia de comercio, agricultura, asuntos exteriores y evidentemente también en el ámbito de la cooperación al desarrollo que se han desplegado en el continente africano apenas ha habido lugar a una política normal. 
Ello tiene que ver sin duda con nuestra doble actitud de compasión, por una parte, y misericordia, por otra, con nuestra incapacidad de abandonar las antiguas relaciones coloniales entre nosotros como Europa y África. 
Desde este punto de vista, me inclino por considerar las cumbres como la de El Cairo como una buena oportunidad y un momento adecuado para iniciar un nuevo rumbo, a pesar de todas las deficiencias- evidentemente hay dictadores, evidentemente nuestra política deja mucho que desear-. 
Quisiera expresar mi aprecio hacia la Presidencia portuguesa por haberse empeñado. Lo mismo podría haberse despreocupado del tema, lo mismo la Cumbre hubiera podido aplazarse durante más tiempo. 
Probablemente no se hayan obtenido logros concretos e importantes, pero en realidad se trata de las cosas que se consiguen entre bastidores. 
El Parlamento ha recibido una carta del Sr. Prodi en la que nos comunica que en nombre de la Comisión ha dado orden para que se presenten propuestas encaminadas a abrir el mercado europeo a toda una serie de productos procedentes de África antes de que finalice el año y aplicando un gravamen del 0%. 
Se trata de un paso muy significativo. 
Se ha dicho: estamos dispuestos a ceder una cantidad importante y respaldar una iniciativa mucho más drástica en materia de deudas, pero queremos vincular esta política al desarrollo social. 
El Sr. Nielson es partidario de revisar la política de desarrollo de arriba abajo, concentrándola en el desarrollo social y la pobreza, tanto en el marco del Convenio ACP-UE como en el contexto de la UE. 
No se trata de desarrollar a la gente africana desde aquí. 
Los africanos tienen sus propios proyectos y desean desarrollarse por sí mismos, aunque con nuestra ayuda. 
Este nuevo marco realmente crea posibilidades. 
En este marco también debemos insertar la prevención de conflictos. 
Los contactos normales cotidianos no son excepcionales y tampoco darán lugar a cambios novedosos, pero sin embargo son imprescindibles. 
He acogido con satisfacción la declaración de la Presidencia portuguesa de que tienen previsto preparar otra cumbre más en adelante. 
Tiene que convertirse en algo habitual. 
Si logramos normalizar las relaciones podremos hablar claro y tener un trato objetivo. Ello nos permitirá desplegar una política orientada a los resultados. 
Me queda por comentar un último punto. 
Espero que nuestro presupuesto para el año 2001- y el Comisario sabe cuánto me preocupa este tema, porque soy ponente para esta parte presupuestaria- refleje algunas de estas promesas. 
Si en África quedan 45 millones de niños que nunca han pisado un aula y el año próximo conseguimos duplicar el presupuesto en materia de enseñanza, que no el presupuesto en general porque basta con realizar algunas modificaciones internas, es dinero que se gana o "mantequilla con la que acompañar el pescado", por decirlo con un antiguo proverbio neerlandés. 
Quisiera puntualizar que he hablado en nombre de todo el Grupo Socialista Europeo. 
Señor Presidente, le doy las gracias porque por primera vez se me permite intervenir en este Pleno. 
Yo también acojo favorablemente la iniciativa de celebrar la primera Cumbre Unión Europea/África: se sentía la necesidad de la misma y tal vez se venía hablando de ella a lo largo de cincuenta años. 
Sin embargo, como miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, he de manifestar alguna reserva por la ausencia del partido del Parlamento Europeo. 
Lamento asimismo que la Agenda 2000 no haya abordado siquiera el tema de las futuras responsabilidades de la Unión Europea respecto a los países en desarrollo. 
De este debate emergen dos planteamientos del problema: por una parte, la solicitud europea de respetar los derechos humanos, el buen gobierno y las instituciones democráticas y, por otra, la fuerte solicitud de los países africanos de que se cancele la deuda, a la que se atribuye la responsabilidad de estrangular el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de las poblaciones. 
Hay que encontrar un punto de equilibrio, hay que encontrar un punto de encuentro. 
El Parlamento se ha ocupado de esta cuestión en reiteradas ocasiones sin llegar nunca, creo, a resultados evidentes. 
Hace falta una iniciativa fuerte, sensible, amplia; desde distintas instancias, incluso desde la Santa Sede, con ocasión del año del Jubileo, se pide una consistente reducción, por no decir, la total condonación de la deuda internacional, con modalidades aptas para favorecer la incorporación de los países más endeudados al circuito mundial de la producción y de los intercambios comerciales. 
En concreto, estimo que es preciso crear una estructura que estudie la situación de los distintos países y que haga una valoración de fondo de la situación política para establecer en qué medida hay que reducir o incluso cancelar la deuda teniendo en consideración el uso correcto que se haya hecho de las financiaciones e implicando, por lo tanto, a los Gobiernos, a la sociedad civil, a la Iglesia local y a las organizaciones no gubernamentales. 
Señor Presidente, el pueblo llano de la mayoría de los países africanos es más pobre hoy que cuando sus países alcanzaron la independencia. 
La pobreza, por consiguiente, es un mal impuesto a la población inocente por dictadores viles y por políticos ambiciosos y corruptos. 
Las catástrofes naturales, incluido el cambio climático, han agravado el problema. 
Los tuareg del Norte de Nigeria, los makonde de Tanzania o Mozambique cogen a sus familias y ponen sus escasas pertenencias en una pequeña cesta cuando quieren buscar un nuevo lugar para vivir. 
Son pobres, no tienen seguridad y están expuestos a los elementos. 
No disponen de agua, servicios sanitarios, energía, medicamentos, enseñanza ni de un alojamiento seguro. 
Estas personas desesperadas no pueden pensar en democracia ni en los derechos humanos del mismo modo que hacemos nosotros desde nuestros hogares y barrios residenciales de Occidente. 
No tienen intereses en las economías locales, regionales ni nacionales. 
Estas personas desarraigadas, personas desesperadas, son presa fácil de la vil manipulación política y ése es el motivo por el que existen tantos conflictos y tanto malestar social en dichos países. 
En esta Asamblea ofrecemos a estas personas el acceso libre y gratuito a nuestros mercados de la UE. 
Los invitamos a formar parte de la economía mundial, de manera que puedan venir y sentarse a las mesas de negociación en Seattle para tratar sobre la OMC. 
¿Qué significa esto para estas pobres gentes que viven en su mayoría en la selva y no tienen conocimientos ni disponen de medios eficientes para sembrar, cosechar, envasar lo poco que cultivan? 
Ni siquiera pueden comercializarlo en sus propios países, mucho menos en el exterior. 
Sugiero por tanto que les enseñemos a ser autosuficientes e independientes enseñándoles cómo se cultiva y cómo se cosecha lo que crece en esos países. 
Démosles la tecnología que ellos necesitan, antes de decir que nuestros mercados están abiertos a sus productos. 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, quisiera agradecer las intervenciones que se han hecho y que nos estimulan para proseguir con esta política de la Unión Europea en relación con África. 
Quisiera aclarar algunos puntos. 
Primero, la cuestión de la asociación de instancias parlamentarias, la Asamblea Paritaria Unión Europea-ACP y el Parlamento Europeo. 
Como saben sus Señorías, esta Cumbre se negoció con otra parte, no se impuso ni se podía imponer, no era una Cumbre sólo de la Unión Europea, tenía un interlocutor al que se debía respetar, porque la consecuencia de no respetar al interlocutor era la de no tener un diálogo en la Cumbre. 
Pues bien, hemos de decir que hasta hubo dificultades para incluir referencias al grupo ACP en las conclusiones finales. 
Y eso, ¿por qué? 
Primero, porque se tenía la idea de que era la primera gran aproximación global de África en relación con Europa y no todos los países africanos son ACP. 
En segundo lugar, el grupo ACP es un grupo que no es sólo africano, es también caribeño y asiático. 
Por tanto, como pueden comprender sus Señorías, no era fácil precisamente la incorporación en esa Cumbre del grupo ACP, sobre todo en el nivel de la Asamblea Paritaria, ya que tampoco estuvo presente en ningún otro nivel. 
En segundo lugar, en relación con el Parlamento Europeo: comprendemos la necesidad y la importancia de que el Parlamento Europeo participe en estas iniciativas y, por eso, nosotros, la Presidencia, dialogamos por extenso con el Parlamento Europeo en la Comisión de Asuntos Exteriores y aquí hoy, en el Pleno. 
Lo único que lamento es que la asistencia sea pequeña, pero aun así, muy competente. 
Dialogamos mucho sobre la celebración de esa Cumbre, pero sólo tuvo dos apoyos para ser efectiva: uno, la Unión Europea, y otro, la OUA. 
Y resulta que la OUA, por su parte, no tiene un Parlamento. 
Por tanto, había un problema para incluir en el marco de una cumbre, que es- repito- una cumbre de iguales, no una cumbre de diferentes, una institución de la que no disponía la otra organización coimpulsora. 
En la preparación de la próxima Cumbre, la del año 2003, podremos, desde luego, estudiar posibles formas de fortalecer la participación del Parlamento Europeo en un marco en el que se debe tener en cuenta a la otra parte, pues existe, en efecto, otra parte. 
Y nadie entenderá nada de las relaciones con África, si no entiende que África, en primer lugar, existe, tiene una opinión y una idea sobre los asuntos. 
No queremos imponer la aceptación de todas nuestras ideas, sólo porque son nuestras, y su inclusión automática en el marco de las negociaciones por celebrar. 
Otro punto importante es el relativo a la deuda. 
Yo no sería tan escéptico, en vista de lo que he oído aquí en algunas de las intervenciones, e incluso considero que la reacción de los africanos en la Cumbre y después por la forma como se trató el problema de la deuda fue una reacción de confianza. 
No podemos olvidar que hay una diferencia cualitativa. 
He de recordar a sus Señorías el compromiso de los países miembros de la Unión Europea para con los países pobres muy endeudados del mundo, en el sentido de reducir e incluso anular la deuda, sin olvidar la contribución de la Unión a ese programa, que asciende a mil millones de euros. 
Y también señalo a la atención de sus Señorías la circunstancia de que la Unión Europea en el año 2000 se va a comprometer de forma clara para ejecutar hasta el año 2005 un programa de acceso a su economía, sin derechos arancelarios, y a las producciones de los países menos desarrollados, gran contribución al estímulo de sus economías en un marco de liberalización asimétrica del comercio. 
Es algo que no tiene precedentes, que no ha hecho ningún otro grupo de países. 
Es sumamente innovador y muy digno de beneplácito por parte de dichos países. 
Y los países africanos acogieron bastante bien la reafirmación de esos principios en el marco de la Cumbre. 
La Cumbre no es una organización financiera internacional, no es en la Cumbre donde se puede resolver el problema de la reducción o la anulación de la deuda. 
La Cumbre contribuyó a afirmar valores y voluntades y fue también sumamente importante que muchos de los países de la Unión Europea aprovecharan la ocasión para anunciar públicamente reducciones o cancelaciones de la deuda en relación con los países más pobres y sumamente endeudados, con el consiguiente efecto de ejemplo y sinergia. 
Hemos de destacar lo más importante que ocurrió y que, por lo demás, subrayó la parte africana con gran consistencia: por primera vez, la Unión Europea admitió abordar el asunto del endeudamiento de los países africanos con la globalidad del continente africano mediante mecanismos de follow-up de una cumbre, porque se encomendó al grupo birregional de alto nivel la preparación de un informe sobre el endeudamiento africano que después se examinarán en el nivel ministerial, lo que representa un completo cambio de rumbo en esa esfera. 
Es la primera vez que la Unión Europea, fuera del marco de organizaciones financieras internacionales, acepta y admite examinar institucionalizadamente con el conjunto de los países africanos el problema de su endeudamiento. 
Los países africanos consideraron ése uno de los marcos más importantes de la historia de esta Cumbre. 
Había de decir a sus Señorías que la Presidencia portuguesa de la Unión Europea tenía por objetivo hacer algo en relación con África no sólo porque ya lo habíamos hecho en relación con otros continentes y otras zonas, con América Latina, con Asia, sino también porque otros países o grupos de países los Estados Unidos, el Japón y la propia China empezaron a hacerlo antes que nosotros. 
Ya era hora de acabar con ese retraso. 
Y, por eso, con la colaboración del Comisario Poul Nielsen, el Consejo de Desarrollo celebrado en enero en Lisboa se dedicó por primera vez en la Historia al tema de las relaciones Unión Europea-África. 
Nunca antes se había hecho. 
Fue la primera vez. 
Labor excelente, que, por lo demás, se plasmó, acertadamente, en los resultados de la Cumbre. 
También concluimos la negociación de los acuerdos ACP para el segundo Convenio de Lomé y concluimos el Acuerdo de Libre Comercio con Sudáfrica. 
Y estamos trabajando a ritmo muy acelerado en el proceso de Barcelona, en la incidencia africana en el marco de los acuerdos de asociación con vistas a crear una zona de libre comercio en el año 2010. 
Estamos trabajando para revisar la estrategia mediterránea, para elaborar rigurosamente la Carta de Seguridad y Estabilidad para el Mediterráneo y también para revisar el reglamento MEDA II. Celebramos el Foro Mediterráneo en Funchal y vamos a celebrar una reunión ministerial oficiosa en Lisboa sobre el proceso de Barcelona, precisamente para ver lo que funciona y lo que no funciona, lo que se debe corregir, y para preparar la cumbre que se celebrará en el segundo semestre. 
En cuanto a la Cumbre de El Cairo, no figuraba en nuestro programa inicial, porque, cuando recibimos la Presidencia, no estaba consolidada, pero siempre dijimos que, si se resolvía el problema, estaríamos dispuestos a celebrarla. 
Más adelante propusimos la cumbre, desbloqueamos los problemas de carácter diplomático y celebramos una cumbre que tuvo un resultado acogido con gran beneplácito por los países africanos. 
Naturalmente, no resolvimos todo de un día para otro en relación con el continente africano, pero era preciso dar un paso, era preciso dar un paso para incluir a África en el programa europeo. 
Y era preciso celebrar una cumbre de esa importancia, de esa dimensión y señalarle esos caminos. 
Ahora habrá que continuar, pero estoy seguro de que, con el programa africano más rigurosamente delimitado en el ámbito de las políticas europeas, tenemos condiciones para proseguir de forma sostenida y con cierto éxito, porque el continente africano lo exige, la situación de conflictos, miseria y enfermedades exige una responsabilización firme de la Unión Europea. 
Y es necesario que la Unión Europea tenga una programa africano. 
Todos el Parlamento, la Comisión y el Consejo estamos trabajando en ese sentido. 
Permítanme responder a algunos comentarios concretos que se han hecho durante el debate. 
La Sra. Kinnock ha mencionado la próxima reunión en Dakar sobre educación básica. 
En el marco de nuestros preparativos para dicha reunión, he repasado el grueso de nuestra intervención en materia de enseñanza primaria en África y me complace comunicarles que estoy en condiciones de darles buenas noticias sobre lo que he encontrado en la Comisión. 
Estamos haciendo mucho más de lo que yo pensaba y quisiera informar al Parlamento sobre la cartera de actividades en materia de enseñanza primaria con la que participamos en África. 
Esto no quiere decir que no podríamos hacer más, pero es mucho mejor que la impresión que se tiene en general. 
En segundo lugar, respecto a lo que ha dicho el Sr. Rod de que mientras más duren las conversaciones más personas morirán de sida en África, yo sólo he utilizado cinco minutos. 
He tratado con el Presidente Mugabe sobre el problema del sida en África. 
Fue interesante que admitiera abiertamente en mi presencia que en la actualidad están siguiendo una política de apertura y de información veraz sobre el sida y el VIH muy parecida a la que se sigue en Uganda con cierto éxito. 
Esto no quiere decir que el problema haya desaparecido, pero considero un auténtico avance que un estadista africano que, en este sentido, ha sido considerado parte del problema más que de una posible solución, reconozca ahora abiertamente que debe cambiar su política. 
No pretendo retratar toda la situación de Zimbabwe, pero éste es un punto importante. 
El Sr. Miranda nos ha recordado que el aumento de la atención que dedicamos a los problemas de la Europa oriental y los Balcanes repercute indirectamente en el presupuesto para África. 
En términos absolutos, el hecho de que dediquemos una atención especial a Kosovo y otras actividades no ha supuesto ninguna reducción de lo que realmente hacemos en África. 
En términos relativos sí es cierto, pero hemos podido proteger a África del recorte del volumen de nuestras actividades. 
Agradezco el respaldo del Parlamento en este sentido. 
La Sra. Maij-Weggen ha dicho que la ayuda al desarrollo ha ido en aumento con los años. 
¡Ojalá fuera cierto! 
Si analizamos el total de la ayuda oficial al desarrollo, lo cierto es que a nivel mundial ha disminuido. 
Actualmente hemos descendido hasta el 0,23 % y muchos gobiernos podrían y deberían hacer más. 
Ante ese trasfondo, es un privilegio representar a la Unión Europea en los foros internacionales en este ámbito porque la UE no participa en esa tendencia a la baja. 
En términos numéricos totales es previsible que en los próximos años incrementemos lo que hacemos ahora. 
Este Parlamento, nuestro presupuesto y nuestras actividades destacan como una especie de medida correctiva de la tendencia mundial. 
Podemos sentirnos orgullosos de eso y deberíamos también sacarle el máximo provecho en las relaciones políticas. 
El Sr. van den Bos, entre otros, se ha referido a la condonación de la deuda, un problema que ciertamente merece mucha atención. 
Les recordaré, sin embargo, que la mayor parte de los mil millones de euros, que es la contribución de la UE a la Segunda iniciativa para los PPME, se destinará a África. 
Los 680 millones de euros, que es nuestra contribución como donante, no como acreedor, se destinarán en su totalidad al Banco Africano de Desarrollo para ser asignados al fondo fiduciario especial en el marco de la iniciativa para los PPME al objeto de avalar a África y permitir que el Banco Africano de Desarrollo continúe atendiendo las peticiones de los países pobres de África. 
Estamos haciendo mucho y el problema ahora es saber hasta qué punto cumplirán los países del G7- que pusieron en marcha la Segunda iniciativa para los PPME el año pasado en Colonia- no sólo como donantes, sino también en su papel más concreto de acreedores. 
Saludamos la cancelación de la deuda bilateral, que es una decisión política relativamente fácil de adoptar, la parte difícil es la deuda multilateral. 
Es aquí donde la UE, en su calidad de donante- y no involucrada directamente como acreedora- ha podido ofrecer una mano firme. 
Es algo que no deberíamos olvidar en las conversaciones en curso. 
Puede que no sea suficiente, pero sin duda es más de lo que ningún otro grupo de donantes ha hecho hasta ahora. 
El Sr. Zimmerling ha mencionado el problema de Nigeria y de la devolución de los fondos. 
En El Cairo hemos introducido en el texto algunas modificaciones de última hora que refuerzan la opiniones expresadas y espero que Europa pueda colaborar en la identificación de parte de esos fondos y conseguir que sean entregados a quienes corresponde. 
Esto debería formar parte de la gestión económica internacional. 
No debemos permitir que desaparezcan unos fondos como ha sucedido. 
Fue realmente importante que los Jefes de Estado y de Gobierno pasaran dos días juntos. 
El entendimiento fue bastante bueno. 
Fue muy agradable ser testigo de este acontecimiento, tan importante no sólo para reine un buen clima entre Europa y África, sino también para la clase de cooperación que queremos crear, que también necesita estas relaciones personales. 
Ciertamente las relaciones han mejorado mucho en estos dos días. 
Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento por la excelente cooperación que se estableció con la Presidencia portuguesa durante la realización de estos esfuerzos considerables. 
Fueron muy fructíferos y ha sido un placer colaborar con la Presidencia. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido siete propuestas de resolución. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Asuntos Exteriores 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre Asuntos Exteriores. 
Señor Presidente, hoy hemos tratado en la Comisión sobre varios asuntos entre los que se incluyen las grandes orientaciones de la política económica, que han sido objeto de una declaración por parte de mi colega el Comisario Solbes en otra parte del Parlamento en el transcurso de la tarde. 
Pero quisiera centrarme en dos temas relativos a los asuntos exteriores y, en particular, en uno de ellos. 
Aunque brevemente, en primer lugar mencionaré nuestra comunicación sobre la observación de las elecciones y la asistencia al proceso, que publicaremos próximamente y que me gustaría debatir con el Parlamento en las próximas semanas o meses. 
Debo decir de entrada, a modo de confesión- y habida cuenta de que el Sr. Paisley no se encuentra presente en la Asamblea, probablemente pueda hacer una confesión- que el documento no representa un nuevo enfoque radical, aunque sí intenta poner orden en una actividad que ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años. 
Hemos destinado 150 millones de euros a esta importante actividad. 
Ahora se trata claramente de una actividad del primer pilar, a raíz de la adopción del Reglamento, que proporciona un fundamento jurídico a esta actividad relacionada con los derechos humanos y la democratización. 
Como reconocerán sus Señorías, la comunicación invita al Parlamento y al Consejo a colaborar con nosotros en la adopción de un enfoque más coordinado. 
Invita a todos a que intentemos aprender las lecciones del pasado. 
Es un documento muy práctico. 
Sugiere que debemos dar mayor coherencia a lo que hacemos, y espero con interés poder escuchar las opiniones de sus Señorías sobre el documento, que confío considerarán una contribución importante y de utilidad al debate que irá ganando en importancia, que no perderá importancia, durante los próximos años. 
Permítanme pasar a continuación al tema sobre el que me gustaría dirigirme al Parlamento con bastante más detenimiento Es un tema que me llega al corazón; aunque éste sea un órgano imperfecto. 
Se trata del sistema de reacción rápida del que venimos hablando desde hace algún tiempo y sobre el que hemos llegado a algunas conclusiones. 
Mi colega el Comisario Nielson hablaba hace un momento sobre la Cumbre EU/África celebrada en El Cairo hace poco más de una semana. 
Es cierto que el Presidente de la Comisión, mis colegas Pascal Lamy y Poul Nielson y yo nos enfrentamos durante esa Cumbre a una letanía de quejas por la lentitud con la que la Unión Europea proporciona la ayuda. 
Las personas que exponían estas quejas tenían en muchos casos motivos para ello; no siempre, pero en muchos casos sí. 
No es un problema nuevo, como sabrán sus Señorías- en particular, los diputados que han participado en visitas de delegaciones a otros países. 
Me he sentido frustrado ante nuestros procedimientos lentos y engorrosos desde que llegué a la Comisión el pasado otoño. 
Quiero decir una vez más que no es un problema creado por nuestro personal, que trabaja con mucho ahínco, sobre todo porque no son muchos. 
Es un problema que ha venido gestándose desde hace varios años. 
Los problemas relativos a la lentitud en la toma de decisiones y en el suministro son estructurales y culturales. 
Nuestros procedimientos están anticuados, son, como digo, 'engorrosos'. 
Pero el enfoque legislativo tradicional que se adopta en las actividades comunitarias es también en ocasiones inadecuado para la rapidez con que evolucionan las situaciones en los asuntos exteriores. 
Esto es especialmente cierto en el caso de la prevención de conflictos y, en particular, en el caso de los esfuerzos destinados a la gestión de la crisis. 
Hoy se nos critica porque somos lentos, hoy se nos critica porque con demasiada frecuencia nos vemos desbordados por los acontecimientos, y creo, si me permiten utilizar el tópico, que 'la historia no nos esperará' ni tampoco lo harán nuestros interlocutores internacionales ni siquiera el Consejo, y tienen razón. 
Tenemos que asegurarnos de que estamos preparados y de que somos capaces de intervenir cuando es necesario y no seis semanas más tarde. 
Tenemos que hacerlo mejor y podemos hacerlo mejor. 
Ahora nos hemos embarcado en una reforma ambiciosa de nuestros programas de ayuda exterior al objeto de introducir serias mejoras en su eficacia y rapidez de suministro. 
Presentaremos nuestras propuestas en las próximas semanas. 
Algunas cosas podemos hacerlas con relativa rapidez, otras necesitarán más tiempo si, por ejemplo, exigen modificaciones jurídicas complejas. 
El sistema de reacción rápida es algo que, a nuestro juicio, podemos hacer con bastante rapidez si contamos con el apoyo del Parlamento y si contamos con el respaldo del Consejo. 
Espero que el apoyo no se haga esperar, porque no tenemos tiempo que perder. 
El Consejo Europeo de Helsinki pidió a la Comisión en el contexto del desarrollo de las estructuras de gestión de crisis de la Unión que creara un mecanismo de reacción rápida en el Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario. 
La inercia no es más que parte de nuestro problema hoy en día. 
Asimismo debemos poder combinar las diferentes herramientas con mayor eficacia y flexibilidad en una combinación a la medida que se adapte a cada situación en particular. 
El sistema de reacción rápida responde a estas necesidades. 
Su finalidad es permitirnos recurrir sin demora a los recursos comunitarios y a los conocimientos expertos disponibles para corregir una situación de crisis específica que complemente la valiosa labor ya emprendida por ECHO en el ámbito humanitario. 
Sugiero la creación de un mecanismo que tenga las siguientes características aproximadas. Primero, están las operaciones urgentes en las que se dispone de poco tiempo para intervenir en situaciones de crisis o de crisis emergentes. 
La acción normalmente no debería durar más de nueve meses. 
Segundo, en caso de que sea necesaria una intervención más larga, las acciones en el marco del sistema de reacción rápida prepararán las operaciones con los instrumentos disponibles, que se encargará de realizar la acción utilizando los procedimientos normales. 
Tercero, al igual que en el caso de ECHO, hay que agilizar los procedimientos. 
La Comisión debería poder actuar en la mayoría de los casos bajo su propia responsabilidad y si tiene que consultar a los Estados miembros, debería hacerse sobre una base de asesoramiento lo más simple posible. 
Cuarto, la gestión del sistema de reacción rápida será responsabilidad de un pequeño equipo, la unidad de coordinación de la crisis de la Dirección General de Asuntos Exteriores. 
No quiero construir grandes estructuras en la que las personas creen trabajo mientras esperan que surja una crisis. 
El valor añadido del sistema de intervención rápida es rapidez y flexibilidad en la intervención comunitaria en situaciones de crisis. 
Nos ayudará a superar las trabas de procedimiento que nos han frenado en el pasado y nos permitirá combinar los diferentes instrumentos en una única acción y con un único fin. 
He oído voces de alarma respecto a que estamos asumiendo nuevas competencias cuando lo que deberíamos hacer es centrar nuestros esfuerzos. 
Entiendo esa preocupación, pero el sistema de reacción rápida no crea nuevas competencias, sólo intenta sacar mejor provecho de lo que ya tenemos. 
Mejora los instrumentos comunitarios existentes, preparándolos para una utilización concertada dentro de un nuevo marco. 
Puede abarcar la intervención en ámbitos tan diferentes como los trabajos por los derechos humanos, la supervisión de elecciones, la mediación, la creación de instituciones y el apoyo a los medios de comunicación, la gestión aduanera y fronteriza, la retirada de minas antipersonas, el apoyo a las operaciones policiales, la ayuda de emergencia a la población civil, el realojamiento y la rehabilitación. 
Existe una inevitable, y de hecho necesaria, área de coincidencia con instrumentos existentes. 
Repito: el sistema no crea un nuevo instrumento. 
Proporciona un mecanismo para utilizar con mayor eficacia los ya existentes y la coincidencia está limitada por el carácter de procedimiento del sistema de acción rápida y la limitación de tiempo para sus intervenciones. 
El sistema es una especie de paquete de arranque rápido. 
Nos permitirá reaccionar a tiempo y, en caso necesario, tomar la iniciativa en casos de urgencia. 
Al hacerlo, estaremos mejor situados para hacer una utilización óptima de la rica experiencia comunitaria en interés de toda la Unión. 
Pero el sistema de reacción rápida no debe durar más tiempo del estrictamente necesario. 
Si es necesario mantener la acción más allá del plazo inmediato de la situación de crisis, el sistema dará paso tan pronto como sea viable al instrumento comunitario regular geográfico o temático más idóneo para gestionar la crisis a más largo plazo. 
Por consiguiente, la Comisión propone una asignación presupuestaria bastante modesta para el sistema de reacción rápida: 30 millones de euros aproximadamente para este año y 40 millones de euros para años sucesivos. 
Necesitamos disponer de fondos suficientes para poder intervenir sin pérdida de tiempo en caso de crisis, pero no queremos comprometer grandes recursos que pueden y deben utilizarse para fines mejores en los programas regulares. asimismo, no queremos crear una gran nueva burocracia que se mantenga inactiva a la espera de que surja la siguiente crisis. 
Ya me he referido a ello en mis observaciones anteriores. 
En definitiva, estoy convencido de que el sistema nos ayudará en el plano material- me hubiera gustado tenerlo a mano cuando lanzamos el plan Energía por democracia el pasado otoño- y en el institucional, porque permite a la Comisión hacer una contribución concreta al incipiente Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario. 
No es una solución ideal. 
Mi economista favorita y guru Jane Jacobs señala que en la práctica todo resulta decepcionante. 
Son raras las soluciones ideales, pero sí creo que es una solución factible y si cuando revisemos el programa dentro de tres años descubrimos que ya no lo necesitamos porque hemos integrado mecanismos de reacción rápida similares en los programas regulares de ayuda exterior, nadie se alegrará más que yo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Comisario Patten por su detallada exposición. 
Tengo una pregunta acerca del primer punto de su discurso. 
Según he entendido, y me causa una enorme satisfacción, la Comisión pretende estructurar mejor la forma en que la Unión Europea observa las elecciones celebradas en terceros países. 
He aquí me pregunta. ¿Será esta nueva estructura comparable con el método que utilizan los Estados Unidos? 
Pues siempre me llama la atención que allí sea el Instituto Carter el que dirige la observación de las elecciones. Siempre se hace de una forma muy profesional y muy visible. 
En realidad la Unión Europea no logra el mismo grado de visibilidad, a pesar de que cuente con numerosos representantes. 
¿Podría puntualizar si piensa inspirarse en ese modelo? Me parece un muy buen ejemplo de que se puede y se debe hacer un buen trabajo. 
. 
(EN) Su Señoría ha hecho, como siempre, una observación sumamente perspicaz. 
Existe un problema de imagen, sobre el que ya tratamos en la comunicación. 
Queremos garantizar que lo que hace la Unión sea más reconocible: no es sólo una cuestión de logotipo ni de brazaletes, sino de toda la presentación de lo que hacemos. 
Creo que en ocasiones sus Señorías se habrán sentido frustradas al descubrir que personas de otros países, incluso de Norteamérica y de otros países, se llevan todos los laureles respecto a los fondos de la Unión Europea, sin que recaiga ninguno sobre el contribuyente europeo que paga todas estas cosas. 
Los fondos comunitarios no existen como tal, existen los fondos de los contribuyentes europeos y éste es un punto importante que debemos recordar. 
La imagen es importante y hemos tratado sobre ella en este documento. 
Espero que si su Señoría piensa que no lo hemos hecho adecuadamente, nos lo haga saber. 
Parte de la finalidad de este documento es intentar que los diputados a este Parlamento, que están tan familiarizados con la importante actividad que ahora nos ocupa, generen más ideas. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo puedo sumarme a la pregunta que acaba de hacer la Sra. Maij-Weggen. 
He participado en la observación de varias elecciones y, guiándonos por el principio de "hacer el bien y hablar también de ello", hemos podido constatar con frecuencia- no sólo yo personalmente- que la visibilidad muchas veces era inexistente. 
Ahora bien, yo soy muy partidario de que sigamos colaborando con la OSCE y con el Consejo de Europa, pero me parece muy mal que- como ha ocurrido a veces- la Unión Europea asuma la totalidad de los costes, pero apenas se note que participamos en la observación de las elecciones, y creo que sería ciertamente razonable prestar atención a la visibilidad en este contexto. 
En segundo lugar, señor Comisario, yo quisiera preguntarle para cuándo prevé que entre en funcionamiento al menos la dotación básica de su mecanismo de reacción rápida, toda vez que esto también es importante para el trabajo parlamentario. 
En tercer lugar, señor Comisario, no todas las crisis frente a las que debemos reaccionar son evitables, pero sí algunas de ellas. 
¿Está satisfecho con el estado y la evolución de la prevención de las crisis? Y ¿cómo se propone vincularla con el mecanismo de reacción rápida? 
. 
(EN) En primer lugar, sobre la visibilidad: hay un apartado al comienzo de esta larga comunicación que, a mi juicio, resume el problema bastante bien. 
Dice que la visibilidad de la UE no siempre está presente como cabría desear, debido a una serie de factores. 
El primero de ellos es la falta de una política comunitaria clara y de los instrumentos necesarios para su aplicación. 
La adopción de una acción conjunta con la PESC no es ninguna garantía de mayor visibilidad, como descubrimos el pasado año en Nigeria. 
Otro factor es la participación de la Unión Europea bajo el paraguas de otros organismos internacionales. 
Esto ha ocasionado no pocos problemas en los Balcanes, como sin duda sabrá su Señoría. 
En otros casos, como Palestina, la falta de visibilidad fue debida a que no se hizo un esfuerzo suficiente con los medios de comunicación. 
Luego, concluimos con un tono quizá algo provocativo, diciendo que a diferencia de los Estados Unidos, la Unión Europea no nombra a políticos de alto nivel retirados para realizar este tipo de trabajos. 
Tenemos políticos que permanecen en activo en el centro de la acción. 
Quizá deberíamos aprender algo de esto, aunque reconozco que hay algunos políticos de alto nivel importantes ya retirados a los que no nos gustaría ver necesariamente supervisando elecciones, en cuyo caso conviene recordar que la prudencia es la madre de la ciencia. 
En segundo lugar, en lo que se refiere al sistema de reacción rápida, quiero que esté listo y funcionando cuanto antes. 
Tengo anécdotas suficientes para justificar mi impaciencia. 
No tengo la menor duda de que nuestro programa Energía por democracia, al que me he referido en mis observaciones, ha sido un éxito extraordinario. 
El alcalde de una de las ciudades beneficiadas escribió la semana pasada a sus colegas de la oposición serbia constatando este extremo. 
Actualmente estamos analizando qué podemos hacer durante el verano para mejorarlo, ahora que ha terminado el plan de emergencia para el invierno. 
Tampoco tengo la menor duda de que las dificultades que debieron superar nuestros agentes para lanzar el plan habrían sido mucho más llevaderas si hubiéramos contado con un sistema como éste. 
Cualquiera que piense que no lo necesitamos, debería hablar con nuestros agentes responsables de la aplicación del pilar 4 en la misión de UNMIK en Kosovo. 
Una vez más, existe un sinfín de historias casi increíbles que destacan la importancia de un sistema como éste; un sistema que no es un pretexto para evadirse ni una excusa para eludir los procedimientos presupuestarios, sino que, dentro de nuestro presupuesto actual, nos permite hacer las cosas con mayor eficacia y mayor flexibilidad. 
Ni que decir tiene que si podemos actuar con mayor rapidez, contribuiremos a la prevención de las crisis. 
Según uno de los dichos más antiguos, es incomparablemente más caro hacer una guerra que mantener la paz. 
A menudo lo que hace falta para mantener la paz o prevenir una crisis no es sólo hacer las cosas con generosidad, sino hacerlas con rapidez y generosidad. 
Como su Señoría sabe, porque lleva en esta actividad mucho más tiempo que yo, intentamos activamente desarrollar razones respetables desde una perspectiva intelectual para la diplomacia preventiva, intentando aunar todos los objetivos de primera plana de la capacidad militar que consideramos necesarios. 
Haremos muchas cosas. 
Espero poder acudir al Parlamento con nuevas ideas en los próximos meses. 
Señor Presidente, señor Comisario, usted acaba de mencionar la lentitud de los pagos, que también resulta perjudicial para la imagen de la Unión Europea en el contexto de diversas acciones. 
La directiva sobre el retraso en los pagos se encuentra en estos momentos en la fase del procedimiento de conciliación, es decir, que este es un problema que no sólo afecta a las relaciones exteriores, sino que también se plantea dentro de Europa. 
Yo creo que sería adecuado que usted apoyase, en su calidad de comisario, que la directiva sobre el retraso en los pagos se aplique también a las instituciones europeas, ya que en ese caso, si existe un fundamento jurídico, el pago se podrá realizar dentro de un plazo determinado, concretamente de 21-30 días y confiemos que incluso más breve. 
Lo que planteo es que la directiva sobre el retraso en los pagos se aplique también en estos ámbitos. 
Es una observación interesante e importante que me propongo analizar. 
Es una contribución muy valiosa. 
También me preocupa un problema aún mayor, que es el tiempo que transcurre desde el momento en que asumimos nuestros compromisos hasta que realizamos nuestras contrataciones. 
Es un asunto muy serio y espero poder presentar algunas ideas de utilidad en el transcurso de las próximas semanas y meses. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Comisario por el impulso que ha dado a la unidad de reacción rápida. 
Quisiera dirigir un par de preguntas al Comisario. 
En primer lugar, aunque reconozco que quiere mantener un presupuesto reducido y utilizar los instrumentos existentes, ¿está convencido de que el presupuesto de la categoría 4 será suficiente para que la unidad de reacción rápida especial lleve a cabo sus objetivos durante todo el ejercicio? En segundo lugar, en lo relativo a la coordinación: ¿qué relación existirá entre esta unidad y los enviados especiales de la Unión Europea? 
Uno de los problemas que tuvimos en Kosovo fue no sólo la falta de coordinación en el seno de la Comisión, sino también entre los Estados miembros a la hora de emprender acciones individuales. 
¿Qué relación podrá establecer con los Estados miembros para garantizar la coordinación de sus actividades independientes? 
. 
(EN) Como su Señoría sabe, porque un documento que redactamos el Alto Representante y yo llegó milagrosamente a manos de la prensa, la cuestión de mejorar la coordinación entre las actividades de los Estados miembros es uno de los aspectos que preocupa a Javier Solana y a mí. 
De entrada, sería bueno saber siempre qué hacen los Estados miembros. 
Actualmente, el Alto Representante y sus colegas de la Secretaría están dedicando muchos esfuerzos a conseguirlo. 
Intentan explicar, por ejemplo, a los Estados Unidos la magnitud de la intervención comunitaria en los Balcanes. 
Hemos tenido problemas, que podrían haberse evitado, porque no siempre sabemos exactamente qué se proponen los Estados miembros, al igual que ocurre con la Comisión Europea. 
Por tanto, debemos colaborar más estrechamente y de una manera más coordinada. 
El Alto Representante y yo intentamos encargarnos de manera más decidida de este asunto. 
Espero que la conferencia sobre el Pacto de estabilidad de hace un par de semanas haya sido de ayuda en este sentido, aunque ciertamente seguiremos persiguiendo este objetivo. 
En lo que respecta a las relaciones entre el sistema de intervención rápida y los enviados especiales que, naturalmente, son competencia del Consejo- aunque el presupuesto es competencia de la Comisión -, queremos trabajar en estrecha colaboración con ellos. 
Hay algunos, en particular, cuyas actividades tienen que ver con el tipo de cosas que nosotros podríamos estar dispuestos a apoyar a través del sistema de reacción rápida, como la labor que realiza uno de nuestros enviados especiales en la región africana de los Grandes Lagos. 
Nos mantendremos en contacto con ellos. 
No creo que los fondos de los que estamos hablando nos ocasionen problemas presupuestarios. 
Podemos gestionar entre 30 y 40 millones de euros. 
Estoy seguro de que tendré otras oportunidades de volver al Parlamento a explicar algunas de las presiones que encontramos con partidas de gastos mucho mayores en la categoría 4. 
Una de mis continuas obsesiones es la diferencia entre el lenguaje de nuestros comunicados y lo que se aprueba cuando los ministros de Economía se reúnen para tratar sobre estos temas. 
Aspiro a lo que se denomina un intercambio pleno y franco con el Parlamento sobre estos asuntos. 
Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Sr. Comisario por la excelente exposición que ha hecho del sistema de reacción rápida. 
Es muy necesario. 
Quisiera preguntarle cómo prevé la provisión de ayuda en caso de catástrofes como la que fue necesaria recientemente en Mozambique; ¿cómo actuaría de enlace y cómo colaboraría con los ejércitos de los Estados miembros? 
¿Se plateará asimismo, señor Comisario, si haría correr la llamada de auxilio- llegado el caso- hasta países que no forman parte de la Unión Europea? 
Por ejemplo, en Mozambique me pareció bastante sorprendente que la Marina india estuviera al otro lado del Océano Índico y que podría haber llegado rápidamente a Mozambique, pero nadie contó con ellos para las tareas de rescate en Mozambique, donde las personas permanecían subidas a los árboles. 
Hay diferentes tipos de crisis y diferentes tipos de catástrofes. 
Las terribles inundaciones de Mozambique fueron un caso clásico de intervención de ECHO como ayuda humanitaria. 
La creciente hambruna en el Cuerno de África es un caso clásico para el despliegue de la ayuda alimentaria tradicional, aunque con envíos urgentes y el reparto urgente con camiones, etcétera. 
Es muy difícil compartimentar estas crisis. 
En muchos casos hay que recurrir a varios instrumentos. 
Por ejemplo, en la crisis de Mozambique descubrimos enseguida la necesidad de helicópteros y la importancia de recurrir a equipos militares de apoyo a las operaciones realizadas por civiles. 
Lo que debemos garantizar es que no existan "murallas chinas" entre las distintas operaciones. 
Las "murallas chinas" sólo son necesarias en el ámbito presupuestario. 
Debemos dejar perfectamente claro que no utilizaremos el sistema de reacción rápida a modo de atajos en nuestras prácticas presupuestarias a menos que estén justificados por un caso de emergencia. 
Pero su Señoría tiene toda la razón al afirmar que Mozambique fue una demostración de hasta qué punto las distintas formas de intervención están relacionadas entre sí y que es muy difícil establecer categorías exactas de las diferentes formas de ayuda. 
Señor Comisario, muchas gracias por su declaración. 
Acojo con gran satisfacción este sistema de reacción rápida. 
Responde a antiguas inquietudes que teníamos muchos de nosotros. 
Debemos felicitarle por la labor que ha realizado. 
Quisiera profundizar en la cuestión a la que se ha referido mi colega Nirj Deva. 
No estamos hablando solamente de la urgencia, no estamos hablando solamente de la eficacia. 
El aspecto de la coherencia es muy importante. 
Usted es el único responsable de los asuntos exteriores desde el punto de vista de la Comisión. 
Me estoy refiriendo de nuevo al papel de ECHO. 
¿No prevé aquí la oportunidad de incluir a ECHO bajo su paraguas de políticas para que podamos adoptar un enfoque más coherente cuando surjan las crisis; para que no tengamos este problema de diferentes instrumentos; para que abordemos el problema con una sola opinión y podamos cumplir nuestro cometido con urgencia y eficacia? 
Reconozco que se trata de defender la coherencia. 
Políticamente, sería todo un reto ponerse en pie y pronunciar un discurso en defensa de la incoherencia. 
Su Señoría tiene toda la razón al respecto. 
Pero no debemos olvidar dos hechos importantes en lo que a ECHO se refiere. 
ECHO es, con razón, celoso de su reputación de proveedor de ayuda humanitaria sin ataduras políticas y sin ninguna inspiración política. 
Por ejemplo, podemos distinguir perfectamente entre la ayuda humanitaria que ECHO ha proporcionado en Serbia, y la ayuda que hemos proporcionado a través del programa Energía por democracia. 
Ambos programas han contribuido a mejorar las vidas de la población que se volvieron miserables a causa del Sr. Milosevic, pero no hay duda de que tienen catalizadores diferentes y objetivos ligeramente distintos. 
En segundo lugar, a menudo lo que los directores de marketing denominarían los suministros son diferentes. 
Cuando se trata de ECHO, casi siempre hablamos de alimentos, medicinas y mantas. 
En el caso de nuestro sistema de acción rápida se trata, casi siempre, de asesores, mediadores, observadores, agentes de aduana, oficiales de policía, etcétera. 
Existen diferencias. Pero reconozco plenamente que existe la necesidad de mayor cohesión. 
Es una ventaja considerable que en esta Comisión los Comisarios de asuntos exteriores trabajen unidos como un grupo. 
Nos disponemos a comenzar a adoptar juntos todas las decisiones de programación. 
Tengo grandes esperanzas de que sin desmontar algunas distinciones importantes, podamos garantizar que los distintos instrumentos comunitarios que intervienen en el gasto de sumas muy sustanciales en ayuda avanzan juntos en la misma dirección. 
No siempre ha sido así en el pasado. 
Señor Presidente, estoy seguro de que el Sr. Comisario estará de acuerdo conmigo en que la redacción del informe es la parte fácil. 
Lo difícil es su puesta en práctica. 
Cuando este sistema de reacción rápida haya quedado constituido, ¿operará, según los casos, a nivel regional, así como a nivel de los distintos países? 
Existen situaciones, como la del Cuerno de África, que abarcan más de un Estado. 
Los problemas de la región de los Grandes Lagos se extienden a varios países. 
Sería de utilidad si pudiera relacionar estos problemas sobre una base regional y actuar desde esa perspectiva. 
¿Estaría de acuerdo el Sr. Comisario con esta observación? 
Estoy de acuerdo con su Señoría en ese punto. 
Creo que deberíamos buscar de manera mucho más constructiva soluciones regionales también en muchos otros ámbitos, sin olvidar algunas de nuestras relaciones comerciales con otros países. 
Este sistema debe utilizarse no sólo sobre una base bilateral, sino ayudando a grupos de países en lo que a menudo son problemas políticos comunes, así como problemas de medio ambiente, entre otros. 
Deseo felicitar al Sr. Comisario por sus respuestas. 
Siento cierta decepción y preocupación por lo que ha dicho acerca de que la unidad de reacción rápida no se fusione con ECHO. 
Sinceramente, ECHO necesita algo más que una fusión política: necesita a alguien que controle qué ocurre allí. 
Cuando el Sr. Deva dirigió una pregunta al Comisario Nielson sobre Mozambique y el retraso con el que llegaron los helicópteros a aquel país, el Comisario Nielson la rechazó de plano. 
Eso es inaceptable. 
En Etiopía tenemos una situación en la que desde hace tres años sabemos que se acerca una hambruna. 
Las tiendas de aquel país están vacías. 
¿Dónde estaba ECHO? 
Señor Comisario, ¿no previó ECHO la situación y no previó que harían falta alimentos cuando tantas personas están amenazadas? 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación y yo mismo hemos alertado una y otra vez a ECHO y a la Comisión de que debería hacerse algo al respecto. 
No se ha hecho absolutamente nada. 
Si su Señoría, que ha hecho observaciones tan graves, no tiene nada que hacer mañana por la mañana, podría asistir al debate sobre Etiopía en el que también tomaré parte porque mi colega no podrá asistir. 
Presentaré las cifras de nuestros desembolsos actuales en concepto de ayuda alimentaria a Etiopía y Eritrea. 
Sólo quiero hacer dos observaciones. 
En primer lugar, no comparto las opiniones de su Señoría sobre ECHO: el programa realiza un excelente trabajo en circunstancias difíciles. 
Quiero hacer una observación sobre el Cuerno de África. 
Fue ministro de Desarrollo entre 1986 y 1989 y dediqué buena parte de mi tiempo a intentar solucionar la crisis alimentaria en Etiopía y Eritrea. 
Considero bastante importante que hayamos conseguido a lo largo de los años, a pesar de los problemas ocasionales, incrementar nuestra capacidad de proporcionar alimentos y otras ayudas a personas que se encontraban en las circunstancias más terribles. 
Hemos conseguido incrementar nuestra capacidad de proporcionar ayuda humanitaria. 
Lo que no hemos conseguido ha sido que la ayuda humanitaria sea cada vez menos necesaria para empezar. 
Existe una crisis alimentaria en el Cuerno de África. 
Existen dos grandes ejércitos atrincherados que compran armamento muy caro de otros países con unos fondos que deberían destinarse al desarrollo de la agricultura, a mejorar los proyectos hidrográficos y la vida de los recién nacidos y de las jóvenes madres. 
Por tanto, espero verle mañana en el debate en el que trataremos sobre algunos de estos puntos. 
Siento compasión por los problemas a los que se enfrentan Etiopía y Eritrea. 
No obstante, debo decir que ya me ocupaba de esos mismos problemas hace 13 o 14 años y, lamentablemente, las cosas han mejorado mucho menos de lo que hubiéramos deseado. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
¿Podría comunicarnos cómo se organizará exactamente el Turno de preguntas? 
¿Se procederá a las preguntas a la Comisión, que aparentemente debían celebrarse entre las 18.30 y las 19.00 horas? 
Puedo informarle de que el turno de preguntas durará una hora. 
Por lo tanto, estaremos trabajando de las siete a las ocho. 
La primera parte, dirigida a la Comisión, durará 30 minutos. 
A los Comisarios individuales les dedicaremos 10 minutos a cada uno, en lugar de los 20 habituales. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0216/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
A petición de la Comisión, comenzamos con la tercera pregunta para que la pueda contestar el Sr. Patten. 
Primera parte 
Pregunta nº 34 formulada por (H-0306/00): 
Asunto: Participación de la Comisión en el Comité Militar del Consejo ¿Está de acuerdo la Comisión con que su participación en las reuniones del Consejo y de todos sus organismos es una parte arraigada del acervo comunitario y un elemento fundamental del equilibrio institucional de la Unión Europea? 
¿Qué opina la Comisión de los rumores que afirman que no está participando en los trabajos del nuevo Comité Militar? 
¿Puede explicar la Comisión los motivos de dicha falta de participación? 
¿Va a insistir la Comisión en su derecho a participar? 
La Comisión comparte la opinión de que su participación en las reuniones del Consejo y de todos sus organismos forma parte del acervo comunitario y es un elemento fundamental del marco institucional de la Unión Europea. 
La participación de la Comisión está estipulada expresamente en el Reglamento del Consejo, que establece que la Comisión tomará parte en todas las reuniones del Consejo y en las reuniones de todos sus organismos preparatorios. 
Únicamente en circunstancias excepcionales y sobre una base de caso por caso puede excluirse a la Comisión de estas reuniones. 
En Helsinki se confirmó que el Esquema del Desarrollo del Espacio Comunitario debe tener lugar en el marco institucional actual. 
Esto refleja la plena asociación de la Comisión con la Política Exterior y de Seguridad Común y su responsabilidad compartida con el Consejo para garantizar la coherencia en los asuntos exteriores de la Unión. 
Excluir a la Comisión de los trabajos en este ámbito equivaldría a reconocer la aparición de un cuarto pilar en el Tratado, lo que es contrario a las conclusiones de Helsinki. 
No obstante, aunque la Comisión tiene derecho a asistir a todas las estructuras de trabajo del Consejo, no tiene la obligación de hacerlo. 
Existen casos en los que la Comisión decide no participar en una reunión en particular, generalmente porque considera que los temas que deben tratarse no conciernen directamente a la Comisión ni a los asuntos comunitarios. 
Hemos acordado disposiciones sin ninguna dificultad para participar en todas las estructuras posteriores a Helsinki, como el Comité Político y de Seguridad provisional, con una salvedad. 
Estamos aún en negociaciones sobre las disposiciones en lo relativo al Comité Militar. 
Francamente no tendríamos ninguna contribución que hacer al Comité Militar cuando trata sobre asuntos netamente militares, pero también habrá ocasiones de vez en cuando en las que discuta asuntos que afectan simultáneamente a la cooperación civil y militar. 
En casos semejantes, creo que es no sólo natural, sino en beneficio de todos que la Comisión participe en la reunión para poder contribuir a la coherencia global y a la eficacia de las políticas y acciones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, permítame expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por esa excelente y exhaustiva respuesta, que me tranquiliza bastante. 
Permítame pedirle, señor Comisario, que confirme que la decisión de la Comisión de no participar en ciertas reuniones se tomará, como ha dicho, sobre una base de "caso por caso", y no sobre una base de "estructura por estructura", dependiendo de lo que vaya a tratarse. 
Tomar una decisión sobre la base de "estructura por estructura" crearía un precedente desafortunado que debilitaría el acervo comunitario, según el cual la Comisión debe participar en todas las reuniones del Consejo y en las reuniones preparatorias. 
De hecho sería contrario al Tratado, que establece que la Comisión estará plenamente asociada, no parcialmente asociada, a las tareas de la PESC y que la Comisión podrá decidir si desea participar o no. 
Reconozco que su Señoría es más experto que yo en estos asuntos institucionales. 
Por tanto no es sorprendente que se esconda en uno. 
La cuestión es si la decisión se toma reunión por reunión o estructura por estructura, y hemos dejado claro, en términos amables y corteses, aunque con firmeza, cuál es nuestra opinión al respecto. 
Espero que quede resuelta de manera satisfactoria para todos en el transcurso de las próximas semanas. 
Señor Presidente, si el Consejo no está de acuerdo con la Comisión, ¿significa eso que la Comisión denunciará al Consejo ante el Tribunal Europeo para poder participar en el Comité Militar? 
En segundo lugar, ha sacado la Comisión alguna conclusión respecto a las repercusiones sobre la seguridad que tendrá su participación en el Comité Militar? 
Respecto a la segunda pregunta, si me permite apartarme un poco del tema, la historia de los últimos cincuenta años no sugiere que organismos como la Comisión puedan ser un problema en este sentido. 
Ciertamente no creo que ese problema exista. 
Existe el tema general de la seguridad del que sé que el Alto Representante se ocupa, como debe ser. 
En cuanto a la primera pregunta, espero realmente que podamos resolver este asunto amigablemente, y estoy seguro de que si sus dos Señorías defendieran el caso que me han expuesto con la misma firmeza ante sus primos hermanos del Gobierno del Reino Unido, ello ayudaría mucho a resolver estos problemas en poco tiempo. 
Espero que no tengamos que recurrir a ese tipo de medidas que sugiere su Señoría. 
Espero que podamos solucionar esto de una manera civilizada y sensata. 
Repito, no necesitamos recurrir a la expresión "tener delirios de grandeza". 
Intentamos respetar las condiciones del Tratado y hacerlo únicamente cuando es de utilidad para la aplicación general de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Muchas gracias, señor Patten. 
Creo que ya le hemos hecho todas las preguntas que iba a contestar hoy. 
Por lo tanto, le damos las buenas tardes. 
Pregunta nº 32 formulada por (H-0293/00): 
Asunto: Posibilidad de viajar en la UE para las personas sometidas a un tratamiento de diálisis La libre circulación de los ciudadanos de los Estados miembros es uno de los derechos fundamentales de la UE. 
Uno de los grupos de ciudadanos que no pueden beneficiarse de este derecho son las personas que padecen una disfunción renal y deben someterse a un tratamiento de diálisis con regularidad. 
Para viajar necesitan realizar su tratamiento en una unidad de diálisis distinta a la que les corresponde normalmente, lo que constituye un gran problema, sobre todo durante el período estival, en que prácticamente todas las unidades de diálisis reducen su nivel de actividad y no acogen pacientes "invitados" que estén de visita o de viaje. 
Ello limita enormemente la posibilidad de viajar de las familias en las que uno de los miembros depende de un tratamiento de diálisis. 
¿Tiene la Comisión el propósito de adoptar alguna iniciativa de cara al período estival que se acerca con el fin de facilitar que las personas sometidas a un tratamiento de diálisis puedan viajar en la UE sin tener que renunciar al tratamiento requerido? 
Comisión. (DE) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quisiera recordarle al Sr. Per Arne Arvidsson las normas comunitarias sobre la coordinación de los sistemas estatales de seguridad social. 
De conformidad con dichas normas, las personas que se encuentren temporalmente en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén aseguradas tienen derecho a los servicios de atención sanitaria si su estado lo requiere de manera inmediata. 
Las personas afectadas deben solicitar el formulario E 111 a su entidad aseguradora y presentarlo a la institución correspondiente del Estado miembro en el que se encuentren temporalmente. 
Con el fin de simplificar la situación de los pacientes sometidos a un tratamiento de diálisis durante su estancia temporal y suprimir la posible ambigüedad del concepto de atención inmediata, los Estados miembros acordaron algunas normas especiales, que se recogen en la Decisión nº 163 de la Comisión administrativa de las Comunidades Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes de 31 de mayo de 1996. 
De conformidad con dichas normas, la diálisis se considera un servicio inmediato siempre que la estancia del paciente esté motivada por fines no médicos. 
No obstante, dado que la disponibilidad del tratamiento de diálisis puede variar de un Estado miembro a otro, se recomienda, naturalmente, a los pacientes afectados que establezcan de antemano los contactos necesarios con el hospital que ofrezca en cada caso este servicio, con objeto de asegurarse de que podrán seguir un tratamiento de diálisis durante su estancia temporal en dicho Estado miembro. 
En respuesta a la pregunta de si la Comisión tiene el propósito de adoptar alguna iniciativa, quiero decirle que el Derecho Comunitario no contempla un sistema unificado de seguridad social y que es competencia de cada Estado miembro organizar su propio sistema de seguridad social y decidir qué prestaciones ofrece, quién tiene derecho a ellas y cuál es su alcance. 
Por consiguiente, no entra dentro de las competencias de la Comisión intervenir en este aspecto e influir sobre las normas estatales que regulan el funcionamiento de los hospitales y clínicas de los Estados miembros. 
Muchos hospitales no consideran el tratamiento crónico de diálisis como una medida de urgencia y, por esa razón, pueden negar a las personas dependientes de diálisis la posibilidad de someterse al tratamiento en sus unidades cuando están de viaje. 
Los niños, los padres y los jóvenes en las familias en que alguno de sus miembros debe ser sometido a tratamientos de diálisis son a menudo grandes entusiastas de los viajes. 
Ellos trabajan y tienen vacaciones, pero no pueden disfrutar de los viajes ordinarios de vacaciones. 
Un viaje al extranjero es para esas personas un asunto internacional y, si las autoridades nacionales no hacen nada, su única esperanza es la UE. 
Ya que no es posible intervenir jurídicamente, tal vez existan otras posibilidades de hacer presente la necesidad de aumentar la actividad en materia de tratamiento de diálisis en los países miembros en los períodos de vacaciones. 
Por ejemplo, se podría estimular a aquellos hospitales que hacen esfuerzos de esta naturaleza o, quizás, podrían instituirse hermosos galardones europeos a aquellos que adopten medidas. 
Señoría, mi primera explicación ha sido tal vez demasiado jurídica y quizá convenga que la repita en lenguaje llano: por lo que respecta al Derecho comunitario, la Comisión competente ha dejado claro que el tratamiento de diálisis durante la estancia temporal en un Estado miembro constituye un servicio de atención inmediata. 
Y la respuesta es afirmativa. 
Por lo demás, tal como ya he expuesto, en este caso la Comisión sólo puede ofrecer o proponer alguna información concreta. 
Los servicios de la Comisión también facilitan dicha información. 
No obstante, en los casos individuales y en lo que se refiere a un lugar de veraneo determinado es recomendable- en esto seguramente coincidirá conmigo- informarse de antemano sobre si el hospital o el servicio en cuestión disponen de un servicio de diálisis. 
Pregunta nº 33 formulada por (H-0298/00): 
Asunto: Medidas para proteger el chocolate En el marco de la política de calidad de los productos agrícolas y alimentarios, la Unión ha creado un sistema de protección de los productos tradicionales con carácter específico, entre los cuales puede contarse también el chocolate. 
El Reglamento (CEE) nº 2088/92 del Consejo prevé la creación y la gestión por parte de la Comisión de un Registro de las certificaciones de características específicas, sobre la base del cual los productores de chocolate que no contenga materias grasas vegetales, a excepción de la manteca de cacao, podrán pedir que se otorgue a dicho chocolate la certificación de características específicas (ETG- especialidad tradicional garantizada) , a fin de que se reconozca como producto alimentario compuesto de materias primas tradicionales. 
¿Ha recibido ya la Comisión de los Estados miembros solicitudes de los productores para inscribir el chocolate así compuesto en el Registro de las certificaciones de características específicas? 
¿Está dispuesta la Comisión a utilizar todos los instrumentos necesarios para concretizar las disposiciones recogidas en el Reglamento y sumar el chocolate exento de materias grasas vegetales a los alimentos que gozan de la marca ETG? 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, la Comisión no ha recibido solicitudes de productores que deseen obtener lo que se conoce como una certificación de características específicas para chocolate que no contenga otras materias grasas vegetales a excepción de la manteca de cacao. 
No obstante, si se presenta alguna solicitud, ésta se examinará de conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento nº 2082/92 relativo a las certificaciones de características especiales de productos agrícolas y productos alimenticios. 
Las denominaciones inscritas en la certificación de características especiales pueden incluir la frase "especialidad tradicional garantizada" -cito literalmente -, abreviada con las siglas ETG, así como un distintivo comunitario, reservado para estos casos. 
Me parece entender que la Comisión no está tomando en cuenta esta posibilidad. 
Insisto en ello porque pienso que entre los consumidores existe una preocupación, esto es, que la implantación del mercado interior implica una disminución de la valorización de la calidad de los productos. 
Creo que debemos responder a esta preocupación y, por lo tanto, en el ámbito del Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria, creo que la Comisión tendría que tomar en consideración- obviamente, en el caso de que un Estado miembro formule una solicitud en este sentido de parte de los productores- proteger el chocolate fabricado conforme a los métodos tradicionales, sin grasas vegetales adicionales, como un producto de calidad de nuestra Europa y no homologar el gusto con el nivel más bajo permitido por el mercado, pero no así por la calidad de las producciones y de vida de nuestros consumidores. 
Señor Presidente, Señoría, como he señalado, ninguna empresa productora de chocolate ha manifestado hasta ahora su interés por obtener esta protección. 
No hemos recibido ninguna solicitud. 
No obstante, para ofrecerle una aclaración más detallada, tal como usted ha solicitado, quisiera indicarle que el Reglamento citado prevé en principio dos posibilidades de protección jurídica de las denominaciones. 
La primera sólo admite la protección de un nombre cuando vaya acompañado de la denominación comunitaria ETG y del correspondiente distintivo comunitario. 
En este caso, será posible encontrar también en el mercado otros productos con el mismo nombre que el producto registrado, pero elaborados mediante otro procedimiento y por lo tanto sin derecho a exhibir la denominación comunitaria ni el distintivo de protección comunitaria. 
Esta variante tiene esta desventaja. 
La segunda posibilidad es la protección de la propia denominación, cuando ésta corresponda a una sola modalidad de elaboración, concretamente la registrada. 
En este caso ya no será posible encontrar en el mercado otro producto con el mismo nombre elaborado bajo condiciones distintas. 
El registro de la denominación "chocolate" mediante la obtención de una certificación de características especiales sólo sería posible en el marco del primer procedimiento. 
Su registro de conformidad con el segundo procedimiento sería contrario a la futura directiva sobre el chocolate, dado que ésta establece justamente una nueva definición del chocolate, que podrá contener también hasta un determinado porcentaje de otras materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. 
El Sr. Comisario ha respondido realmente a mi pregunta en la segunda parte de su respuesta. 
Como amante apasionada del chocolate desde hace más años de los que me atrevo a recordar, estoy seguro de que el Sr. Comisario reconocerá que si durante sesenta años las personas han consumido un producto llamado "chocolate", tienen derecho a seguir consumiendo el producto llamado "chocolate". 
Tomamos nota de su declaración a favor del buen chocolate, señora Banotti. 
Pregunta nº 35 formulada por (H-0307/00): 
Asunto: Derechos del niño Dadas las noticias sobre abusos sexuales y prostitución infantil, así como el elevado número de niños de corta edad que viven en la calle en los países candidatos de la Europa del Este, ¿qué medidas está tomando la Comisión a fin de garantizar que, en el marco de las actuales negociaciones de adhesión, se dé prioridad a los derechos del niño y a la protección infantil y se tenga en cuenta el bienestar de los niños cuando se prepare a dichos países para la futura adhesión a la Unión Europea? 
Señor Presidente, Señoría, ante todo yo quiero decirle que comparto la preocupación que ha inspirado su pregunta. 
Un problema particularmente lamentable, que se da en una serie de Estados de Europa central y oriental, es que las consecuencias del cambio social- o, mejor dicho, las consecuencias incontroladas del mismo- están afectando muy especialmente a los niños. 
No obstante, antes de responder a su pregunta con los argumentos jurídicos habituales, yo quisiera hacer una consideración política previa. 
No se trata de un problema específico de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
El problema- como usted sin duda también sabe- afecta lamentablemente a muchísimos países del mundo, yo diría que casi a la mayoría. 
Se trata muy claramente de un problema de desarrollo, un problema de pobreza, un problema de desprotección social y- a mi parecer- también un problema debido a la indiferencia o a la falta de decisión de nuestras sociedades para actuar realmente en contra de esta espantosa modalidad de la explotación infantil. 
Permítame que le indique lo que podemos hacer en el marco de las negociaciones de adhesión. 
Lamentablemente- lo digo ya de entrada -, no es mucho, pero en cualquier caso los países que aspiran a la adhesión se han comprometido, obviamente, a adoptar el acervo comunitario. Éste incluye también las disposiciones jurídicamente vinculantes relativas a la protección de la infancia. 
La más importante de éstas es la Acción común relativa a la lucha ante la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños, que se adoptó el 24 de febrero de 1997. 
La Comisión se propone presentar, además, al Consejo dentro del año 2000, o sea, este mismo año, una propuesta por la cual la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños, con especial atención a la pornografía infantil en Internet, se definirían como delitos. 
Los Estados miembros y los países candidatos están trabajando intensamente en el marco de los acuerdos de preadhesión relativos a la lucha contra la delincuencia organizada suscritos entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos a la adhesión de Europa Central y Oriental y Chipre- el 28 de mayo de 1998 -, a fin de combatir conjuntamente todo tipo de actividad delictiva organizada y otros tipos de delitos graves. 
Los programas PHARE y MEDA y los correspondientes programas específicos en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores, como GROTIUS, STOP, ODYSSEUS y FALCONE, también ofrecen la posibilidad de apoyar a los países candidatos en este aspecto y así se está haciendo. 
Los siguientes programas tienen aplicación en el ámbito de la protección de la infancia. 
En primer lugar, el programa DAPHNE, adoptado el 24 de enero de 2000. Éste abarca el período 2000-2003, incluye medidas preventivas para combatir la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres y permite poner recursos financieros a la disposición de organizaciones estatales y no estatales activas en estos ámbitos. 
Los países candidatos a la adhesión también pueden participar en el programa. 
Por otro lado, tenemos el programa STOP para el período 1996-2000. 
Éste es un programa de apoyo e intercambio dirigido a las personas responsables de las medidas contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños. 
El programa se propone apoyar el desarrollo de iniciativas coordinadas destinadas a combatir la trata de ser humanos y la explotación sexual de los niños. 
La Comisión tiene previsto proponer este año una segunda edición del programa STOP, que estaría abierta también a los países candidatos a la adhesión. 
Con sus observaciones iniciales, el Sr. Comisario nos ha demostrado de qué madera está hecho. 
Quisiera preguntarle si tiene conocimiento de que a pesar de los numerosos programas comunitarios que se están llevando a cabo, en un programa reciente de la BBC llamado Newsnight demostraron que existe un programa de reproducción sistemática en Rumania, en particular, en el que se crían niños para la exportación y la venta. 
Fue un programa horrendo, aunque reconozco que la exclusión social es un factor muy importante en estos terribles casos. 
Había niños que habían sido engendrados específicamente para ser entregados a una institución desde la que posteriormente son vendidos a personas que viajan a aquel país para comprar niños. 
También está la cuestión de la pornografía en Internet. 
Polonia es uno de los principales países desde los que se emite buena parte de la pornografía. 
Estos pequeños programas nuestros con una infradotación no bastan. 
¿Qué estamos haciendo realmente en el marco de las conversaciones de adhesión con estos países para dejar nuestra opinión suficientemente clara de que eso es inadmisible? 
Señoría, voy a expresarle de nuevo cuál es mi impresión en relación con esta cuestión, no sólo por lo que respecta al aspecto jurídico. 
Todo este problema no podría darse y no existiría si en nuestras sociedades ricas, entre otras también en los Estados miembros de la Unión Europea, no existiese una demanda para esa espantosa oferta. 
El origen de todo el problema se debe exclusivamente a que en nuestras sociedades hay personas que pagan dinero a cambio de ello. 
En Rumania no hay personas que paguen por ello. 
Éstas están en el país donde ahora nos encontramos, en todos los países vecinos y en todos los países de la Unión Europea. 
Yo le agradecería a Su Señoría que, antes de citar en su pregunta a uno de los países más pobres de Europa, también recordase que la responsabilidad de estos espantosos delitos es, de hecho, de quienes pagan a cambio y los demandan. 
Paso ahora tratar el caso de Rumania. 
La Comisión se ha ocupado muy intensamente, como ustedes saben, del tema de la situación de los niños en Rumania y yo personalmente también. 
No existe otro tema en el ámbito de las negociaciones de adhesión, salvó quizá el de la seguridad de las centrales nucleares, al que haya dedicado personalmente tanta atención como al de la situación de los niños en Rumania, incluido el problema que usted ha expuesto. 
Yo no puedo confirmar si el informe televisado por la BBC correspondía a la realidad. 
El hecho de que la BBC haya transmitido algo no significa automáticamente que eso sea cierto. 
Con lo cual tampoco quiero decir, no obstante, que sea falso. 
Sencillamente no podemos confirmarlo. 
Por esto, me resulta difícil responderle de manera concreta, con un sí o un no rotundos, si en ese país se cría a niños pequeños para fines de abuso sexual. 
Lo que puedo asegurarle es que la Comisión- tal como ya quedó de manifiesto la semana pasada en Bruselas con ocasión de la audiencia del Parlamento sobre el tema de los niños en Rumania- está haciendo todo, absolutamente todo, cuanto está en su mano para mejorar la situación de los niños en dicho país. 
Señoría, yo le aseguro que en este aspecto vamos mucho más allá de lo que nos corresponde y, de hecho, también mucho más allá de lo que en realidad es admisible desde el punto de vista político en el marco de unas negociaciones de adhesión. 
No obstante, reconozco que lo hacemos porque, a mi modo de ver, también se trata de una cuestión que afecta a los derechos humanos, que se debe contemplar como parte de los criterios políticos aplicables a la adhesión. 
Sin embargo, debo manifestar una vez más mi firme rechazo a que esto se pueda presentar- no creo que fuese esa su intención, Señoría- como un problema específico de los países candidatos a la adhesión. 
Todos en Europa tenemos motivos para prestar atención a este problema. 
Si se plantea qué vamos a hacer para combatir la oferta en Rumania o en otros países, yo le pediría al Parlamento que también se plantee qué vamos a hacer para combatir la demanda. 
. 
(PT) Señor Presidente, la Comisión es perfectamente consciente de la necesidad de una acción en el nivel europeo que esté coordinada y que sea también, por naturaleza, multidisciplinaria, para fines tanto de prevención como de lucha represiva contra el tráfico de mujeres, como demostró exhaustivamente en las dos comunicaciones que dirigió al Parlamento Europeo sobre este asunto: la primera en noviembre de 1997 y la segunda en diciembre de 1998. 
La Comisión ha venido apoyando y seguirá haciéndolo a diversas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de esa esfera en varios países candidatos y recientemente ha financiado dos campañas de prevención que consideramos logradas una en Polonia y otra en Hungría y, paralelamente, el gobierno norteamericano financió el mismo tipo de campañas en el marco de la agenda transatlántica en relación con la prevención de tráfico de mujeres para su explotación en Ucrania y Bulgaria. 
En la esfera de la cooperación policial, la Comisión recuerda que el Consejo encomendó en 1996 a EUROPOL un mandato para la lucha contra el tráfico de seres humanos con el objetivo fundamental de permitir la represión de las redes de traficantes que actúan en Europa. 
Por lo que se refiere a las cuestiones de carácter penal, la Comisión reitera aquí que tiene la intención de presentar al Consejo y al Parlamento Europeo, al final del corriente semestre, un conjunto de propuestas legislativas encaminadas a superar la acción común de febrero de 1997 y dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 48 de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere con vistas a adoptar una decisión-marco de definición, tipificación y sanción común del tráfico de seres humanos. 
Por último, la Comisión subraya también que, mediante los programas STOP y DAPHNE, ya ha financiado innumerables proyectos de cooperación y formación en la esfera de la lucha contra el tráfico de seres humanos y, en particular, contra el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual, en los que han participado todos los agentes pertinentes, autoridades policiales y judiciales, organizaciones no gubernamentales o servicios sociales. 
La Comisión tiene la intención de presentar, durante el año 2000, al Parlamento Europeo un nuevo fundamento jurídico para el programa STOP con vistas a abarcar el período 2001-2005. 
Y con ese nuevo fundamento jurídico del programa STOP será posible financiar también proyectos de lucha contra el tráfico de seres humanos que presenten organizaciones no gubernamentales y autoridades públicas de los propios países candidatos. 
Por último, por lo que se refiere a la situación concreta en Albania, la Comisión reconoce que las redes de tráfico de seres humanos oriundos de las regiones de los Balcanes constituye una grave preocupación por el número en aumento de casos que se dan en los países europeos. 
Y en ese sentido reconocemos que en el marco del Pacto de Estabilidad para los Balcanes se debe conceder prioridad a la lucha contra el tráfico de seres humanos. 
Puedo decir incluso a Su Señoría que un grupo de expertos está trabajando ya en la identificación de las mejores acciones de lucha contra las redes de traficantes de seres humanos y que yo mismo tuve ocasión recientemente, en una visita que hice a Grecia, de intercambiar impresiones con el ministro de Interior griego en el sentido de poder contar con la colaboración de su Gobierno para la formulación de esas acciones y esas prioridades atendiendo a la acción que Grecia lleva a cabo ya en el plano bilateral por lo que se refiere al tráfico de seres humanos en los Balcanes. 
Señor Comisario, le agradezco su respuesta, que me convence en parte, porque también conozco su interés personal y las iniciativas que ha emprendido en la lucha contra las redes de trata de personas. 
Sin embargo, debemos aceptar que hasta el momento no somos eficaces puesto que estas redes se están multiplicando y últimamente hemos conocido testimonios sobre la explotación, especialmente de las mujeres albanesas y de las de Kosovo. 
Ciertamente, el tema que estamos debatiendo está unido a las condiciones económicas, sociales y políticas de los Balcanes y que llevan a degradación y a la superexplotación de los grupos sensibles de la población, como son las mujeres. 
Pero, señor Comisario, debemos admitir que la acción de las instituciones de la Unión no es ni suficiente ni eficaz. 
¿Sabe usted, señor Comisario, que están funcionando todavía campos de refugiados en los que violan a las mujeres antes de conducirlas a la prostitución? 
Las mujeres europeas se preguntan si hay voluntad política para desestructurar las redes delictivas de trata de seres humanos, si hay colaboración policial y judicial y si hay medidas de apoyo a las víctimas. 
Yo comparto la idea de Su Señoría de que en esa esfera de lucha hay aún mucho por hacer y, por eso, me parece importante la afirmación que he hecho aquí hoy de que la Comisión reconoce que, en el marco del Pacto de Estabilidad para los Balcanes, es necesario dar prioridad a la lucha contra el tráfico de seres humanos. 
Por lo demás, la creación de condiciones de normalidad económica y social en toda la región de los Balcanes es uno de los instrumentos esenciales para luchar contra la exclusión social y, por consiguiente, contra el tráfico de seres humanos. 
De todos modos, la Comisión reconoce que no existen estadísticas totalmente fiables sobre el volumen de tráfico anual de seres humanos y puedo decirle que estamos trabajando intensamente en relación con la necesidad de mejorar la coordinación y la circulación de la información entre las fuerzas policiales de los Estados miembros y EUROPOL para poder disponer de una fotografía más real y precisa de las dimensiones del problema. 
Existe el compromiso de la futura Presidencia sueca de que, al principio del año que viene, propondrá al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior un conjunto de medidas de armonización de las estadísticas penales para que podamos tener una evaluación más precisa y exacta de las dimensiones de ese movimiento. 
En cuanto a las campañas, debo decir a su Señoría que, según la evaluación de la Comisión, las campañas de prevención han tenido éxito, en el sentido de que han aumentado en gran medida no sólo el grado de conciencia de los riesgos y los peligros del tráfico de seres humanos en los países de origen, sino que, además, han contado con la colaboración y el compromiso de las autoridades policiales y judiciales de los países candidatos. 
No obstante, existe un problema difícil de tratar y que reconozco: el de que muchos de esos países ya no son hoy países de origen, sino sólo países de tránsito de mujeres sometidas al tráfico, y eso presupone un desarrollo de la capacidad de cooperación de EUROPOL con las fuerzas de policía de los países candidatos y hasta el mes pasado el Consejo no votó el mandato para que el director de EUROPOL pueda desarrollar esa colaboración bilateral entre esa institución y las fuerzas de policía de los países candidatos. 
Les voy a pedir brevedad y voy a ser breve. 
Este es el Reglamento de la Asamblea. 
Para su información, en el Anexo II, parte B, apartado 3 del Reglamento hay unas recomendaciones para casos como éste en que no hay tiempo para las preguntas. 
Por eso, en aplicación de dichas recomendaciones, vamos a permitir sólo una pregunta complementaria por tema y sólo 30 segundos, que podrán ser 35, pero no más, para reformular las preguntas. 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0272/00): 
Asunto: Presupuesto agrícola para pagar acciones de política exterior en Kosovo En cuanto a las previsiones presupuestarias, ¿se pagará con fondos de agricultura la factura de Kosovo? 
¿Se quitarán 300 millones de euros de las partidas correspondientes a la agricultura para hacer frente a las necesidades de Kosovo? 
Señor Presidente, Señoría, la reconstrucción de Kosovo y la estabilidad del Sureste de Europa forman parte de las tareas más importantes de la Unión Europea para los próximos años. 
Así lo han resaltado muchas resoluciones del Consejo y del Parlamento, la más reciente en Lisboa, y la Comisión concede sin lugar a dudas una prioridad necesariamente alta a dicha tarea. 
Los créditos necesarios para cumplir esta tarea deben estar inscritos, por consiguiente, en las previsiones presupuestarias. 
La Decisión del Consejo sobre las Perspectivas Financieras 2000-2006, adoptada la primavera pasada en la Cumbre de Berlín, todavía no contemplaba esta tarea. 
Permítanme que recuerde que la Decisión sobre la Agenda 2000 se adoptó el día del inicio la guerra de Kosovo. 
Posteriormente, en el contexto del Acuerdo Interinstitucional sobre las Perspectivas Financieras alcanzado por el Consejo, el Parlamento y la Comisión en mayo de 1999, el Parlamento y el Consejo hicieron constar su petición a la Comisión de que, a la vista de la evolución de los acontecimientos en los Balcanes, presentase las propuestas presupuestarias necesarias, acompañadas en caso necesario de una propuesta de revisión de las Perspectivas Financieras. 
La Comisión está respondiendo precisamente a esta petición, Señoría. 
Para ello ha dado los siguientes pasos: primero, evaluar el montante de la ayuda necesaria con cargo al presupuesto de la UE; segundo, establecer las nuevas prioridades en el marco de las actividades de política exterior, con objeto de liberar recursos para el Sureste de Europa mediante la de los créditos; y tercero, proponer una modificación del reparto de los créditos entre las distintas categorías, o sea entre las políticas en los diferentes ámbitos, para cubrir el resto del montante necesario. 
La propuesta de reasignar 300.000 millones de euros de los gastos máximos previstos para la agricultura responde, entre otras cosas, también al siguiente motivo: las Perspectivas Financieras prevén un incremento de 2.800 millones de euros en los gastos agrícolas de 2000 a 2001. 
Dado que el Consejo redujo las cantidades consignadas en el presupuesto para el año 2000 en 400 millones con respecto al montante máximo, o sea, al techo previsto para 2000, el incremento máximo para el año próximo podría llegar a ser incluso de 3.200 millones de euros. 
En cambio, en el ámbito de la ayuda externa, de las cantidades consignadas en las Perspectivas Financieras ya resulta una reducción de dichos gastos para el próximo año con respecto al año actual y yo creo, en este aspecto existe consenso, que esto desde luego no responde a la situación real ni a las necesidades reales. 
Por esto, la Comisión decidió proponer a la autoridad presupuestaria una reasignación de créditos por un montante de 300.000 millones de euros, con lo cual el incremento de los gastos agrícolas se vería reducido en la correspondiente proporción. 
Yo espero que, a la vista de estos hechos, el Parlamento también apoye dicha propuesta de la Comisión. 
La Sra. Comisaria confirma nuestras sospechas, que, por cierto, el Comisario Fischler esconde, y se esconde. 
No me extraña que se haya marchado del hemiciclo hace apenas diez minutos porque esta propuesta es vergonzosa: que se detraiga de la agricultura un importe correspondiente al pago de una misión de las Naciones Unidas en Kosovo con recursos de la Unión Europea y con recursos de la política agrícola; un Comisario que está negando a los agricultores las ayudas a los frutos de cáscara- cuya producción van a perder; que está denegando a la agricultura europea las ayudas para paliar la sequía. 
Todo esto demuestra que la Agenda 2000 ha sido un gran farol de fuegos artificiales. 
Esto es una vergüenza para la agricultura europea. 
No me extraña que ante este desaguisado el Comisario competente... 
Una vergüenza... 
Una vergüenza... 
Señor Presidente, espero poder asumir el riesgo de la ira de la Sra. Izquierdo al decir que estoy de acuerdo con la Sra. Comisaria. 
Quiero decirle que es mucho mejor reducir la tasa de crecimiento en agricultura para proteger los fondos que actualmente se destinan a los muy pobres del mundo, porque la alternativa sería exprimir aún más las líneas presupuestarias de la categoría 4. 
Sería inadmisible encontrar fondos para Kosovo- lo que personalmente apoyo- a costa de los muy pobres del mundo. 
¿Está de acuerdo con eso, señora Comisaria? 
Señoría, le agradezco sus palabras. 
También quiero aclarar que esconderse no casa ciertamente con la naturaleza de mi colega, el Sr. Fischler. 
Es evidente que existen nuevas prioridades y nuevas tareas, y todos, también en esta Asamblea, tenemos que ofrecer propuestas que permitan responder a dichas prioridades también el aspecto financiero. 
La Comisión dio el paso, previsto en el Acuerdo Interinstitucional, de examinar las posibilidades de modificar el reparto dentro de la categoría en cuestión y presentar luego una propuesta. 
Examinamos detenidamente esta posibilidad y los Sres. 
Patten y Nielson llegaron a la conclusión de que en total se podrían redistribuir 1.600 millones de euros hasta 2006 en el ámbito de la ayuda exterior para destinarlos el Sureste de Europa, y yo creo que el hecho de que se haya dado este paso también es realmente muy de agradecer. 
Además, se requiere otra financiación adicional. Permítanme que recuerde que la tasa de incremento para el próximo año en el ámbito de la política agraria es extraordinariamente alta y mi colega Fischler ha calculado exactamente, como es natural, si sería posible reducir los gastos agrícolas en este montante, modesto en comparación con el presupuesto agrícola. 
También quiero dejar claro en este contexto que dicha reducción obviamente no tendrá ninguna repercusión sobre las ayudas a la renta de los agricultores. 
También debo señalar que la Comisión va a proponer que el año próximo se incrementen incluso hasta su límite máximo los gastos previstos para el fomento del desarrollo rural. 
Sin embargo, yo creo que es responsabilidad común de todos encontrar una respuesta, también en el aspecto financiero, ante esta importante responsabilidad que tiene la Unión Europea en relación con el Sureste de Europa. 
Señor Presidente, la Comisión hace todo lo posible para abonar en el plazo de 60 días las solicitudes de pago en regla. 
La mayor parte de las facturas también se pueden abonar en dicho plazo y se está reduciendo de manera satisfactoria el número de caso en los que éste se supera. 
Sin embargo, la pregunta de Su Señoría no parece referirse únicamente a la situación de los pagos en sentido estricto, sino al tema del volumen de fondos comprometidos procedentes de anteriores ejercicios que todavía no se han desembolsado. 
Se trata, por lo tanto, concretamente del período que transcurre entre la primera aprobación de los fondos para una medida y la contratación concreta y el período que media entre el momento en que se comprometen los recursos y su desembolso efectivo. 
El año pasado, la Comisión presentó un documento de trabajo a la autoridad presupuestaria en el que se analiza exhaustivamente el proceso- desglosado por sectores y por los factores que lo motivan- y se proponen medidas para remediarlo. 
La Comisión este actualizando ahora dicho análisis. 
La suma total de los compromisos comprobados a finales de 1999 y que, por lo tanto, se tendrán que pagar en años posteriores era de unos 71.000 millones de euros al finalizar el año. 
Varios factores influyen, de hecho, sobre la evolución de la carga antigua y yo creo que es importante dejar claro que el primero es la relación entre créditos de compromiso y créditos de pago, que la autoridad presupuestaria establece cada año en el presupuesto. 
Por ejemplo, para el ejercicio 2000 se incluyeron en el presupuesto créditos de compromiso por alrededor de 4.000 millones de euros más que los créditos de pago aprobados. 
El segundo factor está relacionado con la utilización de dichos recursos presupuestarios, o sea, tanto los créditos de compromiso como los créditos de pago. 
Finalmente, también tiene un peso no desdeñable la anulación de los fondos comprometidos cuando ya no se espera que se presenten más solicitudes de pago, o sea, los llamados compromisos "dormidos" -un término un tanto engañoso- que se sabe que ya no se traducirán en compromisos y compromisos de pago concretos. 
La Comisión no puede suscribir, no obstante, la opinión de Su Señoría, en el sentido de que los proyectos comunitarios pierden sistemáticamente toda legitimidad debido a los retrasos en su realización. 
Al contrario, cuando la Comisión llega a la conclusión de que ya no cabe esperar nuevas solicitudes de pago justificadas en el contexto de un proyecto, por ejemplo cuando éste se suspende o se renuncia a él, inmediatamente dispone que se liberen los correspondientes fondos comprometidos. 
En 1999, se liberó de este modo un total de casi 1.000 millones de euros. 
Tengo que resaltar que un desfase temporal entre la aprobación global de los gastos y su traducción en proyectos concretos es una característica esencial de muchos programas de la Unión. 
Así ocurre, por ejemplo, en el caso de los programas plurianuales, y la parte cuantitativamente más importante corresponde a los Fondos estructurales, cuya gestión está dividida, de manera que la Comisión aprueba los compromisos y éstos se transponen luego en forma de proyectos concretos en el ámbito de los Estados miembros. 
Para mejorar la proximidad en el tiempo entre compromisos, transposición concreta y pagos es importante, por un lado, que la autoridad presupuestaria adopte una relación equilibrada entre créditos de compromiso y créditos de pago, y por el otro lado, que en la práctica exista una presión para que se agilice la ejecución de los programas. 
La Comisión acaba de debatir este tema en el marco de la revisión del Reglamento Financiero y yo puedo asegurarles que vamos a modificar las normas de manera que permitan abreviar el proceso. 
Espero poder contar con su apoyo para ello. 
Agradezco la respuesta. 
Me alegra que la Comisión realmente se haya ocupado del problema y que intente con todos los medios a su alcance que los pagos se hagan más rápidamente. 
El Comisario Patten señaló hace algún tiempo en la Comisión de Presupuestos que en la categoría 4 hay compromisos impagados que tienen una antigüedad de ocho años y medio. 
Este hecho pone de manifiesto que, o hay grandes problemas de eficacia en la realización de los presupuestos, o bien deberíamos tener algún tipo de deadline o plazo límite que fuera mucho más complicado de eludir a la hora de cancelar antiguas deudas. 
Probablemente ambas cosas constituyen problemas que la Comisión debería resolver. 
Señoría, un análisis reveló que se requiere alrededor de un año y medio para traducir las autorizaciones de gasto en contratos concretos. 
Esto está muy bien, pero también existen compromisos antiguos que se arrastran y puedo anunciarle que hace poco, además de los 60 puestos de aprobados en diciembre pasado para el SCR, se han puesto a disposición otros 20, con objeto de comprobar qué compromisos ya no acarrearán ningún pago y despejar en cierto modo el panorama. 
Yo le agradezco muy sinceramente su sugerencia. 
Esta es exactamente la vía que se propone seguir la Comisión en la revisión del Reglamento Financiero y, por consiguiente, ahora sé que ya puedo contar con un apoyo en el Parlamento. 
Señor Presidente, yo quisiera preguntar lo siguiente: ¿coincide usted conmigo en que el pronto pago por parte de las instituciones europeas, tal como ya se prevé en la directiva sobre el retraso en los pagos que se está elaborando en estos momentos, también podría contribuir a mejorar apreciablemente la imagen de la Unión Europea? 
¿Tiene previsto aplicar un modelo de referencia y métodos de buenas prácticas? 
Señoría, de hecho, para mejorar la reputación de la Unión es efectivamente muy importante tanto que se reduzca el plazo que media entre las promesas- por decirlo así- y los contratos concretos, como que los pagos se realicen en el momento en que se presenten las facturas, o sea, las órdenes de pago justificadas. 
El modelo de referencia es, obviamente, que no transcurran más de 60 días y, como ya he señalado, cada vez se liquidan un mayor número de pagos dentro de ese plazo. 
Evidentemente, el objetivo es que acabar prácticamente con las excepciones. 
Muchas gracias, señora Schreyer. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a la Sra. Schreyer, la pregunta 39 se contestará por escrito. 
Pregunta nº 40 formulada por (H-0332/00): 
Asunto: Reforma institucional En el Plan de acción sobre la reforma de la Comisión se afirma que un "experto jurídico externo" deberá estar presente, en calidad de asesor, en los consejos de disciplina. 
¿Cuál es la definición exacta de "experto jurídico independiente"? ¿Qué cualificaciones jurídicas deberá poseer? 
. 
(EN) Actualmente, la Comisión está aplicando, o preparando los fundamentos jurídicos para su aplicación, las diferentes acciones presentadas en el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión. 
Su Señoría se refiere en su pregunta probablemente a las acciones 57 y 58 del Plan de acción sobre la estrategia de reforma que, entre otras cosas, especifica los compromisos de presentar propuestas para la creación de un Comité de Disciplina interinstitucional. 
El Plan de acción no especifica, sin embargo, que un experto jurídico externo deba estar presente en el comité. 
La Comisión presentará propuestas detalladas para la modernización de los procedimientos disciplinarios y disposiciones afines en un documento consultivo cuya publicación se ha previsto para octubre. 
El documento incluirá recomendaciones para mejorar los procedimientos administrativos y para introducir enmiendas importantes al Estatuto de los funcionarios. 
Las consultas relativas a estas propuestas es un requisito legal y las opiniones del Parlamento y de los Estados miembros, al igual que del personal, serán naturalmente tenidas en cuenta en todos los asuntos importantes, incluida la posible utilización de expertos externos en el Comité de Disciplina interinstitucional. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
A raíz del asunto Van Buitenen y de la lamentable reacción de la Comisión al respecto, ¿no convendría defender que los consejos de disciplina- y especialmente los denominados denunciantes de prácticas corruptas dentro de su organización- sean completamente independientes de la Comisión? 
. 
(EN) Le agradezco a su Señoría su pregunta. 
El asunto del Sr. van Buitenen se siguió en total cumplimiento del actual Estatuto de los funcionarios, y como quiera que se analice, estoy seguro de que cualquier persona bien intencionada llegaría a la misma conclusión. 
En lo que respecta a las denuncias de prácticas ilegales dentro de la misma organización, y como puede que sepa su Señoría, presentaremos propuestas muy exhaustivas para una modificación radical de las actuales disposiciones que cuando entren en vigor- esperamos que con la ayuda de este Parlamento como Asamblea legislativa- proporcionarán a las instituciones de la Unión Europea el sistema mejor, más justo y más eficaz posible para garantizar que el deber de los funcionarios de notificar sus sospechas de malas prácticas estará plenamente contemplado y se cumplirá fielmente. 
. 
(EN) Señor Presidente, la pregunta de su Señoría hace referencia a las propuestas que presenta la Comisión en el documento consultivo sobre la reforma, adoptado por la Comisión el 18 de enero de 2000, relativas a la denuncia de prácticas antirreglamentarias dentro de la propia institución. 
Posteriormente, se presentaron más orientaciones detalladas en el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión que fue adoptado, publicado y presentado a este Parlamento el 1 de marzo. 
Concretamente en respuesta a la pregunta de su Señoría, los artículos 12 y 17 del actual Estatuto de los funcionarios no prohiben a los miembros del personal denunciar prácticas irregulares dentro de la Comisión y, por consiguiente, no es cierto que los funcionarios deban incumplir el estatuto para informar debidamente sobre sus sospechas o inquietudes. 
Asimismo, el pasado junio, la decisión de la Comisión por la que se aplicaba la normativa constitutiva de la Oficina de lucha contra el fraude, la OLAF, establecía explícitamente que cuando un miembro del personal crea que tiene indicios suficientes de la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra irregularidad en detrimento de los intereses de las Comunidades, debe comunicarlo a una autoridad claramente establecida o al Secretario General o al Director de la Oficina de lucha contra el fraude, la OLAF. 
El texto jurídico garantiza específicamente que los funcionarios y demás miembros del personal de la Comisión no recibirán un trato discriminatorio o injusto derivado de las denuncias de irregularidades. 
Por lo que puede deducirse que los artículos 12 y 17 del Estatuto de los funcionarios no impide a los miembros del personal que denuncien las irregularidades bien dentro de la Comisión o a la OLAF. 
En ningún caso se adoptarán medidas disciplinarias a causa de dichas denuncias. 
En el Libro Blanco sobre la reforma, entre otros, la Comisión se compromete directamente a introducir reformas que mejoren las normas relativas a la denuncia de supuestas irregularidades. 
Hacen falta más normas precisas sobre los derechos y obligaciones de los funcionarios de denunciar las prácticas irregulares a través de los canales internos y a la OLAF, y deberán redactarse y presentarse propuestas sobre normas que definan los canales externos para denunciar supuestas irregularidades; lo que se hará. 
Estas normas sobre la denuncia de irregularidades dentro de la organización serán presentadas con vistas a su introducción en el Reglamento de los funcionarios enmendado y los funcionarios que las cumplan no serán sometidos a ningún procedimiento disciplinario. 
La Comisión presentará propuestas detalladas en un documento previsto para octubre del presente año. 
En conformidad con lo establecido, el personal será consultado sobre estas propuestas, al igual que las demás instituciones de la Unión Europea. 
Los preparativos de estas propuestas avanzan a buen ritmo bajo la supervisión del Director General de Administración. 
Un miembro de mi gabinete es el responsable especialista de la reforma de la política de personal, que incluye la denuncia de prácticas irregulares, y otros participan activamente en los aspectos generales de este tema. 
Profundizando en mi pregunta, como el Sr. Comisario acaba de declarar, la Comisión está elaborando actualmente, por decirlo de algún modo, su carta sobre la denuncia de prácticas irregulares. 
¿Se constituirá un marco, por ejemplo, según las líneas del Gobierno sueco o las normas del Gobierno británico relativas a la denuncia de irregularidades? 
¿Podría el Sr. Comisario informar al Parlamento sobre las circunstancias exactas en que se encuentra Paul van Buitenen? 
¿Se encuentra aún bajo procedimiento disciplinario de la Comisión y se han hecho efectivos los honorarios que le fueron retenidos en el pasado? 
Agradezco a su Señoría la pregunta. 
En primer lugar, el desarrollo de las propuestas relativas a la denuncia de prácticas irregulares tendrá plenamente en cuenta las mejores prácticas en varios Estados miembros. 
La Comisión conoce perfectamente las disposiciones establecidas desde hace mucho tiempo en las democracias nórdicas, que han derivado recientemente también en la Public Disclosure Act en el Reino Unido y varias otras disposiciones legales comparables. 
Como sin duda esperaba su Señoría, esta institución tendrá en cuenta la amplitud de la disposición e intentará garantizar que, en términos de accesibilidad, utilidad y seguridad de la carrera profesional proporcionemos el mejor sistema alcanzable que garantice la eficacia de las denuncias de irregularidades, porque lo consideramos adecuado como complemento de la buena conducta en una administración internacional que debe rendir cuentas públicamente de su actuación. 
En lo que respecta al Sr. van Buitenen, el 1 de abril se reincorporó a la Dirección General de Salud y Protección del Consumidor en Luxemburgo en un puesto de gran responsabilidad, como sin duda esperaba la Asamblea. 
Actualmente no tiene abierto ningún procedimiento disciplinario y su Señoría debería saber que inmediatamente después de finalizar su período de suspensión, el pasado mes de abril, se restablecieron los honorarios, las condiciones, la situación y los derechos de pensión del Sr. van Buitenen, así como sus derechos en todos los demás aspectos. 
Ya he informado a la Asamblea en una ocasión anterior de que poco después de que finalizara su período de suspensión, el Sr. van Buitenen fue informado de su derecho a solicitar un empleo en cualquiera de las instituciones de la Unión Europea en un cargo para el que estuviera cualificado. 
Presentó varias solicitudes, una de las cuales fue para un puesto en la Comisión. 
Su solicitud prosperó y me complace informarles de que se procedió debidamente a su nombramiento. 
Le damos las gracias al Vicepresidente Kinnock por sus contestaciones. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al Sr. Kinnock, las preguntas 42 y 43 se contestarán por escrito. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 44 a 48 decaen. 
. 
(EN) A un semental de poni Shetland danés de primera categoría llamado Vivaldi y a su progenie se le negó su inscripción en la sección principal del libro genealógico sueco de ponis Shetland. 
La disputa entre lo que yo describiría como un valiente criador particular de un Estado miembro y una asociación de criadores de otro Estado miembro refleja la falta de aplicación por los Estados miembros del espíritu y de la letra del Derecho comunitario pertinente, en particular, la Directiva 90/427/CEE relativa a las condiciones zootécnicas y genealógicas que regulan el intercambio intracomunitario de équidos. 
Deseo recordarle que los Estados miembros son competentes de buscar una solución a cualquier conflicto mediante la adopción de medidas por las autoridades competentes en cooperación con la organización responsable del mantenimiento del libro genealógico de sementales de la misma raza o incluso el libro de sementales de origen de la raza. 
A raíz de sus pesquisas, la Comisión recibió una confirmación oficial de que las normas relativas al libro genealógico de sementales sueco han sido armonizadas con la legislación comunitaria. 
No obstante, a la luz de los nuevos datos, la Comisión se propone volver a estudiar el caso y, si fuera necesario, organizar una misión de inspección zootécnica. 
Me gustaría darle las gracias por su respuesta. 
Doy por sentado que la Comisión adoptará acciones inmediatamente en este asunto, o ¿se dirigirá otra vez a la Comisión para que ponga en marcha este asunto? 
Me gustaría decirle que se trata de un ciudadano que ve afectada su forma de ganarse la vida. 
Es algo que cuesta una cantidad increíble de dinero. 
Como sabemos algunos de nosotros que nos hemos ocupado del sector de los caballos, hay muchísimo dinero involucrado en este asunto. 
Le ha costado a un ciudadano normal y corriente, que ha convertido esto en su profesión, una cantidad increíble de dinero que las asociaciones suecas no hayan querido reconocer a su semental. 
Y por ello quiero preguntar si es necesario que se dirija otra vez a sí misma sobre este asunto, ¿no podría esperarse- con todo lo que se dice sobre que la Comisión quiere hacer algo por los ciudadanos- que la Comisión tomara inmediatamente ella misma una iniciativa? 
. 
(EN) Agradezco a su Señoría la pregunta complementaria. 
Como he indicado antes, se trata básicamente de una cuestión entre dos Estados miembros. 
La Asociación de criadores danesa, en mi opinión, debería haber planteado el caso a la Asociación sueca. 
Realmente no es la función de la Comisión profundizar más en este tema, pero lo está haciendo del modo que le he indicado en un esfuerzo por ayudar al criador particular que- estoy totalmente de acuerdo con su Señoría- no debería estar obligado a pasar por estos trámites para llegar a una solución en esta cuestión en particular. 
Como he indicado, a la luz de los nuevos datos, la Comisión se propone volver a tomar el caso y, si fuera necesario, encargará una misión de inspección zootécnica. 
El desarrollo del turno de preguntas es inaceptable. 
En primer lugar, no ha comenzado a su hora. 
Teníamos reuniones de grupos; me he mantenido atenta a la pantalla y usted ha saltado de la pregunta 41 a la 49. 
Así es imposible que los diputados estén presentes. 
Además, el turno de preguntas no comenzó a la hora estipulada en el orden del día. 
¿Cómo podemos trabajar de esta manera? 
Nos resulta prácticamente imposible y no es un procedimiento justo. 
Señora McKenna, el turno de preguntas de hoy ha sido ratificado por el Pleno del Parlamento. 
Se ha explicado esta mañana al principio de la sesión, hemos aceptado unas reglas y hemos saltado preguntas cuando no estaban presentes sus autores. 
Por lo tanto, sintiéndolo mucho, vamos a cerrar el turno de preguntas. 
Le damos las gracias especialmente al Sr. Byrne, que ha estado aquí toda la tarde para poder contestar. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 50 a 93 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 20.10, se reanuda a las 21.00 horas) 
Situación en Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Turquía. 
. (PT) Señor Presidente, Señorías, el día de hoy señala un paso muy importante en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, sobre todo en la materialización de las conclusiones de Helsinki. 
Hace tres años que no se celebraba una reunión del Consejo de Asociación entre la Unión y Turquía y tampoco se había celebrado reunión alguna de esa naturaleza después de las deliberaciones y la formulación de criterios en Helsinki. 
Fue una reunión importante con un orden del día en el que figuraban no sólo puntos relevantes de diálogo político, sino también decisiones efectivas que se van a plasmar en un avance del proceso negociador en particular mediante la creación de ocho subcomités que ahora permitirán a la Comisión, en este caso representada por el Comisario Günter Verheugen, preparar el ejercicio de screening de una forma muy rigurosa y también iniciar la negociación sobre servicios y mercados públicos, que ampliará el nivel actualmente existente de liberalización del comercio entre la Unión y Turquía. 
Turquía, con la fijación de los criterios de Helsinki y con la propia evolución del país ha dado pasos seguros para esta negociación que conviene tener en cuenta y ha ido comprometiéndose gradualmente con la ejecución o el compromiso de adopción de una gran serie de modificaciones institucionales y legislativas. 
Se trata de avances que se están logrando en la dirección acertada, avances que aún topan, naturalmente, con retrasos o interrupciones y sólo la prosecución de ese proceso podría garantizar un éxito pleno. 
A eso se debe la importancia de la realización del screening que se está preparando, la importancia del compromiso de Turquía en relación con la incorporación del acervo comunitario y también con el respeto de los criterios de Copenhague. 
En el diálogo político con la delegación turca no sólo podemos examinar los avances logrados, sino también formular observaciones en relación con lo que consideramos insuficiencias en el plano institucional, en el jurídico y en el de la propia aplicación de políticas económicas. 
La reunión de hoy continuará en la reunión en breve de un comité de asociación que analizará más en detalle esos dossiers. 
Conviene destacar también que hubo un espíritu muy constructivo en cuanto a la preparación de ese Consejo de Asociación por lo que se refiere a la formulación de la posición común adoptada por los Quince en el Consejo de Asociación. 
Eso significó, naturalmente, una labor muy profunda realizada también con la delegación griega, que sigue este asunto con la importancia que la diplomacia de Atenas le concede, pero ahora también orientada por el espíritu de una aproximación diplomática que se ha venido registrando en relación con el país vecino desde el terremoto que asoló a Turquía y la consiguiente expresión de solidaridad por parte de Grecia. 
Es un progreso en la relación bilateral que mucho influirá en el desarrollo de este dossier en el futuro, mucho influirá en la relación de los dos países y contribuirá sin lugar a dudas, como también esta negociación entre la Unión Europea y Turquía, a crear una participación y un ambiente favorables para una solución del problema de Chipre. 
Estamos trabajando en la dirección correcta, hay insuficiencias, pero esa dirección correcta y segura es la única que permite también hacer que el gran país que es Turquía pueda dar los pasos adecuados para su modernización económica e institucional y su integración plena en las sociedades democráticas modernas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la audición de sus declaraciones ha reafirmado dentro de mí una convicción y un sentimiento. 
Mi convicción es que la ruta abierta en Helsinki será larga y nadie puede saber hoy dónde terminará, si no en algo importante para Turquía, ya sea en el interior o en el exterior de la Unión. 
Sobre ello todos los interlocutores públicos y privados con los que se ha hablado recientemente en Turquía están de acuerdo. 
Mi impresión que algunos representantes del pueblo turco están descubriendo que, con la decisión de diciembre, la entrada en la Unión impondrá reformas profundas a sus instituciones, pero también cambios radicales de mentalidad. 
Eso se traduce en reacciones de desconfianza, de las que usted mismo, señor Comisario, acaba de informar, con respecto a las instituciones europeas en su conjunto, y a los representantes del Parlamento Europeo en particular. 
Fue en esa misma fecha, mientras su ponente se encontraba en Ankara, cuando se produjo el arresto de tres alcaldes kurdos de la región del Sudeste. Tuvo lugar finalmente también la detención y posterior reingreso en prisión, el 28 de marzo, de Akim Birdal, presidente de la asociación turca para la defensa de los derechos humanos, mientras una delegación de este Parlamento se encontraba presente en el país. 
Pregunto al Consejo y a la Comisión si no sería conveniente en estas condiciones afirmar con claridad que la Unión no tiene lecciones que dar a nadie, pero que se fundamenta en una serie de valores esenciales, entre los cuales figuran en primer orden el respeto por los derechos humanos y el de los derechos y deberes de las minorías. 
Eso es lo que este Parlamento va a recordar una vez más en la resolución que se someterá a la aprobación de sus miembros el próximo jueves para invitar al Gobierno y a los partidos políticos de Turquía a beneficiarse del procedimiento de revisión constitucional en curso para poner en práctica, en el espíritu de los acuerdos de Helsinki, reformas urgentes que permitan al Estado turco garantizar los derechos democráticos que nosotros consideramos esenciales. 
La pelota está en el tejado de Turquía. 
A ella le corresponde decidir si los primeros obstáculos que se encuentren en la nueva vía han de ser insuperables o no. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es satisfactorio escuchar que tanto el Presidente del Consejo como el Sr. Comisario en el primer balance que extraen al cabo de cuatro meses llegan al resultado de que se ha producido una mejora en las relaciones entre la Unión y Turquía y que las posibilidades de diálogo también han mejorado. 
Es satisfactorio escuchar esto para los diputados porque antes de la resolución de Helsinki una gran parte de nosotros, representados en todos los Grupos políticos de esta Asamblea, expresamos nuestro escepticismo sobre si la decisión de Helsinki era la correcta en aquel momento. 
El Consejo Europeo en Helsinki ha hecho ahora aquello a lo que tiene derecho y ha adoptado una resolución que deposita grandes esperanzas en el lado turco, en lo que existe una gran coincidencia entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
El Sr. Comisario Verheugen ha extractado de nuevo dichas esperanzas. 
Ha hablado de democracia, Estado de derecho y protección de las minorías como los tres elementos básicos de las esperanzas que la Unión Europea, la Comisión, el Consejo y también el Parlamento depositan y formulan a Turquía. 
Señor Comisario, cuatro meses después de Helsinki puedo decir en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos que compartimos plenamente su opinión de que se ha producido una mejora en la atmósfera de las relaciones pero no se han logrado progresos en los tres puntos que usted ha mencionado. 
Apenas se puede reconocer en estos primeros cuatro meses un desarrollo democrático. 
También dejan mucho que desear los avances en la protección de las minorías y ante la cuestión del Estado de derecho tenemos asimismo una opinión escéptica. 
Tenemos el ejemplo de Akin Birdal ante nosotros. 
Precisamente ante este ejemplo, Turquía tiene que aceptar que se le pregunte qué credibilidad quiere mostrar en los avances en los campos mencionados si en el interior de su país se producen acontecimientos que, en mi opinión, deben considerarse como muy representativos precisamente en el ejemplo del Sr. Birdal. 
El Sr. Birdal es un abogado pacífico. 
El Sr. Birdal es un abogado que quiere solucionar sin violencia el problema de las minorías. 
El Sr. Birdal es un defensor de los derechos humanos reconocido mucho más allá de las fronteras de Turquía. 
El trato que da el Gobierno turco al Sr. Birdal, el trato que da la justicia turca a este hombre me parece que es también representativo del modo con que Turquía piensa proceder con las personalidades que defienden precisamente aquello que nosotros exigimos a Turquía. 
Si la política contiene mensajes simbólicos, entonces creo que cuatro meses después de Helsinki la justicia turca ha cometido un grave error al tratar al Sr. Birdal del modo en que lo ha hecho. 
Como Parlamento Europeo esperamos que en el proceso se realicen mucho más esfuerzos de los que se han realizado hasta ahora y partimos del hecho de que lo que aquí decimos en este debate no quedará sin eco. 
Señor Presidente, cuando Turquía se una a la Unión Europea, las repercusiones y las ventajas serán considerables. 
La UE deberá entonces adaptarse y hacerlo de manera satisfactoria. 
Pero a corto plazo es Turquía la que más deberá amoldarse, en particular, para cumplir los criterios políticos de Copenhague. 
Me alegra que el Sr. Comisario haya hecho hincapié en dichos criterios. 
No podemos cumplir con nuestro papel de amigo crítico restando importancia a la necesidad de cambios drásticos, en particular, en lo que respecta a garantizar las libertades de las personas y el derecho legítimo de los kurdos. 
De hecho, la clave de la reforma radica en poner fin a la guerra contra los kurdos, que es el pretexto para el estado de excepción y la consiguiente represión. 
Los kurdos merecen una solución pacífica que incluya una cierta trasferencia de competencias políticas y el respeto de sus derechos culturales y lingüísticos. 
Decir esto no equivale a ser antiturco. 
¿Acaso no se beneficiarán también otros ciudadanos turcos? 
La detención y el encarcelamiento de líderes de HADEP, como la ganadora del premio Sajarov Leyla Zana y el defensor de los derechos humanos Akin Birdal, es un impedimento para el acercamiento de Turquía a la UE. 
Para que el Parlamento Europeo, llegado el momento, apruebe la adhesión de Turquía, los reformistas de Europa y de Turquía deberán trabajar juntos para impulsar el cambio, tal y como aconseja el Sr. Comisario. 
Señor Presidente, mi Grupo ha apoyado mayoritariamente la política sobre Turquía de la Comisión y la decisión del Consejo en Helsinki. 
Ha sido y es para nosotros muy importante que mediante la concesión del status de candidata se produzcan cambios fundamentales dentro de Turquía en lo que a la democracia se refiere y, en consecuencia, también, a los derechos humanos. 
Hemos tomado nota con alegría de la declaración del Presidente del Consejo de Ministros turco en el sentido de que Turquía va a cumplir rápidamente los criterios de Copenhague. 
La decisión de aplazar la pena de muerte dictada contra Ocalan ha sido también un paso en la dirección correcta que hemos saludado. 
Sin embargo, después de esto hemos tenido que tomar nota de algunos acontecimientos que no han sido ni son aceptables por nosotros. 
Han sido detenidos los alcaldes del Hadep y hemos criticado con razón esta medida. 
Nos alegra que el Estado turco haya reaccionado con rapidez y haya puesto en libertad a los alcaldes. 
Observaremos el proceso contra estos. 
El antiguo presidente de la asociación turca pro derechos humanos, Akin Birdal, está de nuevo en la cárcel a pesar de que necesita asistencia médica. 
Lamentablemente, tiene que cumplir aún seis meses de una pena de prisión de un año. 
Somos conscientes de que la introducción de las medidas para lograr una democratización de la sociedad en Turquía es algo que no se puede realizar de la noche a la mañana. 
No obstante, son necesarios unos pequeños pasos que nos muestren claramente que Turquía está dispuesta a andar el camino que en su día anduvieron España, Portugal y Grecia. 
Como único país en Europa, Turquía tiene que abolir por fin la pena de muerte. 
Tampoco puede esperar demasiado tiempo una política de reformas en lo que se refiere a la cuestión kurda. 
El informe de hoy proveniente de Luxemburgo es satisfactorio para nosotros pero, sin embargo, debemos decir que Turquía tiene que saber que el respeto de los derechos humanos, fundamentales y de las minorías es la premisa de todas las negociaciones de adhesión. 
Estamos dispuestos a ser pacientes en lo que a la velocidad de la democratización se refiere pero no aceptamos una parada en esta cuestión. 
Cuando mi colega Daniel Cohn-Bendit visitó a Leyla Zana, ella le dijo- y creo que también a nosotros -, que debemos apoyar las reformas en Turquía y que la decisión de Helsinki es la única oportunidad para Turquía. 
Seguiremos en este sentido el proceso de Helsinki. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quien quiera entrar en la UE tiene que respetar los criterios de Copenhague y abolir la pena de muerte. 
¡También Turquía! 
A pesar de las frecuentes promesas del Gobierno turco se siguen violando allí los derechos humanos. 
Quiero mencionar algunos ejemplos al respecto: desde el 20 de febrero el Movimiento Democrático Kurdo está siendo sometido a ataques. 
Tres alcaldes kurdos del Hadep han sido encarcelados hace poco y puestos de nuevo en libertad, pero no pueden salir de Turquía. 
Además, el anterior presidente del Hadep, Murat Bozlak y el actual presidente, Ahmet Turan Demir con otros 18 miembros del Hadep han sido condenados a tres años y nueve meses de prisión. 
Se alegó que el Hadep apoya y ayuda al PKK, aunque éste se ha decidido a favor de la paz en lugar de la guerra. 
Akim Birdal ha sido encarcelado para cumplir el resto de la pena impuesta. 
El ejército turco penetró con miles de soldados a comienzos de abril en el norte de Irak. 
Más de 50.000 soldados están estacionados en la frontera para combatir al PKK, a pesar de que éste ha llamado a seguir una vía pacífica. 
¿Por qué se suministran armas a Turquía? 
Más de 300.000 personas se reunieron en Diyarbakir para celebrar la fiesta Newros bajo el lema "Paz, fraternidad y democracia". 
Tras mi participación y según mi sensación personal, puedo decir que las personas allí anhelaban la paz y la democracia. 
El presidente del partido ANAP, el Sr. Mesut Jilmaz, dijo en un acto público en Diyarbakir que el camino a la UE pasa por Diyarbakir. 
Insto por ello al Gobierno turco para que respete los derechos humanos y solucione políticamente la cuestión kurda. 
Pues sólo el cumplimiento de los criterios de Copenhague conduce a Europa. 
La tarea de la Comisión Europea y del Consejo va a consistir en insistir en ellos. 
En estos momentos, la tarea más importante es la de impulsar la democratización en Turquía. 
Por ello, apelo a todos para que se unan sin titubear y fortalecer la democracia y la paz. 
Señor Presidente, todos los que hemos visitado Turquía recientemente nos damos cuenta de que la situación es muy compleja. 
La primera impresión es que existe una especie de euforia en Turquía con respecto a la Unión Europea que se refleja en los medios de comunicación. 
Existe un debate muy animado en el país. 
Eso es muy importante. 
En segundo lugar, los sindicatos, los movimientos populares, etcétera, todos dicen lo mismo. Dicen que es positivo que Turquía sea un país candidato. 
Hemos oído incluso decir a Akin Birdal, en la víspera de su detención, que en los últimos cinco meses ha surgido una nueva Turquía. 
Debemos saber que nuestras relaciones experimentarán muchos altibajos y que habrá avances, pero también retrasos. 
Puede que estemos asistiendo al nacimiento de algo nuevo. 
Pero prevalece el viejo ordenamiento jurídico. 
Es lo que entorpece la acción de los que luchan por la democracia como Akin Birdal. 
Aunque también están los reformistas que saben muy bien qué hay que hacer para cumplir los criterios de Copenhague. 
Un dirigente del partido nos dijo que habría que modificar al menos 65 artículos de la Constitución y del código penal. 
Cuando hablamos con personas de aquel país durante la visita del Grupo Socialista, encontramos tres enfoques diferentes con respecto a la adhesión a la UE. 
Primero, están los antirreformistas, los fundamentalistas, etcétera, que no quieren la adhesión. 
Luego están los reformistas- dentro del Gobierno, la Administración, grupos defensores de los derechos humanos y otros sectores de la sociedad civil- que realmente sí la quieren. 
No hay duda de que quieren la adhesión. 
Luego hay un tercer grupo que dice que quiere la adhesión de Turquía, pero si se aceptan las condiciones turcas. 
En este sentido, los criterios de Copenhague y la evaluación por parte de la Comisión y del Parlamento son muy importantes. 
Turquía deberá cumplirlos casi automáticamente si quiere llegar a ser miembro algún día. 
Quedan dos últimas impresiones y mensajes que percibimos de las personas con las que hablamos durante los dos o tres días que permanecimos allí. 
La primera fue que no prevalecerá nada sin una fuerte sociedad civil en Turquía. 
Las personas que conocimos de la sociedad civil también decían que agradecían la ayuda de la Unión Europea, pero que en parte llegaba muy despacio. 
Lo sabemos y nos gustaría que la Comisión estudie este extremo. 
El otro y último mensaje es que sí, tenemos el mapa de la ruta a seguir, pero necesitamos más detalles sobre esa ruta. 
Ayúdennos a obtener un mapa más preciso de la ruta, porque queremos seguirla. 
Señor Presidente, en última instancia la pregunta de si Turquía podrá pertenecer a Europa no es una cuestión geográfica ni tampoco una cuestión económica. 
Lo que sí será decisivo es que Turquía se incorpore a una escala de valores europea en la que queden garantizados los derechos humanos, la democracia y la protección de las minorías. 
Ello no requiere sacrificios, a diferencia de los demás aspectos que tal vez sí los requieren, sino que redunda en beneficio de todos los habitantes de la misma Turquía. 
La búsqueda de una solución política para la cuestión kurda no sólo sería un gran alivio para los propios kurdos; también liberaría a Turquía de una pesada carga. 
Creo, por cierto, que no deberíamos agravar la situación suministrando armas. 
Aunque pertenezca al grupo de los escépticos y tenga mis dudas respecto a la adhesión de Turquía, pienso que el actual proceso puede fomentar la paz y la estabilidad. 
Es por eso por lo que estamos dispuestos a concederle a Turquía el beneficio de la duda. 
Nos parece conveniente que la adhesión de Turquía dependa en primer lugar de si cumple las condiciones en materia de derechos humanos, democracia y protección de las minorías. 
Quisiera pedir tanto al Consejo como a la Comisión que veamos las cosas dentro de la realidad y no en una realidad virtual. 
Puntualizo: en Helsinki Grecia retiro sus reservas, desde entonces Turquía es país candidato a la adhesión. 
Grecia dio muchas muestras de buena voluntad y de buena vecindad y Turquía ni una. 
Todavía hoy, en el Consejo de Asociación, el Sr. Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, S. Tzem, ha dicho que en Chipre no hay un ejército de ocupación, hay un ejército que fue a liberar tanto a los ciudadanos greco-chipriotas como a los turcos-chipriotas. 
Me pregunto: en 25 años, ¿a quién están intentando liberar y de quién? 
¿No lo han conseguido todavía? 
Subrayo que al ir a Turquía en calidad de representantes del Parlamento, solicitamos ver a Leyla Zana. 
No nos lo permitieron porque estaba encerrada. 
El Sr. Akin Birdal, que habló con el Sr. Crespo entró en la cárcel. 
Y me pregunto si el pesar de la Comisión va a ayudar a que el día de mañana salga el Sr. Birdal de la cárcel. 
¿Es este pesar una medida tan drástica? 
Finalmente, quisiera decir, para respetar el tiempo que se me concede, que hace sólo dos semanas se publicó en algunos periódicos turcos una lista de aproximadamente 100 periodistas, diputados y otras personalidades europeas, entre las que se encontraba el arzobispo de Grecia, Sr. Christodoulou, una lista de personas indeseables para Turquía, y hoy, el Sr. Tzem ha dicho que esta lista constituía una exageración periodística; pero, que en último caso, Turquía aún tiene el derecho de publicar listas de personas non gratae. 
Termino diciendo que espero que lo que he dicho hoy no salga de aquí, no vaya a ser que me incluyan en esta lista, porque me gusta Estambul e ir allí a menudo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo pertenecí a la delegación de nuestro Grupo político que visitó Turquía. No quiero realizar una larga exposición sino exponer directamente mi impresión y esta impresión es decepcionante. 
Estoy muy decepcionado de que cuatro meses después de que Turquía obtuvo el status de candidata no se haya hecho nada serio que apunte en la dirección de que se cumplan los criterios de Copenhague, en especial, los criterios políticos. 
Señor Comisario, usted ha hablado de la comisión interministerial. 
Es cierto, se están creando muchas estructuras. 
Lo sé de Turquía desde 1995. 
Cuando tienen que cumplir algo comienzan con comités, comisiones, interministeriales, extraministeriales y todo lo imaginable. 
Las estructuras son fantásticas, todos podemos aprobarlo. 
Sólo que no se hace nada. 
Habría sido muy fácil, sin ningún comité o sin ninguna comisión, suprimir por ejemplo el artículo 312 del Código Penal. Solamente habría sido necesaria una única votación en la Asamblea Nacional Turca y toda una serie de intelectuales, escritores, periodistas y el mismo Akin Birdal estarían fuera de la cárcel, estarían libres. 
Así de sencillo es dar los primeros pasos. 
Los turcos nos dijeron que necesitan tiempo, mucho tiempo, porque esta reforma solamente puede avanzar en pasos escalonados. 
Yo advertí al respecto. 
Les dije que precisamente en esta Asamblea, en el Parlamento Europeo, hay muchas y muchos colegas que están dispuestos a concederles tanto tiempo como necesiten- 200 años, 400 años o aún más. 
Pero yo pertenezco a un Grupo político que ha ayudado con entusiasmo a Turquía a obtener el status de candidata no para que sólo sea candidata sino para que Turquía tenga realmente la oportunidad de convertirse en miembro, de iniciar negociaciones. 
Por ello, insistimos y urgimos para que Turquía se aproxime con un roadmap y un calendario concreto y, naturalmente, también con la asociación de adhesión a la que se ha referido antes el Sr. Comisario y no se quede en el status de candidata. 
Señor Presidente, en la Cumbre de Helsinki se concedió a Turquía el status de candidata pero el inicio de negociaciones para la adhesión tiene que esperar hasta que se realicen las necesarias reformas internas y se adapte la situación de los derechos humanos a los principios básicos europeos. 
Señor Comisario de la ampliación Verheugen, en su última visita a Ankara usted ha indicado asimismo que la continua violación de los derechos humanos, el déficit en la construcción de un Estado de derecho así como la ausencia de una solución en la cuestión kurda se oponen a una rápida adhesión de Turquía a la UE. 
Los claros déficits en este campo están en contradicción con las declaraciones del Jefe de Gobierno Ecevit en el sentido de que Turquía podría estar ya en el 2004 lista para iniciar las negociaciones de adhesión. 
Pero algunos hechos que se han enumerado aquí en varias ocasiones hacen parecer como demasiado precipitado un pronóstico de este tipo. 
También el hecho de que el Jefe de Gobierno Ecevit haya calificado al kurdo como un dialecto del turco, a pesar de que ambos idiomas tienen unas raíces totalmente diferentes, es un indicio del endurecimiento de la situación política en Turquía. 
Que todo esto va acompañado de la última ofensiva contra el PKK en el norte de Irak, completa la imagen. 
Es incuestionable que la Unión Europea no tiene ningún interés en una radicalización del Islam en Turquía ni en alentar al PKK trotskista, que es asimismo culpable de masivas violaciones de los derechos humanos, a nuevas acciones bélicas. 
Pero se acrecienta la sensación de que las fuerzas contrarias a Europa dentro del ejército y de la administración se encuentran detrás de los últimos encarcelamientos y de la nueva ofensiva contra el PKK en el norte de Irak para impedir un acercamiento de Turquía a la Unión Europea. 
Esto muestra que la concesión realizada a Turquía en Helsinki era quizás precipitada y que se debería reconsiderar la estrategia frente a este país tan importante para la seguridad occidental. 
Señor Presidente, Señorías, en los últimos seis meses he estado tres veces en Turquía, una vez antes y dos veces después de la decisión de Helsinki. 
He tenido sorpresas positivas pero también decepciones. 
Es tal como han descrito algunos colegas. 
Hay fuerzas que se esfuerzan en gran medida por lograr un acercamiento a la Unión Europea y otras fuerzas que aniquilan tales esfuerzos mediante atentados o por el hecho de que Akin Birdal haya tenido que ingresar de nuevo en prisión, lo que representa una provocación a las fuerzas pro europeas en Turquía. 
Lo que sin duda es positivo es que el Gobierno turco haya presentado un programa escrito en el que se determinan los pasos que Turquía tiene que dar para cumplir las exigencias de la Unión Europea. 
Pero tiene que darlos, pues el papel solo aguanta todo. 
Tienen que producirse cambios. 
Estos cambios afectan también al Consejo Nacional de Seguridad que, según esta propuesta, se quiere transformar en un ente asesor y no ser ya la máxima y última instancia de la democracia turca o de la situación turca. 
Lo que sin duda es negativo es que continuamente se producen hechos como el encarcelamiento de Akin Birdal, quien- como ya ha indicado el colega Schori- tiene una actitud tan positiva respecto a los cambios en Turquía. 
También es negativo que en la cuestión kurda, donde las condiciones son hoy mucho mejor, aún no se haya logrado alcanzar una solución paulatina. 
En este contexto tengo que decir a la colega Stenzel que no conozco ninguna declaración de Ecevit en el sentido de que el kurdo es un dialecto del turco. 
Lo que Ecevit nos dijo es que hay varios dialectos kurdos y que, bajo determinadas circunstancias, incluso se puede imaginar que el idioma kurdo se pueda emplear en Turquía oficialmente. 
Señor Presidente del Consejo, quiero rogarle encarecidamente una cosa: que junto con los otros catorce países miembros de la Unión Europea adopte las medidas necesarias para que el Banco Europeo de Inversiones tenga por fin el poder oficial de proporcionar a Turquía ayuda financiera. 
Pues, en relación con el protocolo financiero, este es sin duda también un punto de crítica a nosotros mismos ya que no hemos cumplido nuestra promesa de apoyar financieramente la modernización y el desarrollo de las estructuras en Turquía. 
Un último punto: naturalmente, también sabemos en esta Asamblea que la cuestión de Turquía depende asimismo de la cuestión chipriota a través de las relaciones con Grecia. 
Si logramos que Turquía sea más abierta y cooperativa en el caso de Chipre, será una evolución muy positiva. 
Sin embargo, quiero decir con toda claridad en esta Asamblea en nombre de nuestro Grupo, si bien creo que también en el de otros muchos, que si Turquía no hace ella misma sus tareas en la cuestión de los derechos humanos y de la democracia, incluso aunque se muestre cooperativa en el caso de Chipre, pero sin esta disposición de Turquía para modificar el propio sistema interno democrático, no podrá haber un camino hacia Europa. 
Señor Presidente, el debate que estamos celebrando hoy es bastante interesante, pero debemos comprender que tenemos que hacer frente a Turquía basándonos claramente en criterios europeos y no utilizar, en ocasiones, las relaciones Grecia- Turquía como una hoja de higuera tras la cual se oculta una realidad distinta. 
Quisiera añadir dos o tres cuestiones. 
Turquía tiene sus problemas internos; pero también tiene sus problemas no internos, Por ejemplo, podría admitir la jurisdicción del Tribunal de La Haya o del Tribunal de los Derechos Humanos. 
Pero no lo hace. 
Segundo, tenemos que darnos cuenta de que en nuestro esfuerzo por ayudar a Turquía a ingresar en la Unión, debemos ser muy estrictos en el cumplimiento de los requisitos políticos. 
En este sentido, si intentamos crear una realidad virtual, será una realidad falsa Y en política, las realidades falsas revierten en resultados falsos. 
En cuanto a los problemas que aduce Turquía, está la teoría del kemalismo que dice que "hay peligro de que se divida nuestra unidad como Estado y no debemos decir que somos turcos sino que nos llamamos turcos". 
Este concepto tiene una diferencia tremenda porque decir que no soy turco sino que me llamo turco, puede llevar a algunos a la lógica de que todas las nacionalidades deben asemejarse en la base de una pasta de la que se va a formar el nuevo hombre. 
Pero ustedes saben que una cosa así, históricamente es imposible. 
Así pues, es evidente que, primero, la democratización de Turquía debe ser nuestra máxima aspiración, y también la mínima, y segundo debemos quitarnos de encima las fobias de Turquía sobre su posible división si reconoce los derechos que debe a las minorías, porque no se trata solo de los kurdos, sino también de los árabes, de los criptocristianos, y algunos más. 
En cualquier caso, lo único seguro es que si queremos ayudar realmente a Turquía, debemos ser firmes en el cumplimiento de los requisitos políticos y quiero añadir esto: en Turquía, por lo menos hasta ahora, basándome en cuanto sé, las únicas potencias que están realmente a favor de la estrategia europea, son las potencias de la economía, y esto lo debemos tener en cuenta. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera agradecer la contribución hecha por sus Señorías mediante este debate. 
He interpretado sus opiniones y sus puntos de vista, no como una luz roja a esta política, como diciendo: "No, esta política está equivocada, queremos otra, queremos negar a Turquía el derecho de adhesión, un día, a la Unión Europea". 
¡No! 
¡Nadie ha dicho eso! 
Y eso indica también un punto de consenso entre nosotros. 
He interpretado las intervenciones hechas como intervenciones exigentes en el sentido de que se estudie con gran rigor todo este proceso. 
Al Parlamento Europeo le corresponde en esto, naturalmente, un papel importante. 
No habrá admisión de Turquía en la Unión Europea sin la aprobación del Parlamento Europeo. 
Pues bien, lo que se decidió en Helsinki es un camino exigente, un camino con bench markings claros, no se está negociando en este momento la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Simplemente se ha reconocido a Turquía como candidata. 
Por lo demás, ya en 1963, en el Acuerdo de Ankara, se había reconocido la posibilidad de una adhesión de Turquía a la Unión Europea con el desarrollo del Acuerdo de Asociación en su fase inicial, en su fase transitoria y en su fase final. 
Los criterios de Copenhague son claros y Turquía no está siendo discriminada ni negativa ni positivamente. 
Por lo demás, la propia circunstancia de que estemos en este momento avanzando mucho con los dossiers de la ampliación a la Europa central y oriental nos permite mostrar que no se discrimina a Turquía. 
Al contrario, está en igualdad de condiciones, en el sentido de que debe cumplir un acervo, debe transformar su legislación y debe tener una conducta en ese proceso igual a la de los otros países que han presentado su candidatura a la adhesión. 
Hemos de decir que ni siquiera en este momento está realizando la Comisión un screening. 
Éste aún no ha comenzado, pero la Comisión ha recibido el mandato para prepararlo. 
La Comisión está dialogando en el plano bilateral con Turquía para transmitir la información sobre el acervo. 
Aún no hemos pasado siquiera a la fase de negociación, en la que se hará el screening en un marco multilateral en el que todos los países participen. 
Por tanto, estamos en una fase de tanteo. 
Estamos enviando mensajes firmes a Turquía en cuanto a la necesidad de que se reforme en los planos institucional, jurídico y de procedimientos administrativos. 
En este Consejo de Asociación hemos sido exigentes con Turquía y ella en cierto modo ha reconocido insuficiencias y ha afirmado su disposición a mejorarlas, en lo que respecta en particular en el plano a la ley de prensa, al código penal, a la forma de reconocer derechos de ciudadanía con una dimensión cultural y lingüística. 
Creo que también en eso ha habido algunos avances prácticos, que tal vez no sean aún avances con una configuración jurídicamente clara. 
También ha habido retrocesos y nosotros expresamos nuestra profunda decepción por lo que sucedió con el dirigente de uno de los más representativos movimientos en pro de los derechos humanos, con algunos presidentes de asamblea parlamentaria, con políticos encarcelados en estos últimos tiempos. 
Es evidente que el proceso político turco es complejo. 
Pero lo que también podemos reconocer hoy, contrariamente a lo que antes ocurría en situaciones de crisis, en que Turquía se sentía siempre tentada por la amenaza del poder militar o de fuerzas extremistas internas, es que, gracias a la definición y al marco fijado en Helsinki, esa estrategia ha contribuido a hacer que en ese país se consoliden fuerzas proeuropeas, que naturalmente, habrán de aplicar un programa completamente proeuropeo en el plano de las reformas constitucionales, los cambios políticos y la modificación de la legislación. 
No deben ser criticados para impedirles que continúen con ese proceso, sino que debe analizarse su actuación de forma exigente, en el sentido de que hagan realidad los cambios necesarios para que ese proceso prosiga con éxito. 
Señor Presidente, quiero adherirme a la valoración realizada por el Presidente del Consejo y decir también que me ha parecido que este debate ha sido de ayuda y un apoyo a la línea iniciada por la Comisión. 
No importa que el Parlamento se exprese de un modo más crítico a lo que yo he podido hacerlo en estos momentos por motivos que sin duda comprenderán. 
He llamado la atención del Gobierno y del Parlamento turco sobre el papel del Parlamento Europeo, como un guardián para que en las negociaciones de adhesión con los candidatos y en los preparativos de Turquía para las negociaciones de adhesión no se realicen compromisos políticos que se opongan a los criterios de Copenhague. 
Quiero subrayar aquí expresamente que no hay para nadie, ni tampoco para Turquía, una rebaja en las condiciones de adhesión. 
Quiero repetir lo que ya dije en ocasiones anteriores: debemos ser conscientes de que el proceso que hemos iniciado no va a transcurrir sin reveses. 
No sé lo que es fácil o difícil en Turquía. 
Pero sí sé una cosa, que en estos momentos está teniendo lugar en Turquía una pugna de la que solamente sabemos una parte, una pugna que va a decidir sobre el destino de este país y, sin duda, en parte también sobre el destino de Europa. 
Tenemos un gran interés en que en esta pugna triunfen las fuerzas orientadas a las reformas, democráticas y pro europeas. 
Para finalizar, quiero decir que nos encontramos aún muy al principio. 
En realidad estamos al principio del principio. 
Estamos preparando solamente la estrategia de preadhesión. 
No la tenemos aún en absoluto. 
Por ello, me parece algo precipitado hablar ya de decepción o de que habría que considerar otra estrategia. 
Las estrategias, si son acreedoras a su nombre, consisten en que solamente se pueden llevar a cabo a largo plazo. 
Aconsejo, pues, que se tenga algo de paciencia. 
Vamos a ver con algo más de exactitud qué progresos concretos podemos esperar cuando en el otoño de este año tengamos todos los elementos de la estrategia de preadhesión y recibamos entonces una respuesta de Turquía. 
La respuesta deberá darse este año y referirse con total claridad a lo que esperamos de Turquía y tendrá que decirnos lo que Turquía va a hacer realmente. 
Entonces habrá llegado quizás el momento de decir algo más de lo que ha sido posible hoy en esta precavida valoración. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar durante el próximo turno de votaciones. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0083/2000) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común (11216/1/1999- C5-0012/2000- 1998/0072 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 90/220/CEE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (Ponente: Sr. Bowe) 
Señor Presidente, creo que hoy el Parlamento Europeo se enfrenta a uno de sus debates más importantes de los últimos años, habida cuenta de que trata sobre los peligros de la liberación en nuestro medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
Tengo la sensación de que esta votación podría ser crucial. 
Podría, como esperamos, proporcionarnos un nuevo conjunto de normas estrictas que aseguren que los cultivos modificados genéticamente y otros productos OMG se consumen en toda Europa de una manera segura y sensata, y garanticen la protección del medio ambiente y la seguridad de la salud pública. 
Hay toda una serie de temas de importancia decisiva que deben ser analizados. 
El primero y más importante es el tema de la responsabilidad civil de los productores. 
El Parlamento Europeo viene solicitando desde hace mucho tiempo una legislación que garantice que las empresas que quieran producir organismos modificados genéticamente asumen toda la responsabilidad de su producción. 
En otras palabras, según los términos de las enmiendas, las empresas estarían obligadas a suscribir un seguro que cubra cualquier posible daño para la salud pública o el medio ambiente causado por los OMG y para que puedan ser demandadas si sus cultivos escapan y crean "supertrigos" o cultivos orgánicos contaminados o si se descubre que los cultivos modificados genéticamente son perjudiciales para la salud pública. 
Lamentablemente, en vez de asumir su plena responsabilidad, varias empresas han lanzado campañas masivas entre bastidores en un intento de impedir que esta propuesta prospere. 
No tengo ninguna duda de que mañana, cuando tomemos decisiones, muchos diputados estarán indecisos y quizá divididos a la hora de emitir sus votos. 
Creo que el compromiso que hemos alcanzado con los Demócratas Cristianos es viable y factible, y espero que reciba el apoyo del Parlamento. 
Al mismo tiempo, la Comisión Europea puede respaldarlo ofreciendo mayores garantías con sus propias propuestas sobre esta medida relativa a la responsabilidad civil. 
Quiero que la propuesta de la Comisión Europea tenga garra cuando llegue a este Parlamento en un futuro no demasiado lejano. 
Además de este tema de importancia decisiva, hay también varias otras cuestiones importantes. 
Espero que mañana mis colegas reafirmen su apoyo, como hicieron en la primera lectura, a las peticiones relativas al establecimiento de nuevos límites estrictos sobre la utilización de los OMG que contienen genes resistentes a los antibióticos. 
En el pasado, el Parlamento pidió la prohibición de todos los cultivos MG, así como de los productos alimentarios que contengan dichos genes resistentes a los antibióticos, incluidos aquéllos utilizados en investigación. 
Es posible que mañana adoptemos una postura menos firme, pero no obstante, queremos que se adopten medidas en este ámbito. 
Queremos asegurarnos de que se estudian seriamente los peligros de la utilización de estos cultivos. 
Otras medidas que creo que necesitamos- y para las que quisiera pedir el apoyo del Parlamento mañana- son aquéllas destinadas a limitar los peligros del cruce de plantas que contienen OMG con otras de su especie que crecen en la flora natural. 
Debemos asegurarnos de que cuando los productos son utilizados, ya se trate de plantas o animales, no se cruzan y ocasionan daños irreparables al equilibrio del entorno natural que los rodea. 
Asimismo debemos tratar sobre un aspecto que eludimos en la primera lectura, a saber, la cuestión del control de las importaciones y exportaciones de OMG y demás productos que contengan OMG. 
En este caso debemos llegar al menos tan lejos y quizá más allá de los requisitos que establece el Protocolo sobre Bioseguridad concluido en Montreal en enero de 2000. 
Son muchos los que temen las posibles consecuencias de la contaminación genética y tenemos el deber de responder a esos temores. 
Dichos temores se han incrementado recientemente a raíz del descubrimiento en Grecia de semillas de algodón contaminadas de OMG importadas de los Estados Unidos para la producción de algodón que, por el momento, al menos, no cuentan en absoluto con la aprobación para su cultivo comercial en el territorio de la UE, pero que sin embargo han conseguido cruzar nuestras fronteras y son utilizadas al menos en un Estado miembro. 
Durante el proceso de desarrollo de esta legislación hemos recibido presiones de un sinfín de grupos de interés. 
No sólo el sector, sino también Amigos de la Tierra y Greenpeace han dado su apoyo a los distintos aspectos del informe del Parlamento. 
Nos han apoyado para que sigamos presionando al Consejo de Ministros con vistas a que adopte cuanto antes nuevas normativas en materia de OMG relativas a la concesión de licencias para poner fin a la moratoria de facto sobre las nuevas autorizaciones comerciales de OMG, que están en estudio desde que la Comisión publicó su propuesta hace casi dos años. 
Las presiones de los grupos de interés se han endurecido mucho durante las últimas semanas. 
Es probable que el resultado de la votación de mañana en el Parlamento produzca algunos sustos y sorpresas. 
Pero debería significar que en un plazo de seis meses, el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión habrán alcanzado una propuesta consensuada, una directiva revisada para la comercialización de nuevos productos de la biotecnología. 
Esto debería dar a las empresas de biotecnología y demás interesados en el sector una idea clara de las normativas que deberán respetar y, en consecuencia, la existencia de un régimen más transparente y predecible. 
Eso sólo puede ser bueno para el futuro desarrollo de esta nueva tecnología en la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, desearía que nuestros gobiernos garantizaran a sus consumidores y a la población que los OMG liberados en el medio ambiente en cualquier lugar de Europa cumplirán las normas mucho más estrictas que estableceremos mañana aquí en el Parlamento y que las causas que preocupan a la sociedad en lo que respecta a la protección de la salud pública y al medio ambiente contra los peligros de los inventos en materia de OMG han sido tenidas debidamente en cuenta. 
Y espero que uno de los resultados importantes no legislativos de este proceso sea un cambio en el equilibrio de poderes en lo que respecta a la aprobación y el control de los cultivos y productos alimentarios que contengan OMG en favor del público. 
Para el sector de la biotecnología esto sólo puede ser para bien. 
Se creará un entorno, una situación en la que podrá trabajar con cautela, a fondo y espero que con éxito para hacer una utilización positiva de esta nueva y magnífica tecnología que todos deberíamos acoger con satisfacción, con las debidas medidas de salvaguarda. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Bowe por el trabajo realizado con respecto a la recomendación para la segunda lectura por la que se modifica la directiva sobre exposición. 
Creo que es un trabajo muy competente el que se ha llevado a cabo y que se han producido algunas mejoras importantes con respecto a la posición común. 
Voy a destacar los puntos que me parecen más importantes. 
Sobre todo, me parece bien que ahora se nos proponga una verdadera prohibición de la utilización de sustancias que pueden provocar resistencia a los antibióticos. 
Me parece importante por motivos sanitarios. 
El segundo punto que quiero señalar es que, frente al Sr. Liese, me parece bien que se introduzcan propuestas para que se trate de adoptar medidas de cara a impedir el paso de organismos OMG a otros organismos, la llamada contaminación de OMG. 
También me parece importante que con relación a la evaluación de riesgos no sólo se evalúe caso por caso cuando se examinen las solicitudes y la petición de autorizaciones, sino que se trate de efectuar una evaluación global de los efectos conjuntos de las numerosas autorizaciones que se conceden, tanto con respecto a la fertilidad de la tierra, la cadena trófica y la diversidad biológica como con respecto a las cuestiones de índole sanitaria que tienen trascendencia para nosotros como personas. 
Me parece que ésta es una falta de la práctica que se ha venido haciendo hasta ahora en este campo. 
A este respecto, me parece también bien la obligación de revisar las autorizaciones cada diez años, es decir, que sólo puedan darse autorizaciones por un período de hasta diez años cada vez. 
De esta forma podemos estar bastante seguros de que exista la necesaria vigilancia. 
También me parece bien que con esta propuesta dispongamos de una legislación que garantice que cuando se legisle verticalmente en ámbitos especiales, se cumplan las mismas condiciones con respecto a la evaluación de riesgos y a la vigilancia por las que se rige la directiva general. 
Por último, quiero señalar la cuestión de la responsabilidad objetiva. 
Me parece que la propuesta originaria, que forma parte del informe del Sr. Bowe, era la correcta, es decir, que se dé a los grupos que desean una autorización una responsabilidad objetiva y que al mismo tiempo se suscriba un seguro de responsabilidad civil con respecto a las autorizaciones. 
Si no se puede suscribir un seguro para estos casos, el riesgo de dar la autorización sí es demasiado elevado. 
Espero que podamos lograr la aprobación de estos puntos que endurecen la posición común. 
Si podemos hacerlo, creo que obtendremos una base jurídica para las futuras autorizaciones en el campo de los OMG que puede sernos útil y darnos la necesaria seguridad. 
Con ello dispondremos realmente de la base jurídica que debería haber habido antes de que se diera la primera autorización en su momento a nuevos cultivos que incluyeran OMG. 
En mi opinión, la base jurídica existente es demasiado débil. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera subrayar que este debate versa sobre los problemas de procedimiento relacionados con la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, los denominados OMG. 
A pesar de que uno en ocasiones pudiera llegar a pensar lo contrario, no se trata, pues, de un debate fundamental sobre los pros y los contras de los OMG o cuestiones de principio. 
Pero por otra parte, es inevitable que nuestra opinión al respecto quede reflejada en los puntos de vista que adoptamos en el debate acerca de los procedimientos y el marco de referencia en el que éstos se inscriben. 
A lo que voy: parece ser que con el número relativamente importante de enmiendas a este excelente informe o bien pretendemos simplificarle la vida a la industria de los OMG o bien procuramos quitarle el sueño. 
Por otra parte, el debate también pone de manifiesto que la producción de alimentos modificados genéticamente plantea una serie de preguntas. Surgen preguntas éticas y morales, preguntas relacionadas con la salud pública y el medio ambiente, preguntas acerca de las oportunidades ofrecidas a la industria y la investigación y preguntas respecto a la libertad de elección de los consumidores. 
En el Grupo Liberal destacamos algunos puntos prioritarios que también saldrán a la luz en la votación. Se trata de los aspectos siguientes. 
En primer lugar, la libertad de elección de los consumidores. 
En realidad no es de recibo que quien desee comprar alimentos libres de OMG como mucho pueda adquirir alimentos con un contenido máximo de un 1% de OMG. 
Aunque la propuesta de directiva no se refiera explícitamente a esta cuestión, sí alude a otros aspectos directamente relacionados con este tema, como son la información al público, el etiquetado y la transparencia. 
En segundo lugar, insistimos en la necesidad de garantizar la participación del público en el procedimiento de aprobación de los OMG. 
En tercer lugar, abogamos por un procedimiento racionalizado que ofrezca garantías a los consumidores y a los productores y que, por lo que a nosotros mismos se refiere, conduzca a una mayor armonización por parte de la Unión Europea. 
En cuarto lugar, propugnamos que se fomente la investigación europea en el ámbito de la biotecnología. Es preciso tener claro qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. 
La responsabilidad de los productores es objeto de polémica. 
Preferiríamos que dicha responsabilidad quedara consagrada en la tan esperada normativa horizontal sobre la responsabilidad medioambiental. 
Sin embargo, algunos de nosotros están hartos de esperar- no olvidemos que la Comisión lleva gestionando este proyecto unos diez años- y desean dar un paso al frente ahora mismo. 
La propuesta que tenemos delante es importante, tanto para los productores como para los consumidores, y el Grupo Liberal la aplaude. 
Nosotros también queremos felicitar al incansable ponente por el presente informe. 
Señor Presidente, la votación de mañana va a suponer el banco de pruebas para la responsabilidad y credibilidad del Parlamento Europeo. 
El punto central para nosotros es la responsabilidad jurídica con seguro obligatorio. 
Si la ingeniería genética tiene tan poco riesgo como aseguran la industria y el Sr. Liese, entonces se plantea la pregunta de por qué existe una resistencia tan masiva contra una responsabilidad estricta. 
Nosotros también queremos una responsabilidad ambiental general, pero sabemos que en la propuesta de la Comisión no se prevé la correspondiente responsabilidad en cuestiones de ingeniería genética, ni ninguna responsabilidad de amplio espectro. 
Por ello, proponemos la enmienda de compromiso nº 45, que contempla exactamente esto. 
Cualquier otra cosa sería esconderse tras una política dilatoria que dura ya años y el aplazamiento hasta el día del Juicio Final. 
Es ridículo decir que nos limitamos a pedir a la Comisión que lo haga hasta el año 2001. 
¿Qué pasaría si no lo hace? 
¿Qué pasaría si la responsabilidad ambiental horizontal no cubre adecuadamente el ámbito de la ingeniería genética o, señora Wallström, solamente las zonas de Natura 2000, tal como usted ha hecho? 
El segundo punto central es para nosotros la prohibición de las resistencias a los antibióticos. 
Aquí necesitamos una prohibición clara. 
Señor Bowe, no puedo comprender que usted diga que mañana vamos a tener una votación blanda. 
¿Es esto su doblegamiento ante la industria de la ingeniería genética? 
Creo que está muy claro- y estudios científicos lo corroboran- que cada vez hay más agentes patógenos que se hacen resistentes en el ser humano y que sería una catástrofe si perdiésemos permanentemente los antibióticos como producto terapéutico. 
El último punto se refiere a la contaminación genética. 
Creo que aquí los Estados miembros deben comprometerse muy claramente y espero que la votación de mañana sea una señal clara a favor de la protección del medio ambiente y del consumidor, y que mañana no se convierta en un día negro para la protección del medio ambiente y del consumidor. 
Señor Presidente, en el cultivo de alimentos genéticamente modificados debe primar el principio de cautela. 
Actualmente debería significar la suspensión de la siembra de nuevos alimentos modificados. 
Este aplazamiento está motivado tanto por la incertidumbre de carácter científico, especialmente en lo que se refiere a la propagación de los riesgos, como por deficiencias legislativas y por la aplicación de acuerdos internacionales. 
Opinamos también que los países de la Unión deben tener derecho a aplicar políticas más severas en esta materia y, por eso, votaremos en contra de la enmienda 6 sobre un procedimiento comunitario para estos cultivos. 
Las propuestas que se aprobarán mañana no tendrán el alcance que quisiéramos. 
Por eso votaremos para que todo salga lo mejor posible. 
Esto significa que votaremos a favor de la mayoría de las propuestas del informe Bowe, pero no de todas. 
Votaremos a favor de la plena responsabilidad civil de quienes siembran estos productos. 
Queremos que se prohiba el uso de marcadores resistentes a los antibióticos. 
Queremos un etiquetado obligatorio y claro y que las solicitudes sean estudiadas individualmente, sin que existan procedimientos simplificados de solicitud. 
También nos interesa que se instaure una clara obligación de informar y, para el caso de las exportaciones a terceros países, un procedimiento de aprobación de los países receptores. 
Señor Presidente, en febrero de 1999 debatimos en primera lectura la revisión de la Directiva 90/220. 
Les recuerdo que en aquel entonces el Sr. Blokland destacó en su contribución la importancia del principio de previsión. 
Por eso, nos alegramos de que el Consejo subraye dicho principio en su posición común. 
Tanto en el texto de la directiva misma, en concreto en el artículo 1, como en la aplicación, el principio de previsión ocupa un lugar importante como contrapeso a los intereses económicos. 
Me refiero sobre todo a la restricción del procedimiento simplificado y la atención que se presta a la rastreabilidad de los OMG. 
Por tanto, creo que en general este Parlamento puede estar contento con las propuestas presentadas. 
Agradecemos al ponente Bowe su informe. 
De nuevo formula una serie de propuestas que merecen nuestro más sincero apoyo. 
Acogemos con especial satisfacción la agudización del texto relativo a la reducción de los riesgos para los consumidores. 
En comparación con la enmienda 32 nos pareció más contundente la enmienda inicial al apartado 1 del artículo 28. 
En ella se formulaba explícitamente la posibilidad de consultar a comités éticos en caso de que se planteara un problema ético. 
La actual enmienda 32 se limita a destacar la importancia del pleno acceso del público. 
A modo de conclusión quisiera señalar que no basta con hacer un inventario de los nuevos métodos de producción y reducir los riesgos que conllevan. 
Las plantas y los animales no son factores de producción fáciles de manipular. 
El debate sobre la biotecnología requiere un planteamiento ético integrado. 
Creemos que la realidad fue creada por Dios. 
Esta conciencia nos obliga a adoptar una actitud responsable ante nuestro entorno natural. 
Señor Presidente, éste es un debate sobre la investigación de las plantas y sobre la protección de las plantas de la investigación. 
Es un debate sobre el potencial de los OMG para el bien común y sobre sus posibles riesgos y cómo gestionar esos riesgos. 
No es posible eliminar el riesgo porque forma parte de nuestro entorno natural. 
No podemos impedir todos los riesgos ocasionados por el hombre porque eso pondría fin al progreso científico. 
Pero debemos responder a la alarma social por los posibles y desconocidos peligros para nuestro medio ambiente, para nuestra cadena alimentaria y para nuestra salud. 
Creo que debemos actuar en cuatro ámbitos para tranquilizar a la opinión pública. 
Creo que podemos hacerlo sin destruir la biotecnología. 
En primer lugar, los genes resistentes a los antibióticos deben ser descartados gradualmente. 
La enmienda fija un plazo realista, aunque urgente para eso, el año 2005. 
En segundo lugar, debemos ser abiertos con la sociedad en lo que respecta a los cultivos experimentales que se están realizando. 
Es acertado. Es justo. 
A cambio, debemos pedir a los grupos de defensa del medio ambiente que den muestras de contención y de responsabilidad con respecto a estos conocimientos. 
En tercer lugar, deberemos ampliar el Protocolo de Montreal en lo que se refiere a la exportación de OMG, y eso debería hacerse sobre la base del mutuo acuerdo y de la transparencia. 
En cuarto lugar, como han dicho muchos diputados, debemos garantizar la responsabilidad civil; aunque de lo que se trata es de saber si necesitamos mayor grado de responsabilidad que cubra otros riesgos para el medio ambiente. 
Sospecho que no, porque la legislación ya contempla la responsabilidad penal, civil, por los productos y ambiental. 
Eso debería ser suficiente, aunque es prudente añadir la disposición relativa a la negligencia como algo que pueda repercutir sobre las sentencias judiciales. 
Podemos obtener auténticos beneficios de los OMG si lo hacemos bien. 
Una reducción de las fumigaciones, por ejemplo, beneficiaría al medio ambiente si cultivamos productos que contienen OMG que no necesitan tanta fumigación. 
Pero deberemos ganarnos la confianza de la opinión pública, con la ciencia. 
Creo que estas medidas nos ayudarán a conseguir precisamente eso. 
Señor Presidente, lo ideal sería que los OMG no fueran liberados en el medio ambiente. 
Pero si va a suceder, deberá adoptarse una serie de medidas que garanticen que las empresas que afirman que esta tecnología es segura asumen la responsabilidad. 
Por eso no puedo entender por qué al sector y a los grupos de interés les preocupa el tema de la responsabilidad. 
Si están tan seguros de que sus productos no encierran ningún riesgo, ¿por qué temen asumir la responsabilidad, tanto en lo que se refiere a la responsabilidad civil como a la compensación? 
El otro tema al que quisiera referirme es la contaminación transgénica. 
Tenemos una situación en la que, por ejemplo, cultivos tradicionales pueden ser contaminados con OMG. 
Esto significa que, a largo plazo, desaparece la libre elección para los propios agricultores- y esto es válido también para los agricultores orgánicos- y para los consumidores. 
Si se produce la contaminación de cultivos convencionales u orgánicos, básicamente el consumidor no tendrá opción. 
Eso no es aceptable. 
A fin de cuentas, el sector de los OMG no tiene nada que ofrecer al consumidor ni al medio ambiente, incluso en lo que respecta al uso de productos químicos. 
Resulta irónico pensar que las mismas empresas que fomentan esta denominada agricultura sin productos químicos sean aquellas que nos han bombardeado con productos químicos durante años y están ocasionando que también estos cultivos dependan de los productos químicos en el futuro. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer al Sr. Bowe su informe y, en un minuto, plantear cuatro cuestiones fundamentales de las que ya se ha hablado. 
En primer lugar, la protección de la salud pública. 
Nos parece que hay que prohibir terminantemente el uso de genes resistentes a los antibióticos. 
Alemania, Luxemburgo y Austria han dado un ejemplo con la prohibición del maíz de Novartis, que tiene un gen resistente a la ampicilina, que es un antibiótico de amplio espectro. 
En segundo lugar, el compromiso con los acuerdos internacionales. 
La enmienda nº 1 se refiere al protocolo de Montreal y a la necesidad de la defensa de la bioseguridad y de la consulta y petición de autorización a países terceros para la exportación. 
En tercer lugar, la cláusula de responsabilidad civil, que es clarísima para aquellos que son responsables de la liberación de estos organismos genéticamente modificados que pueden tener efectos sobre la salud o sobre el medio ambiente. 
Y finalmente, señor Presidente, la prevención de la contaminación genética. 
Es decir, evitar la expansión del polen transgénico que puede viajar y contaminar otras plantas y, por lo tanto, afectar gravemente al medio ambiente. 
Señor Presidente, para comenzar quisiera felicitar al Sr. Bowe por su presentación objetiva y equilibrada. 
En anteriores debates en el Parlamento he dejado constancia de mis propias opiniones en lo que respecta a la biotecnología. 
En el breve tiempo de que dispongo, hago un llamamiento a la Comisión y también al Parlamento para que aceleren el proceso y adopten con carácter de urgencia las conclusiones necesarias para disipar los temores de los consumidores relativos a la salud pública, al medio ambiente y a los aspectos éticos de una tecnología que tiene el potencial de hacer una contribución muy importante a la producción de alimentos y a la salud pública. 
Naturalmente existe temores entre los consumidores. 
Tienen todo el derecho a una investigación exhaustiva e independiente de esta tecnología que evoluciona tan rápidamente. 
Mientras más tiempo permitamos que reine la confusión, más tiempo deberá esperar la sociedad para beneficiarse de todo su potencial. 
En este sentido, el sector de la biotecnología ha contribuido en buena parte al malestar de la sociedad cuando planeó la introducción de prácticas inaceptables como la tecnología "terminator" en las semillas y con otros aspectos éticos como los experimentos con embriones humanos. 
Fue este Parlamento, en particular, el que dio la voz de alarma en relación con muchos aspectos de la aplicación de esta investigación. 
Pero actualmente, el sector ha dado muestras satisfactorias de que ha tenido en cuenta la preocupación del Parlamento en este sentido. 
El potencial de la investigación genética para hacer una contribución positiva a la producción de alimentos queda demostrado por el reciente anuncio de Monsanto de un importante descubrimiento relativo a la estructura genética del arroz, que es el alimento base del que dependen millones de personas en el mundo en desarrollo y respecto al que existen temores considerables en lo que se refiere a la continuidad del aprovisionamiento. 
El balance final en relación con todos los aspectos de la aplicación de la tecnología OMG, en particular, la producción de alimentos, es la transparencia, la información al consumidor y un etiquetado preciso. 
En una palabra, el consumidor deberá poder elegir en todo momento. 
Señor Presidente, señoras y señores, los organismos genéticamente modificados y su diseminación preocupan, con toda razón, a los consumidores europeos. 
En nombre del sacrosanto beneficio, el grupo de presión industrial continúa jugando a aprendiz de brujo haciendo, sin escrúpulos, peligrosos malabarismos con la seguridad alimentaria y la salud del consumidor. 
Europa ha de legislar con firmeza para responsabilizar a los alquimistas y velar por la calidad de los productos informando con claridad al ciudadano. 
Estamos totalmente de acuerdo con la filosofía de este informe. 
Conviene hacer un especial hincapié en la rastreabilidad mediante una información completa, también con respecto a los países terceros, importadores o exportadores de OGM. 
La seguridad del consumidor impone, efectivamente, un tratamiento igualitario para evitar cualquier desvío del tráfico o la exportación de productos invendibles en el mercado europeo. 
Hemos de exigir también, antes de cualquier tipo de comercialización, el consentimiento previo del país receptor. 
Si es necesario fijar formalmente la responsabilidad del operador en el supuesto de propagación, conviene también definirla con precisión, sin precipitación, para evitar una responsabilidad medioambiental demasiado general. 
Finalmente, es preciso evaluar los riesgos para el medio ambiente mediante un análisis anual de los costes y ventajas de esta diseminación de OGM, una evaluación que ha de realizarse con transparencia, y que ha de ampliarse a la salud animal y vegetal, así como a los bienes públicos y privados. 
Señor Presidente, hoy en día se está dando un gran aumento de las aplicaciones biotecnológicas y su importancia es cada vez mayor, tanto para la economía como para la sociedad, porque explotar las aplicaciones de organismos modificados genéticamente va a ser determinante para mejorar la calidad de la vida humana. 
Por tanto, es necesario adoptar un marco moderno que condicione el desarrollo, la comercialización y la explotación de los organismos modificados genéticamente. 
Europa no puede quedarse rezagada en relación con los EE.UU. y con Japón. 
Sin embargo esto no significa que ignoremos la seguridad que debe acompañar a todas estas aplicaciones innovadoras, la seguridad para la salud pública y para la protección del medio ambiente. 
Debo señalar que últimamente estamos siendo testigos de una guerra continua de comunicaciones sobre la seguridad de los organismos modificados genéticamente. 
Este hecho causa una gran confusión entre los consumidores, y el resultado es que no están en condiciones de formarse una opinión correcta sobre los beneficios y los peligros que se derivan de la aplicación de la biotecnología. 
Así pues, debemos ganar la confianza de los consumidores, y seguro que es posible ganarla por medio de medidas que refuercen la seguridad. 
Por ejemplo, la prohibición de crear o utilizar organismos modificados genéticamente con genes que expresan resistencia a los antibióticos, así como la información completa y objetiva de las instituciones y del público en general, son medidas que inspiran confianza. 
El Parlamento había solicitado, en la primera lectura de esta directiva, modificaciones que cubrían los dos objetivos referidos anteriormente, referentes a un marco útil de normas de la liberación intencional y comercialización de los organismos modificados genéticamente, acompañadas de medidas de seguridad para proteger la salud pública y el medio ambiente, así como previsión para informar al público y a los consumidores. 
También es importante que se preven la readaptación y modificación de la directiva según las circunstancias que se deriven del vertiginoso desarrollo de la biotecnología y de sus aplicaciones. 
Para terminar, quisiera hacer hincapié en un punto, señor Presidente, que también subrayé en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que merece nuestra atención especial y que está relacionado con el tema de la seguridad. 
En cuanto a este tema, estamos esperando que la Comisión haga una nueva propuesta relativa a la responsabilidad y la seguridad que debe acompañar a los productos. 
Debemos evitar las exageraciones si queremos que este sector tan esperanzador resulte fomentado y apoyado por la directiva que vamos a votar. 
Señor Presidente, modificar genéticamente los alimentos equivale a romper la frontera entre diferentes especies, por ejemplo mediante la introducción de un gen propio de un pez en una fresa. La agricultura convencional no permite este tipo de procedimientos. 
El bricolaje genético conlleva peligros hasta ahora desconocidos. 
Por eso, deben adoptarse medidas destinadas a prevenir la transferencia de genes a fin de evitar que ese gen propio de los peces también comience a propagarse en fresas cultivadas convencional o biológicamente. 
La industria de los genes sostiene que los riesgos inherentes a una transferencia indeseable son mínimos. 
Si estos riesgos realmente son tan pequeños, es incomprensible que la industria de los genes no esté dispuesta a asumir ninguna responsabilidad jurídica. 
Tal vez sí exista peligro para el medio ambiente y la salud humana y, en tal caso, la cláusula de responsabilidad no puede faltar bajo ningún concepto. 
Los Demócratas Cristianos están jugando con fuego. 
Respaldan la introducción de una cláusula de responsabilidad en la directiva sobre el vertido de residuos peligrosos, pero ahora que se trata de la tecnología de los genes de repente son partidarios de esperar cinco años más. 
Si la cuestión de la responsabilidad en materia de alimentos modificados genéticamente no se regula ahora, sólo se conseguirá que la desconfianza de la población ante este tipo de alimentos continúe creciendo. 
El punto de vista demócrata-cristiano alcanzará la industria de los genes como un bumerán perfecto. 
Señor Presidente, la tecnología genética y la biotecnología se incluyen entre las tecnologías absolutamente claves del futuro. 
Si en la UE dificultamos el empleo de organismos modificados genéticamente o incluso lo bloqueamos, nos colocaremos definitivamente en este importante campo en una posición marginal. 
Actualmente ya estamos muy por detrás de otros Estados. 
Las desventajas competitivas resultantes de ello serían gigantescas para la investigación, cultivo, producción de semillas, para los agricultores y también para los consumidores. 
Pero es precisamente esta táctica obstruccionista la que practican muchos grupos dentro de la Unión Europea. 
Por lo visto, parece ser más bien de naturaleza ideológica pues objetivamente por lo general muchas cosas no se pueden justificar. 
Tales intentos obstruccionistas se encuentran también en una serie de enmiendas al informe Bowe. 
Se caracterizan por exigir cosas imposibles sabiendo perfectamente que esas exigencias son irrealizables y pudiendo, en consecuencia, bloquear de modo general la liberación de organismos modificados genéticamente. 
Esto afecta en especial a la transmisión de genes que no se puede sencillamente impedir en el campo al aire libre y también a la cuestión de la responsabilidad. 
La exigencia de una responsabilidad especial hace que los agricultores no se atrevan a emplear organismos modificados genéticamente. 
Por lo demás, también me parece que no es realista un registro de las superficies de cultivo fuera de la fase experimental, pues creo que en unos pocos años el 80 o 90% de toda la superficie agrícola útil estaría registrada en este registro. 
Nadie quiere minimizar los peligros de la tecnología genética, yo tampoco. 
Pero tampoco podemos satanizarla. 
La agricultura siempre ha intentado desarrollar unas plantas y animales eficientes mediante intervenciones dirigidas en la cría. 
Las técnicas siguen desarrollándose- lo que también ocurre en el sector de la cría- y una técnica es la modificación genética. 
Es nuestra tarea hacer que esta técnica se aplique con plena responsabilidad y no impedirla. 
Señor Presidente, quisiera instar a los colegas a que refuercen este informe insistiendo en la responsabilidad civil. 
Debe exigirse a los productores de OMG que suscriban seguros contra cualquier daño para la salud pública o para el medio ambiente como consecuencia de la liberación en el medio ambiente de sus productos. 
La Comisión prometió hace más de diez años la introducción de legislación horizontal. 
Pero a pesar de que ahora tenemos un Libro Blanco, la legislación está a algunos años de distancia. 
Esto significa que, si no se aprueba su inclusión en esta directiva, las víctimas deberán pagar por cualquier daño que sufran, en vez de hacerlo las empresas que se llevan los beneficios. 
Miles de personas de toda Europa han elegido no comprar productos que contengan OMG a raíz de las pruebas de los daños para la salud y el medio ambiente. 
Debemos corregir estos problemas reales. 
Quisiera instar a los colegas a que aprueben las enmiendas de mi Grupo relativas a la suscripción de un seguro sobre la responsabilidad civil, la contaminación transgénica y la prohibición de genes resistentes a los antibióticos. 
Los consumidores están pidiendo controles más estrictos y no se contentarán con nada menos. 
Es de vital importancia que se incluyan las medidas de salvaguarda necesarias en la presente directiva. 
Señor Presidente, celebro que el Parlamento en colaboración con el Consejo ofrezca finalmente a Europa una oportunidad de hacerse sentir en el ámbito de los OMG. 
No obstante, hemos de tener en cuenta que con ello no podemos relajarnos y creer que el trabajo está hecho. 
Hemos elegido un procedimiento de aprobación que será más restrictivo que el americano, lo cual naturalmente afectará a nuestras posibilidades de mantener a las mejores empresas y a los mejores científicos. 
De ahí que los plazos de tramitación que aprobemos deben expresar un máximo absoluto antes que la norma. 
Debemos rechazar la propuesta para que toda la responsabilidad de eventuales daños recaiga sobre el expositor de los OMG. 
Una consecuencia natural del estricto proceso de aprobación europeo ha de ser que las autoridades asuman parte de la responsabilidad. 
Sólo mediante este reparto de la responsabilidad entre autoridades y empresas puede verse compensada la debilidad competitiva provocada por el laborioso procedimiento y sólo de esta forma podremos ser competitivos frente a los americanos. 
. (EN) Señor Presidente, cuando entré a formar parte de la Comisión el pasado otoño, me di cuenta enseguida de que la directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de OMG sería uno de los dossieres más delicados de mi cartera. 
Los productos modificados genéticamente y la biotecnología han dado lugar a una serie de preguntas e inquietudes. 
Las más importantes son quizá: ¿cuáles son las ventajas? 
¿Cuáles son los riesgos? 
¿Cuál es el mejor modo de prevenir posibles efectos nocivos? 
¿Cómo podemos garantizar el acceso a toda la información relevante? 
Para dar respuesta a estas tres cuestiones que preocupan a nuestros ciudadanos, necesitamos un debate amplio y abierto en el que participen todos los interlocutores clave y en el que las negociaciones no estén limitadas únicamente a los expertos. 
En este caso, las instituciones comunitarias, los Estados miembros, el sector y la ciencia deben asumir sus responsabilidades correspondientes. 
Un marco legislativo eficaz y transparente debe constituir la base para hacer frente a estos nuevos retos. 
Quisiera, en particular, expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Bowe, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por los grandes esfuerzos que han destinado a esta contribución rápida e importante. 
Nuestra función como legisladores comunitarios debería ser proporcionar una respuesta equilibrada a estos nuevos desafíos. 
Necesitamos un marco regulador que esté basado en la seguridad y en el principio cautelar que garantice un alto grado de protección de la salud pública y el medio ambiente. 
Al mismo tiempo, debe permitir a la sociedad beneficiarse de los avances de la biotecnología moderna. 
Nuestra legislación comunitaria en materia de OMG garantiza una evaluación individual y minuciosa de los riesgos de cada uno de los productos que contienen OMG que se comercializan en Europa. 
Hoy nos encontramos aquí para reforzar y mejorar el marco actual. 
El carácter delicado y complejo de este asunto podría ser la causa de que se haya presentado un total de 52 enmiendas en segunda lectura. 
La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 9, 17, 19, 29 y 47, que mejoran la calidad y la claridad de los textos. 
La Comisión puede aceptar también en principio las enmiendas 1 hasta 4, 8, 11, 24, 35 hasta 38, 46, 48, 49 y 52. Estas enmiendas refuerzan la intención de la Comisión de establecer un marco regulador eficaz y transparente para los OMG. 
Permítanme comentar con más detalle la enmienda 1 y las enmiendas 13, 14 y 28, relativas todas ellas al Protocolo sobre bioseguridad y a los requisitos para las importaciones y exportaciones de OMG. 
La Comunidad Europea fue una de las fuerzas que impulsaron la adopción con éxito del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad el pasado enero. 
La Comisión saluda, por consiguiente, el espíritu de la enmienda 1. Es relativa a la necesidad de presentar propuestas adecuadas sobre la aplicación del Protocolo una vez que haya sido ratificado; los trabajos ya están en marcha. 
No obstante, la Comisión no puede aceptar la inclusión de disposiciones sobre los requisitos para la importación y exportación en el texto de la directiva. 
Creemos que las repercusiones del protocolo sobre el marco legislativo general de la Unión Europea debe ser aún evaluado en su totalidad. 
Las enmiendas 13, 14 y 28 no son, por lo tanto, aceptables en la actual revisión. 
Permítanme pasar a continuación al tema de la responsabilidad civil, y sé que se trata de una cuestión política importante para todos ustedes. 
Cuando hice mi presentación al Parlamento en otoño, prometí que haría una referencia especial a los OMG en el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental. 
Fue precisamente lo que hizo la Comisión cuando adoptó el Libro Blanco este año. 
La Comisión es de la opinión de que un enfoque horizontal es el modo más eficaz de garantizar un régimen de responsabilidad integral por daños al medio ambiente. 
Este régimen aportará más claridad en el caso de los querellantes y prevendrá las lagunas. 
Asimismo es el mejor modo de completar el actual sistema horizontal de responsabilidad por los productos por el que ya están cubiertos los OMG. 
Puedo asegurarles que no escatimaré esfuerzos para poder presentar una propuesta legislativa sobre responsabilidad civil antes de finales de 2001. 
Por ello puedo aceptar las enmiendas 2, 36 y 46 en principio, siempre que se refieran al Libro Blanco de la Comisión. 
Seamos claros, si esto se incluye en esta directiva, deberán establecerse disposiciones legislativas que garanticen la claridad jurídica, pero ¿cuánto tiempo nos llevaría eso? 
Debemos verlo en ese contexto. 
No obstante, no puedo aceptar las enmiendas 33, 40 y 45. 
Y también soy plenamente consciente de la importancia política de algunos otros aspectos planteados en las enmiendas presentadas. 
Está claro que los marcadores de resistencia a los antibióticos deben ser eliminados de forma gradual y ser sustituidos por otros alternativos tan pronto como sea posible. 
En la posición común ya se ha previsto su eliminación gradual. 
La Comisión está de acuerdo en reforzar el mensaje político. 
La Comisión no puede aceptar una prohibición general de los OMG que contengan marcadores de resistencia a los antibióticos. 
En estos momentos no existen pruebas científicas de que todos los OMG de este tipo presenten efectos adversos para la salud pública ni para el medio ambiente. 
En cambio, deberíamos continuar realizando un análisis exhaustivo caso por caso. 
Dentro de estos límites, las enmiendas 11, 37, 48 y 52 son, por lo tanto, aceptables en principio. 
La Comisión también puede aceptar en principio las enmiendas 3, 4, 8, 24 y 35 porque se ajustan a la lógica de los textos y encajan en el marco legislativo global. 
La Comisión, por consiguiente, puede aprobar el considerando relativo a los aspectos socioeconómicos que hacen referencia al requisito de informar a la Comisión. 
Esto se hará cada tres años en virtud del artículo 30. 
La Comisión acoge con satisfacción las enmiendas 38 y 49 relativas a la transferencia de genes. 
Constituyen un enfoque equilibrado entre la prevención total y un enfoque permisivo. 
No obstante, la redacción debería armonizarse con el texto de la directiva. 
Asimismo, debería eliminarse la referencia a la Comisión puesto que la Comisión no interviene necesariamente en la Parte B; autorización nacional. 
No obstante, la Comisión no puede aceptar la enmienda 12 relativa a la prevención de la transferencia de genes. 
La transferencia de genes entre organismos es, como sabemos, un fenómeno común en la naturaleza. 
En cambio, debemos garantizar que los posibles riesgos derivados de la transferencia de genes son investigados minuciosamente antes de la liberación de productos que contengan OMG para la investigación o para su comercialización. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 22 y 23 en su estado actual, puesto que las disposiciones previstas en dichas enmiendas no serían viables en el marco del sistema de autorización establecido por la directiva. Y ello por causas administrativas y jurídicas. 
No obstante, la Comisión reconoce que estas enmiendas tienen el objetivo de paliar los problemas a los que podrían enfrentarse algunas empresas con respecto a un período de duración de la autorización fijo. 
Esto afecta, en particular, al sector del cultivo de plantas. 
Por lo tanto, la Comisión estudiará el modo de tener debidamente en cuenta estas consideraciones al tiempo que garantiza la coherencia política, jurídica y administrativa. 
En este contexto, la enmienda 26 tampoco es aceptable puesto que limitaría la flexibilidad del período opcional de la autorización en el caso de renovaciones. 
La enmienda 25 intenta introducir una disposición que permita la introducción de procedimientos diferenciados de conformidad con la Parte C de la directiva. 
Mejora la propuesta original presentada en primera lectura en el Parlamento. 
Esta enmienda va más allá de la propuesta de la Comisión, por lo que ésta no puede aceptarla en su estado actual. 
No obstante, la Comisión está dispuesta a reconsiderar esta enmienda a la luz de su propuesta original y dentro del marco de un compromiso global. 
Por último, quisiera tratar de manera conjunta sobre las enmiendas a las que no he hecho referencia. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 21 porque el fundamento jurídico de las futuras medidas legislativas está sujeto a su contenido y no puede ser establecido de antemano mediante esta directiva. 
La enmienda 6, relativa a un procedimiento centralizado a escala comunitaria, no es aceptable. 
No obstante, quisiera hacer hincapié en que el informe que deberá presentar la Comisión de conformidad con el artículo 30 de la directiva, realizará una evaluación minuciosa de un procedimiento centralizado. 
El acceso a las deliberaciones del Grupo Europeo de Ética y a sus opiniones es un aspecto importante de la evaluación general. 
Sin embargo, la Comisión es de la opinión de que este aspecto ya está contemplado debidamente en el Reglamento del Comité. 
La enmienda 32, por lo tanto, no es aceptable. 
Las enmiendas 5, 7, 10, 15, 16, 18, 20, 27, 30, 31, 34, 39, 41 hasta 44, 50 y 51 tampoco son aceptables porque introducirían incertidumbre jurídica y técnica o harían peligrar el equilibrio general alcanzado en la posición común. 
Para terminar, necesitamos urgentemente la Directiva 90/220 revisada. 
La directiva debe garantizar un alto grado de protección de la salud pública y del medio ambiente y, al mismo tiempo, permitir que la sociedad se beneficie de estas nuevas tecnologías. 
Para lograr un equilibrio justo entre estas dos consideraciones legítimas necesitamos un proceso transparente, un amplio diálogo y un fuerte liderazgo político. 
Todos deberemos asumir nuestras respectivas responsabilidades para alcanzar este fin, y sólo así podremos ganarnos la confianza de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, la votación de mañana es tan esencial que ruego a la Comisaria que realice aún dos aclaraciones para que mañana sepamos sobre qué votamos. 
Señora Comisaria, primera pregunta: ¿la he comprendido bien? , ¿puede asegurar que prevé una responsabilidad medioambiental con una obligación de seguro, sí o no? 
Le ruego que responda sí o no. 
¿O es cierto que usted solamente apoya una responsabilidad tal como se refleja en el Libro Blanco, es decir, sólo para los territorios de Natura 2000, es decir, sin obligación de seguro? 
Hablando claro, esto significa que si se produce un daño y no se puede pedir responsabilidades al causante, lo paga la generalidad, el contribuyente. 
¿Puede garantizar al Parlamento con toda claridad- quisiera escuchar un sí o un no- que en una directiva horizontal va a existir una obligación de seguro? 
Segundo punto: lamentablemente, usted no se ha referido a la enmienda nº 42. 
¿Puede confirmar que no existe ninguna legislación de la UE para los organismos modificados genéticamente en el contained use? 
Usted sabe que la contained use directive la excluye y, al mismo tiempo, en el apartado 4 del artículo 2 de la posición común no se prevé ninguna regulación para los organismos modificados genéticamente. 
Existe pues una laguna legal y creo que es muy importante para la votación de mañana. 
Quizás sólo una observación: el transgenetic fish in contained use no se vería sería por ejemplo cubierto por ambas directivas. 
Le ruego que exponga con toda claridad su opinión. 
No reanudaré el debate. 
Daré la palabra a la Sra. Comisaria si quiere responder a estas dos cuestiones concretas, aunque pienso que la respuesta de la Sra. Comisaria ha sido muy clara y completa. 
. (EN) Señor Presidente, comenzaré por la segunda parte de la pregunta de la Sra. Breyer. 
Es cierto que no existe legislación comunitaria específica para el uso restringido de plantas y animales modificados genéticamente. 
No obstante, el apartado 4 del artículo 2 de la posición común obliga a los Estados miembros a garantizar que estos OMG son entregados a terceros únicamente si existen medidas estrictas de contención, de lo contrario es necesaria la notificación, de conformidad con la Parte C de la directiva. 
La enmienda 42 impediría cualquier intercambio de plantas y animales modificados genéticamente para fines de investigación, a condición de que su utilización sea restringida, hasta que entre en vigor la legislación comunitaria. 
Éste es el motivo por el que no podemos aceptar la enmienda 42. 
Como sabe, ya hemos publicado el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental. 
Está abierto a comentarios y opiniones y estamos dispuestos a debatirlo, porque quiero asegurarme de que este documento sobre responsabilidad ambiental cubre los OMG. 
Sus opiniones serán también bien recibidas. 
Tengo intención de garantizar que este documento cubre los OMG. 
Ya cubre la responsabilidad sobre los productos. 
El tema del seguro es uno de los puntos que deberemos analizar más detenidamente, y también deberemos recabar las opiniones de otras partes sobre los aspectos prácticos. 
El Libro Blanco es un primer paso, como saben. 
Deberá ser debatido detenidamente y volveré con una propuesta. 
Creo que será posible establecer un sistema en lo que respecta al seguro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Identificación, registro y etiquetado de la carne de bovino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0088/2000) del Sr. Papayannakis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 820/97 (COM (1999) 487- C5-0240/1999- 1999/0204 (COD) ). 
Señor Presidente, todos sabemos que la crisis que causó la encefalopatía espongiforme bovina, la crisis de las vacas locas, es un crimen que aún no ha encontrado su castigo, y dudo que lo encuentre algún día. 
Aparte de esta importante cuestión, nos ha legado también una crisis de las instituciones, una crisis del mercado, una caída de las ventas de los productos de la ganadería vacuna, una caída de los precios y una crisis de confianza de los consumidores, que es lo más importante. 
El reglamento sobre el que estamos debatiendo ha llegado tarde, muy tarde en mi opinión; pero aún así, viene para ayudarnos a dar respuestas, soluciones; a tomar alguna medida, restablecer la confianza de los consumidores al respecto. 
Señor Presidente, el pasado diciembre luchamos, en relación con este reglamento, para salvaguardar los derechos del Parlamento Europeo, seguramente se acuerda. 
Y también luchamos por acelerar, lo más posible, la aplicación de las normas que prevé este reglamento. 
Basándonos en este reglamento, muy pronto, en el año 2000, si todo discurre con normalidad, todo el ganado vacuno deberá, estar identificado y controlado hasta el matadero. 
La carne de vacuno producida llevará etiquetas que mencionarán el origen y el camino seguido por los animales de los que procede la carne. 
Señor Presidente, en el análisis de este reglamento, hemos intentado combinar muchas exigencias y puntos de vista. 
Hemos querido que las regulaciones que incluye el reglamento sean lo más simples posible, para que se puedan aplicar pronto, lo más pronto posible. 
No olvidemos, señor Presidente, que el sistema que vamos a aplicar es excepcionalmente complicado, excepcionalmente tecnológico y atañe, aproximadamente, a 100 millones de animales en toda la Unión Europea. 
Estamos hablando de algo excepcionalmente complicado: que el sistema sea aplicable y simple, comprensible para todos los consumidores, algo que nos interesa muchísimo, y sobre todo, que no haya excepciones ni ventanillas, como solemos decir, o sea, que no haya posibilidad de infringir el reglamento mediante formulaciones complicadas y excepciones y aplicaciones locales o específicas. 
Creo, señor Presidente, que lo hemos conseguido. 
Será posible aplicar el sistema, por lo menos tal como está intentando configurarlo el Parlamento con sus enmiendas, desde el 1 de septiembre del año 2000, e insistimos en esto porque también era una de las exigencias de todo el Parlamento que se fijaran de una vez fechas, plazos, y que empezáramos. 
Quiero simplemente insistir en dos enmiendas, en dos categorías de enmiendas, señor Presidente. Primero, el ponente, con todo respeto, solicita que tengamos pronto, en un año, un informe, una propuesta de la Comisión sobre la aplicación de este sistema también a los productos de la carne. 
Si queremos ser serios, debemos incluir la confianza del consumidor en los productos de la carne, que por otra parte, como ya sabemos, son muchísimos. 
Y segundo, señor Presidente, hay enmiendas relacionadas con el modo en que se va a dar permiso a las empresas o a quien sea, a comerciantes, etc. para aplicar la etiqueta, para identificar la carne. 
Las regulaciones que propone la Comisión son, en mi opinión, excepcionalmente elásticas. 
El interesado presenta una solicitud y, al cabo de algún tiempo, se aplica el sistema que quiera aplicar. 
Propongo que anulemos este sistema. 
Para identificar la carne, se deberá tener la aprobación expresa de las autoridades competentes. 
Parece un poco más pesado, pero ya tenemos un sistema pesado y, debe introducirse a todo trance la aprobación pública para identificar la carne; si no, me temo, señor Presidente, que el sistema se va a relajar, por no decir que degenerará y consiguientemente no logrará su primer objetivo, que es la confianza de los consumidores en el sistema. 
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Agricultura quiero referirme de nuevo brevemente a algunos aspectos importantes para nuestra comisión sobre este asunto. 
El objetivo más importante de la propuesta de la Comisión- lo que quiero subrayar de nuevo aquí expresamente- es la posibilidad de seguir el origen de la carne de vacuno o de los animales desde su nacimiento hasta su procesamiento y venta. 
Esta es una de las consecuencias de la crisis de la EEB y cuando ahora debatimos sobre qué indicaciones deben figurar en la etiqueta, debemos tener siempre presente el objetivo de esta propuesta, es decir, la posibilidad de seguir el origen de los animales. 
Nuestra exigencia al etiquetado es que debe ser practicable, sencillo, seguro, barato y fácil de controlar. 
La etiqueta debe ser comprensible para el consumidor, por lo que las indicaciones deben limitarse a un mínimo. 
El consumidor quiere informaciones pero no una novela. 
Por ello, indicaciones sobre el procedimiento de cría y, en su caso, sobre los antibióticos suministrados u otros estimulantes, tal como se exige en la enmienda nº 48, no tiene ningún sentido que figuren en el etiquetado. 
Las indicaciones que no caen bajo el etiquetado obligatorio y que son deseadas por los participantes en el mercado o que ya se encuentran en las etiquetas de los Estados miembros, deberían poderse realizar en el marco del etiquetado voluntario. 
Esto es aplicable en especial a la indicación de la región de la que proviene la carne. 
En lo que se refiere a la entrada en vigor del reglamento, apoyamos en principio el enfoque de la Comisión pues propone la introducción del etiquetado obligatorio en dos fases pero no estamos de acuerdo con el calendario proyectado ya que creemos que la fecha del 1-1-2003 es demasiado temprana. 
No podemos explicárselo tan sencillamente a los consumidores. 
En la Comisión de Agricultura llegamos a un compromiso para introducir la indicación obligatoria del origen, es decir, la fase 2, añadiendo la formulación "a más tardar el 1 de enero del 2002". 
La Comisión de Medio Ambiente ha tomado el 1 de septiembre del 2001 y creo que podemos apoyar esta fecha pues se trata solamente de una diferencia de cuatro meses. 
Pero rechazamos estrictamente que, en lugar del modelo de dos fases, se impongan como obligatorias con la entrada en vigor del reglamento, es decir, ya en septiembre del 2000, todas las indicaciones, inclusive la del lugar de nacimiento. 
Esto no tiene ningún sentido ya que en la mayoría de los Estados miembros no está aún listo el banco electrónico de datos, que supone la base para poder seguir el origen de los animales. 
Un sistema obligatorio de etiquetado para la carne de vacuno solamente podrá ser lo bueno que es el sistema de etiquetado de los animales y el registro de todos los movimientos. 
Señor Presidente, el etiquetado de la carne de vacuno tiene dos funciones bien diferenciadas. 
En primer lugar, determinar la procedencia en caso de incidentes relativos a la seguridad de los alimentos- como por ejemplo, el reciente brote de e-coli en Escocia- y, en segundo lugar, para informar a los consumidores sobre el origen de la carne en el punto de venta. 
No conviene confundir estas dos funciones. 
Para determinar la procedencia, debemos facilitar la máxima información a las autoridades siempre y cuando éstas la soliciten, pero el etiquetado para el consumidor debería ser simple, conciso e inequívoco. 
La necesidad de aportar información surgió a raíz de la crisis de la EEB. 
Los Estados miembros presentan niveles diferentes de incidencia de EEB, pero además existen variaciones en las medidas que se adoptan para erradicar la enfermedad y proteger la salud pública. 
A pesar de que el Reino Unido presenta la incidencia más alta de EEB, también dispone de las medidas de control más exhaustivas. 
Otros países, que hay que reconocer que tienen niveles más bajos declarados de EEB, siguen la política de sacrificar a manadas enteras, lo que entraña el riesgo de que no se denuncien todos los casos. 
Por consiguiente, las personas quieren saber de qué país procede su carne de vacuno. 
La referencia a las regiones no debería ser una alternativa a la indicación del país de origen, sino un añadido voluntario. 
Incluso regiones como Yorkshire, una región británica importante y, casualmente, la región que yo represento, no son conocidas por todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Desde una perspectiva de comercialización y promoción, se podrían utilizar zonas más pequeñas y municipios, además de razas regionales como la Aberdeen angus. 
La denominación de reconocido prestigio de carne de vacuno escocesa debería seguir utilizándose. 
Las pequeñas carnicerías tradicionales que venden carne de vacuno no envasada deberían estar autorizadas a exponer la información como medida alternativa al etiquetado de cada artículo. 
Muchos consumidores se sentirían confundidos si se les ofreciera información sobre el deshuesado o la maduración, que podrían confundir con las fechas de caducidad. 
Quisiera llamar la atención, en particular, sobre la enmienda 41, que intenta excluir a los agricultores del plan de ayudas comunitarias si no cumplen fielmente el reglamento. 
Ya me han expuesto casos relativos a los planes comunitarios en los que errores reales de agricultores, que no son burócratas profesionales, han derivado en sanciones que a menudo amenazan el futuro de una familia agrícola. 
No deberíamos seguir por ese camino. 
La aprobación de la lista de antibióticos y estimulantes que pueden administrarse podría dar lugar a un mercado de carne de vacuno de dos niveles. 
La protección de animales podría verse comprometida, porque los agricultores serían reacios a administrar un tratamiento terapéutico a los animales que lo necesiten. 
Tampoco debería incluirse ninguna referencia a los métodos de engorde. 
Espero que a través de la enmienda de este reglamento, el Parlamento pueda por una vez simplificarlo en vez de adornarlo, e intentar que el etiquetado de la carne de vacuno resulte más fácil para el consumidor, el carnicero y el ganadero. 
Señor Presidente, mi Grupo acoge con satisfacción el informe del Sr. Papayannakis a quien saluda por su perseverancia. 
Digo esto porque pertenece a un Grupo político pequeño- y a veces resulta difícil poder avanzar aquí y porque es originario de uno de los Estados miembros del Sur, que, en cierto modo, deberá hacer algunos sacrificios e introducir normativas para el establecimiento de un etiquetado eficaz y adecuado de la carne de vacuno en toda la Comunidad. 
Asimismo, ha debido hacer frente a la confusión y a los retrasos que se han producido en el Consejo. 
El hecho de que hayamos tenido que esperar dos años para que esta propuesta se hiciera realidad es un comentario poco favorable de la urgencia que este asunto merece al Consejo, a pesar de que la situación era realmente crítica desde la aparición de la crisis de EEB. 
No obstante, hoy no estamos aquí para hacer reproches, sino para mirar al futuro. 
Es nuestra oportunidad de enmendar este lamentable retraso del proceso. 
El Parlamento tiene la oportunidad, si está dispuesto a no dejarla escapar, de establecer un calendario realista para la aplicación en dos fases de un proceso integral de etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor hemos apoyado la mayoría de las enmiendas del ponente, entre otros, y hoy volvemos a hacerlo. 
Lo hacemos partiendo de la base de que la propuesta clave debe ser la cuestión del calendario. 
Algunas de las versiones del presente informe son contradictorias respecto a las fechas que establecen. 
Nos referimos a la aplicación de la primera fase en septiembre de 2000 y la segunda fase en septiembre de 2001. 
Me alegró oír decir al representante de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que estarían de acuerdo con el adelanto de cuatro meses, lo que significaría que la presentación se haría a partir de enero 2002. 
Lo consideramos necesario porque ahora deberíamos comenzar a movilizar a toda la Unión Europea. 
Es el motivo por el que queremos que la segunda fase, según establece el apartado 5 del artículo 13, sea definida y que sea un adelanto acorde. 
Aquí hay algunos- desde luego aquéllos procedentes de determinados Estados miembros que ya cuentan con medios muy eficaces para determinar el origen y realizar el etiquetado- a los que les gustaría realizar todo el proceso de una vez. 
Podrían decir a los otros: mirad, no podéis hacerlo, estáis equivocados. 
Nuestra misión es aunar a los 15 Estados miembros, de manera que el proceso de rastreabilidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el nacimiento del animal hasta su sacrificio y comercialización, se aplicaría universalmente en toda la Unión Europea. 
A aquellos que se resisten a esto les decimos que, por favor, recuerden que es necesaria la participación de todos. 
Lo que todo el mundo quiere- ya sean agricultores, ciudadanos o consumidores del Reino Unido o de cualquier otra parte de la Unión- es tener la sensación de que pueden confiar por igual, con independencia del lugar en que se encuentren, en lo que respecta a la seguridad del producto que están consumiendo. 
Hemos eliminado el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 13 y todas las demás enmiendas que siguen la misma pauta de autorizar orígenes mezclados poco precisos o la indicación de "Origen: CE". 
Algún día, "Origen: CE" puede ser garantía suficiente, pero no lo es en estos momentos. 
Debemos saber de qué Estado proviene el producto. 
Sé que hay personas en los Países Bajos que discrepan con esto y me gustaría saber por qué. 
No puedo comprender que "Origen: CE" baste actualmente como etiquetado, y nos oponemos a esa propuesta. 
También nos oponemos a las exenciones para la carne picada, que podría afectar a algo así como el 30% de los productos de carne de vacuno, y que deben estar abiertos al etiquetado. 
La carne picada corre el mismo peligro, sino mayor, que cualquier otra forma de carne, ya que es frecuente que provenga de orígenes diferentes. 
En mi país hemos tenido casos de carne picada de vacuno y de cordero mezcladas con otros tipos de carne. 
En este caso la rastreabilidad y el etiquetado son tan necesarios como en cualquier otro. 
Estamos de acuerdo con la intención del ponente de endurecer y acelerar las disposiciones relativas al cumplimiento en las enmiendas 42 y 43. 
También estamos de acuerdo con que se debería y se puede proporcionar información a aquellos Estados miembros que la necesiten y en el caso de aquellas regiones especiales que tengan algún dato importante que comunicar. 
Mi última observación es para terminar con el mismo tema con que empecé. 
Mi país, señor Presidente, y el suyo- si puedo llamar también mi país a Escocia, como sin duda me gustaría- ha sufrido los horrores de la EEB. 
Sabemos que buena parte de la culpa es nuestra. 
Nos incumbía adoptar medidas especiales que tuvieran como resultado la seguridad alimentaria. 
Después de nuestros años de esfuerzos para conseguirlo, ahora podemos decir con razón a toda la Comunidad que aquello que queremos para nosotros, lo queremos también para todos los demás. 
Señor Presidente, señor ponente, diputados, es importante recuperar la confianza del mercado. 
Sin embargo, aún más importante es recuperar la confianza de los ciudadanos en los alimentos que compran y consumen; en realidad, quizás es así como se fortalece el mercado. 
El factor primordial es poder seguir con seguridad la pista de lo que comemos. 
La enmienda 29 es muy importante para los productores, tal vez, especialmente, para los pequeños productores en regiones difíciles. 
Esta propuesta da derecho a aumentar la información contenida en la etiqueta, más allá del señalamiento del país. 
Hay libertad para señalar, por ejemplo, que la carne proviene de una región específica, que se trata de una raza especial o que se han utilizado métodos de engorde especiales. 
No obstante, no se legislará sobre esta materia, sino que se darán seguridades de que estará prohibido mentir. 
Me satisface mucho la acotación de Whitehead sobre la carne picada. 
Doy mi pleno respaldo a la propuesta 30 del ponente. 
Para mí, lo más importante en este asunto es que no se hagan excepciones para la comida barata. 
Quienes formamos parte de esta Asamblea, la mayoría con buena situación económica y de mediana edad, sabemos muy bien que son las familias con hijos y los jóvenes quienes compran y comen la comida más barata: salchichas y hamburguesas. 
En todos los sistemas sociales y en todos los tiempos los grupos más sensibles han tenido el poder adquisitivo más bajo. 
Nuestra obligación moral es, ante todo, velar por la seguridad de la comida barata antes de asegurar el solomillo de buey. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento Europeo ha demostrado en esta cuestión una gran previsión y quiero felicitar a los dos ponentes de la Comisión de Medio Ambiente y de Agricultura por su trabajo. 
Lo han realizado con la consecuencia que el Parlamento Europeo ha mostrado en esta cuestión. 
Quiero recordar de nuevo la historia: en realidad, el etiquetado obligatorio existe ya desde hace mucho tiempo pues el 1 de enero del 2000 entró en vigor el Reglamento 820/97. 
El aplazamiento que se realizó no es legal. 
Por ello, el Parlamento Europeo demanda al Consejo pues este aplazamiento quedaba fuera de sus competencias. 
La Comisión tampoco se ha cubierto de gloria en este asunto. 
Ha realizado la propuesta de este procedimiento, aparentemente elegante pero jurídicamente cuestionable. 
Si no ocurre nada, este etiquetado obligatorio entrará en vigor el 1 de septiembre del 2000. 
Por ello, es urgentemente necesario aconsejar a la Comisión que apruebe las propuestas del Parlamento Europeo en este procedimiento de codecisión hasta el 1 de septiembre. 
Con nuestra demanda hemos intentado impedir- y espero que lo logremos- que el 1 de septiembre se intente de nuevo con una elegancia similar imponer otro aplazamiento. 
Si hasta el 1 de septiembre no nos podemos poner de acuerdo sobre las propuestas del Parlamento, entonces entrará en vigor el antiguo reglamento y entonces tendremos lo obligatorio. 
Por ello, espero que apruebe las razonables propuestas del Parlamento y que abandone su proyecto de aplazarlo de nuevo hasta el año 2003. 
Esto no se le puede aclarar a los ciudadanos y choca también en este Parlamento con una decidida resistencia. 
Señor Presidente, Señorías, las consumidoras y consumidores obtienen si así lo desean una segura información sobre el origen de una gran parte, subrayo, una gran parte de los alimentos y de la carne de vacuno producida, con toda su complejidad. 
La base ha sido y sigue siendo el carnet de identificación de cada animal, la información sobre el lugar, origen y nacimiento. 
Con ayuda de amplios controles, un gran número de datos en el comercio con animales, se pueden certificar el origen y la cría. 
Con ello, quiero decir que no comenzamos de cero y como productor de algunas toneladas de carne de vacuno al año sé de lo que hablo. 
La última crisis en el sector de los alimentos puede justificar la introducción de medidas estrictas, tal como contempla el informe; pero allí donde sea posible se debe, sin embargo, aliviar la burocracia. 
Con independencia del momento de la introducción, apoyo todas las enmiendas que apuestan por un fomento más intenso de la comercialización regional y el procesamiento de productos agrícolas y la ampliación de los mercados regionales para que exista de este modo una mayor transparencia. 
Señor Presidente, los primeros sorprendidos por el debate de esta noche deben ser los consumidores europeos. 
Quedarán extrañados al saber que muchos años después del inicio de la crisis de las "vacas locas" la Unión Europea aún no dispone de un sistema de rastreabilidad fiable de la carne de vacuno. 
Sin embargo, era necesario y urgente restablecer la confianza del consumidor garantizándole una rastreabilidad sin fallos, desde el establo hasta la mesa, con el fin de que cualquier riesgo potencial para la salud humana pudiera verse descartado de forma precoz y eficaz. 
Esta extraordinaria lentitud en la reacción del aparato comunitario se ha visto afortunadamente compensada por las iniciativas pertinentes de los Estados miembros más emprendedores. 
No hay nada más lamentable que el hecho de que esta posibilidad se la haya retirado el Tratado de Amsterdam. 
Pienso sobre todo en el sistema de etiquetado obligatorio elaborado en Francia con los ganaderos y distribuidores y en vigor desde 1996. 
Este sistema ha demostrado ser muy eficaz y ha permitido recuperar la confianza de los consumidores. 
Para preservar esta confianza recuperada, Francia ha deseado legítimamente que no se levante de forma prematura el embargo de vacuno británico, que no ofrecía las mismas garantías de rastreabilidad. 
Había olvidado simplemente que ya no tenía derecho. 
Curiosa Europa ésta, que penaliza a los Estados miembros que adoptan las iniciativas necesarias y realizan los esfuerzos indispensables para motivar la confianza de los consumidores y preservar la salud de los ciudadanos. 
Si ya no se puede actuar legalmente más que en el plano comunitario, al menos hemos de actuar con rapidez y no rechazar indefinidamente la aplicación de los compromisos adoptados en 1997 con el fin de poner a disposición del consumidor una información transparente y comprensible. 
Conviene por tanto aplicar lo más rápidamente posible el etiquetado obligatorio desde el origen y sin duda, no aplazarlo hasta el 1 de enero del 2003 como propone la Comisión. 
No se debe aprobar ningún supuesto de excepción como propone aún la Comisión, para la carne picada y la carne despiezada, lo que sería como quitar entre el 30 y el 50 % de carne de vacuno según los países con obligación de etiquetado. 
No se debe aceptar tampoco, como sigue proponiendo la Comisión, una denominación genérica del tipo CE, demasiado general. 
Los consumidores desean estar seguros de la capacidad de los operadores para controlar el origen de las carnes. 
Por tanto la mención de los Estados miembros ha de figurar. 
En cuanto a la carne de vacuno importada de países terceros, ha de someterse a las mismas reglas de etiquetado que la carne comunitaria y si no se adapta a los reglamentos de la Unión Europea sobre la rastreabilidad, ha de figurar, por supuesto, de forma muy clara. 
Éste es el sentido, señor Presidente, de las enmiendas que he presentado con la señora Thomas-Moreau, en nombre del Grupo UEN, y que proponemos a todos nuestros colegas preocupados por contribuir a la aplicación de una verdadera rastreabilidad de la carne de vacuno. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, catorce años después de la aparición de la EEB por fin tratamos el etiquetado de las carnes para proteger a los consumidores y garantizar la rastreabilidad. 
Se trata de una protección tardía sin duda en el principio, pero sobre todo ilusoria en la práctica. 
En primer lugar, en el proyecto de reglamento, el 50% de la carne europea picada o despiezada, no tiene obligación de etiquetado. 
Para el 50% restante no hay obligación de etiquetado hasta 2003, lo que hace que tengamos tres años para dar salida a los excesos británicos. 
Y, después de 2003, la indicación de origen puede limitarse simplemente a la mención "origen CE" sin la indicación del país. 
Por otra parte, para disimular aún más el prión, se sobrecarga la etiqueta mencionando el lugar de nacimiento, de engorde, de sacrificio, de deshuesado, el Estado de origen, la región de origen, la explotación de origen, ello lleva a doce menciones, más el precio, más el peso, lo que lleva a catorce menciones. 
Eso es ilegible. 
El señor Papayannakis mejora el dispositivo, el plazo de etiquetado obligatorio se adelanta de 2003 a 2001, en lugar del 2000, se aligera la etiqueta, se mantienen los etiquetados nacionales obligatorios de Francia, de Bélgica, de Finlandia. 
Se votarán las enmiendas. 
Pero cualquiera puede ver, perdóneme, señor Comisario, la mala voluntad de la Comisión. 
La solución del etiquetado es una falsa buena idea. 
La etiqueta no protege ni de los OGM, ni del chocolate con grasa vegetal o mañana con grasas OGM, ni de las carnes con hormonas americanas más tarde, ni de la carne al prión. 
La única protección eficaz sería el control, que exige unos Estados y unas fronteras. 
Pero se han suprimido las fronteras y este es el precio que tenemos que pagar por Europa. 
Tenemos la libertad para circular al precio de la inseguridad. 
Espero que mañana, Señorías, no se sancione a nadie. 
Antes había que soportar los latigazos de vergajo de toro, ahora la sanción podría directamente ser a golpe de filete británico. 
Señor Presidente, quiero hacer constar en Acta esta noche que los agricultores de Irlanda del Norte están sumamente enojados con el Gobierno del Reino Unido porque éste no ha solicitado financiación comunitaria para ayudar a fomentar el etiquetado de la carne de vacuno. 
Otros Estados han aceptado esas ayudas por un importe del orden de 4 millones de libras- en la República Irlandesa ha sido del orden de 100.000 libras -, sin embargo la vergonzosa actitud del Gobierno de Londres ha sido mantener esos fondos fuera del alcance de los agricultores británicos. 
También quiero decir que el lugar de origen mencionado en cualquier sistema de etiquetado debería ser el lugar de origen real, porque la idea de declarar el lugar donde se transforma la carne como el de origen no es aceptable. 
Es una cuestión fundamental que hay que dejar perfectamente clara en cualquier normativa que aprobemos. 
Cualquier política de etiquetado debe ser precisa y fiable tanto para los productores como para los consumidores. 
Cualquiera que sea la política de esta Unión con respecto a una economía de mercado abierta, aquellas personas que quieran comprar carne producida en casa deben tener derecho a saber que ha sido producida en casa. 
Los agricultores merecen que se les garantice eso, y los consumidores también. 
Señor Presidente, con el debate sobre el etiquetado de la carne de bovino hemos llegado a un punto en el que es fundamental que se restablezca la confianza de los productos y de los consumidores. 
Aunque el informe se centre en la rastreabilidad de la carne de bovino, en la definición exacta del origen de la misma, resulta imposible desligar ese tema de la confianza del consumidor, puesto que éste quiere disponer de dicha información. 
Es llamativo que, por eso mismo, este Parlamento también defienda la posibilidad de introducir un etiquetado nacional con carácter vinculante, a diferencia de la Comisión que subraya la importancia de la etiqueta "procedente de la UE". 
Estoy convencido de que llegará el día en que podamos volver a enorgullecernos de las etiquetas que mencionen "producido en la UE" y en que dispongamos en la Unión Europea de una agencia para la seguridad de los alimentos cuyo mandato le permita imponerse a los Estados miembros e intervenir cada vez que se produzcan problemas. 
Si esto se convierte en nuestro objetivo final, llegaremos adónde hemos de llegar. 
Sin embargo, hasta entonces debemos ser capaces de garantizar una rastreabilidad absoluta, debemos ser capaces de facilitar la debida información al consumidor, y hasta entonces tendremos que apañarnos con lo que tenemos. 
Es preciso insistir en que uno de los recursos disponibles consiste en la utilización de una etiqueta que mencione el nombre del Estado miembro. Es un elemento positivo, puesto que constituye un primer paso hacia el restablecimiento de la confianza en el productor, sobre todo en una época en la que la seguridad de los alimentos alcanza un nivel elevado. 
Es algo que necesitamos, así que no nos queda más remedio. 
Asimismo considero positivo que se indique que pueda llegar un momento en que se restablezca la confianza. 
En ese sentido debo decir que mi delegación y determinados sectores de mi Grupo respaldan la enmienda 61 de los Sres. Maaten y De Roo, en la que se señala en qué momentos se puede restablecer la confianza en el ámbito del control sobre la EEB y otros asuntos y en qué momentos se puede aplicar una etiqueta UE. 
Lo veo como una fase transitoria que ha de conducir al único objetivo válido: el restablecimiento de la confianza. Debemos luchar por una etiqueta UE y una agencia para la seguridad de los alimentos que inspiren confianza, porque, al fin y al cabo, estos dos debates están vinculados. 
Señor Presidente, señor Comisario, la seguridad alimentaria suscita el interés de los ciudadanos quizás más que ningún otro asunto, y por ello es bueno que también sea objeto de debate entre nosotros aquí, en el Parlamento Europeo. 
Pero lo más importante no es que esta cuestión sea sólo objeto de interés, sino que hagamos también algo al respecto. 
Aquí ya se ha aplaudido el trabajo realizado por el Sr. Papayannakis. 
Me sumo a estas felicitaciones; este trabajo es un buen punto de partida para una mejor protección del consumidor en toda Europa. 
Y es que tenemos muchos ejemplos de que los consumidores no han sido siempre el criterio prioritario en la producción de alimentos. 
El mercado interior y la libre circulación de mercancías conceden a los ciudadanos mayor libertad de elección y proporcionan a los productores mejores mercados. 
Cuando se trata de los alimentos, urge aún más garantizar que la libertad sea delimitada a través de la responsabilidad y que se proteja a los consumidores; los consumidores tienen derecho a saber qué tipo de alimentos están ingiriendo. 
En este sentido, es muy importante que las carnes y sus derivados se incluyan entre aquellos productos cuya procedencia debe conocer el consumidor. 
Muchos oradores ya han indicado aquí que no basta la etiqueta con el distintivo CE, sino que deben aparecer datos más precisos. 
Es absolutamente necesario saber el país de donde proceden los productos. 
Además, no sólo debe especificarse la procedencia de las carnes, sino que también hay que reseñar lo mejor posible la procedencia de las materias primas utilizadas en la elaboración de productos derivados de la carne. 
También debe establecerse lo antes posible la obligatoriedad de este etiquetado. 
El calendario que propone la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no supone una exigencia exagerada. 
Los Estados miembros ya habrían tenido que prepararse al respecto. 
Señor Presidente, este régimen no puede ser postergado más tiempo, y respaldo plenamente el endurecimiento del calendario planteado por el Parlamento en las enmiendas a la propuesta de la Comisión. 
Los consumidores tienen derecho a ser informados de dónde ha nacido, se ha criado y ha sido sacrificado el animal y el ganado debe estar identificado y registrado, de modo que su origen esté garantizado. 
La Comisión debe apretar las tuercas, mucho más de lo que hemos visto hasta ahora, a los países que no han creado bases de datos para que estos países sean plenamente operativos. 
Este asunto es también una cuestión de credibilidad con respecto a la implantación de decisiones comunes en todos los países miembros. 
Debe mostrarse la necesaria firmeza y no permitirse excepciones al ganado que pasta en las montañas. 
¿Cuál es además la diferencia entre el ganado que pasta en las montañas y el ganado que pasta en el valle o el prado, donde el registro es obligatorio? 
Soy partidario de que la carne de vacuno se marque con el país o los países de los que proviene la carne y me opongo rotundamente a la adopción de una marca comunitaria común, en la que los consumidores no puedan ver de qué país se trata. 
El objeto de este reglamento ha de ser alcanzar una situación en la que los consumidores tengan confianza en la carne de todos los países comunitarios. 
Hasta que esto se haga realidad, los consumidores tienen derecho a saber de forma precisa de qué país viene la carne. 
He presentado una enmienda para que el número de autorización del matadero no conste en la etiqueta. 
Con mi propuesta quería garantizar que los pequeños y medianos mataderos puedan seguir suministrando carne para el despiece. 
Este número de autorización no proporciona al consumidor ninguna información útil y no tiene consecuencias para el rastro del origen. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a todos los que han contribuido constructivamente a elaborar este informe. 
El sistema obligatorio para el etiquetado del ganado vacuno que va a entrar pronto en vigor es condición previa para un etiquetado razonable de la carne de vacuno. 
Como agricultora es para mí muy importante que todos los consumidores puedan seguir el hilo para saber de dónde proviene su filete. 
Cualquier agricultor está orgulloso de su producción de calidad, por lo que radica en interés de los agricultores que todo el mundo sepa a quien tiene que agradecer el elevado nivel de seguridad y salubridad de sus alimentos. 
Para hacer justicia a su objetivo, un sistema de este tipo debe ser factible. 
También hay que tener en cuenta el modo con que se practica. 
Las grandes diferencias topográficas de nuestra Europa exigen de nuestros agricultores unos modos de trabajo y métodos de producción totalmente diferentes. 
Por ejemplo, quiero llamar la atención sobre la especial situación de las explotaciones de los pastos en las regiones alpinas. 
Ustedes saben que todos los años en primavera se llevan en total 400.000 vacas a los pastos alpinos en Italia, Austria y Alemania quedándose allí en el verano durante unos tres meses. 
Para no obligar a los agricultores a realizar una innecesaria actividad administrativa adicional, se deben tener en cuenta las listas empleadas de los animales llevados a esos pastos y que tienen en cuenta esta situación. 
Como he dicho, en cualquier caso se tiene que garantizar la posibilidad de seguir el origen de los animales, pero una regulación debe adaptarse a las circunstancias reales y locales para no provocar sólo rechazo como si se tratase de trabas de la UE ajenas a los ciudadanos sino lograr aceptación entre la población. 
Espero por ello que la enmienda nº 19 al segundo guión, apartado 1 del artículo 7 obtenga la aprobación de toda la Asamblea. 
Ya ha obtenido la aprobación en la Comisión de Medio Ambiente y en la de Agricultura. 
Señor Presidente, el debate sobre el etiquetado de la carne de bovino tiene una cierta carga emocional. 
Una pregunta importante es si la etiqueta "Procedencia UE" debe admitirse como posibilidad complementaria. 
La Comisión opina que sí. Muchos miembros de este Parlamento consideran que la mención del país de origen debe ser obligatoria. 
Las crisis alimenticias constituyen el telón de fondo. 
Estoy plenamente de acuerdo con que se impone la necesidad de poder rastrear íntegramente la trayectoria de la carne de bovino y de hacerlo cuanto antes. 
Reconozco asimismo que el interés de los consumidores por la información acerca del país o la región de origen de sus alimentos va en aumento. 
En muchos casos se trata de una cuestión de gustos. 
Además, comparto la opinión de que la etiqueta "Procedencia UE" puede conducir a abusos por parte de países que no ofrecen suficientes garantías en materia de seguridad alimenticia. 
Sin embargo, no soy partidaria de suprimir la posibilidad de incluir "Procedencia UE" en la etiqueta. 
Propongo que optemos por un planteamiento distinto. 
Debemos supeditar la utilización de la etiqueta "Procedencia UE" a una serie de condiciones. 
Una de ellas debería ser por ejemplo la total implantación y respeto del sistema de identificación y registro. 
Obviamente, hay otras maneras para imponer el cumplimiento de dicho sistema, pero este método es mucho más directo. 
El Parlamento debe preocuparse de que las directivas que elabora se cumplan. 
Además, este planteamiento tiene la ventaja de que la etiqueta "Procedencia UE" se convertirá en algo positivo. 
En lugar de encubrir a los países que no ofrecen suficientes garantías en materia de seguridad alimenticia la etiqueta "Procedencia UE" pasaría a ser una garantía de calidad. 
Y si, a pesar de todo, el productor prefiere mencionar el país de origen, siempre puede hacerlo. 
Hay otra serie de argumentos complementarios a favor del etiquetado "Procedencia UE". 
Así, por ejemplo, la industria cárnica y el comercio minorista advierten de los problemas prácticos y las trabas administrativas inherentes a una información demasiado pormenorizada. 
No me detendré en este tema porque no lo considero muy importante. 
Sí quisiera llamar su atención sobre una cuestión de principio. 
El mercado interior es un bien muy valioso. Se fundamenta en el mutuo reconocimiento. 
El mutuo reconocimiento requiere confianza y la confianza requiere el establecimiento de una normativa común, especialmente en el caso de la seguridad de los alimentos. 
Impedir el etiquetado "Procedencia UE" equivale a conformarse con una cierta renacionalización del mercado interior. Significaría que tenemos más confianza en unos países que en otros, lo cual sería señal de que creemos más bien poco en nuestra propia política en materia de seguridad alimenticia. 
Para mí es una opción inaceptable. 
Todos los Estados miembros de la UE deben ofrecer garantías con respecto a la carne que producen. 
En ese caso, "Procedencia UE" implica calidad y, por tanto, soy partidaria de que se respalden las enmiendas 60 y 61. 
Señor Presidente, señor Comisario, a mi juicio, no se trata únicamente de una cuestión de confianza en la seguridad alimentaria del presente, sino que también es muy importante que miremos, en particular, hacia el futuro inmediato. 
Estamos obligados a poner orden en nuestra casa, en nuestro propio territorio. 
La UE está ampliándose hacia el Este, y todos nosotros sabemos el potencial y el volumen que existen allí, por ejemplo, en cuanto a la producción de carne de bovino y de otros tipos de carne. 
Esto también puede ser un mensaje encaminado a que ellos también empiecen ya a poner en orden sus propios asuntos de tal forma que puedan adaptarse al modelo que nosotros tenemos. 
Y si nosotros no tenemos listo ese modelo, ¿cómo podremos exigírselo a los que van a integrarse más tarde? 
Por esta razón, el etiquetado debe ser muy simple, indicando el país de origen y, si se quiere, la región de producción. 
Pero lo que es muy importante para nosotros, de cara a tener en cuenta la confianza de los consumidores en la seguridad de los alimentos también en el futuro, es que se haga mención del país de origen del producto. 
Señor Presidente, señor Comisario, el sector de la carne de vacuno ha firmado un contrato con la opinión pública. 
Este contrato tiene como base la transparencia que reclama el consumidor, y diría incluso que exige el ciudadano. 
Esta transparencia se aplica hoy, en el caso de la carne de vacuno, en dos ámbitos sin duda diferentes, pero indisociables: la EEB y el etiquetado. 
Francia está reforzando sus medidas de precaución relativas a los materiales de riesgo especificados y poniendo en práctica un protocolo de gran extensión con el fin de evaluar las pruebas de la EEB en el ganado vacuno. 
Mañana, la Unión Europea se dispone a definir un programa de pruebas para todos los países miembros. 
En ese contexto, los consumidores no comprenderían que en materia de etiquetado pudiéramos ir con retraso. 
Por ello, tengo mucho interés en que los operadores de este sector no se encuentren frente a un vacío jurídico que llevaría a la opinión pública a plantearse legítimamente la cuestión de saber si se desea realmente una mayor transparencia. 
Cómo podría explicarse además que a nivel de la Unión Europea hayamos llegado a un acuerdo sobre el chocolate mientras que en un ámbito tan sensible e importante como el de la carne de vacuno no consigamos respetar los plazos que nos habíamos fijado. 
No nos equivoquemos de debate. 
Estoy convencido de que el tema del etiquetado de la carne de vacuno no representa un simple desafío técnico. 
Quisiera recordar que, si el etiquetado tiene para el consumidor una importancia tan grande, es porque se trata de una garantía para ellos de un refuerzo de la rastreabilidad del producto, de la responsabilización de todos los profesionales del sector y de los poderes públicos europeos y nacionales y también de la mejora de los sistemas de control. 
Finalmente, se trata de un derecho a la información lo que reclaman nuestros conciudadanos. 
Este derecho a la información es la contrapartida natural al desarrollo de los intercambios y al correcto ejercicio de la competencia. 
El etiquetado permite, por la transparencia que vehicula, mejorar la libre circulación de la carne de vacuno tranquilizando a los consumidores y garantizándoles la libertad de elegir con conocimiento de causa. 
En el sector de la carne de vacuno, la mejora de la información al consumidor mediante el etiquetado es para Europa una señal importante en relación a sus socios comerciales: Muestra su voluntad por encima de la seguridad sanitaria de los productos, de preservar la libre elección del consumidor. 
Señor Presidente, coincido con los numerosos oradores anteriores en que en este momento lo más importante es que se establezca un sistema que permita la rastreabilidad en todas las fases de la producción. 
Afortunadamente, el control integrado de la cadena alimenticia ya se ha implantado en muchos países. 
A mi modo de ver, ello no depende de las fronteras nacionales. 
Siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones- y en este sentido quisiera sumarme a quienes han aludido a las enmiendas 60 y 61 referidas al control de la EEB- considero que basta la mención "Procedencia UE". 
Evidentemente, esto no implica que el resto de la información no se pueda incluir de forma voluntaria en la etiqueta. 
Puede mencionarse de qué país, región, ciudad, pueblo, etc., procede la carne. 
Dejemos que el consumidor decida lo que quiere comprar, pero que no sea una obligación impuesta por parte de la UE. 
De lo contrario, optaríamos en cierto sentido por una renacionalización del mercado interior en Europa y, por tanto, daríamos un paso atrás. 
Señor Presidente, me siento muy decepcionada por el retraso, aunque ahora estoy encantada porque tendremos un etiquetado claro obligatorio. 
Espero que esto restablezca la confianza de los consumidores en la carne de vacuno, especialmente tras la crisis de EEB. 
Me gustaría que en la etiqueta apareciera no sólo el país, sino también la región de origen. 
Represento a West Midlands, región que tiene una de las mejores carnes de vacuno del mundo; la carne de vacuno de denominación Herefordshire y Shropshire. 
Rechazo rotundamente la idea de que en la etiqueta aparezca "UE" y no el país y la región de origen. 
También me preocupan algunos de los términos que podrían incluirse en la etiqueta. 
Uno de ellos es "sacrificada". 
Eso no favorecerá la confianza del consumidor e incluso podría disuadir a algunos consumidores si llegan a ver dónde fue "sacrificado" el animal. 
Desearía que encontráramos un término distinto para esto. 
En términos generales, estoy encantada de que por fin tendremos un etiquetado claro y, como decía, quiero que en él aparezcan el país y la región de origen. 
Señor Presidente, para comenzar quiero decir que acojo con satisfacción el informe. 
Hace mucho tiempo que necesitamos un sistema de identificación a escala de la Unión Europea para el ganado. 
El sistema es sin duda muy necesario, aunque sólo sea para establecer igualdad de condiciones dentro de la Unión Europea y para garantizar que todos los países alcanzan los mismos niveles. 
Quisiera llamar a la precaución. 
Provengo de una zona en Irlanda del Norte que cuenta con una trayectoria de identificación y rastreabilidad tan buena como puede ser cualquiera. 
Ningún sistema es perfecto al cien por cien, o sea que no pensemos que vamos a conseguirlo. 
Nunca faltará quien se aproveche del sistema. 
Así ha sido durante siglos; y seguirá siéndolo. 
Sólo podemos intentar desarrollar el mejor sistema posible de rastreabilidad. 
Hay varias cuestiones que me preocupan. 
La primera es: ¿quién paga? 
El problema hasta ahora ha sido, según mi experiencia en Irlanda del Norte, que el consumidor ha soportado la mayor parte del coste de las medidas adicionales para la rastreabilidad, y el coste ha sido sustancial. 
El coste no lo ha soportado el minorista. 
El consumidor quizá acceda a pagar, pero el minorista no. 
Desde esta perspectiva resulta caro para esas personas. 
Tengo otra pregunta a la Comisión. 
¿Es prudente volver a nacionalizar el mercado de la carne de vacuno? 
O incluso "regionalizarlo" dentro de cada país. 
Cuestiono seriamente esa opinión. 
Hemos luchado durante años en la Unión Europea hasta alcanzar el mercado único y ahora volvemos a nacionalizar dicho mercado. 
Insto a la Comisión esta noche a que responda a esta pregunta. 
No miremos a corto plazo, miremos a largo plazo, porque el largo plazo es el reto; no cinco años, sino diez, quince años a partir de ahora. 
¿Cuál será la situación del mercado de la carne de vacuno? 
Como decía, en Irlanda del Norte tenemos plena rastreabilidad y nuestras medidas van más allá de las normativas. 
Debo decir a la Comisión, y a los productores de otros Estados miembros, que mis productores no han visto hasta ahora ningún beneficio económico de lo que han debido padecer. 
la propuesta, como ha dicho el Sr. Goodwill, tiene dos objetivos importantes. 
Primero, garantizar la rastreabilidad de la carne de vacuno, segundo permitir a los consumidores que hagan su elección tras haber sido plenamente informados. 
Lamentablemente, aunque los dos objetivos son compatibles, existe una cierta tensión entre ambos en lo que respecta a los detalles del reglamento. 
Esto queda especialmente patente en lo relativo al artículo 13 y al apartado 2 del artículo 13, que afecta principalmente al primer objetivo, y al apartado 5 del artículo 13, que afecta al segundo. 
Por consiguiente, las enmiendas 26 y 28 al apartado 5 del artículo 13 me han parecido bastante confusas; una pedía más y la otra pedía menos información detallada para los consumidores. 
Por esta razón, cualquiera que sea la forma que tome definitivamente el artículo 13, considero que las enmiendas 15 y 29 son de primer orden. 
La enmienda 29, en particular, permitirá a algunas zonas de la UE que, con razón, se sienten orgullosas de la calidad de su producto, identificarlo como tal. 
En lo que respecta a mi circunscripción, naturalmente, la carne de vacuno Aberdeen angus goza de un justo reconocimiento en todo el mundo, pero estoy seguro de que eso mismo es cierto en el caso de otras regiones del Reino Unido y de otros Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Papayannakis, y al Sr. Kindermann, ponente para opinión de la Comisión de Agricultura, por sus constructivas aportaciones a los debates sobre el proyecto de reglamento en cuestión. 
Se han formulado toda una serie de enmiendas sobre la propuesta de la Comisión, de las cuales la Comisión de Medio Ambiente, Salud pública y Política del Consumidor aceptó 44 el día 2 de marzo. 
Después se presentaron otras 18 para este Pleno. 
Voy a comenzar con la opinión de la Comisión respecto a las 44 primeras enmiendas. 
La Comisión puede aceptar 18. 
Aquí incluyo las que han sido aceptadas total o parcialmente así como aquellas sobre las que propongo ligeras modificaciones del tenor literal. 
En otras 12 veo perfectamente de qué se trata para sus Señorías pero la Comisión no puede aceptarlas. 
Sin embargo, voy a ocuparme de que el Consejo sea informado de su opinión. 
Esto se refiere a enmiendas como, por ejemplo, la nº 20. 
Algunas enmiendas que la Comisión puede aceptar, como las enmiendas nº 2, 3, 4, 18 19 primera parte, 21, 33, 35 y 43 se refieren a precisiones del tenor literal. 
Asimismo acepto la enmienda nº 19 segunda parte, que prevé una simplificación para aquellas vacas que durante los meses de verano son llevadas a los pastos alpinos. 
Asimismo se pueden aceptar las mejoras que tratan de la determinación del concepto de etiquetado. 
Lo mismo es aplicable para los datos que deben figurar en la etiqueta y a la interpretación del concepto origen. 
Por ello, estoy dispuesto a aceptar las enmiendas nº 22 y 23 en lo que se refieren al etiquetado así como aquellas partes de las enmiendas nº 25, 26 y 28, según las cuales se debe renunciar a la indicación de la correspondiente región. 
Como todos tenemos interés en la introducción más rápida posible del sistema de etiquetado saludo mucho la enmienda nº 39, con la que se acorta el plazo impuesto a los Estados miembros para nombrar a las autoridades competentes. 
Finalmente, la enmienda nº 44, según la cual el reglamento debe entrar en vigor el 1 de septiembre del 2000, apunta exactamente en la misma dirección. 
También me parece una buena idea el nuevo considerando que se propone en la enmienda nº 6, por el que los Estados miembros debe adoptar las medidas necesarias para que sus bancos de datos puedan funcionar lo antes posible. 
Además, puedo aceptar aquellas partes de las enmiendas nº 25, 26 y 28, según las cuales no tiene que ser obligatoria la indicación de la región. 
En este aspecto, parto del hecho de que si no se decide otra cosa, esta indicación caerá bajo el sistema voluntario. 
Como yo también soy de la opinión de que, de conformidad con el Reglamento 2081/92, se debe excluir la posibilidad de surjan confusiones con las indicaciones geográficas protegidas, puedo apoyar sin ninguna limitación el nuevo considerando propuesto en la enmienda nº 15. 
No obstante, hay que estudiar aún cómo se puede alcanzar el objetivo mencionado si bien yo persigo una solución más amplia que la que se propone en la enmienda nº 29. 
Un punto importante es la cuestión de a partir de cuándo hay que introducir la indicación obligatoria del origen. 
Como la obligación de anotar el lugar de nacimiento y todos los lugares de estancia en el carnet del animal y en el banco de datos se ha introducido sólo para los animales nacidos a partir del 1-1-1998, en los próximos cinco años va a ser un problema determinar sin lagunas el origen de los animales. 
Según nuestros cálculos, a partir del 2003 este problema va a afectar aún a casi la mitad de la carne de vacuno producida, por lo que tengo reticencias a introducir la indicación obligatoria del origen en un momento anterior o incluso, tal como se propone en la enmienda n 26, ya a partir del 1-9-2001. 
En este contexto, constato también que la Comisión de Agricultura ha recomendado el 1-1-2002 como fecha de introducción. 
Además, veo que insisten siempre en que en la indicación del origen se indique el país incluso aunque en la etiqueta se tengan que indicar varios países. 
Lamento que la fórmula simplificada "origen Unión Europea", como corresponde a los principios básicos del mercado interior, no les parezca aceptable. 
En lo que se refiere al etiquetado de la carne de vacuno, tenemos que considerar que la producción de carne picada, por ejemplo, de hamburguesas, es un proceso continuado. 
La obligación de una indicación de origen sin lagunas para esta carne va a plantear por ello problemas técnicos y podrá ocasionar que la totalidad del comercio intracomunitario con carne procesada se paralice sencillamente. 
Por ello, yo propondría que se recapacitase de nuevo sobre el sistema simplificado de etiquetado. 
El reglamento de etiquetado propuesto prevé la posibilidad de que no se registre cada animal por separado sino que reúnan animales en grupos si bien los productores que realicen el esfuerzo de garantizar la identificación de cada animal por separado obtendrían un estímulo en forma de un logotipo especial. 
Debo reconocer que no comprendo totalmente porqué exigen en sus enmiendas nº 14 y 31 que se renuncie al único instrumento con el que podemos garantizar un seguimiento auténtico y completo hasta cada animal. 
En lo que se refiere a las potestades de la Comisión para poder reaccionar ante circunstancias excepcionales o imprevistas, tengo que decirles que, lamentablemente, no puedo aceptar las enmiendas nº 16 y 38 ya que éstas impiden una solución factible. 
Finalmente, considero que es demasiado pronto para ampliar el sistema de etiquetado a los productos procesados que contienen carne de vacuno tal como se propone en la enmienda nº 40. 
Acumulemos primero algunas experiencias con el sistema ahora propuesto y luego podremos volver sobre esa idea. 
En lo tocante a las enmiendas que se presentaron a finales de la semana pasada, ya he declarado cuando me he referido a las enmiendas nº 45 y 46 que la Comisión coincide con ustedes en que la primera fase del sistema obligatorio debe comenzar el 1 de septiembre de este año. 
Pero si se aceptase la enmienda nº 44, el reglamento entraría automática en vigor a partir de esta fecha. 
Por ello, ya solamente por razones técnicas legales las enmiendas nº 45 y 46 son superfluas. 
En lo tocante a la enmienda nº 47 aconsejo no proseguir con los sistemas de etiquetado nacionales y obligatorios de la carne de vacuno tan pronto como se introduzca el sistema completo de la UE. 
De lo contrario, al final tendríamos 15 sistemas nacionales diferentes, lo que se opondría totalmente al mercado interior. 
La enmienda nº 48 se refiere a la indicación del empleo de antibióticos o estimulantes así como a los métodos de engorde. 
Aunque esta idea pueda parecer sencilla sobre el papel sin embargo es muy difícil administrarla y, sobre todo, controlarla. 
Además, no existe una definición de los diversos métodos de cría y con toda seguridad cada animal no se va a alimentar con un único método a lo largo de toda su vida sino con varios. 
En lo que se refiere a los medicamentos sería mucho mejor si preservásemos nuestros elevados estándares veterinarios y garantizásemos de este modo que sólo llegue al mercado una carne de vacuno segura. 
Por ello, la Comisión prefiere no seguir esta propuesta. 
En lo tocante al sistema voluntario que se quiere establecer paralelamente al nuevo sistema obligatorio para recoger todos los datos que no son obligatorios, la Comisión puede aceptar dos de las cuatro enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, a saber, la nº 33 y la 35. 
De la votación en la comisión se deduce que el Parlamento no estaba por lo visto de acuerdo con la modificación del enfoque básico propuesto por la Comisión para simplificar el procedimiento de autorización. 
Sin embargo, ahora constato que se han presentado en total nueve nuevas enmiendas para este Pleno que no han sido aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Estas enmiendas apuntan a recoger de nuevo un procedimiento de autorización formal para la indicación de datos voluntarios en adhesivos. 
Les puedo asegurar que tales modificaciones no plantean un gran problema ya que su objetivo consiste en fortalecer el procedimiento administrativo. 
Por lo demás, los últimos debates en el Consejo apuntan en la misma dirección que los suyos. 
Confío, por ello, en que tales enmiendas sean acogidas positivamente en el Consejo. 
Desde ahora, la Comisión va a actuar en este asunto como mediadora entre las dos instancias que tienen que decidir. 
Con algo más de tres meses no nos queda demasiado tiempo para la decisión final. 
Ante la rapidez con que han trabajado aquí en el Parlamento, espero que el Consejo determinará lo antes posible su posición común. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas 
(Se levanta la sesión a las 00.10 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Ludford, ¿desea intervenir sobre el Acta? 
Señora Presidenta, he señalado que deseaba plantear una cuestión de orden, aunque en realidad no aparece en el Acta. 
No quisiera retrasar a la Asamblea innecesariamente, pero creo que, puesto que nos preparamos para debatir la construcción de Europa, es importante destacar una sentencia de un tribunal del Reino Unido que marca un hito. 
El presunto historiador David Irving ha perdido su demanda por difamación contra la profesora americana Deborah Lipstadt que le había acusado de manipular pruebas para negar el genocidio de los judíos por los nazis. 
El juez ha fallado, en una sentencia contundente, que se trataba de "una persona antisemita y racista, que niega activamente el Holocausto, y que se asocia con miembros de la extrema derecha que fomentan el neonazismo". 
Esta sentencia es importante no sólo para el pasado de Europa sino también para su presente. 
Ante el aumento del racismo y del antisemitismo y el éxito electoral de los partidos extremistas, esta sentencia estimula la lucha por hacer de Europa una sociedad sin racismo y cómoda con la diversidad. 
Gracias, señora Ludford. 
Tomo nota de la cuestión de orden que usted plantea. 
Pero desearía que las intervenciones se refirieran al Acta, a fin de que podamos aprobarla. 
Una vez aprobada, todos los diputados que deseen intervenir sobre cuestiones de orden podrán hacerlo con total libertad. 
Señora Presidenta, el punto 2 del Acta en la página 5, que es, de hecho, la primera página sustantiva, hace referencia a las cuestiones que yo planteé sobre ciertos Grupos políticos que parecen no respetar el Reglamento en tanto en cuanto permiten al parecer que miembros individuales de su Grupo presenten enmiendas en el Pleno, supuestamente en nombre del Grupo, aunque esto no pueda ser así puesto que se presentan enmiendas contradictorias en nombre del mismo Grupo. 
Me gustaría subrayar que aunque el Acta menciona expresamente al Grupo PPE, éste no es de hecho el único Grupo que ha actuado de esta forma. 
Por ejemplo, el Grupo Técnico, Grupo TDI, que no presentó enmienda alguna en la fase de comisión llega ahora al pleno con entre 20 y 30 enmiendas, muchas de las cuales son contradictorias. 
Las presentan distintos miembros de ese Grupo que toman posturas distintas, que no pueden, por tanto, constituir de ningún modo la postura del Grupo. 
Esto no respeta nuestro propio Reglamento, el cual permite presentar enmiendas en el pleno únicamente a 32 miembros o a un Grupo. 
Señora Presidenta, deseo referirme al apartado del Acta relativo al Turno de preguntas de ayer por la tarde, cuando planteé una cuestión de orden. 
Primero, el Turno de preguntas se retrasó hasta las 6:30, después se anunció en la pantalla que se iniciaría a las 6:50. Al final, el Turno de preguntas no empezó hasta después de las 7:00. 
La primera parte debía durar 30 minutos según el orden del día, pero duró mucho más tiempo. 
Fundamentalmente mi problema es que tenía preguntas- al igual que otras personas- para el Comisario Byrne. 
Estábamos celebrando en ese momento reuniones del Grupo y vimos en pantalla "Pregunta 41". 
Pero cuando llegué al Pleno se había pasado automáticamente a la Pregunta 49. 
De esta forma, cinco o seis personas teníamos preguntas para el Comisario Byrne, pero ninguno de nosotros pudo hacer esas preguntas. 
El Comisario Byrne al parecer se ofendió por esto y le pareció una especie de desaire. 
Pero a los diputados les resulta muy difícil permanecer en sus asientos durante todas y cada una de las preguntas no vaya a ser que se salte del número 1 al número 99 en cuestión de segundos. 
Por tanto, ¿podríamos ajustarnos al orden del día: treinta minutos para la primera parte del Turno de preguntas, veinte para la segunda parte, etcétera. 
No deberíamos cambiar el orden del día una y otra vez porque eso hace que nos sea muy difícil funcionar. 
Gracias, señora McKenna. 
Tomo nota de su queja, a fin de que esta situación no se vuelva a producir. 
Señora Presidenta, durante los últimos días han vuelto a ocurrir enormes catástrofes ecológicas en el río Tisza, en las que han muerto muchas personas. 
Por este motivo, solicito a la señora Presidenta que envíe condolencias, tanto al parlamento rumano como al húngaro. 
Al mismo tiempo, hay que atender a los riesgos que esto puede implicar para el medio ambiente europeo. 
El río Tisza desemboca en el estuario del Danubio, que es uno de los sectores de protección medioambiental más importantes del mundo. 
Gracias, señora Thors, así lo haré. 
Señora Presidenta, algo bastante más frívolo. 
Anoche en el Comité de Presupuestos cuando se repartieron los refrescos, el Sr. Colom señaló que en los pequeños cartones de leche decía: "exclusivamente para distribución en escuelas". 
Si hubiera dicho "exclusivamente para escolares" se podría entender por qué se estaba repartiendo en el Parlamento Europeo, pero decía "exclusivamente para escuelas". 
¿Podríamos averiguar por qué ocurrió esto? 
Produce tanto sonrojo. 
Sé que hicimos campaña a favor de más leche en las escuelas pero, en esta ocasión, no era aquí donde la queríamos. 
Gracias, señor Wynn; no puedo responderle en este momento, pero verificaré esta cuestión. 
Señora Presidenta, deseo comunicarle, así como a los diputados que tienen contacto cada día, aunque a menudo inadvertidamente, con el personal del Parlamento, responsable de que esta casa funcione, que ciertas categorías de dicho personal- guardias de seguridad, empleados de recepción, bomberos- se han puesto en huelga ayer por la tarde. 
Éstos protestaban por el hecho de estar obligados a trabajar 12 horas seguidas, tanto durante el día como por la noche, por un salario medio de 6.000 francos, sin siquiera cobrar un incremento por las horas trabajadas por la noche o los fines de semana. 
Deseo expresarles mi solidaridad, y, además, en nombre de los diputados LO/LCR, hemos enviado una carta a este respecto, que esperamos acoja favorablemente. 
Gracias, señora Laguiller. 
Examinaré dicha carta con toda la atención que se merece. 
Señora Presidenta, llevo escuchando un buen rato la interpretación por los auriculares y ocurre que, aunque cambio de sitio, la interpretación se interrumpe a veces y también se escucha un chirrido, ya no sólo aquí, sino también en las oficinas del Grupo. 
Hay algún tipo de avería técnica, y desearía que los servicios competentes comprueben si aquí hay demasiadas interferencias debido, por ejemplo, a los teléfonos móviles. 
Incluso la posición de la cabeza modifica la calidad de la escucha, y no es cuestión de escuchar con la cabeza inclinada. 
Otra petición que hago a los técnicos encargados del ajuste del sonido de la sala. 
Algunos colegas nuestros gritan al micrófono, aunque el micrófono para lo que sirve es para no tener que gritar aquí, de manera que apenas se oye nada por los auriculares. 
Así que rogaría que, en el momento en que alguien empiece a gritar por el micrófono- aunque esto no debería hacerse -, se bajase el volumen de sonido de la sala para que sea posible oír también por los auriculares. 
Gracias, señor Paasilinna, verificaremos este problema y la acústica, en general. 
(El Acta queda aprobada) 
CIG 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0086/2000) de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las propuestas del Parlamento Europeo para la Conferencia intergubernamental (14094/1999- C5-0341/1999- 1999/0825 (CNS) ). 
Se me ha planteado una cuestión de orden, presentada conforme al Reglamento por el Grupo Unión por Europa de las Naciones, cuyo objeto es rechazar el debate sobre este punto por razón de inadmisibilidad. 
Les comunico que el Consejo ha consultado al Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia intergubernamental y que el informe de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen está inscrito en el orden del día, según las disposiciones pertinentes del Reglamento. 
El Sr. Ribeiro e Castro motiva la cuestión de orden. 
Señora Presidenta, Señorías, no se debería haber admitido este informe. 
Su orientación general es contraria a Europa, a lo que Europa es en verdad, contraria a muchos de los elementos esenciales que nos han reunido. 
Síntoma de esa agresividad contra lo esencial es el párrafo 15 de la propuesta de resolución. 
Todos nosotros estamos vinculados con los derechos fundamentales y con el Estado de derecho, comenzando aquí, en esta Asamblea. 
Ahora bien, ¿cómo transigir cuando se pone en tela de juicio el derecho fundamental de recurso a los tribunales? 
No se trata de asuntos internos, son asuntos externos de la mayor importancia. 
Somos diputados, representamos a electores. 
Todo lo que discrimine, en nuestras condiciones jurídicas y políticas, a nuestros partidos y los Grupos políticos en cuanto a la libertad y a la igualdad afecta a nuestro derecho de representación y, en la raíz, a los derechos y a la propia libertad de los electores. 
Eso es lo que está en juego, sobre todo en un informe que pretende ingerirse y discriminar en el estatuto de los partidos políticos. 
En cualquier caso, está en juego lo indispensable. 
No se puede atentar contra el derecho fundamental de recurso a los tribunales por parte de quien fuere. 
No se puede atentar contra el Estado de derecho. 
El párrafo 15 vicia todo el texto y contamina una cuestión muy grave. 
La tentación de arbitrariedad por parte de los poderosos que revela es una ilustración óptima de todo lo demás. 
Y, por eso, también una pésima señal de todo lo demás. 
Por eso, propugnamos en la propuesta formulada la inadmisibilidad del informe, que, además de tener un fundamento jurídico dudoso, no es fruto de la suficiente reflexión ni crea el consenso amplio por el que Europa debe internarse. 
Lo demuestra la ligereza de ese párrafo fatal y lamentable y el hecho de que haya suscitado doscientas veintidós- digo bien: doscientas veintidós- propuestas de enmienda. 
¿Podría haber mejor prueba de que estamos ante un informe que no sirve? 
No sirve en absoluto. 
Por eso, proponemos, en defensa de Europa y del Estado de derecho, el rechazo preliminar del informe. 
Gracias, señor Ribeiro e Castro. 
¿Algún orador desea intervenir a favor de esta solicitud de devolución? 
Señora Presidenta, creo que el Sr. Ribeiro e Castro tiene toda la razón en pensar que el informe Dimitrakopoulos-Leinen es inadmisible, porque contradice- viola incluso- determinados derechos que entran en el marco de nuestras instituciones. 
En primer lugar, el Sr. Ribeiro e Castro tiene razón en hacer hincapié en el apartado 15, que expresa que los asuntos interna corporis del Parlamento Europeo no pueden ser objeto de recurso jurisdiccional. 
Esta propuesta viola, evidentemente, un derecho fundamental de los ciudadanos, y, por lo tanto, también de los diputados, el derecho de interponer un recurso jurisdiccional. 
Pero, en general, creo que este informe viola toda una serie de derechos, empezando por los derechos de los Estados pequeños y medianos que, desde los orígenes del Tratado de Roma, forman parte integrante de nuestras instituciones y que gozan del respeto absoluto de éstas. 
Gracias, señor Berthu. 
El Sr. Dimitrakopoulos y el Sr. Leinen, los dos ponentes, desean intervenir en contra de esta solicitud. 
. (FR) Señora Presidenta, Señorías, con todo el respeto que me merece la opinión de los colegas que ya han intervenido, me parece muy severo e injusto considerar que nuestro informe es inadmisible en razón del apartado 15. 
Otros colegas han presentado enmiendas tendentes a votar en contra del apartado 15, y se puede estar de acuerdo con dichas enmiendas. 
Es justo y democrático estar o no de acuerdo con un apartado de un informe, por eso estamos aquí. 
Pero no me parece correcto solicitar que el informe sea declarado inadmisible. 
Pido que se vote en contra la cuestión de orden. 
Debemos examinar y aprobar el informe en este período parcial de sesiones, porque no se trata de un voto a favor de los dos ponentes, sino de un voto a favor de la opinión del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, me alegra extraordinariamente que precisamente el Grupo UEN abogue aquí por más derechos fundamentales y más democracia en el ámbito de la Unión Europea. 
Esto me alegra, representa un gran progreso. 
Sin embargo, también creo que los fuertes términos que emplean aquí los colegas son totalmente inadecuados. 
En algunos el Parlamento puede establecer su propio reglamento y no se puede ir al Tribunal de Justicia. 
Tenemos el apartado 15. El colega Dimitrakopoulos ya ha dicho que hay enmiendas. 
El UEN puede votar en contra y entonces se verá si esto queda o se elimina. 
En total opino que se emplean unos términos muy fuertes en el lugar erróneo y yo estoy también a favor de que rechacemos esta solicitud. 
Señora Presidenta, considero que no se puede votar sobre esta solicitud pues el Tratado de Amsterdam prevé expresamente que se debe regular de nuevo la relación de las instituciones entre si así como los procedimientos. 
Por lo tanto, este informe es una prosecución del Tratado de Amsterdam y no se puede votar sobre solicitudes jurídicamente erróneas sino sólo rechazarlas. 
(Risas y aplausos) 
Si usted considera que debe rechazarla, podrá hacerlo. 
Se procede a la votación nominal de la cuestión de orden presentada por el Grupo Europa de las Naciones. 
(El Parlamento rechaza la cuestión de orden) 
La Unión Europea, mediante el proceso de la Conferencia Intergubernamental, debe hacer frente a los grandes desafíos que acompañan al paso del siglo XX al XXI, retos que todos conocemos, que son importantes, que influyen a diario en la marcha de la Unión Europea; desafíos que, aparte y por encima de todo, plantean una cuestión fundamental: ¿En qué medida estamos preparados, como institución, como Unión Europea, para hacerles frente? 
La Conferencia Intergubernamental intenta dar respuesta precisamente a esta cuestión. 
Es sabido por todos que, tal como funciona en la actualidad la Unión Europea, viendo todos estos desafíos, necesita, sea como sea, hacer algunos cambios cuyo importante objetivo será la marcha futura, basándonos en cuanto hemos aceptado todos hasta el día de hoy. 
La importancia del informe que tienen ante ustedes reside, en los siguientes puntos. 
El primer punto es la consolidación, una vez más, de la naturaleza institucional de la Unión Europea. 
Repito e insisto: la Unión Europea es una unión de Estados y una unión de pueblos al mismo tiempo. 
Y es, precisamente, la aceptación de este principio lo que ha llevado a la Unión Europea a los éxitos que podemos referir y, en ocasiones, por supuesto, todos referimos. 
El segundo punto es la reafirmación y consolidación de otro principio importante, del principio del equilibrio de las potencias, un principio que atañe justamente al papel y a la relación de los que participan en la Unión Europea, un principio que esta expresado de la forma en que todos los Estados miembros se expresan en todas, repito, en todas las instituciones de la Unión Europea. 
Y como ustedes saben, señora Presidenta, estimados colegas, la Unión Europea ha llegado hasta el día de hoy, ha logrado lo que ha logrado, precisamente porque ha funcionado y funciona en la base de un equilibrio de potencias acordado y comúnmente aceptado. 
El tercer principio básico que se consolida en el informe es la propuesta de una revisión general- subrayo la palabra general- del total de las instituciones que forman la Unión Europea. 
Quizá para algunos esto sea una propuesta arriesgada; pero debo subrayar que es necesaria e indispensable, especialmente desde que todos estamos de acuerdo en que, aparte y por encima de todo, la evaluación actual del funcionamiento de la Unión Europea está directamente conectada con el gran desafío que constituye la ampliación. 
Y es muy natural que, si ya en una Europa de 15 países miembros todos constatamos y estamos de acuerdo en que hay algunos cosas que funcionan mal que deben corregirse, cuánto más deberá hacerse esto cuando hablemos de la Europa de los 18 o de los 20 o de los 25 o de los 27. 
El cuarto punto lo forman unas nuevas propuestas, aunque los temas a los que se refieren siempre han estado en debate. 
Me refiero más concretamente a la potenciación de la cooperación. 
La potenciación de la cooperación, por lo menos tal como nosotros la entendemos, debe tener dos elementos. 
El primero, es que debe ser un motivo y no un obstáculo- acentúo el y no un obstáculo- debe ser una motivación para todos los países miembros, para participar más, con profundidad en los procedimientos europeos. 
El segundo es que debe tener muy desarrollada la concepción democrática, que significa que todos los países o cualquier país que, por alguna razón, desee no participar, por lo menos en la primera fase, no debe considerarse como una exclusión ni como un punto restrictivo de la presencia de estos países en la Unión Europea. 
Hemos dado pasos importantes y tenemos dos ejemplos seguros de potenciación de la colaboración. 
El Tratado de Schengen y la propia Unión Económica y Monetaria. 
Yo quisiera ver la potenciación de la colaboración también en los temas de la política exterior y en otros. 
Y para ser claro, la potenciación de la cooperación es un procedimiento comunitario y no sólo los temas de la política exterior sino también los de la política común de defensa deben estar en el procedimiento comunitario, porque así es como hay mecanismos de control. 
Finalizo expresando mi agradecimiento a la Presidencia portuguesa y especialmente al Sr. Da Costa por la su colaboración, al Comisario Sr. Barnier, a ustedes y a todos nuestros señores colegas y, por supuesto, a mi coponente, Sr. Leinen, con quien he trabajado muy duro pero muy bien; a los miembros de la Secretaría del Parlamento que nos han ayudado y a los intérpretes que, en muchas ocasiones, no respetaron sus horarios para que se pudieran llevar a cabo las negociaciones tan difíciles. 
Señora Presidenta, señor Comisario, los Gobiernos han acordado en Helsinki casi duplicar el número de países miembros. 
Creo que este es el trasfondo de la reforma que exigimos ahora para que la Unión Europea pueda soportar esta ampliación. 
Una duplicación del número de países miembros exige una profunda reforma de las estructuras de trabajo y de los procedimientos de adopción de decisiones en la Unión para que toda esta empresa no se convierta en inoperante. 
El punto decisivo es la transición de la unanimidad a la votación mayoritaria. Este es el punto más importante en el que se tendrá que medir el éxito o fracaso de esta Conferencia Intergubernamental. 
Está totalmente claro que con 27 miembros apenas se podrán adoptar decisiones unánimemente. 
O durará demasiado tiempo o se lograrán sólo soluciones de mínimos. 
Y esto no va en interés de nuestros ciudadanos ni de nuestros países. 
Exigimos por ello que la mayoría cualificada sea la regla y la unanimidad la excepción. 
Sin embargo, estoy siguiendo con gran preocupación cómo se está tratando esto en la Conferencia Intergubernamental. Se reciben informaciones de que no hay ni un solo punto en esta transición hacia la mayoría cualificada sobre el que se hayan podido poner de acuerdo los Gobiernos hasta ahora. 
Creo que aquí se muestra de nuevo que el método de la Conferencia Intergubernamental no es el mejor pues se espera mucho tiempo hasta que se negocia realmente y se aferran demasiado tiempo en sus posiciones de partida. 
El colega Dimitrakopoulos se ha referido al tema de la "flexibilidad". 
Creo que este es asimismo un importante principio en una Unión ampliada. 
Con 27 países no podremos lograr la misma velocidad de integración. 
Por ello es tan importante la integración acelerada de algunos Estados, tal como lo calificamos, si se quiere que la unificación europea tenga lugar en el marco de la Unión Europea y no fuera del mismo. 
Recuerdo que el debate sobre el núcleo duro o el núcleo federal se ha reactivado tras Helsinki pues algunos temen que no funcione dentro de la Unión. 
Me pregunto cuál es el mensaje de esta Conferencia Intergubernamental a nuestros ciudadanos. 
Creo que estos tienen que saber que esta Unión se va a convertir en más democrática, transparente y próxima al ciudadano. 
Esto significa también que tenemos que cerrar el déficit democrático existente. 
El Parlamento debe poder codecidir en todos los casos en los que el Consejo decide con mayoría. 
También queremos mejorar las posibilidades de controlar a la Comisión. 
Hemos realizado propuestas para que el Presidente de la Comisión pueda plantear aquí en el Parlamento la moción de confianza y también para que podamos pronunciar algo más fácilmente un voto de censura a la Comisión cuando sea oportuno. 
Repito aquí de nuevo que en una Europa de los ciudadanos se incluye también la Carta de los Derechos Cívicos de la Unión. 
Exigimos que esta Carta se recoja en el Tratado a finales de este año. 
Quiero además mencionar que también la europeización del debate político sería un importante paso hacia delante. 
Queremos un estatuto sobre los partidos europeos. 
La política debe tener lugar en el ámbito europeo y no sólo nacional. 
Un gran número de nosotros piensa que unas listas europeas podrían ser de ayuda en las futuras elecciones al Parlamento Europeo para que los debates no sean unos meros debates sobre política nacional sino para que se conviertan en debates europeos y se coloquen en primer término los temas que nos interesan aquí en el continente. 
La reforma de los Tratados europeos tiene que lograr ambas cosas: más eficiencia y más democracia. 
Si el Tratado Europeo de Niza lo logra entonces creo que tendremos unas buenas condiciones para lograr la estabilidad y la aceptación de los ciudadanos en una Unión ampliada. 
Señora Presidenta, Señorías, permítanme que realice primero brevemente unas observaciones sobre la política exterior. 
Quiero alentar a la Presidencia portuguesa del Consejo, que ha dirigido hasta ahora las negociaciones para la Conferencia Intergubernamental con gran imaginación y consideración con el Parlamento Europeo, para que en el campo de la política exterior y de seguridad y también en el de los derechos fundamentales, trabaje por ejemplo en favor de una ampliación del mandato y adopte en Feira las necesarias resoluciones desde que sabemos lo que es necesario en el campo de la política exterior y de seguridad como consecuencia de la aplicación de las resoluciones de Helsinki y Colonia. 
Tenemos que lograr realmente una conjunción entre el primer y el segundo pilar y una mayor integración del segundo en el primero, es decir, en otras palabras, lograr una conjunción más estrecha entre la gestión civil y militar de crisis. 
El Tratado de Amsterdam ha puesto en marcha una amplia integración de la Unión Europea Occidental en el Tratado y, en especial, ha transferido las tareas de Petersberg. 
Creo que es necesario que el Parlamento Europeo esté también en situación de hacer uso de los necesarios controles parlamentarios para que exista asimismo una relación equilibrada entre las instituciones. 
He dicho controles, no codecisión, excepto en el campo presupuestario, pues esto es importante para mostrar con claridad que la política exterior y de seguridad es, naturalmente, en primera línea una tarea del Ejecutivo. 
También deberíamos recapacitar qué es lo que debe hacerse con el artículo 5. En mi opinión y en la de la comisión, debería introducirse en el Tratado como protocolo, de modo que cualquier país que lo desee pueda adherirse a este protocolo en una decisión soberana. 
Creo que de este modo estaremos en situación de hacer realidad una Unión Europea en la que no haya países con una calidad de seguridad diferente pues creo que a la larga esto no sería aceptable en vista de los intereses que aquí concurren. 
La Unión Europea no es un Estado, pero allí donde posee competencias actúa como un Estado federal. 
Por este motivo, la relación de las instituciones entre si debe regularse también federalmente, tiene que existir un equilibrio entre los Estados grandes y pequeños. 
Esta es sin duda una de las difíciles tareas de esta Conferencia Intergubernamental. 
Me puedo imaginar bien- y esta es la opinión de mi Grupo- que se podrá trabajar efectivamente también con una Comisión en la que esté representados todos los países si el Presidente de la Comisión tiene la posibilidad de estructurar eficazmente una Comisión de este tipo, es decir, si se crea esta posibilidad fortaleciendo al Presidente de la Comisión. 
Pero si se tiene esta consideración frente a los países pequeños entonces también deberíamos estar en situación de proporcionar una base de legitimación mayor para los países más grandes según el principio de one man one vote y de introducir sobre esta base en el Parlamento Europeo una relación diferente y proporcional garantizando unas cifras mínimas. Esta cuestión se debería regular también de modo similar en el Consejo. 
Sin embargo, lo decisivo para esta Conferencia Intergubernamental es lograr la capacidad de ampliación aumentando las decisiones mayoritarias. 
Debe estar claro que exceptuando las cuestiones constitucionales, todo debe entrar en el ámbito de las decisiones mayoritarias. 
Sin embargo, un modo inteligente de proceder en las propuestas de la Presidencia portuguesa del Consejo y de la Comisión consiste en que en campos como el de la política social y fiscal se realicen claras diferenciaciones sobre lo que se debe regular según normas europeas y mayoritarias porque lo exige así el mercado interior y lo que debe seguir bajo la competencia de los Estados nacionales aplicándose el principio de unanimidad. 
Con ello he tocado la cuestión del catálogo de competencias. 
Creo que esta es otra tarea. En esta Unión Europea debemos mostrar más claramente quién es responsable de qué y cuándo. 
Una vez que exista esta clara articulación de las responsabilidades tendremos un mayor grado de transparencia y existirá también en la población una mayor disposición para seguir a esta Unión Europea. 
Creo que en esta Conferencia Intergubernamental debe incluirse esta ambición y que son importantes las propuestas de dividir el Tratado, las solicitudes que apuntan a mostrar claramente estas diferencias. También me parece importante, por ejemplo, que el Consejo cuando actúa como legislador lo haga por fin con transparencia y publicidad y que, por ello, realicemos una separación entre los papeles ejecutivos y legislativos del Consejo. 
Esto también se incluye en este ámbito. 
Respecto a la intensificación de la cooperación: esto será necesario en una Comunidad mayor, en especial, en relación con la política exterior y de seguridad. 
Sin embargo, quiero indicar claramente dónde se encuentra el límite. 
El límite se encuentra allí donde se pone en peligro la unidad del ordenamiento jurídico y la unidad de la institución. 
Por este motivo no debemos tampoco exagerar con el reforzamiento de la cooperación. 
No debe convertirse en una excusa para no ampliar del modo suficiente las decisiones mayoritarias. 
Creo que aquí también existen determinadas reglas que debemos respetar. 
Esta Unión Europea es una comunidad de valores. 
Por ello, es de esperar que la convención, bajo la dirección de Roman Herzog, presente un catálogo de derechos fundamentales que podamos recoger en el Tratado con vinculatoriedad jurídica y que sobre esta base podamos entonces definir nuestros valores de modo que algunos debates que hemos mantenido en el pasado ya no sean posibles porque disponemos de unas claras condiciones jurídicas previas. 
Si lo logramos habremos dado globalmente unos grandes pasos hacia delante creando de este modo las condiciones para la ampliación de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, como ponente para opinión de la Comisión de Control Presupuestario deseo exponer los dos puntos que hemos introducido en el informe. 
Pero en primer lugar, quiero felicitar a los dos ponentes por su enorme trabajo. 
Quiero agradecer también al Sr. Comisario Barnier por la actitud abierta mantenida y, en especial, al Sr. Vitorino por el punto que voy a exponer ahora. 
Por un lado, se trata de la cuestión de la aprobación de la gestión, tema que en estos momentos es muy actual. 
El Tratado de la UE lo dice muy claramente. El Parlamento Europeo aprueba la gestión de la Comisión por la ejecución del presupuesto. 
Pero en la práctica se trata de dos actos: por un lado, la valoración política en la resolución de aprobación de la gestión y, en un segundo acto, la conclusión de la cuenta de gestión. 
El primer acto puede tener un resultado diferente. Se puede producir la aprobación, la negación o el aplazamiento. 
Esto no tiene porqué afectar necesariamente a la cuenta de gestión, es decir, al segundo acto, que se puede concluir aunque se niegue el primero. 
Tiene la ventaja de que entonces un saldo de la cuenta de gestión se puede transferir al siguiente año. 
Esto debería establecerse en el Tratado pues en nuestro reglamento ya figura y, como he dicho, se trata de la práctica usual. 
Además, queremos obtener informaciones directamente de los países miembros para poder realizar también una mejor valoración de la gestión presupuestaria. 
El segundo punto es la creación de una fiscalía europea. 
Nos esforzamos desde hace años por proteger mejor los intereses financieros de la Comunidad. 
Esto debe ocurrir ahora en sentido jurídico penal en el ámbito europeo mediante una cooperación muy abierta y clara con los países miembros. 
Es decir, que con la creciente criminalidad transfronteriza que perjudica al presupuesto de la UE, la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros no es suficiente. 
Necesitamos, por ello, una coordinación en el ámbito europeo sin que se menoscabe por ello la competencia los tribunales nacionales en la substanciación procesal. 
Quiero expresar mi agradecimiento porque se haya acogido muy benévolamente esta idea en algunos países miembros y, en especial, en la Comisión. 
Señora Presidenta, no le extrañará que, con relación a este interesantísimo informe, por el que felicito a los dos ponentes, hable de derechos y libertades de los ciudadanos y de justicia. 
Desde el punto de vista de esta comisión, nos parece importante la construcción de ese espacio de justicia y, para ello, es precisa una reforma del Tribunal de Justicia. 
Para reformar el Tribunal deberá modificarse el Tratado, de forma que el Estatuto y el Reglamento del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia resulten operativos. 
Con unanimidad no resultan operativos. 
La primera demanda es, pues, que se establezca la mayoría cualificada con dictamen conforme del Parlamento Europeo. 
También, con respecto al Tribunal, el Parlamento pide participar en el proceso de selección de los jueces como ya ocurre con los cargos del Tribunal Constitucional en nuestros Estados. 
Por otra parte, y ya en el plano de los derechos y libertades, queremos el pleno recurso a fin de que los ciudadanos puedan hacer controlar la validez de los actos comunitarios de alcance normativo en caso de violación de derechos fundamentales, lo que no pueden hacer actualmente. 
Queremos una reforma de los artículos 230 y 300 del Tratado para que el Parlamento esté en pie de igualdad, en cuanto a recursos, con la Comisión y con el Consejo. 
Y queremos, por último, señora Presidenta, que se reforme el Tratado para que el Parlamento, en el ámbito del tercer pilar, tenga también pleno acceso a la justicia a través del recurso de anulación en el caso de reglamentos o actos no conformes. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios quiero plantear tres exigencias para la Conferencia Intergubernamental que están relacionadas todas ellas con el mismo hecho. 
Estamos en marcha hacia una Comunidad con una moneda común, con una política monetaria común que en lo esencial es diseñada por el Banco Central Europeo. 
Sin embargo, seguimos teniendo 15 políticas económicas diferentes en los países miembros de la Unión Europea y esto solamente podrá funcionar a largo plazo si esta política económica se configura según unos principios básicos comunes. 
De ahí la primera exigencia de anclar como modelo de nuestra política económica en el Tratado Europeo la economía social de mercado, que conjuga el mercado con los aspectos sociales. 
La segunda exigencia consiste en que a la hora de configurar las directrices políticas sobre las que debatimos hoy en el Parlamento, se establezca de un modo más formal el derecho de codecisión del Parlamento Europeo no presentándonos la Comisión una recomendación sino una propuesta formal sobre la que podamos ser consultados en el sentido auténtico. 
La tercera exigencia se refiere a la política de competencia. 
La política de competencia es, por un lado, la clave de una economía social de mercado y, por otro, el instrumento de política económica más fuerte del que dispone la Comunidad Europea. 
Aquí se adoptan numerosas decisiones individuales y esta es con toda claridad tarea de la Comisión. 
Pero cuando se elaboran normas generales, cuando la Comisión elabora directrices junto con el Consejo de Ministros, en el futuro deberá participar también el Parlamento Europeo en el procedimiento de codecisión, pues esta es la condición previa para que, tal como queremos, el Parlamento se convierta realmente en el foro europeo donde no solamente se discuta públicamente sobre la política económica europea sino también se configure. 
Señora Presidenta, Señorías, el Tribunal de Justicia debe tener recursos para poder ejercer su función de resolución de conflictos y su ámbito de competencias cada vez más amplio. 
El Tribunal debe poder concentrarse en los asuntos verdaderamente jurídicos y en la protección jurídica de los ciudadanos de la UE. 
El Tribunal de Primera Instancia debe estar mejor adaptado y ambas instancias judiciales deben adquirir mayor autonomía para decidir sobre su propia estructura y procedimientos. 
La justicia adecuada y oportunamente administrada constituye un elemento esencial del Estado de Derecho. 
Para ello también es preciso reevaluar el papel del Parlamento Europeo como instancia legislativa de pleno derecho y como institución europea de pleno derecho. 
Estos son, expuestos a vuelapluma, los motivos que subyacen a la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Como ponente, me alegra comprobar que la Comisión de Asuntos Constitucionales coincide en lo esencial con esta opinión en su informe principal. 
Desgraciadamente, por falta de tiempo no puedo entrar en detalles. 
Pero para conciliar en la medida de lo posible la opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales con la de la Comisión de Asuntos Jurídicos, he presentado a la sesión plenaria cuatro enmiendas. 
Veo que algunas se reflejan también en las opiniones de otras comisiones, de modo que creo que estas enmiendas merecen el apoyo de todo el Parlamento y que quizá lo obtengan. 
Hasta aquí esta breve intervención para señalar una contribución que no deja de tener importancia para la que quizá sea la última Conferencia Intergubernamental antes de la más grande, la más histórica y también la más arriesgada ampliación desde el comienzo del proceso de integración europea. 
Por ello debemos aprovechar la oportunidad sin dudarlo con firmeza a fin de preparar intensivamente a la Unión Europea y a todas sus instituciones para poder afrontar con éxito los desafíos del siglo XXI. 
, ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos- Señora Presidenta, las condiciones de mi intervención en este Pleno son paradigmáticas del problema presupuestario. 
Acabo de venir corriendo de una reunión que, según el Tratado, no existe. 
Estoy participando, en nombre del Parlamento, en el diálogo tripartito sobre el presupuesto para fijar las orientaciones presupuestarias. 
Exactamente, éste es el punto que nosotros hemos planteado en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
Es la adaptación del Tratado, del artículo 272 en particular, a la situación real. 
Llevamos doce años de práctica con un calendario fijado por los acuerdos interinstitucionales. 
Los hemos renovado tres veces, y creemos que ha llegado la hora de incluir en el Tratado los principios fundamentales para que no nos encontremos en situaciones de legalidad dudosa, como en el caso de la reunión que acabo de citar. 
En concreto, hemos de simplificar el procedimiento para impedir el bloqueo del procedimiento presupuestario. 
El día que haya 25 miembros, el actual procedimiento no podrá funcionar. 
Y deberíamos simplificarlo respetando los equilibrios de poder existentes. 
Una última palabra, señora Presidenta. 
Creemos también que el Parlamento, como órgano depositario de la legitimidad democrática, ha de ser plenamente copartícipe en la decisión sobre los recursos propios. 
Señora Presidenta, Señorías, como ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía quiero felicitar a ambos ponentes por su informe y agradecerles la excelente colaboración. 
Me gustaría plantear dos cuestiones. 
En primer lugar, la comisión de la que soy ponente piensa que en el terreno de la política comercial es preciso reforzar la competencia de la Comisión Europea y, consecuentemente, también el mandato de negociación de la Comisión Europea, así como la función del Parlamento Europeo. 
En primer lugar, por la introducción del procedimiento de codecisión para la política comercial común. 
En segundo lugar, por el procedimiento de autorización para todos los acuerdos exteriores. 
En tercer lugar, atribuyendo un papel mayor al Parlamento con respecto a la aprobación y supervisión de las negociaciones en materia de comercio. 
En lo que respecta a la energía, que es el segundo punto de mi intervención, la Comisión concluye que aún no existe una política energética europea coherente. 
No hay una regulación clara de los mecanismos institucionales para la definición de una política energética comunitaria, y menos aún de la cooperación para garantizar el abastecimiento energético o de los aspectos medioambientales de la política energética. 
Con vistas al desarrollo sostenible debe introducirse un nuevo capítulo sobre la política energética en el Tratado, con inclusión de las secciones correspondientes de los Tratados CECA y EURATOM. Además deben ampliarse debidamente las competencias del Parlamento Europeo. 
Esto significa que el procedimiento de codecisión debe regir también para el Tratado EURATOM. En particular, debe regir para la creación de normas mínimas de seguridad para el diseño, construcción y explotación de reactores nucleares en la Unión. 
Hasta ahora, cada Estado miembro se rige por sus propias normas técnicas y disposiciones. 
Con vistas a la adhesión de nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental es de importancia esencial que establezcamos normas de seguridad europeas uniformes para los reactores nucleares. 
Esta propuesta mía, por desgracia, no ha quedado recogida en el informe presentado. 
Así pies, les pido encarecidamente que voten a favor de la enmienda 60 que he presentado en nombre de mi Grupo, con el fin de que garanticemos normas de seguridad uniformes para los reactores nucleares. 
Nuestros ciudadanos se lo merecen. 
Esto es algo que hago en general, pero esta vez lo hago en concreto porque creo que han sabido poner de relieve los puntos que nosotros hemos planteado en nuestra opinión, si bien no literalmente en todos los casos, en este informe muy conciso que espero sea aprobado por amplia mayoría en la sesión de hoy. 
La mención de la economía social de mercado es de gran importancia. 
El Sr. von Wogau también ha hecho referencia a ello. 
Constituye una especie de marco que necesitamos para la política interna y que hace superfluos algunos debates. 
Pienso que hay un gran nivel de satisfacción al respecto. 
El segundo punto de gran importancia es la personalidad jurídica de la Unión. 
Se ha formulado como si sólo tuviera que ver con la política exterior, pero también tiene una gran importancia para la política interior. 
De este modo, en concreto, se hace posible ratificar una serie de convenios, por ejemplo, los de la OIT y algunos de las Naciones Unidas en el ámbito social, y esto contribuirá a la claridad jurídica de este tipo de asuntos. 
No obstante, hay dos puntos que he echado en falta. 
Uno de ellos es el referente al apartado 6 del artículo 137, que en mi opinión debería suprimirse. 
También hay enmiendas a este respecto. Espero que este aspecto todavía pueda añadirse. 
Por último, la cuestión de la política fiscal. Apenas se habla de ella en el informe. 
La política fiscal, y a ella pertenece también la política en materia de seguridad social, también es de gran interés, y no sólo para los Estados miembros, puesto que la Comisión también le ha dedicado mucha atención y mucha labor de reflexión. 
Verdaderamente me entristece que hayamos hablado tan poco de ello. 
Quizá lo haremos en el futuro. 
En el informe queda implícita, pero pienso que en cierto sentido ha sido una oportunidad fallida el hecho de que no se plantee ahora. Por lo demás, no repercute en la valoración sumamente positiva que hacemos de este informe. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, como ponente para opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural quiero exponer la exigencia central de nuestra comisión. 
Se trata de la plena inclusión de la política agrícola en la codecisión, lo que aún no se da. 
El Tratado de Amsterdam ha conducido a un fortalecimiento de los derechos del Parlamento Europeo, también mediante la ampliación de la codecisión en diversos sectores políticos. 
Pero en el sector agrícola ocurre que sólo existe una codecisión según el artículo 152 allí donde se somete a debate la política sanitaria y la salud de la población mientras que el sector central sigue excluido de la codecisión. 
Consideramos que esto no está justificado. 
La política agrícola común es la política comunitaria más antigua y más desarrollada. 
Es urgentemente necesario, también porque se trata de un presupuesto considerable que representa la mitad del presupuesto total de la Unión Europea, que el Parlamento Europeo pueda hacer uso plenamente de sus potestades de control y legislativas. 
En este contexto, también hay que indicar que esto no está en oposición a los Parlamentos nacionales. 
Los Parlamentos nacionales ya no tienen ninguna capacidad decisoria en el sector de la política agraria sino que esta política es decidida exclusivamente por el ejecutivo- es decir, el Consejo- mediante actos legislativos. 
Por ello, aquí no se trata de una pugna entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales sino de que esta política se incluya en absoluto bajo el control del Parlamento. 
Insto a todas y todos los colegas para que intervengan antes sus correspondientes Gobiernos para que en esta Conferencia Intergubernamental se incluya la política agrícola en la codecisión. 
Expreso mi agradecimiento a los representantes del Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental, quienes defienden allí con gran energía nuestros deseos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, con motivo del tema de la codecisión quiero despertarles de nuevo el apetito por el pescado. 
La política de pesca es una de las políticas que contribuye esencialmente a la realización del mercado interior. Fortalece la cohesión económica y social. 
¿Cómo? 
En nuestra Europa más 250.000 personas trabajan directamente en este sector, desde el procesamiento hasta la comercialización. 
Según los últimos estudios, cada euro que se invierte merece la pena de triple modo. 
Más de una tercera parte de los empleados- es decir, casi 60.000 personas- depende de los acuerdos internacionales porque el pescado es por su naturaleza una fuente de alimentos extremadamente móvil y- dicho sea de paso- una fuente de proteínas extraordinariamente importante. 
Depende de nosotros, los políticos actuales, intervenir y hacer de la pesca una actividad con futuro. 
Recapaciten sobre el mensaje para las regiones europeas que dependen de ella. 
Quiero llamar en especial la atención sobre la próxima reforma del año 2002. 
Tenemos que ocuparnos sobre todo de la protección y preservación de esta reserva, lo que tendrá consecuencias sociales, económicas y ecológicas. 
Pueden ver que la pesca no es un elemento aislado sino que tiene repercusiones sobre sectores como el desarrollo, el medio ambiente y las relaciones exteriores. 
Como política autónoma comunitaria en el Tratado de la Unión, la pesca unificará eficazmente estos aspectos pues de eso se trata para nosotros: de la independencia administrativa y legislativa de la pesca, por ejemplo, frente a la agricultura. 
De esta responsabilidad política se deduce naturalmente el derecho a una codecisión lo más amplia posible. 
Independientemente de ello, evidentemente también es ventajoso en el sentido de mejorar los procedimientos legislativos si las decisiones mayoritarias cualificadas del Consejo y el derecho de codecisión del Parlamento se armonizan entre si. 
Estimados participantes en las negociaciones, cualquier apoyo en la Conferencia Intergubernamental es bienvenido. 
Señora Presidenta, las propuestas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades para la Conferencia Intergubernamental aspiran a reforzar la democracia y la efectividad. 
Es un hecho real que el Tratado de Amsterdam constituye un gran paso en cuanto a los derechos de la mujer, porque garantiza una base sólida para una política de igualdad eficaz; pero, por desgracia, no va más allá del campo del empleo. 
Por esta razón proponemos que se exprese en el Tratado un fundamento jurídico único y conectivo para la igualdad de los sexos, que incluya todos los ámbitos políticos. 
Queremos expresar que la participación equilibrada de los hombres y de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles es un requisito previo de la democracia y de la justicia social y por eso solicitamos que se modifiquen los artículos pertinentes de los Tratados con objeto de que este principio se tome en consideración en la composición de la Comisión, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Cuentas, Comité Económico y Social y Comité de las Regiones. 
Finalmente, subrayamos la necesidad de una conexión estrecha entre la Conferencia Intergubernamental y el proceso de elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales, para que en el marco del proceso de constitucionalización de la Unión en la legislación comunitaria se incluya el derecho fundamental a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Aparte del equilibrio y conexión indispensables que deben garantizarse entre los países grandes y pequeños de la Unión, entre las regiones y sectores de la población más y menos desarrollados, es necesario tomar en cuenta también el equilibrio entre los sexos en la planificación del futuro de la Unión Europea y en la toma de decisiones. 
. 
(PT) Señora Presidenta, Señorías, la Conferencia Intergubernamental se ha desarrollado a un ritmo muy intenso de trabajo, esta vez con una participación reforzada del Parlamento Europeo por mediación de la señora Presidenta y de dos representantes más, mediante un diálogo muy intenso también entre la Presidencia y la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Parlamento y gracias también a la información directa y al debate en el Pleno del Parlamento Europeo, que no tiene precedentes en relación con casos anteriores y resulta muy estimulante en cuanto a los resultados futuros de la Conferencia. 
Hasta ahora ya ha habido cinco grandes reuniones a fondo del grupo preparatorio y tres reuniones de la Conferencia Intergubernamental en sí; también están previstos todos los actos del calendario hasta el final del semestre para la Conferencia o para el grupo preparatorio y también la elaboración de un informe que se presentará al Consejo Europeo de Feira y que, según considera la Presidencia, no debe ser un simple informe académico, sino también un informe con propuestas, un informe que habilite a la Presidencia siguiente, la francesa, para seguir desarrollando ese trabajo y llegar a una decisión al final del año. 
El punto que abordamos en la última Conferencia Intergubernamental fue la cuestión de la ampliación de la votación por mayoría cualificada. 
Reveló cierta apertura por parte de los Estados miembros, aunque muchos no se hayan pronunciado aún de forma definitiva. 
Sin embargo, se pueden señalar, a título preliminar, algunas disposiciones en relación con las cuales la actitud de la gran mayoría de los Estados miembros es negativa, pues consideran que se deben mantener sujetas a la regla de la unanimidad. 
Los debates sobre esos asuntos muestran que en realidad aún existen muchas reticencias, aunque puedan superarse en el transcurso de la conferencia. 
La labor preparatoria realizada hasta ahora ha versado también sobre cuestiones relacionadas con el Parlamento Europeo, los tribunales, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. 
Por lo que se refiere al proceso de adopción de decisiones en el Parlamento Europeo, hay un amplio consenso en el sentido de no hacer revisión alguna del Tratado que entrañe un cambio del equilibrio institucional existente. 
En cuanto al ámbito de aplicación de la codecisión, se da cierta apertura en el sentido de ampliarla a todos los casos de adopción de actos de naturaleza legislativa por mayoría cualificada, sin por ello establecer correlación sistemática alguna. 
Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia, se ha creado un grupo de amigos de la Presidencia encargado de estudiar las posibles modificaciones del Tratado en lo relativo a los dos tribunales. 
Se ha iniciado también el examen de las posibles modificaciones del Tratado en lo relativo al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. 
Muchos consideran que sólo se deben hacer cambios en la medida de lo estrictamente necesario para garantizar un funcionamiento eficaz de la Unión después de la ampliación. 
También se ha examinado la cuestión de los asuntos que se pueden inscribir en el orden del día de la Conferencia a propuesta de la Presidencia. 
Recuérdese que, según las conclusiones del Consejo de Helsinki, la Presidencia presentará un informe al Consejo Europeo y podrá proponer en él la inscripción de nuevos puntos en el orden del día de la Conferencia. 
Por lo que se refiere a la seguridad y la defensa y a la Carta de Derechos Fundamentales, la Presidencia considera que, en función de la evolución de los trabajos, se reserva el derecho de proponer al Consejo Europeo de Feira, el próximo mes de junio, la inclusión en la Conferencia de los posibles ajustes o adiciones a los Tratados que resulten necesarios en esas esferas. 
Respecto de otros asuntos que se pueden añadir a la labor de la Conferencia, se celebró un primer debate basado en una lista elaborada por la Presidencia. 
El argumento aducido en pro de un planteamiento prudente en cuanto a la inclusión de nuevos asuntos en el orden del día fue el riesgo inherente a la complejidad técnica de ese debate que podría provocar un aplazamiento para después del plazo fijado, diciembre del corriente año, como fecha límite para el final de los trabajos de la Conferencia. 
Respecto de la cuestión de la dimensión y la composición de la Comisión, existe consenso en cuanto a que la Comisión que surja de esta Conferencia debe ser fuerte e independiente y estar legitimada y a que se debe preservar su carácter colegial. 
Pero se da una clara disonancia entre los Estados de pequeñas y medianas dimensiones defensores de una Comisión compuesta por un ciudadano de cada Estado miembro y dotados de igual estatuto, por una parte, y, por otra, los Estados miembros grandes, partidarios de un número fijo de Comisarios, independientemente del número de Estados miembros. 
La dimensión del Colegio de Comisarios representa el principal punto de discordia entre las delegaciones y condiciona el resto del debate sobre la Comisión en la medida en que algunos hacen una vinculación directa entre este punto y sus posiciones por lo que se refiere a la composición, organización interna y estructura de esa institución. 
Por lo que se refiere a la responsabilidad individual de los Comisarios, se da un apoyo generalizado al mantenimiento del compromiso actualmente asumido por cada uno de ellos de dimitir en caso de que el Presidente pida su dimisión, y las delegaciones están divididas entre los que pretenden mantener el carácter oficioso del compromiso y aquellas a las que les gustaría formalizarlo en el Tratado. 
En cuanto a la responsabilidad colectiva de la Comisión como colegio, existe alguna reticencia a la hora de aceptar modificaciones en el actual marco institucional y se ha sostenido que es suficiente el control actual por parte del Parlamento Europeo. 
La idea presentada por el Parlamento Europeo de la posibilidad de que la Comisión solicite un voto de confianza a esta institución fue acogida positivamente. 
Sobre la ponderación de votos en el Consejo, existe un consenso en cuanto a que el criterio que se debe utilizar como fundamento para la votación por mayoría cualificada en el Consejo debe ser resultado de la combinación de dos elementos, que son los puntales de la Unión: la población y la existencia de Estados soberanos. 
De hecho, la Unión lo es tanto de pueblos como de Estados. 
En cuanto a los mecanismos concretos que se deben instituir para el sistema futuro, existe también una división entre los que proponen una doble mayoría y los que prefieren una reponderación simple. 
Un argumento recurrente es el de que la reforma debe ser aceptable para las opiniones públicas y prestarse a ser ratificada por los parlamentos nacionales, preocupación ésta que es común a todos los Estados miembros, grandes o pequeños, no sólo por la necesidad de posibilitar la ampliación y el respeto de sus calendarios, al ratificar un nuevo Tratado, sino también por la sensación de que no se debe provocar una crisis europea a propósito de este tipo de reformas y también la idea de que se deben presentar esas reformas igualmente a la opinión pública de los países de la Europa central y oriental, los países candidatos, para no dar la impresión de que son reformas que se están haciendo aprisa, no para perfeccionar la Unión Europea, sino para impedir que los nuevos Estados miembros tengan acceso al sistema decisorio de la Unión Europea. 
En relación con las cooperaciones reforzadas, la necesidad o la conveniencia de que la Conferencia aborde ese asunto fue un tema igualmente tratado en un debate oficioso y se dio división de posiciones en cuanto a la posibilidad de que se aborde ese asunto y en cuanto al ámbito y la naturaleza de las posibles modificaciones y en la próxima reunión oficiosa del grupo de representantes, que se celebrará en Sintra (Portugal) los días 14 y 15, se abordará ese asunto en concreto. 
Se trata de un asunto difícil de tratar, pues no hay ejemplos que presentar: ni ejemplos concretos, pues el Tratado de Amsterdam ya posibilita las cooperaciones reforzadas e incluso hoy ningún Estado miembro ha utilizado ese instrumento, ni ejemplos teóricos, que nunca aducen los argumentadores, y, por tanto, se trata de una cuestión muy recurrente, pero inmensamente abstracta. 
Entrando un poco en la substancia del debate en cuanto a la introducción en el segundo pilar de las cooperaciones reforzadas, en un debate oficioso se vio que la posición mayoritaria es la de no considerarla necesaria en la política exterior o de seguridad común, pero admitir que se puede llegar a examinar la posibilidad de su utilización en el ámbito de la seguridad y la defensa. 
Es decir, que, si se avanza hacia la inclusión de las cooperaciones reforzadas en el segundo pilar, será necesario encontrar una modalidad concreta para la aplicación de ese concepto en ese sector, que no podrá copiar el primer pilar, dada la disimilitud de funcionamiento de los dos pilares. 
Por lo que se refiere a la flexibilizaron del modelo ya existente, defendida en particular por la Comisión, se dio alguna apertura en el sentido de eliminar el recurso al Consejo Europeo en el lanzamiento de las cooperaciones reforzadas, pero incluso los defensores de la modificación del requisito de la participación de la mayoría de Estados miembros se opuso al número límite de ocho Estados miembros. 
Como pueden ver sus Señorías, la Presidencia portuguesa sigue sin escatimar esfuerzos en el sentido de avanzar en los trabajos para posibilitar un acuerdo global y equilibrado y aceptable por todos en el ámbito del calendario previsto. 
Se ha mantenido una estrecha colaboración con la Comisión y el Parlamento Europeo: en este último caso mediante la participación de la señora Presidenta y de dos diputados elegidos o mediante la información periódica a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a este Pleno, lo que permite garantizar que se está haciendo esa labor de reforma institucional con un grado mucho mayor de participación del Parlamento Europeo que en la anterior revisión del Tratado y eso es un buen augurio para el éxito de nuestros trabajos. 
Señora Presidenta, señor Presidente Gama, señor Comisario Barnier, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero expresar en nombre nuestro Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos mis encarecidas felicitaciones y reconocimiento a Giorgos Dimitrakopoulos y a Jo Leinen por este buen informe. 
Quiero remarcar que es importante que en el Parlamento Europeo, en las cuestiones básicas europeas, aprobemos posiciones que se puedan apoyar en una amplia mayoría del mismo. 
A pesar de todas las pugnas y discusiones que puedan producirse, discusiones que son necesarias también entre los Grupos políticos, necesitamos amplias mayorías cuando se trata del desarrollo de la Unión Europea y de las instituciones europeas. 
Señor Presidente del Consejo, usted y también la Presidencia francesa del Consejo que le va a suceder tienen una gran responsabilidad, pues el resultado de esta Conferencia Intergubernamental es de importancia histórica, tanto en el sentido positivo como en el negativo. 
Si el resultado de la Conferencia Intergubernamental es positivo, lo que debe ser nuestro objetivo, entonces modificará el rostro de la Unión Europea en el sentido de mayor transparencia y democracia así como de más proximidad a las personas. 
Lo necesitamos. 
Sería realmente nefasto que al comienzo de este siglo las puertas de la Unión Europea se cerrasen para los países de la Europa central que se han sacudido el comunismo. 
Por ello, tenemos que realizar todos los esfuerzos para que esta Conferencia sea un éxito. 
Queremos una Unión Europea fuerte, capaz de actuar y democrática y lo decimos precisamente unas pocas semanas antes de que se conmemore el 50 aniversario de aquel 9 de mayo de 1950, cuando Robert Schumann propuso el método para el desarrollo de Europa. 
Los baremos que se tienen que aplicar a la Conferencia Intergubernamental se exponen en el apartado 1- el equilibrio entre las instituciones, la doble legitimación de la Unión Europea como una unión de pueblos y de Estados y- lo que es especialmente importante- el equilibrio entre los pequeños y grandes Estados de la Unión Europea. 
Señor Presidente del Consejo, usted mismo ha dicho que el baremo totalmente decisivo es el de las decisiones mayoritarias en el Consejo. 
Este es el auténtico meollo del asunto y tenemos que lograr que se imponga este principio de la doble mayoría, es decir, la mayoría en el Consejo y en la población. 
Sin duda, aún tenemos que debatir sobre cómo debemos hacerlo en detalle, pero este principio de la doble mayoría es esencialmente correcto. 
Si no se logran ampliar drásticamente las decisiones mayoritarias y aceptarlas como el sistema básico para adoptar decisiones, esta Conferencia Intergubernamental fracasaría, lo que no debe ocurrir a causa de la ampliación de la Unión Europea. 
En lo que se refiere a la Comisión, los Estados pequeños creo que tienen derecho a estar representados en el futuro en la mesa de la Comisión Europea pues se considera necesaria la presencia en Bruselas. 
Lo comprendo y lo tenemos que garantizar. Por ello, se tiene que fortalecer la posición del Presidente de la Comisión. 
Queremos un Presidente fuerte, una Comisión fuerte, hoy y en el futuro. 
Lo decimos también precisamente frente a aquellos que quizás no quieren ver a la Comisión como la fuerza de integración en Europa. 
Tenemos que fortalecer a su Presidente y debe tener el derecho de despedir a un miembro de la Comisión si este miembro no cumple sus obligaciones. 
Naturalmente, el Parlamento Europeo tiene que ser el factor decisivo de la democracia y tiene que codecidir en las cuestiones legislativas de la Unión Europea. 
En la Unión Europea no queremos menos democracia que en el ámbito nacional. 
Permítanme que me refiera a un último aspecto: el Tribunal Europeo de Justicia. 
Este es un aspecto muy importante y saludo expresamente que ambos ponentes lo hayan mencionado. 
Somos una comunidad jurídica y no debemos permitir que esta Unión Europea y sus instituciones dependan del oportunismo político. 
Por ello, debemos dotar al Tribunal Europeo de Justicia, como órgano jurídico competente cuando se producen litigios, de modo que tenga capacidad de actuar y llegar a decisiones en unos plazos de tiempo adecuados. 
Para finalizar quiero dirigirle un ruego a usted, señor Presidente del Consejo. Que informemos- quizás también junto con la Comisión y con el Comisario Barnier- a los países candidatos de la Europa Central y Oriental así como a Malta y Chipre sobre los progresos y los debates en la Conferencia Intergubernamental. 
Pues los países candidatos tienen un interés legítimo en saber qué es lo que se debate en la Conferencia Intergubernamental y a qué se deben atener. 
Creo que debemos tener en cuenta este interés legítimo de estos países manteniendo un diálogo positivo con ellos pues tenemos un futuro común con ellos en la Unión Europea en el siglo XXI. 
En este sentido, señor Presidente del Consejo, le deseo mucho éxito en su trabajo en la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, con el informe Dimitrakopoulos-Leinen que estamos debatiendo, el Parlamento Europeo muestra su gran visión para la Unión Europea del futuro. 
Este momento es realmente histórico, tal como se ha subrayado. 
Nuestros conciudadanos están esperando que se les informe sobre qué vamos a solicitar de la Conferencia Intergubernamental para dicho futuro. 
Propuestas legislativas sobre temas específicos sin una aclaración previa de la filosofía básica de la futura Unión de los 27 no convencen. 
Así pues, el proyecto de resolución delimita correctamente, con tres principios, esta concepción básica. 
Primero, la Unión Europea es unión de pueblos y unión de estados, por eso sus ciudadanos tienen legitimidad europea y nacional. 
Segundo, se basa en un equilibrio institucional de grandes y pequeños Estados. 
Esto no debe quedar sólo en el papel. 
Tercero, la Unión debe ser más eficaz en su funcionamiento, para poder acometer la gran ampliación. 
Los principios filosóficos referidos anteriormente, a los que el proyecto de resolución es fiel no son invenciones metafísicas del Parlamento Europeo, sino que derivan de la realidad histórica y política que se llama espacio europeo. 
Quienes lo ignoran, construyen Europa en la arena. 
La Conferencia Intergubernamental del año 2000 se lleva a cabo para que la Unión sea tan eficaz como lo exige la aprobada ampliación. 
En este procedimiento, el Parlamento tiene una tremenda responsabilidad. 
Por eso la aprobación de la ampliación por parte del Parlamento no puede sino depender de la idoneidad de los cambios institucionales que aprobemos. 
Esto no es una amenaza, es una declaración de responsabilidad. 
Todas las partes intentan de buena fe, con las enmiendas, que el funcionamiento de la Unión Europea sea más efectivo. 
Basta con simplificar y abreviar los procedimientos para poder considerarlos más efectivos. 
Una cosa es la eficiencia de un servicio policial, que realmente exige simplicidad y rapidez, y otra cosa la eficiencia de las instituciones fundamentales de un orden social legítimo y democrático. 
La eficiencia de las instituciones fundamentales, no se mide ni con un cronómetro, principalmente, ni por el número de decisiones tomadas. 
Se mide por el grado de legalidad que genera. 
La doble legitimidad de la Unión Europea por el ciudadano europeo y por el nacional, por los pueblos y por los Estados, hace a la Unión Europea, por naturaleza, compleja institucionalmente. 
Por eso la simplificación y la abreviación de los procedimientos tiene como límite la perfección del sistema complejo de la doble legitimidad. 
Tengamos en cuenta mañana todo esto, cuando votemos las enmiendas y el texto. 
Señor Presidente, en nuestros Grupos en el Parlamento y en la propia CIG nos enfrentamos todavía a los problemas que demostraron ser de muy difícil solución en Amsterdam. 
Estas cuestiones son delicadas porque ponen de manifiesto tanto la importancia exagerada que se atribuyen los pequeños estados como la folie de grandeur de los grandes estados. 
Estos temas sólo pueden resolverse mediante un mayor clima de confianza entre los socios- la misma confianza que constituye el nexo esencial de los pactos federales de éxito. 
Esta confianza es precisamente la cualidad necesaria para que podamos garantizar una integración satisfactoria de los nuevos Estados miembros. 
El hecho es- y alguien debería decirlo- que si la CIG no es capaz de resolver las cuestiones de Amsterdam, la ampliación debe ser aplazada. 
El Grupo Liberal apoya los esfuerzos de la presidencia y de la Comisión por ir creando esa mayor confianza que necesitamos. 
Nosotros apoyamos la idea central de este informe. 
Apoyamos, en especial, aquellos elementos que amplían la capacidad de acción de la Unión Europea en los asuntos globales; los que fortalecen la condición del ciudadano y su perfil, incluyendo la Carta; así como aquéllos que postulan una nueva reforma política en beneficio de un ejecutivo fuerte y una democracia parlamentaria madura. 
En este sentido, la separación de los Tratados es vital. Como también lo es el mantenimiento de la unanimidad en el Consejo exclusivamente para las cuestiones de mayor importancia. 
Los Liberales apoyamos en todas partes a los ministros que respaldan el desarrollo de la democracia parlamentaria europea. Pero seremos despiadadamente críticos con aquéllos que prefieran sus propios intereses de corto alcance y que pongan en peligro la integración de nuevos Estados miembros. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo no participa en las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental. 
Desempeña un papel secundario, como todos aquellos que no forman parte de los Gobiernos nacionales. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea considera que el sistema intergubernamental que excluye a los que han sido elegidos e impide el debate público, es un límite gravísimo de la reforma de los Tratados y una seria hipoteca sobre su éxito. 
Por lo tanto, la valoración que hacemos de este informe arranca del hecho de que el mismo se sitúa en un contexto insatisfactorio en el cual nuestras prioridades- las de una democracia abierta, que funciona y capaz de reorientar de una manera ecológicamente sostenible el desarrollo económico, de garantizar el respeto y el reforzamiento de los derechos de los ciudadanos y de los residentes y, sobre todo, de acoger a corto plazo a nuevos miembros- no son las mismas que las de los Gobiernos que negocian. 
Los Gobiernos tienen un único objetivo: alcanzar en Niza un acuerdo unánime, sea cual sea, al objeto de evitar cualquier otra ciudad extraña como lo fue Maastricht en su día. 
Si el Parlamento no negocia, sin embargo, tiene el deber de indicar el camino, de plantear opciones de futuro claras, sin simular que se sienta a la mesa de negociaciones o que está supeditado a las presiones de los Gobiernos o a las artificiales contraposiciones como la del contraste entre pequeños y grandes países. 
El presente informe alcanza este objetivo sólo a medias y por esto la valoración final de nuestro Grupo no será unánime. 
Sin embargo, aunque la votación final no será del todo uniforme, sí lo es en cambio el juicio sobre las luces y las sombras de esta resolución. 
Estamos muy de acuerdo con algunos puntos importantes que contraria y lamentablemente muchos Gobierno no comparten: la extensión sistemática y no caso por caso del voto por mayoría en el Consejo, la codecisión, la firme reiteración de la necesidad de otorgar fuerza vinculante a la Carta de derechos fundamentales y de ampliar, más allá del terreno económico, las posibilidades de recurrir ante el Tribunal, las disposiciones referentes a la cooperación reforzada, etcétera. 
En cambio, somos muy críticos con el hecho de reducir la cuestión de la constitución a una mera operación técnica de división de los Tratados en dos partes, entre otras cosas, difícilmente reconocibles entre sí. 
Éste no es el proceso constitucional, radicalmente diferente de las tortuosas negociaciones de los diplomáticos, que nosotros consideramos indispensable para dar ese impulso al proceso de integración que sólo puede llevar a los ciudadanos a movilizarse por una Europa mejor. 
Asimismo, nos parece inútilmente punitivo para las regiones y las orientaciones diferentes de las de los socialistas y de los conservadores, el obstinado mantenimiento del límite del número de los diputados a 700, incluso después de la ampliación a 20 Estados. 
A este propósito, esperamos que nuestra enmienda logre el consenso del Pleno. 
Con respecto a otras cuestiones, la posición del Grupo presenta diferencias: mayoría cualificada, cooperación reforzada, número de Comisarios, política de seguridad. 
En particular, por lo que se refiere al número de Comisarios, respaldaremos la posición equilibrada contenida en esas enmiendas orientadas, por un lado, a asegurar la representación adecuada de los Estados miembros y, por otro, la eficacia de la Comisión. 
En conclusión, este informe podría ser un instrumento útil para ayudar a nuestros dos representantes en su trabajo diario, a menudo muy frustrante, en la Conferencia Intergubernamental, en la que las decisiones las toman otros. 
Sin embargo, a nuestros ciudadanos les parecerá casi igual de vago que una circular ministerial; sobre todo, este informe pierde su apuesta de representar, como lo hizo el Tratado de Spinelli en 1984, una piedra miliar, una indicación clara y sin ambigüedades de dónde queremos llegar, junto con quien querrá seguirnos. 
Señor Presidente, nuestro Grupo quiere agradecer a los ponentes, Sres. Dimitrakopoulos y Leinen, el importante trabajo que han realizado. 
También tengo que decirles que en mi Grupo hay visiones diferentes- es normal -, según las diferentes experiencias nacionales. 
Digo aquí lo mismo que he dicho en el Grupo: el campo de debate no es federalismo sí, federalismo no. 
Es la construcción europea en el momento de la ampliación. 
Es conseguir que no solamente existan la Europa de los Estados y la Europa de los pueblos sino, muy especialmente, la Europa de los ciudadanos. 
Hay que crear un tejido institucional plenamente democrático. 
Y en este momento, éste es el reto de cara a la ampliación: conseguir- como han dicho los ponentes- más eficacia y más democracia. 
No podemos tener al final de la Conferencia Intergubernamental la misma decepción que tuvimos con Amsterdam. 
No podemos fabricar un Amsterdam 2. 
Hay que hacer un Tratado que sirva para una verdadera construcción europea en la que podamos compartir prosperidad económica, dimensión social y vida democrática más de 400 millones de europeos. 
Aquí está el gran reto para las instituciones europeas y para la política europea. 
Desde mi visión de la construcción europea, estoy en general de acuerdo con las líneas fundamentales que se plantean en el informe que hoy estamos considerando. 
Es necesario, naturalmente, dar a la Comisión los poderes que debe tener y hacerla responsable ante el órgano parlamentario. 
Se trata precisamente de eso, de que haya una clara definición de los diferentes poderes democráticos en el ámbito de las competencias europeas, saber quién toma las decisiones y ante quién es responsable. 
El Parlamento, señor Presidente, no tiene una postura corporativa. 
Exige los mínimos de un Parlamento mayor de edad que tiene que pedir responsabilidades a la Comisión, pero que también tiene que participar activamente en la construcción europea en nombre de los ciudadanos europeos. 
Y en nombre de los ciudadanos europeos tenemos que pedir hoy, no solamente esa puesta a punto de la toma de decisiones, sino también la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales al Tratado. 
Esta es la posición que podemos plantear en el Grupo pidiendo más eficacia y más democracia. 
Señor Presidente, las propuestas del Parlamento Europeo para la Conferencia intergubernamental, tal como las presenta el informe Dimitrakopoulos/Leinen, incurren, en nuestra opinión, en un contrasentido. 
Hoy, en vísperas de la ampliación, lo urgente no es profundizar a paso acelerado la integración de los miembros actuales. 
No es volver a sacar las viejas recetas federalistas del Movimiento europeo. 
No es proponernos de nuevo el super-Estado, con su constitución, su normativa uniforme y sus decisiones por mayoría. 
No, hoy lo urgente Señorías, es dar muestras de lucidez, admitir que la integración económica o política no puede llevarse más lejos e imaginar nuevas formas de cooperación mucho más libres, que permitirán a 30 o más Estados trabajar juntos, respetándose recíprocamente. 
Por desgracia, parece que los nuevos debates, que preocupan a los círculos más informados de nuestras sociedades, se detienen en las puertas de este Parlamento. 
En este ámbito, como en el de la Carta de Derechos Fundamentales, nuestra Asamblea no parece capaz de dar una nueva orientación a la trayectoria federalista que ésta prosigue desde hace varios años. 
Dicha actitud conduce a un punto muerto, a lo que el Sr. Tsatsos denominaba hace un momento, si he entendido bien, una Europa construida sobre la arena. 
En primer lugar, dicha actitud nos aleja de la concepción de una Europa basada en la asociación de Estados, en la asociación de democracias nacionales, y suscita la indignación de todos los países, pequeños o grandes, que temen ser marginados. 
De una forma más amplia, la crispación federalista traduce un deseo más o menos inconsciente de poner barreras institucionales a la ampliación, que cuestionará tantos comportamientos antiguos. 
Debemos adoptar una actitud más positiva. 
Debemos favorecer la ampliación mediante una nueva cooperación, más diferenciada, más respetuosa de las soberanías nacionales, ya que estará fielmente basada en el compromiso de Luxemburgo, como lo he explicado en la opinión minoritaria aneja al informe Dimitrakopoulos/Leinen. 
Señor Presidente, en Dinamarca existe un concepto llamado alzamiento de bienes. 
Elegantes abogados y auditores son condenados en cadena por haber contribuido a vaciar sociedades de sus activos dejándolas vacías y con una deuda tributaria a cuestas. 
Se les castiga por alzamiento de bienes. 
La Conferencia Gubernamental pretende vaciar a nuestras constituciones y cartas fundamentales de sus activos y dejar una deuda democrática a los electores, sin embargo, este alzamiento constitucional no es castigado. 
El activo de nuestras constituciones es el derecho de los electores a ser escuchados y a elegir representantes que puedan aprobar leyes en nuestro nombre. 
Si no estamos satisfechos con las leyes, podemos elegir nuevos representantes y tener nuevas leyes. 
Así late el pulso de nuestras democracias. 
El corazón de la democracia se detiene por los que vacían de contenido nuestras constituciones. 
Toman el poder legislativo de nuestros quince parlamentos nacionales y lo trasladan a funcionarios y ministros, de electores y representantes elegidos por el pueblo al poder ejecutivo, de sesiones abiertas a sesiones a puerta cerrada en Bruselas. 
El poder de elección se traslada de nuestras constituciones, pero no se traslada al Parlamento Europeo. 
Nosotros somos una vía muerta. 
El poder se halla en la Comisión y en el Consejo de Ministros. 
La UE no es una democracia parlamentaria y los parlamentos nacionales son desechados aún más. 
De ahí que una serie de miembros de esta Asamblea hayamos elaborado 19 propuestas para una reforma democrática de la UE. 
SOS, porque es urgente, democracia, porque aquí radica el meollo del problema. 
Hoy no tenemos democracia en la UE. 
Queremos tenerla mañana. 
Tenemos opiniones diferentes sobre cómo deben ser las leyes. 
Tenemos respaldos que incluyen desde los comunistas a los conservadores, estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero estamos de acuerdo en que nuestras diferencias deben ser resueltas en parlamentos democráticos. 
Los electores de nuestros países deben tener siempre la última palabra. 
Rechazamos cualquier intento de vaciar a nuestras constituciones de contenido democrático y exhortamos a la opinión pública a que se inmiscuya en las negociaciones sobre el Tratado de Niza antes de que sea tarde. 
Únase a SOS Democracia, señor Presidente. 
Señor Presidente, consternado por la permanente condena anticipada de Austria por parte de los 14 Estados miembros, quiero limitarme en el presente contexto a la cuestión de la intensificación de la cooperación con sus muy diversos nombres. 
Desde la resolución sobre el Tratado de Amsterdam, la valoración ha cambiado sensiblemente. 
Aún recuerdo muy bien cuánto tiempo que se debatió al respecto en la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Como resultado de ello, los colegas que aprecio mucho Méndez de Vigo y Tsatsos destacaron en su informe sobre el Tratado de Amsterdam los peligros de una evolución diferente en los Estados miembros y saludaron que se limitasen dichos peligros a un nivel soportable mediante la remodelación del Tratado. 
Hoy, Dimitrakopoulos/Leinen opinan que la intensificación de la cooperación tiene que representar un estímulo para el desarrollo de la Unión y que se le debería dedicar incluso un capítulo propio. 
Una sorprendente evolución, creo, para una idea que en su día se consideró como el peligro para el proceso de integración. 
La Europa de las diferentes velocidades se ha convertido en el método. 
Ahora para superar la ampliación, se considera la posibilidad de una vanguardia de una tercera parte de los Estados miembros que no significa otra cosa que a aquellos Estados miembros que no quieran participar en esa vanguardia sólo les queda la elección entre una falta de participación absoluta o sumarse posteriormente a un sistema considerado originariamente como no adecuado. 
Una integración diferenciada de este tipo no puede ser la garante de un desarrollo coherente y estable de la Unión. 
Soy de la opinión de que este plan pone más bien en peligro los objetivos de la Unión que contribuye a mejorar sus estructuras decisorias. 
En cualquier caso, este era aún el convencimiento en 1996 de los arquitectos de la UE. 
. Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, hablo como ponente de opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo de este Parlamento. 
Comprendo el peso que tienen las reformas institucionales, pero también quisiera dejar constancia de la opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre los asuntos que debemos plantear de cara a la Conferencia intergubernamental. 
Queremos reivindicar tres cosas. 
En primer lugar, el reconocimiento activo del papel, el protagonismo y la participación de las regiones en el proceso de construcción europea iniciado hace 50 años. 
En segundo lugar, la importancia del transporte. 
Por eso queremos un artículo 70 ampliado y, también, que se complete con una disposición relativa a la creación de una agencia europea única de control del tráfico aéreo. 
Y, por último, el papel del turismo tanto para la economía como para el empleo. 
Por eso aceptamos- por lo menos, yo, personalmente- la enmienda 168, presentada por el presidente de la Comisión de Política Regional sobre este asunto. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi valoración positiva por el excelente trabajo de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen. 
Creo que éste es uno de los mejores informes que se han elaborado hasta ahora en el marco de la CIG en los últimos años. 
Lo digo en mi calidad de anterior ponente sobre el Tratado de Maastricht. 
Maastricht, por cierto, no es una ciudad extraña, señora Frassoni, es una ciudad muy interesante en la que confluyen la cultura holandesa-flamenca, alemana y francesa. 
Siéntese usted en una de sus terrazas y lo comprobará. 
También se lo diré, señora Frassoni, en italiano. 
Señor Presidente, verdaderamente es una pena que se hayan presentado tantas enmiendas, porque se corre el peligro de que se vean afectados la calidad y el equilibrio del dictamen. 
En la votación, los grupos mayoritarios deberían limitarse a las enmiendas absolutamente necesarias, lo cual me parece la mejor manera de respetar el excelente trabajo de los ponentes. 
En lo que respecta a nuestro Grupo, no obstante, la resolución debe enmendarse en algunos puntos. 
Por ejemplo, no estamos de acuerdo con la propuesta de la resolución de limitar el número de comisarios a veinte e introducir un sistema de rotación para los pequeños países. 
Para la confianza de los ciudadanos en la Comisión Europea es muy importante que cada Estado miembro cuente con un miembro en la Comisión. Así pues, nuestro Grupo también ha presentado enmiendas en este sentido. 
Otra cuestión es el número de diputados del Parlamento Europeo. 
En la resolución se aboga por la posibilidad de establecer listas europeas. 
Esta es una buena idea, pero si el 10% de los parlamentarios europeos quieren estar en las listas europeas, esto no puede conducir a un número adicional de parlamentarios por encima de los 700 que están acordados. 
Así pues, mantenemos que, haya o haya lista europea, haya un máximo de 700. 
El Parlamento ya es muy grande, los escaños ya están llenos, y el Parlamento tiene que seguir siendo operativo. 
El tercer punto se refiere a la unanimidad. 
Opinamos que en una Unión ampliada el proceso de decisión no puede verse bloqueado constantemente por un derecho de veto ampliado. 
Así pues, la unanimidad debe limitarse a lo estrictamente necesario, es decir, a cuestiones constitucionales como el empleo de fuerzas militares o asuntos relacionados con la integridad territorial. 
Todas las demás decisiones deben entrar dentro de la mayoría cualificada con un procedimiento de votación como ya se ha propuesto y, lo que es muy importante, con competencias colegislativas del Parlamento. 
Asimismo agradecemos a la Comisión su apoyo. 
Por último, un último punto, la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Nuestro grupo considera absolutamente necesario que se incluya en el Tratado. 
Se está trabajando en este sentido y esperamos de todo corazón que se presente un texto que pueda ser aceptado por todos y incluirse en el Tratado. 
Esto es un aspecto sumamente importante para los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, quisiera, ante todo, expresar, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, el apoyo al informe Dimitrakopoulos/Leinen y, asimismo, agradecer a la Presidencia portuguesa la actitud positiva que ha tenido en relación con la incorporación del Parlamento a la Conferencia Intergubernamental. 
Este informe tiene un valor decisivo y por eso creo que hay que apoyarlo hoy mayoritariamente en el Parlamento porque es la ocasión para un debate abierto, un debate con luz y taquígrafos, en torno a los grandes temas que tenemos pendientes en Europa. 
Y es un debate que se está produciendo entre familias políticas y entre nacionales de diversos Estados miembros. 
Y me permitirá el Sr. Presidente que haga una rectificación: aquí no hay países grandes y países pequeños. 
Aquí somos todos pequeños porque, en el pasado, los países que se consideraban grandes en Europa lo que hacían era tratar de imponer su hegemonía por la fuerza. 
Aquí estamos todos entre países que son pequeños, sobre todo de cara al desafío de la globalización. 
En el debate que se desarrolla en el Parlamento Europeo entran en juego familias políticas, ciudadanos de diversos Estados, intereses y prejuicios diversos y esto permite que nos demos cuenta de cuándo tocamos un nervio y de cuándo tenemos que tener cuidado en relación con lo que hacemos. 
Por lo tanto, éste es un debate importante y es una toma de posición que creo que el Consejo debe tener en cuenta. 
En segundo lugar, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que tenemos también que tratar de darle una dimensión de visión y de ideal a este debate. 
Siempre he estado en contra de la idea de que teníamos que ocuparnos de los "restos" de Amsterdam. 
Los restos se tiran a la basura. 
Estos son desafíos evidentes y fundamentales, que se refieren y están ligados todos a la composición de la Comisión, al poder del Presidente, a la perecuación entre los Estados miembros y a cuestiones tan importantes como las cooperaciones reforzadas, el voto por mayoría y un tema absolutamente decisivo, la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Y lo digo especialmente después de la crisis que hemos vivido en un Estado miembro por la presencia de un partido cuyos valores fundamentales son contrarios a la comunidad de valores que defendemos. 
Y una última reflexión: el Comisario Barnier ha hablado de que antes de acabar la Conferencia tenemos que resolver algunos problemas en relación con la cadena de mando. 
Creo, señor Presidente, que en relación con la proyección a la opinión pública de lo que estamos haciendo hay que afirmar claramente los principios de democracia y transparencia y también la cadena de mando. 
No puede ser que, mientras estamos discutiendo esto, haya una especie de serpiente del Lago Ness que vuelve cada mes en la prensa. 
Comprendo a los periodistas, pero no es posible que unos funcionarios anónimos, que son unos mandarines frustrados, que unos embajadores, que parecen una guardia pretoriana, y que no se recatan en hacer manifestaciones anónimas a la prensa, lancen crisis. 
Aquí el único riesgo que hay en democracia es el riesgo en las elecciones. 
Es el riesgo que ha corrido el Ministro Gama, el Comisario Barnier, y que hemos corrido todos nosotros. 
Y, sin embargo, estamos en los mentideros de Bruselas creando una actualidad y unos centros de poder que no responden a los principios de democracia y de transparencia, principios que tenemos precisamente que reforzar en esta Conferencia Intergubernamental. 
Creo que es importante que todas las instituciones afrontemos este tema con responsabilidad. 
Si no, no conseguiremos una Conferencia Intergubernamental exitosa para el futuro de la Unión. 
Señor Presidente, la UE se enfrenta a enormes retos. 
Dentro de pocos años la Unión se ampliará, doblando casi el número de países asociados. 
Se va a implantar el euro. 
Se va a instaurar una política de seguridad digna de este nombre, se harán reformas administrativas y esperamos que se recupere parte de la escasa confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo. 
La Conferencia Intergubernamental preparará a la UE para esos cambios. 
Nos ofrece una posibilidad de adecuar el trabajo a los nuevos miembros y a las nuevas tareas. 
Se trata de encontrar el equilibrio, por una parte, entre la democracia y la eficacia y, por otra, de mantener la armonía histórica entre los países grandes y pequeños. 
Éstos son los temas que están pendientes después del Tratado de Amsterdam. 
Cuando se discuten estas cosas es importante no enredarse en detalles técnicos olvidando las metas: que la UE sea más abierta, más eficaz y más comprensible. 
Todos tenemos que hacer esfuerzos para alcanzar esos objetivos. 
Desgraciadamente los gobiernos parecen haber olvidado esas metas. 
La Conferencia Intergubernamental sólo hace pequeños avances, lo cual no es culpa de la Presidencia portuguesa. 
Probablemente ocurrirá lo que suele pasar, es decir, que a última hora, el último día, se alcanzará un acuerdo que no satisfará plenamente a nadie. 
Ya se habla de la próxima Conferencia Intergubernamental, que en ese momento resolverá los grandes problemas. 
Esto ya lo hemos escuchado antes. 
Empieza a haber demasiadas Conferencias Intergubernamentales a medias. 
Las expectativas de los ciudadanos son muy grandes y no tenemos mucho tiempo. 
Por eso hay que aprovechar esta oportunidad. 
La UE tiene que cambiar en el sentido que hemos exigido los liberales, es decir, debe orientarse hacia la apertura y la transparencia, hacia formas más claras de determinación de responsabilidades y atribuciones y hacia la obtención de una constitución. 
Sencillamente, la UE tiene que liberalizarse. 
Muchas de nuestras enmiendas se han incorporado al informe y yo, casi sin excepción, las respaldo. 
Los retos que nos esperan son emocionantes e históricos. 
Deberían inspirarnos para ponernos manos a la obra. 
Podemos crear algo único: una colaboración pacífica, democrática y competitiva en todo el continente. 
Pero, en lugar de despertar esperanza y entusiasmo en los gobiernos parece, más bien, que este desarrollo les angustia. 
Cabe preguntarse qué ha pasado con la conducción política y con los ideales. 
Señor Presidente, quiero expresar a los ponentes Dimitrakopoulos y Leinen mis respetos personales. 
Deben saber que mi escepticismo y, eventualmente, mi rechazo a este informe no van dirigidos a ellos sino a esta Asamblea que no tiene la fuerza de oponer al Consejo Europeo una propia imagen sobre el futuro de la integración europea. 
La voluntad del Consejo está muy clara desde una perspectiva de política del poder o de un modo de pensar constitucional. 
Quiere una Europa de los poderes ejecutivos, una Europa bajo la dirección de los Gobiernos nacionales, una Europa como un mercadillo de intereses nacionales. 
Quiere establecer la cooperación gubernamental como modelo básico de la integración europea. 
El Consejo Europeo quiere una Europa bajo la dirección de unos pocos Estados, una Europa de un Directorio, una política de equilibrio de Estados centroeuropeos según el modelo del siglo XIX. El Consejo no ve un déficit democrático, a lo sumo un fallo de eficiencia. 
No le interesa la división de poderes, la publicidad de la legislación, el parlamentarismo, el control jurídico ilimitado por parte del Tribunal Europeo de Justicia, unos derechos fundamentales vinculantes o el fortalecimiento de las instituciones originales, la Comisión, el Parlamento y el Tribunal Europeo de Justicia. 
Para oponerse a esto, el Parlamento debe buscar y ofrecer una visión diferente. 
El Parlamento debe tener el valor de ser el rival del Consejo en la determinación del futuro de la integración europea. 
Se trata nada menos que de encontrar de nuevo la democracia en un espacio supranacional. 
Se trata nada menos que de hacer de la unificación europea una res publica y esta es o debería ser tarea de este Parlamento. 
Y de esto estamos muy lejos. 
Si ustedes exigen el proceso constitucional pero se contentan con una partición en dos de los Tratados, entonces este proceso ya ha finalizado. 
Si aceptan sin rechistar que el Consejo no sólo se entienda a si mismo como representación legítima de los Estados sino además reclame para si la representación de los pueblos mediante la mayoría doble retirando de este modo la legitimación al Parlamento, entonces estamos aún muy lejos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, si se aprobasen los cambios al Tratado que se proponen en la resolución que debatimos, la Unión Europea daría un trascendental paso hacia su transformación en una confederación en la que los parlamentos nacionales perderían el control sobre casi todos los campos políticos de importancia. 
Además del considerable aumento de las formas de decisión supraestatales, la propuesta contiene muchos cambios cualitativos orientados hacia el federalismo. 
Uno de ellos es la propuesta de abolir el derecho a veto en la modificación de una parte considerable del actual Tratado. 
Otra es la propuesta de una circunscripción electoral europea en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Estoy convencido de que esta evolución hacia una confederación es, en todos los sentidos, irreversible. 
El gran problema de la UE actualmente no es la falta de poder centralizado, sino que la falta de una verdadera democracia. 
La Unión necesita, en lugar de un superestado, reformas democráticas que disminuyan notablemente el poder político de la Comisión, apertura en el trabajo legislativo en el Consejo y mayor influencia de los parlamentos nacionales. 
Con las reformas que se proponen en la resolución, la UE terminaría por ser dominada completamente por los países miembros grandes. 
El poder de los grandes países aumentaría notablemente mediante la instauración de un sistema de mayorías dobles en el Consejo de Ministros. 
También aumentaría su poder debido a que se acrecentaría su representación en el Parlamento Europeo. 
En una UE ampliada con doce nuevos estados y en el que setecientos escaños en el Parlamento se distribuyesen según esta resolución, Suecia contaría con trece representantes, Finlandia con siete e Irlanda con cinco. 
Significaría que importantes fuerzas políticas en muchos Estados miembros no estarían representadas en el ámbito europeo. 
Éste es otro ejemplo del débil arraigo democrático que tendría un Parlamento de estas características. 
Comparada con otras confederaciones, el "Estado UE", según este modelo, sería especialmente centralizado y ofrecería una débil protección a los estados pequeños. 
Podemos hacer comparaciones con EE.UU., en que una de las Cámaras en el sistema bicameral tiene una representación proporcional mientras que en la otra la representación es igualitaria para todos los Estados federados. 
En la UE, en cambio, en conformidad con la propuesta que estamos debatiendo, los grandes estados dominarían ambas Cámaras. 
Quienes pretenden hacer cambios en la Unión Monetaria, UEM, tienen ahora, cuando se modifique el Tratado, la posibilidad de hacerlos. 
Muchos izquierdistas partidarios de la UEM han manifestado que ésta debería modificarse para someter al Banco Central Europeo al control democrático posibilitando, de este modo, que los objetivos de la política económica no sean exclusivamente monetarios. 
Es extraño que ahora estén absolutamente callados y que sea el Grupo GUE/NGL el que exige la democratización de la Unión. 
Como habrán advertido, votaré en contra de esta resolución... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, yo apoyo la ampliación de la Unión Europea porque sé que va a consolidar las nuevas democracias de Europa central y del este. 
Sé que también aumentará la talla de la Unión Europea en tanto que bloque comercial, lo que hará, con el tiempo, que la Unión como entidad económica sea más competitiva. 
Sé que debe llevarse a cabo una reforma de las actuales instituciones europeas. 
Pero todos los cambios en los procedimientos internos de adopción de decisiones deben ser equilibrados y justos. 
No deseamos ver una Unión Europea de dos niveles en la que los Estados miembros grandes marquen el paso a costa de los Estados miembros pequeños. 
Por ejemplo, el informe que estamos debatiendo hoy recomienda un sistema de rotación para la composición de la Comisión Europea. 
Ello supondrá que el derecho automático de los Estados miembros pequeños a contar con un miembro en la Comisión quedará reducido. 
No creo que ésta sea una propuesta particularmente sensata. 
380 millones de ciudadanos de la Unión tienen afinidad con la Comisión. 
Sin duda, desde la perspectiva irlandesa, el pueblo de Irlanda reconoce la importancia de la Comisión como órgano institucional dentro de la Unión Europea. 
Sigue siendo la institución que controla el funcionamiento de la política de competencia, de la política agrícola común, de la política pesquera común y de la política común de transporte. 
La Unión debe acercarse más a los ciudadanos de la Unión. 
Deberíamos recordar también que algunos Estados miembros, entre ellos mi país, deben celebrar un referéndum sobre cualquier cambio en los Tratados que surja de la próxima CIG. 
La pérdida de un derecho automático a designar a un comisario sería, sin duda, una propuesta muy difícil, si no imposible, de hacer aceptar al electorado irlandés en ese referéndum. 
Desearía volver ahora a la cuestión de ampliar el sistema de votación por mayoría cualificada en el ámbito del Consejo Europeo. 
El Consejo representa los intereses de los 15 gobiernos de los Estados miembros dentro del marco institucional de la Unión y en la actualidad, de acuerdo con los Tratados de la UE en vigor, se requiere el acuerdo unánime de los 15 Estados miembros para cualquier cambio en materia de impuestos que se pretenda realizar dentro de la Unión. 
El informe que estamos debatiendo hoy pretende extender el voto por mayoría cualificada a todas las actividades legislativas salvo a las de naturaleza constitucional. 
Creo que los Estados miembros deberían conservar el derecho de veto en cuestiones fiscales. 
El sistema tributario irlandés es innovador en muchos sentidos y ha contribuido a nuestras actuales tasas de crecimiento. 
No creo que la extensión del voto por mayoría cualificada a las cuestiones fiscales en el ámbito de la Unión Europea sea un hecho particularmente bien recibido. 
Señor Presidente, una parábola bíblica enseña al fiel que hay que edificar la casa sobre roca. 
Una casa edificada sobre la arena no tiene fundamento sólido. 
El sentido de esta parábola se refiere al fundamento de la fe. 
En cualquier caso, el debate sobre la Conferencia Intergubernamental me hizo pensar en esta parábola. 
Los intentos constantes de hacer una única política europea se construyen en arenas movedizas. 
Los ciudadanos de Europa no se sienten europeos y ese sentimiento no va a cambiar con rapidez. 
Sin embargo, en el debate sobre el futuro de Europa aparecen conceptos como el de ciudadanía europea. 
Eso no existe y, por tanto, estamos construyendo sobre arena. 
En el debate de la CIG, el objetivo final de la cooperación europea no se plantea, como tampoco en el informe presentado. 
¿Qué queremos conseguir como Unión Europea? 
Tengo curiosidad por conocer la posición del Consejo y de la Comisión. 
Si es una visión meditada sobre el fundamento de la cooperación europea, la casa europea se construirá con más rapidez y aguantará los embates. 
Comparto la opinión minoritaria del miembro de la UEN, el Sr. Berthu, que se recoge en este informe. 
Allí encontramos un verdadero fundamento para la Unión, en concreto, que es una asociación de Estados independientes, en la que las democracias nacionales ostentan la legitimidad principal. 
En la ampliación debe ser esencial que los países candidatos a la adhesión sean miembros de pleno derecho de la Unión. 
"Degradar" a los candidatos a países de segundo rango no les hace justicia y tiene consecuencias políticas no deseadas. 
En lugar de la idea de que haya diferentes velocidades, apoyo la idea de un solo nivel europeo para ejercer las tareas fundamentales, es decir, los asuntos políticos transfronterizos. 
Otro punto muy concreto se refiere a la Comisión Europea. 
Este alto colegio funcionarial no debe tener en el futuro más de veinte miembros, pero tampoco menos. 
Eventualmente pueden producirse combinaciones de países en los que haya rotación de comisarios europeos. 
Apoyo la idea de dotar de codecisión al Parlamento Europeo en todos los casos en que el Consejo decida con mayoría cualificada. 
Esto debe ir en unión con un control detallado de los parlamentos nacionales por los "propios" ministros del Consejo. 
Señor Presidente, asimismo consternado por la permanente condena de antemano de Austria por parte de 14 Estados miembros, quiero referirme a la opinión expuesta por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte que llama la atención sobre unos aspectos muy importantes. 
La diversidad de la tradición cultural en Europa no es sólo un abigarrado mosaico de actividades culturales sino expresión de una diversidad cultural, religiosa y también nacional, de una pertenencia y de un sentimiento patrio. 
En el pasado, la cultura ha sido contemplada en el Parlamento con frecuencia sólo como el caldo de cultivo para el arte. 
Pero es mucho más y no se puede separar de la identidad y de la autoconsciencia de una minoría y, en consecuencia, tampoco de los derechos de esos grupos que se deben respetar. 
Casi todas las minorías en el espacio europeo se definen por su tradición cultural y sólo será posible ofrecerles la correspondiente protección si se les hace posible la integración en la sociedad de mayorías respetando al mismo tiempo sus propias tradiciones. 
Para reconocer y tomar nota de estas tradiciones se deberá hacer algo más que registrar las diferencias como unas características meramente folclóricas o como una lista de discriminaciones. 
Cuando hablamos hoy con tanta frecuencia sobre los peligros de ignorar los derechos de las minorías, esto se expresa con frecuencia a través de una discriminación cultural. 
El debate sobre los derechos humanos de las minorías, la xenofobia y el racismo, en especial de cara al proceso de ampliación, no puede pasar de largo de una nueva definición, léase ampliación, del concepto de cultura pues, de lo contrario, se producirá una eterna repetición de palabras vacías bajo las que apenas nadie puede imaginarse algo hoy día. 
La Convención debería tener en cuenta estas ideas a la hora de concebir la Carta de Derechos Fundamentales. 
La definición y la nueva elaboración del concepto de la cultura de una minoría deberían proporcionar una nueva dimensión también a esta base de identidad tan importante y no considerar al sector de la cultura dentro de la UE sólo como un colorido apéndice a las responsabilidades tan importantes existentes por otro lado. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos enfrentamos a la dificultad fundamental, en la tarea en la que estamos inmersos, de mantener el equilibrio entre la ampliación de la UE y la reforma de las instituciones que haga posible tal ampliación. 
Los Conservadores Británicos no pueden aceptar el informe, basándose en la larga lista de aspectos secundarios que no están en la agenda de la CIG. 
Nos preocupan las propuestas de constitucionalización de la Unión, las propuestas de incorporar la Carta de los Derechos Fundamentales al Tratado, la desaparición progresiva de la distinción entre el primer y el segundo pilar, la propuesta de que el Consejo debería adoptar por mayoría cualificada orientaciones amplias en materia de política de convergencia económica, laboral y social. 
Estos son solamente algunos ejemplos de las complejas y controvertidas cuestiones que se plantean. 
Estamos sobrecargando la lista de deseos de la CIG. 
El gran peligro, de adoptarse todos estos elementos adicionales en la agenda, es que el plazo de diciembre de 2000 se incumpliría inevitablemente. 
¿Dónde dejaría eso a países candidatos como Polonia y Hungría, cuyos dirigentes ya han expresado su preocupación por el calendario? 
Nosotros creemos que la CIG debería concentrarse en las reformas institucionales esenciales. 
Debería cumplir el plazo, para permitir que la primera ola de ampliación incluya a los países de la Europa Central y del Este en el 2004, y continuar cualquier otra reforma necesaria con la inclusión plena de nuestros nuevos socios. 
Si la UE retrasa en exceso la ampliación, hará que para algunos candidatos sea más difícil, o imposible, integrarse dentro del plazo de tiempo previsto. 
El Presidente en ejercicio ha expuesto algunas de estas preocupaciones en su intervención. 
El Comisario Barnier en su intervención ha dicho que lo que se pretende es tener éxito con las reformas y no necesariamente concluirlas. 
Algunas personas afirman que esta es la última oportunidad de reforma. 
Yo no creo que esta sea una reflexión muy acertada sobre las extraordinarias reformas que los países candidatos han llevado a cabo en los últimos nueve o diez años desde que pertenecían al Pacto de Varsovia o formaban parte de la Unión Soviética. 
Nuestra prioridad es la ampliación. 
No deberíamos confundir nuestras prioridades ni invertirlas. 
Señor Presidente, mi Grupo aprueba este informe. 
Transmite a la CIG un mensaje claro de que ha de ser ambiciosa, ha de pensar a largo y no a corto plazo, ha de pensar en cómo una Unión con casi el doble de Estados miembros que en la actualidad puede de hecho funcionar eficazmente y aprovechar esta oportunidad para cambiar los Tratados, porque a las CIG futuras, con casi 30 estados alrededor de la mesa, les resultará aún más difícil de lo que es ahora ponerse de acuerdo sobre las reformas. 
El informe propone reformas ambiciosas, tal y como se esperaría del Parlamento Europeo. 
Si se retoca con las enmiendas de mi Grupo, estaremos ante una serie de propuestas bien ponderadas, bien ponderadas en especial en la delicada cuestión del equilibrio entre los Estados grandes y los pequeños. 
En lo que respecta al tamaño de la Comisión, por ejemplo, las fórmulas que podrían adoptarse en el futuro establecerían bien un Comisario por Estado miembro o bien un menor número de Comisarios, un numero fijo de Comisarios. 
La Comisión no puede seguir ampliándose indefinidamente. 
En el segundo caso, se trataría de un sistema rotatorio, de tal forma que cada Estado miembro, grande y pequeño, tuviera iguales oportunidades de ver a un ciudadano de su nacionalidad ocupando un cargo en la Comisión. 
Sobre la cuestión del tamaño del Parlamento Europeo, también hemos encontrado un punto de equilibrio, que se basa en un número mínimo de parlamentarios por cada Estado miembro. 
Cada estado tendrá, por supuesto, que hacer un sacrificio después de la ampliación, pero quedará garantizado un número mínimo, con proporcionalidad decreciente a partir de ahí. 
Por tanto, el informe es equilibrado y yo creo que puede ser aprobado. 
Algunas personas dicen: "La CIG nunca se pondrá de acuerdo sobre este punto o sobre este otro". 
Pero en este Parlamento no estamos para intentar adivinar el resultado de la CIG; intentamos animarla a que avance en una dirección concreta, en una dirección más ambiciosa, para asegurarnos de que realmente tenemos una Unión capaz de funcionar de forma eficaz cuando se amplíe hasta casi 30 Estados miembros. 
Esto es esencial para nuestro futuro. 
La CIG está llamada a conciliar ampliación y profundización. 
Es conveniente sobre todo revisar el equilibrio institucional, la representación en el seno de la Comisión y de las demás instituciones, la ponderación de las votaciones y de los ámbitos sometidos a votación por mayoría cualificada. 
La votación por unanimidad debe aplicarse a las decisiones de carácter constitucional y de naturaleza fundamental. 
La cooperación reforzada debe permitir gestionar la diversidad y evitar el estancamiento sin poner en entredicho la estructura fundamental de la Unión. 
Al informe de nuestros colegas, a quienes debo felicitar, se le han incorporado mejoras importantes durante las discusiones. 
Sin embargo, la reforma esbozada se realiza fundamentalmente a costa de los pequeños Estados miembros. 
Esto es válido, en particular, respecto a las disposiciones relativas a la composición y al funcionamiento de las instituciones. 
Es inaceptable un Parlamento con un número mínimo de cuatro escaños por Estado miembro, lo que no permite una representación equilibrada de las fuerzas políticas. 
Un Consejo, en cuyo seno deben reajustarse las reglas de la mayoría cualificada, y cuyo modo de funcionamiento propuesto desembocará inevitablemente en el bloqueo y la incoherencia. 
Una Comisión, donde la regla debe ser un miembro por Estado miembro. 
Finalmente, permítanme mencionar la cuestión de los escaños, para exigir el respeto de la palabra empeñada. 
Me sigue sorprendiendo que nuestro Parlamento, que pretende ser el paladín del respeto de los derechos de las minorías cuando se trata de los demás, menosprecie este enfoque cuando hay que decidir la arquitectura institucional de nuestra propia casa. 
Señor. Presidente, nosotros, por nuestra parte, damos la bienvenida a la ampliación de Europa y participaremos en el debate sobre cómo prepararse para la misma. 
El Partido Nacional Escocés, que yo represento, está comprometido tanto en su manifiesto como en su política general con la idea de Europa como una confederación de pueblos, países y regiones, no como una unión federal soberana por propio derecho. 
Esto es algo que tienen en común los partidos de la Alianza Libre Europea y nuestros votos se van a emitir atendiendo a eso. 
Me gustaría prestar especial atención a la enmienda nº 138, en su conexión con el párrafo 32 del informe Dimitrakopoulos-Leinen. 
En lo que se refiere a su propuesta de una lista de candidatos para toda Europa, nosotros en Escocia- una nación pequeña dentro de un Estado miembro grande- estamos profundamente preocupados por la desaparición práctica de Escocia como entidad distinta dentro de la Unión. 
Esto valdría también para Euskadi, Flandes, Galicia, Andalucía y Gales. 
La reducción del número de miembros del Parlamento Europeo a la que nos enfrentaríamos, unida a la llegada de nuevos Estados miembros con una población inferior a la de Escocia o Gales y que tendrían una representación plena en todas las instituciones de la Unión, aumentaría sin duda la presión a favor de nuestra propia independencia en esa gran confederación europea y el compromiso de nuestro pueblo con la misma. 
Se interrumpe el debate en este punto para dar paso al turno de votaciones; se reanudará a las 15.00 horas. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, quiero plantear una pregunta a la Comisión para que las y los colegas sepan exactamente sobre qué votamos. 
Tengo ante mí la posición común del Consejo del 9 de diciembre de 1999. 
En el documento que nos ha presentado el Consejo se dice que esta posición común fue aprobada unánimemente. 
Si recuerdo bien, se realizó en diciembre de 1999 aún bajo la Presidencia finlandesa del Consejo con una Ministra de Medio Ambiente de los Verdes. 
El acuerdo político tuvo lugar en junio de 1999 bajo la Presidencia alemana del Consejo también con un Ministro de Medio Ambiente de los Verdes. 
Sin embargo, estoy algo confuso pues los Verdes de esta Asamblea afirman que la posición común es tan floja que habría que endurecer necesariamente muchos aspectos. 
Por ello, quería preguntar de nuevo si realmente votamos sobre esta posición común que han aprobado todos los Ministros de Medio Ambiente de los Verdes o si se trata de un error. 
(Risas, aplausos) 
Gracias, Señoría. 
Les recuerdo que el debate está cerrado; no obstante, concedo la palabra a la Comisión, si desea añadir alguna precisión. 
. (EN) Es esa misma posición común. 
Señor Presidente, puesto que hemos sido aludidos, me permitiré responderle al Sr. Liese. 
El Grupo Verts no está sometido a las posiciones de los ministros Verts representados en el Consejo de Medio Ambiente. 
Nosotros tenemos libertad de opción. 
Desearía, por otra parte, que todas las orientaciones políticas presentes en esta Asamblea aplicaran el mismo criterio. 
Pero mi intervención se refería, precisamente, sobre la votación de esta enmienda 37. 
Creo que es muy lógico que se vote primero la enmienda 11, antes de la enmienda 37, porque la enmienda 11 es más amplia que la enmienda 37. 
Dicha enmienda propone la prohibición total de los genes marcadores de resistencia a los antibióticos, lo que no ocurre con la enmienda 37, ya que ésta sólo atañe a la parte C de la directiva. 
Por lo tanto, creo que es lógico votar la enmienda más amplia con respecto a la posición inicial. 
Señor Lannoye, el ponente examinó ayer esta cuestión con los servicios competentes. 
Ahora bien, éste no opina lo mismo que usted. 
El ponente considera, en efecto, que los elementos que introduce la enmienda 11 implican un orden de votación diferente del que usted defiende. 
Lo lamento. 
Después de la votación de las enmiendas 38 y 49: El Presidente. 
Interrumpimos ahora el turno de votaciones, que reanudaremos después de la sesión solemne. 
(La sesión, interrumpida a las 12.00 horas a causa de la sesión solemne, se reanuda a las 12.35 horas) 
Señor Presidente, comprendo perfectamente que es para nosotros un honor recibir a un invitado de alto rango estatal. 
Sin embargo, le ruego que en la próxima sesión trate en la Mesa si es adecuado interrumpir una votación para la que necesitamos una mayoría cualificada y sobre la que aún existen siete u ocho enmiendas. 
Le ruego que lo trate en la Mesa. 
Someteré su pregunta, señora Roth-Behrendt, pero debía hacerlo a causa de obligaciones que estaban fuera de mi competencia. 
. (EN) Señor Presidente, justo antes de la sesión solemne usted ha interrumpido esta votación muy de repente. 
Me ha sorprendido bastante, y estoy seguro de que también a otros miembros de la Cámara, los cuales durante la sesión solemne han expresado su sorpresa por la forma en que se interrumpieron las votaciones. 
Acabamos de ver que en la primera votación tras la sesión solemne no se ha alcanzado una mayoría cualificada por tan sólo un puñado de votos. ¿No demuestra esto lo que estamos diciendo y la cuestión que ha planteado la Sra. Roth-Behrendt? 
Cuando tengamos votaciones por mayoría cualificada no deberían ser interrumpidas de modo alguno por la sesión solemne. 
Faltaban ocho votos por emitirse. 
Puedo decirle, basándome en mi experiencia, que se podían haber completado en tres minutos. 
Es ridículo que procedamos ahora a votaciones por mayoría cualificada cuando no se ha dado a los parlamentarios un tiempo razonable para volver a la Asamblea. 
Espero que pueda resolver este problema, señor Presidente. 
Entiendo su opinión, señor Ponente. 
Es más, la comparto. 
Pero debía hacerlo a causa de obligaciones protocolarias que, una vez más, tienen preferencia, desgraciadamente, respecto a nuestro trabajo. 
Dicho esto, considero que su observación es de sentido común y pienso que la Mesa deberá tenerlo muy en cuenta. 
Señor Presidente, desearía consultarle sobre el sistema que se aplica. 
Creo que, habitualmente, cuando se reanuda la sesión y continúan las votaciones tras una sesión solemne, hay un timbre que anuncia a nuestros colegas la reanudación de la sesión y de las votaciones. 
No he oído este timbre, y desearía me confirmara el sistema que se aplica en la materia, puesto que ello puede haber afectado negativamente la votación de nuestra Asamblea. 
El timbre, señora, suele sonar cuando se interrumpe la sesión y para llamar a los diputados. 
Algunos diputados habían abandonado el hemiciclo, otros habían permanecido en él. 
Yo había anunciado que el turno de votaciones se reanudaría inmediatamente después, lo cual estaba establecido en el Acta y en el orden del día. 
Debo asimismo tener en cuenta los imponderables, señora. 
Le aseguro que todas sus observaciones serán transmitidas a la Mesa. 
Usted misma es miembro de la Mesa. 
Pienso que, de común acuerdo, haremos todo lo posible para modificar la regla. 
(Reacciones diversas) 
Señor Presidente, se ha deslizado un error en esta resolución común entre la Unión Europea y África en los apartados 15, 17 y 18. 
En el apartado 15, en lugar de decir "la OUA" tiene que decir "los Estados africanos". 
En el apartado 17, en lugar de "la OUA" tiene que decir "África". 
Y en el apartado 18 tiene que sustituirse "miembros de la OUA" por "africanos". 
(El Parlamento decide tomar en consideración la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO- Resolución sobre el principio de adicionalidad 
Señor Presidente, me gustaría ofrecer la siguiente explicación del voto que emití en el debate relativo a la adicionalidad. 
Desearía, en particular, subrayar el punto de la moción referente a que el Parlamento respalda plenamente la declaración de la Comisión de que el espíritu de la adicionalidad, al igual que la letra de la ley, constituye una consideración clave y es vital para que los programas tengan el máximo efecto sobre el terreno. 
En ese sentido, es absolutamente inaceptable que la política actual permita a los Estados miembros, después de presentar planes basados en la región, volver a asignar internamente los fondos y aun así cumplir con el principio de adicionalidad a la vez que desafían el espíritu del mismo. 
Esta cuestión exige urgentemente el análisis de la Comisión. 
Tras el debate- ayer, de hecho- he recibido una carta muy cortés y útil del Sr. Barnier en la que indicaba que la Comisión está avanzando en este aspecto. 
Ello me complace mucho. 
Me gustaría felicitar a mi colega, la Sra. Evans, por lanzar este maravilloso debate y por conseguir hoy este magnífico resultado. 
Señor Presidente, estoy encantada de que el Parlamento haya adoptado esta resolución en reconocimiento del problema que existe con la adicionalidad. 
Yo represento a Gales que, debido a las prácticas del gobierno del Reino Unido, no ha recibido, y no recibirá, lo que la UE pretende que se gaste en combatir la pobreza por encima del gasto normal del estado, incluso estando dentro del Objetivo 1 en el actual período de programación. 
Como ha declarado el Comisario Barnier, es tan importante cumplir con el espíritu de la adicionalidad como con la letra de la ley. 
El Comisario también respaldó la declaración del Comisario Liikanen de que en el futuro prestaría especial atención a las cifras de gasto presentadas por los Estados miembros cuando haya pruebas de que se ha reducido el gasto en alguna región o en algunas regiones concretas. 
Confío ahora en que los Estados miembros cumplan con los deseos del Parlamento y la Comisión en esta cuestión para que el destino eficaz de los fondos estructurales a las regiones más pobres no se vea socavado. 
. (EN) La delegación del EPLP votó a favor de la resolución de compromiso sobre la adicionalidad porque creemos que el principio de adicionalidad es uno de los pilares fundamentales de las reformas de los Fondos estructurales, de las que yo fui el ponente del Parlamento. 
Sin embargo, creo que algunas partes de la resolución, en lugar de aportar claridad a las reglas, sólo servirán para confundir al público en general y a los gestores de la financiación en particular. 
El Párrafo A sigue confundiendo el principio de adicionalidad con el principio igualmente importante pero distinto de cofinanciación. 
El Párrafo G es impreciso. 
No existe exigencia reglamentaria alguna de comprobar la adicionalidad anualmente, sino que, según establece el Reglamento, la simplificación requiere tres comprobaciones de la adicionalidad durante el período de programación. 
No es apropiado que los parlamentarios intenten mediante esta resolución dar una nueva redacción a unos reglamentos que fueron acordados unánimemente por este Parlamento y que se revisarán en 2006. 
Más decepcionantes son los descarados juegos políticos partidistas que han intentado en esta resolución los parlamentarios británicos Sr. Davies, Sr. Bradbourn y Sra. Evans. 
Desinformar deliberadamente y secuestrar este debate para lograr una mera ventaja partidista no beneficiará a nuestras comunidades más pobres. 
Nuestro verdadero objetivo debe ser planificar y ofrecer nuestro apoyo a la aplicación satisfactoria de estos fondos para mejorar las perspectivas de vida de nuestras regiones más pobres. 
Estadísticas agrícolas para el período 1999-2003 
Señor Presidente, no cabe duda de que es importante, por mejor decir, indispensable que la Unión Europea se emplee también en el terreno de las estadísticas. 
A veces, sin embargo, esto perjudica gravemente a algunos Estados de nuestra Unión, como ha ocurrido con la política de las cuotas lácteas que en muchas regiones de Europa ha causado daños muy graves. 
Creo que hay que velar porque estas estadísticas se hagan y se hagan bien, pero sobre todo quiero aprovechar la ocasión y el motivo de esta explicación de voto sobre las estadísticas para invitar a nuestro Parlamento, a la Comisión y al Consejo a que eviten lo que sucede con frecuencia- como consecuencia de la aplicación de las estadísticas, por ejemplo, a las cuotas lácteas y a los productos agrícolas, en cuya virtud tanto se puede producir y tanto no se puede producir- esto es, ese derroche de recursos que se produce con la destrucción de alimentos que exceden la cantidad máxima establecida. 
Control del transporte de mercancías peligrosas por carretera 
Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución porque es evidente que hay que regular de manera continua la actividad de transporte de mercancías peligrosas. 
Hay que procurar por todos los medios que el menor número posible de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas circule por las carreteras de Europa. 
Creo que habría que primar el transporte por ferrocarril, el transporte por mar y el transporte aéreo y, sobre todo, fomentar el empleo de las personas mayores para conducir vehículos y en las actividades de transporte de mercancías peligrosas. 
No cabe duda de que, debido a su poca experiencia, los jóvenes están expuestos a más riesgos que los ancianos. 
Debería primarse la experiencia de los trabajadores que han ejercido esta actividad durante mucho tiempo y, en consecuencia, tendría que fomentarse la incorporación de los trabajadores mayores a todas las actividades especialmente arriesgadas. 
Señor Presidente, estamos muy decepcionados por la votación. 
Me parece vergonzoso el modo cómo el Parlamento Europeo ha cedido en los aspectos centrales ante la presión del lobby de la industria de la ingeniería genética. 
La campaña durante las últimas semanas ha sido masiva y habría deseado que el Parlamento mostrase la responsabilidad que mostró en la primera lectura. 
Quiero comenzar con el punto de la responsabilidad. 
Es realmente ridículo exigir solamente en un considerando a la Comisión que presente una directiva de responsabilidad medioambiental hasta el 2001. 
Sabemos exactamente que el Libro Blanco no preveía ningún seguro de responsabilidad civil y que solamente se refería a los territorios de Natura 2000. 
Si la industria afirma que los productos de tecnología genética no son peligrosos, que no tienen riesgos, entonces no puedo entender porqué la mayoría de los diputados ha cedido aquí y permitido que la industria pueda seguir eludiendo la responsabilidad. 
El segundo punto son los antibióticos. 
Una exigencia tan débil no tiene en absoluto en cuenta los intereses de los consumidores. 
Todos los científicos advierten que los agentes patógenos se están haciendo cada vez más resistentes en las personas y animales y exigen que se abandonen inmediatamente las marcas de antibióticos que provocan resistencias. 
El Parlamento lo ha aplazado de nuevo y no ha tenido en cuenta este gran problema. ¡Muy vergonzoso! 
Lo mismo es aplicable al punto de la contaminación genética: exigir solamente que se tenga en cuenta el problema es realmente una broma pues la valoración de riesgos para el medio ambiente prevé exactamente esto. 
La exigencia originaria del Parlamento decía que los Estados miembros y la Comisión están obligados a adoptar medidas. 
El Parlamento ha cedido aquí de nuevo. 
Creo que hoy ha sido un día negro para la protección del consumidor y sólo puedo esperar que esta votación resulte ser un flaco servicio para la industria y que los consumidores sigan mostrando la tarjeta roja a los alimentos elaborados mediante tecnología genética pues no es aceptable que la industria siga eludiendo su responsabilidad. 
Señor Presidente, creo que no hay que ladrar demasiado y que, en lo que se refiere a los organismos modificados genéticamente, no hay que frenar con una excesiva regulación la ciencia que, de todos modos, nadie ha podido frenar jamás. 
He tenido noticias de que se está descubriendo el gen que alarga nuestra vida, la vida de las personas, y me preocupa mucho que se pongan demasiados frenos a las investigaciones científicas y a la utilización de los organismos modificados genéticamente. 
No quisiera que dentro de algún tiempo, cuando se descubrirá este gen, el Parlamento decidiera no poner en circulación los organismos modificados genéticamente, es decir, nosotros mismos que por fin podríamos vivir durante mucho más tiempo y gozar de una salud mejor. 
Por esto, en interés de las personas mayores, espero una menor regulación de los organismos modificados genéticamente. 
Señor Presidente, deseo efectuar una explicación de voto oral porque lo que acaba de ocurrir, una vez más, no es muy afortunado para nuestro Parlamento. 
En efecto, consumidores, asociaciones, todas las personas que se preocupan por el medio ambiente, por la salud, por lo que puede ocurrir con organismos modificados genéticamente liberados en el medio ambiente, esperaban una señal enérgica del Parlamento Europeo. 
Una vez más, hemos cedido, simplemente, frente al lobby de los partidarios de los OMG, con el pretexto de que la ciencia va a ayudar a que el mundo sea mejor. 
Sabemos muy bien que hoy no existe ningún estudio toxicológico para determinar las consecuencias de la liberación de OMG en el medio ambiente. 
Lamentamos, pues, que las enmiendas que iban mucho más lejos, que permitían, precisamente, prever las consecuencias de los OMG en la naturaleza, no hayan sido aceptadas. 
Deseo, por consiguiente, denunciar, señor Presidente, esa especie de compromiso entre los grandes Grupos políticos contra lo que esperaban de nosotros los consumidores y el mundo asociativo, así como todos aquellos y aquellas que han confiado en el Parlamento Europeo y que esperan posiciones enérgicas de nuestros diputados. 
. (EN) El Parlamento Europeo votará el 12 de abril la adopción de una nueva directiva sobre la dispersión voluntaria de organismos genéticamente modificados (OGM). 
Están en juego cuestiones de gran importancia. 
Es el momento de hacer que los que llevan a cabo la dispersión voluntaria de organismos genéticamente modificados sean legalmente responsables de los daños a la salud humana y al medio ambiente. 
Deberían ser responsables de todos los daños causados por tales dispersiones y debería exigírseles que contrataran seguros de responsabilidad igual que todo conductor ha de contratar un seguro de responsabilidad por si causa la muerte o lesiona a otro ser humano. 
Se ha argumentado que esta cuestión debería contemplarse en la legislación horizontal. 
Cabe destacar, sin embargo, que llevamos oyendo este argumento desde los debates sobre la Directiva 90/220/CEE iniciados por primera vez en 1989. 
Entonces la Comisión prometió que la responsabilidad por daños medioambientales causados por los OGM se contemplaría en la legislación horizontal, pero llevamos más de diez años esperando a que esa promesa se cumpla. 
Debemos adoptar una prohibición inmediata y categórica del uso de genes resistentes a los antibióticos. 
Muchos científicos e instituciones, tales como el Instituto Pasteur y la Asociación Médica Británica, han pedido la prohibición del uso de genes marcadores resistentes a los antibióticos, que no llevan a cabo ninguna función importante en las plantas y que son, por tanto, completamente superfluos. 
Según la posición común, los genes resistentes a los antibióticos solamente serían "eliminados progresivamente" en el futuro y únicamente en caso de que "pudieran tener efectos nocivos para la salud humana o el medio ambiente". 
Esto supondría que los productos resistentes a los antibióticos que ya han sido autorizados se conservarían. 
Existen formas de genes marcadores mucho menos perjudiciales y la política de la UE es prohibir todo uso innecesario de antibióticos si existe un riesgo para la salud de las personas o de los animales. 
La directiva debería adoptar una postura clara e insistir en que el uso de estos genes marcadores se detenga ya. 
La industria farmacéutica desea una exención total de la directiva. 
La Comisión de Medio Ambiente ha adoptado dos enmiendas contradictorias, una a favor de una exención total y otra endureciendo la línea recogida en la posición común de que exista una exención condicional manteniéndose todas las disposiciones normales sobre riesgos medioambientales. 
Es inaceptable que se pueda conceder una exención a la industria a no ser que le sea de aplicación todas las disposiciones sobre riesgos medioambientales. 
. (FR) La votación en segunda lectura de las enmiendas al proyecto de directiva sobre los procedimientos de aprobación de organismos modificados genéticamente (OMG) , tal como acaba de desarrollarse, resulta extremadamente decepcionante. 
Ciertamente, ya sabíamos desde la primera lectura que el principio de establecer una prohibición de los OMG o, al menos, una moratoria destinada a permitir la realización de estudios más exhaustivos, se había rechazado. 
Pero se hubiera podido esperar que el Parlamento decidiera ahora aplicar medidas de protección serias en favor de los consumidores. 
Ahora bien, no ha sido así. 
El Parlamento Europeo acaba de renunciar, en unas condiciones que considero vergonzosas, a tres puntos esenciales: 
a la prohibición de liberar OMG que contengan genes que expresen resistencia a los antibióticos: las enmiendas 11 y 37 que exigían que dichos OMG no se liberaran en el medio ambiente han sido rechazadas. 
En su lugar, se ha aprobado una enmienda que pide, sencillamente, que se tenga debidamente en cuenta este problema, a fin de identificar y eliminar de forma progresiva en los OMG, de aquí al 2005, los marcadores de resistencia a los antibióticos que puedan tener efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente; 
al riesgo de transferencia involuntaria de genes a otros organismos: la enmienda 12 que pedía que se tomaran medidas para impedir esta transferencia involuntaria, no se ha aprobado. 
En su lugar se ha aprobado una enmienda 38 mucho más vaga, que pide, simplemente, que se trate de evaluar los diferentes tipos de riesgos que esta transferencia puede suponer; 
a la responsabilidad y a la obligación de quienes efectúen liberaciones intencionales de OMG de suscribir un seguro: para nuestra gran indignación se ha rechazado la enmienda 33 que exigía que las personas legalmente responsables de estas liberaciones de OMG asumieran la absoluta responsabilidad por cualquier daño ocasionado a la salud humana o al medio ambiente y que suscribieran un seguro suficiente para cubrir las posibles pérdidas. 
En su lugar se han aprobado enmiendas mucho más suaves que desean, para el futuro, la creación de una legislación general en materia de responsabilidad medioambiental y que piden a la Comisión que presente una propuesta relativa a las repercusiones de la biotecnología en todos los ámbitos que caen bajo la competencia de la Unión Europea. 
Desgraciadamente, ya sabemos, por el Libro Blanco que la Comisión ha preparado sobre esta cuestión, que no es favorable a exigir un seguro en este ámbito. 
Estamos particularmente indignados por el rechazo de la enmienda 33, puesto que si se quiere autorizar la comercialización de productos que contengan OMG, quienes los venden deberían, al menos, asumir sus responsabilidades. 
Los grupos de presión de la industria biotecnológica nos explican a la vez que no existe riesgo alguno y que la obligación de suscribir un seguro es inviable porque no es posible cubrir el riesgo. 
No lo sé. 
Nunca he visto que una entidad de seguros rechace cubrir un riesgo inexistente. 
Uno de los aspectos oscuros de este asunto es que el Gobierno francés, el cual, según las últimas informaciones, está integrado por ecologistas, había expresado oficialmente una opinión reservada sobre esta enmienda 33. 
Una vez más, los grupos de presión de la industria de la biotecnología han hecho bien su trabajo en todos los planos: "ciudadanos que no ven, corazón que no siente". 
Deseo felicitar expresivamente al Sr. Bowe por su informe sobre la liberación intencional en el medio ambiente de OMG. 
Esta cuestión, que suscita muchos debates, es de actualidad, ya que ayer entraron en vigor dos reglamentos europeos que obligan a los fabricantes a etiquetar los "alimentos e ingredientes alimenticios" que contengan OMG por encima del 1%, así como "aditivos y aromas modificados genéticamente", sin precisar el límite. 
Como consumidor, estoy muy satisfecho por este etiquetado obligatorio que nos permitirá escoger sabiendo lo que se hace, ¡aun cuando yo hubiese deseado normas más estrictas que impusieran una mención clara en el envase! 
Sin embargo, este primer paso es positivo puesto que ha llevado a varias grandes empresas a renunciar a introducir OMG en sus productos. 
Para volver al asunto que hoy nos interesa, es decir, la propuesta de revisión de la Directiva 90/220/CEE que cubre a la vez las liberaciones intencionales de OMG con fines experimentales y las liberaciones intencionales con miras a la comercialización de productos. 
A la vista de los avances en el campo de la investigación científica en esta materia, parecía indispensable clarificar el ámbito de aplicación de esta legislación, para proteger como es debido la salud de los consumidores y también el medio ambiente. 
Las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente permiten establecer un marco estricto y transparente que responde perfectamente a las preocupaciones de los consumidores. 
Las tres principales enmiendas que yo apoyo están encaminadas a: 
prevenir todo tipo de contaminación accidental de campos de cultivos por polinización indirecta de los cultivos OMG y no-OMG. 
En este sentido, es necesario obligar o bien a que se respeten las distancias mínimas entre los campos donde se cultivan OMG y los campos destinados a los cultivos tradicionales, o bien imponer la obligación de limitar los cultivos de OMG a invernaderos especiales, en función del riesgo de contaminación genética que éstos suponen; 
impedir cualquier riesgo de desarrollo de una resistencia a los antibióticos debido a la transferencia, de una especie a otra, del gen que expresa resistencia. 
Es necesario, pues, prohibir la liberación de todos los OMG que contengan genes marcadores de resistencia a los antibióticos; 
imponer un régimen de responsabilidad estricta para los productores. 
Al igual que el ponente, estoy convencido de que es el responsable legal de una liberación de OMG en el medio ambiente quien debe asumir la absoluta responsabilidad civil por cualquier daño que se cause a la salud humana o al medio ambiente. 
¡Este principio de responsabilidad combinado con el de la trazabilidad de los OMG, y sobre todo el principio de cautela, permitirá limitar al máximo los riesgos! 
¡Las incertidumbres que persisten en este ámbito nos obligan a observar la máxima prudencia! 
¡Concluiré repitiendo e insistiendo en el hecho de que debemos estar atentos a las expectativas de los ciudadanos europeos! 
Ahora bien, nuestra opinión pública ha manifestado en varias ocasiones su reparo en que se desarrolle la "Frankenbouff", así como su preferencia por unos alimentos sanos y naturales. 
¡Nosotros debemos, pues, convertirnos en portavoces de esta voluntad de proteger una alimentación de calidad en la Unión Europea! 
. 
(PT) Es positivo que en la posición común del Consejo figuren ya una parte de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo. 
Pero es necesario insistir, como propone el ponente, en la inclusión de propuestas aprobadas en primera lectura, pero que el Consejo no aceptó. 
Después de la aprobación en enero de 2000 del Protocolo relativo a la Bioseguridad en Montreal, es importante que se avance más en la defensa de los derechos de los consumidores y en el restablecimiento de su confianza. 
Así, apoyamos las propuestas encaminadas a incluir en la directiva la prohibición de liberación de OGM que contengan marcadores resistentes a los antibióticos, aun para fines de investigación, así como la exigencia a la Comisión y a los Estados miembros de que ningún OGM y/o productos derivados salgan del territorio de la UE sin información ni consentimiento previos del país del que proceda la importación. 
También apoyamos la defensa de la responsabilidad medioambiental total, pues es inaceptable no obligar a las empresas del sector de la biotecnología a adoptar ahora las medidas necesarias para defender la salud humana y reducir al mínimo los peligros medioambientales. 
Por último, hemos de decir que siempre que los Estados miembros y la Comisión autoricen una liberación deliberada deben velar por que se adopten las medidas destinadas a evitar transferencias de genes de OGM a otros organismos en el medio ambiente. 
. (EN) Doy la bienvenida al informe del Sr. Bowe por ser un enfoque equilibrado y sensato del importante tema de la dispersión de OGM en el medio ambiente. 
Los tres aspectos claves analizados en el informe del Sr. Bowe son: la responsabilidad medioambiental, los antibióticos y la transferencia de genes. 
Sobre la responsabilidad medioambiental, tiendo a compartir la opinión de la Comisión de que la mejor forma de tratar este tema es la legislación horizontal. 
Sobre los antibióticos, yo estaría a favor de una prohibición del uso en los OGM de genes que confieran resistencia a los antibióticos. 
En cuanto a la transferencia de genes, creo que en la nueva Directiva deben preverse medidas para controlar la dispersión de OGM que puedan cruzarse con otras plantas. 
Una Directiva fuerte que recogiera las preocupaciones sobre el medio ambiente y los riesgos para la salud de los OGM podría contribuir mucho a que aprovecháramos las ventajas potenciales de los OGM y evitáramos los peligros. 
. 
(SV) Los organismos genéticamente modificados, OGM, significan un viaje hacia destinos desconocidos para la industria, y en último término para los individuos, en aras de la salud, de mejores cosechas, de mieses resistentes a los insectos y de otros posibles éxitos y beneficios futuros para la humanidad. 
Un buen día se demostrará que este camino conduce a algo que es el polo opuesto de todas las promesas hechas a la hora de comenzar el viaje. 
Yo quiero dar la voz de alerta hoy. 
La Unión Europea necesita normas nuevas y más severas que las de la aún vigente primera directiva sobre los OGM de 1991. 
Desde 1998 se han estado estudiando las propuestas de la Comisión. 
Sería un error que se produjesen nuevas postergaciones. 
Como diputado cristianodemócrata sueco al Parlamento Europeo, quiero manifestar que la industria de los OGM y los intereses económicos jamás deben ser los que determinen el trabajo legislativo y las normas. 
Sus representantes han manifestado en reiteradas oportunidades que Europa "se ha quedado atrás" en relación con la industria de los OGM, especialmente en EE.UU. y China, que esta industria no puede "desarrollarse" tan "libremente" en Europa y que en los quince países miembros "se pierden" nuevas empresas y nuevas fuentes de trabajo. 
Nuestra posición política debe fundamentarse, en cambio, en la administración responsable y no en la manipulación de los códigos genéticos. 
Nuestra tarea es dejar a las generaciones futuras una tierra y una naturaleza en las mejores condiciones posibles. 
Tenemos que demostrar que la humanidad tiene la voluntad de rechazar, apoyándose en una administración responsable y en el principio de la cautela, aquello que a corto plazo podría ser considerado como "ganancia", a cambio de la consecución de valores más altos y a más largo plazo, tales como la protección de la creación y de la diversidad genética. 
En la práctica, esto implica un conjunto de normas que garanticen riesgos mínimos de propagación de los OGM, prohibición del uso de marcadores antibióticos, aumento de la investigación independiente sobre los riesgos de los OGM, derecho a indemnizaciones basándose en el principio de la responsabilidad de quienes cultivan OGM con efectos negativos para la salud y el medio ambiente, estudios de las consecuencias medioambientales a largo plazo, estudios de las consecuencias socioeconómicas de los cultivos de OGM, etiquetado permanente de estos productos, cumplimiento de todas las normas vigentes como, por ejemplo, el protocolo de seguridad biológica, y un proceso de solicitud y decisión abierto, que dé derecho a los ciudadanos a expresar sus opiniones y en el que cada solicitud sea tratada individualmente, sin que se acepten procedimientos de solicitud simplificados. 
. 
(SV) Es un importante informe el que se vota hoy en el Parlamento. 
Hay muchos factores de inseguridad en torno al uso de organismos modificados genéticamente y hay motivos para actuar con gran cautela. 
El Consejo ha querido imponer, en muchos puntos, la realización de estudios de riesgos y evaluaciones del uso de organismos modificados genéticamente. 
La directiva garantiza un alto nivel de protección. 
En la mayoría de los puntos he coincidido con las enmiendas de la Comisión de Asuntos Medioambientales, pero, en algunos de ellos, creo que se necesitan más medidas. 
En cuanto a los genes resistentes a los antibióticos, la posición del Consejo posibilita continuar las investigaciones bajo severas condiciones que tienen su fundamento en el respeto al medio ambiente y a los consumidores. 
No hay nada tan permanente como lo provisional. 
Por eso creo que es muy importante exigir reglas generales de responsabilidad para los daños ecológicos. 
Dar un tratamiento especial al sector de los OGM podría tener como efecto enormes diferencias en las normas de responsabilidad en otros sectores. 
En relación con el estudio de los beneficios socioeconómicos y de los costes de los cultivos de organismos manipulados genéticamente, he votado en contra de la enmienda 8, para garantizar la continuación del debate sobre las formas en que se deben hacer estos estudios. 
Sin embargo, opino que tales estudios no deben ser anuales y que la UE no debe ahogarse en informes sobre este tema. 
. (EN) Señora Presidenta, aplaudo con entusiasmo los esfuerzos de mi colega laborista David Bowe por proponer medidas para controlar la dispersión de OGM en el medio ambiente. 
Con una ciencia que cambia tan rápidamente y una gran cantidad de posibles efectos desconocidos, es importante proteger a la gente de Europa y a nuestro medioambiente. 
Los controles estrictos de las plantas para impedir la transferencia de genes de los OGM a otras especies son cruciales. 
Esto garantizará que otras especies estén protegidas. 
Debemos poner la seguridad en primer lugar y cerciorarnos de que los OGM no se cuelan en la cadena de alimentación sin ser vistos y por la puerta trasera. 
Asimismo, los responsables de la dispersión de OGM deberían asumir plena responsabilidad financiera por cualquier daño a la salud o al medio ambiente. 
La industria debería pagar y afrontar las consecuencias de sus actos, no el hombre de la calle. 
Europa debería defender los derechos del ciudadano y obligar a la industria a asumir su responsabilidad. 
Por supuesto, la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos son de importancia capital. 
Yo me opongo a la dispersión de OGM resistentes a los antibióticos. 
No debemos someter a nuestra gente ni a nuestros animales a riesgos innecesarios. 
Los parlamentarios laboristas europeos han estado a la vanguardia de la protección de nuestros ciudadanos y nuestro medioambiente. 
Siempre hemos apoyado las propuestas para que el uso de OGM y de productos derivados de los OGM esté estrictamente controlado dentro de la UE. 
El informe de David Bowe es una prueba más de que Europa está actuando con sentido ecológico y poniendo la seguridad de nuestros ciudadanos en primer lugar. 
Informe Papayannakis (A5-0088/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de la resolución sobre el etiquetado de los animales de la especie bovina. 
Por fin sabemos dónde han nacido, dónde han vivido y seguramente también cómo se llaman las varias vacas Carolina o Blanquita. 
Esto, sin embargo, me obliga a decir que sería bueno que también los cristianos, los seres humanos y los pensionistas no deberían considerarse sólo como números; sería bueno que se convirtieran en algo con nombre, apellido y una historia y no en meros expedientes. 
Con mucha frecuencia los Gobiernos de los Quince consideran a los ciudadanos, en particular a las personas mayores y a los pensionistas que piden las pensiones, como números, como personas sin identidad, sin historia, sin fecha de nacimiento. 
Pongamos las fotos de nuestros ciudadanos en todos los expedientes con los que la burocracia de nuestros Estados ahoga nuestras oficinas. 
. 
(PT) Es positivo que se cree un sistema de identificación de los bovinos y de etiquetado de los productos a base de carne de bovino y que entre en vigor lo más rápidamente posible, cosa que no podrá suceder antes del próximo mes de septiembre, dado el proceso de codecisión que aún debe transcurrir. 
Con ese sistema el consumidor puede informarse sobre el origen de la carne que adquiere y puede seguir el historial del animal. 
Así, mediante esa mayor vinculación entre el productor y el consumidor, se pueden advertir precozmente y evitar de modo más eficaz los posibles riesgos para la salud pública. 
También, en cuanto a la carne de bovino importada de terceros países, conviene que se apliquen normas idénticas de etiquetado. 
Si no están disponibles todas las informaciones exigidas por la reglamentación comunitaria, es fundamental que el producto lleve una mención específica en la que se indica claramente "origen no comunitario". 
En el informe del Parlamento Europeo se propone también, en defensa de los consumidores, que las empresas y las organizaciones que produzcan y comercialicen carne de bovino picada o cortada y recortes de ella estén también sujetas al régimen de etiquetado obligatorio y no se beneficien de las exenciones que la Comisión propone, dado que eso equivaldría a exonerar, de hecho, del etiquetado entre el 30 y el 50% de la carne de bovino. 
. (EN) Apruebo el informe del Sr. Papayannakis sobre las propuestas a favor de un sistema de identificación de vacas obligatorio en toda la UE y el etiquetado del vacuno y de los productos de vacuno. 
El objetivo principal del nuevo reglamento es permitir que los consumidores puedan hacer el seguimiento de la procedencia de la carne que compran hasta el mismo animal. 
Este sistema debería permitir que se hiciera frente con rapidez y eficacia a cualquier riesgo potencial para la salud humana. 
Apoyo al ponente cuando hace hincapié en que las mismas reglas han de aplicarse a la carne de vacuno importada de países no pertenecientes a la UE y en que, cuando no se disponga de toda la información, deba hacerse una indicación clara a tal efecto. 
El Sr. Papayannakis tiene razón al insistir en que las etiquetas mencionen los antibióticos y estimulantes que se han administrado y en oponerse a la derogación de la regulación relativa a la carne picada, los recortes de carne de vacuno o la carne cortada. 
Aplicado de un modo adecuado, este reglamento será muy valioso para aumentar el prestigio, la calidad y la seguridad de la carne de vacuno de la UE: ¡buenas noticias para consumidores y productores! 
. (FR) Como introducción, deseo recordar que el objetivo del etiquetado alimentario, según la Directiva 79/112, está claramente expresado: "la preocupación primordial en cualquier norma relativa al etiquetado de los productos alimenticios deberá ser la de informar y proteger a los consumidores". 
Los consumidores necesitan tener confianza en los productos que consumen. 
En este caso no se trata simplemente de pretender modificar nuestros gustos y nuestras tradiciones en materia de chocolate, sino de tratar adecuadamente, por fin, las consecuencias de la enfermedad de la "vaca loca". 
Nos deja atónitos, ante la gravedad de lo que está en juego, que aún no esté en vigor un sistema de rastreabilidad eficaz, hoy, después de tantos años del inicio de esta crisis. 
No vamos a reproducir el debate de diciembre de 1999, pero habría sido muy prudente que la Comisión hubiese controlado escrupulosamente la aplicación de este reglamento, y ha cometido, también en este caso, un grave error político. 
Volvamos un momento a la cuestión del embargo de la carne de vacuno. 
El Gobierno francés- una vez al año no hace daño- ha hecho prevalecer la razón y la prudencia frente a la ideología del mercado único. 
Desde el momento en que se conocen sus opciones en materia europea, se puede valorar lo que esto le ha debido costar. 
Si Francia ha hecho esta elección, es porque los organismos comunitarios siguen sin estar en condiciones, hoy, de garantizar una rastreabilidad real de los productos alimenticios. 
Nuestro sistema de información y de protección de los consumidores es totalmente deficiente; por ejemplo: un ciudadano de la Unión no puede saber si se incluye carne de vacuno británica en la composición de ravioles importados de otro Estado miembro. 
¿Acaso nuestras opiniones públicas deberían confiar en una Comisión que no garantiza una rastreabilidad obligatoria de la carne de vacuno, sino que levanta un embargo? 
Yo no he aceptado que la Comisión diera lecciones a Francia, cuando este país sabe que las repercusiones de la reglamentación voluntaria que ha adoptado ha contribuido eficazmente a restablecer la confianza de los consumidores. 
Por otra parte, nosotros hemos defendido este punto de vista presentando unas enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Comprobamos con satisfacción que algunas de nuestras enmiendas han sido aprobadas en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Medio Ambiente. 
La Comisión de Medio Ambiente ha enmendado la propuesta de la Comisión en unos puntos esenciales. 
Ya es hora de crear un sistema basado en la confianza y la transparencia. 
Nosotros hemos apoyado una aplicación rápida y estricta de la rastreabilidad en esta votación final, a fin de garantizar una rastreabilidad sin fisuras y una información clara y transparente, y estamos satisfechos de los resultados. 
Esperamos que la votación de hoy no desemboque dentro de algunos meses en nuevas solicitudes de prórroga o de excepción escandalosas. 
. (EN) Desearía mostrar mi apoyo a los esfuerzos del Sr. Papayannakis por respaldar las propuestas a favor de un sistema de identificación de vacas obligatorio en toda la UE y del etiquetado del vacuno y de los productos de vacuno. 
Después del reciente escándalo de miedos alimentarios, sobre todo el del mal de las vacas locas, es vital que adoptemos medidas para que este tipo de peligro en la alimentación no se vuelva a repetir. 
La seguridad en la alimentación es prioritaria y debemos trabajar duramente para mitigar los temores de los consumidores. 
Estas nuevas propuestas permiten a los consumidores hacer el seguimiento de la procedencia de la carne que compran hasta el mismo animal. 
Esto debería permitir que se hiciera frente con rapidez y eficacia a cualquier riesgo potencial para la salud humana. 
Desde septiembre de 2000, el etiquetado de la carne de vacuno deberá hacer constar el lugar donde se sacrificó al animal, y desde 2003 deberá añadirse el origen del animal incluyendo dónde nació y dónde fue criado y sacrificado. 
La confianza pública en la seguridad de los alimentos ha caído enormemente en el pasado. 
Debemos, indudablemente, poner por delante la seguridad, y también adoptar medidas para restituir la confianza pública. 
Los ganaderos británicos en particular reconocen que un etiquetado claro es la mejor forma de devolver la confianza a unos consumidores preocupados por la seguridad de la carne de vacuno que compran. 
Esta Cámara debería hacer todo lo posible por que la salud y la seguridad públicas ocupen un lugar destacado en su agenda. 
Defender un etiquetado claro es la única forma de convencer a nuestros consumidores de que la seguridad de los alimentos está en lo más alto de nuestra lista. 
Señor Presidente, tomo la palabra por última vez para una explicación de voto sobre los resultados de la Cumbre de Lisboa. 
No estoy muy satisfecho, me hubiera gustado una mayor contundencia, una mayor decisión, una mayor energía y un mayor coraje por parte de nuestros quince jefes de Gobierno. 
Me hubiera gustado que, en el ámbito social, se hubiera tomado por fin la decisión de crear la pensión única europea en la Unión. 
Los ciudadanos europeos cuando llegan a mayores son maltratados por todos los Gobiernos: se les dice que es porque viven demasiado y, en cambio, es porque se han tirado por la ventana sus cotizaciones, sus dineros. 
Los ciudadanos europeos esperan y confían en que, con la regulación de una pensión única europea, Europa pueda demostrarse más capaz, más buena administradora, menos despilfarradora y menos disipadora que cada uno de los Gobiernos. 
. (FR) La Cumbre de Lisboa debía ser la de la Europa social. 
En realidad, en Lisboa rompió una nueva ola neoliberal, para colocar a la UE en orden de batalla en la guerra económica mundial. 
Alejada de los derechos sociales y democráticos, y algo más cerca del modelo social de los Estados Unidos, la Cumbre ha pregonado una vez más la ley del beneficio, la flexibilidad de la mano de obra, el fomento de la competitividad en todas las direcciones con nuevas privatizaciones y liberalizaciones. 
En suma, todo debería cotizar en Bolsa. 
Y ello con la complicidad de todos los gobiernos de izquierda presentes en Lisboa. 
Para que nos traguemos la píldora, la UE nos promete un acceso casi generalizado a Internet y una formación profesional de vanguardia. 
Como colofón, se trata decididamente del pleno empleo, es decir, de la creación de 20 a 30 millones de nuevos empleos, que se nos refriega por las narices. 
Estas bonitas promesas sólo significan una cosa: el desarrollo masivo de la precariedad del empleo, trabajos de escaso valor y bajos salarios, con la continua amenaza del despido y, además, un proyecto de reforma no igualitaria del sistema de protección social. 
Los empresarios se beneficiarán nuevamente con subvenciones indecentes. 
Una nueva economía: pero nos siguen sacando las mismas viejas recetas. 
. (EN) Debe felicitarse a la Presidencia portuguesa por convocar una cumbre destinada a acordar nuevos objetivos estratégicos de la Unión en materia de lucha contra el desempleo, la reforma económica y cohesión social a la luz de la nueva economía basada en el conocimiento. 
El Consejo acierta cuando afirma que el paso a una economía digital y basada en el conocimiento, provocado por los nuevos fines y servicios, será un poderoso motor de crecimiento, competitividad y empleo. 
Asimismo, hará posible la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y del medio ambiente. 
Sin embargo, es igualmente cierto que, sin una intervención activa, este paso agrandará la brecha entre los que tienen y los que no tienen. 
Por consiguiente, hay que felicitar al Consejo por reconocer la importancia de promover la inclusión social; por hacer hincapié en el papel de la educación y de la formación para vivir y trabajar en la sociedad del conocimiento; por resaltar la necesidad de más y mejores empleos; y por declarar que la protección social debe cimentar la transformación de la economía del conocimiento. 
Entiendo que las conclusiones de la Presidencia confirman el objetivo de que todos los sectores de la sociedad deberían tener la oportunidad de beneficiarse de la nueva tecnología. 
. 
(PT) La Cumbre de Lisboa infundió enormes esperanzas. 
Unos la veían como la "Cumbre del Empleo"; otros, como la "Cumbre para la Sociedad de la Innovación y del Conocimiento". 
Al final, la vimos sobre todo como la "Cumbre de Internet", pues en ella se centraron algunas de las promesas- valga el pleonasmo- más prometedoras. 
Ojalá se cumplan. 
Estamos de acuerdo con las esperanzas, pero nos gustaría poder congratularnos también de los resultados prácticos que se obtengan. 
A ese respecto sólo el futuro hablará. 
Pero desde ahora mismo lamentamos algunas debilidades. 
Por otro lado, los dirigente europeos reunidos- en su mayoría socialistas- no resistieron a la retórica encantatoria de prometer resultados que no dependen tanto de ellos, sin comprometerse con lo que efectivamente les compete: los medios efectivos para que los alcancemos. 
Por otro lado, nos gustaría que hubiera una mayor insistencia práctica en dos puntos esenciales: la reducción de la presión fiscal y contributiva aplicada al trabajo y una desreglamentación y desburocratización efectivas que estimulen la iniciativa empresarial y fomenten el crecimiento. 
Es correcta la preocupación de defender el "modelo social europeo", pero no se puede hacer esa defensa de forma que obstaculice el dinamismo económico y, al final, la propia realidad del modelo social con futuro y calidad. 
Ése es el sentido de nuestros votos y enmiendas presentados. 
La Cumbre de Lisboa, que sólo con eufemismos podemos caracterizar como "Cumbre sobre el empleo", a pesar de todas las sonoras proclamaciones que la han acompañado, lo único que ha conseguido es avanzar un poco más hacia la transformación del empleo en empleabilidad, para volver a definir el concepto de "trabajador", para desregular las relaciones y los derechos laborales, para prestar servicio, como mejor se adecue al gran capital, a la famosa "Nueva Economía"; es decir, al nuevo título del antiguo liberalismo económico y social, conocido pero aún más extremo y más duro. 
Bajo el ambicioso nombre de la "modernización del modelo social europeo que invierte en la persona", se presentan con el mayor cinismo las condiciones del gran capital sobre el aumento de su rentabilidad como medidas de "apoyo al empleo": Refuerzo de la competitividad de las empresas mediante la reducción del coste laboral, de la liberación total y de la elasticidad del mercado laboral, del refuerzo de las formas atípicas de empleo, de la revisión de los sistemas de seguridad social y de opresión insultante de lo que aún haya quedado de cualquier Estado del bienestar. 
Esto no es una "inversión en la persona", como afirma la Cumbre. 
Esto es una alienación de la persona en beneficio del mercado, una sumisión de los trabajadores a los requisitos y criterios financieros, una sumisión del Estado social a los índices y a los criterios de convergencia nominal y a la UEM. 
Lo que están fomentando las directrices de la política económica y social de Lisboa, lo que se les está preparando, en la práctica, a los trabajadores y "se les sirve" tras el espurio "modernización" -para "dorarles la píldora", para engañar a los trabajadores y limitar la resistencia social frente a la política económica y social antilaboral y antipopular de la Unión Europea- es un nivel mínimo de pobreza y no un nivel mínimo de bienestar. 
La "Nueva Economía" está preparando intensivamente la creación de una extensa capa de "pobres empleables", con sueldos míseros, derechos de seguridad y de atención limitados, obligados a cambiar de empleo según marque el incontrolable mercado y las leyes de los intereses no legales del gran capital. 
La Unión Europea no muestra su interés en combatir el paro y en fomentar y apoyar el empleo estable y a jornada completa. 
Por el contrario, prepara, y además a ritmo vertiginoso, a los trabajadores a vivir en la inseguridad permanente y total. 
Por otra parte, en las conclusiones de la Presidencia se declara con audacia que lo que queremos es la mejora de la empleabilidad y para ayudar a esta lógica, encadena no sólo a la sociedad de la información, sino también a la educación como instrumento de refuerzo del trabajo a media jornada, el tele-empleo, el empleo a granel. 
El bienestar está destinado al gran capital al que se le abre un terreno brillante de gloria, ya que, para satisfacer su condición de "mercado interno totalmente funcional" y una mayor competitividad frente a los EE.UU. se fomenta un traslado completo de las presiones de la competencia internacional en el mercado laboral, que es una forma de acelerar la liberalización de los llamados "cambios estructurales" (privatizaciones, liberalización de mercados) de sectores vitales como son la energía, las telecomunicaciones, correos, los transportes, el suministro de agua y demás. 
En lugar de controlarlas, se dan más facilidades a las reestructuraciones, a las fusiones y a las reinstalaciones de empresas que llevan a decenas de miles de despidos. 
Las inversiones públicas y sociales se reducen, se mina la igualdad de oportunidades y la lucha contra todo tipo de discriminación unida al acceso al mundo del empleo y a las relaciones laborales, y se da prioridad a todo lo que sirva al objetivo de la "rentabilidad económica del empleo" para el capital; es decir, bajos sueldos, ausencia de protección social, flexibilidad y provisionalidad del empleo, exclusión constante de las mujeres, de los jóvenes y de los discapacitados físicos del mercado de trabajo. 
Los más de sesenta millones de parados, víctimas del paro de larga duración, de la pobreza masiva y de la exclusión social, y el conjunto de los trabajadores europeos, no pueden mostrarse "adaptables", "solidarios", "obedientes" y "colaboradores" ante opciones de este tipo. 
Se los van a encontrar ante ustedes, indisciplinados, irreconciliables e inflexibles, luchando y reivindicando un empleo estable y a jornada completa, un sistema de política social que incluya seguridad, salud, pensión, protección de los parados, igualdad de oportunidades real, educación de calidad y formación profesional básica. 
En lo único que se podría estar de acuerdo con las proclamaciones de Lisboa es que "las personas son el capital más precioso de Europa", sólo que no están dispuestas a "liquidarse" en los mercados de capitales internacionales y a sacrificarse para garantizar a los monopolios un aumento de sus beneficios. 
Este capítulo es, y se demostrará que es, precioso en la lucha por una Europa social, democrática, solidaria, una Europa de paz, de progreso, de socialismo. 
Cumbre Unión Europea/África (El Cairo) 
- (PT) Señor Presidente, he votado contra la propuesta de resolución sobre la Cumbre Unión Europea/África y las razones que fundamentan mi voto podrían ser varios. 
No obstante, elijo para hacerlo el hecho de que no hayamos encontrado mención señalable alguna en sus conclusiones a la cuestión de la salvaguardia de los derechos humanos en África, al incremento de los sistemas judiciales independientes, de que hayamos comprobado concretamente una omisión en su texto respecto del brutal ataque a la libertad de expresión y de prensa valores tan caros a la Unión Europea que hubo la semana pasada en Angola. 
Dos periodistas y activistas en pro de los derechos humanos- Rafael Marques y Aguiar dos Santos- fueron condenados por un tribunal de Ruanda a penas de prisión efectiva y al pago de indemnizaciones por el simple hecho de haber criticado en un texto periodístico al Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. 
Esos periodistas, en su condición de críticos, vieron violadas las garantías de defensa elementales en cualquier Estado de derecho, en particular por la ausencia durante el juicio del abogado de Rafael Marques y porque no se les permitió presentar la prueba de la verdad de los hechos con el argumento por parte del juez de que estaba en tela de juicio la figura del Presidente de la República. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que es necesaria una reacción por parte de la comunidad internacional y de los dirigentes políticos europeos contra el clima de intolerancia y constante inobservancia de los derechos humanos en Angola, no quiero dejar de protestar vehementemente, en el primer momento en que se debaten las relaciones euroafricanas en el Parlamento Europeo, por ese atentado contra la libertad de expresión perpetrado por las autoridades de ese país. 
Para concluir, y aprovechando la oportunidad, pido al Consejo y concretamente a su Presidencia, así como al Presidente del Parlamento Europeo, que, teniendo en cuenta los hechos descritos y la circunstancia de que este Parlamento aprobó recientemente una resolución sobre la libertad de expresión y de prensa en Angola, en la que se condenaban los abusos que se habían dado en ese país, utilicen todos los medios a su disposición para presionar a las autoridades angolanas y restablecer el Estado de derecho, la libertad y la paz en su país y poner fin, así, al sufrimiento de un pueblo que tiene tanto derecho como cualquier otro a la dignidad y a la felicidad humanas. 
. (FR) La declaración solemne de la primera Cumbre África/Europa de El Cairo empieza haciendo referencia, cito: a "los lazos que existen entre África y Europa"... "desde hace siglos", "desarrollados sobre la base de valores comunes, como el fortalecimiento de la democracia". 
Puesto que ese pasado secular se plasmó en la esclavitud, las matanzas, el trabajo forzado, el saqueo, la conquista y la opresión coloniales, para que los ricos países de Europa despojaran a este continente, nos preguntamos qué es más indigno: la altanería de los representantes de los países imperialistas, o la bajeza de los jefes de Estado locales, que han aceptado cofirmar una declaración de esta naturaleza, pretendiendo hacerlo en nombre de sus pueblos. 
Nuestra solidaridad es para con estos pueblos de África, que han pagado un pesado tributo a nuestras clases dirigentes, y no basta ni siquiera con condonar una deuda que ya ha sido pagada con creces. 
Una verdadera cooperación con África debe empezar por devolver a la población de este continente lo que se le robó durante un siglo de colonización y lo que aún hoy se le sigue robando. 
Una verdadera cooperación, en igualdad de condiciones, sólo podría establecerse entre una Europa y un África que ya no dependieran de esos grupos industriales y financieros que extraen sus riquezas de la explotación de las clases trabajadoras de ambos continentes. 
En estas condiciones, nosotros hemos votado en contra de la resolución común, que se felicita por la Cumbre de El Cairo, y hemos votado a favor de la única enmienda que contiene propuestas concretas. 
. (FR) Esta Cumbre de El Cairo constituye la primera reunión a escala de todo el continente africano. 
Sin embargo, la UE sigue queriendo dividirlo: un África mediterránea y un África negra. 
En este período de transición neocolonial, la UE busca imponer un modelo de relaciones neoliberales dominado por la liberalización y los ajustes estructurales. 
El famoso partenariado igualitario no tiene, en realidad, otros objetivos que recordar a los africanos que dependen del Derecho internacional y que deben someterse a la maquinaria del arsenal neoliberal. 
Se han discutido los diferentes conflictos que se desarrollan en África, pero éstos no encuentran apoyo a causa de las rivalidades de las grandes potencias occidentales, que se reparten las zonas de influencia o se las disputan. 
En cuanto al sida, si bien se reconoce la urgencia que reviste esta cuestión, y aparte de un enfoque moralizador, los grandes discursos no permiten olvidar la cruda realidad de las cifras, que acusan una disminución de la ayuda para el desarrollo que la UE presta a África, debido a que la Europa Central y del Este son ahora prioritarias. 
Las escasas promesas de la condonación de la deuda que los africanos han logrado arrancar a algunos países de la UE no impiden que la UE siga oponiéndose a la cuestión global de la condonación de la deuda de los países del tercer mundo, deuda que hambrea diariamente a los pueblos. 
Con el Foro de la sociedad civil África/Europa, que en marzo reunió a más de 80 ONG, nos declaramos en contra de los programas de ajustes estructurales y seguimos con las campañas para la condonación de la deuda. 
Hemos concluido las explicaciones de voto. 
(La sesión, interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
- (PT) Señora Presidenta, había pedido el uso de la palabra para esta mañana, habría sido mejor, pero, como no ha sido posible, lo hago ahora. 
Quisiera lamentar que la Presidencia portuguesa haya sido acometida esta mañana por un achaque austríaco y se haya ausentado de la sala, lo que ha provocado también su ausencia en las votaciones de dos resoluciones sobre materias que interesaban particularmente a la Presidencia portuguesa: me refiero a la Cumbre de Lisboa y a la Cumbre Unión Europea-África. 
Como portugués y como diputado europeo, debo lamentar que la Presidencia portuguesa confunda las posiciones que adoptó como Gobierno en las relaciones bilaterales con Austria con los cometidos que debe desempeñar al presidir las instituciones del Consejo. 
Y, como todos nosotros hemos estado aquí presentes, con excepción de un Grupo político que también se ha ausentado, a partir de determinado momento, de la sala, debo lamentar que la Presidencia portuguesa haya elegido una actitud de alineación con el Grupo político que tiene precisamente la memoria totalitaria más fresca en esta Asamblea. 
También, con lealtad y respeto, debo criticar el desempeño de sus funciones por la Presidenta de Parlamento Europeo. 
La respeto en el mayor grado, pero considero que la Presidenta debe respetarnos también a nosotros. 
Y, francamente, considero que no lo ha hecho. 
Considero que la Presidenta se ha excedido en las normas del protocolo y debe comprender que ser Presidenta del Parlamento Europeo no es ser jefa de la mayoría. 
Representa a la institución y debe actuar y hablar en este Parlamento con respeto para con las posiciones divergentes que existen en esta Asamblea. 
No es la jefa de la mayoría y, por eso, no puedo dejar de expresar mi protesta. 
Señoría, sus observaciones serán transmitidas al Consejo y a la Presidencia del Parlamento. 
CIG (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A5-0086/2000) de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las propuestas del Parlamento Europeo para la Conferencia intergubernamental (14094/1999- C5-0341/1999- 1999/0825 (CNS) ). 
Señora Presidenta, mañana voy a votar a favor del informe Dimitrakopoulos/Leinen. 
Creo que la Comisión de Asuntos Constitucionales ha realizado un buen trabajo y expresado una posición avanzada y valiente en algunos temas relacionados con la reforma de los Tratados. 
Sin embargo, si tuviera que manifestar mi opinión sobre la marcha global de los avatares europeos, debería expresar perplejidad y preocupación. 
Es inútil negar la evidencia: ciertos hechos evidentes en estos días, algunos de los cuales se han puesto clamorosamente de manifiesto en el debate político precisamente durante estas semanas, muestran que, de hecho, la mayoría de las perplejidades, de las rémoras y de los temores que se han expresado son ciertos. 
Desde este punto de vista, es significativo el artículo que hace unos días escribieron los dos promotores de la serpiente monetaria europea, Schmidt y Giscard d ' Estaing, en el periódico Le Figaro y en el que se retoma sustancialmente una constatación, hecha anteriormente por Delors y repetida muy franca y explícitamente: sin una profunda reforma de las Instituciones, la Comunidad Europea se convertirá rápidamente en una zona de librecambio. 
Algunas decisiones que personalmente considero muy excesivas, por no decir, incluso desacertadas como, por ejemplo, la propuesta de abrir la Comunidad a Turquía- país que respeto y que hay que respetar, aunque respecto a la Comunidad Europa tiene profundas diferencias no sólo históricas, culturales y políticas, sino de concepción del Estado, por no hablar del problema de los derechos humanos- dan a entender y hacen presagiar una organización con carácter cada vez más económico que político. 
La alternativa que se ofrece es ésta: o los países fundadores de la Comunidad toman un camino diferente o estamos destinados lenta pero inexorablemente a abandonar toda esperanza. 
Ya no se trata de pensar en un Estado diferente, es la historia que avanza de forma diferente. 
La Europa que queremos los europeístas es una Europa de Estados y, por lo tanto, no debería preocupar a quien hoy defiende, justamente, la identidad nacional. 
Nadie quiere eliminar los Estados: se trata de adaptar a algo más grande todas estas realidades nacionales, hoy por hoy, insuficientes para hacer frente a los retos del mundo actual. 
Quiero referirme ahora al duro ataque al Presidente Prodi por parte no solo de los medios de prensa, sino de los ámbitos políticos. 
También en este caso es inútil negar la evidencia. 
No juzgo ahora al Presidente de la Comisión, no es el momento de hacerlo; sin embargo, creo que se está atacando profundamente una línea de la Comisión que ha sido una línea avanzada y aperturista, a veces quizás algo demasiado optimista, pero ciertamente decidida. 
Señora Presidenta, ya que en el Pleno me dirijo al Comisario Sr. Barnier, con el cual muchas veces hemos tenido ocasión de reunirnos también en encuentros más reducidos, soy optimista respecto al debate de mañana y pesimista respecto al desarrollo a medio y largo plazo de la andadura europea. 
Creo que el Parlamento estará llamado a realizar actos de coraje y de decisión mucho más importantes que una resolución si, como temo, no se ampliará la agenda y si, al final, la excesiva prudencia desembocará, como hoy dejan prever las cosas, en una Conferencia que se limitará a retocar los Tratados sin modificarlos en profundidad. 
Señora Presidenta, desde un punto de vista presupuestario, cada día es más imprescindible adecuar el Tratado al procedimiento. 
La integración de las perspectivas financieras en el Tratado será así un plan financiero a medio plazo que se acordará entre el Parlamento y el Consejo. 
Esta integración traerá mucha más estabilidad, así como la seguridad jurídica de la que hablaba esta mañana el Sr. Colom i Naval, ponente permanente para las perspectivas financieras. 
Recordemos que el procedimiento de las perspectivas financieras ha traído la paz y la estabilidad presupuestaria a la Unión Europea. 
Sin embargo, es una reivindicación del Parlamento que esta integración de las perspectivas financieras en el Tratado, además de estabilidad, incorpore la flexibilidad suficiente para facilitar su revisión cuando sea necesario. 
Si no, corremos el peligro y el riesgo de confundir perspectivas financieras con presupuestos anuales. 
Y esta confusión va a llevar año tras año a un conflicto. 
En cuanto a la clasificación del gasto, que es otra vieja reivindicación de esta casa, es necesario que encontremos el punto de equilibrio institucional que combine las peticiones del Parlamento Europeo de dotarse de mayor codecisión en materia presupuestaria, con la defensa del carácter privilegiado de ciertos gastos que son la base de la cohesión económica y social de la Unión Europea. 
Queremos, desde el Parlamento Europeo, que el presupuesto comunitario se financie, no con contribuciones de los Estados miembros, sino con recursos propios. 
Ahí descansa el futuro de la autonomía fiscal y presupuestaria de la Unión Europea y, en parte, también de su propia autonomía política. 
Pero recordemos que, si lo que queremos es un sistema financiero autónomo para la Unión, debemos elaborar al mismo tiempo un sistema fiscal justo. 
La progresividad no debe basarse sólo en los gastos. 
Antes o después tendremos que abordar la necesaria progresividad de los recursos propios como base de ese sistema fiscal justo. 
Señora Presidenta, generalmente somos muy críticos con la Comisión o con el Consejo cuando no están presentes en nuestros debates. En consecuencia, permítanme una irónica autocrítica de nosotros mismos, porque al menos los dos ponentes debían de estar presentes a la hora de abordar el debate sobre los informes que han presentado. 
Me doy cuenta de que estas jornadas son muy pesadas para todos, pero el deber está por encima de todo. 
He escuchado la intervención del Sr. Segni. 
Obviamente, gracias a nuestra lengua común, he entendido que no ha hablado en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, cuyas ideas difieren radicalmente de las que él ha expresado y que comparto. 
Nos encontramos ante una ocasión histórica en que el riesgo es grande, sin embargo, las oportunidades también son muy grandes. 
En esta ocasión histórica, debemos saber que podemos ampliar una comunidad de valores y no simplemente ampliar geográfica y territorialmente una economía desarrollada que ha mejorado las condiciones de vida de nuestras poblaciones. Éste es el auténtico reto. 
Por ello, la ampliación es la ocasión para cambiar nuestras reglas de funcionamiento que deben basarse en una mayor transparencia y garantía de los derechos de ciudadanía y tener una mayor eficacia, desde el punto de vista del proceso de generación de decisiones. 
La necesidad prioritaria que planteamos es la de reducir la unanimidad a los asuntos constitucionales y de tomar decisiones por mayoría cualificada en lo referente a los demás aspectos. 
En los pocos segundos que me quedan, quisiera mencionar al apartado 51 que prevé la hipótesis de estudiar junto con los diputados nacionales la hipótesis de una conferencia interparlamentaria sobre las futuras estrategias de la Unión Europea. 
Desde este punto de vista, está claro que existe una responsabilidad específica de nuestro Presidente, así como de la Presidencia francesa. 
Estoy convencido de que la oportunidad de reunir a los delegados de los parlamentos nacionales tanto de los Estados miembros de la Unión como de los países candidatos para debatir las futuras estrategias y las implicaciones en la Conferencia Intergubernamental es una oportunidad que no hay que desaprovechar. 
Señor Presidente, ¿por qué hay un abismo tan grande entre el Parlamento Europeo y los gobiernos europeos? 
Se ha presentado una excelente resolución que señala las muchas reformas que son necesarias. 
Adoptar como norma el procedimiento de decisión por mayoría y reforzar la Comisión y el Parlamento Europeo son aspectos ineludibles para que la Unión ampliada pueda funcionar. 
Debe darse más margen a la cooperación flexible y cada Estado miembro debe contar con un comisario. 
Por desgracia, las muchas y buenas propuestas del Parlamento se oponen diametralmente a la disposición de los gobiernos para alcanzar compromisos o ampliar el orden del día de la CIG. 
Si los gobiernos europeos no cambian a tiempo su posición, de Niza saldrá un Tratado que asegurará la paralización de la Unión cuando ésta se amplíe. 
Muchos dirigentes europeos de los últimos años han prevenido a su población de que la Unión Europea se vuelve demasiado poderosa, demasiado burocrática y arrebata demasiada soberanía nacional. 
Han contribuido a un clima de euroescepticismo y de falta de compromiso. 
Al mismo tiempo, estos mismos políticos decidieron una ampliación forzosa y ésta exige reformas que hasta ahora se habían declarado tabú. 
Así, muchos políticos europeos se han visto presos de su propia retórica. 
Si los gobernantes europeos están de acuerdo de verdad con las nuevas adhesiones, deben tener el valor político de suscribir acuerdos para efectuar reformas radicales. 
Somos una representación del pueblo. 
Si los gobiernos quieren reducir la distancia con este Parlamento, en última instancia deben saber reducir la distancia con su propio pueblo, y de eso se trata, en definitiva. 
Señora Presidenta, más allá de la letra de este informe, desearía apuntar algunas cifras. 
Primera cifra: 700. 
El hecho de limitar a 700 el número de diputados europeos no sería preocupante si ello no mermara la representatividad de nuestro Parlamento. 
Al marginar a países pequeños, permitiendo al mismo tiempo la aplicación de claves electorales elevadas, quedarán sin representación en este hemiciclo capas enteras de la sociedad europea a causa de una sórdido mecanismo electoral. 
Es necesario reafirmar la vocación absoluta y primordial de nuestro Parlamento de representar al pueblo y a los pueblos de Europa en toda su diversidad. 
Segunda cifra: dos tercios. 
La mayoría necesaria para que nuestro Parlamento apruebe una moción de censura a la Comisión es de dos tercios. 
Esta banda tan amplia de dos tercios es un caso infame y único. 
En efecto, ¿qué gobierno europeo puede jactarse, de esta manera, de estar protegido, con toda impunidad, de un verdadero control parlamentario? 
Es necesario establecer una simetría de las formas. 
Si una mayoría simple basta para la aprobación de la Comisión, entonces la misma mayoría puede retirarle la confianza. 
Aquello que la representación popular ha hecho, tiene el poder de deshacerlo. 
Esta es la norma que existe en todas partes, y debe ser la nuestra. 
Tercera y última cifra: 2009. 
El informe sugiere la fecha de 2009 para la elección de los diputados europeos sobre la base de listas transnacionales. 
Bien, una de dos, Señorías, o bien nuestro Parlamento considera que esta medida no es buena y entonces hay que renunciar a la misma- incluso en 2009 -, o bien reconoce, como los Verts, que estas listas son indispensables para crear verdaderos grupos de ideas, y entonces permite este importante debate político a partir de las elecciones del año 2004. 
De lo contrario, careceríamos a la vez de lucidez y de ambición. 
Lucidez y ambición es lo que, por otra parte, parece faltar a este informe, que, sin ser malo, no está a la altura de los desafíos. 
Al cambiar de tamaño, la Unión Europea cambiará de naturaleza. 
Nuestro continente debe, pues, reorganizar sus normas y no simplemente retocarlas. 
Esta tímida CIG 2000 no puede conducir a resultados definitivos, sino que es el primer paso hacia una constitución. 
Señora Presidenta, Señorías, vamos a volver al principio. 
¿Por qué es diferente la Unión Europea? 
A lo largo de siglos ha habido muchos intentos de dominio de unos Estados por otros. 
Por lo demás, variaron las ideas con los tiempos y los intereses, pero el sistema era el mismo. 
Poderío de unos, subyugación de otros. 
Sufrimos siglos de guerras, varias veces la destrucción y la ruina. 
Muchas veces tuvimos que volver a empezarlo todo. 
La última vez, Europa se lanzó a este designio nuestro. 
¿Qué es lo que tiene de diferente? 
Es un sistema basado en la mutua libertad de todos, en vez de en el imperio de algunos. 
Es un marco contractual entre naciones, no un marco dictado a las naciones. 
Es eso: un contrato permanente celebrado entre Estados libres y soberanos, iguales entre iguales. 
No fueron mayorías variables, fueron las normas del contrato, estable, fue el hecho de que todos seamos minorías. 
En eso radica el secreto de la paz y del progreso sin par que hemos disfrutado. 
¿Con qué base? 
Por un lado, una cultura común de derechos humanos, democracia, Estado de derecho, mercado; por otro, respeto mutuo riguroso, sin pisotear nunca los diferentes Estados. 
Una norma formal, la unanimidad, o, cuando menos, la convergencia amplia, y una norma de fondo, políticas concretas de aproximación, el fomento de la cohesión económica y social. 
¿Y a qué precio? 
Necesitamos paciencia unos para con los otros, paciencia con el tiempo para que Europa continúe así; necesitamos sobre todo no ceder a la vieja tentación de querer imponernos unos sobre los otros, romper el contrato entre iguales. 
Eso nunca nos condujo a la Unión. 
Apreciar la idea de unión en Europa es ver la realidad de los hechos, no es forzar una fantasía pseudoiluminada. 
No existe el derecho a romper las reglas del juego que nos han traído con éxito hasta aquí. 
La resolución constituye, a mi juicio, una peligrosa desviación antieuropea que rompe por completo el equilibrio. 
Para mi país, Portugal, sería un desastre, como para otros Estados más pequeños o de dimensiones medias. 
Para Europa en general, crisis o ruptura. 
No puede ser una Europa en que los menos manden sobre los más. 
No puede ser una Europa que se irrite, pero no escuche. 
No puede ser una Europa encaminada a substituir un Tratado entre Estados por una constitución sobre los Estados. 
Queremos una Europa como espacio, no como camisa de fuerza. 
Sólo una palabra final en cuanto a la idea transnacional de los partidos europeos. 
Es un testimonio: soy demócrata cristiano conservador. 
Mi partido, el CDS-PP, fue fundador del PPE. 
Hace unos años fuimos expulsados del PPE. 
¿Por qué? 
Ahora son antiguos compañeros austríacos, de la Unión Demócrata Cristiana, los que se encuentran en dificultades. 
¿Por qué? 
Por unas elecciones en su país. 
Hay que tener cuidado: el federalismo ciega tanto, que conduce a destruir con las manos lo que afirma con la boca. 
¿Por qué? 
Codicia el mando, olvida la cooperación. 
Por ahí no podemos ir. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, lo decisivo para mí y para la mayoría de nuestros colegas es que al final de la Conferencia intergubernamental se presente un concepto que cree las condiciones para consolidar el propio fundamento y admitir a otros 12 estados. 
Cuando escucho la discusión en curso y considero también la resistencia que ha habido en el Consejo en los pasados meses, que apenas quiere ir más allá de los tres denominados leftovers, entonces me parece una hipocresía que al mismo tiempo se celebren conversaciones con los países candidatos a la adhesión. 
La afirmación de hoy del Presidente Gama me suena un poco más llena de confianza, pero no veo todavía la voluntad política de los demás Estados miembros. 
Nuestro objetivo debe ser otorgar a nuestros representantes parlamentarios en la Conferencia intergubernamental un claro mandato de negociación que luego nos sirva también de criterio para enjuiciar los resultados de la Conferencia intergubernamental. 
Desde mi punto de vista hay puntos que me parecen esenciales, tales como la indicación clara en favor de la composición proporcional de un futuro Parlamento Europeo con un límite superior de 700 miembros. 
La ampliación de la decisión por mayoría en el Consejo debe tener como consecuencia la codecisión del Parlamento Europeo. 
El Consejo debe reunirse públicamente, si quiere actuar en su función legislativa. 
Necesitamos inmediatamente una delimitación clara de las competencias entre el nivel europeo y el nivel nacional. 
Lamento profundamente la crisis, por propia culpa, del Consejo. 
Me gustaría preguntar al Consejo cómo quiere llevar a cabo la obra de arte de excluir sin un fundamento jurídico a un Estado miembro de participar en las deliberaciones mientras, por otro lado, a la hora de modificar los Tratados necesita a este Estado para lograr la unanimidad en el seno del Consejo. 
No puedo aprobar la exigencia del apartado 29 del informe de crear condiciones más fáciles para la exclusión de un Estado miembro. 
Mi comportamiento de voto en la votación de mañana sobre la presente resolución lo haré depender del resultado de las votaciones sobre estos puntos. 
Señora Presidenta, la CIG debería preparar la reforma de la UE de tal modo que sea posible llevar a cabo en su conjunto el proceso de ampliación en curso. 
Desde el punto de vista de la ampliación, lo más importante del informe de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen es el incremento de la flexibilidad. 
La diferenciación interna de la UE es la única vía que permitirá crear las condiciones necesarias para una ampliación de esta envergadura. 
Es importante que este informe proponga facilitar la práctica de una cooperación más estrecha. 
El Grupo de los Liberales ha propuesto que el principio de flexibilidad también debería cumplirse mediante la práctica de una cooperación menos estrecha que se entablaría con aquellos países que no puedan, o no quieran, aceptar el acervo de la Unión en su totalidad. 
Esto facilitaría y agilizaría el proceso de ampliación de la Unión. 
En su enmienda, el Grupo de los Liberales constata que la flexibilidad puede dar lugar a la creación de una Unión más amplia de círculos concéntricos, constituida por un Estado federal en su núcleo y por una órbita menos integrada. 
En la fase actual, no es aún necesario pronunciarse sobre cómo debería realizarse la segregación interna de la Unión. 
Por el momento, basta con que creemos unas pautas institucionales, en cuyo marco puedan llevarse a cabo tanto la integración profunda de la Unión, como su ampliación. 
Espero que sea aprobada la enmienda 154, relativa al incremento de la flexibilidad, propuesta por el Grupo de los Liberales. 
- (PT) Señora Presidenta, la Unión Europea inicia el necesario proceso de ampliación a tres nuevos Estados sin definir la Unión e incluso sin saber la dimensión de su futuro territorio, en una situación de incertidumbre que puede propiciar la dilución de su carácter político y quedar definitivamente concebida como la Unión de los Gobiernos de los Estados carentes de los medios previstos para resolver los problemas internos de la cohesión social y del equilibrio territorial y para situarse en el mundo con todo su peso político y económico. 
Como diputado por la nación gallega y como ciudadano europeo, quiero mostrar mi desacuerdo en relación con esta iniciativa legislativa de la Comisión, un desacuerdo que no se refiere tanto a las cuestiones que trata como a carencias fundamentales que presenta y que este Parlamento aún está a tiempo de remediar. 
¿Cómo podría este Parlamento, que representa a todos los ciudadanos, prohibirse a sí mismo la plena iniciativa legislativa? 
¿Cómo es posible que, en el mismo marco, no aceptemos que el Presidente de la Comisión debe ser elegido de entre los diputados y diputadas? 
¿Por qué no se reconoce el ejercicio ante la Unión de las competencias de las nacionalidades, los Estados federados y las comunidades autónomas? 
¿Cómo es posible que neguemos el establecimiento de una política europea de empleo asociada con la política de Fondos estructurales? 
Sirvan estas preguntas, señora Presidenta, para revelar algunas de las graves deficiencias de la propuesta legislativa sobre la reforma de los Tratados. 
Señora Presidenta, señor Representante del Consejo, señor Comisario, Señorías, ¿qué es lo que se juega en esta Conferencia intergubernamental? 
Evidentemente, se trata ante todo de la calidad del proceso de decisión en la Unión. 
Para ello, la extensión del campo de la mayoría cualificada es, en nuestra opinión, de capital importancia. 
Si tuviésemos la certeza de que, mañana, en la Unión Europea, todos los asuntos pasaran al ámbito de la mayoría cualificada, no habríamos planteado la cuestión de las cooperaciones reforzadas. 
Pero debemos constatar que, sin duda, también necesitaremos esta herramienta. 
Esto es lo que manifestamos en nuestra primera toma de posición en este Parlamento, y creo que, en cierta manera, hemos contribuido a hacer oír esta musiquilla en el seno de la comunidad de jefes de Estado y de gobierno. 
Nos congratulamos por ello. 
Pero hoy deseo llamar la atención de nuestros colegas, de aquellos que detrás de esta cooperación reforzada ven el riesgo de una concertación demasiado avanzada entre grandes Estados. 
Creo que hoy el interés de los miembros de la Unión es que toda cooperación reforzada pueda efectuarse en la Unión, respetando el sistema jurídico de la Unión y las instituciones de la Unión. 
Para ello, autoricemos que se inicien cooperaciones reforzadas cuando participan o éstas afectan a un tercio de los Estados, y autoricemos estas cooperaciones reforzadas por mayoría cualificada, mediante un dictamen conforme de este Parlamento. 
En el futuro tendremos que plantearnos el problema del control democrático de dichas cooperaciones reforzadas, y nuestro Parlamento deberá desempeñar en ello un papel capital importancia. 
Así pues, comprendo el hecho de que en la Conferencia intergubernamental se planteen interrogantes sobre las materias, y me felicito de que la discusión entre en el meollo del tema. 
Pero estas materias serán un calco de otras discusiones que ustedes tendrán en la Conferencia intergubernamental. 
Antes de concluir, señora Presidenta, un punto. 
Un toque de alarma a propósito del estado de la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales, que deseamos sea incluida en el Tratado. 
La inclusión de esta Carta es de capital importancia. 
En el momento en que los valores de la Unión están a menudo trastrocados, en que parecen debilitados, esta Carta resulta oportuna, pero no tendrá sentido si no se incluye en los Tratados, con un contenido sólido, en el marco del mandato de Colonia, de todo el mandato de Colonia, es decir, con los derechos económicos y sociales incluidos. 
Señora. Presidenta, éste es un informe extraño, incómodo y esquizofrénico. 
Algunas partes del mismo recogen claramente sugerencias útiles para la CIG; otras partes constituyen una lista de esperanzas piadosas y de ilusiones que sin duda van a ser rechazadas por la Conferencia. 
Es difícil estimar qué parte de esta naturaleza esquizoide corresponde a la postura de cada uno de los ponentes. 
En todo caso, estoy seguro de que se pueden atribuir las mejores partes a mi amigo y colega, el Sr. Dimitrakopoulos, y las partes más inusuales al Sr. Leinen. 
Sin embargo, la mayoría de mis colegas conservadores ha rechazado con su voto el informe y votará en consecuencia en esta Cámara. 
La delegación conservadora considera muchas de las ideas del informe centralizadoras, sindicalistas, innecesarias y reaccionarias. 
En lugar de examinar nuevos planteamientos flexibles y radicales para una Unión ampliada dentro del mercado global, el mensaje del informe es: sigamos, a pesar de todo, por el camino de Maastricht y Amsterdam. 
No obstante, al rechazar este informe la delegación conservadora muestra que también tiene una naturaleza esquizofrénica, dado que de este modo rechaza la excelente enmienda del Sr. Duff para conceder a los Estados miembros una opción legal de exención, así como la de mi amigo el Sr. Perry y otros para permitir que el Parlamento ponga el dinero público donde está su boca ahorrando el gasto excesivo que acarrea el absurdo de estas sesiones de Estrasburgo. 
Esa es la naturaleza de la democracia y de las decisiones democráticas. 
Ellas también son a menudo extrañas, incómodas y esquizofrénicas, pero, aún así, siguen siendo lo mejor que tenemos. 
Señora Presidenta, el informe presentado por los dos coponentes es muy ambicioso, muy avanzado para nuestro tiempo, pero presenta dos defectos importantes, que la votación en el Pleno debería corregir. 
En primer lugar, la generalización de las votaciones por doble mayoría simple no es la panacea de la futura integración de Europa. 
Este principio absoluto puede provocar reacciones de rechazo en la opinión pública de los Estados miembros y en los Parlamentos nacionales sobre las cuestiones más sensibles, que, de hecho, son excepciones a la regla general. 
Se trata de una cuestión de legitimidad y de aceptabilidad. 
En segundo lugar, los países miembros con población importante se reservan la mejor parte. 
El principio subyacente "one man- one vote" es inaceptable. 
Es contrario al artículo 190 del Tratado, que establece que el número de diputados debe garantizar una representación apropiada de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad. 
Se trata de una cuestión de igualdad y de solidaridad. 
Finalmente, la tesis que siempre se saca a colación, según la cual una Comisión con más de 20 miembros no podría funcionar, no está apoyada en ningún argumento serio. 
Así, con respecto a la Comisión, evitemos erigir el número en principio absoluto. 
Por el contrario, con el fin de que las decisiones propuestas por iniciativa de la Comisión gocen de un amplio apoyo en la totalidad de los Estados miembros, es indispensable que todos estén representados en ésta. 
La importante votación de mañana permitirá al Parlamento Europeo- espero- acabar con dicha ambigüedad y corregir la mira. 
Sólo una propuesta más cercana a la realidad política podrá ser tomada en consideración. 
La historia no se acaba en la CIG 2000. 
Señora Presidenta, en primer lugar, gracias a los dos ponentes. 
Mucho antes de la celebración de la Conferencia Intergubernamental, la delegación socialdemócrata de los Países Bajos se ha dedicado activamente a ella desde el principio. 
En los Países Bajos hemos llevado a cabo intensos debates públicos y hemos hecho mucho por los preparativos. 
En definitiva, la CIG debe preparar a la Unión para la ampliación y para esta ampliación los actuales Estados miembros deben presentar ofertas. 
Pero estas ofertas son pequeñas, dada la oportunidad única histórica de unir a Oriente y Occidente en una Europa segura que se caracterice por la paz. 
Además, naturalmente también hay que acercar Europa a los ciudadanos, porque la distancia entre Bruselas y nuestros ciudadanos sigue siendo muy grande. Para ello, la CIG debe reducir el déficit democrático. 
A este respecto es esencial la ampliación del proceso de decisión por mayoría para toda legislación excepto los asuntos constitucionales, unida a las competencias de codecisión para el Parlamento, al igual que la conocida política de doble legitimidad en el proceso de decisión del Consejo. 
La reducción del déficit democrático por sí sola no es suficiente para mejorar el contacto con el ciudadano. 
Para ello nos hemos comprometido específicamente a mejorar el diálogo social institucionalizado con las organizaciones no gubernamentales, dado que representan muchos de los intereses de nuestros ciudadanos. 
La enmienda 162 es lo más adecuado para ello. 
El siguiente asunto importante para nosotros es la flexibilización de la cooperación reforzada. 
Está claro que el veto fáctico que se gesta en ese procedimiento debe desaparecer. 
La cooperación reforzada puede hacer un gran servicio a la Unión después de la ampliación cuando la Unión tenga una diversidad aún mayor de Estados miembros dentro de sus fronteras. 
En lo que nosotros respecta, el informe no incide suficientemente en otro aspecto, concretamente, en lo que se refiere a la responsabilidad individual que deben asumir los comisarios. 
Somos de la opinión de que los comisarios que pierdan la confianza del Parlamento pueden verse sometidos a la vigilancia de este Parlamento. 
Un procedimiento así nos parece que hace más justicia al equilibrio democrático entre las instituciones que el procedimiento Prodi, pero, desgraciadamente, para la mayoría de mis colegas este paso constituye un puente demasiado alto. 
Señora Presidenta, en lo que respecta a nuestros comisarios europeos, preferimos que haya un comisario por país. Si es preciso, que haya una rotación para todos los Estados, porque el compromiso del Grupo socialista tiene nuestro apoyo. 
Por último, pensamos que en nuestro compromiso se ha encontrado un buen equilibrio entre los países grandes y pequeños. Esperamos que reciba el apoyo de este Parlamento. 
Señora Presidenta, ¿adónde pretende ir este viaje en Europa? 
¿A un Estado federal europeo con un centro fuerte y amplias competencias o se pretende seguir desarrollando cuidadosamente lo que ha sido hasta ahora el sello y garantía del éxito de la integración europea, es decir, una unión de los pueblos y de los Estados de Europa? 
Según el texto de la Comisión de Asuntos Institucionales parece casi como si los federalistas europeos ya lo hubiesen logrado: una Comisión en la que no estén representados todos los Estados miembros, un Parlamento en el que ya no tienen peso los representantes incluso de los Estados medianos y un Consejo que, en lo esencial, establece sus mayorías sobre un 51% de la población total de los Estados miembros. 
Incluso para un europeo recalcitrante esta sería una imagen distorsionada. 
Espero que el texto que vamos a aprobar mañana sea diferente, un texto más equilibrado que siga basándose en un funcionamiento conjunto entre grandes y pequeños y que siga respetando las características especiales de nuestros pueblos y Estados para que los ciudadanos europeos que cada vez tienen más problemas con la central en Bruselas no se vean aún más agobiados. 
En un segundo punto espero que se introduzca también una modificación en el texto de la comisión. 
Dimitrakopoulos/Leinen proponen en el apartado 29 una revisión del procedimiento de suspensión en caso de violaciones graves de la democracia y de los derechos humanos. 
Permítanme ser muy claro y decirles cómo la gran mayoría de las personas en mi país Austria ve este asunto. 
Actualmente están haciendo la amarga experiencia de que ya ahora en nombre de la correctness política no se respeta el derecho comunitario. 
Esto no fortalece la confianza en el valor central básico de la Europa unida. 
Una comunidad de derecho tiene que atenerse a su propio derecho. 
No es sencillamente cierto que sea sólo política bilateral lo que se está haciendo actualmente a los austríacos. 
Quien haya necesitado aún una confirmación de este hecho la ha obtenido hoy con la intervención de la Presidenta de esta Asamblea. 
Pues ¿cómo se debe entender la frase de que Nicole Fontaine espera que Austria se convierta un día en un miembro pleno de la Unión? 
¿Qué somos entonces ahora? 
Renunciemos por ello a aparentes correcciones en los artículos 6 y 7 del Tratado de la UE. 
Atengámonos al derecho en vigor y discutamos con los austríacos como el Tratado de la UE lo exige. 
No separemos sino unamos. 
Señora Presidenta, la ampliación es importante para los pueblos de Europa. 
Por este motivo, tenemos que encontrar la manera de actuar colectivamente en toda Europa. 
Las negociaciones de adhesión están en marcha. 
Por eso es importante que la Conferencia Intergubernamental pueda finalizar antes del fin de año. 
Tanto los grandes como los pequeños Estados tienen que poder influir en la futura UE. 
Tiene que existir equilibrio. 
Esto es necesario para que los ciudadanos confíen en la colaboración europea. 
Propongo, a la hora de hacer ajustes en la configuración del Parlamento, una disminución proporcional del número de diputados. 
Todos los Estados miembros actuales tendrían que dar su aporte. 
Simultáneamente, hay que garantizar a los Estados más pequeños un cierto número de diputados en el marco de los setecientos escaños que queremos tener como límite máximo. 
Para las votaciones en el Consejo, hay que buscar un método de distribución de votos que no sea necesario renegociar cada vez que se incorporen nuevos miembros. 
Por esta razón, propongo un sistema que tome en consideración las diferencias en el número de habitantes. 
Es importante que cada país tenga un miembro en la Comisión. 
Los Comisarios trabajan para toda la Unión y son trascendentales para alcanzar unidad de criterios entre los Estados miembros. 
En el seno de la Comisión se requieren conocimientos y experiencias de todos los Estados miembros. 
La colaboración europea es, en primer lugar, un proyecto europeo civil y no hay que confundirlo con los de carácter militar. 
Los Estados miembros tienen conceptos diferentes en materia de alianzas militares y de no-alineación. 
En Colonia y en Helsinki se hicieron grandes avances en los preparativos para prevenir las crisis y para el manejo de los conflictos. 
Por eso es importante que el Tratado refleje las diferencias entre la colaboración civil y la militar. 
Por esta razón, la creación de una alianza militar europea no puede tener lugar en el marco de las instituciones comunitarias, sino que debe realizarse entre Estados. 
Las ayudas militares mutuas y obligatorias no tienen cabida en el Tratado de la UE. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, la ampliación es, para nosotros, el asunto europeo más trascendental. 
Está también entre los más importantes de la agenda de la futura Presidencia sueca. 
Sin embargo, no queremos que la colaboración europea se termine ni que acabe en "trifulca", que sería lo que podría ocurrir si 30 países hicieran uso de su derecho a veto simultáneamente. 
La única manera de dar seriamente prioridad a este desarrollo es dando la bienvenida a la mayoría calificada en muchos campos, salvo, por ejemplo, tratándose del nuevo tratado. 
También quisiéramos ver una decisión por mayoría en torno al artículo 289, ya que así podrían regularse la sede y las sesiones del Parlamento Europeo sin dilapidar recursos humanos ni dinero de los contribuyentes. 
Los suecos, que son contribuyentes netos a la Unión, no pueden entender cómo es posible hacer algo tan absurdo como viajar, ida y vuelta, todos los meses, con miles de cajas. 
Tal vez sería más económico tener las oficinas en un remolque paneuropeo que dilapidar todas esos meses-hombre como lo estamos haciendo en los viajes por avión. 
Respetamos los símbolos de paz, pero los miles de millones que cuestan las idas y venidas a Estrasburgo podrían invertirse en nuestros vecinos del Este. 
Probablemente ellos tengan mayor necesidad que nosotros de esos "miles de millones de la paz". 
Finalmente, quiero dar las gracias a los ponentes por este excelente informe y deseo expresar mi confianza en que el Reglamento de los Ciudadanos sirva de introducción al nuevo Tratado. 
También quisiera terminar agradeciendo especialmente al Comisario Barnier su presencia durante todo el debate y su interés en estos asuntos. 
Él me inspira y me da esperanza en muchas ocasiones en que los Estados miembros me parecen quejumbrosos e intratables en muchos asuntos que realmente constituyen problemas para los ciudadanos europeos. 
Le doy las gracias por su trabajo, Comisario Barnier, que ciertamente me ayuda a ver con optimismo el futuro desarrollo de Europa. 
Señora Presidenta, tenemos por delante una tarea realmente difícil. 
Hay que encontrar respuestas al reto de la ampliación, pero la reforma de las reglas del juego y del sistema de toma de decisiones precisa de una Unión del tamaño de la actual. 
Hay que encontrar el equilibrio entre eficacia, democracia e igualdad de los Estados miembros entre sí. 
Ante todo, debemos ser capaces de devolver a los ciudadanos la confianza en el sistema de toma de decisiones de la Unión Europea. 
Esto ocurrirá mediante el incremento real de la transparencia y el desarrollo de la administración como instrumento al servicio de los ciudadanos. 
Hay que apoyar a la Comisión para que lleve a cabo los cambios necesarios, pero también el Consejo y el Parlamento deberán ser capaces, a su vez, de consolidar la confianza de los ciudadanos a través de su propia gestión. 
El sistema de toma de decisiones de una Unión ampliada, y también el de la actual, debe constituirse como un sistema en el que priven las decisiones adoptadas por mayoría cualificada. 
Hemos observado que las cuestiones fiscales se han convertido en un importante obstáculo. 
Se hace difícil comprender que no seamos capaces de establecer una base razonable del impuesto para el capital en el territorio europeo. 
En estos momentos, el capital se escapa a toda regulación. 
Todos nosotros tenemos mucho que recibir y mucho que defender en una Europa unida. 
Debemos conservar la solidaridad europea con todo el vigor que sea posible, también en condiciones de cambios continuos. 
No puedo aceptar tampoco el planteamiento que propugna la posibilidad de emprender el cumplimiento de compromisos ratificados sólo por la tercera parte de los votos de los Estados miembros. 
En mi opinión, hacen falta más votos. 
Asimismo, la preparación de los distintos asuntos por parte de la Comisión debería ser lo más polifacética posible, y esto se ve fundamentado por el hecho de que, también en el futuro, cada Estado miembro debe contar con algún Comisario en la Comisión. 
El equilibrio entre los Estados miembros grandes y los pequeños debe ser mantenido también en el seno del Consejo, así que no se podrá aceptar en absoluto la existencia de una mayoría de votos por partida doble. 
Señora Presidenta, las cuestiones constitucionales que hoy debatimos son muy controvertidas, como lo demuestra claramente la votación en comisión. 
En efecto, doce miembros han votado a favor y doce no han votado a favor. 
Entre estos últimos, ocho han votado en contra y cuatro se han abstenido. 
No es un muy buen resultado que digamos. 
Pero para mí es tranquilizador que tantos colegas estén de acuerdo en reconocer que las propuestas contenidas en 52 apartados y 58 subapartados constituyan una shopping list de una extensión exagerada que, tal como están las cosas, puede no ser tomada en serio en la Conferencia intergubernamental. 
Sin embargo, no puedo consolarme, con Talleyrand, con la idea de que todo lo que es exagerado es insignificante. 
Deseo separarme de reivindicaciones como la que pretende reducir una tercera parte la delegación de mi país al Parlamento Europeo. 
Sé que, por número de habitantes, el Gran Ducado de Luxemburgo tiene más diputados que los países grandes, pero el cálculo es rudimentario y prematuro. 
Con seis diputados es materialmente imposible hacer un seguimiento de todos los expedientes cruciales para nuestro país. 
Además, no podemos integrar todas las comisiones. 
La división del trabajo y la especialización resultan más fáciles en una delegación amplia: aun cuando se redujera la tercera parte la delegación más amplia, que cuenta con 99 diputados, todavía podrían repartirse el trabajo. 
Por el momento, basta con proponer que los escaños al Parlamento se asignen sobre la base de una proporcionalidad decreciente, con un número mínimo de escaños por Estado miembro, quedando claro que debe respetarse el artículo 190. 
La idea de una lista europea es prematura, si no extravagante. 
No puede ser que una mayoría de los diputados europeos decida, en contra de los demás, sobre la sede del este Parlamento: el compromiso de Edimburgo debe respetarse. 
En caso de decisión por mayoría cualificada en el Consejo, es inconcebible establecer una mayoría simple de los Estados miembros. 
Se requiere una mayoría de los dos tercios de los Estados miembros, previéndose simultáneamente la posibilidad de que una mayoría simple de los Estados miembros represente a una mayoría de la población total de la Unión. 
No se puede limitar la votación por unanimidad en el Consejo respecto a las decisiones de carácter constitucional. 
La unanimidad también debe mantenerse respecto a las cuestiones fundamentales, como los recursos propios, el sistema fiscal, etcétera. 
Espero que la idea de no asignar un comisario a cada Estado miembro haya muerto de muerte natural. 
Finalmente, si debe existir una cooperación reforzada, ésta debe afectar, al menos, a la mitad de los Estados miembros, a riesgo de desembocar en un directorio. 
Existen otras incongruencias en este documento, concretamente en materia de presupuesto, que felizmente no tienen ninguna posibilidad de ser aprobadas por el Consejo ni, menos aún, de ser ratificadas por los Parlamentos nacionales que se respeten. 
No votaré a favor de esta shopping-list, a menos que sea enmendada en el sentido que acabo de señalar. 
Señora Presidenta, me pregunto qué es más serio, lo que ha hecho el Consejo con un método intergubernamental, de nuevo, para reformar los Tratados y una agenda extraordinariamente reducida para esta CIG, teniendo en cuenta los retos que tenemos por delante, o el informe que vamos a aprobar mañana en esta Asamblea. 
Creo que nuestro informe es más serio. 
No es menos serio un informe que propone exactamente lo que necesitamos, que habla de constitucionalizar la Unión Europea, que propone cambios oportunos para las instituciones de la misma, que pide una ampliación de las políticas y que, sobre todo, trata con sus propuestas de que la Unión pueda hacer frente a retos tan importantes, en primer lugar, como la globalización y, en segundo lugar, como la nueva economía de la que acabamos de hablar en Lisboa. 
No creo que las propuestas que hacemos en ese informe sean extravagantes. 
Son consecuentes con lo que siempre ha dicho este Parlamento: más democracia y más eficacia para la Unión Europea. 
Y en ese sentido, además, considero que el esfuerzo de los ponentes al redactar el borrador original y buscar el compromiso en las enmiendas puede dar lugar a una postura que debería ser tenida en cuenta por este Parlamento y por los Gobiernos. 
Quiero saludar también, señora Presidenta, el esfuerzo que está haciendo la Presidencia portuguesa en estos momentos, y pedir a algunos Gobiernos- no voy a citar cuáles- que sean un poco más generosos con la propia construcción europea. 
Señora Presidenta, la ampliación y las consecuencias estratégicas, políticas y económicas que de ella resultan para la Unión Europea no pueden seguir siendo asuntos ajenos al debate de las opiniones públicas ni se puede seguir viéndolas exclusivamente desde la perspectiva nacional. 
Por eso, el debate que la presentación de la posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia Intergubernamental propicia es fundamental para comprender esta nueva fase de la construcción europea, a un tiempo arriesgada y estimulante. 
Vemos con agrado que en esta contribución del Parlamento Europeo resaltan, como principales líneas de fuerza y principios orientadores, la democratización, la eficiencia y un mayor control de las instituciones europeas exactamente donde sus déficit más se dejaban sentir, donde mayores eran los riesgos de disgregación, imputables al importante aumento del número de Estados miembros. 
Si bien la mayoría de las propuestas van encaminadas a viabilizar y fortalecer el avance común y el de la integración en ese nuevo y complejo marco y, por esa razón, son dignas de beneplácito, hay otras: me refiero concretamente a las listas europeas para el Parlamento Europeo o a la norma formulada para las decisiones por mayoría cualificada o para las cooperaciones reforzadas, por ejemplo, en que se podrá ensayar un equilibrio más justo entre Estados miembros y más conforme a la representación y legitimidad de sus órganos. 
Por fortuna, aún hay la posibilidad de que mañana, en el Pleno, se puedan mejorar estos aspectos. 
Es que también en relación con los países que durante años estuvieron sujetos a integraciones forzadas y autoritarias y que ahora llaman a nuestra puerta atraídos por el éxito de nuestra experiencia en común, conviene recibirlos con la casa ordenada y en buen funcionamiento, cierto es, pero que no haya duda alguna sobre la participación de todos en la búsqueda de las mejores soluciones para todos y sobre la primacía de los valores de justicia, democracia y solidaridad en su interior. 
Felicito encarecidamente a los ponentes por su trabajo. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario Barnier, comienzo mi intervención con la misma pregunta que el Sr. Carlos Carnero González. 
Me pregunto por qué, siendo yo un europeísta convencido, diverjo en este debate de muchos otros europeístas convencidos y, en particular, de los ponentes. 
Y ello porque en el resultado final de las propuestas de este informe no se refleja, a mi juicio, el fundamento del proyecto europeo en la doble legitimidad entre una Unión de pueblos y una Unión de Estados. 
Y, por eso, en el momento en que el Parlamento Europeo debería conseguir un consenso que pudiera ser una referencia orientadora del punto de vista político para la Conferencia Intergubernamental, nuestra posición nos entristece. 
Esperamos la aprobación mañana de algunas enmiendas que son fundamentales para garantizar un equilibrio entre Estados pequeños y grandes, es decir, un equilibrio entre la doble legitimidad de una Unión de pueblos y de una Unión de Estados. 
Por eso, esperamos poder tener mañana razones para votar a favor, en particular la aprobación por esta Asamblea de un conjunto de pocas- seis o siete- enmiendas que, para nosotros, son indispensables para que no consideremos esta cuestión con una óptica de egoísmo nacional, sino con una óptica de defensa de la coherencia y del valor de la solidaridad del proyecto europeo. 
La segunda observación, señor Presidente del Consejo, se dirige a usted. 
Con perplejidad hemos escuchado al ministro Jaime Gama decir en su intervención inicial cuál es el estado, en este momento, de la labor de la Conferencia Intergubernamental. 
Conocemos la determinación de la Presidencia portuguesa y en esta parte final de mi intervención quisiera alentar a la Presidencia portuguesa a que continúe, a que concierte mecanismos, para que los Estados miembros comprendan la necesidad fundamental de que se decidan más cuestiones por mayoría cualificada y haya mayor flexibilidad en las decisiones de la Unión Europea. 
Pero también la aliento, señor Presidente, para que se amplíen los puntos del orden del día de la CIG a cuestiones que para nosotros son fundamentales, como la Carta de Derechos Fundamentales. 
Esperamos que se pueda incluirla en el Tratado, porque, si así fuera, no sólo haríamos una importante contribución al futuro de la Unión Europea, sino que, además, la aproximaríamos a los ciudadanos en un momento políticamente tan importante como el que ahora vivimos y en el que urge reafirmar una vez más una comunidad de valores que se consagrará- creo yo- mediante esa Carta de Derechos Fundamentales. 
Felicidades, señor Presidente. 
Señora Presidenta, tenemos un debate altamente interesante. 
Quiero expresar también mi agradecimiento por las numerosas sugerencias que se han hecho al informe elaborado por mí y mi colega Dimitrakopoulos. 
Se ve claramente que la operación Conferencia Intergubernamental es muy difícil y también veo que todos se esfuerzan por lograr un compromiso ya que tenemos que impulsar la obra de construcción europea. 
El Parlamento tiene que ser un motor. 
No podemos ser más conservadores en nuestras exigencias que la Comisión Europea o algunos países miembros. 
Esto no puede ser. 
Nuestro papel consiste en ser el motor de la unificación europea y en este espíritu está redactado el informe del Parlamento sobre el que mañana vamos a votar. 
Creo que hemos encontrado el equilibrio entre la Europa de los Estados y la Europa de los ciudadanos. 
Nosotros somos la cámara de los ciudadanos, el Parlamento es la cámara de los ciudadanos y el Consejo de Ministros es la cámara de los Estados. 
Aún no existe un equilibrio. 
El Parlamento está excluido de toda una serie de cuestiones importantes que normalmente deciden los Parlamentos, cuestiones de legislación, de presupuesto o de codecisión en el nombramiento de personas que se envían a las instituciones. 
Espero que esta Conferencia Intergubernamental aproveche la oportunidad de restablecer por fin el equilibrio entre las dos instituciones, el Parlamento y el Consejo y dé al Parlamento Europeo más derechos. 
Coincido en que es muy importante el equilibrio entre los países grandes y pequeños. 
Se trata de un punto muy sensible que se debe tener en cuenta y creo que todos se han esforzado durante las últimas semanas para encontrar este equilibrio. 
Vamos a ver que para ocupar los puestos de la Comisión existe una igualdad de derechos entre los países grandes y pequeños y que la mayoría doble que proponemos en el Consejo favorece a los países pequeños. 
En la Unión ampliada vamos a tener muchos más países pequeños que grandes. 
Si se necesita la mayoría de los Estados, entonces los pequeños países tienen una gran ventaja pues muchos tendrán que participar cuando se quiera adoptar alguna decisión. 
También creo que en lo tocante a la distribución de escaños en el Parlamento damos preferencia a los países pequeños con el factor de la degresividad para que exista una representatividad entre los diputados. 
La Unión Europea no es sólo una comunidad económica. 
Somos una comunidad de valores. 
Esta Unión Europea tiene también que defenderse contra fuerzas que violan el espíritu europeo y abusan de él. 
Conocemos a los populistas, a los nacionalistas y racistas que hay en muchos países de Europa y si somos una Unión política debemos tener también los instrumentos para llevar a cabo medidas y sanciones tanto en el ámbito de los partidos como en caso de una participación en un Gobierno. 
Tenemos un informe excelente sobre el que podemos votar mañana. 
Quiero expresar mi agradecimiento a la Presidencia portuguesa por su cooperación. 
Quiero elogiarla expresamente. 
El mismo agradecimiento a la Comisión y a nuestro Comisario Barnier, quien siempre mantiene una actitud muy abierta cooperando con nosotros. 
También quiero agradecer a mis colegas de la comisión y a mi compañero en la ponencia. 
Creo que el Parlamento adoptará mañana una posición que nos proporcionará un papel prominente en la Conferencia Intergubernamental y que puede llevar también a buen término este Tratado Europeo. 
. 
(PT) Señora Presidenta, me permitiría utilizar esta corta intervención al final de este debate, y con su autorización, para responder como considero derecho legítimo del Consejo a algo que se ha expresado aquí en una cuestión de orden al comienzo de esta sesión. 
Creo que se han hecho comentarios respecto de la ausencia del Consejo durante la intervención del Presidente austríaco en este Parlamento. 
Quisiera decir lo siguiente: en primer lugar y para que quede claro no estaba previsto que la Presidencia del Consejo estuviese presente en ese momento ni era siquiera ésa la idea de este Parlamento. 
No teníamos indicación alguna por parte de la Presidencia del Parlamento en ese sentido. 
Se trataba de una cuestión meramente parlamentaria. 
En segundo lugar, quisiera decir que el Consejo no recibe lecciones de responsabilidad política y se niega a dejarse presionar por algo que tiene mucho más que ver con las polémicas internas en el nivel de la política nacional portuguesa que con cuestiones de fondo propiamente dichas. 
En mi opinión, este Parlamento ha acabado utilizado como una tribuna para provocaciones de carácter político. 
Quiero decir, señora Presidenta, que no aceptamos esa circunstancia. 
Tenemos una perfecta y clara delimitación de lo que es la labor de la Presidencia portuguesa respecto del funcionamiento de las instituciones y del papel de Austria en materia de instituciones. 
Considero que eso quedó claramente patente en este Parlamento desde mi intervención en el debate que celebramos al comienzo de esa cuestión. 
Hemos venido cumpliendo en el ámbito de la Unión Europea todo el conjunto de requisitos que permiten a Austria cumplir y participar plenamente en las instituciones europeas y en su funcionamiento. 
Y, por tanto, no confundamos las cuestiones y no queramos traer a este debate, por una cuestión de mera provocación política interna, cuestiones que nada tienen que ver con el Parlamento Europeo ni con las instituciones europeas. 
Pasando concretamente a la resolución Dimitrakopoulos-Leinen, quisiera, señora Presidenta, decir, en primer lugar, que siento el mayor respeto por la labor llevada a cabo por los dos ponentes, porque es un trabajo de gran profundidad, de gran visión, que en su momento podría no recibir en el ámbito del Consejo un consenso que le permita ser un paso adelante en materia de profundización de la Unión, pero es necesario decir que siento gran respeto por el trabajo hecho, porque corresponde a cierta visión de Europa, a cierta visión de lo que debe ser la ambición europea. 
Lo que me pregunto- y todos nos preguntamos y probablemente vamos a tener oportunidad de profundizar durante el debate en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental- es si en este marco se han creado las condiciones para que la ambición expresada en este informe pueda concretarse, de hecho, y, en particular, en tiempo útil, es decir, si podemos concluir una Conferencia Intergubernamental, tal como todos nosotros deseamos, al final de este año, con semejante grado de ambición en materia de reformas. 
Este aspecto es muy importante para nosotros. 
También este Parlamento debería tener conciencia, al votar este informe, de si el conjunto de propuestas que en él aparecen configuran o no un elemento con un realismo necesario respecto de lo que es posible adoptar al final de esta Conferencia: independientemente, como digo, de la excelente calidad de las propuestas y de la visión del futuro que en ellas figuran. 
Ahora bien, hemos de comprender que la Unión Europea, al tiempo que se rige por normas de eficacia, democracia y transparencia, tiene siempre pendiente, como ha dicho el Sr. Jacques Poos, el problema de la aceptabilidad sistemática de todas las reformas que hacemos ante las opiniones públicas. 
Tenemos quince parlamentos ante los cuales debemos responder, tenemos quince parlamentos que deberán ratificar esa Conferencia, porque, en caso de que uno sólo de ellos no la ratifique, habrá una crisis europea. 
Y espero que las personas tengan conciencia absoluta de que la que estamos haciendo en la Conferencia Intergubernamental es una labor seria, realista y responsable, y no queremos transformarla como en un ejercicio fatuo que mañana pueda llegar a tener un efecto negativo respecto de lo que subyace precisamente a esa operación, que es la esperanza de modernizar la Unión, de reformarla a fin de que pueda ser compatible con la futura ampliación, una ampliación sin dimensiones en el marco de la Unión Europea. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, al término de este debate, después de haber escuchado a cada una y a cada uno de los diputados con la atención que ello justificaba, antes del voto extremadamente importante que emitirán mañana sobre las diferentes propuestas, desearía expresar nuevamente mi agradecimiento a los dos ponentes del Parlamento Europeo, Jo Leinen, aquí presente, y el Sr. Dimitrakopoulos, por el trabajo tan profundo y útil que han realizado dentro del espíritu, al que hacía referencia esta mañana, de la mayor convergencia posible entre la Comisión y el Parlamento Europeo, a fin de dar a esta negociación el impulso político que requiere. 
Desearía expresar, igualmente, para abundar en las palabras del Sr. Seixas da Costa, que- porque puedo dar fe de ello- esta negociación dirigida bajo la Presidencia portuguesa está llevada a cabo, como el ministro portugués acaba de decirlo, con mucha autoridad, realismo y pragmatismo. 
Desde este punto de vista, como yo lo había esperado, la Presidencia portuguesa no resulta en absoluto una Presidencia provisional o secundaria. 
Ésta debe cumplir un papel extraordinariamente importante, y realmente lo cumple, para recorrer la parte del camino que le corresponde, antes de pasar el relevo a la Presidencia francesa. 
Y desearía dar las gracias al Consejo, desde este punto de vista. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, desearía simplemente hacer tres reflexiones al término de este debate. 
En primer lugar, muchas de sus intervenciones han hecho referencia al equilibrio entre los denominados grandes y pequeños Estados. 
Sabemos perfectamente que este equilibrio es a la vez necesario y difícil. 
Necesario, porque desde 1957 los Estados son iguales, soberanamente iguales; difícil, porque no todos poseen la misma población, y porque, dentro del respeto de la democracia, es necesario, de una manera u otra, tener en cuenta a los ciudadanos, su número, que es diferente según el país. 
Lo que quiero decir, señoras y señores, es que la Comisión, por lo que a ésta respecta, ha buscado este equilibrio en las propuestas que ha formulado el 26 de enero, y que defiende semana tras semana. 
Tal como lo ha hecho con respecto a la doble mayoría. 
Esta es una manera de alcanzar el equilibrio. Que la mayoría cualificada represente cada vez, al menos, a la mayoría de los Estados y a la mitad de la población. 
Hemos llegado incluso un poco más lejos respecto a un asunto que ha suscitado muchos comentarios y, a veces, preocupaciones: el de la Comisión. 
Tratándose de la composición de la Comisión, hemos superado la búsqueda del equilibrio para proponer una solución igualitaria. 
Y repito a quienes se preocupan, que no he visto ninguna propuesta según la cual algún Estado miembro no tendría comisario. 
Lo que nosotros hemos propuesto, repito, es que haya un comisario por Estado miembro, pero según dos opciones sobre las cuales les pido que reflexionen bien, y tenemos tiempo para reflexionar debidamente hasta finales de año en las consecuencias de dichas opciones. 
La primera opción consiste en un comisario permanente por Estado miembro, que se reúnen al mismo tiempo, pero con una Comisión que, un día, estará compuesta por treinta o treinta y cinco comisarios, y, que por lo tanto, existirá forzosamente una jerarquización en el seno del Colegio. 
La segunda opción consiste en una Comisión compuesta por un comisario por Estado miembro, pero que no se reunirán todos al mismo tiempo, y que, desde este punto de vista, conservaría en mayor grado su carácter colegiado. 
Esta es, señoras y señores, nuestra preocupación, la de mantener el equilibrio entre los pequeños y grandes Estados. 
Desde este punto de vista, suscribo las preocupaciones expresadas por muchos de ustedes. 
Segunda preocupación: el papel motor del Parlamento Europeo, que Jo Leinen ha recordado. 
Creo realmente, como lo he dicho esta mañana, que hay que dedicar tiempo, que ustedes deben dedicar tiempo, señoras y señores, durante su mandato, para explicar estos retos europeos, no sólo en sus respectivas circunscripciones, en sus países, sino en todas partes, a todos los ciudadanos, lo más a menudo posible. 
También es necesario que haya ocasiones para convencer y hablar con los Parlamentos nacionales. 
El Presidente Napolitano ha propuesto la idea de celebrar una Conferencia interparlamentaria. 
Yo mismo participé, invitado por él, en una reunión de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo, que me interesó mucho, y la Comisión estará dispuesta a participar en cualquier ejercicio capaz de fortalecer este diálogo y este entendimiento recíproco entre los Parlamentos nacionales, que nos serán necesarios para ratificar una verdadera reforma, y el Parlamento Europeo. 
Finalmente, escuchaba al Sr. Ministro Poos, quien decía que la historia no se acaba en esta CIG 2000. 
Sabemos, naturalmente, que la historia no se detendrá al final del año 2000 y que habrá otros cambios institucionales. 
Pero, señoras y señores, deseo manifestar enérgica y solemnemente que después de finales de año no vamos a volver sobre algunas cuestiones importantes que se cuestionan en esta negociación: sobre la composición de la Comisión, sobre el campo de la mayoría cualificada, sobre la composición del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Justicia, sobre el sistema de votación. 
Estas cuestiones quedarán fijadas a finales de año de una u otra manera, y quedarán fijadas para mucho tiempo. 
Es necesario tomarnos el tiempo de reflexionar debidamente en lo que hacemos. 
Con 20, 25 ó 30 países no vamos a hacer después, señoras y señores diputados, lo que no hemos sido capaces de hacer en Amsterdam y lo que no seríamos capaces de hacer hoy, este año, por falta de voluntad política. 
Deseo, pues, que juntos, con el Consejo, podamos dar con la fuerza suficiente este impulso político, para que, en resumidas cuentas, a finales de este año no sólo terminemos esta negociación, sino para que sobre todo la llevemos a buen término, y que podamos demostrar juntos una audacia política colectiva que superará la simple suma de las cautelas o de los intereses nacionales. 
Muchas gracias, señor Comisario 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Hambre en Etiopía 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la hambruna en Etiopía. 
. 
(PT) Señora Presidenta, Señorías, creo que todos tenemos en la memoria las imágenes del hambre en Etiopía en el decenio de 1980 y también lo que fue la sequía en África en el decenio de 1990, que afectó a cerca de diez países africanos. 
Pero también debemos tener conciencia de que en aquel momento fue posible llevar cerca de cuatro millones de toneladas de alimentos al África subsahariana mediante una acción de la comunidad internacional, que, como todos sabemos, también se moviliza por aspectos de carácter mediático, que cada vez tienen más importancia. 
Y creo que es muy importante que comprendamos que, pese a las situaciones de crisis que hoy existen, ha habido por parte de la comunidad internacional una acción objetiva de respuesta. 
Probablemente no la que sería adecuada, no la que quisiéramos que hubiese habido, sino en cierto modo una actitud objetiva por parte de la comunidad internacional. 
Y en esa comunidad internacional, tanto individualmente como en el conjunto de la Unión Europea, los países europeos han llevado a cabo una acción relevante. 
Y creo que es muy importante que seamos conscientes de ello, ahora que la situación en Etiopía una vez más se repite por la sequía. 
La Unión Europea está dispuesta a no dejar que esta situación se agrave y a intentar movilizar los medios posibles para intentar paliarla. 
En este momento tenemos en funcionamiento algunos instrumentos con eficacia en el nivel, como he dicho, de la Unión Europea o en el nivel del papel que la Unión Europea desempeña ante las organizaciones internacionales. 
Y consideramos que esa intervención es muy importante para afrontar en este momento el problema de casi 16 millones de personas en peligro en toda esa zona. 
Considero que, cuando llegue ese momento del debate, el Comisario Christopher Patten va a tener la oportunidad de explicar las acciones que la Comisión piensa adoptar o ha venido aplicando. 
Esas acciones son de la mayor relevancia y se adoptaron en el momento oportuno, en el momento correcto. 
Tanto la Dirección General de Desarrollo como ECHO enviaron ya cantidades suficientes de alimentos para atender las necesidades más urgentes. 
Por lo demás, en este momento, precisamente hoy, se encuentra ya en Addis Abeba la Directora General del Programa Mundial de Alimentos para celebrar conversaciones con el Gobierno etíope respecto de esa cuestión, que se refiere a problemas de naturaleza técnica y práctica relacionados con el transporte de los alimentos. 
Y no podemos desvincular esa cuestión de la situación política y militar que se vive en Etiopía. 
Debemos tener conciencia de que la situación, que ya de por sí es dramática por la sequía, hoy resulta también agravada precisamente por la situación político-militar, que acaba introduciendo factores creadores de dificultades para la movilización de las ayudas. 
En particular, como digo, respecto de la cuestión de los medios de transporte: por lo que creemos saber, puede que falten dichos medios porque se están utilizando para finalidades distintas de aquellas a las que están destinados. 
Como he dicho, la Unión Europea ha seguido atentamente esa situación: en el Consejo de Asuntos Generales de antes de ayer la Comisión presentó un informe sobre la situación que se vive en el Cuerno de África y se abordó concretamente un aspecto relativo a la situación en materia humanitaria. 
Pero, como he dicho, esas preocupaciones están en el centro de atención no sólo de la Comisión, sino también del Consejo. 
Ayer se celebró en Bruselas una reunión de un grupo de expertos precisamente para analizar las formas mejores de afrontar esa situación. 
Estuvieron presentes representantes de ECHO, de la Dirección General de Desarrollo y de los Estados miembros de la Unión Europea y esa reunión fue precedida de la celebrada con el embajador de Etiopía a fin de lograr una coordinación más eficaz entre las ayudas y los apoyos que la Unión Europea puede movilizar, ya sean globales o en el nivel de los diversos Estados miembros. 
Para terminar esta intervención inicial, quisiera decir, señora Presidenta, que la cuestión de la situación en el Cuerno de África, tanto en el plano político como en el humanitario, está en el centro de nuestras preocupaciones. 
El lunes celebramos en el Consejo de Asuntos Generales un debate al respecto en el que estuvo presente el enviado especial del Consejo, quien nos hizo una exposición sobre la situación y su gravedad. 
La Unión Europea aprobó en el mismo Consejo de Asuntos Generales un conjunto de recomendaciones que van a sumarse, por lo demás, a todo el conjunto de acciones de carácter político que la propia Unión ha venido realizando, en particular desde el año pasado, a partir del desencadenamiento más severo del conflicto entre Eritrea y Etiopía. 
Estamos atentos a ese asunto. 
Por desgracia, a veces no podemos ser tan rápidos como desearíamos respecto de las diversas situaciones de necesidad y carencias en el plano humanitario. 
Pero quiero decir que se mantiene la atención y esperamos que la atención que suscite el debate en este Parlamento constituya también un elemento de movilización de la opinión pública respecto de un problema de esa gravedad. 
. (EN) Agradezco la oportunidad de participar en este debate- la agradezco aunque me entristece que el debate tenga que ser necesario. 
Comparezco en lugar de mi colega el Comisario Nielson, a quien le hubiera gustado responder él mismo. 
Yo tengo una tremenda sensación de déja vu- o quizás debería decir déja entendu- en este debate de hoy. 
Hace más de una década, de 1986 a 1989, fui ministro para el desarrollo de mi país. 
Sé que hay varios diputados de esta Cámara que han desempeñado la misma función en sus países. 
En aquella época, yo intervenía en debates similares, haciendo frente a crisis similares en el Cuerno de África. 
Me temo que la historia resulta desgraciadamente conocida: hay conflictos militares, hay degradación del medio ambiente, hay sequía y, a menudo, ha habido- y esto fue especialmente cierto en el pasado- políticas extremadamente imprudentes. 
Esto es una mezcla letal. Es capaz de producir hambre y miseria a escala masiva. 
Nos enfrentamos a las mismas frustraciones de siempre, como decía ayer en la Cámara. 
A pesar de todos los problemas, al final conseguiremos ayuda para los que están muriendo de hambre, nunca con la rapidez con la que nos gustaría, pero más rápidamente de lo que solía hacerse. 
Por tanto, mejoramos nuestra capacidad de hacer frente a los problemas humanitarios a pesar de las dificultades. 
Pero, desafortunadamente, somos incapaces de impedir que los problemas humanitarios surjan- problemas que muy a menudo tienen causas, en gran medida, políticas. 
Ésta es la frustración. 
Permítanme que les explique a sus Señorías lo que estamos haciendo para mitigar la presente crisis. 
En la actualidad hay dos equipos de la Comisión en Etiopía: uno de ECHO y otro de la Unidad de Seguridad Alimentaria perteneciente a nuestra Dirección General para el Desarrollo. 
Estos equipos harán recomendaciones sobre nuestros futuros esfuerzos. 
El gobierno etíope ha pedido 821.000 toneladas de ayuda alimentaria, un 25% más que en años recientes. 
Esta cantidad queda casi cubierta por los compromisos de la comunidad internacional. 
La Comisión ha programado la entrega de 283.000 toneladas y estamos a punto de adoptar decisiones para la entrega de una cantidad adicional de hasta 260.000 toneladas. 
Permítanme también que corrija una inexactitud que está circulando de resultas de una declaración de Oxfam que sostenía que la Comisión sólo facilitó 50.000 toneladas a Etiopía el año pasado. 
La cantidad real es más del triple. 
Las entregas de este año vienen a sumarse a más de un cuarto de siglo en el que la Comisión ha prestado asistencia alimentaria a Etiopía. 
Durante ese tiempo casi el 40% de nuestra ayuda total a Etiopía se ha dedicado a ayuda alimentaria o a programas de seguridad alimentaria, por un valor de unos 875 millones de Euros, 250 millones de Euros sólo en los últimos cuatro años. 
Este son los antecedentes. Es importante conocerlos. 
Ha habido una serie de alegaciones de que la respuesta europea a la crisis ha sido inadecuada. 
Hay una carta admirable en el periódico de Londres The Independent de su Señoría la Sra. Kinnock, que sabe mucho del Cuerno de África, en la que recoge los hechos reales. 
Espero que esa carta tenga una mayor difusión. 
Una de las cosas que decía en su carta- y creo que habla seguramente con más autoridad sobre este tema que cualquier otra persona- era: "La Unión Europea, junto con los Estados miembros, sigue siendo el mayor donante de ayuda humanitaria a Etiopía". 
Después argumenta: "Esto no es" visible "porque se canaliza a través del Gobierno, el Programa Mundial para la Alimentación, la Cruz Roja, las ONGs y otros". 
Es importante recordar este punto. 
Lo que más importa no es remover estas viejas controversias. 
Lo que más importa es lo que ahora mismo estamos actuando bien para hacer llegar ayuda a los hambrientos. 
Deseo recordar al Parlamento que la ayuda alimentaria total de la Comisión, descargada, expedida o gestionada en la actualidad, supera los 282 millones de toneladas métricas. 
Un envío de ayuda alimentaria de la Comisión Europea de 30.000 toneladas canalizada a través del Programa Mundial para la Alimentación llegó al puerto de Yibuti la pasada semana. 
Otro envío de más de 16.000 toneladas a través de EuronAid deberá llegar el domingo. 
A estos envíos les seguirán otros a través de Yibuti y Berbera en vista de la limitada capacidad operativa de los puertos. 
Los envíos totales del conjunto de donantes que se prevén descargar entre ahora y julio alcanzan las 504.000 toneladas métricas. 
Esta cantidad debería ser suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas. 
Los compromisos totales de los donantes, como he dicho antes, superan las 800.000 toneladas métricas. 
Eso es lo que estamos haciendo. 
Seguiremos dedicando toda nuestra atención a esta crisis hasta que termine, y nuestra gente de ECHO sobre el terreno seguirá trabajando incansablemente para hacer llegar la ayuda allí donde se necesite. 
Nos enfrentamos a un gran problema derivado de la falta de instalaciones portuarias adecuadas para las entregas de ayuda alimentaria, sobre todo por la falta de disponibilidad de los puertos eritreos de Assab y Massawa, lo que supone que sólo Yibuti y, en menor medida, Berbera puedan ser utilizados. 
Se prevé que Yibuti quede congestionado con la llegada de 600.000 toneladas métricas durante los próximos tres meses. 
Estamos buscando urgentemente alternativas, entre ellas, un mejor uso del puerto de Berbera mediante rápidas mejoras en la carretera de Berbera hacia el interior de Etiopía. 
También estamos considerando utilizar el Puerto de Sudán. 
Están en marcha mejoras de la carretera en el lado sudanés y nos han informado de que las carreteras en el lado etíope están bastante bien. 
Como dijo mi amigo al inaugurar este debate, por supuesto que hay problemas originados por la zona de conflicto y sólo quiero repetir lo que dije al principio. 
He tenido que hablar en demasiados debates como éste sobre las consecuencias de crisis como ésta, en los Grandes Lagos, en Etiopía, en Sudán y ahora, de nuevo, en Etiopía. 
Insisto, somos mejores ahora en la entrega de ayuda de lo que éramos hace una década, pero es tremendamente frustrante el propio hecho de que toda esa ayuda sea necesaria. 
Es tremendamente frustrante que mientras millones mueren de hambre, los gobiernos gasten fortunas en fusiles y armamento para hacerse la guerra entre ellos cuando la única guerra que deberían librar es una guerra contra el hambre, una guerra por la seguridad alimentaria, una guerra contra la pobreza y contra la degradación medioambiental, una guerra en la que nosotros estamos moralmente obligados a ayudarles. 
De aquí se deduce que mientras combatimos el hambre, también deberíamos dar todo nuestro apoyo a los que luchan por la paz. 
Damos nuestro respaldo incondicional a los esfuerzos de todos aquéllos, incluyendo la OUA y el enviado especial de la Presidencia europea, el Embajador Serri, que han trabajado a favor de una solución pacífica de los conflictos regionales. 
Contarán con nuestra incansable ayuda. 
Me temo que he de añadir que la experiencia nos dice que van a necesitar también nuestras oraciones. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar dando la bienvenida a la declaración del Comisario Patten, que explica la verdad acerca de la ayuda europea. 
Una vez más, vemos en nuestras pantallas de televisión, las escenas de niños muriendo de hambre en Etiopía y recordamos los horrores de la última hambruna en el Cuerno de África. 
Una vez más, tenemos a estrellas del pop y a celebridades criticando a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales por hacer demasiado poco, demasiado tarde. 
Es increíble con qué rapidez algunas personas se convierten en expertas cuando se produce una situación como ésta y pueden obtener algo de publicidad, sin conocer mejor el trasfondo de la situación general. 
Somalia está dividida por la guerra en pequeños feudos, esto hace que a cualquiera- instituciones u ONGs- les resulte extremadamente difícil entregar la ayuda alimentaria a la gente que muere de hambre. 
¿Con quién se negocia en una situación así? 
Etiopía está inmersa en una disputa fronteriza con Eritrea, lo que supone que la mayoría de la mano de obra está ocupada en el frente de guerra y que alimentos muy necesarios están siendo desviados en ambos países para alimentar a los soldados en lugar de a los niños que mueren de hambre. 
Por supuesto que debemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano para mitigar la hambruna. 
Pero, cuando los países están en guerra, toda nuestra ayuda debe ser humanitaria y canalizarse a través de ONGs para garantizar que esa ayuda llega a la gente que muere de hambre y no al frente de guerra. 
Debemos observar la situación en Eritrea y equilibrar la ayuda humanitaria allí, si fuera necesario. 
Deseamos desesperadamente que estos dos países firmen un tratado de paz mediante los esfuerzos de la OUA para que podamos reanudar la plena ayuda al desarrollo para ambos países. 
Recientemente, he pasado una semana tanto en Etiopía como en Eritrea. 
He visitado los campos de refugiados en los dos países y he visto por mí misma la pobreza y las calamidades que la gente está sufriendo. 
No es verdad que Etiopía no haya estado pidiendo a gritos la ayuda alimentaria durante los dos pasados años pero la situación de guerra ha nublado la visión de muchos de los que miraban hacia allí. 
Cuando estuve allí suplicaban por la ayuda. 
Vi a niños con grave desnutrición y necesitados de cuidados sanitarios, así como de alimentos y de un cobijo adecuado. 
Vi a familias viviendo en cuevas, en las que caía agua por las paredes, y escuché la tos seca de niños atormentados por la fiebre. 
En la televisión parece malo; es cien veces peor cuando se está allí, cuando la gente está en una situación tan horrenda. 
Sin embargo, vi a ONGs alemanas entregar ayuda alimentaria en Eritrea a un campo de 16.000 personas, que se extendía a lo largo de más de 7 kilómetros en previsión de bombardeos. 
Vi a dos hombres fuertes colocar sacos de 50 kgs. a las espaldas de mujeres y vi a éstas tambalearse avanzando hacia sus refugios de plástico a kilómetros de distancia. 
Vi a niños de ocho años caminando ocho kilómetros de ida y ocho de vuelta para conseguir agua. 
Y éstos eran los que tenían suerte: eran los que tenían comida. 
No deberían ser las cámaras de televisión y las estrellas del pop las que nos alertaran del hambre y de la sequía: debería haber un sistema adecuado de seguimiento en las zonas sensibles del continente africano. 
Quizás este sistema podría crearse en la unidad de reacción rápida del Comisario Patten de la que oímos hablar ayer. 
Debemos actuar y debemos actuar urgentemente y con decisión. 
Señor Presidente, me adhiero a las intervenciones del Sr. Patten y del Sr. Corrie. 
Todos hemos sido partícipes de la lucha contra el hambre hace diez años. 
Después hemos realizado muchos proyectos y asuntos conjuntamente, al igual que los competentes campesinos locales que participaron en la construcción de Eritrea y Etiopía. 
Me parece inconcebible oír de parte etíope: Europa hace muy poco, hay que enviar alimentos, mientras que la capacidad logística, es decir, camiones, carreteras y dinero, se usa para la guerra regional. 
Lo menos que pueden hacer ambos gobiernos es la congelación absoluta de las actividades militares. 
Si se habla sobre la rapidez y oportunidad de distribuir los alimentos, se trata también de contar con camiones, y estos camiones fueron la fuerza del movimiento que ahora tiene el poder en Etiopía y del movimiento que ahora tiene el poder en Eritrea. 
Ambos tienen una gran experiencia y conocimiento en logística y también una gran competencia. 
Si emplean verdaderamente su energía y están dispuestos a emplearla en algo que esté disponible, si quieren construir puertos, si quieren construir carreteras, tienen una gran capacidad. 
Aducen que toda la responsabilidad recae sobre nuestro lado. 
También recae una enorme responsabilidad en el lado etíope y eritreo y no pueden intentar, con un barato golpe publicitario, devolvernos la pelota. También comparten una responsabilidad conjunta. 
Congelar el tráfico de armas, intentar alcanzar un acuerdo de paz y entretanto emplear toda la capacidad logística militar y todos los recursos humanos allí donde se necesite. 
El segundo aspecto: los alimentos. 
Hay una enorme urgencia por enviar alimentos con mucha, mucha rapidez. 
Tenemos la experiencia de que la ayuda puede resultar fallida según la manera en que se distribuyan, según queden almacenados. 
Inténtese examinar con toda la capacidad: esto ocurrirá a través de los sistemas de seguimiento de la Unión Europea ahora en Etiopía. 
¿Hay algo que comprar local en la región? Hemos cambiado acertadamente nuestra política de ayuda alimentaria, ya no enviamos nuestros excedentes sino que miramos si en la región hay algo que comprar. 
Porque todo lo que se pueda recoger y regular allí ayuda a la economía e impide que empeore la situación local. 
En definitiva, es lo estructural lo que cada vez causa las desgracias después de las guerras. 
Espero que la capacidad del sistema de alerta temprana del que se han ocupado muchos expertos entre dentro de nuestras posibilidades para obtener señales con anticipación. 
No resulta fácil. Todo el mundo lo sabe, pero podría ayudar enormemente a borrar esa imagen de gestión inadecuada. 
Responsabilidad final en primer lugar: Etiopía y Eritrea. 
Apoyo de corazón todas las acciones que la Comisión que ha tomado a este respecto. 
Señor Presidente, el comisario Patten se pregunta por qué se repite la trágica historia africana una y otra vez. 
Una y otra vez millones de hombres se ven amenazados por la hambruna. 
La causa no reside en la extrema sequía. 
La culpa la tienen fundamentalmente los dirigentes irresponsables que consideran más importante luchar por un pedazo de tierra seca que el hecho de que su propio pueblo se esté muriendo de hambre. 
Así pues, clama al cielo que los gobiernos de los países extremadamente pobres de Etiopía y Eritrea hayan comprado armas modernas a gran escala en lugar de crear reservas alimentarias suficientes. 
Sobre todo el gobierno cegado de Etiopía en su contumacia arrastra a la desgracia a sus propios ciudadanos. 
¿Cómo se explica si no que Etiopía haya rechazado la oferta que utilizar los puertos de Massawa y Assab? La consecuencia es que una gran parte de su población no puede acceder a la ayuda. 
La Organización para la Unidad Africana y la Unión Europea deben ejercer ante los gobiernos de Etiopía y Eritrea la mayor presión imaginable para solucionar su conflicto en Argelia y los donantes de ayuda deben obtener inmediatamente un acceso seguro a la población. 
Un ministro etíope ha dicho que la comunidad internacional sólo reacciona cuando ve los cuerpos esqueléticos en la televisión. 
Lo que calla es que la causa de esas imágenes macabras no es sólo la falta de lluvia sino la falta de una dirección adecuada. 
Me alegro de que el comisario Patten se haya referido a la crítica de que falta ayuda europea. 
No obstante, quiero preguntarle qué lecciones extrae acerca de qué va a hacer Europa. 
Es difícil no perder la esperanza en esta tragedia del Cuerno de África. 
No obstante, no debemos perder la esperanza. 
La naturaleza sólo puede ejercer su labor de devastación si los hombres no lo impiden. 
La guerra y la mala gestión son en última instancia obra humana. 
La trágica historia africana no tiene por qué repetirse si las vidas humanas resultan más importante que los vetos de dirigentes sin vergüenza. 
Señor Presidente, señor Comisario, es terrible y decepcionante para la integridad del ser humano que cada cierto tiempo nos lleguen los gritos de dolor de África pidiendo, señores diputados, comida y agua, en el siglo XXI. 
¿Por qué seguimos dando lugar a esto? 
¿Es que no tenemos conciencia? 
Cada día la Unión Europea aporta menos fondos, menos ayudas, en términos globales, a los países pobres de África. 
¿Cómo es que tenemos almacenes llenos de excedentes alimentarios que nos vemos obligados a destruir cuando se pudren inútilmente o cuando no reúnen las condiciones de consumo que les exigimos? 
Hay razones que justifican esto, pero ninguna justifica la muerte de una persona por hambre. 
No es cierto que seamos solidarios. 
No. 
Sólo acudimos a apagar el fuego con ayudas puntuales, sin una política clara y decidida de prevención- cuando sabemos de sobra que el hambre en África y, en general, en el tercer mundo aparece periódicamente. 
Espero que estas miles de toneladas de ayuda alimentaria concedidas no les tapen la boca a los medios de comunicación, para que así nos sigan comunicando el drama de África. 
Lo que digo no es nuevo. 
Se ha dicho un millón de veces y se volverá a decir en el futuro, pero hoy a mí me sale del alma y siento el dolor de África como propio. 
¿Para cuándo un plan Marshall para África? 
Para esto, propongo que se establezca urgentemente un comité de expertos internacionales independiente y de prestigio que evalúe la situación junto a los organismos internacionales y aplique una serie de propuestas e iniciativas urgentes de ayuda alimentaria y sanitaria, actuando ya y ahora, planificando el futuro y poniendo en manos de las organizaciones no gubernamentales toda nuestra artillería humanitaria. 
Señor Presidente, la situación en la región del Cuerno de África y, en particular en Etiopía, cobra un dramatismo raras veces superado y exige de la comunidad internacional y, en particular, de la Unión Europea una atención y una ayuda correspondientes para afrontar una catástrofe humana sin paralelo. 
Es verdad que ya se ha hecho algo y tengo presente la ayuda alimentaria que la Unión Europea está prestando y que acaba de citar el Comisario Christopher Patten. 
Pero no se puede descansar. 
Y es necesario, incluso, vencer todas las dificultades que se plantean en el terreno para hacer llegar a las poblaciones y a los niños hambrientos y moribundos, en el menor espacio de tiempo, los alimentos y los medicamentos que necesitan. 
Y, para ello, es indispensable insistir firmemente ante los gobiernos de los países de la región, teniendo en cuenta la situación político-militar que allí se vive, en el sentido de que permitan y garanticen la rápida circulación y el acceso por parte de las organizaciones internacionales a las zonas de concentración de esas poblaciones y la llegada de la ayuda hasta a sus auténticos destinatarios. 
Como también es esencial que las mismas organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, la FAO, en particular, actúen coordinadamente y con la celeridad y la eficacia que la situación requiere, haciendo llegar, como he dicho, la ayuda alimentaria y sanitaria, pero también adoptando medidas de reactivación del sector primario, determinante para la economía-tipo, por ejemplo, con vistas a garantizar una solución duradera y a medio plazo, cosa que podría hacerse con el envío de técnicos y especialistas que garanticen la ejecución de proyectos en esa esfera. 
La gravedad de la situación y la indispensable necesidad de conceder carácter excepcional y prioritario a la solidaridad para con esas poblaciones me mueve, por último a solicitar a la Comisión y, en particular, a los Comisarios Christopher Patten y Poul Nielson, que nos informen, periódica y detalladamente, sobre la evolución de la situación y principalmente sobre las medidas que piensan adoptar o están adoptando con vistas a atenuarla. 
Señor Presidente, el gobierno etíope ha señalado la semana pasada que la comunidad internacional no está suficientemente alerta para intervenir enviando alimentos a su población hambrienta. 
Según afirma, los donantes, entre ellos la Unión Europea, no respetan sus promesas. 
Comparto la opinión del Comisario de que el reproche de Adis Abeba está fuera de lugar. 
Fuera de lugar porque procede de un gobierno que desde hace dos años está envuelto en una absurda guerra de fronteras con un país vecino. 
Cientos de millones de dólares necesarios para prestaciones sociales y el aumento de la producción de alimentos han sido todos absorbidos por la maquinaria de guerra y en el momento en que el ministro etíope de Asuntos Exteriores da un tirón de orejas a la comunidad internacional, circulan informes de que su gobierno ha comprado aviones militares a la República Rusa. 
Ya es hora de que el gobierno etíope asuma su responsabilidad y ponga todos los medios posibles para terminar la guerra con Eritrea. 
Señor Presidente, hambruna y Etiopía, estas dos palabras ya están dolorosamente unidas en nuestras memorias. 
En este Cuerno de África, lugar de calamidades, 16 millones de víctimas de la hambruna, de las que 8 millones viven en Etiopía, esperan auxilio. 
En Ogaden, la región más afectada del sudeste de Etiopía, no ha llovido desde hace más de tres años, hasta el punto que las nociones de estación seca y de estación húmeda ya no significan nada. 
Así pues, debemos reaccionar, y pronto; y sabemos demasiado bien, por desgracia, que el precio de nuestras dilaciones y de nuestros retrasos se paga con víctimas humanas. 
Doy las gracias, por otro lado, al Consejo y a la Comisión por las medidas que ya han tomado y por las precisiones que nos han efectuado hace un momento. 
Ciertamente, las 800.000 toneladas de ayuda urgente prometidas por la comunidad internacional deben enviarse lo antes posible. 
En todo caso, los países de la zona deben hacer todo lo necesario para facilitar este envío: apertura de los puertos, de las carreteras y de las infraestructuras. 
Sin embargo, en una región destrozada por un conflicto de retaguardia, este drama deja un sabor particularmente amargo, ya que cada vez que se paga el precio de un fusil, de una bala, se contribuye a agravar una situación económica, social y alimentaria que ya es precaria. 
Debemos exigir de Eritrea y de Etiopía un cese de las actividades militares, a fin de que todos los medios, todas las capacidades logísticas y humanas de estos países se pongan al servicio de sus pueblos. 
El ruido de las armas ha tapado durante demasiado tiempo los gritos del hambre. 
Por eso debemos lanzar una llamada a la cordura a los dirigentes etíopes y eritreos para que cese el conflicto, para que, en el marco del plan de paz de la OUA, pueda llegarse a un acuerdo sobre las soluciones técnicas. 
Naturalmente, de momento, sólo debemos escuchar la llamada de la población que sufre. 
Señor Presidente, la miseria y la muerte en Etiopía aparecieron en nuestras pantallas hace cuatro años. 
Los cámaras se marcharon pero la miseria y la muerte no abandonaron Etiopía. 
El hambre y la muerte continúan hoy. 
La población de Etiopía reza para que llueva. 
Lamentablemente lo único que ven es una lluvia de balas. 
La gente implora agua, comida y medicinas. 
Lamentablemente lo único que ven son sus tierras y sus hogares hechos pedazos por los tanques y los aviones que nuestros gobiernos suministran a los políticos etíopes y eritreos. 
Estos políticos están hambrientos de poder: unos políticos que se pelean por las fronteras territoriales mientras su pueblo muere. 
Estos políticos ondean sus banderas nacionales en sus parlamentos y palacios presidenciales, pero tristemente la única bandera que su pueblo ve es la bandera de la muerte. 
El hambre, la enfermedad y la muerte siguen siendo los distintivos de estos países. 
No debe permitirse que el ansia de poder venza al ansia de vivir. 
El Sr. Patten ha enumerado una serie de medidas que ha adoptado la UE para ayudar. 
Esta ayuda se ha recibido con gratitud, pero pongámosla en perspectiva. Dieciséis millones de personas están muriendo de hambre hoy; se han entregado 15.000 toneladas. 
Acepto las dificultades logísticas, pero eso supone menos de un kilo por persona. 
No hay un límite de tiempo; en otras palabras, es un kilo que tiene que durar eternamente. 
Sólo alivian los síntomas; no curan el mal. 
La UE debe ponerse a la cabeza en la solución de este grave problema y el único modo de hacerlo es, en primer lugar, deteniendo la llegada de armas a las partes en guerra y utilizando nuestra influencia sobre aquéllos que las suministran; y, en segundo lugar, enseñando a esta gente a producir comida y cosechas, a almacenarla, empaquetarla y procesarla para que puedan ser independientes y autosuficientes, no mendigos de por vida. 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, creo que el debate que se ha celebrado hoy aquí ha sido muy importante como forma de demostrar el empeño y la atención que este Parlamento dedica a las cuestiones de carácter humanitario y, en particular, la que hoy se ha abordado aquí. 
Creo que ha quedado claro, en la intervención del Comisario Christopher Patten, no sólo la conciencia objetiva del trabajo ya realizado, sino también la conciencia absoluta de que esta situación es intolerable y de que la Comisión Europea tendrá, en relación con ella, una determinación y una acción muy concretas y un desvelo futuro. 
Por nuestra parte, por parte del Consejo, quisiera decir que existe el mayor interés en que se puedan seguir permanentemente las situaciones de este tipo en estrecha vinculación con la Comisión. 
Creemos que es importante que se comprenda objetivamente, en el ámbito de la Unión Europea, que las cuestiones de carácter humanitario deben recibir un trato cada vez más comprometido y que la Unión Europea y sus Estados miembros deben conseguir garantizar una atención prioritaria para esas cuestiones en el nivel de las organizaciones internacionales relevantes,. 
Fue una cumbre cuyo orden del día ampliado brindó el primero esperamos de los elementos de un diálogo organizado entre Europa y los países africanos, precisamente para intentar tener una visión más integrada, una visión combinada, de todas las cuestiones que afectan hoy al continente africano y que no nos son indiferentes, cosa que conviene tener muy clara: no son indiferentes al continente europeo por todo un conjunto de razones, relacionadas incluso con su propia seguridad y su propia estabilidad, que se proyecta sobre el continente europeo. 
Creemos que el diálogo con las autoridades africanas es importante, como también lo es el diálogo con las autoridades subregionales. 
Es muy importante conseguir garantizar una acción coherente de trabajo en el nivel de la prevención de conflictos y en el de la creación de mecanismos de intervención rápida en esas situaciones, pues ese diálogo colectivo y organizado no vale la pena hacerse ilusiones. 
No será mediante acciones ad-hoc, mediante intervenciones esporádicas, como conseguiremos resolver los problemas. 
Si no conseguimos organizar la comunidad internacional y organizarla tanto en el plano de las organizaciones internacionales de dimensión mundial como en el de las organizaciones en el nivel más regional, no conseguiremos abordar todas las crisis que sistemáticamente afectan, en particular, a los países más vulnerables. 
Creo que la Unión Europea tiene a ese respecto una responsabilidad concreta, una tradición casi de civilización respecto del modo como afronta ese tipo de problemas y tiene una conciencia y una responsabilidad que el debate celebrado hoy en este Parlamento ha demostrado perfectamente. 
Les comunico que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido cinco propuestas de resolución. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Proceso de estabilización y asociación de los países del sudeste de Europa 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0069/2000) del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (1999) 235- C5-0124/1999/2126 (COS) ) sobre el proceso de estabilización y asociación para los países del sudeste de Europa. 
. (NL) Señor Presidente, en el tiempo que se me ha concedido quisiera detenerme en la conferencia de financiación sobre el pacto de estabilidad que acaba de celebrarse porque a mi parecer es más importante prestar más atención a su desarrollo que al texto de mi informe, que naturalmente se escribió para esa conferencia. 
Sobre la conferencia en general quisiera decir lo siguiente. 
Pienso que puede decirse que fue un gran éxito, no sólo a causa de la financiación sino por el hecho de que se hizo hincapié con seriedad- eso uno de los aspectos centrales del informe y el objetivo global del pacto de estabilidad- en proyectos para conectar entre sí las diferentes regiones. 
La cooperación regional es uno de los elementos cruciales del pacto de estabilidad. 
En la conferencia me pareció sumamente positivo que este enfoque estuviera presente en todas las mesas de trabajo. 
También fue un éxito- y no lo digo tan sólo para halagar al comisario- porque estaba claro que por fin la Unión Europea, la Comisión Europea, tomaba la iniciativa, ya que a mi modo de ver se había quedado rezagada durante demasiado tiempo. 
Esto en lo que respecta a las observaciones generales sobre la conferencia de financiación. 
Con motivo de la conferencia quiero ilustrar cinco aspectos centrales de mi informe. 
En primer lugar, la financiación. 
Todo el mundo esperaba con expectación qué cantidad propondría el comisario. 
Finalmente propuso 530 millones, contabilidad ésta, he de decir, muy creativa, porque de esos 350 millones el 50% era dinero anterior al año 2000, procedente de los programas Obnova y Phare, y el 30% procedía de los mismos programas para el año 2000. 
Finalmente se ha propuesto muy poco dinero nuevo. 
Esto no es ningún reproche a la Comisión, sino una constatación, una constatación que naturalmente va a escocer aún más sabiendo que aún se plantea la cantidad de 5.500 millones, una cantidad que mencionó en su momento el Banco Europeo de Inversiones, que después retomó el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, y con respecto a la cuál no está claro en absoluto, en cualquier caso no lo está para mí, cómo va a generarse en el próximo año. 
La pregunta al Comisario es cómo va a plantearse el primer año, el año 2001. 
¿Cómo va a plantearse la preparación del presupuesto del pacto de estabilidad? 
¿Cuál es su reacción a las ideas, que cada vez adquieren más fuerza y volumen en el Consejo, y los Estados miembros, de que los 5.500 millones para los Balcanes occidentales de la ayuda de preadhesión para Bulgaria y Rumania, son excesivamente elevados y que, por ejemplo en lo que se refiere a la capacidad de absorción, una cantidad mucho menor sería mucho más realista? 
Estoy a favor de mantener de antemano los 5.500 millones. 
Simplemente siento gran curiosidad por cómo piensa la Comisión conseguir el dinero. 
También era un requisito que los proyectos y la planificación se distribuyeran en la conferencia en todas las mesas de trabajo: democracia, reconstrucción y seguridad, en el entendimiento de que un puente es mucho más caro que un centro de formación o un programa de retirada de minas. 
Desgraciadamente, he de constatar que cuando se examinan las cifras una detrás de otra, tras la conferencia se pone de relieve que se ha inclinado la balanza demasiado en dirección a la reconstrucción. 
De los 4.200 millones, el 80% se ha destinado a la reconstrucción, el 17% a la democracia y solo un 3% a la seguridad. 
Mi llamamiento a la Comisión sería- y se plantea la misma proporción en el compromiso por parte europea- tomar verdaderamente en serio el 3 o 4 % y ampliar. 
Quiero recordar simplemente una trágica noticia que ha aparecido en la prensa esta mañana, que señala que ayer tres niños se toparon con una mina en las proximidades de Sarajevo y murieron a consecuencia de ello. 
La seguridad exige un programa de retirada de minas, es verdaderamente importante y no puede olvidarse. 
En tercer lugar, el llamamiento que se hace en el informe, apoyado por el Consejo de Asuntos Generales, de que los obstáculos al comercio para los países son asimétricas y por tanto deberían suprimirse unilateralmente, con la idea subyacente de que a largo plazo el comercio es tan importante como las subvenciones. 
¿Qué planes tiene la Comisión de suprimir a corto plazo los obstáculos unilaterales al comercio? 
En cuarto lugar, las ONG. 
A mi pesar he de constatar que, tanto en la preparación como en la ejecución, se presta verdaderamente poca atención al papel de las ONG, en particular a las ONG locales, tanto más cuanto se ve lo que se sabe del pacto de estabilidad en la región. 
Estoy convencido de que la ayuda de las ONG locales es necesaria para aumentar la calidad de los programas, así como para dar a conocer en mayor medida el pacto de estabilidad en las regiones, que es lo que precisamente lo que pretendemos. 
Por último, el reparto de tareas. 
¿Quién va a controlar que todos estos planes se ponen en práctica con rapidez y eficacia? 
Quisiera dar un consejo al Comisario. 
La semana pasada se le acusó de que quería quebrar el apoyo del presidente Prodi. 
Si quiere quebrar el apoyo de alguien, le sugiero que lo haga con el Sr. Solana. 
A mi juicio ha asumido, de modo muy injustificado, un papel dirigente en los Balcanes. 
Me parece mucho más lógico que sea la Comisión Europea, comisario Patten, la que asuma el papel dirigente para poner en práctica este pacto de estabilidad con rapidez y eficacia. 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar felicitando al ponente, Sr. Joost Lagendijk, por el excelente e importante informe que nos ha presentado y considero, incluso, que este debate suscitado por ese informe suyo no podía celebrarse en mejor momento. 
Como saben sus Señorías, el Consejo Europeo extraordinario que se celebró en Lisboa reiteró la prioridad estratégica para la Unión Europea sobre las cuestiones de la paz y la estabilidad en el sudeste europeo, y, como tal, se trata de una cuestión que está en el orden del día inmediato de la Unión Europea y permanentemente en el programa político de nuestros trabajos. 
La Unión Europea es, con mucha diferencia, la entidad que contribuye con mayor ayuda a esa región. 
Entre 1991 y 1999, la ayuda total de la Unión Europea al sudeste europeo, incluida la de la Comunidad Europea y la de los Estados miembros, fue superior a 19.300 millones de euros. 
Por lo demás, la Unión Europea es el principal socio comercial de todos los países de la región, a los que hace varias concesiones de carácter comercial y, como es sabido, varios millares de militares, policías y trabajadores civiles de la Unión Europea están trabajando en esa región, en particular en Kosovo. 
Como he dicho, señor Presidente, hemos leído con el mayor interés las conclusiones del ponente sobre el proceso de estabilización y asociación para el sudeste europeo. 
La evaluación de la solidez y de las posibles deficiencias del proceso de estabilización y asociación brinda, sin lugar a dudas, elementos para la reflexión e intentaré comentar algunos de esos elementos del informe. 
Como he dicho, el Consejo Europeo de Lisboa confirmó que nuestro objetivo global sigue siendo el de la máxima integración posible de los países de la región en el sistema político y económico de Europa. 
Los acuerdos de estabilización y asociación constituyen un punto fulcral de esa política. 
Como ha observado muy acertadamente el ponente, esos nuevos acuerdos no entrarán inmediatamente en vigor, pues primero hemos de preparar, negociar y concluir cada uno de ellos. 
En consecuencia, el ponente concluye que será necesario crear un tipo de programa de estabilización y desarrollo regional a medio plazo. 
No estoy necesariamente convencido de que ese análisis sea la vía más correcta para afrontar el problema. 
El proceso general de estabilización de ese sector en modo alguno puede reducirse sólo a los acuerdos. 
Está claro que éstos son el punto más visible y más notorio- podríamos decir- de ese proceso, pero éste abarca otros instrumentos importantes, tales como, por ejemplo, los acuerdos preferenciales de comercio, las ayudas directas de la Unión Europea y el diálogo político. 
La mayoría de los países disfrutan ya de preferencias comerciales y en el Consejo extraordinario de Lisboa se confirmó que los acuerdos de estabilidad y asociación debían ir precedidos de una mayor liberalización comercial asimétrica, lo que favorecería precisamente a esos países en su comercio bilateral con los países de la Unión. 
La idea subyacente a los procesos de asociación y estabilización es suficientemente flexible y amplia para garantizar, por tanto, un proyecto constante a ese respecto. 
También por lo que se refiere a los acuerdos, el hecho de que haga cierto tiempo que están en elaboración no debe, en nuestra opinión, poner en tela de juicio todo el proceso de estabilización. 
Ésa no es la experiencia de la Unión Europea en procesos regionales equivalentes en el pasado. 
Y, de ese modo, como en otros acuerdos globales, esperamos poder disponer de acuerdos suplementarios que abarquen el período entre la firma y la ratificación de dichos acuerdos, teniendo en cuenta que entre un período y otro transcurren normalmente casi dos decenas de meses. 
También vale la pena recordar que ya mantenemos relaciones contractuales, en forma de acuerdos de comercio y cooperación, con Albania y con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Los nuevos acuerdos, que serán más amplios, pero también más exigentes para nuestros interlocutores, dado que presentan elementos de condicionalidad política que, evidentemente, forman parte de los que en este momento constituye la matriz de la Unión a ese respecto, van a substituir precisamente, en esos dos casos, los acuerdos existentes y se centrarán en la cooperación regional mucho más que éstos y en ellos figurarán disposiciones sobre cooperación en materia de justicia y asuntos de interior, sector que reviste la mayor importancia para la Europa del futuro. 
Ya se han iniciado las negociaciones con la Antigua República Yugoslava de Macedonia para el acuerdo de estabilización y asociación. 
El Gobierno de Albania dio a conocer recientemente su reacción al estudio de viabilidad sobre la iniciación de las negociaciones, preparado por la Comisión Europea, y en breve analizará el Consejo ese informe precisamente. 
A raíz de los cambios políticos internos, la Comisión Europea está preparando también un estudio de viabilidad para Croacia, que el Consejo espera poder analizar inmediatamente antes o inmediatamente después del verano. 
A Bosnia-Herzegovina, y teniendo en cuenta la solicitud formulada por las autoridades locales, se envió una guía, un road-map podríamos decir, cuya ejecución contribuirá a la elaboración de un estudio de viabilidad sobre las negociaciones de un acuerdo del mismo tipo. 
Esos trabajos prosiguen a buen ritmo, teniendo en cuenta, naturalmente, que en este caso concreto debemos ser prudentes y no debemos infundir esperanzas excesivas, pues la realidad local tampoco nos ayuda a ser excesivamente optimistas al respecto. 
Señor Presidente, permítame que me refiera brevemente al nuevo reglamento. 
Como convenimos con el Parlamento Europeo la necesidad de crear un fundamento jurídico uniforme de apoyo a la región, el Consejo espera la propuesta por parte de la Comisión Europea de un reglamento del Consejo que substituirá el apoyo concedido a la región por los programas PHARE y OBNOVA y las recomendaciones que formule serán una valiosa contribución a los debates que vamos a iniciar en el Consejo al respecto. 
He tomado nota, en particular, que, según se ha destacado en el informe, la reconstrucción de la región no debe entenderse como una mera reconstrucción física y económica, sino que debe orientarse también a la infraestructura social, la sociedad civil y las instituciones públicas, principales objetivos de nuestra estrategia real de reconstrucción para la zona. 
De hecho, no se trata sólo de una dimensión puramente material, se trata de una dimensión global de estabilización. 
El ponente hace también una breve referencia al Pacto de Estabilidad, en cuyo ámbito hemos estado cooperando con esos cinco países, así como con los países vinculados al proceso de ampliación. 
La reciente Conferencia regional sobre financiación organizada conjuntamente por la Comisión Europea y el Banco Mundial, en estrecha cooperación con el representante especial para el Pacto de Estabilidad, dio un importante impulso al objetivo del Pacto de fortalecer los procesos de reforma y estimular la cooperación regional y demostró que el mecanismo del Pacto de Estabilidad ya está en una fase de madurez y puede y debe avanzar. 
Creemos que el empeño recíproco es la clave para el éxito del Pacto y me parece que ese punto quedó muy claro en el debate que celebramos recientemente en la conferencia organizada por la Comisión Europea y el Banco Mundial. 
Los países de la región están empezando a hacer reformas en el ámbito de la política institucional y crear un ambiente que permita el progreso económico constituye un elemento fundamental de dicho Pacto. 
En contrapartida, la comunidad internacional apoya los compromisos de reforma y los donantes y las instituciones financieras prometieron o movilizaron un total de 2.400 millones de euros. 
De ese importe la Unión Europea- Comisión y Estados miembros- prometió o movilizó 1.080 millones de euros por su cuenta. 
La comunidad internacional financió, en particular, un conjunto de medidas rápidas que ascendió a 1.800 millones de euros, presentadas a la Conferencia, y facilitó la financiación necesaria para acelerar la preparación y la ejecución de proyectos e iniciativas del conjunto de medidas a corto plazo. 
Pero, como digo, la Conferencia fue sólo un punto, un primer paso, para un largo proceso. 
La Unión Europea está empeñada en tomar la iniciativa a ese respecto, garantizando un planteamiento coherente de todo ese proceso de acompañamiento. 
Y apuesta también por seguir de cerca y apoyar los procesos de reforma regional de forma que corresponda a las medidas efectivamente adoptadas por cada país para que se puedan premiar precisamente con avances en el proceso de los nuevos instrumentos a fin de permitir un desarrollo económico y social y un progreso coherente con los modelos europeos. 
A excepción del de Belgrado, señor Presidente, Señorías, todos los gobiernos de la región han entendido que habrán de internarse por la vía de las reformas. 
Pero quisiera dejar claro que, en opinión del Consejo, sin Serbia nuestros esfuerzos comunes quedarán incompletos. 
Una Serbia democrática y cooperante, en paz con sus vecinos, será bien acogida en el seno de la familia europea y debemos tener conciencia de que, mientras un país de la región sea un factor de inestabilidad, la estabilidad global de esa región nunca podrá ser completa. 
Me gustaría que este mensaje relativo a Serbia fuera recibido por su sociedad civil y se confirmara también de nuevo el apoyo que damos a Montenegro y a las medidas de estabilización que está adoptando el Gobierno de ese país. 
Para terminar, tomamos nota también de que su Señoría pretende que el mandato de la Agencia Europea de Reconstrucción no quede circunscrito a Kosovo. 
Ya en la sesión del 20 de marzo el Consejo pidió a la Comisión que estudiara una propuesta y la presentase al Consejo en el sentido de incluir a Montenegro en su mandato. 
Paralelamente, prosiguen las reflexiones sobre la posible ampliación de las actividades del BEI. 
Por último, quisiera decir que el Consejo pidió al Secretario General y al Alto Representante, bajo la autoridad de la Presidencia del Consejo y en plena asociación con la Comisión, que velara por la coherencia de las políticas para los Balcanes occidentales. 
En el último Consejo de Asuntos Generales se hizo una primera exposición de esas ideas, que se desprenden precisamente de esa presentación hecha por el Comisario Christopher Patten y por Javier Solana, y estamos seguros de que en las próximas reuniones del Consejo de Asuntos Generales se seguirá ese asunto con la mayor atención y se darán pasos efectivos para su realización. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al colega Langendijk por su informe. 
Lo puedo apoyar plenamente y me parece estupendo que una cristiano demócrata pueda apoyar totalmente un informe verde pues significa que estamos conjuntamente en la vía correcta y que hemos tenido también las mismas experiencias. 
Como ya se ha dicho, este debate tiene lugar hoy en un momento favorable. 
La Conferencia de países donantes ha aportado al menos sobre el papel unos buenos resultados. 
Se quiere que el dinero se destine a proyectos que puedan proporcionar por fin un rostro concreto al pacto. 
Hasta ahora ha sido como una fata morgana, es decir, el resultado no ha sido palpable. 
Por fin va a comenzar el trabajo y este costoso parloteo va a finalizar. 
Realmente es una pena que el tiempo de aprendizaje del coordinador haya requerido tanto tiempo. 
Los proyectos definidos ahora por la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones en la región eran ya sabidos desde hace tiempo por los conocedores de la región. 
Deberíamos haber podido y, en realidad, también tenido que comenzar en el otoño. 
Quiero referirme a las decisiones del Consejo de Ministros y decir que no revela precisamente mucha voluntad de eficiencia que una Agencia para la Reconstrucción en Tesalónica cree un coordinador en Bruselas y que todo esto no permita luego una cooperación. 
Sin reconstrucción no hay estabilidad y viceversa. 
Tenemos que recuperar con rapidez el terreno perdido. 
Con 1.800 millones de euros para los 12 próximos meses se pueden poner en marcha algunas cosas para que las personas en la región puedan ver por fin que nos tomamos en serio nuestras grandes palabras de llevar estabilidad a la región. 
Pero ésta no se dará sin reconstrucción y sin instituciones que funcionen. 
Y ambas cosas son urgentes. 
Cada euro que se invierta estará bien invertido si fluye realmente a los proyectos y no se estanca en la maleza de demasiados actores y demasiadas organizaciones o incluso no desaparece debido a la corrupción. 
Tenemos que estar aquí muy vigilantes. 
Sin embargo, las guerras en la región han sido más caras en todos los aspectos que todas las medidas necesarias que se van a llevar a cabo. 
La idea del pacto de estabilidad es buena sobre todo porque está pensada también para llevar a cabo medidas transfronterizas y para la prevención de conflictos. 
Algunos políticos y gobiernos de la región lo han comprendido y han establecido entretanto un nivel de trabajo regular transfronterizo. 
Con un empleo consecuente de este instrumento, la Unión Europea puede justificar una política ejemplar y de éxito. 
No obstante, todos los participantes en el pacto de estabilidad necesitan ser corredores de fondo. Justificar y afianzar la estabilidad necesita tiempo y continuidad. 
Los países receptores deben esforzarse especialmente en la reforma de su administración e instituciones para que sean posibles las inversiones extranjeras y se independicen cada vez más de la ayuda exterior. 
Pero la estabilidad en la región depende en gran medida también de la supresión de los sistemas de poder mafiosos y de la construcción de estructuras de Estado de derecho como, por ejemplo, en Bosnia. 
Solamente elecciones no son la panacea. 
Vean el resultado de las elecciones el último domingo en la República de Srpska en Bosnia. 
El partido de Karadzic y de Kraijnik ha sido el más fuerte. 
Precisamente el retorno de los refugiados contribuiría a la normalidad y a la democracia y, por ello, se debe iniciar lo más rápidamente posible el retorno de los refugiados en Bosnia y Croacia en el marco del pacto de estabilidad. 
Esto cuesta dinero. 
La eliminación de minas, la creación de puestos de trabajo, escuelas y la atención sanitaria deben ir paralelas al retorno. 
Por desgracia, los altos representantes en Bosnia han perdido mucho tiempo. Han permitido durante demasiado tiempo estructuras paralelas o incluso las han fomentado. 
En la superación de la división étnica creada por la guerra y, lamentablemente, proseguida en parte en Dayton, no hemos avanzado aún lo que podríamos haberlo hecho. 
Por ejemplo, la construcción y el funcionamiento de la reforma de la justicia en Bosnia está en una pésima situación. 
Las sentencias judiciales no se ejecutan en absoluto. 
En vez de mantener durante decenios un protectorado debe hacerse más para el Estado global de Bosnia Herzegovina. 
Me voy a referir de nuevo a la idea del pacto de estabilidad. 
De modo similar a la unificación de Europa, el objetivo no puede ser solamente motivar para el objetivo común a los Estados sino también a los grupos sociales con sus correspondientes intereses. 
Para estabilizar el sudeste de Europa, hay lograr que en los correspondientes Estados exista una cooperación cada vez más estrecha entre las instituciones económicas, culturales o de formación existentes o aún por crear y con las correspondientes instituciones europeas. 
Tenemos que recoger ahora esta oportunidad y crear con rapidez ejemplos que muestren también a los serbios en Yugoslavia que es mejor sacudirse al dictador Milosevic y andar con sus vecinos el camino hacia Europa. 
Señor Presidente, con el debate que estamos celebrando hoy sobre el proceso de estabilización y asociación en los países del sudeste de Europa, se intenta, y creo que con éxito, formar un marco político estable para solucionar la tragedia de los Balcanes. 
No es propio del momento juzgar los acontecimientos y situaciones anteriores. 
Consideremos hoy que con este informe damos un paso hacia el futuro y que creamos la base de la primera política esencial exitosa de la Unión Europea, de alguna manera, la primera actividad exitosa de la PESC. 
Sin embargo, aquí debemos atender a diversas cuestiones. 
¿A cuáles? 
Es un secreto a voces que en los Balcanes tienen intereses por muchas razones y por muchos objetivos estratégicos, que no siempre son comunes. 
En todo caso, esto debe desaparecer con respuestas políticas no negociables que se darán en todas las direcciones. 
¿Cuáles son? 
Primera: respeto total de las decisiones de las Naciones Unidas sobre la región. 
Segunda: fronteras de los estados de la región no negociables, incluso en el caso de que sea necesario seguir formas elásticas de administración autónoma y descentralización en casos críticos. 
Puntualizo, si alguien considera que se puede encontrar una solución creando nuevos estados, o redistribuyendo el territorio entre otros estados, comete un trágico error. 
Tendremos una tensión continua con un final indeterminable. 
Un dominó sin principios. 
Sin exagerar, a principios del siglo XXI vamos a tener una nueva guerra de los 30 años cuyos primeros 10 años, desgraciadamente, ya han transcurrido. 
Tercera: la política debe tener relación con los pueblos y sólo con ellos. 
Esto es lo que le interesa también a Europa. 
Cuarta: el tema de la reestructuración económica e institucional es de preferencia absoluta. 
Con el desarrollo, la democracia y el bienestar vendrán los resultados positivos. 
Por primera vez se juzga un problema complejo en las puertas de la Unión Europea. 
La credibilidad política, y también la capacidad de la Unión Europea debe tener éxito. 
Es una apuesta que debe ganarse. 
Espero que el apoyo tan fuerte con que ha contado el informe Lagendijk en la Comisión de Asuntos Exteriores encuentre eco en el Parlamento Europeo, expresando así nuestra voluntad de tener una evolución positiva y estable. 
Señor Presidente, debo dar las gracias al Sr. ponente por un informe que el Grupo Liberal respalda plenamente. 
Me gustaría abordar un tema que ni se ha mencionado en la comunicación de la Comisión ni en el informe, corriendo con ello el riesgo de que se diga que me muevo en un nivel demasiado bajo. 
El tema que quiero retomar es la participación de las mujeres en el programa de reconstrucción y lo hago porque las mujeres y los niños siempre han sido las grandes víctimas cuando hablamos de conflictos, guerras civiles o guerras en general. 
Las agresiones a mujeres, violaciones, asesinatos y torturas son el pan de cada día y han sido el pan de cada día durante los últimos años en los países de la Europa sudoriental. 
Me parece absolutamente fundamental si se debe promover un entendimiento cultural y si se debe hacer un buen programa de reconstrucción que se involucre- y que se involucre de manera fundamental- a las mujeres en estos procesos. 
Abordo este tema porque la situación ha cambiado afortunadamente algo, aunque en realidad no lo suficiente. 
El caso es que se ha creado una gender task force en el grupo de trabajo 1, pero no porque haya habido una iniciativa desde arriba, sino porque ha existido una iniciativa desde abajo, puesto que algunas mujeres se han dirigido a la mesa de trabajo- si puedo llamarla así- y preguntado si no sería lógico que tuvieran de alguna forma un lugar fundamental en todo el trabajo de reconstrucción. 
Son cosas totalmente concretas, realistas, las que estas mujeres han propuesto, la formación de un programa adecuado para mujeres, la participación de mujeres en todos los planes generales de desarrollo, se trata también por supuesto de lograr que las mujeres se presenten a las elecciones tanto a nivel local, regional o nacional. 
Sin embargo, para que tenga éxito, es necesario que estas mujeres también dispongan de dinero para estos proyectos, pues de otra forma no es posible, siendo poco dinero en comparación con el resto de dinero que es de esperar que acabe siendo empleado en esta zona. 
Por ello, voy a pedirle tanto al Sr. Presidente del Consejo como al Sr. Comisario que presten la atención necesaria en el futuro trabajo para que las mujeres sean involucradas en los procesos de reconstrucción. 
De no hacerlo, no creo que el proyecto tenga éxito. 
Señor Presidente, a pesar de lo positivo del informe, éste se sitúa en las exigencias del pacto de estabilidad. 
Es decir, básicamente admite que el lobo se puede quedar al cuidado de las ovejas. 
El carácter del pacto de estabilidad en Europa oriental es el de intervenir, con la excusa de la defensa de los derechos humanos y de la democracia. 
No voy a referirme, una vez más, a cómo afronta la Unión Europea las violaciones flagrantes de los derechos humanos en Turquía y en otros lugares, las infracciones evidentes de estos derechos en el interior de la Unión Europea, ni a la política de los dos pesos y las dos medidas. 
Sobre este tema, voy a señalar que el objetivo real de este pacto es la dependencia política y económica de los países de la región, arrebatar su riqueza y explotar su mano de obra. 
Tal como subraya el informe, es especialmente alarmante que en la región se vaya a probar- copio- "la capacidad de la Unión Europea para desarrollar una gestión civil y militar de la crisis eficaz y orientada hacia la prevención de conflictos." 
Es decir, se están preparando nuevas intervenciones, incluso militares, con vistas a transformar la región en un protectorado. 
Indicativo de lo que va a suceder es la situación trágica creada en Kosovo por la intervención criminal de la OTAN y de la Unión Europea, y especialmente en Yugoslavia. 
Por otra parte, el respeto de las fronteras no es un tema de proclamaciones y de deseos generales, como incluye el informe, sino de respeto, en la práctica, de la soberanía territorial y de la integridad de los países. Es decir, justo lo contrario de lo que hacen la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Es evidente que los partidarios de este pacto de estabilidad, quieren aplastar cualquier resistencia que se oponga a sus planes, especialmente sí esta muestra el camino de la lucha. 
Intentan, con la violencia o con el chantaje económico, aterrorizar a los pueblos, someterlos al nuevo orden. 
Y la pregunta es ¿en qué principio del derecho internacional se basan para actuar así? 
Convencidos de que el pacto de estabilidad va a traer nuevos sufrimientos a los pueblos de la región y de que va a reforzar la soberanía de los EE.UU. y de la UE en la región, vamos a votar en contra del informe y vamos a desarrollar la lucha contra este pacto, a favor de la paz, de la amistad y de la solidaridad de los pueblos. 
Señor Presidente, me gustaría realizar tres observaciones sobre el inspirado y magnífico informe del Sr. Lagendijk. 
En primer lugar, el pacto de estabilidad para el sudeste de Europa pone de relieve la cooperación regional en los Balcanes. 
Precisamente esta cooperación es la que Europa quiere estimular plenamente. 
Bueno, por el momento esta cooperación es sumamente deficiente. 
El ansia de competencia y de prestigio de todos los países implicados van en perjuicio de los esfuerzos más elementales de los intereses comunitarios y retrasan una rápida aplicación del innovador pacto de estabilidad. 
En este caso es muy necesaria una respuesta contundente por parte de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo es necesaria una selección más desinteresada y equilibrada de los proyectos de ayuda regional. 
En segunda instancia, considero que el apartado 26 del informe Lagendijk es una idea excelente. 
Efectivamente, el pacto de estabilidad también es de gran interés más allá de las fronteras de las regiones. 
Por eso mismo, la República de Moldavia merece realmente la oportunidad de formar parte inmediatamente del pacto. 
La alternativa es que, de lo contrario, Moldavia corre el peligro de encontrarse situada en una especie de tierra de nadie política. 
Es más: Moldavia está unida cultural y políticamente a su vecina Rumania y si esta última entra dentro del pacto de estabilidad, Moldavia también lo hará. 
En tercer lugar, el éxito del Pacto de estabilidad puede crear un interesante precedente en dirección al oeste, en concreto, una ampliación del pacto orientada al Cáucaso hasta ahora tan inestable. 
¿Acaso no suscribe Rusia el pacto de estabilidad para el sudeste de Europa? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al colega Lagendijk por su excelente informe. 
Me parece agradable y muy fructífero que se haya logrado un consenso entre varios Grupos políticos sobre el modo de atacar los problemas del sudeste de Europa, se puede decir otra vez de los Balcanes ya que curiosamente un representante de Croacia ha indicado en el encuentro celebrado bajo la presidencia de la Sra. Pack que se atreven incluso a decir de nuevo que Croacia pertenece a los Balcanes. 
Debemos contemplar a los Balcanes o al sudeste de Europa- independientemente de cómo lo llamemos- en su globalidad pues existen unas interrelaciones muy intensas. Sin embargo, esto no debe impedir que reaccionemos de modo diferente ante países concretos, en función de su disposición a participar en este proceso general. 
Hace poco hemos debatido sobre Macedonia- tuve la oportunidad de elaborar un informe al respecto, por lo que agradezco de nuevo el apoyo obtenido de los demás- en concreto, sobre un convenio de estabilización y asociación. 
Ahora se trata sobre todo de Croacia. 
Croacia ha iniciado un cambio de rumbo político. 
No quiero enjuiciar aquí lo que ha sido sino sólo expresar la esperanza por lo que venga. 
Por ello, debemos apoyar a Croacia en esta nueva vía, que no es una vía de exclusión de la oposición sino que intenta incluirla. 
Hay un nuevo Gobierno con nuevas actitudes respecto al tema de los refugiados, del desarrollo económico y, en especial, respecto a Europa. 
Quiero pedir al señor Presidente del Consejo que adopte las medidas necesarias junto con los otros 14 países miembros para que el Banco Europeo de Inversiones pueda conceder por fin también créditos a Croacia. 
Es grotesco que Croacia no tenga aún esta posibilidad de obtener créditos del Banco Europeo de Inversiones. 
Naturalmente, también se debe tener en cuenta y apoyar a los otros países. 
Está claro. 
Nadie lo cuestiona, pero por el momento creo que Croacia se encuentra en primer plano. 
Cuando tengamos algunos vértices del desarrollo regional, como Macedonia, Croacia y, esperemos, que pronto también Albania, entonces será posible establecer una red de estabilidad en el sudeste de Europa. 
El último punto al que me quiero referir aquí en especial es el siguiente: la Conferencia de países donantes que ha tenido mucho éxito- expreso mi agradecimiento al Presidente del Consejo pero en especial al Comisario por haber contribuido a dicho éxito- se ha centrado sobre todo en la infraestructura material y necesitamos ésta también en el sudeste de Europa. 
Necesitamos una modificación de la actitud de las personas en esta región. 
Por ello, les ruego que a pesar de los rumores que hemos escuchado, se promueva del modo correspondiente todo esto que está en relación con la escuela, con el llamado proceso de Graz, es decir, con el cambio de actitud de las personas, la solidaridad y la tolerancia. 
Las sumas son relativamente reducidas y, sin embargo, sería necesario proporcionar también allí a las personas una perspectiva en el sentido de que, aparte de los aspectos materiales, como puentes, carreteras, ferrocarriles, etc., también tienen un futuro común si se comprenden y apoyan recíprocamente. 
El primer tema es que el informe del Sr. Lagendijk contiene ideas interesantes, propuestas positivas; pero mucho me temo que es un informe de escuela que no se puede aplicar en los Balcanes con la política de la Unión Europea. 
Cuando no hay factores básicos como el respeto de las fronteras de los Balcanes, cuando jugamos con Montenegro y con Kosovo, cuando esto se identifica con la rivalidad que podría sentir cualquiera ante el régimen de Milosevic, creo que se mina todo esfuerzo positivo que debamos llevar a cabo. 
La Unión Europea, debe llegar a la conclusión de que tiene que respetar las fronteras en los Balcanes y esta postura es totalmente distinta a la que mantiene frente a Milosevic. 
El segundo tema que quiero acentuar es que debe terminar de una vez esta financiación de una parte de los proyectos para la reconstrucción de la reducción de los gastos agrícolas. 
Creo que también la Conferencia de los Donantes da, o parece que da esta posibilidad. 
El tercer punto que quiero señalar en esta asamblea es que hay secciones de Grecia, si de Grecia, desgraciadamente como es, por ejemplo, la provincia de Pieria, una provincia turística de Macedonia central, que han sufrido golpes económicos tremendos porque no entran turistas en esta región. 
Esto debemos verlo también dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, no quiero discutir ahora con el Sr. Swoboda sobre dónde comienzan los Balcanes. 
También se dijo en una ocasión que comienzan en el Rennweg de Viena. 
Pero independientemente de ello, el hecho es que este pacto de estabilidad padece bajo la heterogeneidad de sus Estados. 
Tenemos candidatos de primera y de segunda fila Tenemos países como Croacia y Macedonia que están a punto de superar a candidatos a la adhesión. 
Tenemos países como Bosnia Herzegovina y Albania en los que el Estado apenas funciona y a continuación los dos desafíos decisivos, a saber, Yugoslavia o Serbia, donde de lo que se trata es de imponer expresamente la democratización y de desarrollar una estrategia a largo plazo para la europeización de Serbia. 
El segundo es Kosovo, donde jamás tendremos éxito si allí no surgen unas estructuras políticas elegidas y una perspectiva sobre lo debe ocurrir a largo plazo con este territorio que jamás debe convertirse en una provincia serbia. 
No vamos a poder eludir durante más tiempo esta cuestión pues, de lo contrario, estaremos divagando doctamente, por así decirlo, sobre fenómenos superficiales. 
Pero no solamente es aquí donde cojea el pacto de estabilidad sino también en una falta de credibilidad de las organizaciones internacionales y también de la Unión Europea que, debido al confusionismo de competencias, al derroche y la mala gestión económica, transportan por así decirlo conceptos que si no pasasen entre nosotros se descalificarían como típicamente balcánicos. 
Perdemos en esta región mucho crédito y respeto y este respeto y la credibilidad son en el fondo incluso más importantes que el dinero que se promete y que luego no llega. 
Soy realmente de la opinión de que debemos ordenar la Unión Europea y esto debe hacerse sobre todo fortaleciendo a la Comisión en esta cuestión. 
Señor Comisario, tengo una gran confianza en su trabajo pero tengo que decir que como Parlamento tenemos que velar también para que usted pueda realizar ese trabajo más intensamente que hasta ahora. 
Necesitamos una conjunción de esfuerzos de las dos instituciones para fortalecer a la UE y su credibilidad. 
Señor Presidente, yo también pienso que se trata de un informe importante y correcto. 
Sin embargo, quiero hacer hincapié muy rápidamente en algunos puntos. 
Recordamos que los países del sudeste de Europa son una de nuestras prioridades. 
No obstante, cuidado con tener tantas prioridades que no podemos cumplir y cuidado con provocar un conflicto entre una prioridad y otra, porque acabaremos siendo poco creíbles. 
A este propósito, me refiero a la política mediterránea y al proceso de paz en Próximo Oriente que también son prioridades. 
Por lo tanto, debemos ser coherentes, como también se lo recordaré al Consejo cuando tendremos que debatir las cuestiones presupuestarias. 
En segundo lugar, no hay que olvidar que el enfoque regional es importante y correcto y que es fundamental que la Unión Europea desempeñe un papel de líder en todo este proceso. 
Por ello, pido a la Comisión y al Consejo que, en la gestión del mismo, presten mucha atención al equilibrio entre la dimensión regional del Pacto y los acuerdos bilaterales de asociación y estabilización, de lo contrario, corremos el riesgo de enviar dos mensajes contradictorios a estos países. 
Por último, quiero referirme a otros dos puntos: la antigua Yugoslavia y la delincuencia organizada. 
En lo que se refiere a la antigua Yugoslavia, creo que debemos seguir las indicaciones del informe y reducir el embargo contra la población civil hasta levantarlo, porque mantenerlo no hace más que retrasar la caída de Milosevic: cuanto antes lo levantemos, mejor será. 
El embargo además pone en dificultades a otros países de la región, entre los cuales se encuentran algunos países candidatos a la adhesión. 
Éste es un daño grave. 
¿Y quién puede hacerlo más que Europa? 
Creo que quizás también los Estados Unidos esperan que lo hagamos; sin embargo, debemos tener el valor de hacerlo. 
Por último, como han recordado otros colegas, no solo hay las infraestructuras, sino también la sociedad. 
Quizás sería interesante reunirse con los presidentes de las tres mesas de trabajo para debatir con ellos estos proyectos; tal vez puede hacerlo la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Existe la sociedad y es por esto que es preciso impulsar proyectos relacionados con la información y la cultura. Por ejemplo, Roma, mi ciudad, está organizando la Bienal de los jóvenes artistas en Sarajevo y financiando su Sala de Conciertos, precisamente para dar la sensación de una sociedad que se reconstruye y que dialoga entre sí y también con nosotros. 
Existe además el problema de la delincuencia. 
Vengo de un país, Italia, que está en primera línea en este frente. 
Apulia, por ejemplo, es una región que lucha contra las organizaciones delictivas que tienen su base también en nuestro país. 
Pienso que ésta es otra de las prioridades a las que antes me he referido, porque las inversiones serán muy arriesgadas si perdura este índice de delincuencia organizada. 
. (EN) Señor Presidente, venía a la Cámara esta tarde con un discurso muy bueno, por el que desearía agradecer calurosamente a mi gabinete, pero quizás pueda pronunciarlo en otra ocasión porque lo que me gustaría realmente es responder de modo informal a este debate. 
Los parlamentarios se habrán dado cuenta de que el Alto Representante y yo elaboramos un informe para el Consejo de Lisboa, y supongo que el Sr. Lagendijk se habrá percatado de que tenía una sorprendente similitud con su propio informe. 
No estoy seguro de quién fue el huevo y quién la gallina. Pero creo que si felicito al Sr. Lagendijk por el informe no se ofenderá ni pensará que en realidad estoy felicitando al Sr. Solana y a mí mismo. 
Aún así, había una gran similitud. 
Es justo decir que nuestro trabajo para el Consejo de Lisboa estuvo en gran medida motivado por la fuerte sensación de que a no ser que pudiéramos conseguir que nuestros esfuerzos en los Balcanes fueran un éxito, toda la credibilidad de nuestros intentos de construir una política exterior y de seguridad común quedaría por tierra. 
Es tremendamente importante que estemos a la altura del reto de los Balcanes. 
Una cuestión que hicimos ver a los jefes de gobierno en Lisboa en nuestro informe- sobre el que reflexioné mucho en la semana que pasé recientemente en la región- es que el proceso de estabilización y asociación debe estar en el centro de nuestra estrategia. 
Para decirlo de un modo más demótico, en palabras utilizadas por mi honorable amiga la Sra. Pack, esto significa diseñar, y ayudar a los países en su camino hacia Europa. 
Ellos desean integrarse en las estructuras euro-atlánticas; lo desean como una alternativa a la desintegración traumática de los últimos años. 
Tenemos que hacer que eso sea para ellos un proceso real. 
Hubo muchas referencias el otro día a la conferencia sobre el Pacto de Estabilidad, que, como han dicho varias personas, fue un éxito considerable. 
Las ofertas hechas por los donantes superaron por amplio margen las expectativas que había al inicio de la conferencia. 
Hay un par de puntualizaciones que quisiera hacer sobre esto. 
Una, en respuesta al Sr. Lagendijk, es cierto que parte del dinero destinado a los proyectos inmediatos apoyados por la Unión Europea, era dinero de los presupuestos de 1998 y 1999. 
Esto tiene una explicación sencilla, que es que en algunos casos ya habíamos realizado estudios de viabilidad y hecho los preparativos para estos proyectos inmediatos. 
A mi modo de ver, el dinero nuevo es dinero que no se ha gastado ya. 
Desgraciadamente, dado que nuestro presupuesto se basa en compromisos y pagos, y no sólo en pagos, a diferencia del presupuesto de la mayoría de los Estados miembros, éste es un factor particularmente importante. 
Comprometer dinero no siempre significa gastarlo al año siguiente, ni al siguiente a éste, ni siquiera dentro de una década. 
Es importante dejar esto claro. 
Esto prosigue lo expresado por el Sr. Swoboda con lo que estoy muy de acuerdo. 
No estamos hablando sólo de infraestructura en cuanto a hardware, también debemos hablar de infraestructura en cuanto a software. 
Ello incluye el estado de derecho, la democratización, el tipo de proyectos de sociedad civil a los que se refería su Señoría; e incluye la educación- una cuestión sobre la que volveré dentro de un momento. 
Quisiera tratar una o dos cuestiones más que se plantearon en Lisboa y que estamos analizando. 
En primer lugar, en Lisboa se encargo a la Comisión presentar un paquete de propuestas sobre concesiones comerciales asimétricas para la región. 
Merece la pena recordar que las exportaciones totales de los Balcanes a la Unión Europea representan alrededor del 0,6 % de nuestras importaciones totales. 
En lo que respecta a productos agrícolas la cifra es aproximadamente del 0,16 %. 
Por tanto, es un aspecto en el que podríamos permitirnos ser un poco generosos. 
También estamos intentando hacer más rápida y eficiente nuestra ayuda. 
Ayer anuncié el acuerdo de la Comisión sobre un servicio de reacción rápida. 
En los próximos meses presentaremos al Parlamento nuestro nuevo reglamento para ayuda a los Balcanes Occidentales, que espero que logre que ésta sea más rápida y más flexible y que, desde luego, tendrá que incluir la financiación suficiente para proyectos en apoyo de cuestiones de género. 
No concibo ningún modelo con éxito de desarrollo político o económico que no incluya en su núcleo programas sensatos para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y desempeñar plenamente un papel en sus comunidades. 
Una cuestión acerca de la educación: el pasado invierno, a pesar de todo el cinismo, nuestro programa de energía por democracia en Serbia tuvo un éxito extraordinario. 
Vaya, no hay muchas ocasiones en las que la gente aclame a la Unión Europea por las calles- demasiadas pocas en el país que mejor conozco. 
Pero eso fue lo que ocurrió en esas ciudades el pasado invierno. 
El Alcalde de Nis acaba de escribir una carta en la que dice que Energía por Democracia es el modelo de apoyo político que deberíamos prestar a este país. 
El invierno ha terminado y, por tanto, no existe la misma necesidad urgente de petróleo en este momento. 
Estamos estudiando formas de extender ese tipo de programas. 
Estamos pensando, además de otras ideas, en educación para la democracia: proporcionar escuelas equipadas, libros escolares y demás servicios, dinero para realizar pequeñas reformas en las escuelas, etcétera, y también equipamientos deportivos- todas esas cosas que pueden hacer que mejore la vida de los niños en esas localidades mientras esperan con sus familias a que se vaya- espero que cuanto antes- el Sr. Milosevic. 
Espero que, al fin, veamos mayores progresos en la limpieza del Danubio, que es crucial para la región. 
La pasada semana tuvimos reuniones provechosas con la Comisión del Danubio y espero que cuando esta semana se celebre la junta anual de la Comisión del Danubio estemos poniendo todo eso en marcha, con la Unión Europea asumiendo alrededor del 85% del coste de la limpieza. 
Ya me he referido antes a mis preocupaciones sobre Montenegro. 
A raíz de la visita que hice allí hace un mes, hemos doblado nuestro apoyo Obnova para Montenegro pasando de 10 millones de euros a 20 millones. 
También estamos haciendo mucho allí en cuanto a seguridad alimentaria, etcétera. 
Tengo muchas esperanzas en que el Banco Europeo de Inversiones preste dinero dentro de plazos razonables a Montenegro antes de que pase demasiado tiempo. 
Por último, el honorable miembro preguntaba la cuantía de nuestros compromisos financieros para los Balcanes. 
Habrá otras ocasiones en las que pueda referirme a esto con más detalle. 
Para mí, la verdadera prueba es si todos esos metros de comunicados del Consejo y todas esas promesas de planes Marshall y demás para los Balcanes ¡se van a quedar en nada! 
Este año nos vamos a gastar alrededor de 540 millones de euros en los Balcanes occidentales. 
Atendiendo al anticipo de nuestros compromisos en Kosovo, el próximo año tendremos que gastar alrededor de 800 millones de euros en los Balcanes. 
Aproximadamente 350 millones de euros irán a Kosovo. 
Hay que decir que esto no supone un gran aumento del gasto en otras partes pero tenemos que dar apoyo a un país como Croacia donde hay un gobierno bueno y decente que intenta hacer un trabajo difícil en circunstancias extremadamente problemáticas. 
Tenemos que gastar dinero en aquellos países del proceso de estabilización y asociación que están negociando seriamente con nosotros en su camino hacia Europa. 
Para mí, en cuanto al gasto público, el año crucial es siempre el año uno- tienes suerte si llegas al año dos o tres. 
El año uno es, de hecho, el gran año de gasto para nosotros. 
En general, en Estambul, cuando se nos preguntó cuánto creíamos que podríamos gastar en la región, reconociendo que eso estaba a expensas de la autoridad presupuestaria- ahora conozco la teología de todos estos asuntos- estimamos que alrededor de 5.500 millones de euros. 
La gente dice que esa cifra es una locura. 
Bien, estoy deseando que no tengamos que seguir en la situación en la que nos encontramos ahora en la que, a pesar del acuerdo interinstitucional, mucha gente nos dice que tenemos que encontrar más dinero para Kosovo dentro de la partida presupuestaria aprobada antes de que Kosovo se convirtiera en una necesidad. 
Una de las cosas en las que he insistido es en una cifra realista en nuestro presupuesto para la reconstrucción de Serbia, porque no quiero verme dentro de dos o tres años teniendo que encontrar gastos adicionales para Serbia en ese mismo presupuesto. 
Estimamos que aplicando el mismo tipo de cifras aplicado a Kosovo, necesitaríamos alrededor de 2.300 millones de euros para un programa de reconstrucción serio en Serbia. 
Éste sólo podría comenzar una vez que Milosevic se hubiera marchado. 
Sin embargo, a mi juicio, sería completamente irresponsable que propusiéramos cifras a este Parlamento a al Consejo en las que no se recogiera lo que nosotros pensamos que sería realista para Serbia. 
La cantidad se basa en cifras de economistas y en nuestra valoración de que hemos de hacer frente a la misma proporción de gasto en Serbia que la realizada en Kosovo. 
El resto- 3.200 millones de euros- a lo largo de siete años no me llama la atención por ser algo extremadamente generoso. 
Así es cómo llegamos a la cifra de 5.500 millones de euros y me ha ofendido un poco el que algunos periódicos insinuaran que hemos sacado esta cifra de la nada y que no tiene ningún sentido. 
Estaría encantado de explicárselo con más detalle al Parlamento pero estoy esperando, en su momento, a explicárselo con más detalle al Consejo de Asuntos Generales. 
Quién sabe, si un día tengo esa suerte, podría incluso explicárselo a los ministros de finanzas. 
Así respondo a la pregunta bien intencionada del diputado. 
No se trata de una cifra que haya salido de la nada: es un intento de ofrecer una valoración sincera de lo que nuestra retórica supone en la realidad. 
La gente no puede protestar por el hecho de hacerlo: nos pidieron que lo hiciéramos en Oriente Medio- dar una idea del coste que tendría un acuerdo de paz para los programas de la Unión Europea. 
Por tanto, veamos su coste en los Balcanes. 
Si vamos a discutir la relación entre la retórica y la realidad, empecemos aquí. 
Mi último punto: en los Balcanes claramente estamos hablando de construir la paz y la seguridad no sólo en nuestro patio de atrás sino en nuestro jardín de entrada. 
Estamos hablando de construir la paz y la seguridad en una parte integral de nuestra casa común europea. 
Espero que podamos hacerlo en la práctica con la retórica, con las promesas y con el optimismo que mostramos en todos esos comunicados retóricos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar jueves a la 11.30 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0216/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 1, 2 y 3 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0255/00): 
Asunto: Vulneración flagrante del Estado de derecho y de los derechos humanos por parte de Turquía El líder del Partido de la Democracia Popular de Turquía (HADEP) fue condenado, junto a otros 17 miembros de la dirección del mismo partido, a 3 años y 9 meses de prisión por secundar una huelga de hambre convocada en apoyo a Abdullah Ocalan cuando fue entregado a los servicios secretos turcos en Kenya. 
También fueron detenidos los alcaldes de 3 ciudades del sudeste de Turquía, simpatizantes del mismo partido, acusados de colaborar con el PKK. 
Además del HADEP, otros partidos políticos turcos han manifestado su oposición a estas detenciones y condenas, sosteniendo que entran en flagrante contradicción con la democracia, la libertad de expresión y los principios básicos del Estado de derecho. 
¿Piensa el Consejo plantear el tema de los arrestos y las condenas de demócratas por sus declaraciones y pedir la total libertad de expresión en Turquía y la libre creación y funcionamiento de todos los partidos políticos? 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0286/00): 
Asunto: Violaciones de los derechos humanos por Turquía En diciembre de 1999, Turquía se convirtió en país candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
Con arreglo al apartado 10 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo de Helsinki, para ingresar en la Unión Europea, Turquía debe cumplir los criterios generales de adhesión y, en especial, los de Copenhague. 
En febrero de este año, tres alcaldes kurdos (de las ciudades de Diyarbakir, Siirt y Bingöl) -que habían firmado en la ciudad alemana de Hannover, junto con otros cuatro homólogos suyos, la "Carta de Aalborg", haciendo de este modo a sus ciudades miembros de la "European Sustainable Cities and Towns Campaign" fueron detenidos a su regreso a Turquía, donde están aún en prisión. 
Dado que las violaciones de los derechos humanos por Turquía son continuas y reiteradas, ¿qué piensa hacer el Consejo para que Turquía se adapte a los criterios de adhesión a la Unión Europea? 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0299/00): 
Asunto: Continuada represión de la libertad de expresión y violaciones del Estado de derecho por parte de Turquía El líder del Partido Democrático del Pueblo (HADEP) de Turquía ha sido condenado, junto con otros 17 miembros de la dirección del partido, a tres años y nueve meses de prisión, acusado de apoyar la huelga de hambre que se realizó en apoyo de Abdulá Ocalan, cuando fue capturado por los servicios secretos turcos en Kenya. 
También han sido detenidos tres alcaldes de ciudades del noreste de Turquía, miembros del mismo partido, acusados de colaboración con el PKK. 
Otros partidos turcos, además del HADEP, han denunciado estas detenciones y condenas, subrayando que se trata de una flagrante violación de la democracia, la libertad de expresión y los principios básicos del Estado de derecho. 
¿Piensa plantear el Consejo al Gobierno turco el tema de la detención y condena de demócratas a causa de sus declaraciones, y exigirá, en el marco de proceso de preadhesión, que se garantice la plena libertad de expresión en Turquía, así como la libre actuación y funcionamiento de todos los partidos políticos? 
. 
(PT) Señor Presidente, el Consejo ya planteó ante las autoridades turcas la cuestión de los derechos democráticos de los turcos de origen kurdo, incluidos los mencionados en la pregunta, y continuará siguiendo la evolución de la situación en Turquía a ese respecto y actuando en consonancia. 
Entre la Unión Europea y Turquía se celebró precisamente ayer un Consejo de Asociación en el que se reiteraron esas cuestiones y se transmitió a las autoridades turcas el mensaje de la preocupación con que la Unión Europea sigue, naturalmente, ese tipo de cuestiones y la esperanza que abriga de que las autoridades turcas pongan fin a lo que hoy se interpreta como el incumplimiento de algunos criterios esenciales en materia de respeto de los derechos humanos y democráticos y de protección de las minorías. 
Como saben sus Señorías, Turquía fue designada por el Consejo Europeo de Helsinki como país candidato a la Unión Europea. 
Ese estatuto permite a Turquía situarse en un plano absolutamente idéntico al de cualesquiera otros países candidatos. 
Y, cuando decimos idéntico, queremos decir que es para bien y para mal, es decir, que Turquía puede ser objeto de los mismos requisitos que se exigen a cualquier otro país candidato a la Unión Europea, pero pasa también, naturalmente, a tener los mismos derechos. 
La Unión Europea no puede convertir a Turquía en un caso especial, se debe tratar a Turquía exactamente del mismo modo que a cualquier otro país candidato. 
Y, por tanto, Turquía está en este momento en un proceso en el que se debe examinar su situación a la luz de los criterios del Consejo Europeo de Copenhague, criterios que son bastante claros en cuanto al respeto del Estado de derecho, las garantías democráticas, las libertades fundamentales y los principios de protección de minorías. 
Ése es un requisito previo para el inicio de cualquier proceso negociador. 
Con vistas a ese proceso negociador, la Comisión, en nombre de la Unión, y Turquía están formulando una estrategia de preadhesión, para cuya preparación se convoca a las organizaciones no gubernamentales, los Estados miembros y el Gobierno turco. 
Esa cooperación para la adhesión va a determinar los sectores de reforma prioritarios en los cuales la Unión Europea considera que Turquía debe centrar sus esfuerzos para el cumplimiento, progresivo, capaz y completo esperamos, de los criterios de Copenhague. 
Y, naturalmente, en ese marco es en el que se abordarán las cuestiones mencionadas en estas preguntas. 
Ayer escuchamos al Sr. Verheugen y hoy al portavoz del Consejo reconociendo, aunque sucintamente, algunos de los problemas relacionados con el respeto a los derechos humanos en Turquía, y ciertamente han expresado su pesar por ello. 
Sin embargo, tanto hoy como ayer subrayaron el progreso supuestamente realizado por el régimen turco en este campo. 
El Sr. Portavoz del Consejo nos ha dicho lo mismo hoy, ya le hemos escuchado. 
Pero la verdad es que, al contrario de lo que afirman algunos, también en Grecia, las decisiones que se tomaron en Helsinki sobre Turquía han conseguido que el régimen turco se descare. 
No es casual que los líderes turcos, al día siguiente, declarasen que Turquía era país candidato a la adhesión sin condiciones. 
No es casual que se quejen, a pesar de no haber respetado ningún compromiso, de que no se les haya concedido los recursos que prevé la Unión Aduanera. 
También nos dijeron que Turquía estaba dispuesta a dar ciertos pasos. 
Pero resulta que desde hace muchísimos años, puede que más de 10, estamos oyendo lo mismo en el Consejo Europeo y aquí no pasa nada. 
Más bien estamos yendo a peor. 
- (PT) Respecto del comentario que no ha sido una nueva pregunta formulada por el Sr. Korakas, quisiera decir lo siguiente: en primer lugar, la candidatura de Turquía a la Unión Europea sitúa a ese país- y creo que las autoridades turcas tienen perfecta conciencia de ello- ante un escrutinio más atento respecto de sus responsabilidades en el cumplimiento de los criterios básicos de adhesión a la Unión. 
Por lo que se refiere a la formulación de la estrategia de preadhesión, de cooperación para la adhesión, los problemas de Turquía serán sin lugar a dudas objeto de una mayor atención, en particular desde el punto de vista del respeto de los criterios básicos de funcionamiento conforme a las normas europeas. 
En el pasado, Turquía era un estado respecto del cual adoptábamos sistemática y regularmente algunas iniciativas ad hoc en función de la propia evolución de su situación interna. 
¡Ahora no! 
Ahora esa situación interna pasa a ser un elemento de carácter estratégico para el propio avance de la aproximación entre Turquía y la Unión Europea. 
En el caso concreto del Sr. Birdal, con el que tuve oportunidad de reunirme en Turquía en enero de este año y al que con dicha reunión quise manifestar precisamente la solidaridad de la Unión Europea respecto de la situación muy concreta en que se encontraba, es evidente que la Unión Europea no ha dejado de transmitir a las autoridades turcas, por las vías adecuadas y del modo que ha considerado más oportuno, su preocupación por su estatuto y, en particular, su regreso a la cárcel. 
Hace tiempo que hemos adoptado una política exterior sobre la que afirmamos que está basada en normas éticas. 
Y no sólo esto. 
Nos lo hemos creído nosotros mismos y fingimos que somos la conciencia ética mundial. 
Pero ya hemos llegado a un callejón sin salida y no sólo en Turquía. 
Ya ven, la ética debe aplicarse a todos por igual, independientemente de los peligros y los intereses. 
Pero esto es imposible. 
Ya ven; se puede bombardear Belgrado, pero no Moscú, Pekín o Ankara. 
Reconozcamos pues lo evidente y volvamos a las antiguas recetas ya probadas. Es decir, hablemos de intereses, equilibrio de fuerzas y de la política como arte de lo posible. 
Obrando así, seguro que no vamos a ser más éticos; pero sí vamos a ser más sinceros, y en cualquier caso, todos nosotros utilizaremos nuestro tiempo más provechosamente en lugar de la función teatral que ahora estamos representando todos juntos. 
No estoy seguro de que haya hecho una pregunta. 
Si no hay pregunta, el Consejo no tiene obligación de contestar, sólo de escuchar- como usted sabe, señor Seixas da Costa. 
El Sr. Theonas desea reformular su pregunta. 
Les recomiendo a todos que empiecen por la pregunta antes de hacer una declaración. 
Yo tengo un comentario y una pregunta concreta: ¿No sería mejor que el Consejo contestara más concretamente cuando pide preguntas concretas? 
Este es mi comentario. 
Ahora la pregunta: Si el proceso de preadhesión de Turquía dura 20 años, ¿todos los que están en la cárcel ahora van a tener que esperar 20 años para que la Unión Europea muestre su interés? 
Segundo: ¿está dispuesto el Consejo, en todo este procedimiento, a retrasar o a anular compromisos de la Unión Europea que derivan del proceso de preadhesión, si las personas sobre las que estamos hablando siguen en la cárcel? 
Y finalmente, ¿podremos pedir algún día a Turquía algún gesto que ayude a solucionar la cuestión de Chipre, porque éste es uno de los temas que debería fomentarse en el procedimiento de preadhesión? 
- (PT) En primer lugar, señor Theonas, quisiera decir que no me reconozco en la idea de que la Presidencia no responde concretamente a las preguntas formuladas por sus Señorías: antes al contrario. 
En este proceso de aproximación que Turquía está haciendo a la Unión Europea y que ha iniciado con el reconocimiento de su carácter de país candidato en Helsinki, se va a dar un proceso de aproximación progresiva y quisiera que su Señoría tuviese la conciencia absoluta de que dicho proceso de aproximación progresiva impone una mayor atención que en el pasado por parte de la Unión Europea en relación con la situación interna de Turquía y su respuesta a lo que la comunidad internacional le exige. 
Y ése es un aspecto que es muy importante tener en cuenta. 
En este momento Turquía es por su propia iniciativa y porque así lo ha decidido políticamente objeto de una atención concreta respecto del cumplimiento de criterios básicos. 
No se evaluarán de aquí a diez años, se están evaluando diariamente, se evaluarán normalmente en el proceso de estrategia de preadhesión. 
Si no hubiera un avance en las materias fundamentales que están en observación, es evidente que el proceso de preadhesión sufriría las consecuencias. 
Ése es un aspecto para mí muy claro. 
Por otro lado, creo que las conclusiones de Helsinki, independientemente de que pueden ser objeto de diversas interpretaciones, sitúan la cuestión de Turquía y de su relación con Chipre en una perspectiva nueva, que, por lo demás, las autoridades chipriotas acogieron con beneplácito. 
Y creo que de ello debemos extraer las debidas conclusiones respecto del modo como la evolución de la posición turca en relación con esa cuestión chipriota puede también tener que ver con la propia evolución de la posición turca en su aproximación a la Unión Europea. 
Una observación y una pregunta juntas para el Sr. Portavoz del Consejo: ¿La respuesta que nos ha dado ahora ha sido concreta? 
¡Piedad! 
Señoría, he de confesar una cosa: en la vida política las personas están habituadas a interpretar entre líneas lo que se dice. 
En una cuestión tan delicada como la interpretación de una situación grave, es decir, la de la evolución de la situación chipriota y la de la aproximación de Turquía a la Unión Europea, es necesario tener mucho cuidado con las palabras. 
En cualquier caso, considero que he dicho con toda claridad que hay una vinculación concreta entre el proceso de aproximación de Turquía a la Unión Europea y la posición de Turquía ante la cuestión chipriota. 
Si eso no está claro, Señoría, no puedo decirlo con mayor claridad. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0294/00): 
Asunto: Flagrante violación de los derechos y persecución de los asirios y caldeos en Turquía Decenas de miles de asirios y caldeos, emigrados al Nordeste del país, han encontrado refugio en los Estados miembros de la UE tras la persecución que han sufrido por parte del Gobierno turco, la destrucción de numerosos pueblos donde residían, el cierre y la reconstrucción de iglesias, y la prohibición del culto y la educación en su lengua. 
Los lugares de culto que quedan, así como los restos de permanencia de esta minoría, están en peligro de desaparición definitiva por medio de la violencia. 
Se pregunta al Consejo: ¿Piensa incluir el asunto en el marco del proceso de preparación para la adhesión, y pedir al Gobierno turco que respete los derechos de la minoría de los asirios y caldeos en Turquía, y, más concretamente, que garantice la libre realización del culto en los monasterios de Mar Gabriel en Midyat y Dayr Zafaran en Mardin? 
. 
(PT) Muy brevemente, he de decir que lo que he afirmado respecto de la evolución de la situación en Turquía y la necesaria evolución de Turquía en materia de respeto de los derechos de las minorías tiene que ver con esa situación concreta. 
Estamos ante un caso concreto que tiene que ver con la protección de las minorías cristianas. 
El fortalecimiento del diálogo político acordado en Helsinki impone la necesidad de avanzar hacia el cumplimiento de esos criterios políticos, en particular en lo relativo a las cuestiones de los derechos humanos, y en él se tratarán todas las situaciones de que haya tenido conocimiento el Consejo durante el proceso de preadhesión. 
Conviene observar que esa cuestión concreta se refiere al problema del incumplimiento por parte de las autoridades turcas de su deber de reconocer a la comunidad asiriocaldea, de conformidad con el Tratado de Lausana de 1923. 
En dicho Tratado, el Gobierno turco se comprometió a garantizar la protección total de iglesias, sinagogas, cementerios y otros locales de culto de las minorías no musulmanas y en este momentos las reclamaciones de la comunidad asiriocaldea se refieren básicamente al problema de la restauración de los monasterios, la enseñanza oficial del arameo y la libre circulación de ciudadanos de esa etnia que viven fuera de Turquía. 
Son cuestiones de carácter eminentemente administrativo. Tienen una dimensión de derechos humanos que, evidentemente, no dejará de abordarse- y, por nuestra parte, estaremos atentos a ella -, pero son de carácter administrativo. 
El Consejo estará atento y la Comisión no dejará de plantear esas cuestiones en el nivel de las negociaciones de preadhesión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no puedo decir que su respuesta haya sido satisfactoria. 
Si de verdad fuéramos sensibles hacia los derechos humanos, podríamos esperar una respuesta más concreta. 
Aquí estamos hablando de dos pueblos antiquísimos que han sufrido un genocidio sistemático por parte del régimen turco, un genocidio que tal vez no sea tan impresionante como el de los armenios, pero igual de efectivo. 
Miles de ellos son refugiados o migrantes en la Unión Europea y decenas de miles se han quedado en donde llevan viviendo desde la antigüedad. 
Quisiera preguntar si puede ser más concreto. 
Por supuesto, ha estado muy acertada su referencia al Tratado de Laussane. 
Pero a partir de ahí, la Unión Europea también es responsable de subrayar algunas cosas al régimen turco sobre la necesidad de que se respeten los derechos humanos, ya deriven del Tratado de Laussane o ya sea en el sentido más amplio. 
¿Va a hacer algo más concreto el Consejo en esta dirección? 
Su Señoría dice que la respuesta no ha sido suficientemente firme. 
Quisiera recordar ahora mismo la pregunta, porque vale la pena. 
Se pregunta si tiene intención el Consejo de plantear esa cuestión en el ámbito del proceso de preadhesión y solicitar al Gobierno turco que respete los derechos de la minoría asiriocaldea en Turquía y, en particular, que garantice el libre funcionamiento de los monasterios y se mencionan dos monasterios. 
No sé qué respuesta más firme puedo dar a sus Señorías que la de decir pura y simplemente que sí. 
De hecho, el Consejo, la Unión Europea, tiene la intención de plantear esa cuestión ante las autoridades turcas en el proceso de preadhesión. 
Si eso no es una respuesta clara, una vez más, no sé yo qué será una respuesta clara. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0262/00): 
Asunto: Agudización de las tensiones en Kosovo El balance de la intervención "pacificadora" de las fuerzas de la OTAN en Kosovo es, según la opinión general, lamentable. 
En lugar del Kosovo "multiétnico" que pretendían las Naciones Unidas, no se ha producido el regreso de los refugiados, ha continuado la limpieza étnica contra los serbios, se consolida la división, y se considera "necesario" el envío de un número cada vez mayor de nuevas fuerzas militares y policiales. 
La actual agudización de las tensiones se ve alimentada también por las declaraciones de oficiales de la OTAN y por nuevas maniobras militares de gran magnitud de las fuerzas de la OTAN. 
¿Qué medidas tomará el Consejo para preservar el Kosovo "multiétnico", que forma parte de la Federación Yugoslava? 
¿Cómo actuará para reducir la crisis y las tensiones en la región? 
. 
(PT) Señor Presidente, el objetivo de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, sigue siendo la creación de un Kosovo democrático y multiétnico dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de la Antigua República de Yugoslavia. 
El Consejo conviene en la urgente necesidad de encontrar una solución para los continuos brotes de violencia étnica, en particular contra la comunidad serbia, los gitanos y otras comunidades no albanesas en Kosovo. 
El Consejo ha venido apoyando de forma coherente las gestiones llevadas a cabo por la MINUK y por la KFOR para evitar nuevas expulsiones y permitir el regreso con seguridad de todos aquellos que abandonaron sus casas. 
En respuesta a un llamamiento urgente del Representante Especial del Secretario General, Sr. Bernard Kouchener, y del Alto Representante, Sr. Javier Solana, los Estados miembros aumentaron en gran medida sus contribuciones a las fuerzas policiales internacionales de las Naciones Unidas tanto en apoyo financiero y técnico como en recursos humanos. 
Varios Estados miembros fortalecieron también sus propios contingentes en la KFOR. 
He de recordar que en el pasado tuvimos oportunidad en este Parlamento de lamentar profundamente la circunstancia de que no se estuvieran cumpliendo esos compromisos, lo que dificultaba, manifiestamente, la acción de las autoridades internacionales en Kosovo. 
Hoy ya hay nuevos elementos y se están cumpliendo algunos de esos compromisos, lo que permite un trato diferente, más eficaz, de ese tipo de cuestiones, aunque distamos manifiestamente de contar con una solución mínimamente aceptable. 
El Consejo instó también a todos los dirigentes políticos de Kosovo a que adoptaran medidas urgentes destinadas a luchar contra la escalada de violencia, rechazar formas de extremismo y apoyar a la MINUK y a la KFOR. 
Creemos que es muy importante que el Consejo consiga, de hecho, desarrollar más los avances que ya se han logrado en la reconciliación entre las etnias y que sea posible poner en práctica la resolución 1244. 
Estamos comprometidos con el proceso de democratización y coexistencia en Kosovo. 
Sólo la participación en las responsabilidades de los representantes de las minorías puede propiciar la construcción de un Kosovo multiétnico. 
Debemos preguntarnos todos- y me gustaría que todos tuviéramos conciencia de ello- si está todo el mundo interesado en la existencia de un Kosovo multiétnico, en particular dentro de Kosovo. 
Y, en ese marco, el Consejo reitera su llamamiento a los dirigentes serbios para que participen en las provisionales estructuras administrativas conjuntas. 
El Consejo atribuye la máxima importancia a la preparación cuidadosa por parte de la MINUK y de la OSCE de las elecciones locales que se celebrarán este año, incluidas las disposiciones aplicables a los votos de las personas ausentes y a la participación de las minorías. 
Creemos que es importante comenzar a crear estructuras legítimas de poder local en Kosovo: ése es el único modo que tenemos de garantizar que las fuerzas políticas que hoy se expresan de forma no organizada y no institucionalizada regresen a la vida política normal y acaben expresándose en Kosovo en el ámbito de una sociedad democrática. 
Y, con vistas a apoyar ese proceso de democratización y coexistencia, la Unión Europea ha venido trabajando en conjunto con otros socios internacionales a fin de reconstituir una vida cotidiana para toda la población de Kosovo, sea cual fuere su encuadramiento étnico. 
Además de la importancia de la asistencia bilateral prestada por los Estados miembros, la Comunidad Europea asignó para el período 1999-2000 una ayuda humanitaria por importe de 429 millones de euros a la región para los refugiados de Kosovo, las personas desplazadas en el interior del país y las personas que regresan a sus hogares. 
La reconstrucción y la asistencia financiera extraordinaria, incluido el apoyo a la MINUK, ascenderá en total entre 1999 y 2000 a 437 millones de euros. 
La Comunidad internacional ha venido reconociendo ese conjunto de acciones y el compromiso que la Unión Europea ha demostrado al respecto. 
Por desgracia, la eficacia práctica de esas acciones no es suficiente para poner fin a una situación desequilibrada y con focos de tensión que han de disminuir así lo esperamos en el futuro. 
Para empezar quisiera hacer notar que los diputados griegos están acribillando a preguntas al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo. 
Creo que esto demuestra la gran inestabilidad en la que se encuentra un país miembro, y diría que también la insuficiencia de la política comunitaria para enfrentarse a problemas serios. 
Quiero darle las gracias por su respuesta. 
Tomo nota de esta postura, que me parece especialmente positiva y no la encontramos a menudo, a saber: que la Unión Europea tiene como objetivo un Kosovo multiétnico y democrático en el interior de las fronteras, internacionalmente reconocidas, de la República de Yugoslavia. 
Creo que esto es positivo; tomo nota de ello y quiero hacer una pregunta complementaria, en especial sobre las minorías que están persiguiendo, depurando, étnicamente, en Kosovo, ya sean serbios, o descendientes de turcos, o gitanos; por un lado sufren estas presiones por parte de los extremistas albaneses, por otro tienen una Serbia que está sufriendo un embargo. 
En especial para ellos, para esta gente que está viviendo en la indigencia y en la desesperación, ¿prevé la Unión Europea programas especiales de apoyo y de refuerzo? 
Señoría, creo que ha quedado claro lo que he dicho y que, por lo demás, ha sido reconocido por su Señoría: que el objetivo de la Unión Europea y de la comunidad internacional es, en términos generales, el de respetar lo que dispone la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, en particular en lo relativo a la creación de un Kosovo democrático y multiétnico. 
No oculto las grandes dificultades que se han venido encontrando en el terreno para aplicar esas decisiones. 
A ese respecto, no vale la pena emplear eufemismos ni lenguaje alguno de carácter diplomático. 
Es verdad que el regreso en masa de los albaneses que habían sido expulsados de Kosovo y las situaciones de tensión que entretanto se han creado, en particular en relación con las minorías serbias, las minorías gitanas y otras minorías, han acabado creando una nueva situación, una situación diferente, pero conviene que no nos quedemos sólo en una interpretación del presente y tengamos una poco de idea también de lo que fue el pasado, de la causa de todo ello. 
No vale la pena que nos atengamos a la fotografía del presente. 
Tal vez comprendiendo la causa de todo ello podamos hacer una interpretación ponderada y más equilibrada en cuanto a algunas responsabilidades del Gobierno de Belgrado y en particular de lo que después le sucedió en función de su actuación en Kosovo. 
Pero es verdad, Señoría, y yo lo reconozco, que las minorías serbias que hubieron de abandonar el país después del regreso de los albaneses de Kosovo no han encontrado aún las condiciones que permitan su regreso y las que aún hoy viven en Kosovo tienen cierta dificultad de coexistencia con la mayoría albanesa. 
Pero su Señoría debe reconocer las claras medidas adoptadas por la comunidad internacional con vistas a proteger a esas minorías para que logren una situación en materia de seguridad que les permita la convivencia. 
No podemos olvidar que se trata de un esfuerzo común y que entraña también la necesidad de que las autoridades serbias integren las estructuras de carácter consultivo. 
Ésa es una forma de hacer creíble su propia acción en Kosovo y nosotros no tenemos ningún otro objetivo que no sea el de garantizar la prosecución de la integración multiétnica. 
Ése es nuestro objetivo. 
Reconocemos que hay un largo camino por recorrer. 
Y reconocemos probablemente que la situación de los serbios que viven fuera de Kosovo y que no pueden regresar a esa región porque no encuentran condiciones de seguridad para ello es una situación injusta. 
No vale la pena, a ese respecto, emplear dos lenguajes: es una situación injusta. 
Pero hemos de comprender que la comunidad internacional está haciendo lo máximo que puede. 
Y debemos recordar también, Señoría, y conviene que lo recordemos siempre, lo que sucedió antes para justificar lo que está sucediendo ahora. 
Decía el Sr. Alavanos que hasta ahora eran todas preguntas griegas las que hemos escuchado. 
Quiero decirle que los españoles y portugueses, entre otros pueblos mediterráneos, estamos acostumbrados al diálogo con los griegos. 
Creo que Lisboa, la vieja Olisipo, fue fundada por Ulisses. 
O sea, que el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo tiene ya una larga tradición de presencia griega en Portugal. 
Señor Presidente, podría preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo- todas cuyas buenas intenciones a favor de un Kosovo multiétnico acepto- si no admitiría que la política de la comunidad internacional allí es en todas sus facetas- la Unión Europea, las Naciones Unidas, la KFOR, la OTAN y otras- un fracaso desastroso y sin paliativos y empeora día a día. 
¿Qué se está haciendo para que el ELK y los matones albaneses, que claramente no tienen interés alguno en un Kosovo multiétnico, estén bajo control? 
Simplemente parece que hay una inútil permisividad de la situación a pesar de todas las buenas, piadosas y maravillosas intenciones. 
Señoría, antes que nada y, como comentario de lo que ha dicho el Presidente, quiero decir que tengo mucho gusto en estar sometido al fuego de los diputados griegos... y tengo excelentes amigos en Grecia, donde, por lo demás, he estado de vacaciones. 
En cuanto a la situación expuesta por su Señoría, no creo que la política sea desastrosa y quiero decirle que ésta es la política posible y su Señoría lo sabe, que esta política es el resultado de todo lo ocurrido en la región en los últimos años y- podríamos decir incluso- en las últimas decenas de años. 
Hemos de comprender que la situación en que se encuentra la comunidad internacional- que no es brillante desde el punto de vista efectivo de la aplicación práctica de esas medidas- es la situación posible para la resolución de un conflicto en relación con el cual la propia comunidad internacional se vio obligada a actuar- seamos claros- en función de la incapacidad total para encontrar una solución en el marco de la antigua Yugoslavia. 
Fue precisamente la situación creada en la antigua Yugoslavia lo que provocó esa actuación. 
Su Señoría hace observaciones respecto del ELK. 
He de recordarle que el ELK existe por la simple razón de que la comunidad albanesa en Kosovo fue sistemáticamente perseguida y objeto de un cerco perfecto. 
Naturalmente, la necesidad en que se vio de organizarse desde el punto de vista militar para afrontar ese cerco propició la acción del ELK. 
Ahora el problema que se plantea es el de intentar conseguir en esta fase que las estructuras creadas al margen de cualquier proceso democrático por la simple razón de que el proceso democrático tampoco existía en la propia antigua Yugoslavia permitan encontrar un camino de expresión política, pura y simplemente política, en un Kosovo democrático. 
Hoy distamos de haber encontrado el camino para ese Kosovo democrático, pero creo que la acción de la comunidad internacional es muy positiva en ese marco. 
Señor Presidente, si hubiera ahora que puntuar de cero a diez el éxito de los dos objetivos propuestos para la acción, es decir, un Kosovo multiétnico y que siguiera siendo parte de Yugoslavia, estoy seguro de que el Sr. Presidente del Consejo y yo coincidiríamos en que la puntuación era bastante baja, no obstante, estamos de acuerdo en que todo es resultado de la política que se ha realizado hasta la fecha, resultado de los acontecimientos. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿se piensa en el Consejo cómo se puede modificar esta política a partir de ahora, o se sigue pensando en emplear las mismas herramientas, acciones militares, intervenciones militares contra zonas molestas en los alrededores? 
¿Cuál es en suma la idea detrás de la formación de una fuerza de intervención de 60.000 hombres cuando todos coincidimos en que probablemente sean otras cosas las que hacen falta si queremos solucionar conflictos en Europa y en las zonas limítrofes? 
En primer lugar, lamento no tener la posibilidad de formular preguntas a sus Señorías, porque, si la tuviera, le preguntaría qué otra solución propondría. 
Y quiero mencionar, como ejemplo concreto de lo que las fuerzas militares pueden hacer, el ejemplo de Bosnia-Herzegovina. 
Basta con pensar en lo que fue la situación en Bosnia-Herzegovina durante varios años, en lo que fue la pasividad de la comunidad internacional ante esa situación, y observar la realidad de hoy- que es una realidad inestable, pero de paz, gracias a la presencia de las fuerzas militares- para comprender que hay determinadas situaciones en las que el intento de dilución de las tensiones de carácter étnico sólo se puede hacer mediante mecanismos estructuradores que tengan como expresión la protección y la separación de las aguas y, por tanto, también en Kosovo se plantea muy probablemente- no sabemos durante cuánto tiempo, pero desearíamos que fuera el menor posible- esa cuestión. 
Ahora conviene tener presente también que la comunidad internacional y, en particular, los países de la Unión Europea no tienen interés concreto alguno en intervenir en Kosovo y movilizar recursos y medios materiales y humanos para una acción de ese género: antes al contrario. 
Lo que la comunidad internacional y, muy en particular, la Unión Europea comprendieron fue que era su deber y su responsabilidad reaccionar ante una situación sumamente degradante respecto de las pautas de comportamiento internacional: los métodos de cerco y genocidio que estaba practicando el Sr. Milosevic para con la comunidad albanesa en Kosovo. 
Se me dirá que el resultado práctico de esa situación no es el que se desearía. 
Ahora bien, he de recordar que el resultado práctico de esa situación es el de que hoy en día, con algunas excepciones, la situación está, pese a todo, controlada desde el punto de vista de la seguridad. 
Hemos hecho y estamos haciendo gestiones para conseguir una mayor integración de las comunidades minoritarias. 
De hecho, no ha sido posible un resultado más eficaz. 
Vamos a intentar seguir presionando en ese sentido y pensamos que la renovación de algún modo de la organización institucional de la sociedad civil mediante elecciones municipales puede contribuir en gran medida a esa estabilidad. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0279/00): 
Asunto: Protección de las empresas europeas en Kosovo A pesar del desconocimiento del Consejo (respuesta E-2425/99) , las empresas en cuestión se han dirigido efectivamente a la UE pidiendo la protección de sus intereses, ya que el asunto entra dentro de las competencias del Consejo. 
Dado que la UNMIK y su jefe, Bernard Kouchner, no actúan por propia iniciativa sino bajo control internacional- del que también es responsable el Consejo -, cuando sus acciones afectan intereses de las empresas europeas, el Consejo debe someterlos a la investigación más minuciosa para que las respuestas de éste al respecto no provoquen interrogantes sobre sus intenciones. 
Además, la gestión legal del cuarto pilar crea obligaciones añadidas a los órganos de la UE. 
Como la Comisión- que por desgracia tarda injustificadamente en contestar- está informada de las acciones de dichas empresas, y para dilucidar cualquier duda sobre las responsabilidades por falta de actuación del Consejo, ¿podría indicar éste hasta qué punto está dispuesto a actuar, de acuerdo con sus obligaciones según los Tratados, para apoyar los intereses de las empresas en cuestión? 
. 
(PT) La resolución 1244 del Consejo de Seguridad confirió a la administración provisional de Kosovo, la UNMIK, la autoridad sobre el territorio, incluidos plenos poderes legislativos y ejecutivos y en la administración del sistema judicial, a fin de constituir una administración provisional con un mandato descrito en la propia resolución. 
Eso incluye también la formulación de un plan de recuperación económica progresiva. 
De ello se desprende que se deberán tratar los casos individuales mencionados en la pregunta de su Señoría directamente con el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Kosovo, que es, a su vez, el encargado de la administración de ese territorio, o con el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado miembro en que las empresas tengan su sede. 
El Consejo asume la responsabilidad política general de participación de la Unión Europea en el ámbito de la UNMIK, centrada en la construcción y la rehabilitación económicas. 
Pero ni en la Unión Europea, en cuanto tal, ni el Consejo tienen competencia o responsabilidad directa alguna en lo relativo a la administración del territorio y a la protección de los intereses individuales de las empresas de la región, que es, por un lado, competencia de las Naciones Unidas, en cuanto administración del territorio, y, por otra, de los Gobiernos de cada Estado miembro que allí actúa en lo relativo a la protección de las empresas. 
Hay todo un volúmen de preguntas y respuestas y vamos a acabar esquizofrénicos sobre el fondo y el contenido del asunto en las respuestas. 
Pues o que los servicios no realizan correctamente su labor y les informan mal, o que algo se está pudriendo allí; y ya mucha gente dice que el Sr. Kouchner está llevando a cabo una administración un tanto peculiar. 
Así pues, quiero preguntar lo siguiente: Si sus servicios no llevan a cabo su labor correctamente, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando les comprometan? 
Si el Sr. Kouchner no cumple bien con su cometido, ¿qué van a hacer? 
Y la tercera cuestión: ¿le cabe a alguien en la cabeza que los ciudadanos europeos tengan que pagar el pato por el pacto de estabilidad y, a continuación, la Unión Europea no pueda proteger las empresas europeas allí instaladas? 
Esto no sucede en ninguna parte; es ilógico. 
Por tanto, sería bueno ver la realidad porque mi impresión es que el Sr. Kouchner no está desempeñando bien su papel allí. 
Y ahí está el problema, y eso es lo que todos debemos comprender, como ciudadanos europeos y como interesados en el desarrollo en los Balcanes. 
- (PT) La cuestión planteada por su Señoría nunca fue presentada al Consejo de la Unión Europea, en particular por las empresas que han formulado las quejas. 
La Presidencia del Consejo no tiene conocimiento a ese respecto. 
Se presentan las quejas a los Estados miembros: éstos tienen un Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que se debe plantear ese tipo de cuestiones en el marco de sus competencias. 
Conviene tener presente lo siguiente: la administración de Kosovo no es competencia de la Unión Europea, sino de las Naciones Unidas y hay una entidad específica que se ocupa de dicha administración. 
Cada país tiene, normalmente, la obligación de proteger en el marco internacional las actividades de sus empresas. 
Cada país tiene estructuras de protección internacional de sus ciudadanos y sus empresas y para eso hay mecanismos propios, que todos utilizamos en nuestra acción internacional cotidiana. 
La Unión Europea no es un país. 
No sé por qué habría de tener la Unión Europea, en cuanto a tal, una actuación concreta y global y como Unión a ese respecto. 
A no ser que lleguemos a un punto en que los Gobiernos se reconozcan incompetentes para ocuparse de la protección de sus propias empresas. 
Señor Presidente, un elemento esencial que se da siempre en el marco de la reconstrucción de una sociedad tras una guerra es la concentración de esfuerzos dirigidos a la rápida recuperación de la economía local y a la creación de condiciones que garanticen su funcionamiento. 
Sin embargo, ahora existe en Kosovo un problema importante: la falta de mano de obra competente que tenga el necesario conocimiento de lenguas, ya que todos los trabajadores con conocimientos de inglés, o casi todos, han sido contratados en los proyectos de reconstrucción de Kosovo, de manera que las empresas locales no pueden competir con sueldos tan elevados. 
Naturalmente, muchos empresarios están muy exasperados por esta paralización de su capacidad de acción. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no sé si usted está al corriente de este problema, pero, no obstante, quisiera preguntarle su opinión sobre lo que puede hacer al respecto la UE. 
- (PT) El Sr. Bernard Kouchener se ha referido varias veces a la dificultad que encuentra para reclutar personal no sólo para la administración, sino también para las estructuras normales de reconstrucción económica del país. 
Y es evidente que el reclutamiento de ese personal entraña un costo elevado. 
Consideramos que se puede plantear ese tipo de cuestiones en el marco de la acción del Sr. Bernard Kouchener, que, como he dicho, se sitúa fuera del control de la Unión Europea, aun cuando colaboremos a ese respecto. 
La Unión en cuanto tal no tiene una respuesta directa y concreta para ese tipo de preguntas. 
Estamos dispuestos a escuchar al Sr. Bernard Kouchener y tener en cuenta las solicitudes que nos formule y darles la respuesta posible conforme a los compromisos contraídos por la Unión Europea en cuanto a las condiciones, extraordinariamente difíciles, de la región. 
Señor Presidente, mi pregunta es muy precisa y creo que afecta a la UE. 
¿Sabe el Consejo que el Gobierno serbio proyecta vender minas y riquezas del subsuelo en Kosovo a empresas de la UE y presentar esto como privatización? 
¿Sabe el Consejo que aquí hay problemas en lo que se refiere a la limpieza étnica en una parte de Kosovo, donde los serbios han sido ubicados en una zona que es la más rica en materias primas y en la que existe el peligro de una división para asegurarse estas materias primas? 
- (PT) Señoría, no tengo noticia alguna de ese asunto, pero no dejaremos de tener en cuenta las informaciones que nos ha facilitado. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0274/00): 
Asunto: Acciones comunes para coordinar el desarrollo de las TI (Tecnologías de la información) La Presidencia portuguesa ha puesto énfasis en la necesidad de desarrollar el campo de las TI para fomentar la competitividad y el empleo, lo que es digno de alabanza. 
Una coordinación a escala europea destinada a seguir desarrollando el ámbito de las TI tendría una buena acogida. 
¿Qué opina el Consejo de la necesidad de coordinar el desarrollo de este campo a escala comunitaria? En este contexto, ¿qué opinión le merece la creación de una autoridad europea para las TI? 
. 
(PT) Señoría, para responder a su pregunta quisiera comenzar afirmando que un planteamiento coordinado en el nivel de la Unión Europea para los sectores de la tecnología de la información y las telecomunicaciones es un elemento esencial para el futuro desarrollo de la Unión. 
Ya hemos abordado aquí la cuestión de la Cumbre extraordinaria que se celebró en Lisboa los días 23 y 24 de marzo, en la que quedó bien claro que la mejora de la política en la esfera de la sociedad de la información es un elemento central para el cumplimiento de los objetivos que esa Cumbre abordó y que se referían a la cuestión del empleo, la cohesión social y una mejora del fortalecimiento de la competitividad de Europa en el plano mundial. 
La Cumbre pidió en especial al Consejo y a la Comisión que elaboraran un plan de acción que comprendiera e-Europe y que se presentará al Consejo Europeo de junio. 
Esa idea del lanzamiento de una agencia dedicada a las tecnologías de la información fue presentada al Consejo Europeo de Lisboa en el documento que el Gobierno sueco envió a dicho Consejo. 
Aún no se ha aplicado esa idea, pero subyacen a nuestras preocupaciones y no dejará de ser examinada y seguida en el futuro. 
Se examinó, incluso en el sentido de sumarla a los dispositivos comunitarios ya existentes, entre los cuales figura el gabinete del proyecto de la sociedad de la información, que ha adoptado, por lo demás, durante la Presidencia portuguesa un conjunto de iniciativas diversas. 
Pero, respecto de la cuestión de una posible agencia europea de reglamentación de las telecomunicaciones, quisiera recordar que, según las conclusiones de un estudio hecho por la Comisión en octubre de 1999, no había una necesidad inmediata de ese organismo y al mismo tiempo la reglamentación deberá ejecutarse en el nivel más próximo posible de aquel en que se desarrollen las actividades por regular. 
Digamos que también en eso funciona el principio de subsidiariedad. 
Agradezco al Consejo su respuesta. 
He comprobado con satisfacción que las TI, Tecnologías de la Información, y su vinculación con el crecimiento y el empleo han tenido un lugar importante en la agenda de Lisboa. 
Es importante lo que ocurra en el futuro. 
La tarea política no es crear empresas en el campo de las TI sino construir infraestructuras que estimulen el desarrollo en este campo. 
En la UE hay deficiencias. 
Además, existen enormes diferencias entre los países de la Unión y también entre las distintas regiones. 
En cuanto al uso de estas tecnologías, los diferentes grupos de población tienen posibilidades y conocimientos muy distintos, lo que en el futuro puede llegar a crear grandes desigualdades. 
Por eso quiero formular la siguiente pregunta: ¿Cómo podremos alcanzar una coordinación tal que permita el uso de las TI en las regiones periféricas y cree igualdad de oportunidades en las diferentes regiones y en los distintos grupos de población? 
¿No sería necesaria la creación de una autoridad comunitaria que coordinase estos trabajos? 
Existe un calendario a ese respecto con medidas concretas presentadas en las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, en particular en lo relativo a Internet, a formas de aprendizaje y formación profesional que pueden constituir- así nos parece- un plan de acción futuro, y, por lo demás, todos los años se evaluará dicho plan en reuniones extraordinarias del Consejo Europeo que se celebrarán siempre en primavera. 
Ésa es una de las cuestiones. 
La otra cuestión que plantea su Señoría es la de la necesidad de que haya una estructura organizativa y una institución que permita hacer el control de ese mismo proceso y prestar una atención específica a la homogeneidad de ese mismo tipo de cuestiones en el ámbito de la Unión Europea. 
Su Señoría plantea- y atinadamente- el problema de que, muchas veces, la materialización de ese conjunto de medidas podría llegar a crear desigualdades y agravarlas. 
Se trata de un peligro y un riesgo al que vamos a prestar atención. 
Ahora bien, los Gobiernos consideraron que no era necesaria la creación de una nueva estructura y un nuevo mecanismo burocrático, que tendría costos elevados. 
Al contrario, consideran adecuado que las estructuras actualmente existentes para la supervisión de ese proceso sean suficientes para seguirlo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, como austríaco estoy muy orgulloso de que la Presidencia del Consejo haya colocado en el punto central la evolución en el sector de las tecnologías de la información. 
Me interesaría saber cómo ve el Presidente del Consejo la licitación de las licencias UMTS. 
Las sumas provenientes de este campo podrían proporcionar unos impulsos enormes y sobre todo fortalecer el programa portugués si las sumas provenientes de las licencias que se liciten se ponen a disposición, por ejemplo, para la investigación y desarrollo, formación, formación inicial y continuada o para infraestructuras. 
¿Puede imaginarse que desarrollemos en este contexto programas de estímulo para los Estados miembros con el objetivo de poder dedicar estos fondos realmente a este campo? 
Lo que está previsto en las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa tiene que ver con acciones de carácter nacional y, por tanto, son cometido de los propios gobiernos; son compromisos objetivos que éstos contrajeron al subscribir esas conclusiones y en el nivel de la reorientación de los mecanismos y las estructuras, de los planos y los programas de acción que existen en el ámbito de la Unión Europea. 
A ese respecto, no hay elementos nuevos exceptuada la posibilidad de recurso al Banco Europeo de Inversiones en cuanto a la movilización de recursos financieros. 
Por lo demás, ésa fue una de las preocupaciones objetivas que se nos plantearon al abordar esa cuestión en Lisboa: precisamente la de conseguir llevar a cabo una acción con vistas a lograr una mayor coherencia de los instrumentos actualmente existentes, por la sencilla razón de que creemos que, más que crear nuevos instrumentos, es necesario reorganizar los actuales. 
Y, además, es necesario, como hicimos en materia de políticas de empleo, como hacemos en materia de políticas macroeconómicas, intentar conseguir una mayor coherencia de las acciones en el nivel nacional relativas a la sociedad del conocimiento y de la innovación, procurar que dichas acciones sean objeto de un plan específico que cada Estado miembro se compromete a ejecutar internamente, conforme a un determinado calendario de objetivos y mediante procesos de bench marking que nos permitan ver cuáles son los mejores procedimientos e intentar, a partir de ellos, propiciar la adopción de procedimientos semejantes en los otros Estados. 
Ese proceso tiene esa dimensión nacional de compromiso con objetivos y resulta evidente a ese respecto que no hay recursos de carácter financiero, aparte de los que aporte por vía presupuestaria cada país. 
En una segunda dimensión- y en ésa sí que es posible recurrir al Banco Europeo de Inversiones- hay un conjunto de acciones previstas en el ámbito de las atribuciones de la propia Unión que procuran no sólo complementar acciones anteriores, sino también dar mayor coherencia a los programas de la Unión a ese respecto. 
La Comisión ha estado extraordinariamente activa en esa esfera y el programa e-Europe que la Comisión presentó y cuyo plan de acción será aprobado en el Consejo Europeo de Feira, en junio, figuran nuevas directrices a ese respecto y una nueva reorientación de las políticas comunitarias en esa esfera. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 8 decae. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0275/00): 
Asunto: Las mujeres en las nuevas instancias de decisión de la PESC ¿Ha previsto el Consejo algún tipo de medida o recomendación para que las nuevas instancias de decisión de la PESC cumplan una adecuada presencia de mujeres? 
¿Cuál será su presencia en los órganos de gestión de crisis, Comité político de seguridad y prevención de conflictos? 
¿Tendrá en cuenta el Consejo la idoneidad de las mujeres para trabajar en favor de la paz? 
. 
(PT) La que plantea su Señoría es una cuestión de fondo y se refiere a la esfera de la política exterior y de seguridad común, a las nuevas estructuras de gestión de crisis, como el Comité político de seguridad y prevención de conflictos, y su Señoría pregunta si tendrá en cuenta el Consejo la aptitud de las mujeres para trabajar en pro de la paz. 
Creo que resulta más que evidente que el trabajo de las mujeres en pro de la paz y en diversas estructuras afines, en particular de movilización de la sociedad civil, es reconocido y evidente. 
Todos sabemos- y no vale la pena hacer un discurso de tipo diplomático a ese respecto- que el papel y la representación de las mujeres, en el nivel del proceso de decisiones, ya sea en el ámbito de la PESC o en el ámbito global de otras diversas estructuras, no es el deseable ni el adecuado. 
Todos conocemos las medidas que ha venido adoptando la comunidad internacional en esa esfera y recordamos las conclusiones de la declaración de Pekín de 1995 a ese respecto. 
Por lo demás, como saben sus Señorías, el próximo mes de junio va a haber un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas encaminado a movilizar la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de que las mujeres participen en las acciones que se llevarán a cabo en el ámbito de la declaración de Pekín y se adopten a ese respecto medidas concretas que propicien dichas acciones. 
A ese respecto, conviene tener en cuenta que no es posible adoptar políticas voluntaristas en algunos sectores relacionados con el proceso de adopción de decisiones. 
Naturalmente, se requiere una mayor participación en las acciones políticas, en el proceso de formación o en el proceso administrativo en términos generales. 
Creemos que no es posible poner en práctica una acción concreta: por ejemplo, una introducción de cuotas en materia de estructuras de política exterior y seguridad común. 
No nos parece que sea adecuado, no hay ninguna propuesta a ese respecto en el Consejo. 
Ahora bien, compete a cada gobierno nacional hacer las reformas necesarias de su sistema de representación con vistas a garantizar una participación adecuada de las mujeres. 
En el plano de la Unión Europea, como saben sus Señorías, esas cuestiones se están regulando actualmente y hay recomendaciones que se desprenden del Tratado de Amsterdam. 
Creemos que, como el conjunto de representaciones dentro de la Unión Europea se hace por mediación de personal que procede de los Estados miembros, a los propios Estados miembros incumbe la tarea mayor, en el sentido de movilizar la mayor presencia posible de mujeres que puedan ascender al proceso de adopción de decisiones. 
Muchas gracias al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Seixas da Costa, por esta respuesta, que es esperanzadora en la medida que demuestra que el Consejo comprende el problema, responde políticamente e incluso llega a simpatizar con la idea. 
Sin embargo- a mi juicio- su respuesta, en el fondo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es demasiado retrógrada. 
La Presidencia portuguesa tiene el encargo específico de las Cumbres de Helsinki y de Colonia de hacer propuestas para reforzar esta nueva política de defensa. 
Usted ha dicho que está en contra de las cuotas, pero a favor de las menciones. 
Yo pregunto a la Presidencia portuguesa: ¿No cree que sería muy conveniente una mención de tipo recomendación en este sentido? 
Porque no creo que el papel que debe ejercer la Unión Europea sea quedarse detrás de las Naciones Unidas o contentarse con una mención de lo que ha sido Pekín. 
La Unión Europea tiene que ser la avanzada del progreso. 
Es evidente que las mujeres deben estar en las decisiones políticas- también sobre la paz -, y le pido a la Presidencia portuguesa que haga alguna mención en este sentido. 
Señoría, agradezco la esperanza que expresa en relación con la acción de la Presidencia portuguesa, pero considero que tiene conciencia de los límites que dicha acción puede tener, en particular en un sector como aquél al que se ha referido. 
Me complace mucho decirlo, porque en nuestros propios servicios el 80% de los funcionarios son mujeres, incluso en cargos directivos. 
Y, por tanto, es evidente que debemos tener siempre ese elemento como referente último de la acción política y debemos considerar la cuestión de la equidad y la igualdad de representación de los sexos un elemento práctico, concreto, en la vida cotidiana y en nuestra acción. 
Creo, Señoría, con toda franqueza y a riesgo de ser considerado retrógrado que hay límites para la capacidad de voluntarismo político a ese respecto. 
Y, teniendo en cuenta dichos límites, creo que, cuando hagamos la evaluación de las nuevas estructuras de política exterior y seguridad común en materia de defensa, resultará un poco difícil decir al Comité Militar o al Estado Mayor Militar que deberían tener una proporción de 50% de militares femeninos. 
Creo que es un poco difícil, porque corresponde a los Estados miembros precisamente tener o no mujeres generales o brigadieres. 
Señoría, no puedo plantear una cuestión así sólo para parecer políticamente correcto en vez de objetivamente sincero. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0276/00): 
Asunto: Participación de socios de investigación procedentes de países en desarrollo en los programas de investigación medioambiental financiados por la UE La clave del progreso de los países en desarrollo es la posibilidad de que ellos mismos participen en los trabajos de desarrollo tanto para determinar el problema como para buscar soluciones. 
Hasta este momento, en el ámbito de la UE este enfoque se ha venido aplicando de manera deficiente en lo que respecta a los proyectos científicos y tecnológicos relativos a los países en desarrollo. 
Los programas marco de la UE no incluyen a los países en desarrollo, lo que supone que en los proyectos científicos y tecnológicos relativos al medio ambiente no puedan participar, por ejemplo, socios norteafricanos. 
Naturalmente, nada les impide investigar, pero no existen posibilidades de financiación, ya que los países en desarrollo no tienen acceso a los consorcios como solicitantes de fondos. 
¿Por qué es esto así, cuando, por ejemplo, sí se han ampliado las oportunidades de participación de Rusia? 
¿Se ha examinado el asunto, por ejemplo, pensando en cómo afectan a la UE, entre otros, los problemas de desertización del norte de África o los problemas del mar Mediterráneo? 
¿Está dispuesta el Consejo a ofrecer mayor responsabilidad, en forma de financiación, a los investigadores locales, de tal forma que la actividad continúe incluso cuando haya cesado la financiación, y a garantizar que no se lleven a cabo proyectos sin la contribución de investigadores locales? 
. 
(PT) El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en 1998 el V Programa-marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico para que estuviera en vigor de 1998 a 2002. 
Una de sus características consiste en que comprende un conjunto de programas temáticos que determinan sectores prioritarios de investigación y temas horizontales. 
Uno de esos temas se titula "Afirmar el papel internacional en la investigación comunitaria" y tiene por objeto promover la cooperación científica y tecnológica en el nivel internacional y contribuir a la ejecución de la política exterior comunitaria en esa esfera. 
También se afirman en el programa-marco los objetivos generales de la cooperación científica en el nivel internacional, incluido el apoyo al desarrollo de una cooperación euromediterránea y la contribución al desarrollo económico, social y científico en los países en vías de desarrollo. 
En diciembre de 1998, el Consejo aprobó también normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades, así como normas de difusión de resultados de la investigación para la ejecución del V Programa-marco. 
Por lo que se refiere a la participación de entidades jurídicas de terceros países y organizaciones internacionales, todas las actividades indirectas de investigación con arreglo a los programas temáticos están abiertas a entidades de investigación de países mediterráneos asociados y de los países en desarrollo, en principio sin financiación comunitaria: la única excepción se refiere a las situaciones en que se considera la financiación comunitaria absolutamente decisiva para los objetivos de esa actividad. 
Ahora bien, el artículo 6 autoriza la participación de entidades de terceros países en actividades concretas de investigación y desarrollo tecnológico en virtud de ese programa concreto sobre el papel internacional de la investigación comunitaria. 
En enero del año pasado, el Consejo aprobó los programas concretos del V Programa-marco que, como es sabido, especifica objetivos y actividades para las diversas categorías de terceros países. 
Respecto de terceros países mediterráneos, se atribuyó un importe indicativo de 55 millones de euros para actividades de investigación e innovación, tales como la gestión costera integrada en el Mediterráneo, incluidos aspectos medioambientales, gestión de aguas, gestión de recursos naturales, conservación y restauración del patrimonio cultural, modernización socioeconómica, etc. 
Por lo que se refiere a los países en desarrollo, tienen a su disposición una suma indicativa de 210 millones de euros para actividades concretas, tales como las relacionadas con la adopción de innovación, el fomento de una relación sostenible entre presión demográfica, seguridad alimentaria y utilización y gestión de ecosistemas, mejora de la productividad y prevención de la degradación de los recursos naturales. 
Además, se creó un sistema de becas con arreglo a un programa específico que permite a licenciados y doctorandos procedentes de países en vías de desarrollo y de terceros países mediterráneos trabajar en proyectos en el ámbito europeo. 
También se asignaron fondos para la coordinación con los programas de asistencia de la Comunidad, incluidos los programas MEDA y FED, así como para América Latina y Asia. 
La aplicación de las tres decisiones antes mencionadas compete, naturalmente, a la Comisión, apoyada en los comités de los programas pertinentes. 
Hasta ahora se ha lanzado una invitación a la presentación de propuestas concretas orientadas para los países en vías de desarrollo y países mediterráneos, que cuenta con un presupuesto total de 85,5 millones de euros. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por esta respuesta. 
Sin embargo, quisiera una respuesta un poco más clara y algo más precisa. 
¿Quiere esto decir que actualmente los países en desarrollo pueden solicitar ya financiación? 
Antes no era así en absoluto. 
¿Y en qué se diferencia la posición de estos países de la existente en el marco de los programas Intas e Interreg? 
Tratándose de cuestiones que corresponden al ámbito específico de acción de la Comisión, lo único que puedo prometer, en función de la pregunta complementaria formulada por su Señoría y en el marco de sus preocupaciones, es que procuraremos dar una respuesta más concisa, cosa que habremos de hacer probablemente por escrito. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 11 decae. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0277/00): 
Asunto: Inclusión de la defensa común en la Conferencia Intergubernamental La Conferencia Intergubernamental cuenta con un orden del día restringido, de acuerdo con el cual en la misma se abordarán básicamente sólo las denominadas cuestiones institucionales. 
Existe la idea extendida de que Portugal tiene previsto presentar una ampliación del orden del día en la reunión de junio. 
¿Es esto cierto y, en tal caso, va a incluir Portugal en el orden del día de la Conferencia también el asunto de la defensa común? 
Como es sabido, Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de Helsinki mandató a la Presidencia portuguesa para instituir en el marco de la Unión, a partir del 1 de marzo de este año, las estructuras interinas de defensa y seguridad. 
A partir del 1 de marzo se establecieron dichas estructuras y en este momento se están llevando a cabo todas las actividades encaminadas a materializarlas más concretamente y en particular formular el modelo definitivo que podría comenzar a funcionar- pensamos- el año próximo. 
Paralelamente a esos aspectos de carácter práctico, en este momento hay un debate en el ámbito de la Unión Europea con vistas a concretar los mecanismos de participación, ya sea de los países de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN o de los países de la OTAN que no son miembros de la Unión Europea, en el marco global de acción de las llamadas tareas de Petersberg, establecidas en el Tratado de Amsterdam. 
La cuestión que se plantea y que también figura en la pregunta de su Señoría- y que yo agradezco, entre otras cosas porque tengo el cometido de presidir el grupo preparatorio de la Conferencia Intergubernamental- es la de en qué medida se planteará o no esa cuestión en el ámbito de la Conferencia. 
Sólo se planteará en el ámbito de la Conferencia si- y cuando- se compruebe que es necesario hacer modificaciones en el Tratado de la Unión Europea para dar sentido práctico al funcionamiento de esas estructuras. 
En esta fase del debate que estamos celebrando en la Unión Europea, no está claro aún si es necesario o no hacer modificaciones en el Tratado. 
Cuando haya quedado claro, lo diremos. 
Durante la Presidencia portuguesa, vamos a presentar un informe al Consejo Europeo de Santa María da Feira, en junio, en el que haremos una evaluación del estado de los trabajos y emitiremos un dictamen sobre si deben o no formar parte de la Conferencia Intergubernamental esos asuntos. 
Si se llegara a hacer esa integración, correspondería al período de la Presidencia francesa. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en estos momentos se está llevando a cabo la elaboración de una defensa europea, en la cual participan países distintos entre sí. 
Hay países que pertenecen a la OTAN y hay países que no pertenecen a la OTAN. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿cree usted que es posible crear una dimensión en materia de defensa para la Unión Europea que sea independiente de la OTAN, o piensa usted que todos estos preparativos se armonizan con las estructuras básicas de la OTAN? 
Señoría, estoy seguro de que hay una clara confusión en su pregunta, a menos que haya habido un error de interpretación. 
No estamos hablando de política de defensa. 
Estamos hablando de gestión de crisis, de las competencias hoy incluidas en el ámbito de los Tratados y, por tanto, no estamos hablando de ninguna política europea de defensa ni de la creación de un ejército europeo. 
Estamos hablando de gestión de crisis, de acciones humanitarias, de lo que vulgarmente se llama en la jerga comunitaria "las tareas de Petersberg". 
Y en esas misiones todos los países de la Unión Europea, incluido aquel del que procede su Señoría, prestan una valiosa colaboración. 
Lo que pretendemos en este momento no es formular una política europea de defensa, sino procedimientos comunes en materia de seguridad que nos permitan trabajar en el nivel de la gestión de crisis. 
Y a ese respecto considero que no hay grandes dificultades. 
Esperamos poder compatibilizar todos los diferentes usos existentes dentro de la Unión. 
Quiero dar las gracias al Consejo. 
No obstante, la respuesta me deja algo sorprendido. 
Yo entendí que no se actuaría si es un sistema judicial nacional el que ha juzgado, ya que esto implicaría una intromisión en los asuntos nacionales. 
De este modo se suprime el artículo 6 del Tratado de Amsterdam, es decir, si se actúa desde sistemas judiciales nacionales. 
No es lógico que un Estado miembro pueda hacer lo que quiera a través de su sistema judicial. 
También quiero preguntar al Consejo si tiene la intención de estudiar de forma más detallada y concreta este caso. 
Las acciones humanitarias y de gestión de crisis previstas en las tareas de Petersberg a que se refiere el Consejo Europeo de Helsinki se pueden llevar a cabo en el ámbito de la Unión Europea, pero nuestra intención es garantizar que la compatibilidad de todas ellas con lo que hoy existe en el nivel de la relación entre algunos países de la Unión Europea y los países de la OTAN. 
Y eso, ¿por qué? 
Porque los mecanismos y los medios existentes para la gestión de dichas crisis no son inmensos: son precisamente, la mayoría de las veces, los medios de la OTAN. 
Los medios en materia de acción militar y seguridad que hoy existen en el ámbito de la Unión y de la OTAN son los que se movilizarán. 
Y es importante garantizar una colaboración efectiva con todos los países de la OTAN y, cuando hablamos de países de la OTAN, nos referimos a los países de fuera de la Unión Europea, en particular los países candidatos, como Turquía, Noruega e Islandia. 
Es evidente que, en un plano más amplio y teniendo en cuenta la dimensión de las operaciones, también hablamos de los Estados Unidos y del Canadá. 
Por tanto, se trata de una cooperación de carácter amplio que pretende garantizar una comunidad de cometidos entre todos aquellos que hoy tienen un objetivo y unos procedimientos de defensa y seguridad similares. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0283/00): 
Asunto: Vulneración del derecho a la libertad de expresión Recientemente, el Tribunal de Primera Instancia de Salónica prohibió la distribución del libro del escritor Mimi Androulaki, calificándolo de irreverente. 
Sobre la base del artículo 6 del Tratado de Amsterdam, según el cual la Unión Europea se asienta en los principios de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y dado que Grecia es una de las partes contratantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que asegura el derecho a la libertad de expresión y la tolerancia religiosa, y que el elemento básico de la Europa de los ciudadanos consiste en su dedicación fundamental a la libertad, la pluralidad y los derechos humanos, ¿cómo explica el Consejo la adopción de este tipo de medidas? ¿Se propone intervenir ante las autoridades griegas competentes para que pongan fin tanto a la persecución del escritor como a la prohibición de distribuir su libro? 
El Sr. Mihail Papayannakis pregunta al Consejo cómo interpreta éste la medida del Tribunal de Primera Instancia de Salónica que prohibió la circulación de un libro del escritor Androlakis, calificado de hereje, y si tiene el Consejo la intención de intervenir ante las autoridades griegas. 
Quisiera explicar que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Amsterdam, la Unión respeta un conjunto de principios básicos mediante una referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
Los principios subyacentes a ese artículo van destinados a establecer como un control político sobre las acciones de los Estados miembros y a velar por que se respeten los valores y principios democráticos. 
Ese artículo va destinado, de hecho, a garantizar una comunidad de valores. 
Pero no se puede invocar el artículo 6 para injerirse en modo alguno en la administración de los asuntos internos de los Estados miembros, en particular en el nivel de la justicia. 
La Unión no tiene competencias para intervenir en el ejercicio del poder judicial de los Estados miembros. 
Y, por eso, el Consejo no puede injerirse en la adopción de decisiones de las autoridades. 
La medida adoptada por el Tribunal de Primera Instancia de Salónica, que es una medida adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, relativo a un caso concreto, tiene todas las posibilidades, en el marco del sistema judicial griego, de ser objeto de recurso a instancias jurisdiccionales nacionales superiores. 
En el caso de que se agotaran los recursos a esas instancias griegas, siempre existiría la posibilidad de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos. 
Mi pregunta complementaria se refiere a la forma de interpretar la decisión adoptada en la Cumbre de Helsinki sobre operaciones militares para el mantenimiento y la implantación de la paz. 
En esa decisión se permite también a los países candidatos participar en las estructuras militares que se crearán en la UE. 
¿Rige esto también para Turquía, que ha solicitado la adhesión? 
¿Significa esto que se abre una puerta para la cooperación militar entre Turquía y las fuerzas de la Unión Europea, por ejemplo, en operaciones para la implantación de la paz? 
Señoría, los Estados se comprometen a actuar en el marco que les determina el Tratado. 
Por esa razón, subscribieron el Tratado. 
Si hubiera una violación grave y persistente de los derechos de los ciudadanos, conforme al lenguaje establecido en dichos artículos, es evidente que hay formas de intervenir ante los Estados. 
La propia Unión tiene formas de intervenir ante los Estados. 
Pero seamos concretos: un caso como éste, en un país democrático como Grecia, reúne todas las condiciones para ser juzgado y evolucionar en el sistema jurisdiccional griego hasta que se agoten sus posibilidades de recurso. 
De lo contrario, estaríamos trasponiendo manifiestamente a la dimensión comunitaria una cuestión para la que existe todo un conjunto de recursos en un país que respeta plenamente los derechos humanos y del ciudadano. 
Muchas gracias, señor Seixas da Costa. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 14 a 31 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00, se reanuda a las 21.00 horas) 
Antes de hacer uso de la palabra quiero decir a la Sra. diputada que mi concepción básica de la democracia parlamentaria consiste en escuchar con tranquilidad al otro aunque no se comparta su opinión. 
(Vivos aplausos) 
Señora Presidenta, Señorías, señoras y señores representantes del Consejo y de la Comisión, estimados visitantes, en primer lugar quiero expresarle a usted, señora Presidenta, así como a los miembros del Parlamento Europeo, mi agradecimiento por haberme concedido la oportunidad de hablar hoy aquí ante ustedes. 
He venido a Estrasburgo para subrayar la firme unión de Austria con la Unión Europea. 
Los sondeos de opinión más recientes han confirmado que las cuatro quintas partes de mis compatriotas apoyan y siguen apoyando la pertenencia de Austria a la Unión Europea. 
Esto es para mí una señal muy importante y positiva. 
He venido a Estrasburgo para- apoyado en esta opinión de mis compatriotas- expresar un claro reconocimiento de la Unión Europea como una comunidad de valores. 
Creo que desde su adhesión, Austria siempre ha demostrado su conciencia europea y su cooperación constructiva en la Unión. 
Hace pocos días se ha inaugurado en Viena la Agencia Europea para el Seguimiento del Racismo y la Xenofobia. 
He participado en la inauguración por invitación del Consejo de administración y en mi intervención he expresado mi plena comprensión por la preocupación de que el racismo, la intolerancia, la xenofobia y el antisemitismo puedan crecer de nuevo, no sólo en mi país sino también en otros países y regiones de Europa. 
He subrayado lo importante que es también defenderse hoy cuando se producen los primeros inicios allí donde la dignidad humana y los derechos humanos están en peligro. 
No debemos titubear en actuar contra cualquier forma de radicalización y polarización. 
Y tenemos que enfrentarnos decididamente a aquellos que intentan azuzar los miedos y preocupaciones de las personas mediante una política oportunista y populista para obtener de ello un capital político. 
(Aplausos) 
Precisamente es a la juventud a la que hay que advertir frente a una política de este tipo y los peligros que se derivan de ella para su propio futuro. 
La Austria actual que surgió de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial ha sido la obra de una generación que extrajo las consecuencias de las terribles experiencias de la primera mitad del siglo XX, del pesimismo y de la resignación, de la disposición a la violencia y de la propensión a aceptar ideas descabelladas. La Segunda República se ha caracterizado desde el principio por una fuerte identificación de los austríacos con su Estado y por su convencimiento de no dejarse seducir jamás de nuevo por el nacionalismo, el extremismo y la xenofobia. 
Hoy día viven unos 800.000 extranjeros en nuestro país- aproximadamente un diez por ciento de la población total. 
Austria ha acogido e integrado en los decenios pasados a un total de un millón de personas. 
En relación con el tamaño de nuestro país, hemos ofrecido cobijo a más refugiados que cualquier otro país miembro de la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Recuerdo las oleadas de refugiados en 1945 provenientes del Este, en 1956 de Hungría, en 1968 de Checoslovaquia así como en el decenio pasado de la antigua Yugoslavia. 
A ellos vinieron a sumarse muchas personas de otros países. 
Austria ha ayudado también a emigrantes judíos de la antigua Unión Soviética a ir a Israel y a otros países o a quedarse entre nosotros. 
Sin duda, en lo que se refiere a nuestro pasado también han existido muchos fallos de los que actualmente somos aún más conscientes. 
No quiero ocultar mi consternación por el hecho de que Austria no invitó a retornar- o lo hizo demasiado tarde- a sus conciudadanos judíos expulsados en 1938. 
Precisamente ellos, y lo constato siempre con una profunda emoción, han conservado un profundo amor por su antigua patria a pesar de su terrible destino. 
Aún queda mucho que hacer para analizar críticamente nuestro pasado. 
Sólo cuando se aclaren los hechos históricos, se indemnice a las víctimas y se reconozca plenamente la responsabilidad histórica, pisaremos de nuevo un suelo firme. 
Pero como Presidente Federal también estoy firmemente dispuesto a oponerme a las críticas injustificadas contra Austria y sus habitantes y a rechazarlas con decisión. 
En las semanas pasadas se han dicho y se han escrito muchas cosas que arrojan una imagen distorsionada de Austria y no la realidad, ya sea por falta de conocimiento o por superficialidad. 
Apelo por ello a los responsables políticos y también a los medios en la Unión Europea para que no pierdan de vista la obligación de objetividad y de equidad respetando precisamente el espíritu de los valores europeos que se consideran con razón el fundamento de la obra de unificación europea. 
Creo que radica en interés de todos los Estados miembros trabajar para que se obtenga una clara imagen de la situación real en Austria, se reduzcan las críticas, se busque lo que nos une y se contribuya mediante el diálogo a la pronta superación de esta situación tan difícil para todos. 
(Aplausos) 
También estoy convencido de que radica en interés del Parlamento Europeo lograr que el trabajo en las instituciones europeas transcurra justa y correctamente y garantizar de este modo también la plena e ilimitada participación de Austria... 
(Aplausos) 
... precisamente de cara a las grandes cuestiones aún por resolver, como la ampliación de la UE, la reforma de las instituciones y la política de seguridad europea. 
Señorías, Austria es una democracia estable y un Estado de derecho que funciona. 
La Constitución austríaca dice que el Gobierno federal precisa de la confianza del Presidente del Estado. 
Esto representa para mí una responsabilidad especial también en lo que se refiere a la política del Gobierno. 
Por ello, junto con los presidentes de los dos partidos del Gobierno he elaborado una declaración que obliga al Gobierno a respetar los valores fundamentales y los principios jurídicos europeos. 
Como Presidente federal es también mi tarea la de representar a la República en el exterior. En 1992 y 1998 ya expliqué ante este Pleno que Austria- en vista de su historia y de su situación en el centro de Europa- se siente llamada de modo especial a realizar una aportación muy intensa a la culminación de la obra de unificación y de paz europea. 
Queda fuera de toda duda que Austria tiene un especial interés en la ampliación de la Unión Europea. 
Debido a nuestra convivencia de siglos con los pueblos de la Europa central y del sudeste disponemos de experiencias que pueden ser de especial utilidad actualmente para la ampliación de la Unión Europea, en interés de toda Europa. 
No queremos seguir siendo a la larga un país periférico de la UE y vivir en una frontera del bienestar que cruce Europa. 
Sólo la ampliación nos ofrece la ocasión única de configurar en el centro de Europa un espacio de paz, estabilidad y prosperidad. 
En pocos días tendrá lugar en Hungría el encuentro anual de los Presidentes de la Europa central. 
La primera reunión de este tipo reunió en 1993 a cuatro Presidentes a los que invité a Salzburgo. 
Entretanto se ha convertido en un círculo de 12. 
Aquí también se tratará de la posición de los pequeños y medianos Estados en la Unión Europea. Es uno de los elementos centrales que ha caracterizado desde el principio a la integración europea. 
El tiempo en que la historia de Europa era determinada por el dominio de las grandes potencias ha quedado detrás de nosotros. 
Precisamente la Europa central tiene la excepcional oportunidad de convertirse en el núcleo de una nueva Europa más grande, una comunidad viva construida sobre una historia y experiencias comunes y que puede realizar una aportación especial a la culminación de Europa. 
Para que esta futura Europa mayor pueda ser viable tiene que ser plenamente consciente de sus bases espirituales y culturales comunes. 
Todos los pueblos de Europa tienen que realizar su aportación. 
Así, lo "austríaco" es también en nuestra propia cultura el resultado de una riqueza que hemos tomado de fuentes europeas, del conocimiento de la importancia del área de la Europa central, de los vínculos históricos y humanos con los pueblos de esta región, de la práctica viva del federalismo y de la subsidiariedad y del conocimiento de la historia en común y de que la supranacionalidad no tiene que significar en absoluto la pérdida de la propia identidad. 
Para que la ampliación tenga éxito, la Unión debe ser capaz de ampliarse. 
Con el inicio de la Conferencia Intergubernamental hace apenas dos meses, ha comenzado la segunda fase del proceso interno de reformas. 
Austria saluda expresamente la inclusión del Parlamento Europeo en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
En las reformas realizadas hasta ahora en la Unión Europea, con frecuencia ha sido el Parlamento quien ha realizado las propuestas más valientes y de mayor alcance subrayando de este modo creíblemente su reivindicación de ser el motor parlamentario de la integración europea. 
Entre los grandes desafíos que esperan a la Unión Europea, se incluye también el de la política de seguridad. 
Bajo la impresión de los terribles conflictos que han sacudido los últimos años sobre todo el sudeste de nuestro continente, Europa tiene que unirse también en el sector de la defensa común. 
Precisamente en la superación militar de las crisis, se exige de Europa de modo muy especial credibilidad, decisión y fuerza. 
Me alegra que el debate sobre este importante tema haya comenzado bajo la Presidencia austríaca de la UE. 
Las cumbres de la UE de Colonia y de Helsinki han marcado otros hitos. 
Hasta el Consejo Europeo de Niza hay que crear las condiciones para que la Unión pueda llevar también a la práctica su ambicioso objetivo en lo referente a la capacidad europea para resolver crisis. 
Austria está dispuesta a contribuir solidariamente para que la Unión Europea se convierta en una comunidad de seguridad y defensa. 
Sabemos que la seguridad de una Unión es indivisible y sabemos que el futuro radica también en la seguridad compartida y recíproca de nuestro propio país. 
Otro aspecto especial para mí es la elaboración de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se trata de cuestiones muy esenciales para la protección y fomento de los derechos fundamentales y humanos y de su mayor coherencia y efectividad. 
También aquí se revela que la actitud de Austria coincide en muchos aspectos con la del Parlamento Europeo. 
Así pues, hay que seguir profundizando la Unión Europea en campos importantes y ponernos a la altura de las exigencias del siglo XXI. 
Lo esencial es que se trata de la primera unificación pacífica y democrática de nuestro continente. 
Esto es lo que hace que este proceso sea tan singular y, al mismo tiempo, tan vulnerable. 
Tenemos que mostrar claramente a aquellos que consideran que Europa es ya algo evidente, que es de fundamental importancia para la paz y la estabilidad de toda Europa proseguir la integración europea. 
La democracia es siempre algo que requiere mucho esfuerzo. 
Especialmente en el gran marco de la unificación europea, es fundamental el compromiso activo de los europeos, a cuyo juicio debemos exponernos diariamente. 
Señora Presidenta, Señorías, señoras y señores, la situación en la que se encuentra actualmente Austria es desagradable y de graves consecuencias para mi país y sobre todo para sus habitantes. 
Pero también es desagradable y de graves consecuencias para los otros 14 Estados miembros de la Unión Europea. 
No hay ninguna señal de que en el camino andado hasta ahora Austria se aparte del camino de democracia parlamentaria y de los valores europeos. 
Por ello, les ruego que busquemos y encontremos todos juntos una salida a esta situación en beneficio de la población de mi país y también de la Unión Europea. 
Para finalizar, permítanme que exprese de nuevo mi agradecimiento por la invitación para poder hablar aquí en el Parlamento Europeo. 
Les garantizo que Austria va a seguir trabajando con toda energía y convencimiento a favor de la culminación de la obra de paz y unificación europea. 
Los austríacos son europeos entusiastas y vamos a seguir siéndolo. 
(Vivos y largos aplausos) 
Servicios financieros/Pensiones complementarias 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0059/2000 del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del marco para los mercados financieros: plan de acción (COM (1999) 232- C5-0114/1999- 1999/2117 (COS) ); 
A5-0053/2000 del Sr. Kuckelkorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión "Hacia un mercado único de sistemas complementarios de pensiones- Resultados de la consulta en torno al Libro Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único" (COM (1999) 134- C5-0135/1999- 1999/2131 (COS) ). 
Antes de empezar quiero advertir a sus Señorías que, como ésta es una sesión nocturna y tenemos mucho trabajo por delante, voy a ser estricto en la aplicación de los tiempos. 
Por lo cual, ruego también a los señores y señoras diputados que se impongan la correspondiente autodisciplina para que podamos acabar a una hora decente. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario. Si yo tuviera que señalar hoy, aquí, ahora, dos temas complejos en el área económica no dudaría en señalar los siguientes: la consolidación de los mercados financieros y la aproximación de las normas de fiscalidad directa- y, en concreto, de fiscalidad sobre el ahorro- que está en curso de discusión. 
El debate que celebramos recientemente sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y las reacciones que ha provocado el informe sobre fondos de pensiones que veremos a continuación demuestran la complejidad e importancia de estos temas. 
Los dos temas, liberalización del mercado de servicios financieros y fiscalidad, son abordados en el plan de acción que constituye el objeto de mi informe. 
Es por tanto de justicia agradecer a todos los grupos su colaboración y reafirmar una vez más a la Comisión que contará con la colaboración activa del Parlamento Europeo en el desarrollo de este plan, sin hacer dejación de nuestras competencias sino ejerciéndolas responsablemente. 
La complejidad del plan de acción responde también a la ambición del informe presentado por la Comisión, que incluye 43 medidas, que afecta a todos los sectores del ámbito (bolsas, bancos, fondos de inversión, seguros, etc.) y que se inserta en lo que se ha dado en llamar la nueva economía, que constituye- según la Cumbre de Lisboa- uno de los remedios para acabar con el desempleo en Europa. 
¿Qué incluyen esas medidas? 
¿Qué pretenden esas medidas? 
A mi juicio, en síntesis, lo siguiente: la liberalización de los sectores financieros y la actualización de las normas de supervisión y control para lograr que el mercado financiero europeo sea, al menos, tan competitivo como el del los Estados Unidos. 
En la exposición de motivos dedico un amplio comentario a la comparación entre los dos tipos de mercado. 
Para conseguir estos dos objetivos la Comisión propone una fórmula ciertamente discutible y arriesgada: la agilización del proceso legislativo, que se concretaría, a su vez, en tres acciones. 
En primer lugar, la reducción de las normas que es necesario incluir en un reglamento o en una directiva, es decir, que requieran la participación de este Parlamento. 
En segundo lugar, la limitación de esas normas a la definición de los criterios generales y de los principios básicos que deben establecerse en la materia, dejando a la Comisión la posibilidad de desarrollarlas. 
Y en tercer lugar, la atribución de facultades interpretativas amplias a la Comisión. 
No dudo de que hay que agilizar el proceso, señor Comisario, pero este Parlamento no está dispuesto a renunciar a facultades que tanto tiempo le ha conseguido arrancar. 
Por eso, una de las primeras tareas que en común tendremos que hacer es encontrar un modelo que permita satisfacer ambos objetivos. 
En cuanto a la liberalización, primera de las tareas que la Comisión se propone, la Comisión parte de una premisa: la consolidación del mercado único de servicios financieros exige la supresión de las barreras que dificultan su funcionamiento. 
No podemos estar más de acuerdo. 
El corolario es que para que el mercado funcione es necesario suprimir estas barreras. 
También estamos de acuerdo, pero sabemos que existen dificultades en este camino derivadas de la necesidad de conciliar el objetivo de la liberalización con el objetivo de la protección de los inversores. 
En primer lugar, no se identifican las barreras. 
Señor Comisario, no basta con poder deducirlas de la lectura de las medidas propuestas por la Comisión. 
A mí personalmente me hubiese gustado un listado de aquellas medidas nacionales que, de acuerdo con la Directiva relativa a los servicios financieros, están dificultado en cada país el funcionamiento del mercado. 
En segundo lugar, la solución propuesta por la Comisión no deja de plantear dificultades. 
Es aberrante que una empresa financiera tenga que actuar sometiéndose y conociendo quince ordenamientos jurídicos, pero es tan aberrante o más que un inversor- al menos un inversor no profesional- se vea abocado a contratar servicios, cuya regulación jurídica desconoce, a empresas, cuya solvencia ignora, y, en caso de litigio, a litigar en un país, una jurisdicción y un procedimiento extranjeros. 
La liberalización debe, en consecuencia, desarrollarse de forma paralela al aumento de las medidas de control y de la fiscalía. 
En cuanto a las medidas de control, nos encontramos con un problema nuevo: la necesidad de adaptar a un mundo distinto- marcado por la globalización, la competencia internacional y la libre movilidad de capitales- la competencia y las jurisdicciones de autoridades que siguen siendo nacionales y que, en su mayor parte, aplican modelos diferentes. 
Y finalmente, señor Presidente, es mi convicción personal que, si no queremos que la liberalización dé lugar a distorsiones de la competencia y huidas a climas más benignos dentro o fuera de la Unión, el correcto funcionamiento del mercado de servicios financieros no será posible sin una cierta aproximación de las normas que regulan el ahorro. 
Estas son las preocupaciones que plantea mi informe; preocupaciones que responden a un interés constructivo por colaborar con la Comisión, a la que siempre he considerado leal aliada de este Parlamento, en el desarrollo de un tema tan sumamente complejo. 
. (DE) Señor Presidente, estimados colegas, el sistema complementario de pensiones en el mercado interior es un tema que ocupa de forma creciente a los círculos políticos, tanto nacionales como europeos. 
La larga preparación de este debate sobre una comunicación de la Comisión pone de manifiesto la actualidad del asunto. 
El tema "sistemas complementarios de pensiones" es complejo, con implicaciones en la política social, en la política empresarial, en la política fiscal y en los mercados de capitales. 
Desde la publicación del Libro Verde, la Comisión concentra sus esfuerzos en el ámbito del sector del mercado de capitales, busca el objetivo a corto plazo de armonizar la regulación cautelar de los fondos de pensiones bajo la rúbrica "sistemas complementarios de pensiones en el mercado único". 
Define de forma superficial lo que es el sistema de pensiones, y crea así una definición que sirve de orientación a nuevas iniciativas legislativas en el ámbito fiscal o social, dando lugar así a una normativa europea que influye en la jurisprudencia nacional. 
Es esta cortedad de miras, esta búsqueda de un éxito rápido sin fijación de objetivos a largo plazo, lo que reprocho a la Comisión, porque el objetivo y el valor añadido europeo para el ciudadano europeo, para las empresas, trabajadores, pensionistas y fondos de pensiones es la afiliación transfronteriza a un fondo de pensiones que garantice un sistema de pensiones eficaz en el mercado único. 
Es este valor añadido europeo el que tenemos presente cuando exigimos a la Comisión que en las futuras propuestas legislativas diferencie entre la pura capitalización y las pensiones, es decir, que establezca diferencias entre los proveedores que cubren riegos biométricos y los que sólo acumulan capital. 
Compartimos con los legisladores de muchos Estados miembros la opinión de que sólo puede hablarse de un sistema de pensiones cuando se aseguran riesgos para la vida como la invalidez, la longevidad y la supervivencia dependiente. 
¿Cuál es su significado concreto? 
El aseguramiento de la longevidad significa que el fondo de pensiones está obligado a pagarme una renta fija hasta el final de mi vida. 
No puede contentar al beneficiario de la pensión con una cantidad fija ni puede recortar su pensión porque sea demasiado mayor para su contabilización a efectos de pensión. 
La pensión de los supervivientes cubre la parte de los supervivientes- es decir, miembros de la familia- que tienen derecho a la percepción de los ingresos de jubilación del fallecido y que depende de los mismos. 
La invalidez, a su vez, asegura la prestación de pensiones en caso de incapacidad laboral parcial o total. 
Si nuestro objetivo es, efectivamente, reforzar en el mercado único los sistemas obligatorios de pensiones con fondos de pensiones complementarios, los fondos de pensiones deben asegurar estos riesgos. 
Si no se tienen en cuenta los riesgos biométricos, podremos decir que hay un sistema de previsión de jubilación, pero no un sistema de pensiones. 
No sólo se trata de la calidad del sistema de pensiones en Europa. 
En el caso de la exigencia de que se coloquen los productos y proveedores diversamente definidos sobre la base de fundamentos legales diversos, se trata de garantizar, sobre todo, la seguridad jurídica en Europa y en los Estados miembros y de ofrecer mejores oportunidades en la futura integración del mercado único. 
La igualdad de trato de los productos de los sistemas de pensiones y de los organismos de previsión para la jubilación es contraria al objetivo de introducir un sistema complementario de pensiones en el mercado único. 
Aquí se pone de manifiesto que el objetivo prioritario de la Comisión es el establecimiento del mercado europeo de capitales. 
Algunos argumentos: establecer la imposición diferida en todos los Estados miembro no sólo hace más activo al sistema complementario de pensiones, es el requisito fundamental para la afiliación transnacional que permite ahorrar recursos. 
Es decir, las empresas- grandes o pequeñas- no tienen que poner ya 15 sistemas diversos a disposición de sus trabajadores, basta con un fondo de pensiones. 
Sin embargo, la imposición diferida entraña una disminución de los ingresos tributarios de los Estados miembros. 
Sólo será posible el consenso en política fiscal entre los Estados miembros si la UE define con claridad el marco jurídico- con la directiva que sea sobre este tema- y si la disminución de ingresos de los Estados miembros se mantiene en unos límites razonables. 
Por tanto, exigimos que se preparen dos paquetes de directivas: uno para el sistema de pensiones con cobertura obligatoria de los riesgos biométricos y otro para la previsión para la jubilación. 
Con ambos puede intentarse alcanzar la plena integración europea. 
Tenemos buenas posibilidades de alcanzar pronto el objetivo redentor en el caso de los sistemas de pensiones. 
Por ello no debemos dejarnos convencer por los bancos y entidades de inversión para que adoptemos decisiones a demasiado corto plazo o que adolezcan de cortedad de miras. 
Por ello, pido a mis colegas lo siguiente: en nuestra calidad de codecisores en la adopción de futuras directivas, ¡demos con nuestro voto la señal correcta para que en Europa se vele por la estabilidad de las pensiones de jubilación, por un futuro sistema complementario de pensiones en el mercado interior que sea merecedor de su nombre! 
. Señor Presidente, me refiero- como ha dicho usted, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior, a la comunicación de la Comisión sobre el plan de acción para la aplicación del marco para los mercados financieros. 
Como ha señalado el ponente principal, el Sr. García-Margallo, en este aspecto hay dos cuestiones que son, en primer lugar, la fiscalidad- sin armonización fiscal sería muy difícil que hubiera unos mercados financieros comunitarios- y, en segundo lugar, el marco jurídico. 
Con respecto al marco jurídico, creo que se da una paradoja en este sector. 
Cuanto más liberalizada está una economía, más necesario es regular rígidamente los mercados financieros. 
La economía norteamericana, que es probablemente una de las economías más liberalizadas existentes, es la que establece regulaciones más detalladas de los mercados financieros. 
La Comisión, en su propuesta, en la página 18 del texto español, después de reconocer la competencia del Parlamento a través de la codecisión, de conformidad con el artículo 251 del Tratado, nos dice que habría que ir a procedimientos muy flexibles a través de la comitología. 
La comitología en estos casos suele consistir en quitar con una mano lo que se da con la otra. 
En este aspecto, estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones del ponente. 
Creo que es necesario un desarrollo legislativo muy preciso y estoy seguro de que la Comisión puede contar con el apoyo del Parlamento para ese desarrollo legislativo. 
Como decía el ponente hace un momento, no se puede esperar confianza de los inversores, confianza de los consumidores y, en definitiva, del mercado financiero, si éstos no tienen un marco jurídico preciso. 
La única forma de hacerlo es sustituyendo las rígidas reglamentaciones actualmente existentes por una reglamentación comunitaria precisa que permita dar seguridad en este sector tan delicado de la economía. 
Señor Presidente, Señorías, Comisario, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía lamenta que el plan de acción para los mercados financieros no preste atención a los problemas que las empresas y, especialmente, la pequeña y mediana empresa, encuentran en la financiación de sus actividades transfronterizas. 
Muchas empresas, desde las pequeñas empresas situadas en las regiones fronterizas hasta las grandes multinacionales, desearían concebir sus diferentes cuentas como una cuenta nacional. 
Quieren, por ejemplo, poder compensar un saldo negativo en su cuenta en euros en el país A con un saldo positivo en el país B. Así, pagarían menos intereses. 
La legislación actual prohibe o dificulta este tipo de técnicas de gestión de tesorería. 
La banca ya le ha detallado ampliamente este problema. 
Quisiera preguntar ahora, en nombre de la Comisión de Industria, si es posible crear un foro de diálogo que elabore un estudio de mercado sobre los obstáculos legales y fiscales con que se enfrentan las empresas, especialmente, las PYMES, en la financiación de sus actividades transfronterizas en la zona euro y solucionar, así, este problema. 
Desearía una respuesta. 
Señor Presidente, después de la resolución de 3 de diciembre de 1998 que no me parece que se ha mencionado en el informe Kuckelkorn, como Parlamento, tenemos otra vez el deber de pedir a la Comisión que presente cuanto antes una propuesta de directiva, o sea, como recalcaba el Sr. Medina Ortega, una normativa comunitaria que aproxime las distintas legislaciones nacionales. 
La Comisión parece algo tibia y más atenta a una directiva relativa a la regulación cautelar de los fondos de pensiones, y más posibilista que decisionista en este sentido, en lo que respecta a la eliminación de los obstáculos a la movilidad profesional y a la coordinación de los regímenes fiscales. 
Los fundamentos jurídicos son muy importantes y, obviamente, distintos: para los fondos de pensiones, si se consideran las diversas sentencias pronunciadas por el Tribunal de Justicia, podrían servir los artículos 47 y 55; para la eliminación de los obstáculos a la movilidad profesional, el artículo 42, y para la coordinación de los regímenes fiscales, el artículo 94. 
Sin embargo, querría insistir en la necesidad y la conveniencia de llegar a un paquete único, porque sólo así se podrá lograr realmente un marco de conjunto que lime algunas aristas que se encuentran en algunas propuestas de enmienda. 
Me refiero en particular a los riesgos biométricos que son un aspecto muy importante, pero que deberían ser tratados sobre la base de los apartados 7 y 8 de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. En efecto, al vincular obligatoriamente los fondos sólo a los que incluyen los riesgos biométricos, se corre el riesgo de endurecer demasiado el sistema. 
Por lo tanto, creo que lo más correcto sería reservar un tratamiento preferente a los fondos que comprenden también los riesgos biométricos, mientras que cualquier endurecimiento del sistema podría llevar, de hecho, a desequilibrios negativos para los beneficiarios. 
. 
(FR) Señor Presidente, la realidad es tal cual es. 
Si hoy el 23% de la población europea tiene más de 65 años, esta cifra alcanzará al 40% en 2025, y la proporción de cuatro trabajadores por cada jubilado, en 2020 pasará a dos trabajadores por cada jubilado. 
Esto demuestra la imperiosa necesidad de permitir en la Unión Europea el desarrollo de sistemas complementarios eficaces de jubilaciones basados en la capitalización, para completar los sistemas contributivos públicos de jubilación. 
Sabemos que todos nuestros Estados miembros acometen reformas estructurales valientes, pero también compete a la Unión Europea intervenir en materia de jubilaciones, y en especial de jubilaciones complementarias, para facilitar, en el marco del mercado único, la libertad de circulación de los trabajadores, realizar un verdadero mercado único de capitales y velar, también, por el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Desde este punto de vista, el interés de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha sido conciliar, para los futuros jubilados, seguridad y eficacia de las jubilaciones complementarias, ya que la garantía de un nivel de seguridad elevado para los beneficiarios fomenta una competencia sana y deseable de los fondos de pensión europeos. 
Por esta razón, nuestra comisión considera que la propuesta relativa a las normas cautelares comunitarias aplicables a los fondos de pensión debe presentarse y aprobarse lo antes posible, teniendo en cuenta nuestra discusión de hoy, con garantías serias en cuanto a los controles externos e internos de los fondos de que se trata y al cálculo de su compromiso cautelar. 
Por otro lado, con el fin de fomentar la libertad de circulación de los trabajadores, nos ha parecido indispensable mejorar rápidamente la transferencia y la adquisición de los derechos a pensión procedentes de sistemas complementarios de diferentes países europeos. 
Esta es la opinión que ha emitido la Comisión de Asuntos Sociales. 
. 
(FR) Señor Presidente, deseo expresar ante todo, en este debate, que esperamos rápidamente una propuesta de directiva-marco para desarrollar un verdadero mercado único de fondos complementarios de pensión correspondientes al segundo y tercer pilares, quedando claro que el primer pilar, que cubre todos los riesgos biométricos, debe seguir siendo la piedra angular del sistema de protección social de la Unión Europea. 
Esta directiva debe definir, concretamente, el marco para la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre elección de un fondo de pensiónes, a la libertad de circulación de las personas, a la libre prestación de servicios y a la doble imposición en materia de fiscalidad. 
Nosotros preconizamos una solución basada en el principio de que las cotizaciones sean deducibles, y que las rentas complementarias se sometan a impuesto conforme a la legislación sobre el impuesto sobre la renta en vigor en los países de residencia. 
Con respecto a la controvertida cuestión de saber si los sistemas complementarios de pensiónes deben cubrir los riesgos biométricos, deseo precisar que, desde el punto de vista fiscal, los fondos de pensiónes que no cubren estos riesgos no pueden ser discriminados en relación con aquellos que los cubren. 
En cuanto a la regulación cautelar para garantizar la seguridad de los fondos, ésta no debe ser desproporcionada. 
Esto con respecto al marco general. 
Agradezco a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por haber incluido todas las conclusiones pertinentes de la Comisión de Derechos de la Mujer en la propuesta de resolución. 
Paso a referirme al informe del Sr. García-Margallo y Marfil. 
En relación con el plan de acción tendente a profundizar el mercado interior de servicios financieros, desearía advertir respecto a algunos políticos hábiles que pretenden ejercer presiones sobre la liberalización del sector de los mercados financieros, porque para ellos los esfuerzos realizados en la fiscalidad del ahorro no han progresado lo suficiente. 
Tal como están las cosas, hay que recordar que un mercado único de capitales y de servicios financieros puede funcionar muy bien en ausencia de una armonización fiscal. 
Frente a algunas propuestas que confunden ambición con realidad, deseo subrayar que la creación de un Comité de Valores Mobiliarios europeo no es, ciertamente, la prioridad más importante, y como se ha agotado mi tiempo de uso de la palabra, señor Presidente, mañana realizaré una explicación de voto para decir lo que aún tenía por decir, porque, como ponente para opinión y como orador sobre un segundo informe, es realmente imposible hacerlo en diez minutos. 
Señor Presidente, estimados representantes de la Comisión y del Consejo, estimado señor Kuckelkorn, estimados colegas, en primer lugar quiero agradecer a la Comisión el buen trabajo realizado. 
La comunicación de la Comisión es liberal y mira hacia el futuro. 
¿Por qué el Parlamento tiene que adoptar ahora una actitud menos liberal y fomentar estructuras anquilosadas? 
No debemos definir muy estrechamente la forma y el ámbito de aplicación de la directiva. En vez de eso, debemos considerar el tema de forma abierta y desde una perspectiva más amplia. 
Es esencial que no definamos la naturaleza y el alcance de la cobertura de riesgos de forma restrictiva. 
Al contrario, debemos tener amplitud de miras y examinar esa cuestión desde una perspectiva más amplia y fomentar un marco basado en mercados liberales y en la competencia vigorosa entre diferentes tipos de planes de pensiones. 
Lo que debemos fomentar es la libertad de elección de empleados y empleadores para elegir el tipo de plan que mejor sirva a sus intereses. 
La de los riesgos biométricos ha demostrado ser una cuestión polémica. 
Estoy firmemente convencida de que todos los planes de pensiones deben quedar comprendidos en la misma directiva para no preservar ciertos tipos de planes contra la competencia. 
Los consumidores y los empleadores deben tener derecho a elegir la forma más idónea de plan de pensión y, por tanto, los planes que cubran los riesgos biométricos deben recibir el mismo trato, conforme a la misma directiva, que los que no los cubran. 
Todos ellos son planes de pensiones, pero se centran en beneficios competitivos diferentes. 
Señor Kuckelkorn, nadie en este Parlamento opina que los planes complementarios no deban cubrir el riesgo de la longevidad mediante la adquisición de una renta vitalicia o algún otro instrumento. 
La tarea de definir la naturaleza y el alcance de la cobertura de riesgos relativa a otros riesgos biométricos no corresponde a la Unión Europea. 
Pero cada empleado debería determinarlos por separado, como propone la Comisión. 
Dejar ese tipo de decisión al arbitrio del individuo es coherente con el principio de subsidiariedad. 
Permitir a los gestores de planes de pensiones complementarios la libertad para invertir en una diversidad de instrumentos aumenta la seguridad de la cartera global de inversiones. 
Una mayor libertad promueve el funcionamiento del mercado de capitales y tiene repercusiones importantes en el crecimiento del capital de riesgo en Europa. 
Estoy comprometido con la idea de que nosotros, en el Parlamento Europeo, debemos fomentar la competencia sana y la libertad de elección del individuo. 
Eso no debe significar sólo un mercado único de las pensiones complementarias, sino también todo el conjunto de disposiciones legislativas relativas a los servicios financieros. 
Señor Presidente, los socialistas apoyan los esfuerzos de la Comisión para establecer un mercado interior de servicios financieros transparente y solvente. 
Es importante para los actores económicos y para todos los intermediarios que el coste de los capitales y de la intermediación financiera se mantenga a un nivel mínimo. 
Los mercados financieros europeos se hallan actualmente compartimentados en el plano nacional, aun cuando, tras la globalización del sistema financiero internacional, asistimos a un fenómeno generalizado de concentración y de internacionalización. 
El plan de acción pretende igualar el mercado europeo con el mercado norteamericano. 
El éxito del mercado norteamericano se debe esencialmente al "rey dólar". 
En este contexto, resulta paradójico constatar que algunos de los más ardientes partidarios de la liberalización financiera se oponen, al mismo tiempo, al euro. 
Pero la introducción efectiva del euro en 2002 se traducirá por una transparencia y una competencia tales que los mercados nacionales deberán adaptarse con mayor rapidez que la prevista. 
El problema consiste en que el legislador, tanto nacional como europeo, tarde en adaptar la legislación del país a la realidad. 
Personalmente, no me opondría a un procedimiento legislativo acelerado, con la condición de que ello no desemboque en un ejercicio para tecnócratas incontrolados. 
La Comisión podría elaborar propuestas para simplificar y codificar las aproximadamente 11 directivas que rigen el sector bancario, las 8 directivas sobre fondos de inversiones y las 21 directivas relativas al sector de los seguros. 
En este contexto se plantea no sólo un problema de coherencia de las legislaciones referentes a los diferentes sectores del mundo financiero, sino sobre todo un problema de control y de protección del interés general. 
John Kenneth Galbraith ha señalado el error de creer que dinero e inteligencia serían factores que estarían vinculados entre sí. 
El afán de lucro es tan grande que el mundo financiero tiene tendencia a generar una euforia colectiva que a menudo desemboca en la crisis financiera. 
La libre circulación de capitales debe estar acompañada de un marco regulador y cautelar eficaz. 
Ahora bien, la supervisión de los diferentes mercados está segmentada por país y por sector. 
Al mismo tiempo, las fronteras entre bancos seguros, fondos de inversión y fondos de pensión desaparecen tras las fusiones, las adquisiciones y las concentraciones. 
Finlandia y el Reino Unido han sacado las consecuencias de ello, y han creado una autoridad cautelar única para todo el sector. 
El apartado 6 del artículo 105 del Tratado establece que el Consejo puede confiar al BCE misiones específicas que guarden relación con las políticas en materia de control cautelar de las entidades de crédito y de otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros. 
¿No debería aprovecharse la Conferencia Gubernamental para crear el fundamento jurídico necesario para que el Consejo pueda confiar al BCE algunas misiones específicas, igualmente en materia de control cautelar de los seguros? 
En cuanto al informe Kuckelkorn, debo felicitar a su autor por la tenacidad con la cual defiende las jubilaciones complementarias para que éstas sean efectivamente un segundo pilar de las pensiones complementarias. 
Concluyo, señor Presidente, diciendo que eso significa que, sin dejar de lado los productos de seguros, debemos favorecer los productos que cubran los riesgos biométricos. 
Señor Presidente, señor Comisario, para que Europa crezca, atraiga capital y cree empleo, se tienen que materializar los servicios financieros del mercado interior. 
Hasta ahora ha habido muchas palabras pero muy pocas medidas concretas. 
Actualmente, un gran número de normas nacionales y dificultades administrativas traban el mercado financiero y, consecuentemente, el crecimiento en Europa. 
Esto no sólo lesiona a las empresas sino también, obviamente, a los ciudadanos europeos. 
El desarrollo de Internet significa y va a significar mucho para la oferta de servicios financieros internacionales. 
Son los consumidores quienes se beneficiarán particularmente de este desarrollo ya que tendrán acceso a más opciones de elección y a precios más bajos. 
Los liberales no entendemos la armonización fiscal como una condición para la completa realización de un mercado interior de servicios financieros, aunque una cierta armonización puede ser necesaria a fin de impedir una competencia perjudicial en materia fiscal. 
El euro ha estabilizado el desarrollo económico y ha dado mejores posibilidades para rebajar los costes de adquisición de capital, circunstancia provechosa para las empresas y los particulares. 
Estoy plenamente convencido de que si la UE fuese capaz de dar crecimiento y fuerza a los ciudadanos de Europa, todos los países miembros tendrían que participar decididamente en el proyecto de la UE, es decir, ser miembros de la UEM. 
Por eso, las declaraciones de Romano Prodi en la prensa sueca de hoy en las que sostiene que Suecia podría mantenerse al margen de la UEM, resultan sorprendentes desde el punto de vista económico y dudosas desde el punto de vista del Tratado. 
Damos la bienvenida al Libro Verde de la Comisión sobre liberalización de la protección complementaria de las pensiones. 
Sin embargo, es importante hacer hincapié en que la protección de las pensiones en Europa se caracteriza por la diversidad nacional y porque no es necesario armonizar los diferentes sistemas para crear un mercado interior. 
Es importante la existencia paralela de muchos sistemas diferentes. 
Esto aumenta la libertad de elección y la diversidad. 
Por el contrario, para evitar la doble fiscalidad, es necesaria una armonización mínima del tratamiento fiscal de las pensiones complementarias en los países miembros. 
También creo que los propios países miembros pueden decidir el contenido de sus sistemas como, por ejemplo, si la asistencia prestada a parientes da derecho a pensión. 
La mejor manera de resolver este asunto es en el plano nacional. 
Se ha discutido mucho el asunto de los riesgos biométricos. 
Se ha dicho que la directiva sólo comprenderá los sistemas que contemplen esos riesgos. 
Opinamos que esto no debe ser así, especialmente en razón de las posibilidades de funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. 
La libertad de elección es provechosa. 
Finalmente, quiero dar las gracias a los señores García-Margallo y Marfil y Kuckelkorn por sus dos importantes informes para la creación de una Europa competitiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde la modificación del Acta Única, y a pesar de las advertencias de los Verts, el mercado de productos financieros se construye al margen de una armonización mínima del régimen fiscal sobre las rentas del ahorro. 
Ha ocurrido lo que debía ocurrir, ha habido dumping fiscal respecto a los factores más móviles y transferencia de la carga del impuesto sobre el factor menos móvil, el trabajo. 
La responsabilidad del bloqueo de la armonización fiscal establecido en el paquete Monti incumbe totalmente a un país, el Reino Unido, que trata de achacar el error a Luxemburgo, que, sin embargo, está dispuesto a llegar a un compromiso. 
Digo públicamente a nuestros colegas británicos: esta actitud exaspera al resto de Europa. 
El Reino Unido es la madre de la democracia y del capitalismo moderno. 
Su actitud de incitación al fraude fiscal ejerce un efecto corruptor no sólo económico y social, sino también moral, poniendo en tela de juicio los fundamentos cívicos de la construcción europea. 
Por eso el Grupo Verts/ALE ha decidido decir "no" a todas las nuevas propuestas de liberalización del mercado de capitales si antes no se aprueba el paquete Monti. 
Esta es, por otro lado, la sugerencia de la propia Comisión del Sr. Prodi, este era el punto clave del informe de García-Margallo y Marfil sobre el plan de acción para la unificación del mercado de servicios financieros. 
Desgraciadamente, este punto ha sido desvirtuado por las enmiendas de la derecha en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Señor Presidente, en materia de pensiones complementarias, es básico saber si se quiere hacer asegurar la vejez de los pensionistas o si se quiere fortalecer el mercado de capitales en Europa. 
No sólo son dos objetivos diferentes sino que, además, resulta muy difícil combinarlos en un mismo sistema. 
La propuesta de la Comisión y los dos informes que debatimos hoy dan primacía a las necesidades del mercado de capitales. 
Se confía en que después, dentro de treinta o cuarenta años, las pensiones basadas en el mercado podrán llegar a ser beneficiosas para los pensionistas. 
Sin embargo, no sabemos cómo. 
Si pensamos en las transformaciones ocurridas en Europa en los últimos treinta o cuarenta años y suponemos que en el futuro las circunstancias cambiarán de la misma manera, podremos percibir entonces el grado de inseguridad de las predicciones. 
Existe gran falta de seguridad y solidaridad en el campo de las pensiones, ya que hay grandes riesgos y la necesidad de seguridad y solidaridad es ilimitada. 
Por estos motivos, las pensiones complementarias son un problema. 
Ellas son mucho menos seguras que los sistemas de pensiones que se financian solidariamente. 
Creo que los sistemas complementarios, tanto de seguros como de pensiones, son necesarios, pero éstos deberían estar obligados a invertir en aquello que fortalezca la economía a largo plazo en lugar de las inversiones de corto plazo en la Bolsa o que el capitalismo financiero global decida el futuro de las pensiones. 
Opino que habría sido conveniente que esos sistemas de pensiones complementarias fuesen administrados como cajas solidarias de pensiones por los sindicatos, como ocurre en ciertos países miembros. 
Aunque esas cajas también están basadas en el mercado, ofrecen mayor estabilidad y seguridad que los planes privados de pensión. 
Parece que ahora en Europa soplan vientos liberales en materia de pensiones y aconsejaré a mis electores que inviertan sus ahorros en objetos más seguros que los planes privados de jubilación. 
A los jóvenes les diré: ¡Apuesten por los estudios y por el desarrollo de sus aptitudes!. 
A los mayores les diré: ¡Intenten tener una vivienda buena y barata para la vejez! 
Los políticos debemos trabajar por un sistema de pensiones básicas bueno y fuerte. 
Señor Presidente, el Libro Verde de la Comisión Europea ha hecho correr ríos de tinta. Tantos, que el objetivo del Libro Verde casi pasa desapercibido en el proyecto de resolución. 
Así mismo, el objetivo del ponente, el Sr. Kuckelkorn, quien ha trabajado considerablemente, hecho que le agradezco, al final también queda deslucido en el proyecto de resolución. 
Debemos ocuparnos, por tanto, de que mañana se logre un conjunto aceptable con la votación. 
El primer objetivo es que los trabajadores puedan transferir sus pensiones complementarias y adquirir más derechos cuando emigran a otro Estado miembro, sin que se produzca una ruptura y con una garantía del valor de los derechos adquiridos. 
Desgraciadamente, la Comisión no logra, por el momento, la materialización de ese deseo. 
Queda todavía un largo camino por recorrer antes de que exista una transferencia obligatoria entre los Estados miembros. 
El primer paso es el reconocimiento mutuo de las normas de supervisión. 
Es importante, por tanto, que se haga la separación oportuna entre los fondos de pensiones y las compañías comerciales de seguros. 
Un fondo de pensiones tiene un deber de aceptación completo. 
Una pensión completa cubre los riesgos biométricos. 
Las compañías de seguros sí tienen una posibilidad de selección respecto de los tomadores, y sus productos no cubren ningún riesgo biométrico. 
Como los riesgos cubiertos no son idénticos, tampoco lo será el control ejercido por parte de la Administración Pública respecto de los fondos de pensiones y las compañías de seguro. 
Esto permitirá una rentabilidad más alta por término medio. 
Debemos evitar lanzar a los ciudadanos individuales a la jungla de los inversores, donde van a encontrar lobos hambrientos al acecho de su dinero, para conseguir sus pensiones de jubilación complementarias dada la rentabilidad significativamente más baja de los fondos de pensiones. 
El segundo paso afecta al tratamiento fiscal que dan los Estados miembros. 
Es deseable que los sistemas fiscales fomenten la adopción de una pensión complementaria, debido al próximo envejecimiento de la población. 
El modelo ETT, conforme al cual el pago de las cuotas está exento de impuestos y el pago de la pensión no lo está, cumple esto y, además, es corriente en la mayoría de los Estados miembros. 
Espero que el Parlamento y la Comisión posibiliten el establecimiento del mercado interior para las pensiones complementarias de acuerdo con estas líneas. 
Señor Presidente, como ha dicho el ponente, el Sr. Kuckelkorn, los sistemas públicos de pensiones, como pilar principal, deben ser ampliados con modelos empresariales de pensiones complementarios que sean eficientes, que difundan la seguridad jurídica y que den una respuesta adecuada al derecho de percepción de pensiones de jubilación. 
No puede utilizarse una directiva para diseñar una forma de garantía de las pensiones y además equiparar las pensiones de jubilación a los procesos de acumulación de capital, dado que, en última instancia, los productos del seguro de pensiones complementario no son productos de inversión normales. 
Por ello, estimo que es verdaderamente importante que en los Estados miembros existan regímenes fiscales diferenciados, en particular para aquellos productos que cubren riesgos biométricos. 
Desde ese punto de vista, con el debate se habrá logrado profundizar de nuevo en el mercado único, ya que con el mercado único y con el euro habremos creado las condiciones marco para que las entidades de servicios financieros actúen de forma eficiente en la UE y, al mismo tiempo, se tengan en cuenta las ideas relativas a la normativa financiera y a la vigilancia de los mercados financieros. 
No queremos, como es lógico, privar a los operadores de mercado del buen aprovechamiento de las mejores oportunidades empresariales. 
Pero también queremos, por otro lado, garantizar la estabilidad financiera y los intereses de la protección al consumidor. 
En la Cumbre de Lisboa se subrayó de nuevo acertadamente la importancia de unos mercados financieros integrados y eficientes, y este Parlamento Europeo también se interesará en cumplir un calendario riguroso. 
En este contexto también debe tratarse que, habida cuenta de la existencia del mercado único y de la introducción del euro, se haga todo lo posible por mejorar, en particular, la estructura financiera de las PYMEs y de las empresas de alta tecnología. 
Debe hacerse todo lo posible para que consideremos la adopción de medidas en aras de una protección transfronteriza eficaz al consumidor. 
Por ello, será igualmente necesario que se produzca una mejora de la colaboración de las autoridades reguladoras y de vigilancia a nivel europeo. 
También se requiere estabilidad financiera, y a este respecto debe decirse que el incremento de las fusiones empresariales en el sector financiero constituye un serio problema. 
Debemos también remitirnos a los informes de la OCDE, que ponen de relieve los riesgos de las megafusiones en este ámbito. 
La creación de conglomerados financieros too big to fail no sólo favorecen el moral hazard de las entidades financieras, sino que la política económica y financiera de los Estados miembros se ve obligada a afrontar riesgos nuevos. 
Debemos hacer todo lo posible para que no se altere la estabilidad financiera, una circunstancia que puede conducir a que los beneficios aprovechen a las empresas, mientras que las posibles pérdidas tengan que ser soportadas por los clientes. 
Es de lamentar que en las conclusiones de Lisboa no se haya hecho ninguna mención directa a la protección al consumidor. 
Sin la creación de un marco jurídico seguro, sin un máximo de información y transparencia, y sin el establecimiento de responsabilidades en beneficio del consumidor, no se consumará el mercado único... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, me gustaría dar mi opinión sobre el mercado único del sistema complementario de pensiones. 
En primer lugar, quiero manifestar nuestro acuerdo con el esquema basado en la solidaridad intergeneracional de los sistemas estatales básicos, al que se adicionan los sistemas complementarios de capitalización. 
Por otro lado, también quiero expresar mi conformidad con lo que dice el Sr. Kuckelkorn en cuanto a la correlación que se establece entre sistemas de previsión social con la cobertura de riesgos biométricos. 
No estamos hablando de sistemas de colocación financiera sino de planes de pensiones. 
Por otro lado, también estamos de acuerdo con la participación de los trabajadores y con la urgente armonización de las disposiciones tributarias. 
Sin embargo, hay que clarificar el concepto de fondo de pensiones, de manera que incluya los sistemas de previsión complementarios que cubren riesgos biométricos. 
Es preciso que se aclare, por otra parte, que el sistema único se refiere a todo tipo de trabajadores de la Unión Europea; no sólo hay trabajadores por cuenta ajena en la Unión Europea sino que también hay muchos trabajadores cooperativistas, afortunadamente. 
Hay que apostar por los sistemas colectivos, pero no solamente de empresa- algo que ya recoge el informe- sino también sectoriales, teniendo en cuenta sobre todo a las PYME, que han sido evocadas por la Sra. Plooij-van Gorsel. 
Es preciso tener en cuenta las grandes diferencias que existen en el seno de la Unión en cuanto al desarrollo de los sistemas complementarios. 
Por lo tanto, comprendemos y apoyamos los sistemas de regulación y control para defender los derechos de los partícipes, pero habrá que poner el acento, allá donde los sistemas todavía tienen escaso desarrollo, en aspectos como informar o poner en marcha nuevos planes. 
Finalmente, quisiera subrayar nuestro apoyo a la creación de un fondo europeo de pensiones con la participación de los distintos sectores de la actividad económica y de los proveedores de pensiones. 
Señor Presidente, el envejecimiento de la población y la disminución de la cifra de activos, ciertamente reales, son elementos esgrimidos por la Comisión y otros colegas para abrir la vía a los fondos de pensiones para las jubilaciones complementarias. 
La dinámica de crecimiento y de creación de empleos está descartada. 
Con los mecanismos de capitalización se trata de adaptar las jubilaciones al mercado único y a la aplicación del euro. 
Esta orientación supone el riesgo de un sistema basado en el seguro privado, que sustituiría progresivamente a la seguridad social. 
La salud y la jubilación dejarían de ser derechos, para convertirse en bienes sometidos a las leyes del mercado. 
La estrategia aplicada a los fondos de pensiones tiende esencialmente a que los mercados financieros absorban el ahorro. 
Este sistema es muy peligroso y profundamente injusto, ya que favorece a los más ricos, a aquellos que pueden ahorrar, y deja a los pobres con una jubilación miserable. 
El informe inicial del Sr. Kuckelkorn consideraba la jubilación, ante todo, como un seguro social contra ciertos riesgos vitales. 
Pero la aprobación de enmiendas que apoyan sin reservas los mecanismos de capitalización lo han transformado profundamente. 
Por eso no puedo aceptar este informe que desmejora el enfoque de la Comisión. 
Nosotros pensamos, por el contrario, que es necesario mantener un nivel elevado de protección social, basado en la solidaridad, independientemente de la rentabilidad financiera. 
El sistema contributivo garantiza los derechos de los asalariados, una jubilación en el marco de una solidaridad nacional, solidaridad entre población activa y jubilados, entre generaciones, entre hombres y mujeres, entre sector público y sector privado. 
Deben buscarse nuevos recursos y la revalorización del poder adquisitivo de las jubilaciones en las cotizaciones que podrían deducirse de los productos financieros al mismo nivel que las que se aplican respecto a los salarios. 
Las cotizaciones empresariales deben estar vinculadas con la política de empleo de las empresas y crearse una imposición para aquellas que efectúen despidos. 
Señor Presidente, a medida que los avances médicos contribuyen a un constante envejecimiento de nuestras poblaciones, la carga de las prestaciones en materia de pensiones en toda la Unión se vuelve cada vez más onerosa. 
En el Reino Unido, como en los Estados Unidos, Chile y Singapur y, en menor medida, los Países Bajos, se ha aliviado en gran medida la carga que recae sobre el Estado y las generaciones futuras mediante la creación con éxito de planes de pensiones profesionales y privados complementarios correspondientes a los pilares segundo y tercero con fondos que crecen para rendir beneficios en forma de pensión tras la jubilación de los titulares. 
Los dos pilares presentan la ventaja de ser resistentes al cambio demográfico y los planes transferibles del tercer pilar, en particular, que no están limitados a una única compañía, fomentan la movilidad laboral y la posibilidad de elección por parte de los inversores y son mucho más asequibles para las pequeñas y medianas empresas. 
Acojo con beneplácito que en esta Asamblea haya un reconocimiento generalizado de la necesidad de ampliar esos planes complementarios en toda Europa, aun cuando haya discrepancias sobre su naturaleza precisa y la forma como se ha de invertir en los fondos. 
En mi opinión, se trata de un problema que se debe abordar urgentemente, pues las presiones demográficas de los últimos años ya están provocando déficit en los planes contributivos en Alemania, España, Francia e Italia. 
Se predice incluso que, si continúa la corriente actual, algunos países habrán de dedicar hasta el 20% de su PIB en los diez próximos años para atender sus obligaciones en materia de pensiones. 
Naturalmente, las inversiones de capital entrañan muchos riesgos, pero riesgos aún mayores entrañan para Europa las economías estancadas. 
Unos fondos de pensiones en aumento dinamizarán nuestras economías al aportar grandes fondos de capital suplementario para inversiones no sólo en la UE, sino también en los mercados en desarrollo, con mayores perspectivas de crecimiento futuro y rendimientos de las inversiones para nuestros pensionistas. 
En el caso de los planes con contribuciones determinadas, que ofrecen al inversor una participación directa en la salud global de la economía nacional, habrá también una sensación de participación en el país por parte del individuo. 
El plan estatal seguirá siendo, naturalmente, el mecanismo primordial para la prestación básica en la vejez. 
Pero la responsabilidad y la elección personales pasarán a ser las consignas para el éxito a fin de afrontar con éxito las amenazas demográficas del próximo siglo. 
Ésa es la razón por la que no debemos ser demasiado prescriptivos en relación con las cuestiones de los ritmos biométricos o las estrategias de inversión. 
Necesitamos un marco regulador propicio, con acuerdos fiscales bilaterales, que garantice la portabilidad a los ciudadanos de la UE que deseen trabajar en cualquier otro país extranjero de la Unión, lograr un mercado único auténtico en materia de servicios financieros y brindar la máxima posibilidad de elección al inversor europeo. 
Señor Presidente, estimados colegas, parece evidente que la cuestión central del debate de esta noche es que sin una clara e inequívoca delimitación de los productos que cubren los riesgos biométricos, tal como ha propuesto aquí el Sr. Kuckelkorn, no puede crearse un mercado único para el régimen profesional complementario de pensiones, y en ningún caso un verdadero mercado único. 
Necesitamos la aproximación de los regímenes fiscal a modo de puente para crear un mercado interior atractivo. 
Necesitamos la tributación diferida, tal como se ha propuesto de forma consensuada, porque así se hará atractiva la afiliación transfronteriza. 
¿Por qué deben pagar dos veces los Ministros de Hacienda? 
Deben pagar por desistir de una regulación de la retención en la fuente y asumir unos menores ingresos tributarios en un momento posterior. 
Asimismo, deberían pagar, probablemente, por productos deficientes, que no impedirán una vejez pobre en recursos, y posiblemente deberían pagar por tercera vez porque deberán hacer frente a la escasez de recursos en la vejez con fondos públicos. 
Estos Ministros de Hacienda deberían incluso pagar teniendo que dejar su trabajo porque serían castigados por este imprudente proceder. 
Por ello, el debate, tal y como se nos ha propuesto en la enmienda 30, sobre la libertad de elección del asegurado es un seudodebate. 
Queridos colegas que presentan esta enmienda: se trata de los mismos asegurados a los que ustedes hace pocas semanas negaron mayoritariamente que pudieran cogestionar el patrimonio de los fondos, codecidir sobre la aplicación de las aportaciones efectuadas, que en muchos lugares son parte del salario, y a los que han negado la posibilidad de que los que actúan en su nombre puedan ser partícipes de una aplicación adecuada de los fondos. 
Somos decididos partidarios de la libertad de decisión de las ciudadanas y ciudadanos europeos, pero permítannos que definamos seriamente el principio de subsidiariedad. 
Para la doctrina social católica, la subsidiariedad significa que hagamos posible que las pequeñas unidades (las familias y la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena) velen por su propia vejez. No debemos hablar, entonces, de los intereses en invertir de ciertos proveedores como dichos intereses fueran el criterio rector, sino que debemos hablar mucho más de cómo vamos a eliminar los obstáculos de los períodos de carencia. 
Debemos hablar de cómo regular los derechos de cogestión de los asegurados y de sus representantes, y también debemos hablar de cómo puede fluir el capital invertido a ámbitos en los que pueden generarse nuevos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, este informe pretende armonizar el sistema complementario de jubilaciones en Europa. 
De hecho, pretende, ni más ni menos, abrir el conjunto de los sistemas de jubilaciones europeos al sector financiero. 
En efecto, el informe preconiza el desarrollo de un verdadero mercado único de fondos de pensión, esgrimiendo el carácter inevitable de recurrir a la capitalización. 
Podemos señalar, de paso, que cuando se trata de uno de los intereses financieros más potentes, no se duda en olvidar el principio de subsidiariedad, para proponer un modelo único. 
El informe utiliza argumentos cínicos y quiere propagar la idea de que sólo la capitalización permitiría proteger mejor las rentas modestas. 
En realidad, no se trata de completar los sistemas públicos de jubilación, sino, al contrario, vaciarlos progresivamente de contenido. 
Los asalariados, sin embargo, saben muy bien que la jubilación es un derecho. 
Lucharon para obtenerlo. 
Este derecho se basa en la solidaridad intergeneracional. 
Por eso ellos no quieren, en ningún caso, jugar su jubilación en Bolsa. 
En muchos países, poderosos movimientos sociales ya se han opuesto a este tipo de intentos. 
Sus amenazas han impedido, hasta ahora, que el Gobierno francés, por ejemplo, establezca los fondos de pensión. 
En perfecto acuerdo con estas luchas pasadas, presentes y futuras, y para apoyarlas, votaremos en contra de un informe que rebaja a este Parlamento al rango de lobby de las altas finanzas. 
Los jubilados necesitan una jubilación suficiente, estable, protegida. 
Los fondos de pensión, la Bolsa, jamás podrán garantizarlo. 
En esta cuestión, como en muchas otras, hay que elegir entre aumentar los beneficios de unos pocos o satisfacer las necesidades de todos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, todos nos declaramos a favor del futuro de la financiación del régimen de pensiones de jubilación, de un pacto entre generaciones justo y estable, de la creación de un modelo sólido de tres pilares, claramente definido, que aumente las posibilidades de elección de los individuos y que fomente la movilidad de los trabajadores. 
Todos los presentes decimos sí a una normativa mínima porque incrementa la movilidad. 
Todos estamos a favor de un contenido mínimo de la normativa cautelar. 
A pesar de ello, no coincidimos- y lo lamento- en qué entendemos por regímenes profesionales complementarios. 
No estamos de acuerdo en la cuestión de si estas aportaciones de empresas complementan el primer o el tercer pilar. 
Tampoco nos ponemos de acuerdo en las posibilidades de colaboración de los trabajadores. Ello responde a una causa. 
La causa está en que tenemos en todos los países sistemas diferentes, aunque los nombres son los mismos: diferentes disposiciones tributarias, un diferente ámbito de prestaciones, diferentes culturas y escasa movilidad de los trabajadores. 
Por ello les hago saber mi opinión: digo sí a un mercado único de los servicios financieros, sí a la liberalización del mercado, pero en conexión con los regímenes profesionales suplementarios deben crearse mecanismos de protección de los trabajadores, debe preservarse la economía social de mercado. 
Por ello, estoy a favor de que las ofertas de seguro de jubilación complementario incluyan los riesgos biométricos, ofrezcan ventajas particulares a los beneficiarios y a la sociedad en general, y por ello deben recibir un trato preferente mediante el reconocimiento de la posibilidad de elección frente a los demás, ¡porque no quiero que a quien se practique a la movilidad se le dispense un trato social peor que al que se queda en casa! 
Señor Presidente, quiero empezar rindiendo homenaje al Sr. Kuckelkorn, ya que creo que ha elaborado un informe osado partiendo de la situación de inmovilidad y anquilosamiento de las pensiones alemanas. 
Obviamente, quiere avanzar en el desarrollo de un mercado interior europeo en el ámbito de los sistemas complementarios de pensiones. Creo que merece un elogio por ello. 
Yo misma vengo de un país en el que existe un segundo pilar muy amplio de pensiones complementarias. 
Casi el 90% de la población ocupada en el sector privado está en un régimen de pensión que garantiza una pensión vinculada al salario. Entiéndase, también sucede esto, por tanto, en la pequeña y mediana empresa. 
El fondo de pensiones de los funcionarios neerlandeses constituye el mayor inversor institucional de su tipo en el mercado financiero internacional, con un capital de unos 150.000 millones de euros. 
Los fondos de pensiones de los Países Bajos se atreven cada vez más a realizar inversiones que conllevan un riesgo. 
En 1999, casi la mitad del dinero de las pensiones se invirtió en acciones, eso sí, según condiciones prudenciales estrictas. 
No obstante, la rentabilidad media en los últimos cinco años ha sido del 15%, en lugar del 4% con que se suele contar. 
Se ha demostrado que, precisamente, el carácter obligatorio de la participación en los fondos colectivos de pensiones favorece estos excelentes resultados. 
El reparto entre generaciones y riesgos da lugar a que los fondos puedan invertirse, en gran medida, en acciones. 
Esto permite, a fin de cuentas, una rentabilidad mucho más alta a cada participante individual de la que él o ella podría conseguir mediante un plan de ahorro o un fondo de inversiones. 
Debo desengañar a la Sra. Kauppi en cuanto a la idea de que los trabajadores individuales se verán más favorecidos por la libre elección, incluso si se encuentran en el grupo afortunado de los que no padecen enfermedades hereditarias, son jóvenes y pertenecen al sexo masculino, ya que, desgraciadamente, Sra. Kauppi, nosotras, las mujeres, salimos todavía peor paradas con los acuerdos individuales, puesto que vivimos más que los hombres por termino medio. 
Así mismo, quiero disuadirles seriamente de que se siga la línea de formular un principio de libre elección a nivel europeo. Dejémoselo a los Estados miembros y al libre mercado. 
Respecto de otra cuestión, la de los riesgos biométricos, ya han dicho bastante otros oradores. 
Me sumo totalmente en este punto a lo señalado por Sr. Kuckelkorn, y quiero indicar con ello que semejante definición es muy importante, ya que estamos a la espera de que la Comisión Europea nos presente otras directivas. 
Señor Presidente, votamos en contra de este informe que defiende los sistemas complementarios de capitalización. 
Dicho sistema obliga a los asalariados, que desean asegurarse una pensión de jubilación que les permita vivir, a poner su dinero a disposición de los fondos de inversión, de los trusts, de las empresas de seguros o de otros grupos financieros privados. 
El mismo subordina a la vez el importe de las jubilaciones a los mercados financieros, es decir, a la especulación. 
Además, todos aquellos que tienen salarios demasiado bajos como para que puedan ingresar su retribución en los fondos de pensión sólo tendrán derecho a una jubilación miserable. 
El hecho de mencionar la evolución demográfica para justificarlo es un timo. 
La productividad ha aumentado considerablemente durante la última mitad del siglo, y si estos frutos no se convirtieran exclusivamente en beneficio privado por los propietarios y los accionistas de las empresas, dicha productividad debería permitir aumentar los salarios y garantizar jubilaciones adecuadas para todos. 
Si los sistemas de jubilación que aplican sistemas contributivos tienen dificultades, ello no obedece a que exista menos población activa respecto a la cifra de jubilados, sino porque hay demasiados desempleados y porque los salarios son muy bajos. 
Entonces si las cajas de pensiones llegaran a ser deficitarias, correspondería a los Estados tomar el relevo deduciendo las sumas necesarias de los beneficios de los grupos industriales y financieros. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas damas y caballeros, el sistema de pensiones, el tema del que estamos hablando hoy, es un ámbito especialmente sensible. 
Como joven miembro de este Parlamento, tengo lógicamente presentes a las personas jóvenes cuyas fuentes de ingresos son en la actualidad las más inseguras. 
Por ello, ha de garantizarse la libertad de circulación; ha de garantizarse que las personas, en particular las jóvenes, abiertas a la movilidad en Europa, no se vean perjudicadas con respecto a las que no se mueven de su casa en su vida. 
Para no olvidar que queremos contar con pensiones seguras, hay que liberalizar los mercados financieros, hay que crear un marco para que el mercado interior y los mercados financieros alemán y europeo sean competitivos en una economía globalizada. 
El PPE no ha rehuido el problema. 
Seguimos manteniendo intensos debates. 
En ellos se habla, en particular, del segundo pilar; y sabemos que el primer pilar, el sistema público de pensiones, ya no es eficiente, y debemos fortalecer el segundo. 
Para ello pueden aducirse dos argumentos. Para fortalecer el segundo pilar, éste debe tener en cuenta su equivalente, es decir, los riesgos biométricos, y ser levantado de conformidad con ello. 
También puede argumentarse: debo permitir la introducción de nuevos productos para que este sector crezca de manera eficiente y ofrezca los beneficios necesarios para contar en el futuro con un sistema de pensiones. 
Mi preferencia personal es que cobremos clara conciencia de los riesgos biométricos y los situemos en el punto central de los trabajos de la Comisión durante el próximo medio año. 
Entre los tres riesgos biométricos me decanto por la longevidad, que, desde mi punto de vista, es inamovible. 
Pero hoy no debemos establecer un sistema con carácter definitivo. 
El mundo sigue girando, los mercados financieros siguen evolucionando y nosotros debemos mostrarnos receptivos ante los nuevos acontecimientos. 
Debemos crear un espacio para la subsidiariedad en la competencia de los sistemas, pero también en la competencia del Derecho Tributario. 
Espero que la Comisión afronte esta tarea. 
Señor Presidente, señoras y señores, las pensiones complementarias y los sistemas complementarios de pensiones adquieren un significado cada vez mayor y ganan mayores cuotas de mercado gracias a una mayor democratización. 
La creciente movilidad de los trabajadores en la Unión Europea exige un marco jurídico comunitario para la gestión de los sistemas de pensiones complementarios. 
Pero también es necesario poner orden en los regímenes tributarios. 
Se me ocurre de repente que la propuesta de la Comisión tiene por único objetivo la unificación de la normativa sobre inversiones, y esto es demasiado poco en este tema, es decir, ¡es el tema equivocado! 
Con ello no quiero decir más que ahora tenemos la oportunidad de seguir ampliando el sistema de seguridad social europeo y de procurar una evolución adecuada del mismo. 
Recuerden que los sistemas complementarios de pensiones son fondos de pensiones. 
Esto parece razonable y, por muchas causas, absolutamente necesario para el futuro. 
Si para nosotros es tan importante el sistema de pensiones- y lo es -, debe estar, entonces, cualitativamente bien garantizado; deben, por tanto, tenerse en cuenta los riesgos biométricos. 
Sólo los productos bien asegurados cualitativamente pueden cumplir una función social en el marco de los pilares segundo y tercero para el modelo social europeo. 
De otro modo, estaríamos hablando sólo de seguros de ahorro, y eso no es lo mismo, ¡eso es una falsificación del producto! 
Por tanto, no den su apoyo a la idea de que los productos de inversión han de incluirse de tapadillo en el modelo social europeo. 
¡Con ello no se resolvería el problema! 
¡Señoras y señores, dedico especialmente estas últimas palabras a mi colega Balfe! 
Señor Presidente, el envejecimiento de la población europea nos acarrea graves problemas respecto de la solvencia de nuestros sistemas obligatorios de pensiones. 
Aquellos Estados miembros en que los regímenes complementarios no se han desarrollado suficientemente respecto de los sistemas obligatorios de pensiones, se enfrentan a una situación más grave. 
Un sistema colectivo de desarrollo de las pensiones complementarias, obligatorio si un Estado miembro así lo quiere, disminuye en gran medida la dependencia de los factores demográficos y permite que los fondos de pensiones se beneficien al máximo, en tanto inversor, de las posibilidades que ofrecen los mercados financieros. 
La atención a los sistemas complementarios de pensiones viene obligada, por supuesto, por el empeño de que los trabajadores logren una mayor movilidad y flexibilidad dentro de un gran mercado interior europeo y de la zona euro. 
Tras la Unión Europea y la Unión monetaria radica una filosofía que pide que se aproveche al máximo el mercado interior. 
Por tanto, uno, en tanto trabajador, debe poder transferir sus derechos adquiridos en materia de pensiones a otro país europeo. 
Debe desarrollarse cuanto antes un marco legal a nivel europeo ¿Por qué, por ejemplo, un trabajador alemán tiene que esperar diez años para tener derecho a una pensión y un neerlandés, sólo un año? 
Este alemán ve su movilidad terriblemente entorpecida. 
Además, debe ajustarse el tratamiento fiscal de las pensiones respecto de su constitución y pago. 
Señor Comisario, usted es el responsable en materia de impuestos, ¿qué se ha conseguido hasta ahora? 
Sinceramente, creo que es necesario señalar que parece como si nos ocupáramos de una armonización total en esta negociación parlamentaria, en lugar de una coordinación. 
Se hace, desgraciadamente, a costa de los Estados miembros que ya han regulado bien estas cuestiones. Los Países Bajos, pongo por caso, eran al principio un ejemplo para todos los otros Estados miembros y, sin embargo, se han ido convirtiendo progresivamente en una curiosidad poco común. 
No obstante, el sistema neerlandés es un sistema íntegro, que no daña la dignidad de los ancianos, los supervivientes y los grupos vulnerables en el mercado laboral. 
El sistema complementario de pensiones se basa en la colectividad y en la solidaridad. 
Esto posibilita que las PYMES, repito para los colegas del Reino Unido, precisamente, las PYMES puedan asegurarse frente a riesgos biométricos con un coste relativamente bajo. 
El pago y la seguridad tienen prioridad, y eso es algo que no se puede decir de las propuestas de algunos colegas. 
Señor Bolkestein, ¿cómo piensa encauzar la discusión hacia su esencia: movilidad de las pensiones para gente con movilidad? 
Señor Presidente, en primer lugar permítaseme decir que el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es bastante bueno y espero que no lo modifiquemos demasiado. 
La palabra clave es pensiones "complementarias". 
No estamos intentando aliviar la pobreza ni proporcionar una renta básica tras la jubilación. 
El segundo aspecto es que es importante que brindemos pensiones decentes para permitir a los ciudadanos trasladarse por toda Europa. 
De modo que acojo con satisfacción la insistencia en la supresión de las restricciones a la inversión de carteras de fondos de pensiones y apoyo el objetivo de eliminar las barreras a la movilidad laboral. 
La clave es que sea sencillo, porque, de lo contrario, no funcionará, no eliminará los obstáculos. 
Como ha dicho el Sr. Tannock, estamos sometidos a presiones demográficas, por lo que facilitar el desarrollo de planes de pensiones complementarias en Europa y también en muchos países de Europa redundará en nuestro provecho. 
Sobre la cuestión de los riesgos biométricos, de los que hemos oído hablar mucho, es evidente que una pensión tiene, por definición, un riesgo biométrico, que es la longevidad. 
Si partimos de eso y lo convertimos en una condición para el acceso, estaremos pisando un terreno peligroso. 
Lo que necesitamos es una propuesta muy simple y después dejar que el mercado seleccione al mejor, porque para eso está el mercado. 
El problema de los riesgos biométricos significa muchas cosas diferentes para diferentes personas. 
Debemos intentar obtener un producto sencillo que sea comercializable y que se pueda mover por ese mercado, porque, de lo contrario, acabaremos con un producto que no funcionará ni servirá a los diferentes Estados miembros. 
De modo que la clave es que sea sencillo y hacer que funcione. 
Señor Presidente, ¿hasta cuándo los trabajadores tendrán que sacrificar una tercera parte de su salario para los fondos de pensiones gubernativos y estatales confiando en disfrutar una pensión en la vejez, mientras que dichos fondos gubernativos y estatales están concebidos de tal forma que hacen desaparecer las pensiones mejor que el mago Houdini? 
Señora Laguiller, es verdad que los ciudadanos se fiaban de los Estados, de los Gobiernos, sobre todo de las promesas de los Gobiernos de izquierda, pero se han quedado con las manos vacías. 
Cada día, cientos de miles de personas mayores, al llegar a la edad de jubilación, preguntan a sus Gobiernos: "¿ Dónde están nuestras pensiones ?". Y los Gobiernos les contestan faltando a la verdad: "Ustedes viven demasiado tiempo, el dinero ya no lo tenemos". 
¿Cuál es la verdad? 
Han despilfarrado los fondos, han arramblado con todo el dinero de los trabajadores. 
Es una vergüenza para los Gobiernos socialistas y para las administraciones de izquierda que habrían tenido que proteger la vejez de los trabajadores. 
A pesar de que ahora existe una manera que podría salvaguardar estos capitales, el sudor de la frente de los trabajadores, la capitalización de los fondos de pensión, nos dicen que no debe hacerse así, porque los Gobiernos nacionales pretenden apropiarse también de los fondos de pensiones privados. 
Ya es hora de cambiar de registro: hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, queridos colegas, el informe del Sr. Kuckelkorn trata un tema muy importante y sensible, el sistema de pensiones. 
En casi todos los Estados miembros el sistema de pensiones descansa sobre tres pilares: el seguro obligatorio, las aportaciones de empresas y la previsión privada complementaria. 
Ya se ha dicho repetidas veces que, habida cuenta del descenso de la natalidad es necesario actuar en la Unión Europea para configurar el seguro de pensiones de forma más eficaz que hasta ahora. 
En todos los Estados miembros está abierto el debate de cómo reformar el sistema de pensiones. 
En todos se coincide en que el objetivo debe ser garantizar el nivel de vida durante la vejez. 
La pensión obligatoria no podrá cumplir por sí sola esta tarea a corto y medio plazo. 
Por tanto, es conveniente ampliar el sistema de pensiones apoyándose en el segundo pilar- es decir, en las aportaciones de empresas- y en la previsión privada. 
El informe Kuckelkorn trata- esto ya se ha mencionado varias veces- el sistema de pensiones en el segundo pilar, es decir, en el régimen profesional. 
Ya se ha dicho que a este respecto las opiniones son divergentes. 
En lo sucesivo quiero limitarme a este punto. 
En muchos Estados miembros se entiende por sistema de pensiones el aseguramiento de aspectos vitales elementales. 
Ello comprende el aseguramiento de los llamados riesgos biométricos, aseguramiento financiero de vejez, los casos de invalidez o de supervivencia al asegurado fallecido. 
En concreto, esto significa, por ejemplo, que un trabajador que sufre un accidente de tráfico y queda inválido con 35 años, no sólo recibe el capital que ha pagado hasta entonces, sino una pensión profesional ordinaria, porque es tratado a estos efectos como si hubiera trabajado hasta los 60 años. 
Lo mismo vale para el caso en que un trabajador de 35 años muere en un accidente de tráfico y deja mujer y dos hijos. 
Si se han asegurado los riesgos biométricos, los supervivientes perciben igualmente una pensión profesional ordinaria y no sólo el capital aportado hasta entonces. 
Debemos garantizar que en el concepto de sistema de pensiones no quede comprendido un simple proceso de ahorro, dado que la inversión de capital... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora.) 
Quiero agradecer sinceramente al Sr. Kuckelkorn, en tanto ponente, los muchos esfuerzos que ha realizado para elaborar este informe. 
Estoy menos satisfecho con el Sr. Kuckelkorn en tanto promotor de enmiendas, ya que ha presentado muchas, y van más allá de lo que realmente necesitamos. 
Creo que hay que distinguir entre dos Kuckelkorns. 
Considero que los sistemas a los que aspiramos en Europa deben descansar sobre dos pilares. Uno es el pilar obligatorio, el sistema pay as you go; el otro es el sistema de capitalización, que se sitúa por encima de aquél. 
El problema es que todos los países parten de situaciones muy distintas. 
Un país como los Países Bajos ha alcanzado, efectivamente, un cierto equilibrio entre ambos pilares, mientras que otros lo han logrado en menor medida. 
También, por ejemplo, países que cuentan casi exclusivamente con sistemas de capitalización, como es el caso de Gran Bretaña, no cumplen las expectativas porque, tal vez, los peligros para la administración sean bastante escasos, pero la cobertura de los pensionistas es extraordinariamente limitada. 
Si, por ejemplo, hiela en Inglaterra, la gente no puede pagar sus cuentas. 
Creo que no es ésta la forma de resolver el problema. 
Debemos pensar, en primer lugar, que se trata de personas y, partiendo de ese hecho, debemos diseñar un sistema que haga posible el pago de buenas pensiones, y debemos pasárselo cuanto antes a los Estados miembros. 
Tenemos que inmiscuirnos lo menos posible. 
Hemos de volver a nuestro punto de partida, es decir, si uno se muda de un país a otro o si se traslada para trabajar en él o como pensionista, debe poder transferir su pensión. 
La Comisión siempre ha pretendido esto y creo que sí ha tenido éxito en ello. 
Pienso que todavía deben lograrse dos cosas. 
En primer lugar, una muy buena coordinación entre el segundo y tercer pilar, ya que se ha hablado poco sobre esto. 
La segunda, es una buena definición del primer pilar. 
Lo que corresponde al primer pilar en un país, en el otro no se corresponde. 
Y, si pudiéramos acercar algo nuestras posiciones, tal vez, tendríamos muchos menos problemas que en la actualidad. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pone de manifiesto que los sistemas de pensiones redistributivos de los Estados miembros necesitan ser completados por sistemas de empleo o por otros sistemas de pensiones complementarios. 
El Sr. Kuckelkorn ha realizado un muy buen análisis de la situación ¡Le felicito! 
En el seno de los Grupos existe diversidad de opiniones. 
Es posible y necesario llegar a acuerdos. 
¿Por qué no incluir en una directiva sistemas con y sin cobertura de riesgos biométricos, pero luego dispensarles un trato diferenciado? 
Pueden fomentarse los fondos de pensiones transnacionales o sistemas análogos que cubran gran parte de los riesgos citados, por ejemplo, mediante una normativa fiscal mínima. 
En muchas ocasiones, los sistemas obligatorios de pensiones de los Estados miembros prevén una reducción de las aportaciones, como en Alemania. En este caso debe producirse el equilibrio de las prestaciones mediante seguros profesionales complementarios. 
Naturalmente, el sistema obligatorio comprende, por ejemplo, pensiones de viudedad e invalidez. 
Necesitamos, entonces, una normativa adecuada para los sistemas complementarios; en otro caso, no podrán celebrarse los convenios colectivos necesarios. 
Un segundo punto de discusión: la cogestión. 
Estoy a favor del compromiso de "colaboración" más que del a veces paralizante concepto de "cogestión". 
Deben reclamarse derechos mínimos de cogestión para los beneficiarios, al menos en sistemas cerrados como los fondos de pensiones empresariales, mediante, por ejemplo, un comité de inversiones que fije los principios de la política de inversiones. 
Hay que cambiar con urgencia las agujas para el tren del futuro. 
Para garantizar el nivel de vida en la vejez, la previsión privada complementaria ganará paulatinamente en importancia. 
Las personas necesitan tiempo para levantar este sistema de previsión. 
Esta es la alternativa a la manipulación de las pensiones y a las triquiñuelas en los sistemas obligatorios. 
Señor Presidente, debo empezar agradeciendo sinceramente a los dos ponentes, los Sres. García-Margallo y Kuckelkorn, sus informes y los esfuerzos que han realizado. 
Por otra parte, también debo agradecer sinceramente a todos los oradores que han intervenido esta tarde, y son casi treinta, sus observaciones y las preguntas que han formulado. 
Tanto el plan de acción relativo a la prestación de servicios financieros como el asunto de las pensiones son cuestiones importantes, y resulta alentador ver cuántos oradores han participado en este intercambio de opiniones. 
En lo que al informe del Sr. Margallo respecta, quisiera señalar que, en opinión de la Comisión, se trata de un informe ponderado que mantiene un buen equilibrio entre la importante perspectiva política y las disposiciones técnicas necesarias para lograr un avance. 
Tal vez sea oportuno que haga un par de observaciones al respecto con las que espero, además, responder a las enmiendas propuestas. 
La Comisión está satisfecha de la atención que se ha prestado en el informe a la necesidad de que el mercado de capitales funcione óptimamente. 
Me refiero con ello al llamamiento efectuado desde el Parlamento a fin de fijar reglas racionales para la entrada en bolsa, la intervención del mercado y la modificación de la directiva relativa a los servicios de inversión. 
La apertura de los mercados financieros debe llevar aparejada, por supuesto, un nivel adecuado de protección de los consumidores, algo que también se ha pedido esta tarde durante el transcurso del debate. 
Se trata, por tanto, de procesos paralelos, por una parte la liberalización, por otra, la protección de los consumidores, y éstos son los dos objetivos que se perseguirán siempre que los mercados financieros entren en juego. 
Éste es el doble propósito de la Comisión Europea. 
También tenemos algunas propuestas concretas a ese respecto. 
En primer lugar, ofrecer una mejor información a los ciudadanos en relación con los productos financieros. 
En segundo lugar, establecer procedimientos de resolución de conflictos mejores y más claros aplicables a los casos en que los ciudadanos no estén satisfechos con los proveedores extranjeros de servicios financieros. 
En tercer lugar, procurar una mejor adecuación de las reglas nacionales actuales relativas a la protección de los consumidores. 
En cuarto lugar, la cuestión del comercio electrónico, en inglés, e-commerce. 
Política y reglamentación deben adaptarse al mismo sin levantar barreras innecesarias. 
Por otra parte, nuestros ciudadanos deben disfrutar de confianza y protección en la misma medida, tanto para las transacciones en línea como para las transacciones fuera de línea. 
Por último, es necesario crear un sistema de supervisión adecuado a fin de garantizar la solvencia financiera de nuestras entidades ¿Implica esto un poder general de supervisión para el Banco Central Europeo de Fráncfort? 
El propio BCE opina que esto no es necesario. 
Por supuesto, hay una alternativa, a saber, la convergencia de las prácticas de supervisión. 
Llegados a este punto, quisiera referirme, señor Presidente, a una observación efectuada por la Sra. Randzio-Plath. 
Es una observación importante. 
La Sra. Randzio-Plath ha aludido a las voces que han surgido en la OCDE y ha utilizado el término riesgo gigantesco. 
En efecto, creo que hace bien en señalar con el dedo los riesgos que pueden presentarse en el tráfico financiero. 
Ha mencionado las grandes fusiones que tienen lugar y, sin que yo comparta necesariamente su opinión sobre estos riesgos, quiero referirme a las declaraciones del Sr. Lamfalussi, conocido en el sistema financiero europeo, quien también ha señalado la necesidad de poder afrontar adecuadamente los riesgos financieros, los riesgos del sistema, que se nos presentan. 
Es una materia muy importante. 
Sigo convencido de que la coordinación, cooperación y adecuación de las prácticas de supervisión son suficientes para poder hacer frente a estos riesgos, pero, una vez más, por el interés de la materia misma, quisiera centrar la atención de la Sra. Randzio-Plath y de otros participantes en este Pleno en un informe recientemente elaborado por el Sr. Brouwer, el segundo cargo más alto del Banco Central de los Países Bajos. Se trata de un informe encargado por el Comité Económico y Financiero, que, como es sabido, constituye la antesala del Consejo ECOFIN, y versa sobre la estabilidad financiera. 
El informe se ha hecho público, se podrá encontrar, sin duda, en Internet. 
Ese estudio analiza, por tanto, la cuestión que tanto preocupa a la Sra. Randzio-Plath y, una vez más, encomiendo sinceramente la lectura de ese informe a todos los participantes en este Pleno. 
Ahora bien, gran parte de las cuestiones a las que acabo de referirme, reaparecen en el proyecto de informe del ponente, el Sr. Margallo, y también en muchas de las enmiendas propuestas. 
Resumiendo, quisiera decir sobre esta cuestión que, aunque, sin lugar a dudas, continuaremos con los pormenores de la discusión, considero que, en líneas generales, el informe del Sr. Margallo confirma gratamente el planteamiento de la Comisión. 
A continuación, unas palabras en cuanto a la manera en que deben materializarse algunas de estas medidas, la necesidad de examinar detenidamente nuestra ética normativa y la forma en que se adopta esa normativa. 
Todos estamos ya de acuerdo en que debemos poner fin a esta normativa tan complicada y anticuada. En otras palabras, poner fin a las normas que no pueden seguir la rápida evolución del mercado. 
La manera, por tanto, en que la Unión Europea, es decir, la colaboración entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, adopta normas debe agilizarse; pero, ¿cómo hacerlo? 
Existen muchas ideas diferentes al respecto y también algunos malentendidos, como el hecho de que el Sr. Margallo me diga que el Parlamento Europeo no quiere ceder ninguna competencia de las que acaba de adquirir, algo con lo que, por supuesto, estoy de acuerdo. 
Yo mismo he sido diputado durante mucho tiempo, entiendo muy bien, por tanto, que el Sr. Margallo haya pronunciado estas palabras. 
Ésa tampoco es la intención de la Comisión, suponiendo que esta institución tuviera competencias para ello, caso que no se da. 
Sin embargo, debemos trabajar con mayor rapidez para adoptar las normas necesarias. 
Quisiera invitar a los diputados de este Parlamento a que reflexionen sobre cómo mejorar y agilizar ese proceso ¿Debemos utilizar más los procedimientos de la comitología? 
¿Debe concederse más peso al acuerdo entre las instituciones tras la primera lectura? 
En cualquier caso, la Comisión tiene la intención de informar más y mejor al Parlamento y a las comisiones competentes sobre el calendario, de manera que los calendarios de cada uno puedan coordinarse y aprobemos antes la normativa requerida. 
De todas formas, quisiera mantener informado al Parlamento de todos los progresos del plan de acción. Cada seis meses remitimos un informe al Consejo ECOFIN, en el que figuran los avances realizados, y me parece que estos informes son útiles para proceder a un intercambio de ideas con el Parlamento. 
Señor Presidente, la mayoría de los oradores han manifestado su opinión sobre la cuestión de las pensiones, y quisiera decir lo siguiente al respecto. 
La Comisión efectúa propuestas en tres ámbitos en su comunicación sobre las pensiones. 
El primer ámbito es el de las normas cautelares para los fondos de pensiones y, en este terreno, lo más importante es la protección de las prestaciones de los futuros beneficiarios. 
Resulta inimaginable introducir una norma que pueda poner en peligro los derechos de los futuros beneficiarios. Es algo que impensable. 
Esto no implica que las reglas relativas a las inversiones y a la gestión no puedan tener otros intereses que la protección de las prestaciones de los beneficiarios. 
Las limitaciones innecesarias, que disminuyen los resultados de las inversiones, van en contra, de hecho, de las prestaciones de los beneficiarios y, por tanto, deben desaparecer. 
Segundo punto, la coordinación de los regímenes fiscales de los Estados miembros es un requisito para la participación transfronteriza. 
La Sra. Peijs me ha preguntado: ¿cuándo la gente que ejerce la libre circulación disfrutará de la movilidad de las pensiones? 
También otros diputados, como el Sr. Von Wogau y algunos de sus colegas, han hablado de la necesidad de aumentar la movilidad de los trabajadores en la Unión Europea. 
Para ello, no es tan necesaria, tal como ya se ha dicho, una armonización, término con el que hay tener cuidado porque despierta asociaciones de ideas erróneas en determinados Estados miembros. Prefiero, por tanto, hablar de coordinación, coordinación de los regímenes fiscales que se diferencian en los tipos aplicados. 
Esta coordinación es un requisito necesario para la circulación transfronteriza de trabajadores. 
La Comisión está preparando una propuesta en este momento, un marco general que pretende facilitar el pago de las sumas de las entidades de pensiones profesionales establecidas en otro Estado miembro. 
Naturalmente, también se ha preguntado por este marco general en el transcurso de este Pleno, por ejemplo el Sr. Medina Ortega, mientras que la Sra. Peijs ha indicado la necesidad de adoptarlo. 
Por otra parte, quisiera referirme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. Según ésta, las limitaciones existentes en materia de cotizaciones y complementos salariales transfronterizos se oponen a las disposiciones del Tratado. 
El tercer logro que persigue la Comisión es la supresión de los obstáculos con que se encuentran los trabajadores migrantes. 
Debemos, sobre todo, tal como muy bien subraya el proyecto de informe, facilitar la transferibilidad de los derechos adquiridos en un Estado miembro a otro, y esto también favorece mucho, por supuesto, la movilidad de los trabajadores. 
Señor Presidente, en lo que al proyecto de resolución se refiere, quisiera señalar, en primer lugar, que el respaldo de este Parlamento es crucial si queremos que estas propuestas se concreten en medidas. 
He seguido con mucho interés el excelente trabajo del ponente, el Sr. Kuckelkorn, y de las comisiones competentes, trabajo que hasta ahora se ha realizado en un ámbito muy amplio y complicado desde la perspectiva técnica. 
No me ha pasado desapercibido que el Parlamento respalda en su proyecto de informe las directrices que la Comisión ha propuesto. 
Quisiera hacer las siguientes observaciones en relación con el proyecto de resolución. 
Se insiste en él en la implantación general de un modelo de imposición tributaria que incluya la exoneración fiscal de las contribuciones al fondo y de los rendimientos en el fondo, y la imposición del pago de la pensión de jubilación. Su conveniencia ha vuelto a ser subrayada esta tarde, entre otros, por el Sr. Blokland. 
El Sr. Blokland se ha referido a ello, y creo que tiene razón. 
Eso también figura como tal en el proyecto de resolución. 
Un acuerdo en torno a este planteamiento significaría una solución del problema relativo a si existe una doble imposición tributaria o no hay imposición tributaria, problema al que se enfrentan los ciudadanos y los Estados miembros en este momento. 
Sin embargo, quisiera señalar aquí que esta cuestión, como se sabe, afecta única y exclusivamente a las competencias de los Estados miembros y, por tanto, queda fuera de las competencias de la Comisión Europea. 
Esta institución sí debe vigilar por que los distintos sistemas también se mantengan en el futuro, que no tengan consecuencias negativas para los trabajadores que ejercen su derecho de libre circulación en la Unión. 
En lo que a las propuestas de modificación se refiere, quiero hacer hincapié en un punto: el ámbito de aplicación, en inglés scope, el ámbito de aplicación de la futura propuesta de directiva- ya que la directiva todavía no está aún terminada- que regula las actividades de los fondos de pensiones profesionales. 
La cuestión es, por tanto, -y muchos de los participantes en este Pleno se han referido a ello esta tarde, la Sra. Kauppi, en primer lugar- si esta propuesta, que haremos pública dentro de poco, abarcará todas las formas de ahorro salarial o si, simplemente, debe limitarse a los productos de ahorro salarial de los profesionales que aseguren a los tomadores frente a los riesgos biométricos. 
Mi respuesta es la siguiente; espero que quede clara. 
Es necesario que existan normas cautelares para todas las formas de ahorro salarial de los profesionales. 
Estas normas se diferenciarán en algunos puntos según la efectividad de los riesgos cubiertos por las entidades. 
No obstante, no existe ningún motivo técnico para no recoger estas diferentes formas de ahorro en la misma directiva. 
En mi opinión, sería erróneo, y la Unión Europea se impondría limitaciones artificiales, si la Comisión limitara la propuesta de directiva a los sistemas de pensión que cubren únicamente los riesgos biométricos y quedaran descartas otras prestaciones de jubilación, que, tal vez, sean solamente prestaciones completas de jubilación, ya que no pueden cobrarse antes de la fecha de la misma; pero que, no obstante, según algunos diputados, deberían ser excluidas de la directivas. 
Creo que es un error. 
Opino que la propia Unión Europea no hace nada bueno si limita el ámbito de la directiva a esos riesgos biométricos y, sinceramente dicho, no veo ningún motivo por el que otras formas de ahorro salarial no se incluyan en la misma, tal como acabo de decir. 
Ahora bien, los Estados miembros cuentan con un amplio margen de maniobra, por tanto, para, por ejemplo, fomentar más determinados productos de pensiones mediante un régimen de incentivos fiscales. 
Pueden exigir, además, que los productos que se oferten en su mercado respondan a determinados criterios sociales, también cuando se trate de prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro. 
Los trabajadores y los empresarios dentro de una empresa o sector son libres de elegir entre los productos disponibles en su mercado según sus ventajas y desventajas. 
Continúa existiendo, por tanto, una amplia libertad para que los Estados miembros organicen los regímenes de pensiones dentro de su territorio como juzguen conveniente. 
Esta libertad continúa existiendo. 
La Comisión se afana por la creación, nuevamente, de un marco único que liberalice el establecimiento y el ámbito de aplicación de los fondos de pensiones dentro de los Estados miembros, de manera que beneficie a todos los participantes en semejantes fondos de pensiones. 
Debemos, por tanto, establecer ese marco jurídico dentro de la Unión Europea, de forma que las empresas y los futuros beneficiarios tengan la posibilidad de elegir los productos ofertados por entidades sobre las que se ejerce una supervisión adecuada y que actúan en un mercado transparente. 
La supervisión adecuada resulta tan crucial como la liberalización del ámbito de aplicación de los fondos de pensiones. 
El papel de la Comisión no consiste en determinar de forma detallada qué es un producto de pensión, aquí entra en juego el principio de subsidiariedad, y la Comisión Europea no desearía hacer nada que menoscabara ese principio. 
Señor Presidente, quisiera que el Comisario dijera si va a contestar mi pregunta. 
Le he escuchado durante media hora. Me hubiera gustado que hubiese respondido a mi pregunta sobre la cash management y la solución de este problema de cara, sobre todo, a la pequeña y mediana empresa. 
Señor Presidente, me hubiera gustado reservarme la pregunta de la Sra. Plooij para contestarla en el informe sobre el mercado interior. 
Eso significaría, en efecto, que la Sra. Plooij debería permanecer en este Pleno más tiempo todavía del que ya lleva. 
Me parece que es interesante estar presente. 
A fin de cuentas, muchas de las observaciones efectuadas en este Pleno también le resultarán interesantes, pero ahora que me ha recordado su pregunta que, repito, iba a contestar más tarde, quisiera decir que, efectivamente, se trata, por supuesto, de un asunto relacionado con el mercado interior. 
La pequeña y mediana empresa encuentra obstáculos, efectivamente, a la hora de superar las fronteras. 
La Comisión es muy consciente de ello. 
El objetivo del mercado interior es, por supuesto, ayudar a las pequeñas y medianas empresas a superar las fronteras nacionales. 
La nueva estrategia para el mercado interior contiene unas cien medidas, entre las cuales figuran muchas a favor de la pequeña y mediana empresa. 
No obstante, si la Sra. Plooij me plantea los problemas concretos de la pequeña y mediana empresa no abordados en el marco de la nueva estrategia para el mercado interior, me esforzaré al máximo para satisfacer sus deseos al respecto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Estrategia para el mercado interior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0098/2000) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Estrategia para el mercado interior europeo (COM (1999) 464- C5-0212/1999- 1999/2167 (COS)) 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe que tengo el honor de presentar es el resultado de una extraordinaria colaboración- que agradezco- entre personas y entre comisiones. 
Y permítame dos observaciones: la Comisión de Asuntos Jurídicos no ha aceptado todas las sugerencias de las comisiones competentes para opinión. 
Con muchas de ellas estábamos absolutamente de acuerdo y nos parecieron muy interesantes, pero consideramos que esta resolución no era el lugar adecuado para ellas y que, con su incorporación, perdería nitidez en el mensaje. 
Ese mismo ha sido mi criterio al recomendar el voto positivo para las enmiendas presentadas al Pleno. 
Por lo tanto, insisto- y un buen ejemplo es la opinión de la Comisión de Pesca- en que no se han incorporado en la resolución porque se rechazara su contenido sino por entender que el mensaje de la estrategia del mercado interior tenía que quedar claro. 
Ese mensaje arranca de la posición adoptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos en nuestra resolución de 4 de noviembre del 99. 
Y si me permite, señor Presidente, me centraré en tres ideas. 
La primera preocupación de la Comisión de Asuntos Jurídicos- y espero que la ratifique mañana el Pleno- es la idea de la situación del mercado interior. 
¿Qué es el mercado interior en la construcción europea? 
Hoy en día, escuchamos ese canto de sirena de la globalización y, aparejada, nos llega la idea de que seamos internacionales. El mercado interior se nos ha quedado muy pequeño en esta nueva economía globalizada. 
Nada más errado. 
Y este documento sobre la estrategia para el mercado interior lo pone de manifiesto claramente. 
El mercado interior es la plataforma de Europa en el mundo. 
El mercado interior contiene los principios nucleares de una economía globalizada con ventajas competitivas para Europa. 
Ése es el primer mensaje de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Necesitamos poner énfasis en lo que son los principios del mercado interior: el principio de proporcionalidad, el principio de reconocimiento recíproco, el principio de control en origen. 
Esos tienen que ser los grandes pilares sobre los que se construya esa estrategia para el mercado interior. 
Evidentemente, con esto no saldremos en la portada de los periódicos, pero es importante. 
Como es importante la aplicación y el control de la legislación comunitaria; aplicación en la que tienen que colaborar los Estados miembros. 
Necesitamos ir en contra de procedimientos que se utilizan demasiado frecuentemente, como puede ser el gold plating. 
Necesitamos reforzar nuestro procedimiento en caso de infracción, necesitamos consolidarlo, hacerlo más transparente, más accesible. 
Pedimos que las decisiones de cierre de expedientes de infracción se motiven y se informe al Parlamento de ellas. 
Pedimos que los expedientes de infracción se tramiten con mayor rapidez y sean mejor presentados de cara al ciudadano. 
El segundo mensaje de esta resolución es que necesitamos hacer de la legislación más o menos desordenada que tenemos ahora, que el ciudadano percibe como una carga, un auténtico ordenamiento jurídico, un entorno reglamentario o regulatorio coherente y claro, sin solapamientos, sin contradicciones. 
Esas pequeñas contradicciones son percibidas por el ciudadano y por la industria como cargas, como una falta de claridad en el mensaje de adónde vamos. 
Por último, el tercer mensaje es un cambio en la cultura de la empresa en Europa. 
Necesitamos unos empresarios más capaces de asumir riesgos. Y para eso también tendremos que cambiar algunas leyes, como por ejemplo las leyes europeas sobre insolvencia en general, sobre suspensión de pagos y quiebras. 
Necesitamos poner énfasis en la creación de un auténtico mercado de capital riesgo. 
Necesitamos convencer a los jóvenes europeos, como están convencidos los jóvenes americanos, de que la mejor salida de una carrera no es entrar en una gran empresa, con una idea de ciclo largo, sino crear nuevas empresas. 
Y en todo eso, el entorno del comercio electrónico, el entorno Internet, el entorno de las nuevas tecnologías tienen que ser una buena plataforma. 
En definitiva, señor Presidente, y para resumir, espero que mañana, al votar esta resolución, el Parlamento lance una idea clara. 
Estamos detrás de la Comisión en esta iniciativa y, desde luego, queremos participar en todo el ciclo, permanentemente, colaborando, dando ideas y controlando. 
. Señor Presidente, de nuevo el Parlamento Europeo ha de pronunciarse sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la construcción del mercado interior, en este caso, en una nueva versión. 
Parte de su contenido afecta a las competencias de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
A esos puntos, concretamente, es a los que voy a referirme. 
En primer lugar, quiero decir que, con carácter general, una de las críticas que se hizo a anteriores versiones de este documento ha perdido su razón de ser. 
Se decía en la resolución del Parlamento Europeo, de fecha 4 de noviembre de 1999, que el documento era poco concreto, que no contenía acciones concretas. 
Esta nueva versión ya contiene propuestas, medidas concretas. Vamos, pues, a analizar, aunque sea en términos generales, el contenido de esas propuestas. 
En materia fiscal, la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la Comunicación es que resulta poco ambiciosa, sobre todo en comparación con anteriores documentos. 
Somos conscientes de los escollos con los que se ha encontrado el paquete fiscal y de la situación de bloqueo de algunos de sus capítulos, pero en una situación así son necesarias mayores dosis de coraje político para sacar adelante propuestas. 
En el documento echamos en falta ese coraje político ya que, en el capítulo fiscal, se limita a reproducir anteriores compromisos de la Comisión, olvidando incluso algunas de las propuestas del Parlamento Europeo. 
En segundo lugar, en materia de normas sobre la competencia, la Comunicación se inclina por profundizar el proceso de reforma en marcha y en eso merece nuestro apoyo. 
Finalmente, en el capítulo de servicios financieros, es de destacar que hasta el momento se han conseguido algunos avances al respecto pero, como se señala en el último cuadro de indicadores del mercado único, todavía queda en este capítulo mucho por hacer. 
. Señor Presidente, como autor de la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, es lógico que mi intervención vaya dirigida a señalar los problemas que puede plantear la estrategia del desarrollo del mercado interior desde un punto de vista social. 
Partimos de un modelo social europeo- que es un modelo nacional- y estamos transformando la estructura económica de esa sociedad. 
Al hacerlo, nuestra preocupación es que el esfuerzo por la liberalización no llegue a transformar la esencia del actual modelo social europeo. 
Esto se manifiesta en algunos aspectos tan aparentemente banales como el transporte urbano. 
Si el transporte urbano no está sometido a consideraciones políticas y a la intervención de las autoridades, por ejemplo, locales, una simple liberalización puede hacer prácticamente imposible la movilidad para llegar al puesto de trabajo. 
Hemos tenido ejemplos, como el caso de Venezuela donde un transporte estrictamente privado llevó a una profunda crisis social y política del país. 
La liberalización tiene otras dificultades. 
Por ejemplo, cuando servicios públicos y empresas públicas son privatizados y esas empresas públicas pasan a ser controladas por un sector privado que lo que hace en realidad es sustituir el monopolio estatal por un monopolio particular, puede ocurrir que no haya una efectiva liberalización. 
La liberalización a través de la privatización de empresas públicas puede acabar en la consolidación de posiciones dominantes y de monopolios privados que son- en mi opinión- más perjudiciales que el monopolio concebido en beneficio del interés general. 
Otro aspecto- al que nos hemos referido en el reciente debate sobre el informe Kuckelkorn- es la necesidad de coordinar la protección social. 
La protección social en un mercado interior unificado no puede dejarse en manos de la simple subsidiariedad. 
Y por último, me parecen importantes también las políticas de cohesión. 
Si no hay cohesión económica y social, si no se equilibra el nivel de vida en las diferentes regiones de la Comunidad, nos podemos encontrar con que la Unión Europea será una Unión Europea injusta en la que algunas regiones progresarán más y otras se quedarán atrás. 
Esta es la base de las enmiendas que presentamos la Sra. Berger y yo, representando los puntos de vista de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
.- Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la mención explícita que ha hecho la ponente a la opinión de la Comisión de Pesca, a pesar de que tengamos que lamentar que no se haya podido incluir en el informe. 
Digo esto sobre todo, señor Comisario, para que pueda usted transmitirlo a la Comisión y fundamentalmente al Sr. Fischler, que la política pesquera común constituye uno de los pocos ámbitos de la actividad comunitaria en la que hasta ahora se han dado muy pocos pasos en la consecución de un verdadero mercado interior. 
La falta de acción está relacionada con la propia concepción originaria de esta política. 
El actual Reglamento nº 3760/92 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y de la acuicultura contempla un régimen de excepción al mercado único al señalar, en sus artículos 6 y 7, excepciones al principio de libertad de acceso a los caladeros de tal forma que los Estados miembros gozan de un derecho de explotación exclusiva de sus recursos pesqueros en una franja costera de 12 millas, así como de una serie de derechos de pesca preferentes, en virtud de la aplicación del llamado principio de estabilidad relativa, que reparte en cuotas nacionales el ejercicio de la pesca. 
Al mismo tiempo establece restricciones al ejercicio de la actividad en ciertas áreas denominadas boxes. 
Estas restricciones al principio de libertad de acción, que fueron previstas como limitaciones de carácter temporal, se han ido prorrogando y estarán vigentes hasta el 1 de enero del año 2003 como un mecanismo destinado a permitir a la industria pesquera de algunos Estados miembros adaptarse a las reglas de la libre competencia en un mercado cada vez más abierto y mundializado. 
Tras más de 20 años transcurridos y en vísperas de una revisión general de todos los aspectos de la política pesquera común que, por imperativo legal, debe producirse en el año 2002, es el momento- creo yo- de analizar si conviene poner punto final a este período transitorio de adaptación a la libre competencia previsto en el citado reglamento. 
En mi opinión, Señorías, el sector de la pesca y la política pesquera común deben someterse también sin excepciones al mercado interior. 
Deben, por tanto, aplicarse plenamente los principios y las libertades fundamentales que consagran los Tratados también en la pesca, es decir, debe adecuarse el marco de la política pesquera común al marco jurídico general de la normativa comunitaria. 
Señor Presidente, en nombre de nuestro Grupo, quisiera expresar encarecidamente el beneplácito ante el excelente informe de la Sra. Palacio Vallelersundi. 
Como ha dicho en su introducción, ha adoptado la sensatísima decisión de centrarse en las cuestiones más decisivas para la creación del Mercado Único. 
Quiero centrarme en algunas de las observaciones principales que formula. 
La primera es la necesidad de abordar dentro de la Unión las repercusiones de la legislación relativa a las empresas. 
Resulta particularmente importante la petición a la Comisión de que refuerce sus actividades para garantizar la evaluación de los costos de cumplimiento idóneo y los costos para las empresas de la nueva legislación. 
Digo al Comisario que esperamos que no se lo deje para el último momento, después de que todos los departamentos de la Comisión hayan desarrollado una legislación. 
Debe ser una parte integral de la política y del proceso de reglamentación. 
Hay que velar por que a partir de ahora un objetivo fundamental sea el de contribuir a que el Mercado Interior avance. 
Nos encantó ver un segundo punto en el orden del día de Lisboa. 
Desde que este nuevo Parlamento inició su labor el año pasado, nuestra comisión y, de hecho, nuestro Grupo, han estado insistiendo en la necesidad de fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en toda la Unión Europea. 
El informe de la Sra. Palacio Vallelersundi subraya varios aspectos decisivos, tales como la necesidad de abaratar y acelerar la creación de empresas y la de eliminar algunos de los obstáculos que impiden a los empresarios beneficiarse de los riesgos de la aportación de capital para crear nuevas empresas. 
Me defrauda que nuestros colegas socialistas propongan la supresión de esa cláusula en esta resolución. 
Puedo asegurarles que mañana nos opondremos vigorosamente a ello. 
Pido a sus Señorías que rechacen esa propuesta. 
Concluyo confirmando que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior seguirá presionando vigorosamente en pro de la rápida realización del Mercado Interior. 
Todos los diputados de todos los Grupos políticos son dignos de elogio por la rapidez con la que hemos examinado esta semana la directiva sobre el comercio electrónico. 
Espero que se agradezca. Espero que eso demuestre que estamos dispuestos a trabajar con rapidez. 
Espero que juntos podamos hacer funcionar el Mercado Interior lo más rápidamente posible. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario, queridos colegas, la actual estrategia de la Comisión Europea para la efectiva realización y mejora del mercado único interior ha sido varias veces objeto de debate en esta Asamblea. 
Este continuado proceso de discusión es resumido en el informe de la colega Palacio, y quiero darle las gracias por ello, y además con énfasis, porque sé que la finalización y mejora de proyectos ya existentes es una tarea a veces poco agradecida y discreta. 
Sólo se proporcionan titulares cuando se trabaja en proyectos nuevos. 
Pero no podemos deshacernos del mercado interior como de un sombrero viejo. 
La introducción del euro ha puesto de manifiesto con mayor intensidad los defectos del mercado interior y lo seguirá haciendo en el futuro de forma aún más evidente. 
Toda disfunción del mercado interior debilita económicamente a Europa y la credibilidad de ésta ante los ciudadanos. 
Si es útil dar un nuevo impulso al proyecto del mercado interior sirve de ayuda, entonces debemos aprobar el nuevo embalaje que la Comisión ha dispuesto, aunque en ciertos aspectos parece excesivamente construido y demasiado intrincado. 
Es importante que las medidas propuestas se apliquen con rapidez. 
Como Parlamento ­así ya lo ha señalado la colega Harbour­ hemos prestado, en mi opinión, una importante contribución a este respecto mediante la aceptación de la posición común del Consejo sobre el comercio electrónico. 
El Consejo de Ministros se demora en muchos ámbitos. 
Pienso sobre todo en proyectos de directivas fundamentales como las Directivas "Derechos de autor en la sociedad de la información", "Fernabsatz- Venta a distancia", "servicios financieros", sobre las que estamos esperando desde hace mucho tiempo la posición común del Consejo. 
Si queremos conformar el mercado interior de un modo más cercano al ciudadano y más palpable, debemos tener en cuenta por igual todas las cuestiones vinculadas al mismo. 
Incluir desde un principio y no considerar como contrarios aspectos de la protección al consumidor, de la política de empleo, de la seguridad social, de la política fiscal, de la protección medioambiental y de la política regional fortalecerá el mercado interior, haciéndolo, en última instancia, funcionalmente más apto. 
A este efecto nos hemos permitido presentar algunas enmiendas a modo de complemento del informe de la colega Palacio. 
Por último, deseo hacer una petición al Comisario Bolkestein: de la declaración de la Comisión sobre el caso Echelon hemos deducido que al menos en un Estado miembro de nuestra Unión ­presumo que no es el único, sino que hay más­ se llevan a cabo actividades por servicios secretos con el objetivo, permitido por la ley nacional, de proteger el economic well being de una nación, de un Estado miembro. 
No obstante, pienso que dichas disposiciones legales deberían ser examinadas desde la perspectiva del mercado interior y de una economía europea común, de un espacio económico europeo común. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, no sólo puedo menos que manifestar mi respeto por el claro proyecto de informe elaborado por la Sra. Palacio. 
En él se han recogido y acentuado con rigor los puntos centrales de la comunicación de la Comisión en cuanto a la estrategia que se va a seguir respecto del mercado interior europeo. 
Quiero subrayar algunos puntos. 
Debe aplaudirse el diálogo que la Comisión ha prometido mantener con los ciudadanos y las empresas, ya que la relación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y la sociedad debe ser, en efecto, interactiva. 
Un diálogo constante no sólo es deseable, sino necesario para seguir el ritmo de la vertiginosa evolución tecnológica actual. 
El ciudadano medio tiene, hasta el momento, muy poca idea de lo que hace la Unión y de qué ventajas puede conllevar su actuación para la sociedad europea. 
De ahí que las actividades de información sean, en efecto, particularmente importantes, puesto que Europa no puede continuar alejada del ciudadano. 
La regla fundamental debe ser back to basics. 
En la iniciativa e-Europe se encomia el uso y conocimiento de Internet y de los multimedia. 
Esto es loable, efectivamente, pero resulta más importante que no sólo se cree un marco, sino que se dé contenido a la enseñanza. 
Quisiera repetir aquí las palabras del Presidente francés con motivo de la inauguración del edifico del Parlamento, cito textualmente: " Debemos lograr una Europa de los ciudadanos en la que todos nos sintamos implicados. 
Debemos, por tanto, tener éxito en la construcción de esta gran casa común, en la que cada uno debe poder sentirse a sus anchas; una casa en la que todos vivamos solidariamente, pero en la que cada uno mantenga su individualidad ". 
A fin de lograr estos objetivos, los habitantes deben aprender a conocer su casa o, mejor dicho, su propio hogar y, especialmente, sentirlo como tal. 
La creación de un verdadero mercado interior exige, sobre todo, la defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas. 
Siguen surgiendo demasiados obstáculos hasta la fecha. 
La competitividad y la dinámica de las empresas dependen directamente de una regulación que favorezca la inversión, la innovación y la iniciativa empresarial. 
Por último, sólo me queda señalar la necesidad de impulsar el programa SLIM. 
La normativa debe simplificarse y redactarse con precisión. 
Hay que derogar más legislación superflua. 
Es aconsejable, por ello, crear un scoreboard con las leyes que se han suprimido. 
Señor Presidente, quisiera intervenir por una cuestión de orden. 
En el debate, el Sr. Harbour se ha referido a una enmienda presentada en mi nombre y en el de la Sra. Berger- la enmienda nº 2 al apartado 22, segundo guión. 
Si no me equivoco, el Sr. Harbour ha dicho que se opone a nuestra enmienda. 
En el texto español que yo tengo no hay ningún problema. 
La enmienda se ha hecho sobre el texto alemán, que da algún motivo de inquietud porque hace referencia a las opciones de emisión de acciones. 
Imagino que en el texto inglés que tiene el Sr. Harbour tampoco hay ningún problema. 
El texto castellano lo único que dice es "eliminar las barreras impuestas a los empresarios que capitalizan el valor de la empresa mediante la emisión de acciones en la bolsa". 
Si éste es el texto correcto, realmente no hay ningún problema, por lo cual, yo retiraría esa enmienda y, simplemente, pediría que la versión alemana se ajuste a lo que dice el texto español. 
Señor Presidente, le agradezco sinceramente que me conceda la palabra para referirme a algo que preocupa a la Comisión en su conjunto y, por supuesto, a este Comisario en particular, a saber, la nueva estrategia para el mercado interior. 
Para empezar, quiero agradecer sinceramente a la ponente, la Sra. Palacio, su ferviente respaldo al complejo de medidas propuestas por la Comisión. 
Esta institución se siente reforzada al obtener este importante respaldo del Parlamento. 
La Sra. Palacio se ha referido a tres cuestiones. 
En primer lugar, ha subrayado la importancia del mercado interior en tanto plataforma en el mundo, esencial para la competitividad de la industria europea y la prestación europea de servicios y, por supuesto, tiene mucha razón. 
Por otra parte, esto ha sido respaldado por las observaciones de la Sra. Berger, quien ha dicho que el mercado interior no es un sombrero viejo que se pueda descartar sin más, el mercado interior es y seguirá siendo una plataforma en el mundo, esencial para la competitividad europea. 
La segunda observación de la Sra. Palacio se refiere a ciertas contradicciones. 
Dice que a veces no se sabe a qué hay que atenerse. 
Éste sería un problema grave si fuera cierto en toda su envergadura. 
La Comisión se esfuerza, por supuesto, por que exista coherencia interna entre las normas, pero, naturalmente, es posible que las reglas entren en conflicto en determinados ámbitos; en ese caso, la Comisión desearía introducir mejoras. 
Quisiera agradecer a la Sra. Palacio y a sus restantes colegas las observaciones relativas a las contradicciones concretas entre normas, ya que, así, la Comisión podrá hacer algo al respecto. 
La tercera observación de la Sra. Palacio se refiere a un cambio en la cultura. 
Es una cuestión importante y, también, muy difícil. Se centra, en particular, y la Sra. Palacio lo ha mencionado, en la disponibilidad del capital de riesgo. 
Actualmente hay banqueros en la industria del capital de riesgo que opinan que existe suficiente dinero en Europa, pero que faltan empresarios. 
En otras palabras, según estos banqueros, con los que he hablado hace poco, el problema no reside tanto en la disponibilidad de capital como en la disponibilidad de los empresarios, y eso es algo vinculado a la cultura económica. 
No estoy, sin embargo, de acuerdo con estas críticas. 
Se debe a ambas partes. 
Se debe tanto a la disponibilidad del capital de riesgo, sobre todo a los costes de capital de riesgo, como, por supuesto, a la falta de suficiente iniciativa empresarial. 
Esto va unido a la cultura económica de Europa, lo que significa que la quiebra de un joven empresario constituye una mancha que le acompañará durante mucho tiempo; mientras que en Estados Unidos, como todo el mundo sabe, una quiebra es algo de lo que se sale con más facilidad. 
Estoy de acuerdo, por tanto, con la Sra. Palacio en que debe hacerse algo a fin de fomentar la cultura empresarial europea. 
Sospecho, por otra parte, que a la luz del desarrollo de lo que ahora se ha dado en llamar nueva economía, se anima cada vez más, a la gente joven, a los jóvenes empresarios, sobre todo, a crear una empresa. 
Paso, tras dar una vez más las gracias a la ponente, la Sra. Palacio, a las observaciones del Sr. Berenguer. 
El Sr. Berenguer ha dicho que la Comisión debe mostrar más valor, especialmente en cuanto al capítulo fiscal. 
Mi respuesta al Sr. Berenguer es ¿debe mostrar la Comisión más valor todavía? 
Lo que intenta hacer la Comisión, resulta ya muy difícil de lograr. 
Esto no se refleja sólo en la cuestión discutida esta tarde, es decir, la coordinación en materia de impuestos, de la legislación fiscal relativa a las cotizaciones al régimen de pensiones. Se refleja, también, en el paquete fiscal que mi antecesor, el Sr. Monti, elaboró. 
Por otra parte, el Sr. Lipietz ha señalado, durante la discusión de la cuestión anterior, que no está dispuesto, y su Grupo, quizá, tampoco, a ampliar la liberalización de la prestación de servicios financieros, si el paquete que se conoce como paquete Monti, no se adopta. 
Quisiera manifestar mi oposición a que se vinculen ambas cuestiones, algo que, además, tampoco tiene ningún fundamento en el mundo real. 
Si el Parlamento, si la Comisión dijera que no quieren avanzar en el ámbito de la prestación de servicios financieros a menos que se realice algún avance respecto del paquete fiscal, estaríamos ante un ejemplo de, utilizando un dicho inglés, cutting off your nose to spite your face. 
Creo que sería un planteamiento erróneo. 
Aunque el Sr. Berenguer, por supuesto, no ha dicho eso, aprovecho la oportunidad para subrayarlo una vez más. 
Pregunto al Sr. Berenguer si quiere que la Comisión muestre más valor todavía. 
Tenemos ya tantas dificultades para conseguir lo que hemos propuesto. 
Mi opinión es que debemos dejar que la Comisión logre las metas que se ha fijado y, después, veremos. 
El Sr. Berenguer ha dicho, además, que todavía debe hacerse mucho en el ámbito de la prestación de servicios financieros. 
Por supuesto, tiene razón. 
El Sr. Berenguer estará familiarizado con el plan de acción en materia de servicios financieros adoptado el 13 de mayo de 1999 en el que figuran 43 objetivos. 
Estamos trabajando por lograrlo, al menos, por lograr lo establecido para este año. 
Todavía tengo la esperanza de efectuar determinadas propuestas, en nombre de la Comisión, antes de las vacaciones de verano, en materia de, por ejemplo, pensiones, asunto sobre el que acabamos de hablar, y, también, respecto de la apertura del mercado al servicio postal, concretamente al servicio general de mercancías y servicios, a las licitaciones, etc. Somos realmente activos en el ámbito que tanto preocupa al Sr. Berenguer. 
Paso ahora a la observación efectuada por el Sr. Medina. 
Ha dicho que la amenaza actual consiste en sustituir los monopolios de Estado por monopolios particulares ¿Cómo voy a apoyar al Sr. Medina? 
Ése no es, por supuesto, el objetivo. 
Quien sustituya un monopolio de Estado por un monopolio particular, sale de una situación mala y entra en otra peor. 
No es ése, con toda seguridad, el objetivo de la Comisión. 
Sí es dar un contenido a lo que el Consejo Europeo decidió en Lisboa, es decir, proceder a una liberalización más rápida de los mercados en los sectores del gas, la electricidad, el transporte y los servicios postales. 
La Comisión intenta conferir un contenido a esto, y ello implica que los monopolios de Estado deben permitir una mayor competencia en los ámbito que acabo de mencionar. 
No obstante, repito, la sustitución de los monopolios de Estado por monopolios particulares es algo que no nos parece oportuno. 
Paso ahora a las observaciones efectuadas por el Sr. Harbour, quien, al igual que el Sr. Beysen y la Sra. Plooij, ha señalado, con mucha razón, la importancia de todo esto para la pequeña y mediana empresa y los costes vinculados al funcionamiento de estas empresas. 
La Comisión es muy consciente de que, por ejemplo, los costes relativos a la creación de una empresa o una pequeña empresa son mucho mayores que en los Estados Unidos. 
En ese país, para hacer hincapié en las diferencias relativas a los costes, se necesitan cinco días por término medio para crear una pequeña o mediana empresa. 
En Europa, se necesita mucho más tiempo. Puede alargarse hasta los cinco meses, una relación, por tanto, de 1 a 30. 
Naturalmente, esto se refleja de forma inmediata en los costes. 
Si hablamos de cultura, me dirijo una vez más a la Sra. Palacio, debemos, entonces, intentar rápidamente hacer algo respecto de los costes relativos a la creación de pequeñas empresas, en caso contrario, perderemos la batalla de la competencia con América del Norte. 
Paso, por último, a la Sra. Berger. 
Ya he respondido a las observaciones del Sr. Beysen relativas a la pequeña y mediana empresa. 
Así mismo, ya he aludido a la Sra. Berger al mencionar el sombrero que no se puede descartar sin más. 
Es buen símil, ya que los ciudadanos de Europa sienten, en efecto, que ahora que ya existe el mercado interior, éste se ha vuelto algo muy normal y no hace falta que le prestemos más atención. 
En absoluto es cierto. 
Todavía falta mucho para completar el mercado interior. 
Debemos, y la Comisión lo hace, detallarlo y defenderlo semana a semana, porque el mercado interior está sometido a una presión constante y los Estados miembros vuelven a caer en viejas costumbres proteccionistas contra las que debemos luchar. 
La Sra. Berger se ha referido, con razón, a las directivas que están bloqueadas en el Consejo. Todos conocemos ejemplos de directivas que llevan cinco, diez, quince años en el aire al no haber sido adoptadas por el Consejo. 
Quiero aclarar una cuestión, y es que todos esperamos, por supuesto, que se solucionen las diferencias de opinión entre España y el Reino Unido respecto de una famosa roca situada en el sur de esta parte del mundo. 
He leído en un artículo de un periódico español que se está en el buen camino y que eso desbloquearía la adopción de media docena de directivas. 
Todos estamos esperándolo. 
Por último, en lo que a Echelon respecta, puedo asegurar a la Sra. Berger que esa cuestión no tiene nada que ver con el mercado interior y que tampoco constituye una amenaza para el mismo. 
Señor Presidente, hasta aquí mis observaciones. 
Permítame manifestar de nuevo mi reconocimiento a los diputados del Parlamento y a la ponente, en particular, por el importante respaldo que esta institución ha dado a la nueva estrategia para el mercado interior. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Año Europeo de las Lenguas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0099/2000) del Sr. Graça Moura, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Año Europeo de las Lenguas 2001 (COM (1999) 485- C5-0278/1999- 1999/0208 (COD)) 
. 
(PT) Señor Presidente, señora Comisaria Viviane Reding, Señorías, yo procedo de un país cuya historia, en los seis últimos siglos, está íntimamente vinculada con el conocimiento de las lenguas extranjeras habladas en las más diversas partes de nuestro planeta. 
Los portugueses tuvieron siempre que aprender a hablar las lenguas de los pueblos que fueron sus interlocutores y, a su vez, llevaron una lengua europea, la portuguesa, a los cuatro puntos cardinales, en los que hoy la hablan 200 millones de seres humanos. 
Así pues, me resulta de una evidencia natural el alcance de una iniciativa como la del Año Europeo de las Lenguas 2001, en una época en que Europa afronta una nueva dimensión de su historia y en que todos tenemos la plena conciencia de la extraordinaria riqueza representada por la diversidad cultural y lingüística de los pueblos europeos y disponemos de una vasta elaboración conceptual, llevada a cabo por el Consejo de Europa e incluso por este Parlamento, que mueve a concebir la lengua materna como uno de los derechos fundamentales de la persona humana. 
Y en ese marco, en que confluyen la historia y la civilización, la dinámica de los procesos culturales y la elaboración jurídica, el apremio del presente y una necesaria perspectiva con vistas al futuro, adquiere su pleno relieve la propuesta de aprendizaje de lenguas extranjeras hecha a todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
El programa del Año Europeo de las Lenguas, campaña que entraña un imperativo audaz, postula la dimensión cultural esencial del patrimonio, tanto oral como escrito, producido desde siempre en todas las lenguas habladas en Europa, y concibe el conocimiento de otras lenguas como elemento intrínseco de la propia construcción de la ciudadanía europea, para abrir la puerta al mejor conocimiento recíproco y fomentar los usos de la tolerancia y la coexistencia, por lo que es también un elemento importante en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas inaceptables de discriminación; por último, tiene en cuenta la dimensión económica, por el conjunto de aptitudes profesionales que la competencia en otras lenguas representa, por el acceso que facilita al conocimiento científico y técnico y por el arma que puede constituir en la lucha contra el desempleo. 
En las diversas enmiendas propuestas al texto inicial por ilustres diputados de esta Asamblea no sólo resaltaban esas preocupaciones, sino también las de una verdadera política en esa esfera que, sin entrar en conflicto con el principio de subsidiariedad, permitiera garantizar la calidad y la eficacia de la campaña de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la diversidad de públicos destinatarios, con atención particular a los sectores más desfavorecidos de las poblaciones. 
La metodología seguida en la elaboración del informe que he tenido el honor de subscribir y que mañana se someterá a votación de este Parlamento ha ido encaminada por una vía completamente oficiosa y mediante contactos intensivos y diversificados con los coordinadores de los Grupos políticos de la Comisión de Cultura, con representantes de la Presidencia portuguesa y con representantes de la Comisión a descubrir sistemáticamente la divisoria entre lo que sería aceptable para los diversos polos institucionales interesados y lo que no. 
Así, se llegó a la redacción de un texto que podemos denominar de transacción y que ha vuelto innecesarias- tenemos toda clase de razones para suponerlo- una posible segunda lectura y una posible conciliación, es decir, una solución que permita terminar el proceso en primera lectura e iniciar las acciones preparatorias del Año Europeo de las Lenguas ya en el segundo semestre de este año civil a fin de que el programa entre en vigor a comienzos de 2001. 
Las últimas dificultades serán- creo- limadas sin lugar a dudas por la declaración que, como todos esperamos, haga la Comisaria Viviane Reding. 
Eso no quiere decir, señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, que estemos en el mejor de los mundos posibles. 
Consideramos muy insuficientes los recursos presupuestados, consideramos que hay acciones posteriores al programa que resultará imperativo calibrar y llevar a cabo y también consideramos que hay toda una serie de aspectos que quedaron fuera, relativos ya no a una campaña de aprendizaje, sino al estatuto de las lenguas europeas que, por cualquier razón histórica o política, son menos habladas o están más desfavorecidas en algunos Estados miembros. 
Esos aspectos requieren también una atención urgente por parte de las instituciones comunitarias, pero nada de eso invalida la afirmación de que el texto de transacción cuenta con enormes posibilidades de dar buenos resultados, pues corresponde a un anhelo y una necesidad efectivos de los pueblos de la Unión y establece ya, directa o indirectamente, gran parte de los grandes principios que se deben consagrar a ese respecto. 
Por todo eso, y agradeciendo toda la colaboración que han prestado al ponente sus colegas, la Presidencia portuguesa y la Comisión, tengo el honor de proponer que se vote a favor de la propuesta de decisión común relativa al Año Europeo de las Lenguas, en la versión resultante del texto de transacción cuyas características acabo de presentar. 
Señor Presidente, queridos colegas, pocas veces reina en esta Asamblea tanto conocimiento de causa y sentido común en todas las partes, como hoy podemos constatar en este debate. 
Ello se debe probablemente al tema, cuya urgencia y significación todos apreciamos particularmente. 
Queremos preparar adecuadamente el Año Europeo de las Lenguas. 
Por ello las tres Instituciones se han aproximado unas a otras, evitando así entrar en largas negociaciones. 
Agradezco expresamente al colega Graça Moura su trabajo. 
Lo ha llevado de una forma tan brillante que a todos los coordinadores de la comisión no les cabía más que sumarse a él. 
Reconozco que su encanto ha desempeñado con toda seguridad un papel importante, ¡por supuesto, también su conocimiento de la materia! 
¿Qué se pretende con esta acción que apoyamos con tanto entusiasmo? 
Queremos que nuestros conciudadanos perciban las ventajas que entraña el dominio de varios idiomas. 
Los diferentes idiomas son parte de la diversidad cultural, y toda la riqueza de nuestra de nuestra cultura se descubre en particular mediante el conocimiento de la lengua. 
¡Poder leer y entender un poema de Verlaine en francés, o uno de Heine en alemán, o uno de Vasco Graça Moura en portugués, es simplemente maravilloso! 
Pero en el día a día las cosas no acaban de marchar del todo sin conocimiento de lenguas. 
El mercado interior se abre en su totalidad sólo a los que hablan varios idiomas. 
Como ponente del programa Sócrates me declaro abiertamente a favor de que, en particular, el aprendizaje de las lenguas de los vecinos europeos desempeñe un papel importante en el Año de los Idiomas y de que en el marco del mismo se den proyectos piloto en este ámbito. 
Todos esperamos, lógicamente, que las medidas previstas para este Año de las Lenguas no sean flor de un solo día, sino que se extiendan más allá de este período. 
¡Le deseo a este Año el éxito que todos nosotros necesitamos! 
Señor Presidente, señora Comisaria, con el Año Europeo de las Lenguas 2000 deben lograrse varios objetivos, entre otros reforzar la concienciación acerca de la riqueza cultural de la diversidad lingüística de la Unión Europea. 
Asimismo, debe ponerse al alcance de la mayor cantidad posible de personas la ventaja del conocimiento de varios idiomas como elemento esencial del desarrollo personal, de la trayectoria laboral y de una mejor comunicación. 
A este respecto, es importante, para mi personalmente, apoyar de forma más decidida, además de a los escolares y universitarios, a los grupos de los socialmente desfavorecidos y de los inmigrantes, ofrecerles perspectivas y abrirles oportunidades de futuro. 
El intercambio de informaciones, la adquisición y elaboración de experiencias, así como el desarrollo de nuevos y modernos métodos para mejorar el acceso a las lenguas y organizarlo de una forma más eficaz, es igualmente uno de los principales objetivos de este proyecto. 
Dentro del actual marco presupuestario de 8 millones de euros no es, desgraciadamente, posible, tal como han exigido numerosos colegas, poner particularmente de relieve y fomentar las lenguas minoritarias que, evidentemente, deben ser tenidas en cuenta en las correspondientes regiones ­y lo sé por experiencia propia, pues procedo de una región en la que hay tres lenguas minoritarias-. 
El objetivo de este Año de las Lenguas es primordialmente, como ya se ha afirmado, invitar a los europeos a que aprendan varios idiomas, en su propio provecho y como fundamento de un mejor entendimiento y de un crecimiento más cohesionado de la Unión Europea. 
En muy poco tiempo hemos conseguido elaborar este informe y lograr un texto unitario mediante más de 100 enmiendas. 
La flexibilidad y la disposición negociadora de todos los participantes fueron extraordinarias. 
El ponente, Sr. Graça Moura, ha sido un negociador particularmente perspicaz y comprometido en interés de este proyecto. 
¡Le felicito por ello, muchas gracias! 
A pesar de todos estos aspectos positivos, quiero formular en este contexto mi crítica al Consejo, que no se ha conducido con respecto al Parlamento con la seriedad necesaria. 
Hace dos semanas los representantes del Consejo, de la Comisión y del Parlamento habíamos alcanzado un acuerdo que, desgraciadamente, fue cuestionado el lunes de esta semana. 
No podemos aceptar esta forma de proceder, y esperamos que el Consejo dé un mandato a sus representantes en las negociaciones o nos confirme que será necesario entablar nuevas conversaciones. 
A mi juicio, es importante que nos aproximemos mutuamente; la cultura es un punto de apoyo preeminente y la lengua reviste a este respecto un carácter esencial. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. Graça Moura por el gran trabajo y la energía que ha puesto en la elaboración de este informe y expresar con justicia mi agradecimiento al Consejo por mostrarse tan complaciente y a la Comisión por su papel de intermediación, sobre todo al final. 
El Grupo Liberal respalda muy gustosamente iniciativas que puedan crear mayor conciencia sobre el valor de la diversidad lingüística en la Unión Europea. 
Es importante animar a los ciudadanos comunitarios a que aprendan una lengua extranjera desde temprana edad en la escuela- y dicho sea de paso, durante toda su vida. 
Los conocimientos lingüísticos son importantes, pues las lenguas europeas tienen gran trascendencia para la cultura y civilización europeas, y unas buenas aptitudes lingüísticas condicionan también la búsqueda de empleo por parte de un trabajador en otro país comunitario que no sea el suyo. 
El programa relativo al año europeo de las lenguas es un estupendo punto de partida desde el que informar sobre las diversas posibilidades existentes a la hora de aprender una lengua extranjera y es importante. 
La propuesta del Sr. Graça Moura recoge las 11 lenguas oficiales de la UE además de otras lenguas reconocidas por los Estados miembros, como por ejemplo, el irlandés y el luxemburgués. 
El Grupo Liberal cree también que debemos tener dentro del programa las lenguas que realmente se hablan en los estados miembros respectivos. 
Permítanme mencionar lenguas como el catalán en España o el frisón en Holanda. 
Y por último, en el programa relativo al año europeo de las lenguas se hace referencia a la prevista ampliación de la Unión, algo que desde el Grupo Liberal consideramos de gran trascendencia para todos los programas comunitarios. 
En nombre del Grupo, recomiendo el apoyo para este programa. 
Señor Presidente, yo también quiero, por supuesto, agradecer al ponente su excelente y exquisito trabajo. 
Quiero hacer un par de comentarios sobre la campaña europea que pretende que los europeos aprendamos lenguas de otras comunidades. 
Evidentemente, todos estamos convencidos de su utilidad. 
Sin embargo, el frecuente fallo de las campañas europeas, y tengo la suerte de no llevar en la política el tiempo suficiente como para no saber cómo lo ve el ciudadano medio, es que con frecuencia son un letrero muy bonito al que uno mira, pero del que queda poco insubstancial. 
Me gustaría atreverme a esperar que esta campaña ofrezca algo diferente y que, sobre todo, se analice de una vez por todas por qué resulta tan difícil que los europeos aprendamos idiomas, y que se examine cuál es el momento oportuno para aprenderlos. 
Vengo de un país en el que se hablan dos lenguas, y yo mismo he podido comprobar que algunas personas de este país nunca logran aprender la otra lengua; que, a veces, siguen cursos durante años, doce años en algún acaso, y aún así no hablan la otra lengua. 
Es una comprobación terrible. 
Espero, entonces, que, en el marco del año de las lenguas europeas, también se investiguen cuáles son los mejores métodos de aprendizaje y, especialmente, cómo se puede animar a los europeos a aprender la lengua de otros europeos, de forma moderna y atractiva. 
Señor Presidente, Señorías, la multiplicidad de lenguas es fuente de riqueza cultural. 
Doy las gracias al ponente, el Sr. Graça Moura, por haber restituido esta dimensión que desgraciadamente faltaba al principio, por haber establecido de entrada que no nos encontramos solamente frente a un problema técnico de información y de comunicación, por haber recordado que la diversidad de lenguas es producto de una civilización escrita y oral. 
Hay que evitar un enfoque funcionalista y utilitarista de las lenguas, ya que este enfoque ignora que la lengua permite el pensamiento y que el pensamiento permite la ciudadanía. 
El hecho de aprender al menos dos lenguas me parece, pues, un requisito mínimo para acompañar la dinámica de la democracia europea, así como para garantizar la movilidad de los estudiantes y de los asalariados. 
Me pregunto, simplemente, con qué medios contamos ahora, como no sean grandes palabras y muy poco dinero, para realizar esta política. 
Debemos poder pensar con nuestra lengua materna, con o en otras lenguas. 
Como francesa, estoy convencida de que la francofonía corre pareja con el uso de las lenguas extranjeras. 
Por eso es necesario convencer a padres, profesores y políticos de que el aprendizaje de las lenguas debe empezar en la enseñanza primaria, incluso en la educación prescolar. 
Por eso también la interpretación y la traducción no pueden estar relegadas, como ocurre ahora, bajo la denominación de aptitudes afines. 
No podemos contentarnos con defender la diversidad de lenguas y con exigir el respeto de las diferencias. 
Está en juego una Europa que asume una identidad de las identidades y no sólo una asociación de diferencias. 
Y esto nos lleva al debate sobre las lenguas oficiales de la Comunidad y las lenguas reconocidas, nacionales o regionales, de todos los países de hoy y del futuro, concretamente en el marco de la ampliación, que, como sabemos, nos preocupa en el plano de las lenguas. 
El ciudadano europeo también posee un patrimonio que empieza con el griego antiguo y el latín; todos lo hemos subrayado en el seno de la comisión y no debemos perder estas lenguas. 
El ciudadano no debe descuidar ninguna lengua; tampoco debe olvidar las de los inmigrantes, los cuales están muy presentes en nuestros países, ni siquiera la lengua de los signos, que es la lengua minoritaria por excelencia. 
Y, en mi opinión, una buena campaña de sensibilización debe, naturalmente, presentar la lengua como un tema de aprendizaje y una mecánica de intercambio, pero también recordar que la lengua es asimismo un placer y un juego. 
Señor Presidente, después de felicitar también yo al Sr. Graça Moura, ponente del informe, quien ha realizado una labor tan brillante que ha sido apoyada unánimemente por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, quisiera centrar mi atención sólo en un punto, en que la necesidad de aprender más de una lengua tiene importancia como elemento de dinamismo económico, aparte de su importancia humana, cultural y política. 
En el informe también se señala que todos los especialistas han constatado que el aprendizaje correcto de la lengua materna y el aprendizaje de las lenguas clásicas, especialmente del latín y del griego clásico, facilita el aprendizaje de las otras lenguas. 
Yo añadiría que también el de nuestra lengua materna. 
Que esto es una gran verdad se puede demostrar con algo que muchos desconocen, por ejemplo, que la lengua inglesa contiene por lo menos 75.000 palabras de raíz griega. 
Repito, 75.000 palabras inglesas que proceden del griego clásico. 
Semejante es el número de las palabras de origen griego en la lengua francesa, igual que en la mayoría de las lenguas actuales europeas. 
Seguro que el peso del latín para la mayoría de las lenguas europeas es semejante. 
El sabio inglés Francis Bacon había afirmado que saber es poder, por tanto también el conocimiento de las lenguas básicas de las que derivan las lenguas actuales, mejora nuestros conocimientos generales y refuerza la cultura europea, que aparte del valor humanitario, también es un arma para nuestra supervivencia y nuestra prosperidad como europeos en una economía mundializada. 
Por otra parte, los profesores alemanes Augusto y Verner-Karl Heisemberg, han caracterizado a la lengua griega antigua y también a la moderna como lenguas madre y nodriza de la cultura humana. 
Creo que el resurgimiento de la enseñanza del latín y del griego clásico en la enseñanza media va a armar también culturalmente a las nuevas generaciones para que puedan resistir la irrupción del mensaje, allanador por regla general, de la cultura americana, reteniendo sólo sus elementos positivos. 
Señor Presidente, estimados colegas, felicito al Sr. ponente por su informe. 
El Año Europeo de las Lenguas es importante y debe ser apoyado. 
Evidentemente, todas las lenguas de Europa tienen culturalmente la misma dignidad y el mismo valor. 
Se puede decir que lengua le da sentido a todo. 
La lengua materna no es un mero vehículo de comunicación; es, en realidad, mucho más importante que todo lo demás. 
Es el pensamiento mismo. 
La lengua es el medio más pacífico para comunicarse. 
La independencia es la lengua y la lengua es la independencia. 
Los kurdos son un pueblo sin estado propio y sin fronteras. 
La lengua les mantiene unidos. 
La lengua es un poder inmenso. 
Es el lazo más importante de las naciones. 
La superpotencias y muchos otros estados más pequeños suelen ejercitar la opresión a través de la lengua. 
Es el instrumento de las colonizaciones. 
En mi propio país existe una de las legislaciones lingüísticas más liberales del mundo. 
Nosotros tenemos experiencia de lo que significa que se regulen dos lenguas extranjeras como lengua oficial de nuestro país en dos ocasiones diferentes; sólo a principios del siglo pasado se consiguió convertir nuestra lengua en lengua oficial. 
Por ello, hemos garantizado que las lenguas minoritarias disfruten de una posición importante. 
Así pues, la diversidad de lenguas de la Unión Europea es una riqueza. 
Al mismo tiempo, también es un derecho de cada ciudadano de los Estados miembros. 
También hay que seguir conservando la diversidad de lenguas tras la ampliación, pues no existe ningún obstáculo para ello. 
Es erróneo considerar la diversidad de lenguas como algo caro e ineficaz. 
La interpretación no es cara, sino que es el medio más eficaz de trabajar en aras de la paz. 
Señor Presidente, además de felicitar al ponente, quisiera resaltar en este debate que la idea de esta celebración nace del Consejo de Europa, institución con una especial sensibilidad hacia los aspectos culturales y sociales del viejo continente, que, con su iniciativa de incrementar el conocimiento y el uso de más lenguas entre los europeos, busca fortalecer la comprensión, la tolerancia y el mayor acercamiento entre los ciudadanos. 
Ahora bien, al hablar de las lenguas europeas, no podemos olvidar que el término no se agota con los idiomas oficiales de los Estados. 
En Europa se hablan muchas otras lenguas, algunas milenarias, como el euskera del País Vasco o el gaélico, cuyos orígenes se pierden en la historia de los tiempos, y otras como el catalán, el gallego o el alsaciano que se habla aquí mismo, en Estrasburgo. 
A todas estas otras lenguas regionales y minoritarias también deben llegar los beneficios de esta iniciativa, y en los organismos que designen los Estados para organizar la participación en el Año Europeo de las Lenguas deben incorporarse también los representantes de esos otros idiomas y lenguas, que también son europeas, y que son la esencia y el sustento de la riqueza de nuestra unidad en la diversidad. 
Además, el aprendizaje de otras lenguas hace tomar conciencia de la diversidad cultural y contribuye a la erradicación de la xenofobia, el racismo y la intolerancia, lo cual forma parte de nuestro acervo y de nuestros objetivos comunitarios. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión y, al mismo tiempo, al ponente Sr. Graça Moura por haber admitido tantas enmiendas, abiertas muchas de ellas a que se amplíe el año y a que se extienda al medio rural y a las zonas más desfavorecidas. 
Pero, al mismo tiempo, quiero manifestar aquí algunas preocupaciones respecto a la limitación económica. 
Yo aconsejaría que se admitan muchos proyectos porque está claro que los proyectos culturales atraen muchísimas inversiones de Comunidades Autónomas y de iniciativas privadas que no podemos perder. 
Y también pediría, en esta época donde el sentimiento emocional muchas veces predomina sobre la equidad, que no se apoyen proyectos que signifiquen la exclusión y la utilización de la lengua para afirmar posiciones que muchas veces buscan la ruptura entre los pueblos, cuando el objetivo de este programa es unir a los pueblos. 
También quisiera que se comience a tratar con gran cariño y a mimar desde la Unión Europea a las lenguas sin patria, a las lenguas maternas que muchas veces no tienen ni escuela, ni formadores; lenguas incluso diseminadas por todo el territorio europeo, que no tienen Estado que las acoja y que nunca podrán llegar a ser oficiales. 
Me refiero, por ejemplo, al ladino o al yídish. 
Lenguas que, además, tampoco tienen medios de comunicación propios. 
Entre las más de 150 lenguas que se hablan en Europa, habría que hacer una lista de aquéllas que sólo transmiten las madres a sus hijos, que sólo se hablan en el escenario doméstico y que, actualmente, con la invasión de los medios de comunicación y con la oficialidad de las lenguas en las escuelas van a tener muy pocos años de vida. 
Quisiera que este Año Europeo de las Lenguas se abriera también a ellas, que se les hiciera un hueco para prepararlas a otros programas futuros que se puedan hacer. 
Señor Presidente, mis palabras están dirigidas, naturalmente, a mis colegas diputados, porque se trata de lenguas, pero también a nuestros intérpretes, que dan vida a este Parlamento, al ponente, no porque sea ponente, sino porque en el Parlamento es también un poeta, y un poeta que, además, habla a la perfección- lo he descubierto- mi lengua materna. 
No se podía encontrar un ponente mejor. 
Cuando se es nuevo en este Parlamento, como ocurre conmigo, uno descubre que nos ocupamos de todo: del chocolate, de los coches viejos, de la mayoría cualificada, de las judías secas, de las lentejas de España, de todo. 
Y luego, de pronto, uno descubre que nos vamos a ocupar de lo que constituye la riqueza histórica de Europa, la riqueza cultural del continente, es decir, sus lenguas. 
Y cuando pensamos en períodos antiguos- el Renacimiento, importante período de intercambios, importante período de comercio -, ello no impide que hoy subsista de este período aquello que es cultural, patrimonial, y siempre será así. 
En materia lingüística, Europa conoció períodos en que dominaba una lengua: el latín, también el francés. 
Hoy es más bien el inglés. 
¿Qué podemos decir entonces a nuestros conciudadanos para este año 2001? 
Algunas cuestiones que desgrano rápidamente. 
Ante todo, que la unidad de Europa no puede querer decir uniformidad lingüística. 
En segundo lugar, que todas las lenguas merecen respeto y que se las promocione y defienda. 
Y, además, todas las lenguas se aprenden primero en la familia. 
Por eso es por lo que lleva el nombre de "materna", y ningún Estado, cualquiera que sea, puede tener por objetivo directo, indirecto, explícito o implícito, destruir o dejar que desaparezca una de sus lenguas maternas. 
Además, y finalmente, no hay Europa sin diversidad lingüística, porque nosotros somos también uno de los pocos- quizás el único- Parlamento del mundo en el que nos expresamos en once lenguas, hasta tal punto que a veces hablamos para que se nos traduzca y no para que se nos oiga en directo. 
A nosotros nos corresponde construir esta dialéctica de la unidad europea y de su diversidad lingüística. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, me felicito de poder estar aquí esta noche para discutir con ustedes y sobre todo por haber podido escucharles. 
En primer término, porque la cuestión de las lenguas tiene para mí un gran interés. 
Yo misma procedo, como luxemburguesa, de una región de Europa donde se practica el trilingüismo activo. 
Se trata, en cierto modo, de un laboratorio que podría servir de base a los demás que deseen hacer lo que todos queremos hacer durante este Año Europeo de las Lenguas: fomentar el aprendizaje de la lengua materna y de dos lenguas suplementarias. 
Por otra parte, estamos en un momento crucial, en que se esboza un acuerdo en primera lectura entre el Parlamento y el Consejo. 
Ahora bien, un acuerdo en primera lectura es esencial, puesto que trabajamos con un calendario muy apretado. 
El año 2001 no está muy lejos y los preparativos para la puesta en marcha son urgentes. 
¿Qué objetivos deseamos alcanzar al organizar el Año Europeo de las Lenguas? 
Primero, es importante sensibilizar a los ciudadanos europeos respecto a la diversidad lingüística y a la riqueza que dicha diversidad representa. 
Sabemos muy bien que la diversidad cultural es quizá el mayor de los bienes de Europa, y nosotros debemos apoyar esta diversidad cultural, que se basa en la diversidad lingüística. 
Las diferentes lenguas de la Unión Europea nunca serán sustituidas por una sola lengua. Estoy convencida de ello. 
E incluso si cada vez más se propaga una lengua de comunicación, ello no disminuye en nada la necesidad de aprender lenguas para poder vivir en la Unión Europea. 
Todos ustedes lo han dicho. Les apoyo. 
Esto me lleva al segundo gran objetivo del Año Europeo de las Lenguas: es necesario incitar a los ciudadanos a aprender lenguas, y a hacerlo durante toda la vida, empezando muy pronto, a partir del parvulario. 
En efecto, aprender lenguas es importante para el desarrollo personal y para la comprensión intercultural. 
Algunos colegas lo han dicho. 
Es una de las mejores armas para combatir la xenofobia. 
También es esencial, y algunos lo han manifestado, para buscar un empleo y para las perspectivas de carrera de cada individuo. 
Y, además, no será posible prever las necesidades de cada uno. 
La escuela deberá, pues, más allá de una formación básica, preparar para un aprendizaje a lo largo de la vida, y, en este marco, hay que hacer hincapié en el principio de la lengua materna y dos lenguas más. 
El aprendizaje de una sola lengua no es suficiente como base del plurilingüismo. 
El Año Europeo constituye también el marco que permite difundir información sobre la manera de aprender las lenguas. 
Los métodos han evolucionado, dejando atrás a los métodos tradicionales, y se ha trabajado mucho en este sentido. 
Yo considero que este Año debe mostrarnos las mejores prácticas y la manera de superar un aprendizaje absolutamente teórico de las lenguas, para ir hacia el aprendizaje de una lengua hablada. 
El Año Europeo es también complementario a las iniciativas existentes. 
Éste se dirige al gran público y constituye una gran campaña de información. 
Pero para tener éxito es necesario, por una parte, crear una imagen, desarrollar logotipos, eslóganes, material informativo. 
Por otra parte, está previsto cofinanciar proyectos presentados por las autoridades regionales y locales o asociaciones, y digo muy claramente a los colegas que proceden de regiones fronterizas, que aprender la lengua del vecino debe ser uno de los grandes e importantes momentos destacados en este Año de las Lenguas. 
El Año se organizará en estrecha cooperación con el Consejo de Europa, lo cual es muy importante. 
El Consejo de Europa posee una larga experiencia en el ámbito de la enseñanza de las lenguas, y es bueno, pues, que podamos unir nuestras fuerzas. 
Ya han tenido lugar numerosos y fructíferos contactos, y el intercambio permanente de información entre nuestros servicios es esencial para la puesta en marcha de este Año. 
Desearía ahora referirme al debate de esta noche. 
Y ante todo desearía felicitar a nuestro ponente, el Sr. Graça Moura, por el excelente trabajo que ha realizado, y también para felicitarme del espíritu constructivo y de la buena cooperación que se ha establecido entre el ponente y los diputados, entre los diputados y mis servicios, y también entre las dos instituciones y el Consejo. 
Esto permitirá- lo espero muy sinceramente- llegar a un acuerdo en primera lectura para poder lanzar el Año. 
Hay muchas enmiendas. Éstas han podido, entre tanto, agruparse en un número más limitado. 
Es importante subrayar que las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo deben también ser aceptables para el Consejo, para llegar a un acuerdo en primera lectura. 
He tomado nota del interés de los colegas por incluir las lenguas regionales y minoritarias. 
Ustedes saben, por otro lado, lo importantes que son para mí estas lenguas. 
Pero también saben lo sensible que es esta cuestión para algunos Estados miembros. 
Pienso que la definición de lenguas metas, tal como figura en la enmienda 15 del artículo 1, ofrece una apertura suficiente, lo que permite lograr el acuerdo de todos. 
Y créanme que cuento mucho con los debates que tendrán lugar durante el Año 2001, porque estos debates nos permitirán superar dificultades, miedos, que aún existen frente a las lenguas minoritarias. 
Y desearía que al final de este Año, no hubiera más resistencias con respecto a las lenguas, porque esto se ha dicho muy claramente, no existen pequeñas lenguas, sólo existen lenguas maternas, y todas ellas son grandes lenguas. 
Cuento, pues, con los debates para poder preparar actividades futuras en este ámbito, y llamo también la atención de ustedes sobre los considerandos adicionales que responden a esta preocupación: las enmiendas 2, 3 y 4. 
Los considerandos permiten asimismo tener en cuenta otras preocupaciones específicas, y muchos colegas lo han dicho, tales como las culturas y las lenguas clásicas, que no serán olvidadas en el Año Europeo de las Lenguas. 
No insistiré en las enmiendas sobre las que estamos de acuerdo, las enmiendas 1 a 34, que acepto, y me referiré a la enmienda 35. 
La Comisión, en su propuesta, había propuesto un número ilimitado de estudios directamente relacionados con la realización del Año Europeo de las Lenguas. 
Los diputados han propuesto un gran número de estudios suplementarios. 
Es evidente que el campo del aprendizaje de las lenguas es un ámbito en constante evolución, en cuyo caso estos estudios son necesarios. 
La Comisión podría, pues, aceptar estas sugerencias en la medida en que se trata de temas posibles. 
En efecto, el Año Europeo de las Lenguas es por definición una iniciativa de corta duración, con un presupuesto limitado, demasiado limitado. 
Ustedes han planteado el problema, y no puede hacerse todo en dicho marco; pero existen también otras posibilidades, de las que me ocuparé luego. 
El Consejo, en cambio, no está dispuesto a aceptar una larga lista de estudios que no podrían realizarse, en su totalidad, en el marco del Año Europeo. 
Ahora bien, pienso que todos están de acuerdo en que este punto no puede ser un motivo para no obtener un acuerdo en primera lectura. 
Por esta razón, asumo ante ustedes, ante el Parlamento, el siguiente compromiso formal: la Comisión ha tomado buena nota de los temas de estudios posibles sobre las lenguas recogidos en las enmiendas introducidas por el Parlamento durante el examen de la propuesta sobre "2001, Año Europeo de las Lenguas". 
La Comisión, consciente de la importancia del aspecto de las lenguas en el proceso de integración europea, se compromete a desarrollar estos estudios en la aplicación de su programa de estudios, realizado en el marco y según los procedimientos de los diferentes programas y actividades que pueden movilizarse con este fin dentro del espíritu del artículo 8 de la propuesta de decisión. 
En particular, como comisaria responsable del programa Sócrates, que comprende concretamente los capítulos Comenius, Lingua y Eurídice, así como Leonardo y Cultura 2000, desearía subrayar que este programa ofrece el marco apropiado para emprender los estudios siguientes, que permitirán examinar las mejores prácticas en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje de las lenguas y las razones por las cuales el aprendizaje de lenguas es tan a menudo un fracaso. Las prácticas sobre la mejora de la calidad de la enseñanza de lenguas en la Unión establecidas en la segunda parte de la enmienda 35, y la enmienda 39; las prácticas sobre los contactos lingüísticos que se establecen a partir de las comunidades de migrantes, establecidas en la enmienda 37; las prácticas sobre las posibilidades de acelerar el acceso a la comprensión de las lenguas de una misma familia mediante métodos de enseñanza simultánea, establecidas en la enmienda 38. 
En cuanto a la promoción de ediciones bilingües, mencionadas por la enmienda 41, está cubierta por el programa Cultura 2000, y haré todo lo posible por que los proyectos llevados a cabo en este ámbito reciban la prioridad que merecen. 
Finalmente, es cierto que la ampliación de la Unión y el aumento del número de lenguas oficiales tendrán consecuencias, como lo indica la enmienda 36. 
Sin embargo, se trata de una cuestión que supera el marco del Año Europeo de las Lenguas y que, además, atañe a las tres instituciones políticas. 
Me comprometo, pues, ha hacer todo lo que esté en mis manos para estimular la reflexión sobre este punto en el contexto adecuado, y espero poder contar con el apoyo necesario del Parlamento Europeo. 
Para concluir, desearía decir dos palabras sobre las enmiendas presentadas en el Pleno. 
Las enmiendas 43 y 12 tienen el mismo contenido, pero la formulación de la enmienda 43 es mejor. 
Las enmiendas 44, 45 y 46, que son enmiendas técnicas tendentes a adaptar el texto a la comitología, no plantean, pues, ningún problema. 
Sin embargo, las enmiendas 47, 48, 49, 50 y 51, que atañen concretamente a las lenguas regionales y minoritarias, no serán aceptadas por el Consejo, como lo sabemos, puesto que ya hemos tenido este debate en el seno de la Comisión de Cultura. 
Como estas enmiendas pondrían en peligro el acuerdo en primera lectura, no puedo aceptarlas. 
En resumen, señor Presidente, es importante lograr rápidamente un acuerdo para poder lanzar el Año Europeo de las Lenguas. 
Puedo asegurarles que he tomado conocimiento de sus preocupaciones con mucho interés y que las comparto. 
Estoy convencida de que han sido incorporadas al texto, en la medida de lo posible, y también las tomaré en cuenta en las demás actividades y programas que nos permitan actuar en favor de la promoción del aprendizaje de lenguas, y ello no sólo en el año 2001, sino mucho más allá, porque el año 2001 no será más que un punto de partida en la lucha iniciada para que todas las lenguas maternas sean reconocidas en el plano europeo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0100/2000) de la Sra. Gröner, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de acción comunitario "Juventud" (C5-0116/2000- 1998/0197 (COD)) 
Señor Presidente, queridos colegas, dentro de un mes, el 9 de mayo de 2000, el Parlamento celebrará el 50º aniversario de la Declaración de Robert Schumann. 
Habida cuenta de este histórico acontecimiento, debemos orientar nuestra mirada hacia adelante, hacia los próximos 50 años de Comunidad Europea. 
Cuando se celebre la próxima gran conmemoración, ya no estaremos aquí para seguir construyendo la casa común europea. 
Eso tendrán que hacerlo quienes nos sucedan. 
Debemos allanar el camino para los que vengan detrás de nosotros. 
El camino hacia una mayor integración de Europa es el nuevo programa de acción "Juventud". 
El futuro de Europa está en la juventud. 
Hemos de hacer todo lo posible para que la juventud arraigue en la Comunidad Europea, o, mejor aún, crezca con ella. 
Para ello, era y es ineludible crear un programa que ofrezca a todos los jóvenes- como ya ha dicho la Sra. Gröner -, con independencia de su origen, formación, conocimiento de idiomas, estudios o educación, la posibilidad de entrar en contacto con Europa. 
Este punto constituye una gran novedad del programa "Juventud": su disponibilidad para todos los jóvenes, a diferencia de los programas ya existentes, que sólo cubren un ámbito específico. 
El nuevo programa llena, por así decirlo, el espacio existente entre los programas para la juventud y de formación ya en ejecución. 
Tanto el Parlamento como la Comisión y el Consejo apreciaron la necesidad de la creación de este programa, si bien en el marco presupuestario- como la ponente ya ha puesto de relieve- debieron superarse obstáculos considerables. 
Ha de agradecerse asimismo a la intervención personal de todos los diputados participantes el que se haya podido alcanzar un compromiso presupuestario de 520 millones de euros. 
¡En este punto quiero dar de nuevo las gracias a todos los que han regateado cada euro en el procedimiento de codecisión! 
La Sra. Gröner ya ha comentado que aunque la dotación presupuestaria ha sido bastante inferior a la deseada, se consiguió introducir muchas enmiendas. 
El nuevo programa tiene una estructura más clara y es más cercano al ciudadano. 
Se ha mejorado la protección social de los participantes. 
El programa ha sido fuertemente descentralizado, de suerte que los jóvenes de todas las regiones tienen la posibilidad de participar en acciones. 
¡Nuestro Grupo aprueba el programa para que la juventud no tenga que esperar más tiempo a que llegue su programa! 
Señor Presidente, me complace sumar mi apoyo y el de mi Grupo a este informe. Este informe tuvo un período de gestación largo. 
Pero el hecho de que aún estemos aquí a las tantas de la mañana es un homenaje a la labor de la ponente sobre este programa y, de hecho, la del Comisario y de la Presidencia portuguesa, que ha demostrado estar comprometida con la juventud, el voluntariado y la educación en su sentido más amplio. 
El informe resultante tiene unos objetivos más precisos e insiste en la protección social y, como ha dicho la ponente, un planteamiento más flexible que informes anteriores. 
También la asignación para el programa es mayor, como reconocimiento de su importancia. 
Siempre pediremos más dinero. 
El presupuesto no es suficiente. 
Tal vez la función del Parlamento sea pedir más. 
Pero podemos sentirnos complacidos con el resultado. 
Podemos estar seguros de que, sea cual fuere la cantidad que dediquemos a este programa, irá dirigida a la juventud y a la larga serán fondos bien gastados. 
Convengo con la ponente en que esos fondos y este programa permitirán velar por que las medidas no vayan destinadas simplemente a ciertos sectores pequeños de la sociedad, sino, como dijo la Comisaria en una comparecencia anterior, a todas las secciones de la sociedad. 
Debemos mirar por los que se beneficiarán más y los que están más necesitados y, de lo contrario, podrían padecer exclusión social. 
Nos encanta que algunos países candidatos de la Europa central y oriental vayan a beneficiarse también. 
Podemos sentirnos complacidos con estas medidas y con este informe. 
Dentro de siete años volveremos la vista a la juventud de hoy que se habrá beneficiado de este informe y nos complacerá que éste fuera el comienzo de un auténtico progreso. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Sra. Gröner por el gran trabajo y el compromiso personal, casi pasional, que ha depositado en la elaboración de este informe. 
Gracias al Consejo y a la Comisión por haber contribuido a que alcanzáramos- por fin- un resultado positivo. 
El Grupo Liberal apoya con gran alegría las iniciativas que permitan a los jóvenes europeos adquirir conocimientos, destrezas y aptitudes que contribuyan a formar la base de su desarrollo futuro. 
La fuerza del programa radica en que mediante los intercambios de un país a otro éste fomenta la contribución activa de los jóvenes a una mayor integración europea. 
También ayudará al entendimiento de la diversidad lingüística y cultural existentes dentro de la Unión Europea. 
También creo que el programa asegurará una difusión continua de los valores fundamentales sobre los que descansa la Unión Europea. 
El Programa contribuirá indirectamente, mediante el aumento de la comunicación entre los jóvenes europeos, a la lucha contra la xenofobia y aumentará el respeto hacia los derechos humanos. 
Y por último, en el programa de acción comunitario para jóvenes también se tiene en cuenta la prevista ampliación de la Unión, algo que desde el Grupo Liberal consideramos de gran trascendencia para todos los programas comunitarios. 
Señor Presidente, yo también recomiendo el informe y agradezco a la Sra. Gröner la excelente labor que ha llevado a cabo. 
Es un informe muy bueno. 
La juventud es un sector de nuestra Comunidad que con frecuencia se ve preterido. 
De hecho, en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte es la "Cenicienta" de la financiación, junto con el deporte. 
Espero que se corrija ese desequilibrio. 
El insuficiente compromiso para con los asuntos de la juventud por parte del Consejo, cuando el Parlamento Europeo pedía 980 millones de euros, demuestra, en mi opinión, esa grave disparidad y la falta de compromiso por parte del Consejo para con un sector muy importante. 
A ese respecto, el peligro con los cambios que se proponen, al combinar dos programas- "La Juventud con Europa" y el Servicio Voluntario Europeo -, es el de que varias partes válidas de los dos programas se pierdan. 
Espero que no sea así. 
Debemos incluir las partes más válidas de esas excelentes iniciativas en cualquier programa que formulemos en el futuro. 
El nuevo programa Juventud subraya las vinculaciones que se están creando con la juventud de los países candidatos. 
Se trata de una iniciativa excelente. 
Los puentes creados entre la juventud serán los que con el tiempo unirán a Europa. 
El acuerdo encaminado a examinar constantemente la situación es una iniciativa que acojo con beneplácito. 
Cuando se necesitan más fondos, los presupuestos deben ser flexibles para que se puedan modificar en provecho de las necesidades de la juventud, que se lo merece. 
¿Qué causa más meritoria puede haber que la de apoyar a la juventud de la Unión Europea? 
Señor Presidente, queridos colegas, buenos días. 
Todos los políticos deberían sentirse responsables de este programa y asumirlo con toda seriedad, puesto que sin jóvenes europeos convencidos que puedan transmitir posteriormente esta convicción, los cimientos de la casa europea serán poco sólidos. 
Por tanto, hemos de hacer todo lo posible para crear las condiciones necesarias para que los chicos y chicas sientan que esta Europa es su casa y aprendan a respetar y apreciar las diversidades. 
Este programa para la juventud es un instrumento importante para aprender a comprenderse mutuamente y ejercitar la tolerancia. 
La actividades como voluntario en el campo medioambiental y cultural ayudan a conocer la realidad europea y a adquirir conocimientos lingüísticos. 
Sólo el contacto interpersonal permite el ejercicio de los valores democráticos y la comprensión del significado de la ciudadanía europea. 
Hacia estos fines está orientado este programa. 
En mi opinión, en este momento ha de decirse también que es inaceptable que la exclusión de los jóvenes austríacos de la participación en estos programas como consecuencia de las llamadas sanciones bilaterales esté a la orden del día. 
¡Esto es una irresponsabilidad y debe ser combatida por todos- sobre todo por este Parlamento y por la Comisión! 
Con este nuevo programa hemos reunido y mejorado todas las acciones sobre la juventud desarrolladas hasta ahora. 
Gracias a nuestras enmiendas hemos mejorado asimismo la protección social de las/los participantes. 
La dotación financiera destinada ahora a este programa es manifiestamente insuficiente, aunque gracias a nuestro trabajo en común conseguimos arrancar más de lo que el Consejo quería darnos. 
¡Pero esta cantidad desmiente las mentiras de la palabrería de los ministros! 
No obstante, estoy seguro de que extraeremos de ella el máximo rendimiento y muchos jóvenes podrán beneficiarse de ello. 
Quiero también agradecer sinceramente a la colega la Sra. Gröner el enorme esfuerzo que ha realizado y que, en última instancia, haya alcanzado un buen acuerdo con el Consejo y la Comisión. 
¡Muchas gracias y suerte para todos! 
. (FR) Señor Presidente, me uno a todos aquellos que han felicitado a la ponente, la Sra. Gröner, quien ha realizado un trabajo excelente, comprometido, en favor de los jóvenes. 
Por ello ha tenido el apoyo muy claro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes. 
Les doy las gracias por este trabajo. 
El programa "Juventud" es un programa vital para la Unión, como ya lo han dicho todos, porque se trata de un programa único en el que todos los jóvenes, sin distinción alguna, pueden participar. 
Desearía tranquilizar a los diputados que se han referido a eventuales sanciones. 
En el programa "Juventud" y en la aplicación de dicho programa, no existen sanciones contra nadie, tampoco contra los jóvenes austríacos, que no serán discriminados. 
Los objetivos del programa son importantes y esenciales para el desarrollo de una ciudadanía europea. 
Este programa favorecerá y consolidará la continuación y el desarrollo de acciones innovadoras en el plano comunitario y contribuirá a la mejora de la calidad de la acción en favor de los jóvenes. 
Dicho programa constituye también un buen instrumento al servicio de una política de cooperación y contribuirá al proceso de integración europea. 
Además de una aplicación eficaz del programa, deseo comprometerme ante ustedes a favorecer un proceso de cooperación estructurada y regular con los Estados miembros, con el fin de trabajar para la elaboración de líneas de acción que estén a la altura de los desafíos, y sin la cual la eficacia del programa estaría menguada. 
Señor Presidente, permítame aprovechar la oportunidad para referirme a la futura política sobre la juventud. 
De hecho, me presenté ante ustedes por primera vez en el pasado mes de setiembre. 
Hablé del Libro Blanco "Política sobre la juventud en la Unión", se trata de una prioridad. 
Quiero ahora precisar el papel de este Libro Blanco y el papel de impulso político que la política sobre la juventud debe desempeñar en el futuro. 
Deseo preparar el Libro Blanco sobre la base de una amplia consulta de los diferentes actores afectados, y si hablamos de actores afectados, ante todo hablamos de los jóvenes. 
Por eso he propuesto a los ministros de Juventud de los Estados miembros, en el Consejo "Juventud" del pasado 23 de noviembre, organizar jornadas nacionales de jóvenes durante el primer semestre de 2000. 
Esta propuesta ha recibido una acogida muy favorable en todos los Estados miembros, y la realización de dichas jornadas nacionales está en curso. 
La mayoría de los Estados miembros ya han fijado fechas y también me han asegurado que estas jornadas serán abiertas, con la participación de la mayor cantidad de actores posible, y abiertas también, naturalmente, a la participación de los diputados europeos. 
Estas jornadas permitirán a los jóvenes ser activos y plantear sus aspiraciones, sus expectativas, sus opiniones, y también sus recomendaciones desde el punto de vista político en los ámbitos que les afectan. 
Las diferentes jornadas nacionales desembocarán en una gran reunión europea que será organizada a principios de octubre, bajo la Presidencia francesa. 
Paralelamente a la consulta de los jóvenes, la Comisión desea consultar a los responsables nacionales de la política sobre la juventud. 
La Comisión desea que éstos puedan integrar en sus contribuciones las opiniones y las expectativas de las administraciones locales, que desempeñan, en mi opinión, un papel importante en la política sobre la juventud. 
Para eso, la Comisión va a organizar reuniones bilaterales con los Estados miembros, a las que seguirá un seminario de reflexión de directores de jóvenes. 
Nos apoyaremos asimismo en los diversos estudios sobre los jóvenes, que se presentarán en el marco del programa "Juventud", y sobre el estudio en curso relativo a la situación de los jóvenes y a la política sobre la juventud en Europa. 
Finalmente, deseo asociar al Parlamento Europeo a este ejercicio. 
Deberán concretarse los modos de cooperación, pero ya puedo asegurarles que se les invitará a participar en la reunión europea de jóvenes y que les mantendré regularmente informados del avance de este expediente. 
Para concluir, desearía subrayar que el proceso de consulta, en particular el de los jóvenes, no será un ejercicio puntual, porque la publicación del Libro Blanco constituirá la segunda etapa de este diálogo con las partes interesadas, diálogo que desearía entablar sobre una base más permanente. 
Señoras, señores, el campo de trabajo es importante y estupendo. 
Como muchos de ustedes lo han subrayado, en este caso no trabajamos para la política, sino para el futuro de nuestra Unión. 
Y deseo que el debate que se iniciará con el Libro Blanco nos permita fortalecer nuestra capacidad de actuar en común, para aplicar una verdadera estrategia de valorización del talento de esos 80 millones de jóvenes ciudadanos de la Unión, frente a los cuales tenemos una gran responsabilidad. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Antes de levantar la sesión, quisiera dar las gracias a los intérpretes por su generosa colaboración esta noche, que ha sobrepasado el tiempo que teníamos previsto. 
(Se levanta la sesión a las 00.45 horas) 
Principios de registro de impuestos y cotizaciones sociales 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0073/2000) del Sr. Knörr Borràs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (1999) 488- C5-0220/1999- 1999/0200 (COD) ) para esclarecer el Reglamento (CE) Nº 2223/96 del mismo, con respecto a los principios de registro de impuestos y cotizaciones sociales. 
Señor Presidente, Señorías, hablamos hoy aquí de un asunto de índole extremadamente técnica, de esos que a primera vista parecen referirse, sin otra consideración, a temas de adopción o traslación de procedimientos o terminología en el contexto de la Unión Europea, marco político en el que se tratan de adaptar, como es el caso de determinados instrumentos en materia estadística. 
Todos somos conscientes, o al menos así lo creo yo, de que es importante que los datos estadísticos no solamente sean fiables, es decir, obtenidos de una forma científica y rigurosa sino, sobre todo, comparables. 
Esta afirmación adquiere su máxima vigencia cuando tratamos de configurar el mercado único europeo, contexto en el cual se precisa de una información estadística comparable y homologable entre los distintos Estados miembros. 
Y me atrevería a decir que esta afirmación es aún más vigente, si cabe, si tenemos en cuenta la ampliación de la Unión Europea, proceso para el que la disponibilidad y homologabilidad de la información, sobre todo en materia estadística y económica, ha de ser un tema absolutamente crucial. 
No pretendo redundar en las bondades del SEC 95- Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas- ni en los avances que el mismo plasmaba en relación con el anterior sistema de 1979, tema sobre el que ya intervine en esta Asamblea con ocasión de mi informe acerca de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. 
Lo que verdaderamente debe ser subrayado es que, a mi entender, se debe apoyar firmemente una propuesta de la Comisión que pretende, ante todo y en un tema tan serio como el de los presupuestos de los Estados miembros, inclinarse por dar primacía a los ingresos efectivamente realizados frente a criterios como el de los derechos reconocidos en materia de impuestos y cotizaciones sociales. 
A nadie se le oculta, o se le debe ocultar, que se pueden dar casos de administraciones que reconozcan derechos que nunca van a cobrar por mucho que medien análisis de cobrabilidad y, por lo tanto, se abra la vía más o menos encubierta al falseamiento del déficit público. 
Éste es un tema serio que ha sido objeto de debate. 
Cabe recordar que incluso en el Parlamento de un Estado miembro de la Unión tuvo lugar una gran discusión entre uno de los aspirantes a la presidencia y su oponente y actual presidente, denunciando el aspirante, el Sr. Borrell, acertadamente, prácticas generalizadas de uso del criterio de devengo que, al no ser debidamente corregidas, se convertían de facto en encubrimiento del déficit de las cuentas públicas. 
Acabar con este tipo de prácticas requiere criterios claros, como el que la Comisión nos propone, que permite además, muy acertadamente a mi juicio, calcular los ingresos dando opción a utilizar los cobros o los importes plasmados en un documento fiscal o de recaudación. 
Este proceder de la Comisión, que algunos atacan para en definitiva oponerse a que de una vez por todas se acabe con las prácticas de encubrimiento del déficit, no pretende en modo alguno distorsionar la valoración de magnitudes que integran las cuentas nacionales sino más bien todo lo contrario, es decir, llegar a la misma cifra de dos maneras distintas. Una- a mi entender la más correcta o, por lo menos, la más académica -, la del criterio de devengo con su correspondiente provisión de cobrabilidad, que se presenta en la letra a) del artículo 3 propuesto por la Comisión, y la otra, la que se menciona en la letra b) del artículo 3, la del criterio de caja corregido con la inclusión como ajuste del pendiente de cobro real a fin de ejercicio. 
Ambos procedimientos de cálculo nos han de llevar forzosamente a la misma cifra, que será el resultado de ese impuesto en el ejercicio. 
Añadiría además que no existe otra forma de llevar correctamente la contabilización de los ingresos en un presupuesto. 
Es obvio, por otra parte, que poder acogerse a cualquiera de ambos criterios presenta la ventaja de una más rápida adaptación de quienes utilicen uno u otro sistema. 
Por lo tanto, considero que la propuesta de la Comisión relativa a la contabilización de los impuestos y las cotizaciones sociales no sólo es la más correcta sino que, además, desde todo punto de vista, es eficiente en cuanto a su posibilidad de aplicación inmediata. No obstante, entendemos que, para propiciar que los Estados miembros dispongan de datos estadísticos, aunque sea agregados, para los impuestos sobre los productos, el artículo 3 de la propuesta de la Comisión debiera contemplar esta cuestión estableciendo un mecanismo similar de registro y ajuste para los impuestos sobre los productos. 
Por lo tanto, valoro positivamente la propuesta y felicito a la Comisión por ella. La propuesta, repito, subraya acertadamente que se debe dar primacía a los ingresos efectivamente realizados con respecto a los derechos reconocidos en lo que atañe a los impuestos y cotizaciones sociales de los Estados miembros, y permite estas dos vías de cálculo, que posibilitan la adaptación de los sistemas utilizados en los Estados miembros. 
Una vez examinada la propuesta de la Comisión, no se entendería una contabilización de los impuestos y cotizaciones sociales que no pasara por las dos vías propuestas. 
Por último, quisiera subrayar también que, en coherencia con nuestra opinión de que la propuesta de la Comisión es más una enmienda que una aclaración y que, además, afecta a conceptos básicos, en lugar de seguir la vía del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento nº 2236/96 del Consejo de 25 de junio de 1996, prevista para la adopción de cambios en la metodología destinados a aclarar y mejorar el contenido del SEC 95, se debe seguir, por el contrario, el procedimiento de introducción del Anexo A en el citado Reglamento. 
Estimadas Señorías, les quiero pedir a ustedes y también a la Comisión que ayuden al presidente. 
Andamos muy justos de tiempo con respecto al orden del día, con esto quiero decirles, aténganse al tiempo estipulado para el uso de la palabra. 
Pido a la Comisión, aunque naturalmente puede hablar todo el tiempo que quiera, que también ayude al presidente, para que podamos terminar a tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, la iniciativa de la Comisión al presentar este reglamento por el que se pretenden unificar los principios de registro de impuestos y cotizaciones sociales debe calificarse de muy acertada. 
Para que las contabilidades de los distintos Estados miembros, como ha reconocido el propio ponente, sean homogéneas, han de responder a unos mismos principios. 
Es cierto que, en términos contables, pueden ser admitidos tanto el criterio de caja como el de devengo, pero no es menos cierto que el primero de ellos permite menos juegos malabares de cifras para distorsionar la verdadera situación de la contabilidad de un país. 
En definitiva, con el criterio de caja se dificultan más aquellos artificios contables que en su día fueron denominados eufemísticamente como "contabilidad creativa". 
Es cierto que la utilización de esos sistemas ha permitido, por ejemplo, a determinados países cumplir los criterios de Maastricht, pero no es menos cierto que su abuso puede distorsionar la realidad de las cuentas de un país. 
Y como sus Señorías saben, una contabilidad que no ofrece una imagen fiel puede ser llamada de cualquier forma menos contabilidad. 
El criterio de devengo, si no es corregido, por ejemplo, mediante la exigencia de realizar previsiones para impagados, resulta un criterio inadecuado. 
El ponente ha hecho mención a un debate que ocurrió en España y que, en definitiva, se debe a que en 1997 el Gobierno imputó como ingresos de la seguridad social 750.000 millones de pesetas que estaban en vía ejecutiva y que cualquiera sabía que no se iban a poder cobrar. 
Gracias a esos manejos contables, a esa "contabilidad creativa", se cumplió el criterio del déficit para acceder a la primera fase de la unión económica y monetaria. 
Obviamente, esos juegos contables no serán posibles de aprobarse la propuesta de la Comisión. 
Tal vez por eso los diputados españoles del Grupo del PPE han presentado determinadas enmiendas e intentado retrasar la aprobación de este informe. 
No se trata ahora de revisar cuanto se hizo en el pasado. 
Señorías, lo hecho hecho está. 
Se trata de exigir, a partir de ahora, mayor rigor; se trata de exigir que la contabilidad refleje la imagen fiel de las cuentas de un país. 
Por ello, aprobamos la propuesta de la Comisión y no aprobamos ni la propuesta del PPE, que pretende retrasar la entrada en vigor de este reglamento, ni las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos, que, por considerar que el reglamento contiene una modificación, y no una simple aclaración, retrasan de hecho su entrada en vigor. 
Señorías, si el rigor contable es exigible, lo es desde el primer momento. 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, agradecer a la Sra. Thyssen su gesto y la defensa que ha hecho de la enmienda que presentamos. Quiero también agradecer y subrayar el patriotismo del Sr. Berenguer y del Sr. Knörr. 
Dicho esto y dejando de lado imputaciones realmente calumniosas en este momento, quiero defender el criterio de la aplicación temporal dilatada, el período de transición de dos años. 
Cualquiera que sepa algo de contabilidad y se acerque a este texto con ojos limpios sabrá que nos encontramos aquí con un cambio profundo en los conceptos y en los datos de los recursos de los sectores institucionales que afectan a las sociedades financieras, a las sociedades no financieras, a las administraciones públicas y a los hogares. 
Este cambio es un cambio complejo. 
Como cualquier experto sabe, las estimaciones de acuerdo con el SEC 95 exigen desagregaciones que afectan nada menos que a 60 categorías contables. 
En segundo lugar, este cambio profundo y complejo debe hacerse de forma paulatina. 
Como ha señalado la Sra. Thyssen, el cambio y la adaptación de las normas de contabilidad exigen cierto tiempo. 
Y es finalmente un cambio justo porque el cambio repentino perjudicaría a aquellos Estados que han adoptado el criterio del devengo, es decir, que han sido más obedientes con el reglamento que entró en vigor en 1999. 
Se nos pide el cambio de un reglamento que entró en vigor hace unos meses. 
La enmienda del PPE-DE pide que el cambio se haga de forma paulatina. 
Señor Presidente, creo que todos estaremos de acuerdo en que, si queremos gestionar la Comunidad adecuadamente, necesitamos una base estadística de alta calidad dentro de la Comunidad y de los países aspirantes. 
En esta Asamblea han tenido gran acogida la propuesta y la aparente capacidad para dar prioridad a los ingresos efectivamente realizados y no a las aportaciones más teóricas que se puedan devengar. 
Esto es sin duda un paso hacia adelante. 
Parece lógico usar los ingresos recaudados como base para determinar el déficit porcentual real. 
En lo que al período de transición se refiere, muchos de nosotros nos uniremos a la idea de que es necesario algún tipo de transición porque, claramente, si se modifican los reglamentos de manera que se pase de un sistema que se viene utilizando desde hace mucho a un sistema completamente nuevo, hará falta algún tiempo. 
Sin embargo, espero que los países de la Unión no se sirvan de esto como excusa, si se aprueba, sino que intenten introducir el nuevo sistema lo más rápidamente que puedan; dicho de otro modo, dos años debieran considerarse como la excepción y como tiempo máximo y no como el tiempo normal para hacer el trabajo. 
En cuanto al tratamiento de los impuestos y las cotizaciones sociales, estoy de acuerdo con el ponente en que ésta es una forma apropiada de hacer los cálculos y de que debiéramos ver de con buenos ojos los criterios que se propone establecer la Comisión, por la forma en que se da la prioridad. 
En conjunto, éste es un paso útil hacia adelante. 
Me congratulo del compromiso de la Comisión. 
Espero que podemos trabajar juntos y que esto se traduzca cuanto antes en Derecho comunitario con los debidos ajustes. 
Señor Presidente, el debate que estamos manteniendo confirma el criterio de la Comisión sobre la necesidad de conseguir en la mayor medida posible estadísticas comparables y transparentes, fundamentales para la definición de algunas líneas básicas de nuestra actuación, y especialmente la necesidad de financiación que debe ser clarificada en lo que respecta a su fórmula legal. 
Al proponer estas modificaciones, la Comisión pretendía conseguir que la consignación de impuestos y cotizaciones sociales en el SEC se realizara con criterios metodológicos equivalentes y, por lo tanto, que no existieran diferencias de trato entre las diferentes administraciones públicas nacionales. 
Esta es una propuesta de naturaleza fundamentalmente técnica que pretende evitar un vacío existente en la legislación que permitía interpretaciones distintas en función de la posición que cada uno de los Estados miembros adoptara. 
La Comisión está muy satisfecha por el apoyo global que nuestra propuesta ha merecido y por el informe aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el que haré algún comentario posteriormente. 
Pero quisiera agradecer antes especialmente el trabajo del ponente, el Sr. Knörr Borràs, que, en un tema complejo y de naturaleza técnica, nos ha prestado un gran apoyo. 
El ponente subraya en su informe que el objetivo de la propuesta es llegar a la misma cifra, independientemente de cuáles sean las fuentes estadísticas, y éste es en realidad nuestro objetivo. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado ocho enmiendas y la Comisión puede aceptar sin ninguna dificultad las enmiendas 1, 2, 3, 7 y 8. 
Hay una novena enmienda, presentada posteriormente, a la que también haré algún comentario. 
La Comisión preferiría no mantener las enmiendas 4, 5 y 6. La finalidad de esas enmiendas es distinta de la del reglamento. 
Yo entiendo que, en la medida en que se modifiquen algunos elementos del reglamento, puede también discutirse el modelo de cálculo de la base del IVA utilizada para determinar los recursos propios, pero estamos hablando de un problema radicalmente diferente. 
Y respondiendo a las preocupaciones del PPE, diría que, lógicamente, cuando pedimos la retirada de estas enmiendas, la Comisión se tiene que comprometer a presentar en su momento una propuesta para introducir esa modificación, que es absolutamente coherente, disponiendo de cifras más correctas, que pretendemos que se utilicen en el futuro para el cálculo de la base de la aportación a los recursos propios. 
Esperamos que éste sea un esquema que pueda servir para resolver el problema planteado. 
En cuanto a la enmienda 9, el tema ha sido estudiado por la dirección general de ECOFIN y por Eurostat y, después de analizar el tema en detalle, le puedo decir, señor García-Margallo, que, como punto de principio, las excepciones, en temas estadísticos, deben concederse sólo cuando un Estado miembro no es técnicamente capaz de facilitar los datos. 
Así se ha hecho, por ejemplo, en el caso de las excepciones concedidas en la reglamentación del SEC 95 a ciertos Estados miembros. 
Estamos hablando, por tanto, de un problema técnico, de no tener capacidad para facilitar los datos. 
En el caso de referencia, no existen dificultades técnicas que justifiquen esa excepción, e incluso el reglamento ha sido modificado de forma sustancial a lo largo de su tramitación para darle una mayor flexibilidad, de tal forma que todas las dificultades suscitadas por los distintos Estados miembros, en nuestra opinión pueden solucionarse dentro de los márgenes de flexibilidad que el reglamento admite. 
Esta es la razón por la que la Comisión no considera aceptable la enmienda 9. 
Si todo lo expuesto sirve para permitir aproximar las posiciones del Parlamento a las de la Comisión y el Sr. Knörr Borràs y el PPE pudieran retirar las enmiendas que he mencionado, pensamos que esto nos permitiría avanzar en la adopción de este texto que, sin duda alguna, será positivo para la clarificación de las cuentas futuras. 
Muchas gracias, señor comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
OCM en el sector del plátano 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Dary (A5-0093/2000) en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta para un decreto del Consejo (COM (1999) 582- C5-0277/1999- 1999/0235 (CNS) ) para la modificación del decreto (CEE) Nº 404/93 sobre la organización conjunta del mercado para el sector del plátano. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la reforma de la OCM en el sector del plátano, tal como la propone la Comisión, que tiende a reemplazar el sistema actual por la aplicación de aranceles de tarifa única, acarrearía, si se pone en práctica de esta manera, la desaparición de los productores ACP a corto plazo y la de los productores comunitarios a medio plazo. 
En la Cumbre de Seattle, y luego en la de Davos, los ciudadanos europeos pudieron comprobar la incapacidad de la OMC para conciliar las prioridades financieras con los intereses más importantes de los ciudadanos que son el marco de vida, las condiciones de trabajo, la calidad del consumo y, ahora, no comprenderían que sus diputados pongan no solamente en tela de juicio estos valores, sino que, además, de paso renieguen del compromiso adquirido por la Unión con sus socios ACP. 
El expediente del plátano es un perfecto ejemplo de las dificultades que la Unión experimenta para fundamentar el modelo europeo que, sin embargo, las instituciones mencionan con tanta frecuencia. 
A este respecto, la OCM de 1993 responde a cuatro objetivos esenciales: asegurar la libre circulación del plátano en el mercado común al mismo tiempo que se mantienen precios razonables para el consumidor, cumplir con los compromisos de la Unión hacia los países ACP, mantener la preferencia comunitaria para los productores de la Unión tales como Martinica, Guadalupe, las Islas Canarias, Madeira y Creta y, por último, respetar las obligaciones del GATT. 
Impugnado desde su aplicación, este reglamento finalmente nos hizo acreedores a varias condenas por parte de la OMC, donde la última data de abril de 1999. 
Siempre listos a desenfundar los primeros, los Estados Unidos inmediatamente introdujeron medidas de represalias comerciales contra los países de la Unión. 
A fin de estar en conformidad con la OMC, la Comisión propone pasar a una fórmula de aranceles de tarifa única, es decir, la supresión de contingentes y el establecimiento de un solo arancel cuyo nivel ignoramos. 
Por lo demás, sabemos que este sistema ya es impugnado por una mayoría de explotadores y productores de todos los orígenes geográficos. 
Cabe interrogarse sobre la pertinencia del procedimiento que consiste en cambiar las reglas del juego a medio camino, obligando a los productores a poner de nuevo en cuestión sus planes de explotación y sus perspectivas de mercado y nos conduce a definir las modalidades de una reforma de conformidad con las normas del comercio internacional, pero no solamente dictadas por ésta. 
La puesta es importante. 
Desde 1993, la situación de los productores comunitarios se deteriora continuamente. 
Lo mismo ocurre para los numerosos países ACP, proveedores tradicionales. 
Es imposible para estos productores sostener una competencia equitativa con los grandes productores y explotadores del ramo al nivel internacional. 
Por lo demás, recordemos que más del 60 % del plátano consumido en la Unión proviene de países terceros no ACP. 
No se trata de practicar el proteccionismo, sino más bien de proteger la perennidad de una determinada manera de producir. 
Detrás del plátano, lo que se trata de defender es todo un sector de producción, del que dependen a menudo regiones enteras y su fuerza vital. 
El margen de maniobra es estrecho en el plano técnico, pero la elección de un modelo de reforma es de orden político. 
Es preciso saber cuáles son los objetivos que se persiguen. 
A mi juicio, se trata ante todo de defender el modelo europeo en el plano internacional. 
Esta es, efectivamente, la posición adoptada unánimemente por los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. A este respecto quiero agradecer calurosamente a mis compañeros por su eficaz cooperación en este expediente, así como a los Sres. 
Westendorp y Fernández Martín por su excelente trabajo. Habida cuenta de la falta de objetivos para elegir los aranceles de tarifa única, propongo conservar en la propuesta de la Comisión Europea su primera opción denominada "transitoria" y ponerla en ejecución sin pasar automáticamente a la aranceles de tarifa única, sino previendo una evaluación del funcionamiento de la OCM así reformada al cabo de un período de diez años. 
El acuerdo de asociación en favor del desarrollo ACP-Unión Europea, que reemplaza el Convenio de Lomé, prevé un período de transición de diez años para los países ACP, con el propósito de permitirles adaptar de la mejor manera posible las normas de la OMC. 
¿Por qué tendría que ser diferente en lo relativo al plátano? 
Asimismo, propongo asegurarse que el nivel de contingentes no vendrá a aumentar la situación de exceso de aprovisionamiento del mercado ya comprobada y propongo, por último, sabiendo que el tercer contingente estará a partir de ahora abierto a todos, aumentar a 300 euros como mínimo el derecho de preferencia de acceso para los productos ACP. 
En todo caso, son esenciales las medidas de acompañamiento para asegurar la perennidad y la viabilidad de las producciones comunitarias y ACP. 
Yo sugeriría algunas: una regionalización de la ayuda con el fin de corregir las diferencias entre las distintas zonas de producción comunitarias, el establecimiento de un dispositivo de indemnización contra los ciclones, una ayuda a la comercialización con el propósito de restablecer el equilibrio con los canales de distribución del plátano dólar, medidas especiales de apoyo para las producciones de agricultura biológica y, por último, una aceleración de la concesión de ayudas. 
Deseo que el Parlamento siga la línea propuesta por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero también tenemos necesidad de la comprensión del Consejo y de la Comisión. 
Efectivamente, no nos encontramos en procedimiento de codecisión, efectivamente, la Comisión puede rechazar todas nuestras enmiendas, pero ¿sería acertado, en el momento en el que se establece un código de buena conducta entre el Parlamento y la Comisión, no tener en cuenta nuestra opinión y, por otra parte, sería razonable, tanto para la Comisión como para el Consejo, desatender la opinión de los pueblos a los que representamos? 
Estimadas Señorías, ya que con un nuevo informe tenemos una asistencia diferente me veo obligado a repetir algo que ya mencioné al inicio de la sesión. 
Les quiero pedir que colaboren para poder finalizar a las 11.30 horas, porque en ese momento vamos a proceder a las votaciones, y no podemos sobrepasar el tiempo. 
Por eso les pido que se atengan al tiempo de uso de la palabra, y a la Comisión le pido, aunque puede hablar el tiempo que quiera, que también colabore para que podamos finalizar puntualmente. 
, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve, simplemente quiero decir que, cuando llegó a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía el proyecto de informe del Sr. Dary, después de un examen atento de la problemática del sector del plátano, llegamos a la conclusión en dicha comisión de que la solución propuesta por el Sr. Dary reúne las condiciones absolutamente fundamentales para su éxito. 
En primer lugar, el respeto de las obligaciones internacionales de la Unión Europea, no solamente frente a los países ACP sino también en el seno de la Organización Mundial de Comercio. 
Como saben sus Señorías, la Unión Europea ha sido condenada por el régimen de concesión de licencias de este producto, pero ha mantenido la viabilidad del régimen de contingentes propuesto por el Sr. Dary. 
De hecho, en las negociaciones de la Comisión en estos momentos parece que los suministradores principales preferirían este sistema. 
Por otra parte, es el sistema que mejor defiende el principio de multifuncionalidad de la agricultura, protege a los productores de la Unión Europea, protege también a los países en vías de desarrollo, con los que tenemos una relación muy especial, es sensible a la protección de normas sociales fundamentales y a la protección del medio ambiente y, por último, es el que mejor atiende al principio de la defensa de los consumidores. 
Por todas esas razones, mi comisión votó favorablemente el proyecto de informe del Sr. Dary. 
Señor Presidente, todos esperamos que se acabe lo que es preciso llamar "la guerra del plátano"; sin embargo, la extrema complejidad del expediente no engaña a nadie. 
El plátano se ha convertido claramente en una apuesta política, el combate simbólico de una determinada concepción del comercio mundial, de una Europa que asume y defiende sus opciones, su especificidad política y su compromiso en favor de los países del Sur. 
La tarea, pues, de la Comisión respecto a este expediente no es- lo sé- sencilla. 
Cada cual tira por su lado entre posiciones contradictorias y me doy cuenta de las dificultades experimentadas para tratar de conciliar los diferentes intereses. 
Sin embargo, si bien comparto la preocupación de poner fin a un conflicto comercial que envenena las relaciones trasatlánticas, no aceptaría que se hiciese a cualquier precio, renunciando, sin compensación, a los principios de equidad y solidaridad que guían la acción de la Unión Europea. 
Soy de aquellos- y somos numerosos en esta Asamblea- que se niegan a que Europa permita que dicten su conducta, aunque sea de manera indirecta, un puñado de multinacionales con costumbres colonialistas y que tienen un comportamiento social anacrónico. 
Por lo demás, lamento que no hayamos luchado por mantener un contingente específico para los ACP que, por sí solo, les garantice el acceso al mercado. 
No obstante, la propuesta del ponente es satisfactoria porque defiende el sistema de contingentes y rechaza el paso automático a un régimen exclusivamente arancelario. 
Por lo demás, se lo agradezco, como agradezco al Sr. Fernández Martín que haya defendido el punto de vista de la comisión. 
Naturalmente, los países ACP saben que deberán adaptarse al comercio mundial. 
Pero dejémosles tiempo. 
Dejémosles tiempo con un período suficientemente largo, démosles los medios de producir ellos mismos sus plantas, ayudémosles a construir sus invernaderos. 
Alentemos métodos agrícolas biológicos y, dentro de diez años, créanme, el precio del plátano africano descenderá al nivel del precio de los plátanos dólar. 
Entonces serán competitivos. 
Si imponemos demasiado rápido la brutalidad de un régimen exclusivamente arancelario, el plátano tendrá, para miles de pequeños productores africanos, un gusto terriblemente amargo. 
. Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo y Cooperación, en cuyo nombre hablo, respalda, en general, el informe del Sr. Dary y rechaza, en general, la propuesta de la Comisión. 
La Comisión Europea ha hecho una propuesta con ánimo de consenso y, francamente, después de analizarla durante mucho tiempo con mi mejor voluntad, no alcanzo a encontrar una razón para aceptarla. 
Me cabe el consuelo de que no soy el único. 
La propuesta de la Comisión no ha sido bien recibida por nadie. 
Ni por los productores comunitarios, ni por los países ACP. 
En el Consejo parece que tampoco lo tiene fácil. Tampoco gusta en el Parlamento. 
Pero, lo que es más grave, ni siquiera gusta a los Estados Unidos. 
Con esta propuesta la Comisión no sólo ha renunciado a la defensa de los intereses comunitarios y de los países ACP sino que, en mi opinión, ha perdido la mínima neutralidad exigible. 
La Organización Mundial de Comercio condenó el régimen de licencias vigente, que debe ser modificado, no cabe duda. 
Propone suprimir cualquier tipo de contingente, y pregunto: ¿pretenderá suprimir en el futuro el régimen de ayudas a los productores? 
¿Ha decidido la Comisión iniciar la reforma de la Política Agraria Común con la reforma de la OCM del plátano? 
¿Después del plátano caerán otros sectores? 
¿Cuándo dejaremos de proteger, por citar un ejemplo, los vinos blancos austríacos? 
Es evidente que esta cuestión seguirá abierta en el seno de la Organización Mundial de Comercio. 
Pero, después de la experiencia de Seattle, supongo que alguna enseñanza deberíamos haber extraído del punto de vista expresado por los países en desarrollo y, especialmente en este caso, por los países ACP, con los cuales tenemos unos compromisos y unas obligaciones que cumplir. 
En esa dirección, en defensa de nuestras obligaciones y de nuestros compromisos con los países ACP, van las enmiendas presentadas en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre del "ponente alternativo" del Grupo PPE-DE, Sr. Vatanen, y quiero indicar que es ya la quinta vez desde el año 1993 y desde la entrada en vigor de la organización común de mercado del sector del plátano que la Organización Mundial del Comercio (OMC) considera que las disposiciones comunitarias son contrarias a las disposiciones comerciales internacionales. 
El contencioso del plátano es un buen ejemplo de las dificultades que entraña armonizar los intereses de los quince Estados miembros, los de la Unión y los de los productores de los países ACP, los de los consumidores europeos y los intereses de nuestros socios comerciales. 
Felicito a la Comisión por haber intentado, a través de su propuesta, llegar a un compromiso que tenga en cuenta los intereses de todos los grupos afectados. 
Es correcto que la Unión Europea asuma la responsabilidad de garantizar que los agricultores europeos, incluidos los productores de plátanos, gocen de un nivel de vida adecuado. 
Sin embargo, no lo es que la UE y las empresas que realizan sus actividades en su territorio sufran unas pérdidas anuales de alrededor de cuatrocientos millones de euros debido a las sanciones comerciales impuestas por EE.UU. y Ecuador, debido a nuestro incumplimiento del Acuerdo del GATT en lo que a importación de plátanos se refiere. 
Quiero expresar mi preocupación por las consecuencias político-comerciales del informe del Sr. Dary. 
La aprobación del informe Dary en su forma actual puede provocar enérgicas reacciones por parte de nuestros socios comerciales, ya que ni siquiera se aviene a entablar negociaciones para facilitar el acceso de los productos a los mercados. 
Existen evidencias palpables de que algunos países de América Latina no aprobarán el régimen de contingentes arancelarios, a no ser que haya mejores expectativas de acceder al mercado de la UE. 
Por esta razón, recurro a ustedes para pedirles que apoyen la enmienda 38 del Sr. Chichester, la cual propone que, en caso de que la UE no renuncie a los contingentes de importación, la Unión anuncie que, al menos, está dispuesta a abrir una ronda de negociaciones oficiales en el seno de la OMC sobre la asignación de los próximos contingentes para la importación de plátanos. 
Debemos demostrar ya de una vez que somos socios comerciales maduros y de confianza, puesto que despertar a la realidad del presente redundará, a largo plazo, en beneficio de nuestros verdaderos intereses. 
Señor Presidente, la OMC ha impugnado en varias ocasiones nuestra reglamentación comunitaria sobre el plátano, y, cada vez, ha sido preciso volver a definir el contenido de esta OCM y hoy soportar el peso de las multas que nos imponen como reparación a los perjuicios causados. 
Es verdad que no es fácil encontrar una respuesta equilibrada que satisfaga nuestros cuatro objetivos, es decir: aprovisionar a los consumidores con precios razonables, garantizar un porvenir para nuestros productores comunitarios, asegurar los compromisos de la Unión en favor de los ACP y, por último, presentar al mismo tiempo un expediente que la OMC no pueda atacar. 
Con todo, la propuesta del Sr. Dary se revela, respecto a estas cuatro preocupaciones, totalmente pertinente, por lo menos, es así como lo consideró la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro Parlamento, que la ha apoyado unánimemente, hecho bastante excepcional tratándose de un tema tan sensible. 
Efectivamente, nos ha parecido que la elección de mantener durante diez años, en lugar de seis, los contingentes de importación complementados con una preferencia arancelaria en favor de los ACP, permitiría preparar de manera más seria el porvenir de los productores comunitarios y ACP que se ven confrontados a una competencia más o menos fundada en un dumping social y medioambiental. 
La supresión del paso automático que recomendamos en lo relativo a los aranceles de tarifa única no debe, sin embargo, considerarse como un rechazo sistemático a este dispositivo. 
Simplemente, queremos hacer que la evolución de la situación sea económica y socialmente viable para nuestros productores y los de ACP, sin por ello perjudicar la apertura de nuestro mercado. 
Por tanto, cómo es posible que la Unión Europea carezca de argumentos ante la OMC para hacer reconocer esta vez la validez de nuestro procedimiento. 
Efectivamente, en el momento actual, la Unión puede experimentar dificultades para la definición de las cuotas, pero este ejercicio no resulta más difícil que el de entenderse respecto a las modulaciones del arancel en la hipótesis de los aranceles de tarifa única. 
Estoy convencido, por mi parte, de que la próxima apertura del siguiente ciclo de la OMC, debe permitirnos tratar positivamente este expediente en un marco más global y cuento con la determinación de la Comisión a este respecto. 
Señor Presidente, la organización común de mercados en el sector del plátano ha permitido el funcionamiento de un sector de producción fundamental para las economías, en ocasiones frágiles, de los países ACP y de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
No han transcurrido ni siquiera siete años desde la entrada en vigor de la OCM del plátano, cuando la Comisión propone ahora una profunda modificación de su funcionamiento. 
Esto, además, ha venido precedido de contenciosos en el seno de la Organización Mundial de Comercio que han generado incertidumbres y han dificultado su correcto funcionamiento para los productores comunitarios. 
Para nosotros es inadmisible un período transitorio hasta 2006, tal como propone la Comisión, y habría que esperar, al menos hasta 2010, antes de decidir nada sobre posibles reformas. 
Por otra parte, un régimen exclusivamente arancelario no es coherente con la consecución de los objetivos de la OCM, puesto que no garantiza el acceso al mercado ni la supervivencia de los productores ACP y comunitarios. 
La Comisión propone un contingente de 353.000 toneladas y un posible incremento si aumenta la demanda. 
Dado que el contingente arancelario adicional no está consolidado, su cuantía debería poder adaptarse a la demanda comunitaria, pero no sólo en el caso de que ésta aumente sino también en el caso de que disminuya. 
De todos modos, es necesario garantizar la preferencia comunitaria y evitar cualquier marginación de la producción de la Comunidad. 
Por último, debe prestarse especial atención a la evolución de la situación de los productores comunitarios y ACP, que ya se encuentran en situación vulnerable y que lo estarán más todavía en un contexto de competencia intensa y abierta. 
La Comisión debe elaborar previamente un informe de evaluación de las consecuencias de la aplicación de cualquier modificación del régimen para compensar debidamente sus efectos negativos en los precios y las rentas mediante el aumento del ingreso global de referencia. 
Señor Presidente, si el día de hoy tenemos que manifestarnos una vez más, la quinta desde 1993, sobre un proyecto de la OCM del "plátano", se debe al encarnizamiento en contra el régimen comunitario de tres grandes multinacionales estadounidenses que dominan el mercado mundial del plátano y cuyos intereses han sido retomados por la OMC a raíz del recurso introducido por los Estados Unidos que, por lo demás, hacen pesar sanciones unilaterales sumamente graves sobre varias de nuestras empresas. 
Recordemos, sin embargo, que cerca del 60% de los 4 millones de toneladas de plátanos consumidos anualmente en la Unión Europea no son suministradas ni por los productores comunitarios ni por los productores ACP, sino por los países terceros latinoamericanos, donde las compañías estadounidenses explotan muy vastas plantaciones en condiciones de producción que poco se preocupan de los aspectos sociales y medioambientales. 
En lo que concierne a los Estados ACP tradicionales y de la Unión, que sólo ocupan una parte minoritaria del mercado europeo, el plátano se cultiva en el marco de pequeñas unidades de producción, por lo general familiares y sin una verdadera posibilidad de actividades alternativas. 
Por tanto, constituye un elemento esencial para el equilibrio del tejido económico y social de estos territorios frágiles. 
Después de sembrar la desesperanza en Costa de Marfil, para permitir a cinco multinacionales reducir sus costes de producción, en detrimento de los productores de cacao, ¿ahora va a concederse a las tres multinacionales americanas la exclusividad del mercado mundial del plátano, incluido el europeo, arruinando a nuestros propios productores y a los de nuestros socios ACP? 
Para estar tranquilos en la OMC, ¿estamos dispuestos a sacrificar producciones decisivas para algunos de nuestros territorios? 
Esta es, lamentablemente, la vía que parecía efectivamente haber elegido la Comisión, con un sistema transitorio corto y peligroso y una fórmula exclusivamente arancelaria e incierta a partir de 2006, que pondría en peligro tanto la producción ACP como la producción europea y haría que el mercado comunitario del plátano se encontrara bajo el control de algunos grandes explotadores, asegurándose lo esencial de los márgenes, gracias a la comercialización de los plátanos dólar. 
Por tanto, la propuesta de la Comisión no coincide con el interés de los productores comunitarios y ACP, ni con el interés a largo plazo de los consumidores europeos, ya que en realidad favorece la emergencia de una situación de mercado muy poco competitiva. 
Esta es la razón por la que fue rechazada por unanimidad por nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y no solamente por ella, sino también por la Asamblea Paritaria UE-ACP, y por el Parlamento francés. 
Espero, pues, que nuestro Parlamento siga a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y que la Comisión Europea se sienta obligada a hacernos nuevas propuestas, más conformes con los intereses europeos y con los de nuestra cooperación con los Estados ACP. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, siete de cada diez plátanos que se comen en Europa vienen de América Central a través de tres multinacionales. 
Además, con derechos arancelarios reducidos de 75 euros la tonelada en lugar de 850 euros. 
¡Qué regalo tan fabuloso se hace a los Estados Unidos! 
Pues bien, ¡eso no basta! 
Los Estados Unidos quieren más. 
Quieren acabar con las licencias de importación, entre las que se encuentran las licencias B que dan una prioridad de venta al plátano comunitario y a los plátanos de ACP sobre los plátanos dólar. 
Sin embargo, desde el punto de vista político, sobre todo, los Estados Unidos quieren en realidad, para sus multinacionales, el monopolio del futuro mercado de Europa del Este. 
Ante este desafío, ¿qué hace Europa? 
Se divide y se enreda. 
Nos dividimos con nuestros amigos alemanes. 
Efectivamente, debido a los antiguos lazos con la diáspora alemana de 1945 que se fue a América Latina, desde 1960, Alemania sólo come al 100% plátanos dólar que, en un principio eran plátanos "emblemáticos". 
Tanto más cuando, es un secreto a voces, las tres multinacionales bananeras estadounidenses ayudan a llenar las arcas del SPD y la CDU. 
Pero nosotros también nos enredamos en propuestas técnicas. 
La Comisión propone así, antes de ceder todo a los Estados Unidos, un período de transición de seis años durante el cual se mantendría lo esencial de los tres contingentes, entre los que se encuentra el contingente ACP y el contingente dólar. 
En 2006, habría un sólo arancel común que afectaría de la misma manera a los plátanos de los pobres de Africa y a los plátanos de los ricos de las multinacionales. 
No cabe duda de que habría que discutirlo, y nuestro excelente ponente, el Sr. Dary, lo hace. Propone que el plazo pase de seis a diez años. 
¡Otros cuatro años más, señor verdugo americano! 
Por lo demás, nosotros también hemos presentado enmiendas. 
Pedimos la regionalización de las ayudas, porque Guadalupe está más lejos que Canarias; el pago trimestral; la indemnización por ciclones; el mantenimiento del contingente ACP; referencias históricas a las importaciones, en lugar del principio según el cual "el primero que llega, primero se sirve". 
Por último, todo está muy bien, pero ése no es el combate. 
El combate es, ante todo, el de la preferencia comunitaria. 
Es preciso elegir: o Canarias, Madeira, las Antillas, o Chiquita. 
Está en juego la política regional. 
¿Queremos la supervivencia de regiones ultraperiféricas que dependen al 100% del plátano, como Canarias, o queremos la riqueza de Dole y de Chiquita? 
Está en juego la política de cooperación. 
Es preciso elegir entre Africa, el Convenio de Lomé, o la OMC. 
Es preciso elegir: es la política social de Europa, los derechos humanos, lo que están en juego o las multinacionales esclavistas que producen con costes sociales del 8% en lugar del 42% de los costes sociales en Canarias, Madeira o las Antillas. 
Se trata de la protección de los intereses financieros, porque cuando OLAF discute por unos céntimos de reembolso de los taxis a los diputados y no se interesa en los dos mil millones de dólares que regala a la multinacional Chiquita cada año, hay un problema. 
Los Estados Unidos han sido condenados por fraude fiscal de dos mil millones de dólares y no modificaron nada. 
Cuando los Estados Unidos cambien, discutiremos de los solamente 191 millones del expediente "plátano". 
Cuando los Estados Unidos cesen de defraudar en favor de Boeing, Kodak, Cargil, Ford se discutirá del plátano. 
Entre tanto, se requieren negociaciones largas, globales, políticas. 
Hay que hablar de Iraq, de Echelon, de Serbia, ponerlo todo sobre el tapete. 
El plátano es una prueba de la verdad: o Europa cede, o Europa existe. 
Se dice que el plátano se come por los dos lados. 
¡¿Quiere Europa mantenerse de pie o que se la coman por los dos lados?! 
Señor Presidente, Señorías, debemos finalizar el tira y afloja sobre regulación que esté conforme con el acuerdo de la OMC. 
La Unión no sólo ha cosechado gloria durante este debate interminable. 
Respeto los esfuerzos de los Estados miembros por ahorrar grandes pérdidas a los propios productores de plátanos, pero todos esos razonamientos no justifican que se ofrezca una persistente resistencia a los acuerdos internacionales. 
El objetivo debe ser crear lo antes posible una organización del mercado que se corresponda con las propuestas del órgano de Solución de Diferencias de la OMC, y sobre todo en interés de los empresarios, que a causa de la introducción de este reglamento del mercado del plátano han tenido que soportar pérdidas financieras que han puesto en peligro su existencia, así como en interés de aquellos que fueron perjudicados por los aranceles penalizadores impuestos por los EE.UU. 
No se deben infravalorar las consecuencias negativas de esas trabas a la exportación para la economía de los países orientados a las exportaciones, y sobre todo para los puestos de trabajo relacionados con ellas. 
En esta cuestión, algunos de los Estados miembros actúan de forma proteccionista a costa de los otros. 
Nosotros pagamos las subvenciones a los productores de plátanos, tenemos que luchar con los aranceles penales y pagamos en el supermercado los precios excesivos de los plátanos. 
Los Estados que siguen queriendo frenar este asunto deberán admitir que tienen parte de culpa por la situación actual, que simple y llanamente no han sabido realizar a tiempo los cambios estructurales necesarios en el sector de la producción del plátano. 
La falta de competitividad de la producción de la UE no puede justificar el rechazo a un acceso unitario y sin discriminaciones al mercado europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, me corresponde resumirle en pocos minutos la problemática de la OCM del plátano. 
Se trata de un desafío considerable que sólo tiene sentido si se comprende el desafío fundamental de esta cuestión que, al menos desde hace una década, es fuente de conflictos tanto en el plano comercial- entre los operadores- como institucional e internacional. 
La razón es sencilla. 
El plátano es hoy aún uno de los grandes productos básicos en la alimentación humana y el control de su comercio, con toda evidencia, tiene una dimensión geoestratégica. 
Al tratarse de una fruta tropical comercializada en el mercado del hemisferio norte, su distribución plantea principalmente también un desafío en la cooperación Norte-Sur. 
La verdadera cuestión que se nos plantea es la de saber si la Unión Europea será o no capaz de organizar en su propio mercado una yuxtaposición de flujos procedentes de regiones productoras de Europa, de los países ACP y de América latina. 
Ahora bien, la propuesta de la Comisión, que hoy estamos debatiendo, previendo sobre todo el basculamiento hacia la tarificación, lleva a la desaparición inevitable de la producción de las regiones europeas, que representa hoy el 25 % del abastecimiento de nuestro mercado. 
Esta evolución contraria que está en la finalidad misma de la política regional y de la política agrícola común- que son los dos pilares de la Unión Europea- no la deseamos en ningún caso. 
Hemos de dejar de lado, de forma decidida, esta perspectiva aprobando el informe Dary- el señor Dary a quien saludo y doy las gracias. 
Le pedimos, por tanto, por estas razones fundamentales y para preservar también el interés del consumidor en el mercado europeo mediante el mantenimiento de una yuxtaposición de los flujos procedentes de la Unión, de los países ACP y de países terceros, en la duración y en el marco de una verdadera competencia que se base en un número de operadores suficiente, que acepte la totalidad de las enmiendas propuestas. 
Un fracaso en este expediente sensible del plátano sería un reconocimiento de debilidad por parte de la Unión Europea y constituiría una señal importante y movilizadora, explotada por todos los adversarios de la política agrícola común, para oponerse al modelo agrícola social, familiar y multifuncional. 
Tenemos el deber de preservar todo el espacio de la Unión, sobre todo en vísperas de la ampliación. 
Señor Presidente, los defensores de los intereses de las multinacionales en este Parlamento no han estudiado bien el expediente del plátano. 
Y no lo han estudiado bien porque hablan de múltiples decisiones de la Organización Mundial de Comercio y de infracciones por parte de la Comunidad del Derecho internacional. 
En realidad, hasta ahora, la Organización Mundial de Comercio sólo ha declarado incompatibles con el régimen comercial internacional dos extremos. 
El primero es el régimen de partenariado que vinculaba la importación de plátano no comunitario a la importación de plátano comunitario. 
El Reglamento comunitario del plátano fue modificado para cumplir esa decisión. 
El segundo se refiere a la incompatibilidad con el régimen comunitario de la excepción en favor de los países ACP. 
Por lo demás, el régimen comunitario es enteramente conforme con las reglas comunitarias, con las reglas del Derecho internacional y con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. 
Lo que ocurre es que, en este caso, la Comisión ha sido más papista que el Papa y- como ha puesto de relieve el Sr. Fernández Martín- más librecambista que las propias multinacionales. 
Es decir, en este momento la Comisión quiere tirar el plátano con todo lo demás- quiere tirar el niño con el agua de la bañera -, no se mantiene dentro de los estrictos límites del cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, sino que toma una decisión política que llevaría- como señaló el Sr. Fernández Martín- al desmantelamiento de toda nuestra política agrícola comunitaria. 
El informe Dary, la opinión Westendorp y la opinión Fernández Martín piden a la Comisión que se ajuste al cumplimiento del Derecho internacional, que no vaya más allá de lo que la Organización Mundial de Comercio impone, que negocie y que tenga en cuenta, además, que si cedemos en este punto vamos a ceder en puntos más importantes, como el mantenimiento de requisitos de política social y de protección ambiental a nivel mundial, que es nuestra posición en el ámbito internacional. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la propuesta que hace la Comisión Europea sobre la reforma del sector del plátano es negativa, inaceptable y catastrófica para el sector agrícola de las regiones ultraperiféricas y de los países ACP afectados por la misma, que, por cierto, abastecen el 40% del mercado comunitario. 
Me atrevo a afirmar esto tan contundentemente por cuanto, de llevarse a cabo en los términos que se plantea, supondría el hundimiento de las economías de miles de familias que viven de esta actividad tan singular en islas comunitarias como Canarias, Madeira, Guadalupe, Martinica, Creta, sin olvidar las zonas productoras de los países ACP. 
Por consiguiente, supondría el deterioro social y económico de unas regiones de por sí desfavorecidas y en dificultades permanentes y graves para su desarrollo, con tremendas dificultades de reconversión y que son vulnerables a las medidas comerciales uniformes y homogéneas que se toman en los niveles internacionales, a las que se ha plegado, en mi opinión, la Comisión Europea, incapaz de reconocer la realidad y la diversidad agrícola regional de los países de la Unión y la necesidad de una verdadera política de solidaridad y de cooperación con los países ACP que hasta hace pocos años eran territorios coloniales de algunos países que conforman la actual Unión. 
Por ello, es bueno que la Comisión sea receptiva al informe del Sr. Dary, a quien felicito, y a las enmiendas presentadas, que pretenden corregir los desequilibrios derivados de la globalización y conseguir que la Comisión sea sensible a los problemas de las familias productoras de plátanos, que no se pliegue a las importaciones con aranceles de tarifa única y que luche donde le corresponda para mantener durante un plazo razonable su compromiso con los ciudadanos y con las organizaciones agrícolas afectadas, que conforman uno de los sectores más vulnerables de regiones muy singulares de la Unión y de los países ACP, con la consiguiente repercusión social, económica y medioambiental. 
Para muchos de nosotros, los plátanos son una cuestión de Estado ya que están asociados a nuestra historia y a nuestra cultura. 
Señor Presidente, es importante que el Parlamento apruebe este informe del Sr. Michel Dary, pues no es aceptable la propuesta de la Comisión Europea de instaurar un régimen exclusivamente arancelario para las importaciones de plátanos hasta 2006. 
Con el régimen de arancel único que la Comisión pretende se provocaría la quiebra de los productores de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, como Madeira y los países ACP. 
Por lo demás, el fracaso de la última reunión de la OMC demostró que esa organización no está en condiciones de corresponder a las esperanzas y las exigencias de la opinión pública y de los consumidores en determinadas esferas, como, por ejemplo, las de la calidad de los productos, la protección del medio ambiente, la formación, las condiciones sociales y la protección de los trabajadores, como, por lo demás, se afirma en el informe. 
En una política de coherencia con las declaraciones de apoyo a los países ACP y al desarrollo de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, no se puede dejar que la agricultura de dichas regiones y su desarrollo, en la que la producción y la exportación de plátanos tiene gran importancia, sea aplastada por oleadas de plátanos de la zona del dólar procedentes de las grandes plantaciones que las multinacionales del sector poseen en América Latina. 
En ese marco apoyamos la generalidad de las propuestas que figuran en el informe, a las que también contribuimos, en particular en la defensa de un período de transición que no podría ser inferior a diez años ni entrañar el paso a un régimen únicamente arancelario, por lo que la Comisión debe evaluar las repercusiones de la nueva situación en los precios y en las rentas de los productores de plátanos de esas regiones a fin de garantizar una mejora de la ayuda compensatoria inspirada en la necesidad de garantizar la renta de los productores. 
Señor Presidente, Señorías, en el asunto de la ordenación de mercado del sector del plátano no podemos nadar contra la corriente del comercio mundial libre y justo. 
Nosotros tenemos que cumplir las reglas que hemos firmado al crear la OMC. 
Al incumplirlas y a causa de las sanciones relacionadas con ese incumplimiento, bloqueamos ya ahora sectores económicos completos el acceso a los grandes mercados de EE.UU. y de manera creciente de los países latinoamericanos. 
Nosotros somos co-responsables de los despidos de trabajadores en esos sectores, si no cambiamos ahora nuestra posición como UE. 
Por eso apoyamos- y hablo ahora en nombre de una fuerte minoría dentro de la fracción del PPE, que la próxima vez podría convertirse en mayoría- la posición de la Comisión. 
Después de un periodo de transición se quieren introducir unos derechos arancelarios de 275 Euros por tonelada de plátanos que vengan de terceros países, mientras que los plátanos de países ACP disfrutarán de franquicia arancelaria. Con ello se quieren mantener los derechos esenciales de los productores ACP. 
El flanco abierto, el Talón de Aquiles de las propuestas de la Comisión es la protección insuficiente de los intereses de los productores de plátanos dentro de la Unión Europea, esencialmente de las zonas periféricas y ultramarinas. 
Estos ahora protestan ante nosotros y en especial ante nuestros compañeros franceses- y me imagino que también ante los portugueses y españoles- contra esa omisión. 
No es verdad Sr. Fischler- y también se lo quiero decir al Sr. Lamy- lo que dicen los funcionarios de sus direcciones generales de que las cosas están perfectamente organizadas para los productores de plátanos de la UE. 
Aquí necesitamos todavía un compromiso político. 
Las medidas estructurales, que están previstas en el Reglamento de Mercado para el Sector del Plátano deberán reforzarse esencialmente. 
Si utilizáramos sólo de 10 al 20% de los derechos penales que ascienden a 400 millones Euros, o sea entre 40 y 80 millones como medios existentes del presupuesto agrario para esas tareas y no lo desnaturalizáramos, ayudaríamos mucho a nuestros productores de plátanos. 
Invito a la Comisión a mejorar las medidas estructurales y con ello encontrar el camino para un compromiso, que en el fondo se corresponde con sus propuestas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera en primer lugar saludar a nuestro ponente, Dary, ya que en este expediente complejo ha elegido el camino de la resistencia y no el de la renuncia. 
En efecto, la nueva propuesta de la Comisión nos parece inaceptable, ya que hace concesiones inaceptables a las multinacionales de América latina. 
¿Hay alguien en este Parlamento que ignore el papel que desempeñan estas multinacionales en la financiación de las campañas americanas? 
¿Quién de nosotros ignora que estos plátanos se producen en unas condiciones de seguridad alimentaria más que dudosas, y en unas condiciones sociales dominadas por un desprecio total por los derechos del hombre, de la mujer y del niño? 
¿Quién puede ignorar que plegándose al "diktat" de Estados Unidos- con el pretexto de la OMC- la Unión Europea enviaría al paro a 35.000 de sus propios nacionales en Canarias y a 30.000 en los departamentos franceses de ultramar? 
Porque, Señorías, aprobar, como propone la Comisión, un sistema exclusivamente tarifario, tras un período transitorio de seis años, es una verdadera condena a la quiebra y a la desesperación para nuestros productores. 
Por ello, al igual que el señor Dary, estoy a favor del mantenimiento de los contingentes y excluyo el paso automático al sistema tarifario, ya que rechazo que nuestros productores de Martinica o de Guadalupe sean sacrificados en el altar de una liberalización que escapa a cualquier regulación. 
Señorías, no nos equivoquemos, si Europa cede hoy en el expediente del plátano, mañana cederá en el del azúcar o en el del ron, y pasado mañana deberá despedirse de su modelo social y de su política de desarrollo. 
Por ello, me dirijo con mucha seriedad a los señores comisarios Fischler y Lamy para decirles que comprendo bien su preocupación legítima por poner fin a este litigio pero no pueden hacerlo a costa de los ciudadanos más pobres de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el régimen de la Unión Europea en el sector del plátano ha sido ya condenado cuatro veces por la Organización Mundial de Comercio. 
Tras los Estados Unidos, ahora también Ecuador ha logrado una autorización para adoptar medidas de retorsión cuyo importe asciende a más de 200 millones de dólares. 
No olvidemos que semejantes medidas de castigo no benefician en absoluto a nuestros plátanos y, además, tienen consecuencias enormemente negativas para la industria europea y el empleo. 
No podemos permitirnos, por tanto, ninguna condena más. Es necesario adoptar cuanto antes un reglamento que respete las reglas de la OMC, las promesas realizadas a los países ACP y los intereses de nuestros productores y consumidores. 
No es fácil, pero nuestro sistema actual no es defendible. 
Debemos encontrar y lograr urgentemente un compromiso y un contenido más liberal. 
Respaldaré la propuesta de la Comisión dado que, en mi modesta opinión, se adecua a estos requisitos. 
Señor Comisario, yo también recuerdo que fue en 1993 cuando la Unión Europea se dotó de una reglamentación para la organización del mercado del plátano, con el fin de asegurar una protección de las salidas de la renta de los productores comunitarios y garantizar las exportaciones de los países ACP hacia el mercado comunitario. 
Aunque no producen ni un kilo de plátanos, los Estados Unidos denunciaron ante la OMC este sistema comunitario de importación de plátanos. 
El único objetivo era el de defender los intereses de sus grandes compañías bananeras, que, efectivamente, castigan a América latina y dominan ya más del 70 % del mercado mundial. 
En 1999 el grupo de la OMC, instrumentalizado por Estados Unidos, condenó este sistema comunitario de las licencias de importación. 
La Comisión se sometió a este veredicto, modificando las condiciones de mercado para llegar en 2006 a un sistema puramente tarifario. 
La aplicación de este nuevo reglamento, que va, además, más allá del veredicto de la OMC, cuestionaría la salida de las producciones comunitarias y ACP y agravaría una situación social ya debilitada, principalmente en los departamentos franceses de ultramar en los que el precio de venta del plátano pasó ya de menos de 3 francos en 1998 a menos de 2 en 1999. 
Me felicito porque la Comisión de Agricultura haya rechazado no sólo las enmiendas defendidas por los servidores de las multinacionales americanas, sino también las propuestas de la Comisión. 
Doy mi total aprobación al informe Dary que se opone al paso automático a un sistema estrictamente tarifario y defiende los principios que han presidido la puesta en marcha de la Organización Común de Mercados, principalmente la preferencia comunitaria. 
Al aprobar el informe Dary, enviaremos al Consejo y a la Comisión la señal clara de que esta Asamblea está firmemente decidida a defender los intereses de los productores comunitarios y ACP, a hacer que se reconozca en el seno de la OMC que los acuerdos preferenciales constituyen instrumentos de ayuda al desarrollo. 
Con nuestro voto manifestaremos también nuestro rechazo a cualquier compromiso con Estados Unidos que sacrificarían a los productores comunitarios y ACP a los beneficios del plátano dólar. 
- (PT) Señor Presidente, comienzo formulando unas preguntas a la Comisión en la persona del Comisario Fischler. 
¿Por qué se propone para el comercio del plátano la liberalización pura y simple a partir de 2006 y, para la carne, la leche y los cereales, que absorben el 68% de las asignaciones con cargo al FEOGA-Garantía, se invoca, como hizo la Comisión en Seattle, la especificidad de la agricultura europea? 
¿No será ésa una inaceptable dualidad de criterios? 
¿Tiene la Comisión dos pesos y dos medidas? 
¿Es el plátano el pariente pobre de las producciones agropecuarias de la Unión Europea? 
¿No debe servir también el modelo agrario europeo para salvaguardar la producción de plátanos de la Unión Europea, que se verá gravemente amenazada por la liberalización propuesta? 
¿Se va a liberalizar también el comercio de carne, leche y cereales? 
¿Va a ceder la Comisión a las posiciones más radicales de los Estados Unidos en un momento en que ese país aumenta en gran medida los apoyos a su agricultura? 
¿No se atiende siquiera al hecho de que el plátano sea la principal producción agrícola de cuatro regiones ultraperiféricas situadas entre las diez más desfavorecidas de la Unión Europea? 
En esta propuesta de modificación del reglamento de la OCM del plátano, ¿qué importancia tiene el apartado 2 del artículo 299 del Tratado, que establece un trato específico para las regiones ultraperiféricas? 
La multifuncionalidad de la agricultura europea, concepto esencial del citado modelo agrario europeo, debe tener expresión en esta reforma, entre otras cosas porque en Madeira, la región que aquí represento, la función medioambiental de la agricultura es tanto o más importante que la económica. 
El fin del cultivo de plátanos en la isla de Madeira constituiría, además de una pérdida grave de ingresos para millares de familias, un enorme desastre medioambiental. 
Por otra parte, como quedó demostrado en Seattle, la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio debe ser una ronda de desarrollo. 
Por eso, existen fundamentos y total legitimidad para que en la reforma de la Organización Común del Mercado del plátano se atienda en primer lugar al plátano producido en la Unión Europea y en los países ACP. 
Y sólo el mantenimiento de los contingentes de importación contribuye a la consecución de ese objetivo, perfectamente compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, creo que estas propuestas de la Comisión supondrán que varios países africanos, caribeños y del Pacífico se queden sin fuente de ingresos. 
Esto generará pobreza y aún más privaciones. 
Efectivamente tenemos que simplificar el régimen. 
Es excesivamente complicado en este momento. 
Pero yo creo que algunos países necesitan tiempo para diversificar adecuadamente su economía y por ello me decantaría por un período transitorio de diez años. 
Chiquita, Dole y Del Monte, que producen en países latinoamericanos, no han experimentado un descenso de sus niveles de producción desde 1993. 
Su cuota de mercado no ha bajado desde 1993. 
Lo único que desean es obtener más cuota de mercado a expensas de los países ACP. 
Efectivamente tenemos que hallar una solución. 
Los productores del Reino Unido están amenazados por EEUU. 
No debemos dejar que los países ACP vayan al paredón sólo para salvar empresas de la UE. 
No estamos hablando sólo de plátanos, sino del comercio con los países en desarrollo en conjunto. 
Es difícil tener en consideración las distintas exigencias y practicar una política capaz de favorecer a las partes más débiles, así como de ofrecer un producto de calidad y a precios razonables para los consumidores. 
Sin embargo, no se me antoja imposible, como en la propuesta de la Comisión, pasar, a partir del año 2006, a un sistema en el cual ni para los países ACP ni para otros haya contingentes o tarifas especiales. 
Asimismo, no cambia mucho esperar hasta el año 2010, aunque, indudablemente, habrá más tiempo para encontrar soluciones menos negativas. 
La propuesta de la Comisión es demasiado semejante a la del Consejo de Ministros que no considera que debe utilizar una parte del presupuesto en pos de una política de cooperación y de protección de los productores comunitarios primarios y que se remite a las negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio. 
En lugar de adaptarnos al sistema de la Organización Mundial de Comercio, deberíamos tratar de modificarlo sin doblegarnos a los chantajes de las multinacionales norteamericanas que obtienen beneficios a través de la explotación de los países menos favorecidos. 
Todo el mundo conoce los actos reaccionarios de estas multinacionales que están destruyendo y contaminando a las personas y el medio ambiente. 
Reformar la Organización Común de Mercado: éste debería ser el reto. 
La Cumbre de Seattle y las grandes movilizaciones populares han planteado esta exigencia. 
Reformar la Organización Común de Mercado impidiendo, entre otras cosas, que se penalicen las políticas de desarrollo y de protección de los países más desfavorecidos, de los pequeños productores y de los artesanos favoreciendo, como se propone en el informe Dary, el acceso al mercado a las organizaciones del comercio equitativo y solidario para invertir en la agricultura ecológica y socialmente sana. 
Me gustaría que ésta fuera la política de la Unión Europea. 
La del comercio exterior, donde creo que la Unión Europea debería defender el progreso hacia un orden mundial de comercio liberalizado; la de la industria, la industria europea, cuyos puestos de trabajo y sectores de actividad están amenazados a causa de las sanciones y son las víctimas inocentes de estas últimas; y hablo desde la perspectiva de miembro británico de esta Asamblea que está harto de recibir cartas de queja de empresas cuyo negocio y cuyos puestos de trabajos de sus empleados se ven amenazados a causa de las sanciones sin tener ninguna culpa. 
Lamento diversos aspectos de este informe Dary. 
He de decir que este período de diez años es absolutamente irrealista e irrazonable. 
Lamento el intento de aferrarse a los contingentes y de entrometerse en el comercio de este modo. 
Por supuesto lamento también las propuestas de subir el tipo de arancel, que es otra forma de intervención en el comercio. 
La enmienda que se ha propuesto en mi nombre y en el de otros pide una solución negociada de este contencioso, que sea compatible con la Organización Mundial del Comercio. 
Es esencial. 
Ya hemos pasado por esto varias veces y están amenazados empresas inocentes y puestos de trabajo por culpa de nuestra incapacidad para dominar la situación. 
Apoyo los esfuerzos del comisario. La suya es una difícil tarea. 
He de decir que no se me ocurre nada más razonable o pragmático o sensato que la enmienda en cuya presentación me han apoyado varios diputados. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, Señorías, yo rechazo el informe del Sr. Dary, como muchos de mis compañeros del Grupo del PPE, pero también hay algunas enmiendas que me parecen muy razonables. 
Me refiero sobre todo a las enmiendas 33 y 34. 
La enmienda 33 exige que también en terceros países se apoye económicamente el cultivo ecológico. 
La enmienda 34 exige que los plátanos fair trade sean apoyados independientemente del país de origen. 
Lamento que los Verdes no participen en este debate, para señalar también estos aspectos. 
Pero con estas dos enmiendas, el Parlamento Europeo expresa claramente que también deseamos un enfoque global y es correcto que no sólo en los países ACP tradicionales y en la UE hay pequeños productores que se comportan de manera ejemplar, sino que también en Latinoamérica y en los países ACP no tradicionales. 
En Ecuador el 60 % de los productores de plátanos son productores pequeños con menos de 20 hectáreas y a estos se les discrimina de forma injusta. 
El mundo no es blanco y negro, tal y como nos quieren hacer creer algunos, y los países de Latinoamérica se han quejado sobre nosotros ante la OMC con razón. 
Por esa razón el informe del Sr. Dary es contradictorio en si mismo, por un lado dice sí a un enfoque global para el apoyo de plátanos fair trade en todo el mundo, pero simultáneamente sigue poniendo trabas a los pequeños productores latinoamericanos. 
Creo que el establecimiento de cuotas para diez años va en la dirección errónea, y creo que la Comisión ya iba por el camino correcto. 
A mi entender podría haber ido más decididamente en dirección hacia la liberalización, pero el camino es el correcto. 
Naturalmente me alegraría si se aceptara la enmienda del Sr. Chichester, que también he firmado yo, pero quiero decir al Sr. Comisario Fischler, que él, aunque no se acepte esta enmienda, con la enmienda 5, que ha sido aceptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene el mandato de elaborar un compromiso aceptable, que sea aceptado por la OMC. 
Por ello creo que la Comisión en todo caso tiene un mandato- incluso del Parlamento- para negociar. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a estas alturas del debate no voy a entrar a discutir el informe Dary ni a señalar sus puntos fundamentales, pero sí quiero manifestar que la posición oficial del Grupo del PPE es apoyar el informe Dary en su totalidad. 
Esta es la posición oficial. 
Señor Comisario, su propuesta no favorece los objetivos ni soluciona los problemas pendientes en el sector del plátano y, políticamente, no es presentable ante nuestros productores- lo reconocía hace un momento el Sr. Schwaiger. 
La propuesta de la Comisión tampoco cumple nuestros compromisos internacionales. 
Pero lo más grave es que, inmersos en una difícil negociación con la Organización Mundial de Comercio, enseñamos públicamente, negro sobre blanco, cuáles pueden ser nuestros débiles. 
Por lo tanto, le pido, señor Comisario, que escuche- no solamente que oiga- a este Parlamento, que tome nota de las indicaciones que van en la dirección marcada por el informe Dary y por las opiniones de las dos comisiones competentes. 
Este Parlamento le envía una señal política muy clara, por unanimidad desde la comisión competente para el fondo, y espero que esta Asamblea la apoye mayoritariamente; señal que estoy segura de que será percibida por la gran sensibilidad política que nos ha demostrado siempre. 
Además, estoy segura de que sabrá encontrar un camino factible en la dirección indicada. 
Por lo tanto, señor Comisario, actúe políticamente, encuentre la solución y escuche a esta Asamblea. 
No son momentos para que esta Asamblea no sea tenida en cuenta. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
Interrumpo la sesión hasta que llegue la Presidenta. 
(La sesión se interrumpe a las 11.25 horas y se reinicia a las 11.30 horas.) 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, en el momento que considere oportuno, pediría que, en aplicación del apartado 1 del artículo 161 del Reglamento, solicitara a la Sra. ponente y a la Sra. presidenta de la Comisión de Control Presupuestario que manifestaran cuál es su posición en relación con la coherencia entre la exposición de motivos y la resolución que estamos votando. 
- (DE) Señora Presidenta permítame una pequeña explicación acerca de las cuatro enmiendas presentadas. 
Soy de la opinión que un compromiso tan amplio, que tiene el apoyo de los cuatro Grupos más grandes de este Parlamento no se debería volver a cuestionar con enmiendas. 
Bajo la condición de que el compromiso, por cuya realización quiero volver a expresar mi más sincera gratitud a todos los participantes, permanezca en lo demás tal y como está, quiero pedir que se apruebe la enmienda 1 del grupo PSE, ya que contiene una ampliación razonable. 
Tengo que rechazar las enmiendas 2 y 3, ya que tendrían desde el punto de vista del contenido demasiada influencia sobre el compromiso general. 
Rechazo la enmienda 5. 
Creo que no es legalmente admisible, ya que anula la regulación clara del artículo 161 de nuestro Reglamento. 
La enmienda trata por lo demás de una votación sobre la fundamentación de mi informe. 
Se trata además, según sé, de un precedente, al cual podría recurrir en el futuro con todo derecho cualquier colega de esta Asamblea. 
La Presidenta del Parlamento ha admitido la enmienda 5. 
- (DE) Señora Presidenta, el presidente del Grupo, Barón Crespo, también se ha referido a mi. 
Es verdad que el pasado lunes en la Comisión de Control Presupuestario debatimos en profundidad sobre la admisibilidad de esa cuestión o sobre si yo, como Presidente de la comisión debería hacer uso del artículo 161. 
Casi todos los miembros de la comisión tomaron la palabra. 
Yo mismo he analizado varias veces la cuestión de la relación que existe entre la resolución, tal y como ahora está como compromiso, y que es la posición de la ponente que es de su responsabilidad. 
Yo he visto la relación y he expresado claramente que el lenguaje de esta exposición de motivos es duro. 
Pero no me veo capacitado para de juzgar el estilo y las palabras elegidas, repartiendo calificaciones, ya que lo tendría que hacer para cada exposición de motivos. 
La coherencia objetiva existe desde mi punto de vista, y por ello he decidido y se lo he comunicado a la comisión que no rechazo esta exposición de motivos. 
Señora Presidenta, junto con 37 colegas del PPE, he presentado esta enmienda porque me ha sorprendido la explotación que se ha realizado en el plano mediático de la exposición de motivos que todo el mundo debe saber, pero que no se sabe, que compromete exclusivamente al ponente y en ningún caso al Pleno. 
Me ha sorprendido la contradicción entre el tono de esta exposición de motivos y la del contenido de la resolución, que son radicalmente diferentes. 
Por eso he presentado esta enmienda. 
Dicho esto, creo que tiene razón, señora Presidenta, en declararla admisible ya que la votación que implica esta enmienda no constituye una votación a favor o en contra de la exposición de motivos, sino que pretende constatar simplemente la distancia entre esta exposición de motivos y la resolución. 
He de admitir que después de las explicaciones que ha dado la señora Stauner y la señora Theato, que ha señalado de la forma pública más evidente que la exposición de motivos sólo comprometía al ponente y en ningún caso al Pleno, creo que esta enmienda es ya inútil; por ello la retiro. 
Señora Presidenta, quisiera, en primer lugar, constatar que la Sra. ponente no se ha pronunciado sobre lo que prevé el apartado 1 del artículo 161 del Reglamento, que- y cito la versión francesa- dice explícitamente: "... l ' exposé des motifs doit être conforme au texte de la proposition de résolution... ". 
Entiendo, después de la explicación que ha dado sobre el fondo de la cuestión la Sra. presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, que sus manifestaciones deben de constar en el acta a efectos no solamente parlamentarios sino también a los posibles efectos que, en su momento, pueda tener esa exposición de motivos. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ponente no se ha pronunciado sobre este tema fundamental, entiendo que la enmienda sigue teniendo sentido y el Grupo del Partido de los Socialista Europeos la hace suya. 
Dicho de otro modo, señor Barón Crespo, hace usted suya, en nombre de su grupo, la enmienda 5 de conformidad con el artículo 139 del Reglamento. 
¿Es eso? 
Sí, señora Presidenta, y además agradecería que, en un tema tan delicado, la Sra. ponente, como es su deber, se pronunciara sobre el fondo de la cuestión. 
Señora Presidenta, quisiera respaldar, en nombre del Grupo liberal, la propuesta del Sr. Barón Crespo. 
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, estimado señor Presidente del Grupo Socialista, no lo he querido repetir expresamente, pero me puede creer que ya durante la redacción tanto de la resolución como finalmente también de la exposición de motivos he sido consciente de que esto debe concordar, y en las últimas semanas me he estado comprobando cuidadosamente. 
No creía necesario decir esto otra vez expressis verbis, pero si usted lo desea lo haré con mucho gusto. 
Creo que soy tan escrupulosa e intelectualmente comprensiva que usted puede suponer de mi que me lo he pensado muy bien y concienzudamente y que asumiré la responsabilidad y también todas las consecuencias con las que usted quizás me amenaza. 
Enmienda 5 
Señora Presidenta, sólo una palabra para que las cosas queden claras. 
Yo había retirado la enmienda en la medida que consideraba que era inútil. 
A partir del momento en que se somete de nuevo a votación, es evidente que le doy mi apoyo e invito a mis amigos a que hagan otro tanto. 
Tras la votación de la enmienda 5 
Señora Presidenta, aunque a algunos les complace la decisión que se ha tomado, esto crea un precedente muy peligroso. 
Siempre que haya en el futuro una exposición de motivos que no guste a alguien de la Asamblea, hemos determinado que podremos votar en contra cada vez si así lo deseamos. 
Señora Presidenta, ya que ha habido una explicación de voto, creo que esta votación tiene importancia porque frena la tentación de que se escriban panfletos políticos intolerables en relación con las resoluciones del Parlamento. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0089/2000) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, I. sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Comisión en lo referente a la gestión financiera del sexto, séptimo y octavo Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1998 (COM (1999) 0227- C5-0003/1999- 1999/2004 (DEC) ); II. sobre la concesión de la aprobación de la gestión de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín) para el ejercicio 1998 (C5-0150/2000- 2000/2094 (DEC) ); 
IV. sobre la concesión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998- Sección IV- Tribunal de Justicia- Sección V- Tribunal de Cuentas- Sección VI- Parte B- Comité de las Regiones (SEC (1999) 0414- C5-0008/1999- 1999/2166 (DEC) ); 
V. sobre el aplazamiento de la decisión de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998- Sección VI- Parte A: Comité Económico y Social (SEC (1999) 0414- C5-0008/1999- 1999/2166 (DEC)) 
Antes del inicio de la votación 
Tuvimos un problema cuando fuimos a elaborar la lista de votos y fue que no pudimos encontrar la enmienda presentada por los Verdes, el PPE-DE, el PSE y el ELDR al punto 5. 
No sé si existe la posibilidad de que pudiera sernos leída en voz alta de modo que tuviéramos oportunidad de manifestarnos al respecto. 
Sí, temo que esto retrase un poco nuestros trabajos, señora Frahn. 
Voy a intentar ser lo más clara posible en las votaciones. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones y las tres decisiones) 
Informe (A5-0092/2000) del Sr. Khanbhai, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión de la Comisión en lo referente a la ejecución del presupuesto de la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA) para el ejercicio 1998 (C5-0153/2000- 2000/2077 (DEC) 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos decisiones y la resolución) 
Informe (A5-0097/2000) del Sr. Kuhne, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general para el ejercicio 1998- Sección I- Parlamento Europeo- Anexo Defensor del Pueblo Europeo (SEC (1999) 414- C5-0008/1999- 1999/2051 (DEC)) 
Antes del inicio de la votación 
Señora Presidenta, hay dos enmiendas presentadas al informe del Sr. Kuhne que proponen posponer la aprobación del Parlamento. 
Dichas enmiendas hacen referencia a la Secretaría General. 
Si cualquiera de ellas fuera aprobada, ¿asumirá usted, como Presidenta del Parlamento, la plena responsabilidad política por su contenido, así como las consecuencias si no se responde a las exigencias que en ellas se formulan en los plazos correspondientes? 
Señor van Hulten, como Presidenta asumo la responsabilidad de declarar admisibles estas enmiendas. 
No me pronuncio sobre su contenido. 
La Asamblea aún no las ha votado. 
El problema que se me planteará es saber si son admisibles o no. 
Le digo que considero, tras haber examinado bien la situación, que estas enmiendas son admisibles. 
Si resultan aprobadas evidentemente se aplicarán, al igual que todo lo que votamos. 
Enmienda 4 
- (DE) Señora Presidenta, tenemos aquí una enmienda que abarca en pocas palabras supuestamente el sentido de dos observaciones de revisión del tribunal de cuentas. 
Estoy en disposición, si ustedes así lo desean, de leerles el texto completo de esas observaciones. 
Yo por mi parte no lo quisiera. 
Sólo quiero decir que estoy en contra de esta enmienda, ya que pienso que no tiene mucho sentido, si asumimos en nuestros documentos parlamentarios resúmenes tendenciosos y breves de documentos oficiales, incluso si esos resúmenes tendenciosos han sido presentados por la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario. 
Enmienda de los Verdes/ALE 
. (DE) Señora Presidenta, en el punto 6, sobre el que tenemos que votar en esta enmienda, existe un plazo hasta el 15 de mayo. 
Si aceptásemos ese plazo entraríamos en contradicción con un párrafo ya anteriormente aceptado. 
En un punto anterior hemos aprobado bajo la cifra 10, que hasta el 1 de julio queremos tener opciones para una gestión del edificio y un plan de financiación considerando el estado de las negociaciones. 
Ya hemos aprobado esto, y en su momento esto también se aprobó en la Comisión por unanimidad, porque hemos aceptado que esto sólo es posible considerando el estado de las negociaciones. 
Si ahora, sin considerar el estado de las negociaciones, nos ponemos un plazo hasta el 15 de mayo, no sólo decidiríamos algo que según la opinión unánime de la Comisión no se puede cumplir, sino que también contradiríamos lo que ya habíamos decidido con anterioridad. 
Por eso insto a los Verdes a retirar este punto, de lo contrario recomendaría votar en contra, para poder ser coherentes con el resto de la resolución. 
Señora Presidenta, esta es una enmienda de compromiso que fue negociada entre grupos y después, por supuesto, examinada anoche por los diversos grupos. 
Nuestro Grupo apoya esta enmienda de compromiso con la excepción, no obstante, de una palabra: "plus" - "plus proportionnelle". 
Presumiblemente la versión inglesa es "more proportional". 
No podemos aceptar esa palabra. 
Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento, no es posible pedir un votación por partes en una enmienda de compromiso. 
Hago notar que si las enmiendas núms. 100 y 101 fueran aprobadas ambas, equivaldría exactamente al mismo texto que el de esta enmienda de compromiso, a excepción de la palabra problemática "más". 
Como sé que diputados de otros grupos tenían exactamente el mismo problema con esta palabra, sugiero a amigos y compañeros diputados que quizá sea apropiado no aceptar la enmienda de compromiso sino votar en vez de ello a favor de las enmiendas núms. 100 y 101, que son compatibles, y que conseguirían precisamente el resultado que muchos desean. 
Gracias, señor Corbett. 
Pero debo aplicar el reglamento. 
Se me ha presentado una enmienda de transacción. 
Señor Brok, ¿podría pronunciarse sobre la intervención del señor Corbett, para saber si acepta usted modificar la enmienda de transacción? 
Señora Presidenta, nosotros queremos apoyar la enmienda de compromiso. 
Me dirijo a la Asamblea. ¿Hay alguna objeción a que sometamos esta enmienda de transacción a votación? 
He creído comprender que era ésa la cuestión. 
Señora Presidenta, creo que es justo que se someta a votación. 
Sin embargo, mi Grupo y muchos otros votarán en contra de ella para apoyar las enmiendas núms. 100 y 101, que conseguirán casi el mismo efecto con las pequeñas mejoras. 
Sí, señor Corbett, pero debo preguntar a la Asamblea si hay alguna objeción a que yo someta a votación la enmienda de transacción. 
Señora Presidenta, aquí se ha presentado una enmienda con arregloa las normas vigentes. 
Entonces hay que votar esta enmienda. 
Si se rechaza podemos pasar las normas que ha propuesto el Sr. Corbett. 
Ese es el camino más sencillo. 
Que se vote la enmienda. 
Si se rechaza será válido el procedimiento que ha propuesto el Sr. Corbett. 
Señor Brok, disculpe, el artículo 130 del Reglamento es muy claro. 
Dice que si se producen objeciones a la toma en consideración de una enmienda de transacción, el Presidente del Parlamento Europeo ha de remitirse a la prudencia de la Asamblea. 
Sólo estoy ateniéndome al Reglamento, como no podía ser de otra forma. 
(La Asamblea se pronuncia en contra de la toma en consideración de la enmienda de transacción) 
Enmienda 118 del Grupo de los Verdes/ALE 
Señora Presidenta, parece que hay una falta de correspondencia entre las diferentes versiones lingüísticas de la enmienda nº 118. 
La versión francesa simplemente se refiere a "les autorités compétentes", mientras que la versión inglesa se refiere a "the competent devolved authorities" que, en inglés, tiene un significado más intenso. 
Decidimos nuestras listas de votación a favor de esta enmienda basándonos en la versión francesa. 
Sin embargo, me parece que la versión original es, en realidad, la inglesa. 
En ese caso, a menos que se pueda suprimir la palabra "devolved" en la versión inglesa, recomendaré a mi Grupo que vote en contra de la enmienda. 
Señora Presidenta, el texto francés es el que da fe. 
Muy bien, gracias por la precisión. 
Enmienda de transacción 227 
Señora Presidenta, se informó ayer a sus servicios de que no firmaríamos esta enmienda de compromiso. 
Señora Presidenta, queremos solicitar una votación por separado, una vez sobre el concepto "las cuatro quintas partes" y luego sobre el resto. 
De hecho, esta votación por separado está prevista en el texto original, es decir, si la enmienda es rechazada. 
¿Retira esta enmienda, en cuyo caso votaremos el párrafo 29 por partes? 
Señor Brok, ¿es eso? 
Señora Presidenta, si hiciéramos eso aquí, no tendríamos que introducir la enmienda oral en el párrafo 29. 
Por eso sería más fácil, llevarlo aquí a cabo. 
Por tanto, desea usted, si he comprendido bien- me dirijo también a los ponentes- que votemos el párrafo 29 con la presentación de una enmienda oral. 
¿Es así? 
- (DE) Señora Presidenta, aprecio mucho a Elmar Brok, pero en este punto se está equivocando. 
El compromiso sólo se refería a que adicionalmente a de mucho peso se añadiera también continuing en inglés o anhaltend en alemán. 
Esto es el texto antiguo. 
No hemos llegado a un acuerdo sobre la mayoría de las cuatro quintas partes. 
Eso viene ahora sencillamente demasiado tarde. 
No podemos volver a dividir esto otra vez. 
Si se retiran las enmiendas procedo a la votación del texto original. 
Ahora bien, sobre el texto original del párrafo 29 yo tenía, creo, una solicitud de enmienda oral de uno de nuestros ponentes. 
Le doy por tanto la palabra para que presente su enmienda oral y, a continuación, votaremos este párrafo 29 por partes y por votación nominal. 
Señor Dimitrakopoulos, ¿desea presentar su enmienda oral y que juzgue la Asamblea? 
. Señora Presidenta, la enmienda oral consiste en añadir a la segunda parte la palabra "continuing". 
Está claro, ¿hay alguna objeción a la toma en consideración de esta enmienda oral? 
Señora Presidenta, esta interesante idea simplemente repite de forma oral la enmienda de compromiso que se acaba de rechazar. 
No está realmente en conformidad con nuestro procedimiento habitual. 
¿Hay doce diputados que se opongan a la toma en consideración de esta enmienda oral? 
(Más de doce diputados se levantan para oponerse a la toma en consideración de la enmienda oral) 
Señora Presidenta, puedo pedir al Grupo Socialista escuchar una cosa: Todas las enmiendas de compromiso, que ha firmado este Grupo, las ha vuelto a rechazar él mismo o ha retirado luego su apoyo sin informarnos. 
No creo que sea una actuación o una forma razonable de cómo tratarnos unos a otros. 
Señora Presidenta, debo refutar lo que ha dicho el Sr. Brok. 
Se adoptaron varios compromisos y nosotros los respetamos, excepto en dos casos en los que hay problemas, como sucede a veces cuando llevamos los compromisos a nuestros diversos grupos. 
Yo propuse una solución en ambos casos. 
En este caso, informamos ayer a sus servicios de que no firmaríamos esa enmienda de compromiso. 
Así pues, nunca se tendría que haber presentado en nuestro nombre. 
Puede haber sido un compromiso entre los grupos ELDR y PPE, pero no un compromiso que hayamos firmado. 
Antes de la votación de la totalidad de la propuesta de resolución 
Señora Presidenta, deseo hacer una declaración política en nombre de mi Grupo en relación con un tema que creo que ha dejado mal sabor de boca en todos los grupos de la Asamblea, la votación del apartado 3, relativo a la composición y el reparto de escaños del Parlamento Europeo. 
Mi Grupo va a votar a favor del informe Dimitrakopoulos/Leinen, pero yo propongo que se encargue a la Comisión de Asuntos Constitucionales que, en su sabiduría, busque una solución a este tema, porque es una cuestión enormemente delicada para toda la Asamblea. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicito muy sinceramente a nuestros dos ponentes, el señor Dimitrakopoulos y el señor Leinen. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, por un momento me ha tentado seguir el ejemplo del Sr. Cox en cuanto al informe de la Sra. Stauner sobre el presupuesto, sin embargo, francamente, debo decir que, antes de viajar a Estrasburgo, algunos pensionistas me preguntaron qué iba a hacer. 
Cuando supieron que, entre otras cosas, debía votar el informe sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión que estamos abordando, me pidieron que recordara a la Presidencia del Pleno que los pensionistas y el partido que represento, consideran que los gastos gravan demasiado el presupuesto del Parlamento Europeo, por lo que esperan que dichos gastos se reduzcan a la mitad y que los recursos liberados se utilicen para incrementar los fondos de pensiones de los quince Estados miembros que desde hace demasiado tiempo se hallan en una situación penosa. 
El Grupo Liberal ha apoyado hoy la enmienda presentada por Jean Louis Bourlanges del Grupo del Partido Popular Europeo, que pedía que la resolución fuera por separado de la exposición de motivos. 
A modo de explicación se pueden tomar las siguiente citas: 
"En el seno de la Comisión se ha dado manifiestamente para algunos ámbitos la consigna de" ocultar y olvidar ". 
Con grandes promesas y proclamas sensacionales para el futuro se desvía la atención de los problemas internos actuales todavía no asumidos. " 
"Se ha incrementado todavía más la supremacía, existente ya bajo el Presidente Santer, del aparato dominado con demasiada frecuencia por grupos con intereses comunes." 
Bajo cualquier criterio, estos comentarios son excesivos, injustos y, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, totalmente inadecuados. 
En la votación final sobre la resolución se nos presentaban hoy tres alternativas: votar a favor, votar en contra o abstenernos. 
Elegimos abstenernos y esto requiere una explicación. 
Votar a favor del informe Stauner es votar por el aplazamiento de la concesión de la aprobación, la cual, sopesándolo todo, creemos debiera ser concedida ahora. 
Tal como explicamos en la Comisión de Control Presupuestario, nuestra preferencia era votar "sí" a la reforma pero "no" a que se repitan en esta Comisión los pecados de sus antecesoras. 
En el Grupo Liberal hemos estado constantemente a favor de muchos de los elementos del informe Stauner, como el acceso a los documentos- es un deber de la actual Comisión dar acceso a los documentos. 
Pero sigue pendiente la cuestión política de si estos son el momento y el tema oportunos para un aparente distanciamiento público entre el Parlamento y la Comisión Prodi. 
Nosotros creemos que no. 
Si no votamos a favor del informe es porque queremos marcar una preferencia de trabajar en la reforma ahora y no más tarde, porque estamos convencidos, por lo que se ha visto hasta la fecha, de que ésta es una Comisión reformista. 
Votar en contra del informe no tendría otro efecto que devolverlo a la Comisión de Control Presupuestario sin una manifestación clara de lo que va a pasar después y de qué modo. 
Por eso hemos decidido abstenernos. 
Es una abstención motivada y no indiferente. 
La preferencia de nuestro Grupo era haber votado por conceder la aprobación a la vez que impulsar la reforma, lo que reconocemos es también el punto de vista de la Comisión Europea. 
Desgraciadamente, las posibilidades de elección de hoy no dejaban esa alternativa y por eso hemos decidido abstenernos. 
. (FR) La delegación socialista francesa ha votado el informe de la señora Stauner que aplaza la aprobación de la gestión relativa al ejercicio 1998, ya que resultaba de un compromiso de nuestro Grupo con los grupos del PPE-DE y ELDR. 
Esta resolución reflejaba la voluntad de la mayoría de los miembros de la Comisión de Control Presupuestario (Cocobu) por salir del callejón en el que la propuesta de informe de la Sra. Stauner situaba a esta comisión, pero también al Parlamento Europeo, paralizando las relaciones de esta institución con la Comisión en una relación de desconfianza. 
La delegación socialista francesa se felicita de que se haya constituido una mayoría para votar la enmienda 5 que pone en evidencia el desfase entre la resolución sometida a votación de los diputados y la exposición de motivos. 
Con esta votación, los diputados han reafirmado que la exposición de motivos no compromete más que al ponente. 
La propuesta de informe que ha sometido la señora Stauner a la Cocobu ha suscitado una viva conmoción, más allá de los diputados de esta comisión. 
En efecto, el documento propuesto estaba muy lejos de la finalidad del procedimiento de aprobación de la gestión, es decir, la aprobación de las cuentas del ejercicio y la regularidad de los gastos. 
La resolución sometida a votación de la Asamblea en el día de hoy presenta un catálogo de solicitudes y recomendaciones razonables a la Comisión. 
El aplazamiento y el plazo de respuesta que se ha dejado a la Comisión le permiten responder a las preguntas de la Cocobu en el tiempo concedido. 
Dejan a la Cocobu un plazo suficiente para elaborar un informe que decidirá efectivamente acerca de la ejecución del presupuesto 1998 por la Comisión. 
-por escrito. (IT) La delegación de los Demócratas de izquierda en el Parlamento Europeo que me cabe el honor de presidir, ha votado en contra del informe Stauner sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1998, ya que no comparte su planteamiento de fondo. 
En efecto, el informe no se centra en la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto 1998, objeto de la aprobación- de conformidad con lo establecido en los artículos 275 y 276 del Tratado y en el apartado 5 del artículo 89 del Reglamento financiero -, sino que se detiene en presuntos casos de fraude, la mayor parte de los cuales se registraron al principio de los años noventa, en el ámbito de la gestión de los Ejecutivos anteriores. 
La Comisión Prodi se está empleando en una amplia acción de reforma, necesaria para modernizar la administración pública europea y para adaptar sus estructuras a los numerosos retos que deberá afrontar en los próximos años. 
También estamos convencidos de que es indispensable reformar los procedimientos de control presupuestario y las modalidades de gestión de los programas, unos sistemas que han demostrado su inadecuación. 
En efecto, no sólo es preciso evitar que puedan repetirse los casos de fraude del pasado, sino sobre todo conseguir que se reduzca sensiblemente el número de errores de gestión que el Tribunal de cuentas ha reflejado en su informe anual. 
Sin embargo, no es tratando de reabrir, en ausencia de nuevas pruebas, los procedimientos disciplinarios ya archivados, que se podrá llevar a cabo una reforma seria y eficaz de la Comisión. 
Es útil recordar que el 80% de los fondos comunitarios se gestionan a escala nacional. Por consiguiente, es impensable mejorar la gestión financiera del presupuesto de la Unión Europea sin el compromiso y la colaboración de los Estados miembros. 
Asimismo tememos que detrás de este empeño injustificado se esconda el intento de utilizar tales casos para minar y debilitar no sólo la gestión de la Comisión, sino de las Instituciones europeas en general. 
En consecuencia, no podemos sumarnos a quien promueve estas maniobras y es por esto que no hemos aprobado el presente informe. 
Informe Kuhne (A5-0097/2000) 
Considerando la mala gestión realizada en el marco de las política de licitaciones, edificios y personal, tal como se manifiesta en el informe Kuhne y en el informe sobre control financiero, somos partidarios de que se aplace la concesión al Parlamento de la aprobación de la ejecución del presupuesto de 1998. 
El PE debe atenerse a los mismos criterios estrictos respecto de su propia gestión que respecto de la gestión de la Comisión. 
Estamos convencidos de que la concesión al Parlamento de la aprobación de la ejecución del presupuesto de 1998 solamente puede tener lugar a condición de que se adopten medidas concretas para corregir esta tendencia deplorable de una vez por todas. 
Estamos completamente a favor de un programa de acción concreto con el que se evite semejante mala gestión en el futuro. 
Informe Dimitrakopoulos/Leinen (A5-0086/2000) 
Señor Presidente, querría subrayar que nadie de este Parlamento va a estar de acuerdo con todos y cada uno de los puntos y apartados de este importante informe. 
Eso está claro. 
El mensaje global que estamos enviando a la CIG es que este Parlamento desea que la CIG sea ambiciosa, que piense a largo y no a corto plazo y que aborde todos los temas que hay que abordar para que una Unión de casi 30 Estados miembros pueda funcionar con eficacia. 
Evidentemente, no todas ellas serán admitidas en la forma en que ha propugnado el Parlamento. 
Pero ya lo sabemos. 
Creemos que lo correcto es que la CIG examine estos temas, los examine seriamente y presente soluciones apropiadas que permitan que la Unión funcione. 
Mi Grupo, como usted sabe y como Barón Crespo acaba de decir, tenía algunas reservas sobre puntos concretos. 
Tienen que ver, en particular, con la composición de este Parlamento, respecto a la cual, desafortunadamente, los intentos por llegar a una postura de compromiso fracasaron en el último momento. 
Tenemos que volver sobre el tema y presentar una propuesta adecuada sobre una cuestión que interesa directamente a esta Asamblea. 
Confío en que podamos hacerlo. 
Estuvimos muy cerca de un acuerdo de compromiso. 
Debiéramos ser capaces de zanjar esto. 
Nos alegra votar a favor del informe, dadas las circunstancias y con las reservas que acabo de describir. 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe. Lo digo con pesar. 
He votado en contra de este informe casi por las mismas razones por las que el Sr. Corbett ha votado a favor. 
Tengo los mismos objetivos: una Conferencia Intergubernamental ambiciosa que aborde los temas reales y que mire a largo plazo. 
Creo que el mensaje que el Parlamento envía a la Conferencia Intergubernamental con esta resolución es confuso. 
Quien la lea no sabrá realmente cuál es mensaje que el Parlamento quería hacer pasar en relación con la Conferencia Intergubernamental. 
Y por eso, señor Presidente, estando absolutamente de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen en la resolución, pero estando en desacuerdo con otras muchas y echando de menos que, por ejemplo, en materia tan importante como es el Tribunal de Justicia se haya quedado prácticamente fuera de esta resolución su necesaria reforma y las orientaciones claras que al respecto se deberían de haber dado. 
Por todas estas razones, e insisto, con pesar, he votado en contra. 
Señor Presidente, nos hemos opuesto al informe Dimitrakopoulos/Leinen porque propone un modelo de Europa integrada, centralizada, rígida, que es lo opuesto al nuestro y sólo puede bloquear la ampliación. 
Del informe hay tres orientaciones que nos han parecido especialmente nefastas. 
En primer lugar, la federalización de las instituciones, por medio de la generalización de la mayoría cualificada en el Consejo, la codecisión con el Parlamento Europeo, la institución de elecciones europeas transnacionales, el refuerzo de las competencias de la Comisión que pretende hacer un gobierno de Europa. 
Medidas todas cuya contrapartida necesaria, pero no confesada, es la marginalización de las democracias nacionales. 
En segundo lugar, la constitucionalización de los tratados así como la adición de una carta europea de derechos fundamentales vinculante, que van a someter poco a poco a los pueblos a unos textos que los superan y que se les impondrán sin que nadie, por separado, pueda escapar. 
En tercer lugar, la deriva totalitaria de la supuesta democracia europea con la institución de mecanismos, principalmente la flexibilización de las condiciones de utilización del artículo 7 del Tratado UE, que permite suspender los derechos de un estado miembro, de mecanismos por tanto que autorizarán a un puñado de dirigentes a ejercer una policía del pensamiento en todo el continente, también contra los pueblos que se manifiesten democráticamente, como Austria. 
En el debate, uno de los puntos más conflictivos se ha creado por la multiplicación previsible de los diputados europeos, por razón de la ampliación, y el techo de 700 miembros que el Tratado de Amsterdam ha impuesto a esta Asamblea. 
Este límite se decidió para hacer que el Parlamento Europeo se pareciera a una asamblea nacional, pero hoy no hace más que levantar a unos países contra otros, al no aceptar ninguno reducir su contingente de diputados, y se comprende. 
El Grupo Europa de las Naciones propone acabar con estos conflictos y hacer que salte el techo de 700 miembros. 
¿Por qué no un parlamento de 1.000 miembros? 
Podría trabajar en formaciones de geometría variable y su originalidad sorprendería poderosamente la imaginación. 
Señor Presidente, intentaré ser clara a ese respecto. 
No he sido la única. 
Lo he hecho con convencimiento, en nombre de los regionalistas europeos de ALE. 
Formamos parte del Grupo de los Verdes, pero, con esta postura, queremos subrayar nuestra decepción ante lo que se analiza hoy aquí. 
Esta agenda es, por supuesto, demasiado limitada. 
Europa es muy ambiciosa cuando se trata de la ampliación. 
Está bien, pero no es lo suficientemente ambiciosa como para ocuparse de una construcción verdaderamente democrática que parta de nuestras regiones y pueblos. 
Todas las enmiendas que servían para construir esta dimensión en Europa, han sido eliminadas a nuestro pesar. 
Así mismo, hemos podido comprobar que, en contra de lo que esperábamos, el poder de los grandes estados aumentará; y el poder del Parlamento Europeo y la posibilidad de que nuestras regiones estén representadas en él, disminuirá. 
Esperamos, por consiguiente, que la CIG logre iniciar una reforma drástica. 
Hemos tenido que votar en contra porque no nos identificamos con la construcción de esta Europa democrática. 
Señor Presidente, igual que otros diputados del Grupo de los Verdes he votado en contra de este informe por muchas razones, pero especialmente por tres de ellas. 
En primer lugar, no es federalismo, como muchos quizás creen, lo que aparece en la posición del Parlamento, sino centralismo. 
Son los grandes estados los que consiguen más poder. 
Son las instituciones centrales las que consiguen más poder. 
No hay señales de descentralización ni de repartición del poder, no hay señales que indiquen que la subsidiariedad va a tener un significado concreto. 
En segundo lugar, no hay una adecuación a la ampliación, que quizás es lo más grave. 
Es obvio que hay que tener unas estructuras flexibles para manejar una Unión con 28 Estados miembros. 
Debe haber una clara definición de atribuciones y competencias sobre lo que hay que decidir en el ámbito europeo, en los Estados miembros y en las regiones. 
No obstante, no hay nada de esto. 
Para que una Unión tan grande tenga éxito, es obvio que una gran parte de las decisiones que hoy se adoptan en el ámbito comunitario deberán descentralizarse. 
De otro modo, se producirá la implosión de todo el sistema. 
En tercer lugar, éste no es un proceso democrático ni constitucional, sino un juego de poder a puerta cerrada. 
Por eso he votado en contra. 
Señor Presidente, expreso mi decepción con mis compañeros de los Verdes y con mi propio grupo, porque no se me dio oportunidad de votar sobre dos enmiendas claves relativas a la política exterior y de seguridad común. 
Una era una enmienda sobre las industrias armamentísticas y las exportaciones de armas y la otra era sobre armas nucleares. 
Era muy importante para nosotros tener la oportunidad de decir si las armas nucleares desempeñan un papel de algún tipo en el futuro de la política exterior y de seguridad común. 
Desgraciadamente, mis compañeros de los Verdes consideraron estas enmiendas innecesarias, lo que lleva a preguntarse si los Verdes están cambiando su política sobre armas nucleares y sobre las industrias armamentísticas. 
Yo voté en contra del propio informe, porque me parece que más centralización significa menos seguridad para los Estados miembros más pequeños, menos democracia, menos participación de los ciudadanos a nivel local y nacional. 
Esto no beneficia a los ciudadanos de a pie europeos. 
Una nueva constitución para Europa que desbanque a las constituciones nacionales, una personalidad jurídica para la Unión Europea y, por supuesto, más militarización: no es éste el tipo de Europa que yo deseo. 
Yo deseo una Europa desmilitarizada, una Europa democrática donde los que tengan verdaderamente la palabra sean los ciudadanos, y no los burócratas. 
Señor Presidente, he votado a favor de la enmienda 100 al informe Dimitrakopoulos/Leinen sobre las propuestas del Parlamento para la Conferencia Intergubernamental que, desgraciadamente, ha sido rechazada por el Pleno. 
La misma prevé que se vote cuanto antes para las elecciones europeas utilizando las listas que existen en todos los quince Estados miembros, es decir, unas verdaderas listas europeas. 
Creo que esta enmienda se basa en un argumento que acerca a los ciudadanos a Europa y a la Unión Europea, pues los ciudadanos europeos llamados a votar se dan cuenta de que los candidatos son los mismos en los quince Estados. Esto permitiría entender que Europa existe y que tiene un sentido y una razón de ser. 
Por esto, he votado a favor de dicha enmienda. 
Señor Presidente, he votado a favor de la propuesta de resolución, a pesar de que no estaba de acuerdo con algunos puntos. 
Lamento que finalmente sólo hayan apoyado 238 colegas el texto y quiero dirigir una petición a los responsables de esta institución: Se debería revisar si los procedimientos tuvieron realmente sentido. 
Si se presentan tantas enmiendas es para mi una muestra de que no ha habido anteriormente suficientes esfuerzos para llegar a acuerdos y ya que ni siquiera han pasado las enmiendas de compromiso, significa para mí que todavía no estábamos listos para llegar a un acuerdo en el Pleno. 
También le pido a usted, señor Presidente, que hable en la Mesadel Parlamento sobre esta votación y que piensen si no se pueden regular de otra forma estos procedimientos con un programa gigantesco de votaciones, durante el que votamos durante dos horas y media. 
Yo no creo que ningún diputado tuviera al final de las votaciones una idea clara, de lo que figura finalmente en el texto. 
No deberíamos realizar este tipo de procedimientos en el Pleno. 
Señor Presidente, aunque apruebo en sus grandes líneas el informe Dimitrakopoulos sobre la Conferencia Intergubernamental, me he abstenido en la votación final. 
En efecto, a propósito de un párrafo- cuyo alcance habrá escapado sin duda a la intención de la mayoría de nuestros colegas -, el 32, se ha abierto la vía al cuestionamiento, en el marco de las negociaciones comerciales internacionales, en particular las de la OMC, del estatuto actual de los servicios públicos, sin el acuerdo de un Estado miembro, con el pretexto de modificar el artículo 133 del Tratado y, de hecho, de dar la posibilidad de romper el principio de acuerdo de todos los Estados para comprometer la posición de la Unión Europea en lo que respecta a los servicios, a la inversión y a la propiedad intelectual. 
El rechazo de la enmienda 57 que hubiera permitido levantar esta ambigüedad me lleva por tanto a abstenerme en el texto aunque apruebe sus grandes líneas, de nuevo, en lo que respecta a la CIG. 
Estoy seguro además de que la CIG no mantendrá la formulación actual del párrafo 32. 
Señor Presidente, yo he votado a favor del informe del Sr. Dimitrakopoulos, a pesar de que tengo algunas reservas, ya que pienso que el informe del Sr. Dimitrakopoulos se queda corto, en lo que se refiere a la federalización de la Unión Europea y a la integración. 
Porque yo soy de la opinión de que tenemos que avanzar mucho más y de forma más reforzada hacia la federalización, retirarnos de los Estados nacionales, ir más hacia las regiones, hacia los pueblos de Europa. 
Espero, a pesar de que los signos en esta Conferencia Intergubernamental no sean los óptimos, si que sea posible una que otra apertura adicional. 
Yo soy lo suficientemente realista y sé que es un desarrollo que va paso a paso. 
Por ese motivo he votado a favor del informe y espero que en el futuro haya más pasos de ese tipo. 
Señor Presidente, me he abstenido en la votación principal por una serie de grandes y de pequeñas razones. 
Me resultaba difícil dar mi apoyo a la resolución porque lleva lo peor junto con lo mejor. 
Por otra parte, no quise votar en contra porque la resolución representa probablemente lo que el Parlamento Europeo puede hacer de bueno en el momento actual. 
La conclusión evidente me parece la de que el propio Parlamento ha de recorrer aún un largo camino para responder a los deseos profundos de la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea. 
El rechazo en sesión de dos enmiendas de transacción muestra además la dificultad de encontrar mayorías representativas así como también el rechazo o la aceptación de exactitud de disposiciones institucionales de primer orden. 
Por no tomar más que un ejemplo, el Parlamento ha podido mantener con dificultad un compromiso sobre la composición de la Comisión, pero la verdad me obliga a decir que el compromiso yuxtapone dos tesis contradictorias. 
El texto votado considera, efectivamente, que el número de miembros de la Comisión debería limitarse, salvo si lo está. 
¿Es realmente una posición seria para un parlamento? 
Ainardi, Bakopoulos, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Koulourianos, Meijer, Schmid, Herman, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL) , por escrito. 
(EN) Nosotros, diputados de distintos partidos del Grupo GUE/NGL, no hemos votado a favor del informe relativo a la propuesta del Parlamento Europeo para la CIG. 
Nos oponemos a la evolución de la Unión Europea hacia un Estado con poderes superiores a los de los Estados miembros en todos los aspectos de la política, tal como defiende el informe en la práctica. 
En vez de transformar a la UE en un Estado, somos de la opinión de que la Unión se debe democratizar. 
La democratización de la Unión Europea se debe conseguir reduciendo los poderes de la Comisión, introduciendo apertura y transparencia en las prácticas legislativas del Consejo y reforzando el papel de los parlamentos nacionales a escala de la UE. 
Protestamos además contra la forma en que defiende el informe la militarización de la UE. 
Insistimos en que ésta siga siendo una organización civil y en que se respete el status especial de los países no alineados. 
Somos de la opinión de que la Conferencia Intergubernamental debe reconsiderar la construcción de la UEM, volviendo a valorar la falta de democracia de la actual unión monetaria y sus políticas de derecha. 
Pedimos que se reconsidere el pacto de estabilidad y que se reescriba el artículo 56 del Tratado con el fin de someter a control democrático el BCE. 
Reiteramos nuestra condena por que no se haya sometido a referéndum el proyecto de la EMU en todos los Estados miembros. 
(DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy en contra del informe de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen relativo a la propuesta del Parlamento Europeo a la Conferencia Intergubernamental. 
Creemos que el Parlamento Europeo insistiendo en un amplio orden del día no beneficia a aquello que debe ser la principal tarea de la Conferencia Interubernamental, es decir, solucionar los problemas institucionales pendientes relativos a la composición y las normas de voto en el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y las restantes instituciones, lo que debe hacer posible la ampliación. 
En su lugar, el Parlamento debería asumir la importante tarea de garantizar que las cuestiones esenciales que deben ser resueltas sean debatidas de tal forma que queden involucrados en ese debate los ciudadanos de Europa y que éstos se manifiesten al respecto sobre las importantes tareas a debate. 
La UE debe estar fundada en una voluntad política común de alcanzar los objetivos generales de paz, medio ambiente y bienestar en Europa, donde son los ciudadanos quienes ocupan el centro. 
La tramitación en la Comisión de Asuntos Institucionales que aprobó el borrador del informe por una exigua mayoría junto al hecho de que a su tramitación en el Pleno se hayan presentado más de 200 enmiendas muestran que este informe no puede contribuir a la creación de una base común para la Conferencia Intergubernamental. 
A pesar de que pensamos que la Comisión no debe proponer todas estas modificaciones del Tratado, hemos elegido pronunciarnos sobre puntos aislados, lo que se desprenderá de nuestra explicación de voto. 
No obstante, nos gustaría indicar especialmente los puntos en los que pensamos que la Conferencia Intergubernamental debe centrarse. 
En lo que respecta a la composición del Parlamento Europeo hemos votado a favor de que se reduzca progresivamente el número de diputados de cada Estado miembro, de forma que el Parlamento Europeo refleje tanto las cifras de población de cada país como también el hecho de que para la representatividad del Parlamento Europeo tiene un valor añadido que los diversos puntos de vista políticos de cada país dispongan de la posibilidad de estar representados en el Parlamento. 
En lo que a la composición de la Comisión se refiere, es importante que todos los países tengan derecho a disponer de un Comisario con los mismos derechos y obligaciones. 
Hay que ver esto teniendo en cuenta que opinamos que la Comisión debe seguir estando en posesión del derecho de iniciativa. 
En cuanto a las normas de voto en el Consejo, creemos que debe alcanzarse un equilibrio entre la atención a los países grandes y a los países pequeños, lo que se logra planteando la exigencia de que deba haber un cierto número de votos en el Consejo que al mismo tiempo represente una mayoría simple de la población total de la población de la Unión. 
Estamos abiertos a debatir una mayor utilización de la mayoría cualificada, puesto que rechazamos que deba ser la norma fundamental. 
Un paso a la mayoría cualificada ha de ser en cualquier caso analizado y debatido a fondo, puesto que debe alcanzarse un equilibrio entre lo que resulta fundamental para cada país y las consideraciones necesarias para que la cooperación funcione. 
Es especialmente importante que este tema se debata con los ciudadanos europeos. 
Todos los países miembros deben mostrar voluntad política para que la cooperación funcione. 
Son esta voluntad y el deseo de soluciones comunes las bases sobre las que debe fundarse la Unión Europea en el futuro. 
De ahí que no temamos que la UE tras la ampliación se vea paralizada si no se pone en marcha una reforma radical del Tratado ahora. 
Paralelamente a la Conferencia Intergubernamental, los países miembros debaten una política de defensa y seguridad europea común. 
Este debate no está concluido y creemos que el Parlamento no debe presentar propuestas de modificaciones al Tratado antes de que se conozca el resultado. 
Seguimos pensando que la UE no debe ser una verdadera alianza defensiva. 
En este ámbito, la UE debe centrarse en la prevención de conflictos y en la gestión civil de crisis. 
De la misma forma y paralelamente con la Conferencia Intergubernamental, se está discutiendo la creación de una Carta de derechos fundamentales. 
Queremos insistir una vez más en que queremos una carta bajo la forma de documento político y en que ésta no debe ser incorporada a la Conferencia Intergubernamental con el fin de recogerla en el Tratado. 
. El proceso de ampliación que ha iniciado la Unión Europea la ha situado ante una encrucijada y de la dirección que vaya a tomar depende que pueda seguir avanzando o no. 
Por ello puede afirmarse que la CIG encargada de proceder a las reformas institucionales que han de hacer posible la ampliación, tiene en sus manos el futuro de la Unión Europea, al tener que decidir entre optar por la reforma de mínimos que prevé el Tratado de Amsterdam o por una reforma de largo alcance que permita a la Unión acoger a los países que están preparándose para la adhesión y proseguir su tarea en pro del respeto de los derechos humanos, la paz y la justicia social. 
Habida cuenta, por tanto, del momento crucial que vive el proceso de integración europea, era conveniente que el Parlamento emitiera una señal indicando los hitos por donde, a su entender, debe transcurrir la reforma. 
Y el Parlamento, en el informe Dimitrakopoulos-Leinen que acabamos de aprobar y al que he dado mi voto favorable, indica que hay que seguir avanzando y que para ello hay que dotar a la Unión Europea de los medios necesarios para culminar el proyecto compartido de paz y de bienestar iniciado hace 50 años. 
Esperemos que la CIG tenga la altura de miras que exigen los grandes retos que tiene ante sí la Unión y siga la senda que le ha marcado el Parlamento. 
El orden del día de la CIG ha sido definido ya por los Estados miembros. 
Conocemos ya su alcance general, y está claro que gran parte del contenido de esta resolución, con independencia de su mérito o su falta de mérito, no tiene nada que ver con ello. 
Aunque el Parlamento tiene pleno derecho a tener aspiraciones, es un error que no hayamos centrado nuestra aportación en lo que la CIG va realmente a debatir y decidir. 
Temo que el no hacerlo dañe la reputación y la posición del Parlamento y que no sea tan útil para la CIG como podría ser. 
Los ciudadanos de Europa y especialmente los trabajadores, los agricultores, los pequeños y medianos empresarios, las mujeres, los jóvenes, los nuevos pobres, todos los que sufren por culpa de las políticas de la Unión Europea, ya están expresando su indignación y su desacuerdo con las opciones de la Unión Europea de una forma más o menos combativa. 
Desgraciadamente, la resolución sobre la Conferencia Intergubernamental, en lugar de escuchar las inquietudes y apoyar las reivindicaciones de todas estas capas sociales, responde directamente a la llamada del gran capital; adopta las opciones de los monopolios sobre una militarización de Europa, sobre intervenciones en países terceros, incluso de índole militar, sobre una limitación mayor de la independencia nacional y de la soberanía popular de cada país. 
La Unión Europea, tras el Acta Única y los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, intenta ahora, bajo la presión de la ampliación y del nuevo orden, resolver temas que no se pudieron solucionar en las anteriores conferencias intergubernamentales. 
A pesar de las proclamaciones sobre lo contrario, nos hallamos ante un proyecto integrado de ataque del gran capital contra los derechos democráticos, sociales, colectivos e individuales y contra las libertades que los trabajadores han conquistado, tras una dura lucha, en el marco de la democracia burguesa. 
La Unión Europea es utilizada como ariete del imperialismo, de las multinacionales, para romper la resistencia de los pueblos, para doblegar su lucha por un mañana mejor. 
Los esfuerzos realizados en nombre de la democracia y de la "eficacia de las instituciones" tienen como único objetivo prestar servicio a los intereses de los monopolios, y sólo pueden hallar a los trabajadores y a los pueblos de Europa en contra. 
¿Qué más puede significar la generalización de la norma de la mayoría entendida como la mayoría de los Estados y de los habitantes de la Unión Europea, aparte de una indiferencia total y una degradación de los intereses de los países "más pequeños", de las regiones menos desarrolladas, de las capas sociales más débiles y en general de los trabajadores y de las capas populares de la Unión Europea? 
¿Qué más puede significar eliminar la posibilidad de que un país ejerza el veto cuando se ven afectados intereses nacionales vitales? 
¿Qué puede significar la rotación de los Comisarios según nacionalidades y la no rotación en la Presidencia de la Unión, si no es que un país de los llamados más pequeños quede lejos de los centros de poder durante periodos muy largos, y que le sea imposible apoyar sus intereses y los intereses de su pueblo, en la medida naturalmente, en que esto puede realizarse en el ámbito de la Unión Europea? 
¿Qué significa la limitación del número de los diputados al Parlamento Europeo, a pesar del aumento de los países miembros de la Unión Europea, si no es excluir cualquier voz que moleste al gran capital y a sus planes, si no es fomentar los procedimientos políticos que no permitan la existencia de propuestas alternativas y se limiten a cambios de poder insustanciales e inofensivos para el gran capital? 
¿Por qué se debilita el papel de los Parlamentos nacionales, limitando esencialmente cualquier control democrático? 
¿Por qué cambia el peso específico de los votos en el Consejo en beneficio de los grandes países y en detrimento de los pequeños? 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia vamos a votar en contra de todas estas cosas y de otras más incluidas en la resolución y en las recientes propuestas de la Comisión, porque sólo pueden llevar a una conclusión. 
Los pueblos de Europa no pueden esperar nada positivo tampoco de esta Conferencia Intergubernamental. 
La defensa de sus derechos es problema suyo y sólo ellos pueden defenderlos con su lucha. 
Una lucha que la Unión Europea va a encontrar cada vez más intensa, cada día más dinámica, a pesar de todos sus esfuerzos por engañarles, por cegarles o por dorarles la píldora. 
Una lucha que llevará a la coordinación de la acción de los pueblos de la Unión Europea, a un frente popular paneuropeo muy poderoso contra la Unión Europea y su política, por otra Europa sin opresores, sin explotación y sin guerra. 
. (FR) Las modificaciones institucionales consideradas con vistas a la ampliación de Europa, ya se trate de la composición de la Comisión, de la ponderación de la representación de los Estados o de las votaciones por mayoría cualificada, no responden a las cuestiones de fondo que se plantean diez años después de la caída del muro de Berlín: ¿En qué Europa queremos vivir? 
La política de la Unión Europea aparta las regiones más desarrolladas de cualquier lógica solidaria, que acelera la desagregación de las federaciones multinacionales. 
Impone privatizaciones forzosas. 
Lleva a cabo más que nada una política de bombero pirómano en los Balcanes, de la que no se han medido aún todas las consecuencias políticas, sociales y ecológicas. 
El plan de estabilidad para la Europa del sudeste es un fracaso: las declaraciones de lealtad de los gobiernos de Europa del este con respecto a la OTAN no impiden a la Unión Europea imponerles desprecio y política antisocial. 
Es preciso construir otra Europa capaz de ampliarse, hacia el este y hacia el sur, a todos los pueblos que manifiesten democráticamente su deseo. 
Un verdadero debate público, que reúna a todos los pueblos en la elaboración de una carta de derechos, de un proyecto de sociedad común, permitiría emprender el camino. 
Por ello hemos votado en contra de este informe. 
. (FR) Lamento no haber podido emitir un voto positivo al informe que contiene las propuestas del Parlamento Europeo para la Conferencia Intergubernamental, a pesar de los esfuerzos realizados, principalmente por el señor Dimitrakopoulos, ponente, por tratar con mesura los intereses y las susceptibilidades de los pequeños Estados miembros. 
Es inadmisible pretender que se cifre la amputación de la delegación nacional más pequeña, la del Gran Ducado de Luxemburgo, en un tercio, mientras no se va a los detalles para fijar la degresividad que afecta a las grandes delegaciones. 
Hay otras exageraciones en esta verdadera shopping-list que se votó aquí y que yo denuncié ayer en mi intervención, principalmente en lo que se refiere a la composición de la Comisión y los procedimientos de decisión. 
La votación por unanimidad no puede limitarse a las decisiones de carácter constitucional. 
Es totalmente utópico y nada realista creer que los diputados nacionales ratificarán un tratado que pueda contener un desmantelamiento así, tan inútil como inaceptable, de sus derechos, una verdadera castración de los parlamentos nacionales. 
La Conferencia Intergubernamental no tiene por objetivo aumentar las competencias de la Unión sino incrementar la capacidad operativa de una Unión ampliada de 15 a 16, incluso a 30, Estados miembros. 
Con estas exageraciones, una mayoría de este Parlamento ha hecho un flaco favor a Europa. 
, por escrito. 
(SV) La Conferencia Intergubernamental es una oportunidad histórica para que los Estados miembros hagan de la UE una organización democrática, abierta y eficaz, por lo que lamentamos que los gobiernos de los países miembros no tengan la voluntad política para hacer reformas profundas. 
Por este motivo, damos la bienvenida al deseo del Parlamento de aceptar el reto de reformar la Unión en esta dirección, pero quisiéramos precisar nuestra postura. 
Una Unión con 25 ó 30 países miembros no puede funcionar del mismo modo que una Unión con 15 miembros y, por este motivo, necesitamos una revisión de los métodos de trabajo de las instituciones y una distribución más clara de las responsabilidades entre los países miembros y la UE. 
La Unión sólo podrá funcionar eficaz y democráticamente si se ocupa de materias que sobrepasan las fronteras de los países, dejando, en general, que los otros asuntos sean resueltos en el plano nacional. 
La dificultad de la Conferencia Intergubernamental radica en encontrar el equilibrio entre el anhelo de crear una Unión eficaz y democrática y el deseo de reflejar las relaciones históricas de poder entre los pequeños y grandes países miembros, es decir, que hay que considerar que la UE es una Unión tanto de pueblos como de estados. 
Basándonos en esto, opinamos que es importante que esta Conferencia Intergubernamental fije la dimensión de la Comisión, otorgando un Comisario a cada uno de los Estados miembros. 
En cuanto a la repartición del poder en el Consejo, la Comisión ha propuesto un sistema de mayorías dobles para la aprobación de determinados asuntos, es decir, que se requiere una mayoría de los países miembros, pero, también, que esos países representen a la mayoría de los ciudadanos. 
Esto es importante desde el punto de vista democrático, ya que así será más clara la relación entre el pueblo y los votos. 
El Partido Popular respalda la propuesta de la Comisión, pero subraya que no se deben lastimar los intereses de los países pequeños. 
El Parlamento debe contar con setecientos escaños que se distribuyan de acuerdo a la población según un proceso de proporcionalidad regresiva. 
Apoyamos la idea de probar un nuevo sistema de listas europeas, es decir, que un cierto número de escaños se elija en el marco de una circunscripción electoral común. 
Somos conscientes de que los partidos europeos actualmente tienen poco arraigo ciudadano, pero creemos que un sistema complementario que contemple listas europeas contribuirá a fortalecer la identidad europea a largo plazo. 
Una UE con 25 ó 30 países miembros significará que más países van a querer utilizar la facultad de avanzar más que otros en determinados campos políticos (la llamada cooperación reforzada). 
Opinamos que no será posible considerar esto como una solución permanente al problema cuando la Unión se amplíe. 
El riesgo de una Europa "à la carte" es que se desvirtúa la idea de la colaboración europea. 
Existe el riesgo de que se lesione la unidad entre los países, algo que puede tener funestas consecuencias para la Unión. 
La flexibilidad debe ser entendida como una alternativa temporal para los países que no han alcanzado la madurez suficiente o que no están dispuestos a una colaboración más profunda. 
Por eso, el texto del Tratado de Amsterdam sobre colaboración más estrecha es suficiente y una solución aceptable. 
Demasiados círculos concéntricos paralelos dan origen a un sistema de difícil comprensión. 
Hay que fomentar los objetivos comunes de la Unión en el marco de una colaboración de esta naturaleza, sin excluir a ningún país miembro. 
Damos la bienvenida a las nuevas posibilidades de la UE para desarrollar una política exterior y de seguridad digna de crédito, de modo que la Unión pueda asumir mayor responsabilidad para resolver los conflictos que se produzcan en nuestra vecindad. 
Asimismo, hacemos hincapié en que esto no debe conducirnos a la existencia de organizaciones paralelas que compitan entre sí en la solución de los conflictos. 
Por eso es importante subrayar la necesidad de que la OTAN y la UE colaboren estrechamente y de que los representantes de esas organizaciones se pongan de acuerdo en la distribución de las tareas. 
Aunque no pueda aprobar cada punto y cada coma de este informe, apoyo su idea general. 
Si queremos que la ampliación sea un éxito, es esencial introducir varias reformas clave. 
Una Unión incapaz de tomar decisiones no serviría a los fines de los actuales Estados miembros ni de los países candidatos. 
Por lo tanto, 
debemos incrementar el uso de la mayoría cualificada en el Consejo a fin de evitar la parálisis en la toma de decisiones, 
debemos limitar el número de comisarios para que el ejecutivo de la Unión siga siendo eficaz 
y debemos limitar a 700 el número de eurodiputados para que Parlamento pueda funcionar eficazmente. 
Debemos seguir aumentando la capacidad de actuación exterior de la Comunidad y seguir democratizando áreas clave de las actividades de la Unión. 
.- (PT) Una vez más el Parlamento Europeo se ve abocado a adoptar en la esfera de las cuestiones institucionales una posición maximalista y desprovista del menor realismo. 
Como es habitual, sigue una opción federalizadora sin obstáculos. 
Así sucede con las propuestas de eliminación casi total de la norma de la unanimidad, la generalización del sistema de codecisión, la institucionalización de los partidos políticos europeos, la creación de un círculo electoral europeo, la integración de la UEO, el fortalecimiento de Europol o de forma más marcada y general la constitucionalización de los Tratados. 
Son opciones de las que siempre nos hemos apartado inequívocamente y de las que seguimos distanciándonos. 
Pero con el presente informe se proponen vías nuevas e inadmisibles. 
Con el argumento de una necesaria adaptación institucional para afrontar la ampliación en perspectiva, ahora se propone, de hecho, un inconmensurable fortalecimiento del poder de decisión- en diversos niveles- de los países grandes y una intolerable disminución de los que se confieren actualmente a los de dimensiones pequeñas y medias, con lo que se propone y se fomenta implícitamente la creación de directorios políticos, totalmente inadmisibles, incluso con la facilitación de esquemas de "cooperación reforzada". 
Naturalmente, nos oponemos a esas opciones. 
Entretanto y simultáneamente, el Parlamento Europeo, con la aprobación de semejante informe, da muestras de indiferencia ante situaciones evidentes y de clara urgencia, como la necesidad de superar, o al menos atenuar, los profundos déficit democráticos, modificar orientaciones monetaristas- en particular, el Pacto de Estabilidad- que son la causa de los actuales flagelos sociales, como el desempleo y la precariedad del empleo, modificar el estatuto del Banco Central Europeo a fin de garantizar una mayor transparencia, su control y limitación de competencias, hacer realidad el ya consagrado principio de cohesión económica y social, base indispensable para una Europa solidaria y con futuro. 
Siguiendo esas vías el Parlamento Europeo se dignificaría. 
Optando por lo propuesto en el informe Demitrakopoulos-Leinen sugiere su alejamiento cada vez mayor de los pueblos a los que quiere representar. 
Por eso, votaremos en contra. 
La complejidad del proceso de la CIG exige inevitablemente una respuesta compleja del Parlamento Europeo. 
El informe Dimitrakopoulos/Leinen abarca toda una serie de temas que podrían considerarse en el marco de la CIG que se prolongará todo lo que queda del año 2000. 
El debate que ha comenzado entre los Estados miembros se refleja en los puntos de vista expresados dentro del Parlamento Europeo, como, por ejemplo, en la tensión sobre el alcance de la CIG. 
El Partido Socialista del Parlamento Europeo cree que es imprescindible concluir la CIG antes de que termine el 2000 a fin de dejar a la UE totalmente preparada para la ampliación. 
Para conseguirlo, creemos que el alcance de la CIG debiera limitarse a "poner en orden" los puntos pendientes de Amsterdam, aparte de un pequeño número de otros temas. 
Los diputados del PSE votamos con arreglo a este planteamiento, reflejando nuestras preocupaciones acerca de las siguientes áreas: 
Existen dudas sobre si sería factible una lista complementaria europea a partir del 2009 con un 10% de diputados que fueran elegidos en una circunscripción europea única. 
Nos preocupa el funcionamiento de la Fiscalía europea, a la vez que nos preocupa proteger los intereses y recursos de la Unión contra el fraude en todo el territorio de la Comunidad. 
Del mismo modo, se tendrán que elaborar detenidamente medidas legislativas en materia penal con respecto al fraude que perjudica los intereses de la Unión. 
El PSE cree que la unanimidad no se puede restringir exclusivamente a los aspectos constitucionales, ya que, entre otros, los temas de fiscalidad y seguridad social se deben tratar a nivel nacional. 
La constitucionalización de los Tratados y la división en dos partes no es aceptable para el PSE, y en este sentido son aplicables las mismas preocupaciones que con la unanimidad. 
El PSE desea que haya una Carta de Derechos Fundamentales, pero mientras no se determine su contenido, se debería dejar abierta la cuestión de si darle o no fuerza jurídica vinculante. 
Aunque hace falta una mayor coordinación a nivel europeo en relación con nuestro espacio aéreo (es decir, Eurocontrol) , la prestación del servicio debiera permanecer a nivel nacional (la Comisión nunca ha propuesto una agencia única y ya existe Eurocontrol para coordinar). 
La Comisión no ha pedido anteriormente el establecimiento de una agencia europea única de control del tráfico aéreo y la petición que se hace en este informe es superflua. 
. 
(SV) Como representante de los democristianos suecos, que vemos la ampliación como la tarea más importante de la UE, quisiera hacer algunas observaciones ante el futuro tratamiento en la Conferencia Intergubernamental de las facultades y procesos de decisión en la UE. 
Deberá haber un Comisario por país miembro (punto 10). Atañe a la legitimidad, al arraigo popular y al futuro de la Comisión. 
2. Debe haber por lo menos seis eurodiputados por país miembro y, a partir de este punto, un sistema de proporcionalidad decreciente como el actual (punto 3.2) y no solamente cuatro escaños por país seguido de un sistema de proporcionalidad estricta como propone la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Esto es necesario para reflejar la amplitud política y la diversidad existente en cada uno de los Estados miembros. 
3. No deben existir listas europeas ni circunscripciones electorales europeas (punto 4). 
Para no aumentar la distancia entre los electores y sus representantes, hay que mantener a los países miembros como circunscripciones electorales. 
4. No hay que fijar en 700 el límite máximo de diputados al Parlamento Europeo (punto 3) , sino que debe haber una cierta flexibilidad dependiendo del número de países miembros. 
5. No hay que permitir la financiación de partidos que actúan en el ámbito europeo y tampoco un procedimiento de expulsión democráticamente peligroso y arbitrario (punto 6). 
6. Las decisiones que el Consejo adopta por mayoría calificada no deben aprobarse por mayoría simple en los Estados miembros, por el contrario, deberían exigirse dos terceras partes (punto 8) a fin de ganar legitimidad. 
7. Una medida tan grave como la suspensión de un Estado miembro debe adoptarse por unanimidad y no por las cuatro quintas partes de los Estados miembros como propone la Comisión de Asuntos Constitucionales (punto 29). 
8. La protección social no debe ser considerada como un asunto de interés comunitario (punto 42) sino que debe mantenerse en el ámbito legislativo nacional, de acuerdo con el principio de la subsidiariedad. 
9. La financiación de la UE debe ser totalmente independiente de las aportaciones de los Estados miembros (punto 44.4). 
10. Mantener claramente en el marco de la PESC el respeto por las soluciones políticas y el derecho a decisión de los estados no-alineados (punto 34). 
11. El principio de subsidiariedad (desgraciadamente en este informe no se hace referencia a él) debe integrarse en el Tratado de manera que la competencia de la UE se concentre claramente en los asuntos que traspasan las fronteras, permitiendo así a los ciudadanos saber el campo de atribuciones y de competencia de cada órgano. 
El papel del parlamento nacional y de las autoridades locales es importante para asegurar que se respete el principio de subsidiariedad y para controlar las actuaciones de los gobiernos en el Consejo. 
. 
(SV) Cuando el Parlamento Europeo fijó hoy su posición respecto a la Conferencia Intergubernamental, propuse soluciones que satisfacen también los intereses de los países pequeños. 
La tendencia a desatender las necesidades de los países pequeños en el seno del Parlamento va a aumentar las contradicciones entre éste y el Consejo de Ministros. 
Me preocupa que no exista voluntad de alcanzar soluciones armónicas, que satisfagan los intereses de los países miembros, pequeños y grandes, para la ponderación de los votos en el Consejo de Ministros y para el número de Comisarios. 
A través de mi Grupo he presentado una enmienda destinada a garantizar que todas las nacionalidades y regiones de un país estén representadas en el Parlamento. 
También he respaldado la propuesta que subraya el derecho de los ministros regionales a participar en las reuniones del Consejo de Ministros en que se traten asuntos que estén en el marco de su competencia autonómica. 
Por el contrario, expreso mi satisfacción por la gran atención que se ha prestado al funcionamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
La Conferencia Intergubernamental tiene ahora que tomar en cuenta las propuestas constructivas del Parlamento. 
Me han sorprendido mucho las propuestas que facultarían a los eurodiputados para participar en la designación de los jueces. 
Finlandia respalda la propuesta de dar mandato a la Comisión para negociar sobre los servicios y la propiedad intelectual, en conformidad con resoluciones adoptadas en el Consejo por mayoría calificada. 
Puesto que el Consejo acuerda otorgar poder para negociar de esta manera, se debe exigir autorización del Parlamento. 
En caso contrario, se pierde el control democrático y parlamentario sobre las negociaciones. 
Puesto que, en mi opinión, el informe no es serio en relación con las exigencias para la adopción de decisiones en el Consejo, con la designación de los jueces y con el número de escaños en el Parlamento, he votado en contra de él (238 votos a favor, 147 en contra y 73 abstenciones). 
Ya que este informe es amplio y hay gran disparidad de criterios, la postura del Parlamento va a tener muy poca importancia. 
Con ello hemos llegado al final del turno de votaciones. 
(La sesión, interrumpida a las 14.02 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, sólo quiero pedir que se verifique si el apellido del Sr. Berlusconi se incluyó por error en la lista de asistencia que figura en el Acta de ayer. 
En efecto, en mi opinión, el Sr. Berlusconi no estuvo presente ayer. 
Señora Frassoni, los servicios competentes verificarán la cuestión y lo harán de la forma más sencilla posible: preguntarán directamente al Sr. Berlusconi o a sus asistentes si ayer estuvo presente. 
Señor Presidente, con referencia a lo indicado por la Sra. Frassoni, esta mañana hemos remitido una carta a la Presidenta Sra. Fontaine; en efecto, también nosotros queremos saber por qué el Sr. Berlusconi, ocupado en la campaña electoral en Italia, figura entre los presentes; nos gustaría saber quién es el bromista que ha querido gastar una broma de tan pésimo gusto o si detrás de esto hay algo que nada tiene que ver con la política. 
En consecuencia, hemos pedido a la Sra. Fontaine, Presidenta del Parlamento, una investigación interna que esperamos que se lleve a cabo en el período parcial de sesiones adicional de principios de mayo. 
Señor Fiori, sin duda, se trata de un hecho reprobable y espero que se pueda esclarecer la cuestión a través de esta investigación interna. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Iraq 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0342/2000 de los Sres. McKenna, Cohn-Bendit, Gahrton, Lucas, Lagendijk, Schroedter, Hautala y Lannoye, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre el embargo de Naciones Unidas contra Iraq; 
B5-0344/2000 de los Sres. Cox, Nicholson of Winterbourne y Haarder, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Iraq; 
B5-0346/2000 del Sr. Collins, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre Iraq; 
B5-0349/2000 de los Sres. Marset Campos, Vinci, Boudjenah, Brie y Morgantini, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la evaluación del embargo contra Iraq; 
B5-0364/2000 de los Sres. Le Pen, de Gaulle, Gollnisch, Lang y Martinez, en nombre del Grupo Técnico de Diputados Independientes, sobre la evaluación del embargo contra Iraq; 
B5-0365/2000 de los Sres. Buttiglione y Morillon, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo- Demócratas Europeos, sobre la amenaza de crisis entre Naciones Unidas e Iraq; 
B5-0374/2000 de los Sres. Naïr, Schori, Wiersma, Swoboda, Sakellariou y Martínez Martínez, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Iraq. 
Señor Presidente, es muy importante señalar que las sanciones son en sí una forma de guerra. 
Van dirigidas a los civiles más inocentes, a los inocentes de las sociedades, especialmente los niños, los más vulnerables. 
Las sanciones contra Iraq se han convertido en un arma de destrucción masiva en contra de la población indefensa que allí vive. 
Más de 200 niños mueran allí cada día. 
Esto no es aceptable. 
No podemos permitir que continúe. 
Denis Halliday, que dimitió de su puesto de director de la Misión Humanitaria de la ONU en Iraq en protesta por las sanciones, confirmó las estadísticas de la UNICEF de que mueren al mes entre 5.000 y 6.000 niños a consecuencia directa de las sanciones. 
Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, lleva mucho tiempo pronunciándose en contra de ellas. 
Ha dicho que no se puede esperar que condene los abusos de derechos humanos en otras partes del mundo y dejar que las propias Naciones Unidas sean responsables de lo que está sucediendo en Iraq a raíz de las sanciones. 
En febrero, el Sr. Hans von Sponek, coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Iraq, siguió los pasos del Sr. Halliday cuando también dimitió en protesta por el mantenimiento de las sanciones y por el bombardeo del pueblo iraquí. 
A las pocas horas de su dimisión, el director del Programa Mundial de Alimentos en Iraq desde enero de 1999 dimitió igualmente en protesta por las sanciones. 
Estas dimisiones deben hacer que la comunidad mundial reconsidere la justificación de que se mantenga la política de sanciones y también de los bombardeos. 
Quiero señalar que setenta congresistas enviaron una carta a Bill Clinton en Estados Unidos pidiéndole que levante el embargo, pidiéndole que desvincule las sanciones económicas de las sanciones militares actualmente vigentes en Iraq. 
No sólo preocupa la gente de Europa, sino de todo el mundo. 
Si alguien ha visto el magnífico documental del periodista mundialmente famoso John Pilger, habrá visto que está ocurriendo allí. 
¿Podemos permitir que esto prosiga sin decir nada al respecto? 
Es una violación ostensible de las leyes internacionales de derechos humanos. 
Las sanciones van dirigidas a los más vulnerables de la sociedad y les provoca sufrimiento, mientras, al mismo tiempo, la elite de la sociedad y los que forman parte del régimen Saddam Hussein no sufren a causa de ellas. 
Los que sufren son la. 
No podemos permitir que esto siga. 
No está bien y los congresistas que enviaron la carta a Bill Clinton tienen mucha razón: hay que desvincular las sanciones económicas de las sanciones militares actualmente vigentes. 
Tenemos también que prestar atención a los bombardeos que se están produciendo sin un mandato de la ONU. 
Es algo absolutamente inaceptable. 
Una familia entera fue barrida por ello, tal como se ve en el documental del Sr. Pilger. 
Es algo que no podemos dejar a un lado, y debemos presionar para que termine esta política inhumana. 
Señor Presidente, permítame decir en primer lugar a mi compañera y amiga la Sra. McKenna que no hay nada de lo que ha dicho con lo que yo no esté de acuerdo. 
Ningún diputado de esta Asamblea puede permanecer impasible ante la horrenda situación en que se encuentran tantos iraquíes. 
Los hechos han sido expuestos por organismos internacionales respetados como la Unicef. 
No tenemos ninguna razón para dudar de su veracidad. 
Hay escasez de alimentos esenciales y de infraestructura agraria, lo que provoca graves deficiencias de nutrición. 
Iraq, antaño uno de los países económicamente más avanzados de la región, se está viendo reducido al infradesarrollo. 
Pero que no haya engaño sobre el papel del régimen iraquí en el sufrimiento de su pueblo. 
La constante negativa del régimen a poner totalmente en práctica las resoluciones de las Naciones Unidas ha llevado a la situación de que las sanciones sigan firmemente vigentes casi diez años después de la invasión de Kuwait por Iraq. 
Por otro lado, la negativa del régimen durante cinco años a aceptar el programa "petróleo por comida" ha contribuido sin duda a la situación humanitaria existente. 
En el Parlamento abrigamos buenas intenciones hacia el pueblo de Iraq y somos serios en nuestro deseo de una solución pacífica y duradera. 
Debemos concentrar nuestros esfuerzos en convencer a Iraq de que ponga en práctica las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Debemos dejar muy claro en este foro que las resoluciones de las Naciones Unidas son jurídicamente vinculantes para todos los miembros de la Organización. 
El Parlamento Europeo no debe menoscabar en modo alguno la legitimidad de dichas resoluciones. 
Cualquier acción en este sentido sería alimentar el rodillo propagandista del régimen iraquí. 
Está dentro del poder del régimen hacer que sean levantadas las sanciones impuestas por las Naciones Unidas. 
Hasta la fecha, de la forma más lamentable, el régimen ha preferido que su gente se vea amenazada por la enfermedad y el hambre antes que respetar el Derecho internacional. 
La plena aplicación de la Resolución 1284 obliga a Iraq, entre otras cosas, a cooperar con la Cruz Roja en supervisar la repatriación de los detenidos. 
Recordemos que en enero pasado esta Asamblea votó unánimemente a favor de una resolución que pide a Iraq que, como mínimo, dé respuestas a la Cruz Roja sobre el paradero de los kuwaitíes desaparecidos de los que hay pruebas documentales. 
Yo también he conocido a algunas de estas personas. 
Me he hecho partícipe de su sufrimiento. 
Entendamos claramente que esto es en sí una tragedia. 
Estamos atrapados entre la espada y la pared. 
Es desgarrador ver como son sacrificados niños inocentes por sus propios líderes por motivos puramente personales y políticos. 
Señor Presidente, en estos días en el Parlamento hemos visto un documental extraordinariamente impactante sobre los efectos del embargo contra Iraq, y se lo agradezco a la Sra. Patricia McKenna. 
La población civil, las mujeres, los hombres y los niños mueren a causa del embargo. 
No vuelvo a mencionar las cifras, porque las conocemos y las hemos repetido a menudo en este Parlamento. 
Sin embargo, ¡qué contradicción, qué tragedia! 
Los países occidentales, ricos y potentes, en nombre de la defensa de los derechos humanos, matan y hacen pasar hambre a los pueblos. 
Durante la guerra en la antigua Yugoslavia, los aviones americanos bombardeaban incesantemente las ciudades y mataban a los civiles. 
Es mejor decir la verdad, es mejor decir que los intereses de los Estados Unidos prevalecen sobre las razones de los pueblos. 
Hoy votaremos una moción que es muy importante, una resolución que pide que se ponga fin a las sanciones y al embargo. 
Estimo que debemos actuar en consecuencia y concretar nuestra resolución. 
Qué duda cabe de que es fundamental que Iraq practique una política diferente y que hay que controlar y desmantelar las armas existentes, sin embargo, en relación con este aspecto, muchísimos documentos demuestran que las armas nucleares y químicas ya han sido destruidas. 
Esto es indispensable. 
No obstante, considero que hay que llevar a cabo una política transparente, al objeto de desmantelar las armas nucleares existentes en cualquier lugar de Próximo Oriente. 
Israel, por ejemplo, está lleno de armas nucleares y nadie pide a Israel que las destruya. Desgraciadamente, tampoco en El Cairo la Unión Europea aprobó la resolución solicitada por Egipto. 
Creo que hay que tratar por todos los medios de que este mundo sea realmente libre del arma nuclear. 
Hoy quiero también rendir homenaje a Dennis Halliday- al cual se ha referido la Sra. McKenna -, responsable de la operación Petróleo a cambio de alimentos. 
En un mundo de hipócritas y de arribistas, Dennis Halliday ha tenido el valor de afirmar: "No puedo permanecer aquí y callar las consecuencias que veo para el pueblo iraquí y las falsedades que hacen circular los departamentos de los Estados Unidos". 
Sadam Husein es, sin duda, responsable y culpable, pero cuánta responsabilidad y culpabilidad existe cuando se continúa llevando a cabo una política que sume a un pueblo en la miseria, un pueblo como el iraquí, rico en historia y cultura, un pueblo hecho de mujeres, personas y niños que piden poder vivir. 
Espero que el levantamiento del embargo contra Iraq represente el levantamiento de todos los embargos en el mundo. 
Creo que esto es importante para todos nosotros. 
Señor Presidente, Señorías, no están, en un momento en el que hablamos de un tema dramático- que es una vergüenza para nosotros- el señor Ford no se encuentra aquí, todas las grandes almas de este Parlamento no se encuentran aquí, y no obstante, el embargo tiene ya diez años en Iraq, diez años. 
Uno cree la guerra, los misiles y las intoxicaciones terminados, pero los sucios efectos de esta guerra, que nunca han sido limpios, continúan. 
Se sigue bombardeando en el norte, en el sur. 
Se queman los campos de trigo de un país que inventó la agricultura, se queman las datileras todos los días. 
Ayer en los DNA, el diario de Estrasburgo, un sacerdote contaba hasta qué punto su vida había corrido peligro simplemente por ir al país de Babilonia, al país de Ur. 
Iraq, para los que como yo, como el Frente Nacional, viajamos, llevamos ambulancias y medicamentos, es un inmenso campo de concentración. 
Los occidentales tienen a 18 millones de mujeres, de niños, de viejos, de hombres, todo un pueblo árabe prisionero en su país. 
Millones de muertos cada día, cientos de niños, un genocidio sistemático, científico, minucioso, planificado, cínico, perverso. 
Se ataca no sólo los cuerpos, privándoles de alimento, de leche, de carne, de fruta, sino también las almas. 
No hay libros. 
Incluso los lápices están prohibidos con el pretexto de que sus minas podrían servir de refrigerador en centrales nucleares. 
Hay escuelas, pero no papel. 
Hay médicos, pero no medicamentos. 
Hay hospitales, pero no hay nada. 
Es perverso. 
Se les dice carne por petróleo, pero se les mendiga el petróleo que es suyo y el alimento que pueden comprar. 
Y ¿con qué derecho, Señorías, sobre todo aquellos que no están? 
¡No sigan en silencio! 
¡No sean cómplices! 
Hay funcionarios de la ONU que dimiten. 
No será necesario, treinta años más tarde, ir como los belgas a Rwanda y pedir perdón, o como el Santo Padre que se arrodilla por todas partes. 
El honor de Europa es hablar para estos jóvenes árabes, para ese gran pueblo al que se envía a la oscuridad. 
Es temer los peligros ilusorios en Viena, pero la violación de los derechos humanos, se produce en Bagdad. 
Que el Nabucodonosor de Washington libere a este pueblo, esclavo en su país. 
Es preciso sacarlo de esta miseria. 
Apelo a la conciencia de todos ustedes. 
Europa reniega de sí misma. 
Como permaneció silenciosa con España en 1936, como permaneció silenciosa con los campos, estamos siendo silenciosos con Iraq, no podemos esperar, este pueblo puede desaparecer. 
Señor Presidente, Señorías, les pido que hagan algo rápido. 
Señor Presidente, Señorías, si vamos a poder someter en unos momentos a este Parlamento una resolución común, es porque no tenemos solamente la intención de tener buena conciencia condenando efectivamente el mantenimiento de un embargo sobre el que todo el mundo está de acuerdo en que nunca ha alcanzado sus objetivos. 
También porque creemos que hay una posibilidad real de prevenir un riesgo nuevo de desencadenamiento de los medios militares allí tras la experiencia de nuestro colega Buttiglione, que ha viajado a Iraq y nos ha alertado sobre el hecho de que el riesgo de la reanudación de los bombardeos no era despreciable en ese momento. 
Tuvo ocasión de reunirse con representantes del Gobierno iraquí, de los cuales podría haber conseguido un compromiso de respetar las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Ésta es la razón por la cual se comprometió, en su momento, a que este Parlamento enviara una señal importante al pueblo iraquí, en la medida en que su Gobierno aceptara aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Nos hemos comprometido a solicitar el levantamiento inmediato del embargo de armas. 
Éste es el objeto de esta resolución común que les será sometida en unos instantes y sobre la cual hemos estado de acuerdo, junto con todos los grupos, en que no merecía sin duda enmiendas para manifestar la unanimidad de este Parlamento frente a este problema doloroso. 
Señor Presidente, sólo puedo sumarme a las intervenciones que acaban de producirse, y especialmente la del señor Morillon. 
No podemos, en efecto, seguir aceptando esta situación. 
Sí podemos sin embargo felicitarnos de someter en el día de hoy a votación del Parlamento una resolución- y quisiera que se aprovechara para cambiar un poco de registro- una resolución sobre la situación en Iraq que ha recibido, por primera vez, el asentimiento de casi todos los Grupos políticos. 
Una unanimidad así ha de tranquilizar, ya que sus firmantes están de acuerdo en lo esencial y lo están simplemente porque sabemos todos hoy que lo esencial tiene relación con una cierta idea de la humanidad, de las relaciones entre los pueblos, es decir, de los valores de civilización que Europa sitúa en el centro de su identidad. 
Esta resolución, señor Presidente, recuerda claramente el respeto por las resoluciones de la ONU, en especial la 687, 688 y 1293 y también la 1284, para la que pedimos aclaraciones. 
Debo recordar además que esta última no fue votada más que por dos miembros del Consejo de Seguridad, en contra de la opinión de los otros tres miembros que se abstuvieron. 
Es como decir, señor Presidente, que el régimen iraquí no se ha enmendado ni en sus responsabilidades ni en sus obligaciones. 
Es como decir también que la comunidad internacional está obligada por primera vez a ser coherente con los principios que ella misma defiende, desde el momento en que varias comisiones de la ONU están de acuerdo en constatar que todas las resoluciones están siendo prácticamente aplicadas por el régimen iraquí, con excepción de puntos secundarios que se refieren o bien a interpretaciones o bien a detalles. 
Y, desde este punto de vista, mi opinión se aleja un poco de la del señor Collins. 
Falta que esas divergencias entre Iraq y la comunidad internacional no justifican el mantenimiento del embargo. 
El pueblo iraquí, hemos de recordarlo, es inocente. 
Pero es él, y no sus dirigentes a los que nunca ha elegido democráticamente, quien está pagando en vidas humanas el precio de este embargo. 
El señor Hans von Sponek, antiguo responsable del programa de la ONU "petróleo por alimentos" del que ha hablado hace unos instantes la señora McKenna, ha dicho: "Soy un ser humano, con un alma y un corazón, y ya no podía tolerar lo que estaba viendo en Iraq". 
Ha decidido dimitir de su puesto. 
La desproporción entre las exigencias siempre nuevas de algunos miembros del Consejo de Seguridad con el fin de mantener un embargo despiadado y las consecuencias que se derivan para el pueblo iraquí son ciertamente- estoy midiendo las palabras- aterradoras. 
UNICEF habla de cerca de medio millón de niños muertos por las consecuencias de este embargo desde hace nueve años, y ello en la mayor indiferencia de la comunidad civilizada. 
El derecho de guerra implica, hemos de recordar, el respeto por los civiles. 
El derecho del vencedor sobre la población- hay que recordar también- no ha de conducir al derecho a provocar el hambre. 
Éste es también uno de los grandes logros de la cultura occidental. 
Esta resolución, señor Presidente, es muy coherente. 
Pedimos en primer lugar el respeto por todas las resoluciones de la ONU, la clarificación de la resolución 1284 y, en consecuencia, el levantamiento del embargo, el mantenimiento de la vigilancia del régimen iraquí, el respeto por las reglas de la Carta de la ONU por todos, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad que ejercen acciones militares fuera de la legalidad internacional y, finalmente, la búsqueda de una solución política global. 
Únicamente ésta, señor Presidente, podrá debilitar realmente los regímenes autoritarios y favorecer la concordia entre todos los pueblos de la región. 
Por una vez, Europa ha de hablar con voz europea. 
Señor Presidente, el Sr. Morillon ha explicado ya la posición de mi Grupo, que es la de aprobar esta resolución común. 
Yo, por mi parte, quisiera hacer una referencia al procedimiento que me parece, en este caso, importante. 
Estamos asistiendo a un debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia, un debate devaluado en la medida en la que no estamos obteniendo una declaración del Consejo, como este Parlamento había solicitado al incluir este punto como una declaración del Consejo. 
Y quiero decir que, sin presentar ningún argumento válido, esta actitud del Consejo me parece una falta de respeto hacia el Parlamento, especialmente cuando este Parlamento concede al Consejo la oportunidad de hacer cualquier declaración sobre cualquier asunto, según lo dispone el artículo 37 del Reglamento. 
Es realmente contradictorio que este Parlamento no pueda obtener una declaración del Consejo sobre un punto tan delicado como éste. 
Por eso, señor Presidente, quiero anunciar que mi Grupo tiene la intención de pedir, en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, que esta comisión presente, sobre la base del artículo 42 del Reglamento, una pregunta oral al Consejo para que el Consejo conteste. 
Si esta iniciativa no prospera, mi Grupo político presentará, sobre la base del mismo artículo, una pregunta oral al Consejo para que el Consejo realmente se tome en serio las inquietudes y las preocupaciones de este Parlamento y para que ponga realmente en práctica lo que estipulan los Tratados, es decir, informar y asociar al Parlamento en todos aquellos aspectos que afecten y preocupen a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señor Salafranca, considero que usted y los que piensan como usted pueden sensibilizar a la Conferencia de Presidentes que se reunirá dentro de poco precisamente aquí en Estrasburgo para establecer el programa de las futuras sesiones. 
Desde esa sede podría hacerse un llamamiento en el mismo sentido que el que usted ha sugerido. 
Señor Presidente, me preocupa tanto como a cualquiera de esta Asamblea el sufrimiento del pueblo de Iraq a resultas de las sanciones, pero también de las acciones de su propio gobierno. 
Todos debiéramos recordar que las sanciones a veces son mejores que otras alternativas que quizá haya que contemplar. 
Para que podamos apoyar esta resolución, Iraq debe hacer honor categóricamente a sus obligaciones en virtud de todas las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Nosotros, como Parlamento, debemos atenernos a nuestra resolución de enero de este año, en la que se pide la liberación de todos los kuwaitíes y de otros ciudadanos no iraquíes que siguen encarcelados en Iraq. 
Yo tuve la oportunidad de visitar Iraq el mes pasado. 
Conocí a las familias de los presos kuwaitíes. 
Puedo decirles que los padres no olvidan a sus hijos, los hermanos no olvidan a sus hermanos, los niños no olvidan a sus padres; ni debiera hacerlo esta Asamblea. 
Tendríamos que recordar a Saddam Hussein que debe hacer honor a sus obligaciones con la comunidad internacional y entonces nosotros haremos honor a nuestras obligaciones con Iraq. 
. (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte las preocupaciones que se han manifestado en este debate. 
Lamenta la decisión de Iraq de no aceptar la resolución 1284 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Como han señalado el señor Collins y el señor Morillon, esta decisión retrasa la aplicación del nuevo instrumento de control y, por tanto, la flexibilización del régimen de sanciones. 
Consideramos que el programa "petróleo por alimentos" sigue siendo la mejor solución a corto plazo para paliar los sufrimientos de la población iraquí y consideramos que el Gobierno de Iraq ha de invertir su política de falta de cooperación para ajustarse, tal como se ha dicho, a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Desde la Guerra del Golfo, la Comunidad ha sido la principal fuente de ayuda humanitaria a favor de Iraq. 
Se han concedido 240 millones de euros o más para paliar el sufrimiento considerable de la población iraquí. 
Hubiéramos podido hacer más aún si el Gobierno iraquí no impusiera a las actividades de las organizaciones no gubernamentales restricciones que comprometen la aplicación de programas de ayuda humanitaria en Iraq. 
Así las cosas, no nos equivoquemos, la ayuda humanitaria sólo puede paliar a corto plazo algunos de los efectos de esta situación económica y humana espantosa. 
La situación económica de Iraq sólo podrá mejorar mediante el desarrollo de actividades económicas tras el levantamiento de las sanciones, lo cual implica comprometer al Gobierno iraquí, más quizá que actualmente, en un diálogo relativo a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
Sobre este punto, estamos de acuerdo con el proyecto de resolución. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Chechenia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-350/2000 de los Sres. Markov, Vinci, Papayannakis y Ainardi, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre Chechenia; 
B5-0363/2000 de los Sres. Malmström, Haarder, Maaten y Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Chechenia; 
B5-0366/2000 de los Sres. Oostlander y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo- Demócratas Europeos, sobre Chechenia; 
B5-0375/2000 de los Sres. Sakellariou y Krehl, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Chechenia; 
B5-0387/2000 de los Sres. Schroedter, Cohn-Bendit y Gahrton, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre el conflicto armado en la República chechena. 
Señor Presidente, el Parlamento se está ocupando desde hace tiempo de la situación de Chechenia y sus aledaños. 
Hemos podido ver con preocupación como fuerzas islámicas fundamentalistas han intentado separar Chechenia de la República Rusa. 
Nosotros rechazamos cualquier forma de terrorismo y apoyamos la lucha contra el terrorismo en cualquier país del mundo. 
Para mí la integridad territorial y la soberanía de cada país es un principio fundamental. 
Pero desde hace varios meses hay en Chechenia una guerra que no se puede justificar con todos estos argumentos. 
Yo he vivido más de seis años de mi vida en Rusia y me siento muy ligado a ese país. 
Por eso estoy más afectado porque Rusia ha reaccionado en el conflicto de Chechenia de manera totalmente desproporcionada y porque aplica la fuerza militar. 
Para mí es totalmente inaceptable tener que enterarme de que el ejército ruso viola el derecho internacional. 
Lamento y estoy profundamente alarmado, que también en Rusia se haya impuesto un pensamiento con categorías militares. 
El viejo convencimiento de que hasta ahora nunca se había logrado una solución duradera con medios militares deberá cobrar nueva vigencia. 
Ya es hora de finalizar esta guerra para encontrar el camino de una solución pacífica, independientemente de lo difícil y complicado que sea. 
Aún más se necesita un gran esfuerzo para reconstruir la región destrozada y hacerla habitable para las personas que han perdido todas sus pertenencias a causa de la guerra. 
Sólo así será posible a largo plazo eliminar este foco de conflictos. 
Mi Grupo apoya la propuesta presentada y pensamos que es necesario que este Parlamento se ponga en camino conjuntamente con los diputados de la Duma para buscar en Chechenia posibilidades para que pueda regresar inmediatamente la paz. 
Señor Presidente, hace diez días la Comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, regresó de un viaje a Rusia, donde viajó para estudiar la situación de los derechos humanos en Chechenia. 
A Mary Robinson se le permitió un acceso con limitaciones. 
Se le impidió reunirse con el presidente ruso y se le trató de una manera muy humillante. 
En su informe para la sesión de la ONU sobre los derechos humanos en Ginebra, la Sra. Robinson hace alusión a testimonios muy graves sobre violaciones a los derechos humanos en Chechenia. 
Los testigos con quienes ella conversó relatan sobre asesinatos a civiles, juicios sumarios, ejecuciones, violaciones, torturas y secuestros. 
Esos atropellos jamás pueden explicarse aludiendo a que son asuntos internos. 
Tenemos una responsabilidad global para defender los derechos fundamentales. 
Las violaciones de éstos no pueden ni deben entenderse como asuntos de carácter interno. 
Hay que seguir respaldando al Alto Comisario de la ONU en su trabajo. 
En reiteradas oportunidades el Parlamento Europeo ha manifestado su preocupación por la situación en Chechenia. 
Apoyamos la decisión de la semana pasada del Consejo Europeo de suspender a Rusia si no adopta medidas. 
Para un liberal, no pueden anteponerse a la defensa de los derechos fundamentales consideraciones de tipo comercial ni beneficios a corto plazo. 
Por este motivo, reaccionamos enérgicamente contra estos atropellos, pero también creemos que es muy importante colaborar con las fuerzas democráticas en Rusia y con el nuevo gobierno. 
Por eso confiamos en que podremos formar una delegación con miembros del Parlamento y de la duma rusa para viajar a Chechenia, investigar e iniciar un diálogo in situ. 
Contamos con que Rusia participe y permita desplazarse libremente a esta delegación. 
También confiamos en que la UE, más adelante, pueda participar en los programas de reconstrucción de esta región. 
Señor Presidente, la guerra de Chechenia nos estremece a todos, especialmente, por la forma en que se desarrolla. 
Se lucha contra una guerrilla y no se respeta a la población civil; todo lo contrario, ésta también sufre de manera increíble las crueldades que implica una guerra. 
Si bien la primera guerra pudo despertar simpatía entre nosotros, en tanto lucha por la autonomía y la independencia, por poner en orden los asuntos en un ámbito propio; debemos decir ahora que, tras esa guerra en que les fue realmente bien a los chechenos, no se ha aprovechado adecuadamente el tiempo, y Chechenia es un país en el que se ha instalado un caos completo, en el que los secuestros están a la orden del día y en el que la seguridad de los ciudadanos es inexistente. 
Los generales de Chechenia llagaron a invadir Daguestán en un determinado momento, acción que no ha despertado realmente ninguna simpatía. 
Vemos también que existen diferentes corrientes en Chechenia. 
Por una parte, la de los militares, que son más partidarios de jugar la carta afgana o contar con el apoyo de Irán. 
Por otra, la de los dos grupos restantes, que son más partidarios de buscar una solución política. Unos, en una dirección más afín a la posición que tendría Europa Occidental; y los otros, en una solución basada de nuevo en una mejor relación con Rusia. 
Señor Presidente, el Presidente de Chechenia, tan sólo tiene un poder limitado de decisión respecto de las tropas de su país. 
Nos complace oír decir a Maskadov que no respalda las acciones de sus militares. 
Así mismo, valoramos mucho que poco a poco se reconozca que el Sr. Putin ha entablado un contacto indirecto con las autoridades chechenas. 
Además, estamos enterados de que el Consejo de Europa ha adoptado una posición al respecto. 
Sabemos, a través de la delegación rusa que ayer estuvo aquí presente, que les ha parecido extraordinariamente dura y hemos hablado ampliamente con ellos sobre la misma. 
También hemos oído que es posible un compromiso a fin de que una delegación parlamentaria mixta, que va a efectuar un fact-finding en las mejores condiciones sobre una base ad hoc, pueda, sobre todo, investigar en el territorio checheno si lo estima oportuno. 
Esto tendría lugar a corto plazo, y creo que es importante que adoptemos una enmienda en este sentido en la resolución basada en el texto actual del Grupo liberal. 
Señor Presidente, respaldamos una resolución extraordinariamente breve en lo que a eso respecta, tal vez, la más corta que se haya adoptado nunca en esta Casa. Una resolución que recoja los dos primeros considerandos de la resolución liberal, seguidos del considerando que hace referencia a la decisión del Consejo de Europa. 
Quisiéramos votar en contra del artículo 1 porque trata, una vez más, de respaldar ese pronunciamiento cuando, en cambio, es mejor que adoptemos un pronunciamiento propio. 
Queremos apoyar el artículo 2 de la resolución liberal y, en consecuencia, también la enmienda 2, que establece la delegación parlamentaria mixta que, quizá, pueda servir para algo más en el futuro, puesto que del futuro debe tratarse. 
La delegación deberá investigar qué puede hacerse para mantener el respeto de los derechos humanos en la región, pero también debe investigar qué puede hacerse en el futuro para ayudar a Chechenia a avanzar en la dirección de un Estado democrático de Derecho. 
Quién sabe si no podría adoptarse un pacto de estabilidad para el Cáucaso con la ayuda de la Unión Europea y Rusia. 
Señor Presidente, de ahí nuestro apoyo a una resolución que no era la nuestra al principio, pero que ofrece, en este momento, la mejor base para un pronunciamiento del Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, no quiero repetir lo dicho por los tres oradores anteriores, con los que me identifico plenamente. 
Además va a decir mi compañero Swoboda algo sobre el contenido de esta guerra. 
En este Parlamento existe una unidad muy, pero que muy amplia, a cerca de la condena de la guerra contra personas civiles en Chechenia y la condena contra el terrorismo, que ha partido de Chechenia, así como también con respecto al deseo de mantener una relación buena y especial con Rusia. 
Por otro lado está nuestra decisión de no ser sólo simples espectadores si Rusia se salta con esta guerra en Chechenia todas las convenciones internacionales. 
Apoyamos totalmente la propuesta del Sr. Lukin, el copresidente de la Comisión Mixta Parlamento Europeo /Duma Rusa de enviar una fact finding mission a Chechenia para que se informe allí sobre el terreno. 
Queremos utilizar esa información más tarde, o sea después del regreso de esa delegación para que en un gran debate en este Parlamento, con participación del Consejo y de la Comisión se pueda aprobar una resolución realmente fundamentada. 
Por ese motivo y sólo por ese motivo, pedimos como Grupo socialista que hoy no se vote una propuesta- sería ya la séptima- y que se espere hasta que realmente tengamos esa información, para que después, en un gran debate, logremos una resolución conjunta. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera decir que, por pragmatismo político y por lealtad al trabajo que hacemos con otros grupos en esta Asamblea, apoyaremos una resolución común en la que básicamente se recoge el apoyo a la decisión del Consejo de Europa y al envío de una delegación conjunta de la Duma y del Parlamento Europeo. 
También debemos decir que no compartimos esa especie de silencio que se va extendiendo sobre estos temas en el Parlamento Europeo como si fuera una niebla baja que lo va cubriendo todo. 
Incluso hemos visto que el propio Consejo de Europa demuestra más valentía que este Parlamento. 
Es una vergüenza lo que ha sucedido en Chechenia, el aplastamiento de todo un pueblo, y es una vergüenza también que hayamos tenido que escuchar en este Parlamento a Mister PESC hablar de cuestiones como "uso proporcionado de la fuerza" o recomendar a las autoridades rusas que rebajen la intensidad del conflicto. 
¿Cuál es el uso proporcionado de la fuerza en un caso como el de Chechenia? 
¿Cuál es la proporción? 
Eso es inaceptable. 
¿Qué es rebajar la intensidad del conflicto en Chechenia? 
¿Acaso dejar de masacrar mujeres y niños? 
¿Acaso dejar de bombardear hospitales? 
Que nos lo expliquen. 
Por supuesto, seguimos pensando que hay razones suficientes para suspender el acuerdo de colaboración y cooperación en virtud de la cláusula de derechos humanos. 
Quiero terminar diciendo que comparto plenamente lo que en esta Asamblea dijo mi compañero Daniel Cohn-Bendit: en esta Europa y en este mundo que queremos construir, basta ya de recurrir a asuntos internos para enmascarar este tipo de ataques a pueblos enteros, basta ya de excusas de este tipo. 
No hay asuntos internos en este mundo que queremos construir. 
O hay derechos humanos o no hay derechos humanos. 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya decididamente la corta resolución del Grupo liberal, que en lo esencial se basa en una propuesta nuestra, ya que queremos ser solidarios en tres sentidos: Primero solidaridad con el pueblo de Chechenia, que sigue estando directamente amenazado de genocidio, ya que se trata de eso y de intereses energéticos. 
Si antes se habló de un factor de orden, quisiera decir que el siglo XX estaba lleno de hombres fuertes, que han producido caos a través de servicios secretos y de otras formas, para luego poder presentarse como factor de orden. 
Tampoco podemos permitir- y eso quiero decirlo con toda claridad- que el Sr. Putin haga eso. 
Así que se debe proteger al pueblo de Chechenia, para que no sea víctima de un genocidio motivado sobre todo por intereses por las materias primas. 
Segundo somos solidarios con nuestros compañeros al otro lado del Ill, con los compañeros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que han dado un paso valiente, y en lo que se refiere a la lucha por los derechos humanos no queremos ser menos que ellos. 
En tercer lugar queremos ser solidarios con el pueblo ruso, ya que la guerra en Chechenia amenaza con convertirse en un punto de Arquímedes bajo el signo del nacionalismo, con el que se intenta eliminar el estado de Derecho y la libertad de prensa, que en Rusia todavía son muy débiles y retrasar el reloj de la historia rusa. 
Justamente el que luche por el pueblo ruso debe luchar para que la eliminación de la libertad de prensa no tenga éxito, tal y como se ha visto claramente en el caso Babitzki y en otros muchos casos y para que Rusia prosiga en su camino hacia más libertad y hacia el acercamiento con Europa. 
Por eso decimos claramente sí a los pasos que se dan en contra de estas aberraciones y somos de la opinión- eso es importante- de que nuestro Parlamento se haga pronto presente en Chechenia, tal y como lo han realizado ejemplarmente el Consejo Europeo y la Comisaria de la ONU Robinson. 
Nuestra delegación mixta debe viajar pronto. 
Y- tal como se ha dicho- es decisivo dejar claro que estamos al lado de los derechos humanos tanto del pueblo de Chechenia como del pueblo ruso. 
Ayudamos a ambos pueblos y ambos pueblos tienen el derecho de encontrar su camino hacia la libertad y su camino en dirección hacia el lugar que les corresponde en la comunidad internacional. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la política exterior deberá basarse en valores y principios fundamentales morales, pero también en el éxito en lo que se refiere a la consecución de los objetivos y eso no se debe confundir con oportunismo. 
En este sentido apoyo todo lo que se ha dicho aquí con respecto a la condena de la guerra bárbara, llevada a cabo por Rusia. Es una guerra que recuerda los peores tiempos de la Unión Soviética. 
Pero queremos una Rusia que no represente la sucesión sin solución de continuidad de la Unión Soviética, sino una nueva Rusia. 
Que el nuevo Presidente Putin puede garantizar eso es para mi una pregunta sin respuesta, al menos después de lo que he visto. 
Por eso no hay que dudar de nuestra condena de esta guerra, de que condenamos el terrorismo, pero vemos en la posición rusa una reacción totalmente desproporcionada, inoportuna e inaceptable. 
Esto debe ser condenado. 
Pero no deberíamos olvidar que en este caso queremos conseguir al mismo tiempo algo, algo que es importante para la paz en Europa y en el mundo, o sea un diálogo con Rusia y finalmente una colaboración con Rusia. 
Desgraciadamente hoy por hoy Rusia acepta esto verbalmente, pero no con hechos. 
Por eso creo que es importante que exista esa delegación conjunta de parlamentarios. 
Es tarea de la Presidencia del Consejo y de la Comisión, representando simultáneamente los valores morales y condenando esta guerra, intentar apoyar a aquellas fuerzas, que en Rusia son todavía muy débiles, pero que a pesar de ello quieren seguir un camino europeo en el sentido de una colaboración europea, de una colaboración con la Unión Europea. 
Así, pues: condena de la guerra y visita de la delegación. 
Después de la visita de la delegación debemos sacar las consecuencias. 
Si tienen que ser consecuencias duras, deberíamos ser conscientes y no asustarnos por ello. 
. (FR) Señor Presidente, una vez más, estamos debatiendo sobre la situación en Chechenia. 
La Comisión y los Estados miembros han mantenido estos últimos días varios encuentros con sus interlocutores rusos: la troika ministerial, el 7 de abril en Moscú, con el Sr. Putin y el Sr. Ivanov, y el Consejo de Cooperación con Rusia, el pasado lunes en Luxemburgo. 
En estos debates hemos reiterado nuestras principales demandas: fin de las hostilidades y diálogo político, acceso y presencia de las organizaciones internacionales y humanitarias, investigaciones independientes sobre las posibles violaciones de los derechos humanos. 
Todas estas demandas están también incorporadas a la resolución del Parlamento Europeo y a la recomendación de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. 
Como ha señalado el Parlamento Europeo, no se ha producido respuesta satisfactoria por parte de las autoridades rusas a estas peticiones. 
Podemos señalar simplemente que las misiones de los embajadores de la Unión Europea y de ECHO han sido finalmente aceptadas por el Sr. Ivanov, en el último Consejo de cooperación. 
Los recientes debates en el seno del Consejo de Europa y de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, así como de esta Asamblea, muestran una preocupación creciente de la opinión pública europea. 
Por nuestra parte, apoyamos la demanda, formulada a Rusia por la Comisaria de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Mary Robinson, de crear, de acuerdo con criterios internacionales reconocidos, una amplia comisión de investigación independiente sobre las posibles violaciones de los derechos humanos. 
El Consejo "asuntos generales" del pasado lunes ha señalado la importancia que revestía el hecho de mantener un diálogo al mismo tiempo abierto y muy franco con las autoridades rusas, también sobre este tema. 
Consideramos que la aplicación del acuerdo de cooperación debería proseguirlo Rusia en todos sus aspectos- digo bien, en todos sus aspectos- y para producir más resultados concretos que en este momento no tenemos. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, ¿qué pretende la presente resolución conjunta? 
Un procedimiento judicial claro y público contra los trece miembros de la comunidad judía de la ciudad de Shiraz, situada en el sur de Irán. 
El Parlamento Europeo no pone en absoluto en duda el derecho de la República Islámica de Irán de actuar contra los intentos extranjeros de espionaje y castigarlos, en caso de que queden claramente probados. 
La cuestión es, no obstante, que la detención y el encarcelamiento de los trece judíos de Shiraz constituye, hasta la fecha, una caricatura de un proceso judicial normal ¡Un proceso judicial, entiéndase, que la constitución de la propia República Islámica prevé! 
¿Cuáles son los reparos fundamentales que podemos poner a la actuación judicial de las autoridades iraníes? 
Para empezar, las denuncias interpuestas contra los acusados eran variadas y poco plausibles. 
Esto es, proselitismo contra el Islam y la enseñanza mixta, una violación de la separación de sexos en la enseñanza vigente en el país. 
Esta última acusación resulta muy poco creíble a la comunidad judía de Shiraz. 
En último lugar, los demandantes oficiales sacan a relucir el típico asunto de espionaje a favor de "América y los sionistas", es decir, el estado de Israel. 
Así, la pena de muerte se cierne sobre la cabeza de estos trece judíos. Esto dura ya más de un año, puesto que fueron detenidos en marzo de 1999. 
El asunto en su totalidad sugiere claramente la constante lucha de poder entre la facción reformista, cercana al Presidente Jatami, y los conservadores, cercanos al líder de la revolución, Jamenei. Todo ello a costa de una minoría judía indefensa de todavía unas 30.000 almas. 
¿Qué postura debe adoptar el Parlamento Europeo ante esta dura lucha política interna, visto el caso concreto de los trece judíos de Shiraz? 
Es evidente el respaldo prestado a las fuerzas iraníes que dicen abiertamente luchar por una sociedad basada en la ley y en los derechos humanos, y dispuesta a mantener contactos con Occidente. 
Esta elección de principio implica no dar ninguna excusa al sector duro de la República Islámica para sabotear este esperanzador proceso de reforma. 
El párrafo 5 de nuestra enmienda se basa precisamente en esta última consideración. 
Los fundamentalistas iraníes se estremecerán en seguida ante la petición europea a Teherán para que apoye la supresión total de la pena de muerte- una petición que atenta directamente contra la ley islámica, la sharia- en tanto intento renovado de occidentalización nociva (!) de la propia República Islámica. 
Desde su perspectiva, la supresión de la sharia equivale a la supresión de la actual forma de estado de Irán. 
En resumidas cuentas, este argumento no favorece de ningún modo la solución del asunto de los trece judíos de Shiraz. 
El Parlamento Europeo no puede, por consiguiente, dar ninguna oportunidad propagandística, precisamente en este asunto de vida o muerte, a los ultraconservadores de Irán, que en estos últimos años, gracias a Jatami y sus partidarios, han pasado a la defensiva. 
Deseamos una solución jurídica clara para esta tragedia que, esperamos, termine con la liberación de todos los prisioneros. 
Esto realmente añadiría una bonita pagina a la historia de cerca de 2500 años de la comunidad judía en Persia ¡Así lo quiera Dios! 
Señor Presidente, hoy en Teherán se ha iniciado el proceso contra trece judíos iraníes acusados de espionaje. 
El proceso se celebra a puerta cerrada. 
Estas personas están en prisión desde hace varios meses, en unas condiciones de las que se ignora casi todo. 
Hasta anteayer los abogados, algunos de ellos de oficio, no han tenido acceso al expediente. 
No hay ninguna garantía del derecho a la defensa. 
Temo, por tanto, que sólo sea un simulacro de proceso. 
Sin embargo, la gravedad de la acusación puede conducir a una sentencia de muerte. 
Cuando se inició el caso pudimos oír a algunos altos dignatarios del régimen hacer llamamientos públicos a matarlos de inmediato. 
Este asunto, montado de principio a fin- y creo que todos estamos convencidos de ello- ha movilizado intensamente a la opinión pública internacional. 
Con fuertes movilizaciones en todo el mundo, incluso hoy en Estrasburgo, la presión internacional ha producido efecto ya que los dirigentes iraníes han modificado su posición, declarando básicamente que la mayoría de los procesados no comparecerán ya bajo la acusación de espionaje, equivalente a la condena a muerte. 
Tres han sido puestos en libertad bajo fianza; finalmente, el tribunal ha anunciado esta mañana que el proceso se aplazaba hasta el 1 de mayo, lo cual es ya un primer paso. 
Sin embargo, algunos de ellos siguen aún expuestos a la pena de muerte y los demás a graves condenas. 
Los diferentes cambios de actitud del poder ilustran enormemente su situación embarazosa. 
Hasta el último momento ha sido incapaz de definir con claridad los cargos. 
También está claro que las consecuencias de este proceso dependen en parte de la evolución de la situación política iraní. 
Las últimas elecciones legislativas, en febrero, dieron la victoria a la corriente reformadora sobre la de los conservadores, en la que se encuentran las posiciones más extremistas. 
El proceso se abre por tanto en un momento especial: por un lado, Irán da señales de apertura y de progreso, por otro, los conservadores intentan aferrarse al poder utilizando todos los medios a su disposición. 
Este asunto de los trece judíos de Irán puede por tanto ser utilizado por una facción contra otra, según el ritmo de sus conflictos internos. 
En este tipo de batallas, la justicia tiene poco espacio y los derechos humanos aún menos. 
Hemos de reaccionar. 
La Unión Europea se apoya en valores establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; Irán, que es miembro de la ONU, ha de aplicarlos también. 
Por ello hemos de exigir la liberación de los prisioneros, los trece judíos de Irán, pero también la de los otros ocho prisioneros musulmanes y los estudiantes de los que se ignora absolutamente todo. 
Hemos de dirigirnos también a los Gobiernos de la Unión para que hagan lo mismo. 
Solicitamos igualmente que puedan asistir observadores al proceso, ya que mantener debates públicos es una regla fundamental para el desarrollo de un proceso justo. 
Finalmente, hemos de decir alto y fuerte que la evolución de nuestras relaciones con Irán quedará subordinada al respeto por los derechos humanos en ese país. 
Señor Presidente, señor Comisario Lamy, Señorías, desde 1979, quince judíos han sido ejecutados en Irán, acusados de espionaje, pero sobre todo de ser judíos. 
Hoy se inicia un nuevo proceso en Shiraz, en el sur. 
Trece judíos y ocho musulmanes también detenidos desde hace un año en las cárceles iraníes corren el riesgo de morir en la horca. 
El más joven tiene sólo dieciséis años. 
Ya en septiembre este Parlamento exigía con firmeza que fueran respetados los derechos fundamentales de esos presos con un proceso justo, equitativo y público, unos abogados elegidos por ellos y la presencia de observadores internacionales. 
Con la victoria de elementos más moderados en las últimas elecciones, pensamos que podríamos ser escuchados. 
Sin embargo, lo que se anuncia es una parodia de proceso, un procedimiento de excepción realizado a puerta cerrada ante un tribunal revolucionario presidido por un solo juez, religioso además; en cuanto a los observadores, hasta el momento Teherán no ha concedido ningún visado. 
Es como decir, que nos sentimos decepcionados, decepcionados e inquietos. 
Continuamos exigiendo con la mayor firmeza que la comunidad internacional pueda seguir este procedimiento de principio a fin. 
Por otro lado, a petición del Grupo liberal, el Parlamento invita encarecidamente al Consejo a enviar una delegación oficial a visitar a estos presos. 
No hay asunto interno cuando se trata de violación de los derechos humanos. 
Nuestra conmoción es paralela a nuestra preocupación. 
Hemos de ser totalmente claros. 
Hoy, la posibilidad del regreso de Irán a la comunidad internacional tiene un precio. 
Esperamos que el Consejo y la Comisión se sumen sin equívocos a nuestra posición. 
Hemos de seguir siendo intransigentes en este punto; los derechos humanos no se negocian. 
Señor Presidente, señor Comisario, si no se hubieran alzado otras voces que las nuestras en estos últimos días para poner en guardia a las autoridades de Irán, trece iraníes, acusados de espionaje con el único pretexto de que habían mantenido relaciones con sus allegados en otras partes del mundo estarían, en este mismo instante, siendo juzgados a puerta cerrada en un procedimiento excepcional que no les habría dejado ninguna posibilidad de garantía de su derecho más elemental a la defensa. 
Acaban ustedes de recibir la confirmación, en boca de nuestro colega Sylla, de que el simulacro de juicio así previsto será al menos aplazado algunos días. 
Es decir que la segunda resolución común que este Parlamento va a votar en este asunto justifica, más que ninguna otra, un examen de acuerdo con el procedimiento de urgencia. 
Es como decir también que esta resolución- que confirma nuestra indignación- tiene posibilidades de ser oída en Irán, donde los resultados de las recientes elecciones han suscitado la esperanza de una evolución positiva en este ámbito, donde- todos lo han dicho antes de mí- tenemos el deber de permanecer vigilantes, el deber de hacer que se respeten los derechos más elementales del hombre. 
Señor Presidente, cuando nos enteramos hace unos meses de que los trece judíos de Irán habían sido encarcelados, hace ahora un año, nos preocupamos por su suerte y las autoridades iraníes, que deseaban tranquilizarnos, nos decían en aquellos momentos: "No es un proceso racista, ya que con esos trece judíos hay también muchos musulmanes que han sido detenidos e inculpados con la misma acusación". 
Hoy se abre el proceso sólo a los judíos de Irán, de forma separada de los musulmanes imputados en el mismo proceso, lo que nos prueba- por si fuera necesario- que este proceso, del que se nos ha dicho que se verá aplazado, no es un proceso verdadero. 
Hace unos años, señor Presidente, Señorías, recuerdan ustedes y eso se ha dicho "algunos judíos de Irán fueron detenidos por espionaje con Israel". 
Fueron juzgados con ese cargo y colgados. 
¿Quiénes son los inculpados? 
Hemos de recordar que se trata de un zapatero remendón, un guarda de cementerio, un joven que no tiene dieciséis años y dos viejos. 
Difícilmente se puede creer que esas personas pongan en peligro la democracia iraní. 
¿Qué se les reprocha? 
Realmente, no se sabe. 
No tenemos derecho a saber de qué se les acusa. 
Una carta a una familia en Israel, quizá, ha bastado para desencadenar este asunto. 
En una resolución anterior y mediante cartas reiteradas y con el apoyo de la Presidenta, solicitamos visitar a los presos. 
Se nos denegó la propuesta. 
Entonces solicitamos reunirnos con las familias que, que yo sepa, están informadas. 
También nos lo denegaron. 
Hemos solicitado- y ha sido objeto de una resolución que ha recibido apoyo- poder asistir al proceso. 
Hasta el momento se nos ha negado. 
Señor Presidente, Señorías, hemos de tomar la medida exacta del riesgo que corren las trece personas y reiterar con fuerza nuestra solicitud de acceso al expediente y nuestra intransigencia sobre las relaciones con Irán. 
No desearía que nos despertáramos un día cercano y nos enteráramos de que esas trece personas han sido ejecutadas porque son judías. 
Señor Presidente, Señorías, también el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya incondicionalmente la resolución conjunta que sometemos hoy a votación. 
Me sumo a lo dicho por todos los oradores que me han precedido. Así mismo, me sumo a las protestas masivas que tienen lugar en todo el mundo ya desde hace bastante tiempo en relación con este asunto, como lo que tendrá lugar hoy a las 18.00 horas ante la embajada iraní en Bruselas. 
Hoy, 13 de abril de 2000, es un día especial, el día del llamado "proceso". 
En 1979, 1993, 1998 y 1999, el Parlamento Europeo adoptó resoluciones relativas a ese país, pero ¿qué se ha logrado con ellas? 
Nos hemos enterado a través de Amnistía Internacional y de familias y organizaciones judías de que el 8 de marzo de 1999 trece judíos iraníes y también musulmanes fueron detenidos y encarcelados. 
El más joven tiene dieciséis años y el mayor cuarenta y ocho. 
El motivo es, una vez más, espionaje. 
Se ha pedido, en vano, que se envíen cartas. 
El Ministro israelí de Asuntos Exteriores, David Levy, remitió una misiva a distintos ministros, entre ellos, el ministro de Bélgica, alegando que estas personas no eran en absoluto responsables de espionaje. 
Son profesores hebreos y son responsables, entre otras cosas, de llevar a cabo rituales religiosos. 
Tres de los trece han podido elegir un abogado, a los otros se les ha impuesto uno. 
Hoy a las 11.30 horas, me han comunicado que el foro de organizaciones judías de Bélgica dice que no habrá ningún proceso. 
Hay miedo en las comunidades judías. 
¿Qué posibilidades hay? 
Las personas desaparecen, permanecen detenidas; pero, ¿por cuánto tiempo? La situación las utiliza, además, como moneda de cambio. 
Es sumamente inquietante y debe vigilarse. 
Espero que Irán actué con donaire y sabiduría, y no con odio. 
Señor Presidente, debiéramos dejar claro que ya han sido ejecutados en Irán unos diecisiete judíos por cargos de espionaje, lo que básicamente no supone otra cosa que entrar en contacto con alguien del mundo exterior, naturalmente alguien de Israel o Estados Unidos. 
A mí me parece una postura inaceptable para cualquier país que se precie de respetar los derechos humanos. 
Estas trece personas que fueron arrestadas fueron arrestadas en secreto; nadie supo de su paradero durante dos o tres meses. 
Además, los trece eran todos líderes religiosos o líderes de la comunidad judía. 
Por lo tanto, sólo podemos interpretar este juicio como un ataque deliberado a la comunidad judía de Irán. 
Sabemos que no será un juicio libre; no estará abierto al público y no tenemos ni idea de si esas personas tendrán representación letrada. 
Enviemos muy claramente nuestro mensaje desde este Hemiciclo. 
Si Irán se precia de respetar los derechos humanos, los juicios como éste nunca debieran permitirse. 
Señor Presidente, el refuerzo a las fuerzas de la democratización del Presidente Khatami en Irán en las últimas elecciones nos ha satisfecho en gran medida. 
Pero también se han creado esperanzas de acelerar el proceso para la democratización, de respetar los derechos humanos, de no incurrir en discriminaciones por razón del sexo, de la religión o de la procedencia étnica, y de reforzar el diálogo en la Unión Europea. 
Desgraciadamente, el caso de las trece personas de la comunidad judía, entre las que hay también un chico de dieciséis años, es un eslabón más en la larga cadena de persecuciones, normalmente con acusaciones que caen por su propio peso, típicas de la intolerancia y de las discriminaciones que sufren las minorías que viven en Irán. 
Grecia, en el clima de las buenas relaciones que tiene con Irán, ha emprendido una campaña y ha realizado gestiones, en repetidas ocasiones, para rescatar a los trece. 
Mediante la vía diplomática, aspiramos a que no se imponga, y por supuesto, que no se ejecute la pena de muerte. 
Consideramos que una acción así no sólo pondría a prueba las relaciones Israel-Irán, sino también la estabilidad en la sensible región de Oriente Medio. 
Por esta razón, hoy, el Parlamento Europeo debe enviar un enérgico mensaje a Irán, un mensaje de respeto a los derechos humanos, de respeto a los convenios internacionales, firmados también por Irán, y un mensaje para que aplacen la pena de muerte. 
Akin Birdal 
Señor Presidente, Turquía se halla ahora ante una encrucijada. 
Se puede optar por el pasado, la opresión y la barbarie o se puede optar por el futuro, la libertad y el humanismo. 
Semejantes palabras le han costado la prisión a Akin Birdal a pesar de su enfermedad. 
Nos hallamos frente a un país que aparentemente teme tanto a sus propios ciudadanos que está dispuesto a violar los más elementales derechos humanos y a poner la unidad del estado por encima de la libertad y los derechos del individuo. 
Hemos de decirle al gobierno turco que la política que el país lleva a cabo es cosa del pasado. 
Esta forma de actuar no tiene cabida en el futuro, donde esperamos que los derechos humanos ocupen un lugar preeminente. 
Un país así nunca alcanzará la unidad que desea. 
Mi consejo a Turquía es: opten por el futuro y liberen a Akin Birdal y a sus compañeros. 
Señor Presidente, los países de la Unión confirmaron en Helsinki la condición de país candidato de Turquía. 
El Grupo Liberal respaldó esta propuesta. 
Esperamos poder dar algún día la bienvenida a Turquía a la Comunidad. 
Creemos que ésta es una señal importante para el pueblo turco. 
Pero, y es un pero importante, Turquía tendrá que hacer numerosas reformas antes de empezar a negociar, especialmente en materia de derechos humanos. 
Muchos de nosotros esperábamos mejorías en este campo. 
Por eso resulta aún más doloroso leer los informes sobre atropellos que nos llegan casi diariamente. 
Turquía ha suscrito las convenciones internacionales sobre derechos humanos, pero no las respeta, lo cual es algo que periodistas, escritores, activistas de derechos humanos y políticos de oposición han podido experimentar en carne propia. 
Desde el Grupo ELDR queremos manifestar especialmente nuestra preocupación por la suerte de Akin Birdal, presidente de la Human Rights Foundation turca. 
Se le juzgó, en un juicio dudosamente justo, y se le condenó por causas poco claras. 
Después de un tiempo en libertad, se le ha vuelto a arrestar y se le niega la asistencia médica que necesita a raíz de las graves lesiones que le ocasionó un atentado en 1998. 
¡Tiene que ser liberado de inmediato! 
En la UE estamos orgullosos de no ser solamente un club económico. 
La UE se fundamenta en valores, tales como el respeto por los derechos humanos, la democracia y los principios del estado de Derecho. 
Todos tenemos que respetar esos criterios, los miembros actuales y los futuros. 
Desgraciadamente, Turquía tiene todavía mucho camino por recorrer. 
Señor Presidente, en el debate de ayer con el Consejo y la Comisión ya mencioné las reacciones brutales de algunos responsables turcos, por temor a que la Unión Europea intente inmiscuirse en los asuntos internos turcos a propósito de la cuestión kurda, en el momento en que se abre una nueva vía en el camino de su adhesión. 
Sólo puedo repetir aquí con la mayor firmeza lo que dije en Ankara con ocasión de mi última visita. 
El Parlamento Europeo no tiene en ningún modo la intención de dejar que se desarrollen las miasmas de los micro-nacionalismos que han ensangrentado los Balcanes. 
Y la opinión pública turca no tiene por qué temer que podamos sentirnos tentados a alentar en Turquía cualquier reivindicación de separatismo. 
Entre los valores que respetamos especialmente figuran, por el contrario, el respeto por la dignidad del hombre en cualquier parte del mundo y el derecho del ciudadano europeo a conservar sus raíces en el suelo que lo vio nacer y en la cultura en la que fue educado. 
Ésa es en todo caso la interpretación que doy a los derechos de las minorías. 
No tenemos lecciones que dar a nadie pero hemos de reafirmar en cada ocasión que la Unión Europea- la señora Malmström acaba de decirlo- no tiene como único objetivo el de promover la riqueza en su suelo sino que, en el espíritu de sus padres fundadores, somos muchos en este recinto los que creemos que debe seguir construyéndose a favor de la promoción y la defensa de sus valores fundamentales. 
Para eso ha de servir el proyecto de resolución que se someterá a votación en unos instantes. 
Señor Presidente, hace dos semanas encontramos a Akin Birdal en Ankara, en la oficina de la delegación de la UE. 
En esa oportunidad nos dijo: " Desde hace cinco meses tenemos una nueva Turquía. 
Vemos la democracia y la libertad como posibles en nuestro país porque se nos ha dado la condición de país candidato. 
A esto hay que agregar que los conflictos armados internos han terminado y que se han mejorado nuestras relaciones con Grecia ". 
Así se expresaba Akin Birdal. 
Justamente en ese momento Akin Birdal estaba en libertad por su "mala salud". 
Sin embargo, pronto tendrá que volver a la cárcel si estuviese demasiado sano. 
También se le quitó el derecho a ser presidente de la Fundación pro Derechos Humanos. 
Su denominado delito fue que habló del pueblo turco en el Día Mundial de la Paz. 
Se le condenó por este delito, de acuerdo al artículo 312 de la ley vigente, a un año de cárcel y a multas. 
Akin Birdal es un hombre dulce y pacífico. 
Sufre todavía las consecuencias del atentado de la primavera de 1998. 
Durante nuestra conversación dijo que quería democracia, una solución pacífica al asunto kurdo y que podía ver el valor de la adhesión a la UE. 
Además, mencionó la importancia de que se eliminasen 152 leyes y artículos que atentan contra la libertad de expresión y llevan a tanta gente a la cárcel. 
Birdal fue devuelto a la cárcel al día siguiente de nuestra conversación y después de que habíamos hablado sobre él con el Presidente Ecevit. 
En este caso podemos ver cómo un sistema antidemocrático encarcela, persigue y oprime a los demócratas. 
Por eso exigimos en nuestra resolución rápidas medidas en favor de la libertad de expresión, reformas del sistema judicial y la liberación de todos los presos políticos. 
Señor Presidente, el orador anterior me lo ha puesto fácil: ha hablado en detalle sobre la persona del Sr. Akin Birdal, quien ha sido presidente de la organización de derechos humanos de Turquía y es famoso, sobre todo, por su llamamiento para lograr una solución pacífica del problema kurdo. 
En 1998, sobrevivió a un atentado de la extrema derecha, pero, desde entonces, su salud se ha deteriorado mucho. 
Ahora ha vuelto a ser encarcelado, precisamente, cuando algunos de nuestros colegas realizan una visita a Ankara. 
Del testimonio del colega Schörling se desprende muy claramente que no es algo casual. 
Es una verdadera provocación. 
Turquía se autoexcluye de Europa con este tipo de acciones. 
La grieta aumenta en lugar de disminuir. 
Si Turquía quiere dar a entender que ha escuchado nuestra señal, su única opción es liberar al Sr. Birdal, ya que se trata de una verdadera provocación. 
No es éste el único caso de violación de derechos humanos que nos preocupa. 
Estoy enterada de que una oficina de prensa de Amsterdam ha sido vaciada con la legitimación formal de la justicia belga. 
Por lo que sucede entre tanto en Bélgica, también sabemos quién está realmente detrás de todo. 
Los derechos humanos son únicos, los derechos humanos son iguales en todo el mundo, y Turquía también debe ser consciente de ello, ya que, en caso contrario, nunca será miembro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, una vez más protestamos y pedimos al Gobierno turco la puesta en libertad de un preso, culpable de querer vivir en un país en que se reconozcan la democracia, el derecho y la libertad. 
Akin Birdal no es kurdo sino turco, es un hombre de paz, condenado por haber hablado de la cuestión kurda y por haber afirmado que tenía que acabar esa guerra sucia. 
Su condena responde a una ley injusta, para cuya abolición se están batiendo los demócratas turcos, una ley que ha castigado a cientos de miles de ciudadanos. 
Quien le ha visto no puede olvidar su sonrisa y su dulzura. 
Y eso que sus sufrimientos han sido enormes. 
No es la primera vez que es encarcelado y que un comando ha intentado matarle; se ha salvado, pero no ha podido abandonar el país y ha sido encarcelado. 
Leyla Azan continúa en la cárcel y junto con ella miles de kurdos. 
¿Hasta cuándo? 
No hay razones que justifiquen el comportamiento del Gobierno turco. 
El PKK ha abandonado las armas, desde la cárcel su presidente Ocalan pide la paz, la reconciliación y la posibilidad de que se reconozca la identidad cultural de su pueblo. 
La Unión Europea ha aceptado la candidatura de Turquía; el Gobierno turco debe respetar los acuerdos y los convenios. 
Debe intentarse cualquier camino, menos el militar y el del embargo, y hay que poner fin cuanto antes a la venta de armas para que la democracia y la libertad se establezcan por fin en Turquía. 
Tíbet 
Señor Presidente, según todos los observadores, la situación de los derechos humanos en China ha empeorado notablemente. 
Esto es aún más cierto, si cabe, para el Tíbet, donde por ahora el razonable plan de cinco puntos del Dalai Lama no tiene ninguna posibilidad de figurar en el orden del día. 
La Unión Europea no puede seguir fingiendo que no pasa nada. 
Los Estados Unidos presentaron una resolución sobre las violaciones de los derechos humanos en China en la 56ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El hecho de que el Consejo de la Unión no haya aún manifestado su intención de apoyar esta resolución nos preocupa mucho, también porque- quizás no es una casualidad- el instrumento de diálogo Unión Europea/China sobre los derechos humanos está totalmente paralizado. 
Quisiéramos que esta política de ojos cerrados respecto a China terminara y que la Unión Europea copromoviera la iniciativa americana, sin temer perder unas apetitosas oportunidades económicas permaneciendo callada y tolerando las continuas violaciones de los derechos humanos en China y sobre todo en el Tíbet. 
Europa se está despertando fatigosamente y con muchas contradicciones de su letargo respecto a los horrores chechenos. 
Espero realmente que, también en línea con los americanos, tome conciencia de la situación de los derechos humanos en China. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario, Señorías, hace dos semanas se realizó en el PE en Bruselas una conferencia interparlamentaria sobre la situación de los derechos humanos en China. 
Igual que el ministro de asuntos exteriores del gobierno tibetano en el exilio, la encargada del gobierno de los EE.UU. para el Tíbet, los diputados de parlamentos nacionales, los parlamentarios europeos éramos de la opinión de que debía finalizar el tiempo de los compromisos ambiguos sólo por mantener las relaciones económicas. 
La parte china sigue negándose a llevar a cabo un diálogo constructivo con su santidad el Dalai Lama. 
Las represiones políticas van en aumento. 
Las personas son perseguidas sin piedad, se limita la libertad de credo y de opinión. 
La cultura y la identidad del Tíbet están siendo eliminadas sistemáticamente. 
A estas violaciones continuas de los derechos más fundamentales se les debe conceder la debida importancia. 
En la 56ª Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos en Ginebra, los EE.UU. necesitan el apoyo de la Unión Europea. 
La Unión Europea deberá utilizar la autoridad necesaria para luchar a favor de la dignidad humana, de los derechos de las minorías. 
Si da el primer paso le seguirán seguramente otros países incluso los países de adhesión. 
Mi Grupo, el PPE está profundamente convencido de ello. 
Señor Comisario Lamy, Europa debe salir de su escondite. 
La Comisión y el Consejo deben encabezar un movimiento, que apoye el plan de paz de cinco puntos del Dalai Lama. 
Primero: el Tíbet debe convertirse en una zona de paz. 
Segundo: China debe abandonar de una vez la política del destierro de personas. 
Tercero: se deben garantizar los derechos democráticos de libertad para todas las minorías. 
Cuarto: se deben proteger la cultura y el medio ambiente del Tíbet. 
Quinto: se deben llevar a cabo negociaciones serias sobre el futuro estatus de la autonomía del Tíbet. 
En todos los acuerdos económicos, señor Comisario Lamy, con terceros estados necesitamos la misma base, el respeto a los derechos humanos. 
Usted, señor Comisario Lamy, lo ha mostrado en Seattle- yo pude estar ahí -, usted sabe como se construyen puentes. 
¿Cómo fueron las palabras de un participante tibetano del congreso? 
¡Sobrevivimos en base a vuestra simpatía, pero sobre todo en base a vuestra solidaridad! 
¡Tashi delek! 
Señor Presidente, puesto que usted conoce a cada colega en su propio idioma- ¡a mí me puede hablar en bávaro! 
Hace ocho años yo era ponente sobre el Tíbet. 
Presenté en 1992 una resolución que fue aceptada por unanimidad en el Parlamento Europeo. 
Hoy tengo que comprobar con consternación que ocho años después se podría presentar la misma resolución, pudiendo lamentar las mismas malas y horribles circunstancias en el Tíbet. 
Los derechos humanos de los tibetanos son pisoteados, la herencia cultural y espiritual, sobre todo en el Tíbet, está amenazada de muerte. 
La naturaleza y el medio ambiente están siendo afectados y dañados en una medida hasta ahora desconocida. 
Millones de tibetanos carecen de derechos humanos y mucho menos derechos civiles, para empezar no tienen ni derecho de reunión, tampoco derecho de asociación, así como tampoco derecho al ejercicio libre de su religión. 
Por ese motivo exigimos con la máxima urgencia del gobierno de China que encuentre en negociaciones con los dirigentes políticos y religiosos tibetanos una solución política para el Tíbet, que se base en la propuesta de su santidad, el 14º Dalai Lama. 
El compañero Mann me ha ahorrado el esfuerzo de volver a recalcarlo. 
Quiero subrayar los siguiente: ¡Si un pueblo está dispuesto a luchar por su estado de autonomía, sin cuestionar fronteras, sin aspiraciones separatistas, entonces deberíamos apoyarlo realmente, ya que esto es un ejemplo, también para nuestro propio modelo de Unión Europea! 
Señor Sakellariou, desgraciadamente me prohibe la seriedad del tema responder a su comentario de entrada con humor bávaro; El tema es tan serio que no quiero hacerlo en este momento. 
Aquí se trata realmente de muchas personas. 
Señor Presidente, hoy hablamos del Tíbet, pero hemos hablado y hablaremos también de Chechenia, de Kurdistán y de Taiwán. 
En mi opinión, esto se justifica con el hecho de que cuando se habla de derechos humanos el objetivo se centra en los derechos individuales olvidando muy a menudo el derecho de los pueblos. 
El derecho fundamental a la autodeterminación se olvida con mucha frecuencia quizás por motivos de conveniencia política. 
Tal vez es más fácil para un preso, para una persona torturada que no tiene libertad de expresión que para un pueblo entero. 
Sin embargo, aquí está la dificultad: hasta que el derecho a la autodeterminación no se afirme y aplique por todas partes, estas situaciones continuarán repitiéndose una y otra vez ante nuestros ojos y seguiremos hablando y aprobando resoluciones, pero, desgraciadamente, como decía el Sr. Sakellariou, las cosas no cambiarán. 
Hay que dar un giro y pasar de la tutela de los individuos a la tutela de los pueblos, ya que no es justo que sólo los habitantes de Timor Oriental hayan podido ejercer este derecho. Todos los pueblos que lo piden deben poderlo ejercer: del Sahara a Chechenia, a Taiwán, a Kurdistán y, naturalmente, al Tíbet. 
El Parlamento tiene seguramente en su gran mayoría la misma opinión al respecto. 
Pena de muerte en los Estados Unidos 
Señor Presidente, como seguramente sabe, en este período se habla mucho de la reforma de las urgencias y algunos miembros autorizados de los grandes Grupos políticos consideran que este ejercicio es inútil y que nuestras resoluciones son bastante superfluas. 
Y eso que quizás ningún asunto como el de la pena de muerte en los Estados Unidos ha demostrado que, en cambio, este tipo de debate puede cumplir humilde y lentamente un papel importante. 
Las cosas en los Estados Unidos están cambiando. Ciertamente no puedo ser tan inmodesta y pensar que es sólo gracias al Parlamento Europeo; sin embargo, creo que esto ha ocurrido gracias a la constante atención que nuestra Institución dedica a este tema. 
Me parece que la propuesta de resolución que vamos a votar no es simple y únicamente una enésima resolución, sino una prueba más de que las cosas pueden cambiar. Asimismo creo que los tres elementos que se subrayan como elementos positivos en esta resolución deben ser sometidos a la atención de los americanos: la postura de Janet Reno, la del gobernador de Illinois y la del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, puede decirse que produce cierta sensación de importancia estar aquí una vez más hablando de la pena de muerte en los EE.UU., pues no es la primera vez que hablamos sobre ello ni tampoco es la primera en el poco tiempo que llevo en este Parlamento. 
La última vez hablamos del caso de Mumia Jamal y ahora es, entre otros, el caso de Juan Raúl Garza el que nos ocupa. 
No obstante, estas personas son sólo ejemplos, pues ha habido tantas que puede decirse que los EE.UU. con su política judicial casi están en guerra con sus pobres y más desfavorecidos. 
De esta forma, los EE.UU. se colocan al lado de China, Congo e Iraq. 
Una se siente extraña en una sala casi medio vacía- a excepción de los espectadores- hablando de un tema tan importante, no obstante, creo que es un tema que debemos seguir abordando y exhorto a los Estados miembros a que reaccionen también al respecto y actúen rápida y duramente sobre este estado llamado amigo, que viola repetidamente los derechos humanos más fundamentales. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ya ha adoptado en distintas ocasiones textos en los que establece que la pena de muerte constituye un atentado a la dignidad humana y a los derechos de las personas. 
Es muy deplorable que debamos señalar de nuevo que, bastante lamentablemente, el número de ejecuciones aumenta en nuestra amiga América, donde la pena de muerte continúa existiendo: van ya 350 desde 1990. 
Lo que encuentro especialmente desolador es que también los jóvenes que no han cumplido los 18 años pueden ser condenados a muerte y que esto pueda suceder incluso con los minusválidos psíquicos. 
Éstos son aspectos particularmente tristes que se mencionan en el presente texto. 
Cada ejecución es irreversible y, por eso, es tan especial. 
En el caso que discutimos hoy, no existe una condena a cadena perpetua, pero sí una condena a la pena de muerte que se sustenta en hechos que no han sido probados irrefutablemente. 
Por ello, también la Inter American Commission on Human Rights pidió tiempo para reexaminar el asunto y poder pronunciarse sobre el mismo, y que no se fijara una fecha para la ejecución. 
No sólo debemos urgir a los americanos a que actúen en este caso específico, sino también a que se ocupen de que se suprima la pena de muerte. 
Es el único caso, junto a algún otro país al que todavía falta mucho para lograr la democracia, en el que las ejecuciones han aumentado. 
Un record en absoluto envidiable. 
El Grupo liberal ha abogado en repetidas ocasiones por la supresión de la pena de muerte, no sólo en este caso específico, sino en general. 
Quisiera pedir a nuestros amigos americanos, más concretamente, que lo hagan ahora de una vez por todas. 
Señor Presidente, debemos dejar claro por qué es tan importante esta resolución de hoy. 
En primer lugar, sabemos que hay una ola de ejecuciones judiciales en todo EE.UU. -más de 600 desde 1977- pero está sería la primera ejecución federal desde 1963. 
En segundo lugar, es importante porque es el único caso desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977 en que se han utilizado las pruebas de un crimen sin resolver y sin decidir judicialmente en un país extranjero para cerrar la sentencia de muerte. 
La condena de Juan Garza fue resultado de asesinatos en Méjico de los que nunca se le acusó. 
En tercer lugar, hay 21 presos actualmente en el corredor de la muerte federal: catorce son negros, cinco son blancos, uno es asiático y uno latino. 
Sabemos que en los juicios estatales los acusados negros tienen cuatro veces más probabilidades de ser condenados a muerte que los acusados blancos. 
En quinto lugar, el Gobernador Ryan de Illinois, como ya hemos oído, ha impuesto una moratoria a la pena de muerte en este estado por su espantoso récord de condenas injustas. 
Si unimos todos estos factores, observamos que la pena de muerte en EE.UU. es un proceso arbitrario y es fundamentalmente un proceso racista. 
Por ello estamos pidiendo constantemente que no se ejecute la pena de muerte en EEUU. 
En este caso es particularmente importante porque es una ejecución federal y será la primera desde 1963. 
Instamos por ello al Presidente Clinton a que conceda la clemencia en este caso y una moratoria a las ejecuciones federales. 
Hay una campaña presidencial en marcha. 
En una campaña presidencial, lamentablemente, las ejecuciones se convierten en un balón de fútbol político en EE.UU. El Presidente Clinton tiene la oportunidad- no se presenta para reelección- de pronunciarse hoy sobre este tema. 
- (PT) Señor Presidente, Señorías, Portugal es un país que abolió la pena de muerte hace más de un siglo, por lo que, para nosotros, los portugueses, estar contra la pena de muerte es una cuestión cultural. 
Quisiera recordar otra referencia: la declaración de independencia norteamericana que formula la trilogía en que se basó la revolución de los Estados Unidos y que es un documento tan inspirador, destaca el derecho a la vida, a la libertad y la prosecución de la felicidad: "right to life, to liberty and to the pursuit of happiness". 
Al cabo de 200 y pico años, el derecho a la vida aún no está plenamente consagrado en el ordenamiento jurídico norteamericano, cosa que merece una viva reacción por nuestra parte. 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya con firmeza esta resolución. 
Es verdad que gracias a los EE.UU. se han derrotado dos veces regímenes totalitarios, les tenemos que agradecer la derrota del nacionalsocialismo y del comunismo y el establecimiento de la democracia y del estado de Derecho en todo el continente, pero los EE.UU. han creado con la pena de muerte un hecho, que les impediría entrar tanto en la UE como en el Consejo de Europa. 
Por eso tenemos que decir con toda claridad- a un socio tan importante- que elimine de una vez la pena de muerte, tanto a nivel estatal como a nivel de federal. 
La campaña electoral americana sería una oportunidad única para llamar la atención al respecto. 
Pero desgraciadamente sucede lo contrario, existe una carrera populista en esta cuestión. 
Pero somos de la opinión de que la democracia y el estado de derecho son la base de la Alianza Atlántica y por lo tanto el derecho a la vida tiene que estar en el centro de la legislación tanto en los EE.UU. como en Europa. 
Por eso queremos decir con toda claridad en nuestra Carta sobre los Derechos Fundamentales que estamos a favor del derecho a la vida y que estamos en contra de una civilización de la muerte, tal y como se muestra también en la pena de muerte. 
Zimbabue 
Señor Presidente, este breve debate tiene lugar en un contexto de tensión creciente en Zimbabue. 
Todos los que hablamos debiéramos recordar que cada una de las palabras de nuestros discursos y de la resolución serán leídas con impaciencia en Zimbabue en las próximas 48 horas por todas las partes. 
Todos debemos, por lo tanto, animar a Zimbabue a avanzar hacia las elecciones en mayo. 
El antiguo Parlamento fue disuelto el 11 de abril y el presidente Mugabe prometió en la Cumbre UE-África del Cairo que las elecciones seguirían adelante. 
Por ello es preocupante que aún estén por establecer los límites de los distritos electorales. 
En ello se podría tardar hasta tres meses. 
Espero que, cuando se convoquen las elecciones, se invite a Zimbabue a observadores de Europa para vigilar el proceso. 
Esto demostraría una verdadera transparencia. 
No le corresponde a Europa entrometerse en los asuntos internos de ninguna nación. 
Los países africanos deben trabajar juntos para consolidar su futuro. 
Sin embargo, el antiguo Convenio de Lomé hacía de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho un requisito de la ayuda al desarrollo. 
El nuevo Acuerdo de Asociación va más lejos y pide una buena administración pública. 
Lo único que pedimos es que las disputas de cualquier tipo se resuelvan a través de los tribunales y no en conflictos abiertos. 
Yo, particularmente, destaco los problemas de la propiedad del suelo. 
Zimbabue tiene mucho que ganar del Acuerdo de Asociación y necesita urgentemente ayuda y un alivio de la deuda. 
Gran parte de ello podría ir a parar a las áreas rurales para la redistribución de tierras acordada. 
Es decepcionante que Zimbabue sienta la necesidad de implicarse en la guerra de la República Democrática del Congo en un momento en que unos recursos preciosos se podrían emplear en las necesidades nacionales, como la educación y la salud. 
Todos esperamos que se refuerce el Estado de derecho y un proceso de democratización plenamente operativo bajo un poder judicial independiente que permita a la sociedad civil expresar sus deseos a través de una prensa libre y abierta. 
Se debe dar al pueblo de Zimbabue una oportunidad de decidir su futuro. 
Señor Presidente, este Parlamento ha dedicado mucha atención, con razón, a Sudáfrica durante los decenios pasados. 
Afortunadamente, hemos podido ver cómo ha llegado al poder un régimen democrático en ese país, que parece funcionar bien. 
En este momento, nos llegan noticias muy preocupantes desde Zimbabue. 
Éstas indican que la democracia podría correr peligro. 
Los fallos judiciales son ignorados. 
Espero sinceramente que el fallo que se ha producido hace aproximadamente una hora, conforme al cual, la policía debe desalojar a los ocupantes de las granjas, no se ignore esta vez, como lamentablemente ha sucedido con otros fallos judiciales. 
Resulta todavía más grave que personas inocentes sean importunadas sin que haya motivo para ello. La única razón que podría existir es que sean contrarias al Gobierno del Presidente Mugabe. 
Todo esto, señor Presidente, favorece la anarquía y ésta constituye una amenaza para la democracia y, además, podría resultar peligrosa para toda la región. 
Creo, por ello, que deben celebrarse elecciones cuanto antes, preferiblemente bajo la supervisión de observadores internacionales, de forma que todos queden convencidos de que se han desarrollado de la forma más limpia posible. 
La reforma agraria es necesaria. 
Hay muchos granjeros sin tierra en Zimbabue, hay muchos parados. 
No obstante, ésta debe realizarse de forma legal. Sobre todo, no puede organizarse conforme a criterios raciales y, ciertamente, los dignatarios políticos, del partido que sea, no deben tener prioridad a la hora de repartir la tierra. 
Me referiré por último a la guerra que en este momento también asola a una determinada parte de África. 
Creo, al igual que el Sr. Corrie, que el dinero que se emplea en ella puede destinarse mejor al desarrollo de Zimbabue, a la enseñanza, a la educación, a la asistencia médica. Se puede pensar en una gran variedad de cosas. 
Señor Presidente, Señorías, quiero empezar manifestando mi confianza en la población de Zimbabue. 
En años pasados ha demostrado merecerla. 
Zimbabue es un país que, desde su independencia en 1980, ha elegido siempre el camino del desarrollo pacífico bajo la dirección del Presidente Mugabe. No sólo en el aspecto económico, sino también en el político, ya que existe una cierta libertad de prensa conforme a la cual, la dirección del país no ha sido ajena a la crítica. 
Zimbabue encabezó la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica, en tanto uno de los influyentes países de la CDAM. 
Sería especialmente lamentable que, precisamente, este país fuera víctima de la guerra, el odio racial y los conflictos civiles. 
Zimbabue se enfrenta todavía, por supuesto, a grandes problemas, pero los países europeos y la Unión deberán continuar asumiendo su responsabilidad para abordar de forma común, en tanto socios de Zimbabue, los problemas de la pobreza, las enfermedades y el subdesarrollo. 
Estos problemas no se solucionarán permitiendo que el ejército de ese país luche en el Congo. 
El país no puede soportar semejante sangría dada su situación económica. 
Así mismo, el problema no se resolverá con la ocupación de las zonas de los granjeros blancos. 
La reforma agraria puede ser llevada a cabo por un Gobierno legítimo y ciñéndose a la legalidad; éste puede asumir el poder tras unas elecciones normales. 
Éstas están anunciadas para junio a más tardar. 
Espero que nadie utilice los problemas actuales, exagerándolos y aumentándolos, como excusa para aplazar estas elecciones e influir en la evolución espontánea de este movimiento. 
Creo que Zimbabue merece nuestra confianza. 
La población ha elegido el camino del desarrollo. 
Espero que de ninguna forma se le ponga un brusco final. 
Apoyamos la resolución en este sentido. 
Señor Presidente, quisiera sumarme, en nombre del Grupo socialista, a lo dicho por mis colegas. 
Creo que hemos logrado una posición común razonable. 
La reforma agraria es uno de los asuntos más importantes en todo el sur de África. 
De ahí que precisamente resulte tan banal ver cómo Mugabe vuelve a aprovecharse de esto, tal como ha hecho en elecciones anteriores, justo antes de la celebración de las mismas. 
Al fin y al cabo, esta cuestión es muy importante para la gente de color y para la gente pobre. 
Por eso se necesita el rule of law. 
Por eso se necesita tener confianza en la población y contar con medios legales, y, entonces, todo puede funcionar. 
Respaldo lo que otros colegas han dicho de los países de la CADM que, sin lugar a dudas, contemplarán la situación con preocupación y que, sin lugar a dudas, trabajan entre bastidores para mantener un clima democrático. Con toda seguridad, siguen insistiendo también para que las tropas se retiren del Congo. 
Espero que la Comisión y el Consejo nos ayuden a continuar implicados en estas elecciones en calidad de observador, en tanto Parlamento Europeo. 
Si algo va mal en Zimbabue, van mal otras cosas en toda la región. 
Después de Sudáfrica y su régimen democrático, y la adecuada evolución que ha tenido lugar en la región, tenemos la tremenda necesidad de ser positivos. 
Manifestemos nuestra total confianza en la población Zimbabuense y deseémosles que las elecciones del 1 de junio sean positivas. 
Señor Presidente, Zimbabue está al borde del abismo. 
Todo indica que el país está sobre un polvorín que puede estallar en cualquier momento. 
Mugabe no duda en utilizar la violencia durante la carrera electoral contra sus adversarios políticos. 
Manifestantes pacíficos fueron atacados por sus seguidores a principios de este mes, mientras la policía miraba. 
Más grave aún, los manifestantes fueron detenidos y se dejó en paz a los atacantes. 
Mugabe tampoco rechaza avivar la anarquía y el odio racial al apoyar la ocupación ilegal de las granjas de los blancos. 
Éstos son sistemáticamente intimidados y ahuyentados con violencia de su suelo como castigo por su apoyo a la oposición y por la compra de votos a los granjeros sin tierra. 
El Gobierno, invariablemente, no respeta los fallos del Tribunal Supremo. 
El fiscal general advierte, incluso, de que cualquier intento por desalojar a los ocupantes puede conducir a una guerra civil. 
Está claro que Mugabe, que se ha hecho impopular por su mala política económica y la aventura del Congo, hará todo lo que sea para permanecer en el poder. 
Algunos llegan a temerse que incite al caos para poder declarar el estado de emergencia y, así, aplazar las elecciones. 
La Unión Europea por fin ha amenazado esta semana con recortar las ayudas si el Presidente no cumple su promesa de elecciones libres y limpias. 
No obstante, se piensa ya que las elecciones van a ser fraudulentas. 
Un cuarto de los nombres de las listas electorales son ficticios o están duplicados. 
El Presidente no ha permitido todavía la entrada de observadores extranjeros ¿Qué más debe suceder para que se recorte la ayuda estructural? 
Quisiera pedir insistentemente a la Comisión y al Consejo que no esperen a que se llegue al abismo. 
- (PT) Señor Presidente, Señorías, lamento que no se adoptara esta posición ya en el período parcial de sesiones de marzo y también que no se abordara claramente este asunto en la reciente Cumbre UE/África. 
Estos asuntos deben figurar en la primera fila de la acción política de la Unión Europea. 
No podemos escamotear la gravedad de lo que está ocurriendo en Zimbabue, hace ya muchas semanas. 
La verdad es que Hitler anda suelto, Hitler anda otra vez por ahí. 
No puede pasar inadvertido que el dirigente de turbas que promueve esas arbitrariedades en Zimbabue eligiera para sí el propio nombre de Hitler. 
Es un señor llamado Chenjerai Hitler Hunzvi. 
Nosotros sabemos que el instigador es el propio presidente de Zimbabue, pero el dirigente del movimiento eligió ese nombre, un nombre que nosotros conocemos por el horror de nuestra historia. 
Y eso es lo que está pasando en Zimbabue. 
Por tanto, debemos reaccionar de forma más rigurosa. 
Son inaceptables el caos, las amenazas, la coacción que se dan en aquel país y es inaceptable que los fomente la más alta sede del Estado, el propio presidente de Zimbabue. 
Muchas gracias, señor Comisario Lamy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Forum mundial de la educación 
De acuerdo con el orden del día se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0355/2000 del Sr. Miranda y otros en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica; 
B5-0357/2000 de los Sres. Andreasen y Sander en nombre del Grupo Liberal y del Partido Liberal Europeo 
B5-0371/2000 de los Sres. Banotti y Pack en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (demócratas cristianos) y de los Demócratas Europeos: 
B5-0380/2000 de los Sres. van den Berg y Kinnock en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo; 
B5-0384/2000 de la Sra. Lucas y otros en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Europea Libre 
Acerca del Foro Mundial sobre la Educación 
Señor Presidente, el Foro Mundial de la Educación de Dakar es continuación de la primera conferencia de "Educación para Todos" celebrada en Thailandia hace once años. 
Ha habido algunos progresos pero, por desgracia, aún insuficientes. 
Mientras hablamos, hay 125 millones de niños en el mundo que no van al colegio. 
Hay 880 millones de adultos analfabetos, dos terceras partes de los cuales son niñas y mujeres. 
La Comunidad es el mayor donante de muchos de estos países. 
Es lamentable que no enviemos a nuestro representante público de mayor rango para asistir a conferencia en nombre de la Comunidad. 
Lamentamos asimismo que no haya habido una comunicación de la Comisión sobre los derechos del niño. 
Un destacado dirigente africano hizo un comentario muy oportuno. Dijo que la educación es la única vacuna que existe contra el SIDA. 
Uno de los principales problemas a la hora de proporcionar educación en muchos países es el efecto catastrófico que está teniendo el SIDA en la vida no sólo de los niños, muchos de los cuales son huérfanos porque han perdido a ambos progenitores. 
En varios de los países africanos que he visitado recientemente se me informó de que, para contar con un maestro, las escuelas han de formar a tres, porque a la edad de 30 años muchos han fallecido ya de SIDA. 
Esto pone de relieve la gravedad de los problemas. 
Muchos de estos niños que no van al colegio trabajan. 
Los futuros planes de programas y compromisos de educación por parte de los donantes al mundo en desarrollo deberán tomar esto en consideración. 
Por desgracia, sólo el 2% de la ayuda que enviamos a estos países en desarrollo se está empleando de hecho en la educación. 
Esperamos de veras que esta conferencia vuelva a plantear el tema y atraiga hacia él la urgente atención que se requiere. 
Señor Presidente, llevo ya unos diez años participando en las campañas para fomentar la enseñanza en todo el mundo. 
125 millones de niños, sobre todo niñas, no tienen acceso a ella. 
Estoy enormemente contenta de estar ahora en el Parlamento Europeo y, así, poder actuar de forma concreta en este ámbito, y de que todos los grupos estén de acuerdo en que en esta resolución se pida una duplicación del presupuesto que la UE dedica a la cooperación al desarrollo. 
No hablamos de destinar más dinero al presupuesto para desarrollo, sino de proceder a una reasignación dentro de ese presupuesto. 
Según el Comisario Nielson, dedicamos el 5% a la enseñanza en general y aproximadamente el 80% de éste, según los cálculos, se destina a la enseñanza básica. 
Como también soy ponente en materia de presupuesto para el año 2001, espero que, en tanto Parlamento, contemos con el acuerdo del Comisario Nielson- quien, por otra parte, ha dicho que quiere avanzar en esta dirección- para poder duplicar ese presupuesto el año que viene. 
Esto supondría, en realidad, un avance concreto, ya que, simplemente, los pobres no reciben el dinero que desembolsamos, y eso no es un paso para lograr un desarrollo real. 
Por último, no podemos desarrollar a los otros, deben desarrollarse por sí mismos; no obstante, ésta constituye una magnífica oportunidad para ello y, en tanto Parlamento, y con la ayuda de la Comisión, podremos traducir esta resolución en hechos en el presupuesto de 2001. 
Señor Presidente, es muy triste y humillante para nosotros que todavía el año 2000 haya niños que carecen de educación básica y no asisten a la escuela y que todavía haya adultos- casi mil millones de personas- que no saben leer y escribir y están impedidos, por consiguiente, de participar en la vida política y democrática. 
Esto es también, evidentemente, un derroche de recursos humanos. 
Desgraciadamente, los países que más necesitan a esas personas, es decir, participación civil para alcanzar el desarrollo democrático, carecen de recursos para la educación. 
Como se ha dicho, el año 1990 los gobiernos del mundo acordaron que se ocuparían de que todos sus habitantes tuviesen educación básica a más tardar el año 2000. 
En la Cumbre de Copenhague se postergó la fecha hasta el año 2015. 
Ahora hay una nueva Cumbre en preparación para abril: el Foro Mundial sobre Educación, en Dakar, Senegal. 
Sabemos que la educación es clave en el combate contra la pobreza, en el respeto por los derechos humanos, etcétera. 
No podemos aceptar que se cambie la fecha una vez más. 
Me alegra esta resolución. 
Confío en que se apruebe por unanimidad y el mensaje es: ¡Ocúpense de concretar el marco para un plan de acción global destinado a dar prioridad a la educación en el mundo! 
¡Destinen recursos para la educación! 
Éste es el mensaje para la Comisión. 
Señor Presidente, la reciente Cumbre euroafricana en El Cairo ha situado la pobreza en el centro de nuestras preocupaciones. 
Como autor del informe general sobre la pobreza aprobado en Bahamas por la Asamblea Paritaria de la UE con los países ACP hace unos meses, deseo manifestar que la lucha contra la pobreza debe convertirse en uno de nuestros objetivos y, en muchos casos, en nuestro objetivo fundamental. 
En este contexto, la educación es, junto con la salud, la herramienta con la que se ha de articular un ambicioso programa de lucha para ganar el combate contra la pobreza en el mundo. 
La educación es un derecho humano universal, es la clave para un desarrollo humano sostenible, es una responsabilidad fundamental de los Estados y, sobre todo, es un objetivo realizable si se movilizan los recursos necesarios para ello. 
Por esta razón, prestamos nuestro apoyo a esta iniciativa y animamos a la Comisión a que movilice los recursos presupuestarios y económicos necesarios y adopte las iniciativas institucionales correspondientes a fin de lograr este objetivo. 
Señor Presidente, como introducción a mi intervención diré que siempre que los derechos de los niños no se respetan hay violencia. 
Y la principal violencia son las carencias en materia de educación. 
Los niños que proceden de familias con dificultades sufren, y a menudo no tienen acceso a una educación correcta. 
Tendrán muchas menos posibilidades de reconocimiento social y se darán las mismas condiciones para que sus hijos vivan idéntica situación. 
Por lo tanto, sería el momento de dar prioridad a soluciones de prevención que, al crear un contexto familiar diferente, permitiesen por fin evitar sufrimientos individuales y sociales inútiles, y practicar una auténtica política de inserción, de socialización y de educación desde el nacimiento. 
Debemos inventar respuestas nuevas, actitudes sociales nuevas. 
Tenemos el deber de preocuparnos por todos esos niños y, en especial, por las niñas, pues en algunos países todavía se las considera esclavas domésticas. 
Se trata de tomar conciencia de la importancia de la primera infancia y de la educación para evitar que los jóvenes, por el hecho de no haber sido tenidos en cuenta durante su infancia, sólo muestren actitudes de rebeldía como medio de expresión. 
El ser humano nace en estado de dependencia. 
Sin defensas, el bebé no tiene deberes, no puede tenerlos. 
Los deberes llegan con la conciencia y ésta se despierta con la educación. 
Así pues, paralelamente a la aplicación de procesos de alfabetización y de educación en general debemos comprometernos también a realizar una reflexión colectiva sobre las condiciones de vida de los niños en los distintos países y, especialmente, en las zonas urbanas; debemos contribuir a las acciones que permitan ocuparse de los niños que deambulan por las calles en terceros países, pero también en nuestros propios países; debemos permitir el desarrollo de acciones piloto inspirándonos, por ejemplo, en la preescolar familiar propuesta por ATD Quart-monde. 
Se trata de atender a las familias y de ayudar al niño en el seno de la familia con el posterior compromiso de colaborar y financiar ayudas para las familias con dificultades, sobre todo, en el caso de familias monoparentales y de niños especialmente vulnerables. 
Tenemos el deber, en efecto, de iniciar una amplia reflexión sobre la educación de los niños de nuestro planeta si queremos un futuro mejor para todos. 
Señor Presidente, la Comisión ha participado activamente en el proceso preparatorio del Foro tanto a través de la evaluación "Educación para todos 2000" como en las reuniones regionales de preparación y, particularmente, en Johanesburgo en 1999, y la Comisión estará representada en el Foro de Dakar por el Director General de Desarrollo. 
De conformidad con estos compromisos internacionales, las inversiones comunitarias para la educación han ido destinadas, en primer lugar, a la educación básica y a la enseñanza primaria, en especial en el marco de la cooperación con los ACP. 
De esta forma, gran parte de los programas de educación financiados en el marco del octavo FED se han destinado a la enseñanza primaria. 
Los fondos asignados por este concepto representan el 80% del importe total destinado a educación. 
La Comisión ha integrado en todos sus documentos políticos y estratégicos en materia de educación las recomendaciones de la Conferencia de Jomtien sobre la educación básica y, en el marco de los programas indicativos nacionales, 35 países ACP de un total de 71 han considerado la educación como prioridad. 
Sin embargo, debo precisar que si bien un enfoque equilibrado exige darle prioridad a la educación básica, como se ha dicho, este enfoque no debe, con todo, descuidar los demás niveles del sistema educativo. 
En lo tocante a la eficacia de nuestro enfoque en materia de educación, estamos de acuerdo en que requiere una coordinación muy estrecha entre la Comunidad y los Estados miembros así como con los otros prestatarios de fondos. 
Sin embargo, en nuestra opinión es preciso instaurar además un diálogo con la sociedad civil, y con este ánimo la Comunidad apoyará los planes de acción nacionales en materia de educación en los países ACP. 
Perseguimos asimismo el objetivo de la eliminación para el año 2005 de las disparidades relativas a las personas, con arreglo a lo que se dijo en la estrategia del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y a las conclusiones de las Cumbres sociales de la Unión Europea. 
Un último punto sobre la cuestión planteada por el Sr. Van den Berg acerca de la multiplicación por dos del presupuesto destinado a la educación básica en 2001. 
Consideramos que la Comunidad y los Estados miembros deberán asignar globalmente más recursos a la educación y, en particular, a la educación básica. 
Dicho esto, sabemos también que esto sólo podrá tener el efecto deseado si el país receptor dispone de la capacidad de absorción necesaria así como de recursos para garantizar la sostenibilidad y la durabilidad de este sistema. 
Por consiguiente, la respuesta no es no pero tampoco es un sí rotundo. 
Consideramos que un análisis adecuado del problema exige un examen país por país para que pueda procederse a una adaptación en cada caso. 
Muchas gracias, señor Comisario Lamy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Taiwán 
De acuerdo con el orden del día se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0347/2000 del Sr. Collins en nombre del Grupo de la Unión para la Europa de las Naciones; 
B5-0356/2000 de la Sra. Haarder y otros en nombre del Grupo Liberal y del Partido Liberal Europeo 
B5-0372/2000 de la Sra. Jarzembowski y otros en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (demócratas cristianos) y de los Demócratas Europeos: 
B5-0388/2000 de la Sra. Nogueira Román y otros en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Europea Libre 
Acerca de Taiwán. 
Señor Presidente, la Vicepresidenta electa de la isla de Taiwán ha sido calificada de "escoria de la nación" por el Gobierno de Pekín. 
Se han enviado tropas de refuerzo a la provincia china de Fujian, enfrente de Taiwán. 
La Vicepresidenta electa, Annette Lü, dijo la semana pasada que Taiwán y el continente están ciertamente cerca en términos geográficos, pero que la historia les había convertido en parientes lejanos. 
China ha reaccionado con furia. 
Lü ha mostrado su verdadera cara de partidaria extremista y empedernida de la independencia de Taiwán. 
Según Pekín, con sus palabras envenenadas ha querido azuzar a sus camaradas taiwaneses para que odien a sus compatriotas de la madre patria. 
Lü dijo que esto último le había hecho pensar en la forma en que la había tratado el Kwomintang- estuvo detenida por un período de cinco años durante la larga dictadura de este partido- y que tan sólo pretende mejorar los lazos con Pekín. 
Así es, en efecto. 
Conocemos a Annette Lü y al nuevo Presidente de Taiwán, Chen Shuibian. 
Su elección culmina el proceso de democratización de Taiwán ¿Existe peligro para China? 
Ciertamente sí, al fin y al cabo, está claro que el pueblo chino es muy capaz de desarrollar un sistema democrático que respete los derechos humanos. 
Los taiwaneses lo han demostrado. 
La evolución interna de Taiwán debe constituir una pesadilla para el viejo líder de Pekín ¿Creen realmente que sus amenazas surtirán efecto? 
La conducta de Pekín refuerza nuestra opinión en cuanto a que el futuro de Taiwán está en manos de los propios taiwaneses. 
No tenemos nada que decir al respecto en tanto europeos. 
Nuestra tarea consiste en que esta isla grande e independiente esté adecuadamente representada en la escena mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio y organizaciones similares. 
La idea de que Pekín pueda representar a los taiwaneses es francamente ridícula. 
Es crucial que el Parlamento establezca unos lazos más estrechos con los representantes electos de Taiwán. 
La democratización de esa parte del mundo es importante, también para Europa. 
China únicamente puede reunificarse si no sólo Taiwán, también el continente, se basa en la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
Señor Presidente, señor Comisario, como observadores del Parlamento Europeo mi compañero, Georg Jarzembowski, y yo pudimos realizar un seguimiento in situ y en vivo en las elecciones presidenciales que se celebraron en Taiwán el 18 de marzo. 
En muchas conversaciones con diferentes partidos y en visitas a colegios electorales pudimos convencernos de su desarrollo libre y democrático. 
Tuvimos la impresión de que las elecciones en Taiwán son una expresión de una conciencia democrática creciente de la población. 
Los indicios para ello son tanto la elevada participación, que en comparación con las elecciones presidenciales aumentó en un 6%, alcanzando ahora el 82%, como también el resultado en sí. 
Después de un largo predominio de más de 50 años del partido que gobernó hasta ese momento, ha entrado vida en la escena política. 
El candidato de la oposición se convirtió en el nuevo presidente y por primera vez en la historia de Taiwán se eligió a una mujer para el cargo de vicepresidenta. 
Estos resultados por sí solos marcan el comienzo de una nueva época. 
El pueblo de Taiwán ha percibido los intentos de terceros para influir sobre ellos con una sensibilidad sismográfica. 
El resultado es en gran parte la expresión de un debate de política interior- y el nuevo presidente electo, el Sr. Chen Shui-bian ha apostado durante la campaña electoral sobre todo en esos temas de política interior -, pero también las palabras agresivas y provocativas de la República Popular China antes de las elecciones, independientemente de donde vinieran, han logrado más bien lo contrario. 
Sin embargo todos los afectados son conscientes de las circunstancias. 
El Sr. Chen Shui-bian resultó también electo porque el Partido Koumintang, que gobernaba anteriormente estaba dividido por la existencia de dos candidatos. 
Pero el Koumintang tiene la mayoría en el Parlamento de Taiwán. 
Una política con aspiraciones radicales de independencia, eso lo sabe el Sr. Chen Shui-bian exactamente, estaría condenada al fracaso. 
La región necesita seguridad y estabilidad. 
Sólo con una buena cooperación y un diálogo constructivo entre mainland-China y Taiwán podría lograrse una reconciliación y una paz duradera. 
También para el desarrollo económico se necesitan unas relaciones saludables. 
Por eso saludamos que ambas partes apuesten en este conflicto por una solución pacífica. 
Al respecto saludamos la iniciativa del Sr. Chen Shui-bian para iniciar una conversaciones bilaterales y saludamos también la posición cooperativa que ha anunciado la República Popular China. 
Esta aspira oficialmente a una solución pacífica, naturalmente con la condición previa de que Taiwán renuncie a sus aspiraciones independentistas. 
Nuestra resolución deberá hacer avanzar la democracia de Taiwán, pero la República Popular la toma como una afrenta. 
Por eso me pregunto seriamente si algunas veces no deberíamos tomar otro camino, que reconcilie y que no polarice. 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, quiero subrayar las aportaciones de este Grupo a la propuesta de resolución común, tanto en la dirección de propiciar el diálogo con la República Popular de China y con Taiwán como en la postura de firmeza que hay que mantener en este tema. 
Creemos que hay una necesidad objetiva de que Taiwán pueda tener una presencia más fuerte en instituciones internacionales; este Parlamento puede propiciarla. 
Por lo tanto, nosotros apoyamos que existan relaciones entre este Parlamento y el Parlamento de Taiwán a través de la delegación de nuestra institución e incluso la necesidad de abrir una oficina de representación de la Unión Europea en Taiwán. 
Dicho esto, también queremos que esa necesidad de diálogo tiene bases objetivas, como son las propias declaraciones del nuevo presidente Chen Shui-bian a las que, sin embargo, la República Popular de China ha contestado con una nueva exhibición de tics, de prepotencia y de desprecio a la democracia. 
Tenemos que rechazar estas amenazas por absolutamente impropias, pero también porque son una amenaza objetiva al diálogo que es tan necesario para resolver este problema. 
Señor Presidente, muchas gracias por otorgarme hoy la palabra por segunda vez. 
Las elecciones presidenciales que se celebraron hace poco y que no sólo cumplieron con todos los estándares democráticos, sino que acabaron con el dominio de 50 años del Kuomintang, han convertido al Sr. Chen Shui-bian en Presidente. 
El nuevo Presidente electo es la muestra de la madurez democrática de Taiwán. 
Por ello nos alarma aun más la posición de la República Popular China, que antes, durante y después de las elecciones democráticas en Taiwán no ha dejado de amenazar al hermano pequeño con amenazas que son en parte totalmente inaceptables. 
Entiendo de verdad que la República Popular China no pueda entender la palabra democracia. 
Pero no hace falta que le entre pánico, si en el país vecino se celebran elecciones democráticas. 
¡Desgraciadamente la democracia no se contagia! 
. (FR) Señor Presidente, al igual que a usted, también a nosotros nos complace el hecho de que por segunda vez el pueblo de Taiwan haya podido expresar una opción democrática. 
Tal y como ha recordado la Unión por boca de su Presidencia, y lo hizo por última vez en julio del pasado año, somos favorables al principio de una sola China, pero también deseamos que las tensiones que pueden darse a veces entre Taiwan y la República Popular de China consigan resolverse pacíficamente en el marco de un diálogo constructivo. 
Así pues, instamos a Pekín y a Taipei a que reanuden el camino de dicho diálogo lo antes posible. 
Alentamos la intensificación de las relaciones económicas con Taiwan, y pensamos que esto debería producirse si, tal como lo prevemos, Taiwan se adhiere a la Organización Mundial del Comercio. 
Por último, hemos tomado buena nota de la petición, formulada en el proyecto de resolución, que ha recordado el Sr. Knörr Borràs, de abrir una oficina de información en Taipei. 
Es algo que nosotros también deseamos. 
Sin embargo, no hemos fijado ningún calendario puesto que tenemos otras prioridades en Asia y en el mundo, y sabrán ustedes que la escasez de nuestros recursos en este ámbito nos obliga a establecer prioridades. 
Es algo que deseamos, pero de momento no forma parte de nuestras prioridades. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
(La sesión interrumpida a las 17.25 horas, se reanudará a las 17.30.) 
Se procede a la votación sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
En cuanto a la resolución común sobre Iraq 
Señor Presidente, se trata de un error de expresión en el punto 2 de esta resolución. 
Quiero proponer- en el texto alemán está bien -, que tramitemos la resolución al Alto Comisionado para GASP. 
Pero entonces pone: "así como transmitir a los Jefes de Gobierno". 
Quiero proponer como ampliación oral: "a los Jefes de Gobierno de los Estados miembros, de los EE.UU y del Iraq". 
Ésta es una propuesta de enmienda oral al texto. 
¿Hay alguna objeción? 
Si nadie se opone, la propuesta del Sr. Sakellariou queda aprobada. 
Señor Presidente, me gustaría aclarar si esta resolución es compatible con la resolución que aprobamos en enero de este año, que llama la atención hacia los problemas de los prisioneros de guerra que siguen en Kuwait, o si se ha de considerar que esta resolución es contradictoria con la de enero de este año. 
Señor Perry, su objeción es de carácter político y no procedimental. 
El Sr. Sakellariou ha formulado una propuesta y nadie se ha opuesto a ella y, por lo tanto, ha sido aprobada. 
Señor Presidente, esta mañana temprano ha habido un debate sobre si en el futuro debería haber los viernes una sesión plenaria o no. 
Como posible fundamento se ha dicho que el orden del día es casi siempre relativamente poco interesante y que eso debería modificarse. 
Por ese motivo y para comprobar, si con órdenes del día interesantes y votaciones importantes se garantiza el quórum los jueves por la tarde, le pido comprobar el quórum. 
Señor Markov, la solicitud no puede presentarla sólo usted. 
Es necesario que la formulen 32 diputados. 
Si dicha solicitud me la presentan 32 diputados, puedo constatar el quórum. 
Me parece que los colegas que se han levantado son 39 o 40, por lo que debemos proceder a la comprobación del quórum. 
Señor Presidente, a partir del momento en que nos hemos puesto de acuerdo sobre este asunto, me parece que el método para evitar una votación tan importante es un poco burdo. 
Señor Naïr, como usted dice, quizás la manera es algo burda, sin embargo, el problema estriba en que, según el viejo Reglamento, un número determinado de diputados podía pedir la comprobación de quórum y luego ausentarse del Pleno. 
Ahora se prevé que quien pide la comprobación de quórum debe permanecer en el salón de sesiones. 
Otros diputados podían solicitar la comprobación de quórum y luego no votar. 
En consecuencia, aunque todo esto sea burdo, sin embargo, es algo más práctico. 
Señor Presidente, encuentro terriblemente triste que, ahora que tenemos votaciones importantes ante nosotros, algunos quieran evitarlas. 
He oído que algunas colaboradoras y algunos colaboradores de esta Asamblea han estado trabajando hasta las 4.00 horas de la mañana, para que podamos votar hoy sobre Dimitrakopoulos/Leinen. 
Quiero dar las gracias a esas colaboradoras y a esos colaboradores, las gracias en nombre de mi Grupo y- como espero- en nombre de todos nosotros. 
Ellos trabajan con mucha dedicación y nosotros deberíamos votar con la misma dedicación! 
(Vivos aplausos) 
Muchas gracias, señor Swoboda. Con todo, se trata de una posibilidad que brinda el Reglamento y cualquiera de sus Señorías puede hacer referencia a la misma. 
Sólo un comentario, si se me permite: entiendo que en diversas ocasiones los diputados quieran comprobar el quórum. 
¿Pediría usted al Presidente que invite a la Comisión de Asuntos Constitucionales a estudiar una modificación del Reglamento para que podamos comprobarlo electrónicamente? 
Señor Cox, ¿según usted podemos hacer ahora esta modificación del Reglamento? 
Señor Presidente, puedo entender las razones de que no se pueda hacer electrónicamente, porque no se puede comprobar si todo el mundo usa la tarjeta. 
Puedo entender por qué tiene que hacer usted un recuento a dedo. 
Yo querría saber exactamente cuánta gente ha contado usted hoy en el Hemiciclo. 
Justo enfrente de mí puedo ver a cuatro personas, justo en esa fila, que son personal del Grupo, no diputados. 
¿Cómo puede usted ver exactamente, desde allí, quiénes son diputados y quiénes personal y cuáles son las cifras completas? 
Señora McKenna, los servicios del Pleno conocen perfectamente a los diputados, así como a los asistentes autorizados a entrar en el salón de sesiones. Los conocen perfectamente uno por uno. 
Si están de acuerdo, procedemos a la votación. 
Hay otros diputados que solicitan intervenir, sin embargo, a estas alturas se abriría un debate que estaría totalmente fuera de lugar. 
Se procede a la votación. 
En cuanto a la resolución común sobre Chechenia 
Señor Presidente, se trata de la votación de la resolución sobre Chechenia. 
En el debate y también durante el intento de encontrar una propuesta de compromiso hemos comprobado que tenemos en lo político y en el contenido una gran mayoría que defiende la misma opinión. 
Sólo hay cuestiones tácticas, acerca de si- después de haber aprobado ya seis resoluciones- decimos otra vez lo mismo o casi lo mismo, sin realizar un debate serio conjuntamente con el Consejo y con la Comisión. 
Por ese motivo quiero apelar a los colegas de los otros Grupos: Enviemos primero conjuntamente una delegación a Chechenia. 
Todos han aprobado esta propuesta concreta. 
Realicemos después, cuando la delegación haya regresado, un gran debate sobre Chechenia conjuntamente con el Consejo y la Comisión y al final de ese debate.... 
(El Presidente retira al ponente la palabra) 
A petición del Sr. Sakellariou, la propuesta de resolución B5-350/2000 ha sido retirada. 
VOTACIONES (continuación) 
Señor Presidente, puesto que este turno de votaciones es continuación del de la hora de comer, ¿tengo razón al pensar que las pocas votaciones nominales en las que hemos participado esta tarde contarán como parte de nuestra cifra del día, y que esto tiene conexión directa con la votación anterior sobre si teníamos o no quórum? 
Quizá me lo pueda hacer saber más tarde. 
Señor Presidente, sólo quisiera preguntar por qué no votamos ahora sobre Etiopía. 
Señor Swoboda, la votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
Señor Presidente, ahora que ha terminado la votación, querría volver sobre la cuestión del quórum. 
No creo que haga falta un recuento a dedo a menos que haga usted una comprobación con las tarjetas y la cifra quede por debajo de lo requerido. 
Se ahorraría tiempo si intentara eso en primer lugar. 
Por ejemplo, hoy éramos 226 en la primera votación después de que se planteara la cuestión del quórum. 
Si hubiera habido una comprobación con las tarjetas, podríamos quizá habernos evitado el problema de hacer un recuento a dedo. 
Señora McKenna, no es una cuestión que podemos resolver en el Pleno en este momento. 
Sus intervenciones, la de ahora y la de hace unos minutos, han sido registradas. 
Se tratará de ver si es o no es oportuno proceder a una modificación del Reglamento. 
No es una cuestión que podemos solucionar en este Pleno. 
Señor Presidente, he votado a favor del establecimiento del programa de acción comunitario "Juventud", aprobado por el Comité de Conciliación, sobre todo porque, entre otras cosas, permite financiar y concretar el programa del Servicio Voluntario Europeo que ve muchos jóvenes comprometidos en acciones socialmente útiles, entre las cuales cabe destacar la asistencia a las personas mayores. 
Dicho esto, quería hacer una sugerencia para las próximas veces en que se abordará este programa "Juventud" y señalar un aspecto que me ha preocupado bastante en la votación, con todo favorable, esto es, la definición de juventud. 
Señor Presidente, ¿se siente joven? 
Pienso que me va a contestar que sí. 
Por lo tanto, considero oportuno establecer que es joven quien así se siente, al objeto de permitir que quien se siente joven, a pesar de su documento de identidad, se aproveche de estos servicios. 
. 
(PT) El debate de este programa se ha demorado durante demasiado tiempo, con todas las consecuencias que ese retraso entraña, y no ha habido una compensación de ese esfuerzo en la suma concedida en la conciliación- 520 millones de euros para siete años, cuando la primera propuesta de Parlamento Europeo era de 980 millones de euros -, francamente inferior a las necesidades del propio programa. 
Por otro lado, la entrada de los países candidatos a la adhesión proporcionará el acceso de más jóvenes al programa JUVENTUD y el intercambio de experiencias aún más ricas, pero el presupuesto del programa hace abrigar dudas sobre el éxito de la iniciativa. 
Aunque la aprobación de este programa sea positiva, su alcance es muy limitado, dado que sólo se refiere a una faceta de la necesaria política de juventud, que debe abordar de forma transversal las diferentes realidades que afectan a la juventud, la educación, el empleo, la vivienda, la salud y la cultura. 
También son insuficientes las referencias a formas de resolución de las discriminaciones y los límites de edad para la participación en el programa (15-25 años, aunque admita excepciones) , dado que la edad media de conclusión de un curso superior se aproxima mucho al límite superior, por lo que éste debería llegar hasta los 30 años. 
Por último, es importante que se fortalezcan el papel y las atribuciones de las entidades encargadas de la divulgación del programa, en cada Estado miembro, para que sea lo más eficiente y rápida posible. 
Me ha decepcionado ver que en la decisión del Parlamento y el Consejo por la que se establece el programa de acción comunitaria "Juventud" se haya quitado la referencia a la familia en las negociaciones finales de conciliación. 
Esta referencia, que fue aceptada por la Comisión de Cultura y Juventud, así como por el Parlamento, mencionaba la necesidad de examinar el papel de la familia entre los factores que han promovido o dificultado la integración social de los jóvenes. 
La importancia de la familia a la hora de promover o dificultar la integración social de los jóvenes está claramente reconocida en la sociedad de hoy, así como por diversos estudios. 
El Consejo de Europa, en su informe sobre unas políticas para la familia coherentes e integradas afirma que "las familias desempeñan una función de primer orden en la socialización porque comunican los valores, normas, costumbres y comportamientos de los grupos sociales a los que pertenecen los niños." 
Es inexcusable que se haya quitado esta referencia a la familia. 
En un informe destinado a hacer una valoración y apoyar a nuestros jóvenes de la mejor manera posible, la eliminación de la referencia a la familia, que es la influencia individual más importante en la vida de un joven, es incomprensible. 
Apoyo incondicionalmente la recomendación de la Sra. Gröner de aprobar el acuerdo alcanzado con el Consejo acerca de los programas de acción europeos para la juventud. 
Los anteriores programas para la juventud, la Juventud por Europa y el Servicio de Voluntariado Europeo, se agruparán en un programa general a medio plazo que durará del 2000 al 2006, tal como ha solicitado el Parlamento Europeo. 
Un programa de mayor duración asegurará que los jóvenes tengan la oportunidad de beneficiarse de estos planes por un tiempo garantizado. 
Cada participante tendrá también pleno acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, lo que permitirá, por lo tanto, que participe el mayor número de nuestros jóvenes. 
Aunque la financiación de 520 mill. de euros para estos programas queda muy por debajo de nuestra petición original de 980 mill. de euros, que son necesarios para los nuevos Estados miembros después la ampliación, habrá una posibilidad de incrementar esta cifra, a raíz de las peticiones suplementarias de presupuesto por la ampliación. 
Estos programas beneficiarán sin duda a nuestros jóvenes y les ofrecerán oportunidades inestimables de aprender sobre sí mismos, sobre otros y sobre Europa. 
Esto es no sólo crucial para su desarrollo personal, sino que en un mundo ferozmente competitivo favorecerá de forma considerable sus oportunidades en el mercado de trabajo. 
Incrementar la preparación de nuestros jóvenes ha sido siempre una de nuestras prioridades y debemos seguir apoyando este objetivo. 
Nuestros jóvenes son el futuro de Europa. 
Debemos animarles a que aprendan sobre otros y sobre la Unión Europea, así como a que desarrollen sus propios valores, ideas y preparación. 
Es importante que puedan participar en trabajos de voluntariado en el extranjero, en intercambios escolares y en el aprendizaje de idiomas. 
La financiación de este tipo de programas es un paso fundamental en dirección a este objetivo de abril los ojo y las mentes de nuestros jóvenes y prepararlos para ser parte de una mano de obra flexible y cualificada. 
. (FR) Nuestra sociedad no confía lo suficiente en la juventud. 
Cuando ocupaba responsabilidades políticas, siempre me sorprendía comprobar que el futuro de los jóvenes y sus preocupaciones no ocupaban el centro de los debates públicos y que ni el mundo de la política ni el poder de los medios de comunicación trataban realmente de ayudar a los jóvenes. 
Este hecho resulta especialmente cierto en Normandía, región a la que represento, donde demasiado a menudo se asocia juventud a marginalidad y a delincuencia, sin valorar a la inmensa mayoría de jóvenes que trabajan, sueñan, aman, viven y son portadores de todas nuestras esperanzas. 
La iniciativa europea «Juventud» es un primer paso en este sentido, lo cual da muestras de una toma de conciencia por parte de nuestras instituciones respecto a la juventud. 
Sin embargo, sería esencial que dicho esfuerzo se prolongara en el tiempo con el fin de que diera los frutos buscados, en interés de los jóvenes y, por lo tanto, de Europa. 
Estoy pues convencido de que otras iniciativas, en especial la ayuda a las asociaciones de jóvenes, merecen ser ampliamente fomentadas y apoyadas financieramente por la Unión Europea. 
Informe Graça Moura (A5-0099/2000) 
Gasòliba i Böhm (ELDR). 
Señor Presidente, cabría expresar nuestra satisfacción en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas por la aprobación del informe Graça Moura en relación con el Año Europeo de las Lenguas 2001. 
Creemos que es una magnífica iniciativa que a nivel europeo se dedique un año especial a las lenguas en Europa, a su conocimiento y al reconocimiento en toda la Unión Europea de la importancia de las lenguas como acervo de la riqueza cultural, histórica y de expresión de la propia identidad de las sociedades que la integran. 
Nosotros hemos apoyado este informe pero hay dos aspectos que no nos satisfacen. 
Me refiero a unas enmiendas que hemos presentado, tanto en nombre del Grupo Liberal como de un grupo de diputados encabezado por la Sra. Ferrer, en el sentido de incorporar de una manera clara y precisa las lenguas oficiales que están reconocidas en los Estados miembros para que participen directamente y de manera institucional en el desarrollo del Año Europeo de las Lenguas. 
Esta precisión no ha sido recogida, y lamentamos la orientación seguida por la Comisión Europea, con la participación de los Estados miembros, porque deja de lado, con el riesgo de que quede marginada, una participación que resulta especialmente importante en esta realidad. 
Quiero recordar que este Parlamento Europeo reconoció el catalán como lengua europea y le dio una personalidad específica. 
Y es esta lengua, junto con otras, las que deberían ser tenidas en cuenta en la aplicación y celebración de este Año Europeo de las Lenguas. 
Señor Presidente, he votado a favor del establecimiento del Año Europeo de las lenguas 2001. 
No cabe duda de que es positivo e importante, a pesar de que creo que habría sido mucho mejor que el año de las lenguas fuera cada año. 
Es muy importante para la Unión Europea que los ciudadanos de los quince Estados miembros conozcan las lenguas de los demás conciudadanos de la Unión Europea. 
En esta ocasión, espero que la enseñanza de las lenguas que recibe muchas ayudas y financiaciones cuando se dirige a los jóvenes, recibiera la misma atención y financiación en el caso de las personas mayores que, desde este punto de vista, se olvidan a menudo y que con mucho gusto visitarían los demás Estados de la Unión Europea. 
Señor Presidente, quisiera dar una explicación de mi voto negativo sobre el informe del Año Europeo de las Lenguas. 
En primer lugar, la lengua ocupa un importante lugar en la civilización y la cultura europeas, con independencia de consideraciones numéricas sobre el tamaño de la población. 
Esta afirmación es totalmente válida para las lenguas menos utilizadas. 
En segundo lugar, el año al que va dirigida esta decisión es el 2001; los ciudadanos europeos podrían aprender bien otras lenguas, como demuestra el hecho de que todos los que hablan lenguas minoritarias, sin excepción, tienen en común una excelente formación en este ámbito. 
Todos ellos son ya bilingües. 
Es totalmente erróneo excluir a las lenguas minoritaria de esta iniciativa. 
Es lamentable que esta Asamblea no haya aceptado los importantes servicios que podrían aportar las lenguas menos utilizadas para el éxito de esta iniciativa. 
. (FR) ¡Me complace que el Parlamento Europeo, en acuerdo con el Consejo, haya tomado esta iniciativa de convertir el año 2001 en Año Europeo de las Lenguas. 
En una Unión Europea que agrupa a quince Estados miembros y que tiene aspiraciones de ampliarse, donde 11 lenguas tienen el estatuto de lengua oficial y donde las lenguas regionales florecen por doquier, es muy importante en efecto sensibilizar a los ciudadanos de la Unión sobre las ventajas que supone comprender y hablar otros idiomas, y sobre las diversas posibilidades que existen para aprender a hacerlo. 
Hablar una lengua distinta a la materna es una prueba indudable de apertura mental. 
Por ello hay que alentar a los niños para que inicien en la escuela maternal y primaria el aprendizaje de idiomas, instrumento de sensibilización a la diversidad cultural. 
Algunos países europeos, sobre todo los escandinavos, tienen ya políticas muy avanzadas en este ámbito y han podido comprobar todas las ventajas que podían obtenerse. 
Debemos difundir estas buenas prácticas en los demás Estados miembros. 
Claro está que hemos de procurar que estos conocimientos no estén reservados a las clases privilegiadas de la sociedad. 
El desarrollo del aprendizaje de lenguas extranjeras permitirá aproximar a los ciudadanos europeos dándoles la posibilidad de comunicar, es decir, de conocerse y de estrechar entre ellos lazos que den cuerpo al concepto de ciudadanía europea. 
Abrirse a otras culturas y conocer las tradiciones de nuestros vecinos europeos son medios esenciales para combatir la intolerancia y el racismo que tienen sus raíces en el miedo a lo desconocido. 
En un plano práctico, conviene recordar que el Año Europeo de las Lenguas es, de hecho, un proyecto común de la Unión Europea y del Consejo de Europa. 
Para que esto resulte visible, parece preferible que los dos socios utilicen en las actividades previstas un emblema y un eslogan idénticos. 
Con esa misma preocupación de visibilidad y de transparencia, apoyo la creación de un sitio Internet interactivo que permita a los ciudadanos acceder a todas las informaciones útiles sobre este proyecto. 
Si bien soy favorable al plurilingüismo, lamento no obstante que no tratemos de desarrollar paralelamente la enseñanza del esperanto. 
Esta lengua, que tiene raíces europeas, resulta fácil de aprender y es rica y está llena de matices. 
Como lengua auxiliar puede constituir un medio, entre otros, para facilitar la comunicación entre todos los ciudadanos europeos. 
¡Por eso lamento tanto que no se mencione en la propuesta! 
Los abajo firmantes, diputados del Grupo GUE/NGL, estamos completamente de acuerdo en el criterio, tanto de la Comisión como de la Comisión de Cultura, de que la lengua es un componente trascendental en la comunicación humana. 
Esto vale para el lenguaje hablado y escrito, el lenguaje de los sordos y la expresión corporal. 
Hay quienes prefieren el esperanto para comunicarse más allá de las fronteras. 
En un país también existen jergas profesionales, diferentes dialectos y lenguas minoritarias que hoy están reconocidas en los países democráticos. 
También es importante para las futuras generaciones que se investigue sobre las lenguas que están en peligro de desaparición. 
En suma, opinamos que el valor de las lenguas es de tal magnitud, que la Unión Europea no debería reconocerlo solamente durante el año que se realiza una campaña. 
Confiamos en que el Consejo y los parlamentos nacionales, dentro y fuera de la Unión, compartan este criterio. 
Las sumas que proponen la Comisión (8 millones de euros) y la comisión (10 millones de euros) son, a nuestro juicio, demasiado pequeñas. 
El dinero que se ha propuesto debería poder usarse para otras cosas; por eso nos abstenemos de participar en esta votación. 
Me satisface el trabajo realizado por el ponente, el Sr. Graça Moura y le estoy agradecida por haber incluido mis enmiendas. 
La mayor parte de ellas tiene como objeto proceder a una colaboración más estrecha con los Estados miembros en el marco del Año Europeo de las Lenguas, y esto en todos los niveles de decisión política, no sólo, por tanto, en el nacional, sino también en el regional e, incluso, en el local. 
Una condición esencial para ello es que los Estados miembros dispongan de medios suficientes para emprender acciones que luego sean cofinanciadas por la Unión Europea. 
Si esto no sucede, el Año Europeo de las Lenguas corre el peligro de limitarse a un acontecimiento de relaciones públicas, a un globo lleno de aire. 
El segundo objetivo de mis enmiendas era que las acciones emprendidas en el marco de este Año Europeo prestaran una atención especial a los grupos socialmente vulnerables, emigrantes y personas con educación básica. 
Este requisito tiene un componente emocional: aprender a dominar de forma activa un idioma extranjero no puede convertirse en un freno más para la integración de estos grupos, en un privilegio para la gente ya privilegiada. 
El aprendizaje de un idioma extranjero es clave, al fin y al cabo, para la integración. 
El tercer grupo de mis enmiendas se refiere a la oferta de cursos de idiomas y a su accesibilidad en los respectivos Estados miembros. 
No es ningún secreto que existen grandes diferencias de un Estado miembro a otro. 
Los Estados más pequeños, que cuentan con un campo lingüístico limitado, deben, ipso facto, realizar un esfuerzo mucho mayor; por el contrario, en los países con un campo lingüístico amplio, el estímulo económico es menor. 
Existen, por tanto asimetrías inherentes entre los Estados miembros a este respecto. 
Espero que el Consejo secunde esta iniciativa y podamos empezar cuanto antes a adoptar medidas concretas, ya que de eso se trata. 
. (FR) Señora Presidenta, Señorías, dar a los europeos desde su más tierna infancia, cualquiera que sea su origen y su nivel de estudios, los medios de preparar mejor su futuro es, ante todo, permitirles que hablen otras lenguas distintas de su lengua materna. 
La Haute-Normandie es una de las regiones más jóvenes de Francia, pero es también una de las que tiene el más alto índice de desempleo entre los jóvenes. 
Hablar otra lengua europea es, sin lugar a dudas, una clave de éxito. 
La instauración de un Año Europeo de las Lenguas en 2001 que sensibilice a los europeos sobre la diversidad lingüística de la Unión Europea es una decisión excelente y la apoyo plenamente. 
Pero considero que no es sólo el año lo que debe destinarse a este objetivo sino que se necesita un compromiso duradero. 
En efecto, tenemos un deber de ambición y de exigencia, a saber, que todos nuestros jóvenes hablen con fluidez otra lengua, ofreciéndoles siempre que sea posible una enseñanza bilingüe. 
La experiencia del IBIS (Institut Bilingue Interuniversitaire de la Seine) que nació en Haute-Normandie es, en este sentido, absolutamente ejemplar. 
Estoy convencido de que la Unión Europea debería apoyar al máximo y financiar operaciones como ésta. 
Informe Dary (A5-0093/2000) 
Maes (Verts/ALE). 
(NL) Señor Presidente no sólo hemos votado con entusiasmo a favor de este informe, sino también a favor de las enmiendas que la Comisión de Agricultura ha presentado. 
Estamos convencidos de que se efectuarán inversiones importantes en los países ACP para, así, poder competir en calidad en el mercado mundial. 
El problema es, sin embargo, el precio. 
Muchos de estos países se enfrentan todavía a precios de costo elevados y creo que es muy importante que estos países cuenten con un período transitorio, en el que insisto. 
Creo que nuestros socios ACP también estarán satisfechos con el resultado de esta votación. 
Los diputados socialistas británicos tenemos un gran compromiso con los productores del Caribe y deseamos que se llegue a una pronta solución del conflicto dentro de la OMC. 
Estas son unas negociaciones delicadas y en estos momentos el Reino Unido no descarta un posible régimen sólo arancelario. 
Este es el contexto en el que hemos apoyado el informe Dary aunque estando en contra de las enmiendas núms. 6 y 7. 
Del debate se desprende una vez más que continúa existiendo mucha división en la Unión Europea respecto de la duración del período transitorio, la fijación de los contingentes y el sistema para la concesión de licencias. 
La votación del informe Dary ha vuelto a poner de relieve que el Parlamento Europeo no respeta las reglas comerciales acordadas internacionalmente. 
Es inaceptable que en el informe Dary se proponga otra vez un período transitorio de diez años, sin que se adopte, antes de nada, un régimen definitivo. 
Teniendo en cuenta las reglas comerciales acordadas internacionalmente dentro de la OMC, el acuerdo del GATT y la estrategia de la Unión Europea para el mercado interior hay que abogar por que se introduzca cuanto antes un tariff only system. 
Puede adoptarse eventualmente un régimen temporal de cuotas arancelarias a condición de que se fije una fecha para la adopción del tariff only system. 
Bélgica ha abogado siempre por una aplicación inmediata del régimen del plátano conforme a las reglas de la OMC, aunque con una concesión a favor de los países ACP. 
Se debe dar preferencia, en efecto, a un tariff only system, ya que éste es el que más respeta las corrientes comerciales y el que más claramente se adecua a la OMC. 
. (FR) La votación de hoy es un simulacro ya que las auténticas decisiones se toman mediante componendas secretas entre grandes grupos capitalistas de los Estados Unidos y de la Unión Europea, la guerra del plátano es sólo una faceta más de esas componendas y la producción platanera un elemento dentro de un conjunto de conflictos de intereses. 
Esta guerra, que se nos presenta como un conflicto entre países productores, por un lado, países de América Latina y de la zona dólar y, por el otro, países del Convenio de Lomé y de los territorios europeos de ultramar, es en realidad una guerra entre grupos capitalistas. 
El plátano dólar está dominado por tres grandes grupos capitalistas norteamericanos, entre los que se halla Chiquita, nuevo nombre para el tristemente famoso United Fruit, apoyado por el Estado norteamericano. 
Pero detrás de los países productores que la Unión Europea pretende proteger hay algunas influyentes familias de colonos o incluso poderosos grupos ingleses o franceses. 
Por nuestra parte, aunque no queremos respaldar a los grandes tiburones del sector del plátano dólar, tampoco tenemos la intención de dar apoyo con nuestro voto a los tiburones más pequeños a los que protege la Unión Europea. 
Sin embargo, resulta indispensable tomar medidas para proteger a los pequeños productores que trabajan en sus plantaciones sin explotar a nadie y a los que hay que garantizar unas rentas mínimas decentes, cualesquiera que sean las fluctuaciones del mercado. 
Reivindicamos la protección de los asalariados agrícolas, que no han de ser víctimas de la guerra comercial que reina en el mercado mundial. 
Si se crea un fondo de garantía, éste deberá garantizar el salario de esos trabajadores y los ingresos de los pequeños productores así como impedir que los magnates del plátano vayan engrosando sus fortunas para colocarlas en otros sectores más rentables. 
), por escrito. (FR) Este informe nos ofrece la oportunidad de celebrar la toma de conciencia por parte del Parlamento Europeo sobre la nececesidad de defender a los productores de plátanos: por un lado, a los países ACP (frente a los que nos hemos comprometido en el marco de la renovación del Convenio de Lomé) y, por el otro, a los países ultraperiféricos comunitarios. 
Aun cuando el Órgano de resolución de conflictos de la OMC ha condenado algunos elementos clave de la competitividad de los operadores ACP, la validez de principio de los contigentes arancelarios no ha sido cuestionada en absoluto. 
Sin embargo, asistimos a menudo a un exceso de celo por parte de la Comisión que, en el marco de las negociaciones iniciadas en el seno de la OMC, ha ido demasiado lejos. 
Al tratar de conciliar los intereses contradictorios de unos y de otros, al final no ha podido o no ha querido lograrlo. 
De este modo, resulta cuanto menos curioso constatar la paradoja que hay al reconocer que los operadores están todos a favor de una contingentación arancelaria, ¡al mismo tiempo que se opta por la solución de un sistema arancelario único! 
Así pues, felicitamos al Sr. Dary y a los miembros de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural por intentar volver a poner un poco de orden en la propuesta de la Comisión que, en su estado actual, nos parece sencillamente inaceptable. 
Y es inaceptable puesto que salda los intereses comunitarios en beneficio de las multinacionales norteamericanas cuyas normas de producción no son, evidentemente, comparables a las de la UE. 
Sin duda es legítimo buscar los precios más interesantes para el consumidor, pero aun así hay que comparar cosas comparables entre sí, sobre todo en términos de condiciones de producción (legislación social, protección de la infancia). 
Por lo tanto, procuremos no ir hacia una armonización de estas condiciones sociales de produccón a la baja y, en cambio, persigamos un objetivo prioritario de mejor calidad de los productos, presciendiendo de OMG, pesticidas, etc: el desarrollo de los mejores productos aumentará la demanda y, por lo tanto, ¡los volúmenes de producción también aumentarán y los precios, a su vez, lógicamente, caerán! 
Después de unos años difíciles debido a la crisis económica en los países industrializados y la caída de la economía de la Europa oriental, la solución de la Comunidad podría provocar la desaparición anticipada de estos países productores cuya economía no podría, por falta de tiempo, reestructurarse y diversificar sus producciones. 
Es evidente hoy en día que, sin querer buscar el enfrentamiento, la UE tiene que hacer valer su punto de vista, posición de lo más defendible puesto que los consumidores europeos actuales y futuros representan una parte importante del mercado del plátano. 
Ésta es la razón por la cual nos complace el informe del Sr. Dary, a pesar de que nos parece que no ha ido lo bastante lejos, sobre todo en términos de contingentación ACP, de periodo transitorio ampliado a más de diez años y de definición de un nuevo régimen de atribución de las licencias de importación o de ayudas europeas complementarias. 
. (SV) El sistema comunitario para la importación de plátanos- que fue declarado discriminatorio por el panel de la OMC el 7 de abril de 1999- debe reformarse. 
Se justifican las contemplaciones hacia los productores de plátanos de los países ACP y de los territorios de la Unión más alejados, pero no hay motivos para que se les dé un tratamiento comercial especial. 
Los derechos de importación y las ayudas a la producción no se compadecen con nuestros valores liberales. 
En nuestra opinión, sólo a través del libre comercio se puede crear un desarrollo económico global, sostenible y a largo plazo. 
Por este motivo, la propuesta de la Comisión para pasar a un sistema con derechos de aduana fijos y unitarios, es un paso en la dirección correcta. 
Informe Lagendijk (A5-0069/2000) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre la comunicación de la Comisión relativa al proceso de estabilización y asociación de los países del sudeste de Europa. 
Es una de las resoluciones adoptadas en este Pleno que he agradecido más porque, sin duda, todos nos acordamos de los graves problemas que, hace poco más de un año, se plantearon en esta región durante la intervención militar de la OTAN. 
Creo que la única manera de evitar las guerras es precisamente ésta: mostrar interés por los problemas concretos de los demás pueblos. 
Probablemente sólo con esta iniciativa y con las demás que el Parlamento Europeo aprobará y respaldará se conseguirá mantener alejadas de los desastres esta y otras regiones que podrían encontrarse en la misma situación. 
. (FR) En este informe presentado por la Comisión la Unión Europea muestra su pretensión de imponerse como potencia tutelar de los países de la Europa sudoriental. 
Pero a lo largo del siglo que acaba de finalizar, esta región de Europa no ha hecho nada más que sufrir por esta pretensión, ya haya sido obra de las potencias europeas rivales entre sí u obra de una Europa occidental que aspiraba a estar unida. 
Si bien resulta cómodo para el ponente denunciar los nacionalismos y chovinismos locales, todos ellos intolerables sin duda alguna, ¿quién podría olvidar que las grandes potencias europeas siempre han jugado con esos nacionalismos oponiéndolos entre sí en función de sus intereses de grandes potencias? 
Las rivalidades económicas y políticas entre potencias europeas han llevado a dos guerras mundiales: la primera se inició en esta región y la segunda fue ahí especialmente destructora. 
En cuanto a la Europa recientemente unida, ésta se ha destacado en primer lugar contribuyendo al desmembramiento de la antigua Yugoslavia y luego bombardeando Serbia y Kosovo. 
Tal y como nos muestra la actualidad, esta guerra ha agravado aún más la situación en la región tanto en el ámbito material como en el de las relaciones entre comunidades. 
En estas condiciones, confiar la estabilidad de esta región a las potencias europeas es como poner al lobo a guardar las ovejas. 
Nuestro voto contrario al informe expresa nuestra oposición a la política pasada y presente de las potencias europeas. 
. (FR) Acojo con gran satisfacción este informe que pide que la Unión Europea desempeñe un papel de cabeza de filas en el marco del acto de estabilidad y de asociación en favor de los países de la Europa sudoriental. 
Como a menudo se ha recordado, la Europa sudoriental es el "patio trasero" en crisis de la Unión Europea. 
Esta región se caracteriza por un contexto político tremendamente sensible que ha alcanzado su punto máximo en el conflicto de Kosovo. 
Este conflicto ha mostrado efectos políticos potenciales de inestabilidad respecto a los estados vecinos, con riesgos de desestabilización de la República Yugoslava de Macedonia (ARYM) , de Albania y de Montenegro. 
También se han producido graves repercusiones económicas en países de la región como Bulgaria y Rumania. 
Se entenderá pues perfectamente que la Unión Europea tenga el máximo interés en que se estabilice esta región, y que dicho interés sea cada vez mayor con las futuras ampliaciones. 
La Unión Europea ha quedado traumatizada por su impotencia frente al proceso de desintegración violenta que tenía lugar en los Balcanes. 
Ha sido incapaz de tomar medidas capaces de detener esta violencia por falta de voluntad política común de acción, así como por falta de un concepto político y de instrumentos apropiados que le habrían permitido gestionar la crisis de manera eficaz a nivel internacional. 
Podría decirse que la crisis de los Balcanes ha supuesto un aviso y, por consiguiente, ha imprimido una orientación decisiva a la política europea de defensa y de seguridad. 
Son clara muestra de ello las decisiones de los Consejos Europeos de Colonia y de Helsinki relativas a la puesta en marcha de los medios militares y civiles necesarios para que la Unión pueda gestionar las crisis con total autonomía. 
El Consejo de Colonia desembocó el pasado 10 de junio en la creación de un pacto de estabilidad para la Europa sudoriental, pacto en el que participan los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados de la región, por supuesto, pero también los Estados Unidos y Rusia. 
Este pacto forma parte del enfoque global de estabilización que desde 1996 ha ido desarrollando la Unión Europea. 
La piedra angular de este enfoque está constituida por los acuerdos de asociación y de estabilización que han de ser firmados por Bosnia-Herzegovina, Croacia, la República Federal de Yugoslavia, la República Yugoslava de Macedonia y Albania. 
De momento hay negociaciones en curso con Macedonia. 
A Croacia, que ha vivido cambios políticos positivos recientemente, debería llegarle pronto el turno. 
Estos acuerdos constituyen un marco contractual totalmente nuevo para los países de la región; se inspiran de manera notable en el dispositivo institucional y en las condiciones propias de los acuerdos europeos que vinculan a la Unión Europea con los PECO. 
Estos acuerdos están hechos a medida y con las diferenciaciones necesarias para poder tener en cuenta la situación específica de cada país. 
Ofrecen una perspectiva de adhesión a las estructuras europeas a largo plazo, sobre la base del Tratado de Amsterdam y cuando se cumplan los criterios definidos en Copenhague. 
Se trata ante todo de una señal política importante y de un incentivo decisivo para los países de esta región en crisis. 
Además, estos acuerdos fomentan una cooperación regional reforzada que me parece indispensable para la creación de un polo de estabilidad en la región. 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, también he votado a favor de la resolución sobre la comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del marco para los mercados financieros: plan de acción, porque no cabe duda de que es importante que el Parlamento Europeo, la Comisión, la Unión y el Consejo intervengan para impulsar la actividad competencial, incluso a través de los servicios en la red y de dinero electrónico que son las nuevas formas de actividad económica. 
Me hubiera gustado votar a favor mucho más si en esta resolución se hubiera incluido la promesa de que a cada pensionista que cobra por primera vez su pensión se le regalará un ordenador. En efecto, no solo los jóvenes, sino también las personas mayores deben acceder a las nuevas técnicas comerciales. 
. 
(PT) El informe se pronuncia a favor en el plano de la acción para los mercados financieros que la Comisión propuso con vistas a la liberalización de los mercados de capitales. 
Por lo demás, sigue la misma orientación de la Cumbre de Lisboa, que pretende que se aceleren esta y otras liberalizaciones. 
Ahora bien, la verdad es que mediante ese proceso se aumenta la inestabilidad financiera y se fomenta la concentración de los mercados de capitales y de las instituciones financieras, por lo que estamos en contra de la posición de la Comisión y de la del ponente. 
Ahora bien, con vistas a la introducción de medidas concretas para luchar contra la volatilidad de los mercados de capitales y controlar los movimientos de capitales en la UE, en particular de carácter especulativo, y también como forma de reducir al mínimo los riesgos de crisis financieras, mediante una propuesta de enmienda, intentamos lograr que se aprobara una exhortación a la Comisión para que incluyera en su plan de acción medidas concretas con ese objeto, en particular la presentación de un informe sobre la institucionalización de una tasa sobre los movimientos de capitales, sobre todo los de carácter especulativo. 
Lamentamos que no se haya aprobado nuestra posición. 
. (FR) La resolución propuesta por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios queda, sin duda alguna, mejorada respecto a la versión inicial y quiero darle las gracias al ponente, Sr. García-Margallo y Marfil. 
No obstante, no he podido darle mi voto positivo porque tras la votación plenaria todavía contiene incongruencias. 
De esta forma, en lo que se refiere a la idea de crear una comisión de operaciones de bolsa, soy partidaria de que se elabore un Libro Verde sobre la constitución o la puesta en práctica progresiva de dicha comisión, precedido por un estudio de viabilidad. 
Por otra parte, principio de subsidiariedad obliga, no olvidemos que en una época en que la atracción por las inversiones transfronterizas en valores mobiliarios vive momentos de euforia, los intereses de las sociedades emisoras y de los inversores quedarán mejor garantizados gracias a la mayor cercanía de la vigilancia y del control de las inversiones internacionales, al mismo tiempo que serán más eficaces los canales de cooperación entre las autoridades de vigilancia. 
La supervisión de los mercados de valores mobiliarios pueden ejercerla mejor los que están cerca de los mercados y tienen un conocimiento profundo de éstos. 
En este contexto, la comparación con la comisión existente en los Estados Unidos, la SEC, es especialmente inoportuna, pues la SEC es el corolario de un sistema financiero que procede en gran medida de una segmentación de la profesión entre bancos comerciales y bancos de inversiones, mientras que en Europa hemos elegido el modelo de banco universal, que ha reforzado el papel de los bancos en el sistema financiero europeo. 
Sería asimismo aberrante incluir entre las tareas de dicha comisión las reglas de cotización en bolsa, cuando esta comisión sólo debería a lo sumo garantizar el respeto de dichas reglas. 
La creación de un régimen único de cotización bursátil a escala europea sería igualmente aberrante. 
A pesar de todo, al ser los regímenes de cotización armonizados competidores entre sí, garantizan la diversidad de los productos de inversiones. 
Un régimen de cotización a escala de la Unión Europea colocaría a los mercados bursátiles nacionales ante la imposibilidad de perseverar en parcelas de actividad y restringiría las oportunidades de especialización que pueden surgir en una situación competitiva, aunque fuese convergente. 
En lugar de centrarse en los regímenes de cotización- por cierto, ya ampliamente armonizados- y en detrimento de la diversidad, sería preciso insistir en una aproximación, es decir, en una armonización de los existentes regímenes y entornos de negociaciones. 
En materia de vigilancia prudencial, ayer pedí con insistencia a la Comisión y al Consejo que no sigan con la idea absurda de confiarle al Banco Central Europeo la vigilancia de todos los establecimientos de crédito de los quince Estados miembros. 
El poder político es quien regula las actividades bancarias, de ahí la necesidad de que las autoridades de vigilancia del sector financiero dependan de ese mismo poder y no del Banco Central Europeo. 
No he podido votar a favor del apartado 26 que es, por cierto, de lo más incomprensible en su redacción en francés. 
Informe Kuckelhorn (A5-0053/2000) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, ya que se habla de pensiones complementarias, el representante del Partido de los Pensionistas no podía más que intervenir y explicar por qué ha votado a favor de este informe. 
Estoy convencido de que el futuro de los pensionistas está única y exclusivamente en las pensiones complementarias que, sin embargo, deben ser de libre elección y sustituir las pensiones obligatorias que son un colador y hacen agua por todas partes. 
Cuando se preparan los espaguetis que en Italia son un plato nacional muy rico, se usa un colador, o sea, un recipiente lleno de agujeros que sirve para colar el agua. 
Pues bien, en lugar de un colador podríamos utilizar los sistemas públicos nacionales porque, lamentablemente, se cuelan y se pierden los dineros de todos los ciudadanos que han trabajado. 
Es por esto que debemos sustituir gradualmente los sistemas de pensiones nacionales públicos por los privados complementarios y sustitutivos. 
Señor Presidente, Señorías, he apoyado por error la enmienda 39. 
La rechazo por las siguientes razones: En esta enmienda se dice que se parte del hecho de que ni el informe de la Comisión ni el informe Kuckelkorn del Parlamento deberán impulsar reformas estructurales en los Estados miembros de la Unión Europea con respecto a una reforma de los sistemas de pensiones. 
Naturalmente lo correcto sería lo contrario, precisamente en los sistemas de pensiones tenemos una enorme necesidad de reformas en los Estados miembros. 
Por eso creo que cada impulso de la Unión Europea, cada impulso del Parlamento Europeo es útil para el debate en los Estados nacionales, en los que tenemos más preguntas que respuestas. 
. 
(PT) Votamos contra este informe por considerar que su contenido no se aleja demasiado de la propuesta de la Comisión que pretende colocar la seguridad social a entera disposición de los mercados financieros, debilitando e incluso substituyendo los regímenes públicos de jubilación por lógicas bursátiles, con lo que resultan claros los objetivos de la llamada "modernización de la protección social" decidida en la Cumbre de Lisboa. 
Como afirmamos en las propuestas que presentamos, la creación de un mercado interior para los regímenes complementarios de jubilación no constituye una respuesta adecuada a futuros problemas demográficos, por lo que son necesarias políticas económicas expansionistas que contribuyan a la creación de puestos de trabajo duraderos mediante el aumento de la base contributiva del régimen público. 
El sistema público de seguridad social, financiado de forma sólida e independiente de intereses comerciales y de la rentabilidad financiera y basado en la solidaridad entre generaciones, es el más apto para garantizar el derecho a una jubilación digna y a la seguridad en la vejez a los trabajadores que han pagado contribuciones a los regímenes públicos de jubilación. 
Señor Presidente, he votado a favor de la comunicación "Estrategia para el mercado interior europeo", a pesar de que en el texto no figura la opinión elaborada por el Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, en cuya página 20 se lee textualmente: "Desde el punto de vista de la seguridad social, el ideal de la integración impone la creación de un auténtico sistema de protección social europea" -repito "de protección social europea" -en lugar del enfoque actual basado en la armonización de los sistemas nacionales ". 
Por lo tanto, no soy el único que confía en que mañana los quince Gobiernos tomen por fin la decisión de meter la mano, a escala europea, en la protección social y en las pensiones, la única manera de evitar el desastre actual 
La estrategia de la Comisión para el mercado interior europeo para los próximos cinco años es una continuación de la misma política, pero con una aplicación más severa y con una extensión a otros sectores; por lo menos así podemos interpretar por su comunicación relativa. 
Por otra parte, el informe del Parlamento Europeo, no sólo apoya esta dirección, sino que solicita que se aceleren las medidas pertinentes. 
Punto de partida de los objetivos propuestos son los "enormes beneficios del mercado interno", tal como dice el informe característicamente. 
Lo que no queda claro en el informe es para quién son estos beneficios y quiénes son las víctimas de este proceso. 
Sin duda alguna, todas las medidas que constituyan la materialización de los principios de la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios, las medidas para la liberalización de los mercados, las medidas para la libre circulación de las mercancías y la densa jurisprudencia relativa, tienen como única consecuencia el fortalecimiento de las grandes empresas multinacionales, que han visto cómo se facilita la posibilidad de extenderse y de actuar en otros mercados con un coste significativamente reducido y que se han beneficiado de las medidas de desregulación, viendo cómo aumentan sus beneficios y cómo se refuerza su posición. 
Desgraciadamente, no podemos constatar lo mismo en las pequeñas empresas, ni tampoco en las medianas empresas de pequeños Estados miembros, en las que la intensidad vertical de la competitividad ha tenido como consecuencia el aumento del número de quiebras, la reducción de sus actividades, la reducción de su personal. 
Por supuesto, el problema para estas empresas no son los "obstáculos para poder explotar las oportunidades que ofrece el mercado interno", sino justamente las medidas de materialización del mercado interno, los principios que componen la legislación sobre la competitividad de la Unión Europea, la reducción de la demanda de las amplias capas sociales como consecuencia de las políticas de austeridad antipopulares. 
Y, por supuesto, la solución no está en los capitales de alto riesgo ni en los mercados de capitales que, dados los limitados medios de que disponen las pequeñas empresas, aumentan los riesgos para la mayoría de ellas, sino en otra política económica de desarrollo que apoye a las empresas productivas, aumente la demanda y facilite la actividad de las pequeñas empresas. 
El informe solicita también nuevas facilidades para las empresas, mediante la "simplificación del contexto jurídico, administrativo y fiscal", y una "legislación que no imponga cargas ni costes para no reducir la competitividad de las empresas respecto de los competidores extranjeros". 
En pocas palabras, un mayor descontrol en la acción del capital, una mayor limitación de los requisitos legislativos. 
Al mismo tiempo, no se dice ni palabra sobre los derechos de los trabajadores, sobre el hecho de que la retirada posterior de los "obstáculos" signifique una reducción de la protección de la legislación laboral, un mayor descontrol en los despidos colectivos, en las fusiones y reinstalaciones. 
No es casual que, ni en las propuestas complementarias de la Comisión ni en las directrices de los Consejos de Ministros, haya referencia alguna a la necesidad de limitar estos fenómenos, a la de controlar los movimientos especulativos del capital y a la de imponer también otras medidas fiscales a su costa. 
El informe pide la extensión de la liberalización a sectores como el mercado de productos farmacéuticos, la reducción de la presión fiscal sobre el empleo, demostrando que las medidas tomadas abren el apetito por una liberalización cada vez mayor de la acción incontrolada del capital y de los beneficios, con consecuencias excepcionalmente peligrosas en todo el sistema de protección social. 
Desde este punto de vista, el informe que estamos debatiendo se alinea totalmente con la política económica y social antipopular que se está ejerciendo en el marco del mercado interno único y de la UEM y, naturalmente, vamos a votar en contra. 
. (FR) En el informe de la Sra. Palacio hay un trasfondo de constatación de fracaso entre, por un lado, los gobiernos nacionales que no incorporan el derecho comunitario cuando no se ajusta a sus intereses y, por el otro, las empresas, principales beneficiarias lógicamente del mercado único, a las que hay que convencer de las bondades de dicho mercado mediante campañas de información e «incentivos». 
Teniendo en cuenta el éxito de las anteriores campañas sobre el euro, los resultados de éstas quedan todavía por ver. 
Tenemos aquí una nueva ilustración de los procedimientos de talante «soviético» de las instituciones comunitarias, que pretenden inventar, después del ciudadano nuevo del informe Ludford, al consumidor y al empresario nuevos. 
Así, si el ponente aporta su apoyo a las empresas, sobre todo frente a las dificultades que viven las PYME debido a «los papeleos y pesados trámites administrativos» , ciertas disposiciones del texto final me inspiran todavía más reservas. 
El informe insiste en «la importancia esencial de que los procedimientos de infracción se realicen de una manera más rápida y más eficaz» y «acoge con satisfacción las propuestas para la Conferencia Intergubernamental» en este sentido: al no lograr demostrar la centralización comunitaria su validez y su aportación, nos vemos obligados a insistir en procedimientos represivos allí donde la cooperación habría permitido la elaboración de reglas flexibles y admitidas más fácilmente por parte de los interesados. 
Seguidamente, insta a la Comisión y cito: "a que dedique especial atención para sensibilizar a las administraciones nacionales a la vez que controla que las medidas nacionales de aplicación no generen efectos contrarios al mercado interior". 
Cuando se conoce el aleccionamiento político de que son objeto los funcionarios de las instituciones comunitarias, me inquieta esta voluntad de "sensibilizar" a los funcionarios de nuestras administraciones. 
Por último, el informe lamenta que las empresas no tengan conciencia de la utilidad que supone para ellas tratar al conjunto de la UE como un mercado único más que como la yuxtaposición de mercados nacionales; para poner remedio a esta «reticencia» que se sumaría a los obstáculos administrativos y al comportamiento de los consumidores, el informe plantea que se prevean «campañas de información generalizadas, comparables a las organizadas para el euro así como incentivos para que los agentes privados no traten de manera desfavorable a los interlocutores de otros Estados miembros». 
Estas constataciones no parecen socavar la confianza de nuestra Asamblea en el modelo de construcción comunitaria escogido: conseguirá la felicidad de los pueblos, tanto si la quieren como si no la quieren. 
Doy por concluidas las explicaciones de voto. 
OCM en el sector de la leche y de los productos lácteos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0081/2000) del Sr. Pesälä, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM (1999) 631- C5-0339/1999- 1999/0254 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, en realidad, se trata de una modificación del Reglamento en vigor que transfiere competencias del Consejo a la Comisión. 
La Comisión adquiriría por esta modificación del Reglamento competencias para transformar el listado de mercancías en todos los ámbitos ajenos a la llamada "lista principal". En el ámbito de los productos agrarios, la Comisión ya tiene estas competencias en lo que se refiere, por ejemplo, a los cereales, al azúcar, al arroz y a los huevos de gallina. 
Sería lógico que las competencias alcanzaran también a los productos lácteos. 
Esta modificación del Reglamento permite que se transfieran también estas competencias a la Comisión. 
Teniendo en cuenta que, en virtud de los acuerdos de la OMC, los fondos reservados para subvencionar la exportación se reducirán, en sólo un par de años, de 587 millones de euros a 415 millones de euros, sería conveniente que la Comisión tuviese competencias para revisar los listados de mercancías. 
Existen muchos productos de exportación que, además de leche, contienen numerosas sustancias de otro tipo- puedo citar como ejemplo el yogur, que también contiene azúcar y frutas- y, sin embargo, los productos lácteos sí reciben subvenciones para la exportación. 
Por consiguiente, se trata en gran medida de una cuestión de coherencia para que podamos proceder del mismo modo que hacemos en el caso de los cereales, el azúcar, el arroz y los huevos. 
También es, primordialmente, una cuestión de disiciplina presupuestaria, es decir, de que, también en los próximos años- al reducirse los fondos asignados a la exportación -, estemos en condiciones de atenernos de una forma consecuente a la disciplina presupuestaria. 
Ha habido algunas consideraciones que no ven con buenos ojos la transferencia de competencias del Consejo a la Comisión. 
En mi opinión, en este caso concreto se trata simplemente- como se suele decir- de un "juego donde ni se gana ni se pierde". 
Tenemos la obligación de ser consecuentes y de servirnos de aquellas competencias y medidas que nos permitan gestionar los asuntos de la mejor forma posible y con la mayor coherencia. 
No se trata en absoluto de alterar el equilibrio interinstitucional de poderes. 
Creo que en el fondo de esta cuestión hay razones de sensatez y una aspiración de llevar la coherencia a sus últimas consecuencias. 
Y, a mi juicio, es así como tendremos que avanzar y proceder en materia de asuntos prácticos también en el futuro- en momentos en que los precios y las situaciones cambien con mucha rapidez en los mercados mundiales -, con el fin de que podamos reaccionar rápidamente. 
A mi entender, también existe unanimidad sobre este asunto en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Hay que llevar a cabo esta modificación del Reglamento. 
Esto será algo muy bueno y positivo para todos, y principalmente para los productores agropecuarios y de productos lácteos. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, primero quisiera agradecer al Sr. Pesälä su contestación a la demanda, pero quiero decir al respecto que mi aportación va en una dirección algo diferente. 
Quizás conozcan el antiguo refrán alemán "La leche anima a los hombres cansados", pero también se puede decir "La leche anima". 
Porque ahora también tenemos algunas mujeres en la Comisión, que tienen algún poder, y por eso mantengo mi impresión de que la Comisión se siente, al parecer, animada para eliminar también ahora las devoluciones por exportación para los productos lácteos. 
La Comisión tiene autorización para eliminar las mercancías que están favorecidas con devoluciones por exportación en las regulaciones de mercado, tales como cereales, azúcar, arroz y huevos. 
En las mercancías no incluidas en el Anexo I se ha modificado la lista en ese sentido. 
Ahora mi pregunta: ¿Quiere la Comisión vía libre también para otros productos? 
Se que los países lo han visto de forma muy diferente, incluso en la mesa del Consejo. 
¿Se quiere ahora eso también para todo el sector lácteo? 
Me gustaría que me dieran algunas respuestas al respecto, si meditamos sobre si realmente es eficaz. 
Se ha indicado que se van a crear nuevas posibilidades de administración para posibilitar una selección más precisa de las mercancías, para las que se quieren conceder devoluciones, eso es lo que pone en el texto de la Comisión. 
¿No es la Comisión de la opinión de que aquí el concepto "uso eficaz" es un poco optimista? 
¿Qué es lo que realmente significa eficaz? 
Eficaz significa aquí sencillamente: Eliminación de las devoluciones por exportación para los productos lácteos. 
En la práctica significa esto, por ejemplo, que tampoco se van a conceder devoluciones para la parte proporcional de la leche en los yogures de frutas. 
Por eso la pregunta: ¿No se teme que sin parte proporcional de devolución para leche van a retroceder las devoluciones por exportación de yogur? 
¿Existen cálculos reales al respecto, números fiables, cómo va a ser eso? 
El ponente, el Sr. Pesälä, ya ha mencionado que esto va a afectar también a otros productos. 
Nosotros también tenemos productos, como por ejemplo la repostería, que los exportamos y que contienen leche. 
Por eso me suena un poco disparatado si decimos por un lado que tenemos que reducir los costes y por el otro lado quizás vayan a generarse nuevos costes a causa de que la leche permanecerá en el mercado y por lo tanto tendría que ser almacenada, etc. 
La situación de excedentes en el sector lácteo no mejorará, desde mi punto de vista, sino que empeorará. Y este aumento paulatino del acceso mínimo al mercado y la reducción simultánea de las devoluciones por exportaciones máximas son para mi una pequeña contradicción. 
Lo más seguro que en su respuesta pueda aclararlo. 
Para la política de mercado no existe desde mi punto de vista una necesidad urgente para ello, y por eso le digo, también en el interés de mis votantes, no puedo ver el por qué voy a aprobar ese procedimiento con Hosianna. 
Explicar eso a los agricultores en casa me sería quizás algo difícil. 
Por eso lo vuelvo a repetir: ¿Es la eliminación de las devoluciones por exportación ya irrevocable? 
Naturalmente hemos determinado en la Cumbre de Viena que se tienen que ahorrar, pero creo que se debe ahorrar en el lugar correcto. 
Estoy seguro que usted nos dará al respecto algunas respuestas. 
- (DE) Señor Presidente, Señorías, primero quisiera darle las gracias a usted, Sr. Pesälä por su informe. 
Con la propuesta se quiere pasar a la Comisión la competencia para la modificación de la lista de productos elaborados que contienen productos lácteos y para los que se pueden conceder devoluciones. 
Tal y como ya ha expresado el ponente, la Comisión tiene ya la competencia para productos de cereales, azúcar, arroz y huevos. 
Los gastos totales planificados para devoluciones de exportación para mercancías no incluidas en el Anexo I se han reducido de 610 millones de Euros para el ejercicio presupuestario de 1999 a 551 millones de Euros para el ejercicio presupuestario del 2000. 
¿Por qué? 
En este año podemos por última vez aumentar el límite superior de OMC de 475 millones de Euros por las cantidades que no se utilizaron en 1999. 
En el próximo ejercicio del GATT se limitan los gastos máximos a causa del régimen OMC a 415 millones, ya no hay posibilidades de traspase. 
Si ustedes comparan: El pasado año tuvimos 610 millones de euros, el año que viene ya sólo podremos utilizar 415 millones. 
Eso quiere decir que desde nuestro punto de vista sería una tontería dar ese salto enorme de 600 a 400 de una sola vez. 
Por eso hemos introducido un paso intermedio para este año. 
Las obligaciones de la OMC y la disciplina presupuestaria requieren un procedimiento selectivo. 
Por eso ya sólo podemos pagar devoluciones de exportaciones para productos, para los que es imprescindible hacerlo para que puedan mantener su competitividad, y eso, señora diputada, es exactamente su pregunta. 
Queremos, poder adaptar la lista según los lugares de destino y según las posibilidades del mercado, para que en un futuro podamos- con el máximo de medios presupuestarios admisibles- exportar un máximo de productos lácteos. 
Usted ha mencionado el ejemplo del yogur. 
Es un buen ejemplo. 
Porque ahí se puede ver lo ilógico que puede ser un sistema. 
En la actualidad es así, que al yogur, si se le agregan edulcorantes u otros productos adicionales, es un producto no incluido en el Anexo I. Si es un yogur natural, que contiene leche y nada más, entonces es un producto lácteo y no un producto no incluido en el Anexo I. Para yogur natural hace tiempo que no pagamos ya devoluciones por exportación, para el yogur aromatizado tenemos que pagarlas. 
¿Es eso lógico? 
Así lo tienen que ver ustedes. 
No se trata aquí de que queramos apretar las clavijas a la agricultura, sino que se trata de que se pueda reaccionar en poco tiempo a los requisitos del mercado. 
Por eso la propuesta da a la Comisión en un futuro la posibilidad de adaptar la lista de forma ágil y con participación de los Estados miembros, ya que esto sucede en la Comisión Administrativa. 
Para finalizar quisiera decir que encuentro discriminatorio, si la leche sólo anima a los hombres. 
¿Por qué no anima también a las mujeres? 
Declaro cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
OCM en el sector de la leche y de los productos lácteos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0074/2000) del Sr. Maat, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM (1999) 608- C5-0047/2000- 1999/0246 (CNS) ). 
Señor Presidente, la cuestión de la leche que se suministra a las escuelas suscita mucha emoción, ésa ha sido mi experiencia durante los dos meses que me ha llevado elaborar este informe. 
Muchas reacciones por parte de las escuelas de toda la Unión Europea y, también, por parte de los alumnos de los centros escolares. Lo encuentro curioso. 
Ha suscitado, así mismo, mucha discusión porque la Comisión aboga por pasar a una cofinanciación, lo que supone una disminución de la contribución europea. 
También muchas escuelas han reaccionado sobre este punto en particular, y he percibido desde mi partido que uno se pregunta si va a funcionar este suministro de leche a las escuelas, si puede continuar utilizándose como un instrumento. 
Debo decir en este sentido que, en cualquier caso, he sido muy afortunado, en tanto nuevo miembro del Parlamento, al haber aceptado éste mi propuesta para aumentar de 53 a 83 millones de euros el presupuesto consagrado al suministro de leche a las escuelas en las negociaciones relativas al presupuesto de 2001. 
La propuesta que ahora figura en el informe, que ha sido unánimemente aceptada por la Comisión de Agricultura, y subrayo unánimemente- fue bastante satisfactorio que todos los partidos representados en la Comisión de Agricultura respaldaran el informe -, vuelve a poner de relieve que se necesita más dinero, de hecho, 96 millones de euros. 
Esto no tiene cabida en absoluto en el presupuesto, pero, a decir verdad, dado el cambio operado en el mercado de los productos lácteos, también esa pequeña diferencia debe reflejarse en el presupuesto lácteo. 
Hago un sincero llamamiento al Parlamento Europeo, también por esta razón, para que apoye este informe, ya que realmente es necesario. 
Es curioso cuán despreocupados somos a veces en Europa con los alimentos. 
No escasean y, por tanto, no constituyen un problema. 
No obstante, está claro que la leche suministrada a las escuelas tiene un valor añadido para el patrón alimentario de los niños y también contribuye a una mejor alimentación, especialmente, en el ámbito urbano. 
Hay investigaciones que lo demuestran. 
Así mismo, la Comisión Europa ha encargado un estudio. Creo que se trata de un estudio limitado, de un estudio basado en documentos, pero hay motivos para seguir con el programa, dada la gran participación de nuestras escuelas. 
Se destina más dinero a la enseñanza en el ámbito de Internet, la autopista electrónica, se presta más atención al medio ambiente, mucha atención a una vida segura, a las circunstancias sociales y no puede faltar una política adecuada en relación con la alimentación y, especialmente, con la leche. 
Me satisface que el informe también haya sido adoptado en la Comisión por estos motivos y para ver si esta normativa podría actualizarse más; espero que también se adopte en el Parlamento. 
Se amplía la gama de productos que pueden ser utilizados en la normativa relativa al suministro de leche a las escuelas. 
Piénsese en el yogur para beber, el queso desnatado, la leche desnatada. Así mismo, mi Grupo ha presentado enmiendas valiosas en este ámbito, al igual que el Grupo liberal, entre otros, a través del Sr. Pesälä por Escandinavia. 
Se han propuesto medidas muy concretas y eso significa que, de esta manera, podemos adaptar mejor la normativa relativa al suministro de leche a las escuelas, podemos integrarla mejor en al actual modelo de alimentación. 
Eso, por sí mismo, refuerza esta historia. 
Quien piense que esta normativa va a salvar el modelo de alimentación, se equivoca. También hay que ser realista. 
Si se adopta este informe en el Parlamento, se gastara por año y niño una cantidad de alrededor de 12 euros en concepto de subvención para el suministro de leche a las escuelas. 
Me parece una cantidad ridícula. Creo que es muy defendible socialmente dentro del presupuesto y, también, en cuanto a una buena política de alimentación. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta los datos que he proporcionado, quisiera recomendar sinceramente la adopción del informe. 
Agradezco su apoyo unánime a los miembros de la Comisión de Agricultura, algo que presagia una buena predisposición de cara a la votación que tendrá lugar en esta Casa. 
Espero que esto conduzca a una actitud constructiva en relación con la ejecución del mismo. 
Tengo entendido que, de todas formas, el Consejo se reunirá el lunes que viene. 
Sería un buen momento, entonces, para que el Parlamento aprobara este informe y, con él, la normativa relativa al suministro de leche en las escuelas. 
Señor Presidente, a petición de nuestro colega Arlindo Cunha, expreso aquí nuestro posición sobre este debate relativo a la leche escolar. 
Desde hace más de veinte años, la Unión Europea financia la distribución gratuita de leche en las escuelas primarias y secundarias. 
En los últimos años esa acción ha correspondido a un gasto medio anual de cerca de 90 millones de euros, correspondiente a más de 300 millones de litros de leche, de lo que se han beneficiado cerca de 10 millones de jóvenes, es decir, cerca del 20% de la población escolar. 
Hay dos razones principales que justifican esta medida y su continuación. 
La primera es su alcance social, que garantiza una dieta mínimamente equilibrada a muchos niños y jóvenes que de otro modo no tendrían acceso a ella. 
Se benefician principalmente jóvenes de capas más desfavorecidas y zonas más pobres de los medios rural y urbano. 
La segunda es que en un mercado de productos lácteos estructuralmente excedentario, esa medida constituye también un incentivo para dar salida al producto mucho más útil y constructiva que la distribución, desnaturalización o exportación a terceros países a costos aún más onerosos. 
Es una pena que la Unión Europea no tenga más acciones como ésas relativas a otros productos, en lugar de destinarlos a los mercados internacionales a costa de subvenciones que son a veces el doble de su precio en dichos mercados, por lo que resulta difícil de entender el objetivo invocado de ahorro presupuestario. 
Los Estados Unidos de América, a los que se atribuye una visión más individualista y menos solidaria, gastan cerca de 9.000 millones de dólares al año en la distribución de artículos alimenticios a los niños de las escuelas, lo que representa cien veces más que la Unión Europea. 
Lo que sucede es que la Unión Europea viene ahora con una propuesta de reducción de la financiación del 100% y una cofinanciación del 50%, lo que castiga particularmente a los países menos prósperos, como Portugal. 
Como portugués, me escandalizaría que una medida así fuera aprobada con la batuta de una Presidencia de la Unión Europea ejercida por mi país. 
Señor Presidente, mi colega, el Sr. Maat, lucha vehementemente a favor del suministro de leche a las escuelas. 
Es algo bonito. 
Yo mismo estoy muy a favor de ello. 
De todas formas, opino que no sólo los niños, sino también los adultos, deberían tomar más leche. 
Lamento, por tanto, que no se pueda encontrar leche fresca en la sede del Parlamento en Bruselas. 
Espero que la próxima batalla del Sr. Maat se dirija a procurar el suministro de leche fresca a esta sede del Parlamento. 
Dicho esto, no apoyo las propuestas del Sr. Maat. 
El informe de evaluación relativo a la regulación del suministro de leche a las escuelas, que cita la propia Comisión, dice: "Cuando sólo se tienen en cuenta los objetivos explícitos fijados en la normativa, que consisten, sobre todo, en mantener y aumentar el consumo de productos lácteos y fomentar la venta de los excedentes, los efectos positivos pueden considerarse marginales". 
Sin embargo, la Comisión decidió el día 10 de diciembre no retirar las medidas, sino reducir la subvención a la mitad. 
He formulado algunas preguntas a la Comisión al respecto. 
He preguntado al Comisario Fischler hasta qué punto esta medida está de acuerdo con el principio de subsidiariedad. 
Opino que esta medida podría ser ejecutada perfectamente por los Parlamentos nacionales y que los parlamentarios nacionales podrían hacerlo muy bien. 
Tampoco me convence la justificación científica cuando se mencionan algunos temas relacionados con la salud pública. 
Además, si se trata de la salud pública, entonces la Comisión debe efectuar tal propuesta conforme al capítulo "Salud pública" del Tratado. 
La norma relativa al suministro de leche a las escuelas tampoco me aclara cuánto se destina a los gastos de gestión. 
Se trata de una parte tan limitada de la producción total de leche que, pienso, pesa excesivamente en el presupuesto de la Comisión Europea. 
No queda claro tampoco cuáles serán las consecuencias financieras tras la ampliación. 
No estoy en contra del suministro de leche a las escuelas, pero sí estoy en contra de que se efectúe de esta manera. 
Pienso que la Comisión debe limitarse a asuntos esenciales y dejar otras cosas en manos de los Estados miembros. 
Apoyo la propuesta de la Comisión, pero no, las propuestas de la Comisión de Agricultura. 
Señor Presidente, quiero darle las gracias al miembro de la comisión parlamentaria, Sr. Maat, por su informe y por su estupenda colaboración, especialmente por haber mencionado el punto de vista de la salud pública. 
Y es que, hasta el presente, los criterios de tasación de precios han dado preferencia a los productos con más contenido en grasas. 
En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural hubo gran consenso al considerar que tendríamos que ser capaces de cambiar los criterios de tal modo que los productos bajos en grasa fuesen mejor favorecidos en el marco de esta subvención. 
Esto ha sido ya durante décadas una señal muy positiva que la UE ha podido transmitir a los ciudadanos por medio de los escolares, de la escuela y de los hogares. 
En este sentido, hemos de seguir en esta línea que, como ha indicado el Sr. diputado Maat, debe ser actualizada y que permitirá seguir impulsando estas acciones dirigidas al bien común. 
Precisamente las enmiendas 9 y 10 harían que esta propuesta estuviese encaminada a que los productos bajos en grasa lleguen a ser tratados en condiciones de igualdad con respecto a los productos más grasientos. 
Señor Presidente, me alegra tener la oportunidad de intervenir en el debate y felicito al ponente por su trabajo. 
Un resultado claro, por supuesto, de la propuesta que tenemos ante nosotros de recortar o quitar esta subvención a la leche para las escuelas será la menor disponibilidad de leche y un descenso de su consumo en las escuelas. 
Les pregunto sinceramente: ¿es lo que quieren que ocurra? 
El aspecto de la nutrición es sin duda el elemento esencial en este caso y debiéramos estar trabajando por que se mantenga el consumo de leche por parte de los escolares. 
Las propuestas a nosotros sometidas militan claramente en contra de ello. 
Les voy a sugerir cuál podría ser el resultado. 
Hay dos posibilidades. 
Los niños pasarán a consumir productos no nutritivos o, Dios no lo permita, estaremos más cerca de una situación en la que tendrán que pagar por la leche consumida, con la consiguiente discriminación a los niños de las comunidades pobres. 
Todos reconocemos cuál es el fin aquí. Es cortar las subvenciones a la leche. 
Pero usar a los escolares como medio para ese fin es una forma siniestra de hacerlo, especialmente en un mundo que se está haciendo muchísimo más consciente de la salud día a día. 
Esta es la era de los alimentos no transgénicos y de los productos biológicos, y las propuestas que tenemos ante nosotros representan un gran paso hacia atrás. 
Seamos claros. 
Varios Estados miembros no mantendrán este plan en absoluto si se retira o se reduce la subvención actual. 
Esta es la realidad de la situación. 
Sería una catástrofe, no sólo para la salud de los escolares- nuestros futuros ciudadanos- sino también para la viabilidad de las comunidades. 
Yo procedo de una parte de Gales en la que el PIB por habitantes es inferior al 75% de la media de la Unión Europea, en otras palabras, una región del Objetivo 1. 
No estoy orgulloso de ello. 
Ello es indicativo de nuestra condición humilde. 
Recortar la subvención, sin embargo, empobrecería aún más a mi comunidad, una comunidad cuyos agricultores y ganaderos han perdido el 80% de sus ingresos en dos años y medio. 
Esta no es la Unión Europea a la que pensé se había unido mi nación. 
Teníamos los ojos puestos en una Europa de cohesión que intentara dar un impulso a sus comunidades pobres y ayudar a sus ciudadanos más necesitados. 
Está también la falsa concepción de que los Estados miembros pagarán de algún modo esta factura y cubrirán el déficit partiendo de la base de que es responsabilidad suya ocuparse de la salud y la política social. 
Les puedo decir que el Estado miembro al que pertenezco, el Reino Unido, oculta la verdad sobre la aportación de dinero adicional para Gales y Escocia para ajustarse a los fondos europeos, un punto que yo y mis colegas hemos destacado ya anteriormente en esta Cámara. 
Esto no es exclusivo de mi nación. Aunque sea triste decirlo, afecta también a otras. 
Se pide entonces a los agricultores y ganaderos que se diversifiquen, que sea hagan multifuncionales. 
Éstas son las palabras que más suenan ahora en la Unión Europea. 
Pero, sin embargo, ya se han diversificado. Ya se han hecho tan multifuncionales como es humanamente posible. 
Es hora de que les recompensemos, particularmente en las comunidades periféricas y pobres de la Unión Europea. 
Cortar esta subvención destruiría un sector que ya está por los suelos. 
Tenemos que dar a esta gente una oportunidad y darles la ayuda que necesitan para mantenerse, ya que, indudablemente, están atravesando el período económicamente más difícil que han atravesado jamás. 
Yo tengo claro que las propuestas que tenemos ante nosotros no son sólo un medio de recortar la subvención, sino más bien, en el caso de falta de participación de los Estados miembros a raíz de su recorte, de terminar con ella por completo. 
Esta erosión continuada del sector lácteo forma parte, me temo, de una tendencia general que observamos en todo el sector agrario. 
Sin gente que trabaje en la tierra en nuestros pueblos y comunidades, no habrá comunidades rurales; no quedará nadie para atender a las necesidades de los que a veces visitamos las zonas rurales por ocio. 
El proceso de fusionar explotaciones agrarias y la compra de explotaciones por consorcios que elevan los precios de forma no realista está ya muy avanzado en mi país de Gales y se está convirtiendo en la triste norma también en otras regiones y países. 
Creo que debiéramos pedir que se ponga freno a esta erosión general de nuestras comunidades rurales. 
En el momento actual, esta exigencia trasciende la necesidad de recortar las subvenciones al sector lechero. 
Defender las comunidades es mucho, mucho más importante. 
Debemos mantener a nuestros productores de leche produciendo y mantener las comunidades en las que se ganan la vida como entidades viables. 
La Comisión de Agricultura merece todo el apoyo a este respecto. 
El Sr. Maat ha hecho bien las cosas en una situación muy difícil y yo le deseo todo el éxito del mundo. 
Señor Presidente, quiero, para empezar, felicitar al ponente por presentar un informe que no sólo examina el problema, sino que propone nuevas ideas de cara al futuro. 
En muchos países y regiones- como aquella de la que procedo de Irlanda del Norte- los niños pequeños podrían no haber tenido la oportunidad de tener el alimento y el apoyo nutritivo que aporta la leche de no haber sido por la leche que se les ha proporcionado en los colegios. 
También espero y confío en que empiecen a apreciar la leche y sigan bebiéndola. 
Algo que me sorprende, sobre todo cuando la comunidad agraria y los productores de productos lácteos están atravesando un momento tan difícil, es que la gente esté dispuesta a comprar muchos otros productos y pagar grandes sumas por ellos, pero no esté dispuesta a pagar la misma cantidad por la leche, sea para ellos o para sus hijos. 
La leche proporciona una dieta muy saludable y equilibrada, algo que todos debiéramos apoyar. 
La Unión Europea debiera tener esto en cuenta. 
Es un buen rendimiento por lo que se paga, algo que no siempre conseguimos. 
Nos encontramos ahora en una situación en Europa en la que estamos dedicando millones de euros al sector agrario, y sin embargo los agricultores y ganaderos no han estado peor en su vida. 
Tenemos que volver al comienzo y preguntarnos cuáles son nuestras prioridades. 
Quiero dar las gracias al Sr. Maat. 
Nos ha retado a mirar al futuro, no sólo en relación con la leche en sí, sino también con los productos lácteos y sobre cómo fomentar que los niños beban leche. 
Señor Presidente, he abogado desde hace años por la necesidad de una modificación del régimen relativo a la leche en la escuela. 
Me parece que éste no tiene fundamento alguno. 
Desde el punto de vista nutricional, es absolutamente erróneo y resulta imposible de administrar. 
En la actualidad, se concede plena ayuda a la leche entera, la mitad de ayuda a la leche semidesnatada y ninguna ayuda a la leche desnatada. 
Regímenes como éste tienen por objeto acabar con los excedentes y puesto que la leche entera es la que más grasa láctea tiene es la que más ayuda recibe. 
En vez de esto, debemos dar ayudas por alumno. 
Hubiera preferido que hubiéramos fijado los precios lácteos mucho más bajos y que así pudiéramos eliminar las burocráticas cuotas lácteas. 
A largo plazo debemos modificar la política agraria comunitaria de modo que podamos acabar con los sobreprecios y los excedentes. 
No obstante, el régimen relativo a la leche en la escuela es uno de los mejores. 
No sólo beneficia a los agricultores. 
El régimen también beneficia a los niños y a sus padres, especialmente si se modifica, de modo que se subvencionen los productos bajos en grasas. 
Los niños no tienen necesidad de tanta grasa. 
Además, el régimen de ayuda por alumno será mucho más fácil de administrar. 
El régimen actual precisa de una enorme administración. 
He recibido muchas quejas de escuelas, que no saben administrar el régimen. 
Es toda una ciencia calcular el porcentaje de grasa en la leche y el queso. 
Las escuelas a menudo acaban devolviendo grandes sumas. 
No es porque trataran de hacer trampa, sino porque sencillamente no saben administrar el régimen. 
De ahí que crea que debamos votar a favor de las enmiendas presentadas por mi buen colega y compañero de juegos, Niels Busk. 
El régimen que propone es el único correcto desde el punto de vista administrativo y nutricional. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al Sr. ponente, Sr. Maat, por su informe, que respaldo en su totalidad. 
Gracias, dicho sea siempre de paso, por la buena colaboración que ha mantenido con la Comisión de Agricultura. 
Igualmente, gracias a mi colega y buen amigo, Freddy Blak, del Grupo socialista por su respaldo a mis enmiendas. 
El régimen relativo a la leche en la escuela gira en torno a la salud y la nutrición. 
Los niños y los jóvenes debe aprender sanos hábitos alimenticios y la leche con su contenido en calcio y proteínas forma parte muy importante de éstos. 
En nombre del Grupo Liberal, el Sr. Pesälä y yo hemos presentados tres enmiendas que sólo tienen por objeto hacer el régimen relativo a la leche en la escuela mucho más fácil de administrar y que también buscan hacer éste mucho más flexible con relación a los productos que son subvencionados. 
Existen diferentes tradiciones en lo que al consumo de productos lácteos se refiere y el régimen queda simplificado haciendo el reparto de la ayuda en base a un cuarto de litro de leche por alumno y por día. 
Para otros productos distintos a la leche entera, la ayuda debe ser calculada en base a un 50% de sustancia seca grasa o de contenido máximo de grasa láctea. 
Con ello el régimen tiene en cuenta las diferencias existentes en las tradiciones lácteas existentes en los diversos países miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de la Comisión para cofinanciar el programa de suministro de leche a las escuelas a partir de ahora en un 50%, ha ocasionado reacciones vehementes tanto en el Consejo como en el Parlamento. 
Cuando la palabra cofinanciación se utiliza en el ámbito de la agricultura, surge la polémica. 
Muchos ven la cofinanciación como una renacionalización de la política agrícola. 
También la Comisión de Agricultura está en contra de los planes de la Comisión. 
Gracias a semejante postura el Parlamento podrá presumir ¿Leeremos mañana en el periódico "El Parlamento Europeo está a favor de la subvención para suministrar leche a las escuelas y defiende, por tanto, el sector lácteo"? 
¿No nos tomamos el pelo a nosotros mismos y al sector ante semejante argumento? 
¿Resulta positivo para el sector una resistencia masiva a largo plazo contra la cofinanciación? 
En mi opinión, no. 
Tenemos que hacerlo como consecuencia del paquete financiero adoptado en la Agenda 2000 y la ampliación de la Unión. 
Ésta última se convertirá en una cuestión imposible si no se reforma la política agrícola. 
La Unión debe desarrollar su política dentro de este contexto. 
La cuestión central radica en cómo podemos utilizar los medios limitados de la Unión Europea de la manera mas eficaz posible ¿Debemos seguir cargando el presupuesto agrícola con un programa de suministro de leche a las escuelas de alrededor de 90 millones de euros por año? 
¿No es mas sensato que busquemos en otro lugar la posibilidad de financiar estos programas? 
Esto es urgente si queremos garantizar un nivel de apoyo razonable al sector de la agricultura. 
En caso de que no lo hagamos, la Comisión intentará otro camino, sin lugar a dudas, para no superar el límite máximo financiero en materia agrícola ¿Qué opinan ustedes respecto de una disminución de las ayudas directas? 
Quien se oponga de la cofinanciación, contribuye a que esos recortes dolorosos tengan lugar. 
No queremos participar en ello. 
La reducción del presupuesto de la UE a través de soluciones creativas, tales como la cofinanciación, nos parece una opción mejor, también para el propio sector agrícola. 
Por último me uno a la protesta relativa a que aquí, en este edificio, se ha suministrado leche destinada a las escuelas durante las reuniones a gente que realmente no la necesita. 
- (DE) Señor Presidente, Señorías, primero quisiera agradecer al Sr. Maat como ponente, por sus esfuerzos, por presentar un informe equilibrado acerca de la propuesta de la Comisión. 
Ustedes habrán notado durante el debate de que con la regulación de la leche escolar se trata de una cuestión delicada, en la que existen muchas opiniones diferentes y por lo tanto no ha sido una tarea fácil. 
Las modificaciones que el Sr. Maat ha propuesto en su informe tienen en parte el objetivo de rechazar la propuesta de la Comisión en su totalidad. 
Por eso no puedo aceptar esas enmiendas. Se trata de las enmiendas 1, 5, 6, 7, 10 y 12. 
Sigo convencido de que con la cofinanciación propuesta se fomenta el compromiso de las instituciones estatales o comunales- incluso de las administraciones escolares y de la industria láctea misma, lo que al mismo tiempo sería una condición previa para que los esfuerzos tengan éxito. 
Es un error decir que desde el punto de vista de un alumno se reduce el grado de subvención. 
La subvención sigue siendo la misma, sólo las fuentes de financiación cambian, y nadie puede decir seriamente que la subvención sólo es una buena subvención, si se paga al 100% del presupuesto comunitario. 
Reconozco sin problemas que en este contexto existen objetivos sanitarios, alimenticios y sociopolíticos. 
Pero también aquí vale una cosa, y ese es el motivo por el que se utilizó como base un artículo determinado del contrato: Sólo podemos prever en el área de la política agraria subvenciones con el razonamiento, que con ello se consigue un aumento de las ventas. 
Si se tienen previstas medidas sociopolíticas o de política sanitaria, entonces se deben financiar en el marco de la política sanitaria y de la política social y no- por decirlo así- por la puerta trasera. 
En las enmiendas 2, 4 y 9 se trata de incluir a una amplia gama de productos lácteos en la subvención. 
La Comisión quiere mantener en este caso la regulación que se tenía hasta ahora, en la que se dejaba a la Comisión la selección de los productos subvencionados. 
Ese es el motivo por el que no puedo aceptar las enmiendas pero el mensaje que está detrás de ellas, y es el que se quiere transmitir, o sea que se tiene que revisar la gama actual de productos, lo veo muy positivo y me comprometo a que esta cuestión se trate y se debata en la Comisión Administrativa para Leche y Productos Lácteos. 
La enmienda 3 finalmente tiene la forma de una declaración, por eso no creo que sea oportuno incluir eso en el texto del reglamento. 
Pero en lo que se refiere a los aspectos prácticos de la propuesta, me temo que nos llevaría a tasas de subvención diferentes y a grandes oscilaciones en los Estados miembros en el volúmen de las subvenciones en un periodo corto. 
Pero como eso seguramente no lo quiere nadie sería mejor mantener la disposición actual, que es muy concisa que se basa en criterios objetivos y que también garantiza una amplia estabilidad. 
Por los mismos motivos no puedo aceptar las enmiendas 8 y 10, que tienen el objetivo de acoplar el nivel de subvenciones a otros componentes de la leche que no sean grasa. 
Finalmente, en las enmiendas 8 y 9 se quiere aclarar que la ayuda para una cantidad de leche determinada se paga por alumno y por día. 
Eso significaría que se confirma en sí la situación actual y por lo tanto eso es una argumento adicional para no aceptar las enmiendas. 
Les agradezco su atención. 
Declaro cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Líneas directrices relativas a las restricciones verticales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0077/2000) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de líneas directrices relativas a las restricciones verticales (C5-0009/2000- 2000/2003 (COS) ). 
Señor Presidente, este debate sobre las directrices relativas a los acuerdos verticales es, por ahora, el último en una serie de cuatro sobre un tema sumamente técnico. 
El mundo empresarial se da muy bien cuenta del interés que conlleva para él la política comunitaria de la competencia, pero no olvidemos que unas normas de competencia honradas, vinculantes y adecuadas también implican consecuencias para los consumidores. 
Gran parte de la distribución diaria se efectúa, se gestiona, se organiza conforme a las normas de acuerdos verticales, pero tengo la sensación de que esto resulta algo extraño para la gente que no está acostumbrada a la política de competencia. 
Estaba dispuesta, señor Presidente, a aclarar esta cuestión a mis colegas; sin embargo, creo que no debo despilfarrar su tiempo y tampoco el de los intérpretes ahora que veo que muchos de ellos no se encuentran en la sala. 
El Comisario conoce su expediente y los oradores que van a intervenir, conocen esta cuestión, por lo menos, tan bien como yo. 
Entonces, únicamente decir lo siguiente. 
Pienso que, en tanto Parlamento y en tanto ponente para la Comisión de Asuntos Económicos, podemos señalar que es positivo que la Comisión establezca y publique estas directrices. 
La Comisión es la autoridad europea de la competencia por excelencia, y todo el mundo y, sobre todo, la seguridad jurídica se beneficiarán del hecho de que esta institución explique su nueva política de antemano y de forma muy concreta. 
Una segunda cuestión es la siguiente. 
Espero que la Comisión incorpore los comentarios que figuran en el informe de la Comisión de Asuntos Económicos, y que tampoco voy a repetir aquí, a la versión definitiva de las directrices que van a ser publicadas dentro de poco. Me gustaría que lo confirmara, señor Comisario. 
Quiero formular, además, algunas preguntas. 
Primero, ¿nos va hacer llegar la evaluación que hemos solicitado, tras los tres o cuatro años del nuevo enfoque para los acuerdos verticales? 
Segundo, ¿para cuándo podemos esperar las propuestas relativas al nuevo enfoque para los acuerdos horizontales, nuevo enfoque que también ha sido anunciado por la Comisión? 
Tercero, los contratos de distribución en el sector del automóvil quedan, por ahora, fuera del ámbito del nuevo enfoque, pero el reglamento del sector expira en el año 2002. 
Esperamos que la Comisión presente una evaluación este año ¿Cuándo la tendremos? 
¿Ha procedido ya la Comisión a las consultas con el sector de la distribución de automóviles y, sobre todo, con los pequeños distribuidores? 
Cuarto, a pesar de todo nos falta una cuestión muy fundamental, una pregunta que hemos formulado repetidamente y en vano, de ahí que vuelva a repetirla: ¿por qué ha optado la Comisión por aplicar directamente el nuevo enfoque también en aquellos sectores en los que la política de la competencia funcionaba hasta ahora bien en la manera en que estaba organizada? 
Para terminar, señor Presidente, quiero dar las gracias a mis colegas- desgraciadamente, no presentes- que se han ocupado en la Comisión de Asuntos Económicos de este tema, no solo en relación con este informe, sino también respecto de los tres informes que le han precedido. 
Quiero anunciar a los diputados que han presentado enmiendas, y se trata de las enmiendas presentadas en nombre del Grupo PSE, que, desgraciadamente, he tenido que rechazarlas por los motivos referentes al contenido que ya mencioné antes en la Comisión Asuntos Económicos. Las he desestimado, en segundo lugar, porque ya fueron presentadas en la comisión y allí no fueron aceptadas. 
Señor Presidente, por último, quiero disculparme por no poder estar presente en la votación de mañana por la mañana; el Sr. Von Wogau me sustituirá como ponente, si ello es necesario. 
Señor Presidente, señor Comisario, mi colega, la Sra. Thyssen, ha realizado un buen trabajo y quiero felicitarla por ello. 
Personalmente, quiero limitarme a comentar, en este contexto, los criterios de las reglas para la definición de los mercados de productos específicos y de las cuotas de mercado, especialmente desde el punto de vista de los acuerdos de prácticas concertadas del mercado en el sector de las estaciones de servicio. 
Estas cuestiones causan problemas, por lo menos, en mi país, Finlandia, y en otros Estados miembros pequeños. 
Las líneas directrices relativas a las restricciones verticales deben ser diseñadas de tal modo que sirvan para establecer inequívocamente en qué casos un productor sobrepasa en su volumen de ventas el umbral estipulado del 30 por ciento en el marco del mercado pertinente. 
En lo que se refiere a los acuerdos de prácticas concertadas del mercado en el sector de las estaciones de servicio, el actual borrador de reglas aplicables no toma en cuenta con claridad los rasgos diferenciales del mercado y de los contratos de distribución y aprovisionamiento del sector. 
La cuota de mercado del 30 por ciento que estipula el Reglamento de exención por categorías origina problemas de trato equitativo, por lo menos en lo que se refiere al trato de las estaciones de servicio que operan en Finlandia. 
La aplicación de esta nueva norma puede provocar situaciones en las que, por ejemplo, las relaciones derivadas de distintos acuerdos de prácticas concertadas en el sector de las estaciones de servicios, cuyos efectos prácticos son perfectamente equiparables, serán consideradas de forma diferente en nuestro país en el caso probable de que cierta empresa del sector rebase el umbral del 30 por ciento de la cuota de mercado. 
Hay que definir de forma inequívoca los mercados pertinentes previstos en el artículo 3 del Reglamento de exención por categorías. 
Las normas de aplicación no establecen con la precisión necesaria los criterios para fijar las cuotas de mercado de los productores y de los distribuidores. 
Considero que esto es sumamente problemático. 
Al tratarse de la regulación jurídica de la competencia en un sector en el que la competencia es a nivel de marcas, las reglas de aplicación deberían especificar con claridad que, a la hora de fijar las cuotas de mercado, se examine por separado a cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de distribución. 
Asimismo, hay que precisar la formulación de las reglas de aplicación de tal modo que se exprese de forma inequívoca que, a la hora de fijar la cuota del 30 por ciento del mercado pertinente, se tomarán en cuenta las ventas a minoristas o a distribuidores que el productor realice con mercancías de su propia marca. 
Señor Presidente, me congratulo de que supiera que estaba aquí y que iba a hablar, usted sabe que no suelo extenderme demasiado. 
Me limitaré simplemente a explicar las enmiendas presentadas por mi colega, el Sr. Berenguer, que no puede estar presente. 
Se trata de las enmiendas 2, 3 y 4. 
La enmienda 2 se ocupa de la posibilidad de liberar al distribuidor mediante la devolución de las aportaciones una vez terminado el contrato. 
La fórmula que se utiliza es la del apartado 147 de las directrices de la Comisión en este tema, lo que llama el período de depreciación de las inversiones. 
Debería existir la posibilidad, en determinadas circunstancias, de liberarse mediante una reintegración de la inversión. 
Es decir, que no quede esclavizado el distribuidor permanentemente por la inversión inicial del productor. 
La enmienda 3 se refiere a la fijación de precios por el productor- el precio de reventa- en ciertos casos, como en el lanzamiento del producto. 
Hay ciertos casos en los que puede justificarse esa fijación del precio de reventa. 
A esto se hace referencia en los apartados 38 y 39 de las directrices de la Comisión, pero está claro que, en ciertos casos, hay que dar flexibilidad y estamos seguros de que la Comisión así lo entenderá. 
Y por último, la enmienda 4 se refiere a la defensa del productor frente a presiones por parte del distribuidor para forzarle a la prórroga del contrato. 
Estamos hablando de los contratos de marca única, apartados 131 y siguientes. 
En definitiva, son unas enmiendas que tienden simplemente a recordar algunos aspectos concretos, pero está claro que tanto las directrices propuestas por la Comisión como el informe de la Sra. Thyssen se mueven en un marco de lo razonable y de lo práctico. 
Esperamos que la Comisión administre estas directrices de manera flexible de modo que se garantice, por un lado, la competencia del mercado y, por otro, no se llegue a situaciones de esclavización o de limitación de la actividad económica por parte de los distribuidores. 
- (DE) Señor Presidente, en estilo telegrama a causa de la falta de tiempo. 
Primero a usted, señora Thyssen, muchas gracias por su excelente informe. 
Segundo a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, también gracias por su apoyo a este proyecto de reforma importante. 
El proyecto es un paso importante de reforma para la política de competencia con respecto a las limitaciones verticales de la competencia. 
Desde la publicación del Libro Verde de 1997 el desarrollo del Instituto de las limitaciones verticales de distribución ha recorrido diferentes etapas, entre ellas por último la aprobación del nuevo reglamento 2790 con respecto a la comercialización del artículo 81, párrafo 3 a acuerdos verticales. 
Tal y como saben, la comisión está realizando con esta política un cambio determinante del planteamiento tradicional que se basaba en criterios formales hacia un planteamiento que se basa en el análisis de los efectos económicos. 
Esto tiene el objetivo de recomponer la libertad de contratación para la gran mayoría de las empresas y simultáneamente mejora la protección de competencia en beneficio de los consumidores. 
Además, señora Thyssen, quiero decir acerca de su pregunta sobre si va a un review: Sí va a haber un review de las directrices después de cuatro años. 
Acerca de su pregunta sobre las medidas horizontales: Los servicios de la Comisión están elaborando actualmente un conjunto de directrices respecto a este acuerdo de colaboración horizontal. 
Un primer proyecto de estas directrices se le tramitará al Parlamento Europeo, antes de que se publique en el boletín oficial. 
Es muy probable que esto suceda todavía antes de finales de abril. 
Me alegro poder comprobar que el Parlamento Europeo y la Comisión han colaborado en este asunto estrechamente y de forma constructiva. 
El informe de la Sra. Thyssen muestra una vez más, que esta voluntad de colaboración supone una aportación decisiva a toda una serie de los aspectos de reforma en cuestión. 
Declaro cerrado el debate. 
La votación se celebrará mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.20 horas.) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quería decir que ayer por la tarde me equivoqué al emitir mi voto sobre la cuestión de devolver a comisión el tema de los plátanos. 
En el Parlamento corremos el riesgo de tomar un rumbo que no beneficiará en nada a los productores de plátanos y, al mismo tiempo, seguirá ocasionando graves injusticias a las pequeñas empresas que se dedican a producir artículos como productos de baño y... 
Por consiguiente, desearía haber votado en sentido contrario. Deseo que esto conste en Acta. 
Lo incluiremos en el Acta, señor MacCormick. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, querría simplemente señalar mi presencia para que conste en Acta. 
En realidad no voy a firmar el registro, porque me marcho dentro de una hora, pero quiero que se sepa que estoy aquí. 
Se hará constar en el Acta. 
VOTACIONES 
La cuestión es que diputados de diferentes grupos opinan que el orden del día del viernes es demasiado escueto y que por ese motivo muchos diputados creen que pueden emplear su tiempo en mejores menesteres. 
La consecuencia de ello es que aquí estamos presentes pocos parlamentarios y que así no puede garantizarse la representación de nuestro electorado. 
En consecuencia, opinamos que es preciso elegir: o se dota de más contenido el orden del día del viernes o se suprime. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera solicitar que se constate un número exacto y que durante la votación nominal se realice un chequeo electrónico de suerte que sepamos quién se halla aquí y quién no. 
En segundo lugar, quisiera decir que comparto el deseo de los colegas que quieren revalorizar el viernes. 
Yo me encuentro siempre aquí como miembro del denominado "Club del Viernes". 
Quiero revalorizar el viernes, pero mediante el trabajo, no a través del sabotaje. 
Señor Presidente, me gustaría señalar que apoyo de todo corazón la iniciativa, al igual que una serie de diputados de mi Grupo. 
Nuestro objetivo desde luego no es sabotear el trabajo, por eso hemos anunciado esta acción desde hace tiempo- se informó de ella a la Conferencia de Presidentes con seis semanas de antelación- y tampoco significa una toma de posición sobre los puntos que se incluyen en el orden del día de hoy. 
Pienso que el resultado del recuento del quórum constituye una ocasión para que la Conferencia de Presidentes revise el orden del día para el año 2000, pero en este momento quiero preguntar lo siguiente: según mi interpretación del Reglamento, la petición de quórum implica que no pueden celebrarse todas las votaciones en conjunto. 
Si no es así, señor Presidente, entonces solicito una comprobación de quórum antes de que se proceda a la votación del informe Maat. 
(Más de 32 miembros se levantan para respaldar la petición) 
(El Presidente constata que no hay quórum) 
Señor Presidente, desde hace rato intento llamar su atención. 
Observo que los diputados que en este momento han solicitado el quórum son diputados holandeses, o una parte de los diputados holandeses que por regla general no están presentes. 
Hemos hecho un seguimiento de cuándo están presentes en viernes. Resulta que aparentemente ningún viernes es suficientemente importante para que estén aquí en el Parlamento. 
Han actuado a su entera satisfacción. 
En la última semana han salido en la radio y en la televisión. 
Es la única manera en que piensan que pueden sabotear aquí el trabajo, estropeando la labor de muchos otros colegas que están aquí hoy como siempre para hacer su trabajo del modo adecuado. 
Esto me parece inaceptable y quiero presentar mis excusas por vergüenza ajena. 
También quiero decir a estos diputados que si hubieran trabajado como yo lo he hecho en los últimos tiempos, si hubieran recibido personalmente el mandato de los electores, deberían comportarse de otra manera. 
Veo que hay algunos diputados que han pedido la palabra para una cuestión de orden. 
Lamento que no podamos extendemos demasiado. 
Tiene la palabra el Sr. Schulz. 
Señor Presidente, me parece que somos bastante peculiares y el espectáculo que damos me recuerda al del cura que regaña a sus parroquianos con motivo de la ausencia de los demás. 
Estamos todos aquí para trabajar y estamos siendo perjudicados por aquellos que no están aquí para trabajar. 
Es absolutamente inmoral, el Sr. Schulz tiene razón recordándolo. 
En segundo lugar, me gustaría, señor Presidente, primero, que debatiésemos porque aunque no podamos votar a falta de quórum, podemos no obstante debatir. 
En tercer lugar, me gustaría llamar su atención sobre lo absurdo del Reglamento y pedirle, señor Presidente, que haga que la comisión competente para el Reglamento sea requerida puesto que nuestro Reglamento está hecho de tal modo que el quórum no puede ser solicitado si somos menos de 32. 
Por lo tanto, si fuésemos 29 en esta sala podríamos votar y nadie podría impedírnoslo pero como somos más de 32, ¡no podemos votar! 
Estamos en el absurdo y mostramos a Europa el espectáculo de nuestro propio absurdo. 
¡Entonces, paremos! 
Señor Bourlanges, quizá puedo contentarle diciéndole que por supuesto seguiré el curso del asunto en esta quincena y lo presentaré a la Mesa. 
Me parece evidente. 
Por lo demás, como Presidente estoy a su servicio en este momento y respeto el Reglamento e intento al igual que usted aplicarlo. 
Sigo teniendo muchas peticiones. 
Tiene la palabra el Sr. Medina Ortega. 
Señor Presidente, como, sin duda, va a haber otra votación de quórum, quiero recordar al Presidente y a los miembros de esta Asamblea que durante la votación del quórum no se puede abandonar el hemiciclo. 
Cuatro parlamentarios han abandonado el hemiciclo. 
La práctica muchas veces consiste en pedir el quórum y luego salir del hemiciclo. 
Le pediría, señor Presidente, que recordara esto y que no se permitiera la salida del hemiciclo a ningún parlamentario mientras se hace el recuento del número de diputados. 
Señor Medina Ortega, ahora, no obstante, tenemos que deliberar. 
Ahora trabajamos con un Reglamento. 
Desde el nuevo periodo de sesiones se prevé precisamente que todos los miembros pueden abandonar el Hemiciclo. 
Lo único es que, según dispone el Reglamento, los 32 miembros como mínimo que han pedido un recuento de diputados para comprobar si hay quórum también entran en el cómputo aunque abandonen el Hemiciclo. 
Las puertas no se cierran. 
Así está dispuesta en estos momentos la reglamentación sobre el quórum y así la aplico. 
El Sr. Bourlanges ha dicho que cuando hay menos de 32 miembros en el Hemiciclo se procede a la votación, y no es así. 
El Reglamento estipula que cuando hay menos de 32 miembros en el Hemiciclo no se procede a la votación. 
Señor Posselt, hay muchas cuestiones en el orden del día. 
Le concedo el último turno de palabra. 
Señor Presidente, lo lamento mucho, pero esta acción la habíamos anunciado seis semanas antes, por lo que no es una acción espontánea. 
Hemos dado a todos, incluidos los presidentes, la oportunidad de cambiar el orden del día si se estimaba necesario. 
Nadie ha emprendido ninguna acción al respecto, tampoco los colegas que ahora se quejan han tomado, que yo sepa, ninguna medida para cambiar el asunto. 
Esta acción, la petición de quórum, seguirá su curso, no sólo hoy sino todos los viernes en Estrasburgo, hasta que consigamos nuestro objetivo. 
Es decir, que la Cámara esté al completo, porque cuando el Sr. Bourlanges habla de mala imagen, si hay algo malo es que la gente firme su presencia y después se vaya sin haber hecho su trabajo. 
Yo también he hecho mis deberes y no quiero citar nombres, pero en el futuro si que podría. 
Vamos a solicitar quórum para cada votación de hoy, y eso produce irritación. 
Por tanto me parece razonable que simplemente se aplacen todas las votaciones previstas para hoy, no es necesario que sigamos con todas ellas, y de este modo podemos seguir debatiendo y planteando al Comisario cuestiones importantes. 
Señora Van der Laan, entiendo que pide usted comprobación de quórum. 
De conformidad con el Reglamento hay que proceder a votar. 
Tenemos que ver si hay 32 miembros que quieran respaldar su petición. 
(Más de 32 miembros se levantan para respaldar la petición) (El Presidente constata que no hay quórum) 
Sencillamente, estoy harta de verme acusada de no querer ocuparme de mi trabajo porque tomo parte en esta acción. 
Para que este Parlamento sea tomado una pizca en serio en Europa- algo que no sucede, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo sólo votó el 50% de los ciudadanos -, debe tomarse a sí mismo en serio y uno no se toma a sí mismo en serio tramitando asuntos cuando no hay gente presente. 
Ésta no es forma seria de trabajar. 
Si este Parlamento debe trabajar los viernes, también debe haber gente presente. 
Lo que exigimos sencillamente es constatar si nos atenemos a las propias normas del Parlamento. 
No es posible llamar a eso falta de seriedad. 
Señor Presidente, la acción emprendida es una acción conforme al Reglamento y, por lo tanto, quien, como yo, la ha llevado a cabo responde y asume la responsabilidad política de la misma. 
Sin embargo, considero incorrecto criticar a quien utiliza un instrumento aprobado democráticamente como el Reglamento para fines quizás no aceptables pero que, en todo caso, están contemplados en las reglas que nosotros mismos nos hemos impuesto. 
Si las reglas fueran otras habríamos actuado de otra forma. 
Me pregunto más bien por qué muchos diputados se han pronunciado a favor de la sesión del viernes en Estrasburgo y luego no están en Estrasburgo. 
Quizás hubiese sido mejor y más coherente votar en contra de la sesión del viernes. En efecto, votar de una forma para luego comportarse de otra completamente distinta me parece que es la falta más grave hacia nuestra Institución. 
Señor Presidente, comprenderán que voy a volver a pedir un recuento de quórum, pero pienso que es evidente que no hay suficientes miembros presentes. 
Por tanto, solicito que todas las votaciones previstas para hoy se aplacen hasta la próxima sesión y que se vuelva a debatir con el Consejo. 
Miramos todos los rincones del hemiciclo. 
Creo que lo he hecho correctamente. 
En lo que respecta a los vuelos nocturnos, constituyen el siguiente tema. Veremos cómo se desarrolla este punto del orden del día. 
Tiene la palabra la Sra. Flesch. 
Señor Presidente, le estoy agradecida a mi excelente amiga, la Sra. van der Laan, por haber indicado a lo largo de su última toma de posición que sus amigos y ella pretenden repetir la maniobra cada viernes por la mañana en las sesiones en Estrasburgo. 
Le estoy agradecida por haber así expuesto claramente el fin de su maniobra y me sumo a lo que ha dicho mi colega Jacques Poos hace un momento. 
Quisiera no obstante, señor Presidente, lamentar la ausencia en este Hemiciclo, esta mañana, de colegas que creía al menos tan comprometidos como yo con los intereses de la ciudad de Estrasburgo. 
Señor Presidente, simplemente me gustaría decir a todos aquellos que se han levantado para solicitar esta verificación del quórum lo que piensan del hecho de que, gracias a su actuación, no vayamos a votar unas medidas de ayuda de urgencia a Etiopía, y en conciencia creo que deberemos decir, nosotros, a los periodistas lo que pensamos de este tipo de actuaciones. 
Por supuesto, todo el mundo es libre de hacerlo. 
Información y comunicación 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral, formulada a la Comisión en nombre del Grupo Europeo de Liberales y Democratacristianos, sobre la estrategia de información y comunicación de la UE (B5-0008/2000). 
Señor Presidente, la Unión se enfrenta a grandes tareas y su desarrollo futuro depende en gran medida de lo que hagamos aquí y ahora. 
La ampliación hacia los países de Europa Central y Oriental son el mayor desafío en la historia de la Comunidad y nos jugamos mucho si no solucionamos este asunto ahora correctamente. 
Es sumamente importante que expliquemos a los ciudadanos de la Unión- y a los ciudadanos de los países solicitantes- qué representa la Unión. 
Una estrategia informativa y comunicativa debe figurar por ello entre las prioridades de nuestro orden del día. 
Aguardo con gran interés su respuesta, señora Reding, pues sé que también la información goza de gran interés para usted. 
Un interés que, dicho sea de paso, compartimos, pues los dos somos periodistas de profesión. 
Creo que también tenemos el mismo interés en que, al organizar las actividades informativas y comunicativas de la Unión, éstas se acerquen lo más posible a los ciudadanos y que orientemos la política de forma que los diversos grupos de la sociedad tengan la información que más les convenga. 
Las palabras claves son coordinación, también en la relación entre la información de la Comisión y del Parlamento, descentralización y orientación hacia fines específicos junto a un aprovechamiento óptimo de las tecnologías de la información disponibles. 
Espero con ansia ver cómo abordará la Comisión esta tarea, supongo que se involucrará a las oficinas de la Comisión en las mayores ciudades europeas, que se les impondrá tareas y responsabilidades y se les dotará de medios para que contacten e informen a los ciudadanos en la calle. 
Los expertos, las autoridades y aquellos que realmente están interesados en la UE no necesitan tener dificultades a la hora de acceder a la información y he de reconocer que me siento algo escéptico al oír hablar de una biblioteca "interinstitucional" en Bruselas o funciones centrales similares. 
Preferiría que la oficina de la Comisión en Copenhague fuera un poco más accesible. 
Son las oficinas locales de la Comisión en colaboración con las oficinas locales del Parlamento las que deben abordar al ciudadano en la calle, a aquél que todavía piensa que Bruselas está increíblemente lejos. 
Éste debe comprender que Bruselas somos todos nosotros juntos, como dijera el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi. 
Es una labor muy difícil, puesto que en mi opinión el abismo entre los ciudadanos y las instituciones es amplio y con los grandes desafíos a los que la Unión se enfrenta, la tarea no será menor. 
La ampliación, el ambicioso plan quinquenal de la Comisión, los planes de reforma de la Comisión, la Conferencia Gubernamental- hay mucho de que informar y creo que el tiempo apremia. 
Creo que usted comparte muchos de mis puntos de vista, señora Reding. 
. (FR) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. Andreasen por plantear la cuestión, ya que de ese modo me ha dado la ocasión de expresarles cuánto comparto sus puntos de vista, lo que por otra parte he puesto de relieve en mi audiencia ante su Parlamento, en septiembre pasado. 
Es cierto que el foso entre el ciudadano y Europa existe. 
Es cierto que todos, no sólo la Comisión sino también el Parlamento y los Estados miembros, hemos cometido muchos errores en el pasado en nuestra política de información. 
Todos, no únicamente la Comisión, sino la Comisión en concierto con los Estados miembros y el Parlamento, que proceder a una reflexión profunda y construir una nueva política de la información. 
Por otra parte, les digo muy claramente que he tomado buena nota de los problemas existentes. 
Les debo decir también que hay cosas que funcionan. 
No todo es negativo. 
Está por ejemplo Europa directa que acaba de ser lanzado y que será la puerta de entrada para el ciudadano que busca informaciones sobre Europa. 
Están nuestros Infopoints y nuestros enlaces en los Estados Miembros que, por regla general, funcionan muy bien. 
Reconozco con su Señoría que podríamos mejorar este funcionamiento y por otra parte me voy a emplear en ello. 
Su Señoría ha hablado también de la tecnología moderna. 
Es evidente que la nueva política de información por implantar deberá utilizar del mejor modo todo los elementos de información y de comunicación que esta nueva tecnología pone a nuestra disposición. 
Uno de los grandes errores del pasado de nuestra política de información residía, a mi juicio, en el hecho de que se trataba a menudo de una información de arriba a abajo que era considerada equivocadamente, debo decir, como propaganda. 
Debemos tener esto en cuenta. 
Debemos tener en cuenta la psicología del público y debemos establecer un diálogo. 
Por otra parte, llamo su atención sobre el hecho de que mi colega Michel Barnier y yo mismo hemos lanzado el diálogo sobre la Conferencia intergubernamental que debe hacerse con este nuevo enfoque, es decir ir hacia el público, ir hacia los jóvenes, ir hacia aquellos que forman la opinión, hablar con ellos, ir también por parte de la Comisión hacia los representantes locales, hacia los representantes regionales, los representantes nacionales, no para hacer un gran discurso sino para discutir con ellos y sacar las conclusiones acerca de lo que generalmente se espera. 
Por supuesto cuento mucho con el Parlamento para llevarlo a cabo en esta acción ciudadana de la información, es el Parlamento el que está más cerca de los ciudadanos, y si todos los diputados de este Parlamento Europeo hacen bien su trabajo de información hacia los ciudadanos, y yo les voy a ayudar al máximo para llevar a cabo esta labor, ello nos permitirá cambiar las mentalidades. 
Hemos empezado a trabajar de nuevo en un grupo interinstitucional "información" en el que el Parlamento está perfectamente integrado y dentro de la óptica de este trabajo, que es un trabajo tripartito, es decir que implica a los Estados nacionales, al Parlamento Europeo y a la Comisión, cuento con presentarles, a corto plazo, una comunicación que contiene un nuevo enfoque que presentaré primero a la Comisión antes del verano para después discutirla con ustedes. 
No puedo hoy anticipar nada sobre esta proposición concreta en la medida en que su elaboración está todavía en curso, pero les puedo asegurar que la descentralización, la subsidiariedad, la proximidad, la corresponsabilidad de las Instituciones europeas y de las administraciones nacionales así como una mayor participación de la sociedad civil serán los pilares principales de este nuevo enfoque. 
Pienso también que todos debemos aclarar nuestros respectivos papeles. 
Es evidente que el papel del Parlamento Europeo es diferente del papel de la Comisión. 
Esta colaboración en el ámbito de la información deberá hacerse en el marco de la especificidad de cada Institución. 
La colaboración es posible sin que los actores individuales pierdan su identidad pero debemos obrar todos en la misma dirección y saber que cuanto más cerca estemos de los ciudadanos, más probabilidades tendremos de ser entendidos, de ser creíbles y de ser eficaces. 
Para hacer esto debemos considerar seriamente la manera en la cual nos organizamos, que instrumentos y que procedimientos escogeremos, lo que haremos a diferentes niveles, institucional, nacional, regional y cual será la división de tareas entre las tres Instituciones. 
Debemos también, muy claramente y sin complejos, ponernos en tela de juicio y examinar juntos cómo podremos evitar los errores del pasado. 
He aquí, señor Presidente, lo que quería decir en un primer momento. 
Está claro que hoy empieza el debate pero no se acaba, porque a muy corto plazo será presentada una comunicación sobre una nueva política de la información que será discutida a fondo con ustedes. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Comisaria Reding por su respuesta al Sr. Andreasen. 
En la Sra. Reding tenemos a una Comisaria muy comprometida. 
Tiene en sus manos una tarea realmente difícil, pero estoy seguro de que el Parlamento Europeo le dará todo el apoyo que, según reconoce ella misma, necesita. 
Personalmente estoy totalmente a favor de esta propuesta para corregir el déficit de información de la UE. 
El déficit de información es en realidad más grave que el déficit democrático del que hablamos a menudo. 
En cierto modo, el déficit de información y el déficit democrático forman parte del mismo problema. 
En el pasado reciente hemos tenido el informe Oostlander en 1993 y el famoso informe Pex en 1998. 
Dichos informes analizaban el problema, proponían mejoras, pero lamentablemente los logros han sido escasos. 
Deseo mucha suerte a la Comisaria Reding para que pueda avanzar en la solución de este problema. 
Esta semana he recibido la visita de un grupo del Winchester Probus Club, formado en su mayoría por jubilados que, en general, son personas bien informadas sobre lo que ocurre en el mundo. 
No obstante, se podría escribir en el dorso de un billete de 1 euro lo que sabían sobre los objetivos de la UE. 
Antes de que nadie me diga que no existen billetes de 1 euro, diré que eso poco importa; no podrían escribir nada. 
Cuando hablo con grupos de británicos, a menudo comienzo con la pregunta: ¿quieren formar parte de la Unión Europea? 
La respuesta inmediata que obtuve esta semana fue: "no". 
Hace cinco o seis años, la respuesta habría sido "sí, pero no queremos demasiada injerencia." 
Esta situación está empeorando. 
Ya sé que es un problema especial en el caso del Reino Unido, pero no es exclusivo del Reino Unido. 
Está empeorando en toda Europa. 
No tenemos más que ver la participación en las elecciones al Parlamento Europeo para darnos cuenta de ello. 
¿A qué es debido? 
¿A qué es debida esta falta de entusiasmo por la UE? 
Para comenzar, debemos recordar que ni la mejor publicidad del mundo vendería un producto defectuoso. Incluso cuando tenemos un producto de primera calidad, si no lo comercializamos debidamente no se venderá. 
Debemos asegurarnos, en primer lugar, de que el producto es bueno y, a continuación, de que su promoción es efectiva. 
Me temo que no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. 
No puede haber la menor duda de que cuando se escriba la historia, la creación de la UE será considerada el mayor logro del siglo XX. 
Nos ha traído la paz y la prosperidad a la mitad del continente durante medio siglo. 
Ahora, la otra mitad del continente está haciendo cola para entrar, y sin embargo, mis electores quieren salir. 
No soy experto en comercialización; sé que no hay soluciones fáciles; ciertamente sé que la respuesta no es más panfletos. 
Permítanme que haga algunas sugerencias. 
¿Qué ocurrió con la idea del Presidente Prodi de una unidad de refutación rápida? 
Si existe, no parece ser muy eficaz. 
Si la Comisión está dando respuestas, querría sugerir que también recurra al correo electrónico para proporcionar las respuestas a los diputados al Parlamento Europeo, de manera que podamos utilizar la información, y que no lo haga sólo a la prensa, que a menudo se limita a rechazarla. 
La Comisaria ha dicho, con toda razón, que la nueva tecnología es buena. 
Debemos hacer un mayor y mejor uso de ella. 
Debemos garantizar la difusión de nuestra dirección en Internet. 
Quizá podríamos destinar parte de los fondos del programa Sócrates a regalar a cada estudiante de Europa una alfombrilla para el ratón, de manera que puedan ver la dirección del sitio Web del Parlamento Europeo. 
Con la profusión de nuevos canales de televisión, con la televisión digital, ¿hemos hecho algo respecto a un canal de televisión del Parlamento? 
Puedo ver la cobertura informativa completa del Senado de los Estados Unidos en televisión, pero no la del Parlamento Europeo. 
Debemos hacer hincapié en las historias que representan buenas noticias para el ciudadano. 
Tenemos una Comisión de Peticiones que tramita unas mil peticiones al año. 
¿Cuándo fue la última vez que los departamentos de información de la Comisión o del Parlamento asistieron a una reunión de dicha comisión? 
¿Cuándo fue la última vez que publicaron una buena noticia procedente de dicha comisión? 
Por último, debo hacer referencia al problema del Parlamento en Estrasburgo. 
No estoy en contra de Estrasburgo. 
Desde luego no estoy en contra de Francia. 
Comprendo que Estrasburgo simboliza la paz y la unidad de nuestro continente, pero es un símbolo del siglo XX. En el siglo XXI, lamento decir que se ha convertido en un símbolo del derroche y de la ineficacia. 
Pido al Parlamento, a la Comisión y al Consejo de Ministros que encuentren una solución a este problema. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero agradecerle su interés y dedicación a las actividades de información de la Unión Europea. 
Nosotros la conocemos desde hace muchos años y sabemos de su compromiso y su dedicación, no únicamente a lo que podríamos denominar la causa europea, sino también a que la causa europea llegue realmente a los ciudadanos. 
Usted siempre, en su ámbito de acción política, ha atendido especialmente a los colectivos más sensibles: los jóvenes, las personas de edad, el mundo laboral, y ha dedicado una especial atención a los medios de comunicación. 
Nosotros apoyamos las líneas generales que aquí nos ha avanzado y que se concretarán en el documento que presentará y que ha de aprobar la Comisión Europea el próximo mes de junio. 
Ha mencionado dos aspectos en los cuales yo querría poner el acento: la dimensión regional y la eficacia. 
La finalidad de la política de información es llegar a los ciudadanos. 
Para llegar bien a los ciudadanos es preciso tener en cuenta la dimensión regional, porque es uno de los ámbitos en los que más cerca se está de la sensibilidad de la sociedad y de sus problemas. 
Por lo tanto, para que los ciudadanos entiendan y participen en la construcción europea y no la vean como una superestructura reservada a políticos y tecnócratas, es esencial que la labor de información se realice a nivel de las instituciones regionales y en colaboración con ellas. 
Esto va unido a la eficacia. 
En la revisión que está haciendo de la política de información, le ruego que tenga en cuenta la experiencia de algunos Estados miembros. 
Por ejemplo, en la campaña del euro, hubo un acuerdo en su momento entre la Comisión Europea y el Gobierno de un Estado. 
La decisión de ese Gobierno fue encargar una campaña de información sobre el euro a una compañía de publicidad muy importante. 
Esta compañía de publicidad hizo unos anuncios muy bonitos y se distribuyeron centenares de miles de folletos. 
Pero de esta manera no se llega al público, ni se es eficaz. 
Es quizás muy satisfactorio para el Gobierno porque un día hace un gran coloquio y el ministro de turno se luce ante las cámaras de televisión y sale en los diarios, pero esto no llega al público. 
Por lo tanto, es preciso asegurar la máxima descentralización posible. 
Señor Presidente, los que representamos a Escocia en esta Asamblea, nos sentimos muy agradecidos cuando este año el Parlamento decidió conceder carácter permanente a su oficina en Edimburgo. 
La Comisión ya cuenta con una oficina en aquella ciudad desde hace tiempo. 
La Comisaria se ha referido a la importancia que tienen las comunidades autonómicas, así como los Estados, en su política de comunicación. 
Lamento decir que esta semana, el diario The Scotsman ha anunciado el cierre de la oficina de su corresponsal en Bruselas para asuntos comunitarios. 
Se rumorea que la BBC de Escocia se dispone a retirar a su corresponsal especial en Bruselas. 
La Comisión y el Parlamento no son los únicos que deben replantearse su papel. Nuestros medios de comunicación también necesitan estudiar seriamente el problema que supone no informar adecuadamente a sus ciudadanos sobre los temas comunitarios. 
Permítame hacer referencia a otro caso lamentable, que es importante en el ámbito de la información y la comunicación. 
Quiero llamar la atención, una vez más, sobre el caso de los profesores universitarios de lengua italiana. 
Las nuevas tendencias en el caso demuestran que el carácter de apertura de la información y la comunicación por parte de la Comisión en este tipo de cuestiones deja mucho que desear. 
En estos procedimientos, es de importancia fundamental que la Comisión mantenga plenamente informadas a las partes interesadas, pero la práctica dista mucho de cumplir este ideal. 
Esta semana han aparecido pruebas que apuntan a que la anterior Comisión engañó deliberadamente a las partes en casos de esta naturaleza. 
He recibido una serie de notificaciones durante la actual legislatura del Parlamento que aseguraban que la Comisión se propone seriamente hacer cumplir los derechos derivados del Derecho comunitario en el caso de los profesores universitarios en lo que respecta a toda la cuestión de no discriminación. 
Es un tema que realmente debe tomarse en serio. 
Se trata de la apertura, de estar dispuestos a comunicar lo que ocurre y de informar a la población sobre la seriedad con que nos tomamos los derechos que derivan del Derecho comunitario y sobre la seriedad con que nos tomamos la necesidad de demostrar a nuestros ciudadanos y a la opinión pública la importancia de los logros alcanzados aquí. 
Me alegra que la Comisión y el Parlamento hayan contribuido a la difusión de información en Escocia y desearía que nuestros medios de comunicación hicieran lo propio. 
Señor Presidente, hay que hacer la distinción entre información y propaganda. 
La Comisión presidida por el Sr. Prodi ha empezado mal su labor informativa. 
He escuchado que la Comisión ha dado orden a sus Oficinas nacionales de concentrarse en las tareas de información política, en vez de dedicarse a informar a los ciudadanos como hacían anteriormente. 
Esto significa que se informará y se hará propaganda desde arriba hacia abajo. 
Esto quiere decir que lo que se difundirá será propaganda, y no información. 
La Comisión ha empezado mal su labor informativa en el ámbito más importante: la divulgación general de la información. 
La Comisión ha presentado un borrador de propuesta de directiva sobre el acceso público a la información que es insostenible en el contexto de los patrones generales, pues vela más por el secreto que por el incremento de la publicidad. 
Esta es la línea de la política informativa de la Comisión en lo que se refiere a la divulgación. 
La divulgación pública es tan importante como la labor informativa. 
La divulgación proporciona a los ciudadanos y a los medios de comunicación la oportunidad de acceder directamente a los documentos y de sacar sus propias conclusiones, en lugar de depender de las conclusiones deducidas por la Comisión. 
Esta contradicción entre los documentos oficiales y las conclusiones que de ellos se extraen es muy evidente. 
En los documentos figura que las tropas de gestión de crisis de la Unión Europea no son un ejército europeo, pero el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, dice que sí se trata de un ejército europeo, aunque las llamemos Margarita o Ana María. 
En semejante ambiente informativo, es importante acceder directamente a los documentos y sacar conclusiones propias, ya que ni los mismos documentos reflejan siempre el fondo de la cuestión. 
También hay que criticar las actividades informativas del Parlamento. 
El Parlamento cuenta con sus propias Oficinas de información, pero, según dicen, la Oficina de información de Finlandia no tiene bastante dinero para comprar los Tratados constitutivos, de forma que los diputados puedan consultar los Tratados en las oficinas del Parlamento. 
Existe en las oficinas un enlace de Internet. 
La conclusión que se puede extraer de esto es que los funcionarios de la Oficina de información del propio Parlamento no saben lo que ocurre en el Parlamento, a pesar de que el Parlamento tiene unas conexiones magníficas en Internet. 
Se trata, en su mayor parte, de una guerra propagandística que se está librando aquí y que, en muchos sentidos, es también una guerra civil de propaganda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, en primer lugar quisiera referirme al hecho de que la Sra. Comisaria Reding ha anunciado un cambio dramático en la estrategia de información de la UE y con ello ha hecho patente que existen deficiencias y que es preciso realizar nuevos esfuerzos y es necesario que establezcamos un punto de interés aquí, en este ámbito. 
Les doy las gracias por esto. 
En segundo lugar, quisiera indicar que nos debemos plantear la pregunta acerca de si la iniciativa de hoy por la mañana, encaminada a obstaculizar las votaciones, ha sido una estrategia positiva de información y de comunicación para el Parlamento, tanto hacia fuera como hacia dentro. 
¿Sí o no? 
Creo que no. 
Los deberes que tenemos que hacer, los hemos de hacer nosotros mismos y no debemos confundir la información y la comunicación en el marco de nuestro trabajo con la autoafirmación. 
Se trata de la afirmación de la Comunidad y no de la autoafirmación. 
En este contexto deberíamos proponernos todos entender que una de las causas de los problemas de los partidos políticos y de las instituciones es un problema de comunicación y de información. 
Nosotros- y digo esto muy claramente- las instituciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y los diputados, no podemos ser el único soporte de la información sobre Europa. 
Sin el apoyo de los Estados miembros, sin el apoyo de los mandatarios públicos en el nivel municipal, en el nivel de los Estados federados y en el nivel de la Federación, sin el apoyo de todas las instituciones no llegaremos directamente al ciudadano, pues o estamos aquí y hacemos nuestro trabajo o estamos en procesos de información y de comunicación con nuestros ciudadanos. 
No lograremos ambas cosas a la vez en el sentido de Maastricht y de Amsterdam. 
Señora Comisaria, espero de usted un plan maestro, un calendario de medidas concretas de puesta en realización. 
En esta puesta en realización deberían estar implicados los mandatarios públicos, todas las personas e instituciones que reciben dinero de la UE. 
Hemos de implicar más fuertemente a los grupos de visitantes y también dos ámbitos de actividad, los colegios y los jóvenes, que creo que pertenecen al ámbito de responsabilidad de ustedes, y el personal de los órganos de las instituciones comunitarias debe estar adecuadamente equipado. 
Por favor, preséntennos un plan concreto de medidas y un calendario. 
Gracias, señora Comisaria. 
Esta es quizá la primera vez que oigo calificar a los diputados de soldados, pero ya sabemos qué función desempeñamos aquí. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, en el reñido debate en torno al tema del quórum no he tenido ocasión de intervenir antes con mi cuestión relativa al Reglamento. 
Ayer se planteó una pregunta del Sr. MacCormick sobre el aplazamiento de la votación relativa a la organización común del mercado para los plátanos. 
Comparto las preocupaciones de nuestro colega el Sr. MacCormick. 
Hemos solicitado este aplazamiento para que permanezcamos dentro de la escena como Parlamento en el proceso de la comunicación con los Estados Unidos en el seno de la OMC. 
Si hubiéramos votado con arreglo a nuestro Reglamento no habríamos participado más como Parlamento. 
Por consiguiente, señor MacCormick- éste ya no se encuentra aquí- se trataba exactamente de esto. 
Me gustaría, ciertamente, que constase en Acta. 
Esto tiene que ver, precisamente, con el hecho de que en el ámbito agrario no tenemos todavía, como Parlamento, el derecho de codecisión y, por esa razón, hemos tenido que elegir este camino. 
Tomo nota. 
Tiene la palabra el Sr. Beysen para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, observo con cierta satisfacción que la acción subversiva de algunos de nuestros colegas para perturbar los trabajos se ha interrumpido. 
Probablemente la razón es que ya no cuentan con el apoyo de 32 diputados como mínimo. 
Sólo quiero añadir, señor Presidente, que aquí se lleva a cabo una selectividad muy peculiar, que se montan numeritos y que cuando se acaba el numerito, se acabó, pero ya se ha jugado el juego. 
Quisiera señalar también que no hay que confundir el Parlamento con un jardín de infancia, pero me temo que esa es la sensación que tendré cuando abandone esta Cámara. 
Señorías, quisiera dar comienzo al debate. 
No entremos en discusiones. 
Les explicaré qué prevé el Reglamento y dejaremos zanjada la cuestión. 
Tiene la palabra el Sr. Van Hulten. 
Señor Presidente, nuestra acción no ha acabado. 
Sólo quiero refutar que lo que queremos es interrumpir las actividades. 
Lo que queremos es garantizar que en los próximos cinco años este Parlamento pueda trabajar con más eficacia y con más credibilidad, por eso estamos haciendo lo que hacemos. 
Esperamos recibir el apoyo de todos los parlamentarios para modificar el orden del día de tal modo que en el futuro pueda ser así, tal como ha señalado esta semana en televisión, señor Presidente. 
Señor Presidente, tal vez soy un subversivo, pero quizás hay alguien más que desconoce el Reglamento, pues la solicitud de comprobación de quórum no se formula cuando comienza el debate, sino cuando se vota. 
Señor Speroni, seamos claros. 
Leo el apartado 1 del artículo 126 del Reglamento: "El Parlamento podrá deliberar y aprobar el orden del día y el acta de las sesiones, sea cual fuere el número de diputados presentes". 
Es decir, deliberar siempre se puede. 
Después, eso también voy a anunciarlo, se procede a la votaciones y en ese caso ya veremos qué ocurre. 
Yo dirijo la sesión según está previsto en el orden del día. 
Tiene la palabra la Sra. Gebhardt y espero que podamos comenzar con el punto del orden del día referente a los vuelos nocturnos. 
Señor Presidente, quisiera plantear una pregunta al estilo de Loriot: ¿Dónde están? 
¿Dónde están los que dicen que tenemos que realizar aquí un buen trabajo, que preguntan constantemente por el quórum y que- cuando hacemos aquí el trabajo sustantivo- no están presentes? 
¿Dónde están estos 32 y más, que se levantaron antes y que luego se volverán a levantar y que ahora, cuando celebramos el debate, no se hallan aquí? 
Quisiera saber realmente qué palabrería es ésta. 
Vuelos de noche y molestias sonoras 
De conformidad con el orden del orden del día se procede a la pregunta oral formulada a la Comisión por los diputados Lannoye, Auroi, Bouwman, Bowe, Cerdeira Morterero, Corbey, Costa Paolo, Deprez, Desama, González Álvarez, Guy-Quint, Izquierdo Collado, Jonckheer, Korhola, Kreissl-Dörfler, Lienemann, Lucas, McKenna, Maes, Martínez Martínez, Papayannakis, Patrie, Arvidsson, Puerta, Ries, Rod, de Roo, Sandbæk, Schroedter, Sornosa Martínez, Staes, Sterckx, Terrón i Cusí, Van Brempt, Vander Taelen, Van Lancker, Ducarme, sobre los vuelos nocturnos y las molestias sonoras en las cercanías de los aeropuertos (B5-0206/2000). 
Señor Presidente volvamos al fondo del asunto. 
Hoy en día está generalmente aceptado por las diferentes instituciones encargadas de evaluar las molestias y el impacto de estas molestias sobre la población, que aquella que peor soportan estas poblaciones es el ruido, lo cual es fácilmente comprensible cuando se sabe que la mayoría de los ciudadanos europeos está expuesta a niveles de ruido que perturban su bien estar. 
En estas condiciones, hay que deplorar la falta de diligencia de las instituciones europeas por legislar, y muy especialmente de la Comisión en proponer medidas concretas de lucha contra el ruido, así como valores límites de exposición al ruido. 
Tuvimos un libro verde en 1996 y desde entonces nada más. 
El problema del ruido, hay que decirlo, se debe considerablemente al transporte, esencialmente al transporte por carretera, pero también, y de forma cada vez más preocupante, al transporte aéreo. 
Lo que es más específico del transporte aéreo son los picos de ruido en el momento de los aterrizajes y de los despegues, problema que evidentemente se acentúa por sus consecuencias perjudiciales en periodo nocturno: los vuelos de noche, o más bien los despegues y los aterrizajes de noche, hacen, hay que decirlo, imposible conciliar el sueño a ciertos vecinos de los aeropuertos. 
¿Cuáles son las respuestas dadas al día de hoy en materia de normas para los aviones? 
Estas han sido establecidas por la Organización de la Aviación Civil Internacional por última vez en 1977. 
Nada, por lo tanto, ha sido modificado desde este punto de vista desde hace 23 años y, en lo que concierne a la renovación de la flota, queda claro que no esta en absoluto estimulada por la evolución de las normas en el sentido de un mayor rigor, de modo tal que vivimos con aviones muy viejos. 
La reciente comunicación de la Comisión sobre los transportes aéreos y el medio ambiente da cuenta de una estrategia de reducción del ruido basada a la vez en el uso de instrumentos económicos- mejor gestión del tráfico aéreo y del acceso a los aeropuertos- y de la promoción del progreso tecnológico. 
Es una buena estrategia, con el carácter de limitar el aumento de los daños, pero mi sentimiento, y creo que el de bastantes colegas, es que no permitirá, a corto plazo, alcanzar el objetivo según el cual nadie debería estar expuesto a niveles de ruido tales que pongan en peligro la salud y la calidad de la vida. 
Frente a esta situación un cierto número de países y de regiones han adoptado medidas de limitación del acceso a los aeropuertos por la noche. 
Por desgracia, esto se ha hecho dentro de un cierto desorden, lo que acarrea una reacción, a mis ojos peligrosa, de ciertas empresas de transporte, en particular de transporte de correo y de carga: enarbolan la amenaza de la deslocalización y crean así una cierta inseguridad económica en las regiones concernidas. 
Creo por lo tanto que una respuesta que se impone es la armonización al nivel europeo: no se trata, por supuesto, de uniformizar, porque hay diferencias regionales, pero hace falta un tronco común para los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 
Creo también que el desarrollo de actividades nocturnas de transporte aéreo, que son inevitablemente ruidosas cualquiera que sea el estado de la tecnología, es ciertamente algo que debe ser enmarcado y limitado. 
Deseo por ello que la Comisión tome iniciativas a este respecto. 
No he intervenido en el debate de hace un rato y, con su permiso, quisiera decir unas palabras acerca de la votación. 
Personalmente prefiero una votación que sea el resultado de la participación de numerosos colegas a una de treinta o cuarenta diputados el viernes a mediodía. 
A mí me incomoda porque una resolución votada por pocos diputados tiene muy poco peso. 
He participado en la acción de esta mañana y no me ha gustado ser criticada por algunos colegas que consideran que es una maniobra dirigida contra Estrasburgo. 
No estoy en absoluto en contra de Estrasburgo, al contrario. 
No quiero que Estrasburgo pierda las sesiones que se desarrollan normalmente de lunes a viernes. 
. (FR) Señor Presidente, le agradezco al Sr. Lannoye esta iniciativa y el que haya lanzado el debate en este recinto sobre un tema que me parece muy importante. 
Uno de los objetivos de la comunicación de la Comisión, "los transportes aéreos y el medio ambiente, hacia un desarrollo sostenible", es justamente lanzar el debate acerca de la oportunidad de poner en pie un marco comunitario para los procedimientos decisorios relativos a las restricciones a la explotación que deberán imponerse a los aeropuertos de la Unión por motivos ligados al medio ambiente. 
A lo largo del debate que va a proseguir en las distintas instituciones, el Consejo de ministros y el Parlamento tendrán ocasión de pronunciarse sobre esta comunicación en general y sobre aspectos específicos tales como los vuelos de noche. 
Tal y como lo ha señalado en dicha comunicación, la Comisión ve con dificultad cómo reglas uniformes y obligatorias en materia de explotación, que se aplicasen a todos los aeropuertos comunitarios, como sería el caso, por ejemplo, de la prohibición de los vuelos nocturnos, cómo una acción de este tipo podría conllevar la solución más equilibrada al problema de las molestias de ruido imputadas a ciertos aeropuertos. 
La Comisión sostiene que las decisiones deberían seguir siendo tomadas en el nivel local. 
No obstante, también opina que sería necesario un marco común para los procedimientos que den lugar a tales decisiones, a fin de que cuando una región decida prohibir el vuelo nocturno, por ejemplo, lo haga del mismo modo que una región similar situada un poco más lejos. 
Este marco podría prever una consulta obligatoria de todas las partes interesadas, un plazo suficiente para adaptarse a nuevas restricciones así como una base común de evaluación de la eficacia ecológica de las medidas de restricción de explotación planteadas. 
Quisiera también decir unas palabras acerca de los hushkits. 
En lo que concierne a la cuestión de la retirada acelerada de los aviones más ruidosos, la Comisión sigue comprometida con los trabajos en curso en el seno de la Organización de la Aviación Civil Internacional que conciernen la elaboración de una nueva norma sobre el ruido y las reglas de retirada de los aviones más antiguos. 
Si todo va bien, y así lo esperamos, estos trabajos culminaran con la adopción, en septiembre del 2001 por la 33 asamblea de la OACI, de nuevas reglas internacionales obligatorias en materia de ruido. 
Con respecto al reglamento sobre los hushkits, que se contenta con una congelación de la situación actual en lo que concierne los aviones cuyo certificado haya sido renovado, verdaderas reglas internacionales que persigan la retirada progresiva de estos aparatos producirían mejores resultados en cuanto a la protección del medio ambiente. 
Mientras tanto, a la vista del rechazo de los Estados Unidos de abstenerse de una acción contra el reglamento de los hushkits, las disposiciones de este último reglamento a la no-adición entrarán en vigor el próximo 4 de mayo. 
Teniendo en cuenta que las disposiciones relativas a la prohibición de la utilización de aeronaves no matriculadas en terceros países no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2002, la evaluación por la Comisión de las conclusiones de la 33 asamblea de la Organización de la Aviación Civil Internacional proporcionará los elementos necesarios para valorar entonces la oportunidad de reemplazar el reglamento sobre los hushkits por reglas de retirada progresiva adoptadas a escala internacional. 
Todo esto está en movimiento, la Comisión trabaja en ello y le agradece al Parlamento su comprensión y su colaboración en este campo. 
He recibido cuatro propuestas de resolución conforme al apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar después del debate. 
Señor Presidente, la contaminación acústica producida por el ruido de los aviones es un tema de gran actualidad. 
Recientemente hemos tratado el tema de los dispositivos de insonorización. 
Subrayo las declaraciones de la Sra. Comisaria de que el Reglamento, tal como está establecido, entrará en vigor sin falta el 4 de mayo. 
Señor Presidente, no sólo los hushkits son causa de preocupación. 
En general cabe constatar que, a causa del incremento del transporte aéreo, sobre todo para los ciudadanos que viven en las cercanías de los aeropuertos, la contaminación la acústica está aumentando de modo alarmante. En particular, por las noches el exceso de ruido es considerable. 
Es necesario debe limitar rigurosamente el número de vuelos nocturnos. 
Ahora bien ¿cuándo se considera que es de noche? 
En el aeropuerto de Düsseldorf empieza la noche a las 22.00 horas, según el Sr. Florenz. 
En los Países Bajos en este sentido hay mucha más creatividad, y la noche empieza a la una de la madrugada, y a eso no lo llamamos noche, lo denominamos franja nocturna. 
Señor Presidente, en cualquier caso, con esto quiero decir que necesitamos un enfoque coherente de la contaminación acústica en lo referente al transporte de pasajeros y de mercancías, porque cada Estado miembro mantiene en la actualidad reglamentaciones muy divergentes. 
El resultado de dichas reglamentaciones divergentes tiene como consecuencia directa e indeseable que los aeropuertos compitan entre sí: si soy lo más flexible que puedo, conseguiré absorber mucha cuota de transporte de mercancías. 
¿Y quién paga los platos rotos? Los ciudadanos que viven en los alrededores. 
Señor Presidente, entonces ¿qué necesitamos? 
Necesitamos en primer lugar un planteamiento que ataje el problema del ruido en la fuente, es decir, también el ruido de las aeronaves. 
Esto significa investigar debidamente en motores que hagan menos ruido. 
Esto significa imponer prohibiciones, significa establecer normas internacionales. 
Pero también significa que necesitamos un reglamento marco europeo. 
Un reglamento marco que garantice la medición, la normalización y la zonificación, de tal manera que en todos los aeropuertos europeos se actúe del mismo modo. 
Lo que pedimos- y no es la primera vez, ya lo hicimos hace dos años y medio con el informe sobre la contaminación acústica que fue defendido entonces por la diputada Carmen Diez de Rivera- es una reglamentación. 
Señora Comisaria, señora Reding- representa usted en este momento a la Sra. de Palacio- dice usted que es muy oneroso, pero yo no le estoy pidiendo una prohibición, no le estoy pidiendo que prohiba los vuelos nocturnos. 
Lo que le pido es que no dejemos parado este tema y que atendamos a lo que el Parlamento ha solicitado más de una vez. Ha habido una única enmienda, presentada en nombre del PPE. 
Así pues, velemos por que se elabore una directiva europea, apoyada por el aire fresco que ha aportado la Sra. Loyola de Palacio, para que podamos ofrecer finalmente a nuestros ciudadanos lo que les corresponde. 
Que es la posibilidad del silencio nocturno, y eso significa adoptar una adecuada zonificación, un adecuado aislamiento y una adecuada reglamentación en Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la industria del transporte aéreo es una industria en crecimiento y en rápido auge dentro de la Unión. 
Esto, evidentemente, conlleva muchos beneficios pero también muchos aspectos negativos. 
Me gustaría señalar que si Europa no trata esta cuestión se establecerá una competencia feroz en la elección entre la calidad de vida y los aspectos económicos y sociales. 
La cuestión es: ¿podemos y queremos que nuestros ciudadanos puedan disfrutar de un saludable descanso nocturno, e incluso, por qué no, un saludable descanso diurno? 
Permítanme que me detenga en el problema de la contaminación en el aeropuerto de mi propio país, un aeropuerto que todos ustedes frecuentan a menudo. 
La contaminación acústica de Zaventem ha traspasado hace mucho la barrera de lo tolerable. 
La calidad de vida y de sueño de los habitantes que viven en las proximidades ha descendido a cotas inimaginables. 
La solución de este problema ha suscitado mucha polémica en Bélgica, también en el gobierno. Ya saben que en este gobierno hay representantes azules, verdes y rojos. 
El ministro ecologista ha tenido el valor de decretar una prohibición total de vuelos nocturnos. 
De inmediato Bélgica resultó demasiado pequeña para dar cabida al formidable revuelo que se levantó. 
Señora Comisaria, Señorías, se puede ser rojiverde de corazón, y les aseguro que yo lo soy. 
Yo quiero que la vida y la calidad de vida de todos siga aumentando en la medida de lo posible. 
Esto es muy bonito en teoría, pero en la práctica a veces es muy difícil de conseguir. 
¿Qué es peor, dormir muy cansado o muy mal una noche sí y otra no, o perder de un día para otro el trabajo y los ingresos? 
La sociedad aeroportuaria que opera en Zaventem ha amenazado siempre con la supresión de cientos o más puestos de trabajo. 
Sindicatos y empresarios se ponen repentinamente del mismo lado. 
Entretanto se ha hallado una solución en Bélgica: una combinación de medidas en la que hay una limitación del ruido en la fuente, medidas estrictas para controlar el ruido y una serie de medidas de infraestructura de planeamiento urbanístico, como la posibilidad de aislar acústicamente los hogares. 
Es una mejora, pero no es ninguna solución. 
Sigue habiendo muchos ciudadanos que son víctimas de un exceso de ruido en su dormitorio. 
En este aspecto, Bélgica, junto con otros Estados miembros, toma la iniciativa en el debate, y la pregunta que se plantea es; ¿será el país, junto con las empresas y los hombres que trabajan y viven en él, víctima de esta situación? 
La única manera de evitarlo es abordar a nivel europeo el problema de los vuelos nocturnos y la contaminación acústica. 
Eso es lo que pedimos, y observo- y me congratulo sinceramente por ello- que todos los colores de este Parlamento piden lo mismo y espero que la Comisión no haga oídos sordos a la petición. 
Europa tiene que dirimir el falso dilema entre economía, aspectos sociales y ecología. 
Queremos un método normalizado para calcular la contaminación acústica en la Unión. 
Queremos normas uniformes y un reglamento adecuado para el cálculo de los costes. 
Sobre todo queremos criterios que determinen cuándo puede introducirse una prohibición de vuelos nocturnos en la Unión. 
En una reciente comunicación de la Comisión sobre el transporte aéreo y el medio ambiente se perfilaba ya una primera estrategia. 
Esto está bien, pero no es suficiente. 
En primer lugar, como ya ha dicho la Sra. Lannoye, no ofrece ninguna solución al problema en este momento. 
En segundo lugar, es sólo una comunicación, y nosotros queremos legislación en toda regla de la Comisión, como es sabido que pueden hacer. 
Me temo que la Comisaria que sustituye a la Comisaria de Palacio considera que es muy difícil plantear una prohibición nocturna. 
Opino que con un poco de buena voluntad se puede hacer. 
Espero con expectación su respuesta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Sr. Lannoye ha dicho hace un momento que el ruido es un problema de todos los medios de transporte, pero que en los aviones es muy específico porque está muy concentrado. 
En su comunicación sobre los aeropuertos y el medio ambiente, la Comisión señala una serie de aspectos sobre la política en materia de ruido, entre otras- como nos ha repetido usted- que rige el principio de subsidiariedad, es decir, que es preciso hacer adaptaciones locales sin que la Unión Europea regule todos los aspectos; no obstante, también me gustaría oír de parte de la Comisión que hay garantías de que no se producen distorsiones de la competencia. 
Una idea interesante de la comunicación es establecer una lista de clasificación, no sólo de aeronaves, sino también de aeropuertos. Y esto quiere decir que hay aeropuertos más sensibles al ruido y que en ellos no se permiten una serie de cosas que sí se permiten en otros aeropuertos que no son tan sensibles al ruido. 
Ahora, tal como ha dicho claramente la Sra. Van Brempt, nos hallamos ante un dilema. 
Es evidente que hay una serie de empresas y un sector económico determinado que no puede trabajar si no hay vuelos nocturnos y que, si se les plantea el supuesto de que no pueden volar por la noche dirán que entonces tendrán que interrumpir su actividad, porque no pueden ofrecer sus servicios. 
Ahora bien, nuestra pregunta es: ¿cómo se pueden combinar ambas cosas? 
La Comisión tiene que velar por que en su reglamento no se produzcan distorsiones de la competencia entre los aeropuertos de los distintos países. 
La Sra. Van Brempt ha expuesto claramente qué dilema se le planteaba al gobierno belga. 
Está entre la espada y la pared. El gobierno belga ha adoptado una serie de medidas, pero quizá sería más útil que la Comisión elaborara una especie de lista de sociedades aeroportuarias buenas y malas en materia de ruido, las que invierten en la lucha contra el ruido, las que pueden presentar un buen resultado en la lucha contra el ruido y las que no pueden, las que no han hecho lo posible, y tomara medidas en consecuencia. 
Porque una cosa es evidente: hay que penalizar el ruido. 
Es decir, debe ser más caro volar con determinadas aeronaves y debe ser imposible volar con determinados aviones, por ejemplo de noche. 
Naturalmente lo mejor sería tener una prohibición total, pero ¿podemos hacerlo y, llegado el caso, debemos hacerlo? 
La Comisión tiene que darnos una respuesta. 
Ahora bien, actualmente no hay un marco europeo- usted mismo ha dicho que es preciso adoptar uno- pero mi pregunta es ¿cuándo? 
¿Cuándo lo tendremos? 
Ahora tenemos una comunicación, pronto tendremos el informe de la Sra. Lucas sobre el tráfico aéreo y medio ambiente, pero ¿cuándo tendremos la reglamentación, cuándo tendremos un marco que sea suficientemente claro para cada Estado miembro de modo que no se produzcan distorsiones de la competencia? 
¿No sería útil, por ejemplo, examinar las mejores prácticas- como actualmente está de moda llamarlas- para saber qué hace cada aeropuerto? 
Eso ya sería algo. 
Por ejemplo, en Schipol hay una especie de oficina de reclamaciones en materia de ruido. Otros aeropuertos no tienen esto y quizá les sería útil crear una. 
En consecuencia, es preciso intercambiar información entre los diferentes aeropuertos de la Unión Europea en los que se lucha contra el mismo problema. 
Quisiera pedir a la Comisión que actúe con más celeridad y que no espere a adoptar medidas legislativas, sino que adopte otras medidas que permitan unir a los hombres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ayer los vecinos de los suburbios de Estrasburgo han empujado a los dirigentes a rechazar el proyecto del distribuidor DHL, muy conocido por sus transportes aéreos, de instalarse en el aeropuerto de Estrasbugo-Entzheim. 
Hoy esta sociedad intenta una implantación insidiosa en el aeropuerto regional de Nancy-Metz, que ha sido escogido por tratarse de una zona rural donde la densidad de la población podría hacer creer en una movilización popular más débil. 
Ahora bien, no ha pasado eso. 
Además en cuestión de perjuicios acústicos y de salud pública en general no cabe hacer distinciones entre rurales y urbanos: todo ciudadano tiene derecho al reposo nocturno. 
También pienso en los vecinos que se movilizan alrededor de Roissy, Satolas y Milán, que ha quedado entrampado por las redes transeuropeas que no han tomado en consideración la degradación de las condiciones de vida de sus habitantes. 
Con la explosión del tráfico aéreo y la explosión de la nueva economía, imagino especialmente un nuevo aumento del transporte de carga en el futuro. La Unión debe reaccionar y la Comisión debe proponer medidas concretas para tener en cuenta las aspiraciones legítimas de nuestros conciudadanos. 
La política de transportes debe ser revisada por entero para controlar, incluso reducir, los transportes aéreos y sus perjuicios. 
Estudiar el impacto acústico de los aeropuertos, eso no se ha hecho. 
Traspasar el transporte de carga de corto recorrido al ferrocarril, eso es algo indispensable. 
Y personalmente estoy por la supresión de los vuelos nocturnos para respetar el descanso nocturno de los vecinos de alrededor de los aeropuertos, porque ya soportan los perjuicios a lo largo de todo el día. 
Estas tres cuestiones están realmente entre las urgencias a tener en cuenta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hace ya tiempo que las poblaciones cercanas al aeropuerto de Barajas, en Madrid, cada vez que hay una ampliación del aeropuerto protestan por diversas razones, fundamentalmente por la contaminación acústica. 
Calculo que otras poblaciones cercanas a cualquier aeropuerto de grandes ciudades tendrán el mismo problema. 
Sé que en los últimos dos meses el Gobierno de Madrid ha propuesto una reducción de los vuelos nocturnos, a partir de las 11 de la noche, pero también sé que las medidas que se tomaron no han tenido un efecto importante en la calidad de vida de la población. 
Esperemos que mejore. 
De ahí, la oportunidad de este debate, que hay que agradecer a nuestro colega Paul Lannoye. 
De la propuesta de resolución común quisiera destacar algunas de las propuestas- valga la redundancia -, de las que me parece que debiera tomar nota la Comisión Europea si quiere rebajar la contaminación acústica: un programa global e integrado para la disminución de la contaminación acústica que debería dar lugar a una directiva marco con medidas concretas y vinculantes; la aplicación uniforme de esas medidas a todos los Estados miembros para que no haya distorsiones; un marco comunitario para la clasificación del ruido que permita tomar medidas con una asignación rigurosa de franjas horarias y reducción de vuelos; y avanzar hacia el establecimiento de un espacio aéreo común, que no está reñido con las medidas locales o regionales. 
En el Quinto programa marco de investigación sería necesario llevar a cabo una investigación sobre el diseño de los aviones, con objeto disminuir su incidencia en la contaminación acústica. 
Se debe trabajar también sobre la disminución o desaparición de los vuelos nocturnos y el fomento del ferrocarril. 
La verdad, señor Presidente, si a todo el mundo le gustaran tan poco como a mí los aviones y viajara tanto en ferrocarril como yo, quizá tuviéramos menos problemas. 
Todo este trabajo se debería hacer en colaboración con las poblaciones y con las asociaciones de vecinos que ya están impulsando en toda Europa, como en España, la disminución de la contaminación acústica, de otras contaminaciones y la reducción del enorme aumento de la demanda del tráfico aéreo. 
Se debería colaborar asimismo en la elaboración de un mapa de ruidos en las localidades que pudiera concluir al fin en un trabajo serio de la Comunidad Europea en favor de la disminución de la contaminación acústica que aumenta por la demanda. 
Señor Presidente, vivo a diez kilómetros en línea recta del aeropuerto de Malpensa y he desarrollado toda mi actividad profesional como tripulante de aviones, por lo tanto, vivo bastante intensamente esta problemática. 
Antes que nada debo decir que muchos de los problemas se deben a una planificación errónea o a la falta total de la misma. 
Los aeropuertos han sido construidos a la buena de Dios y también las ciudades- o algunos de sus barrios- se han desarrollado en las cercanías de las instalaciones aeroporturias sin considerar en concreto el impacto medioambiental. 
La ordenación territorial es algo muy reciente, mientras que los aeropuertos existen desde hace muchos años. Con referencia a Malpensa, hemos de pensar que los primeros vuelos se remontan al año 1910. 
Ciertamente hay otras instalaciones que producen molestias a la población- pienso, por ejemplo, en los vertidos de residuos para los cuales se utiliza una vieja cantera, sin ninguna programación- sin embargo, en lo que a los aeropuertos se refiere, las consecuencias las vemos todos los días, por no decir, que más que verlas las oímos. 
Hay que hablar asimismo de mala información. 
Por ejemplo, he notado que muchos acusan los vuelos de carga. 
Pues bien, el vuelo de carga no es ni más ruidoso ni menos ruidoso que los vuelos de pasajeros; depende únicamente del tipo de avión y no de lo que transporta: un Boeing 747 de carga es mucho menos ruidoso que un Boeing 727 de pasajeros. 
En consecuencia, también a la hora de debatir conviene tener un conocimiento exacto de la materia. 
El marco normativo es muy complejo: tal vez tenemos aquí la aplicación del principio de subsidiariedad en su sentido más amplio, incluso más allá de la Unión Europea, ya que las normas las establece la Organización de la Aviación Civil Internacional que es un órgano supranacional. 
He apreciado las palabras de la Sra. Comisaria cuando se ha hecho referencia a un marco normativo europeo. 
Por ejemplo, habría que establecer- como decía una colega- qué se entiende por "noche": ¿la noche comienza a las 22.00 horas o a medianoche? 
¿Acaba a las 5.00 o a las 7.00 horas? 
Esto es algo que hay que tener en cuenta. 
En cambio, otra cosa muy distinta es la actuación de las autoridades locales, porque cada aeropuerto tiene sus características. 
Incluso dentro del mismo aeropuerto, según la pista utilizada, el impacto es diferente; pensemos en la pista nº 25 del aeropuerto de Fiumicino que da al mar y que, por lo tanto, no causa molestias a nadie. Si un avión despegara de la pista nº 16 derecha del mismo aeropuerto, molestaría a unas 500.000 personas que viven en las cercanías de Ostia y de Fiumicino. 
Por lo tanto, también en este caso es importante la actuación de las autoridades locales, repito, en un marco normativo general europeo. 
Con todo, por lo que se refiere a los vuelos nocturnos, considero que es bastante factible eliminarlos, prohibirlos teniendo en cuenta, repito, las características locales y el tipo de avión. 
Y el hecho de que éste tenga montado un silenciador de origen o posteriormente no debería ser muy diferente: se miden los decibelios que brotan de los motores y luego se evalúa si este avión es silencioso o no lo es, independientemente del año de fabricación o del tipo de silenciador utilizado. 
En todo caso, repito, el problema hay que examinarlo globalmente y no sólo pormenorizadamente. 
Señor Presidente, la contaminación acústica producida por las aeronaves fundamentalmente constituye un problema para los hombres que viven en las cercanías de los aeropuertos. 
En principio este problema debería solucionarse a nivel local, es decir, conforme a las competencias de los aeropuertos correspondientes. 
En los diferentes aeropuertos ya se ha actuado en el sentido de prohibir volar a la mayoría de las aeronaves ruidosas o de prohibir determinados vuelos nocturnos. 
No obstante, esta solución no es suficiente en vista de la cantidad de aeronaves que se fabrican en el mercado mundial. 
La competencia impide este tipo de soluciones, porque uno de los efectos secundarios es que se producirá más unido en otros aeropuertos. En resumen, no hacemos sino desplazar el problema. 
Desde el punto de vista técnico el problema no es tan grave. 
Los medios de la técnica moderna hacen posible fabricar aeronaves que hacen seis veces menos ruido que los aviones de hace cuarenta años. 
Teniendo en cuenta que la vida útil de los aviones es de unos treinta años, el efecto de estas mejoras técnicas tardará en apreciarse. 
La cuestión es si esta larga espera es deseable, y a mi juicio no lo es. 
Si queremos realmente hacer algo con respecto al ruido de los aviones, las mejoras técnicas tienen que ir mucho más deprisa. 
Los costes adicionales que ello entraña se imputarán al usuario, que tendrá que pagar un billete de avión más caro. 
El usuario tiene que ser plenamente consciente de los costes reales, incluidos los costes medioambientales, de las aeronaves. 
Naturalmente, en interés de una competencia leal, esto tiene que realizarse a nivel internacional. 
La propuesta de la resolución, en la que entre otras cosas se insta a hacer comprensible la medición de los sistemas de insonorización en los distintos aeropuertos, es un paso en la buena dirección. 
Las otras propuestas de reducción de la contaminación acústica también cuentan con mi apoyo. 
Debe quedar claro que la solución más adecuada es contabilizar los costes medioambientales reales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las manifestaciones que ha realizado esta mañana han mostrado que necesitamos autopistas rápidas de datos, pero necesitamos también un transporte aéreo eficaz en Europa para seguir siendo competitivos. 
Es evidente que en nuestros países, tan densamente poblados, esto conducirá sin duda a una creciente sobrecarga para los ciudadanos. 
Quiero apoyar a todos los que han afirmado aquí que las soluciones sólo pueden ser encontradas conjuntamente. 
Procedo de la región que se extiende alrededor del aeropuerto Colonia-Bonn, una región muy densamente poblada. 
Hemos intentado limitar la sobrecarga acústica sobre los ciudadanos. 
Cada intento serio fue respondido por las empresas con el anuncio de trasladarse a otro aeropuerto. 
Los aeropuertos de Lüttich y Maastricht se encuentran en un círculo de apenas 200 kilómetros. 
A las empresas les da casi igual dónde despegan y aterrizan sus vuelos de transporte de mercancías. 
Por esta razón quisiera solicitar urgentemente que se alcancen soluciones conjuntas que logren ambas metas: una industria aeronáutica en Europa y la suficiente protección acústica para nuestros ciudadanos en las cercanías de los aeropuertos. 
Sin embargo señora Comisaria, en el informe de la Comisión he leído que no se han cumplido aún algunos prerrequisitos básicos para esto. 
En primer lugar, tal como demuestra el informe, no existe aún una metodología común para medir el ruido de los aviones y, en segundo lugar, tampoco existe una metodología común para la vigilancia de los datos de salida. 
Por esta razón pido lo siguiente: en su informe usted ha propuesto a la Comisión pasos concretos. 
En el mismo usted ha mencionado también fechas, el año 2001 para que caduque la antigua normativa relativa a emisiones acústicas en los aviones viejos. 
Usted ha anunciado una estrategia- lo celebro- acerca de cómo a partir de datos objetivos se puede lograr la descongestión en aeropuertos especialmente congestionados. 
Sin embargo, usted no ha mencionado ninguna fecha para esto. 
Mi ruego a la Comisión, unido al de las regiones y en interés de las empresas y de los ciudadanos afectados, es que indique en este punto unas fechas con las que todos podamos trabajar luego conjuntamente. 
Señora Comisaria, señor Presidente, queridos colegas, esta cuestión de los vuelos nocturnos que abordamos hoy, y más generalmente, la de los perjuicios acústicos causados por los despegues y los aterrizajes de aviones en las zonas aeroportuarias, es una cuestión absolutamente delicada; concierne diferentes ámbitos que deben ser discutidos. 
Delicada, nos reconduce a un problema recurrente al cual están confrontados el conjunto de los dirigentes y de los políticos, ya sean locales, nacionales, y hoy europeos, que es saber ¿cómo conciliar el desarrollo económico con la protección de la salud y el marco de vida de nuestros conciudadanos? 
Son en realidad los ámbitos concernidos, el ámbito técnico, el económico y el reglamentario. 
Aunque se han realizado progresos indiscutibles en el plano técnico, nuevos progresos son indispensables para renovar las flotas, en particular en lo que afecta los aviones de carga. 
La Unión Europea debe perseverar en su esfuerzo en materia de investigación y de desarrollo tecnológico, los medios para sus ambiciones en el ámbito de las normas que deben establecerse, fomentar financieramente y técnicamente el conjunto de los estudios y de los programas que permiten disponer de datos comunes y avanzar hacia una modernización de los aparatos de suerte que se limiten los perjurios medioambientales. 
Pero al mismo tiempo se plantea la cuestión económica. 
Las zonas aeroportuarias son zonas de actividad intensa y de atracción. Nuestra preocupación por preservar el empleo, reafirmada en Lisboa, no nos autoriza a eludir esta cuestión. 
La utilización de las plataformas existentes, la puesta en pie de nuevas infraestructuras debe hacerse también en el marco de los instrumentos jurídicos que son los planes de ocupación de los suelos específicos de ciertas zonas y de ordenación del territorio. 
Finalmente, hablando reglamentariamente, una armonización estricta- en ausencia quizás de reglas uniformes a escala europea- en términos de control, de limitación del tráfico nocturno, debe ser la regla para impedir, en el seno de la Unión, los fenómenos de dumping que conocemos y que están ligados a las decisiones tomadas simplemente al nivel local. 
No podemos darnos por satisfechos con todo ello y los ciudadanos esperan que haya decisiones, dentro del marco de una agenda relativamente próxima, que puedan ser llevadas a cabo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, brevemente un par de observaciones a propósito de nuestra resolución común. 
Hablamos de vuelos nocturnos, hablamos de molestias sonoras y, sobre todo, hablamos de trastornos del sueño. 
Como investigador durante años de los efectos sociales del trabajo industrial, sobre todo del trabajo por turnos, conozco- y científicamente está demostrado más que suficientemente- la gravedad de los trastornos del ritmo del sueño y las restricciones de la capacidad de dormir. 
En este contexto, todo el debate, como ha mencionado la Sra. Oomen, sobre las franjas nocturnas, sobre la manera en que discutimos sobre ello y en que no están armonizadas, refleja un problema realmente grave. 
En los próximos tiempos debemos debatir ampliamente en la comisión los aspectos más generales del transporte aéreo y el medio ambiente, especialmente los sistemas comunitarios de clasificación del ruido, la manera en que podemos aplicar incentivos económicos en materia de ruido, la manera en que podemos elaborar normas para reducir el ruido de los aviones. 
No obstante, hasta ahora el debate adolece de una deficiencia, y es que tenemos que tener el valor político para hablar de restricciones, incluso de prohibición, de los vuelos nocturnos durante un periodo determinado, y celebrar acuerdos comunitarios en la materia. 
Señor Presidente, desde luego, no es ninguna coincidencia que tantos colegas belgas tomen hoy la palabra en este debate. 
El problema de los vuelos nocturnos en un país tan densamente poblado como Bélgica es un tema verdaderamente actual y muy sensible. Sobre todo desde que el ministro de transportes belga decretó una prohibición de los vuelos nocturnos en Zaventem e inmediatamente se suscitó un revuelo considerable dentro del gobierno. 
Creo que la Sra. Van Brempt ha expuesto de modo excelente el dilema. 
Miles de personas viven y duermen a un tiro de piedra de las pistas de aterrizaje y despegue. 
El 15% de población sufre las consecuencias del ruido de los aviones. 
Los informes médicos han señalado que en las zonas circundantes a los aeropuertos se producen problemas de salud inaceptablemente graves, como insomnio, alta tensión, estrés y depresiones. 
Prohibir los vuelos nocturnos en un solo país no tiene ningún sentido. 
Sociedades como DHL se establecerían en los aeropuertos de otros Estados miembros. 
En consecuencia se corre el peligro de apostar como baza la calidad de vida de los ciudadanos. 
Las medidas para limitar el ruido no deben ser un elemento de distorsión de la competencia, como ha aducido justificadamente el Sr. Sterckx. 
Sobre todo el aumento de aparatos rusos ruidosos anticuados y no catalogados que producen un nivel de ruido inaceptable, por no hablar del peligro para el medio ambiente y la seguridad que entrañan estos aviones. 
En mi ciudad, Ostende, donde el aeropuerto está en medio de la ciudad, ha habido más de 50 incidentes, sobre todo con daños materiales. 
Apoyo a la Sra. Oomen en la defensa de un reglamento marco uniforme que proteja los intereses de la economía y el empleo a la vez que respeta la salud pública, el medio ambiente y la seguridad. Un reglamento que se aplique a todos los aeropuertos europeos. 
El marco comunitario anunciado y prometido para la clasificación del ruido de los aviones nunca será suficientemente rápido, señora Comisaria, sobre todo viendo la situación de Rusia. 
Espero que la Comisión Europea no se mueva ni un ápice de la posición que ha tomado con respecto a los hushkits y no se deje influir por la presión de los Estados Unidos. 
Por último querría llamar la atención sobre los problemas específicos de los pequeños aeropuertos regionales. Tienen muchas dificultades para seguir siendo rentables y no tienen la capacidad de hacer las inversiones necesarias para limitar el ruido. 
Por eso pido que Europa, en la medida de lo posible, ayude económicamente a la viabilidad de los aeropuertos, pero sobre todo a la viabilidad de los habitantes que residen en las cercanías. 
. (FR) Señor Presidente, he tomado buena nota de todas las consideraciones hechas por sus Señorías y daré cuenta de ellas a mi colega responsable del transporte. 
He comprendido muy bien el mensaje que ha sido emitido por el Parlamento, el cual esta en su papel, porque la mayoría de los parlamentarios que han tomado la palabra defienden los intereses de los ciudadanos que viven muy cerca de un aeropuerto. 
Por otro lado se ha dicho, con justa causa, que los aeropuertos son factores económicos y que habría un gran peligro, si se empieza a establecer prohibiciones, de que ello tuviese repercusiones negativas sobre el empleo. 
La cuestión que se plantea, evidentemente, es la de saber como se concilian economía y bien estar. 
Esta claro que los perjuicios acústicos causados por los vuelos nocturnos varían de un aeropuerto a otro, en función de la topografía del lugar y en función de la densidad de la población. 
Por esta razón la Comisión, por el momento, no va en la dirección de una prohibición armonizada de estos vuelos. 
Además, muy pocos aeropuertos dentro de la Comunidad practican el toque de queda. 
Entre los grandes aeropuertos sólo Paris-Orly impone una prohibición total de los vuelos de noche. 
Munich y Berlin-Tegel limitan las operaciones nocturnas a los transportes de correos. 
Por lo tanto una prohibición general de los vuelos de noche perturbaría seriamente las actividades del transporte aéreo. 
La mayoría de los grandes aeropuertos imponen restricciones de explotación o recurren a instrumentos económicos para reducir la explotación de los tipos de aeronaves más ruidosas. 
Hay efectivamente una serie de soluciones sustitutivas de la prohibición de los vuelos de noche a las cuales distintos aeropuertos pueden recurrir y que son todas ellas compatibles con la legislación comunitaria relativa al acceso al mercado. 
Puedo citar especialmente, un sistema de cuota de ruido, tal y como el que se aplica por los aeropuertos de Londres, o la prohibición de utilizar por la noche las pistas más ruidosas. 
Un parlamentario ha hablado de ello con conocimiento de causa. 
También está la utilización de las rutas aéreas que producen menos contaminación acústica y que evitan las zonas sensibles durante los aterrizajes y los despegues. Una prohibición parcial de las aeronaves más ruidosas, y la aplicación de tasas de aeropuerto diferenciadas en función de las prestaciones ecológicas del avión. 
Todo ello, señor Presidente, en cuanto a la situación actual. 
Una cuestión se plantea ahora: ¿Cómo vamos a proceder en el futuro, y sobre todo, cuándo vamos a actuar? 
En la comunicación relativa a los transportes aéreos y el medio ambiente encontramos, en las páginas 34 y 35, un plan de acción que comporta plazos muy precisos. 
No voy a citarlos todos aquí. 
Tienen ustedes esos documentos. 
Pero todo esto les demuestra que la Comisión no tiene en absoluto la intención de retrasar ad calendas grecas las decisiones en la materia. 
Hay fechas precisas con las cuales la Comisión se ha comprometido. 
En cuanto al tema del marco reglamentario, está previsto que se presente al final de este año, a más tardar al principio del año próximo. 
Este marco armonizado podría comprender, entre otros, unos puntos de referencia comunes para medir el nivel acústico de las operaciones objeto de la limitación o de la prohibición, una disposición que busca dar a los empresarios suficiente tiempo para adaptarse a las nuevas restricciones impuestas en la explotación, y la creación de un derecho para los vecinos de los aeropuertos a pedir ser consultados y negociar los objetivos de la reducción de ruido. 
Las medidas económicas propuestas permiten igualmente un trato diferenciado entre las compañías aéreas sobre la base de las características de los aviones utilizados. 
La Comisión considera igualmente la elaboración de un código de conducta apoyándose en las mejores prácticas actuales. 
Aún quisiera responder a la pregunta referida a la elaboración de una nueva norma acústica. 
La OACI trabaja actualmente en la elaboración de norma, que es muy necesaria ya que las normas actuales datan de 1977- una eternidad. 
Teniendo en cuenta la larga vida de un avión- treinta años- es evidente que una nueva norma no podrá producir sus efectos sino a largo plazo. 
Es por ello por lo que estas nuevas normas, y así lo queremos, deberían ser suficientemente ambiciosas para contrapesar la incidencia creciente en el medio ambiente del fuerte crecimiento de los transportes aéreos. 
A corto plazo, unas reglas que permitan la retirada progresiva, aunque rápida, de las aeronaves más antiguas y de las más ruidosas constituye, desde el punto de vista de la Comisión, la solución apropiada, en especial en lo que se refiere a los aeropuertos que tienen problemas de capacidad en razón de las obligaciones medioambientales. 
Y la mejor manera de asegurar una eficacia ecológica a estas reglas consiste en actuar a escala mundial en el marco de la Organización de la aviación civil internacional, cosa en la cual la Comisión pone su empeño, paralelamente con las decisiones que se deben tomar exclusivamente en Europa. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La resolución común que se propone se beneficia, creo yo, del asentimiento de todos los Grupos políticos. 
No hay por lo tanto ningún problema. 
No hay enmiendas. 
No obstante, quisiera solicitarle el aplazamiento de la votación, aunque sólo fuese por una cuestión de coherencia con respecto a lo que ha pasado esta mañana, y también porque una resolución como esta merecería ser votada por más de 40 ó 50 diputados. 
Señor Lannoye, pide usted que se aplace la votación, según creo entender. 
Ya sabe que eso deben solicitarlo o bien 32 miembros o un grupo. 
¿Lo pide usted en nombre de su Grupo? 
Señor Presidente, es evidente que hago esta petición en nombre de mi Grupo. 
En tal caso se aplica el artículo 146 del Reglamento. 
Esto significa que para examinar la propuesta del Sr. Lannoye de aplazar la votación debe tomar la palabra un defensor y un detractor y la mayoría lo decidirá aquí en la Cámara. 
- (PT) Señor Presidente, quisiera apoyar la propuesta: no quiero sumarme al sabotaje que se ha hecho hoy. 
Considero que quien adoptó la iniciativa debía decir lo que quería, pero debía haber dejado proseguir la sesión normalmente, debía haber respetado a diputados como yo, que soy portugués y vuelo a un destino lejano, pero estoy aquí trabajando y no comprendo en modo alguno que esta Asamblea, después de lo que ha sucedido, pueda no haber votado las resoluciones, urgentes, sobre Etiopía y se permita proseguir con otras votaciones. 
Considero que eso es completamente incomprensible y hace caer en el ridículo a esta Asamblea y a nosotros. 
¡Es de una gravedad política extrema! 
Ha intervenido el orador en contra. 
¿Hay alguien que quiera intervenir a favor de la cuestión de orden? 
Tiene la palabra el Sr. Blokland. 
Señor Presidente, quisiera apoyar la propuesta del Sr. Lannoye. 
Opino que si hay menos de cincuenta personas en la Cámara, no es serio que votemos sobre un tema tan importante como éste. 
Para ello es necesario que el Parlamento se pronuncie con fuerza, y sólo puede pronunciarse con fuerza si está presente una amplia mayoría de sus miembros, y no tan sólo cincuenta miembros. 
Señor Presidente, varios diputados, como el Sr. Beysen, que entretanto ha vuelto a marcharse, y también la Sra. Gebhardt, han observado que hay menos diputados en la Cámara que esta mañana. 
También nosotros podemos ver que ahora hay incluso menos de la mitad de los diputados que estaban presentes esta mañana. 
Hay tantos miembros que me han apoyado en la petición de quórum como diputados que se han opuesto firmemente. 
Me parece bien que se haya celebrado este debate y quiero agradecer cordialmente a los colegas que me han ofrecido su apoyo. 
Es bueno que quede claro que la diferencia no estriba en mantener o suprimir la tarde del viernes, sino en garantizar una mejora expresa de la situación actual. 
Señora Buitenweg, en este momento estamos votando. No vamos a mantener un debate sobre las sesiones de los viernes. 
Si quiere usted plantear una cuestión de orden, le ruego que lo haga, de lo contrario, doy curso a la votación. 
Señor Presidente, acepto la votación que se acaba de celebrar y en la se ha decidido que hay que proceder a la votación. 
No obstante, quiero señalar que se trata de una votación nominal. 
Esto es muy importante porque va a quedar claro cuántos miembros hay presentes y, sobre todo, cuántos miembros se han marchado. 
Señorías, intentemos realizar una votación ordenada. 
Me parece necesario para el buen funcionamiento de esta Cámara. 
Atengámonos a las reglas del juego. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, quisiera decir algo, relativo al Reglamento, que considero de gran importancia. 
Efectivamente, hace un momento, cuando preguntó sobre el quórum, nuestra colega alegó que según el Reglamento estaba en su derecho. 
Esto es cierto, aunque yo no apruebo políticamente su comportamiento. 
Pero ahora ha dicho algo que es cuestionable desde el punto de vista reglamentario. 
Ha dicho, en efecto, que ahora veremos, en virtud de los números, cómo hay que valorar la importancia de esta votación. 
Creo que esto no es aceptable. 
Según nuestro Reglamento una votación es plenamente válida cuando se ha producido en debida forma, incluso, cuando los que deseaban solicitar la constatación del quórum, no lo han podido hacer porque el número de ellos ya no era suficiente para hacerlo. 
También en este caso, una votación goza de plena validez. 
Señor Posselt, tiene usted toda la razón. 
En sí es un hecho que cada votación es válida independientemente del número de miembros. 
Por lo tanto no cabe ninguna duda sobre la legalidad de esta votación. 
Señor Presidente, todos tenemos experiencia, bien en el movimiento sindical, bien en parlamentos nacionales o en cualquier otra parte. 
Los reglamentos que funcionan, funcionan para garantizar las condiciones de la democracia y está claro que si, en algún momento, alguien quiere señalar un problema político, hace bien. 
Pero si, por el contrario, se trata de un abuso de un derecho, no sé si al final este mal uso tiene relación alguna con la deontología democrática. 
Esto lo digo más en general. 
Es decir, si al final, una práctica determinada está relacionada con una postura obstruccionista y no con una postura encaminada a demostrar que hay un problema. 
Y me disgusta sobremanera. 
Tenemos la experiencia de los parlamentos nacionales y de otros lugares, un abuso de este tipo es muy infrecuente. 
Señor Presidente, he intentado conseguir cuatro veces esta tarde la palabra para explicar a los colegas que han expresado su disgusto por los acontecimientos de esta tarde que desde el primer día del nuevo periodo de sesiones se ha pedido claridad sobre los viernes: o se celebra una sesión plenaria completa o no se celebra ninguna. 
Pienso que podemos solucionar con suma rapidez el problema si dejamos las votaciones, como se hace los demás días, para el final de la sesión y hacemos firmar la lista de asistencia también al final del día. 
Así quedará claro que estamos dispuestos a considerar esto como un día de sesión completo o no. 
Así pues, les ruego que planteen este problema en los siguientes procedimientos para que podamos solucionar este problema de una vez por todas. 
Señor Meijer, le doy las gracias a usted y a otras Señorías por su creatividad a la hora de imaginar soluciones para este problema. 
Pero esta tarde eso no nos ayuda a avanzar más. 
Esta noche no nos queda otro remedio que aplicar honesta y abiertamente el Reglamento, y en esa medida estoy a su servicio y al servicio del Reglamento. 
Es evidente que presentaré al Presidente y a la Mesa la marcha de los asuntos de esta tarde y que, naturalmente, también es competente la comisión parlamentaria que se encarga de estos asuntos. 
Pienso que esto está suficientemente claro. 
En realidad, ahora querría proceder a examinar el siguiente punto del orden del día, a fin de que podamos debatir el contenido. 
Sigamos con el orden del día. 
Silvicultura tras los temporales de diciembre de 1999 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales formuladas a la Comisión: 
(B5-0217/2000) por los diputados Savary y Gebhardt en nombre del Grupo PSE, sobre los problemas en el sector de la silvicultura tras los temporales de diciembre de 1999; 
(B5-0219/2000) por los diputados Daul, Hugues Martin y Redondo Jiménez, en nombre del Grupo PPE-DE. 
Señor Presidente, permítame que me alegre de que se haya recordado el Reglamento pues la silvicultura y los silvicultores no pueden esperar al resultado de estos debates, un poco indecentes, que hoy tendrán un solo efecto, desde mi punto de vista, el de enviar un mensaje de absentismo del Parlamento Europeo al exterior, mientras la mayor parte de nuestros colegas, incluidos los que están aquí, no están ciertamente en su salón sino que también trabajan sobre el terreno. 
Se trata de una cuestión más amplia. 
En realidad se trata sólo de una guerrilla que se ha formado contra Estrasburgo y nada más; seamos muy claros sobre este asunto y no busquemos falsos pretextos y evasivas. 
Le agradezco que me haya concedido la palabra en relación con la silvicultura. 
Ocurre que, en una resolución del 20 de enero de 2000, ya expresamos nuestra compasión- en la forma en que sabemos hacerlo -, nuestra emoción, y solicitamos a la Comisión que nos facilitara una serie de informaciones y que se comprometiera a intervenir ante aquéllos de nuestros conciudadanos que estaban en dificultades- que eran muy numerosos- puesto que este cataclismo ha afectado a toda Europa. 
Hoy tenemos la perspectiva necesaria, cuatro meses más tarde, para extraer enseñanzas de lo que se ha hecho, por una parte, y de lo que no se ha hecho, por otra, y es una pregunta muy concreta la que se plantea a la Comisión ¿Hemos intervenido bien? 
¿Hemos puesto en funcionamiento los mecanismos de los que disponemos? 
No se trata esta vez de solicitar créditos extraordinarios por "catástrofes naturales". 
Se trata muy claramente de un sector que, al cabo de cuatro meses, mide la magnitud de sus dificultades y la magnitud de los riesgos que corre: riesgos económicos, riesgos de seguridad, es decir de incendio, riesgos también de falta de reforestación, pues si no somos capaces de retirar la madera en las próximas semanas, y muchos silvicultores tienen interés en dejarlas en su lugar, será entonces el bosque el que estará permanentemente en una situación difícil y, con él, la industria de la primera transformación. 
Cuatro meses después, esta pregunta oral tiene, pues, por objeto, señoras y señores Comisarios, decirles en primer lugar que la silvicultura atraviesa una situación extremadamente delicada. 
En dos días, han salido al mercado 193 millones de metros cúbicos. 
La primera cuestión que se plantea es la de la regulación de los precios y la regulación del mercado, puesto que para ciertas variedades, poco nobles, el coste de retirada de las maderas es hoy superior al ingreso esperado del mercado. 
No les solicitamos que se incluya en ella la madera, pero parece que Europa podría haber puesto una ingeniería semejante al servicio de esta crisis extraordinaria para regular el mercado de la madera durante varios meses y de forma temporal. 
La cuestión les ha sido planteada. 
¿Tienen ustedes intención de actuar en consecuencia? 
Segunda pregunta: ¿Qué han hecho ustedes y qué han puesto en marcha con los mecanismos de los que disponemos? 
Se trata, en primer lugar, de mecanismos que nos permiten derogar las leyes de la competencia para ayudar a las exportaciones pues, para las maderas que están expuestas a riesgos micológicos o parasitarios, el coste del transporte es redhibitorio, aún cuando tenemos clientes. 
Si queremos ayudar al mercado, hay que ayudar desde este momento al transporte que exige la exportación lejana. 
¿Está la Comisión dispuesta a tomar medidas en este sentido? 
¿En qué medida ha puesto en funcionamiento el artículo 87, párrafo 2 del Tratado, que le permite conceder derogaciones? 
¿En qué medida se ha puesto en contacto con la OMC para conceder derogaciones? 
¿En qué medida ha puesto en marcha lo que le permite intervenir para remediar las catástrofes naturales en lo tocante a la silvicultura? 
No se trata de mecanismos virtuales; tenemos reglamentos, el artículo 30 del reglamento 1257/1999. 
Si no lo ha hecho ¿cómo piensa hacerlo en las próximas semanas? 
Hay urgencia. 
Finalmente, hago un llamamiento para que los DOCUP, los planes de desarrollo, tengan muy en cuenta la silvicultura y el sector de la madera. 
. (FR) Señor Presidente, quisiera decir a su Señoría que la Comisión es totalmente consciente de los grandes problemas causados por los huracanes de principios de diciembre de 1999, en Dinamarca y en Suecia, y de finales de diciembre de 1999, en Francia y en Alemania, de los enormes daños para el conjunto de la economía forestal de estos países y de las consecuencias para las personas que trabajan en este sector. 
Me permito también recordarle a este respecto las intervenciones del Sr. Barnier con motivo de la sesión plenaria del 18 de enero de 2000, en el transcurso de la cual subrayó que la Comisión movilizaría con voluntariedad todos los instrumentos de los que dispone para ayudar a los Estados miembros. 
No obstante, por lo que respecta a los daños forestales, debo también recordarle que el Parlamento Europeo, especialmente en su resolución del 31 de enero de 1997 sobre la estrategia forestal de la Unión Europea, así como el Consejo de la Unión Europea, han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que el Tratado no prevé ninguna competencia especial para una política forestal de la Unión. 
La Unión no dispone, pues, de los instrumentos necesarios para poder intervenir en el sentido de las dos resoluciones. 
En efecto, la madera no figura entre los productos enumerados en el Anexo 1 del Tratado, no hay marco jurídico y la madera no puede, por tanto, ser objeto de una política específica relativa al mercado, aunque fuera de forma temporal. 
Aun cuando tales intervenciones son teóricamente factibles según las reglas de la OMC, requieren una justificación jurídica, económica y comercial bien fundamentada y argumentada para convencer a nuestros socios comerciales de que las acepten. 
Hasta ahora, la Comisión no ha recibido un análisis detallado que justifique que se encargue de tal gestión. 
Volveré sobre ello un poco más tarde. 
Son, por tanto, en primer lugar, las ayudas nacionales al sector de la madera las que constituyen el medio más apropiado, a nivel nacional, regional o local, para apoyar las explotaciones más afectadas del sector y los Estados miembros deben fijar las modalidades de tales ayudas. 
Así, la Comisión está examinando los regímenes de ayuda nacional tendentes a paliar las consecuencias de los huracanes sobre la economía forestal, que le han sometido los gobiernos de los Estados miembros, en función de los efectos sobre la competencia a nivel europeo. 
Los servicios de la Comisión examinan estos regímenes de ayuda, especialmente desde el ángulo del artículo 87, párrafo 2, punto b) del Tratado, que se refiere a la compatibilidad de las ayudas previstas por los Estados miembros en los casos de catástrofes naturales. 
Las ayudas notificadas por el Gobierno francés contienen, en efecto, una medida general a favor del transporte de la madera de árboles derribados que pudiera tener como resultado que una parte de ésta sea transportada a países de fuera de la Unión. 
Subrayando que el artículo 87, párrafo 2, punto b) no constituye como tal una derogación de las reglas del GATT, los servicios de la Comisión, incluidos los servicios jurídicos, examinan la compatibilidad de esta medida con el Tratado sobre la base de las informaciones recibidas recientemente. 
Todavía podría solicitarse nueva información a las autoridades francesas. 
En cuanto a la cofinanciación de las ayudas propuestas por los Estados miembros según el artículo 30 del Reglamento CE/1257/99 relativo a la ayuda al desarrollo rural por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, recalco una vez más que la Comisión está dispuesta a dar pruebas de máxima flexibilidad. 
Pero corresponde, primero, a los Estados miembros, introducir modificaciones en sus programas iniciales. 
Mientras tanto, dos Estados miembros, entre ellos Francia, han presentado programas adaptados que incluyen ahora un apartado importante en materia de ayuda a la economía forestal, como consecuencia de los temporales de finales de 1999. 
En este contexto, se han propuesto medidas para retirar, almacenar, transportar, proteger y reconstituir los bosques destruidos para ayudar al sector. 
Actualmente, estos dossiers son objeto de negociaciones entre la Comisión y los Estados miembros, pero desde ahora es posible afirmar que la posición de la Comisión es favorable a las mismas. 
He recibido cuatro propuestas de resolución conforme al artículo 42, apartado 5, del Reglamento. 
La votación tendrá lugar después del debate. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecerle la forma en la que ha dirigido la sesión de esta mañana. 
Ha sufrido usted un temporal y ha resistido sin ayuda de la Comisión. 
Pero, señora Comisaria, quisiera también, y creo que es esencial, que las instituciones de la Unión Europea den testimonio de la solidaridad que une a los Estados miembros, especialmente con ocasión de catástrofes o de siniestros extraordinarios, como ocurrió el 26 de diciembre último con el temporal que causó un perjuicio sin precedentes en varias regiones forestales de Francia, Alemania y Austria. 
En efecto, es urgente poner en funcionamiento los instrumentos de los que dispone la Unión para ayudar a las regiones devastadas y aportar a las personas y a las empresas afectadas ayudas mucho más urgentes que las operaciones de transporte, almacenamiento y valoración de las maderas, pues no pueden aplazarse en el tiempo sin consecuencias graves tanto sobre la calidad de los productos como sobre la reconstitución o la protección de los ecosistemas forestales. 
Así, sólo en la región de Alsacia, hay más de 6,5 millones de metros cúbicos de árboles destrozados, lo que representa de uno a tres años de recogida, según las especies. 
Es evidente que el flujo de madera en el mercado supondrá una caída de los precios, que debilitará más a los actores económicos del sector. 
Una vez más la estructuración profesional del sector puede favorecer la búsqueda de soluciones concertadas entre la parte de arriba que gestiona las disponibilidades forestales y la parte de abajo que las valoriza. 
El sistema interprofesional puesto en marcha en Francia puede jugar un papel preponderante, sin duda alguna, en la búsqueda y la elaboración de estas soluciones concertadas. 
En efecto, concebidas de forma que no defiendan los intereses de este o aquel estrato, favorecen la defensa del conjunto del sector, se encargan de la promoción de la causa de la madera y velan por el respeto de los grandes equilibrios internos que permitirán consolidar el conjunto. 
De dimensión regional, las interprofesiones tienen además un impacto local y una eficacia rápida en las situaciones críticas como aquélla en la que se enfrentan nuestras empresas forestales y del sector maderero. 
Conviene, pues, favorecer los contactos directos con los socios potenciales, tanto más cuanto las interprofesiones son también los interlocutores de las colectividades territoriales y de los poderes públicos nacionales en la definición de las políticas forestales y, por tanto, en la búsqueda de soluciones urgentes en caso de crisis. 
Así mismo, pueden identificar los puntos de bloqueo que ralentizan la puesta en marcha de los programas de salvaguarda. 
Es por esto por lo que le pido que no ignore, en su dispositivo de consulta, la consulta directa con los actores del sector. 
Por otra parte, las prescripciones reglamentarias pueden constituir un freno que varía según los Estados, como ocurre, especialmente, con las medidas de almacenamiento de madera sin desbastar, en lo que se refiere a las exigencias de estanqueidad del terreno, a la limitación de la recogida de agua al 5% del servicio de estiaje en Francia, al 30% en Alemania, al seguimiento de la tierra sacada. 
La magnitud del siniestro demuestra que las ayudas prometidas por el Estado o confirmadas a escala local no bastarán para cubrir los daños sufridos. 
Es pues indispensable que las medidas especiales para el bosque y el sector maderero puedan cubrirse con Fondos estructurales para los siniestros en la zona del objetivo 2 o antiguamente 5 B. 
Ocurre lo mismo con las medidas de desarrollo rural y con otros programas más específicos de orden económico o medioambiental, paralelamente a ciertas acciones destinadas a valorar las maderas comerciales que pueden representar alrededor del 50% de los volúmenes afectados por los árboles derribados. 
Convendría, también, promover medidas que fomenten la valorización energética de las maderas de valor secundario. 
Pero la urgencia de la situación impone procedimientos flexibles y ágiles complementarios, financieramente, de las disposiciones ya adoptadas por los Estados miembros. 
Solicito, pues, a la Comisión, de acuerdo con el conjunto del sector y de los Estados miembros afectados, que busque soluciones urgentes eficaces, que serán más eficaces cuanto más concertadas sean. 
Señor Presidente, estimados colegas, en la Navidad de 1999 viví el temporal en mi ciudad natal, París, y regresé en medio de grandes dificultades a Alemania donde los bosques habían quedado irreconocibles. 
Más allá, en el suroeste de Francia, mis padres aprovechaban la suave luz de la lámpara de petróleo que yo les había regalado un día. 
No sabemos cuándo ni de qué manera nos afectará la próxima catástrofe. 
Por consiguiente, permítanme que miré un poco más allá de los problemas actuales y amplíe en un aspecto las manifestaciones de mi colega y amigo Gilles Savary. 
Se trata del punto 8 de la propuesta de resolución común. 
En él instamos a la Comisión a crear instrumentos que posibiliten una intervención rápida y eficaz en el seno de la Unión Europea, cuando se haya producido una situación de crisis a causa de un accidente o de una catástrofe natural. 
Actualmente no disponemos de dinero ni de infraestructura para ello. 
En el futuro no debemos confiar en la ayuda transnacional de los vecinos como en el caso de los temporales catastróficos de final de año. 
Esta ayuda fue prestada de manera ejemplar sobre una base de voluntariedad. 
Constituyó también una buena e importante expresión de solidaridad. 
Sin embargo, no representó, por sí sola, una solución europea. 
La Unión Europea debe asumir absolutamente su obligación para con sus ciudadanos en este punto. 
Por consiguiente, la Comisión debería devanarse rápidamente la cabeza en busca de instrumentos que ayuden rápida y eficazmente en las catástrofes. 
Estas propuestas deberán ser no convencionales y audaces. 
No faltará, sin duda, el apoyo del Parlamento Europeo. 
Hasta aquí, una excursión necesaria al futuro. 
Ahora, sin embargo, debemos terminar de considerar las consecuencias actuales de los temporales catastróficos de los días de Navidad. 
Entre ellas se encuentran, en especial, tres cosas. 
En primer lugar: no debemos permitir el hundimiento del mercado maderero y, en consecuencia, debemos intervenir de manera reguladora en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. 
En segundo lugar, debemos apoyar también de manera excepcional el transporte y las exportaciones de maderas valiosas a terceros países. 
La Comisión tiene que hablar urgentemente con la Organización Mundial del Mercado sobre la autorización de subvenciones a la exportación. 
En tercer lugar: tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano contra los peligros de las infecciones de hongos, de los parásitos y de los incendios a fin de que los daños no sean mayores. 
Distinguida señora Comisaria, si usted dice que ahora son importantes las ayudas nacionales, entonces quisiera decirle que esto significa también que usted no quiere organizar en este caso el mercado común europeo. 
Señora Comisaria, señor Presidente, es verdad que acaban de darnos una noticia muy triste y de transmitirnos un mensaje muy triste en relación con la emoción que han suscitado los temporales del último diciembre. 
Hemos recibido fuertes mensajes del Sr. Barnier con motivo de su intervención, quien nos aseguraba que, efectivamente, la Unión Europea iba a hacer algo por las víctimas. 
Dicho esto, pienso en las víctimas de la silvicultura, en esos pequeños propietarios forestales que se han arruinado, pero pienso también en las pequeñas empresas al borde del mar que deben hacer frente hoy a la llegada de los turistas. 
Ahora bien, nos damos cuenta de que en materia forestal, la Unión no es competente. 
Por lo que se refiere a las ayudas urgentes en caso de catástrofes naturales, vamos a recurrir a los fondos estructurales. 
Sabemos muy bien, sin embargo, que esto va a llevar su tiempo. 
Y a este respecto, me permito decirles que la política puesta en marcha por la Unión Europea consiste en desnudar a un santo para vestir a otro. 
No podemos estar de acuerdo porque esto hace que se quite a unos, en detrimento de proyectos futuros, para dar a otros. 
A mi parecer, esto no es verdaderamente suficiente y esperamos medidas más concretas por parte de la Comisión. 
Hay una demanda urgente por parte de los ciudadanos. 
Señor Presidente, el documento dedicado a los problemas de la silvicultura debidos al temporal de diciembre de 1999 sólo se preocupa de los daños causados a los macizos forestales para hacer hincapié en la caída de los precios en el sector maderero y sus consecuencias para las explotaciones forestales y para los exportadores de madera. 
Las resoluciones se interesan sobre todo por la regulación del mercado maderero y por las subvenciones a la exportación. 
Por mi parte, quisiera erigirme en portavoz de los trabajadores forestales ya que ni se mencionan, cuando gracias a su trabajo el sector maderero puede funcionar. 
El temporal no es solamente una catástrofe ecológica para todos y un problema económico para los que se benefician del sector maderero, sino que tiene como consecuencia el agravamiento dramático de las condiciones laborales de los silvicultores y los leñadores, oficio peligroso desde siempre, en el que se registra la tasa de accidentes más elevada y que irá en aumento. 
Para medir lo penoso y la peligrosidad de su profesión, hay que acordarse de los más de cien muertos que causó el temporal de 1990 en Alemania. 
El salario de los trabajadores forestales, que asciende a 6.900 francos, es escandalosamente bajo. 
Ellos reivindican salarios dignos en consonancia con los riesgos a los que están expuestos. 
Reivindican una jubilación anticipada a los 55 años y la mejora de sus condiciones de trabajo, que son ancestrales, y que les llevan a la decadencia física, incluso a la muerte a muchos de ellos cada año. 
Damos nuestro apoyo a estas legítimas reivindicaciones. 
Señor Presidente, en relación con los temporales de diciembre último, la Comunidad no ha estado a la altura de nuestras expectativas durante el período de primera urgencia y, además, tarda en concretar sus promesas de ayuda. 
La Comisión debe aprender la lección de los temporales reforzando la eficacia de los textos comunitarios. 
Entre el período de primera urgencia y los retos actuales: problemas de transporte, de almacenamiento, de venta de la madera, se ha producido efectivamente un vacío cronológico que corresponde a un vacío institucional. 
Se trata de llenarlo y de conceder a los Estados afectados un apoyo logístico de segunda urgencia. 
En su resolución de enero último, el Parlamento solicita a la Comisión que le someta propuestas concretas, si se determina que los fondos disponibles son insuficientes. 
Ahora bien ¿qué ha sido de esas famosas propuestas concretas? 
Por ellas, la Comisión tiene que reaccionar en primer lugar sobre malvender la madera ya que lo que se temía ha llegado, la madera ya no se vende. 
Y cuáles son las medidas adoptadas o previstas por la Comisión a favor de una explotación rápida de las parcelas siniestradas, explotación sin la cual la reconstitución de nuestros bosques no puede iniciarse de forma eficaz. 
Esta adversidad tendrá el triste mérito de recordarnos que la madera es una materia prima industrial que, además, es renovable, en primer término. 
Una gestión duradera y eficaz de nuestros bosques pasa por un bosque económicamente viable. 
Así mismo, únicamente una silvicultura duradera permite asentar un sector maderero competitivo, contribuyendo al mismo tiempo de forma determinante al desarrollo de las zonas rurales. 
Los Estados miembros son los principales actores de la política forestal en Europa y deben continuar siéndolo. 
Pero esto no debe impedir a Europa el proseguir una gestión coordinada de los asuntos forestales. 
Las reglas, a veces muy estrictas, del mercado único se aplican a los productos forestales. 
Recíprocamente, éstos deben ser apoyados por la Comunidad sobre todo en tiempos de crisis. 
Sería conveniente una intervención comunitaria a favor del sector forestal en la media en que genera un valor añadido a las acciones nacionales iniciadas. 
La subsidiariedad encontraría ahí todo su sentido, por ejemplo en materia de protección contra la contaminación atmosférica y los incendios forestales, o de certificación forestal, en materia de apoyo, así mismo, al proceso de puesta en marcha de un acuerdo mundial sobre los bosques. 
Apoyo las iniciativas comunitarias a favor de los bosques tropicales, pero me sorprende que no se ponga tanto ardor en ir a socorrer a nuestros macizos devastados. 
Distinguido señor Presidente, distinguida señora Comisaria, distinguidos colegas, han transcurrido ya más de dos meses desde que el huracán Lothar causara en Europa, especialmente en Francia y en Baden Württenberg, daños devastadores en los bosques. 
Sólo en Baden Württenberg el volumen de madera tronchada por la tormenta se eleva a cerca de 25 millones de metro cúbicos. 
Esto equivale al triple de la tala media anual y esto ha originado ya ahora como consecuencia un descenso del 30% en el precio de la madera. 
Los costes para la eliminación de los daños sólo en este ámbito, sobre el cual puedo hablar como diputada de Baden_Württenberg, se cifran en cerca de 1,5 millardos de marcos, de los cuales se precisan 300 millones de marcos para la reforestación. 
Sin embargo, en el caso del huracán Lothar no se trata solamente de un problema de Baden Württenberg. 
Francia y otros estados de la UE se encuentran también fuertemente afectados. 
No obstante, la Comisión se niega hasta hoy a habilitar recursos presupuestarios adicionales y se remite más bien- en este caso representada por la Sra. Schreyer- a que el presupuesto del 2000 se ha acordado definitivamente con el Parlamento Europeo. 
En consecuencia, la demanda de recursos financieros adicionales la deberá cubrir cada Estado miembro con los recursos de fomento que se le hayan destinado. 
Pero la reasignación de los recursos se ha puesto bajo una reserva de autorización. 
Hasta hoy esta autorización no se ha dictado. 
Considero un tanto cínica esta argumentación de la Sra. Schreyer, si se tiene en cuenta que pocos días después anunciaba que la demanda adicional financiera de 300 millones de euros para el acuerdo UE y los Balcanes, que seguramente es muy importante, se habia cubierto con el presupuesto agrícola sin que los agricultores afectados lo hubieran advertido, y entre éstos se encuentran también los propietarios de bosques. 
Quisiera insistir una vez más en lo siguiente: nos encontramos aquí ante daños muy persistentes que podrían tener también, absolutamente, consecuencias ecológicas. 
La retirada, el almacenamiento y la reforestación constituyen trabajos corporales pesados. 
Distinguida señora Comisaria, sé de qué estoy hablando. 
Soy campesina. 
He vivido cómo el huracán dejó sin techo nuestro establo y he visto el aspecto que mostraban nuestros bosques privados. 
Hemos tenido la posibilidad de volver a poner de nuevo las cosas en orden por nosotros mismos. 
Pero esto no puede decirse de todos los ámbitos, ni de todas las personas, ni de todos los municipios. 
Usted puede verlo. 
Que esto se haga rápidamente y bien, y sobre todo de manera duradera, es una necesidad ecológica. 
El Comisario de Agricultura, el Sr. Fischler, en su visita a la Selva negra el día 16 de febrero dio muestras de una notable flexibilidad dentro del marco financiero existente para medidas de desarrollo rural. 
Dio muestras, como también usted hoy, señora Comisaria, de que se está dispuesto a reflexionar, a ayudar... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, la catástrofe natural que ha afectado a algunos países europeos fue dramática. 
Estoy totalmente de acuerdo con los diputados que han intervenido en este sentido y, créame, la Comisión desearía tener la posibilidad de hacer algo. 
Ahora bien, ni los Tratados ni las reglas presupuestarias le dan esta posibilidad. 
Como ya he dicho en la introducción, no existe ningún marco comunitario que permita a la Comisión tomar iniciativas para ayudar directamente al sector forestal. 
Ocurre lo mismo, por otra parte, en el marco del Reglamento 1257/99. 
Es el Estado miembro el que debe tomar la iniciativa necesaria y prever las ayudas apropiadas. 
Como consecuencia del principio de subsidiariedad, la Comisión no tiene la posibilidad de orientar el programa de desarrollo rural hacia ejes que puedan sostener al sector forestal, a causa de los daños debidos a los temporales. 
La Comisión sólo puede aplicar las reglas de la competencia para autorizar las ayudas nacionales, y las reglas del Reglamento 1257/99 para una posible cofinanciación. 
Además, las negociaciones con los Estados miembros sobre este particular están en curso y he dicho muy claramente que la Comisión, dentro de unas posibilidades institucionales y jurídicas como son las suyas, trata de hacer todo lo que le es posible, incluso más de lo que le es posible, y con la mayor flexibilidad con la que se puede contar. 
Desgraciadamente, es un hecho que las instancias institucionales hayan decidido que la política forestal estaba incluida en la subsidiariedad, que no es competencia de la Comunidad, sino competencia únicamente de los Estados miembros. 
Es una cuestión que, por el momento, la Comisión no puede cambiar; para ello sería necesaria una modificación del Tratado. 
Ahora bien, los Tratados están en este momento en fase de discusión para su reforma. 
Solicito, pues, a todos los diputados que estén convencidos de que se deberían excluir los bosques de la subsidiariedad para ponerlos bajo competencia comunitaria, que trabajen en este sentido ante sus gobiernos nacionales. 
Señora Comisaria, ha tenido usted una participación muy activa esta tarde. 
Con esto queda cerrado el debate. 
A continuación se procede a la votación. 
Propuesta de resolución común que sustituye las resoluciones sobre las consecuencias económicas de los recientes temporales en el sector de la silvicultura en Europa 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Explicaciones de voto 
Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución y celebro que los autores del sabotaje que en la mañana de hoy nos han impedido desde las 9.00 horas realizar y afinar debidamente nuestro trabajo no estén ya presentes para seguir organizando su circo, indigno de un Parlamento. 
Imagínense que otros ciudadanos se comportasen con sus deberes laborales como nuestros colegas que creen que tienen aquí una semana de cuatro días, cuando se ha acordado una semana de cinco días para la sesión plenaria en Estrasburgo. 
Ciertamente, este Parlamento ha decidido de hecho- y digo esto a nuestro colega de ahí enfrente que desea una votación democrática- que el viernes en Estrasburgo sea un día de sesión. 
Realmente, querido colega, constituye ya una idea perversa de la democracia- esto es aplicable también para los otros que han urdido el circo- que los enemigos de Estrasburgo operen ahora con auténticos dirty trics para sabotear el viernes. 
Hace 35 años yo era ya miembro de este Parlamento y no he visto en todo este tiempo un abuso semejante de las normas. 
En realidad, de unos diputados se debería esperar que respetasen una decisión democrática, lograda por mayoría, como la que se refiere a nuestro calendario de sesiones, aunque no encaje en sus planes. 
Pero son malos perdedores y les resulta absolutamente indiferente si han impedido decisiones importantes para los ciudadanos de esta UE y, en particular, para la gente que padece hambre en Etiopía. 
Esto último es especialmente grave y rechazable. 
Espero que los electores pasen factura a los que han organizado este circo de procedimiento. 
En interés de los propietarios de bosques, también de los de mi país, donde la última catástrofe no ha sido tan devastadora como, por ejemplo, aquí, en Alsacia, espero por parte de la UE se adopten medidas como las que se proponen aquí, a fin de contribuir, sobre todo, a que la desaparición de los pequeños y medianos propietarios de bosques... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, quisiera dedicar dos minutos a lo que ha ocurrido esta mañana como explicación de voto o, quizá, como cuestión de orden. 
Quisiera decir simplemente, como nuevo diputado en este Parlamento, que estoy profundamente decepcionado con lo que ha pasado. 
Respeto, lógicamente, el Reglamento y la democracia, pero por razones estratégicas y políticas, tenemos una cuarentena de diputados que se han levantado y han impedido la votación sobre Etiopía. 
Quisiera pedir perdón, en nombre de este Parlamento, al pueblo etíope, a los niños, a los hombres y a las mujeres que se encuentran en una situación catastrófica, a cuyo favor estas personas han impedido esta mañana al Parlamento adoptar una posición. 
Me siento muy confundido. 
Hemos podido votar sobre los dos últimos sectores, que son igualmente urgentes pero, honradamente, hubiera preferido votar por el pueblo etíope y darle el apoyo de este Parlamento. 
Una vez más, pido perdón al pueblo etíope. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a lo que acaba de afirmar el Sr. Daul. 
Para mí el negocio maderero es también algo enteramente importante, pero nuestra ayuda a Etiopía reviste también una importancia muy especial. 
Por esta razón, desearía preguntar una vez más con toda claridad lo siguiente- y le doy un especial valor a esto, ya que usted no me concedió más la palabra, cuando la Sra. Buitenweg me citó mal -: ¿Dónde se encuentran los que organizaron todo este teatro en la mañana de hoy? 
¿Por qué no están ahora aquí hasta el final de la sesión y con ello habrían documentado que les importa realmente el trabajo en este Parlamento? 
Esta es la pregunta correcta. 
Señor Presidente, estoy profundamente preocupado, igual que el resto de mis colegas, por la situación en la que nos encontramos. 
Opino que es molesto participar en votaciones en las que hemos sido tan pocos. 
He votado en blanco en todas las votaciones de esta tarde ya que no he querido participar en la toma de decisiones que son tan ilegítimas, como estimo que lo son, cuando somos tan pocos. 
Respaldo la acción de protesta que se ha realizado hoy aquí. 
Yo soy nuevo como diputado y por eso me he sorprendido al saber que las irregularidades de los viernes se arrastran desde hace muchos años, sin que nada haya cambiado. 
Si es así, seguro que se necesitarán enérgicas protestas para cambiar este estado de cosas. 
¡Así no podemos seguir! 
¡La gente se va a reír de nosotros en toda Europa! 
Me he dado cuenta de que la sesión de hoy termina con menos de 40 diputados presentes y dispuestos a tomar decisiones. 
¡Es algo indigno! 
Señor Presidente, en primer lugar, he votado a favor de la última propuesta y de su enmienda. 
Esto es la explicación de voto formal. 
Quiero aclarar el malentendido que impera entre algunos de los presentes acerca de que los promotores de la iniciativa de solicitar la comprobación de quórum ya no están presentes. 
Algunos es cierto que han desaparecido manifiestamente. 
Yo me cuento entre los promotores de la iniciativa y aquí estoy todavía, como siempre cada viernes. 
Constato que algunos diputados afirman: hay personas que abogan por una semana de cuatro días, pero yo con toda certeza no me hallo entre ellos. 
Pero sí opino que el quinto día de trabajo debe tomarse en serio, y en este momento no advertimos la presencia de miembros del Parlamento en el hemiciclo. 
Esta es una de las razones por las que se ha planteado el problema. 
Si el viernes funcionara como el martes y el miércoles, no hubiera hecho falta celebrar hoy este debate y estos cómputos. 
Ahora deben seguir hasta el momento en que el viernes funcione como un día normal o se suprima por falta de interés, como parece ocurrir una vez más. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera aclarar el sentido de mi voto: he votado a favor de la propuesta de resolución común, porque me sumo a las graves preocupaciones y acciones que en ella se expresan, sin que eso represente un abandono de la posición del Grupo de abrigar reservas ante la posibilidad de que la política forestal sea competencia de las instancias de la Unión. 
Y tampoco puedo dejar de mencionar el hecho, ya citado aquí, de que los saboteadores de la sesión de esta mañana no hayan participado en la votación y quiero congratularme de que el PPE haya propuesto una votación nominal, que la volverá clara. 
Hay un dicho francés que habla del arroseur arrosé: en este caso tenemos el saboteur saboté. 
Es lamentable que hayamos participado en este circo: los interesados podían haber presentado una cuestión de orden, ya que se trata de un asunto importante que la Mesa y la Conferencia de Presidentes deben abordar. 
Pero han ido demasiado lejos, no han tenido consideración por nada, no han tenido consideración por Etiopía y han saboteado las votaciones. 
Después han promovido una votación nominal para hacer su recuento. 
Pero, como vemos, cuando se decide aquí una cuestión relacionada con tempestades, con catástrofes, con intereses de Europa, cosas serias, ya no están aquí. 
Casi ninguno de los 32 gladiadores ha estado presente en la votación final, lo que resulta verdaderamente lamentable y desenmascara por completo las intenciones de los desestabilizadores de la sesión de esta mañana. 
Señor Presidente, a nuestro colega, el Sr. Daul, y a nuestra colega, la Sra. Lulling, quisiera decirles que en los debates sobre el Reglamento habría que tener siempre en cuenta que aquí se trata también de objetivos tácticos y estratégicos. 
En el caso de ustedes esto no es diferente que en el caso de los colegas que han intentado esto. 
En la mañana de hoy solicité en la primera vez la constatación del quórum. 
Yo soy partidario de Estrasburgo y partidario del viernes. 
Sin embargo, soy de la opinión de que aquellos que desean asegurar que aquí se siga realizando un trabajo parlamentario deberían también estar presentes. 
Por esta razón he dicho que un disparo de aviso está bien, pero considero excesivo lo que ha sucedido después y no me he querido alinear allí, porque creo que se trataba de Estrasburgo, como sede, y del viernes. 
Desde entonces no he colaborado más. 
Hay que reconocer que estos colegas y estas colegas están intentando esto. 
Sólo que es preciso reaccionar de manera adecuada. 
Esta mañana el Reglamento ha sido interpretado- y aquí quiero mostrar al Presidente mi reverencia- razonablemente con gran sosiego y una gran calma. 
Ha sucedido tal como lo habíamos dispuesto. 
Las votaciones que se han celebrado han sido votaciones correctas. 
No son votaciones de menos valor porque sólo hayan participado pocos en las mismas. 
Creo que deberíamos intentar salvar este debate del viernes y estas votaciones del viernes y conducirlos a un buen resultado, avisando a nuestros colegas y a los Grupos de que estaremos presentes. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias al mismo tiempo al Presidente de esta difícil sesión, a mis colegas presentes y a la Sra. Reding. 
Señora Comisaria, sobre los problemas forestales, quisiera decirle que, aunque su franqueza resulta a veces difícil de entender, tiene el mérito de la franqueza frente a unas declaraciones que, quizás, eran un poco prematuras en el momento de los acontecimientos. 
Pienso muy sinceramente que la credibilidad de la Unión Europea debería más bien favorecer su registro en relación con lo que se ha podido saber al principio del todo y que ha permitido creer que Europa estaba mucho más presente de lo que deseaba estarlo. 
El debate sobre la silvicultura está abierto, y también debe estarlo el relativo a las catástrofes naturales porque no podemos querer acercarnos a nuestros conciudadanos y explicarles que cuando son ellos los que tienen desgracias no podemos hacer nada, al mismo tiempo que se envían cuerpos expedicionarios al exterior. 
Es una verdadera cuestión simbólica y política. 
Por lo tanto, gracias. 
Quisiera adherirme a los propósitos de nuestro colega Daul, en su calidad de coautor con Evelyne Gebhart de esta resolución sobre la madera, lamentarlo mucho incluso decir que estoy disgustado de ver que por pequeñas maniobras, los etíopes han sido tomados como rehenes. 
Por pequeñas maniobras que, por otra parte, no se reconocen pues, efectivamente, tenemos derecho a plantear la cuestión del quórum, como la del viernes, pero a todo el mundo le consta que es la guerrilla contra Estrasburgo la que se manifiesta de ese modo. 
Y lo que es más grave, es que corre el peligro de renovarse prácticamente todos los viernes. 
Hemos tenido una pequeña satisfacción, y es que la abstención afecta también de forma bastanter rápida a los que hoy se han manifestado por el absentismo y que han podido sabotear la sesión de esta mañana. 
Pienso, sencillamente, que hay que retomar urgentemente esta cuestión de la agenda. 
Todo el mundo sabe, y lo digo al gran público que está aquí, que un Hemiciclo no está nunca lleno porque el trabajo parlamentario es un trabajo especializado. 
Sin embargo es necesario que dejemos de escondernos... 
(El presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, quisiera recordar que este Parlamento rechazó, hace unos meses, una enmienda que solicitaba la supresión del viernes en nuestros períodos de sesión plenaria en Estrasburgo y lo mínimo sería que al menos los diputados respetaran lo que han votado. 
Esta enmienda fue rechazada por amplia mayoría. 
Por lo tanto, hoy no podemos hacer modificaciones sea lo que fuere para el año 2000. 
Finalmente, quisiera adherirme a mis colegas que experimentan un sentimiento profundo de vergüenza por lo que ha ocurrido. 
Por resolver unos pequeños problemas políticos, este Parlamento no ha podido votar la ayuda a Etiopía. 
Verdaderamente, tengo un sentimiento de vergüenza. 
Señor Presidente, yo también lamento las maniobras que han impedido trabajar a nuestra Asamblea esta mañana. 
En cambio, me alegro del hecho de que todos los oradores que acaban de tomar la palabra lo deploren conmigo y sean los diputados más asiduos de este Parlamento. 
Creo que hay que sacar fruto de lo que ha ocurrido con un espíritu constructivo. 
En primer lugar, hay un Tratado, hay una toma de posición del Parlamento Europeo a favor de las sesiones del viernes por la mañana: hay que aplicar el Tratado y las decisiones del Parlamento Europeo. 
Desearía que la Mesa de nuestro Parlamento encargara a la comisión competente el examen del Reglamento y de todas las prácticas del Parlamento Europeo que puedan perjudicar a las reuniones del viernes por la mañana en Estrasburgo. 
Por el contrario, hay que tratar de valorizarlas por todos los medios. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitarle por la manera con que ha conducido usted esta difícil sesión y quisiera decirle a nuestro colega, el Sr. Meijer algo muy concreto. 
Conozco esta Asamblea desde hace 6 años como diputado pero desde hace 21 años en otra función. 
Desde hace 21 años he participado en cada sesión de los viernes, incluso cuando tenía otra función y no era todavía diputado. 
A este respecto quisiera dar también las gracias a todos los colaboradores, los cuales trabajan excelentemente los viernes. 
Pero, con independencia de esto, quisiera decir que en estos 21 años he visto una y otra vez estos intentos. 
Por esta razón se introdujo un quórum para la constatación del quórum, porque, precisamente, se quería salvar el viernes. 
Así han surgido todas estas cosas. 
Pero quisiera decir a nuestro colega, el Sr. Meijer, que en algún momento se decidió llevar a cabo de martes a jueves las decisiones legislativas, y adoptar el viernes las decisiones no legislativas para las cuales, precisamente, no está prescrito un quórum y colocar en el viernes temas que no son controvertidos, a fin de que puedan ser adoptadas esas decisiones que no son controvertidas, pero que son importantes. 
Éste ha sido el consenso y este consenso ha sido vulnerado aquí. 
Quizá sea éste un schock saludable, quizá tenga razón aquí nuestro colega, el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Pero quisiera pedir que se vea claro que el viernes no fue planeado jamás para decisiones legislativas. 
Estas decisiones son no legislativas. 
Sin embargo, son importantes, y son consensuales y por esta razón se las podía haber suprimido con toda tranquilidad y dignidad, y por esa misma razón se las ha suprimido al final de este día con toda tranquilidad y toda la dignidad. 
Gracias, señor Posselt. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.25 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 14 de abril de 2000. 
Señora Presidenta, deseo realizar una declaración en el Día Internacional de la Libertad de Prensa sobre la situación en Túnez y solicitar su mediación. 
Lo haré cuando la Sra. Presidenta lo considere oportuno. 
Gracias, señor Barón Crespo. 
Tomo nota de su propuesta. 
Señora Presidenta, mi intervención se refiere a este mismo tema. 
Tenemos reciente noticia de que el hermano de Taoufik Ben Brik acaba de ser condenado en firme a tres meses de cárcel. 
Aquí, cada uno de nosotros sabemos que esta decisión provoca una situación sumamente crítica, ya que el periodista tunecino había anunciado su intención de llegar hasta la muerte si su hermano era condenado. 
Acabo de leer la patética llamada que el joven hermano de Taoufik ha realizado recientemente al periodista tunecino, exhortándole a finalizar al menos su huelga de hambre. 
Pienso, en consecuencia, que el futuro más inmediato puede ser decisivo para reconducir a los dirigentes tunecinos a asumir sus responsabilidades. 
Por ello, al igual que mi amigo Enrique Barón Crespo, desearía, tal y como se lo indiqué en mi carta de ayer, que utilizara usted su influencia y su autoridad para darle una solución justa y rápida a este caso dramático de violación de los derechos humanos y de la libertad de prensa, y ello lo antes posible, dados los últimos acontecimientos. 
Señora Presidenta, voy a plantear una moción de orden en el sentido real y literal de la palabra. 
Me refiero al desorden de calendarios y agendas que tenemos en este Parlamento, al menos en lo que concierne a este año. 
Por ejemplo, el día 19 de abril recibí un e-mail del Sr. Richard Balfe, Cuestor, en el que comunica que tal día es un día restringido y que las reuniones previstas para ese día quedaban anuladas. 
El 13 de abril habíamos recibido una nota de servicio en la que se decía qué días son feriados y cuáles no. 
Pido a las instancias competentes del Parlamento que el orden y la planificación se haga con un año de antelación, aunque pueda ocurrir algo imprevisto que obligue a un cambio posterior. 
Pero cambiar fechas, como veo aquí, en la nota de servicio, introducir días feriados que antes no existían, supone una falta de planificación realmente grave para una institución con 600 diputados y miles de personas trabajando. 
Por favor, un poco de atención y un poco de orden a la hora de hacer la planificación anual. 
Señor Valdivielso de Cué, le prometo que estudiaré muy a fondo todo esto, pero la Sra. Banotti desea tomar la palabra para responderle en su condición de cuestora. 
Señora Presidenta, muchos diputados se han dirigido a mí en relación con malentendidos relativos a la firma en el registro de ayer. 
Quisiera decir simplemente que propongo que se plantee esta tarde en la Mesa este asunto. 
No cabe duda de que hubo un malentendido y muchos diputados, para asistir hoy al Pleno aquí, tuvieron que salir ayer de sus casas y contraer los gastos habituales. 
Así, pues, espero que podamos plantearlo en la reunión de la Mesa de esta tarde. 
Gracias, señora Banotti. 
Ocurrirá lo mismo el lunes de Pentecostés. 
Debemos en efecto estar muy pendientes de eso. 
Señora Presidenta, quisiera aprovechar la ocasión para comunicarle a usted y a los demás colegas que el Sr. Paul van Buitenen, el funcionario de la Comisión que, como ustedes saben, desempeñó un papel crucial en el descubrimiento de los fallos cometidos por la anterior Comisión, recibió la semana pasada en los Países Bajos una condecoración real. 
Al menos en los Países Bajos- no quiero pecar de inmodestia- se siente un enorme aprecio por su trabajo. 
Señora Presidenta, quiero referirme a la publicación hace una semana de un informe muy importante del Comité Europeo para la prevención de la tortura y del trato inhumano y degradante. 
Va dirigido al Gobierno español con ocasión de la visita a España del Comité Europeo al final de 1998. 
Se puede consultar el informe en Internet, como también la respuesta del Gobierno español. 
Hace una semana un tribunal español condenó a cinco antiguos funcionarios del Estado, incluido un general de la Guardia Civil, a 71 años de cárcel, en el caso de la condena mayor. 
Con esas condenas concluyó el segundo juicio de la llamada "guerra sucia" y contribuyó a corroborar las alegaciones de que a comienzos del decenio de 1980 el anterior Gobierno socialista de Felipe González lanzó una guerra sucia. 
Según las agencias internacionales Associated Press y Reuters, dos jóvenes de 20 y 21 años de edad fueron conducidos a través de la frontera a la zona vasca española, donde fueron torturados durante varios días. 
Los dos fueron muertos con un disparo en la cabeza. 
Los siete acusados fueron absueltos de los cargos de tortura y pertenencia a banda armada. 
La hermana de una de las víctimas dijo a los periodistas que era una vergüenza que no se los declarara culpables de tortura. 
Es importante que se conozca ese asunto. 
Señora Presidenta, volviendo a una observación formulada antes: como usted sabe, el 9 de mayo es el Día de Europa y el Parlamento estará cerrado. 
Sin embargo, ese día se celebrará una reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
¿Se permitirá al público asistir a esa reunión o se les impedirá la entrada al Parlamento? 
Gracias, señor Miller. 
La respuesta es sí. 
Señora Presidenta, habida cuenta de que el último día del anterior período de sesiones en Estrasburgo se comprobó reiteradamente que no existía el quórum necesario para pasar a las votaciones propuse al Presidente de dicha sesión, el Sr. Wiebenga, que en adelante todas las votaciones del viernes se celebraran a las doce horas del mediodía o al final de la sesión, tal y como sucede los demás días, y que los diputados no firmasen las listas de asistencia hasta el momento en que se marcharan, con mención de la hora de salida. 
El Sr. Wiebenga anunció que elevaría esa cuestión ante la Presidenta y la Mesa. 
Por tanto, mi pregunta es si la Mesa ya ha deliberado sobre este asunto. 
. Puedo decirle que sin duda he recibido la carta del Sr. Wiebenga, y que esta cuestión forma parte del orden del día de nuestra Mesa de esta tarde. 
Como ve, no hemos perdido el tiempo. 
Señor Barón Crespo, puedo indicarle que a raíz de la misiva que, efectivamente, me ha enviado el Sr. Wurtz, tengo ya preparado un borrador de carta para las autoridades tunecinas, que responde a las preocupaciones que tanto Usted como el Sr. Wurtz han manifestado. 
Creo que ha llegado el momento de presentar su declaración, si lo desea, declaración que podremos adjuntar a la carta dirigida a las autoridades tunecinas. 
Señora Presidenta, Túnez es un país que tiene con la Unión Europea un Tratado de asociación y una relación muy intensa. 
En el artículo segundo de dicho Tratado se establece, de común acuerdo, el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. 
Desde principios de abril estamos viviendo, sin embargo, una situación en la que la huelga de hambre iniciada por un periodista, el Sr. Ben Brick, está planteando un grave caso de conciencia y de violación del Tratado de asociación, por parte del Gobierno tunecino, en la medida en que no solamente se le ha prohibido al Sr. Ben Brick escribir como corresponsal que es del periódico francés La Croix, sino que, además, se le ha retirado el uso del teléfono y el pasaporte. 
Hay que añadir, además, que el Gobierno tunecino ha puesto trabas y ha tratado de manera intolerable a los periodistas que han tratado de cubrir esta situación. 
Por ello, señora Presidenta, entiendo que debemos claramente señalar a un gobierno amigo y asociado nuestro, como es el Gobierno tunecino, que no solamente esta conducta es incompatible con nuestro Tratado de asociación, sino que además, como ha señalado aquí con razón mi colega el Sr. Wurtz, ésta es una situación que no debe de continuar y que está llevando a que familiares del Sr. Ben Brick pongan en peligro su vida por defender estos derechos. 
Por lo tanto, entiendo, señora Presidenta, que no habiendo posibilidad para proceder parlamentariamente con la rapidez suficiente, la Asamblea debe mostrarle a usted su confianza para que intervenga en nuestro nombre para poner fin a esta situación y para llevar al Gobierno de Túnez a la razón. 
Se lo agradezco, señor Barón Crespo. 
Se da por supuesto que antes de enviar esta carta a las autoridades tunecinas, contactaré con nuestro colega el Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb. 
Señora Presidenta, hace poco no he hecho la señal para pedir el uso de la palabra, porque uno de los administradores de nuestro Grupo había señalado ya a la Mesa de la Presidencia, antes de la sesión, que yo deseaba presentar una cuestión de orden. 
No sé si será posible que incluyamos en el orden del día de esta sesión un punto relativo a la información que se nos debe dar sobre la situación del euro, que es preocupante. 
O, si no, deberíamos ya iniciar las gestiones para que se incluya ese tema en el orden del día del próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
Según las noticias de esta mañana, el euro ha caído ya por debajo del nivel psicológico de 90 centavos de dólar, lo que anuncia niveles de bajada aún más preocupantes y graves. 
No podemos seguir tolerando una moneda muda. 
Alguien tiene que dar explicaciones y anunciar qué medidas pueden restablecer un mínimo de confianza psicológica en la que hoy es la moneda común de muchos de los Estados miembros de la Unión. 
Quisiera señalar este asunto a la atención de la señora Presidenta y de la Mesa para que nuestro Grupo pueda adoptar iniciativas, oportunamente y en caso de que sea necesario, con vistas a reformular el orden del día del próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
También he recibido la información de que hoy por la mañana un Comisario habrá estado presente en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
¿Estará el presidente de esa comisión en condiciones de dar algunas informaciones al Pleno sobre las perspectivas de la Comisión respecto de una situación tan crítica? 
Gracias, señor Ribeiro. 
Como usted sabe, hemos programado para la próxima sesión de Estrasburgo un debate sobre el informe del Sr. Duisenberg. 
Creo que este gran debate responderá totalmente a sus expectativas. 
Señora Presidenta, mi Grupo tiene la intención de solicitar que, en el debate sobre la política monetaria, se adjunte una declaración de la Comisión sobre la política de información que plantea en torno al euro. 
Y yo querría señalar que no debemos dejarnos llevar por informaciones, no sólo alarmistas, sino a veces precipitadas, en relación con la situación del euro y que no debemos fijarnos sólo en la evolución de la paridad de euro con otra moneda, como el dólar. 
Hay que tener en cuenta la situación de la economía europea y también las posibilidades que está creando el euro. 
A mí me parece que, en ese sentido, tenemos que ser, por lo menos, tan beligerantes en la defensa del euro como lo son nuestros colegas del Congreso norteamericano en la defensa del dólar. 
Señora Presidenta, comparto plenamente la penúltima intervención del Sr. Barón Crespo sobre Túnez. 
Por otra parte, me llena de alegría ver que el Grupo Socialista decide por fin adoptar una postura un poco más enérgica sobre este país, que va por cierto mucho más allá de la compleja situación del Sr. Ben Brik; sin embrago, señora Presidenta, no he entendido su intervención. 
Ya que Usted propone escribir a las autoridades tunecinas, iniciativa que comparto del todo, pienso que debería hacerlo para dar a conocer la postura de nuestro Parlamento. 
En consecuencia, no llego a comprender porqué en la carta se anexaría también la postura de un Grupo en particular. 
Tiene razón, señor Dupuis, por eso mismo he mencionado que iba a contactar lo antes posible con el Presidente de la Delegación para las Relaciones con el Machreq, con el fin de enfocar una actuación muy fuerte y al mismo tiempo muy coordinada. 
Anulación del mandato del Sr. Le Pen 
Le comunico que el pasado 26 de abril recibí, de parte de las autoridades francesas, una carta del Sr. Védrine, Ministro de Asuntos Exteriores, y del Sr. Moscovici, Ministro Delegado, responsable de Asuntos Europeos, fechada el 20 de abril, y que incluía como anexo un dossier relativo a la anulación del mandato del Sr. Le Pen. 
De conformidad con el artículo 7, apartado 4, párrafo 2 del Reglamento, le he presentado a la comisión jurídica este dossier, rogándole tenga a bien darle curso, y la Sra. Palacio Vallelersundi ha tenido la deferencia de asegurarme que la citada comisión se reunirá mañana por la mañana a las 9 horas. 
¿Señor Le Pen, desea usted intervenir? 
Gracias, señora Palacio Vallelersundi, le agradezco además su disponibilidad y la de su comisión. 
¿En virtud de qué artículo del Reglamento desea Usted presentar una cuestión de procedimiento, señor Gollnisch? 
Señora Presidenta, en virtud del artículo 6, en primer lugar, y además, si a usted no le importa, del artículo 7, apartado 4, párrafo segundo; pero voy a intervenir brevemente y con seriedad. 
Creo que, en cualquier caso, esto merece una explicación de un minuto y medio. 
A mi entender, puede usted concedérmelo. 
Desearía, señora Presidenta, a través de un simple recordatorio de las disposiciones de nuestro Reglamento, evocar algunos problemas que no afectan al fondo del asunto, si no que se refieren al procedimiento, en este tema del que ninguno de ustedes podrá negar la gravedad. 
En primer lugar, me gustaría hacer referencia al artículo 6. 
El artículo 6 incorpora a nuestro Reglamento las disposiciones relativas a la inmunidad parlamentaria. 
Simplemente, subrayo ante nuestra Asamblea el hecho de que, en el procedimiento penal que ha conducido al Gobierno francés, erróneamente, en mi opinión, aunque este no es el problema- a querer anular el mandato del Sr. Le Pen, contrariamente a las disposiciones del Código Penal francés, las autoridades judiciales no han solicitado el levantamiento de la inmunidad del Sr. Le Pen. 
Basándose en una interpretación abusiva del término "flagrante", creo que este hecho viola el Protocolo sobre las inmunidades de nuestro Parlamento y el artículo 6 de nuestro Reglamento, que les invito, queridos colegas, a leer y a consultar. 
En segundo lugar, señora Presidenta, me gustaría recordar a la Sra. Palacio en particular, y estoy seguro de que lo conoce, el contenido del artículo 7, apartado 4, párrafo segundo. 
Es una disposición que ha sido recientemente incorporada a nuestro Reglamento, para este tipo de casos en especial, tras el precedente de nuestro colega, el Sr. Tapie. 
He aquí lo que dice este artículo 7: 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Respeto perfectamente mi cargo. 
Usted mismo ha mencionado que deseaba un minuto y medio para su cuestión de procedimiento. 
Ya ha transcurrido. 
El Sr. Le Pen le explicará mañana todo esto a la comisión jurídica. 
Revisión de las perspectivas financieras 
El orden del día nos lleva a la comunicación de la Comisión sobre la revisión de las perspectivas financieras. 
Señora Presidenta, Señorías, agradezco esta oportunidad de exponer la decisión de la Comisión sobre la revisión de las perspectivas financieras. 
Ante todo, permítanme que aproveche la ocasión para anunciarles otra decisión que acaba de adoptar hoy mismo la Comisión. 
La Comisión ha decidido designar al Sr. Carlo Trojan como Jefe de la Delegación de Ginebra a partir del 1 de septiembre de este año y que el Sr. O ' Sullivan ocupe a partir del 1 de junio el puesto de secretario general. 
El Sr. Levi, hasta ahora portavoz de la Comisión, ha sido nombrado director del Grupo de análisis prospectivos. 
El Sr. Jonathan Faull, hasta ahora director de los Servicios de Prensa y Comunicación, asumirá en adelante- también durante un período transitorio-las funciones de spokesman, de portavoz de la Comisión. 
Todas estas decisiones que afectan al personal se han adoptado como resultado de la reforma de la Comisión y son acertadas, a mi parecer, para impulsar las nuevas medidas de reforma necesarias. 
La Comisión ha manifestado su gran reconocimiento al Sr. Carlo Trojan por su labor. 
Yo quiero reiterarle desde aquí mi sincera gratitud, también en mi anterior posición como política berlinesa, por su gran compromiso a favor del proceso de unificación. 
Me gustaría resaltar claramente que dicho compromiso también estuvo detrás de la gran ayuda que otorgaron de inmediato a la Alemania oriental el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Señor Presidenta, paso a referirme ahora a la decisión de la Comisión sobre la revisión de las perspectivas financieras. 
Una decisión necesaria para garantizar también desde el punto de vista financiero la nueva prioridad política, la nueva tarea de alto contenido político, esto es, la aportación de ayuda a la región de los Balcanes occidentales. 
Esta Asamblea ha resaltado igualmente en numerosas resoluciones la importancia del compromiso de la Unión Europea en los Balcanes occidentales para el éxito de la futura definición de la política exterior europea y también el Consejo la ha remarcado repetidamente en varias de sus Cumbres. 
Las perspectivas financieras, la programación financiera para la Unión Europea, adoptadas en marzo de 1999 en el Consejo de Berlín, todavía no contemplaban esta evolución de los acontecimientos en la zona de los Balcanes. 
Permítanme que recuerde que la decisión sobre la Agenda 2000 se adoptó en Berlín justo el día que comenzó la guerra de Kosovo. 
Cuando el Parlamento adoptó con el Consejo y la Comisión el Acuerdo Interinstitucional sobre la Agenda 2000, se incorporó al mismo, por iniciativa del Parlamento, la siguiente frase: "En vista de la evolución de la situación en los Balcanes, en particular en Kosovo, las dos ramas de la autoridad presupuestaria invitan a la Comisión a presentar, cuando las necesidades hayan sido comprobadas y estimadas, las propuestas necesarias en materia presupuestaria, incluida, en su caso, una propuesta de revisión de las perspectivas financieras." 
El 16 de diciembre del año pasado, en el contexto de la aprobación del Presupuesto 2000, la autoridad presupuestaria invitó nuevamente a la Comisión a presentar un plan financiero plurianual para un programa de ayuda a la región de los Balcanes occidentales, incluida también, llegado el caso, según cuál fuese el montante necesario, una propuesta de modificación de las perspectivas financieras. 
La Comisión responde con las presentes decisiones a dicha invitación del Parlamento y el Consejo. 
El punto de partida de la propuesta de la Comisión es la respuesta a siguiente pregunta: ¿qué recursos serán necesarios durante el período de programación- o sea, hasta 2006- para poder cubrir la importante necesidad de ayuda financiera para la región de los Balcanes occidentales? 
Cuando digo la región de los Balcanes occidentales me refiero a Albania, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro, Kosovo y también la Ex República Yugoslava de Macedonia. 
Al mismo tiempo es necesario que esto vaya acompañado de un programa integral de ayuda, la participación en el cual estará condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, concretamente un desarrollo democrático en la región, el respeto de la legalidad y la voluntad de cooperación. 
El programa que propone la Comisión forma parte del proceso de estabilización y asociación previsto para la región y su finalidad es aportar recursos financieros para su reconstrucción y estabilización, y para el fomento de la democracia y el Estado de Derecho, el desarrollo de una economía de mercado y la cooperación interregional y con la Unión Europea. 
A continuación voy a presentarles algunas cifras, pues cuando se debate sobre el presupuesto siempre es preciso remitirse, naturalmente, a los datos numéricos. 
Según las estimaciones de la Comisión, la aportación financiera necesaria hasta 2006 para Albania, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y también Montenegro es de 1.500 millones de euros, o sea, un montante anual de unos 200-230 millones de euros. 
Por lo que respecta a las necesidades financieras para la reconstrucción, existe un estudio del Banco Mundial y la Comisión que establece que en los próximos tres o cuatro años se requerirá una ayuda financiera por valor de 2.300 millones de dólares, y la Comisión y la Unión Europea se comprometieron a cubrir la mitad de la aportación financiera necesaria, o sea, unos 1.100 millones de euros, con cargo al presupuesto de la UE. 
La propuesta de la Comisión- como ya he señalado- también atiende en particular a la necesidad de que las regiones cooperen entre sí y, por consiguiente, la estimación prevé unos recursos específicos para este fin. 
La propuesta de la Comisión prevé que en la programación financiera ya se incluya asimismo una ayuda para Serbia por un montante del orden de los 2.300 millones de euros. 
Naturalmente, como es obvio, dicha ayuda con cargo al presupuesto europeo sólo se puede y se va a hacer efectiva cuando tenga lugar una evolución democrática en Serbia. 
No obstante, la Comisión está convencida, por otra parte, de que será una señal política muy importante para Serbia que el marco financiero se decida ya, con objeto de dejar claro que no se trata únicamente de promesas dirigidas a las fuerzas de oposición serbias, sino que se están haciendo los preparativos para poder actuar también de inmediato sobre el terreno con medidas de ayuda en cuanto se registre un cambio. 
Por lo que se refiere a las cifras, puedo anunciarles que la Comisión estima en 5.500 millones euros las necesidades financieras totales de la región que se deberán cubrir con cargo al presupuesto europeo. 
La programación financiera adoptada en Berlín en el marco de la Agenda 2000 ya incluía unos 1.800 millones de euros, que se preveía destinar a Bosnia-Herzegovina. 
La Comisión ha decidido proponer una modificación del reparto a fin de destinar a la ayuda a la región de los Balcanes otros 1.400 millones procedentes de otras líneas presupuestarias en el ámbito de la política exterior. 
Con este objeto, ha elaborado y decidido una redistribución del presupuesto programado para las medidas de política exterior, que a continuación voy a exponerles de manera detallada. 
La Comisión considera que en los próximos años será necesario incrementar el presupuesto disponible para las medidas de política exterior, concretamente en 300 millones de euros anuales. 
Al mismo tiempo, la Comisión presenta la siguiente propuesta para financiar dichas necesidades adicionales: en los años 2001 y 2002 dichos recursos se cubrirían mediante una reasignación al ámbito de la política exterior de algunos recursos anteriormente previstos para la política agrícola. 
Ya tuve oportunidad de discutir aquí en otra ocasión dicha propuesta. 
Ahora quisiera repetir que esta medida no va a alterar en modo alguno el paquete de medidas adoptado en Berlín en el ámbito de la política agrícola. 
En particular, tampoco va a suponer una reducción de las ayudas directas a la renta de los agricultores. 
Quiero recordar que el montante total del presupuesto agrícola es del orden de los 44.000 millones de euros y, por lo tanto, es evidente que una reasignación de 300 millones no va a afectar en absoluto al paquete total de la política agrícola. 
En el año 2001, dicha suma se financiará, entre otras cosas, gracias al ahorro derivado de la variación del tipo de cambio entre el euro y el dólar. 
En efecto, el tipo de cambio actual del euro supone un ahorro muy importante para el presupuesto europeo en lo que respecta a la financiación de las exportaciones. 
A partir de 2003, la Comisión propone que se adopte una decisión sobre la financiación de los créditos necesarios coincidiendo con la revisión intermedia de la política agrícola, ya prevista en cualquier caso. 
Además, puedo añadir que la Comisión propone asimismo a la autoridad presupuestaria que sólo prevea un incremento efectivo de los créditos destinados a la política exterior cuando se puedan utilizar también los créditos previstos para Serbia. 
La decisión define, por lo tanto, una marco de referencia para los próximos años. 
Por lo que respecta a la ya citada modificación del reparto de los créditos previstos en el ámbito de la política exterior, permítanme que añada, a modo de resumen, lo siguiente: en las propuestas de la Comisión se ha tomado en consideración en cada caso la importancia geopolítica de la región. 
En particular, no se han propuesto reducciones de los programas destinados a combatir la pobreza en el mundo y en las propuestas se ha tomado en consideración si en el pasado ha habido una infrautilización de determinados programas o sea, cómo se ha desarrollado su administración o su aplicación en esos ámbitos. 
La reasignación necesaria se concreta principalmente en reducciones por un montante análogo en el programa TACIS para los países de la antigua Unión Soviética. 
Yo quisiera añadir, no obstante, que en lo que respecta a la región mediterránea, la propuesta de la Comisión prevé incrementar globalmente en un 13% con respecto al período anterior los recursos disponibles para el programa MEDA durante el próximo período, o sea, hasta 2006. 
Antes de acabar, permítanme que añada lo siguiente: la decisión sobre la revisión de las perspectivas financieras responde también en otro aspecto a un deseo del Parlamento. 
En el contexto del Presupuesto 2000, ustedes propusieron que los recursos destinados a Chipre y Malta no se incluyan en el futuro en el marco del presupuesto de la política exterior, sino dentro del presupuesto para las ayudas de preadhesión, con objeto de hacer patente que existe de una planificación coherente y que se trata de créditos concedidos con vistas a la adhesión a la Unión Europea a la que aspiran Chipre y Malta. 
Yo creo que esto también contribuirá a mejorar la transparencia de la programación financiera. 
Las presentes decisiones de la Comisión responden en varios aspectos a importantes peticiones del Parlamento; hemos atendido dichas peticiones. 
Por esto, me permito expresar la esperanza de que la propuesta de la Comisión sobre la revisión de las perspectivas financieras pueda contar también con su apoyo y pedirles que así sea. 
Señora Presidenta, agradezco a la Comisaria ese informe. 
No había demasiadas sorpresas en él y, hasta cierto punto, me congratulo de ello. 
Sin embargo, sigue planteada una cuestión en relación con la reasignación en la Categoría 4. 
Le he oído decir a usted que no iba a haber reducciones en las líneas relativas a la pobreza. 
Ha mencionado usted líneas que no permanecerán intactas y que iba a haber reducciones en TACIS. 
¿Puede darnos una idea sobre si habrá alguna reducción general? 
El año pasado el Consejo propuso una reducción general del 10% en la Categoría 4. 
¿Está haciendo la Comisión reducciones selectivas como ha indicado usted o va a hacer reducciones generales en la Categoría 4? 
Sigo sin ver con claridad lo que ocurrirá a partir de 2003. 
Si se van a sacar fondos de la Categoría 1 durante los dos próximos años, ¿de dónde espera que salgan esos fondos a partir de 2003? 
Señoría, con respecto a su primera pregunta, en cuanto a si la Comisión propone una reducción global en el ámbito de la política exterior, la respuesta es muy clara: no, no es ése su propósito. 
A mi parecer, sería un error proceder de ese modo. 
Disponemos de suficientes criterios para determinar de manera diferenciada las posibilidades de modificación del reparto de los créditos con respecto a la Agenda 2000. 
Por consiguiente, se trata de propuestas fundamentadas en consideraciones muy concretas y no de propuestas globales. 
En cuanto a su segunda pregunta: la Comisión propone reasignar algunos créditos de la política agrícola a la política exterior en los años 2001 y 2002, y yo quisiera recordar que sólo se propone reducir el incremento del presupuesto en el ámbito de la política exterior, o sea, que no se trata de una reducción con respecto al presupuesto actualmente disponible. 
La propuesta de la Comisión para los años posteriores, a partir de 2003, es la siguiente: se prevé incrementar el montante destinado a la política exterior, lo cual aritméticamente se traduciría, como es natural, en un incremento del techo global. 
La Comisión propone, no obstante, que ambas ramas de la autoridad presupuestaria se comprometan a prever, en el marco del procedimiento presupuestario anual, un ahorro en determinados aspectos que permita disponer de esos 300 millones. 
También cabe la posibilidad de presentar una propuesta para la financiación de dichos créditos adicionales durante todo el período, en el contexto de la revisión intermedia de la Categoría 1, que se debe realizar en 2003. 
Yo quisiera remarcar una vez más que, a mi modo de ver, es posible financiar este incremento en el ámbito de la política exterior, sin rebasar el techo global que se decidió en Berlín, y que los recursos destinados a Serbia sólo se deberían desembolsar cuando haya tenido lugar efectivamente una evolución democrática. 
Señora Presidenta, he escuchado, con gran interés y curiosidad, lo que acaba de decir la señora Comisaria. 
He de manifestar que habríamos preferido disponer de un texto escrito, pero he creído entender que sus palabras han sido objeto de debates internos en el seno de la Comisión, y que por tanto contaremos con un texto más preciso que podremos estudiar a voluntad. 
Dicho esto, no llego a comprender en qué se basa usted para estimar que el gasto agrícola no se va a utilizar como debería- en su totalidad -, y cómo podrá usted liberar cantidades, que dice serán mínimas, para la categoría de acciones internacionales de política exterior. 
En efecto, hemos sufrido más bien, a lo largo del último ejercicio, una gran tensión en cuanto a los gastos de mercado, y no veo qué le puede autorizar intelectualmente a pensar que hay demasiado dinero en el capítulo agrícola, salvo el hecho de que necesita dinero para el capítulo de política exterior. 
En segundo lugar, ocurre lo mismo en los recortes dentro de la categoría IV. Nos dice: hay solidaridad interregional. 
Está bien, de acuerdo, pero ¿qué le autoriza- ha hablado usted de criterios muy sutiles, indíquenos cuáles son -, qué le autoriza a pensar que se destina demasiado dinero a las otras regiones del mundo, aparte del hecho de que usted necesita ese dinero para la región de Kosovo? 
Creo que aquí hay un problema. 
Tercera cuestión, y termino. Me gustaría saber si, en los compromisos que hemos adquirido en materia de ayuda en la Conferencia de Donantes, nos hemos vinculado en dólares americanos o en euros. 
Y, teniendo en cuenta la situación del euro, si se tratase de dólares americanos, me gustaría saber cómo se plantearía asegurar un estricto paralelismo entre las donaciones de la Unión Europea y las de los otros donantes de la comunidad internacional. 
Señoría, respondiendo a su última pregunta, la estimación del Banco Mundial de las necesidades de Kosovo estaba expresada efectivamente en dólares. 
Ya tuvimos ocasión de debatirlo muy intensamente en el marco de las deliberaciones sobre el Presupuesto 2000. 
La Comisión prevé ahora en su propuesta un montante de 1.100 millones de euros para el período 2000-2006. 
Por lo tanto, este cálculo no incluye los recursos para Kosovo que ya se hayan podido desembolsar en 1999. 
Por lo que respecta a la necesidad de disponer de un documento escrito para poder analizar la propuesta, mañana podrá encontrar en Internet la propuesta de revisión de las perspectivas financieras y reasignación de los créditos. 
La Comisión va a adoptar la semana próxima una decisión sobre el programa "Cards", porque todavía quedaban por aclarar diversas cuestiones con el servicio jurídico con objeto de que ustedes pudieran disponer a partir de mañana de los importantes datos numéricos. 
En relación con sus manifestaciones sobre los gastos agrícolas, permita que le recuerde lo siguiente: este año se van a desembolsar unos 500 millones menos en el ámbito de los gastos agrícolas debido a la modificación del tipo de cambio y las estimaciones para el año próximo indican que habrá que pagar unos 650 millones menos, suponiendo un tipo de cambio paritario entre el euro y el dólar. 
Como usted también sabe, se ha pedido a la Comisión que vuelva a presentar propuestas en relación con los regímenes de diferentes mercados para el año 2001, incluido también, en particular, el régimen del mercado del azúcar, y mi colega, el Sr. Fischler ha manifestado su intención de presentar una propuesta en este ámbito que representaría un ahorro anual de 300 millones de euros. 
Evidentemente, con esto no quiero decir que sobre dinero en ningún sitio; al contrario, en mi calidad de Comisaria responsable del presupuesto, tengo claro que el dinero siempre es escaso, pero también lo es para quienes deben financiar el presupuesto europeo. 
Por esto, la Comisión estaba obligada, a mi parecer, a presentar una propuesta para la financiación de una nueva prioridad sin solicitar nuevos fondos, sino examinando las posibilidades de modificar el reparto de los créditos en el marco del presupuesto para luego presentar la correspondiente propuesta, exigencia que hemos cumplido. 
Señora Presidenta, señora Comisaria Schreyer, usted ya acudió a la Comisión de Agricultura y Desarrollo y expuso allí sus argumentos, que fueron acogidos con respeto. 
Yo quisiera volver a repetir, no obstante, una advertencia y hacerle luego una pregunta. 
Usted ha dicho que se ha incrementado el presupuesto en el ámbito agrícola y lo que ahora se propone es reducir dicho incremento. 
De hecho, que ese incremento sea tan grande es un resultado de los recortes realizados con anterioridad en Berlín. 
Estos recursos son, sin embargo, urgentemente necesarios. 
Yo creo que no se debe crear la impresión de que siempre se puede recurrir al presupuesto agrícola como una cantera cuando escasean los fondos en otros ámbitos. 
Por esto, yo le pregunto: ¿no le parece que sería necesario reasignar los recursos que tal vez no se utilicen en el ámbito de la política de exportaciones a la línea a favor del desarrollo integral de las zonas rurales? 
En este ámbito se requieren considerables recursos, habida cuenta que la ampliación a los Estados de Europa central y oriental va a crear enormes problemas en dichas zonas rurales. 
Señoría, yo apoyo plenamente su compromiso a favor del desarrollo rural. 
Éste también va a quedar plasmado de manera muy clara en la propuesta para el Presupuesto 2001 que me voy a presentar la semana próxima a la Comisión. 
La propuesta es que los fondos destinados al fomento del desarrollo rural se incrementen en un 10% el año próximo con respecto a los de este año, con lo cual serían los que registrarían el mayor incremento en el proyecto de presupuesto. 
Yo le aseguro que al plantearse cómo se podría financiar esta nueva prioridad, esta nueva tarea, la Comisión no se ha preguntado dónde podría encontrar una cantera, sino que se ha limitado a adoptar una decisión muy concreta para los años 2001 y 2002. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera expresar el gran disgusto que me causa el hecho de que ya estemos abordando la revisión de las perspectivas financieras sin que se nos haya facilitado ningún tipo de documento escrito. 
Pienso que cuando se abordan asuntos como éste en el Parlamento, también debería haber constancia escrita al respecto, negro sobre blanco, para saber de qué estamos hablando. 
Además de esta deficiente gestión, antes que nada quiero señalar que, según la visión de la Comisión, bien pueden librarse guerras y bien pueden originarse gastos, pero las perspectivas financieras no pueden ser revisadas. 
Parece ser que la agricultura es el único medio de financiar las guerras y sus consecuencias. 
Y yo le preguntaría a la Sra. Comisaria que cómo se compagina esta propuesta de la Comisión con la decisión adoptada por el Parlamento, según la cual, en el marco de directrices del próximo ejercicio, la agricultura no debe ser la fuente primordial de financiación, ya que parece que se toman más recursos de las partidas de agricultura que, por ejemplo, de las nuevas reasignaciones de fondos. 
Por otra parte, también preguntaría si la Comisión considera posible recurrir de nuevo al instrumento de flexibilidad para hacer frente a esta financiación, a pesar de que la normativa prohíbe utilizar más de una vez dicho instrumento. 
Señoría, en lo que se refiere a su pregunta en cuanto a si la propuesta de la Comisión tiene en cuenta la decisión del Parlamento según la cual los recursos necesarios para las medidas de ayuda en la región de los Balcanes occidentales no deben obtenerse primordialmente del presupuesto agrícola, la respuesta es que se ha tomado en consideración dicha decisión. 
Quizá convenga citar, muy a grandes rasgos, otro par de datos: se considera que se requerirán unos 5.500 millones de euros, de los cuales un total de 3.300 millones se obtendrán de la rúbrica de la política exterior. 
Por lo tanto, es del todo evidente que el eje central es la modificación del reparto en el ámbito de la política exterior. 
La propuesta de la Comisión prevé concretamente detraer 600 millones de euros de la política agrícola en los años 2001 y 2002. 
En segundo lugar, en lo que se refiere al recurso a la reserva de flexibilidad, el Acuerdo Interinstitucional prevé que ésta sólo se pueda utilizar para un mismo fin dentro de un año determinado, o sea, que no se puede dedicar de manera continuada a una tarea a largo plazo. 
La Comisión propone de entrada que en el año 2001 se destinen a Serbia- para la financiación de la acción "Energía para la democracia", por ejemplo- sólo los 40 millones que ya se prevén también en el presupuesto de este año. 
Si tuviese lugar un cambio político en Serbia durante el año 2001, se podría recurrir, además, a la reserva de flexibilidad. 
En cuanto a su pregunta sobre cuándo podrán disponer de los documentos, mañana a primera hora los tendrá a su disposición en su ordenador a través de Internet. 
Señora Presidenta, quiero agradecer a la señora Comisaria su comunicación, aunque algunos de los puntos de la misma no son nada claros, es más, yo los definiría muy ambiguos. 
Me parece haber entendido que la ayuda financiera para Serbia ascenderá a 2.300 millones de euros No se trata de una dotación puramente nominal, sino de una mera asignación sobre el papel, es decir, a la espera de que el Gobierno de Milosevic sea sustituido o derrocado. 
No quiero entrar a valorar dicho Gobierno en este Pleno, sin embargo, quiero preguntar a la señora Comisaria si con esta política de aplazamiento de las ayudas financieras por motivos meramente políticos, la Comisión ha tenido en cuenta que no solo la población civil serbia paga un precio prohibitivo por la misma, sino también los países vecinos. 
¿Cómo pretende resolver sin asignaciones y ayudas directas el problema del envenenamiento industrial, de la viabilidad del Danubio, de sus puentes destruidos por los bombardeos estadounidenses que han reducido drásticamente el tráfico fluvial de cinco países limítrofes? 
¿Cómo se propone la Comisión contribuir- no dentro de tres años, sino en los próximos meses- a resolver el problema de la contaminación masiva provocada por el bombardeo de las plantas petroquímicas de Pancevo que han envenenado con gases tóxicos zonas muy amplias, cultivos y cosechas; contaminación que, según el último informe de Naciones Unidas, ha penetrado con dioxinas, mercurio y otras sustancias tóxicas también en los acuíferos? 
Le pregunto a la señora Comisaria si, también en beneficio de los países vecinos, existe la posibilidad o la perspectiva de intervenir directa e inmediatamente en territorio serbio; repito, también en beneficio de los países y de las regiones limítrofes. 
Señoría, la Comisión considera muy importante fomentar la cooperación entre los Estados y entre las regiones mediante su ayuda con cargo al presupuesto europeo. 
Por esto en la propuesta sobre la revisión de las perspectivas financieras se prevé explícitamente un total anual de unos 80 a 90 millones de euros para proyectos de cooperación. 
En segundo lugar- ya lo he apuntado -, el presupuesto de este año también incluye 40 millones de euros para la ayuda a Serbia, los cuales sólo se podrán aplicar, no obstante, en aquellos lugares concretos donde las fuerzas democráticas de oposición están intentando imponer en estos momentos un régimen democrático y la correspondiente legalidad. 
El presupuesto de este año incluye 540 millones de euros para el conjunto de la región. 
El Sr. Patten aceptó determinados proyectos en la conferencia de donantes, celebrada en el contexto del Pacto de Estabilidad, y dejó claro que la Comisión podrá empezar a actuar mediante medidas de ayuda concretas sobre el terreno. 
Esos 540 millones de euros figuran en el presupuesto sobre todo gracias al intenso apoyo del Parlamento Europeo y a sus esfuerzos para que se preste efectivamente la atención adecuada a dicha tarea. 
En este contexto, yo quiero agradecer una vez más al Parlamento Europeo la gran atención con que veló por que en el Presupuesto 2000 se pusiesen a disposición los créditos necesarios. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, en realidad voy a poder muy breve, ya que todas las preguntas apuntan en definitiva en la misma dirección. 
En resumen, se ha dicho que en Berlín se aprobaron 1.800 millones y hoy se han aprobado 1.400 millones, según ha dicho usted, y también se ha hecho referencia repetidamente a los 300 millones que se proponen detraer del presupuesto agrícola, o sea, del ámbito de la agricultura, para el período 2001/2002. 
Señora Comisaria, aunque ya tuvo usted la oportunidad de exponerlo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, yo quiero preguntarle simplemente: ¿cómo se explica entonces la inquietud que existe entre los agricultores? 
Si usted afirma hoy que vamos a poder ahorrar mucho como resultado del mecanismo de los tipos de cambio y a la vez tanto usted como el Comisario Fischler también afirman que podemos conseguir un ahorro a través de la organización del mercado del azúcar, el origen de la inquietud tiene que ser que no se ha transmitido adecuadamente esta cuestión, que las organizaciones de productores agrarios no lo han entendido bien. 
¿O acaso la política exige por principio que primero mantengamos un forcejeo durante algunas semanas? 
En resumen, si pudiésemos tranquilizar realmente a los agricultores, yo me alegraría mucho, pero de momento todavía no parece ser así. 
Señoría, yo le puedo asegurar que estas últimas semanas también me he dedicado muy intensamente a discutir en detalle la propuesta de la Comisión con las organizaciones de productores agrarios y a explicársela. 
La semana próxima, como ya he anunciado, voy a presentar a la Comisión la propuesta para el presupuesto 2001 y en ésta queda claro que los fondos destinados a la agricultura registrarán un gran incremento, de conformidad con las importantes decisiones adoptadas en Berlín. 
Por lo tanto, yo creo que las cifras concretas permiten dejar en verdad bien claro que los agricultores no tienen nada que temer y que la decisión de la Comisión no afectará a las importantes decisiones adoptadas en Berlín, sobre todo en lo que respecta a las ayudas directas a la renta de los agricultores. 
Este punto del orden del día queda cerrado. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, puedo dar una consigna de voto para cada una de las cuatro enmiendas. 
Como ponente no puedo sino desaprobarlas puesto que cada una de ellas ha sido tratada y posteriormente rechazada en la Comisión de Asuntos Económicos. 
Por lo tanto, les recomiendo que voten en contra. 
Le agradezco su aclaración. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Pesälä (A5-0081/2000) 
Señor Presidente, lamentablemente, no se hace caso de su consejo de quedarse a escuchar las interesantes explicaciones de voto, aunque estoy satisfecho y contento por su sugerencia. 
He votado a favor de informe del Sr. Pesälä sobre la propuesta de modificación del reglamento del Consejo relativo a la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos porque, sin duda, es un aspecto técnico positivo. 
No se puede negar a la Comisión la posibilidad de intervenir en unas materias tan estrictamente técnicas como ésta. 
Sin embargo, aprovecho la ocasión que me brinda la explicación de voto para recordar que sería conveniente que este Parlamento y también el Consejo modificaran totalmente la normativa sobre las cuotas lácteas y la distribución de los productos agrícolas que dentro de la Comunidad Europea se regulan según la cantidad de producción y de comercialización. 
El sistema de las cuotas lácteas ha hecho agua por todas partes: sería oportuno que se modificara. 
Informe Maat (A5-0074/2000) 
Señor Presidente, lamento mucho hacer sólo dos explicaciones de voto en esta ocasión, pero, de todos modos, lo hago con mucho gusto porque la propuesta del Sr. Maat es muy importante, ya que, como todos sabemos, ha determinado que se continúe el suministro de leche y de productos lácteos a los alumnos de centros escolares. 
Recuerdo, pues en mi juventud trabajé en el bar de mi padre, que cuando una persona mayor entraba en el bar y pedía un vaso de leche decía: "¡ Yo me crié con leche y con leche quiero morir !" 
Por ello, yo propondría- he votado a favor- que todos los días se suministrara un vaso de leche por cuenta de la Unión Europea también a las personas mayores y no sólo a los alumnos. 
Este recorte daba a entender la futura desaparición de estas ayudas. Todo ello no ha dejado de suscitar fuertes reacciones dentro y fuera del Parlamento Europeo. 
Según los expertos y los especialistas en nutrición infantil, la leche es sin duda un elemento esencial para el correcto desarrollo físico e intelectual del niño, de todos los niños. 
Así, los niños pertenecientes a familias desfavorecidas que no tienen acceso a ciertos productos lácteos cuyos aportes nutritivos son esenciales, pueden suprimir esas carencias gracias a los menús que se les ofrecen en los comedores escolares. 
Una propuesta de este tipo ponía en entredicho la salud de nuestros hijos. Teniendo en cuenta que la salud pública ha quedado consagrada en el nuevo Título XIII del Tratado de Amsterdam, esto era inadmisible. 
Por añadidura, estaba en total contradicción con las conclusiones del Consejo "agricultura" del 14 y 15 de junio de 1999. 
Nuestros ministros habían insistido en la importancia de fomentar el consumo de leche basándose en su alto valor nutritivo, especialmente para los niños y los jóvenes. 
Hicieron falta largas y ásperas discusiones para que la Comisión Europea propusiera incrementar la línea presupuestaria en 31 millones de euros, alcanzando de este modo la cantidad total destinada a la ayuda para el reparto de leche en las escuelas la cifra de 84 millones de euros. 
Esto en lo que se refiere al año 2000. 
De cara al futuro, la Comisión Europea ha propuesto la implantación de un sistema de co-financiación. 
Las subvenciones al reparto serán financiadas por la Unión Europea hasta un nivel del 50%, corriendo la otra mitad por cuenta de los Estados. 
¡Propuesta inaceptable! 
¡Estaba claro que lo que la Comisión pretendía a largo plazo era el desmantelamiento del régimen de ayudas al reparto de leche en las escuelas! 
¡La propuesta de nuestro Parlamento Europeo, que apoyo sin reservas, es la de que la Comunidad pague el 95% del coste de las subvenciones europeas a la leche repartida en las escuelas! 
Es la única garantía para que este sistema perdure. 
Por otra parte, apruebo la decisión de incluir también en el reglamento el yogur para beber y las bebidas lácteas. 
Esto es necesario para reflejar los cambios en los hábitos y preferencias alimentarias, y para que este programa sea más atractivo a ojos de los consumidores. 
¡Hoy, puedo decir que estoy satisfecho de haberme implicado en este combate, y de ver que la abultada correspondencia dirigida a los ministros afectados, las preguntas a la Comisión Europea y las notas de prensa han dado fruto! 
. (FR) Este tema de las subvenciones comunitarias a favor del reparto de leche en las escuelas data de 1997, y suscita un interés creciente en cada uno de nuestros Estados miembros, máxime teniendo en cuenta que afecta a cuestiones de salud pública y de economía, cercanas por tanto a los ciudadanos europeos. 
¡Para convencerse de ello, no hay más que releer la numerosa correspondencia que recibimos cuando salió a la luz que la Comisión Europea quería interrumpir este programa! 
Por todo ello, no me queda más opción que invitarles a compartir la opinión de nuestro ponente, que desea no sólo continuar con este programa, si no que además se opone a la propuesta de co-financiación (50-50) que sugiere la Comisión Europea. 
Efectivamente, una co-financiación de este tipo, tan brutal, podría llevar a que ciertos Estados miembros renunciasen a financiar su parte nacional y se produjera de este modo una discriminación dentro del territorio de la Unión. 
Sin negar la necesidad de mejorar la gestión de esta línea presupuestaria, creo sin embargo que se puede y se debe realizar una mejora del sistema con suavidad, y en consecuencia les invito a apoyar a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo y a su ponente, adoptando este informe. 
Estamos de acuerdo con ese informe, pues consideramos importante que millones de niños que frecuentan las escuelas de la Unión Europea sigan recibiendo leche subvencionada en un 95% por la Unión Europea. 
Como se sabe, el comienzo de la subvención por la CE de las distribuciones de leche en las escuelas se remonta a 1977. 
Pero en 1999 la Comisión consideró que debía poner en tela de juicio ese programa. 
Ahora bien, en vista de la fuerte oposición, en particular del Parlamento Europeo, la Comisión presentó una nueva propuesta en la que, manteniendo el programa, reduce al 50% la cofinanciación comunitaria y pretende que los Estados miembros financien, total o parcialmente, el 50% restante. 
Ahora bien, hasta la fecha ese régimen establecía una financiación comunitaria correspondiente al 95% del precio indicativo de la leche, por lo que, mediante el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el ponente propone que se mantenga ese importe de financiación y rechaza la propuesta del 50%, lo que consideramos muy importante, pues rechazamos la renacionalización de los costos de la PAC. 
. (SV) Hemos votado en contra del informe Maat que se ocupa de las subvenciones a los Programas de distribución de leche en las escuelas de la UE. 
En muchos colegios europeos se sirve leche gratis a los alumnos para cubrir diferentes necesidades alimenticias. 
Apoyamos sin reservas que en los colegios se ofrezca leche- y también comida como en el caso de Suecia- a los niños y jóvenes. 
En cambio, opinamos que las subvenciones a la leche escolar deben quedar fuera de la competencia de la Unión. 
De acuerdo con el principio de la subsidiariedad, estas subvenciones deben disminuir hasta desaparecer. 
Por este motivo, vemos la propuesta de cofinanciación de la Comisión como un paso en la dirección correcta. 
En los colegios suecos se ha servido leche y comida a los alumnos desde la década de 1950. 
Esto se ha podido realizar sin subvenciones de la UE. 
La asociación de Suecia en la UE ha significado también la participación en el Programa de leche escolar común y actualmente Suecia consume alrededor de una décima parte del presupuesto común. 
Desde hace algunos años, muchos colegios suecos han empezado a servir leche entera en lugar de leche desnatada, solamente para cumplir con las exigencias de las subvenciones. 
Esto demuestra claramente las desventajas del sistema y que muchos países que hoy utilizan estas subvenciones en realidad no las necesitan. 
Creemos que hay que eliminar las ayudas a la exportación y a la producción en el marco de la política agrícola común. 
La agricultura debe equipararse con otras formas de actividad económica y tiene que competir en un mercado libre. 
Europa está actualmente frente a muchos retos que cuestan dinero. 
Los recursos que se dedican hoy a la política agrícola deben invertirse, en cambio, en la reconstrucción de Kosovo, en la ampliación de la Unión hacia Europa Central y del Este y en ayudas al desarrollo para el Tercer Mundo. 
La razón para esta intervención es la de aclarar por qué debe oponerse esta Asamblea a las propuestas de la Comisión de reducir a la mitad las subvenciones para la leche escolar. 
Me alegro de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de esta Asamblea rechazara dichas propuestas presentando estas enmiendas encaminadas a eliminar todas las reducciones e insto a todo el mundo a que las apoye. 
Hay varios argumentos para hacerlo. 
Al alimentar a nuestros escolares, apoyamos también a nuestros ganaderos productores de leche, que necesitan nuestro apoyo. 
Pero también prevenimos la acumulación de superávit como los que hubo en el pasado. 
Redes transeuropeas (Informe anual 1998) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0076/2000) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión al Consejo (COM (1999) 410- C5-0010/2000- 2000/2004 (COS) ), al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Redes transeuropeas- Informe Anual 1998", de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 2236/95 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas. 
Señor Presidente, ante todo he de decir que me alegro especialmente de haber escuchado la explicación de voto del Sr. Fatuzzo, con la que estoy completamente de acuerdo. 
Pero bueno, en serio ahora. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, la decisión del Consejo Europeo de Essen de 1994 sobre las redes transeuropeas de transporte, junto- y quiero subrayarlo- con la decisión común del Consejo y del Parlamento Europeo del 23 de julio de 1996 que establecía orientaciones comunitarias sobre las redes transeuropeas, fue considerada en aquella época uno de los pasos más importantes en la dirección de una verdadera construcción europea. 
La construcción de modernas autopistas, así como de redes de ferrocarriles de alta velocidad que atravesarán sin obstáculos y a gran velocidad más países miembros, la construcción de modernos puertos y aeropuertos que facilitarán la movilidad de las personas, de las mercancías y de los servicios entre los diferentes países miembros, y entre éstos y terceros países, fueron consideradas con toda razón complemento adecuado y condición necesaria, al mismo tiempo, del funcionamiento normal y satisfactorio del mercado interior, que por entonces acababa de entrar en vigor. 
Mercado interior sin un sistema desarrollado de redes transeuropeas no puede realmente existir. 
Hoy, sin embargo, cinco años después del inicio de ese proceso, los hechos ponen de manifiesto los muchos problemas que se interponen en la realización de tan ambicioso proyecto; el primero y más importante, por supuesto, el de la insuficiente financiación. 
Tal y como señalo en mi informe, es especialmente preocupante el hecho de que aún no se haya garantizado la financiación adecuada para siete del conjunto de catorce obras prioritarias de Essen, y de que ni siquiera exista un calendario definitivo para su realización. 
Es sabido, claro, que la financiación procedente de los fondos europeos es sin duda inferior a las necesidades reales y en ningún caso suficiente para la realización de las obras. 
No es éste, sin embargo, su principal objetivo. 
La subvención comunitaria directa de las obras representa sólo una parte, más bien pequeña, de la financiación comunitaria. 
El objetivo principal de ésta es la financiación de estudios técnicos y de oportunidad y factibilidad, así como el aval de empréstitos y la bonificación de intereses. 
Es decir, el apoyo y complemento de las medidas tomadas por los países miembros, bajo cuya principal responsabilidad se encuentra la financiación de la construcción de las redes transeuropeas, y no la propia ejecución de las obras. 
Por otra parte, sin embargo, son comprensibles las preocupaciones y las dificultades de los Gobiernos de los países miembros, sobre todo si tomamos en consideración los recortes del gasto público, a los que todos los países miembros se han visto prácticamente obligados durante la década de los noventa para poder cumplir los criterios de Maastricht y estar en la Unión Económica y Monetaria. 
El problema, sin embargo, existe. 
Y tenemos que reconocer, señor Presidente, que sin medios financieros no puede haber redes transeuropeas. 
Por esta razón, la propuesta seguramente más importante de mi informe no es otra que el incremento de los recursos presupuestarios dedicados a la construcción de las redes transeuropeas. 
La cuestión tendrán que examinarla la Comisión y, sobre todo, los Estados miembros. 
Nuestra segunda propuesta es reforzar la colaboración de los sectores público y privado para la construcción de las redes transeuropeas, porque creemos que el sector público puede de este modo- asignando los mismos capitales- abordar más obras, mediante la movilización de los capitales del sector privado. 
Y en este punto quiero subrayar la enorme importancia del Banco de Inversiones. 
La tercera propuesta es que el porcentaje de las partidas dedicadas a estudios por el presupuesto comunitario se reduzca, en lo que se refiere a las redes transeuropeas, del 47% al 30%, de tal suerte que se puedan reservar algunos recursos a la subvención de obras y préstamos. 
La cuarta propuesta es la adopción de medidas e incentivos para las siete redes problemáticas, y sobre todo, de un calendario para su ejecución, y a este objeto, instamos a la Comisión a colaborar con los países miembros correspondientes. 
La quinta propuesta es que la Comisión conceda mayor importancia a la inminente revisión de las orientaciones de las redes transeuropeas, a fin de mejorar el acceso desde las islas y desde las regiones periféricas de Europa a las zonas centrales. 
Espero que sepan perdonar mi sensibilidad, ya que procedo yo mismo de una isla y de una región periférica. 
Otra propuesta de mi informe es que se estreche la relación entre la Comisión, Alemania, Austria e Italia en lo que respecta al túnel del Brennero, una obra con la transcendencia de un verdadero nudo de comunicaciones, que se inserta, claro, en las redes transeuropeas. 
Consideramos también que se habrá de acentuar el principio de eficacia, apostando por soluciones innovadoras en lugar de nuevas inversiones, impulsando las nuevas tecnologías y sistemas inteligentes de transporte, como la telemática para los usuarios de redes de carreteras y la nueva señalización para las redes de ferrocarriles. 
Finalmente, instamos a la Comisión a que en sus informes anuales futuros aporte más información sobre la financiación por parte de los países miembros, de las regiones y del sector privado. 
Como la responsabilidad de suministrar esos datos corresponde, lógicamente, a los países miembros y a las regiones, pedimos también a éstos, es decir, a los países miembros y a las regiones, que faciliten a la Comisión los datos oportunos. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas es favorable al informe del Sr. Hatzidakis. 
La política comunitaria en el sector de las redes transeuropeas es muy importante porque no puede haber una política común de transportes sin una política concomitante de infraestructuras, como se evidencia en el Tratado de Maastricht. 
Unas infraestructuras de transporte eficaces son vitales para el crecimiento de la economía y para el empleo, así como para la competitividad de las empresas relacionadas con la movilidad de personas, mercancías y medios. 
Europa, por las palabras hoy expresadas, es sobre todo esa Europa política por la cual trabajamos, pero también es fruto de la cohesión económica y social. 
Es cierto que los recursos presupuestarios de la Unión Europea no son suficientes para esto y que es preciso aumentarlos; es cierto asimismo que hace falta aumentar la contribución procedente de las entidades públicas pero también de las asociaciones entre el sector público y el privado. 
A dicho propósito, mi Grupo ha recalcado a la Comisión que el informe no contiene ninguna información sobre las fuentes de financiación exteriores al presupuesto comunitario y al Banco Europeo de Inversiones, así como ha manifestado su preocupación por el hecho de que 7 de los proyectos de Essen presenten dudas respecto a su realización con arreglo al calendario previsto. 
También nosotros decimos sí al Brennero y decimos sí al uso de las nuevas tecnologías. 
Los Estados miembros, sin embargo, deben hacer frente a los compromisos asumidos y la Comisión debe tener en cuenta las orientaciones establecidas para la línea presupuestaria B5-700- importante línea presupuestaria establecida en 1998- promoviendo unos modelos que sean menos nocivos para el medio ambiente y, sobre todo, considerando los intereses de una realidad en que una línea transeuropea cruce zonas muy pobladas o regiones muy industrializadas. 
Por este motivo, decimos asímismo que no se debe sobrepasar el 50% de las dotaciones destinadas a estos proyectos y que, después de un estudio en profundidad, los fondos todavía disponibles para proyectos que no han registrado avances pueden liberarse para otros proyectos que tengan estas prioridades, en especial los relativos al respeto medioambiental. 
Señor Presidente, Señorías, como ya han indicado ambos ponentes- el Sr. Hatzidakis y la Sra. Sbarbati- en sus intervenciones, tanto la comisión competente como la Comisión de Presupuestos apoyaron claramente el proyecto del Brennero, un proyecto situado en primer lugar en la escala de prioridades de Essen. 
Sin embargo, el proyecto en sí, tal como entonces se planteó, no incluía una lista de prioridades, lo cual fue un gran olvido. 
A mi parecer, es absolutamente necesario que la Comisión haga suyos en su presente forma los puntos que señala el informe y que han expuesto los ponentes. 
El Brennero constituye una zona ecológicamente muy sensible, que requiere especial atención, en una región que compete a tres Estados. 
Actualmente, 1,2 millones de vehículos pesados atraviesan cada año el paso del Brennero. 
La evolución del transporte de mercancías supera enormemente las anteriores tasas de incremento. 
La circulación de personas, como expresión de otra de las libertades de la Unión Europea, tampoco se puede desarrollar ya de manera razonable. 
La circulación a través del eje del Brennero llegó a quedar colapsada durante horas el día de Viernes Santo. 
El colega Jarzembowski, el colega Swoboda y yo mismo presentamos una enmienda- y así se expuso en la correspondiente exposición de motivos ante la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo -, en la que se indica que la iniciativa se basa en la aplicación de un modelo y un desarrollo del proyecto innovadores. 
Con ello se ha inaugurado una nueva vía que puede tener un carácter ejemplar para la Unión Europea. 
En Italia se planteó y se aprobó, aún en tiempos del Gobierno Prodi, la posibilidad, también en el aspecto jurídico, de una financiación transversal conjunta de la carretera- o sea del peaje- y del ferrocarril. 
Yo creo que esto puede representar otro modelo y una posibilidad de avanzar por una vía hasta ahora inexplorada. 
Es absolutamente necesario explorar nuevas vías, sobre todo en una zona ecológicamente sensible, y yo espero que la Comisión demuestre también la debida sensibilidad en este sentido. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar, yo quisiera felicitar al ponente, Sr. Hatzidakis, por su buen informe. 
Éste es tan acertado y prudente como el estilo con que ejerce la presidencia de nuestra comisión, por lo cual también merece sin duda nuestro reconocimiento y gratitud. 
En esta ocasión, yo quiero apoyar, además, lo que ha manifestado, esto es, que los recursos financieros destinados al desarrollo de las redes transeuropeas son insuficientes. 
El Sr. Hatzidakis propone que se incrementen los fondos presupuestarios. 
Después de escuchar lo que ha expuesto hoy la señora Comisaria Schreyer, parece que no va a ser demasiado fácil conseguirlo. 
Por esto, el colega Hatzidakis planteó en nuestra comisión la propuesta, totalmente legítima, de que también se obtengan fondos de instituciones privadas o semipúblicas. 
El predecesor de la señora Comisaria, Sr. Kinnock, ya había encargado a un grupo de trabajo la elaboración de varias propuestas y yo espero que la señora Comisaria pueda seguir desarrollando y adoptar algunas de ellas, pues sin la aportación de recursos adicionales procedentes del sector privado, en el marco de un modelo de incentivos, no va a ser posible conseguir lo que propone el colega Hatzidakis y ahora la comisión, y es de esperar que mañana también el Parlamento. 
A la vista de las tareas adicionales que vamos a tener que abordar también en el ámbito del transporte, si pensamos en la Europa oriental y los países candidatos a la ampliación, es del todo evidente que no va a ser posible conseguir lo que acaba de solicitar el colega Ebner, concretamente un trasvase de la carretera al ferrocarril, sobre todo en las zonas donde existen cuellos de botella. 
No es una política que vaya en contra de las carreteras, puesto que justamente permitiría liberarlas para el tráfico que es más razonable que circule por ellas. 
Por esto es necesaria dicho trasvase. 
Se han conseguido algunas cosas, ahora mismo también en el contexto del Tratado con Suiza, otras, todavía no se han logrado. 
Finalmente, yo quisiera añadir algunas palabras sobre el túnel de base del Brennero: la Comisión Europea ya ha financiado el estudio de viabilidad, incluso con una aportación superior a la que han recibido otros proyectos. 
Sin embargo, todo no se acaba con los estudios. 
Por esto todavía no se dispone de un medio de transporte complementario y no circula ni un automóvil menos, ni ha podido desplazarse este tráfico al ferrocarril. 
Es preciso acometer, por lo tanto, el desarrollo de los proyectos y las inversiones. 
La enmienda que ahora presentamos responde también a la aspiración común de nuestra comisión. 
Instamos seriamente a los tres Gobiernos implicados y a la Comisión a que empiecen a actuar y a pasar de las palabras a los hechos, a que completen la fase inicial y pongan en marcha las obras, y a que paralelamente garanticen también la financiación necesaria, como es lógico. 
Yo creo que se trata de uno de los proyecto europeos más importantes con vistas al desarrollo ecológicamente adecuado y eficaz del tráfico Norte-Sur, que se debe en el contexto del túnel de base del Brennero. 
Combinado con otras medidas adicionales, precisamente en colaboración con los países candidatos a la adhesión, esto permitiría contar con un sistema de transporte eficaz en Europa en un plazo de cinco a diez años, lo cual es urgentemente necesario. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente, Sr. Hatzidakis, por su excelente informe. 
El ponente ha examinado metódicamente este asunto y ha puesto de relieve aspectos de una importancia fundamental. 
Nuestro Grupo apoya al ponente, entre otras cosas, en lo que se refiere a la combinación de la financiación mediante fondos de las regiones de los Estados miembros y de la financiación privada. 
Sin embargo, quisiera hacer también hincapié en algunos aspectos. 
El informe anual demuestra que existen deficiencias en el control ejercido sobre los fondos utilizados en el desarrollo de las redes transeuropeas y que no existen análisis lo suficientemente exactos sobre los resultados de la utilización de estos fondos. 
Necesitamos más aclaraciones, entre otras cosas, de cómo se han utilizado los recursos económicos provenientes tanto del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión, como de otras fuentes financieras externas al presupuesto de la Unión, incluidas las aportaciones de los Estados miembros, que han sido invertidos en la mejora de las redes de comunicación transeuropeas. 
También necesitamos aclaraciones sobre las repercusiones que la existencia de unas redes de comunicación operativas tienen para la economía sostenible y el empleo. 
El ponente ha observado con toda la razón que entre el grupo de los catorce proyectos especiales de Essen se encuentran siete, cuya financiación y calendario de ejecución no han sido aún ratificados. 
Además de esto, los proyectos de Essen absorberían una parte mayor de la acordada del presupuesto de la Unión destinado a las comunicaciones. 
En el futuro, debemos ser más estrictos en la selección de estos proyectos prioritarios. 
Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que los Estados miembros se comprometan con estos proyectos, reserven fondos suficientes para participar en su financiación y les confieran carácter prioritario dentro de sus propios programas. 
El informe anual indica que también se requieren más recursos financieros a cargo de los presupuestos de la Unión para el desarrollo de las comunicaciones y para la seguridad vial, ya que las redes de comunicación son sumamente importantes desde el punto de vista de la economía, del empleo y también de la cohesión social. 
En el futuro, hay que prestarle una atención creciente a la articulación entre los diferentes medios de transporte y comunicación. 
Simultáneamente, debemos tener en cuenta las relaciones entre la política regional y las comunicaciones. 
Con un desarrollo regional equilibrado será posible frenar las concentraciones de población y reducir los problemas derivados de la congestión del tráfico. 
Además de subsanar los problemas de tráfico de las zonas aglomeradas, también hay que procurar que las redes transeuropeas se proyecten y se desarrollen hacia zonas de menor tránsito: hacia zonas con menor tráfico de vehículos, zonas apartadas y zonas de difícil acceso a causa de sus condiciones naturales. 
La existencia de unas redes de comunicación óptimas es condición vital manifiesta para dichas zonas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en un punto estamos todos de acuerdo: es preciso reformar con urgencia el planteamiento de las redes transeuropeas. 
Las redes transeuropeas en el sector del transporte y los 14 proyectos prioritarios, en primer lugar, no han conseguido ninguno de los objetivos para los que de hecho se plantearon, a pesar de que ya se ha invertido una gran cantidad de dinero. 
Dos de estos objetivos son, sin embargo, verdaderamente esenciales para la Unión Europea. 
Uno es el objetivo central de mantener unida a la Unión Europea, de la cohesión económica y social. 
Su finalidad era evitar el distanciamiento entre pobres y ricos y el riesgo de que éste se produjera. 
No obstante, justamente esos 14 proyectos seleccionados han contribuido, por el contrario, a un nuevo distanciamiento entre las regiones y a fomentar al crecimiento de la actividad económica en las regiones económicamente prósperas, gracias a la comunicación que se ha establecido entre ellas, mientras las regiones pobres iban quedando cada vez más relegadas. 
En segundo lugar, subsiste la ilusión de que las redes transeuropeas pueden contribuir a reducir el desempleo masivo. 
¡Ha ocurrido todo lo contrario! 
El desempleo se ha incrementado y ha pasado de ser siete veces superior en las diez regiones más pobres comparadas con las diez más ricas, como todavía ocurría en 1995, a una cifra actualmente ocho veces superior y con tendencia a aumentar. 
A la vista de ello, yo me pregunto seriamente: ¿podemos permitirnos seguir enterrando en el asfalto los fondos de los contribuyentes europeos sin que se observen unos efectos significativos en lo que se refiere al empleo? 
En estas circunstancias, ¿tiene de hecho sentido invertir y pedir que se invierta más dinero? 
¿No se trata acaso de una respuesta equivocada desde el punto de vista estructural, habida cuenta que con esos recursos se podrían emprender otras actuaciones mucho más significativas en el ámbito del empleo? 
También me pregunto si la destrucción del medio ambiente causada por dichos proyectos es un precio que merece la pena pagar a la vista de los resultados que han conseguido. 
No han conseguido nada. 
Se han destruido muchísimos espacios vitales para los ciudadanos y ciudadanas europeos y deberíamos tomarnos en serio las protestas contra las autopistas, pues a menudo señalan alternativas más razonables y menos destructivas. 
Lo que debemos considerar es si los ciudadanos y ciudadanas que protestan no tendrán tal vez razón. 
Europa necesita una política de transporte bastante más inteligente y sostenible, basada en un planteamiento moderno que tenga en cuenta a la próxima generación y sea consciente de que los recursos son finitos. 
En los 14 proyectos no se ha cumplido la petición del Parlamento Europeo de que se realizase un análisis de costes-beneficios con un enfoque crítico. 
No se ha cumplido el requisito de evaluación del impacto ambiental global de los proyectos, sólo se han realizado evaluaciones de parciales, lo cual contraviene la correspondiente directiva. 
Yo creo que tenemos que mejorar seriamente el transporte de mercancías, que se debe trasladar al ferrocarril a fin de que sea sostenible. 
Tenemos que revisar el planteamiento de manera que combine la movilidad y la sostenibilidad. 
Señor Presidente, las redes transeuropeas son aplaudidas con frecuencia como uno de los mayores éxitos de la integración europea. 
Por un lado, eso es así, pero, por otro, también es cierto que vuelven nuestra sociedad más vulnerable. Contribuyen a que las economías de los Estados miembros de la Unión Europea estén cada vez más entrelazadas entre sí. 
Los países dependen cada vez más de la energía importada y se invierten muchos esfuerzos en deliberaciones y dictámenes jurídicos. 
¿Cómo afecta esta situación a los ciudadanos europeos? 
A corto plazo tal vez pueda producirse un aumento del número de puestos de trabajo. 
A medio plazo puede que se manifieste alguna consecuencia involuntaria. Es decir, la vulnerabilidad de las empresas puede aumentar por la aparición de fallos técnicos en un sistema de transporte tan sumamente costoso y los puestos de trabajo pueden desplazarse rápidamente a zonas con salarios más bajos, peores condiciones laborales y menos requisitos medioambientales. 
Así que, de momento, tenemos razones para no deshacernos en elogios. 
El desarrollo de los grandes proyectos de transporte presenta más interrogantes de lo que da a entender el informe anual. 
Por lo que a la línea de alta velocidad Norte-Sur, de Berlín a Verona, se refiere solamente está confirmada la construcción de algunos tramos más bien pequeños. 
En Inglaterra, la conexión de la línea de alta velocidad que pasa por el túnel bajo el Canal de La Mancha está estancada desde hace varios años debido a la privatización y la escisión de las empresas ferroviarias inglesas. 
España ha renunciado a implantar el ancho de vía estándar europeo en la línea de alta velocidad que una Madrid con Barcelona, mientras que sí optó por ese ancho en la línea entre Madrid y Sevilla. 
La construcción de la línea de la Betuwe a través de los Países Bajos suscita cada vez más controversias. 
Los expertos en economía han calculado que esta costosa línea nunca será un éxito. 
Los costes se incrementan cada vez más; la navegación interior considera esta línea como una forma de competencia desleal; no parece entrañar una disminución del transporte de mercancías por carretera y los ecologistas interrumpen a diario las obras. 
Mirándolo bien, parece haber razones suficientes para abandonar este proyecto. 
Hace falta un debate social mucho más amplio acerca de las prioridades y las elecciones realizadas. 
La población europea tiene derecho a saber exactamente cuáles son las consecuencias de las RTE y cómo afectan a su nivel de subsistencia. Tiene derecho a que le informen acerca de los costes, la ponderación medioambiental y el ritmo de trabajo. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi sincero agradecimiento al Sr. Hatzidakis por el excelente informe que ha presentado aquí, en el Parlamento, esta tarde. 
El informe anual 1998 de la Comisión sobre las redes de transporte transeuropeo ofrece un claro panorama general de los avances logrados en ciertos proyectos concretos e información valiosa sobre las contribuciones hechas a dichos proyectos infraestructurales por diversas fuentes de la financiación comunitaria. 
Es evidente que resulta absolutamente necesario aumentar los recursos disponibles para desarrollar dichas redes. 
Actualmente la financiación es indudablemente inadecuada para intentar en serio cumplir los compromisos contraídos en la Cumbre Europea de Essen en 1994. 
Comparto la preocupación de la ponente por que siete de los catorce proyectos de Essen topen aún con dificultades, porque su financiación no está aún totalmente garantizada y no se han fijado calendarios para su ejecución. 
Sería útil que la Comisión, en sus futuros informes anuales, especificara la financiación aportada por los órganos nacionales, regionales y locales y por el sector privado, además de la financiación europea, con vistas a crear las redes transeuropeas de transporte. 
La Comisión emprenderá en breve una revisión de las guías sobre redes transeuropeas de transporte. 
Espero que en esas nuevas guías conceda mayor importancia a la mejora del acceso a la financiación para las redes transeuropeas destinadas a las regiones insulares y periféricas de Europa. 
Es importante insistir en particular en el fomento de los enlaces de transporte sostenible con esas regiones desfavorecidas para que compartan en condiciones de igualdad los beneficios de un Mercado Único unificado. 
Si la revisión de las guías de las redes transeuropeas de transporte se centrase exclusivamente en los cuellos de botella anunciados por la Comisión en su programa de trabajo para el año 2000, se centraría la financiación en las regiones centrales y económicamente más desarrolladas de la Unión, en detrimento tal vez de las regiones exteriores. 
Hay que desplegar un conjunto de medidas financieras integradas para sacar adelante la ejecución de la red. 
Así, pues, la Comisión y el BEI deben cooperar con los gobiernos nacionales en la aplicación de las medidas para las redes transeuropeas de transporte mediante la utilización de garantías de préstamos y otras inversiones financieras. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitar calurosamente al Sr. Hatzidakis, sobre todo porque ha elaborado un informe verdaderamente realista; sin embargo, hay un cierto número de elementos más bien inquietantes que deben preocuparnos particularmente. 
Es útil recordar que las decisiones que han conducido a la elección de estos 14 grandes proyectos se remontan a la Cumbre de Essen, una Cumbre que tuvo lugar en 1994, hace ya por tanto seis años. 
Seis años después de esta decisión, sólo la mitad de los proyectos gozan de un cierto desarrollo, proyectos que en la mayoría de los casos se encuentran al norte del continente. 
Esto es positivo, pero también particularmente negativo para los otros proyectos, y en especial para las regiones periféricas, como lo ha afirmado mi colega Collins antes que yo. 
Pienso en concreto en el Canal del Sur, que debe comunicar Francia, en particular Lyon, Turín, Trieste con el conjunto de los Balcanes, que desearíamos unir de manera sólida a Europa, y en la otra parte de Europa, Austria, con los problemas específicos que han sido recordados por otros colegas, Hungría, y los demás países de Europa Central. 
Desde este punto de vista, les recuerdo que no se trata únicamente de sacar de su aislamiento a un Piamonte en declive, a un Piamonte arrinconado contra los Alpes, si no de comunicar toda una parte del continente, los Balcanes y Europa Central, con esta zona sur de Europa, con Francia, con Italia, con España y con Portugal, y para este proyecto no tenemos ningún avance concreto. 
Entonces, para responder a lo que decía el colega Schroedter, pienso que no debemos olvidar que estos grandes proyectos contemplan sobre todo el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias. 
Esto en concreto es válido para el Eje Sur, que situaría a París a tres horas y media de Milán. 
La dificultad está en las alternativas que hay que elegir para evitar los grandes problemas de contaminación que están a la orden del día en Austria, y también en Italia y en Alemania. 
Hay que seleccionar alternativas, hay que realizar inversiones, y, después de seis años, todavía no contamos con ninguna manifestación específica de la materialización de esta decisión, de esta opción que se eligió en Essen. 
Esto, ciertamente, afecta a los Estados miembros, y con total seguridad de manera concreta a Italia, que no ha apoyado este proyecto con la fuerza suficiente; pero se trata también- y el ponente lo subraya con total perfección- de una cuestión que afecta a la Comisión. 
La Comisión está en la obligación de inventarse medidas que inciten tanto a los poderes públicos como a las empresas privadas a invertir en estas grandes redes transeuropeas. 
Por consiguiente, pienso que es urgente que la Comisión presente nuevas propuestas con el fin de que estos informes, que continúan bloqueados, puedan desbloquearse con la mayor brevedad. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, el desarrollo de una infraestructura de transportes eficaz en el territorio europeo es primordial, especialmente en las regiones del interior y en las zonas rurales, tanto en Francia como en muchos otros Estados. 
Este es el motivo de que apoyemos el informe Hatzidakis, y deseo felicitar al ponente por su claridad, a pesar de lo técnico de este dossier. 
Es importante que se respeten estrictamente las reglas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en las redes transeuropeas. 
En efecto, la política de transportes transeuropeos tiene repercusiones importantes sobre el desarrollo sostenible de la economía local y sobre el fomento del empleo. 
Por otra parte, deseamos que las licitaciones en las ofertas de partenariado público y privado sean transparentes, con el fin de que todos puedan realmente participar en el desarrollo de las redes. 
Aprobamos el punto 9 del informe, que considera que la Comisión debe seguir fielmente las orientaciones presupuestarias establecidas para los proyectos de las RTE. 
Este informe se inscribe dentro de la lógica continuación del análisis crítico del informe anual, con el fin de controlar la aportación financiera de la Comunidad a los proyectos de interés común. 
En este contexto, nos preguntamos por qué el coste de los estudios de viabilidad y de las medidas de asistencia técnica representa un 47% del presupuesto, es decir, cerca de 223 millones de euros. 
Además, la financiación comunitaria de la RTE-T supone un pequeño porcentaje del coste total, ya que la mayor parte de la financiación corresponde a los Estados miembros. 
¿Por qué tan sólo disponemos de estimaciones? 
Efectivamente, de cada catorce proyectos, siete, es decir, la mitad, tienen una financiación que todavía no está resuelta y cuyo calendario aún no se ha elaborado. 
La Comisión debe proponer medidas básicas e incentivos para promover lo más rápidamente posible estos proyectos prioritarios y, de común acuerdo con los Estados miembros afectados, elaborar un calendario de ejecución. 
Señor Presidente, Señorías, siete de los proyectos de transporte aprobados en Essen están topando con considerables problemas. 
Esto me preocupa, al igual que al ponente. 
Uno de dichos proyecto es el desarrollo de la conexión Norte-Sur y, en particular, el túnel de base del Brennero. 
La Unión Europea podría demostrar con este proyecto que el desplazamiento del tránsito de la carretera al ferrocarril no es sólo una declaración de labios afuera. 
Esto permitiría reducir las cargas medioambientales para la región afectada y su población. 
Además, este enfoque tendría efectos positivos para la competitividad global de la Unión. 
No obstante, lamentablemente, todavía falta mucho para que se haga realidad el proyecto. 
A finales del año pasado se fundó una filial de la compañía de ferrocarril del Brennero austríaca y de los ferrocarriles italianos, que se propone completar la fase de planificación en un plazo de 18 meses. 
Es decir que 5 años después de Essen no se dispone de ningún plan concreto. Los habitantes de la región no lo comprenden. 
En efecto, son ellos quienes tienen que convivir con la avalancha de tráfico continuamente creciente. 
La normativa actual, de conformidad con la cual la Unión puede asumir como máximo el 10% de la inversión total, es absolutamente insuficiente e injusta en el caso de este proyecto, que tendrá enormes repercusiones para el futuro global del espacio económico europeo. 
Los Estados miembros, que se van a beneficiar con la construcción del túnel de base del Brennero, no pueden eludir su responsabilidad y dejar que los Estados directamente implicados, como la República Federal de Alemania, Austria e Italia, asuman por sí solos las cargas financieras. 
Una actitud que, a fin de cuentas, nada tiene que ver con la solidaridad. 
, Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión- muy buenos días -, Señorías, ante todo yo quiero rechazar con toda firmeza la crítica de la Sra. Schroedter contra las redes transeuropeas. 
Ésta, además, también se dirige en contra nuestra, puesto que el Parlamento y el Consejo adoptaron la Directiva de 1996 por el procedimiento de codecisión, atendiendo a una propuesta de la Comisión. 
Si todo fuese tan desastroso, cabría esperar que los Verdes habrían estado en contra en aquel momento. 
No fue así. 
Para empezar, quiero citar dos proyectos que han sido un éxito. 
A mi parecer, la conexión ferroviaria a través del Øresund es justamente la opción adecuada desde el punto de vista del medio ambiente. 
Queremos el ferrocarril y queremos establecer conexiones con las regiones alejadas. 
Las nuevas conexiones ferroviarias en la zona anglo-irlandesa también son muy ventajosas para el medio ambiente y para la región. 
La crítica que se formula desde las filas de los Verdes, según la cual las RTE sólo benefician a los Estados centrales y a los Estados muy poblados, es sencillamente falsa. 
En segundo lugar, yo comparto el punto de vista del colega Ebner y otros, en el sentido de que se requieren nuevas propuestas en relación con el túnel de base del Brennero. 
Nuestra comisión propone que se suscriba un acuerdo cuatripartito entre los tres Estados afectados y la Unión. 
El túnel de base del Brennero es un proyecto de unas dimensiones fuera de lo común desde el punto de vista medioambiental, pues los Alpes no son comparables con la llanura holandesa o la frisio-alemana. 
Las condiciones medioambientales son particularmente difíciles en los Alpes. 
El ruido y la contaminación de los automóviles quedan retenidos en los valles de manera totalmente distinta a lo que ocurre en el llano. 
Por consiguiente, es preciso adoptar alguna medida. 
Sobre todo tenemos que conseguir que los Gobiernos no descarguen mutuamente su responsabilidad sobre los demás. 
Los italianos dicen que empezarán las obras cuando lo hagan los austríacos. 
Los alemanes también dicen que empezarán cuando lo hagan los austríacos. 
Y éstos dicen que lo harán cuando empiecen los alemanes y los italianos. 
Por lo tanto, necesitamos disponer de criterios y datos claros sobre quién debe pagar qué y cuándo debe hacerlo, y la Comunidad debe dar un impulso significativo para poner en marcha todo el proyecto. 
Para acabar, permítanme dos últimas consideraciones. 
Señora Vicepresidenta de la Comisión, dedique un tiempo a la revisión de las redes transeuropeas. 
Vuelva a examinar todos los proyectos después del debate de hoy. 
No queremos nuevos proyectos de escaparate, 14 o 15 proyectos de escaparate cuya financiación no esté garantizada. 
En la revisión sólo deberíamos refrendar como medidas prioritarias aquellas cuya financiación esté garantizada en un plazo de 10-15 años. 
De lo contrario, los ciudadanos dejarán de confiar en nosotros si declaramos prioritarios unos proyectos, pero luego no los construimos. 
Tenemos que recordarles a los Estados miembros que se reservaron el derecho a asegurar la financiación y a hacerse cargo de la planificación. 
Por consiguiente, también debemos cogerles la palabra de manera muy concreta y decirles que sólo vamos a declarar prioritarios ciertos proyectos cuando su planificación y su financiación estén realmente maduras. 
Tómese su tiempo y reprenda las difíciles conversaciones con los Estados miembros, a fin de evitar proponer, como Comisión, proyectos que luego nos dejen a todos en ridículo ante los ciudadanos y, por el contrario, proponer sólo aquellos que sean realizables. 
Señor Presidente, esta vez intentaré hablar a ritmo más lento, puesto que la última vez torturé a los intérpretes con mi cadencia mediterránea. 
Señorías, procedo de un país que, por su posición geográfica, se enfrenta a graves problemas en relación con los transportes, en relación con la posibilidad de trasladar a sus ciudadanos y productos a los centros y los mercados de Europa, con la posibilidad de dar y tomar. 
Es fácil, pues, comprender el gran interés de ese país y, por consiguiente, de sus representantes por las redes transeuropeas de transporte, sobre las que hoy voy a hablar. 
No sólo como griegos, sino principalmente como europeos, no podemos dejar de considerarlas un importante instrumento en los esfuerzos por impulsar la cohesión social y económica, el empleo, el desarrollo sostenible en el proceso de construcción europea; y, claro, no estoy de acuerdo con la intervención de la Sra. Schröder. 
Tenemos que demostrar, pues, con los hechos que otorgamos a las redes transeuropeas la importancia que merecen. 
Y eso significa primar el aumento de los recursos presupuestarios que se les dedican. 
Además, permítanme decir que estamos obligados a ese aumento, desde el momento en que durante la década pasada las obligadas limitaciones debidas a la necesidad de responder a los criterios y los objetivos de la Unión Económica y Monetaria tuvieron consecuencias que se dejaron sentir también en la financiación de las redes. 
Tenemos que acelerar el ritmo de ejecución de las obras, perfeccionando los procedimientos y facilitando la financiación mediante esquemas flexibles que combinen las posibilidades que ofrecen los sectores público y privado y la asociación entre ambos. 
Tenemos que preocuparnos por superar los obstáculos que retrasan la realización de siete de las catorce obras de Essen, y ponen en evidencia a las instituciones europeas. 
Y, por supuesto, al revisar las orientaciones de las redes transeuropeas, tenemos que conceder singular atención a la comunicación con las islas y con las regiones de difícil acceso al mar. 
Con el informe anual de 1998, la Comisión Europea nos brindó una reveladora imagen de los avances en la construcción de las redes, una imagen que desearía aun más detallada y esclarecedora la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, la cual con el informe hoy debatido propugna una mayor eficacia en todo lo que concierne al gran plan de construcción de las redes. 
Papel protagonista en este proyecto tan importante para el futuro de Europa tiene la Comisión, a la que pedimos que, en colaboración con los países miembros, conceda absoluta prioridad, con lo que esto significa e implica, a la implantación de esas arterias, de esos grandes vasos sanguíneos, en el cuerpo de Europa, al objeto de que pueda funcionar como todos queremos y permitir a los ciudadanos europeos la materialización de sus aspiraciones. 
Para acabar, quiero dar las gracias y felicitar a mi paisano Kostís Hatzidakis, presidente de la comisión y redactor del informe, por el gran trabajo que nos ha presentado y que, por supuesto, debe ser aprobado. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, todos sabemos que en la Unión Europea existe, en el nivel regional, una estrecha vinculación entre la renta baja por habitante, el desempleo elevado y la excentricidad o perifericidad geográfica, actualmente agravada, pero ya existente desde la revolución industrial del siglo XIX por el atraso en las comunicaciones. 
Se trata de un círculo vicioso con el que sólo se podrá acabar mediante una acción conjunta de índole político-económica que actúe sobre todos los factores que causan el atraso. 
Pero la aplicación de la política de redes transeuropeas no avanza en la dirección adecuada para resolver este problema decisivo, a pesar de que se estableció con el objetivo expreso de unir los países periféricos a las regiones centrales de la Unión. 
Los proyectos y los presupuestos específicos de las redes transeuropeas, así como los financiados por los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión, resultantes de una política deseada por los Estados miembros y lamentablemente aceptada o apoyada por la Comisión, han tenido por objeto básicamente unir a las regiones de mayor renta por habitante, pasando por alto, incluso, los reglamentos en vigor, con las negativas consecuencias que conocemos. 
El debate sobre el informe Hatzidakis (y felicito al autor) nos brinda una buena oportunidad para tomar conciencia política de la situación y para intentar encontrarle remedio con vistas a la reforma- de carácter decisivo- de la política de redes transeuropeas que se debe aplicar en el período 2000-2006. 
En ese sentido, nuestro Grupo político, como se desprende de las enmiendas presentadas, tiene la intención de velar por que las redes sean compatibles con un desarrollo sostenible, garantizar que la reforma corresponda a un objetivo de unir a toda la Comunidad concediendo prioridad a las regiones periféricas, hasta ahora olvidadas, y, por último, potenciar los ferrocarriles y la descentralización de las redes, muy en particular en lo relativo a los aeropuertos y a los puertos. 
La concentración de las redes de carreteras, aeroportuarias y portuarias causa graves problemas de congestión y medioambientales que debemos evitar. 
Espero, Señorías, que seamos capaces de propiciar los cambios que la Unión Europea necesita para conseguir el equilibrio regional y la cohesión social que predicamos. 
Debemos tener conciencia de que en este preciso momento se están aprobando planes de desarrollo regional para el período 2000-2006 que contribuyen a aislar aún más las regiones de objetivo nº 1, necesitadas imperativamente de una conexión moderna con toda Europa, incluido el tren de alta velocidad. 
Entre ellas está mi país, Galicia, así como todo el noroeste de la Península Ibérica, de España y Portugal, región atlántica fundamental para la propia Europa. 
Señor Presidente, en este informe anual, queda claro que Europa no pone medios para desarrollar su política en materia de redes de transporte transeuropeo. 
Pero, más allá de las meras consideraciones presupuestarias y financieras, y más en general, lo que cabe criticar son las orientaciones globales de la Comisión en este campo. 
Por descontado que suscribimos el principio de la necesaria puesta en funcionamiento de las redes transeuropeas para los habitantes de Europa, tanto para la movilidad de personas y de bienes, como para la cohesión económica y social, y para alternativas ferroviarias que combatan la primacía de las autopistas. 
Sin embargo, no podemos aceptar ni el método impuesto, ni las soluciones propuestas. 
¿Son los catorce proyectos seleccionados en su totalidad pertinentes o prioritarios en cuanto a las necesidades de la población? 
¿Se le ha vinculado o consultado, o bien, tal y como deja entrever el informe, las redes transeuropeas responden únicamente a la pura lógica del mercado liberal? 
Por otra parte, no es casual que, de los catorce proyectos, los siete cuyo calendario y financiación son aún inciertos sean justamente aquellos que no responden sólo a las exigencias de la rentabilidad. 
Pero el punto que nos parece más negativo es la financiación. 
Parte del principio de que los fondos públicos no pueden incrementarse, lo cual es discutible. 
Propone en consecuencia recurrir a fondos privados, bajo la forma de partenariados, siendo éste además un elemento esencial del proyecto. 
Este enfoque del transporte ferroviario cuestiona el servicio público. 
Es evidente que los operadores privados, si están asociados a la financiación, buscarán la máxima rentabilidad. 
Las empresas privadas deben ser llamadas a contribuir porque utilizan infraestructuras en beneficio propio, pero bajo la forma de exacción fiscal, y no a través de la integración en el capital de las compañías ferroviarias. 
Hay que desarrollar la noción de servicio público ferroviario europeo, y rechazamos la privatización y la apertura del capital de las empresas públicas, incluso para los nuevos proyectos. 
Ante una verdadera necesidad de la población, la de dotarse de una red europea de transporte ferroviario eficaz y de calidad para los usuarios y para los trabajadores, Europa responde, una vez más, con el ánimo de lucro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ante todo yo quiero expresar mi sincero agradecimiento al ponente por su informe. 
El informe anual de la Comisión Europea sobre las redes transeuropeas resalta, en primer lugar, los progresos realizados en muchos proyectos en materia de transporte, así como la importancia de las RTE para la protección del medio ambiente. 
Yo opino que los 14 proyectos de Essen cumplen un papel fundamental para el desarrollo de las redes de transporte europeas y quiero señalar- como ya han hecho algunos de los oradores que me han precedido- la enorme importancia del túnel de base del Brennero. 
La travesía de los Alpes se debe concebir como un problema global y también es preciso considerarla en el contexto de su problemática global. 
Los Estados miembros más afectados son, sin duda, Austria y Francia y los Estados vecinos. 
Para que comprendan o vean más clara la gravedad de la situación, puedo decirles que alrededor del 30% de los vehículos en tránsito procedentes de Suiza pasan por el Brennero y Austria soporta, por lo tanto, la parte más importante de la carga. 
A ello se suma, sin embargo, el hecho de que en Austria, un 80% de las mercancías se transportan por carretera y sólo un 20%, por ferrocarril, mientras que en Suiza la relación es exactamente la inversa. 
Cuando algunos se preguntan por qué esto ha provocado tanta agitación en Austria cuando en otros lugares, como por ejemplo en la región del Ruhr, existen volúmenes de tráfico parecidos, yo debo responderles que, en efecto, es cierto. 
Pero la situación topográfica del Tirol, del valle del Inn, determina que las condiciones difieran de las de otras zonas, como por ejemplo las llanuras. 
Además, el valle del Inn es una de las regiones más densamente pobladas de Austria. 
El problema del tránsito alpino es un problema de carácter integral que también se debe abordar de manera integrada. 
No se puede establecer una división entre el tránsito a través del Brennero, el tránsito de peaje y el tránsito alpino. 
En cuanto a la ejecución de las diferentes fases de las obras, puedo anunciarles que en la zona inferior del valle del Inn ya se han iniciado algunas fases concretas. 
También es precisa una clara expresión de voluntad política, no sólo por parte de los Estados miembros. 
Sobre todo, yo insto a la Comisión a que por fin acometa con decisión este proyecto. 
Lo que se requiere es una financiación transversal conjunta. 
Yo creo que el fundamento jurídico podría ser el de la Directiva sobre los costes de las infraestructuras; esto permitiría una financiación sólida. 
Yo abogo a favor de las asociaciones entre el sector público y el privado, pues creo que trabajar conjuntamente es el mejor camino. 
Soy contrario a que se realicen nuevos estudios sobre el paso del Brennero, pues ya existen suficientes. 
Lo que se requiere, para la población, para proteger el medio ambiente y para desarrollar una política de transporte sostenible y orientada hacia el futuro, es una ejecución rápida del túnel de base del Brennero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al presidente Hatzidakis por su excelente informe. 
Las redes transeuropeas son esenciales para la realización del Mercado Interior, pero también para la cohesión económica y social de la Unión Europea. 
El informe de la Comisión sobre la ejecución de las redes transeuropeas en 1998 ofrece los resultados globales de la ejecución financiera que expresan las prioridades fijadas, como el transporte ferroviario, y superan incluso el 50% mínimo previsto. 
Es una buena señal. 
Ahora bien, conviene conocer esos valores por países y no sólo en conjunto, pues esa lógica se debe mantener en todas las regiones. 
Si bien la aplicación de las inversiones por sector nos parece pertinente, no se puede decir lo mismo en relación con otros aspectos que conviene subrayar y sobre los cuales quisiera oír la opinión de la Comisaria Loyola de Palacio. 
En primer lugar, la necesidad de inversiones destinadas a las redes transeuropeas que compensen el descenso habido durante el decenio de 1990, no sólo con el aumento de las asignaciones, sino también con la participación del sector privado y mediante la utilización de eurobonos. 
En segundo lugar, la adopción de medidas de fondo que incentiven e impulsen los siete proyectos prioritarios aún con dificultades, para que se les asigne un calendario y se concrete su realización. 
En tercer lugar, que en la futura revisión de las redes transeuropeas se conceda mayor importancia al acceso de las regiones periféricas a las regiones centrales, así como a las regiones insulares. 
Por último, quisiera subrayar que la cohesión económica y social no se compadece con las propuestas de trabajo de la Comisión para el año 2000, pues, al querer que se concentren las inversiones por hacer en los puntos de estrangulación existentes, se está concediendo prelación a las regiones centrales de Europa en detrimento de las regiones periféricas, como Portugal, que, evidentemente, son las que más necesitan redes de transporte que las aproximen a las zonas más desarrolladas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo quisiera exponer algunas consideraciones adicionales en relación con lo que hoy se ha dicho sobre el túnel de base del Brennero y que yo más o menos puedo corroborar. En el Brennero está quedando particularmente de manifiesto cuál es el mal que afecta al transporte transeuropeo. 
El ferrocarril no funciona, al menos no al sur del Brennero, y la conexión internacional tampoco. 
Por esta causa, ahora nos encontramos con grandes problemas y si, debido a estos errores y estos problemas, ahora es necesario, además, un túnel de base, yo pido que demostremos mucha sensibilidad, es decir, que seamos prudentes, pues se trata de un proyecto secular. 
Si se lleva a cabo, es preciso que se adopte la solución ecológicamente menos contaminante, económicamente más racional y que sea más funcional. 
Por esto, yo he presentado una pequeña enmienda al apartado 7. 
Puede que no sea necesario realizar un nuevo estudio, pero habría que contrastar los proyectos y adoptar el que ofrezca el planteamiento más adecuado. 
Yo he puesto a disposición de los miembros de la Comisión de Transportes un proyecto. 
Existen otros mejores o igualmente adecuados. 
Tenemos que escoger el mejor, pues la política de transportes y la UE se van a evaluar también en función de este pequeño proyecto. 
Señor Presidente, estamos a favor del desarrollo de una red transeuropea de transporte que dé primacía al transporte ferroviario sobre el transporte por carretera. 
Esto sin embargo con la condición de que el desarrollo de las grandes líneas no se produzca en perjuicio del transporte periférico ni de las líneas llamadas secundarias. 
El transporte ferroviario, tanto las grandes líneas como las de segundo orden, debería ser un servicio público destinado a satisfacer las necesidades de la población, y no a generar beneficios privados. 
La participación de capitales privados significa necesariamente la búsqueda de rentabilidad, en perjuicio tanto de los usuarios como de los empleados de este sector. 
Demasiadas catástrofes recientes, sobre todo la de la estación de Paddington en Gran Bretaña, ilustran la incompatibilidad entre la búsqueda de rentabilidad y la seguridad. 
Ante esto, tal y como subraya la exposición de motivos del informe, las inversiones públicas no cesan de disminuir, habiendo pasado en menos de veinte años, del 1,5 % del PNB de la Unión Europea al 0,9 %. 
Esto conlleva una degradación del transporte colectivo ferroviario y la reducción de su personal, lo cual contribuye a incrementar el desempleo. 
Si los Estados de la Unión Europea no cambian su política, es decir, si no dan prioridad a las inversiones en los servicios públicos por encima de las subvenciones a fondo perdido a la gran patronal, todas las decisiones sobre un verdadero servicio público de transporte que opere en las mejores condiciones de seguridad a escala europea serán papel mojado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, mis queridos colegas, el informe de la Comisión constata que el año 1998 se caracterizó por la consolidación de las redes transeuropeas, y describe los progresos que se han realizado en numerosos proyectos en los ámbitos del transporte, de la energía, de las telecomunicaciones y de la telemática. 
Sin embargo, es inevitable constatar que los recursos presupuestarios de la Unión Europea son claramente inferiores a las necesidades y al reto que implica la creación de una red transeuropea de transportes. 
Sin un incremento de la contribución financiera de los organismos públicos nacionales, regionales, locales y del sector privado, no será posible realizar progresos significativos en este ámbito, dentro de un plazo razonable. 
Sin embargo, deseo insistir en el hecho de que el recurso a la financiación privada no debe en ningún caso ser un obstáculo para el desarrollo de las comunicaciones en las regiones que actualmente tienen una renta per cápita muy inferior a la media comunitaria. 
Desde la óptica de la futura revisión de las orientaciones de las redes transeuropeas, me parece de nuevo indispensable centrar la atención de la Comisión sobre la necesidad de conceder una mayor importancia a la mejora del acceso a las regiones periféricas y a las regiones del interior de Europa, muy en particular promoviendo redes de transporte sostenibles. 
La incidencia de tales inversiones en la economía de estas regiones y en el empleo es un factor primordial de su desarrollo socio-económico. 
El programa de trabajo de la Comisión para el año 2000 prevé que la revisión de las orientaciones de las redes transeuropeas de transporte se concentre en la supresión de los cuellos de botella, para hacer más fluido y racional el tráfico europeo. 
En mi opinión, este objetivo viene a significar que la revisión que actualmente se examina afectará básicamente a las regiones centrales de la Unión Europea, que son las principales víctimas de este problema de congestión. 
Me atrevo a esperar que una hipótesis como esta no signifique que las regiones periféricas, y por ende ultraperiféricas, puedan quedar afectadas sólo accesoriamente por esta revisión. 
Este temor, que ha sido recordado en numerosas ocasiones por varios de mis colegas, me ha llevado a presentar una enmienda en este sentido, que ha sido aprobada por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y que se recoge en el excelente informe del Sr. Hatzidakis. 
Le agradecería, señora Comisaria, que disipase usted a partir de hoy mismo mis temores. 
Señor Presidente, el crecimiento y el empleo en Europa dependen en gran medida de una utilización eficaz de las infraestructuras europeas. 
De ahí la necesidad de poner en marcha los proyectos TEN que siguen encima de la mesa. 
No es ningún secreto que soy un entusiasta partidario de un enlace fijo entre Dinamarca y Alemania y me alegra que el nuevo Ministro danés de Comunicaciones también respalde el proyecto. 
Por otro lado, siento que los políticos alemanes sean un poco más tibios al respecto. 
Anteriormente ha imperado la incertidumbre sobre si un enlace fijo por el Femer Belt era el camino a seguir, sin embargo, esta incertidumbre ha quedado ahora en evidencia. 
Todos los estudios de los Ministerios de Comunicaciones alemanes y daneses muestran que la construcción de un puente no supone ningún problema ni desde el punto de vista medioambiental ni desde el punto de vista económico. 
Con un enlace más rápido y fácil entre Dinamarca y Alemania podemos tender puentes a las nuevas democracias del este. 
No sólo levantamos un puente práctico y físico. 
Tendemos un puente entre países para la industria y también humana, política, social y culturalmente. 
La construcción de un enlace fijo entre Dinamarca y Alemania procurará muchos puestos de trabajo que hacen falta en la zona. 
Casi siempre hay gente que automáticamente dice no a lo nuevo. 
Todo lo que acarree cambio asusta un poco y da lo mismo que se trate de la UEM, del euro, de la ecología o de un puente. 
No obstante, no debe tenerse miedo a algo que es bueno. 
Un enlace por el Femer Belt no es motivo de miedo, sino de alegría. 
Por último, me gustaría sumarme a la solicitud para que se aumenten los fondos asignados a las redes transeuropeas de transportes, son absolutamente insuficientes. 
La mejora del crecimiento y del empleo exige sumas totalmente distintas. 
Señor Presidente, cuando en la Cumbre de Essen se fijaron las necesidades de inversiones en infraestructuras, se habló especialmente de autopistas y trenes de alta velocidad que cruzarían las fronteras, en una Europa en que, tradicionalmente, han sido los propios países los que han realizado las inversiones. 
Nunca se podrá lograr un mercado interior que funcione bien sin grandes inversiones en estos campos. 
El informe de hoy, no obstante, despierta algunas inquietudes sobre la forma en que seguimos el desarrollo de nuestras decisiones. 
Un puñado de estos Proyectos TEN se ha concluido en plazos adecuados. 
Me alegra especialmente la realización de uno de estos proyectos, el puente sobre el Öresund, entre Suecia y Dinamarca, que se inaugurará dentro de algunos meses, de acuerdo al calendario trazado. 
Sin embargo, hay otros proyectos que me merecen dudas. 
Como otros oradores han señalado, muchos de esos proyectos se desarrollan muy lentamente. 
El ponente, que ha realizado un excelente trabajo, expresa su inquietud por esto. 
Es muy preocupante que esos esfuerzos no se tomen en serio. 
Permítanme darles un ejemplo. 
Se trata del triángulo nórdico, destinado a unir con trenes de alta velocidad y autopistas a las tres capitales nórdicas. 
Los tres países se han comprometido a realizarlo, pero se hace muy lentamente. 
Constantemente se traspasa dinero a otros proyectos que, evidentemente, se consideran más importantes que este gran proyecto europeo. 
Estos traspasos son posibles ya que no hay un calendario para la conclusión de los proyectos. 
De este modo, no se terminan en tiempos prudentes las autopistas ni los ferrocarriles. 
Por estas razones, quisiera formular algunas preguntas a la representante de la Comisión que está hoy aquí presente. ¿Cuándo cree la Comisión que se terminarán el triángulo nórdico y otros Proyectos TEN? 
¿Qué hace la Comisión para que estos se concluyan? 
¿Está dispuesta la Comisión a trabajar para que se fijen calendarios para la terminación de los proyectos pendientes y, además, encargarse de que éstos se cumplan? 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente el trabajo realizado por el diputado Konstantinos Hatzidakis, presidente de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, respecto a la revisión de las redes transeuropeas que, en los próximos meses, tengo que presentar ante esta Asamblea. 
Creo que su aportación va a ser decisiva en los documentos que aportará la Comisión. 
Y quiero también agradecer la aportación de la Sra. Sbarbati, ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos, así como las intervenciones de los oradores que han participado en este debate. 
Creo que, además de hacer un diagnóstico de la situación, hay que mirar hacia el futuro, que es lo más importante. 
En ese sentido, conviene aprovechar esta ocasión para hacer algunas precisiones en nombre de la Comisión. 
En primer lugar, coincido plenamente con el presidente Hatzidakis en la importancia atribuida a la política comunitaria de redes transeuropeas y comparto también la preocupación del Parlamento, manifestada no sólo por él, sino también por la ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos y por otros diputados, sobre la necesidad de que esta política disponga de medios financieros suficientes. 
En ese sentido, quiero agradecer el apoyo del Parlamento a la obtención de un total de 4.600 millones de euros para el período 2000-2006 para este capítulo. 
Sin embargo, hay que recordar a sus Señorías que, anualmente, la Comisión recibe proyectos que suponen más de tres veces la cantidad anual asignada en función de este presupuesto. 
Simultáneamente, hay un acuerdo de todas las partes en cuanto a no incrementar los presupuestos globales y, en ese sentido, también han oído hablar a mi colega la Sra. Schreyer sobre las dificultades presupuestarias que estamos teniendo en este momento ante las nuevas necesidades y nuevas urgencias, como puede ser, después de la guerra del Kosovo, hacer frente a los compromisos políticos de primer rango que ha asumido la Unión. 
En ese sentido, yo participo de la preocupación del Parlamento Europeo respecto a la financiación adecuada de las redes de transporte, pero creo que hay responsabilidades que, entre todos, podemos asumir. 
Quiero recordarles que, a lo largo de estos años, sabemos que el apoyo comunitario a los proyectos que se han venido realizando a lo largo de los años 1996, 1997 y 1998 ha supuesto un 30% del total, es decir, una cifra muy importante. 
Es verdad que ahí entran proyectos realizados en zonas Objetivo 1 y en países de la cohesión, lo cual ha permitido que el porcentaje de cofinanciación haya sido superior. 
Pero quiero decirles que no podemos aportarles la información global, porque no se trata sólo de financiación comunitaria sino también de financiación de los países y de los sectores privados en algunos casos, de las regiones, de los gobiernos locales. 
Por lo tanto, sólo podemos aportar la información de que disponemos y, sobre esos datos, hacer unos análisis. 
Por lo tanto, insistimos en algo que decía el Sr. Jarzembowski, en que hay responsables distintos de la Comisión y, desde luego, es clave y decisiva la voluntad de los distintos Estados miembros de la Unión para impulsar y llevar adelante estos proyectos. 
Dicen que hay varios proyectos retrasados. 
Respecto a ello quiero decir que el horizonte es el año 2010. 
Por lo tanto, todavía hay margen para llevarlos a cabo dentro del plazo. 
Además, algunos proyectos revisten una dificultad técnica muy importante. 
Me detendré un momento en uno de los proyectos más mencionados: el del túnel del Brennero. 
Dicho túnel es un proyecto simbólico dentro de las capacidades tecnológicas y de actuación de la Unión Europea. 
Estamos hablando de 54 kilómetros de túnel en un macizo montañoso de primer orden, con una serie de incógnitas y de incertidumbres que reclaman afianzar al máximo el proyecto antes de meterse en una inversión de primer orden, como la que reclama el túnel del Brennero. 
Para realizar el proyecto del Canal de la Mancha, fue precisa una serie de estudios importantísimos antes de definir los trazados, precisar el proyecto e iniciarlo. 
Y en el caso del Brennero pasa lo mismo. 
Quizá sea mejor empezar algo más tarde, pero empezar con todas las garantías, a que, a medio camino, nos encontremos con que los estudios no nos han advertido de algunas dificultades y haya que dar marcha, lo que ocasionaría mayores retrasos. 
Quiero decirles que es cierto que se han puesto en marcha, mediante un acuerdo en el que participe un grupo de intereses, nuevos estudios para determinar el trazado definitivo del túnel del Brennero. 
No es que se haya abandonado, es que es un proyecto de una complejidad enorme, Señorías, y hay que entender que lo más probable es que esos estudios tarden todavía cinco años en completarse. 
Y lo digo así de claro. 
Estamos hablando de fechas muy dilatadas, pero eso no quiere decir que no haya voluntad. 
No es cierto. 
Lo que ocurre es que la voluntad tiene que basarse en la seguridad de que se puede llevar adelante ese proyecto para no dañar nuestra credibilidad. 
Además, quiero decir que el nivel de financiación de los créditos totales destinados a los 14 proyectos principales de las RTE ha sido del 60%. 
Ese era el porcentaje que Sus Señorías consideraban adecuado en las últimas resoluciones del Parlamento. 
Es un término medio entre su propuesta inicial y la del Consejo. 
Contestando a algunas de las cuestiones que se han planteado, quiero decirles, en cuanto a las modificaciones del Reglamento financiero de las redes transeuropeas aprobadas el año pasado, que se crearon nuevas posibilidades de financiación mediante asociaciones entre el sector público y el privado. 
Se van a fomentar estas asociaciones de varias maneras: en primer lugar, gracias a la introducción de una programación indicativa plurianual que podrá permitir una apuesta del sector privado con mayor seguridad, los promotores tendrán garantizada una financiación comunitaria por varios años, y ese programa se va a plantear para el período 2001-2006; en segundo lugar, la línea presupuestaria de redes transeuropeas contribuirá a la financiación de capital riesgo, lo que podrá fomentar- y así lo espero- la creación de fondos de inversión orientados a las RTE y, en ese sentido, ya hemos solicitado manifestaciones de interés. 
Vamos a revisar en breve las orientaciones sobre las redes transeuropeas de transporte. 
Presentaré en breve ese informe de revisión y una propuesta inicial. 
Pero hay que decir que los objetivos de las redes transeuropeas son el desarrollo del mercado único y la cohesión económica y social- que quede muy claro -; por lo tanto, las regiones periféricas, ultraperiféricas y menos desarrolladas tienen que tener estar en el centro de las acciones de la Comunidad. 
Pero resolver los embotellamientos no va en contra de las regiones periféricas. 
Voy a dar un ejemplo muy claro: el embotellamiento del ferrocarril en Burdeos, ¿afecta a Francia? 
Sí, algo, indudablemente, al suroeste francés, pero sólo relativamente; a quien afecta de manera clave es a todo el centro y el oeste de la península ibérica, es decir, a gran parte de España y de Portugal. 
En ese sentido, cuando arreglamos un cuello de botella en Burdeos, estamos favoreciendo el desarrollo de una zona de la península ibérica. 
Quiero decir que no siempre el actuar en una zona central va en detrimento de los intereses de las zonas periféricas, sino que, al contrario, muchas veces todo está va perfectamente interrelacionado. 
Señor Presidente, por último, quiero referirme a la cuestión de la gestión inteligente del tráfico. 
Este aspecto será también incorporado como un elemento clave en la revisión de las redes transeuropeas. 
Quiero felicitar de nuevo al Sr. Hatzidakis y agradecerle su trabajo y el de los demás oradores. 
Muchas gracias, señora Comisaria de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Industria del transporte aéreo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0075/2000) del Sr. Sterckx, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones- El sector europeo del transporte aéreo: del mercado único a la arena mundial. 
. (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, en realidad su comunicación gira en torno a la pregunta de cuál es el futuro que le espera al sector europeo del transporte aéreo. 
Es ésta la pregunta clave a los diez años de haber iniciado la liberalización del sector. 
Afirma en su comunicación que gracias a dicha liberalización se ha impulsado un proceso de crecimiento, se han creado nuevas compañías, se han impuesto nuevas rutas, o mejor dicho, nuevas tarifas. En resumen, el transporte aéreo se ha abierto a un público nuevo. 
La rentabilidad de las grandes y pequeñas compañías aéreas nacionales ya existentes ha ido en aumento y resulta que funcionan mejor sin ayuda estatal. 
En realidad, todos estos elementos demuestran que la liberalización ha revolucionado el mercado. 
En línea general podemos concluir que la liberalización ha beneficiado a los pasajeros, pero no a todos ellos por igual. 
Así se ve, por ejemplo, que para la clase preferente las ventajas son menores que para otras categorías de pasajeros. 
Ante esta situación nos surge una pregunta: ¿cuál es el grado de solidez del sector europeo del transporte aéreo? 
En su comunicación afirma que la fragmentación continúa siendo mayor en Europea que en los Estados Unidos. 
Disponemos aproximadamente del mismo número de compañías aéreas, sólo que las suyas representan el 38% del mercado mundial y las nuestras el 27%, lo que no deja de ser una diferencia enorme. 
En su comunicación sostiene asimismo que la rentabilidad, o sea, la productividad de nuestras compañías es considerablemente inferior a la de las empresas americanas. 
También albergamos serias dudas acerca de la viabilidad de las nuevas compañías que entran en el mercado. ¿Cuánto tiempo sabrán resistir y hasta dónde llega su solidez? 
Es inevitable que uno se pregunte cuántas de ellas seguirán activas en el mercado europeo de aquí a diez años. 
¿Y hasta qué punto es sostenible y duradero el crecimiento del sector tal y como se ha manifestado en los últimos diez años? 
El espacio aéreo está totalmente congestionado, ¿o es que se trata de una mala gestión del espacio? 
Los aeropuertos están congestionados y por eso, señora Comisaria, es fundamental que por fin se presente una propuesta sobre la gestión de las franjas horarias en los aeropuertos. 
Creo que es un asunto vital, sobre todo para las pequeñas compañías que acceden al mercado. 
Teníamos dudas acerca del desarrollo social y los derechos de los pasajeros. 
Por eso, quisiera preguntarle cuál es la consecuencia del reciente acuerdo sobre Gibraltar al respecto. 
¿Tiene algo que ver con el transporte aéreo? 
Como puede observar, seguimos teniendo dudas. 
A la liberalización han de seguir otros pasos importantes. 
El primero consiste obviamente en la europeización del control del tráfico aéreo. 
En ello se centra el informe del Sr. Atkins. Mañana presentaré una enmienda oral sobre este tema, proponiendo que la palabra 'privatización' sea sustituida por 'liberalización'. 
A este respecto hemos alcanzado un acuerdo con los grandes Grupos políticos. 
Es evidente que hay otro campo en el que se impone la europeización, y con esto me refiero al ámbito de la seguridad. 
Necesitamos urgentemente una agencia europea en materia de seguridad. 
Está claro que respecto a los dos puntos anteriores los Estados miembros han de dar un paso atrás. 
Y con esto llego a la afirmación crucial de su comunicación, al hecho de que no existe una política exterior para el transporte aéreo europeo y que, por tanto, los derechos de acceso a terceros países se negocian por vía bilateral. 
Como es natural, esto tiene serias consecuencias para toda la estructura del sector europeo del transporte aéreo. 
Tras una liberalización se suele comprobar que las empresas comienzan a ajustar sus actividades al tamaño del mercado liberalizado. Sin embargo, es algo que apenas ha ocurrido en el sector aéreo. 
No ha habido fusiones. 
KLM y Alitalia han hecho un intento que acaba de fracasar. En el fondo, podría decirse que el fracaso tiene su origen en una serie de dificultades relacionadas con la cuestión de la nacionalidad. 
Swissair y SABENA siguen negociando, pero, en este caso, todo depende de un acuerdo con Suiza que debatiremos esta misma semana y de un referéndum que ha de celebrarse en breve en dicho país. 
Por otra parte, las compañías europeas sí crean alianzas con sus colegas americanos, aunque en ellas desempeñen un papel secundario en comparación con los americanos. 
Es por eso por lo que, como ponente, tengo algunas preguntas con respecto a su propuesta de crear una zona de aviación común transatlántica. 
Sólo me pregunto si no deberíamos esperar un poco. ¿No es un paso demasiado grande si tenemos en cuenta que el sector europeo del transporte aéreo aún no dispone de una estructura sólida? 
Antes de que podamos dar este segundo paso han de resolverse toda una serie de problemas complejos. 
Personalmente, como ponente, miro con bastante recelo el nacionalismo de los americanos en materia de transporte, también en lo que al transporte aéreo se refiere. 
Es importante que las negociaciones se lleven a cabo en un ambiente muy abierto en el que prime la denominada reciprocidad y que las compañías europeas tengan exactamente los mismos derechos que los americanos; si no, no puede ser. 
De cumplirse estas condiciones, el transporte aéreo europeo incluso sería capaz de competir con los americanos en un mercado abierto en la situación en la que se halla actualmente. 
Surge una pregunta fundamental: ¿qué haremos si con los americanos no funciona? 
¿Qué haremos solos? 
¿Hasta qué punto es viable una industria europea que se limite a las fronteras europeas y los acuerdos bilaterales? 
Es más, hemos de darnos cuenta de que hay límites. Aunque en mi informe este tema tan sólo se trate de pasada, está muy presente en el informe sobre el medio ambiente de la Sra. Lucas. 
El medio ambiente también tiene sus límites. Es ésta una cuestión importante, fundamental, que tal vez no deba abordarse con motivo de mi informe, pero sí en el marco del informe de la Sra. Lucas. 
Y ahora paso al segundo punto. Mi informe subraya asimismo la importancia del carácter intermodal de la política de transporte. 
Creo que a este respecto la Comisión también debe adoptar una actitud unívoca. Debe presentar propuestas destinadas a fomentar la conexión entre los diferentes medios de transporte. 
Hay algunos ámbitos en los que el tren y el avión pueden cooperar perfectamente. 
De todas formas, señor Presidente, quisiera concluir que con la liberalización hemos conseguido un avance importante. 
Lo admito, pero también reconozco que ni siquiera estamos a mitad de camino. 
La Comisión debe presentarnos urgentemente propuestas, planes de acción concretos y textos legislativos que puedan ser objeto de debate a fin de mejorar la situación sobre el terreno. 
También está claro que gran parte de la responsabilidad reside en los Estados miembros. Todo depende de cuánto están dispuestos a hacer para obtener un verdadero transporte aéreo europeo y un verdadero sector europeo del transporte aéreo. 
Por todo ello, pienso que también el Parlamento, en colaboración con la Comisión y el Consejo, ha de actuar con la máxima celeridad, porque el mundo no nos esperará. 
Debemos apresurarnos para evitar que nos coman el terreno. 
Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Industria, quiero referirme simplemente a algunos sectores dignos- creo yo- de mención hoy. 
La de la aviación es sin lugar a dudas una de las industrias más apasionantes y estimulantes. 
Las oportunidades de negocios y creación de puestos de trabajo durante el último decenio han desempeñado un papel importante en las economías de países de Europa y a escala mundial. 
Por ejemplo, la aviación en el Reino Unido aporta 10.200 millones de libras esterlinas al PIB del Reino Unido y contribuye a la creación y al mantenimiento de 380.000 puestos indirectos e inducidos en el Reino Unido. 
Transporta exportaciones del Reino Unido que ascienden a 35.000 millones de libras esterlinas, con lo que mantiene un acceso sin par al mercado mundial, lo que se multiplica por diez en toda la Comunidad Europea. 
Cuando comencé mi carrera en la industria de la aviación hace treinta años, muy pocas personas podían permitirse el lujo de viajar en avión. 
Pero hoy, con la liberalización del mercado, los viajes aéreos han pasado a ser una forma de vida para la mayoría de la población. 
El informe abarca varios sectores y expone en líneas generales y con bastante exactitud la forma como se ha desarrollado la aviación en los diez últimos años. 
Pero en varios aspectos no hay demasiado reconocimiento por parte de la Comisión de los beneficios que la industria aeronáutica, incluida la aeroespacial, ha aportado y me decepciona la actitud negativa para con esa industria que se ve en este informe. 
Uno de los factores fundamentales en el éxito de los veinte últimos años ha sido la privatización de las industrias estatales, que se inició en el decenio de 1980. 
También acojo con beneplácito la declaración de la Comisión de que ya han desaparecido las subvenciones. 
Si tenemos en cuenta el surtido de rutas y demás para el consumidor, el precio de los billetes de avión ha bajado en gran medida en los últimos años. 
Los del Reino Unido están entre los más bajos, lo que demuestra los efectos que puede tener en la competencia y la fijación de precios el funcionamiento de tres compañías aéreas importantes con base en un país. 
De ello han resultado beneficios reales, por lo que otros países deben tenerlo en cuenta. 
En el informe se expone con cierto detalle el aumento de la capacidad que ha habido en la industria europea de la aviación, en particular en los vuelos transatlánticos, pero ésa es, evidentemente, una cuestión compleja. 
Acepto plenamente que hay imperativos que se deben afrontar, tales como los problemas que plantea la congestión, en particular del control del tráfico aéreo. 
Sin embargo, creo que la Comisión tiene el deber de presentar opiniones más equilibradas y que no socaven el valor y el éxito de una industria que ha hecho una contribución enorme no sólo a los países de la Unión Europea, sino también a escala mundial. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratacristianos) /Demócratas Europeos ya apoyó el informe del colega Sterckx en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y lo va a apoyar también en el Pleno. 
Su enunciado central- y el colega Sterckx ha vuelto a expresarlo claramente- es que la liberalización en principio se ha conseguido en lo esencial. 
Se ha logrado incrementar considerablemente la competencia y dicha competencia ha determinado también movimientos en el nivel de precios, ciertamente no en todos los segmentos del mercado, pero sí en muchos sectores. 
Además, no ha ocurrido lo que muchos temían, a saber, que esto condujese a una destrucción de puestos de trabajo y un deterioro de las condiciones laborales, sino que el empleo ha seguido creciendo. 
Las cifras de empleo se han incrementado en casi 50.000 en el plazo de unos ocho años y tampoco se ha producido un deterioro realmente permanente de las condiciones de trabajo, a menos que esto se quiera asociar con lo que ha ocurrido a escala nacional, o sea, la transformación de las compañías aéreas nacionales en empresas de servicios modernas, por decirlo así, que también ha ido acompañada, como es natural, de una modificación y modernización de las condiciones de trabajo. 
Yo agradezco, no obstante, que en el informe se señale que naturalmente deseamos unas normas unificadas, por ejemplo en lo que se refiere a las horas de servicio y de vuelo- si bien por otro motivo, concretamente, por una consideración de seguridad -, ya que la formación y la correspondiente situación laboral concreta van a determinar en último término las posibilidades de organizar de manera segura el transporte aéreo en Europa a largo plazo. 
Sin embargo, el colega Sterckx también ha dejado claro que la liberalización sólo puede abarcar un segmento muy reducido del transporte europeo- en el que en gran parte se puede considerar que ya se ha logrado -, pero existen, sin embargo, muchos otros aspectos que por el momento continúan representando una carga, ya sea en forma de viejos problemas no resueltos o bien de nuevos problemas. 
A mi parecer, en el futuro se deberían abordar cuatro aspectos principales. 
El colega Sterckx ya se ha referido a algunos de ellos y me gustaría volver a retomar esta cuestión. 
En mi opinión, es preciso lograr, naturalmente, que las compañías aéreas de los Estados miembros tengan la posibilidad de acceder al mercado internacional en las mismas condiciones que las demás compañías aéreas del mundo. 
Al mismo tiempo, debemos procurar que las compañías aéreas alcancen también una estabilidad económica, es decir que debemos intentar reducir, a través de la competencia en tierra, los enormes costes que pesan sobre ellas- desde las tasas de aterrizaje hasta las tasas de asistencia en tierra- a los niveles habituales en otros Estados del mundo. 
En segundo lugar, lo digo con toda claridad, es deseable una progresiva expansión del transporte aéreo, que mejora la movilidad individual, si bien, por otra parte, tampoco debemos dejar de lado las consideraciones medioambientales. 
Yo mantengo, empero, una posición relativamente clara al respecto: las prohibiciones no son el camino adecuado, sino que se requieren incentivos y un apoyo a las compañías aéreas que, por propia iniciativa, comiencen a adoptar medidas para reducir las emisiones, ofreciendo una flota moderna, con lo cual consumirán menos queroseno y generarán en último término una menor contaminación acústica. 
En tercer lugar, yo creo que es necesario ampliar la protección del consumidor, ya que con el incremento del número de clientes también son, naturalmente, más numerosos los problemas y el cliente merece una mayor protección que la compañía en este contexto. 
El cuarto y último punto, si bien el más importante a mi parecer, es el siguiente: tenemos que garantizar finalmente también la comunitarización del cielo de Europa, organizar un sistema unificado de control del tráfico aéreo y reducir así también los retrasos y la congestión. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Sterckx por su informe. Es el primero de toda una serie de informes sobre el transporte aéreo que debatiremos a lo largo del año en curso. 
Respaldamos la creación de un espacio aéreo europeo en el que tengan cabida todos los aspectos del transporte aéreo, desde los retrasos hasta los daños medioambientales. 
Además, consideramos imprescindible que respecto a este tema la Unión pueda hablar con una sola voz en la escena mundial. 
Nosotros también cuestionamos las respuestas y los impedimentos nacionales que siguen desempeñando un papel importante en el transporte aéreo europeo. Pensemos por ejemplo en el control aéreo. 
Estas respuestas y preferencias nacionales obstaculizan asimismo la aparición de fórmulas de cooperación. 
El desafortunado fracaso de la colaboración entre KLM y Alitalia al que hemos asistido recientemente constituye un claro ejemplo. 
No nos opondremos a la liberalización mientras contribuya al desarrollo de una política más eficaz. 
Ahora bien, nuestro planteamiento es pragmático, no dogmático, puesto que no dudaremos en abogar por una intervención activa de las autoridades cuando los intereses en materia de servicios públicos o medio ambiente así lo requieran. 
Pedimos igualmente que en la política del transporte aéreo no se pierda de vista el factor humano. 
Desde esta perspectiva, es preciso destacar tres puntos clave. 
En primer lugar está la seguridad. 
Apoyamos la creación de un órgano europeo en materia de seguridad que reúna al mayor número de países posible. 
La Comisión de Transportes ha adoptado nuestra enmienda a favor de esta ampliación. 
La aplicación de normas y medidas de control comunes redundan en beneficio de la seguridad. Estas iniciativas no pueden limitarse a la UE. 
Podemos y debemos ayudar a mejorar las normas de seguridad en toda Europa. 
Da la impresión de que la reducción de los costes a raíz de la liberalización solamente tiene ventajas. 
Tal vez sea éste el caso de algunos pasajeros. 
Los recientes informes anuales de las grandes compañías aéreas demuestran, sin embargo, que esta conclusión no es precisamente la más lógica. 
El personal también sufre las consecuencias sociales negativas de la reducción de los costes. 
No queremos que esta situación degenere, tanto más cuanto que ello puede hacer peligrar la seguridad. En este sentido no es aconsejable, por ejemplo, que los pilotos se vean obligados a volar mucho tiempo seguido. 
Por último, quisiera señalar que aunque los precios de los billetes puedan parecer bajos, los demás intereses de los pasajeros no suelen recibir la debida atención. 
No es agradable tener que esperar durante horas a causa de un retraso que probablemente te haga perder la conexión con otro vuelo. 
Es menos agradable aún ser víctima de una denegación de embarque. 
El presente informe del Sr. Sterckx se queda un poco corto cuando afirma que los pasajeros deben recibir información sobre esas circunstancias. 
¿De qué les sirve? 
Los pasajeros tienen derechos y sobre todo tienen derecho a ser informados en el momento en que se produce un problema. 
Según he entendido, este verano se instalarán en los aeropuertos tablones de anuncios en los que se expondrán los derechos de los pasajeros, por ejemplo en caso de sufrir un retraso. 
Es un paso en la buena dirección. 
Sería mejor aún que, además, el Parlamento Europeo adoptara la enmienda del PSE sobre el derecho a la información de los pasajeros. 
Los intereses del consumidor están siempre en boca de todos nosotros, pues bien, aquí tenemos uno. 
Señor Presidente, sólo dispongo de unos minutos, por lo que quiero centrarme sólo en un aspecto de la comunicación de la Comisión. 
Recuérdese que el título de dicha comunicación es "Del Mercado Único a los imperativos mundiales". 
Sin embargo, uno de los aspectos notables de dicha comunicación es el de que no parece reconocer que uno de los imperativos mundiales debe ser el de la respuesta de la industria aeronáutica a las preocupaciones medioambientales en aumento y a la probable legislación medioambiental. 
De todas las numerosas palabras que figuran en dicha comunicación, tan sólo un párrafo breve está dedicado a esa cuestión. 
Como ponente sobre una comunicación muy buena de la Comisión acerca de la aviación y del medio ambiente, sé que la del medio ambiente y la competitividad es una cuestión muy candente y los dos bandos participantes en el debate abrigan opiniones muy apasionadas. 
Por ejemplo, la comunicación comienza diciendo que el crecimiento de la industria del transporte aéreo es- y cito- "insostenible y se debe invertir esa tendencia por sus repercusiones en el clima y en la calidad de vida y la salud de los ciudadanos europeos" y añade con mucha claridad que la de "continuar con las actividades habituales" no es una opción válida. 
Resulta más que evidente que la respuesta de la aviación a las preocupaciones medioambientales tendrá efectos en la competitividad: unos positivos y otros negativos. 
Tampoco hay que subestimar las repercusiones de la aviación en el medio ambiente. 
Un informe presentado ayer, sin ir más lejos, en el Reino Unido por varias ONG medioambientales, incluida "Amigos de la Tierra", argumentaba vigorosamente que un vuelo de ida y vuelta a los Estados Unidos podía causar más contaminación que un automovilista medio del Reino Unido en un año. 
Argumenta que los 16.000 aviones reactores del mundo producen más de 600 millones de toneladas de CO2 al año: casi tanto como todos los países de África juntos. 
Argumenta que el número de personas que viajen en avión casi se duplicará en los quince próximos años. 
Así, pues, quisiera pedir que se concediera un poco más de importancia a los asuntos medioambientales. 
En lugar de encerrar los aspectos medioambientales de la aviación en un informe exclusivamente dedicado a ese asunto, deberíamos considerar vinculado el medio ambiente con todos los planteamientos de ese sector normativo, en particular uno encaminado a abordar las cuestiones de competitividad. 
El Sr. Sterckx ha incluido el medio ambiente en este informe. 
Lo acojo con la mayor satisfacción, pero también me gustaría que en todos los informes y comunicaciones de la Comisión se tuviera en cuenta automáticamente el medio ambiente. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Sterckx está realmente bien hecho y profundiza un tema de suma importancia, de sumo interés. 
Quizás alguien no alcanza a comprenderlo, pero el transporte aéreo no es algo aislado: el transporte aéreo mueve los capitales, mueve la industria- ya se trate de industria turística o de otro tipo- pone en contacto a las personas no solo por motivos de ocio y de diversión, sino también para concluir negocios. Por lo tanto, el incremento que el transporte aéreo genera en la economía europea y mundial es realmente un hecho sustancial que, en consecuencia, debe fomentarse y al mismo tiempo regularse. 
Y esto porque sabemos que muchas veces no existe una programación, muchas veces los aeropuertos están situados en zonas inadecuadas y muchas veces las líneas aéreas encuentran dificultades a la hora de expandirse precisamente por la existencia de pasillos militares y de restricciones. 
Obviamente, hay que tener en cuenta que la industria del transporte aéreo es tal vez la más globalizada de todas, dado que hoy un avión, especialmente los que gozan de una gran autonomía, puede recorrer fácilmente todo el globo. 
En consecuencia, si hoy por hoy es fácil trasladar una instalación industrial, es mucho más fácil trasladar una compañía aérea, ya que el propio medio de producción es móvil por definición. 
Tenemos asimismo un problema de competencia, sobre todo con los Estados Unidos, con estas grandes compañías que tienen una uniformidad normativa que, lamentablemente, todavía le falta a la Unión Europea. 
En este sentido, quiero subrayar que dentro de la Unión Europea falta esa uniformidad normativa tanto en lo referente al control del tráfico aéreo- por lo tanto, no solo falta una uniformidad normativa, sino también operativa- como en lo referente al reconocimiento de los títulos profesionales. 
Actualmente, por ejemplo, un piloto italiano no puede ejercer su profesión en Bélgica con los títulos profesionales conseguidos en Italia. 
Otra cuestión que ha de resolverse es la que atañe a la edad. 
En algunos Estados de la Unión Europea se puede ejercer la profesión de piloto hasta los 65 años y en otros hay que abandonar la actividad profesional a los 60. 
En consecuencia, la invitación que dirijo a la Comisión es que adopte cuanto antes medidas normativas uniformes para toda Europa. 
Señor Presidente, el tráfico aéreo pasa por unos momentos turbulentos. 
El informe del Sr. Sterckx se centra en las consecuencias del fuerte crecimiento del sector. 
La enorme competencia entre los representantes del sector ha desembocado en una guerra de precios en determinados ámbitos. 
El número de pasajeros y, en consecuencia, el número de vuelos se incrementa de forma alarmante. 
El ponente pretende resolver el problema de la congestión mediante la creación de un espacio común y un control aéreo europeo. Respaldo estas iniciativas. 
La competencia produce asimismo una reducción de los costes. 
La presión sobre el personal del sector va en aumento, tanto desde el punto de vista social como financiero. 
Es necesario que se garanticen sus derechos. 
Comparto las observaciones del ponente que insisten en la conveniencia de presentar propuestas en el ámbito social. 
La guerra comercial también afecta a los pasajeros. 
La caída de las tarifas en algunos segmentos contrasta con las situaciones en las que los derechos del pasajero están sometidos a una fuerte presión, por ejemplo en el caso de la denegación de embarque. 
Es otro campo en el que hemos de adoptar medidas. 
Revisten asimismo una especial importancia las consecuencias que tiene toda esta evolución para el medio ambiente. 
Los efectos surtidos por las innovaciones en materia de niveles de emisión, ruido y sustancias perjudiciales no son susceptibles de contrarrestar los daños medioambientales producidos por el fuerte crecimiento del transporte aéreo. 
Además, no parece ser que ello vaya a cambiar en un futuro próximo. 
Por eso mismo, es preciso que reflexionemos acerca del lugar que queremos y debemos atribuir al tráfico aéreo. 
Solamente una parte del tráfico requiere el uso del avión. 
Así por ejemplo, la creciente demanda de transporte en época de vacaciones puede satisfacerse en gran parte por otras vías. 
El presente informe también ha de prestar atención al lado negativo del mercado mundial de transporte aéreo. 
Creo que para resolver los problemas correspondientes convendría crear un sistema común de control aéreo, dar un impulso a las innovaciones tecnológicas en materia de motores y fomentar los medios de transporte alternativos para el transporte de pasajeros y mercancías. En el primer caso, pienso en las posibilidades que ofrece el tren y en el segundo en la navegación costera. 
En mi opinión, convendría suprimir la exención del IVA de los servicios de aviación y la exención del impuesto sobre el consumo del queroseno, aunque solo sea a nivel intraeuropeo, tal y como sucede con los demás medios de transporte, para que podamos hacernos una idea más equilibrada de los costes derivados de las diferentes modalidades de transporte. 
En resumidas cuentas, al sector del transporte aéreo le esperan tiempos turbulentos. 
Nos corresponde a nosotros acompañar este proceso por el bien de la sociedad. 
En este sentido, opinamos que el informe del ponente nos lleva por buen camino. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, queridos colegas, sólo quiero dilucidar una vez más un aspecto del informe Sterckx: la cuestión de la vigilancia del espacio aéreo, la vigilancia del tráfico aéreo. 
A mi juicio en el informe Sterckx, en su apartado 8, se ha elegido un enfoque muy positivo, y debemos examinarlo a corto y medio plazo. 
Comienzo con las cuestiones a medio plazo. 
A medio plazo debemos atribuir la competencia sobre las funciones reguladoras del espacio aéreo a la Comunidad Europea. 
¡Claro que es posible! 
Que no venga nadie y diga: sí, Eurocontrol cuenta con muchos más miembros y es mucho mejor. 
Eurocontrol no funciona, eso está comprobado. 
Una de las razones de ello es que, por la aplicación del principio de unanimidad y por su lentitud parece ir en un barco de remos. 
En mi opinión, el Espacio Económico Europeo constituye un buen ejemplo. 
Si la Comunidad de los Quince asume la competencia sobre las funciones reguladoras, y si en los próximos años quieren adherirse 12 países a la Unión, alcanzaremos la cifra de 27 miembros. 
Si tomamos el ejemplo del Espacio Económico Europeo con Noruega e Islandia, no supondrá ningún problema incluir a Suiza en este mismo régimen. 
También necesitamos la competencia de la Unión sobre estas cuestiones, para que pueda decidirse según un sistema mayoritario y con arreglo al Derecho Comunitario y no se esté sujeto a la unanimidad y al Derecho convencional europeo. 
Asimismo, necesitamos empresas de servicios privadas que realicen operaciones concretas. 
Reconozco que al colega Sterckx le gustaría mucho sustituir la palabra "privatización" por el término "liberalización". 
Creo que colaboraremos gustosamente. 
Pero también necesitamos- y en ello el colega Sterckx coincide con nosotros- que haya competencia. 
Debemos alejarnos de las situaciones de monopolio, y sostenemos ­aunque no suponga ninguna revolución- que si existe un mercado único en tierra, también podría haberlo en el aire, y que debería darse sin duda alguna a las diferentes empresas de servicios que operen en régimen de cooperación o de competencia la posibilidad de controlar determinadas rutas en el espacio aéreo europeo, superando las fronteras nacionales y los particularismos de los estados, así como permitirse que las compañías aéreas ofrezcan servicios. 
Debemos profundizar en esta cuestión, que abordaremos de nuevo en el informe Atkins. 
Pasemos ahora a las cuestiones a corto plazo. 
Todos agradecemos a la Vicepresidenta que haya creado el grupo de trabajo de alto nivel, para obtener resultados positivos a corto plazo. 
Tengo que pedir a los quince Gobiernos que ordenen a sus asesores civiles y militares que hagan llegar a la Vicepresidenta verdaderas soluciones hasta finales de este mes, para que en junio contemos con algo concreto, para que la Vicepresidenta tenga la posibilidad de aplicar exigencias concretas, de adoptar medidas concretas como, por ejemplo, el empleo temporal de instalaciones militares para vuelos civiles. 
Asimismo, debemos anticiparnos ofreciendo soluciones concretas, pues es inaceptable que en este verano nos encontremos con la misma situación del pasado. ¡Un espacio aéreo congestionado, colas de espera, un absurdo e interminable consumo de queroseno en el aire, es decir, una formidable contaminación del medio ambiente! 
Esperemos que la Vicepresidenta, si los Estados miembros le envían lo que necesita, pueda hacernos una buena propuesta de medidas a corto plazo que surtas efectos en este verano. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al Sr. Sterckx su informe, que aborda un aspecto importante de la industria de la aviación civil. 
No cabe duda de que en los diez últimos años la aviación civil ha aumentado en gran medida y se prevé que siga aumentando en el futuro. 
Hay quienes sostienen que se debe exclusivamente al proceso de liberalización en ese sector. 
Si bien mi Grupo y yo reconocemos que ello ha tenido considerables efectos en el crecimiento de la aviación, también han contribuido otros factores. 
En las fases iniciales de la liberalización muchas personas perdieron sus puestos de trabajo, los que lo conservaron tuvieron que someterse a jornadas laborales más largas y otros sufrieron un deterioro de sus condiciones laborales. 
Además, en algunas rutas aumentaron las tarifas, mientras que en otras se abarataron tanto, que las compañías aéreas quebraron o acumularon enormes pérdidas. 
Otro resultado de la liberalización ha sido el método de las alianzas entre compañías, y en algunos casos absorciones incluso. 
Ahora estamos empezando a ver un aumento de las aeronaves matriculadas fuera de la UE, como en el caso de los pabellones de conveniencia del sector marítimo. 
En mi aeropuerto de Manchester hay matriculadas aeronaves islandesas y yo he estado más veces en Islandia que ellas. 
La única razón por la que menciono estos detalles es la de aportar cierto equilibrio al debate. 
Resulta muy fácil decir que la liberalización en la aviación ha sido un éxito clamoroso sin que se reconozca nunca que tiene también una faceta negativa. 
Mi Grupo acepta que la liberalización gradual es una forma de avanzar, pero sólo si se salvaguardan y fortalecen la seguridad, las condiciones de trabajo y los derechos de los pasajeros. 
Reconocemos que un número cada vez mayor de ciudadanos de la UE exigen servicios mejores. 
Mi Grupo acoge con satisfacción la más reciente decisión de la Comisión de lanzar una campaña para informar a los pasajeros de sus derechos, cosa que las compañías aéreas en particular no han hecho durante muchos años. 
Creemos que hace falta algo más para velar por que los pasajeros estén mejor protegidos contra los retrasos y las cancelaciones. 
Todos hemos oído las excusas puestas por las compañías, desde lo de "por razones técnicas", expresión jergal de la aviación que significa: "Me temo que no hay bastantes pasajeros, por lo que vamos a fusionarnos". 
La siguiente es "retrasos en el tráfico aéreo", pero, naturalmente, se trata de una fácil excusa, porque nunca hay representante alguno de los controladores del tráfico aéreo para rebatirlo. 
Tampoco hay que olvidar, naturalmente, lo de "que embarquen", independientemente de que el avión vaya a despegar o no. 
La aviación ha logrado sin duda grandes avances, pero también creo que las compañías aéreas tienen una responsabilidad para con sus pasajeros, su mano de obra y también el medio ambiente. 
Por último, mi Grupo está deseoso de recibir de la Comisión sus nuevas propuestas sobre la asignación de franjas horarias, pese a que han tardado mucho en llegar. 
Espero que ese documento adopte el principio del acceso justo al mercado para todos, en particular aclarando la actual situación legislativa respecto del comercio de las franjas horarias. 
Señor Presidente, el informe que hoy nos ocupa trata de los resultados de la liberalización del sector del transporte aéreo en la Unión Europea, que está ultimada desde 1993. 
Hemos apoyado este proceso de liberalización para que se levanten las barreras bilaterales, se cambien las limitaciones de propiedad, se armonicen los estándares técnicos y se implanten normas de seguridad adecuadas y para que las condiciones liberalizadoras promuevan más transparencia en cómo se hace la política de desarrollo del transporte aéreo y permitan, sobre todo, la inclusión de los condicionantes medioambientales en la producción de la industria aeronáutica, en la política de tarifas y en la gestión del tráfico aéreo. 
Un punto principal planteado por el ponente es la actual situación en que, mientras la industria de la aviación se liberaliza, funcionando en un mercado abierto europeo, las autoridades que controlan el espacio aéreo, los aeropuertos y las instancias reglamentadoras, así como las empresas proveedoras de servicios al sector del transporte aéreo, funcionan todavía demasiado desde un punto de vista local. 
El ponente menciona también, como asunto pendiente, el mantenimiento todavía de determinadas presencias estatales en la propiedad de las compañías aéreas de bandera. 
Mirando en particular al control del tráfico aéreo, el desarrollo de un sistema común de seguridad aérea es un buen reto de futuro. 
No hay que olvidar que el espacio aéreo europeo es un mosaico compuesto por 15 Estados miembros soberanos, los cuales por una serie de razones, principalmente militares, encuentran difícil ceder parte de su soberanía en esta materia. 
Y en este sentido, la política de privatización de los cuerpos operacionales responsables del control del tráfico aéreo debe ser un tema de preocupación a resolver. 
Con respecto a las cargas, compartimos la opinión de la Comisión en el sentido de que los costes sobre los cuales las líneas aéreas no tienen ningún control- las cargas de asistencia en tierra, los impuestos de aeropuerto y los costes atmosféricos- deben ser transparentes y no discriminatorios. 
Volviendo al informe Sterckx, nuestra contribución se ha centrado en los aspectos medioambientales relacionados con el mismo. 
Nuestra crítica principal se centra en el hecho de que la Comisión, en su análisis total, intenta plantear los aspectos del medio ambiente, la seguridad y la salud en el sector aeronáutico como un debate separado, a través de una comunicación separada, cuando en realidad el impacto de estos factores en el futuro de la industria es crucial. 
La política de precios de las líneas aéreas debe incluir los costes medioambientales externos del transporte aéreo; la regulación de la asignación de las franjas horarias se debe repasar según criterios ambientales específicos, considerando el ruido y las emisiones a la atmósfera, y se deben adoptar acciones específicas para potenciar el intercambio modal con las demás redes transeuropeas, y en especial con el ferrocarril, a la luz de las conclusiones del informe sobre aviación y atmósfera global, que estima que más de un 10% del tráfico aéreo corto europeo podría cambiar del avión al ferrocarril. 
Señor Presidente, el primer objetivo declarado de la propuesta de la Comisión, y adoptado como propio por nuestro ponente el Sr. Sterckx, es la plena liberalización del sector del transporte aéreo y su total subordinación a las reglas del mercado; de un mercado que carece de reglas. 
De este modo, dice la Comisión, y está de acuerdo nuestro ponente, se reducirán los gastos de las compañías aéreas, mejorarán los servicios ofrecidos a los pasajeros y se estimulará la innovación. 
Y, sin más, se propone la entrega de los aeropuertos, con toda su importancia estratégica para la seguridad de un país, al capital multinacional; se promueve así la búsqueda de la máxima ganancia por parte de los propietarios privados de los aeropuertos, sin reparar en absoluto en las consecuencias negativas de semejante medida. 
Se propone, en nombre de la creación de un sistema común de seguridad aérea, ceder a la Unión Europea los derechos soberanos de cada país sobre el control de los vuelos en su espacio aéreo; pero, al mismo tiempo, se postula la privatización de los operadores responsables del control del tráfico aéreo, que tendrán, se dice, jurisdicción en todo el espacio aéreo de la Unión Europea y competirán entre ellos. 
Esta propuesta, además de la abolición del derecho soberano de cada país sobre su espacio aéreo, provocará confusión y disfunciones, y tendrá consecuencias especialmente negativas y peligrosas con respecto a la seguridad de los vuelos, desde el momento en que la competencia que se invoca como gran ventaja operará en el ámbito de la búsqueda de la máxima ganancia, y no de la máxima seguridad de los vuelos. 
Se arguye también que con todo esto se disminuirán los retrasos de los vuelos y se reducirán así los gastos de las compañías aéreas. 
Y esto tal vez sea cierto. 
Pero no es menos cierto que, tal y como nos muestra la experiencia en otros casos similares, el aumento de las ganancias no conllevará abaratamiento de los pasajes o mejora de los servicios ofrecidos, sino deterioro y nada más que deterioro. 
Se propone también el fin de la subvención estatal a las compañías aéreas, y esto tendrá consecuencias catastróficas para las comunicaciones aéreas de las regiones problemáticas. 
Tenemos el ejemplo de Grecia, que es muy ilustrativo. 
Se ignora el hecho irrefutable, constatado por la experiencia internacional de organismos oficiales y de sindicatos de trabajadores del sector del transporte aéreo, de que la constante reducción de los costes de funcionamiento de las aeronaves y de los servicios de tierra, combinada con la privatización de todo lo imaginable y la búsqueda de la máxima ganancia por parte del capital privado, es la causa del constante aumento de accidentes aéreos. 
Por todas estas razones, señor Presidente, nosotros votaremos en contra del informe. 
Señor Presidente, queridos colegas, hemos tomado nota de que el objetivo del informe de nuestro colega era garantizar la seguridad, la protección del consumidor, la leal competencia y la protección del medio ambiente. 
Estamos de acuerdo con estos objetivos, pero no podemos apoyar el proyecto de creación de una autoridad reglamentaria en materia de seguridad del transporte aéreo. 
Nos gustaría tener más información, en particular sobre la composición de dicha autoridad, y saber quién asegurará su control y cómo. 
Además, el punto 8 sugiere, y cito, "privatizar los servicios operacionales de control del tráfico aéreo". 
Esta sugerencia no nos parece deseable. 
Nos oponemos totalmente a todo principio de liberalización creciente, que podría acentuar la degradación ya existente de las condiciones laborales, en esta actividad vinculada a la seguridad de los pasajeros. 
Esta privatización conllevará una importante pérdida de puestos de trabajo y tendrá sin duda incidencias nefastas en la seguridad. 
El cielo europeo es un cielo seguro en comparación con otros, y esta seguridad, queremos conservarla. 
Finalmente, si queremos garantizar el predominio de las normas de seguridad sobre cualquier otra consideración, el control aéreo debe seguir siendo un servicio público y nacional. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar sinceramente al Sr. Sterckx por su excelente informe. 
Creo que hace su aparición en un momento en que el sector del transporte aéreo está en el centro de la atención debido al acuerdo de absorción entre Swiss Air y Sabena, el fracaso de la alianza entre KLM y Alitalia y los problemas relacionados con Malpensa. 
Está claro que algo se mueve en el sector y eso convierte el informe en un tema de máxima actualidad. 
A pesar de las numerosas ventajas que le atribuye el Sr. Sterckx, la liberalización no nos ha llevado al paraíso terrenal, al menos de momento. 
Del mismo modo que Europa y la UME han de ajustarse a las necesidades sociales y ecológicas, la liberalización habrá de compensarse con medidas destinadas a una mejor organización del espacio aéreo, una mayor seguridad y una protección más adecuada del consumidor y del medio ambiente. 
El debate sobre los vuelos nocturnos que se celebró hace dos semanas en Estrasburgo ya puso de manifiesto que la normativa europea en materia de transporte aéreo deja mucho que desear. 
Es inevitable que una liberalización que no vaya acompañada de una política común en materia de transporte aéreo y no cuente con un espacio aéreo único cause problemas. 
Según las estimaciones, el tráfico aéreo se incrementará en un 100% en los próximos quince años. 
Si no adoptamos medidas drásticas los resultados no se quedarán en un vuelo de cada tres con retraso y 450.000 horas de vuelo perdidas al año. 
¿Se puede saber qué es lo que nos impide adoptar medidas complementarias? 
Aparte del fuerte grupo de presión que defiende los intereses de las compañías aéreas y la mala interpretación del principio de soberanía por parte de algunos países que no quieren renunciar a la gestión de su propio espacio aéreo nacional. 
Hemos implantado la libre circulación de personas. 
Tenemos una moneda común. 
¿Por qué tardamos tanto en crear un espacio aéreo europeo único? 
Además, respaldo plenamente la idea de concebir una zona de aviación común transatlántica. 
A condición de que ello no requiera concesiones europeas unilaterales. 
Sería bueno que a este respecto nos sirvieran de lección los problemas relacionados con los hushkits. 
Creo que con vistas a la asignación de las franjas horarias es preciso prestar más atención a los criterios medioambientales, como el ruido y los gases de escape. 
Por otra parte, las autoridades han de invertir más dinero en medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de quienes viven en la proximidad de un aeropuerto. 
Es algo que se impone sobre todo en el caso de los aeropuertos regionales de dimensiones más bien reducidas. 
A modo de conclusión y resumen quisiera abogar por una pax avianautica, en la que había que integrar los ingredientes siguientes: un espacio aéreo único, una política común en materia de transporte aéreo, aeropuertos vivibles en un entorno vivible, una mayor seguridad y compañías aéreas europeas sólidas. 
Sólo si logramos este propósito mis vecinos de la ciudad de Oostende, que sufren las consecuencias de un aeropuerto regional ruidoso e inseguro, llegarán a comprender plenamente el sentido de la Unión Europea. 
Señor Presidente, quisiera para empezar darle las gracias a nuestro colega Dirk Sterckx, que ha realizado una enorme labor sobre un informe muy importante, porque es un informe de doctrina, que va a generar muchas otras reflexiones. 
Personalmente, con relación al informe de la comisión, apoyo sin fisuras la necesidad de abrir el cielo europeo y la de unificarlo, porque el transporte por carretera está unificado; el ferroviario, el marítimo y el aéreo todavía no lo están. 
Creo que es muy importante ir en esta dirección. 
Sin embargo, no debemos limitarnos a la creación de un nuevo mercado. 
Personalmente, opino que el tono del informe es excesivamente auto-complaciente con la pasada liberalización. 
En primer lugar, la competencia que ya conocemos ha creado a pesar de todo dos espacios aéreos, el de las grandes líneas, en las que se observan hoy en día saturaciones, retrasos, listas de espera, derechos de los consumidores muy insuficientes, y por supuesto una bajada de precios, y el de las líneas secundarias, que queda actualmente, a mi modo de ver, muy poco atendido por el mercado, que es caro. 
Yo vivo en Burdeos, pero me resulta más caro ir de allí a Lisboa que ir a Nueva York pasando por París, y me veo obligado, para desplazarme a las demás ciudades francesas, a pasar por el nudo de París. 
Creo que no podemos ignorar estos efectos de la liberalización. 
En segundo término, creo que es muy importante decir, como algunos colegas lo han hecho aquí, que la seguridad no se negocia y que la armonización europea del control aéreo debe integrar esta dimensión de la seguridad, y no dejarla solamente a merced de los apetitos empresariales. 
Es algo muy importante. 
Soy de los que piensan que hay que crear un pliego de condiciones europeo, sin duda una Agencia, pero no necesariamente privatizar ni hacer competir a los diferentes controles aéreos existentes. 
Finalmente, el tercer motivo es que la política regional de la Unión, el segundo presupuesto de la Unión, no es nada sin una política de ordenación del territorio. 
En este sentido, los nudos aéreos son absolutamente decisivos para la localización de las actividades, de las funciones directivas, de los ejecutivos y por consiguiente del empleo. 
No veo porqué se condenan todas las subvenciones, tanto para las líneas como para las infraestructuras, cuando ciertas regiones periféricas no pueden acceder a nudos aéreos. 
Creo que esta dimensión de la ordenación del territorio debe ser tenida en cuenta.. 
Señor Presidente, la resolución relativa al transporte aéreo sometida al Parlamento encierra graves peligros sobre los que me gustaría insistir. 
En esencia, propone transferir a escala europea las competencias en materia de control de tráfico, privatizar los servicios operacionales de control, e igualmente instaurar una competencia entre estos servicios. 
El tráfico aéreo se ha duplicado desde 1986. 
Volverá a multiplicarse por dos de aquí al año 2015. 
La resolución da rienda suelta a la desregulación del transporte aéreo y considera positivos la privatización de las más importantes compañías aéreas y el desarrollo de una competencia desenfrenada. 
Sin embargo, todos podemos observar que este desarrollo se realiza en total descoordinación con respecto a las necesidades de la población europea en materia de transporte. 
Las compañías europeas compiten por las mismas líneas, crean cada una por separado alianzas mundiales, con el único objetivo de obtener una rentabilidad financiera inmediata, multiplicando los vuelos de las compañías pequeñas, compitiendo en los mismos horarios. 
En lugar de promover un plan global de desarrollo del transporte, siguiendo una lógica intermodal entre el ferroviario y el aéreo, la Unión Europea, por el contrario, ha fomentado la privatización y la desregulación. 
De ello se derivan una saturación del tráfico y de los problemas, y paralelamente, una degradación de las condiciones laborales y estatutarias de los asalariados del transporte aéreo, ya que las compañías filializan al máximo sus actividades para reducir los costes laborales. 
La resolución cede ante los dictados de las grandes compañías, que también quieren a partir de ahora privatizar los servicios de control aéreo. 
Los retrasos y las saturaciones quedan fuera de este control. 
El Informe ATM 2000 resume los objetivos financieros de este ataque, y el panorama es bastante horrible. 
Los métodos que permiten alcanzar los objetivos de seguridad deben ser valorados económicamente, deben evitar una excesiva utilización de las restricciones de flujo o de limitación del tráfico, y no incrementar indebidamente el coste de la puesta en marcha de sistemas nuevos. 
El rigor profesional de los asalariados del control, cuya primera prioridad es la seguridad de los vuelos y de los pasajeros, se cuestiona directamente. 
He aquí los motivos por los que nos oponemos a esta resolución, que pretende de hecho someter el control aéreo a los intereses financieros de las grandes compañías, en perjuicio de la seguridad de los pasajeros. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar agradecer al ponente, Sr. Sterckx, así como a todos los diputados que han intervenido, su colaboración activa en el debate cuyo resultado es el informe que hoy estamos discutiendo. 
En gran medida el informe confirma el análisis que se exponía en la comunicación de la Comisión sobre el sector europeo del transporte aéreo ante los desafíos mundiales, ya que gracias a la liberalización de este sector se ha podido instaurar un mercado mucho más competitivo que el del período anterior y para comprobar la importancia de este hecho, basta con observar el aumento del número de líneas aéreas o el aumento, quizás menos espectacular, pero también importante, del número de rutas donde hay más de dos competidores. 
Eso da idea de cómo se ha incrementado la competencia a lo largo de estos años. 
La apertura de los mercados inciden en la evaluación del sector de forma muy diversa. 
Las líneas aéreas han desarrollado estrategias innovadoras con el fin de adaptarse al crecimiento del mercado y a los desafíos de la competencia, pero a pesar de sus esfuerzos de reestructuración siguen adoleciendo de una gran fragmentación, de una fragilidad financiera en comparación con sus principales competidoras a nivel internacional y, concretamente, me estoy refiriendo a las líneas aéreas norteamericanas. 
Señorías, varios de ustedes han hablado de la zona transatlántica común de aviación, y quiero decirles que es un problema importantísimo. 
La situación actual es el resultado de la firma bilateral por parte de diversos Estados miembros de la Unión con Estados Unidos de los llamados "acuerdos de cielos abiertos" que, de hecho, están suponiendo una fragmentación interna del mercado europeo, y de la imposibilidad de reestructuración real de las compañías europeas para adquirir las dimensiones que les permitan tener una adecuada capacidad de competir en los ámbitos internacionales. 
Como bien saben Sus Señorías, la Comisión es absolutamente contraria a esos acuerdos bilaterales de cielos abiertos. 
Ha presentado un recurso contra ellos ante el Tribunal de Luxemburgo y espero que la sentencia del Tribunal nos permita terminar con esa situación y hacer lo que tenemos que hacer: un acuerdo bilateral con los Estados Unidos considerando a la Unión Europea como un todo, como un mercado interior único y no parcelada en distintos países. 
Lo contrario puede convenir, sin duda, a los Estados Unidos, pero desde luego en absoluto a las compañías aéreas europeas y a los intereses europeos. 
Precisamente uno de los objetivos de la negociación de la zona transatlántica común es resolver, de común acuerdo con los Estados Unidos, la situación actualmente planteada por la actuación unilateral de los distintos países que han suscrito estos acuerdos. 
Tengo que señalar, Señorías, que la realidad del mercado interior de la aviación civil en Europa se ve afectada muy negativamente por este aspecto. 
Últimamente algunos de ustedes hacían referencia al asunto KLM-Alitalia, donde obviamente hay otras cuestiones que también inciden, pero donde, si se hubiera producido ya la fusión entre las dos compañías, no tendríamos los problemas que tenemos en este momento. 
Es cierto que un rasgo de la liberalización europea, comparado con la liberalización norteamericana, es que ha sido autorizada la concesión de ayudas estatales para respaldar la reestructuración de algunas líneas aéreas. 
Es verdad que la Comisión autorizó la inyección de capital público- una sola vez, irrepetible y sujeta a condiciones estrictas- con el fin de ayudar a las compañías a realizar adecuadamente el tránsito de una situación de mercado regulado a una situación de mercado abierto. 
Hoy día podemos congratularnos, ya que la mayoría de las compañías europeas han completado el proceso de transición y la transición se puede considerar como finalizada. 
Tengo que decir, en cuanto a aquéllos que decían que iba a disminuir el empleo en el sector, que no ha sido así y que no ha empeorado en absoluto tampoco la calidad del empleo, muy al contrario, se han incrementado los puestos de trabajo y la generación de riqueza. 
Las compañías han sido capaces de hacer frente a la situación y la liberalización ha beneficiado importantemente a los consumidores, aunque es verdad que no a todos los consumidores de la misma manera; por ejemplo, ha beneficiado menos a los viajes de negocios de plazo breve donde indudablemente las tarifas más bajas no suelen ser las adecuadas y no se pueden utilizar. 
Quiero terminar, Señorías, haciendo referencia a algunas de las cuestiones que se han planteado. 
El asunto Gibraltar y los acuerdos celebrados últimamente entre los dos países que se ocupan de esta cuestión no afectan al transporte. 
En este aspecto, por lo tanto, todas las cuestiones están tal como estaban antes de ese acuerdo bilateral entre dos países de la Unión. 
En otro aspecto, quisiera decir que la intermodalidad, que ya está contemplada, es un elemento clave para el desarrollo equilibrado de la movilidad y del transporte aéreo. 
Por otra parte, la cuestión de la asignación de franjas horarias debe ser objeto de una propuesta por parte de la Comisión ya que no podemos permitir la situación actual en que se pierden muchas franjas horarias, no se utilizan todas adecuadamente y, además, vamos a decirlo claramente, hay un mercado negro de dichas franjas horarias. 
Vamos a hacer una propuesta en el sentido de que la asignación de franjas horarias sea un derecho administrativo de tipo concesional. 
Intentaremos conseguir que haya una mayor flexibilidad en dicha asignación sin con ello causar quebrantos a las compañías. 
En cuanto a Islandia, Señorías, quiero decir que es parte integrante de la zona económica europea y, por lo tanto, toda la legislación le afecta en su conjunto. 
He dejado para el final dos cuestiones, no porque sean las menores, sino porque quería detenerme un momento en ellas. 
El medio ambiente es una cuestión clave en el desarrollo de la aviación y desde luego la eficiencia en el consumo de combustible por pasajero aumenta día tras día, aunque es verdad que el incremento del transporte aéreo es mayor que la eficiencia que se va consiguiendo. 
Por ello debemos intentar modernizar las flotas. 
La cuestión del ruido es también un problema grave. 
Por último, quisiera que quedara claro que nuestra primera preocupación, aunque lo haya dejado para el final, es la seguridad. 
Ese es el principal y el primer objetivo y a eso se tienen que ceñir todas las iniciativas respecto al tráfico aéreo, al cielo único, a la gestión del tráfico aéreo, a la regulación del tráfico aéreo, todo, en primer lugar, tiene que estar supeditado al objetivo básico de la seguridad. 
La Comisión no tiene ninguna posición de principio en cuanto a la privatización o no de los servicios operacionales del tráfico aéreo. 
Entendemos que antes de llegar ahí hay algunos servicios asociados que se podrían privatizar, como, por ejemplo, las cuestiones meteorológicas, que permitirían una mayor flexibilidad. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Nombramiento de altos funcionarios de la Comisión 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la pregunta oral (B5-0218/2000) del Sr. Pomés Ruiz, en nombre del grupo del Partido Popular Europeo (demócrata-cristianos) y de los Demócratas Europeos (PPE-DE) , sobre el nombramiento de altos funcionarios en la Comisión. 
Les recuerdo que la votación sobre este tema tendrá lugar el 17 de mayo de 2000. 
Señor Presidente, la política de nombramientos de la Comisión, es, sin duda, una pieza clave dentro del entramado de la reforma a la que se ha comprometido el Presidente Prodi. 
Y es una pieza clave porque este Parlamento comparte el empeño del Sr. Kinnock, Vicepresidente encargado de la reforma, de hacer nombramientos en base, no a cupos nacionales, sino al mérito. 
Por eso en este momento, en el que todavía el Parlamento no ha tomado posición sobre la reforma administrativa, -que estamos observando con gran cuidado y que todos deseamos en este Parlamento que esta vez de verdad la reforma triunfe- quiero decir que es pertinente a estas alturas ver cómo la Comisión está poniendo en práctica esos buenos deseos, esos proyectos de reforma en la política de nombramientos. 
Y creo, además, que la transparencia es muy buena, no sólo es buena para el necesario control que tiene que hacer esta Asamblea, sino que es buena en sí misma. 
Pensemos que la política de nombramientos motiva y desmotiva, promueve a unos funcionarios en detrimento de otros y el ejemplo que esta política puede dar, en orden a solventar el principal problema que se afronta en la estructura comunitaria- me encantó que el Sr. Prodi coincidiera en este diagnóstico, así como también el Sr. Kinnock -, que es la desmotivación de los funcionarios. 
Es muy importante, por lo tanto, que intentemos ver que los buenos deseos van acompañados de buenas prácticas. 
Estamos todos de acuerdo en desbloquear los cupos nacionales, en que los nombramientos sean por mérito, pero esto no puede justificar ciertos desequilibrios regionales. 
En este momento, según los datos con los que contamos, que agradezco porque pienso que el proceso de transparencia es muy bueno, los altos cargos A1 o A2 más numerosos son de la nacionalidad del propio Comisario, muy por encima de los altos cargos alemanes, por ejemplo. 
Hay desequilibrios evidentes. 
No se puede justificar en el mérito el que, por poner otro ejemplo, haya 22 A1 o A2 españoles y haya 16 belgas. 
Es importante que el mérito, en un procedimiento que necesariamente tiene que ser transparente, sea fácilmente explicable y comprensible. 
El mérito no puede justificar desequilibrios globales o desequilibrios en algunas direcciones generales, en algunas de las cuales hay un predominio evidente de funcionarios de determinada nacionalidad. 
También es importante que haya resultados en la búsqueda del equilibrio entre el género. 
Nadie va decir, yo desde luego no, que el hecho de que haya tan pocas mujeres A1 o A2 se deba a la valoración del mérito. 
Al contrario, estamos rodeados de mujeres mucho más valiosas que nosotros, la mía sin ir más lejos. 
Yo debo decir a mis amigos que detrás de una gran mujer hay un gran hombre, porque todo el mundo dice que mi mujer vale más que yo. 
Y agradezco al portavoz socialista, que conoce a mi mujer, que coincida conmigo. 
Es importante cumplir el compromiso de duplicar nombramientos de mujeres. 
Seguiremos de cerca esta política de nombramientos que tiene que ser abierta y decidida. 
Acogemos con satisfacción los nuevos nombramientos que ha habido en el seno de la Comisión, en concreto del Secretario General. 
Muchos opinaban que nuevas políticas a veces necesitan contar con nuevas caras y en ese contexto tal vez el relevo del Secretario General deba ser apoyado. 
Al menos así lo pienso yo. 
Quiero acabar diciendo que confío en que, cuando usted venga en julio a explicar cambios que va a introducir en los procedimientos de nombramiento en base al mérito, tenga la conformidad y el apoyo de todos los grupos de esta Asamblea. 
Señor Presidente, permítaseme comenzar agradeciendo a Su Señoría su pregunta. Convengo en gran medida con las observaciones que ha formulado muy eficazmente. 
De hecho, sólo discrepo respecto de un aspecto. 
Puede que Su Señoría tenga razón en que detrás de toda gran mujer hay un gran hombre: existe un debate al respecto. 
Lo que es cierto- no me cabe duda- es que detrás de todo gran hombre, hay una suegra muy, pero que muy, asombrada. 
Su Señoría ha expuesto con mucha claridad- lo sé- el principio de que la responsabilidad de las políticas y modalidades de empleo en la Comisión, como institución, corresponden a la propia Comisión. 
Sin embargo, para facilitar información útil a esta Asamblea y al público en general, tengo mucho gusto en responder a las dos preguntas que Su Señoría ha formulado. 
Para dar respuestas completas y detalladas a su primera pregunta, y, además, ahorrar tiempo a esta Asamblea, he enviado un documento a Su Señoría en el que figuran enumerados los nombramientos de funcionarios superiores hechos en la Comisión desde que empezó a desempeñar sus funciones, junto con los nombres, las nacionalidades y las funciones anteriores de todos los interesados. 
Para mayor detalle, en dicho documento figura el número total de funcionarios superiores de cada una de las nacionalidades en la Comisión y el número total de funcionarios del grado A de cada una de las nacionalidades en la Comisión. 
También se ha facilitado una copia de dicho documento al Secretario General de este Parlamento para su información y, naturalmente, estará a disposición de Sus Señorías en general. 
Así, pues, en esta respuesta oral, voy a resumir la situación relativa a los nombramientos de funcionarios superiores que había el jueves pasado, 27 de abril. 
Desde que la presente Comisión empezó a desempeñar sus funciones, se han hecho seis nombramientos que entrañaban ascensos al grado A1. 
Se referían a tres funcionarios de nacionalidad alemana, dos de nacionalidad italiana y uno de nacionalidad irlandesa. 
Ha habido otros catorce traslados en los niveles de Director General o Director General Adjunto, que no entrañaban un ascenso de grado, aunque en cuatro casos, relativos a funcionarios españoles, franceses, alemanes y británicos, los cambios significaron aumentos de las atribuciones hasta los puestos de Director General. 
En el mismo período se han hecho 19 nombramientos que entrañaban el ascenso al grado A2. 
Se trataba de funcionarios de las siguientes nacionalidades: cinco británicos, cuatro italianos, tres belgas, dos alemanes, un holandés, un francés, un español, un irlandés y un austríaco. 
También se han hecho once traslados en el nivel de Director, que no entrañaban ascensos de grado. 
Además, se han hecho dos nombramientos externos en ese período. Uno de un ciudadano alemán en el nivel de Director General y uno de un ciudadano austríaco en el nivel de Director. 
Así, pues, desde que la Comisión comenzó a desempeñar sus funciones se han hecho, en resumen, un total de 25 ascensos a puestos de funcionarios superiores. 
Seis de dichos funcionarios son ciudadanos italianos; cinco, alemanes; cinco, británicos; tres, belgas; dos, irlandeses; uno, holandés; uno, francés; uno, austríaco; y uno, español. 
Estas cifras corresponden al 27 de abril de 2000. 
Como ha de saber la Asamblea, en una institución internacional y multinacional como la Comisión, es esencial, como ha dicho Su Señoría, que la asignación de puestos de trabajo refleje en gran medida la diversidad de la Unión a la que servimos y utilice las capacidades de forma eficaz. 
Esos principios de equilibrio y calidad figuran expuestos con claridad en el Estatuto de los funcionarios y la Comisión está comprometida con su aplicación plena en todos los niveles. 
Como en cualquier gran organización, hay un continuo cambio en el personal de la Comisión, a medida que los funcionarios se trasladan, se jubilan, son contratados o ascendidos. A consecuencia de ello, una foto fija del perfil del personal en cualquier momento determinado no da ni puede dar una idea completa. 
Para juzgarlo apropiadamente, se debe evaluar y mantener, por consiguiente, a medio plazo el equilibrio y la Comisión está activamente comprometida al respecto. 
En respuesta a la segunda pregunta de Su Señoría, relativa a las normas y los criterios aplicados a los nombramientos de funcionarios superiores, he de señalar a la atención de la Asamblea las decisiones a ese respecto que la Comisión adoptó y publicó los pasados meses de septiembre y diciembre. 
Dichas decisiones constituyen normas jurídicas específicas para la institución más que un código de conducta generalizado. 
Se han enviado copias de dichas normas a Su Señoría y se pueden consultar en Internet. 
Sobre ese telón de fondo, la siguiente información puede ser útil para la Asamblea: el principio rector del sistema que la Comisión utiliza es el de que el nombramiento de todos los puestos de funcionarios superiores irán determinados por los méritos documentados de los candidatos, incluida la capacidad de gestión y otras capacidades pertinentes. 
Para tener debidamente en cuenta el equilibrio geográfico al que me he referido antes y hacerlo conforme al principio esencial del nombramiento meritocrático, se están formulando disposiciones específicas. 
La Comisión ha rechazado el concepto de cuotas, por su contraproducente rigidez y también porque contravendrían el Estatuto de los funcionarios. 
Sin embargo, ha adoptado una decisión para velar por que todas las nacionalidades de los Estados miembros estén representadas por al menos una persona competente en el puesto más alto- Director General o equivalente- y, en consonancia con ello, la Comisión ha vuelto a insistir en la necesidad de evaluar eficazmente los méritos demostrados como requisito previo para los puestos más altos. 
Gracias a ello, se mantendrán los altos niveles de calidad entre los funcionarios que encabezan el personal en la Comisión en relación con las decisivas tareas de formulación de políticas, aplicación de los Tratados y gestión y sin por ello dejar de velar por el equilibrio geográfico, que es fundamental para el carácter de una institución que sirve a toda la Unión. 
El sistema para decidir los ascensos a los puestos más altos facilita la consecución de esos objetivos de mantenimiento de los méritos y del equilibrio y voy a resumir su funcionamiento para información de la Asamblea. 
Los candidatos a puestos A1 y A2 son entrevistados por un equipo de funcionarios superiores que han contado desde que entró en funciones esta Comisión con la asistencia de un experto asesor externo con experiencia pertinente en materia de selección de personal ejecutivo. 
Dicho equipo hace una evaluación objetiva de las cualidades y capacidades profesionales y directivas pertinentes para el puesto y recomienda una lista de candidatos preseleccionados. 
Después dichos candidatos son entrevistados por el Comisario más directamente interesado en el puesto y, en el caso de los funcionarios A1, por el Comisario encargado de los asuntos de personal, que en este momento soy yo. 
Después el Comisario competente en materia de personal propone al Colegio el candidato acordado con el Comisario al que corresponde el puesto y con el Presidente de la Comisión. 
En el caso de los nombramientos de Directores, se debe obtener también el acuerdo del Director General competente. 
En todo momento el equipo, los Comisarios y el Colegio son conscientes del compromiso con la calidad y el equilibrio y, por tanto, lo aplican coherentemente en pro de los intereses de la Comisión y de la Unión. 
Puedo confirmar que todos los nombramientos hechos por esta Comisión lo han sido de conformidad con esas normas que se basan, a su vez, en el artículo 29 del Estatuto de los funcionarios y ése seguirá siendo el proceder que se aplicará. 
Pido disculpas por la extensión de mi intervención, pero es que quería, naturalmente, facilitar a la Asamblea la información más completa. 
Señor Presidente, agradezco profundamente la oportunidad que me brinda la pregunta formulada por mi colega el Sr. Pomés Ruiz, para poder iniciar el debate sobre muchas cuestiones relacionadas con las reformas del Comisario Kinnock. 
Quisiera agradecerle profundamente la completa y franca respuesta que ha dado a esa pregunta. 
Hoy nos hemos centrado atinadamente en los nombramientos absolutamente decisivos en la cima de cualquier organización. 
Al fin y al cabo, su reforma, Comisario Kinnock, va a tener que ir encabezada desde la cima y agradecemos encarecidamente la confirmación que ha dado sobre la forma como se han hecho los nombramientos de los funcionarios más altos. 
Lo que quisiera hacer, abundando en la pregunta del Sr. Pomés Ruiz, es plantearle una o dos observaciones relacionadas con algunos de los aspectos más detallados del Libro Blanco y el cambio en la organización que ha propuesto usted. 
Es evidente que la ambiciosa reforma que figura en su documento va a ser una tarea imponente para los gestores que nombre usted. 
Para lograr sus objetivos de ir convirtiendo la Comisión en un servicio público internacional de vanguardia en el mundo, está claro que los nombramientos y las capacidades de su equipo van a ser decisivos. 
Dice usted en su Libro Blanco que existe la necesidad real de aumentar las aptitudes en materia de gestión y crear unos usos comunes en materia de gestión en toda la Comisión. 
Quisiera saber en primer lugar hasta qué punto está desarrollando ahora, en su opinión, esos usos en materia de gestión su nuevo equipo directivo y hasta dónde está llegando la comunicación al respecto por toda la Organización. 
La importante y satisfactoria noticia que se nos ha comunicado hoy sobre el nombramiento de un nuevo Secretario General, el Sr. David O ' Sullivan, plantea la cuestión de si ya ha empezado a participar y si ello tendrá repercusiones en el desarrollo que ya ha puesto usted en marcha. 
La segunda observación que quería formular se refiere a los imperativos reales que, según expone usted en su Libro Blanco- y estoy totalmente de acuerdo al respecto -, se plantean a cualquier organización: los de descentralizar y delegar atribuciones en los gestores que deben informarle, habilitarlos para que adopten decisiones y controlen- aspecto trascendental- el presupuesto. 
Quisiera que me asegurara que el nuevo equipo entrante tendrá esas aptitudes y también- cosa particularmente importante- que estará comprometido con el desarrollo del trabajo en equipo en la Comisión. 
Eso va a adquirir cada vez mayor importancia, a medida que obtengamos más soluciones propiciadas por la tecnología de la información, más trabajo horizontal en equipo como el que se está iniciando- lo sé- en sectores como el de la sociedad de la información. 
¿Puede asegurarnos que su equipo de funcionarios superiores tendrá amplitud de miras y tendrá en cuenta esas nuevas soluciones? 
Por último, su Libro Blanco observa con toda razón que va a haber que adoptar medidas cuando los gestores no estén a la altura esperada en el desempeño de sus funciones. 
No sería de extrañar, dados los cambios, que haya quienes no se encuentren a gusto al respecto. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Comisario por habernos dado su palabra. 
Está claro que en este caso el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que apoye el principio de rotación para que los altos funcionarios se vayan turnando. 
Hemos insistido asimismo en la necesidad de evitar que los altos cargos lleven bandera nacional. 
Somos partidarios de que los nombramientos se basen en los méritos y en la calidad y nosotros, como Grupo Socialista, consideramos enormemente positivas las acciones que la Comisión ha emprendido hasta la fecha con objeto de acceder a las peticiones del Parlamento. 
Al mismo tiempo afirmamos que la Comisión es la única responsable de su política de nombramientos y que nosotros, como Parlamento, no pretendemos ocupar el puesto de la Comisión, aunque debo reconocer que en algunas de las preguntas que se han formulado aquí ello ya no queda tan claro. No podemos inmiscuirnos, y menos en la política de nombramientos, porque, de lo contrario, volveríamos a enredarlo todo. 
A decir verdad, tengo la impresión de que algunas de las preguntas van en esa dirección. 
Y quisiera ir más lejos, hasta el motivo de esta discusión. 
Si la intención fue obtener las cifras concretas, creo poder afirmar que ya disponíamos de ellas. 
Si es que hay algo más, nos habremos enterado bajo cuerda porque las últimas semanas corrían rumores de que algunas cosas no cuadraban, que algunos nombramientos no se habían llevado a cabo o que algunas personas no habían sido ascendidas, que algunas personas no valían. 
Ahora bien, todo esto no se dice aquí. 
El debate de hoy se queda reducido a unas cuantas cuestiones inocuas muy concretas. 
Si se tratara de la reforma interna en su totalidad, podríamos decir: bueno, está el Libro Blanco, hemos acordado los procedimientos. 
Estamos viviendo un momento fascinante en el que entre todos vamos a llevar a cabo un cambio radical y en este momento le corresponde a la Comisión mover pieza. 
Disponemos de datos precisos. 
La Comisión ha de presentar propuestas al respecto. 
¿Acaso no se está avanzando a buen ritmo? ¿Acaso está fallando la Comisión? 
Hace aproximadamente, déjenme que haga memoria, hace unos siete meses apoyamos y nombramos aquí a la Comisión con una mayoría aplastante, y ahora de repente surgen todas estas dudas. 
¿Se trata de un ataque a la Comisión? 
¿Es que la Comisión ha dejado de ser válida de la noche a la mañana? ¿Acaso estas preguntas a la Comisión no son sino una especie de muestra de apoyo encubierta del Partido Popular Europeo? 
Es lo que creí entender en un primer momento, pero luego ya no. 
Nuestros colegas del Partido Popular Europeo realmente nos han confundido, puesto que, en nuestra opinión, los puntos clave no plantean ningún problema. 
La rotación se lleva a cabo de forma transparente. 
Los datos estadísticos que nos han sido facilitados al respecto no dan pie para sospechar que algo está fallando. 
Tampoco he tenido noticias de que claudique el diálogo, todo lo contrario. 
Obviamente, ello no obsta para que cada uno de los aquí presentes desee que, pese a la supresión de los cupos, el conjunto siga presentando cierto equilibrio geográfico general. 
Es algo que también ha admitido la Comisión, sin volver a la carga con nombres concretos, cargos concretos y nacionalidades concretas. De lo contrario, volveremos a echarlo todo a perder puesto que nos olvidaremos de la importancia de los méritos y volveremos a agitar la bandera nacional, cosa que de vez en cuando- ¿por qué negarlo? -nos concede un pequeño respiro. 
Hoy mismo yo me presto a ello como holandés. 
Sin embargo, considero que no debemos movernos en ese nivel, sino en un nivel más amplio. 
Y entonces vuelvo a caer en la cuenta de que nuestro objetivo no puede ser más claro. 
Me queda por comentar una última cuestión. Aunque no haya sido abordada aquí, quisiera ponerla sobre el tapete. 
Se ha llegado a decir que cómo se puede pretender que alguien que haya desempeñado un alto cargo pase luego a ocupar otro puesto cualquiera en el sector público. 
En un principio, esta pregunta se oía con mucha frecuencia. 
Luego desapareció, pero ha dado mucho juego a los medios de comunicación. 
¿Vamos por buen camino? 
En nuestra opinión, necesitamos normas nuevas. Las hemos pedido a la Comisión. 
La Comisión se ha comprometido a presentar nuevas normas. 
Lo que no se puede hacer es juzgar a personas concretas que aún no se rigen por estas normas. 
En mi opinión, con ello solamente conseguiremos hacer daño a la Comisión, y más que a la Comisión a nosotros mismos, lo cual no nos sirve de nada. 
En suma, prestamos nuestro más fuerte apoyo a las reformas y esperamos de todo corazón que se cumpla el plazo previsto. 
Ahora que el Comisario está aquí con nosotros, es un placer volver a preguntarle si está de acuerdo en que su plantilla y sus colaboradores avanzan a buen ritmo. 
Nos hallamos ante una tarea gigantesca. 
Es nuestro deber corregirnos mutuamente dando muestras de un gran espíritu crítico, pero también es importante que logremos nuestro propósito. 
Pues bien, no vemos cómo estas preguntas concretas que no apuntan a ningún tipo de irregularidades pueden contribuir a nuestro debate, a no ser que las intenciones iniciales sean otras. 
Entiendo que ahora quizá se pueda interpretar el salto mortal del Partido Popular como una muestra de apoyo a la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario de la Comisión, obviamente sería muy difícil que el Parlamento Europeo llevara a cabo la política de personal de la Comisión Europea. 
Creo que no redundaría en beneficio de la eficacia que requiere la Comisión. 
Cuando usted presentó sus propuestas el pasado mes de enero, nosotros las estudiamos a fondo y llegamos a la conclusión de que la política de nombramientos- y así lo dijimos- en la Comisión es asunto de la Comisión y que nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos, a menos que haya causas o razones evidentes que exijan lo contrario. 
Seguimos apoyando las líneas directrices que formuló en aquel momento como base para la política de personal y la política de nombramientos. 
Los nombramientos han de fundamentarse en primer lugar en los méritos del candidato. 
Es lo que decía su documento y, en mi opinión, continúa vigente. 
Está claro que sigue contando con nuestro apoyo. 
La capacidad de gestión es uno de los requisitos clave y, según he podido oír, ha vuelto a subrayar esta condición en su respuesta. Ha vuelto a insistir en los procedimientos que han de aplicarse en los nombramientos de los altos funcionarios. 
Con respecto al tema de los equilibrios geográficos, en torno al cual giraba la pregunta, ya señaló en su plan de acción que es un aspecto que no se puede perder de vista. 
Me parece lógico, pero, por otra parte, no me parece aconsejable que nos basemos demasiado en él y pretendamos respetarlo a rajatabla porque en ese caso, si vamos a mirarlo con lupa, creo que la política de personal a la larga se volverá imposible y que podremos alejarnos mucho de la eficacia que requiere este tipo de cosas. 
Por tanto, en el fondo considero, en nombre de mi Grupo, que esta pregunta ha sido más bien superflua. 
Podemos abrir todo un debate sobre las decisiones que usted ha adoptado hoy si tenemos en cuenta la nacionalidad de las personas que han sido trasladadas, que han sido nombradas o que se han marchado. 
Esa discusión no conduciría a nada. 
La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿redunda esto en beneficio del buen funcionamiento de la Comisión o no y, en segundo lugar, si han sido aplicados los procedimientos que usted ha establecido para la Comisión? 
Es ésta la pregunta que tenemos que hacernos. 
Y en este contexto no importa demasiado si se trata de un holandés o alguien de otra nacionalidad distinta. 
Lo que considero positivo, señor Comisario, es que usted, en la información que nos facilita, dé muestras de una política transparente. 
También me congratulo de que su información indique que no existen grandes desequilibrios. 
Es algo que quiero destacar porque me parece un dato importante. Así que quisiera concluir mi intervención con las palabras siguientes: no obstaculicemos el proceso de reforma de la Comisión. 
Apoyémoslo. Y no compliquemos las cosas formulando preguntas que en el fondo no vienen a cuento, sobre todo cuando ya de por sí se trata de un tema tan sumamente complejo como la política de personal. 
Señor Presidente, la Comisión aprobó el pasado mes de septiembre unos principios excelentes para su política de nombramientos, especialmente para el nombramiento de altos funcionarios, pero examinemos ahora los nombramientos actuales a la luz de esos bellos principios. 
Se me ocurre preguntar si la mesa de examinadores entrevistó realmente al grupo de candidatos, entre los que se eligió al Director de la Unidad de estudios de previsiones para el futuro. 
Albergo sospechas de que quizás no existiera una ronda amplia de entrevistas para cubrir ese cargo, cuyo resultado favoreció mucho al Sr. Levi. 
También quisiera mencionar que, en realidad, todos los órganos deberían adoptar estas normas en los procedimientos de nombramiento de altos funcionarios, y por una vez podemos decir que el Parlamento Europeo también ha aprobado unos principios excelentes para regir el nombramiento de altos funcionarios, cuyos procedimientos deben ser sumamente transparentes. 
Una observación sobre la representación geográfica: está muy bien que se aspire a desbloquear los cupos nacionales, pero esto no debería significar que tal aspiración se convierta en un criterio encubierto que, indudablemente, daría preferencia en el alto funcionariado a los representantes de los Estados miembros grandes y de las zonas lingüísticas predominantes. 
Hay que tomar conciencia de ello. 
Por último, sobre la igualdad de géneros: el Sr. Comisario Kinnock ha enumerado con devoción las promociones y los nombramientos de altos funcionarios efectuados por la Comisión, pero usted, señor Comisario, no ha mencionado cuántas mujeres han sido nombradas o promocionadas a estos altos cargos. 
Yo le rogaría que mirase usted su lista a través de unas "gafas de género" y que nos cuente cuándo piensa la Comisión conceder verdaderamente al objetivo de la igualdad de géneros mucha más importancia de lo que ha hecho hasta el momento. 
Señor Vicepresidente Kinnock, en este Pleno hay un clima extraño. 
La pregunta oral del Grupo del Partido Popular Europeo debía ser uno de los asuntos fuertes de una sesión- por otra parte, se pidió con vehemencia formularla en abril- sin embargo, ahora no sé dónde está el Grupo del Partido Popular Europeo, lo cierto es que no está aquí. 
No sé si las decisiones que ustedes han tomado esta mañana han saciado de alguna manera la sed de conocimiento de ese Grupo, pero me parece que, a pesar de la importancia del tema, este Pleno está insólitamente vacío. 
Estuve de acuerdo en presentar la pregunta. 
Señor Vicepresidente, desde hace tiempo me la estoy planteando. Ya en septiembre me hice la pregunta: ¿cómo es posible que sólo cumplieran con estos requisitos- tan objetivos, tan perfectos, aceptables por parte de todos: la competencia, el mérito, etcétera- los funcionarios que vivían o eran originarios de algunos Estados insulares, mientras que, en cambio, no reunían estas mismas características los funcionarios procedentes de otros Estados, no insulares, con forma de bota? 
Y más allá de los números, consideremos las funciones. 
A1 es un concepto muy vago: se puede ser A1 y ejercer funciones importantes como la de Director General de Desarrollo, de Prensa o de otras Direcciones Generales, o ser adjuntos. 
¿Por qué- y ésta es una pregunta que me planteo una y otra vez- estos requisitos basados en los méritos, mira por dónde, beneficiaban sólo a algunas nacionalidades? 
Esto es lo que resulta de una lectura atenta y no simplemente numérica. 
Señor Vicepresidente, continúo haciéndome esta pregunta y, además de la cuestión de los nombramientos en el seno de la Comisión, me planteo el tema de los nombramientos de los altos funcionarios de la Comisión- funcionarios o tal vez jefes de gabinete- que de repente levantan el vuelo y que pasando por algún aeropuerto europeo, por Londres más que por Malpensa, se van al sector privado. 
También éste se me antoja un tema que no es objeto de nuestra pregunta oral, a pesar de que merecería otro debate. 
Personalmente esto es algo que me interesa mucho. 
Por último, creo que la Comisión se equivoca al conceder demasiado poder a los funcionarios en la selección del personal: debería mantener su juicio político y no delegarlo en los funcionarios. 
Señor Presidente, en primer lugar el Sr. Dell ' Alba está en lo cierto sin lugar a dudas en la primera parte de su pregunta. 
El tono de la pregunta cuando se formuló parece muy diferente del que estamos oyendo ahora en la Asamblea. 
En primer lugar, hemos de decir que las reformas del Libro Blanco están avanzando. 
Están avanzando despacio, pero Zamora no se ganó en una hora y no debemos olvidarlo. 
Todos sabemos que hay un calendario... que todos hemos acordado y debemos respetar. 
Lo que quisiera comentar, antes de pasar al fondo, es la cuestión subyacente: es decir, lo que debemos examinar aquí, en realidad. 
Se me antoja- y no voy a mostrarme tan sutil como el Sr. van den Berg- que el tono de esta pregunta parece ser el mismo que el del informe Stauner, el informe Stauner original, que fue rechazado en conjunto en la Comisión de Control Presupuestario: el mismo que caracterizaba la exposición de motivos rechazada por el Parlamento en conjunto. 
Todos deseamos profundamente que se haga realidad la reforma, pero requerirá tiempo. 
La nueva Comisión sólo lleva siete meses desempeñando sus funciones. 
Fue aprobada por el Parlamento Europeo por una gran mayoría. 
La pregunta que debemos formular aquí, en realidad, no es a la Comisión, sino al Grupo PPE: por la motivación en que se basa la pregunta. 
Me parece claro que está motivada políticamente, pues intenta socavar la labor llevada a cabo en materia de reforma y abatir ese nuevo pájaro antes de que haya alzado el vuelo. 
Se debe a que en el Grupo PPE hay un sector- y no incluyo en él al Sr. Pomés Ruiz- interesado en desbaratar las tácticas de la Comisión, desbaratar la reforma de la Comisión y desbaratar la UE. 
Y el Grupo PPE es rehén de ese sector. 
Creo que esta Comisión está muy dispuesta a aceptar algunas- espero que todas- de las preocupaciones y críticas del Parlamento, porque también nosotros queremos hacer críticas. 
Pero existe un lugar y un momento para ello y será aquel en que examinemos la respuesta del Sr. Pomés Ruiz al Libro Blanco. 
El Grupo PSE quiere que se emprenda un debate constructivo, porque estamos interesados en los resultados de la reforma y no en apuntarnos tantos políticos que no hacen sino perjudicar a la Unión Europea. 
Pasando muy rápidamente al fondo de las preguntas: en las audiciones de la Comisión el Parlamento Europeo pidió la rotación de los puestos A1 y A2 y que dejara de contar la nacionalidad para los puestos de funcionarios superiores. 
La Comisión ha dado pasos positivos desde que entró en funciones, al velar por que se hagan los nombramientos a partir de los méritos. 
Naturalmente, en una institución multinacional debemos ser sensibles a las consideraciones nacionales, pero se deben hacer a medio y largo plazo. 
Como ha dicho el Comisario, no se puede tomar una instantánea a medio camino. 
Debemos interesarnos por los sistemas de control y no por el control de las personas. 
El papel del Parlamento Europeo es el de mantener alerta a la Comisión. 
Queremos que se hagan los nombramientos por los méritos, pero eso no significa obstaculizar y poner en entredicho todo nombramiento de un funcionario superior. 
Quisiera hacer una rápida observación sobre la mejora del aspecto relativo a la igualdad de oportunidades en las propuestas sobre la reforma de la Comisión. 
La pregunta de la Sra. Hautala ha estado muy bien formulada y también nos gustaría que se le diera respuesta. 
Actualmente no creemos que las propuestas vayan demasiado lejos en cuanto a la necesidad de que se tenga en cuenta la cuestión de la igualdad de oportunidades para los dos sexos en toda la labor de la Comisión. 
Sobre las partes 3 y 4 de esta pregunta oral, tengo entendido que la Conferencia de Presidentes acordó el 6 de abril que se debían suprimir esas dos cuestiones. 
Así las cosas, quisiera pedirle, señor Presidente, que vea por qué los servicios no han suprimido esas partes aún hoy. 
Se trata de un problema grave. 
El caso es que la reforma de la Comisión avanza. 
El Sr. Prodi ha hecho algunos anuncios hoy como jefe de la organización. 
También se refieren en su mayor parte a la cuestión de la movilidad, pero quisiera preguntar al Comisario por qué no se anunció el papel del nuevo puesto: Director del Consejo Económico y Político. 
Por tratarse de esa clase de puesto, nos habría gustado que se anunciara. 
Por último, quisiera pedir al Grupo PPE que se abstenga de formular esa clase de preguntas políticamente motivadas y no constructivas como las de hoy. 
Confío en que el Sr. Pomés Ruiz no adopte esa actitud cuando responda al Libro Blanco, pero le ruego que no deje que su Grupo sea rehén de una minoría. 
Muchas gracias, señora Morgan. 
Lamento no tener información sobre la pregunta que usted ha dirigido a la Presidencia pero, en cualquier caso, la elevaré para que sea adecuadamente respondida. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. Comisario por su respuesta y, como han hecho otras mujeres, reclamar las cifras referidas al reparto entre hombres y mujeres. 
Puesto que la Comisión trató en profundidad el 27 de abril estos detalles, quizá podamos enterarnos de cuántas mujeres y hombres ocupan puestos de nivel A, no sólo en total, sino separados por A1, A2, A3, etc., pues esto es lo interesante. 
La mayoría de las veces resulta que no hay ninguna mujer en los puestos superiores. 
Y en esta relación, quizá podamos enterarnos de cómo el panel- que debe ser un panel objetivo- ha sido configurado por sexos. Quizá también por países, pero en cualquier caso por sexos. 
¿Quién valorará al final la preselección en cuestión? 
La mayoría de las veces son únicamente hombres quienes llevan a cabo la última valoración. 
Señor Presidente, permítaseme agradecer a Sus Señorías de todos los sectores de la Asamblea las constructivas contribuciones que han hecho durante este debate. 
Tal vez corra el riesgo de caer en cierta superficialidad, por la hora que es, al intentar responder a las preguntas concretas formuladas. 
En primer lugar, las preguntas del Sr. Harbour, que han sido- cosa normal en él- perspicaces y constructivas, sobre hasta qué punto creemos que se está logrando el compromiso con el desarrollo de las aptitudes y los usos en materia de gestión. 
Voy a referirme tan sólo a uno o dos aspectos que atestiguan los avances logrados. 
No voy a afirmar que sean perfectos y no se trata de una lista exhaustiva. 
Por lo que se refiere a la formación, que, como sabe el Sr. Harbour, es fundamental para la clase de cambios que queremos lograr, este mes se inicia el programa amplio de formación para todos los gestores de la Comisión que proseguirá durante más de dos años. 
En segundo lugar, ya hemos emprendido el proceso de recogida de declaraciones sobre las misiones en cada una de las Direcciones Generales. 
La mayoría ya las han presentado. 
Tampoco hay que olvidar el establecimiento de evaluaciones de tareas, que se hará mediante una serie de planes experimentales que afectarán a una cuarta parte, aproximadamente, de las Direcciones Generales en primer lugar y después la compilación de descripciones de las funciones que se llevará a cabo durante el período comprendido hasta el final de julio de este año. 
Se está perfeccionando- y se va a introducir- el proceso de evaluación del personal, que, naturalmente, incluye a los gestores de todos los niveles. 
Como dice el Sr. Harbour, el papel y la actividad de la Secretaría General en todas esas actividades y, de hecho, en muchas otras es decisivo. 
Creo que el Sr. O ' Sullivan está firmemente comprometido con la dirección impresa por el Libro Blanco y será un notable sucesor de su extraordinariamente talentoso y comprometido predecesor, el Sr. Trojan, que ocupará un nuevo puesto a partir del final de este mes. 
Por lo que se refiere a la habilitación de los gestores, el mejor ejemplo que podemos ofrecer es el de que a partir del 1º de mayo hemos inaugurado el nuevo servicio de auditoría interna, el servicio financiero central y muy pronto celebraremos la primera reunión del Comité sobre la marcha de las auditorías. 
Ésos son los primeros pasos decisivos con vistas a la descentralización del control financiero, que es, naturalmente, decisiva para la habilitación de la dirección en todos los niveles en una institución que administra dinero. 
El Sr. Harbour ha de conocer mi tesis de que, a consecuencia de ese cambio fundamental y mensurable, sujeto a continuo examen, vamos a conseguir el consiguiente cambio de usos en el estilo de gestión, en sentido amplio, y en el funcionamiento de la Comisión. 
Por último, tiene razón al afirmar que la dirección y el trabajo en equipo y la creación de equipos son, todos ellos, factores decisivos para el funcionamiento eficaz de las aptitudes en materia de gestión moderna. 
Estamos contribuyendo a ello mediante la combinación del cambio estructural y la formación complementaria, el sistema de nombramientos y evaluaciones. 
Evidentemente, la cuestión de los períodos de pruebas en los contratos de nombramiento de gestores será también un importante complemento de la orientación que queremos seguir. 
Pero hacerlo de forma cabal requerirá enmiendas al Estatuto de los funcionarios y estoy deseoso de que el Parlamento y el Consejo brinden su cooperación para obtener los necesarios cambios en la legislación comunitaria para facilitar ese desarrollo ulterior. 
El Sr. van den Berg ha estado atinado- y, de hecho, amable y generoso- al reafirmar que la Comisión debe ser responsable de sus nombramientos y sus políticas de personal. 
Supongo que llevará hasta el final su investigación sobre por qué se formuló esa pregunta. 
Lo único que puedo decir es que acojo con beneplácito la oportunidad de facilitar información exhaustiva. 
Recuerdo que en las audiencias varios diputados a esta Asamblea plantearon, correcta y firmemente, la cuestión y, de hecho, formularon peticiones en el sentido de que se suprimiera el equilibrio geográfico en el caso de los puestos de funcionarios superiores, se abandonaran completamente las cuotas oficiales u oficiosas y se aplicase la rotación de los funcionarios con puestos de A1 y A2. 
Se trata de principios que no sólo aprobé en aquel momento, junto con mis colegas de la Comisión, sino que, además, he procurado activamente poner en práctica desde entonces. 
Si se me permite pasar a la observación relativa a las nuevas normas y a los puestos exteriores, hecha también de forma absolutamente correcta por el Sr. Dell ' Alba, que ha formulado una pregunta sobre esos asuntos, a la que estoy deseoso de dar respuesta, debo señalar a la atención de la Asamblea que, al examinar un caso concreto, relacionado con la salida de mi propio Jefe de Gabinete, el Sr. Andrew Cahn, me resultó evidente que las disposiciones actuales relativas a la autorización del paso de funcionarios permanentes y temporales a empleos exteriores carecen de la suficiente claridad y coherencia. 
En la práctica, dados la orientación y el riguroso examen que pedí que se aplicara en el caso del Sr. Cahn, se estudió dicho caso muy detenidamente y con toda idoneidad. 
Sin embargo, no creo que la Comisión ni, de hecho, otras instituciones deba depender de la motivación individual de los funcionarios o los Comisarios o de medios especiales de aplicar los principios, que son, como mínimo, bastante generales. 
Así, pues, pedí al Director General de Administración y Personal que presentara un proyecto de normas en las que se tuvieran en cuenta los procedimientos más idóneos de las administraciones de los Estados miembros y de otros órganos públicos internacionales y que dieran mayor precisión a sus procedimientos. 
El disponer de dichas normas sería, evidentemente, el medio mejor de garantizar la transparencia, la coherencia y la orientación práctica que redundaría en provecho de todos, en particular cuando, como nos han recordado los diputados que han intervenido en el debate, los Estados miembros y las instituciones están cada vez más interesados en fomentar más intercambios entre administraciones nacionales y de la UE y entre los sectores público y privado. 
Naturalmente, cuando tenga que hacer una propuesta sobre nuevas y mejores disposiciones, se la plantearé a mis colegas de la Comisión y, posteriormente, informaré al respecto a esta Asamblea y a las otras instituciones para que la examinen. 
Permítaseme aprovechar la oportunidad que me brinda la intervención del Sr. Sterckx para subrayar la observación que he hecho antes y que el Sr. Sterckx reconoce atinadamente, de que, dado el amplio equilibrio geográfico con el que la Comisión está comprometida, nadie debe intentar tomar una instantánea del perfil del personal de la Comisión y presentarlo como un estado de cosas permanente en sentido alguno. 
Una imagen en movimiento es la única completa y la Comisión está totalmente empeñada en velar por que se conceda prioridad al mérito y se tenga en cuenta plena y apropiadamente el equilibrio geográfico, que es esencial en una institución como la Comisión que presta servicios multinacionales. 
Sobre la observación de la Sra. Hautala, quisiera decir simplemente que ninguno de los nombramientos anunciados hoy fue examinado por un equipo y existe una razón jurídica muy sencilla para ello. 
El Sr. David O ' Sullivan, por ejemplo, ocupará su puesto por rotación, como establece el Estatuto de los funcionarios y, como también establece dicho Estatuto, el Sr. Ricardo Levi es un funcionario temporal y se traslada con su puesto a su nuevo cargo. 
De modo que, desde el punto de vista jurídico, de procedimiento y de política de empleo, la legislación vigente no obligaba a recurrir al sistema de equipos de examen para fines de ascenso y nombramiento, en el caso de nombramientos de esa clase. 
Creo que con esto respondo también a la observación formulada por la Sra. Morgan al respecto. 
También se ha planteado la cuestión de los nombramientos de mujeres. 
De los 25 nombramientos de funcionarios superiores que ha hecho esta Comisión desde el pasado septiembre, cuatro han correspondido a funcionarias. 
No acaba de ser satisfactorio, en mi opinión. 
La Sra. Hautala y otros han de conocer mis ambiciones a ese respecto. 
Quisiera decir simplemente que, como eso representa el 20% del número total de nombramientos, vamos camino de alcanzar nuestra meta de lograr al menos un avance del 20% en el número de mujeres nombradas. 
Puedo afirmar sin lugar a dudas que durante el resto del año al menos se mantendrá ese ritmo. 
Evidentemente, me gustaría que se superara, porque en la Comisión hay gran número de mujeres muy competentes, como nos ha indicado la Sra. Dybkjaer, y queremos que se reconozca adecuadamente esa calidad. 
Por lo que se refiere a la excursión geográfica del Sr. Dell ' Alba por países insulares y países con forma de bota, estoy deseoso, como he dicho, de responder a su pregunta complementaria y con mucho detalle. 
Resulta significativo que, durante los meses en que esta Comisión ha estado desempeñando sus funciones, el país insular, el mayor país insular, no haya conseguido nombramientos suplementarios en el nivel A1 por ascenso. 
El país con forma de bota consiguió dos de esos nombramientos: el país con forma de bota consiguió cuatro ascensos de A2 en este período y el gran país insular consiguió cinco, ninguno de los cuales- que yo sepa- procedente de Gales. 
Espero que eso sirva para tranquilizar al Sr. Dell ' Alba. 
La Sra. Morgan pregunta inevitablemente desde las agrestes regiones de Gales por qué ninguno procedía de Gales. 
Se debe, señora Morgan, a que, aunque estoy totalmente comprometido con el equilibrio geográfico, en Gales significaría un galés del Norte y otro del Sur, porque, si no, provocaría aún más insatisfacción en el país que más amo. 
Pero la Sra. Morgan ha formulado efectivamente preguntas enigmáticas sobre las cuestiones formuladas y que indudablemente se tendrán en cuenta. 
Quisiera decir a la Sra. Dybkjaer que en los próximos meses y años habrá pruebas de que, en la prosecución cabal de nuestra política en pro de la igualdad de oportunidades, prestaremos atención desde el punto de vista de la petición de solicitudes, en el nombramiento inicial y en los ascensos, para demostrar que estamos esforzándonos en serio por lograr avances importantes en el número de mujeres de todas las edades y todos los grados empleadas por la Comisión. 
Lo único que puedo hacer es pedir a Sus Señorías que esperen hasta que dispongamos de las pruebas físicas. 
Pero, si el compromiso y la firme y activa dedicación de los miembros del actual Colegio de Comisarios sirven para algo, tendremos éxito en todos los sentidos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles 17 de mayo de 2000. 
Aspectos jurídicos del comercio electrónico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0106/2000) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la Sociedad de la Información, en particular el comercio electrónico en el Mercado Interior ("Directiva sobre el comercio electrónico") (14263/1/1999- C5-0099/2000- 1998/0325 (COD) ) (Ponente: Sra. Palacio Vallelersundi) 
Señor Presidente, la recomendación que tengo el honor de presentar, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, propone que el Pleno apruebe la posición común sin enmiendas. 
He de decir que esa misma actitud ha sido la adoptada por los distintos Grupos políticos. 
Quiero, señor Presidente, destacar que, al aprobar mañana la posición común del Consejo sobre el comercio electrónico, esta Asamblea hará un ejercicio de responsabilidad de altísimo contenido político y de gran significación institucional. 
Además, con la aprobación de esta directiva, el Parlamento da un paso decisivo en favor de la competitividad de las empresas europeas en la economía on line y marca un hito para que tanto los consumidores como las empresas actúen en el mercado interior con las mismas garantías y la misma facilidad con la que actúan en su mercado doméstico. 
La directiva asegura a las empresas y a los ciudadanos la posibilidad de suministrar y recibir servicios de la sociedad de la información en la totalidad de la Unión Europea, que se constituye así como un espacio auténticamente sin fronteras. 
Las empresas europeas tendrán la posibilidad de ofrecer bienes, servicios o información en el marco de la Unión cumpliendo con las normas del Estado miembro en el que están establecidas y, por lo tanto, en circunstancias ordinarias, sin estar presas de 14 ordenamientos jurídicos distintos. 
Para llegar a estos resultados, la directiva armoniza determinadas áreas, en particular- y por citar las principales -, el lugar de establecimiento de los operadores, las obligaciones de éstos en materia de transparencia, los requisitos de transparencia en las comunicaciones comerciales, las condiciones exigibles para la conclusión y la validez de los contratos electrónicos, la responsabilidad de los intermediarios de Internet, la resolución de los conflictos, así como las competencias de las autoridades nacionales. 
En otras áreas, la directiva se apoya en los instrumentos existentes destinados a facilitar la armonización y el reconocimiento mutuo a las legislaciones nacionales. 
La directiva, señor Presidente, comprende- y esto es importante- todos los servicios de la sociedad de la información, tanto de empresa a empresa como de empresa a usuario, tales como los servicios que permiten la realización de operaciones electrónicas- telecompra interactiva de bienes y servicios, tiendas de ventas on line, por ejemplo -; servicios que se prestan gratuitamente, por ejemplo, los financiados con ingresos publicitarios o mediante patrocinio, la prensa on line, las bases de datos on line, los servicios financieros on line, los servicios profesionales on line- de abogados, de médicos o de otros profesionales -, los servicios de ocio, tales como el vídeo on demand, el marketing directo y todos los servicios de acceso a la red. 
La directiva es también- como ya he dicho- un magnífico ejemplo de colaboración interinstitucional. 
Esta directiva es el producto de un magnífico trabajo en equipo del Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Y así, la posición del Parlamento en primera lectura, en particular el decidido apoyo al principio del país de origen, resultó crucial en el Consejo para evitar que se pusiera en riesgo el equilibrio del texto. 
En líneas generales, la posición común sigue las pautas marcadas por el Parlamento y, salvo algún caso marginal, no se añaden modificaciones importantes al anexo que dispone las excepciones respecto del principio mencionado, y se mantiene también el equilibrio respecto a las disposiciones relativas a la protección del consumidor y en cuanto a la responsabilidad de los intermediarios. 
Quiero manifestar mi agradecimiento, como ponente, por la colaboración de todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y en particular de los responsables de los distintos Grupos políticos- y saludo en especial el apoyo de la Sra. Berger y del Sr. Habour de mi Grupo -, y de las otras instituciones. 
La posición común, por lo tanto, mantiene el equilibrio entre los distintos objetivos generales y entre los distintos intereses, y por eso no hemos presentado enmiendas. 
Evidentemente, no es un texto perfecto, pero consideramos que es un texto razonable y aceptable, y que es urgente aprobarlo cuanto antes. 
No voy a repetir- pero es cierto- que el tiempo en Internet es mucho más corto que el tiempo que hemos conocido hasta ahora. 
También debemos entender que esta directiva es prioritaria para garantizar el desarrollo del comercio electrónico. 
Debemos tener en cuenta la mundialización de la economía y la competencia de las empresas norteamericanas, el marco jurídico del mercado interior que busca, como en Internet, el establecimiento de un espacio sin fronteras interiores... 
Todos estos elementos son activos de la Comunidad en lo que respecta a la competitividad de las empresas europeas. 
Por último, el desarrollo de las nuevas tecnologías y las novedades relacionadas con el mercado hacen que sea esencial establecer un marco jurídico para el desarrollo del comercio, al tiempo que, como lo hace esta directiva, se dejan áreas propicias para la autorreglamentación, para el desarrollo de códigos de conducta específicos. 
Esta directiva, además, dará un importante estímulo a las pequeñas y medianas empresas para que se lancen sin demora al comercio sin fronteras, cosa que en la actualidad no hacen por la inseguridad jurídica que supone afrontar la multiplicidad de regímenes en el marco europeo. 
Y por último, varios Estados miembros están ya legislando en esta materia y, sin esta directiva, podríamos llegar a una auténtica fragmentación del mercado interior. 
Esta directiva, además, señor Presidente, constituye un hito que influirá en todas las iniciativas comunitarias que tienen un impacto en el comercio electrónico. 
El marco legal establecido en esta directiva facilitará la adopción de otras directivas comunitarias, tales como la de copyright, la comercialización a distancia de servicios financieros o la controvertida adopción del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial, y contribuirá sin duda a la prevención del riesgo de incompatibilidad entre estas iniciativas y los principios del mercado interior. 
El Parlamento tiene intención de seguir de cerca la transposición y aplicación de la directiva en las legislaciones nacionales, y por eso me he permitido incluir dos recomendaciones, dos llamadas de atención a la Comisión, que espero que sean aprobadas mañana, no en el marco de la directiva, sino en el marco de la resolución legislativa; una sobre los procedimientos de detección y retirada de los contenidos ilícitos, y otra sobre la elaboración de códigos de conducta. 
Por último, señor Presidente- y con esto termino -, es simbólico que el Parlamento apruebe esta directiva en la víspera de la celebración del 50º aniversario de la declaración de Robert Schuman, en la que anunció que Europa no se crearía en un instante sino mediante la consecución de logros concretos que forjarían solidaridades de hecho entre ciudadanos y empresas. 
Hace 50 años los logros concretos se referían a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero; los de hoy, como señala esta directiva, se refieren a la sociedad de la información. 
Por esto, señor Presidente, creo que mañana este Parlamento estará de enhorabuena, enhorabuena que se puede hacer extensiva al resto de las instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario, en primer quiero agradecer personalmente y en nombre de mi Grupo político a la ponente su trabajo en este informe y la estrategia que ha propuesto, en el sentido que aceptemos esta posición conjunta tal como nos ha sido presentada. 
Esta estrategia nos ha convencido, de modo que nosotros también recomendamos al Pleno de esta Asamblea que apruebe sin enmiendas la posición común del Consejo sobre la Directiva sobre el comercio electrónico. 
Y lo hacemos sobre todo porque pensamos que este elemento fundamental del marco jurídico europeo para la sociedad de la información requiere una rápida transposición. 
Esta aprobación sin enmiendas, y esto quiero resaltarlo, ha sido posible porque el Consejo- estoy tentado a decir, excepcionalmente- tuvo en cuenta una gran parte de las enmiendas del Parlamento Europeo presentadas durante la primera lectura. 
Pero esto no significa que no tuviéramos un gran número de ideas para introducir mejoras ni que se hayan cumplido todos nuestros deseos- ya se ha hablado sobre este extremo. 
Si estamos dispuestos a renunciar a nuestras pretensiones en aras de una rápida aprobación y aplicación de esta directiva, esperamos que los Estados miembros, en la transposición de esta directiva, además a la vigilancia necesaria por parte de la Comisión, no resuelvan las cuestiones que no estén reguladas de forma completamente clara en perjuicio de las aspiraciones que consideramos importantes, en particular la protección de los consumidores. 
A este respecto pienso sobre todo en la interpretación del artículo 1, apartado 3, que está formulado en términos muy ambiguos. 
Quiero poner de manifiesto nuestra esperanza en que dicho artículo no será empleado para eludir disposiciones nacionales destinadas a proteger la salud, como, por ejemplo, la prohibición de la venta por correo de determinados medicamentos. 
En mi opinión, podemos confiar en que los códigos de conducta previstos, con los que ofrecemos a las partes del comercio electrónico un ámbito de autorreglamentación muy extenso, se elaboren de la forma más rápida posible, sean concebidos de forma amplia, dando cabida a las organizaciones de protección de los consumidores, tengan un carácter lo más vinculante posible y sean efectivamente aplicados. 
Asimismo, creo que la normativa que hemos aprobado en materia de responsabilidad del prestador de servicios puede considerarse generosa. 
Espero que todas estas características se vean confirmadas y que no tengamos que reformar esta normativa tres años después a la luz de sus resultados en la práctica. 
Con la aprobación de la Directiva sobre el comercio electrónico se ha dado, efectivamente, un paso de enorme importancia, pero aún nos faltan algunos elementos fundamentales para construir la Europa electrónica; la señora ponente ya ha señalado que el Consejo se retrasa en la adopción de una posición común sobre la prestación de servicios financieros en línea, sobre el derecho de autor en la sociedad de la información. 
Es necesario que se avance más rápidamente en la creación de procedimientos de arbitraje extrajudicial y en los procedimientos de menor cuantía. 
Por último quiero manifestar mi esperanza en que la directiva que va a ser aprobada ahora constituya una buena base para la adopción de soluciones adecuadas con carácter global. 
Señor Presidente, el paso de esta directiva en segunda lectura tal vez haya sido histórico. 
¡Ninguna enmienda! 
Felicito efusivamente a nuestra ponente por su original estrategia y espero su posible logro de un consenso continuo. 
No creo que haya sido fácil para ninguno de nosotros, como políticos que somos, refrenar nuestro instinto natural a mejorar o a modificar un texto ajeno. 
Y, sin embargo, ha sido una decisión examinada muy detenidamente. 
Sabemos que la propuesta no es absolutamente perfecta, pero la retroinformación en una reciente audición en comisión y de quienes han cabildeado ante los diputados ha sido la siguiente: "Tengamos la que podría ser una directiva imperfecta con examen en lugar de nada". 
La velocidad con seguridad en este nuevo mundo tan acelerado es esencial. 
Ahora tenemos un plano inicial, un punto de referencia para las empresas europeas que comercian en la red Internet, un plano en el que se ha establecido claramente el principio del país de origen, sin por ello dejar de proteger los intereses de los consumidores. 
Se trata de un buen equilibrio. 
Debe abrir efectivamente el Mercado Interno a las numerosas y cada vez mayores oportunidades que el comercio electrónico promete a las empresas de todas las dimensiones, pero en particular a las PYME. 
Debemos seguir siendo conscientes de que la red Internet no está limitada a Europa. 
Naturalmente, es mundial. 
Gran parte de las transacciones de consumidores de Europa en la red Internet van dirigidas a sitios americanos y en el futuro podrían muy bien ir dirigidas a sitios asiáticos. 
Las empresas europeas tienen que mantenerse al día y la clave para ello será la confianza. 
Tenemos que aspirar al establecimiento de la mayor calidad de comercio electrónico en Europa. 
Las empresas que se establezcan o adopten esa forma de hacer negocios deben examinar detenidamente su forma de funcionar, la información y el servicio que prestan a los consumidores, si quieren sobrevivir. 
También debemos procurar formular una legislación coherente. 
La confianza es esencial. 
Hay muchas oportunidades, pero, ¿qué decir de las amenazas? 
Este fin de semana, sin ir más lejos, hemos visto en Londres la desventaja de la revolución de las comunicaciones y la información que la red Internet ha creado al conectar unos sectores de la sociedad con otros, que después han provocado violencia en las calles de Londres. 
Puede ser un caso extremo, pero habrá personas sin escrúpulos que harán chanchullos en la red Internet. 
Una mala noticia puede acabar con la confianza en el comercio electrónico durante años. 
El comercio electrónico está en sus primeras fases. 
Como legisladores, necesitamos estar vigilantes, aunque no necesariamente adoptar una actitud intervencionista, pero debemos tener cautela con las consecuencias del crecimiento de ese medio. 
Nuestra ponente nos ha aportado una base extraordinariamente buena. 
El Grupo ELDR se atendrá a su orientación original: "ninguna enmienda". 
Señor Presidente, en esta Asamblea existe la costumbre de agradecer y felicitar a los ponentes y a veces he de confesar que se puede exagerar. 
Pero en esta ocasión deseo decir que no sería exageración por mi parte el agradecimiento y la felicitación en particular, en nombre de mi Grupo y en el mío propio, a la ponente por su labor. 
Tal vez podría también, como nuevo diputado a la Asamblea, y, por tanto, en la comisión, agradecerle el maravilloso trabajo que ha hecho como presidenta de nuestra comisión: por la cortesía y amabilidad, pero también firmeza, con que desempeña sus funciones. 
Hoy siento cierta compasión aquí por el Comisario Bolkestein. 
Los debates parlamentarios no siempre se caracterizan por un tremendo esgrimir de cuchillos, pero hoy me temo que es una procesión, porque todos estamos levantándonos y diciendo que estamos mutuamente de acuerdo. 
¿Será, nos preguntamos, el fin de las ideologías? 
Supongo que podríamos excusarnos con la idea de que en este caso estamos debatiendo más sobre el medio que sobre el mensaje. 
Estamos abordando la creación de un nuevo medio, que, por tanto, crea una necesidad urgente y aguda de reglamentación: una reglamentación común y en gran escala. 
Así, pues, reviste importancia decisiva- y creo que estamos en lo cierto al respecto- que avancemos y no corramos el riesgo de retrasos innecesarios al ponerlo en práctica. 
No obstante, he sentido mucho agradecimiento para con mi colega la Sra. Ahern, también de la comisión, por plantear esta noche algunos aspectos de permanente preocupación y quisiera agradecer de nuevo a la ponente el mecanismo mediante el cual ha introducido en una adición a la resolución los puntos relativos a los proveedores de servicios intermedios y a los códigos de conducta. 
Eso es importante y espero que la Comisión lo acepte. 
Por proceder de una de las zonas periféricas de Europa, resulta apasionante elucubrar sobre la posibilidad de que esos nuevos medios contribuyan a corregir la deriva, aparentemente imparable, hacia el centro y la decadencia de las zonas lejanas de nuestros países y sociedades. 
En estas circunstancias, debemos acoger con beneplácito la oportunidad de introducir una reglamentación eficaz del comercio electrónico. 
También debemos recordar que existe otro tipo de exclusión, además de la geográfica. 
Se trata de la falta de aptitudes para esas tecnologías. 
También se nos plantea el imperativo- aunque fuera del ámbito de aplicación de esta directiva- de velar por que no haya una exclusión de personas por su ignorancia o falta de acceso a los instrumentos de ese medio de comunicación. 
Así, pues, debemos velar por la aprobación de la directiva, pero sin olvidar los otros problemas. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a la muy cálida acogida que ha recibido el planteamiento de mi colega, la Sra. Palacio Vallelelersundi y felicitarla por la fuerza y la persistencia con la que ha defendido esta directiva y la postura que hemos adoptado. 
Esta postura constituye asimismo una indicación de la que adoptará este comité en toda la legislación ulterior. 
Me gustaría quizás aportar un toque distintivo a esta legislación. 
Soy uno de los pocos ingenieros en el Parlamento, más aún en la Comisión de Asuntos Jurídicos que está dominada por abogados, y puedo a veces ofrecer un punto de vista diferente. 
Me parece que esta legislación puede asemejarse a lo que en el ámbito de la tecnología sería el sistema operativo de todo el marco legal que estamos creando para el comercio electrónico en la Unión Europea. 
Dentro de este sistema operativo se introducirá mucha otra legislación clave, como la relativa a los derechos de autor y la sociedad de la información o a la venta a distancia de servicios financieros. 
Todas esas cosas se han incluido en el marco general de esta directiva. 
Por tanto, éste es en esencia el principio central. 
No me atrevo a llamarlo el sistema Windows porque eso hace pensar en los desagradables asuntos de competencia de estos últimos días, pero aquellos de ustedes que sean expertos en software entenderán lo que quiero decir cuando uso la palabra "Linux". 
Para quienes no tengan tantos conocimientos tecnológicos: Linux es un competidor de Windows que pertenece a los usuarios y que éstos van actualizando. 
Esto es básicamente lo que tenemos aquí. 
Tenemos un sistema que va a ser administrado por los usuarios y me gustaría, adelantándome dado que confiamos en conseguir que esta directiva salga adelante, decirle esta tarde a la Comisión que es necesario que dispongamos de un sistema muy exhaustivo y muy rápido de feedback de los usuarios acerca de los problemas y cuestiones que les surjan al utilizar esta directiva. 
Sin duda, el mundo de Internet va a ser muy apropiado para que la Comisión pueda poner esto en marcha. 
Queremos saber cuáles son los temas en los que los Estados miembros han bloqueado las transacciones. 
Queremos saber si los tribunales están poniendo a prueba la directiva. 
Queremos saber con qué problemas se han encontrado los consumidores y en qué casos han tenido la sensación de que sus derechos no están protegidos. 
Queremos saber, en relación con algunos de los sectores que no hemos podido contemplar en esta ocasión, como el juego- el efecto sobre las loterías nacionales -, las medicinas y los libros, los problemas reales que están teniendo. 
Es necesario, en mi opinión, que todo esto lo cubra el feedback. 
Por último desearía hablar de la rapidez. 
La Sra. Palacio hacía referencia en su introducción a los años de Internet y a la rapidez de aproximación. 
La Comisión y el Consejo nos colocaron ante el reto de aprobar esta directiva lo antes posible. 
Yo les digo a ambos, y en particular a los representantes del Consejo aquí presentes, que hemos superado ese reto y que ahora esperamos que los Estados miembros actúen con la misma rapidez en la transposición de esta legislación. 
Animamos a la Comisión y al Consejo a que nos hagan llegar las restantes partes de esta legislación lo antes posible porque eso es lo que Europa necesita. 
Señor Presidente, yo también quisiera sumarme a las felicitaciones a la ponente. 
No hay duda de que al Parlamento mañana no le queda más que aprobar unánimemente el informe. 
La Comisión, el Parlamento y el Consejo han tenido bastante tiempo de conversar y debatir tanto en la primera como en la segunda lectura y, como ha dicho la ponente, la mayoría de los puntos de vista del Parlamento se recogen ya en la posición común del Consejo. 
Se trata, por tanto, de una propuesta equilibrada. 
Recordemos que en la Cumbre especial de la UE celebrada en Lisboa en marzo se establecieron nuevos objetivos y plazos para hacer un mejor uso de Internet, fortaleciendo la competitividad de Europa en la economía del conocimiento. 
Esto significa, por tanto, que tenemos que crear un marco legal claro y sencillo, previsible y coherente para el comercio electrónico. 
Es ahora un imperativo económico y político. 
La directiva supondrá un avance significativo en la creación del marco necesario para ofrecer la confianza que empresas y consumidores desean para explotar al máximo el potencial del comercio electrónico. 
Por la gran cantidad de cartas y de comentarios que he recibido en mi calidad de miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sé que no es posible complacer a todas las partes interesadas. 
Existen todavía algunas preocupaciones, pero creo que el Consejo, la Comisión y el Parlamento han logrado el equilibrio adecuado entre la necesidad de proteger el orden público y a los consumidores y la de fomentar y apoyar, a la vez, el crecimiento del comercio electrónico. 
Por consiguiente, recomiendo vivamente que el Parlamento apruebe y adopte el informe de la Sra. Palacio, que representa una posición común. 
Esto lo hacemos siendo plenamente conscientes de que la economía electrónica está evolucionando a un ritmo rápido. 
Estamos asistiendo en el siglo XXI al equivalente a la Revolución Industrial. 
Ello supone que, en tanto que decisores políticos e instituciones, estamos abriéndonos camino en un terreno inexplorado. 
Necesitamos, pues, como decía el Sr. Harbour, continuar con el debate y consulta permanentes tanto sobre las cuestiones actuales como sobre las que surjan a empresas y consumidores. 
Y esto es más así dada la naturaleza global del comercio electrónico. 
Disponemos en esta directiva de un artículo que nos permite hacerlo. 
El Artículo 21 de la posición común prevé la revisión y deberíamos emplear el tiempo que nos queda hasta ese momento para hacer más profundo y amplio nuestro conocimiento de este sector crucial de la economía europea. 
Quisiera hacer una advertencia contra la complacencia. 
Tenemos que seguir consultando en este debate con las partes interesadas y tenemos que asegurarnos de que da lugar a legislación nacional y de que establecemos una legislación clara, apropiada y rápida. 
Señor Presidente, señor Comisario, el comercio electrónico brinda a la Unión Europea una excelente oportunidad para fomentar el crecimiento económico, reforzar la competitividad de la industria y crear nuevos puestos de trabajo. 
En todo ello desempeña un papel primordial el marco jurídico del mercado interior. 
La propuesta legislativa que estamos examinando elimina gran parte de los impedimentos e incertidumbres que las empresas tienen que afrontar actualmente en el ámbito del comercio electrónico. 
Este clima de inseguridad se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo, y todo ello porque el Consejo ha necesitado casi un año para adoptar su posición. 
Del mismo modo, el Consejo dispone desde febrero de 1999, o sea, desde hace más de un año, de la directiva relativa a los derechos de autor. 
Debido a la velocidad de los cambios, este tipo de retrasos no beneficia ni al mundo empresarial ni a los usuarios. 
El Parlamento trabaja a un ritmo considerablemente mayor. 
El principio del país de origen constituye uno de los fundamentos del mercado interior. 
Es lógico, pues, que este principio se aplique también al comercio electrónico transfronterizo. 
El problema es que de momento sólo se aplicará al comercio de empresa a empresa. 
Está previsto que para el comercio en línea con el consumidor se proceda a una revisión del Derecho internacional privado. 
A este respecto es fundamental que los conflictos se resuelvan en la medida de lo posible por vía extrajudicial puesto que los procedimientos jurídicos suelen ser muy largos y costosos. 
Con esto insto a la Comisión a que respalde las iniciativas que apunten en esta dirección. 
Lamento que la presente directiva no se examine conjunta y simultáneamente con la directiva relativa a los derechos de autor, ya que existen contradicciones en lo que a la responsabilidad de los proveedores de servicios se refiere. 
¿Cómo piensa el Comisario crear una situación jurídica unívoca y segura para los proveedores de servicios? 
Me gustaría recibir una respuesta a esta pregunta. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la ponente por su trabajo. 
Yo no estaba de acuerdo con el consenso del comité para no presentar enmiendas. 
Esto no significa que no valorara el sólido trabajo de la ponente, a quien, además, desearía agradecerle muy calurosamente el haber tenido en cuenta las preocupaciones que yo expresé en el comité, en especial, sobre la responsabilidad de los proveedores intermediarios de servicios, sobre los códigos de conducta y sobre la participación de los consumidores. 
Sin la confianza del consumidor, el comercio electrónico no va a ninguna parte. 
Es fundamental una legislación horizontal que trate de la totalidad de Internet y de su viabilidad comercial. 
A no ser que contemos con la confianza del consumidor y podamos hacer frente rápidamente a los contenidos ilegales sin tener que acudir a largos procesos judiciales, no tendremos el tipo de normas básicas que los ciudadanos y los consumidores necesitan y exigen. 
Ya se ha citado aquí esta noche la necesidad de revisión. 
Incluso antes de que se apruebe la directiva ya estamos hablando de revisión y yo creo que esto es muy sabio. 
Algunas de las preocupaciones que se han expresado aquí esta noche, en particular sobre el tratamiento de los contenidos ilegales y sobre la aceptación del consumidor, tienen que ser ya objeto de atención por parte de la Comisión antes de adoptar plenamente esta directiva europea. 
Me gustaría por último agradecer una vez más a la ponente por hacerse eco de las importantes inquietudes que expresamos en el comité. 
Señor Presidente, con la aprobación de la posición común del Consejo sin enmiendas, el Parlamento Europeo responde a los retos del cambio en curso y a las exigencias de la nueva economía dando por fin unas reglas al uso de Internet como instrumento para el intercambio de bienes y la prestación de servicios. 
No me voy a detener en los detalles técnico-jurídicos, acerca de los cuales ya ha hablado con su acostumbrada competencia la ponente, Sra. Palacio, a quien le doy las gracias por haber sabido guiar con gran maestría el iter legislativo de esta directiva. 
Deseo hacer otra reflexión. 
La nueva economía es una realidad con la que el modelo económico y social europeo debe enfrentarse sabiendo aprovechar todas las oportunidades que la misma podrá ofrecer en términos de desarrollo y de nuevo empleo. 
Estamos viviendo una nueva revolución industrial, por ello la construcción material de la economía europea precisa unas infraestructuras jurídicas. 
Mañana vamos a responder a esta necesidad, ya que sin ellas se frena el desarrollo. 
Es verdad que el mercado interior es una realidad y que se han logrado las libertades fundamentales que el Tratado de Roma marcaba como objetivos a alcanzar, pero no lo es menos que, aunque en el pasado la construcción del mercado interior era de por sí una finalidad directa para permitir el desarrollo económico, hoy se plantean nuevos retos ante un mercado que la globalización de la economía enfrenta con el resto del planeta. 
El modelo económico y social europeo- basado en la economía social y de mercado- puede superar perfectamente la confrontación mundial, a condición de que sepa renovarse eliminando todas las rigideces inútiles que en parte siguen haciendo. 
Ya no es suficiente construir un mercado, independientemente de su naturaleza: el mercado interior debe ser competitivo, es decir, dotado de reglas que permitan a las empresas producir e intercambiar bienes y servicios de calidad, con costes compatibles con los de los competidores. 
En esto consiste el cambio histórico del comercio electrónico: un cambio histórico cuyo alcance no comprendemos del todo, al igual que tampoco comprendemos dónde nos va a llevar. 
Pensamos sólo en los puntos en los que hemos trabajado en los últimos años: en el problema de los capitales riesgo, en los servicios de alto contenido profesional, en los medios para producir innovación, en la protección de la propiedad intelectual e industrial. 
Todo esto está destinado a revisarse y, en muchos casos, incluso a cambiar radicalmente. 
Me planteo una pregunta capciosa: ¿qué pasará con los pequeños proteccionismos nacionales que hemos visto durante estos últimos años? 
Por eso, en este momento de revolución, han de volverse a valorar muchos temas, muy importantes para el alma del Partido Popular Europeo. 
La economía social de mercado supone solidaridad, interés por las capas más débiles de la sociedad que, hoy, en la revolución industrial provocada por Internet, son también las que no saben usar un ordenador. 
Esta posibilidad de crecimiento es nuestro reto de cara al futuro. 
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo sinceramente a la ponente y a la Comisión la estupenda manera de tratar este delicado pero muy importante asunto. 
Las nuevas tecnologías están cambiando aceleradamente nuestras vidas y, junto con la nueva moneda, podrán crear una Europa totalmente nueva. 
Sin embargo, no estamos solos en el mundo, el comercio electrónico significa competencia no sólo para las empresas sino también para los políticos. 
Normas inadecuadas y barreras, nuevas y viejas, pueden estropear nuestra oportunidad histórica de crear nueva libertad y progreso. 
El desarrollo de las tecnologías de la información abre nuevas posibilidades para divulgar información de forma simple y barata y para comunicarse. 
Las crecientes corrientes de información que se transmiten mediante BBS, correo electrónico e Internet no deben sufrir más restricciones que otras corrientes de información y canales de comunicación tradicionales. 
El principio orientador de estas nuevas tecnologías debe ser que todos tengan libertad para usarlas y para gozar de sus beneficios y que también todos actúen responsablemente. 
El punto de partida en una democracia debe ser la protección y no la limitación de la libertad de palabra. 
La comunicación por ordenador debe entenderse como cualquier otro medio de comunicación. 
En una de las justificaciones, en la 48, se dice que la directiva no afecta al derecho de los países miembros a imponer exigencias a los proveedores de servicios que archivan información de sus receptores de servicios, para que impidan ciertas actividades ilegales. 
Propuse que se eliminara ese párrafo ya que no tiene relación con los criterios para imponer restricciones. 
No resulta adecuado que los Estados miembros decidan sobre esta materia ni que exijan a los proveedores de servicios responsabilidades por el contenido de la información. 
Sería tan absurdo como imponer a los dueños de cafeterías la responsabilidad de controlar lo que se habla en las mesas. 
¿Quiere alguien una sociedad utilitaria y controladora? 
No lo creo. 
Por eso respaldo también la enmienda 1, que es muy importante y que trata justamente de este tema. 
La delincuencia en la Red, el denominado cyber crime, debe ser combatida con mejores métodos policiales y no por medio de leyes que puedan lesionar valores democráticos fundamentales. 
Ha llegado la hora de hacer realidad las decisiones sobre etiquetados de calidad y de establecer, en colaboración con los proveedores de servicios, códigos de conducta que funcionen en la práctica, sin que signifique aumentar los costes para los consumidores o la creación de una cara burocracia. 
Libertad con responsabilidad debería ser nuestra divisa en el futuro trabajo para desarrollar estas materias. 
Señor Presidente, estimados colegas, yo también quiero en primer lugar felicitar a la ponente por su informe y por su estrategia. 
Acojo con satisfacción la recomendación de la ponente de aprobar sin enmiendas la posición común. 
Todas las encuestas recientes dan fe del gran potencial que el tráfico comercial electrónico supone para la economía. 
Los anteriores oradores ya han hecho clara referencia a esta cuestión. 
No tengo que insistir, entonces, en este tema o aspecto. 
Europa sigue yendo por detrás de EE.UU. en el comercio electrónico. 
Pero hay una concreta posibilidad de recuperar terreno. 
Europa está asistiendo a una oleada de creación de empresas de Internet. 
Debemos apoyar esta dinámica desde la política. 
Asimismo, debemos velar por una mayor competencia en los mercados de telefonía local, de modo que la conexión a Internet se abarate. 
En este contexto, quiero dar expresamente las gracias a la Comisión, al Sr. Bolkenstein y a su colega el Sr. Liikanen, que también ha realizado un trabajo extraordinario con el paquete de telecomunicaciones que nos envió hace unos meses al Parlamento. 
¡Muchas gracias! 
Creo que en ese ámbito también se está aplicando una buena política. 
A nivel europeo, la creación del mercado interior europeo y la introducción del euro son factores decisivos para el fomento del tráfico comercial electrónico. 
También fomentaremos el comercio electrónico aprobando mañana un marco jurídico para el mismo en la Unión Europea. 
Esta es una clara señal. 
Gracias a ello, Europa se mostrará abierta y capacitada para el desarrollo de Internet como nueva forma de comunicación y de actividad comercial. 
Creo que esto también supone una señal positiva para las inversiones extranjeras en la Unión. 
Con respecto al contenido de la directiva, sólo quiero resaltar un punto, que considero fundamental y que ya ha sido abordado en parte por los anteriores oradores. 
Se trata de la pregunta de a qué normativa debe atenerse el web-trader en las operaciones transfronterizas. 
A este respecto, la directiva prevé la aplicación del principio del país de procedencia. 
Por ello ha de entenderse que el prestador de servicios sólo está sujeto a la vigilancia y al ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que tiene su establecimiento. 
De este modo deberá evitarse que el prestador deba atender a las diferentes legislaciones de los diversos países en que se encuentren sus clientes. 
Como consecuencia de ello, las transacciones comerciales serán sustancialmente menos costosas. 
No obstante, de esta forma se crea una nueva situación a la que la economía y los legisladores nacionales tienen que adaptarse. 
El hecho de que cada Estado miembro cuente con una normativa diferente en materia, por ejemplo, de publicidad propiciará que los prestadores de servicios a través de Internet reciban un trato desigual en el seno de la Unión Europea. 
Esta circunstancia exige cambios en la legislación y una armonización legislativa más amplia en ciertos ámbitos. 
Por ejemplo, en Alemania probablemente deberán derogarse la Ley de Descuentos y el Reglamento de Suplementos. 
Me alegra que la Directiva contenga una cláusula de revisión. 
A este respecto, pido a la Comisión que realice con toda seriedad esta tarea. 
En el Parlamento, lógicamente, también seguiremos con atención la evolución del comercio electrónico y prestaremos el debido apoyo a las propuestas de revisión que presente la Comisión en un par de años. 
Señor Presidente, me gustaría antes de hacer mis breves comentarios, sumarme al agradecimiento que han manifestado otros oradores a la Sra. Palacio por el trabajo que ha realizado en este informe. 
No se trata sólo de que no haya propuesto ninguna enmienda, aunque esto sea un ejemplo que algunos ponentes podrían aprovechar, sino de que ha reconocido la importancia primordial de sacar adelante esta legislación y de que se convierta en ley. 
Como ya se ha dicho esta noche, el comercio electrónico y los negocios en línea están creciendo muy rápidamente y es muy importante que establezcamos en Europa un marco legislativo en el que puedan desarrollarse y prosperar. 
De hecho, como ha señalado la Sra. Wallis, hay que recordar que no es sólo en Europa. 
Se trata, en realidad, de una industria global y deseamos que se establezca el marco apropiado para todo el mundo. 
Siempre es fácil mostrar sabiduría cuando ya no hay remedio y no hay duda de que incluso si procedemos rápidamente puede que no consigamos un resultado satisfactorio al 100%. 
Una de las características interesantes del sistema comunitario es la relativa facilidad con la que se pueden aprobar enmiendas legislativas. 
De ser necesario, puede hacerse de forma rápida, como apuntaba el Sr. Lehne. 
Así que no hay razón alguna para el retraso. 
La rapidez en esta ocasión es esencial. 
Es importante que no nos distraigamos y establezcamos un marco en el que el comercio electrónico pueda desarrollarse en beneficio tanto de las empresas como del consumidor. 
El Profesor MacCormick decía que parece existir un acuerdo bastante amplio sobre la necesidad de avanzar sin modificar esta propuesta. 
Uno de mis colegas en otro parlamento al que tengo el honor de pertenecer, siempre dice "la forma de saber que se está equivocado sobre algo es que todo el mundo esté de acuerdo". 
En esta ocasión no creo que nos equivoquemos tratando esta cuestión como lo hacemos y espero que este Parlamento esté de acuerdo conmigo en su gran mayoría. 
Señor Presidente, yo también quiero agradecer y felicitar por los trabajos realizados tanto a la ponente, la Sra. Palacio, como a las personas que han trabajado en ello en el Consejo y en la Comisión. 
Desde luego es fundamental tener un marco regulatorio en pie y cuanto antes. 
Sin embargo, yo quería hacer algunas observaciones que puedan ser útiles quizás para esa segunda fase que resulta tan necesaria. 
Internet es global y de ello no nos debemos de olvidar. 
Estamos hablando de una directiva para el mercado interior, pero, como bien dice el nombre fundacional de la red, World Wide Web, ésta es mundial y, por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta como referencia fundamental. 
Sobre todo porque la red va a determinar la posición económica de Europa en el futuro, y también su posición política, su capacidad de influenciar el entorno global, social y cultural. 
Por ello, yo creo que es fundamental que pensemos que gran parte de este éxito proviene de la creación de nuevas empresas, de la creación de pequeñas y medianas empresas. 
Por consiguiente, en la revisión que se haga, parece fundamental que nos acordemos no sólo de los consumidores- que en todo caso deben tomar decisiones por sí mismos, deben usar mecanismos de encriptación y de protección de sus datos amparados por las leyes y por la tecnología -, sino también de las PYME, porque si no, el día de mañana, habrá poco comercio electrónico dentro de nuestro entorno europeo. 
Por ello parece fundamental hacer un verdadero esfuerzo por homogeneizar las normativas del mercado interior y, al mismo tiempo, trabajar con mucha energía para unificar criterios a nivel mundial en cuanto al comercio electrónico. 
De nada sirve tener una buena norma para nuestro mercado interior, si nos olvidamos de la referencia general. 
Parece también importante que se considere, para llegar a este resultado, que la normativa del país de origen es fundamental, ya que sin ello las pequeñas y medianas empresas se verían poco capacitadas, encontrarían barreras para alcanzar sus objetivos, al no tener acceso a los mismos medios que las grandes empresas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, señoras y señores, digo sí a la directiva y digo sí a la estrategia de la ponente, a cuya coherencia se debe que haya retirado mi enmienda. 
El mercado electrónico es el mercado de crecimiento, de empleo y de futuro nº 1, y no sólo en Europa. 
Todos contamos con oportunidades que podemos aprovechar, y por ello es importante que con la presente normativa hayamos removido todos las barreras que la diversidad de disposiciones legislativas y la consiguiente inseguridad jurídica levantan. 
La ponente analiza con benévolo sentido crítico la posición común. 
Quiero resaltar dos asuntos que me preocupan particularmente y que, en mi opinión deberían haber sido recogidos más claramente en la posición común. 
El primero es la cuestión del tratamiento de los medicamentos y el segundo es la protección del libro como bien cultural desde la perspectiva de la vigente normativa sobre su precio fijo. 
Sobre el punto 1 quiero decir brevemente que en mi país, en Austria, la venta por correo de medicamentos está prohibida. 
Por ello, se teme que las empresas de Estados miembros en el que la venta por correo de medicamentos esté permitida ofrezcan a los pacientes austríacos la posibilidad de comprar medicamentos encargándolos por Internet. 
Habida cuenta, entre otras razones, del riesgo para la salud que ello representa, solicito que se añade a la posición común con carácter aclaratorio que las actividades de publicidad y los contratos que tengan por objeto la venta por correo de medicamentos sean excluidos del ámbito objeto de armonización en la directiva. 
El segundo ámbito es el del libro como bien cultural. 
En el texto de la directiva, el artículo 1, apartado 6, es la única disposición que hace mención, si bien de forma muy genérica, al ámbito cultural, a la protección y fomento de la diversidad cultural. 
Para mí esto es demasiado poco. 
En consecuencia, también solicito que se aclare que la directiva no afecta a la aplicación de los regímenes de precio fijo establecidos en un Estado miembro por ley o por acuerdos entre las partes interesadas. 
Además este régimen no podrá ser eludido por los operadores establecidos en un Estado miembro distinto del Estado de que se trate con ocasión de la venta al consumidor final. 
La comercialización de medicamentos y la protección de la diversidad cultural desempeñarán, en mi opinión, un importante papel en la evaluación de los resultados que se realizará dentro de tres años, circunstancia que acojo con satisfacción. 
Pido a la Comisión que tenga particularmente en cuenta estos dos ámbitos. 
. (NL) Señor Presidente, con su permiso quisiera comenzar dando las gracias a la ponente, la Sra. Palacio, felicitándola por la forma en que ha enfocado este asunto. 
Ha tenido en cuenta la importancia y la urgente necesidad de la presente directiva. Ha despejado el camino para su rápida y definitiva aprobación. 
En nombre de la Comisión quisiera expresar mi profundo aprecio por el papel crucial que el Parlamento, y muy en particular su ponente, han desempeñado en las negociaciones sobre esta directiva. 
La Sra. Palacio ha señalado que marca un hito en la evolución de la Unión Europea. 
Creo que tiene razón y, de hecho, es una feliz coincidencia que este hito vea la luz unos días antes del cincuentenario del día de Europa, que se celebrará el próximo martes. 
El planteamiento propuesto por el Parlamento con motivo de esta directiva así como su influencia en la elaboración de la posición común que de ahí se deriva podrían servir de modelo para la futura colaboración entre las instituciones. 
Enseguida volveré sobre esta cuestión, pero primero quisiera hacer un inciso para agradecer a los diputados de este Parlamento en nombre de mis colaboradores que se han hecho cargo de las actividades que correspondían a la Comisión. 
Quisiera manifestar mi gratitud a aquellos diputados que a su vez han dado las gracias a la Comisión por el trabajo que ha realizado. 
Reitero que es algo que mis colaboradores apreciarán mucho y quedo muy agradecido a los diputados por sus observaciones al respecto. 
Tal vez no sea necesario subrayar que necesitamos urgentemente una legislación unívoca y flexible para el comercio electrónico en la Unión Europea. 
Una legislación que ofrezca seguridad jurídica al mundo empresarial y al consumidor. 
A este fin es fundamental que la presente directiva se adopte cuanto antes. También lo han dicho hace poco los jefes de Gobierno en la Cumbre de Lisboa, como entre otros ha señalado la Sra. McCarthy. 
La directiva ha de garantizar que los principios del mercado interior se apliquen asimismo a los servicios de la sociedad de la información y que sobre todo las pequeñas y medianas empresas puedan considerar todo el mercado europeo como su mercado nacional. 
Este punto a favor de las pequeñas y medianas empresas ha sido destacado por gran parte de los diputados de este Parlamento, en especial por la ponente, la Sra. Palacio. 
Por todo lo anterior, la Comisión opina que la directiva redundará en beneficio de la integración europea y que, por tanto, fomentará el crecimiento económico, las inversiones en proyectos innovadores y el empleo en Europa. 
Tendrá asimismo consecuencias positivas para la competitividad de la industria europea en el mercado mundial, otro punto que ha sido subrayado por varios miembros de este Parlamento. 
Además, la directiva logra un exacto equilibrio entre todos los intereses implicados, ya sean públicos o privados. Es un aspecto que también ha sido reconocido por varios miembros del Parlamento. 
La Sra. Wallis se ha referido a este justo equilibrio y sus observaciones han encontrado eco en el discurso de la Sra. McCarthy. 
Algunos diputados no están del todo contentos. Es comprensible. 
El hecho de que se logre un justo equilibrio suele implicar que una u otra parte tenga que renunciar a sus ideales. 
El Sr. Lehne ha manifestado que no está totalmente satisfecho y la Sra. Wallis ha dicho que es mejor disponer de una directiva imperfecta que no disponer de ninguna. 
Y tiene toda la razón. 
Lo comprendo, pero vuelvo a decir que alcanzar un equilibrio significa que no todo el mundo puede estar contento, como bien dice el refrán francés: on ne peut pas contenter tout le monde et sa belle-mère. 
El Parlamento no ha presentado enmiendas y así abre el camino para una rápida aprobación. 
Es un paso sabio y muy apreciado que ha sido consensuado por todos los grandes Grupos políticos. Es otro punto que merece mi más sincera estima. 
Al tomar esta decisión, el Parlamento ha dado muestras de una extraordinaria inteligencia, si me permiten esta observación. Se trata de un paso plenamente justificado, no sólo a causa de la urgente necesidad de la directiva, sino también porque la posición común ofrece un compromiso bueno y, vuelvo a repetirlo, equilibrado. 
Dicho compromiso mantiene el enfoque franco y leal del mercado interior que obtuvo mucho apoyo en primera lectura y que aún fue mejorado por el Parlamento. 
En primera lectura el Parlamento presentó una serie de enmiendas que contribuyeron positivamente a la posición común ya que aclaraban y reforzaban la propuesta original de la Comisión. 
Estas enmiendas han sido incorporadas a la propuesta modificada de la Comisión y posteriormente a la posición común. 
Además, conviene destacar que la rápida aprobación de la presente directiva por parte del Parlamento, sin que hubiera necesidad de presentar más enmiendas, se logró gracias a la excelente colaboración entre la ponente, la Presidencia finlandesa y la Comisión Europea. 
Es otro punto que también subraya la ponente y con respecto al cual la Comisión se siente muy agradecida. 
En resumidas cuentas, la posición común refleja plenamente el apoyo que el Parlamento prestó en primera lectura al planteamiento del mercado interior. 
Creo que todos debemos y podemos aprender de esta estrecha colaboración entre el Parlamento, la Presidencia y la Comisión a fin de garantizar que el proceso de decisión se desarrolle con mayor celeridad en los sectores que están sujetos al procedimiento de codecisión. 
En mi opinión, tenemos que seguir dialogando para averiguar cómo podemos mejorar este método en el futuro. 
La continuación fundamental de estos esfuerzos estriba en que la Comisión se compromete, tal y como le ha rogado el Parlamento, a garantizar una rápida y minuciosa transposición de la directiva que respete el equilibrio entre los múltiples intereses y una correcta aplicación de la misma. 
Con esto me refiero sobre todo al principio del país de origen, que se ha mencionado frecuentemente esta noche, y a la responsabilidad de los intermediarios, que es otro aspecto importante de la directiva. 
En este contexto, la Comisión accede con mucho gusto a la petición del Parlamento de presentar orientaciones para códigos de conducta y estimular la elaboración de procedimientos eficaces en materia de notificación y retirada. 
Ahora quisiera detenerme brevemente en las preguntas específicas formuladas por los miembros de este Parlamento. 
En primer lugar voy a referirme a una observación del Sr. Harbour acerca del feedback. 
En respuesta a las observaciones del Sr. Harbour quisiera decir que la Comisión se propone controlar minuciosamente hasta qué punto los Estados miembros aplican la normativa correspondiente. 
La Comisión tiene previsto animar a todas las partes interesadas a informar a la Comisión de cualquier problema que pueda surgir. 
La Comisión creará un sitio web a este fin, de modo que pueda iniciarse un intercambio interactivo con todas las partes con objeto de tener presentes todos estos comentarios en la revisión de la directiva que tendrá lugar dentro de tres años. 
Con respecto a esta revisión el Sr. Lehne ha expresado su esperanza de que se lleve a cabo bajo el mandato de esta Comisión. 
Dentro de tres años esta Comisión continuará con su mandato siempre y cuando este Parlamento así lo desee, porque, como es sabido, la Comisión en su conjunto está sometida a la aprobación de este Parlamento. 
Ahora comentaré la pregunta de la Sra. Plooij, que se ha referido a la forma en que las diferentes directivas han de coincidir entre ellas. 
Quisiera decir a la Sra. Plooij que la directiva relativa a los derechos de autor en la sociedad de la información se debatirá en el Consejo sobre el mercado interior que se celebrará el 25 de mayo. 
La Presidencia portuguesa está haciendo todo lo posible, y me dirijo a la Sra. Plooij, para alcanzar una posición común en dicho Consejo. 
Uno de los asuntos clave que aún queda por resolver se refiere a las posibles excepciones a los derechos de autor. Más en concreto, se trata de las excepciones a favor de las copias técnicas necesarias para salvaguardar la posibilidad de garantizar un libre flujo de datos en la red. 
Obviamente, este punto concreto está estrechamente relacionado con las disposiciones de la directiva sobre el comercio electrónico que estamos debatiendo esta noche, sobre todo con las disposiciones que tratan de la responsabilidad de los proveedores de servicios. 
Quisiera asegurar a la Sra. Plooij que la Comisión está firmemente decidida a garantizar que ambas directivas coincidan en esta importante cuestión con objeto de ofrecer a los derechohabientes y a los proveedores de servicios la seguridad jurídica que tanto hace falta en la sociedad de la información. 
Por último, quisiera dirigirme al Sr. Karas. 
El Sr. Karas se ha referido al comercio de fármacos. 
A este respecto quisiera señalar que la comercialización de productos farmacéuticos a través de la publicidad y la venta, etcétera, está sujeta a normas estrictas, tanto en el ámbito comunitario como a nivel nacional. 
Sobre todo la venta a distancia de productos farmacéuticos está sujeta a numerosas restricciones e incluso está prohibida en algunos Estados miembros. 
Dichas restricciones se aplican asimismo a la venta por Internet. 
Ahora bien, habida cuenta de las dimensiones mundiales de Internet existe, en efecto, el peligro de que las empresas de fuera de la Unión Europea eludan la legislación comunitaria sobre la publicidad y la venta de productos farmacéuticos en Internet. 
Por eso, la Comisión está colaborando con los Estados miembros para resolver este problema y averiguar si hace falta una normativa comunitaria al respecto y a qué puntos ha de referirse. 
Hasta aquí las observaciones con las que quería concluir este debate en nombre de la Comisión. 
Quisiera reiterar mi gratitud a la ponente, la Sra. Palacio, y a todos los que han participado en este debate por su actitud constructiva, gracias a la cual no ha habido necesidad de presentar enmiendas en segunda lectura, lo que facilita una rápida adopción de la presente directiva. Eso es al menos lo que espero, porque la votación se celebra mañana. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Creo que debo agradecerle, en nombre de la Asamblea, su exhaustiva respuesta al debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Ayuda alimentaria 1999 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0105/2000) de la Sra. Schierhuber, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre la aprobación del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999 en nombre de la Comunidad Europea (COM (1999) 308- C5-0148/1999- 1999/0131 (CNS)) 
Señor Presidente, estimados colegas, señora ponente, usted ya se ha referido a la resolución sobre Etiopía. 
Pues bien, es un claro ejemplo de la actualidad y la necesidad de la ayuda alimentaria, incluso hoy en día. 
Por tanto, difícilmente podemos negarnos a aprobar la revisión del Convenio sobre ayuda alimentaria. 
Sin embargo, esta revisión no sólo merece nuestra aprobación porque estemos convencidos de que la solidaridad internacional es imprescindible para aliviar el hambre, sino también porque presenta una serie de mejoras en comparación con las versiones anteriores. 
Se criticó y se critica con razón la forma en que la ayuda alimentaria ha sido concedida hasta la fecha en el marco de este Convenio. 
El Convenio permite vender y retirar de nuestro mercado los excedentes de cereales de Europa y Estados. 
Este procedimiento suele alterar la producción alimentaria local, desanimándola profundamente. 
El Convenio se utiliza como trampolín para la realización de transacciones comerciales y en numerosas ocasiones atenta contra los hábitos sociales y culturales, concretamente contra el importante papel de las mujeres en el abastecimiento de víveres, como ya ha señalado nuestra ponente. 
Con demasiada frecuencia se gana mucho dinero a costa de los pobres cobrando gastos de transporte y de funcionamiento desorbitados. 
La Unión Europea se rige por normas de conducta distintas y hace todo lo posible para que éstas sean respetadas en sus propias acciones de ayuda. 
Ahora también entran a formar parte de este Convenio internacional sobre ayuda alimentaria. 
Además, los gastos de transporte y de funcionamiento habrán de ser proporcionales al valor y la ayuda se destinará prioritariamente a los países menos desarrollados. 
Asimismo considero fundamental el propósito de fomentar el desarrollo agrícola local. 
Pero pese a todo, sigue habiendo un problema que deshonra el nuevo Convenio. 
Los negociadores europeos han logrado reducir la ayuda mixta en forma de créditos hasta un 20%, pero los Estados Unidos siguen empeñándose en este tipo de ayuda que adeuda para siempre a los países más necesitados, por mucho que se les concedan tipos de interés reducidos y se les permita devolver los préstamos dentro de 30 años. 
¿Qué son 30 años en la vida de un pueblo? 
Respaldamos plenamente los acuerdos destinados a prevenir todo tipo de abusos. Así se pretende evitar por ejemplo la vinculación entre ayuda y transacciones comerciales y la alteración de los mercados locales. 
Es fácil que esto suceda, tanto en el momento de la adquisición de los productos como al vender la ayuda alimentaria en el mercado local, puesto que las especulaciones y las subidas de precio no tardan en aparecer. 
El caso de Etiopía demuestra que no sólo la adquisición sino también el transporte, la distribución, la conservación, etcétera, requieren un seguimiento minucioso. 
Y a este respecto, señor Presidente, me hago la siguiente pregunta: estuvimos presentes en Etiopía, se habían hecho los pedidos, teníamos todo en existencia, pero los productos no estaban disponibles en el lugar y el momento de la hambruna. 
Por eso, me pregunto si no se impone la necesidad de perfeccionar nuestros instrumentos. 
Señor Presidente, acojo con entusiasmo la ampliación y modificación del Convenio sobre ayuda alimentaria y agradezco a la ponente su trabajo en este informe. 
La propuesta de la Comisión recibe algunas críticas de la Comisión de Presupuestos porque no existe un estado financiero completo. 
He de decir que, dado el carácter flexible de la ayuda alimentaria debe ser extremadamente difícil hacer una previsión exacta de cifras financieras. 
Ahora que se ha ampliado el alcance de la ayuda alimentaria, de manera, en mi opinión, muy acertada, para que no se limite a los cereales, esto sería todavía más difícil. 
Me complace especialmente leer en el nuevo Convenio que a la hora de asignar la ayuda alimentaria se dará prioridad a los países menos desarrollados y a los países con renta baja. 
También me complace observar disposiciones más sólidas para el fomento del desarrollo agrícola local y de las adquisiciones locales puesto que esto ayuda a las economías locales y anima a la agricultura local. 
Existen en la actualidad muchas zonas del África Subsahariana en las que, a no ser que se produzca un tremendo cambio climático a mejor, no es probable que vuelva a haber producción de alimentos. 
Estoy pensando sobre todo en zonas en las que el desierto está literalmente enterrando las tierras productivas. 
En Etiopía asistimos a una situación incluso más desesperada, en la que se está proporcionando ayuda alimentaria pero no hay agua con la que cocinar. 
Ésta es una cuestión que habrá que abordar en el futuro. 
El agua va a tener más valor que el petróleo en los países en desarrollo en el futuro. 
Igualmente es una buena noticia que el nuevo Convenio abarque los gastos de transporte y los costes operativos conexos. 
A pesar de que esto reciba también las críticas de la Comisión de Presupuestos, no sirve de mucho descargar la ayuda alimentaria en los puertos de un país si después no se puede distribuir en camiones o aviones a zonas alejadas donde la gente hambrienta y necesitada. 
No hay duda de que los programas anteriores han tenido un efecto beneficioso allí donde se han podido llevar a cabo y el hecho de que el África Subsahariana tenga un problema constante y cada vez más preocupante refleja la inestabilidad que en muchos de estos países causa la guerra. 
Esto ha hecho aumentar enormemente el número de refugiados y ha agravado el problema de la entrega de ayuda alimentaria. 
Es evidente que sigue siendo necesario un marco internacional legalmente vinculante que defina y recoja los compromisos e instrumentos para la entrega de ayuda alimentaria a los países en desarrollo. 
La ampliación del Convenio y las nuevas normas que se han recogido deben, por tanto, acogerse con entusiasmo. 
Señor Presidente, me gustaría también felicitar a la ponente. 
De los comentarios que hemos escuchado se deduce claramente que la estructura institucional global destinada a asegurar la seguridad alimentaria, como prueban muy claramente experiencias recientes, necesita mucha atención. 
Existe en la actualidad una pérdida de confianza en todo tipo de ayuda alimentaria con la excepción de la ayuda alimentaria de emergencia. 
Los compromisos negociados internacionalmente para abordar los problemas de la seguridad alimentaria, en mi opinión, no se comprenden adecuadamente. 
Sigue habiendo una resistencia institucional a la reforma radical de las políticas de ayuda alimentaria. 
Esto queda resumido en la especie de remiendo superficial que caracteriza al Convenio nuevamente negociado. 
Las disposiciones institucionales sobre ayuda alimentaria basadas en los Tratados están, a mi juicio, algo desfasadas y se establecieron teniendo en mente un mundo en el que se consideraba a la ayuda alimentaria un elemento fundamental del desarrollo y de la ayuda y asistencia humanitaria. 
Ya se han oído aquí esta noche argumentos a favor de la financiación compensatoria, de la ayuda al desarrollo agrícola, de los créditos a la exportación y del aprovisionamiento local; todos estos criterios, todas estas prioridades se entienden muy bien. 
Pero lo que no se ha mencionado es que la Unión Europea ha ido más lejos a la hora de traducir este entendimiento en acción que ningún otro donante, en particular, por ejemplo, que los Estados Unidos. 
Nos complace el hecho de que en nuestra partida presupuestaria de ayuda humanitaria atendamos a las cuestiones de la seguridad alimentaria y que el presupuesto prevea asistencia financiera para la seguridad alimentaria. 
Esto es, sin duda, muy importante. 
Evidentemente el reto es satisfacer del modo más sensato las necesidades de los que pasan hambre desde un punto de vista local. 
Tenemos que hacer que los planes de reservas de víveres se basen en el conocimiento y en la transparencia. 
Tenemos que saber dónde se encuentran las reservas de víveres, tenemos que valorar dónde están y tenemos que acceder a esos alimentos cuando los hayamos identificado. 
Tenemos también que hacer el seguimiento de todas las reservas de comida que hay en el mundo, tanto públicas como privadas. 
Por último, en el contexto de los debates de la OMC, es preciso también que exista una garantía del derecho legítimo de todo ser humano a tener acceso a la alimentación. 
Esto quiere decir, y muchos de nosotros así lo expresamos en los debates de Seattle, que requeriríamos, entre otras cosas, una cláusula sobre seguridad alimentaria en cualquier futuro acuerdo sobre agricultura de la OMC. 
Esto supondría un verdadero progreso en nuestro intento por lograr la seguridad alimentaria. 
Este Convenio se convertirá en un éxito, señor Presidente, a partir del momento en que comience a ser superfluo. 
No cabe duda de que es necesario conceder ayuda alimentaria estructural mientras tantas personas sufren serios problemas de desnutrición. 
Estas medidas preventivas tienen por objeto garantizar el autoabastecimiento de víveres en los países en desarrollo para que dejen de depender de la ayuda de los donantes. 
Dicho de otro modo, no se trata de ayudar a Europa a quitarse de encima sus excedentes agrícolas ni de fomentar la exportación de los países ricos a través de créditos blandos. 
La sobreproducción en la agricultura europea debe combatirse con reformas drásticas destinadas a la adaptación del mercado en lugar de descargar en las regiones más pobres del mundo los productos derivados de una política europea nefasta y persistente y en lugar de fomentar nuestra exportación a costa de los países más pobres y más vulnerables del mundo. 
La enmienda de Fiori no tiene ojos más que para el propio interés europeo y, por tanto, yerra el tiro. Pretende exactamente lo contrario de lo que se necesita realmente, a saber, una estrategia que conduzca al autoabastecimiento. 
Ello significa que conviene enfatizar en el fomento de la producción local. 
Si no, la ayuda será contraproducente. De entrada, los productores locales no podrán competir con los productos gratuitos o extremamente baratos, de modo que los países afectados seguirían dependiendo de los donantes tan sumamente generosos. 
Por otra parte, en una estrategia correcta los créditos blandos no pueden estar vinculados a la obligación de adquirir los productos en el país donante. 
Además, el hecho de haber concedido un 20% de créditos es de por sí reprobable, puesto que puede dar lugar a una competencia desleal. 
Contrariamente a lo que se ha acordado, la ayuda alimentaria debe limitarse a la ayuda financiera y a un surtido de alimentos reales, lo cual, por ejemplo, no es el caso de los comprimidos de vitaminas de Canadá. 
Señor Presidente, ¿coincide la Comisión conmigo en que es necesario racionalizar la propia ayuda alimentaria europea despojándola de tanto ajetreo burocrático paralizante? 
¿Considera la Comisión que esta propuesta es viable y que sería posible concentrar toda la ayuda en una sola línea presupuestaria para el desarrollo? 
Señor Presidente, en principio el problema del hambre puede ser resuelto, incluso en África. 
La condición es que se lleve a cabo una política de desarrollo coherente destinada a disminuir la pobreza sobre el terreno en vez de incrementar nuestra propia riqueza. 
No se trata de llenar el monedero de pocos, sino las bocas de muchos. 
Sólo en ese caso, sólo si logramos ese propósito, la ayuda dejará de ser necesaria. 
Señor Presidente, evidentemente estoy a favor de la ayuda alimentaria para la población sub-alimentada, a pesar de las operaciones comerciales que se disimulan tras esta ayuda y de los conflictos de intereses que sobre este punto separan a los países ricos. 
En primer lugar, quiero denunciar el carácter ínfimo de esta ayuda con respecto a las necesidades. 
La Unión Europea se enorgullece de comprometerse a proporcionar un millón trescientas veintidós mil toneladas equivalentes en trigo, pero al mismo tiempo el informe constata la existencia de setecientos noventa y un millones de personas sub-alimentadas en los países pobres. 
Ciento ochenta millones, sólo en el Africa Subsahariana, dónde se supone que Europa está particularmente implicada. 
Hagan Ustedes el cálculo: la ayuda de Europa se reduce a un poco más de siete kilos, equivalentes en trigo, por persona y año, es decir, a menos de veinte gramos por día, y el informe tiene el cinismo de insistir en el hecho de que la ayuda alimentaria no debe desincentivar la producción local. 
Pero no es la ayuda alimentaria lo que ha arruinado la producción agrícola en numerosos países de Africa, es la fuerza de los grandes grupos industriales o agrícolas de Europa, de América, que han impuesto las plantaciones de hevea, de café, de cacahuete, de algodón, incluso de tempranos fuera de temporada para el mercado europeo, en perjuicio de los cultivos de subsistencia. 
Incluso en materia de producción alimentaria, se han impuesto hábitos a estas poblaciones, obligándoles a consumir arroz o productos derivados del trigo, de los que sólo pueden proveerse en el mercado mundial, generando de paso beneficios para algunas grandes empresas occidentales. 
Por momentos, el informe adopta un tono de "dama protectora" y presenta esta ayuda como un acto de caridad de Europa. 
Pero Europa, o más exactamente su clase privilegiada, es responsable de la ruina de Africa, incluido lo relativo a su autosuficiencia alimentaria. 
En estas circunstancias, lo que necesita Africa no es caridad. 
Necesita que las multinacionales europeas y estadounidenses dejen de robar, que Europa devuelva a la población africana todo lo que le ha sido robado a lo largo del colonialismo y después, bajo la forma de máquinas sencillas, de bombas de agua, de productos industriales. 
Africa podrá entonces desarrollar suficientemente su agricultura como para producir lo que necesita para alimentar a su población. 
Es evidente que no soy tan ingenuo como para pensar que basta para esto con una buena resolución del Parlamento Europeo. 
Sería necesario para ello que se terminara con la dictadura de los grandes capitales tanto sobre Europa como sobre Africa, y el sentido de mi voto afirmativo es exclusivamente el de no obstaculizar esta ayuda. 
Señor Presidente, al abordar el tema de la ayuda alimentaria no podemos olvidar que, actualmente, el número de personas subalimentadas asciende a cientos de millones. 
Los esfuerzos realizados por nuestros antecesores, como miembros de las Instituciones comunitarias, han logrado que, a lo largo de treinta años, el total de las personas subalimentadas bajara más del 20%. 
En los últimos años, asistimos a un fenómeno a contracorriente, muy extraño respecto a los compromisos del mundo occidental: en algunas zonas de nuestro planeta el número de subalimentados aumenta constantemente, agravado por catástrofes medioambientales o, peor aún, bélicas, a tenor de los acontecimientos de los últimos tiempos. 
Por lo tanto, debemos estar orgullosos de que el Parlamento Europeo y los Estados de la Unión Europea fijen su atención en este tema. 
He notado con satisfacción que, repetidamente, como en el Convenio que estamos a punto de votar, el legislador comunitario siempre ha querido garantizar la seguridad alimentaria y no sólo la subsistencia. 
Esta seguridad alimentaria es el objetivo prioritario de nuestra ayuda: una ayuda que, con el tiempo, deberá ser sustituida gradualmente por medidas concretas y por instrumentos duraderos, orientados a potenciar dicha seguridad para convertir por fin en superflua toda forma de ayuda y de intervención. 
Estoy seguro de que nuestros conciudadanos comparten plenamente y respaldan con fuerza cualesquiera iniciativas emprendidas por las Instituciones comunitarias en materia de ayuda o más bien de apoyo a esos pueblos menos afortunados que nosotros. 
En mi intervención, sin embargo, no puedo olvidar un aspecto, un principio que considero muy responsable precisamente frente a nuestros conciudadanos. 
A mi modo de ver, debe reconocerse el justo peso de la producción europea. 
De la lectura del Convenio no he visto que a los productos europeos, en particular a los agrícolas que han de destinarse a las ayudas humanitarias, se les reconozca ningún criterio de prioridad. 
Desde siempre Europa es uno de los continentes con más productividad en el sector agrícola. 
Pensando, por ejemplo, en los productos farináceos indispensables para la alimentación, la Unión Europea es uno de los mayores productores mundiales. 
Dicha productividad no puede ser infravalorada ni subestimada respecto a la disponible en los mercados mundiales, ni siquiera en la fase de la ayuda a los más desfavorecidos. 
Por estos motivos he presentado una enmienda que no afecta a la propuesta de Convenio que sé que no puede enmendarse, sino a la resolución de la Sra. Schierhuber. 
Dicha enmienda se ha considerado inaceptable, sin embargo, mi objetivo al presentarla ha sido plantear en este Pleno un debate responsable sobre un tema que estimo de vital importancia para nuestros agricultores, especialmente en la difícil etapa que están atravesando después de la reforma de la política agrícola comunitaria. 
Para terminar, repito que la finalidad de mi enmienda y ahora de mi intervención es apoyar los productos comunitarios, en particular los agrícolas, también en el momento de la celebración de acuerdos internacionales e invitar a los órganos ejecutivos europeos a no olvidar a los millones de personas que viven gracias a los productos europeos, no sólo como consumidores, sino sobre todo como productores. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y Asia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0065/2000) del Sr. Deva, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se prorroga la validez del Reglamento (CE) nº 443/97 relativo a las acciones en el ámbito de la ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y Asia (COM (1999) 443- C5-0146/1999- 1999/0194 (COD)) 
. (EN) Señor Presidente, es para mí un privilegio presentar en el día de hoy este informe al Parlamento. 
Es uno de los primeros informes de la Comisión de Desarrollo conforme al procedimiento de co-decisión. 
Estoy especialmente agradecido a todos mis colegas que han acudido en masa a escucharme y a verme presentar mi primer informe al Parlamento y a las tribunas públicas. 
Todos esperan con aliento entrecortado mi intervención. 
Esta es una cuestión muy urgente. 
Espero que podamos aprobar este informe sin ninguna enmienda sustantiva, salvo las de carácter procedimental, porque el informe supone una prórroga de un año de un reglamento existente que proporciona apoyo a cuatro millones de refugiados en los lugares del mundo más devastados y asolados por la guerra. 
Si retrasamos o no aprobamos lo antes posible este informe en el Pleno, cualquier otra asistencia, suministro de alimentos, alojamiento, protección, agua, sanidad y educación, destinados a las personas más vulnerables del mundo, se verán gravemente afectados puesto que no existirá base legal en la Unión Europea para apoyarlos y financiarlos. 
Hoy estamos considerando una propuesta de la Comisión de prorrogar el reglamento sobre ayuda a poblaciones desarraigadas en Asia y América Latina, que expiró el 31 de diciembre de 1999. 
Proponemos una prórroga de un año hasta el 31 de diciembre de 2000. 
La prórroga del reglamento permitirá que se gasten otros 40 millones de Euros hasta finales de año. 
Entre 1997 y 1999 el Parlamento aprobó 240 millones de Euros. 
Este reglamento llegó a su fin el 31 de diciembre de 1999. 
Prorrogando hoy el reglamento por otro período de un año, damos también tiempo a la Comisión para que prepare un nuevo reglamento, que espero tenga carácter plurianual, que venga a sustituir al actual. 
Este nuevo reglamento, que se presentará en una fecha posterior, debería elaborarse teniendo en cuenta el reglamento existente así como el informe anual y la evaluación que la Comisión se ha comprometido a presentar al Parlamento y al Consejo en un futuro muy próximo y a lo más tardar en septiembre. 
El informe original del Parlamento Europeo sobre el actual reglamento, el informe Howitt, fue ejemplar en el modo en que lo elaboró el Parlamento. 
Tuvo un éxito considerable en la mejora del borrador existente y, de esta forma, desempeñó un papel importante a la hora de apoyar y mejorar el texto finalmente adoptado. 
En especial, el Parlamento contribuyó al fortalecimiento del reglamento en cuanto a preocupaciones medioambientales, apoyo complementario y cooperación y asistencia a las poblaciones de acogida, en el sólido planteamiento para dirigir los programas de apoyo hacia las mujeres refugiadas, en particular las que hubieran sido víctimas de violación y en una clara disposición en defensa del principio de "non-refoulement", es decir, de la protección contra el regreso forzoso. 
El Sr. Howitt entabló entonces un diálogo muy positivo con la presidencia irlandesa y con la Comisión con el fin de mejorar el borrador existente. 
Y lo que es más importante, se consultó a más de cincuenta ONGs. 
Por tanto, el Parlamento desempeñó, gracias a su informe, un papel fundamental en la elaboración de este reglamento. 
El apoyo a las poblaciones desarraigadas, a los refugiados, a los repatriados y a las personas desplazadas en los países en desarrollo de América Latina y de Asia ha constituido una característica del presupuesto comunitario desde 1984. 
El ACNUR calcula que existen 4,8 millones en Asia y alrededor de 88.000 en América Latina. 
De estos, el presente reglamento y la prórroga de un año que hoy pide nuestro informe, seguirán ayudando a 2,9 millones de refugiados afganos, de los cuales el 40% aproximadamente se encuentra en Pakistán e Irán y el 60% restante en el propio Afganistán. 
Los refugiados afganos recibieron un total de 24,3 millones de Euros, Tailandia otros 960.000 Euros, Sri Lanka 6 millones de Euros, Birmania 11,8 millones de Euros y Nepal 1,8 millones de Euros. 
En Afganistán, cerca de 2 millones de personas recibieron la ayuda del programa de limpieza de minas que es fundamental para que el país vuelva a la normalidad. 
Por consiguiente, en cierto modo, una aprobación inmediata de la propuesta retrasaría la necesidad de una solución a largo plazo. 
Al hacerlo permitiría, sin embargo, que las instituciones iniciaran un diálogo más profundo sobre este aspecto y es de esperar que nos permitiera encontrar una solución más duradera en 2001. 
Este es también un informe muy oportuno en cuanto a los demandantes de asilo. 
Se presenta ahora a este Parlamento, a nuestras instituciones europeas, una solución con la que queremos y podemos ayudar a las personas allí donde está el problema. 
Podemos hacer que cese la necesidad o el deseo de la gente de llegar hasta aquí si podemos ayudarles en el lugar donde ha surgido el problema. 
La idea central de mi informe es ayudar a las personas en las áreas devastadas por la guerra, en lugares del mundo asolados, para que vuelvan a la normalidad, para que tengan los cimientos, la sanidad y la infraestructura apropiados, y para hacer que dejen de tener que partir como demandantes de asilo y refugiados. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. Deva por su excelente informe, sobre el que puede decirse que es igual de largo como corto es el texto de la Comisión. 
Dice bastante de la actual relación entre el Parlamento y la Comisión que se nos haya puesto sobre la mesa un texto muy precipitado y por ello muy sucinto y sencillo. 
Y naturalmente, como también mencionó el Sr. Howitt, no es algo especialmente satisfactorio cuatro o cinco meses después de que el reglamento haya expirado de hecho; no obstante, en realidad es el método habitual aunque no creo que el Sr. Patten tuviera malas intenciones. 
Es el método habitual de debatir en los parlamentos. 
Se presenta un informe que dice que ahora hemos de prorrogar el Reglamento. 
Y esto sucede cuatro meses después de que éste ha expirado. 
Con ello se obliga de hecho al Parlamento a decir que sí, aunque verdaderamente nos veamos obligados a aceptar la prórroga porque de otro modo habría todavía más personas que murieran de hambre y de sed. 
No es una forma limpia de tratar estos temas y por ello también quiero oír al igual que el Sr. Deva y otros diputados lo que diga el Sr. Patten. 
No obstante, una vez dicho esto, también pienso que estamos obligados a poner en marcha esta propuesta lo antes posible, pues hemos de tratar de ayudar lo mejor que podamos y así hemos de esperar que tengamos una forma más satisfactoria de hacer las cosas en el futuro. 
Una pequeña cuestión, mencionada también por el Sr. Deva y que yo creo que también debemos discutir en el futuro, es la situación de las mujeres y los niños, que naturalmente es sumamente complicada y siempre lo será en estas situaciones. 
De ahí la necesidad de apostar fuertemente en este ámbito y hallar formas adecuadas de hacerlo con ayuda de la participación de ONG y de otras personas que puedan contribuir con su esfuerzo. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a las virulentas críticas de la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Desarrollo y Cooperación que se reflejan en el informe, por otra parte muy constructivo, del Sr. Deva. 
Las comisiones parlamentarias acusan a la Comisión de no haber entregado los informes anuales ni las evaluaciones independientes, lo cual es aún peor, puesto que necesitamos esos datos para asegurarnos de que hay motivos para prorrogar la vigencia de los reglamentos. 
¿Cómo podemos hacer nuestro trabajo si no disponemos de los informes correspondientes? 
Posiblemente se trate de pagos atrasados, procedimientos de control financiero demasiado complejos y fragmentación de los esfuerzos, como viene siendo habitual en otras críticas. 
También es sospechoso que los importes asignados no sean proporcionales a los números de desplazados. 
De los 240 millones de euros, señor Comisario, se concedió un 40% a América Latina, donde se concentra menos del 1% de los refugiados en el mundo, y un 60% a Asia, que alberga al 40% de las personas desplazadas. 
Si la repentina paralización de los programas no surtiera efectos indeseados y no provocara víctimas inocentes, sin duda respaldaríamos la opinión de la Comisión de Control Presupuestario, pero a la luz de las circunstancias seguiremos la recomendación del Sr. Deva. 
Propone una prórroga de un año, pero, mientras tanto, el Sr. Howitt ha señalado que, en realidad, el reglamento ya expiró hace medio año. 
Esperamos que el informe acabe entregándose, así como una evaluación seria. 
Señor Presidente, no se trata de ayuda humanitaria, sino de proyectos viables destinados al autoabastecimiento y la reintegración de refugiados y personas desplazadas, antiguos soldados, etcétera. 
Por tanto, es imprescindible que podamos disponer de los resultados para comprobar si, de hecho, se ha producido una disminución en la dependencia de la ayuda. 
Señor Presidente, estamos dispuestos a conceder una prórroga a la Comisión porque sabemos que mucha gente está haciendo grandes esfuerzos y porque el Parlamento y el Consejo también tienen parte de la culpa, por no dotarles de suficiente personal. Sea como fuere, creo que el Parlamento ha de exigir a la Comisión que cumpla con su obligación porque, de lo contrario, esta colaboración en el fondo no tiene sentido. 
Señor Presidente, parece sencillo: basta con cambiar el año, sustituyendo 1999 por 2000, para que la Unión Europea pueda apoyar un año más las acciones a favor de las poblaciones desarraigadas en América Latina y Asia. 
Pero pasa algo más. 
Es lo que demuestran las opiniones de la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario. 
La Comisión no se aplicó demasiado en la ejecución y la evaluación de este programa. 
Hasta la fecha se ha reflexionado poco acerca del funcionamiento del mismo. 
Faltan buenos informes anuales de evaluación. 
Además, todavía no disponemos de una visión a largo plazo para este programa. 
Por eso mismo, considero oportuno que la aprobación de la prórroga de este programa se supedite a la disponibilidad de los informes, puesto que el Parlamento debe obligar a la Comisión a rendir cuenta del empleo de los recursos financieros destinados al desarrollo. 
Ello no obsta para que en algunos casos los países receptores sufran situaciones realmente penosas. 
La Unión Europea ha de prestar ayuda dondequiera que pueda. 
Sin embargo, el papel desempeñado por los Estados miembros es al menos igual de importante, puesto que a escala europea corremos continuamente el riesgo de hacer promesas que no podemos cumplir debido a las restricciones presupuestarias. 
Una solución a largo plazo para los problemas mencionados pasa necesariamente por una óptima coordinación de los esfuerzos de los Estados miembros. 
Ni más ni menos. 
Señor Presidente, la Comisión propone la prórroga del actual Reglamento. 
De acuerdo con este Reglamento, la Comisión está obligada a elaborar una evaluación anual para el Parlamento y el Consejo, lo que no ha hecho, sin embargo, el programa no ha de ser detenido bajo ninguna circunstancia, sufrirían las personas equivocadas. 
Es importante prorrogar el programa, pero no antes de que hayamos visto las evaluaciones. 
La Comisión prometió que tendríamos las evaluaciones el pasado marzo, luego en abril y al final en mayo, pero ¿dónde están? 
Es necesaria una evaluación independiente, pues de otra forma no tenemos ninguna garantía de que el dinero se gaste correctamente. 
El objetivo de la evaluación es mejorar naturalmente los programas futuros. 
Todo lo referido a la ayuda al desarrollo, incluida la rehabilitación de refugiados debe ser dirigido desde la Dirección General para el Desarrollo. 
Es esta Dirección General la que tiene la experiencia y por ello también deberían asumir la responsabilidad. 
El Tribunal de Cuentas también ha criticado la falta de claridad entre las diversas iniciativas. 
Resulta insostenible y perjudicial para el programa que no haya un trabajo coherente. 
Celebro el respaldo recibido por mi enmienda, especialmente en la Comisión de Control Presupuestario, para que se prorrogue el reglamento una vez haya cumplido la Comisión su parte del acuerdo y presentado los informes anuales y las evaluaciones. 
Sin esta enmienda, la Comisión podría marcharse impunemente sin haber presentado un solo informe de evaluación desde que el reglamento entrara en vigor en 1997. 
También he observado que mi querido amigo, el Sr. Dell ' Alba del Parlamento, ha logrado ver impresas sus opiniones como anexo a mi dictamen. 
Pero, allá él. 
En cualquier caso, no recibió ningún respaldo en la comisión, puesto que fue el único que votó en contra. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Acuerdos CE/Suiza 
El siguiente punto del orden del día es el informe (A5-0118/2000) elaborado por el Sr. Carraro en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la conclusión de los Acuerdos entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por la otra (7260/2000 ­ COM (1999) 229 ­ C5­0204/2000) ; 1. relativo a la libre circulación de personas (9748/1999 ­ C5­0197/2000­1999/0103 (AVC) ); 2. relativo al transporte aéreo (9749/1999 ­ C5­0198/2000 ­ 1999/0104 (AVC) ); 3. relativo al transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril o carretera (9750/1999 ­ C5­0199/2000 ­ 1999/0105 (AVC) ); 4. relativo a la cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la Confederación Suiza, de la otra (9751/1999 ­ C5­0200/2000 ­ 1999/0106 (AVC) ); 5. sobre determinados aspectos relativos a la contratación pública (9752/1999 ­ C5­0201/2000 ­ 1999/0107 (AVC) ); 6. relativo al comercio de productos agrícolas (9753/1999 ­ C5­0202/2000 ­ 1999/0108 (AVC) ); 7. relativo al mutuo reconocimiento en relación con la valoración de conformidad entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza (9755/1999 ­ C5­0203/2000 ­ 1999/0109 (AVC)) 
Señor Presidente, con esta propuesta de recomendación culmina el iter político e institucional iniciado hace unos diez años por el que fue Presidente de la Comisión, Sr. Delors, que, ya al principio de los años noventa, preveía la integración de la Confederación Suiza en el que era en aquel entonces el Espacio Común Europeo. 
Como es sabido, este proyecto fue paralizado por los resultados de la votación del referéndum suizo en diciembre de 1992, con la cual los ciudadanos suizos decidieron paralizar, si bien por una mayoría muy ajustada, la adhesión de la Confederación Suiza a la Comunidad Europea. 
Desde entonces, comenzó un período de incertidumbre, de acuerdos muy sectoriales, al que ahora pone fin este paquete de siete acuerdos, circunscritos exclusivamente al ámbito económico y, sin embargo, amplios y de interés global. 
Se trata de siete acuerdos sobre la libre circulación de personas, el transporte aéreo, el transporte de mercancías y de viajeros por carretera y por ferrocarril, la cooperación científica y tecnológica, los contratos públicos, los productos agrícolas y el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad. 
Estos acuerdos se caracterizan por una cláusula específica de simultaneidad en el sentido de que- y ésta ha sido la posición correcta de la Comunidad Europea- los acuerdos entrarán en vigor sólo en la medida en que se aprueben en su totalidad o se rechacen en su conjunto. 
Por esto, aunque por razones técnicas los proyectos de resolución legislativa se enuncian por separado, se presentan y aprueban de forma simultánea porque, repito, simultánea es su eficacia. 
Los acuerdos se volvieron a firmar en junio de 1999, fueron aprobados por el Parlamento suizo el 8 de octubre de 1999 y ahora, con la votación de mañana, se someten a la aprobación del Parlamento Europeo. 
No obstante, deseo señalar a sus Señorías que una vez más, a través de un referéndum que se celebrará el próximo 21 de mayo, el pueblo suizo estará llamado a pronunciarse sobre este paquete de acuerdos y, en consecuencia, sobre las relaciones con la Unión Europea. 
Para no dar lugar a dudas conviene precisar que se trata de una votación formal y sustancialmente diferente de la de 1992. 
En esa fecha, el pueblo suizo fue llamado a pronunciarse sobre el proceso de adhesión de Suiza a la Unión Europea; el 21 de mayo, los suizos estarán llamados a pronunciarse sobre la aprobación o no de un paquete de acuerdos que, por el contrario, tiene un contenido estrictamente económico que, sin duda, carece de las implicaciones políticas implícitas en los acuerdos de 1992. 
Sin embargo, considero extraordinariamente significativo que el Parlamento llegue a votar, a aprobar- si ésta será la posición del Pleno, como ha sido la posición sustancialmente unánime de la Comisión de Industria y como es la de todas las comisiones parlamentarias que han expresado su opinión- y a emitir su dictamen favorable antes del referéndum que tendrá lugar en Suiza el próximo 21 de mayo. 
Esto, evidentemente, no porque la soberanía del pueblo suizo se merme de alguna forma en la votación, sino más bien como un gesto más de confianza y de convencimiento de que el desarrollo de un Espacio Económico Europeo y de una creciente integración de los mercados y las economías de esta Europa- de la que evidentemente Suiza representa el eje, uno de los países clave- constituye un interés compartido y considerado preferente también respecto a las discusiones de carácter procedimental. 
A mi juicio, es un hecho político importante y positivo- por ello debo agradecer la labor de la presidencia de la Comisión de Industria y de los servicios que lo han hecho posible- que el Parlamento llegue a emitir su voto antes del 21 de mayo permitiendo a los ciudadanos suizos expresarse contando con un marco normativo concreto y determinado. 
La opinión de la Comisión de Industria es totalmente favorable y en estos términos se recomienda el voto al Pleno en la sesión de mañana. 
. 
(SV) Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a los ponentes de las respectivas comisiones por este bien concertado informe. 
También agradezco a la Comisión su trabajo en relación con las negociaciones. 
Para los objetivos de mi comisión, las libertades y derechos de los ciudadanos, esto es oportuno. 
También quisiera subrayar la importancia de entender esto como una unidad. 
Durante el trabajo de redacción del informe conocí los numerosos problemas y dificultades que afectan a los ciudadanos comunitarios que viven y trabajan en Suiza; en algunos casos se trata de mera discriminación. 
No cabe duda de que el presente acuerdo ofrece grandes posibilidades para solucionar los problemas existentes y evitar la aparición de nuevos. 
En este contexto, quiero mencionar solamente, por ejemplo, el derecho a entrar en el país, el derecho a establecerse, la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo, la coordinación de los sistemas de protección social, el derecho a residencia para personas que no trabajan y para estudiantes y las nuevas posibilidades para quienes trabajan en las fronteras. 
Quiero subrayar, tal como lo han hecho los ponentes de las comisiones pertinentes, la importancia de que nuestro informe se publique antes del referendum que se realizará en Suiza, no para influir en la voluntad de los ciudadanos suizos de decir "sí" o "no", sino para demostrar nuestro deseo de colaborar, aún más, con Suiza. 
Mi comisión ha señalado algunos campos en los que se podría colaborar en el futuro, por ejemplo, en acciones para impedir el contrabando de mujeres y en acciones contra la delincuencia organizada y los delitos económicos. 
Consideramos que este acuerdo, especialmente en lo referente a la libre circulación, es muy importante en la colaboración entre la UE y Suiza. 
Señor Presidente, los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Suiza se corresponden con las diferentes condiciones aplicadas en el marco del acuerdo multilateral sobre el Espacio Económico Europeo. 
En opinión del Grupo del Partido Europeo de los Liberales y Demócratas, el Parlamento debería apoyar, por su parte, la aprobación de estos acuerdos. 
La situación de Suiza demuestra de forma ilustrativa la peculiaridad de los actuales procesos de integración en Europa y pone de manifiesto la necesidad de intentar modificarlos, sobre todo ahora que la Unión Europea está ampliándose para adquirir dimensiones paneuropeas. 
La Europa de la integración se ha venido organizando como un ente de círculos concéntricos, cuyo núcleo ha estado integrado por los Estados miembros fundadores de la Unión Europea. 
En primer lugar, se creó el Consejo de Europa en Estrasburgo, que se dividió en dos cuando Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux constituyeron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
El intento de crear una comunidad política y de defensa fracasó, pero se consiguió formar una comunidad económica. 
Siete de los países que quedaron excluidos de este club de los Seis constituyeron la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC. 
La ampliación de estos seis países para convertirse, primero, en una comunidad de nueve y, luego, en una comunidad de doce países transcurrió con relativa fluidez. 
Tras estas ampliaciones surgió el debate sobre la integración diferenciada. 
A finales de la década de 1980 se elaboró un plan en el seno de la Comisión Europea, según el cual la CE de la época profundizaría en su integración hasta convertirse en un Estado Federal, mientras que los demás países de Europa se habrían adherido al mercado interior a través de los mecanismos acordados en el marco del Espacio Económico Europeo. 
La primera oferta de acuerdo sobre el EEE se le hizo a los países de la AELC. 
Entonces se habló por primera vez de los círculos concéntricos. 
Nació el acuerdo sobre el EEE, pero para Austria, Suecia y Finlandia se trató de un ordenamiento de corta duración. 
Suiza se opuso en referéndum a formar parte del EEE. 
Así pues, sólo quedaron en el marco del EEE Islandia, Noruega y Liechtenstein. 
Se procedió a crear unos planes de acuerdo bilateral con Suiza. 
Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones con doce países para su adhesión a la Unión Europea. 
Es extraño que no formen parte de ese grupo ni Suiza, ni ninguno de los países integrantes del EEE, aunque ellos serían los aspirantes más aptos para ser miembros de la UE. 
Existe una razón simple para ello: estos países no quieren integrarse en la Unión actual, ni tampoco en la Unión que se está perfilando en el horizonte. 
Ahora que la Unión se está ampliando de forma importante, sería sensato que ésta se diferencie internamente. 
Tal y como recientemente han propuesto, entre otros, el Sr. Jacques Delors, el Sr. Valery Giscard y el Sr. Helmut Schmidt, los países del núcleo de Europa deberían llegar más lejos que los demás en su integración mutua, mientras que el resto de la Unión podría desarrollarse como una Confederación de Estados independientes y diferenciarse del núcleo. 
De esta forma podría facilitarse y acelerarse la adhesión de los países de Europa Oriental. Y así, también se haría posible la adhesión de Islandia, Noruega, Liechtenstein y aun de Suiza. 
Señor Presidente, las últimos observaciones del Sr. Väyrynen sobre los círculos concéntricos me llevan a pensar un poco, si uno mira a Suiza y a España, en un agujero en torno al que se trazan círculos. 
Espero que este agujero se tape en algún momento en los próximos años con la adhesión de España a la Unión Europea. 
En tal caso, no tendríamos que negociar y deliberar sobre siete acuerdos diferentes, sino que todo sería mucho más sencillo. 
Es mi particular deseo que esto se consiga en los próximos años. 
No obstante, quizás sean estos siete acuerdos una preparación para ese debate; por ello, deseo fervientemente que, al igual que el Parlamento aprobará hoy estos siete acuerdos por amplia mayoría- lo cual doy por hecho­, el 21 de mayo el pueblo suizo apruebe por amplia mayoría estos siete acuerdos, para poner claramente de manifiesto que Suiza es Europa. 
Quiero decir unas palabras sobre el Acuerdo de cooperación científica, porque en los últimos años he venido ocupándome de la cooperación científico-técnica con Suiza. 
Acojo este acuerdo con gran satisfacción, pues a fin de cuentas significa que Suiza participará en el Programa Marco para las actividades de investigación en igualdad de condiciones. 
Para ello, Suiza contribuirá a la financiación de programas sobre la base del coeficiente de su PIB, pero su participación en este programa será plena. 
Esto constituye una gran ventaja para ambas partes. 
Con todo, se da una cierta desventaja. La adopción del acuerdo relativo al contenido de este programa corresponde al Parlamento Europeo conjuntamente con el Consejo, pero no a Suiza. 
Es decir, Suiza, al igual, por cierto, que Israel, Noruega, Liechtenstein e Islandia, que también participan en este Programa Marco para las actividades de investigación, toman parte en algo que ellos no han acordado. 
No participan en la adopción del acuerdo relativo a su contenido. 
Por ello, quiero proponer que vayamos comenzando a preparar el Sexto Programa Marco para las actividades de investigación, que, cuanto menos, mantengamos contactos informales con diputadas y diputados suizos- al igual que con Israel, Noruega, etc., estados no pertenecientes a la Unión Europea, pero que participan en el Programa Marco para las actividades de investigación­. 
Esto es algo que podría organizar el Parlamento Europeo. 
El Parlamento podría tomar la iniciativa de invitar a parlamentarios de dichos países para que podamos saber anticipadamente qué pueden aportar los suizos, qué problemas tienen, qué propuestas formularían. 
Ello supondría un nuevo paso hacia el acercamiento de Suiza y de la Unión Europea. 
Deseo fervientemente que podamos lograrlo. 
Por lo demás, quiero dar de nuevo las gracias al Sr. Carraro por su brillante informe. 
Si alguien quiere saber algo de esta materia, podrá quedarse con un montón de cosas de su informe. 
Muchas gracias de nuevo, espero que mañana aprobemos estos acuerdo por amplia mayoría. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Ayuda macrofinanciera suplementaria a Moldavia 
El siguiente punto es el informe (A5-0082/2000) elaborado por la Sra. Matikainen-Kallström en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre la propuesta de decisión del Consejo por el que se establece ayuda macrofinanciera suplementaria a Moldavia (COM (1999) 516- C5-0261/1999- 1999/0213 (CNS) ). 
. (FI) Señor Presidente, Moldavia, al igual que muchos otros países independizados de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sufre el gran lastre del comunismo. 
Las cosas están muy mal en Moldavia, humana y económicamente hablando. 
La situación social es confusa y el desarrollo democrático avanza a duras penas. 
El impacto de la guerra civil y de la crisis económica de Rusia ha provocado en el país una depresión económica de larga duración. 
La industria sigue sin desarrollarse y está repartida de forma irregular por el territorio. 
Las modestas exportaciones se basan en la venta de productos agrícolas a las regiones vecinas. 
Esta situación desconsoladora se hace también patente si examinamos las cifras. 
A partir del año 1992, la economía de Moldavia se ha reducido en casi un 70 por ciento, la esperanza de vida ha descendido drásticamente y, según un estudio realizado por la ONU el año pasado, el 50 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza absoluta. 
La Comisión merece ser elogiada por haber propuesto, a iniciativa del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la asignación de una notable ayuda suplementaria a Moldavia. 
La ayuda financiera bilateral concedida a través del programa TACIS ha tenido un éxito aceptable. 
Se pueden percibir grandes progresos, particularmente, en lo relacionado con la formación de las autoridades locales y el desarraigo de la corrupción, así como en el fomento de las exportaciones y de la agricultura. 
Sin embargo, esto no es aún suficiente. 
Hay que destinar más subvenciones a los ámbitos en los que reside el núcleo de la solución del problema desde el punto de vista macroeconómico: al desarrollo democrático y a la consolidación de la política financiera y económica. 
El incipiente desarrollo positivo de Moldavia debe ser apoyado mediante medidas que refuercen precisamente el sistema democrático. 
En este sentido, la Comisión también debe velar por el uso correcto de esta ayuda suplementaria: por que se asigne de forma flexible y por que contribuya a consolidar los cimientos de la sociedad. 
Puesto que el mayor problema económico de Moldavia es su dependencia de Rusia, las nuevas ayudas deben ser destinadas de forma especial, a la ruptura de esta dependencia. 
Por ejemplo, Moldavia depende exclusivamente de Rusia en cuanto a la importación de energía y, por lo tanto, se encuentra a expensas de las compañías energéticas rusas. 
Este círculo vicioso sólo puede romperse a través de la consolidación del propio sector energético moldavo y de la diversificación de las exportaciones del país. 
Otro problema relacionado con los rusos es la retirada de las tropas rusas del territorio de Moldavia. 
La UE debe hacerle entender por todos los medios a la Duma que la retirada de las tropas rusas de Moldavia contribuiría a la estabilización de la situación del país. 
También hay que impulsar inmediatamente las negociaciones para la eliminación de las municiones y armamentos rusos almacenados en Moldavia. 
Mi informe fue aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria. La Comisión de Presupuestos introdujo en el mismo excelentes y sensatas enmiendas. 
Espero que el mismo viento, esta unanimidad, sople también en el Pleno de mañana. 
. (FI) Señor Presidente, en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos, quiero fijar mi atención en las repercusiones económicas que tendrá la decisión de conceder esta ayuda. 
La Unión Europea proporciona diferentes ayudas económicas a diversos países haciendo uso de distintos mecanismos financieros. 
La ayuda macroeconómica es una de las más importantes junto con otros tipos de ayudas similares que pueden ser concedidas también a través del Fondo de Garantía del Banco Europeo de Inversiones y de los créditos de EURATOM. 
Sin embargo, estos préstamos tienen unos límites que han sido establecidos en el marco de los acuerdos entre los diferentes órganos. 
El límite del Fondo de Garantía es de un máximo anual de 200 millones de euros. 
Esto representa un problema de cara a los posibles nuevos préstamos que está concediendo la Unión Europea, ya que este límite es inflexible. 
Las decisiones ya adoptadas sobre concesiones de préstamos y garantías pueden dar lugar a una situación en la que dicho límite podría ser rebasado fácilmente, si ocurriera algo inesperado. 
Por consiguiente, por lo que respecta a la Comisión de Presupuestos, considero que sería importante que la Comisión elaborase un informe orientativo plurianual de previsiones sobre las probables necesidades financieras que surgirán en los próximos años. 
El objetivo a seguir sería que el Parlamento y el Consejo se pongan de acuerdo sobre las prioridades para la utilización del margen restante y que se establezca un procedimiento para realizar eventuales modificaciones a los principios acordados. 
En el caso de las ayudas macroeconómicas, parece que la Comisión confía de forma importante en la capacidad de las instituciones internacionales, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para evaluar la situación económica de los países en cuestión. 
Quizás estas instituciones ejerzan demasiado protagonismo, y la Comisión suele aprobar automáticamente las condiciones que otros fijan para estos préstamos. 
Por esta razón, considero muy importantes las observaciones y las enmiendas realizadas por la Sra. Matikainen-Kallström, en las que se plantea que también deberían tenerse en cuenta el empleo y la seguridad social a la hora de determinar la utilización de los préstamos. 
Señor Presidente, el magnífico informe de nuestra colega, la Sra. Matikainen-Kallström, sobre la ayuda adicional para los presupuestos de la República de Moldavia, nos brinda la rara oportunidad de poner nuestra mirada en este pequeño país cercano a la Unión Europea, en la evolución de su economía y en su dirección política. La población sufre de nuevo los efectos de la pobreza. 
El salario mensual medio del moldavo sólo es de unos 30 euros. 
La privatización avanza lentamente, el país no ha sabido resolver hasta ahora el problema de la integración de la minoría rusa. 
La estabilidad monetaria y presupuestaria no se han alcanzado aún, y fuerzas rusas ocupan aún la región de Transdniéster. Desde hace unos días, la República de Moldavia corre el peligro de quedarse literalmente sin suministro eléctrico. 
El grupo energético ruso Gasprom ha interrumpido el suministro de gas porque Moldavia no ha podido pagar sus facturas en marcos alemanes o dólares estadounidenses. Somos testigos de la lucha casi desesperada de este país por la supervivencia económica y su existencia política. 
Por su situación geográfica, la República de Moldavia conforma una estrecha franja entre Ucrania y Rumanía. Muchos jóvenes moldavos orientan sus preferencias vitales hacia la Unión Europea. 
Algunos estudian gracias a los fondos de la Unión Europea y de los Estados miembros en nuestras universidades y escuelas técnicas. Muchos son embajadores de la apertura de su país a la Unión Europea. 
Además, la ayuda procedente de los programas TACIS debe orientarse más intensamente hacia la formación profesional, la ampliación y mejora de las estructuras de transporte, de comunicaciones y de energía, totalmente anticuadas. 
La creación de puestos de trabajo en el sector artesanal y en el de los servicios exige condiciones marco flexibles para la competencia y las inversiones, condiciones que a largo plazo sólo podrán mejorarse con la ayuda de la Unión Europea. 
¿Quiere permanecer en el incierto estado de intensa dependencia de las baratas materias primas rusas, materias que, por otra parte, no puede pagar, y mantenerse en esa posición que hace imposible la reforma de muchos sectores y así vincular su futuro a largo plazo a la imprevisible evolución económica y social de Rusia? 
A ello debe ligarse una modernización a fondo de su economía y de su orden político. 
Esperamos que Moldavia elija este camino de la renovación en el seno de Europa. 
Señor Presidente, estimados colegas, el informe de la Sra. Matikainen-Kallström recibe nuestro apoyo. 
Ella ha guiado a este "infante" a través de situaciones difíciles, y le doy las gracias por ello. 
Cuando hablamos de las economías de transición, podemos preguntarnos hacia dónde se están desplazando en realidad estas economías. 
Parece ser que la dirección de desplazamiento no es siempre clara. 
Moldavia importa del extranjero todas las materias primas y depende enormemente de la importación de energía. 
La décima parte del PIB está destinado exclusivamente al pago de facturas a una empresa rusa, Gasprom, que- como dijo el orador anterior- apaga a su antojo las luces del Estado de Moldavia. 
Existe, pues, una válvula de estrangulación energética que no sólo afecta a Moldavia, sino también a su vecina Ucrania e incluso a Bielorrusia. 
Así pues, este fenómeno tiene un significado político más amplio y puede crear tensiones en la región que, luego, nosotros nos veremos obligados a mitigar. 
Las necesidades de financiación de Moldavia serán importantes en los próximos años. 
La crisis experimentada por Rusia el 17 de agosto de 1998 influyó con gran intensidad justo en Moldavia. 
Han aparecido en el país sectores de población sumidos en la indigencia. 
Las pensiones mínimas equivalen sólo a la quinta parte de los gastos en calefacción de una pequeña vivienda. 
No hay nación que pueda vivir y funcionar de esta manera. 
El déficit de la balanza comercial es elevado: entre el 23 y el 25 por ciento. 
Como ya se ha mencionado, las tropas rusas están en la región de Transdniéster: la famosa 14 compañía de Lebed, que, si bien ya no cuenta con todos sus efectivos, aún sigue siendo activa. 
Nosotros apoyamos, obviamente, la concesión del préstamo y la línea seguida por el informe, la ayuda macroeconómica, pero esto no basta. 
Nosotros exportamos estabilidad al Este para no tener que importar de allí inestabilidad. 
Debemos concentrarnos ya en la siguiente franja de ampliación, en la zona de estos próximos países aspirantes a la adhesión. 
Hay que crear una zona de planes de acción especiales, en la que se incluya precisamente a Moldavia, y proporcionarle ayudas. 
Así pues, paralelamente a la ampliación que está en curso, debemos crear un plan para el Este, a través del cual se empiece a prestar asistencia a estos países- Moldavia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia- en el momento en que acojamos a los nuevos miembros, con el fin de evitar que surja un nuevo telón de acero entre estos diferentes países. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Marjo Matikainen-Kallström, por la elaboración de este informe. 
Ella ha tratado la cuestión con profundidad y extensión, poniendo de relieve aspectos esenciales relacionados con la misma. 
Nuestro Grupo apoya los puntos de vista de la ponente. 
Tal y como ya se ha indicado aquí en diversas ocasiones, la situación de Moldavia es realmente difícil. 
Aunque ha habido pequeños progresos en materia de desarrollo de la administración, de desigualdad social y de derechos humanos, la situación económica y social sigue siendo extremamente difícil. 
La economía del país ha decrecido en la última década alrededor de las dos terceras partes. 
Las diferencias de los ingresos interprofesionales se han disparado y la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. 
El desarrollo de Moldavia depende fundamentalmente de la capacidad del país para conseguir la estabilidad política, social y económica. 
Será sumamente difícil para Moldavia hacer frente a sus graves problemas sin ayuda externa. 
Así pues, la ayuda de la Unión a Moldavia está justificada. 
El préstamo de quince millones de euros que ahora se otorgará debe combinarse con las ayudas del Fondo Monetario Internacional y de las demás organizaciones internacionales, y su objetivo será incrementar la estabilidad social y económica. 
También es importante que la Comisión se asegure, a través de condiciones político-económicas adicionales a la concesión del préstamo, de que la ayuda se destine a los objetivos correctos, entre otros, al desarrollo de la administración, a la creación de servicios básicos para los ciudadanos y al incremento de la eficiencia de la economía. 
Más adelante, habrá que comprobar si las condiciones han sido realmente cumplidas, si el país avanza por el camino de la democracia y si mejoran las condiciones de vida de las personas. 
También está justificada la posibilidad presentada en el informe de revisar las perspectivas financieras para aumentar el grueso del Fondo de Garantía. 
Señor Presidente, el nacimiento y consolidación de un Estado multiétnico es todo menos una sinecura política. 
Prueba de ello es hasta el día de hoy la República de Moldavia. 
Desde su origen en 1991 hasta ahora se ha visto confrontada con un separatismo intransigente que se manifiesta en la denominada República de Transdniester. Y no olvidemos que en dicha República también hay militares rusos. 
Esta presencia contradice flagrantemente los reiterados acuerdos internacionales por los que se obliga a Moscú a retirarse. Ante el doble reto que suponía en política interior y exterior la elección entre la integración en Rumanía o la incorporación a Rusia, la élite política y el electorado de esta pequeña ex república soviética optaron en 1994 inequívocamente por la independencia. 
Precisamente porque Moldavia constituía una unidad política. 
En esta loable estrategia que consiste en ir eliminando focos de tensión internos y externos se inscriben por ejemplo el estatuto de autonomía concedido a la minoría gagauz y el convenio fronterizo con el vecino Estado de Ucrania que se firmó hace menos de un año. 
Sin embargo, estos éxitos no logran ocultar las dificultades que plantea el proceso de transformación de Moldavia de ex república soviética en Estado de derecho democrático basado en una economía social. 
Fuertemente dependiente de la Federación Rusa para el abastecimiento energético y la comercialización de sus productos, Chisinau se dirige a Occidente para solicitar ayuda financiera destinada a modernizar el país. 
En este contexto se enmarca la presente solicitud, que ya es la tercera, de ayuda macrofinanciera a la Unión Europea. 
Merece mi apoyo habida cuenta de los esfuerzos que está haciendo Moldavia por estabilizar la situación interna y externa, pero, ello no obstante, tengo dos preguntas. 
¿Qué efecto surtieron las dos anteriores inyecciones de capital que realizó la Unión Europea en Moldavia? 
¿Puede la Comisión sacarnos de dudas al respecto? 
Además, la enmienda nº 1 de la comisión competente no parece estar en línea con el objetivo de este préstamo específico a largo plazo. 
De todas formas, yo también prefiero que se conceda ayuda financiera exterior al ciudadano moldovo a que se llenen los bolsillos los grandes jefes de Gazprom. 
Señor Presidente, quiero agradecer sinceramente a la señora Matikainen-Kallström su informe. 
La Unión Europea está dispuesta a otorgar un préstamo a largo plazo de 15 millones de euros, equivalentes a 120 millones de coronas suecas. 
Se quiere ayudar al país más pobre de Europa, cuyo producto nacional bruto es tan bajo como el de las más pobres naciones africanas. 
Moldavia es un país en que la comunidad, la sociedad, se ha resignado en muchos terrenos. 
El sueldo mensual promedio de una trabajador estatal es de 230 leus, alrededor de 150 coronas suecas y cerca de 19 euros. 
La pensión más baja es casi la cuarta parte de esto, es decir, 64 leus. 
Debido a que las finanzas públicas son tan malas, los empleados estatales y los pensionistas no reciben sus pagos a tiempo. 
Muchos tienen que esperar más de un año, a veces aún más tiempo, para recibir su dinero. 
Moldavia es un ejemplo muy trágico de las nefastas consecuencias del comunismo soviético, una espantosa ideología que ha destruido espiritual, moral, social y económicamente a sociedades enteras, a países y a pueblos. Vemos en su despiadada desnudez la cosecha malvada del comunismo. 
Según el catedrático sueco Per Ronnås, no hay otro país en el mundo que, en la era moderna y en tiempos de paz, haya sufrido una caída tan espectacular de su nivel de vida como Moldavia. 
También son muy graves las noticias sobre torturas, golpes eléctricos y asfixias con bolsas de plástico que la policía ejerce sobre los ciudadanos. 
Moldavia también es un país de emigración. 
Se calcula que la cuarta parte de sus cuatro millones de habitantes ha emigrado al extranjero en busca de trabajo. 
Muchas chicas pobres han caído en las redes de organizaciones de delincuentes que las explotan sexualmente y las humillan. 
Tenemos que ayudar a este país, el más pobre de Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar querría agradecer a la Sra. Matikainen-Kallström su informe y a todos ustedes la sensibilidad que han mostrado por un problema tan grave como el de Moldavia. 
Veo que la sensibilidad de los diferentes Grupos políticos coincide con la sensibilidad de la Comisión cuando hizo la propuesta de asistencia macroeconómica adicional para Moldavia y en ese sentido les agradecemos especialmente su respaldo. 
Es cierto que de lo que estamos hablando hoy es de ayuda macroeconómica, por lo tanto, con objetivos definidos que, sin duda alguna, van a servir para mejorar el margen de maniobra financiero para que se pueda hacer frente a otras dificultades como las que ustedes han planteado a lo largo del debate de esta noche. 
De las enmiendas presentadas en el informe, la Comisión no ve ninguna dificultad en aceptar las enmiendas 1 a 4 referidas al objetivo final de la ayuda, la necesidad de un planteamiento coherente en nuestros diversos instrumentos de asistencia comunitaria y la necesidad de equilibrio social de la asistencia. 
Por tanto, la Comisión apoyará estas enmiendas en el Consejo y esperamos que puedan salir adelante. 
Sin embargo, le plantearía a la ponente y a ustedes una reflexión adicional sobre las restantes enmiendas. 
Las enmiendas 5, 6 y 8 se refieren a la conveniencia de poner en marcha un nuevo comité que controle este tipo de ayudas. 
De acuerdo con nuestra opinión, esta iniciativa sería excesivamente burocrática y carente de sentido. 
Las ayudas macroeconómicas se suelen conceder por períodos de un año, no siempre se renuevan, se conceden en zonas distintas, en países distintos, en función de las circunstancias y pensamos, por tanto, que el sistema actual de concentrar su control en un determinado órgano, el Comité Económico y Financiero, tiene sentido ya que es el grupo de personas con mayor experiencia y mayor conocimiento en cuanto al control y adecuada gestión de este tipo de ayudas. 
Recuerdo que el Comité Económico y Financiero no es un comité normal, es un comité creado por los Tratados que prácticamente está formado por representantes personales de los Ministros de Economía y Hacienda. 
Desde nuestro punto de vista, son los que realmente tienen capacidad para llevar a cabo esta gestión. 
La creación de comités específicos ad hoc, creo que nos daría peores resultados y no sería tan efectiva como el modelo actual. 
También querría plantearles otra reflexión sobre la enmienda 9. 
En la enmienda 9 se nos pide, y supongo que coincide también con la demanda del Sr. Belder, la posibilidad de que informemos sobre la efectividad de la ayuda. 
Estamos de acuerdo en que la Comisión informe sobre lo que debemos hacer, lo que nos plantea alguna dificultad es que tenga que ser antes del 15 de septiembre. 
Una ayuda macroeconómica por definición incluye una serie de indicadores de tipo económico general que no siempre están disponibles en esas fechas. 
En algunos casos podremos disponer de ellos, en otros no. 
Pensamos que es mucho más razonable que la obligación de la Comisión se refiera a todo el año y que se nos deje un mayor margen de maniobra entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre para presentar estos informes, porque pensamos que su calidad mejorará si disponemos de algún tiempo adicional. 
La preocupación de la comisión, que yo entiendo, de que se disponga de cifras para el debate presupuestario, no debería plantear ninguna dificultad dado que semestralmente se envía un informe a la autoridad presupuestaria sobre las garantías cubiertas por el presupuesto general y también un informe anual sobre la gestión del Fondo de Garantía. 
A través de ambos informes, la comisión va a disponer de todos los datos presupuestarios necesarios. 
Sin embargo, para la valoración de la ayuda debería de disponerse de algo más de tiempo. 
Por último querría hacer un comentario sobre las preocupaciones del Sr. Sepännen en cuanto a la disponibilidad presupuestaria de recursos para este tipo de ayuda. 
No existe, de acuerdo con nuestro punto de vista, ninguna dificultad, creemos que se puede hacer frente a este tipo de ayudas con los actuales recursos presupuestarios. 
Es cierto que, en el futuro, tendremos posiblemente que debatir sobre si las prioridades actuales y nuestro margen de maniobra financiero son coherentes o no, pero no pensamos que éste sea un debate para plantearlo en relación a un informe específico, sino un debate mucho más profundo, mucho más general, en el que estamos dispuestos a intervenir en este Parlamento en la forma que ustedes estimen conveniente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.55 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera añadir una corrección a mi manifestación sobre el Acuerdo CE/Suiza y, en concreto, que desde el 1 de mayo de este año el Sr. Jörg Haider no es miembro de la dirección ni Presidente del Partido Liberal de Austria. 
De esta suerte es preciso declarar nulos de inmediato los fundamentos para las sanciones de los 14+1 contra un país miembro. 
Señor Presidente, para el Acta tengo que formular la observación de que en el informe Maat sobre la leche escolar se formuló ayer que había que asumir el 75% del precio final. 
En la versión alemana, según el Acta, consta el 65%. 
Le ruego amablemente que compruebe si todas las versiones lingüísticas están correctas. 
Señor Goepel, los servicios ya me señalaron este error que, por lo tanto, se corregirá en todas las versiones. 
(El Acta queda aprobada) 
Lucha contra la usurpación de marca y la piratería 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0096/2000) de la Sra. Fourtou, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior. 
- (FR) Señor Presidente, ante todo quiero agradecerle a la comisión que haya sabido apreciar el peligro que representan la usurpación de marca y la piratería. 
La iniciativa del Libro Verde es una demostración clara de que quiere atacar el problema. 
También quisiera expresar mi agradecimiento a mis colegas de la Comisión Jurídica y de las comisiones cuya opinión se ha pedido por su colaboración que tanto ha enriquecido mi trabajo. 
La piratería y la usurpación de marca representan un peligro para la salud y la seguridad de los consumidores, ya que existen en el mercado falsificaciones de piezas de repuesto para coches y aeronaves, de juguetes o de productos farmacéuticos, que implican un peligro mortal para el consumidor. 
La piratería representa asimismo un peligro para la innovación y el futuro de ciertas empresas. 
Como ejemplo, baste observar los cerca de cien mil empleos que se pierden cada año en la Unión europea por esta causa. 
Los falsificadores aprovechan las inversiones realizadas por la industria legítima en investigación y desarrollo de nuevos productos y en publicidad. 
Además, también causa perjuicios a los recursos fiscales de los poderes públicos. 
Se sabe además que este fenómeno está a menudo estrechamente relacionado con el crimen organizado. 
Para combatir la piratería y la falsificación, mi informe preconiza un enfoque global y coordinado, y este enfoque incluye dos ejes: la prevención y la represión. 
Por ello proponemos una amplia campaña de sensibilización del público, con programas que la Comisión puede proponernos, y una sensibilización de las autoridades policiales, judiciales y aduaneras. 
Para estas autoridades, se prevé una formación así como un programa de concertación que apele al intercambio de experiencias y a la adopción de mejores prácticas nacionales. 
La prevención también requiere una cooperación más intensa entre el sector privado y público y una protección jurídica de los dispositivos técnicos, respetando naturalmente y al mismo tiempo el derecho de los consumidores. 
En realidad es uno de los temas difíciles de este informe, es decir, la diferenciación entre los derechos del consumidor y las exigencias legítimas de los medios profesionales. 
En lo que se refiere a la represión, ya existen reglas dentro de cada país miembro. 
Para que sean más eficaces, es preciso procurar armonizar la legislación actual, de forma que se eliminen las diferencias entre los distintos regímenes de protección. 
Naturalmente, es preciso agravar las sanciones penales y simplificar las medidas y procedimientos en materia civil. 
También conviene prestar atención de forma específica a las cuestiones relativas a la cooperación judicial internacional. 
Para concluir este rápido bosquejo de mi informe, diría que la protección y el empleo eficaz de los derechos de propiedad deben ser una prioridad absoluta en las negociaciones con los países candidatos a la Unión Europea así como en todas las relaciones con terceros países. 
Añadiría que, puesto que se ha llegado a un consenso en la comisión al votar este informe, hay que mantenerlo en la sesión plenaria para que el Parlamento Europeo ofrezca una imagen política fuerte de su compromiso en la lucha contra la usurpación de marca y la piratería. 
Por último, apelo a la Comisión, que espero presentará en el más breve plazo su propuesta de programa de acción, para hacer frente a la urgencia de este fenómeno. 
Efectivamente parece que la urgencia es realmente absoluta, sobretodo en lo que se refiere a la piratería y a todo el sector audiovisual, y la respuesta de la Comisión debe ser completamente fuerte y rápida. 
Señor Presidente, creo que todos somos conscientes de que, al hablar de piratería y usurpación de marca, estamos hablando de un problema grave. 
Tal vez no merezca la pena insistir en ello. 
Es evidente que existe un riesgo de que la investigación, la innovación, la inversión en publicidad, la innovación, en definitiva, quede paralizada si no se protegen adecuadamente los derechos de propiedad industrial. 
Esa es la razón de la protección de tales derechos. 
En la actualidad, existen ciertos hechos que han agudizado el problema y, entre ellos, tal vez el más importante sea el relativo a los avances técnicos conseguidos, que permiten la fácil reproducción del material informático, del audiovisual o del fonográfico a un precio muy reducido. 
Los datos de falsificación existentes en estos campos resultan escandalosos. 
Ahora bien, lo que a nosotros nos preocupa es el impacto que tiene la construcción del mercado único sobre el problema. 
Es evidente que en una Europa sin fronteras, pero con legislaciones diferentes, los falsificadores siempre elegirán la legislación que les resulte más favorable para sus fines delictivos. 
Por ello, resulta digna de elogio la iniciativa de la Comisión al elaborar el Libro Verde, que servirá para iniciar un debate al que todos los sectores interesados podrán realizar aportaciones. 
Ahora bien, es necesario recordar que ese debate se centrará más en el contenido de la armonización que en la armonización en sí misma, ya que esta armonización constituye el punto de partida aceptado por todos. 
Puede resultar prematuro que el Parlamento Europeo fije su posición sobre determinados extremos cuyo exacto contenido deberá ser el resultado del debate que ahora se abre, pero en algunos casos tal vez sea conveniente que se fije ese contenido. 
Así ocurre, por ejemplo, con lo relativo al derecho de información. 
Precisamente porque somos conscientes de las dificultades que la introducción de esta medida ocasionó en el pasado en otras normas, hemos de mostrarnos de acuerdo con que se introduzca la obligación del revendedor de productos ilícitos de identificar a su proveedor, siempre que se respete la legislación en materia de protección de datos y el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo. 
Finalmente, hemos de manifestarnos a favor de determinados mecanismos técnicos que permitan la identificación de las mercancías. 
Ahora bien- y de ahí el contenido de la enmienda que mantiene el Grupo Socialista -, se ha de resaltar que ese mecanismo no puede ni debe servir para identificar a los distribuidores porque así se podrían dificultar las importaciones paralelas entre los países miembros. 
Hemos presentado una enmienda precisamente para evitar que se utilicen esas medidas para un fin inadecuado. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Fourtou por su importante informe. 
Es importante tanto en términos del funcionamiento del Mercado Único y, más aun, como de la protección de los consumidores. 
Es acertado que nos concentremos en el modo en el que está aumentando la usurpación de marca entre los Estados miembros, dentro del Mercado Único y también más allá de las fronteras de la Unión Europea. 
El consumidor, en cualesquiera circunstancias, puede ser estafado muy fácilmente mediante la usurpación de marca y esto siempre supone una amenaza. 
Se trata de una amenaza porque el producto con la marca usurpada no recoge ninguna de las necesarias garantías de seguridad y calidad que derivan de un producto del que el fabricante puede responder y puede apoyar. 
Esto puede ser peligroso para la salud. 
Ciertamente puede ser peligroso para la innovación. 
Puede ser peligroso para el futuro de la investigación. 
Hay muy pocas cosas que se puedan decir a favor de la usurpación de marca, excepto que, a lo sumo, se trata de un parásito para el sector productivo. 
Este no es un crimen sin víctimas. 
Estamos hablando de cosas que dañan seriamente el mercado. 
Por esta razón la Comisión de Medio Ambiente y de Protección del Consumidor adopta la misma línea de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de apoyar y defender este informe. 
Naturalmente la reflexión final que quisiéramos hacer es, no obstante, que en aras de la protección de los consumidores la transmisión de información debe incluir a las organizaciones de consumidores de los propios Estados miembros. 
Éstas están en la mejor posición para recoger algunos de los timos más sangrantes e informar al público de que aquello que a primera vista pudiera parecer un chollo no es sino una trampa y un engaño. 
Mi segunda reflexión ha sido mencionada por el orador precedente. 
Es la siguiente: habrá algunos que digan que este debate abarca el copyright y las marcas registradas. 
Esto debe mantenerse al margen. 
Varias enmiendas de los Grupos y de las comisiones han intentado dejar esto muy claro. 
Existe un debate- y el Comisario es plenamente consciente de ello- acerca de las importaciones paralelas y si éstas están siendo utilizadas de un modo perjudicial para el comercio, para la competencia y que va contra los intereses de los consumidores. 
No queremos que se confundan estos debates. 
A quien estamos atacando con esta propuesta, y de forma muy pertinente, es a aquellos que con la práctica parasitaria de la usurpación de marca golpean al público, lo confunden y lo engañan y efectivamente pueden dañar a la sociedad. 
Señor Presidente, me alegra que este Parlamento, a través del informe de la Sra. Fourtou, contribuya a la lucha seria contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior. 
El texto informa de la amplitud de los desperfectos y de sus consecuencias desastrosas para la economía de nuestros países, así como para la salud y la seguridad de nuestros conciudadanos, puesto que el fenómeno alcanza ahora sectores tan peligrosos como los medicamentos y las piezas sueltas de automóviles. 
Tenemos pues que agradecer este llamamiento a una concienciación y a una movilización general y homogénea para limitar primero y luego hacer que retroceda tal plaga. 
Pero aunque el informe Fourtou no parezca minimizar la importancia de los desperfectos, si que parece descuidar la urgencia de una medida adecuada. 
Tenemos la sensación, al leer este texto, de que el Parlamento invita a la Comisión a reflexionar cuanto antes sobre la definición técnica de las medidas que deberían aplicarse, cuando desde siempre los defraudadores disponen de una tecnología más avanzada. 
Cualquier sofisticación que pueda volver la usurpación de marca y la piratería más costosas y difíciles es siempre conveniente, pero no hay que escatimar medidas radicales, de aplicación inmediata, sin las que nuestras políticas, por muy bien intencionadas que sean, sólo quedarán a la zaga del problema. 
Este texto es especialmente vago en lo que se refiere a las medidas verdaderamente protectoras de las patentes y de los derechos de propiedad intelectual que quiere que adopten los Estados miembros, sin las que los listillos del oportunismo económico y los habituales del plagio tecnológico continuarán dándomos como innovaciones lo que sólo es robo hábilmente camuflado. 
También nos quedamos con la miel en los labios cuando se busca el arsenal de medidas cautelares que permitiría parar inmediatamente la salida de esta mercancía, cuando existen indicios sólidos y sólo falta el tiempo necesario para presentar la prueba. 
Pero por encima de las acciones necesarias para luchar contra la comercialización de esta mercancía fraudulenta, es imperiosamente necesario cortar el grifo por el que éstas fluyen hacia un mercado único que ve como todos los principios que deberían regular su funcionamiento se burlan de este modo. 
Y para ello, el Parlamento debe aceptar que se levante el velo doctrinario que, en su gran mayoría, le ciega en cuanto aparece de nuevo la ineludible y evidente necesidad de restaurar controles en las fronteras internas de la Comunidad. 
También sería útil precisar, de forma distinta a la terrible vaguedad de los apartados 31 y 34, qué obligaciones en la materia se impondrán a los países candidatos a la adhesión. 
Y por último, y esto es seguramente lo más importante, habría que saber qué política de cooperación piensan entablar desde ahora los Estados miembros para luchar no tanto contra el vendedor ambulante, sino sobretodo contra el crimen organizado que parece convertirse hoy en día en el verdadero beneficiario de estas actividades crecientes. 
El Grupo Unión para la Europa de las Naciones votará este informe que sin embargo no es más que un primer paso mínimo en una política a escala comunitaria en la que cada Estado miembro debe actuar rápida y enérgicamente. Mi Grupo insta a este Parlamento a votar sus enmiendas que permitirían otorgar de inmediato al texto una fuerza muy superior a la que tiene actualmente. 
Señor Presidente, este informe llega con bastante retraso ya que el Libro Verde de la Comisión se adoptó el 15 de octubre de 1998. 
Es cierto que, entretanto, hemos tenido las elecciones al Parlamento Europeo, pero si, para un Libro Verde, la consulta al Parlamento requiere más de año y medio, algo no está funcionando bien y, por tanto, el Parlamento y la Comisión tienen que revisar sus métodos de cooperación para que esto vaya más deprisa. 
Desde luego, el Libro Verde es bueno. 
Ha sido acogido favorablemente por las diferentes comisiones del Parlamento y la Sra. Fourtou ha hecho un buen informe que ha recibido la aprobación casi unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con 23 votos a favor y una sola abstención. 
También son favorables y han sido también bien recibidas las opiniones de las diferentes comisiones, la opinión del Sr. Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la opinión del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y la opinión de la Sra. Montfort, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos se han incorporado la mayor parte de las propuestas de estas diferentes comisiones para opinión. 
Lo que pasa es que, a la hora de adoptar el informe, creo que tenemos que ser moderados y correctos. 
Por ejemplo, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones ha presentado algunas enmiendas que pueden afectar al mercado interior. 
Concretamente, me parece muy peligrosa la enmienda nº 6 presentada por la Sra. Thomas-Mauro en la que se pide el establecimiento de controles aduaneros en las fronteras interiores. 
No es la finalidad de este tipo de iniciativas restablecer otra vez las fronteras que hemos eliminado, y es una de las razones por las cuales el Sr. Berenguer Fuster y yo mismo hemos presentado nuestra enmienda nº 9 dirigida a evitar que, a través del control de la piratería, se puedan restablecer controles interiores. 
Hay que evitar, por ejemplo, que, a través del control de la piratería se vaya contra los acuerdos de liberalización del mercado interior en materia de distribución, y también hay que evitar que, a través de esta disposición, como decía antes el Sr. Whitehead, se vaya a una regulación de todo el derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, en materia de patentes, lo cual explica el rechazo por nuestra parte de algunas de las enmiendas. 
En definitiva, yo creo que el informe es bueno, pero llamo la atención sobre un tema: en el momento en que estamos discutiendo las condiciones de adhesión de los países candidatos, el tema de la protección de la propiedad intelectual y de la protección contra la piratería debe adquirir una importancia especial. 
En esas negociaciones de adhesión, se debe poner de relieve a estos países candidatos que, para nosotros, el tema reviste una gran importancia y también la reviste, desde luego, en las relaciones con los países terceros, ya que el desarrollo del comercio internacional ha de basarse en el reconocimiento de la protección de la propiedad intelectual e industrial. 
Señor Presidente, quiero felicitar sinceramente a la Sra. Fourtou por este importante informe. 
Es primordial proteger la propiedad intelectual. 
Están en juego muchos intereses financieros de las empresas o personas que tienen derechos de propiedad intelectual. 
El desarrollo de la sociedad puede verse obstaculizado porque los artistas estén mucho menos dispuestos a invertir tiempo, energía y creatividad en nuevos productos ante el fenómeno actual de usurpación de marca; algo que, además, tiene consecuencias negativas para el fisco, ya que esto sucede, la mayoría de las veces, en el circuito negro. 
Por tanto, es positivo que se haga algo. 
Si tenemos que adoptar reglas, opino, en tanto liberal, que éstas deben cubrir todo el trayecto y no sólo la mitad. 
Partiendo de esto, se ha presentado una enmienda conjunta con otros grupos a fin de que la posesión de productos con usurpación de marca constituya un delito por parte del consumidor final. 
En tanto éste pueda disponer libremente y estar en posesión de productos con usurpación de marca, el negocio continuará, y será muy difícil parar a los fabricantes y productores, ya que las ganancias son fáciles y el negocio continuará siendo rentable. 
Nos satisface, por tanto, la enmienda 8, respaldada por más grupos, conforme a la cual la posesión de productos con usurpación de marca tendrá un efecto disuasivo y preventivo sobre el consumidor, desde luego en determinadas circunstancias, ya que existe un compromiso para su establecimiento. 
Creemos que es positivo que la posesión, y la comparo con el delito de receptación, si me ofrecen una bicicleta a un precio muy bajo, entonces, no la compro; es otra forma de pensar y no se crea un aparato independiente de control, constituya un hecho delictivo o que, en cualquier caso, pueda constituirlo. 
Este informe es un buen comienzo, pero también esperamos que los Estados miembros transpongan estas medidas adecuada y enérgicamente. 
Señor Presidente, al igual que mi predecesora en el uso de la palabra quisiera felicitar a la Sra. Fourtou por este maravilloso trabajo que ha realizado y que nos ha proporcionado también una muy buena información. 
Efectivamente, cuando se habla de copias pirata, se piensa en delitos de guante blanco, se piensa quizá en camisetas de Calvin Klein o en gafas RayBan que se pueden comprar a muy buen precio en cualquier playa lejana, o en CD que pueden comprarse bajo cuerda. 
Sin embargo, la población no es tan consciente de que la salud pública está verdaderamente amenazada y, en general, el consumidor, cuando se trata de piezas de recambio de vehículos, en especial de aviones, cuando se trata de medicamentos, y creo que nos corresponde a nosotros difundir este conocimiento para que a la hora de prevenir se pueda rechazar más fácilmente la idea del llamado delito de guante blanco. 
Hoy se ha hecho varias veces la observación de que se están mezclando las cosas. 
Pero no hago este reproche a la Sra. Fourtou, sino a todos nosotros que no nos tomamos tiempo para considerar los más pequeños detalles de cada texto y que por la gran cantidad de trabajo que tenemos ya no podemos dedicar tiempo a verificar y a falsar las investigaciones que existen acerca de los textos, asi, pues, estamos mezclando las cosas. 
Mezclamos la protección a los derechos de autor con la protección profesional. Son cosas totalmente diferentes. 
Es igual que en este caso ambas cosas constituyan una imitación y sean un acto criminal. 
Ambas, naturalmente, han de ser sancionadas. 
Hoy se ha dicho también, por ejemplo, que los artistas padecerían enormes dificultades financieras. 
A esto tengo que replicar que no es exactamente así. 
Para un artista es bueno cuando se le escucha. Que el CD sea o no una copia constituye una cosa secundaria para él, pues si es tan famoso como para que se realicen copias de sus CD, entonces se puede permitir renunciar a tales derechos de autor. 
En cambio, consigue de esta manera un mercado en el que puede penetrar. 
Digo esto sólo como una observación al margen. 
Existe también un rumor terrible, que no es verificable como tal, de que muchas de estas copias y de estas piraterías se realizan en el propio seno de la industria. 
Esto es lo más deleznable. 
Entonces- en el caso de que esto fuera realmente cierto y habría que comprobarlo- habría que elegir el planteamiento de que no hay que sancionar en primer lugar al consumidor, sino que hay que establecer las penas allí donde se realice la producción. 
Para mí hay también una diferencia entre el hecho de que una pequeña familia de un país pobre intente en un taller familiar mejorar un poco su existencia a través del copiado y el hecho de que con la protección del aparato industrial se vendan allí las camisetas que hemos mencionado u otros productos de nuestro mundo consumista, con la intención de crear un mercado. 
Quisiera que esto se tratase de modo diverso. 
Para terminar, quisiera resaltar una vez más mi escepticismo acerca de que sea el consumidor final quein haya de ser castigado, pues hoy apenas es posible distinguir entre el original y la copia. Se necesita un ojo muy adiestrado. 
Señor Presidente, este proyecto de reglamentación es útil. 
Hay que curar las heridas, que ascienden a millones de euros para nuestras industrias, aunque la evolución de esta divisa relativice su importancia. 
Hay que pensar en las consecuencias para los consumidores de estos productos de menor calidad. 
Hay que encontrar cuales son las vías para frenar la globalización de la usurpación de marca y de la piratería. 
Este texto ilustra nuestra incapacidad para controlar el mercado interior, puesto que hemos suprimido el control en las fronteras nacionales internas de la Unión Europea. 
En efecto, cuando se pone en marcha un mercado único sin fronteras internas, sin válvulas de seguridad que, al fin y al cabo, no molestarían al ciudadano normal, el espacio se convierte en una maravilla, y rentable por añadidura, para criminales de todo tipo. 
¡Piratas de los tiempos modernos, venid a Europa, el único riesgo que corréis es el de algunos controles de aduana volante que buscan la aguja en el pajar europeo! 
La Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Política del Consumidor mostraba su inspiración y perspicacia sobre este tema al adoptar el informe para opinión, puesto que aceptó las enmiendas que yo había presentado. 
En verdad, los países candidatos tienen que comprometerse a no falsificar y piratear nuestros servicios, sino acaso únicamente nuestros valores, pero también pensamos en aquellos países con los que firmamos acuerdos aduaneros. 
¿Acaso no es una condición sine qua non? 
Por otro lado, no podemos crear un espacio sin obstáculos cuando las estructuras de control de esta libertad no están listas. 
He querido recordarlo en mi enmienda número 6 que se adoptó en la Comisión de Medioambiente. 
Los controles en las fronteras internas de los Estados miembros no son, en este contexto específico, un obstáculo para el mercado único, sino al contrario, una protección de los empleos, de la seguridad y de la salud de los habitantes de la Unión Europea. 
Al adoptar esta enmienda tan importante, los diputados realistas y constructivos cultivarán el arte de la buena gestión fronteriza. 
Es preciso ser vigilantes para que la Unión Europea no se convierta en una falsificación de mala calidad que fragilizaría nuestros Estados ante el crimen sin fronteras en perjuicio de sus habitantes. 
Señor Presidente, tengo la sensación de que muchos de mis colegas, al insistir demasiado, a imagen y semejanza de la Comisión, en el aspecto mercado interior, no han comprendido el alcance de este problema. 
Las fechorías de la usurpación de marca y de la piratería causan estragos en nuestros mercados así como en el conjunto de los mercados mundiales. 
Sería pues peligrosamente reductor limitarse a un enfoque demasiado consagrado al mercado único, que parecería indicar que la solución se encuentra ahí exclusivamente. 
También quiero insistir, dada la situación de este Libro Verde, en el hecho de que tales actividades ilícitas, cuando se refieren a productos farmacéuticos, piezas de repuesto o juguetes, constituyen un peligro real para la seguridad y la salud humanas. 
Y quiero apelar al sentido común para que los intentos de acercamiento no comprometan los dispositivos ya establecidos en nuestros Estados. 
Veo un riesgo en una armonización que se convertiría en el objetivo a alcanzar. 
Frente a un riesgo real de dispersión, quiero alertar a la Comisión. 
Más que en las pamplinas de las que habla, hay que concentrarse en la protección de las patentes, de las marcas y de los derechos de autor, que garantizan a la vez la protección de los consumidores y la permanencia de empresas que, al origen, realizan importantes inversiones en la investigación y fabricación de productos de calidad. 
También se trata de numerosos empleos que de ello dependen en el sector textil, la industria automovilística o el ámbito cultural. 
Seamos serios. Cuando se trata de la protección de los programas informáticos en las administraciones europeas o nacionales, más que un código de conducta, se impone un respeto riguroso de las reglamentaciones, y espero que la Comisión reconozca que esto depende más de la voluntad de una buena gestión que de la instauración de un arsenal legislativo y penal armonizado. 
Señor Presidente, consternado por la apresurada condena de Austria por parte de 14 Estados miembros y también por la actitud de la Presidenta del Parlamento Europeo en esta cuestión, quisiera felicitar a la ponente por su excelente informe y sumarme a ella en lo esencial. 
La magnitud del daño causado por las usurpaciones de marca y por la piratería en marcas y productos es enorme. 
Las cifras expuestas por la Comisión son preocupantes. 
No obstante, en conexión con el problema que se ha expuesto hoy aquí- que creo que es importante- quisiera hacer una puntualización: en el futuro es preciso también poner en marcha y conectar entre sí en la lucha contra la usurpación de marcas y contra la piratería los sistemas privados de información que existen en la actualidad. 
Una vez más existe el peligro de que el Parlamento Europeo en su empeño por combatir de manera eficaz los abusos pierda el sentido de la proporción y funde un estado perseguidor. 
En casos similares mi muy estimado colega, el Sr. Rothley, ha hablado con frecuencia de un delirio de sangre del Parlamento Europeo. 
Con esto quiero decir que creo que en este ámbito no son de utilidad las medidas exageradas. 
El informe de la Sra. Fourtou es valioso porque glosa acertadamente el Libro Verde de la Comisión "Lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el Mercado Único". 
Este documento pone claramente de relieve la importancia de la propiedad intelectual en el mundo contemporáneo y el daño que puede causar la usurpación de esa propiedad, 
Mientras que mucha gente considera que el robo es algo malo de alguna manera no existe el mismo sentimiento hacia, por ejemplo, la apropiación y el uso ilegítimo de la propiedad intelectual, como es el caso de los CDs pirateados o el uso del Napster para obtener la música de otros en Internet. 
Pero, desde luego, no hay diferencias sustanciales entre ambas cosas. 
En cierto modo uno de los desafíos más interesantes que plantea este tipo relativamente reciente de crímenes lo constituyen los medios para contrarrestarlos. 
Está claro que en un mercado único plurinacional las medidas no pueden ser limitadas a la jurisdicción de un solo estado miembro, pero de ello no se deriva automáticamente que la respuesta correcta sea la armonización a escala europea de las penas, el derecho penal y el procedimiento. 
Indudablemente uno de los requisitos primordiales es la coordinación y una estrategia única para enfrentarse a los usurpadores y piratas pero, en mi opinión, no se le ha otorgado a los principios de reconocimiento recíproco la debida importancia que me hubiera gustado poder ver en las conclusiones. 
Esto tiende a enfatizar la necesidad de armonizar más allá de lo que es necesario o adecuado en estas circunstancias. 
No obstante, dicho esto, para el área judicial de la Unión Europea es importante disponer de un marco coherente y amplio para tratar los problemas de la usurpación y la piratería, que son cometidas tanto dentro como fuera de la Unión por criminales con creciente determinación y dotados de sofisticada tecnología. 
A menudo se nos intenta persuadir, en realidad acertadamente, de que estamos avanzando hacia una sociedad basada en el conocimiento. 
Por ello no podemos permitir que ese conocimiento sea robado a aquellos a los que pertenece lo que socavaría la base económica de la sociedad. 
Si esto sucede, habremos permitido que ello suceda por nuestra propia cuenta y riesgo. 
Señor Presidente, respaldo totalmente la opinión de la ponente en cuanto a que debe combatirse la piratería y a que debemos partir de un enfoque global, es decir, tanto preventivo como represivo. 
Las consecuencias económicas son, en efecto, incalculables. 
Las pérdidas se situarían, según estimaciones, entre el 5% y el 7% de las cantidades correspondientes al comercio mundial. 
Por tanto, pregunto a la Comisión si este problema no debería tenerse más en cuenta en las negociaciones que se desarrollan actualmente en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
La mayor parte de la piratería proviene, al fin y al cabo, de países que no pertenecen a la Unión Europea, mientras que los daños se dejan sentir aquí. 
Un ejemplo: de acuerdo con los últimos estudios, con que lográramos reducir la piratería en el sector de la informática tan sólo un 10%, se crearían directamente 250.000 puestos de trabajo en la Unión Europea. 
Es positivo hacer hincapié en la prevención. 
El consumidor europeo debe ser consciente de que la compra de distintos tipos de productos con usurpación de marca también es perjudicial para él mismo. 
Frena el crecimiento económico. Pone en peligro la salud pública, también la seguridad. 
Lo que es todavía más grave, estamos cada vez más convencidos de que la piratería está en manos de la delincuencia organizada que obtiene ingresos a través de la misma y blanquea dinero. 
Esto ya se menciona en el plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada, de junio de 1997. 
En él se pide tanto al Consejo como a la Comisión que adopten disposiciones comunitarias en la lucha contra la delincuencia organizada en el ámbito de la usurpación de marcas. 
Ya era hora de que se elaborara este informe. 
Es bueno. 
La creatividad y la innovación deben estimularse a fin de que el mercado interior y el libre comercio funcionen bien; no pueden ser pisoteados por prácticas dudosas. 
Señor Presidente, el Libro Verde de la Comisión Europea y el informe de la Sra. Fourtou nos enfrentan a un problema que somos propensos a subestimar. 
Las cifras muestran otra cosa. 
La usurpación ilegal de marca y la piratería proporcionan grandes ganancias. 
Es preocupante que estas prácticas criminales se profesionalicen muy rápidamente. 
Estoy totalmente de acuerdo con la ponente en que es necesaria una lucha efectiva, tanto en materia civil como penal, aunque debe decirse que los Estados miembros son competentes respecto del segundo ámbito. 
Allí donde el funcionamiento del mercado interior se vea perturbado por el comercio ilegal, existe un deber claro de actuación para la Unión. 
La presente resolución constituye una incitación positiva dirigida a la Comisión para avanzar en el camino emprendido. 
En este sentido, el informe merece ser respaldado. 
Sí creo que el informe es poco consistente. 
Se asignan muchas labores a la Comisión, sin que ello sea siempre necesario. 
Las campañas de sensibilización del público me parecen útiles, pero requieren más un planteamiento europeo que el enfoque de un determinado Estado miembro. 
Es necesaria una armonización mínima de la normativa, también en materia penal, pero la referencia a la Europol es muy prematura a este respecto. 
Muchas de las propuestas planteadas se han puesto ya en práctica en los Países Bajos y, tal vez, también en otros Estados miembros. 
Por ello, la Comisión debe, en primer lugar, dedicarse a recopilar información al respecto; establecer, quizá, una relación de cooperación entre los Estados miembros, por ejemplo en el ámbito aduanero; y elaborar un informe sobre sus resultados. 
De esta forma, puede adoptarse una estrategia elaborada y efectiva para la Unión. 
Señor Presidente, quisiera empezar mostrando mi satisfacción, en nombre de la Comisión, por el informe tan detallado y elaborado que la Sra. Fourtou ha presentado y que, en opinión de la Comisión, respalda en muchos puntos las soluciones propuestas en el Libro Verde. 
El Sr. De Clercq acaba de decir que se trata de un buen informe. Quisiera reiterarlo y, en nombre de la Comisión, doy las gracias a la Sra. Fourtou. 
Es positivo que la Comisión pueda contar con el apoyo del Parlamento cuando se trata de adoptar medidas concretas con motivo del Libro Verde. 
Quisiera referirme brevemente al contexto y a las fases más importantes del procedimiento de consulta, y me gustaría señalar al respecto que el Libro Verde relativo a la lucha contra la usurpación de marca y la piratería es muy importante para el buen funcionamiento del mercado interior. 
Se ha presentado una enmienda en este sentido, la enmienda 6, a la que quisiera referirme en detalle. 
Respecto de esta enmienda, quisiera decir que la Comisión no es partidaria de restablecer los controles en las fronteras interiores de la Comunidad. 
El mercado interior ahora constituye un éxito sin más, y no hay ningún motivo para obstaculizar su funcionamiento armonioso. 
La Comisión sí está de acuerdo en que debe reforzarse, mejorarse, la lucha contra la usurpación de marca y la piratería. Sin embargo, esta institución opina que ese objetivo también puede lograrse por medios distintos del restablecimiento de los controles en las fronteras interiores. 
El informe de la Sra. Fourtou contiene algunas medidas interesantes, especialmente el refuerzo de la asistencia mutua entre los Estados miembros, el endurecimiento de las penas y la mejora de las medidas en materia de derecho y procedimientos civiles. 
Lo digo, sobre todo, con motivo de las observaciones realizadas por la Sra. Thomas-Mauro, que ha defendido la enmienda 6, y debo decirle que esa enmienda no puede ser respaldada por la Comisión. 
Señor Presidente, como usted sabe, la usurpación de marca y la piratería se han convertido en un fenómeno ampliamente extendido en los últimos diez años y de impacto mundial; así lo han corroborado distintos oradores esta mañana. 
Semejantes actividades perjudican al comercio autorizado y alteran la competencia, sobre todo, cuando entran en juego las diferencias entre los sistemas de protección nacional de los Estados miembros. 
Cada vez es más frecuente, además, que las organizaciones criminales resulten estar implicadas en el comercio de mercancías con usurpación de marca y obtengan mercancías a través de la piratería, por lo que las empresas pierden su confianza en el mercado interior y las inversiones disminuyen. 
Si el mercado interior quiere tener éxito, es esencial que los inventores, los centros de investigación, los artistas y la pequeña y mediana empresa confíen en la capacidad de la Comisión a la hora de proteger de forma efectiva sus intereses. 
Es importante abordar la usurpación de marca y la piratería de cara a la innovación, el empleo y la competitividad de Europa; y, señor Presidente, tanto los oradores que han intervenido en este Pleno, como la Sra. Fourtou en su informe, han hecho hincapié en ello en más de una ocasión. 
Así mismo, es importante de cara a la salud pública y la seguridad pública. 
La usurpación de marca puede tener consecuencias serias en el caso de las medicinas, los juguetes o las piezas de repuesto de los automóviles. De ahí que la Comisión haya decidido afrontar este problema y proponer algunas soluciones para mejorar la situación actual. 
El procedimiento de consulta que ha puesto en marcha el Libro Verde ha sido un éxito. 
Los interesados han confirmado unánimemente que se trata de una cuestión importante. 
Las empresas suscriben las propuestas que figuran en el Libro Verde y solicitan una iniciativa por parte de la Unión Europea a fin de abordar el problema. 
El Comité Económico y Social que, por supuesto, interviene aquí, emitió un dictamen positivo sobre el Libro Verde en febrero de 1999 y algunas de las propuestas que figuran en él fueron aceptadas en ese dictamen. 
Las recomendaciones del Parlamento que recoge el informe de la Sra. Fourtou, son extraordinariamente interesantes. 
Por supuesto, van a ser estudiadas más en detalle por los servicios de la Comisión, y creo que esta institución reaccionará positivamente respecto de la mayor parte de las mismas. 
Además, tengo la intención de adoptar una comunicación como continuación del Libro Verde, que dentro de poco será aprobada por la Comisión. 
En esa comunicación se hará inventario del procedimiento de consulta y también se propondrá un plan de acción. 
En lo que a este último respecta, quiero decir a la Sra. Fourtou lo siguiente, particularmente, porque ha insistido en ello. 
El programa de acción previsto por la Comisión incluirá una serie de medidas para mejorar y reforzar la lucha contra la usurpación de marca y la piratería. 
Tendrá muy en cuenta las necesidades expresadas por los medios profesionales y la opinión expresada por el Parlamento europeo. 
Este programa de acción incluirá medidas legislativas así como otras formas de acción tales como campañas de información sobre los peligros de la usurpación de marca o acciones formativas. 
Naturalmente, la comisión tomará medidas respetando el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad. 
Este Parlamento deberá desempeñar un importante papel en el marco de las medidas legislativas que se propondrán. 
(NL) Señor Presidente, no es necesario pensar solamente en medidas de carácter legislativo. Aunque, no obstante, estas medidas siguen siendo importantes. 
El Sr. Manders y el Sr. De Clercq, al igual que el Sr. Inglewood, han mencionado la necesidad de armonizar determinadas medidas de carácter legislativo y, por supuesto, eso es primordial. 
La enmienda 8, que contempla esto, será, por tanto, aceptada por la Comisión. 
No obstante, como ya he dicho, no hay que pensar solamente en ese tipo de medidas. 
Supongo que el plan de acción al que acabo de referirme respaldará, como ya se ha dicho, las campañas de información y concienciación respecto de los peligros que conllevan la usurpación de marcas y la piratería. 
Señor Presidente, antes de terminar mi recapitulación del informe y de la posición de la Comisión, quisiera decir algo al Sr. Whitehead, quien se ha referido a las importaciones paralelas en particular. 
(EN) Las importaciones paralelas son una cuestión diferente del tema que estamos debatiendo esta mañana. 
Las importaciones paralelas conciernen a productos que han sido comercializados inicialmente en un tercer país por su propietario legítimo o con su consentimiento. 
La usurpación, por el contrario, se refiere a productos que han sido producidos fraudulentamente y que se comercializan sin el consentimiento del propietario legítimo. 
Existe una profunda preocupación entre los productores de que se confundan la usurpación y las importaciones paralelas. 
Hoy, en el Parlamento y en el Consejo, la cuestión de las importaciones paralelas y especialmente la cuestión del agotamiento del derecho de marca son debatidas como asuntos separados. 
Recientemente la Comisión envió al Parlamento, con fines informativos, un documento interno a este respecto. 
Confío en que la cuestión de las importaciones paralelas o, si se quiere, del agotamiento del derecho de marca, que constituyen el mismo asunto, serán discutidas en el seno del Consejo del Mercado Interior que tendrá lugar hacia finales de este mes. 
Evidentemente el Parlamento será informado a su fin del resultado de esas discusiones. 
(NL) Quisiera decir todavía algo más al Sr. De Clercq, quien se ha referido a la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Se ha preguntado en qué medida puede tratarse este problema en el ámbito de esa organización. 
Bien, existen acuerdos sobre la propiedad intelectual y los derechos estrechamente vinculados con ella y esto se relaciona, por supuesto, con el comercio internacional, de ahí que semejantes acuerdos se hayan adoptado en el marco de la Organización Mundial de Comercio. 
Estos acuerdos también contienen disposiciones importantes relativas a la forma en que pueden ejercerse en la práctica los derechos de propiedad intelectual. 
Ahora bien, antes de que podamos pasar a pensar en el refuerzo de estas disposiciones, la Comisión cree que es importante que sean aplicados en la práctica de forma efectiva, en particular, por los países en desarrollo. 
Por tanto, veamos primero en qué medida funcionan en la práctica las disposiciones acordadas, fuera de Europa y, especialmente, en relación con los países en desarrollo. 
Veamos después, teniendo en cuenta esa experiencia, en qué medida deben ratificarse y reforzarse estas disposiciones. 
Señor Presidente, eso es lo que quería decir en respuesta a las observaciones efectuadas por los oradores que han intervenido en este Pleno y a las preguntas que han formulado algunos de ellos. 
Por último, quisiera decir que espero que la Comisión colabore fructíferamente con el Parlamento en esta cuestión importante y que pueda seguir funcionando la buena cooperación existente hasta el momento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Administración civil transitoria/Acuerdos de paz 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0111/2000) del Sr. Laschet, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo al apoyo a determinadas entidades instituidas por la comunidad internacional a raíz de conflictos para garantizar, ya sea la administración civil transitoria de determinadas regiones, ya sea la aplicación de los acuerdos de paz. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera comenzar con algunas puntualizaciones políticas para poner en claro de qué se trata en esta decisión que hoy adoptamos. 
Tras el conflicto en la antigua Yugoslavia, en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo la comunidad internacional ha creado allí instituciones civiles, también lo ha hecho la Unión Europea, con el Alto Representante para Bosnia-Herzegovina, así como las Naciones Unidas, con una administración transitoria en Kosovo que actualmente coordina y dirige allí todos los trabajos. 
Esto ha tenido lugar hasta ahora en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común bajo la responsabilidad del Consejo, el cual ha prorrogado y ha decidido mantener estas instituciones y ha dado así a todo ello un fundamento jurídico. 
El presupuesto del año 2000 ha habilitado un total de 28 millones de euros para los proyectos de Bosnia-Herzegovina, y para la UNMIK, es decir para la misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, 12,5 millones de euros. 
Por consiguiente, desde el punto de vista de la Comisión de Presupuestos, hay que celebrar que se establezca ahora un nuevo fundamento jurídico para estas enormes sumas que la Unión Europea emplea en Bosnia-Herzegovina. 
En el futuro, la política presupuestaria no se va a hacer aquí solamente en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común bajo la responsabilidad del Consejo, sino con la participación de la Comisión, bajo su responsabilidad y la del Parlamento Europeo con su derecho presupuestario. 
Esto tiene una larga historia. 
Por ejemplo, el Parlamento Europeo constató en Mostar que la forma en que era financiada hasta ahora la Política Exterior y de Seguridad Común era insuficiente y que en este caso el Parlamento Europeo no tenía los derechos de control que necesita para controlar eficazmente qué sucede con los dineros del contribuyente europeo. 
En este sentido, es bueno que la Comisión abandone ahora el papel de pagador y de contable y que pueda actuar ella misma aquí de manera responsable. 
Esto cuenta con el apoyo expreso del Parlamento. 
Es bueno que transfiramos esta parte de la administración civil transitoria en el marco de la Política Exterior de la Unión al primer pilar y que con ello impliquemos de manera más intensa al Parlamento en la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Desde las cumbres de Helsinki y de Colonia hemos vivido cómo se transforma la política exterior común, cúanta dinámica y cúanto impulso hay en este proceso, y desde nuestro punto de vista es muy importante que la Comisión y el Parlamento participen intensamente como instituciones europeas. 
Esto constituye el trasfondo técnico de lo que vamos a decidir hoy. 
En el futuro tenemos, como Parlamento, la posibilidad de colocar fondos en la reserva en este campo de la política, para coimpulsar determinadas medidas y para influir en determinadas medidas. 
Tenemos también la posibilidad de constatar la responsabilidad de la Comisión en el procedimiento de aprobación de la gestión y de realizar mejor en el futuro algunas cosas que posiblemente fracasaron en Bosnia-Herzegovina. 
En este sentido, desde el punto de vista del Derecho europeo es un acto para especialistas el que hoy abordamos, tiene una gran relevancia política porque, al mismo tiempo, refuerza la importancia del Parlamento en este importante campo de la política. 
Permítanme formular algunas puntualizaciones sobre las modificaciones que ha aprobado la Comisión de Presupuestos y que propone hoy a este Pleno. 
Por un lado, el Consejo en una primera propuesta propuso hacer un anexo que más tarde, en caso de necesidad, se podría completar con más entidades civiles. 
Como Comisión de Presupuestos- y pedimos al Parlamento que la siga también en su votación- hemos propuesto que se exija una decisión parlamentaria para cada acción comunitaria que se establezca en adelante. 
En el futuro esto no va a poder ser completado una y otra vez tan fácilmente por el Consejo- tiene, incluso, su importancia presupuestaria- sino que habrá que aprobar aquí cada vez una resolución. 
Por lo que escucho de parte del Consejo, de la Presidencia portuguesa, probablemente la Presidencia y la Comisión están de acuerdo en encontrar en este punto un compromiso y en dar a esto su conformidad. 
Además, el Parlamento concede valor a que en el futuro reciba también el Parlamento un informe acerca de lo que ocurra en esta administración civil transitoria, a que ante la opinión pública se rinda cuenta acerca de lo que se logra aquí con los recursos de la Unión Europea y creo que esto constituye una porción más de transparencia. 
La nueva Comisión ha comenzado a conferir más importancia central a la transparencia. 
También en este importante campo, en el que existe el peligro de algunas cosas fracasen, como se sabe por el pasado, esta transparencia es especialmente importante. 
El tema de la "administración civil transitoria", el tema del "acuerdo de paz", el tema de la "paz en Europa y en los Balcanes" mueven a nuestros ciudadanos y si existiesen informes acerca de que no se manejan cuidadosamente los recursos, esto podría conducir incluso hasta la desconfianza en toda la Unión. 
Por esta razón éste constituye también un paso importante para que en el futuro se rinda cuenta de manera más clara y más precisa acerca de lo que la Unión realiza allí. 
En este sentido, si hoy, en este caso concreto el Parlamento emprende un desplazamiento hasta el primer pilar, esto constituye también una señal para la ulterior Política Exterior y de Seguridad Común. 
Existen otros campos que luego, cuando sean cedidos por los estados nacionales al nivel europeo, necesitarán el control democrático de un Parlamento. 
Si los Parlamentos nacionales ya no son competentes porque interviene Europa, entonces se requiere también aquí un control democrático, incluso en el ámbito de la Política Exterior y de la Seguridad Común. 
Creo que en este sentido este comienzo que hoy establecemos es un comienzo importante. 
Señor Presidente, estimados colegas, le doy las gracias por esta indicación y quisiera hacer algunas puntualizaciones complementarias al informe de nuestro colega, el Sr. Laschet, al que puedo dar plenamente mi conformidad en mi calidad de representante de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Parece como si éste fuera un caso aislado que no tuviera tanta importancia. Pero, como él mismo ha dicho al final de sus comentarios, aquí se trata de planteamientos y señales que son importantes. 
Por esta razón es extraordinariamente importante que se garanticen las posibilidades de control y de coparticipación del Parlamento Europeo. 
Quiero dar las gracias porque la Comisión de Presupuestos haya presentado propuestas que responden a las intenciones de la Comisión de Asuntos Exteriores en este asunto. 
Considero necesario que, por ejemplo, cuando se nombre un representante especial se pueda dialogar en cada caso concreto. 
Considero extraordinariamente importante que también la Comisión entienda que aquí se trata de una reorientación en la futura política exterior y de seguridad, que es de una importancia decisiva. 
Según nuestra opinión, hasta ahora casi todos los recursos financieros para el ámbito de la gestión civil de las crisis están a disposición del presupuesto de la Comisión. 
Creo que es preciso utilizar este instrumento y éste no debe ser debilitado trasladando también progresivamente este ámbito al terreno de la intergubernamentalización. 
En el Consejo existen aspiraciones que quisiera calificar de peligrosas, cuando éste piensa que ámbitos que constituyen las competencias clásicas de la Comunidad y que pertenecen al primer pilar pueden ser acordados entre los señores ministros de Asuntos Exteriores. 
Si colaborásemos en esto, perderíamos así cualquier posibilidad de destacar, por un lado, en el juego mutuo de la gestión militar y civil de la crisis la importancia específica de lo civil y, por otro, la posibilidad de comunitarizar a largo plazo toda la política exterior y de seguridad, pues, consecuentemente, se producirían compromisos precisamente en otra dirección como se estila en estos días en algunas capitales nacionales. 
Por esta razón quisiera pedirles a ustedes, y también a la Comisión, que actúen en este punto, no sólo en interés del Parlamento a fin de que éste pueda cogestionar debidamente, sino también porque se trata aquí de la posición de la Comisión en el futuro entramado de la política exterior y de seguridad. 
Esto es quizá mucho más importante que lo que, pertinentemente, presentamos aquí como intereses del Parlamento. 
Por esta razón, quiero dar las gracias por el 50% más de turno de palabra. 
Deberíamos aprovechar la ocasión de poner en claro las posiciones del Parlamento en este punto y deberíamos iniciar una estrecha colaboración entre el Parlamento y la Comisión, pues en estas unidades que parecen irrelevantes se trata de la futura orientación del desarrollo de toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, cuando le vi sentado en su sillón, pensé en suprimir una parte de mi texto, pero estoy satisfecho con su actitud. 
Puedo prometer, Señorías, señora Comisaria, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, nuestro total apoyo al colega Laschet. 
Me alegra mucho que la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Control Presupuestario hayan seguido la misma línea en esta ocasión. 
La propuesta que se debate hoy tiene por objeto aportar un fundamento jurídico comunitario a la financiación de la misión provisional de las Naciones Unidas para Kosovo y la Oficina del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina. 
Como muy bien ha explicado el colega Laschet, la parte de la financiación correspondiente a la UE recaía hasta ahora en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. 
Se trata de una suma considerable: 28 millones de euros para la Oficina del Alto Representante, de los que el 53% corresponde a la Unión Europea, y 12 millones de euros a la UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo). 
La ventaja de esta nueva reglamentación es que la suma se desliga, en efecto, del pilar de la política exterior y de seguridad común. 
Hemos comprobado que la Comisión Europea que, según los Tratados es responsable de la ejecución del presupuesto, no tenía, con la reglamentación actual, la posibilidad de adaptarse a los acontecimientos, hecho que ha sido puesto de manifiesto por la Comisión de Control Presupuestario en más de una ocasión. 
En la práctica, esto daba lugar a que la Comisión solamente desempeñara el papel de administrador de caja, de contable, y eso originaba una política y conducta distendidas y una falta de compromiso. 
Un informe especial reciente del Tribunal de Cuentas muestra hasta dónde puede conducir esto. 
Así, sabemos, por ejemplo, que el auditor de Bosnia y Herzegovina facturaba sus servicios a la Oficina del Alto Representante conforme a un contrato firmado con una empresa de la cual él mismo era director. 
Eso se llama, creo yo, conflicto de intereses. 
La Comisión de Control Presupuestario volverá, por otra parte, sobre este informe especial. 
En cualquier caso, esta propuesta de reglamento procurará un mayor control al Parlamento respecto de la financiación de los acuerdos de paz, para que, por ejemplo, podamos consignar crédictos en la reserva cuando pretendemos lograr una mejor gestión de los recursos. 
La Comisión y el Consejo no seguirán compartiendo la responsabilidad en la ejecución de los recursos, sino que ésta pasará a la Comisión. 
Creo que es positivo, ya que implica que podremos utilizar en el futuro el procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto como medio de control. 
Señorías, la actual propuesta de reglamento se encuadra totalmente en el marco de una política de buena gestión, centrada en qué se hace con el dinero del contribuyente. 
Creo que, a continuación, debemos respaldar de forma unánime y plena el informe del colega Laschet. 
Señor Presidente, esta propuesta concreta se ocupa de las ayudas a los órganos que la comunidad internacional, desgraciadamente, debe dar de vez en cuando para que se pueda establecer una administración civil en territorios afectados por crisis o para cumplir acuerdos de paz. 
Es obvio que, como Unión, tenemos que asumir una responsabilidad a largo plazo en relación con este tipo de tareas en Europa. 
Ya estamos participando en dos casos, mediante el Alto Representante en Bosnia y Herzegovina y a través de la participación de la UE en la administración transitoria de la ONU en Kosovo. 
La parte más importante de las acciones de la UE en Kosovo, por ejemplo, tiene que centrarse, obviamente, en la reconstrucción, pero la UE también tiene que asumir responsabilidades respecto a las instituciones necesarias para restablecer la administración civil en esas sociedades que, a largo plazo, deberán ser países democráticos que colaboren estrechamente tanto con la UE como con el resto de los países balcánicos. 
También es obvio que las responsabilidades tienen que repartirse equitativamente entre los diferentes actores internacionales y que tienen que existir normas, adecuadas y claras, para esta distribución. 
Sin embargo, esto me preocupa. 
Nos llegan muchas noticias de que una parte demasiado pequeña de las ayudas de la UE a Kosovo se emplea en la reconstrucción y que una parte muy grande de los recursos que se han destinado para ayudas durante el año 2000 se usa para otras tareas. 
La administración de la oficina de reconstrucción es una de esas tareas, que también es importante, pero también hay otras como, por ejemplo, ayudas para consolidar los presupuestos e importación de energía. 
No cuestionamos la importancia de esas medidas, pero nos preocuparía si los costes de las acciones principales de la UE fuesen mucho menores que los 360 millones presupuestados. 
Se necesita más información en esta materia. 
Hasta este momento, para poder actuar con celeridad y ante la carencia de normas jurídicas, el Consejo ha optado por adoptar medidas en el marco de la política exterior y de seguridad común. 
De acuerdo con la propuesta que se debate, este tipo de medidas se va a traspasar al primer pilar. 
Esto requerirá entonces un orden, por una parte, respecto a los fundamentos jurídicos para las ayudas de la Unión, y, por otra, para el manejo de los recursos que tradicionalmente se han destinado a la política exterior, pero que, más bien, pertenecen al primer pilar y a la categoría 4. 
Parece que hay lagunas en esta materia. 
Si se va a seguir la propuesta de la Comisión y el deseo del Consejo de establecer una nueva partida presupuestaria y, además, se le va a dotar de financiación neta, será necesario consultar al Parlamento y realizar un procedimiento presupuestario completo. 
Quiero ser claro en este punto. No se trata de demostrar autoridad al permitir que el Parlamento emita su opinión, sino que tenemos que entender que esas tareas no serán transitorias, tendrán un carácter más permanente. 
Hay que tener métodos que permitan acciones rápidas, que sean jurídicamente correctos y que permitan la transparencia; para eso se requiere un proceso presupuestario más regular. 
Hay que estar preparado para continuar haciendo esfuerzos de esta naturaleza. 
Por eso, también hay que aclarar las formas de manejar los presupuestos y los fundamentos jurídicos, de modo que las discusiones que puedan surgir sobre estos temas no obstaculicen la realización de medidas concretas. 
En general, creo que el control y la apertura son elementos importantes de las futuras medidas. 
Sin embargo, éstas tendrán también que ser rápidas y eficaces. 
En una región como la de Kosovo no es posible adoptar medidas a largo plazo, puesto que la situación puede cambiar muy rápidamente. 
Tenemos que fijar las condiciones para el uso de los recursos, pero la complejidad de los procesos no debe hacer que se acuse a la UE de ineficacia o que se retrasen las acciones encaminadas a la reconstrucción. 
Por eso es importante dar respaldo a los órganos del tipo al que nos estamos refiriendo, junto con acuerdos especiales sobre el manejo de los recursos y con evaluaciones de la calidad de las acciones. 
Además, se nos debe informar minuciosamente, por ejemplo, del funcionamiento de la administración transitoria. 
Hay signos positivos que conviene citar. 
Aunque a veces se critica a la UE, merece mencionarse que la task force de la UE ha recibido muchos elogios por su eficacia. 
Esperamos que esa eficacia realmente se traspase al trabajo más permanente de la oficina de reconstrucción y al trabajo de la UE en el marco de UNMIK. 
Quisiera subrayar que se necesita gran libertad de acción en el ámbito local, pero, aún así, tenemos que controlar que los recursos se empleen adecuadamente. 
En esta propuesta existe también una partida presupuestaria de 27 millones de euros. 
Ésta formará parte de la categoría 4, lo que obviamente actualiza la propuesta de ayer de la Comisión sobre revisión de los presupuestos para dar espacio a ayudas a largo plazo destinadas a la democratización y reconstrucción de los países balcánicos. 
La Comisión de Presupuestos tiene muchas dudas en torno a esas cifras. 
Existe una voluntad clara en el Parlamento para otorgar las ayudas que se necesitan y somos conscientes de la magnitud de las necesidades. 
No hay que perder de vista las necesidades de los pueblos balcánicos, pero la tarea del Parlamento y de las demás ramas de la autoridad presupuestaria consiste en encontrar soluciones técnicas a las necesidades de financiación. 
Creo que los 27 millones de los que hablamos denotan la necesidad de revisión de los planes presupuestarios. 
Creo que la mayoría de las personas, tal vez con excepción del Consejo, considerarían que es imposible utilizar toda esta ayuda en el marco presupuestario de la actual categoría 4. 
No es lógico que los problemas en los Balcanes perjudiquen las ayudas a otras regiones pobres del mundo. 
En resumen, creo que tenemos que pensar más en la calidad de las acciones. 
Ahora que la Comisión presenta las bases de financiación y la nueva manera de manejar las ayudas para la construcción de la parte de la administración civil que le corresponde a la UE, es importante que no nos fijemos sólo en las cifras o en los procesos formales de decisión. 
Tan importante como éstos son las evaluaciones de las acciones y que éstas sean rápidas y eficaces. 
En general, hoy se dice que las acciones en Kosovo son más eficaces que las de Bosnia, pero todavía hay que aclarar muchas cosas. 
Todos estos argumentos demuestran la proximidad de la política de exterior y de seguridad con el papel del Parlamento, por ejemplo, en el proceso presupuestario. 
En este contexto conviene desarrollar un modelo para garantizar la transparencia y corrección de las ayudas, de conformidad con nuestras normas, para permitir su estudio y revisión, tal como señaló Staes. 
No obstante, la consecuencia no debe ser que estructuras de decisión poco definidas retarden las ayudas. 
A la luz de todo esto, damos nuestro apoyo al informe de Lachet. 
Señor Presidente, el Sr. Laschet ha realizado un excelente informe sobre un asunto bastante técnico, ha profundizado mucho en el tema y ha descubierto ciertos rasgos que han salido a relucir en este debate. 
Así pues, quiero felicitar al Sr. Laschet por su estupendo trabajo. 
El Parlamento está sometiendo a consideración la propuesta de reglamento del Consejo sobre las bases de financiación para sufragar la operación de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) , así como los costes del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina. 
El propósito de la propuesta es transferir estos créditos desde el segundo pilar, el de la Política Exterior y de Seguridad Común, al primer pilar, para su financiación con cargo al presupuesto de la Comisión. 
Aunque parece tratarse de una medida meramente técnica, existen ciertos problemas al respecto. 
El primero está relacionado con la rúbrica 4, ya está saturada. 
Por esta razón, la Comisión propuso ayer la revisión de las perspectivas financieras y la utilización de una cantidad importante de los créditos agrícolas en la financiación de acciones exteriores. 
Estas transferencias originan la necesidad de aportar importantes recursos financieros adicionales a la rúbrica 4. 
El segundo problema está relacionado con las competencias. 
Si esta propuesta de reglamento fuese aprobada sin enmiendas, se abriría una vía a través del cual sería posible transferir fondos del segundo pilar a la rúbrica 4 del primer pilar sin necesidad de consultar al Parlamento. 
Por ello, hay que modificar la propuesta de reglamento de tal manera que el Parlamento conserve sus competencias en este sentido. 
Hay que cerrar esa vía; por lo tanto, el anexo de la propuesta debe ser suprimido y las modificaciones deben realizarse tal como propone la Comisión de Presupuestos. 
Así pues, la propuesta debe limitarse en esta fase únicamente a estos dos casos: a la financiación de la operación de las Naciones Unidas en Kosovo y a la financiación de los gatos del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina. 
En tercer lugar, si la financiación de los Embajadores Especiales se transfiriera en un futuro al presupuesto administrativo del Consejo, tal y como se ha conjeturado, ello significaría que habrá que volver a revisar más adelante el pacto de caballeros entre el Consejo y el Parlamento. 
Según este pacto, el Consejo y el Parlamento se abstienen de intervenir en el contenido de los presupuestos del otro. 
Sin embargo, si se transfiriesen al presupuesto del Consejo créditos de operaciones, como es el caso de la financiación de la actividad de los Embajadores Especiales, ya no se trataría de gastos de clara índole administrativa del Consejo, sino de la financiación de una acción común de la Unión Europea. 
Por esta razón, estos fondos no pueden formar parte del ámbito contemplado por el pacto de caballeros, sino que el Parlamento Europeo deberá tener el derecho de pronunciarse al respecto y de intervenir en los créditos destinados a financiar los gastos de los Embajadores Especiales, aun cuando dichos fondos estén consignados en el presupuesto para gastos administrativos del Consejo. 
En mi opinión, la propuesta de reglamento sólo podrá ser aprobada si tanto la Comisión como el Consejo aceptan las enmiendas del Parlamento, puesto que, en otro caso, esta propuesta no guardaría conformidad con el actual acuerdo interinstitucional. 
Señor Presidente, señoras y señores, también yo quiero manifestar la aprobación de nuestro Grupo al informe del ponente. 
Queremos fortalecer aquí con toda claridad los derechos de la Comisión y del Parlamento en el ámbito de la ayuda a Bosnia, pues el pasado ha puesto de manifiesto que aquí existen muchos problemas. 
Existe el informe del Tribunal de Cuentas, pero existen también las experiencias de los diputados de la pasada legislatura, sobre todo las de Edith Müller, que ha hecho sondeos constantemente en Bosnia-Herzegovina pues se puso claramente de manifiesto que había una conciencia de la responsabilidad demasiado débil en la aplicación, en el gasto del dinero, en la comprobación y en el procedimiento de aprobación de la gestión. 
Mediante el desplazamiento al primer pilar se fortalece ahora la posibilidad de que la Comisión y el Parlamento puedan influir más intensamente en el otorgamiento de los recursos, que puedan asumir su responsabilidad y que en el procedimiento de aprobación de la gestión podamos comprobar también lo que ocurre con los recursos. 
Esto significa, por un lado, que de esta suerte se pone en claro frente a las contribuyentes y a los contribuyentes europeos que se refuerza la conciencia de la responsabilidad de las instituciones europeas en lo que respecta al gasto del dinero. 
Pero también se realiza un importante cambio de rumbo- y considero que esto tiene, como mínimo, la misma importancia- y aquí quiero sumarme claramente al Sr. Brok. 
Considero absolutamente necesario que de cara a la importancia que está cobrando de manera progresiva en Europa la política exterior, pongamos de manifiesto que hay que fortalecer las instituciones europeas, que no es sólo el Consejo quien tiene la responsabilidad, sino que mediante el fortalecimiento de la Comisión y del Parlamento se haga patente que queremos asumir la responsabilidad en política exterior y que queremos cointervenir políticamente en la configuración de este ámbito. 
Señor presidente, la propuesta de reglamento pretende ofrecer una base jurídica para transferir el aporte financiero del marco de la PESC hacia el presupuesto del primer pilar. 
Nos parece una medida positiva, porque resulta aberrante que el Parlamento no controle la PESC. 
El proyecto de resolución, así como las enmiendas, insisten pues justamente en la necesidad de reforzar este control sobre todas las operaciones de financiación de lo que se llama púdicamente entidades ayudadas, aunque protectorado sería un término más apropiado. 
Porque de eso se trata en Bosnia o en Kosovo. 
La resolución no indica nada, en realidad, sobre el problema principal, es decir, la legitimidad de la política llevada a cabo en la antigua Yugoslavia. 
¿Cuál es la situación después de cinco años en Bosnia y Herzegovina? 
¿Cuál es el balance de la guerra en Kosovo? 
¿Cuánto ha costado la intervención militar? 
¿Cuánto han costado las destrucciones? 
Con un aumento del 80% del presupuesto para 2001, se pide a los pueblos europeos que paguen la cuenta de los que han destruido y que quieren ahora reconstruir, para mayor beneficio de algunos industriales. 
Pero, ¿a quién queremos engañar? Los mismos dirigentes de los Estados que han llevado esta guerra imponen en todas partes la precariedad y la degradación de las condiciones de vida. 
Además, las soluciones previstas para ayudar a estos protectorados son problemáticas y perniciosas. 
Por ejemplo, los niveles salariales pagados a las organizaciones internacionales sólo aumentan la desvalorización de estas regiones. 
Por ejemplo, y de forma más dramática aún, sigue sin haber controles eficaces de la distribución de las ayudas. 
Incluso la Comisión del Control Presupuestario insiste, y recojo aquí sus propias palabras, "en las graves desviaciones de las ayudas aportadas por la Unión Europea a Bosnia y Herzegovina". 
En Kosovo, se impone el marco alemán y la ley del mercado es la que impera. 
Creemos que el balance de la intervención militar es elocuente. 
Kosovo está devastado. 
La distribución étnica está realizándose, y se está instaurando un protectorado ingobernable que quiere negar la independencia a los kosovares, sin ser capaz sin embargo de aplicar el hipócrita marco de la resolución 1244 de las Naciones Unidas. 
Por todo ello, y contrariamente a todos los colegas que han expresado su opinión hasta ahora, no podemos votar a favor de una resolución que únicamente mejora marginalmente una política de por sí catastrófica. 
Señor Presidente, distinguidos señores diputados, no deseo agotar ahora el tiempo que queda hasta las 11 horas, hasta las votaciones. 
En el caso del presente proyecto de reglamento se trata de una medida de gestión civil de crisis, y pienso que, como lo ha expuesto realmente con toda insistencia el Sr. Laschet como ponente, no se trata de una decisión presupuestaria marginal cualquiera, sino que se trata de algo muy decisivo, en concreto de hasta qué punto corresponde también a la responsabilidad del Parlamento Europeo la responsabilidad por la intervención civil en las crisis y por la consiguiente gestión de las mismas en materia de política exterior. 
Este es, ciertamente, el debate acerca de si el emplazamiento ha de estar en el primer pilar o en el tercer pilar. 
Se trata de las unidades administrativas específicas de las comunidades internacionales, a las que se les ha confiado la ejecución de los acuerdos de paz en regiones de crisis o administraciones civiles transitorias en las mencionadas regiones, y lamento sus manifestaciones, señora Vachetta, en el sentido de que usted considera esto como mera cosmética. 
Creo que se trata de posibilidades muy trascendentales de intervención, encaminadas a fomentar la construcción de las sociedades civiles en los territorios en crisis. 
Desde el presupuesto de la UE se cofinancian actualmente dos de estas unidades: la Oficina del Alto Representante para Bosnia y la UNMIK en Kosovo. 
En su propuesta originaria de un nuevo reglamento la Comisión había propuesto establecer un fundamento jurídico general para la participación en la financiación de tales unidades administrativas de las comunidades internacionales desde el presupuesto de la UE. 
El Parlamento se pronunció a favor de establecer un fundamento jurídico específico para ambas unidades administrativas: la OAR y la UNMIK. 
Creo que, de hecho, es importante afrontar este compromiso para avanzar un paso más y ustedes han aportando también para esto una detallada fundamentación. 
Permítanme que dé las gracias de manera conjunta, en nombre de la Comisión, al ponente, el Sr. Laschet, y a las comisiones que han participado, por su trabajo y por su compromiso con este asunto, que también se han puesto de manifiesto durante el debate. 
En lo que respecta a las demás enmiendas, puedo asegurar que, evidentemente, la Comisión informará con regularidad a la autoridad presupuestaria. 
La Comisión se esforzará también por desempeñar con el personal actual la nueva tarea. 
En este punto quisiera referirme también a la crítica que se ha manifestado aquí, y de manera muy detallada también en la intervención del Sr. Staes en el debate, en lo que respecta a la gestión financiera en la Oficina del Alto Representante en Bosnia. 
El Tribunal de Cuentas ha presentado un informe muy crítico, un informe específico. 
La Comisión no rechaza los reparos del Tribunal de Cuentas por infundados, pero quisiera traer a la memoria una vez más la difícil situación en que han de trabajar los que están actuando allí y que esto aclara también, naturalmente, aunque no disculpa, algunas cosas. 
Sin embargo, quisiera subrayar en este contexto que la Oficina del Alto Representante se encuentra bajo los auspicios del peace implementation council y que a veces rigen aquí otras normativas, lo cual hace, naturalmente, difícil imponer con todo rigor la normativa financiera que ha sido dictada por parte de la Comisión. 
La Comisión es de la opinión de que las normas financieras y de procedimiento de la Oficina del Alto Representante han podido ser mejorados en el curso de 1999. Esto concierne, sobre todo, a las normas relativas al empleo de personal y a la ejecución del presupuesto en cada uno de los servicios que han podido ser instaurados. 
Permítanme que diga algo aún acerca de la comitología, pues hay también una enmienda sobre la misma. 
La Presidencia del Consejo ha manifestado por su parte que las normas sobre la comitología podrían suprimirse y que puede confiarse plenamente la ejecución a la Comisión. Naturalmente, éste sería un paso para poner una vez más de manifiesto que ésta es una medida de gestión civil de la crisis y que para su ejecución es responsable la Comisión. 
Por lo que respecta a la UNMIK y a la situación que ha surgido por el hecho de que se apruebe un nuevo fundamento jurídico sin que se haya dado el necesario paso presupuestario, permítanme exponerles lo que se acordó en el triple diálogo del día 12 de abril: para garantizar una financiación sin interrupciones de la UNMIK el Consejo ha decidido que por un período transitorio la financiación se realice todavía en el marco de la PESC. 
En cuanto se haya aprobado el presupuesto suplementario que la Comisión aprobará, ojalá, el día 10 de mayo- en cualquier caso yo lo presentaré- podrá realizarse el desplazamiento de la financiación en el sentido deseado. 
Espero que el Consejo y el Parlamento sometan seguidamente a deliberación el presupuesto suplementario para que la financiación de estas medidas para la construcción de una sociedad civil en los anteriores y actuales territorios de crisis pueda ser regulada de forma clara y pueda ser asegurada financieramente. 
El debate queda cerrado. 
A votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
(Se interrumpe la sesión desde las 10.35 horas hasta el turno de votaciones a las 11 horas.) 
Bienvenida 
Estimados colegas, quisiera saludar en su nombre a una delegación del Parlamento de Malta, que se encuentra aquí presente entre nosotros para realizar una visita a nuestra institución. 
Estimados colegas, les deseamos la bienvenida en el seno de nuestra institución y esperamos que, a pesar de su programa que sabemos muy intenso, tengan ocasión de encontrarse con gran número de nuestros colegas y que su visita será fructífera y contribuirá al desarrollo de las relaciones entre su país y la Unión Europea. 
VOTACIONES 
Manders (ELDR) , por escrito. 
(NL) He decidido, en tanto miembro de la comisión parlamentaria competente: la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, no presentar enmiendas en la segunda lectura debido a la urgencia e importancia de fijar un marco jurídico adecuado en este ámbito que evoluciona rápidamente. 
La posición del Consejo coincide, en gran medida, con las modificaciones propuestas por el Parlamento en primera lectura. 
Debe evitarse cualquier retraso, aunque, en mi opinión, falta precisar algunos puntos relativos a la protección de los consumidores. 
Los rápidos desarrollos en el ámbito del comercio electrónico exigirán una evaluación de la directiva a corto plazo. Así, ésta podrá adaptarse a las situaciones nuevas. 
. (FR) El Parlamento ha adoptado hoy en la ocurrencia la posición común relativa a los aspectos jurídicos del comercio electrónico. 
Todos reconocerán que es importante tener una reglamentación clara en un ámbito que está en evolución permanente y cuyas implicaciones económicas y jurídicas son considerables. 
No hablaré más tiempo de aspectos que ya se han desarrollado bastante. 
Quisiera volver aquí a otro aspecto que me parece más importante. 
Regulamos hoy, y con razón, los litigios que pueden nacer de transacciones electrónicas comerciales impersonales y por lo tanto de riesgo. 
Nos es pues imperativamente necesario reflexionar sobre el modo previo de evitarlas. 
Y para ello, hay que luchar en primer lugar contra la lógica que pretende que, en un mundo que pierde sus referencias más sagradas, el comercio electrónico no sea más que una fase adicional hacia una sociedad sin reglas, y por lo tanto, como podemos ver, inevitablemente desfavorable para los más débiles. 
No se trata ahora de prohibir una herramienta extraordinaria de cultura y de apertura. Se trata de ser tan exigente con esta herramienta como se es con cualquier otra forma de comercio. 
Y aquí es donde alcanzamos el corazón del problema: el comercio electrónico, y de forma más general Internet, son la expresión de una sociedad sin fronteras territoriales legales y al fin y al cabo humanas. 
Aquellos que, de forma voluntaria o no, favorecen la destrucción de códigos protectores, caricaturizan el bien tan precioso de la libertad, ya que la libertad sólo existe realmente cuando todos tienen la capacidad jurídica de aceptar o rechazar, con absoluto conocimiento de causa, lo que se les propone, y no sólo cuando se lanzan en procesos a posteriori que entrañan, como ya hemos visto en estos debates, numerosas dificultades. 
La ley debe ser la expresión de una visión política general, de un proyecto de sociedad. 
Sin ella, sólo sigue evoluciones que no anticipa y no controla. 
Las estructuras internacionales o supranacionales nunca tienen ese pequeño plus de alma creador de ideas movilizadoras y de compromiso colectivo. 
La Unión Europea no es la excepción. 
Recomendación Carraro (A5-0118/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor de la propuesta de decisión relativa a la celebración de los acuerdos entre la Unión Europea y la Confederación Suiza no sólo porque considero sumamente importante que Suiza- que nadie pone en duda que deberá llegar a formar parte integrante de la Unión Europea en un futuro que auguramos próximo- cuente entretanto con unos acuerdos con los Estados miembros de la Unión, sino también y sobre todo porque cuando pienso en Suiza me siento aliviado. 
En efecto, hoy también en todos los periódicos de la Unión Europea se publica que la culpa de la depreciación de la moneda única europea, del euro, la tienen los pensionistas. 
En definitiva, los culpables de todo son los pensionistas. 
En Suiza, por el contrario, con el pago de sólo el 10% de las cotizaciones, se perciben pensiones mucho más altas que en nuestros Estados. 
Por eso, Suiza goza de las simpatías del Partido de los Pensionistas. 
. 
(FR) El informe que hoy debatimos se refiere a las relaciones entre Suiza y la Unión Europea. 
Recordemos que Suiza participó en las negociaciones que llevaron a la adopción del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
Sin embargo, en un referéndum que se realizó en 1992, el pueblo suizo expresó su opinión en contra de este acuerdo. 
Ello hizo imposible que Suiza participase en el acuerdo sobre el E.E.E y que se congelase su solicitud de adhesión a la Unión Europea, presentada en mayo de 1992. 
Por lo tanto, hubo que encontrar un medio para mantener las relaciones entre Suiza y la UE. 
Esto es lo que llevó a la creación de acuerdos bilaterales. 
Desde 1993, Suizaha presentado una serie de solicitudes de participación en el mercado interior relacionadas con sectores específicos. 
Después de estas solicitudes, las negociaciones entre Suiza y la Unión Europea llevaron a un paquete de acuerdos sectoriales. 
Este "paquete" está formado por siete acuerdos relativos al transporte aéreo y por carretera, a la libre circulación de las personas, a la contratación pública, a la investigación y al desarrollo, al reconocimiento mutuo de la evaluación de la conformidad y a la agricultura. 
Para protegerse contra la eliminación de cualquier acuerdo por vía del referéndum tras la conclusión de las negociaciones, la Unión Europea ha decidido relacionar estos acuerdos integrando en cada uno de ellos una cláusula común que prevé que todos los acuerdos únicamente podrán entrar en vigor de forma simultánea y sólo podrán aplicarse íntegramente. 
Ello garantiza un mínimo de coherencia. 
El procedimiento se ha retrasado en el Consejo. Este retraso se debe sobre todo a diferencias de opinión relativas al acuerdo sobre la libre circulación de las personas. 
Presionado por el Parlamento Europeo, el Consejo presentó en abril el instrumento legislativo único y consolidado que pretende aprobar los 7 acuerdos entre la Comunidad y sus Estados miembros por un lado, y la Confederación suiza por otro. 
Esta propuesta de decisión integra, con modificaciones y en un solo instrumento jurídico, las 7 propuestas de decisión anteriormente presentadas por la Comisión. 
El Consejo, sobre la marcha, ha acudido al Parlamento Europeo. 
Sólo desde ese momento hemos podido expresar nuestra opinión y decidir si íbamos o no a dar nuestra conformidad a este paquete de acuerdos. 
Ahora, el señor ponente nos invita a hacerlo y seguiré su postura. 
Es más importante aún si consideramos que el 21 de mayo próximo tendrá lugar un referéndum en Suiza sobre el acuerdo relativo a la libre circulación de las personas. 
Por lo tanto, es preciso dar una señal política positiva emitiendo este dictamen conforme. 
En efecto, Suiza debe clarificar su posición con respecto a la Unión Europea. 
¡No puede seguir escogiendo una Europa a la carta! 
La negociación de esos acuerdos basados en los principios del equilibrio global de ventajas mutuas y del paralelismo tiene interés para las diversas partes interesadas. 
Para Portugal tiene interés particular el acuerdo sobre la libre circulación de personas, dado que en Suiza trabajan más de cien mil emigrantes portugueses, incluidos muchos millares de trabajadores estacionales. 
Suiza aplica normas más estrictas para los ciudadanos de terceros países y, con la entrada en vigor de este acuerdo, habrá una adaptación por etapas del sistema suizo al principio de la libre circulación de personas a partir del acervo comunitario. 
Así, es importante la cláusula de que los siete acuerdos habrán de entrar en vigor simultáneamente y sólo estarán vigentes en su totalidad. 
Actualmente, resulta particularmente grave lo que sucede con los trabajadores considerados estacionales y que se ven obligados a abandonar Suiza durante tres meses al año. 
Esos trabajadores no gozan de la posibilidad de cambiar de empleo ni de cantón y no se les concede la reagrupación familiar como un derecho. 
Pero también los trabajadores considerados anuales tienen muchas limitaciones, pues en general no son posibles los cambios de empleo, profesión o cantón, ni se les concede la reagrupación familiar como un derecho. 
Con los acuerdos hoy aprobados se irán resolviendo progresivamente esos problemas y esperamos también que, con la entrada en funcionamiento del Comité Mixto previsto en el acuerdo de libre circulación de personas, se den pasos positivos para superar otras cuestiones relacionadas con la protección social de los emigrantes y sus familias. 
A eso se debe nuestro voto a favor. 
Informe Schierhuber (A5-0105/2000) 
Señora Presidenta, el Partido de los Pensionistas ha votado a favor del informe Schierhuber sobre el Convenio relativo a la ayuda alimentaria de la Comunidad Europea en el mundo. 
Todos estamos de acuerdo con esta iniciativa y yo muy especialmente, sin embargo, quería recalcar la importancia de evitar que en la Unión Europea, a raíz de las contingencias de los productos agrícolas- por ejemplo, con las cuotas lácteas, las cuotas de cereales y de otros alimentos- estos productos acaben lamentablemente por tirarse, aplastados por las apisonadoras que se convierten en apisonadoras de cítricos, de uvas, etcétera, cuando podrían conservarse y entregarse en el momento en que hiciera falta- y siempre hace falta- a los Estados que en el mundo necesitan ayuda alimentaria. 
Informe Laschet (A5-0111/2000) 
Señora Presidenta, el objetivo principal de este informe es el de dar una apariencia de base legal y un aval pseudodemocrático a la situación actual en Kosovo. 
Se invita al Parlamento a ratificar la situación de hecho creada por la agresión militar contra Serbia y Kosovo hace un año. 
Ya que hemos expresado nuestra oposición tanto a la limpieza étnica de Milosevic como a los bombardeos occidentales, rechazamos ser los garantes de ningún tipo de la situación nacida a raíz de estos bombardeos. 
En cuanto a los aspectos financieros, volvemos a afirmar que son aquellas potencias responsables de los bombardeos quienes deben financiar la reparación de los daños causados por la guerra y por sus consecuencias, tanto en Kosovo como en Serbia, así como en los países vecinos, descontando las sumas necesarias de su presupuesto militar. 
. 
(FR) El proyecto de reglamento que hoy se nos presenta quiere prever una base jurídica adecuada para que la Unión europea financie algunas entidades instauradas por la comunidad internacional a raíz de conflictos y que se encargan de la aplicación de algunos acuerdos de paz, como en Bosnia Herzegovina, o cuya misión consiste en garantizar la administración civil transitoria de algunas regiones, como actualmente en Kosovo. 
El objetivo de este texto también consiste en garantizar la transparencia de las financiaciones que tendrían forma de subvenciones, así como permitir la ampliación del tipo de acción en cuestión a otras entidades en el futuro. 
Por último, la Comisión Europea tomaría, basándose en este texto, las decisiones de financiación y, actuando en nombre de la Unión, llegaría con estas distintas entidades a acuerdos financieros. 
Así pues, tras las argumentaciones que describen este reglamento como una necesidad ineludible derivada de las decisiones políticas tomadas hace tiempo, sólo se trata, nada más y nada menos, de una voluntad firme de reforzar la comunitarización. 
¡No nos engañemos! 
El presente reglamento- y esto corresponde a una petición el Consejo- consiste en transferir hacia el primer pilar, es decir el vasto ámbito de las políticas comunitarias gestionadas por la Comisión, la financiación de acciones comunes establecidas en el marco de la PESC que, hasta hoy, se financiaban a través del presupuesto de política extranjera y de seguridad común. 
De forma anodina, asistimos aquí también a un refuerzo significativo de los poderes del órgano más integrador, por excelencia, el más federalista, la Comisión Europea, con el motivo, que el Consejo no ha confesado, de que convendría perpetuar algunas gestiones y liberar fondos para otras acciones. 
Recordemos que, si la Comisión Europea decidiese apoyarlas, la financiación de nuevas entidades que la comunidad internacional pudiese instaurar quedaría cubierta por el presupuesto del primer pilar, y sin embargo no se prevé consultar al Parlamento europeo. 
Por último, desde un punto de vista estrictamente presupuestario, la propuesta de reglamento añade un poco más de presión a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras- las acciones externas- ya ampliamente implicada en la reconstrucción en los Balcanes occidentales y conlleva, si se pone en marcha este año, un presupuesto de rectificación adicional. 
Por todos estos motivos, la delegación francesa del grupo UEN no puede se suscribir el informe del Sr. Laschet. 
Informe Hatzidakis (A5-0076/2000) 
Señora Presidenta, en mi calidad de representante del Partido de los Pensionistas, integrante del Partido Popular Europeo, he votado a favor del informe Hatzidakis sobre la contribución financiera de la Unión Europea en el ámbito de las redes transeuropeas, especialmente porque las comunicaciones dentro de nuestra Unión son el aspecto más importante de la construcción de Europa y el aspecto más importante en que el principio de subsidiariedad encuentra su concreción. 
Nada como la construcción de redes de conexión dentro de Europa demuestra la existencia de Europa como entidad no solo geográfica, sino también política. 
Espero que se siga en esta dirección y que se realicen infraestructuras nacionales que tengan en cuenta los proyectos europeos. 
Informe Sterckx (A5-0075/2000) 
Señora Presidenta, estimados colegas, he votado en contra del informe del Sr. Sterckx que presenta, según creo, graves amenazas para el futuro del transporte aéreo. 
En primer lugar, en este informe, el análisis de la liberalización del tráfico aéreo no es exacto. 
Se omiten las graves consecuencias en el medioambiente. 
Se omiten las consecuencias del atasco aéreo relacionado con el hecho de que el número medio de pasajeros por vuelo se ha reducido considerablemente por la competencia. 
Se olvida mencionar, o apenas si lo hace ligeramente, las enormes regresiones sociales que se observan en estos sectores de actividad y se omiten también los efectos negativos en la ordenación del territorio, puesto que hoy en día, ir a un rincón escondido de Europa resulta caro, mientras que sectores que ya estaban bien comunicados, tienen un coste más reducido. 
El balance de esta liberalización es pues negativo. 
Peor aún, el informe del Sr. Sterckx propone una nueva etapa donde no sólo se prevé un cielo europeo único, propuesta que merece examinarse, sino que éste se une ineludiblemente a la privatización del control aéreo. 
Incluso los Estados Unidos de América no han privatizado su agencia de control aéreo, que depende del Estado federal de los Estados Unidos de América. 
Incluso ese país de liberalismo no ha elegido esa opción. 
Habría que no haber visto la degradación de la seguridad en los transportes británicos, los accidentes repetidos relacionados con la privatización de este medio de transporte, para dejar de pensar que, en lo que se refiere a la seguridad, nada es mejor que el servicio público. 
Y sin embargo, la elección de este informe es bien distinta, es contraria, es la antítesis completa. 
Pienso que Europa necesitaría hoy más la confianza de sus pueblos y que una nueva etapa de la liberalización se opone a sus aspiraciones. 
Lo manifiestan con regularidad. 
No nos extrañemos después, del retorno del liberalismo. 
Señora Presidenta, como representante del Partido de los Pensionistas, integrante del Grupo del Partido Popular Europeo, he votado a favor del informe Sterckx sobre la regulación de la industria del transporte aéreo europeo. 
De esta resolución aprecio en particular la indicación de que por parte de los Gobiernos nacionales se autoricen las estructuras de la Unión Europea, los incentivos en favor de la investigación tecnológica. 
Asimismo quiero utilizar los valiosos segundos de que dispongo para recordar lo oportuno que sería que estas medidas que regulan los transportes, en especial los transportes aéreos en Europa, tuvieran en cuenta a los jóvenes y a las personas mayores a quienes les gusta viajar y que sería bueno que tuvieran facilidades a la hora de utilizar las líneas aéreas- fuera de los horarios y de los días punta- al efecto de promover de esta modo los intercambios culturales entre los jóvenes de los distintos Estados de la Unión Europea y entre las personas mayores de los distintos Estados de la Unión Europea. 
No podemos dejar de estar de acuerdo con el informe que estamos examinando cuando afirma que la competencia en aumento ha tenido repercusiones negativas en las condiciones sociales y en la seguridad y ha provocado una multiplicación de rutas que contribuye a la congestión del espacio aéreo. 
Apoyamos también la afirmación de la importancia que reviste el transporte aéreo de pasajeros como servicio público para las regiones periféricas e insulares y la exigencia de mejora en materia de seguridad de los transportes aéreos. 
A ese respecto, no podemos dejar de desaprobar que, frente a ese análisis y de forma contradictoria, se siga propugnando la profundización de la liberalización del sector, en todas sus vertientes, así como la transferencia de soberanía del espacio aéreo. 
Éstas son algunas de las razones por las que no podemos votar a favor de este informe. 
Informe Fourtou (A5-0096/2000) 
La protección de los derechos de propiedad intelectual es un asunto importante y aplaudo el informe de la Sra. Fourtou. 
Opino, sin embargo, que no puede existir una protección realmente efectiva de los derechos de propiedad intelectual si el consumidor puede comprar libremente productos con usurpación de marca. 
La demanda creada por los consumidores sólo fomentará la aparición de esos productos. 
La adopción de normas solamente tiene sentido si éstas se pueden aplicar y tienen un verdadero efecto. 
Teniendo en cuenta este objetivo, he presentado una enmienda conforme a la cual la posesión de productos con usurpación de marca y de productos piratas constituye- en determinadas condiciones- un delito por parte del consumidor. 
Esta norma constituirá una medida preventiva porque dará directamente lugar a una disminución de la demanda de productos con usurpación de marca. 
Tras una consulta detallada, se presenta la enmienda 8 en nombre del ELDR, el PPE y los Verdes. 
A este respecto, debe establecerse una clara comparación con el delito de receptación en el derecho penal. 
No sólo queda prohibido el robo de objetos; también el consumidor que adquiere un objeto robado es responsable. 
Lo encuentro justo. 
Al fin y al cabo, este sistema da lugar a la acción preventiva deseada sin que exista el peligro de tener que crear un aparato de control adicional para el funcionamiento de esa norma. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 4 de mayo de 2000. 
Señorías, como saben, el pasado sábado el destino de los habitantes de Enschede, en los Países Bajos, se sumió en el horror. 
La explosión de un almacén de material pirotécnico ha causado ya dieciséis muertos y más de seiscientos heridos, seis de ellos en estado crítico, pero muchas personas se encuentran aún desaparecidas. 
Cerca de cuatrocientas casas han quedado destruidas por la explosión y más de mil han sufrido daños. 
Es una de las mayores catástrofes de la historia de los Países Bajos desde la Segunda Guerra Mundial. 
He manifestado a las autoridades neerlandesas, en mi nombre y en el del Parlamento Europeo, nuestro más profundo pésame. 
En este momento de duelo, nuestro pensamiento está de todo corazón con las víctimas, con sus familias y con los equipos de rescate, que no escatiman esfuerzos. 
Les invito, Señorías, a guardar un minuto de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
. Señora Presidenta, en nombre de los 31 diputados elegidos en los Países Bajos para esta Cámara de Representantes europea, quisiera darle las gracias por las palabras que acaba de pronunciar y por el respeto que este Parlamento ha mostrado con los familiares y víctimas de la catástrofe de Enschede. 
Señora Presidenta, no tengo nada más que añadir a sus palabras en nombre de los 31 neerlandeses, pero sí quiero subrayar lo mucho que nos ha emocionado no sólo lo que usted acaba de decir y el minuto de silencio que se ha guardado, sino también la inmediata asistencia transfronteriza a la hora de prestar ayuda después de la catástrofe. 
Los compañeros alemanes vinieron inmediatamente en auxilio de sus amigos neerlandeses para realizar el, a menudo, peligroso trabajo que hacía falta para combatir la situación de emergencia. 
Los hospitales alemanes se volcaron también para cuidar a los heridos donde todavía permanecen decenas de ellos. 
Me parece que este es un ejemplo de solidaridad europea que nosotros defendemos aquí en este Parlamento. 
También quisiera agradecer en nombre de los 31 diputados a la Comisión por mostrar su condolencia por medio de una carta del señor Prodi dirigida al ayuntamiento de Enschede. 
Quisiera pedirle a la Comisión que investigue de qué manera puede ella desempeñar un papel en la prestación de ayuda y en evitar este tipo de catástrofes horrendas que causan tantas víctimas entre los ciudadanos. 
Les doy sinceramente las gracias en nombre de los 31 diputados neerlandeses por el sentido pésame del Parlamento y, permítanme que les diga que considero nuestro Parlamento como la auténtica representación de la solidaridad europea que es tan necesaria en esta parte del mundo. 
Gracias, señor Oostlander. 
El pasado 7 de mayo, el terrorismo más ciego y brutal azotó de nuevo España con el asesinato de José Luis López de Lacalle, periodista y miembro fundador del Foro de Ermua, movimiento pacifista de los intelectuales del país Vasco. 
Los terroristas quisieron atentar contra uno de los bienes más preciados de la democracia, la libertad de expresión. 
El foro se creó tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal de Ermua, por ETA en julio de 1997, con la vocación de afirmar que la intimidación y el chantaje no pueden acallar las conciencias. 
José Luis López de Lacalle luchó por la defensa de la libertad y la democracia durante toda su vida. 
Pasó cinco años en las cárceles franquistas y cayó bajo las balas de otra dictadura, la del terrorismo. 
Ese mismo día, condené con absoluta firmeza ese acto bárbaro y expresé en nombre propio y en el de todo el Parlamento Europeo nuestra más profunda simpatía y nuestro más sincero pésame a la familia y al periódico en el que trabajaba. 
He comunicado también al Gobierno español nuestro apoyo más absoluto en la lucha contra el terrorismo. 
Orden de los trabajos 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido por la Conferencia de Presidentes en la reunión del pasado jueves 11 de mayo. 
Jueves: 
En el apartado Derechos humanos, podemos incluir cinco puntos. 
Sólo hay cuatro. 
Tenemos, por tanto, la posibilidad de introducir un nuevo punto, y he recibido tres solicitudes. 
Una solicitud de los Grupos Izquierda Unitaria Europea, Verdes y TDI tendente a añadir un nuevo punto titulado "Túnez"; una solicitud del Grupo del PPE, encaminada a añadir un punto titulado "Seguridad de los espectadores y prevención del vandalismo durante el próximo campeonato europeo de fútbol"; y una solicitud del Grupo Unión por la Europa de las Naciones orientada a añadir un nuevo punto titulado "Situación de los refugiados de Bhutan en Nepal". 
Voy a someter a votación estas solicitudes en el orden en que me han llegado, pero antes quiere intervenir el Sr. Cohn-Bendit en apoyo de la solicitud de los Grupos GUE, Verts y TDI. 
Señora Presidenta, Señorías, el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Túnez está en vigor desde el 1 de marzo de 1998. 
Desde entonces, no hemos mantenido ningún gran debate sobre Túnez, no ha habido ningún debate de urgencia. 
Siempre ha aparecido algún grupo que dijera: "sí, es importante, pero comprendan, el Sr. Ben Ali está marcando las distancias". 
Todos hemos leído en los periódicos información sobre el estado de los derechos humanos y la libertad de expresión en Túnez. 
Me parece escandaloso que, cada vez que intentamos debatir esta cuestión, haya una intervención de diputados y del Gobierno tunecino; me parece escandaloso que uno de los dos grandes partidos intente frenar una vez más el debate y la urgencia sobre las libertades fundamentales en Túnez. 
Por este motivo, nuestro Grupo les pide a todos que no escuchen a los dirigentes de los dos grandes partidos, que sean responsables y decidan mantener por fin un debate sobre la situación en Túnez. 
Que haya un debate de urgencia, y veremos qué mayoría está por los derechos humanos y qué mayoría utiliza los derechos humanos sólo en interés de su propio partido y recurre a la táctica cuando la situación es delicada. 
En contra de la táctica en la cuestión de Túnez y por un debate franco y abierto, les pido que voten a favor de la urgencia y de la inclusión de los derechos humanos en Túnez. 
Señora Presidenta, por mi parte, no basaré mi intervención en la polémica sino en una base constructiva. 
Creo que ha llegado el momento de mantener un debate sobre los derechos humanos en Túnez, y debe celebrarse esta semana, porque hoy ha tenido lugar en Túnez el proceso del hermano de Taoufik Ben Brik y mañana regresará de allí una delegación de diputados europeos, de mi Grupo, la Izquierda Unitaria Europea, del Grupo de los Verdes y del Grupo socialista. 
Esta semana se producirá también la visita de la presidenta de la Liga tunecina de los derechos humanos y, quizás, del propio Taoufik Ben Brik. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones y la importancia de la decisión del Parlamento Europeo de movilizarse a favor de la liberación del Sr. Ben Brik, creo que es especialmente oportuno incluir este punto en el orden del día. 
Señora Presidenta, en primer lugar querría decir que, por el respeto que nos debemos, no deberíamos crear una falsa polémica entre nosotros. 
Porque los derechos humanos no sólo hay que defenderlos cuando venimos aquí, sino que hay que defenderlos con continuidad; y creo que todos estamos unidos en esa lucha. 
No existen diferencias sustanciales entre nosotros. 
Hubiera sido conveniente que, en el pasado, cuando el Grupo socialista planteó la urgencia sobre la situación en Túnez, hubiéramos podido contar con los votos de los que hoy protestan, porque no conseguimos que dicha urgencia se aprobara. 
Pero quiero recordar- como primer interviniente en el Pleno de Bruselas que solicitó que usted, señora Presidenta, en nombre de todos, escribiera al Presidente Ben Ali de Túnez- que lo que procede en este momento es esperar a que el Presidente de Túnez le conteste a usted como máxima representante del Parlamento. 
En segundo lugar, quiero señalar que el tema de nuestras relaciones con Túnez no se agota con una urgencia. 
Es un tema mucho más importante y más sustancial y mi Grupo ha tomado el acuerdo hoy de plantear una pregunta oral a la Comisión y al Consejo para entablar un debate sustancial sobre este tema. 
Creo que si el Sr. Cohn- Bendit, por ejemplo, desea un debate a fondo sobre esta cuestión, debería apoyar nuestra propuesta para que podamos incluirla en el próximo orden del día. 
. (EN) Señora Presidenta, quisiera agradecer a mi propio Grupo el haber permitido que la Resolución haya llegado hasta aquí. 
No es habitual que discutamos sobre urgencias que puedan cambiar algo para mejor. 
Solemos ser siempre muy reaccionarios y discutir sobre asuntos a los que no podemos afectar. 
Sin embargo, el mes que viene, antes de que nos volvamos a reunir en Estrasburgo, habrá empezado el campeonato europeo de fútbol. 
Instituciones como la Federación de la Policía belga han señalado ya un cierto número de problemas, y, en varios países, se han emitido documentales sobre diferentes partidos y los dispositivos de seguridad para el Euro 2000. 
Sé que se supone que estamos tratando de una cuestión de derechos humanos, y, en efecto, se trata de los derechos de la gente corriente. 
Todo verdadero aficionado al fútbol tiene derecho a acudir a un partido y a asistir al mismo, y a volver a su domicilio sin violencia, sin problemas en las calles y sin ser indebidamente acosado por personas con las que no nos gustaría encontrarnos nunca: los "hooligans". 
Sobre esto trata esta moción y espero que los diputados la apoyarán. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Señora Presidenta, el mes pasado no se pudieron celebrar las cuatro votaciones el viernes porque se pidió la comprobación del quórum y no lo había. 
Me parece que este no es el lugar para debatir este asunto, si bien los que tomaron la iniciativa de esto, han enviado una carta a todos los miembros para explicar cuál fue el propósito de esta acción. 
El mes que viene todos, naturalmente, tendremos la oportunidad de pronunciarnos sobre ese viernes porque se va debatir la agenda 2001. 
Pero eso significa que a corto plazo nos queda un problema, es decir ¿qué es lo que vamos a hacer el viernes que viene? 
Este problema ha sido abordado también por la Mesa de este Parlamento y, si lo he entendido bien, la Mesa ha aconsejado a la Conferencia de Presidentes no celebrar ninguna votación el viernes próximo. 
Tengo entendido que no se hablado de esto en la Conferencia de Presidentes. 
Como le corresponde a esta Casa establecer la agenda, quisiera proponer que todas las votaciones que están previstas para el viernes, tengan lugar el jueves simplemente, independientemente de la opinión que merezca lo ocurrido el mes pasado. Si podemos evitarlo, sería la mejor solución. 
Luego, el mes que viene podemos pronunciarnos sobre lo que tenemos que hacer a largo plazo. 
Como puede ver, esto es una incitación para que el viernes vengamos muchos a votar. 
Me dirijo a mi muy querida amiga, la señora Mary Banotti, para preguntarle cómo está la cuestión de la televisión danesa en este edificio. 
Somos uno de los pequeños países que siempre están oprimidos, sin embargo, nos gustaría poder ver la televisión danesa y así estar al tanto de lo que pasa. 
Somos el país más importante de Europa, sencillamente somos los mejores- ¡vean sino quién gana el concurso de la canción! 
Sin embargo, no podemos estar al tanto de lo que pasa. 
¿Qué vas a hacer al respecto, Mary? 
Gracias, señor Blak. 
La Sra. Banotti le responderá en seguida. 
Señora Presidenta, esto se está convirtiendo en una costumbre. 
No nos llega el sonido de los interpretes. 
Así pues, querido Freddy, no he entendido ni una palabra de lo que usted ha dicho- ¡pero estoy seguro de que ha sido maravilloso! 
El Sr. Blak se lo explicará. 
Señora Presidenta, querría decir lo siguiente: el año pasado esta Asamblea rechazó por una amplia mayoría y de forma democrática una enmienda por la que pretendía suprimirse el viernes como jornada de sesiones. 
Decidimos a favor del viernes y dijimos: ponemos en el orden del día puntos poco controvertidos, pero que no obstante haya que abordar y que podamos tratar de una manera razonable con un número de diputados más reducido. 
El viernes pasado, una minoría de esta Asamblea hizo un uso abusivo de una disposición del Reglamento de Procedimiento con el fin de, por así decirlo, dejar pasar el viernes e impedir las votaciones. 
Esto constituye, en mi opinión, un abuso del Derecho que es en sí lógico, dado que al fin y al cabo la mayoría de esta Asamblea había decidido sobre el viernes el año pasado. 
En Bruselas ya votamos de forma casi unánime sobre los asuntos sobre los que no se votó el viernes- entre otros el importante asunto de Etiopía-. 
Sobre este asunto podríamos haber votado de forma prácticamente unánime el viernes, y pido a los colegas que no sigan con el sabotaje, que nos dejen trabajar y que discutamos con tranquilidad de forma separada sobre cómo organizar el trabajo. 
Pero permitan trabajar en paz a los que quieran hacerlo el viernes. 
Finalmente sí tuvieron lugar las votaciones, porque los que habían solicitado que se comprobase el quórum ni siquiera aparecieron para votar. 
Señorías, son ustedes perfectamente conscientes de que no vamos a entablar un debate sobre esta delicada cuestión. 
Voy a conceder la palabra a dos diputados más, y después abordaremos el orden del día. 
Señora Presidenta, me parece que se trata de un malentendido. 
La Sra. Van der Laan ha hablado de la propuesta que hizo la Mesa a la Conferencia de Presidentes. 
He entendido que la Conferencia de Presidentes no la ha debatido, sin más. 
Lo que dice la Sra. Van der Laan es que ahora no podemos emitir un juicio de valor sobre esta acción ejercitada haciendo uso del Reglamento. 
Yo no quisiera hablar de abuso, porque entonces ya no sabría para qué pueden servir estos artículos. 
Se trata de que una propuesta de la Mesa se ponga también aquí sobre el tapete. 
Me parece que una propuesta de la Mesa no se puede dejar de lado sin más y queremos que se debata con toda normalidad y que se someta a votación. 
Señorías, concederé ahora la palabra al Sr. Wiebenga, porque él presidía la sesión del último viernes del período de sesiones y podrá decirles que mantuvimos una reflexión en la Mesa sobre esta cuestión. 
Señora Presidenta, me gustaría decir de antemano a aquellos diputados que no lo sepan que no pertenezco al grupo que puso en marcha esta acción el viernes del mes pasado, pero sí fui el Presidente en funciones que presidió la sesión. 
Quisiera recordarles, y lo puedo decir aquí porque lo he dicho también fuera de la Mesa, que he consultado esta cuestión con la Mesa, con usted y con los colegas de la Mesa y he ofrecido cuatro posibilidades para solucionar el problema de los viernes, por lo que se refiere al corto plazo, antes de tomar la decisión sobre el calendario del año 2001, porque entonces naturalmente podremos decidir nosotros mismos aquí en el Pleno. 
La primera posibilidad es la suspensión total de las sesiones de los viernes. 
La segunda posibilidad es una sesión de viernes con una agenda repleta y celebrar las votaciones a las 12.00 horas, a mediodía, o algo así. 
La tercera posibilidad es mantener los debates los viernes, pero sin votaciones y hacer esas votaciones en Bruselas o en sesiones posteriores. 
La cuarta posibilidad es continuar como hasta ahora, es decir, hacer unos debates menores el viernes y terminarlos con votaciones. 
Está claro que esta última opción provocará que otros diputados puedan solicitar la comprobación de quórum y que otra vez no podamos votar el viernes próximo. 
Señora Presidenta, la Mesa no es el órgano competente, es la Conferencia de Presidentes. 
Creo que lo mejor para nuestro Parlamento sería en este momento, piense lo que se piense, estando a favor o en contra del viernes, estando en pro o en contra de Estrasburgo, que no discutiéramos cada viernes sobre el quórum y, como ya he dicho en la Mesa, que no celebráramos ninguna votación el viernes próximo. 
Señorías, en cualquier caso, la Conferencia de Presidentes, que se reúne el jueves, estudiará la cuestión y verá si procede mantener las votaciones en viernes. 
He de indicarles también que la Mesa va a examinar un informe del Sr. Provan relativo a las reformas internas que deben introducirse en el funcionamiento del Parlamento, y obviamente la organización de la jornada del viernes- de la que acaba de hablar el Sr. Wiebenga- se inscribe en esta reflexión. 
Dicho esto, si desean seguir hablando de ello, no tengo ningún inconveniente. 
Les oiremos a todos, como cuestión de orden. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Sólo he protestado sobre la electrónica de esta sala. 
No me llegaba el sonido de la interpretación, y estoy seguro de que otros diputados han tenido dificultades con la interpretación anteriormente. 
Creo que en un momento dado estaba recibiendo la interpretación en sueco y no he podido en absoluto escuchar al Sr. Blak. 
Sólo quería señalar esto. 
Creo que la Sra. Banotti se refirió a este problema, pero como no pude oírla, porque me estaba llegando el sonido en sueco en aquél momento, no sé exactamente lo que dijo. 
Gracias, señora Ahern, haremos lo necesario para que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Se trata del mismo asunto, y por una vez estoy de acuerdo con la Sra. Ahern. 
¡Siempre tiene que haber una primera vez! 
Señora Presidenta, quiero retomar el asunto donde lo ha dejado la Sra. van der Laan. 
El viernes de la última semana de sesiones anunció que, mientras que el viernes siga siendo día de sesiones, cada vez que se solicite la comprobación del quórum, es decir, el Grupo que presentó esta solicitud por última vez declaró que sólo tiene la intención de destruir y no la realizar un trabajo razonable. 
Esto no puede admitirlo la Presidencia, porque, como ha señalado el colega Posselt, el Pleno acordó que el viernes fuera día de sesiones, y la Presidencia no puede derogar esta decisión. 
Es inadmisible que nos dejemos representar por unas personas que hasta ahora raras veces habían aparecido los viernes y que demos ante la opinión pública una imagen tan lamentable. 
En la votación nominal de las 10.00 horas no participó prácticamente ninguno de los 30 solicitantes. 
¡Esta es una actitud que no podemos tolerar! 
Señora Presidenta, quisiera responder de algún modo a lo que acaba de decir mi colega. 
Soy de los que están a favor de la sesión del viernes y de los que piensan que es importante mantener la sesión ese día, como cualquier otro de la semana. 
Quisiera añadir que algunos de nosotros, que precisamente pedimos el quórum para que las sesiones se desarrollen con total corrección, estuvimos presentes durante toda la duración de la votación. 
Por tanto, es falso decir que algunos hacen sabotaje. 
Hay diputados aquí, en el hemiciclo, que están ahí de lunes a viernes, y el viernes hasta el final de la sesión. 
Señora Presidenta, me sumo completa y enteramente a las observaciones del colega Wiebenga. 
En todo caso, hay que fijarse en cómo se han configurado los viernes. 
Y quiero decir, también porque han surgido algunos malentendidos al respecto en los medios de comunicación, que yo no formo parte de los que quieren solucionar el debate sobre Estrasburgo por la puerta trasera, sino que formo parte de los que quieren comprobar a través de una votación si podemos tener en Estrasburgo un buen día con sesiones, con una agenda bien repleta e incluyendo a los colegas franceses. 
Con esas dos características. 
Pero eso significa también, y quiero ser sincera, que todos estos colegas que me criticaron la vez anterior porque yo les había criticado a ellos, que estos colegas no deberían haber abandonado el Salón de sesiones antes de las 12.00 horas, ya que la última votación fue después de las 12.00 horas. 
Me dolió mucho, porque en la votación nominal ya no estaban presentes los activistas, los pro-europeos de mi propio país ni tampoco un gran número de los anti-europeos. 
Fíjense en la última votación nominal. 
Hay que estudiar en un buen debate y de forma sincera cómo podemos organizar estas sesiones. 
Señora Presidenta, después de lo dicho por la Sra. Oomen no tengo que mucho que añadir. 
Sólo espero que entienda lo siguiente. 
El grupo neerlandés que de esta forma ha sometido a debate la cuestión de los viernes, no lo ha hecho porque esté en contra de Estrasburgo o algo así. 
Esto ha pasado porque estas sesiones en viernes suscitan continuamente enormes críticas en los Países Bajos y también porque la mayoría de nosotros prefiere trabajar los viernes en su propio país. Ya pasamos mucho tiempo en Bruselas y en Estrasburgo y necesitamos tiempo para hablar con nuestros electores. 
Me parece que es extremadamente necesario un debate serio sobre los viernes y eso no debe confundirse con la discusión sobre Estrasburgo. 
Es un debate sobre la cuestión de si planificamos nuestro trabajo de una forma satisfactoria y eficiente y de si todavía nos queda tiempo para trabajar en casa en nuestro distrito electoral. 
En ese sentido yo apoyo esta acción. 
Como les he dicho, esta reflexión está abierta en el marco del examen del informe del Sr. Provan. 
Señora Presidenta, estimados colegas, yo soy de aquellos que estuvieron presentes durante todo el viernes. 
Es fácil comprobarlo, ya que se hizo una votación electrónica. 
Realmente no es un sabotaje, sino que tomamos tan en serio al Parlamento que resulta un poco incómodo que sólo 70 diputados estén presentes cuando se someten a votación cosas importantes como, por ejemplo, Etiopía o la distribución de leche en las escuelas. 
Este tema también ha desatado un acalorado debate en Suecia, mi país. 
Tenemos que discutir seriamente estos asuntos. 
La disyuntiva es hacer del viernes un verdadero día de trabajo o ¡eliminarlo como tal! 
Señora Presidenta, seré muy breve y, por otra parte, pienso que deberíamos entablar este debate más a fondo y quizás en otro momento. 
Me cuento entre los que consideran que el viernes puede seguir siendo un día de trabajo; probablemente se podrían encontrar soluciones previendo ocasiones de debate y no necesariamente de votación, porque todos nos damos cuenta de que el viernes es un día especial, también por las posibilidades de contacto con el Colegio y, en consecuencia, de trabajo político en beneficio de nuestra misma labor de diputados europeos en relación con los territorios de origen. 
En el momento en que se hace este debate, sin embargo, sería importante que, al considerar la acción que debe llevarse a cabo, los colegas evitaran ser fácil blanco de instrumentalizaciones externas sobre el papel o el no papel del Parlamento. 
Algunas acciones ejemplares que crean cajas de resonancia para dar a nuestros Estados y a nuestros electores una sensación de que, en realidad, en el Parlamento Europeo se bromea y no se trabaja, son, en todo caso, acciones perjudiciales, sea cual sea el objetivo que se proponen alcanzar. 
Por lo tanto, espero que con sentido de la responsabilidad se llegue al momento de dar una palabra definitiva a este debate sin exponernos a tomar una dirección que creo que nadie desea. 
Ya se lo ha indicado el Sr. Wiebenga, y también yo misma, estamos buscando actualmente la mejor solución. 
Señora Presidenta, lo único que he pedido es si usted puede someter a votación la cuestión de no votar el viernes, ya que estamos hablando ahora del punto del orden del día: orden de los trabajos de este Pleno. 
No, señora van der Laan, debería saber que, con arreglo al Reglamento, esa solicitud tendría que haberse presentado en su debida forma y dentro de plazo, lo que no ha sido el caso. 
Por tanto, no puedo someterla a votación. 
Ahora, sólo me queda desear que, haya votaciones o no, seamos muchos el próximo viernes. 
Cuento con todos ustedes, aunque sólo sea por el público que asiste a los debates. 
Precios agrícolas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0115/2000) de la Sra. Jeggle, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las propuestas de la Comisión relativas a los precios de los productos agrícolas (COM (2000) 77- C5-0121/2000 a C5-0126/2000- 2000/0045 (CNS) a 2000/0050 (CNS) ). 
Señora Presidenta, la Comisión de Presupuestos opina en gran mayoría que, con respecto a los precios agrícolas del año que viene, hay que mantener lo acordado en Berlín. Ni más, ni menos. 
Y esto ya es difícil para algunos sectores agrícolas. 
Hay muchos agricultores que están en dificultades en los distintos países europeos. En la actualidad, muchos sufren una pobreza silenciosa. 
Por lo que parece, el presupuesto agrícola se encuentra hasta ahora bajo la influencia de las buenas estrellas. 
La relación euro-dólar está beneficiando al presupuesto, aunque algunas cifras sí son preocupantes. 
No obstante, la Comisión ya ha hecho diferentes propuestas para sacar provecho del presupuesto agrícola. 
Las discusiones se concentran a veces en el sector azucarero, a veces en otros sectores del presupuesto agrícola. 
La Comisión de Presupuestos opina que deberíamos respetar lo que se acordó en el Pleno de hace unos meses, es decir, que nunca se puede dar el caso de que el presupuesto agrícola sirva como fuente primaria para la financiación de actividades exteriores de la Unión Europea. 
Esto lo va a mantener la Comisión de Presupuestos. 
En segundo lugar, la Comisión de Presupuestos opina que la Comisión Europea debería presentar lo antes posible unas propuestas relacionadas con la reforma del sector azucarero. 
Si vamos a hablar en septiembre u octubre sobre el presupuesto de 2001 de forma estructural, entonces es imprescindible que se sepa cuáles son los planes de la Comisión con respecto al sector azucarero. 
Porque ¿no es cierto que el azúcar se quedó fuera de los acuerdos de Berlín? 
Y si queremos formular una buena opinión sobre el presupuesto de 2001, deberíamos disponer de detalles. 
Espero que el Comisario Fischler pueda explicar esta tarde detenidamente cuándo piensa presentar las propuestas de reforma del sector azucarero. 
Señor Presidente, la opinión de la Comisión de Presupuestos y la del Grupo parlamentario liberal coinciden a grandes rasgos. 
Es pura casualidad. 
Por lo tanto, no voy a repetir lo que ya he dicho en los primeros dos minutos. 
Todos los puntos que he mencionado anteriormente son respaldados por el Grupo parlamentario liberal. 
Me gustaría añadir algunos más. 
Estamos viviendo una época en que el presupuesto agrícola está muy ajustado. 
Si ocurre lo más mínimo en la relación entre el dólar y el euro, tendremos grandes dificultades y entonces la Comisión debería elegir qué hacer con el dinero disponible. 
Sin embargo, hay otro gran agujero potencial. 
En los últimos años hemos tenido que enfrentarnos a brotes de epidemias de enfermedades contagiosas de animales. 
Hemos sufrido en Europa la crisis de la EEB. Hemos sufrido brotes de peste porcina en diferentes países europeos. 
Todos estos brotes le han supuesto millardos al presupuesto europeo. 
Hasta ahora han podido ser financiados por otras partidas que no fueran el presupuesto agrícola. 
En Berlín se acordó que esto ya no se puede seguir haciendo. 
Sin embargo, si he estudiado bien el presupuesto agrícola, sólo hay una partida de unos cien millones de euros para la lucha contra las enfermedades de animales. Esto es una miseria en comparación con lo que se ha necesitado en el pasado para luchar contra los brotes de enfermedades contagiosas. 
Por esta razón, el Grupo parlamentario liberal pide expresamente a la Comisión que presente con la mayor rapidez posible unas propuestas para poder hacer frente a eventuales calamidades. 
Una de las opciones puede ser un sistema de seguros para toda Europa, esto también sería bueno para la igualdad de la competencia. 
Quisiéramos que la Comisión nos presentara algo al respecto antes de los debates presupuestarios de septiembre, para que lo podamos tratar en esos debates sobre los presupuestos de 2001. 
Señor Presidente, estimados colegas, la aprobación del paquete de precios agrícolas 2000/2001 está ligada a la obligación de ahorrar 300 millones de euros en el presupuesto agrícola y de emplear los recursos liberados en la reconstrucción de Kosovo. 
En este contexto, el informe señala acertadamente que la Comisión debería presentar al Parlamento una propuesta general en forma de un plan concreto, antes de que se pase a aceptar nuevas propuestas de ahorro. 
Sin duda alguna, la cuestión de la financiación de todo el paquete de reformas desempeña un papel fundamental. 
Sin embargo, considero que no basta con hablar siempre en primer lugar de una reducción de los gastos e ingresos y a la vez transferir cada vez más tareas a la Comisión, lo que lógicamente tampoco reduce los costes. 
La Comisión debería partir de los objetivos realizables hasta 2006 y de ahí deducir las necesidades financieras. 
Como resultado de la Agenda 2000, los agricultores europeos han tenido que aceptar una reducción de los impuestos de 5.000 millones de euros. Con ello, el presupuesto agrícola queda fijado en 50.500 millones de euros y debe mantenerse en esta cifra. 
Para alcanzar el objetivo, debe exigirse a la Comisión, a mi juicio, que presente un informe sobre la evolución de los costes del sector agrario. 
Hoy se celebran más negocios en un segundo que antes en un día. El cambio es la única constante. 
Los precios agrícolas experimentan cambios particularmente rápidos. 
En 1999, los precios de los productos herbáceos cayeron un 4% en la UE, y un 6% los de la producción animal. 
Como consecuencia del exceso de producción, los precios del porcino disminuyeron un 9%. 
Con respecto a todos los productos agrícolas importantes, como la leche, la carne de vacuno, los cereales y la carne de cerdo, las turbulencias monetarias internacionales aumentan y los ingresos de los agricultores disminuyen. 
Aún no se ha dado una respuesta a la pregunta de cómo obtendrán los agricultores de la Unión Europea sus futuros ingresos. 
En unos mercados con exceso de oferta sólo pueden venderse los productos obtenidos a bajo coste. 
La reducción de precios acabará con las existencias de los agricultores y aliviará temporalmente los mercados. 
Tras el cambio estructural, las explotaciones agrarias viables seguirán aumentando su producción y podrán introducirse con más fuerza en los mercados mundiales. 
Una nueva guerra de precios conduciría a una nueva redistribución de los mercados. 
La evolución ulterior mostrará si la reforma de la política agrícola de la UE mediante la Agenda 2000 podrá hacer valer o no el objetivo general. 
Señor Presidente, sin perjuicio del hecho de que la Agenda 2000 haya establecido los parámetros que gobernarán la agricultura para el período que se extenderá hasta el 2006, el paquete de precios anuales sigue siendo una cuestión muy importante. 
Estoy completamente de acuerdo con aquellos que hoy han expresado reservas en relación con las propuestas de la Comisión para el sector cerealero. 
Me alegra mucho ver aquí al Comisario Fischler para escuchar este debate. 
Para los agricultores el precio pagado en el mercado debería representar el valor real de sus esfuerzos profesionales, en lugar de lo que a menudo les parece un apoyo social por los productos de su trabajo. 
Sin pretender en absoluto quitar mérito al éxito del conjunto de la reforma de la PAC, tal y como se ha acordado en la Agenda 2000, y reconociendo que sin subvenciones que complementen sus ingresos los agricultores no sobrevivirían, tengo que confesar, al mismo tiempo, cierto desasosiego respecto a una situación en la que el producto de la tierra, tal y como lo producen los agricultores, tiene que ser vendido a precios inferiores a los costes de producción. 
En este contexto el apoyo a la agricultura- que es considerable y lo reconozco, pues representa el 50% del presupuesto total- debería ser visto además, como una subvención a los consumidores. 
Con las posibilidades de encontrar trabajo fuera del sector agrícola y los avances realizados por los Estados miembros en la lucha contra el desempleo nos encontramos ahora ante una seria amenaza para la sostenibilidad de la tradicional explotación familiar europea. 
En las últimas semanas hemos oído hablar mucho de la revisión del presupuesto agrícola que se aprobó en Berlín tan sólo hace unos meses. 
Me da la impresión de que aquellos que sólo se ocupan de la contabilidad no tienen ni idea de lo que ocurre ahí fuera en el mundo real. 
Advierto que a no ser que estemos mucho más alerta y mostremos una mucho mayor comprensión respecto al papel único e irremplazable de los agricultores en nuestra sociedad, las generaciones futuras y sus parlamentarios se verán forzados a reaccionar para salvar la agricultura. 
Esto es lo que ya estamos haciendo con nuestro intento por rectificar el desequilibrio entre el campo y la ciudad que permitimos que se desarrollase durante un cierto número de años. 
Recuerden: No fue el pueblo el que creó este enorme problema de la sociedad, sino que fue la falta de visión por parte de los políticos y los planificadores. 
Permítasenos adoptar una perspectiva renovada respecto a como planificar mejor la supervivencia a largo plazo de la agricultura como la profesión responsable de la seguridad y salubridad de los alimentos, teniendo en cuenta el papel único de los agricultores como gestores del medio ambiente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Jeggle por el informe que ha redactado, por el trabajo realizado y por haber conseguido la práctica unanimidad de la Comisión de Agricultura en el apoyo a su informe. 
Y también quiero felicitar a la Comisión por haber introducido la plurianualidad en las propuestas. 
No obstante, a pesar de ser un poco repetitiva, me gustaría que se tuviesen en cuenta y se reconsiderasen, en lo que respecta a los cereales, tanto el contenido en humedad como las revisiones mensuales de los precios, puesto que son temas que nos pueden perjudicar notablemente. 
Hay también otra cuestión, y yo consideraría que se trata de palabras mayores: cada vez que surge un problema en esta Unión Europea o en sus posiciones políticas- posiciones que no cuestiono- se trata de detraer fondos del presupuesto agrícola. 
Este tema nos preocupa seriamente, puesto que la Comisaria de Presupuestos ha reiterado que piensa detraer 300 millones del azúcar para destinarlos a Kosovo. 
También hay otros asuntos que me gustaría resaltar, que no aparecen en la propuesta de precios, como es mi preocupación por el sector de los frutos de cáscara, avellanas y almendras, que en este momento tan grandes problemas plantean, dado que, en algunos casos, concluyen los planes de mejoras concedidos por la Comisión. 
Al no haber terminado de revisarse, y hasta que se solucione el problema del sector de los frutos de cáscara, debería reconsiderarse la prolongación de estos planes de mejoras, hasta que se les encuentre el sitio apropiado, que debería ser la OCM de frutas, con un tratamiento verdaderamente diferenciado. 
Hay otros temas que me preocupan y que tampoco aparecen, como puede ser el de los espárragos destinados a la transformación. 
En el artículo 10.3 del Reglamento de frutas y hortalizas transformadas se prevén unas ayudas a tanto alzado. 
Estas ayudas se van a acabar ya; llegan a su fin en esta campaña. 
¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para que en Europa estas ayudas sigan a la competitividad y se continúen proporcionando a los productores de espárragos? 
En el tema de las uvas de mesa, el 31 de julio caducan las ayudas para la producción de zumo, que están contempladas en la OCM del vino. 
En mi opinión, sería conveniente que se las contemplase en la próxima modificación de la OCM de frutas. 
Pero desde su caducidad, o sea a partir del 31 de julio, ¿qué es lo que vamos a hacer hasta que sean aprobadas las nuevas reformas con las ayudas a la transformación de las uvas de mesa? 
¿Se piensan prorrogar? 
¿Qué es lo que se piensa hacer? 
El Reglamento nº 2275 prevé también ayudas a la promoción en el sector de flores y plantas, y estas ayudas también caducan. 
¿Cómo vamos a hacerlo, puesto que el Consejo ha pedido a la Comisión que haga un estudio sobre la evolución de las ayudas, para justificar o no su continuación? 
Yo pienso que, a la espera de que este estudio- del que todavía no sabemos nada- se presente y de que después se haga lo propio con la propuesta de reforma, quizá se debería prorrogar el Reglamento 2275. 
¿Es esto coincidente con los planes de la Comisión? 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la Agenda 2000 concedió cierta estabilidad a la Política Agrícola de la UE. 
Considero que es muy importante y significativa la circunstancia de que podamos mirar con tranquilidad hacia adelante, nada menos que hasta el año 2006. 
El hecho de habernos desviado del Acuerdo de Berlín- y es que estas cantidades significan mucho para la agricultura, mientras que a nivel comunitario representan sumas ínfimas -, esa cuestión de principios que plantea el incumplimiento de lo acordado, es un asunto que reviste mucha gravedad. 
Este Parlamento ha de adoptar decisiones sobre una nueva política agrícola sostenible para después del año 2006. 
Este tipo de políticas, que no acatan lo acordado, no contribuirán a crear la estabilidad y el espíritu que nos hacen falta para mirar colectivamente hacia un futuro a largo plazo. 
Una cosa que parece olvidarse es la realidad cotidiana que vive la agricultura hoy por hoy. 
Los costes de la agricultura han aumentado notablemente. 
El precio de los carburantes ha subido y el nivel general de costes aumenta sin cesar. 
Otro problema es que tanto los agricultores como la industria alimentaria se han esforzado mucho en mejorar la calidad. 
Y han invertido en la calidad para que podamos dejar en el olvido los escándalos que han manchado la imagen del modelo agrícola europeo. 
Los costes de estas inversiones recaerán, en última instancia, precisamente sobre los agricultores. Por su parte, los agricultores han hecho todo lo que estaba en sus manos y todo lo que correspondía a sus responsabilidades. 
Cabe desear que la otra parte contratante también cumpla los acuerdos que se han contraído conjuntamente. 
Señor Presidente, con sus proposiciones al Consejo de Ministros, la Comisión no determina, como refiere falazmente, los precios y subvenciones de los productos, sino que simplemente, en nuestra opinión, quiere recordar los precios y subvenciones que regirán en el período 2000-2001 según los cánones actuales y, como mucho, modificar algunos aumentos mensuales de los precios de intervención de los productos para los que rige aún esta situación. 
Queremos, sin embargo, señalar a este propósito que, en primer lugar, los precios de producción y las subvenciones están congelados para muchos productos agrícolas por duodécimo año consecutivo, como sucede con la carne de oveja y cabra, mientras que para otros productos va disminuyendo al ritmo del constante aumento de los costes de producción, y esto tiene como consecuencia la disminución del ingreso agrícola neto, como demuestran también por otra parte los datos de Eurostat. 
La pregunta es, pues, qué hacen los productores agrícolas al respecto. 
En segundo lugar, la decadencia e incluso la abolición de la intervención deja al productor agrícola a merced de las grandes industrias que compran al productor a precios irrisorios y revenden luego a precios mucho mayores. 
Así, mientras los precios todavía nominales de producción han caído, a menudo en picado, los precios al consumidor han aumentado. 
Tenemos pues, un robo al productor y al mismo tiempo un robo al consumidor, en honor de su protección, según se dice, por parte de la Unión Europea. 
La pregunta es qué van a hacer los productores agrícolas y los consumidores al respecto; ¿seguirán adelante con su lucha?. 
En tercer lugar, los bajos porcentajes y las extenuantes multas que se derivan, evaporan las subvenciones incluso para la cosecha de 1999. 
De este modo, las subvenciones suponen un esfuerzo inútil. 
Un ejemplo sangrante es el del aceite, que afecta a mi país, pero también a mi patria chica, Lesbos. 
Aunque se había anunciado una subvención para el 1998-1999 de una suma de 460 dracmas, al final los productores recibieron, un año después, 330 dracmas. 
Lo mismo sucede con el algodón, para el que aunque el precio mínimo era de 101 dracmas por cada 100 kilos, el productor griego recibirá, a causa de la corresponsabilidad, menos de 65 euros. 
En los temas de la exposición tenemos que observar lo siguiente: en relación con los cereales, no estamos de acuerdo con la disminución, en lugar del aumento que debería producirse, del crecimiento mensual del precio de intervención. 
Debemos decir además que, de esta manera, se degenera todavía más la norma de intervención, que, como se ve, tiende a desaparecer también para los cereales, como les ha sucedido a otros productos. 
También disentimos con el depósito del aumento mensual en noviembre, porque en Grecia la cosecha se hace en junio. 
Y también con respecto al arroz, señor Presidente, proponemos que comience la intervención a partir del 1 de octubre o noviembre, y no del 1 de abril, porque así, por espacio de seis meses, nuestros productores están a merced de la voracidad lucrativa de las grandes industrias... 
(El orador es interrumpido por el Presidente) 
Señora Presidenta, al felicitar a la Sra. Jeggle por su informe, desde el punto de vista técnico, no tendría que haber comentarios a la propuesta objeto de examen porque todo se mueve dentro de la lógica que ha orientado el proceso de la Agenda 2000, una filosofía inspirada en el apoyo a las rentas sin que, a nuestro juicio, haya comenzado todavía un debate a fondo sobre las necesidades de las empresas agrícolas en el momento de efectuar las elecciones programáticas y productivas respecto a la globalización de los mercados en curso. 
Queremos recalcarlo con fuerza: es la consideración de que la agricultura se mueve como un sistema económico y que en este momento nos encontramos con una Unión Europea que ve desplazar el epicentro hacia un simple apoyo a la intervención pública sin la definición de esas líneas directrices y de base que permiten a los empresarios agrícolas ver cuál va a ser su futuro. 
Los empresarios agrícolas no están atravesando un buen momento. 
La impresión que se tiene es la voluntad de considerar nuestro sector cada vez menos como ciclo económico productivo. 
La demostración llega también de los últimos acontecimientos relacionados con las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, atañe a ejemplos que se han registrados en los últimos meses, de la intervención en favor de Kosovo a fin de financiar las ayudas en la región- prioridad indiscutible que, no obstante, se ha concretado con decisiones temporales y modalidades discutibles- a las hipótesis, ya recordadas por mis colegas, de los recortes al sector de los cereales o a la espera de comprobar cuál va a ser la propuesta en el sector del azúcar. 
Defender el modelo agrícola europeo que es sinónimo de agricultura empresarial, implica asimismo evitar el abandono de esta actividad y un posible y probable aumento de las tasas de empleo. 
Nosotros los agricultores hemos crecido con la Unión Europea y quisiéramos seguir creciendo con ella. 
- (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a nuestra ponente, la Sra. Jeggle, por el trabajo que ha llevado a cabo y decir que, de hecho, este conjunto de precios ya no tiene la importancia que tuvo en el pasado, dado que, por fortuna, se ha empezado a evolucionar hacia la presentación y formulación de la política agraria a medio plazo. 
Por eso, aún recientemente hicimos una reforma de la agenda 2000; estos conjuntos de precios sirven tan sólo para hacer los ajustes anuales que imponen las situaciones concretas. 
El actual conjunto de precios aparece en un momento en que la Comisión ha prometido presentar durante el corriente año propuestas de reforma para varios sectores, en particular el del arroz, el del azúcar, el de las frutas y legumbres y del aceite y espero que así sea. 
Hay una situación particular que quisiera subrayar y que tiene que ver con la cuestión de las frutas y legumbres y con un problema particularmente importante en mi país. 
Todos nosotros conocemos la iniquidad del actual régimen de la política relativa al tomate transformado. 
Se dan modificaciones de cuotas entre países miembros, cosa que ocurre todos los años en un marco en que no se tienen en cuenta los imprevistos- ni climáticos ni de mercado -, lo que provoca una inestabilidad permanente en el sector. 
Por eso, hace poco tiempo, el Parlamento Europeo aprobó en el ámbito del informe de la Sra. Ayuso González la creación urgente de umbrales de garantía en el nivel del Estado miembro. 
Y se pidió a la Comisión urgencia en la presentación de esas propuestas 
Sucede que en el conjunto de precios la Comisión no ha presentado nada a ese respecto para corregir la situación y tampoco vemos que la Comisión tenga prisa alguna en anunciar una propuesta. 
Si no se aprueba rápidamente la propuesta de la OCM, mi país corre el riesgo de perder el 10% de su cuota, lo que, de hecho, es algo inaceptable. 
Por tanto, la cuestión es la siguiente: no entiendo por qué motivo no adoptó iniciativas la Presidencia portuguesa para que se presentara rápidamente una propuesta. 
Y no entiendo por qué razón se utiliza el argumento de que "no se puede hacer una reforma del tomate, porque no hay dinero" cuando se utiliza el que tenemos para otras cosas que no son la agricultura, como, por ejemplo, la financiación para Kosovo. 
Señor Presidente, estimados señoras y señores diputados, en primer quiero agradecerle sinceramente a usted, señora Jeggle, la elaboración de este informe. 
Al fin y al cabo, éste es el primero que presenta ante esta Asamblea. 
Asimismo, quiero agradecer sinceramente a los miembros de la Comisión de Agricultura y a las demás comisiones que han participado activamente en las deliberaciones su constructiva colaboración. 
Es para mí un motivo de alegría el que el Parlamento haya dado la razón a la Comisión en los aspectos centrales de su propuesta, en el sentido de que necesitamos una mayor continuidad y, por tanto, una fijación de los precios con carácter plurianual. 
Permítanme que, en primer lugar, pase a analizar el contexto y el contenido de las propuestas que hemos presentado. 
Considero correcta la afirmación expresada aquí de que el paquete de precios ya no tiene el significado que tuvo en el pasado. 
Como lógica consecuencia del planteamiento plurianual que hemos elegido para la Agenda 2000, la Comisión ha propuesto fijar por tiempo indefinido los precios e importes para los sectores en que siga siendo necesario. 
Ello ofrece a nuestros agricultores unas condiciones marco básicamente más estables en que planificar su actividad a largo plazo; en todo caso, no se excluyen, en principio, la introducción de las ulteriores modificaciones que sean necesarias. 
La única excepción en nuestras propuestas afecta al sector del azúcar, cuyo régimen actual expira- como probablemente sabrá la mayoría de ustedes­ a finales de 2000-2001. 
Por ello, no habría sido oportuno introducir cambios, después de haber sido fijado el año pasado. 
Por ello, proponemos que se mantengan los precios actuales del azúcar previstos para este último año del régimen de cuotas de producción en vigor. 
Voy a pasar a comentar las diversas enmiendas propuestas. 
La enmienda 4 prevería el mantenimiento sin cambios de los incrementos anuales. 
No puedo- dicho con toda claridad- apoyar esta enmienda, dado que no es cierta la afirmación de que la reducción que proponemos es contraria a los acuerdos de Berlín. 
¡Al contrario, es la consecuencia lógica de los acuerdos de Berlín! 
En efecto, en Berlín se acordó el mantenimiento del sistema de incrementos mensuales, pero eso no tiene nada que ver con el ajuste de las cantidades. 
En el pasado también hemos introducido ajustes más o menos todos los años. 
Por otro lado, quiero disuadirles de la idea de que no sería razonable introducir ajustes, pues deben tener en cuenta lo siguiente: si la falta de ajustes entraña un obstáculo a la salida al mercado y que se almacene el cereal a la espera de reports más altos, los agricultores perderán con la comercialización en primavera más de lo que obtendrían con esta subida de los incrementos mensuales. 
Por tanto, no puedo aceptar esta propuesta. 
Paso a la segunda pregunta, relativa a la actualización y endurecimiento de los criterios de calidad. 
Entretanto, y dado de que se trata de una competencia exclusiva de la Comisión- algo que quiero poner de relieve­, se ha producido la votación en el comité de administración competente. Con ello ha quedado cerrado el debate, pues el 19 de abril se aprobó el Reglamento 824/2000 de la Comisión. 
A mi juicio, no procede que reabramos este debate. 
En consecuencia, no puedo aceptar las enmiendas 2 y 5. 
Con respecto al debate en torno al porcentaje de humedad, quiero señalar que en Berlín se fijó el precio de los cereales, ¡pero no los precios del agua! 
Un 14,5 % de humedad es el contenido máximo que puede aceptarse como valor corriente en el tráfico comercial. 
Si un agricultor tiene la mala suerte de que el porcentaje de liquidez de su cereal sea algo mayor, sólo tiene que soportar los costes de secado, ¡y así el problema queda resuelto! 
Pero no podemos aceptar por más tiempo que en nuestros almacenes de intervención se guarde cereal que no se adecua a las prácticas comerciales usuales a nivel internacional. 
Con las enmiendas 1 y 3, que proponen la introducción de los granos de mostaza en el sistema de ayudas, tengo desgraciadamente un problema, porque dicha introducción sería contraria al Acuerdo de Marrakech. 
Asimismo, contravendría la cláusula de paz, con arreglo a la cual no pueden incluirse nuevos productos en el régimen de ayudas. 
Paso ahora a las enmiendas 6 y 7. Aquí es necesario aclarar algunos puntos. 
Primero: la financiación de medidas de política exterior para el ejercicio 2000/2001, ejercicio que se encuentra actualmente en proceso de debate, no está de ningún modo ligada a la fijación de los precios del azúcar. 
Segundo: la reducción del límite superior de la rúbrica 1a, propuesta para el año 2002, no prejuzga las medidas en ningún sector de producción específico. 
Tercero: sobre el año 2003 y siguientes, a los que también se ha referido la Sra. Jeggle: la Comisión ha acordado que sólo se reclamará que se destinen recursos a Serbia cuando la situación política haya cambiado de forma radical en dicho país. 
Si esto ocurre, la Comisión decidirá, con ocasión de la revisión en 2002 de las previsiones financieras, acordada en Berlín, de qué modo tendrá en cuenta las posibles necesidades. 
La Comisión ha acordado expresamente no prejuzgar en el momento actual nada relativo a esta cuestión. 
Además, la Comisión ha acordado que, en principio, los recursos de la rúbrica 1a sólo podrán emplearse si las restantes fuentes de financiación no bastan, situación que de ningún modo se da en el momento actual. 
Señora Jeggle, usted ha propuesto que por lo menos deberían emplearse los recursos de la categoría 1b- los destinados al desarrollo rural- y ha establecido una conexión con la catástrofe causada por la tormenta de viento en Baden-Württemberg. 
Ese es un problema de mucho mayor calado, pues la Comisión había previsto originalmente la posibilidad de que se traspasasen recursos entre las dos subrúbricas. 
Pero fue rechazada por el Parlamento. En consecuencia, no es posible tal traspaso, habida cuenta del régimen financiero actualmente en vigor y del Acuerdo interinstitucional. 
Sobre la pregunta que la Sra. Keppelhoff ha formulado, acerca de lo que el Ecofin ha efectivamente acordado: las propuestas que la Sra. Schreyer presentó al Ecofin fueron rechazadas en un primer momento. 
Pero ahora nos encontramos aún en fase de discusión; el debate presupuestario concreto sobre el presupuesto 2001 está a punto de celebrarse. 
Dicho rechazo no se refiere principalmente ni tampoco exclusivamente a esta cuestión de los 300 millones, sino que el Ecofin valoró las propuestas de forma negativa en su conjunto. 
La enmienda 8, sobre la que se ha ocupado en particular el diputado Mulder, trata de un estudio sobre las alternativas a la financiación de los perjuicios derivados de posibles apariciones bruscas de enfermedades en animales. 
Este estudio- al que se ha referido el Sr. Mulder- debería prever la posibilidad de un sistema de seguro obligatorio. 
Haremos que dicho estudio se lleve a la práctica. 
No obstante, debo comunicarles que los resultados no podrán presentarse hasta finales de este año. Las personas que se ocuparán de la aplicación de dicho estudio no nos facilitarán antes los resultados. 
También comparto la opinión expresada en la enmienda, en el sentido de que los productores deben asumir una mayor responsabilidad sobre los aspectos financieros de la erradicación de enfermedades de animales. 
No obstante, esta cuestión incumbe en principio a los Estados miembros. 
Por ello, sólo podemos realizar aquí una evaluación de qué posibilidades existen de que pueda apoyarse desde instancias comunitarias a los Estados miembros en la organización de tales sistemas. 
En todo caso, esta cuestión debe tratarse en el marco de la revisión de la normativa sobre medicina veterinaria, que está siendo actualmente llevada a cabo por la Dirección General de la Salud y la Salud animal, competente en la materia. 
La Sra. Redondo ha planteado algunas cuestiones sobre la regulación del mercado de frutas y hortalizas, de los frutos de cáscara, de las flores y plantas, y el diputado Cunha lo ha hecho sobre los tomates transformados. 
La Comisión presentará este año, tal como está previsto, un informe sobre el funcionamiento de la ordenación de los mercados de las frutas y verduras. 
En este informe incluiremos no sólo a las frutas y verduras frescas, sino también las transformadas y, por tanto, también los tomates transformados. 
Estimamos que este informe estará acabado a principios del segundo semestre del presente año. 
En lo que respecta al fomento de las flores y plantas ­o, dicho más exactamente, señora Redondo, las ayudas al sector de las flores y plantas­, es cierto que la Comisión está efectuando una revisión. Así lo exigimos con ocasión de la entrada en vigor de la normativa; con independencia de cuál sea el resultado de esta revisión, presentaremos una propuesta en tiempo oportuno, de modo tal que no se produzca ninguna interrupción de las ayudas. 
Muchas gracias, Señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Productores de fibras: apoyo a los productores y OCM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0124/2000) de la Sra. Schierhuber, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1251/1999 por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, para incluir en el mismo al lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras (COM (1999) 576- C5-0280/1999- 1999/0236 (CNS) ), y sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector del lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras (COM (1999) 576- C5-0281/1999- 1999/0237 (CNS) ). 
Señor Presidente, el informe de nuestra colega Schierhuber aquí presentado, demuestra que cuando funciona mal una determinada reglamentación en Europa, es perfectamente posible conseguir que se mantenga esa determinada reglamentación introduciendo propuestas nuevas, en este caso para el lino. 
El lino es un producto especial, así como el cáñamo, que tienen una larga historia europea. 
Sólo el hecho de que hoy tanto mis pantalones como mi chaqueta estén confeccionados de lino, manufacturado incluso en Flandes, cultivado en Francia y parcialmente elaborado en Zelanda, indica qué tradición tiene este producto. 
El motivo por el que hemos de mantener este debate es porque la reglamentación se ha desviado. 
Todos sabemos lo que ha pasado con la fibra corta. Sabemos también que en el sur de Europa se produjeron irregularidades. 
Tenemos que estar dispuestos a llegar a una modificación de la política. 
Sin embargo, lo que ocurre ahora con la propuesta de la Comisión es que el remedio es peor que la enfermedad. En la actualidad se producen abusos. 
Sin embargo, es perfectamente posible hacer más estrictos el régimen del lino y el régimen del cáñamo para que el presupuesto normal de los años pasados sea suficiente para preservar, sin embargo, un cultivo rentable en Europa. 
Lo digo porque este cultivo es un cultivo antiguo, que aparte del lino de la ropa tiene también otras aplicaciones destinadas a usos no alimentarios; sólo hace falta pensar en el cuadro de mandos de los coches, los parachoques, lo cual es un auténtico complemento de la política agrícola. 
Se trata de un producto muy especial que tiene mucho valor añadido y que fomenta el empleo. 
Justamente estas tres facetas son las que nos tienen que impulsar para que procuremos conservar un buen régimen. 
Por este motivo apoyo sinceramente el informe de nuestra colega Schierhuber. 
Los importes que ha mencionado suponen la conservación del rendimiento del cultivo y garantizan también una buena transformación. 
Lo que necesitamos es un control más estricto de esta transformación para evitar que se vuelvan a producir abusos en el futuro. 
Quiero terminar dando una pincelada histórica. 
Mi país, históricamente, sostuvo la Guerra de los Ochenta Años con España que terminó con la Paz de Westfalia. 
Las personas que se sentaron a negociar en aquel entonces eran de los Países Bajos del sur, la Bélgica actual, de los Países Bajos del norte, los actuales Países Bajos y de España. 
Todos llevaban ropa de lino manufacturada muy probablemente en Flandes, cultivado en el norte de Francia y en Bélgica. 
Un conflicto de ochenta años no terminó con el cultivo del lino en la costa del Mar del Norte. No puede ser que el actual régimen fracase por un pequeño descarrilamiento en España, que mientras tanto ya ha sido corregido y que ha provocado una reducción del cultivo hasta 50.000 hectáreas. 
Me gustaría que esta conciencia histórica de la paz de Westfalia tenga también su repercusión en un nuevo régimen para el sector del lino en Europa. 
Señor Presidente, nosotros compartimos los objetivos que persigue la propuesta de la Comisión en la nueva reglamentación del lino y el cáñamo: reglamentar y equilibrar los mercados, simplificar la Política Agrícola Común y evitar el fraude. 
No así la forma que se elige para hacerlo. Esto es así porque consideramos que esta propuesta, de no ser aceptadas las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura que la mejoran, puede llevar a la total desaparición del cultivo del cáñamo y del lino en pequeñas y medianas explotaciones, y como un cultivo alternativo en determinadas zonas de la Unión. 
Pensamos, señor Comisario, que no es aceptable que, queriendo acabar con el fraude, se quiera acabar con el cultivo en un determinado sector. 
Creo que es el momento de recordar que la mejor lucha contra el fraude está en la total transparencia de las ayudas públicas y de las investigaciones que se inician para detectar el fraude, poniendo al descubierto el nombre y los apellidos de los defraudadores como única forma de evitar que la totalidad de los agricultores y del sector agrario paguen las consecuencias del fraude de algunos pocos especuladores. 
La inclusión del lino y del cáñamo dentro del régimen general de herbáceos exige el establecimiento de un rendimiento único para todas las zonas de la Unión Europea. 
La existencia de rendimientos distintos en zonas del norte y del sur, en las distintas regiones de la Unión, puede hacer que se produzcan verdaderas discriminaciones en el pago por superficie de este cultivo. 
Por lo tanto, pedimos que se acepte la inclusión de un rendimiento medio en todas las regiones de la Unión, que sea el rendimiento medio del cereal. 
En relación con la ayuda a la transformación, estimamos absolutamente inadecuada la existencia de una ayuda transitoria a la transformación de fibra corta, tal como propone la Comisión, que finalizaría en 2006. 
Consideramos que debe ser una ayuda duradera y que debe equilibrarse y adecuarse a la ayuda a la transformación de la fibra larga, como única forma de garantizar las salidas comerciales que la fibra corta tiene en un sector industrial verdaderamente alternativo a los productos sintéticos. 
Estamos, señor Comisario, absolutamente de acuerdo en la necesidad de que existan estabilizadores en este cultivo, pero en ningún caso de acuerdo con las cantidades nacionales garantizadas que establece la propuesta de la Comisión, por considerarlas absolutamente inadecuadas y contrarias a la realidad existente en cada uno de los países. 
Por lo tanto, también pedimos que estimen y consideren la propuesta presentada por la Comisión de Agricultura. 
Por último, quiero decirle que estamos absolutamente de acuerdo con la existencia de controles en este sector. 
Por lo tanto, la existencia del contrato de venta, siempre y en todo caso entre el agricultor y el transformador, nos parece absolutamente necesaria. 
Por eso votamos en contra del informe de la ponente cuando quería que estos contratos desaparecieran. 
Para demostrar que el cultivo se ha vendido y se ha transformado no hay mejor prueba que la existencia del contrato. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Schierhuber, por este informe. Igualmente, quiero agradecerle que el informe haya tomado en cuenta de forma especial los procesos de elaboración en aquellos países que empezaron también a cultivar lino siendo ya miembros de la UE. 
Es natural que también se haya tenido en cuenta el mercado de estos países y, por lo tanto, se ha considerado que es importante apoyar y dar mayor énfasis a la transformación, especialmente en lo que se refiere al lino de fibra corta, el cual puede ser utilizado en el sector de la construcción y también como aislante. 
Quiero sumarme también a la intervención anterior de la Sra. Rodríguez Ramos, en la que habló del rendimiento medio de las cosechas. 
El rendimiento medio del lino y del cáñamo es bastante similar en toda Europa, tanto en el norte como en el sur. 
No existen grandes diferencias de rendimiento. 
Pero las diferencias sí son grandes en el caso de los cereales. 
Por consiguiente, sería una injusticia que, en un ámbito tan pequeño de producción como el que constituyen el cáñamo y el lino en el grueso de toda la producción agrícola, las regiones periféricas- la región mediterránea y la nórdica- sufran discriminaciones en el pago de las subvenciones, ya que éstas se conceden en función de la superficie. 
Por consiguiente, la enmienda 38 es muy acertada. 
Apoyo esta enmienda y espero que disfrute de un amplio respaldo para evitar, precisamente, que la región mediterránea y la región nórdica queden en condiciones de desigualdad con respecto a las zonas centrales de la UE en lo que se refiere a este sector productivo. 
Señor Presidente, me alegro de tener esta oportunidad de dirigirme al Parlamento sobre esta importantísima cuestión. 
El asunto principal sobre el que quiero insistir es el que el mal uso de fondos que se pueda haber hecho en algún lugar no debería de impedir el que se continuase innovando en otras zonas. 
Se están desarrollando algunos programas excelentes que deberían ser apoyados. 
En una industria agrícola inestable, las oportunidades ofrecidas por el lino y el cáñamo en un mercado de fibras naturales en plena expansión no deberían perderse. 
Proporcionaría a los agricultores la oportunidad de diversificarse- algo a lo que han sido constantemente incitados por los gobiernos de sus respectivos Estados miembros así como por el Parlamento Europeo- creando nuevas oportunidades de empleo. 
En mi propio país, Gales, se están estableciendo plantas de transformación de lino utilizando ayudas de la Unión Europea. 
El informe de nuestra Comisión de Agricultura también incluye enmiendas para permitir la extensión de las subvenciones a la producción de lino y cáñamo a las tierras no cultivables, proporcionando así oportunidades de diversificación a regiones de la Unión Europea que no podrían obtener ayudas monetarias con la normativa actual. 
Este es un tema esencial pues afecta a miles de hectáreas de suelo europeo con escasas posibilidades productivas. 
Así por ejemplo el 80% de la superficie de mi país, Gales, está constituido por tierras no cultivables. 
La frecuencia de las lluvias, que es muy superior a la media, hace de ellas un terreno ideal para cultivar lino de fibra corta, y sin embargo no podía solicitar subvenciones de la Unión Europea con la normativa anterior. 
Su localización periférica, algo que ya se ha señalado aquí desde otras áreas, así como el hecho de que sus pequeñas explotaciones agrícolas tengan que competir en un mercado más amplio, junto con el alto valor de la libra esterlina, ha significado que se ha perdido el 80% de sus ingresos en menos de tres años. 
La importancia de que se subvencione la producción de lino en este tipo de zonas de la Unión Europea no se puede expresar mejor. 
Me gustaría agradecer al ponente el haber aceptado nuestras enmiendas a este respecto. 
Igualmente rechazamos las cuotas y los techos para su producción, pues ello limitaría las posibilidades de desarrollar la diversificación y las posibilidades de empleo en regiones desfavorecidas. También pensamos que debería existir un equilibrio entre el apoyo que se preste a los agricultores y el que se dé a los transformadores. 
Felicito a la ponente y hago un llamamiento al Parlamento Europeo para que apoye el informe del Comisión de Agricultura. 
Señor Presidente, en primer lugar, y ante todo, quiero agradecer a la Sra. Schierhuber el trabajo que ha realizado, cuyo principal mérito es introducir elementos de sensatez en una propuesta que carece absolutamente de ella. 
Es cierto que la reglamentación vigente presenta deficiencias de control, y estas deficiencias han sido aprovechadas por ciertas personas para obtener ayudas bordeando la legalidad. 
Obviamente, esta situación requería unas modificaciones que, en buena lógica, deberían haberse centrado en el reforzamiento de los controles. 
Sin embargo, hemos vuelto a tener ocasión de comprobar la especial manera que tiene la Comisión de cumplir con su función de realizar propuestas legislativas. 
La propuesta de la Comisión sigue una línea asombrosa: en lugar de reforzar los mecanismos de control, elimina las ayudas al lino de fibra corta. 
Francamente, con esto, la Comisión viene a emplear una práctica semejante a la del médico que, para curar una jaqueca, propusiera la amputación de la cabeza. 
Además, la propuesta de la Comisión, de ponerse en práctica, provocaría la desaparición del cultivo en algunos Estados miembros, afectando negativamente a buen número de agricultores que habían encontrado una alternativa de cultivo en una producción no excedentaria y destinada a usos no alimentarios. 
En España, por ejemplo, prácticamente la totalidad del lino que se cultiva es de fibra corta, ya que el calor y la escasez de precipitaciones limitan el desarrollo de la planta. 
Por otra parte, la sequedad del suelo en verano hace prácticamente imposible arrancar la planta con su raíz para obtener fibra larga. 
Además, el lino de fibra corta se adapta perfectamente a condiciones de secano, cuenta con un cierto mercado y, al menos teóricamente, es el tipo de producciones que se pretende impulsar. 
La eliminación de las ayudas al lino de fibra corta cerraría el paso a utilizaciones innovadoras, no alimentarias, de productos agrícolas, afectando fundamentalmente a regiones con menor pluviometría y en condiciones más difíciles. 
Con esto, la Comisión propone concentrar las ayudas en las zonas con mejores condiciones y privar de ellas a los menos favorecidos. 
Quiero recordarle aquí a la Comisión el artículo 158 del Tratado (antiguo 130 A) , que obliga a que se refuerce la cohesión económica y social, a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales. 
Por último, considero que es fundamental que las propuestas de la Comisión no progresen; pero, en cualquier caso, la asimilación al régimen de cultivos herbáceos provocaría situaciones injustas a través de la utilización de rendimientos condicionados por situaciones de sequía. 
En este sentido, las enmiendas de la Sra. Rodríguez Ramos me parecen una buena salida a la cuestión. 
Señor Presidente, la superficie de los cultivos de lino y de cáñamo destinados a la producción de fibras ha aumentado mucho en los últimos años a causa de la caza de primas en Estados miembros como Gran Bretaña y España. 
Los productores en estos países destruían sus cosechas mientras cobraban las primas por el cultivo. 
El Consejo, con razón, ha puesto límites a esta forma de abusar del dinero comunitario modificando la reglamentación del cultivo de lino. 
El propósito inicial de la ayuda a la producción es el apoyo del cultivo tradicional del lino destinado a la producción de fibras, que se da sobre todo en Bélgica, Francia y los Países Bajos. 
Es de suma importancia no perder de vista este objetivo. 
Rechazamos por lo tanto la equiparación de la ayuda al cultivo de lino de fibra corta y larga, como recomienda la Comisión de Presupuestos. 
Los costes de producción de la fibra larga de lino son más altos que los de fibra corta de lino y de cáñamo. 
Y justamente con esta variante de fibra corta los agricultores cobraban indebidamente las primas. 
Sí podemos dar nuestro visto bueno a la propuesta de incorporar el cultivo de lino en un régimen general de ayudas para cultivos herbáceos. 
Pero el nivel de ayudas para cereales es demasiado bajo para el lino de fibra larga y, por lo tanto, no incentivaría a los productores a cultivar este tipo de lino. 
Por este motivo, nuestro apoyo al informe depende de si la ayuda a la producción de lino de fibra larga será el doble que la ayuda a los cereales. 
Mientras se aplique esa variación en la ayuda a la transformación según sea fibra corta o larga, no hace falta emplear esa diferenciación en la ayuda a la producción. 
Por otra parte, el aumento de la ayuda a la producción debe ir acompañado por las siguientes tres medidas de control. 
En primer lugar, un contrato obligatorio con un transformador que, a su vez, debe probar que el lino ha sido transformado. 
En segundo lugar, una cuota por Estado miembro, desglosada por lino de fibra larga y corta y cáñamo. 
En tercer lugar, la obligación de utilizar semillas certificadas para la siembra. 
Como punto final, me gustaría señalar que esta reglamentación no puede entrar en vigor hasta la campaña 2000-2001, debido a las fechas en que estamos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos ante una propuesta de la Comisión sobre la reforma de la OCM del lino y del cáñamo en sus dos aspectos. 
En primer lugar, la Comisión nos justifica la necesidad de la reforma por un incremento del coste presupuestario. 
Yo no creo que sea éste el mejor camino para intentar justificar la necesidad, que comparto, de una reforma. 
Entre los objetivos que debemos tener en cuenta a la hora de llevarla a cabo, así como de simplificar y adecuar la normativa, también está el de mejorar el control, algo que después se nos olvida. 
La propuesta de la Comisión ofrece un buen análisis, coherente y preciso, del sector en la Unión Europea. 
Pone de manifiesto la importancia que tienen, tanto desde el punto de vista económico como ecológico, las producciones de lino y de cáñamo. 
Sin embargo, me parecen poco realistas las consideraciones que hace la Comisión en cuanto a la fibra de cáñamo y a la fibra corta de lino, tanto en cuanto a su rentabilidad futura como a la amplitud de sus salidas. 
Pero lo que ya me parece menos adecuado es la propuesta relativa a las ayudas a la transformación. 
En este caso me gustaría llamar la atención sobre el número creciente de salidas que tiene este tipo de fibras, como ya han señalado anteriormente varios de los oradores. 
Si nosotros fuéramos por este camino, la Unión Europea, que ya es deficitaria en el uso de estas fibras, se quedaría totalmente a cero, por lo menos en algunos países. 
Hoy he leído en uno de los periódicos de mi país que una de las comunidades autónomas ha abandonado el cultivo del lino de fibra corta en más de un 95%. 
Son declaraciones del Consejero responsable de Agricultura de esa región. 
Esto es algo inevitable si esta modificación se lleva a efecto. 
En cuanto al pago por transformación, no puedo estar de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión, tanto en las distinciones que hace entre fibra corta y fibra larga como también en lo que propone para el cáñamo. 
No veo que se nos haya presentado ningún cálculo preciso que justifique los distintos importes de las primas. 
Tampoco veo un cálculo preciso que justifique las cantidades máximas garantizadas, tanto a nivel europeo como a los distintos niveles nacionales. 
Por consiguiente, esas cantidades van a bloquear el desarrollo en la Unión Europea en lo que se refiere a las fibras, cortas y largas, y al cáñamo. 
Por otra parte, también veo la dificultad de aplicar esta normativa a esta campaña, la campaña 2000-2001, puesto que estamos ya en unas fechas muy avanzadas. 
Entiendo que la propuesta de la Sra. Schierhuber es una propuesta equilibrada, ha sido aprobada por la Comisión de Agricultura mayoritariamente y es la que debemos adoptar como norma base. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la ponente por su tratamiento de una cuestión tan compleja y en la que tanto los Estados miembros productores como los no productores tienen serias reservas respecto a las propuestas de la Comisión. 
En términos muy generales, apruebo la propuesta de la Comisión de incluir el lino y el cáñamo en el sistema de pagos por zonas cultivables. 
Un área única de pago concuerda con el punto de vista de que los cultivadores deben responder a las demandas del mercado en lugar de guiarse por las subvenciones de la PAC. 
Sin embargo, no repetiré las muchas reservas respecto a las propuestas que mis colegas ya han mencionado. 
Debemos tener en cuenta que el lino y el cáñamo son cultivos buenos para el medio ambiente. 
Comparados con los cultivos principales como el girasol y los cereales, aquellos requieren menores niveles de tratamiento con abonos químicos y pesticidas. 
Además producen materias primas renovables que pueden desplazar a las fibras sintéticas derivadas del petróleo y de otros recursos minerales. 
Por lo tanto deberíamos aprobar la expansión de los cultivos industriales y las oportunidades de diversificación que proporcionan. 
Sin embargo, me gustaría plantear la cuestión de la elegibilidad de las tierras, que parece ser un problema particular en el reino Unido. 
Gran parte del lino y el cáñamo cultivados en el Reino Unido lo son en suelo no elegible para los pagos por zonas cultivables. 
Las propuestas de la Comisión, a mi entender, suponen una amenaza para los productores del Reino Unido y dejarían a la industria de tratamiento sin suministro doméstico de materia prima. 
Se ha sugerido que las normas sobre elegibilidad de las tierras no se apliquen al lino y al cáñamo, para que se pueda utilizar cualquier suelo para estos cultivos, pero sin que ello suponga un incremente en la base. 
Ello permitiría la expansión, si las condiciones del mercado aconsejasen un crecimiento, y permitiría a nuevos productores ingresar en el mercado. 
Sería de gran ayuda que el señor Comisario se pronunciase sobre este particular cuando intervenga en el debate. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Schierhuber. 
Tengo la sensación de que se desenvuelve de maravilla en este tipo de problemáticas. 
Sólo puedo decir que estoy de acuerdo a grandes rasgos con su informe. 
Efectivamente, creo que ya era hora de que la Comisión tomara cartas en el asunto del régimen de ayudas para el lino y el cáñamo. 
Los casos de grandes fraudes y abusos, todas estas cosas, sólo contribuyen a la mala fama de la política agrícola y eso hay que evitarlo. 
Por eso, la Comisión ha actuado acertadamente. 
No obstante, en esta fase hay otra razón por la que ha sido prudente que la Comisión preste una atención especial a este tema. 
Porque sigo pensando que hace falta que se desarrollen otros cultivos agrícolas aparte de los cultivos tradicionales que existen ahora. 
El lino y el cáñamo son los herbáceos típicos que pueden servir para encontrar mercados nuevos para los nuevos productos agrícolas. 
"Agriculturización", "agrificatie", sería la palabra neerlandesa para ello, y después miraré cómo se traduce esto en los diferentes idiomas. 
En varios países ya se han llevado a cabo unas iniciativas alentadoras en este campo y se han realizado también fuertes inversiones. 
Me parece que la Comisión debería procurar que se optimicen las inversiones ya hechas en las fábricas y en el material de transformación. 
Por lo tanto, no me parece absolutamente necesario que se vinculen determinadas cuotas a determinados países. 
Más bien deberían vincularse a la determinada capacidad de uso. 
Sin embargo, hay una cosa que no está recogida en la reglamentación y es una gran ventaja para el Comisario Fischler porque no le cuesta ni un duro. 
¿Por qué no considera hacer obligatorio el uso de estos productos que provienen del lino y del cáñamo? 
Por medio de una determinada ley se podría decir que por interés medioambiental usted tiene que fabricar cuadros de mando para automóviles de este y ese producto. 
A lo mejor todo esto redunda en una buena colaboración con la Comisaria de Medio Ambiente porque tengo la impresión de que se opone frecuentemente a la agricultura en otros campos de su competencia. 
Tal vez esto pueda solucionarse con esta iniciativa. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, la Comisión parece haber elaborado una propuesta inteligente, pero no lo es. 
Es posible que dicha propuesta impida el fraude, dado que deja de existir el interés por meterse en el bolsillo la prima por superficie en vez de las primas por retirada de tierras de la producción o de primas por superficie para cereales, de menor cuantía que aquélla. 
Ahora, el problema consiste en que si usted reduce la prima por superficie hasta el importe de las primas por retirada de tierras de la producción o de primas por superficie para cereales, ya no se cultivará más lino ni más cáñamo, y con ello el asunto estará resuelto. 
Si introduce las primas por transformación, ámbito en el que, en su opinión, el fraude no puede darse- aunque en verdad sí puede­; en fin, suponiendo que no pudiera producirse dicho fraude, el posible resultado será que la materia prima se cultivará e importará de países no pertenecientes a la UE. 
Si queremos garantizar aquí el cultivo del lino, tenemos que hacer exactamente lo que hemos propuesto, lo que la ponente ha propuesto, es decir, volver al importe de la prima por superficie para cereales. 
Cuando se aporte la prueba de que ha sido transformado, se duplicará la prima; no es necesario un control muy estricto de la prueba porque tiene que ser aportada por el que desee obtener la prima. 
Sobre las cuantías máximas quiero decir lo siguiente: no cabe aprobar el hecho de que el presupuesto haya crecido mediante el fraude, un asunto en el que la Comisión no ha quedado nada bien. 
Naturalmente, es nuestro deber reprimir las actividades fraudulentas, y el dinero defraudado deber ser devuelto, pero hay que aumentar el presupuesto total para este importante cultivo, respetuoso con el medio ambiente; por tal razón, las cuotas ahora fijadas no se adecuan a este objetivo. 
Señor Fischler, estoy inquieto por saber si asume las propuestas que le ha formulado la ponente- a la que doy las gracias por su informe. 
Usted sabe en qué procedimiento nos encontramos. 
Si dice que no puede aceptarlas, nosotros reaccionaremos mañana, y entonces tendremos que negociar a otro nivel sobre esta inteligente propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, el régimen de apoyo al lino y al cáñamo se ha transformado en una pura caza de primas. 
El régimen ha sido objeto de graves abusos que rozan poco menos que la criminalidad y debe ponerse fin a esto. 
Las ayudas al lino han sido durante unos cuantos años mucho más elevadas que las ayudas a otros cultivos. 
La ayuda por hectárea al lino era más del doble que la ayuda por hectárea al cereal. 
Esto quiere decir que aunque casi no exista ninguna utilización legal para el cáñamo, la superficie destinada a su cultivo se haya cuadriplicado el último año. 
El deseo de mantener esta elevada ayuda por hectárea al cultivo del cáñamo es en realidad fruto de una muy extraña colaboración entre aquellos que quieren la legalización del hachís por un lado y los especuladores a costa de las subvenciones comunitarias por otro lado. 
En realidad, es imposible ver diferencias entre el cáñamo libre de cannabinol y el cáñamo empleado en la fabricación de cáñamo. 
La Comisión propone una reducción de las ayudas al cáñamo en tres fases hasta el nivel de ayudas fijado para el cereal. 
Hubiera preferido una reducción inmediata de las ayudas hasta el nivel de las ayudas al cereal, no obstante, puedo sobrellevar la propuesta de la Comisión. 
Les da tiempo a los agricultores para reconvertirse. 
En cambio, no puedo aceptar la propuesta procedente de la Comisión de Agricultura. 
No puede estar de acuerdo con una política agraria moderna, progresista y orientada hacia el crecimiento proponer que el régimen transitorio se prolongue aún más. 
Es algo, por utilizar otras palabras, "totalmente fuera de lugar" y votaré en contra. 
Para el lino, la Comisión propone también limitar la posibilidad de la caza de primas y aquí la comisión también es partidaria de una mejora del régimen. 
Yo, al revés, pienso que las ayudas deben limitarse. 
Deben ser el mercado y los consumidores quienes decidan qué debe producirse, no las desorbitadas subvenciones comunitarias. 
Señor Presidente, estimados señoras y señores, en primer lugar, quiero dar las gracias especialmente a la ponente, la Sra. Schierhuber, por su exhaustivo estudio de la situación y su estupendo informe. 
El debate sobre las reformas en el ámbito del lino y del cáñamo destinados a la producción de fibras comenzó hace casi cinco años, si se toman como punto de partida el año 1996 y las propuestas que la Comisión presentó entonces. 
En lugar de aceptar la reforma propuesta en aquel tiempo por la Comisión, el Consejo se limitó a endurecer los controles. 
Esta medida entrañó un considerable aumento de los gastos administrativos, pero no llegó a producir por completo el efecto deseado, dado que la caza de primas ha continuado, y las superficies de cultivo han aumentado desde cerca de 100.000 hectáreas hasta 240.000 hectáreas, con la consecuencia de que los gastos presupuestarios en este sector se han más que duplicado. 
La propuesta que tienen hoy ante ustedes persigue principalmente tres objetivos. 
Debe ponerse fin de una vez por todas a la caza de primas. 
La Comisión quiere fomentar el apoyo rural mediante el apoyo a los métodos de cultivo y producción tradicionales, y quiere ayudar a los agricultores durante un período limitado en la búsqueda de nuevas y rentables posibilidades de colocación de sus productos, así como en el aumento de oportunidades de venta. 
¡No nos engañemos! 
A la vista de las restricciones presupuestarias que todos conocemos, el sector debe orientarse de una forma más decidida hacia el mercado. 
Y lo que es aún más importante: los acuerdos de Berlín no prevén el empleo de nuevos recursos en el fomento de nuevos productos. 
Es posible que dichos nuevos productos sean de gran importancia para la agricultura, pero nuestro mensaje debe ser honrado: el principal objetivo de tales innovaciones debe ser también la rentabilidad. 
La Comisión ha analizado escrupulosamente las enmiendas del Parlamento. 
Muchas son para nosotros, por su propia esencia, aceptables, otras no lo son en su forma actual, pero invitan a la reflexión. 
Y otras, desgraciadamente, no podemos aceptarlas. 
Paso ahora a comentar la primera propuesta, relativa a la inclusión del lino y del cáñamo destinados a la producción de fibras en el régimen de cultivos herbáceos. Estoy dispuesto a aceptar la enmienda 2, que contiene la formulación de los objetivos. 
La idea de duplicar la ayuda por hectárea si se prueba que la varilla ha sido transformada en fibra, me parece a primera vista muy seductora, señor Graefe zu Baringdorf. 
Pero, en mi opinión, está condenada al fracaso, pues con ello crearíamos de hecho nuevos incentivos para la caza de primas y, en última instancia, habría que confiar de nuevo en la realización de controles, que hasta ahora han demostrado ser muy poco eficaces. 
En consecuencia, no comparto las enmiendas 3, 9, 10 y 12, ni, por razones similares, la enmienda 38. 
Sin embargo, en la enmienda 4 se expresan ciertos temores relativos a las disposiciones sobre la posibilidad de que las superficies de cultivo reciban ayudas, disposiciones que han abordado en particular los diputados Adam y Wyn. 
Coincido con ellos en que necesitamos una solución adecuada, y por ello puedo dar en principio mi conformidad a la enmienda 4. 
Lo mismo cabe decir sobre la enmienda 37, que apunta en la misma dirección. 
Las enmiendas 7, 8 y 15, que versan sobre las excepciones a las disposiciones de la organización del mercado de productos herbáceos, relativas a las superficies de base y a la retirada de tierras de la producción, son aceptables en la medida en que son conformes con el acuerdo sobre la Agenda 2000, pero sólo en ese marco. 
A mi juicio, ya no son en absoluto necesarias, dado que dentro de las superficies de base hay por todas partes superficies en las que puede cultivarse limo y cáñamo, sin que por ello deba limitarse el cultivo de otros productos. 
Intentamos encontrar una solución para suavizar las restricciones presupuestarias que se pudieran producir. 
Puedo aceptar la enmienda 6 en lo relativo al cáñamo. 
Sin embargo, no es cierto que ya no puedan controlarse los llamados cultivos ilegales, como se recomienda al menos de forma implícita en las enmiendas 5 y 16; no puedo dar mi apoyo a estas enmiendas. 
Sin embargo, podría preverse una cierta flexibilidad en los aspectos relativos a la consecución de un nivel alto de control. 
Por ello podría dar mi conformidad a estas enmiendas y a la enmienda 14, al menos en su fondo. 
Dados los riesgos para la imagen del cáñamo, la Comisión propone prohibir la utilización del cáñamo y de semillas de cáñamo en alimentos, si bien los tipos que deben emplearse en la UE no contienen sustancias psicotrópicas. 
Esta es una cuestión de una amplia dimensión política sobre la que seguramente puede seguir discutiéndose. 
No obstante, en la fase actual no voy a prestar mi apoyo a las enmiendas 11, 13 y 22. 
Pero el objetivo en sí es claro. 
Paso a la segunda propuesta, al Reglamento sobre el establecimiento de la organización común de mercados en el sector del lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras. 
La ayuda a la transformación debe guardar una proporción adecuada con los costes de producción y con el valor de mercado de los productos. 
La ayuda a la transformación del lino de fibra larga ocasiona mayores costes. Por ello, debe diferenciarse de la ayuda al lino de fibra corta y a las fibras de cáñamo. 
Asimismo, ha de establecerse el contenido máximo permitido de impurezas, dado que con la ayuda debe fomentarse la producción de fibras de alto valor y no las impurezas que contienen las fibras. 
La política que debe aplicarse en este sector ha de ser clara. 
Sólo podemos admitir las inversiones que sean rentables en condiciones de mercado. 
Este principio también se aplica aquí. 
Por ello no puedo expresar mi conformidad con las enmiendas 18 y 34, si bien contienen sin duda alguna material para ulteriores reflexiones. 
Sin embargo, si comparto las ideas que subyacen a las enmiendas 23, 25 y 26, es decir, un acercamiento de los importes de las ayudas y de la concesión de las ayudas sujeto al resultado de los controles. 
No obstante, no pueden superarse los límites previstos en el presupuesto. 
El segundo tema de importancia son las cantidades nacionales garantizadas. Habida cuenta de las conocidas dificultades de controlar los resultados de la cosecha, es imprescindible mantener dichas cantidades mínimas. 
Mediante la propuesta de la Comisión se limita el peligro del fraude a la fase de transformación sin que tengan que fijarse cuotas para las distintas empresas transformadoras y, por tanto, sin las consecuencias que tales cuotas implicarían para un mercado en expansión. 
Una cantidad máxima garantizada para toda la Comunidad no sería la solución. 
La experiencia nos muestra que ello sólo da lugar a discusiones entre los Estados miembros y dificulta la búsqueda de una solución efectiva. 
El reparto anual de las cantidades máximas garantizadas entre los Estados miembros, basado en unas capacidades de transformación que no pueden ser controladas, no es en realidad una alternativa efectiva. 
Por ello no puedo aceptar las enmiendas 20, 21, 27 a 30 y 35. 
Pero considero muy interesante la idea de fijar una especie de cuota del newcomer y de repartirla con carácter anual entre los Estados miembros cuya producción actual de lino y cáñamo es pequeña o simplemente inexistente. 
Las enmiendas 24 y 33 puedo aceptarlas en los casos en que el titular de la empresa y el primer transformador sean la misma persona. 
En lo que respecta a la introducción de cáñamo y de semillas de cáñamo, coincido en que necesitamos una solución adecuada. 
Sin embargo, no puedo dar mi conformidad a las enmiendas 22 y 31 en su tenor actual, porque en ellas se dice implícitamente que no debe efectuarse control alguno. 
Con respecto al calendario, estoy también finalmente dispuesto a aceptar las enmiendas 17 y 36, según las cuales las nuevas disposiciones no deben entrar en vigor hasta el 1 de julio de 2001. 
Pero, con arreglo a la normativa vigente, la ayuda por hectárea para la próxima campaña debería fijarse en este año. 
En este caso, yo estaría vinculado a las cifras contenidas en los presupuestos. 
¡Es absolutamente necesario reformar este sector! 
Creo que coincidirán conmigo en ello. 
Debemos orientar el sector "lino y cáñamo destinados a la producción de fibras" hacia el mercado, para que dicho sector pueda prestar una contribución efectiva, indiscutible y útil a la economía y deje de ser objeto de las críticas de la opinión pública. 
En estas circunstancias, creo, debería interesarles aprobar la resolución en esta semana, para que el Consejo pueda adoptar un acuerdo lo más pronto posible. 
De este modo podremos evitar las perturbaciones del mercado que se produzcan en la campaña 2000/2001 si la cuantía de la ayuda no se mantiene hasta el 1 de agosto. 
Por lo menos, puedo dar mi conformidad- como ya les he dicho- a 13 enmiendas, y de muchas otras enmiendas he subrayado expresamente que no puedo aceptarlas en su forma actual, pero que, sin duda alguna, pueden suscitar nuevas reflexiones e incluso debates que, por lo que a mí respecta, iniciaré en el Consejo. 
Dado que las perturbaciones del mercado pueden ser realmente serias si no contamos a tiempo con una nueva organización, deberíamos adoptar medidas de protección provisionales en las que se tengan en cuenta las estimaciones presupuestarias para 2001, pues en otro caso tendremos una cosecha sin que los productores sepan lo que pueden recibir en concepto de ayudas. 
No puede permitirse que llega a producirse tal situación. 
No sería admisible transmitir a los productores y transformadores que deben sufrir las consecuencias de que no consigamos alcanzar un acuerdo sobre una propuesta que se presentó hace por lo menos ocho meses a esta Asamblea. 
Señor Presidente, permítame una pregunta más al Comisario. 
Señor Comisario, usted ha hablado de la necesidad de los controles de las primas por transformación que aún deben efectuarse. 
Si se vincula nuestra propuesta- es decir, duplicar la prima por hectárea si se aporta la prueba- a la prueba de la prima por transformación, que también debe ser aportada y se relacionan entre sí- extremo que no se menciona en el informe­, se garantizará entonces el necesario control de ambos tipos de primas y los agricultores no quedarán excluidos. 
Si usted lleva a la práctica su plan tal como lo ha concebido, priva de suelo al cultivo de lino y cáñamo en Europa, y ello no es una cuestión de control. 
. (DE) Señor Presidente, con su permiso, querría plantear una pregunta al Sr. Comisario para profundizar en una cuestión. 
Coincido plenamente con usted en que no debemos permitir que los pobres agricultores y los transformadores no sepan lo que les espera ni cuáles son las oportunidades de futuro. 
De ahí mi decidida pregunta a usted, señor Comisario: ¿Cree usted- me refiero a las enmiendas 27 y 28 y a mi anterior intervención- que, como miembro de la Comisión, reconsiderará su propuesta relativa a las cuotas y que las regulará de forma diferente? 
Voy a comenzar con la segunda pregunta de la ponente. 
Si he entendido bien de qué trata, creo que se refiere fundamentalmente a la llamada cuota del newcomer. 
He dicho a este respecto que estamos dispuestos a aceptar dicha cuota del newcomer. 
Paso a la pregunta del Sr. diputado Graefe zu Baringdorf. Siento tener que decírselo, pero lo que usted propone es actualmente una condición, a saber, una condición de que se efectúe dicho control. 
Ocurre que el actual régimen no funciona, y por ello creo que debemos cambiarlo. 
Por tanto, quiero que pongamos el régimen patas arriba. 
Si volvemos al régimen antiguo, no sé cómo se obtendrían los éxitos ni por qué debería funcionar ahora mejor que en el pasado. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5­0130/2000) del Sr. Rothley, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0111/2000- 1997/0264 (COD) ) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles). 
. (DE) Señor Presidente, debo y puedo expresarme con brevedad. 
En esta semana podemos adoptar por primera vez un acto legislativo en la Unión Europea nacido por iniciativa del Parlamento Europeo y en el que, gracias a Dios, la Comisión y el Parlamento han colaborado de forma positiva. 
Con él se trata de ofrecer una mejor protección a las víctimas de accidentes de circulación en la Unión Europea. 
En primer lugar quiero mirar hacia el futuro antes de examinar el pasado. 
Ya existe, estimado señor Bolkestein, un proyecto de Quinta Directiva. 
He trabajado en ella concienzudamente y el Parlamento la tendrá próximamente sobre la mesa. 
Es mi deseo que colaboremos estrechamente en esta materia. 
La Quinta Directiva, entonces, está ya de camino. 
A principios de junio- aún estamos en la mirada al futuro- celebraremos en la Europäische Rechtsakademie de Tréveris un congreso sobre una cuestión importante, la reforma de la normativa en materia de daños personales, y cabe prever que de allí surja una iniciativa parlamentaria. 
Es decir, queremos introducir una cierta dinámica en este debate sobre una mejor protección de las víctimas de accidentes de circulación. 
Le estaría muy agradecido, señor Comisario, si pudiéramos hacerlo forma conjunta. 
Y le estaría muy agradecido porque usted ha prestado una importante contribución a este debate- y con ello paso a mi retrospectiva­ sobre la Cuarta Directiva. 
Teníamos el serio problema de la aplicabilidad de dicha directiva cuando el accidente se producía en un Estado miembro de la Unión Europea. 
Nunca comprendí la terquedad con que la Comisión se opuso a ello en un principio, una postura que carecía de fundamento lógico, político y jurídico. 
Gracias a Dios, usted allanó el camino, con ocasión del debate sobre dicho tema celebrado en el Parlamento a finales del año pasado, para encontrar una solución. 
Ahora, la directiva se aplica en todos los países que son miembros del sistema de oficinas de la carta verde, con lo que al menos se cubrirá cerca del 90% de los accidentes en que estén implicadas partes comunitarias. 
Ya que estoy hablando de cifras: se calcula que son unos 500.000 los accidentes acaecidos cada año en la Unión Europea- no se incluyen a estos efectos los terceros países- los que podremos tramitar y liquidar básicamente mejor. 
Antes se daba el problema de que había que enfrentarse con una lengua extraña, con un ordenamiento jurídico extraño, etc. Si tenemos en cuenta las peticiones enviadas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo porque la tramitación y liquidación de accidentes de tráfico acaecidos en otro país se prolongaba durante años y años, estoy completamente seguro de que con la presente directiva hemos dado un decisivo paso hacia delante. 
Naturalmente, no podemos alterar el Derecho aplicable ni la competencia judicial, pero con la propuesta que ahora presentamos de que cada entidad aseguradora cuente con un representante para la tramitación y liquidación de los siniestros en cada estado, con este régimen podemos posiblemente tramitar y liquidar de forma satisfactoria para la víctima el 90% de todos los accidentes de tráfico acaecidos en otro país. 
Este es un gran paso hacia delante. 
En el debate que mantuvimos quedaron abiertas algunas cuestiones. 
Uno de los puntos que quiero mencionar es que he lamentado que se haya debilitado la posición de los organismos de indemnización- una idea de la Comisión­ en el curso del proceso de debate político. 
A pesar de ello, en última instancia encontramos una solución satisfactoria, pero dentro de tres o cuatro años analizaremos los resultados de la directiva y, si fuera necesario, propondremos su mejora. 
A modo de resumen quiero decir lo siguiente: gracias a su intervención, señor Comisario, se ha producido un considerable avance en lo que respecta a la presente directiva, y quiero agradecérselo expresamente. 
Superó la resistencia que encontró en su propia Comisión. 
¡Ha sido un trabajo magnífico, muchas gracias! 
Espero que en el futuro colaboremos de una forma igualmente positiva en lo relativo a la protección de las víctimas de accidentes de circulación y en su mejora. 
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Cooperación al desarrollo con Sudáfrica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A5-0114/2000) , en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C5-0100/2000- 1999/0070 (COD) ) con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación al desarrollo con Sudáfrica (Ponente: Sr. Martínez Martínez). 
. Señor Presidente, colegas, la Comisión de Desarrollo y Cooperación aprobó hace unos días, por unanimidad, la recomendación que hoy sometemos a la consideración del Parlamento. 
Antes había hecho un esfuerzo notable para agilizar y racionalizar la tramitación del tema, considerando que votar el nuevo reglamento del Parlamento y del Consejo relativo a la cooperación para el desarrollo con Sudáfrica era una cuestión importante y urgente. 
Era importante porque Sudáfrica es uno de los países que mayor contribución recibe de la Unión Europea para su proceso de desarrollo. 
Era urgente porque el reglamento que había estado vigente durante los últimos cinco años para el funcionamiento de esta cooperación había expirado el 31 de diciembre de 1999, quedando, a partir de esa fecha, los distintos procedimientos en curso sin la pertinente cobertura jurídica. 
No deja de ser preocupante que hayamos podido llegar a tal situación. 
En efecto, en el primer semestre de 1999, nuestro Parlamento tomó en consideración el primer texto propuesto por la Comisión, aprobando al respecto seis enmiendas y trasladándolas al Consejo para su pertinente reacción. 
Aquí es donde se produjo la demora, puesto que el Consejo tardó nada menos que ocho meses en ofrecernos su posición. 
Con eso, nos salimos del calendario previsto y se produjo el vacío jurídico a que acabo de referirme. 
Por fin, el Consejo presentó su propuesta. 
Su texto recogía la mayor parte de las enmiendas que el Parlamento había aprobado en primera lectura y, en particular, el Consejo reforzaba notablemente las referencias relativas a combatir la pobreza y a alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo, acordados sobre la base de convenios y resoluciones de las Naciones Unidas. 
En la reflexión que la Comisión de Desarrollo y Cooperación hizo respecto de la propuesta del Consejo se entendió como necesario tratar de evitar la prolongación de la tramitación con una tercera lectura. 
Es decir, que pensamos asumir todo lo que nos pareciera razonable y limitar nuestras enmiendas a aquello que resultara indispensable, y, aun eso, con un espíritu de gran moderación. 
Quedaron apenas dos cuestiones, que son aquellas que se han traducido en enmiendas, que, a modo de recomendación, nuestra comisión somete a la aprobación del Pleno. 
La primera cuestión se refiere a la comitología. 
El Consejo deseaba que el comité de expertos fiscalizara todos los proyectos de cooperación con Sudáfrica, a partir de los que tuvieran un presupuesto de 3 millones de euros. 
En cambio, nosotros pensábamos que dicho comité debería estar más para orientar y controlar las grandes líneas de la cooperación al desarrollo con Sudáfrica y para fiscalizar directamente sólo los proyectos de mayor envergadura, quedando los de menor cuantía en los procedimientos ordinarios, que son responsabilidad de la Comisión. 
Valorados todos los extremos, finalmente nuestra enmienda, la que hoy les sometemos a consideración, eleva la propuesta del Consejo de 3 a 5 millones, con lo que el comité de los Estados tendrá bastantes menos proyectos de que ocuparse y podrá así dedicarse más a la globalidad de tan importante actividad. 
La segunda propuesta concierne al marco presupuestario de la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y Sudáfrica para el período de 7 años, incluyendo el año 2000, a la que se refiere el reglamento que debatimos. 
En los cinco años anteriores este marco presupuestario había sido de 125 millones de euros anuales. 
El Consejo, en su visión de restricción presupuestaria, disminuía tal asignación en su propuesta y la dejaba en 112,5 millones anuales. 
Por nuestra parte, afirmamos que, en el mismo momento en que se firma un gran acuerdo de cooperación, comercio y desarrollo con Sudáfrica, no es políticamente aceptable mandar una señal de recorte. 
Al contrario, había que, por lo menos, mantener y en lo posible aumentar, aunque fuera de forma testimonial, estas partidas, a pesar de que compartimos la preocupación con respecto a los recursos disponibles. 
Finalmente, la propuesta aprobada por la Comisión de Desarrollo, en cuyo nombre les hablo, fue extraordinariamente razonable: los 123,5 millones ya consignados para el 2000 y 127 para cada uno de los seis años siguientes, hasta completar la suma total de un marco presupuestario de 885,5 millones de euros para los siete años de vigencia prevista en el reglamento. 
Ambas enmiendas nos parecen ponderadas. 
El objetivo es evitar la entrada en una dinámica de tercera lectura, poner fin a la intolerable situación actual de vacío jurídico y darle un impulso político significativo a nuestra cooperación para el desarrollo con Sudáfrica. 
Al pedirles ahora su apoyo para nuestras propuestas, esperamos que el sentido común y la moderación de que está dando prueba el Parlamento encuentren la comprensión del Consejo. 
Del mismo modo, esperamos que tales propuestas sean asumibles para la Comisión, pese a que las suyas, 25 millones para la cuestión de comitología y 850,5 millones para el marco presupuestario, sean algo diferentes de las que nosotros les presentamos. 
De no darse tal comprensión, sería exclusiva responsabilidad del Consejo o de la Comisión meternos en el procedimiento de tercera lectura, con las consecuencias que la falta de cobertura jurídica pudiera tener para los proyectos en curso dentro de nuestra cooperación al desarrollo con Sudáfrica. 
La propia cifra para el marco presupuestario que sugiere la Comisión, y que se acerca notablemente a nuestra propia propuesta, debería en todo caso, para una eventual toma en consideración por el Parlamento, haber llegado a la Comisión de Desarrollo a tiempo y sobre todo con la certeza de que, caso de hacerla nuestra, también el Consejo hubiera dado su aceptación. 
Señor Presidente, señoras y señores, el informe sometido aquí a debate sobre la cooperación al desarrollo de la Unión Europea con Sudáfrica, por el que felicito expresamente a su ponente, constituye, más allá de su contenido, un formidable ejemplo de la táctica dilatoria del Consejo frente al Parlamento Europeo. 
En y por sí mismo se trata de un reglamento poco problemático y, efectivamente, de un informe poco problemático. 
Nunca se ha cuestionado que la Unión Europea fomente la cooperación al desarrollo, a la vista de la posición preponderante que ocupa Sudáfrica en el subcontinente. 
En consecuencia, la cuestión principal consistía en renovar el fundamento jurídico de esta cooperación, dado que el anterior reglamento había expirado en diciembre de 1999. 
En mayo del año pasado, el antiguo colega Fassa presentó al Parlamento el informe para la primera lectura. 
El Consejo asumió casi todas las enmiendas. 
Sin embargo, ahora me planteo la pregunta de por qué la posición común del Consejo no fue oficialmente enviada a este Parlamento hasta marzo de este año. 
Tales prácticas dilatorias, que quizá se expliquen por la negociación paralela del Acuerdo de Comercio con Sudáfrica, no dejan de sorprenderme. 
Seguramente en Sudáfrica también se preguntarán qué consecuencias extraer del comportamiento del Consejo. 
Por ello, quiero agradecer expresamente al ponente que por el procedimiento acelerado tengamos ya en mayo este informe en el orden del día del Pleno y que así evitemos posibles problemas en nuestra cooperación al desarrollo por la falta de fundamento jurídico. 
Mediante contactos informales con el Consejo se resolvieron algunas ambigüedades de contenido, de suerte que este informe puede limitarse a tratar dos puntos; el aumento de la dotación financiera a 888,5 millones de euros par el período comprendido entre los años 2000 y 2006, una exigencia parlamentaria habitual y necesaria. 
En segundo lugar, el importe ahora fijado de 5 millones de euros supone, a mi juicio, un buen compromiso. 
Los proyectos pequeños podrán ser proyectados y ejecutados de forma eficaz por las instituciones y organizaciones participantes in situ. 
El límite de 5 millones de euros concede un margen de maniobra suficiente. 
Como ponen de manifiesto estos logros, el ponente ha hecho todo lo que estaba en su mano por presentar un informe objetivo sobre el reglamento. 
Espero que podamos eludir el peligro de una tercera lectura, estimado colega. 
¡Por tanto, vayan en primer lugar mis sinceras felicitaciones! 
Este informe, no obstante, alcanza su pleno significado en relación con los demás esfuerzos realizados para reforzar la cooperación con Sudáfrica, sobre todo el antes mencionado acuerdo comercial. 
La Unión Europea sigue teniendo un gran interés en el desarrollo estable de Sudáfrica, no sólo por las personas que habitan el país, sino también en beneficio del desarrollo de sus vecinos al norte del Limpopo. 
El fin de la discriminación legal de la mayoría de la población y la celebración de elecciones democráticas son dos logros ya alcanzados por los sudafricanos. 
Hoy se trata de seguir fortaleciendo el Estado de Derecho y el respeto a la legalidad. 
Todos los grupos de población y los funcionarios del estado deben sentirse vinculados primordialmente a este Estado de Derecho, y ya no sólo, como antes, al grupo de población al que se pertenece o al entorno personal al que hay que procurar el sostén. 
Con este nuevo reglamento, la Unión Europea reconoce políticamente los méritos del resultado del anterior proceso de reforma. 
Este reglamento viene acompañado de nuestra esperanza de que en el futuro prime el imperio del Derecho y de la Ley en todas las regiones del país. 
Leo con preocupación las noticias sobre el mal uso de los ingresos fiscales a nivel provincial. 
Escucho con inquietud que la corrupción también se extiende en la policía, que hay zonas del campo y townships en las que la policía actúa al margen de la ley, en las que los más pobres entre los pobres están sometidos al capricho de las bandas. 
Y al contrario, los que tienen algo que perder se refuerzan y contratan para su seguridad a los que antes ocupaban cargos de relevancia en el ejército y en la policía. 
Así nace de nuevo una sociedad de segunda clase, y además en el delicado sector de la seguridad nacional. 
Desde que en el vecino Zimbabwe el Derecho y la Ley han sido derogados de hecho, el ánimo de los granjeros al sur del Limpopo esta a cero. 
Esta es otra cuestión decisiva de lo que representa nuestra actitud esperanzada con respecto a Sudáfrica: que sea ejemplo y factor estabilizador de sus vecinos del norte. 
Espero que el Gobierno sudafricano asuma su responsabilidad regional; y de un modo tan taxativo como lo han sido las manifestaciones del ex Presidente Mandela, tan apreciado por todos nosotros, sobre los sucesos acaecidos en Zimbabwe, debería adoptar una postura el actual Presidente Mbeki. 
El dejar que los acontecimientos sigan sus propio curso o realizar declaraciones tibias no ayuda a los granjeros ni ayuda a los cientos de miles de personas que en Zimbabwe dependen del funcionamiento de las infraestructuras de las granjas. 
Los trabajadores de las granjas y sus familiares disponen de alimentación, vivienda, a veces de hospitales y escuelas. 
Y así ocurre en gran parte de Sudáfrica. 
Naturalmente, no son éstas unas estructuras ejemplares, pero antes de eliminar tales estructuras, debemos garantizar que los que se benefician de ellas reciban algo mejor a cambio. 
Sudáfrica debe ejercer toda su influencia sobre Mugabe, de otro modo se verá amenazada por una oleada de refugiados hambrientos si no se pueden sembrar los campos de las granjas. 
Así, no sólo se verían amenazadas las fronteras del país, sino que la confianza de partes importantes de la población que asegura los mínimos alimentarios quedaría seriamente perturbada. 
¡Esto no puede ocurrir en interés de Sudáfrica, en nuestro interés! 
La Unión Europea demuestra con este reglamento que sigue apostando por el proceso de reforma económica, política y social en Sudáfrica. 
El Gobierno sudafricano necesita la confianza a largo plazo de todos los grupos sociales en el desarrollo del país. 
¡Espero que en Pretoria también perciban esta actitud esperanzada! 
El Grupo del PPE/DE aprobará el presente informe. 
Señor Presidente, en Sudáfrica se ha abolido el apartheid pero este no ha desaparecido todavía. 
Así por ejemplo, las diferencias salariales entre los diferentes grupos de población son espantosas. 
Tampoco se han superado aún los atrasos dramáticos en la vivienda, la enseñanza y la salud pública. La frustración producida por esto va en aumento, como atestiguan las inauditas cifras de delitos y la violencia despiadada, tanto dentro como fuera del hogar. 
Al querer huir del pasado, bloquean su propio futuro. 
Por lo tanto, la estrategia de desarrollo debe estar enfocada sobre todo a corregir la situación de desigualdad provocada por el apartheid. 
De otra forma, el país no tendrá nunca estabilidad, asustará a los inversores extranjeros y seguirá siendo pobre cuando podría ser rico. 
Evidentemente, es la misma Sudáfrica la que tiene poner orden por encima de todo, pero Europa debe y puede contribuir sustancialmente al proceso de desarrollo. 
Por ello, el acuerdo de cooperación basado en los 885,5 millones merece nuestro apoyo, tal como ha propuesto nuestro excelente ponente. 
Llegar a este reglamento ha tardado demasiado por culpa del Consejo. 
Todo indica que ha establecido una relación indebida con respecto a las negociaciones sobre el acuerdo comercial. 
La implicación de los Estados miembros a través del comité debe estar más orientada a la estrategia y al programa general que a examinar proyectos individuales. 
Un importe límite de 5 millones me parece muy razonable. 
Pero esto no exime a la Unión Europea de hacer un seguimiento de todos los proyectos, incluso los más pequeños, y de evaluarlos también a tiempo. 
La delegación de la Comisión ha de estar suficientemente equipada para poder hacer esto con independencia y profesionalidad. 
Señor Presidente, Sudáfrica tiene un enorme potencial. 
Hay muchísimos recursos de los que sólo unos pocos han podido sacar provecho. 
El crecimiento económico es imprescindible pero por si solo no es condición suficiente para el desarrollo. 
Se trata de que haya un reparto mejor y un empleo justo de los recursos para todas las necesidades sociales. 
El régimen del apartheid ya no existe, ahora tendrá que dejar de existir el apartheid mismo. 
Señor Presidente, empezaré sumándome a los agradecimientos y felicitaciones al ponente. 
Comparto su deseo de ver este reglamento entrar en vigor tan pronto como sea posible, sin pasar por una tercera lectura. 
El ponente ha sido muy generoso en su interpretación del inexplicable retraso de 8 meses del Consejo para responder a las seis enmiendas efectuadas por el Parlamento en la primera lectura. 
Si hubiese alguna prueba de que el Consejo retrasó deliberadamente este Reglamento para así disponer de más fuerza durante las negociaciones del acuerdo, más amplio, sobre comercio y cooperación al desarrollo, ello sería realmente preocupante en extremo. 
Para ir al meollo de la cuestión, diré que respecto al presupuesto es absolutamente inaceptable que la UE proponga un recorte presupuestario en relación con años anteriores, particularmente en el actual momento de nuestras relaciones con Sudáfrica. 
Existe un peligro muy real de provocar una pérdida de confianza en la UE aún mayor por parte de Sudáfrica. 
No debemos olvidar que esto ocurre inmediatamente después de las prolongadas y amargas negociaciones sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación durante las cuales la UE ha actuado de forma verdaderamente deplorable. 
En muchas ocasiones la escasa inclinación de la UE a mejorar la entrada de los productos agrícolas sudafricanos estuvo a punto de bloquear el conjunto del acuerdo y si inmediatamente después de esto se añadiese otro acto deshonroso ello sería extremadamente desafortunado. 
Quizás existe la percepción fuera de Sudáfrica de que este es un país cada vez más desarrollado que no necesita realmente estos fondos. 
No olvidemos que a pesar de los grandes pasos adelante que Sudáfrica allá podido dar, la vida de muchos sudafricanos sigue desenvolviéndose en una pobreza extrema, sin trabajo, ni tierra, ni una vivienda decente. 
Se estima que un 42% de la población sudafricana de raza negra está en paro en comparación con sólo el 4% de los blancos. 
Una cuarta parte de las escuelas no tienen acceso al suministro de agua en sus inmediaciones. 
La mitad de los hogares están clasificados como pobres. 
El 65% de los sudafricanos adultos es analfabeto y 10 millones de sudafricanos viven en chabolas o en tierras que ni son de su propiedad ni han alquilado. 
No debemos olvidar tampoco que la Comisión y el Consejo rechazaron la idea de un nuevo instrumento financiero distinto para proporcionar apoyo a los países vecinos que tiene que adaptarse al nuevo marco resultante del Acuerdo de Comercio y Cooperación. 
No estoy muy convencido respecto a este punto pues el ponente y yo mismo hubiéramos preferido una línea presupuestaria separada cuyo estudio y seguimiento hubiera sido más fácil. 
Está bastante claro que harán falta fondos considerables para facilitar la transición en esos países. 
La pérdida de ingresos arancelarios es muy elevada en algunos casos. 
En Suazilandia, por ejemplo, representan el 40% de todos los ingresos del Estado. 
A pesar de tener que hacer frente a sus propios desafíos, Sudáfrica ya está dando muestras de su compromiso por ayudar a sus países vecinos. 
Así por ejemplo, aceptando unos términos muy asimétricos en el acuerdo de liberalización con los demás países SADC que beneficia a estos últimos. 
La Unión Europea debe mostrar la misma generosidad de espíritu. 
Debería cumplir las promesas financieras inicialmente hechas a Sudáfrica y proporcionar una ayuda considerable a los países vecinos durante su período de transición. 
Señor Presidente, se ha tardado un año, pero por fin ha llegado el momento en que podemos hablar en segunda lectura sobre el reglamento relativo a la cooperación para el desarrollo con Sudáfrica. 
Ya era hora porque desde finales de 1999 el Programa europeo para la Reconstrucción y Desarrollo de Sudáfrica carecía de cobertura jurídica y por ello está en juego la continuidad de la cooperación al desarrollo. 
Doy las gracias al ponente por el dinamismo con que ha trabajado. 
Comparto sus observaciones críticas sobre los ocho meses que el Consejo estimó necesarios para presentar una posición. 
Observa acertadamente que hay que hacer una distinción entre este reglamento y el Acuerdo de Comercio, Desarrollo, y Cooperación entre Europa y Sudáfrica. 
Bien es verdad que la cooperación al desarrollo y el comercio tienen mucho que ver entre si, pero no se debería aprovechar uno en detrimento de otro. 
La ralentización de la aprobación de estos reglamentos no daría fe de un interés real por Sudáfrica. Y eso sin considerar la cuestión de hasta qué punto la posición negociadora europea es justa en el ámbito comercial. 
Además, dicha postura no tendría cabida en la estrategia con respecto a Sudáfrica que la Comisión ha plasmado en su Documento de Estrategia 2000-2002. 
En este documento se presta atención tanto a la lucha contra la pobreza como a la mejora de las infraestructuras. 
Con motivo de este documento sobre estrategias me pregunté porqué se menciona sólo de pasada el instrumento de desarrollo de la Unión Europea. 
¿La Comisión podría detallar algo al respecto? 
Además, me gustaría que la Comisión especificara hasta qué punto se solapa el cualificado Convenio de Lomé de Sudáfrica con el Programa Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo. 
Por otra parte, agradezco a la Comisión que haya facilitado tanta información tan clara en Internet sobre Sudáfrica. ¡Que sirva de ejemplo para establecer estrategias con respecto a otros países! 
Para terminar, quiero hacer una observación al ponente. 
Me puedo imaginar que apuesta por el mantenimiento de la dotación financiera de 910 millones de euros en concepto de cooperación al desarrollo con Sudáfrica. 
No obstante, esto no me parece tan importante vistos los limitados recursos financieros destinados a la política exterior y los grandes desafíos en otras partes del mundo. 
En primer lugar está la calidad de la cooperación con Sudáfrica. 
Y la podemos calificar de buena en este momento, en mi opinión, sobre todo también por los proyectos regionales que se han financiado en los últimos años. 
Por eso, los países vecinos de Sudáfrica pueden aprovechar también los proyectos europeos de desarrollo. 
Parece que la coherencia y la consistencia poco a poco están ganando terreno en la política de ayudas al desarrollo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente, no sólo por el trabajo que ha realizado para producir este informe sino también por la particular manera en la que ha tenido que manejar la situación en la que se han encontrado tanto la comisión de Desarrollo como el Parlamento. 
Quizás constituya una triste denuncia de las instituciones europeas el que cinco meses tras la fecha de expiración de la base legal para este Reglamento del Consejo, gracias, como han señalado el ponente y todos los demás intervinientes, a un retraso de 8 meses en la contestación a la primera lectura del Parlamento por parte del Consejo. 
Desde luego no podemos seguir trabajando de esa manera. 
Es interesante señalar que la mitad del informe está dedicada a las cuestiones de procedimiento a las que ha tenido que hacer frente el ponente. 
Ahora que nos ha sido devuelto es particularmente reconfortante comprobar que el Consejo ha hecho suyo el empuje contenido en la mayoría de nuestras enmiendas. 
Nos alegramos particularmente de que el Consejo haya considerado la lucha contra la pobreza como una prioridad absoluta. 
Acabo de pasar una semana en Sudáfrica y allí se aprecia mucho todo lo que está haciendo la UE para estabilizar su frágil democracia. 
Sólo mejorando rápidamente los estándares de vida, particularmente en lo relativo a la salud, la educación y el empleo, conseguiremos mantener la estabilidad. 
Sí existía bastante resentimiento contra algunos estados nación por las trabas puestas durante las negociaciones del nuevo acuerdo comercial en particular con relación a determinadas denominaciones de origen de bebidas alcohólicas. 
Estamos haciendo mucho por Sudáfrica y espero que, en contrapartida, el presidente Mbeki trabajé por la paz en la región, en particular por lo que respecta a Zimbabwe. 
La sugerencia que se hace en el informe del ponente de que se pudiera haber retrasado el reglamento porque se estaría usando como moneda de cambio en las negociaciones resulta muy preocupante. 
Quizás la Comisión quiera comentar algo respecto a este punto. 
También me gustaría escuchar la opinión de la Comisión acerca de cómo podríamos perfeccionar el sistema. 
En la pasada sesión en Estrasburgo nos encontramos con otro Reglamento que también había caducado en Diciembre del año pasado y ello no debería ocurrir. 
Quiero apoyar con todas mis fuerzas al ponente y su sugerencia de que sea la Comisión quien se enfrente a las cuestiones de mayor relevancia, como la importancia y el impacto de conjunto de un programa en relación con los objetivos acordados en lugar de abordar cada uno de los programas individualmente. 
También me gustaría que se reforzasen las oficinas delegadas con más y mejor personal para así poder hacer frente de forma más eficaz al seguimiento y evaluación. 
Este Reglamento está destinado a tener un impacto en los estados vecinos y espero que la Comisión lo tendrá en cuenta. 
El ponente ha abierto nuevos caminos a la comitología, lo cual sólo puede ser considerado como un buen presagio para el futuro. 
Mi Grupo apoya este Reglamento pero solicita que se ponga término con rapidez al vacío legal en el que nos encontramos. 
No nos gustaría que un desacuerdo sobre las cantidades presupuestadas pudiera retrasar la ratificación. 
Señor Presidente, me avergüenzo, y evidentemente no soy la única, de cara a Sudáfrica. 
Durante años hemos apoyado la lucha contra el apartheid y con mucho entusiasmo dimos la bienvenida a esta Sudáfrica nueva. 
En 1995 se convirtió en nuestro socio más importante de la cooperación al desarrollo. 
Era justo que este país recibiera la mayor ayuda de Europa puesto que Sudáfrica debía y debe ser el motor para el desarrollo en Africa del Sur y Africa Central. 
Pero se tardó demasiado en poner en marcha los programas y cuando iba a expirar la fecha de la cobertura jurídica no teníamos preparado el reglamento nuevo para la cooperación al desarrollo. 
El ponente ha señalado enérgicamente en su excelente informe que la fecha de cobertura jurídica expiraba el 31 de diciembre de 1999. 
El Consejo tardó nada menos que ocho meses en formular una posición. Naturalmente, esto no fue porque hubiera unas diferencias de opinión enormes, sino porque, como ya han dicho algunos de nuestros colegas aquí, se utilizaron los fondos de la cooperación al desarrollo como presión para proteger los intereses comerciales europeos y forzar un acuerdo comercial con el que se protegían al mismo tiempo nuestras famosas bebidas alcohólicas. 
Hay otro motivo por el que estar avergonzados. Una parte del dinero que queremos destinar a la reconstrucción de Kosovo, se quita del presupuesto de la cooperación al desarrollo con Sudáfrica. 
En lugar de un aumento del 1% para compensar la inflación y conseguir así el importe de 885,5 millones de euros que propone también nuestro ponente, se presenta ahora la propuesta de una reducción del 10%. 
Me parece vergonzoso. 
El Comisario Schreyer ha propuesto finalmente 850 millones de euros o una cantidad de 121 millones anuales, 5 millones menos para la lucha contra la pobreza, cuando nos parece tan importante esa lucha contra la pobreza. 
Señor Presidente, señor Comisario, naturalmente vamos a apoyar las enmiendas de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
La pobreza es una injusticia. 
También queremos reconstruir Kosovo y deseamos financiarlo, pero no con los fondos destinados a la lucha contra la pobreza. 
Eso no es ético. 
Asimismo, apoyamos la segunda enmienda. 
Puede parecer de menor importancia pero creo que los recursos se deben mantener en el procedimiento. 
Si obligamos a nuestro comité a que se ocupe de programas individuales, entonces queda menos tiempo y energía para que se ocupe de la eficacia del programa en su conjunto. 
Por eso apoyamos con entusiasmo al ponente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a Martínez Martínez su excelente trabajo en torno a este reglamento. 
El Parlamento Europeo no puede aceptar que se disminuyan en un diez por ciento las ayudas al desarrollo de Sudáfrica. 
Lamento profundamente que el Consejo haya tardado ocho meses en tramitar este asunto, haciendo que la cooperación al desarrollo con Sudáfrica quede sin fundamento jurídico desde comienzos de año. 
Las relaciones entre la Unión Europea y Sudáfrica no deben deteriorarse. 
Sudáfrica tiene un papel decisivo en el futuro del todo el continente africano. 
En estos tiempos de conflictos en ese continente, por ejemplo, en el Congo, en Angola, en Eritrea, en Etiopía, en Sierra Leona, en Uganda, en Rwanda, en Argelia- para no mencionar la gran inquietud y los odios que el Presidente Mugabe ha despertado en Zimbabwe- constituye Sudáfrica, con sus notables instituciones democráticas, un factor estabilizador y constructivo para conducir a África hacia un futuro más luminoso y pacífico. 
La constitución de Sudáfrica es sólida y con un claro compromiso con los derechos humanos y las libertades. 
El país cuenta con un Tribunal Constitucional, cuyos veredictos son respetados por el presidente, se han realizado elecciones libres, la prensa actúa libremente y Nelson Mandela, el gran conciliador y constructor de la nación, dejó la presidencia de manera pacífica y ordenada. 
La comisión presidida por el arzobispo anglicano Desmond Tutu ha demostrado un verdadero interés por la reconciliación en el país. 
El Primer Ministro sueco calificó la Conferencia de El Cairo de comienzos de este año, en la que participaron la UE y África, como "un punto de partida para algo grande y nuevo". 
Esto "grande y nuevo", ahora que los países de África y de Europa se reúnen en un plano nuevo e igualitario y miran hacia el futuro en lugar de quedarse anclados en el período colonial, presupone la existencia de una Sudáfrica democrática y reconciliada. 
Sudáfrica es el motor democrático que necesitan todo el sur de África y la totalidad del continente. 
Este país puede demostrar que la libertad y los grandes valores democráticos y éticos son muy fructíferos en África. 
-Señor Presidente, Señorías, el Parlamento debe pronunciarse en segunda lectura sobre el reglamento que constituye el fundamento jurídico del marco general de cooperación de la Unión Europea con Sudáfrica. 
Ahora bien, como recordarán Sus Señorías, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó el pasado mes de septiembre el Acuerdo General de Cooperación, Desarrollo y Comercio basado en el informe Kinnock y cuyo componente comercial entró en vigor en enero de este año. 
Uno de los componentes fundamentales del acuerdo comercial se refiere a los vinos y Sudáfrica se comprometía, de conformidad con el acuerdo concertado en la Cumbre de Berlín, celebrada en marzo de 1999, a acabar de una vez, al cabo de 12 años, con la utilización de algunas denominaciones de origen comunitarias, como, en particular, las de "Oporto" y "Jerez", que utiliza indebidamente. 
Después de algunos episodios rocambolescos, de sucesivos aplazamientos y maniobras dilatorias de los negociadores sudafricanos en cuanto a la aceptación de un texto de reglamentación de dicho acuerdo, las dos partes acordaron finalmente que a finales de junio del corriente año, a más tardar, deberá quedar fijada una nueva redacción de la reglamentación de dicho acuerdo sobre los vinos, y que deberá entrar en vigor el 1 de septiembre de este año. 
Pero he tenido conocimiento de informaciones según las cuales los sudafricanos siguen planteando problemas respecto de una redacción en la que se plasme fielmente el Acuerdo de Berlín. 
Y que están intentando transferir esas cuestiones vitivinícolas al expediente ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, que, en opinión de la Unión Europea, no protege suficientemente las denominaciones de origen comunitarias. 
Por lo demás, parece tratarse de una posición concertada con otros países productores de los nuevos continentes, dado que estaban negociando acuerdos bilaterales sobre vinos con la Unión Europea y de repente cambiaron de opinión y quieren aplazarlo todo. 
Así, pues, en vista de lo que acabo de referir no puedo concordar con el ponente cuando pide al Parlamento que, como prueba de buena fe, apruebe urgentemente este reglamento­marco sin establecer vinculación alguna con la vertiente comercial del Acuerdo General de Cooperación, Desarrollo y Comercio. 
Y no concuerdo porque hasta ahora todo el comportamiento de la Unión Europea no ha sido otra cosa que una enorme prueba de buena fe. 
Hasta el punto de aceptar, en contra de lo previsto, la aplicación comercial del acuerdo sin que esté reglamentado el acuerdo sobre los vinos. 
¡Ha llegado la hora de decir basta! 
La cooperación presupone una actitud positiva de buena fe y responsabilidad de las dos partes cooperantes. 
Así, pues, como no ha sido así, no puedo, en conciencia, apoyar la posición del ponente. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión aprecia el excelente trabajo realizado por el ponente y acoge positivamente la recomendación respecto a la postura común con el Consejo que refleja el compromiso del Parlamento por ayudar a la nueva Sudáfrica. 
Nosotros también estamos preocupados por los retrasos en la adopción del reglamento y compartimos la opinión de que una rápida aprobación del reglamento sobre el programa europeo de reconstrucción y desarrollo se ha convertido en algo esencial y urgente. 
Para Sudáfrica constituiría una señal de nuestra dedicación a la efectiva entrada en vigor del acuerdo sobre comercio y cooperación y evitaría que surgiesen nuevas tensiones en torno a temas que aún están por discutir respecto a la pesca y a los vinos y licores. 
Si, a pesar de todo, la Comunidad no consigue que se adopte a tiempo el reglamento, nuestro programa de desarrollo para este año se verá comprometido y la confianza afectada. 
También compartimos la opinión del ponente de que la posición común del Consejo contiene mejoras muy útiles respecto a la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, respecto a la comitología y al marco financiero, consideramos que la posición común es inadecuada y no puede adoptarse. 
En efecto, pro lo que respecta a la Enmienda 1ª al artículo 8 (5) y (6) sobre comitología, su propuesta de un umbral de 5 millones de Euros es, para serle franco, decepcionante, comparada con el nivel de 25 millones de Euros que habíamos propuesto. 
Propusimos tal nivel para poder utilizar los recursos comprometidos de una forma más útil y eficiente así como para abordar las cuestiones estratégicas en lugar de los detalles de cada proyecto individual. 
Sin embargo, en el caso de Sudáfrica estamos dispuestos a aceptar el umbral de 5 millones de Euros sencillamente por no retrasar la decisión. 
Nuestras discusiones con el Gobierno Sudafricano respecto a la programación indican que habrá un número limitado de grandes programas sectoriales que pensamos que tendrán que ser discutidos con los Estados miembros en todo caso. 
El nivel de los 5 millones de Euros nos deja bastante margen de maniobra para iniciar rápidamente algunos proyectos pequeños, como, por ejemplo, las acciones preparatorias o las operaciones piloto. 
Pero decididamente tenemos que dejar bien claro que no se debería de crear un precedente por el que el Consejo pudiera fijar umbrales de comitología bajos. 
Me gustaría conservar la posibilidad de incrementar este umbral para la línea presupuestaria de Sudáfrica en el futuro, si ello fuese necesario. 
En cuanto a la Enmienda 2ª al artículo 10 (1) sobre el marco presupuestario: Por una parte la Comisión es consciente de la necesidad de respetar el compromiso político, del acuerdo de comercio y cooperación al desarrollo, de mantener la ayuda a Sudáfrica, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta la difícil situación presupuestaria causada por los compromisos recientemente adquiridos respecto a la asistencia para los Balcanes. 
A consecuencia de ello la Comisión ha realizado los ajustes presupuestarios necesarios para acomodarse a las nuevas necesidades. 
Este ha sido un ejercicio muy complicado: ha necesitado establecer un delicado equilibrio entre las prioridades políticas de los distintos programas regionales de la UE. 
De cualquier manera contamos para Sudáfrica con una estabilización en torno a un nivel medio de unos 122 millones de Euros anuales, con un total de unos 850,5 millones para el período 2000- 2006. 
Esta cifra es inferior a su propuesta de 885,5 millones pero notablemente más elevada que los 787,5 millones de Euros propuestos por el Consejo. 
De hecho el programa para Sudáfrica es uno de los menos afectados por los cambios propuestos para el capítulo IV y los ajustes no afectarán a la naturaleza ni a la finalidad del programa tal y como fue concebido. 
Entiendo su determinación de no reducir las cuantías presupuestarias destinadas a la ayuda al desarrollo para Sudáfrica. 
Sin embargo, pienso que es absolutamente necesario que se adopte el reglamento a tiempo, para poder asegurar la ejecución ininterrumpida de las actividades en Sudáfrica. 
Se trata de una situación realmente muy crítica y no de una situación normal, rutinaria- pero desgraciadamente esta es la situación a la que nos enfrentamos- y siento la obligación de hacer todo lo posible para asegurar un acuerdo entre el Consejo, el parlamento y la Comisión respecto a la línea de actuación propuesta. 
Por todo ello estoy impaciente por discutir de nuevo el asunto con la comisión para el Desarrollo y la Cooperación en el Parlamento y, antes de ello, por obtener una respuesta de los Estados miembros. 
Teniendo en cuenta esto, vería con buenos ojos el que el Parlamento pudiese considerar la posibilidad de posponer la votación sobre la Enmienda 2ª para que estas discusiones puedan tener lugar. 
Esta es la manera más segura de reducir el riesgo de un retraso mucho más serio y largo que amenazaría la credibilidad de nuestra cooperación con Sudáfrica. 
Señor Presidente, ha escuchado usted la petición del Comisario de que se aplace la votación, es decir, que la votación no tenga lugar mañana. 
Yo tengo que manifestar mi embarazo ante tal situación, porque vamos todos con mucha prisa y lo que viene a decirnos la Comisión es que, como tenemos mucha prisa, tenemos que conducir el coche muy despacio. 
Por principio, nunca voy a negarme a discutir una vez más los temas. 
Tengo que manifestar, en primer lugar, mi agradecimiento a los portavoces de los distintos Grupos por el apoyo que han dado, entendiendo que están dando su apoyo a una posición muy modesta de la comisión, casi un apoyo crítico, porque lo que había que hacer era ir más allá de lo que la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha decidido hacer. 
Repito: en principio, yo no me opondría, pero creo que el Parlamento no está a favor de aplazar la votación. 
Yo no siento en el Parlamento, en este momento, la voluntad de aplazar la votación. 
Ello supondría invitar al Comisario a la Comisión de Desarrollo la semana que viene y postergar nuestra decisión hasta el mes de junio. 
No me opondría, no rechazo esa posibilidad. 
Pero tengo que decir, señor Presidente, que me preocupa profundamente que se cargue ahora sobre el Parlamento la responsabilidad de prolongar algo que todos han prolongado. 
Todos han prolongado este proceso: el Consejo y la Comisión. 
Y ahora se intenta ejercer presión sobre el Parlamento diciendo que si nosotros no aceptamos las posiciones del Consejo o las posiciones de la Comisión se paralizarán los programas de desarrollo, lo que supone algo terrible. 
Y yo estoy de acuerdo en que si se paralizan los programas de cooperación ello será terrible. 
Pero, señor Presidente, habrá que ver sobre quién se presiona y sobre quién recae la responsabilidad de prolongar este proceso y entrar en una tercera lectura. 
Por lo tanto, señor Presidente, yo le pediría que estudiara si procede mañana consultar al Parlamento sobre votar o no votar nuestras posiciones. 
Si éstas se votan mañana, al Consejo y a la Comisión corresponderá asumir la responsabilidad de que no se prolongue una situación que crea serias dificultades para Sudáfrica y para nuestra propia dignidad. 
Pero hay que preguntarse si nosotros estamos aquí únicamente para aceptar lo que, en uno u otro momento, con más o menos presión, propongan el Consejo o la Comisión. 
Si es así, entonces el Parlamento no hace falta y estaríamos perdiendo toda la dignidad de nuestra institución. 
Por lo tanto, yo no me opongo a que se aplace la votación un mes más. 
Creo que es muy peligroso prolongar este proceso, pero, en cualquier caso, que no sea responsabilidad nuestra sino de aquellos que han hecho que dure hasta este momento y que parecen querer que dure todavía más, acaso porque está negociándose el tema de las denominaciones de origen de los vinos y de los alcoholes. 
El Comisario podrá hablar por si mismo, pero la Comisión no estaba pidiendo un aplazamiento de la votación. 
A mi entender, la Comisión sólo se estaba refiriendo a la Enmienda 2ª. 
Quizás el Comisario quiera explicar la cuestión que planteaba respecto a la enmienda. 
(EN) Como ha dicho el Presidente, es absolutamente cierto que no estoy en posición de pedir nada, y que no estaría en consonancia con mis propias ideas y mi concepto de las relaciones entre la Comisión y el parlamento si así lo hiciese. 
Lo que dije fue que preferiría que un aplazamiento de la votación fuese considerado como una posibilidad. 
Esta completamente entre las manos del Parlamento, y así debe ser. 
Sin embargo siento que tengo la responsabilidad frente al Parlamento de decir con toda claridad que veo un peligro real de que esto acabe en un largo y dificultoso aplazamiento- algo que crearía retrasos en nuestras actuales actividades en Sudáfrica. 
Si he expresado mi punto de vista como lo he hecho ha sido únicamente con el propósito de minimizar ese riesgo. 
Por supuesto que la decisión está totalmente en manos del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
Cualquier moción para aplazar una votación tendrá que ser presentada al Parlamento inmediatamente después de la votación que tendrá lugar el martes a mediodía. 
(Se levanta la sesión a las 20.50 horas.) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, en la Comisión de Industria pensamos que este asunto reviste una gran importancia y además una gran urgencia. 
Todos conocemos las razones por las cuales Montenegro está pasando por una situación complicada y no deberíamos, por razones lógicas de estudio, retrasar más esta cuestión. 
Por lo tanto, yo me propongo hacer un informe simplificado para que pueda ser votada la urgencia. 
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuestos, competente para opinión, Sr. Wynn. 
Señor Presidente, nos encontramos en una situación extraña porque en los grupos se tomó una decisión antes de que lo hiciera la Comisión de Presupuestos en lo que respecta a este tema de Montenegro. 
Por otra parte, no he tenido oportunidad de hablar con mi buen amigo el Sr. Westendorp. 
Creo que el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa está de acuerdo con la posición de la Comisión de Presupuestos, que me dispongo a exponer. 
No obstante, debido a que no he hablado con él directamente, no deseo hacer constar lo que he dicho, porque no se trata de información de primera mano. 
En primer lugar, quisiera puntualizar que la Comisión de Presupuestos apoya cualquier ayuda a Montenegro. 
Así lo ha hecho en el pasado y así lo hará en el futuro. 
En esta ocasión no existe la urgencia para que debamos tratarlo ahora. 
Los fondos no estarán disponibles hasta agosto para el primer tramo y el segundo tramo se hará efectivo a final de año. 
Somos de la opinión de que las comisiones pertinentes necesitan estudiar los detalles de esta propuesta. 
Cualquiera que sea la comisión dirigente- Asuntos Exteriores o Industria- nosotros nos limitaríamos a proporcionar una opinión, pero dichas comisiones y el Parlamento deben evaluar estas propuestas. 
No deberíamos tomar una decisión precipitada porque el Consejo lo estime oportuno. 
En cuanto a los presupuestos, nuestra principal preocupación es la procedencia de los fondos. 
Está muy bien presentar propuestas, pero consideramos que esta urgencia no debe ser aprobada hasta que sepamos de dónde provendrán los fondos. 
Deberíamos dejarlo hasta el mes próximo. 
Las comisiones pueden debatirlo y nosotros podremos votar sobre ello en el período parcial de sesiones de junio. 
Gracias, señor Wynn. 
Es una opinión muy sensata. 
Tiene la palabra el Sr. Newton Dunn, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, para exponer la opinión de su comisión. 
Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa no hemos tratado sobre ello, pero mi opinión personal es que no deberíamos aprobar el carácter de urgencia ahora. 
A pesar de ello, y hablando en nombre del Grupo PPE, pienso que la urgencia es de tal naturaleza que debemos tomar la muy en serio. 
Es decir, aunque el procedimiento tenga errores, digo en nombre de mi Grupo que lo apoyamos con gusto. 
Además tengo la impresión que otros grupos de esta Asamblea y la Comisión de Asuntos Exteriores piensan lo mismo. Quizá convenga cerciorarse de esto. 
Señor Presidente, yo estoy a favor de la urgencia, aun cuando considero que ésta no es tan grande como afirma el Consejo. 
No obstante, rechazar hoy la urgencia sería una desconsideración hacia los montenegrinos. 
Montenegro se encuentra seriamente amenazado, en particular también desde Belgrado, y yo creo que debemos transmitirle esta señal. 
Sin embargo, también estamos autorizados a esperar que la Comisión nos indique por fin de dónde se propone obtener el dinero. 
No puede detraerlo de Bosnia, ni tampoco de Kosovo. 
La Comisión debe decirnos de dónde va a obtener el dinero y si hoy se adopta la decisión, se tendrá que hacer una evaluación intermedia para determinar cómo se han utilizado los fondos y cómo se va a financiar el segundo tramo. 
Señor Presidente, en primer lugar, estoy en contra de la urgencia por las razones que ha aducido el señor presidente de la Comisión de Presupuestos. 
Efectivamente, no hay ninguna urgencia, puesto que el dinero estaría liberado para agosto. 
En segundo lugar, si se mira bien, en la línea aplicada hasta ahora todavía quedan unos 20 millones que no se han utilizado. 
Por lo tanto, no hay ninguna precariedad, no hay ninguna urgencia, y podemos tranquilamente volver a estudiar ese tema más adelante. 
(El Parlamento decide la urgencia) 
Presupuesto 2001: Estado de previsiones del PE 
De conformidad con el orden del día, la Comisión debería presentar el anteproyecto de presupuesto general para el año 2001. 
Desgraciadamente, la Comisaria está en camino pero todavía no ha llegado. 
Por lo tanto, les propongo examinar el siguiente punto del orden del día. 
Se procede al debate del informe (A5-0121/2000) del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de los ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2001. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en realidad, hoy me correspondía el honor de intervenir inmediatamente después de la presentación del anteproyecto de presupuesto general para 2001 por parte de la señora Comisaria. 
No obstante, ahora voy a tener el honor de presentar en primer lugar el presupuesto del Parlamento y a continuación la señora Comisaria presentará el presupuesto más amplio. 
En mi calidad de ponente para el presupuesto del Parlamento, puedo presentarles una propuesta que se caracteriza, a mi parecer, por tres cualidades. En primer lugar- y yo concedo un gran valor a este aspecto -, proponemos un presupuesto extraordinariamente austero. 
En segundo lugar, hemos extraído las consecuencias de las críticas justificadas del Tribunal de Cuentas y de la Comisión de Control Presupuestario, como debíamos hacer en atención a todos. 
En tercer lugar- y esto también reviste un interés particular para mí -, fortalecemos el papel del Parlamento Europeo como representante de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Europa. 
¿Cuáles son los ejes centrales del presupuesto del Parlamento para 2001? 
En primer lugar- y este es un punto muy importante -, tenemos que extraer las debidas consecuencias de las objeciones planteadas por el Tribunal de Cuentas en cuanto a la política inmobiliaria. 
Lo cual exige, por un lado, que liquidemos cuanto antes los pagos pendientes en Bruselas- para lo cual se establecen las previsiones necesarias- con objeto de poder alcanzar una solución favorable, un aspecto particularmente importante para el contribuyente europeo. 
Pero, por el otro lado, también requiere que encontremos una solución en Estrasburgo, para este edificio, que no suscite objeciones, y el anteproyecto de presupuesto responde debidamente a ambas exigencias. 
En segundo lugar, el año próximo también debemos observar una extrema moderación en el ámbito de la política de personal. 
No podemos permitir que la plantilla del Parlamento se amplíe de manera exorbitante simplemente porque se dispone de un cierto margen financiero. 
En otoño va a ser preciso alcanzar asimismo una solución aceptable para todas las instituciones en lo que respecta a las promociones. 
En tercer lugar, el Parlamento, más que las demás instituciones, sin duda debe empezar a prepararse para la ampliación. 
Lo cual no significa empero- y esto es muy importante- que el año próximo ya podamos decidir qué nuevas lenguas pueden ofrecer nuestros servicios de interpretación, antes de saber qué países podrán pasar a ser miembros de la Unión Europea en una primera ronda y cuáles no. 
Las decisiones no se deben adoptar por este orden. 
No es misión del presupuesto adoptar decisiones políticas fundamentales como esta. 
Dichas decisiones se deben adoptar en otro ámbito; es decir, que si bien debemos establecer contacto, como es lógico, con las escuelas de idiomas de los países candidatos a la adhesión y desarrollar y consolidar programas, también tenemos que tener claro que no podemos adelantarnos a adoptar unas decisiones que se tienen que tomar primero en el plano político. 
Me felicito de que ya haya llegado la señora Comisaria. 
Yo he ocupado su lugar, con lo cual hemos empezado a debatir en primer lugar el presupuesto del Parlamento, para ascender luego al nivel del presupuesto de la Comisión. 
Esto no significa, sin embargo, que me proponga asumir de ningún modo su tarea, que es de su exclusiva competencia; ¡el intercambio de papeles no llega hasta ese extremo! 
En cuarto lugar, tenemos que tomar en consideración que las responsabilidades del Parlamento Europeo se han ampliado con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Los diputados del Parlamento Europeo tienen más responsabilidades y más trabajo que nunca, comparados con todos sus predecesores, y esto también tiene que verse reflejado, como es lógico, en los servicios de asistencia y en las instalaciones técnicas. 
Yo quiero manifestar desde aquí mi agradecimiento a todos cuantos me han apoyado en este aspecto. 
En quinto lugar, esta mayor responsabilidad se tiene que reflejar también en el ámbito de los Grupos del Parlamento Europeo. 
Yo quisiera contar con un Parlamento político, que debata para decidir el camino acertado, y para ello es necesario ampliar los medios para el trabajo de los Grupos y reducir- lo digo sin ambages- los servicios oficiales del Parlamento Europeo. 
Sólo así será posible contar a la larga con un Parlamento que sea escuchado por la opinión pública. 
Me alegró saber que la Mesa mantiene una opinión parecida y un Vicepresidente de mi Grupo está elaborando asimismo un informe en este sentido. 
Este es el camino adecuado por el que debemos seguir avanzando. 
He escuchado con gran interés las enmiendas que mis colegas deseaban incorporar al informe. 
Les ruego que comprendan que sólo pueda hacer mías una pequeña parte de ellas, ya que no responden a la línea que expuse a la Comisión de Presupuestos y que ésta aprobó por mayoría, sino que por el contrario se apartan de ésta. Tenemos que prepararnos para la ampliación, pero no es necesario que contratemos ya el año próximo intérpretes de los países candidatos a la adhesión. 
La política inmobiliaria se tiene que considerar también en el contexto de la ampliación. 
No obstante, tampoco veo ninguna necesidad de ejecutarla ya en el marco del presupuesto del 2001. 
Tendríamos que abordar de manera un poco más realista este importante tema de la ampliación. 
Hace tres años que nos trasladamos a un edificio nuevo en Bruselas y desde el año pasado ocupamos el actual edificio en Estrasburgo, y la aceptación del contribuyente alcanzará un límite si ahora le anunciamos que necesitamos más edificios, más espacio para oficinas. 
Es un aspecto que también deberíamos tomar en consideración en nuestras reflexiones. 
Un presupuesto de 987 millones de euros no es gran cosa comparado con los 90.000 millones que va a proponer a continuación la señora Comisaria, pero aun así se trata del dinero de los contribuyentes, que debemos administrar con lealtad. 
El contribuyente espera que procedamos de manera escrupulosa no sólo en la elaboración del presupuesto, sino también en su transposición y ejecución. 
En septiembre tendremos ocasión de volver a debatirlo en la primera lectura, cuando dispongamos de todos la documentación relativa al procedimiento presupuestario. 
Quiero agradecer la cooperación constructiva de la Mesa del Parlamento europeo y en particular del vicepresidente responsable de los asuntos presupuestarios, Gerhard Schmid, sobre todo durante el procedimiento de conciliación entre la Mesa y la Comisión de Presupuestos. 
También quiero expresar mi agradecimiento a los correspondientes departamentos de la administración del Parlamento por su rápido y esmerado trabajo, sin el cual no hubiese sido posible realizar toda la labor de cálculo. 
Permítanme que agradezca, no obstante, muy especialmente la colaboración imparcial de mis colegas de la Comisión de Presupuestos. 
En un procedimiento presupuestario y casi siempre, además, bajo presiones de tiempo, no siempre resulta sencillo aunar las diferentes prioridades en un conjunto coherente. 
Quiero felicitar por ello a todos los compañeros de lucha y, antes de acabar, también quiero expresar, naturalmente, mi agradecimiento a los colaboradores de la secretaría de la Comisión de Presupuestos que han preparado todo el trabajo con diligencia y a conciencia en estos momentos difíciles. 
Creo que puedo presentarles un presupuesto que merece la confianza del Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por la excelente labor que está realizando en nombre de nuestro Parlamento en términos de conseguir una buena relación coste-beneficios en lo que a nuestro presupuesto se refiere. 
No es justo esperar de la Comisión que realice toda una serie de cosas para poner orden en sus filas y en su presupuesto, si nosotros no adoptemos también el mismo tipo de medidas rigurosas. 
El enfoque adoptado es absolutamente correcto, no sólo en lo que respecta a garantizar que no nos limitamos a regalar fondos cuando tenemos alguna reserva en el presupuesto, sino también porque pedimos al Secretario General del Parlamento que presente una serie de informes: por ejemplo, en el apartado 6 de la resolución pedimos al Secretario General que analice e identifique las necesidades en materia de puestos de trabajo del mismo modo que la Comisión, de manera que, a más largo plazo, podamos equiparar las necesidades laborales con el personal disponible. 
Es evidente que es un modo de planificación a largo plazo muy sensato en la fase actual de la vida del Parlamento. 
Quisiera hacer hincapié en tres cosas, en particular, de este presupuesto parlamentario 2001. 
La primera es un ruego, en calidad de diputado individual, de que establezcamos sin falta una fecha inaplazable para la instalación de la segunda red informática en nuestros despachos. 
Para muchos de nosotros es una frustración que el personal a nuestro servicio tenga acceso a la red con sus ordenadores, que son ordenadores del Parlamento, naturalmente, y que cuando nosotros, los diputados, traemos nuestros ordenadores portátiles, no tengamos ningún sitio al que poder conectarlos y trabajar con eficacia. 
Es importante que fijemos la fecha en que podremos disponer de este servicio. 
En segundo lugar, sobre el tema de comunicación, que aparece en el apartado 21 de la presente resolución, quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que, a menudo, en estos debates hemos pedido a todas las oficinas de la Comisión y del Parlamento en los Estados miembros que colaboren entre sí en el marco de una 'Casa Europea' a partir del 1 de enero de 2000. 
Habida cuenta de que ya ha pasado esa fecha y aún quedan algunos Estados miembros, en particular el mío, en los que el Parlamento y la Comisión tienen oficinas separadas, y que en lo que se refiere a la financiación de la oficina del Parlamento más de un 70% del gasto se destina al alquiler y a los salarios, no queda mucho para las comunicaciones. 
Cuanto antes garanticemos que una única Casa Europea refleja la imagen de la Unión Europea, mejor será. 
La última observación es relativa a la cuestión de las repercusiones de la ampliación. 
Me gustaría apoyar lo que ha dicho nuestro ponente de que no podemos lanzarnos de repente a autorizar la creación de cargos para preparar la ampliación cuando aún no se ha tomado una decisión política; tanto más, porque según las previsiones del Parlamento, tal y como yo las entiendo, nos encontramos ante la perspectiva de un incremento del número de lenguas como consecuencia de la ampliación. 
Y sin embargo, aún no hemos celebrado ningún debate en esta Asamblea para saber cómo haremos frente no a una ampliación limitada, sino a una ampliación de gran alcance, a raíz de la decisión tomada en la Cumbre de Helsinki el pasado año, posiblemente con 12 o 13 nuevos países, es decir, 27 o 28 países con más de 20 lenguas diferentes. 
¿Cómo, señor Secretario General, haremos frente a esto si la Administración no nos comunica sus deliberaciones respecto a dónde vamos a situar a todos? 
¿Deberemos adaptar las salas para más de 20 lenguas de manera que, en todas las salas en que se celebran debates en este Parlamento, cada uno tendrá derecho a utilizar su propio idioma? 
Sabemos que en el anterior Parlamento, el vicepresidente Cot realizó una labor considerable. Su informe nunca llegó a manos de los diputados. 
Nunca lo consideramos como un informe sobre sugerencias acerca de cómo debería funcionar el sistema radial- el sistema de relé que se utiliza en interpretación- ni tampoco nos planteamos las posibilidades que ofrece el trabajo "free-lance" y que gracias a las comunicaciones modernas podemos enviar buena parte de nuestro trabajo de traducción a personas que viven en sus Estados miembros, en vez contratar a toda una serie de personas para que vayan a trabajar a Luxemburgo como personal fijo del Parlamento. 
Por consiguiente, apoyo firmemente el compromiso que ha presentado nuestro ponente y solicito que, antes de la primera lectura, el Secretario General presente una estrategia sobre cómo afrontaremos el tema de las lenguas en el Parlamento y la ampliación. 
Sospecho que la Comisión podría desear también hacer lo propio, porque es un problema que, como indica acertadamente esta enmienda, es relativo a asuntos interinstitucionales. 
Espero realmente que el Grupo Socialista cambie de opinión, afronte la realidad y se dé cuenta de que es un problema que debemos solucionar y que es mejor solucionarlo ahora que más tarde. 
Señor Presidente, permítame comenzar también felicitando al Sr. Ferber por un informe sobre el estado de previsiones de los ingresos y gastos del Parlamento tan exhaustivo. 
Apoyo el impulso de este informe, que se ajusta a la política de rigor presupuestario, porque los principales retos que deberá superar esta Asamblea son una mayor transparencia, para lo que será necesario abrazar la reforma institucional con vigor; en segundo lugar, la próxima ampliación de la Unión y, en tercer lugar, una campaña para mejorar la eficiencia a través de un control presupuestario eficaz y una mejor utilización de los recursos. 
Nuestra principal prioridad debe ser explicar a los ciudadanos europeos qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. 
Debemos ganarnos la confianza del contribuyente europeo y sólo lo conseguiremos mejorando la transparencia a través de la simplificación- y no mistificando- la labor del Parlamento, reduciendo la jerga, mejorando el proceso de aprobación de legislación y mejorando la maquinaria legislativa, así como a través del establecimiento de un nexo claro entre lo que aquí hacemos y el beneficio que ello supone para el individuo. 
Estamos dando un paso de gigante hacia el logro de dicha transparencia con la introducción de un presupuesto basado en las actividades, y la propuesta que encontramos en este informe de asignar los créditos para los partidos políticos en líneas presupuestarias separadas contribuirá de manera significativa a lograr este objetivo. 
Estas virtudes son tanto más importantes a medida que se aproxima el reto al que se enfrenta la UE en el momento de la ampliación. 
En el Grupo Socialista creemos firmemente que el Parlamento Europeo debería alentar todo lo posible a los países candidatos en su preparación para integrarse en la UE. 
Tengo la impresión de que en esta Asamblea algunos parecen sentirse frustrados ante este proceso de ampliación y ponen obstáculos innecesarios en el camino, recurriendo a menudo a argumentos espurios para limitar la preparación para la ampliación: por ejemplo, el rechazo de la propuesta de cubrir los 35 puestos vacantes en la reserva de los servicios lingüísticos entre 2001 y 2002. 
El motivo que alegan, y que también ha expuesto mi colega el Sr. Elles, es la creencia de que con ello nos adelantamos a las negociaciones con los Estados candidatos. 
¿Creemos seriamente que este pequeño paso influirá en todas las instituciones respecto a qué países estarán en la primera tanda y cuáles en la segunda? 
¿Creemos realmente que al comprometer menos del 0,5 % del presupuesto del Parlamento para la traducción, se tomará una decisión política que escapará a nuestro control? 
Me siento algo confuso, y si no recuerdo mal, el ponente acordó anteriormente y defendió con tesón la creación de una agencia de contratación interinstitucional en su último informe. 
¿De qué sirve aprobar una operación conjunta si al mismo tiempo impedimos cualquier contratación de personal? 
Estoy decididamente a favor de una planificación adecuada de la ampliación, porque la experiencia ha demostrado que se necesita bastante tiempo de preparación para formar a intérpretes y traductores. 
Es necesario si queremos que la admisión de los nuevos Estados miembros en la Institución se produzca sin sobresaltos desde el punto de vista lingüístico. 
Naturalmente estoy de acuerdo en que no deberíamos en ningún momento predisponer las decisiones políticas que deberán adoptarse en una fase posterior. 
Por otro lado, deberíamos evitar enviar mensajes desalentadores a los países candidatos, que están realizando grandes esfuerzos en estos momentos para estar en condiciones para su adhesión a la UE. 
Reitero que no deberíamos adelantarnos a cualquier decisión política que deba tomarse sobre la ampliación. 
Debemos planificar y ser imaginativos y creativos respecto a cómo nos preparamos para la ampliación, porque nada será tan perjudicial para la UE como una ampliación mal llevada a cabo. 
Otra cosa que debemos hacer es adoptar sin titubeos la reforma para preparar la ampliación. 
Recientemente, el Presidente del Tribunal de Justicia alertó de que el Tribunal no estaría en condiciones de hacer frente a la ampliación de la UE. 
El tiempo medio que tarda el Tribunal en ver un caso ha aumentado de los 17 meses en 1988 hasta 23 meses en el pasado año. 
Es una espera muy larga. 
Lo que debemos hacer es introducir reformas, no sólo en los ámbitos de personal y procedimientos, debemos también adoptar un nuevo enfoque respecto a la política inmobiliaria. 
Es fundamental que las preparaciones se hagan durante el próximo ejercicio para garantizar que los edificios del Parlamento puedan acoger a los nuevos Estados miembros de una UE ampliada. 
También es importante que se hagan las previsiones necesarias para abrir oficinas de información en los países que han solicitado su adhesión a la UE. 
Es un hecho ampliamente reconocido que los sistemas de que disponemos actualmente fueron creados para una UE que tenía sólo 6 Estados miembros y que ahora se tambalean en la Unión de 15 miembros. 
¿Cómo es posible que puedan funcionar con 25 miembros? 
Es importante que planifiquemos y nos preparemos. 
Soy un diputado relativamente nuevo y aunque reconozco que las comisiones están realizando una excelente labor, soy plenamente consciente de que a raíz de las nuevas responsabilidades estipuladas en el Tratado de Amsterdam existe la necesidad no sólo del apoyo individual de los diputados, sino también del respaldo científico de las comisiones. 
Desde que entró en vigor el Tratado de Amsterdam, el volumen de trabajo del Parlamento ha aumentado de manera significativa y es importante que eso se tenga en cuenta en el presente presupuesto. 
El Programa de trabajo de la Comisión ya incorpora un elevado número de procedimientos de codecisión, procedimientos que han incrementado notablemente nuestro volumen de trabajo. 
Si queremos convencer a la población de la UE de la importancia de la labor que realiza el Parlamento Europeo y persuadirla de que se lo tome más en serio, debemos mejorar nuestros sistemas de trabajo. 
Por este motivo, saludo que el informe haga hincapié en el estatuto común de diputados y personal, y espero que lo aprobemos cuanto antes. 
Me han decepcionado algunos aspectos del enfoque del informe. 
Se centra demasiado en las minucias de detalles de una visión estratégica que, en ocasiones, impide la introducción de modificaciones administrativas en el ámbito del personal. 
Dudo que sea acertado destinar el 30% de los créditos a la reserva para los servicios de seguridad, según propone el ponente. 
Existe una contradicción en el argumento del ponente. 
Siempre se ha centrado en la externalización de los servicios del Parlamento. Aquí tenemos un ejemplo de externalización que no funciona. 
En vez de reducir el presupuesto, deberíamos estudiar cómo podemos mejorar los servicios de seguridad, y la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿deberíamos tener nuestros propios servicios de seguridad o deberíamos sacar a concurso una nueva licitación, en vez de reducir el presupuesto? 
También me siento decepcionado de que el informe pase por alto uno de los mayores casos de ineficacia que tenemos. 
Los diputados al Parlamento Europeo son los únicos que no tienen voz en el tema de la ubicación de su sede. 
Una sede en tres lugares es el derroche más increíble en términos de tiempo, dinero, desplazamientos y transporte. 
Ciertamente, cuando analizamos el rigor presupuestario, estamos en nuestro derecho de tratar sobre este tema, porque hasta que no lo hagamos, la sociedad se sentirá confundida acerca de lo que hacemos en tantos lugares distintos. 
Asimismo confunde las funciones de la organización. 
Señor Presidente, el Sr. Markus Ferber ha realizado un excelente informe y le transmito mis mejores felicitaciones. 
El presupuesto del Parlamento es, en su mayor parte, un presupuesto administrativo, ya que las mayores partidas se destinan al pago de los salarios. 
Actualmente, atravesamos un momento significativo en el ámbito de la gestión administrativa, dado que aspiramos a adoptar un presupuesto basado en factores funcionales en cuyo marco se incremente la responsabilidad personal y se mejore la orientación de los recursos disponibles. 
Por esta razón, el Parlamento aprobó el año pasado esta partida presupuestaria de 300.000 euros destinada a estudiar la eficiencia de la gestión administrativa del Parlamento y los aspectos que deben ser corregidos en la misma. 
Por todo ello, señor Presidente, no deja de ser sorprendente que ya en esta fase, antes de haberse iniciado ni siquiera este estudio, se proceda a adoptar importantes decisiones sobre el desarrollo de la administración. 
Las partidas para el pago de sueldos aumentan nada menos que el 12,2 por ciento. 
Este incremento es tan grande que ningún otro órgano podría ni siquiera imaginarse semejante aumento para su gestión administrativa. 
Por lo pronto, este aumento se destinará a la creación de 33 nuevos cargos y mediante la enmienda realizada por la Mesa de Presidentes se crearán además 12 puestos. 
Mencionemos, a manera de comparación, que entre los años 1995 y 1999 se crearon un total de sólo 11 nuevos cargos en el Parlamento. 
Mencionemos, como una curiosidad, que esta propuesta presenta la creación de un cargo incluso para la División de Control Financiero, a pesar de que existe el propósito de terminar totalmente con el control a priori. 
Asimismo, el presupuesto contiene una cantidad importante de nuevas promociones de funcionarios. 
Por consiguiente, no puedo compartir la opinión de los que afirman que se ha aplicado un gran rigor presupuestario, sino que, al contrario, el presupuesto se hinchado de forma excepcional, por lo que será difícil que el presupuesto del Parlamento cuente con la aprobación de los ciudadanos. 
Señor Presidente, en este contexto, debemos intervenir en la política de personal del Parlamento Europeo. 
La reforma de la administración, la creación de un presupuesto basado en factores funcionales y el incremento de la responsabilidad en los ámbitos inferiores implican negociaciones con el personal. 
Es preciso reorientar los recursos, y para ello hay que reformar el Estatuto de los funcionarios. 
Así pues, sería acertado dejar para más tarde las posibilidades de negociación y los instrumentos mediante los cuales está previsto llevar a cabo estas reformas, y no empezar a repartir privilegios antes de que se hayan iniciado siquiera las negociaciones correspondientes con el personal. 
Señor Presidente, yo también felicito al ponente por su informe y por el intercambio de ideas que ha hecho posible. 
El informe del Sr. Faber tiene aspectos no sólo políticos sino también de gobierno, administrativos; primero citaré y comentaré algunos párrafos de carácter político. 
Mi Grupo corrobora el llamamiento que el informe hace al Consejo y al Parlamento para que se den prisa y colaboren en la elaboración de dos estatutos o reglamentos de orden interno, uno para los miembros y otro independiente para los asistentes. 
Hay también una observación de carácter político sobre la división que conviene hacer entre los dineros de los Grupos parlamentarios y los de los partidos políticos de Europa, dado que no deberán darse en absoluto subvenciones subrepticias a los partidos. 
Todos sabemos que se tardará bastante antes de que haya también un reglamento de partidos políticos europeos en general, así que me alegro de que se le exija mientras tanto transparencia al Secretario general, transparencia en cuanto al dinero que se mueve entre los Grupos parlamentarios y los partidos. 
Pero el informe tiene también aspectos de gobierno. 
Por ejemplo, hemos tenido que definirnos sobre el hecho de que la Dirección General de Comisiones y Delegaciones deberá tener cinco partidas de tipo A, dos de B y una de tipo C, que la Dirección General de Personal tiene que contar con una partida extra A y dos extra tipo B. Y no es porque yo sea nuevo en estas lides por lo que me cuesta mucho emitir un juicio sobre estas cosas: me parece que la especificación detallada de la política de personal es más bien responsabilidad de un gerente. 
También me parece dificilísimo que los grupos decidan plenariamente cuántas partidas extra hayan de asignarse a los Grupos políticos, porque esto tiene mucho que ver con la forma en que se estructura el grupo, y por tanto no todos los grupos querrán funcionar de igual manera. 
Según tengo entendido, al reformar el Parlamento se adoptará este principio de responsabilidad propia de cada grupo, y eso es lo que apoyo sinceramente. 
Unas palabras también sobre el apoyo que se pide para los parlamentarios. 
Se estudiará, en eso hemos quedado, se hará un estudio que se unirá al del Sr. Rothley sobre qué ayudas necesitan los parlamentarios exactamente para desempeñar sus tareas. 
No me hace mucha gracia que nos adelantemos a las conclusiones de dicho informe porque en este informe no nos definimos sobre la conclusión de la Mesa, la cual consiste en subirles las primas a los asistentes un 20%. 
Yo no me opongo en principio a que haya una subida, pero sí a que nos adelantemos al informe, porque además, en septiembre se constatará que habrá que establecer prioridades entre diversos conceptos, por ejemplo porque suban los alquileres de los edificios, y entonces tendremos que elegir si interesa dar más dinero a otras instituciones para preparar la expansión. 
En septiembre volveremos a estos puntos, con cifras y cantidades exactas, de manera que mi crítica no es una cuestión de principios, sino de no precipitar decisiones. 
Señor Presidente, Señorías, se trata en este caso de un informe sobre el Parlamento Europeo; me sorprende en primer lugar no ver adjunta a este documento una carta de la Sra. Stauner que, como ustedes saben, se ocupa mucho de nuestros asuntos, en el marco de sus actividades, que tienen relación sin embargo con otras cosas. 
Quizás se trata de que el ponente es miembro de su grupo y que por una vez ella se limita a observar y se abstiene de enviar una carta. 
Eso me parece extraño. Pero quizás no ha dicho su última palabra. 
El tiempo lo dirá. 
Deseo simplemente decir que la situación es, con todo, algo sorprendente; por una parte nos hemos lanzado a una política de rigor que tiene como resultado que todos nuestros presupuestos y las aprobaciones de la gestión se encuentran bloqueados por un Parlamento riguroso, hasta el punto de bloquear la aprobación de la gestión de la Comisión y del propio Parlamento Europeo, por temor a problemas, a rechazos de refrendos o a derroches de dinero imputables a las misiones de los funcionarios que se ven obligados a realizar el trayecto entre Luxemburgo y Bruselas, algo que cuesta una fortuna al contribuyente. 
Por otra parte, en el informe Ferber los diputados se regalan fortunas. 
Nosotros nos regalamos un nuevo ordenador, con el pretexto de que uno solo no es suficiente. 
Nos ofrecemos un aumento de un 20% con un presupuesto de crecimiento cero. 
Nos ofrecemos un aumento de un 20% sobre la partida presupuestaria que financia a nuestros asistentes porque tememos por encima de todo que la regla termine siendo que el contrato ha de estar dotado de un estatuto que prevea sobre todo cargas sociales. 
Para protegernos contra lo peor aumentamos esta línea en un 20%. 
Según mis cálculos no hay ni una sola partida presupuestaria de la Comunidad, ya sea en el ámbito de la ayuda humanitaria, de la investigación o de los gastos agrícolas en el que se haya previsto un aumento. 
Por otra parte, el objetivo generalmente es reducir el presupuesto. 
Pues bien, no. En el Parlamento Europeo adquirimos un segundo ordenador, un 20% de gastos suplementarios y, al haber estado el Tribunal de Cuentas especialmente duro con respecto a los Grupos políticos, se propone un párrafo en el que se señala la carga de trabajo incrementada y las responsabilidades particulares de los grupos. 
Este párrafo no hace honor a este Parlamento. 
Si adoptamos una actitud no podemos exteriorizar la indignación que nos inspira el derroche y al mismo tiempo proponer un presupuesto igual. 
En nombre de los diputados radicales de este Parlamento, anuncio que votaré en contra del informe del Sr. Ferber. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, lamento que mi buen amigo Dell ' Alba no esté de acuerdo con el proyecto de presupuesto del Sr. Ferber. 
Nosotros sí lo estamos y estamos muy contentos. 
Creo que el ponente ha hecho con este proyecto de presupuesto para el año 2001 un ejercicio de rigor, de optimización de recursos y, al mismo tiempo, de imaginación y de visión de futuro. 
Tiene nuestra más absoluta felicitación. 
Después de todo, estamos hablando del Parlamento Europeo del siglo XXI, donde nos vamos a enfrentar, a mi entender, a tres retos básicos: responder a las nuevas obligaciones de los diputados, que provienen del Tratado de Amsterdam, incorporar las nuevas tecnologías en nuestro trabajo y reaccionar inmediatamente al enorme compromiso administrativo, organizativo y político que supone la ampliación de la Unión Europea. 
Y estos tres retos a los que el Parlamento Europeo se enfrenta se enmarcan en un contexto de gran rigor presupuestario y en una completa transparencia de la utilización de los fondos públicos. 
Hay que pensar- y el ponente lo ha hecho- qué tipo de Parlamento queremos en el futuro: si queremos un Parlamento más administrativo y burocrático o si queremos un Parlamento más político; si queremos un Parlamento Europeo centralizado o queremos un Parlamento Europeo compatible con una Unión Europea cada día más federalizada y, al mismo tiempo, más subsidiaria y descentralizada. 
Yo creo- y comparto esa opinión- que el ponente quiere un Parlamento donde lo prioritario sea el trabajo político de los diputados, tanto en Estrasburgo como en Bruselas como en cada una de sus circunscripciones políticas individuales. 
En ese modelo es necesario, como él dice, que existan nuevos puntos de información, que existan nuevos medios informáticos y que exista nuevo personal- si hace falta- a cargo del diputado para cumplir con la tarea burocrática. 
Y espero que en septiembre podamos contar con nuevos créditos en estas líneas. 
Hace muy bien el Sr. Ferber en reaccionar ante el informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los Grupos políticos. 
Una línea presupuestaria independiente nos permitirá dar una imagen pública más clara y transparente hasta que llegue finalmente el estatuto de los partidos políticos europeos. 
Éstos, no lo olvidemos, son la pieza fundamental de la democracia europea y no pueden caber dudas sobre lo correcto de su financiación. 
Compartimos firmemente el criterio del ponente acerca de la dotación lingüística para la ampliación. 
Es necesario comenzar las medidas preparatorias de carácter administrativo. 
Seis nuevos países- con al menos cinco nuevos idiomas- en el año 2004 significan un gran esfuerzo de adaptación. 
Para cubrir estas vacantes, se requiere una clarísima indicación de cuál sería el orden de entrada a la Unión por parte de los países candidatos, y eso es algo que no corresponde hacer en este momento y en este presupuesto. 
Por eso apoyamos todas las enmiendas del Sr. Ferber. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar yo quiero manifestar que acojo con satisfacción el informe del Sr. Ferber en sus líneas generales. 
Durante las pasadas semanas y en los últimos meses, hemos mantenido una colaboración muy positiva, marcada por la clara expresión de nuestros puntos de vista en aquellos aspectos en los que no estábamos de acuerdo, pero también por la adopción de una orientación común en los aspectos en los que aquél era posible. 
Ya se ha descrito el reto con que nos enfrentamos y, en realidad, sólo es posible repetirlo. 
Como resultado del Tratado de Amsterdam- lo digo anticipándome a otras futuras consecuencias en lo que se refiere a esta Cámara -, nos vemos en la necesidad de conciliar las competencias del Parlamento con sus posibilidades, ya que de momento no existe una correspondencia entre unas y otras. 
Tenemos que procurar conseguir estar en igualdad de condiciones con la otra rama legislativa, o sea, el Consejo, tanto en lo que se refiere al servicio técnico como a la asistencia técnica. 
No es admisible que las posibilidades del Parlamento democrático y de elección directa sean menores que las que tiene el Consejo. 
Si nos tomamos en serio nuestra tarea y nuestro propio papel, tenemos que contar con las mismas condiciones para poder ofrecer efectivamente una réplica. 
De nada sirve que nuestra Presidenta del Parlamento ponga la última firma. 
Con esto no basta, lo decisivo es el trabajo previo y éste se debe hacer bien y con seriedad. 
En este sentido- y discrepo rotundamente en este aspecto del Sr. Dell ' Alba- es importante y adecuada una buena preparación. 
Tampoco se puede decir de ningún modo que esto incrementaría de manera exorbitante los costes. 
El Sr. Dell ' Alba sabe perfectamente que en años pasados conseguimos liberar considerables recursos gracias a una política inmobiliaria inteligente, justo es reconocerlo. 
Por lo tanto, puesto que hemos obtenido directamente estos recursos, también debemos destinarlos a unos fines adecuados. 
Por fines adecuados entiendo mejorar las posibilidades y capacidades del Parlamento. 
Todavía estamos por debajo del 20% que nos fijamos como margen. 
Vamos a mantener este margen. 
En ningún aspecto, superamos el límite del 20% en la parte de los gastos administrativos que corresponde al Parlamento. 
Yo creo que esto demuestra que nuestro enfoque es serio y no queremos prometer castillos en el aire. 
Otro reto es la necesidad de introducir transparencia también en esta Cámara, impulsados en cierta medida por el debate público en distintos ámbitos. 
Asumimos esta responsabilidad, este mandato. 
No por temor a ser expulsados, sino porque queremos que la opinión pública sepa que no tenemos nada que ocultar. 
Estamos haciendo un esfuerzo para conseguir que lo que aquí hacemos se asiente sobre una base sólida, o sea, la financiación de los Grupos políticos y también una normativa que permita que los partidos políticos europeos y sus organizaciones reciban dinero. 
No se puede pedir un desarrollo adecuado del ámbito europeo, pero negar a la vez la financiación de las condiciones para ello, que naturalmente es legítima. 
Ésta debe ser claramente identificable, de manera que el ciudadano también pueda saber qué dinero se gasta y en qué se gasta. 
Vamos a hacer todo lo posible para avanzar en este aspecto y promover una mayor transparencia, a fin de que cualquiera pueda comprobar a qué se dedican los diferentes recursos y juzgar si su uso es adecuado o no, y pueda criticarlo en caso necesario. 
En efecto, ¡en tal caso, es imprescindible la crítica! 
En cualquier caso, debemos evitar ser criticados por cuestiones técnicas de procedimiento o por la adscripción de los fondos a diferentes líneas presupuestarias. 
En este ámbito debe prevalecer la transparencia y tenemos que avanzar, tal como ya anunciamos en el marco del debate presupuestario del año pasado. 
Permítanme que añada también unas palabras sobre el tema de la ampliación, ya que es el único aspecto en el que disentimos de nuestro colega Ferber y, sobre todo, de las y los colegas del Grupo del PPE. 
En este aspecto, intuyo que la visita del Sr. Stoiber a su Grupo la semana pasada tuvo mayor influencia de la que todos temíamos. 
Me dirijo ahora a mi colega Pöttering: fue usted quien declaró en una conferencia de Europa-Union que la ampliación debía ser más rápida, por razones políticas, porque no podemos permitirnos darle largas. 
Sin embargo, cuando se nos insta de manera muy concreta a avanzar, no son admisibles luego las vacilaciones. 
Ya sé que cuándo y cómo debe tener lugar una ampliación puede dar pie para un magnífico enfrentamiento político. 
Un enfrentamiento que podría cortar las raíces del árbol. 
Yo les ruego que, por principio, seamos francamente prudentes en este contexto. 
En cuanto a los preparativos concretos, éstos incluyen la preparación en lo tocante a los inmuebles, por ejemplo. 
Quienes no empiecen a buscar locales- en los países candidatos a la adhesión, por ejemplo- hasta que llegue el momento, se van a encontrar con unos precios que les harán encanecer. 
Por lo tanto, es preciso empezar a buscar con tiempo, para realizar los preparativos siguiendo los principios de una gestión presupuestaria solvente. 
En cuanto a los preparativos en lo que respecta a la pluralidad lingüística, quien haya leído el informe Cot, que ha solicitado su colega Elles, sabrá que en el futuro tendremos otras 460 combinaciones lingüísticas posibles. 
Según una estimación, esto requerirá 500 intérpretes y traductores adicionales. 
¿Pretenden afirmar acaso que éstos van a brotar como setas y que va a ser posible encontrar de improviso personas con verdadera competencia técnica en estonio, letón, checo y todas las demás lenguas que va a ser preciso incorporar? 
No, es necesario iniciar desde ahora los preparativos. 
Evidentemente, para evitar caer en la práctica en la trampa que ha descrito acertadamente el Sr. Ferber, a saber, la de anticiparnos a los acontecimientos políticos con una decisión administrativa, debemos procurar discutir cuidadosamente el reparto de dichos puestos entre las diferentes lenguas. 
Nosotros vamos a apoyar que se distribuya el informe Cot, lo cual forma parte de la propuesta del Sr. Elles. 
Estamos a favor de que se discuta esta cuestión en el curso de este año, pero nos oponemos rotundamente a que ahora mismo ya digamos que nos negamos a cubrir esos 35 puestos. 
Sería poco serio y transmitiría una señal absolutamente inadecuada a los Estados miembros y a las personas que esperan poder llegar a ser parte integrante de esta Unión. 
Señor Presidente, permítame comenzar agradeciendo al ponente Ferber su excelente trabajo. 
Hay muchas cosas en este informe que están bien pensadas y que son dignas de apoyo. 
Quiero referirme a un asunto que a largo plazo tendrá enorme importancia para el Parlamento y para la UE en su conjunto. 
Se trata de algo que ya muchos han mencionado, es decir, las lenguas. 
Pocas veces se puede apreciar tan nítidamente la diversidad lingüística europea como en los debates en esta Asamblea, en la que continuamente se nos interpreta en once lenguas diferentes. 
Es obvio que esto cuesta dinero y es complicado. 
Sin embargo, durante toda la historia de la UE ha sido obvio que quienes participan hayan podido hacerlo, en la medida de lo posible, en sus propias lenguas. 
Muchos aspectos del informe que estamos tratando se fundamentan en que la UE contará con seis nuevos miembros a partir del año 2004. 
Tal vez sean más. 
Hace algunos días la Comisión hizo pública su meta de incorporar diez nuevos países miembros hasta el año 2005. 
Yo soy de aquellos que consideran la ampliación, cuyo objetivo final es la reunificación de una Europa que siempre ha estado dividida por fronteras artificiales, como el mayor reto de la UE. 
Con todo, pienso que es más realista contar con un número menor que el que se menciona en el informe de la Comisión de Presupuestos. 
Incluso una cantidad menor resulta grande si se piensa en la cantidad de lenguas nuevas que se incorporarán. 
Si se parte de la base que en la primera fase de negociaciones se trata de "5+1" -obviamente pueden pasar muchas cosas en los próximos años, pero esos seis países tienen dos años de ventaja en las negociaciones- eso implica que se añaden cinco nuevas lenguas a las once lenguas oficiales existentes actualmente. 
No podemos dar a los nuevos países y a sus lenguas un tratamiento diferente al que nos damos a nosotros mismos. 
El uso de su propia lengua tiene que ser tan obvio para los diputados húngaros, polacos o estonios como lo es para nosotros el uso de las nuestras. 
No podemos crear una situación en la que sólo los países que tengan intérpretes y traductores puedan llegar a ser miembros de la UE. 
Por este motivo resulta tan importante que se discuta este asunto ahora, cosa que hace el ponente y que me parece muy bien. 
No nos podemos permitir que este asunto siga sin solución. 
También hay que tener claro que los acontecimientos evolucionan muy rápidamente. 
Los países a los que nos referimos se desarrollan con gran velocidad, lo que también nos obliga a reaccionar rápidamente para resolver el asunto de las lenguas, antes de la llegada de esos nuevos países. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Ferber por su informe. 
Los informes de este tipo nunca resultan fáciles y él ha realizado un buen trabajo. 
Mi única crítica es que las enmiendas 4 y 5 deberían haber sido presentadas en otro nombre que no fuera el del Grupo PPE. 
Al decir esto, estoy siendo coherente; dije lo mismo a la Sra. Müller del Grupo de los Verdes cuando hizo lo propio. 
Explicaré enseguida por qué. 
El Parlamento exige que la Comisión y las demás instituciones sean prudentes con los fondos de los contribuyentes, y pensamos que lo mismo es válido para el Parlamento Europeo. 
En mi calidad de presidente de esta comisión, he descubierto que sus lealtades están muy extendidas. 
Yo soy leal a la comisión, y cuando la comisión adopta una decisión, me siento obligado a defender dicha decisión. 
Soy leal al ponente, y ése es el motivo por el que he hecho comentarios anteriormente, porque el ponente debería reflexionar sobre las opiniones de la comisión. 
También soy leal a mi Grupo político que me ha concedido este tiempo de intervención. 
Esto me impide a veces ser leal a mí mismo y a lo que quiero decir. 
Sentí cierta simpatía por lo que decía el Sr. Dell ' Alba, porque debemos tener cuidado al criticar a los demás si, al mismo tiempo, damos la impresión de que hacemos caso omiso de la prudencia y hacemos sencillamente lo que nos place. 
No estoy diciendo que hayamos hecho eso. 
No obstante, si ésa es la impresión que vamos a causar, deberemos tener mucho cuidado y no olvidar las consecuencias. 
Dicho esto, el informe Ferber ha intentado establecer un equilibrio entre las necesidades del Parlamento cuando iniciamos un nuevo milenio- nuevas necesidades, ampliación del horizonte- y conseguir que funcione con eficacia. 
Con nuestra aprobación de este informe no se tomarán todas las decisiones. 
La primera lectura será el momento en que se tomen las decisiones finales, y lo pongo en conocimiento de todos. 
Cuando la prensa vea un presupuesto por valor de 965 millones de euros, no tardará en deducir que esa suma representa más de 1,5 millones de euros por diputado. 
La prensa británica se llenará de titulares como: 1 millón de libras por diputado europeo; ¡eso es lo que cuestan! 
No obstante, estamos intentando reducir esos costes, especialmente en inmuebles. 
Si al menos la población tuviera en cuenta lo que se está haciendo en el caso de los inmuebles: estamos intentando reducir los pagos en el plazo más breve posible, para reducir así la carga total sobre el presupuesto del Parlamento. 
Basta con mirar los apartados 15 hasta 18 para darse cuenta de que nos tomamos muy en serio la política inmobiliaria. 
La política de recogida ha sido un gran éxito de este Parlamento. 
Lo que hemos hecho con el edificio Belliard puede que no sea lo ideal, pero al menos es un paso en la dirección acertada, y ya nos hemos quitado eso de encima. 
Por último, uno de los grandes problemas de nuestra institución es que no tenemos un estatuto del diputado, del personal ni de los partidos políticos. 
La propuesta consiste en intentar avanzar hacia la solución de estos factores. 
- (PT) Señor Presidente, las propuestas formuladas en el informe que estamos examinando expresan- o deben expresar- la voluntad del Parlamento Europeo de preparase para afrontar los imperativos que se plantean a la Unión Europea. 
No podía ser de otro modo: atravesamos por un período delicado, las tensiones son permanentes, las contradicciones, evidentes. 
Parece que se quiere todo y al mismo tiempo nada, como se ve en el nivel de la plasmación presupuestaria- o carencia de ella­ de las prioridades de la Unión Europea. 
En la capacidad que tengamos para aprovechar el potencial transformador de las tensiones y reducir las contradicciones radicará la diferencia entre el estancamiento y la consiguiente decadencia del proyecto y la dinámica que esa realización exige. 
¿Aumentarán sustancialmente las competencias del Parlamento Europeo con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y la consiguiente extensión, por ejemplo, de la codecisión a otros ámbitos políticos? 
Entonces hay que garantizar una mayor capacidad a los diputados para que ejerzan su mandato, más y mejor información, más respuesta de los Grupos políticos, más eficacia de los servicios del Parlamento Europeo. 
¿Presupone la ampliación cambios delicados en la composición y el funcionamiento de esta institución? 
Entonces es necesario prepararlos, adelantarse a los problemas y la reacción ante ellos sin caer en la situación de esperar para ver que nos pondría a remolque de los acontecimientos que no sabemos prever ni condicionar. 
Eso es aplicable a la Unión Europea de forma general. 
Estamos en un momento de cambio de rumbo. 
No quedará como está. 
Realizada la Unión Económica y Monetaria, el euro no puede ser un punto de llegada, es un punto de partida que a un tiempo induce y exige nuevas transformaciones. 
Lanzado el proceso de ampliación, éste presupone transformaciones profundas y justifica una nueva ambición. 
Cada vez resulta más clara la necesidad de hacer que al polo económico corresponda un polo político. 
Profundización o dilución, solidaridad o egoísmo, decisión o aplazamiento, coherencia o contradicción, convergencia o divergencia: entre unos y otros nos balanceamos. 
Sepamos abrir y recorrer nuevos caminos fortaleciendo la influencia de principios esenciales, de entre los que destaco el de la subsidiariedad y el de la cohesión económica y social. 
Felicito al Sr. Ferber por el cuidado que ha puesto en el trabajo que está realizando. 
Señor Presidente, como han dicho otros colegas, hacer frente al Tratado de Amsterdam y preparar la ampliación son los principales retos a que se enfrenta esta institución. 
En mi opinión- y es algo que deberíamos tener muy claro -, los nuevos retos exigen nuevos recursos. 
Como ha dicho el ponente, si comenzamos por analizar los recursos actuales, veremos de dónde pueden transferirse personal y recursos que están infrautilizados o que han dejado de ser apropiados. 
Una vez hecho eso, en la nueva situación en la que se encuentra el Parlamento Europeo, no hay otra alternativa que ampliar el presupuesto. 
Oigo lo que dice el Sr. Wynn, presidente de la comisión, sobre la prudencia. 
La prudencia corre el riesgo de convertirse en una diosa falsa: si hacemos demasiado hincapié en la prudencia, será en detrimento de la eficiencia y la eficacia de esta institución. 
Se trata de conseguir un frágil equilibrio, y sé que el ponente lo ha intentado en su informe. 
En líneas generales, saludo el informe del Sr. Ferber. 
No obstante, hay tres frentes a los que el Parlamento debe prestar más atención desde ahora hasta septiembre. 
El primero, como han mencionado otros colegas, es el tema de las lenguas. 
Tengo el honor de pertenecer al grupo de trabajo del Sr. Cot sobre multilingüismo. 
Francamente, si esta institución desea continuar practicado el multilingüismo- y quizá sea éste un debate que deberíamos celebrar- la única alternativa es comenzar ya a contratar a personal. 
Si lo dejamos para más tarde, cuando comience la ampliación no estaremos en condiciones de mantener el multilingüismo. 
La decisión la tomaremos nosotros. 
Ya nos encontramos en una situación similar con el finés en la última ampliación. 
Como habrán observado sus Señorías, los intérpretes de finés realizan un buen trabajo hablando en inglés y en otras lenguas porque no pudimos contratar a intérpretes de inglés que supieran finés. 
Volveremos a encontrarnos en esa misma situación cuando llegue la próxima ampliación, a menos que tomemos ahora las decisiones difíciles. 
Por tanto, quiero que el Parlamento se replantee lo de los 35 puestos lingüísticos. 
El segundo ámbito en el que aún nos queda mucho por hacer como institución es la informática. 
Hemos recorrido un largo camino, pero aún podemos conseguir más beneficios de la informática. 
En particular, el presidente de la Mesa está buscando el modo para que cada diputado tenga un ordenador portátil con acceso al sistema informático del Parlamento Europeo, de manera que todos puedan recibir sus informes de comisión, orden del día, etcétera desde cualquier lugar del mundo en que se encuentren. 
Esta medida no supone un aumento tan grande de la inversión, pero sí exige nuevos fondos; un incremento de los recursos del Parlamento. 
Por último, una vez más, algo sobre lo que le he oído hablar, señor Presidente: el tema del asesoramiento jurídico. 
La nueva situación del Tratado de Amsterdam significa que cuando aprobemos enmiendas y resoluciones en esta Asamblea, deberemos tener mejor conocimiento de las consecuencias jurídicas, así como de las consecuencias políticas de nuestras decisiones. 
Debemos mejorar el asesoramiento jurídico del que disponemos en el Parlamento para que nos apoye en los procedimientos de conciliación, entre otros. 
Para terminar, quisiera dejar claro que no estoy pidiendo que el Parlamento utilice nuevos fondos de sumas astronómicas. 
No obstante, vale la pena gastar un uno o dos por ciento más para garantizar que seguimos siendo eficaces, y deberíamos considerar la prudencia en el contexto de las mayores exigencias de este Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, señor Ferber, yo quiero felicitarle muy sinceramente por su informe. 
Desde luego, no le corresponde a la Comisión valorar las propuestas concretas. 
No obstante, yo quisiera manifestar mi gran satisfacción por los esfuerzos que se propone realizar el Parlamento para reducir la carga de los intereses que gravan el presupuesto en el ámbito de la política inmobiliaria. 
Evidentemente, también me congratulo, desde el punto de vista de las relaciones institucionales, de que su propuesta no rebase como quien dice el marco de la categoría 5 del Acuerdo Interinstitucional. 
Éste prevé, en efecto, que el importe global destinado a gastos de personal y administrativos se reparta entre las instituciones de conformidad con unas cuotas determinadas, y usted ha basado sus propuestas en dicho reparto. 
Yo creo que esto también indica una vez más que las Perspectivas Financieras también facilitan el trabajo y la planificación en muchos aspectos, sobre todo cuando además se adoptan acuerdos firmes entre las instituciones. 
No obstante, sobre todo, también es significativo que en su informe usted haga mucho hincapié en el tema de la ampliación y de la política de personal en el ámbito de los traductores e intérpretes, y la decisión sobre qué medidas se van a adoptar en este aspecto es, evidentemente, una cuestión de carácter altamente político. 
En particular, desde luego es necesario que se inicien los preparativos y usted ha señalado que debería ser un objetivo interinstitucional abordar este tema- aunque éste se plantee de un modo distinto para las diferentes instituciones- y alcanzar una solución. 
En este sentido, permita que vuelva a felicitarle sinceramente por su informe, sobre todo porque este informe correspondiente al ejercicio de 2001 ofrece indicaciones que van más allá del presupuesto de 2001. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general para el año 2001 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general para el año 2001. 
Comisión. (DE) Señor Presidente, Señorías, la Comisión debatió en febrero las prioridades para el presupuesto europeo del año próximo y luego ha tenido también la oportunidad de examinar detenidamente dichas prioridades con el Parlamento Europeo, aquí en el Pleno y también, sobre todo, en la Comisión de Presupuestos y en las diversas conversaciones que se han celebrado desde entonces en el marco del diálogo a tres bandas, o sea, entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. 
La Comisión ha elaborado sobre la base de este debate el anteproyecto de presupuesto para el año 2001 que ahora tienen a su disposición, tal como lo ha aprobado la Comisión. 
Puesto que se trata del primer anteproyecto de presupuesto que tengo ocasión de presentarles, permítanme una observación sobre el procedimiento y el momento de esta presentación. 
Me parece muy conveniente debatir intensamente las prioridades antes de empezar a considerar las cifras concretas y, sobre todo, me parece muy útil que el anteproyecto se presente tan pronto, de manera que sea posible discutirlo a fondo. 
En cuanto a la estructura del presupuesto, igual que sucede con todos los presupuestos nacionales, también en el caso del presupuesto europeo para un ejercicio dado, la mayor parte de los montantes vienen determinados por acuerdos y decisiones de años anteriores, así como por las normas jurídicas establecidas en años pasados. 
Esto es particularmente cierto en el caso del gasto agrícola en el ámbito de la organización de los mercados- que en el presupuesto para el ejercicio 2001 constituye una vez más la mayor partida de gasto- y en el de los Fondos estructurales, pero también por lo que respecta a los programas plurianuales, ya sea en el ámbito de la investigación, del apoyo a los jóvenes o de la política exterior. 
No obstante, a pesar de los condicionamientos heredados de años anteriores, el presupuesto para el ejercicio 2001 también establece unas prioridades políticas claras y, tras los debates de los meses pasados, también creo poder afirmar que existen muchísimas coincidencias entre las prioridades recogidas en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión y las prioridades del Parlamento. 
Entre éstas figura, en primer lugar, la prioridad concedida al segundo pilar de la política agraria; el anteproyecto de presupuesto de la Comisión asigna la mayor tasa de incremento a la partida destinada al fomento del desarrollo rural y yo creo que esto resalta en la práctica la importancia central que en opinión de la Comisión se debe otorgar al segundo pilar de la política agraria. 
En segundo lugar, cabe citar la prioridad que se asigna a la política económica, unida a la necesidad de consolidar y fomentar el desarrollo de Europa como sociedad del conocimiento. 
Por esto, el anteproyecto de la Comisión refuerza muy claramente los gastos en el ámbito de la investigación e incluye una nueva edición del programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, también una propuesta que combina dicho apoyo con el fomento de las tecnologías, lo cual también era una de las aspiraciones de la ponente, Sra. Haug. 
El acceso a las nuevas tecnologías está poco extendido entre las pequeñas y medianas empresas. 
Desde luego, es oportuno y necesario combinar ambos aspectos en el marco de la estructura económica a la cual aspiramos y que se apoya en gran medida en las pequeñas y medianas empresas, y en cuyo contexto también esperamos dar, por el otro lado, un impulso a Europa, al desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación en Europa. 
En el anteproyecto de presupuesto se establece asimismo una nueva prioridad en el ámbito de la política exterior. 
Ya tuvimos oportunidad de debatir muy exhaustivamente al respecto, concretamente en el contexto de la ayuda a los Balcanes. 
Quiero citar igualmente como otra prioridad la necesidad de observar la disciplina presupuestaria también en el contexto del presupuesto europeo. El anteproyecto de la Comisión persigue este objetivo. 
Voy a exponerles, por consiguiente, algunos datos sobre el presupuesto general. 
Excluidos los gastos agrícolas, el anteproyecto de presupuesto prevé que el incremento de los créditos de compromiso, o sea, de los compromisos financieros que se podrán suscribir, se sitúe en torno al 1% con respecto al año anterior. 
Yo creo que esta cifra deja bien claro que el anteproyecto de presupuesto se inscribe dentro del panorama político general de disciplina presupuestaria y se traduce en un incremento del 3% para el conjunto de los pagos, excluidos los gastos agrícolas. 
Permítanme que señale que, según los pronósticos, el incremento medio de los presupuestos de los Estados miembros se cifra en un 3,1 %. 
Lo resalto porque este aspecto va a desempeñar sin duda un papel importante en el debate con el Consejo. 
El anteproyecto de presupuesto también incorpora, no obstante, un considerable incremento de los gastos agrícolas, concretamente del 7,6 % o por un montante total de 3.120 millones de euros, en cifras absolutas. 
Esto es sobre todo el resultado de las decisiones que se adoptaron en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del año pasado en Berlín, y las Perspectivas Financieras allí acordadas forman parte del Acuerdo Interinstitucional suscrito el año pasado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Permítanme que les recuerde que este montante en el ámbito de la política agraria ya refleja la decisión de que el anteproyecto de presupuesto para el ámbito de la política agraria no agote el límite máximo acordado en Berlín, es decir que la propuesta de la Comisión incluye la reasignación de 300 millones del presupuesto agrícola al ámbito de la política exterior; aun así, se obtiene la importante tasa de incremento citada en el ámbito de la política agraria. 
En resumen, el resultado final es que el anteproyecto prevé un incremento global del 3,9 % en los créditos de compromisos y del 5% en los pagos. 
El mayor incremento de los créditos de pago se debe justamente a que arrastramos un gran remanente de compromisos de pago pendientes y la Comisión considera que éste no debe seguir creciendo sino que más bien habría que reducirlo y, por consiguiente, es necesario aumentar más los pagos. 
¿Cómo se refleja esto en la relación Europa/Estados? 
Es decir, ¿qué parte del PNB total de la Comunidad Europea absorbe el presupuesto de la Unión Europea? 
¿En qué nivel se sitúa la relación Europa/Estados, habida cuenta del fuerte crecimiento del PNB de los países de la Comunidad Europea que también se espera para el año próximo? 
Las perspectivas de crecimiento son, en efecto, muy favorables. 
¿Se puede considerar regresiva la reducción del 1,11 %, en el año 2000, al 1,07 %, en el año 2001, del porcentaje del PNB que absorbe el presupuesto? 
Quiero resaltarlo muy especialmente para que quede claro- en los Estados miembros también mantenemos intensos debates sobre la participación de los Estados en el PNB, que oscila entre el 40 y el 50%- que el presupuesto europeo representa el 1,07 % del PNB global. 
Esto indica con toda claridad- y quiero decirlo hoy aquí- que el presupuesto de la Unión Europea emplea bien el dinero. 
La guerra de Kosovo y las decisiones relativas al Pacto de Estabilidad para los Balcanes plantean una nueva tarea para la Unión Europea. 
El Consejo de Lisboa volvió a resaltar la importancia de dicha tarea. 
Ahora es preciso garantizar las bases financieras para llevarla a cabo y, a la vista de su importancia, la Comisión incluye en su anteproyecto de presupuesto una propuesta por la que en 2001 se prevé asignar 815 millones de euros para la ayuda a los Estados de los Balcanes occidentales, que se suman a los 540 millones asignados este año. 
Este es el montante de la ayuda prevista para la reconstrucción de la sociedad civil; no incluye, por lo tanto, los gastos- de los Estados miembros, por ejemplo- correspondientes a los efectivos de la KFOR. 
¿Es demasiado elevado este montante de 815 millones de euros para toda la región? 
En las conversaciones tripartitas con el Consejo ya debatimos si dichos países están en condiciones de absorber ese montante. 
Yo creo que este debate tiene en parte unas connotaciones algo cínicas, dado que las necesidades son obviamente muy grandes; no obstante, el montante de la ayuda que se está dispuesto a poner a su disposición es, obviamente, una decisión política que le corresponde adoptar a la autoridad presupuestaria. 
Permítanme que les recuerde que la propuesta para Serbia para el año 2001 prevé un montante fijo de 40 millones de euros. 
La Comisión propone que si cambian las condiciones políticas en Serbia, se pongan a disposición fondos adicionales procedentes de la reserva de flexibilidad. 
También quiero volver a remarcar, no obstante, que la Comisión ya prevé un montante muy importante para Serbia en su propuesta de revisión de las previsiones financieras para el período que se extiende hasta 2006 y yo creo que, de hecho, deberíamos transmitir a Serbia, a la oposición política serbia, una señal de que la Unión Europea está dispuesta a actuar sobre el terreno con una mayor aportación financiera si por fin se establecen unas condiciones políticas democráticas. 
La Comisión presenta por primera vez un presupuesto basado en las actividades, esto es, que asigna todos los gastos a ámbitos concretos de las políticas. 
Es decir que ahora se puede apreciar a primera vista cuánto se va a destinar a cada ámbito. 
Yo creo que el hecho de que ya no se hable de categorías constituye un avance importante hacia una mayor transparencia y sin duda también hacia un debate político más intenso entre la opinión pública. En efecto, ¿quién sabe, por ejemplo, cuáles son las políticas internas, salvo los que nos encontramos reunidos en este hemiciclo, un puñado de funcionarios de los Estados miembros y un par de periodistas iniciados? 
Yo creo que un presupuesto basado en las actividades, o sea, la presente propuesta, la presente estructura, facilita ciertamente el debate político, también entre la opinión pública, sobre en qué se gasta el dinero de la Unión Europea. 
Permítanme que añada muy brevemente que la propuesta de la Comisión va acompañada también de la propuesta de una nota suplementaria y rectificativa relativa al Presupuesto 2000. 
Ésta incluye, en particular, un gran número de ajustes técnicos, pero sobre todo también extrae las consecuencias que se desprenden para el presupuesto de la Unión Europea del balance anual de 1999. 
La ejecución del Presupuesto 1999 de la Unión Europea se cerró con un elevado superávit de 3.200 millones de euros. 
Es decir que se van a reembolsar a los Estados miembros 3.200 millones de euros, que se descontarán de las aportaciones de este año. 
Evidentemente, ningún Estado miembro quedará excluido, sino que serán reembolsados en función de su contribución a la financiación del presupuesto de la Unión Europea. 
En la información al respecto ha habido alguna confusión en relación con el caso de Gran Bretaña. 
Debo señalar que también en este caso ha habido una compensación y el resultado final se ha modificado, también por efecto del tipo de cambio entre el euro y la libra esterlina. 
El montante de la aportación de Gran Bretaña expresado en euros supera, en efecto, la cifra prevista, pero la situación varía cuando se calcula en libras esterlinas. 
En la elaboración del presupuesto europeo también debemos prestar, por lo tanto, mucha atención al tema de los tipos de cambio. 
He querido volver a destacar el balance a fin de dejar claro- tal como, en realidad, ya se ha expresado también en el curso de su debate sobre el presupuesto del Parlamento Europeo- que el término disciplina presupuestaria tampoco es desconocido en el contexto del presupuesto europeo, sino que de hecho se aplica. 
El siguiente paso es que el Consejo examine el anteproyecto de la Comisión por el Consejo y elabore un proyecto de presupuesto para el ejercicio 2001. 
A continuación seguirán, obviamente, otros intensos debates. 
Yo desearía que el procedimiento ulterior no gire en torno a un alarde de principios, sino que se caracterice más bien por el empeño común de aplicar los recursos presupuestarios europeos de manera eficaz y con buen fin, en apoyo de los objetivos de la Unión Europea. 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, muchas gracias por su presentación y permítame que retome sus últimas palabras. 
Yo no creo que en el debate sobre el presupuesto 2001 debamos hacer un alarde de principios. 
Sin embargo, también me parece que su petición, más que a nosotros, iba dirigida al Consejo, sin que ello nos impida evaluar los aspectos del anteproyecto de presupuesto que hasta ahora conocemos. 
A la vista de ello, ya es posible afirmar que la Comisión ha atendido sobre todo al deseo del Consejo de que presentase un presupuesto lo más austero posible. 
Usted misma acaba de decirlo: el presupuesto para el ejercicio 2001 sólo se incrementa un 1% con respecto al de 2000 una vez excluidos los gastos agrícolas y todos sabemos que éstos constituyen una partida increíblemente gruesa de nuestro presupuesto. 
Hablar en este contexto de austeridad presupuestaria dirigiéndose exclusivamente a nosotros es, desde luego, un enfoque del todo equivocado, aun cuando en el Parlamento estamos a favor de la austeridad presupuestaria. 
Así lo ha demostrado el debate y también los diferentes presupuestos aprobados en el pasado, y así debe seguir siendo. 
Quiero recordarles a los colegas que se prevé que los gastos agrícolas correspondientes a la organización de los mercados se incrementen un 7,6 %. 
Los gastos previstos para el desarrollo rural- usted ha insistido particularmente en este aspecto y el desarrollo rural obviamente nos interesa mucho- se van a incrementar en un 10,1 %. 
A la vista de estos datos relativos, o sea, de los datos porcentuales, nos podríamos considerar muy satisfechos. 
Sin embargo, todos también sabemos que en el presupuesto actualmente vigente, los gastos destinados a la organización de los mercados son ocho veces superiores a los destinados al desarrollo rural y en el próximo presupuesto van a ser más de nueve veces mayores. 
Es decir que en este aspecto se han tomado en consideración los deseos y las decisiones del Consejo y se ha atendido mucho menos a los deseos del Parlamento. 
Consideremos la categoría 3, que incluye todas nuestras prioridades, si bien éstas naturalmente no se limitan a la categoría 3, sino que abarcan también la categoría 4, pero es sobre todo en el ámbito de las políticas internas donde la Unión Europea resulta visible para todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Si se considera que se prevé que el presupuesto ascienda a unos 6.130 millones de euros y se compara este montante con los gastos destinados a la organización de los mercados, queda claro que éstos son seis veces superiores al montante total de la categoría 3. 
Si, además, se sabe que cuatro quintas partes de estos gastos están comprometidos a través de los programas plurianuales, un 80% de todos los cuales se han aprobado por el procedimiento de codecisión, resulta que el incremento del 1,4 % que propone la señora Comisaria responde única y exclusivamente al incremento de los gastos en el ámbito de la investigación. 
Los cuales usted se propone aumentar, por otra parte, en un 8%, de manera que constituirían más del 60% de la categoría 3. 
Ya sé que la Comisión desea plasmar de este modo en el presupuesto las prioridades que ha adoptado, esto es, la creación de una sociedad basada en el conocimiento y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
Hasta aquí, no hay nada que objetar. 
Pero, ¿qué se ha hecho, en realidad, de las prioridades del Parlamento? 
Debatimos con tiempo nuestras prioridades, entre nosotros y también con la Comisión, y aprobamos también puntualmente nuestras directrices, incluidas las correspondientes a la categoría 3. 
Usted acaba de destacar algunas, pero si bien constatamos que se prevé un incremento del 1,2 % en el sector de la educación y las políticas a favor de los jóvenes, si se considera globalmente toda la rúbrica es preciso reconocer que éste se debe, de hecho, a que el año próximo se va a celebra el Año Europeo de las Lenguas y los gastos destinados a este fin se van a incrementar en un 275%. 
Lo cual es perfectamente lógico y nosotros también lo apoyamos. 
La rúbrica correspondiente a la cultura y los medios audiovisuales se incrementa un 2,7 %. 
Yo habría esperado algo más. 
Las partidas destinadas a la información y la comunicación se incrementan en un 4%. 
Pero ¿qué ocurre con el diálogo social y el empleo? 
¿Qué ocurre con la política energética, que todos hemos debatido enérgica y repetidamente? 
Usted la reduce en un 8,2 % y la política medioambiental, nada menos que en un 28,2 %. 
A mí me parece que en el anteproyecto de presupuesto, tal como ahora se presenta, no se han tomado en consideración las prioridades del Parlamento. 
Señora Schreyer, usted ha incluido efectivamente en el presupuesto el punto que más hemos debatido y por el que yo misma siento un interés particular, a saber, el de la innovación y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero ha reducido casi en un 70% las cantidades con que todavía contábamos en el presupuesto anterior. 
Tendremos que volver a discutirlo urgentemente y plasmar luego también claramente nuestras prioridades en el presupuesto. 
En cuanto a la categoría 4, sólo quiero señalar que me parece muy problemático que en el año 2001 nos propongamos apoyar a Serbia con una suma tan reducida y a la vez afirmemos que, cuando haya tenido lugar el proceso de democratización en Serbia, podremos volver a recurrir a nuestro instrumento de flexibilidad. 
Una última consideración que abarca tanto la categoría 3 como la 4: ¿qué se ha hecho del calendario para la elaboración del marco jurídico para las oficinas de asistencia técnica y administrativa y su transformación, que nos prometieron usted y el Comisario Kinnock? 
En diciembre pasado nos escribió que tenía previsto presentar una propuesta en abril. 
Todos la aguardamos con mucha expectación. 
Ya estamos a mediados de mayo y confiamos en que se presente pronto, ya que también es importante para el desarrollo de nuestro procedimiento presupuestario. 
Gracias, señora Haug. 
Piense que va a tener usted bastantes meses por delante para discutir sobre este tema y explayarse. 
Además, esto sólo es el sueño de la Comisión. 
La discusión seria comenzará en julio con el proyecto del Consejo. 
Señor Presidente, la Sra. Haug fue al mismo colegio que Detlev Samland, en el que enseñaban a respetar el tiempo de intervención, y lo cumple con el mismo rigor que hacía Detlev. 
Aunque estamos hablando del anteproyecto de presupuesto para el año 2001, resulta difícil no relacionarlo con la revisión de las previsiones financieras. 
Sé que no deberíamos hacerlo, pero existe una relación entre ambos, por lo que quiero comentar sobre ambos temas. 
Hay tres factores que serán cruciales para que las propuestas de la Comisión tengan éxito. 
El primero es la evaluación de las necesidades de los Balcanes occidentales. 
Dentro de un par de semanas, el Parlamento enviará una delegación temporal a Kosovo que intentará hacer una evaluación. 
El Parlamento deberá decidirse por la propuesta de la Comisión de 5.500 millones de euros en total o decantarse por el Consejo, que propone una cifra algo más baja. 
El segundo factor será la actitud del Parlamento respecto a la redistribución, especialmente en la Categoría IV, no sólo para 2001, sino para toda las previsiones financieras. 
Por eso digo que hay que establecer una relación. 
Un ámbito de gran interés para mí- lo admito abiertamente- es Sudáfrica. 
La propuesta de extraer 2 millones de euros al año de Sudáfrica durante seis años puede que no parezca mucho. 
Pero 12 millones de euros es mucho dinero para proyectos en Sudáfrica. 
A mí no me parece bien y estoy seguro de que otras personas interesadas en otros ámbitos de la Categoría IV adoptarían una actitud similar. 
Luego está la actitud del Parlamento respecto a la redistribución de la Categoría I. De modo similar, debemos considerar nuestro enfoque respecto a la utilización del instrumento de flexibilidad, si, como usted sugiere fue invocado para Serbia. 
No debemos olvidar lo que dice el Acuerdo Interinstitucional sobre la no aplicación de una norma para las mismas cosas en años sucesivos. 
Una vez más, eso sería todo un reto para el Parlamento. 
El tercer factor, y probablemente el más importante, es la actitud del Consejo. 
Si el Consejo rechaza lo que usted propone, especialmente en lo que respecta a la revisión, se mantiene el interrogante: ¿qué hará la Comisión a continuación? 
Sé que tenemos un diálogo a tres bandas y una conciliación antes de su primera lectura, pero es un problema que debemos resolver antes de la primera lectura del Consejo. 
¿Qué ocurre si el Consejo se muestra inflexible y rechaza las propuestas de la Comisión? 
Señora Schreyer, las propuestas que ha presentado le hacen parecer a usted una malabarista e ilusionista a un mismo tiempo. 
Tiene que mantener en el aire varias pelotas y, al mismo tiempo, debido a lo que se ha propuesto a partir de 2003, deberá conseguir que aparezcan más. 
Uno de los grandes misterios de sus propuestas sobre la revisión es de dónde procederá el dinero a partir de 2003. 
Pero eso no es para el año próximo. Es para el futuro. 
Mientras tanto, esperamos avances en esos tres factores. 
Ojalá que al final de este proceso alcancemos un resultado satisfactorio. 
Protección de los intereses financieros comunitarios y lucha contra el fraude 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0116/2000) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe anual 1998 de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude (COM (1999) 590- C5-0058/2000- 2000/2032 (COS) ). 
Tiene la palabra el Sr. Dell ' Alba para plantear una cuestión de orden. 
Señor Dell ' Alba, le agradezco su intervención. 
Para la información de sus Señorías, voy a leerles muy rápidamente el apartado 1 del artículo 143: " Al abrirse el debate sobre un punto del orden del día, se podrá presentar una solicitud cuyo objeto sea rechazar el debate sobre este punto por razón de inadmisibilidad. 
Se procederá de inmediato a votar esta solicitud. " 
De conformidad con el Reglamento, pueden intervenir un orador a favor y otro en contra de la solicitud, que a continuación se procederá a votar de inmediato sin debate. 
Señora Theato, ¿desea intervenir en contra de la moción del Sr. Dell ' Alba? 
Señor Presidente, estoy un poco asombrada, pues el informe se aprobó de manera reglamentaria en la Comisión de Control Presupuestario y, además, por unanimidad. 
Me parece que estas cuestiones se tendrían que aclarar en la comisión, en vez de plantearlas ahora en el Pleno. 
En efecto, ya hace tiempo que está disponible el informe. 
Por lo tanto, me parece que no existe ningún motivo que impida debatirlo y proceder a su votación. 
En segundo lugar, me gustaría preguntarle al Sr. Dell ' Alba a qué se refería cuando ha manifestado que yo he mantenido bloqueados durante semanas algunos documentos. 
La manera de formularlo y la afirmación del Sr. Dell ' Alba me parecen muy poco claras. 
Le ruego, por lo tanto, que lo aclare. 
Puesto que nadie desea intervenir en contra de la solicitud, se procede a su votación. 
(El Parlamento rechaza la moción) 
Señor Presidente, hablo en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y ejerzo como suplente de mi colega, el Sr. MacCormick, que hoy no puede estar presente. 
Seguro que en nuestra Comunidad no hay nada como el fraude que carcome tanto la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Unión, así que las ideas del ponente deben contar con nuestro pleno apoyo. 
Naturalmente, el fraude afecta a una parte ínfima, a algo más del uno por ciento del presupuesto de la Unión, pero representa un gravísimo problema y parece estar instalado en casi todos los sectores de la política. 
Sin embargo, el presupuesto de la Unión se destina en su mayor parte a los Estados miembros, y es en ellos donde existe un gran potencial de fraude. 
También debemos recordar que los países candidatos a la adhesión, los países de la Europa Central y Oriental, tendrán que ser integrados en el proceso de lucha contra el fraude, precisamente porque es en los Estados miembros donde se invierte una parte tan importante del presupuesto comunitario. 
Solamente menos de la mitad de los Estados miembros han ratificado hasta ahora el Protocolo sobre la protección de los intereses económicos de la Unión, y deberíamos acelerar de forma notable la velocidad de este proceso. 
Además, algunos Estados miembros no muestran ningún tipo de interés por intercambiar información sobre los fraudes, y sería importante que los Estados miembros tuviesen la obligación real de redactar informes para la Comisión, por ejemplo, sobre los fraudes relacionados con el impuesto sobre el valor añadido. 
Es conveniente estudiar la creación de la figura del Fiscal General particularmente desde el punto de vista de la lucha contra el fraude, y así tendrá que ser, pero eso tampoco surtirá efecto si los Estados miembros carecen de voluntad política para proteger los intereses económicos comunitarios. 
En cuanto al papel de la OLAF, es importante defender su independencia, pero también lo es que el Parlamento Europeo se ponga de acuerdo con la OLAF sobre las condiciones bajo las cuales el Parlamento tendrá acceso a la información sobre las actividades de la OLAF. 
. 
(EN) Señor Presidente, en el tiempo de que dispongo deseo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, hacer hincapié en tres asuntos que nos parecieron de importancia fundamental cuando examinamos el informe anual sobre la protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude. 
En primer lugar, estaba el tema de la definición. 
Es cierto que la Comisión ha sido objeto de una atención muy considerable durante los últimos años por parte del Parlamento y de la sociedad europea en general, que quiere que la Comisión responda a las alegaciones de fraude, pero también es importante que sepamos de qué estamos hablando cuando lo definimos fraude. 
El propio informe anual indica que, por primera vez, se ha intentado hacer una evaluación de qué viene a ser fraude y qué es una irregularidad en general, y soy de la opinión de que no beneficia en nada a la reputación de nuestras instituciones europeas si nos mostramos poco estrictos con la definición. 
Es importante que el trabajo que emprende la Comisión transcienda, porque en una situación en la que el 20% de las irregularidades viene a ser fraude, lo cierto es que referirse a ello como fraude e irregularidad, a menudo puede dar a los ciudadanos europeos la impresión de que todas las demandas son por fraude. 
La segunda observación que quiero hacer es relativa al compromiso de los Estados miembros de atajar el fraude. 
Lo cierto es que los Estados miembros tienen aquí una gran responsabilidad. 
Son responsables de la administración de aproximadamente el 80% del presupuesto de la UE y deben reconocer que, como poco, deben ser partícipes, si no los principales impulsores, del intento de corregir este importante problema, y el informe indica que la actuación de los Estados miembros ha sido desigual, por no decir más. 
Mi última observación es relativa a los países candidatos a la adhesión. 
Debemos exigir a los países candidatos a la adhesión que se comprometan también a trabajar en colaboración con la Unión Europea y que lo hagan con el máximo rigor posible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cuando el Parlamento decide conceder o denegar la aprobación de la gestión de la Comisión, examinamos la legitimidad de los pagos que ha realizado la administración. 
En el pasado- ahora ya lo sabe todo el mundo- se detectaron irregularidades en la Comisión. 
En todos los informes del Tribunal de Cuentas se señala, además, el papel decisivo que desempeñan los Estados miembros en la distribución de los recursos financieros de la Comunidad. 
En este contexto se produce un porcentaje de errores imputables a los Estados que resulta sospechoso, más aun cuando una proporción considerable del mismo es atribuible al fraude. 
El resultado ha sido la creación de un instrumento para combatir el fraude, designado como OLAF, que no se limita a actuar dentro de la Comisión. 
La OLAF es el resultado del modo de trabajo de los Estados miembros y de la Comisión y le corresponde cumplir una función objetiva, con el fin de evitar precisamente esta sangría de errores. 
Algunas medidas europeas, como la introducción del euro, obligan a la UE a demostrar sus competencias europeas también de cara al exterior. En efecto, la delincuencia en el ámbito de la falsificación de moneda, por citar un ejemplo, es un asunto externo. 
Otras causas más profundas, al menos en lo que se refiere al porcentaje de errores, residen claramente en la diversidad de los sistemas de ejecución en los diferentes Estados miembros. 
Los textos legales a menudo están redactados ya de entrada de un modo distinto y permiten aplicar con absoluta legalidad diferentes definiciones de fraude. 
Esto abre una vía para el fraude. 
Basta considerar el ejemplo de la recaudación del IVA. 
La OLAF no debe convertirse en ningún caso en algo así como un servicio de asistencia. 
La OLAF no es un programa de bricolaje del tipo "¿ cómo puedo construir un tren en miniatura ?" 
No es un tema que se pueda tomar a la ligera. 
La protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude, como parte de la misma, son una absoluta necesidad. 
Requieren un instrumento homogéneo, que actúe de manera independiente, preventiva, disuasoria y eficaz. 
Éste debe establecer unas normas transparentes, tanto de aplicación interna como externa, con objeto de que todo el mundo sepa a qué atenerse. 
Me gusta designar dicho instrumento financiero también con otro nombre, como puede ser el de fiscalía europea de finanzas. 
Dicha fiscalía deberá asumir un papel activo, que cuente con la aceptación de los Estados miembros, y estar integrada a la vez en el sistema jurisdiccional nacional de los Estados miembros. 
En este contexto, quiero recordarles, además, que en la resolución del 19 de enero solicitamos desde el Parlamento la creación de un marco judicial y jurídico amplio. 
Un dictamen neutral y objetivo favorece a la causa y a las personas, pero no puede decirse lo mismo de un dictamen emitido por unos colegas sobre otros colegas. 
La OLAF no debe ser un Gran Hermano incontrolado a la manera de Orson Welles, sino que el Estado de Derecho impone unos límites a su actuación en el cumplimiento de sus tareas. 
Yo insto a la Conferencia Intergubernamental a que haga suya nuestra petición. 
Estamos discutiendo sobre medidas técnicas que es de esperar que no se eternicen. 
Tenemos que volver a concentrarnos en los valores europeos, a fin de que nuestro dinero no se malgaste en el desarrollo de medidas bélicas, por ejemplo. 
Ya sé que resulta difícil inculcar a otra persona un valor ideal y una virtud. 
No obstante, deberíamos concentrar en ello nuestros esfuerzos, pues la falta de valores conduce rápidamente a la indefensión. 
- (PT) Señor Presidente, el corriente año señala el inicio en plenas funciones de la OLAF. 
Aquí resulta necesario recordar que se trata de un paso decisivo en la protección de los intereses financieros de la Unión, cuyo impulso partió de este Parlamento y, en particular, de la Comisión de Control Presupuestario y del presente ponente, nuestro colega Herbert Bösch. 
Con un nuevo y fortalecido cuadro de personal, con una nueva normativa e independencia, se han creado todas las condiciones para que la OLAF se dedique a la lucha contra el fraude en el sector en el que los números objetivos y verificables indican una situación más grave. 
El fraude y otras irregularidades en los recursos propios tradicionales comunicados por los Estados miembros ascendieron a 538 millones de euros en 1998, suma que no tiene paralelo con gasto comunitario alguno ni en términos absolutos ni en términos relativos. 
El informe especial nº 9 de 1998 del Tribunal de Cuentas relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea en el sector del IVA correspondiente al comercio intracomunitario indica una situación más grave aún. 
Según el Tribunal de Cuentas, el desfase entre los ingresos realmente cobrados y su importe teórico es de 70.000 millones de euros. 
Contrariamente a lo que sucede en las principales esferas del gasto, en las que la Comisión ejerce un control e impone un sistema de sanciones, nada comparable existe en esas dos esferas fundamentales de los recursos propios de la Comunidad. 
La Comisión, en particular mediante sus últimos informes sobre cooperación administrativa y sobre los procedimientos de cobro y fiscalización señala una situación caracterizada por el mantenimiento de un sistema de cobro del IVA (concebido tan sólo para una aplicación provisional, pero que se está utilizando como definitivo) , por la complejidad cada vez mayor del sistema y por la insuficiencia generalizada de recursos humanos y materiales de control respecto del volumen de transacciones. 
Pese a que existe un acuerdo generalizado en cuanto a la necesidad de superar las dificultades en la lucha contra el fraude debidas a las limitaciones de las legislaciones nacionales o a falta de fundamento jurídico en la legislación comunitaria, las propuestas de la Comisión no han encontrado eco alguno hasta hoy y el subcomité antifraude en la esfera de la fiscalidad indirecta se ha visto, según las propias palabras de la Comisión, "imposibilitado para avanzar de verdad adoptando las medidas necesarias a fin de fortalecer la lucha contra el fraude". 
Y- lo que es más grave­ las otras instituciones han hecho escandalosamente caso omiso de los informes de la Comisión sobre el cobro del IVA, por lo que los Estados miembros en modo alguno se han atenido a dichos informes. 
Mientras no se supere la situación de vacío legal en la esfera de los recursos propios tradicionales y del IVA, el cumplimiento del artículo 280 del Tratado, en particular cuando impone una protección efectiva y equivalente de los intereses financieros de la Comunidad, seguirá siendo letra muerta. 
No se puede seguir pasando por alto en la fiscalidad indirecta la protección de los intereses financieros de la Comunidad y, muy en particular, del contribuyente cumplidor. 
Señor Presidente, yo también empiezo presentando mis cumplidos al Sr. Bösch por su continuo esfuerzo persiguiendo el éxito del OLAF. 
El Grupo liberal aprueba muchos puntos de la resolución que nos ocupa. 
Para empezar, no nos cansaremos de repetir que la próxima Conferencia Intergubernamental deberá aprobar la constitución de una Fiscalía Europea que asegure los intereses económicos de la Unión Europea como órgano independiente. Requerimos de la Comisión que lo antes posible haga alguna propuesta al respecto. 
También apoyamos que haya un órgano independiente de disciplina presupuestaria, y que sirva sobre todo para investigar responsabilidades financieras de funcionarios. 
Consideramos importante quitar esto de las manos de la Comisión para que ni por asomo haya abusos por colegialidad ni nada por el estilo. 
Este año comenzará la OLAF su primer ejercicio completo: tenemos que esperar sus resultados, y se espera mucho de la OLAF, desde luego. 
Pero hay una cosa que podría mejorarse ya, y es el Comité de Vigilancia, como lo llama el Sr. Bösch en su informe. 
Todo el mundo tiene derecho a ser defendido, también aquellos a quienes la OLAF tenga que investigar. 
Hay que conseguir que la investigación se lleve a cabo con tanta independencia como justicia: quisiera que la Comisión haga también alguna propuesta en este sentido. 
Recientemente se ha hablado mucho sobre si la OLAF puede investigar el uso que el Banco Europeo de Inversiones hace del dinero de Europa. 
En opinión del Grupo liberal, está claro que sí que tiene que poder: son instituciones europeas y por tanto no deben quedar fuera de las atribuciones generales de la OLAF. 
Apoyamos a la Comisión para hacerlo factible. 
Finalmente, el Tribunal de Cuentas Europeo constata que en los años pasados han ido aumentando los fraudes y las irregularidades de los fondos estructurales, mientras que los de los fondos agrícolas disminuyen; aunque éstos siguen siendo demasiado altos todavía. 
Esto contradice de plano lo que dice la Comisión, que es que hay mucho menos fraude en los fondos estructurales que en los agrícolas: hay que resolver esta discrepancia, cuanto antes mejor. 
Los fondos estructurales cobran cada vez más importancia y constituyen un amplio terreno de investigación para la OLAF y la Comisión. 
Señor Presidente, estimados colegas, señora Comisaria, me uno a las felicitaciones dirigidas al Sr. Bösch y a su informe. Al contrario de lo que opina el Sr. Dell ' Alba, el Sr. Bösch ha sacado las conclusiones correctas del informe que la OLAF publicó al final del año pasado. 
Admitámoslo, señores colegas: tenemos dentro de la Unión Europea cantidad de espabilados amantes del dinero, y la delincuencia organizada hace mucho que no se limita al tráfico de drogas, de armas, de personas, al fraude de la carne, contrabando de alcohol y de tabaco, circuitos falsos del IVA y fraude de aceites, no. 
Son formas de delincuencia que dañan gravemente el presupuesto de la UE tanto por el lado de sus ingresos como por el lado de sus gastos. 
Desde 1993 tenemos en efecto un mercado interior con libre circulación de bienes, servicios, personas y capital, y en dicho mercado libre operan también los delincuentes organizados; pero es un hecho desgraciado que ese mercado libre no existe para la policía ni para los jueces. 
A título personal me atrevo pues a suscribir todos los párrafos del informe Bösch que instan a instituir un Ministerio Fiscal Europeo. 
Lo sé, sé que este asunto es conflictivo incluso dentro de mi propio Grupo, pero por encima de eso opino que deberíamos tener una fiscalía europea, y por eso pido encarecidamente a la Comisión Europea que acceda a la solicitud del informe Bösch, que antes del 30 de junio complemente la normativa actual de la OLAF, como si fuese un proyecto a prueba en virtud del cual, siendo parte de la OLAF, se nombre un fiscal que actúe sólo contra miembros y personal de las instituciones europeas. 
Le pido muy en serio a la Sra. Comisaria que responda concretamente a esta petición y que nos diga si está dispuesta a tomar alguna iniciativa antes del 30 de junio. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Bösch trata de forma clara y relevante los problemas relativos a la protección de los intereses financieros de la UE y la lucha contra el fraude. 
El fraude es un azote para la UE. 
No sé cuál es el porcentaje de los presupuestos de los Estados miembros que desaparece por causa del fraude y las irregularidades. 
En mi país, éste se acerca al cero por ciento y creo que lo observado estos últimos años en las cuentas de la UE refleja que no se presta el mismo cuidado y atención al dinero comunitario que el que normalmente se da al dinero que los estados consideran propio. 
El informe del Sr. Bösch cubre muchas de las posiciones de mi Grupo, especialmente en lo referido a los informes relativos al Banco Europeo de Inversiones y al Banco Central Europeo. 
Tenemos un problema con respecto a la cuestión de un Ministerio Fiscal europeo, que nos parece un paso hacia una UE federal, algo que no deseamos. 
Creemos que los problemas señalados pueden ser resueltos en el ámbito nacional. 
Somos plenamente conscientes de que estas disposiciones van encaminadas sobre todo hacia los nuevos Estados miembros cuyos regímenes jurídicos difieren de los de los países comunitarios, no obstante, creemos que esto debería ser un aliciente para alcanzar mediante negociaciones una cooperación entre los sistemas jurídicos. 
No obstante, esta decisión no corresponde a este informe y en vista de ello me gustaría comunicar que mi Grupo vota a favor del informe del Sr. Bösch, porque pensamos que las exigencias que en él plantea son claras y el Parlamento y la Comisión deben cumplirlas. 
Señor Presidente, el Sr. Bösch ha elaborado un buen informe sobre la protección contra el fraude. 
Estamos de acuerdo en la descripción de los problemas, sin embargo, no considero posible combatir la delincuencia y el enriquecimiento ilícito estableciendo un Ministerio Fiscal comunitario y sanciones comunes y contratando más interventores en la UE. 
Creo que el detergente más potente se llama transparencia. 
Plena publicidad en lo relativo al proceso presupuestario, plena publicidad en lo relativo a quién ha contribuido a decidir una partida, plena transparencia sobre quién es el receptor, pleno acceso a todas las facturas para el Defensor del Pueblo, para los auditores y las comisiones de control del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. 
Si siempre se puede ver quién ha obtenido qué, el fraude será desenmascarado por los periodistas y una opinión pública crítica- totalmente gratis y con un efecto preventivo mucho mayor. 
Por ello, quiero pedirle al Sr. Comisario que nos prometa que a partir de ahora el Parlamento, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo tendrán derecho a examinar cualquier comprobante. 
¿Qué no podremos ver? 
¿Qué no podrá ver el Defensor del Pueblo? 
¿Cómo obtendremos una visión completa de todos los comités, los grupos de trabajo y los asistentes a las reuniones? 
¿Podrán tener derecho nuestros ponentes a controlar cualquier desembolso a cargo de los fondos? 
La opacidad es el mejor amigo de los defraudadores. 
La opacidad impide el esclarecimiento y debido a la fuerza de ésta, desgraciadamente también la nueva Comisión va a tapar el fraude, en lugar de sacar a la luz todo enriquecimiento ilícito para disuadir a cualquiera que pudiera tener la misma idea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos ante el primer informe que nos envía la OLAF y quiero felicitar a mi colega, el Sr. Bösch por el excelente trabajo que nos presenta. 
Ciertamente, las partes más interesantes de su trabajo son las que se refieren al objeto del informe, como es el año 1998, o al instrumento, la OLAF, que nos da su primer trabajo. 
Estoy de acuerdo en que tal vez se prejuzgan en este informe algunos aspectos que deberán ser motivo de debates posteriores en la propia Comisión de Control Presupuestario y en este Pleno, pero quiero resaltar las partes positivas de sus aportaciones. 
Refiriéndonos al año 1998, creo que tendríamos que reconocer que, después de haber intensificado la tarea de control que tiene que desempeñar este Parlamento y que realiza la OLAF, se ha estabilizado el número de casos de fraude o irregularidades. 
Sin quitar dureza a nuestro fuerte empeño en controlar- de lo que ya hemos dado muestras en el pasado- los gastos, estamos viendo que la estabilización se ha producido cuando ha habido un aumento del control. 
Por tanto, en ese aspecto, habría que felicitarse y esperar que esa labor siga, no para que se estabilicen los casos de fraude, sino para que disminuyan. 
Es cierto que estamos viendo que, en el fraude fundamental, hay discrepancias entre lo que dice el Tribunal de Cuentas y lo que está diciendo la OLAF. 
Parece ser que no es, a juicio de la OLAF, en los Fondos estructurales donde existe el fraude y la mala gestión. 
Son otros gastos los que constituyen el objeto de nuestras preocupaciones. 
En todo caso, volviendo al tema de la OLAF, es en este informe donde creo que tenemos que pedir que la OLAF disponga ya cuanto antes de todos los funcionarios que le están asignados. 
Sin embargo, creo que es muy importante que, en esta primera fase- y precisamente porque estamos interesados en el control -, no aumentemos el objeto social de la OLAF a los pocos meses de su entrada en funcionamiento. 
Entiendo que hay y va a haber grandes problemas- esperemos que no- con la falsificación posible de la moneda, o de las marcas, o del IVA. 
Pero es imprescindible que dejemos que la OLAF vaya cumpliendo su objeto social poco a poco y que después aumentemos el papel de este organismo. 
Finalmente, no tendríamos que duplicar cometidos. 
Entiendo que un correcto empleo de los recursos implica que cada cuestión tenga un responsable y no que todos sean responsables de todo. 
En ese contexto, creo que habría que establecer una clara separación entre objetos y no propiciar su confusión. 
Como al final "quien mucho abarca poco aprieta" -se dice en España -, si queremos que se apriete el control, no hay que hacer que el objeto sea absolutamente general. 
Señor Presidente, felicito también a nuestro colega, el Sr. Bösch, por su informe. 
Como siempre, ya se ha dicho, del informe se deduce que también en 1998 una parte demasiado grande de los recursos económicos europeos no se ha gastado como se debía. 
También como siempre, hay más irregularidades en lo que se han gastado los Estados miembros, y son irregularidades de diversos tipos. 
Parte son el abuso consciente de las normas, parte son fallos en la aplicación de las normas y parte es, naturalmente, mala administración; en este punto no estoy del todo conforme con lo que ha dicho el Sr. Mulder: si hay tanto fraude con los fondos agrícolas será porque algo falla en la forma en que subsidiamos la agricultura, y eso es lo que habrá que cambiar. 
Los pasos que hay que dar para combatir el fraude ya se han enumerado de nuevo hoy, en varias ocasiones. 
Quisiera explicar dos de ellos. 
Para empezar, sigue habiendo Estados miembros que no han suscrito el acuerdo que protege los intereses financieros de la Unión; mi propio país se cuenta entre ellos, así que hago desde aquí un llamamiento al Parlamento holandés para que ratifique esa ley, para que apruebe la ley que ratifique el Tratado, cuyo proyecto obra en poder del Parlamento desde octubre. 
También es importante que en la Conferencia Intergubernamental se den los pasos necesarios para nombrar un Fiscal General Europeo. 
Me extraña muchísimo que una de las enmiendas que hace el Grupo PPE al informe pretenda reducir las atribuciones de dicho Fiscal, porque yo tenía la impresión que el PPE era partidario de introducirlo. 
El Grupo PPE quiere que la Fiscalía se limite a las instituciones generales europeas, mientras que precisamente hemos visto que el fraude es mayor en los Estados miembros: supongo que el Grupo PPE tendrá una buena explicación que darnos al respecto. 
Con el organismo independiente OLAF se comienza algo nuevo. 
Creo que sí importa al buen funcionamiento de la OLAF que la forma en que ésta opera sea pública, que haya reglas fijas de investigación y que las conozca el Parlamento, para que no nos pase como con la aprobación de la gestión de 1998, corriendo tras los hechos consumados. 
El último asunto, señor Presidente, versa sobre el mismo Parlamento Europeo. 
Como usted sabe, una primera sentencia del Tribunal de Justicia dice que la OLAF sólo accederá al Parlamento Europeo dentro de ciertos límites. 
Lamento que el Tribunal haya llegado a esa conclusión y espero que la sentencia definitiva de éste sea distinta, pero mientras esperamos esa sentencia sí que quiero dejar claro que la inmunidad parlamentaria no significa que estemos por encima de la ley. 
Si de la sentencia firme del Tribunal se derivase que la OLAF no puede acceder al Parlamento según las reglas vigentes, habrá que cambiar nuestras reglas y no anular el decreto, para que la OLAF pueda acceder al Parlamento y a sus miembros, porque, lo repito, nosotros no debemos estar por encima de la ley. 
Señorías, este informe es una excelente ilustración de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. 
La lucha contra el fraude es para nosotros una prioridad. 
Es un compromiso del que somos responsables ante los que nos han elegido. 
Esta verdad se ha acentuado ante la evidencia de los fallos de funcionamiento en el seno de las instituciones comunitarias. 
En este sentido, nuestra voluntad de poner en marcha a un nivel más elevado los procedimientos para una gestión sana susceptible de controles posteriores ha de ser absolutamente infalible. 
Para hacerlo, hemos de concentrarnos en la eficacia de los procedimientos puestos en práctica, principalmente en el marco de la OLAF. 
Entonces, por favor, no vengan a complicar y a yuxtaponer estructuras y procedimientos por motivos ideológicos. 
Ésa es la razón por la cual no somos favorables a la creación de un ministerio público europeo. 
Hemos de poder apoyarnos con toda confianza en las estructuras nacionales. 
En efecto, la propuesta de crear un ministerio público europeo es inaceptable desde el momento en que este tema exige sin demora que seamos eficaces. 
En el mismo espíritu daremos nuestro apoyo a la enmienda 13 del Grupo Socialista que nos evitará echar arena a los ojos creando una cámara de disciplina presupuestaria. 
Estas declaraciones de intenciones están, me temo, motivadas sobre todo por la voluntad de hacer que emerja una soberanía europea, pretextando la protección del presupuesto comunitario del que recuerdo que está constituido por las contribuciones de nuestros Estados miembros. 
Estas creaciones son nuevas fuentes de conflictos estériles desde el punto de vista de la eficacia de la lucha contra el fraude. 
Como conclusión, considero que rigor, disciplina y buena colaboración han de ser las palabras de orden de la Comisión. 
Creo sinceramente que el respeto por las prerrogativas de la OLAF, unido a una buena cooperación entre los tribunales de cuentas nacionales y el europeo permitirán el resto. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Frankfurter Allgemeine Zeitung publicó hace unos días una encuesta según cuyos resultados una abrumadora mayoría de mis compatriotas apoyan decididamente una acción común más amplia en el ámbito de la justicia. 
En ningún otro aspecto se apreciaba una coincidencia de dimensiones comparables a favor de nuevas iniciativas a escala europea. 
Otras encuestas anteriores han confirmado reiteradamente que esto no sólo es cierto en el caso de los alemanes, sino también de los ciudadanos de la mayoría de los demás Estados de la Unión. 
Por consiguiente, al presentar propuestas sobre las posibilidades de proteger de manera más a eficaz a la Unión Europea contra los defraudadores, estamos respondiendo a las expectativas de la gente. 
Sin duda existen temas más agradables que tratar que el del fraude y la corrupción, lo reconozco, pero al abordarlo dejamos claro que no queremos barrer bajo la alfombra este tema espinoso, sino que también afrontamos este reto, justamente en los casos en que afecta a las propias instituciones de la Unión. 
El informe del colega Bösch merece especial atención y apoyo por esta razón. 
La Comisión de Control Presupuestario lo aprobó por unanimidad no sin motivo, como ya acabo de exponer. 
En efecto, éste deja claro que la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, es un importante paso intermedio, pero sólo un paso intermedio en la transición hacia la creación de una fiscalía europea, que yo misma también he solicitado repetidamente en mi calidad de ponente. 
Sólo una fiscalía encargada de proteger los intereses de la Unión contra el fraude puede ser un instrumento verdaderamente eficaz para hacer frente a la amenaza de la delincuencia organizada. 
Ésta ha identificado a las instituciones de la Unión Europea como un blanco particularmente vulnerable. 
Yo me congratulo de que tanto la Comisión como el Parlamento hayan incluido este tema en la Conferencia Intergubernamental. 
En el informe que hoy se presenta, la Comisión de Control Presupuestario va aún un paso más allá. 
Con objeto de dar un impulso adicional a esta cuestión, instamos a la Comisión a que presente propuestas, basándose en el artículo 280, que permitan establecer en una primera fase una fiscalía europea de este tipo, y yo espero, señora Comisaria Schreyer, que reconsidere su posición sobre este tema- respecto al cual hasta ahora se ha mantenido lamentablemente más bien a la expectativa- y responda a nuestra petición. 
Señor Presidente, permítanme que añada lo que ya expresé antes, pero sin tener la oportunidad de obtener respuesta. 
Vuelvo a repetir mi pregunta dirigida al colega, Sr. Dell ' Alba, y le pido que aclare qué se supone que he mantenido bloqueado durante semanas en mi calidad de presidenta de la Comisión de Control Presupuestario. 
Necesito conocer la respuesta y pido que así conste también en el Acta. 
Señora Theato, sabe usted muy bien de qué hablo. 
Esta cuestión ha sido objeto de una larga discusión en el seno de la Conferencia de Presidentes. 
Como presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, y no a título individual, estaba usted encargada de ayudar a la Conferencia de Presidentes y a la Presidenta, Sra. Fontaine, a elaborar la posición del Parlamento relativa al código de conducta para las relaciones con la Comisión. Afirmo, con los presidentes de grupo, que por otra parte la han desautorizado, que el 13 de abril declaró usted a la Conferencia de Presidentes que, en conjunto, estaba de acuerdo con el espíritu del Anexo III relativo al intercambio de información con la Comisión. 
Afirmo que, veinte días más tarde, con gran escándalo de su socio, el Sr. Napolitano, remitió una carta señalando que no podía aceptar este anexo. 
Ha invocado usted unos puntos en alemán que nadie había verificado, lo que ha provocado un clamor de indignación entre los presidentes del grupo que lo han rechazado amablemente, diciendo que ellos retomaban el expediente porque efectivamente la situación ya no era defendible. 
Un presidente de grupo abandonó incluso la sala en un momento en el que la cuestión figuraba en el orden del día. 
No se haga la inocente, sabe muy bien lo que ha ocurrido. 
Quizá los demás colegas no lo saben, pero lo digo a esta Asamblea para que se incluya en el acta: la Sra. Theato ha estado bloqueando durante semanas un acuerdo con la Comisión, poniendo así en una situación embarazosa al Presidente del Parlamento y a los presidentes de los Grupos políticos. 
Ésta es la verdad. 
Sin ánimo de inmiscuirme en el debate, quiero señalar que el tema de la OLAF y del Sr. Napolitano suscitó naturalmente una enorme controversia entre toda la Asamblea. 
Todos conocemos la problemática que lo rodea. 
La pregunta ya ha quedado aclarada. 
Señor Presidente, debatimos hoy un informe que va más allá de las cifras de presunto fraude o error en las cuentas comunitarias, que llama a la responsabilidad de los políticos de este Parlamento. 
Se trata de hacer frente a la irresponsabilidad moral de las burocracias, magistralmente denunciada por Kafka. 
Esta irresponsabilidad moral tendría la capacidad perversa de situar a los individuos en un doloroso laberinto a la búsqueda de su situación exacta en relación con la legalidad, de someterlos a juicios fantasma sobre delitos desconocidos; es decir, a situaciones felizmente superadas en Europa. 
La creación de una oficina, eficaz y transparente, de lucha contra el fraude es una tarea en la que estamos todos los diputados de acuerdo, y todas las instituciones deberían estarlo. 
La creación de una maquinaria omnipotente, concebida para perseguir a los funcionarios sobre la base de denuncias secretas, delaciones y listas de sospechosos, con patente de corso en relación con las garantías individuales, los estatutos y las normas que, en definitiva, constituyen la seguridad jurídica elemental de quienes trabajan en las instituciones, es una irresponsabilidad en la que no creo que deba participar este Parlamento ni ninguna institución comunitaria, porque tal clima de desconfianza sólo beneficia a los euroescépticos. 
El Grupo Socialista, tan interesado en la lucha contra el fraude como en los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios, y en la construcción europea sobre los principios de limpieza, democracia, cercanía a los ciudadanos, transparencia, eficacia y solidaridad, ha presentado una enmienda al apartado 29 de este informe, con la que se pretende que la lucha contra el fraude no pase por encima de los derechos elementales de los funcionarios. 
Exigir listas de sospechosos, tal como se nos presentaba en el informe, constituiría un ejercicio de maccarthysmo indigno de esta Asamblea y, posiblemente, una ilegalidad. 
Quiero recordar que ya se han presentado recursos por indefensión contra este tipo de actuaciones y que el comité de vigilancia de la OLAF, en el marco de estos recursos, es consciente de ciertas disfunciones en el seno de este organismo. 
Incluso admitiendo que, con la dinámica de la construcción europea, con el aumento de presupuesto y el crecimiento de su administración, pudiera haber más fraudes o errores, no podemos caer en una paranoia policial, al menos desde este Parlamento. 
La inmunidad de la que disfrutamos como parlamentarios no debe ser confundida con la impunidad. 
Me parece importante que consigamos que con este informe no solamente haya una maquinaria propia de Kafka, sino una garantía también para los funcionarios. 
Señor Presidente, debo apartarme un poco de lo que quería decir. 
En cierto modo, estoy de acuerdo con el último orador: a veces la Comisión de Control Presupuestario está tan ensimismada en la importante labor que realiza, que los árboles le impiden ver el bosque. 
Saludo asimismo las intervenciones en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que han mostrado un talante equilibrado respecto a las importantes y legítimas preocupaciones de la Comisión de Control Presupuestario por el fraude. 
He oído la referencia del Sr. van Hulten al hecho de que la OLAF debería tener derecho a investigar a los diputados. 
Tiene razón, y hay una minoría de este Parlamento que está de acuerdo con eso. 
Pero antes de embarcarnos en una decisión tan radical, deberíamos echar una mirada a la historia, en particular, de los Estados Unidos, en lo que respecta a las relaciones entre las autoridades responsables de la seguridad y los personajes públicos, y reconocer que podríamos extralimitarnos si otorgamos dichos poderes a la OLAF. 
Al final, la OLAF podría tener la influencia y el poder político para exigir todo el dinero y todo el personal que desee. 
No deberíamos arrojar personal, dinero o poderes a una organización sólo porque existan problemas. 
Esos problemas existen y debemos encontrar la solución al problema. 
El Sr. Bösch se ha ocupado, acertadamente, del problema de identificar y perseguir el fraude cuando éste se produce. 
No estoy de acuerdo con todo su informe. 
Tengo mis dudas sobre varios apartados- 14, 15 y 16, por ejemplo, en lo relativo al fundamento jurídico y si es o no necesario involucrar a responsables nacionales y europeos para resolver problemas de fraude que afectan más a Estados nacionales que a la Unión Europea. 
He agotado mi tiempo sin poder decir lo que tenía pensado, pero quería responder a algunos de los argumentos que se han presentado. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al Sr. ponente por su excelente informe y el hecho de que mi querido colega italiano esté en contra sólo significa que se trata realmente de un informe de muy alta calidad. 
Aunque las proporciones del fraude y las irregularidades hayan descendido un poco de 1997 a 1998, aún siguen siendo necesarios mecanismos de control más eficaces. 
La reforma de la Comisión ha quedado encarrilada. 
El Sr. Kinnock ha presentado un calendario y ahora nos toca dar una de cal y otra de arena. 
Estoy muy impresionado por el plan de reforma. 
En conjunto, resulta tanto visionario como realista. 
Con todo, existen ciertos puntos que debemos resaltar y criticar. 
El Parlamento ya propuso en el informe Van Hulten la necesidad de crear una instancia externa dependiente del Tribunal de Cuentas que se encargara de los expedientes disciplinarios y ayudara a cobrar el dinero desembolsado indebidamente. 
Si se crea esta instancia, esto querrá decir que los expedientes disciplinarios serán sacados de la Comisión. 
Tenemos experiencias muy negativas con los consejos disciplinarios internos. 
En la actualidad, son compañeros quienes ejercen de jueces de otros funcionarios a quienes se hace comparecer ante el consejo disciplinario. 
Esto es insostenible. 
Tanto el caso ECHO como el caso MED son ejemplos demasiado bien conocidos al respecto. 
También estoy de acuerdo con la crítica del Sr. ponente a la creación de un organismo asesor para el tratamiento de las irregularidades. 
Otro organismo socavaría las competencias de la OLAF. 
No obstante, no puedo votar a favor de la creación de un Ministerio Fiscal comunitario. 
Comprendo perfectamente que la gente esté cansada de todo este fraude y exija por ello un Ministerio Fiscal comunitario. 
No obstante, sería un mastodonte enorme para levantarlo cuando los problemas realmente se encuentran en otro lugar. 
En realidad, sólo es necesario llevar a cabo una reforma radical del personal. 
Y de todas formas, sólo serán los casos más graves los que tengan repercusiones penales. 
El noventa por ciento de los casos serán expedientes disciplinarios por negligencia o incompetencia. 
En lugar de esto, es preciso mantener un control interno público y disponer de mejores posibilidades a la hora de despedir a alguien. 
Debemos proceder a modificar el reglamento de personal y el procedimiento disciplinario, tal como aparece también propuesto en el informe. 
Sólo hablé dos minutos, pero soy muy disciplinado. 
Renuncio gustosamente a mi tiempo- usted también tiene derecho naturalmente a equivocarse de vez en cuando. 
Señor Blak, le pido oficialmente que me disculpe. 
Tiene toda la razón, usted tenía asignados tres minutos. 
No llevaba puestas las gafas. 
¿Desea añadir alguna observación? 
¿No? 
Es decir que la amistad daneso-bávara ha quedado restablecida. 
Le agradezco su comprensión, señor Blak. 
Señor Presidente, el tema se presta mucho a las grandes declaraciones. 
Sin embargo, yo quisiera detenerme en algunos puntos que, a mi parecer, todavía están relativamente poco claros. 
Primer problema: los medios de comunicación interpretan cada año la denegación de la declaración de fiabilidad como un indicador del estado de corrupción, supuesto o real, de las finanzas de la UE. 
No obstante, al mismo tiempo, tanto el Tribunal de Cuentas como el Consejo de Ministros conceden a dicha denegación de la declaración de fiabilidad únicamente el valor de una indicación del nivel de las aguas, mientras que el Parlamento y también los medios de comunicación la interpretan como un indicio del grave estado de las finanzas. 
Yo creo que es necesario modificar y concretar el fundamento a partir del cual debatimos. 
De lo contrario, si se mantiene esta situación, el estado de las finanzas de la UE será regular e imprudentemente objeto de sospecha generalizada prácticamente cada año. 
Segundo problema: evidentemente puede ocurrir que una investigación más exhaustiva revele que algunas irregularidades financieras son, en cierta medida, verdaderos fraudes. 
Aun así es necesario distinguir conceptualmente ambas conductas y diferenciarlas, en la medida en que se hayan podido confirmar, pues de lo contrario se mezclan ambas cosas como si fuesen lo mismo y se crea la impresión de que el nivel de fraude es enorme, sin que su alcance posiblemente lo justifique. 
Tercer problema: el Tribunal de Cuentas y de la Comisión tienen, al parecer, una apreciación distinta- y por esto, yo le agradezco al colega Bösch que haya señalado esta cuestión- sobre el alcance de las irregularidades financieras cometidas en el contexto de la relación entre el presupuesto agrícola y los Fondos estructurales. 
Según parece, aquí intervienen problemas de medida, problemas estadísticos, que es necesario resolver para poder saber de qué estamos hablando cuando realizamos las correspondientes investigaciones e indagaciones. 
Señor Presidente, yo también felicito al Sr. Bösch por su informe. 
Él es el experto reconocido del Parlamento Europeo y, en buena medida, fue el arquitecto de la nueva OLAF. 
Una cosa que sin duda crea revuelo en términos de la Unión Europea son las grandes historias sobre fraude. Siempre reciben una gran cobertura. 
Y con toda razón, porque cualquier fraude es inaceptable. 
La cifra que se atribuye al fraude es de aproximadamente el 5% del presupuesto comunitario. 
Pero hay dos puntos importantes que debemos recordar, a los que se ha hecho referencia aquí hoy en varias ocasiones- y el Sr. Cunha también se ha referido a ello hace un momento. 
El Tribunal de Cuentas no distingue entre fraude e irregularidades administrativas y financieras; es decir, entre los errores administrativos y las personas que se proponen apropiarse de fondos comunitarios. 
Por poner un ejemplo, un agricultor puede cometer un error al rellenar un impreso. Eso no quiere decir que tenga intención de defraudar. 
Puede ser que no haya medido sus tierras correctamente. 
Y luego están los grandes defraudadores: las personas que, por ejemplo, importan cigarrillos ilegalmente, sin pagar impuestos. 
Existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Debemos conseguir que se haga una distinción mucho más clara entre ambas. 
No olvidemos que el 80% del fraude tiene lugar en los Estados miembros. 
Ayer, la Comisión se comprometió ante el Parlamento a reducir las irregularidades en un 2%. 
Queremos saber si los Estados miembros seguirán el ejemplo. 
Está claro que es allí donde radican muchos de los problemas, en particular con los Fondos estructurales. 
Retomando el argumento del Sr. Dell ' Alba, los Socialistas votaremos en contra de varios apartados del presente informe, no necesariamente porque no estemos de acuerdo con ellos, sino porque no es el contexto adecuado en el que deban discutirse estos puntos, que están relacionados con el Libro Blanco. 
Por último, quiero leer en voz alta una lista vergonzosa; los Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio sobre la protección de los intereses financieros comunitarios: Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España, Portugal, Irlanda y Francia. 
Ya va siendo hora de que lo suscriban. Han tenido cinco años para hacerlo. 
Propongámonos que lo ratifiquen. 
Señor Presidente, Señorías, la lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros de la Comunidad figuran entre las prioridades máximas de la nueva Comisión. 
La lucha contra el fraude abarca actividades como la prevención, detección y persecución del fraude arancelario y en las subvenciones o la evasión fiscal, pero también, naturalmente, la detección y prevención de las irregularidades en el seno de los órganos de la Unión Europea. 
No obstante, también ha sido una gran satisfacción para mí que en muchas de las aportaciones al debate se haya expresado claramente la necesidad de distinguir entre las irregularidades financieras y el fraude. 
Si nos referimos al informe del Tribunal de Cuentas, éste abarca todo el espectro de las irregularidades financieras. 
Hoy se debate el informe de la UCLAF y de la OLAF sobre el fraude, o sea, los atentados deliberados contra los intereses financieros de la Unión Europea. 
El informe en cuestión, que es el tema del informe del Sr. Bösch, es el último que elaboró la UCLAF, en 1998, sobre la lucha contra el fraude. 
Dicho informe anual demuestra, a mi parecer, el considerable éxito conseguido en esta tarea, a pesar de que la UCLAF sólo contaba con 120 empleados en aquel momento. 
En 1998, la UCLAF investigó en colaboración con los Estados miembros 5.318 casos sospechosos de irregularidades o de fraude y aproximadamente un 20% de ellos fueron calificados como fraude tras la investigación. 
En cuanto a la pregunta relativa a las diferencias con respecto a las afirmaciones del informe del Tribunal de Cuentas, se pudo constatar que las irregularidades en el ámbito de la política agraria están disminuyendo, mientras que aquí se hace un gran hincapié en que las obligaciones de información- que determinan los casos de fraude o sospechas de fraude que se deben comunicar a la Comisión- varían según los Estados miembros. 
Esto explica una de las diferencias entre ambos informes. 
En una intervención, concretamente la del Sr. Blak, se ha dicho que los ciudadanos y ciudadanas ya están hartos de fraudes. 
Yo lamento tener que recordar, no obstante, que los cigarrillos libres de aranceles o de impuestos siguen vendiéndose muy bien y que la evasión fiscal se practica a menudo como un deporte popular. 
Por consiguiente, nos encontramos ante una situación en la que debemos tener claro que no será posible reducir a cero el fraude en detrimento de los intereses financieros. 
Evidentemente, debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para combatir las infracciones arancelarias y en relación con las subvenciones, así como en el ámbito fiscal, que se cometen en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad. 
A continuación, quisiera comentar brevemente algunas propuestas concretas contenidas en el informe del Sr. Bösch, que ahora también se pueden contemplar dentro de un contexto más amplio; por ejemplo, en el caso de la propuesta relativa al procedimiento disciplinario o la creación de una cámara en el Tribunal de Cuentas. 
La Comisión ya manifestó, respondiendo también a las peticiones planteadas por el Parlamento con vistas al procedimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 1998, que no le parecía un camino adecuado hacer intervenir a una cámara del Tribunal de Cuentas o del Tribunal de Justicia en la adopción de medidas disciplinarias contra sus trabajadores por irregularidades cometidas en la gestión del presupuesto, toda vez que los Tratados asignan tareas específicas particulares a cada uno de estos órganos. 
Los trabajadores pueden acudir justamente al Tribunal de Justicia Europeo para apelar contra una decisión en el marco del procedimiento disciplinario. 
En consecuencia, ello entraría en contradicción con los Tratados actuales. 
Por esto, la Comisión optó por recoger las propuestas contenidas en el informe del grupo de expertos independientes del año pasado, que son muy amplias y abarcan el conjunto de la gestión financiera, la prevención del fraude y el procedimiento disciplinario. 
La Comisión expuso que comparte asimismo la opinión del Parlamento cuando afirma que la intervención de una instancia externa mejora la confianza en la objetividad del procedimiento disciplinario. 
Así lo expuso en el Libro Blanco que presentó el 1 de marzo y se dispone a presentar también propuestas detalladas con vistas a la reforma del procedimiento disciplinario en el documento sobre el futuro procedimiento disciplinario global, que va a hacer público en octubre. 
Evidentemente, cuando éste se discuta, también incorporaremos las consideraciones del Parlamento al procedimiento global y a nuestras propuestas. 
En muchos debates y también en el informe se ha señalado con razón que un requisito para combatir con eficacia el fraude en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad Europea es una buena cooperación y una acción concertada con los Estados miembros. 
El Tratado de Amsterdam vuelve a dejarlo bien claro en el artículo 280. 
También se ha lamentado con razón que muy pocos Estados miembros hayan ratificado hasta ahora el convenio correspondiente. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los oradores y oradoras que han hecho extensiva también a sus países la petición de que se empiecen a dar finalmente los pasos necesarios. 
La OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, está realizando justamente intensos esfuerzos, junto con los Estados miembros y en ámbitos específicos también con otros Estados, para establecer acuerdos de cooperación. 
Desde que presentó su informe, la OLAF, o sea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, también ha conseguido cerrar, por ejemplo, un acuerdo con el grupo antimafia italiano, encaminado a establecer una buena colaboración con todas las instancias y organizaciones que participan en la lucha contra el fraude. 
A finales de esta semana se celebrará en Ancona una conferencia dedicada a este tema. 
La Comisión acoge con satisfacción que algunos Estados candidatos a la ampliación ya hayan empezado a dar pasos para crear estructuras similares a aquellas con las que cuenta la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que les sirve de referente. 
Así, por ejemplo, en Polonia se decidió y se prevé proceder a la creación de una OLAF polaca. 
También quiero responder brevemente al tema de los siguientes pasos, sobre todo en el ámbito legislativo, y recordar que con vistas a la Conferencia Intergubernamental, que tiene encomendada la tarea de revisar los Tratados europeos, la Comisión ha propuesto que se complete el actual sistema de protección de los intereses financieros con un fundamento jurídico que permita crear una fiscalía europea y adoptar normas relativas a la persecución penal de los fraudes transfronterizos. 
Los Estados miembros han indicado, no obstante, que de momento no desean introducir en el Tratado ningún tipo de modificación en este ámbito. 
Aun así, la Comisión no ha renunciado a ello y seguimos trabajando para concretarlo y trasladarlo a la Conferencia Intergubernamental. 
Voy a referirme muy brevemente a los recursos presentados por la Comisión contra el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. 
El objetivo es conseguir que se reconozca algo que el Parlamento también acaba de incorporar al Reglamento relativo a la OLAF, concretamente que ésta es competente para combatir el fraude en todas las instituciones de la Comunidad Europea. 
Lamentablemente, ambos bancos no han hecho ningún gesto en las últimas semanas. 
Seguramente han querido esperar a que se resolviese el conflicto jurídico que tenía pendiente el Parlamento Europeo a causa del recurso contra la modificación del Reglamento presentado por algunos diputados. 
Yo tan sólo considero que ahora, con la decisión provisional del Tribunal de Primera Instancia, en realidad ha quedado claro que el problema no reside en el fundamento jurídico de la OLAF- en este sentido, ambos bancos ya no puede refugiarse o esconderse a su amparo -, sino obviamente en la necesidad de preservar también la independencia de las instituciones. 
Ésta no ha estado jamás en entredicho, tampoco en el caso del Banco Central Europeo. 
Evidentemente también debe quedar clara la inmunidad de los diputados, que es una conquista democrática y no debe verse menoscabada en ningún sentido. 
Quiero agradecer, asimismo, las peticiones de que en todos los procedimientos, incluido el trabajo de la OLAF, se respeten, como es lógico, los principios del Estado de Derecho. 
Yo creo que el nuevo Director de la OLAF también se ocupa intensamente de garantizarlo, personalmente incluso. 
Vamos a tener ocasión de debatir otros informes sobre el tema de la lucha contra el fraude dentro de este año. 
El Comité de vigilancia de la OLAF, encargado de supervisar su independencia, va a presentar dentro de poco su informe, que luego también tendremos la oportunidad de debatir. 
Permítanme que les recuerde que la Comisión está elaborando un documento estratégico básico sobre la lucha contra el fraude, que sin duda también suscitará intensos y fructíferos debates. 
Quiero expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Bösch, por su informe y, sobre todo, agradecer también a la Asamblea su apoyo tan persistente a la creación y la labor de la OLAF. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, en relación con el informe de la Sra. Schierhuber que se va a someter a votación, nos encontramos ante el siguiente problema: el Grupo socialista y el Grupo Izquierda Unida Europea habían solicitado la votación por partes de algunos puntos. 
Sin embargo, por algún motivo técnico, esta petición no llegó a los servicios. 
Ahora nos encontramos ante la siguiente disyuntiva: o bien nos permite solicitar oralmente la votación por partes de los artículos en cuestión y ésta se realiza hoy, o bien, si esto no fuese posible, yo solicito que la votación se aplace hasta mañana. 
Los servicios me indican, no obstante, que mañana tenemos un programa de votaciones muy apretado y, por lo tanto, tal vez sería más razonable que la votación se realice hoy. 
Nosotros aceptaríamos gustosos que así se haga. 
El problema no es la votación, sino sólo que la solicitud de votación por partes no les llegó dentro del plazo debido. 
Señor Graefe zu Baringdorf, efectivamente, lo he verificado: la solicitud de votación por partes no nos ha llegado hasta esta mañana y, por consiguiente, fuera de los plazos que fijan nuestras propias normas. 
Las normas de este Parlamento son válidas para todo el mundo. 
Es necesario respetarlas y no puedo vulnerarlas. 
Se lo digo con toda sinceridad, aunque comprendo el problema. 
Por tanto vamos a proceder a la votación, salvo si ustedes presentan una solicitud de aplazamiento de la votación, que por supuesto someteré a votación. 
Señora Presidenta, si ese es el caso- y yo comprendo su posición -, quisiera solicitar que se aplace la votación hasta mañana o el jueves. 
Desearía que nuestro ponente, la Sra. Schierhuber, nos diera su impresión. 
Señora Presidenta, yo lamento que la solicitud de votación por partes del Grupo socialista haya llegado fuera de plazo a los servicios y quiero manifestar rotundamente que por mi parte, en mi calidad de ponente, puedo aceptar sin ningún problema dicha votación por partes, incluso en la sesión de hoy. 
También creo que sería bueno que la votación se celebre hoy ya que, como usted sabe, el Consejo de Ministros de Agricultura se reúne hoy y mañana y sería conveniente que conociesen nuestra decisión. 
Si la votación se celebra mañana, ya será lamentablemente un poco demasiado tarde. 
Personalmente, no tendría ninguna objeción en que se votara por partes. 
Pero, una vez más, hay normas a las que tengo que atenerme. 
Sería realmente un mal precedente y ya no habría ninguna regla que regulase la presentación de las solicitudes de votación por partes. 
Acaba usted de manifestar su impresión y de decir que prefería que votásemos hoy. 
Voy a dar la palabra al Sr. Goepel y, a continuación, vamos a someter a votación la solicitud del Sr. Graefe zu Baringdorf de aplazar la votación hasta mañana por la mañana o el jueves por la mañana. 
Señora Presidenta, yo quiero aclarar en nombre de mi Grupo que tampoco tenemos nada que objetar contra la solicitud oral y manifestar que apoyo la posición de la Sra. Schierhuber. 
El Consejo de Ministros de Agricultura está esperando que adoptemos una decisión y un aplazamiento no sería conveniente. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento de la votación) 
Después de la votación de la propuesta legislativa nº 1 y la aprobación de la propuesta de la Comisión así modificada 
Señora Presidenta, yo quisiera preguntarle a la Comisión si en las últimas doce horas ha cambiado de opinión con respecto a las enmiendas, que fueron aprobadas por una gran mayoría en la Comisión de Agricultura. 
Sra. Schreyer, ¿podría dar una respuesta positiva a nuestro ponente? 
Señora Schierhuber, la Comisión no ha cambiado de opinión. 
La Comisión presentó, en efecto, la propuesta como resultado de las experiencias acumuladas en años anteriores. 
Antes nos hemos comprometido a presentar un informe sobre la lucha contra el fraude y este es un tema directamente relacionado. 
Yo sólo puedo volver a repetir que cuando se vuelva a discutir en el Consejo el tema del reparto de las superficies de cultivo- y éste fue también un tema de discusión importante en la Comisión de Agricultura -, la Comisión estará evidentemente abierta a considerarlo. 
No obstante, en mi calidad de Comisaria responsable del presupuesto, debo decir que es necesario encontrar una solución neutral desde el punto de vista presupuestario. 
La Sra. ponente nos propone la devolución a comisión. 
¿Hay algún orador que desee manifestarse a favor de esta devolución? 
Señora Presidenta, yo quiero intervenir a favor de la solicitud. 
Los Grupos políticos han llegado al acuerdo de que esta es la única posibilidad de ejercer alguna influencia. 
Para repetirlo con toda claridad, también para la señora Comisaria Schreyer: yo creo que entre la Comisión y el Parlamento no hay fisuras en relación con el tema de la lucha contra el fraude, sino que lo que se debate es el método escogido. 
Si prevalece el método por el que ahora se opta, se habrá acabado el cultivo del lino y del cáñamo, una forma ecológica justamente para las regiones desfavorecidas. 
Esto es precisamente lo que debemos evitar y para ello es necesario que iniciemos conversaciones con la Comisión para alcanzar un compromiso. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión de la primera parte del informe) -Después de la votación de la propuesta legislativa nº 2 y la aprobación de la propuesta de la Comisión así modificada 
Señora Presidenta, con respecto a esta segunda decisión puede decirse lo mismo que ya ha manifestado usted en relación con la primera. 
La Comisión de Agricultura considera particularmente importantes dos de las enmiendas a esta segunda propuesta, concretamente las enmiendas 28 y 29. 
Por consiguiente, yo le pregunto de nuevo a la Comisión si ha reconsiderado tal vez su opinión al respecto. 
Señora Presidenta, mi colega Fischler ya se pronunció ayer sobre esta cuestión.. 
La Comisión no ha modificado su posición. 
Señora Presidenta, si es así, permítame que vuelva a pedir a la Asamblea que apruebe la solicitud de devolución a comisión también en este caso. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión de la segunda parte del informe) 
Informe (A5-0116/2000) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe anual 1998 de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude (COM (1999) 590- C5-0058/2000- 2000/2032 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Rothley (A5-0130/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor de esta directiva del Parlamento Europeo sobre la regulación de la indemnización de daños por la circulación de vehículos automóviles que pueden causar daños a los ciudadanos de Estados distintos de los Estados en que están asegurados, pero me hubiera gustado constatar más decisión en este informe. 
Muchos de los pensionistas con los cuales hablo con frecuencia en Italia me dicen: " Señor Fatuzzo, he sufrido un grave accidente de tráfico, he sido víctima de un accidente de tráfico. 
La compañía de seguros me ha preguntado: ¿cuántos años tienes? 
He contestado: tengo ochenta años. 
Y la aseguradora entonces me ha dicho: no vales nada, no cuentas nada y, por lo tanto, no te pagamos ninguna indemnización ". 
Ahora bien, no me parece justo considerar a una persona de setenta, ochenta años como a una persona que no vale nada y, en consecuencia, pido que, en el futuro, se tenga en cuenta que hay dar una indemnización moral cuando las víctimas de los accidentes de tráfico son personas mayores. 
. 
(EN) Esta propuesta de directiva trata sobre situaciones en las que se produce un accidente de tráfico en el país de residencia de la persona que provoca el accidente o en un tercer país. 
El objetivo de esta directiva es garantizar que la parte que ha sufrido daños tenga derecho de acción contra la aseguradora de la persona que ha provocado el accidente. 
Debemos recordar que vivimos en la Unión Europea, en la que existe la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 
Esta directiva que agiliza el tema de la responsabilidad civil con respecto a los accidentes en los que intervienen vehículos a motor, es una ampliación lógica de las directivas establecidas durante los últimos 13 años para completar el mercado único europeo. 
Es justo y acertado que si existe un sistema integral de libre circulación de personas y tráfico transfronterizo, se aplique un procedimiento agilizado y estructurado de manera que dicho recurso esté disponible para las partes que han sufrido daños en el caso de accidentes. 
Con este fin, todas las compañías de seguros que operan en la Unión Europea deberán nombrar ahora a un representante en cada Estado miembro que se haga responsable de atender las demandas en su nombre si se produce un accidente en el que se vea involucrado un ciudadano comunitario. 
Esta propuesta incluiría también la creación de centros de información que permitan a las víctimas identificar a los representantes de las reclamaciones correspondientes. 
En la reciente reunión del Comité de Conciliación celebrada el pasado mes de marzo se ha alcanzado un compromiso entre las instituciones. 
El problema más complejo es relativo a la aplicación territorial de la directiva, asunto que ya ha quedado zanjado. 
La directiva será aplicable en el caso de accidentes en el que se vean involucrados nacionales de un Estado miembro de la Unión en territorio de la Unión o en cualquier país tercero que aplique el sistema de la Tarjeta Verde. 
El Comité de Conciliación también ha acordado permitir a los Estados miembros mantener y aplicar disposiciones más favorables con respecto a la víctima, que aquéllas estrictamente necesarias, al objeto de garantizar el cumplimiento de esta directiva. 
Apoyo plenamente esta propuesta y quisiera elogiar al Sr. Rothley por sus esfuerzos para llevar estas propuestas hasta esta fase. 
La Unión Europea, a raíz del Tratado de Amsterdam, tiene mayores competencias para proponer legislación en el ámbito de los derechos de los consumidores. 
Esta legislación por la que se rige el tema de la responsabilidad civil con respecto a la utilización de vehículos a motor y accidentes en Europa garantizará una mejor protección de los derechos de los 370 millones de consumidores de Europa en el caso de accidentes que tengan lugar dentro del territorio de la Unión Europea. 
. 
(EN) Saludo la recomendación de mi colega socialista, Willi Rothley relativa a la protección de los automovilistas en el extranjero. 
Lamentablemente, todos conocemos de sobra el elevado índice de accidentes de circulación que se producen en toda Europa. 
Nada menos que 500.000 conductores de la Unión Europea son víctimas cada año de accidentes de tráfico en el extranjero. 
Son 500.000 accidentes de más. 
Debemos dar prioridad a la seguridad y garantizar que no se escatiman esfuerzos para proteger a nuestros ciudadanos durante sus desplazamientos en el extranjero. 
La propuesta amplía las actuales directivas comunitarias sobre la tramitación de demandas a las compañías de seguros automovilistas para cubrir aquellos casos en que una persona que visita otro Estado miembro es víctima de un accidente provocado por un residente de dicho país. 
Todas las compañías de seguros deberán, por consiguiente, nombrar a un representante en cada Estado miembro. 
El Parlamento Europeo ha ido incluso más allá, al solicitar la cobertura en caso de accidentes que tengan lugar en países no comunitarios, a condición de que los vehículos involucrados estén registrados en la UE. 
Conforme al compromiso, la directiva será aplicable asimismo cuando dichos accidentes se producen en determinados países que no pertenecen a la Unión Europea. 
Cada año, miles de veraneantes británicos viajan en coche o alquilan automóviles en Francia, España, Portugal y muchos otros países europeos. 
Ciertamente les debemos a todos nuestros ciudadanos el derecho a tener garantías de que se facilitarán las cosas, en la medida de los posible, a los que se vean involucrados en accidentes de circulación en el extranjero, así como a sus familias. 
No se trata de que compañías de seguros arrogantes pongan cortapisas a las demandas, se trata de que el Parlamento Europeo se esfuerza por facilitar las cosas a nuestros ciudadanos. 
En nombre de mis electores y de todos los ciudadanos de Europa, doy luz verde a esta propuesta. 
Informe Martínez Martínez (A5-0114/2000) 
Señora Presidenta, también he votado a favor de la propuesta del Sr. Martínez Martínez sobre la ratificación de una ayuda a la cooperación al desarrollo con Sudáfrica, sin embargo, también en este caso, he de manifestar algunas reservas. 
¿Por qué cada vez- cada año- que concedemos una ayuda financiera a Sudáfrica no se encarga de la misma uno de nuestros inspectores, uno de nuestros Comisarios? 
¿Por qué no controlamos, en primer lugar, si esta ayuda financiera se ha empleado correctamente y, en segundo lugar, qué ocurre en Sudáfrica con los derechos humanos? 
Ciertamente la situación no es la misma que la de hace un tiempo- ha mejorado- no obstante, también a mí me llega la noticia de la perpetración de gravísimos actos delictivos de todo tipo en Sudáfrica. 
Deberíamos tenerlo en cuenta cada vez que concedemos una ayuda a cualquier Estado extranjero, en este último caso a Sudáfrica. 
Señora Presidenta, la situación en Sudáfrica es difícil; y desde luego no es un país fácil de gobernar. 
Sin embargo, Sudáfrica se presenta como un modelo de esperanza en un continente, por otra parte, turbulento. 
Por ello no deberíamos escatimar esfuerzos para contribuir al desarrollo económico, social y democrático de ese país. 
Por eso lamento que el Consejo proponga únicamente 787,5 millones de euros para Sudáfrica, que en realidad representa un recorte del 10% de las sumas acordadas hace cinco años. 
El Parlamento, en su enmienda 2, propone que concedamos 885,5 millones de euros a Sudáfrica, 98 millones de euros más que lo que propone el Consejo. 
98 millones de euros no es una suma insignificante en términos de Sudáfrica. En términos del presupuesto comunitario no es algo que nos cueste demasiado encontrar. 
Quisiera instar a que seamos generosos con Sudáfrica, que el Consejo encuentre esos 98 millones de euros, que no recurra a la conciliación, sino que acepte las enmiendas del Parlamento y siga adelante con la aplicación de este nuevo reglamento con Sudáfrica. 
Gracias, señor Martin. 
Velaré en el futuro para que la Comisión siga presente en las explicaciones de voto: podrá oír cosas muy interesantes. 
El aspecto más escandaloso de lo que nos atrevemos a llamar un acuerdo de "cooperación para el desarrollo con Sudáfrica" es que la llamada cooperación quede subordinada al acuerdo de comercio con Sudáfrica y que el Consejo se sirva de él como medio de chantaje para imponer sus condiciones a Pretoria. 
Tanto cinismo roza la sinceridad: la Unión Europea concede ayuda a Sudáfrica a condición de obtener un beneficio en el terreno comercial. 
Aunque las propuestas del Parlamento sean, en el plano financiero, superiores a las del Consejo, no hemos votado las enmiendas para no avalar esta mascarada. 
Y, si tampoco votamos en contra, es únicamente para afirmar nuestra convicción de que es indispensable una cooperación entre Europa y toda África. 
Pero en tanto que ésta se conciba y se realice en beneficio de comerciantes, de banqueros y de industriales no favorecerá más que a éstos y, de forma accesoria, a una mínima capa de privilegiados africanos. 
En estas condiciones la mención por parte del Consejo de "la lucha contra la pobreza" y "la realización de los objetivos de desarrollo" sólo es una mentira grosera que ninguna votación podría suprimir aquí. 
Gracias, señora Cauquil. 
Creo saber que la Sra. Laguiller y la Sra. Bordes se sumaban a la explicación de voto que acaba de dar usted. 
Informe Jeggle (A5-0115/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe de la Sra. Jeggle sobre las propuestas de la Comisión relativas a los precios de los productos agrícolas. 
Una vez más, en esta propuesta abordamos la política agrícola de la Unión Europea. 
Soy favorable a nuestra intervención en beneficio de los agricultores, pero, en mi opinión, sería conveniente modificar- en algunos casos total y en otros parcialmente- las orientaciones que seguimos. 
En esta propuesta, por ejemplo, no veo ninguna iniciativa en favor de los pequeños cultivadores directos mayores que en las regiones de montaña, sobre todo de nuestros páramos más lejanos en Europa, se dedican a la agricultura. 
Estos terrenos se abandonan continuamente y el ingente gasto agrícola de la Unión Europea no presta suficiente ayuda a las necesidades de los agricultores. 
En el futuro, deberemos acordarnos más de los cultivadores directos mayores. 
Yo me he abstenido con el fin de apoyar los esfuerzos de la ponente para intentar evitar a pesar de todo la reducción propuesta de los incrementos mensuales de los cereales. 
El Consejo Europeo manifestó claramente en sus conclusiones de la Cumbre de Berlín que los incrementos mensuales se mantendrían en el nivel entonces vigente de 1 euro por tonelada y éste quedaría congelado para todo el período, o sea, de 2000 a 2006. 
La reducción de los incrementos mensuales que ahora se pretende introducir supondría, por lo tanto, un claro incumplimiento de la palabra dada a los agricultores. 
Una nueva pérdida de ingresos sería insostenible a la vista de la preocupante situación económica de la población rural. 
La renta de las personas que trabajan en la agricultura se ha reducido globalmente casi un 10% en términos reales desde 1996. 
Una reducción de los incrementos mensuales agravaría aún más la situación económica de los agricultores. 
, por escrito. 
(SV) La ampliación de la Unión Europea supone un cambio radical de la política agrícola. 
Por este motivo nosotros (Pierre Schori, Anneli Hulthén, Jan Andersson, Maj-Britt Theorin, Göran Färm y Eva Hedkvist-Petersen) , socialdemócratas suecos, opinamos que hay que reducir considerablemente las subvenciones agrícolas y damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión sobre rebajas paulatinas de las subidas mensuales de los precios de intervención para los cereales. 
Puesto que este informe se opone a una reducción de los precios de intervención para los cereales, votamos en contra de la propuesta de la comisión. 
. (PT) Después de las decisiones de la "Agenda 2000", y teniendo también en cuenta las reformas de las organizaciones comunes de mercados, la fijación anual de los precios o de los importes institucionales afecta ya sólo a un número reducido de sectores. 
Ahora bien, la Comisión no siempre lo hace respetando los intereses de los agricultores, en particular cuando baja los precios, cosa a la que nos oponemos. 
En términos concretos, para el período 2000/2001 la Comisión propone para el arroz el nivel de los aumentos, mientras se espera a la próxima propuesta de reforma, que ya se debería haber presentado. 
Para los aumentos mensuales de los cereales propone una reducción en dos etapas, para la reducción equivalente del precio de intervención, de 7,5 %, decidido en el marco de la Agenda 2000, cosa inaceptable para varios Estados miembros, entre otras cosas porque en el Consejo de Berlín se asumió el compromiso de mantener los suplementos mensuales en su nivel actual. 
En cuanto a los precios correspondientes a las carnes de ovino y porcino, la Comisión ha mantenido los actuales. 
En cuanto al sector del azúcar, se mantiene el nivel de precios establecido para la última campaña y en los próximos meses se debe presentar una propuesta de reforma encaminada a acabar con la cuota, con el pretexto de los compromisos en el ámbito de la OMC. 
A la Comisión de Agricultura se presentaron algunas propuestas positivas, en particular el rechazo de la financiación casi exclusiva por el sector del azúcar y de la agricultura de los 300 millones de euros de Kosovo, dado que esa financiación aumentará la presión negativa sobre los ingresos de los agricultores, cosa que resulta inaceptable. 
, por escrito. (SV) En relación con la propuesta de reglamento del Consejo sobre fijación de algunos precios del azúcar y de estándares de calidad para la remolacha para el año 2000/2001, queremos manifestar lo siguiente: la reconstrucción de Kosovo es un asunto importante para la UE que respaldamos totalmente. 
Los recursos que se necesitan en Kosovo deberán provenir de reducciones generales a la totalidad de las subvenciones comprendidas en la política agrícola común y no sólo de rebajas en el sector azucarero. 
. (DA) Las ayudas agrarias son una pesada carga para la Unión Europea. 
Sobre todo cuando la ampliación hacia los países de la Europa oriental va a convertirse en una realidad, resulta inevitable emprender una revisión radical de las ayudas. 
Me alegra que el primer paso que ahora se da hacia esta revisión implique un plan a largo plazo para una cierta reducción de las ayudas agrarias. 
No obstante, resulta problemático que nadie se atreva a abrir un debate completo y franco sobre cómo deberá nuestro sector agrario a largo plazo arreglárselas en circunstancias totalmente distintas y con un régimen de apoyo totalmente distinto al actual. 
Nos veremos obligados a reducir la ayuda al mínimo absoluto y este debate debe abordarse ahora. 
Por otro lado, la reducción de las ayudas agrarias debe ser gradual y con un ritmo tal que no exista el riesgo de que las ayudas comunitarias desaparecidas sean reemplazadas por regímenes nacionales compensatorios. 
También sería problemático que la Comisión quitara ayudas a la agricultura movida por la necesidad de emplear esos recursos en otro fin. 
Una reducción de las ayudas no debe estar motivada por propósitos ajenos.. 
Informe Schierhuber (A5-0124/2000) 
Señora Presidenta, he votado en contra de esta propuesta relativa a la política europea en el sector del lino y el cáñamo. 
Lo he hecho porque considero que habría que cambiar de orientación respecto a cómo respaldar y ayudar a los productos agrícolas en la Unión Europea. 
Debemos comenzar a abandonar la política de dar una cantidad de dinero a quien produce cierto producto agrícola que queremos apoyar y, por el contrario, tratar de reducir las cargas de los costes de producción, cargas que en su mayor parte se deben a la política de los Estados nacionales y que conllevan un aumento del coste laboral y atan de pies y manos a los que quieren trabajar, producir y crear nuevos puestos de trabajo en su sector. 
En definitiva, debemos comenzar a cambiar la manera de ayudar a la agricultura en Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, yo he votado a favor del informe de la colega Schierhuber. 
Sobre todo, me parecen particularmente importantes las enmiendas 28 y 29. En efecto, en ellas la ponente señala con razón que si se establece una cantidad máxima, ésta se debe calcular a partir de las capacidades de transformación existentes. 
La introducción de unos máximos nacionales que propone la Comisión crearía un sistema que no reflejaría las capacidades de transformación nacionales. 
Algunos Estados miembros quedarían excluidos de entrada del cultivo debido al límite máximo de 50 toneladas anuales. 
El objetivo ha de ser crear un sistema flexible que tome en consideración las posibilidades de comercialización regionales y ofrezca así a todos los Estados miembros la misma oportunidad de participar en el cultivo. 
, por escrito. 
(SV) Nosotros, (Pierre Schori, Anneli Hulthén, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm y Ewa Hedkvist Petersen) , socialdemócratas suecos, opinamos que hay que reducir considerablemente las subvenciones agrícolas y por eso estamos en contra de las ayudas a la producción de cáñamo. 
Además, los mecanismos para controlar la producción de cáñamo son problemáticos, puesto que no se puede ver a simple vista si las fibras se pueden usar para la producción de narcóticos. 
Por este motivo resulta difícil garantizar que el cáñamo que se cultiva no se destinará a la producción de narcóticos. 
Por estas razones opinamos que no se debe fomentar la producción de cáñamo mediante ayudas y nos abstenemos en la votación del informe Schierhuber. 
- (SV) En relación con la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1251/1999 por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, para incluir en el mismo el lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras, queremos destacar lo siguiente: como liberales, consideramos que hay que desburocratizar la política agrícola y someterla a las reglas del mercado. 
Si las intenciones de ampliar la UE hacia el Este son serias, habrá que dedicarse a realizar recortes considerables a los costes de la política agrícola. 
Paulatinamente deben eliminarse todas las ayudas directas a la producción agrícola. 
Informe Bösch (A5-0116/2000) 
Señora Presidenta, tomo por última vez la palabra para declarar, también aquí, mi voto decididamente en contra del informe Bösch sobre el Informe del año 1998 relativo a la lucha contra el fraude. 
Y ello no porque yo esté en desacuerdo con la lucha contra cualquier tipo de fraude, ¡faltaría más! 
Estoy a favor de esta lucha, pues considero que para luchar realmente contra el fraude en la Unión Europea, es necesario cambiar el sistema de gasto de Europa. 
El mismo informe señala que estos 1.019 millones de euros que se ha descubierto que nos han sido defraudados no son más que la punta del iceberg. 
Ahora, sabemos que los icebergs tienen el 10% visible y el 90% sumergido, que no se ve. Por lo tanto, la cantidad defraudada a la Unión Europea asciende a unos 10.000 millones de euros. 
Es absolutamente necesario cambiar la manera de gastar nuestros dineros. 
Señora Presidenta, hace unos instantes ha felicitado usted al ponente por su ejercicio. 
No sé por qué hay que felicitarlo ya que muchos de sus párrafos han decaído, principalmente por causa de su propio grupo que, seducido por la prudencia, ha decidido presentar numerosas enmiendas de supresión que han sido aprobadas. 
Estas tenían relación principalmente con todas las partes relativas al Libro Blanco. 
En consecuencia, muchas enmiendas que iban más allá del informe y del contenido del informe que se supone elaboraba el Sr. Bösch han decaído. 
Ahora planteo la cuestión siguiente: ¿Por qué dilapidar dinero para hacer que el Sr. Bösch redacte unos textos que no tienen nada que ver con su trabajo y que el Parlamento rechaza con toda razón? 
A la Sra. Stauner, que se interesa mucho por los informes de los demás y con la que deberá usted reunirse, podrá hablarle de esto y preguntarle si no le interesa saber por qué algunos diputados de la COCOBU hacen un trabajo que no tiene nada que ver con las misiones que se les han confiado. 
Honor por tanto a la prudencia de este Parlamento que ha puesto un poco las cosas en su sitio. 
por escrito. (DA) Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Bösch relativo a una lucha más eficaz del fraude y las irregularidades con fondos comunitarios. 
Aunque el fraude y las irregularidades hayan descendido un poco de 1997 a 1998, aún siguen siendo necesarios mecanismos de control más eficaces. 
El plan de reforma del Sr. Kinnock resulta en conjunto tanto visionario como realista. 
El Parlamento ya propuso en el informe Van Hulten la necesidad de crear una instancia externa dependiente del Tribunal de Cuentas que, entre otras funciones, se encargara de los expedientes disciplinarios y ayudara a cobrar el dinero desembolsado indebidamente. 
Si se crea esta instancia, esto querrá decir que los expedientes disciplinarios serán sacados de la Comisión. 
Tenemos experiencias muy negativas con los consejos disciplinarios internos. 
En la actualidad, son compañeros quienes ejercen de jueces de otros funcionarios a quienes se hace comparecer ante el consejo disciplinario. 
Esto es absolutamente insostenible. 
Tanto el caso ECHO como el caso MED son ejemplos demasiado bien conocidos al respecto. 
De igual forma, debemos criticar la propuesta incluida en el Libro Blanco relativa a la creación de un organismo asesor para el tratamiento de las irregularidades. 
Hemos creado la OLAF para tratar las sospechas de fraude e irregularidades. 
Otro organismo socavaría las competencias de la OLAF. 
Hemos votado en contra de la creación de un Ministerio Fiscal europeo. 
Es un mastodonte enorme para levantarlo cuando los problemas realmente yacen en otro lugar. 
En realidad, resulta más necesaria una reforma a fondo del personal. 
De todas formas, sólo serán los casos más graves los que tengan repercusiones penales. 
El noventa por ciento de los casos serán expedientes disciplinarios por negligencia o incompetencia. 
En lugar de esto, es preciso mantener un buen control interno y disponer de mejores posibilidades a la hora de despedir a alguien. 
Debemos proceder a modificar el reglamento de personal y el procedimiento disciplinario, tal como aparece también propuesto en el informe. 
. 
(EN) Los Conservadores británicos nos hemos abstenido en el votación sobre la totalidad del informe porque no nos parece bien la figura de un fiscal europeo, en la creencia de que ello podría perfectamente dar lugar a un corpus juris. 
Tampoco nos han parecido bien las referencias al IVA que hace el informe. 
. (FR) Me he abstenido en la votación de la resolución sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude. 
No he querido votar en contra habida cuenta de que comparto plenamente los objetivos del ponente de reforzar la lucha contra el fraude en los intereses financieros de la Comunidad. 
Sin embargo no he votado a favor, por la creación de un nuevo órgano de control. 
No será mediante la multiplicación y el enmarañamiento de tales órganos como la Comunidad alcanzará el objetivo perseguido. 
(La sesión, interrumpida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Prevención y control de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0117/2000) de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento y del Consejo (COM (1998) 623- C4-0025/1999- 1998/0323 (COD) ) sobre la prevención y control de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles. 
Señor Presidente, el tema del presente debate, las encefalopatías espongiformes transmisibles, las enfermedades transmisibles, la EEB o el prurigo lumbar, entre otras, es uno más de los numerosos informes o debates derivados del informe final sobre la EEB y yo creo que sin duda también les interesa mucho a los visitantes que ocupan la tribuna de invitados. 
Ahora disponemos del informe que la Comisión se comprometió a elaborar a instancias del Parlamento como conclusión de su informe de 1997 sobre la EEB. 
Debido a la interrupción del año pasado, no elaboramos el informe al respecto con tanta celeridad como lo habríamos hecho de no mediar esa circunstancia. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y el Sr. Böge elaboraron su opinión al respecto. 
Por lo tanto, el trabajo del equipo de la EEB ha podido tener una buena continuidad. 
Permitan que les exponga brevemente cómo valoro la propuesta en mi calidad de ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, competente en la materia. 
La propuesta de la Comisión es buena y, como ha ocurrido con muchas de las que ha presentado sobre la EEB y los problemas ulteriores en los últimos años, nos parece satisfactoria. 
Estamos satisfechos con la propuesta, pero como tantas otras cosas también ésta es mejorable, señor Byrne. 
Como ya le manifesté a propósito de su propuesta de prueba de EET, la propuesta aún se puede mejorar y lo mismo digo ahora. 
La participación del Parlamento Europeo es, sin duda, necesaria para mejorarla. 
Es preciso garantizar que el Parlamento Europeo pueda actuar como auténtico garante de la protección del consumidor y la salud en la Unión Europea a través del procedimiento de codecisión. 
Sólo así podremos contar también con un elevado nivel de protección y sólo así podrá mantener una buena colaboración con nosotros, toda vez que el Consejo de Ministros y los actuales Ministros de Agricultura no se situaron precisamente en la cabeza del movimiento el año pasado, como sabemos todos los miembros de esta Asamblea. 
También es importante- y en este contexto es preciso mejorar asimismo otra propuesta- que se vuelva a debatir el tema de la prueba rápida de EET. 
Usted presentó una segunda propuesta ulterior, que todavía tendrá que adaptar, pero dicha propuesta es insuficiente. 
Para poder evaluar de manera realmente efectiva la situación epidemiológica de los Estados miembros en lo relativo a las EET, es preciso que quede claro que los animales sacrificados también deben ser examinados mediante un procedimiento de diagnóstico precoz de los riesgos para la salud humana. 
Hasta el momento, usted todavía no ha presentado ninguna propuesta en este sentido. 
Sin duda, también será necesario reforzar la obligación de los Estados miembros de informar a la Comisión y remitirle la información y los datos sobre los casos registrados en su país, los problemas relativos a las EEB o las situaciones dudosas, y esto es lo que también ha intentado conseguir la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, así como la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
También en este aspecto tenemos que imponer obligaciones más estrictas a los Estados miembros. 
Vuelvo a repetir en este contexto que siempre es aconsejable mantener la suspicacia con respecto a los Estados miembros; incluido el mío, quiero añadir para ser equitativa. 
El Sr. Böge ha señalado con razón- y sin duda volverá a repetirlo en su intervención- que es preciso establecer una definición del concepto de zona geográfica. 
La definición actual es ciertamente insuficiente y la Comisión tiene que indicar- yo también se lo pido, señor Byrne- qué posición se propone adoptar con respecto a las excepciones relativas a los cosméticos, los medicamentos y los productos sanitarios. 
Yo estoy convencida de que es necesario que la Comisión presente propuestas que permitan cubrir posibles lagunas en la legislación existente. 
Permítanme que añada algunas observaciones sobre las enmiendas y luego, al final del debate, tendré ocasión de hacer otro comentario gracias al tiempo de uso de la palabra a disposición de mi Grupo. 
Estoy de acuerdo con casi todas las enmiendas, pero hay algunas sobre las que desearía conocer su opinión, señor Byrne. 
Así sucede, en particular, con la enmienda 50, que incluye los alimentos para gatos atendiendo a una propuesta del Sr. Böge, quien me consta que es siempre muy escrupuloso. 
No obstante, también a usted le he oído decir que, a su modo de ver, los alimentos para gatos plantean un problema. 
Puede decirnos algo sobre los riesgos de contagio a través de los gatos. 
Por otro lado, tenemos algunas enmiendas presentadas por la Sra. Attwooll y otros, en particular las enmiendas 53, 54 y 55. 
Dichas enmiendas suponen una limitación del alcance de la presente propuesta y no la mejoran en ningún aspecto, ni siquiera en lo que se refiere a la situación del Reino Unido, lo cual aún me parecería comprensible. 
Así, por ejemplo, no permiten distinguir entre cría y engorde; se trata de una propuesta totalmente insuficiente. 
Por lo que se refiere a la segunda parte de la enmienda 56, comprendo que se deseen excluir determinados materiales cuando un Estado miembro disponga de un sistema definido y adecuado. No obstante, también debo manifestar con toda claridad que en la fase actual del debate sobre los materiales especificados de riesgo, esto constituiría una señal arriesgada para algunos Estados miembros, como el mío, que mantienen una posición muy reticente al respecto. 
Vuelvo a repetirlo bien claro: parece evidente que algunas y algunos colegas de la Asamblea han sobrestimado las repercusiones para los Estados miembros. 
El reglamento no va a empeorar la situación de los países que cuentan con un sistema adecuado que funciona y un alto nivel de protección. 
En cambio, va imponer por fin a los países que no lo tienen unas restricciones que les obligarán a situar también en un primer plano la seguridad y la protección de la salud. 
Por esto, no acabo de comprender buena parte de los recelos de muchas y muchos colegas, aunque el presente debate quizá todavía permita despejarlos. 
Señor Presidente, al final del debate voy a disponer de otros tres minutos y me propongo comentar entonces algunas de las intervenciones de mis colegas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural también acoge con satisfacción por principio la propuesta de la Comisión, toda vez que con ella responde a su promesa al Parlamento. 
También quiero resaltar muy especialmente la buena colaboración mantenida entre las comisiones y los ponentes. 
Ya manifestamos en otra ocasión nuestra extrañeza por el hecho de que hasta ahora no se haya adoptado ninguna disposición común para el control del prurigo lumbar, a pesar de que desde el principio ha existido alguna relación entre esta dolencia y la EEB. 
Nos parece muy importante establecer un enfoque preventivo diferenciado a favor de la protección del consumidor, con conocimiento de causa y sin pánico. 
Completando lo que ya ha expuesto la ponente, creemos que es importante que la Comisión haya adoptado el principio de regionalización del control de las EET a fin de garantizar un control riguroso, por un lado, y por el otro lado, una cierta mesura. 
Nos parece importante asimismo que se discuta objetivamente la adaptación de los datos relativos a las cabañas de animales con vistas a la aplicación de las medidas de control. 
También quisiera añadir, en relación con la introducción de pruebas, por ejemplo en lo que se refiere al contencioso entre la Comisión y los Estados miembros, pero también entre la Comisión y terceros Estados, que la aplicación de estas pruebas puede contribuir a simplificar la clasificación de un país en la categoría de riesgo I, II o III, por ejemplo cuando no sea posible obtener de otro modo determinados datos estadísticos. 
No obstante, no quiero ocultar, señor Comisario, que la problemática general en relación con los terceros países seguirá siendo un tema pendiente, al igual que la inclusión de los productos farmacéuticos y cosméticos. 
También esperamos que la Comisión presente cuanto antes una normativa relativa a los despojos y harinas de origen animal, que nos permita contar en el futuro con un sistema de reciclado responsable, pero que a la vez garantice la protección preventiva del consumidor. 
Un tema que seguirá estando a la orden del día será el de las diferencias entre la posición adoptada por algunos Estados miembros y la mayoría restante en cuando a si es más importante definir los materiales de riesgo o retirar cabañas completas de animales de la cadena alimentaria cuando se registre algún caso de EEB. 
Incluso la ciencia ha eludido ofrecer una respuesta clara hasta ahora. 
Señor Presidente, si hemos aprendido algo de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina es que la salud tiene la máxima prioridad sobre todas las demás políticas. 
Esencialmente, esta ha sido la base para la elaboración de la propuesta de reglamento que debatimos, y nos brinda la oportunidad de hacer un esfuerzo sistemático en la prevención, el control y la erradicación de las encefalopatías espongiformes. 
El problema se conoce desde hace muchos años; sin embargo, desafortunadamente, aún no hemos conseguido erradicar la enfermedad, ni tampoco determinar todas las causas que conducen a su manifestación, y, por consiguiente, hay preocupación, restricciones y anomalías en la producción y en distribución de productos de origen animal. 
Así pues, se impone tomar medidas en toda la Comunidad; medidas que deben conducirnos, en primer lugar, a garantizar con eficacia la protección de la salud pública; en segundo lugar, a recuperar la confianza de los consumidores, lo que a su vez contribuirá al desarrollo y al correcto funcionamiento del mercado interior. 
Una de las medidas importantes propuestas en el Reglamento es la de establecer pruebas de diagnosis rápida, puesto que la pronta localización constituye un punto clave en la lucha contra la enfermedad. 
En consecuencia, estas pruebas que pueden proporcionarnos resultados en un espacio de tiempo relativamente breve nos ayudarán de forma decisiva a tomar medidas directas y acertadas. 
Al día de hoy ya se han propuesto tres pruebas, y prevemos que en el futuro va a haber mejoras al respecto, y tendremos pruebas de diagnosis rápida en animales vivos. De este modo, podremos hacer un mejor seguimiento de la configuración del mapa epidemiológico de las encefalopatías espongiformes transmisibles en la Unión Europea. 
Una segunda medida es el desarrollo de un estudio epidemiológico exhaustivo basado, entre otras cosas, en análisis de laboratorio ajustados a un protocolo determinado. 
Por otra parte, tanto la homogeneidad de los procedimientos que se establezcan, como la absoluta comparabilidad de los resultados de los análisis realizados por laboratorios comunitarios y nacionales de referencia, nos ayudarán a llevar a cabo un seguimiento escrupuloso y a elaborar datos científicos fiables y métodos de diagnosis que incluirán las pruebas de diagnosis rápida. 
Estaría bien que paralelamente siguiéramos la evolución de la imagen científica de la nueva variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jacob, que como es sabido afecta al hombre y se debe a los alimentos procedentes de animales contagiados por la encefalopatía espongiforme bovina. 
Finalmente, la sospecha de la presencia de cualquier encefalopatía espongiforme en cualquier animal debe comunicarse a la autoridad competente, de modo que estemos en condiciones de tomar las medidas oportunas. 
En este punto, señor Presidente, quisiera señalar que soy de la opinión de que para erradicar de modo eficaz la enfermedad hay que sacrificar a todo el rebaño; a pesar del coste, tanto económico, como sentimental, de la aplicación de esta medida. 
Por esta razón, la indemnización que dé la Comisión a los afectados debe ser sustantiva. 
Ciertamente, es difícil cuando hay un animal enfermo entre otros muchos; pues es muy difícil distinguir, dado que hay animales cuya apariencia es saludable, pero que enferman después. Precisamente por se propone esta medida. 
«Más vale prevenir que curar» , dijo hace mucho tiempo Hipócrates, poniendo las bases de la acción preventiva en asuntos de salud; con más motivo cuando aún no hay curación, ni para la encefalopatía espongiforme bovina, ni para la variante de esta enfermedad en el hombre, esto es, la nueva variante Creutzfeldt-Jacob. 
Para concluir, quisiera felicitar y dar las gracias tanto al Sr. Böge, el ponente por parte de la Comisión de Agricultura, como a la señora Rath-Behrendt, la ponente por parte de la Comisión de Medio Ambiente, porque, con su colaboración y con la ayuda de todos los demás colegas, creo que llega hasta nosotros un reglamento muy mejorado. Sin lugar a dudas, se ha conformado un reglamento que es mucho mejor que el que la Comisión presentó inicialmente al Parlamento. 
Señor Presidente, yo también deseo respaldar y alabar la labor de la Sra. Roth-Behrendt y del Sr. Böge sobre este asunto, así como las propuestas iniciales de la Comisión. 
La seguridad debe ser una prioridad y todos sabemos que si queremos que existan las mismas medidas preventivas en todos los Estados miembros, necesitamos implantar una serie de medidas que hasta ahora no han sido instituidas. 
Debemos felicitar al Comisario Byrne por haberse acercado tanto. 
Estas propuestas nos permiten avanzar un buen trecho en el ámbito de las pruebas de diagnóstico, de una actitud más escéptica ante los animales que deberían haber despertado la sospecha, pero que en algunos Estados miembros no lo hicieron, y en términos de las perspectivas generales de analizar el ganado sacrificado para detectar la posible existencia de EEB. 
No obstante, quiero decir algo porque provengo del Estado miembro que fue el primero en sufrir todos los rigores de la EEB y que, a consecuencia de ello, está en la vanguardia de los esfuerzos por erradicar este problema. 
En el Reino Unido contamos desde hace ya bastante tiempo con la eliminación de todos los animales de más de 30 meses que han sido extraídos de la cadena alimentaria. 
Hemos conseguido atajar el problema de la posibilidad de transmisión materna con la retirada adicional de los animales que pudieran suponer un riesgo por motivos de su ascendencia. 
Desde nuestra posición y habida cuenta de las medidas adoptadas, no vemos ningún motivo en absoluto por el que debamos introducir, adicionalmente, el sacrificio de manadas enteras como se hace en otros países. 
Nos están pidiendo que adoptemos una política cautelar excesiva, lo que representaría un desembolso considerable. Esta medida no eliminaría ningún caso sospechoso adicional de EEB. 
Quisiera recordar a los aquí presentes que con nuestras medidas de seguridad adicionales, en el Reino Unido únicamente exportamos a la Comunidad despojos deshuesados que han superado los máximos controles de seguridad. 
En estas circunstancias, por consiguiente, quisiera recomendar una serie de enmiendas presentadas por varios diputados británicos en este debate. 
Me gustaría mucho oír del Comisario si cree que puede aceptar que, en determinadas circunstancias- habida cuenta, en particular, de la eliminación de despojos de reses de más de 30 meses llevada a cabo en el Reino Unido- en el caso de aquellos países que reconocen encontrarse en una situación de alto riesgo, pero que también cuentan ya con un elevado nivel de medidas preventivas, debe hacerse una serie de excepciones y si ello sería satisfactorio para él. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dirigirme al Comisario para decirle que doy la bienvenida a esta propuesta. 
En segundo lugar, quiero felicitar a la Sra. Roth-Behrendt por este excelente trabajo. 
También doy las gracias al Sr. Böge. 
En principio, respaldo todas las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Actualmente sabemos mucho sobre la vida. 
Pero la vida, por decirlo de algún modo, no es estática, evoluciona constantemente. 
Evoluciona tanto en lo positivo como en lo negativo. 
Se nos van agregando nuevas sustancias infecciosas y nuevos problemas. 
La crisis causada por la EEB es un ejemplo de este fenómeno. 
Pero hay más ejemplos. 
Hay que hacer dos cosas. 
Una de ellas es lo que estamos haciendo, es decir, intentar controlar tanto la EEB como la EET, que es un concepto más amplio. 
Hay que evitar que se repitan. 
Evidentemente, esas nuevas tragedias no aparecerán justamente en este campo, sino que aparecerán en otros muy diferentes. 
Esto ilustra y nos demuestra que hay que contar con normas que cubran todo el mercado comunitario. 
Hay que tener reglas y controles del mismo tipo. 
Todos tienen que ser tratados igualitariamente. 
Han aparecido diferentes actitudes, explicables, durante los debates en la Comisión de Medio Ambiente, en los Grupos Políticos y ahora también en la Asamblea. 
Pienso especialmente en la última intervención. 
El Reino Unido ha sufrido grandes perjuicios. 
Comprendo que allí se opine que, quizás, sea necesario ahorrar. 
Pero permítanme decir una cosa que es enormemente importante. No debe tentarnos la obtención de beneficios económicos a corto plazo poniendo así en peligro la seguridad a largo plazo. 
Existe el riesgo de que la economía a corto plazo triunfe sobre la prudencia y la razón. 
Quiero decirle a mi colega de partido Attwooll que entiendo muy bien la enmienda que se discute, pero que no la apoyo. 
Su aprobación implicaría que nuestro mensaje se hiciese confuso, que emitiésemos señales erróneas. 
Creo que es muy importante que al votar este informe señalemos con claridad nuestros criterios en cuanto a la seguridad alimentaria. 
Es importante para el próximo debate sobre la totalidad del proyecto que se contendrá en el futuro Libro Blanco. 
(GUE/NGL). (EL) Señor Presidente, la propuesta de reglamento debatida no se propone hacer frente a los problemas, como de forma hipócrita defiende la Comisión, sino enmascarar los problemas registrados en determinados países, generalizándolos y convirtiéndolos en problemas de todos. 
Por ello es preciso que cambie sobre todo en los puntos que determinan la clasificación de países en categorías. 
Si la Comisión quisiera realmente proteger la salud pública de las encefalopatías espongiformes, habría propuesto desde hace tiempo las normas para evitar semejante peligro, cosa que no ha hecho. 
Habría previsto los procedimientos necesarios y las penas necesarias. 
Sin embargo, los intereses de las empresas multinacionales de la alimentación, que han subordinado todo a la lógica del máximo beneficio no han permitido nada semejante. 
De suerte que esta iniciativa de la Comisión surgió cuando la situación estaba ya fuera de control, con las dioxinas, por ejemplo; de manera que hoy se intenta dar la imagen de cierto control. 
La conclusión que resulta del proyecto de reglamento es que más bien se trata de enmascarar la situación. 
A eso conduce las cosas un método de clasificación de los países, de acuerdo con el cual en lugar de tomar en consideración el criterio fundamental, que es la existencia o no de casos de encefalopatía en su cabaña bovina, se toman en consideración otros aspectos a la hora de incluir a los países en una u otra categoría. 
Lo peor, sin embargo, es que teóricamente, si un país miembro consigue demostrar que ha instituido sistemas de control de su producción, aun cuando se hayan registrado en él casos de encefalopatía, es posible que ocupe un lugar junto a otro país en el que no se hayan registrado nunca casos semejantes. 
El mismo espíritu uniformador anima el resto de las medidas que se proponen, como la extracción de diferentes órganos (bazo, cerebro, médula, etcétera). 
Estas medidas conducirán al desprestigio de la producción de carne de países en los que no se ha registrado caso alguno de encefalopatía, y al desprestigio de la carne de ovino, desde el momento en que no se documenta científicamente de manera plausible su sensibilidad al factor de contagio de la encefalopatía espongiforme. 
Además, en el caso del ovino, las extracciones propuestas de los órganos y tejidos citados, del modo en que se llevarán a cabo, conducirán a la destrucción y a la imposibilidad de ofrecer su carne en el comercio; indirectamente, pues, de esta manera quedará relegada del mercado la carne de ovino; las necesidades serán cubiertas por otros tipos de carne procedentes de animales más grandes, y quedarán prohibidos platos tradicionales, como el zarajo, por ejemplo. 
Estamos, en definitiva, en contra de la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, saludo la oportunidad de hacer una breve contribución a este debate y felicito a la ponente por su excelente trabajo. 
El Parlamento ha dedicado, en nombre de sus ciudadanos, un tiempo considerable a tratar sobre el importante ámbito de la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que garantizaba que nuestros agricultores operaban dentro de un marco de producción en el que fuera posible la rastreabilidad, que es el único medio de restablecer plenamente la confianza de los consumidores en la amplia gama de productos alimentarios de calidad de los agricultores europeos. 
Por esta razón, la creación de un fundamento jurídico uniforme para la prevención y el control de la transmisión de la EEB y tembladera es de primordial importancia y, como han apuntado otros oradores, sigue existiendo una falta de coherencia en relación con la aplicación de los reglamentos entre los distintos Estados miembros. 
Quisiera instar al Comisario Byrne a que dé prioridad a la introducción de ese nivel de coherencia, que es el único modo de convencer a nuestros consumidores de que tenemos una política común que garantiza la salud pública. 
Como ya he dicho en debates anteriores, los agricultores son víctimas de unas circunstancias que escapan a su control, y los responsables de la producción de piensos que ponen en peligro la salud pública, todo nuestro sector ganadero e, incluso, los ingresos agrícolas, tienen mucho de qué responder. 
Esta Asamblea debe mantenerse vigilante y garantizar que eso no vuelve a repetirse jamás. 
Acojo con satisfacción la disponibilidad de pruebas de diagnóstico rápido para una mejor detección de las EET en el ganado y soy partidario, señor Comisario, de que se siga analizando su utilización como medio de establecer la situación sanitaria de los animales en los Estados miembros. 
En lo que respecta a mi país, Irlanda, las exportaciones de productos alimentarios y, en particular, de carne de vacuno, son de la máxima importancia para nuestra economía y los ingresos de los agricultores. 
Puedo afirmar que no hemos dejado piedra sin mover a la hora de atajar este problema, incluida la eliminación de manadas enteras cuando se ha diagnosticado a un animal infectado. 
Permítame decir, para terminar, que los agricultores siempre han respondido con un talante positivo a la introducción de las normativas por las que se rigen la salud pública y la situación sanitaria de los animales criados para la producción de alimentos. 
Su misión como garantes de la seguridad y calidad alimentarias, como sabemos todos en esta Asamblea, se está haciendo cada vez más difícil. 
Con demasiada frecuencia, su contribución a la sociedad se ha dado por descontada, y ciertamente no siempre se ha visto recompensada con unos ingresos razonables. 
Señor Presidente, señora ponente, señor ponente de opinión y señor Representante de la Comisión, se nos ha presentado una propuesta de reglamento sobre la prevención de las encefalopatías espongiformes transmisibles, es decir la degeneración del cerebro de los bovinos, de las ovejas, de los monos, de los antílopes, de los gatos e incluso de los hombres, ya que se han producido 53 casos de Creutzfeldt-Jakob atípica, todos mortales, en Gran Bretaña. 
Vamos a adoptar por tanto reglas para prevenir una epidemia conocida desde 1986: es decir desde hace catorce años. 
A pesar de todo, es un poco tarde para reaccionar, pero es cierto que durante estos catorce años hemos hecho muchas cosas. 
El mes pasado, por ejemplo, decidimos pegar etiquetas en la carne para prevenir a los consumidores. 
La Comisión nos ha dicho que no podía pegar las etiquetas antes de 2002, es decir dieciséis años después del inicio de la enfermedad, pero en fin algo se ha hecho. 
Hemos discutido con el Sr. Delors, con el Sr. Santer, con el Sr. Prodi, con el Sr. McSharry, que ha sido Comisario responsable de agricultura, el Sr. Steichen, el Sr. Fischler, hemos creado una comisión de investigación, que por cierto presidía nuestro colega el Sr. Böge, una comisión temporal de seguimiento; incluso hemos presentado una moción de censura con la cual el Sr. Böge no estaba de acuerdo; hemos oído a expertos: al Sr. Dirringer, el alemán especialista en virus, al Sr. Picoud, al Sr. Dormont, los especialistas escoceses, nuestro colega portugués Garcia era un especialista; hemos celebrado debates, cuestiones de urgencia sobre el embargo, etc. 
Al cabo de catorce años de debates, los supervivientes de esta guerra de casi veinte años- el Sr. Graefe zu Baringdorf, el Sr. Cunha, el Sr. Böge, yo mismo- no son muy numerosos: el Sr. Happart se ha ido y nuestro colega Pagel incluso ha muerto. 
Por tanto creo que sería bueno para nuestros colegas más recientes, finalmente, hacer una especie de "debriefing" de este asunto, por encima de los problemas de base jurídica extraída del artículo 100 A o de los problemas de vigilancia de la EEB. 
El punto de partida de este asunto son las cuotas lecheras en 1984. 
Para tener la mejor referencia lechera, nuestros amigos británicos hicieron aumentar a las vacas como a motores: sobrealimentándolas. 
Y para economizar los costes de alimentación dieron de comer a las vacas cadáveres transformados en harinas. 
Y para economizar incluso fuel en la fabricación de las harinas disminuyeron la temperatura de cocción permitiendo así que sobreviviera el agente patógeno de la EEB, es el resultado trágico de la carrera por el beneficio y del modelo agrícola británico. 
La enfermedad se conocía desde 1986. 
No se hizo gran cosa hasta 1996. 
¿Por qué? 
Porque era necesario vender a las opiniones públicas el Tratado de Maastricht. 
No se las debía enloquecer. 
Es decir, que la prensa lo sabía, la Comisión lo sabía y el Parlamento Europeo lo sabía pero nadie habló. 
Y cuando en marzo de 1996 los ingleses, por medio de los ministros británicos de Agricultura y de Salud, confesaron que la enfermedad podía pasar al hombre, no se adoptaron las medidas necesarias. 
¿Por qué? 
Porque no se trataba de vender el Tratado de Maastricht, sino el Tratado de Amsterdam y no se debía enloquecer a la opinión pública. 
Así pues, de silencios en mentiras, la epidemia se instaló con el cuadro que conocemos. 
En primer lugar, la EEB no ha desaparecido de Gran Bretaña y no desaparecerá. 
En segundo lugar la prohibición tardía de las harinas no ha hecho desaparecer la contaminación. 
En tercer lugar, o la contaminación se ha cruzado con las harinas que se dan a los pollos o existe una tercera vía de contaminación. 
Además de la contaminación a través de la madre, se produciría la transmisión a través de los campos, de los pastos, de la hierba, y al igual que para el temblor de la oveja, habría tierras malditas, tierras en las que el prión se enquistaría y regresaría cuando se metiera ganado vacuno. 
En cuarto lugar, Gran Bretaña y los industriales que han contaminado no lo han pagado. 
Son los campesinos inocentes, los cultivadores de cereales los que han pagado, al igual que pagan los campesinos por Kosovo. 
Es como decir por tanto que la directiva, el reglamento, están bien, pero son un poco hipócritas. 
Todos estamos de acuerdo en disponer de reglamentos relativos a la prevención, para adoptar las enmiendas de la Comisión de Agricultura, a la que por otra parte se le debería haber sometido la cuestión en cuanto al fondo. 
Estamos de acuerdo en adoptar medidas inteligentes: como, en los mataderos, quitar los ileones, los ganglios, los duodenos, los nódulos linfáticos, inguinales, medios, laterales, renales, prefemorales, cervicales, pero no es eso lo esencial. 
En la catástrofe de la EEB, en el momento de la verdad, cuando sido necesario plantear una protección, han sido los Estados los que lo han hecho. 
Y es ésta la gran lección del asunto de los EET. 
En primer lugar, la protección la han llevado siempre los Estados. 
En segundo lugar, el principio de precaución consiste en conservar las naciones. 
Lo que no impide construir Europa, pero como los niños construyen cabañas en los jardines, para divertirse. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la lógica del beneficio máximo conduce a todo tipo de aberraciones, incluso a alimentar a los herbívoros con harinas de origen animal. 
No sólo las vacas se han vuelto locas. 
Resultado: el temblor de las ovejas se ha propagado al ganado vacuno en forma de EEB. 
La salud del consumidor exige poner en práctica todos los medios para prevenir y luchar de forma enérgica contra estas enfermedades y sus vectores. 
Las medidas adoptadas en 1997 se revelan tanto más insuficientes en la medida en que los científicos hablan hoy de una tercera vía de contaminación. 
Conviene por tanto dotarse de medios eficaces para erradicar definitivamente, si es posible, las encefalopatías espongiformes transmisibles, que son: delimitar y tratar el sector en el momento en que se utilizan residuos en la alimentación animal; destruir los materiales de riesgo en caso de sospecha; prohibir la integración de proteínas animales en la alimentación del ganado; exigir la rastreabilidad señalando el lugar de nacimiento y la región de cría de los animales; instaurar, a nivel de los Estados miembros, sistemas de vigilancia de proximidad, únicos garantes de la eficacia de la lucha y de la transparencia del seguimiento; imponer un procedimiento de detección rápida y sistemática, así como unos controles profundos, si es necesario. 
Finalmente, sacrificar todo el rebaño en caso de infección de un sujeto. 
La seguridad alimentaria tiene este coste pero no debe tampoco servir de pretexto para cuestionar el transporte de animales vivos. 
Señor Presidente, al subrayar el excelente trabajo realizado por los Sres. Roth-Behrendt y Böge, y aprovechando la presencia del Comisario Sr. Byrne, quiero detenerme en un aspecto. 
Es obvio que nuestro objetivo es la erradicación; sin embargo, a nuestro entender, esto implica un problema de gran calado, ya que el efecto de las prácticas de incineración de los animales muertos en las granjas presenta datos numéricos objetivamente relevantes. 
En consecuencia, los costes económicos y el esfuerzo técnico organizativo podrían ser muy importantes, al igual que muy importante podría resultar el impacto medioambiental causado por el empleo tan masivo de la práctica de la incineración con temperaturas muy elevadas. 
En este sentido, es preciso preguntar a la Comisión- e insistir ante la Comisión para saberlo- si existen, si se han efectuado o si se van a efectuar estimaciones realistas de las cantidades de materiales a incinerar, según los distintos escenarios de clasificación de los Estados, con la valoración de las consiguientes costes económicos organizativos, para luego informar al Parlamento. 
Resulta indispensable impedir que la adopción por parte de cada uno de los Estados miembros de caminos diferentes y no coordinados entre sí cause graves distorsiones de la competencia y desigualdades de trato en los productores. 
Es necesario prever la adopción de medidas armonizadas de ayuda financiera, ofrecer orientaciones comunes de tipo organizativo y desarrollar, a través de las medidas de investigación aplicada, nuevas tecnologías de eliminación con un menor impacto medioambiental que permitan formas de reciclaje de los materiales en el respeto de las necesidades de seguridad del consumidor. 
El desarrollo de directrices comunes puede permitir respuestas más fuertes, más equilibradas y, en consecuencia, más eficaces. 
Por ejemplo, consideramos que la idea de constituir consorcios obligatorios para la eliminación siguiendo uno de los modelos ya previstos en las normativas de algunos Estados miembros, puede ser una respuesta concreta a la necesidad de limitar la incidencia económica de las prácticas de eliminación en los ganaderos y al mismo tiempo, gracias al aumento del grado de control social del correcto cumplimiento del servicio, de reforzar las garantías para los consumidores y el medio ambiente. 
Por último, podemos afirmar que la aprobación del reglamento objeto de examen que, en nuestra opinión, es excelente, va a suponer la necesidad de desarrollar un conjunto de iniciativas de estudio y de profundización, así como de regulación y de reglamentación a las que esperamos que el Parlamento no permanezca ajeno. 
Señor Presidente, estamos abordando una directiva de gran importancia, cuyo objetivo es crear un marco jurídico común para el control y la prevención de las enfermedades EET. 
Está previsto recopilar en un solo archivo todas las disposiciones existentes sobre las enfermedades EET. 
Es absolutamente necesario que hagamos todo lo que sea posible a todos los niveles para recuperar la confianza de los consumidores. 
Quiero dar las gracias especialmente a la ponente de este informe, a la Sra. Roth-Behrendt, por la atención tan intensa que ha dedicado a esta cuestión; resulta fácil estar de acuerdo con el conjunto de sus propuestas. 
Por su parte, el miembro de la comisión parlamentaria, el Sr. Böge, se ha encargado de que estas ideas puedan ser aprobadas holgadamente en esta sala. 
Estoy de acuerdo con que la Comisión ha realizado, a su vez, un buen trabajo que puede ser apoyado por el Parlamento; en cambio, hay que conseguir que los Estados miembros comprendan finalmente que se trata de un asunto importante y que debemos ganarnos la confianza de los consumidores. 
Quiero todavía llamar la atención sobre cierto asunto: aquellos países y aquellas granjas donde no han aparecido aún estas enfermedades en los animales deben asegurarse de que estos problemas no les afecten tampoco en el futuro. 
Por ello, es importante que el plazo de cuarentena para trasladar animales de una granja a otra sea prolongado de dos años a seis años. 
Debemos mantenernos, a toda costa, en el principio de que la salud humana es lo más importante, también en el marco del mercado interior, y considerar que los principios de la libre competencia ocupan un segundo lugar. 
Particularmente, en los asuntos relacionados con los alimentos, que son muy importantes para los consumidores, debemos tener esto bien presente. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quisiera felicitar a la Sra. Roth-Behrendt por su informe y agradecerle su buena disposición para tratar sobre los temas que nos ocupan. 
La ponente valorará mejor que yo el avance de la opinión científica sobre las EET. 
Por ejemplo, el Comité científico pertinente ha establecido recientemente que es necesario considerar la columna vertebral y los ganglios de la raíz dorsal como material de riesgo en el caso del Reino Unido sólo para bovinos de más de 30 meses y, en el caso de Portugal, sólo para aquéllos de más de 6 meses. 
Por ello, algunos de nosotros queremos que la enmienda 56 permita la introducción de ajustes en este ámbito, de acuerdo con el asesoramiento del Comité científico pertinente, en vez de exigir una nueva legislación para su aplicación. 
De forma similar, algunas medidas de lucha contra las EET han demostrado su eficacia. 
Me refiero a la exclusión de animales de más de 30 meses de la cadena alimentaria, el sacrificio y la eliminación de los animales sospechosos y descendientes de casos de EEB, la prohibición total efectiva y la retirada de una amplia gama de materiales de riesgo bien definidos. 
Allí donde se aplican estas medidas, parece innecesario imponer el requisito más técnico del programa de exportación con arreglo a la fecha y el plan de animales garantizados para el mercado doméstico; de ahí la enmienda 53. 
Asimismo, dado que no existen pruebas de la transmisión horizontal de las EET, cabe pensar que no existe ningún motivo de base científica para el sacrificio de toda la manada. 
Aunque reconozco que algunos Estados miembros pueden inclinarse por esta práctica, quisiera sugerir que no sea obligatoria. 
Lo cierto es que en el Reino Unido nos tomamos la EET y la EEB muy en serio. 
Estamos comprometidos con la seguridad de la sociedad y el bienestar de los animales. 
Sólo pedimos que, habida cuenta de que hemos adoptado estas medidas, que consideramos eficaces, no nos pida que adoptemos medidas adicionales que carecen de fundamento científico. 
Señor Presidente, en su informe la Sra. Roth-Behrendt se dedica a reforzar las medidas de protección de los consumidores pero también el campo de intervención del Parlamento, velando para que todas las cuestiones esenciales en la prevención de los EET figuren en el dispositivo de reglamento y no solamente en los anexos que escapan al procedimiento de codecisión. 
Esta doble preocupación se revela en el día de hoy particularmente justificada, como demuestra la experiencia francesa. 
A la vista del conjunto de medidas ya adoptadas, como la prohibición de las harinas de origen animal para el ganado vacuno, la enfermedad de las vacas locas debería haber comenzado a descender en Francia. 
Ahora bien, eso no es así. 
El número de casos está aumentando. 
Es claramente la tendencia la que plantea un problema, más aún que la importancia de la epidemia en el plano cuantitativo. 
En efecto, en el momento actual no se sabe simplemente explicarlo, de ahí la apertura de un debate sobre la posible existencia de vías de transmisión de la enfermedad que nosotros aún ignoraríamos. 
Es como decir que aún persisten incertidumbres a nivel médico y científico. 
En estas condiciones, el principio de precaución ha de ser tenido en cuenta al máximo. 
Han de ponerse en práctica todos los medios para determinar el estatuto de la EEB en los diversos países, principalmente, la puesta a punto y la utilización metódica de pruebas de detección rápida. 
La evolución de la EEB en Francia no sólo señala cuestiones específicamente médicas en el sentido estricto del término. 
Algo que por cierto no es nuevo. 
Desde su origen, la aparición de esta enfermedad y su transmisión a los seres humanos, después su difusión a escala internacional, no han podido ser explicadas independientemente de datos socioeconómicos clave: dinámica contemporánea de la agroindustria, subordinación de los productores y de los consumidores a la lógica dominante del beneficio capitalista. 
Aún hoy, la forma de organización de la agroindustria y su penetración mediante redes mafiosas internacionales, ¿no hacen más difícil el combate para la erradicación de la EEB y de los EET? 
Ninguna política de salud pública debería ignorar estos factores. 
Sin embargo no se abordan más que en raras ocasiones y de forma muy parcial por parte de las instituciones europeas, incluido este Parlamento. 
En el fondo, la EEB forma parte de estas cuestiones médicas que demuestran, en términos concretos, terriblemente humanos, la agudeza de las decisiones sociales y por ello también la prevención de los EET es un asunto político en el que la responsabilidad del Parlamento está realmente comprometida. 
Señor Presidente, en mi calidad de diputado representante de una zona agrícola, tengo experiencia de primera mano sobre los devastadores efectos de la crisis de la EEB para la agricultura británica. Yo también puedo dar fe de la necesidad de mantener controles eficaces. 
Por consiguiente, cabría esperar que me mostrara partidario de estos nuevos controles de la EEB, pero no es el caso. 
Ya tenemos controles suficientes y creo que éstos son adecuados y eficaces. 
El único efecto de esta propuesta será un aumento de los trámites burocráticos y los costes de un sector que ya soporta una carga demasiado pesada. 
Naturalmente, no tengo ninguna objeción a que otros países adopten medidas equiparables a las nuestras. 
De hecho, sería de utilidad si las medidas ya en vigor en el Reino Unido se aplicaran en toda la Unión Europea y otros países. 
Por lo tanto, lo que necesitamos no son nuevas leyes; sino un cumplimiento más estricto de las mismas. 
Hasta que todos los Estados miembros no puedan garantizarnos que el cumplimiento es total, esta propuesta, en caso de ser aprobada, sólo se sumará a lista de medidas legislativas que no se aplican. 
En cualquier caso, si fueran necesarios controles adicionales, no deberíamos recurrir a la Comisión para que nos oriente. 
La investigación sobre la EEB que se lleva a cabo en el Reino Unido, encargada por el Gobierno británico y que tendrá un coste de 20 millones de libras, tiene previsto publicar su informe en noviembre. 
Deberíamos esperar para ver qué dice esa investigación. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar sumarme a las felicitaciones a nuestros ponentes, y más especialmente a la Sra. Roth-Behrendt. 
Podemos sin duda dar nuestro apoyo a su actuación y por tanto a su informe. 
Este reglamento no constituye una gran revolución, pero intenta no obstante aportar un nivel elevado de protección, que está calcado por cierto de las prácticas más estrictas utilizadas en algunos países de la Unión Europea, entre otras las francesas. 
Sin embargo, quisiera llamar la atención de ustedes sobre algunos puntos en particular: En primer lugar el de la existencia de una tercera vía de contaminación, algo de lo que hoy estamos prácticamente seguros. 
Creo que es indispensable en ese caso definir los animales sospechosos fuera de cualquier criterio de edad. 
El criterio de edad ya no sirve en el momento en que se tiene prácticamente la seguridad de que efectivamente existe otra vía de contaminación. 
Además, es importante recurrir sistemáticamente a la prueba cuando un animal muere sin que se conozcan las causas de su muerte. 
La prueba sistemática evita cualquier fraude y permite asegurar una mejor garantía. 
Se ha discutido mucho sobre el problema del sacrificio de los rebaños. 
En Francia, en Alemania, se sacrifica el rebaño cuando un solo animal cae enfermo. 
En Gran Bretaña sabemos que no es ésa la práctica y que esta solución encuentra una gran oposición por parte de nuestros colegas británicos. 
Pero, ¿se puede argumentar con el coste de la destrucción de un rebaño cuando se trata de un problema de salud pública? 
Creo que eso no se sostiene. 
Es importante que haya una armonización de las disposiciones de los diferentes países de la Unión Europea. 
Finalmente, quisiera hablar de los materiales de riesgo, de esas famosas sustancias que pueden presentar riesgos. 
También en ese caso, en Francia, se han adoptado algunas disposiciones que han sido más o menos entendidas, pero estoy convencida de que es especialmente importante también extremar la vigilancia y aplicar el principio de precaución. 
Este reglamento es por tanto un buen reglamento. 
Eso ya es un progreso, pero no es perfecto, es perfectible. 
No plantea las cuestiones relativas a la incineración de las harinas de origen animal. 
En algunos de nuestros países nos molestan esas harinas que aún no se sabe destruir o que no se destruyen suficientemente, y también las harinas de origen animal que se utilizan para los cerdos y las aves. 
Creo, señor Comisario, que tendremos que preguntarnos también sobre este punto. 
Señor Presidente, yo había solicitado que se me permitiera intervenir al final del debate y todavía falta un poco para ello. 
Permítame que exponga algunas observaciones al respecto. 
Quiero agradecer sus aportaciones a los colegas que han intervenido hasta ahora, así como a la Sra. Doyle y los Sres. Goodwill y Nicholson, que lo harán a continuación, y también la corrección con que estamos desarrollando el debate. 
Quienes ya formaron parte de esta Asamblea en la anterior legislatura saben que esta Cámara se puede enorgullecer de haber conseguido controlar la catástrofe de la EEB y esto fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los Grupos políticos en las comisiones y en la Asamblea en general. 
En mi calidad de presidenta de la comisión competente, yo siempre procuré mantener una actitud imparcial hacia todos los Estados miembros, rigurosa pero justa, como solían decir antaño mis profesoras y profesores, y de hecho también procuro seguir manteniéndola ahora. 
En consecuencia, permítanme que añada algunas observaciones sobre algunos puntos. Sí, señor Staes, el Sr. Trakatellis y otros tienen razón. 
Todavía no disponemos de pruebas aplicables a los animales vivos. 
Todavía no disponemos de pruebas para detectar una infección muy precoz y, por consiguiente, es preciso que la Comisión siga trabajando en esa dirección, como sé que ya lo está haciendo. 
Desde luego, necesitamos que lo haga. 
El Sr. Whitehead ha manifestado con toda claridad que debe prevalecer el principio de seguridad, pero naturalmente también desearía que el principio de prevención se aplicase en condiciones de igualdad en otros Estados miembros y esto es lo fundamental. 
Yo quisiera decirles claramente a algunas y algunos colegas que han intervenido o que quizá van a hacerlo a continuación que aquí legislamos para el conjunto de la Unión Europea, para 15 Estados miembros con niveles de seguridad muy distintos. 
No estamos legislando sólo para Gran Bretaña. 
Sabemos que el data based export scheme, el régimen de exportación basado en una fecha, el régimen de 30 meses del Overseas Trade System, son medidas importantes y eficaces. 
Yo soy la primera que reconoce el esfuerzo que ha realizado Gran Bretaña y con qué costes para los ganaderos. 
Durante estos últimos años me he entrevistado con incontables funcionarios y representantes de los agricultores británicos y sé que ha sido así. No obstante, tengo que garantizar que ese nivel de seguridad también se mantenga en Italia, Alemania y todos los demás países de la Unión Europea. 
Por esto me parece adecuado el presente reglamento. 
La Sra. Attwooll y otros se preguntan si no se pueden prever derogaciones para los países que ya han logrado un nivel tan favorable, si es preciso que sigan estando obligados a retirar la columna vertebral. A la vista de ello, yo le pido, señor Byrne, que presente al Consejo una lista de derogaciones bien definida y declare que los países que hayan cumplido las condiciones A, B, C y D quedarán exentos de determinadas medidas. 
Yo sería la primera en apoyarlo. 
Sin embargo, no quiero que esto se decida a la ligera, a través de algunas enmiendas, como se pretende hacer aquí. 
Por esto me mantengo firme en la posición que ya he expuesto antes: creo que debemos atenernos a lo que decidimos en la comisión y a las enmiendas que hemos vuelto a presentar la Sra. Doyle y yo. 
Esto también vale para la enmienda 56, sobre la cual se ha pronunciado la Sra. Attwooll. 
Yo seré la primera que lo apoyará en la segunda lectura si el Consejo lo propone, pero se tiene que establecer una lista clara, con unos fundamentos claros, de los aspectos en los que es posible prever excepciones, y bajo qué condiciones y para qué Estado miembro. 
¿Qué debe haber cumplido a cambio dicho Estado miembro? 
Finalmente, yo apoyo como es lógico las palabras de la Sra. Grossetête: las pruebas aplicadas a los animales muertos por causas desconocidas deben ser claras. 
Esto ya figura, no obstante, en la propuesta de la Comisión sobre las pruebas. 
Señor Presidente, para comenzar, quisiera sumarme a los que han expresado su agradecimiento a la Sra. Roth-Berendt, así como al Sr. Böge por el compromiso que ambos han demostrado en este importante asunto. 
Desde hace algún tiempo, el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros intentan introducir normas comunes a nivel comunitario para atajar los problemas relativos a las EET, como la EEB en el ganado vacuno y la tembladera en el ganado bovino. 
La base de la presente propuesta es que el descubrimiento de cualquier EET o la primera incidencia de EEB en un Estado miembro estaría cubierta por normativas comunes que entrarían en vigor automáticamente. 
Hasta la fecha, muchas de las acciones adoptadas para atajar el problema de la EEB se han llevado a cabo de manera unilateral en los Estados miembros, que han aplicado medidas nacionales. 
La propuesta relativa a las EET que se ha presentado incluye, entre otras cosas, un requisito de programas de formación para agricultores, veterinarios y agentes; la retirada de una lista de materiales especificados de riesgo, un programa de vigilancia activa, que utilice pruebas rápidas post-mortem, y el refuerzo de la prohibición de alimentar a los rumiantes con proteínas de mamífero. 
La propuesta contempla asimismo la eliminación selectiva de animales y la compensación a los agricultores por la pérdida de los animales eliminados. 
El principio de este enfoque es intachable. 
Las normas comunes mejorarán la protección de la salud de los animales y, lo que es más importante, garantizará la protección del consumidor velando por la aplicación de las normas más estrictas de prevención y erradicación de enfermedades en todos los Estados miembros y que pueden entrar en vigor en caso necesario. 
Estas normativas constituirán un anteproyecto que pueda seguirse en el caso de que aparezca cualquier novedad científica o en caso de que sea necesaria una acción más radical. 
No obstante, tengo conocimiento, señor Comisario, de que la amplia mayoría de los Estados miembros son de la opinión de que la clasificación de países para la retirada de materiales especificados de riesgo debería estar basada en un código de reconocimiento internacional establecido y aprobado por la UE y los numerosos países terceros- más de 150- bajo los auspicios de la OIE, la Organización Mundial de la Salud Animal, que tiene su sede en París. 
Los Estados miembros, en su mayoría, no se sienten cómodos con el enfoque que están adoptando los subgrupos científicos y preferirían un sistema de clasificación más abierto y transparente, como el establecido en el código de la OIE, que es reconocido y aceptado por países de todo el mundo. 
Esta opinión quedó clara en los grupos de trabajo del Consejo y reflejada en el proyecto final de la Propuesta de la Presidencia, un proyecto que cuenta con el apoyo de la amplia mayoría de los Estados miembros. 
Con el fin de llegar a un acuerdo y a la rápida aplicación de esta normativa y, ojalá, para evitar un largo proceso de conciliación, sería adecuado utilizar los criterios comunes de la OIE. 
Tras haber discutido esto con la Sra. Roth-Berendt, hemos presentado la enmienda 51 al artículo 5, como un compromiso con este fin. 
Saludo el principio de establecer normas comunes para la prevención y el control de encefalopatías espongiformes transmisibles. 
No obstante, esta propuesta puede tener consecuencias negativas para los países que comercian con ganado bovino y éste es un punto importante en su situación actual. 
Existe la opinión de que deberían existir normas separadas para la tembladera, en vez de la actual mezcla de normas en las que el tratamiento de los materiales especificados de riesgo depende de la incidencia de EEB en dicho país en particular. 
Para terminar, quisiera reiterar mi apoyo a la utilización de las disposiciones de la OIE de manera que la clasificación tenga una base reconocida a nivel internacional, una base respaldada por 150 países para la resolución de diferencias en el comercio mundial y reconocida por la OMC. 
No defiendo en absoluto la indulgencia en el trato. 
El Reino Unido estaría en la categoría 4, Irlanda estaría en la categoría 3 dependiendo de cuál de los dos sistemas de clasificación se aplique, el del Comité científico pertinente o el de la OIE. 
La OIE se reúne la semana próxima en París para estudiar las enmiendas a su sistema de clasificación y, en consecuencia, espero introducir más enmiendas a esta normativa en la segunda lectura. 
Señor Presidente, convendría redactar legislación al objeto de proteger a la sociedad de una enfermedad cerebral tan terrible como la nueva variante de la ECJ, que complete las medidas ya en vigor en los Estados miembros, nos permita reconocer la fase de la epidemia en la que nos encontramos y tenga debidamente en cuenta los conocimientos científicos que hemos acumulado. 
El Reino Unido cuenta ya con medidas amplias y eficaces en vigor para proteger la salud pública y erradicar la EEB de nuestra cabaña. 
Y funcionan. Los casos de EEB están disminuyendo rápidamente. 
Y lo que es más importante, hasta ahora no hemos tenido ningún caso en un animal nacido después de la introducción de la prohibición total en materia de alimentación. Si tuviera que ocurrir, debería estar ocurriendo ahora. 
Ningún animal de más de 30 meses de edad entra en la cadena alimentaria. 
Es probable que surja algún caso como consecuencia de la transmisión materna, pero serán casos aislados que no estarán relacionados con la alimentación, y no existe ninguna justificación para una vuelta a la eliminación de un grupo de edad. 
A propósito- y la Sra. Grossetête se ha referido a ello- en la prensa han aparecido recientemente especulaciones sobre una posible tercera vía de infección a través de la hierba contaminada por material fecal. 
Eso sólo es aplicable- según tengo entendido- a los animales que excretan agentes patógenos ingeridos con pienso contaminado y no, como han dicho algunos periódicos, a los animales que están incubando o padecen la enfermedad. 
Me preocupan la viabilidad y el coste de la realización de pruebas post-mortem a todos los animales que mueran por causas desconocidas. 
Muchos animales muere por causas naturales o enfermedades comunes. 
La EEB es una enfermedad degenerativa que no provoca una muerte repentina. 
La enmienda 26 quiere imponer universalmente la política de sacrificio de toda la manada, que algunos Estados miembros con bajos niveles de incidencia han introducido en un intento de tranquilizar a la sociedad. 
Esta medida podría perfectamente tener como consecuencia que no se notifiquen todos los casos, como hemos podido ver recientemente en Suiza. 
La EEB no es una enfermedad infecciosa de transmisión horizontal. El sacrificio de mandas enteras no tiene justificación científica. 
La mayoría de las manadas en las que ha aparecido la EEB en el Reino Unido sólo han tenido uno o dos casos aislados. 
La mayoría de las manadas de Gran Bretaña no son manadas cerradas y, por lo tanto, en ella entran animales procedentes de todas partes. 
Si uno de esos animales contrae la enfermedad, ¿por qué habría que sacrificar al resto de la manada? 
El sacrificio de la manada completa no es un método eficaz para reducir los casos de EEB. 
Costaría una pequeña fortuna y no aportaría ningún beneficio tangible. 
Espero que el Parlamento, al enmendar esta directiva, lo haga a la luz de un asesoramiento científico sólido, no como un acto reflejo a las historias de terror que publica la prensa sensacionalista. 
Tengo el placer de dar la palabra a un colega que ha recibido el título de gran jefe de Rangatira, cuando presidió nuestra delegación en Nueva Zelanda. 
Señor Presidente, me abstendré de responder a esa observación en particular. 
Permítame, en primer lugar, expresarle mi agradecimiento por concederme la palabra y presentar mis respetos a la ponente y también al Sr. Böge. 
Por haber pertenecido al anterior Parlamento, sé cuánto tiempo y cuántos esfuerzos han dedicado al problema de la EEB, sin esperar compensación por ello, desde que la enfermedad apareció por primera vez, y lo han hecho en circunstancias muy difíciles e intentando siempre encontrar una solución y el modo de avanzar para ayudar a todos con una gran sensatez. 
Creo que ambos no sólo se han ganado el respeto de todos, sino que además han conseguido el respeto a este Parlamento gracias a cómo han cumplido con su deber. 
Lamentablemente, la EEB lleva ya con nosotros bastante tiempo y me temo que debemos reconocer que probablemente seguirá con nosotros durante los próximos años. 
Debemos buscar el modo de controlar la EEB y las EET y, al mismo tiempo, ganarnos la tan necesaria confianza de los consumidores, porque esa confianza se ha perdido. 
Con respecto al Sr. Martinez, sólo le diré una palabra; fango. 
No diré nada más al respecto. 
Todo el mundo tiene problemas de un tipo u otro en la Unión Europea, y nadie debería intentar sacar tajada del problema de los demás. 
No obstante, hagamos lo que hagamos, no deberíamos sobrecargar al productor porque ya soporta una carga muy pesada. 
En cuanto al argumento de si se debe o no sacrificar la manada entera, no existen motivos de base científica para ello. 
En mi zona ha habido muchos casos en los que se ha detectado la existencia de EEB hace cinco, seis o siete años en un animal, sin que jamás haya vuelto a aparecer en otro. 
Cuando consigamos una vacuna o algún modo de identificar o analizar si un animal padece EEB, entonces tendremos motivos para analizar al resto de la manada y si existe un nivel de rebrote que vaya más allá de eso, toda la manada debería ser eliminada. 
Pero sería una matanza intencionada sacrificar animales sanos sencillamente por el temor o la noción de que toda la manada pudiera haber contraído la EEB. Sería una medida drástica. 
Otra observación: en el lugar de donde provengo, la tendencia durante los últimos años ha sido siempre a la baja. 
En realidad, en Irlanda del Norte creo que el pasado año sólo tuvimos tres casos de EEB identificables y las perspectivas para este año es de uno o, en el peor de los casos, quizá dos. 
He escuchado lo que ha dicho la ponente de que si existen razones claras, deberíamos acordar que determinadas zonas con baja incidencia de EEB apliquen determinados controles y mecanismos. 
Es importante que reconozcamos este extremo, porque en mi región, los agricultores se sienten muy seguros gracias la baja incidencia que tenemos de casos de EEB y gracias a los estrictos controles que hemos realizado y que nos hemos asegurado de que funcionan durante los últimos años. 
Es quizá el motivo por el que nuestra situación es mucho mejor que en el resto del Reino Unido. 
Es un ámbito que debe ser analizado en los próximos meses; debemos restablecer la confianza entre nosotros de que podemos avanzar a medida que comenzamos, ojalá, a dejar atrás el problema de la EEB y de las EET. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente por este extraordinario informe. 
El informe que estamos debatiendo ejemplifica un asunto en cuyo contexto debemos ser capaces de demostrar que el Parlamento Europeo concede prioridad a las consideraciones de la salud pública antes que al mercado interior. 
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea nos dota de las posibilidades para hacerlo e incluso nos impone la obligación de actuar así, por ejemplo, en virtud del artículo 30 y del punto 8 del artículo 4 del mencionado tratado. 
En primer lugar, debemos ser capaces de garantizar la salud de los consumidores, sobre todo en lo que se refiere a enfermedades del tipo EET, cuyos mecanismos de transmisión no son lo suficientemente conocidos y cuya presencia sólo se puede detectar, por el momento, una vez aparecidos los síntomas. 
En segundo lugar- y esto sí es un fundamento del mercado interior -, debemos ser capaces de recuperar la confianza de los ciudadanos en los alimentos disponibles en el mercado para que éste pueda funcionar sin trastornos en la medida de lo posible. 
Ambos aspectos son importantes, pero debemos demostrar claramente el orden de prioridades, y la salud pública es la primera prioridad. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha adoptado una posición que permite el logro de ambos objetivos. 
Una parte importante de esta posición es la eliminación de todo el ganado de aquellas granjas en las que se haya confirmado la presencia de la enfermedad. 
Aunque no hubiera certeza sobre si la enfermedad ha afectado a todos los animales, esta medida sigue estando justificada de cara a alcanzar los objetivos mencionados anteriormente. 
Al mismo tiempo, es obvio que debemos encargarnos de que los ganaderos reciban la debida indemnización por sus animales. 
Asimismo, el mercado interior debe ser capaz de funcionar de tal manera que se detenga el contagio de la enfermedad y que los Estados miembros donde no se ha dado aún puedan confiar en que la Comunidad protegerá a su ganado. 
Yo misma propuse una enmienda en este sentido en la Comisión de Medio Ambiente aduciendo exactamente los argumentos que acabo de exponer sobre el orden de prioridades, en cuya escala la salud pública es la primera. 
El informe de la comisión parlamentaria recoge este objetivo con ciertas modificaciones, pero de forma satisfactoria. 
El anexo de esta propuesta de reglamento prolonga de dos años a seis años el tiempo necesario de ausencia de tembladera, cosa que nos permite garantizar adecuadamente la seguridad de los animales de importación y de los productos derivados, así como impedir la transmisión de la enfermedad a los países donde ésta no ha aparecido aún. 
Al contrario que en la propuesta de la Comisión, en este informe se mencionan expresamente las pruebas en uso de diagnóstico rápido para la detección de las enfermedades EET. 
Esto es en sí aceptable, pero hay que recordar que se trata de una tecnología que está en continuo desarrollo. 
Esperamos que estas pruebas sean pronto mejores que las existentes, y entonces será importante mantener al día, en función de los progresos tecnológicos, las normas que ahora aprobemos. 
. 
(EN) Señor Presidente, me complace exponer nuestra posición respecto a las enmiendas del Parlamento a nuestra propuesta de reglamento relativo a la prevención y al control de las EET. 
Para comenzar, deseo expresarles mi agradecimiento por la excelente cooperación entre sus asistentes y mis servicios. 
Gracias a esta preparación meticulosa, hoy estoy en condiciones de aprobar, en su totalidad o en parte, casi las tres cuartas partes de las enmiendas presentadas. 
Asimismo, la mayoría de las enmiendas que no estoy en condiciones de aceptar son relativas a dos temas: las denominadas cláusulas de "considerando" y si las modificaciones de determinadas disposiciones del reglamento deberían acordarse a través de la comitología o la codecisión. 
Es un tema al que ya me he referido anteriormente. 
Sé que es un asunto controvertido y espero con interés poder discutirlo en la reunión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, prevista para el mes de julio. 
Por consiguiente, fundamentalmente, la Comisión y el Parlamento están comprometidos por igual respecto al establecimiento de un reglamento firme que introduzca un marco integral para luchar contra las EET. 
Quisiera agradecer especialmente a la Sra. Roth-Behrendt y al Sr. Böge su enorme contribución a esta propuesta. 
No creo que nadie haya hecho una contribución tan positiva a la lucha contra la EEB. 
Ambos han prestado un gran servicio a la protección de la salud de los ciudadanos de Europa. 
Añadiría asimismo que esta legislación es un excelente ejemplo de la buena labor y cooperación que han tenido lugar entre nuestras dos instituciones y podría sentar un precedente para el futuro. 
Paso a continuación a las enmiendas concretas y a exponer la posición formal de la Comisión. 
En primer lugar, sobre comitología, aceptamos las enmiendas 6, 11, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 
Con respecto a los considerandos, también acepto las enmiendas 3, 4 y 5. 
No obstante, no puedo aceptar las enmiendas 1 y 2 porque no es adecuado introducir en una ley considerandos que luego no tienen seguimiento en disposiciones sustantivas en el texto. 
No obstante, trataré sobre la preocupación del Parlamento en lo relativo a los productos cosméticos y farmacéuticos, a la que se han referido algunas de sus Señorías, con mi colega el Sr. Liikanen y le pediré que examine este motivo de preocupación. 
Con respecto a los artículos propiamente dichos, en primer lugar, el alcance: acepto las enmiendas 7 y 8. 
Con respecto a las definiciones: puedo aceptar, en parte, la enmienda 9 al artículo 13 sobre la definición de los animales sospechosos de infección de EET. 
Pero no podemos aceptar la inclusión de "los animales muertos de las especies bovina, ovina y caprina" en la definición. 
No es viable recoger, incinerar y realizar una investigación epidemiológica completa de todos los animales muertos. 
No obstante, la Comisión seguirá de cerca la situación a través de las medidas aprobadas recientemente para la realización de pruebas al azar de EEB, así como de la próxima propuesta sobre despojos animales. 
No obstante, acepto la enmienda 52. 
También acepto las enmiendas 10 y 49 al artículo 3, con una ligera modificación de la redacción para crear la posibilidad de delegar la evaluación, no la aprobación, de las pruebas en un organismo externo. 
En cuanto a la calificación sanitaria respecto de la EEB: acepto las enmiendas 13, 14, 51 y 58. 
En cuanto a la vigilancia epidemiológica: acepto la enmienda 15 al artículo 7, que introduce la utilización obligatoria de las pruebas de diagnóstico rápido en el programa anual de seguimiento de la EEB. 
No obstante, permítanme añadir de pasada que mantendremos bajo revisión constante la posibilidad de incrementar las cribas de animales para detectar EEB. 
En lo que se refiere a materiales específicos de riesgo: lamentablemente no puedo aceptar las enmiendas 16, 17, 18, 40 y 41 al artículo 8, que someten a la codecisión la aprobación y las condiciones para utilizar pruebas de diagnóstico rápido. 
Considero que es fundamental para mantener la flexibilidad del procedimiento de comitología. 
Tampoco puedo aceptar que las pruebas sean capaces de detectar la infección en todos los productos y en todas las fases de la enfermedad. 
Es la información que me han dado. 
Acepto, en parte, la enmienda 19 al artículo 8, que pide que se revisen los límites de edad para la eliminación de materiales especificados de riesgo por el procedimiento de comitología. 
No obstante, no puedo aceptar la restricción de revisiones anuales y, en particular, la fecha propuesta para la primera revisión, prevista para el próximo 1 de enero, es demasiado pronto. 
También acepto la enmienda 20 al artículo 8, que somete a la codecisión el principio de conceder excepciones de las disposiciones sobre la eliminación de materiales especificados de riesgo en zonas de alto riesgo o para tener en cuenta una prohibición efectiva de piensos. 
Asimismo acojo con satisfacción las enmiendas 38, 39 y 56 al Anexo IV. Básicamente proponen que los huesos largos de la res dejen de ser considerados material especificado de riesgo, y sugiere una nueva formulación de la excepción propuesta para la eliminación de la columna vertebral por el procedimiento de comitología. 
En lo relativo a la prohibición de piensos, acepto las enmiendas 22 y 42. 
Puedo aceptar, en parte, las enmiendas 21 y 57, a condición de que se autorice la posibilidad de ampliar la prohibición de piensos, con independencia de la situación de riesgo. 
También acepto, en parte, la enmienda 54 al Anexo V, que establece los pormenores de las normas sobre la prohibición ampliada de piensos. 
No puedo aceptar la excepción de fosfato dicálcico, ya que va en contra de la opinión de los científicos. 
Tampoco puedo aceptar que se limite la ampliación de la prohibición de piensos a ninguna especie, principalmente animales de compañía, sólo por que exista el riesgo de contaminación de piensos para animales de ganadería, ya que creemos que la proteína de rumiantes debería estar prohibida para todas las especies susceptibles. Me refiero aquí a los gatos en particular. 
Es el consejo que me han dado en relación con los gatos. 
Puedo aceptar, en parte, la enmienda 50 al Anexo V relativa a hacer una excepción de la prohibición en el caso de la gelatina procedente de cueros y pieles. 
No obstante, no puedo aceptar la excepción de la prohibición para alimentar a gatos con proteína de rumiantes. 
Tampoco puedo aceptar la enmienda 23 al artículo 9, que garantiza la aplicación inmediata de las prohibiciones de piensos, ya que esta enmienda carece de sentido desde el punto de vista legal. 
Sobre la erradicación de enfermedades: puedo aceptar las enmiendas 25 y 28. 
También saludo la enmienda 24 al artículo 11, pero propongo que se modifique la redacción y diga "con regularidad" en vez de "de inmediato" en lo relativo a la notificación. 
También puedo aceptar, en parte, la enmienda 26 al artículo 13 y la enmienda 43 al Anexo VII, que introducen el sacrificio de toda la manada bovina, ovina y caprina si se detecta la EEB y, en segundo lugar, que excluyen a los animales de investigación de estas disposiciones. 
El sacrificio de manadas enteras, únicamente en el caso de la EEB, no de la tembladera, me parece aceptable a condición de que se aprueben medidas equivalentes por comitología. 
No puedo aceptar la segunda parte de esta enmienda, porque, en realidad, es superflua. 
Puedo aceptar, en parte, la enmienda 44 a condición de que se aprueben medidas equivalentes sobre una base de caso por caso por el procedimiento de comitología. 
No acepto la enmienda 27 al artículo 13, que exige la prohibición total de traslado si existe un caso confirmado de EET, porque considero que las condiciones sumamente estrictas de nuestras propuestas ya son suficientes, puesto que exigen la adopción de medidas bajo estricta supervisión veterinaria oficial y debidamente certificada. 
Tampoco puedo aceptar la enmienda 37 al Anexo II, porque la definición propuesta no aparece en ninguna otra parte del texto y, además, es inadecuada para los fines de seguimiento de las EET. 
Quisiera añadir que las regiones ADNS son demasiado pequeñas y resultan demasiado difíciles de controlar. 
Puede ser posible en el caso de regiones más grandes definidas legalmente, como por ejemplo, las Azores, y hago referencia a lo que dijo antes el Sr. Nicholson sobre Irlanda del Norte. 
Respecto a las condiciones para poner en el mercado los animales: acogemos con satisfacción la intención de las enmienda 53 al artículo 16. 
No obstante, propongo una nueva formulación del texto que garantice la aprobación de planes equivalentes mediante comitología. 
También acojo con satisfacción la intención de la enmienda 45 al Anexo VIII, pero quisiera pedir flexibilidad para determinar la duración exacta del período sin tembladera. 
No puedo aceptar la enmienda 55 al Anexo VIII, que reduce las medidas de protección contra la tembladera. 
Asimismo, no puedo aceptar la enmienda 46 al Anexo VIII, que amplía la prohibición de poner en el mercado descendientes de casos de EET, por falta de garantías científicas. 
Por último, sobre las técnicas de laboratorio, acepto las enmiendas 47 y 48. 
Gracias una vez más por su cooperación. 
Espero sinceramente que ésta siga siendo una propuesta de enorme importancia y continuemos cooperando en ella. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Ordenación del tiempo de trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0129/2000) , de la Sra. Smet, elaborado en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0183/2000- 1998/0318 (COD) ) por el que se modifica la Directiva 93/104/CE, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo para incluir los sectores y las actividades excluidos de dicha Directiva. 
Tengo el honor, en el día de hoy, como presidente de sesión, de inaugurar un nuevo procedimiento. 
Antes de oír a nuestra ponente vamos a oír al Sr. Provan que va a hablar en su calidad de presidente de la delegación de este Parlamento en el comité de conciliación. 
Señor Presidente, como usted dice, éste es un nuevo procedimiento y espero que contribuya a afianzar en el Parlamento la importancia que tiene el procedimiento de conciliación para alcanzar la legislación a la que aspira el Parlamento. 
Quiero manifestar hoy aquí lo mucho que he apreciado el respaldo y la gran ayuda de la ponente y del presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
La Sra. Smet, nuestra ponente, era Presidenta del Consejo de Ministros cuando entró en vigor la Directiva sobre el tiempo de trabajo original. 
El Sr. Rocard es antiguo ministro e, incluso, Primer Ministro francés de sobra conocido. 
Hemos contado con un equipo muy fuerte que el Parlamento ha podido enviar a las negociaciones con el Consejo y estoy profundamente agradecido a ambos. 
El Parlamento debería estar sumamente agradecido a los dos, y especialmente a la ponente, por todos los esfuerzos que ha dedicado a esta negociación. 
La delegación tenía además una gran responsabilidad en esta negociación porque debíamos tomar muchas decisiones difíciles. 
No conseguimos todo lo que queríamos como Parlamento, pero creo que hemos avanzado mucho en nuestro intento de ayudar a progresar a todas esas personas que ahora serán incluidas en la Directiva sobre el tiempo de trabajo, de manera que terminen por alcanzar el objetivo que todos perseguimos. 
Si tomamos, por ejemplo, el caso de los médicos en formación, descubrimos que el Parlamento, en un principio, quería un período de seis años para alcanzar las 48 horas. 
Era algo con escasas probabilidades de ser negociado con el Consejo, pero hemos podido hacer progresos sustanciales con respecto a la propuesta original de 13 años del Consejo. 
En realidad, hemos quedado en un período de nueve años. 
Sólo en circunstancias extremas podrán los gobiernos superar un procedimiento que justifique una ampliación de dicho período de nueve años. 
Lo interesante de este aspecto es que estamos avanzando realmente en la reducción del tiempo de trabajo de los médicos en formación. 
Como muchos sabrán, hoy, muchos médicos en formación trabajan 72 horas en algunos países. 
El avance que estamos haciendo es que en los primeros tres años, las horas de los médicos en formación se reducirán a 58 y durante los dos años siguientes a 56 y 52 horas respectivamente. 
Como podemos ver, los médicos en formación se verán realmente muy beneficiados por la ampliación de la directiva. 
También hemos podido aclarar la posición relativa a la clasificación de los trabajadores móviles. 
Se argumentó, por ejemplo, que alguien que conduce un camión para una tienda grande de venta al detalle debería ser incluido en la legislación por la que se rige el sector de la venta al detalle en lo que al tiempo de trabajo se refiere, y sólo los auténticos trabajadores de transportes entrarán ahora exclusivamente en el sector de transportes. 
Creo que éste ha sido otro logro muy importante del Parlamento en estas negociaciones. 
Pasamos a continuación a los pescadores, que sentían una gran preocupación por la aplicación de esta directiva a su vida laboral, porque creían que no podrían operar debidamente dentro de este sistema. 
Con todos los respetos a todos los que han intervenido en las negociaciones, el Consejo y todos los miembros de la delegación han logrado avances reales y recomiendo el resultado del proceso de conciliación a la Asamblea y espero que ésta le dé su respaldo. 
Gracias, señor Provan. 
Creo que, efectivamente, todos podemos dar las gracias a nuestros colegas que han conducido este procedimiento de conciliación. 
, ponente. (NL) Señor Presidente, quiero agradecerle primero al presidente, señor Provan, sus amables palabras y sobre todo la manera en que junto con el Sr. Rocard ha presidido y guiado todo el proceso. 
Estoy agradecido también a nuestros demás colegas, porque sólo se puede llegar al compromiso entre varios puntos muy difíciles y delicados si todos cedemos un poco, como ha sucedido finalmente, por eso se lo agradezco a todos. 
Con la votación de mañana en el Parlamento Europeo y la de pasado mañana en el Consejo se cierra provisionalmente un decenio de la normativa europea sobre varios aspectos de la organización del horario laboral. 
Digo "provisional" porque se ha concluido una normativa horizontal para varios sectores y tipos de actividad, pero para la normativa vertical hay que seguir esperando. 
Se podría regular verticalmente a base de convenios laborales colectivos, pero si estos no se pactan, entonces la Comisión tendrá que tomar la iniciativa y proponer proyectos de normas reguladoras. 
Ya se ha hecho así para el sector del transporte por carretera, el Parlamento Europeo se ha decantado al respecto, pero el Consejo no es capaz de aceptar la posición común: ¡es intolerable! 
Es verdaderamente intolerable porque se trata de uno de los sectores más importantes, porque este sector pasa por muchas dificultades y porque como faltan normas y controles en los Estados miembros suceden muchos accidentes. 
Hago un llamamiento al Consejo y a los agentes e interlocutores sociales a que nos den la razón. 
Todavía no se han propuesto proyectos de directiva para la navegación fluvial, por lo tanto solicito de la Comisión que se aplique a ello. 
Por suerte y mientras tanto, la navegación marítima y la aérea y los ferrocarriles han llegado a acuerdos que se han convertido en directivas, y la pesca marítima y los trabajadores en alta mar ("off-shore") así como el trabajo de los médicos en formación y el transporte por ferrocarril caen bajo la directiva que debatimos hoy. 
Para la pesca marítima, el Parlamento Europeo ha logrado imponer una semana laboral de 48 horas como máximo, de media cada doce meses; las excepciones habrán de establecerse por convenio o tras consultar a los interlocutores sociales. 
Por otro lado, hace falta regular más este asunto, porque los pescadores de la mar de algunos países trabajan hasta más de 3000 horas de media al año, y es trabajo duro y en un lugar de trabajo móvil por antonomasia. 
En cuanto a los médicos en periodo de formación, me remito a lo que el Sr. Provan ha dicho, ya que ha explicado bien lo que hemos conseguido. 
Lo más importante es que los países que deseen un periodo transitorio de más de nueve años, deberán seguir un procedimiento muy laborioso para conseguirlo. 
Los motivos por los que lo desean y la resolución final deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea. 
Espero que como consecuencia de ese procedimiento, esos países lo desestimen, porque no se trata de mantener más de nueve años el número previsto de horas de trabajo. 
Cuando firmé en 1993 como Presidente del Consejo la directiva reguladora de diversos aspectos de la organización de las horas de trabajo, era consciente de que la propuesta de la Comisión de los años noventa no excluía ningún sector ni actividad laboral, pero como en el Consejo de entonces no se hubiese podido lograr una sola norma aplicable a todos los empleados de todos los sectores y actividades, la Comisión propuso que los sectores y tipos de trabajo excluidos por el Consejo fuesen considerados aparte, cosa que se hizo en el Libro Blanco de 1997 y el documento de consulta y la comunicación de 1998. 
La presente directiva es la primera que se alcanza a base de negociaciones en una comisión de conciliación, en el marco de la política social europea. 
El Parlamento Europeo actuó aquí como colegislador, la capacidad de codecisión ha jugado un papel decisivo. 
Pienso que el éxito obtenido, el hecho de que hayamos logrado finalmente un buen compromiso, se debe entre otras cosas a que el Parlamento prudentemente sólo ha hecho unas pocas enmiendas; porque si desembocados en un procedimiento de conciliación, al Parlamento se le ocurre acudir con 30 o 40 enmiendas, entonces sería dificilísimo llegar a ningún compromiso. 
En este punto hemos conseguido limitarnos, demostrando así el Parlamento Europeo un grado de madurez legislativa que el Consejo y sobre todo la Conferencia Intergubernamental no olvidarán. 
Señor Presidente, en nuestra calidad de Conservadores británicos siempre nos hemos opuesto a la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
La idea de que los políticos de Bruselas o Estrasburgo determinen cuántas horas deben trabajar las distintas personas de toda Europa es, en nuestra opinión, básicamente una tontería. Sobre todo, hacerla extensiva a grupos como los trabajadores de plataformas petrolíferas costa afuera y a los pescadores que faenan en alta mar. 
No obstante, debido al tema concreto de los médicos en formación que trabajan demasiadas horas en el Reino Unido, los diputados Conservadores votamos el pasado noviembre a favor de incluirlos en la directiva. 
Teníamos grandes esperanzas de que esa postura presionaría a los gobiernos nacionales- especialmente al nuestro- para conseguir un mejor acuerdo. 
Ciertamente, el Parlamento en su conjunto era de la misma opinión, de ahí este Comité de Conciliación del que tuve el privilegio de formar parte. 
Hago extensivas mis felicitaciones a usted, señor Presidente, en su anterior capacidad como presidente de dicho grupo de conciliación- además de a la Sra. Smet y al Sr. Rocard. 
Creo que dadas las circunstancias, no podríamos haberlo hecho mejor, pero estas tres personas han tenido un papel principal en ello. 
Quisiera mencionar brevemente una observación que han hecho algunos de mis colegas de dicha delegación. 
Espero que los miembros de otras nacionalidades me perdonen que sólo me refiera a los colegas británicos, por motivos que quedarán claros. 
El primer orador en la reunión principal fue el Sr. Hughes. 
No tengo fama de coincidir con él de forma regular, pero le felicito por la intensidad de lo que dijo, que resultó ser una excelente señal de salida de la reunión. 
Le siguió la Sra. Lynne- que también intervendrá hoy- que reforzó lo que se había dicho con mucha fuerza. 
Menciono esto porque, cuando me llegó el turno de intervenir, como delegado británico de un tercer grupo, me permitió apoyar la causa, a pesar de que los tres grupos tienen muchas políticas diferentes sobre diferentes temas. 
El hecho de que pudiera decir eso sobre este asunto del que estábamos tratando y de que fuera una alianza entre partidos creo que contribuyó a reforzar el mensaje general y la voluntad del Parlamento. 
Uno de mis colegas dijo más tarde que esa intervención fue decisiva. 
Ciertamente ésa era la intención. 
Imaginen mi decepción cuando, después de la reunión, un funcionario se me acercó y me dijo que a pesar de que yo estaba exponiendo esos argumentos en nombre del Parlamento, otro diputado, también del Reino Unido, sacudía la cabeza negativamente durante toda mi intervención. 
Esa actitud no habrá reforzado nuestro argumento. 
Puede o puede que no haya cambiado nada, pero desde luego no habrá beneficiado en nada a la delegación del Parlamento. 
Unas semanas más tarde hicimos todo lo que pudimos. 
Será presentado- como ya ha dicho el presidente- como "nueve años". Pero se trata, como ustedes saben, de nueve años, más dos años, más un año. 
El Gobierno del Reino Unido sumará todo eso como doce años, a diferencia de los 13 años que inicialmente pedía dicho Gobierno. 
Tras haber conseguido únicamente lo que consideramos concesiones mínimas, podemos confirmar, como Conservadores británicos, que no apoyamos la Directiva sobre el tiempo de trabajo ni su ampliación a ningún otro grupo. 
Seguimos apoyando un mejor acuerdo para los médicos en formación, seguiremos presionando a nuestro Gobierno para que lo proporcione, pero una directiva del Parlamento Europeo no es ciertamente el modo acertado de garantizarlo. 
Quisiera comenzar haciéndome eco de los anteriores oradores y añadir mis palabras de agradecimiento a la ponente y a usted, nuestro presidente de la delegación, por el magnífico trabajo que han realizado en dicha conciliación. 
Los avances que hemos alcanzado se deben en buena medida a los formidables esfuerzos y a la atención al detalle que la ponente les ha dedicado. 
Hay tres temas principales en los que quisiera centrarme en el breve tiempo de que dispongo. 
En la Directiva sobre el tiempo de trabajo original acordamos, allá en 1993, la posibilidad de introducir la anualización del tiempo de trabajo en algunas categorías de trabajadores, pero únicamente cuando así lo permitieran los convenios colectivos. 
Las primeras dos observaciones que me gustaría hacer son relativas a las categorías de trabajadores en las que hemos logrado dar ese paso en la conciliación. 
En lo relativo a los trabajadores en alta mar y los trabajadores móviles del sector de transportes, hubo un intento en la posición común de permitir la anualización del tiempo de trabajo de dichos trabajadores sin necesidad de un acuerdo colectivo. 
Gracias a la conciliación, el acuerdo colectivo deberá ahora ser la vía para una ampliación de la anualización. 
Éste ha sido un importante paso adelante. 
La segunda observación es relativa a los pescadores en alta mar. 
En este caso hemos incluido ahora en la directiva el principio de que la norma será una media de 48 horas semanales durante el período de un año. 
Esta norma puede ser objeto de excepción, pero, una vez más, sólo tras haber intentado mediar para que se alcancen acuerdos colectivos con la participación de los interlocutores sociales. 
Ésa debería ser la norma siempre que exista un intento de introducir la anualización y este principio ha quedado garantizado como resultado de la conciliación. 
El tercer ámbito en el que deseo centrarme- y al que se han referido otros oradores- es el de los médicos en formación. 
Si se analiza esta parte del acuerdo sin conocer los pormenores de las negociaciones llevadas a cabo con este fin, debe parecer un tanto extraña. 
Un período de transposición de cuatro años- una transición de cinco años y luego la posibilidad de disponer de un plazo adicional. 
Pero, naturalmente, se hizo para tener en cuenta las dificultades especiales a las que se enfrentan los Estados miembros. 
Quisiera repetir lo que han dicho otros oradores: para nosotros, el período en cuestión es de nueve años. 
Ése será el período normal en el que se espera que los Estados miembros cumplan los requisitos de esta directiva en lo relativo a los médicos en formación. 
Ése es el motivo por el que el procedimiento para ir más allá en lo que podríamos denominar como tiempo adicional se ha dejado abierto; en cierto modo es humillante para cualquier gobierno intentar acogerse a esta medida. 
Creo que, en realidad, todos los Estados miembros cumplirán esa parte de la directiva relativa a los médicos en formación en el plazo de nueve años. 
Al día de hoy, estoy convencido de que así será. 
Otro punto importante que podría haber pasado desapercibido. 
Las disposiciones sobre los nueve años para los médicos en formación son relativas únicamente a la media de horas semanales. 
Las demás disposiciones de la directiva relativas a los descansos diarios y semanales, las vacaciones anuales y el trabajo de noche serán, naturalmente, aplicables a los médicos en formación tras un período de transposición de tres años, al igual que en el caso de todos los demás trabajadores. 
Estas partes de la directiva pueden ser objeto de excepción, pero únicamente a través del acuerdo colectivo, por lo que estos elementos serán aplicables a los médicos en formación. 
Los apartados que tratan sobre las vacaciones anuales no pueden ser eliminados mediante negociación y es importante tener eso presente: es decir, los nueve años de los médicos en formación sólo son aplicables al tiempo de trabajo- el tiempo de trabajo medio semanal- y las demás disposiciones de la directiva son aplicables después de tres años. 
La última observación que me gustaría hacer es relativa al ámbito del transporte. 
Es muy importante que actuemos en ese ámbito en el Consejo de Transportes. 
Quizá la Sra. Comisaria tenga hoy noticias para nosotros. 
Hubo un acuerdo en el sector de los ferrocarriles de que las disposiciones de la Directiva sobre el tiempo de trabajo serían aplicables al sector a condición de que hubiera un avance paralelo en los demás sectores del transporte, en particular, el sector de carretera. 
A menos que avancemos en ese sector, estoy convencido de que tendremos problemas en el sector de los ferrocarriles. 
No se prevé la entrada en vigor del acuerdo en un futuro próximo a nivel nacional. 
Señor Presidente, yo también quisiera sumarme a los que han expresado su agradecimiento a la Sra. Smet, en particular, por haber realizado un excelente trabajo con respecto a la Directiva sobre el tiempo de trabajo, y también, naturalmente, al Sr. Rocard y a usted, personalmente. 
También querría expresar que estoy de acuerdo con Philip Bushill-Matthews. 
Creo que la fuerza que supuso contar con el apoyo de todos los grupos del Reino Unido en nuestra delegación ha sido de gran utilidad. 
Quisiera hablar especialmente de los médicos en formación. 
Me complace enormemente que ahora serán incluidos en la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
En toda la Unión Europea hay 270.000 médicos en formación que se verán afectados por la normativa. 
El 50,1 % de los médicos de mi circunscripción trabajan más de 72 horas semanales, al igual que los 10.000 de todo el Reino Unido. 
De estas cifras podemos ver que es sumamente importante que todos los Estados miembros cumplan estos objetivos, y me refiero al objetivo de los nueve años. 
La situación actual no es buena ni para los pacientes ni para los médicos, y nuestras vidas están en sus manos. 
Nadie querría que le tratara un médico en estado de embriaguez y no creo que tampoco debamos ser tratados por un médico demasiado cansado. 
Las pruebas demuestran que alguien afectado por el cansancio actúa del mismo modo que si estuviera en estado de embriaguez. 
La British Medical Association afirmaba que el 15% de los médicos en formación abandona la profesión por motivos de estrés, exceso de trabajo y jornadas interminables. 
Muchos de ellos se marchan a Australia y Nueva Zelanda, donde existen mejores condiciones de trabajo. 
Debemos poner fin a esta fuga de médicos. 
Ni que decir tiene que el calendario de nueve años representa un avance con respecto a lo que quería el Consejo de Ministros. 
Se compone de cuatro años para su puesta en práctica y cinco años para reducir el tiempo de trabajo de 58 a 48 horas. 
Es mucho mejor que lo que quería el Consejo, que era un período de 13 años. 
Naturalmente, yo hubiera preferido un plazo más corto. 
Como ya he dicho antes, nuestra vida está en sus manos y es importante que enmendemos la situación. 
El Gobierno del Reino Unido era parte del problema. Sostiene que no puede realizar la reducción en este plazo. 
Creo que se equivoca y por eso tenemos la ampliación de dos años y otra adicional a continuación de un año. 
Pero como han dicho todos, deberá ser en circunstancias excepcionales. 
Deberán seguirse procedimientos rigurosos de notificación y justificación y espero que el Gobierno británico, y los gobiernos de otros Estados miembros que crean que pueden retrasar el plazo, solicitando dos años más y luego otro, se sientan tan avergonzados que prefieran no hacerlo y cumplan el objetivo en nueve años. 
No son doce años- son nueve años y así debemos anunciarlo con total claridad. 
Es tiempo suficiente; me hubiera gustado que fuera menos tiempo, pero esperemos que los gobiernos, y el Gobierno británico en particular, respeten este plazo. 
Señor Presidente, debo pedir disculpas porque esto parece un espectáculo británico en estos momentos. 
Les aseguro que cambiará con el próximo orador. 
Yo también deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Smet, nuestra ponente, por el excelente trabajo que ha realizado a lo largo de todo este proceso. 
Con el apoyo que ha recibido del Sr. Rocard y de usted, señor Presidente, ha conseguido avanzar superando las tensiones entre las altas expectativas de aquellos cuyas vidas se verán afectadas por estas decisiones, unos seis millones de trabajadores, y las dificultades y una cierta intransigencia que presentaron algunos Estados miembros. 
Hablo en mi calidad de representante de mi Grupo en dicha Delegación Parlamentaria y sé lo que he visto. 
Se trata de un asunto que afecta a la salud y la seguridad, como se ha dicho, de los trabajadores afectados, así como de la sociedad. 
Aunque reconozco, como han hecho otros, que los médicos en formación no constituyen el único grupo afectado, este aspecto ha resultado ser el más difícil. 
He sentido un profunda preocupación por algunos de los argumentos presentados por determinados gobiernos que decían que una introducción más rápida de la reducción del tiempo de trabajo de este grupo podría hacer peligrar otros aspectos de la asistencia sanitaria. 
No puedo comprender por qué es menos importante para estos trabajadores disponer de unas condiciones y horas de trabajo razonables que para cualquier otro grupo de trabajadores de la sanidad. 
Quiero saber si los médicos en formación de algunos países son una especie de seres superiores que pueden vivir sin un descanso adecuado y que no dañarán su salud o la de sus pacientes a consecuencia de ello. 
La madre de uno de estos médicos en formación me dijo hace poco que había escrito al Primer Ministro y a su mujer, Tony y Cherie, para preguntarles si les gustaría que asistiera el parto de su hijo recién nacido un médico cansado y estresado, en una condición de semiembriaguez como la que ha descrito la Sra. Lynne. 
Considero que se trata de un auténtico problema para la salud y la seguridad que exige medidas urgentes. 
Como hemos dicho todos, debemos tener claro que los nueve años deben ser considerados como el límite absoluto, y que cualquier prolongación es una aberración. 
Un país que no pueda conseguir eso no debería sorprenderse si descubre que su personal emigra a otra parte, a países que han conseguido introducir unas condiciones laborales más modernas. 
El enfoque escalonado que se ha introducido no debe utilizarse para dar una nueva definición del tiempo de trabajo, como la eliminación de los descansos para las comidas o el tiempo que se está de guardia pero en el que no se está tratando a pacientes. 
Eso sería sencillamente seguir las malas prácticas que han experimentado recientemente algunas cadenas de hamburgueserías. 
No obstante, al menos algunas de esas cadenas pagan más a la hora a su personal de 17 años que trabaja a tiempo parcial que lo que reciben algunos médicos en formación por las horas extraordinarias. 
Quisiera felicitar de antemano a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones de conformidad con esta directiva para todos los sectores. 
El avance de los demás será seguido con mucha atención. 
Reconozco el papel de la Comisión en esto y espero que el Comisario que haya entonces muestre el mismo compromiso que ha demostrado la Sra. Diamantopoulou. 
Lamentablemente, no estoy segura de si mi Grupo podrá respaldar todas las propuestas en general, a pesar de las mejoras que han logrado la Sra. Smet y el equipo parlamentario en esta situación tan difícil. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar y dar las gracias a la Sra. Smet por su excelente trabajo en el Comité de Conciliación y por este informe. 
También quisiera agradecer a otras personas clave, entre otros, a los Sres. Provan y Rocard. 
Ellos han tenido un papel importante. 
En la delegación del Parlamento ha habido coincidencia sobre el fondo del asunto, aunque a la hora de decidir nuestra voluntad de transigir haya sido desigual. 
Era importante resolver los problemas. 
Se trataba de siete millones de personas a quienes se iba a aplicar esta directiva. 
Sin embargo, cuando supe que iba a alcanzarse un acuerdo, me permití votar en contra. 
Mi intención era demostrar inequívocamente que no estaba satisfecho con esta transacción. 
Mis críticas se concentraban especialmente en el acuerdo sobre los médicos jóvenes. 
Si se interpreta como se ha hecho a lo largo de este debate, es decir, que el plazo y los períodos transitorios para los médicos serían de un total de nueve años y que, además, tendrían posibilidad de tres años más de tiempo suplementario, se alcanza un tiempo acumulado de doce años. 
Esto no es muy diferente de la postura del Consejo, que era de trece años. 
Por tanto, en este punto no hubo muchas transacciones. 
Opino que esto es grave, ya que esto afectará a los pacientes y pondrá a los médicos en una situación moral y personal muy delicada. 
Los médicos jóvenes no eligen esas condiciones laborales ni esos horarios, se les imponen. 
Me parece que era oportuno que alguien en este Parlamento utilizase su derecho a voto para hacer presente este descontento. 
Espero que los tres años suplementarios no sean algo habitual sino que solamente se apliquen en casos realmente excepcionales. 
La intención de esta Asamblea ha sido que el tiempo para el cumplimiento de esta directiva por parte de los médicos jóvenes es de nueve años y que los tres años adicionales sólo deben aplicarse en casos excepcionales y extremos. 
Obviamente, espero que en la práctica el proceso sea aún más rápido. 
También nos interesa que se incorporen a la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo aquellos grupos que aún están fuera de ella. 
Al igual que Hughes, quisiera formular una pregunta a la Comisión sobre esos grupos. ¿Cuánto ha avanzado el trabajo en relación con el sector de los transportes y los conductores de camiones? 
Quiero finalizar diciendo que el Parlamento Europeo ha demostrado en reiteradas oportunidades su importancia a la hora de fijar los tiempos de trabajo en Europa. 
Espero que esto siga siendo así. 
No se trata solamente de fijar la duración máxima de las jornadas de trabajo, sino muchas cosas más. 
Los tiempos de trabajo se distribuyen de maneras muy distintas en nuestra sociedad. 
Las familias jóvenes cada vez tienen mayores dificultades para conciliar sus jornadas laborales de tiempo completo con las necesidades de las familias y de los hijos. 
Especialmente las mujeres y los niños son los más perjudicados por los tiempos de trabajo. 
Este también es un asunto que atañe a las edades y a los distintos ciclos vitales. 
Los jóvenes y los ancianos tienen diferentes necesidades y capacidades. 
Se necesitan muchos cambios en la política de horarios de trabajo y tengo la esperanza de que el Parlamento Europeo presente nuevas iniciativas en esta materia. 
Señor Presidente, me uno a las felicitaciones a todos los que han intervenido en este asunto. 
En vez de repetir lo que han dicho otros colegas, creo que el tema central son los médicos en formación. 
Obviamente, aunque nueve años no es la solución ideal que el Parlamento deseaba en un inicio, es el mejor compromiso posible. 
Nos incumbe transmitir el claro mensaje de que esperamos que cada uno de los gobiernos de la Unión Europea cumpla fielmente el plazo de los nueve años. 
A pesar de que sé que existen pruebas y normas rigurosas para la concesión o no de una prórroga, ésta sólo deberían concederse en las circunstancias más excepcionales y no en los casos de ideologías arbitrarias. 
Asimismo, como ha señalado el Sr. Hughes, las demás estipulaciones entran en vigor con carácter inmediato. 
Aunque la reducción general de las horas de trabajo pueda aplazarse durante algún tiempo, los descansos reales y demás entran en vigor inmediatamente. 
Sólo me referiré muy brevemente a dos otros puntos relativos a toda la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
En primer lugar, en lo que respecta a los pescadores, se intenta alcanzar un compromiso en el marco de las propuestas que nos ocupan. 
No obstante, es un ámbito en el que la aplicación resulta especialmente difícil debido a las condiciones exteriores, como el mal tiempo, que afectarán el modo de faenar de los pescadores. 
Quizá debamos revisar esto más adelante en un futuro próximo y volver a analizarlo de nuevo para intentar encontrar una solución mejor. 
En segundo lugar, los trabajadores del transporte: cuando ya contamos con legislación en vigor en materia de tacógrafos, ¿para qué necesitamos introducir una directiva nueva y distinta para los trabajadores del transporte, en particular, los conductores de camiones y demás? 
Quizá haya llegado el momento de volver a examinar este aspecto. 
La nueva tecnología- en particular, los tacógrafos digitales y las tarjetas inteligentes individuales para conductores individuales en lo que respecta al tacógrafo- podría constituir el mejor modo de regular las horas que los conductores pasan en la carretera y trabajando. 
También garantizará que disfruten de las mismas ventajas que cualquier otro trabajador de la Unión. 
Por último, deseo dar la enhorabuena una vez más a la Sra. Smet. 
Tengo una pequeña petición adicional a la Sra. Comisaria. 
Puede que ahora, después de haber alcanzado un acuerdo en esta conciliación y de haber introducido esta nueva ley, sea el momento idóneo de realizar una evaluación de las repercusiones para determinar cómo es el funcionamiento de la legislación en vigor, si beneficia a los trabajadores- incrementando su salud y su seguridad- y si está creando empleo, que es uno de los argumentos originales que se esgrimieron. 
Señor Presidente, yo también les doy las gracias a todos los que han estado a nuestro lado en las negociaciones, en especial al ponente, pero también a usted mismo y al Sr. Rocard así como a los demás miembros de la delegación negociadora. 
Le doy las gracias también a la Comisión, sobre todo por su declaración sobre el trabajo de los domingos. 
Para nosotros ha sido un gran problema, sobre todo porque la Comisión había soslayado esta delicada cuestión con demasiada facilidad. 
La declaración sobre este punto ha facilitado las cosas. 
Quiero decirles lo siguiente a los representantes del Grupo GUE y a los Verdes. 
Si votasen ustedes contra este compromiso, cosa que yo comprendería porque nueve años me parece un periodo muy largo para jóvenes médicos, se pondrían ustedes en contra de todo. 
Eso significaría que, siguiendo esa línea, el Parlamento diría que no, o sea que nos quedamos sin solución dentro de nueve años y dentro de noventa tampoco la tendríamos. 
Por lo que al gobierno inglés respecta, ya lo hemos oído claramente en las negociaciones, podrían tardar cincuenta años y quizá aún más en resolver el asunto. 
El primer problema es que por lo visto no eran capaces de formar médicos en número bastante, y como no son capaces, pues a traerlos de otros países; si tampoco lo consiguieran, entonces la cosa se podría alargar muchísimo. 
Si no desean ustedes esta situación, aprueben esta directiva, por supuesto con las reservas de que si no hubiese hecho falta, sigo estando convencido de ello, los jóvenes doctores no tendrían que pasar por esta excepción. 
El problema es ése. 
Una pregunta a la Comisión, sobre los demás expedientes, concretamente sobre la cuestión del transporte. 
Quisiera saber cómo va a seguir llevando este asunto la Comisión, ya que ahora es asunto suyo. 
No habremos rematado la directiva sobre las horas de trabajo hasta que no hayamos despachado estos expedientes. 
Ahora es la Comisión la que se tiene que mover, está muy claro. 
El Consejo de Transporte se está portando mal: se diría que el transporte es algo dinámico, algo que se mueve, pero el hecho es que el Consejo de Transporte es el más estático de todos, pues no hacen nada de nada. 
Me pregunto si a la Comisión se le ocurre hacer algo. 
Si no, Presidente, tendremos que plantearnos muy en serio tomar medidas jurídicas contra el Consejo de Transporte como se hizo con notable éxito hace años ante el Tribunal. 
Pero dejemos eso por ahora. 
Finalmente, señor Presidente, uno de los primeros que legisló sobre el horario laboral fue Winston Churchill. 
Fue un momento muy importante, no sólo para la historia de Gran Bretaña sino para la de toda Europa, puesto que esas leyes las copiamos en Holanda y en otros países, y por eso es también fácil llegar a esta directiva. 
Tenemos pues la sensación de estar hasta cierto punto terminando la tarea de Winston Churchill, con esta directiva, tanto más cuanto que él, por lo menos, fue capaz de llevar a buen fin en cinco años una guerra terrible, mientras que el actual gobierno inglés por lo visto necesitará más de cincuenta para resolver el problema de los médicos en formación. 
Señor Presidente, Señorías, ha sido para mí un verdadero privilegio- y también una sorpresa- asistir a esta conciliación y ver en persona las resistencias y las dificultades que hemos tenido para avanzar. 
Lo digo para traer a colación el excelente trabajo que ha hecho nuestra colega, la Sra. Smet, y también el Sr. Provan y el Sr. Rocard. 
También quiero agradecer a la Comisaria, la Sra. Diamantopoulou, sus servicios, y a tantas personas- también a la Presidencia portuguesa- que han permitido, más allá del Sr. Churchill, que el Parlamento Europeo marque un hito en esta construcción de una Europa social y más humanitaria. 
Estoy absolutamente convencido de que hay una razón adicional para recomendar el voto afirmativo al Parlamento: las dificultades que hemos tenido para avanzar respecto a algunos Gobiernos. 
Verdaderamente seré muy feliz al ver que estos sectores excluidos de la Directiva del año 1993 tienen por fin reconocida, aunque sea con períodos largos y dilatados, una norma europea de tiempo de trabajo. 
Pero las luces no nos deben hacer olvidar las sombras. 
Qué duda cabe de que la opinión pública- y yo también estoy preocupado con esta opinión pública- no se explica por qué estos procedimientos son tan lentos, por qué en el problema de los jóvenes doctores y en el de los pescadores no hemos podido avanzar. 
Desde luego, no es razonable que- si todos estamos de acuerdo en que no se puede seguir pidiendo a estos jóvenes médicos que hagan esas jornadas agotadoras, que no podemos seguir poniendo en riesgo a los pacientes- no hayamos podido avanzar más deprisa. 
Espero que, efectivamente, el tiempo sea de nueve y no de trece años. 
Aunque tengo que decir con dolor que, como español, me siento también constreñido por el hecho de que haya sido mi Gobierno el que ha hecho más hincapié en tener este período adicional. 
Si han pedido este período adicional, debemos estar muy atentos para que no lo usen. 
Mi última palabra será para pedirle a la Sra. Comisaria, a la Comisión, que vigilen atentamente la aplicación de la Directiva, para que dentro de nueve años no nos pidan tres años adicionales. 
Señor Presidente, en anteriores debates celebrados aquí el pasado noviembre y en abril del presente año respaldé los principios generales que englobaba la idea de introducir directivas sobre el tiempo de trabajo, y sigo haciéndolo. 
Está claro que hay problemas importantes en materia de salud y seguridad que pueden ser corregidos- no sólo para proteger a los trabajadores, sino para proteger también a sus clientes y al público en general; y los temas de la salud y la seguridad de los consumidores tienen una relevancia especial en lo que respecta a los médicos en formación. 
Al igual que a mi colega la Sra. Lambert, me preocupa que este compromiso no haya llegado todo lo lejos que debía llegar en lo que se refiere a las horas de trabajo de los médicos. 
No obstante, seguirá habiendo trabajadores en algunos lugares de trabajo cuyas características intrínsecas no se prestan fácilmente a la aplicación de este tipo de directiva. 
Provengo de Escocia, donde existe una de las mayores flotas pesqueras de la Unión Europea, y por eso me gustaría centrarme, una vez más, en el problema de la pesca y la definición del tiempo de trabajo. 
Tomo nota del compromiso relativo a los pescadores; un máximo de 48 horas semanales en un período de referencia de 12 meses y la posibilidad de excepción previa consulta y mediante acuerdo. 
Puede que esto sea un avance, pero sigo queriendo hacer algunas preguntas a la Comisión. 
Debemos reconocer que existían buenas razones para la exclusión inicial del sector pesquero. 
En lo que a la pesca se refiere, existe una sospecha profundamente arraigada respecto a Bruselas en muchos aspectos, así como una fuerte oposición a la idea de que se les diga a los pescadores cuándo deben dormir o cuándo deben hacerse a la mar, habida cuenta de que su tiempo de trabajo se rige por factores incontrolables como son las condiciones climáticas y los desplazamientos de los bancos de peces. 
La directiva dice que el trabajo en el mar comprende la pesca, así como otros trabajos en tierra. 
Muchos pescadores, especialmente en Escocia, están organizados en torno a asociaciones familiares; hay pescadores a la parte que sólo cobran en relación con la captura del buque. 
Es evidente que ellos no son asalariados en el sentido estricto de la palabra tal y como nosotros la entendemos. 
¿Afectará esta directiva a dichos pescadores o no? 
Ya he dirigido antes en comisión y en el Pleno esta pregunta a la Comisión, pero aún no me han aclarado completamente este punto. 
El Comité de Conciliación concluyó en el caso de dichos pescadores a la parte que son asalariados- una formulación que a mí me parece contradictoria- y que serán los Estados miembros los que determinen las condiciones para poder acogerse a los derechos en materia de vacaciones anuales, salarios, etc., pero no hay ninguna explicación respecto a si o cuándo un pescador a la parte es un asalariado. 
Tengo la certeza de que los pescadores que veo en el litoral de Escocia sólo pueden ser definidos como autónomos y hago hincapié en la necesidad de que se aclare este punto. 
Existen enormes diferencias entre una flota de grandes proporciones que faena a grandes distancias, en la que los pescadores son contratados por la empresas y enviados a la mar durante muchos meses, y los buques de tamaño pequeño y mediano, que faenan en régimen de asociaciones familiares y cooperativa. 
Se trata de un problema de definición de la actividad que permita saber cuándo los pescadores son autónomos y cuándo trabajan para un patrón, y sé que el compromiso alcanzado suprime a los operadores de transporte por cuenta propia, identificando de manera clara y muy adecuada una excepción en ese ámbito. 
Pido una excepción similar para los pescadores a la parte. 
Señor Presidente, Señorías, es esencial que se garantice a todos los trabajadores un buen ambiente de trabajo para garantizar su protección en materia de salud y seguridad, lo que exige una organización de la jornada laboral que respete períodos de descanso diarios y semanales, pausas, fiestas y otros aspectos, por lo que se debe resolver adecuadamente el problema de todos los trabajadores de las actividades que hayan quedado excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 93, en particular en el sector de los transportes, la pesca y las actividades de los médicos en formación. 
Ahora bien, la verdad es que, pese a la propuesta positiva del Parlamento encaminada a abordar esas cuestiones, el Consejo insistió en una posición inaceptable que reduce sustancialmente las propuestas iniciales del Parlamento Europeo, en particular el aumento del período de dos a tres años para la transposición de la directiva correspondiente a todos los sectores, con excepción de los médicos en formación, caso en el que pasa de cuatro a nueve años y puede llegar hasta los doce, cosa que, además pone en entredicho la seguridad de los propios enfermos examinados por médicos con jornadas laborales excesivas. 
A eso se debe nuestro voto en contra de este acuerdo, porque queremos, naturalmente, un acuerdo mejor. 
Nunca se pensó que fuera a ser fácil satisfacer a todas las partes interesadas que han presionado y colaborado estrechamente con las instituciones de la Unión en la introducción de enmiendas a la Directiva de 1993. 
Ésta es una nueva directiva, naturalmente, y me complace que se haya hecho extensiva a los trabajadores en el mar, los pescadores y los médicos en formación. 
La parte más polémica de la directiva tenía que ser aquélla relativa a los médicos en formación, que se verían beneficiados por esta nueva ley. 
Convendría recordar que el Consejo había propuesto en un comienzo la excepción por un período de unos 13 años para garantizar los beneficios de la directiva en el caso de los médicos en formación. 
Naturalmente, el Parlamento presentó sus propias propuestas para respaldar el derecho de los médicos en formación a ser incluidos en esta directiva al cabo de un plazo de 4 años. 
De ahí surgió el procedimiento de conciliación en el que usted, señor Presidente, tomó parte. 
Pero con independencia de las bonitas palabras que acompañan a las conclusiones del procedimiento, el resultado final es que los médicos en formación no tendrán los beneficios garantizados durante un plazo de nueve años como mínimo. 
Según las conclusiones del Comité de Conciliación, los médicos en formación tendrán los beneficios garantizados tras un período de transición de cinco años y de un período de transposición de cuatro. 
Apoyó plenamente el derecho de los médicos en formación a que se les garanticen los beneficios de la presente directiva, pero habrá que aceptar las conclusiones del Comité de Conciliación aunque sea a regañadientes. 
Para terminar, quisiera hacer referencia a un asunto pequeño, pero muy importante, a saber, que en circunstancias excepcionales podrá concederse una prórroga adicional de dos años e incluso de tres años, si los gobiernos argumentan que la reducción ocasionaría auténticas dificultades administrativas. 
Espero que esta directiva se cumpla cuanto antes mejor. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la política en materia de ordenación del tiempo de trabajo no forma parte- como vuelve a quedar demostrado- de la política económica, sino de la política de protección laboral y sanitaria. 
Su aplicación preventiva supone un gran ahorro para el Estado y también para la economía. 
En el contexto del presente debate, en realidad no alcanzo a comprender por qué no se adoptó ya en 1993 una normativa razonable, teniendo en cuenta que la Comisión y el Parlamento ya entonces no deseaban que se estableciese ninguna excepción. 
Siete millones de asalariados se han visto afectados y algunos sectores particulares, como por ejemplo el sector de los trabajadores móviles ha estado sujeto a una competencia ruinosa en los últimos años, especialmente en Alemania. 
Por consiguiente, también se trata de un problema social y no basta, señor Crowley, con recurrir al tacógrafo y otros medios técnicos. 
Lo uno no excluye lo otro. 
También necesitamos una directiva marco, pues los trabajadores afectados han estado trabajando durante demasiado tiempo en una zona gris. 
Carecían de normas, no estaban protegidos por un convenio colectivo, estaban explotados y también practicaban en parte la autoexplotación. 
Es sabido que esta sobrecarga también ha sido en parte la causante de un problema en relación con el consumo de bebidas alcohólicas. 
El Parlamento ha demostrado la flexibilidad suficiente; la colega Smet ha resaltado nuestra madurez legislativa. 
Señora Smet, yo creo que usted ha demostrado que también sabemos luchar. 
Los resultados son aceptables. 
Yo abogo por el voto afirmativo, aun cuando no hayamos conseguido todo lo que deseábamos. 
Las máximas concesiones que hemos hecho al Consejo son, no obstante, el período transitorio y el plan escalonado. 
Yo confío en que ningún Gobierno tenga necesidad de agotar este plazo y espero que entre los Estados miembros se desarrolle una competencia constructiva para ser el primero en cumplir las condiciones previstas por el Parlamento y la Comisión. 
La Directiva 93/104 era ya muy restrictiva para la producción del trabajador. 
No armoniza la legislación social por arriba, antes al contrario, crea un marco europeo muy por debajo de las aspiraciones de los trabajadores: tiempo de descanso diario de 11 horas, duración del trabajo semanal de 48 horas, tiempo de descanso semanal de 24 horas. 
Además, excluía de su campo de competencias algunas categorías. 
Hoy, el compromiso propuesto a votación de los diputados tras las reuniones del comité de conciliación no es satisfactorio a nuestro juicio ni para la salud, ni para la seguridad de los trabajadores. 
Generaliza la flexibilidad, principalmente para los pescadores marítimos, instituyendo la anualización sistemática de los períodos de referencia. 
Autorizará cada vez más excepciones a la legislación ya excesiva de 48 horas por semana. 
Finalmente, serán necesarios nueve años en el mejor de los casos para que los médicos en formación vean su semana laboral pasar de 58 a 48 horas. 
De hecho, este proyecto de ordenación del tiempo de trabajo organiza la desregulación social en el mismo momento en que en Francia los médicos en período de formación luchan por obtener unas condiciones decentes de trabajo y una seguridad real para los usuarios. 
Una verdadera ordenación sería, lo repetimos de nuevo, una reducción real del tiempo de trabajo con una creación de empleo suficiente. 
En estas condiciones no podremos dar nuestro apoyo a este informe. 
Señor Presidente, la presente propuesta incluirá a siete millones de trabajadores adicionales de Europa bajo la protección de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, lo que les permitirá disfrutar de unas condiciones de trabajo razonables y de unos descansos adecuados. 
No obstante, para conseguir la semana de 48 horas, los médicos en formación deberán esperar nueve años como mínimo y posiblemente doce. 
No puedo afirmar que me sienta feliz con esta situación. 
No obstante, es lo mejor que podíamos conseguir si queríamos poner fin, de una vez por todas, a las tácticas de aplazamiento del Consejo. 
Desde 1993 era evidente que aquellos que entonces quedaron excluidos de la directiva terminarían por ser incluidos bajo su protección. 
Cabe preguntarse, por consiguiente, por qué durante estos siete años no se ha hecho prácticamente nada en Irlanda o en Gran Bretaña para formar a médicos necesarios en un número suficiente que permita la aplicación de la directiva. 
En Irlanda, algunos médicos en formación trabajan más de 100 horas semanales, aunque la media se sitúa entre las 70 y 80 horas. 
Anoche mismo, desconvocaron una huelga con la que habían amenazado, porque han alcanzado un acuerdo provisional que garantiza que se les pagarán las horas extraordinarias que trabajen. 
En algunos casos, no se les pagaba nada en absoluto y en otros, sólo la mitad de la tarifa normal. 
Han logrado algunos avances y no cabe duda de que la conclusión de la conciliación les ha ayudado en este sentido. 
En el Consejo de Ministros, Gran Bretaña e Irlanda han luchado con uñas y dientes para retrasar el proceso. 
Ha sido lamentable. 
Las condiciones de trabajo de los médicos en formación parecen sacadas de una novela de horror de Dickens del siglo XIX. 
Me resulta muy extraño que a comienzos del siglo XXI debamos seguir luchando por imponer el sentido común en lo que respecta a la salud y la seguridad. 
Quisiera instar a todos los gobiernos nacionales, incluido el de Irlanda, a que no utilicen las disposiciones para conseguir prórrogas adicionales para la entrada en vigor de esta directiva más allá del plazo de nueve años, y quisiera recordarles que dichas prórrogas han sido concebidas únicamente como una medida excepcional, para aquellos casos en que se hayan tomado realmente todas las demás medidas de cara a la aplicación de la directiva. 
Señor Presidente, el proyecto de directiva relativo a la ordenación del tiempo de trabajo de algunas categorías como los médicos en período de formación, los trabajadores marítimos o los trabajadores llamados móviles, es significativo de la lentitud y del carácter irrisorio de la Europa social. 
Los considerandos del proyecto insisten sin embargo en la importancia particular de este expediente, al tratarse del primero de máxima importancia en el ámbito social, añadiendo incluso que afecta a la salud y a la seguridad de 7 millones de trabajadores. 
En Francia, por ejemplo, varias huelgas de médicos internos han llamado recientemente la atención de la opinión pública sobre la duración insoportable de la jornada laboral de esta categoría, perjudicial para los mismos médicos en período de formación, pero también para la calidad de la atención a los enfermos. 
Y la cuestión se plantea al menos con la misma agudeza para las demás categorías, como los trabajadores marítimos o los de los transportes. 
Hubiera debido producirse una decisión rápida con una reducción consiguiente de los horarios. 
Ahora bien el proyecto plantea limitar los horarios, pero por niveles. 
Durante los tres primeros años se han autorizado semanas de 58 horas. 
Habrá que esperar cinco años para que el horario máximo descienda a las 48 horas y la Comisión tiene el cinismo de mencionar razones técnicas para conceder un plazo de aplicación suplementario de dos años. 
¿A quién se hará creer que estas medidas no podrían entrar en vigor de forma casi inmediata si hubiera la voluntad política de ir en el sentido de los intereses de los trabajadores afectados en lugar de dar prioridad a los argumentos patronales? 
Una limitación de la duración del trabajo, aunque sea ridícula, vale más que ningún tipo de limitación. 
No votaremos en contra de este texto pero extraemos como conclusión que los trabajadores no tienen nada que esperar de la Europa social y que, decididamente, para modificar la legislación a favor de los trabajadores no habrá nada que sustituya a su presión colectiva. 
Señor Presidente, el presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo no podía permanecer en silencio en este debate. 
A Dios gracias, sobre lo que falta por decir en cuanto al fondo todos mis colegas se han manifestado. 
Volveré sobre ello. 
No estamos muy orgullosos del trabajo final pero deseo aun así saludarlo, ya que era necesario sacarlo adelante. 
Quiero dar las gracias aquí a la Sra. Smet, infatigable y eficaz ponente, al Sr. Provan, presidente tenaz y eficaz también de nuestros comités de conciliación. 
Quiero dar las gracias a todos nuestros coordinadores, al Sr. Brok, al Sr. Hughes, a la Sra. Flautre, al Sr. Schmid, a la Sra. Lynne, que han dado prueba de comprensión para llegar a alguna parte. 
Deseo saludar a la Comisión, no se ha insistido lo suficiente en que el Parlamento ha tenido a lo largo de casi todo este debate- Sra. 
Creo que debo corregir unas palabras- a menos que me equivoque- que ha pronunciado la Sra. Smet hace unos instantes: no es en absoluto la primera conciliación que se produce en materia social entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Es la segunda, ya que se había producido la pequeña sobre los trabajadores que desarrollan su trabajo en atmósfera explosiva. 
Pero ésta es infinitamente más importante, por supuesto. 
Señor Presidente, es preciso recordar la sorprendente dureza del Consejo. 
La verdad política es que, por parte del Parlamento, en un espíritu de responsabilidad y de unanimidad sorprendente- ha oído usted la estima que nos une, al Sr. Bushill-Matthews y a mí, por ejemplo- la unidad estaba tan presente como la voluntad de salir adelante. 
El Parlamento ha hecho la parte principal del camino. 
No estamos orgullosos del resultado, en lo que respecta al contenido. 
En una verdadera democracia hubiera sido el Parlamento el que habría hecho la ley. 
Deseo decir al Consejo que nosotros siempre intentaremos salir adelante, pero que no debe esperar a que, de forma muy regular, sea el Parlamento quien haga las tres cuartas partes del camino. 
, Comisión. (EL) Señor Presidente, para empezar me gustaría hacer tres comentarios políticos. 
Creo que la exitosa conclusión de la conciliación demuestra el logro de lo deseable y de lo factible. 
Para poder culminar con éxito esta conciliación tuvimos que tener en cuenta los quince regímenes diferentes existentes en los Estados miembros; diferentes sectores laborales; diferentes propuestas de las federaciones de trabajadores y de empresarios. 
Tuvimos que tener en cuenta la viabilidad de los sistemas de salud en los términos actuales, así como la competitividad existente en sectores como los transportes o la pesca. 
¡Una tarea nada fácil! 
Se han necesitado seis años para llegar al presente resultado; esta es la primera gran decisión de conciliación que tiene lugar en el ámbito de lo social, y digo grande, porque atañe a cinco millones de trabajadores. 
Considero que el punto más interesante- y este es mi tercer comentario- es el número de trabajadores al que se concierne esta directiva que, hoy por hoy, está excluido de la directiva sobre el tiempo de trabajo, pero que con la aplicación de la directiva adquirirán estos derechos. 
Así pues, creo que, independientemente de si la directiva corresponde al conjunto de nuestras demandas, debemos sentirnos satisfechos. 
El resultado será la aplicación de las disposiciones de las directivas sobre el tiempo de trabajo a los médicos en prácticas, a los trabajadores del mar, a los ferroviarios, así como a todos los trabajadores no itinerantes en los sectores excluidos. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Presidente de la Comisión, señor Rocard, al Vicepresidente, señor Provan, que con su gran experiencia ha dirigido los procedimientos de la conciliación y, por supuesto, a la señora Smet, que con su gran experiencia como ministra ha podido coronar con éxito una conciliación tan difícil. 
Asimismo, quisiera dar las gracias a la Presidencia portuguesa, así como a los Estados miembros, en especial a los que, por motivos que no podemos analizar ahora, tenían graves problemas en sus sistemas nacionales de salud, como Gran Bretaña, España e Irlanda. 
Se ha planteado por parte de sus señorías el asunto de la aplicación de la directiva. 
Quiero destacar que se trata de un asunto realmente importante. 
Una de las obligaciones básicas de la Comisión es el control, el seguimiento de la aplicación de las directivas. Y en este punto, rogaría la colaboración de los eurodiputados y el seguimiento de cerca de las incidencias en los países miembros, de tal modo que la Comisión pueda intervenir inmediatamente. 
Hay dos preguntas parciales: la primera la han formulado los señores Hughes, Schmid y Pronk, y hace referencia a lo que va a pasar con los transportes por carretera y en los ferrocarriles. 
En primer lugar, debo decir que está implicado el Consejo de Transportes, lo que hace aún más complejo el procedimiento. 
En segundo lugar, en lo que se refiere a los transportes por carretera, hay una propuesta de la Comisión desde 1996, pero que está bloqueada por el Consejo desde 1998. 
La intención de la Comisión es que, en colaboración de la Presidencia francesa, vuelva a tratarse el asunto. 
Estamos pendientes de una nueva negociación con los agentes sociales y esperamos contar con su conformidad. 
Si no podemos avanzar de esta manera, tendremos que cambiar por completo el enfoque mantenido hasta ahora. 
En lo que respecta al tema de los pescadores, no es la primera vez que el señor Hudhton formula la pregunta. 
Muchas gracias por todo el apoyo y toda la ayuda que nos ha prestado durante estas negociaciones, así como por el apoyo y la ayuda de sus servicios. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Reforma de la asistencia a los países terceros 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión- Reforma de la asistencia a los países terceros. 
. (EN) Señor Presidente, espero que el Parlamento me disculpe por tener que marcharme poco después de hacer una breve intervención, pero como el Parlamento sabe, se trata en buena medida del trabajo colectivo de los Comisarios RELEX y del trabajo que hemos compartido mi colega, el Comisario Nielson y yo. 
El Comisario Nielson estará presente para hacer su propia contribución a este informe y para responder a cualquier pregunta que deseen dirigirle. 
El acto al que debo asistir es una reunión mixta de dos comisiones que ha sido convocada especialmente para tratar sobre varios asuntos relacionados con la ayuda exterior, espero por tanto que el Parlamento lo comprenda. 
Creo que no falto a la verdad si afirmo que las propuestas que hemos presentado van derechas al meollo de los asuntos planteados en el Libro Blanco sobre la reforma y que es de la máxima importancia que demostremos que la reforma de nuestros programas de ayuda exterior es el buque insignia o uno de los buques insignia del proceso de reforma general. 
A algunos le parece aburrido a veces oír hablar de los procedimientos internos, pero convendría que supieran de qué estamos hablando en estas propuestas en particular: en primer lugar, el modo de hacer llegar la ayuda a las personas con mayor rapidez y eficacia y, en segundo lugar, cómo podemos cambiar la imagen de la Unión Europea en el mundo. 
Lamentablemente, todos hemos experimentado con demasiada frecuencia ocasiones en las que en vez de llevarnos el mérito por lo que intentamos hacer en nombre de los contribuyentes europeos, se nos acusa de no hacerlo con mucha más eficacia y rapidez. 
Conviene que recordemos muy brevemente cuál es el trasfondo de este problema. 
Durante los últimos 10 años hemos asistido a una multiplicación por tres de nuestros compromisos de ayuda exterior que gestiona el SCR. 
Este incremento se ha visto impulsado por los acontecimientos y las presiones políticas- el reconocimiento de las responsabilidades con las que debíamos cumplir en la Europa central y oriental- lo que desencadenó el reconocimiento de nuestras responsabilidades en el Mediterráneo. 
Conviene observar que nuestros programas de ayuda en el Mediterráneo se han multiplicado por cuatro y medio desde 1990. 
Luego está la crisis de los Balcanes, donde se están poniendo a prueba, en particular, los intentos de crear una política exterior y de seguridad común. 
A pesar de que nuestros programas de ayuda exterior han experimentado un rápido crecimiento, los recursos humanos de que disponemos no han podido seguir ese ritmo. 
La Comisión dispone de 2,9 personas por cada 10 millones de euros que gestiona. 
En comparación con la media de los Estados miembros es casi la mitad; la media es de 5,7, pero ese número puede llegar nada menos que hasta 9 en algunos Estados miembros y en el caso del Banco Mundial es de 4,2. 
Una de las consecuencias de todo eso ha sido la utilización creciente de oficinas de asistencia técnica, medida que ha sido objeto de duras críticas por parte del Parlamento y del Tribunal de Cuentas, que alegaban un seguimiento escaso y la falta de control político. 
Conviene observar que hemos utilizado aproximadamente 170 millones de euros al año en las 80 oficinas de asistencia técnica, lo que equivale al coste de 800 personas trabajando para la Comisión. 
Una de las consecuencias de todo esto es que el SCR tiene hoy más de 21.000 millones de euros en compromisos pendientes a la espera de pagos. 
Es una cifra vergonzosamente elevada. 
No culpo al personal del SCR, que trabaja con ahínco en unas circunstancias muy difíciles, pero el personal disponible no es suficiente. 
El personal se ha visto obligado a llevar a cabo procedimientos sumamente difíciles. 
Asimismo ha debido trabajar en un entorno en el que los Estados miembros hacían dos, tres y cuatro conjeturas sobre cada decisión de ejecución que intentábamos tomar. 
En el documento, que ahora se ha hecho público, hemos presentado nuestras propuestas para resolver este problema. 
Como sabrán sus Señorías, a lo largo de los años, el Parlamento ha presentado varias propuestas, incluida la idea de que sería conveniente encomendar a servicios externos la gestión de nuestra ayuda exterior. 
Ésa sigue siendo una posibilidad a largo plazo, aunque tardaría cierto tiempo porque antes habría que establecer el marco jurídico necesario. 
No obstante, mi principal preocupación en estos momentos no es el ABC de la cuestión; a menudo eso es más fácil que ir de un sitio a otro. Lo que tenemos que hacer- cualquiera que sea el objetivo a largo plazo- es descubrir un modo mejor de gestionar nuestra ayuda exterior inmediatamente. 
Hemos presentado propuestas para mejorar la programación: que garanticen que todos los Comisarios de RELEX comparten la responsabilidad de la programación- hemos sugerido volver a aunar todo el ciclo del proyecto desde la identificación hasta la ejecución; creemos que la actual división no ha funcionado bien. 
Lo que proponemos es crear un nuevo organismo que se haga responsable de la ejecución en sustitución del SCR y que pensamos que podría llamarse Europe Aid. 
En un comienzo sería una oficina bajo la dirección de un Consejo de Administración formado por todos los Comisarios de Relaciones Exteriores, aunque, como digo, sigue sobre la mesa la opción de optar por el servicio externo a más largo plazo. 
Queremos ampliar la competencia de las delegaciones y, en la medida de lo posible, de las autoridades nacionales pertinentes. 
Hemos propuesto un trato especial para la estrategia de preadhesión: la ayuda humanitaria y la asistencia macrofinanciera con una gestión plenamente integrada. 
Eso significa, por ejemplo, transferir las funciones residuales del SCR del programa PHARE a la Dirección General para la Ampliación. 
Hemos propuesto la adopción de medidas urgentes para atajar el retraso de proyectos antiguos que permanecen en el olvido. 
Estamos enviando cartas a los presidentes de las comisiones parlamentarias pertinentes y al Tribunal de Cuentas para explicar nuestro planteamiento. 
No quiero continuar durante mucho más tiempo, salvo para decir lo siguiente: ¿de dónde procederán los recursos para que en el futuro la oficina propuesta, Europe Aid, gestione y dirija nuestros programas mejor de lo que hemos venido haciendo nosotros en el pasado? 
Debemos esperar nuestro turno con otros en la Comisión para defender nuestra parcela dentro del orden establecido para obtener la ayuda que consideramos necesaria para gestionar nuestros programas con eficacia. 
Es posible que a raíz de esto, presentemos a la Autoridad presupuestaria una carta rectificativa de las propuestas presupuestarias en septiembre. 
Eso es de cara al futuro. 
Quiero hacer una simple observación que es la siguiente: no podemos continuar como hemos venido haciendo hasta ahora. 
A mi juicio, sencillamente ésa no es una opción. 
Debemos hacerlo mejor. 
No estamos apostando por un imperio mayor. 
La Autoridad presupuestaria deberá determinar al final la escala correcta de los programas de ayuda exterior de la Unión Europea. 
No obstante, mi único objetivo es situar a la Comisión en una situación en la que pueda dirigir estos programas de manera competente. 
Debo decir abiertamente al Parlamento que existen dos posibilidades: o bien la Autoridad presupuestaria está de acuerdo con nuestras ideas e intenta aplicarlas a partir de 2001, o de lo contrario estaremos obligados a proponer recortes muy considerables para poder gestionar nuestros programas de una manera mucho más competente. 
No podemos continuar en una situación en la que no estamos preparados para proporcionar los recursos necesarios para gestionar eficazmente los fondos aprobados por la Autoridad presupuestaria para nuestros programas de ayuda exterior. 
Debemos estar preparados para hacer frente a las consecuencias en materia de gestión y administración de lo que intentamos hacer en todo el mundo, de lo contrario, los perjudicados serán aquellas personas que deberían recibir nuestra ayuda para permitirles aprender a leer y escribir o llevar una vida mejor y más sana o para crear instituciones de buen gobierno en sus comunidades. 
Ésas serán las personas que se verán afectadas, así como la reputación de la Unión Europea. 
Estoy seguro de que el Parlamento hará una contribución considerable a las negociaciones durante los próximos meses. 
No obstante, la impresión que tengo cuando llevo unos cuantos meses en este cargo es que el Parlamento desea tanto como la Comisión presentar un programa de ayuda a todo el mundo que esté gestionado de manera más competente. 
Señor Presidente, esto es reconfortante; el hecho de que la Unión Europea reconozca que existen problemas, pero que tenemos soluciones. 
El Comisario Nielson recordará que hace un par de meses sugerí que podría darse el caso de que él se convirtiera en un emperador sin la indumentaria necesaria. 
¿No es cierto que ahora, que esta propuesta está liberando a la Dirección de Desarrollo de tantas de sus ocupaciones, podría hacerse realidad mi predicción? 
En segundo lugar, respecto a lo último que ha dicho el Comisario Patten, creo que ha repetido las declaraciones que The Times publica en su edición de esta mañana, en las que afirmaba que los Estados miembros deberían respaldar sus planes con recursos o de lo contrario recortar la ayuda. 
Debo decir, señores Comisarios, que esa declaración me parece muy preocupante y peligrosa, y que los Estados miembros podrían tomársela en serio y no precisamente en el sentido que usted sugería. 
Agradecería mucho que uno de los dos Comisarios me aclarara estas dos cuestiones. 
. (EN) Señor Presidente, no me siento como un emperador sin indumentaria, aunque puede juzgar por sí mismo. 
Lo cierto es que la situación nos obligaba a hacer algo no sólo para integrar el ciclo de proyectos en términos de los mandos directos de las actividades; también debíamos hacer algo parecido a la cuadratura del círculo en materia de organización, que diera consistencia a mi responsabilidad política general en materia de política de desarrollo. 
Y lo hemos sin modificar las carteras tal y como fueron definidas. 
La solución a la que hemos llegado es crear un consejo de administración que supervise y que, desde una perspectiva política, sea la parte gerente encargada de dirigir la nueva oficina o la EuropeAid o como quiera que vaya a llamarse el SCR. 
Mi papel en ese consejo de administración será el de director general. 
El Comisario Patten será presidente, cargo que refleja la posición que ya ostenta en la cabecera de la mesa, porque es el coordinador máximo de todas las actividades de los Comisarios de Relaciones Exteriores. 
En cierto sentido, estamos estructurando los roles políticos establecidos y lo estamos haciendo de una manera que creo realmente que tiene posibilidades de funcionar. 
Esta medida incluye dos elementos que contribuirán a mejorar la coherencia y la cohesión política. 
Uno es el que ya he mencionado, con una participación política más estrecha en la gestión de la ejecución propiamente dicha. 
El otro es el grupo de apoyo a la calidad, que tendrá su secretaría en la DG de Desarrollo. 
Su función será garantizar que la formulación de los diferentes programas, incluidos aquéllos de las DG de RELEX, sea coherente con la política y los principios que hemos definido. 
En definitiva, creo que es un buen intento de hacer algo, habida cuenta del modo de que se definieron las cosas el pasado mes de julio. 
Asimismo, esta medida centrará mucha atención entre todos los Comisarios de RELEX en el problema de si realmente cumplimos o no con nuestro cometido. 
Debemos abandonar la cultura del compromiso y adoptar la cultura del cumplimiento. 
Lo que estamos haciendo aquí formará parte de esa transformación. 
La realidad, debido al modo en que estamos organizados en la Comisión, es que la propiedad por nuestra parte es sumamente vaga y problemática. 
Eso cambiará como consecuencia de la reforma que ahora presentamos. 
Por último, me referiré al tema del riesgo de qué sucederá si no conseguimos el personal y los recursos necesarios para realizar nuestra tarea. 
Es evidente que no es aceptable seguir haciendo las cosas como se hacen ahora, no es posible. 
Debemos exponer este punto con toda la claridad que lo ha hecho el Comisario Patten hace un momento, lo que significa que queremos esos recursos. 
Tenemos compromisos, tenemos un acuerdo con 71 Estados ACP, tenemos a los Estados miembros que respaldan ese acuerdo y que aceptan el próximo IX Fondo Europeo de Desarrollo. 
Todo esto forma parte de las promesas que hicimos, por tanto, no hay otra alternativa que conseguir el personal necesario para realizar el trabajo. 
Pero cómo lo hacemos es un problema que no podemos resolver por nosotros mismos, y es por lo que estamos haciendo este llamamiento con tanta firmeza y claridad; y no ocultamos el hecho de que si la Autoridad presupuestaria no hace posible que consigamos el personal necesario, no podremos cumplir con nuestro deber. 
Ésta es la situación tal y como nosotros la vemos. 
No queremos dedicar nuestra función de Comisarios a la lucha de una batalla perdida. 
Queremos librar una batalla en la que podamos sentirnos orgullosos de haber participado. 
Señor Presidente, me alegra escuchar que para cumplir los compromisos se necesitan más recursos y más personal. 
En la medida en que el Parlamento sea consciente de ello, daremos todo nuestro apoyo. 
Pero me gustaría hacer una pregunta, ya que no he tenido tiempo de ver despacio el documento: ¿cómo va a quedar la ayuda humanitaria? 
Nosotros entendemos que la ayuda humanitaria, como política de la Unión Europea, es una política que no termina una vez concedida la ayuda humanitaria, sino que tiene que continuar- hablamos, en este contexto, de un "continuo" para que se lleven a cabo políticas de desarrollo. 
Si no, puede ocurrirnos lo que está pasando ahora en Mozambique: que, evidentemente, se llevó ayuda humanitaria, ha desaparecido ECHO de allí, no se sigue haciendo política de desarrollo y, por ello, puede empezar la violencia otra vez. 
Dentro de ese "continuo" me gustaría saber si ECHO va a ser, como hasta ahora, una oficina que depende de la Comisión, pero cuya acción derivará luego en políticas de desarrollo para lo que nos interesa, que es erradicar la pobreza. 
Señor Presidente, es una lástima que el Sr. Patten haya tenido que ausentarse. 
En efecto, en realidad quería dirigirle a él mi pregunta. 
No obstante, creo que el Sr. Nielson podrá responderme igualmente, puesto que acaba de apoyarle y también ha manifestado que ambos Comisarios son responsables de la propuesta. 
Señor Nielson, el Parlamento comparte obviamente sus objetivos de agilizar la ayuda a todo el mundo y mejorar la visibilidad de la UE. 
Esto es evidente. 
Sin embargo, todos habíamos dado por sentado que las medidas de reforma que se propone introducir la Comisión se iban a adoptar de común acuerdo con el Parlamento. 
Francamente me sorprende que el Sr. Patten haya manifestado ahora en su presentación que o se acepta el programa de la Comisión, o habrá que introducir recortes. 
Nosotros somos, en efecto, la autoridad presupuestaria, al menos una parte de la misma, y yo creo que la Comisión no puede decir así como así que se van a introducir recortes o que habrá que hacerlo. 
Lo siento, pero esto se tendrá que ver en el marco del procedimiento presupuestario. 
Desde luego, van a tener que transponer su programa de reformas con nuestra participación. 
Me gustaría saber qué se proponía dar a entender su colega con su amenaza. 
Señor Presidente, lamento mucho que el Comisario Patten tuviera que marcharse. 
En su ausencia, me complace dirigir mis preguntas al Comisario de Desarrollo, Sr. Nielson. 
Me alegra lo que he oído sobre las nuevas innovaciones y la reorganización que llevará a cabo la Comisión. 
EuropeAid sería un atributo muy importante de la Unión Europea en lo que a nuestras relaciones exteriores se refiere. 
Hasta ahora resultaba sumamente embarazoso que algunas de nuestras promesas no se cumplieran. 
Incumplir promesas con respecto a las personas más pobres del mundo no es el mejor modo de actuar, siendo como somos una de las partes más ricas del mundo que intenta ayudarles. 
Respaldo plenamente la consolidación de los Comisarios de RELEX y el incremento del personal y de los recursos para apoyar la gestión. 
También me ha alegrado mucho oír que la Comisión tiene prevista la creación de un consejo de administración muy similar al que existe en el Banco Mundial. 
Pero quisiera preguntar al Comisario Nielson si ha pensado en algo que para esta parte de la Asamblea es muy importante; el IFC del Banco Mundial tiene la capacidad de ayudar al sector privado a través de financiación. 
Los microcréditos y varios otros mecanismos son clave para ayudar a las personas a valerse por sí mismas. 
¿Se han planteado los Comisarios ampliar, en el marco de EuropeAid, algún elemento para ayudar a las personas a valerse por sí mismas a través de un ramo de inversión en el que la Unión Europea se convierta en socio en operaciones y empresas? 
. (EN) En primer lugar, la ECHO no se verá afectada por esta reforma de la asistencia al desarrollo. 
La ECHO se mantendrá en su estado actual. 
Es una de las decisiones que hemos tomado. 
El único problema es que debemos crear un mejor nexo o puente entre la fase de ayuda humanitaria y la asistencia al desarrollo de cara al futuro y a largo plazo. 
Se trata de un argumento bien fundamentado. 
Queremos mantener la ECHO más o menos como está. 
Confío en que con el nuevo director de la ECHO avancemos por el buen camino. 
Quisiera aclarar a la Sra. Haug que el Comisario Patten decía que deberemos proponer grandes recortes del nivel de actividades, si no obtenemos una respuesta positiva de la Autoridad presupuestaria en lo relativo al problema de personal. 
¿Por qué decimos esto de una manera tan clara, arriesgándonos incluso a ser interpretados como si estuviéramos formulando una amenaza? 
He observado las palabras que ha elegido en este caso. 
Creemos que es necesario dejar perfectamente claro que consideramos seriamente problemático continuar sin los recursos financieros y humanos que necesitamos. 
No es posible hacerlo bien sin estar más o menos organizados, como otros donantes que tienen una actuación impecable. 
Éste es el mensaje. 
Es muy posible que este Parlamento no nos haya entendido bien porque, en lo que a esta cuestión se refiere, no cabe duda de que estamos entre amigos. 
Por ello, decirlo con la claridad con la que lo estamos diciendo aquí puede sonar equivocado. 
Me doy cuenta de ello. 
Pero existen además otros elementos. 
Debemos decirlo à tous azimuts. 
Es absolutamente necesario exponer estas medidas con total claridad. 
No pretendo ser negativo respecto a los ministros de Economía, pero en ocasiones pueden ser unos interlocutores muy exigentes en las negociaciones. 
Los ministros de Desarrollo también pueden ser bastante problemáticos. 
El mayor problema es la falta de coherencia entre el nivel de aspiraciones definido en este ámbito y los recursos y herramientas de que disponemos para realizar el trabajo. 
Ése es nuestro mayor problema. 
Nos esforzaremos con un talante positivo en llegar a una solución que nos permita continuar al menos con nuestro actual nivel de actividad. 
Quisiera añadir que, aunque es acertado hacer referencia al trabajo atrasado, los problemas y el bochorno, no debemos olvidar que cada año construimos carreteras allá fuera, miles de kilómetros de carreteras; realizamos perforaciones en busca de agua limpia y sana que permite a millones de personas tener acceso a agua potable. 
Estamos invirtiendo en las personas proporcionando enseñanza primaria en un gran número de países. 
Estamos contribuyendo a la iniciativa de condonación de la deuda como ningún otro donante, incluso con respecto a los países más poderosos del mundo. 
Nos gustaría encontrar algo más de competencia en lo que a este extremo se refiere. 
Prevengo de que no debe tenerse la impresión de que nuestras actividades de cooperación al desarrollo se hayan paralizado. 
No es cierto. 
Debemos ser realistas, claros y exigentes con el fin de poder entrar en la primera liga de donantes y no quedarnos donde ahora nos encontramos. 
Ése es el objetivo. 
Señor Deva, en el marco del nuevo Acuerdo de Suva- que sustituirá al Convenio de Lomé- incluiremos entre nuestras actividades un servicio de inversión privada que asciende a 2.200 millones de euros, que será administrado muy de cerca por el Banco Europeo de Inversiones. Se ocupará de socios particulares que inspiren y contribuyan a la creación de actividades empresariales entre empresas europeas y empresas de los países en desarrollo ACP. 
Esta importante innovación está siendo preparada en estos mismos momentos sobre la misma base a la que usted se refería. El microcrédito es una gran cosa, pero no es la única respuesta a todos los problemas. 
No obstante, nos mantenemos muy activos también en este ámbito. 
Expreso mi agradecimiento al Parlamento por lo que presiento que será una recepción más que positiva, porque las observaciones críticas que he escuchado son de ese tipo que yo interpretaría como apoyo entusiasta. 
Debemos tener cuidado para no terminar enfrentándonos a una situación en el que exista una amenaza real de tener que reducir nuestras aspiraciones. 
Muchas gracias, señor Nielson, por su optimismo de futuro. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0220/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 32 formulada por (H-0433/00): 
Asunto: Encarcelamiento de un político de la oposición Xu Wenli, en China ¿Tenía noticia la Comisión del juicio recientemente celebrado contra Xu Wenli y la grave condena de prisión impuesta? 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión? 
. (EN) La Comisión tiene conocimiento del reciente juicio al que su Señoría hace referencia en su pregunta, así como de la sentencia impuesta al Sr. Liu, que participó junto con Xu Wenli en la creación de un ala del partido político prohibido China Democracy Party. 
Xu Wenli, uno de los fundadores del CDP, fue condenado a 13 años de cárcel en diciembre de 1998, junto con otros dos destacados defensores de la democracia. 
Como su Señoría sabrá, la política que aplica la Unión desde hace muchos años consiste en plantear ante las autoridades chinas todos y cada uno de los casos de ciudadanos chinos que han sido encarcelados por sus ideas políticas, en particular, en el contexto del diálogo sobre los derechos humanos; la última de estas reuniones se celebró el 25 de febrero del presente año. 
La Unión ha planteado, por consiguiente, ante el Gobierno chino los casos de Xu Wenli y de otros como él que intentaron ejercer los derechos fundamentales recogidos en el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por China en octubre de 1998. 
Hasta la fecha, la Comisión tiene conocimiento de que al menos 23 miembros del CDP han sido encarcelados acusados de subversión por haber intentado ejercer esos mismos derechos que China se comprometió a respetar. 
En relación con estos y otros casos, la Comisión apela sistemáticamente a la República Popular China para que cumpla la letra y el espíritu de los convenios sobre derechos humanos de las Naciones Unidas que ha suscrito; y para que lo haga incluso antes de que China ratifique dichos convenios y que busque la ratificación. 
La Comisión continuará realizando estos esfuerzos. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta, y quisiera preguntarle si la Comisión tiene conocimiento de que el Sr. Xu, cuando lleva en prisión 14 meses de su condena de 13 años, ha contraído hepatitis y existen serias dudas respecto a la eficacia del tratamiento médico que recibe. 
Quisiera que me asegurara que la Comisión investigará este extremo y preguntará a las autoridades chinas si le están proporcionando el tratamiento médico adecuado. 
Teniendo en cuenta, señor Comisario, lo que usted ha dicho respecto a estar dispuesto a plantear cada uno de los casos, desearía rogarle asimismo que haga averiguaciones sobre la suerte de Rebiya Kadeer. 
Fue detenida el 11 de agosto de 1999 en Urumqui, la capital de XUAR, cuando acudía a una reunión con representantes del Servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos. 
Fue acusada de facilitar información secreta a extranjeros y se cree que ha sido condenada a ocho años de cárcel en un juicio secreto. 
Le proporcionaré encantado, señor Comisario, más información detallada sobre el caso. 
Me resulta incluso más irritante que Estados miembros de la Unión Europea, ante casos como éstos y los 23 en general a los que usted hacía referencia, demuestren semejante falta de carácter al negarse a apoyar la iniciativa que los Estados Unidos presentaron en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en la que se ataca la trayectoria de China en materia de derechos humanos. 
. (EN) Quisiera decir a su Señoría que en lo que se refiere al Sr. Xu, transmitiré lo que ha dicho acerca del presumiblemente grave estado del prisionero político a mis colegas del ámbito de Relaciones Exteriores. 
Estoy seguro de que seguirán la práctica anterior en la realización de pesquisas ante las autoridades chinas respecto a la calidad y coherencia del tratamiento del Sr. Xu para combatir la hepatitis. 
Sé que mis colegas responderán encantados a su Señoría y le mantendrán informado sobre cualquier novedad que obtengan. 
En lo que respecta a la Srta. Kadeer, evidentemente no tenía noticia de este asunto y no estoy en condiciones de responder. 
No obstante, queda constancia de la pregunta. 
La llevaré a la atención de mis colegas y ellos proporcionarán a su Señoría la respuesta que busca. 
Obviamente, sería un motivo de gran preocupación si alguien, cuyo único delito es estar en contra del régimen actual, fuera víctima de un trato insufrible. 
Sé que mis colegas de otros sectores de la Comisión comparten esta opinión, que a su vez comparto con su Señoría. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 33 decae. 
Pregunta nº 34 formulada por (H-0357/00): 
Asunto: Programa de reformas de la Comisión y ampliación El 1 de marzo de 2000, la Comisión Europea aprobó el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión. 
Las medidas y acciones anunciadas por la Comisión prevén una profunda reforma de esta institución que llevará un tiempo considerable. 
¿Puede indicar la Comisión en qué medida se ha tenido en cuenta la próxima ampliación en las propuestas actuales para la reforma? 
¿Ha previsto la Comisión las consecuencias que tendrá la ampliación sobre su estructura interna y se han tenido en cuenta esas consecuencias en las acciones y medidas contempladas? 
En caso negativo, ¿no considera la Comisión que hubiera sido más lógico tener ya en cuenta la ampliación en determinados aspectos y evitar así una situación en la que, poco después de que concluya el actual proceso de reformas, la Comisión tenga que iniciar una nueva ronda de reformas para hacer frente a las consecuencias de la ampliación? 
¿Se propone la Comisión presentar un plan de acción con calendario al igual que se ha hecho en la propuesta de reforma actual, a fin de preparar la estructura de la Comisión para la próxima ampliación? 
. (EN) El Libro Blanco sobre la estrategia de reforma de la Comisión cumple ampliamente los compromisos asumidos ante el Parlamento y el Consejo el pasado año de examinar con carácter inmediato el modo en que la Institución, en su calidad de organización, desempeña actualmente sus obligaciones. 
Un retraso en el esbozo de una estrategia práctica y en la búsqueda de la modernización necesaria no habría sido aceptable para la Comisión, el Consejo, este Parlamento ni para la sociedad, como estoy seguro de que comprenderá su Señoría. 
Uno de los objetivos, declarados específicamente, de la reforma integral es el desarrollo de una gestión administrativa reforzada que, entre otras cosas, permita a la Comisión ocuparse con mayor eficacia de los cambios que tendrán lugar en la actual y en la futura Unión, así como en el mundo en general. 
Es evidente que los retos que plantea la futura ampliación de grandes magnitudes son diferentes en su naturaleza y escala de aquellos que representaron las ampliaciones anteriores. 
La Comisión deberá, por consiguiente, ser capaz de alcanzar los más altos niveles de rendimiento en el plano ejecutivo y administrativo a la hora de desempeñar sus competencias y obligaciones con el fin de facilitar ese enorme y esperado crecimiento. 
Como el Colegio de Comisarios explicó en nuestra presentación del Libro Blanco y como recoge el propio documento, reitero las palabras que dijimos entonces: "los retos de la globalización y la futura ampliación exigen un mejor gobierno a todos los niveles, incluida la Unión Europea". 
Todas las instituciones políticas deben estar a la altura de este reto, al igual que la Comisión. 
Por consiguiente, la reforma es un requisito previo fundamental; un requisito previo para la realización de nuestra visión de Europa. 
La actual reforma administrativa no es un ejercicio limitado- es un proceso evolutivo, como hemos explicado -, tendrá un seguimiento constante y los resultados alcanzados serán evaluados de cara a prever cualquier ajuste importante. 
Se tendrán en cuenta debidamente todos los requisitos específicos que surjan del proceso de ampliación, y naturalmente esto será aplicable a las repercusiones sobre los recursos humanos del cambio en curso. 
La gestión de la diversidad cultural ampliada dentro de la Comisión y un plan de jubilación anticipada que esté directamente relacionado con la ampliación, por ejemplo, serán algunos de los temas que recibirán atención especial. 
Al igual que en el caso de ampliaciones anteriores, en su momento se adoptarán medidas específicas relativas al nombramiento y a la integración de los funcionarios procedentes de los nuevos Estados miembros. 
Gracias al Comisario por su respuesta. 
Quiero añadir algo. 
Uno de los retos principales durante la ampliación serán que las situaciones veterinarias y fitosanitarias de los países que se adhieran a la Unión deberán homologarse a las nuestras. 
¿Estaría dispuesto el Comisario a procurar que en los comités de gestión, los científicos o los que sean, que toquen asuntos veterinarios o fitosanitarios, haya permanentemente observadores de los países del centro y este de Europa que vayan a adherirse? 
. (EN) Señor Presidente, veo que el enfoque que hace su Señoría de éste y muchos otros asuntos es sumamente constructivo. 
Lo que sé a través de precedentes y también de la evaluación que ha realizado la Comisión del alcance y el calado de los retos derivados de la próxima ampliación es que tomaremos las medidas adecuadas en el momento preciso, no sólo en términos de contratación e integración de personal debidamente cualificado procedente de los nuevos Estados miembros, sino también para contribuir a la preparación de otros ámbitos especializados- que incluya, presumiblemente, los Comités científicos, entre otros. 
En cierta medida, el proceso se beneficiará del hecho de que la comunidad científica internacional de dentro y fuera de la Unión Europea es realmente internacional. 
Asimismo, para poder confiar en dichas relaciones profesionales superficiales, estoy seguro de que la Comisión querrá garantizar que existe continuidad y se facilita el acceso a esos nuevos Estados miembros no sólo en aquellos ámbitos a los que se ha referido su Señoría- veterinario y fitosanitario -, sino en muchos otros ámbitos en los que una integración con las mínimas complicaciones posibles de los esfuerzos es una cuestión de crucial y mutua importancia. 
Pregunta nº 35 formulada por (H-0411/00): 
Asunto: Abordaje de pesqueros comunitarios en aguas internacionales por inspectores canadienses Cinco años después del apresamiento del Estai, la flota comunitaria que faena en aguas internacionales de NAFO se muestra extremadamente preocupada tras el abordaje del barco portugués Santa Mafalda por inspectores supuestamente canadienses. 
El fletanero Santa Mafalda fue abordado el pasado 24 de abril y los inspectores se incautaron de toda la documentación y se negaron a abandonar el barco. 
Además, una lancha de las autoridades canadienses navegaba permanentemente junto al barco, obstaculizando las labores de faena. 
Unos días antes, inspectores canadienses habrían abordado a un congelador español que faenaba también en aguas internacionales. 
Los pescadores europeos temen que detrás de estos abordajes se oculte la intención de desplazarles de los caladeros donde capturan fletán y bacalao. 
¿De qué informaciones dispone la Comisión sobre estos hechos? 
¿Puede aclarar si los inspectores actuaban en tanto que inspectores de NAFO o inspectores del Gobierno canadiense? 
¿Ha tomado o piensa tomar la Comisión alguna medida? 
En el caso de existir problemas por parte de Canadá para aceptar la normativa de control comunitaria para las inspecciones en el marco de NAFO, ¿qué iniciativas podría adoptar la Comisión para fijar una normativa clara y vinculante que despejase las dudas tanto de los profesionales del sector como del Gobierno canadiense? 
Como sabrá su Señoría, que ha formulado la pregunta, de conformidad con el plan internacional de inspección y seguimiento conjunto de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental, las partes contratantes pueden designar los medios de inspección y nombrar a inspectores para el programa de la NAFO, y los inspectores de la NAFO pueden inspeccionar cualquier buque pesquero con pabellón de cualquiera de las partes contratantes. 
Los inspectores de la NAFO están obligados a desempeñar sus obligaciones de conformidad con las normas establecidas en el plan de la NAFO y además están obligados a permanecer bajo el control operativo de las autoridades de sus partes contratantes y deberán responder ante las mismas. 
En este trasfondo, el 23 de abril, dos inspectores canadienses de la NAFO, acompañados por un operador en prácticas, realizaron una inspección del buque pesquero comunitario Santa Mafalda, que en esos momentos faenaba en la zona de regulación de la NAFO. 
Los inspectores canadienses en cuestión y el buque de vigilancia desde el que se realizó la inspección están asignados al programa de la NAFO. 
Su inspección fue llevada a cabo bajo sus auspicios. 
Tras haber sido informados por los canadienses, los inspectores de la Comisión abordaron el Santa Mafalda para verificar los motivos en los que los inspectores canadienses basaban su citación de una grave infracción. 
En la realización de esta verificación, los inspectores de la Comisión garantizaron la seguridad y la continuidad de las pruebas a bordo y transmitieron su informe a las autoridades portuguesas. 
Dichas autoridades portuguesas, a su vez, ordenaron al Santa Mafalda que regresara al puerto de Aveiro en Portugal para someterse a una inspección a fondo. 
El Santa Mafalda atracó en Aveiro el 10 de mayo de 2000 y dos inspectores de la Comisión tomaron parte en una inspección minuciosa del buque. 
La Comisión ha llamado la atención de las autoridades canadienses sobre los procedimientos que siguieron los inspectores canadienses en relación con su incautación de la documentación y su permanencia a bordo del Santa Mafalda. 
La Comisión es de la opinión de que los inspectores canadienses de la NAFO en cuestión incumplieron el programa de la NAFO al incautarse de los documentos del buque sin permiso del patrón y al permanecer a bordo del mismo. 
No obstante, es importante observar que en este caso, el patrón del buque y las autoridades portuguesas no se opusieron a la permanencia prolongada de los inspectores canadienses en el buque y no se obstaculizaron las labores de faena del Santa Mafalda. 
Señor Comisario, me doy por satisfecha con su respuesta, pero me gustaría añadir algo más: el mar es un mundo difícil, y la flota comunitaria que faena en aguas internacionales del Atlántico vive las intervenciones de controladores o de patrullas de los países ribereños con la sensación de que, detrás del acoso al que a veces se sienten sometidos, existe una única intención, que es la de expulsarles de esos caladeros. 
El señor Comisario sabe, como yo sé, que la situación actual en la NAFO no es, afortunadamente, la que se vivió hace cinco años tras el apresamiento del Estai. 
La Comisión Europea- lo mismo que el propio sector pesquero- ha hecho esfuerzos importantes para limar diferencias. 
Pero hay cuestiones que aún subsisten, como son las cláusulas extraterritoriales, que permiten al Gobierno canadiense realizar tareas de inspección, control y apresamiento más allá de sus aguas jurisdiccionales, en alta mar, lo que choca con las disposiciones internacionales y para lo que, demasiado frecuentemente, se recurre a una aplicación arbitraria de los controles en el marco de la NAFO. 
Por todo ello, yo quisiera preguntarle, señor Comisario, ¿cómo piensa defender la Comisión Europea el derecho de la flota comunitaria a faenar libremente en estos caladeros, eso sí, dentro de las normas existentes? 
. (EN) Señor Presidente, doy las gracias a la distinguida diputada. 
El único modo de garantizar realmente el fiel cumplimiento de un convenio internacional que tiene efecto legal es exigir en todas las ocasiones que los procedimientos necesarios en virtud de la ley se cumplan fielmente de una manera equilibrada y completa. 
Ésa es la posición que adopta la Comisión y es por lo que llamé la atención sobre el hecho de que los Comisarios ya han llegado a la conclusión de que la actuación de los inspectores canadienses representó un incumplimiento del programa al incautarse de los documentos sin la presencia del patrón y, quizá, en virtud de su prolongada permanencia a bordo del buque. 
Las autoridades portuguesas, como sabrá su Señoría debido a su interés, están llevando a cabo en estos momentos una investigación exhaustiva y, por tanto, no sería adecuado que la Comisión comunicara opiniones que van más allá de las que ya he ofrecido, pero su Señoría puede tener la certeza de que la Comisión y sus inspectores, junto con los Estados miembros, se mantienen vigilantes para que se respeten los derechos auténticos de todos los buques que faenan en alta mar. 
Señor Presidente, yo había pedido la palabra a raíz de la primera respuesta del Sr. Kinnock, antes de que la Sra. Miguélez formulara su pregunta. 
Yo había entendido al Sr. Kinnock en el sentido de que el buque estaba siendo inspeccionado definitivamente en puerto portugués y que esa inspección se había producido ya con la presencia de inspectores comunitarios. 
Entiendo, por la segunda respuesta que ha dado, que no tiene todavía el resultado definitivo de esa inspección. 
Es lo que yo quería que me aclarara. 
Si la tuviera, querría que la diera, pero entiendo, por la segunda parte, que no tiene todavía el resultado. 
Si es así, efectivamente, yo creo que es prudente que esperemos, como es lógico, el resultado final. 
Yo le pido al Sr. Kinnock que transmita al Sr. Fischler que, como presidente de la Comisión de Pesca, querría tener a la mayor brevedad posible el resultado de esa inspección. 
Deseo que se me transmita, porque, en función de ese resultado, tendremos que actuar en este Parlamento. 
En cualquier caso, quiero expresar mi condena, apoyando a la Sra. Miguélez, por la extralimitación cometida por los inspectores de la NAFO de nacionalidad canadiense a los que se ha referido el Sr. Kinnock. 
Quiero hacer, por tanto, esa petición y expresar esa condena en relación con la violación de las normas de la NAFO que se ha producido. 
. (EN) Señor Presidente, pondré las observaciones de su Señoría a la atención de mi colega, el Sr. Fischler, y estoy seguro de que le interesarán. 
Su Señoría resume la posición con exactitud, porque la inspección ha tenido lugar y las autoridades portuguesas están llegando a sus conclusiones. 
No sería adecuado proseguir aún públicamente con este asunto, pero cuando se publique el informe de dicha inspección y la evaluación de las autoridades portuguesas, estoy convencido de que serán comunicados a los diputados interesados, incluidos, naturalmente, el presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento y la distinguida diputada, cuyo interés es manifiesto. 
. (EN) Una de las grandes ventajas de la organización del turno de preguntas es el modo en que me permite adquirir conocimientos expertos instantáneos sobre temas tan dispares como la pesca, el aceite de oliva y los derechos humanos en China. 
Me complace responder al Sr. Korakas. 
En junio de 1998, la Comisión se propuso presentar al Consejo y al Parlamento en el año 2000 una propuesta sobre el futuro de la organización común del mercado del aceite de oliva. 
El nuevo régimen entraría en vigor a partir del ejercicio 2001/2002 que, como sabrá su Señoría, comienza el 1 de noviembre de 2001. 
La Comisión está estudiando actualmente nuevos datos sobre la estructura de la producción de aceite de oliva en los distintos Estados miembros productores, así como las tendencias del mercado mundial, en el que la Comunidad es el principal productor por un margen considerable. 
El estudio también tendrá en cuenta la necesidad de elaborar una estrategia en lo que respecta a la calidad del aceite de oliva con el fin de añadir más valor al producto. 
En lo que a la publicidad del producto se refiere, la Comunidad ya ha comenzado a financiar campañas de promoción a través del Consejo Internacional del Aceite de Oliva. 
Dichas campañas parecen tener un efecto positivo en la Unión Europea e incluso en terceros países. 
En respuesta al tema específico que plantea su Señoría en la pregunta, debo señalar que la producción de nuevas plantaciones no podría acogerse al derecho a percibir ayudas. 
No obstante, la Comisión espera que los productores comunitarios afectados podrán beneficiarse plenamente en virtud de las excepciones a las normas en lo relativo a programas de plantación aprobados, aunque el aceite de oliva en cuestión también contará a la hora de calcular la cantidad máxima garantizada establecida previamente. 
Por último, la Comisión desea señalar que en vez de limitarse a suprimir el sistema de intervención, lo que ha sucedido es que ha sido sustituido por un sistema de almacenamiento privado, que es más flexible que el sistema de intervención, porque puede aplicarse durante todo el ejercicio si la situación del mercado exigiera recurrir a dichas reservas. 
Desde comienzos del ejercicio 1998/1999, no ha sido necesario pagar ayuda al almacenamiento privado. 
No obstante, conviene hacer hincapié en que durante el mismo período, tampoco se ha puesto en marcha el antiguo sistema de intervención, que consiste en la compra del aceite. 
(GUE/NGL). (EL) Señor Presidente, realmente parece que no nos entendemos con facilidad en esta sala. 
Es cierto que en la actualidad, debido a la política de la Unión Europea, los productores de aceite están a merced de los grandes empresarios e industriales que se ponen de acuerdo entre ellos y aspiran a conseguir el aceite a unos insólitos precios de saldo. 
Esta situación ha llegado a ser dramática con la supresión del sistema de intervención, aun cuando fuera ya una intervención devaluada. Además, el sistema de almacenaje privado es, insisto, una auténtica tomadura de pelo. 
¿Regresará, revalorizado, el régimen de intervención que protegía mínimamente al productor? 
Dado que el aceite de oliva tiene, a escala mundial, tantísima importancia para el organismo humano y desempeña un papel tan importante en el mantenimiento de la población agraria en regiones problemáticas, ¿por qué las cuotas son- especialmente para Grecia- tan bajas? 
¿Van aumentarlas? 
Teniendo en cuenta lo extendido de las mezclas de aceite de oliva y de semillas, ¿qué hará la Comisión para acabar con esta práctica que perjudica al productor y al consumidor en beneficio de industriales estafadores? 
En este sentido, ¿cree la Comisión que puede atajar este fenómeno mediante el engaño y la impostura, es decir, mediante el aumento de la cuota de Italia, en donde tiene lugar la mayoría de las mezclas, y la disminución de la cuota de Grecia? 
. (EN) Le estoy agradecido, Señoría, y soy consciente de la profunda preocupación que manifiesta. 
No hay duda de que esta Asamblea sabe manifestar las preocupaciones y su Señoría lo hace de la manera más expresiva. 
Lo único que puedo decirle en esta coyuntura, porque sé que este asunto es motivo de constante preocupación y actividad para su Señoría, es que está prevista una reforma de la OCM para el aceite de oliva, como he indicado antes, a más tardar para el 1 de noviembre de 2001, a raíz del acuerdo alcanzado en el Consejo y en este Parlamento relativo a la adopción del Reglamento 1638/98. 
No puedo asumir que se habría alcanzado dicho acuerdo en el Consejo y en esta Asamblea si la situación fuera exactamente como describe su Señoría y los productores pequeños estuvieran en una situación de desventaja peligrosa en comparación con los grandes productores. 
Por consiguiente, espero que se mantenga atento a los resultados de los estudios a los que me he referido que en estos momentos está llevando a cabo la Comisión, tanto en términos de las cuestiones generales que ha planteado su Señoría cuando presentó su pregunta, como también en términos de las fortunas relativas de los grandes productores y de los pequeños productores. 
Por último, en mi calidad de simple consumidor de aceite de oliva, espero que no se produzca una dilución masiva del que es uno de mis complementos alimentarios favoritos y que, hagamos lo que hagamos en la Comunidad Europea, luchemos juntos con los productores de aceite de oliva de todos los tamaños para mantener la máxima calidad. 
Es así como mantenemos nuestro liderazgo considerable en los mercados mundiales. 
Muchas gracias, señor Kinnock, por su colaboración durante este turno de preguntas. 
Le felicitamos, además, por ser un consumidor de aceite de oliva, muy bueno para la salud. 
Lo hago yo también, desde mi perspectiva mediterránea. 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0409/00): 
Asunto: Mayor grado de integración como consecuencia de la UEM ¿Hasta qué punto, a juicio de la Comisión, las exigencias que la UEM impone a la política económica (entre ellas, la de unos tipos de cambio fijados con carácter definitivo) crean la necesidad de un mayor grado de integración en el plano económico, traducido en forma de presupuesto común de mayores dimensiones (política presupuestaria común) , transferencias entre Estados miembros en función de la coyuntura, mayor movilidad de la mano de obra entre los Estados miembros y un mercado de trabajo más flexible? 
. La introducción del euro aumentará la integración económica y reforzará los efectos positivos como consecuencia del mercado único, fundamentalmente por la eliminación de los riesgos del tipo de cambio. 
Pero también por otros factores: por una mayor transparencia en los precios, una mejora en la competencia y el aumento del comercio y la inversión tanto transfronteriza como también entre los restantes países o en el resto de los espacios de los países afectados por la Unión Monetaria. 
Al mismo tiempo, la política monetaria común, en la medida en que significará el mismo tipo de interés para todos los Estados miembros de la Unión Monetaria, no sólo va a tener incidencia desde el punto de vista de la evolución de la demanda, sino que también significará una mayor integración en los mercados financieros. 
También de ahí tendrían que derivarse beneficios para los ahorradores y para los inversores. 
Para que todo esto tenga al final el mayor impacto positivo es imprescindible llevar a cabo una política de finanzas públicas saneadas, que no genere tensiones en la propia política monetaria, y, al mismo tiempo, una política de reformas estructurales decidida y una política de competencia que permita obtener los mayores beneficios del proceso. 
Para que la Unión Económica y Monetaria funcione con éxito no hace falta un gran presupuesto que permita transferencias cíclicas en situaciones de dificultad. 
Creo que el Tratado, completado por el Pacto de estabilidad y crecimiento, da los instrumentos suficientes para poner en marcha una política económica coherente con la política monetaria unificada. 
El marco fundamental que hemos introducido es un marco de vigilancia mutua de las políticas fiscales nacionales y de coordinación de las políticas económicas mediante procesos de mejora de nuestras situaciones estructurales y una coordinación o creación de un entorno macroeconómico positivo que favorezca el crecimiento y el empleo, y reduzca al mismo tiempo la posibilidad de choques asimétricos inducidos por las políticas económicas. 
La propia consolidación presupuestaria, la reducción- evidentemente- del déficit público, da un mayor margen a cada uno de los Estados miembros para actuar en una situación adversa. 
Es cierto que una mayor movilidad laboral también puede ayudar a hacer frente a algunos problemas que se pueden plantear en caso de choques asimétricos. 
Tanto el aumento de la oferta de mano de obra como la mejora de la productividad mejorarían la condición de la creación de empleo y ayudarían a reducir el desempleo. 
Por esa razón damos especial importancia a una buena movilidad laboral. 
La Comisión ha insistido, por tanto, en sus distintas estrategias sobre este punto concreto de la movilidad laboral, siendo conscientes, sin embargo, de que éste es un tema difícil. 
Es difícil entre los Estados miembros y lo es incluso entre un Estado miembro y otro, como consecuencia no sólo de problemas de formación, históricos y culturales, sino también de otra serie de elementos vinculados a este tipo de situaciones. 
En definitiva, le diría que, evidentemente, estas dificultades que se plantean- que, sin duda alguna, pueden aparecer en el futuro- seguramente serán mucho menores que las suscitadas teóricamente por los estudiosos de las uniones monetarias, en la medida en que- y ésa es nuestra experiencia hasta ahora- vamos viendo una aproximación de las situaciones de las políticas económicas de los países y hemos generado un margen, en términos presupuestarios, que nos permite hacer frente a las dificultades con menores problemas que en el pasado. 
Le agradezco enormemente su respuesta, que a primera vista contiene muchos de los elementos que había esperado. 
Me gustaría profundizar en su respuesta y preguntarle qué significa que el proyecto del euro no será un éxito a no ser que haya un gran presupuesto que pueda resolver las fluctuaciones coyunturales. 
¿Qué clase de gran presupuesto? 
¿Piensa en un gran presupuesto comunitario? 
Me gustaría saber también si se piensa seguir con una política basada en recomendaciones y peticiones a los países de la zona euro. 
Por ejemplo, Dinamarca ha desoído en varias ocasiones recomendaciones del Sr. Comisario. 
¿A la larga se aceptará esto o se recurrirá a otros métodos de trabajo distintos a las recomendaciones y las peticiones de cara al seguimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a garantizar la estabilidad en torno a la UEM? 
. En su respuesta- o comentario- veo dos preguntas implícitas. 
En primer lugar, es imprescindible un gran presupuesto para hacer frente a las dificultades cíclicas. 
Esto nos llevaría a un debate bastante complejo: los problemas no los generan los choques en sí mismos, sino los choques asimétricos; los choques asimétricos son distintos según sean temporales o permanentes, según sean de oferta o de demanda. 
Tenemos pocas experiencias para definir una tipología y para decir que hay una fórmula única para resolver estas dificultades por la vía presupuestaria. 
Creemos que es mucho más acertado establecer un marco general de sanidad económica, de buen comportamiento económico, que nos permita hacer frente a las dificultades en el caso que se plantea. 
Vamos a seguir con recomendaciones en el futuro para cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
No sé si para bien o para mal, pero es nuestra obligación como Comisión. 
Y éste es un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros como consecuencia de las iniciativas de algunos Estados miembros y que yo, por otra parte, comparto, en el sentido de que creo que una buena política presupuestaria da un mayor margen de maniobra en caso de dificultades. 
Me refería anteriormente a que la situación es distinta en cada uno de los Estados miembros. 
En las recomendaciones de este año hemos tenido especialmente en cuenta los análisis que la propia Comisión ha hecho respecto a cuáles son los márgenes, cuáles son los benchmarking que estamos denominando en cada uno de los Estados miembros para hacer frente a una situación de crisis sin superar el 3% del déficit público, que es la cifra que hemos establecido como referencia. 
Vemos que esa situación es distinta en cada uno de los países y, por lo tanto, también nuestras recomendaciones y nuestros comentarios serán siempre distintos en cada uno de los países, aunque no es éste el único elemento que consideramos. 
Señor Presidente, la actual debilidad y volatilidad del euro es motivo de preocupación tanto dentro como fuera de la zona euro. 
¿Cree, señor Comisario, que el actual pacto de estabilidad y las competencias del Banco Central Europeo son suficientes para forzar a los Estados de la zona euro a introducir los ajustes difíciles y necesarios en sus mercados económicos y laborales, que son de importancia fundamental si queremos que el euro sea tomado en serio en los mercados financieros de todo el mundo? 
. No veo una excesiva correlación entre ambas preguntas, pero sí veo que el euro se toma en serio. 
¿Qué es lo que ha sucedido con el euro? 
Hay muchas explicaciones técnicas para razonar por qué estamos en la situación que estamos. 
Entraríamos en un debate más amplio que tendría mucho que ver con el punto de partida; con la evolución de las expectativas económicas y de las economías reales de cada una de las zonas; con la evolución, evidentemente, de los tipos de interés; incluso con algún otro elemento de naturaleza técnica, como los plazos de caducidad de cierto tipo de emisiones, etc. 
La realidad es que, cuando analizamos el euro tomando en consideración, como punto fundamental, la evolución del tipo de cambio, estamos haciendo una incorrecta evaluación de la introducción del euro. 
El euro ha sido un gran éxito en cuanto a su introducción, en cuanto a las emisiones que realiza, en cuanto a la consolidación de una excelente situación económica en Europa y en cuanto a las perspectivas de futuro. 
Es verdad que el tipo de cambio no es el que nos hubiera gustado. 
Consideramos que a una economía fuerte debe corresponder un euro fuerte. 
Creemos, sin embargo, que la evolución del crecimiento en Europa será fuerte a lo largo del año 2000 y, en consecuencia, alcanzaremos el crecimiento norteamericano al final de este año. 
En esas condiciones, pensamos que el margen de comportamiento del euro es al alza en los próximos meses. 
Por lo tanto, aun teniendo una cierta preocupación- porque esa preocupación existe en la opinión pública- sobre la evolución del euro, pensamos que esa situación se corregirá y que debe ser considerada como algo temporal y no como algo permanente. 
Señor Presidente, en mi opinión, la pregunta complementaria formulada por el Sr. Purvis es muy esencial, puesto que últimamente se ha defendido la necesidad de un aumento de la colaboración político-económica entre los países integrantes de la UEM apuntando precisamente a la debilidad del euro frente al dólar de EE UU. 
Naturalmente, el dólar se fortalece con respecto al euro debido a que la economía de EE UU es simplemente más sólida que la de los países del euro. 
Durante los últimos años se han creado en EE UU cientos de miles de nuevos puestos de trabajo, mientras que en Europa se ha perdido empleo. 
Quisiera preguntarle al Sr. Comisario, en primer lugar, si la Comisión reconoce que la pérdida de valor del euro, tan llevada y traída en los medios de comunicación, es consecuencia de los problemas estructurales internos de la economía de la UE y de la falta de dinamismo de la misma, sobre todo en relación con EE UU; también preguntaría si el Sr. Comisario cree realmente que el "keynesismo" propuesto por la Sra. Frahm serviría de ayuda para frenar el debilitamiento del euro y si cree que la Comisión podría obtener mejores resultados en este aspecto, habida cuenta que los Gobiernos nacionales de Francia y Alemania avanzan en una dirección completamente contraria y que las medidas que han adoptado han conseguido debilitar aún más la competitividad de la zona del euro. 
Me remito aquí, por ejemplo, a las decisiones en el marco de los horarios de trabajo adoptadas por el Gobierno francés. 
. Intentaré contestar con brevedad, aunque las preguntas son lo suficientemente complejas como para que tenga que dedicar alguna atención a este punto. 
En primer lugar, respecto del refuerzo de la cooperación en materia de coordinación de las políticas económicas, creo que es necesario y positivo y uno de los elementos que está surgiendo en la actual crisis. 
Así lo ha puesto de relieve el Presidente francés y, lógicamente, éste será un punto de debate para la próxima Presidencia. 
No estoy de acuerdo con su tesis de que la evolución del euro está significando una caída del empleo en Europa y un incremento del mismo en los Estados Unidos. 
Las transferencias de capital pueden generar actividad adicional en los Estados Unidos, pero la evolución positiva de la exportación está generando actividad en Europa. 
Tendríamos que entrar en un debate bastante más complejo y profundo para tratar este punto. 
En todo caso, lo que yo sí creo- como he dicho anteriormente- es que el euro, en estos momentos, tiene un tipo de cambio que, si lo analizamos respecto a sus componentes y a su situación histórica, tampoco está muy alejado de situaciones que han existido en otros momentos. 
Estoy convencido de que se trata de una situación transitoria que mejorará a lo largo del presente año. 
Señoría, a pesar de que soy nacido al lado de la región de Murcia, me resulta difícil hacer un análisis, en términos comunitarios, de los problemas del empleo precario en Murcia. 
Por lo tanto, me va a permitir que haga una reflexión algo más general. 
La evaluación de las reformas del mercado laboral a través de los procesos que hemos establecido en la Unión- el proceso de Luxemburgo y las grandes orientaciones de política económica- nos está demostrando que las reformas de la normativa del mercado laboral llevadas a cabo en los diferentes países están contribuyendo de forma positiva y significativa al mayor crecimiento económico y a impulsar la creación de empleo y la mayor participación de hombres y mujeres en el mercado laboral. 
Las grandes orientaciones de política económica y las recomendaciones para el empleo jamás han abogado por una mera desregulación del mercado laboral, tal y como se afirma en la pregunta. 
Junto con la reforma de determinadas normas del mercado laboral, se incluyen siempre también, por ejemplo, la necesidad de adoptar medidas que fomenten el espíritu empresarial o políticas activas del mercado laboral- y lo decimos de forma expresa- para mejorar las posibilidades de empleo. 
Las medidas que deben adoptarse en cada Estado miembro deben adaptarse a los problemas y la realidad de cada uno de ellos. 
Es también una posición normal de la Comisión insistir en la necesidad de llevar a cabo debates y acuerdos con los interlocutores sociales para que participen de forma activa en las modificaciones del mercado laboral en cada país. 
Al igual que un aumento significativo y duradero del nivel de empleo es una de las prioridades clave de la estrategia de empleo, también lo es la calidad de los puestos de trabajo. 
En la reciente cumbre de Lisboa se ha dado un nuevo impulso a la agenda económica y social de la Unión y hemos insistido también en este punto al hablar de mayor y mejor empleo. 
También me gustaría señalar, como contribución fundamental a la consolidación de los progresos realizados hasta ahora, el fomento y mantenimiento de normas rigurosas sobre salud y seguridad en el trabajo, que ha ocupado uno de los lugares destacados en el debate llevado a cabo en nuestro ámbito, defensor de la idea de mejores puestos de trabajo en Europa. 
Las reformas del mercado laboral dirigidas a la mejora de las posibilidades de empleo y a la adaptabilidad de los trabajadores a esas nuevas ofertas de trabajo en modo alguno pretenden socavar las condiciones de trabajo ni de salud o seguridad en el trabajo. 
La Comisión, conforme a las competencias jurídicas que le otorga el Tratado, ha mantenido los esfuerzos necesarios para llevar a cabo y proponer diversos instrumentos jurídicos y supervisar la incorporación del acervo comunitario en este ámbito. 
Por lo que se refiere a su pregunta concreta y al caso español, a España, como a los restantes miembros, le corresponde la aplicación de las directivas de la Comisión. 
También corresponde a los Estados miembros el control de su aplicación en cada uno de sus territorios. 
La Comisión debe garantizar que dichas directivas se conviertan en norma nacional de forma correcta y, evidentemente, seguir todos los temas relativos a su aplicación, que es competencia de las autoridades nacionales. 
Agradezco la respuesta del Sr. Solbes por la intención que hay detrás de ella de cuidar la condición de los trabajadores y preocuparse por ella. 
Sin embargo, el análisis político de la cumbre de Lisboa revela que hubo dos propuestas: una más social, más comprometida, que vendría del Primer Ministro francés, Sr. Jospin, y otra propuesta, objeto de un compromiso anterior entre los Sres. Blair y Aznar, en la dirección de la flexibilización laboral y la desregulación, que es la que ha triunfado. 
Si se toma España como ejemplo, está claro que aumentan la precariedad, la temporalidad y la siniestralidad. 
¿No cree usted que, a la vista de ello, sería conveniente en la revisión del Tratado de Amsterdam la incorporación de la Carta Social con instrumentos y medidas concretos, como se hizo con los cinco puntos clásicos del Tratado de Maastricht, para garantizar el pleno empleo y su calidad y, por ello, que no quede al albur de lo que pueda hacer cada uno de los países? 
Como aclaración, se ha hecho referencia a la siniestralidad laboral de Murcia porque, dentro de España, tiene ese triste récord; de ahí esa preocupación. 
Ya imaginé que esa era la causa de la referencia a Murcia, y no que yo haya nacido al lado de esa provincia. 
En cuanto al problema de fondo, le haría un comentario distinto. 
Nuestra preocupación ha sido siempre no sólo el mayor empleo sino también la mayor calidad del empleo. 
En las grandes orientaciones de política económica de este año y en la recomendación específica para España hacemos referencia de forma expresa a la necesidad de que se analicen los problemas, entre ellos el coste del despido, que pueden tener importancia en el trabajo temporal, porque consideramos que una cosa es flexibilidad y otra precariedad, elementos radicalmente diferentes. 
Sin embargo, usted introduce un segundo elemento en su pregunta complementaria que, en mi opinión, tiene gran interés: ¿por qué no establecemos un objetivo de pleno empleo de la misma forma que establecimos en su día los objetivos del Tratado de Maastricht? 
Fundamentalmente, porque la naturaleza de ambas cifras es radicalmente diferente. 
En Maastricht, lo que pusimos en marcha fue un cumplimiento de obligaciones dependientes de decisiones voluntarias adoptadas por los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea. 
En el caso del pleno empleo, la cifra es una resultante de medidas que pretenden conseguir un objetivo, pero que nunca tienen una relación de causalidad que permita garantizar su consecución. 
Lo que se puede plantear es lo que se está haciendo en los distintos programas de empleo: poner en marcha determinados elementos que permitan ir al pleno empleo. 
Cuando hablamos de pleno empleo en el documento de la Comisión que sirvió de base para el debate de Lisboa, dijimos de forma expresa que- en caso de que a los distintos condicionantes y políticas que propone la Comisión se sume una evolución de la economía según lo previsto de acuerdo con las cifras con que actualmente contamos- se conseguirá el pleno empleo. 
Pero éste no puede ser un objetivo político, como en Maastricht, porque no depende de la voluntad de los distintos gobiernos, de una decisión específica de cada uno de ellos. 
Quiero decir que para poder juzgar desde lejos muchas veces es preciso conocer la realidad. 
En los países del sur del Mediterráneo, y en concreto en la región de Murcia, se ha pasado en los últimos años de gestionar el paro a gestionar el empleo. 
De un paro extraordinario y pavoroso, procedente de grandes industrias de Estado con un modelo económico que no podía mantenerse, se ha pasado, después de una crisis, a una situación de crecimiento de pequeñas empresas (PYME) y de incentivos económicos que ha generado un nuevo modelo vivo y activo. 
Sin embargo, es evidente que la siniestralidad- a la que me refiero ahora- es un problema de educación y de responsabilidad mutua por parte de los empresarios, el Estado, las administraciones públicas y, por supuesto, las organizaciones sindicales. 
Si no van todos al unísono no se podrá conseguir el objetivo. 
En España, ya en el año 1995, se aprobó una ley al respecto, que se está tratando de cumplir pero eso no puede lograrse en un día. 
Por tanto, señor Comisario, en primer lugar, ¿qué políticas activas y qué sectores económicos piensan movilizar para conseguir una mejor educación precisamente en este ámbito, para el desarrollo de la responsabilidad? 
En segundo lugar y muy en concreto: ¿hay algún programa para la educación en la lengua de recepción del emigrante, en la que podamos educarles para que entiendan las mínimas normas de seguridad en una región altamente receptora de emigrantes que no conocen nuestra lengua? 
. Gracias por su reflexión. 
En cuanto a sus preguntas, le diré, como he comentado anteriormente, que en el esquema de reparto de responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros estos temas corresponden a los Estados miembros. 
Por consiguiente, tanto la financiación de estos programas de educación de emigrantes, como las políticas activas son decisiones que dependen lógicamente de lo que sobre política social acepte o decida el Gobierno español. 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0352/00): 
Asunto: Adaptación de los países candidatos ¿Puede indicar la Comisión cuántos documentos se han enviado en total a los países candidatos y qué volumen ocupa el acervo completo y si tiene la intención de considerar formas de cooperación que no obliguen a los países candidatos a aceptar necesariamente todas las normas? 
. (DE) Señor Presidente, Señoría, una vez adoptada la decisión del Consejo Europeo de Luxemburgo, en diciembre de 1997, se envió inmediatamente a los países candidatos a la adhesión todo el acervo comunitario, o sea, todos los actos jurídicos de la Unión, sin excepción, como parte del proceso de comparación de la legislación. 
Nadie los ha contado hasta ahora y, por lo tanto, no puedo decirle cuántos son. 
Señor Presidente, no existen tantos motivos por los que dar las gracias a la Comisión. 
Me parece absolutamente inconcebible disponer de una institución que no está en condiciones de efectuar una estadística elemental de las normas existentes, que no está en condiciones de contar lo que se envía a los países solicitantes, que no está en condiciones de emprender una numeración general para que los ciudadanos de a pie puedan estar al tanto de lo que está sucediendo y que no está en condiciones de entregar el acervo completo en CD-Rom a cualquiera que pudiera estar interesado. 
Es algo elemental- he trabajado en ello durante varios años. 
Es totalmente imposible para las propias empresas con empleados universitarios descubrir el alcance del acervo completo y aparentemente no le es posible al Sr. Vanhengen facilitar el acervo completo a un diputado al Parlamento, a quien le gustaría revisarlo y distribuir entre sus colaboradores las tareas para ver qué opinión hay que adoptar ante cada punto. 
Luego no había nada por lo que darle las gracias. 
. (DE) Señor Presidente, Señoría, ya tuvimos un enfrentamiento personal en otra ocasión y me veo obligado a hacer un gran esfuerzo para mantener la compostura y preservar la cordialidad debida ante esta Asamblea. 
Los actos jurídicos en cuestión son actos jurídicos adoptados por el Consejo, el Parlamento, la Comisión y todas las instituciones comunitarias. 
En su calidad de miembro del órgano legislativo más importante de la Unión Europea, usted sabe perfectamente que estos actos jurídicos no están numerados correlativamente. 
Yo tampoco tengo noticia de ningún Estado miembro de la Unión Europea que numere correlativamente sus leyes. 
Tampoco en su país- me he tomado la molestia de informarme especialmente- se numeran correlativamente las leyes. 
Si a usted le parece adecuado que mantenga ocupados a los funcionarios de la Comisión durante una semana contando los actos jurídicos adoptados desde 1995, debo decirle que yo no opino lo mismo. 
No tengo intención de ordenar este recuento. 
La información que le he ofrecido es la más exacta que puedo darle, a saber, que se envían a los países candidatos, sin excepción, todos los actos jurídicos de la Unión Europea, absolutamente todos, sin ninguna excepción. 
Me gustaría saber qué información le aporta que yo le diga que éstos son 21334 o 21425. 
Puede sentarse usted mismo a contarlos si quiere; puede obtener todo el acervo comunitario desde el Parlamento a través del sistema Celex. 
Encárgueles a sus colaboradores que cuenten los actos jurídicos. 
Yo no voy a encargarles esa tarea a los míos. 
Señor Presidente, señor Comisario, el acervo comunitario es obviamente un fundamento muy importante para la adhesión. 
¿Podría decirnos cómo se está desarrollando, a su parecer, el proceso de screening, de evaluación de la adecuación al acervo comunitario? 
¿Con cuál de los países candidatos se están consiguiendo mayores progresos? 
¿Qué capítulos han quedado cerrados? 
El canciller federal Schröder anunció hace poco en una conferencia de prensa que es probable que las primeras adhesiones tengan lugar en el año 2002. 
¿Cómo ve usted el proceso, suponiendo que el desarrollo del marco jurídico sea óptimo? 
¿Cuál cree que es la fecha más probable en que podrá tener lugar una adhesión si se cumplen de manera óptima todos los plazos y posibilidades? 
. (DE) Señoría, el proceso de screening- o sea, la evaluación de la legislación- ya se completó hace tiempo con todos los países candidatos, como es lógico. 
De vez en cuando se realiza una actualización, puesto que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo y también la Comisión no permanecen inactivos y siguen adoptando actos jurídicos, con lo cual el acervo se va modificando. 
Evidentemente, las modificaciones del acervo se deben incorporar también a las negociaciones. Pero esto ya se hace de manera periódica. 
Es decir que el proceso de evaluación ya ha quedado cerrado con todos los candidatos. 
Su pregunta se basa, sin embargo, en un malentendido. 
La evaluación no incluye la negociación, sino sólo una comparación. 
En este proceso sólo se determina en qué consiste el acervo comunitario y qué aspectos del mismo ya incorpora la legislación del país candidato y cuáles no. 
Eso es todo. 
Usted quería saber cuánto se ha avanzado globalmente en las negociaciones. 
En lo que a éstas se refiere, puedo decirle que con los Estados del grupo de Luxemburgo, con los que iniciamos las negociaciones en marzo de 1998, han quedado provisionalmente cerrados entre 10 y 15 capítulos del total de 31 que abarcan las negociaciones. 
Algunos más quedarán cerrados antes de que finalice la Presidencia portuguesa. 
No obstante, seguramente es más importante el número de capítulos abiertos que el de los que se han cerrado. 
En cuanto a éstos, la situación es la siguiente: antes de que finalice la Presidencia portuguesa se habrán empezado a negociar con los Estados del grupo de Luxemburgo todos los 29 capítulos. 
Sólo continuarán cerrados, como es lógico, los capítulos "Instituciones" y "Varios". Estos se dejan para el final. 
En el caso de los estados del grupo de Helsinki, las negociaciones se iniciaron sólo en febrero de este año. 
Durante la Presidencia portuguesa se abrirán entre 5 y 8 capítulos. 
Yo incluso creo que para cuando finalice la Presidencia portuguesa ya habremos podido dejar cerrados provisionalmente toda una serie de capítulos, pero por el momento todavía no es posible precisar por adelantado cuántos serán. 
En cualquier caso, el proceso está avanzando con mucha rapidez. 
Es del todo imposible prever de antemano cuándo quedará cerrado el proceso de negociación y cuándo van a tener lugar las primeras adhesiones. 
En las últimas semanas y los últimos meses se ha estado debatiendo muy intensamente esta cuestión. 
La Comisión dijo muy claramente en Helsinki que sólo se podrá establecer un guión para la adhesión cuando se disponga de toda la información. 
Habrá que determinar si la Unión misma está preparada para la adhesión, o sea, si se han completado las reformas institucionales y cuánto se ha avanzado en las negociaciones, pero sobre todo también- y al final esto va a ser seguramente lo más difícil- si se considera que un país candidato está en condiciones de aplicar efectivamente el acervo comunitario. 
Desde la perspectiva actual, debo decirle que es imposible prever cuándo se podrá presentar ese guión. 
Yo he manifestado repetidamente que me gustaría poder presentarlo a finales de este año, con ocasión de la Cumbre de Niza. 
Sin embargo, no se sabrá si esto va a ser posible hasta el otoño de este año, cuando se presente el informe actualizado para cada país candidato sobre los progresos registrados en cada caso en la preparación para la adhesión. 
Señor Presidente, señor Comisario, no voy a preguntar por el calendario, sino que formularé una pregunta de principios sobre la ampliación. 
Se espera que la ampliación sea un proceso realmente exigente en cuyo marco existe la amenaza de que bien nos resignemos y debamos prolongar el calendario, o bien debamos hacer concesiones en el cumplimiento de los criterios fijando períodos de transición excesivos, cosa que sin duda disgustará a los antiguos Estados miembros. 
Es posible que ordenamientos similares al Acuerdo sobre el EEE sean considerados soluciones del pasado, pero pregunto de todos modos si la Comisión considera posible, al menos en principio, una solución similar al Acuerdo sobre el EEE- no digo igual, sino parecida- que les sirva a los futuros Estados miembros como una especie de empolladora o incubadora antes de la adhesión plena, en lugar de que los Estados candidatos se vean obligados a esperar largos períodos de tiempo antes de consumarse la adhesión propiamente dicha, y también si la Comisión comparte la visión de que un marco similar al del EEE podría reducir de forma importante los costes de la ampliación y fomentar el desarrollo de la economía de los países candidatos. 
Espero que no se haya tratado de una pregunta incorrecta. 
. 
(DE) Señoría, lo que usted plantea es un debate hipotético. 
Esto se debatió en la primera mitad de la década de los noventa y el debate concluyó con las decisiones que usted ya conoce, que se han discutido muchas veces en esta Asamblea y que sobre las que ya no es posible volverse atrás, esto es, con las decisiones de los Consejos Europeos de Copenhague, Essen y Luxemburgo, de preparar la plena adhesión de los Estados de Europa central y oriental, así como de Chipre y Malta. 
No tiene ningún sentido volver a discutir ahora si existía otra alternativa o no. 
En cualquier caso, tal como yo lo recuerdo, los candidatos no estaban dispuestos a conformarse con menos. 
No habrían aceptado nada menos y lo habrían interpretado como una discriminación, de manera que en cualquier caso, desde un punto de vista realista, en 1997, en Luxemburgo, ya no era posible otra decisión que la que se adoptó. 
Ningún país incluido en el proceso considera que se deba abandonar el objetivo de la plena adhesión. 
Si hubiese alguno, yo lo sabría. 
Sin embargo, no es así. 
Los doce países con los que estamos negociando se están preparando seriamente para dicho objetivo de la plena adhesión y yo les aconsejo encarecidamente que se abstengan de iniciar un debate sobre la modificación del objetivo fundamental de la ampliación una vez que ya se ha iniciado el proceso. 
Los candidatos lo interpretarían inevitablemente como un grave abuso de confianza. 
. 
(DE) Señoría, la pregunta parte de una premisa falsa. 
El capítulo "Libre prestación de servicios" no ha quedado cerrado provisionalmente con ningún candidato. 
Tampoco veo perspectivas de que dicho capítulo pueda cerrarse en breve con ningún país. 
Señor Presidente, señor Verheugen, sin duda es cierto, como ha manifestado usted, que dicho capítulo no se ha cerrado, sino que se han iniciado las negociaciones. 
No obstante, a mí me interesaría saber lo siguiente: ¿se han propuesto en el marco de dichas negociaciones disposiciones transitorias en el sector de la libre prestación de servicios? 
Como usted sabe, yo misma procedo de la zona fronteriza y conozco bien la situación sobre el terreno. 
Yo estoy convencida de que la clase media, el artesanado, va a tener enormes problemas y se enfrenta con grandes retos en el ámbito de la libre prestación de servicios, pues la diferencia salarial es enorme, de 1:10 en la actualidad. 
Usted ya sabe muy bien cuáles son los sectores concretos que se verán afectados. 
¿Por parte europea, se prevé proponer disposiciones transiciones en el sector de la libre prestación de servicios? 
La República Checa ya ha propuesto unos períodos transitorios para la adquisición de bienes raíces por parte de extranjeros, que van a repercutir sobre la libre prestación de servicios. 
¿Cuál es su posición y la de la Comisión en general con respecto a estos períodos transitorios que propone la República Checa? 
Señor Presidente, Señoría, supongo que ya sabe que las negociaciones para la adhesión son una conferencia interestatal y la que negocia no es la Comisión sino los Estados miembros, y por consiguiente yo no estoy autorizado a informarle sobre el contenido de unas negociaciones que todavía no han concluido. 
Lo haría con mucho gusto, pero no estoy autorizado a ello. 
Puedo responder, no obstante, a su pregunta, ya que la Comisión tiene, naturalmente, una opinión sobre las cuestiones que usted ha planteado. 
En primer lugar, la Comisión opina que en el presente proceso de ampliación sólo se deben contemplar unos períodos transitorios cuando no sea posible alcanzar de ningún otro modo el objetivo de una ampliación dentro de unos plazos o un tiempo determinados. 
Los períodos transitorios deben tener un ámbito de aplicación y una duración sumamente limitados, sobre todo cuando afecten al mercado único. 
Debe tener en cuenta que cualquier período transitorio, con quienquiera que se acuerde, deja en suspenso el mercado único en dicho ámbito. 
Y si se acuerdan muchos períodos transitorios, podemos olvidarnos del mercado único durante muchos años. 
La ampliación no puede tener este sentido. 
La pregunta para la que usted desea una respuesta se refiere en realidad a cómo vamos a afrontar los problemas que van a surgir en determinadas regiones fronterizas después de la ampliación. 
Su región de origen y también la mía se cuentan, en efecto, entre ellas. 
Como usted sabe, ya he hablado muchísimas veces de esta cuestión, también en su país; por lo tanto, voy a poder ser muy breve. 
Yo creo que al final seguramente se establecerán unos períodos transitorios en relación con la libre circulación de trabajadores, que es lo que en realidad plantea más dificultades. 
Sin embargo, todavía no se ha llegado a hablar de ello. 
En el ámbito de la libre prestación de servicios, que intensificará la competencia en las regiones fronterizas, es necesario, a mi parecer, empezar a preparar ya un programa de acción, que ofrezca a las pequeñas y medianas empresas, en particular, la oportunidad de prepararse para esta nueva competencia y de afrontarla también con éxito. 
Cuando hace algunas semanas releía el informe de la Comisión sobre los avances hechos en Lituania pensé que esta clase de informes se hacen como si hablásemos de la última ampliación, es decir, de la ampliación anterior a la entrada en vigencia del Tratado de Amsterdam. 
La libre circulación de trabajadores y la libre prestación de servicios tienen como corolario, como contrapartida, la reglamentación social. 
Mi pregunta es si los futuros informes sobre avances van a ocuparse en mayor medida del empleo y del reglamento social, que son temas de nuestra incumbencia. 
En realidad, creo que podremos tener éxito en el proceso de ampliación si unimos estas dos cosas: por una parte, libre circulación de trabajadores y libre prestación de servicios y, por otra, condiciones más equitativas para el diálogo social. 
El reglamento social es una de nuestras normas comunitarias, que los países candidatos también deben cumplir. 
Quiero recordar a los señores diputados- lo digo con carácter general- que las preguntas para este turno tienen que ser preguntas concretas sobre temas concretos, que den lugar a contestaciones concretas. 
Todo lo demás debe realizarse en el debate normal de las comisiones parlamentarias, porque, de lo contrario, los siguientes diputados inscritos no tienen derecho a preguntar. 
Después de esta advertencia general, tiene la palabra el Sr. Comisario. 
Señor Presidente, en realidad, la pregunta remite a la pregunta anterior relativa al número de actos jurídicos de la Unión Europea. 
Ahora me plantean una pregunta complementaria sobre un país candidato concreto. 
Francamente, se me escapa la relación que puede haber entre ambas, más allá de que una y otra se refieren a la ampliación. 
Si a pesar de todo usted considera que existe una relación, estoy dispuesto a responder a la pregunta. En efecto, puedo hacerlo. 
En los informes de evaluación sobre los avances realizados por cada uno de los países candidatos se contempla la totalidad del acervo comunitario. 
No se puede considerar el catálogo de los derechos fundamentales porque éste aún no se ha completado. 
Todavía se está elaborando y también se ignora cuál será su carácter jurídico. 
Yo ignoro igual que usted si dicho catálogo quedará incorporado al Tratado o si sólo tendrá el carácter de una declaración solemne. 
Si queda incorporado al Tratado, evidentemente se tomará en consideración en los futuros informes sobre los avances realizados e informaremos sobre el grado de cumplimiento de cada uno de los puntos del catálogo en el país de que se trate. 
En dichos informes también debemos comunicar- seguro que debe haberlo observado- si el país cumple los criterios políticos de Copenhague. 
Con esto quedan respondidas, sin embargo, sus preguntas, pues los criterios políticos de Copenhague recogen en el fondo todo cuanto figurará en dicho catálogo de derechos fundamentales; también se ha respondido a ellas en el caso de Lituania y se volverá a hacer en el próximo informe sobre los avances realizados por dicho país. 
La Sra. Thors plantea una cuestión de orden. 
Quiero decir que antes yo no me refería a la Sra. Thors, sino a todos los diputados, pero tiene usted la palabra. 
Le ruego que no entre en debate con el señor Comisario. 
Señor Comisario, sólo quiero aclarar las cosas porque parece que la interpretación es muy mala; no me refería a la Carta de los Derechos Fundamentales, sino a la Carta Social, incluidos los derechos de los trabajadores. 
Estos derechos incluyen las condiciones laborales que, creo, son corolarias de la libre prestación de servicios. 
¿Bajo qué condiciones se proporcionan dichos servicios? 
¿Bajo qué condiciones trabajan estas personas? 
Eso es corolario de la libre circulación. 
. (DE) Señor Presidente, de hecho, en la versión que me ha llegado se hablaba de la Carta de Derechos Fundamentales. 
La Carta Social es obviamente parte integrante del Tratado y, por lo tanto, se negocia con todos los países candidatos. 
Forma parte del acervo comunitario. 
En los informes se evalúan los preparativos realizados por los distintos candidatos para la aplicación del acervo comunitario y, por lo tanto, también de la Carta Social. 
En este momento no puedo decirle cuál es la situación en el caso concreto de Lituania, pero me comprometo a hacerle llegar por escrito una respuesta específica sobre el caso de Lituania en relación con la Carta Social. 
Señor Comisario, el tema es, en realidad, el de los períodos transitorios. Yo quisiera preguntarle: ¿tiene una posición concreta en relación con los deseos de Polonia y la República Checa de incluir en su caso unos períodos transitorios prolongados en dos sectores, concretamente los de la libertad de adquisición de terrenos- incluidas las propiedades agrícolas- y la libertad de establecimiento? 
Se trata de dos aspectos esenciales y desearía conocer la posición de la Comisión y la suya propia al respecto. 
También quisiera preguntarle: ¿qué opina sobre la posibilidad de vincular unos períodos transitorios en nuestro caso y en los países candidatos, en cierto modo como una contrapartida, tal como se comenta repetidamente? 
En relación con la primera pregunta, debo decirle que los Estados miembros todavía no han adoptado una posición negociadora con respecto a esta cuestión y la Comisión tampoco ha elaborado ninguna propuesta. 
Mi opinión personal es irrelevante en este contexto y en cualquier caso no puedo exponerla ante el Parlamento Europeo hasta que las propias instituciones no hayan definido su posición. 
En cuanto a la vinculación entre los períodos transitorios, ésta será automática. 
Vamos a celebrar lo que se designa como la "partida final" de las negociaciones, en la que por un lado tendremos las aspiraciones todavía pendientes de los Estados miembros y, por el otro, las de los países candidatos. Éstas se referirán esencialmente al establecimiento de unos períodos transitorios. 
Tanto si se describe formalmente en esos términos como si no, ya se puede imaginar cómo se va a desarrollar un proceso de negociación de esas características. 
Será una negociación y uno de los principios de la negociación es que cada uno conceda algo para que el otro también lo haga, de manera que al final seguramente será preciso alcanzar un compromiso global que contemple las aspiraciones de una y otra parte. 
No me parece posible que se establezcan contrapartidas muy concretas- si ese era el sentido de su pregunta -, o sea, que se vincule el deseo de una parte de establecer unos períodos transitorios con el deseo de la otra parte de establecer otros. 
Debo recordarle que el tema de los períodos transitorios en relación con la libre circulación de trabajadores sólo se ve con un problema en dos de los quince Estados miembros. 
Es un problema alemán y también un problema austríaco. 
Para los otros trece no constituye un problema y por esto tampoco es posible prever cómo se va a abordar este tema en la fase final de las negociaciones. 
Muchas gracias, señor Comisario, por sus respuestas. 
Las preguntas 41 y 42 se contestarán por escrito. 
Tiene la palabra el Sr. Titley para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, se da cuenta de que éste es el segundo mes consecutivo que me hace esto; interrumpe el turno cuando le tocaba a mi pregunta. 
A pesar de que ha permitido a los oradores hablar durante más de un minuto, incluido un diálogo bastante largo e inútil sobre los méritos de Murcia. 
Asimismo, creo recordar que según el Reglamento, usted sólo puede aceptar una pregunta complementaria por Grupo político, norma que se está incumpliendo y, en consecuencia, por segunda semana consecutiva he perdido la oportunidad de formular una pregunta. 
Creo que es absolutamente vergonzoso y le escribiré a la Presidenta para exponerle mis quejas. 
Señor Titley, le voy a contestar brevemente para no perjudicar a los demás diputados. 
Yo no le hago a usted nada. 
Lo que pasa es que se han agotado los veinte minutos ampliamente dedicados al Sr. Verheugen y ahora le corresponde contestar al Sr. Monti, que está esperando hace tiempo. 
En cuanto al Reglamento, le tengo que decir que hay dos preguntas complementarias, no una. 
Léase usted el Reglamento. 
Hay dos preguntas. 
No voy a entrar en un debate. 
Puede usted escribir la carta a que se refiere y tendrá usted una contestación cordial y completa, pero esté usted tranquilo porque, desde luego, mi intención era darle la palabra dentro del tiempo previsto. 
Pregunta nº 43 formulada por (H-0354/00): 
Asunto: Solicitudes de los Estados miembros con respecto a las ayudas estatales ¿Está satisfecha la Comisión con el ritmo al que tramita las solicitudes de los Estados miembros para conceder ayudas estatales? 
. (EN) Los plazos en los que la Comisión debe tomar una decisión sobre los proyectos de ayuda notificados por un Estado miembro están estipulados en el Reglamento del Consejo 659/1999. 
En la mayoría de los casos, la Comisión puede concluir el examen del proyecto de ayuda notificado tras un examen preliminar, es decir, sin iniciar una investigación formal. 
Estas decisiones deben ser adoptadas en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que se ha recibido la notificación completa. 
En la práctica, las notificaciones están a menudo incompletas, por lo que la Comisión se ve obligada a solicitar información adicional antes de poder tomar una decisión. 
Con el fin de reducir aún más este tipo de retrasos innecesarios, la Comisión ha preparado formularios detallados de notificación estándar para determinados tipos de ayuda- regional, formación, investigación y desarrollo, etc.- y seguirá haciéndolo cuando lo considere oportuno. 
Cuando surgen dudas acerca de la compatibilidad de un proyecto de ayuda con el mercado común, la Comisión debe abrir una investigación formal para la que el reglamento estipula un plazo indicativo de 18 meses. 
La Comisión ciertamente desearía poder reducir dicho plazo. 
No obstante, en estos momentos eso parece poco factible por diferentes motivos. 
En primer lugar, se necesita bastante tiempo para la traducción y publicación de la decisión, para que terceras partes presenten sus observaciones y para que los Estados miembros comenten sobre dichas observaciones. 
En segundo lugar, los casos en los que se abre una investigación formal suelen ser muy complejos y, por lo tanto, exigen un tiempo de examen más largo, que a menudo incluye también reuniones con los Estados miembros interesados y modificaciones al proyecto original. 
No obstante, la Comisión considera que habida cuenta de que antes del reglamento no existía límite de tiempo para el procedimiento de investigación formal, el reglamento ha supuesto un cierto avance. 
La Comisión está estudiando asimismo nuevas vías para mejorar la eficiencia y la velocidad de los procedimientos de ayudas estatales. 
En este sentido, cabe mencionar las normativas relativas a la excepción de determinados grupos, que en estos momentos se encuentran en fase de preparación para las ayudas a las PYME- ayuda a la formación y ayuda de minimis. 
Una vez que dichas normativas entren en vigor, los Estados miembros ya no deberán notificar los proyectos de ayuda que se ajusten a las condiciones de excepción, sino que podrán conceder la ayuda con carácter inmediato. 
Esto simplificará considerablemente los procedimientos de ayudas estatales. 
Deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por esa respuesta tan completa y, en particular, por su última parte en la que indica que la Comisión está intentando acelerar los trámites y, en la medida de lo posible, conceder la aprobación por la vía rápida de las ayudas estatales. 
No obstante, en algunos Estados miembros existe aún un grave problema ocasionado por las demoras en la toma de decisión sobre las ayudas estatales. 
Estoy convencido de que se han perdido puestos de trabajo porque la espera de la decisión sobre la ayuda del Estado tiene como consecuencia que algunas empresas terminen por abandonar sus proyectos porque la aprobación no llega a tiempo. 
En términos del plazo, ¿opina la Comisión que la reorganización que está llevando a cabo actualmente le proporcionará nuevos recursos y asistencia en sus intentos de acelerar la tramitación de las ayudas estatales o radica el problema, como ha indicado en parte, en que algunos de los Estados miembros proporcionan información inadecuada cuando presentan una solicitud? 
. (EN) Como sabe su Señoría, señor Martin, estamos trabajando en varios frentes en lo que respecta a las ayudas estatales y para reforzar el control de las mismas. 
En cuanto al tiempo, no está previsto modificar los plazos en un futuro próximo. 
Los plazos están establecidos en un reglamento del Consejo que, por primera vez, codifica los procedimientos de las ayudas estatales, y puesto que dicho reglamento se adoptó tan sólo en 1999, no es probable que sea modificado en un futuro próximo. 
No obstante, estamos dispuestos e incluso deseosos de intentar acelerar algunos aspectos de la toma de decisiones siempre que sea posible, por ejemplo, con la preparación de formularios de notificación estándar. 
Su Señoría se ha referido al problema de los recursos. 
Naturalmente, es un problema clave para el conjunto de las actividades de la política de competencia, en la que se incluye la ayuda estatal. 
Cuanto mejor sea la información proporcionada desde un comienzo por los Estados miembros en sus notificaciones, mayores probabilidades tendrá el proceso de ser fluido y de quedar resuelto en un plazo de tiempo relativamente breve. 
Pregunta nº 44 formulada por (H-0355/00): 
Asunto: Ayudas estatales destinadas a la energía nuclear Dado que el mercado de la electricidad entró en vigor el pasado mes de febrero, sometiendo toda la producción eléctrica a las normas del mercado interior, y dado que el mercado común nuclear, de conformidad con el artículo 92 del Tratado Euratom, no incluye la electricidad como producto, ¿está de acuerdo la Comisión con que la electricidad procedente de energía nuclear está sometida en la actualidad a las mismas normas del mercado interior que las restantes formas de electricidad? 
Por consiguiente, ¿considera la Comisión que todas las ayudas estatales a la industria nuclear están prohibidas por el Tratado CE, puesto que no existe derogación alguna y el artículo 98 del Tratado Euratom no prevé un régimen subvencionado de seguro de accidentes que cubra los riesgos atómicos? 
En este contexto, ¿qué propuestas, si las hay, ha presentado la Comisión al Gobierno del Reino Unido con relación al sistema NFFO (obligación de utilizar combustible no fósil) , de conformidad con el artículo 87 del Tratado CE? 
¿Puede confirmar la Comisión si está investigando el asunto de las ayudas estatales otorgadas a la industria nuclear, tal y como lo solicitó el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea mediante carta de 10 de marzo al Comisario Sr. Monti? 
. (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte la opinión de sus Señorías según la cual la liberalización del mercado de la electricidad incide en toda la electricidad, incluida la procedente de la energía nuclear. 
La Comisión considera que no se puede deducir de los tratados CE y CEEA que cualquier ayuda de Estado en favor de la industria nuclear está necesariamente prohibida. 
El tratado CEEA no contiene ninguna disposición que prohiba expresamente las ayudas de Estado. 
Por otra parte, los artículos 87 y 88 del tratado CE prevén sin duda un principio general de prohibición de las ayudas de Estado pero permiten también autorizar algunas categorías de ayudas de Estado. 
Una determinación de las ayudas incompatibles no puede por tanto efectuarse más que después de un examen preciso de cada caso. 
La Comisión no ha formulado propuestas al Gobierno del Reino Unido con respecto al sistema NFFO en aplicación del artículo 88 del Tratado CE. 
Por lo que respecta a las posibles ayudas existentes a la industria nuclear, la Comisión no procede a un examen sistemático. 
Sin embargo, si la Comisión tiene conocimiento de casos de ayudas incompatibles; dichos casos se tratarán de conformidad con las disposiciones de los artículos pertinentes de los tratados CE y CEEA. 
Señor Comisario, le agradezco su respuesta pero debo confesar que me cuesta mucho encontrar la lógica. 
Por una parte, por lo que se refiere a las ayudas de Estado al medio ambiente cuenta con operar un análisis muy agudo de las subvenciones a las energías renovables cuando está claro que por el momento este sector se encuentra en desventaja por falta de una "internalización" de los costes. 
En otras palabras, la parte del mercado de las energías renovables en el mercado de la electricidad es de apenas un 5 % actualmente. 
Al lado de esto, la energía nuclear representa un 30 % de ese mercado y en ese caso no prevé usted un estudio sistemático. 
Creo por tanto que la incomprensión es total si el objetivo es que la lógica de la política energética sea equitativa, que sea la misma para todas las formas de producción de electricidad. 
Le pido por tanto que comente su posición, ya que tanto para mí como para muchas personas, y sobre todo para la industria de las energías renovables, se trata de una posición muy difícil de entender. 
Pregunta nº 45 formulada por (H-0383/00): 
Asunto: Ayuda financiera concedida a la industria nuclear europea ¿Qué evaluación ha efectuado la Comisión sobre la ayuda financiera concedida a la industria nuclear europea, en forma de subvenciones a Euratom y a los Centros Comunes de Investigación, con respecto a la política de competencia en el ámbito de la producción eléctrica en la Unión Europea? 
. (IT) La acción de la Comunidad en el ámbito del Tratado EURATOM se ciñe a las disposiciones de dicho Tratado y afecta en particular a la financiación de las funciones que la Comisión debe realizar: protección de las radiaciones, control de seguridad e investigación. 
En lo que se refiere a esta última, y de conformidad con el artículo 7 del Tratado EURATOM, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, establece los programas comunitarios de investigación en el sector nuclear. 
En este contexto, y de acuerdo con su misión, las actividades del Centro Común de Investigaciones están destinadas a mejorar la protección y la seguridad nuclear y, en especial, a proporcionar a las Direcciones Generales competentes asistencia científica y técnica. 
El artículo 305, antiguo artículo 232, del Tratado de la Unión Europea establece que las disposiciones de dicho Tratado no afectan a las estipulaciones del Tratado EURATOM. 
Esto vale en particular para las reglas de competencia que no afectan al marco constituido por el Tratado EURATOM en materia de investigación comunitaria en el sector nuclear. 
En consecuencia, la política de investigación comunitaria en el ámbito de la EURATOM no va en contra de las reglas de competencia establecidas en el Tratado de la Unión Europea. 
Señor Comisario, no ha respondido a mi pregunta. 
Quiero saber qué valoraciones está realizando sobre la ayuda financiera. 
Me refiero a la pregunta anterior del Sr. Turmes, así como a su respuesta a la misma en lo relativo a la política de competencia en el caso de la producción de electricidad en la Unión Europea. 
Sus respuestas a mi pregunta, así como a la pregunta anterior, me llevan a la conclusión de que en este caso no sólo tenemos un elefante blanco en el sector nuclear de Europa, sino una baca sagrada. 
Existe la posibilidad de proporcionar ayudas estatales que son intocables, incluso en el caso de un Comisario tan poderoso como usted. 
Pero permítame que le pregunte cuál es exactamente la situación. 
Usted ha dicho que existen excepciones que están contempladas en los Tratados, y ha hecho referencia al Tratado Euratom. 
Entre los Estados miembros existe una clara distorsión debido a las ayudas estatales. 
¿En qué parte exactamente del Tratado están recogidas por escrito las autorizaciones de estas ayudas estatales? 
¿Podría ampliar detalles sobre este extremo, por favor? 
. (FR) Voy a intentarlo, Sra. Ahern. 
Quisiera señalar que la Comisión no excluye sin duda aplicar las reglas del derecho comunitario de la competencia a las intervenciones públicas que puedan favorecer a los productores de energía eléctrica procedente de la energía nuclear. 
La Comisión ha señalado especialmente y de forma muy clara en su programa indicativo nuclear, en el sentido del artículo 40 del tratado Euratom, que "el desarrollo en dirección de la liberalización del mercado interior de la electricidad de la Comunidad implica que la energía nuclear deberá entrar en competencia con las demás fuentes de energía en un marco idéntico y en las mismas condiciones". 
La puesta en marcha completa del mercado interior y la aplicación rigurosa de reglas pertinentes relativas a las ayudas de Estado y a la competencia conducen a la creación de reglas de juego idénticas para todas las fuentes de energía. 
Planteado este principio, corresponde a la Comisión examinar caso por caso las diferentes alegaciones según las cuales el sector de la energía nuclear disfrutaría de subvenciones que provocarían una competencia desleal. 
Puedo añadir que los servicios de los que soy directamente responsable en el seno de la Comisión consideran que hemos de atenernos a una interpretación estricta de el Tratado. 
Las reglas de competencia se aplican a todos los productores de energía eléctrica, incluido el sector nuclear, en la medida en que éstas no vayan contra las disposiciones del tratado Euratom. 
Esta posición me parece tanto más justificada por cuanto que la directiva que liberaliza el mercado interior de la electricidad no prevé ninguna norma específica para los productores de la industria nuclear y no hace distinción en función de la fuente de la electricidad producida. 
Señor Comisario, dice usted que ni el tratado ni la directiva sobre el mercado interior de la electricidad prevén supuestos de excepción relativos a las subvenciones a la industria nuclear. 
Pero, ¿en qué parte del tratado basará entonces la excepción que hace a pesar de todo para la industria nuclear? 
Los artículos 87 y 88 no hacen ninguna referencia a la energía nuclear. 
Entonces, no se ve muy bien la base jurídica en la que va a hacer excepciones para la electricidad producida a partir de la energía nuclear. 
. (FR) Creo haber dado todos los elementos de los que dispone la Comisión en este tema. 
Puedo añadir que, en el plano operativo, y creo haberlo dicho, en respuesta a su propia pregunta, señor Turmes, sobre las ayudas que existirían en la industria nuclear, la Comisión no procede a un examen sistemático. 
Sin embargo, si llegan a nuestro conocimiento casos de ayuda incompatible, se tratan de conformidad con las disposiciones de los dos tratados. 
Quisiera añadir también que en la construcción lógica y general del tratado CE, los artículos que regulan las ayudas de Estado, es decir, los artículos 87 y 88, no están limitados a sectores particulares. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 46 a 83 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.25, se reanuda a las 21.00 horas) 
Emisiones de CO2 en los turismos nuevos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0128/2000) del Sr. González Álvarez, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un plan de seguimiento de emisiones específicas medias de dióxido de carbono de los turismos nuevos. 
. Señor Presidente, somos pocos los que estamos aquí a esta hora de la tarde, pero también es verdad que ésta es la tercera vez que debatimos este informe en el Parlamento Europeo. 
En la primera ocasión, en diciembre de 1998, este informe sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos se aprobó en primera lectura con 48 enmiendas. 
De esas 48 enmiendas el Consejo y la Comisión aceptaron algunas en su totalidad y otras sólo en parte. 
Y el informe volvió así a la segunda lectura. 
Es cierto que el Consejo había aceptado algunas enmiendas que nos parecían importantes, pero quedaban algunos aspectos del informe y de las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente- y por amplia mayoría en el Pleno del Parlamento- que también nos parecían importantes y que no habían sido recogidos. 
Fundamentalmente se trataba de incluir en este plan de reducción de emisiones de CO2 de los coches nuevos a los turismos industriales ligeros, que se utilizan mucho en las ciudades y cuyas emisiones de CO2 también contaminan. 
Nos parecía también que quedaba sin recoger la garantía de calidad de los datos. 
Para un plan de estas características el rigor en los datos que recojan los gobiernos, y una cierta igualdad los mismos, es fundamental. 
Nos parecía también que era muy importante mantener algo que ya es tradicional en la postura de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo: una cierta prevención frente a los acuerdos voluntarios. 
Si se tiene en cuenta que muchas veces no se cumple el Derecho comunitario- Directivas y Reglamentos- nos parece que es aún más difícil que se cumplan los acuerdos voluntarios. 
La Comisión de Medio Ambiente desconfiaba de estos acuerdos voluntarios y en otra de las enmiendas se pedía que se elaborase un marco jurídico claro en el que apoyarse, en el caso de que fracasaran los acuerdos voluntarios. 
Se recogió también al final nuestra preocupación de que en uno de los párrafos se hablara no sólo de la estabilización de las emisiones, sino de su reducción. 
Otra enmienda, que también nos parecía importante, era la relativa a las dimensiones de los vehículos. 
En total, señor Presidente, al final fueron 10 las enmiendas que se aprobaron por una mayoría muy cualificada en este Parlamento y que el Consejo no aceptó, por lo que hubo que ir a este proceso de conciliación, del que hay que decir que no ha sido ni muy conflictivo ni muy difícil. 
Como su propio nombre indica, los procesos de conciliación hacen que cada una de las partes pierda algo para que se consiga un acuerdo final. 
Y en este acuerdo final nosotros vemos recogidas nuestras preocupaciones fundamentales. 
Queda incluido un estudio para incluir en el futuro los coches industriales ligeros, se contempla la posibilidad de presentar en breve una propuesta de marco jurídico y de revisar los datos para que sean rigurosos y más o menos iguales en cada uno de los países. 
En fin, se recogen las preocupaciones fundamentales del Parlamento, si no de forma radical e inmediata, sí con el compromiso de que en el futuro se adopten decisiones sobre este tema. 
La única enmienda que no quedó recogida es la relativa a las dimensiones del vehículo. 
El Parlamento seguía insistiendo en que era muy importante porque cuanto más potente y más grande es un vehículo mayor es el nivel de emisiones, y nos parecía importante que se recogiera ese aspecto en uno de los anexos; pero teniendo en cuenta que se recogen otros seis aspectos sobre las capacidades y las condiciones de los vehículos, nos pareció que no podíamos alargar más el proceso de conciliación. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta que lo que nos interesa es que se ponga ya en marcha, en cada uno de los países, el estudio sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos. 
Al final, yo creo que hay un acuerdo razonable, que no es ni el que el Parlamento había propuesto inicialmente ni tampoco el del Consejo. 
Creo, señor Presidente, que no vamos a tener problemas para lograr la aprobación de este acuerdo. 
Señor González Álvarez, le puedo asegurar que no todas las conciliaciones tienen el mismo grado de dificultad. 
Celebro que ésta haya ido bien. 
Distinguido señor Presidente, distinguida señora Comisaria. Permítanme, ante todo, felicitar a la Sra. González Alvarez. 
Es realmente muy tenaz, pues propiamente teníamos ya un informe muy bueno en la segunda lectura, pero ha querido introducir a toda costa más enmiendas, y he de felicitarla por ello. 
Lo ha logrado. Una vez más el Parlamento se ha impuesto frente al Consejo. 
La introducción de tal sistema de control es solamente no de los muchos pasos que hay que emprender para dar cumplimiento al Protocolo de Kioto. 
Por consiguiente, la reducción de gases de efecto invernadero en un 8% en relación con el nivel de 1990 constituye el gran objetivo hasta el año 2012. 
El dramatismo del cambio climático lo hemos experimentado también aquí, en Estrasburgo, ayer y hoy, y es considerablemente más grande de lo habíamos supuesto. 
Por consiguiente, no es sorprendente que mañana aprobemos seguramente de forma muy unánime este informe y que el Consejo y el Parlamento puedan llegar muy rápidamente a una posición común. 
Este sistema de control común representa el primero de este género y creo que su éxito o su fracaso va a ser decisivo a la hora de decidir si queremos seguir instaurando sistemas de este tipo. 
Con el fin de aminorar las emisiones de CO2 y de reducir el consumo de carburantes hemos echado mano de una triple estrategia: acuerdos medioambientales con la industria del automóvil, sistemas de incentivos fiscales y, luego, un sistema de etiquetado de consumo de carburantes y de emisiones de CO2. 
Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, directivas y sistemas de medida comunes deberíamos ser conscientes todos de que apenas conseguiremos alcanzar el objetivo delimitado de una reducción de los gases de efecto invernadero al nivel de 1990. 
Existen expertos que nos aconsejan que deberíamos intentar lograr una estabilización en las emisiones actuales. 
Cabe que esto sea muy pesimista, pero si consideramos que también en los estados europeos de los 14- perdón, somos 15; como austríaca una tropieza a veces y se pregunta si somos 14 ó 15; por consiguiente, seguimos siendo 15- la motorización sigue aumentando y si pensamos en la ampliación hacia el este y consideramos que las personas de China y de India desean vivir como nosotros, entonces deberíamos ser muy conscientes de que va a ser muy difícil lograr una reducción de los gases de efecto invernadero de CO2 y que debemos realizar todos los esfuerzos posibles para lograr al menos una estabilización. 
A pesar de todo este pesimismo, la instauración de un sistema de control de ámbito europeo para emisiones de CO2 no es perjudicial en ningún caso. 
Si intentamos contener esto una vez más con pequeños pasos, luego, en el año 2005, cuando haya que comprobar el primer éxito, quizá se reúna esta Alta Asamblea y se lamente de que hoy no hicimos lo suficiente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la confianza es buena, pero el control es mejor, ésta fue una máxima de un Jefe de estado de un sistema que se hundió. 
No obstante, considero que estas máximas son adecuadas pues, naturalmente, con la estrategia del CO2 para automóviles hemos emprendido una nueva vía de confianza en la voluntad de los fabricantes de automóviles de Europa, de Corea y de Japón de reducir voluntariamente a través de medidas técnicas la emisión de CO2 de sus automóviles, en concreto, a 140 g en el año 2008, lo que significará una reducción del 25%. 
Necesitamos también un mecanismo de control para poder intervenir en caso necesario. 
Por consiguiente: la confianza es buena, pero el control es mejor. 
Deseamos un instrumento de control que sea estadísticamente perfecto y utilizable, y en este sentido quiero dar las gracias a la ponente, por haber sido tan tenaz en establecer un instrumento apropiado de control para las emisiones de CO2 de los vehículos a motor en Europa, instrumento que rija para todos los Estados miembros y que ponga en claro dónde, qué tipos de vehículos y con qué emisiones de CO2 se autorizarán, de suerte que, luego, en el año 2003, se pueda decir con claridad si el compromiso de los fabricantes se está cumpliendo o no. 
Si no se está cumpliendo, entonces tendremos que recurrir a medidas legislativas. 
Quisiera referirme todavía a los otros dos pilares de nuestra estrategia: la cuestión del etiquetado ya la hemos aprobado también. 
Donde hay alguna dificultad es en la cuestión de la ayuda adicional fiscal a los vehículos de bajo consumo. 
Creo que en esto estamos llamados todos, en especial, naturalmente, los Estados miembros, a dar impulsos adicionales claros a fin de que podamos conseguir nuestro auténtico objetivo de los 120 g en el año 2005. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que felicite a nuestra ponente por los buenos resultados obtenidos y que comience situando este informe en el ámbito más general de los cambios climáticos. 
Desde la Conferencia de Río de Janeiro, pasando por Kyoto, la Unión Europea siempre ha encabezado políticamente el debate sobre los cambios climáticos. 
Ahora bien, aunque Europa siga desde el punto de vista de la oratoria encabezando el debate, empieza a faltarle legitimidad para que pueda hacerlo de forma creíble. 
De poco sirve a la Unión Europea procurar inquietar al mundo con ese problema, cuando, en realidad, se observa que la burbuja europea de gases que produce el efecto de invernadero, en particular el dióxido de carbono, está más próxima a aumentar del 6% al 8% que de disminuir el 8% que acordamos en Kyoto. 
Así, pues, es hora de pasar a la acción interna para que nuestra actuación externa sea digna de crédito. 
Y, en materia de acción política, el sector de los transportes debe constituir nuestra prioridad por dos razones esenciales que paso a presentar. 
En primer lugar, porque, de acuerdo con el Libro Verde publicado por la Comisión Europea, este sector no formará parte del sistema europeo de comercio de emisiones de dióxido de carbono, por lo que se deberán conseguir todas las reducciones de gases que producen el efecto de invernadero exclusivamente mediante políticas y medidas nacionales y comunitarias. 
En segundo lugar, porque los transportes son el sector que más está contribuyendo a la desviación de la Unión Europea en relación con los niveles fijados en Kyoto. 
De acuerdo con el estudio recientemente publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, los transportes son responsables de casi el 30% del total de emisiones de la Unión Europea y es de prever que el nivel de emisiones de dióxido de carbono procedente de ese sector llegue aumentar el 39% hasta el año 2010 respecto del nivel de 1990. 
Ante este marco extraordinariamente preocupante, según el cual los transportes por carretera son responsables del 85% del total de emisiones de dióxido de carbono en el sector de los transportes, y ante la imperiosa necesidad de actuar, resulta plausible el acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación sobre ese régimen de vigilancia de las emisiones de CO2 de los automóviles ligeros de pasajeros. 
Ese régimen es una pieza fundamental de la aplicación del Protocolo de Kyoto y permitirá controlar con rigor el compromiso voluntariamente suscrito por la industria automovilística de reducción en un 25% de las emisiones de dióxido de carbono de los nuevos automóviles de pasajeros. 
Lamento que no haya sido posible incluir en ese sistema los automóviles comerciales ligeros. 
En todo caso, felicito una vez más a la ponente por los resultados obtenidos. 
Distinguido señor Presidente, distinguida señora Comisaria, quiero ser tan breve como lo ha sido la exitosa ponente en el procedimiento de conciliación. 
Sin embargo, al igual que lo han hecho algunos de los oradores y oradoras que me han precedido, quisiera felicitarla muy cordialmente por su buen informe y sus estupendos éxitos. 
Al contrario de algunos que me han precedido en el uso de la palabra tengo por muy importante que tengamos en el informe no sólo la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero, sino también la reducción de los mismos, sobre todo teniendo en cuenta el trasfondo de que de aquí al año 2005 deben producirse éxitos demostrables que se deriven de los compromisos del Protocolo de Kioto. 
Respecto de los reparos que este Parlamento ha manifestado siempre, respecto de los autocompromisos en los acuerdos relativos al medio ambiente, considero esencial que como Parlamento hayamos conseguido que se incluya este párrafo, según el cual los datos a partir del 2003 se utilizarán para comprobar este autocompromiso de la industria automovilística. 
Creo que también es esencial- y a este respecto no se amplía mediante esta decisión el ámbito de aplicación- que hayamos logrado llevar tan lejos a la Comisión de manera que haya estudios para llevar a cabo mediciones armonizadas de las emisiones específicas de CO2 en los vehículos de la clase N1 y presentar propuestas en esta dirección. 
Quisiera felicitar cordialmente una vez más a la ponente y votar a favor de la aprobación de este informe. 
. (EN) Señor Presidente, doy la bienvenida al excelente resultado alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en este informe. 
Felicito a los colegisladores por el esfuerzo que han hecho para encontrar un acuerdo rápido y satisfactorio. 
El proceso de aprobación de esta propuesta constituye un ejemplo de cómo los dos brazos legislativos europeos pueden resolver sus diferencias y trabajar conjuntamente para aprobar una legislación medioambiental sólida y eficaz. 
Me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y, en particular, a la ponente, la Sra. González Álvarez, por su constructivo enfoque. 
La adopción de esta decisión permitirá supervisar la eficacia de la estrategia comunitaria en materia de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos y, más específicamente, proporcionará datos creíbles para controlar la aplicación de los acuerdos voluntarios con los fabricantes de automóviles. 
Esta estrategia es una de las actividades más concretas de la Comunidad en materia de emisiones y reducciones de CO2 del sector del transporte. 
Por tanto, representa un hito importante en la consecución del objetivo de Kyoto. 
Utilizaré tan sólo 20 segundos para manifestar mi agradecimiento a todos los miembros del Comité de Conciliación: al Sr. Provan, a la Sra. Jackson, quien también participó, y a los miembros de la Comisión y del Consejo con los que estuvimos trabajando para llegar a un acuerdo sobre el informe. 
Asimismo, quiero agradecer a los colegas su apoyo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Interoperabilidad de los sistemas ferroviarios transeuropeos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0112/2000 del Sr. Savary, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la aplicación y los efectos de la Directiva 96/48/CE relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad; 
A5-0113/2000 del Sr. Savary, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional. 
ia, Comercio Exterior, Investigación y Energía. (DE) Señor Presidente, espero que los dos oradores que me preceden no estén de camino en el tren y se hayan retrasado. 
Creo que están en la casa y que serán puntuales. 
Lamentablemente, sucede, naturalmente, que ten el caso del tren luchamos con muchos problemas derivados precisamente del pasado. 
Por ejemplo, en 1970 la cuota de mercado del ferrocarril en el transporte de mercancías ascendía al 21 y ahora solamente al 8,5 %. 
En el transporte de mercancías el ferrocarril ha experimentado una pérdida masiva; en el transporte de viajeros la cuota de mercado ha retrocedido también del 10% al 6%. 
El vencedor ha sido el transporte por camión; éste crece contínuamente y gana cuotas de mercado, por ejemplo, en Austria un 16% anual en las fronteras con el este. 
Si se consideran los camiones y autobuses procedentes de la Europa oriental que circulan por el importante eje oeste-este de la autopista A1, el transporte se ha sextuplicado aquí desde el año 1995 hasta el año 2000. 
Por consiguiente, se observa que el transporte de mercancías, y en especial el transporte de mercancías en tránsito, está creciendo de manera masiva. 
Los pronósticos afirman un crecimiento superior al 100% desde 1995 hasta el 2015. 
Por consiguiente, es importante y prioritario que nos ocupemos de la red de ferrocarriles europea. Tiene una longitud de 156.000 kilómetros. 
De éstos un total de 78.000 kilómetros corresponde a redes transeuropeas. 
Hasta el 2010 se construirán 12.600 kilómetros de tramos de nueva construcción para velocidades superiores a 250 km/hora y, además, se construirán 16.300 kilómetros de tramos de ampliación para velocidades superiores a 200 km/hora. Los costes totales- esto es una suma realmente gigantesca- hasta el 2010 se estiman el 186 millardos de euros. 
Por consiguiente, se puede apreciar cuán importantes son estas inversiones para la Unión Europea. 
Por esta razón, estamos llamados aquí a establecer de manera rápida y expedita las prioridades. 
Creo que es la hora de adaptar el ferrocarril a las situaciones de la economía de mercado de manera que el ferrocarril invierta aún más y de manera intensa en las necesidades de los clientes y nosotros establezcamos de manera conjunta las prioridades y confeccionemos un calendario apretado y eficiente. 
Las exigencias esenciales son, naturalmente, reducir a uno solo el ancho de vía en toda Europa, en especial allí donde dos países trabajen conjuntamente. 
Actualmente disponemos aún de cinco anchos de vía diferentes. 
Necesitamos una electrificación única, en especial en lo que respecta a la tensión y a los ciclos. 
Por consiguiente, es preciso unificar las características técnicas de la corriente a fin de que pueda ser adquirida también por las redes públicas y pueda ser introducida en las redes públicas sin pérdidas significativas. 
El tercer punto- lo considero el más importante- es la seguridad de los trenes. 
Necesitamos entidades externas de comprobación y certificación. 
No puede ser que quien explota el ferrocarril, sea también el que lo analiza. 
También es evidente en el caso de los automóviles y de los vehículos industriales que sean organizaciones externas de certificación las que hagan los análisis. 
Creo que es urgentemente necesario, una vez que hemos tratado los accidentes ferroviarios de este último tiempo, que sean aquí entidades externas de análisis quienes velen por la seguridad de los pasajeros en Europa. 
(FR) Señor. Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias a todos los colegas que han sumado su trabajo al del ponente para presentarles estos dos informes que son, creo, importantes para el futuro del sector ferroviario. 
¿De qué se trata? 
En primer lugar de hacer balance sobre la aplicación de la directiva de 1996 sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario de alta velocidad y de extraer las enseñanzas para el futuro. 
En segundo lugar, y ése es el informe esencial, hemos de deliberar y votar sobre una propuesta de directiva relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional. 
Señorías, hemos de medir toda la importancia que reviste este expediente. 
Hoy existe una contradicción inaceptable en el discurso y en la realidad de los transportes europeos tal como se podía esperar, la construcción del mercado interior ha desarrollado lógica y considerablemente los intercambios de mercancías y la movilidad de las personas en el seno de la Unión, que han registrado unos crecimientos respectivos de un 21% y de un 15% entre 1990 y 1997. 
De este crecimiento explosivo de la movilidad interior, que debería confirmase en los próximos decenios, está la carretera, accesoriamente el cabotaje marítimo en el mar del Norte, que han captado la parte principal del tráfico. 
Cuando aquí mismo, y en la mayoría de los países de la Unión, disponemos de una red de ferrocarriles y de una técnica ferroviaria sin parangón en el mundo, cuando un estudio reciente evalúa en unos 480 millardos de euros los costes externos de la carretera en materia de salud pública, de infraestructuras y de contaminación, cuando el objetivo de movilidad duradera y de respeto por el marco de vida son compartidos generalmente por los europeos, se observa que el ferrocarril sólo representaba un 8,6 % de cuota de mercado de flete y un 5,8 % del tráfico de viajeros. 
En esta paradoja hay no sólo una explicación sino varias: la menor competitividad del ferrocarril debida a un diferencial social con el sector de transporte por carretera pero también a las distorsiones de competencia introducidas por los costes externos considerables de la carretera, una prioridad de prestigio concedida excesivamente en estos últimos años a la alta velocidad de viajeros por la mayoría de las grandes empresas ferroviarias, pero también una excesiva nacionalización de las culturas, de las técnicas y de los protocolos ferroviarios que compromete la fluidez del tráfico ferroviario a escala continental. 
Hoy, la situación de las redes de transporte europeo es simple hasta la caricatura: no existe más que un solo espacio de transporte único, la red de carreteras. 
No existe aún un cielo único o un espacio marítimo europeo, y sobre todo no existe un espacio ferroviario continuo en el seno de los países de la Unión. 
El desafío de la interoperabilidad ferroviaria es naturalmente el de abolir las fronteras técnicas heredadas de los patrimonios ferroviarios nacionales que se han ido constituyendo progresivamente desde el siglo XIX. Hoy, la Europa de los Quince no cuenta con menos de dieciséis sistemas de señalización eléctrica, seis tensiones eléctricas, cinco anchos de vía y varios gálibos de materiales y por tanto de infraestructuras. 
Naturalmente, las nuevas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad constituyen un terreno privilegiado de interoperabilidad, ya que se trata evidentemente de redes nuevas o recientes dedicadas a tecnologías muy poco diferenciadas. 
La directiva 96/48 se aprobó en este sentido. 
El informe relativo a su aplicación, cuatro años más tarde, examinado para opinión por este Parlamento proporciona un balance contrastado pero finalmente más positivo de lo que parece. 
En primer lugar, se observará un gran retraso de transposición jurídica y reglamentaria ya que a día de hoy sólo dos países han procedido a transponerlo y las primeras especificaciones técnicas de interoperabilidad están justo en fase de conclusión y de publicación. 
Se concluirá en la necesidad de ser más exigentes en el futuro en cuanto al plazo de transposición y de publicación. 
Sin embargo, este retraso de transposición en los textos no ha obstaculizado el desarrollo de líneas transfronterizas interoperables, al ser el Thalys el único ejemplo de interoperabilidad perfecta, superior incluso en esto al Eurostar, a pesar de sus esfuerzos de gálibo. 
A partir de esas dos líneas internacionales existe un acervo, que tiene valor de ejemplo para los desarrollos futuros. 
Pero por encima de eso, a falta de resultados tangibles todavía, la directiva sobre la interoperabilidad de la alta velocidad ha permitido ante todo definir y experimentar una metodología de trabajo. 
Por primera vez, industriales, empresas ferroviarias y gestores de infraestructuras han iniciado un trabajo en común de definición de especificaciones técnicas de interoperabilidad. 
Se han nutrido de los trabajos más generales de la Unión Internacional de Ferrocarriles. 
Han constituido en el seno de la asociación Europea para la interoperabilidad ferroviaria un foro de trabajo, que dispone hoy de una metodología y de una experiencia que se pueden transponer al sistema convencional. 
Finalmente el comité llamado del artículo 21, que asocia a los representantes de los Estados miembros y de la Comisión, permite un control político y técnico de los trabajos de interoperabilidad y una intervención discrecional de los Estados en su orientación. 
En otros términos, si la Comisión de Transportes ha debido recordar a los Estados miembros sus obligaciones de plazo y de transposición, es forzoso convenir que la alta velocidad ha constituido un banco de pruebas de primer orden del amplio camino de la interoperabilidad. 
En este sentido, es preciso retener que la red y el parque convencional plantean problemas mucho más arduos de armonización por la dimensión nacional e histórica de las redes, por la diversidad del parque y su amplitud considerable. 
Ha de quedar muy claro aquí que no se trata de exigir de las empresas ferroviarias y de los gestores de infraestructuras una sustitución exhaustiva e inmediata de su material, totalmente fuera de sus posibilidades económicas. 
En primer lugar, si el objetivo es la interoperabilidad, ésta debe pasar por los medios más rápidos y menos costosos para realizar los progresos decisivos. 
En este sentido, la interoperabilidad se puede obtener por otras vías diferentes de la armonización de materiales desde el momento en que éstos pueden ser adaptados a diversas configuraciones, a ejemplo de las locomotoras cuadricorriente. 
Se trata por tanto de un planteamiento pragmático y realista el que se nos propone con el fin de no gravar con costes suplementarios la competitividad del ferrocarril con respecto a los demás medios de transporte. 
En otras palabras, para los países que tienen especificidades muy fuertes existen válvulas de seguridad y tienen siempre la posibilidad, en el cuerpo mismo de las instituciones previstas por la directiva, de hacer valer estas especificidades y de imponerlas al trabajo y a las publicaciones de STI. 
Finalmente, durante el periodo transitorio, se trata de evitar una divergencia creciente de esas redes. 
Con este fin, las nuevas inversiones, de aquí a la publicación de los STI habrán de satisfacer un referencial técnico aprobado. 
Se creará un registro de materiales ferroviarios de la Unión y permitirá identificar el parque, su renovación y envejecimiento, a modo de lo que se hace de forma imperfecta aún en materia marítima. 
Por otra parte, necesitamos ya ver más lejos y ésa es la razón por la cual se ha propuesto, tanto por parte de la Comisión de Transportes como por la Comisión de Industria, asociar ya a esos trabajos a representantes de los países de la ampliación con el fin de que anticipen este futuro acervo comunitario. 
De la misma manera, hemos ya de considerar, y hacemos la recomendación, modalidades de interoperabilidad entre los diferentes modos de transportes, de acuerdo con nuestro objetivo general de desarrollo de la intermodalidad. 
Naturalmente, Señorías, sería presuntuoso esperarlo todo de esta directiva y del largo trabajo de nivelación que exige por parte de los operadores ferroviarios. 
Se trata evidentemente de una obra de largo plazo y a gran escala que Europa propone iniciar en su extensa red ferroviaria. 
Por sí sola no solucionará la cuestión de las distorsiones de competencia ni la del acceso a la red o de la tarificación que deberían constituir avances decisivos hacia una nueva edad de oro del ferrocarril en Europa. 
Sin embargo, la interoperabilidad técnica de nuestras redes nacionales constituye una condición necesaria de esta reconquista del ferrocarril, que este texto, equilibrado, razonable y flexible debería permitir que se alcanzara mediante escalones sucesivos en unas condiciones económicas y sociales aceptables. 
A todos los que, entre ustedes, han contribuido a ello, que han sido muchos, deseo expresarles mi gratitud y mi agradecimiento. 
Distinguido señor Presidente, distinguida señora Comisaria, distinguidos colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Savary, y a todos los colegas que han participado, por la buena y constructiva colaboración en este difícil tema de naturaleza puramente técnica. 
El número de las enmiendas que se han presentado, incluso ahora en el Pleno, muestra cuán importante es este tema para Europa. 
Por esta razón me cabe elogiar también a la Comisión por haberse interesado por este tema de la interoperabilidad no sólo, primero, en el ámbito de los trenes de alta velocidad, sino también, después, en el ámbito de los trenes convencionales. 
Considero lamentable que pocos Estados miembros hayan puesto en práctica la directiva sobre la interoperabilidad en el ámbito de los trenes de alta velocidad. 
Mi llamada a la Comisión es la siguiente: ejerzan ustedes presión en este punto para que no se pierda un tiempo valioso que cuesta a los ferrocarriles participación en los mercados y competencia. 
Para el ámbito de los trenes convencionales la directiva es aún más necesaria. 
El objetivo de la directiva es- como ya lo es en el caso de los trenes de alta velocidad- posibilitar la fluidez mayor posible del transporte ferroviario convencional dentro de la Unión mediante la unificación de normas técnicas y proporcionar a los candidatos a la adhesión las instrucciones más exactas posibles para garantizar también tras la apertura hacia el este un transporte sin solución de continuidad. 
Para los pasajeros y para el transporte de mercancías la interoperabilidad traerá muchas ventajas. Más servicio, más confort, ahorro de tiempo, seguridad y, posiblemente, también precios más bajos. 
Por lo demás, la unificación de los estándares técnicos constituye una condición necesaria para la tan retrasada liberalización del sector ferroviario. 
Ambas cosas juntas, la interoperabilidad y la liberalización, son para el ferrocarril las condiciones más importantes para su supervivencia en el mercado único. 
Celebro que junto con el ponente y muchos otros colegas se haya logrado encontrar una buena línea común en la mayoría de los puntos de esta materia tan ardua. 
Dicho sea esto, sobre todo, para el ámbito, tan discutido al principio, de las excepciones de las ETI, pero también hemos podido encontrar al final una aproximación en el ámbito de la dimensión social de esta directiva. 
No obstante- y nosotros los del Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos creemos que seguimos teniendo una posición correcta- por formularlo de forma general, los aspectos sociales no encajan en la sistemática de esta directiva puramente técnica, aunque posiblemente la Comisión y el Consejo ven esto de otra manera. 
Igualmente nos oponemos a una participación de los pasajeros en la elaboración de las ETI. 
La inclusión de estos aspectos sólo conducirá a que la directiva se convierta en una directiva difícilmente manejable o imposible de manejar. 
Finalmente, quedan todavía unas pocas enmiendas que a nuestro juicio son, sencilla y llanamente, demasiado burocráticas y aparte de esto no muestran aspecto positivo alguno. 
En resumen, mi Grupo se opone a los elementos que son contraproducentes a la hora de lograr el gran objetivo de unos ferrocarriles europeos eficientes tal como fue descrito arriba. 
Para concluir quisiera destacar una vez más la buena colaboración y celebro que alcancemos de manera conjunta el objetivo de un transporte ferroviario lo más fluido posible. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a mi colega Gilles Savary por los excelentes informes que ha elaborado sobre el transporte ferroviario, asunto fundamental para la Unión Europea, para el fortalecimiento de su Mercado Interior, para un desarrollo más sostenible y como contribución indispensable para el fortalecimiento de la cohesión económica y social, felicitarlo también porque se trata de un asunto muy complejo que ha sabido tratar con gran claridad y profundidad y también por la disponibilidad de espíritu y capacidad negociadora que ha demostrado para incluir muchas de las propuestas de enmienda presentadas. 
Hace mucho que el Parlamento Europeo propugna una política de transportes que fomente el transporte ferroviario por ser el menos contaminante y en muchas situaciones el más cómodo para los pasajeros o el que mejor se adapta al transporte a grandes distancias de mercancías. 
Ahora bien, lo que hemos venido observando es exactamente lo contrario: el peso del transporte ferroviario de personas y mercancías ha ido disminuyendo progresivamente, así como el número de trabajadores de sus empresas, que, pese a todo, asciende a un millón. 
Esta situación se debe a dos aspectos fundamentales: en primer lugar, se mantienen las fronteras entre los quince Estados miembros por lo que se refiere al transporte ferroviario, así como las legislaciones nacionales respectivas aplicables. 
En segundo lugar, se considera el transporte ferroviario más caro que el transporte por carretera. 
Respecto de este segundo aspecto, ya se han adoptado algunas medidas, al separarse en la mayoría de los países de la Unión Europea la construcción y la gestión de las infraestructuras del transporte propiamente dicho. 
Si quien construye y posee automóviles y camiones fuera responsable directo del pago de las infraestructuras y su mantenimiento- como ocurre con el ferrocarril­, no cabe la menor duda de que no se habría avanzado en esa esfera a la velocidad en que se ha hecho. 
Las propuestas ahora presentadas para establecer normas de interoperabilidad transfronteriza en la Unión Europea son, evidentemente, el camino que se debe seguir a ese respecto. 
El interés que la Presidencia portuguesa ha manifestado en hacer avanzar lo más rápidamente posible esos expedientes nos hace concebir la esperanza de que, con la contribución del Parlamento Europeo, esa situación acabe por fin modificándose en pro del transporte ferroviario. 
Por lo que se refiere al sistema ferroviario de alta velocidad, destacaré sólo dos aspectos que considero esenciales: la interconexión y la interoperabilidad de las infraestructuras de alta velocidad del material circulante y de sus servicios suplementarios son fundamentales para favorecer la movilidad de las personas y las mercancías y para promover un sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad eficaz, apto para atender las necesidades del ciudadano. 
El otro aspecto que quiero subrayar se refiere a la necesidad de convergencia de las aptitudes profesionales, las acciones de formación y las condiciones de trabajo de sus trabajadores. 
Para concluir, quisiera insistir en que para nosotros, los socialistas, la cohesión económica y social es un objetivo fundamental de la Unión Europea y que, en esa esfera del transporte ferroviario, habrá que prestar apoyo a las regiones periféricas de Europea del Norte y del Sur en casos específicos e históricos cuyo costo de readaptación es muy elevado, pero absolutamente necesario, porque se tienen que adaptar anchos de vía diferentes, como en el caso de España y Portugal, donde el objetivo de los trenes de alta velocidad, sobre todo a través de una vía atlántica, es una ambición legítima de sus gobiernos y habitantes. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al Sr. Savary por la elaboración de estos excelentes informes. 
Es un asunto importante, pero también es extremamente difícil. 
El Sr. Savary ha tomado muy bien en cuenta los puntos de vista de los demás. 
Nuestro Grupo apoya la mejora de la competitividad de los ferrocarriles y la liberalización del sector. 
En una primera fase, hay que crear las condiciones necesarias para la existencia de una red ferroviaria ininterrumpida en el territorio de la Unión. 
Las especificaciones técnicas para un funcionamiento acoplado y la armonización de los estándares son condiciones indispensables para mejorar la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios. 
El ponente de estos informes ha estado acertado al abordar la cuestión de forma gradual. 
Las soluciones técnicas son muy diferentes entre sí. 
Si bien la existencia de estándares comunes reducirá los costes a largo plazo, la competitividad de los ferrocarriles no debe ser perjudicada mediante el establecimiento de imposiciones económicas adicionales. 
De todos modos, la existencia de diferentes soluciones nacionales en esta materia hará que sean necesarias algunas excepciones a la hora de integrar los sistemas ferroviarios con objeto de que ningún Estado miembro se vea en dificultades desmesuradas y no corran peligro los tramos ferroviarios en funcionamiento. 
Los informes presentan un procedimiento que permite aprobar estas excepciones sin poner en peligro el objetivo principal. 
Queda todavía un aspecto que habría que puntualizar y que se expone en la enmienda 35 presentada por nuestro Grupo. 
Este aspecto afecta particularmente a Finlandia, pero algunos países candidatos a la adhesión se van a encontrar con el mismo problema a medida que se vaya consumando la ampliación de la Unión. 
Se trata de los vagones de transporte de mercancías rusos, los cuales se sirven de soluciones técnicas contrarias a las reguladas en los Estados miembros, por ejemplo, en los dispositivos de embrague y frenos. 
Estas soluciones no son necesariamente peores, pero sí diferentes. 
No es probable que Rusia modifique su normativa para hacerla compatible con las exigencias de la Unión. 
Se trata de un asunto de extraordinaria importancia para Finlandia. 
Finlandia y Rusia comparten, por razones históricas, el mismo ancho de vía, que es diferente al generalizado en Europa. 
La proporción de los transportes realizados en vagones rusos representa alrededor del cuarenta por ciento del tráfico total de mercancías por ferrocarril en Finlandia. 
Esta proporción es tan grande debido a que no nos atrevemos a enviar vagones finlandeses a Rusia, ya que la experiencia demuestra que muy pocos de ellos regresan a nuestro país. 
Rusia es un verdadero país de ferrocarriles que, seguramente, cuenta con tanto material ferroviario como todo el territorio de la UE en su conjunto. 
El Sr. Savary ha propuesto, refiriéndose a la enmienda relativa al punto 5 del artículo 5, que a la hora de considerar los casos especiales se tomará en cuenta de forma especial la presencia de material proveniente de terceros países. 
Se trata de una buena propuesta, pero para Finlandia no es más que una solución a medias. 
Se pondría en marcha una laboriosa e innecesaria inspección de los vagones rusos y se originaría una burocracia descomunal. 
Tampoco existe certeza absoluta sobre si los vagones rusos serán clasificados como casos especiales en todos los supuestos. 
Por esta razón, hemos hecho la enmienda relativa al artículo 7, cuyo propósito es simplemente que se permita utilizar los vagones de transporte de terceros países siempre y cuando no crucen la frontera común entre dos Estados miembros. 
Se trata de una enmienda adicional al apartado f) de la propuesta de la comisión parlamentaria. 
La adopción de esta propuesta garantizaría que el tráfico ferroviario siguiera funcionando en Finlandia sin necesidad de experimentar una drástica decaída. 
Señor Presidente, señora Comisaria de Medioambiente, me complace que esté usted aquí presente porque así podemos hablar de este asunto sobre la marcha. 
Aparentemente se trata de un asunto muy técnico, la interoperabilidad de los trenes de gran velocidad y de los ferrocarriles y trenes normales. 
Esto nos brinda la oportunidad de hacer unas cuantas observaciones sobre los aspectos medioambientales de la propuesta. 
Nos encontramos hoy en uno de los muchos momentos históricos en los cuales, como desde hace mucho tiempo, tanto los del ramo ferroviario como los magnates del ferrocarril vienen pidiendo que se uniforme la técnica ferroviaria, que es lo que naturalmente se pide; y con la técnica, que haya uniformidad en los ferrocarriles internacionales, en los organismos laborales, entre los maquinistas que circulen entre países, etc. Esto significa también que los sindicatos y organizaciones sectoriales jugarán un papel muy distinto y tendrán otro carácter. 
Resumiendo, que hay muchas implicaciones y que habrá llovido mucho antes de que esto sea una realidad; desde luego, cuando miro las especificaciones técnicas de la vía y del tren de alta velocidad, estoy conforme con el magnífico informe del Sr. Savary, en el sentido de que es escandaloso que habiendo transcurrido tres o casi cuatro años desde la anterior directiva sobre la interoperabilidad del tren de alta velocidad, realmente todavía no haya especificaciones técnicas de interoperabilidad: me hace temer lo peor sobre el futuro. 
Lo que en definitiva nos interesa es que el ferrocarril no sólo elimine caravanas de las carreteras sino también, y sobre todo, que sea beneficioso para el medio ambiente, la seguridad y otras cuestiones. 
Hay que decir, y ya lo ha hecho en otros gremios, que los trenes poco a poco están perdiendo su ventaja ecológica y no tanto por el ferrocarril en sí sino sobre todo porque nosotros no les obligamos a cumplir ciertos requisitos como serían las del uso de locomotoras combinadas diésel y eléctricas, el tipo de electricidad que usen, etc. 
Lo que queremos de verdad y la razón por la que nos conformamos con dos tipos de velocidad en los requisitos técnicos es que por lo menos el consumo de energía y la polución atmosférica forman parte de dichos requisitos, y que habrá que trabajar mucho para cumplirlos. 
El segundo punto importante es el social, por supuesto, y ya lo dije antes. 
Es lamentable que nos limitemos a asuntos de meras condiciones en el trabajo. 
Nos remitimos al diálogo social pero la verdad es que debiéramos ir un paso más allá de eso, porque aquí está implicada toda la organización laboral de los ferrocarriles. 
Les animo a conozcan las buenas experiencias logradas en varios países al reorganizar el trabajo en los ferrocarriles para hacerlos más eficientes, a establecer programas de intercambio de experiencias con el fin de aprovechar esa experiencia también en los países que se han opuesto e incluso siguen oponiéndose a todo lo que no sea liberalización o precios justos, en todo el expediente de los ferrocarriles. 
Señor Presidente, en contraste con la creciente integración de Europa, los ferrocarriles se nos están desintegrando. 
Cada vez es más complicado conseguir horarios de servicio internacionales y los billetes de tren para el extranjero hay que comprarlos a menudo en otro país distinto del de partida. 
No hace mucho podía uno viajar directamente de Colonia a Atenas, de París a Lisboa o de Amsterdam a Copenhague, pero ahora ya no. 
Pero por otro lado la gente está redescubriendo el tren. 
Por suerte ha pasado la tendencia de considerar el ferrocarril como una molesta herencia decimonónica que convenía olvidar y desmantelar. 
Casi todo el mundo admite hoy día que el tren debería ocupar de nuevo un papel importante en el transporte europeo de larga distancia, de personas y para mercancías, cosa no sólo necesaria para atender a la creciente demanda de medios de transporte sino sobre todo también para detener la avalancha antiecológica de automóviles y de aviones. 
Las propuestas concretas para modernizar los ferrocarriles son muy distintas. 
Durante cierto tiempo ha estado de moda una manera de modernizar que ha favorecido el aumento del número de coches y aviones, una política según la cual todo tiene que volverse barato y flexible para que los precios del tren sean más competitivos. 
Algunos siguen argumentando que todo debe privatizarse y liberalizarse, que hay que reducir la influencia de los sindicatos y que el personal ferroviario debería trabajar más por menos sueldo. 
La Izquierda Unitaria Europea opina que esos remedios son peores que la enfermedad, ya que llevarían las empresas ferroviarias a su mayor decadencia y a prestar peores servicios, y su personal se vería obligado a hacer más huelgas en defensa propia. 
Las verdaderas soluciones deberán buscarse en otra dirección muy distinta. 
Primero, las compañías ferroviarias de los distintos países tendrán que ponerse a colaborar mejor, explotando rutas internacionales frecuentes y rápidas. 
Dentro del sistema ferroviario actual, las líneas Bruselas-Amsterdam, Hamburgo-Copenhague y Dublín-Belfast son buenos ejemplos de lo que digo. 
Los pasajeros no se percatan de que son dos las compañías responsables de mantener una misma línea de uso frecuente. 
Así podría realizarse al prolongarse los trenes franceses de alta velocidad por Inglaterra, Bélgica, los Países Bajos y Alemania, donde ahora funcionan con los nombres "Eurostar" y "Thalys". 
Un requisito para el éxito es que no se inmiscuyan todo tipo de explotadores comerciales, esto conduciría a que las conexiones fuesen malas y las tarifas irregulares. 
Además, la red de trenes ultraveloces no deberá financiarse a base de reducir los servicios de cercanías en los países miembros, porque hay mucha gente que se quejan con razón de que se gasten fortunas en conexiones rápidas en beneficio de una minoría privilegiada. 
Contra el tendido de más líneas de alta velocidad siempre habrá activismo si esos trenes le encarecen al usuario los trenes nacionales y empeoran el servicio, y si no resuelven los problemas medioambientales provaocados por coches y aviones. 
Por supuesto es necesario también que las técnicas se compatibilicen, unificando la tensión eléctrica en las líneas, homogenizando el material, eliminando transbordos en las fronteras y teniendo todos las mismas medidas de seguridad. 
Privatizar y dividir a la inglesa no nos da ninguna garantía de que esas mejoras se vayan a implementar mejor que manteniendo las actuales compañías estatales. 
Hay que proteger los puestos del millón de empleados ferroviarios europeos. 
Ellos son quienes nos prestan servicios útiles a nosotros en conjunto, de manera que no deberían ser considerados como la partida que nos cuadre el presupuesto de nuestra política ferroviaria, como pretenden a veces los partidarios de la política puramente comercial. 
Mi Grupo quisiera que se concediese más atención a los derechos sindicales, la coparticipación en las decisiones, las condiciones laborales y la presión laboral. 
Por suerte el informador no cede a la presión de considerar al personal solamente como un factor de coste económico. 
Me satisface que las propuestas del Sr. Savary hagan posible la consideración acertada de estos asuntos. 
Señor Presidente, los informes de nuestro colega Savary presentan un tema crucial para los ferrocarriles de Europa. 
En vista la situación preocupante de los ferrocarriles en la mayoría de los países miembros, hace mucha falta intervenir. 
Es de la máxima importancia quitar obstáculos al tráfico internacional, reduciendo drásticamente las desigualdades entre los diversos materiales y las distintas redes que hay ahora. 
Es un paso en la buena dirección y desde luego merece nuestro apoyo que se hagan uniformes las redes ferroviarias convencionales: nadie negará la importancia de ello. 
Y sin embargo me parece que mucho del trabajo de mis colegas es innecesario, porque la mayoría de sus deseos ya están recogidos de una forma u otra en el texto de la normativa, sin que haga falta repetirlo. 
Además estamos hablando de una directiva, en la cual no tiene sentido detallar ni explayarse sobre casos concretos. 
Esta directiva es eminentemente técnica y pretende concretamente hacer fácil el uso de todo tipo de trenes en diversas redes ferroviarias. 
Por tanto, las observaciones sobre el personal no me parece a mí que sean pertinentes aquí, sólo necesitamos acuerdos claros sobre las cualificaciones del personal que vaya a prestar servicios transfronterizos. 
No hay que reducir la libertad de los empresarios más allá de lo necesario. 
En resumen, señor Presidente, seguro que apoyaré el objetivo general de los informes, aunque algunas cosas propuestas están aquí fuera de lugar. 
Muy buenas noches, señor Presidente, señora Comisaria, es insólito, pero ustedes saben que yo los aprecio mucho personalmente y por ello me alegro mucho de verles esta noche. 
La interoperabilidad es un tema fundamental y, en realidad, si se mira bien, ha llegado la hora en que hemos de decir que la Unión Europea no ha funcionado en los últimos años. 
No hemos avanzado, en absoluto, en la interoperabilidad. 
Considero muy importante que comuniquemos también una vez más al Consejo, en donde se toma nota de todo con presteza, que tras 40 años del mercado común europeo no hemos avanzado en el sector ferroviario. 
Espero que el proyecto de este informe del Sr. Savary- al que una vez más quisiera dar las gracias de manera especial por su proyecto y permítanme que también dé las gracias a mi colega, la Sra. Jeggle, por su ponencia en la sombra- si llegamos a que también lo asuman la Comisión y el Consejo, signifique una situación muy adecuada para el futuro. 
Espero que el Consejo asuma también lo que proponemos aquí en las enmiendas. 
Nos hemos esforzado mucho y nuestro colega, el Sr. Savary, ha presentado todavía para la sesión plenaria decenas de enmiendas, que nosotros apoyamos, a fin de hacer un informe que pueda ser aceptado por el Consejo para ahorrar realmente un procedimiento de conciliación, una segunda lectura. 
Espero que el Consejo haga esto y hago una llamada a su responsabilidad. 
Una vez que durante años no hemos avanzado en la interoperabilidad, el Consejo debería aceptar ahora lo que aprobemos mañana, de manera que avancemos en el asunto y no tengamos todavía una segunda lectura, un procedimiento de conciliación. 
La dificultad que hay que ver es, naturalmente, que el mercado único sólo puede funcionar si a la larga tenemos sistemas únicos, y también hemos de procurar avanzar realmente en este punto. 
Hago también un llamamiento a la industria de Europa para que deje de hacer lo que viene haciendo en los últimos años. 
En estos últimos años, para proteger sus mercados nacionales, no ha fabricado conscientemente material que sea utilizable también en otros países. 
Cada cual ha delimitado su mercado. 
Por esta razón tenemos este mercado fragmentado en la red europea de ferrocarriles. Esto es inaceptable. 
Permítanme aún una puntualización final: nuestro colega, el Sr. Swoboda, que hablará a continuación, y yo hablaremos próximamente en esta Asamblea sobre el paquete ferroviario. 
Abriremos los mercados, pero para ello necesitamos la interoperabilidad. 
Estas son los dos lados de un conjunto total y en este sentido espero que el Consejo sea suficientemente sabio y listo, de suerte que asuma las enmiendas que probablemente aprobaremos mañana con una amplia mayoría. 
Señor Presidente, distinguida señora Comisaria, estimados colegas, nos encontramos, de hecho, ante una situación en la que, si bien muy tarde, estamos construyendo un sistema ferroviario europeo. 
Nuestro colega, el Sr. Jarzembowski, y yo tenemos una posición tan semejante que, realmente, quisiera comenzar donde él ha terminado. 
Dentro de pocas semanas propondremos en segunda lectura al Parlamento con gran acuerdo- pues aquí y allá existen todavía algunas diferencias- cómo han de ser las condiciones marco de economía de mercado y las normativas en materia de economía de la empresa para conseguir un sistema ferroviario europeo. 
Todo esto- tal como ha dicho ya el orador que me ha precedido- no basta para crear un sistema ferroviario europeo si no reina también una cierta interoperabilidad en el aspecto técnico y en el aspecto social. 
Ciertamente, es grotesco: todas las empresas privadas, incluso las empresas privadas más pequeñas, piensan hoy en clave europea. 
Sólo en el sector de los ferrocarriles no lo hemos conseguido aún. 
En este punto estamos realizando esfuerzos actualmente para desarrollar una mentalidad europea. 
Lo mismo puede decirse de la industria. 
Siempre contemplamos maravillados en América, en los Estados Unidos, cómo allí la industria es apoyada desde el estado y, naturalmente, la libre economía de mercado. 
Sólo que cuando se trata de empresas americanas esto cambia un poco. 
Sólo con dificultades somos capaces de ponernos de acuerdo en Europa acerca de un mercado común. 
¿Cómo se van a utilizar productos europeos en el mundo, si no somos capaces, en absoluto, de ponernos de acuerdo en Europa acerca de determinadas condiciones técnicas y acerca de la interoperabilidad?. 
En este sentido quisiera apoyar plenamente al ponente, Sr. Savary, y felicitarlo por sus excelentes informes. 
Se trata de la interoperabilidad técnica. 
Esto se ha dicho ya. 
En este punto hay que instar a la industria y, naturalmente, los adjudicadores, es decir, las empresas ferroviarias europeas deben hacer todo lo posible para que la industria se vea realmente empujada a cooperar. 
Pero esto ha de decirse también- y en esto me diferencio de alguno de los oradores que me han precedido- de la equiparabilidad y de la equiparación sociales. 
Esto no significa, ciertamente, que todo se vuelva completamente igual, pues no se trata de que unos casi se aprovechen de los otros, sino que se trata de que consideremos conjuntamente cómo creamos un sistema ferroviario europeo. 
También se trata, sin duda, de la seguridad. 
La gran ventaja del ferrocarril es, ciertamente, la seguridad y la compatibilidad con el medio ambiente. 
Así como es lamentable que la Comisaria de transportes no pueda estar presente, de la misma manera es un buen símbolo que se halle presenta la Comisaria competente para asuntos del medio ambiente, ya que en última instancia el transporte, en especial, el transporte por ferrocarril sirve a objetivos, y no es un valor en sí, sino que tiene que mejorar también entre nosotros la situación del medio ambiente. 
De toda importancia es también lo que destaca nuestro colega, el Sr. Savary, en concreto, que en todas partes, a la hora de la ampliación de la Unión Europea, se garantice que un sistema ferroviario europeo no se detenga en las actuales fronteras de la Unión Europea, sino que se extienda precisamente por toda Europa, de suerte que signifique también en toda Europa una aportación a un mejor medio ambiente y a una mayor seguridad en el transporte. 
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidos miembros presentes, el informe de nuestro colega, el Sr. Savary, constituye un trabajo excelente. 
Por esta razón es merecedor de agradecimiento y de reconocimiento. 
En mi intervención quisiera concentrarme especialmente en tres aspectos y lamento que la Sra. Jeggle y el Sr. van Dam mantengan exactamente una posición contraria en dos de estos aspectos. 
En primer lugar: la liberalización de las redes ferroviarias de los países de la UE y la instauración de un mercado común para los servicios de transporte ferroviario se contempla bajo la perspectiva del establecimiento de libres derechos de acceso y de tránsito respecto de las infraestructuras de los países miembros en el transporte transfronterizo, en especial en el transporte de mercancías. 
A este propósito goza de una importancia prioritaria la elaboración de especificaciones técnicas para interoperabilidad. 
Desde mi punto de vista la ampliación que se ha propuesto del concepto de interoperabilidad mediante la inclusión de cuestiones de la cualificación profesional del personal, de la garantía de las exigencias de seguridad y de protección de la salud en el puesto de trabajo, es urgentemente necesaria y constituye un requisito esencial para que mi Grupo otorgue su conformidad al informe. 
En la mayoría de los casos los sistemas ferroviarios nacionales de los países miembros disponen de amplias regulaciones de los aspectos denominados sociales, que no han de perderse en el camino de una liberalización en el plano europeo y que necesitan de una formulación unitaria en nivel más alto posible. 
Desde aquí quisiera insistir en la necesidad de que se otorgue autoridad al voto, meramente consultivo, de los interlocutores sociales en el comité sectorial y que, de manera análoga a muchas regulaciones nacionales, se conceda a los interlocutores sociales europeos un poder de decisión paritario en la adopción de acuerdos. 
En segundo lugar: Junto a la conformidad con el nivel mínimo de armonización técnica propuesto en el informe, junto a la realización previa de análisis de coste-beneficio y junto a la definición de un orden de prioridades en el establecimiento de las ETI, mi Grupo atribuye una importancia especial a la inclusión de los interlocutores sociales, de las asociaciones y organizaciones, de los pasajeros y usuarios en la actividad que tendrá por objeto la elaboración y comprobación de las especificaciones técnicas para la interoperabilidad. 
En tercer lugar: apoyamos también la propuesta de posibilitar desde el principio a los representantes de los países de la Europa central y oriental, aspirantes a la adhesión, la participación en las sesiones del comité. 
Su incorporación, prevista desde el principio, al proceso de la discusión y del establecimiento de las ETI constituye un requisito de la temprana equiparación de las normas y de las especificaciones técnicas de los futuros países aspirantes a la adhesión al proceso actual de la UE. 
De esta forma podremos velar anticipadamente por que la infraestructura de estos países pueda desarrollarse paralelamente a la nuestra, contribuyendo también así a la minimización de los costes que en caso contrario se originarían por separado para la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe Savary se incluye en la lógica del desarrollo duradero. 
La interoperabilidad nos parece primordial, y por ello damos nuestro apoyo a este informe, felicitando al Sr. Savary por la pertinencia de su reflexión. 
Con una interoperabilidad bien entendida es preciso equilibrar la relación carretera-ferrocarril. 
A largo plazo, el incremento del transporte por carretera planteará enormes problemas, como atascos, construcción de nuevos ejes, seguridad y contaminación. 
En ese caso es indispensable recurrir al ferrocarril. 
Este problema es tanto más importante para los países con una situación estratégica, como Francia, a cuya saturación de las redes por carretera se añade el carácter indispensable de la puesta en práctica de esta interoperabilidad. 
El ejemplo del Tallys y de Eurostar ha de continuarse y amplificarse con los TGV-Este hacia Alemania, Sur-Europa-Atlántico hacia Madrid y Lisboa, y Sur-Mediterráneo hacia Barcelona. 
En cuanto a las redes ferroviarias convencionales, ya es hora de que esta interoperabilidad se imponga y se vea apoyada por ayudas europeas significativas para permitir también que los países miembros conserven sus redes tradicionales de servicios locales. 
La interoperabilidad es tanto más necesaria en la medida en que el transporte ferroviario es rentable para largas distancias. 
Aún es necesario que las paradas en las fronteras, los cambios de material, de personal y con más razón las rupturas de cargas se vean limitadas, para no gravar la fiabilidad en el tiempo y en el servicio prestado. 
El flete aéreo puede prescindir bien de las paradas en las fronteras, y está bien. 
Así pues, adaptémonos. 
No prescindiremos de obligaciones draconianas para hacer que avance la competitividad del ferrocarril. 
En especial en las nuevas redes en fase de creación, debe imponerse la interoperabilidad, aunque no se hayan finalizado los STI. 
Ya no podemos permitirnos un retraso en la puesta en práctica definitiva de esta medida que adquirirá mucha más importancia con la ampliación de nuestra Comunidad. 
Creo que lo más importante que debemos retener son dos cifras, que son realmente alarmantes. 
La primera es que en 1970 el ferrocarril tenía, en cuanto se refiere al transporte de mercancías el 20% del mercado y hoy el 8,5 %. 
La segunda cifra es que la velocidad media del ferrocarril en Europa es de 16 kilómetros por hora. 
¡Y todo esto en el año 2000!. 
Es evidente, señor Presidente, que ese necesita una respuesta política inmediata por parte de los 15 Estados miembros de la Unión Europea. 
Y para que se dé esta respuesta, por supuesto, lo primero que hace falta es comprender el problema y que exista la correspondiente voluntad política. 
Según mi opinión, y desde luego según la opinión de todos los que han hablado, es necesario avanzar en cuanto se refiere a la accesibilidad a las redes, la interoperabilidad, porque tenemos diferentes especificaciones técnicas, diferentes modelos, diferentes sistemas de gestión. 
Y, por supuesto, todos apoyamos el informe del señor Savary, al que quisiera una vez más felicitar por su trabajo. 
Pero no basta únicamente con avanzar en el sector de la interoperabilidad. 
Es necesario contemplar con más amplitud el paquete de liberalización del ferrocarril y combinarlo con la interoperabilidad y, quisiera decir al respecto, que las decisiones tomadas por el Consejo en Helsinki son desde luego satisfactorias pero no son suficientes. 
Si se quiere avanzar debe adoptarse la decisión del Parlamente tal como se ha expresado ya en la primera lectura, porque creo que afronta de manera más integral el problema, el cual, creo que ha quedado claro, es especialmente agudo. 
Y debemos d todos comprender que un mercado común sin una red de comunicaciones unida es una quimera. 
Si queremos, pues, ver el problema desde todos los ángulos, debemos adoptar y ofrecer respuestas adecuadas. 
Dos temas distintos quiero exponer, señor Presidente, que se refieren a mi país, Grecia, porque la calidad de presidente de la Comisión de Transportes, desde luego, supongo que no me veta el derecho a referirme a tal clase de problemas. 
El primer problema es que Grecia no tiene comunicación ferroviaria interlimítrofe, especialmente con países miembros. 
Por el contrario, tiene importante comunicación ferroviaria interfronteriza con terceros países no comunitarios, que en cualquier caso no se rigen por la normativa comunitaria y que por tanto aplican, y sin duda seguirán aplicando todavía, por mayor o menor espacio de tiempo, sus propios modelos y sistemas nacionales. 
Esto es seguro, pues, un tema que requiere una referencia y normalización especial de manera que la solicitada concertación europea no se haga finalmente a costa de la comunicación ferroviaria de países como Grecia. 
Otro tema que quisiera tocar es el de la adopción de la especial previsión de peculiaridades y particularidades debidas a la especial posición geográfica, identidad y morfología del terreno nuevamente de varios países miembros, como Grecia, el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, etc., cuyo aislamiento físico o carácter insular ocasiona problemas particulares. 
Señor Presidente, yo también lamento que la Comisaria no esté aquí esta tarde. 
Quizás esté en el aeropuerto de Bruselas sin poder moverse. Tal vez debería haber cogido el tren. 
Quiero empezar dando la bienvenida a la propuesta de la Comisión de integrar la convención europea sobre red de ferrocarril de alta velocidad. 
Agradezco al ponente su paciencia, su habilidad y, sobre todo, su compromiso con la causa de los ferrocarriles europeos. 
Me gustaría también dar las gracias a la Presidencia portuguesa por la hábil forma con la que ha tratado este informe tan complejo: un ejemplo de europeos trabajando conjuntamente para resolver problemas comunes. 
Este problema, a mi juicio, sólo puede resolverse satisfactoriamente en el ámbito de la UE. 
¿Cuál es el problema? 
Como ya hemos escuchado esta tarde, en 1970 el ferrocarril tenía una cuota del 21% del mercado de transporte de mercancías, hoy es sólo del 8,5 %. 
En 1970 el ferrocarril tenía una cuota del 10% del mercado de transporte de pasajeros, hoy sólo el 6%. 
Si esta tendencia continúa, al final de la década tan sólo el 4% de los viajeros se desplazarán en tren y el transporte de mercancías por ferrocarril casi desaparecerá. 
Lo triste es que el ferrocarril ha perdido terreno incluso allí donde está bien situado, por ejemplo, en el transporte de mercancías a larga distancia. 
Está en juego el propio futuro de nuestros ferrocarriles, además de los puestos de trabajo del millón de personas empleadas en el sector. 
Una razón fundamental de este descenso es que, a diferencia del transporte aéreo y del transporte por carretera, en este sector no existe un mercado único. 
Durante 150 años los ferrocarriles se han organizado atendiendo a lo nacional. 
Incluso la oportunidad que suponía la electrificación dividió aún más a los ferrocarriles europeos y ahora están en funcionamiento cinco sistemas diferentes. 
Más recientemente, los ferrocarriles han adoptado 16 sistemas de señalización electrónica distintos e incompatibles. 
Las diferencias han contribuido también a la fragmentación del mercado de equipamiento ferroviario. 
La propuesta que se está estudiando aquí esta noche, junto con otras propuestas de la Comisión, pretende crear un mercado interno en los servicios ferroviarios. 
Ayudará a lograr una armonización de las normas técnicas relativas al equipamiento y al material rodante y a la integración de los sistemas nacionales para impulsar el tráfico transfronterizo. 
Esto hará que los ferrocarriles sean más eficientes y fiables y más competitivos. 
También supondría un impulso para al sector del equipamiento ferroviario en países como el mío. 
Contribuirá a que cumplamos con nuestros objetivos de trasladar el transporte desde las congestionadas y contaminadas carreteras a los ferrocarriles europeos y de fomentar el desarrollo de servicios ferroviarios de alta velocidad que vengan a ocupar el lugar de los vuelos de corto recorrido. 
La revitalización de los ferrocarriles es crucial para el futuro del sistema de transportes europeo, para nuestro medio ambiente y nuestra economía. 
Por ello el informe del Sr. Savary merece todo nuestro apoyo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, quiero empezar, como han hecho otros oradores que me han precedido en el uso de la palabra, felicitando al Sr. Savary- autor de estos dos informes- por su trabajo de armonización, difícil, orientado al futuro; sobre todo, teniendo en cuenta una serie de intereses enfrentados, que se han puesto de manifiesto a lo largo de las intervenciones de esta noche. 
Como diputado español, me habría gustado que se hubiese procedido con mayor flexibilidad y no se aplicaran determinadas especificaciones técnicas que afectan a cuestiones estructurales dentro del sistema ferroviario. 
Me refiero concretamente al ancho de vía español, porque consideramos que precisamente por tratarse de un problema que afecta a la estructura ferroviaria básica es de costosa y lenta renovación, y debería ser tratado teniendo en cuenta sus especiales circunstancias. 
Esto supondría que no debería regularse por los llamados "casos específicos", a expensas de la decisión del comité, sino que, por el contrario, habría que estudiar la posibilidad de que se le apliquen derogaciones automáticas en función de la incompatibilidad de estas especificaciones técnicas con las líneas ya existentes. 
Por eso, nos gustaría que se fuese receptivo ante esta demanda porque, de no ser así, sería preciso tener en cuenta que todos los proyectos, todos los planes de desarrollo de las redes ferroviarias afectadas por dichas especificaciones se verían fuertemente condicionados, y ello repercutiría muy negativamente, pues crearía incertidumbre sobre los propios programas de inversión previstos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, recientemente visité el nuevo puente sobre el Oresund que une Suecia y Dinamarca. 
Este puente forma parte de la red de transportes europea. 
Significa que se crea un vínculo estable entre Escandinavia y el continente. 
Este puente facilitará considerablemente el transporte entre Suecia y Finlandia y el resto de Europa. 
Pero hay un problema con los distintos sistemas de voltaje. 
Una parte de la vía del ferrocarril debe quedar sin electricidad para que el tren pueda cambiar de voltaje entre los distintos sistemas de Suecia y de Dinamarca. 
Suecia y Finlandia tienen diferentes anchos de vías. 
El único tren entre estos dos países es el que hace el trayecto entre Haparanda y Torneå. 
Actualmente se está probando un intercambiador de ancho de vías para facilitar el paso de la frontera. 
No obstante, también hay excelentes ejemplos. 
Los trenes que van del norte de Suecia al norte de Noruega cargados con minerales tienen un maquinista. 
Esto funciona satisfactoriamente, ya que los países y las partes del mercado laboral han colaborado. 
En el seno de la UE existen quince sistemas ferroviarios diferentes, separados, que a menudo son incompatibles. 
Esto implica que en el sector de los ferrocarriles no hay libre circulación ni mercado común. 
Si las intenciones de crear un ferrocarril con competitividad internacional son serias, tendremos que crear también una estructura común para los ferrocarriles europeos. 
La coordinación de los sistemas de ferrocarriles resulta particularmente importante para las regiones y los países que no están ubicados en el centro de Europa. 
Por ejemplo, para cruzar la UE los trenes suecos tienen que atravesar muchos países, con muchos sistemas nacionales diferentes. 
Esto significa actualmente una desventaja para la competencia, lo que conlleva la exigencia de que los países de Europa Central coordinen sus sistemas. 
Por las mismas razones, también es importante que los países que tienen fronteras con la UE puedan participar en el trabajo de armonización, a fin de no limitar el tráfico con terceros países. 
Para alcanzar la competitividad hay que armonizar muchos componentes técnicos. 
Otra cosa que es igualmente importante es la coordinación en el campo administrativo y en los sistemas operativos, además de dotar al personal de preparación y de contratos para que puedan conducir trenes entre dos o más países. 
El tráfico por carretera crece todos los años en Europa. 
Esto crea problemas ambientales, bulla, aglomeraciones y accidentes. 
Para hacer frente a este fenómeno, los transportes futuros deberán ser más limpios, más silenciosos, más eficaces y más seguros. 
El ferrocarril es el medio de transporte más atractivo y competitivo. 
No obstante, para alcanzar ese punto, se necesita que los ferrocarriles compitan en igualdad de condiciones con los demás medios de transportes. 
Por este motivo, el informe Savary es muy importante y un paso encaminado a esos fines. 
Ahora sólo falta que los países miembros lo hagan realidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, en la literatura hay muchas frases célebres para lo que estamos discutiendo esta noche en los dos informes Savary: "Venís tarde, pero venís" formuló una vez Friedrich Schiller, algo que habría que decir también de nuestro trabajo en el Parlamento Europeo. 
Discutir a finales del siglo XX sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario convencional transeuropeo en un ambiente de transformación radical, resulta difícil, incluso cuando, evidentemente, exista más interoperabilidad. 
Pero, algo es algo. 
Han transcurrido más de 100 años antes de que hoy y aquí demos un impulso más para conceder todavía, o de nuevo, una oportunidad al ferrocarril. 
No obstante, los hechos no parecen ser muy esperanzadores. 
El ponente ha presentado en su informe algunos pocos números, pero muy significativos. 
Nuestro colega, el Sr. Hatzidakis ya ha hablado de que en 1970 la cuota de mercado del ferrocarril en el transporte de mercancías ascendía al 21% y hoy se cifra sólo en el 8,5 %. En el transporte de viajeros la cuota del 10% del año 70 ha descendido al 6%. 
Algo más satisfactoria es la perspectiva para los trenes de alta velocidad. 
Desde luego, no todo es de color de rosa. 
En realidad en la Europa occidental hemos colocado algo sobre los raíles: Thalys y Eurostar. 
Pero allí donde queremos interconectar Europa a largo plazo, en especial en lo que respecta a los futuros Estados miembros de la Unión, la cosa deja de parecer tan bien. 
A este respecto sería muy importante ganar para la interoperabilidad con Europa a los países del este de Europa, los cuales apuestan aún en una proporción relativamente alta por el transporte ferroviario, y hacerlo a tiempo antes de que todo se desplace al transporte por carretera. 
Por lo demás, será preciso dialogar con los países candidatos, esto lo acentúa con razón el informe de nuestro colega, el Sr. Savary. 
En un punto es oportuna la nostalgia: queremos reservarnos un pequeño trozo de historia de Europa. 
Queremos mantener en su originalidad las líneas ferroviarias históricas. 
Las exceptuamos del ámbito de aplicación de nuestra directiva. 
Los amigos del ferrocarril nos lo agradecerán. 
Tampoco se exigirá, con razón, la interoperabilidad donde las necesidades y las soluciones regionales conserven en el sentido de la subsidiariedad sus propias normas. 
En este contexto quiero dirigir unas palabras a mi Ministro austríaco de transportes. 
La línea férrea del sur en Austria es una línea antigua y tiene importancia regional. 
Pero es también, y sobre todo, la conexión norte-sur en el este de la actual Unión. 
No invertir aquí conduciría a que en el futuro el este de Austria corra el peligro de ser excluido económicamente. 
Nadie puede desear esto. 
De todos modos, en la actualidad nuestro país, Austria, ya se halla excluido excesivamente de la Unión. 
Acabemos con todas las formas de aislamiento y velemos por una interoperabilidad completa en la Unión. 
(Aplauso contenido) 
Señor Rack, le repito lo que dije a la Sra. Flemming al comienzo de la sesión de esta tarde: desde el punto de vista institucional y jurídico del Tratado, Austria es miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
Por eso, abordamos esta cuestión cuando se debaten otros asuntos. 
Señor Presidente, considero que mi colega Gilles Savary ha hecho un magnífico trabajo con estos dos informes. 
Las estructuras ferroviarias de nuestro continente se trazaron mucho antes de que Schuman pronunciara su célebre discurso en el Quai d ' Orsay. 
Las razones militares primaban entonces sobre la lógica del transporte de personas y mercancías. 
En mi país, España, al igual que en Rusia, se optó por un ancho de vía diferente al del resto de Europa para dificultar una posible invasión militar, lo que prueba que la construcción europea no era una prioridad para quienes tomaban las decisiones del trazado ferroviario. 
Además- ya se ha dicho aquí -, casi todos los países han construido su red de manera radial, en torno a su capital, serio obstáculo para todos aquellos que quieran hacer un trayecto diferente, como ir de España a Alemania o de Italia al Reino Unido sin pasar, por ejemplo, por París. 
Como París, muchas otras capitales y casi todas las fronteras intraeuropeas actúan como tapones para el tránsito ferroviario. 
Por eso, el tráfico de personas y de mercancías por ferrocarril decae desde hace décadas. 
Hemos conseguido europeizar la economía, pero el mercado único no encuentra en la actual red de ferrocarril un instrumento útil. 
Por eso, se recurre al transporte por carretera, a pesar de ser contaminante y peligroso. 
Tenemos que liberar a los ciudadanos europeos del monopolio de las carreteras ofreciéndoles unos ferrocarriles operativos en todo el territorio y competitivos con otras modalidades de transporte. 
La inclusión de una cláusula social me parece un gran acierto. 
Los trabajadores ferroviarios van a ser protagonistas de la interoperabilidad y sus intereses deben ser tenidos en cuenta en el texto de la directiva. 
Estos trabajadores han pagado ya el precio de nuestro olvido. 
Su número se ha reducido en 500.000 en los últimos 15 años. 
La revitalización del ferrocarril es posible como lo demuestran algunos proyectos ya realizados. 
Una Comunidad en rápido proceso de integración y enfrentada a una inminente ampliación necesita mejorar la eficiencia de la explotación y la calidad de los servicios al cliente de sus ferrocarriles. 
Ello contribuirá, como dice el Sr. Savary, a lograr en Europa el objetivo de una movilidad sostenible y a una mayor cohesión económica y social. 
Señor Presidente, uno de los objetivos principales de la Unión Europea fue la creación del mercado común. 
Por estar ya en este mercado común, el tráfico de la Unión Europea aumenta impresionantemente; y ello no obstante, tenemos que conseguir que mercancías y personas alcancen su lugar de destino con mayor prontitud, más eficientemente, a menor costo y de manera más limpia que antes, pero los trenes poco nos ayudan a lograrlo. 
Al contrario, reconozcámoslo: el tren se ha estancado en el siglo XIX. El tren no ha mantenido su parte proporcional en los transportes, y ojalá que sí la haya mantenido en términos absolutos. 
El ferrocarril demuestra que la Unión Europea tiene razón: la competencia hace que te mantengas espabilado. 
Pues bien, por falta de competencia, mejor dicho por el proteccionismo exorbitante de los países miembros, el tren sigue estando condenado, aun en este siglo, a un puesto de segunda categoría, también en lo tecnológico, incluso la durabilidad de los ferrocarriles en la que insisten algunos colegas; no, el tren no es sólido y duradero, el tren ya no es limpio, desde luego no lo son las locomotoras diésel. 
Por fin hemos llegado en Europa al punto en que podemos forzar un cambio de mentalidad: ya era hora, es algo imprescindible para las personas y la movilidad dentro de la Unión. 
No podemos seguir confiando en el transporte por carretera, porque éste tiene muchos problemas: contaminación, caravanas, más riesgo de accidente y la retahíla de inconvenientes que más y más gente tiene que soportar por el tráfico que pasa por delante de sus casas, que aumenta a diario. 
Si los ferrocarriles venciesen los obstáculos al tráfico transfronterizo, o sea si los unos usasen la infraestructura ferroviaria de los otros y si hiciesen su material duradero, el transporte por carretera podrá descongestionarse. 
Los ferrocarriles evolucionan muy despacio: en Francia, por ejemplo, porque la Administración protege el mercado interno, en Holanda porque no somos capaces de terminar una negociación y poner de una vez manos a la obra. 
Como consecuencia de esto hasta para las distancias cortas se sigue cogiendo el avión en Europa. 
Lo natural sería que vías ultrarrápidas como entre París y Bruselas hubieran suplantado el al avión desde hace mucho tiempo, pero la poca fiabilidad y la lentitud de los trenes actuales hacen que muchos prefieran coger el avión. 
Para determinar la política ferroviaria, lo cual por cierto podría hacerse proceduralmente mucho mejor, no deberían concurrir solamente los fabricantes y las autoridades, sino también los propios ferroviarios. 
A nivel técnico ya existe esta representatividad: la asociación Europea para la interoperabilidad de los ferrocarriles. 
Pues esto es lo que habría que tener en todo el proceso de la normificación ferroviaria, ya que al fin y al cabo, las compañías ferroviarias tienen expertos entre su personal y debieran ser implicadas en todo el proceso. 
Los requisitos de admisión a la red de ferrocarriles y la colaboración entre las compañías y la UE dejan mucho que desear. 
Pongo por ejemplo el tren nocturno que circulará de Amsterdam a Milán a partir del próximo 28 de mayo. Su ruta atraviesa Alemania y pasa por Ginebra en dirección a Italia. 
Cada país tiene su reglamento particular que regula la velocidad, seguridad y el confort del viaje: sólo se permite circular por la red si se cumplen todas esas estipulaciones. 
Esto es incomprensible, sobre todo porque esas estipulaciones cambian casi a diario, como ya ha pasado. 
Estas cosas hacen que la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios europeos sea imposible en la práctica. 
Para que el mercado interno único sea una realidad auténtica en lo que concierne a los trenes, es imprescindible armonizar y estandarizar los ferrocarriles lo antes posible. 
Señor Presidente, la mayoría de las inversiones en infraestructuras en la UE se han hecho en el ámbito nacional. 
Esto ha implicado que muchas cosas funcionen bien en nuestros países. 
Sin embargo, en cuanto se traspasa una frontera se notan las deficiencias. 
A pesar de que se han hecho muchos intentos para resolver los problemas, por ejemplo, en el seno de la Unión Ferroviaria Internacional, lo que he dicho puede ser aplicado a lo que se discute esta tarde, es decir, a la red ferroviaria europea. 
En tanto sigan existiendo esas barreras, habrá claras limitaciones de, al menos, dos tipos. 
Por una parte, se deterioran las condiciones para la competencia de Europa con otros mercados en los que esos problemas tal vez ya han sido resueltos y, por otra, se empeoran las condiciones de competencia de los ferrocarriles en relación con otros medios de transporte. 
No cabe duda de que los ferrocarriles han sido y serán los grandes perdedores en los próximos decenios. 
Después de haber tenido durante más de treinta años una proporción equivalente al veinte por ciento del mercado de transporte de mercancías en la actual UE, hoy no alcanza al diez por ciento. 
Simultáneamente, la proporción de mercado del transporte de pasajeros se ha reducido a la mitad. 
No es posible obligar a las personas ni a las mercancías para que utilicen los ferrocarriles. 
Éste podría llegar a ser un ganador en el mercado si fuese eficaz y pudiese desarrollarse por sus propios medios. 
En caso contrario, hay un riesgo evidente de que la red de ferrocarriles en Europa, al menos en lo que concierne al transporte de mercancías, desaparezca dentro de algunos decenios. 
Por estas razones, la intención de la Comisión de conseguir la llamada interoperabilidad en el sector de los ferrocarriles constituye un paso en la dirección adecuada. 
El próximo paso consiste en contribuir a ampliar el mercado interior de la UE para que abarque a los países de Europa Central y del Este. 
La red europea de ferrocarriles se vería favorecida si los sistemas de servicios fuesen comunes y la fijación de precios se hiciese con criterios comerciales, pero, para que este medio de transporte sobreviva a largo plazo, se necesitan por lo menos dos cosas más. 
En primer lugar, se necesita una diversidad de operadores. 
Así como en Europa hay empresas de transporte por carreteras, también deberían existir muchas empresas de ferrocarriles que compitiesen entre sí. 
En segundo lugar, hay que distinguir entre los operadores nacionales y los dueños de las vías. 
Así es el modelo sueco, y creo que sería estupendo si se pudiese instaurar un sistema similar en todos los países de la Unión. 
En caso contrario, la confusión entre autoridades y operadores continuará siendo una barrera para la red de ferrocarriles europeos. 
En general, quedan todavía muchas cosas que hacer, aun después de las decisiones que adopte el Parlamento en relación con este informe, pero éstas constituyen pasos extraordinariamente importantes en la dirección correcta. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados, la Comisión quiere empezar agradeciendo al Parlamento este interesante debate y el interés demostrado en el tema de la interoperabilidad del sistema ferroviario convencional. 
Quiero destacar el excelente trabajo realizado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, especialmente por el diputado Savary que ha redactado el informe. 
En primer lugar, la directiva debe entenderse como una medida técnica, pero la propuesta también tiene significado político ya que contribuye a la realización de un mercado común y abierto para los ferrocarriles y para el material ferroviario. 
Como es sabido, la Comisión considera a los ferrocarriles como uno de los sectores prioritarios para la realización de reformas. 
Este propósito se reveló especialmente con la publicación en 1996 del Libro Blanco sobre vitalización de los ferrocarriles comunitarios. 
Ya a finales del año pasado, la UE dio un gran paso hacia la vitalización del tráfico por ferrocarril mediante el denominado paquete de medidas ferroviarias. 
Estoy convencida de que esto contribuirá a que reactivación del transporte de mercancías en la comunidad. 
Además de esas medidas, se necesitan otros esfuerzos para completar la estrategia. 
Con esto me refiero especialmente a medidas que integren las redes nacionales y que mejoren la calidad de los servicios públicos. 
Todos sabemos que las normas de operabilidad y los estándares técnicos son muy diferentes en los distintos países. Es algo que también se ha dejado en claro durante este debate. 
La consecuencia es que el tráfico internacional resulta más caro y más complicado que el nacional. 
Esas diferencias afectan no sólo a la interoperabilidad sino también al mercado interno de componentes ferroviarios. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha aprobado una propuesta de informe en la que respalda nuestra postura. 
La mayoría de las enmiendas son aceptables. 
Algunas implican claros avances que agradecemos. 
Como ustedes saben, el Consejo también ha estudiado esta propuesta y, gracias a los contactos entre el ponente del Parlamento, la Presidencia del Consejo y los funcionarios de la Comisión, es posible que ella se apruebe en esta primera votación. 
Para que esto sea así, debe existir el deseo de realizar una verdadera política de convergencia, aun tratándose de un documento de carácter técnico. 
En relación con las enmiendas, me referiré solamente a aquellas que no son aceptables. 
En primer lugar, la enmienda 9, artículo 1.3. 
El campo de aplicación se fija en el anexo 1 y no puede limitarse como se propone. 
Se mencionan casos que pueden tratarse como categorías especiales, casos especiales o, por último, como excepciones. 
Enmienda 28, artículo 22.3. 
Esta enmienda no se ajusta al criterio de dotar paulatinamente a la interoperabilidad de calificaciones técnicas. 
Tampoco se compadece con la necesidad de dar prioridad a las medidas que ofrezcan las mejores ventajas en materia de costes. 
Enmienda 29, artículo 24.1. 
Existen impedimentos jurídicos para su aceptación. 
Enmienda 32, anexo 1 y enmienda 35, sobre excepciones para los vagones de ferrocarril de terceros países. 
La redacción resulta inaceptable, puesto que implica una cambio radical respecto al material rodado en relación con lo que señala la directiva. 
La Comisión ha sostenido frente al Consejo y a la Comisión de Política Regional que la directiva tiene que comprender el material rodado que se mueve en el sistema ferroviario transeuropeo, principio en el que también se fundamenta esta directiva. 
Esto es importante para fomentar el mercado interno de material rodado, pero también para garantizar unos niveles de seguridad mínimos a lo largo de la red ferroviaria transeuropea. 
Para alcanzar estos niveles mínimos, todo el material rodado debe cumplir con especificaciones mínimas. 
Enmienda 39, artículo 18.3 y enmienda 40, anexo VII. Estas medias no son compatibles con el artículo 14.2 que señala que es responsabilidad de los Estados miembros garantizar que se respetan las normas STI, spécification technique interopérationnelle. 
Esta propuesta podría tener cabida en la directiva marco sobre seguridad ferroviaria que la Comisión presentará este año. 
Sin embargo, es evidente que los transportes de naturaleza excepcional o, por ejemplo, las locomotoras que realizan trabajos en las vías no necesitan cumplir con las mismas exigencias que los trenes de pasajeros. 
Por eso se mencionan en la propuesta una serie de casos especiales, ver el artículo 2 K y el artículo 5, en los que se aplican normas especiales que se han adaptado convenientemente. 
Permítanme omitir comentarios sobre las demás enmiendas, ya que todas tienen nuestro respaldo. 
Ellas contribuyen a hacer más clara la directiva, fundamentalmente en lo que respecta a los casos especiales. 
Muchas de ellas comprenden normas complementarias, por ejemplo, algunos casos que se exceptúan de las especificaciones técnicas. 
Termino mi intervención sobre interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional agradeciendo al Parlamento su trabajo. 
Esperamos que la directiva se apruebe en la primera votación. 
Esto sería esencial para la vitalización del tráfico por ferrocarril. 
Paso directamente a referirme al otro informe que se ocupa de la interoperabilidad del sistema ferroviario de alta velocidad. 
También en este caso el Sr. Savary ha redactado un interesante informe que contiene muchas observaciones y propuestas constructivas. 
La Comisión las estudiará en detalle y las considerará en la planificación de actividades, en la medida de lo posible. 
El informe de la Comisión trataba más de la realización y de los efectos de la directiva 96/48 que de los avances en materia de interoperabilidad de los trenes de alta velocidad. 
La razón es que la red ferroviaria de alta velocidad todavía está en una fase inicial de desarrollo. 
La propuesta del Parlamento de hacer una evaluación sobre los avances en materia de interoperabilidad resulta, por este motivo, particularmente interesante. 
En relación con el sistema ferroviario convencional, la Comisión propuso que un órgano representativo comunitario estudiase y continuamente actualizase los métodos de análisis. 
A pedido de un Estado miembro o de la Comisión, éstos podrían dar una idea del sistema ferroviario transeuropeo convencional. 
La Comisión ha estudiado todas las propuestas sobre compatibilidad de los trenes de alta velocidad contenidas en el informe; todas ellas son una buena contribución a las negociaciones que se realizan en esta materia, que sigue teniendo gran prioridad. 
Es sabido que el sector ferroviario es de trascendental importancia para las necesidades futuras de transporte en Europa y para alcanzar un sistema de transportes más sostenible. 
Un factor clave en este campo es el aumento de la interoperabilidad. 
Ha sido muy satisfactorio comprobar a lo largo del debate de hoy que el Parlamento Europeo y la Comisión tienen, en general, los mismos criterios. 
Señor Presidente, señora Comisaria, junto con el ponente, el Sr. Savary, hemos correspondido en gran manera al Consejo, en la medida que hemos aceptado en el Pleno decenas de enmiendas con el fin de compatibilizar ambas versiones. 
En consecuencia, el Consejo debería aceptar también nuestra opinión y la Comisión nos debería apoyar, y no el Consejo, señora Comisaria. 
En segundo lugar, sea usted tan amable e indique a sus servicios que el informe no procede de la Comisión de Política Regional, sino de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, ya que nosotros hacemos una política de transportes para toda la Comunidad y no sólo para la región. 
Señor Jarzembowski, el nombre de la comisión es "Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo". 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen de la pregunta oral (B5-0223/2000) de la Sra. Ahern, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, a la Comisión, sobre la falsificación de datos sobre el diámetro de las pastillas de combustible en la instalación de demostración MOX de la planta de British Nuclear Fuels en Sellafield. 
Es muy importante que no perdamos la perspectiva, la proporción en eta cuestión y doy la bienvenida a la respuesta equilibrada de la Comisaria Wallström. 
Es muy importante que nos atengamos a los hechos y evitemos las pretensiones descabelladas que han planteado los Verdes en su moción de resolución sobre este asunto. 
Quiero hacer hincapié en que la seguridad no estuvo en peligro en el incidente de la falsificación de datos. 
Me gustaría también repetir las palabras del informe de la NII de que el combustible fabricado en MDF, la Instalación de demostración MOX, va a ser seguro a pesar de ser incompleto el historial de garantía de la calidad debido a la falsificación de algunos datos relativos al nivel de calidad aceptable por los trabajadores de proceso del centro. 
Esta opinión de la NII se basa en la solidez del proceso de fabricación del combustible y en todos los controles efectuados en los parámetros clave. 
Me gustaría también llamar la atención de mis colegas sobre la respuesta positiva de BNFL a los dos informes elaborados por la NII, uno sobre el incidente de los datos y el otro sobre el control y el régimen de gestión de la seguridad en Sellafield. 
Yo doy la bienvenida a la respuesta y a sus tres principales recomendaciones para mejorar el sistema de gestión de la seguridad y la estructura de gestión mediante una revisión exhaustiva del sistema de gestión de la seguridad de toda la empresa: Mejorar la disponibilidad de recursos contratando más personal de control, mejorar la formación e insistir más en la cultura de seguridad y, en tercer lugar, mejorar la inspección, auditoría y revisión independientes nombrando inspectores de cumplimiento independientes de superior categoría y similares. 
BNFL ha respondido positivamente a las 28 recomendaciones de un informe y a 15 recomendaciones del otro, el informe sobre falsificación. 
No pretendo examinarlas detenidamente. 
No tengo tiempo. 
No perdamos de vista lo fundamental. 
Los mecanismos de seguridad reglamentarios funcionaron en este supuesto. 
Los miembros del personal comunicaron el error y, a continuación, los procedimientos reglamentarios siguieron su curso. 
No se produjo en realidad una violación de la seguridad, sólo una vulneración de las normas de registro de datos para un cliente concreto. 
La infracción de la falsificación no debe invalidar ni oscurecer las razones a largo plazo a favor del reprocesamiento o de la fabricación de combustible MOX. 
Se trata de dos formas eficaces de reducir, de concentrar los residuos y, en el caso de la fabricación de MOX, de la mejor respuesta que se conoce en la actualidad al problema de cómo deshacerse de modo seguro del plutonio de índole armamentística. 
Doy la bienvenida a la Western European Nuclear Regulators Association, WENRA, que se creó hace algo más de un año, en febrero de 1999. 
Doy la bienvenida a la puesta en marcha de un proyecto dirigido a armonizar las normas y prácticas de seguridad de sus miembros. 
Los propios reguladores están asumiendo esta tarea en los Estados miembros: ¿quién puede hacerlo mejor que ellos? 
El resultado será una mayor cultura de la seguridad y eso debe ser bien recibido por todos. 
Señor Presidente, las investigaciones de este incidente muestran lo que pudiera describirse como una cultura de incompetencia de la dirección y de complacencia. 
El informe de la Nuclear Installations Inspectorate de febrero de este año sobre los datos de seguridad descubrió que estos datos se habían falsificado sistemáticamente. 
El procesamiento de combustible utilizado en 34 plantas de 9 países distintos se puso en tela de juicio y, de hecho, Japón, Alemania y Suiza dejaron- y con mucha razón- de enviar material a Sellafield. 
Toda esta triste historia ha venido a sumarse a la reputación que tiene el Reino Unido, tan sórdida como a menudo inexacta, como el "sucio de Europa". 
Creo que todos en Sellafield deben aceptar una responsabilidad colectiva por las cosas que se han hecho mal y deben actuar para mejorarlas. 
Se han llevado a cabo una serie de mejoras: el nuevo presidente de BNFL ha emprendido una revisión fundamental; se ha despedido a varias personas. 
No hay duda de que hay progresos. 
Pero, todavía queda mucho por hacer y el Reino Unido tiene mucho camino que recorrer como también lo tiene BNFL para restablecer su reputación. 
Yo me uniría a las preocupaciones de la Sra. McNally cuando pedía a la Comisaria que considerara de nuevo estas cuestiones. 
El que la Comisaria nos diga que las normas de cada uno de los Estados miembros son más específicas sencillamente no basta. 
Necesitamos unos requisitos mínimos elevados y, en especial, los necesitamos si tenemos en cuenta la adhesión de los países candidatos, muchos de los cuales son más dependientes de la tecnología nuclear que los actuales miembros de la Unión y tienen una capacidad de generación mucho más antigua. 
Una acción de la Unión Europea en este tema sería importante porque crearía confianza y lo que el público desea son medidas de creación de confianza. 
Reconozco y siento profundamente la preocupación expresada por los colegas de la República de Irlanda y Dinamarca. 
Lo cierto es que necesitamos legislación para aplicar lo que pide la moción presentada por los tres principales Grupos políticos esta noche: elevados requisitos mínimos para el diseño, construcción y funcionamiento fiables y seguros de las instalaciones nucleares y de las conexas, así como para los sistemas de gestión de la seguridad nuclear. 
Mi grupo no puede apoyar aquí esta noche la moción de los Verdes. 
Nos parece que trata la cuestión desde un punto de vista muy exagerado. 
Plantea la cuestión perfectamente legítima de si el reprocesamiento nuclear debiera continuar en Sellafield. Pero este debate no se puede realizar en los términos que utiliza la prensa amarilla. 
Nosotros apoyamos la moción presentada por los tres grupos principales porque creemos que deben hacerse mejoras, ya se están haciendo mejoras, pero un planteamiento a escala comunitaria de toda esta cuestión impulsaría esas mejoras. 
Reconocemos la gran importancia que esta planta tiene para el empleo en el oeste de Cumbria y creemos que en el caso de que el futuro de la planta cayera en peligro, la Comisión Europea debería presentar medidas especiales para ayudar a regenerar el empleo en la zona. 
Estamos ante una historia en la que nadie, al menos en Sellafield, sale bien parado. 
Pero es un aspecto en el que la acción a escala de la Unión Europea puede realmente ser útil. 
Señor Presidente, desearía comenzar dando las gracias a mi colega la Sra. Ahern por haber planteado este asunto tan importante. 
A todos en esta Cámara les habrá horrorizado lo ocurrido en Sellafield con la falsificación de los datos del combustible MOX y el informe de la Nuclear Installation Inspectorate sobre el bajo nivel de los procedimientos de seguridad en la planta. 
Después de una respuesta defensiva inicial de BNFL, hasta que no se publicó el informe no se conoció el verdadero alcance del problema: que la falsificación de cifras al parecer se llevaba produciendo de modo secreto desde 1996. 
Galés, al igual que Irlanda, ha sufrido la contaminación radiactiva del mar de Irlanda, debido fundamentalmente a Sellafield. 
Existe una teoría sobre la relación entre la gran incidencia de leucemia infantil, por ejemplo, y la proximidad a la costa galesa. 
Ahora, además de eso, nos encontramos en una situación en la que toda la confianza que la gente tenía en la seguridad de la planta, y, por tanto, en su propia salud y seguridad, se ha destruido. 
Esta crisis en la credibilidad de la gestión de British Nuclear Fuels puede, de hecho, traer consigo el fin del reprocesamiento. 
BNFL estaba decidida a seguir adelante con la planta MOX de Sellafield para continuar con el reprocesamiento. 
Pero entre las razones por la que British Energy, que representaba un tercio del volumen de reprocesamiento de Sellafield, decidió pasarse al almacenamiento de residuos, estaban las económicas. 
Para ellos, resultaba más barato almacenar los residuos y las pruebas publicadas recientemente por las autoridades locales desnuclearizadas confirman este punto de vista 
Por tanto, dados los problemas de contaminación medioambiental y los efectos sobre la salud, así como el tema de los costes y el debate sobre estos costes, ¿qué justificación queda para el procesamiento nuclear? 
No merece la pena correr los riesgos que acarrea y, como dice la resolución, el Consejo, la Comisión y el Parlamento deben reconsiderar toda este tema, incluyendo la producción de combustible MOX, a la luz de los acontecimientos recientes y en beneficio no sólo del pueblo de Irlanda y Galés, sino también de toda Europa. 
British Nuclear Fuels tiene la obligación de hacer frente del modo más seguro posible a los niveles de residuo que la Sra. Ahern ha mencionado antes. 
Esa cuestión también supone para mí una gran preocupación porque se ha citado una zona de Gales como posible lugar para almacenar residuos radiactivos de baja intensidad. 
Esto es inaceptable. 
Se necesita un enfoque estratégico. 
La industria nuclear ya ha causado unos daños tremendos y tenemos que estar seguros de que no van a ser destruidas en el futuro más comunidades ni vidas de personas por el legado de esta industria. 
Señor Presidente, un requisito indispensable de la labor parlamentaria es el rigor. 
En aras de ese rigor, quisiera recordar cuatro hechos en relación con el incidente de la falsificación de las medidas manuales del diámetro de las pastillas de combustible MOX en la planta de British Nuclear Fuels en Sellafield. 
En primer lugar, se trataba de controles secundarios y redundantes a petición de un cliente, no de una exigencia de seguridad; en segundo lugar, ningún requisito de seguridad nuclear fue violado; en tercer lugar, no hubo riesgo radiológico alguno; en cuarto lugar, ninguna cláusula de salvaguardia prevista en el Tratado Euratom fue vulnerada, porque las medidas del peso de las pastillas fueron correctas. 
Estamos por tanto ante un lamentable caso de falta de ética profesional que ha representado enormes perjuicios económicos y de imagen a la empresa afectada, pero, bajo ningún concepto, se puede afirmar, sin faltar a la verdad, que nos encontramos ante un suceso con implicaciones en la seguridad de los trabajadores o del público. 
Sin embargo, un fallo como el que nos ocupa nos recuerda, a pesar de su naturaleza trivial, la necesidad de extremar el control y la mejora permanente de los procedimientos en una instalación de las características de la planta de reprocesamiento de Sellafield. 
Así lo ha reclamado la autoridad reguladora británica. 
Así se exige firmemente en la resolución apoyada por nuestro Grupo y así esperamos que se cumpla en el futuro. 
Señor Presidente, no debemos caer en la ilusión de que la falsificación de los datos de control de la calidad en Sellafield no fue un asunto muy grave. 
Imagino que a los pocos parlamentarios de esta Cámara que han estado en contacto tanto con la dirección como con los representantes de los trabajadores de la planta durante un buen número de años es a los que hiere más este asunto. 
Un asunto que puso de manifiesto una deficiente cultura de la seguridad y un inadecuado procedimiento de control secundario en la fabricación del combustible MOX. 
Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que la respuesta de BNFL al informe de la inspección nuclear ya ha dado lugar a algunos cambios muy significativos en la gestión. 
Estos cambios han sido bien recibidos tanto por la inspección como por el ministro responsable. 
Espero que en este sentido no se les acuse de adoptar la costumbre del lugar en esta cuestión concreta. 
Yo sugeriría que una de las misiones del Parlamento fuera el seguimiento de los cambios de gestión que se están produciendo en la actualidad. 
Deberíamos tener en cuenta también que el inspector jefe y la Comisión dejaron muy claro ante la Comisión de Industria que no existían repercusiones para la seguridad en ninguna de las instalaciones de Sellafield. 
Las salvaguardias nucleares no suponían un problema y tampoco había problemas en relación con el transporte de materiales nucleares. 
Me alegro de que la Comisaria haya confirmado este punto de vista en la tarde de hoy. 
El combustible puede usarse de manera segura para los fines para los que se fabricó. 
Pero el decir todo esto no debe llevarnos a la complacencia. 
Pretendemos aplicar requisitos a los países de Europa del este que han solicitado la adhesión y, yo sugeriría, que vayamos más allá de los países candidatos de Europa del Este. 
La mayoría de nosotros deseamos ver unos requisitos de la Unión Europea aplicables a todas las instalaciones nucleares. 
Sabemos que la Western European Nuclear Regulators Association está buscando la armonización. 
Espero que la Comisaria, como le han pedido otros colegas, reconsidere su postura y apoye y anime a WENRA en este objetivo. 
Estoy absolutamente convencido, basándome en mi propia experiencia en varios países, que está es la forma de volver a transmitir seguridad a la opinión pública. 
Volver a dar seguridad a la opinión pública debe ser nuestro principal objetivo como Parlamento. 
Señor Presidente, he sido diputada de este Parlamento durante dieciséis años. 
Creo que no me equivoco si digo que literalmente en todos y cada uno de esos dieciséis años se han planteado en este Parlamento las preocupaciones del estado irlandés y del pueblo irlandés sobre la planta de procesamiento nuclear de Sellafield. 
Siempre soy consciente, cuando miro a mi alrededor, de que probablemente todas las bombillas de esta Cámara funcionan con energía nuclear, lo cual explica la resistencia de muchas de las principales potencias europeas a atender de verdad la preocupación que tenemos en Irlanda. 
Estas preocupaciones han sido expresadas por nuestros sucesivos gobiernos al gobierno británico. 
En general éste las ha tratado- lamento decirlo- con indiferencia y muchas veces hasta con desprecio. 
Existe ahora en Irlanda una total falta de confianza en las garantías de seguridad de la planta nuclear de Sellafield. 
La reciente información acerca de la falsificación de documentos viene a sumarse a la profunda sensación de malestar que comparte la gente de nuestra isla. 
A nuestro país le tocan todos los riesgos derivados de esta planta y ninguna de sus ventajas. 
Sabemos que los alemanes y los japoneses están enviando sus residuos nucleares para que se procesen en Sellafield porque para ellos es demasiado incómodo políticamente hacerlo en sus propios países dadas las preocupaciones que suscita. 
Pido a la Comisaria que reconsidere su postura. 
Me gustaría también plantearle otra pregunta: ¿pertenece algún país de los no nucleares al comité de seguridad nuclear que usted ha mencionado? 
Ya es hora de que nos demos cuenta de que debemos considerar el coste de procesamiento de los residuos de estas instalaciones nucleares como una parte intrínseca del coste. 
Es, por lo general, más cómodo dejarlo fuera, pero se trata de una cuestión que preocupa extremadamente al gobierno irlandés y al pueblo irlandés y, afortunadamente, también al gobierno danés. 
Un gobierno que comparte con nosotros estas preocupaciones. 
Señor Presidente, he pedido intervenir en este debate no sólo porque soy un parlamentario que procede de la región del noroeste de Inglaterra donde está ubicada la planta de Sellafield, no sólo porque pudiera estar en peligro el modo de vida de 10.000 personas en caso de que Sellafield se cerrara, y no porque tenga ningún interés personal en la industria nuclear. 
No lo tengo. 
He pedido intervenir porque deseo contribuir a aportar algo de verdad a este debate. 
El problema cuando se habla de temas nucleares- en especial, de Sellafield- es que prevalece una distorsión de la verdad. 
En su intervención la Sra. Ahern dijo que la NII había hecho una dura crítica a la planta. 
¡Pero, no fue así! 
Ella habló de una dura crítica a los controles de seguridad. 
¡Pero, no fue así! 
Hizo tres recomendaciones de seguridad y los controles eran controles de garantía de la calidad, como ya han dicho otros oradores. 
Ella ha dicho que el informe partió de un reportaje de prensa en The Independent. 
Pero, no es así. 
Fueron los trabajadores de BNFL los que sacaron el tema. 
Fueron ellos los que lo descubrieron. 
Fue BNFL quien le dijo a la inspección de las instalaciones nucleares y a sus clientes lo que había ocurrido. 
La diputada habló de contaminación de los mares en Irlanda y Dinamarca. 
Cito a The Independent, donde siete destacados científicos daneses, que, de hecho, tienen un interés profesional en las emisiones de radiactividad de Sellafield, dijeron el 12 de mayo: "No hay base científica para sostener que la actual emisión de radiactividad de Sellafield cause una contaminación inaceptable en el Atlántico Norte ni en las regiones del Ártico". 
¡Cuando uno ya se ha creado una idea sobre algo, los hechos sólo sirven para confundir! 
La diputada habló del escándalo de la vulneración de la seguridad. 
Eso es un insulto absoluto a las personas que trabajan allí, y ¡aún más a sus familias, que viven cerca de la planta! 
Esos trabajadores no trabajarían en esa planta si pensaran que no es segura. 
Y, desde luego, no pondrían a sus familias en peligro si tal fuera el caso. 
Eso es una acusación absoluta a las personas que trabajan allí. 
Después, acabó hablando de corrupción. 
Eso sí que es el no va más. 
Por último, le digo a la Comisaria: lo que debería hacer, aparte de escuchar, es visitar Sellafield y comprobar los hechos por sí misma. 
Es el mejor consejo que puedo darle a usted y también a muchos diputados de este Parlamento. 
Señor Presidente, siendo ciudadano de Cumbria- donde he nacido, me he criado y resido- y uno de los representantes del noroeste de Inglaterra, no hay nadie en este Parlamento que se haya visto más afectado que yo por el eco de los recientes acontecimientos en Sellafield. 
Seamos claros. 
Ha habido verdaderos errores en el modo en que se ha llevado el asunto. 
Esos errores sencillamente son inaceptables. 
En tanto que habitante de Cumbria, sé que mucha gente en mi condado natal- al que tengo el honor de representar- se siente defraudada por British Nuclear Fuels. 
Pero como ya se ha señalado, no se han producido vulneraciones de la ley ni de las normas y directrices del regulador. 
En una sociedad sometida al imperio de la ley, no pueden usarse los acontecimientos recientes para cerrar la planta. 
Sé que hay mucha gente a la que le gustaría ver el cierre de Sellafield. 
En concreto, sé que esta opinión se defiende con mucha firmeza en algunas partes de Irlanda. 
En una sociedad libre, si eso es lo que la gente opina, debe permitírseles articular sus opiniones. 
Pero eso no es motivo para cerrar la planta. 
No puede sostenerse que las autoridades públicas cierren una empresa legalmente constituida en ningún lugar de la Unión Europea sin que tal empresa haya incumplido la ley. 
Esto vale para Irlanda, Dinamarca, Reino Unido o cualquier otro Estado miembro. 
Los propietarios- es decir, el estado del Reino Unido- y los empleados de Sellafield tienen intereses legítimos que no pueden dejarse de lado. 
Esto sirve para este caso igual que para cualquier otro. 
Por último, igual que la reciente crisis en Sellafield ha sido autoinfligida, también la solución a la misma ha de estar en manos de British Nuclear Fuels, y ellos mismos así lo entienden. 
Les deseo lo mejor. 
Pero las palabras no bastan. 
Deben venir acompañadas de hechos- sus hechos. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
El Acta de la sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quiero hacer una observación en relación con el Acta de ayer. 
No aparezco entre los firmantes de la lista de presencia. 
Estuve presente ayer durante todo el día y durante la votación que tuvo lugar a mediodía y, sin embargo, no aparezco en el Acta. 
Agradecería que se corrigiera este error. 
Muchas gracias, señor Valdivielso. Los servicios lo comprobarán y harán la oportuna rectificación. 
Señor Presidente, quisiera comunicar al Parlamento en el marco del artículo 111, que el jueves pasado los locales del Grupo de Medios Informativos Moss, en Moscú, que albergan a la televisión independiente y a una serie de periódicos y revistas, fueron objeto de una incursión efectuada por la denominada policía fiscal, con individuos uniformados y armados. 
Se posesionaron de documentos, cortaron las líneas telefónicas y está en pie la amenaza de una posible acción legal. 
Señor Presidente, esta cuestión es de la máxima importancia. 
Se trata de la libertad de prensa en Rusia y se teme que se cometan nuevas tropelías en los próximos tres o cuatro días. 
El Sr. Robin Cook está hoy en Moscú. Va a hablar de esta cuestión con el Sr. Ivanov, que es el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, y los quince Ministros están pensando en llevar a cabo una gestión común. 
Ahora bien, nosotros, el Parlamento Europeo, ¿qué estamos haciendo? 
Quizá piense usted que la cuestión es demasiado urgente para abordarla aquí, pues sucedió el jueves pasado y no se puede plantear como cuestión de urgencia. 
¿Podría, por favor, remitir esta cuestión a la Conferencia de Presidentes para ver si encuentran algún sistema para ocuparse de cuestiones urgentísimas e importantísimas como ésta? 
Lord Bethell, tomamos nota de su observación y de su sugerencia y se las transmitiremos a la Presidenta del Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera informarles brevemente de un acontecimiento que en mi opinión pudiera interesar al Parlamento y a la Presidencia del mismo. Con motivo de la conferencia de reconciliación celebrada entre el delegado del Gobierno austríaco Schaumayer y el viceministro de Hacienda norteamericano Stuart Eizenstat se logró ayer en Viena un acuerdo acerca de las indemnizaciones que han de pagarse a los presidiarios recluidos en Austria bajo la ocupación nazi. 
Los abogados Michael Hausfeld y Martin Mendelson, que representan a parte de los Gobiernos de la Europa Oriental, -y es algo que quisiera mencionar en este contexto- han destacado que respecto a algunos puntos las indemnizaciones concedidas por Austria superan a las de Alemania, puesto que nosotros: a) incluimos a los agricultores, y b) pagamos asimismo indemnizaciones a niños menores de 12 años y a mujeres que dieron a luz durante su cautiverio como presidiarias. 
Creo que merece la pena comunicárselo a este Parlamento. 
Muchas gracias, señora Stenzel, por su declaración. 
(El Acta queda aprobada) 
Orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros de la Comunidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0134/2000) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la recomendación de la Comisión (COM (2000) 214- C5­0218/2000- 2000/2119 (COS) ) relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad para el año 2000 (elaborada de conformidad con el apartado 2 del artículo 99 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) 
. (EL) Señor Presidente, la resolución que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone al Pleno del Parlamento incluye una valoración particularmente positiva, en líneas generales, de la recomendación de la Comisión sobre las orientaciones generales de las políticas económicas de los estados miembros. 
La Comisión ha trabajado con la eficacia y dedicación acostumbradas y fundamenta sus propuestas en un impresionante análisis econométrico digno de elogio, lo que no quiero dejar de expresar públicamente. 
La recomendación para el año dos mil se ha formulado en condiciones de una evolución favorable y de perspectivas optimistas sobre la marcha de la economía europea. 
Las previsiones de aumento de la renta nacional en Europa en más del 3% para los años 2000 y 2001- 3,4 % de acuerdo con las últimas previsiones para el 2000- son muy superiores a las, sin duda, decepcionantes tasas medias de crecimiento durante toda la década de los noventa. 
Ofrecen, pues, estos resultados, siempre que se materialicen, una plataforma desde la que la economía de Europa puede ser impulsada a una trayectoria caracterizada establemente por crecimientos altos y ecológicamente viables. 
Huelga insistir en que mantener altas tasas de crecimiento es una condición para la mejora de la situación del empleo y para el fortalecimiento de la posición competitiva de Europa en la economía mundial. 
La Comisión de Asuntos Económicos acepta que el ritmo de progreso requerido se expresa mejor con una tasa de crecimiento del PIB del 3% o más bien, que semejante ritmo no puede mantenerse establemente, sin un crecimiento sustancial del potencial de producción de la economía de la Unión y que el crecimiento del potencial de producción presupone inversiones productivas; la Comisión, sin embargo, evita determinar el porcentaje de dichas inversiones en el PIB. 
La Comisión de Asuntos Económicos adopta el punto de vista de que los objetivos económicos cuantificados pueden ser útiles, pero insiste en que esos objetivos no deben definirse a costa de los objetivos planteados en el Pacto de Estabilidad y que constituyen la guía fundamental para las políticas económicas en la zona del euro. 
A pesar de esta reserva de carácter general, el informe de la Comisión de Asuntos Económicos expresa su satisfacción por el hecho de que en la recomendación de la Comisión se repita el objetivo cuantificado que se fijó en las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa, de crecimiento de la tasa de participación laboral del 61% al 70% hasta el año 2010, y de incremento de la tasa de actividad de las mujeres del 51% a más del 60% hasta el año 2000. 
La Comisión de Asuntos Económicos defiende que el necesario crecimiento económico debe basarse en un régimen de estabilidad de los precios, en la disciplina presupuestaria, subidas razonables de sueldos con el criterio de estabilidad de los precios, aumento de la productividad y reducción de los costes salariales unitarios incluso en el caso de reducción de las horas de trabajo. 
Cree igualmente en una mayor liberalización de la competencia, en el fortalecimiento de las autoridades nacionales de defensa de la competencia y en el apoyo especial a las asociaciones de las pequeñas y medianas empresas, en la consolidación del mercado único, especialmente en el ámbito de las empresas de utilidad pública, así como en el sector de los servicios financieros. 
En relación con estos últimos, especialmente, y tras un amplio acuerdo entre nosotros, pediremos a través de una enmienda común la anticipación al 2003, en lugar del 2005, de la aplicación del programa de acción de los servicios financieros. 
La mayoría de la comisión cree que la activación del mercado conllevará el necesario incremento de las inversiones a través de los medios propios del mercado. 
Al mismo tiempo, sin embargo, aprueba la readaptación de los gastos de los estados para favorecer las inversiones, que deben justificarse- cuando son justificables- por la relación coste-resultados; mientras que considera rechazables aquellas inversiones públicas que no tienen otro objeto que la mera gestión del ciclo económico. 
En los asuntos generales, la comisión aprueba los desafíos señalados por el Consejo extraordinario de Lisboa, el pleno empleo, la economía del conocimiento, la modernización de los sistemas de protección social y la urgencia de afrontar el envejecimiento de la población. 
Expresa, no obstante, su inquietud por el abismo constatable entre los grandes desafíos y las manidas, las más de las veces, recomendaciones parciales referidas a acciones especiales. 
Invita, en consecuencia, a la Comisión y al Consejo a estudiar seriamente la necesidad de una renovación radical de todo el aparato intelectual que produce las orientaciones generales. 
La Comisión vuelve también, con insistencia, sobre la vieja demanda del Parlamento de establecer un acuerdo interinstitucional entre Consejo, Comisión y Parlamento en la cuestión de la adopción de la resolución, aunque agradece a la Presidencia portuguesa su disposición y colaboración en este asunto. 
Pero se trata de colaboración ad hoc y no de una colaboración que se refleje en un acuerdo interinstitucional, y esto es algo que consideramos defecto de nuestro procedimiento. 
Señorías, en nuestros trabajos en la Comisión de Asuntos Económicos hemos alcanzado un importante grado de consenso. 
Quisiera destacar la convicción general de que la consecución del pleno empleo en el espacio de una década es un objetivo factible. 
Mantenemos, por supuesto, ciertas diferencias de valoración en cuanto del método más apropiado requerido para lograr estos objetivos. 
Algunos de nosotros creemos que la determinación de objetivos cuantificados, aun sin mecanismos de imposición, facilitaría a Europa concretar sus esfuerzos en las direcciones necesarias. 
Esta observación es particularmente válida en lo que toca al objetivo de la tasa de inversiones imprescindible para elevar el potencial de crecimiento de la economía al 3% de forma permanente. 
Se trata de una tasa conocida. 
La Comisión, con sus estudios, la ha definido repetidamente y no vendría mal que se hubiera incluido. 
Podríamos también haber expresado de modo más categórico la sensación general, creo yo, de que las redes transeuropeas necesitan un nuevo impulso, de que hay hacer frente a la necesidad de nuevas formas de financiación, así como estimular la asociación entre el capital privado y las inversiones públicas en este ámbito. 
Sin dar, en modo alguno, la consigna del derroche en el consumo público, podríamos haber intentado conceder al sector público de la economía un papel algo más airoso que el de mero «perro de presa» de la estabilidad de los precios. 
Y hay margen para todo esto, si es que el peligro principal para nuestra economía proviene precisamente de la eventualidad de una crisis de los mercados financieros americanos, que podría provocar parálisis del mecanismo de las inversiones privadas. 
Piensen, Señorías, ¿y si se materializara ese peligro y nosotros entre tanto hubiésemos olvidado como se hacen las inversiones públicas? 
Hay un margen enorme para el desarrollo de la economía europea; es cierto que la economía en Europa puede llegar a ser mucho más productiva, pero exige mucho más audacia en nuestros movimientos. 
Señor Presidente, al elaborar esta propuesta de opinión dirigida a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales ha valorado plenamente la importancia de esta resolución, la primera que ha formulado el Parlamento sobre las orientaciones de política económica tras la Cumbre de Lisboa. 
La misma ha exaltado en particular la conexión entre estas dos fechas considerando que hay que valorizar lo mejor posible la articulación entre las orientaciones generales de política económica y la coordinación de los distintos procesos que los Consejos han ido adoptando a lo largo del tiempo, y con ello me refiero a los procesos de Luxemburgo, Cardiff y Colonia. 
Estamos convencidos de que el método abierto de coordinación que se indicó de forma experimental con la Cumbre de Lisboa, deberá permitir valorizar la, a nuestro modo de ver, imprescindible relación entre crecimiento y empleo. 
En este sentido, se trata de exaltar el principio de subsidiariedad, en lo que se refiere al papel de los Gobiernos y de las Instituciones descentralizadas, sin socavar el papel decisivo de una sinergia y de una coordinación mejores entre las orientaciones generales, así como de la valorización de la dimensión comunitaria europea en una perspectiva de política económica que pueda exaltar las potencialidades de desarrollo en Europa y conseguir eficazmente los objetivos que nos hemos planteado desde el punto de vista ocupacional, en la perspectiva del pleno empleo. 
Hemos tomado en consideración los capítulos de las orientaciones generales, en especial los aspectos relativos a la introducción de elementos de flexibilidad y eficacia en el mercado de los productos y de los servicios financieros, así como en el mercado de trabajo, compensados por una adecuada valorización de la negociación del partenariado social y por objetivos sociales. 
Y una última consideración: estimamos- remitiéndonos por lo demás a lo reseñado en la opinión- que el papel del Parlamento al respecto se tiene que exaltar a través de una tramitación del procedimiento que prevea un acuerdo interinstitucional específico sobre la participación del Parlamento en la consulta formal sobre las orientaciones de política económica y sobre el control de las repercusiones de las mismas. 
Señor Presidente, estimados colegas, en uno de los anteriores debates sobre política económica Jacques Delors puntualizó en este Parlamento que hoy día el 70% de la normativa económica que cobra fuerza de ley deriva de directivas europeas. 
No pretendo aferrarme a ningún porcentaje, pero entre todos hemos de darnos cuenta de que una parte de la normativa económica es promulgada por la Unión Europea y otra parte corre a cargo de los Estados nacionales. 
A largo plazo este procedimiento sólo puede dar buenos resultados si se fundamenta en principios comunes. 
El principio que está consagrado en el Tratado es el de la economía de mercado, o la economía social de mercado, como diría la mayoría de este Parlamento. 
A este respecto destacan dos elementos fundamentales. 
Por un lado la competencia. En materia de competencia la Unión Europea da muestras de una gran capacidad. 
Acojo con enorme satisfacción las iniciativas de la Comisión destinadas a llevar a cabo una progresiva descentralización de la política de competencia así como su voluntad de fomentar la competencia implicando asimismo a las naciones y las regiones. 
Considero que se trata de una evolución muy importante. 
El segundo fundamento de la economía social de mercado lo constituye la estabilidad del valor monetario. 
Por una parte, está el Banco Central Europeo, una sólida institución europea, y por otra, están los agentes sociales, que han de garantizar la estabilidad del valor del dinero, así como los gobiernos y los parlamentos, que elaboran sus presupuestos. 
Creo que debo subrayar que la estabilidad del valor monetario no es únicamente uno de los fundamentos de la política económica, sino que también sienta las bases de toda política social, puesto que la política social comienza por un valor monetario estable. Esto es así puesto que la inflación no afecta a quienes poseen grandes patrimonios, sino a los que deben arreglárselas con unos ingresos más bien reducidos. 
Por eso mismo, la estabilidad del valor del dinero desempeña un papel esencial en nuestra política. 
Y aquí entra en escena uno de los instrumentos esenciales que hemos creado nosotros, a saber, el pacto de estabilidad y crecimiento. 
Me llena de alegría que el presente informe insista en la necesidad de que este pacto sea aplicado de forma coherente, ya que nuestro objetivo consiste en fomentar el crecimiento en la Unión Europea sobre la base de un valor monetario estable. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su informe y me alegro de que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que en breve negociará las orientaciones generales de la política económica con la troika de los ministros de Hacienda de la UE, vaya a entablar dichas negociaciones sobre la base de un informe que cuenta con una amplia mayoría. 
Todos sabemos que los nuevos vientos de Lisboa anuncian un cambio, y sería bueno que las orientaciones generales de la política económica también se ajustaran con más fuerza al espíritu de Lisboa, de la Cumbre europea. 
Seguimos observando que el tema principal de la Unión Europea aún no se ha transformado en el principal tema de las orientaciones generales de la política económica. Y con esto me refiero evidentemente a la lucha contra el desempleo. 
Ello no obstante, los gastos derivados del desempleo en el Unión Europea se cifran en el 12% del producto interior bruto europeo. 
Esto explica por qué la Unión Europea apuesta por el pleno empleo. 
Las orientaciones generales de la política económica siguen sin comprometerse- es algo que echo particularmente en falta- con las ventajas de una política de inversiones reforzada. 
Es sin duda correcto que se lleven a cabo reformas estructurales en los mercados de servicios, capitales y trabajo. 
Sin embargo, hasta el día de hoy no sabemos cuáles serán los efectos de estas reformas sobre el empleo. 
Sí conocemos los efectos de un crecimiento apoyado en la inversión. Sabemos que las inversiones públicas también pueden fomentar el crecimiento y el empleo. 
Por eso, la introducción de objetivos cuantitativos en materia de crecimiento y tasa de empleo ha de valorarse positivamente, tanto más cuanto que ello permitirá establecer objetivos cuantitativos y modelos de referencia en el ámbito de las inversiones. 
Del mismo modo lamento que las metas definidas en Lisboa- que, lógicamente, repercuten en las orientaciones generales de la política económica- no incluyan objetivos cualitativos. 
Serían de agradecer en una Europa que pretende convertirse en la zona más competitiva del mundo. 
Faltan asimismo referencias a la proporción que han de representar en cada momento las inversiones en el producto interior bruto a fin de garantizar un desarrollo sostenible. 
La actual tendencia al alza es esperanzadora, tanto más cuanto que incluso la coyuntura en Alemania e Italia, sobre la que recae la mitad de la creación de riqueza de la zona euro, por fin comienza a experimentar una mejora. 
Aquí salta a la vista la interdependencia, el entrelazamiento de las economías europeas, puesto que no se puede decir que hayan incidido como locomotoras coyunturales en el crecimiento europeo en su conjunto. 
Ello nos lleva a concluir que Europa necesita algo así como un gobierno económico. Europa debe hablar con una sola voz en el ámbito de la política económica. 
Es, por tanto, necesario que la coordinación entre las diferentes políticas económicas sea mayor de la que ha habido hasta la fecha. 
Por eso mismo, deseo que las orientaciones generales de la política económica acaben concretándose a fin de garantizar que las decisiones adoptadas en Lisboa sean formuladas con claridad, y que se establezca un calendario. 
Obviamente, hemos de respaldar el deseo expresado por el ponente y reiterado frecuentemente por este Parlamento. Es decir, si queremos eliminar el déficit democrático que está presente en la Unión Económica y Monetaria hemos de alcanzar un acuerdo interinstitucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo liberal apoyará el informe Katiforis sobre las grandes orientaciones de política económica, con el cual nos sentimos especialmente satisfechos después de que algunas de nuestras observaciones y propuestas fueran aceptadas durante el debate en comisión. 
En un momento en el que se debate la debilidad del euro, al menos con respecto al dólar, yo creo que sería bueno recordar que la situación de la economía europea es sólida y que ofrece un marco de estabilidad y de solidez así como unas excelentes expectativas de crecimiento y de ocupación; en definitiva: una evolución muy positiva para los próximos años. 
Por lo tanto, el que, de alguna manera, la economía norteamericana vaya mejor que la europea, al menos en la evolución de las perspectivas de crecimiento, no debe esconder el buen momento de la economía europea. 
Por otra parte, es la economía europea la que está financiando buena parte del desarrollo norteamericano. 
Pero no nos toca aquí fijarnos únicamente en los aspectos más positivos, sino también observar la fragilidad para mantener este crecimiento y esta solidez en la economía europea. 
Evidentemente, desde nuestro punto de vista, para superar esta fragilidad necesitamos un mejor funcionamiento de la economía europea, que aún está sometida a unas excesivas rigideces de carácter corporativo, tanto en el ámbito público como en el privado, y tanto por parte de los operadores económicos como sociales. 
Por lo tanto, nosotros propugnamos una mayor agilidad y flexibilidad en el mercado de trabajo; obviamente, la eliminación de los obstáculos aún existentes para el buen funcionamiento del mercado interior europeo; una reforma en profundidad del sistema fiscal, con la aprobación de un paquete fiscal a nivel europeo; y, en suma, la superación del conservadurismo que aún existe en algunas de las áreas económicas y sociales de la Unión Europea. 
Señor Presidente y estimados colegas, el Grupo de los Verdes no ha votado el informe Katiforis con las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
¿Por qué? 
Es evidente que estamos de acuerdo con la idea general del informe Katiforis. 
Aprobamos especialmente la idea ambiciosa del pleno empleo así como la voluntad de que existan relaciones sociales sanas, y especialmente salariales. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con una serie de enmiendas que nos parecen extremadamente peligrosas. 
Rechazaremos estas enmiendas en el futuro, de forma sistemática, y esperamos convencer en la actual legislatura a nuestros colegas, incluso a los del Partido Popular Europeo, de que son peligrosas. 
En primer lugar, no podemos seguir pidiendo una reforma, una mayor flexibilidad de los contratos salariales, sin precisar exactamente cuales son nuestras intenciones. 
Una sociedad europea cuyo objetivo sea ser lo más competitiva posible desde el punto de vista del saber significa invertir al máximo en el capital humano. 
Sin embargo, un capital humano más rico no es algo que se tome y se tire, un capital humano enriquecido es algo que se respeta, que se ofrece a alguien dándole el tiempo de formarse, de adquirir experiencia y de valorizarla. 
Por lo tanto, si tiene que haber una reforma estructural del sistema salarial, debiera ser hacia más estabilidad y no hacia una menor estabilidad del empleo. 
Hay un segundo punto esencial para el que espero con desesperación convencer a mis colegas en los próximos cinco años- ahora cuatro- y es que no podemos pretender respetar el acuerdo de Kioto en el año 2008. 
Sabemos, y el informe lo reconoce, que de momento es contradictorio querer conciliar un objetivo de crecimiento del 3% anual con el rechazo de la imperiosa obligación de invertir en el ahorro de energía, en sistemas de transporte y en la mejora de los alojamientos, para que sean compatibles el objetivo de Kioto y el objetivo del 3% de crecimiento. 
Señor Presidente, la recomendación de la Comisión para las orientaciones económicas generales del año 2000, aunque contempla el regreso al pleno empleo, mantiene las características fundamentales de los años precedentes. 
Aun reconociendo la contribución del Parlamento y de nuestro ponente en la aceptación de nuevo de la noción de pleno empleo, pienso que estará de acuerdo el propio ponente, al que felicito por su esfuerzo, en que es necesario redefinir qué entendemos por empleo y, más aún, por pleno empleo. 
Qué significa «empleado» , cuando ante nosotros tenemos una política que desmantela las relaciones laborales, flexibiliza el empleo y, a través de este proceso, empuja a masas de población a una pobreza generalizada. 
Por lo que respecta a la orientación general, la recomendación de la Comisión se mueve en las coordenadas de la política económica y social neoliberal más general, que, con el apoyo de la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, encuentra cauce de expresión también en el informe debatido. 
Para nosotros, elementos fundamentales de una política deberían ser el apoyo a las inversiones públicas, el pleno empleo sólido y estable, la protección y mejora del sistema de seguridad social y más en general del sistema de protección social, el apoyo a la demanda activa a través del aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. 
En esa dirección deberían moverse las orientaciones generales. 
En esa misma dirección se mueven las enmiendas que proponemos al Parlamento Europeo, y llamamos a sus Señorías a votarlas. 
Señor Presidente, al leer las grandes orientaciones de política económica presentadas por la Comisión para el año 2000, queda una extraña impresión de ausencia, ya que nunca se habla de la moneda única, salvo de forma breve y meramente alusiva, para recordar la importancia del criterio de Maastricht sobre el saneamiento de las finanzas públicas o la necesidad de basar la política monetaria en la estabilidad de los precios. 
Pero de la depreciación actual del euro y de su influencia en la economía y las políticas económicas, no hay nada. 
Resulta tanto más sorprendente que el documento de la Comisión repite cada tres páginas que la eficacia requiere una estrategia global. 
Es lo mismo, desgraciadamente, en el informe del Parlamento Europeo, puesto que de los 35 puntos a los que la resolución se refiere, ninguno trata de la moneda única y sólo se encuentra una alusión lacónica en los considerandos. 
Es evidente que impera la consigna del silencio, del mismo modo que imperó cuando los grandes grupos de esta Asamblea rechazaron la proposición del grupo Europa de las naciones para organizar, hoy mismo, un debate sobre las consecuencias de las fluctuaciones del euro. 
Este debate, por lo tanto, se retrasa una vez más. 
Y sin embargo habría que decir muchas cosas. 
Durante años nos han repetido hasta la saciedad todas las ventajas económicas y financieras que iba a ofrecernos un euro fuerte. 
Ahora que está débil, la desaparición de las ventajas no debe tener ninguna consecuencia, puesto que no se habla de ello. 
¡En algún sitio tiene que haber un error! 
En cuanto al euro débil, tiene ventajas para la exportación, que a menudo se alaban, pero también graves inconvenientes que se ocultan, como la fuga de capitales, la compra por terceros de empresas de la zona euro, o la debilitación de la incitación a las reformas estructurales, que sin embargo tan necesarias son. 
Si el euro está depreciado, es porque parece una moneda artificial. 
Pero si nadie lo dice claramente, nunca se encontrará remedio. 
Una vez más, esperemos que el Parlamento Europeo quiera organizar próximamente un debate antes de que no haya nada más que decir. 
Señor Presidente, queridos colegas, Europa, que apenas sale de los grises años 80, se sumerge ahora en los horrores de la especulación internacional. 
Nos habían prometido un euro-marco más fuerte que el dólar, destinado a compensar la debilidad del crecimiento económico mediante una reevaluación continua de los activos. 
Tenemos un sucedáneo de divisa cuyo carácter, sin identificar, aumenta su volatilidad. 
Ayer aún, se especulaba con la libra en el mercado de divisas. 
Hoy le toca al euro. 
No resulta nada sorprendente para nosotros, diputados europeos, que vemos como Europa funciona cotidianamente entre divergencias y antagonismos. 
¿Qué pasará después de la ampliación, cuando los mercados reaccionen a todos los sucesos que afecten a uno u otro de los treinta países que formen la tecnoestructura europea? 
Algo así como si la ONU emitiese moneda. 
El Sr. Duysenberg no puede hacer nada contra esta bajada del euro, puesto que el Banco Central Europeo, se diga lo que se diga, es la emanación de los dos principales Estados de la zona euro, y los gobiernos francés y alemán han dado instrucciones de no hacer nada. 
Para mantener el valor del euro con respecto al dólar, habría que aumentar los tipos de interés del euro aun nivel algo superior al del dólar, quizás a un nivel del orden de 50 puntos de base. 
Como post-keynesiano que soy, creo que tendría poca influencia sobre el crecimiento económico, puesto que éste depende de diferentes factores, de los cuales los más importantes son de orden psicológico. 
Es evidente que no podemos aceptar que el conjunto de los activos situados en Francia se devalúe si el descalabro del euro sigue más allá del corto plazo. 
En esta hipótesis, que evidentemente no deseamos, tendríamos que denunciar a los responsables. Y el responsable no sería el Sr. Duysenberg. 
Juzgaremos a los candidatos en las elecciones presidenciales francesas en función de los esfuerzos que hayan realizado para sacarnos de esta trampa. 
Señor Presidente, el informe es contradictorio. 
En el punto 14 se respalda la exigencia del Pacto de Estabilidad para que la estabilidad de los precios prevalezca siempre sobre la atención al empleo. 
En otros lugares se pide mejor empleo e influencia democrática sobre la política económica. 
No obstante, la inflación siempre debe estar situada entre el cero y el dos por ciento. 
Se apoya esto, aunque la inflación sólo haya permanecido dentro de esta horquilla durante seis años en la Alemania y la Dinamarca de la posguerra. 
Pero ahora no cabe duda de que esta evolución siempre será la mejor para todos los países en todas las épocas. 
Ya no tenemos necesidad de representantes elegidos por el pueblo para hacer la adecuada mezcla de políticas. 
Disponemos de un Banco Central que fija los tipos de interés a partir de la inflación. 
Luego se deja que caiga el euro y suban los tipos de interés, de modo que se reduzca el crecimiento y vuelva a aumentar el desempleo. 
Esto es peor que las vacas sagradas de la India, pero contra ello no se protesta en el informe. 
En cambio, en el punto G se descubre una nueva vaca sagrada: la elevada presión fiscal. 
Los regímenes de seguridad social deben ser analizados críticamente y los gastos sociales deben ser reducidos, pero también se puede economizar en los gastos sociales poniendo la atención en el empleo sobre todos los demás objetivos económicos. 
Así, la gente que recibe subsidios sociales y subsidios de desempleos puede ver reemplazados sus subsidios por un salario adecuado. 
Es otra receta en materia de política económica, pero choca con el Tratado. 
El déficit presupuestario normalmente no ha de superar como máximo un uno por ciento del producto nacional- aun cuando el dinero se emplee en inversiones que puedan acumular después un déficit aún mayor. 
Esto ya no lo pueden modificar muchas decisiones en los países miembros o en el Parlamento Europeo y resulta absurdo, va en contra de todas nuestras experiencias y supone una negación del principio de la democracia que une a nuestros países y que supone que los electores pueden acudir a votar y optar por mayor empleo, aunque la inflación con ello pueda superar el dos por ciento.. 
Señor Presidente, la locomotora de la economía europea no coge velocidad. 
La tasa de desempleo en Europa es demasiado elevada, sobre todo porque afecta principalmente a los más débiles, es decir, a los jóvenes, a las mujeres y a los desempleados de larga duración. 
Aparte de lanzar una ofensiva económica con miras técnicas- construcción de autopistas de la información y concentración de gastos de investigación y desarrollo- es imprescindible que la Unión aumente aproximadamente en un 10% el nivel de inversión, al objeto de garantizar el crecimiento y reducir el desempleo. 
Además, conviene fomentar por todos los medios posibles la fundación y continuación de las PYME a fin de mejorar el acceso al capital extranjero, eliminar los impedimentos burocráticos, disminuir la carga fiscal y fomentar la oferta de asesoramiento económico gratuito. 
Sin embargo, también es necesario que reformemos nuestros sistemas administrativos. 
A este fin, la Unión ha de adoptar una directiva que contribuya a la simplificación de los procedimientos administrativos y prescriba a los Estados miembros que de ahora en adelante solamente podrán adoptarse disposiciones logísticas que permitan una fácil y rápida aplicación por parte de los ciudadanos y que sean sencillas y comprensibles, también para los ciudadanos. 
Señor Presidente, yo apoyo con fervor una integración más profunda. Muchos asuntos se resuelven mejor a nivel comunitario, pero al leer el informe de mi distinguido colega, Sr. Katiforis, que contiene muchas orientaciones positivas para la economía de mercado, y por lo tanto dignas de ser apoyadas, no puedo compartir sino una parte de las propuestas de dicho informe. 
La dinámica de la economía europea y el crecimiento deseado para la misma no se reforzarán creando amplios programas integrados a nivel de la Unión, aun cuando persigan buenos objetivos bien en los ámbitos de la formación en general o de la preparación de futuros empresarios, bien en el marco de los sistemas comunes de apoyo a las organizaciones de las PYME. 
Personalmente, también soy algo escéptico en cuanto a la superioridad de la comunidad científica común europea, en el supuesto de que haya un intento de crearla verticalmente y de someterla a la voluntad de la Comisión y del Consejo, en lugar de surgir de forma natural mediante la creación de una red entre las comunidades científicas de empresa a empresa y de universidad a universidad; evidentemente, hay que garantizar su financiación tanto a nivel nacional, como a nivel de la Unión. 
Con lo que no me siento identificado es con la fe que profesa este informe en la efectividad de las estructuras superiores; la planificación y la programación realizadas a alto nivel pueden incluso frenar el desarrollo, en vez de dinamizarlo. 
Actualmente, está mejorando la dinámica europea a través del desmantelamiento de las estructuras superiores, por ejemplo, de las trabas comerciales, las cuales dificultan aún la plena consumación del mercado interior. 
Nuestro distinguido colega, el Sr. Katiforis, también exige esto último, si bien se lo exige a la Comisión, en lugar de exigírselo a los Estados miembros, que son los que interponen obstáculos en sectores particulares, entre otros, en el tráfico rodado, en las adquisiciones del sector público y en la energía. 
Cuando, ciñéndonos a este informe, hablamos de las orientaciones de la política económica, no podemos olvidarnos tampoco de la política en materia de competencia. 
La neutralidad de la política comunitaria en materia de competencia ha sido puesta en entredicho últimamente, y con razón, por ejemplo en el caso de Volvo-Scania. 
Las excusas de que se trata de un monopolio regional o de una concentración de grandes recursos en zonas de escasa población son poco convincentes. 
Esto es un claro ataque contra la industria y el comercio de países pequeños y apartados cuando éstos intentan incrementar su competitividad a nivel de todo el territorio de la Unión. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Katiforis y al Comisario Solbes pues uno y otro han dado muestras de que comprenden mejor que muchos lo que se necesita para que tenga éxito una economía. 
Tenemos que aprovechar el hecho de que estamos en la Unión Europea para obrar en plan colectivo. 
Quisiera tratar principalmente en mi intervención de la investigación y el desarrollo. 
Lamento que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía no haya presentado una opinión sobre el informe del Sr. Katiforis; debería haberlo hecho. 
En comparación con los Estados Unidos y el Japón, hay que reconocer que lamentablemente carecemos de una estrategia adecuada en materia de investigación en casi todos los Estados miembros, excepción hecha de Finlandia, Suecia y la República de Irlanda, países que por el documento de la Comisión se ve que han tenido un éxito fuera de lo corriente. 
Necesitamos científicos para poder ocuparnos debidamente de la labor de investigación y desarrollo. 
Procuremos impedir que los jóvenes escojan otras carreras. 
Procuremos animar a las mujeres. 
Procuremos conseguir que se mejore la competencia en idiomas de amplio uso. 
Sobre todo, ocupémonos de los sueldos abonados a los científicos y a los tecnólogos. 
Ésa es la principal razón de que escojan otras carreras. 
Es evidente que necesitamos infraestructura para las comunicaciones y las instalaciones científicas. 
Necesitamos una estrategia. 
Así lo dijo con toda claridad Jacques Delors en su Libro Blanco, y no necesitamos volver a inventar sus ideas. 
Sin embargo, la gran diferencia entre nuestros países y las economías mundiales que tienen éxito- en particular la de los Estados Unidos- es que ellas gastan mucho más dinero en inversiones en la esfera científica, y eso es rentable. 
La comunicación del Comisario Busquin sobre el campo de las investigaciones europeas es muy buena. 
Ahora bien, lo que es realmente importante es la fase siguiente: la transformación de esos conocimientos en mercancías, productos y procesos que se puedan vender. 
Tenemos que ser innovadores en la Unión Europea. 
Empecemos por volver a llevar a Bruselas la dependencia de innovaciones que está ahora en Luxemburgo, pues en Bruselas podrá utilizar sus aptitudes trabajando de consuno con otros departamentos de la Comisión. 
Es posible que eso no sea muy revolucionario, pero sería sumamente racional. 
Señor Presidente, casi todo el mundo insiste en ello, el euro acaba de perder cerca del 30% de su valor en dieciséis meses, pero la Comisión Europea, así como el Banco central, no parecen muy decididos a sacar las conclusiones pertinentes, puesto que podría encausar la política monetaria actual que sólo beneficia a las operaciones bursátiles y a la especulación. 
La ambición del pleno empleo y la economía moderna tal y como se afirmaron en Lisboa son efectivamente objetivos muy loables, pero chocan de frente con el corsé liberal. 
En su documento sobre las grandes orientaciones económicas, la Comisión persigue este enfoque liberal y estas grandes orientaciones son ahora el documento de referencia para la coordinación de las políticas económicas en los Estados miembros. 
La Comisión, de hecho, no se molesta en exhortar a tal o tal Estado a la hora de preparar su presupuesto. 
Insiste efectivamente en perseguir el saneamiento presupuestario yendo más allá de las exigencias del pacto de estabilidad. 
Siguiendo el ejemplo del Banco central, exigen moderación salarial, reformas estructurales del mercado de trabajo, y sobre todo una mayor flexibilización. 
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios entra dentro de este enfoque y de la continuación de las decisiones de Lisboa. 
Propone acelerar el proceso de liberalización y aumentar la presión en los salarios, y preconiza una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. 
Por eso no puedo aprobar la orientación de este informe, que agrava aún más la introducción de numerosas enmiendas de la derecha. 
La situación económica actual, y sobre todo tras la caída del euro, debería incitar a la Unión y a los gobiernos de los Estados miembros a dar una nueva orientación a la política europea que permita al fin dar una respuesta a las expectativas sociales. 
Hay que luchar contra los dogmas del pacto de estabilidad. 
Hay que invertir el enfoque actual, que hace que la política social se contente con reparar los desperfectos de la política económica y monetaria mediante una política asistencial. 
Esta nueva política debería estar basada sobre todo en el apoyo a las inversiones creadoras de empleo gracias a una política selectiva del crédito, a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo con una reducción del tiempo de trabajo sin flexibilidad ni precarización, a la imposición de las rentas y de los movimientos financieros para frenar la especulación y liberar nuevos recursos. 
Señor Presidente, quería felicitarme con los ponentes precisamente por las razones que tanto ha deplorado la oradora que me ha precedido, es decir, por lo que de orientación liberal contienen estos informes. 
En efecto, y así lo indican las recientes vicisitudes del euro, hoy la Unión Europea y sus Instituciones se encuentran en una encrucijada: por un lado, el camino de la prosperidad, del crecimiento y para tomarlo Europa debe realizar con valentía reformas estructurales de liberalización y, por otro, el camino de la conservación y de la perpetuación de una visión corporativa y estatalista de la economía que está condenando a muchos Estados europeos a tasas de desempleo que doblan o triplican las americanas y a un papel secundario en los sectores más innovadores y dinámicos de la economía. 
Dicho esto, no puedo más que expresar mi satisfacción por el contenido en las propuestas Katiforis y Pomés Ruiz que subrayan claramente que la liberalización y la flexibilidad de los mercados, en particular del mercado de trabajo, la drástica reducción de la presión fiscal, la profunda reforma de los sistemas públicos de pensiones y la progresiva salida del Estado de la economía, ante todo a través de la privatización de las empresas públicas, son un conjunto de decisiones improrrogables si queremos evitar construir una Europa unida, sí, pero unida por el desempleo, la marginación de los más débiles, jóvenes y mujeres en particular, la burocratización de los aspectos sociales de la sociedad, o sea, una Europa que no consigue crear ni crecimiento ni empleo. 
Éste es, entre otros, el problema del euro, una moneda que sufre una crisis estructural y mercados rígidos e hiperregulados. 
Se habla de gobierno político de la economía a escala europea como respuesta a esta crisis. 
¡Cuidado! 
Si el gobierno político debe ser un gobierno que traslada a Bruselas el dirigismo de las economías nacionales, creo que sería una mala elección. 
También nosotros, los radicales italianos, estamos a favor de un gobierno político, pero de un gobierno liberal federalista con pocas leyes claras y ninguna intervención del Estado, ni siquiera del Estado europeo, en la economía. 
Señor Presidente, hay muchos aspectos positivos en el presente proyecto de resolución del Sr. Katiforis. 
En un aspecto importante cabe señalar, no obstante, una matización de principio. 
Tanto en la recomendación de la Comisión como en la resolución se establece con prioridad el objetivo de un elevado nivel de crecimiento económico sostenido y se aspira a él de manera decidida. 
Esto, curiosamente, se basa en unas relaciones mundiales en las que el acaudalado Occidente ha de considerarse como el vecino adinerado. 
¿Necesitamos todavía más? 
¿Necesitamos realmente tanto crecimiento o podemos combatir el desempleo de otra manera? 
Indudablemente, el énfasis en los aspectos materiales de la existencia no redunda en beneficio de nuestra sociedad. 
Estimula el egoísmo, la exclusión social, el incumplimiento de las normas y la corrupción moral. 
En última instancia, la descomposición de la sociedad tiene un efecto negativo en el desarrollo económico. 
Es positiva la atención prestada a los efectos del envejecimiento de la población sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Desde 1999 tanto los gastos como los ingresos públicos han disminuido. 
En muchos Estados miembros es verdaderamente urgente una mayor consolidación, una reducción de la deuda, para poder disfrutar en el futuro de recursos destinados a la atención sanitaria y las pensiones de vejez. 
La presión fiscal y de los seguros en la Unión Europea es elevada en comparación con los Estados Unidos. 
Ahora bien, la imagen varía sustancialmente cuando pensamos en las primas de seguro a veces tan excesivas que deben pagar los ciudadanos americanos. 
Las enmiendas destinadas a que la presión fiscal sobre el trabajo se desplace hacia el uso de las escasas materias primas y minerales merecen nuestro apoyo. 
Señor Presidente, quisiera asociarme esta mañana con las personas que han participado en el debate y que han expresado la voluntad de enfrentarse con esa actitud de suficiencia que se tiene cuando se habla de la situación actual de la economía europea. 
Me sumo a lo que ha dicho antes la Sra. McNally: si nos fijamos en los Estados Unidos, veremos que en ese país se invierte en la investigación. 
Ésa es una de las razones de que los Estados Unidos estén saliendo mejor parados que Europa, pero hemos de hacer hincapié también en que una de las otras razones de que los Estados Unidos sigan saliendo parados mucho mejor que Europa es que Europa no se ha ocupado todavía debidamente de la cuestión de la reforma estructural y la liberalización del mercado. 
Me referiré a continuación a las observaciones antes formuladas por el Sr. Lipietz para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Me gustaría sobremanera entablar un debate con él en los cuatro próximos años acerca de la cuestión de la liberalización del mercado. 
Lo cierto es que hasta ahora no hemos podido comprobar que algunos Estados miembros, y no solamente el suyo propio, hayan llevado a la práctica en Europa la liberación de mercados convenida. 
Me preocupa, y no soy el único preocupado, la cuestión del empleo de los trabajadores. 
Mucho me gustaría que el Sr. Lipietz viniera al Reino Unido y hablara con los trabajadores que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo como resultado de decisiones adoptadas por un propietario francés de compañías energéticas en el Reino Unido, y eso que las empresas británicas no pueden tener acceso al mercado francés porque los franceses no han puesto en práctica la política convenida en la Unión Europea. 
Ésta es una reforma estructural que tenemos que realizar. 
Y ésa no es la única esfera que hay que reformar. 
Hemos podido comprobar que los Estados más ricos de la Unión Europea siguen siendo los Estados que continúan movilizando la mayor cantidad de ayuda estatal. 
Ése es también uno de los motivos de que no comparta la opinión expresada por el Sr. von Wogau en relación con la política de competencia. 
Lo que me preocupa, cuando tratamos de la descentralización, es que no se produzca una repatriación de la política de competencia. 
Señor Presidente, en estos últimos días ha vuelto a plantearse desde diversos frentes el debate sobre un gobierno económico europeo. 
Es evidente que es necesaria una mayor dirección económica a nivel europeo, pero lo que no es evidente es que sea el Consejo Ecofin o los once países del euro los únicos que se hagan cargo de la coordinación. 
En la cumbre de Lisboa acaba de optarse por un enfoque económico y social más amplio en el que se aborden el empleo, las reformas económicas y la cohesión social en su relación mutua. 
Para mí, la conclusión más importante de la cumbre fue que el Consejo Europeo adoptará un papel activo, de dirección y coordinación. 
Desgraciadamente, esta vez la primavera ya ha empezado. El texto de las orientaciones económicas generales para el año 2000 ya está preparado, siguiendo completamente la misma pauta. 
¿Por qué no se ha tomado más tiempo la Comisión para, conforme a las conclusiones de la cumbre de Lisboa, elaborar las orientaciones de manera interdisciplinaria, preparadas en las distintas direcciones generales? 
La Comisión debe continuar y profundizar este tipo de colaboración, que también se empleó en los preparativos de la cumbre de Lisboa, en el terreno económico y social. 
Esto me parece que resultará un reto extraordinariamente interesante para el nuevo Secretario General de la Comisión, David O ' Sullivan. 
En mi opinión, cabe llamar la atención sobre la conclusión 29 del presente informe, que aboga por una renovación radical del aparato intelectual que sostiene las políticas económicas con el fin de adaptarlo a las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa. 
Quisiera referirme también a las conclusiones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de este Parlamento, elaboradas por el Sr. Cocilovo. Todos los años se presenta un informe anual integrado sobre la situación económica y social de la Unión y un conjunto de orientaciones para el crecimiento duradero, el empleo y la cohesión social. 
Una indicación suplementaria que me gustaría hacer a este respecto es que el foro económico y social, planeado para el mes que viene, podría incluirse en el ciclo anual, justamente al principio del año. Ahora ya se ha quedado un poco rezagado. 
Por último, me gustaría señalar a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos la colaboración de consenso que hemos mantenido en la Comisión de Asuntos Sociales en este terreno y señalar también que en este Parlamento debemos romper la fragmentación en intentar superar las diferencias habituales y, precisamente sobre esta base, aportar una contribución en, por ejemplo, el foro del próximo mes. 
Señor Presidente, considero que tanto las recomendaciones para la política económica presentadas por la Comisión como el informe del Sr. Katiforis son bastante matizados y que gran parte de las propuestas son dignas de tomar en consideración. 
Sin embargo, rechazamos el concepto general. 
En primer lugar, es llamativo que los demás Grupos políticos estén dispuestos a aceptar un neoliberalismo un tanto dogmático sin crítica alguna. 
Mientras que en las consideraciones se registra con manifiesta preocupación la caída de la inversión pública, se advierte explícitamente contra los riesgos inherentes a una política de inversión pública activa en las conclusiones. 
En mi opinión, flexibilidad, liberalización y monetarismo son los conceptos unilaterales de esta política. 
Al afirmar expresamente que ahora los objetivos del pacto de estabilidad constituyen las orientaciones de la política económica, y habida cuenta de que la Comisión incluso pretende ir más allá, es inevitable que los requisitos sociales, culturales y ecológicos sean sacrificados por principio a favor de aquellas metas. 
En segundo término, se considera que los cambios tecnológicos obligan a proceder- cito literalmente- "a una revisión general de las condiciones laborales, las remuneraciones y la fiscalidad", sin que se insista en la necesidad de mantener y renovar las instituciones sociales y participativas que sentaron las bases para la particularidad y el éxito del modelo social europeo. 
En tercer lugar, ya se ha dicho, el presente informe postula un nuevo fetichismo del crecimiento. 
Hace depender el pleno empleo e incluso la transición hacia la denominada sociedad del conocimiento casi exclusivamente de un mayor crecimiento. 
Pero por otra parte, no presta ninguna atención a la justa distribución del trabajo retribuido disponible, la creación de un sector económico terciario moderno para la prestación de servicios sociales, culturales y ecológicos, la regionalización de los ciclos económicos, la política de la demanda, ni tampoco a los contenidos sociales, educativos y culturales de la sociedad del conocimiento. 
Es más, en las consideraciones incluso se prevé la posibilidad de no respetar las conclusiones sobre medio ambiente adoptadas en Kioto, y todo ello en nombre del crecimiento. 
¡Me parece un verdadero escándalo! 
En cuarto lugar, se apuesta por una mayor flexibilización de los sistemas financieros, en lugar de afrontar el problema de que la debilidad estructural de la inversión está claramente relacionada con el que esta política fomenta la especulación con divisas y operaciones bursátiles y perjudica las inversiones de la economía real, como también lamenta el ponente en su informe. 
En materia de política económica, el sentido común nos obliga a ocuparnos seriamente de conceptos como el del impuesto TOBIN. 
Se puede valorar la recomendación de la Comisión y el informe a la luz de los problemas fundamentales del sistema euro- y son innegablemente importantes y llamativos. 
Vengo de un país cuya población disfruta del raro privilegio de ser preguntada con respecto a decisiones de tanto alcance como la participación en el sistema euro. 
Entre la población danesa existe un gran escepticismo y oposición a que la moneda nacional sea devorada por el euro. 
No me cabe duda de que este escepticismo y oposición son compartidos por grandes y cada vez mayores grupos de población en el resto de países miembros a los que no se pregunta. 
Sólo dispongo de tiempo para mencionar un par de puntos. 
El primero es un punto que resulta enormemente importante en toda la problemática referida al euro. 
Franco Modigliani, ganador del Premio Nobel, subraya que, en su opinión, el desempleo ha sido utilizado conscientemente por el Banco Central Europeo como un instrumento de la política económica para el control de la inflación. 
Éste es un punto decisivo. 
El otro punto fundamental que voy a mencionar está relacionado directamente con el tema de la presente propuesta de resolución: la debilidad política del sistema euro. 
Falta una superestructura política que rija los destinos de la política económica. 
Ésta es la base de la propuesta del gobierno francés para que el sistema euro comunitario esté dotado de un verdadero gobierno económico. 
Son estas consecuencias políticas las que resultan tan decisivas cuando se trata de la adhesión de la población danesa. 
Puedo vaticinar que la cuestión de la ampliación de la zona euro con Dinamarca, Suecia y el Reino Unido será decidida en Dinamarca por el referéndum del 28 de septiembre. 
El escepticismo que he manifestado sigue creciendo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, el debate y el informe ponen de manifiesto que abordamos este informe con optimismo, gracias a los pronósticos esperanzadores y gracias a la reactivación de la economía europea que se inició en el verano de 1999. 
Sin embargo, al mismo tiempo afrontamos el informe con sentido de la realidad y con decisión. 
Somos realistas en lo que a los propósitos, los déficits y el valor extremo del euro se refiere y estamos decididos a eliminar lo antes posible el desfase con respecto a los Estados Unidos. Dicho desfase se fundamenta en que contamos con un menor crecimiento, una mayor tasa de desempleo, un nivel de inversión más bajo, una menor cantidad de I+D, un ritmo de transposición más lento y unos ingresos medios más reducidos. 
Ello ha dado lugar al presente proyecto de múltiples propósitos y medidas necesarias: la aceleración del crecimiento sin estancamiento de la capacidad, sin presión inflacionista, es decir, preservando la estabilidad de los precios, una evolución salarial moderada, el incremento de las actividades de I+D y la mayor reducción de déficits y deudas. 
Hemos de seguir adelante con las reformas estructurales y con las medidas de liberalización, dando muestras de valentía y firmeza, a fin de reducir la participación del Estado. 
Hemos de esforzarnos por crear nuevos puestos de trabajo, lo que significa que tenemos que respaldar la nueva economía, y necesitamos encaminarnos hacia una economía basada en el conocimiento, lo cual, en realidad, quiere decir que al entrar en el mundo de las nuevas tecnologías de la telecomunicación tenemos que salvaguardar nuestra competitividad a través de la educación, la formación y la investigación. 
Si logramos este propósito quizá seamos capaces de volver a implantar el pleno empleo en Europa por primera vez desde hace muchos años, y éste es nuestro objetivo. 
Señor Presidente, el informe Katiforis es una vulgar apología de las grandes orientaciones de la política económica de los Estados miembros. 
De sus 29 apartados, 8 están dedicados a la aprobación y 4, más adelante, al autobombo. 
En cuanto a los trabajadores de los países de la Unión Europea, no encuentran ningún motivo por el que quepa felicitarse. 
¿De qué sirve el crecimiento económico del que se jacta el informe si es para recomendar, a los asalariados claro, una actitud razonable durante las negociaciones salariales o para pretender que es necesario revisar radicalmente el régimen de pensiones con el fin de proteger su situación financiera? 
Es una forma de confesar que, en este crecimiento, no hay lugar, ni para los asalariados, ni para los jubilados. 
Una vez más, el Consejo y la Comisión actúan como portavoces de la gran patronal y piden al Parlamento que salga fiador. 
A nosotros no nos han elegido para felicitar a los gobiernos que ayudan con energía a la gran patronal y a los grandes grupos financieros para permitir que se enriquezcan, agravando las desigualdades, dejando sin trabajo a 18 millones de mujeres y hombres, generalizando la flexibilidad y la precariedad, rebajando brutalmente la masa salarial para asegurar un crecimiento continuo a los ingresos del capital, incluyendo a sus formas especulativas más parasitarias. 
Si es cierto, como afirma el informe, que el crecimiento ha vuelto, es aún más escandaloso que sólo lo aproveche, en toda Europa, una pequeña minoría. 
Como consecuencia, votaremos en contra del informe. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea tiene que enfrentarse con una serie de retos derivados de la globalización y del nacimiento de una nueva economía basada en el conocimiento y en las nuevas tecnologías. 
El objetivo estratégico de la Unión de cara a la nueva década debe ser sostener el crecimiento económico y la libre empresa, sin socavar la cuestión social a través de orientaciones basadas en la competitividad, el desarrollo sostenible y la creación de nuevos puestos de trabajo. 
En relación con este último punto- tal como se ha puesto de relieve en el informe del Sr. Katiforis- en Europa se ha registrado una leve reducción del desempleo, aunque sus niveles siguen siendo inaceptablemente elevados, en especial en lo que a la tasa de paro femenino y juvenil se refiere. 
La situación parece aún más dramática, si cabe, en algunas regiones del sur de Europa y en particular en el sur de Italia, donde los parados representan el 21,9 % de la fuerza de trabajo y el 56,6 % de esos se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 14 y los 25 años. 
En consecuencia, a mi entender, las orientaciones generales para un crecimiento económico y ocupacional deberían incluir medidas dirigidas a conseguir una mayor competitividad del mercado europeo y a introducir una mayor flexibilidad laboral. 
Desde el punto de vista de un crecimiento sostenible, será preciso completar el mercado interior y eliminar las barreras existentes a través de la liberalización de esos sectores aún cerrados a la libre competencia como el sector de los transportes, del gas, de la electricidad y de los servicios postales. 
Será necesario emprender el camino de las reformas que los Estados miembros deberán acometer necesariamente para reducir las cargas que pesan sobre las empresas, reducir el coste laboral, respaldar las acciones orientadas a apoyar la formación permanente en el ámbito de una economía basada en el conocimiento, favorecer la investigación para que Europa recupere el gap que la separa de los Estados Unidos y de Japón. 
Hará falta promover las reformas estructurales de la administración pública en los Estados en que la excesiva burocratización constituye un obstáculo a las inversiones privadas y adaptar los sistemas de protección social y fiscales a las exigencias impuestas por las nuevas reglas de la economía, así como a los compromisos planteados por los pactos de crecimiento y estabilidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, la Cumbre de Lisboa lanzó un mensaje unívoco: volvió a centrar la atención en las personas, como productores del éxito económico. 
Es ésta la idea clave, una economía del conocimiento, en la que cada cual ha de desplegar sus capacidades. 
También es la idea clave de la conexión entre innovación y participación social, con la que pretendemos movilizar todo el potencial y toda la riqueza de una sociedad a fin de recuperar el pleno empleo. 
Las orientaciones de la política económica tienen por objeto transponer este sublime objetivo en una política concreta. 
Desafortunadamente, las recomendaciones de la Comisión no logran plenamente este propósito. 
En demasiadas ocasiones no son suficientemente exigentes, en demasiadas ocasiones se basan en un planteamiento tradicional, en tanto que, en realidad, deberían diseñar una nueva y ambiciosa forma de policy mix. 
Por eso, debemos mejorar las presentes orientaciones y antes que nada es necesario que de ahora en adelante se presente cada primavera un informe común susceptible de asociar crecimiento sostenible, empleo y cohesión social. 
Ello debe tener consecuencias tangibles para la política en la práctica. 
Estas consecuencias han de situarse principalmente en dos áreas. 
Quien desee garantizar un crecimiento económico del 3% o superior ha de incrementar sustancialmente el nivel de inversión, especialmente en ámbitos relevantes desde el punto de vista ecológico. 
Este aumento tiene que producirse tanto en el sector privado como en el sector público. 
La Comisión ha de tomar una decisión al respecto. ¡No puede perseguir los objetivos de Lisboa y defender al mismo tiempo una política global de reducción de los impuestos y disminución de los gastos! 
Señor Presidente, manifestamos nuestro desacuerdo con las orientaciones de la Comisión. 
Nos encontramos ante planteamientos pasados de moda y superados por los acontecimientos que no abren ninguna perspectiva de solución a los gravísimos problemas que no sólo pesan sobre el desarrollo económico de la Unión, sino también y ante todo sobre las masas populares. 
Las fórmulas propuestas calcan caminos desastrosos: la flexibilidad a toda costa, el subsiguiente desmantelamiento del Estado social con el recorte de las pensiones, la doctrinaria contención doctrinaria de toda reivindicación salarial justa e incluso las discriminaciones diferenciales entre las distintas regiones, la reducción de las inversiones públicas y la referencia obsesiva a ese Pacto de estabilidad, a ese monetarismo que no solo han causado daños irreparables, sino que, sin duda, no han servido para apuntalar un euro cada vez más aplastado por la supremacía del dólar. 
El tan proclamado desarrollo macroeconómico para la creación de puestos de trabajo se enjaula en la autorregulación del libre mercado que, hasta ahora, no ha creado, sino que ha destruido los trabajos estables alimentando, a lo sumo, salarios mínimos en el sector precario. 
Señorías, así no se combate el desempleo, sino que se aumenta el malestar social, el déficit democrático y la desconfianza popular en las instituciones democráticas. 
. Señor Presidente, en primer lugar, querría agradecer al ponente y a la comisión su magnífico trabajo, y a todos los que han intervenido en el debate de hoy las ideas adicionales que han aportado, sin duda útiles para la Comisión y para el debate en el Consejo de Ministros. 
Hoy, junto con las grandes orientaciones de política económica, se han suscitado otros temas, especialmente los referidos al euro. 
Cuando hablamos del euro, yo indicaría dos cosas: en primer lugar, pediría que se analice el problema en su conjunto, no únicamente el problema del tipo de cambio. 
En segundo lugar, señalaría que la posición de la Comisión sigue siendo la misma; es decir, que un crecimiento claro y una estabilidad de precios lógicamente nos deben llevar a una mejora del euro. 
Éste es un debate que no es para el día de hoy, pero quería hacer estas afirmaciones. 
Hoy estamos, sobre todo, hablando de las grandes orientaciones de la política económica. 
Las nuevas grandes orientaciones tienen un elemento diferencial respecto a las anteriores en la medida en que incorporan parcialmente Lisboa. 
Se ha dicho que no la incorporan totalmente. Es cierto en la medida en que Lisboa está excesivamente próxima a la presentación de las grandes orientaciones y el grueso del trabajo ya estaba hecho anteriormente. 
Sin embargo, creo que ya había elementos anteriores a Lisboa que prejuzgaban o preveían lo que allí iba a suceder y que se incorporan en las grandes orientaciones. 
Muchos de ustedes han hecho referencia a la idea del pleno empleo como elemento fundamental. 
El pleno empleo, de acuerdo con el documento inicial de la Comisión- que ha servido para la decisión de Lisboa- es algo que se puede conseguir siempre y cuando se pongan en marcha las políticas que se proponen. 
Es verdad que el problema del pleno empleo es, sin duda alguna, una de las preocupaciones fundamentales. 
Pueden convertirse el pleno empleo y los objetivos de empleo en objetivos cifrados, como algunos de ustedes plantean. 
Todo depende de lo que consideremos como objetivos. 
Es absolutamente imprescindible, cuando hablamos de objetivos, que sepamos si son objetivos de naturaleza política o posibilidades de alcanzar determinados resultados en términos económicos, como consecuencia de las políticas que pongamos en marcha. 
En todo caso, sí les diría a algunos preocupados por este tema que, a medida que vayamos poniendo en marcha indicadores sobre distintas políticas, la evaluación cuantitativa y cualitativa del pleno empleo será más eficiente. 
Algunos de los que han participado en el debate han mostrado cierta preocupación por las propuestas habituales de la Comisión sobre la flexibilidad del mercado de trabajo. 
Esta flexibilidad implica, desde nuestro punto de vista, una mejor adaptación de la oferta y la demanda de trabajadores. Por lo tanto, supone mayor cantidad de empleo, pero también- como hemos defendido siempre- mayor calidad de empleo. 
En ese punto hemos insistido de forma habitual. 
La flexibilidad del mercado de trabajo implica muchas otras cosas: podemos hablar de ordenación del tiempo de trabajo, pero también de la supresión de todos los obstáculos que en estos momentos están jugando en contra del trabajo, incluidos, por ejemplo, los elementos vinculados a la fiscalidad. 
Un punto fundamental de preocupación a lo largo del debate ha sido la evolución de la inversión. 
Es cierto que la línea medular de las grandes orientaciones de política económica es intentar incrementar el potencial de crecimiento en la Unión Europea. 
Si no somos capaces de hacerlo, es absolutamente evidente que las actuales perspectivas positivas de crecimiento por encima del 3% se verán afectadas en un período de tiempo relativamente corto y no podremos seguir con esa tendencia. 
De ahí que la inversión pública y privada sean absolutamente fundamentales. 
Podemos decir que desde 1997 la inversión está remontando de forma progresiva. 
Para el año 2001, la inversión pública y privada debería alcanzar el 21% del Producto Interior Bruto y, en el año 2004, el 23%, con lo cual estaríamos muy cerca de ese objetivo del 24%, que fue el que en su día se introdujo en el Libro Blanco de la Comisión sobre competitividad, crecimiento y empleo. 
Quiero plantear aquí un punto que me parece esencial: en mi opinión, no hay contradicción entre mayor inversión y mayor inversión pública y Pacto de Estabilidad; al contrario, creo que el Pacto de Estabilidad, en la medida en que ha permitido sanear las finanzas públicas, nos va a permitir mayor inversión pública en el futuro. 
Sí estaría de acuerdo con aquellos que opinan que, en estas nuevas condiciones, la mejora de la calidad de las finanzas públicas debe implicar mayor inversión pública. 
Ése es un punto que la Comisión ha destacado en los distintos programas de estabilidad y convergencia y, evidentemente, es un punto sobre el que seguiremos insistiendo. 
Han comentado también algunos oradores la importancia de la investigación y del desarrollo y de la nueva economía. 
Éste es uno de los elementos clave de las grandes orientaciones, pero quiero recordar- como siempre lo hago- que el punto fundamental de la introducción de la nueva economía es la mejora de la productividad, que es el elemento que más claramente nos permitirá el crecimiento futuro. 
Querría hacer algún comentario adicional sobre dos puntos. 
En primer lugar, sobre el Acuerdo Interinstitucional, que ha sido un objeto de preocupación por parte de la Comisión, y, en segundo lugar, sobre los problemas de la mayor coordinación frente a la mayor subsidiariedad. 
En cuanto al Acuerdo Interinstitucional, es cierto que es una demanda recurrente del Parlamento. También lo es que su puesta en marcha plantea problemas de tipo legal, incluso problemas de dimensión de los participantes, pero creo que, en todo caso, debemos estar satisfechos de los avances realizados este año. 
Les prometí hace unos meses, cuando discutimos este tema por primera vez en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que la Comisión intentaría avanzar al máximo en su cooperación con el Parlamento. 
No es en forma de Acuerdo Interinstitucional, pero la presentación del documento sobre resultados de las grandes orientaciones de política económica con elementos que permiten un debate previo por parte del Parlamento me ha parecido positiva. 
También creo que otros elementos de mayor profundidad, como el lanzamiento de la idea de unos debates económicos de carácter más amplio, con participación del Parlamento, los famosos entretiens économiques, deberán darnos en el futuro nuevas posibilidades e ideas para nuestro debate político. 
En mi opinión, la idea de la Presidencia portuguesa- que apoyamos- de establecer también un debate con el Parlamento sobre estos temas, no a escala institucional de la forma que plantea el Parlamento, sino de una naturaleza diferente, es asimismo claramente positiva. 
Creo que éste es un buen camino en el que debemos seguir cooperando en el futuro. 
Por último, quiero señalar que se plantea algo que podría parecer contradictorio entre aquellos que defienden una mayor coordinación de las políticas económicas y aquellos que defienden una mayor subsidiariedad en cuanto a la aplicación de las mismas. 
Como todos ustedes saben, las políticas económicas son responsabilidad de los Estados miembros y, en ese sentido, la subsidiariedad está garantizada. 
En mi opinión, la mayor coordinación es imprescindible. 
Por tanto, soy defensor de la tesis de seguir adelante con la coordinación de las políticas económicas, incluso haciendo referencia a lo que deben hacer los Estados miembros. 
Comprendo que para algunos de ustedes esto pueda parecer una intromisión por parte de la Comisión en las responsabilidades de los Estados miembros, pero eso es lo que establece el Tratado, lo que establece la legislación que nos hemos dado, y ése es el mandato que se le ha dado a la Comisión: hacer recomendaciones específicas. 
Decía que la coordinación es necesaria, pero creo que eso no tiene por qué ser opuesto a la subsidiariedad. 
Mayor coordinación y mayor definición de políticas globales no excluyen, sin embargo, la existencia de margen de actuación por parte de los Estados miembros. 
Querría acabar mi intervención agradeciéndoles a todos ustedes sus aportaciones, su participación en el debate y el apoyo que de forma mayoritaria han dado al documento presentado. 
Programas de estabilidad y convergencia 
El orden del día llama al informe (A5-0108/2000) del Sr. Pomés Ruiz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la valoración anual de la ejecución de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros (2000/2041 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, retomo con gusto sus últimas palabras en el debate sobre subsidiariedad o coordinación. 
Coincido con usted, señor Comisario, en que no existe contradicción entre ambos términos, sino que ambos tienen que ser perfectamente asumibles. 
Tal vez sea éste- el debate sobre los 11 planes de estabilidad que han presentado los países participantes en el euro y los cuatro planes de convergencia- el momento concreto para revisar la armonización entre la necesaria subsidiariedad y coordinación que exigen la implantación y el futuro de la moneda única. 
Este, por tanto, es el reverso del debate que acabamos de mantener sobre el informe de mi colega Katiforis, y tenemos que empezar a pensar, en primer lugar, en el instrumento. 
Ésta es la primera vez que este Pleno entra a debatir los 15 planes presentados por los Estados miembros. 
Sospecho que, en sucesivas ediciones, el informe no tendrá que ser un todo único, sino que deberá llevarse a cabo un estudio pormenorizado de las soluciones, de los puntos fuertes y débiles, que este Parlamento detecta en las políticas económicas que proponen los Estados miembros. 
Por tanto, vamos a pedir más detalle en los planes que se someten, en la estructura de gastos y también en la de ingresos, prestando especial atención a las inversiones. 
También vamos a pedir que las proyecciones que hacen a medio y largo plazo contemplen distintos escenarios de evolución de los tipos de interés, de evolución demográfica y otras variables que afectan a la estabilidad de nuestras cuentas a largo plazo. 
También pedimos aquí- y vuelvo al debate de la subsidiariedad- un mayor compromiso político de los 15 parlamentos nacionales. 
Entendemos que ésta es una tarea de todos, que no compete sólo al Parlamento Europeo. 
Ha habido Estados miembros que han sometido los planes de estabilidad y convergencia a debates internos para requerir el apoyo político a esta idea de construir conjuntamente una unidad económica, y tendríamos que pedir a los Estados miembros que no lo han hecho que debatan estos programas en sus parlamentos para intentar, primero, que participen los parlamentos en esta tarea común y, en segundo lugar, para facilitar apoyo político a los compromisos que se acuerden respecto a la necesaria coordinación de las políticas económicas. 
Entrando ya en lo que el informe pretende proponer al Pleno, no puedo sino observar con satisfacción que se han cumplido, incluso se han superado, todos los objetivos presupuestarios establecidos en anteriores programas. 
Pero este motivo de satisfacción tiene una contrapartida, pues, con independencia de que haya quien pueda criticar que los objetivos tal vez no hayan sido suficientemente rigurosos o exigentes, estamos viendo que el logro de los objetivos no se debe al interés y al esfuerzo de los Estados miembros, sino sencillamente a factores tales como la favorable evolución de los tipos de interés o ingresos fiscales superiores a los esperados. 
Por eso, entendemos que, aunque la consolidación presupuestaria tiene que seguir siendo una prioridad, el entorno económico- que ha mejorado mucho- nos tiene que dar la posibilidad de acelerar la consolidación y, al mismo tiempo, emprender reformas estructurales a medio plazo. 
No puede aceptarse que esta relativa bonanza económica haga que los Estados miembros dejen de tomar decisiones- a veces difíciles- sobre reformas estructurales. Entre ellas figura, en primer lugar, la reforma laboral, a la que ya hemos hecho referencia antes. 
Está claro que no todos los Estados han hecho las reformas laborales que consideramos convenientes. 
Efectivamente, el mejor comportamiento del mercado laboral- que es evidente- se ha apoyado en el satisfactorio crecimiento económico, y no todos los Estados miembros han hecho las reformas rigurosas que tienen que hacer, reformas más radicales que solucionen el problema inaceptable de la alta tasa de desempleo de los países europeos en comparación con otros países y que supone no sólo una lacra económica sino, sobre todo, una lacra personal y familiar que no nos podemos permitir en el siglo XXI en una Europa moderna. 
También es urgente realizar la liberalización de los mercados de telecomunicaciones y energía, y no todos los países lo están haciendo igual. 
En cuanto a las reformas fiscales, hay que saludar la reducción del alto nivel de impuestos en Francia, Alemania, Países Bajos y España, y hay que tener en consideración que la elevada tasa de desempleo muchas veces tiene que ver con el hecho de que tengamos altos niveles de impuestos. 
En las reformas a largo plazo, tendríamos que incluir también el grave problema demográfico. 
En los programas que se nos presentan, vemos que se concede una especial atención al envejecimiento de la población. 
Tal vez es hora ya de que, desde aquí, instemos a los Estados miembros a solucionar el problema demográfico en su origen, mediante una adecuada orientación tanto de las políticas de ingreso fiscal como de gasto social, protegiendo a las familias con hijos. 
Esta es la forma de atacar el problema en su origen y no sólo sus efectos. 
Sólo así evitaremos que la vieja Europa pueda convertirse en una decrépita Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, nosotros tenemos claro que la política económica de la zona euro ha de guiarse fundamentalmente por los objetivos definidos en el pacto de estabilidad. 
Por eso el presente informe es importante, y cuando el ponente explica en su exposición de motivos que el programa de Grecia no se discute a fondo en su documento porque es objeto de un informe específico he de decir en nombre de mi Grupo que, para nosotros, dicho informe específico llega demasiado tarde, puesto que se ha producido una diferencia con respecto al debate sobre los países candidatos a la adhesión que se celebró hace dos años, en 1998. 
En aquel año aprobamos los informes de convergencia en el mes de abril y celebramos el debate sobre la adhesión en mayo. 
Habida cuenta de que en el siguiente punto del orden del día se debatirá la adhesión de Grecia y que mañana nos decidiremos al respecto, nuestro Grupo ha presentado varias enmiendas a fin de garantizar la igualdad de trato. 
En este contexto quisiera señalar brevemente que en el caso de Grecia los criterios relativos a la deuda pública no se cumplen plenamente y que, por otra parte, al menos en lo que a la tasa de inflación se refiere, el respeto del principio de sostenibilidad, al que concedemos mucha importancia, es fuente de preocupación, no sólo para el BCE sino también para la Comisión y para nosotros mismos. 
Por todo ello, insistimos en que, aunque aplaudamos la participación de Grecia en el SME desde el 18 de mayo de 1998 así como los esfuerzos realizados, los criterios han de aplicarse rigurosamente a todos los países candidatos. 
Comprobamos que, según los informes de la Comisión y del BCE, y estudiándolos en detalle, Grecia cumple actualmente los criterios de convergencia, al igual que en 1998, pero que la sostenibilidad continúa planteando alguna duda. 
Se trata en concreto del criterio de la inflación. Queremos, además, que se siga reduciendo la deuda y que se lleve a cabo un programa. 
Pedimos también que se aplique un plan de acción destinado a seguir adelante con la privatización de las empresas públicas griegas y la realización del mercado interior. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Socialista Europeo respalda las propuestas del ponente, puesto que el primer informe actualizado sobre los programas de estabilidad y convergencia pone claramente de manifiesto que dichos programas y la evaluación de los mismos no son un mero ejercicio, sino que en la Unión Europea en general, y en la zona Euro 11 en particular, se ha comprendido probablemente por primera vez que la evolución económica, las perspectivas financieras e incluso los compromisos presupuestarios no incumben únicamente a un solo Estado, sino a todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por eso, es fundamental que el Parlamento Europeo se tome en serio este informe y compruebe por iniciativa propia si con la Unión Monetaria solamente se ha creado un mercado interior sin fluctuaciones de tipos de cambio y las consiguientes consecuencias negativas para el crecimiento y el empleo o si los Estados miembros realmente cumplen sus promesas, tanto los que forman parte de la zona Euro 11 como los que han de presentar un programa de convergencia. 
A fin de cuentas, la Unión Monetaria ya aparece y ya se concibe como comunidad de estabilidad en el Tratado de Maastricht. 
En la Unión Monetaria sólo participan Estados que han dado pruebas de que se guían por la estabilidad de los precios y la solidez financiera, contribuyendo a que la Unión Monetaria constituya realmente una comunidad de estabilidad. 
Ello también se aplica a Grecia. 
Debatiremos esta cuestión más tarde. 
Señor Karas, le puedo asegurar que, obviamente, Grecia habrá de cumplir las mismas condiciones que por ejemplo Italia y Bélgica en lo que a la reducción de la deuda se refiere. 
También a este respecto procuraremos que no se presenten datos demasiado optimistas, puesto que han de resistir la prueba de los hechos. 
El ejercicio anual de los programas de estabilidad y convergencia demuestra que los Estados miembros de la UE son socios maduros que también saben encajar críticas. 
Han de admitir que sus socios evalúen su situación económica y presupuestaria y deben aceptar y llevar a la práctica las conclusiones correspondientes. 
Por ello, la segunda ronda será mucho más importante que la de ahora, puesto que por primera vez han sido formuladas críticas concretas. 
Queda por ver cómo quedarán reflejadas en los próximos programas. 
Sin embargo, en mi opinión es de lamentar que el método de trabajo del proceso de Luxemburgo sobre las orientaciones en materia de empleo aún no se haya convertido en norma de actuación de los ministros de Hacienda de la UE. 
Asimismo es lamentable que los progresos en materia de estabilidad y convergencia no hayan sido mayores por no haber establecido una comparación entre la calidad de los programas. 
Creo que desde esa perspectiva cabe la posibilidad de reforzar aún más el desarrollo armónico y equilibrado del mercado interior y de la zona Euro 11, aplicando estos puntos de vista. 
Lo mismo decimos con respecto a la coordinación de los procesos fiscales. Va siendo hora de que se proceda a una coordinación fiscal digna de este nombre. 
Señor Presidente, estimados colegas, podría comenzar pidiendo disculpas por la incapacidad de nuestro Ministro de Hacienda austríaco de alcanzar durante el anterior período legislativo los objetivos del Consejo de marzo de 1998. 
Sin embargo, el presente informe pone claramente de manifiesto que no sólo Austria, sino también otros Estados miembros, no cumplen en todos los aspectos el referido reglamento del Consejo. 
Nuestro actual Ministro de Hacienda, Grasser, se ha visto obligado a elaborar el presupuesto para el año 2000 con premura. Incluye importantes criterios contenidos en el reglamento del Consejo, por ejemplo en el ámbito de las prestaciones de vejez. 
Los esfuerzos por sanear los presupuestos en la Unión no surtirán efecto mientras no se lleve a cabo una sustancial reducción de los impuestos y contribuciones. 
Fue un error, y lo sigue siendo, creer que una elevada tasa de impuestos y de contribuciones garantiza un alto nivel de ingresos fiscales. 
Sucede todo lo contrario. 
Japón y EEUU nos demuestran que es posible obtener buenos resultados con tipos impositivos reducidos. 
Los EEUU imponen a sus ciudadanos una tasa fiscal media del 30%, frente al 46% de la Unión, y, según parece, tienen un superávit de más de 250 mil millones de dólares. 
Señorías, el informe Pomés Ruiz tiene la buena suerte de valorar la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia en condiciones económicas que han facilitado el éxito de dichos programas. 
El ponente se queja de que la consecución de los objetivos se deba, más que a los esfuerzos de los propios países miembros, a unos ingresos fiscales más altos de lo esperado y a la favorable evolución de los tipos de intereses. 
Semejante enfoque revela una concepción más bien estrecha de la política presupuestaria. 
A mi parecer, no hay nada que objetar si conseguimos equilibrar los presupuestos mediante el desarrollo y no sólo mediante la imposición de ayuno y oración a los estados miembros. 
El pretender equilibrar los presupuestos exclusivamente a través del recorte de gastos, cuando, al mismo tiempo, claro, queremos bajar los impuestos, es algo que- más allá del saneamiento económico, y del espíritu del pacto de estabilidad, al menos como yo lo entiendo- se dirige a limitar la participación del sector público en la economía. 
Esto es algo ajeno al pacto de estabilidad. 
Esta tendencia se pone igualmente de manifiesto en la mención de que los impuestos y las contribuciones sociales en Europa alcanzan el 46% aproximadamente del PIB, mientras que en los Estados Unidos y en el Japón no superan el 30%. 
Pero, claro, son más elevados en Europa a causa del estado social. 
Si el grupo del Sr. Pomés Ruiz desea cambiar de política sobre el estado social, debe plantearlo abiertamente y no como apéndice del Pacto de Estabilidad. 
No he visto en el informe ninguna referencia que justifique una mención especial a Grecia, como ha hecho el Sr. Karas, pero quisiera, ya que el asunto ha sido sacado a colación, decir lo siguiente: no es serio afirmar que la inflación en Grecia ha disminuido sólo durante los últimos meses. 
A lo largo de ocho años la inflación, con un esfuerzo duro y continuo, ha ido bajando del 18% al 2%. 
Confiaba en que tendríamos derecho a que este gran esfuerzo, que ha requerido no pocos sacrificios del pueblo griego, fuera recibido con más generosidad. 
Decir que el logro de los criterios de convergencia no es sostenible en Grecia, lo siento mucho, pero es un juicio de intenciones. 
¿Cómo sabemos que no es sostenible en Grecia y sí lo es, por ejemplo, en tantos otros países de la Unión Europea? 
El pueblo griego está decidido a aplicar los criterios y no dejará de mostrar su resolución en lo sucesivo. 
Señor Presidente, compartimos la finalidad fundamental de la propuesta de resolución objeto de debate, es decir, la necesidad de una cada vez más evidente disciplina presupuestaria por parte de cada uno de los Estados, coherente con los objetivos del Pacto de Estabilidad. 
Sin embargo, creemos que precisamente en consideración de esos compromisos y a la vista de la situación actual, no se puede definir total y básicamente la calidad de las posibles intervenciones con el fin de mantener una gestión virtuosa en los presupuestos. 
En efecto, en una concatenación distinta entre los Estados, hay demasiadas variables en este escenario para sintetizarlas en indicaciones más bien genéricas. 
La referencia se hace a las repetidas solicitudes de contención de los gastos de protección social, a las reformas estructurales del mercado laboral, a la privatización de los sectores de las telecomunicaciones y de las energías. 
Por el contrario, es notoria la necesidad de un proceso de convergencia y, por lo tanto, de cohesión social más incisivo por estar próxima la moneda única cuya fluctuación dejará de ser virtual, así como de alineación de los precios y de los tipos de interés; la necesidad de políticas fiscales y tributarias, así como arancelarias más armónicas, de políticas de inversión más armónicas tanto en el ámbito de la investigación como en la superación de los gaps infraestructurales, también dentro de cada uno de los Estados, pero también de mayor homogeneidad en la acción de las administraciones públicas. 
Entre las variables, la de síntesis está representada por los plazos y los contenidos de la reforma de los Tratados y por el proceso de constitucionalización de la Unión, o sea, de una mayor o menor presencia política europea. 
Señor Presidente, comprendo que no siempre es fácil en un debate como el de hoy diferenciar aquellos aspectos de nuestra política que normalmente planteamos en las grandes orientaciones de política económica, en los pactos de estabilidad y crecimiento o en las referencias a los informes de convergencia, que serán objeto del tercer debate de esta mañana. 
En el debate que se acaba de mantener hemos mezclado un poco de los tres elementos. 
Querría referirme fundamentalmente al que me parece esencial en el día de hoy, que es el de los pactos de estabilidad, aunque haré algún comentario sobre algunas alusiones que se han hecho a otros puntos. 
En primer lugar, comparto el análisis del Sr. Pomés, en el sentido de la necesidad de una mayor coordinación, no incompatible con la subsidiariedad, y me parecen interesantes sus demandas adicionales de trabajar más en detalle de los gastos y de los ingresos, la existencia de distintos escenarios o los mayores compromisos de las políticas nacionales. 
Sin embargo, quiero recordarle que, en un marco de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros definir sus propios programas de estabilidad y crecimiento. 
La Comisión ha de juzgarlos pero no le corresponde dar instrucciones sobre este punto. 
Ni sobre los programas de estabilidad ni sobre las reformas estructurales, respecto a las que usted ha hecho algún comentario. 
Estas reformas estructurales son más bien objeto de las grandes orientaciones de política económica. 
Sin embargo, sí hay un punto- el tercero a que usted ha hecho referencia- que está a caballo entre el mundo de la reforma estructural y las obligaciones de tipo fiscal en cuanto al déficit y, sobre todo, la estabilidad de las finanzas públicas, en particular en la parte de la deuda. 
Me refiero al problema demográfico y concretamente al envejecimiento de la población. 
Es verdad que éste es un problema mucho más amplio que el problema específico de naturaleza puramente financiera, pero es cierto que éste es objeto de preocupación como hemos puesto de relieve en Lisboa. 
Le diría que, en este caso- como en alguna referencia más, de la Sra. Randzio-Plath, a la necesidad de comparar la calidad de los programas y la mayor armonización, o la referencia que ha hecho el Sr. Gasòliba i Böhm, por ejemplo, a profundizar en las reformas fiscales -, en nuestro esquema actual existe una razonable posibilidad de cumplir los objetivos de los programas de estabilidad y crecimiento, y pensamos que debemos prestar más atención en lo que denominamos sostenibilidad y calidad de las finanzas públicas. 
Presentaremos un informe en el mes de mayo sobre este punto concreto, en el que pretendemos ver no sólo cuál es la naturaleza del ingreso, sino la naturaleza del gasto; cómo se ha conseguido la reducción del déficit público y qué instrumentos se han utilizado. 
Son instrumentos que tienen naturaleza permanente y presentan las mismas características en cada uno de los Estados miembros. 
También plantearemos la cuestión de nuestras obligaciones futuras. 
En muchos casos existen obligaciones de los Estados miembros que no están incluidas como deuda, pero que acabarán siendo deuda de una o de otra forma. 
Todo esto nos permitirá entablar este debate, que ustedes han suscitado. 
Creo que será el momento para profundizar y llevar a cabo ese tipo de comparaciones. 
Dicho esto, agradezco el esfuerzo que ustedes ha hecho para evaluar el trabajo que hemos realizado. 
Creo que los problemas de estabilidad y convergencia se caracterizan fundamentalmente- como usted muy bien ha puesto de relieve, señor Pomés -, primero, porque se han cumplido los objetivos previstos; segundo, porque seguimos en la misma línea. 
Sin embargo, ese cumplimiento objetivo, sobre todo en cuanto a la reducción de los déficit públicos, es menos ambicioso- es cierto que como consecuencia de un contexto económico mejor -, y ese contexto económico mejor tiene que ser aprovechado no para echar marcha atrás, sino para avanzar en la buena dirección. 
Decía que quería hacer un par de comentarios adicionales sobre dos puntos que se han planteado en temas que no están estrictamente relacionados con este informe, sino con el informe siguiente. 
Se ha referido el Sr. Karas al problema griego y a los problemas de sostenibilidad en cuanto a los criterios de convergencia. 
Con Grecia no se ha hecho nada más que aplicar exactamente el mismo criterio que se ha aplicado en anteriores evaluaciones. 
Comprendo esa preocupación, recogida en el informe de la Comisión, por la sostenibilidad de la inflación, pero también querría proporcionar algún dato que puede aclarar la situación. 
De acuerdo con los últimos datos del IPC armonizado- publicados el 15 de mayo y referidos al mes de abril -, Grecia mejora de forma sustancial su inflación con respecto a la situación anterior: pasa del 2,8 % al 2,1 %; y en el índice no armonizado, en abril también hay un mejor comportamiento con respecto al mes de marzo. 
Por lo tanto, creo que esas preocupaciones que existen sobre la inflación en Grecia son a veces excesivas. 
En segundo lugar, a ustedes les corresponderá debatir los problemas relativos a las enmiendas que quieran plantear en el informe Pomés. 
Únicamente le diré, respecto a dos enmiendas de su Grupo, que en una de ellas hay un pequeño error referido a la fecha en que Grecia entra en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo; y en la enmienda 4, en mi opinión, sería más inteligente hacer un planteamiento positivo, desde el punto de vista de las obligaciones futuras del Gobierno griego, que hacer un planteamiento que genere dudas sobre la capacidad de éste para cumplir con sus obligaciones. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Adopción de la moneda única por parte de Grecia 
El orden del día llama al informe (A5-0135/2000) del Sr. Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de decisión del Consejo de conformidad con el apartado 2 del artículo 122 del tratado para la adopción por parte de Grecia de la moneda única el 01.01.2001 (COM (2000) 274- C5-0226/2000- 2000/0110 (CNS) ). 
. 
(FR) Señor Presidente, Grecia será el duodécimo miembro del euro. 
Grecia no debe mendigar su entrada en la zona euro. 
Está plenamente cualificada para formar parte de los estados que introducirán en 2002 el euro como medio de pago eficaz y definitivo. 
El cumplimiento de los criterios de convergencia económica ya es una realidad en Grecia. 
Es el resultado de una política de estabilización llevada a cabo con gran coherencia por las autoridades griegas desde 1996. 
Al comienzo de los años 90, se consideraba que Grecia era el gran enfermo económico de Europa. 
El índice de inflación era superior al 20%. 
La Unión Europea calificaba oficialmente al déficit presupuestario de excesivo. 
Era evidente que el sector público tenía una mala gestión: casi la mitad de la deuda pública nacía de las continuas transferencias del Estado hacia las empresas públicas. 
Hoy en día, las grandes organizaciones internacionales como el FMI, la OCDE, la Comisión o el BCE comentan en términos generalmente elogiosos los esfuerzos realizados par los griegos. 
Resulta evidente que los operadores privados también han descubierto Grecia. 
Estos últimos años, se ha convertido en un importante beneficiario neto de capitales extranjeros. 
La bolsa ha tenido un rápido crecimiento. 
Las agencias de cotización internacionales han mejorado el rating de los empréstitos griegos. 
Naturalmente, la situación no es perfecta ni mucho menos. 
Sigue habiendo problemas, sobre todo en lo que se refiere a la reestructuración del sector público. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios insiste en los siguientes puntos. Grecia debe continuar sus esfuerzos para que los progresos realizados en materia de desinflación sean duraderos. 
El gobierno debe reforzar la orientación anti-inflacionista de los instrumentos de la política económica de los que dispone, y sobre todo en los ámbitos de los presupuestos y de la política de rentas. 
La cooperación de todos los colaboradores sociales parece esencial para mantener un contexto de crecimiento no inflacionista. 
Incluso cuando se han realizado progresos considerables en el marco de la puesta en marcha de reformas estructurales, Grecia tiene que acelerar el ritmo de las reformas aún necesarias, entre las cuales figura la transposición eficaz de la legislación europea en derecho nacional. 
Se consulta al Parlamento, dentro del marco de una decisión política que el Consejo ECOFIN debe tomar después de la deliberación del próximo Consejo europeo. 
La respuesta del Parlamento sólo debe de ser política, es decir, positiva o negativa, como es necesario para cualquier toma final de decisiones en una buena democracia. 
La entrada de Grecia en la zona euro no conlleva ningún riesgo político. 
Grecia tiene derecho, y en realidad está obligada, a entrar en la UEM. 
Sin duda, existen riesgos económicos, pero son más importantes para Grecia que para los países de la zona euro. 
Al integrarse en la zona euro, Grecia estará obligada a mantener la cultura de estabilidad, instituida desde 1996, que consiste en buscar una política económica responsable. 
Pero esta ya ha creado un círculo virtuoso que lleva a un crecimiento sostenible, no inflacionista. Lo que demuestra que la estabilidad no es un fin en sí, sino que debe servir para un crecimiento sano. 
La comisión EMAC, en su gran mayoría, pide por lo tanto a nuestro Parlamento que vote a favor de la entrada de Grecia en la zona euro en 2001. 
Señor Presidente, permítame hacerle partícipe de algunas reflexiones personales. 
Felicito a los gobiernos danés y sueco por haber decidido consultar a sus ciudadanos sobre la adopción de la moneda común. 
Del mismo modo, deseo que el Reino Unido opte por la moneda común en un futuro próximo. 
La ambición común de los quince Estados de crear una Unión cada vez más estrecha, que incluya sobre todo un espacio sin fronteras interiores, no podrá tener resultados completos sin una moneda común. 
El Reino Unido, que es una de las primeras plazas financieras mundiales, no podrá reclamar todas las ventajas de un mercado financiero europeo, cada vez más integrado, sin formar parte de él de forma íntegra, y sin asumir todas las responsabilidades y obligaciones comunes de una Unión económica y monetaria. 
Algunos colegas votarán mañana contra mi informe o se abstendrán. 
Unos se oponen al euro- y están en su derecho -, y otros quieren apostar políticamente por las inquietudes reales que la relación "dólar-euro" suscita en nuestros conciudadanos. 
Hay que insistir en el hecho de que el euro es una moneda estable. 
El poder de compra de los ciudadanos de la zona euro casi no ha disminuido ya que la inflación sigue siendo muy moderada. 
Naturalmente, el valor del euro ha bajado frente al dólar, y, en menor medida, frente al yen y a la libra. 
En un sistema de tipos de cambio flotantes, tales fluctuaciones son inevitables. 
El euro no se ha convertido en una moneda débil por ello. 
Estos últimos veinte años, el marco alemán ha tenido variaciones más importantes aún frente al dólar. 
Para alcanzar un nivel tan bajo frente al dólar, el euro tendría que bajar por debajo de 0,6 por un dólar. 
Algunos pretenden que los mercados financieros no aprecian el euro a causa del retraso de Europa en las reformas estructurales. 
¿Qué reformas estructurales ha realizado Alemania después de 1985 para que el DM vuelva al nivel de 1,7 ó 1,8 DM por un dólar? 
El hecho es que la situación económica de la Unión europea es muy sana, mucho más sana que durante la década anterior. 
El único punto negro es un índice de paro, que es cierto que sigue bajando, pero que sigue siendo demasiado alto. 
Y desde luego que no son los mercados financieros los que más se alegrarán de la vuelta del pleno empleo. 
En general las buenas noticias relativas al empleo vuelven a la bolsa miedosa, ya que le hacen creer que la inflación volverá a aumentar. 
En realidad los mercados financieros funcionan según una lógica propia. 
Buscan el rendimiento inmediato, que actualmente está mejor garantizado en Estados Unidos con unos tipos de interés más elevados. 
Esta tendencia seguirá, puesto que la Federal Reserve acaba de aumentar sus tipos de interés. 
Pero con su comportamiento de borregos, señor Presidente, los mercados acabarán por darse cuenta de que, a medio plazo, el euro será una moneda más segura que el dólar. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, al igual que el orador anterior quisiera destacar que un mercado interior que funcione necesita una moneda común. 
En segundo lugar, debemos comenzar el debate desmintiendo un rumor, a saber, el supuesto de que el valor externo del euro tenga algo que ver con la posible adhesión de Grecia. 
Está claro que el valor externo del euro no tiene nada que ver con la adhesión de Grecia, sino más bien con la falta de decisión de algunos Estados miembros a la hora de llevar a cabo medidas estructurales imprescindibles y seguir adelante con la liberalización, así como con algunas diferencias- empezando por los tipos de interés- entre la estructura económica de Europa y los Estados Unidos. 
Por todo lo anterior, quisiera felicitar a Grecia en nombre de mi Grupo y apreciar en su justo valor los esfuerzos y los logros obtenidos en el camino hacia la adhesión a la Unión Económica y Monetaria. 
Completamos estas afirmaciones, como ya he dicho con motivo del informe sobre la convergencia, con un rotundo sí a la entrada de Grecia en la Unión Económica y Monetaria. 
Este rotundo sí no pierde fuerza cuando, conscientes de nuestra responsabilidad de defender nuestra identidad, un euro fuerte, la sostenibilidad, la estabilidad de los precios y la igualdad de trato de todos los países, advertimos a Grecia y la incitamos a proseguir sus esfuerzos, señalándole que aún le queda mucho por hacer para conseguir una estabilidad de precios sostenible y un sector público equilibrado con un bajo nivel de endeudamiento. 
Digo esto porque sabemos que aunque la tasa de inflación haya bajado sustancialmente, esta disminución se debe en parte a factores pasajeros. 
Por eso, es necesario que se adopten más medidas para garantizar una estabilidad de precios sostenible. 
Digo esto porque los objetivos del pacto de estabilidad y crecimiento requieren notables reformas estructurales y un continuo superávit del presupuesto para que las deudas puedan reducirse al 60% en un plazo prudente. 
Decimos sí a la adhesión, pero al mismo tiempo animamos e instamos a Grecia a que continúe adoptando las medidas necesarias y garantice la sostenibilidad en el sentido del pacto de estabilidad. 
Permítanme que para terminar urja asimismo a Suecia a que, aparte de cumplir los múltiples criterios, acabe haciendo sus deberes políticos, puesto que en este momento el Gobierno sueco sigue sin adherirse al SME 2 y aún no ha modificado la ley relativa al banco de emisión para salvaguardar la independencia del BCE con posterioridad a la adhesión. 
Señor Presidente, los esfuerzos de Grecia por cumplir los criterios de convergencia convencen al Grupo del PSE. 
Respaldamos la recomendación y el informe del ponente. 
Es importante que el mercado interior europeo llegue por fin a culminarse. Ello sólo es posible si todos los Estados miembros de la Unión Europea entran a formar parte de la Unión Monetaria. 
Dicho de otro modo, para el tráfico comercial es fundamental que todos los Estados de la UE se conviertan en miembros, sobre todo aquellos que, además, puedan cumplir los criterios de convergencia. 
Es la única forma de ampliar aún más el espacio económico que no está expuesto a fluctuaciones en los tipos de cambio. 
Una amplia Unión Monetaria aumenta las posibilidades de coordinación de las políticas económicas y, por tanto, la profundización de la integración europea. 
Como cualquier otro miembro de la Unión Monetaria Europea, Grecia tendrá la obligación de proseguir sus esfuerzos y seguir haciendo sus deberes. 
Eso es obvio. En el caso de Grecia, merece una especial atención el nivel de endeudamiento. 
En este sentido, se alinea, como ya se ha dicho, con Bélgica e Italia. 
Quisiera puntualizar una vez más que el año pasado hubo otros países que también fueron objeto de críticas con motivo de la evaluación de los programas de estabilidad. 
En otras palabras, Grecia no está sola, no es el único país que ha de demostrar una y otra vez de lo que es capaz. 
Una comunidad solidaria y consolidada- porque esto es lo que es la Unión Monetaria- requiere una continua y continuada capacidad de adaptación. 
Es a lo que se han comprometido los socios de la Unión Monetaria. ¡Y a ello han de atenerse! 
Es algo que sobresale tanto en el Tratado como en el pacto de crecimiento y estabilidad. 
Grecia, al igual que otros miembros, tendrá que trabajar para sostener el cumplimiento de los criterios de convergencia. 
La necesaria adaptación de los tipos de interés a la zona euro también exigirá muchos esfuerzos a la economía, la sociedad y los agentes sociales griegos. 
Por eso es tan importante que reine el consenso entre los grandes partidos políticos y los interlocutores sociales. 
Ello nos permite confiar en que Grecia se convertirá en un socio ejemplar de la Unión Monetaria. 
Nadie debe tener miedo a que la adhesión de Grecia debilite la Unión Monetaria puesto que, al fin y al cabo, todo depende de la estabilidad interna del valor del dinero. 
Quien aspire a ser admitido en la zona euro ha de cumplir los criterios de convergencia. 
A largo plazo la estabilidad interna es el único factor decisivo para el valor externo de una moneda. 
A este respecto, la tasa de inflación media del 1,9 % que se registra en la zona euro es una clara señal. 
En este contexto quisiera recordar una vez más que el Tratado de Maastricht establece que necesitamos una política monetaria que garantice la estabilidad de la moneda. 
Es algo que se consiguió en los primeros meses de vida del espacio monetario euro. 
¡La política monetaria no puede guiarse por el tipo de cambio dólar/euro! 
¡Lo importante es que el poder adquisitivo interno del euro adquiera el grado de estabilidad que antes presentaba el marco alemán! 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Liberal diré que quisiéramos ver a Grecia entre los países del euro y que sin duda alguna votaremos a favor de su ingreso. 
Por lo que se refiere a los demás países, entre ellos el mío, confío muy sinceramente en que pronto puedan ingresar en la zona del euro. 
También lamento mucho que haya tan pocos conservadores británicos hoy en este Parlamento porque eso indica, ahora que Grecia es el duodécimo país de la Eurozona, lo mucho que el euroescepticismo británico dista de la realidad en cuanto al futuro de esa moneda. 
El euro ha conseguido que haya poca inflación, que aumente el crecimiento, que descienda el desempleo y que las economías de la Eurozona queden protegidas contra los altibajos de los tipos de cambio de las divisas. 
Más aún: en Gran Bretaña se considera que el euro ha fracasado porque su valor ha bajado respecto del valor del dólar, pero eso sólo significa que Gran Bretaña no ha acabado de comprender lo que está sucediendo. 
La prueba de fuego para una moneda es la estabilidad de su precio en el marco de la economía, y no el valor de la moneda respecto de las monedas de otros países. 
En cuanto a la prueba de la estabilidad interna, con una inflación en la Eurozona inferior al 2% y un crecimiento superior al 3,1 % en relación con Gran Bretaña, es evidente que el euro está teniendo éxito. 
Investigaciones realizadas por el Banco de Tokio Mitsubishi han calculado recientemente el valor del euro como si hubiera existido desde hace varios decenios, sopesando el valor de cada moneda predecesora para crear un euro sintético. 
En términos cronológicos las investigaciones concluyeron que el euro había fluctuado entre un valor máximo de 1,70 dólares en diciembre de 1979 y un valor mínimo de 0,69 dólares en febrero de 1985. 
Dicho de otra manera, el euro puede permanecer dentro de la gama de su valor comercial histórico y bajar de nuevo un 23% o aumentar en un 188% sin problemas. 
Cierto es que ese euro sintético incluye monedas como la lira italiana, pero lo mismo cabe decir incluso en el caso del potente marco alemán si se lo considera de la misma manera. 
Si el euro es una divisa débil, entonces el marco está realmente anémico. 
Se desplomó hasta un valor de 3,45 marcos contra el dólar al final de febrero de 1985, lo que significa un tercio menos que su valor actual de 2,16 marcos por dólar. 
Tres años después, con un colapso del dólar entre medias, el marco llegó de nuevo a 1,57 en diciembre de 1987. 
La verdad es que la historia de las divisas es una larga serie de graves desajustes monetarios, de sobrevaloraciones y de subvaloraciones, cada una de las cuales infligía tensiones depresivas o imponía gastos inflacionarios a la economía y, como Grecia ha reconocido acertadamente, el euro representa una forma de volver a adquirir el control de una parte fundamental de nuestro entorno económico. 
Señor Presidente, el informe que debatimos es preciso en sus datos y objetivo en su valoración. 
Grecia es juzgada, del mismo modo que fueron juzgados los primeros países de la UEM· y este juicio le otorga el lugar que le corresponde, el lugar que podría haber ya ocupado entonces, y haberse convertido, junto con los demás, en miembro de la UEM, y que no ocupó, sin embargo, a causa de la debilidad de quienes la gobernaban. 
En todo caso, el momento es histórico para Grecia, señor Presidente, y permítame decirlo, también para Europa. 
Espero que vivamos otros momentos históricos, cuando se adhieran otros países; y aún más cuando avancemos, como es necesario, en la construcción política de la unión. 
El euro ha hecho volver la política a Europa. 
A nosotros nos corresponde trazar el camino para institucionalizar la política europea y, para politizar, el día de mañana, a través de la Europa unida, una globalización, que avanza a ciegas, sin proyecto histórico ni político. 
Para Grecia y para los demás miembros de la UEM, la cuestión de la sostenibilidad es determinante. 
Es una cuestión eminentemente política saber si podrán actuar juntos en su política económica, como si ya hubieran alcanzado la unión política. 
Es una cuestión de opciones y transformaciones de desarrollo; y naturalmente es también una cuestión de administración de las haciendas públicas. 
Grecia, Señor Presidente, tiene un problema pendiente: la reforma fiscal. 
Una gran parte de la economía no paga impuestos, mientras que impuestos fundamentales existentes en otros países miembros, no existen en Grecia. 
El contribuyente griego medio soporta una carga mayor que la de los demás europeos, pero el porcentaje del PIB correspondiente al conjunto de los ingresos fiscales es mucho más bajo en Grecia. 
He aquí un cambio estructural pendiente; y, sin embargo, nuestro gobierno circunscribe su iniciativa principalmente a las privatizaciones. 
Hay pendientes también otros cambios estructurales importantes, como el robustecimiento de los poderes regionales y de su autonomía económica, la reorganización en profundidad de las cooperativas en todos los sectores, la liberalización y el fortalecimiento de la economía social y del sector terciario. 
Estas son las direcciones que hay que reforzar inmediatamente para que la sostenibilidad tenga futuro. 
Señor Presidente, el informe del Parlamento europeo sobre la adopción por parte de Grecia de la moneda única a 1 de enero de 2001 es notable, sobre todo por la voluntad política que muestra para ampliar la zona euro así como por su preocupación por ser preciso desde el punto de vista técnico. 
Es cierto sin embargo que Grecia ha realizado esfuerzos considerables para cumplir los criterios de Maastricht y que lo ha conseguido bastante bien, salvo en algunos casos como el de la deuda pública, pero sobre este capítulo, algunos países de la zona euro no tienen lecciones que darle. 
Estas pequeñas debilidades, que deberían tener poco impacto si el euro fuese fuerte, pueden ahora, en el contexto de la depreciación, donde la menor ambigüedad queda registrada en el débito de la moneda única, tener un resultado mucho más negativo, por razones psicológicas. 
Sin embargo, las instituciones europeas no han creído que debían diferir la adhesión de Grecia para no dar la impresión de tener miedo, y, desde su punto de vista, esta posición parece bastante lógica, aunque algo arriesgada. 
El grupo Europa de las naciones casi les daría razón, pero a raíz de un razonamiento muy diferente. 
Evidentemente, nuestro primer movimiento consistiría en no participar en un debate que, según muchos de nosotros, no es el nuestro. 
Pero por otro lado, pensamos que la ampliación de la zona euro podrá finalmente servir de aguijón que estimule reformas beneficiosas. 
En efecto, cuanto más se extienda la zona euro, más difícil será que la moneda única represente a naciones muy diversas, y más nos daremos cuenta de que sería más sencillo flexibilizar el sistema haciendo que el euro evolucione hacia una sencilla moneda común, que se superponga a las monedas nacionales con cierta flexibilidad, sin eliminarlas. 
Esta solución de evolución hacia una moneda común permitiría sin duda unir los países de la Unión que hasta ahora se habían quedado fuera de la zona euro, crear una referencia común para todos, y poner fin a una separación que hoy resulta desastrosa para la credibilidad de Europa en su conjunto. 
Señor Presidente, la propuesta legislativa del Consejo para la introducción de la moneda única en grecia a partir del 1 de enero de 2001 es positiva y responde a los objetivos de la Unión Europea: reforzar la cohesión social y económica a través de la Unión Económica y Monetaria. 
El Grupo de Nea Dimokratía, en el marco del Partido Popular Europeo, ha apoyado siempre con tesón todas las políticas necesarias para que grecia, que se había quedado fuera del primer círculo de países miembros, pudiera reunir los requisitos exigidos para formar parte de la zona euro. 
La verdad es que mi país cumple hoy los criterios de convergencia, excepto el que se refiere a la deuda pública. 
Lo mismo, sin embargo, ocurría en los casos de Italia y Bélgica y no sería de recibo, naturalmente, que en este caso Grecia fuera objeto de agravio y discriminación. 
Las políticas de desarrollo económico y cohesión empezaron realmente en Grecia a principios de la década de los noventa, tal y como señalaron el Comisario y el representante del Banco Central Europeo en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y atañen a diferentes gobiernos y a diferentes fuerza políticas. 
Se deben, sin embargo, principalmente, a los esfuerzos del pueblo griego en su conjunto. 
Hoy en Grecia, la política debe concentrarse en nuevos cambios estructurales, conservando la lógica antiinflacionaria, con el objetivo de una verdadera economía social de mercado en condiciones de sana competencia, de suerte que mi país pueda mantener holgadamente el pacto de estabilidad y desarrollo de Dublín. 
La UEM, señor Presidente, será realmente un éxito cuando se consiga la participación de todos los países miembros, y mucho más de países como Suecia cuya convergencia presenta una trayectoria excepcional. 
Deseamos que próximamente el mandato del pueblo sueco pueda añadir una nueva pieza a la construcción de la zona euro. 
Por el momento, llamamos al Parlamento Europeo a votar a favor del ingreso de Grecia en la zona euro; por nuestra parte, aseguramos a sus Señorías que, en nuestra condición de primer partido de la oposición, contribuiremos con nuestra política a los esfuerzos que exigirán la aplicación de las reglas del pacto de estabilidad y el cumplimiento de las obligaciones europeas comunes, en el marco de un espacio único sin fronteras. 
Señor Presidente, Grecia cumple los criterios de convergencia, según dictamina la Comisión Europea. 
Este juicio se basa en una interpretación nominalista. 
Cualquier buen economista sabe que Grecia, pese a los extraordinarios resultados de los pasados años, en materia de inflación y de deuda pública todavía no tiene sus asuntos bajo control o en orden. 
Las autoridades griegas tienen enormes intereses financieros en una serie de empresas estatales que en su mayoría sufren pérdidas. 
En 2001 expira la exención relativa a la liberalización de diversos sectores. 
Entonces se hará pública la enorme deuda pública oculta, que representa la mitad de la actual. 
¿Por qué la Comisión no ha abordado estos aspectos ocultos en su dictamen? 
La dracma griega volvió a revaluarse en un 2,5 % el 17 de enero pasado, fundamentalmente para contener las tendencias inflacionistas. 
Actualmente, los tipos de interés a corto plazo en Grecia superan aproximadamente 600 puntos básicos el límite del Banco Central Europeo. 
La participación prevista para el 1 de enero de 2001 implica que los tipos a corto plazo deben bajar a más tardar a finales de este año. 
Gracias a ello se ampliará sustancialmente la concesión de créditos y Grecia no podrá cumplir el criterio de la inflación. 
¿Porque cierra los ojos la Comisión ante este hecho? 
En interés de los ciudadanos griegos y de un desarrollo flexible de la economía griega nos vemos obligados a abstenernos a la hora de apoyar esta propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, quiero agradecer al ponente la seriedad y la objetividad con la que ha tratado la candidatura de Grecia. 
Quiero agradecerle el hecho de que la haya tratado con el mismo rigor mostrado con todos los estados miembros que nos precedieron en la constitución de la moneda única. 
Es el mejor cumplido que le podía hacer a un país que durante cierto espacio de tiempo dio la impresión de que su economía se precipitaba hacia una desintegración general. 
Hay muchos ejemplos en el mundo de cómo puede terminar semejante dinámica; hay pocos ejemplos, sin embargo, de un país que encuentra la energía necesaria no sólo para detener, sino para invertir el proceso y llegar a satisfacer los criterios de estabilidad más exigentes del mundo actual. 
Este éxito tiene un significado especial porque se ha forjado sobre la base de una economía ni rica ni especialmente potente. 
No necesitamos que nos recuerden que la economía griega es débil. 
Lo sabemos. 
Para edificar la estabilidad monetaria sobre semejantes cimientos, un pueblo ha de hacer esfuerzos y sacrificios mayores que los que requeridos por economías más ricas. 
El hecho de que el pueblo griego aceptara afrontar dichos sacrificios constituye la prueba más concluyente de su determinación de abandonar definitivamente, con sus propios esfuerzos- aprovechando adecuadamente, claro, el apoyo de la Unión Europea -, el sino del retraso económico. 
Los mismos esfuerzos hará en el futuro, no porque nos lo imponga vuestro rigor, sino porque nos lo impone nuestro interés. 
Nos lo dicta nuestra voluntad de vivir mejor, de funcionar como una economía contemporánea, de prosperar junto al resto de Europa. 
Nos encontramos aquí no por haber enmascarado nuestras debilidades, sino porque quisimos luchar; por haber luchado y triunfado. 
Por lo que a nosotros respecta, somos un pueblo pequeño, pero somos un pueblo combativo y nuestra inclusión en la moneda única constituye un voto de confianza en esta gran empresa de Europa, constituye una muestra de que apoyamos el esfuerzo europeo, y deseamos que también otros países, mucho más ricos que nosotros, lo entiendan del mismo modo y sigan el mismo camino. 
Que nadie se alegre antes de tiempo por las vicisitudes actuales de la moneda única. 
Nosotros, con nuestra adhesión, mostramos nuestra confianza en Europa, en nuestra unión monetaria, en la perspectiva de la unión económica, en el éxito de nuestro común destino económico. 
Este es el sentido de la adhesión de Grecia, este es el sentido de su aceptación en la zona euro. 
Europa, tras la adhesión griega, señor Presidente, es más fuerte, y no más débil. 
Señor Presidente, el informe de convergencia de la Comisión y del BCE no se ocupa solamente del programa de convergencia griego, sino también del sueco. 
También lo hace el informe del Sr. Goebbels, si bien la parte sobre Suecia es limitada. 
La economía sueca va bien, muy bien. 
Esto lo señala también el Sr. Goebbels. 
Nos recuerda además, tal como lo hicieron Karas y Randzio-Plath, que la UE sería más fuerte si todos los países miembros participasen en la UEM. 
Está bien que el Sr. Goebbels nos recuerde estas cosas obvias. 
Si se es miembro de la UE, habrá que serlo completamente. 
Aunque en el Reino Unido, en Dinamarca y en Suecia las economías gozan de buena salud, hay que decir claramente, como lo hizo el Comisario Solbes Mira en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que el Tratado estipula que ningún país miembro podrá, a largo plazo, ponerse al margen de una colaboración tan estratégica como es la moneda común. 
El informe debió haber hecho hincapié en este punto. 
El euro ha dado mayor estabilidad. 
Esto ha beneficiado a las empresas, especialmente a las pequeñas. 
Ha aumentado la competencia de precios y se ha mejorado la apertura. 
El euro no es débil; es el dólar que está extremadamente fuerte. 
Permítanme recordar a los "países de extramuros" que corren el riesgo de que su influencia disminuya aún más. 
La semana pasada escuchábamos al Primer Ministro francés que decía que anhelaba un Euro-11, pronto un Euro-12, con mayor campo de influencia y más poder en la política económica y financiera. 
La coyuntura económica está hoy en alza en Europa, pero luego vendrán tiempos peores, tanto en EE.UU. como en Europa. 
Señor Presidente, no se compra un paraguas cuando ya ha empezado a llover sino cuando brilla el sol, para estar preparado para el día que llueva. 
El euro proporciona estabilidad económica y competitividad a Europa. 
Hay muchos motivos poderosos, económicos y morales, que aconsejan que Suecia debería formar parte de la UEM. 
Suecia debería tener la obligación, además, de contribuir al mejoramiento de la competitividad en Europa. 
Por esta razón, señor Presidente, me hubiese gustado que mi país, Suecia, hubiese seguido el camino de Grecia. 
Señor Presidente, Señorías, nuestras reservas hacia el ingreso de Grecia en la UEM no son cuestión de principio, sino que se basan en hechos reales, tanto por lo que respecta a la UEM en general, cuanto por lo que respecta a la economía griega. 
Por lo que respecta a la UEM en general, estamos a favor de una auténtica unión económica y monetaria. 
Desgraciadamente, la unión es sólo monetaria y no económica. 
Es UM y no UEM. 
Sabemos que la UEM nació antes de tiempo por razones políticas que surgen de los acontecimientos de 1989 y 1990. 
De modo, que asistimos a un parto prematuro y a la perdida de peso del niño, el euro, en la incubadora. 
Este punto de vista ha sido ya formulado por los economistas, ganadores del premio Nobel, Friedman, Tobin y Modigliani. 
La creación de la UEM no fue precedida de un acuerdo sobre la política económica que deberían seguir los países miembros. 
Apenas ahora intentan la Comisión y el Consejo esbozar políticas comunes para ciertos problemas económicos, como, por ejemplo, el paro y la competitividad. 
Pero el camino es largo, llenos de aventuras, como dice el poeta. 
El informe Goebbels nos dice que el dictamen del Parlamento no puede ser sino político y nos asegura que no hay ningún peligro político en el ingreso de Grecia en la zona euro. 
Añade, sin embargo, el informe que sí hay peligros económicos y que estos son mayores para Grecia que para los países de la zona del euro. 
Estamos de acuerdo. 
No corren peligro las economías de los otros 14 países miembros. 
Me resulta difícil, claro, comprender como se puede distinguir tan fácilmente entre riesgos políticos y riesgos económicos. 
Pero dejémoslo así. 
Por lo que respecta a Grecia, nuestras reservas se refieren a los riesgos económicos mencionados en el informe. 
La política económica seguida en Grecia los últimos años no ha perseguido otro objetivo que la satisfacción de los criterios de convergencia. 
Los esfuerzos se han concentrado en mejorar los índices econométricos y no los verdaderos parámetros de la economía. 
La competitividad de la economía no ha mejorado, el paro sigue creciendo. no se han llevado a cabo los cambios estructurales necesarios y las privatizaciones se han presentado como la nueva panacea del desarrollo y la prosperidad. 
Las desigualdades entre las rentas han aumentado en aras de los índices econométricos. El resultado es que los números prosperan y el pueblo sufre. 
Con toda sinceridad el informe Goebbels afirma que en lo que atañe a la convergencia todos los gobiernos de la Unión están obligados a presentar resultados, pero cuentan con margen en la elección de medios. 
Pues bien, nuestras objeciones se refieren a la elección de los medios por parte del gobierno griego. 
Los medios elegidos no han sido ni los económicamente pertinentes ni los socialmente justos. 
Los ricos son hoy más ricos, y los pobres, más pobres. 
Con el ingreso del país en la UEM, nadamos ya en aguas profundas; ¡sálvese quien pueda! 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar al Sr. Goebbels por su informe, que es muy profesional, y por lo bien que lo ha presentado. 
Algunas finanzas gubernamentales son requisitos previos indispensables para la estabilidad económica y el progreso económico. 
Afianzando la disciplina presupuestaria se fortalecerá la estabilidad de los precios y se crearán condiciones propicias para la creación de los tan necesitados puestos de trabajo en los territorios de la Unión. 
Los Estados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ofrecen a los quince Estados miembros de la Unión un amplio procedimiento de vigilancia para supervisar sus políticas presupuestarias. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento estimula a los Estados miembros para que, a mediano plazo, alcancen una posición presupuestaria equilibrada o con excedente. 
También ha de tener en cuenta los pactos de ajuste adoptados para reducir la proporción general de la deuda gubernamental. 
La Comisión y el Parlamento examinan las presentaciones hechas por cada Estado miembro de la Unión para comprobar si se cumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Hemos de recordar también que hay disposiciones de amplio ámbito en favor de una coordinación más estrecha de las políticas económicas en general entre los Estados miembros de la Unión. 
El principio del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es también una progresión lógica respecto de los criterios enunciados en Maastricht para que los Estados miembros cumplan las condiciones económicas requeridas para la participación en la zona de la nueva moneda única europea. 
El único comentario que quisiera hacer acerca del estado de la moneda única europea es el siguiente: ¿por qué tantos Estados miembros quieren sumarse a ese régimen? 
Es evidente que Grecia se sumará pronto a los once Estados miembros que participan ya en la Unión Económica y Monetaria, y quisiera felicitar a Grecia por su recuperación económica y desearle toda clase de éxitos en su futuro. 
Me satisface que Grecia forme parte de la Eurozona. 
También es evidente que Suecia y Dinamarca ingresarán en el régimen de la moneda única europea dentro de un par de años. 
Sabemos que la inmensa mayoría de los países de Europa central y oriental desean sumarse al proceso de unión económica y monetaria lo antes posible, pero creo que el Banco Central Europeo tiene que enunciar una clara estrategia acerca de la forma en que tiene intención de promover el valor del nuevo euro. 
Los 290 millones de ciudadanos de los 11 países de la Unión Económica y Monetaria tienen derecho a saber lo que el Banco Central Europeo va a hacer para mantener y promover el valor del euro ahora y en el futuro. 
Vamos a suspender el examen del informe del Sr. Goebbels, que se retomará a las 15 horas de esta tarde, ya que vamos a comenzar una sesión de votaciones. La sesión de votaciones tendrá lugar desde las 11.30 horas hasta el mediodía. 
La interrumpirá una sesión solemne y las votaciones volverán enseguida después de la sesión solemne. 
Invito pues a los colegas a no salir del hemiciclo al final de la sesión solemne. 
Orden del día 
Señora Presidenta, sería mucho más coherente y de acuerdo con nuestras reglas que se procediera a votar, si se celebra el debate, el jueves a última hora o el viernes por la mañana. 
Señor Barón Crespo, el problema es que el texto sigue sin estar disponible en francés, español y sueco, lo que, en función de nuestras reglas de funcionamiento, supone un problema. 
Por este motivo la Mesa había propuesto esta solución. 
Señora Presidenta, respeto la comunicación de la presidencia pero mis informaciones son otras: que esta mañana ya están disponibles todas las versiones. 
Acepto la manifestación de la Presidenta, pero señalo que aquí hay una incoherencia. 
Señor Barón Crespo, comprendo perfectamente su objeción. 
Los servicios me indican que el otro motivo por el que esta propuesta se había realizado tiene relación con el poco tiempo disponible de los grupos para presentar enmiendas. 
Dicho esto, y en respuesta a su petición, le propongo que se consulte a la Asamblea si la propuesta que acabo de hacerles es legítima. 
¿A lo mejor la señora ponente puede darnos su opinión al respecto? 
. (NL) Señor Presidente, lamentaría enormemente que mi informe se retire del orden del día y que no se celebre la votación esta semana. 
Se acordó con todos los Grupos políticos del Parlamento que adoptaríamos un procedimiento acelerado para esta directiva. 
Dicho procedimiento es necesario para examinar con rapidez la directiva y para que se apruebe dentro de la presidencia portuguesa, que se ha involucrado en ella de manera extraordinaria. 
El Consejo se reúne antes de nuestra siguiente sesión plenaria. Esto supone que si en este momento no adoptamos ninguna resolución, el Consejo no podrá adoptar su posición común y a largo plazo la propuesta se verá aún más aplazada. 
Quiero señalar que el grupo que más problemas tiene y que se aferra a los problemas administrativos para aplazar el examen de la propuesta es el grupo que ha votado en contra del informe en la Comisión de Libertades Públicas. 
Por ello, no excluyo que haya otros motivos en juego. 
Esto repercute en la rapidez con la que la política en contra de la discriminación, en virtud de la cual se protege a las personas de la discriminación por motivos de raza u origen étnico, pueda convertirse en legislación en Europa, y no comprendo que el Parlamento abogue por un aplazamiento de dicha protección. 
Señora Presidenta, el procedimiento que se está aplicando al informe Buitenweg es totalmente inaceptable y, en realidad, ello no tiene nada que ver con el informe, sino más bien con el procedimiento en sí. 
En el Parlamento Europeo existe un acuerdo según el cual los informes que son votados en comisión en Estrasburgo durante un período de sesiones determinado no serán incorporados al orden del día de esa misma semana de sesiones. 
Así reza el acuerdo generalmente aceptado. 
Ahora bien, según parece, el jueves pasado la Conferencia de Presidentes, en la que estuve representado por otra persona, puesto que me fue imposible asistir a ella, decidió desviarse de esta norma. Sin embargo, es preciso puntualizar que acordó admitir una excepción a la regla siempre y cuando todas las traducciones estuvieran disponibles ayer por la tarde a las 19.00 horas, según la información que me ha llegado. 
Pues bien, ayer por la noche todavía no se habían entregado todas las traducciones y en algunas lenguas resulta imposible presentar enmiendas mientras no esté disponible el informe en la lengua correspondiente. 
Por todo ello, recomiendo encarecidamente que no prosigamos la discusión ahora. Propongo que los Grupos deliberen esta tarde sobre el procedimiento que debe aplicarse al informe y que mañana por la mañana nos decidamos al respecto. 
De todos modos, quisiera dejar muy claro que en el futuro aquí no se pueden debatir, y menos aún votar, informes: a) que han sido tratados en comisión durante el mismo período de sesiones, y b) cuyas traducciones no están aún disponibles. 
Este procedimiento no honra al Parlamento y, por tanto, me opongo a él. 
Estimados colegas, comprendo la importancia de esta discusión, pero les propongo que se inscriba el debate en el orden del día de mañana como lo deseaba la Mesa. 
Propongo que la Conferencia de Presidentes, o en todo caso que los grupos se pongan de acuerdo sobre el procedimiento a seguir relativo a la votación que seguirá al debate y que se retrase a mañana nuestra decisión final sobre el momento de esta votación. 
¿Están de acuerdo con este principio los distintos Presidentes de Grupo y los colegas? Porque temo que al ceder la palabra a todos los colegas que la piden empecemos con el debate de fondo. 
Señor Presidente, como usted sabe la Sra. Buitenweg como ponente y yo hemos preparado esta importante directiva en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Confío en que decida usted que la votación, según estaba previsto en el orden del día que aprobamos el lunes, seguirá adelante y a ese respecto quisiera hablar a nuestros colegas del PPE de dos cuestiones. 
La primera es la siguiente: desde que se nos propuso por vez primera esta directiva, la indignación causada en toda la Unión Europea por los sucesos de Austria o de cualquier otro país en el que la extrema derecha pudiera pasar a primer plano, ha hecho que nosotros, en nuestra calidad de Parlamento y con el apoyo más amplio posible de todos los partidos, colaborásemos con el Consejo y la Comisión para fijar de común acuerdo un calendario acelerado que permitiera que esta directiva se tramitara cuanto antes a fin de dar la respuesta más firme posible a las amenazas racistas y extremistas que tratan de socavar nuestros valores combinados. 
En nuestros tratos con el Consejo y con la Presidencia portuguesa se convino en que este Parlamento daría su acuerdo esta semana, antes de que el Consejo de Ministros se reuniese en junio. 
Si no cumplimos ese compromiso, ¿qué van a pensar los racistas? 
Mi segunda cuestión es que estamos hablando de la dignidad del Parlamento. 
¿Qué pasa con la dignidad de las poblaciones minoritarias negras y étnicas que son víctimas de acoso racial, de victimización y de discriminación? 
Estimados colegas, quisiera que quedase claro. 
El debate tendrá lugar como estaba previsto en el orden del día, y soy consciente, como el conjunto de la Asamblea, de lo importante que es. 
Sin embargo, les sugiero que acepten mi propuesta que es la siguiente: el debate tiene lugar como lo prevé el orden del día y mañana, la Asamblea soberana, después de consultar a los grupos, decide si sí o no hay votación de este informe en la presente sesión. 
Pienso que no es oportuno votar inmediatamente. 
Señora Presidenta, no veo porqué es la Conferencia de Presidentes la que tendría que decidir. 
Nosotros somos quienes tenemos que decidir, aquí, en sesión plenaria, si la votación tiene o no lugar en el curso de este periodo de sesiones, y no en la Conferencia de Presidentes. 
Queremos decidir aquí, hoy o mañana, si la votación sobre esta directiva o sobre este informe debe tener lugar esta semana y no dejar esta decisión a la Conferencia de Presidentes. 
Señor Cohn­Bendit, no ha escuchado mis palabras con suficiente atención. 
No he propuesto que la Conferencia de Presidentes decida: no tiene las competencias necesarias. 
He propuesto un acercamiento de los puntos de vista en el seno de los grupos y que la Asamblea, mañana, delibere sobre la oportunidad de una votación esta semana. 
Es evidente que esta competencia queda reservada a la Asamblea plenaria. 
Desearía poner un punto final a las intervenciones a este respecto, ya que temo que al multiplicarse no lleguemos a una decisión clara. 
Cedo únicamente la palabra a la Sra. Ludford cuyo grupo no se ha expresado aún. 
Señora Presidenta, lo único que quiero es poner de relieve en nombre del Grupo Liberal la conveniencia de someter a debate y votación este informe durante esta semana. 
A pesar del corto tiempo de que hemos dispuesto para el examen de esta cuestión, lo cierto es que ha sido objeto de un debate a fondo en la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y que ha habido todas las oportunidades necesarias para la presentación de enmiendas. 
Es lamentable que haya habido retrasos administrativos en la producción de las versiones en los diferentes idiomas. 
Ahora bien, me parece que en las objeciones del Grupo PPE en contra de que votemos esta semana hay un atisbo de oportunismo. 
Al fin y al cabo, si hubiera sido técnicamente imposible, los servicios no hubieran propuesto nunca que el texto se sometiera a votación mañana. 
Por lo tanto, debemos someterlo a debate y a votación mañana, pues de lo contrario corremos el peligro de que un grupo obstruya su tramitación. 
Estimados colegas, les propongo pues que se tome la siguientes decisión: comenzaremos el debate tal y como estaba previsto en el orden del día y la Asamblea decidirá mañana para saber si la votación se mantiene como estaba previsto, después de una consulta entre los distintos grupos. 
VOTACIONES 
Señora Muscardini, supongo que querrá intervenir en el punto siguiente, pero francamente, le invito a no tomar la palabra. 
Es cierto que no puedo privarle de su libertad de palabra, pero apelo a su responsabilidad. 
Señora Presidenta, he votado a favor de la propuesta de resolución González Álvarez sobre el reglamento relativo al control de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos. 
¿Por qué? 
Porque estoy a favor de que se controlen los turismos nuevos cuando se comercializan, sin embargo, este voto favorable contiene en sí mismo también una invitación a trabajar más, si cabe, en el control de los turismos usados porque, en realidad, nunca circulan turismos nuevos, dado que, por el mismo hecho de circular por las vías públicas, tienen, por definición, una edad. 
Son sobre todo los turismos "viejos", los turismos que circulan desde hace muchos años los que contaminan la atmósfera. 
Me gustaría que estos turismos "viejos" se controlaran para que gozaran siempre de buena salud y no dañaran la atmósfera terrestre. 
Estoy a favor, por lo tanto, del uso, de la preservación de los turismos pensionistas. 
. 
(FR) El informe González Álvarez se refiere a la reducción de las emisiones de CO2, un objetivo necesario cuyo elemento más importante es la lucha contra el calentamiento climático. 
Tal objetivo exigiría que Europa tuviese medios eficaces para limitar esas emisiones, ya sea mediante normas estrictas, como ocurre con los demás agentes contaminantes, o incitando a la limitación mediante controles y sanciones. 
Además, el aumento del número de vehículos tiene un papel esencial en el aumento de las emisiones de CO2. 
También es importante ocuparse de este aspecto del problema, desarrollando una política de fomento de los transportes ferroviarios, marítimos y fluviales, del transporte combinado, y de un servicio público capaz de ofrecer una alternativa eficaz al coche individual. 
En vista de la exposición de motivos, la Comisión sigue sin embargo "intentando vigilar", es decir, reuniendo estadísticas, pero sin realizar un control eficaz, excluyendo aparentemente los vehículos utilitarios ligeros (furgonetas) y pesados (camiones). 
Es más que nada.... ¡pero casi nada! 
Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, hemos votado a favor del informe González Álvarez. 
Informe Smet (A5-0129/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe sobre la conciliación referente a la ordenación del tiempo de trabajo, en particular por lo que respecta al artículo relativo a los médicos en formación. 
Efectivamente, conviene que tengan la posibilidad de descansar entre una intervención y otra, especialmente en el período de su formación porque después, a lo largo de su carrera, serán sobre todo- no sólo, sino sobre todo- las personas mayores las que acabarán bajo su bisturí. 
En consecuencia, deben haber aprendido su oficio, sin preocupaciones de tiempo de trabajo. 
Sin embargo, con mi voto favorable quiero invitar a que ante todo se tome en cuenta reducir no solo el tiempo de trabajo durante una jornada de un trabajador, sino también el tiempo de trabajo durante toda la vida del trabajador. En efecto, es mejor que una persona no trabaje ochenta años si vive noventa, sino treinta si vive sesenta o setenta años. 
Señora Presidenta, he votado a favor de la modificación de la directiva relativa al tiempo de trabajo, ya que la misma se amplía volviendo a incluir algunas categorías que habían quedado excluidas. Me refiero en particular a las categorías pertenecientes al sector de los transportes. 
Más aún, espero que, en línea con esta aprobación, se tome por fin la decisión de aprobar la normativa sobre el tiempo de vuelo y el tiempo de servicio del personal de vuelo. 
En este caso, no se trata de una cuestión estrictamente social de tutela del trabajador- aunque naturalmente este factor cuenta- sino de una cuestión que ha de verse con el prisma de la seguridad del vuelo. 
. (EL) Es una realidad innegable que las fuerzas y las facultades del ser humano tienen sus límites. 
El horario de trabajo puede ser dañino no sólo para la salud del cuerpo sino también para la salud mental, tanto de los individuos como de las familias. 
Por esta razón, el horario de trabajo debe organizarse de modo tal que ni la seguridad ni la salud de los trabajadores corran peligro. 
Sin embargo, 7.000.000 de trabajadores en la UE, en los transportes, en la pesca, así como los jóvenes médicos especialistas, están excluidos de la directiva 104/93/EK sobre la organización del tiempo de trabajo. 
Las situaciones de todo punto inaceptables y los abusos en cuanto al tiempo de trabajo a que son sometidos los trabajadores de los sectores excluidos son de tal naturaleza y adquieren tales dimensiones, que la imposición de normas no admite ya demora alguna, cuando hay trabajadores, como los médicos especialistas en Gran Bretaña, con jornadas de hasta 72 horas a la semana. 
La generalización, pues, de la directiva, es necesaria; pero no suficiente. 
Las disposiciones que se proponen no son capaces de proteger eficazmente la seguridad y la salud de los trabajadores, desde el momento en que se mantienen aún bastantes excepciones y se fijan plazos muy largos para la aplicación de la directiva. 
Y no olvidemos que en la directiva primitiva no se establece la jornada diaria (se establece la jornada semanal de 48 horas- sospechas de conculcación de la medida). 
. (NL) Mi Grupo ha votado finalmente a favor del compromiso adoptado por el comité de conciliación con respecto a la aplicación de la directiva sobre el tiempo de trabajo para los sectores y actividades excluidos. 
Es esencial que finalmente se adopte un reglamento para que estos sectores entren también dentro del ámbito de aplicación de la directiva. 
Nos ha costado mucho aceptar los largos periodos transitorios para el sector de los médicos en periodo de formación. 
En total, los Estados miembros tienen nueve años de plazo antes de verse obligados a incorporar la directiva a la legislación nacional. 
En determinadas circunstancias este plazo puede prolongarse aún dos o tres años más. 
Por supuesto, comprendemos la difícil situación de personal por la que atraviesa el sector de la sanidad pública en muchos Estados miembros. 
Por otra parte, los Estados miembros saben desde hace mucho tiempo que la adaptación a los tiempos de trabajo de la directiva será obligatoria a largo plazo. 
Todavía queda mucho para que este grave problema se resuelva en definitiva, por lo cual, a nuestro juicio, en lo que respecta a los argumentos sobre los largos plazos transitorios, no se trata tanto de falta de capacidad como de falta de voluntad. 
Lo anterior significa que la aplicación de la directiva y la legislación nacional derivada de ella requerirá controles detallados para conseguir que la jornada de trabajo semanal de los médicos en periodo de formación se ajuste a las normas legales. 
. 
(FR) Tengo que aconsejar que se apruebe este texto, nacido a raíz de la conciliación larga y difícil del Consejo, de la Comisión y del Parlamento. 
Este voto positivo es esencial ya que se refiere a la seguridad y a la salud de casi 7 millones de trabajadores en Europa. 
Los trabajadores del sector de los transportes y los trabajadores de las plataformas petrolíferas, los pescadores de alta mar y los médicos en periodo de formación al fin podrán beneficiarse de las disposiciones europeas relativas al tiempo de trabajo. 
Como miembro francés de la Comisión del Empleo y de los Asuntos Sociales del PE, apoyé, en su segunda lectura, la posición del Parlamento que consistía sobre todo en prever un periodo de transición para los médicos en formación de cuatro años, con un máximo de 54 horas de trabajo durante un periodo de referencia de cuatro meses. 
El acuerdo al que se llegó en este punto en el seno de la conciliación prevé que los médicos en periodo de formación serán competencia de la directiva en lo que se refiere al ámbito de aplicación (48 horas de trabajo semanal como máximo a lo largo de un periodo de referencia de cuatro meses) después de un periodo de nueve años. 
El periodo de nueve años se dividirá como sigue: plazo de transposición de cuatro años y periodo transitorio de cinco años. 
En el transcurso de los tres primeros años del periodo de transición, el número de horas de trabajo semanal no podrá ser superior a 58 horas, y a 56 horas a lo largo de los dos últimos años. 
Sin embargo, para algunos Estados, tal periodo de nueve años no será suficiente para realizar las adaptaciones necesarias. 
Por lo tanto, ese estado podrá disponer de un plazo adicional de dos años. 
La Comisión dará su opinión sobre la notificación del Estado miembro al que se refiere, tras consultar a los empresarios y a los trabajadores a escala europea así como a los representantes de los Estados miembros. 
La notificación, la opinión de la Comisión y, si no se sigue esta opinión, la justificación del Estado miembro, se publicarán en el Diario Oficial y se transmitirán al Parlamento Europeo. 
En caso de que surjan dificultades específicas, el periodo de dos años se podrá prorrogar durante un año, pero el Estado miembro deberá volver a tomar paso a paso todo el procedimiento. 
El número de horas de trabajo semanal no podrá en ese caso superar las 52 horas. 
. (PT) He votado en contra, porque, como médico de profesión, considero inaceptable la excesiva carga horaria propuesta en este informe para los médicos en formación. 
. 
(FR) Tras años de negociaciones, el texto que se les presenta, que pretende definir valores máximos para la duración semanal de la jornada laboral, refleja de forma emblemática en más de una vertiente las ambigüedades y las insuficiencias de la Política Laboral Europea. 
Para comenzar, en cuanto a la idea misma de una política social europea, el Tratado de Maastricht la limita a normas laborales mínimas, y además, siempre que no supongan un "condicionante excesivo para las PYME". 
Estos límites ya no son aceptables hoy en día. 
Esta es una primera cuestión a tratar urgentemente en la próxima revisión del Tratado. 
Pero la ambigüedad y las deficiencias están claras también en el propio proyecto que se nos presenta. 
Es sabido que en 1994, cuando los Estados miembros se pusieron de acuerdo en una jornada semanal máxima de 48 horas de trabajo, excluyeron a varios millones de trabajadores, ya sea camioneros, trabajadores de las plataformas petrolíferas o médicos residentes en formación. 
La proposición de la Sra. Smet reintegra a algunos de ellos al derecho común de las 48 horas. 
¡Pero sigue sin regular la cuestión de los asalariados del transporte por carretera a larga distancia y, en cuanto a los residentes, propone un plazo de aplicación francamente exagerado! 
La situación de estos médicos en formación es similar en numerosos países: 70, 80 horas de trabajo semanales en condiciones a veces poco dignas y peligrosas para los pacientes. 
La reciente huelga de los residentes en Francia ha mostrado que una situación como esta es inaceptable, tanto para los médicos, como para los pacientes y para el servicio público de asistencia sanitaria. 
Pero mientras que el Parlamento Europeo proponía- en noviembre pasado, y casi unánimemente- que las 48 horas fueran de aplicación en un plazo de cuatro años, se nos sugiere ahora que cambiemos radicalmente nuestra postura, adoptando la posición común de los ministros y de la Delegación del Parlamento, que acepta que los Estados miembros dispongan de hasta doce años para aplicar la Directiva de las 48 horas a los médicos en formación. 
Entiendan Ustedes bien lo que esto significa: ¡que los primeros médicos en formación que se beneficiarán de estas disposiciones acaban apenas de entrar en la escuela secundaria! 
No conozco ni un solo tema más- euro, libre circulación de personas, de mercancías o de capitales- dónde se aplique un plazo tal. 
¿Cómo imaginar que se pueda tomar en serio- en tales condiciones- la política socialde la Unión Europea? 
Máxime teniendo en cuenta que la proposición divide en varios periodos este plazo de doce años, cada uno de los cuales tiene la siguiente duración: 
hasta el 2004: ningún cambio, la jornada laboral no está limitada; 
de 2004 a 2007: la jornada máxima será de 58 horas; 
de 2007 a 2009: será de 56 horas; 
de 2009 a 2012: será de 52 horas. 
Al adoptar este texto, damos una imagen preocupante. 
Se trata, efectivamente, de la primera directiva social adoptada tras la Cumbre sobre el Empleo de Lisboa: permítanme desear que por fin la Comisión, el Parlamento y el Consejo se tomen más en serio la política social europea. 
La Europa social no avanzará ni convencerá a los ciudadanos de nuestros países con proyectos como estos. 
Informe Roth-Berendt (A5-0117/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Roth-Behrendt, sin embargo, también en este caso, mi voto favorable quiere expresar el deseo de que se mejore la legislación europea en el ámbito de la aplicación del principio de precaución. 
Ciertamente es justo que, al pensar en nuestra salud de seres humanos, eliminemos los muchos animales que entrañan riesgo, al igual que es justo que, con la resolución que acabamos de aprobar, establezcamos una normas para que los agricultores y los ganaderos se adapten a ellas, aunque hay que ser realistas. 
Me explico: en este momento veo a algunos ganaderos que corren tras su vaca- quizás se llama Carolina- y cuidan que se alimente con heno, forraje y productos de sus tierras y que a lo mejor no han tenido tiempo de vigilar que la salud del animal sea perfecta. 
Pues bien, unamos lo concreto al deseo de mejora. 
. 
(FR) Deseo expresar mi satisfacción en relación al contenido de este informe. 
Las recuerdo que al presentarnos esta propuesta de reglamento, la Comisión respeta el compromiso que adquirió frente a la Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo en 1997, en el sentido de presentar medidas para una vigilancia eficaz de las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
Esta propuesta pretende crear una base jurídica uniforme para el control y la prevención de las EET, sean del tipo que sean, en el conjunto de los productos de origen animal. 
Integra todas las normas comunitarias en vigor dentro del campo de las EET. 
Al igual que el ponente, apruebo la estrategia general adoptada por la Comisión Europea, pero creo que se impone un refuerzo del texto que se nos propone, para garantizarle a los consumidores la máxima seguridad. 
Este es el motivo de que haya apoyado las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Los objetivos de estas enmiendas eran introducir la posibilidad del recurso sistemático a tests de diagnóstico rápido, re-introducir la solicitud realizada por el Parlamento Europeo en el marco del seguimiento de las recomendaciones relativas a la EEB (a saber, retirar la totalidad del rebaño de la cadena alimentaria) , prohibir cualquier desplazamiento de animales catalogados en situación de riesgo, y preconizar su sacrificio y su destrucción, a excepción de los especímenes destinados a la investigación científica. 
Era igualmente necesario completar la propuesta invitando a la Comisión a presentar propuestas sobre la inclusión de ciertos productos cosméticos y de medicamentos, y fijar un procedimiento de determinación de la situación epidemiológica de los países o de las regiones en cuanto a la EEB (es decir, una clasificación de los países en función de su nivel de contaminación). 
Terminaré insistiendo en el hecho de que el Parlamento Europeo debe quedar implicado, por medio de procedimientos de co-decisión, en las decisiones fundamentales sobre la prevención de las EET. 
. (PT) Es importante que se adopten todas las medidas necesarias para el control, la prevención y la lucha contra todas las encefalopatías espongiformes transmisibles, que quedan comprendidas en la estrategia de lucha contra esas enfermadas aplicada a raíz de la crisis de la EEB, incluidas las pruebas de diagnóstico rápido, en pro de la defensa de la salud pública y la recuperación de la confianza de los consumidores. 
También es importante que la Comisión y los Estados miembros adopten las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de los estudios, la investigación y las acciones prácticas que permitan la rápida erradicación de esas enfermedades. 
Pero es fundamental que tampoco se olviden los derechos de los productores de ganado, en particular de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar, que afrontan situaciones difíciles, por lo que se les deben conceder los apoyos necesarios, en particular en Portugal, donde esa cuestión de los apoyos cobra particular importancia, sobre todo si se prolonga el embargo una vez más. 
. 
(FR) El problema que tratamos esta mañana está identificado desde hace tiempo. 
Que hoy en día nos preocupemos de prevenir a escala comunitaria los riesgos de la EEB es digno de encomio, pero hace ya cerca de 15 años que nuestros investigadores establecieron claramente que uno de los orígenes de la enfermedad de las vacas locas es el consumo de alimentos para el ganado que contienen harinas animales, cuya composición incluye ejemplares ovinos muertos afectados por la tembladera de la oveja. 
Por ello, cuando contribuimos a la creación de la Comisión de investigación de nuestro Parlamento sobre la EEB, recordamos vehementemente que cualquier dispositivo reglamentario debería incorporar imperativamente al conjunto de las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
¿Porqué ha habido que esperar tanto tiempo para realizar los indispensables ajustes reglamentarios? 
¿Porqué tanto retraso en las propuestas comunitarias con respecto a los descubrimientos científicos? 
A nivel nacional y en un cierto número de Estados miembros, menos mal que las reacciones para la protección de la población han sido rápidas y eficaces, comparadas con la increíble lentitud y las habituales paradojas de la burocracia comunitaria. 
Así, les recuerdo que para poder garantizar la seguridad alimentaria de sus consumidores, ciertos países deben infringir deliberadamente la norma comunitaria. 
Está muy bien generalizar los tests de diagnóstico rápido. 
Serán un elemento significativo para la vigilancia de la EEB a escala comunitaria. 
Sin embargo, no los convirtamos en una panacea: estos tests no pueden detectar la proteína prión alterada más que a partir de un determinado nivel. 
Por tanto, no podrán remplazar en concreto a la retirada de materiales de riesgo especificados. 
Y sobre todo, sería extraño que los Estados miembros que han implantado un programa de detección basado en tests mucho más rigurosos que el programa comunitario se vieran penalizados, en términos de valoración del riesgo vinculado a la EEB, con respecto a los Estados que se han limitado al programa de mínimos comunitario. 
Efectivamente, la reglamentación comunitaria no debe en ningún caso suponer un freno o un obstáculo para los Estados miembros que deseen proporcionar a sus habitantes una protección más exigente. 
Desde el inicio de la crisis de la EEB, está claro que el nivel de protección más adecuado y más eficaz para nuestros ciudadanos está directamente relacionado con la vigilancia de las autoridades nacionales, aunque, naturalmente, los procedimientos comunitarios, cuando por fin son formulados, pueden, por su parte, jugar un papel de útil complemento. 
Informe Savary (A5-0113/2000) 
Señora Presidenta, me gustaría, en pocas palabras, dar la bienvenida a la labor de nuestro colega Savary que, una vez más, demuestra ser un acérrimo defensor del ferrocarril y del servicio público, y además desearía decir a los que han votado a favor de este informe que, por supuesto, suscribo la idea de que no podemos seguir aceptando que el peso del transporte ferroviario siga disminuyendo frente al del transporte por carretera, y que tampoco podemos tolerar todos los obstáculos técnicos, incluso reglamentarios, propios de otra época, a una necesaria circulación a través de toda Europa. 
Por ello, y de cara al futuro, quiero decir hoy que hacer estas constataciones, y afirmar esta voluntad de ir hacia delante, no nos debe llevar a una liberalización ni a una privatización desenfrenadas, porque son peligrosas para nuestra seguridad- actualmente, tenemos numerosos ejemplos de ello en ciertos países europeos -, y destructivas para nuestro servicio público. 
Esto no es objeto del informe de hoy, pero considerando nuestros futuros debates, quería decirlo públicamente. 
Señora Presidenta, aunque estamos a favor de la compatibilización y la completa armonización de las redes de ferrocarril europeas- lo cual es una necesidad -, aunque estamos a favor del desarrollo de este tipo de transporte colectivo, tanto en los grandes ejes internacionales como en las redes regionales y locales, nos hemos abstenido en la votación de este informe, porque no menciona en ningún sitio la necesidad de que el ferrocarril funcione por doquier como un servicio público, es decir, que esté concebido y construido para responder a las necesidades de los usuarios, y no para generar beneficios a favor de empresas privadas. 
Señora Presidenta, he votado a favor de la propuesta de resolución contenida en el informe Savary que regula el sistema ferroviario transeuropeo convencional. 
No podría ser de otra manera. 
Éste es precisamente uno de los ejemplos en que la Unión Europea debe intervenir en virtud del principio de subsidiariedad. 
No es posible regular los transportes de largo recorrido más que a escala europea. 
Sin embargo, podía haber algo mejor en esta resolución, no obstante espero conseguirlo en los próximos años. 
Se debería empezar desde aquí para crear por fin un ministerio europeo de conexiones, pero ante todo se deberían facilitar los viajes de una capital europea a otra de las personas mayores y de los pensionistas que disfrutan viajando y que tendrían derecho a poseer un pase para trasladarse de la capital o de su país a las demás capitales de los catorce Estados europeos. 
La interoperabilidad de los ferrocarriles europeos como forma de revitalización y desarrollo en el nivel internacional del sector, como instrumento de defensa del medio ambiente y también para atender mejor las necesidades de los usuarios no puede dejar de suscitar nuestro apoyo. 
Ahora bien, en los textos que estamos examinando no encontramos debidamente salvaguardadas las soluciones para los problemas que plantean a los trabajadores del sector. 
Tampoco desconocemos que- y por esa razón no podemos dejar de manifestar preocupaciones­ las propuestas que estamos examinando forman parte de un conjunto de medidas encaminadas a su liberalización, cuando resulta que experiencias ya llevadas a cabo en ese sentido han provocado la degradación de las condiciones de seguridad y el deterioro de las condiciones sociales de los trabajadores. 
Informe Savary (A5-0112/2000) 
Señora Presidenta, he votado a favor del segundo informe Savary que difiere del anterior porque se refiere al sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. 
Lo que quiero decir en esta ocasión es que también en este caso se podría mejorar el sistema de transporte europeo de alta velocidad que ha de concebirse para que lo utilicen también los ciudadanos de a pie y no sólo los hombres de negocios que quieren ir rápidamente de Madrid a Copenhague o aún más lejos, ya que los hombres de negocios tienen los aviones. 
Las líneas de alta velocidad deben concebirse sobre todo para el turismo, el relax y el recreo de todos los ciudadanos europeos, especialmente de las personas mayores que son los que disfrutarían viajando si hubiese más comodidades y más trenes de viajeros que de mercancías. 
. (EN) He votado en contra del informe sobre el sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (A5-0112/2000). 
Es muy instructivo comparar los dos informes que ha presentado nuestro colega el Sr. Savary, aunque se trate de documentos cuyas bases jurídicas son diferentes. 
El sector de alta velocidad y el sistema ferroviario convencional corresponden a doctrinas totalmente diferentes. 
El primer informe recibió el apoyo unánime de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Sólo la mitad de los diputados de esa misma Comisión votaron a favor del último informe. 
Creo que eso es, ya de por sí, sumamente significativo. 
Es sorprendente que la Comisión de Medio Ambiente no haya formulado opinión alguna acerca del informe sobre el sistema ferroviario de alta velocidad, aunque los aspectos medioambientales no se mencionen en absoluto en dicho informe. 
Se diría que la mayor parte de los diputados de este Parlamento no se preocupan en absoluto de la necesidad de volver a sopesar los diferentes medios de transporte en favor de los ferrocarriles, a fin de conseguir un incremento considerable del volumen de mercancías y pasajeros que en nuestros días utilizan casi exclusivamente la carretera. 
. 
(FR) Deseo en primer lugar felicitar al Sr. ponente por su excelente labor relativa al Informe de la Comisión sobre la aplicación y los efectos de la Directiva 96/48/CE sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. 
Crear las condiciones técnicas de una interoperabilidad de las redes ferroviarias transeuropeas viene a suponer armonizar los numerosos sistemas y componentes que hacen posible la circulación de los trenes entre las distintas redes. 
De hecho, el objetivo es triple. 
Se trata de poner en práctica de forma progresiva las condiciones para una circulación sin ruptura de los convoyes en las 15 redes nacionales: objetivo de libre circulación; de suprimir los costes añadidos y los retrasos que existen actualmente, con el fin de mejorar la competitividad y la fiabilidad del ferrocarril frente a sus competidores: objetivo de movilidad duradera; y de crear, armonizando los componentes ferroviarios, las condiciones de un Mercado Unico Europeo de los equipamientos ferroviarios: objetivo económico y tecnológico. 
La directiva que discutimos hoy pretendía editar especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) para seis subsistemas (mantenimiento, infraestructuras, energía, material rodante, explotación, control) , iniciar una tarea de normalización de los componentes en colaboración con el CEN, el Cenelec y el ETSI, y establecer en cada Estado miembro una lista de organismos acreditados responsables de evaluar la conformidad de los componentes fabricados por la industria. 
El presente informe, elaborado de acuerdo con la Directiva 96/48/CE, ofrece una primera evaluación de los progresos realizados. 
No podemos dejar de constatar que cuatro años después de la adopción de la directiva, no se ha elaborado ni una sola especificación técnica de interoperabilidad (ETI) , cuando se considera que la interoperabilidad es básica para la movilidad de las personas y para la eficacia de los sistemas ferroviarios transeuropeos. 
A fecha de hoy, la mayoría de los Estados miembros no han incorporado las disposiciones de la directiva a su derecho nacional. 
¡Estamos lejos de los discursos sobre la prioridad que debe concederse al ferrocarril! 
Sin embargo, sería injusto decir que no se ha realizado progreso alguno. 
Se ha constituido la AEIF (Asociación Europea para la Interoperabilidad Ferroviaria) , un organismo tripartito que ha iniciado una labor de identificación y de especificación de las tecnologías, componentes y procesos existentes, labor que debería próximamente culminar en dos ETI. 
Por otra parte, las últimas inversiones en la red de alta velocidad, como las del Thalys, se han beneficiado por primera vez de un esfuerzo encaminado a su convergencia y a su coherencia técnica. 
A pesar de todo, estos avances se quedan cortos frente a los desafíos. 
Las diferencias nacionales representan un handicap importante para el desarrollo del transporte por ferrocarril en Europa, a pesar de las numerosas ventajas de este medio de transporte en términos de desarrollo estable, de contaminación y de seguridad. 
Las cifras no requieren de ningún comentario: en 1970, el ferrocarril representaba el 21% del mercado del tráfico de mercancías, y hoy en día, sólo el 8,5 %. 
En cuanto a los viajeros, la tendencia es la misma, y la cuota de mercado, que era del 10% en 1970, ha pasado a ser del 6%. 
En lo relativo al flete, el ferrocarril podría sin problemas eliminar totalmente grandes segmentos del mercado del tráfico de mercancías. 
No hay duda de que el cierre de partes importantes de la red europea se traduciría en pérdidas considerables de puestos de trabajo. 
Hay que dar por tanto un nuevo impulso a la interoperabilidad. 
(La sesión, interrumpida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Adopción de la moneda única por parte de Grecia (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A5­0135/2000) del Sr. Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de una decisión del Consejo (apartado 2 del artículo 122) (8350/2000- COM (2000) 274- C5-0226/2000- 2000/0110 (CNS) ) para la adopción por Grecia de la moneda única el 1 de enero de 2001 
Señor Presidente, estimados colegas, siempre es emocionante pronunciar un discurso en el Parlamento Europeo ante unas gradas tan sumamente repletas. 
Tal vez incluso ayude a vencer el miedo a hablar en público. 
De todas formas, lo importante no es la cantidad sino la calidad de los oyentes. 
(Risas, aplausos) 
Proseguimos el debate sobre la adhesión de Grecia. 
A este respecto debemos ser conscientes de que el debate sobre la adhesión de Grecia se desarrolla en un clima impregnado por el débil tipo de cambio del euro y la ampliación, dándonos cuenta de que toda decisión que se adopte ahora puede sentar precedente para los demás países candidatos. 
Creo que es algo que hemos de tener presente en todo el debate. 
Por otra parte, tenemos que atenernos a la realidad. 
Es un hecho que la Comisión Europea y el Banco Central nos han presentado sendos informes. 
Ambos informes afirman- el documento del Banco Central Europeo quizá se muestre algo más prudente- que Grecia cumple los criterios del Tratado de Maastricht. 
Un análisis más detenido de las cifras y los hechos pone de manifiesto la existencia de puntos positivos y negativos. 
De entre los elementos positivos cabe destacar sin duda la evolución de la inflación. La tasa de inflación ha evolucionado de un 20,4 % en 1990, año en que Grecia puso en marcha el proceso de consolidación, al 2% que se registró en el mes de marzo del año 2000. 
Se trata ciertamente de un logro muy apreciable. 
El segundo criterio importante se refiere al déficit presupuestario. 
En el año 1996 aún alcanzaba un 7,6 %. 
En el año 1999 se redujo al 1,5 %. Es otro éxito loable de la política económica griega. 
Sin embargo, también hay algunos reparos que no podemos dejar de mencionar. 
Por una parte, es verdad que los criterios referidos a la tasa de inflación se cumplen desde hace pocos meses, con lo cual no disponemos de datos a largo plazo. Además, no podemos perder de vista el sin duda importante papel desarrollado por la bajada simultánea de los impuestos sobre el consumo. 
También está el problema de la deuda que, como antes, continúa siendo superior al 100% y se mueve con demasiada lentitud en dirección al 60% obligatorio. 
Por tanto, hemos de sopesar los pros y los contras. 
Creo que asimismo hemos de tener en cuenta que a raíz de la declaración del Banco Central Europeo los mercados ya se han anticipado a la entrada de Grecia en la Unión Monetaria, de modo que una respuesta negativa por nuestra parte no sólo no redundaría en beneficio del tipo de cambio del euro, sino que, además, perjudicaría seriamente la economía griega. 
En mi opinión, este elemento no puede faltar en una ponderación objetiva. 
Por eso, decimos "sí, pero" a la adhesión de Grecia. 
La mayoría de nuestro Grupo votará a favor. Ello no obstante, hemos presentado algunas enmiendas al informe Pomés Ruiz que ponen de relieve nuestras objeciones. 
Es preciso dejar claro que los criterios de Maastricht han de aplicarse rigurosamente a todos los futuros candidatos a la adhesión y que aquí no se sentará ningún precedente. 
En segundo término, exigimos que quede garantizada la sostenibilidad de la tasa de inflación. 
Creo que la aceleración de la transposición de las directivas sobre el mercado interior, que fomentan la competencia, puede contribuir a que Grecia logre este propósito. 
En tercer lugar, es fundamental que los ingresos procedentes de las privatizaciones se utilicen para reducir la deuda. 
Son éstas las condiciones que han de reunirse para que la mayoría de mi Grupo apruebe la adhesión de Grecia. 
Señor Presidente, en primer lugar permítame felicitar a Grecia por sus enormes avances económicos. 
La conclusión de la Comisión es que Grecia cumple con las exigencias de convergencia. 
Estoy convencido de que el Parlamento también lo hará. 
Es un gran éxito el haber conseguido satisfacer con los criterios de convergencia de la forma en que lo ha hecho Grecia y, simultáneamente, aumentado el crecimiento y el empleo. 
Europa- especialmente Suecia y Grecia- demuestra que es perfectamente posible cumplir con los criterios de convergencia en materia de estabilidad y, además, tener una economía dinámica, con crecimiento y menos desempleo. 
A la luz de esto, recomiendo, sin temor, que Grecia participe en el euro a partir de 2001. 
Suecia también cumple con las exigencias fundamentales. 
Actualmente la economía sueca es una de las más fuertes de Europa con escasa inflación, alto crecimiento y superávit fiscal. 
Sin embargo, Suecia no cumple con todas las exigencias formales. 
Suecia no se ha adherido al mecanismo de tipo de cambio, MTC, y las leyes suecas que regulan el Banco Central todavía no cumplen totalmente con las exigencias del Tratado. 
Pero el parlamento sueco ha comenzado una serie de modificaciones a la legislación que rige la política monetaria para posibilitar la adhesión al euro. 
Lo que falte se modificará el día que Suecia solicite su incorporación, entre otras cosas, mediante su solicitud de participación en el MTC. 
Soy consciente del significado del Tratado. 
Sin embargo, en un país como Suecia, escéptico respecto a Europa y que todavía se siente como recién incorporado a la Unión, es necesario, por razones democráticas, dejar que una reforma tan grande como la adhesión al euro sea precedida por un cuidadoso proceso democrático. 
En la audiencia de la comisión, el Comisario Solbes declaró que son los países los que solicitan su incorporación al MTC. 
En otras palabras, en lo que respecta a la incorporación de Suecia, mi conclusión y, según lo que he entendido, también la de la Comisión, es que la incorporación al MTC es una decisión política que se adopta si se quiere alcanzar la condición de miembro con plenitud de derechos en la UEM. 
El Comisario Solbes dijo en la comisión que respeta el deseo del gobierno sueco de dejar que el pueblo emita su veredicto en un plebiscito. 
Por eso agradecemos que en el informe Goebbels se dé la bienvenida a este proceso democrático. 
Yo, que he trabajo duramente en favor de la incorporación de Suecia al euro, estoy convencido de que dentro de algunos años adoptaremos respecto a Suecia una decisión similar a la de hoy sobre Grecia, es decir, le daremos la bienvenida y la aprobaremos como miembro de la Unión Económica y Monetaria, con plenitud de derechos. 
Señor Presidente, un breve comentario sobre Suecia. 
Suecia entró en la Unión Europea sin cláusula de excepción (opting out). 
Desde luego, no para la unión monetaria. Sólo en aspectos como la legislación específica del propio país, Suecia no cumple los criterios. 
Se habla de un referéndum. 
Me gustaría saber la fecha, pero seguramente no está fijada. 
¿Cuánto tiempo tiene que pasar antes de que la Comisión cumpla con su obligación y recuerde al gobierno socialdemócrata sueco la firma de tan importante acuerdo? 
El gobierno sueco está dando un ejemplo pésimo a los países candidatos que en estos momentos están en la sala de espera. 
A continuación, Grecia, señor Presidente. 
A este respecto tengo un problema. 
Los griegos han tenido unos resultados extraordinarios. 
La duda que tengo se refiere únicamente a la perdurabilidad de dichos resultados. 
Pero soy plenamente consciente de que penalizar a Grecia por un resultado muy positivo deja pasar los verdaderos responsables. 
Probablemente Grecia no cumple ni más ni menos los criterios que los otros países. 
La zona del euro debería poder soportar una economía relativamente pequeña como la griega. 
En este momento, no obstante, quedarse parados es una señal psicológica contraproducente hacia los mercados y los ciudadanos, que no ven con buenos ojos que el euro descienda del Olimpo. 
Por ello, el Parlamento, en nombre de los ciudadanos, debería dar alguna señal hacia los grandes Estados miembros de esta Unión. 
Pero el Banco Central no entra en el valor externo del euro. Los verdaderos responsables son los gobiernos de Alemania, Francia, Bélgica y sobre todo Italia. 
Los países no se toman en serio sus responsabilidades frente a la moneda y frente al ciudadano europeo. No sólo a los ciudadanos de su propio país. 
No llevan las reformas estructurales deseadas a sus mercados. 
Los gobiernos son demasiado indulgentes unos con otros cuando no se mantienen los acuerdos establecidos, siguiendo el lema: hoy por ti, quizá mañana por mí. 
¿Por qué no se dice nada a Italia cuando da al traste con sus buenos propósitos? 
Los grandes países y Bélgica juegan con los intereses de todos los ciudadanos europeos. 
Ellos no se dan cuenta de nada en tanto sigan en Europa, se dice siempre. 
Pero, acaso no deberíamos decidir por los demás, señor Presidente. 
En los Países Bajos muchos campesinos emigran a América del Norte. 
Un euro débil les resulta muy perjudicial. 
Las empresas de la Unión Europea resultan un 25% más baratas para los Estados Unidos. 
Creo que ha llegado la hora de hacer cambios. 
Declaro mi abstención en las votaciones de hoy, señor Presidente. 
Señor Presidente, no cabe duda de que Grecia ha realizado enormes esfuerzos por cumplir los criterios de convergencia. 
Es algo que ciertamente debemos reconocer, pero por otra parte, también está claro que Grecia no está plenamente cualificada, como ha señalado el ponente, el Sr. Goebbels. 
Vuelve a aparecer el problema de la sostenibilidad. 
La Sra. Randzio-Plath ha subrayado una vez más que el cumplimiento de los criterios de convergencia debe ser duradero. 
Si miramos a nuestro alrededor, comprobamos que en aquellos países europeos en los que gobiernan o acaban de asumir el mando los socialistas la sostenibilidad plantea problemas. 
También es el caso de los países grandes: Alemania, Francia o Italia. 
Es una realidad que la Comisión como guardiana de los Tratados no puede pasar por alto, haciendo como si no pasara nada. 
Nuestra decisión de hoy es tanto más importante cuanto que hay otros Estados miembros de la zona euro que están haciendo cola. Por eso, debemos exigir que Grecia cumpla los criterios. 
Grecia entró a formar parte del SME hace dos años y a principios de año revaloró el dracma. 
Esta prueba está ampliamente superada. 
En segundo lugar, se ha alcanzado hace poco la tasa de inflación prevista. 
Aún queda por ver si esta situación será duradera. 
Yo hubiera preferido que la adhesión se atrasara un año más, hasta el 1 de enero de 2002. 
Los tipos de interés- ya se ha dicho- no cumplen en absoluto los criterios contenidos en el Tratado de Maastricht. 
El nivel de la deuda ha disminuido muy poco, solamente 6 puntos en ocho años, a diferencia de Italia y Bélgica, que han logrado una reducción sensiblemente mayor. 
Tengo mis dudas sobre la sostenibilidad de estos valores. 
Al igual que antes, sólo se puede vender el 49% de la participación pública, lo cual quiere decir que, en realidad, este mecanismo no se concibe sino como una forma de obtener capital privado. 
No se está llevando a cabo una verdadera privatización. 
No olvidemos que no se trata de hacerle un favor a Grecia, dando luz verde para su adhesión. 
Existe en el Parlamento Europeo una fuerte minoría que, aunque ambicione la adhesión de Grecia, considera que es demasiado pronto, y tengamos muy presente que nuestra conducta actual será uno de los factores determinantes para lograr o no la estabilidad interna y externa del euro a largo plazo. 
Permítanme que me refiera brevemente a la comparación que se ha establecido con la situación del marco alemán en 1985. 
No es comparable. 
En 1985 ni siquiera existía el Acta Única Europea. Hoy día ya se ha realizado el mercado interior. 
No se pueden comparar peras con manzanas, estimado colega. 
¡Insistan con nosotros en la necesidad de garantizar una rigurosa aplicación de los criterios de convergencia! 
Señor Presidente, estoy decidida y totalmente a favor de la adopción de la moneda única, del euro, por parte de Grecia. 
Como ha señalado el Sr. Goebbels en su informe, a nosotros, al Parlamento Europeo, no nos corresponde medir en concreto la pertinencia de los criterios de Maastricht que ya nos fue indicada en sus términos por la Comisión y por los órganos encargados de vigilar y de darnos dichas indicaciones. 
El Parlamento Europeo debe emitir un dictamen político, debe hablar con el corazón y no con las cifras, debe hablar con el alma y no con los números. 
¿Acaso puede existir una Unión Europea en la que se deja fuera a uno de los quince Estados que pide participar también en el último y en el más importante grado de cohesión europea, es decir, en la moneda única? 
Cuando se considera- como sostiene el informe- que se cumplen todos los requisitos de Maastricht y que, además, este país se llama Grecia- un nombre que de por sí es magia- esto no puede dejar de suscitar en nosotros el entusiasmo y la concienciación de que no se puede decir no. 
Y me refiero sobre todo a los pensionistas de Grecia. 
Me preguntarán qué tengo que ver yo, miembro del Partido de los Pensionistas italiano, con los pensionistas de Grecia. 
Sí que tengo que ver, señor Presidente: si todavía debemos pedir a Grecia que reduzca su deuda- y sabemos que, lamentablemente, hoy sólo es posible hacerlo si se reducen las pensiones de las personas mayores y de los pensionistas- en lugar de evitar el despilfarro- que, como decía el orador que me ha precedido en el uso de la palabra, es un despilfarro presupuestario- para entrar en la Europa monetaria no a costa de los pensionistas y de las personas mayores de Grecia. 
Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, es cierto que Grecia ha obtenido impresionantes avances en el cumplimiento de los criterios de convergencia. 
Reflejan la firma voluntad de este país de no escatimar esfuerzos para convertirse en miembro de la zona euro. 
Soy partidario de que todos los países reciban el mismo trato en lo que a la evaluación de los criterios se refiere. 
Ello significa que, en general, apruebo la adhesión de Grecia, aunque tengo serios reparos con respecto a la evaluación de los resultados que tenemos delante. 
De hecho, el criterio de la inflación y el nivel de la deuda son motivo de preocupación. 
Grecia no ha alcanzado el valor de referencia para la tasa de inflación admisible hasta hace unos meses. 
Se utilizaron todos los medios habidos y por haber para conseguir este fin. 
Aquí se plantea la pregunta de si la actual estabilidad del valor monetario podrá mantenerse a largo plazo o, dicho de otro modo, ¿está garantizada la sostenibilidad? 
El nivel de la deuda constituye otra fuente de preocupación, puesto que asciende a más del 100% del PNB y supera con creces el valor de referencia del 60%. 
A esto hay que añadir que la actual caída libre del euro no redunda precisamente en beneficio de una reducción sostenible de la deuda pública griega, al tiempo que tampoco pueden esperarse señales positivas de la prevista subida a medio plazo de los tipos de interés en el espacio euro. 
Antes de decidirnos hemos de tener una cosa clara: los mercados financieros sacarán inmediatamente sus conclusiones de cara a la inminente ampliación hacia el este. 
A la hora de evaluar a los aspirantes al euro de los PECO no podremos poner el listón ni un centímetro más alto que en el caso de Grecia. 
Por eso, debemos ser prudentes y no podemos partir de una interpretación demasiado generosa de los resultados que tenemos delante. 
Se trata- vuelvo a insistir en ello- de una situación puntual que se ha logrado a duras penas y que habilita a Grecia para adherirse de jure. 
En fin, el sí a la adhesión ha de ir acompañado de un rotundo pero. 
Señor Presidente, el euro nació hace dos años. 
Para mí, amiga de Europa, fue un gran acontecimiento la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, tal como se había planificado, con once países miembros. 
Como sueca, me sentí decepcionada por la incapacidad de la socialdemocracia para conseguir resultados. 
Ahora han pasado dos años sin que Suecia haya hecho avances. 
Desgraciadamente, somos un país sin estrategia en relación con la UEM. 
Por mi parte, sólo puedo felicitar a Grecia como la duodécima nación que instaura el euro. 
Ahora que nos concentramos en Grecia y estudiamos su economía en detalle, todos los países de la UE deberían hacer lo mismo. 
Mucha gente explica la caída del euro diciendo que el desarrollo económico en EE.UU. es más fuerte que el de Europa. 
Esto es innegable. 
Por el contrario, llama la atención que Europa no se preocupe más de cambiar esta situación. La causa de la caída es, a mi juicio, clara. 
Hay poca confianza en los gobiernos europeos. 
Es hora de llevar a cabo las reformas estructurales de las que se habla tan a menudo, pero que todavía no se materializan. 
Europa podrá hacer su entrada en la nueva economía rebajando los impuestos y flexibilizando el mercado laboral. 
Se necesita más disciplina presupuestaria, más exposición a la competencia, menos reglas y una desarticulación más rápida de los monopolios. 
Si los gobiernos europeos dan preferencia a este tipo de trabajo, veremos que inmediatamente se refuerza la confianza en el euro. 
Pero muchos de los gobiernos socialdemócratas no son capaces de actuar. 
Carecen de liderazgo. 
No le corresponde al Director del BCE "fortalecer con palabras" al euro, sino que son los Estados miembros los que deben conferir competitividad a éste y a la UE. 
Señor Presidente, el debate en el seno del Grupo del PPE demuestra que tendemos a complicar las cosas hasta el punto de que las mismas evaluaciones pueden dar lugar a conclusiones distintas. 
Sin embargo, quisiera comenzar felicitando al Gobierno griego por los excelentes resultados que ha obtenido el año pasado en el ámbito de la deuda pública y la inflación. 
No obstante, debemos centrarnos en la situación actual. 
Es cierto que desde el punto de vista económico Grecia seguramente no será la fuerza propulsora, el gran mercado de la zona euro. 
Con respecto a la inflación, espero, señor Goebbels- no sé si esta mañana le he entendido bien -, que la baja tasa de inflación, como usted decía, se mantenga para siempre. 
Es algo por lo que tendremos que luchar. 
Se trata de la primera adhesión a la zona euro. 
A diferencia del momento inicial, en el que sentamos un precedente con Italia y Bélgica, ahora hemos de poner nuestra mirada en la ampliación hacia el este, procurando que no se creen nuevos casos de referencia para evitar que el proceso se convierta en el cuento de nunca acabar. 
Sin embargo, parece que ahí está el problema. 
Es importante que hoy se adopte una decisión que refuerce la confianza política en el euro. 
Es decir, de cara al futuro es fundamental que los mercados crean que se trata de objetivos y criterios económicos, no de decisiones políticas. 
La CSU votará hoy en contra. Ello no debe interpretarse como un no a Grecia y al euro, sino como un no al momento actual, en espera de que podamos admitir a Grecia el año próximo. 
Al fin y al cabo, el mismo BCE ha puesto sobre el tapete el tema de la sostenibilidad. 
Este punto de vista- conceder un año más para que pueda estabilizarse la economía sobre el terreno- podría ser precisamente una señal, tanto respecto a la zona euro y los Estados miembros como de cara a los mercados financieros. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Goebbels por su informe y a los distintos participantes en este debate. 
Hoy analizamos el informe sobre la convergencia, que trata los problemas sueco y griego. 
Respecto a Suecia, la situación no ha variado prácticamente desde 1998. 
La situación económica es positiva, pero ni se cumple la adaptación legislativa del Banco Central sueco ni tampoco forma parte del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo. 
En cuanto a Grecia, la situación es radicalmente distinta. 
Grecia no cumplía los criterios de convergencia en 1998 y, sin embargo, hoy los cumple. 
Cuando digo esto, quiero decir que los cumple de forma estricta, exactamente con la misma interpretación que se llevó a cabo en 1998. 
Evidentemente, Grecia ha hecho un gran esfuerzo y, en ese sentido, nada tengo que añadir a los resultados positivos, destacados por el Sr. Goebbels en su informe. 
Sí me gustaría entrar en algunos de los puntos que se han comentado hoy, por la preocupación que existe respecto al modelo griego. 
Entiendo dicha preocupación en la medida en que Grecia es un precedente no sólo para los nuevos candidatos a la adhesión sino también para los actuales miembros de la Unión que, en el futuro, puedan pasar a ser miembros de la moneda única. 
En ese sentido, es absolutamente claro que será fundamental lo que hagamos con Grecia, pero insisto en que con Grecia no se ha hecho sino lo mismo que se hizo con los restantes países cuando se analizó su situación en el año 1998. 
Los elementos de preocupación han sido fundamentalmente dos: la deuda y la inflación. 
¿Son sostenibles? 
¿Es sostenible- o durable, como ustedes la denominan- esa situación de inflación? 
Es cierto que, en el caso griego, la deuda está por encima del 100% del PIB; situación prácticamente equivalente a la belga y a la italiana. 
No me parece razonable comparar la situación griega actual con la actual situación italiana y belga. 
No hay que olvidar que Bélgica e Italia se han visto favorecidas por la caída de la deuda a consecuencia de la reducción de los tipos de interés, derivada sobre todo de la aproximación de los tipos de interés de sus Bancos Centrales al del Banco Central Europeo. 
En términos comparativos, la situación griega es parecida a la situación italiana o a la belga en su momento. 
El segundo punto que ha planteado cierta preocupación es la inflación. 
Yo entiendo esta preocupación sobre la base de dos argumentos: primero, es cierto que se ha alcanzado el nivel de inflación necesario para cumplir con los criterios hace relativamente poco tiempo; segundo, es cierto también que va a producirse una reducción de los tipos de interés que, sin duda alguna, será positiva para favorecer la aceleración de la reducción del déficit y de la deuda, pero que puede generar tensiones en el mercado. 
En cuanto al primer punto- ¿ha alcanzado Grecia esa situación de tipo de inflación bajo de un modo no sostenible? -, debo hacer algunos comentarios. 
Grecia cumple ya el criterio de inflación desde hace algunos meses y la situación mejora de forma sustancial. 
Esta mañana he tenido ocasión de hablar de las cifras griegas emitidas hace unos días por el servicio nacional de estadística griego. 
También esta mañana se acaba de publicar la cifra de Eurostat. 
En estos momentos, el IPC armonizado, en el caso de Grecia, se sitúa en el 2,1 %, con una caída de siete décimas respecto a la cifra del mes de marzo; mejor situación, por ejemplo, que la de algunos países de la Unión Monetaria, tales como Bélgica, España, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Finlandia. 
En consecuencia, la situación de Grecia, en términos comparativos, es hoy francamente buena. 
Si nos atenemos al criterio estricto de los 12 últimos meses, vemos que la situación en estos momentos es de una inflación del 2%; situación claramente mejor que la de España e Irlanda, y prácticamente igual a la de Italia, Luxemburgo o los Países Bajos. 
Por lo tanto, en términos de cifras, creo que la situación griega no nos debería preocupar. 
Pero la Comisión también comparte la preocupación que algunos diputados han puesto de relieve. 
Por eso hemos insistido en dos puntos cuando hemos discutido tanto las grandes orientaciones de política económica como el informe de convergencia. 
Grecia tiene que hacer dos cosas- y el Gobierno griego está dispuesto a hacerlas y a ello se ha comprometido -: en primer lugar, seguir adelante con sus políticas de liberalización y de reformas estructurales que permitan mejorar la situación de inflación; en segundo lugar, Grecia tiene que seguir con su política de reducción de déficit, pero en un contexto de combinación de políticas (policy mix) que le permita, en el caso de que el incremento de demanda como consecuencia de la reducción de los tipos de interés pueda generar algunas tensiones en la inflación, reconsiderar su política fiscal para que no tenga efectos negativos en cuanto al proceso de integración en la Unión Monetaria. 
Estoy convencido de que todo eso se va a producir. 
Ese es el compromiso del Gobierno griego. 
Por lo tanto, creo que la entrada de Grecia en el euro no va a ser un obstáculo para el euro sino un apoyo. 
El euro demuestra que sigue siendo una moneda atractiva a la que algunos países se quieren incorporar. 
Espero que el camino que hoy traza Grecia puedan seguirlo otros países miembros en los próximos años. 
Este es el final de un proceso. Hay que esperar su culminación con las decisiones del mes de junio, pero estoy convencido de que, dando la bienvenida a Grecia en el euro en su momento, generaremos más confianza ante cualquier otro tipo de argumentos contrarios respecto a la marcha futura de la moneda única. 
Señor Presidente, he preguntado al comisario cuándo va a cumplir su obligación con respecto a Suecia para recordar al gobierno socialdemócrata sueco que hay una firma fijada por Suecia. 
¿Cuándo va a cumplir la Comisión el acuerdo? 
. La Comisión respeta siempre el Tratado; es su obligación cumplirlo. 
No olvide su Señoría que es cierto que Suecia no participa porque su Banco Central no se ha adaptado a los requisitos europeos, decisión que corresponde al legislativo sueco. 
En segundo lugar, no hay que olvidar tampoco que la participación en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo es una decisión voluntaria. 
Su Señoría me puede plantear si esto no es contradictorio con el espíritu del Tratado de Maastricht, pero ése es un punto que lógicamente no podemos debatir ahora. 
Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5­0109/2000) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas. 
Señor Presidente, la directiva tiene por objeto descubrir e impedir subvenciones que distorsionen la competencia. 
A tal fin, y mediante la directiva, se pretende obligar a las empresas públicas y a las empresas privadas que desempeñan tareas públicas a llevar una doble contabilidad que recoja en cuentas separadas el sector reservado y el sector competitivo de la empresa. 
La directiva se fundamenta en el apartado 3 del artículo 86 y fue promulgada por la misma Comisión. 
En realidad, este procedimiento ya no se corresponde con el espíritu de la época y lo que se espera de una legislación europea y, por tanto, ha de ser modificado. 
Hay que valorar muy positivamente la presente discusión, puesto que es un claro ejemplo de la nueva forma de transparencia que caracteriza el trabajo legislativo de la Comisión en ámbitos que están bajo su control y del interés que tienen el Comisario Monti y sus servicios en recabar la opinión del Parlamento Europeo. 
Las empresas a que se refiere la directiva tienen derechos especiales o exclusivos o prestan servicios de interés económico general. 
En ese marco cabe la posibilidad de que se reciban subvenciones cruzadas y se presenten quejas sobre la concesión de este tipo de subvenciones. 
Según parece, la directiva afecta a miles de empresas. 
Queda por ver si la carga adicional que supone esta nueva disposición se ajusta a los objetivos de la directiva. 
La mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se ha pronunciado expresamente a favor de esta normativa porque el mercado interior requiere un mayor grado de transparencia. 
Esta postura refleja la opinión de la comisión en su totalidad, aun cuando haya determinados ámbitos en los que la ponente representaba una postura minoritaria. 
Es dudoso que la medida sea realmente apropiada para facilitar la investigación de casos sospechosos en matera de concesión de subvenciones que distorsionan la competencia, tanto más cuanto que no existen métodos europeos armonizados para los procedimientos internos de rendición de cuentas. 
Expreso estas reservas para que la Comisión tenga la ocasión de despejar de forma constructiva dudas concretas en el momento en que revise el documento. 
Ya he dicho que la Comisión cuenta con la posibilidad de que le lleguen quejas con motivo de la concesión de subvenciones cruzadas y que ya ha tramitado quejas por este motivo en el pasado. 
En el pasado se pudo comprobar que la Comisión elaboraba siempre normativas para sectores específicos y que existían normas para numerosos ámbitos. 
Desafortunadamente, no ha seguido por este camino. 
Obviamente, se puede argumentar que es más cómodo disponer de una normativa uniforme para el resto de los sectores, y fue ésa la postura que adoptó la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Sin embargo, en mi opinión también es preciso averiguar si la directiva se ajusta al principio de eficacia, adecuación con el objetivo y matización de modo que la Comisión esté plenamente facultada para desempeñar su función de control. 
Se planteó otro problema en el marco de las deliberaciones sobre este directiva. La Comisión no subrayó que, de conformidad con el artículo 292 del Tratado CE, incumbe exclusivamente a los Estados miembros determinar cuáles son los servicios de interés económico general y cómo han de prestarse. 
Me pregunto si la Comisión, al no poner de manifiesto este aspecto en la directiva sobre la transparencia, pretende inmiscuirse progresivamente en este nivel de definición con idea de socavar el principio de subsidiariedad. 
Corresponde a los Estados miembros determinar si la oferta de un canal de televisión se corresponde con las misiones de servicio público y si han de incluirse todas las emisiones o no. 
Aquí no puede intervenir la UE. 
Hay otro elemento con respecto al cual el texto de la directiva ha de remitirse al Tratado de Amsterdam, puesto que dicho Tratado establece igualmente que incumbe a los Estados miembros especificar la estructura financiera y en materia de organización de los organismos de radiodifusión pública, así como sus actividades individuales. 
Se señala expresamente la posibilidad de conceder ayudas para la realización de misiones de servicio público y es lo que ha decidido la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Sin embargo, los organismos de radiodifusión no pueden recibir ayudas públicas para actividades que se sitúen al margen de las misiones de servicio público. 
Por todo ello, la Comisión debe dejar muy claro que no cuestiona en modo alguno la importancia de los servicios de interés económico general. 
Debe poner de manifiesto que la propuesta de directiva no pretende atentar contra el sistema de las empresas públicas. 
Es obvio que todos han de respetar las normas en materia de competencia. 
Sin duda, es importante y está bien que éstas se apliquen eficazmente y en igualdad de condiciones y que se impidan las subvenciones cruzadas ilícitas. 
Sin embargo, las normas de competencia no son un fin en sí mismas, sino un medio para garantizar el buen funcionamiento de la economía social de mercado en el mercado interior. 
Señor Presidente, el núcleo de la resolución es el artículo 86 del Tratado. En el apartado 1 se señala que los Estados miembros no adaptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos ninguna medida contraria a las normas del presente Tratado. 
El apartado 2 añade, resumidamente, que las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedarán sometidas a las normas del presente Tratado. Compete a la Comisión velar por la aplicación de este artículo y dirigir a los Estados miembros las correspondientes directivas o decisiones. 
La modificación de la directiva sobre la que trata esta resolución pretender dotar a la Comisión de los medios para llevar a cabo mejor esta tarea, lo que sin duda es necesario dado el proceso continuo de liberalización de los últimos años. 
Las empresas públicas y las antiguas empresas públicas se dirigen cada vez más hacia terrenos comerciales donde, mediante fondos públicos, entran en competencia con las empresas privadas, es decir, con los propios ciudadanos. 
No obstante, ha de quedar claro que no se trata en absoluto de condiciones de igualdad, del deseado level playing field. 
Provoca un derroche de dinero, distorsiona el comercio internacional y constituye una amenaza para el mercado interior. 
Así pues, es lógico y razonable que las empresas públicas, en el momento en que salen al mercado, estén vinculadas a las mismas normas que las empresas privadas. 
Como medio de garantizar un level playing field, la Comisión prefiere obligar a las empresas con un volumen neto de facturación de más de 40 millones de euros a mantener cuentas separadas que reflejen la división entre las diferentes actividades y los costes relacionados con cada actividad, los beneficios y el método de contabilización de los costes y los beneficios, así como el uso dado al beneficio neto de cada actividad. 
Así son las consideraciones sobre la propuesta. En resumen, lo que constituye el origen de las inversiones en el terreno comercial. 
En el EMAC y en la Comisión en un principio hubo oposición a la propuesta de la Comisión. 
En realidad sólo algunos miembros del PPE y del Grupo liberal estaban a favor de la transparencia pretendida. 
Esto me ha causado inquietud. 
Como miembros del Parlamento somos elegidos para ejercer controles democráticos de los órganos ejecutivos, en este caso, la Comisión. La Comisión a su vez es responsable de que se respete el artículo 86. 
Así pues, por un lado tenemos la obligación de velar por que la Comisión ejerza adecuadamente las tareas encomendadas, pero al mismo tiempo algunos de nosotros querríamos hacer que eso sea imposible. 
¿Qué tipo de imagen estamos dando en tal caso? 
Hacemos profesión de fe donde podemos de que aspiramos a una competencia leal y al desarrollo de nuestro mercado interior, pero llegado el caso sólo pensamos en nuestro patio particular. 
En el informe sobre la adhesión de Grecia reprocho a los gobiernos que no han hecho lo que había que hacer. 
Los detractores de esta directiva ayudan a los gobiernos en esta tarea. 
Como parlamentarios no podemos sino velar por que los mercados funcionen de modo más claro y transparente y por que no favorezcamos a una empresa por encima de otra. 
Esta directiva parece poco interesante, pero en realidad es "proof putting". 
Señor Presidente, Señor Comisario, queridos colegas, me gustaría señalar tres puntos en relación a esta directiva, a esta consulta sobre la que deseo felicitar a nuestra ponente. 
Creo que ella ha conseguido, dentro de nuestra comisión y en un debate que a veces se carga de tintes casi ideológicos, alcanzar un equilibrio razonable. 
En su propuesta, Señor Comisario, excluye Usted muy acertadamente a un cierto número de sectores, de lo cual no podemos más que alegrarnos. 
En segundo lugar, me gustaría poner de relieve, tal y como lo ha indicado nuestra ponente, que no debemos despreciar la competencia de los Estados miembros en este campo. 
A día de hoy, no existe una definición de los servicios de interés económico general a escala de la Unión Europea. 
Debemos por tanto recurrir a la subsidiariedad, y sabemos perfectamente que en estos sectores las sensibilidades nacionales pueden manifestarse en sentidos diversos. 
No me queda otra opción que invitarle, Señor Comisario, a explotar con el mismo empuje y determinación el conjunto de los dispositivos del Tratado, y en particular los que, tras el Tratado de Amsterdam, le otorgan nuevas posibilidades de actuación, sobre todo a favor de una definición de la capacidad de proporcionar servicios de interés económico general. 
Invito a la Sra. Peijs a releer la última versión del Tratado con respecto a lo que considera ser el a-b-c del derecho de la competencia en la Unión Europea. 
Mi tercera observación, Señor Comisario, afecta a los servicios públicos de radiodifusión. 
En este punto, tampoco puedo olvidar lo que integramos en nuestro Tratado con ocasión de su modificación en Amsterdam. 
Con total claridad, este sector ha sido objeto de disposiciones particulares. 
Aquí aparece la voluntad de los Estados miembros de tratar este sector como un sector completo, y excluirlo de las normas sobre la competencia tal y como están configuradas en otros campos. 
En consecuencia, creo que las propuestas que formula Usted en materia de transparencia no pueden aplicarse a este sector en las mismas condiciones, y la idea de que una contabilidad independiente permitiría separar actividades de naturaleza competitiva y actividades de servicio público en el sector de la radiodifusión me parece muy difícil de aplicar en un sector como éste, máxime cuando no existe, dicho sea de paso, una contabilidad armonizada europea. 
Quería simplemente expresar un queja por el aumento cualitativo del ruido. 
Hay muchísima resonancia en la Cámara. La resonancia casi no nos deja oír a los colegas que hablan en su idioma original. 
¿Se puede hacer algo al respecto? 
Señora Maes, vamos a intentar resolver el problema expuesto en su intervención. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal da la bienvenida a la propuesta de la Comisión, que permitirá mayor transparencia en las empresas públicas y aumentará la competencia. 
Damos las gracias a Randzio-Plath por la colaboración que hemos alcanzado. 
Las ayudas estatales menoscaban la competencia y perjudican a los consumidores y a las empresas. 
En principio, el Tratado prohibe toda clase de subvenciones estatales, incluidas las denominadas subvenciones cruzadas. 
No obstante, el Tratado no prohibe la existencia de empresas públicas que presten servicios de interés público. 
Independientemente de lo que se opine sobre esto, los propios Estados miembros definen lo que es de interés público. 
Sin embargo, los países miembros no pueden decidir los tipos de ayudas que presten a esas empresas. 
El Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo estableció la semana pasada que la televisión y las radioemisoras solamente podrán recibir las ayudas estatales que la Comisión haya declarado compatibles con el Tratado. 
Las reglas del juego tienen que ser iguales para todas las partes. 
Todas las ayudas destinadas a financiar servicios que no sean de interés público están prohibidas y hay que combatirlas. 
Las empresas de televisión y las radioemisoras actualmente prestan servicios que a menudo quedan fuera de lo que llamamos interés público. 
Un ejemplo son las conexiones a Internet. 
Los recursos que el estado da a las empresas para financiar sus actividades esenciales no deben usarse para financiar ofertas de conexión a Internet. 
En ese caso, se menoscaba la competencia, perjudicando tanto a los consumidores como a las empresas privadas. 
La propuesta de la Comisión supone que las empresas muestren claramente los recursos que hayan recibido y su destino. 
Las empresas también tendrán que mostrar sus costes, y el origen de sus ingresos. 
Estas exigencias son muy lógicas. 
Ambas obligaciones son medios sencillos para mantener las reglas del juego entre las empresas públicas y las privadas. 
Esto es importante para mantener las reglas del juego del mercado interior. 
Señor Presidente, Señor Comisario Monti, en relación al proyecto que se nos presenta, desearía hacer, en nombre de mi Grupo, cuatro observaciones o comentarios, no sin antes felicitar a nuestra colega, la Sra. Randzio­Plath. 
En primer lugar, me gustaría agradecerle al Comisario Monti el haber tenido la cortesía de consultar al Parlamento Europeo. 
Efectivamente, se nos ha presentado una directiva de la Comisión, para la cual, creo, no es jurídicamente preceptiva la consulta al Parlamento, y que toca un tema evidentemente crucial. 
Esto me lleva a renovar mi deseo de que la próxima Conferencia Intergubernamental proponga someter el conjunto de la legislación relativa a la Política de la Competencia a un procedimiento de co-decisión, lo cual nos permitiría, jurídicamente, trabajar en una situación de mayor igualdad. 
Mi segunda observación se refiere al objeto mismo de esta proposición de directiva. 
Su objeto es extremadamente preciso, ya que trata de evitar, bajo la supervisión de la Comisión, que cualquier apoyo público legítimo a un servicio de interés general pueda ser desviado a favor de actividades que están abiertas a la competencia. 
Dicho esto, el problema no es fácil de resolver, y la intervención del colega que me ha precedido lo ha mostrado claramente. 
Cuando éste afirma- y tengo curiosidad por conocer la respuesta del Sr. Monti al respecto- que la conexión a Internet no forma parte del servicio universal, pienso que está en total contradicción con los objetivos del Consejo Europeo de Lisboa y que, por el contrario, hay que tener una visión extensiva del servicio universal. 
Aunque entremos dentro de la subsidiariedad, cabría imaginar que la Comunidad como tal definiese al menos unas normas mínimas de lo que podría ser el servicio universal; en caso contrario, vamos hacia una situación relativamente caótica. 
Tercera observación: me gustaría saber cuál es la reacción de la Comisión con respecto al Considerando 4 de nuestro informe, en el que el ponente y la Comisión Económica y Monetaria le solicitan efectivamente a la Comisión una precisión sobre la importancia que concede a los servicios de interés general. 
Espero la respuesta de la Comisión sobre este punto. 
Finalmente, en cuarto lugar, hay una Enmienda 3 que pretende explícitamente excluir del ámbito de la proposición de directiva al sector de la radiodifusión. 
Pienso que esta enmienda es mejor que el texto actual, el Apartado 6, que es una obra de arte del lenguaje diplomático, pero relativamente incomprensible. 
Desearía por tanto que la Comisión pudiera expresarnos su apoyo a la Enmienda 3 tal y como la propusimos en sesión plenaria. 
Señor Presidente, la presente propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE regula un importante problema de la política de competencia, a saber, la pretensión de que los poderes públicos aumenten la transparencia de sus relaciones con las empresas públicas. 
No es un tema nuevo. 
La directiva está en vigor desde 1980 y, de hecho, va siendo hora de que se revise puesto que en muchos aspectos ha quedado obsoleta como consecuencia del proceso de liberalización. 
Sin embargo, aun cuando demos luz verde para esta modificación fundamental queda por ver si la propuesta formulada por la Comisión realmente supone un paso en la buena dirección. 
Quisiera mencionar varios puntos y pido a la Comisión que los compruebe una vez más y los tenga presente en la versión definitiva de la Directiva sobre la transparencia. 
En primer lugar, está la excepción para pequeñas y medianas empresas que se sitúa desde 1980 en 40 millones de euros. 
Desde entonces las cifras de negocios se han multiplicado. Por ello, sería útil y necesario que el límite se incrementara hasta 100 millones de euros. 
Mi segunda observación se refiere a la introducción de un hasta ahora inexistente límite de 800 millones de euros para la suma total del balance de las instituciones públicas de crédito. 
Hasta la fecha las instituciones de crédito estaban excluidas. 
¡800 millones de euros no es nada! 
¡En mi antiguo distrito electoral del Parlamento autonómico, que tenía 70.000 habitantes, la caja de ahorros, cuyas actividades se desarrollan únicamente a nivel regional, ya obtenía una cifra de negocios de 1.500 millones de euros! 
No es justo que creemos aquí una nueva posibilidad de intervención para la Comisión. 
El tercer punto tiene que ver con la doble contabilidad. 
Hasta la fecha sólo los Estados miembros estaban obligados a rendir cuenta de las prestaciones financieras. 
Ahora las propias empresas han de llevar una doble contabilidad. ¡La única explicación posible es que la Comisión pretende disponer de otro instrumento de control! 
En cuarto lugar está la definición de los servicios de interés económico general. 
Estos servicios sólo quedan excluidos- escuchen bien- cuando las empresas tienen derechos especiales o exclusivos durante un período de tiempo determinado en el marco de un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, es decir, después de una licitación. 
¿Qué sucede con los servicios sociales? 
¿Qué ocurre con las prestaciones sociales que se han venido forjando tradicionalmente? 
Señor Monti, no quisiera que viera la luz una cláusula general para la Comisión que la habilitara para intervenir en todo. 
Señor Monti, confiamos en que usted no pretende controlarlo todo, ¡pero no estoy tan seguro de que se puede decir lo mismo de los funcionarios! 
Señor Presidente, también yo quisiera sumarme a las felicitaciones a la Sra. Randzio-Plath por la labor que ha plasmado en este informe, labor que a veces ha tropezado con muchas dificultades. 
Esta directiva tiene por finalidad identificar y evitar subvenciones que distorsionen la competencia. 
Para conseguirlo, la directiva propone que se exija a las entidades públicas y a las entidades privadas que desempeñan tareas públicas que mantengan procedimientos contables separados. 
No hace falta decir que estoy de acuerdo con la ponente cuando dice que hay que aplicar rigurosamente las reglas de la competencia para evitar que se puedan conceder subvenciones que sean contrarias a la finalidad de la ayuda. 
Ahora bien, en la esfera de la radiodifusión pública es esencial recordar que, de conformidad con el Protocolo de Amsterdam, en el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros incumbe a cada Estado miembro especificar la estructura financiera y organizativa de dicho sistema. 
Como ya he dicho, éste ha sido un informe difícil de preparar; su debate en comisión parlamentaria ha sido tenso y a veces muy tenso, sobre todo las votaciones en la comisión parlamentaria. 
Sin embargo, creo que al final será útil y, en todo caso, representa un enfoque práctico y correcto. 
Señor Presidente, aunque celebremos este debate en el Parlamento sobre las modificaciones que la Comisión quiere introducir en la directiva sobre la transparencia financiera, no deberíamos decir mucho al respecto porque, muy a nuestro pesar, será únicamente la Comisión la que decida sin que el Parlamento Europeo y el Consejo vuelvan a intervenir. 
En virtud de sus competencias autónomas en materia de política de la competencia, a nuestro juicio, la Comisión enfoca algunos sectores desde el punto de vista económico sin tener en cuenta otros aspectos sociales. 
Por ejemplo, en el expediente sobre la financiación del ente público de radiodifusión, a nuestro parecer la Comisión pasa por alto los aspectos culturales y el aspecto del pluralismo de los medios de comunicación. 
Quizá sea una excepción, pero a su vez hay excepciones a esa excepción. 
Por ejemplo, para un ente público de radiodifusión es especialmente difícil moverse en un entorno cada vez más mercantilista. 
Estoy en contra de la comercialización de la cultura. 
Pienso que la cultura está por encima y al margen de las leyes del mercado. 
Así pues, la Comisión va demasiado lejos. Porque con este cambio de la directiva intenta introducir un cambio del Tratado de Amsterdam, en concreto el protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública. 
Pienso también que para la legislación general en materia de política de la competencia la CIG debe aplicar el procedimiento legislativo normal de codecisión por parte del Consejo y el Parlamento. 
Les anuncio de antemano que estaré aquí de nuevo cuando se presente una directiva sobre las obras cinematográficas. 
Señor Presidente, me felicito con el Parlamento Europeo del importante trabajo realizado con ocasión del informe de la Sra. Randzio-Plath. 
En particular agradezco al Parlamento el apoyo prestado a la iniciativa de la Comisión y me satisface que el Parlamento comparta los esfuerzos orientados a aumentar la transparencia en la utilización de los recursos públicos para garantizar así una competencia leal. 
Ustedes han saludado favorablemente la circunstancia de que la Comisión, a pesar de que institucionalmente no está obligada a ello, haya consultado al Parlamento, como han recordado el Sr. Jonckheer y otros diputados. 
Por otra parte, la marcha de este debate me reconforta porque para la Comisión y para el buen fin de esta iniciativa ha sido útil consultar al Parlamento. 
La directiva sobre la transparencia, en su versión actual, atribuye a la Comisión el poder de investigar las relaciones financieras entre los Estados miembros y sus empresas públicas. 
En síntesis, el proyecto de modificación de la directiva tiene la finalidad de garantizar la introducción de una contabilidad separada para determinados tipos de empresas. 
Las empresas objeto de dicha medida son las que, por una parte, prestan servicios de interés económico general y reciben a cambio otra clase de compensaciones que pueden consistir en derechos especiales o pagos y, por otra, también ejercen actividades comerciales normales, compitiendo así con otras empresas. 
Es evidente que los ingresos generados a través del ejercicio de actividades reservadas o de los pagos realizados por motivos de interés general o de servicio público, no tienen la finalidad de financiar actividades competitivas y, por lo tanto, no deben dar lugar a subvenciones internas. 
En los últimos años, sin embargo, la Comisión ha tenido que examinar un número creciente de denuncias relacionadas precisamente con este tipo de compensaciones internas. 
A lo largo de sus investigaciones- lo ha recordado la Sra. Peijs- la Comisión ha debido examinar estos casos de compensaciones internas y, con frecuencia, no ha conseguido obtener informaciones adecuadas sobre los costes y los ingresos correspondientes a las distintas actividades. 
Por ello, ahora la Comisión propone introducir una contabilidad separada para este tipo de empresas que le permita cumplir adecuadamente su misión de garante de la competencia. 
Asimismo querría subrayar que la obligación de llevar una contabilidad separada es un instrumento útil también para los Estados miembros, ya que les facilita la información necesaria para cumplir la obligación de no conceder ayudas estatales incompatibles con el Tratado y de notificar a la Comisión las ayudas previstas. 
La directiva impone llevar una contabilidad separada a las empresas que prestan servicios de interés general y que, al mismo tiempo, operan fuera de dicha misión de servicio público. 
Esta obligación vale también para las empresas privadas y para las públicas. 
La directiva no se aplica, en primer lugar, a las empresas que se limitan a prestar servicios de interés general sin ejercer otras actividades; en segundo lugar, la directiva no impone una separación entre diferentes actividades que entran todas en la definición de servicio de interés general. 
En otras palabras, Señorías, la directiva quiere iluminar con la transparencia la parcela en que se sitúa el límite entre servicio de interés general y las demás actividades. 
Y quiere hacerlo causando las mínimas molestias posibles para conseguir esta transparencia. 
Deseo recalcar que, obviamente, la directiva no modifica ni las disposiciones del Tratado sobre la atribución de los servicios de interés general ni la atribución a determinadas empresas de la gestión de dichos servicios. 
La directiva establece los principios para la introducción de una mayor transparencia, sin embargo, en virtud del principio de subsidiariedad, permite a los Estados miembro adoptar las oportunas medidas nacionales. 
Paso ahora a abordar algunas de las observaciones que se han formulado. 
El Sr. Jonckheer se pregunta qué se puede decir acerca del acceso a Internet, su inclusión o no en el servicio universal. 
Con relación a esto sólo puedo recordar que el último Consejo de Telecomunicaciones ha celebrado un debate al respecto. 
En cuanto a las dudas manifestadas por la ponente Sra. Randzio-Plath, quisiera examinarlas brevemente. 
Por lo que se refiere a la determinación de los servicios de interés general, quiero insistir en que la directiva no modifica en absoluto ni reduce las actuales competencias de los Estados miembros- señores Berès y Langen- en orden a la determinación de interés público. 
Esto vale también para el sector de la radiodifusión pública, respecto a la que el Protocolo de Amsterdam confirmó la competencia de los Estados miembros en la definición de la admisión de servicio público. 
Los Sres. Berès, Jonckheer, Crowley, Skinner y Maes han observado que quizás se podría excluir el sector de la radiodifusión. 
Debo decir que dicho sector podría ser uno de los campos de mayor aplicación, de mayor utilidad de esta directiva sobre la transparencia porque teniendo, obviamente, en cuenta el Protocolo de Amsterdam, éste deja no obstante totalmente en manos de la Comisión la tarea de verificar que el cumplimiento de la función de servicio público no sea sobrecompensado respecto a su coste. 
En consecuencia, sigue existiendo una obligación de verificación y a dicho fin esta directiva será útil. 
No se plantea la cuestión de la dimensión de las empresas y aquí me dirijo al Sr. Langen y a otros: el threshold de 40 millones de euros excluye a las pequeñas y medianas empresas. 
Subir este umbral excluiría a las empresas en que, seguramente debido a la dimensión, no se puede suponer que la ayuda no influye en el comercio entre los Estados miembros. 
Con todo, para indicar una magnitud, sólo el 0,2 % de todas las empresas no agrícolas en la Comunidad están por encima de este umbral. 
Por último, querría observar que- y me parece que esto sus Señorías lo han captado perfectamente- esta directiva no es en absoluto un ataque a las empresas públicas. 
Al contrario, si he de ser sincero, la considero una gran aliada del servicio público. 
¿Por qué? 
Porque permite aclarar y, por lo tanto, no exponer el servicio público a unos ataques que, de lo contrario, existirían. 
Esta transparencia- como ha puesto de relieve también el Sr. Olle Schmidt- es esencial no solo para una buena aplicación de la política de competencia, sino que me atrevo a decir que esta transparencia es vital también para una correcta relación entre los poderes públicos y los contribuyentes, los ciudadanos. 
Por consiguiente, creo que con una directiva aparentemente muy aburrida, como subrayaba la Sra. Peijs, de hecho, no solo abordamos un aspecto fundamental de la competencia, sino también de la convivencia civil y de la democracia económica. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B5-0221/2000 del Sr. Mantovani y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristiano) y Demócratas Europeos (PPE­DE) , al Consejo, sobre la deuda de los países pobres; 
B5-0222/2000 del Sr. Mantovani y otros en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristiano) y Demócratas Europeos (PPE­DE) , a la Comisión, sobre la deuda de los países pobres; 
B5-0224/2000 del Sr. Miranda y otros en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, al Consejo, sobre la deuda de los países pobres; 
B5-0311/2000 del Sr. Miranda y otros en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre la deuda de los países pobres; 
B5-0312/2000 del Sr. Coûteaux, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, al Consejo, sobre la deuda de los países del tercer mundo; 
B5-0313/2000 del Sr. Rod y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, al Consejo, sobre el perdón de la deuda a los países pobres; 
B5-0314/2000 del Sr. Rod y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, a la Comisión, sobre el perdón de la deuda a los países pobres. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los Sres. Tajani, Van Velzen y Poettering por haber contribuido de manera determinante y concreta a este debate. 
Asimismo expreso mi satisfacción por el mandato conferido por el Grupo del Partido Popular Europeo para presentar un tema tan sumamente importante como el de la deuda exterior que está atenazando la economía de los países en desarrollo más pobres del mundo. 
Nos enfrentamos con un problema de alcance mundial que afecta a todos los países civilizados y democráticos que asisten inermes al incesante crecimiento de la deuda de los países pobres que hoy emplean, en media, el 40% de sus presupuestos anuales para financiarla. 
Baste pensar que cada año la deuda aumenta un 12% y que ha pasado de los 110 millardos de dólares de los años ochenta a los 350 millardos de dólares de hoy. 
El Parlamento se ha ocupado en repetidas ocasiones del problema, sin llegar nunca- me parece- a soluciones de calidad. 
En la actualidad, con ocasión del Año Santo, la Santa Sede y muchas instancias piden una consistente reducción, si no la condonación total de la deuda internacional con modalidades aptas para favorecer la inserción de los países más endeudados en el circuito mundial de la producción y de los intercambios comerciales. 
El pasado 3 de abril, con ocasión del milenio, también el Secretario General de las Naciones Unidas se dirigió a los países donantes y a las instituciones financieras internacionales, al objeto de que eliminen de sus libros contables todas las deudas oficiales de los países pobres altamente endeudados. 
El mismo llamamiento llega del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, sin embargo, los llamamientos son inútiles: creo que sirven los hechos. 
Si analizamos la situación comprenderemos que, de una parte, nos damos cuenta que se ostentan créditos casi incobrables y, de otra, a cambio de la eliminación, podríamos pedir un mayor respeto a los derechos humanos y una mayor democracia, iniciativas en materia social en favor de las poblaciones desfavorecidas y aquí basta pensar en los niños, los ancianos y los minusválidos. 
Asimismo frenaríamos los flujos migratorios que son un problema no solo para los países de origen, sino ante todo para los países de acogida. 
Por eso pregunto si el Consejo está al corriente de todas las iniciativas emprendidas hasta la fecha por cada uno de los Estados de la Unión para reducir o eliminar la deuda de los países pobres altamente endeudados y si se puede disponer de un cuadro de la situación que muestre cuáles han sido las acciones concretas emprendidas por dichos Estados y que refleje sus compromisos para que las iniciativas no parezcan sólo simples maniobras políticas, cuyo sabor es con frecuencia meramente electoral. 
Por último, habida cuenta de que se advierte la necesidad de una política exterior común que ofrezca la sensación de Europa como un sistema coherente capaz de hacerse cargo de iniciativas unitarias, ¿no considera la Comisión la oportunidad de crear una estructura que estudie este problema de acuerdo con la Iglesia local, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para extraer las oportunas consecuencias? 
Es una nueva manera, creo, de interpretar el nuevo milenio, esta vez al calor de la solidaridad de los pueblos. 
Señor Presidente, la resolución del problema de la deuda externa de los países menos adelantados es, indiscutiblemente, un elemento esencial para la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de esos países y la para erradicación de la pobreza y el estancamiento de las corrientes migratorias que los alcanzan y agotan. 
La situación es conocida. 
Los recursos que tienen y los que no tienen se consumen en el pago del servicio de la deuda; algunos de esos países necesitan el 40% de sus presupuestos para afrontar el pago de intereses y amortizaciones. 
Aun así, sigue aumentando en progresión geométrica, y, en consecuencia, no deja de profundizarse el foso que los separa de los países industrializados, que muchas veces se comportan como cualquier prestamista sin escrúpulos. 
A ese foso contribuyen también la imposición de los inadecuados programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y las insuficientes acciones de cooperación y ayuda para el desarrollo por parte de los países industrializados, muy alejadas del 0,7 % del PIB propugnado por las Naciones Unidas. 
A esa situación contribuye también la errónea concepción mercantilista según la cual todo se limita y se resuelve mediante el funcionamiento de los mercados bajo la égida de la OMC, cuando resulta, al contrario, que la mundialización de la economía ha contribuido mucho a acentuar disparidades, agravar injusticias y profundizar atrasos. 
Por eso, para superar esa situación, resulta inevitable la adopción de un proyecto mundial, un nuevo orden internacional que coloque en el centro de las prioridades el desarrollo de esos países y que deberán basarse en la idea de que todos, pero es que todos, incluidos los países ricos, se beneficiarán de ese desarrollo. 
Ahora bien, semejante proyecto requiere por fuerza la anulación de la deuda, que no se puede reducir a un mero proceso de intenciones, como el propugnado por el G7, cuyo alcance no supera el 1% de la del tercer mundo y se limita hoy objetivamente a la reducción parcial de la de sólo tres o cuatro países. 
La Unión Europea y los Estados que la integran pueden y deben tener algo que decir en cuanto a todo eso, abandonando perspectivas limitadas y condicionantes que no pocas veces acompañan a algunos vergonzosos anuncios de cancelación de la deuda, poniendo fin a las reducciones de las ayudas como las que se están produciendo y se proponen para el futuro y avanzando, en cambio, con un proyecto amplio y determinado que contribuya con decisión a poner fin a semejante situación y ayude a poner en perspectiva el desarrollo de tan importantes zonas del mundo. 
Señor Presidente, damas y caballeros, las iniciativas tendentes a anular en todo o en parte la deuda del Tercer Mundo se multiplican en este año 2000. 
El Encuentro de El Cairo no ha alcanzado sobre este tema, ni tampoco sobre ningún otro, por cierto, conclusión alguna, ni siquiera entre líneas. 
Sin embargo, una medida de este tipo reflejaría el mero sentido común, y nos gustaría preguntarle al Consejo si piensa ocuparse de ello un día de estos. 
Porque aquí entramos en lo irrisorio. 
Los países del sur no sólo carecen de recursos financieros para saldar sus deudas, si no que además, el orden económico internacional, que ha impuesto al mundo un concepto enloquecido de liberalismo, impide a la mayoría de nuestros compañeros del Sur- y pienso en concreto en los de Africa del Norte y Africa subsahariana- acceder a las condiciones de un desarrollo aunque sea mínimamente duradero. 
Estas están constantemente puestas en entredicho por la ciega aplicación del librecambio, adornado por una obsesiva e ideológica privatización de la explotación de la mayoría de sus riquezas. 
Los países ricos, tontamente alineados con las reglas imperialistas del FMI y del Banco Mundial, fueron sin embargo los primeros en darse cuenta de que esto no puede arruinar el despegue económico, ya que su propio desarrollo se ha llevado a cabo recurriendo a menudo a las reglas del proteccionismo, asegurándole además al Estado y a su intervención pública bajo cualquiera de sus formas, un papel privilegiado. 
No habrá paz entre las naciones si no hay equilibrio. 
Por el contrario, el equilibrio político y económico arruina un mundo cada vez más unipolar. 
Lo sabemos perfectamente; a pesar de la política del avestruz que practican países ricos despreocupados del futuro, y que lleva al mundo por un camino muy peligroso, es el momento para nosotros, mientras el Parlamento se pierde en los detalles y en las cuestiones secundarias, de saber mirar al mundo en su conjunto. 
En lugar de dejar en dique seco a la única política razonable que representaban los Convenios de Lomé, sería el momento de iniciar un verdadero partenariado económico, y sobre todo político, con los Países Mediterráneos y Africanos. 
Pero para ello Europa necesitaría una autoridad lo bastante legítima y lo bastante lúcida como para salir de la trampa del liberalismo a ultranza y, por descontado, no cuenta con ninguna que sea digna de ese nombre. 
Señor Presidente, al escuchar a mis colegas, me doy cuenta de que todos estamos de acuerdo sobre el informe. 
Los números están ahí, dramáticos, crueles. 
Los 50 países más pobres invierten en su deuda el doble de lo que reciben en ayudas. 
Los países pobres dedican como media el 40% de su presupuesto a saldar su deuda. 
Esto no sólo obstaculiza su desarrollo económico, si no que disminuye considerablemente su capacidad de prestar servicios sociales básicos, como la sanidad o la educación, y crea también una forma de esclavitud a favor de las sociedades occidentales. 
Dos tercios de la deuda están de hecho generados por los intereses de los empréstitos anteriores, los que se les han concedido para pagar lo que les hemos vendido, lo que las compañías multinacionales les han vendido. 
Esta situación recuerda mucho a la explotación de un cierto número de trabajadores agrícolas que, en algunos países, compran a muy alto precio en el establecimiento del patrón propietario y posteriormente son obligados a trabajar de por vida, a cambio de salarios miserables, para poder reembolsar sus deudas con ese mismo establecimiento. 
¿Y qué hacemos para evitar esto? 
Los países del G-7 anunciaron a bombo y platillo un programa de reducción de la deuda, pero sus condiciones son tales, que no puede ser aplicado. 
Esta iniciativa queda subordinada a programas de reforma macroeconómica bajo los auspicios del FMI o del Banco Mundial, que son contradictorios con los objetivos de erradicación de la pobreza, debido a sus efectos restrictivos sobre la capacidad de inversión en servicios sociales y la creación de empleo. 
Los anuncios hechos por algunos grandes países en el sentido de anular la deuda son selectivos, vinculados a ciertos intereses particulares, y se hacen en perjuicio de los presupuestos para el desarrollo. 
Los países endeudados esperaban de la Conferencia entre la Unión Europea y Africa, recientemente celebrada en El Cairo, un paso importante. 
No han obtenido más que buenas palabras, pero ninguna actuación concreta. 
¿Qué iniciativas proponen la Comisión y el Consejo, a escala europea o internacional, para aligerar más o para anular la deuda, y ayudar así a los países más pobres? 
¿Qué piensa hacer la Comisión para conseguir que los créditos obtenidos gracias a la anulación de la deuda sean invertidos correctamente en la erradicación de la pobreza y en el desarrollo duradero? 
Finalmente, ¿Cuál es la reacción de la Comisión ante las reivindicaciones lanzadas por ciertas organizaciones de representantes de la sociedad civil de los países del Sur, con vistas a mejorar la aplicación del programa de adaptación macroeconómica, organizando conferencias sobre el desarrollo nacional, para dar una oportunidad a la opinión pública de estos países de definir prioridades y proyectos locales? 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera subrayar, respecto de esta cuestión de la deuda de los países pobres, que el problema del perdón parcial y de la anulación de las deudas compete esencialmente a los Estados miembros y en este caso la Unión Europea en cuanto tal tiene tan sólo un papel de acreedor marginal. 
Ahora bien, es necesario observar que la Unión Europea no ha dejado de participar en todas las iniciativas que tenían por objeto el alivio de las deudas de los países más pobres. 
He de recordar que en 1996 una iniciativa relativa a la deuda de los países pobres muy endeudados fue aprobada por el Comité Provisional del Fondo Monetario Internacional y por el Comité de Desarrollo del Banco Mundial en sus reuniones anuales. 
La Comunidad y los Estados miembros se comprometieron entonces a participar en esa iniciativa proporcionando una ayuda excepcional a los países ACP a partir del compromiso contraído por la comunidad financiera internacional en el sentido de reducir el endeudamiento de los países a un nivel sostenible y con la condición de que los países interesados ejecutaran programas de reformas económicas. 
En julio de 1998, el Consejo aprobó una decisión relativa a una ayuda excepcional a los países ACP muy endeudados y le dedicó un importe inicial de 40 millones de ecus procedente de los intereses de los fondos del FED (Fondo Europeo de Desarrollo). 
En junio de 1999, en la Cumbre del G7 los Jefes de Estado o de Gobierno convinieron en la ampliación de la iniciativa relativa a los países pobres muy endeudados en el sentido de proporcionar un alivio más profundo y más rápido de la deuda. 
Confirmaron ese planteamiento las instituciones de Bretton Woods en su reunión anual de septiembre de 1999. 
En el ámbito comunitario, el Consejo de Ministros ACP-UE decidió, en su sesión del pasado mes de diciembre, que se pudieran utilizar los recursos programables del Fondo Europeo de Desarrollo no asignados en forma de subvenciones para satisfacer las obligaciones de la deuda pendiente y del servicio de la deuda con la Comunidad de los primeros países ACP para ello habilitados, conforme a la iniciativa "Países pobres muy endeudados", por un importe total de 320 millones de euros. 
Esos mismos recursos se podrían utilizar también como contribución hasta un importe máximo de 680 millones de euros al fondo fiduciario para los países pobres muy endeudados, gestionado por el Banco Mundial, con vistas a la financiación global de esa iniciativa. 
Se prevé que en el Comité FED del próximo mes de julio la Comisión Europea presente propuestas con vistas a la ejecución de esa misma decisión. 
La Unión Europea ha garantizado también los fondos constitucionales suplementarios para el ajuste estructural por valor de 250 millones de euros con vistas a facilitar el acceso de los países beneficiarios a medidas de cancelación de la deuda. 
Conviene añadir, además, que, a consecuencia de las resoluciones antes mencionadas y también en el sentido de las decisiones adoptadas en la reciente Cumbre de El Cairo, varios Estados miembros se han declarado ya dispuestos a aumentar unilateralmente sus medidas de reducción, conversión o amortización total de enormes sumas debidas por países en vías de desarrollo, en particular los países pobres muy endeudados. 
La Unión Europea considera que la mejora de esa iniciativa deberá basarse en programas integrados que vinculen más estrechamente el alivio de la deuda con los objetivos de desarrollo sostenido y reducción de la pobreza. 
Pese a esos esfuerzos realizados por la Unión Europea, el problema actual no requiere tanto el aumento del perdón de la deuda cuanto velar por que todos los donantes pongan en práctica efectivamente la iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados. 
Y sería importante que los Estados Unidos contribuyeran con su cuota parte al alivio de la deuda multilateral, sin lo cual toda esa iniciativa se cae por su base. 
Así, esperamos que todos los donantes sigan adoptando medidas para poner en práctica de forma concertada las decisiones adoptadas a fin de beneficiar al mayor número posible de países destinatarios. 
Se seguirá informando periódicamente a este Parlamento sobre la evolución de esa situación, en particular sobre la marcha de la decisión de participación en la iniciativa en pro de los países pobres muy endeudados. 
Respecto de las preguntas formuladas sobre el seguimiento de la utilización de los fondos aportados por esas iniciativas, considero que no podemos hacer otra cosa que incentivar a los países beneficiarios para que hagan el mejor uso de esas facilidades, pues no es posible garantizar, como se pretende, que los recursos facultados por el perdón de la deuda sean invertidos en la esfera social, en particular en la salud y la educación. 
Considero que ese razonamiento y ese tipo de intervención- por muy bien intencionados que sean- se pueden interpretar, si se quiere, como la intención de intervenir neocolonialmente, que nada tiene- ni nunca podrá tener- que ver con una intervención de la Unión Europea o de los países miembros en el nivel de la gestión interna, en particular de la gestión presupuestaria de esos países. 
En cuanto a la anulación íntegra de la deuda, también propuesta por Sus Señorías, conviene recordar que los especialistas en la materia exponen algunos argumentos contra esa opción. 
En particular, es poco probable que la banca privada conceda préstamos a esos países, si éstos esperan que las deudas sean amortizadas totalmente por acreedores públicos. 
Además, conviene tener presente que en el plano político infundir la esperanza de una anulación automática y periódica de las deudas contribuirá, naturalmente, a disminuir la disponibilidad financiera por parte de las entidades acreedoras. 
. (EN) La contribución de la Comisión al alivio de la deuda queda ilustrada por la Iniciativa PPME. 
Esta iniciativa se lanzó en septiembre de 1996 con la finalidad de ayudar a aliviar la carga de la deuda de los países más pobres que despliegan esfuerzos de ajuste de forma concertada. 
Representa un esfuerzo coordinado de todos los donantes, incluidos en particular los acreedores multilaterales. 
Ésa fue la primera vez que se abordó directamente el aspecto multilateral. 
En 1999, con ocasión de la Cumbre del G-7 en Colonia, los ministros convinieron en una iniciativa ampliada y más flexible que proporcionaría un alivio de la deuda más rápido, más a fondo y más extenso. 
Como resultado de los cambios propuestos, el costo de esa Iniciativa PPME II se supone que aumentará considerablemente hasta unos 27.400 millones de dólares desde un nivel anterior que se calcula en unos 13.000 millones de dólares para la PPME I. En realidad, la estimación original del costo de la PPME I era solamente de unos 8.000 millones de dólares. 
Diré a título informativo que la Comisión ha aportado ya una gran contribución a la PPME I. El Consejo adoptó el 6 de julio de 1998 una decisión sobre la participación de la Comunidad en la Iniciativa PPME por lo que se refiere a sus peticiones, préstamos especiales, y capital de riesgo administrado por el Banco Europeo de Inversiones para los países ACP elegibles. 
Como ya se ha dicho, la Comunidad en calidad de acreedor desempeña solamente un pequeño papel en este debate. 
Hemos reservado 40 millones de euros de intereses acumulados por fondos del FED, que deberían bastar para cubrir los gastos de los seis primeros casos de países. 
La asistencia de la Unión para Uganda y Guyana se prestó a mediados de 1998 y a principios del año 2000, y ascendió respectivamente a 4,59 y 6,44 millones de euros. 
Desde entonces la Unión ha resuelto reforzar considerablemente su apoyo a la Iniciativa II en favor de los PPME. En la reunión anual que tuvo lugar en Washington en septiembre de 1999, se anunció que la contribución de la Unión sería del orden de 1.000 millones de euros. 
Subsiguientemente la Comisión presentó proyectos de propuestas de decisión al Consejo Mixto UE/ACP y al Consejo de la UE, que fueron adoptadas por el Consejo de Ministros de Asuntos Generales el 6 de diciembre y por el Consejo de Ministros UE/ACP el 8 de diciembre. 
Hay que tener en cuenta que el acuerdo de los países ACP es indispensable porque se trata de dinero del FED que se está reasignando, motivo por el cual se necesita su consentimiento como parte del proceso de decisión. 
En la actualidad, la Comisión está ultimando las negociaciones con sus Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo acerca de los principios más importantes para llevar a cabo el apoyo de la Unión a la Iniciativa II en favor de los PPME, como donante y como también como acreedora. 
En junio se presentarán las correspondientes propuestas de financiación. 
La contribución total de la Unión al Fondo fiduciario para los PPME, en su calidad de donante, ascenderá a 680 millones de euros para los países ACP elegibles. 
Una cantidad de 670 millones de euros se destinará al Banco Africano de Desarrollo para que pueda cubrir su déficit financiero en relación con la Iniciativa PPME, y otros 10 millones de euros para Guyana, que es el único país ACP que no forma parte de los PPME africanos. 
Los 680 millones de euros de la contribución de la Unión provenientes del FED se encauzarán al Fondo fiduciario para los PPME en tres pagos, teniendo en cuenta las necesidades reales de financiación así como el apoyo procedente de otros donantes. 
Según la información disponible, las necesidades correspondientes al primer pago que se hará este año serán de una magnitud de unos 250 millones de euros. 
El primer pago de la CE se abonará en julio. 
Aparte de esas contribuciones que han de financiarse con cargo a fondos del FED no comprometidos, se aportará también una contribución de 54 millones de euros al Fondo fiduciario para los PPME en favor de PPME que no son países ACP, recurriendo a recursos provenientes de los renglones presupuestarios para América Latina y Asia. 
Dicho con otras palabras, queremos cerciorarnos de que la participación de la UE en los PPME es global y corresponde a las cifras de los PPME. 
Por último, cabe destacar que la decisión del Consejo UE/ACP de reforzar con 250 millones de euros el organismo de ajuste estructural de la Comunidad se utilizará en parte para proporcionar una ayuda preliminar a los países PPME elegibles que formen parte de los países ACP. 
Es importante recalcar que la contribución de la UE al alivio de la deuda no debe considerarse como una sustitución de las contribuciones provenientes de donantes bilaterales. 
Estas últimas contribuciones siguen necesitándose para poder financiar enteramente la iniciativa anunciada en la Cumbre del G-7 en Colonia. 
Las expectativas creadas hace un año eran que los países G-7 aportarían recursos adicionales. 
En cuanto se refiere a otras contribuciones al Fondo fiduciario para los PPME, vale la pena de señalar que el proyecto de presupuesto de la administración de los Estados Unidos prevé que los Estados Unidos aporten una contribución de 600 millones de dólares que se basa en promesas hechas anteriormente que corresponden a la parte calculada por el Banco Mundial para los Estados Unidos en el caso de los PPME. 
Este proyecto de presupuesto necesita la aprobación del Congreso, cosa que plantea claras dificultades. 
En realidad se considera muy dudoso que los Estados Unidos abonen la parte prevista. 
Los fondos asignados por la Comisión para la Iniciativa PPME están sujetos a los mismos principios que otros fondos provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo y la Comisión está procurando cuidadosamente que el Comité del FED, o sea los Estados miembros, participen en todas las fases del proceso. 
El artículo 366 bis del Convenio de Lomé impone en su forma actual condiciones rigurosas acerca de la posible utilización de fondos del FED. 
Desde un punto de vista político, sería absurdo interrumpir proyectos financiados por el FED en países del artículo 366 bis y facilitarles un apoyo presupuestario cuasi directo de la UE que no se destine a fines determinados, por ejemplo mediante los mecanismos de alivio de la deuda en el caso de los PPME. 
Incumbe a la Comisión cerciorarse de que el dinero del FED no facilita un coup d ' état ni proporciona un margen de maniobra presupuestaria adicional del que puedan servirse los dictadores para oprimir a sus pueblos. 
La verdadera finalidad del artículo 366 bis en su forma actual es complicar las cosas para los países que infringen los derechos humanos elementales y los principios de la buena gestión pública. 
Esta opinión ha sido expresada también claramente por el Tribunal de Cuentas Europeo en las observaciones que formuló sobre el particular. 
¿De qué forma podemos conseguir todo esto en la práctica? Es algo respecto de lo cual, en cierto modo, estamos atados de pies y manos. 
En los debates que precedieron el año pasado al acuerdo sobre el fortalecimiento de la Iniciativa para los PPME, hubo entre la comunidad de donantes un firme consenso en el sentido de que debía de insistirse de nuevo en la reducción de la pobreza como foco principal de los esfuerzos de desarrollo. 
Se avanzó el concepto de los documentos de estrategia para la reducción de la pobreza a fin de brindar un marco para incluir la reducción de la pobreza entre los objetivos principales de las políticas de los gobiernos y de los países donantes. 
Se requerirá un enfoque orientado a los países para evaluar la posición de un país desde el punto de vista de su capacidad de desarrollo, institucional y de formulación de estrategias para la reducción de la pobreza. 
La Comisión ha expresado su firme apoyo de este concepto radicalmente nuevo iniciado por el Banco Mundial y por el FMI. 
Es indispensable que la propiedad incumba al país para poder desarrollar estas ideas, y los gobiernos serán responsables del proceso de diseño y del producto final. 
La Comisión concede particular importancia a un proceso de participación abierto que incluya a la sociedad civil, a los parlamentos y a todos los donantes e instituciones internacionales pertinentes. 
Las políticas que abordan cuestiones de justicia social y de equidad tienen una importancia tan grande como la política económica respecto del crecimiento y de la reducción de la pobreza. 
La Comunidad mantiene y refuerza su voluntad de promover reformas macroeconómicas, sectores sociales, integración regional y una gestión económica sólida. 
Todo eso es necesario para asegurarnos de que la lucha contra la pobreza sigue siendo el tema central cuando nos dediquemos a mejorar la situación de esos países pobres por conducto de la Iniciativa PPME. 
Me parece que está muy bien que la Comisión y la UE en general se afirmen como el contribuyente más importante respecto de la realización de la mencionada iniciativa. 
Señor Presidente, cuando uno se entera de la horrorosa deuda que han acumulado muchos países africanos, la primera reacción que tiene es de profunda simpatía. 
Ahora bien, he tenido la posibilidad de visitar a muchos de esos países el año pasado y he de decir que, en muchos casos, la simpatía que uno tiene se convierte en indignación cuando uno ve en qué abyecta pobreza vive la gente en esos países mientras que sus dirigentes y ministros llevan una vida de riqueza y prosperidad, y uno empieza a poner en entredicho la cuestión de la distribución de la ayuda y del alivio de la deuda 
A pesar de toda la ayuda que han aportado Europa y los Estados e instituciones nacionales a título individual, la deuda exterior de África está aumentando a razón de un 12% al año y algunos países reembolsan más en concepto de interés que lo que reciben a título de ayuda. 
Eso no puede seguir así, pero tampoco es posible que vuelvan a darse las razones históricas que han causado esa situación. 
Sé que algunos de mis distinguidos colegas me criticarán por decirlo, pero estimo que no solamente en la ayuda para el desarrollo sino también en el alivio de la deuda hay que introducir un factor de condicionalidad. 
Siempre he preconizado que la buena gestión pública es más importante que la estricta democracia si queremos acabar con las prácticas corruptas, y si no podemos acabar con ellas lo único que conseguiremos es que el buen dinero que aportamos se destine a tristes objetivos. 
Tenemos que estar en condiciones de vigilar los efectos del alivio de la deuda y tenemos que cerciorarnos de que toda la cantidad destinada a esa finalidad va a parar a la sociedad civil para que pueda ofrecer mejores perspectivas de salud, enseñanza y empleo a las personas que actualmente carecen de ellas. 
La mala gestión pública tiene un efecto secundario: la falta de inversiones exteriores en esos países les priva de la posibilidad de mejorar la prosperidad, de tener mejores perspectivas de empleo y un nivel de vida más elevado. 
La lucha contra el fraude y la corrupción debe ser condición previa para prestar ayuda para el desarrollo y para aliviar a esos países de los efectos de la deuda. Señor Presidente, eso no es lo que digo yo, eso es lo que dijo el Presidente Obasanjo de Nigeria en Abuja en la apertura del 13º período de sesiones de la Asamblea Paritaria UE/ACP. 
Si consiguiéramos que todos los demás presidentes de África dijeran lo mismo, disminuiría la resistencia a aliviar la deuda y se podría conseguir algún progreso verdadero en la lucha contra la miseria y la pobreza de millones de personas. 
Señor Presidente, mientras nosotros celebramos este debate, en Sierra Leona se consuma el enésimo episodio de una tragedia que dura desde hace diez años: una guerra civil que ha provocado 50.000 muertos, 2 millones de refugiados, 40.000 hombres y mujeres de todas las edades que han sido brutalmente mutilados en una sistemática campaña de terror. 
Las mismas tragedias humanitarias hoy afectan a gran parte de África hasta la tragedia del pueblo saharaui con el que esta mañana nos hemos reunido precisamente aquí fuera. 
La otra cara de la globalización está hecha también de pobreza, de endeudamiento de los países en desarrollo más pobres, de ampliación de los conflictos que reducen los espacios de desarrollo y alimentan otros conflictos, nuevas pobrezas. 
Por eso adquiere una gran importancia la reciente Cumbre celebrada en El Cairo entre la Unión Europea y África que reanuda un diálogo global con los países de este continente y que por primera vez combina la política de la ayuda al desarrollo con la afirmación de los principios de la democracia, de los derechos y de la lucha contra la corrupción. 
Es indispensable disponer de una estrategia a largo plazo, y la condonación de la deuda es el punto de partida de esta estrategia. 
Por eso es importante- como se señala en la resolución presentada por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos- aumentar el porcentaje de los recursos que los países industrializados destinan a los países más pobres; sin embargo, junto con esto, es fundamental la calidad de nuestro compromiso. 
La resolución indica dos opciones importantes: nuevos criterios de sostenibilidad y mayor flexibilidad para los países altamente endeudados y la eliminación bilateral para los países ACP menos avanzados. 
Son las primeras indicaciones concretas, aunque en el futuro debemos evitar que se repita la espiral créditos/deuda, sin ninguna verificación de las elecciones que se hacen. 
En efecto, sabemos que no basta con eliminar la deuda si permanecen inalterados los demás mecanismos que orientan las políticas en su conjunto. 
La condonación de la deuda debe estar condicionada a la utilización de los recursos que quedan liberados, recursos que deben invertirse en escuelas, hospitales y en el desarrollo humano de los pueblos y no desperdiciarse, como ocurre con frecuencia, en corrupción o, peor aún, para alimentar el mercado de las armas y guerras devastadoras. 
A una economía global debe corresponderle una política global; el crecimiento debe combinarse con la afirmación de los derechos humanos y civiles, con el fortalecimiento de la democracia. 
Por lo tanto, para superar la espiral de la deuda es preciso integrar los instrumentos de intervención: más cooperación, más intercambios, más iniciativas contra el resurgir de los conflictos y más coherencia contra Gobiernos corruptos y endeudados que descargan en la población los perjuicios de las crisis y de la falta de desarrollo. 
El compromiso con la condonación de la deuda es una condición imprescindible para poner en marcha el conjunto de las políticas de reducción de la pobreza. 
La solución al problema de la deuda debe integrarse con intervenciones de promoción del desarrollo local. 
Para tener éxito es necesario armonizar las políticas nacionales, acompañarlas con una mayor apertura de los mercados. 
Los recientes acuerdos entre la Unión Europea y los países ACP van en esta dirección y ayudan a los 31 países menos avanzados en un ámbito temporal fijado hasta el 2005. 
En este contexto, la implicación del sector privado es esencial para aumentar el intercambio y para crear, además de la transferencia de recursos, las condiciones para el desarrollo de un mercado en el ámbito de los países en desarrollo, y además de las condicionalidades, los incentivos. 
Señor Presidente, lo que está inmerso en terrenos pantanosos no puede soportar una carga más pesada. 
Por ello, es preciso romper el círculo vicioso de préstamos, deudas y de nuevo préstamos Los inmensos costes de amortización obstaculizan cualquier forma de desarrollo. 
Apenas queda dinero para la enseñanza, la atención sanitaria o la construcción de una estructura pública que funcione con eficacia. 
Por esta razón es especialmente urgente la reducción de la deuda. 
Debe realizarse mediante un esfuerzo común de todos los acreedores, la Unión, los países, sobre todo los Estados Unidos, las instituciones internacionales y los bancos. 
No obstante, con una estrategia global no avanzamos demasiado. Los programas de condonación deben orientarse en función de las circunstancias particulares de cada país en concreto. 
Por ello es de interés esencial que no sólo se aborden los problemas sociales, sino que también se establezca un base firme para el desarrollo económico sostenible. 
Si eso no se produce, las inversiones extranjeras se quedarán en nada. 
Una condición previa absoluta para la reducción de la deuda es contar con unas finanzas saneadas por parte de las autoridades públicas competentes. 
En este sentido no debemos ser ingenuos. 
No podemos extender más cheques en blanco. 
En el pasado, los millones asignados no han ido a parar a donde se asignaban. 
Muchísimo dinero ha ido a parar a manos de regímenes corruptos que han permitido que los bancos de Suiza se aprovecharan del robo a gran escala del dinero destinado al desarrollo. 
Cuándo se dará cuenta de una vez por todas el mundo civilizado de que los países con secreto bancario son corresponsables de los grandes crímenes perpetrados contra los grupos de población más pobres. 
El FMI y el Banco Mundial comenzaron ya en 1996 una iniciativa para ayudar a los países más pobres a devolver su deuda. El pasado verano se dieron las condiciones adecuadas. 
La ayuda se ha hecho depender de resultados tangibles. 
Sería sumamente bueno que la Unión Europea y los Estados miembros adoptaran una posición más indulgente si se cumplen las condiciones. 
Hagamos todo lo posible por sacar a los países más pobres del pantano. 
Esto se conseguirá si las víctimas cooperan en su propio salvamento. 
Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que es totalmente absurdo que muchos de los países más pobres paguen a veces más intereses por las deudas contraídas que lo que han recibido como préstamo. 
Creo que por lo menos hay que contestar dos preguntas. 
La primera de ellas es: ¿Cómo puede la UE, los países del G7 y otros países occidentales cumplir sus compromisos sin que sólo sean falsas promesas? 
A pesar de lo dicho por la Comisión y por el Consejo, los países del G7, sin perjuicio de la encomiables iniciativa que se ha adoptado, hasta ahora no la han puesto en práctica. 
Hasta ahora solamente se ha condonado el 0,25 por ciento de la deuda de los países en vías de desarrollo, y únicamente en tres países. 
Es obvio que esto no es suficiente. 
Incluso los países de la UE que han dicho que quieren condonar las deudas no han destinado recursos para esto en los presupuestos; a veces se ha echado mano de los sectores de cooperación y desarrollo para financiar la condonación. 
La pregunta más importante es: ¿Cómo hay que hacer para que los recursos se usen de manera adecuada en los países de la UE? 
El Consejo contestó que no era partidario de que se hiciesen gestiones de esta naturaleza. 
Pero la UE, el FMI y el Banco Mundial han fijado criterios en otras materias de manera que también sería posible establecer criterios para que la condonación de las deudas realmente beneficiara a los ciudadanos... 
(El Presidente interrumpe a la oradora.) 
Señor Presidente, queridos colegas, los africanos, que hoy son 800 millones, y serán el doble dentro de 25 años, que no son los únicos, evidentemente, en vivir en países en vías de desarrollo, se hunden profundamente en la miseria y emigran cada vez más a los países europeos en plena depresión demográfica. 
Hay que recordar que esta pobreza coincide con la desafortunada descolonización de los años 60, que condujo a muchos de estos países a la miseria y a guerras étnicas vinculadas también a la instauración de dictaduras corruptas y, casi siempre, hay que reconocerlo, socialistas. 
Lo que desearíamos decir es que perdonar la deuda de los países pobres es sin duda una intención loable, y estamos a favor de los aplazamientos, pero también desearíamos que se estudiaran con la misma seriedad las causas de este mal. 
Por ejemplo, constatamos que hasta la década de los 90, los Estados Africanos que permanecían unidos a Francia por acuerdos de cooperación económica, monetaria, y militar formaban un núcleo de estabilidad y de relativa prosperidad. 
Lo mismo cabe señalar de los Estados que siguieron vinculados a potencias occidentales por acuerdos económicos de este tipo. 
Esta nos parece una solución más seria para los problemas del Tercer Mundo que la sorprendente Recomendación hecha por la ONU el 4 de enero, según la cual, para paliar la baja natalidad, Europa debería acoger en los próximos 25 años a 159 millones de inmigrantes procedentes de los países africanos. 
Creemos que tercermundizando a Europa no se conseguirá que el Tercer Mundo alcance un verdadero nivel de desarrollo económico. 
Para Africa, la verdadera solución reside en una política de desarrollo que permita a los africanos vivir en sus países, y, en relación a esto, debemos analizar las supuestas ventajas del librecambio. 
Nosotros creemos que estas ventajas no son reales, o mejor dicho, que sólo lo son entre países con un nivel económico y social comparable, y que estos países pasarán progresivamente de la fase del artesanado a la de la industrialización únicamente bajo la protección de unas fronteras seguras y de unos aranceles. 
Señor Presidente, estamos en el año 2000, año jubilar. 
Un año en que, a partir de la idea que entraña el año jubilar bíblico, debemos tomarnos en serio la reducción de la deuda de los países más pobres. 
En el año de jubileo, cada quincuagésimo año, en Israel se condonaban deudas, se liberaban esclavos y la tierra se dejaba en barbecho. 
Estos años creaban la posibilidad de afrontar el futuro sin deudas. 
Análogamente a esta postura bíblica, el año 2000 debe ser un año de jubileo para los países más pobres del mundo. 
Por tanto, apoyamos de corazón las iniciativas nacionales e internacionales en el terreno de la reducción de la deuda. 
No obstante, no puedo dejar pasar un serie de observaciones críticas por las declaraciones arrogantes de una serie de países del G-7 de los últimos años. 
Estos países ricos alardean de que ya no van a plantear dificultades sobre las cantidades gigantescas que los países pobres les adeudan. 
Las experiencias con la denominada iniciativa HIPC de 1996 han señalado, no obstante, que la reducción de la deuda no siempre ha tenido efectos generalizadamente positivos para el desarrollo de los pobres. 
En los casos más ventajosos la reducción de la deuda al 100% sólo entraña una disminución efectiva del 40 %. 
La causa de ello en primer lugar es que la reducción de la deuda va unida a determinadas condiciones, que pocos países pueden cumplir. 
Además, no es raro encontrar las cantidades de la reducción en los presupuestos nacionales e internacionales destinados a la política de desarrollo. 
Por tanto, no se trata de liberar recursos financieros adicionales, sino más bien de desplazar los recursos asignados. 
Los países pobres, no obstante, puede que tengan que destinar menos dinero al pago de su deuda, pero al mismo tiempo se enfrentan a una disminución de la ayuda extranjera. 
Si nos tomamos realmente en serio la lucha contra la pobreza en el mundo, la reducción de la deuda debe ir aparejada a una política activa en el terreno de las medidas para combatir la pobreza. 
La participación de autoridades locales y ONG es deseable en este sentido. 
Estas observaciones no omiten el hecho de que las concesiones hechas deben examinarse y deben tomarse nuevas iniciativas de base. 
A este respecto es deseable una actitud cuidadosa e indulgente. 
La Comisión, los Estados miembros y los donantes internacionales deben hacer todo lo posible para que el año 2000 sea realmente un año de júbilo 
Señor Presidente, tanto con motivo del milenio- el Sr. Van Dam acaba de hablar sobre ello -, como en el encuentro del G7, en la Cumbre Europea de Lisboa o en la reciente Cumbre Euroafricana de El Cairo se han dicho muy bellas palabras sobre la condonación de la enorme deuda de gran parte de los países en desarrollo. 
La pregunta que cabe plantearse hoy es: ¿qué va a salir realmente de todo ello? 
Hemos escuchado una serie de ejemplos acerca de las iniciativas HIPC-I y HIPC-II y tengo entendido que actualmente se han destinado 1.000 millones al segundo programa. 
La deuda total de los países en desarrollo en conjunto asciende a 350.000 millones. Es decir, esto significa que los 1.000 millones son una nimiedad en comparación. 
Muchos de estos países destinan del 25 al 40 % de su presupuesto nacional a pagar intereses y amortizaciones a bancos de Europa occidental, de los Estados Unidos y de Japón. 
La amarga realidad es que los miles de millones que se emplean para la devolución de la deuda superan con creces el dinero destinado al desarrollo. 
Es una situación trágica, porque a menudo nos preguntamos por qué nuestra ayuda al desarrollo no ayuda. Bueno, esa es una de las causas más importantes. 
Si el dinero entra por un lado y después hay que devolverlo por tres o cuatro lados, es evidente que los países no salen adelante. 
Sigue planteándose una pregunta: ¿hay que condonar la deuda sin condiciones? 
En eso no estoy de acuerdo con el Sr. Miranda y tampoco lo estoy con otros colegas que opinan lo mismo. 
Pienso que es preciso establecer condiciones firmes. 
Debe tratarse de los países más pobres. 
Debe existir una gobierno democrático y un parlamento plural que controle en condiciones al gobierno. 
El país debe combatir activamente la corrupción. 
Los países afectados no deben estar en guerra o participar en guerras y una parte previamente acordada del presupuesto debe asignarse a programas sociales para los ciudadanos más pobres, es decir, a la enseñanza, la atención sanitaria y la seguridad social. 
No estoy de acuerdo con el Sr. Da Costa, quien hace un momento decía que quizá es una intervención un tanto neocolonial. 
En su momento se acordó en Copenhague, en la Cumbre social para los países en desarrollo allí celebrada, asignar una parte a los costes. 
Señor Presidente, el llamamiento que realmente debemos hacer es: hagan algo. 
Asignen simplemente un 10% del presupuesto total a la amortización de la deuda. Si no hacemos nada al respecto, los países seguirán en una espiral descendente. 
Señor Presidente, he escuchado con mucho interés tanto al Consejo como a la Comisión. 
El Grupo socialista considera que la deuda que atenaza el desarrollo de los países más pobres del mundo no puede tratarse de una manera aislada, como un problema estrictamente financiero, sino que debe enmarcarse en una estrategia amplia y coherente que, pasando por la erradicación de la pobreza, desemboque en el desarrollo. 
Para ello se requiere, primero, que de la condonación de la deuda no se derive la supresión de otras fuentes de financiación, sino que dicha condonación sea una medida más de una política coherente de desarrollo. 
Segundo, que los fondos liberados por la condonación se reconviertan en fondos para el desarrollo humano, particularmente en inversiones en sanidad y educación. 
No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Consejo de que esto puede ser una forma nueva de colonización. 
Creo que no es así. 
Para ser eficaz, en términos de desarrollo, la condonación de la deuda requiere además, como pedimos en la resolución, una estrategia mundial llevada a cabo al unísono en y por las instituciones financieras internacionales. 
La Unión Europea, como mayor donante de ayuda al desarrollo, debe coordinar su acción en las mismas y establecer la eliminación de la pobreza como un objetivo común de sus Estados miembros, uno de cuyos aspectos es la condonación de la deuda de los países más pobres. 
Nos encontramos así ante un caso de coherencia y coordinación entre las políticas comunitarias. 
La política exterior y de seguridad común, que demasiado a menudo entendemos sólo como política de seguridad, debe atender a este aspecto al igual que las políticas comerciales y las políticas de desarrollo. 
En cuanto a los países pobres altamente endeudados, beneficiarios de esta estrategia de eliminación de deuda ya asumida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, deben comprometerse en unas políticas macroeconómicas apropiadas, en unos objetivos de desarrollo social, en el incremento del nivel de fiabilidad del Estado, como única forma de atraer inversiones externas, y en el fortalecimiento de la capacidad institucional. 
Uniendo las acciones de deudores y acreedores en una estrategia global tendente a la eliminación de la pobreza, es posible que alcancemos el objetivo 15 15 de la Cumbre de Copenhague sobre el desarrollo social, objetivo con el que nos sentimos plenamente identificados. 
Pedimos por tanto con firmeza a todos los Estados miembros y a la Comisión que apoyen la iniciativa HIPC de los países pobres altamente endeudados de las instituciones financieras internacionales. 
Señor Presidente, es digno de encomio que la comunidad internacional aparentemente esté ahora de acuerdo con la reducción de la deuda. 
Ya a finales de los años 80, el UNICEF señaló acertadamente que los ricos del tercer mundo obtenían los créditos y los pobres cargaban con la deuda. 
Según opina Oxfam, en los países en desarrollo mueren a diario 19000 niños a causa de la carga de la deuda. Probablemente como consecuencia indirecta de los programas del FMI, que obligan a sus países a reducir en un tercio los gastos para atención sanitaria. 
¿No es alucinante que los países en ocasiones tengan que asignar el 40 % de su presupuesto a la devolución de la deuda, que a menudo ha sido creada por la acción de dictadores irresponsables y codiciosos con la colaboración tácita del Banco Mundial y los bancos privados occidentales? 
Debe inscribirse en una estrategia integrada y multilateral. 
Debe ir unida a requisitos en materia de buen gobierno. Con respecto a estos requisitos debe haber garantías sumamente firme por parte de los países afectados. 
Garantías de que las posibilidades financieras generadas por la condonación de la deuda se destinen a la lucha contra la pobreza. Garantías de que no se utilizarán para financiar la compra de armamento y otras actividades militares. 
Eso, señor Da Costa, no es en absoluto neocolonialismo. 
Es velar por que los fondos de los contribuyentes europeos no se empleen abusivamente para financiar guerras, guerras demenciales en África. 
La condicionalidad exige valor y, les ruego me disculpen, más valor del que han demostrado los Estados miembros y la Comisión hasta el día de hoy. 
Señor Presidente, otros han recordado antes que yo que se han hecho muchas promesas en favor de anular la deuda pero que poquísimas se han convertido en realidad. 
Después de todo lo que escuchamos en Colonia el año pasado, de los 100.000 millones de dólares prometidos se han cancelado menos de 13.000 millones y como nos han dicho la Comisión y el Consejo, las contribuciones al Fondo fiduciario para los PPME siguen siendo muy inferiores a la cifra fijada como objetivo. 
Como ha dicho con razón el Comisario, hay que compartir la carga. 
Lo cierto es que a pesar de que se ha registrado un excedente presupuestario de un billón de dólares en un período de 10 años, el Presidente Clinton no puede conseguir que el Congreso apruebe 210 millones de dólares para PPME. 
Ése es un hecho lamentable del que no tenemos más remedio que tomar nota. 
No hay que olvidar tampoco que seguimos esperando que el Banco Mundial y el FMI hagan algo parecido a lo que ha hecho ya la Unión Europea. 
Todos los países del G-7 han prometido alguna forma de cancelación de la deuda al 100%, pero muchos de ellos pecan por exceso de lentitud y no tienen ganas de hacer lo que han prometido de la forma que nosotros quisiéramos que lo hicieran. 
Además, para poder optar a la anulación de la deuda, cada país tiene que completar un proceso prolongado y a menudo contradictorio como "PPME", y hasta ahora sólo cinco países han conseguido llegar hasta el final del complicado proceso que se espera superen. 
Hasta ahora, el Reino Unido es el único país que ha ofrecido una cancelación del 100% de la deuda. 
Alemania, Francia y el Japón no incluyen más que determinadas deudas y, con ello, pasan por alto una importante proporción de la deuda total. 
Digamos de paso que el Japón vincula la anulación de la deuda a la obligación de adquirir exportaciones japonesas. 
En Mozambique, por ejemplo, es muy significativo que el FMI, el Banco Mundial y el Club de París sólo hayan aplazado los pagos de Mozambique y luego han prestado más dinero al país. 
Lo que quisiera decir finalmente es que en este Parlamento instamos a todos los acreedores a que cesen de demorar las cosas y empiecen a trabajar a fondo para conseguir la plena cancelación de la deuda de los países más pobres. 
Estoy de acuerdo con todos mis colegas en que se trata de los países más pobres que cumplen los criterios para conceder la anulación de la deuda a los países que demuestran su voluntad de promover el sector social y de apoyar el desarrollo humano. 
Señor Presidente, Señorías, considero que hoy ha quedado claro aquí que la situación mencionada en la pregunta presentada es preocupante y ha movilizado la atención del Consejo. 
En lo esencial, se trata de una cuestión relativamente consensual, en particular en la Unión Europea. 
Por lo demás, la Presidencia portuguesa de la Unión Europea ha procurado incluir en su programa de trabajo esa cuestión, que no ha dejado de ser subyacente al orden del día debatido en la Cumbre Euroafricana de El Cairo. 
Pero se debe considerar esa cuestión de forma serena y ponderada, independientemente de que entrañe algún dramatismo, dada la grave situación que afecta a las poblaciones afectadas de los países gravemente endeudados. 
La cuestión esencial de la deuda no es la cuestión fundamental de los países afectados, porque la cuestión fundamental es su desarrollo y ése es el aspecto fundamental que subyace a toda esta situación. 
Y todos debemos tener conciencia de que lo que está en juego en este momento es la reflexión mundial sobre la política general de desarrollo y, en particular, respecto del modo como la Unión Europea y sus Estados miembros se sitúan en el marco mundial de formulación de dicha política. 
Esa es la cuestión fundamental: la deuda es un síntoma, la enfermedad es el subdesarrollo. 
Hay problemas de desigualdad y problemas de diferente distribución de la riqueza en esos países, pero se deben superar esos problemas mediante soluciones de carácter político. 
He hablado antes de las tentaciones o las derivas neocoloniales, pero no quisiera en modo alguno decir que las formas de condicionalidad vinculadas con la atribución de las ayudas ­como, por lo demás, se desprende de la que hoy es la filosofía subyacente a la cooperación ACP­UE­ no sean perfectamente legítimas y normales. 
Lo que no podemos olvidar es que hay una línea de conducta respecto de la gestión interna de la atribución de los recursos, en particular de los recursos dedicados a esos mismos países en virtud del alivio de la deuda. 
Debemos tener cuidado en el sentido de respetar también de algún modo la gestión de esas mismas sumas por parte de los gobernantes de esos países. 
Hemos de comprender que debemos hacer un esfuerzo en el sentido de velar por que la condicionalidad política y el fortalecimiento de la democracia en esos países sean los elementos fundamentales subyacentes a nuestra acción. 
La labor en pro de la buena administración, en pro del fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la participación política son elementos fundamentales para crear sociedades libres que permitan una mejor gestión de los recursos internos y una gestión más adecuada de la distribución de la riqueza y, en particular, que no favorezcan la corrupción y el envío de fondos. 
Consideramos que ésas son cuestiones básicas en materia de desarrollo. 
Como he dicho, considero que la cuestión de la deuda es un síntoma de algo mucho más global: el desarrollo. 
Considero que la Unión Europea y los Estados miembros han dado pruebas al respecto de estar atentos y tener medidas concretas que proponer en esa esfera. 
. (EN) Señor Presidente, empezaré por referirme a la necesidad de la condicionalidad. 
Estoy de acuerdo con bastante de lo que se ha dicho aquí. 
Diré también que no nos enfrentamos aquí con un régimen de condicionalidad más riguroso que el de los Estados miembros preconizan en su cooperación bilateral para el desarrollo, pues hoy en día es indispensable conseguir que la utilización de los recursos corresponda a los objetivos fijados. 
Si nos fijamos en la esencia de la cuestión, también se trata de centrarse más y mejor en los aspectos sociales de los PPME: ésa es la clave de lo que tienen que hacer. 
Hay pruebas de que lo mismo están preconizando el Banco Mundial y el FMI, instituciones que dan prioridad a esos aspectos. 
En cierto modo, se puede decir que estamos presenciando un desplazamiento del concepto de Washington hacia el consenso de Copenhague. 
Lo bueno de todo esto es que el FMI, con sus documentos de estrategia para la reducción de la pobreza, se está alineando con los objetivos que el Banco Mundial fijó hace varios años. 
Todo esto indica que la lucha contra la pobreza está en el centro de todos estos esfuerzos. 
Por eso hay que reconocer que es bastante razonable la combinación de centrar por una parte los esfuerzos en PPME definidos quizá demasiado estrechamente, y, por otra, fijarse en las consecuencias sociales en el interior de esos países. 
Me ocuparé a continuación de otra cuestión: ¿son demasiado pocos los países que participan en la iniciativa? 
Sería un error creer que podríamos limitarnos a ampliar sencillamente su ámbito y acoger en ella a todos los países en desarrollo. 
Si lo hiciéramos, tropezaríamos con una serie de efectos adversos. 
En primer lugar, el costo de la iniciativa para los PPME aumentaría de forma espectacular porque cuanto más ricos, o menos pobres, sean esos países, mayor será la deuda que han contraído. 
Por lo tanto tenemos que tener en cuenta que estamos tratando de ayudar a los países más pobres a determinar en qué esferas pueden gestionar la deuda residual. 
No se ha pensado nunca en cancelar toda la deuda de los países del Tercer Mundo porque eso sería totalmente impracticable. 
Por lo que se refiere a la asistencia oficial para el desarrollo estamos actualmente a un nivel del 0,22 o el 0,23 %, lo que dista mucho del 0,7 % fijado como objetivo y que en principio todo el mundo aceptó pero que solamente un número limitado de países han alcanzado. 
No se puede administrar una cifra de 350.000 millones, y el ejercicio perdería mucho valor para los países más pobres si hubieran de compartir el dinero con países menos pobres, de ingresos medios. 
Quisiera decir a la Sra. Schörling que casi todos los fondos para PPME provienen de los actuales presupuestos de desarrollo. 
Lo mismo cabe decir de los 1.000 millones en dinero del FED que estamos reasignando. 
El aspecto positivo de todo esto es que los países ACP lo han aceptado, y que se trata de una reasignación que desplaza el dinero de países que están en relativamente buenas condiciones a los países más pobres del grupo ACP. 
Por lo tanto estamos haciendo algo muy concreto pues mejoramos el factor pobreza de nuestra actividad general con la mencionada reasignación de fondos. 
Esta parte de la operación es muy digna de elogio. 
Lo mejor de todo es que disponíamos del dinero y hemos podido hacer algo realmente valioso en nuestra calidad de donante único, excepción hecha de unos cuantos donantes seleccionados que están tratando de avergonzar al resto yendo hacia adelante y dando un buen ejemplo. Lo corriente. 
Por lo demás, la Unión Europea es la única entidad que puede hacer algo verdaderamente valioso. 
Por último, me agrada sobremanera el rumbo que ha seguido este debate. 
El interés del Parlamento es un factor de importancia para la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido cinco propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Zimbabwe. 
Señor Presidente, Señorías, un clima de intimidación de la oposición e inobservancia de la ley y de los derechos de los ciudadanos sigue caracterizando de forma a veces trágica el período actual de precampaña electoral en Zimbabwe. 
La situación ha ido degradándose, pese a las considerables gestiones internacionales y, en particular, por parte de la Unión Europea para que el Presidente Robert Mugabe determine de inmediato la desocupación de las fincas invadidas por los llamados ex combatientes y para que se garantice la seguridad de todos los ciudadanos, en particular los ciudadanos extranjeros residentes en Zimbabwe. 
La Unión Europea está profundamente preocupada por la situación en Zimbabwe y el Consejo hizo públicas dos declaraciones de la Presidencia, el 13 de marzo y el 7 de mayo, en las que expresó su viva preocupación al respecto. 
Esas mismas declaraciones contaron con el apoyo de todos los países candidatos a la Unión Europea, así como de los países del Espacio Económico Europeo. 
También por iniciativa del Consejo se hicieron varias gestiones ante las autoridades de ese país. 
En cuanto a la cuestión central subyacente a la presente crisis, la cuestión de la tierra, la Unión Europea sigue reafirmando estar preparada para ayudar a Zimbabwe a llevar a cabo una redistribución agraria compatible con el respeto de los derechos de propiedad y, en particular, con los principios y conclusiones de la Conferencia de Donantes sobre la Reforma Agraria en Zimbabwe, que se celebró en Harare en 1998. 
Respecto de la celebración de las próximas elecciones parlamentarias en Zimbabwe, que se anuncian para los días 24 y 25 de junio, resulta imperativo que se celebren de forma libre, justa y transparente y dentro del plazo previsto. 
Sería de desear que en esas elecciones se contara con la presencia de observadores internacionales que pudieran atestiguar la forma como transcurren y garantizar el resultado final del sufragio, la necesaria legitimidad y la aceptación por parte de la comunidad internacional de dicha legitimidad. 
A ese respecto, la Unión Europea está dispuesta a enviar una misión de observadores electorales, pero advierte, naturalmente, a las autoridades de Zimbabwe sobre la necesidad de que se den garantías satisfactorias de seguridad y libertad de acceso a todos los locales. 
La troika de los jefes de misión de la Unión Europea en Harare transmitirá personalmente ese mismo mensaje a las autoridades de Zimbabwe. 
Los representantes de la Comisión estarán el próximo viernes, día 19 de mayo, en ese país para preparar la marcha de observadores electorales, en caso de que se compruebe que existen las condiciones adecuadas para ello. 
El lunes, el Consejo de Asuntos Generales valorará la interpretación que los representantes de la Comisión hagan en función de su visita. 
Quisiera recordar, señor Presidente, Señorías, que la Unión Europea tiene como socio a Zimbabwe en el marco del Convenio de Lomé y, de conformidad con dicho Convenio, Zimbabwe deberá respetar los principios en él consagrados, subyacentes a la política de cooperación de la Unión Europea. 
La Unión Europea continuará siguiendo la evolución de la situación en ese país a la luz de esos mismos principios y no dejará de sacar las necesarias consecuencias en caso de que no se observen dichos principios. 
. (EN) La Comisión está preocupada por la evolución de la situación en Zimbabwe. 
Zimbabwe, que durante decenios ha sido un país estable, está atravesando en la actualidad una crisis económica y política cada vez más grave. 
El Gobierno ha anunciado ahora elecciones parlamentarias para el día 24 ó 25 de junio. 
Eso es una buena señal. 
La campaña de ocupaciones ilegales de explotaciones agrícolas, de violencia, muerte, lesiones e intimidación de la oposición se interpreta como parte de la campaña electoral del partido en el poder. 
En las últimas semanas ha habido una serie de iniciativas internacionales encaminadas a facilitar la celebración de elecciones libres y equitativas. 
El Consejo de Ministros de Asuntos Generales del 10 de abril instó al Gobierno de Zimbabwe a que crease las condiciones necesarias para poder celebrar elecciones libres y equitativas. 
La Comisión sigue exhortando al Gobierno de Zimbabwe a que celebre elecciones, sin intimidaciones de ningún tipo. 
He tenido una conversación muy directa con el Presidente Mugabe en la Cumbre UE/África. 
Después de nuestra conversación le envié esta semana una carta. 
Tras haber obtenido el acuerdo de los Estados miembros de la UE en las Azores, en la reunión del 6 y el 7 de mayo, la Comisión envió esta semana una misión a Zimbabwe para que se ocupe de las gestiones necesarias para situar en el país un equipo de observadores de la UE y para coordinar las actividades con otras iniciativas de observación de elecciones de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, el Commonwealth y los Estados Unidos de América. 
La Comisión ha proporcionado ya 220.000 euros para la capacitación de 1.440 observadores de elecciones en Zimbabwe y ha puesto otros seis millones de euros a disposición de las iniciativas de la sociedad civil, incluidas las referentes a buena gestión pública y a democratización. 
La misión de evaluación electoral de la Comisión que está en Zimbabwe está considerando con Estados miembros arreglos para ocuparse de los aspectos logísticos y operativos de este ejercicio, en particular la financiación, la libertad de circulación y la seguridad de los servicios. 
No se envía a los observadores de la UE para que legitimen un proceso electoral caracterizado hasta ahora por la intimidación y la violencia. 
Sin embargo, los observadores internacionales pueden desempeñar una importante función para disuadir de la violencia y para crear confianza, especialmente en las zonas rurales. 
Una propuesta preliminar de la UE que se está tramitando actualmente prevé el despliegue de 150 observadores, de los cuales 100 se desplegarían en la primera semana de junio para observar la campaña electoral y el resto para que reforzase la observación de la UE por lo que se refiere a la votación y al recuento. 
Están en curso consultas con el Gobierno, coordinación con otras misiones internacionales de observación, como las del Commonwealth, las de los Estados Unidos y la de Noruega, y con iniciativas locales de observación. 
Reconociendo la larga experiencia del Parlamento Europeo en materia de observación de elecciones, invitamos a los representantes a que participen. 
En cuanto a la cooperación para el desarrollo, la Comisión está manteniendo la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo para la mitigación de la pobreza encauzada a través de los sectores sociales de la salud, la enseñanza y el desarrollo rural, y encaminada en particular a luchar contra la epidemia de VIH/Sida. 
Esos programas de mitigación de la pobreza facilitan la continuación del diálogo con la sociedad civil y transmiten un mensaje político apropiado. 
La comunidad internacional, aunque condena determinadas acciones gubernamentales, sigue apoyando al pueblo de Zimbabwe. 
En vista del escaso éxito macroeconómico del Gobierno, la Unión Europea, como el FMI y el Banco Mundial, ha congelado ya el apoyo para el ajuste estructural. 
En cuanto a la cuestión de la posible suspensión de las prerrogativas de Zimbabwe en virtud del Convenio de Lomé, puede haber motivos para la suspensión si la Comisión estima, después de haber consultado detenidamente a los Estados miembros, que semejante medida no sería contraproductiva en esta fase anterior a las elecciones. 
Tememos que la situación sea manipulada e interpretada como una reacción colectiva orquestada por lo que se denomina polémicamente "antiguas Potencias coloniales" y dirigida contra Zimbabwe y su Gobierno 
En el peor de los casos, si el respeto del imperio de la ley sigue deteriorándose o si las elecciones resultasen inadecuadas, la Comisión tendría que considerar si Zimbabwe merece las prerrogativas que se le conceden en virtud del Convenio de Lomé. 
La suspensión de esas prerrogativas sería una medida económicamente paralizadora para Zimbabwe y agravaría su crisis, pero me parece que hasta ahora hemos obrado como debíamos hacerlo. 
Señor Presidente, supongo que puedo comenzar mi intervención con una nota de discreto optimismo diciendo que el Presidente Mugabe ha dicho ahora que la elección tendrá lugar los días 24 y 25 de junio. 
En cambio, está aumentando la remuneración de todos los soldados y funcionarios de la administración pública, y eso es un clarísimo caso de soborno. 
Espero sinceramente que los diputados de este Parlamento tengan la posibilidad de actuar como observadores, pues es preciso que esas elecciones sean consideradas como elecciones libres, equitativas y transparentes en la atmósfera de miedo que ha creado el Presidente Mugabe. 
El mes pasado aprobamos una resolución en este Parlamento que condenaba la violencia, que pedía que se volvieran a instaurar condiciones de plena democracia y que se celebraran elecciones libres y equitativas. 
Algunas de esas demandas parecen haberse cumplido, pero no sin que otro agricultor blanco haya sido asesinado. 
Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una nueva distribución de las mejores tierras de Zimbabwe, pero hay que hacerlo en torno a una mesa de negociación y no con los actos de violencia que hemos podido presenciar en estos últimos meses. 
El Presidente Mugabe ha establecido ahora un Comité de agricultores blancos y de partidarios suyos, probablemente con la intención de llegar a un acuerdo sobre la redistribución de las tierras. 
El Presidente Mugabe no debería olvidar nunca el daño económico que sufriría la economía de Zimbabwe si por redistribución de las tierras se entiende sencillamente que las tierras vuelvan a dividirse en pequeñas parcelas y se dediquen de nuevo a cultivos de subsistencia. 
Entre la chusma que hemos visto invadir las explotaciones agrícolas hay pocas personas que puedan pagarse los empleados, la maquinaria, las semillas y los abonos necesarios para explotar esas tierras y obtener productos que puedan exportarse. 
He podido ver algunas de las explotaciones agrícolas que hace años reclamó el Sr. Mugabe y la mayor parte de las tierras productivas y fértiles están recubiertas ahora de arbustos y los edificios y las granjas no son más que un montón de ruinas. 
¡Qué desperdicio, para un país que depende de las exportaciones de productos agrícolas! 
En los últimos años se han desplegados muchos esfuerzos para persuadir a los dirigentes políticos de las regiones africanas de que asuman una mayor responsabilidad por la prevención de conflictos. 
Por eso nos alegra que Nelson Mandela critique la política del Presidente de Zimbabwe, que está destruyendo su país. 
Lamento que el Presidente Mbeki, su sucesor, que probablemente es el dirigente más poderoso de África, no haya condenado públicamente las violencias de Zimbabwe. 
Este Parlamento tiene razón cuando insta a la Comisión a que reconsidere su cooperación para el desarrollo de Zimbabwe si no se celebran elecciones transparentes o si gana la oposición pero continúa la violencia. 
Hay que recurrir a la utilización del artículo 366 si es necesario. 
El Banco Mundial ha interrumpido ya la financiación debido a que Zimbabwe está en mora y a que como país está en liquidación. 
Lo único que podemos hacer es esperar que se llegue a una conclusión pacífica en Zimbabwe, pues es la población del país la que más sufre en esta situación inestable en que se halla actualmente la nación. 
Señor Presidente, por qué tantos africanos luchadores por la libertad que tanto admirábamos han acabado convertidos en caciques? 
¿Por qué tan pocas antiguas colonias han llegado a ser Estados de derecho? 
Donde impera el desorden y la anarquía, impera el derecho del más brutal. 
En Zimbabwe el más brutal es el Sr. Mugabe. 
Si este país fue primero un ejemplo para el tercer mundo de cómo había que proceder adecuadamente, ahora se ha transformado en su contrario. 
Impera un dictador que encuentra más importante su propio poder y privilegios que la desestabilización de su país y el sufrimiento de su propia población. 
Naturalmente, es necesario llevar a cabo una reforma agraria. 
La posesión de la tierra sigue reflejando las antiguas relaciones coloniales y, evidentemente, eso causa tensiones. 
Pero Mugabe ha tenido desde hace años la oportunidad de llevar a cabo dicha reforma en su país, especialmente con ayuda extranjera. 
Así pues, la pregunta es la siguiente: ¿qué dudosas razones tiene Mugabe para no hacer nada primero y justamente antes de las elecciones dejar a sus cómplices causar estragos en las granjas de los blancos? 
Según el Consejo electoral de Zimbabwe, la violencia imperante hace imposible celebrar unas elecciones libres e imparciales. 
Mientras esto ocurra, debe aplazarse la cita con las urnas. 
Debe impedirse bajo todo concepto que Mugabe legitime su posición mediante la violencia y la intimidación. 
Sería bueno que los miembros del parlamento acudan como observadores a estas elecciones y que incluyan en su informe las maquinaciones preelectorales de Mugabe. 
Si las elecciones no se desarrollan con imparcialidad, es preciso cortar la ayuda europea. 
Asimismo, si Mugabe hace imposible la celebración de elecciones, no puede continuar la cooperación del Convenio de Lomé. 
El agravamiento de la situación en Zimbabwe tendría consecuencias de amplio alcance para los países africanos en general y para Sudáfrica en particular. 
La población de Zimbabwe merece un gobierno mejor que el actual. 
Ya es hora verdaderamente de que la Unión Europea se pronuncie con toda claridad. Nuestra paciencia con los líderes africanos cuya heroicidad consiste únicamente en el abuso de poder empieza a acabarse. 
Señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, Señorías, comienzo discrepando de la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra: no cabe duda de que en el pasado hubo problemas graves, pero los problemas del colonialismo se resolvieron con la independencia. 
Y la visión que aquí ha trasmitido la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra es una visión distorsionada, que sólo puede favorecer a la continuación del despotismo del Sr. Mugabe y un sufrimiento mayor para el pueblo de Zimbabwe, que es lo que está en juego. 
Ya en el último debate señalé a la atención del Parlamento un elemento que me parece significativo: cuando uno de los principales protagonistas de esa crisis, el dirigente del Movimiento de Veteranos, el brazo armado del Presidente Mugabe, es una persona que eligió como sobrenombre el de "Hitler", ya está todo dicho. 
No podemos equivocarnos sobre la naturaleza de lo que está en juego verdaderamente, los hechos hablan por sí solos. 
La resolución de abril, ya citada aquí, me dio un poco la sensación- aun cuando la apoyamos­ de que, aunque siguiera la orientación correcta, era ya un poco blanda respecto de la manifiesta gravedad de los hechos. 
Y vale la pena recordarla. El Parlamento Europeo propugnaba que se convocaran las elecciones lo antes posible, pero nunca después del 1 de junio. 
Ahora se han convocado, pero para los días 24 y 25 de junio. 
Y vamos a ver aún qué es lo que ocurre hasta entonces. 
Después solicitábamos a las autoridades de Zimbabwe el respeto de los derechos humanos, incluido el de los derechos de las minorías, así como de las normas internacionales en materia de elecciones. 
Sabemos que nada de eso es lo que sucede. 
Lo que vemos es un país convertido en rehén y a nosotros mismos nos resulta difícil formular una posición justa ante el dramatismo de la situación, porque los llamamientos que nos llegan de Zimbabwe, del MDC y de las fuerzas democráticas dicen que celebrar elecciones es negativo, porque probablemente serán injustas, dada la enorme intimidación que existe, pero no celebrarlas es aún peor. 
Por tanto, nos encontramos ante un país que se ha convertido en rehén ante nuestros ojos y los ojos del mundo y parece paralizado e incapaz de formular actuaciones más rigurosas 
También debemos ser claros en la toma de posición. 
No son sólo los bancos los que están en entredicho. 
Ya se han recordado aquí- y con toda razón­ las atrocidades cometidas en el pasado en Matabelelandia y... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, la historia de Zimbabwe es la historia de la transformación de la esperanza en desesperanza; esperanza porque en 1980 Zimbabwe hubiera podido realizar todo su potencial y convertirse en uno de los países de vanguardia de África; desesperanza porque el padre de la nación ha cambiado y en vez de ser uno de los hombres más ricos y más instruidos de los países africanos se ha convertido en uno de los más pobres. 
Es un caso verdaderamente extraordinario y un ejemplo singular de mala gestión en la historia reciente. 
Estoy seguro de que el lugar del Sr. Mugabe en los libros de historia está ahora garantizado por motivos que son todos totalmente absurdos 
El país padece actualmente un 50% de desempleo y un 60% de inflación; está gastando un millón de dólares al día en una aventura a la que se lanzó en el Congo; han desaparecido las reservas de divisas, y el Banco Mundial ha suspendido la financiación de sus proyectos. 
Me ha sorprendido oír lo que acaba de decir mi colega de los Verdes. 
Ahora bien, la desesperación cede el lugar a la resolución, a la determinación y a la esperanza. 
El país es uno de los países más instruidos de África y la Unión Europea debería estar orgullosa del papel que ha desarrollado durante los 20 últimos años para ayudar a establecer la estructura de apoyo educativo del país. 
El país posee una cultura e instituciones cívicas que funcionan. 
Va a haber elecciones y se están preparando las listas electorales, pero es preciso verificar esas listas antes de las elecciones. 
Los partidos de la oposición quieren que haya más transparencia. 
Veinte personas han sido asesinadas y más de 1.200 explotaciones agrícolas han sido ocupadas ilegalmente. 
El Sr. Mugabe ha perdido el control del país, y lo que preside es un territorio corrupto y sin ley. 
Va a haber elecciones el 24 de junio. 
Ayer el Secretario General del Commonwealth dijo que todavía es posible que haya elecciones libres. 
El futuro del país estriba en la juventud de Zimbabwe. 
La juventud de Zimbabwe quiere que haya elecciones. 
Hay que darles una posibilidad, es su futuro. 
Lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura que prevalece hoy en África, según la cual el que gana, se queda con todo. 
Tenemos que poner término a esa cultura de "todo para el ganador" que prevalece en cada país africano, y sé muy bien lo que digo. 
Tenemos que esforzarnos para que haya elecciones libres y equitativas, y para demostrar que han sido libre y equitativas. 
Señor Presidente, bastantes oradores han mencionado que la única esperanza en la actual situación de anarquía imperante en Zimbabwe es la pronta celebración de elecciones. 
Estoy de acuerdo con todos los oradores que han afirmado que debemos velar por que las elecciones transcurran del modo más imparcial posible. 
No va a ser fácil. 
Me ha resultado alentador oír decir al comisario Nielsen que es preciso enviar observadores a Zimbabwe desde principios de julio. 
Pienso que es sumamente importante, porque aquellos que no reciben el beneplácito del gobierno de Mugabe, los que están en la oposición, es evidente que necesitan protección. 
Por ello quisiera que la Comisión reforzarse esta posición. 
Es preciso enviar lo antes posible observadores a Zimbabwe, si puede ser hoy, mejor que mañana. 
Otra situación preocupante es la reacción en los países vecinos. 
Desde Europa llevamos años luchando por que en Sudáfrica se implantara la igualdad de raza, la igualdad de oportunidades, la democracia, etc. Por el momento hay un silencio sepulcral en los países vecinos. 
Opino también que en caso de que las elecciones en Zimbabwe no transcurran con imparcialidad, sea por las razones que sea, la Comisión debe ceñirse al rumbo que acertadamente ha tomado. 
Si hay señales claras de fraude a gran escala y Mugabe sigue en el poder de modo ilegal, es preciso interrumpir la ayuda según lo dispuesto en el Convenio de Lomé. 
Si la Comisión no lo hace, seguirán las expropiaciones de tierras ilegales, que pueden extenderse al resto de África meridional y esto representaría una catástrofe, no sólo en la zona sino en el resto de África. Es preciso evitarlo a toda costa. 
Señor Presidente, quiero dirigirme personalmente al Presidente de Zimbabwe libre, a usted, señor Robert Mugabe, a su gobierno y al ZANU-PF, su partido de orientación socialista. Presidente Mugabe, una sociedad jamás puede construirse con odios. 
El odio jamás podrá crear confianza ni cohesión social. 
La seguridad y el humanismo jamás podrán coexistir con la anarquía. 
Jamás la violencia y los asesinatos podrán conciliarse con la concepción cristiana del hombre con la que yo sé que usted, Presidente Mugabe, se ha criado y que conoce bien. 
Las iglesias en Zimbabwe, la Asociación Mundial Luterana y el Consejo Mundial de Iglesias apelan a su conciencia. 
Mi país, Suecia, ha ayudado a Zimbabwe de manera sostenida y concreta, tanto en favor de la libertad y la democracia en el país, a partir del valor único, igualitario e inviolable del ser humano- independientemente del color de la piel- como en favor del desarrollo económico del país. 
En total, Suecia ha destinado dos mil millones de coronas, equivalentes a 220 millones de dólares americanos, para ayudas al desarrollo desde la independencia en 1980. 
Hace veinte años, el movimiento juvenil de la iglesia sueca en el que yo participé activamente, inició una campaña que se llamó "Hazte amigo de Zimbabwe". 
Nos reunimos jóvenes entusiastas de los dos países. 
Creíamos en usted, Presidente Mugabe, y en el futuro de su país, basándonos en que usted velaría por los conceptos del humanismo cristiano en Zimbabwe. 
Queremos creer nuevamente en usted, aunque se haya causado tanto dolor. 
¡Erradique el odio! 
¡Hágalo por su bien y por su reputación! 
¡Hágalo por los ciudadanos de Zimbabwe y por África! 
Señor Presidente, Señorías, intervengo muy brevemente para subrayar la importancia de este debate y, en particular, la circunstancia de que resulta bastante relevante que este Parlamento haya manifestado una vez más su preocupación por una cuestión tan actual y que suscita tantas preocupaciones en el ámbito de la Unión Europea. 
Consideramos que la acción de la Unión Europea y su atención respecto de este problema se mantienen y puedo garantizar, por parte del Consejo- y considero que, manifiestamente, por parte de la Comisión, que ya ha organizado una operación muy concreta con vistas al próximo acto electoral­ que este asunto se mantendrá siempre presente. 
Quiero decir también que, en el ámbito del Consejo, no dejará de estar presente la consideración de la posibilidad de poner en marcha los mecanismos de consulta previstos en el Convenio de Lomé, en caso de que hubiera una evolución menos favorable de las circunstancias postelectorales. 
Como es sabido, en la reunión oficiosa de Ministros de Asuntos Exteriores que se celebró a comienzos de mayo se analizó esa cuestión. 
Mantendremos esa cuestión en observación en el ámbito del Consejo de Asuntos Generales y, naturalmente, estaremos bastante atentos a la forma como se desarrollarán la campaña electoral y el acto electoral y esperamos que por parte de las autoridades de Zimbabwe haya conciencia de que la forma como se desarrolle ese acto electoral, tendrá, naturalmente, consecuencias en cuanto al crédito del propio régimen ante la comunidad internacional. 
Consideramos que es muy importante, como ha dicho el Sr. Ribeiro e Castro, analizar la evolución que tendrá esa cuestión a partir de ahora hasta el acto electoral. 
En este momento se registran ya más de 20 muertos, como consecuencia de la situación de violencia que se ha venido dando en las últimas semanas y también somos conscientes- y este punto es muy importante, teniendo presente lo que se ha dicho respecto de las consecuencias para el Africa Meridional­ de que una situación de inestabilidad en Zimbabwe podría tener efectos que se extendieran a otras zonas del subcontinente africano, por lo que esa cuestión debe seguir preocupándonos a todos. 
. Me referiré primero a la Sra. Kinnock, y le diré que realmente estamos en estrecho contacto con la sociedad civil. 
La sociedad civil representa la esperanza de conseguir una sociedad civilizada. 
Pero aún queda bastante camino por recorrer. 
También estamos en contacto directo con la oposición. 
Nuestra política consiste en estar en contacto con todos los interesados, de forma sumamente visible y sumamente clara. 
Estamos instando al Gobierno de Mugabe a que acepte que tiene que haber y seguir habiendo pluralismo, y ésa es la razón de que enviemos observadores al país. 
Espero que podamos resolver los problemas de la financiación de la misión de observadores. 
He de decir al Parlamento que eso demuestra una vez más lo inadecuado que es nuestro sistema. 
No basta con que apretemos un botón en un rincón cualquiera de nuestro sistema para que los fondos aparezcan. 
Es complicadísimo encontrar el dinero necesario a su debido tiempo. 
Sin embargo, ése es el tipo de sistema que tenemos. 
Los debates de ayer sobre la reforma de las relaciones exteriores siguen siendo pertinentes. Por lo menos tenemos una excelente coordinación sobre el terreno en Zimbabwe con los Estados miembros, cosa que es utilísima. 
Permítanme por último que les explique lo que estamos haciendo sobre el terreno, incluso en la situación actual. 
Vamos a decidir si concedemos una subvención de 19 millones de euros para un microproyecto muy específico sobre el alivio de la pobreza en Zimbabwe; parte de esa suma se utilizará para fomentar el reasentamiento de las personas más pobres en terrenos adquiridos legalmente. 
Esto demostrará prácticamente de qué forma debe redistribuirse la tierra, en acusado contraste con lo que está sucediendo actualmente en Zimbabwe. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido seis propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0220/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
No es posible prorrogar el trabajo después de las 19.00 horas porque el representante del Consejo tiene una entrevista oficial, a las 19.05 horas, con el grupo de contacto del Parlamento para discutir el Estatuto de los diputados. 
Es un trabajo muy importante, está ya planificado y es necesario que trabajemos con la mayor agilidad para contestar el mayor número de preguntas. 
Las demás se contestarán por escrito. 
Comenzamos el turno de preguntas. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0350/00): 
Asunto: Personas no gratas en Turquía El diario turco Sabah ha publicado una lista de 56 personas que han sido declaradas non gratae en Turquía. 
Dicha lista incluye a numerosos diputados de varios Estados miembros de la Unión Europea (Dinamarca, Italia, Grecia, Suecia, España) y de terceros países, así como un gran número de periodistas, eclesiásticos, miembros de organizaciones humanitarias, etc. A pesar del escándalo que ha provocado, la existencia de dicha lista, no ha sido desmentida por el Gobierno de Turquía. 
Dado que la existencia de una lista de personas no gratas constituye por parte del Gobierno turco un acto inaceptable y antidemocrático, ¿tiene el Consejo intención de investigar esta cuestión y de intervenir inmediatamente ante el Gobierno de Turquía para lograr la anulación de la misma? 
Señor Presidente, voy a intentar ser lo más breve posible en las respuestas a estas preguntas sin que esa brevedad pueda influir en la profundidad del interés que el Consejo tiene por dar respuestas lo más completas posible a este Parlamento. 
En efecto, es verdad que ha habido informaciones en un periódico turco respecto de una lista de personas consideradas indeseables en Turquía. 
Esa cuestión fue planteada en particular por la Presidencia con ocasión del Consejo de Asociación entre la Unión Europea y Turquía el día 11 de abril de 2000 y quiero decir que el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Sr. Schem, afirmó oficialmente que esa lista no existe, razón por la cual, ante una afirmación oficial de ese tenor, consideramos que no deberíamos seguir insistiendo a ese respecto. 
Si hubiera por parte de las autoridades turcas algún tipo de acción que pudiera configurar un desmentido de lo que nos dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, el Consejo no dejaría, naturalmente, de actuar en consonancia. 
Le doy las gracias al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo tanto por haber planteado el asunto como por su respuesta. 
Espero que las cosas estén así. 
Dada la ocasión que se me brinda de plantear una segunda pregunta complementaria, y con ocasión de la visita del esposo y el hijo de Leila Zana, que está en posesión del premio Sajárov del Parlamento Europeo, quisiera dirigir al ministro la siguiente pregunta: ¿no cree que antes incluso de que se despida la Presidencia portuguesa, debería plantearse el asunto de la liberación de una diputada a la que nuestra propia Asamblea ha galardonado con el premio Sajárov por su combate a favor de los derechos humanos, en un momento en que el que Turquía pretende avanzar en la aproximación y adhesión a la Unión Europea? 
¿No debería surgir del Consejo y de la Presidencia alguna iniciativa por Leila Zana? 
Señor Presidente, Señorías, las decisiones del Consejo Europeo de Helsinki propiciaron que Turquía pasara a ser considerada candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
Se dispuso que a partir de esa decisión se formularía una estrategia de adhesión, que va acompañada de un seguimiento estricto respecto de lo que la Unión Europea considera esencial en materia de reformas, en particular en la esfera de los derechos humanos, a la luz de los criterios de Copenhague, esenciales para la adhesión de cualquier país a la Unión Europea. 
El Consejo seguirá todas esas cuestiones y no dejará de transmitir a este Parlamento, siempre que sea necesario, todas las informaciones respecto de la forma como se está aplicando esa estrategia de adhesión y, en particular, la interpretación relativa al cumplimiento por parte de Turquía de lo que se le exige para un futuro inicio de negociaciones por la Unión Europea con vistas a su adhesión. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Asisto prácticamente todas las veces al Turno de preguntas y cada vez la primera o las dos primeras preguntas provienen de nuestros colegas comunistas griegos y, en particular, del Sr. Alavanos. 
Observará usted que la fecha de esta pregunta es el 30 de marzo del 2000, o sea dos semanas antes del último período parcial de sesiones. 
Por lo tanto, al menos en mi opinión, no hubiera debido ser la primera pregunta de la lista y hubiera debido figurar en la lista de preguntas del último período parcial de sesiones. 
Se diría que el Sr. Alavanos y sus colegas saben siempre lo que hay que hacer para que la primera y la segunda preguntas sean las suyas, y siempre atacan a Turquía. 
Me gustaría que investigara usted por qué sucede eso. 
Le comunico- aunque usted ya lo sabe- que la propia Presidenta, con su gabinete, define el orden de las preguntas. 
Yo no sé si el Sr. Alavanos tiene tanta influencia ante la Presidencia del Parlamento. 
Lo que sí le puedo decir es que no es del Partido Comunista griego sino de Synaspismos. 
De esto estoy informado. 
Pero vamos a seguir con nuestro orden del día. 
Tomaré muy buena nota de su pregunta. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0361/00): 
Asunto: Contencioso entre Armenia y Turquía El 11 de diciembre, el Consejo aceptó la candidatura de Turquía con vistas a su adhesión a la Unión Europea. 
En su apartado 3, la Resolución del Parlamento Europeo de 18 de junio de 1987 "pide al Consejo que obtenga del actual Gobierno de Turquía el reconocimiento del genocidio de los armenios cometido en 1915-1917 y que favorezca el inicio de un diálogo pacífico entre Turquía y los delegados representativos de los armenios". 
Turquía no reconoce el genocidio en cuestión y sigue imponiendo un bloqueo económico a Armenia. 
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo para desarrollar las relaciones políticas entre Armenia y Turquía? 
¿Considera el Consejo que el levantamiento del embargo constituye una de las condiciones sine qua non para la adhesión de Turquía a la Unión Europea? 
El objetivo de la política de la Unión Europea a ese respecto ha sido- resulta evidente- fomentar la estabilidad en el Cáucaso tanto entre los países de la región, en particular en relación con Nagorno-Karabaj, como entre éstos y sus vecinos. 
Considero que la circunstancia de que ahora exista un marco nuevo de relación con Turquía, que es un marco que- conviene decirlo­ no es de flexibilidad automática ante los intereses turcos, sino que también obliga a Turquía a una mayor exigencia en cuanto a la respuesta a lo que le pide la Unión Europea, crea una situación nueva de diálogo que, naturalmente va a obligar a Turquía a adoptar un conjunto de actitudes en relación con los puntos tradicionales de la relación externa de la Unión Europea con los países de esa zona. 
En este caso conviene decir que la cooperación entre la Unión Europea y Armenia forma parte del acervo que Turquía deberá asumir, en caso de que se inicie su proceso negociador. 
El cumplimiento por parte de Turquía de esas exigencias configurará, naturalmente, una dilución obvia de las tensiones entre Turquía y Armenia también. 
Señor Presidente, desearía igualmente agradecerle al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Sin embargo, lamento señalar que resulta particularmente ambigua, ya que, en mi pregunta, hago referencia a una resolución del Parlamento Europeo que data de 1987 y dónde, en efecto, promovíamos el reconocimiento, por ejemplo, del Genocidio de los Armenios en 1915-1917. 
Sin embargo, actualmente ignoramos cuáles han sido las medidas tomadas por los sucesivos Consejos para intentar establecer relaciones entre estos dos países, teniendo en cuenta que todavía hoy Turquía impone un bloqueo económico a Armenia. 
Planteo en consecuencia la siguiente cuestión: en el marco de las negociaciones encaminadas a la adhesión de Turquía a la Unión Europea, ¿se ha tratado el tema de este bloqueo? 
¿Podría el levantamiento de este bloqueo ser una condición previa para la adhesión de Turquía? 
Su Señoría plantea dos cuestiones: la primera se refiere a la resolución de 1987 relativa al reconocimiento del genocidio de 1915-1917; la segunda tiene que ver, en el fondo, con las relaciones políticas entre Armenia y Turquía. 
En cuanto al primer punto, es evidente que ése es el tipo de cuestiones que corresponde a una interpretación política, aun cuando se base en un presupuesto histórico que todos reconocemos y que es de la mayor importancia, pero que no representa una condición previa respecto de la reanudación del diálogo con Turquía. 
Por lo que se refiere a las relaciones entre Armenia y Turquía, que deseamos que sean relaciones positivas en el futuro, lo que la Unión Europea ha hecho es simplemente procurar que Turquía se ajuste al marco normal de relaciones exteriores de la Unión Europea. 
Y ese marco entraña una dimensión de buenas relaciones, en particular en el plano comercial, con Armenia. 
Esa buena relación y todo ese marco de cooperación subyacente a ella forma parte del acervo que Turquía debe aceptar. 
Pero nosotros no podemos imponer en el plano internacional las buenas relaciones entre los países, que no se imponen por decreto, sino por decisión política. 
Turquía debe mostrar, en el plano práctico, que, independientemente de la interpretación que haga de la situación en Armenia, en caso de que quiera iniciar las negociaciones con la Unión Europea y ser miembro de la Unión Europea, se verá, naturalmente, obligada a respetar todo el marco de buena relación que la Unión Europea tiene con Armenia. 
Esa es una cuestión que hasta ahora es de carácter puramente bilateral y, en ese marco, la Unión Europea no puede intervenir. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0365/00): 
Asunto: Acuerdo de asociación UE-Jordania ¿Podría el Consejo comunicar la lista de países que todavía han de ratificar el Acuerdo de asociación UE-Jordania e indicar el grado de prioridad adoptado para instarles a acelerar este proceso? 
Respecto de esta pregunta, señor Presidente, considero que, si pudiéramos utilizar plenamente las facilidades que el proceso de transparencia en el nivel de la información por parte del Consejo brinda a todos los ciudadanos, incluidos los diputados al Parlamento Europeo, podríamos tener alguna ventaja en el plano del funcionamiento objetivo de la relación entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
En ese marco quisiera pedir a Sus Señorías interesados a ese respecto que comprueben, mediante la página del Consejo en la red Internet, que se actualiza diariamente, las fechas de la firma, las situaciones en materia de ratificación, aprobación y entrada en vigor de todos los acuerdos, en particular los acuerdos mediterráneos, como el acuerdo con Jordania, a que se refiere Su Señoría en la pregunta. 
Quisiera decirle respecto de ese punto que, según las últimas informaciones, en este momento hay ocho Estados miembros que aún no han ratificado el Acuerdo de Asociación UE­Jordania. 
Como es sabido, esa competencia corresponde a los parlamentos nacionales, ellos son los que tienen la última palabra, en la medida en que se trata de acuerdos mixtos, en que hay una dimensión de carácter comunitario y bilateral. 
Es lógico que no podamos hacer una intervención ante los parlamentos nacionales; no obstante, podemos y debemos hacerlo ante los gobiernos de esos países y quiero decir que, en la próxima reunión oficiosa de Ministros de Asuntos Exteriores sobre el proceso euromediterráneo, la Presidencia portuguesa tiene la intención de dejar un mensaje sobre la importancia de la sensibilización de los parlamentos de esos países en cuanto a la necesidad de ratificación de ese acuerdo, en particular, y de otros que en este momento estén aún por ratificar. 
Ahora bien, quisiera hacer una referencia a una cuestión que normalmente no se tiene en cuenta. 
Es la de que, como hay una dimensión comunitaria en estos acuerdos y tiene una expresión comercial, normalmente se anticipa su entrada en vigor con una decisión por parte de la Comisión. 
Y, por lo demás, la Comisión, como hizo en relación con otros acuerdos en el ámbito euromediterráneo, ya ha puesto en vigor las medidas unilaterales de desmantelamiento arancelario que facilitan un rápido acceso de productos de Jordania al mercado comunitario. 
Señor Presidente, para empezar diré que me alegra sobremanera que la Presidencia esté dispuesta a ejercer cierta presión sobre los gobiernos, que a su vez, espero, la ejercerán sobre sus parlamentos para poder proceder a la ratificación. 
Es una verdadera vergüenza que después de más de seis meses haya todavía ocho Estados miembros que todavía no han ratificado. 
Los jordanos están particularmente molestos por la lentitud del proceso de ratificación. 
El Comisario Patten está resuelto a revitalizar todo el proceso de Barcelona y de la relación mediterránea europea. 
Espero que el Consejo siga su ejemplo y consiga que este ejemplo se transmita por conducto de los gobiernos a los parlamentos de los Estados miembros. 
¿Podría darme la seguridad de que el Consejo presta todo su apoyo al Sr. Patten en lo que está esforzándose por conseguir en la región mediterránea? 
Señor Presidente, respecto de la última parte de la pregunta de Su Señoría, quiero decirle que la importancia de las acciones que se están llevando a cabo en la zona mediterránea es una de las prioridades que mantenemos durante la Presidencia portuguesa. 
La Presidencia portuguesa tiene incluso la intención de seguir profundizando la labor del establecimiento de la estrategia común para el Mediterráneo y ya ha adoptado varias iniciativas a ese respecto. 
Concretamente, en lo relativo al acuerdo con Jordania e, independientemente de reconocer y lamentar que el acuerdo no haya entrada aún en vigor, la práctica anterior ha venido demostrando que esos acuerdos tardan casi tres años en ser ratificados. 
El acuerdo ratificado más rápidamente fue el de Túnez, firmado en julio de 1995 y entró en vigor en marzo de 1998, por tanto, en poco menos de tres años. 
La experiencia de todos los demás acuerdos indica que hace falta un plazo de casi tres años y considero que en este momento estamos dentro de la media por lo que se refiere al acuerdo con Jordania. 
Es algo que depende mucho de los parlamentos nacionales; ahora bien, la Presidencia portuguesa no dejará de sensibilizar a los diversos gobiernos sobre este problema. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 4 decae. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0370/00): 
Asunto: Cultura y OMC La Presidencia portuguesa ha puesto de relieve el papel de la cultura en el proyecto europeo, y lo ha relacionado, en particular, con la necesidad de clarificar la estrategia europea para la próxima Ronda de la OMC. 
¿Piensa realizar el Consejo alguna declaración sobre este asunto? 
. (PT) Señor Presidente, creo haber comprendido que la pregunta es la que se refiere a la cuestión de la cultura en el ámbito de la OMC. 
Como es sabido, durante el establecimiento del mandato del Consejo para la Cumbre de Seattle muchos Estados miembros tuvieron un cuidado especial en subrayar la dimensión cultural y sobre todo la necesidad de que la Unión Europea tuviera, en el marco de esa negociación, una posición muy firme respecto de la defensa de la especificidad cultural. 
Por tanto, quisiera recordar que en las conclusiones del Consejo de 26 de octubre para la preparación de la Conferencia Ministerial de Seattle se dijo lo siguiente: durante las próximas negociaciones de la OMC, la Unión procurará garantizar, del mismo modo que en la Ronda Uruguay, la posibilidad de que la comunidad de sus Estados miembros preserven y defiendan su capacidad para determinar la aplicación de sus políticas culturales y audiovisuales a fin de preservar su diversidad cultural. 
Sus Señorías conocen tan bien como yo el destino que tuvo el lanzamiento de la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, que provocó, naturalmente, un retraso en el tratamiento de ese tipo de cuestión. 
Ahora bien, conviene decir que en el marco concreto del Acuerdo GATT, del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, estaba prevista la necesidad del inicio de las negociaciones de la llamada built-in agenda a partir del 1º de enero de este año. 
Se iniciaron esas negociaciones y hasta ahora no ha habido un salto sustancial- por utilizar un understatement sobre el avance de esas cuestiones- por lo que todo ese proceso está manifiestamente vinculado con el comienzo del proceso negociador global. 
También puedo decir que, según la interpretación del Consejo, no hay condiciones para que ese comienzo pueda darse este año de forma satisfactoria. 
Quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
El motivo de que haya formulado la pregunta es que en nuestras propias ideologías tenemos muchos y muy diversos modelos de diferentes niveles de la Unión Europea que sólo se dan en el caso de la Unión Europea en su conjunto: muy a menudo hablamos del modelo europeo de la agricultura o del modelo social europeo, etc. En particular por lo que se refiere a cuestiones como el sector audiovisual, hoy hemos tenido un debate en el Parlamento acerca del informe Randzio-Plath sobre transparencia y negociaciones financieras entre empresas y la ayuda estatal. 
Actualmente hay una enorme amenaza para la diversidad cultural en la Unión Europea, como consecuencia de la importación de programas de América y como resultado de la mundialización incluso de cadenas alimentarias como los McDonald. 
Todo esto está actuando constantemente en detrimento de lo que es único no solamente respecto de Europa como continente, sino también respecto de cada uno de los Estados miembros. 
Espero que usted y sus colegas se esfuercen por conseguir que tengamos la oportunidad de mantener esa diversidad, que esencialmente representa lo que constituye el núcleo de Europa. 
Puedo asegurar a Su Señoría que tanto en lo relativo a la posición global adoptada por el Consejo (y que, naturalmente, será el referente de las negociaciones que llevará a cabo la Comisión en nombre de la Unión durante la próxima ronda) como también desde una perspectiva nacional- y esa es la perspectiva portuguesa respecto de este asunto­, una de nuestras preocupaciones seguirá siendo la de la preservación de la identidad cultural y la necesidad de mantenimiento de un conjunto de instrumentos que, sin configurar distorsión alguna de las normas de la competencia, puedan de algún modo garantizar la preservación de los valores esenciales de la identidad europea. 
Por lo demás, creo que mi país no está solo a ese respecto. 
Señor Presidente, en la OMC se abordan principalmente las cuestiones relacionadas con la apertura de los mercados, así por ejemplo en relación con China se está debatiendo ahora mismo la pregunta de si el mercado textil se abrirá a nuestros productores europeos. 
Se trata de un mercado que mueve muchos miles de millones y que en Europa puede crear muchos puestos de trabajo, sobre todo si se tiene en cuenta que la única propiedad que tienen muchos chinos es un pantalón. 
Sin embargo, me veo obligado a lanzar una pregunta de índole cultural. ¿Qué trato recibirán las lenguas en el futuro? 
Francia aplica una política autónoma empeñándose en el uso del francés. 
¿Le parece que el alemán, el español y el portugués irán por el mismo camino? 
¿Recibirán todas las lenguas un trato igual o se establecerá un orden de preferencias según el país y el número de habitantes? 
Yo tendría mucho gusto en responder a Su Señoría, si pudiera tener alguna idea en este momento de cómo se va a desarrollar el debate a partir de esa base. 
Ahora bien, creo que la intención del Consejo es la de subrayar esas diferentes dimensiones de carácter nacional que se proyectan en el espacio de diversidad que es la Unión Europea. 
Y quiero decirle que, al menos por parte de mi país, hay una preocupación muy grande por que esas mismas dimensiones de carácter cultural, en particular la dimensión lingüística, estén en primera fila de las prioridades en el marco del debate que la Unión Europea va a celebrar con sus socios de la Organización Mundial del Comercio. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 6 y 7 decaen. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0376/00): 
Asunto: La Unión Europea paga con el presupuesto agrícola la misión de Naciones Unidas en Kosovo ¿Pagará la Unión Europea con las partidas del presupuesto agrícola la misión de Naciones Unidas a Kosovo? 
. (PT) Señor Presidente, respecto de algunas de las preguntas anteriores, considero que en el caso de la agricultura la práctica de la Presidencia portuguesa es suficientemente elocuente como para haber respondido a la pregunta de Su Señoría, aun cuando no estuviera aquí presente. 
En cuanto a la cuestión de la financiación de la política aplicada en Kosovo mediante el presupuesto agrario, no queda más remedio que reconocer- me parece a mí- que resulta imposible financiar la misión de las Naciones Unidas en Kosovo a partir de las rúbricas del presupuesto agrario, dado que no existe un fundamento jurídico adecuado para esas rúbricas. 
Por tanto, el actual reglamento financiero no permite la transferencia de asignaciones entre dos rúbricas de las perspectivas financieras. 
Eso no significa necesariamente que no exista la intención (en particular, anunciada por la Comisión) de llegar a proponer una modificación de las perspectivas financieras entre 2000 y 2006, que, según la interpretación de la Comisión, no afectaría en lo esencial a las asignaciones correspondientes al ámbito de la PAC. 
El Consejo está analizando esa cuestión en este momento. 
Es una cuestión muy polémica. 
Sabemos que también en este Parlamento hay una posición mayoritaria desfavorable a una revisión de las perspectivas financieras que requiere la reducción del importe disponible para la Política Agraria Común. 
Ahora bien, he de reiterar que, según la Comisión, no existe la menor posibilidad de reducir las ayudas directas a los agricultores y de lo que se trata tan sólo es de trabajar con economías debidas esencialmente a la evolución del tipo de cambio euro/dólar y que se proyectarán en los dos próximos años. 
Por otra parte, la Comisión también considera que la revisión de la PAC después de 2002, que está prevista, como es sabido, en las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín, podría posibilitar nuevas economías. 
Pero, como he dicho, la posición del Consejo a ese respecto es en este momento políticamente contraria a la revisión de las perspectivas financieras. 
El Consejo considera que es necesario hacer una evaluación muy concreta- cosa que ya se pidió a la Comisión y al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común­ de las necesidades y de la capacidad objetiva de absorción en la región de los Balcanes, sobre todo teniendo presente y enfocando de forma muy evidente el papel de la Unión Europea en el marco de los financiadores internacionales en esa zona. 
Por eso mismo, solicitamos a la Comisión un mapa con la distribución indicativa de todas las contribuciones anunciadas repartidas entre los componentes que son donativos y los que son préstamos. 
Sólo a partir de ese tipo de información ha considerado posible el Consejo hacer una evaluación concreta de las propuestas de la Comisión. 
Por eso mismo, en este momento no se está abordando aún la hipótesis de una revisión de las perspectivas financieras. 
Lo que acaba de decirnos el Presidente en ejercicio del Consejo se opone totalmente a lo que dijo la Comisaria ayer, anteayer y en fechas anteriores en esta Asamblea. 
Sí es cierto lo que cree el Consejo: que están en juego pagos a los agricultores. 
Realmente no hay derecho a que no se paguen las ayudas a los frutos secos- cuya continuidad se les niega -, o que no se conceda a los agricultores lo que están pidiendo: la bajada del precio del gasóleo. 
Sin embargo, lo que hace la Comisión es sacar fondos ya aprobados en la Agenda 2000, en la Cumbre de Berlín, destinados a la agricultura- como si sobrasen -, y destinarlos a política exterior. 
Con independencia de que yo esté en favor de las ayudas a Kosovo, no estoy de acuerdo, y lo considero abiertamente un disparate, en que se saquen materialmente de los fondos destinados a la agricultura, aprobados en la Agenda 2000- ya que si se hace así se demuestra que ha sido un juego de artificios -, y se dediquen a política exterior. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos cuando lo que dice el Consejo es diametralmente opuesto a lo que dice la Comisión? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿qué hacemos en este caso? 
Lo que el Parlamento puede hacer, si considera que hay una contradicción, es interpretarla confrontándola con la realidad y la realidad es que, contrariamente a lo que ha dicho Su Señoría, en momento alguno de mi intervención he afirmado que las ayudas directas resultarían perjudicadas por esa reorientación de asignaciones. 
La Comisión tan sólo dijo- conviene que quede claro- que utilizaría fondos disponibles, que serían economías del ámbito de la Política Agraria Común. 
Nada más que eso. 
Lo que no significa que la Comisión no pueda llegar a presentar propuestas de reorientación de asignaciones, pero que- sigue diciendo la propia Comisión­ tampoco afectarán a las ayudas directas a los agricultores. 
(GUE/NGL). (EL) Señor Presidente, realmente el Presidente en ejercicio del Consejo me ha dejado perplejo. 
Por una parte nos asegura que no se van a utilizar partidas de la PAC en Kosovo o en el ejercicio de la política exterior de la Unión Europea, y, por otra parte, dice que, o, bueno, la Comisión ha dicho- y ha hecho bien en decirlo- que repartirá partidas que no se han gastado. 
Es decir, se va a proceder a una redistribución de las partidas inicialmente destinadas a la PAC. 
Nosotros queremos insistir en la pregunta de si realmente el Consejo cree que se pueden tomar partidas del presupuesto agrícola- excepcionalmente reducido, por cierto, para el ejercicio 2000 -, y dirigir esas partidas a objetivos que no guardan relación alguna con aquellos para los que habían sido aprobadas. 
Más allá de nuestra oposición a toda la política que ejerce la Unión Europea en Kosovo, el asunto en este caso es muy concreto: queremos el compromiso del Consejo de que en ningún caso ni un euro del presupuesto agrícola será destinado a otro fin. 
Nuestros agricultores tienen necesidades enormes, y ya pasan bastantes estrecheces, de manera que no sería de recibo que se les sustrajera cantidades de sus ya reducidas partidas. 
Yo comenzaría aclarando a Su Señoría que la mayoría de las atribuidas en el marco ACP son asignaciones concedidas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo, son contribuciones que no forman parte del presupuesto comunitario, corresponden al presupuesto específico del Fondo Europeo de Desarrollo, razón por la cual sería, a mi juicio, un poco difícil desviar asignaciones del Fondo Europeo de Desarrollo para la ayuda a Kosovo, entre otras cosas, porque no están inscritas en el presupuesto comunitario. 
Por otro lado, quisiera dejar muy claro lo siguiente: he explicado perfectamente que en este momento las asignaciones concedidas para ayuda a Kosovo son asignaciones no utilizadas en el marco de la PAC. 
No utilizadas, repito. 
Quiero decir también que, respecto de la propuesta de la Comisión, me he mostrado muy claro cuando he afirmado que en este momento no hay, en el ámbito del Consejo, una actitud globalmente positiva en cuanto a la modificación de las perspectivas financieras entre 2000 y 2006. 
En el ámbito del Consejo se ha venido considerando que en este momento no se debe tocar el equilibrio interno de las perspectivas financieras. 
Pero también es evidente que conviene leer las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín, en las que se ve que las perspectivas financieras para el período entre 2000 y 2006 disponen una revisión a mitad de período, en particular en lo relativo a la Política Agraria Común. 
Y tal vez valga la pena que Sus Señorías empiecen también a preocuparse por saber si la Política Agraria Común será con el tiempo compatible con lo que resulte de la próxima ronda de la Organización Mundial del Comercio. 
En las perspectivas financieras entre 2000 y 2006 también se prevé una revisión que se hará, por lo demás, por primera vez por mayoría cualificada y quisiera también pedir a Sus Señorías que estén atentos a ese aspecto. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 9 decae. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0381/00): 
Asunto: Ayuda financiera a los partidos políticos paneuropeos En su respuesta a mi pregunta oral H-0268/00 en el Parlamento de fecha 12.4.2000, la Comisión era de la opinión de que: 
" El actual artículo 191 del Tratado constitutivo de la CE no constituye un fundamento jurídico para la financiación de los partidos políticos europeos. 
El citado artículo subraya la importancia de los partidos políticos a nivel europeo. 
A pesar de ello, no confiere ningún poder a institución alguna para contraer compromisos económicos destinados a financiar los partidos políticos europeos ni establece ningún procedimiento para la adopción de una medida que prevea tales gastos. 
En consecuencia, la Comisión considera que la introducción en el Tratado constitutivo de la CE de un fundamento jurídico adecuado para estos gastos ofrecería la mejor seguridad jurídica en el futuro. 
Este asunto debería tratarse en la Conferencia Intergubernamental. " 
¿Comparte el Consejo la misma opinión sobre el fundamento jurídico de este asunto? 
¿Va a incluirse este asunto en el orden del día de la CIG? 
Señor Presidente, en realidad, como dice la propia pregunta de Su Señoría, el artículo 191 del Tratado no constituye un fundamento jurídico que permita la financiación de los partidos políticos europeos. 
Esa cuestión fue analizada en la Conferencia Intergubernamental que estableció el Tratado de Amsterdam y entonces se consideró- digo esto con la autoridad de quien estuvo allí presente como representante del Gobierno portugués­ que no había una mayoría de Estados ni tampoco una unanimidad entre los Estados, en particular, que pudiera garantizar la creación de un fundamento jurídico específico a este respecto. 
En el ámbito de la Conferencia Intergubernamental y teniendo presente, en particular, la intervención de la Presidenta de este Parlamento, Sra. Nicole Fontaine, en la reunión ministerial de la Conferencia Intergubernamental del 10 de abril, ésta es una cuestión que volverá a la mesa de la Conferencia Intergubernamental. 
Yo mismo, como presidente del grupo preparatorio, tengo intención de replantear esta cuestión en el ámbito de la CIG hasta el final de la Presidencia portuguesa. 
En cualquier caso, creo que en este momento, como carecemos de fundamento jurídico alguno, lo que podríamos hacer es intentar ver una vez más, por mediación de los diversos Estados miembros que forman parte de esa Conferencia, si hay o no voluntad de trabajar con vistas a la financiación de los partidos políticos europeos. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Sr. Seppänen en que el fundamento jurídico es prioritario, o sea, que éste debe preceder al pago efectivo de estas ayudas. 
Una vez introducido este fundamento, es responsabilidad propia del Parlamento y del Consejo fijar la cantidad, el tipo y las fórmulas para pagar estas ayudas. 
Y yo quisiera preguntar: ¿qué planes tiene el Consejo, si los tiene, acerca de estos procedimientos prácticos? 
Y es que el informe que trataba sobre la gestión de los fondos del Parlamento, y en el que todos los Grupos políticos eran criticados porque estas partidas del Parlamento habían sido destinadas también a los partidos políticos europeos, no tomaba en cuenta, por ejemplo, que la oficina del Partido de los Socialistas Europeos se encuentra en las dependencias del Parlamento Europeo, mientras que mi propio Grupo, el PPE, era también muy criticado, a pesar de que la oficina de nuestro partido no se encuentra ni siquiera cerca de los servicios del Parlamento Europeo. 
Así pues, quisiera escuchar si hay planes sobre los pormenores relacionados con estas ayudas, cuya concesión depende de la decisión conjunta del Parlamento y del Consejo, y cuáles son los aspectos que van a ser tomados en cuenta. 
Quiero decirles al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo y a los diputados que estos temas los estamos discutiendo dentro del Parlamento. 
La pregunta es sobre el fundamento jurídico y la Conferencia Intergubernamental. 
Es una tarea propia del Parlamento. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 11 decae. 
Dado que su autor está enfermo, la pregunta nº 12 del Sr. Bowis se contestará por escrito. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0389/00): 
Asunto: Incursión turca en el Iraq ¿Cuál es la posición del Consejo respecto a la reciente incursión a escala masiva efectuada por una división con armas pesadas del ejército turco en el Iraq? 
, Consejo. (PT) Sabido es que la situación que se vive en el norte del Iraq y, en particular, la circunstancia de que haya un control deficiente por parte de las autoridades de Bagdad en la zona septentrional de su país provoca una situación de vacío político e incluso militar que ha propiciado acciones concretas por parte de Turquía. 
Es una situación de hecho que en el fondo se debe a la situación poco clara que se vive en aquella zona. 
A ese respecto es evidente que la Unión Europea tiene una posición negativa respecto de todo lo que sean acciones que puedan configurar la violación de las fronteras de otros Estados. 
Más no puedo decir a ese respecto, salvo que mantendremos una preocupación respecto de la integridad territorial del Iraq y pensamos que no es deseable elemento alguno que pueda configurar un atentado a dicha integridad territorial. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradezco su respuesta. 
Es interesante. 
Dice usted que la situación es incierta y que hay un vacío político y militar; es decir, que Iraq no controla la zona norte de su territorio. 
Me va usted a perdonar, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pero Iraq no controla la zona norte de su territorio porque no le permitimos que la controle; y tal vez hagamos muy bien. 
Pero, el que no permitamos a Iraq controlar la zona norte de su territorio no significa que debamos aceptar que la controle otro. 
Lo que acabo de escuchar carece de toda lógica. 
Supongo que no puede usted rendir cuenta por todos cuantos toman allí las decisiones. 
Sólo que, claro, entre ellos se cuentan miembros de la Unión Europea. 
¿Acaso podrían ellos informarle sobre lo que ocurre en aquella región y decirle, por ejemplo, por qué permiten que en la zona norte de Iraq- que Iraq no controla precisamente por su causa- entren otros, y la controlen, es decir- no nos engañemos- que la invadan militarme? 
Creo que esta situación es literalmente demencial desde el punto de vista internacional y político y me pregunto como la consienten. 
Tan sólo deseo decir lo siguiente: nada en mis palabras puede hacer inferir que haya por parte de la Unión Europea tipo alguno de complacencia respecto de acciones que las tropas turcas puedan emprender fuera de su territorio. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0390/00): 
Asunto: Carta europea para las pequeñas empresas En el contexto de la creación de un entorno empresarial para favorecer la iniciativa y la innovación, el Consejo Europeo ha pedido la elaboración de una Carta europea para las pequeñas empresas. 
¿Podría indicar el Consejo si en dicha Carta apoyará que se conceda el debido reconocimiento a la naturaleza tan específica del sector de la pesca, en el que deben tenerse en cuenta factores como su carácter estacional? 
Señor Presidente, agradezco la pregunta que ha hecho Su Señoría, sobre todo porque permite una vez más dar en este Parlamento informaciones respecto de los trabajos que se desprenden de la aprobación por el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Lisboa de un conjunto de medidas relacionadas con el fortalecimiento de la lucha contra el desempleo, la reforma económica y la innovación. 
Consideramos que la Carta europea de las pequeñas y medianas empresas, que se deberá aprobar en junio de este año, es un instrumento extraordinariamente importante que podría llegar a garantizar un fortalecimiento de la lucha contra el desempleo y el aumento de la cohesión social e incluso favorecer las bases sobre las que se asienta la nueva sociedad del conocimiento mediante una mayor democratización de los instrumentos de innovación. 
Quisiera decir que en las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa se subrayó el papel de las pequeñas y medianas empresas como motor de la economía europea y creadoras, por lo demás, de casi el 80% del empleo en el ámbito de la Unión Europea y que no se pueden disociar las pequeñas y medianas empresas del objetivo estratégico formulado en Lisboa, es decir la creación de una economía más competitiva y dinámica y basada en el conocimiento. 
Las pequeñas y medianas empresas son fundamentales y se debe mejorar el apoyo que reciben, por lo que el Consejo y la Comisión están elaborando una Carta para pequeñas y medianas empresas que, como he dicho, esperamos aprobar en junio, en el Consejo Europeo de Santa Maria da Feira. 
El objetivo de dicha Carta es el de que los Estados miembros se comprometan a centrarse en esos instrumentos y atender de forma específica las necesidades, también específicas, que tienen las pequeñas y medianas empresas. 
Quisiera subrayar que, aunque esa cuestión de la Carta de las pequeñas y medianas empresas no sea nueva, el Consejo Europeo nunca había manifestado de forma tan clara la importancia de su materialización. 
Creemos que a ese respecto se va a hacer en particular un trabajo muy detallado, que no sólo permitirá reorientar los instrumentos de carácter comunitario en el sentido de favorecer el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, sino que, además, apelará también a la necesidad de que los Estados miembros queden vinculados a un conjunto de procedimientos, lo más homólogos posible, que les permitan actuar en ese sector. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. Me agrada saber que la labor sigue su curso y que, en realidad, va a acabar pronto. 
Espero que no pase mucho tiempo antes de que recibamos detalles acerca de las propuestas. 
También me alegra que el Presidente en ejercicio haya reconocido que el motor del crecimiento económico son las PYME, que representan el 70% de los puestos de trabajo. 
Por consiguiente, es absolutamente evidente que las PYME desempeñarán un importante papel si queremos resolver el problema del altísimo desempleo que tenemos en general en la Unión y más concretamente en diversas regiones de ella. 
He hecho una pregunta concreta acerca de la pesca. 
Es evidente que, por su propia naturaleza, la pesca crea puestos de trabajo muy necesarios en las regiones costeras de la Unión. 
La industria de la pesca, a diferencia de todas las demás industrias, depende mucho de factores estacionales y meteorológicos. 
Agradeceré que el Presidente nos confirme, si puede hacerlo, que el estudio que se ha realizado se ocupa, incluso en esta fase tan tardía, de las industrias pesqueras a título individual y no de las industrias pesqueras en el sentido global. 
Señoría, lamento no haber mencionado concretamente en mi respuesta el aspecto relativo a la pesca. 
Ahora bien, quiero decirle que, conforme al acuerdo que ha habido respecto del tratamiento de esta cuestión, tanto la Comisión como el Consejo- y esta cuestión pasa mañana, por ejemplo, al Consejo de Industria­ reconocemos la naturaleza muy específica del sector de la pesca y compartimos su preocupación respecto de la importancia de las pequeñas y medianas empresas que actúan en ese sector. 
Pero esta Carta es un documento que tiene un componente de carácter político global y de orientación genérica respecto de todas las pequeñas y medianas empresas, no es un documento de enumeración sectorial y fijación de prioridades respecto de las medidas que se deban adoptar en cada sector. 
La Carta va destinada a crear un marco reglamentario global para lo que se define en el plano europeo como pequeñas y medianas empresas y establecer incluso etapas para la consecución de esas medidas. 
No está prevista- y sólo podría estarlo en un documento más técnico resultante de la propia aplicación de la Carta­ la formulación de las medidas de carácter sectorial que puedan llegar a aplicarse en el ámbito de la Unión en función de su aprobación. 
Cuando hablo con empresas pequeñas y medianas, no hay duda de que aprecian la música de ambiente con que les obsequia el Consejo, pero la verdad es que sienten bastante escepticismo acerca de la posibilidad de que la Carta les ofrezca algo constructivo. 
Lo que piensan es que se trata únicamente de unas cuantas hojas de papel que les cubren de elogios y nada más. 
Quizá el Presidente en ejercicio pueda decirnos si la Carta prevé la creación de nuevos instrumentos comunitarios destinados a ayudar a las empresas pequeñas y medianas. 
Por ejemplo, fondos para coadyuvar a su capacitación, enseñanza, adaptación de locales o utilización de nuevas tecnologías. 
En caso afirmativo, quizá pueda indicar también que esos instrumentos estarán lo más desprovistos que sea posible de complicaciones burocráticas, porque la otra queja que uno escucha a las empresas pequeñas y medianas es que los fondos que ya existen en el plano europeo son prácticamente imposibles de obtener a causa de los obstáculos que tienen que superar para poder conseguirlos. 
Reconozco que las pequeñas y medianas empresas probablemente perdieran hace ya mucho tiempo la paciencia respecto de la falta de medidas concretas a ellas destinadas. 
Ahora bien, aun siendo consciente de esa situación, pediríamos tres semanas más de paciencia hasta que Sus Señorías vean concretamente el proyecto de Carta que se va a presentar al Consejo Europeo. 
Por lo demás, el proyecto de esa Carta se analizará mañana mismo en el Consejo de Industria y dentro de tres semanas se publicará dicha Carta. 
Por lo demás, un poco a semejanza de las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, que, como reconocerá Su Señoría, van un poco más allá de la retórica tradicional de un tipo de lenguaje meramente conjetural y establecen medidas concretas con su calendario correspondiente y con objetivos fechados y creo que la Carta deberá seguir esa misma orientación. 
En cuando a las virtualidades objetivas de la Carta, dejemos que se publique y, naturalmente, estaremos dispuestos a escuchar las críticas que puedan formular las pequeñas y medianas empresas y, en particular, las instituciones europeas que las coordinan y las representan. 
Estaremos dispuestos a tener en cuenta todas las expresiones de la voluntad de las pequeñas y medianas empresas. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 15 y 16 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0391/00): 
Asunto: Directiva específica contra la discriminación de los discapacitados En aplicación del artículo 13 del Tratado de Amsterdam contra la discriminación, la Comisión Europea acaba de presentar un paquete de medidas que incluye tres directivas. 
Sin embargo, y a pesar de estar incluida la discapacidad como uno de los motivos de discriminación perseguidos por dicho artículo 13, dicho paquete de medidas no incluye una directiva específica contra la discriminación causada por la discapacidad. 
¿Cuál es la opinión del Consejo sobre la eventual creación de una directiva específica contra la discriminación por motivos de discapacidad? 
En el caso de ser positiva la respuesta, ¿cuándo piensa el Consejo presentar una iniciativa en este sentido? 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0396/00): 
Asunto: Lucha contra las discriminaciones Al inicio del siglo XXI, que señala un nuevo comienzo de la sociedad europea en su afán por lograr mayores cotas de democracia, coherencia y reconocimiento del papel que desempeñan todos los ciudadanos, se observan manifestaciones inaceptables de racismo y exclusión social. 
En Grecia ha ocasionado un problema social y político la exclusión de ciudadanos con discapacidad motora y parapléjicos de dos concursos, uno de ellos organizado para la contratación de personal en bancos estatales y el otro, dirigido a docentes (maestros y profesores) de la enseñanza pública, debido a que el nuevo código de la función pública incluye la condición de la "plena capacidad física". 
Es de señalar que el código en cuestión fue votado en el Parlamento griego en 1999, casi al mismo tiempo en que se ratificaba el Tratado de Amsterdam, que protege a los ciudadanos de los Estados miembros de todo tipo de discriminación en su contra (artículo 13). 
¿Cómo interviene en casos semejantes el Consejo para restaurar la credibilidad de la política de la Unión Europea y la dignidad de sus ciudadanos? 
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 13 del Tratado que establece la Comunidad Europea, la Comisión presentó oportunamente tres propuestas que actualmente se están debatiendo en el ámbito del grupo de trabajo sobre cuestiones sociales: una propuesta de directiva que establece un marco general de igualdad de trato en el empleo y en la actividad profesional, una propuesta de directiva relativa al principio de igualdad de trato entre las personas sin distinción de raza u origen étnico y también una propuesta de decisión del Consejo que establece un programa de acción comunitaria de lucha contra la discriminación entre 2000 y 2006. 
Las tres propuestas presentadas por la Comisión consagran formas diferentes de lucha contra la discriminación. 
La primera propuesta prohibe la discriminación en el empleo basada en la raza o en el origen étnico, la religión o las creencias, la deficiencia, la edad o la orientación sexual. 
La segunda propuesta de directiva prohibe la discriminación por el origen racial o étnico en el empleo, la educación, el acceso a los bienes y servicios y la protección social. 
La propuesta de decisión que establece un programa de acción de lucha contra la discriminación y va destinada a apoyar y completar la aplicación de las directivas mediante el intercambio de informaciones y experiencias se pone en práctica mediante la divulgación de procedimientos idóneos en las esferas legislativas o de otra índole. 
Por otro lado, la lucha contra la discriminación por razones de deficiencia queda comprendida en la primera propuesta de directiva encaminada a la aplicación del principio de igualdad de trato en materia de empleo y ejercicio de una actividad profesional. 
Esta propuesta abarca una esfera fundamental para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, dado que comprende una esfera en la que las discriminaciones son más visibles y con mayores efectos negativos para la inserción de las personas en la sociedad. 
Como sabe el Parlamento Europeo, la competencia en materia de iniciativa legislativa corresponde a la Comisión y no al Consejo, por lo que las propuestas que el Consejo llegue a aprobar se basarán en lo que nos proponga la Comisión. 
En primer lugar, me gustaría expresar mi satisfacción, tanto por la existencia del artículo 13 mencionado como por el plan de acción al que el Presidente en ejercicio del Consejo acaba de hacer referencia y que ha sido elaborado para esta materia que hoy nos ocupa. 
Pero, como la alegría no puede ser completa, lo mismo sucede con mi satisfacción en este momento. 
Es cierto que el artículo 13 recoge la práctica totalidad, al menos en la actualidad, de posibles formas de discriminación. 
Pero el posterior desarrollo reglamentario y las iniciativas que se están proponiendo creo que son incompletas y desiguales. 
El señor Presidente en ejercicio del Consejo acaba de hacer mención de tres ejemplos y a ellos quiero referirme en concreto. 
Hay algunos casos contemplados en el artículo 13 susceptibles de discriminación, como es el que hoy nos ocupa, el de los discapacitados, que creo que están desarrollados de forma muy irregular. 
Es cierto que hay otros que todavía tienen un trato aún menos desarrollado, como la discriminación por razón de la orientación sexual. 
Pero, volviendo a la discapacidad, yo creo que la Unión Europea necesita de una legislación más completa que contemple todos sus tipos posibles, así como los casos de doble discapacidad. 
Querría saber la opinión del Consejo- así como la de la Comisión- y si tiene pensada alguna iniciativa para casos como, por ejemplo, de mujer y discapacidad, discriminación por razón de sexo y para la propia discapacidad del caso al que me refiero. 
Como he dicho, señor Presidente, Señoría, se han presentado estas propuestas legislativas por iniciativa de la Comisión, que, en el marco de lo que le transmiten sus diversos comités, tiene, naturalmente, en cuenta las opiniones expresadas por los diversos grupos de intereses, en particular los que legítimamente representan posiciones contra la discriminación. 
Creo, Señoría, independientemente de la razón objetiva que le asiste en lo relativo a ese tipo de cuestiones, que debemos comprender que en los últimos años (y, en particular, después del Tratado de Amsterdam) se han dado en la Unión Europea pasos muy concretos con vistas a abordar esas cuestiones de una forma bastante más correcta y teniendo presentes los intereses de las diversas capas de población que se sienten afectadas. 
En los últimos años y en el último decenio, la Unión Europea ha venido consagrando, una dimensión y una densidad de políticas a ese respecto que, si bien distan de ser ideales, representan un salto cualitativo fantástico. 
Es verdad que en el plano mundial podemos estar orgullosos de los pasos que hemos dado a ese respecto. 
Pero reconozco, naturalmente, que hay mucho por hacer y que probablemente esa acumulación desde el punto de vista de la discriminación puede incluso originar y necesitar otro tratamiento de carácter jurídico. 
Creo que es importante que sigamos sensibilizando a la Comisión a ese respecto y que el Consejo estará atento y activo a ese respecto. 
Señor Presidente y señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por las respuestas. 
Quisiera recordar que el Consejo Europeo de Lisboa concedió una significación especial a la promoción de la integración social y llamó a la Comisión, e igualmente al Consejo, a emprender acciones prioritarias dirigidas a determinados grupos meta. 
Uno de esos grupos lo constituyen las personas discapacitadas. 
Los Estados miembros elegirán, de entre esas acciones, aquellas que se ajusten a sus circunstancias específicas, y, a continuación, presentarán informes sobre su aplicación. 
Lo que ocurre en Grecia- y describo en mi pregunta- provoca una inquietud más general sobre las posibilidades que este procedimiento- descrito por el Consejo de Lisboa- puede brindar a las legislaciones nacionales, y a las prácticas, para la aplicación de discriminaciones indirectas. 
¿Debería, acaso, crearse un observatorio europeo para un mejor seguimiento de las particularidades de los países miembros y una mejor aplicación de la política europea? 
¿Y, puesto que sabemos que en muchos de los países candidatos no hay el respeto adecuado, tiene, el Consejo, intención de colaborar con ellos en el ámbito del reconocimiento de los derechos de las personas susceptibles de discriminación? 
Señoría, no puedo añadir mucho más a lo que ya he dicho. 
Su Señoría se manifiesta preocupada por las deficiencias en cuanto al modo de aplicación de sus principios y yo quisiera decir que habrá que subsanarlas. 
Es muy importante- no nos cabe duda- que todas las formas de discriminación puedan ser objeto hoy de un tratamiento y un seguimiento de carácter político no sé si mediante la creación de un observatorio específico o utilizando los mecanismos actuales que corresponden más al nivel del seguimiento y la gestión de las experiencias nacionales. 
En cualquier caso, quiero decir que por parte del Consejo hay el mayor interés en seguir ese tipo de cuestiones y quiero creer que la atención que el Parlamento les dedica es decisiva para que se mantengan dichas cuestiones en el orden del día comunitario y los diversos países de la Unión se sientan poco tentados a crear en su propio espacio excepciones respecto de lo que la Unión decide en su conjunto. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 17 decae. 
Pregunta nº 18 formulada por (H-0392/00): 
Asunto: Myanmar ¿Qué medidas adicionales piensa adoptar el Consejo cuando en octubre se examine de nuevo la posición común sobre Myanmar en caso de que las actuales medidas resulten inadecuadas y la segunda misión de la Troika de la UE no tenga más éxito que la primera? 
Señor Presidente, la cuestión de Myanmar ha sido objeto de atención permanente de la Unión Europea desde hace varios años. 
Pero recientemente el Consejo aprobó en su sesión de abril tres sanciones específicas más contra el régimen de Birmania. 
En dicho Consejo- y a la luz, por lo demás, de la preocupación que ha venido siendo constante desde hace varios años­ se manifestó la preocupación de la Unión respecto de la situación de Birmania­Myanmar, en particular en lo relativo a la reiterada e intensa represión de los derechos civiles y políticos, así como a las duras condiciones que impiden a la población disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales. 
El Consejo hizo una vez más un llamamiento al Gobierno de Birmania­Myanmar para que respete los derechos humanos, que restaure la democracia y establezca un diálogo con la oposición que propicie la reconciliación nacional en un Estado unido y democrático. 
Por ese motivo, el Consejo decidió prorrogar por seis meses más la posición común decidida respecto de ese país y simultáneamente prohibir las exportaciones de equipo que se pueda utilizar para la represión o el terror internos, fortalecer el régimen de visados en vigor con la identificación de las personas a las que se aplica dicho régimen y de las que las apoyan e imponer con el acuerdo de todos los Estados miembros, junto con la prohibición de visado de entrada para el Ministro de Asuntos Exteriores, que se puede anular en caso de que así interese a la Unión Europea, la congelación de los capitales colocados en el extranjero por las personas antes mencionadas, vinculadas con esas medidas de represión, e intensificar más las gestiones para explicar y fomentar los objetivos de la política de la Unión Europea respecto de ese país mediante la instauración de un diálogo político significativo. 
Para ello, la Unión Europea se propone enviar una segunda misión de la Troika a Rangún. 
Por otro lado, el Consejo decidió también pedir a la Comisión que examinara las posibilidades de aumentar la ayuda humanitaria destinada a Birmania­Myanmar con objeto de ayudar directamente a las poblaciones y, muy en particular, distinguir la ayuda pública de la ayuda directa a las poblaciones, por mediación sobre todo de las organizaciones no gubernamentales. 
Creo que la Unión Europea ha expresado suficientemente la atención que presta a la situación en Birmania­Myanmar y sigue la misma orientación que las preocupaciones manifestadas por este Parlamento. 
Presidente en ejercicio, gracias por la respuesta. 
No hace falta decir que me alegra que el Consejo haya establecido la nueva posición común y que se haya reforzado la posición en comparación con la anterior. 
Prefiero utilizar la dominación Birmania en vez de Myanmar porque el pueblo de Birmania y también San Suu Kyi, que es la dirigente legítima de Birmania, no llaman Myanmar a su país. 
Preferiría que el Parlamento evitase también el nombre de Myanmar. 
No tengo más remedio que decir al Presidente en ejercicio que el impacto neto de las diversas medidas que la Unión Europea ha impuesto desde 1996 ha sido sumamente limitado: los birmanos no han entablado diálogo con Aung San Suu Kyi y las fuerzas democráticas del país siguen tan al margen de todo el proceso como siempre lo han estado. 
Estoy de acuerdo con la respuesta, pero hay algo que sigo sin entender. 
Vamos a adoptar esas medidas pero no ha dado ningún resultado la presión que algunos de los diputados de este Parlamento hemos procurado ejercer sobre el Consejo en relación con la necesidad de adoptar sanciones; sanciones que, naturalmente, Aung San Suu Kyi ha insistido sistemáticamente en que se impongan. 
Al mismo tiempo seguimos oponiéndonos a las leyes federales de Massachusetts, que imponen sanciones muy eficaces contra Birmania. 
Por lo visto estamos esperando a que los Estados Unidos se pronuncien en contra de esas leyes federales. 
¿Y luego, qué? 
Si los Estados Unidos se pronuncian a favor de Massachusetts, ¿va a plantear de nuevo la Unión Europea nuestra oposición en la Organización Mundial del Comercio respecto de las medidas adoptadas en Massachusetts? 
Señoría, me complace la circunstancia de que haya un acuerdo entre nosotros respecto de la importancia de la prórroga de la posición común. 
Reconozco que lo que ha hecho la Unión Europea en ese marco puede no haber dado como resultado concreto la modificación de la situación. 
Respecto de esa misma zona, he de recordar que durante años mi país procuró, a veces de forma relativamente aislada en el marco comunitario, señalar la situación que se vivía en Indonesia y el éxito de esa presión sólo se puede calibrar en función de la propia reacción interna y sobre todo de la acción del pueblo de Timor Oriental. 
Pero es evidente que no siempre las acciones llevadas a cabo por la Unión Europea en una zona tan distante como ésa pueden tener repercusiones inmediatas en la modificación de las condiciones políticas que caracterizan el régimen actual, en particular las violaciones de los derechos humanos y de la inobservancia de los más elementales principios de carácter democrático de esos países. 
Ahora bien, quiero decir que también es importante- y ya lo he dicho hace poco­ la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril del presente año. 
Por otro lado, quisiera decir- y éste es un aspecto importante que tiene que ver también con el marco global de relación entre la Unión Europea y los países de esa zona y funciona como elemento de presión acumulativo­ que las relaciones entre la Unión Europea y la ASEAN atravesaron desde 1998 por un período de cierta crispación en virtud precisamente de los problemas planteados por la adhesión de Birmania a esa organización. 
Y, en virtud de la posición común sobre Birmania, resultó imposible el traslado a Berlín de la delegación birmana a la reunión ministerial UE­ASEAN, lo que provocó la anulación de dicha reunión. 
En cuanto a la reacción que la Unión Europea pueda llegar a adoptar en el futuro respecto de la situación que he mencionado, no puedo ahora mismo suponer cuál puede llegar a ser. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 19 decae. 
Pregunta nº 20 formulada por (H-0395/00): 
Asunto: Competencias en materia de toma de decisiones del Grupo Euro 11 No es raro que los medios de comunicación se refieran al Grupo Euro 11 como si fuese un órgano oficial con capacidad de decisión integrado en la estructura institucional de la UE. No obstante, en el folleto informativo Infoeuro nº 13 se señala en relación con el Grupo Euro 11 que éste no constituye un "Consejo" en el sentido jurídico de la palabra, sino que no es más que una reunión informal de los ministros de Economía y de Finanzas de los 11 Estados miembros integrantes de la zona del euro, y que, en este contexto, el ECOFIN sigue siendo el órgano encargado de la toma de decisiones. 
Teniendo esto en cuenta, ¿podría señalar el Consejo exactamente qué es lo que sucede en las reuniones del Grupo Euro 11, así como las posibles repercusiones que estas reuniones pueden tener sobre el régimen adoptado por la UE relativo a la adopción de decisiones? 
¿Puede confirmar el Consejo que en las reuniones del Grupo Euro 11 no se adopta ningún tipo de decisión en absoluto? 
¿Puede desmentir el Consejo las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que se han registrado casos en los que en distintas reuniones de ECOFIN se ha hecho referencia a decisiones que ya habían sido adoptadas por el Grupo Euro 11? 
Vuelvo a lamentar, respecto de la pregunta 19, que no esté presente su autor, lo que me brindaría la oportunidad de responderle sobre mi propio país, pero, en cualquier caso, tengo muchísimo gusto en responder a la pregunta nº 20 diciendo lo siguiente: como se recordó en la Resolución del Consejo Europeo de 13 de diciembre de 1997, las reuniones del llamado grupo Euro 11 son de carácter oficioso y su finalidad es la de permitir a los Estados miembros hacer una coordinación, mediante el debate, de cuestiones relacionadas con las responsabilidades que comparten en materia de moneda única. 
Las decisiones oficiales no se pueden adoptar en ese marco y- como, por lo demás, se recuerda en la mencionada Resolución- las adopta en todos los casos el Consejo Ecofin de conformidad con los procedimientos establecidos en el Tratado. 
Considero que eso está claro y que ese doble marco funciona de acuerdo con su propia lógica, es decir, una dimensión de carácter oficioso y otra de carácter oficial, que es el marco Ecofin. 
Las primeras reuniones tienen tan sólo una función de coordinación de los países que forman parte de la Unión Económica y Monetaria y que suscriben la moneda única. 
En los debates que han tenido lugar en los países que no forman parte de la tercera fase de la UEM y que, en consecuencia, no son miembros del Grupo Euro-11, se ha dicho que los ministros de esos países pierden influencia, no sólo en asuntos que conciernen al euro directamente, sino que también en otras materias que se tratan en el Consejo de Ecofin. 
Habría una especie de desplazamiento de poder real de las reuniones de Ecofin a las del Grupo Euro-11, a pesar de que éstas son informales. 
Quisiera que el representante del Consejo ratifique que no existe ningún tipo de desplazamiento de poder real de las reuniones formales de Ecofin a las del Grupo Euro-11. 
Quisiera que el representante del Consejo realmente corrobore que los ministros de Dinamarca y del Reino Unido no carecen de poder en otros asuntos que se tratan en Ecofin por el hecho de no participar en el Grupo Euro-11. 
Esa inquietud desaparecerá, Señoría, el día en que esos países formen parte del Consejo, que ya no será Euro 11 sino Euro 15. 
En cualquier caso, quiero decirle que hasta entonces nada impide, en el ámbito de la Unión Europea, que los países se reúnan en marcos más reducidos que el comunitario normal. 
Todos sabemos por los periódicos o por conversaciones de pasillo que varios países de la Unión Europea- en particular, los nórdicos- coordinan sistemáticamente sus posiciones en un marco anterior al proceso de decisión comunitario. 
Naturalmente, esa coordinación no presupone tipo alguno de transferencia de poder a ese marco concreto en que se celebra el debate. 
Se trata pura y simplemente de la coordinación de posiciones conjuntas y es perfectamente natural que los países que entraron en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y que forman parte de la moneda única tengan necesidad de encontrar medios específicos para hacer expresar su acción y que planteen colectivamente esas mismas cuestiones en el ámbito del Ecofin. 
Así, pues, no me parece que en el ámbito del Ecofin quede la capacidad de los otros países más limitada de lo que estaba en el punto de partida. 
Ahora bien, las minorías son- la verdad sea dicha­ minorías. 
Y, por tanto, la lógica democrática es la que después funciona dentro del Ecofin, pero respecto de eso no hay nada que hacer. 
Es la norma de la Unión. 
Señor Presidente, también a mí me gustaría dar las gracias al Sr. Presidente portugués por su respuesta y querría pedirle también que certificara que no sería posible decir que una cuestión ha sido tramitada en el Consejo Euro 11 y por ello retirada del orden del día del ECOFIN. 
De ser así, ¿no podrá cualquier ministro insistir en que se vuelva a incorporar al orden del día del ECOFIN? 
Señoría, vamos a hablar con claridad. 
El de Euro 11 es un caso previsto en el marco de la articulación entre algunos países que tienen una integración diferenciada o, por utilizar una jerga más moderna, una cooperación reforzada predeterminada en el Tratado y que entraña determinados mecanismos de coordinación. 
Es evidente que el Consejo Euro 11 puede debatir lo que quiera y puede incluso entender que no se debata determinada cuestión en el ámbito del Ecofin, lo que no significa que los países que no forman parte del Euro 11 y que, naturalmente, forman parte del Ecofin no puedan suscitar esa cuestión en el del orden del día del Consejo Ecofin. 
Lo que no se puede es pedir a quienes están fuera que determinen el orden del día de quienes están dentro. 
Y quiero añadir, Señoría, una cosa muy sencilla: es que los otros países no están en el Euro 11 o Euro 15 simplemente porque no quieren, no porque nadie les haya prohibido formar parte de él. 
Muchas gracias, señor Seixas da Costa. 
Le deseamos que tenga éxito en su contacto con el grupo del Parlamento para el importante tema del Estatuto de los diputados. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 21 a 31 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05, se reanuda a las 21.00 horas) 
Telecomunicacines/Política en materia de espectro radioeléctrico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0094/2000 del Sr. Paasilinna, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (1999) 537- C5-0112/2000- 2000/2072 (COS) ) relativa al Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones; 
A5-0122/2000 del Sr. Alyssandrakis, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (1999) 538- C5-0133/2000- 2000/2073 (COS) ) sobre "Los próximos pasos en la política del espectro radioeléctrico- Resultados de la consulta pública sobre el Libro Verde". 
Señor Presidente, estimados colegas, el desmantelamiento de las regulaciones en el sector de las telecomunicaciones viene llevándose a cabo durante la última década y ha sido un éxito. 
El teléfono apenas si tiene que ver con lo que era. 
Antes la gente adquiría el teléfono para comunicarse con los demás, pero ahora estas personas se han convertido en accionistas de empresas que pueden dedicarse, por ejemplo, a la prestación de servicios eróticos. 
Esto ha sorprendido seguramente a muchos. 
Incluso el aparato en sí es tan pequeño que se lo puede uno acoplar en la boca, por descuido, en lugar de la dentadura postiza; el cambio es enorme también en este sentido. 
Esta disolución de las reglamentaciones ha infundido temores sobre el debilitamiento de los servicios públicos y sobre el encarecimiento de las tarifas telefónicas. 
Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, sino que los servicios se han diversificado y los precios han bajado. 
Claro que este sector ha obtenido beneficios adicionales a través de las terminales, las redes y los servicios. 
El paquete de medidas reguladoras del sector de 1988 trazaba un calendario adecuado y funciona bien en muchos Estados miembros gracias a los buenos resultados de su ejecución. 
En algunos países esta ejecución ha sido lenta e incluso meramente formal. 
Así que apoyamos a la Comisión en su idea de que sería posible mejorar la competencia leal y los servicios transfronterizos. 
Estamos preocupados por el hecho de que la escasa oferta de suscripciones de conexión a la red ha impedido que varios sectores de usuarios, especialmente los sectores de población con menos recursos, puedan beneficiarse, por ejemplo, de conexiones económicas a Internet. 
Necesitamos más vías alternativas de acceso: debemos desarrollar los accesos inalámbricos y también la utilización, entre otras, de las redes de la televisión por cable, aunque todo ello sin necesidad de regulaciones adicionales. 
El Parlamento llama la atención sobre el hecho de que las fluctuaciones existentes en el sistema que se aplica actualmente han dado lugar a cierta inseguridad jurídica en distintos Estados miembros. 
Las condiciones específicas para la concesión de licencias deben ser lo suficientemente transparentes y, de esta forma, se evitarían demoras innecesarias en las decisiones de autorización. 
La estrategia de innovación más importante de la Unión Europea es el programa de transformación que se denomina e-Europe. 
Las pautas de este programa se aprobaron recientemente en Lisboa. 
Hay que elogiar a la Comisión porque la estructura y la estrategia de la sociedad de la información europea se distinguen del resto de forma positiva, ya que, además de la competitividad, se han tomado en cuenta la solidaridad, la igualdad social y el empleo. 
El objetivo es evitar la exclusión social e incrementar tanto la confianza de los consumidores, como el sentimiento de cohesión social. 
El título completo del programa no puede ser más vistoso: Una sociedad de la información para todos. 
Las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico son un recurso natural limitado que ahora empieza a subastarse públicamente. 
Nosotros tuvimos conocimiento hace ya dos años de que la subasta de los derechos de la telefonía GMS en los Estados Unidos provocó un gran caos en forma de quiebras. 
En la India también ha habido experiencias negativas. 
Los defensores de las subastas públicas piensan que se trata de un buen método para controlar los recursos. 
En nuestra opinión, las subastas originan la subida de los precios al consumo y frenan la difusión y el desarrollo de los servicios telecomunicativos. 
Los precios de las subastas han experimentado subidas inconcebibles, que serán traspasadas a los consumidores; esto puede considerarse como un nuevo impuesto sobre las telecomunicaciones, y se tratará de un impuesto injusto en el sentido de que su cuantía será la misma tanto para los pobres, como para los ricos. 
Justo ahora que acabamos de aprobar el programa e-Europe, con todos sus buenos objetivos, éste se ve entorpecido mediante un nuevo impuesto, "digital divide", basado en un instinto voraz de sacar dinero; un programa que es prioritario para nosotros, encaminado a desarrollar la sociedad, está siendo frenado a través de la aplicación de un impuesto. 
Este asunto representa un motivo de preocupación que, en mi opinión, habría que aclarar, así que le pido a la Comisión que proceda inmediatamente a estudiar las repercusiones de ese impuesto en los diferentes países, es decir, que estudie las consecuencias de la práctica de las subastas para que podamos tomar una posición al respecto con más conocimiento de causa. 
Además, este principio de subastas favorece a los grandes operadores, los cuales empiezan a repartirse los mercados, y al final es de temer que al tiempo que nosotros eliminamos las regulaciones, o sea, desregulamos, ellos lleguen a acuerdos entre sí y creen nuevas regulaciones, "rerregulen", cosa que no puede ser justa. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la utilización del espectro radiofónico para la transmisión de señales provocó una verdadera revolución en las telecomunicaciones. 
En las décadas transcurridas desde entonces se han venido desarrollando continuamente nuevas aplicaciones que hacen uso del espectro radiofónico. 
Así, desde la simple telegrafía sin cables hemos llegado hoy en día a la transmisión digital de imagen y sonido, a la aeronavegación vía satélite y a la tercera generación de telefonía móvil. 
Sobre este punto quiero resaltar el hecho de que las telecomunicaciones no constituyen la única utilización del espectro radiofónico. 
Más allá de las aplicaciones basadas en la emisión y recepción de señales radiofónicas, están los denominados usos pasivos, que tienen que ver solamente con la recepción de señales producidas por fenómenos naturales. 
Las más importantes de éstas son la radioastronomía, que estudia los fenómenos naturales producidos más allá de nuestro planeta a partir de sus emisiones a las ondas de radio, y la observación de la Tierra por medio de la explotación del espectro radiofónico. 
La creciente demanda de frecuencias radiofónicas para nuevas aplicaciones vuelve lógicamente a plantear los principios conforme a los cuales han de ser distribuidas, así como la política que debe seguir al respecto la Unión Europea. 
Respondiendo a esta necesidad, la Unión Europea expuso a discusión pública, a finales de 1998, el Libro Verde para la política sobre espectro radiofónico. 
A continuación, y basándose en la discusión pública referida, la Comisión Europea publicó la comunicación que discutimos hoy. 
La Comisión de Industria, Comercio, Investigación y Energía, tras expresar su satisfacción por este trabajo de la Comisión Europea, procede a una serie de conclusiones y declara determinados principios. 
Comenzando por la declaración de que el espectro es un conducto natural en estado precario, y de que su demanda experimenta un aumento cada vez mayor, insiste en que su demanda uso debe ser efectivo, de manera que satisfaga de la mejor manera posible el interés público y contribuya al desarrollo de nuevos servicios de alta calidad. 
Desde este punto de vista, la Comisión de Industria considera que la política sobre el espectro no puede guiarse exclusivamente por el mercado, y que el valor económico y social del uso de las frecuencias no debe estimarse en cuanto a oportunidades de beneficio económico, sino que debe existir una combinación equilibrada de los intereses comerciales y los de la sociedad. 
Más adelante la Comisión de Industria subraya que deben tomarse determinadas medidas para que se asegure un número satisfactorio de frecuencias para emisiones radiotelevisivas públicas y privadas, para radioaficionados, para sistemas de aeronavegación y para usos pasivos, como la radioastronomía y la observación de la Tierra. 
La Comisión de Industria acepta la propuesta de la Comisión Europea para la creación de equipos de especialistas en política del espectro de carácter claramente consultivo y de estructura interna y funcionamiento transparentes. 
En cualquier caso, aunque reconoce que sería deseable una mayor armonización, hasta cierto punto, de la política comunitaria sobre el espectro radioeléctrico en cuanto se refiere a servicios y aplicaciones de gama paneuropea, no adopta la propuesta de la Comisión Europea para la institución de un marco normativo a nivel paneuropeo que considera prematura y apresurada. 
Quiero llamar su atención sobre una cuestión que es objeto de seria especulación en la Comisión de Industria- lo ha referido ya el señor Paasalinna anteriormente -, es decir, hasta qué punto debe adoptarse el principio de determinados pagos para el uso de las frecuencias, la subasta y la creación de mercados secundarios. 
La posición del ponente es que la radiofrecuencia por sí misma no puede ser objeto de compraventa, porque ello conduciría a la desviación de la asignación de frecuencia del uso al que está destinada. 
Además, prácticas como la subasta y el mercado secundario conducirían con exactitud matemática al dominio de los intereses económicos más poderosos que monopolizarían el mercado. 
El ponente se sitúa a favor del pago de un importe total para cada servicio comercial que utilice el espectro. 
La Comisión de Industria no adoptó mi opinión y, sin manifestarse en conjunto a favor de la subasta, considera que esta debe aplicarse a usos comerciales. 
Quisiera recordar a los compañeros que los resultados de la reciente subasta de radiofrecuencias para telefonía móvil de tercera generación en el Reino Unido dan motivo para volver a pensar este tema. 
En efecto, las inmensas cantidades que se dispusieron en la subasta no provendrán de los beneficios de las compañías, sino que serán pagadas por los usuarios. 
He oído que en el reino Unido, para satisfacer lo pagado en la subasta, cada hombre, mujer y niño deberá gastar al año 400 liras en teléfono. 
Pensemos pues en las consecuencias que tendrán tales prácticas para el usuario final. 
Invito por tanto a los compañeros a votar a favor de las enmiendas 4, 12, 5 y 6, de manera que nuestra decisión final comprenda una clara posición en contra de la subasta. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo PPE-DE, deseo felicitar al Sr. Paasilinna por su informe, que acogemos muy favorablemente. 
Ha elaborado un informe no sólo muy conciso, sino también muy directo. 
Es totalmente adecuado como respuesta a la comunicación sobre telecomunicaciones de la Comisión y exactamente lo que necesitábamos como base sobre la que trabajar en nuestro examen posterior de todo el bloque en materia de comunicaciones electrónicas, que estaremos debatiendo de nuevo dentro de un mes. 
Quiero centrarme en algunos de los puntos fundamentales que se destacan en el informe. 
Dejo las cuestiones relativas a la política del espectro radioeléctrico a mi colega la Sra. Niebler, que responderá en nombre de nuestro Grupo al informe del Sr. Alyssandrakis. 
Ello para pasar a algunos de los temas relacionados con la liberalización del mercado. 
Lo primero y lo más alentador desde nuestro punto de vista es que ahora vemos lo sensato de liberalizar el mercado de las telecomunicaciones. 
Tener un régimen competitivo abierto ha pasado a ser lo que se considera más sensato. 
Es algo plenamente aceptado y tenemos ahora que traducirlo y hacerlo avanzar lo más rápidamente posible hacia una mayor desregulación y una apertura aún más rápida de los mercados que todavía funcionan de forma imperfecta. 
Hay en este informe una inmensa cantidad de análisis detallados y se ponen claramente de manifiesto los beneficios para el consumidor de la reducción de precios, la posibilidad de elección y la ampliación de servicios que se han derivado de la desregulación. 
Sin embargo, en él también se muestra claramente que hay excesivas barreras, y la Comisión cuenta con todo nuestro apoyo para hacerles frente. 
Para que los consumidores se beneficien de esta posibilidad de elección, hay que animarles a que vean distintos productos, a que comparen lo que en muchos casos pueden ser ofertas bastante complejas de precios y condiciones contractuales y de paquetes de servicios. 
Quisiéramos animar a los reguladores independientes a que trabajen unidos para ofrecer a los consumidores unas comparaciones de precios sencillas e imparciales y a que utilicen los nuevos instrumentos que tienen a su disposición, como Internet, para dar a los consumidores la posibilidad de calcular el coste real de sus llamadas. 
Animamos a los reguladores a que compartan entre sí las mejores prácticas para ofrecer un sistema unificado de comparación de precios y contratos. 
No tendremos un mercado desarrollado a menos que haya inversiones. 
El otro tema que tenemos que abordar es la posibilidad de que los inversores obtengan un rendimiento satisfactorio de sus inversiones. 
Por lo tanto, al examinar las normas de liberalización de los mercados, tenemos que estudiar métodos de competencia y fomentar la competencia entre las distintas partes y elementos de las plataformas. 
Esto es algo que abordaremos en la próxima comunicación. 
Acogemos favorablemente este informe, que realmente va a fomentar la apertura del mercado en beneficio de los consumidores y de la economía europea. 
Señor Comisario Liikanen, señoras y señores, estimadas y estimados colegas, en nombre de mi Grupo quiero exponer mi opinión sobre la parte de la comunicación de la Comisión relativa al informe sobre política de frecuencias del Sr. Alyssandrakis. 
Esta comunicación y el informe sobre la comunicación son una parte de los informes de este Parlamento sobre el sector de las telecomunicaciones y que se encuentran todos ellos estrechamente relacionados. 
Me permito mencionar el informe de la Sra. Thors sobre el que se votará próximamente, el del Sr. van Velzen y del Sr. Paasilinna que acaba de hablar y el de mi colega Alyssandrakis. 
Quiero expresar aquí mi agradecimiento a las y los colegas ponentes, al ponente en la sombra y a los responsables en los Grupos políticos por la cooperación mostrada en este campo. 
Las frecuencias, al contrario que la infraestructura basada en cables, no se pueden multiplicar infinitamente. 
Por este motivo, se les debe dar un trato especial. 
La política de frecuencias tiene en la Unión Europea y también en todo el mundo una creciente importancia en relación con las nuevas tecnologías- se ha mencionado UMTS -, así como el conocido puenteo de la última milla para poner en movimiento las tarifas locales. 
La asignación de frecuencias- tanto si se realiza mediante licitaciones o el llamado concurso de belleza- está regulada y se dispone ya de las primeras experiencias en el Reino Unido, lo que ya han mencionado los oradores anteriores. 
Los Sres. Paasilinna y Alyssandrakis han llamado la atención al respecto. 
Las licitaciones pueden conducir a unos precios demasiado elevados. 
También en Alemania se sospecha que en el caso de las licitaciones se alcancen unos precios muy elevados. 
Algunos colegas de mi Grupo plantean objeciones pues sospechan que estas elevadas sumas que se alcancen en la licitación añadidas a las inversiones que se deben realizar en este campo hagan que los costes totales se trasladen a los consumidores. 
Puede que sea así, pero quiero indicar una cosa: también al introducirse el GMS los primeros aparatos fueron caros y las primeras tasas que se aplicaron fueron muy elevadas. Pero con la creciente penetración en el mercado los precios se han reducido. 
Me parece importante dirigir una apelación a los Gobiernos para que los fondos que se obtengan de la licitación en estos sectores se empleen también para introducir la sociedad de la información y difundir la base de dicha sociedad en los Estados miembros. 
Me permito mencionar como concepto clave los programas que siempre hemos exigido de "escuelas a la red" o "administraciones y bibliotecas públicas a la red". 
Creo que la media de los ciudadanos de la UE cuando quiera utilizar Internet querrá seguir empleando el PC en casa, en la biblioteca o en la administración. 
No creo que vayan a utilizar sobre todo los aparatos UMTS. 
Además, los ingresos procedentes de las licitaciones podrán aliviar los presupuestos de los Estados miembros, lo que permitirá que la política tenga de nuevo capacidad de actuación, si bien esto queda un poco fuera de nuestro tema técnico específico. 
Por lo tanto, considero que los ingresos están también justificados. 
Espero que los colegas apoyen la enmienda nº 8 de mi Grupo. 
Lamentablemente, no podemos apoyar todas las demás. 
Señor Presidente, señor Comisario, algunos oradores que me han precedido se han referido al amplio consenso existente sobre los beneficios de la liberalización del sector de las telecomunicaciones. 
Antes no existía. 
Me alegra mucho comprobar que son los liberales quienes han estado a la vanguardia, el Comisario Bangemann y el Sr. Norrback, entonces ministro de tráfico de Finlandia, que fue uno de los primeros en liberalizar este sector. 
Quisiera mencionar, por ejemplo, que el año pasado los precios de los aparatos GSM en Finlandia eran, en promedio, un siete por ciento más bajos. 
Las llamadas internacionales también eran un 10 por ciento más baratas que antes. 
Por tanto, todavía hacemos avances bastante considerables en esta materia. 
Espero que el diálogo con la Comisión sobre el desarrollo futuro de este sector siga siendo abierto. 
La Comisión realiza muchos estudios e investigaciones. 
Necesitamos datos imparciales para mantenernos informados y poder adoptar decisiones adecuadas. 
Estos dos informes se ocupan de materias de diversa importancia. 
Igual que antes, agradezco a los ponentes la colaboración que hemos alcanzado. 
Los temas importantes son el acceso a la banda ancha y las subastas a las que ya nos hemos referido. 
Está claro que cada Estado miembro debe elegir su estrategia para conseguir una red de alta velocidad para todos. 
No obstante, queremos respaldar enérgicamente la recomendación de la Comisión para obligar a los grandes operadores de red a permitir el tráfico a otros operadores. 
En algunos Estados miembros ya es así, por ejemplo, en Finlandia, mi país. 
Allí también podría pensarse en ir aún más lejos, obligando a los operadores que dominan el mercado a alquilar espacio. 
Opino que hay que conseguir la plena utilización de la capacidad, mejores servicios y, consecuentemente, precios más bajos. 
El asunto de las subastas es controvertido. 
Utilizando un adagio sueco cabe preguntarse: ¿Es verdad que la avaricia traiciona al conocimiento? 
Además del riesgo de que los precios de subasta de la tercera generación de teléfonos móviles frenen el desarrollo, hay dos argumentos que quisiera mencionar. 
El roamingen de los teléfonos móviles de tercera generación puede correr riesgos y también pueden surgir barreras entre los países miembros. 
Por eso espero que la Comisión esté alerta y que tengamos un debate creativo en esta materia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, han pasado veinte años desde que el filósofo y ensayista Alvin Toffler identificara las nuevas tecnologías de la información como la tercera de las grandes revoluciones de la Humanidad. 
Sin embargo, en Europa, una vez más no hicimos demasiado caso a nuestros pensadores y, entretanto, durante la última década, los Estados Unidos han aumentado su Producto Interior Bruto y su renta per cápita por encima de la Unión Europea, donde en el pasado año esos indicadores apenas llegaron a representar el 75% con respecto a los norteamericanos. 
Y mientras la mitad de los usuarios de Internet son norteamericanos y el 44% de los hogares cuentan con acceso directo a la red de redes, en Europa esa proporción apenas alcanza el 15%. 
Ahora andamos aceleradamente apostando por la sociedad de la información, por la informática, por Internet, por la red Galileo de seguimiento e intercomunicación vía satélite, por la liberalización y convergencia de las telecomunicaciones y, en general, por los avances tecnológicos. 
Por todo ello, quiero reclamar la pronta transposición en todos los Estados miembros de todas las directivas relativas a la radiodifusión y telefonía vocal, a la interconexión y mantenimiento de la numeración, a las autorizaciones generales y licencias, a las líneas arrendadas, a la oferta de red abierta, a la telefonía móvil y a la protección de datos. 
Al respecto, debemos denunciar y rechazar que, en determinados Estados- como es el caso de España, Alemania, Suecia y el Reino Unido -, las autoridades nacionales de reglamentación no estén ejerciendo con el mayor celo sus funciones, lo cual ha propiciado las quejas de las nuevas empresas, que ven cómo los monopolios de telecomunicaciones preexistentes les ponen dificultades y retrasan la consolidación de la libre competencia en perjuicio de los usuarios. 
Por otro lado, pedimos que, cuando menos, se propicien las tarifas planas para el acceso a Internet, a la red de redes, abogando incluso por la gratuidad del mismo, que debería ser prestado, al igual que la sanidad o la educación, como un servicio público esencial para los ciudadanos. 
Señor Presidente, en Europa- como también en el resto del mundo- nos hemos instalado en el capitalismo electrónico. 
La fiebre del oro se encauza en las Bolsas hacia las acciones de las empresas de las tecnologías de la información, TI. 
Las acciones TI son el Klondyke de nuestro tiempo. 
Los respectivos informes de los Sres. Paasilinna y Alyssandrakis destacan la necesidad de establecer normas para controlar este afán de enriquecimiento: si no se consigue garantizar los intereses públicos y generales, serán los ricos, los grandes y los más rápidos quienes se lo llevarán todo y disfrutarán de todos los frutos del nuevo desarrollo tecnológico. 
Se ha puesto en marcha una concentración de la industria del conocimiento, cuyos costes son pagados por los consumidores. 
Por ejemplo, la lucha por conseguir cupos de mercado en el ámbito del espectro radioeléctrico de la telefonía móvil de la próxima generación pondrá por los cielos las tarifas a pagar por los consumidores. 
La rentabilidad de las acciones depende en última instancia del precio de las tarifas telefónicas. 
Tal y como expone el Sr. Alyssandrakis, ahora debemos encargarnos de proteger los intereses públicos y de garantizar la disponibilidad de bandas de frecuencia suficientes para el funcionamiento de los servicios de comunicación públicos. 
Esto no se conseguirá si se subastan recursos naturales tan limitados como las frecuencias del espectro radioeléctrico, que terminarán siendo monopolio de las grandes corporaciones, dado que son ellas las que pueden pujar más alto. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar en primer lugar al Sr. Alyssandrakis, el ponente para la política de frecuencias, por su informe. 
Lo importante que son las frecuencias, en especial para la economía, lo revela el curso de la licitación de las frecuencias de telefonía móvil de la tercera generación, las llamadas frecuencias UMTS, que está teniendo lugar actualmente en algunos Estados miembros. 
El tema ha sido tratado ya por el Sr. Paasilinna y otros. 
En Gran Bretaña, los operadores de telefonía móvil se han visto obligados a gastar en total 38.500 millones de euros. 
En Alemania, se espera que el producto de las licitaciones alcance entre 50 y 60 mil millones de euros. 
Las licitaciones deberían aportar unos ingresos de una décima parte de la suma mencionada. Esto lo habría podido soportar bien el mercado. 
En mi opinión, la actual evolución de las licitaciones es motivo de seria preocupación. 
Se quita a las empresas la base financiera para realizar inversiones en la infraestructura y en innovaciones. 
Además, los operadores no pueden ofrecer a los clientes un acceso móvil a Internet a unos precios favorables. 
Pero precisamente esto fue considerado hace poco como la oportunidad para acortar distancias en la competencia con los EE.UU. Además, las diferentes prácticas en los países miembros- es decir, licitaciones o beauty constest- ocasionan distorsiones de la competencia en el mercado interior con estas sumas de miles de millones. 
Algunos Gobiernos están por lo visto dispuestos a poner en juego el desarrollo de la telefonía móvil, una de las industrias de futuro de Europa, para sanear sus presupuestos. 
Señor Comisario Liikanen, me permito dirigirme a usted con total sinceridad sobre este tema: ¿qué posición defiende la Comisión Europea sobre esta evolución? 
¿Ve usted la necesidad de actuar en el ámbito europeo? 
Considero que en principio la licitación es una variante muy buena para los usos comerciales, pero creo que precisamente la evolución en el campo de la licitación de licencias UMTS debería ser motivo para recapacitar de nuevo sobre la "doctrina pura". 
Respecto al informe en si, me permito observar brevemente lo siguiente: creo que en el debate que hemos mantenido en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía han cristalizado tres prioridades para una nueva dirección de la política de frecuencias. Está reflejadas también en el informe del Sr. Alyssandrakis. 
Primera: los órganos europeos tienen que estar más intensamente representados en las conferencias sobre telefonía mundial. 
Segunda: en las negociaciones dentro de la CEPT, es decir, la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones, la Comunidad debe articularse de tal modo que los intereses comunitarios sean tenidos en cuenta más intensamente en lo que se refiere a la política de frecuencias. 
Tercera: la Comisión debe poder exigir a los países miembros la puesta a disposición sin trabas y en un tiempo determinado de las necesarias frecuencias para los servicios y aplicaciones paneuropeas acordadas por el Consejo y el Parlamento. 
Para ello habrá que elaborar las necesarias normas. 
Señor Presidente, señor ponente, Señorías, fue en 1993 cuando la Unión Europea se comprometió a liberalizar el sector de las telecomunicaciones. 
Desde entonces, esta decisión ha llevado a la adopción de una serie de directivas y a menudo se nos ha repetido que detrás de esta reglamentación había un objetivo político: el crecimiento, el empleo, la competitividad, la apertura a todos del acceso a la sociedad de la información, con la protección jurídica adecuada. 
En este marco, la Comisión ha desempeñado su papel de vigilancia y ha elaborado toda una serie de informes. 
La comunicación sobre la que debatimos esta tarde se inscribe en esta actuación. 
Debo decir que el balance que se nos presenta está cuando menos matizado. 
En efecto, aunque desde hace dos años, aunque desde la total liberalización, los mercados de las telecomunicaciones se caracterizan por su tasa de crecimiento, nuevas incorporaciones, la bajada de algunas tarifas, asistimos, al mismo tiempo, a la aparición de lagunas bastante serias: lo que se denomina fractura numérica entre las regiones y los ciudadanos, por razones de precio de acceso a estos nuevos servicios y, con esta fractura, la exclusión de ciertos ciudadanos o de ciertas regiones de la sociedad de las nuevas tecnologías. 
Por lo tanto, es absolutamente necesario preservar el objetivo de servicio universal de calidad si se quiere evitar una nueva fractura en el seno de nuestra sociedad. 
Por otra parte, hoy se debate la bajada de los precios de acceso a Internet en un marco de competencia en la red local. 
Creo que el objetivo es loable pero que hay que evitar ciertos errores y, por tanto, discutir el asunto muy seriamente con las autoridades nacionales. 
Mencionaré, además, la necesidad de simplificar las reglas, la protección de los consumidores, el papel de las autoridades nacionales de reglamentación y el régimen de concesión de licencias, de lo que se ha hablado largamente. 
Quisiera decir una última palabra: la liberalización no es un fin en sí mismo, se trata de garantizar la transición por todos y para todos hacia la sociedad de la información creando empleos estables, lo que está lejos de que ocurra siempre en este sector. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Reino Paasilinna por el trabajo tan excelente y metódico que ha realizado en la elaboración de este informe, pero quiero aprovechar para darle las gracias también a la Comisión, que ha trabajado mucho para ampliar el uso de Internet y también a favor del programa e-Europe. 
Como la propia Comisión constata, durante los últimos años ha habido grandes progresos en el sector de las telecomunicaciones de la UE, pero en lo que se refiere a la telefonía móvil en particular, queda todavía mucho que aprender. 
Por ejemplo, debemos considerar la posibilidad de que el usuario pueda elegir de antemano su operador de telefonía móvil. 
Debemos ofrecer esta posibilidad, siempre que los estudios al respecto demuestren que el consumidor se beneficiaría de esta elección previa. 
La Comisión debe encargarse en lo sucesivo con más empeño de que las tarifas llamadas roaming que los operadores cobran a sus clientes desciendan en todos los países de la UE a un nivel razonable más acorde con los costes reales. 
Al mismo tiempo, la Comisión debe velar por que los derechos que pagan los operadores se mantengan en su nivel. 
La lógica de actuación de la UE es, pues, ambivalente. 
Los operadores no deben cobrar tarifas excesivas a los usuarios, pero los operadores tampoco deben ser gravados en exceso por el poder público. 
Los costes totales de los operadores pueden elevarse desmedidamente si se sacan a subasta las bandas de frecuencia de la telefonía móvil de nueva generación. 
Las subastas pueden también desvirtuar la competencia si los operadores empiezan a hacer ofertas tácticas para perjudicar la situación de sus competidores en la subasta. 
Por esta razón, "los concursos de belleza" entre operadores representan una alternativa mucho más provechosa para los consumidores. 
Las cantidades astronómicas de libras esterlinas que alcanzó la subasta de los últimos UMTS celebrada en Gran Bretaña sí que ponen a sonar la alarma. 
Tras los golpes de martillo son siempre los consumidores quienes pagan la factura, y eso es lo que no queremos, pues todos somos consumidores. 
Si en el futuro queremos llevar Internet a gran escala también a las escuelas, a las bibliotecas y al alcance de todos, así como aprovechar las futuras posibilidades en este ámbito de cara a competir con EE UU, Internet debe ser económicamente asequible para todos. 
Señor Presidente, señor Comisario Liikanen, chèr ami Paasolinna, es para mi una alegría poder discutir hoy sobre el importante tema del placer de las licitaciones frente a la frustración de los impuestos. 
Es un placer obtener unos rendimientos elevados pero es una frustración saber que el producto de la acción supone de facto una imposición voluntaria por adelantado. 
Creo que en este aspecto deberíamos aprender de las licitaciones en Gran Bretaña. 
Aquellos que han anunciado su candidatura para estas licencias se han equivocado de facto en una coma. 
Han tenido que pagar más de factor 10 para obtener las licencias. 
Creo que a la larga esto va a tener efectos distorsionadores sobre la competencia pues otras empresas que solamente tienen que enfrentarse a un "beauty contest" pueden ahora llevar a cabo una política de precios mucho más agresiva y absorber a la postre empresas telefónicas carentes de liquidez. 
Por ello, hay que examinar ahora a corto plazo las oportunidades y riegos de las diversas formas de concesión. 
Creo que sería un importante mandato para la Comisión que analizase también las sumas de las licitaciones y sus repercusiones y habría que decir con total claridad a aquellos que obtienen en las licitaciones las licencias si son conscientes de qué riesgos va a deparar aún en el futuro el legislador. 
No se sabe cómo se va a comportar en el futuro el legislador respecto al servicio universal. 
Nuestro Grupo está en contra en el campo de la telefonía móvil. 
Pero, sin embargo, no se sabe qué va a pasar por ejemplo en relación con la portabilidad de los números o la protección de datos. 
Podría enumerar aquí muchos puntos que pueden venir aún por parte del legislativo y que representan un riesgo considerable para las licitaciones. 
Creo que también hay que observar las cotizaciones de la Bolsa. 
Si una empresa en España participa casi sólo en un beauty contest y paga muy poco por ello, naturalmente la cotización de esta empresa en la Bolsa ascenderá del modo correspondiente. 
Por el contrario, empresas que tienen que pagar mucho por ello y no tienen esa oportunidad, pueden sufrir muy pronto dificultades en la Bolsa. 
Por ello, si aceptamos la licitación, entonces se deberá plantear la exigencia de unas condiciones marco. 
Por ejemplo, se podría pensar en promover prioritariamente con estos productos de las licitaciones inversiones para la formación inicial y la continuada, se podrían promover inversiones en investigación y desarrollo centrándose en los creadores de empresas o las explotaciones pequeñas o familiares que desarrollan en especial programas de telecomunicaciones, de Internet o multimedia. 
Finalmente, se podría promover también la infraestructura para impulsar líneas y redes competitivas así como el desarrollo del hardware. 
Pero transferir simplemente el dinero al presupuesto me parece demasiado poco. 
Señor Presidente, deseo felicitar a los Sres. 
Paasilinna y Alyssandrakis por su muy oportuno e inestimable trabajo. 
Como parte de un ejercicio continuo de seguimiento de la Comisión, el Quinto informe prepara el terreno para muchas de las conclusiones y recomendaciones formuladas en el examen de la comunicación que se publicó al mismo tiempo y sobre el que nosotros y el Parlamento Europeo estamos trabajando en este mismo instante. 
El informe del Sr. Paasilinna toca inevitablemente algunos de los temas que se deberán tratar en las propuestas finales, que debatiremos otra vez aquí el mes que viene. 
La Comisión comparte muchas de las preocupaciones expresadas en el informe del Sr. Paasilinna acerca de la actual situación reglamentaria. 
Son de vital importancia para la asimilación de la sociedad de la información y para el desarrollo de Internet, del comercio electrónico y del comercio móvil. 
Ofrecen un acceso no condicionado al bucle local, facilitando la evolución de la concesión de licencias, la coubicación, la preselección de los operadores y la independencia y competencia de las autoridades reguladoras nacionales. 
La Comisión está abordando muchos de esos problemas que ustedes señalan en este momento. 
Cuenta con la muy reciente recomendación sobre el bucle local y sobre la vinculación comercial. 
La Comisión también hará uso de sus atribuciones en materia de competencia para hacer un detenido seguimiento de las posiciones dominantes. 
Hemos formulado además una recomendación revisada acerca de la fijación de precios de interconexión y, en estos momentos, tenemos en marcha medidas de ejecución forzosa y procedimientos de infracción, por ejemplo, contra varios Estados miembros en relación con la preselección de los operadores y con las estructuras tarifarias locales. 
A la espera de la aprobación del nuevo marco, que se presentará en junio, la Comisión seguirá ejerciendo presión para que las normas actuales se apliquen efectivamente. 
Esto lo solicitan las partes del mercado, los reguladores nacionales y las administraciones nacionales, y también acaba de ser objeto de un mandato unánime de la Cumbre de Lisboa. 
La Comisión está preparando actualmente el Sexto informe marco para su aprobación en el 2000. 
El informe del Parlamento supondrá una aportación importante. 
Estoy seguro de que el informe será un importante punto de referencia mientras seguimos el avance de la sociedad de la información. 
La Comisión examinará más de cerca los sistemas de cable. 
Tenemos ya la política de inducir a la cesión de redes de TV por cable para conseguir una mayor competencia local y para estimular las inversiones y los servicios, tal como solicita el Parlamento en estos informes. 
En lo que se refiere al tema del espectro radioeléctrico y al informe del Sr. Alyssandrakis, estoy de acuerdo en que el espectro radioeléctrico es un recurso cada vez más escaso y valioso. 
Se emplea en muchas áreas de actuación de interés para la UE, como son las telecomunicaciones, la radiodifusión, el transporte o la investigación y el desarrollo, todas ellas muy importantes para la economía europea. 
Por esta razón, la Comisión propone un enfoque armonizado. 
Las comunicaciones móviles e inalámbricas se están desarrollando a mucha velocidad y los resultados inesperadamente elevados de las subastas de licencias para el espectro en el Reino Unido ponen de manifiesto la creciente importancia del sector. 
Por otra parte, los mensajes del Libro Verde sobre el espectro demuestran la necesidad de tratar determinadas cuestiones relacionadas con el espectro radioeléctrico a nivel comunitario y de lograr un equilibrio entre distintos sectores de usuarios. 
En segundo lugar, la actuación de la Comunidad en este ámbito es positiva si se produce dentro de marco regulador claro. 
Además, el apoyo político es necesario para facilitar la consecución de los objetivos de la Comunidad a escala internacional. 
Tenemos en marcha la conferencia sobre radiofrecuencias en Estambul, en la que se debatirán temas como Galileo o el espectro radioeléctrico de tercera generación. 
La Comisión acoge por tanto con satisfacción el informe del Sr. Alyssandrakis. 
Puesto que en este informe se pide una política sobre el espectro radioeléctrico, que se ajuste a las políticas comunitarias, es necesaria una mayor armonización de dicho espectro. 
Se tienen que desarrollar las tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como un equilibrio entre todas las necesidades de participación en el espectro que abarque tanto los intereses privados como los públicos. 
Se debe desarrollar la capacidad competitiva de la industria europea a nivel mundial en beneficio de los ciudadanos europeos. 
Al mismo tiempo, la Comisión quisiera destacar que es urgente y no prematuro contar con un marco adecuado a nivel de la Comunidad para poner en práctica las decisiones en cuanto a la política del espectro acordadas en el seno del grupo específico y para garantizar que se apliquen en la Unión los resultados de los mandatos de armonización. 
Debiéramos ser capaces de promover sin demora unas medidas de armonización que respondan a los avances tecnológicos y del mercado. 
La Comisión informará anualmente al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las medidas aprobadas. 
En lo que se refiere a otras medidas, la Comisión presentará hacia finales de junio- después de los debates y las votaciones del Parlamento sobre los informes relativos a las radiofrecuencias- el marco adecuado para la política del espectro radioeléctrico en la CE. 
En él también se tendrán en cuenta los resultados del debate general que se está desarrollando ahora en la revisión de 1999. 
Comprendemos perfectamente el debate sobre los precios de subasta que tanta atención han recibido aquí. 
De acuerdo con las nuevas normas actuales, la Comisión debe reconocer la autoridad de los Estados miembros para elegir su método preferido de concesión de licencias para el espectro, ya sea un método administrativo o de subasta, pero la Comisión vigilará atentamente la evolución de la situación a fin de evitar distorsiones de la competencia y de garantizar la aplicación de la directiva sobre concesión de licencias, y también vigilará atentamente la evolución tecnológica y de los servicios en beneficio de los ciudadanos de la UE. 
La Sra. Read formuló una pregunta acerca del equilibrio entre competencia y regulación. 
Yo diría que necesitamos una regulación para impulsar la competencia, pues de otro modo los cuellos de botella pueden impedir de hecho una competencia que puede ayudar a los ciudadanos, ya que servirá de incentivo para que bajen los precios y aumente la calidad de los servicios. 
Pero hay áreas en las que también tenemos un gran interés relacionado con la política pública, en especial en lo relativo al servicio universal y a la protección de datos. 
En dichas áreas, la Comisión presentará propuestas en el contexto de la nueva legislación sobre las comunicaciones electrónicas que se presentará a finales de junio. 
Al mismo tiempo, la Comisión se propone además definir este equilibrio entre los mercados y la política pública en el contexto del Plan de Actuación de Europa, que se deberá presentar la semana próxima. 
Por último, en lo que respecta a la coherencia de los sistemas de concesión de licencias, debemos asegurarnos de que no se producirá ninguna distorsión de la competencia y garantizar la aplicación de la directiva sobre concesión de licencias. 
Todo este debate es muy importante para definir el contenido de la nueva legislación sobre las comunicaciones electrónicas, y estoy seguro de que estos temas no sólo interesarán a unos pocos parlamentarios expertos y apasionados como ocurre hoy: las comunicaciones electrónicas serán un tema político fundamental en los próximos años. 
Gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Enfoque coherente del espacio europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5­0119/2000) del Sr. Alyssandrakis, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el documento de trabajo de la Comisión " Hacia un enfoque coherente del espacio europeo (SEC (1999) 789- C5-0336/1999- 1999/2213 (COS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el lanzamiento, en 1957, del primer satélite artificial por la Unión Soviética, marcó el inicio de la carrera de la exploración del espacio y al mismo tiempo constituyó el principio de una nueva época para la humanidad. 
La capacidad del hombre de lanzar vehículos espaciales ha extendido nuestras fronteras más allá de la atmósfera de la Tierra y nos ha ofrecido multitud de nuevos conocimientos sobre el sistema solar, pero también sobre el universo entero. 
Al mismo tiempo ha dado lugar a aplicaciones prácticas que han cambiado nuestra vida. 
El uso de satélites artificiales en las telecomunicaciones, en la previsión del tiempo, en el seguimiento de la Tierra, en la aeronavegación, es tan extendido que difícilmente podría pensarse en la continuidad de estas actividades sin la utilización del espacio. 
Por otra parte, los elevados requisitos técnicos de los aparatos espaciales han sido la ocasión para un enorme progreso tecnológico que ha ido entrado gradualmente en nuestra vida. 
Por otra parte, el espacio ha tenido siempre una importancia estratégica, ya que quien controla el espacio controla al mismo tiempo la Tierra. 
El espacio es un sector donde por excelencia la cooperación internacional es especialmente importante. 
En el terreno europeo, el Servicio Europeo del Espacio (ESA) , organismo independiente en el que participan 14 países, 12 de los cuales son miembros de la Unión Europea, ha jugado un papel fundamental en la cooperación para la exploración del espacio, en las aplicaciones espaciales y en el desarrollo de la investigación del espacio. 
Tanto el Consejo como la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se han ocupado de asuntos de política espacial en múltiples ocasiones hasta ahora. 
Tema político fundamental de toda la cuestión constituye el establecimiento de una aproximación cohesiva en cuanto al espacio, así como el impulso de la cooperación entre la Unión Europea y el ESA basada en objetivos comunes y con un marco claramente determinado. 
El documento de trabajo de la Comisión Europea que examinamos hoy llega como respuesta a la votación del Consejo del 22 de Junio de 1998 donde invitaba a la Comisión a la adopción de medidas prácticas para impulsar la cooperación Unión Europea-ESA. 
El texto discute aspectos de la política espacial de la Unión Europea referidos a aplicaciones prácticas especialmente en los sectores de telecomunicaciones, aeronavegación, observación de la Tierra, sin hacer referencia ni a la exploración del espacio ni a su utilización para la investigación científica. 
Desde este punto de vista, el alcance del documento es algo limitado, ya que una política global sobre el espacio no debería cubrir sólo las aplicaciones prácticas. 
La Comisión deja claro el hecho de que una aproximación cohesiva es imprescindible para la Unión Europea. 
Con este objetivo se ha creado ya una estructura consultiva para el espacio y temas relacionados con participación activa del ESA. 
Esta estructura incluye al equipo consultivo sobre el espacio, así como otros equipos de alto nivel. 
El documento de la Comisión Europea concluye que la Unión Europea debe encontrar nuevos medios de poner en práctica una política espacial y propone determinados ejes. 
La votación de la Comisión de Industria, Comercio, Investigación y Energía expresa enérgicamente su deseo de que el espacio se utilice con fines pacíficos en beneficio de toda la humanidad. 
Al mismo tiempo, considera que la política sobre el espacio no puede ser dominada exclusivamente por el mercado y que deben tomarse en cuenta estimaciones a largo plazo sobre los beneficios y los peligros de la explotación del espacio, no solo desde el punto de vista de los intereses de la industria, sino también del bienestar de todos los hombres. 
Acentúa la importancia de la cooperación internacional, la necesidad de la participación de todos los estados miembros en las actividades espaciales, la importancia de la cooperación con terceros países y subraya que el ESA ha funcionado eficazmente y ha desempeñado un papel líder en la investigación y las aplicaciones del espacio tanto en el terreno europeo como mundial. 
La Comisión de Industria saluda la proposición de la Unión Europea de establecer un marco político para futuros programas e insiste en que éste deberá desarrollarse a partir de extensas y profundas deliberaciones entre todos los países implicados. 
Se sitúa a favor del desarrollo ulterior de sistemas de lanzamiento, a favor del desarrollo de nuevos sistemas de telecomunicaciones, y también a favor del desarrollo de la participación europea en el programa de la Estación Alpha y reitera su apoyo al Parlamento Europeo en el desarrollo de un sistema mundial de aeronavegación por satélite, el conocido Galileo. 
Invita a la Comisión, en colaboración con los estados miembros, a tomar todas las medidas para la eficaz utilización de sistemas espaciales para el seguimiento del medio ambiente y la seguridad, con vistas a proteger la vida de los ciudadanos y los medios naturales, detectar en estado temprano y por supuesto prevenir catástrofes naturales o artificiales, y ayudar a combatir el fraude. 
Tengo la convicción, Señorías, de que la discusión que mantenemos hoy ayudará al ulterior desarrollo de la política en el plano del espacio. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Comisión y al ponente por el trabajo realizado y la buena cooperación mostrada. 
La navegación espacial es un tema de alta tecnología que actúa en muchos campos con años de antelación y está aportando ya hoy aplicaciones que estarán a disposición de las amplias masas no antes de diez o quince años. 
Europa se encuentra aquí en competencia con países, como los EE.UU que, naturalmente, se encuentran en primer lugar, pero también con países asiáticos o Rusia. 
Debemos prestar atención para que Europa ocupe en este campo estratégico una posición mejor y adopte también un papel dirigente. 
Un ejemplo positivo en este sector es el Airbus que todos conocemos y que mediante una cooperación de años entre los Estados y las industrias ha hecho que desempeñemos hoy un papel dirigente en la construcción civil de aviones y en algunos segmentos poseamos ya una proporción del mercado del 50%. 
No se trata pues solamente de la navegación espacial sino también de la cuestión de la futura competitividad de Europa. 
Se han mencionado algunos ejemplos: observación de la Tierra, telecomunicaciones, protección del medio ambiente, seguridad. 
Aquí no se trata solamente de la aplicación práctica sino también de la investigación, tal como ya han dicho. 
Uno es la futura cooperación de la ASE, la Unión Europea y los Estados miembros. 
Se debería conceder a éstos un espacio propio respetando el principio de la subsidiariedad. 
Pero como esto precisa de mucho capital, debemos trabajar para lograr una mejor coordinación entre los Estados miembros de la ASE y de la UE. 
Tenemos que proporcionar también a la industria un interlocutor. 
La industria se consolida. Cada vez hay más public private partnerships en este sector. 
Es urgentemente necesario que la industria tenga un interlocutor, uno con el que hable para que no se asfixie dentro de la administración. 
El segundo es la futura comercialización. 
Tenemos que prestar atención para que los productos, las aplicaciones de la navegación espacial, se conviertan en el futuro también en aplicaciones prácticas para los consumidores. 
Aquí tenemos que abrir nuevas oportunidades, también a las pequeñas y medianas empresas, las start-up companies, para que puedan realizar innovaciones. 
GALILEO es un concepto clave en este contexto. 
Naturalmente, aquí estamos en competencia con el sistema americano GPS. Pero creo que si contribuimos a una mayor comercialización podremos obtener de todo el sistema más innovación. 
El tercer punto es el referente a la UEO, la seguridad exterior. 
En el conflicto de Kosovo hemos visto qué significa no disponer un sistema de información propio. 
Por ello, debemos mantener abierta esta opción si la UEO se integra en la UE. 
Una política exterior y de seguridad propia significa también disponer de posibilidades propias de información. 
No debemos excluir de antemano esta vía sino tenerla siempre presente. 
Señor Ponente, Señorías, todo el mundo está de acuerdo en que el acceso directo o indirecto del hombre al espacio es, en primer lugar, un sueño, una maravillosa aventura y una fuente de progreso en el conocimiento. 
Pero, además, es sobre todo una fantástica fuente de cambio en nuestras vidas cotidianas. 
Se ha hablado de los satélites, de las telecomunicaciones y podrían añadirse las previsiones meteorológicas. 
Sin embargo, hay que admitir también que el espacio es una expectativa estratégica. 
Se ha recordado la temible guerra que en su momento libraron los Estados Unidos y la URSS. 
Hoy en día, aunque Estados Unidos y Rusia siguen dominando este sector, los países europeos juegan en él un papel importante y creciente. 
Para reforzar el peso de nuestra Unión, la puesta en marcha de una estrategia a nivel europeo es primordial. 
Esta estrategia deberá encontrar el equilibrio justo entre las diferentes utilizaciones del espacio. 
La Agencia Espacial Europea ha jugado un papel crucial en la cooperación entre los países europeos en el campo de la explotación del espacio y del desarrollo de la investigación. 
Pero tal como lo sugiere el Ponente, parece necesario ampliar sus actividades a proyectos impulsados desde el marco comunitario. 
En Europa, también hay que satisfacer la falta de una verdadera política y de una estrategia tendente a la utilización eficaz de los sistemas espaciales para vigilar el medio ambiente y garantizar la seguridad, proteger los recursos naturales, detectar o prevenir las catástrofes naturales o las debidas a la acción del hombre, luchar contra el fraude. 
Una parte importante de las aplicaciones prácticas del espacio ya está controlada por el mercado, y esto me parece peligroso. 
La Comisión debe proponer medidas para corregir estas verdaderas desviaciones. 
Me alegro, por último, como muchos de mis colegas, de la acogida tan favorable que se dispensa al proyecto Galileo, que permitirá una fuerte participación europea en la puesta en marcha de un sistema mundial de navegación por satélite. 
Para concluir, el nuevo enfoque en materia de política espacial debe basarse en una estrecha colaboración entre los Estados miembros, la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea. 
Es el único medio para llegar al consenso que una política de este tipo requiere. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, el mercado europeo para las aplicaciones espaciales está fragmentado. 
Está formado por numerosas empresas más bien pequeñas que no colaboran suficientemente entre ellas. 
Se impone, por tanto, una reestructuración de la industria espacial, es decir, una integración de varias empresas en una sola empresa o grupo de empresas, a fin de garantizar la competitividad del sector en el mercado mundial. 
El space advise group ciertamente no se quejará de falta de trabajo. 
En el caso de las actividades espaciales, la colaboración comunitaria e internacional es imprescindible. 
Mi segunda observación se refiere a la situación de la industria europea de satélites. 
El interés estratégico que suponía contar con una propia industria de satélites se ha convertido desde el final de la guerra fría en un interés económico. 
El sector crece un 10% al año y contribuye, por tanto, a la creación de empleo. Si la Unión Europea no quiere perder el tren, la Comisión y los Estados miembros deben fomentar el desarrollo de la industria. 
Los sistemas de satélite sientan las bases para el mayor desarrollo de la tecnología de la información y de la comunicación. 
Desafortunadamente, la industria europea de satélites está fuertemente dominada por las autoridades públicas. 
Es por eso por lo que funciona de forma demasiado aislada sin que exista la necesaria interacción con la industria de ordenadores, redes, programas informáticos y aparatos periféricos, de modo que la industria pierde una cuota de mercado cada vez mayor a favor de los EEUU. 
Por todo ello, tenemos que fomentar la colaboración y fusión de empresas así como la ayuda al desarrollo tecnológico, entre otras cosas a través del programa marco. 
Mi Grupo espera con gran expectación el documento que nos ha prometido la Comisión sobre un satélite espacial europeo en el que destaca obviamente la contribución de la Agencia Espacial Europea. 
Aquí, con todo este ruido, esto resulta muy difícil. La resonancia es terrible. 
Creo que los técnicos deberían hacer algo. 
Muchas gracias, señora Plooij-van Gorsel. 
También había notado ya la Mesa que había un problema de sonido, pero, naturalmente, es un problema que sólo se puede resolver cuando se interrumpan los trabajos. 
Esperemos que mañana las condiciones de sonido sean mejores. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Konstantinos Alyssandrakis por su exhaustivo informe, sin embargo, he de decir que en esta ocasión, sobre todo la Comisión, así como este informe conclusivo no se han atrevido lo suficiente en lo que se refiere a la iniciativa de Europa en el sector de la investigación espacial. 
Como se ha dicho, ya no existe competencia entre el bloque de los Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética, y Europa con sus científicos, con sus capacidades técnicas no acaba de despegar en el espacio y en la investigación espacial. 
Es necesario aumentar la financiación y crear un capítulo presupuestario. Asimismo es preciso que la Unión Europea gestione los presupuestos nacionales en la investigación espacial, porque por sus características la misma es una de las actividades principales de la Unión Europea y, evidentemente, si se lleva a cabo en el ámbito de cada uno de los Estados miembros no podrá conseguir resultados satisfactorios. 
Es necesario proceder a la creación de una agencia espacial de la Unión Europea distinta de la ESA, ya que la ESA es otra cosa. 
Hace falta organizar la puesta en órbita de satélites de la Unión Europea a bajo coste para la utilización de las industrias europeas. 
En conclusión, quisiera recordar que también los pensionistas deben participar en esta investigación espacial. 
¿Cómo pueden hacerlo? 
Pues bien, en los Estados Unidos un ilustre pensionista, el astronauta John Glenn, viajó al espacio a los 69 años. 
Yo tengo 55, dentro de 15 tendré 69. 
Ya soy político, podría convertirme en astronauta, el primer astronauta pensionista de la Unión Europea. 
Me apunto. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Alyssandrakis, y a todos los parlamentarios que han contribuido a la elaboración de esta resolución. 
En nombre de la Comisión, puedo asegurarles que nos felicitamos por esta resolución del Parlamento, puesto que pone de relieve la importancia de reforzar políticamente el análisis de la Comisión, entre otros, sobre el papel estratégico y económico del espacio y la necesidad de consolidar las inversiones europeas y el lugar de la industria europea, y de idear nuevos enfoques para una política del espacio. 
Como ustedes saben, el 2 de diciembre, el Consejo de Ministros de Investigación adoptó una resolución solicitando a la Comisión la elaboración, conjuntamente con la Agencia Espacial Europea, de una estrategia europea del espacio. 
Esta estrategia deberá someterse al Consejo para su evaluación antes de que finalice este año. 
Ayer, remití una nota a la Comisión que redacta el estado de los trabajos. 
Les recuerdo que estos trabajos los lleva a cabo un grupo que reúne a representantes de la Agencia Espacial, de diferentes direcciones implicadas de la Comisión, así como de la industria y de la UEO. 
Este grupo ya ha celebrado varias reuniones. 
Celebrará una más en julio. 
La nota informativa que se les entregará a ustedes, les informa del progreso de estos trabajos. 
Este ejercicio de elaboración de una estrategia europea del espacio es asunto de todos y debería servir de base a las decisiones que se esperan para finales de 2000 relativas más concretamente al programa Galileo y a las reflexiones, ya iniciadas, sobre el medio ambiente y la seguridad, que deben desembocar en iniciativas cuya importancia se pone de manifiesto en la propuesta de resolución del Parlamento. 
Pienso que el diálogo iniciado con la Agencia Espacial Europea participa totalmente de la dinámica que requiere la comunicación más amplia sobre la que vamos a discutir en un próximo informe, de la dinámica de un espacio europeo de investigación. 
Creo que la actuación es análoga; se trata de constituir en Europa una sinergia de todas las potencialidades de forma que Europa ocupe su puesto, que sea lo más amplio y lo más completo posible, en el mundo de mañana. 
Me felicito, por tanto, por la discusión que ha tenido aquí lugar y que, como he dicho, aporta un apoyo político. 
Creo que dispondremos en los próximos meses, con la adhesión del Parlamento, del Consejo de la Unión Europea y del Consejo de la AEE, puesto que queremos trabajar paralelamente, de una referencia para las futuras actividades espaciales implicadas que, como ha subrayado el informe, son esenciales. 
Muchas gracias, señor Comisario Busquin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el viernes a las 12.00 horas. 
Espacio europeo de investigación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5­0131/2000) de la Sra. Plooij-van Gorsel, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Hacia un espacio europeo de investigación" (COM (2000) 6- C5-0115/2000- 2000/2075 (COS) ). 
. (NL) Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias al Comisario Busquin por haber iniciado un amplio debate sobre un espacio europeo de investigación. 
Llega en el momento justo, entre dos programas marco. 
Ahora mismo no se puede afirmar que exista una política europea de investigación. 
Las políticas de investigación de los Estados miembros y de la Unión se llevan a cabo de forma independiente, sin que constituyan un todo coherente. 
Además, invertimos mucho menos en investigación que los Estados Unidos y Japón. 
Estos dos factores hacen que el desfase con respecto a los Estados Unidos haya aumentado continuamente en los últimos años. 
Si la Unión Europea desea invertir en una mayor competitividad y más empleo, necesita un planteamiento más amplio y más innovador del que se ha aplicado hasta la fecha. 
Es tanto más importante cuanto que la ampliación de la Unión está a la vuelta de la esquina. 
Los Estados miembros han de renunciar a su nacionalismo tecnológico y han de apostar por una Unión Europea, también en materia de investigación y tecnología. 
Ello significa que los investigadores europeos deben tener acceso a sus respectivos programas nacionales. 
Aun cuando el programa marco europeo de investigación y desarrollo tecnológico es un instrumento útil para estimular la colaboración internacional, es insuficiente para mejorar por sí solo los esfuerzos europeos comunes en materia de investigación. 
El programa marco desempeña un importante papel multiplicador, funciona como un volante de inercia que acciona el mecanismo, aunque sólo representa el 6% de todos los gastos europeos en materia de investigación. 
En Europa las empresas pagan el 60% de todas las inversiones en materia de investigación. 
Sin embargo, el 90% de estas inversiones se emplea en investigaciones destinadas a mejorar los procesos de producción y salvaguardar la competitividad. 
Sólo un 10% se invierte en proyectos de investigación nuevos e innovadores. 
No cabe duda de que el programa marco aporta una contribución sustancial a este 10%. 
Europa no tiene ningún problema para convertir euros en investigación. 
La comercialización, es decir, el añadir conocimiento a un producto parece plantear menos problemas en Estados Unidos que en Europa. 
Por todo ello, necesitamos una mayor coordinación entre el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación en el mercado. 
El aumento del conocimiento no es, sin embargo, un objetivo en sí mismo. Sí lo es la transformación del conocimiento en innovación y éxito industrial. 
Ello crea empleo y prosperidad. 
Por eso, las universidades y empresas han de colaborar más estrechamente. 
Al igual que en los Estados Unidos, los investigadores deberían desempeñar alternativamente funciones académicas y puestos comerciales en empresas. 
Ahora el Comisario Busquin ha indicado cómo se podría realizar un espacio europeo de investigación. 
Se centra, no obstante, principalmente en la optimización de la infraestructura, entre otras cosas a través de la configuración de una red de centros de excelencia y la creación de centros virtuales. 
Creo, sin embargo, que un espacio europeo de investigación requiere mucho más que medidas de infraestructura. 
Las infraestructuras no tienen capacidad innovadora ni tampoco las redes electrónicas, aunque son imprescindibles. 
Para que pueda nacer un espacio europeo de investigación no necesitamos únicamente una infraestructura avanzada, sino también una identidad europea y una creatividad europea. 
Creo que en este contexto se ha ignorado durante demasiado tiempo el potencial de las mujeres. 
El último punto que quisiera mencionar se refiere a la ausencia de una patente comunitaria. 
El actual sistema europeo de patentes causa fragmentación y ocasiona un gran número de gastos adicionales. 
En Europa solicitar una patente resulta diez veces más caro que en los EEUU y los trámites son mucho más complejos. 
Aparte de la patente europea no existen otros mecanismos para ayudar a las pequeñas empresas a proteger sus patentes. 
¿Piensa el Comisario deliberar con su colega, el Sr. Bolkestein, a fin de remediar esta situación? 
Ello es importante ya que las pequeñas y medianas empresas no disponen de los medios necesarios para hacer frente a costosos procedimientos jurídicos. 
A modo de conclusión quisiera poner de manifiesto que Europa necesita una política común de investigación en la que tengan cabida la investigación aplicada y la investigación fundamental en diversas especialidades técnicas y que tome en consideración el hecho de que las innovaciones a menudo se producen en la zona de convergencia de distintas disciplinas científicas. 
En el futuro se pueden crear nuevos puestos de trabajo, sobre todo dentro de los sectores de la biotecnología y la tecnología de la información y la comunicación, pero asimismo sigue siendo necesaria la investigación en las ciencias humanas y sociales en una Unión Europea que se caracteriza por su enorme diversidad cultural. 
Quisiera dar las gracias a mis colegas por su amable colaboración. 
Señor Presidente, debo decir, lamentándolo mucho, que estoy en desacuerdo con mi colega, la Sra. Plooij-van Gorsel, en uno de los puntos, concretamente este: si hay algún fin en la vida humana que merezca la pena es el del conocimiento por el conocimiento. 
Si hay algún impulso que contribuya a la buena investigación es el de la pura curiosidad. 
Es el trabajo hecho por pura curiosidad, por el placer de aprender como un fin en sí mismo el que, finalmente, produce importantes ventajas tecnológicas inesperadas que suponen una verdadera diferencia. 
Estoy de acuerdo con ella, sin embargo, en que no es suficiente para justificar el gasto de dinero público el que alguien sufra de curiosidad aguda. 
Por lo tanto, es la promesa de una aplicabilidad a largo plazo y de una aportación económica a largo plazo lo que justifica el gasto de fondos públicos. 
Pero debemos recordar que los fondos públicos no se emplearán correctamente a menos que se inviertan en personas motivadas por la curiosidad y que estén comprometidas con el saber en sí mismo. 
Esto es algo de lo que en Europa nos olvidamos, con el riesgo que nos supone. 
Se menciona en los considerandos N y O. Estoy muy agradecido por ello. 
Desde luego estoy muy agradecido a la Sra. Plooij-van Gorsel por la forma en que ha introducido en el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía prácticamente todos los puntos que figuraban en el proyecto de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del que yo era responsable y que es la razón de que me esté dirigiendo a ustedes esta noche. 
El todo es mejor que la suma de las dos partes. 
Ha sido muy bueno de su parte haberlo introducido con tanta eficacia. 
Las enmiendas del Sr. Pietrasanta y de la Sra. Maes, que añaden los puntos sobre sostenibilidad, bienes medioambientales y salud a los demás aspectos económicos de los que hemos hablado son importantes y se debieran aprobar. 
Existe sin duda una crisis europea en la financiación de la investigación. 
Hay que incrementarla. 
Tiene que subir hasta el 3% desde el patético 1,8 % actual, aproximadamente la mitad de lo que nuestros amigos y competidores japoneses y americanos dedican. 
Los instrumentos jurídicos son importantes. 
Habría que mejorar el sistema de la patente europea. 
La subsidiariedad es si cabe más importante; subsidiariedad, tal como ha dicho el Comisario, en su sentido más amplio: contribución de las regiones a la investigación al igual que los Estados miembros y la Comisión, llegando hasta el propio equipo investigador. 
Sus miembros son los que están en la cúspide de la pirámide. 
Debemos asegurarnos de que nuestros sistemas de ayuda a la investigación no estén nunca tan sobrecargados de burocracia, con mecanismos de aplicación de tan difícil acceso, que dediquemos a solicitar fondos para la investigación recursos que se deberían emplear en la propia investigación. 
La simplicidad lo es todo y "subsidiariedad" significa, en este contexto, simplicidad y un período adecuado de revisión de la investigación. 
También necesitamos otras cosas. 
Necesitamos que se preste la debida atención a la movilidad y a todo lo que lleva consigo: carreras profesionales de investigación propiamente dichas en toda Europa, la posibilidad de que la gente obtenga un empleo en la investigación y se desplace con libertad. 
Los presagios no son del todo buenos. 
Hemos visto, en el caso de los asistentes de lenguas extranjeras en Italia, que han transcurrido 12 años de inmovilidad reconocida en la legislación europea porque se ha negado el derecho a la libre circulación con independencia de la nacionalidad y la Comisión aún no lo ha hecho cumplir de manera efectiva. 
Realmente debemos insistir en que se consigan mejoras en este sentido y en que se transfieran de la comunidad docente a la estrechamente aliada comunidad investigadora. 
En resumen, debemos hacer a nivel de la Comunidad y de la Unión las cosas que sólo se pueden hacer en esos niveles y dejar el resto. 
Todo lo que se afirma en el párrafo 40 del informe. 
También debemos mejorar en el desarrollo y la aplicación de los conocimientos que adquirimos. 
Mi colega de Edimburgo, el profesor Salter, ha desarrollado un aparato para destruir minas de una manera segura. Nunca se ha desarrollado a nivel industrial. 
Muchas buenas ideas que se conciben no se llegan a desarrollar. 
Esto es fundamental. 
Señor Presidente, es para mí un gran placer responder en representación del PPE y del Grupo DE y en nombre de mi colega, la Sra. Quisthoudt-Rowohl, que ha sido la ponente en la sombra de la Comisión de Industria pero que desgraciadamente no puede estar aquí esta noche. 
Tengo el placer de seguir al Sr. MacCormick de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Ya han oído ustedes que éstos son realmente una combinación formidable y un informe sumamente completo y minucioso de la Sra. Plooij-van Gorsel, pero el Sr. MacCormick ha añadido al informe su toque personal, cuyo "sabor" acaban ustedes de conocer. 
Claramente, la esencia del pensamiento de la Comisión que ha penetrado en este informe y, desde luego, en nuestra respuesta, se ha centrado en dos aspectos: competitividad y coordinación, ya que la capacidad investigadora, unida a la capacidad de traducir la investigación en productos y servicios de auténtico valor comercial, va a ser la clave de la capacidad competitiva de la Unión Europea y de la Unión ampliada en este nuevo siglo. 
Realmente necesitamos hacer mejor uso de todas las capacidades intelectuales de que disponemos en toda la Unión Europea mejorando las formas de trabajar juntos, en particular, centrando más nuestros esfuerzos, no duplicando el trabajo, reuniendo a los pens7adores originales de los que hablaba el Sr. MacCormick. 
Cualquiera que haya trabajado en investigación sabrá que cuando se junta gente siempre están surgiendo ideas nuevas y creativas. 
Esa actividad no se puede conseguir realmente con mucha centralización. 
La Comisión tiene una labor que realizar como catalizador del proceso. 
Como dice el Sr. MacCormick, tenemos que conseguir que se reúna gente de toda la Unión para hablar de región a región, de universidad a universidad. 
Tenemos que contar con mejores redes de información, y que este intercambio de información se haga horizontalmente, y no hacia el centro y de éste otra vez hacia fuera. 
Ahora disponemos de fantásticos nuevos medios para hacerlo. 
Al fin y al cabo, Internet era una herramienta destinada a facilitar la conexión de la investigación en redes. 
Para ello se diseñó inicialmente y ahora tenemos la posibilidad de usarlo y de pensar en cómo desarrollar la capacidad en materia de telecomunicaciones, las formas de usarlo, la estructura de la que hablamos en nuestro primer debate sobre telecomunicaciones, la idea de los centros de excelencia virtuales. 
Esto, creo, es un factor de inmensa importancia cuando se trata de conseguir esta orientación específica y esta síntesis de ideas. 
Si hay algo que deben promover enseguida en una fase piloto el Sr. Busquin y su equipo, es la idea de pasar a los centros de excelencia virtuales y de avanzar en ciertas áreas fundamentales. 
El segundo punto que quiero comentar guarda relación con nuestra capacidad competitiva. 
Suscribo completamente las frases finales que nos acaba de dirigir la Sra. Plooij-van Gorsel: tenemos que fomentar la investigación y el desarrollo de habilidades a la hora de llevar los productos al mercado. 
Tenemos que mejorar las formas de hacerlo. 
Los procesos del diseño original son la creación del prototipo, la puesta a prueba y la fabricación. 
Tenemos que reducir el tiempo hasta la comercialización, coger estas ideas y llevarlas hasta los consumidores lo antes posible, fabricar productos de forma sencilla y rápida, más eficazmente, más flexiblemente. 
Éstas son habilidades muy importantes que necesitamos desarrollar y la investigación tiene una importante función que desempeñar en ello. 
Al acoger favorablemente el informe de la Sra. Plooij-van Gorsel, estamos anticipando al siguiente paso, Sr. Busquin, al responder a estos retos que hemos superado. 
Confiamos en que usted convierta estas propuestas en ideas tangibles para alcanzar los objetivos que todos compartimos. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, quisiera en primer lugar felicitar a la Comisión y al Comisario encargado de investigación por haber llenado de alguna forma, con un documento sólido, el foso que se abre siempre en nuestras actividades, entre un programa-marco, que está en marcha, y el que le sucede. 
Así, a veces tenemos períodos de dos años, que algunos llamarán de descanso y otros de reflexión, cuando en este caso concreto no se nos deja descansar, y con toda razón, proponiéndonos una comunicación totalmente oportuna sobre el espacio europeo de investigación y desarrollo. 
Diría que esta contribución es tanto más afortunada por cuanto concede en cierto modo, para fertilizarlo, un terreno sin cultivar como es, dentro del ámbito de la investigación, el de la cooperación entre la Comunidad Europea y los Estados miembros. 
Esta cooperación, que ya podría calificarse de intensificada y que el Tratado prevé en los artículos 165, 168 y 169, sólo ha tenido hasta ahora una existencia totalmente teórica. 
Su comunicación les da vida. 
Esperamos que después del nacimiento haya un crecimiento, pero ya volveré sobre ello. 
Y, a este respecto, quisiera también felicitar, naturalmente- y no simplemente por espíritu de compañerismo o de corporativismo- a la Sra. Plooj-Van Gorsel, por su informe. 
Aunque ha tenido que elaborarlo a toda prisa, en condiciones que no siempre han sido fáciles, el resultado es totalmente satisfactorio. 
En cualquier caso, lo apoyaremos por cuanto se ha visto perfeccionado a su paso por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Pero no quisiera tampoco que la lectura del informe de la Sra. Plooij­Van Gorsel y su exposición, aquí, en sesión, hagan pensar que el principio y el fin de la investigación y del desarrollo se limita a buscar una solución a lo que se ha dado en llamar la paradoja europea de la investigación, una investigación de alto nivel, a la que le falta el capítulo de la innovación para alcanzar el nivel de los Estados Unidos. 
Por eso, la tentación de decir que lo esencial es evidentemente el paso de la investigación de laboratorio a la realidad del mercado es grande y ustedes, Señorías, han caído en ella. 
Ustedes han subrayado, yo diría que con mucho dinamismo, todos los elementos que facilitan este paso, el benchmarking, la ayuda a las inversiones privadas, la exención fiscal y un cierto número de ayudas a los jóvenes empresarios y a las pymes con un alto valor añadido tecnológico. 
Todo esto es importante y necesario. 
Debemos convertir efectivamente la investigación en crecimiento y el crecimiento en empleos. 
Pero ¿cómo se puede pensar que una Comunidad Europea que dedica dos veces menos medios a la investigación y al desarrollo que Estados Unidos y Japón puede preservar una base tal de conocimientos y saber que resulte suficiente? 
Si queremos pasar mañana a la innovación, es necesario que la base de conocimientos esté a su altura. 
A mi modo de ver, lo mejor que esta importante comunicación propone a este respecto es, precisamente, la puesta en marcha de los centros de excelencia, de las redes que van a conectar estos centros, las infraestructuras, las grandes instalaciones comunes, una movilidad mejor estructurada. 
En resumen, todo lo que va a contribuir a fortalecer la base de nuestros conocimientos. 
Y tal como decía mi predecesor, el Sr. Harbour, desde ahora puede usted contar, Señor Comisario, con un amplio apoyo del Parlamento Europeo. 
Se que ya tiene usted el apoyo de la comunidad científica europea, lo cual es sumamente importante. 
Ahora, será necesario transformar la prueba en propuestas pero también en cambios más radicales. 
Tendremos una cita a mitad del camino del quinto programa-marco y, sin esperar al sexto, quizá sea la ocasión de traducir en actos y en nuevas prioridades lo que hoy nos anuncia, lo cual es sumamente prometedor. 
Señor Presidente, señor Comisario, la comunicación que nos ocupa es una importante apertura del diálogo para entablar una colaboración más estrecha en el ámbito de la investigación. 
Hay un despilfarro de recursos debido a los paralelismos existentes y a la falta de coordinación. 
En nombre del Grupo ELDR, doy las gracias a la ponente, a la Sra. Plooij-van Gorsel, por este buen informe y por el trabajo verdaderamente apasionado que ha realizado en favor de este tema: nuestro Grupo apoya sus puntos de vista. 
Los datos revelados por la estadísticas de la comunicación de la Comisión sobre la escasa inversión en investigación por parte de los Estados miembros de la UE son preocupantes. 
Todavía peor es el hecho de que la diferencia aumenta con respecto a los Estados Unidos. 
Sin embargo, algunos Estados miembros han apostado decididamente por la investigación, hecho que parece haber dado buenos resultados, particularmente en el sector de la informática. 
Quiero todavía poner de relieve algunos puntos de vista en mi intervención. 
No me complace hablar de política en materia de investigación, sino más bien de cooperación y de estrategias. 
La palabra 'política' connota el matiz de que las actividades son dirigidas rigurosamente desde Bruselas. 
Sin embargo, los objetivos de las actividades en el ámbito de la investigación no deben fijarse con excesiva rigidez. 
Es en el seno de cada comunidad científica donde mejor se conocen los puntos cruciales y las necesidades de desarrollo, y la política no debe dirigir excesivamente estos aspectos. 
La participación de la mujer en la investigación sigue siendo demasiado escasa en la UE. 
Debemos integrar en los programas medidas de acción concretas para fomentar esta participación de la mujer. 
El intercambio de investigadores y la interacción entre diferentes grupos de investigación son medidas muy recomendables. 
A través de ellas se difunden el conocimiento y las experiencias, y son medidas que permitirán crear una verdadera cooperación europea reticular que dará más tarde sus frutos. 
La Secretaría del programa COST ha realizado ya una eminente labor en este sentido. 
Habría que seguir consolidando su papel como coordinadora de la investigación. 
Señor Presidente, efectivamente, es necesario desarrollar un espacio común de investigación a nivel europeo, pero éste no debe ser solamente el remanente de lo que los Estados no hacen. 
Debe construirse de forma abierta, poniendo en común las competencias y los medios, lo más elevados posible, para una mejor sinergia. 
Doy las gracias a la Sra. Plooij por su trabajo tan dinámico en este informe. 
Sin duda alguna, hay que contar con el impacto económico y la creación de empleos, como ha dicho nuestro colega, el Sr. Desama, pero en nuestro Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, no damos prioridad a una investigación de competencia y de competitividad a cualquier precio, ni a la comercialización de la investigación. 
La investigación tanto pura como aplicada debe conservar ante todo su apoyo y su aspecto públicos. 
Estamos en contra de las biotecnologías basadas en la manipulación genética o en la posibilidad de patentar seres vivos, pero estamos a favor de la investigación basada en tecnologías llamadas sostenibles, especialmente en los campos del medio ambiente y de la salud. 
Tal como lo preconizó el Comité de Regiones en el informe de la Sra. Blandin, hacemos hincapié en el apoyo a una investigación descentralizada, a la constitución de redes, a una colaboración con las regiones. Por ejemplo, la que se desarrolla a través de los ecocentros, en el ámbito de las ecotecnologías, según los criterios de un desarrollo permanente se adapta al desarrollo local y al apoyo a las pymes. 
Europa puede ser un motor importante en este sector. 
Quisiera señalar también la ayuda que podemos aportar a las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, desarrollando laboratorios virtuales para la recogida de datos, el análisis de los diagnósticos y la prevención en el campo de los riesgos mayores. 
Ahí hay un potencial que sólo puede realizarse plenamente a nivel europeo, en colaboración con las universidades, los centros de excelencia y los poderes públicos. 
Por último, pondré de relieve nuestro interés por el Centro común de investigación, sobre el que no podemos ahorrarnos una reflexión. 
Hay que revisar su orientación nuclear que estaba de actualidad en su creación a través del Euratom. 
No se trata de duplicar los equipos o la investigación efectuada en ciertos Estados miembros de la Unión, sino de desarrollar, como sugiere la Sra. McNally, un sistema común de referencias técnicas y científicas para aplicaciones políticas. 
En este sentido, también es necesaria una reflexión sobre el STOA. 
Para terminar, doy las gracias a nuestro Comisario, Don Philippe Busquin, por haber iniciado, desde su llegada, esta reflexión sobre el espacio común que nosotros defendemos. 
No ha olvidado los esfuerzos por la juventud y la participación de las mujeres en la investigación y, en concertación permanente con los Estados y el Parlamento, abunda en la idea del desarrollo de una Europa del conocimiento en los sectores punteros, sin descuidar su aspecto social y humano. 
Señor Presidente, Señor Comisario, efectivamente hay que hacer muchas investigaciones para entender algo de la lectura de los 27 considerandos y de los 60 apartados de un informe que los trabajos de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía han engordado y en el que se encuentra de todo, aunque a veces confuso y a menudo impreciso. 
No obstante, comenzaremos, con un espíritu constructivo, por felicitarnos de que esta contribución a la realización de una mejor integración de la comunidad científica europea trate de preservar el equilibrio entre investigación pura e investigación aplicada, con el fin de luchar contra la fuga de nuestros mejores cerebros, de hacer del desempleo de los jóvenes investigadores un problema prioritario de una política europea consciente de las realidades o incluso de consolidar el papel piloto que en materia de investigación y desarrollo desempeñan las empresas. 
Podremos después hacernos eco del informe, poniendo de relieve el riesgo que una concentración de infraestructuras de investigación, con el deseo de constituir una masa crítica racional en términos de costes, supondría para las regiones periféricas, generalmente cada vez más olvidadas por los programas europeos. 
Debemos también llamar la atención sobre la necesidad de que se cumpla estrictamente el principio de subsidiaridad, con el fin de dejar in situ a los Estados miembros y a través de éstos a las regiones, verdaderos motores de los centros de investigación en conexión directa con el mundo de la empresa y el de la universidad, la capacidad y la responsabilidad de definir sus prioridades y las modalidades de sus acciones. 
Quisiéramos en fin confiar en que su loable deseo de desarrollar la comunicación y los servicios de traducción para suprimir las barreras lingüísticas en la deseable sinergia de los trabajos de nuestros investigadores respectivos, no enmascare un efecto suplementario de promoción de una de las lenguas de la Unión, en detrimento de las otras, una lengua cuyo imperialismo aquí, menos que en otra parte, no podría ser neutral. 
Señora ponente, el Grupo Unión para la Europa de las Naciones va a votar a favor de su informe pero, concretamente, ¿será bastante eficaz para alcanzar nuestro objetivo común: un conocimiento científico de alto nivel para obtener mejores resultados en todos los ámbitos? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el buen informe de la Sra. Plooij que se nos somete sobre la comunicación de la Comisión Europea "Hacia un espacio europeo de investigación" ha suscitado un verdadero interés por parte de nuestra Asamblea a juzgar por el hecho de que se han presentado cerca de 150 enmiendas. 
Evidentemente, el desarrollo de la investigación en la Unión Europea es una de las claves del futuro. 
El siglo XXI será el siglo del conocimiento y de la materia gris. 
Los avances de la comunicación aceleran, en efecto, la difusión del saber, como lo demuestra el desarrollo de Internet, y son un poderoso acelerador del crecimiento económico. 
La investigación en un sentido amplio es, por tanto, más que nunca, un elemento fundamental del futuro. 
Según las cifras facilitadas por la Comisión, Europa sufre un retraso real en relación con Estados Unidos. 
He aquí algunos ejemplos: la inversión media en investigación para el conjunto de la Unión sólo representa el 1,8 % del PIB, frente al 2,8 % de Estados Unidos; el número de estudiantes europeos de doctorado en Estados Unidos es dos veces mayor que el de americanos en Europa. 
A este respecto, las propuestas tanto de la Comisión como del informe Plooij me llevan a hacer algunas observaciones. 
La primera es que la inversión europea en investigación tiene al menos el mismo valor que el espacio europeo de investigación. 
En Estados Unidos se preocupan un poco menos de la semántica y un poco más de las acciones concretas. 
La segunda es que cerca de 2/3 de la investigación corresponden a las empresas privadas y que la Unión Europea debe, por tanto, centrar sus esfuerzos teniendo en cuenta esta realidad. 
La tercera es que hay que evitar por todos los medios todo lo que de cerca o de lejos, tal como se ha recordado hace unos instantes, se parezca a un superplan europeo de investigación. 
La investigación es, en primer lugar, libertad y el plan no lo es. 
Todo figura en la comunicación de la Comisión y en el informe de nuestra colega. 
En materia de propuestas, falta, sin embargo, un orden de prioridades que desearía proponer. 
Este orden debería basarse en los investigadores y en las empresas. 
Para los investigadores, es absolutamente necesario mejorar sus condiciones de vida en Europa. 
Para las empresas, hay que fomentar el esfuerzo de investigar. 
Mi conclusión es: apostar primero por los hombres, después por las empresas y, por último procurar que la Unión Europea no obstaculice ni la acción de los unos ni el desarrollo de las otras. 
Esta debe ser nuestra forma de actuar. 
Entonces, el espacio... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Plooij-van Gorsel por su buen informe, como es habitual. 
Y doy las gracias al Comisario, que ha tenido un buen sentido de la oportunidad, como buena ha sido su idea de promover este debate. 
Hay sin duda un sentimiento creciente de inquietud por la falta de coordinación en la ciencia y la investigación europeas. 
La respuesta ha sido positiva, como sabe el Comisario por sus contactos en toda Europa, incluida una reciente visita a Cambridge. 
Estamos deseando ver su análisis de los resultados de la consulta. 
Hay una conciencia creciente en Europa sobre la magnitud de la amenaza procedente de los muy dotados de recursos y muy bien orientados Estados Unidos de América. 
Francamente, la UE no está haciendo valer su peso en la investigación, aunque algunos Estados miembros sean muy buenos. 
Cito a Finlandia, a Suecia y a países como la República de Irlanda, que han hecho grandes avances. 
Aparte de la competitividad industrial, por supuesto, tal como dice el Sr. Desama, tenemos graves problemas medioambientales y sociales que requieren investigación para ser solucionados. 
Un objetivo del 3% del PIB en investigación es realista y esencial, como lo es la contratación de muchos más científicos, mujeres incluidas. 
Por favor, no se subestime el potencial del Centro Común de Investigación, que es en sí mismo un centro científico para los ámbitos de actuación- un centro de referencia para los ámbitos de actuación- y está magníficamente situado para conectar los centros de excelencia. 
Es en sí un centro de excelencia en muchas áreas. 
Apoyo decididamente los párrafos 16 y 17, en los que se hace un llamamiento para que se informe a los ciudadanos europeos acerca de los logros científicos y se piense en las cuestiones éticas. 
Esperamos los informes periódicos del Comisario sobre la puesta en marcha y la realización de este proyecto tan emocionante y esencial. 
Señor Presidente, resulta imposible hacer un comentario sensato acerca de este desafiante informe de la Sra. Plooij en dos minutos sin tener una sensación de frustración absoluta, puesto que uno podría y sobre todo querría decir mucho más. 
Quisiera felicitar al Comisario por su ambición, que es muy considerable. 
Crear un espacio europeo de investigación es un propósito ambicioso puesto que aún no disponemos de tal espacio, lo que es culpa nuestra al no estar dispuestos a invertir los medios necesarios, aun cuando todos nosotros nos damos cuenta- la Sra. McNally acaba de insistir en ello- de la relación entre progreso, desarrollo y creación de riqueza, de puestos de trabajo. 
Pero por mucho que seamos conscientes de ello nuestras autoridades no invierten suficiente dinero. No lo hacen los Estados miembros ni las regiones, hasta el punto de que en algunos de ellos los porcentajes son tan bajos que da vergüenza. 
Aunque algunos merezcan nuestro elogio, no podemos basarnos en promedios. 
Por eso, es bueno que llamemos la atención sobre la colaboración. 
Aquí se han pronunciado pocas palabras a favor de una estructura jerárquica en forma de pirámide porque sabemos que el talento brota de abajo, de todas aquellas regiones, de todos aquellos círculos en los que se cultiva el talento, tanto masculino como femenino, aun cuando en nuestros círculos académicos la mujer tarda mucho en alcanzar los rangos más altos, como ya se ha señalado reiteradamente. 
Quien dice colaboración dice organización. 
En realidad, es algo que sólo podemos reprocharnos a nosotros mismos. 
Si se producen atrasos en nuestra organización del medio científico no podremos disponer de un espacio europeo de investigación. 
Y es precisamente este espacio, en el que la comunicación se desarrolla con una mayor facilidad que antes, el que ha de contribuir a que los científicos se sientan en su casa en Europa. 
Señor Presidente, una política de investigación orientada a la competencia como la que practicamos actualmente es la mejor política social y de empleo para el mañana. 
En este aspecto el Sr. Busquin tiene una gran responsabilidad en la Comunidad Europea. 
Nosotros tenemos que impulsar las conversaciones personales entre los investigadores pues estudios científicos han demostrado que las conversaciones personales entre los investigadores logran los mayores progresos. 
Hay que traer a Europa a investigadores de todo el mundo pero en especial de los países que quieren adherirse. 
Allí hay excelentes resultados de investigación que esperan comprensión y comercialización y que se pueden impulsar muy intensamente. 
Esto nos lleva al tema de la juventud. 
Creo que debemos transmitir a los jóvenes este espíritu empresarial, este placer por la innovación y la investigación. 
Es bonito ver que los jóvenes participan en proyectos de investigación. 
Quizás sería adecuado poner en marcha un LEONARDO para investigadores, un programa de intercambios entre Universidades, escuelas, empresas y centros de investigación. 
Creo que cada individuo puede aportar muchos conocimientos y que la comunicación entre especialistas es, a la postre, el mejor medio de transmisión de estos conocimientos. 
También es importante que las pequeñas empresas y las de carácter familiar así como las proveedoras tengan acceso a los grandes centros de investigación, acceso a la investigación puntera. 
Los de la Comisión de Investigación hemos presentado un earmark extra en la Comisión de Presupuestos. 
Hemos dicho que al menos hay que dedicar un 10% de los gastos de investigación para las pequeñas y medianas empresas. 
Otra parte, el 20 ó el 30% debería dedicarse a la cooperación entre pequeñas empresas, proveedores y grandes centros de investigación para que mejore de modo sustancial la comunicación en este campo así como las redes y surja una oportunidad totalmente nueva. 
Una política activa y pasiva de licencias y patentes- tema de mi tesis doctoral en la Universidad- es la base para una investigación con éxito. 
Ocuparse de ello es una importante meta para la Unión Europea. 
¿Qué obstáculos existen? 
Creo que debemos diferenciar entre proyectos de ayuda grandes y pequeños, en especial en lo tocante a los gastos que se deben realizar. 
Precisamente en el caso de las pequeñas empresas y pequeños proyectos hay que minimizar los gastos administrativos. 
La Comisión debería centrarse en grandes proyectos, si bien bajo la condición de que los grandes proyectos que se pongan en marcha se dividan en unidades pequeñas; también aquí se debería prescribir un porcentaje. 
Para finalizar, quiero decir aún, señor Comisario, que ya me alegro si los próximos proyectos benchmarking... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
No me gusta interrumpir a los miembros de este Parlamento, pero ya es tarde y me veo obligado a rogarles que hagan un esfuerzo de autodisciplina puesto que, de lo contrario, esta sesión se prolongará más allá de la medianoche, y tampoco se trata de eso. Además, también hemos de pensar en el Comisario. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero felicitar a la ponente, la Sra. Plooij-van Gorsel, por este informe así como también a la Comisión por el documento que nos ha presentado. 
Quiero realizar dos observaciones en el breve tiempo de que dispongo: sigo el hilo de lo que ha dicho el Sr. Rübig sobre la juventud. 
Los jóvenes ya no van a la Universidad y no estudian carreras científicas. 
En nuestro país se ha realizado una encuesta para saber la causa de ello. El resultado ha sido sorprendente. 
Siempre hemos creído que los jóvenes ya no van a las Universidades para estudiar carreras científicas o de ingeniería porque las perspectivas profesionales eran muy malas. 
No es cierto. 
No estudian física o química porque no les divierte en absoluto. 
En una sociedad de la diversión, por lo visto es extraordinariamente importante que algo divierta diversión. 
Por lo visto, no ofrecemos las materias de modo que sean atractivas para las personas y sus costumbres de vida. 
Es una generación diferente a la mía. 
Ruego pues que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de un modo tan científico sobre las próximas generaciones. 
Lo segundo que deseo proponer sencillamente es lo siguiente: hablamos sobre el espacio de investigación europeo. 
Ampliamos la Unión Europea. 
¡Estupendo! 
Todos estos Estados participan ya hoy en el quinto programa marco de investigación y participarán también en el sexto. 
Por ello, propongo que en los preparativos del sexto programa marco se incluya también a las diputadas y diputados de estos países así como a los Ministros de Investigación. 
Me puedo imaginar hacer esto así aquí en el Parlamento Europeo para deliberar conjuntamente sobre las directrices del sexto programa marco de investigación, lo que en francés se llama assises de recherche. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en Europa la colaboración en el ámbito de la investigación plantea problemas. Resulta mucho más complicada que en los Estados Unidos y, por eso mismo, la comunicación del Comisario Busquin reviste una importancia especial. 
Las inversiones en investigación y colaboración han de conducir a un mayor crecimiento económico y más empleo. 
Este esfuerzo merece todo el apoyo del Parlamento y, por tanto, respaldo con mucho gusto el informe de la Sra. Plooij, a la que felicito de todo corazón. 
Me gustaría, sin embargo, que fuésemos más precisos en nuestro debate. 
Hemos de afirmar que no toda investigación fomenta el crecimiento económico o la creación de empleo. 
Hay una enorme demanda de investigaciones en apoyo de las elecciones políticas, análisis de riesgo, evaluaciones del impacto ambiental, seguimiento, estudios comparados. Todo ello contribuye a la preparación y evaluación de decisiones políticas en el sector del medio ambiente, especialmente en el ámbito de la alimentación y la sanidad pública. 
Es precisamente en estos terrenos en los que la colaboración europea resulta útil. 
Los Centros Comunes de Investigación, los CCI, ofrecen numerosos ejemplos de buenos proyectos de colaboración. 
En muchos de estos ámbitos de investigación los investigadores de los CCI se sienten como en una telaraña. 
Por tanto, es fundamental que la Comisión tome iniciativas en el terreno de la investigación llevada a cabo en apoyo de las decisiones políticas a fin de evitar que se repita el mismo trabajo, a fin de prevenir la desintegración y la fragmentación y para garantizar que los mejores métodos de medición y las mejores técnicas se conviertan en norma. 
Sin embargo, no es de esperar que este tipo de investigación fomente la creación de empresas por escisión o un incremento de los puestos de trabajo fuera de los propios centros de investigación. 
Además, hay una enorme demanda de investigaciones aplicadas. 
Aquí se espera una mayor incidencia en el empleo. 
En este contexto la política europea podría ceñirse a la creación de condiciones óptimas y la eliminación de obstáculos prácticos. 
Por último, me queda por comentar la investigación fundamental. 
Aunque las diferencias entre investigación aplicada y fundamental comiencen a desdibujarse continúan siendo importantes. 
Muchas de las preguntas fundamentales relacionadas con la esencia, la naturaleza y las ciencias de la vida siguen sin respuesta. 
Precisamente aquí la coordinación de los esfuerzos nacionales en materia de investigación cobran una especial relevancia. 
Señor Presidente, felicito a la ponente del informe por su valioso trabajo. 
Este informe ha cobrado más extensión gracias a las enmiendas que se hicieron en la comisión parlamentaria, y es que las cuestiones de investigación no deben ceñirse sólo a las comunidades científicas. 
También debemos tener muy presente el papel fundamental que las PYME desempeñan como motor de las innovaciones y de la investigación. 
La comunicación de la Comisión muestra una imagen demasiado parcial sobre los retos de la investigación europea. 
La comunicación deja entrever que no se ha aprovechado de forma horizontal la pericia de las diferentes Direcciones Generales. 
Puesto que el diálogo sobre la investigación tiene puntos de enlace, por ejemplo, con el proceso de la ampliación y con la vitalidadad del sector de las PYME, habría sido de desear que la comunicación de la Comisión hubiese contenido más visiones y más aspectos concretos. 
No basta con hablar a grandes rasgos de la competitividad de la Unión. 
Las palabras claves de la política en materia de investigación son flexibilidad, pensamiento global y mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos. 
Hay que dejar margen suficiente para el funcionamiento autónomo de las ciencias y para las propias prioridades de los Estados miembros en sus políticas de investigación. 
Por esta razón, debemos considerar detenidamente qué tipo de Centro Común de Investigación queremos para el futuro entre los que se destacan en la propuesta de la Comisión. 
En nigún caso es conveniente ampliar el campo de acción de los centros de investigación de la Unión de tal modo que se dificulte la actividad de los centros de investigación nacionales como consecuencia de la reorientación de los recursos. 
El enfoque de la investigación como factor del mercado interior aporta más méritos precisamente en lo que respecta a la investigación financiada por el sector privado y en función de una difusión más uniforme del conocimiento. 
La experiencia ha demostrado que los programas de directrices no nos capacitan para reaccionar con la debida flexibilidad ante problemas semejantes a la crisis de la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) que exigen una respuesta inmediata. 
Por ejemplo, el aumento de la movilidad geográfica de los investigadores en función de las circunstancias y el impulso de la cooperación entre las comunidades científicas de la UE y de Europa Oriental crearían una base que conferiría credibilidad a los proyectos de investigación interregionales. 
También debemos prestar especial atención en este diálogo a la posición de la mujer en el marco de la política europea de investigación, tanto más cuando el gremio de los operarios en el sector de las tecnologías, en cuyo marco existe escasez de mano de obra cualificada, está integrado por una mayoría alarmante de hombres. 
La UE debe trazarse como uno de sus desafíos primordiales en sus políticas educativa y de investigación despertar el interés de las mujeres por este sector. 
Señor Presidente, Señora ponente, Señorías, personalmente me siento muy feliz de poder expresarme en relación con la comunicación del Comisario para decirle que se trata de un documento de una gran calidad que, como se ha podido ver otra vez esta tarde, ha permitido iniciar una oportuna reflexión para redinamizar la investigación en Europa. 
Hemos entrado, en efecto, en una sociedad del conocimiento, que nos ha conducido a situar de nuevo a la investigación en el corazón de nuestra sociedad. 
Y sin embargo en Europa, como han dicho muchos, la situación de la investigación es preocupante en cuanto a las cifras. 
Por tanto, es indispensable y urgente adoptar una estrategia global a nivel europeo para paliar nuestro retraso. 
No se trata de volver a poner en entredicho la eficacia de los PMID, cuyos resultados se han podido observar. 
Pero hay que reconocer forzosamente que deben llevarse a cabo nuevas iniciativas para eliminar las barreras de los sistemas nacionales de los Estados miembros, que sólo representan hoy una suma de esfuerzos. 
De entre la multiplicidad de medidas que hay que poner en marcha, hablaré esta tarde más especialmente de la formación y de la movilidad de los investigadores, haciéndome eco de un debate que ya hemos tenido con el Comisario y los investigadores de mi región. 
Me erijo, por tanto, en portavoz de sus preocupaciones, pues no formamos suficientes investigadores científicos y todavía menos investigadores europeos. 
Por lo tanto, habría que introducir en la formación de los investigadores una dimensión europea que implique una mayor movilidad. 
Existen acciones, pero en la realidad las trabas administrativas que dificultan la movilidad, antes y durante su puesta en marcha, como la cobertura social, desaniman a un buen número de investigadores. 
Termino diciendo que hay que ocuparse también de informar a los ciudadanos, pues los avances científicos suscitan en ellos tantas esperanzas como inquietudes. 
Espero, por tanto, que nuestros ministros lleguen a un acuerdo, en junio próximo, para que toda una serie de trabajos se pongan en marcha rápidamente en Europa, sobre la base de las propuestas del Comisario. 
Señor Presidente, yo quisiera felicitar al Sr. Comisario Busquin por haber determinado y tenido la valentía de crear un espacio europeo de la investigación, teniendo en cuenta que, en el ámbito del conocimiento, el principio de subsidiariedad ha sido siempre la gran lucha. 
Soy miembro de la Comisión de Cultura y, por cierto, el Parlamento no ha recogido la opinión de esta comisión. 
Soy la única persona de esa comisión que está hablando en este debate. 
Siento muchísimo que se haya prescindido del enriquecimiento que podría haber supuesto la aportación de la Comisión de Cultura. 
En esta línea quiero hacer alguna crítica constructiva. 
En primer lugar, quiero decir que el trabajo, siendo muy loable y muy valiente- porque la subsidiariedad son unos zapatos de plomo que arrastran los europeos a pesar de la brillantez de sus deseos y de su cabeza -, carece de un proyecto paralelo sobre los recursos humanos. 
Se habla mucho de dinero y de empresas, pero no se tiene en cuenta en ningún momento- o se hace sólo con letra pequeña y de manera indirecta- que se trata de recursos humanos y que, por tanto, investigar supone formación, formación y formación. 
En Europa no hay programas de formación de investigadores. 
El FEDER y los proyectos FEDER no incluyen becarios. 
Es más, el quinto plan de investigación sólo incluye una persona por proyecto, cuando es imposible realizar un proyecto de gran envergadura con sólo becarios. 
Las pirámides de población de que disponemos incluyen escasísimos profesores "post doc" y no tenemos el personal suficiente. 
¿Para qué hablamos de movilidad si no tenemos investigadores? 
Ése es el gran reto al que hay que hacer frente y, en este caso, yo apoyaría al Sr. Rübig y a otros que han propuesto programas de formación específicos. 
Hay que apoyar a las universidades y a los investigadores, porque en Europa la investigación supone un sacrificio y una carrera llena de riesgos y con muy pocas compensaciones y, por supuesto, ninguna económica. 
Es preciso- repito- reciclar al profesorado. 
Y sólo mediante un plan estratégico europeo de recursos podría hacerse algo. 
Por último, quiero decir que tengo miedo a que sólo se reconozcan los centros de excelencia. 
Señor Presidente, me limito a subrayar tres de las cuestiones abordadas por el Comisario Sr. Busquin y retomadas en el informe que estamos examinando. 
La primera se refiere a la estrecha relación que existe entre la investigación, el crecimiento de la economía y el empleo. 
Para hacer frente al reto de los Estados Unidos es necesario que la Unión en su conjunto y algunos Estados en particular, destinen a la investigación una mayor cantidad de recursos y promuevan las inversiones de las empresas privadas. 
Coincido con quien considera necesario proponer desgravaciones fiscales armonizadas a escala europea, como orientación para los Estados miembros. 
Segunda cuestión: la investigación y el desarrollo constituyen un sistema fuertemente integrado. 
En algunos campos no es fácil distinguir la investigación de base de la investigación aplicada. 
Sin embargo, es preciso que la financiación pública, así como los programas europeos se orienten fundamentalmente de cara a objetivos a medio y largo plazo, no sólo de carácter económico, mientras que es competencia fundamental de las empresas la investigación del mercado. 
Tercera cuestión: la territorialización de las políticas de investigación y el fortalecimiento del papel de las regiones. 
La dimensión territorial de las políticas de investigación tiene importancia sobre todo de cara a la difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos en las pequeñas y medianas empresas que caracterizan muchos sectores industriales. 
Las pequeñas y medianas empresas son un punto fuerte de la industria europea, especialmente en algunos Estados, sin embargo, su posición sigue siendo marginal en el sistema de investigación. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, quisiera en primer lugar adherirme a las muestras de agradecimiento que he oído hasta ahora. 
Yo también quisiera dar las gracias a la Sra. Plooij-van Gorsel por el excelente informe que ha elaborado, en muy breve plazo de tiempo. 
Quisiera dar las gracias al Sr. MacCormick, de la Comisión Jurídica y del Mercado Interior, por su informe, y a todos ustedes por su contribución y por todo lo que han aportado, incluso esta tarde, al debate. 
Como ya les he dicho a todos ustedes, creo que este debate necesita una actividad colectiva y que los diputados como ustedes pueden desempeñar un papel determinante en las relaciones con la comunidad científica, las industrias; pueden estar seguros de que estoy dispuesto, junto con los demás miembros de la Comisión, a continuar mañana este diálogo y este debate. 
A este respecto, pienso que esta resolución del Parlamente va a aportar un fuerte apoyo democrático a la ratificación del proyecto por el Consejo de Lisboa que, además, fijó objetivos concretos, con sus plazos. 
Es necesario que midamos bien hasta que punto la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa ha permitido poner de relieve- y creo que esto es muy importante- el papel clave de la política de investigación, que hemos vuelto a recordar esta tarde, y reconocer este papel en el advenimiento de una economía y de una sociedad basadas en el conocimiento. 
Este es un momento que nos permite confiar en avances más importantes y más determinantes en este campo. 
Además de esto, tengo que subrayar la importancia que reviste la consulta a la comunidad científica, que está muy atenta, así como al mundo industrial, que valora la importancia de las expectativas. 
Quisiera tomarme la libertad de señalar ahora, rápidamente, algunos puntos de la resolución, no para reabrir el debate, Señor Presidente, puesto que es tarde, sino para someterle algunos breves comentarios. 
A propósito de los centros de excelencia, creo que se trata de un concepto en el que quizás hay que profundizar. 
Y, a este respecto, hay algo que me parece indispensable: que la excelencia es la condición sine qua non del progreso científico y tecnológico. 
Ahora bien, esta excelencia existe en Europa, en todos los Estados miembros, pero a nivel de masa crítica que no es suficiente, que puede aún mejorarse. 
Este es el sentido de todas estas redes de centros de excelencia que hay que crear sin hablar necesariamente de infraestructuras. 
Se trata de un elemento que procede del potencial humano pero que hay que crear para disponer en Europa de esta capacidad para elevar el nivel. 
Y como ha subrayado el Sr. Harbour, esta excelencia puede también tomar forma de una manera virtual en las tecnologías de hoy y en las redes de alta velocidad cuya puesta en funcionamiento deseamos. 
En relación con la investigación pura y la investigación aplicada, pienso que se trata de una cuestión de equilibrio. 
Existe una estrecha relación entre estos dos aspectos. 
Todo el mundo lo reconoce, tanto el mundo industrial como el mundo de la investigación, naturalmente, al igual que la multidisciplinaridad, que es una de las consecuencias de la evolución de la ciencia. 
Por lo tanto, para crear la dinámica necesaria es indispensable desarrollar el concepto de benchmarking. 
Creo que se trata de un instrumento que permite crear, a nivel europeo, esta dinámica, pero también instaurar una coordinación voluntaria, una coordinación abierta. 
En cuanto a la patente, pienso, como ya se ha recordado suficientemente, que se trata también de una condición sine qua non. 
El Sr. Bolkenstein, del que depende el mercado interior, es totalmente consciente de ello. 
Quisiera, además, aprovechar esta ocasión para agradecer al Parlamento el haberse ocupado de iniciar una discusión, con vistas a la Conferencia Intergubernamental, sobre una instancia jurídica europea, que es una condición indispensable para la realización de esta patente europea. 
Por último, para las pequeñas y medianas empresas, el asunto de la patente es un factor determinante aparte de elementos más específicos. 
Se ha puesto de manifiesto la dimensión regional, a la que yo concedo mucha importancia pues en ciertas regiones se han llevado a cabo experiencias afortunadas que deberían servir de ejemplo en el conjunto de Europa. 
Concedo también mucha importancia a la relación entre investigación y Fondos estructurales, sin olvidar al mismo tiempo el papel del Banco Europeo de Inversiones. 
A este respecto, ha habido discusiones con el Banco Europeo de Inversiones y hay proyectos en curso para que el BEI tenga un papel aún más dinámico en todo lo que es innovación y transposición, entre otros, con los países candidatos puesto que se ha hablado de ello. 
El Centro común de investigación y su papel de experto han sido puestos de relieve y el objetivo del 3% del PIB es, pienso yo, un objetivo ambicioso pero necesario en todos los Estados miembros. 
Para ser breve, quisiera simplemente informar al Parlamento de las próximas etapas. 
La primera de estas etapas es evidente. 
Quisiera, en primer lugar, hacer hincapié en lo importante que era que el Parlamento se expresara hoy. 
Por eso es por lo que he dado las gracias a la Sra. Plooij, por la rapidez con la que ha elaborado su informe, y también a todos los parlamentarios por haberlo debatido de forma profunda en un plazo muy corto. 
La próxima etapa es, por tanto, el Consejo de Ministros responsables de investigación que se celebrará el 15 de junio. 
Este informe permitirá consolidar la determinación, que debemos demostrar con ejemplos concretos. Porque he podido comprobar que son necesarios actos concretos. 
En relación con los actos concretos, citaré de forma telegráfica el benchmarking. 
Existe una metodología con políticas nacionales de investigación. 
Pienso que los Estados miembros aceptan esta metodología, con la constitución de un grupo de representantes de alto nivel. 
Los primeros resultados estarán disponibles de aquí a final de año. 
Una cartografía de la excelencia en Europa está en fase de realización, con la colaboración de organismos nacionales especializados. 
Creo que no hay que disgustar a nadie. 
Espero que este primer mapa esté también disponible de aquí a final de año. 
La movilidad de los investigadores implica la de los trabajadores en general. 
Tenemos el deseo de crear, junto con la Sra. Diamantopoulou, un grupo formado por representantes de cada Estado miembro para ver dónde están los obstáculos. 
Sobre el tema Mujeres y Ciencia, se ha creado un importante grupo de quinientas mujeres, por iniciativa, además, de este Parlamento. 
Hay un informe muy interesante de este grupo, que ustedes conocen, y que desarrolla toda una actuación en cada uno de los Estados miembros con su evaluación, cuyos resultados podré dárselos a ustedes próximamente. 
Por último, por lo que se refiere a las redes electrónicas, junto con el Sr. Liikanen, queremos que tengan varios gigabytes rápidamente. 
He aquí, Señor Presidente, Señorías, lo que quería decir en pocas palabras porque el tiempo apremia y no voy a abusar más. 
Pero tengo que darles mis más expresivas gracias por el interés que han dispensado a este debate. 
Creo que es una dinámica que debemos crear, una dinámica que debemos enriquecer; por mi parte, les mantendré al corriente regularmente. 
Espero que, todos juntos, podamos abrir un espacio europeo de investigación en el que creo profundamente. 
Muchas gracias por su contribución, señor Comisario. 
Dado que ya es tarde no nos queda mucho tiempo para discutir. 
Aunque yo no participe como orador en este debate quisiera felicitar desde ahora mismo a la Sra. Plooij-Van Gorsel por este importante informe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Plataforma de acción de Pekín 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0125/2000) de las Sras. Smet y Gröner, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre el seguimiento de la plataforma de acción de Pekín (2000/2020 (INI) ). 
(NL) Señor Presidente, el presente informe de propia iniciativa constituye la contribución del Parlamento Europeo a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva York dentro de aproximadamente tres semanas y en la que se someterán a evaluación las acciones llevadas a cabo durante los cinco últimos años como continuación de la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín, al tiempo que se extenderá una declaración a fin de volver a consagrar el compromiso y averiguar lo que conviene hacer en los próximos cinco años. 
Se trata, por tanto, de un informe importante, tanto más cuanto que es el único documento que presentará el Parlamento Europeo. 
Espero que se nos brinde la oportunidad- y aprovecho la ocasión para pedírselo a la Comisión- de realizar los preparativos necesarios entre la Comisión y el Parlamento Europeo antes de que nos traslademos a Nueva York para que ambas partes se enmarquen en la misma línea. 
Creo que es útil estar en la misma onda puesto que con respecto a la emancipación de la mujer en Europa se espera que tomemos la iniciativa. 
Es lo que Europa ha hecho en el pasado y así ha de continuar. 
Pero antes de detenerme en este papel pionero quisiera referirme brevemente a la evaluación misma. 
Señora Comisaria, es harto difícil proceder a una evaluación sin disponer de los datos necesarios para averiguar exactamente hasta qué punto los diferentes países europeos han progresado a lo largo de los últimos años. 
No hay estadísticas. 
Existen informes por países sobre los doce temas de los que tenemos que hablar en Nueva York. Dichos informes indican claramente hasta dónde ha avanzado la evaluación. 
Por tanto, me alegro mucho de que en el debate sobre el quinto programa de acción haya anunciado la creación de una especie de observatorio en el que se realizarán esfuerzos por reunir todo tipo de datos desglosados por sexo, puesto que existe una enorme laguna al respecto. 
Ahora quisiera pasar a comentar un segundo punto para el cual me dirijo al propio Parlamento. La forma en la que hemos tenido que elaborar este informe demuestra que en la secretaría de la Comisión de la Mujer falta personal. 
Fue muy difícil obtener colaboración y si la Sra. Gröner y yo no hubiéramos podido contar con nuestras propias colaboradoras probablemente no se hubiera presentado ningún informe. 
Me parece vergonzoso para el Parlamento que otras comisiones puedan disponer de una muy buena secretaría, dotada de mucho personal, contrariamente a lo que sucede en la Comisión de la Mujer. 
Tal vez sea útil que nosotras las mujeres tomemos una iniciativa al respecto. 
Hasta aquí la evaluación. 
No pretendo profundizar más en ella. 
Pienso que de cara a los próximos cinco años el programa de acción, el programa quinquenal que la Comisión somete a discusión en este momento, desempeña un papel primordial. 
Obviamente, incluye los temas clásicos, como es natural, puesto que por mucho que evolucione el mundo continúan estando al orden del día los temas de siempre. Se ponen nuevos acentos, pero al fin y al cabo los temas siguen siendo los mismos. 
Comencemos por el tema del mundo laboral. ¿Cuáles son, a mi modo de ver, los nuevos acentos que debemos poner? 
Están las nuevas tecnologías y la correspondiente ausencia o escasa presencia de la mujer. 
Ya se ha mencionado antes. 
La separación entre empleo y familia, tal y como se prevé en las orientaciones en materia de empleo. 
A igual trabajo, igual salario. 
Creo que es un asunto en el que la Comisión no ha ahondado suficientemente. 
A mi modo de ver no recibe la debida atención. 
Sigue habiendo una brecha en detrimento de la mujer entre los sueldos de los hombres y los de las mujeres. 
La Comisión ha hecho esfuerzos. Europa ha hecho esfuerzos, sobre todo en el ámbito político. 
Sin embargo, queda mucho por hacer de cara a los agentes sociales. 
Merecen una mayor atención puesto que controlan y dominan gran parte de la vida social. 
En mi opinión, no se presta suficiente atención a la violencia doméstica. 
Sí a la violencia en el ámbito laboral, etcétera, pero la violencia doméstica merece algo más de atención. 
Los medios de comunicación. Creo que merecen más atención. 
Son realmente determinantes para la vida social y, sin embargo, escasean las mujeres. 
En lo que a los derechos de la mujer y los derechos humanos se refiere espero que se logren serios avances en la Conferencia Intergubernamental. 
Por último- ya lo he señalado- se espera que Europa tome la iniciativa. 
A este respecto quisiera mencionar dos ámbitos específicos. 
En primer lugar, no podemos supeditar la ayuda al desarrollo o las relaciones con terceros países únicamente a las condiciones relacionadas con la posición económica de la mujer. Ya sabemos que es un factor importante. 
Sabemos que en muchos países en desarrollo la economía es sustentada por la mujer y es algo que apoyamos. 
Somos plenamente conscientes de ello. 
Sin embargo, en nuestros contactos con terceros países no insistimos suficientemente en que también han de respetarse los derechos humanos de la mujer. 
Lo que ha ocurrido en Afganistán es injustificable. 
Es injustificable que en algunos países se continúe practicando la circuncisión de la mujer y que, a pesar de ello, sigamos manteniendo buenas relaciones con dichos países como si no pasara nada. 
Me queda por comentar un segundo punto. De cara a la ampliación hacia los antiguos países del este es fundamental que el informe de seguimiento que ha de elaborar la Comisión siga muy de cerca los acontecimientos en estos países, puesto que en lugar de avanzar están dando marcha atrás. 
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cinco años después de Pekín se somete a un profundo análisis a la plataforma de acción. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hemos realizado una valoración crítica de los doce campos de problemas centrales: pobreza, formación inicial y continuada, salud, violencia, conflictos armados, economía, funciones de poder y decisorias, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios, medio ambiente y chicas jóvenes. 
Se trata del modo de llevar a la práctica la voluntad política para mejorar estos campos. 
Quiero destacar que ha existido una cooperación muy constructiva entre las dos coponentes y que en el presente informe nos hemos centrado en las medidas de la UE y de sus países miembros. 
Intentamos mostrar los puntos flacos y emitir una serie de recomendaciones para una aplicación acelerada de la plataforma de acción. 
Veo este informe también como un concepto para la actuación de la delegación de la UE que en junio debería adoptar una destacada posición negociadora en Nueva York y fortalecer los derechos de las mujeres en estrecha coordinación con los Gobiernos y las representantes de las organizaciones no gubernamentales. 
En este lugar quiero expresar mi agradecimiento a la Presidenta del Consejo, la Sra. Belém, y a la Sra. Comisaria por la muy positiva integración que se nos concedió durante el proceso de preparación de la Conferencia que se celebró en febrero en Bruselas y espero que esto transcurra exactamente igual en el posterior proceso de preparación. 
Podemos ir a Nueva York con toda una serie de éxitos. 
El establecimiento de la igualdad de oportunidades en todos los sectores políticos, es decir, del gender mainstreaming, se ha convertido entretanto en un principio general que ha penetrado en muchos campos de la UE. 
El enfoque paralelo de medidas positivas va a proseguir en el cuarto programa de acción así como también en el quinto. 
A pesar de los considerable progresos, una tarea central va seguir consistiendo en llevar por fin a la práctica los derechos. 
Para esto nos son de ayuda los artículos 2 y 3 del tratado de Amsterdam, donde se define la equiparación como objetivo y tarea de la Comunidad, o el artículo 141, con el que podemos hacer más para la política de empleo. 
A pesar de ello, seguimos necesitando un fundamento jurídico totalmente seguro. 
Necesitamos en el Tratado un fundamento jurídico unitario y coherente para la equiparación de hombres y mujeres en todos los sectores políticos y además una directiva sobre la aplicación de las positivas medidas del artículo 141. 
El quinto programa de acción goza de preferencia y, a la postre, también un Consejo de Ministros para Mujeres e Igualdad de Oportunidades con capacidad decisoria. 
Creo que en el proceso de ampliación- mi coponente ya lo ha destacado- y en la cooperación con países en vías de desarrollo, en las relaciones exteriores de la Unión Europea tiene que existir una cooperación y una perspectiva basada en los sexos más intensa. 
Cuando vemos que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el empowerment de las mujeres ha desempeñado un gran papel, a la hora de desarrollar la sociedad de la información se deberá tratar también muy en primer lugar este asunto. 
Se trata de puestos de trabajo, que hemos listado muy bien, de tareas de futuro y de que las mujeres no pierdan la carrera de la globalización. 
Hemos desarrollado también un sugestivo abanico de medidas para promover el empleo. 
A pesar de ello, aún queda mucho que desear en lo referente a la igualdad de remuneración. 
En la compatibilidad de la familia y la profesión se debe tener en cuenta a los dos- padres y madres- y fortalecer la imagen de un nuevo hombre que se hace cargo de las tareas en la familia. 
En la equiparación política hay movimiento a favor de las mujeres. 
Aquí, en esta Asamblea es del 30%. 
Pero aún hay que mejorar muchas cosas para alcanzar, por así decirlo, la masa crítica. 
Creo que puedo decir con el pleno apoyo de mi Grupo que es ineludible la introducción de cuotas. 
Hay que determinar por fin cuotas si no queremos que pasen otros cien años hasta que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, además en todos los sectores sociales, en la economía, entre los interlocutores sociales, en las Universidades o en la ciencia. 
También tenemos que lograrlo en los medios. 
La violencia contra las mujeres es otro gran campo. 
Hemos exigido aquí en el Parlamento Europeo con el apoyo de 350 diputados un Año Europeo contra la violencia. 
Pero aún queda por hacer mucho. 
Es importante que en Nueva York lleguemos a una resolución- Pekín más 10, otra Conferencia de la Mujer para el siglo XXI. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en los primeros días de junio bajo el lema "Mujeres 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI", será de gran importancia para la situación de la mujer. 
El seguimiento de la aplicación de la plataforma de acción de Pekín revela que la mayor preocupación, en cuanto a los objetivos propuestos, sigue siendo la educación y capacitación, el poder y la toma de decisiones, la salud, la pobreza y la violencia. 
Los cambios sociales producidos en los últimos años afectan de una manera especial a las mujeres. 
El aumento de la población de edad avanzada tiene una gran incidencia en la vida de las mujeres que, generalmente, terminan de ocuparse de sus hijos para pasar a ocuparse de sus padres. 
A pesar de los notables avances en la situación de la mujer, persisten diferencias importantes, especialmente la discriminación laboral y las diferencias de salarios por un trabajo igual. 
La mayor parte de las responsabilidades de las tareas domésticas recae sobre las mujeres y, en muchos casos, la totalidad. 
La situación de las mujeres con responsabilidades familiares, unida a las dificultades en el mercado laboral, han acuñado un término tan explícito como injusto: la feminización de la pobreza. 
Todavía necesitamos iniciativas que faciliten el acceso de las mujeres al mercado laboral y les permitan un desarrollo profesional pleno, para lo que será necesario facilitar el otro trabajo de las mujeres con más guarderías y ayudas financieras. 
Los hombres tendrán que asumir más responsabilidades familiares y adaptarse a una sociedad en permanente evolución que ha modificado los roles tradicionales. 
La sociedad de la información exige cada vez más personas con una formación tecnológica a la que las mujeres deben incorporarse, siendo éste un ámbito para el que están especialmente dotadas. 
Si se incrementara el número de mujeres en el proceso de toma de decisiones, se resolverían más fácilmente los problemas que les afectan. 
Se ha avanzado considerablemente, pero todavía hay áreas de la política y de la economía donde las mujeres están infrarrepresentadas. 
Entre los problemas que son, lamentablemente, de actualidad no podemos dejar de mencionar los que se refieren a la violencia contra las mujeres: violencia en el ámbito doméstico, en los conflictos armados y- en aumento en los últimos años- la trata de mujeres. 
Una violencia que atenta contra los derechos fundamentales de la persona, contra su dignidad e integridad física. 
El Tratado de Amsterdam facilita la integración de los objetivos de igualdad en las políticas comunitarias y, especialmente el artículo 141, las acciones positivas en el ámbito del empleo. 
El empleo suele ser también la solución a otros problemas de marginación, dependencia económica, falta de libertad personal, etc. El quinto Programa de acción comunitaria deberá incidir en los problemas que todavía persisten con una dotación presupuestaria que permita realizar programas en las áreas más urgentes. 
La colaboración de los medios de comunicación resulta imprescindible para lograr estos objetivos. 
, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades- (SV) Señor Presidente, un hombre de éxito dijo en una ocasión que las mujeres soportan la mitad del cielo. 
Pero el cielo no es suficiente. 
Más de la mitad de la población mundial somos mujeres, pero nuestra voz continua sin ser escuchada y seguimos estando escasamente representadas en la mayoría de los sectores políticos, económicos y sociales. ¡Esto es inaceptable! 
A lo largo de los siglos, las mujeres han luchado por ser ciudadanas con plenos derechos. 
Desde las activistas pro derecho a voto en el norte hasta los grupos que se oponen a la ablación de los genitales en el sur. 
En la Conferencia de Pekín en 1995, se aprobó un plan de acción común para esos diferentes grupos de mujeres, un hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres como una parte de los derechos humanos. 
Todos los gobiernos del planeta firmaron el plan de acción de la Conferencia de Pekín. 
La Declaración de Pekín distingue doce sectores críticos y define objetivos a largo plazo y criterios que deberían seguir los gobiernos, Naciones Unidas, los movimientos populares y la empresa privada para mejorar las condiciones de las mujeres. 
Cinco años después, las mujeres siguen siendo discriminadas y la violencia contra ellas es, cada vez más, un fenómeno global. 
Un techo de cristal impide a las mujeres ascender en la vida profesional, en la administración y en la política. 
La enorme mayoría de los mil millones de seres humanos analfabetos que viven en la miseria más extrema son mujeres y las decisiones que afectan a las mujeres son adoptadas casi siempre por hombres. 
Ha llegado la hora de que en junio, durante la Conferencia de Pekín + 5, se adopten decisiones concretas que, de hecho, permitan realizar los objetivos de los planes de Pekín. 
El informe que se someterá a votación mañana hace hincapié en la necesidad de lograr avances en los doce sectores, para que las mujeres tengan pleno goce de los derechos humanos. 
Se necesitará una estrategia triple para que la Conferencia no se convierta en un simple ejercicio de retórica. 
En primer lugar, los gobiernos del mundo tienen que aprobar una plataforma de acción concreta y comprometerse nuevamente a cumplir con los objetivos de Pekín. 
En segundo lugar, hay que destinar medios económicos para la materialización de las decisiones y, en tercer lugar, hay que crear instrumentos de control de cumplimiento. 
Estas tres herramientas han estado ausentes hasta ahora en la realización de los planes de Pekín. 
El hecho de que los gobiernos del mundo se nieguen a reconocer que las mujeres y las niñas son explotadas y perseguidas, desde que nacen hasta que mueren, es la mayor y más flagrante violación a los derechos humanos de la historia. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades quiere poner fin a este estado de cosas. 
Las mujeres no sólo tendrán que soportar la mitad del cielo, sino que también deberán tener derecho a responsabilizarse por decisiones que atañen a todo el mundo, ¿o no es así señora Comisaria? 
Señor Presidente, vamos a acudir a Nueva York para hablar, ante todo, de la situación de la mujer a nivel mundial. 
Obviamente, cabe mejorar la posición de la mujer en todos los ámbitos de la vida también aquí, en la Unión Europea, pero ahora se trata primordialmente de una conferencia a nivel mundial. 
Creo que merece la pena que llevemos allí la idea de que la consolidación de la posición de la mujer puede ser considerada como una estrategia de desarrollo de la sociedad. 
Al hacernos cargo de la situación de la mujer, estamos también contribuyendo a que comunidades y sociedades enteras se embarquen en el camino del desarrollo. 
Contamos con pruebas muy contundentes al respecto: por ejemplo, si se invierte en mejorar los servicios básicos de salud de la mujer, se pueden solventar muchos problemas difíciles. 
En lo que se refiere a la supresión de la pobreza, el apoyo a las mujeres mediante microcréditos, completamente insignificantes desde nuestro punto de vista, se ha revelado como una excelente estrategia que promueve las actividades económicas. 
La educación de las mujeres es, por supuesto, el trampolín que les permite pasar a ser miembros de pleno derecho en la sociedad. 
Creo que si la Unión Europea tiene algo que aportar a esta conferencia, ello sería la puesta en marcha del proceso gender mainstreaming, en cuyo marco intentamos incorporar los puntos de vista de ambos géneros en el proceso de toma de decisiones. 
Como todos los presentes sabemos, esto no es nada fácil, a nosotros mismos nos quedan todavía muchas cosas por hacer en este campo, pero podemos plantear, por ejemplo, que hay que reconsiderar el papel de la mujer en las cuestiones relacionadas con la guerra y la paz. 
Las mujeres son las víctimas de las guerras actuales y sufren sus consecuencias en grandes proporciones. 
¿Por qué no estudiar las acciones que podrían emprender las mujeres para prevenir y resolver este tipo de conflictos actuales? 
En la Plataforma de Pekín se dijo hace 5 años que los derechos de la mujer son derechos humanos. 
Tal y como la ponente, Sra. Smet, ha indicado, no podemos aceptar lo que les está sucediendo a las mujeres en Afganistán, y tenemos que fomentar los derechos humanos de la mujer en la Conferencia de Nueva York. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo con el trabajo de base realizado por ambas ponentes y con sus planteamientos, así como con el hecho de que se continúan proponiendo una serie de buenos propósitos, pero luego cuando se llega al punto de valorar qué se ha hecho en los últimos cinco años- como se ha dicho- no tenemos datos, no digo objetivos, sino generales para poder prever nuevas acciones o para estudiar cómo corregir las acciones que hemos malogrado. 
Por lo tanto, la Comisión Europea se volverá a presentar con grandes propósitos, pero con pocas acciones concretas. 
A nuestro juicio, en esta ocasión podría ser útil que la Unión tomara al menos una iniciativa, pero una iniciativa concreta, con unos plazos determinados y que fuera un objetivo prioritario. 
Pensamos que, dentro de la amplitud de la problemática, el tema de las mutilaciones genitales femeninas merece una atención especial. 
Quisiéramos que la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, nos dijera si se ve con un interés especial la cláusula relativa a las relaciones con terceros países por lo que se refiere a las mutilaciones genitales femeninas, al objeto de conseguir que la misma se cumpla cuanto antes en el sentido de que todos aquellos países que permiten o toleran las mutilaciones genitales femeninas dejen de recibir ayudas de la Unión Europea. 
Se trata de un problema importante, de una práctica corriente y extendida, tan es así que también en Europa se encuentra cada vez más en las páginas de sucesos de todos los días. 
Señor Presidente, señor Comisario, hablando sobre la plataforma de acción para la igualdad que se decidió en Pekín en 1995, quisiera aprovechar la oportunidad para encomiar el papel y los intentos de la ONU sobre este tema, pero también recordar el importante papel de y la recomendación de la Unión de adoptar una plataforma de acción aceptada en común a escala mundial. 
A la vista de la Conferencia de la ONU en Nueva York, pienso que es oportuno llevar a cabo una política europea y mundial más enérgica y eficaz en todos los sectores, una política que llegue hasta Afganistán y los estados del Golfo, donde las mujeres siguen todavía hoy sin una mínima dignidad, privadas de los derechos humanos más básicos. 
Esto, por supuesto, no significa que despreciemos el progreso que se ha conseguido y la contribución de la Unión Europea a la presencia dinámica de las mujeres en todos los sectores profesionales y científicos, el progreso de las mujeres en todos los grados de la educación, sus éxitos donquiera que se apliquen políticas de igualdad de oportunidades y sistemas de méritos. 
En cualquier caso, a pesar del indudable progreso alcanzado, serios problemas de desigualdad y discriminación siguen teniendo graves repercusiones en el funcionamiento de la democracia y un alto coste económico y social por el aún incompleto desarrollo del valioso potencial humano que representan las mujeres. 
Por ello es necesario que avancemos en adelante con visión y plan concreto, con estrategias y mecanismos, con un calendario y unos índices exactos, con objetivos mensurables que nos permitan en el 2005, en la nueva Conferencia de la ONU para la valoración de la década, poder evaluar con exactitud el progreso alcanzado. 
Hoy es necesario concentrar nuestra actividad en abolir la discriminación en el mercado de trabajo, en fomentar la participación de las mujeres en el diálogo social, y en afrontar la violencia de la que son víctimas. 
Es necesario asegurar una justa redistribución de las responsabilidades y las obligaciones entre ambos sexos, tanto en la esfera pública como en la privada. 
Es necesario, en dos palabras, crear un nuevo marco normativo y social que refleje los cambios que se han producido y resuelva los problemas y las contradicciones que provienen de un anticuado contrato de los sexos. 
La Unión Europea y los estados miembros deben estar en la primera línea de este combate. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar a la señora Gröner y a la señora Smet por su excepcionalmente valioso informe. 
Aparte de las 28 recomendaciones concretas, que son especialmente útiles, no sólo para Pekín, sino también para el quinto programa de la Comisión- y quisiera asegurarles que serán absolutamente tenidas en cuenta -, debo resaltar que vienen acompañadas de un análisis enormemente interesante con datos, con posicionamientos, que constituyen una herramienta excelente, y pienso que es de gran interés que sea reproducido por los estados miembros. 
En Pekín avanzamos después de 5 años evaluando el quinquenio transcurrido. 
Como han dicho las conferenciantes, mucho se ha hecho y mucho queda por hacer. 
Y por supuesto el Afganistán debe constituir objeto de discusión, referencia y votación en Nueva York porque es una de las mayores vergüenzas de nuestro siglo; es una de las mayores vergüenzas de la humanidad del año 2000. 
Adquirimos unos compromisos en 1995, y estos compromisos se han completado hasta cierto punto y avanzamos en su análisis completo en Pekín. 
Existe la cuestión de si disponemos de los datos imprescindibles a nivel de la Unión Europea. 
Quisiera informarles de que la Comisión lleva mucho tiempo esforzándose en recoger datos de todos los países miembros, reunir respuestas a encuestas que han sido enviadas en repetidas ocasiones, en recoger respuestas a todos los temas parciales que afectan a legislación, infraestructuras, acciones y estadísticas. 
Hemos concluido, tras mucho esfuerzo, debo reconocerlo, en un conjunto concreto de datos que se publicarán lo más pronto posible- espero que lo tengamos en quince días -, donde se incluirán también los datos de 1999. 
Y esta es la razón por la que se ha dado este retraso extraordinario. 
En cuanto se refiere al informe, quisiera referirme a tres puntos que, de acuerdo también con las encuestas enviadas por los países de Europa, tienen preferencia en el problema de los países europeos. 
El primero son los nuevos cambios en la sociedad de la información. 
Los nuevos cambios, que transforman la economía, la sociedad y el modelo de trabajo, crean grandes atractivos, pero también grandes problemas, especialmente para los estratos más débiles, y grandes problemas para las mujeres, que participan en porcentajes mucho menores en este nuevo mundo de la tecnología y, por supuesto, presentan mayor nivel de desempleo. 
Aquí, pues, debemos subrayar el nuevo objetivo de la educación, de la educación permanente, de la reeducación, de los programas especiales referidos a la participación de las mujeres en la nueva sociedad de la información, y por tanto la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 
El segundo tema se refiere a la democracia: se relaciona también con la sociedad de la información, donde se abre un nuevo modo de comunicación entre los ciudadanos y los políticos, pero un nuevo camino que es necesario conocer y tener el vehículo adecuado. 
Y por supuesto, el clásico problema de la representación de las mujeres que ha sido ya tocado por todas las conferenciantes. 
El tercer tema al que parecen dar al más importancia los estados miembros es el tema de la violencia contra las mujeres, destacando el problema del tráfico de mujeres, es decir, la actual trata de blancas. 
Desgraciadamente, Señorías, debemos asumir que la nueva era trae a escena, además del comercio electrónico, tal como se define en economía, el comercio electrónico de mujeres, y niños. 
Y desde luego estos son temas que requieren soluciones innovadoras, que requieren nuevas aproximaciones, y que no podemos considerar simplemente como el coste de la nueva era. 
Creo que esto es uno de los elementos fundamentales que necesitan una evaluación, pero, sobre todo, una renovación de nuestros compromisos. 
Quisiera insistir en que en Pekín habrá, sin duda, un problema de negociación. 
Estoy de acuerdo en que habrá centros y fuerzas organizadas que querrán hacer retroceder todo este progreso, abrir de nuevo la puerta a la Agenda que hemos acordado. 
Y es de vital importancia cómo nos vamos a organizar a todos los niveles y cómo funcionará nuestro Grupo en todos los niveles, de manera que no permitamos revisión alguna de la Agenda, ninguna vuelta al pasado, pero también que renovemos nuestros compromisos y creemos una nueva fuerza impulsora para la materialización de aquello a lo que nos hemos comprometido en la nueva era. 
Creo que, en vista de que toda negociación depende de su preparación, pero también del buen conocimiento de nuestra propia realidad, así como de la realidad que tenemos ante nosotros, será necesaria una especial colaboración con la Presidencia portuguesa, tanto por parte del Parlamento como por parte de la Comisión. 
Está de más, creo, asegurar que la Comisión está- y yo personalmente- a disposición de la Presidencia portuguesa para preparar esta negociación lo mejor posible. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Por lo demás, quisiera felicitar a todos los diputados que todavía están aquí con nosotros por su perseverancia, al tiempo que doy las gracias a los colaboradores aún presentes por sus prolongados esfuerzos. 
(Se levanta la sesión a las 23.53 horas) 
En calidad de Presidenta del Parlamento Europeo, tengo el honor y el inmenso placer de dar la bienvenida al Sr. Milan Kuçan, Presidente de la República Eslovena. 
Es la primera vez, Señor Presidente, que le acogemos entre nosotros, y me alegro de ello. 
Hace justamente diez años, el 8 de abril de 1990, que tuvieron lugar las primeras elecciones libres y democráticas, punto culminante de la Primavera Eslovena. 
Esta Primavera ya albergaba el germen de los enfrentamientos y las tensiones del verano de 1991, durante el cual Eslovenia conquistó su independencia. 
Todos, por supuesto, tenemos aún en la retina las imágenes de esas diez dramáticas jornadas del verano de 1991. 
En aquella época, el valor, el amor por la libertad y la determinación del pueblo esloveno y de su Presidente triunfaron frente a las amenazas violentas. 
Así nació la Eslovenia libre y democrática. 
Este acontecimiento marcó al mismo tiempo el retorno a los valores europeos comunes de libertad y de paz, de democracia y de respeto a los derechos humanos. 
Estos logros esenciales de nuestra civilización europea sellan la base inalienable de nuestras acciones de hoy y de mañana. 
La Unión Europea es ante todo una comunidad de valores. 
Me alegra constatar que tras varias décadas de dictadura comunista, Eslovenia ha elevado estos valores al rango de fundamento del Estado. 
Y hoy, Eslovenia forma parte de la gran familia europea que deseamos reunir muy pronto. 
En 1996, el Acuerdo de Asociación nos permitió crear una Comisión Parlamentaria Mixta Parlamento Europeo- Parlamento Esloveno. 
El 10 de junio de 1996, su país presentó la solicitud oficial de adhesión a la Unión Europea. 
En marzo de 1998, se iniciaron las negociaciones y sé que continúan activamente bajo la dirección del Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, y del Comisario, Sr. Verheugen. 
Sabemos que en su condición de Presidente de Eslovenia, ha jugado Usted, a lo largo de estos últimos diez años, un papel determinante en la positiva andadura de su país. 
Este es el motivo de que me alegre particularmente el acogerle hoy entre nosotros. 
Sea Usted bienvenido, Señor Presidente, y sin más dilación, le cedo la palabra. 
Señora Presidenta, distinguidos diputados, me honra esta oportunidad de tomar la palabra en este augusto Parlamento. 
Es para mí un motivo especial de placer que esa oportunidad se me haya dado en el 50º aniversario del llamamiento de Robert Schuman a Francia, Alemania y otros países para que concertaran una política económica común del carbón y el acero. 
En ese día nació el proceso de integración europea. 
Para ustedes y para nosotros es un día de fiesta europea, y les felicito con toda sinceridad. 
Les felicito con confianza y fe en la idea europea de asociación. 
Me confirma en mi fe la reciente visita, que tanto éxito tuvo, de la Presidenta del Parlamento Europeo, Sra. Fontaine, a Eslovenia. 
En su discurso ante el Parlamento esloveno, la Sra. Fontaine expresó su clara voluntad de promover el proyecto de una Europa unida, y dijo lo siguiente: " Es importante que apoyemos el deseo de fortalecer las características especiales de cada uno de nuestros países. 
Por consiguiente tenemos que afianzar los cimientos de la Unión Europea y prepararla para la ampliación de forma que en el futuro esté en condiciones de mantener toda su capacidad de funcionar en respuesta a desafíos internos y externos. 
Eso sólo lo podemos conseguir si mantenemos el actual equilibrio entre países pequeños y países grandes, y seguimos el camino que lleva a la Europa de los ciudadanos ". 
Esas ideas me parece que son sumamente importantes, pues hacen hincapié en la coexistencia. 
La coexistencia es la única alternativa real para el futuro de la humanidad, incluido el de Europa. 
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿en qué se basará la coexistencia? 
Mi propia y firme convicción es que la coexistencia debe basarse, en primer lugar y antes que nada, en la experiencia que hemos adquirido y que ha engendrado los valores que hemos articulado como quintaesencia de la democracia europea y que hemos enunciado como los principios que urden la trama de la nueva Europa. 
La experiencia que traemos al tercer milenio es una experiencia del ascenso y el ocaso de las Potencias coloniales y del totalitarismo ideológico, político y social. 
Como contraparte de todo ello, sin por ello dejar de ser parte integrante de nuestra experiencia, figura la institución definitiva del imperio de la ley y de los derechos humanos, de la libertad de individuos y naciones, de la democracia como criterio de poder político, y de la justicia social y la estabilidad como objetivos a los que hemos de aspirar sin desmayo. 
Junto con la experiencia, nuestra coexistencia debe basarse en un conjunto de leyes que determinen la vida humana en el umbral de este tercer milenio y en el que se ejecuten y confirmen esos valores. 
Esas leyes son las de la comunidad mundial. 
Por el momento, la comunidad mundial parece estar limitada a los mercados, las economías y la tecnología de la información y la comunicación. 
La política no ha ocupado todavía su lugar en esa tendencia. 
Sin embargo los sólidos cimientos de la coexistencia del mundo exigen que haya políticas mundializadas, que sean capaces de establecer una coherencia social que equilibre los efectos del capital que está ya mundializado. 
Las políticas mundializadas presuponen que las políticas y los intereses nacionales basados en la soberanía del Estado-nación queden vinculados a la política mundial de responsabilidad común. 
El resultado de ello sería una especie de "política nacional" a nivel mundial, a la que todos los países estarían adscritos. 
Se basaría en parte en los siguientes elementos: la difusión mundial de la democracia política y económica, normas vinculantes en cuanto a los derechos humanos individuales y colectivos, diálogo entre culturas, religiones y civilizaciones diferentes, la oposición al nacionalismo y a la xenofobia, un nuevo equilibrio entre las partes del mundo económicamente desarrolladas o en desarrollo, la mundialización de la enseñanza, el conocimiento, la investigación y la información, el desarrollo de una cooperación internacional e interregional, la edificación de un orden social basado en el modelo de solidaridad y justicia social, una seguridad y defensa comunes, y la lucha contra la delincuencia organizada. 
Con esas políticas podemos encontrar la forma de conseguir que los antiguos enfrentamientos ideológicos, políticos y militares de la Guerra Fría no se vean reemplazados por conflictos de cultura, religión y civilización. 
Si queremos conseguir que haya una responsabilidad política de ámbito mundial, tenemos que esforzarnos, cuanto antes mejor, por que haya una política de responsabilidad común en Europa; en esa Europa que en estos precisos momentos está consolidando los cimientos de la coexistencia futura. 
Así nos lo anuncian las políticas europeas comunes- no solamente la política monetaria, sino también las políticas exterior, de defensa y de seguridad -, la Carta europea de derechos humanos, y quizá una futura constitución europea. 
También nos lo anuncian los esfuerzos desplegados para establecer un mecanismo de gestión de crisis, que evite que las crisis externas o internas de los países de la región degeneren en agresiones y conflictos armados que puedan poner en peligro la paz, la seguridad y la prosperidad comunes. 
Una política mundial de responsabilidad común no sólo exige que podamos prevenir las acciones de otros que puedan ser perjudiciales para la Comunidad, sino también, y diré incluso que con más razón, que nos abstengamos de cometer esos actos. 
En el mundo abierto y multipolar en el que el eurocentrismo no existe ya, Europa puede ser uno de los portaestandartes del desarrollo civilizado solamente si está globalizada hacia adentro, si todas sus partes están integradas en el todo, y si nadie queda excluido del futuro común ni marginado. 
Ahora bien, a la sombra de las ruinas del Muro de Berlín empiezan a manifestarse nuevas divisiones en Europa. 
En la vida de todos los días, hay varias Europas. 
Por un lado tenemos los países de la Unión Europea y miembros de la OTAN que están progresando sobre la base de una tradición democrática europea de larga data, de respeto de los derechos humanos y de las perspectivas de un nuevo auge económico, que también disponen de una moneda común europea. 
Esta agrupación incluye también algunos pequeños países que han experimentado una importante transformación dentro de la UE y que han conservado sus características especiales. 
La segunda Europa es la que está formada por los países que están negociando el ingreso en la Unión Europea: países que, por lo tanto, están esperando el tren europeo agrupados en salas de espera de primera o de segunda clase. 
La tercera Europa está formada por los países de Europa oriental y Europa sudoriental (Ucrania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Albania, Macedonia y Moldova) , que quieren tomar el tren pero aún no han llegado a la estación. 
Algunos de ellos no llegarán nunca si no se les ayuda. 
También hay un grupo de países que por el momento no desean ingresar en la UE. 
Prefieren juguetear con el proyecto de una nueva división ideológica de Europa. 
Podemos llamarles la cuarta Europa. 
Serbia, dispuesta siempre a poner a prueba la estabilidad de Europa sudoriental, ha sido condenada a formar parte de esa cuarta Europa por culpa de su agresiva élite política nacional, que de cuando en cuando ha recibido el apoyo de las ambiciones nacionalistas y los dirigentes políticos de otras naciones balcánicas. 
La unidad europea se enfrentará de nuevo con un gran desafío cuando tenga que pronunciarse sobre los cimientos duraderos de la paz y también, tras los horrores de la guerra en los Balcanes, sobre el futuro de Kosovo y Montenegro. 
Sigue en pie la posibilidad de que haya sangrientos conflictos militares. 
Esa unidad será aún más esencial cuando haya que ayudar a Serbia en el proceso de cambio democrático, cuando el país tenga que afrontar la verdad y su propia responsabilidad. 
Este cambio ensanchará el campo de las políticas y los esfuerzos plurales democráticos por inculcar de nuevo en la conciencia del pueblo serbio el sistema de valores europeos. 
Entonces habrá que exponer ante Serbia- y también ante otros países balcánicos- la perspectiva desafiante pero realista del ingreso en la integración europea; esa perspectiva deberá exponerse a todos los países en las mismas condiciones, sin favores particulares, lo que exigirá la prestación de una mayor asistencia. 
Ninguna de esas "Europas" está inmune a las desviaciones políticas o culturales, que pueden perjudicar su imagen democrática; ni siquiera la primera Europa. 
No puedo olvidarme de las formas crudas de xenofobia y de odio al extranjero, de resistencia a la libre circulación de la mano de obra, y de antisemitismo, que caracterizan al populismo político de nuestros días. 
Esto ejerce una presión indudable en los valores fundamentales, y representa una amenaza para la coexistencia y para nuestro futuro común. 
La insensibilidad ante esos fenómenos ayudaría a crear nuevas barreras entre nosotros. 
Eso es lo que nos recuerda la experiencia que llevamos con nosotros. 
Creo que las reservas de algunos países europeos respecto de la posición del Partido de la Libertad austríaco se deben a esa experiencia; también creo que esa respuesta será coherente, independientemente de quien sea el que quede afectado por ella. 
Junto a las antiguas divisiones están manifestándose otras nuevas, que afligen aún más radicalmente a Europa porque la sociedad de la información de nuestros días representa un desafío para todas y cada una de las facetas de nuestras vidas. 
Hay señales cada vez más fuertes de la aparición de dos clases diferentes en la sociedad. 
El mundo está comenzando a dividirse de una forma nueva. 
Por una parte, están los desempleados y los que, por carecer de conocimientos adecuados, no tienen acceso a la moderna tecnología de la información. 
A ellos les amenazan la exclusión, el estancamiento y la marginación sociales. 
Por otra parte, están los que poseen la educación necesaria y, por lo tanto, tienen el futuro asegurado. 
Éste es un nuevo fenómeno, que se identificó recientemente en la Conferencia de la UE en Lisboa sobre cohesión social. 
Es evidente que hoy en día todo el mundo se enfrenta en Europa con los mismos problemas, y que todos tenemos que encontrar una solución. 
Naturalmente, todos no respondemos de la misma manera. 
Sin embargo, es esencial que al buscar la respuesta partamos todos del mismo sistema de valores. 
Han quedado establecidas las piedras angulares de los valores indispensables para la coexistencia. 
Ahora hay que dar a cada uno la posibilidad de vivir de conformidad con esos valores. 
Una importancia decisiva para conseguirlo se puede atribuir probablemente al nuevo sentimiento de compromiso respecto de Europa, que a mi juicio es un sistema de ámbito europeo de vínculos humanos, de cooperación, de solidaridad, de respeto y de otros valores. 
Esto no entraña sencillamente la libre circulación de ideas, mano de obra, mercancías y capitales, sino también valores como, por ejemplo, el respeto de la diversidad, de la tolerancia, de la igualdad ante la ley de los "ciudadanos de Europa", sean cuales fueren sus aspectos o afiliaciones nacionales, étnicas y culturales. 
Esto permitirá alcanzar un alto nivel de identificación con los mismos valores en toda Europa, lo que a su vez puede representar el tejido conjuntivo fundamental de Europa. 
Este estado de espíritu sería la mejor garantía de que la intolerancia y la enemistad siguen siendo un fenómeno marginal. 
Al mismo tiempo significaría que en ningún país europeo los que están en el poder pueden, en nombre de la soberanía o del principio de no injerencia en asuntos internos, suprimir o limitar los derechos humanos individuales o colectivos. 
Una tentativa de ese tipo exigiría una acción común, sin vacilaciones ni compromisos. 
La intervención de la OTAN en Kosovo es quizá el primer paso en esa dirección. 
El valor de los derechos humanos fundamentales prevaleció sobre el valor de la soberanía estatal clásica. 
La violación masiva y sistemática de derechos humanos no puede ser sencillamente un asunto interno de un solo país. 
Está convirtiéndose en un tema de responsabilidad para la comunidad internacional. 
Si esto marca el principio de un nuevo capítulo en las relaciones internacionales y en el derecho internacional, es cosa que sólo sabremos con el tiempo. 
Europa, y en particular la UE, no deben tener la menor duda sobre el particular. 
El verdadero camino de Europa hacia la mundialización es la ampliación de la Unión Europea para que abarque a todos los países europeos. 
La empresa representa un enorme reto, pues está empezando un período de ampliación de la Unión Europea a países cuya genealogía política es diferente de la de los países que la forman actualmente. 
Ha llegado el momento para los países que en la gran división del mundo pertenecían a la antigua región ideológica del Este de Europa. 
Ha llegado el momento para los países que debido a lo antedicho habían quedado retrasados en su desarrollo económico. 
Y, sin embargo, lo cierto es que solamente esa ampliación significará la integración y mundialización actuales de Europa, y significará para el Este y el Oeste europeos el punto final de lo pasado y el principio de un futuro europeo global. 
Para los países como Eslovenia que por el juego del sistema de bloques se vieron obligados a integrarse en una cultura diferente, la inclusión en la integración europea representa también la prueba de que finalmente han regresado a su civilización occidental. 
De todos modos no debemos olvidar que esos países, entre ellos Eslovenia, han demostrado que en un plazo de tiempo relativamente corto se pueden adoptar las reglas que han exigido un plazo de tiempo relativamente largo para quedar establecidas en la Unión Europea y en Europa occidental. 
Los grandes esfuerzos consagrados a la reforma pueden servir como garantía de que la ampliación de la UE será beneficiosa tanto para sus actuales miembros como también para los que desean serlo. 
Un aplazamiento de la ampliación significaría que Europa no ha enterrado aún su pasado, que aún no ha aprendido todas las lecciones que la historia le brinda, y que la mundialización no es todavía su requisito interno. 
También indicaría que Europa está abandonando su influencia y su presencia en el mundo. 
Junto con ese nuevo paso adelante cualitativo, se están suscitando también dudas entre los miembros de la UE. 
Están abandonando lo enteramente conocido para entrar en lo que no se conoce enteramente. 
La decisión de ampliación lleva consigo nuevos riesgos, y hay que tener cierto grado de comprensión ante el dilema con que se enfrenta la UE. 
Estoy hablando principalmente de la ejecución de profundas reformas internas, institucionales y sustantivas en la UE, de su buena voluntad respecto de la aceptación de nuevos miembros, y del aplazamiento de la fecha de ampliación. 
¿Está transformándose la opinión sobre la aceptación sucesiva de nuevos países tan pronto como estén en condiciones de ser aceptados, en una opinión que prevé la aceptación colectiva de candidatos en una primera y en una segunda rondas, o significa una nueva demora de la ampliación hasta finales del presente decenio? 
Entre los países candidatos también están surgiendo dilemas, dudas e incertidumbres. 
Cada vez se tiene más la impresión de que hay un "blanco en movimiento", que no para de cambiar de posición y que neutraliza el entusiasmo de los candidatos mejor preparados que empiezan a tener el sentimiento de que tendrán que esperar a los candidatos menos preparados. 
La claridad y la transparencia de esas opiniones tendrán sin duda alguna un efecto positivo, y sería particularmente útil que todos y cada uno de ellos cesara de esforzarse por disculparse ante los demás. 
La UE no debe utilizar los problemas que haya entre los países candidatos como disculpa para retrasar sus propias reformas, y los países candidatos no deberían servirse de las dificultades de las reformas internas de la UE como disculpa para aplazar las reformas que tienen que introducir a fin de poder ser miembros de pleno derecho. 
Esas disculpas retrasarían las perspectivas del aumento de la Europa futura, y el hacer que la ampliación quede supeditada a demandas bilaterales y a los intereses de países individuales no dejará de tener también efectos. 
Esto incluye condiciones que se remontan a mucho tiempo atrás en la historia, así como tentativas de revisarla, particularmente la historia de la Segunda Guerra Mundial. 
Esas demandas provienen de la posición de poder que tienen los que forman parte de la Unión Europea, contra la falta de poder de los que sólo pueden ejercer el derecho a pedir que se les acepte en la Unión Europea. 
Permítanme ahora que rememore el discurso que pronuncié en noviembre de 1995 ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa de este Parlamento, según estaba compuesta entonces. 
En aquel momento protesté contra el tratamiento discriminatorio de Eslovenia, pues el que entonces era Gobierno de Italia estaba intentando evitar, con su poder de veto, que se firmara el acuerdo de asociación, y como condición fijaba la solución de lo que eran para Italia cuestiones conflictivas derivadas de los tratados fronterizos entre Italia y la antigua Yugoslavia. 
De espalda a la pared, Eslovenia firmó el denominado "compromiso español". 
No menciono este episodio para resucitar recuerdos, sino porque en las negociaciones actuales también han aparecido tendencias encaminadas a elevar a nivel de demanda de la UE cuestiones de intereses presuntamente justificados en relación con Eslovenia. 
Pienso, por ejemplo, en la demanda de restitución de la propiedad a los que la perdieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial como parte de las sanciones por la colaboración con el régimen de ocupación nazi y fascista. 
En lo que entonces era Yugoslavia, Eslovenia no hizo nada que no estuviera previsto en el espíritu de las resoluciones de Potsdam por los Aliados, con los que los eslovenos habían luchado juntos contra el racismo y el nazismo. 
Esta vez Eslovenia no desea aceptar ese tipo de imposición de condiciones, y espera contar con la comprensión y la simpatía de la Unión Europea. 
Estimo que no debe tolerarse en ningún momento que cuestiones de carácter bilateral individual se esgriman como motivos para imponer condiciones a la aceptación de un país como miembro de pleno derecho de la UE; tampoco debe tolerarse que esas cuestiones obtengan el apoyo pragmático de miembros de la UE, si se quiere que la integración europea y su futuro posean bases claras y abiertas. 
Eslovenia es un país pequeño. 
Durante muchos siglos hemos vivido en una comunidad política multinacional, en el Imperio austro-húngaro, y en dos Yugoslavias. 
Todos sentimos la angustia de que no se respete nuestra identidad nacional, de que se supriman los esfuerzos por promover nuestra identidad nacional, y el temor a las fatales consecuencias de la desigualdad en la sociedad y ante la ley. 
Lo peor de todo fue la agresión de que fuimos objeto durante la ocupación nazi y fascista. 
Se nos privó del derecho a la existencia como nación. 
Por esa razón justipreciamos los esfuerzos de los que promueven el proyecto de un hogar europeo común, basado en el concepto de autonomía abierta de las entidades nacionales y de otro tipo en la sociedad. 
"Vida en la diversidad" es la clave para el éxito de la asociación europea, y Eslovenia ha vinculado su futuro a dicha clave. 
Nuestras experiencias históricas y el futuro de nuestros ciudadanos exigen que no vivamos en aislamiento voluntario o forzado respecto de las instituciones euroatlánticas. 
Eslovenia desea formar parte de esas instituciones, y está dispuesta a contribuir como pueda a la vida común de las naciones europeas, pero no está dispuesta a pagar un precio inequitativo por conseguirlo. 
Eslovenia estará en condiciones de ingresar antes de que acabe el año 2002, y cree que entonces será acogida en el club de Estados miembros de la UE. 
Nos complace que en Helsinki los Estados miembros de la UE se hayan comprometido a llevar a cabo la integración para dicha fecha respecto de los países candidatos mejor preparados. 
Para que se puedan conseguir los objetivos que están fijados, es preciso que las negociaciones finalicen el año que viene. 
Estamos convencidos de que el actual progreso en las negociaciones posibilita semejante esperanza. 
Por último quisiera recalcar que no consideramos la mundialización y la integración europea como una unificación. 
Los efectos positivos de esos procesos son interdependientes del establecimiento simultáneo de la libertad de individualización y fragmentación. 
Esto no significa únicamente la libertad y la autonomía del individuo, sino también la libertad de los grupos sociales de expresar sus convicciones y afiliaciones étnicas, culturales, religiosas, políticas y espirituales. 
Esas libertades poseen un significado especial para las vidas de los pueblos, y a través de ellas el pueblo expresa sus vínculos con valores concretos. 
Únicamente el respeto de esas libertades puede ser el cimiento de la coexistencia europea. 
Esto supone el establecimiento del principio de la "unidad en la diversidad". 
La alternativa es muy clara. 
Si no conseguimos encontrar en este nuevo milenio los cimientos de la coexistencia, que no puede ser sencillamente una negación del pasado sino también una aceptación activa del futuro, incluida la formulación de una política europea universal de responsabilidad común en una Unión Europea abierta, Europa orientará su destino hacia el pasado en vez de orientarlo hacia el futuro. 
En este primer decenio del nuevo siglo y del nuevo milenio, la Europa democrática se enfrenta también con nuevas adversidades. 
Tengo la profunda convicción de que, unidos, los europeos podrán superar holgadamente esas adversidades. 
Le agradezco, Señor Presidente, que nos haya hablado con fuerza, convicción y franqueza. 
Ha evocado Usted el quincuagésimo aniversario de la Declaración de Robert Schuman, que, efectivamente, el Parlamento celebró con gran solemnidad. 
He visto, Señor Presidente, que ha hablado Usted de "nuestro aniversario común", y permítame decirle que esta mención ha calado hondo entre nosotros. 
Gracias por haber mencionado también la visita que realicé hace algunas semanas a Lubljana. 
Esta visita estaba enmarcada dentro del Noveno Encuentro entre Presidentes del Parlamento Europeo y Presidentes de los Países Candidatos, un Encuentro que iniciaron hace algunos años mis predecesores Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch y José Maria Gil Robles. 
A lo largo de esta visita, fue un honor para mí el que me concedieran Ustedes la oportunidad de expresarme en el hemiciclo del Parlamento Esloveno, y debo decir que, tanto a mí como al Sr. Podestá, Vicepresidente encargado de la ampliación, al Sr. Brok, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, y al Sr. Ebner, Presidente de la Delegación, nos impresionaron mucho los considerables progresos que su país ha realizado en el camino de su pertenencia a Europa. 
Permítame finalmente decirle que nuestro Parlamento se ha identificado muy ampliamente, creo, con sus palabras. 
En los objetivos que ha mencionado, ha hablado de su deseo de entrar en una casa común sólida, fuerte, unida, y creo poder decir que este es el deseo de la mayoría de nuestra Asamblea. 
También ha mencionado la unidad en la diferencia. 
Desearía a este respecto recordar que, hace algunas semanas, 80.000 jóvenes de los países de la Unión Europea participaron en un concurso para encontrar un lema para Europa, y que el lema que finalmente eligió el jurado fue "Unidad en la diversidad". 
Debo confesar que quizás no sea nada del otro mundo, pero es más interesante de lo que parece, porque creo que responde a un sentimiento muy profundo de muchos ciudadanos de nuestros países. 
Finalmente, ha recordado Usted, Señor Presidente, los valores que defiende, y que son la base de la integración europea. 
También ha mencionado su deseo de no perder de vista la solidaridad social en el contexto de la globalización. 
De nuevo aquí, creo que se une Usted totalmente a los objetivos de nuestro Parlamento Europeo. 
Le deseo a Usted y a todas las autoridades eslovenas que participan en las negociaciones buena suerte. 
Estamos convencidos de que estas negociaciones culminarán en los plazos previstos. 
Buena suerte, señor Presidente, y le agradecemos de nuevo su presencia y su intervención. 
(Se levanta la sesión solemne a las 12.30 horas) 
Señora Presidenta, he solicitado el uso de la palabra para manifestar el profundo malestar de un grupo de diputados italianos- pienso de todos los diputados italianos, pero creo también de la mayoría o de todo este Parlamento- por las declaraciones realizadas ayer por el Presidente Kuçan. 
Compartimos totalmente la condena de la opresión nazi y fascista de Eslovenia, expresada ayer en Estrasburgo por el Presidente Kuçan en su discurso ante el Parlamento Europeo, sin embargo, no podemos aceptar que no sea objeto de la misma condena el horror de la limpieza étnica antiitaliana llevada a cabo por el régimen comunista inmediatamente después de su conquista del poder. 
En particular, no podemos aceptar que la masacre de italianos y la expropiación de sus bienes se consideren como una medida contra los colaboracionistas nazis y fascistas, en ese espíritu de Postdam y de Yalta que dividió a Europa y contra el cual Europa ha reconquistado y está reconquistando su libertad y su unidad. 
Se trató de una serie de crímenes contra la humanidad en los que por primera vez se pusieron a punto los métodos de la limpieza étnica a la que recientemente hemos asistido en otras partes de los Balcanes. 
Italia es amiga del pueblo esloveno y respalda la adhesión de Eslovenia a la OTAN y a la Unión Europea. 
Considerábamos que el contencioso entre Italia y Eslovenia había encontrado una solución equilibrada con los acuerdos Solana de 1995. 
No comprendemos por qué hoy el Presidente Kuçan ha vuelto a proponer valoraciones absolutamente inaceptables sobre el pasado y temores sin fundamento de cara al futuro. 
Ayer, el Presidente Kuçan emitió una nota a través de la Embajada de Eslovenia en la que se decía que se trató de errores de traducción y que la polémica no va dirigida contra Italia, sino contra Austria. 
Pues bien, para nosotros una acción contra los derechos humanos, un crimen es tan condenable tanto si se hace contra los austríacos como si se hiciera contra los italianos. 
Señora Presidenta, pido que tome iniciativas para presentar al Gobierno esloveno y al Presidente Kuçan la profunda desaprobación de este Parlamento por unas inaceptables declaraciones que ciertamente no crean un clima adecuado para la conclusión positiva de las negociaciones con vistas a la adhesión de Eslovenia a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, no puedo sino sumarme a las palabras del Sr. Buttiglione y, como líder y en nombre de la delegación de "Forza Italia" en el Grupo del Partido Popular Europeo, no puedo dejar de recordar lo que sufrieron las poblaciones italianas en la antigua Yugoslavia cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después. 
Hubo una operación de limpieza étnica propiamente dicha, existen todavía algunos contenciosos abiertos, hay algunos ciudadanos italianos que siguen esperando que se respeten sus derechos. 
Estamos vinculados a Eslovenia por sentimientos de profunda amistad, pero no podemos olvidar lo que ocurrió en el pasado y no queremos que se olvide. 
La Europa que está naciendo, la Casa que todos juntos estamos construyendo no puede nacer olvidando el pasado. 
No puede nacer sino condenando los horrores cometidos por el comunismo y por el nazismo. 
Es también por eso, señora Presidenta, que, además de pedir su autorizada intervención ante el Gobierno de Eslovenia, invito a todos los diputados a que suscriban la declaración que solicita que el Parlamento Europeo instituya un día dedicado a la Shoah, al Holocausto. 
Señora Presidenta, conocemos al Presidente Kuçan, su apego a Europa y las buenas relaciones que se han establecido también con Italia. 
No estamos preocupados, sin embargo, no cabe duda de que este hecho debe aclararse y querría decir que para nosotros el compromiso español obra del Sr. Solana es básico. 
Naturalmente todo esto no se puede poner en tela de juicio y, por lo tanto, yo también pienso que usted tratará de aclararlo. 
Nos encomendamos a su sabiduría y a su cargo. 
Gracias, señora Napoletano. 
Propongo a los tres colegas que han intervenido dirigirme por carta al Sr. Kuçan para ponerle al corriente, de la manera más respetuosa posible, de las observaciones o reflexiones de los colegas, y, en su caso, ponerme en contacto con él para informarle fielmente de lo que han manifestado. 
Creo que lo dicho refleja el parecer de una parte importante de nuestra Asamblea, y les doy las gracias por la confianza que depositan en mí para transmitirle este parecer de la manera más fiel y clara posible. 
Comunicaciones de la Presidenta 
Debo comunicarles dos cuestiones. 
La primera, que espero ya les haya llegado a través de sus correos electrónicos, es para informarles de ciertas dificultades materiales aparecidas en algunos locales del edificio. 
Los Cuestores han sido diligentes en controlar de la mejor manera posible esta situación. 
La sociedad alemana Dekra, que por iniciativa de éstos ha analizado el aire, ha comprobado algunos defectos, que, como es habitual, hemos solucionado lo antes posible. 
Agradezco a los Cuestores por su diligencia, y en particular al presidente del Colegio, el Sr. Poos. 
Por mi parte, me he puesto inmediatamente en contacto por carta con las autoridades de Estrasburgo, así como con la Dirección de Acción Sanitaria y Social, de tal manera que todas las autoridades competentes estuvieran informadas. 
En sus correos electrónicos tienen, pues, esta comunicación. 
La segunda comunicación me ha sido transmitida por el Gobierno francés, y se refiere a un decreto sobre la anulación del mandato de uno de nuestros colegas, el Sr. Le Pen. 
En su momento, como sin duda recordarán, yo hice saber a nuestra Asamblea que, de conformidad con nuestro Reglamento, había solicitado a la Comisión de Asuntos Jurídicos que emitiera una opinión al respeto. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó en varias ocasiones todos los aspectos de la cuestión, en especial los jurídicos. 
Agradezco a la Sra. Palacio, su presidenta, y a los miembros de la comisión los esfuerzos realizados. 
El debate ha sido muy amplio, y ayer a las 20.00 horas la Sra. Palacio me transmitió una carta informándome de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre esta situación. 
Para que no haya ningún equívoco, ninguna dificultad en cuanto a su interpretación, creo que es mejor dar lectura a dicha carta. 
" Señora Presidenta: En su reunión del 16 de mayo de 2000, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior prosiguió el examen de la situación del Sr. Jean-Marie Le Pen. 
La comisión es consciente de que el decreto del Primer Ministro de la República Francesa, notificado al Sr. Le Pen el 5 de abril de 2000, tiene fuerza ejecutiva. 
No obstante, la comisión señaló que, como se menciona en la carta por la que se notifica del decreto al interesado, este último tiene la facultad de interponer ante el Consejo de Estado un recurso para solicitar la suspensión de la fuerza ejecutiva del decreto. 
A la vista de la decisión adoptada el día anterior, en el sentido de recomendar que, por el momento, el Parlamento Europeo no tome nota formalmente del decreto que afecta al Sr. Le Pen, la comisión ha examinado el curso que debe dársele. 
En apoyo de esta decisión, se ha mencionado, como precedente, el caso del Sr. Tapie. Por consiguiente, se recomienda que el Parlamento Europeo tome nota formalmente del decreto de anulación sólo después de que concluya el plazo para interponer recurso ante el Consejo de Estado o, en su caso, después de la decisión de este último ". 
Esta es la carta que la Sra. Palacio me transmitió ayer por la noche, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por lo que le reitero mi agradecimiento. 
Tengo la intención de seguir la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Señora Presidenta, intervengo para solicitar que el Parlamento se pronuncie en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento. Y, si me lo permite, justifico mi propuesta. 
Por supuesto, señor Barón Crespo. 
Señora Presidenta, el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento establece que la Presidenta puede solicitar la opinión de la comisión competente y, sobre esta propuesta, el Parlamento podrá pronunciarse. 
Yo solicito que se pronuncie y lo hago con todos los respetos para la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha celebrado un amplio debate sobre la cuestión, porque entiendo que aquí hay dos elementos básicos. 
Uno de ellos es el respeto del Derecho parlamentario y de los Tratados. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos citaba en la carta del lunes- que es la que yo conozco, porque de ésta acabo de tener conocimiento -, por parte de su presidenta, el apartado 2 del artículo 12 del Acta relativa a la elección de los representantes del Parlamento Europeo, de 1976, que dice lo siguiente: "Cuando la vacante resulte de la aplicación de las disposiciones nacionales en vigor en un Estado miembro, éste informará a este respecto al Parlamento Europeo, que tomará nota de ello". 
Ello significa, en primer lugar, que un Estado miembro, que es un Estado de Derecho, como Francia, ha tomado unas decisiones en función de una sentencia judicial y el ejecutivo nos... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señorías, nuestro colega, el Sr. Staes, acaba de sufrir una indisposición que, según me informan, no parece ser de origen cardiaco. 
Aunque su estado no revestiría gravedad, se le practicará de inmediato un electrocardiograma. No obstante, deseaba tranquilizarles, en términos generales, sobre su estado de salud. 
Querría dar las gracias a los dos colegas médicos que han intervenido de inmediato y que acaban de facilitarme estas informaciones. 
Asimismo, deseaba decirles que este infeliz incidente nos ha permitido constatar, desgraciadamente, el tiempo que tardan en intervenir los servicios médicos. 
Esto podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros y debemos hacer algo al respecto. 
Concederé la palabra a la Sra. Banotti, quien desea intervenir enseguida para que los Cuestores tomen medidas a fin de que todo funcione realmente como tendría que funcionar. 
Señora Presidenta, a todos nos ha consternado profundamente la enfermedad de nuestro colega. 
Siento un inmenso alivio de que, al parecer, no esté tan enfermo como parecía al comienzo: yo soy enfermera, razón por la cual he subido a ver si podía prestar ayuda. 
Hemos de reconocer que, en particular, cuando hace un tiempo tan caluroso como el que ha hecho esta semana, la salud de los diputados está sometida a una gran presión. 
Es lamentable que se tardara tanto en conseguir la camilla para sacar al Sr. Staes de la Asamblea. 
Quisiera proponer, en nombre de los diputados, que dispongamos de un equipo de reanimación inmediata aquí, en la Asamblea, para el caso de que se repita un acontecimiento tan consternador. 
Me alegro mucho de que no esté tan enfermo como parecía, pero debemos disponer de un equipo de reanimación en la Asamblea, dadas no sólo las condiciones, sino también nuestras edades y me incluyo a mí misma. 
A muchos diputados les está resultando particularmente difícil esta semana con el calor que hace. 
Gracias, señora Banotti. 
Pienso que no hay edad para este tipo de indisposición. 
Señora Presidenta, junto con los colegas que hemos asistido al minuto siguiente a nuestro colega enfermo, debo decir en justicia que el tiempo transcurrido desde que se ha producido el incidente hasta que ha acudido el médico es un tiempo que firmaría como bueno cualquier institución del mundo. 
Y cuando el médico oficial, que ha venido equipado de todos los aparatos de reanimación exigibles- y en esto coincido con mi colega que también le ha asistido -, ha ordenado el traslado en camilla, ha llegado la camilla. 
Yo estoy muy satisfecho con el tiempo transcurrido y con la actuación de los servicios médicos del Parlamento. 
Señora Presidenta, tal vez al final decidamos que el servicio médico no esté situado en el sótano. 
Sus miembros preferirían estar en el mismo piso que el Pleno y tal vez podríamos examinar esa posibilidad. 
Señora Presidenta, ante todo, hago votos por la pronta recuperación de nuestro colega, el Sr. Staes, pero creo que también hay que recordar y pedir a los medios de comunicación que digan a nuestros conciudadanos que nuestra vida no es un camino de rosas, que vivir prácticamente como nómadas, yendo y viniendo, no es lo mejor para la salud. 
En fin, lo hemos elegido voluntariamente. 
Vuelvo al tema que nos ocupaba: la solicitud por parte de mi Grupo de que el Parlamento se pronuncie sobre esta cuestión de acuerdo con el Reglamento. 
Estaba procediendo a la lectura del apartado 2 del artículo 12 del Acta de 1976, que es el fundamento de derecho que alegaba la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos en su carta del lunes. 
Este apartado dice que "cuando la vacante resulte de la aplicación de las disposiciones nacionales en vigor en un Estado miembro, éste informará, a este respecto al Parlamento Europeo, que tomará nota de ello". 
Francia es un Estado de Derecho. 
Hay una resolución judicial, hay un decreto del Gobierno, se nos ha comunicado y entiendo que al Parlamento Europeo le corresponde tomar nota de ello, de acuerdo con los Tratados y con el Derecho parlamentario. 
He oído- porque no tengo conocimiento directo de la actual carta- que se citan precedentes. 
Es cierto que los hay, y mi Grupo es partidario de que se respeten. 
Pero, en este caso, no cabe alegar el precedente del Sr. Tapie por dos razones: la primera, porque existía inelegibilidad a causa de una quiebra, y la segunda- que es importante- porque el Sr. Tapie había utilizado el derecho de recurso. 
Y aquí nos encontramos con una inelegibilidad por un año y no se ha hecho uso del derecho de recurso, que le reconoce el decreto francés. 
No quiero entrar en un debate sobre Derecho francés, que no conozco. 
Creo que, en los términos de los Tratados y de nuestro Derecho, al Parlamento le corresponde tomar nota de la decisión del Estado francés. 
Eso es lo que procede y me parece que, aunque no he estado presente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, la propuesta no lo refleja. 
En cualquier caso, entiendo que dicha propuesta no debe ser ratificada por el Parlamento Europeo y yo, desde luego, voy a solicitar que se someta a votación y anuncio que mi Grupo votará en contra. 
Señora Presidenta, intervengo como coordinador del Grupo socialista en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. 
Me ha sorprendido mucho la carta que acaba usted de leer de la Sra. presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Ayer mismo yo recibí una carta de la presidenta, en la que reflejaba fielmente lo que había ocurrido en la Comisión de Asuntos Jurídicos: después de una discusión se había decidido no recomendar que se tomara nota, dejando el tema sobre la mesa para una posterior discusión. 
La carta que usted ha leído refleja las motivaciones personales que la Sra. presidenta y, quizás, otros diputados también alegaron, pero no refleja el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Concretamente, la posición del Grupo socialista fue que, a la vista del Acta de 1976, lo único que podía hacer este Parlamento es lo que acaba de decir el Sr. Barón, es decir, tomar nota de la decisión del Gobierno francés, sin ningún otro condicionamiento. 
Se planteó la posibilidad de dar una explicación, y yo aduje que eso supondría una nueva votación. 
No se efectuó ninguna votación, y, por tanto, -repito- los puntos de vista expresados en la carta que acaba usted de leer reflejan la posición personal de la Sra. Palacio, pero no reflejan la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Señorías, no vamos a repetir el debate que tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Sin embargo, era normal que escucháramos a la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha realizado un trabajo muy difícil y minucioso sobre un asunto particularmente delicado. 
Asumo toda la responsabilidad en esta cuestión. 
Es verdad que, en virtud del Tratado, habría podido, simplemente, tomar nota del decreto. 
Pero, y acepto la responsabilidad, he preferido aplicar el apartado 4 del artículo 7 de nuestro Reglamento, es decir, contar con la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque consideraba que el problema era muy delicado desde el punto de vista jurídico. 
He deseado, pues, que se tratara dejando de lado todo tipo de consideraciones políticas y que el caso del colega afectado fuese abordado como el de cualquier otro colega de esta Asamblea. 
Creo que es de esta manera como debe actuar siempre nuestro Parlamento, es decir, con un gran sentido de rigor. 
Ocurre que en este tipo de casos, el interesado tiene la posibilidad de interponer un recurso y que este recurso puede ir acompañado de la suspensión de la ejecución. 
Ahora bien, a partir del momento en que el Parlamento Europeo toma nota la decisión se convierte inmediatamente en ejecutiva. 
Dicho de otra forma, la posibilidad de recurso y la suspensión de la ejecución no tienen aplicación posible, y ello de manera completamente irreversible, ya que, si por ventura el recurso llegara a buen término, no se podría decir al nuevo colega: "Ahora debe irse y el colega saliente vuelve a ocupar su escaño". 
Imagínense la situación. 
Se trata de una responsabilidad muy importante para la Presidencia, pero también para nuestra Asamblea. 
Así pues, me situé en el marco del apartado 4 del artículo 7, que me parecía adecuarse a la situación, y solicité la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Doy las gracias, una vez más, a la comisión por las largas horas que tanto su presidenta como sus miembros han dedicado a este asunto. 
Ahora que dispongo de dicha opinión, podría no seguirla. 
Repito: se puede discutir mi decisión, pero decido seguir esta opinión. 
Dicho esto, el señor Barón Crespo, ha hecho bien en leer con atención el apartado en cuyo marco me he situado y en recordar que, cito: "El Presidente encargará el seguimiento del asunto a la comisión competente, a propuesta de la cual podrá pronunciarse el Parlamento". 
Esto es, efectivamente, lo que expresa nuestro Reglamento. 
Una vez escuchados los colegas que han manifestado su deseo de intervenir, a la vez que les pido que no se vuelva a iniciar el debate, lo normal sería que se consultara a la Asamblea para saber si el Parlamento desea pronunciarse sobre la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso votaríamos a las 12.00 horas, en el turno de votaciones. 
Esta es mi propuesta. 
No existe una solución perfecta y creo que es necesario que todos actuemos con el mayor rigor y la mayor equidad posible. 
No vamos a alargar esta discusión toda la mañana. 
Les pediré que sean breves, y luego tomaremos la decisión que nos parezca más adecuada. 
Es la Asamblea la que decidirá, puesto que se trata de un asunto muy serio. 
Recuerdo, en efecto, que es el Parlamento el que toma nota y no su Presidenta. 
Señora Presidenta, puesto que un Presidente de Grupo ha hablado, y, naturalmente está en su derecho, quisiera aclarar brevemente la posición de mi Grupo. 
La persona de quien se trata mantiene opiniones políticas que yo aborrezco en gran parte. 
Pero existe un Derecho de la Unión Europea y un derecho de todos los diputados que yo defendería siempre. 
Si en un país miembro existe un proceso judicial contra un diputado, es preciso aguardar al resultado de este proceso antes de que podamos adoptar aquí una decisión definitiva. 
Si la información es correcta, Sr. Hänsch- no he tenido ocasión de hablar con usted sobre ello, pero digo esto precisamente sintiendo un gran respeto por nuestro anterior Presidente, Klaus Hänsch -, en el caso Tapie, nuestro anterior Presidente debió argumentar expresamente entonces en el sentido de que deberíamos aguardar primero al procedimiento de apelación antes de que llegásemos a una decisión. 
Lo que entonces era verdadero, no puede ser falso hoy. 
Respetemos el derecho de cada cual en el Parlamento, con independencia de su posición política. 
Mi Grupo defenderá siempre esta actitud, aunque tales miembros pertenezcan a otros Grupos. 
Defenderemos por igual estos derechos porque son nuestros derechos comunes. 
Si violamos el Derecho acabaremos con la Unión Europea. 
Por esa razón respetamos el Derecho y lo defendemos para todos. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, los representantes de mi Grupo que son miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior han estudiado a fondo este asunto, y yo misma también formo parte de esta comisión parlamentaria en representación de mi Grupo. 
Nosotros somos plenamente conscientes del delicado carácter político que este caso implica. 
Pero no queremos que esta cuestión sea utilizada políticamente contra nosotros de forma injusta. 
Nuestro Grupo ha llegado por mayoría a la conclusión de que la posición de la mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos está justificada. 
Pero debemos dejar claro que si se procede a votar sobre este asunto en el Pleno, o sea, sobre la suspensión del mandato del Sr. diputado Le Pen, la mayoría de los miembros de la Delegación francesa de nuestro Grupo votará a favor de la suspensión. 
Hablo como coordinadora del Grupo ELDR en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En vista de que este asunto ha ocupado a nuestra Comisión durante tres larguísimas y exhaustivas reuniones, la Asamblea debe comprender que se consideró que se trataba de una cuestión muy compleja y difícil. 
Yo, por ejemplo, consideraría un error que esta Asamblea intentara examinar este asunto a toda prisa, como parece ser la propuesta formulada por el Sr. Barón Crespo. 
Se trata de un caso que requiere absoluta objetividad y atención al Reglamento. 
Tal como yo entiendo el artículo en cuestión, que usted, señora Presidenta, está intentando cuidadosamente interpretar, en este momento tiene usted ante sí una opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero no existe una propuesta como tal. 
En el artículo se dice que el Parlamento tiene derecho a emitir un dictamen sobre una propuesta, pero, al parecer, usted tiene ante sí una simple opinión, no una propuesta. 
Si debiéramos adoptar una simple opinión como Parlamento en pleno, deberíamos tener ante nosotros algo más y disponer de mucho más tiempo y detenimiento antes de pasar a celebrar una precipitada votación sobre una cuestión como ésta. 
Creo que hay que encontrar la mejor solución. 
No obstante, desearía dar lectura, para informarles, de la carta que el Sr. Klaus Hänsch había dirigido al Sr. Hervé de Charrette, que era ministro francés de Asuntos Exteriores en el momento en que se planteó el caso del Sr. Tapie. 
Me limito a leerles el párrafo que nos interesa: " En razón del carácter irreversible de la anulación del mandato, creo adecuado esperar a que se pronuncie sobre este recurso el Consejo de Estado. 
Al parecer, la decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión se tomará de manera inminente ". 
Como ven, no se puede polemizar, pero yo también he observado el proceder de mis antecesores en situaciones similares, porque, en derecho, la jurisprudencia es una realidad. 
Nos encontramos, en este caso, en una situación difícil. 
Lo que les propondría sería decidir si deseamos que la Comisión de Asuntos Jurídicos nos someta una propuesta en cuanto tal, ya que, al parecer, algunos de ustedes piensan que la carta que la Sra. Palacio me ha escrito no es una propuesta en el sentido del Reglamento. 
Personalmente, deseo seguir el Reglamento, ajustarme estrictamente al Reglamento, que dice "a propuesta de la cual podrá pronunciarse el Parlamento". 
Si el Parlamento desea, pues, que se someta una propuesta, pediremos entonces a la Comisión de Asuntos Jurídicos que formule dicha propuesta sobre la que votaremos con toda serenidad, no a las 12.00 horas, sino quizás más tarde. 
Creo que es preciso que superemos esta situación. 
Por lo tanto, someteré de inmediato a votación las dos soluciones posibles. 
O bien nos atenemos a la situación actual, es decir: nos ajustamos a los términos de la carta de la Sra. Palacio y esperamos el resultado del posible recurso que nuestro colega presentará ante el Consejo de Estado, para luego tomar nota de la anulación o no del mandato, o bien nuestro Pleno desea que la Comisión de Asuntos Jurídicos formule una propuesta en cuanto tal sobre la cual éste se pronunciará, de conformidad con el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento. 
Señora Presidenta, lamento tener que solicitar una vez más el uso de la palabra. 
Pero hoy no podemos votar nada, en absoluto, pues tenemos procedimientos claros, regulados. 
Cuando encomendamos a una comisión una tarea, entonces hemos de tener una fundamento para esta tarea, es decir, necesitamos un documento que defina esta tarea. 
No disponemos de este documento. 
Por consiguiente, desaconsejo con toda insistencia que se realice ahora una votación sobre este asunto, sea cual sea la forma. 
Señora Presidenta, Señorías, desearía hacer un llamamiento al Sr. Barón Crespo y al Grupo Socialista. 
Estamos en un punto muerto y creo que yo sería la última persona que no comprendería que ustedes desean que el mandato del Sr. Le Pen sea anulado. 
Pero, felizmente, ello no depende de nuestros deseos políticos, sino del derecho, así como del hecho de que en este momento existe una situación jurídica que se opone a lo que ustedes proponen y que nos coloca en un punto muerto. 
La señora Presidenta tiene razón. 
O existe una propuesta jurídica de la comisión y votamos sobre dicho informe, o no existe propuesta, y solicitan entonces que se elabore una propuesta. 
Si desean una votación indicativa, eso depende de ustedes, pero sería inteligente renunciar a la misma, ya que creo que hay una contradicción. 
Casi nunca estoy de acuerdo con la Sra. Garaud, pero, en este caso, tiene razón. 
La contradicción se debe a la contradicción del Derecho francés, que exige que una decisión no sea definitiva, que no sea suspensiva. 
Que comprenda quien pueda, pero corresponde al Parlamento francés reformar dicha legislación. 
Para nosotros- en este punto, señor Wurtz, no estoy de acuerdo con usted -, el Estado francés, el Estado italiano, el Estado alemán, son soberanos. 
El Parlamento Europeo también es soberano, y puede pronunciarse contra una decisión del Estado. 
Esta es mi concepción de Europa. 
En la situación actual, les pido simplemente que se declare que esperamos, y que se ejerzan presiones para que el Consejo de Estado tome una decisión en el sentido de precisar si la petición del Sr. Le Pen es o no suspensiva. 
Esto puede hacerse muy rápidamente. 
No se trataría de una decisión de fondo, aun cuando sólo sea una decisión jurídica, sino de una decisión sobre la forma. 
Si el Consejo de Estado decide hoy que su decisión no es suspensiva, el Parlamento Europeo podrá tomar una decisión en 48 horas. 
Les pido, pues, que retiren su solicitud de votación, para que no nos encontremos en un punto muerto. 
Hago mías las palabras del Sr. Hänsch. 
Veo que el Sr. Barón Crespo aplaude al Sr. Klaus Hänsch. Supongo, pues, que suscribe lo dicho por el Sr. Cohn-Bendit y que retira su solicitud, al considerar, que no estamos en presencia de una verdadera propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Igualdad de trato de las personas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0136/2000) de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (COM (1999) 0566- C5-0067/2000- 1999/0253 (CNS)) 
Con todo el respeto, su discusión va demasiado deprisa, especialmente, porque esta misma semana hemos votado sobre ese informe en una comisión parlamentaria, así que después ha habido muy poco tiempo para trabajar seriamente en las enmiendas de cara al Pleno. 
No obstante, para colmo de males, debo decir que en este momento es aplicable el artículo 115, conforme al cual, excepto en caso de urgencia, tal como se indica en los artículos 50 y 112, el debate y la votación de un texto solamente pueden iniciarse si éste ha sido distribuido con, al menos, 24 horas de antelación. 
Este último no es desgraciadamente el caso, señora Presidenta. 
Tengo entendido que esta mañana todavía no se había facilitado la versión francesa. 
Le propongo que aplacemos el debate y la votación de este informe sumamente importante hasta el próximo Pleno. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
La primera se refiere a la cuestión de orden abordada por el Sr. Oostlander, a saber, la de que, en vista de la delicadeza del asunto de que se trata, diversos diputados consideraron que les gustaría disponer del texto del informe y todas las enmiendas a él aplicadas en su propia lengua, como tienen derecho. 
Así se indicó claramente en la Conferencia de Presidentes la semana pasada... ­en más de una ocasión. 
Yo no estuve presente, pero así se me ha confirmado. 
En ese caso, cuando se indicó claramente la importancia de que se dispusiera de los documentos, ¿cómo es que los servicios no le concedieron prioridad para evitar esta situación? 
Ésta es mi primera pregunta. 
Dada la delicadeza de la cuestión, la Mesa, la Asamblea y la Conferencia de Presidentes deben recibir una relación detallada ese fallo general del sistema. 
Mi segunda observación es la de que el Sr. Oostlander tiene todo el derecho a decir que, de conformidad con el artículo 115, se puede impugnar la celebración ahora del debate o de la votación, pues la documentación no estaba disponible 24 horas antes. 
Tiene toda la razón en insistir en la aplicación de ese artículo, si así lo desea. 
Según tengo entendido, todos los documentos y enmiendas estuvieron por fin disponibles en todas las lenguas hacia las tres de la tarde ayer. 
Me gustaría que se me confirmara. 
Si es así, me gustaría proponer que cambiáramos el orden del día de hoy y, respetando el plazo de 24 horas, quisiera pedir a la ponente, la Sra. Buitenweg, que presentara su informe a las 3 de la tarde, a lo que seguiría un debate, las urgencias y después la votación, con lo que se respetaría plenamente el plazo de 24 horas. 
Existe un aspecto que para muchos de nosotros es la cuestión sustancial en este informe. 
De conformidad con los Tratados, tenemos competencia para presentar nueva legislación antidiscriminación. 
De todos los sectores políticamente delicados en la Europa contemporánea, el del examen del racismo y la xenofobia debe recibir la máxima prioridad en esta Asamblea. 
La Presidencia portuguesa organizará un Consejo de Asuntos Sociales con el que podremos colaborar, si emitimos un dictamen. 
Hago un llamamiento a la Asamblea para que aproveche creativamente la posibilidad de que disponemos, al fijar nuestro orden del día, de reconocer esa necesidad política sustantiva y facilitar un debate a las tres de la tarde y una votación a las seis de la tarde o más adelante esta tarde. 
Gracias, señor Cox. 
Antes de conceder la palabra a la ponente, la Sra. Buitenweg, les transmito que el informe estaba disponible ayer por la tarde en todas las lenguas y que las enmiendas sólo están disponibles a partir de este momento. 
Es indudable que estamos fuera de los plazos que establece el artículo 115 del Reglamento. 
Señora Presidenta, me agrada la propuesta efectuada por el Sr. Cox y creo que se trata de un compromiso viable. 
Me parece lamentable que los democristianos invoquen el artículo 115 porque la última versión del texto, es decir, la francesa, estuviera lista ayer noche a la 01.02. 
Ya han transcurrido 23 horas y media. 
Tal vez necesiten esta última media hora para deliberar, pero parece que ése no es el motivo. 
No obstante, considero que es un buen compromiso empezar hoy por la tarde, a las 15.00 horas, con este informe, y espero que lo podamos concluir esta misma tarde. 
Quiero reiterar que, en efecto, es extraordinariamente importante que lo dejemos zanjado durante esta sesión, ya que, en caso contrario, perderemos toda posibilidad de influir en el Consejo de Asuntos Sociales que se celebrará los días 5 y 6 de junio, y con ello, se socava seriamente la importancia de este informe. 
Señor Poettering, el Derecho es interpretable en una cuestión. 
Creo que la posición de nuestro colega, el Sr. Cox, que con usted ha logrado la mayoría estratégica para elegir a la Sra. Fontaine, es un compromiso que posibilita aquí a todos votar con la cabeza alta un informe sobre el racismo. 
Sobre Austria cabe mantener posturas diferentes, pero puesto que es importante aclarar qué posición mantenemos sobre el racismo en Europa, no debemos perdernos ahora, como antes, en un debate formal, sino que debemos hacer explícito que somos personas con claridad de ideas. 
Quiero hacerle un llamamiento: acepte usted el compromiso del Sr. Cox y permítanos entrar en este debate con la cabeza alta. 
El debate sobre este expediente en la Comisión que tengo el honor de presidir ha sido un ejemplo excelente de cooperación entre diferentes comisiones del Parlamento y, de hecho, de la cooperación entre el Parlamento, la Comisión y la Presidencia del Consejo. 
Cuando se votó en comisión el lunes por la noche, el texto y las 200 enmiendas estaban disponibles en todas las lenguas. 
Quisiera repetir la petición del Sr. Cox y preguntar si dará usted a esta Asamblea la seguridad de que habrá una investigación sobre las razones por las que el texto final no estuvo disponible en francés hasta ayer por la tarde, más de 40 horas después de que se aprobara en comisión. 
El hecho es que el debate sobre esta directiva ha sido ejemplar: dice mucho a favor de este Parlamento y cualquier intento de retraso de este debate o de aplazamiento de la votación sería una sórdida maniobra política por razones de ventaja política partidista. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, quiero insistir, en nombre de mi Grupo, en el artículo 115, y es muy importante que proceda a examinar de qué manera y en qué momento se proporcionaron las traducciones. 
Sin embargo, considero un poco molesto, siguiendo la línea del Sr. Cox, que por ese motivo se discuta el viernes por la mañana sobre este texto, ya que puede ocasionar problemas de conciencia a algunas personas. 
Señora Presidenta, la propuesta que he hecho y que voy a repetir es la de que examinemos la posibilidad de celebrar el debate a las 15 horas y que después siga el debate sobre las urgencias y las votaciones sobre el informe y sobre otros informes concluidos esta tarde en cuanto al debate y las urgencias. 
De acuerdo. 
Examino ahora si, en este caso, se respetan los plazos. 
Se respetan, efectivamente. 
Someto, pues, a votación la propuesta del Sr. Cox, aceptada por la Sra. Ponente. 
Señora Presidenta, mi Grupo presentó ayer una solicitud de que todas las cuestiones de procedimiento relacionadas con este informe fueran objeto de una votación nominal. 
Señor Presidente, sólo una pregunta concreta: ¿cuándo comienza el debate de cuestiones de urgencia que estaba fijado de manera firme e inaplazable de las 15.00 a las 17.30 horas? 
Aquí se ha hecho una chapuza. 
¿Cuándo dará comienzo, a qué hora? 
Tengo derecho a saberlo. 
Señor Posselt, habida cuenta del tiempo que exige el debate sobre el informe Buitenweg, el debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia comenzará hacia las 16.30 horas. 
Lucha contra la trata de mujeres 
Señor Presidente, Comisaria Diamantopoulou y Señorías, quisiera, en primer lugar, dar las gracias a todos los que han colaborado en la realización de este informe, es decir, a todos: asistentes, así como colegas de la Comisión de Derechos de la Mujer y también los intérpretes, ya que han hecho mucho. 
Este informe supone también una respuesta a la excelente comunicación de la Comisión respecto de las nuevas medidas en materia de lucha contra la trata de mujeres. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades organizó una audiencia pública para la preparación de este informe en la que participaron expertos y que contó con la presencia de víctimas que prestaron testimonio. 
Una delegación de dicha Comisión y la Comisaria Diamantopoulou visitaron una casa de acogida para víctimas de la trata de seres humanos. 
Además, se ha enviado una encuesta a los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y de los estados candidatos sobre cómo abordan la trata de mujeres. 
Los resultados de esta encuesta serán transmitidos a la Comisión Europea. 
El informe tiene como objetivo, en primer lugar, la lucha contra la trata de mujeres, pero también la lucha contra la trata de niños y de hombres, es decir, la lucha contra el comercio de seres humanos en general. 
Se comercia con niños, de los que los que se abusa. 
También los traficantes de seres humanos comercian con hombres y se abusa sexualmente de ellos. 
Las industria del sexo no es, por otra parte, el único mercado para las personas sometidas a este comercio. 
En Bélgica, el 40 por ciento de las víctimas acude al mercado de trabajo: el sector textil, la hostelería, la recogida de fruta, las panaderías, la construcción, el personal doméstico, las canguros; donde deben trabajar como esclavos en condiciones inhumanas. 
Así mismo, se reclutan víctimas en el mercado de los matrimonios, en los clubes deportivos, en los clubes de fútbol. 
Según estimaciones de las Naciones Unidas y de la Organización para las Migraciones, OIM, cuatro millones de personas son anualmente víctimas de la trata de seres humanos, y de esos cuatro millones, 500.000 llegan a Europa. 
Todo indica que el número de víctimas aumenta y que la afluencia procedente de países de Europa Central y Oriental se ha incrementado dramáticamente por encima del flujo existente, que proviene de África, América Latina, la zona del Caribe y Asia. 
En un informe de las Naciones Unidas se hace hincapié en que la trata de seres humanos constituye una de las formas de crimen organizado que aumenta más rápidamente. 
Las enormes ganancias y la relativa seguridad que existe para los autores que cometen este tipo de delito, contribuyen a ello. 
Las penas por tráfico de estupefacientes son, por ejemplo, mucho más elevadas que las penas por trata de mujeres. 
Las víctimas no están en condiciones de hacerse oír por su situación frecuentemente ilegal. 
Es importante que este problema se acometa y aborde a nivel europeo, ya que hay indicios claros de que se desarrolla en el terreno de actuación de las redes internacionales. 
Se necesita, en primer lugar, una definición clara de trata de seres humanos a fin de abordar este problema de forma adecuada. 
Además, hay que conceder prioridad a la lucha contra las redes organizadas que no sólo se ocupan de la trata de seres humano, sino que también efectúan todo tipo de comercio ilegal, como por ejemplo, el tráfico de estupefaciente, de armas y cosas similares. 
Aplaudo, por tanto, las nuevas iniciativas comunitarias relativas al blanqueo de dinero, asunto en el que los ingresos procedentes de la trata de mujeres desempeñan un importante papel. 
Ya se han adoptado diferentes iniciativas en el ámbito europeo. 
El proceso de sensibilización ha ido bien: actividades de la Interpol, Europol, iniciativas en cada Estado miembro, proyectos Hábitat, etc. No obstante, la armonización de las diferentes legislaciones nacionales en este ámbito y los métodos divergentes de detección y persecución resultantes deben ser abordados de manera prioritaria a nivel europeo. 
Las grandes diferencias existentes entre los Estados miembros y entre los países candidatos a la ampliación se han puesto de manifiesto con motivo de un estudio realizado en el marco de este informe. 
Algunos países en los que sí existe una legislación muy estricta respecto de la prostitución, carecen totalmente de legislación respecto de la trata de personas. 
Gracias a la adopción del programa STOP, Europa ha respondido activamente a la actualidad y han surgido posibilidades para la cooperación. 
El Consejo adoptó el programa DAPHNE el año pasado. Se trata de un nuevo instrumento político destinado a la prevención de todas las formas de violencia contra mujeres y niños, tanto física, como sexual y psíquica. 
Resulta alentador que la Comisión pretenda presentar propuestas detalladas en la primera mitad de este año a fin de proceder a una armonización de las disposiciones de los Estados miembros en materia penal, relativas a la trata de seres humanos con miras a la explotación sexual y, especialmente, a fin de otorgar permisos de residencia temporales a las víctimas que estén dispuestas a colaborar en la investigación, algo necesario para procesar a los traficantes. 
Al echar una ojeada a las enmiendas, me ha dado la impresión de que algunos quieren aprovechar este informe, que versa sobre las víctimas de la trata de personas, para suscitar un debate sobre la prostitución. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha elegido expresamente hablar sobre la trata de mujeres, sobre la prostitución forzada, en el marco de este informe. 
El debate sobre la prohibición o legalización de la prostitución es urgente, pero no aquí y ahora, en interés de las víctimas de la trata de seres humanos. 
Tal como ya he dicho, la trata de personas no es un problema relacionado solamente con la prostitución. 
Además, las víctimas de la trata de seres humanos tienen muy difícil la reintegración en su lugar de origen e incluso en su familia. 
Si, en tanto víctimas, han trabajado en el mundo de la prostitución, toda su vida llevarán ese estigma. 
Una vez puta, siempre puta. 
Las iniciativas adoptadas constituyen el primer paso hacia una solución, pero el número de víctimas aumenta. 
Por tanto, tenemos que trabajar mucho. 
Hemos presentado enmiendas en el marco de la prevención, la acogida de las víctimas y la legislación. 
Una sociedad que se enfrenta a semejante fenómeno tiene una deuda moral frente a las víctimas, y debe conceder mucha prioridad tanto a la lucha contra la trata de personas como al apoyo a los afectados. 
Señor Presidente, este informe reviste una gran importancia. 
El drama que constituye la trata de mujeres, esa supervivencia de la esclavitud, nos afecta profundamente. 
Nuestra prioridad debe ser la ayuda y la asistencia a las víctimas. 
Debemos luchar para eliminar todos los eslabones de una cadena: captación, transporte, explotación, intermediarios, clientes. 
Hoy, al celebrar este debate en el seno del Parlamento Europeo, participamos en la ayuda a las víctimas procurando contribuir a restituirles su dignidad y su integridad. 
Mujeres o niños son tratados como mercancías y condenados a la prostitución. 
La trata de mujeres constituye un comercio de una naturaleza específica para el crimen organizado. 
Se trata de un comercio en que seres humanos son la mercancía que se compra y se vende. 
El infortunio, la miseria y las promesas falaces de los proxenetas atraen a estas jóvenes a nuestros países con el fin de obtener un empleo, e incluso algunas abandonan sus países con la esperanza de contraer matrimonio. 
Ignoran las condiciones infrahumanas en que serán explotadas, maltratadas, torturadas, amenazadas. 
Más de la mitad de las víctimas son menores de 25 años. 
Un 10% tiene entre 15 y 18 años, y aun cuando estas jóvenes parecen ser tolerantes, porque se hallan amenazadas o porque están enamoradas, bajo ningún concepto podemos dejarnos convencer por una prostitución libre, cuando vemos vender a esas mujeres aterrorizadas. 
Por eso no podemos emplear la expresión de prostitución forzada en este informe. 
Por lo menos, es lo que nosotros pensamos. 
Con respecto a la trata de mujeres, se trata de una explotación sexual, de una explotación abominable. 
Debemos ayudar a estas víctimas para que hablen, para que denuncien sus condiciones de vida. 
Debemos, pues, acogerlas y ayudarlas. 
Los proxenetas son personas de gran brutalidad, y las víctimas deben pagar deudas importantes para cubrir el coste de su viaje y de los documentos de identidad falsos que deben adquirir. 
Cuando ellas se oponen a la presión de los traficantes y de los rufianes, se las amenaza personalmente o a través de su familia. 
Los traficantes pertenecen a una organización criminal mafiosa y controlan varios de los elementos de la red, a la que la víctima está sometida. 
La situación para las víctimas no tiene salida y la propia naturaleza del medio en el que trabajan a menudo las hace hundirse en la desesperación y la toxicomanía. 
Algunas llegan incluso al suicidio. 
Es necesario luchar contra la trata de seres humanos, pero es preferible prevenirla. 
Así pues, es esencial crear un sistema de información, una educación preventiva destinada a los jóvenes, en los países afectados, y también de los clientes que generalmente son lo que se llama "buenos padres de familia". 
Tampoco olvidemos de que la trata posee bases económicas. 
Las desigualdades, las relaciones de dependencia entre países privilegiados y países desfavorecidos permiten que sigan siendo los más débiles, concretamente las mujeres, quienes paguen el precio. 
Pedimos una política europea coherente, y de ahí la importancia de este informe. 
La trata de mujeres es un crimen, la trata de seres humanos y la explotación sexual son indignas de la humanidad. 
Señor Presidente, ya se ha dicho: tratamos un asunto importante. Afecta a la dignidad de los seres humanos. 
Como se ha señalado, no se refiere solamente a la trata de mujeres, aunque es ésa la materia de la comunicación. Va todavía más lejos: la trata de personas. 
Constituye un problema creciente en la UE. 
La trata de mujeres resulta lucrativa financieramente. 
No sólo mujeres de los países asiáticos, sino también más y más mujeres de Europa Central y Oriental son víctimas, entre ellas, mujeres de los países de la ampliación. 
Se las atrae con falsos pretextos, por ejemplo, mediante anuncios para ser peluquera, trabajar en un bar, como bailarina o mediante anuncios matrimoniales. 
Las mujeres son a menudo víctimas fáciles por su situación de pobreza. 
La trata de mujeres aparece ligada cada vez en mayor medida a las organizaciones criminales internacionales. 
Se ha hecho mucho, pero hay que hacer todavía más, especialmente, en cuanto a la disminución de las diferencias existentes entre las normativas de los países en materia de detección y persecución, y en lo relativo a la información de la policía y la justicia. 
De ahí que me alegre la iniciativa de la Comisión Europea y las propuestas concretas que figuran en el informe, por ejemplo, en cuanto a una mayor coordinación de la normativa, que facilite y haga más eficaz la detección y la persecución; en cuanto a la cooperación y colaboración, sobre todo, en la investigación, de la policía, de la justicia; y también en cuanto a la acogida y protección de las víctimas. 
Espero que la enmienda relativa a las organizaciones no gubernamentales, presentada por nuestro Grupo y modificada en consulta con los Verdes, sea aceptada. 
Ante las nuevas necesidades, los primeros auxilios son a menudo prestados por personas o grupos de personas que se sienten llamadas a hacer algo por su filosofía o creencias religiosas. 
No siempre obtienen el reconocimiento que merecen. 
La enmienda pretende que también las organizaciones de fundamento filosófico puedan pertenecer a las ONGs. 
Por último, se trata de una comunicación importante de la Comisión. 
Es buena. 
Es un buen informe. 
Mi enhorabuena a la colega Sörensen. 
Espero que los Estados miembros trabajen enérgicamente en su desarrollo. 
Señor Presidente, la vergonzosa realidad es que en nuestra próspera y libre Europa toleramos un lucrativo negocio- el de la trata de mujeres- que esconde torturas, tratos inhumanos y violaciones flagrantes de los derechos fundamentales. 
Las víctimas- nos lo han contado- describen salvajes palizas, violaciones, raptos, amenazas de muerte y, en ocasiones, asesinatos. 
Lo escandaloso es que no sólo lo toleramos en Europa, sino que contribuimos a su expansión. 
Cada vez que un ciudadano compra los servicios sexuales de una mujer atrapada en una red de tráfico, está contribuyendo al aberrante enriquecimiento de organizaciones criminales que utilizan métodos cada vez más despiadados. 
Lamentablemente, la búsqueda de soluciones por parte de las instituciones está siendo muy lenta. 
El problema sigue creciendo. 
En cualquier caso, hay que reconocer que las propuestas presentadas por la Comisión Europea son, en su conjunto, razonables y esperamos que útiles. 
No obstante y dada la naturaleza transfronteriza de este delito, es necesaria una tipificación armonizada del mismo en todos los Estados miembros que incluya su extraterritorialidad y su jurisdicción universal. 
Los países de destino deberían conceder a las víctimas un permiso de residencia temporal mientras dure el proceso judicial, independientemente de su deseo de testificar o no. 
Es más, las condiciones de extrema dureza en las que se encuentran las víctimas justifican de sobra que los Estados les concedan, por razones humanitarias, un permiso de residencia definitivo. 
Por otro lado, la persecución por razón de género y, en concreto, la trata de mujeres deben ser consideradas causas de concesión del estatuto de refugiada. 
Si se quiere de verdad ayudar a las víctimas, hay que garantizar su seguridad así como la de sus familiares e indemnizarlas mediante la incautación de los ingresos de las redes. 
Deberían además estas víctimas tener acceso de forma gratuita al cobijo, a la asistencia médica y psicológica, a los servicios sociales, ayuda para la búsqueda de empleo, etc. 
Todas estas consideraciones han sido aprobadas prácticamente de forma unánime por la Comisión de Derechos de la Mujer, pero por sí mismas no serán suficientes. 
La lucha contra la trata de mujeres y la política de inmigración deben convertirse en una prioridad de la agenda política de la Unión Europea y de los Estados miembros. 
Las políticas de inmigración que giran en torno a las consecuencias y no pretenden subsanar las causas no logran sino fomentar un terrible modelo de explotación cercano al esclavismo. 
La miseria, las desigualdades sociales y los conflictos armados explican los flujos migratorios. 
Mientras no se encuentren soluciones integrales al desarrollo, el número de personas a la búsqueda de una vida mejor será imparable y la presión migratoria incontenible. 
En consecuencia, analicemos, evaluemos y pongamos en marcha verdaderas políticas de desarrollo e integración. 
Al fin y al cabo, la lucha contra la trata de personas es, además de uno de los requisitos necesarios para establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, una exigencia ética irrenunciable. 
Señor Presidente, empiezo felicitando a la Sra. Sörensen. No es sólo una gran profesional, sino que también está especialmente implicada en la materia. 
Tiene mucho mérito que haya sabido incluir esta importante materia en la agenda europea. 
La trata de mujeres ha pasado inadvertida durante demasiado tiempo. 
El problema ha sido subestimado por la política. 
Buen ejemplo de ello es el hecho de que hayan transcurrido ya más de tres años desde que los Ministros de Justicia declararan la importancia de nombrar un relator nacional en materia de trata de mujeres. 
Eso se ha logrado en los Países Bajos gracias a los esfuerzos de la Secretaria de Estado Verstand. 
Desgraciadamente, todavía hay muchos Estados miembros que no cuentan con un relator nacional, y ahora deben proceder rápidamente a su designación. 
Al mismo tiempo, tanto la legislación como la colaboración son insuficientes. 
Este informe aporta numerosas ideas y también propuestas concretas, por ello, cuenta en gran medida con el apoyo del Grupo Liberal. 
Hay un par de puntos que resultan atrayentes, pero desgraciadamente, no podemos aceptarlos. 
El primero se refiere a la concesión automática del estatuto de refugiado a las víctimas de la trata de mujeres. 
Creemos que va demasiado lejos, ya que para ello habría que modificar toda la Conferencia de Ginebra. 
Sí consideramos importante, sin embargo, que se les conceda un permiso de residencia por razones humanitarias. Por tanto, respaldaremos esa enmienda. 
Tenemos una segunda observación respecto de la inversión de la carga de la prueba. 
Lo que aquí se pide no es menos que lo que existe respecto de una parte importante y fundamental de la protección jurídica, es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este principio es importante en un Estado de Derecho. 
La idea procede del derecho administrativo y se aplica especialmente respecto de las discriminación que se producen en el ámbito laboral. 
Si trasladamos este principio al derecho penal, daremos un gran paso. 
Los liberales valoran mucho la protección jurídica. 
No estamos preparados todavía para dar ese paso. 
Por último, la discusión sobre la trata de mujeres y seres humanos es importante y urgente. 
Por ello, resulta equivocado mezclar en esta discusión consideraciones de orden moral sobre la prostitución, tal como algunos han intentado. 
Si hacemos eso, el debate se complicará infinitamente más y no se adoptarán medidas efectivas contra la trata de mujeres. 
Algo así no puede suceder. 
El problema es urgente y se necesitan medidas eficaces. 
No pueden quedarse en palabras, ahora realmente necesitamos hechos. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme expresarme en nombre del Grupo Verts, ya que la persona que debía hacerlo se ha visto obligada a acompañar a nuestro colega afectado por una indisposición. 
En mi opinión, debemos felicitarnos, en particular, de que la Sra. Sörensen haya sido encargada de examinar este informe sobre la trata de mujeres. 
En efecto, no abundan los ponentes con unos conocimientos directamente vinculados con el tema tratado. 
De hecho, la Sra. Sörensen se interesa desde hace más de veinte años por la trata de las mujeres y por el medio de la prostitución, y las propuestas que formula merecen, pues, toda nuestra confianza. 
Por lo tanto, suscribo sin reserva el informe de la Sra. Sörensen, y desearía hacer algunas observaciones a propósito de los debates que sobre esta cuestión han tenido lugar en comisión y también en los diferentes países miembros, al acercarse la fecha de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres en el mundo, que se celebrará en Nueva York en el mes de junio. 
En dicho debate, muchas asociaciones más bien abolicionistas tratan de poner en el mismo paquete el tráfico de mujeres, la prostitución, el proxenetismo. 
De este modo, alimentan cierto proceso de amalgama. Se oponen, por tanto, a todo tipo de debate sobre estas cuestiones, escondiéndose detrás de consideraciones morales como: inalienabilidad del cuerpo humano y mercantilización del cuerpo. 
En este sentido, éstas atacan el último informe de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la trata de mujeres y la prostitución, al igual que el trabajo de la Sra. Lin Lean Lim, que pone de relieve la necesidad de un estatuto para proteger a las prostitutas, o acusan a Europa de proxeneta con el pretexto de que algunos países pretenden aplicar una legislación no abolicionista en este ámbito. 
¿Se puede dejar este debate en manos de asociaciones que, como ocurre con algunas de ellas- subrayo, algunas de ellas -, después de haber luchado contra el aborto, hoy se niegan a distribuir preservativos a las prostitutas, ya que ven en ello un estímulo a la prostitución? 
De la conmiseración a la estigmatización, de la victimización al desprecio, a la exclusión del debate público, hay sólo un paso. 
De hecho, la única solución para las prostitutas es integrarse en un sistema de Derecho común, cuidarse, vivir decentemente, defenderse contra la violencia de que son objeto tanto por parte de los proxenetas como de los clientes o de las instituciones; la única solución es reconocerlas como tales, y ante todo darles la palabra. 
Reconocimiento de su actividad profesional, derechos sociales amplios, una protección policial que las defienda de toda forma de violencia: esto es lo que piden. 
Debemos escucharlas. 
Bien sean abolicionistas, como en Francia, prohibicionistas, como en Suecia, o incluso a veces reglamentaristas, las leyes que suponen el no reconocimiento de toda una población no pueden sino fortalecer las discriminaciones contra las personas que inmigran de manera forzada y también contra las prostitutas que se reconocen como tales, sean o no inmigrantes. 
La ineficacia de la ley refuerza la servidumbre respecto a los proxenetas, la imposibilidad de vivir dignamente o de componérselas, rompiendo las frágiles solidaridades y deteriorando aún más su propia imagen. 
En efecto, la Sra. Roure tiene razón en el análisis de este problema, pero nosotros admitimos que se deben estudiar diferentes soluciones y que se deben presentar diferentes propuestas para ser tomadas en cuenta. 
Es absolutamente necesario que la Comisión examine todas las formas posibles de una legislación común sobre la prostitución, capaz de otorgar un estatuto real a las prostitutas, para proteger a las mujeres y a los hombres del proxenetismo, de la violencia y de la exclusión. 
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo a la Sra. Sörensen este excelente e interesante informe, que merece la pena ser leído. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades estamos casi totalmente de acuerdo. 
En el informe no sólo destacamos la colaboración policial, sino también la importancia de acciones sociales en todos los terrenos. 
Sin embargo, hay dos cosas en las que no estamos de acuerdo. 
Una de ellas es el papel de la industria del sexo en este asunto. 
Todos, desde la derecha hasta la izquierda, estamos plenamente de acuerdo en que la pobreza es la principal causa de la trata de mujeres y de la prostitución. 
No obstante, opino que la industria del sexo, que ahora, además, ha empezado a introducir en las bolsas partes de sus actividades, debe ser cuestionada y en el futuro tendrá que asumir sus responsabilidades. 
El otro asunto controvertido es, como suele ocurrir, la prostitución. 
En el informe se habla casi exclusivamente de la prostitución obligada, pero al usar este término se supone que hay algo que se le opone, es decir, prostitución voluntaria. 
Esto resulta muy extraño, especialmente cuando hablamos de trata de mujeres y de esclavitud. 
Una vez más quiero dar las gracias a la Sra. Sörensen y a todos los colegas. 
Desgraciadamente no creo que ésta sea la última vez que discutamos este tema, aunque hasta ahora sólo lo hemos hecho dos veces. 
Señor Presidente, la trata de mujeres no es sólo un asunto de mujeres, sino que entra en el marco más amplio y global de la delincuencia internacional y de la trata de seres humanos. 
Hoy podría parecer anacrónico mencionar este tema. 
Y bien, no lo es; la esclavitud formará parte del siglo XXI: poderosa, se expande sobre la miseria de esos seres que se tambalean, que andan errantes por el mundo, en contra de su voluntad, que hoy se venden en algún lugar del planeta, para ser luego comprados y venir también a nuestros países. 
Nada detiene a esos proxenetas mundialistas que obligan a familias a vender a sus hijos, que atraen a las jóvenes a Europa para hacerlas trabajar, para convertirlas en prostitutas. 
En una conferencia organizada en el mes de marzo conjuntamente por los Estados Unidos y Filipinas se planteó también el aspecto altamente lucrativo de este nuevo mercado. 
La trata de seres humanos, después de la droga y las armas, es la tercera fuente de ingresos para el crimen organizado. 
Pero la trata de seres humanos constituye sobre todo la violación de la dignidad humana y de los derechos humanos. 
Nuestras sociedades reclaman un derecho a la felicidad, la desaparición de los tabúes, el placer, la libertad. 
Poco importa si algunas personas, mujeres, niños, pagan el precio de un descenso a los infiernos. 
La prostitución es una forma de esclavitud que se querría convertir en algo exótico y novelesco para esconder toda su tragedia y su sordidez. 
Se trata de una negación de la libertad. 
Estos crímenes tienen por única consigna el placer, se realizan ante la indiferencia general de una sociedad que acepta todo esto en nombre de la profesión más antigua del mundo, mezclado con la pornografía cotidiana de la televisión y en Internet, donde todo se compra, incluso las jóvenes. 
Prostitución, tráfico de seres humanos, turismo sexual, pedofilia; los medios de comunicación sacan a luz estos temas, y poco a poco dichas cuestiones tabúes lo son menos. 
¡Tanto mejor! 
Puesto que esa resignación frente a lo que la sociedad juzga como irreversible es intolerable. 
Hoy hay que ayudar a aquellos cuyos cuerpos se explotan con fines comerciales, en nuestros países y en los países de origen, aumentando para ello las ayudas al desarrollo, a la educación, a la cooperación entre los Estados. 
La Unión Europea debe preocuparse y, más que dar lecciones a las mujeres del mundo, a través Pekín + 5, sería mejor que barriera delante de su puerta. 
El tráfico de seres humanos adquiere una amplitud increíble en nuestros países, porque la demanda existe, y la Unión Europea se erige en consumidora rolliza y despreciativa del desamparo de estos adultos o niños que no han tenido otra elección. 
Concluiré citando la frase guía del coloquio organizado en París el 15 de mayo, patrocinado por el Parlamento Europeo: "La persona humana escarnecida por la prostitución: un atentado insoportable a los derechos humanos". 
Señor Presidente, en nombre de los diputados de la Lista Bonino agradezco a la señora ponente su excelente informe sobre el dramático problema de la trata de mujeres. 
Y lo estamos porque nadie puede tolerar la violencia que hoy se ejerce contra las mujeres secuestradas u obligadas por medio de engaño y amenaza a entrar en el territorio de la Unión Europea para ser destinadas con frecuencia a la prostitución coactiva o a cualquier otro trabajo forzado. 
Todos nosotros conocemos las espeluznantes historias de prostitutas, a menudo menores de edad, secuestradas en sus Estados de origen, hechas entrar en la Unión- según se dice- ilegalmente, violadas, amenazadas con represalias contra sus seres queridos o incluso matadas si, valientemente, deciden denunciar a sus explotadores. 
El informe señala algunas posibles soluciones ya aplicadas con éxito como la concesión de permisos de residencia, la protección y la asistencia sanitaria gratuita. 
Estas medidas, ya aplicadas con éxito en algunos Estados, deben aplicarse en todo el territorio de la Unión. 
No obstante, quiero llamar la atención sobre una cuestión de máxima importancia: ¿acaso no son la prohibición directa e indirecta de la prostitución y las leyes de inmigración restrictivas las que causan la trata de mujeres y la prostitución coactiva? 
¿Acaso las víctimas de la delincuencia relacionadas con la prostitución no están obligadas a ejercer dicha actividad por su condición de clandestinas, ilegales, de persona débil, aplastada entre la violencia de sus explotadores y la represión de las fuerzas del orden? 
En suma, ¿no es el mismo prohibicionismo que convierte en intolerable, dramático e inhumano el fenómeno que se proponía gobernar? 
Y ¿por qué las personas que quieren prostituirse voluntariamente, a pesar de que la prostitución sea formalmente legal en muchos Estados miembros, deben enfrentarse con la prohibición sustancial que afecta a las actividades relacionadas con ella y con los escamoteos que, de hecho, criminalizan el ejercicio de la prostitución voluntaria? 
Además, ¿acaso la legalización de la prostitución voluntaria no permitiría a las prostitutas extranjeras mejorar su estado y salir de la situación de clandestinidad, ilegalidad y violencia en que hoy se encuentran? 
Por eso, hemos presentado dos enmiendas: con la primera pedimos que se elabore un análisis costes/beneficios de las diferentes leyes y políticas actuales y futuras; con la segunda, proponemos medidas para proteger de la explotación y de la violencia de la delincuencia las personas adultas que, libres de coerción, directa o indirecta, se prostituyen y para permitir formas legales de ejercicio de dicha actividad. 
Señor Presidente, Señorías, hablar de un problema ya significa admitir su gravedad. 
Cada año entran en Europa occidental 500.000 personas víctimas de la trata de seres humanos. 
Es urgente luchar contra la trata de mujeres, puesto que cuando la Unión pregona su determinación de luchar contra el blanqueo de capitales, el narcotráfico y el crimen organizado, olvida que la trata de seres humanos es una de las facetas importantes del crimen organizado. 
Desearía felicitar a la Sra. Sörenson por su informe, que se presenta en vísperas de la ampliación de la Unión a los PECO, a menudo señalados con el dedo como países de origen o de tránsito en los asuntos de prostitución y de esclavitud moderna. 
Con respecto al método, debo decir que la lucha contra la trata de seres humanos no supone necesariamente una comunitarización integral, sino una cooperación estrecha entre los Estados de la Unión, bajo la égida de Europol y de Interpol, estructuras interestatales que han demostrado su eficacia sobre el terreno. 
Nuestro objetivo es lograr que la trata de seres humanos se considere una infracción penal severamente sancionada en todos los Estados miembros y que los organizadores de redes sean castigados de manera ejemplar. 
En el estado actual de las diferentes legislaciones, nos enfrentamos a una gran diversidad de tradiciones penales en nuestros Estados miembros. 
Formular incriminaciones precisas en el plano comunitario conduciría, pues, a un punto muerto. 
Deberíamos inspirarnos, más bien, en el método del informe Schmid sobre el fraude y la falsificación de moneda. 
El Consejo de Ministros podría, de este modo, a propuesta de la Comisión, realizar una lista de comportamientos criminales que deben combatirse, encargándose los Estados miembros de traducir dichos comportamientos en infracciones penales, dentro del respeto de sus tradiciones jurídicas. 
En conclusión, estoy segura de que así seremos más eficaces en la acción que llevamos a cabo contra esta plaga y de que evitaremos los obstáculos de una armonización que retrasaría las medidas que deben tomarse en este momento. 
El debate del presente informe debería continuar por la tarde, sin embargo, la información exacta sobre la continuación del debate y el desarrollo de la sesión de hoy se facilitará más tarde 
Se procede al turno de votaciones. 
Los acontecimientos de anoche en Copenhague ponen de relieve la importancia de que el Parlamento Europeo celebre ese debate, como decidió a comienzos de esta semana. 
En vista de las dificultades naturales sobre el lugar de celebración de los partidos de la Copa de Europa 2000, el Grupo PPE-DE en conjunto ha decidido no apoyar esta resolución y retirarla. 
Por otra parte, la delegación británica, que ahora se compone de 36 diputados, ha vuelto a presentar la resolución en su forma original. 
Señor Presidente, le pido que considere admisible que se celebre ahora ese debate, según el deseo expresado por esta Asamblea a comienzos de esta semana. 
VOTACIONES 
Señor Purvis, el procedimiento consiste en que la primera resolución que se somete a votación es la primera presentada. 
Cuando se llega a una transacción, si figura en ella la primera resolución, se somete a votación en primer lugar la transacción, independientemente del número de Grupos que participen en ella. 
Señor Presidente, la resolución del Grupo de los Verdes fue la primera presentada. 
Es perfectamente correcto que votemos sobre ese texto en primer lugar, pues logramos una transacción con varios otros Grupos. 
De hecho, la han apoyado diputados de todos los Grupos de esta Asamblea. 
Espero que así lo hagan durante la votación- incluso algunos diputados de Grupos políticos que no han apoyado esa transacción­, porque la situación en Sellafield es grave. 
Señor Presidente, había solicitado la palabra en relación con la votación sobre Zimbabwe, en donde hemos votado mecánicamente 12 enmiendas presentadas por el llamado Grupo Técnico de Diputados Independientes, y tras haber comprobado que en ningún caso han votado a favor de sus enmiendas y nos han obligado sistemáticamente a votar. 
Lo digo a efectos del informe Provan y de la reforma del sistema de votación en el Pleno. 
Señor Presidente, tengo intereses relacionados en un sector vinculado con la comunicación de la Comisión, objeto del presente informe. 
Por consiguiente, no participaré en ninguna votación sobre dicho informe. 
Y debo hacer la misma declaración, señor Presidente, a propósito del informe siguiente, el del Sr. Alyssandrakis sobre el espectro radioeléctrico, a menos que haga constar en este momento mi declaración. 
Señor Presidente, la Sra. Flesch tiene toda la razón al declarar un interés en asuntos en los que lo tiene. 
Propongo que esa declaración no sea necesaria al votar. 
Cuando los diputados intervengan en el debate- ya sea en Comisión o en el Pleno- deberán declarar un interés, pero eso no debe impedirles votar sobre un asunto. 
No quiero que haya un debate a este respecto. 
No quiero ponerme a repasar el Reglamento. 
Si no recuerdo mal, el Reglamento establece que se debe hacer también antes de las votaciones. 
Creo que se trata de un asunto que sus Señorías deben examinar en su comisión. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0131/2000) de la Sra. Plooij-van Gorsel, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Hacia un espacio europeo de investigación" (COM (2000) 6- C5-0115/2000- 2000/2075 (COS)) 
Señor Presidente, quisiera exponerle lo siguiente. 
Se han presentado algunas enmiendas que realmente aparecen duplicadas en el texto votado en la comisión. 
Quisiera intentar, con su ayuda, poner el texto un poco en orden y eliminar algunas de las cuestiones repetidas. 
Además, tengo una enmienda oral respecto de los párrafos L, M, N, O que he repartido a los distintos coordinadores y con la que podrían estar de acuerdo. 
Ésta es una operación de aliño. 
¿Hay alguna objeción a esa enmienda oral? 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
Señor Presidente, en estas condiciones, un informe de iniciativa y con esta confusión, propongo que se devuelva a la comisión competente y que hagan el trabajo bien hecho. 
Señor Barón Crespo, ¿se trata de una petición reglamentaria en nombre del Grupo Socialista? 
Señor Presidente, esto no es una enmienda formal, pero sí un comentario necesario sobre la manera en que este Parlamento trabaja en cuestiones importantes. 
Sólo podemos votar asuntos que hayan sido también ultimados en comisión. 
Ciertamente, es intolerable que se organicen estas cosas en el Pleno. 
Señor Presidente, con todo el respeto para la ponente, ha formulado una observación que no se formuló en modo alguno en el debate celebrado anoche. 
Éste es un informe que hubo que preparar a toda prisa. 
Dos comisiones le hicieron importantes aportaciones. 
Puede que a fin de cuentas haya cierta redundancia, pero se hacen observaciones diferentes. 
Anoche el Comisario no indicó que hubiera algo que le pareciera ambiguo o difícil. 
Resulta totalmente improcedente que hagamos cualquier otra cosa que no sea votar sobre cada uno de los puntos que figuran en la lista de votaciones. 
Les agradezco sus observaciones, pero sigo estando mayormente de acuerdo con la observación del Sr. Hänsch. 
Quizá, por una vez, deba prestarse atención a cómo se desarrollan a veces las cosas en este Parlamento. 
Me parece muy placentero. 
No quiero iniciar otro debate. 
La Mesa está examinando los métodos de trabajo del Parlamento. 
Todos sus Señorías recibirán una copia del excelente documento de debate del Sr. Provan en un futuro inmediato. 
Señor Presidente, en el párrafo 13 resultante del debate celebrado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior se dice que la Comisión de Asuntos Jurídicos acordó pedir la presentación de informes bienales, es decir, cada dos años. 
Mientras que- tal vez a causa de mi curioso acento- se transcribió como "bianuales", lo que requeriría dos informes al año, ¡y sería poner demasiados huevos en el pastel! 
Así, pues, pido que se enmiende oralmente para que diga "bienales". 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0125/2000) de la Sra. Smet y la Sra. Gröner, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín (2000/2020 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El Presidente. Queda cerrada la votación. 
Antes de que se suspenda la sesión, tal vez deseen sus Señorías oír la propuesta de organización de los trabajos para el resto del día. 
Proponemos que a las tres de la tarde se celebre un debate sobre el informe Buitenweg, seguido del debate sobre los asuntos de actualidad y urgencia. 
A las seis de la tarde votaremos en primer lugar sobre el informe Buitenweg, después sobre las resoluciones relativas a la urgencia y después celebraremos todas las demás votaciones cuyos debates hayan concluido. 
Ese será el orden del día. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Esta semana nos hemos encontrado en dos ocasiones en una situación en la que ha habido Grupos que han pedido una votación nominal para la votación final de un informe y, justo antes de la votación final, se dice a la Asamblea que se ha retirado la votación nominal. 
¿Qué situación es ésta, si, por ejemplo, se ha hecho una petición de votación nominal, otros Grupos no hacen la petición y al final se nos deniega la oportunidad de celebrar una votación nominal sobre el informe final? 
¿Podría explicar que situación es ésta? 
Reconozco que no es satisfactorio que los Grupos puedan retirar sus peticiones en cualquier momento. 
Lo único que puedo proponer es que, si se quiere garantizar que haya una votación nominal, se haga también, para mayor seguridad, una petición en nombre del Grupo propio. 
Reconozco que no es una situación satisfactoria. 
Señor Presidente, creo que debe darse la posibilidad de que cualquier otro diga que quiere llevar una enmienda a votación nominal. 
Debe darse esta posibilidad, cuando otro Grupo retira la enmienda. 
De esto se trataba aquí. 
Se trata de un asunto que compete a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
De conformidad con el presente Reglamento, nada impide a los diputados retirar sus peticiones de votaciones nominales. 
Señor Presidente, no comprendí lo que pasaría con el informe Sörensen. 
¿Va a continuar el debate después de los asuntos urgentes y de especial importancia? Si no es así, ¿cuándo se piensa que tendrá lugar? 
De acuerdo con la información que se me dio, continuaríamos el debate del informe Sörensen hoy, después de las votaciones sobre los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Pero no fue eso lo que usted dijo y por eso quiero que me lo confirme. 
Como es habitual, después de las votaciones continuaremos con los debates y los dos primeros son los relativos a los informes Sörensen y Karamanou. 
Conque reanudaremos los debates. 
Señor Presidente, algo sobre el orden de esta tarde. 
Usted ha señalado que empezaremos a las 15.00 horas con el informe Buitenweg y que votaremos a las 18.00. 
Hemos encontrado en nuestra mesa una nota anónima en la que se indica que a las 18.00 horas se votará el informe Buitenweg y tendrán lugar las votaciones que no se celebren ahora. 
Segunda cuestión, la resolución de urgencia sobre la que se ha cerrado el debate. 
Por último, la tercera cuestión, las resoluciones de urgencia sobre las que no se ha debatido por falta de tiempo. 
Quiero que me confirme si la tercera cuestión está siendo considerada y, en caso afirmativo, protestar por ello, ya que significaría que se votará sobre resoluciones de urgencia sin que medie un debate. 
Me parece inaceptable. 
Así es y eso es lo que la Asamblea ha acordado, por lo que eso es lo que vamos a hacer. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para hacer una observación similar, porque no tengo claro lo que ha acordado la Asamblea. 
Hemos acordado votar a las seis de la tarde. 
Lo que podríamos hacer es reducir el tiempo de uso de la palabra para las urgencias, con lo que habría la oportunidad de celebrar un debate sobre cada una de ellas. 
Desde luego, no ha quedado claro a la Asamblea que hayamos acordado votar sobre urgencias que no se han debatido. 
Señor Ford, ese no es un asunto que competa al Presidente. 
Lo que hemos decidido es asignar al informe Buitenweg la primera hora de lo que normalmente habría sido el debate sobre las urgencias. 
La Asamblea ha hecho eso antes. 
Se trataba de una decisión que competía a la Asamblea. 
La Asamblea es soberana en esos asuntos. 
Después corresponde a los Grupos decidir cómo asignan el tiempo de uso de la palabra para los debates sobre las urgencias. 
Si tenemos tiempo suficiente, celebraremos todos los debates; si no, no podremos hacerlo. 
Dependerá de cómo asignen el tiempo de uso de la palabra los Grupos entre los diferentes temas y ése es un asunto que corresponde a los grupos, no al Presidente. 
Señor Presidente, hemos acordado que celebraríamos el debate sobre el informe Buitenweg, no que dedicaríamos una hora a dicho debate. 
Por ejemplo, se me ha dicho que yo intervendré al cabo de una hora de haber comenzado el debate, por lo que supongo que el debate sobre el informe Buitenweg durará probablemente una hora y media como mínimo. 
No habíamos acordado reducir el tiempo dedicado a ese debate, eso debe quedar claro. 
He dicho una hora. 
Ha sido un lapsus. 
También dependerá de la disciplina de los diputados, cosa por la que es famosa esta Asamblea. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Me refiero a las observaciones formuladas en una declaración esta mañana por la Sra. Fontaine sobre ciertos problemas logísticos en el edificio. 
En pro de la transparencia y la información a los diputados, debemos conocer la amplitud del problema de la legionella. 
¿Podría darnos información a ese respecto? 
¿Qué procedimientos se han aplicado? 
¿Se ha apagado el sistema de aire acondicionado? 
Así, pues, ¿podemos suponer que se ha emprendido una operación de desinfección del sistema? 
¿Podría confirmarlo y, de hecho, podría la Presidencia del Parlamento confirmar que no existe un problema de asbestosis, cosa que, naturalmente violaría nuestra propia directiva de la UE aprobada hace un decenio? 
Yo, personalmente, no estoy en condiciones de responder ninguna de las preguntas de su Señoría. 
No tengo información a ese respecto. 
Tendrá usted que remitir ese asunto a la Presidenta y a los Cuestores. 
Desde luego, yo no dejaré de indicar las observaciones de su Señoría. 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Ferber (A5-0121/2000) 
Señor Presidente, no he podido estar de acuerdo con el informe Ferber. 
Siempre se ha argumentado desde el Parlamento que existen motivos para pedir más dinero para nuestro propio funcionamiento. 
No obstante, eso no quiere decir que la Unión Europea se democratice si el Parlamento obtiene más dinero. 
La opinión pública europea nos exige austeridad. 
El dinero disponible debe utilizarse para satisfacer las necesidades de nuestros 375 millones de habitantes y para proteger su entorno humano, no en el Parlamento Europeo en tanto institución. 
Opino que podríamos ahorrarnos muchos costes y trabajo superfluo si sustituyéramos el sistema de informes y ponentes por el mecanismo de respuesta directa de los grupos a las propuestas presentadas, tal como sucede en la mayoría de los parlamentos nacionales. 
Por último, también estoy en contra de que se destine dinero procedente de los impuestos a las relaciones de cooperación entre los partidos políticos y, en contra, de que se cubran las vacantes para intérpretes de tal forma que los recién llegados queden en una mala situación jurídica. 
Señor Presidente, he votado con gusto a favor del informe Ferber sobre el presupuesto para el año 2001, pero no estoy muy satisfecho de que en este presupuesto se dé tan poca importancia, se asigne tan poco dinero y se inviertan tan pocos fondos de la Unión Europea en las actividades de ayuda que afectan a las personas mayores y a los pensionistas. 
No digo que deba darse a las personas mayores y a los pensionistas y a sus problemas la misma parte de nuestro presupuesto que las personas mayores ocupan en la sociedad que hoy se sitúa en un 32%. Por lo tanto, no digo que deba asignarse el 32% de nuestro presupuesto a actividades que afectan a las personas mayores, pero al menos el 3% o incluso el 0,3 % me satisfaría mucho. 
Respaldo plenamente la propuesta para cubrir de forma efectiva 35 puestos en la reserva del servicio de traducción con miras a la ampliación, a condición de que las lenguas de todos los estados candidatos estén representadas. 
De ahí que haya votado a favor de la enmienda 2. 
Es esencial que el PE se prepare bien ante la próxima ampliación hacia Europa Central y Oriental. 
Esto supone, sobre todo, la formación a tiempo de traductores e intérpretes altamente cualificados. 
Las anteriores ampliaciones han puesto de relieve que no se puede producir ninguna demora en este sentido. 
El multilingüismo es un requisito esencial para el funcionamiento del PE por tres motivos. 
En primer lugar, por el principio de igualdad. 
Todos los diputados deben poder realizar su trabajo en las mismas condiciones. 
En segundo lugar, por la legitimación democrática del PE. 
Esta institución es la representación democrática del pueblo. 
En tercer lugar, por el criterio de necesidad. 
El multilingüismo aumenta la eficiencia de la labor parlamentaria. 
Urge un debate a fin de dar forma concreta a todo ello. 
A este respecto, me remito al informe final del grupo de trabajo "multilingüismo", dirigido por el Sr. Cot, en el que se hacen muchas sugerencias concretas. 
En cualquier caso, está claro que la preparación lingüística de cara a la ampliación no tolera más demoras. 
. (FR) El informe del Sr. Ferber que discutimos hoy expresa la preocupación por una política presupuestaria más rigurosa para nuestra institución, y lo acogemos favorablemente. 
El incremento limitado a un 2,28 % del presupuesto del Parlamento que se propone para el ejercicio 2001, o sea, unos 987,8 millones de euros, nos parece aceptable por cuanto dicha propuesta toma en cuenta un nivel de inflación del orden del 2%, lo cual parece realista. 
El importe propuesto corresponde al 20% de los créditos de la rúbrica 5 y respeta el límite máximo que el propio Parlamento Europeo se había fijado para el año 2001. 
Sin embargo, habida cuenta de la necesidad de hacer frente a las consecuencias, incluso lingüísticas, de las futuras ampliaciones, este incremento limitado del presupuesto de nuestra institución supone, más que nunca, una gestión racional y responsable del presupuesto de nuestra Asamblea. 
Por lo tanto, en materia de política de personal, es conveniente proceder, como se pide en el informe, a un análisis de los perfiles actuales del personal de la institución, y ello a la vista de las necesidades evidentemente evolutivas del Parlamento, con la finalidad de preparar lo mejor posible las necesarias adaptaciones estructurales. 
A propósito de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de los Grupos políticos, la resolución parece ir por buen camino cuando pide a la Mesa del Parlamento, así como al Secretario General de la institución, que garantice una transparencia total de la utilización de los créditos. 
Sin embargo, la delegación francesa del Grupo Unión por Europa de las Naciones no puede suscribir la propia idea de la inscripción en una línea presupuestaria separada de los créditos destinados a los partidos políticos europeos, ya que- no dudamos de ello un solo instante- eso sólo estaría encaminado, a la larga, a revalorizar las alianzas, asociaciones y reagrupamientos de partidos políticos europeos con vocación esencialmente federalista e integracionista. 
En materia lingüística- que es uno de los ámbitos más sensibles por naturaleza, puesto que ello afecta a nuestra identidad, a nuestra cultura y a nuestra dignidad- cada uno de nosotros insiste más o menos claramente en que hemos llegado a una situación que ya no puede perdurar, y menos aún a la vista de las próximas ampliaciones. 
Por consiguiente, debemos reflexionar, actuar con prudencia y cautela, respetando las sensibilidades, pero sin pérdida de tiempo. 
Una de las pistas posibles podría ser reconocer a cada uno de nosotros, elegidos del pueblo, de sus pueblos, el derecho imprescriptible de poder expresarse en su lengua, que se interpretaría o traduciría en una de las tres lenguas más utilizadas, en razón de las realidades demográficas y culturales, pero también económicas, que predominan en la Unión Europea, a saber: el francés, el alemán, el inglés. 
De este modo podríamos unir el respeto de las identidades, de las naciones y de las culturas de Europa a la eficacia con el menor coste posible en el trabajo diario de las instituciones europeas. 
Esta solución también tendría la virtud de tomar en consideración las tres principales ramas culturales y de origen de la Unión Europea en su composición actual. 
Me refiero a los elementos latino, anglosajón y germánico. 
Esta solución tendría la ventaja indiscutible de ser provechosa para el conjunto de países europeos candidatos a la adhesión, cuya primera lengua extranjera es bien el francés, el alemán, o bien el inglés. 
Finalmente, si bien una de estas lenguas es importante, sobre todo en Europa, las otras dos lo son en el plano internacional. 
La democracia cuesta mucho dinero, es irremediable ¡Votamos un presupuesto del Parlamento que asciende hasta casi los 1000 millones de euros! 
Una suma astronómica, aunque no sobrepasa el 20% de la estimación acordada para el conjunto de todas las instituciones europeas. 
Ante los ciudadanos de Europa, es decir, ante los contribuyentes que tienen que aportar ese capital, tenemos la obligación de controlar los gastos. 
Cuando en el párrafo 18 leemos sobre los edificios que necesita el Parlamento, comprobamos que se despilfarran cantidades considerables de dinero comunitario ¡El PE no necesita en absoluto el edifico en que nos estamos reuniendo esta semana! 
En Bruselas, disponemos de todos los edificios que realmente necesitamos como Parlamento. 
Debe quedar claro que no tenemos ninguna necesidad de adquirir este palacio de cristal, sean cuales sean los requisitos que reúna. 
Más de 400 diputados han vuelto a decir recientemente que nosotros mismos debemos decidir dónde nos reunimos. 
Apenas nos podemos tomar a mal que el ponente pase esto por alto en su informe, que, por otra parte, merece, con toda seguridad, un reconocimiento. Así sucede, por ejemplo, cuando hace un llamamiento para que el Consejo y el PE se pongan de acuerdo sobre el estatuto de los diputados. 
Este Parlamento debe avergonzarse profundamente de que todavía no haya nada a la vista un año después de las elecciones. 
La línea presupuestaria sugerida por el Tribunal de Cuentas para los partidos políticos realmente no debe adoptarse. 
Semejantes órganos disimulan la pluralidad cultural y aumentan la distancia respecto del ciudadano. 
En lo que a los numerosos robos en los edificios respecta, es inaceptable que, con un servicio de seguridad tan amplio, esto suceda, sin embargo, casi a diario. 
Nuestro voto en contra de este presupuesto quiere ser una señal en el sentido de que es necesario un cambio radical en la determinación de nuestras prioridades. 
Quiero felicitar a mi colega y compañero de grupo, el Sr. Ferber, por su informe, aunque no estoy de acuerdo en todos los puntos y he votado, en contra de su orientación de voto, a favor de la enmienda 2 y en contra de la enmienda 8 de su proyecto de resolución. 
He votado así con todo convencimiento, ya que considero que, en tanto Parlamento Europeo, no emitimos una señal política o anticipamos una decisión política por seguir la propuesta del Secretario general (y cubrir 35 vacantes en el servicio de traducción) , sino, al contrario, por no seguirla. 
Mientras las reglas de esta Casa respecto del régimen lingüístico no se modifiquen, los estados candidatos y nosotros mismos asumimos que éste permanece inalterado, es decir: en primer lugar, cada diputado puede utilizar su propia lengua en las reuniones oficiales. 
En segundo lugar, cada diputado dispone de documentos redactados en su propia lengua. 
En tercer lugar, de esta forma damos un trato equivalente no sólo a todos los diputados, sino, sobre todo, a todos los ciudadanos a los que representamos. 
He votado a favor de informe de mi colega, el Sr. Ferber, sobre nuestro presupuesto para el 2001, pero no quiero pasar de largo sin protestar enérgicamente contra las prácticas verdaderamente concusionarias hacia determinadas categorías de los funcionarios, especialmente las más bajas, para que éstos pidan "voluntariamente obligados" el traslado desde Luxemburgo a Bruselas, todo esto bajo el pretexto de que durante más de 50 días laborables al año están "en mission", es decir, en viaje de servicio en Bruselas o en Estrasburgo. 
Ahora bien, el Parlamento Europeo tiene tres lugares de trabajo: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. 
Así lo decidieron hace años los Jefes de Estado y de Gobierno en su cumbre de Edimburgo. 
Hemos de vivir con esto, incluso con las consecuencias financieras que no son tan graves, en absoluto, y que compensan en gran medida las consecuencias de un centralismo insano en Bruselas, como el que lamentablemente es practicado por una buena tercera parte de los actuales eurodiputados. 
Un ejemplo de centralismo lo estamos viviendo ahora también por parte de algunos diputados verdes que en el viernes de la sesión plenaria de abril nos impidieron ya adoptar importantes decisiones, porque no se alcanzó el quórum de un tercio de los diputados presentes. 
Estoy en este Parlamento desde 1965, con una interrupción entre 1974 y 1989, por consiguiente puedo contemplar aquí 20 años de presencia en los que he estado presente cada viernes de una sesión plenaria en Estrasburgo. 
Los deshilachados argumentos de quienes quieren reducir a 4 días la semana de 5 días de los eurodiputados en Estrasburgo y que, en exacta correspondencia a su táctica del salami, tampoco quieren aparecer por aquí el lunes, tiene el objetivo claro de acabar con la sede de Estrasburgo para 12 sesiones plenarias al año y con ello trasladar también de Luxemburgo a Bruselas la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo. 
Ante la Mesa de nuestro Parlamento debe figurar actualmente un documento de trabajo de un vicepresidente británico que quiere trasladar de Luxemburgo a Bruselas servicios enteros y direcciones generales enteras. 
En Luxemburgo quedarían a lo sumo servicios técnicos como el servicio de impresión o el servicio de traducción. 
Esto no puede ser así ni lo será. 
Tales contravenciones violan claramente la letra y el espíritu de los acuerdos de los Jefes de Estado y de Gobierno en lo que respecta a la cuestión de las sedes y esto hay que decirlo aquí de manera clara e inequívoca. 
Quiero hacer una advertencia a los que practican la táctica del salami contra Estrasburgo y Luxemburgo. 
Sabremos impedir sus actuaciones altamente antidemocráticas contra las decisiones, que fueron adoptadas democráticamente, sobre la cuestión de las sedes y del calendario de sesiones del Parlamento Europeo. 
El Derecho, efectivamente, está de nuestra parte. 
Informe Katiforis (A5-0134/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Katiforis sobre las orientaciones generales de las políticas económicas de nuestros Estados, por los importantes contenidos del texto, sin embargo, lo he hecho de mala gana. 
¿Por qué? 
Porque en este informe se dice varias veces que hay que controlar, que se debe reaccionar ante el hecho de que la población es cada vez más mayor- el número de personas mayores es cada vez más alto y esto convierte en difícil el apoyo a los sistemas de pensiones- y que hay que vigilar e invitar a los Estados miembros a gastar cada vez menos en las actividades de pago de las pensiones de las personas mayores. 
Considero absolutamente inaceptable que se continúe achacando a las personas mayores la responsabilidad del desequilibrio de los presupuestos nacionales. 
. (EL) A pesar de que existe el objetivo de aumentar la producción, las inversiones y el empleo en la Unión, las orientaciones generales de la Comisión para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad contemplan toda una serie de direcciones negativas: la continuidad de los recortes presupuestarios, más allá incluso de las obligaciones del pacto de estabilidad; las limitaciones salariales; el revisionismo fiscal en beneficio de los poderosos; la descomposición, aun más avanzada, del mercado laboral; la importancia central de la política de competencia que constriñe los principios de la justicia social. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a pesar de la sensibilidad de su ponente, el colega Sr. Katiforis, ha mantenido este espíritu de la Comisión y por ello voto en contra de la propuesta de resolución. 
La Unión tiene el deber de impulsar una política que combine el crecimiento cuantitativo con la disminución de la jornada laboral; que armonice el aumento de su productividad con una reforma fiscal orientada socialmente y hacia el desarrollo; que propicie la modernización, y no el desmantelamiento del sector público. 
. (FR) El informe Katiforis constituye una vulgar apología de las grandes orientaciones de política económica de los Estados miembros. 
De sus 29 apartados, ocho empiezan por la aprobación y cuatro por la autofelicitación. 
Desde el punto de vista de la población trabajadora y de la gran mayoría de la población de los países de la Unión Europea, no hay de qué felicitarse. 
¿De qué sirve el crecimiento económico del que se jacta el informe si ello sirve para recomendar- a los asalariados, naturalmente- "actitudes razonables en el marco de las negociaciones salariales" o para cometer la osadía de pretender llevar a cabo "una revisión radical de los regímenes de pensiones", con el objetivo de "que sigan disfrutando de solidez financiera"? 
Es una forma de reconocer que en este "crecimiento", del que el informe Katiforis pide al Parlamento que se felicite, no hay sitio ni para los asalariados ni para los jubilados. 
Una vez más, el Consejo y la Comisión se comportan como portavoces de los grandes empresarios y piden al Parlamento que dé su visto bueno. 
Y bien, por nuestra parte, no hemos sido elegidos para felicitar a los gobiernos que echan una mano a los grandes empresarios y a los grandes grupos financieros para permitirles enriquecerse agravando las desigualdades, dejando sin trabajo a 18 millones de mujeres y hombres, generalizando la flexibilidad y la precariedad, reduciendo brutalmente la masa salarial, para garantizar un crecimiento continuo de las rentas de capital, incluyendo sus formas más parasitarias, especulativas. 
Si fuera verdad, como lo afirma el informe, que el crecimiento se habría recobrado, es indignante que sólo beneficie, en toda Europa, a una pequeña minoría. 
Por consiguiente, hemos votado contra el informe. 
. (FR) He aprobado en comisión el planteamiento y los argumentos de nuestro colega Katiforis. 
Debí haberlo hecho ayer, durante el debate en el Pleno. 
Me lo impidió un problema técnico, y pido disculpas por ello. 
Al igual que el Sr. Katiforis, me felicito por la recuperación del crecimiento en Europa. 
Pero, como él, sé que no bastará para retornar a una situación de pleno empleo sin una política voluntarista por parte de los Estados de la Unión y, añadiré, sin una reducción del tiempo de trabajo. 
Finalmente, yo también digo que el empleo no puede ser el resultado de una liberalización desenfrenada, de una privatización acelerada y de un retroceso de las protecciones social y salarial. 
Todo lo que se ha aprobado este mediodía no me ha dejado satisfecho, pero he seguido al ponente en su voto final. 
. (PT) En las orientaciones económicas 2000 la Comisión Europea expone con claridad su defensa de las posiciones neoliberales, insistiendo en el Pacto de Estabilidad y en políticas monetaristas, en la aceleración de la liberalización de los sectores de las telecomunicaciones, energía, servicios postales, transportes y servicios financieros, en el aumento de la flexibilización laboral y en la llamada modernización de los sistemas de protección social. 
Eso significa que, a pesar de mencionar la necesidad de políticas activas de empleo para luchar contra el desempleo y alcanzar a medio plazo el pleno empleo, la Comisión persiste en aplicar las mismas recetas que no permitieron obtener resultados efectivos en cuanto al empleo, pues la tasa actual de desempleo sigue siendo aún superior a la del comienzo del decenio, como reconoce la Comisión. 
En el informe del PE, el ponente hace algunas críticas a la aceleración de los objetivos de los criterios de convergencia y estabilidad, insiste en la necesidad de aumentar la inversión y acepta la aplicación de medidas fiscales globales para luchar contra la especulación financiera, cosa positiva. 
Ahora bien, acepta la aceleración de la liberalización de los sectores de los transportes y la energía, el aumento de la flexibilización laboral y el proceso de consolidación presupuestaria en curso, con lo que quedan claras sus contradicciones. 
Con el objetivo de mejorar el contenido del informe, presentamos varias propuestas encaminadas en particular a reforzar la importancia de las microempresas y pequeñas empresas y sus asociaciones, defender el empleo con derechos y la reducción de la jornada laboral, poner en entredicho el Pacto de Estabilidad y las consecuencias de su aplicación. 
Por desgracia, exceptuado el apoyo a las PYME, no hemos conseguido la aprobación de esas propuestas, por lo que votamos en contra del informe. 
. (FR) Deseo ante todo felicitar a nuestro ponente por la calidad de su trabajo. 
En efecto, los grandes ejes de la política económica europea desarrollados en dicho informe me parecen ir por buen camino. 
Pleno empleo y paso a una economía basada en el conocimiento: esta es nuestra ambición común para el primer decenio del siglo XXI. 
Mal que le pese a las mentalidades atribuladas, los indicadores económicos, en conjunto, están en luz verde. 
Debemos, pues, ser audaces para prolongar la fase de crecimiento que conocemos hoy a escala europea. 
Las perspectivas para los años 2000-2001 son alentadoras; las mismas prevén un crecimiento del 3%: 3% para fortalecer el vínculo social, para lograr una mayor solidaridad, una mayor igualdad de oportunidades, y sobre todo para que el desempleo masivo que conocemos desde hace demasiado tiempo ya no sea una fatalidad. 
Puesto que es este último punto el que plantea el mayor problema. 
En efecto, si bien el desempleo ya ha disminuido progresivamente, sigue alcanzando- basándonos en las previsiones para 2001, que indican un índice de desempleo del 8% de la población activa- un nivel inaceptable en el conjunto del territorio comunitario y, en particular, en sus fronteras exteriores más alejadas: me refiero a las regiones ultraperiféricas. 
Como ya lo he dicho en varias ocasiones ante ustedes, los frutos del crecimiento deben ser equitativamente repartidos entre todos los ciudadanos de la Unión: tanto los continentales como los insulares. 
Este es el precio que debemos pagar para construir la Europa del siglo XXI, una Europa con rostro humano, donde cada uno pueda participar en la evolución colectiva, avanzando a su manera, con sus especificidades, pero progresando en la misma dirección. 
He votado a favor del informe del Sr. Katiforis porque creo en esta Europa. 
. (FR) El informe Katiforis es una exposición alucinante del inconsciente del capital europeo. 
Dicho informe se basa en una incomprensión absoluta de las razones de la recuperación actual: ésta no es en absoluto el resultado de las políticas neoliberales que privilegian la austeridad salarial y la moneda fuerte. 
Las actuales creaciones de empleos se efectúan en una coyuntura caracterizada, al contrario, por un aumento del consumo de los asalariados y por un euro débil, favorable a las exportaciones. 
A pesar de este mentís práctico, el informe propone una mayor flexibilidad de los mercados, comenzando por el mercado del trabajo. 
El mismo desea la "estabilidad salarial" y exhorta a los sindicatos a adoptar "actitudes razonables" en las negociaciones salariales. 
Para no aparecer como portavoz directo del empresariado, el informe introduce en cierto modo cláusulas sociales. 
Pero las contradicciones saltan a la vista: ¿cómo puede proponerse, por ejemplo, reformar ("modernizar") la protección social, lo que en la práctica significa sustituir la solidaridad por productos financieros, e invocar un "enfoque basado en la cohesión social"? 
¿Cómo se pueden bloquear los salarios "dentro de un espíritu de equidad", cuando los beneficios demuestran una insolente exuberancia? 
El único argumento que le queda al informe, para "hacer moderno", es mencionar las nuevas tecnologías. 
¿Pero por qué éstas deberían automáticamente poner en entredicho el modelo social europeo? 
Este materialismo vulgar, que a veces se atribuye a los marxistas, corresponde hoy al de un capitalismo cínico cuyo único proyecto es ampliar el reinado de las mercancías, sin tener en cuenta las necesidades sociales. 
Hemos votado, pues, en contra de un texto a la vez estúpido y repugnante. 
. (FR) La exposición de motivos del Sr. Katiforis es mucho mejor que el cuerpo del informe, donde no se encuentra ni el tono ni el fondo de las críticas formuladas a la recomendación de la Comisión. 
Los diputados del Frente Nacional y yo mismo hemos votado en contra de este informe porque consideramos que se preconizan las mismas viejas recetas ineficaces, incluso nocivas: siempre más mercado, que no sirve para regular nada; siempre más ultraliberalismo, sobre todo en los servicios públicos, que Bruselas desearía ver desmantelados; renuncia a la protección social en favor de las inversiones públicas para respetar la "estabilidad presupuestaria"; siempre una mayor estabilidad de los precios, cuando la inflación está contenida desde hace muchísimo tiempo. 
Y para los trabajadores: moderación salarial, reducción del subsidio de desempleo, flexibilización de la legislación de protección del empleo. 
Además, nos han sorprendido dos puntos en especial. 
El primero consiste en que la Comisión recomienda a mi país, Francia, que se asfixia bajo el peso del régimen tributario, que no aproveche el crecimiento para reducir los impuestos, a fin de, cito: "evitar estimular a través del presupuesto una actividad económica que ya es sólida". 
¡Ni que estemos soñando! 
¿Desde cuándo se rechaza el crecimiento en nombre de dogmas económicos superados? 
El segundo punto consiste en la ausencia casi total de referencia al euro: la famosa moneda única, que debía traernos un mañana próspero y sobre la cual el mundo entero, ávido de un competidor para el dólar, debía precipitarse, es rechazada no sólo por los inversores, que invierten en dólares en los Estados Unidos, sino también por los bancos centrales. 
Nadie confía en el euro, que ha dejado de ser una moneda flotante para ser una moneda que se hunde, así como tampoco en las autoridades monetarias europeas. 
Wim Duysenberg no es Allan Greenspan, el BCE no es el FED, el euro no es el dólar. 
Europa no posee ni la tasa de empleo ni la tasa de crecimiento de Norteamérica. 
Y no será con los emplastos de ustedes para patas de palo como cambiarán esta realidad. 
Informe Pomès Ruiz (A5-0108/2000) 
Señor Presidente, el informe del Sr. Pomés Ruiz hace una valoración de la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia que afectan sobre todo a la moneda única europea: el euro. 
He constatado en este documento que se da demasiada importancia a los números, a la parte económica de la Unión Monetaria. 
Es verdad, es justo: se habla de moneda, se habla de euro y no se tendría que hacer otra cosa más que mirar los áridos números. 
Yo, en cambio, creo que también hay que prestar atención al corazón de nuestras resoluciones, al que es el comportamiento del ser humano en su actividad que no debe ir marcado exclusivamente por el dinero. 
Por lo tanto, espero que en la próxima ocasión en que se hará este tipo de valoraciones se tenga en cuenta que no solo debemos mirar los números, sino también los sentimientos de los europeos. 
. (PT) El informe Pomés Ruiz es fundamentalista en la defensa de los principios del Pacto de Estabilidad, sobre todo en cuanto a la consolidación fiscal para garantizar el objetivo único de la estabilidad de los precios. 
El análisis de los criterios de convergencia nominal es ciego en cuanto a sus consecuencias en el nivel de los riesgos de deflación de la economía, al castigar la inversión pública, el crecimiento económico y una política de lucha contra el desempleo. 
Pero el ponente va más lejos, de conformidad, por lo demás, con las recomendaciones de la Comisión Europea. 
Para él es necesario adelantar en el tiempo los objetivos propuestos en los programas de estabilidad y convergencia aprovechando el actual "buen momento económico". 
Para ello, propone una mayor aceleración de la consolidación fiscal, de las reformas estructurales, de las privatizaciones y la "modernización" de la protección social, recomendaciones ya expresadas, por lo demás, por la Comisión Europea, en particular para Portugal, con incidencia en la liberalización de los transportes y la energía y en la flexibilización del mercado laboral, cosa inaceptable. 
Por esa razón, votamos en contra del informe. 
Informe Goebbels (A5-0135/2000) 
Señor Presidente, al intervenir en el debate sobre la decisión de que Grecia entre a formar parte de la moneda única, me declaré totalmente a favor de la inmediata incorporación de este país, puesto que ha cumplido todos los requisitos exigidos por los Tratados de la Unión Europea. 
En particular, repito, respaldo y, por eso he votado a favor de esta decisión, el hecho de que no deben plantearse otros problemas al presupuesto de Grecia porque, lamentablemente, ello no hará más que incidir en las personas mayores y los pensionistas, en este caso, griegos que se convertirían en víctimas de un endurecimiento del presupuesto del país que, siguiendo nuestra indicación, querría y debería reducir más aún, si cabe, los aspectos negativos de los criterios de Maastricht que, como se ha declarado, cumple en todo caso. 
. (EL) La propuesta legislativa del Parlamento Europeo simplemente acata la propuesta de la Comisión de la Unión Europea que se limita a constatar que " Grecia cumple los requisitos para la adopción de la moneda única. 
El levantamiento de la exclusión de Grecia entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2000. " 
Formalmente, es cierto que Grecia cumple los índices presupuestarios y monetarios exigidos para la UEM. 
En este contexto- teniendo en cuenta las posiciones de mi partido, el Synaspismós (Coalición de la Izquierda y del Progreso) , a favor del ingreso de Grecia en la Unión Económica y Monetaria -, mi voto ha sido positivo. 
Personalmente, sin embargo, quiero manifestar mis serias objeciones y reservas sobre las políticas de la UEM que mantienen a los países miembros constreñidos en una rígida austeridad presupuestaria, en un continuo aumento del desempleo, en una agudización de las diferencias sociales, en una competencia sin control; todo ello sin que, en contrapartida, se ofrezca una moneda europea fuerte con la capacidad de situarse sólidamente frente al dólar a escala mundial. 
Quiero manifestar, asimismo, mi total oposición al modo en el que el gobierno griego ha impulsado nuestra entrada en la UEM, procurando la convergencia nominal y no la real. El gobierno ha conseguido colocar a Grecia entre los países con el índice de paro más alto y no ha dudado en liquidar la Hacienda Pública para enjugar el déficit. 
Desdichadamente, estas políticas no concluyen al ingresar en la UEM, sino que se institucionalizan, se consolidan y se perpetúan. 
Las fuerzas progresistas y de izquierda de los países miembros de la UEM deben reforzar el campo de colaboración y promover una reforma radical del modo de construcción de la UEM, al objeto de dar prioridad a los criterios sociales y al impulso de la lucha contra el desempleo, y de fomentar políticas de convergencia real, políticas de desarrollo justas y viables. 
. (EL) El Parlamento Europeo ha sido convocado hoy para dar su opinión sobre la adopción de la moneda única por parte de Grecia, una vez que la Comisión y el Banco Central Europeo han dado luz verde. 
Señalaremos en principio que para nosotros el asunto no es técnico, sino profundamente político. 
Basándonos precisamente en los aspectos político e ideológico de todo el proceso de la UEM y de la moneda única, votaremos en contra del ingreso de la dracma en la zona del euro. 
Desde el punto de vista técnico, es indiscutible que Grecia ha cumplido los criterios establecidos por el Tratado de Maastricht para entrar en la tercera fase de la UEM. 
Sin embargo, la cuestión es cómo hemos llegado hasta aquí y qué va a ocurrir a partir de ahora. 
El logro de los criterios nominales de convergencia ha exigido penosos sacrificios al pueblo griego. Ha sido el resultado de una severa política de austeridad, que ha tenido y que tiene como características básicas la disminución de los gastos sociales, el ejercicio de una política presupuestaria especialmente restrictiva, la congelación de los salarios, la devaluación del sistema de protección de los trabajadores, la liberalización de los mercados y el fomento de las privatizaciones. 
Desgraciadamente, esta política, que ha llevado a la desesperación a amplias capas de nuestro pueblo, ha conducido a un dramático aumento del desempleo, a la aceleración de la ruina y desaparición de la población rural y a la desindustrialización del país. Esta política no solo no se invertirá con el ingreso en la moneda única, sino que por el contrario se consolidará. 
Tanto las obligaciones que impone el pacto de estabilidad, como las severas recomendaciones que han acompañado a los informes de la Comisión y del Banco Central Europeo, lo ponen de manifiesto. 
Ambos han solicitado continuidad de la política de austeridad, celeridad en la desarticulación de las relaciones laborales, rápido impulso de las medidas para desmantelar el sistema de seguridad social, continuidad y aceleración de las privatizaciones. 
Es evidente que los trabajadores no sólo no van a ganar nada con el ingreso- tan atolondradamente festejado- en la moneda única, sino que, por el contrario, con toda seguridad van a conseguir la continuidad, en términos más austeros y con una «supervisión» más intensa por parte de la UE, de la ciega política de austeridad aplicada durante los últimos diez años. 
Asimismo, las voces que se alzan clamando sobre la necesidad de asegurar la "sostenibilidad" de la observancia de los criterios aspiran precisamente a propiciar el endurecimiento de la política actual y a apoyar las medidas especialmente antipopulares que se avecinan. 
Asimismo, la experiencia de los otros pueblos que se encuentran ya en la zona euro demuestra que las medidas que se suceden van suprimiendo las conquistas de las décadas anteriores. Y el «modelo americano» constituye ya el paradigma al que debe ajustarse ahora el famoso modelo social europeo. 
Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia, firmes en las posiciones mantenidas ya desde la firma del Tratado de Maastricht- que fue rechazado tan sólo por el P.C.G. cuando llegó al Parlamento griego para su ratificación -, sin otro principio que los intereses de los trabajadores y de nuestro país, vamos a votar contra el ingreso de Grecia en la zona del euro. 
Al mismo tiempo, junto con los trabajadores seguiremos con nuestra lucha contra esta política, por el impulso de una propuesta alternativa de desarrollo centrada en el ser humano y sus necesidades, y con el norte en los antípodas de la reaccionaria política de la "democracia de los monopolios". 
He votado a favor del informe Goebbels y a favor, por tanto, de la entrada de Grecia en la zona euro. 
He votado con el mismo convencimiento a favor de las enmiendas al informe Pomés-Ruiz. 
Estas enmiendas ponen especialmente de relieve una cuestión sensible que ha provocado algo de revuelo no sólo en el Pleno, sino también en las reuniones de la Comisión de Asuntos Económicos. 
Muchos colegas han manifestado dudas especialmente en cuanto a la durabilidad de la política de convergencia y estabilidad de los Estados miembros. 
Todos hemos podido comprobar que la súplica efectuada a Grecia para que realice mayores esfuerzos a fin de disminuir su deuda y lograr una estabilidad duradera, no guardan sólo relación con la situación de la propia Grecia, sino también con el desagrado por la forma en que otros Estados miembros actúan ante un porcentaje de deuda sumamente alto, y hacen poco uso de los resultados del crecimiento económico y de las altas posibilidades que ofrecen los bajos tipos de interés para disminuir esa deuda. 
Esperemos que esta crítica soterrada del Parlamento convenza a quien la tiene que escuchar: entre otros, el Gobierno belga, que ya ha hecho tantas promesas que hasta la propia prensa empieza a preguntarse por la viabilidad de esta desviación de los gastos. 
Opino que Grecia no debe ser víctima de los titubeos que precisamente origina su entrada, no tanto por la propia Grecia, sino por suscitar una crítica general. 
Grecia es bienvenida a la zona euro, y todos los Estados miembros de la misma deben respetar la letra y el espíritu del pacto de crecimiento y estabilidad. 
Resoluciones de Sellafield 
Señor Presidente, la votación sobre Sellafield ha sido una novedad en el Parlamento Europeo. 
Creo que es la primera vez que el Parlamento Europeo se ha pronunciado en favor de estándares únicos de seguridad en las centrales atómicas. 
Considero urgentemente necesario que antes de las primeras adhesiones el Consejo adopte la decisión de que se llegue a una elaboración y entrada en vigor de los estándares de seguridad. 
Informe Randzio-Plath (A5-0109/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Randzio-Plath sobre la distorsión de la competencia de la que pueden ser objeto también las empresas públicas. 
El Comisario Monti, al finalizar el debate, ha declarado que las ayudas a las empresas públicas no deben ser una sobrecompensación al servicio público. 
Por eso me planteo lo siguiente: en Italia, por ejemplo, tenemos televisiones privadas y televisiones públicas; se asigna mucho dinero a las televisiones públicas, pero, de hecho, esto es una sobrecompensación porque no existe ninguna diferencia entre el servicio que prestan las empresas privadas de televisión y el servicio que prestan las empresas públicas de televisión. 
Ésta es una distorsión de la competencia. 
Consideremos otro sector: las pensiones públicas y las pensiones privadas. 
Las pensiones públicas reciben muchas ayudas, pero prestan peores servicios que las pensiones privadas: ésta no es una competencia correcta. 
. (FR) El informe alude a la necesidad de transparencia financiera entre los Estados y las empresas. 
Pero la única transparencia que interesa concierne únicamente a las empresas públicas y se refiere sólo a la cuestión de saber si la ayuda de los Estados no podría falsear la competencia entre empresas públicas y empresas privadas. 
El hecho de que una empresa tome la decisión de despedir una parte de su personal, aumentando de este modo el desempleo, cuando una pequeña parte de sus beneficios podría servir para mantener los empleos suprimidos, en absoluto interesa a la Comisión Europea. 
De la misma forma que no le interesan los perjuicios causados al medio ambiente, a la seguridad y a las condiciones de trabajo de sus asalariados por la carrera para conseguir el máximo beneficio. 
En general, a la Comisión no le molesta para nada la falta total de transparencia que rodea las opciones fundamentales de todas las empresas, la manera en que obtienen sus beneficios y en qué los utilizan, aunque sea en detrimento de la sociedad. 
Nosotros hemos votado en contra de este proyecto de directiva, reafirmando que el interés de la sociedad exige la transparencia total del funcionamiento y de las cuentas de todas las empresas, públicas o privadas, así como la abolición del secreto en los negocios. 
El primer paso en este ámbito debería ser la derogación de todas las leyes que amenazan con una sanción a los asalariados de una empresa que ponen en conocimiento del público y de los usuarios todo lo que saben sobre el funcionamiento de su empresa. 
. (PT) Con el argumento de que es necesario determinar e impedir la concesión de subvenciones que distorsionen la competencia y aumentar la transparencia de las relaciones entre el Estado y las empresas públicas, la Comisión crea condicionamientos burocráticos y limitaciones reales que pueden poner en entredicho la prestación de un servicio público de calidad. 
Basándose en el principio de la necesidad de garantizar la competencia entre los sectores público y privado, la Comisión acaba, de hecho, desvalorizando el importante papel de las empresas públicas que prestan servicios públicos, cosa inaceptable. 
La ponente del PE, que, en su versión inicial, valorizaba el papel de los "servicios de interés económico general", acabó viendo su informe modificado, principalmente en lo referente al servicio público de radiodifusión. 
Ahora bien, en nuestra opinión, es conveniente que la directiva no sea aplicable a los organismos públicos de radiodifusión, dado su carácter específico, indisociable de las necesidades democráticas, sociales y culturales en los diferentes Estados miembros y las consecuencias negativas que entrañaría para el cumplimiento de su misión de interés público. 
A eso se debía la propuesta que presentamos y que lamentablemente fue rechazada. 
Resolución sobre la deuda de los países pobres 
. (FR) El endeudamiento exterior de los PVD constituye un desafío de capital importancia. 
Los 50 países más pobres gastan el doble por el servicio de la deuda de lo que reciben de ayudas. 
El informe de la CNUCED sobre el África subsahariana demuestra que los países africanos no sacan ningún beneficio de los planes de ajuste estructural que se aplican desde hace más de diez años. 
Ahora bien, la presente propuesta es muy restrictiva y se limita a los países más pobres, a los llamados países muy endeudados. 
La misma plantea demasiadas condiciones a los países afectados por una condonación de la deuda. 
Lamento cualquier medida que imponga condiciones, en particular cualquier tipo de vínculo entre la condonación de la deuda y la aplicación de medidas de ajuste estructural. 
Por esta razón me abstengo sobre la resolución. 
Por mi parte, estoy a favor de una reducción consistente de la deuda del conjunto de los países afectados, y una condonación para los países más pobres. 
. (IT) Me he abstenido en la votación sobre la resolución común sobre la deuda de los países pobres porque la considero débil y ambigua respecto a los sistemas financieros conocidos que sumergen en la más absoluta pobreza a la mayor parte de la humanidad. 
Hoy en día hasta incluso los organismos multilaterales- el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera- hablan de reducción de la deuda porque los sistemas que atenazan las economías ya no responden a la lógica de una perspectiva neoliberal. 
Durante la reunión del G7 de mitad de junio de 1999, los Estados Unidos, el Reino Unido y los demás países hablaron de reducción de la deuda de los países pobres hasta el 90%. 
Examinando con más detenimiento estas propuestas comprobamos que no conducen a una verdadera solución porque estas medidas, en el caso de aplicarse, afectarían sólo al 8% o cuando más al 10% de la deuda de los 41 países implicados, cuando más al 1% de la deuda total del Tercer Mundo. 
Sin embargo, estas mismas medidas se aplican mínimamente, con trágicos condicionamientos que consiguen favorecer a los propios acreedores: créditos a la exportación, instituciones financieras, transnacionales. 
Ante todo hay que reconocer que la deuda del Tercer Mundo es ilegítima. 
En consecuencia, la Unión Europea debería promover una acción internacional de condonación de la deuda del Tercer Mundo tanto bilateral como multilateral, sin ninguna condición. 
Los Estados miembros debe condonar concretamente las deudas de los países pobres y fomentar medidas similares también en los organismos internacionales en que están representados. 
Hay que impedir que las condonaciones se aporten sólo a los presupuestos de la cooperación, como ocurre a menudo, o que se vinculen a cualesquiera medidas de ajuste estructural. 
Es preciso atacar esos sistemas financieros que han generado esta deuda y las políticas de ajuste estructural que siguen alimentándola y extendiendo la miseria en estos países. 
Resolución sobre Zimbabwe 
. (FR) Es natural que la extrema derecha diga una serie de miserables estupideces para defender el derecho de "4.500 propietarios de origen europeo" de monopolizar las mejores tierras de Zimbabwe. 
Pero la manera en que la resolución común alude al "respeto de la ley", para condenar "las ocupaciones ilegales" y los actos de violencia que las acompañan, es pura hipocresía. 
Se podría creer más en la sinceridad de los autores de esta resolución cuando lamentan "los recientes asesinatos, las agresiones físicas... relacionadas con las continuas ocupaciones" si, al menos, se dignaran recordar las matanzas del pasado que sirvieron para que un puñado de colonos despojara de sus tierras a la población de este país, así como las décadas de violencia colonial, y después de apartheid, para mantener esta situación. 
El régimen de Mugabe es un régimen autoritario y corrupto. 
Pero ni este autoritarismo ni esta corrupción han incomodado a los defensores de la minoría rica del país y a la antigua potencia colonial mientras dicho autoritarismo era utilizado para defender los intereses y los privilegios de estos últimos. 
Por tanto, no sólo hemos votado en contra de esta resolución, sino que denunciamos el cinismo y la hipocresía de aquellos que defienden los intereses privilegiados de la población blanca de Zimbabwe. 
Corresponderá a la población pobre de este país ajustarle las cuentas a Mugabe y a su régimen, y no a los servidores políticos de aquellos que se han enriquecido con el saqueo de este país. 
Informe Paasilinna (A5-0094/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Paasilinna sobre la regulación de las telecomunicaciones, sin embargo, también en este caso, no estoy satisfecho como desearía. 
En estas directivas de la Unión Europea que regulan también las telecomunicaciones no existe aún el suficiente empeño, si es cierto que el resultado es que, lamentablemente, no tenemos aún una frecuencia de televisión europea ni una emisora de televisión europea ni tampoco una simple radio europea. Nuestro Parlamento, nuestras reuniones no se transmiten a ninguna parte de Europa. 
Las directivas sobre las telecomunicaciones de la Unión Europea deben atañer a la Unión Europea. 
. (FR) En 1993, la Unión Europea y los Estados miembros se comprometieron a liberalizar el sector de los servicios de telecomunicación. 
Este compromiso conduce a la adopción de una serie de directivas. 
Detrás de la reglamentación existía un objetivo político: garantizar el crecimiento, el empleo, la competitividad, así como abrir a todos el acceso a la sociedad de la información, asegurando una protección jurídica adecuada. 
La Comisión ha desempeñado un papel de supervisión, que, a partir de mayo de 1997, se ha traducido por la elaboración de una serie de informes. 
La comunicación de la Comisión a la que hoy nos referimos se inscribe en este enfoque y el balance que se nos presenta es, cuanto menos, matizado. 
Alrededor de tres años después de la liberalización completa, los mercados de los servicios de telecomunicación en los Estados miembros se caracterizan por una tasa de crecimiento que está en aumento, por muchos operadores recién llegados y por unas tarifas en descenso. 
Sin embargo, siguen habiendo graves lagunas. 
Así, se puede comprobar que se ha ahondado una "fractura digital" a varios niveles: entre las regiones y entre los ciudadanos. 
La razón de ello estriba, evidentemente, en el coste de acceso a estos nuevos servicios. 
Ahora bien, no se puede tolerar la exclusión de algunos ciudadanos de la sociedad de las nuevas tecnologías de la información. 
El mantenimiento del servicio universal debe garantizar el carácter inclusivo de dicha sociedad. 
Hay que velar porque la reglamentación que se está preparando, y la que se ha sometido a nuestro Parlamento, haga suyo este enfoque. 
Preocupado por hacer descender el coste de acceso a Internet y por hacerlo accesible a todos los ciudadanos, el Parlamento insiste en su informe sobre la necesidad de abrir la competencia en el bucle local. 
Esta disposición deberá ser objeto de discusiones a fondo con las autoridades nacionales, a fin de responder a objeciones pertinentes. 
Se trata de realizar muchos esfuerzos en materia de armonización y de simplificación de las normas. 
Pienso, por ejemplo, en las normas relativas a la protección de los consumidores, en las normas que regulan el funcionamiento y el papel de las autoridades de reglamentación nacionales (ARN) y en los regímenes de concesión de las licencias. 
En conclusión, el proceso de liberalización de las telecomunicaciones no representa un objetivo en sí mismo, sino que pretende garantizar la transición hacia la sociedad de la información. 
Queda un largo camino por recorrer, sin perder de vista, además, que los empleos creados deben ser duraderos y de calidad. 
. (PT) No podemos dejar de criticar los presupuestos de este informe, en particular en cuanto a la aceleración de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, partiendo del principio de que ese proceso ha tenido consecuencias positivas para los usuarios de ese servicio, pues, para demostrar lo contrario, basta con partir del análisis de la experiencia en Portugal. 
La Portugal Telecom, empresa pública objeto de una inversión pública de muchos miles de millones de escudos, fue parcialmente privatizada, lo que tuvo como consecuencia el aumento de los precios que alcanzó a los denominados "usuarios residenciales" (la mayoría de la población) que hoy tienen las "tarifas más caras de Europa". 
En el nivel de los trabajadores, se dio la reducción de miles de puestos de trabajo, el aumento del ritmo de trabajo y la utilización de trabajadores sin derechos y con bajos salarios, en muchos casos; es decir, que la aplicación de una lógica de máximo beneficio, en un sector muy lucrativo, originó presiones para reducir la inversión, lo que afectó a la calidad del servicio universal garantizado a la generalidad de los usuarios. 
Creemos que no es ése el camino. 
Es necesaria la existencia de un servicio público de telecomunicaciones moderno, que cuente con los avances del desarrollo técnico y científico. 
Un servicio público con costos asequibles, en condiciones de igualdad, que garantice el derecho de los usuarios y como factor de desarrollo equilibrado. 
Y también con la mejora de las condiciones de empleo para los trabajadores de ese sector. 
. 
(SV) Es de vital importancia que las normas comunitarias en materia de telecomunicaciones se actualicen al ritmo del veloz desarrollo global de las comunicaciones digitales y móviles. 
También es importante que esto se haga en el marco de las condiciones del mercado interior y con el objeto de proteger la libre competencia. 
En este contexto, el informe destaca algunos aspectos importantes. 
Lo que no trata el informe, y tampoco lo toma en cuenta el informe de la Comisión, son las distintas condiciones existentes en los países miembros para construir y mantener diferentes tipos de redes. 
En Suecia, un país con poca densidad de población y en el que las distancias son muy grandes, hay proporcionalmente más inversiones y funciones de servicio público en materia de telecomunicaciones que en otros sitios. 
Allí las consecuencias de una plena apertura del mercado de redes, de la manera que se describe en el informe, serían poco claras en relación con las posibilidades de decisión e inversión y con las posibilidades de los ciudadanos de acceder a redes de comunicación de calidad uniforme y que funcionen. 
Por esta razón me abstuve en la votación de este informe. 
Informe Alyssandrakis (A5-0122/2000) 
Señor Presidente, éste es el primer informe Alyssandrakis- he votado a su favor- sobre las frecuencias radiofónicas que se utilizan, en particular, para los progresos en las comunicaciones efectuadas a través de los llamados móviles. 
También esta directiva adolece de un fallo, pues presta poca atención a la adaptación, a la enseñanza, al reciclaje profesional, al uso de estos nuevos sistemas de comunicación por parte de las personas mayores y de los pensionistas. 
No estoy hablando de personas mayores y de pensionistas en general, ya que en este momento hablo de mi madre. 
Mi madre vive en Roma, tiene 85 años, es cierto, pero aún no he conseguido convencerla de que acepte que le regale un móvil, porque no sabe cómo usarlo. 
Le sería muy útil tenerlo y sería muy interesante que lo tuviera, pero no ha habido forma de convencerla. 
Me ofrecido a enseñarle cómo se usa, pero no ha querido. 
Esto significa que las personas mayores no están en condiciones de utilizar el progreso. 
Informe Alyssandrakis (A5-0119/2000) 
Señor Presidente, en cuanto al segundo informe Alyssandrakis, he de hablar de mi hija. 
Esta mañana cuando me he encontrado con ella- ayer por la noche no estuve con ella porque intervine aquí en el Pleno sobre este informe- me ha dicho: " Papá, ¿es verdad que quieres ser astronauta y que quieres ir a la luna? 
Me lo han dicho esta mañana en cuanto llegué aquí. " 
He tenido que contestarle: "Sí, es verdad", porque ayer, en mi intervención- y lo repito aquí- pedí que la investigación espacial europea avanzara y, del mismo modo que en los Estados Unidos, hubo un astronauta y político que a los 69 años- por lo tanto, pensionista- viajó al espacio, también me gustaría que hubiera un astronauta europeo, también él político, que a los 69 años- por lo tanto, dentro de quince años- se convirtiera en astronauta. 
Y entonces solicité ser el primer astronauta de la Unión Europea. 
Tal vez debería usted dar la nave espacial a su madre y el teléfono a su hija. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe, pero quisiera manifestar lo siguiente para que conste en Acta: la coordinación de las actividades europeas de investigación no debe conducir a que desaparezca la competencia entre los centros de investigación. 
Por esta razón no hay que perder de vista nunca los límites de la comunitarización que la subsidiariedad establece. 
La unificación de los derechos de propiedad inmaterial se ha acreditado ya en el derecho de marcas y en el derecho de autor. 
El actual sistema de solicitud de patente obliga al solicitante a solicitar una patente en cada Estado miembro con lo cual se produce inevitablemente una fragmentación del mercado europeo. 
Por consiguiente, la creación de una patente comunitaria es la consecuencia lógica. 
La perspicacia de los agentes nacionales que adoptan las decisiones nacionales será decisiva para la realización de los ambiciosos proyectos. 
A la hora de otorgar los encargos de investigación debe tomarse en cuenta la competitividad de toda la Unión europea. 
Informe Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000). 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Plooij-van Gorsel sobre la comunicación de la Comisión "Hacia un espacio europeo de investigación", a pesar de que me habría gustado que por fin se tomara la decisión de reunir en un único proyecto todas las investigaciones que se llevan a cabo en toda Europa en los distintos ámbitos de gobierno: el alcalde, la Provincia, las Regiones, los Estados nacionales y, por último, la Unión Europea gastan dinero en investigación. 
Debería haber un único centro de gasto, la Unión Europea, para gestionar todo este dinero. 
Además estoy preocupado porque me gustaría que se hicieran más investigaciones en el ámbito de la ciencia que quiere alargar la vida humana. 
Estoy preocupado porque no quisiera que los presupuestos de los Estados, las entidades gestoras de pensiones, trataran de retrasar de alguna manera dichas investigaciones que les perjudican por los mayores gastos que tendrían que soportar. 
. (EL) Aunque contiene ciertos elementos positivos, el informe de la Sra. Plooij Van Gorsel está inspirado por la idea de que la investigación debe estar al servicio de las empresas, de que debe producir nuevos conocimientos por encargo, sobre todo, conocimientos capitalizables comercialmente, en el marco de la liberalización del mercado y de la competencia. 
Cualquier política de investigación basada en tales ideas y puesta al servicio de tales políticas tergiversará el carácter de la investigación, no solo como proceso de producción de nuevo conocimiento, sino también como fuerza productiva. 
Lo que principalmente necesita la investigación es el aumento de la financiación, la cual para el conjunto de la UE es inadmisiblemente baja (el 1,8 % del PIB frente al 2,8 % de los EE.UU. y al 2,9 % del Japón) , y más aún en países como Grecia, que ocupa la última posición en la UE, donde se encuentre en el trágico nivel del 0,5 %. 
El aumento de la financiación ofrecerá la posibilidad de que se desarrollen nuevas investigaciones y que se aproveche la multitud de jóvenes investigadores desempleados con un alto nivel de especialización que tanto abundan, por lo menos en mi país. 
La financiación debe proceder de organismos públicos, en el marco de un programa de investigación que refuerce tanto la investigación básica como la aplicada, la cual deben tener siempre como resultado final la mejora de la calidad de vida de todas las personas y no los beneficios de los monopolios. 
La cooperación internacional desempeña un papel primordial en el proceso de investigación y en su posterior desarrollo. Toda cooperación, tanto entre los Estados miembros de la UE, como con otros países, es deseable y debe ser bien acogida. 
La ligadura, sin embargo, del esfuerzo conjunto en investigación de los países de la UE al servicio del gran capital, con el único objetivo de aumentar sus beneficios, no sólo no es deseable, sino que constituye una perspectiva espeluznante para el futuro de la humanidad. 
Por estas razones, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia rechazamos el informe de la Sra. Plooij Van Gorsel. 
. (PT) Es importante observar que, pese a todas las declaraciones de intenciones de las instituciones europeas respecto de la nueva economía, del paso a una economía digital y basada en el conocimiento, impulsada por la existencia de nuevos bienes y servicios, el esfuerzo global de investigación de la Unión Europea respecto de su PIB disminuye continuamente desde hace diez años y, como término medio, la UE dedica sólo 1,8 % de su PIB a la investigación, mientras que los Estados Unidos de América dedican el 2,8 % y Japón el 2,9 %. 
Según la comunicación de la Comisión Europea, el desfase entre el gasto total en la investigación pública y privada en los Estados Unidos de América y el de la UE aumenta continuamente y ha pasado de 12.000 millones de euros en 1992 a casi 60.000 millones de euros en 1998. 
También desde el punto de vista del empleo los investigadores representan sólo 2,5 por cada mil trabajadores de las empresas en Europa, en comparación con el 6,7 por cada mil en los Estados Unidos de América y 6 por mil en el Japón. 
Ahora bien, sabemos que la investigación y la tecnología contribuyen entre el 25% y el 50% al crecimiento económico y son considerablemente determinantes para la competitividad, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos europeos. 
Así, ¿cómo pueden los Jefes de Gobierno de los 15 Estados miembros de la Unión Europea apostar por conseguir un nuevo objetivo estratégico para el próximo decenio, el de hacer que el espacio económico europeo sea el más dinámico y competitivo del mundo, basado en el conocimiento y capaz de garantizar un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social, si no modifican en gran medida la política de investigación, en particular los fondos presupuestarios que se le destinan? 
De esa forma, con inversión pública y garantía del respeto de los derechos de los trabajadores y no con insistencia en la liberalización de sectores básicos y servicios públicos esenciales o en la flexibilización del mercado de trabajo, se consiguen mejores niveles de desarrollo. 
Informe Smet/Gröner (A5-0125/2000) 
El reconocimiento de los derechos de la mujer en tanto que parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales requiere la adopción de medidas de acompañamiento que permitan traducir este reconocimiento en acciones concretas. 
Y requiere, además, proceder a una evaluación posterior de las mismas sobre todo para poder corregir el tiro, en caso de no resultar suficientemente efectivas. 
De ahí la oportunidad y el acierto del informe Smet-Gröner y de las propuestas que en él se formulan, motivo por el cual lo he votado favorablemente. 
Especialmente importante me parece la petición de medidas específicas de prevención y de promoción de la salud de la mujer y para garantizar su derecho a la sanidad genésica, siempre que este derecho se entienda no como un derecho al aborto sino a la protección de la salud de la embarazada y del no nacido. 
En cuanto a la promoción de la igualdad de oportunidades en el contexto de las políticas de cooperación al desarrollo quiero precisar que, a mi entender, los esfuerzos en este terreno deberían concentrarse especialmente en garantizar el acceso de las niñas a la educación primaria, para lo cual es necesario asegurar, al mismo tiempo, la gratuidad de la misma. 
Sin embargo, debo lamentar que no haya prosperado la enmienda que he presentado en nombre del PPE. Porque evitar los embarazos adolescentes exige, sobre todo, formar a los jóvenes en los valores que emanan del sentido transcendente de la persona y enseñarles a vivir su libertad de manera responsable. 
. (PT) Hemos votado a favor de este informe, porque en él se subrayan los aspectos más importantes del análisis que hacemos sobre el seguimiento dado a la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín. 
También pensamos que el proceso de revisión de 2000 en modo alguno debería propiciar una renegociación de los compromisos suscritos en Pekín. 
Los doce sectores críticos son importantes y es necesario afrontarlos, dado que la discriminación en función del sexo está presente en todas las esferas y la falta de avances en un sector repercute inevitablemente en los demás. 
También consideramos importante la celebración de una nueva conferencia dentro de cinco años con vistas a evaluar los avances de las mujeres en las esferas de la igualdad, del desarrollo y de la paz. 
Subrayamos como fundamental que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros hagan todo lo posible para luchar contra la violencia ejercida contra las mujeres, ya sea en el nivel doméstico, en el local de trabajo, en la sociedad en general o en los conflictos armados. 
(FR) El informe de las Sras. Gröner y Smet me permite insistir en un programa de acción discutible. 
Dejando aparte la ideología malthusiana que reviste, la plataforma de Pekín utiliza unas vías de aplicación que nosotros denunciamos. 
La ONU pretende regentar el mundo imponiendo una visión uniforme, basada en el modelo occidental, a todas las regiones del planeta, más allá de sus culturas y de sus legislaciones actuales. 
Además, para eludir las reglas de su naturaleza intergubernamental, y, por tanto, sometida a la aprobación de los Estados, la ONU recurre a ONG financiadas por ella, pero que pueden aplicar programas onusianos en todas partes y con mucho menos limitaciones. 
Por otro lado, en los casos de países renuentes, utiliza el chantaje de las ayudas financieras, para obtener la aplicación, por ejemplo, de medidas de limitación de nacimientos. 
Si bien es esencial que el papel específico de la mujer sea reconocido en cualquier sociedad, no es menos indispensable que eso se realice en el respeto de tradiciones y de reglamentaciones locales aceptadas por todas y por todos, y que no perjudiquen en absoluto el respeto de la dignidad de las mujeres. 
Este enfoque condiciona una mejor comprensión por las poblaciones afectadas de textos internacionales de orientación general. 
Además, hemos discutido y votado el informe de la Sra. Sörensen sobre la trata de mujeres. 
Estos dos debates deberían hacernos reflexionar sobre el alcance real y la finalidad de estos grandes programas internacionales. 
Si bien han obtenido resultados en su voluntad de fragilizar un poco más la demografía de los países occidentales, no han respondido, lógicamente, a la pregunta más urgente de la protección de las mujeres que se encuentran realmente en dificultades. 
Una vez más, es la ideología y el egoísmo de algunos lo que ha prevalecido sobre la preocupación por el bien común; la cultura de la muerte ha sido más importante que la defensa de la vida. 
. (EN) Los diputados conservadores británicos han decidido abstenerse en nuestra votación sobre este informe. 
No se debe interpretar en modo alguno como que no nos opongamos a la discriminación. 
Nos oponemos a la discriminación y creemos efectivamente en la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Sin embargo, no aceptamos que la forma de lograr la igualdad de trato sea la imposición de cuotas legales. 
Todo lo contrario. 
Consideramos que las cuotas en sí mismas institucionalizan la discriminación. 
Creemos que las mujeres de todo el mundo y en particular aquí, en Europa, están haciendo una contribución valiosa y positiva al proceso democrático. 
Estamos convencidos de que ese papel se desarrollará plena y efectivamente sin "medios progresistas" o "artificiales". 
Sobre la cuestión de que los anticonceptivos estén más disponibles, hemos votado contra la enmienda, porque creemos que se trata de cuestiones de moralidad y conciencia personales y no una cuestión respecto de la cual la Unión Europea deba adoptar una postura política. 
Por esas razones, hemos votado en contra de ciertas enmiendas y nos hemos abstenido en la votación final. 
. (EN) Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de la expresión "salud reproductiva" incluye la expresión "regulación de la fecundidad" en la que va incluida la "interrupción de los embarazos no deseados", es decir, el aborto a petición propia. 
En pro de la subsidiariedad, no se deben incluir en un documento del PE párrafos y enmiendas conexas que versen sobre la salud reproductiva, a no ser que estén definidos clara y sinceramente. 
Existe una terminología mundial comúnmente acordada que es la de "atención primaria de salud", definida en la conferencia de la OMC celebrada en Alma Ata en 1978, que versa sobre la salud de las mujeres y las madres y no incluye el aborto a petición propia. 
Además, la redacción del párrafo 18 no permite entender claramente el significado y se presta a diversas interpretaciones; la prevención de "los embarazos de niñas" tiene el lamentable doble significado de intentar prevenir específicamente los embarazos en los que el feto sea una niña. 
No se debe permitir que ambigüedades como ésa figuren en un informe concebido como instrucciones para el equipo negociador en Nueva York durante lo que queda del período de sesiones de Beijing +5. 
Respecto del párrafo 26, en el que se declara que "el respeto de los derechos de las mujeres debe ser una de las condiciones principales para conceder ayuda y se debe supervisar estrechamente en todas las relaciones exteriores y la cooperación", la Unión Europea no debe vincular con especificación alguna su distribución de ayuda ni imponer condición alguna para la recepción de ayuda entre las mujeres, dado que las mujeres son extraordinariamente vulnerables a la utilización de técnicas coercitivas para realizar sus derechos humanos básicos, tales como la vivienda, la nutrición, la educación y la atención básica de salud. 
La UE debe ejercer una extrema prudencia para que las definiciones actuales sean coherentes con la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues las mujeres no son un grupo minoritario. 
. (FR) El Grupo UEN ha decidido votar contra el informe Fröner-Smet por varias razones. 
Una de ellas hace referencia a la ideología que motiva Pekín + 5. 
Nosotros no deseamos rechazar en bloque el contenido de este informe, pero rechazamos la visión ideológica de la mujer que se desea imponer al mundo. 
Esta visión de la mujer que nosotros rechazamos comprende, en efecto, unos presupuestos empíricos: primero, no estamos de acuerdo con el principio de la mujer como factor de paz, esa imagen de la paloma que se superpone a la de la mujer para formar un sólo ser. 
El hombre sería entonces ese individuo hirsuto y belicoso, fuente de todos los desórdenes del mundo. 
Por otra parte, no puede considerarse que la mujer, por naturaleza, pueda ser un factor de desarrollo económico. 
Ciertamente, ella puede contribuir a ello y es necesario darle los medios para hacerlo. 
Sin embargo, nosotros creemos que, en el marco de este debate, la educación debe tener la prioridad absoluta. 
Tampoco podemos aceptar la segmentación de los derechos humanos que se incluye en este informe. 
El Grupo UEN, respetuoso de la tradición europea integral de los derechos humanos, no puede aceptar una segmentación de dichos derechos, puesto que no representan más que necesidades específicas a las que deben darse respuestas adecuadas. 
Indudablemente, no se puede basar un instrumento internacional obligatorio en presupuestos erróneos. 
Queda cerrado el turno de explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 13.48 horas, se reanuda a las 15.00 horas.) 
Igualdad de trato de las personas 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0136/2000) de la Sra. Buitenweg en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores relativo a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (COM (1999) 566- C5-0067/00- 1999/0253 (CNS) ). 
Señor Presidente, la semana pasada hizo cincuenta años que Robert Schuman sentó con su declaración las bases de la CECA. 
A todo esto, el carbón y el acero han dejado de ser las cuestiones más importantes del proceso de integración. 
En el último medio año se ha puesto de relieve que los valores ocupan cada vez más un papel central en el debate. 
Europa como comunidad de valores. 
En cuanto a la polémica relativa al momento en que se distribuyó la versión francesa, el plazo para la presentación de enmiendas y el Reglamento interno amenazan con hacer pasar desapercibida la importancia de la directiva que discutimos hoy, mientras que el contenido tal vez indique precisamente por qué se lucha con tanta dureza. 
Hace algunos meses, cuando su contenido no había sido fijado todavía, todos los partidos estuvieron de acuerdo en tramitar esta directiva mediante un procedimiento acelerado. 
El Consejo vive un momento de impulso político con la Presidencia portuguesa que, no sólo yo, sino también mis colegas han querido aprovechar. 
Los problemas técnicos están subordinados a la voluntad política y, para gran parte de mis colegas, eso todavía es aplicable. 
Quiero agradecer explícitamente a Richard Howitt, ponente para la Comisión de Asuntos Sociales, Anne Van Lancker, Joke Swiebel, Sarah Ludford en Arie Oostlander, además de a los ponentes para opinión, la contribución extraordinariamente constructiva que han realizado al informe. 
Ahora paso a la propuesta de la Comisión. 
Contiene un mínimo aceptable en cuanto a la protección contra el racismo a base de sanciones y organismos independientes a los que atribuimos una importancia extraordinaria. 
La Comisaria ha hecho justicia a las numerosas formas en que puede manifestarse la discriminación. 
La directiva abarca tanto la discriminación directa como la indirecta y, también, el concepto "acoso". 
Así mismo, se aboga en mi informe por incluir la incitación a la discriminación. 
Éste es el caso, por ejemplo, de un empresario que encarga una selección a una headhunting agency conforme a criterios impropios. 
Espero que este complemento sea adoptado por la Comisión. 
El Parlamento también ha estudiado atentamente los ámbitos en que se aplica esta directiva. 
Tengo entendido que se han celebrado votaciones en el seno del Consejo a fin de exceptuar la política de asilo e inmigración, así como la concesión de visados, de esta prohibición de discriminación. 
Aunque una distinción basada en la nacionalidad puede ser perfectamente comprensible, sería injusto, por supuesto, que el color de la piel contara en una solicitud de visado o tratar de forma distinta la petición de asilo de una persona negra en situación de necesidad que la de un blanco. 
La política de asilo e inmigración cae actualmente en el primer pilar y, por tanto, las excepciones explícitas en este ámbito no serían justas. 
La carga de la prueba es algo que se ha discutido muchas veces en este Parlamento. 
Además, cada Estado miembro contempla esta figura conforme a la cual tanto el demandado como el demandante cumplen un papel. 
La inversión de la carga de la prueba ya ha tenido lugar en el ámbito de la igualdad de trato entre hombre y mujer. 
En este procedimiento, el demandante debe presentar hechos que hagan sospechar que existe una discriminación directa o indirecta; hechos que, a continuación, deben ser rebatidos por el demandado. 
Esta regulación funciona bien y ha ocasionado pocos problemas. 
Quizá, sus detractores puedan explicarme durante el transcurso del debate por qué, a pesar de todo, hay que dar marcha atrás y, sobre todo, por qué la discriminación basada en la raza merece comparativamente menos protección que la discriminación por razón de sexo. 
Al mismo tiempo, reconozco que tampoco es necesaria una mayor protección. 
Espero que esta Casa, en su sabiduría, adopte mañana un texto lo más cercano posible al texto originario de la Comisión. 
Desgraciadamente, las medidas legales contra el racismo son necesarias. 
Procuran protección y la posibilidad de recurso a las víctimas. 
Son importantes, además, de cara a la formación de actitudes. Dejan claro que Europa no acepta el racismo. 
Éste es el mensaje que debe predicar el Parlamento. 
Señor Presidente, correspondiendo a su petición, seré muy breve, pero se trata de una cuestión de orden en nombre de mi Grupo para hacer constar con desagrado la mención del Partido Popular danés en la exposición de motivos del Sr. Richard Howitt entre partidos racistas y de extrema derecha. 
Quiero repudiar enteramente, en nombre de mi colega Mogens Camre esa calificación y sobre todo una mistificación a la que se presta el texto, dado que en el informe se menciona a un dirigente de un partido neonazi de Dinamarca, que nada tiene que ver con el Partido Popular danés. 
Quiero también que quede claro en esta Asamblea que esas injustas y excesivas acusaciones fueron objeto de un caso ya juzgado en Dinamarca en 1999 y que su autor fue condenado. 
El Tribunal consideró probado que esas acusaciones eran injustas y condenó al calumniador. 
Lamento que esas calumnias tengan eco en este Parlamento, por lo que haremos llegar a la Mesa una copia de la sentencia del Tribunal. 
Solicito a la Mesa que la haga llegar también a nuestro colega Richard Howitt y a todos los diputados que estén interesados en ella. 
Quisiera subrayar que los dirigentes del Partido Popular danés participaron en la resistencia a la invasión nazi, cosa que, por desgracia, no sucedió con algunos antiguos dirigentes de otras fuerzas políticas danesas. 
Estimado colega, tomo nota de lo que usted nos ha dicho. 
Permítame que le indique que no era directamente una cuestión relativa al Reglamento, pero tomo nota de ella. 
Señor Presidente, como coponente de esta primera directiva europea sobre la igualdad de trato, mi partido y yo estamos orgullosos de contribuir a la legislación que establece normas comunes de protección para las víctimas de la discriminación racial en todo nuestro continente. 
Así se enviará a la extrema derecha racista la señal clara de que está fuera de lugar en la Europa moderna y se cerrará el capítulo del racismo, del antisemitismo y de la xenofobia, que arruinó trágicamente nuestra historia en el siglo que acaba de concluir. 
El racismo no es una opinión: es un delito. 
El trabajador negro de 24 años de edad quemado en un ataque racista en Gran Bretaña, los cinco neonazis declarados culpables de apalear a dos vietnamitas en Alemania, las autoridades francesas citadas por Amnistía Internacional por las torturas sufridas por un ciudadano marroquí-holandés, casos, todos ellos, habidos en Europa esta misma semana, son simplemente los ejemplos más visibles de la discriminación racial, que es la experiencia cotidiana de los europeos de las minorías negras y étnicas en nuestros negocios, en nuestras comunidades y en nuestras calles. 
Por ejemplo, el grupo de Watford, en mi circunscripción, con el que me reuní la semana pasada, sin ir más lejos, presenció una intimidación racista en un puesto fronterizo, cosa que lamentablemente constituye algo tan habitual que ya no se informa al respecto. 
Permítaseme decirlo claramente: hoy el Parlamento Europeo hace constar nuestro convencimiento de que esta legislación servirá para abordar concretamente esa clase de racismo. 
El cambio en la carga de la prueba, porque el discriminador cuenta con toda la información, garantizará una mayor equidad en la forma de atender las quejas. 
La definición de discriminación indirecta permitirá luchar contra las acciones encubiertas, que son omnipresentes y resultan más insidiosas a la hora de luchar contra ellas y permitirá la aplicación por parte de órganos auténticamente independientes con fondos suficientes para que lleven a cabo su labor a fin de que nuestras palabras se plasmen en realidades. 
La Comisión de Igualdad Racial del Reino Unido es un simple ejemplo en Europa y me complace que algunas de las mejores enseñanzas que se desprenden de la Ley de Relaciones Racionales del Reino Unido, junto con los procedimientos óptimos de otros Estados miembros, se plasmen hoy en la legislación europea. 
El Parlamento Europeo debe ser consciente de que los elementos que he esbozado son intrínsecos a la legislación y que la Sra. Buitenweg y yo hemos llegado a un claro acuerdo con la Presidencia portuguesa de que, a cambio de nuestra cooperación para acelerar la aprobación parlamentaria, esos elementos constituirán un mínimo en la directiva final acordada. 
Permítaseme pasar a las mejoras concretas que proponemos y esperamos que se acepten: la incitación o la presión en pro de la discriminación queda prohibida en la misma medida que la propia discriminación; los grupos y los individuos podrán presentar demandas, incluida la condición jurídica de las organizaciones de voluntarios para participar en el diálogo civil, lo que constituye una cooperación para aplicar la directiva por primera vez; el ámbito de aplicación de la nueva legislación es aplicable claramente a todas las autoridades públicas; se ofrece la posibilidad de conciliación para resolver diferencias sin perjuicio del derecho a recurrir a los tribunales; y se va a poner a prueba la eficacia de la nueva legislación durante uno o dos años, no durante cinco, después de su aplicación. 
Además, pido a la Comisaria que aborde concretamente en su respuesta nuestras peticiones suplementarias de que se apliquen los principios de la directiva en las políticas y los programas de la propia UE, que, en segundo lugar, se conceda a las autoridades públicas el derecho a requerir a las empresas que demuestren el cumplimiento de la legislación antidiscriminación a la hora de extender contratos y, en tercer lugar, respecto de la importancia de la supervisión estadística, para que podamos luchar de verdad contra la discriminación. 
Por último, felicito sinceramente a Kathalijne Buitenweg por su labor y le agradezco su cooperación en la presentación de este asunto ante el Parlamento. 
Todos los diputados deben agradecer la campaña por parte del movimiento antirracista en toda Europa. 
Grupos nacionales tales como la Red sobre las Razas y Europa de mi país, el Reino Unido, la Red Europea contra el Racismo y, en particular, el Grupo Starting Line han trabajado durante 20 años para conseguir esta legislación y para ellos hoy es simplemente el comienzo. 
Señor Presidente, quiero sumar mi voz a la de los diputados que piden una rápida tramitación de esta legislación en el Parlamento. 
Este es un Parlamento orgulloso de su ejecutoria. 
Desde el decenio de 1980 hemos encabezado las acciones y las iniciativas de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. 
Ahora tenemos el informe Buitenweg nos brinda una oportunidad excepcional para que se incluyan esas medidas en un plano legislativo y en un plan de acción. 
Quiero agradecer a la ponente que haya incluido la enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos encaminada a ampliar la propuesta para que abarque el racismo institucional. 
También nosotros creemos que se debe prohibir la incitación al racismo. 
Los grupos y las organizaciones antirracistas de mi región, en el noroeste de Inglaterra, esperan ansiosos la aprobación de esta legislación. 
Para algunos de ellos, víctimas del racismo, toda prisa es poca y las organizaciones de mi región harán oídos sordos, la verdad, a la petición del PPE de que se respete el procedimiento parlamentario. 
El racismo vuelve a ir en aumento. 
Todos tenemos nuestros ejemplos locales. 
Por ejemplo, en Liverpool un guionista asiático fue atacado, obligaron a su automóvil a salirse de la carretera y matones locales intentaron después empalarlo contra la punta de una verja. 
Fue un ataque tan despiadado, que la policía de Merseyside convocó una urgente conferencia de prensa. 
La comunidad judía del Manchester septentrional es objeto persistentemente de tratos discriminatorios y racismo: les pintarrajean las casas y se ven sometidos a amenazas y malos tratos racistas. 
Eso tiene que acabar. 
Ésa es la razón por la que es decisivo que Europa haga una firma declaración pública sobre el racismo y la discriminación respaldada por medidas legislativas para prohibirlos y ampliar el ámbito de resarcimiento judicial invirtiendo la carga de la prueba de la víctima a los grupos y las organizaciones racistas y para que se presenten demandas por discriminación racial ante los tribunales de toda la UE. 
Al votar este informe y sus recomendaciones, este Parlamento puede enviar una señal firme de que está dispuesto a ser implacable con el racismo y con las causas y los perpetradores de actos racistas. 
Los partidos que pretenden legitimar y promover el racismo y la discriminación mediante los votos- y tenemos ejemplos en muchos países­ deben tomar nota de esta directiva y tener en cuenta las recomendaciones y su imperio jurídico en sus constituciones. 
En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión por este texto. 
Es un texto válido. 
Muchos de los principios básicos que deseábamos figuran en él. 
También felicito a la Presidencia portuguesa, porque lo ha promovido hasta el final y ha aportado su influencia política para velar por que adquiriera fuerza de ley, porque, como acaba de decir la Sra. McCarthy, las víctimas del racismo no pueden esperar hasta que se hayan aclarado todos los procedimientos. 
Quieren esta legislación rápidamente y la quieren ahora mismo. 
Ésa es la razón por la que es importante que votemos esta tarde. 
En el marco de lo sucedido en Austria, resulta aún más importante. 
Algunas cosas contribuirían a fortalecer el texto. 
Me gustaría destacar dos aspectos: la enmienda nº 29, encaminada a velar por que no haya escondrijos para el racismo, escondrijos detrás de las consideraciones religiosas, las de creencias y las de nacionalidad. 
Debemos velar por que no sean simples coberturas del racismo. 
La segunda enmienda, que es importante, es la relativa a la incitación a la discriminación racial, que es tan importante como el acto racista en sí mismo, y espero que la Comisión la acepte. 
Mi Comisión, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, consideró particularmente importante que veláramos por que los Estados candidatos conozcan esta legislación y estén en condiciones de aplicarla lo antes posible. 
Espero que la Comisión vele por que en el programa de acción, propuesto como acompañamiento a este conjunto de medidas legislativas, haya muchos proyectos procedentes de los Estados candidatos. 
Esta directiva tendrá repercusiones directas en las vidas de muchos ciudadanos de mi circunscripción de Yorkshire, personas de minorías étnicas y muchos miles de personas en toda Europa. 
Es muy importante que consigamos su aprobación hoy. 
Espero que al final de esta tarde no haya más chanchullos ni más retrasos y logremos que se celebre la votación a la 6 de la tarde para que podamos sacarlo adelante antes de que acabe la Presidencia portuguesa. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar sinceramente a la ponente, la Sra. Buitenweg, por haber logrado por los pelos que hoy se discuta todo el informe y se someta a votación. 
Ésa es la primera cuestión. 
Al leer el informe y escuchar el debate, tengo un fuerte sentimiento de déjà vu. 
Hace 15 ó 20 años que colaboré en los Países Bajos con la Secretaria de Estado democristiana Jeltien Kraaieveld, quien también se ocupaba en aquel momento de esta legislación antidiscriminatoria, entonces, en el ámbito de la discriminación por razón de sexo. 
Todas las cuestiones, vacilaciones y conflictos, que surgieron en aquel tiempo reaparecen ahora. Sobre todo, las vacilaciones relativas a de qué se trata, qué debemos incluir en un único informe. 
También entonces, nos dimos cuenta de que era mejor abordar la discriminación punto por punto y no intentar apiñar todo en una ley, por tanto, tampoco en una directiva. 
La ponente me ha convencido de que es mejor, por ello, examinar la religión por separado, ya que conviene un trato aparte. 
Daría un premio si consiguiéramos retirar las enmiendas 15 y 29, en las que la religión sigue adelante de forma negativa. 
Mi enmienda 63, conforme a la cual se trata de forma adecuada la cuestión de la religión, no sería necesaria por tanto, y restablecemos completamente el equilibrio, logrando un informe limpio. 
Señor Presidente, creo que es importante que se analice el reparto de la carga de la prueba, llamado abusivamente la inversión de la carga de la prueba. 
Por aquel entonces, también meditamos mucho sobre cómo debía hacerse y si se podía hacer. 
Llegamos a la conclusión de que había que hacerlo y que debía estar relacionado con la creación de un consejo o comité independiente para la igualdad de trato- uno de mis mejores ex colaboradores actualmente forma parte del mismo- de manera que pudieran analizar en qué medida debía tomarse en serio una determinada queja, y en caso afirmativo, íbamos a juicio y, eventualmente, apoyábamos al demandante. 
Los demandados debían demostrar que nosotros estábamos equivocados. 
Ésta es una forma de división de la carga de la prueba que no sólo existe ya en la mayoría de los Estados miembros en lo relativo a la discriminaciones entre hombre y mujer y que debe ser aplicada por todos en el año 2001, sino que también se recoge ya, por ejemplo, en la legislación en materia de medio ambiente. 
En este ámbito también figura, según me ha comunicado hace poco un experto, una inversión de la carga de la prueba cuando resulta necesaria. 
Se trata de fenómenos que son extraordinariamente difíciles de probar y, conforme a la forma antigua, el interesado puede, con éxito, intentar zafarse. 
También cuando esto es completamente injusto. 
Creo que es positivo que el derecho conozca una evolución en lo que a eso respecta. 
El reparto de la carga de la prueba constituye un punto importante y está relacionado con el comité, por ello, estoy a favor de lo que figura respecto de esta cuestión en el informe, en nombre de la parte de mi Grupo que lo respalda completamente. 
Por supuesto, algunos empresarios o personas que cuentan con una posición fuerte, que se encontraban en una posición segura conforme a las anteriores formas de administración de justicia, o los que pertenecen a las mayorías, siempre ponen reparos a la antidiscriminación. 
Ésta amenaza su posición. 
En tanto democristiano, creo que debemos estar con los que se encuentran en la situación más débil, en una situación más delicada y considero, por tanto, que éste es un desarrollo positivo. 
Opino también que la ponente hace una concesión extraordinaria al decir que tal vez esté dispuesta a retirar el aumento de control en ese punto que no sea, de hecho, jurídicamente necesario. 
Considero que se trata de un gesto importante, también hacia el Partido Popular Europeo y lo aprecio mucho. 
En lo que a otros puntos del informe respecta, sí debo decir que la naturaleza de una directiva permite que no haya que ser muy detallado. 
Una directiva debe transponerse en la legislación nacional. 
Podría decirse, por supuesto: supongamos que un Estado miembro de repente se vuelve loco, entonces, hay que detallar todo lo que debe suceder. 
Supongo, señor Presidente, respetando el principio de subsidiariedad, que esta forma de locura no se manifestará en los Estados miembros y que van transponer esta directiva en la legislación nacional decente y razonablemente para, así, lograr el objetivo perseguido. 
Ésta es, al fin y al cabo, la naturaleza de una directiva. 
Eso implica para nuestro Grupo, y hablo en nombre de todo el grupo, que no hace falta incluir algunos puntos, en realidad, eso ya lo ha dicho implícitamente la ponente. 
Eliminémoslos y no permitamos que figuren en la directiva. 
Así mismo, no hace falta que se mencionen aquí algunas cuestiones burocráticas relativas a cómo debe hacerse exactamente. Por tanto, no votamos a favor, o mejor dicho, votamos en contra. 
Esto no atañe al núcleo del informe, señor Presidente. 
De hecho, ésa es la cuestión. 
Por supuesto, hay algunos puntos que sí queremos que figuren en la directiva. 
Por ejemplo, el derecho de inspección de datos confidenciales en el caso de que resulte necesario examinar la contabilidad de las empresas para verificar si existe o no una discriminación sistemática clandestina. 
Así mismo, opino, en nombre de parte de mi Grupo, que es muy importante que se incluya un punto claro sobre las elecciones de los trabajadores. 
Naturalmente, tampoco puede discriminarse a este respecto por razón de raza u origen étnico. 
Debe existir un diálogo empresarial y social en el que esto se plantee. 
Ello refuerza precisamente la idea de subsidiariedad, ya que cuando se trata de antidiscriminación, hay que empezar por la base. 
Por tanto, eso se aplica especialmente al diálogo social. 
Señor Presidente, esta cuestión me preocupa porque la discriminación, especialmente por motivos étnicos y raciales, afecta al núcleo de la Unión Europea, de la integración europea. 
De esto se trata. 
Aquí estamos reunidas personas de distintos pueblos y origen, y trabajamos juntas. 
Así lo han hecho siempre los padres de la Unión Europea, y debemos transformarlo en legislación, tal como estamos haciendo hoy. 
En tanto neerlandés, debo decir que somos especialmente sensibles al problema de la discriminación por toda la historia de los neerlandófonos, a menudo correligionarios, que contribuyeron a instaurar el régimen de segregación racial de Sudáfrica. 
Nos hace estar todavía más alerta, y creo que debemos tener totalmente en cuenta la advertencia que deriva de esos hechos históricos. 
Me alegra mucho que esta materia se haya planteado ahora de forma adecuada. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, pertenezco a un grupo que ha colaborado con mucho convencimiento con los dos ponentes, Kathelijne Buitenweg y Richard Howitt, a fin de que este Parlamento pueda presentar esta semana una opinión parlamentaria sobre la propuesta de la Comisión, y quiero agradecer explícitamente de todo corazón a los ponentes el espíritu tan constructivo con el que hemos podido trabajar. 
Los socialdemócratas de este Parlamento han continuado luchando por mantener esta cuestión en la agenda, y me alegra que se haya conseguido gracias a la adecuada propuesta de compromiso de los liberales. 
A pesar de manifestar mis simpatías y mis respetos hacia el trabajo que Arie Oostlander y algunos colegas del PPE han realizado a fin de convencer también a este grupo, sin embargo, debo decir con sinceridad que los intentos continuos de sabotaje y los juegos de procedimiento que hemos presenciado aquí esta semana, me han demostrado que un núcleo duro de diputados conservadores del PPE no quería sino hundir el informe y, con él, también la directiva. 
Me alegra que les hayamos hecho fracasar. 
La Presidencia portuguesa, los sabemos todos, está firmemente decidida a llevar este debate a buen puerto en el seno del Consejo. 
No lo tendrán fácil. 
La mayoría de los colegas saben muy bien por qué es tan importante esta directiva. 
Europa quiere dar una señal inequívoca, tanto a los ciudadanos de nuestros países como a los ciudadanos de los estados candidatos, mediante la aplicación rápida y enérgica del principio de no discriminación que figura en el Tratado. Ello, a fin de demostrar que Europa lucha seriamente por la igualdad de oportunidades, independientemente de la raza u origen étnico de las personas, ya que se sabe que la discriminación aún abunda mucho en nuestros países, de forma que todavía existe racismo y ultranacionalismo que, además, se manifiestan con más fuerza que antes; y porque los partidos políticos racistas sacan provecho de las ideas de "nuestro propio pueblo primero". 
Sé, señora Comisaria, que también hay distintas posturas en el debate que se desarrolla en el seno del Consejo. 
Precisamente por ello, es importante que el Parlamento Europeo refuerce la posición de la Comisión e incluso la respalde, puesto que dentro de poco necesitaremos una directiva que permita hacer frente a toda discriminación basada en la raza o en el origen étnico. 
Por último, quisiera señalar algunas prioridades de mi Grupo en cuanto al contenido. 
En primer lugar, es muy importante que la directiva de no discriminación desempeñe una función amplia y eficiente. 
De ahí que estemos muy a favor de ampliar el ámbito de aplicación de la directiva a los grupos de personas que están discriminados. También en ámbitos como la vivienda, la formación, el funcionamiento de los servicios públicos, la actitud de la policía. 
Estamos satisfechos con la solución que hemos encontrado finalmente respecto de la discriminación basada en la religión, que no puede constituir una razón encubierta para discriminar por motivos de origen étnico. 
En segundo lugar, la fuerza de esta directiva, en nuestra opinión, reside o se encuentra en su ejecutabilidad, en el control de la discriminación, en la eficiencia de las medidas relativas a la lucha contra la discriminación y, de ahí, la importancia que atribuimos a la posibilidad de que la directiva permita organizar acciones colectivas e incluya sanciones. 
Con todo el respeto y simpatía hacia el colega Oostlander, si se refiere a la operación de depuración, debo decir que, precisamente, se hace desaparecer uno de los núcleos duros de nuestro refuerzo. 
Pienso que eso va realmente demasiado lejos. 
Mi Grupo apoya, además, el refuerzo y el respaldo del funcionamiento de los organismos independientes que deben crearse para el control. 
Estoy segura de que esta directiva reforzará la labor del centro para la igualdad de oportunidades de mi propio país. 
Para terminar, una última reflexión sobre la división de la carga de la prueba, ya que no comprendo la resistencia de algunas personas. 
Debe quedar claro para todos que resulta imposible para un emigrante demostrar que está discriminado en su trabajo o por el propietario de su casa, a menos que se pida al demandado que demuestre que los hechos invocados por el demandante carecen de fundamento. 
Nosotras, las mujeres, lo sabemos. 
De ahí que hayamos luchado durante tanto tiempo por una directiva que reparte la carga de la prueba, y hombres y mujeres del grupo socialdemócrata no pedimos sino que se trate a los emigrantes de la misma forma que a las mujeres. 
Respaldamos, por ello, la propuesta de la Comisión y no permitimos ninguna enmienda a este respecto. 
Bienvenida 
Me acaban de comunicar que en la tribuna de visitantes se encuentra una delegación del Consejo municipal de Munich, la capital del estado bávaro. 
Saludo cordialmente a las colegas y a los colegas del parlamento municipal. 
Celebro que ustedes tengan tanto interés por nuestro trabajo. 
Igualdad de trato de las personas (continuación) 
Me ha encantado poder trabajar con la Sra. Buitenweg. 
Ha hecho una labor excelente y no excluyente y ha preparado un texto equilibrado, que por lo general fortalece la capacidad de la Comisión. 
La directiva propuesta es un hito para Europa. 
Es adecuado que Europa legisle para garantizar el derecho fundamental a la dignidad, independientemente de la procedencia étnica, y a no sufrir discriminación. 
También es oportuno que Europa legisle ahora, en vista del alarmante aumento de la violencia racista y de la extrema derecha. 
Quiero destacar algunos aspectos del texto. 
En primer lugar, la importantísima inclusión del racismo indirecto e institucional, aspecto que han fortalecido las enmiendas. 
En segundo lugar, la inclusión específica de la vivienda, la salud y otras funciones de los organismos públicos, incluido el mantenimiento del orden. 
No se trata de una injerencia en las atribuciones nacionales, sino la afirmación de que la prestación no discriminatoria de esos servicios es un deseo europeo. 
En tercer lugar, la inclusión, mediante las enmiendas núms. 15 y 29, de la discriminación racial encubierta. 
Mi Grupo no es partidario de la inclusión de la religión o las creencias en el ámbito de aplicación de esta directiva, porque se trata de algo sobre lo que hay que reflexionar mucho más. 
Sin embargo, creemos que, si el trato desigual tan sólo aparenta estar basado en la religión o la nacionalidad, pero, en realidad, se trata de pura y simple discriminación racial, no se debe dejar pasar. 
En cuarto lugar, la inclusión, como ya se ha dicho, de la incitación o la presión en pro de la discriminación: eso es muy importante. 
En quinto lugar, el papel del Observatorio de la Unión Europea para que asista a la Comisión en la supervisión de la aplicación de esta directiva... y espero que la Comisión lo acoja con beneplácito. 
En sexto lugar, aunque mi Grupo entiende los principios en que se basa la enmienda nº 38, su inclusión de los clubes o asociaciones privados resulta bastante problemática. 
Pondré un ejemplo a sus Señorías: yo represento a Londres y podría significar un problema para las personas de origen caribeño reunirse para recordar la vida en el Caribe en el decenio de 1950, si excluyeran a personas blancas. 
Creo que la enmienda nº 38 no está bien redactada. 
Por último, sobre el ajuste de la carga de la prueba- y tomo prestada la expresión pronunciada aquí por el Sr. Oostlander, porque es adecuado denominarlo "reparto" o "distribución" de la carga de la prueba -, lamento bastante que el Grupo socialista insista en llamarlo inversión de la carga de la prueba, porque eso es ligeramente engañoso. 
Se aplica a las limitadas circunstancias de la legislación relativa a la igualdad de oportunidades, que es una legislación civil o administrativa. 
Mi Grupo conviene en que, como el organismo empleador dispone de la mayor parte de la información, debe demostrar que no ha habido violación de la igualdad de trato, una vez que el denunciante haya demostrado tener razón a primera vista. 
Por último, hoy va a ver más vehemencia que luz por parte de algunos oradores y me temo que podría incluir entre ellos al Sr. Helmer, de cuyas observaciones tuve anoche un anticipo al regresar de una deliciosa cena con espárragos. 
Señor Presidente, Señorías, tres años después del Tratado de Amsterdam y de la incorporación del famoso artículo 13, que hizo correr tanta tinta, el Consejo propone dos directivas tendentes a promover los principios de este Tratado. 
No podemos menos que felicitarnos por esta voluntad que revela el Consejo para llegar a un resultado, especialmente en este período en que algunos partidos de la derecha tradicional no dudan en celebrar acuerdos con movimientos de extrema derecha; ayer ocurrió en Francia, hoy ocurre en Austria y quizá mañana ocurra en Italia. 
Así pues, es una necesidad urgente definir un marco europeo mínimo para la lucha contra las discriminaciones. 
La directiva relativa a la lucha contra la discriminación racial y étnica va en este sentido, al establecer concretamente la inversión de la carga de la prueba, la aplicación progresiva de la discriminación positiva- más eficaz que la simple igualdad teórica -, así como el reconocimiento de la discriminación indirecta. 
Todos estos aspectos demuestran una voluntad real de avanzar. 
Sin embargo, se constatan carencias. 
Nuestra ponente ha señalado algunas. 
Así, menciona la cuestión de la gratuidad de los procedimientos para los demandantes y la necesaria extensión del derecho de incoar procesos judiciales para los grupos o las asociaciones. 
Pero existen otras dos lagunas a las que desearía referirme. 
La primera es de orden general. 
¿Cómo es posible que el Consejo se haya contentado con tratar las discriminaciones étnicas y raciales, sin crear un marco legal global para el conjunto de las discriminaciones? 
El hecho de señalar un tipo de discriminación entre otros induce a hacer creer que algunas discriminaciones son menos condenables que otras. Lo cual es inaceptable. 
Próximamente deberá examinarse una segunda directiva sobre las discriminaciones en el ámbito laboral. 
El Consejo debe, pues, darse prisa para proponer un proyecto de directiva e incluir en éste todas las formas de discriminación. 
Se trata de una necesidad imperiosa, ya que aquellos que sufren una mayor exclusión son quienes padecen varios tipos de discriminación. 
El hecho de protegerlos contra un solo tipo de discriminación no los ayuda más que parcialmente. 
La segunda laguna se refiere a la exclusión de las discriminaciones de orden religioso de esta directiva. 
Personalmente, creo que es muy lamentable que las discriminaciones religiosas no hayan sido tratadas al mismo tiempo que las discriminaciones raciales y étnicas, puesto que estos diferentes tipos de discriminación están, en mi opinión, muy vinculados entre sí. 
Por ejemplo, ¿cómo puede definirse la identidad judía? 
El odio a los judíos que sigue existiendo en muchos países, ¿no responde acaso tanto al antisemitismo, o sea, al origen étnico, como a aspectos religiosos? 
La discriminación frente a las comunidades magrebíes en Europa es también doble. 
Se puede incluso decir que el miedo al islam desempeña el papel catalizador de un sentimiento de racismo hacia estas comunidades. 
Por consiguiente, limitar esta directiva a las discriminaciones raciales y étnicas podría dejar la puerta abierta a ambigüedades de interpretación, de las que a los jueces les costaría desprenderse. 
Para concluir, creo primordial que el Consejo adopte un enfoque integrado en cuanto a los instrumentos jurídicos que deben crearse para incorporar este artículo 13 en nuestra vida diaria. 
Dividir la lucha contra las discriminaciones en múltiples textos me parece peligroso para la coherencia global del dispositivo antidiscriminatorio, y, por lo tanto, lo debilita. 
Señor Presidente, le agradezco que usted haya saludado a políticos municipales que tienen la tarea de llevar a la práctica lo que nosotros aprobamos aquí. 
Pero, primero hemos de hacer nuestro trabajo. 
Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que esta mañana no se disponía aún de todas las versiones lingüísticas de las enmiendas que ha mencionado nuestra colega, la Sra. Ludford. 
Le ruego que de aquí a la votación los servicios de la sesión aclaren si aquí rige el plazo de 24 horas o si no hemos de aplazar esto a mañana. 
No quiero convertir esto ahora en objeto de controversia, pero le ruego que aclare esto de una manera definitiva, porque hoy ha reinado un gran desconcierto. 
Querido colega, señor Posselt, estamos acostumbrados a que en esta Asamblea reine una gran confusión. 
Pero haré que se compruebe esto. 
Señor Presidente, esta resolución es positiva y la aprobaremos, pero sólo tendrá credibilidad si los Estados miembros empiezan a barrer delante de su propia puerta. 
¿Qué credibilidad demuestra Bélgica, cuando organiza batidas y expulsa masivamente a los solicitantes de asilo gitanos hacia Eslovaquia y Bulgaria, en contra de las recomendaciones del Parlamento y de la petición expresa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? 
¿Qué credibilidad demuestran los Estados miembros al imponer en su función pública una discriminación contra la contratación de ciudadanos extracomunitarios, condenando de este modo a los inmigrantes que emplean a una eterna precariedad? 
¿Qué credibilidad demuestra Francia cuando una propuesta de ley constitucional, que preconiza el derecho de voto de los inmigrantes extracomunitarios en las elecciones locales, aprobada en la Asamblea Nacional el 3 de mayo, está hoy bloqueada debido a la hostilidad del Senado, del Presidente y a una falta de voluntad del gobierno? 
¿Cómo se pretende proteger contra las discriminaciones a aquellos a quienes se les niega todas las nacionalidades? 
Sólo se combatirán eficazmente las discriminaciones acabando con el doble lenguaje de los gobiernos. 
Pero este texto es ya una etapa que habrá que precisar. 
Señor Presidente, Señorías, habría sido de desear que el Parlamento Europeo hiciera una contribución positiva, aclaradora y decisiva a la propuesta de directiva del Consejo, correspondiendo al impulso de la Presidencia portuguesa. 
Por desgracia, no estamos seguros de que así sea. 
En algunos aspectos, las propuestas corresponden a mejoras concretas del texto de referencia. 
Aparte de detalles, he de mencionar, personalmente, los derechos de acción del grupo, el apoyo judicial y otros que, por lo demás, ya existen en las leyes portuguesas. 
Pero, en lo fundamental, las propuestas que debatimos corren el riesgo de echarlo todo a perder. 
Parece que los ponentes y otros que se identifican con ellos quisieran ir demasiado lejos y, con el ansia de ir demasiado lejos, se puede perjudicar gravemente a todo. 
Hay tres aspectos sobre todo que nos preocupan: la cuestión no aclarada de la inversión de la carga de la prueba, la de la nacionalidad y la de la religión. 
La de la inversión de la carga de la prueba es ya de por sí una cuestión suficientemente delicada. 
Aun así, hay sectores en que está claramente justificada, pero es inadmisible que, en vez del principio clásico de in dubio pro reo, se implante una norma de in dubio pro auctore, sobre todo cuando no se aclara si esa inversión de la norma es aplicable a casos de la justicia penal... y sabemos que hay aquí casos que pueden llegar a la justicia penal. 
Eso sería una violación de principios fundamentales de nuestra civilización jurídica, de garantías fundamentales del proceso tan antiguas, que se formulan en latín, es decir, que provienen del Derecho Romano. 
En segundo lugar, la nacionalidad. 
Nosotros, los portugueses, tal vez seamos la mayor mezcla de sangres y de orígenes étnicos a lo largo de la Historia. 
Yo mismo y los amigos con los que me relaciono no tenemos la menor idea de nuestro registro étnico. 
Seríamos un rompecabezas, tanto para un investigador nazi como para las relaciones de seguimiento étnico que hace unas semanas eran tan del agrado de la baronesa Ludford en otro informe. 
Conocemos el asunto del racismo, que carece del menor sentido para nosotros, aunque haya que luchar contra él; sobre todo hay que luchar con firmeza contra la violencia racista. 
Pero conviene no confundir las cuestiones. 
Y en otros planos una cuestión es la etnia y otra la nacionalidad. 
Si hay una discriminación de un negro contra un blanco o viceversa- por ejemplo, si un portugués blanco es discriminado a favor de un portugués negro o un portugués negro a favor de un portugués blanco -, se trata claramente de racismo ilegítimo, que se debe perseguir. 
Pero, si en el acceso a determinadas funciones, un portugués- ya sea asiático, negro o blanco- es apto para esas funciones, en términos que no son aplicables a un ciudadano de Zimbabwe, ya sea blanco, negro o asiático, la cuestión no es de racismo, es de ciudadanía y puede ser una cuestión legítima. 
Ese es el problema y en muchas propuestas los conceptos están confusos, cosa que podría tener efectos devastadores, en particular en sectores como la función pública o incluso en otros imprevistos. 
Otro asunto esencial es el de la religión. 
Para nosotros, debe quedar claro que la de organización de las religiones es una libertad civil fundamental, que no se puede poner en entredicho ni en jaque ni en riesgo, como sucede en algunas propuestas que estamos examinando. 
Señor Presidente, intervengo en este debate con sentimientos contradictorios. La forma en que se ha tramitado este informe en relación con el procedimiento normal tiene mucho que ver con ello. 
Suscribo, desde luego, la importancia de la igualdad de trato de las personas independientemente de su raza y origen étnico. 
No obstante, precisamente por tratarse de una materia tan importante, el Parlamento y, sobre todo, la Presidencia portuguesa debían haberse preocupado de que se le dedicara más tiempo. 
La adopción de la ley general de igualdad de trato de los Países Bajos costó, en su momento, mucha sangre, sudor y lágrimas. 
Experiencias semejantes, que han tenido lugar en más Estados miembros, deberían al menos conducirnos a la prudencia y a una buena preparación de la tramitación de esta propuesta en directiva. 
Eso exige su tiempo porque, en primer lugar, la realización de la propuesta actual conlleva bastantes consecuencias para las legislaciones y los sistemas vigentes en los distintos Estados miembros; piensen en la modificación de la carga de la prueba. 
Las enmiendas propuestas por el Parlamento van todavía más allá de la propuesta de la Comisión. 
Esta última institución aboga por mantener el principio de subsidiariedad. 
Sin embargo, tengo mis dudas. 
El funcionamiento de la directiva complementaría su sentido político. 
No obstante, ese sentido ha sido atribuido igualmente, al menos, por la legislación nacional existente durante años, que está mucho más próxima al ciudadano, y por la famosa CEDH. 
Con toda seguridad, hubiera sido deseable una discusión en profundidad dadas las consecuencias trascendentales que puede conllevar esta regulación para la legislación y los sistemas jurídicos de los Estados miembros, y el atentado que supondrá para la soberanía de los Estados miembros. 
Señor Presidente, apreciados colegas, consternado por la apresurada condena de Austria por los 14 Estados miembros quisiera celebrar expresamente la propuesta de la Comisión. 
La aplicación del principio de igualdad de trato sin distinción de la raza o de la procedencia étnica constituye algo evidente. 
La discriminación sobre esta base no debe tener lugar en una sociedad moderna. 
Sin embargo incluso en un tema tan incontrovertible es posible exagerar más allá del objetivo. 
La inversión de la carga de la prueba, propuesta por la Comisión, implica una sobrecarga no exigible, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas, las cuales en adelante han de levantar una acta de cada entrevista de demanda de empleo, a fin de poder aportar una prueba en un caso de apuro. 
Una regulación de este tipo no genera ninguna comprensión para con las víctimas de la discriminación. 
Por el contrario, es en sí misma contraproducente. 
La precisión de la valoración que se adjunta a la propuesta de la Comisión se deriva únicamente del empleo de la palabra "aparentemente". 
En efecto, en ella se dice lo siguiente: Aparentemente las regulaciones de este tipo ya existentes no acarrean mayores problemas. 
. (EL) Señor Presidente, creo que es importante que los señores diputados conozcan el trabajo que ha realizado la Comisión sobre la propuesta del Parlamento, por lo que respecta a la admisión de las enmiendas, con objeto de que el debate sea más fácil. 
Como es sabido, en mi condición de Comisaria competente, presenté hace unos meses un paquete contra las discriminaciones que contenía dos directivas y un programa. 
Hoy debatimos una de estas dos directivas, y me permitirán sus Señorías que diga que esto es posible gracias a la extraordinaria colaboración y al eficaz trabajo de las dos comisiones del Parlamento, cuyos esfuerzos han superado cualquier expectativa. 
Una directiva que, aun siendo especialmente compleja, con muchas consecuencias, con particularidades nacionales y con diferentes enfoques, con diferentes contribuciones de todas las comisiones participantes, ha logrado convertirse en un informe, y gozar además de un amplio consenso. 
Me gustaría dar la enhorabuena a la señora Buitenweg y al señor Howitt, así como a todos cuantos han colaborado, incluida la Presidencia portuguesa. 
Creo que esta sesión tiene carácter histórico por dos razones: en primer lugar, porque la demanda de un acto legislativo semejante lleva sobre la mesa más de veinte años. 
Grupos sociales, partidos políticos, parlamentos, eurodiputados, conferencias internacionales han propuesto y han insistido en la necesidad cubrir legalmente un asunto de tanta transcendencia como el racismo y el comportamiento de las sociedades organizadas. 
Después de veinte años, se ha hecho realidad: estamos debatiendo esta directiva. 
El segundo factor es que, debido a la coyuntura política, debido a los problemas políticos que hemos tenido en el seno de la Unión durante los últimos meses, referidos a casos de racismo en los ámbitos social y político, el presente trabajo es el primero que elude palabras, que elude resoluciones y formulaciones políticas generales y hace realidad una política concreta. 
La Comisión Europea, tras el informe de la comisión del Parlamento, ha trabajado con gran celeridad en colaboración con todos los servicios implicados, y debo decirles que más de la mitad de las enmiendas han sido admitidas, bien en su espíritu, bien, de algún modo, en su formulación. 
Debo subrayar que las enmiendas que no han sido admitidas, no lo han sido principalmente por motivos administrativos, legales o porque, después de la experiencia y la colaboración que hemos tenido durante todo este tiempo, hemos considerado que era imposible su adopción por el Consejo. 
Como saben, nos hemos basado en el artículo 13. Y se trata de un artículo limitado; pero bueno, es el punto de partida con el que contamos. 
Me gustaría comentar varias enmiendas. 
Debo decir que estamos de acuerdo con las enmiendas referidas a la incorporación de la dimensión del género (enmiendas 7 y 59) , con las referidas al ámbito de aplicación (enmiendas 5, 30, 31, 34, 36 y 37) , con la referida a la asunción de una acción positiva (enmienda 40). 
Asimismo, estamos de acuerdo con la idea sobre los procedimientos de conciliación que se mencionan en la enmienda 42, con el diálogo con las organizaciones no gubernamentales (enmiendas 21, 50 y 51) y con las enmiendas referidas a actos anteriores del Parlamento Europeo y del Consejo (enmiendas 3, 4, 8, 9 y 12). 
También estoy de acuerdo con su propuesta de que se destaque más el papel del observatorio europeo- dato que incluiremos en la enmienda 59- aunque debo recalcar que, basándonos en la experiencia de la Comisión, consideramos que la presentación de informes cada dos años por parte de los Estados miembros es una labor muy exigente que no nos va a permitir la valoración correcta de la influencia de las políticas que se estén desarrollando. 
Proponen, asimismo, que se modifique la definición de la discriminación indirecta, y una de las oradoras lo ha vuelto a señalar. 
Estoy de acuerdo con los puntos de la enmienda, pero debo subrayar que los utilizaremos de modo que contribuyan a una mayor aproximación de la formulación de la definición a la de la noción empleada por el Tribunal de Justicia Europeo en el caso O ' Flynn. 
Me gustaría detenerme en aclarar del artículo sobre la equiparación del peso de la prueba que se propone en la enmienda 43, aunque, según se ha apreciado tanto en el debate, como en el Consejo, su aceptación va a suponer un gran problema. 
No obstante, me gustaría señalar- dado que la Comisión está de acuerdo con esta aproximación- que un debate semejante por la misma razón, el trato discriminatorio entre los sexos, tuvo lugar hace bastantes años. 
También entonces hubo una gran preocupación por las repercusiones que tendría tanto en los tribunales, donde temían que se concentrara un gran número de casos, como en las empresas. 
Tras muchos años de aplicación, debemos decir que estos miedos no estaban justificados y que no hubo ningún problema. 
Estoy de acuerdo- y saludo la perseverancia de sus Señorías- en que la directiva sea válida para todas las personas residentes en el territorio de los Estados miembros, y no sólo para los ciudadanos comunitarios. 
Asimismo, estoy de acuerdo con la propuesta de dejar claro que la directiva será valida para las personas físicas y jurídicas; pero debo subrayar que sus referencias a grupos de personas no institucionalizados no pueden ser tenidas en cuenta puesto que esta noción no está legalmente reconocida. 
En su esencia es comprensible el contenido de la noción, pero desde el momento en que se trata de una noción sin reconocimiento legal, puede originar muchos problemas. 
Asimismo, quiero hacer referencia al asunto que parece preocupar especialmente a la Cámara, en concreto a la distinción, por un lado, del origen étnico y racial, y por otro, de la religión. 
Durante la elaboración de la propuesta tuvo lugar un gran debate en la Comisión sobre si debía ser incluida en la directiva en cuestión la prohibición de las discriminaciones por razones de creencia religiosa. 
Comprendemos el argumento de que, muchas veces, es difícil hacer claramente esta distinción. 
Y esto es válido con frecuencia en el entorno laboral, sobre todo porque hay problemas relacionados con la posibilidad de rezar, con la concesión de permisos para actividades religiosas, con la necesidad de una alimentación especial en los lugares de trabajo. 
Por esta razón, en la segunda directiva del paquete, referida al empleo, respecto a la discriminación en el mundo del trabajo, se hace mención expresa a las discriminaciones por razones de creencia religiosa. 
Pero podemos entender cuán difícil y cuán complejo se hace el asunto si extendemos la prohibición de la discriminación por razones de creencia religiosa, por ejemplo, a la educación. 
Y cuán difícil sería la negociación de la directiva con los Estados miembros, en donde existen enfoques diametralmente opuestos. 
Saludamos, sin embargo, el enfoque que han seguido sus Señorías, esto es, que se subraye en las enmiendas 15 y 29 que eventualmente algunos intentarán interpretar la discriminación por razones de origen racial como un trato discriminatorio por razones de creencia religiosa. Estoy de acuerdo además en que la directiva debe ser reforzada en este punto y que los Estados miembros deben llamar claramente la atención de las autoridades judiciales, y del resto de autoridades competentes, hacia este peligro, en lo que atañe al tratamiento de la cuestión del derecho de amparo contra las discriminaciones. 
Asimismo, haré una breve referencia a las organizaciones independientes: comparto algunas de las ideas manifestadas sobre el papel que desempeñan y, especialmente, sobre la necesidad de que sean independientes. Sin embargo, debo decir que no podemos avanzar pormenorizadamente en su organización y funcionamiento, ya que esto concierne a los propios Estados miembros. 
Es muy elevado el número de enmiendas que realmente hemos admitido, y creo que estaremos de acuerdo en que debemos analizar el modo en que estas ideas van a incorporarse a una propuesta modificada, de modo que mantengan la estructura y el equilibrio del texto y que la propuesta tenga esperanzas de ser aprobada por el Consejo, porque creo que para todos la proporción se encuentra entre lo deseable y lo factible. 
Haré una brevísima referencia a las enmiendas más relevantes de entre las que no pueden ser admitidas. 
La primera concierne a las reservas de sus Señorías sobre la exclusión en el proyecto de la referencia detallada a determinados servicios, como la policía y los servicios judiciales. 
Sin embargo, la ponente ha señalado muy correctamente que la directiva puede intervenir solo cuando exista competencia comunitaria. 
Esto no es válido en lo que respecta a la cooperación judicial en casos penales y en lo que respecta a la cooperación policial. Ambas competencias se hallan en el campo de aplicación del Tratado sobre la Unión Europea. 
Así pues, estamos de acuerdo con la mención de la enmienda 37 a entidades públicas en general. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo en la mención concreta de la policía y de las autoridades del derecho civil. 
Una observación a la complicadísima cuestión de los problemas particulares en el ámbito de las políticas de inmigración y de las políticas de asilo: la Comisión prefiere seguir una aproximación gradual debido a la gran complejidad del asunto; durante la elaboración de legislaciones concretas relacionadas con las políticas de acogida, en estos dos ámbitos, el de asilo y el de inmigración, la Comisión valorará la situación y analizará en qué medida la inclusión de una cláusula ad hoc contra las discriminaciones resultaría la respuesta más adecuada. 
Hay otros muchos datos, como los suministros públicos, en los que el marco no permite introducir criterios semejantes; el asunto de los datos estadísticos, en el que reconozco y destaco el temor a la falta de datos estadísticos, y debo decir que, precisamente, uno de los objetivos básicos del programa de actuación tiene que ver con la creación de bases estadísticas a escala europea; y, por último, quiero acentuar nuestra obligación, como instituciones europeas, de aplicar lo que proponemos para los Estados miembros. 
La reforma que hemos emprendido y llevamos adelante en el marco de la Comisión ha tenido en cuenta todo el marco de esta directiva. 
Señor Presidente, quiero agradecerle su comprensión para con el abuso del tiempo, pero debía hacer referencia a una serie de enmiendas y de artículos particularmente complejos; de modo que la Cámara comprendiera lo mejor posible los puntos que pueden ser admitidos, los cuales, como ha podido comprobar, son numerosos. 
Señorías, creo que con una voluntad política común y con la continuidad de nuestra excelente colaboración podemos hacer realidad un pequeño sueño: un auténtico compromiso de Europa en el asunto del racismo. 
Señor Presidente, creo que nos ocupamos de un informe extraordinariamente importante y agradezco a la Comisaria sus comentarios sobre las enmiendas. 
La comunidad internacional atribuye mucho valor a la lucha contra el racismo, cuestión que también figura como prioritaria en las agendas de los Estados miembros; no obstante, todavía queda mucho por hacer en lo relativo a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 
Cada vez está más claro que la colaboración en el seno de la UE resulta imprescindible. 
Un mayor acuerdo respecto del ámbito de aplicación, el contenido y las posibilidades para su ejecución tiene, sobre todo, gran importancia en un mercado interior abierto en el que existe la libre circulación de mercancías, personas y servicios. 
Quisiera felicitar a la Sra. Buitenweg por su informe. 
Es un informe extraordinariamente bueno. Se trata de la igualdad de trato de las personas, independientemente de su raza y origen étnico en general. 
No obstante, quiero señalar que las mujeres se ven mayormente afectadas por la discriminación; y dentro del grupo de mujeres, especialmente, las mujeres y niñas que también lo están por su raza y origen étnico y, por tanto, muchas veces se encuentran doblemente discriminadas. 
Tengo todavía cuatro cuestiones, señor Presidente. 
Es positivo que las organizaciones u otras personas jurídicas que luchan contra la discriminación, tengan derecho a iniciar el procedimiento a fin de favorecer el cumplimiento o aplicación de esta directiva y prestar ayuda a las víctimas durante el desarrollo del mismo. 
También opino que es recomendable que se cree en cada Estado miembro algo similar al órgano independiente con que contamos en los Países Bajos para pronunciarse sobre las quejas. 
Éste recibe el nombre de comisión de igualdad de trato, y funciona extraordinariamente bien y de forma muy eficaz; es una institución independiente. 
Me complacen las enmiendas presentadas por mi colega del PPE, la Sra. Smet, que abogan por que la directiva también recoja las elecciones de, por ejemplo, los representantes de los trabajadores a los comités de empresa. 
Creo que constituye una aportación. 
Por último, quiero detenerme brevemente en el problema del reparto de la carga de la prueba. Ya se ha dicho antes. 
Popularmente, se conoce como la inversión de la carga de la prueba en caso de posible discriminación. Ya funciona en relación con las mujeres. 
Se ha propuesto ahora el mismo sistema respecto de esta directiva. 
Resulta extraordinariamente importante que esto entre en vigor para, así, lograr una lucha eficaz contra la discriminación. 
Llego a decir, incluso, que resulta imprescindible. Tal como la Comisaria ya ha dicho, en la práctica, nunca ha originado dificultades en otros ámbitos. 
Razón de más para aceptarlo aquí y efectuar una rápida transposición. 
Señor Presidente, señora Comisaria, indiscutiblemente la importantísima "directiva histórica", como la ha denominado, y las correspondientes propuestas del Parlamento Europeo llegan en el momento oportuno: ¡justo a tiempo! 
La lucha contra la discriminación por razones de origen étnico o racial o de convicciones religiosas adquiere hoy en día carácter de urgencia en el continente europeo. 
El resurgimiento de mentalidades intolerantes de corte medieval, la creación de partidos de ideología racista, la extensión de la violencia, revelan que el respeto a la diferencia, que es distintivo de las sociedades desarrolladas, no se ha logrado totalmente. 
Es evidente que, en el siglo XXI, el campo de la confrontación política e ideológica se situará entre la concepción cosmopolita y progresista, que admite la multiculturalidad, y el fundamentalismo, que afronta las diferencias con miedo y hostilidad y que conduce al racismo y a la xenofobia. 
Por ello se hace indispensable el blindaje legal de la Unión Europea y la aceleración de los procesos de integración del espacio común de libertad, de seguridad y de justicia para todos cuantos residen en el territorio de la Unión Europea. 
Esperemos que muy pronto, con la adopción de la directiva del Consejo, los Estados miembros den máxima prioridad, en primer lugar, a la cooperación judicial y a la armonización de sus legislaciones penales; en segundo lugar, a la formación adecuada en el ámbito de los organismos estatales y empresariales sobre la aplicación de la directiva para todas las personas físicas y jurídicas; en tercer lugar, a la aplicación de la Carta de los Partidos Políticos Europeos de 1997 por la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra todas las formas de violencia racial; en cuarto lugar, al derecho de acción colectiva de víctimas individuales de discriminación; en quinto, a la garantía del acceso de las minorías a la formación profesional, al empleo, a los servicios de salud, a la seguridad social y a los sistemas de pensiones, así como a su participación en la política social y económica y en la vida cultural. 
Habría que añadir asimismo la sensibilización de los ciudadanos sobre las discriminaciones directas e indirectas, el seguimiento de la aplicación del marco institucional comunitario y la configuración de nuestra política de inmigración, basada en los principios que presiden esta importantísima directiva. 
Ésta es la primera directiva que debatimos de conformidad con el artículo 13 y es un buen comienzo en nuestra lucha contra todas las clases de discriminación en toda la UE. 
Los diputados al Parlamento Europeo y las ONG laboraron denodadamente en pro de su inclusión en el Tratado. 
Estoy deseosa de que se aprueben otras directivas al respecto, tal vez comenzando por una relativa a la discapacidad. 
En principio, yo me oponía a que se abordara el racismo por separado. 
Me habría gustado que se abordara en la directiva sobre el empleo y en el Programa de Acción. 
Estaba convencida de la urgencia al respecto por el aumento actualmente del racismo en toda la UE. 
Varios diputados han citado casos concretos hoy. 
Espero que la Presidencia portuguesa labore denodadamente en pro de que se saque este asunto adelante y vele por que logremos esta legislación sobre racismo. 
Tenemos que enviar el mensaje de que nos oponemos al racismo y a la xenofobia en toda la UE. 
Por esa razón, me alegro de que celebremos la votación hoy. 
Sé perfectamente que ciertas jergas europeas excluyen a los ciudadanos. 
Esa es la razón por la que quería que se incluyera la enmienda nº 48 sobre el lenguaje sencillo. 
Enmienda nº 43: ya se ha hablado de la carga de la prueba. 
Contribuye a que haya una carga compartida de la prueba. 
El denunciante debe efectivamente aportar datos y ya se ha dicho que la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres abarca este aspecto también en la legislación europea. 
Enmienda n 51: me encanta que se vaya a consultar a las organizaciones no gubernamentales y caritativas. 
Saben de lo que hablan, porque están en contacto con la dura realidad a ese respecto. 
Por último, quisiera sumar mi felicitación a la Sra. Buitenweg y al Sr. Howitt en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por haber colaborado tan estrechamente para presentar un informe excelente. 
Señor Presidente, desde el Tratado de Amsterdam y de la Cumbre de Política Interior de Tampere se han puesto en movimiento muchas cosas en Europa. 
Éste es un paso digno de celebrarse. 
El programa de acción contra la discriminación, dos propuestas de directiva de la Comisión, la apertura de un observatorio sobre el racismo y la xenofobia y, finalmente, el establecimiento del artículo 13 constituyen de manera irrefutable una señal. 
Anteriormente no se contenía en los Tratados una cláusula semejante de no discriminación. 
Los órganos europeos pueden adoptar ahora sobre la base del artículo 13 medidas adecuadas para luchar contra determinadas discriminaciones. 
El Parlamento Europeo ha hecho también ahora su contribución. 
Mi colega, la Sra. Buitenweg, ha presentado bajo presión del tiempo un informe muy admirado en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre este paquete de la discriminación, informe que va a ser votado ahora. 
En conjunto, sus 55 enmiendas hacen más concretas las propuestas de la Comisión. 
Ha logrado mucho. 
La presente propuesta es la primera translación del artículo 13. 
Se refiere a la igualdad de trato de las personas independientemente del color de la piel o del origen étnico. 
No sólo se tratan los más importantes ámbitos existenciales, como el acceso al empleo, la formación, la protección social y la seguridad social. 
La Comisión intenta también enlazar con las principales experiencias de los Estados miembros. 
La regulación de la inversión de la carga de la prueba convertirá a la directiva en un instrumento importante. 
Ahora el acusado debe probar de manera fidedigna que no existe discriminación. 
También se amplía en ámbito de aplicación. 
La protección contra la discriminación se extiende también a asociaciones y grupos de personas. 
La gran mayoría de la comisión ha apoyado a la ponente. 
La votación de hoy es una continuación consecuente de esta decisión. 
Por consiguiente, quiero dar expresamente las gracias a mi colega por su excelente trabajo y doy por supuesto que hoy aprobaremos por una gran mayoría este informe, aunque la Comisaria competente haya manifestado hoy aquí que no puede asumir la mitad de las enmiendas. 
No obstante, hoy se da aquí un paso muy importante y se establece una señal. 
Señor Presidente, deseo igualmente felicitar a nuestra colega, la Sra. Buitenweg, por su excelente trabajo. 
Considero, en efecto, que hoy el hecho de tomar medidas concretas contra las discriminaciones significa enfrentarse a la parte sumergida del racismo, ese racismo más solapado que, insidiosamente, se instala en el corazón de nuestros países. 
Esas vejaciones y humillaciones de cada día pueden tener consecuencias graves y, en cualquier caso, poner en tela de juicio la lógica de la integración. 
¿Cómo dejar de mencionar nuevamente ante ustedes, señor Presidente, señora Comisaria, el ejemplo de ese joven de Estrasburgo que puso en evidencia, hace dos meses, a una empresa de esta ciudad, al enviar dos CV rigurosamente idénticos, con la única diferencia de que uno llevaba un apellido francés y otro un apellido extranjero? 
Naturalmente, el autor del CV recibió una cita por el apellido de sonido francés y una negativa por el otro apellido, el de sonido extranjero. 
¿Cómo no referirnos hoy a esos jóvenes a quienes se les niega la entrada a las discotecas únicamente por ser de piel morena, y cómo no entender que después se encierren en sus ciudades, en sus barrios, donde acaban reuniéndose en bandas de excluidos sociales o bandas étnicas, para poder al menos divertirse entre ellos? 
Estas discriminaciones, como podrán apreciar, favorecen el hecho de que se encierren en su identidad y refuerzan aún más su marginación. 
El hecho de ir luego a hablar a estos jóvenes- y aquí es donde las cosas se complican- de civismo y de ciudadanía se considera un insulto, ya que para ellos las discriminaciones afectan a todos los ámbitos y fases de su vida. 
A sus hermanos y hermanas menores se les niega una inscripción en los establecimientos escolares, a ellos se les niega el acceso a cursillos, a su familia se le niega el acceso a una vivienda, la atención sanitaria. 
Era y es muy importante, pues, ofrecer a las víctimas un marco jurídico que les proteja. 
La adopción del informe y la aplicación de la directiva constituyen un acto político de extrema importancia. 
La Unión podría demostrar así que se preocupa por los millones de personas que viven en su seno y que actúa concretamente para reducir las tensiones racistas, y también que reconoce la diversidad de su población que constituye un rasgo de su propia identidad: esta es una de las respuestas políticas que debe darse al resurgimiento de la extrema derecha racista y de corte fascista en Europa. 
En el momento en que algunos, con razón, dudan de la Unión, ésta podría también demostrar, de este modo, que no es una coalición de defensa de los intereses económicos de los países ricos, sino que se basa en los valores de libertad, de tolerancia y de solidaridad. 
Por todas estas razones debemos votar a favor de dicho informe. 
Sabemos, Señorías, que el informe y la directiva tienen sus limitaciones y que no van a solucionar todos los problemas. 
La mayoría de los países ya poseen leyes contra el racismo y las discriminaciones, incluso algunas constituciones las tienen en cuenta. 
Ahora bien, las prácticas discriminatorias continúan. 
Lo que falta a menudo, como es preciso reconocer, es una verdadera voluntad política de aplicar realmente los textos. 
En Francia, el año pasado sólo hubo 14 denuncias y condenas judiciales por actos de discriminación. 
Nadie se deja engañar respecto del escaso número de denuncias, y menos aún las asociaciones de defensa de los derechos humanos, que están inundadas de miles de peticiones. 
En la mayoría de los casos, la policía archiva las denuncias sin darles curso. 
Los fiscales no las instruyen. 
Consideran que hay asuntos más importantes para tratar. 
Ahora bien, creo que no hay nada más importante que mejorar la suerte y la vida de cada día de los individuos, de los seres humanos. 
Es positivo ampliar el poder de las asociaciones, como lo preconiza con sobrada razón el informe de la Sra. Buitenweg, pero los Estados no deben descargar el peso de sus responsabilidades en las asociaciones. 
La igualdad de derechos constituye, en efecto, una responsabilidad de los Estados. 
Hoy las asociaciones van a la vanguardia de la lucha contra las discriminaciones. 
A menudo deben reunir las denuncias, procurarse un abogado, la ayuda jurisdiccional adecuada y, a veces, ir a buscar a los agentes judiciales para que se comprueben dichas discriminaciones. 
El informe de la Sra. Buitenweg preconiza dotar a las asociaciones con medios financieros, pero me cuesta creer que los Estados lo vayan a hacer, cuando, al mismo tiempo, los criterios económicos del pacto de estabilidad imponen a los Estados una reducción de su presupuesto. 
Tampoco desearía que el pago de subsidios a algunas asociaciones se tomara como pretexto para justificar la disminución del número de funcionarios policiales o judiciales que hoy es necesario formar. 
Existe otro problema, y será mi último punto: la aplicación diferenciada del Código de la Nacionalidad. 
Hoy, un joven descendiente de padres extranjeros en un país de la Unión Europea se encuentra frente a dos situaciones. 
Si dicho joven nació en Francia y le ampara el Código de la Nacionalidad, podrá efectivamente gozar de la protección de la circular en caso de que se le niegue acceder a un empleo, en condiciones de discriminación. 
En cambio, muchos jóvenes de segunda o tercera generación nacidos en un país como Alemania o Austria, donde prevalece el derecho de sangre, siempre serán extranjeros y no gozarán de ninguna protección jurídica. 
Sé que este no era el objeto del informe de la Sra. Buitenweg, pero deseaba hacer hincapié en ello, ya que considero absolutamente lamentable que, frente a una situación idéntica, puedan existir tratos tan diferentes en el seno de la Unión. 
El Parlamento y la Comisión deberían dirigirse al Consejo sobre esta cuestión, para lograr una mayor coherencia en el conjunto de la legislación. 
En todo caso, felicitaciones a la Sra. Buitenweg, y me congratulo por este informe. 
El orador anterior no fue traducido como es debido porque fue demasiado rápido, por lo que quiero pedir a los futuros oradores que hablen de tal forma que los intérpretes puedan seguirles.. 
Sí, he pedido al Sr. Sylla que hable más despacio. 
Pero tiene libertad para aceptar o rechazar mi consejo. 
Sin embargo, su Señoría tiene razón: a consecuencia de ello no se oye en otras lenguas lo que está diciendo. 
Señor Presidente, en tiempos medievales los grupos de matones y vándalos se metían con mujeres ancianas y las acusaban de brujería. 
Las arrojaban al estanque del pueblo. 
Si las pobres se ahogaban, demostraban su inocencia; si sobrevivían, demostraban su culpabilidad y eran quemadas en la hoguera. 
En ambos casos, el resultado es el mismo. 
Hemos tenido un ejemplo similar en la China del siglo XX durante la Revolución Cultural. 
Los guardas rojos acusaban a intelectuales de profesar el pensamiento burgués. 
Si confesaban, eran culpables ­aunque, naturalmente, redimibles­, pero, si negaban la acusación, eran condenados por sus propias afirmaciones, porque no reconocían su culpabilidad. 
En ambos casos vemos el peligro de atribuir la carga de la prueba al acusado. 
Nuestros sistemas judiciales siempre han atribuido correctamente la carga de la prueba al acusador, no al acusado. 
Siempre han dado por sentado que una persona es inocente, mientras no se demuestre su culpabilidad. 
Ahora, en la Europa del siglo XXI proponemos abandonar ese principio fundamental de la justicia y adoptar, en cambio, el planteamiento de los cazadores de brujas medievales y de los guardas rojos chinos. 
Proponemos que recaiga la carga de la prueba sobre el acusado y hay enmiendas incluso que atribuyen la presunción de inocencia al acusador y no al acusado. 
Además, está la cuestión de las alegaciones maliciosas- de las que hemos visto, lamentablemente, un gran aumento­ que obligan a muchos empleadores a hacer grandes gastos y afrontar grandes costos. 
Mi propio partido fue acusado por muchos izquierdistas de racismo, porque habló claramente sobre la cuestión de los solicitantes de asilo en el Reino Unido. 
En el caso de los empleadores, aun cuando un empleador logre organizar una defensa con éxito ante acusaciones injustificadas, el tiempo y la ansiedad que entrañará la vista ante un tribunal representarán enormes molestias. 
Dada la parcialidad de esta legislación a favor del acusador y el clima dominante de corrección política con el que parecemos estar obsesionados, incluso muchos empleadores inocentes perderán con frecuencia los juicios, recibirán castigos, además de haber de pagar las costas y perder el tiempo. 
Esta legislación es- lamento decirlo­ una invitación a los alborotadores y a los resentidos para que presenten denuncias frívolas y vejatorias o posiblemente para que las utilicen incluso como amenaza para lograr compensaciones financieras. 
(Interrupciones) 
Naturalmente, existe otro peligro y es el de que los empleadores, conscientes del riesgo de denuncias por parte de candidatos de minorías étnicas que no hayan conseguido un puesto, pueden llegar incluso hasta el extremo de no incluirlos en las listas de candidatos, lo que sería un desastre terrible y contravendría completamente el espíritu de esta legislación. 
Como con tanta frecuencia ocurre en esta Asamblea, no hemos pensado en las posibles consecuencias no deseadas. 
Esta legislación es innecesaria en el nivel europeo. 
La mayoría de los Estados miembros tienen ya sus propias medidas contra la discriminación convenientes para su cultura y sus circunstancias propias. 
Me enorgullezco de decir que me opongo a la discriminación y al racismo en todas sus formas, pero esta legislación irracional e injusta desacreditará a Europa ante muchos de los ciudadanos de mi circunscripción. 
Me complace decir que el resto de mi delegación se me sumará en la oposición a dicha legislación. 
En primer lugar, quisiera felicitar a la ponente, a los redactores y a la Comisión- en particular al Comisario Diamantopoulou­ por la directiva y el informe que tenemos ante nosotros. 
Ha tardado mucho en llegar. 
Yo fui presidente de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el aumento del racismo y el fascismo en Europa allá por 1986, cuando nuestro ponente, el Sr. Evregenis, propuso esa legislación. 
Yo mismo fui el ponente de la Comisión de Investigación sobre el Racismo y la Xenofobia de 1990, que reiteró esa petición. 
Supongo que en cierto modo ha valido la pena esperar. 
Tenemos aquí una legislación que tendrá repercusiones reales en las vidas de los 12 a 14 millones de ciudadanos de terceros países que viven en la Unión Europea y los cuatro millones de europeos negros. 
En segundo lugar- y sin reducir un ápice mi apoyo al informe y a la directiva en conjunto­, el Consejo va a tener que resolver varias cuestiones pendientes: sobre la intervención de representantes, sobre la definición de discriminación indirecta y, como ha dicho el orador anterior, sobre la carga de la prueba. 
La última de ellas debe ser viable, porque, de lo contrario, ¡el orador anterior sentirá un gustazo! 
El fundamento mejor es la legislación vigente sobre la carga de la prueba, respaldada ya por 25 años de jurisprudencia, y en los casos en que no se disponga de cifras bastará la opinión de los expertos. 
En tercero y último lugar, deseo avisar a mis colegas del Grupo PPE. 
Muchos de ellos- la mayoría, creo­ han estado preocupados de verdad por que los procedimientos del Parlamento no les hayan ofrecido el tiempo adecuado para examinar los detalles. 
Sin embargo, es evidente que algunos de ellos tienen motivos más oscuros. 
Con el Sr. Haider y el Sr. Le Pen asomándose al fondo, el Vlaams Blok y el Movimento Sociale Fiamma Tricolore promoviendo el racismo y la xenofobia, el Grupo PPE, en conjunto, no debe extrañarse de que, si continúa con sus objeciones técnicas, los ciudadanos saquen la conclusión de que se trata de un intento apenas disimulado de bloquear estas propuestas que acoge con tanto beneplácito la inmensa mayoría de los ciudadanos de Europa. 
A los que se juntan con perros se les pegan las pulgas. 
Señor Presidente, The Economist dice que necesitamos 13,5 millones de inmigrantes hasta el año 2015 para efectuar todo lo que hay que hacer en Europa. 
International Herald Tribune dice que no alcanzaremos esa cifra. 
En los otros continentes se sabe que en Europa arrecia el racismo y por eso la gente elige, por ejemplo, América en lugar de Europa, justamente por el racismo. 
Estamos acostumbrados a hablar en contra del racismo, ya que queremos combatir la intolerancia y la xenofobia. 
Tal vez también deberíamos combatirla pensando en nuestro propio futuro. 
Quienes dicen hablar en favor de la empresa y de las pequeñas empresas no saben de lo que hablan si no aprueban esta propuesta de directiva. 
Yo respaldo la mayoría de las enmiendas, pero hay un punto que me preocupa. 
Se trata de la enmienda 29, en la que se propone que las diferencias en el trato basadas en el origen étnico, igual que las que tienen su fundamento en motivos religiosos, ideológicos o de nacionalidad, deberán considerarse como discriminación. 
Me temo que esto contradiga su propio objetivo. 
En la ley sueca sobre medidas contra la discriminación étnica se dice expresamente que se entiende que alguien pertenece a una etnia cuando esa persona es parte de un grupo que tiene la misma raza, color de la piel, nacionalidad, origen étnico o religión. 
Lo que pretendemos que sea una ampliación puede convertirse en una limitación. 
La interpretación generalizada es que la pertenencia a una etnia comprende la nacionalidad. 
Por este motivo no votaré a favor de esta enmienda. 
Se opone a lo que me parece correcto. 
Quisiera agradecer a la Sra. Buitenweg y al Sr. Howitt el trabajo dedicado a este asunto, que ha constituido un compromiso a la vez personal y político. 
Como han dicho otros, ésta es una directiva ambiciosa sobre el tipo de Europa que queremos crear. 
Por una vez es directamente pertinente para la vida de muchas personas que viven dentro de la Unión Europea. 
Para mi circunscripción de Londres, en la que una gran parte de la población procede de grupos de minorías étnicas y en la que hay un número cada vez mayor de hijos de parejas racialmente mixtas, se trata de una directiva extraordinariamente importante. 
Es incluso más importante para zonas en las que la gente cree equivocadamente que no hay necesidad de una legislación contra el racismo o la discriminación, porque no hay visiblemente personas que no sean de raza blanca, pero, aun así, siguen votando a partidos que propugnan políticas racistas o contrarias a los solicitantes de asilo, porque tienen miedo de lo desconocido y lo diferente. 
Acojo con satisfacción la directiva. 
Me complace que el Consejo tenga una sensación de urgencia al respecto. 
Supongo que ello se reflejará en su disposición a aceptar lo que dice el Parlamento. 
Debemos reconocer que en esta Asamblea pedimos periódicamente a otros países y gobiernos que reconozcan los derechos de las minorías étnicas y apliquen políticas de derechos humanos universales. 
Tenemos que exigirnos las normas más estrictas a nosotros mismos. 
No va a ser fácil aplicar esta directiva y no me refiero a los votos. 
Nos exige poner en entredicho el funcionamiento de todas nuestras instituciones, incluidas las muy respetadas desde hace mucho tiempo, y sus métodos. 
No va a ser un proceso fácil ni indoloro. 
En el Reino Unido estamos reconociendo gradualmente el racismo institucional que practicamos y empezando a examinar los valores básicos de nuestras instituciones. 
Eso no se puede hacer, si las personas que forman parte de ellas no examinan sus propias creencias y acciones. 
Ésa es la razón por la que las enmiendas sobre formación, supervisión y aplicación son tan importantes para esta directiva. 
Distinguido señor Presidente, distinguidas señoras y señores, Europa se ha fortalecido; en los últimos cincuenta años hemos aprendido a construir puentes. 
Nos hemos esforzado de manera muy intensa por el diálogo social: hablar los unos con los otros, ir a los problemas entenderse mutuamente. 
La interlocución social constituye un modelo ideal, en que se coloca al interlocutor en el punto central, se establece el entendimiento mutuo y se practica la ayuda mutua. 
La integración debe constituir también un objetivo para nosotros, la buena vecindad. 
Deberíamos esforzarnos por proporcionar estímulos y servir de ejemplo. 
Creo que una cualidad muy esencial de nuestra comunidad humana es la de servir de ejemplo. 
Precisamente en mi condición de austríaco puedo decir que con una población de 7 millones de habitantes hemos acogido en los últimos decenios a un millón de refugiados. 
Con ello somos en Europa el país que ha acogido más refugiados por habitante. 
Hemos sido una isla de salvación en Europa y lo seguimos siendo hoy. 
Nos oponemos al extremismo y a la violencia de izquierdas y de derechas. 
Austria tiene las leyes de prohibición más severas del mundo contra el fascismo y contra el nacionalsocialismo. 
Hemos aprendido de la historia y sabemos oponernos. 
Ahora se trata de la discriminación. 
Hablo ahora en nombre de las pequeñas y medianas empresas. 
Hemos de procurar no perjudicar la jornada laboral y el éxito de las empresas haciendo que tengan que ocuparse más de rellenar estadísticas. 
Cuando realizo visitas a empresas escucho con frecuencia la queja de que hay que producir tanta burocracia y tanto formalismo. 
Si, además, llegan los inspectores se consume asta tiempo y creo que la mayo parte de las empresas se comportan ordenadamente y debidamente y que la relación entre los trabajadores y los patronos es muy buena en general. 
Por esta razón, creo también la supresión de contratas públicas puede conducir a provocaciones. 
Aquí vuelvo a la afirmación esencial: La inversión de la carga de la prueba va a tener una consecuencia, si llega. Efectivamente, va a invitar al abuso. 
Va a ser necesario defenderse de ella. 
Va a ser necesario realizar un mayor aseguramiento de la prueba. 
Limitar el riesgo, es decir, métodos de vigilancia, grabaciones de video, grabaciones acústicas; cada cual intentará asegurarse tanto como sea posible de suerte que ante un ataque ante los tribunales pueda ser creíble. 
Veo aquí un gran peligro. 
Un peligro que hay que repeler. 
Señor Presidente, para dar idea de la eficacia e importancia de esta legislación he de decir que, incluso en pleno proceso de adopción de una serie completa de reformas de la legislación sobre las relaciones raciales en mi país, tenemos una situación en la que se pueden hacer mejoras. 
Iba a pronunciar un discurso de la variedad normal, pero tras haber oído algunas de las reacciones al otro lado de la Asamblea, quiero cambiar lo que iba a decir, que expresa más pena que irritación. 
Esta Asamblea debe reconocer y cambiar su tono respecto de lo que considera el artículo 13. 
De todos los oradores, la Sra. Diamantopoulou ha formulado la muy eficaz observación de que las palabras son fáciles en materia de lucha contra el racismo. 
Resulta fácil adoptar poses. 
Las motivaciones son muchas y muy diversas. 
A mi amigo el Sr. Sylla y a mí nos preocupan dos cosas importantes. 
Una es la de que dispongamos un terreno de juego igual para todos mediante el artículo 13. 
La carga de la prueba, la capacidad de las organizaciones para presentar denuncias en nombre de personas que hayan sido víctimas de acoso o discriminación: todas esas disposiciones no representan una ventaja para la mayoría de la sociedad. 
Brindan una oportunidad a personas de talento y capacidad para ponerlos en juego con vistas a enriquecer la situación de Europa, para crear riqueza, para crear la cultura y la diversidad de Europa, no para crear desventajas a las pequeñas y medianas empresas ni a nadie. 
Debemos comenzar a hablar positivamente sobre estas propuestas principalmente porque la Comisión y la Presidencia portuguesa, muchos de los que han elaborado este informe, muchos de mis colegas que han trabajado denodadamente en la redacción de sus opiniones han respondido de la forma como lo hemos hecho, porque entendemos que esta legislación no se refiere a las víctimas, se refiere al enriquecimiento de los países de la UE. 
Muchos de esos países UE representados en esta Asamblea no eligen la legislación sobre relaciones raciales que convenga más: muchos de ellos no tienen ninguna legislación. 
Nosotros tenemos algo: podemos mejorar lo que tenemos. 
Ahora tenemos una oportunidad, una oportunidad simbólica y una importante oportunidad práctica para que esta Asamblea emita un juicio histórico, vote en pleno durante una Presidencia que nos ha ayudado a sacar adelante una ley que enriquecerá ­no me cabe duda­ a esta Asamblea y de la que con el tiempo nos sentiremos orgullosos. 
Señor Presidente, fue difícil seguir al orador anterior, cuyas palabras salen del corazón. 
También es mi caso, pues respaldo calurosamente que la Comisión haya sido tan rápida a la hora de poner sobre la mesa esta propuesta y proceder a la transposición del artículo 13. 
También felicito a la Sra. ponente por su estupendo trabajo. 
Naturalmente, soy partidaria de que apliquemos esta directiva lo más rápidamente posible en los países miembros. 
Quiero destacar especialmente cuatro circunstancias que me parece especialmente interesantes con respecto a esta directiva. 
En primer lugar, que hayamos conseguido para ella un amplio ámbito de aplicación y en segundo lugar, que incluya la discriminación tanto directa como indirecta, incluido el acoso sexual. 
Al mismo tiempo, se ha propuesto repartir la carga de la prueba. 
Hemos visto que ésta es una ventaja enorme en el caso de la discriminación por razón de sexo, y de ahí que sea positivo que ahora también se introduzca en este ámbito. 
Y por último, también supone una ventaja que se trate de una directiva de mínimos y que así los países miembros dispongan de la posibilidad de ir más allá si lo juzgan acertado. 
No obstante, la propuesta también se resiente lamentablemente de un defecto fundamental. 
Sólo toca la discriminación que tiene lugar en base al origen racial o étnico y no incorpora los otros motivos de discriminación presentes en el artículo 13. 
Con ello, la Comisión va a crear una jerarquía en lo que a motivos de discriminación se refiere y pienso que esta forma de proceder choca completamente con el tenor, la opinión y el espíritu del artículo 13. 
Sería interesante que la Comisión pudiera explicarnos cuáles han sido los móviles detrás de la creación de esta jerarquía en lo que a la discriminación se refiere. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Buitenweg y al Sr. Howitt su excelente labor y a la Comisión sus propuestas. 
Es esencial que aprovechemos la oportunidad que representan las propuestas de la Comisión sobre todo el artículo 13. 
Es el momento oportuno para hacerlo. 
En los últimos años hemos presenciado en toda Europa un constante aumento de los delitos, la violencia y la discriminación raciales y- me duele decirlo­ la "retórica política" que se ceba con la discriminación racial. 
Siento una mayor sensación de urgencia, en vista del proceso de ampliación al que nos vamos a lanzar. 
Ésa es la razón por la que este debate es tan importante: porque afecta a lo esencial de nuestra definición de Europa y de nosotros como europeos. 
Somos algo más que un bloque comercial. 
Somos un grupo de naciones basadas en un conjunto de valores: un conjunto de ideales que deben acompañar y fortalecer todo lo que hacemos. 
Espero que se aborde este planteamiento cuando examinemos la situación que afecta a todas las minorías. 
Si no lo hacemos, el precio que habrá que pagar será una Europa que quede muy por debajo de sus auténticas posibilidades. 
Ésa es la razón por la que esta directiva y el conjunto de disposiciones del artículo 13 son tan importantes. 
Demuestran que la posición de los Estados miembros, del Parlamento y de la Comisión sobre la erradicación a largo plazo de la discriminación y el racismo es seria. 
No es una directiva perfecta. 
No satisface todas mis ambiciones, pero, aun así, representa el comienzo de una lucha contra el racismo en Europa, en nuestras naciones, nuestras regiones y- lo que es más importante­ nuestras comunidades. 
Espero encontrarme un día en esta Asamblea debatiendo directivas encaminadas a erradicar la discriminación, basada concretamente en la discapacidad, la edad y la orientación sexual, por ejemplo. 
Estas medidas actuales son plausibles, pero aún falta mucho camino por recorrer. 
Por último, el espectáculo de un conservador británico blanco y de clase media sermoneando sobre la discriminación y los efectos de la discriminación sería para echarse a reír, si no fuera tan atroz y lamentable. 
En última instancia, la discriminación mata y constituye un cáncer para quienes la practican y quienes la fomentan. 
Señor Presidente, nuestra ponente, la Sra. Buitenweg, merece la enhorabuena por su excelente informe y la habilidad con que ha conducido la consulta y las negociaciones del mismo. 
Debemos adoptar este informe con la mayor diligencia. 
Esta directiva forma parte de un paquete más amplio que pretende desarrollar el artículo 13 del Tratado CE. 
No se trata sólo, ya lo han dicho otros oradores, de la lucha contra la discriminación basada en la raza o en el origen étnico, sino también de la lucha contra la discriminación basada en otros motivos. 
Puedo entender por qué la Comisión ha elegido recoger la lucha contra la discriminación por motivos raciales en un proyecto único de directiva. 
Entiendo también por qué vamos a tramitar ahora aquí, con urgencia, este documento que, según se espera, adoptaremos. 
Entiendo mucho menos el hecho de que este proyecto de directiva contra la discriminación por motivos de raza cuente con un ámbito social de aplicación más amplio, y contenga garantías jurídicas y mecanismos de control más severos en cuanto al contenido que lo que figura en el segundo proyecto de directiva, que todavía está a la espera de ser tramitado, y que se refiere a la lucha contra otras formas de discriminación. 
Además de la diferencia horaria en cuanto a la tramitación, la diferencia relativa al contenido conlleva el riesgo de que se origine una jerarquía de las formas de discriminación. Esto daría lugar a un mensaje político equivocado, que perjudicaría especialmente a la lucha contra la discriminación por motivos de edad, minusvalía y orientación sexual. 
Estas llamadas nuevas materias merecen más atención en lugar de menos. 
Me gustaría, por tanto, que la Comisión y el Consejo se comprometieran a eliminar esta forma de discriminación entre los motivos de discriminación. 
Entiendo todavía menos el hecho de que la discriminación por razón de sexo haya quedado fuera del paquete presentado por la Comisión en noviembre ¡Cómo si la lucha contra este tipo de discriminación estuviera perfectamente regulada! 
Tal vez resulte innecesario señalar que ése no es el caso. 
La legislación europea existente en materia de igualdad de trato entre hombre y mujer se refiere sólo al ámbito laboral y manifiesta algunas lagunas que, con toda seguridad, tendremos necesariamente que remediar cuando sean cotejadas con la directiva que discutimos hoy. 
No cuento con tiempo suficiente para explicarlas todas, pero no tengo la impresión de que el problema se deba a desconocimiento por parte de la Comisión. 
Espero, por tanto, que la Comisaria se comprometa a realizar esa labor con prontitud y a presentarnos rápidamente propuestas en las que la discriminación por razón de sexo, tanto dentro del lugar de trabajo como, sobre todo, fuera de él, se equipare con la directiva que discutimos aquí hoy, y que, según esperamos, aprobaremos. 
Señor Presidente, todos nos oponemos a la discriminación y a la violencia en todas sus formas. 
Sin embargo, no creo que hacer extensiva la competencia de la UE a este sector sea necesario ni útil para su causa. 
Las nuevas leyes no cambiarán los corazones y las mentes de los ciudadanos de Europa. 
Lo que necesitamos es educación, tiempo y fomento de la confianza con un espíritu de cooperación entre las diversas comunidades étnicas. 
En nuestro Grupo tenemos a dos miembros de minorías étnicas de la delegación conservadora que son extraordinariamente activos y están orgullosos de ser conservadores británicos, pese a lo que antes han dicho otros Grupos, y van a votar contra estas medidas. 
El cambio de la carga de la prueba, pedido por este proyecto de directiva, es al mismo tiempo alarmante y extremoso. 
En el Reino Unido el Sr. Straw está ya preparando una situación en la que en casos de violación el hombre acusado resulte culpable hasta que se demuestre su inocencia a partir del testimonio de una persona: la mujer afectada. 
Se trata de un precedente muy peligroso contra todas las formas de justicia natural. 
Naturalmente, todos condenamos los crímenes y ataques de violencia racista. 
No he estado presente antes en el debate, pero creo que otros Grupos han hecho varias alegaciones y han citado casos. 
La justicia penal debe seguir siendo prerrogativa de los Estados miembros. 
A diferencia de oradores anteriores que han citado esos casos, me opongo a cualquier erosión de la soberanía nacional en la esfera de la justicia penal. 
Ésta debe seguir siendo prerrogativa de los Estados miembros, que conservarán el control de sus sistemas judiciales. 
La UE no tiene la menor competencia en esa esfera. 
Cuanto más se cite la palabra "racista", más resultará sin significado, devaluada y desoída por el público en general. 
Pido a todos los que tengan un poco de sensatez que se opongan a esas medidas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar inmediatamente después de que se aborden las urgencias. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Sierra Leona 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0432/2000 de las Sras. Malmström y Thors y del Sr. Van den Bos, en nombre del GRUPO ELDR, 
B5-0444/2000 de las Sras. Maes, Lucas, Rod, Schörling y Boumédienne-Thiery, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, 
B5-0448/2000 de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco y del Sr. Schori, en nombre del Grupo PSE, 
Ferrer y Maij-Weggen y de los Sres. Van Hecke y Schwaiger, en nombre del Grupo PPE-DE, 
B5-0465/2000 de la Sra. Morgantini y de los Sres. Sjöstedt, Brie y Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
sobre la situación en Sierra Leona. 
Señor Presidente, seamos sinceros y no hipócritas. 
La Unión Europea, los Estados Unidos, las Naciones Unidas se muestran muy preocupados por los acontecimientos de Sierra Leona. 
No estamos dispuesto a hacer sacrificios. 
Los Estados Unidos están paralizados por el síndrome de Somalia. 
La Unión se parapeta tras Washington. 
Los europeos incluso cedemos la iniciativa a los americanos, que envían a Jesse Jackson, y permiten que se comporte en Freetown como un elefante en una cacharrería. 
Las diligencias de las Naciones Unidas han vuelto a fracasar. 
Tan sólo la intervención del Reino Unido ha permitido detener a los rebeldes y arrestar a su dirigente, Sankoh. Esto ofrece la posibilidad de un acuerdo de paz mucho mejor que el ridículo acuerdo existente, que ha quedado literalmente hecho jirones. 
Antes de nada debemos lograr un boicoteo hermético respecto de los diamantes. 
Las quejas relativas a los asesinatos y mutilaciones crueles resultarán muy hipócritas si permitimos que la industria del diamante se haga de oro a costa de diamantes ensangrentados. 
En cualquier caso, seamos más sinceros cuando se trate de África. 
Señor Presidente, la violación del acuerdo de paz de Lomé por parte del Frente Unido Revolucionario de Sierra Leona no solamente constituye un drama humano para la población civil, especialmente para los niños, sino también un drama político para toda la comunidad internacional. 
La impunidad de los rebeldes de Sierra Leona y la debilidad de las fuerzas de paz, que no pueden ni abandonar el país, por razones políticas y humanitarias, ni enfrentarse en condiciones a los rebeldes armados, constituyen una amenaza para cualquier futura misión de paz de las Naciones Unidas. 
Al mismo tiempo, este fracaso supondría ya el tercero, tras los de Somalia y Angola, de los Cascos Azules y de las Naciones Unidas en África. 
África, donde se están produciendo los más crueles conflictos, es también, a efectos de la paz, un territorio olvidado. 
El mandato de la misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona es, a todas luces, insuficiente para cumplir sus objetivos. 
Su refuerzo, pedido por el Secretario General de las Naciones Unidas, depende de una decisión del Consejo de Seguridad, del mismo Consejo de Seguridad que sí dotó de medios a los Cascos Azules en Timor Oriental y en Bosnia, pero que es mucho más reacio a hacerlo en este momento en Sierra Leona. 
Estados Unidos y Gran Bretaña no han mandado refuerzos para las misiones de las Naciones Unidas sino para garantizar la seguridad de la evacuación. 
La única solución ante las dificultades de la misión de las Naciones Unidas para hacer cumplir el acuerdo de paz es la de confiar una negociación política a los líderes de Liberia y Libia, cuya trayectoria en favor de la paz es muy dudosa y, también, muy preocupante. 
La liberación de parte de los rehenes y la detención ayer de Sankoh no ponen fin a este conflicto, sino que, incluso, todavía pueden ser motivo de mayor preocupación. 
Sólo una acción decidida y clara de toda la comunidad internacional puede ponerle fin: el embargo de armas; el control del tráfico de diamantes; el envío de una fuerza de intervención rápida, bajo el mandato de las Naciones Unidas; y el juicio de los culpables de crímenes contra la Humanidad, de salvajes ataques contra la población civil, contra la paz y la seguridad internacionales así como contra las fuerzas de las Naciones Unidas. 
Por ello, la Unión Europea debe apoyar, dentro del marco de la PESC, todo este tipo de medidas. 
Señor Presidente, durante el debate sobre Sierra Leona celebrado en diciembre, advertí aquí, junto a otros colegas, del riesgo ligado al acuerdo de paz de Lomé. Acuerdo que no sólo dejaba libre al dirigente de uno de los grupos terroristas más sangrientos del mundo, sino que le recompensaba, incluso, con la vicepresidencia y el control de las minas de diamantes. 
Sin embargo, hasta esto resultaba aparentemente insuficiente para el dirigente rebelde, Sankoh. 
Convirtió en farsa el desarme prometido. 
Los asesinatos, las mutilaciones, las ejecuciones y las violaciones continuaron. 
Su estrategia se parece mucho a la de su padrino, Charles Taylor, en la vecina Liberia, que aterrorizó a la población para que le votara en las siguientes elecciones presidenciales y, así, crear un nuevo estado mafioso en el núcleo de la región de los diamantes africanos. 
La fuerza de paz de la ONU, que consiste, sobre todo, en tropas del tercer mundo mal entrenadas, amenaza con incurrir en los mismos errores que se cometieron en su momento en Somalia, Ruanda y Srebrenica. 
Sierra Leona pone claramente de manifiesto la urgente necesidad de crear una fuerza internacional de paz con carácter permanente, bien entrenada, reposada y dirigida por altos comandantes de los mejores ejércitos del mundo. 
Resulta esperanzador que el dirigente rebelde haya sido arrestado ayer, y que más de 200 cascos azules hayan sido liberados en días pasados. 
Sin embargo, persiste el interrogante de cómo van a reaccionar los rebeldes y hasta dónde se llegará con el acuerdo de paz. 
En cualquier caso, el embargo de armas debe controlarse mejor y quienes lo transgredan deben ser detenidos. 
No obstante, es esencial establecer un embargo respecto del negocio de diamantes de contrabando procedentes del país, negocio calculado en alrededor de 60 millones de dólares anuales que constituye para los rebeldes el motivo central de la guerra. 
Abogaré en mi propio país, Bélgica, por una prohibición de estas piedras preciosas que representan la sangre de miles de ciudadanos inocentes. 
Señor Presidente, estamos indignados por la actual situación en Sierra Leona. 
Existe la peligrosa tendencia hacia una escalada del enfrentamiento armado, tanto más cuanto que Gran Bretaña ha iniciado acciones militares al margen del Derecho internacional y de la ONU. 
Exigimos el término de la escalada militar y la reanudación inmediata de negociaciones. 
A este respecto no son oportunas ni sirven de ayuda alguna las inculpaciones unilaterales. 
El RUF se caracteriza por su extrema brutalidad, pero no olvidemos que el gobierno y las milicias que lo apoyan no se quedan atrás en esto. 
Exigimos que se aborden definitivamente las causas del conflicto; esto significa la terminación del tráfico de armas, la terminación del tráfico de diamantes del RUF a través de Liberia y de Burkina Faso, la terminación de la intromisión de estados que bajo la capa de humanidad quieren imponer intereses nacionales en Sierra Leona. 
Tengo la impresión de que Gran Bretaña está actuando de forma neocolonial en lo económico y se está comportando actualmente como una potencia colonial en el aspecto político-militar. 
Es muy fácil ser arrastrado hacia una guerra, pero resulta casi imposible salirse de la lógica de la intervención militar cuando se produce una escalada en el ambiente. 
Un forzamiento militar de la paz de tropas internacionales en combinación con las milicias gubernamentales contra el RUF no acarreará ninguna paz. 
Al contrario, encierra el peligro de una escalada que se vuelva incontrolable. 
Hay que intentar de una vez por todas eliminar las causas para llegar a una solución política. 
Esto quiere decir que necesitamos reducir y no fomentar la escalada en Freetown. 
Señor Presidente, ante las amenazas que vuelven a acechar al pueblo de Sierra Leona cuando aún está vivo en él el recuerdo del horror y de la barbarie de que ha sido objeto por parte del RUF, no podemos limitarnos a una condena de los hechos que se están produciendo de nuevo. 
Recordemos que entre los objetivos de la política exterior común figura el mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos humanos, principios que hoy son absolutamente vulnerados en Sierra Leona. 
Por ello, este Parlamento debe urgir a los Estados miembros a que apoyen el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para que pueda procederse al envío de una fuerza de intervención rápida, que restablezca la estabilidad en Sierra Leona y contribuya de esta forma a evitar el peligro que hoy se cierne sobre el país de una nueva guerra civil. 
Pero nuestro compromiso no puede limitarse a este llamamiento. 
Debemos también instar a que se ponga fin a la impunidad con que se han perpetrado los actos de genocidio y los crímenes de guerra y a que se lleve ante los tribunales a los responsables de los mismos para que sean juzgados. 
Asimismo, hay que extirpar de raíz el cáncer que origina la desestabilización de este país. 
De ahí que el Parlamento deba instar a la OUA, a la Unión Europea, a la Comisión y al Gobierno de Sierra Leona a que adopten y promuevan cuantas medidas sean necesarias para acabar con el tráfico de diamantes y con el control de los ricos recursos naturales de este país por parte de quienes, gracias a ellos, se convierten en señores de la guerra. 
Estamos celebrando el 50º aniversario de la Declaración Schuman. 
Pues bien, el mejor homenaje que podemos tributar a quienes sembraron con esta declaración la simiente que tan abundantes frutos de paz y bienestar ha dado es comprometernos con la causa de este castigado país, ayudar de manera decidida al pueblo de Sierra Leona a restablecer la paz y, con la paz, el pleno respeto de los derechos humanos y la posibilidad de un desarrollo económico que le permita salir de su pobreza y vivir finalmente en condiciones de dignidad. 
Señor Presidente, la sociedad rota de Sierra Leona, los niños soldado, las luchas entre los señores de la guerra dificultan terriblemente hacer algo efectivo. 
Tenemos una gran indignación moral y, a la vez, un gran sentimiento de impotencia. 
Hay dos personajes políticos en Europa, Chris Patten y Solana, a los que podemos hacer un llamamiento político desde la Unión Europea cuando se presenta un conflicto de materia de seguridad exterior, a fin de que utilicen su imaginación política, tanto para respaldar a los países que intervienen en la región, como para apoyar a la ONU. 
Con todo lo dicho sobre los diamantes y la paralización de otros negocios que permiten la financiación de la guerra, y lo que se ha dicho sobre la necesidad de intervenir, queda claro que hay que llegar finalmente a un acuerdo político. 
Como Solana está viajando de vez en cuando a las Filipinas, y Patten actúa en los Balcanes, quisiera pedirles, en nombre de todos nosotros, que unan sus esfuerzos una vez más y se centren en el apoyo político para lograr que las fuerzas regionales lleguen a un acuerdo final definitivo. 
Señor Presidente, señor Comisario, todas las mujeres y hombres que han comprado diamantes en los últimos meses deberían preocuparse por el origen de éstos; si provienen de Sierra Leona o de Angola deberían preguntarse si han financiado la mutilación de niños, la intoxicación con drogas de los niños soldados o han apoyado el secuestro de las personas de los campos de rehabilitación de UNICEF. 
Podemos condenar y exigir, pero lo que podemos y tenemos que hacer en el Parlamento es presentar nuevas ideas. 
Como se dijo anteriormente, se necesita una estrategia a largo plazo para África, pero también un Plan Schuman para una administración común de los recursos por los que se combate, por ejemplo en Sierra Leona o en el Congo, de modo que la lucha no desemboque en conflictos capitaneados por líderes antidemocráticos. 
¿Qué podemos aprender hoy, cincuenta años después del 9 de mayo de 1950, cincuenta años después del Plan Schuman? 
Necesitamos para los recursos africanos algo parecido al movimiento antidiamantes. 
Me parece que humanamente es más importante que todos los movimientos antipieles. 
Señor Presidente, no debemos olvidar que el RUF es un grupo brutal y despiadado. 
Debemos felicitar al Gobierno británico por haber adoptado medidas efectivas de mantenimiento de la paz. 
Ésa es exactamente la reacción rápida que pedimos en la Unión Europea. 
Las observaciones del Sr. Markov, en particular, me parecen ligeramente estrambóticas, porque necesitamos constantemente fuerzas de intervención rápida para que acudan a preservar la paz e impedir un desastre en materia de asuntos humanitarios: exactamente lo que ha ocurrido allí. 
También comprendemos claramente que el mantenimiento de la paz sólo se puede llevar a cabo mediante una operación de fuerza eficaz. 
Ésa es la enseñanza que debemos aprovechar, si vamos a tener una fuerza de reacción rápida en la Unión Europea. 
La otra enseñanza que se desprende es la de que el acuerdo de paz de Lomé fue impuesto desde fuera por quienes no estaban implicados y era totalmente inviable. 
Debemos tener en cuenta esa enseñanza cuando intentemos imponer acuerdos de paz en el futuro. 
Señor Presidente; una vez más, el drama que vive un país africano vuelve a situar al Parlamente frente al horror cotidiano de un conflicto, de una guerra civil. 
Ya podemos oír a las almas buenas que aducen el mal gobierno, que invocan causas étnicas, o que señalan a los malos que convendría eliminar. 
Y como en el Congo Brazzaville, en Angola o en Nigeria con el petróleo; como en el Congo Kinshasa, en el Chad o en el Níger con los recursos mineros; como en el Congo Kinshasa, una vez más, o en Angola, en Liberia, en Sierra Leona, las causas son económicas, y la lucha por el control de las zonas diamantíferas, la base y la razón de la continuidad de dicho conflicto. 
Sí, tenemos razón en condenar al RUF, el Frente Revolucionario Unido, por la reanudación unilateral de las hostilidades y el terrible reclutamiento de miles de niños soldados. 
Pero el ejército de Sierra leona y sus milicias no están fuera del alcance de la crítica. 
Sí, tenemos razón en condenar la utilización de diamantes para fines bélicos por el RUF. 
¿Pero cuáles son los intereses económicos que están detrás del gobierno? 
Sí, tenemos razón en condenar a Liberia y Burkina Faso por su implicación en el tráfico de armas y la utilización de los diamantes. 
Pero, ¿quién vende las armas a estos países y quién compra los diamantes? 
Tenemos razón en imponer una fuerza de intervención rápida de la ONU y en querer desarmar a los combatientes, pero a falta de una repartición real de las riquezas de estos países, como de otros países africanos, si continuamos permitiendo que las sociedades mineras o petroleras saqueen estos países, pagando a las bandas que controlan estos recursos, nuestra intervención será otra vez inútil, ya que no ataca las causas reales. 
. (EN) Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que la Comisión acoge con el mayor beneplácito la captura a primeras horas de la mañana del 17 de mayo del dirigente rebelde Foday Sankoh. 
Tenemos entendido que fue detenido por la policía sierraleonense y permanece detenido por el Gobierno. 
Estoy seguro de que todos esperamos que Sankoh acelere ahora la liberación de los restantes rehenes. 
Al parecer hay unos 360. 
Según tenemos entendido, ya ha comenzado, pero falta mucho camino por recorrer. 
Asimismo, es de esperar que Sankoh cumpla ahora los compromisos que contrajo el pasado mes de julio, cuando firmó el Acuerdo de Paz de Lomé y que con ello vuelva a haber en Sierra Leona la paz y la estabilidad por tanto tiempo esperadas. 
La Comisión ha estado siguiendo de cerca y con considerable preocupación los acontecimientos recientes de Sierra Leona que han desbaratado la aplicación del Acuerdo de Paz de Lomé y han puesto en entredicho- por decirlo con palabras muy suaves- el compromiso del RUF con vistas a restablecer la paz y la estabilidad en Sierra Leona. 
La Unión Europea ha hecho públicas dos declaraciones en las que condenaba las violaciones del acuerdo de paz y los secuestros de personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por parte del RUF. 
En las dos declaraciones se pedía al RUF que cumpliera estrictamente sus compromisos conforme al Acuerdo de Lomé y, en particular, el proceso de desarme. 
Seguimos convencidos de que el Acuerdo de Lomé sigue brindando la mejor oportunidad para una paz duradera en Sierra Leona. 
Seguiremos apoyando los intentos por parte del Gobierno legítimo de restablecer la paz y la estabilidad en el país y ejecutar los programas de recuperación económica y social. 
Como muy bien ha dicho el Sr. Titley, el reciente apoyo prestado por el Reino Unido a la fuerza de mantenimiento de la Paz UMAMSIL es digno de beneplácito, como también lo es la liberación la semana pasada de 139 de los 486 rehenes, a raíz de la intervención del Presidente Taylor de Liberia. 
La Comisión conoce las informaciones relativas a la participación de países vecinos, en particular Burkina Faso y Liberia, en el contrabando de diamantes y el apoyo a los rebeldes de Sierra Leona. 
La Comisión está examinando actualmente la, junto con los Estados miembros, dimensión regional del conflicto con vistas a formular una reacción regional apropiada. 
La Comisión subraya el papel que deben desempeñar las organizaciones regionales- por ejemplo, la CEDEO- en la prevención de conflictos. 
La Comisión esta financiando con fondos regionales del FED el mecanismo de prevención de conflictos de la CEDEO, que podría constituir un cauce apropiado para el diálogo sobre esa cuestión. 
Por lo que se refiere a la asistencia humanitaria, por mediación de la ECHO y de ONG internacionales seguimos financiando programas en apoyo de las comunidades de refugiados y desplazados. 
Desde comienzos de 1999, la ECHO ha aportado 14 millones de euros de asistencia en materia de suministro de ayuda médica, alimentación terapéutica, agua y saneamiento y ayuda psicosocial a los niños afectados por la guerra. 
Además, esa financiación ha sufragado la ayuda a los amputados: "los demasiados amputados que hay en ese país". 
Este mes la Comisión procurará obtener la aprobación de un nuevo programa de 12 millones de euros de asistencia a Sierra Leona, destinado principalmente a los refugiados y a los desplazados en el interior del país. 
Dicho programa se centrará en prestar ayuda en primer lugar a los refugiados que se encuentran en los países vecinos Guinea y Liberia, en segundo lugar a las poblaciones desplazadas en el interior del país y en tercer lugar a las mujeres y los niños afectados por la guerra y, naturalmente, a los amputados. 
También recibirán ayuda psicosocial los niños excombatientes. 
Para mí, el resultado más interesante de este debate no han sido las expresiones de preocupación sobre la situación en Sierra Leona- eso era de esperar -, sino el número de diputados que han expresado muy clara y convincentemente sus opiniones sobre el comercio de diamantes. 
He de decir con cierta emoción que espero encarecidamente que los Estados miembros tengan en cuenta lo que se ha dicho en esta Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas. 
Sri Lanka 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0433/2000 del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, 
B5-0449/2000 de los Sres. Titley y Sakellariou, en nombre del Grupo PSE, 
B5-0457/2000 de los Sres. Van Orden y Deva, en nombre del Grupo PPE-DE, 
B5-0466/2000 de las Sras. Fraham y Morgantini y del Sr. Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
B5-0474/2000 de las Sras. Lambert y McKenna y del Sr. Lagendijk, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, 
sobre Sri Lanka. 
Señor Presidente, la resolución promovida por mis colegas el Sr. Van Orden y el Sr. Deva se refiere a un asunto que es muy actual y muy urgente, pese a que ésta es la primera vez en que el Parlamento dedica tiempo al trágico conflicto en Sri Lanka, que no ha cesado desde hace más de 17 años. 
La resolución nos envía un mensaje muy firme. 
Tienen que cesar los combates. 
Las partes deben sentarse a una mesa y alcanzar una solución razonable y duradera. 
A ese respecto, ha de ser por fuerza útil para la comunidad internacional- ya se trate de las Naciones Unidas, del Commonwealth o de la Unión Europea- mantener un interés firme y permanente por la evolución de la situación. 
Dicho interés legítimo no debe obstaculizar la labor que ya han llevado a cabo los Gobiernos de la India y de Noruega, cuyos representantes llevan ya un tiempo dedicados a la difícil y delicada tarea de mediar con vistas a la celebración de negociaciones. 
Sé que, pese a las espantosas atrocidades que se han cometido contra la población civil y contra miembros de los sucesivos gobiernos, el Gobierno actual de Sri Lanka, en sus niveles más altos, está dispuesto a entablar negociaciones sin poner condiciones. 
Todos debemos reconocer la importancia decisiva del mantenimiento de la integridad territorial de Sri Lanka. 
Aparte de eso, hay muchas opciones políticas que se pueden promover fructíferamente. 
La comunidad internacional, incluida la UE, debe estar dispuesta a prestar un importante apoyo material a su debido tiempo para cualquier solución que se idee y para la reconstrucción económica y social del país, después de tantos años de conflicto. 
Ante todo, la resolución del Parlamento condena de forma inequívoca el terrorismo. 
Se trata de un azote que nos afecta a todos. 
No hay excusa para los actos indiscriminados de asesinato y provocación del caos cometidos por los llamados Tigres tamiles contra niños y civiles corrientes dedicados a sus asuntos cotidianos y contra los políticos democráticamente elegidos. 
Constituye un ataque a la sociedad civilizada y a las instituciones democráticas que tanto valoramos todos. 
Inevitablemente, las personas más afectadas y más desamparadas en esas situaciones son los ciudadanos del país que han huido del conflicto y están intentando hacer una nueva vida en Europa. 
Esas personas son las más vulnerables a las amenazas y la intimidación de las organizaciones que actúan en nombre de terroristas como los Tigres tamiles. 
Naturalmente, hay muchos grupos terroristas cuyas actividades se mantienen de forma similar. 
Procuran inteligentemente no contravenir las leyes del país anfitrión y así pueden continuar impunemente con sus horrendas actividades. 
Esa situación debe cambiar. 
Recomiendo la resolución sobre Sri Lanka a esta Asamblea. 
La cuestión del lugar que corresponde a los tamiles en Sri Lanka es un problema antiguo que se remonta al menos al año de la independencia, en 1948. 
Desde entonces ha habido acuerdos para conceder autonomía a la región tamil del Nordeste, que el Gobierno abrogó. 
En ese conflicto han muerto demasiadas personas. 
Ha habido un catálogo en aumento de violencia y violaciones de los derechos humanos por ambas partes: por los Tigres tamiles y, lamentablemente, por las fuerzas de seguridad gubernamentales. 
Están perfectamente documentados por organizaciones como Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe de 1999 sobre el país. 
En particular, los jóvenes tamiles pueden verse víctimas de la coerción violenta de los Tigres tamiles y de interrogatorios violentos por las fuerzas de seguridad. 
Está claro que miles de personas han resultado desplazadas dentro de Sri Lanka. Otros miles de personas han solicitado asilo y toda la población vive con miedo de la violencia. 
No podemos decir cuál es la situación exacta en este momento, pues está en vigor un bloqueo informativo total de los medios de comunicación como parte de un conjunto de nuevas leyes restrictivas aprobadas en mayo. 
La resolución lo expresa claramente. 
Antes de las elecciones de agosto se deben derogar esas leyes. 
Algo tiene que cambiar. 
Debemos hacer lo que podamos para laborar en pro de una solución pacífica y duradera. 
Está claro que la comunidad internacional ya no está dispuesta a considerar la lucha armada interior como un simple problema del Estado interesado y que, más que ventas de armas, lo que se necesita es una inversión política a largo plazo y negociaciones. 
Irlanda del Norte es un ejemplo claro de las dificultades de ese proceso, pero también de sus posibilidades. 
Esta resolución es importante por su petición del cese inmediato de las hostilidades y la falta de condiciones previas es una iniciativa digna de beneplácito. 
También contribuiría a mejorar la situación un acuerdo entre los propios partidos políticos de Sri Lanka, como también acogemos con satisfacción las gestiones del Gobierno de Noruega y otros y consideramos que el Commonwealth podría desempeñar un papel muy valioso en esa situación. 
Señor Presidente, éste es un día histórico y el de hoy es un debate histórico, porque, después de 17 años de guerra en Sri Lanka, el Parlamento Europeo está por primera vez debatiendo la forma de lograr de verdad la paz para esa isla destrozada por la guerra. 
En 1948, cuando Sri Lanka obtuvo la independencia, era uno de los países más prósperos del Asia meridional. 
En 1952 Lee Kuan Yew, el recién elegido Primer Ministro de Singapur, dijo: "Mi ambición es que Singapur emule a Sri Lanka en prosperidad, instrucción y nivel de vida". 
Cuarenta y ocho años después, esa hermosa isla de Sri Lanka ha sido destrozada por un grupo terrorista, ahora reconocido como la organización terrorista más poderosa del mundo. 
En Sri Lanka hay cuatro millones de tamiles y 15 millones de cingaleses. 
Un millón de tamiles viven en el norte; los otros tres millones viven en paz en el sur con los cingaleses. 
Ocupan puestos elevados en Colombo, el actual Ministro de Asuntos Exteriores es tamil, los empresarios más importantes del país son tamiles, como también lo son jueces, médicos, abogados y ministros del Gobierno... y no acaba ahí la lista. 
Y, sin embargo, tampoco acaba esa guerra sin sentido: para servir al objetivo exclusivo de un dirigente terrorista que persigue su propia ambición. 
En la resolución se expone el número de personas a las que ha asesinado. 
Hay que detener a los Tigres tamiles. 
Pido a los Estados miembros que proscriban esa organización terrorista y contribuyan a construir la paz y la estabilidad en Sri Lanka y apoyen firmemente la iniciativa que están adoptando actualmente los Gobiernos de Noruega y de la India. 
Señor Presidente, una vez más nos encontramos ante una crisis que ve a dos partes claramente enfrentadas. 
Si bien es cierto que es la primera vez que nos ocupamos de la misma, no es menos cierto que vemos casos similares todos los días. 
Está claro deseamos la paz, deseamos que estos problemas no se resuelvan con las armas, sino a través de la negociación. 
Sin embargo, no hay que olvidar que demasiadas veces se descuida el principio fundamental de autodeterminación de los pueblos sacrificado en aras de otro principio, igualmente válido pero opuesto y que no es otro que el principio de la integridad territorial de los Estados. 
Y aquí hay que elegir entre una u otra solución. 
No digo cuál es la mejor, no obstante, hay que tener el valor de enfrentarse con el problema en todos sus aspectos. 
Un colega ha mencionado el Estado de Singapur. 
En su momento, Singapur formó parte de Malasia, actualmente es un Estado independiente. 
Hubo una separación sin traumas y hoy Singapur ya no forma parte de Malasia, goza de su independencia territorial y estatal desde todos los puntos de vista, y esto sin traumas, sin homicidios, sin torturas, sin violencias. 
En cambio, hemos asistido, siempre en la misma área geográfica, a otro conflicto, el conflicto de Timor Oriental y este Parlamento se pronunció, con mucho retraso, a favor de la independencia de la parte oriental de la isla de Timor. 
A veces me resulta difícil llegar a comprender cómo las mismas personas, es decir, los mismos diputados, ante situaciones que tienen no digo puntos de similitud, sino cuando menos de analogía, adoptan posiciones diferentes. 
La isla de Timor Oriental se dividió en dos, existen dos entidades separadas tras un referéndum celebrado democráticamente, aunque en condiciones no óptimas. 
La población decidió cuál tenía que ser su futuro y, pese a lutos, conflictos, etcétera, consiguió lo que deseaba. 
Me pregunto por qué este Parlamento no desea que también en Sri Lanka se pueda celebrar un referéndum como el que tuvo lugar en Timor Oriental y después se respete su resultado. 
Señor Presidente, no voy a la zaga de nadie en mi deseo de paz para Sri Lanka y en mi condena de toda clase de violencia. 
Sin embargo, he de decir al Sr. Foster y al Sr. Heaton-Harris que necesitan verificar sus relatos y sus fuentes, porque, para que se logre una solución duradera en un conflicto, deben concurrir las dos partes. 
Conozco Sri Lanka, he estado en ese país. 
Puedo dar ejemplos a sus Señorías de lo que he visto. He visto a hombres tamiles acosados en las calles por soldados gubernamentales. 
Sé que los ciudadanos tamiles necesitan 11 páginas de documentos simplemente para viajar de Batticaloa, en el Este, a la capital, Colombo. 
Y, como cualquier diputado a este Parlamento, y todos los periodistas europeos, no pude ir a Jaffna recientemente ni he visto información televisiva alguna de la batalla en el Paso del Elefante. 
He visto los combates en Sierra Leona, Chechenia, Kosovo, pero nada de Sri Lanka, porque el Gobierno de Sri Lanka no permite que la prensa informe. 
Esa situación se remonta a una época anterior al pasado mes de mayo. 
El Gobierno de ese país ha aumentado el presupuesto de defensa en un 11% en un año y algún día tendrá que responder a las alegaciones de participación en el asesinato de destacadas figuras tamiles y otras violaciones de los derechos humanos. 
Debe haber paz para todos los ciudadanos de Sri Lanka, basada en los derechos, la humanidad, de los ciudadanos, y en la que los recursos estatales vayan destinados a construir comunidades y no a contribuir a su destrucción. 
Señor Presidente, la Comisión está tan preocupada como sus Señorías por la trágica y dramática guerra civil ininterrumpida durante los 17 últimos años, una guerra civil que afecta gravemente a toda la población de Sri Lanka. 
Conviene recordar que más de 60.000 personas han perdido la vida a lo largo de ese conflicto: personas de los dos grupos étnicos. 
Agradecemos las gestiones que se están haciendo en Sri Lanka para lograr una solución pacífica del conflicto, pero también reiteramos, como todos sus Señorías- estoy seguro -, nuestra preocupación por el respeto de las normas básicas del derecho humanitario internacional. 
La Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo respecto de los acontecimientos habidos recientemente en Jaffna y sus alrededores. 
El 15 de mayo, la Presidencia hizo pública una declaración sobre Sri Lanka. 
En ella se pedía a las dos partes, en primer lugar, que cesaran las hostilidades y entablasen negociaciones; en segundo lugar, que garantizaran la seguridad de la población civil y, en tercer lugar, que cooperasen con el Gobierno de Noruega en sus gestiones para facilitar una solución negociada del conflicto. 
Quisiera decir de pasada que me gustaría expresar mi agradecimiento por el papel desempeñado por el Gobierno de Noruega, que periódicamente nos recuerda con su comportamiento en la escena internacional lo que nos perdemos en la Unión Europea por la decisión adoptada en referéndum por el pueblo de Noruega. 
La declaración de la Presidencia pedía también acertadamente al Gobierno que levantara lo antes posible las restricciones de las libertades civiles y de la libertad de prensa, introducidas por las disposiciones sobre la situación de emergencia. 
En cuanto a nuestro apoyo a la rehabilitación en el norte y en el este de la isla, hay que encontrar una solución política viable y establecer cierto grado de paz antes de pensar en desempeñar un papel importante en ese proceso. 
Eso resulta bastante claro y razonable. 
Naturalmente, se seguirá prestando asistencia en favor de los refugiados y los desplazados dentro del país por mediación de la OACNUR y las organizaciones no gubernamentales. 
La Comisión Europea seguirá prestando ayuda humanitaria de emergencia a las poblaciones afectadas por el conflicto. 
Por mediación de nuestra delegación en Colombo, seguimos muy de cerca las repercusiones de la situación en la población civil y estamos permanentemente en contacto con el CICR, la OACNUR y las principales ONG. 
Yo visité por última vez Sri Lanka a finales del decenio de 1980. 
Volé a Jaffna- creo que fui el primer ministro de cualquier país que lo hizo- en la parte trasera de un helicóptero de combate indio. 
Por desgracia, 12, 13 años después, la violencia continúa. 
Ha sido un terrible cáncer para uno de los países más hermosos del mundo y con algunas de sus personas más talentosas. 
Las palabras, en ocasiones certeras, del veterano ministro Lee Kuan Yew nos recuerdan las posibilidades de Sri Lanka, que antes se nos han citado. 
Nos recuerdan lo que Sri Lanka ha perdido a consecuencia de esa violencia. 
Todos esperamos que acabe muy pronto. 
Si podemos contribuir a la labor que están llevando a cabo los Gobiernos de Noruega y de la India para lograr que las partes se reúnan, tendríamos mucho gusto en hacerlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, estimado Comisario, la crisis en Filipinas a la que nos estamos refiriendo, es trágica. 
Yo represento a uno de los países que tiene rehenes allí. 
Pedimos a la Comisión Europea y a sus representantes que continúen insistiendo ante el Presidente Estrada para que no use métodos violentos que pudiesen poner en riesgo la vida de los rehenes. 
También confío en que las ayudas médicas lleguen hasta los rehenes, por ejemplo, se debería permitir el acceso a Médecins Sans Frontière para así asegurar sus vidas. 
De todos los acontecimientos trágicos se puede extraer alguna enseñanza. 
Creo que el pueblo finlandés ha aprendido que la causa de este conflicto son las injusticias sociales que, junto con las violaciones a los derechos humanos, nos afectan a todos. 
Señor Presidente, señor Comisario, como europeos hemos de ser muy cautelosos cuando consideramos tales movimientos separatistas como los que se están mencionando aquí. En efecto, muchas de las fronteras con las que tenemos que ver en estos grandes estados insulares- Filipinas, Indonesia, Malasia- son sencillamente fronteras coloniales que hemos trazado artificialmente con arreglo a nuestros intereses políticos y económicos y que han desgarrado formaciones que se han desarrollado históricamente. 
En este sentido, somos culpables de muchos conflictos en esta región. 
Esto no significa que como europeos no tengamos la tarea de procurar que no se llegue al desmoronamiento de tales formaciones, con todos los peligros que esto implica. 
No deberíamos encumbrarnos demasiado. 
Hemos de admitir que tenemos una notable corresponsabilidad en este proceso. 
No obstante, nuestra función, naturalmente, es la de crear aquí paz y estabilidad y, sobre todo, combatir a los delincuentes que bajo pretextos políticos han secuestrado y maltratado a turistas inocentes, ciudadanos de la Unión Europea. 
No existe ninguna razón política tan buena como para vejar de semejante manera a seres humanos, tal como sucede allí. 
Por esta razón, hacemos un llamamiento a estos delincuentes para que dejen libres sin más demora a los ciudadanos de la Unión Europea y a todos los rehenes y damos todo nuestro apoyo al Sr. Solana y a todos los demás que están intentando contribuir a la terminación de este drama de rehenes. 
Deberíamos considerar también este drama de rehenes como un aviso a nosotros mismos para que en estas regiones no nos hagamos los ciegos por más tiempo o no persigamos solamente nuestros propios intereses, sino que contribuyamos a que se logren allí situaciones estables y pacíficas, pues allí están sangrando focos de conflicto y heridas que con frecuencia hemos abierto nosotros mismos en estas regiones a lo largo de la historia. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro pensamiento está con los rehenes y nuestros conciudadanos cuyo único objetivo era descubrir otros pueblos, y que siguen retenidos como rehenes por el grupo armado Abu Sayyaf. Ignoramos si se trata de una acción de bandoleros o de una reivindicación política. 
Hoy es la isla de Jolo la que está en el centro de las hostilidades con este terrible secuestro. 
En estas islas, caracterizadas por una frondosidad tropical y una pobreza sin nombre, el ametrallamiento de localidades, los secuestros, la exigencia de rescates, las torturas, son moneda corriente. 
Esta toma de rehenes, así como las múltiples violaciones de los derechos humanos, demuestran la manera en que estos movimientos armados de oposición han caído en la criminalidad. 
Si bien no podemos tolerar estos actos de violencia permanentes en contra de los derechos humanos, deploramos también el fracaso de las negociaciones de paz con el Gobierno Filipino. 
Sabemos asimismo que la violencia tiene sus raíces en la pobreza. 
Por eso apoyamos firmemente el llamamiento lanzado por el arzobispo de Manila al Presidente Estrada, a fin de que se realicen reformas socioeconómicas. 
A falta de una voluntad política para obtener resultados, debemos saber que la violencia continuará. 
Guinea Ecuatorial 
Señor Presidente, Señorías, nos ocupamos en el presente caso de una de las cuestiones que ha merecido en anteriores ocasiones la atención de este Parlamento. 
Es el caso de Guinea Ecuatorial, uno de tantos países africanos que han hecho una muy mala transición desde la época colonial, en los cuales las anteriores relaciones coloniales, por una parte, y las ambiciones de ampliar su área de influencia por parte de otros Estados miembros de la Unión, por otra, han impedido el apoyo necesario y conveniente a la aplicación de un auténtico sistema democrático. 
En el año 1999 hubo unas elecciones generales al Parlamento guineano, en las cuales los observadores internacionales constataron que se habían violado los derechos humanos, las garantías democráticas y la transparencia informativa. 
Ahora podemos volver a encontrarnos con la misma situación en las próximas elecciones del 28 de mayo, por lo que, según consta en esta Resolución, exigimos la intervención adecuada de la Unión Europea para garantizar que esta vez haya unas elecciones democráticas. 
Señor Presidente, ya se ha explicado cuál es el motivo de esta Resolución: en Guinea Ecuatorial persiste una situación política y social extremadamente grave. 
En primer lugar, no se han dado pasos hacia el establecimiento de un Estado de derecho basado en una democracia multipartidista y con pleno respeto de los derechos humanos. 
En segundo lugar, la población subsiste en unas duras condiciones de pobreza. 
El Gobierno del Presidente Teodoro Obiang ha incumplido todas y cada una de las promesas de democratización formuladas ante la comunidad internacional. 
Los partidos de la oposición se enfrentan a una persecución constante de sus dirigentes y militantes, algunos de los cuales son arrestados arbitrariamente y a veces torturados. 
Por supuesto, no tienen acceso a los medios de comunicación y se enfrentan a procesos electorales viciados, en los que la transparencia y la limpieza están plenamente ausentes. 
Ante los comicios municipales del 28 de mayo, existen indicios que nos preocupan, porque no está garantizada al día de hoy ninguna condición de democratización para la celebración de estos comicios. 
Por ello, estamos preocupados y solicitamos que haya una insistencia por ver cómo van a desarrollarse. 
Guinea se hunde cada vez más en el subdesarrollo. 
Paradójicamente, sus ingresos, que provienen del petróleo, son cada vez más cuantiosos, pero no llegan en absoluto a sus habitantes, sino que se queda con ellos únicamente la clase dirigente. 
Ante esta situación, como indica la Resolución que hemos presentado, exigimos al Gobierno ecuatoguineano el verdadero inicio de una transición hacia la democracia, cuyo primer paso entendemos que pueden ser estas elecciones municipales libres. 
La Unión debe presionar en este sentido, sin bajar la guardia ni dar crédito a más promesas falsas del Presidente Obiang. 
Por ello, si las elecciones municipales se celebran en las actuales condiciones, sin ningún tipo de garantías, no debe reanudarse de forma alguna la cooperación con Guinea, excepto- exclusivamente- la humanitaria. 
El Convenio de Lomé en su artículo 5 obliga a la Unión y a todos sus Estados miembros a exigir democracia y derechos humanos en Guinea Ecuatorial. 
Por ello creemos que esta Asamblea debe seguir en este mismo sentido. 
Señor Presidente, la convocatoria por parte del Presidente Obiang de elecciones municipales debería suponer un paso adelante en el camino de democratización de este país y, por tanto, en sí misma, deberíamos valorarla positivamente. 
Más aún si tenemos en cuenta que el Presidente de Guinea fue uno de los firmantes de la declaración de El Cairo y del plan de acción que la acompaña, donde se reconoce la necesidad de consolidar los principios democráticos, basados en el derecho de todos los ciudadanos a escoger libremente a sus dirigentes políticos mediante elecciones libres y, en consecuencia, la necesidad también de asegurar la celebración de elecciones transparentes y libres, y de adoptar los medios necesarios para el buen desarrollo de la observación de las mismas. 
Pero la experiencia de elecciones precedentes, en las que se constataron graves irregularidades y una total falta de transparencia, así como la falta de garantías democráticas que sigue dándose en Guinea, nos exige no sólo estar muy atentos al desarrollo del próximo proceso electoral, sino requerir con toda contundencia al Gobierno de Guinea y al Presidente Obiang para que adopten las medidas necesarias para garantizar la limpieza de estas elecciones. 
En especial, hay que velar por que el proceso esté abierto a todas las fuerzas políticas- lo cual conlleva la liberación de los presos políticos- y por que se garantice a la oposición el pleno ejercicio de sus libertades democráticas. 
Y hay que exigir también la presencia de observadores que puedan seguir, con toda libertad, el desarrollo de estas elecciones y comprobar si han sido respetados los principios democráticos. 
La celebración de estas elecciones puede suponer para Guinea la posibilidad de empezar a caminar por la senda de la democracia. 
Y puede suponer también el reencuentro con la Unión Europea y la obtención de la ayuda que la Unión Europea estaba dispuesta a verter sobre ella en caso de respetarse la democracia. 
Por ello, tenemos nosotros, en tanto que Parlamento, la obligación de ejercer presión sobre el Presidente Obiang y exigirle que estas elecciones se celebren y se desarrollen de acuerdo con los principios democráticos. 
Porque sólo así podremos devolver al pueblo de Guinea su plena libertad. 
Señor Presidente, no se puede ni se debe frustrar la oportunidad que se presenta para alentar la vía democrática para el pueblo de Guinea y, sobre todo, para su juventud, puesto que, en un ambiente de creciente empobrecimiento y desigualdad, el fracaso de la democracia supone, como contrapartida, el desencadenamiento de la espiral de la violencia y la represión, que a su vez desemboca en un conflicto bélico fomentado muchas veces desde fuera. 
La Unión Europea ha de exigir por todos los medios al Gobierno de Guinea Ecuatorial la libertad de todos los presos políticos y el fin de la coacción ejercida contra las fuerzas democráticas, para garantizar así que las próximas elecciones municipales se conviertan en esperanza para el pueblo de Guinea y en el comienzo de fructíferas relaciones entre Guinea y la Unión Europea. 
La lucha en el Irán por la reforma y la libertad presenta gran interés. 
Ha habido considerables razones para el optimismo con la elección del Presidente Jatami y la abrumadora votación a favor de candidatos reformistas en las elecciones de febrero, pero, como observa Human Rights Watch, la lucha por el control de la prensa es en muchos sentidos la lucha por el control de la dirección futura de la República Islámica en conjunto. 
El propio éxito del programa reformista parece haber provocado una reacción violenta por parte de las fuerzas conservadoras reaccionarias y un intento de castigar a la mayoría que votó en febrero a favor de la reforma. 
Ponen la mira en la prensa independiente, porque es un cauce importante para los reformistas. 
Evidentemente, esos intentos no podrán tener éxito a largo plazo, porque la población juvenil desea, impaciente, un cambio que muestre que el Islam y las garantías de derechos y libertades son perfectamente compatibles. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para alentar y apoyar la reforma, incluidas, en particular, salvaguardias jurídicas básicas de la libertad de expresión que impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el Irán. 
Entretanto, pedimos al Irán que cese la persecución de periodistas y escritores porque profesen opiniones que no amenazan el orden público ni la seguridad nacional, sino sólo los intereses creados de los conservadores. 
Señor Presidente, bahar, es decir, primavera. Ése es el nombre de un nuevo periódico independiente de la República Islámica de Irán. 
Esperemos que este diario exista todavía. 
De esa palabra, bahar, deriva un programa político claro, un respaldo indiscutible a la política de reformas del Presidente Jhatami. 
Este rumbo tal vez pueda resumirse como la aspiración de llegar a una sociedad civil. 
Los círculos conservadores iraníes consideran que esta línea representa un esfuerzo decidido por llegar a la secularización de su propio estado. 
No se equivocan. 
Para su creciente disgusto, estos fervientes defensores del statu quo político dentro de la República Islámica se han colocado a la defensiva desde la llegada al poder del Presidente Jhatami en 1998. 
Este hecho se ha visto subrayado por el descalabro sufrido en las elecciones parlamentarias de hace pocos meses. 
Los partidarios de la línea dura de Teherán utilizan todos lo medios a su alcance para cambiar la marea política. 
Pensemos en los macabros asesinatos de clérigos independientes de hace alrededor de un año y medio. 
Pensemos también en la represión implacable de la protesta estudiantil del año pasado. 
Además, los partidarios del líder revolucionario Jhamenei intentan eliminar sistemáticamente la prensa crítica independiente a través de las restricciones a la libertad de prensa. 
Las elecciones parlamentarias supusieron una bofetada muy dura para los ultraconservadores. 
De ahí su reacción furiosa del mes pasado: el cierre de todos los diarios reformistas, exceptuando tan sólo tres de ellos. 
La presente resolución conjunta toma partido por los periodistas iraníes perseguidos o condenados al paro. 
Éstos se sabían y saben respaldados por la gran mayoría de la población ¿Por qué? 
Porque han tenido el valor de manifestarse en público contra la servidumbre social que se mantiene por los claros métodos terroristas del aparato estatal. 
El Parlamento Europeo pretende apoyar con esta resolución a los redactores persas en su lucha por la libertad de prensa y el destierro del miedo de los escritorios. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero dar las gracias por la posibilidad de hablar hoy una vez más sobre Irán. 
El proceso de reforma en Irán se encuentra amenazado. 
Antes de que el Parlamento reformista, recién elegido, pueda reunirse, se está agudizando en Irán de manera amenazadora la lucha por el poder. 
Estamos consternados por la información manipuladora relativa a una conferencia de la Fundación Heinrich Böll en Berlín. Y estamos extraordinariamente preocupados sobre las detenciones de periodistas y de intelectuales críticos como consecuencia de esta conferencia. 
Estamos impresionados, además, por la prohibición en Irán de todos los periódicos y revistas de orientación reformista. 
Hacemos un llamamiento a las autoridades iraníes para que sin más dilación pongan en libertad a los participantes en la conferencia y periodistas que fueron detenidos, a que dejen sin efecto todas las órdenes de detención que han sido dictadas en este contexto, a que autoricen de nuevo los periódicos y revistas que han sido prohibidos y, no en último término, a que respeten la voluntad política de la población iraní que se ha puesto de manifiesto de manera impresionante en los resultados electorales. 
Pedimos al Consejo y a los Estados miembros, así como a la Comisión, que intervengan ante Irán en favor de estas exigencias y hagan del respeto de los derechos humanos el fundamento de la ulterior cooperación con Irán. 
Señor Presidente, actualmente estamos viviendo una tendencia masiva contra la libertad de prensa. 
En la semana pasada las tropas del Sr. Puttin, en Rusia, han ocupado la mayor editorial de la oposición. 
En Belgrado ha ocurrido ayer lo mismo con la emisora independiente de radio, Belgrado. 
En Irán estamos viendo que se prohiben periódicos, periódicos que no hacen otra cosa que ser la voz de fuerzas y de personas que en las últimas elecciones, que han encarnado y encarnan una esperanza en el pluralismo en Irán. 
Por esta razón, puedo sumarme por completo a nuestra colega, la Sra. Rühle. 
Debemos aprovechar la fase actual para apoyar de manera masiva a las fuerzas democráticas y las fuerzas reformistas de Irán. 
En efecto, en la actualidad estamos viviendo una situación de renovación y, al mismo tiempo, de retroceso. 
A este respecto importa mucho que no dejemos solas y en el aislamiento a todas estas fuerzas, como intenta el régimen. 
Por esta razón ha sido tan desolador que se haya llegado a estos sucesos en esta conferencia de Berlín, que el gobierno ha tomado como uno de los pretextos para proceder contra la oposición en Irán. 
Soy de la opinión de que en realidad un diálogo con Irán es la única posibilidad de influir en la evolución de allí. 
Ahora no debemos dejar sola a la oposición mediante medidas que fomenten el aislamiento, sino que en intenso contacto con la oposición más el influjo masivo del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión ejerzamos presión para que en Irán no se vuelva a estrangular por completo el proceso de democratización que, aunque débil, está cargado de esperanza. 
Birmania 
Señor Presidente, este décimo aniversario de las elección de la NLD de Birmania es una ocasión desagradable. 
Me refiero, por supuesto, a su entrada en la ASEAN. 
Puede ser que los Estados miembros de esa organización lo hayan decidido así teniendo todo tipo de intenciones respetables y con la esperanza de que condujera a la democratización de Birmania. 
Sin embargo, debemos señalar que esto no ha funcionado, no ha tenido éxito y, quizá, incluso ha sido erróneo, a juzgar por la expresión de los rostros de los mandatarios birmanos cuando este mes fueron anfitriones de los Ministros de Economía de la ASEAN. 
La relación entre la Unión Europea y la ASEAN no puede, en lo que a nosotros respecta, ser la víctima del problema de Birmania. Esta relación es demasiado importante como para permitirlo. 
Eso significa que tenemos que continuar aprovechando la ocasión para sacar a relucir la situación de Birmania en nuestros contactos con la ASEAN. 
Igualmente, debemos señalar que nuestras propias sanciones tampoco han funcionado tan bien. 
Tal vez sea bueno que reflexionemos sobre si podemos imponer las llamadas sanciones inteligentes a Birmania. 
Éstas sólo deben perseguir un objetivo: el restablecimiento de la democracia en ese país. 
Ayer se produjo la detención de 95 miembros del NLD y la situación en Birmania ha llegado a ser insostenible. 
Uno de los aspectos decisivos que debemos examinar es el papel de algunas compañías petroleras multinacionales europeas, en particular la compañía francobelga Total Fina. 
También debemos criticar al Gobierno francés por el apoyo que presta al Gobierno. 
Incluso el Gobierno británico es más progresista en su política al respecto. 
El Gobierno británico ha pedido, de hecho, a Premier Oil que se retire de Birmania. 
El Gobierno francés debe seguir el ejemplo del Gobierno británico. 
Resulta inaceptable que las compañías multinacionales europeas inviertan y respalden un sistema en el que se producen violaciones en gran escala de los derechos humanos. 
En cuanto a las sanciones, debemos responder, la verdad, al llamamiento de que apliquemos sanciones económicas contra el SPDC y cortemos los vínculos entre Europa y Birmania basados en el comercio, la inversión y en particular el turismo. 
Resulta inaceptable que, en una situación en la que se producen violaciones flagrantes de los derechos humanos, en que se deniega a la población la vida y la libertad, invirtamos en turismo. 
Señor Presidente, debo declarar un interés, porque soy un árbitro de fútbol de primera clase y muy activo y llevo 18 años relacionado con el fútbol en muchos niveles. 
Esta resolución examina las disposiciones relativas a la seguridad en la próxima Copa de Europa 2000 para que este verano los seguidores y amantes del fútbol decentes puedan moverse por toda Europa y asistir a partidos de fútbol sin miedo ni preocupación por su seguridad: se trata de una petición muy oportuna, en vista de lo sucedido en Copenhague. 
La mayoría de los diputados no considerarán polémica esta propuesta. 
Sin embargo, entiendo, desde luego, que haya algunas preguntas sobre la idoneidad del estadio de Charleroi y su aptitud para albergar con seguridad el partido Inglaterra-Alemania del 17 de junio. 
Voy a abordarlas ahora, porque creo que sobre esos aspectos es sobre los que los ciudadanos quieren recibir información. 
Agradezco al programa BBC Watchdog que me facilitara detalles de las conclusiones de un renombrado experto británico en materia de estadios deportivos, el Dr. Jim Dickey. 
Tras un breve examen de la estructura provisional situada por encima de la tribuna septentrional en Charleroi, llegó a la conclusión de que había demasiados asientos en las filas, que la tribuna es demasiado empinada, que las barreras de seguridad demasiado bajas, las salidas de la tribuna demasiado estrechas y los escalones en la parte trasera de la tribuna demasiado amplios. 
Esa tribuna, como todas las demás, estará totalmente ocupada el 17 de junio. 
Entretanto, unos kilómetros más arriba, el estadio Rey Balduino, estadio nacional de Bélgica y probablemente uno de los más seguros actualmente de toda Europa, permanecerá vacío ese día. 
Comprendo el orgullo regional de muchos diputados de Bélgica y no pongo en entredicho el mucho tiempo dedicado por los organizadores de la Copa de Europa 2000 a examinar los aspectos relativos a la seguridad de la competición. 
Pero es evidente que debería prevalecer el sentido común y se debería revisar esa situación para ver si debe continuar en el futuro. 
Espero que sus Señorías apoyen esta propuesta, porque se trata de algo que podemos mejorar, en realidad. 
¿Por qué no examinar un acontecimiento por anticipado y no tener que preocuparse por las consecuencias de las malas acciones de unas pocas personas violentas después de un acontecimiento futbolístico? 
Señor Presidente, espero que el 17 de junio haya un gran partido de fútbol entre Inglaterra y Alemania. 
La mayoría de la gente está deseosa de asistir a un buen partido y espera que sea seguro. 
Pero, por desgracia, no es ésa la opinión de todo el mundo. 
El grupo operativo antivandalismo de la policía alemana ha dicho que está bastante seguro de que habrá vándalos. 
Nada puedo decir de los vándalos alemanes, pero puedo hablar de los vándalos ingleses del fútbol... no puedo decir "hinchas" y ni siquiera la palabra "vándalo" es bastante fuerte para esa clase de personas. 
Hay un grupo de personas que se proponen- de eso no cabe duda- asistir. 
Si lo dudan sus Señorías, basta con que contemplen las fotografías de la prensa sobre los problemas que hubo anoche en Copenhague. 
Además de los problemas que podrían ocurrir dentro del estadio de Charleroi hay un grave problema que, como ha explicado mi colega, se puede producir en las calles de los alrededores del estadio. 
El jefe de la Federación de Policía de Bélgica ha dicho que está preocupado. 
Hemos de decir ahora a las autoridades belgas y a las autoridades futbolísticas europeas que deben optar por un terreno más seguro en otro punto de Bélgica y se ha citado el estadio de Bruselas. 
Señor Presidente, Señorías, es reconfortante, naturalmente, tras el cortejo de horrores mundiales, plantearse otros problemas; aunque después de reflexionar, volvamos a contemplar imágenes difícilmente soportables. 
Sin embargo, pienso que la propuesta que se nos somete aborda el problema correctamente. 
Así, cuando el apartado 2 de la resolución "expresa su preocupación frente al hecho de que el estadio del país de Charleroi, que debe acoger varios encuentros, en particular el partido Inglaterra/Alemania, no responde a las normas belgas de seguridad en la materia", dice algo que no es verdad. 
Es falso. 
Por una serie de razones. 
Primero porque los organizadores de cualquier encuentro en Bélgica y los promotores de cualquier estadio deben estipular un acuerdo de Derecho público con el ayuntamiento en el que está ubicado el estadio y porque dicho acuerdo vincula personalmente al burgomaestre. 
Nuestro honorable colega se ha referido al orgullo nacional. 
Los belgas saben todo lo que deben, para bien o para mal, a la noción de orgullo regional, y, por consiguiente, la utilización de un estadio requiere no sólo la firma del burgomaestre, sino también la del ministro de Interior. 
Es absolutamente falso, por lo tanto, hablar de exceso regional. 
Por otra parte, todo el mundo sabe, o se supone que sabe, que no es sólo la población de Charleroi quien ha elegido este encuentro. 
Finalmente, en el marco del Euro 2000, a estas exigencias se ha añadido una exigencia suplementaria: el estadio debe estar autorizado por la Unión Europea, la UEFA. 
Y, en relación con todos los estadios que se transformaron para acoger a un número suficiente de visitantes, la UEFA no sólo dio una autorización in fine del procedimiento, sino que fue asociada a la organización material de la revisión de los estadios. 
Conozco la cuestión porque trabajé, como burgomaestre de la ciudad de Lieja, en la preparación de un estadio del mismo tipo. 
En conclusión, lamento decir que nuestros colegas se apoyan en premisas inexactas y que, por lo tanto, sólo pueden sacar conclusiones falsas. 
No soy el único que lo piensa; mi colega Desama se habría expresado en este sentido si hubiera podido hacer uso de la palabra; ocurre lo mismo con nuestro colega holandés, el Sr. Van den Berg, quien me ha pedido que señalara que él entendía, personalmente, que además de una responsabilidad belga, existía en este caso una cooperación muy fuerte... 
... una cooperación muy estrecha con el Gobierno holandés y se inició en el comienzo mismo y ampliamos esa cooperación con Francia en vista de las enseñanzas que se desprendieron del Campeonato Mundial y de muchos otros países- 14, creo, incluido el Reino Unido, naturalmente -, porque queríamos mantener contactos con los países que podrían enviar equipos a Bélgica. 
Señor Presidente, concluiré diciendo que la tercera y última observación es la de que creo que el Parlamento debe formular normas y no correr riesgos. 
¿Vamos a ocuparnos mañana o la semana que viene de los trenes que salen de la estación de Paddington? 
Señor Presidente, considero que este texto tiene varias ventajas. 
Nos permite recordar que todos estamos de acuerdo en condenar el hooliganismo y que todos queremos, evidentemente, luchar, en toda la medida de nuestras posibilidades, contra este fenómeno. 
Desearía, con todo, recordar también que, desde hace ahora dos años, tanto en los Países Bajos como en Bélgica, con profesionalidad, los medios deportivos, las autoridades políticas, y también las autoridades policiales preparan el Euro 2000, e incluso desde el punto de vista material, se han realizado inversiones colosales. 
A pesar de ello, ¿sigue existiendo un riesgo? 
Sí, pero siempre habrá un riesgo. 
Si nos encontramos frente a un fenómeno como este, jamás podremos decir que nada ocurrirá. 
Pero, de una manera muy deportiva, desearía decir a nuestro colega británico que ello no justifica que se explote a priori un acontecimiento de esta naturaleza con cierta demagogia y que se propaguen incluso informaciones falsas en documentos oficiales del Parlamento Europeo. 
El punto 2, y el Sr. Dehousse lo ha indicado, es inexacto. 
Las autoridades belgas han dado la autorización con respecto al estadio de Charleroi. 
El punto 3, que indica que, en su caso, el estadio Rey Balduino sería arrendatario en Bruselas, es falso. 
Ninguna autoridad, ningún responsable se ha expresado en este sentido. 
Por consiguiente, creo que ser razonables y, naturalmente, no recoger estos textos. 
Finalmente, nuestro colega ha indicado que estaba encantado con la publicidad que le había hecho la BBC. 
He recogido las palabras que ha transmitido por la BBC alguien que no es árbitro de fútbol como usted, sino entrenador del equipo del Reino Unido. 
¿Qué ha dicho el Sr. Keegan, y concluyo, señor Presidente, durante su visita a Charleroi? : el estadio es adecuado para que se juegue un partido de alto nivel. 
Considera incluso que dicho estadio no es muy diferente de muchos estadios de Inglaterra. 
Por lo tanto, ¡sean deportivos! 
Si usted es árbitro, señor Heaton-Harris, tiene usted un punto de vista, pero prefiero el punto de vista del Sr. Kevin Keegan, que me parece más cualificado, y, por tanto, renuncie y retire su propuesta. 
Señor Presidente, no me cabe la menor duda de que todos queremos que haya una erradicación del vandalismo en el fútbol en el nivel europeo y mundial. 
Sin embargo, debemos procurar no hacerlo de un modo que limite el disfrute de los seguidores auténticos. 
Así, pues, se debe examinar esa cuestión en el nivel europeo y debemos guardarnos de vernos envueltos en discusiones locales sobre la capacidad y la seguridad de determinados estadios, estén donde estén. 
Debemos preguntarnos por qué han fallado repetidas veces las medidas adoptadas en el pasado para crear una cultura del disfrute en el fútbol para todo el mundo. 
Acojo con beneplácito el diálogo en curso entre la Comisión y los clubes deportivos y futbolísticos sobre cómo se podría mejorar la situación. 
Las personas que dirigen el juego son las que, mediante un diálogo constructivo, podrán encontrar en su momento soluciones para el cáncer del vandalismo y- conviene decirlo- del racismo que afecta al más popular de todos los deportes. 
Señor Presidente, creo que, a pesar de todo, debemos, tomar en serio estas cuestiones de hooliganismo. 
Ahora sabemos que decenas de millones de personas se apasionan por este deporte, y, después de la Copa del Mundo de fútbol, que ganó Francia, esperan con impaciencia el Euro 2000. 
Considero que el fútbol se ha convertido en un deporte de masas, en un deporte popular, y que se trata, en definitiva, de la seguridad de nuestros hijos, de nuestros hermanos pequeños, de los adolescentes, que frecuentan los estadios. 
Creo, por consiguiente, que no podemos contentarnos únicamente con decir: "existen riesgos, siempre existirán riesgos". 
Creo que es necesario tratar de oponerse en la medida de nuestras fuerzas a este fenómeno del hooliganismo. 
Digo esto, porque no se puede dejar empañar la imagen de los verdaderos seguidores por la acción de algunos extremistas violentos, que toman como pretexto las grandes concentraciones para cometer actos inaceptables. 
Es bueno que en la resolución se señale que deben adoptarse medidas de seguridad adecuadas. 
Durante la última Copa del Mundo de fútbol, como recordarán, unos hooligans cometieron actos de violencia muy graves, agrediendo concretamente a un policía que estuvo durante largo tiempo en coma y que hoy sufre una parálisis de por vida. 
Creo, pues, que todo esto no es una fatalidad, que debemos buscar los medios, por ejemplo, para castigar a los hooligans en los países de la Unión Europea donde cometen sus fechorías. 
En este sentido, considero que existe un importante ejemplo reciente en Francia. 
Desde hace años, algunos hooligans franceses de ideología nazi se habían adueñado de una tribuna de seguidores en el Parque de los Príncipes, en París. 
Aprovechaban los partidos para desahogar su odio, lanzar eslóganes nazis y hostigar a las personas de raza negra y a los árabes a la salida del club. 
El París-St-Germain lo dejaba correr y había incluso terminado por prohibir el acceso a dicha tribuna a toda persona de color moreno, alegando razones de seguridad. 
Tras una denuncia de la asociación francesa SOS Racismo, y frente a la amenaza de una condena, el club se comprometió a poner fin a estas prácticas y a no tolerar más a los hooligans en el estadio, controlando rigurosamente las entradas. 
El París-St-Germain emite ahora, antes de cada partido, un vídeo contra el racismo que fomenta los valores de la amistad, de la fraternidad y del placer del deporte. 
Eso demuestra que se puede actuar, eso demuestra que la fatalidad no existe, y creo realmente que, desde el momento en que sabemos en lo que se ha convertido el fútbol, con las decenas de miles de jóvenes que acuden a esos estadios, debemos verdaderamente estar atentos y no tomar estas cuestiones a la ligera. 
Señor Presidente, el PPE no respalda la resolución de los colegas británicos y ha anunciado que no votará a favor. 
No porque no queramos denunciar la violencia creciente que tiene su origen en los partidos de fútbol. Sí porque la resolución, tal como está redactada, es demasiado restringida y pobre y, así, no hace justicia a este hemiciclo. 
Señorías, no es nuestra tarea expresarnos políticamente sobre un cierto partido que se jugará en un lugar determinado y, tampoco, realizar valoraciones técnicas sobre la pertinencia de un estadio de fútbol para un partido de la EURO 2000. 
Hubiera sido mejor indicar, en primer lugar, y eso es lo que quiero hacer en nombre de muchos colegas del PPE, que la seguridad es el objetivo esencial al que debe prestarse mayor atención y por el que también se han realizado muchos esfuerzos en relación con la EURO 2000. 
En segundo lugar, que se ha hecho un llamamiento a todos aquellos que se ocupan de la seguridad durante la EURO 2000 para que trabajen de forma sumamente preventiva. 
En tercer lugar, exhortamos a los servicios de policía de todos los países participantes a que logren salvar los obstáculos que impidan una estrecha colaboración. 
En cuarto lugar, hacer un llamamiento a favor del juego limpio a todos los implicados, tanto organizadores, como jugadores e hinchas. 
Es lamentable que esta resolución relativa al partido que enfrentará a Bélgica con el Reino Unido se proponga primero en el PPE y, después, aquí, en este hemiciclo. 
Espero, por de pronto, que este partido se desarrolle deportivamente, y también espero que los belgas no sólo ganen este encuentro aquí, sino también algunos durante la EURO 2000. 
Señor Presidente, el vandalismo en el fútbol no constituye una reacción marginal, sino que se configura como una clara subcultura. 
Una subcultura no se controla tan fácilmente. 
En mi opinión, la única solución es la tolerancia cero, de modo que se actúe sistemáticamente contra toda infracción y se sancione de forma efectiva toda transgresión. 
El contenido de la presente resolución no trata, consciente o inconscientemente, las causas de este vandalismo. 
Los promotores de la iniciativa pretenden criticar claramente la organización de la EURO 2000. 
Los liberales no quieren seguirles el juego. 
Tenemos en consideración los enormes esfuerzos que los Gobiernos de los países organizadores han realizado para que la EURO 2000 se desarrolle en las mejores condiciones posibles. 
En vísperas de la EURO 2000, sólo deseamos exhortar a los responsables a fin de que se mantengan muy alerta para lograr el objetivo perseguido, a saber, hacer una fiesta de la EURO 2000 para los cientos de miles de asistentes y los varios millones de telespectadores. Una fiesta que debe contribuir a difundir una imagen positiva de Europa. 
Señor Presidente, no podemos respaldar la resolución presentada. 
Era partidario de que se discutiera la cuestión del vandalismo en el fútbol, pero esta resolución finalmente sólo ha servido para completar el orden del día. 
No compete a este Parlamento discutir sobre la seguridad de un partido de la EURO 2000 bajo presión de lo que considero es la idea de una parte de la opinión pública británica. 
Así mismo, considero que supone una ofensa para los organizadores belgas de este encuentro y para las autoridades internacionales implicadas. 
Es lamentable, ya que se trata de la lucha contra el vandalismo en el fútbol y sobre esta cuestión hay mucho que decir. 
También merece atención la llamada second opinion que ahora se maneja, conforme a la cual un grupo que no forma parte de la organización analiza las medidas y realiza sugerencias. 
Señor Presidente, los vándalos ya han conseguido, con mucho éxito, amargar el placer de los verdaderos seguidores. 
No lo lograrán durante la EURO 2000, ya que se convertirá para todos en una fiesta del fútbol. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Voy a ser muy breve, pero hago uso de la palabra sobre un asunto que es muy importante para la mayoría de los diputados a este Parlamento. 
Esta semana ha habido en varias ocasiones visitantes de fuera del Parlamento y, de hecho, simples personas del público en el bar de los diputados. 
Sé que varios diputados no han podido conseguir nada de comida esta semana. 
¿Podrían los Cuestores darnos una aclaración al respecto para que haya un bar de los diputados? 
No me opongo a que se entre con uno o dos miembros del personal o con quien sea en el bar, pero llevar grupos de veinte visitantes o más no está bien. 
Espero que se nos dé una aclaración. 
Gracias, señor Sturdy. 
Remitiremos ese asunto al Colegio de Cuestores, como ha pedido su Señoría. 
Señor Presidente, tengo entendido que vamos a votar las dos últimas resoluciones sobre Guatemala y el tratado de no proliferación sin debate. 
No voy a cuestionar esto, pero quiero dejar constancia de lo inusitado que resulta que el Parlamento dedique media hora a discutir las gamberradas en los estadios de fútbol- yo soy una gran amante del fútbol- y ni siquiera un minuto para la mayor gamberrada del mundo, esto es, las armas atómicas. 
Su observación es oportuna. 
Esta mañana se ha adoptado la decisión de votar a las 18.00 horas y de que se votarán las urgencias que no se haya podido examinar, aunque no se hayan debatido. 
El asunto del vandalismo futbolístico figura entre los asuntos relativos a los derechos humanos. 
Ese debate ha concluido. 
Conque hemos acabado toda esa sección. 
No quiero una multitud de debates. 
Tenemos mucho que votar hasta esta noche. 
Señor Presidente, está claro que ahora quiere usted evitar un debate largo, pero creo que esta mañana a la hora de decidir no quedó claro que las urgencias tenían que ser simplemente barridas bajo la alfombra. 
Si ese hubiera sido el caso muchos colegas hubieran votado de diferente manera. 
Creo que en este Parlamento en ningún caso debe suceder que cuestiones que desde comienzos de la semana están incluidas en el orden del día sean simplemente barridas bajo la alfombra. 
Deseábamos hablar sobre Guatemala. 
Durante toda la semana contamos con la presencia de diputados de Guatemala e intentamos explicarles que deben mejorar su democracia y el respeto de los derechos humanos. 
¡Si ni siquiera debatimos sobre el asunto, entonces creo que no estamos dando en absoluto un buen ejemplo! 
Quisiera señalar simplemente a la atención de sus Señorías el apartado 6 del artículo 50: "El Presidente y los presidentes de los Grupos políticos podrán decidir que se someta a votación sin debate una propuesta de resolución". 
Ése es el artículo conforme al cual se ha establecido este procedimiento. 
Convengo con su Señoría en que no debe sentar precedente. 
Pasemos ahora a la votación. 
Señor Presidente, quisiera decir algo respecto de la votación, concretamente que se podría intentar hacer algo contra esta votación tanto a causa del hecho de no respetar el plazo de 24 horas como, según las circunstancias, por el quórum. 
¡No quisiera hacer esto, pero sí pedirle a nuestra colega la Sra. Buitenweg y a sus amigos que, por su parte, respeten una moratoria y que desplieguen mañana en esta Asamblea su acción de sabotaje! 
Señor Presidente, mi intervención es, de hecho, una cuestión de orden, exactamente en el mismo sentido de mi colega y lamento que la Sra. Buitenweg haya participado en maniobras de sabotaje y yo quería reaccionar contra afirmaciones reiteradas que hemos oído de la Sra. Buitenweg, de la Sra. Van Lancker y del Sr. Howitt, que son acusaciones de sabotaje contra otros, cuando ha sido la propia Sra. Buitenweg quien ha encabezado efectivamente el movimiento de sabotaje del funcionamiento de esta Asamblea. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Quisiera proponer que celebremos una votación ahora mismo. 
Esta mañana hemos celebrado el debate sobre este asunto, hemos adoptado nuestra decisión, pues acabemos con ello. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, todos somos distintos. 
No obstante, somos iguales. 
En nuestra opinión, hay que partir de la solidaridad, la dignidad humana y las semejanzas. 
Toda persona tiene derecho a ello. 
Desgraciadamente, existe una larga tradición de trato desigual, en primer lugar, por los que ejercen el poder a fin de convertir a los otros en dependientes. 
Pueden tratar de forma desigual a esas personas, recompensándoles o castigándoles por cualidades sobre las que no pueden influir de ningún modo. 
Esto no sólo lo han hecho los dueños de esclavos y los militares coloniales, sino también los empresarios y responsables políticos. 
Se crea, así mismo, una discriminación cuando se hacen escasear innecesariamente las necesidades básicas de las personas. 
Si cada uno tiene que luchar por conseguir un puesto de trabajo, una formación o una vivienda, se está propiciando una lucha de intereses entre grupos. 
La gente piensa que si los otros no estuvieran allí, tendrían más. 
Desde una concepción racista, simplemente se trata de poder disponer o no de los escasos suministros. 
Todo el que pertenezca a otro grupo se considera un competidor indeseable en el mercado de trabajo o en el mercado de la vivienda. 
Seguimos viendo cómo los empresarios y la policía tienen prejuicios y tienden al trato desigual en Europa Occidental. 
Además, hay grupos que quieren obtener una ventaja política de la escasez y de los sentimientos egoístas a fin de enfrentar a unos grupos con otros. 
Que la lengua de los trabajadores y los agricultores esté ahora presente en el estado y en la enseñanza de los nuevos países recientemente creados en Europa del Este, obedece a un proceso necesario de democratización, pero no puede llevar aparejada una discriminación e, incluso, la expulsión de las minorías del ámbito geográfico de ese estado. 
Todos tenemos derecho a la protección frente a los actores políticos y económicos que sacan provecho de la discriminación. 
El derecho de elección de los recién llegados; un buen trato a los refugiados políticos; la igualdad de trato de todos los habitantes de la Unión Europea, independientemente de su nacionalidad; y la utilización de la inversión de la carga de la prueba por los tribunales constituyen un medio indispensable para ello. 
El Grupo de Izquierda Unitaria es partidario de reforzar al máximo la posición de las víctimas de la discriminación y está en contra de todos los intentos que pretenden debilitar esta protección. 
Señor Presidente, he votado a favor de la propuesta de directiva contra las discriminaciones raciales y de origen étnico. 
Lo he hecho con gusto y, sobre todo como representante del Partido de los Pensionistas, estoy contento de haber contribuido con mi voto a la aprobación de esta directiva. 
Las personas mayores y los pensionistas vivieron la Segunda Guerra Mundial, saben qué significa tener comportamientos antirraciales. 
Confiaban en que no se tendría que volver sobre este tema y nada menos que con unas leyes, porque hay que impedir que se perpetúen acciones antirraciales y antiétnicas. 
Espero que esta ley se convierta en inútil cuanto antes porque esto significará que ya no habrá comportamientos antirraciales y antiétnicos: que se convierta en inútil como cualquier ley contra las discriminaciones. 
Lamentablemente, al no ser así, Europa hace bien en expresar tan clara y públicamente su posición. 
. (FR) La propuesta de directiva presentada por la Comisión para poner en práctica el principio de la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y sobre todo el informe Buitenweg del Parlamento Europeo, demuestran claramente que lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Sin embargo, la propuesta parecía al principio bien intencionada. 
Se trataba de mejorar en la Unión Europea la protección de las personas víctimas del racismo. 
Pero, en realidad, el texto que acaba de presentarse está tan obsesionado por perseguir las discriminaciones que pierde totalmente de vista los principios elementales del Estado de Derecho e incluso- es el colmo- el principio de igualdad de trato de las personas. 
Sin olvidar, evidentemente, que, como es habitual, la propuesta de directiva hace poco caso de la subsidiariedad y del necesario margen de apreciación de los Estados miembros. 
En particular, sobre el capítulo del Estado de Derecho, se lee con estupor en el propio texto de la Comisión que si, en una situación dada, surge una simple presunción de discriminación, es la parte demandada la que debe probar su inocencia (artículo 8). 
El efecto de esta disposición sería tanto más destructivo por cuanto la presunta discriminación podría ser una simple "discriminación indirecta", que, según el artículo 2b, se produce "cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro afecte o pueda afectar de forma intrínseca negativamente a una persona o grupo de personas de un origen racial concreto". 
Pero este empeño "antidiscriminación" encuentra pronto sus límites, siempre en el propio texto de la Comisión, cuando se trata de adoptar medidas particulares para compensar las desventajas de un grupo étnico que supuestamente sufre desventajas (artículo 5). 
Vemos aquí como se esboza la famosa política norteamericana de la "discriminación positiva", que, por otro lado, en los propios Estados Unidos hoy se pone en entredicho. 
Y no se trata más que del texto de la Comisión, que es más moderado. 
El informe del Parlamento Europeo añade elementos en todos los ámbitos. 
Sin embargo, algunos parecen haber dudado en la Comisión, ya que se han tomado el trabajo de añadir a la propuesta de directiva una justificación de su posible efecto en las empresas. 
Este procedimiento infrecuente demuestra muy bien que la cuestión no está clara. 
En esta justificación, la Comisión afirma pura y simplemente que "la directiva reforzará la competitividad de las empresas europeas, procurando que éstas dispongan de un mayor volumen de competencias y de recursos, y que dichas competencias sean utilizadas independientemente del origen racial o étnico". 
Desdichadamente, esta afirmación, que sólo pretende tranquilizar la conciencia de los redactores, resulta completamente falsa. 
Es evidente que los empresarios corren el peligro de encontrarse acosados, concretamente en el ámbito de la contratación, por las amenazas de personas cuyas candidaturas han sido rechazadas. 
Sin embargo, no puede negarse que la inmigración contemporánea, en los países europeos, está compuesta sobre todo por personas no cualificadas, procedentes de países donde la experiencia del trabajo en las empresas, tal como lo practicamos nosotros, es particularmente escasa. 
Amenazado por esta nueva legislación, y para no crearse complicaciones, el empresario puede verse obligado a realizar contrataciones injustificadas, que obstaculizarán la competitividad de su empresa. 
Por todas estas razones, rechazamos el informe Buitenweg, y esperamos que el Consejo, que debe deliberar por unanimidad en aplicación del artículo 13 del Tratado CE, rechace por su parte la propuesta de la Comisión. 
. (FR) Habría votado a favor de la resolución habida cuenta de los puntos positivos que contiene y de las esperanzas que algunos de dichos puntos podrían legítimamente hacer abrigar. 
Sin embargo, dos intervenciones del Sr. Désir han puesto de relieve que los textos, en todo caso en su versión francesa, contenían disposiciones totalmente contrarias a los principios del Derecho Internacional y, en particular, al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Por eso me he abstenido en la votación sobre la resolución legislativa. 
. (FR) Hemos votado a favor del informe Buitenweg, que apoya y mejora en muchos puntos la propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. 
En efecto, el mismo establece que "una diferencia de trato basada en una característica vinculada a la raza o al origen étnico no constituye una discriminación cuando, en razón de la naturaleza de una actividad profesional o de las condiciones de su ejercicio, la característica de que se trata constituye una exigencia profesional esencial". Dicho artículo está en total contradicción con las disposiciones de los convenios internacionales y europeos sobre derechos humanos y la eliminación de cualquier forma de discriminación social, que obligan a la Unión Europea y a los Estados miembros que los ratificaron, así como con las leyes y constituciones de varios Estados miembros de la Unión Europea. 
Este artículo no podrá transponerse al Derecho francés, por ejemplo, ya que el Consejo Constitucional está obligado, con razón, a oponerse a ello. 
Si dicho artículo se mantuviese en la versión definitiva de la directiva constituiría por primera vez una base legal respecto de discriminaciones basadas en "una característica vinculada a la raza o al origen étnico en el Derecho del Trabajo". 
Deseábamos acompañar nuestro voto con esta reserva que se aplica igualmente a la utilización, en la versión francesa en todo caso, de la palabra "raza" de manera totalmente inapropiada en varios artículos. 
En el artículo 2, por ejemplo, donde se utiliza como elemento descriptivo de "una agrupación de personas", y no como elemento que caracteriza una discriminación inaceptable; lo que significa que dicho concepto se considera fundado y que puede realmente ser válido para describir a una persona o un grupo. 
Bien entendida, la lucha contra el racismo se basa precisamente en el rechazo del concepto de raza, en su denuncia, en el rechazo de incluir hombres o mujeres dentro de esta categoría, en el hecho de dividir la Humanidad según este supuesto concepto. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe de Kathalijne Maria Buitenweg sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. 
Lo hemos hecho con gran alegría, puesto que con ello el Parlamento Europeo cumple con su tarea en lo que a la transposición del artículo 13 del Tratado de Amsterdam se refiere. 
Según el artículo 13 del Tratado, el Parlamento Europeo sólo debe ser oído sobre este asunto. 
De ahí la importancia que ha tenido para nosotros a la hora de votar que el dictamen del Parlamento- tanto cada uno de sus puntos como globalmente- disponga de un respaldo político muy amplio. 
No obstante, no hemos podido votar a favor de las enmiendas que tocan directamente circunstancias que competen al derecho penal de los Estados miembros. 
Sigue siendo una cuestión nacional. 
A raíz del debate del informe, hemos señalado que esta directiva sólo trata la discriminación por origen racial o étnico. 
Pero, ¿qué sucede con todas las demás consideraciones objeto de protección enumeradas en el artículo 13 del Tratado? 
Nos preocupa que la UE basándose sólo en estas dos consideraciones en esta directiva llegue en la práctica a elaborar una jerarquía de causas posibles de discriminación. 
De ahí que queramos destacar especialmente la enmienda núm. 6 relativa a un nuevo considerando que nos parece absolutamente fundamental. 
En vista de la preocupante evidencia de que el racismo va en aumento, acojo con el mayor beneplácito este informe, encaminado a velar por que haya igualdad de trato en los sectores social y laboral entre las personas de todos los orígenes étnicos. 
La ponente ha procurado garantizar un mínimo nivel común de protección, incluidos la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación racial y el derecho de las personas a presentar demandas civiles, si son acosadas o discriminadas por razones de raza. 
La Presidencia portuguesa merece una felicitación por su disposición para incluir este asunto en el orden del día del Consejo. 
La lucha contra las discriminaciones constituye un combate que, desde 1979, se confunde con la historia de nuestra Asamblea: ya se han formado dos comisiones de investigación sobre el racismo, y el Parlamento también promovió, en 1976, una declaración interinstitucional común. 
Este género de iniciativas no son suficientes. Hay que ir más lejos, es necesario legislar. 
El informe Buitenweg es oportuno cuando en Europa el racismo y el antisemitismo siguen siendo una inquietante preocupación. 
¿Es necesario recordar nuestra vigilancia con respecto a ciertos partidos que hoy están en el poder? 
Yo había presentado, con mis colegas Deprez y De Clercq, una enmienda sobre el título de la directiva. 
En efecto, el título inicial en francés de la Comisión indica "independientemente de su raza u origen étnico". 
La noción de origen es capital, puesto que las posibles discriminaciones pueden apuntar no sólo a la condición actual de un individuo, sino también a su origen, a su ascendencia. 
Nosotros habríamos deseado introducir la misma matización y la misma precisión con respecto a la cuestión de la raza, y decir, pues, "de su origen racial". 
Esta enmienda fue aprobada en la Comisión de Libertades, pero hoy compruebo que ha desaparecido pura y simplemente del texto que se les somete. 
Desearíamos tener la seguridad de que este problema se resolverá correctamente. 
Por otro lado, si bien la cuestión religiosa ha sido excluida, por razones jurídicas, de esta directiva, pienso asimismo que es de capital importancia recordar que en modo alguno olvidamos las formas de discriminación basadas en las convicciones religiosas, y que el Parlamento debe aún examinar, dentro de este espíritu, otro texto de la Comisión. 
En conclusión, el informe Buitenweg está inspirado en un planteamiento voluntarista y progresista que he apoyado. 
Puesto que el riesgo del resurgimiento de la hidra neofascista y racista nos obliga, más que nunca, a estar muy vigilantes. 
Nuestro Parlamento debe estar, en esta materia, a la vanguardia del combate. 
Queda cerrada la votación. 
Lucha contra la trata de mujeres (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la trata de mujeres. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo quiero, en primer lugar, felicitar a la ponente por el magnífico trabajo que ha realizado sobre un problema de enorme gravedad. 
La trata de mujeres es algo que realmente está teniendo una gran incidencia, especialmente en los países fronterizos de la Unión Europea, donde se están organizando mafias para engañar a mujeres con promesas de empleo y de una vida mejor, que al final acaban en la prostitución y, en muchos casos, en una situación que podríamos calificar claramente de esclavitud. 
Se trata de un fenómeno ligado a la sociedad actual, donde la inmigración está empezando a suponer un grave problema, ya que hay movimientos importantes de personas que buscan la sociedad del bienestar en la que nos encontramos la mayoría, o prácticamente todos los países de la Unión Europea. 
Esta situación exige una serie de medidas nuevas, fundamentalmente de atención a las víctimas y de persecución de las personas implicadas en la trata de mujeres y, también, de niños- no es sólo un problema de las mujeres, sino también de los niños- para la explotación sexual. 
Entre las medidas que se proponen en este informe figuran fundamentalmente la ayuda a las víctimas y la solicitud a los Estados miembros de que modifiquen su legislación para facilitar el que se pueda actuar de una manera rápida y coordinada entre los distintos países a fin de solucionar este gravísimo problema. 
La ayuda que necesitan las víctimas no es sólo material, sino también legal, porque suele tratarse de personas sin documentación, sin posibilidades, que están en una situación de miedo y que necesitan una ayuda que, a la vez, proteja su identidad y les garantice que no van a tener, si vuelven a su país de origen, problemas aún más graves. 
Los distintos países de la Unión Europea tienen que armonizar su legislación en este sentido y arbitrar medidas suficientes para ayudar a estas víctimas. 
El comercio sexual es algo que se está extendiendo de manera alarmante. 
Hay mujeres y niños implicados. 
Creo que los medios de comunicación también deberían ayudar en este proceso. Porque, cada vez más, se detectan anuncios en los medios de comunicación- a veces en periódicos muy serios- tras los que se esconden la trata de mujeres y la explotación. 
Pero no es sólo con ayudas jurídicas y mediante la protección de las víctimas como hay que abordar el problema, sino también con campañas de información, fundamentalmente en los países de origen, para que estas mujeres sepan realmente a lo que se exponen, ya que la mayoría de ellas están engañadas y no saben el infierno que después van a encontrar. 
, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades- (SV) Señor Presidente, medio millón de mujeres son inducidas con engaños u obligadas a vivir como esclavas sexuales. 
Este creciente mercado es más lucrativo que el de los narcóticos y está siendo manejado por mafias que se dedican a la trata de mujeres. 
A pesar de esta cruel realidad, las penas asignadas a la trata de mujeres son mucho más suaves que las que corresponden a los delitos graves de contrabando de narcóticos. 
Son penas de alrededor de dos años las primeras y de diez o quince las segundas. 
Se juzga a pocas personas como autores de estos delitos; aún menos son condenadas. 
La UE ha sido hasta ahora un ejemplo de que las palabras no siempre se convierten en realidad. 
A pesar de sus numerosas declaraciones sobre la horrible trata de mujeres, no existe aún una base de datos completa con información sobre las víctimas, las vías de ejecución de estos delitos y las leyes y medidas aplicables. 
Grupos de presión europeos informan que tan sólo el 0,036 por ciento de los presupuestos comunitarios para el año 2000 están destinados a asuntos relacionados con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y una fracción de esta fracción se destina a las medidas para combatir la trata de mujeres. 
Cada vez más mujeres de los países candidatos llegan a nuestros países. 
A pesar de esto, la UE no ha exigido a esos países candidatos que adopten medidas preventivas para combatir la trata de mujeres, medidas similares a las que se les exige tratándose de los objetivos económicos o medioambientales. 
Mediante el incumplimiento de las leyes vigentes y la falta de normas para perseguir a las mafias, los gobiernos de Europa permiten indirectamente que prospere este comercio, determinado por la demanda. 
No hay sólo ausencia de normas para perseguir a las mafias, sino que también para dar protección a las víctimas. 
Todos los Estados miembros, exceptuando a dos de ellos, envían de vuelta a sus países de origen a las víctimas de este comercio, a pesar de que sus vidas corren peligro. 
Hoy votamos, o tal vez mañana, por un intento de transformar la retórica y las bellas palabras en medidas concretas. 
La Comisión de Derechos de la Mujer exige a los Estados miembros que den protección y condición de refugiadas a las mujeres que testifiquen en juicios relacionados con estos delitos. 
Exigimos penas duras y ejemplarizadoras para los delitos de trata de mujeres y la existencia de informadores nacionales que mantengan a los gobiernos al tanto de lo que pasa en el propio país y en el extranjero. 
Exigimos medidas en contra del creciente comercio con mujeres por medio de Internet, cursos de formación para las policías nacionales y para los funcionarios de las embajadas, además de mayores recursos para las organizaciones de voluntariado que ayudan a las víctimas. 
Probablemente antes de fin de año los gobiernos de los países miembros habrán aprobado un nuevo tratado. 
Esperamos que en él se contemplen fundamentos jurídicos claros que permitan combatir la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluida obviamente la trata de mujeres, y que se sienten las bases de una política comunitaria para combatir el comercio con personas. 
En esto se incluyen los temas sobre inmigración y asilo y, especialmente, los relacionados con el derecho de asilo por persecuciones y abusos de carácter sexual. 
En EE.UU. y en Rusia se abolió la esclavitud en la década de 1860, en tanto que nosotros tenemos que comprobar que la esclavitud aumenta, a pesar de estar en el año 2000. 
Esta nueva esclavitud afecta principalmente a las mujeres y a las muchachas, pero, independientemente de quienes sean sometidos a esclavitud, su mera existencia constituye una de los mayores pruebas de la miseria de la vida humana. 
Son muchos los que actualmente exigen que se ponga fin a la trata de mujeres, pero se necesitan más, más hombres, más gobiernos y más medidas concretas. 
Señor Presidente, resulta bastante increíble estar aquí en esta sala- no se le puede llamar Asamblea en este momento- y comprobar que en la Unión Europea también hay comercio de esclavos, aquí, donde nos jactamos de nuestro trabajo por la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. 
Es grave que exista este tipo de comercio, ya que a menudo ni siquiera se trata de mujeres adultas, sino de niñas y de personas muy, muy jóvenes. 
Este comercio está vinculado estrechamente con las drogas y con el lavado de dinero; probablemente son distintos tipos de mafias que lo manejan. 
Este informe es muy bueno. 
Tal como lo han hecho otros oradores, quiero subrayar la necesidad de que se actúe, de que se desarrolle la colaboración policial y de que aumente la información. 
A menudo me causan recelo las severas exigencias, por ejemplo las medioambientales, que se hacen a los países candidatos. 
Al mismo tiempo, opino que sería lógico que se les exigiese que informasen a sus ciudadanos y, especialmente, a las mujeres jóvenes. 
No se necesitan grandes recursos para esto y es perfectamente realizable. 
Por eso pido que votemos a favor del informe y que hagamos presión ante los gobiernos, las organizaciones y los medios de comunicación de nuestros propios países. 
Señor Presidente, prevenir es mejor que curar. 
Ésta parece una tarea imposible en el caso de la trata de mujeres. 
Asistimos a una creciente explotación comercial lucrativa de las mujeres en el ámbito geográfico de la Unión Europea y, especialmente, en los países de Europa Oriental y Central. 
El informe de la ponente señala que las medidas adoptadas hasta ahora han sido de poca envergadura. 
Si queremos evitar la trata de mujeres, debemos adoptar otro planteamiento. 
No basta con modificar la política de asilo e inmigración y legalizar la prostitución para detener este comercio. 
Aunque, en general, soy partidario de las buenas condiciones de trabajo, esto tampoco ayuda a luchar contra la trata de mujeres. 
No obstante, mientras continúe habiendo una demanda de prostitutas, siempre habrá mujeres que se ofrezcan como mercancía, atraídas por las mejores expectativas que les prometen, a menudo inciertas. 
No sólo las organizaciones criminales sin escrúpulos, sino también clientes ricos y menos ricos contribuyen al trabajo de esclavos que realizan estas mujeres carentes de oportunidades. 
No podemos sortear esta grieta entre pobreza y riqueza con sólo algunas iniciativas organizadas a nivel comunitario. 
Además de una política de desarrollo buena e indulgente a fin de mejorar las condiciones de vida de estas mujeres en sus propios países, es necesario sacar a relucir la ausencia de normas que existe en nuestra sociedad. 
Queremos subrayar el rechazo que sentimos ante estas prácticas, abogando por el establecimiento de penas severas para las organizaciones que se dedican a la trata de personas. 
Sólo mediante éstas, puede reducirse de forma efectiva la trata de mujeres. 
Agradezco a la ponente su valioso informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la señal de salida para establecer un planteamiento europeo de la trata de mujeres se dio más o menos en 1996, y me alegra poder recordarles que el Gobierno belga de aquel entonces desempeñó un papel muy importante en ello. 
No obstante, creo que debemos preguntarnos si, tras cuatro años de trabajo, Europa ha descansado lo suficiente como para luchar de forma efectiva contra la trata de mujeres. 
Debo decir que, conforme a lo que se desprende claramente del informe de la colega Sörensen, no es éste el caso. 
Respaldamos su informe al cien por cien y quisiera felicitarle por su excelente trabajo. 
Quisiera hacer hincapié de nuevo en las resoluciones que vamos a adoptar mañana, en la falta de un marco jurídico coherente para el planteamiento de la trata de mujeres, asunto, por otra parte, sobre el que el Gobierno belga machacó en su momento. 
Creo que todos entendemos bien ahora que un planteamiento coherente de la trata de seres humanos exige, primero y sobre todo, que se dé una definición clara de trata de mujeres. Una definición que no se limite, en efecto, a la prostitución forzada, aunque ésta sea muy importante, sino a todas las formas de trata de mujeres. 
Además, debe ser una definición que lleve aparejada penas muy severas para la trata de seres humanos. 
Creo que debemos decir claramente que urge proceder a una armonización de las leyes nacionales y de los métodos de detección y persecución de la trata de mujeres, y que es importante mejorar la colaboración entre los servicios de la policía. 
Una segunda cuestión esencial para nosotros respecto de este informe, y ya llevamos tiempo machacando sobre ella, es que debemos continuar luchando por la protección de las mujeres que son víctima de semejante comercio. 
Todavía se culpa a menudo a esas mujeres en muchos países y, realmente, son las víctimas. 
Abogamos por legalizar la situación de residencia de esas mujeres, de forma que puedan ser protegidas. 
En tercer lugar, creo que está claro que nunca lo conseguiremos sin semejante marco jurídico. 
Por otra parte, quisiera felicitar al Comisario Vitorino por su intención de presentar dentro de este año una decisión marco al Consejo con la que quedarían regulados algunos problemas y cuestiones centrales. 
Patsy Sörensen, nuestra ponente, conoce profundamente el ámbito sobre el que versa su informe. 
Quisiera pedir al Comisario, ahora que está presente, que hable, por supuesto, con los servicios de la policía y con las administraciones cuando elabore su futura política en materia de trata de seres humanos, pero, por favor, conceda también atención a los trabajadores de base y a los que prestan ayuda en ese ámbito. 
Su experiencia realmente puede servirnos para que nuestro planteamiento en materia de trata de mujeres sea coherente y global. 
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Sörensen su informe lleno de propuestas y la fuerza con la que subraya que la trata de mujeres y de menores es una violación de los derechos humanos. 
El cuerpo, la persona no son una mercancía. 
A pesar de que muchas mujeres eligen la prostitución para obtener fáciles ingresos, yo no diferenciaría la prostitución de la prostitución forzosa: la prostitución es explotación. 
Querría hacer hincapié en tres puntos: ante todo la trata y la inmigración. 
Una política de cierre de fronteras empuja a los inmigrados a ponerse en manos de la delincuencia para obtener visados o entrar ilegalmente. 
Los Estados miembros deben realizar una política más solidaria y responsable. 
Tercer punto: los derechos de las víctimas. 
Se ha propuesto que la Unión Europea conceda a las víctimas permisos de residencia temporales, permisos vinculados con el hecho de testificar contra los traficantes, pero por ahora sólo Italia expide permisos no vinculados al hecho de testificar. 
Terminaré con la cuestión de los clientes. 
El Comisario Sr. Vitorino ha declarado en reiteradas ocasiones la necesidad de tomar en consideración la demanda de este mercado, o sea, los clientes. 
Pero ¿quiénes son los clientes? 
Pueden serlo nuestros padres, nuestros hijos, podemos serlo nosotros mismos. 
Es nuestro deber contribuir a un cambio radical de la mentalidad y de la cultura de nuestras sociedades. 
Esto implica respaldar las políticas en favor de las mujeres. 
Señor Presidente, hablar de trata de mujeres implica ser conscientes del hecho de que hablamos de una forma de esclavitud, de una forma de esclavitud en que la mayoría de las víctimas son mujeres sometidas a un tráfico gestionado por organizaciones delictivas. 
La trata de seres humanos alimenta distintos mercados como, por ejemplo, el de órganos para transplante, de bebés para los que no tienen hijos, de mano de obra barata. 
Sin embargo, el mayor cuerpo de delito lo representan las mujeres, la mayor parte de las cuales están sometidas a un tráfico con fines de explotación sexual. 
La pobreza y la marginación de las mujeres en sus países de origen, los grandes beneficios garantizados a los traficantes y los escasos riesgos que corren, así como, en Europa, la fuerte demanda de mujeres para fines de prostitución y de otras formas de explotación sexual son las razones de este comercio creciente. 
Recientemente el Consejo Europeo de Tampere encargó a la Unión Europea que luchara contra la inmigración ilegal y, además, contra quienes obtienen beneficios de la trata de seres humanos. 
El informe del la Sra. Sörensen supera esta óptica y atribuye a la lucha contra este delito la prioridad absoluta. 
Se estima que al año hay 500.000 mujeres sometidas a la trata, en su mayoría en situación de ilegalidad, sin embargo, el carácter clandestino de dicho comercio hace que no se conozca la envergadura real del problema. 
La aportación de las organizaciones no gubernamentales al poner de manifiesto las causas, los sistemas y las consecuencias de la trata de mujeres para fines de explotación sexual, así como el apoyo que proporcionan a las víctimas ha supuesto una mayor concienciación acerca de dichas cuestiones. 
Los programas STOP y DAPHNE constituyen una importante iniciativa de la Unión Europea, pero hay que ir más allá. 
El excelente informe de la Sra. Sörensen, al subrayar la relación que existe entre la trata de seres humanos y la política de inmigración y de asilo, pide ante todo a la Conferencia Intergubernamental que proceda a una comunitarización integral de la política europea en este ámbito. 
En consecuencia, como se pide en el informe, será necesario establecer a escala europea un marco jurídico y unas medidas eficaces de prevención, de protección y de ayuda a las víctimas. 
Por otro lado, los Estados miembros y los países candidatos deben intervenir en sus ámbitos legislativo, administrativo y policial, al objeto de reprimir este delito y, paralelamente, fomentar la cooperación internacional con Europol e Interpol para luchar contra las organizaciones delictivas. 
A escala nacional, es preciso conceder el estatuto de refugiado y los permisos de residencia a las víctimas de la trata. 
Algunos Estados han puesto en marcha esta legislación- Italia y Bélgica- asistidos por las organizaciones no gubernamentales. 
Asimismo es preciso emprender una campaña de información en los países de origen, así como una acción de sensibilización en los Estados miembros, dirigida a la opinión pública, en particular al público masculino. 
Señor Presidente, los millones de víctimas de la acción criminal de las bandas internacionales de la trata de personas a escala mundial y la terrible extensión de sus redes en la Unión Europea hacen urgente e ineludible la toma de medidas para luchar contra esta hidra contemporánea. 
Hoy por hoy, la Unión y los Estados miembros demuestran una impotencia absoluta a la hora de intervenir de manera resolutiva y de desarticular las bandas que actúan casi impunemente a nuestro alrededor, en nuestro barrio. 
Recientemente, en Atenas, la opinión pública quedó conmocionada al descubrirse que un inmigrante albanés, que se declaraba médico, mantuvo prisionera durante nueve meses a una chica de 13 años en su apartamento de un tranquilo barrio de Atenas. Allí la obligaba a prostituirse con 50 ó 60 respetables clientes que acudían a diario. 
Por esto, personalmente considero que todas las estrategias en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres y de los niños deben tener como objetivo el endurecimiento de los castigos tanto para los que obtienen beneficios de la compraventa de cuerpos humanos, como para los que hacen uso de los servicios de prostitución, tal y como ocurre con la legislación de Suecia y Canadá. 
Parece que la exacerbación de la actividad de los traficantes de personas coincide con los últimos grandes movimientos de población y con la depauperación económica de amplios grupos sociales. 
Recientemente, el diario Le Monde publicó unos datos estremecedores sobre la actividad de los traficantes de personas, los cuales sacan provecho de la situación en Kosovo y actúan en colaboración con redes internacionales de inmigrantes ilegales. Dichos traficantes explotan sexualmente a unas 300.000 mujeres en Francia, Alemania y Bélgica, mujeres que proceden principalmente de Kosovo, aunque también de Moldavia, Rumanía y Bosnia. 
Las mujeres son retenidas bajo condiciones de auténtica esclavitud en campos de concentración, en donde sufren torturas, antes de ser obligadas a prostituirse. 
Estos hechos constituyen una vergüenza para la Europa del siglo XXI y desvelan la inexistencia de la voluntad y del compromiso políticos requeridos para otorgar al asunto la prioridad que merece. 
El comunicado de la Comisión es satisfactorio, y excepcional el informe de la Sra. Sörensen, pero no bastan las buenas intenciones en la lucha contra el crimen internacional organizado. 
Necesitamos iniciativas en muchos frentes: medidas administrativas y legislativas; armonización de las disposiciones legales y de los métodos de persecución; penas severas; protección de las víctimas, y cooperación de las autoridades judiciales y policiales. 
Necesitamos, asimismo, reforzar la Europol con recursos materiales y humanos, de modo que pueda avanzar en planes comunes de prevención y persecución con todos los Estados miembros; y, por supuesto, reforzar las organizaciones no gubernamentales. 
Es decir, necesitamos una materialización inmediata de todo lo previsto en el Tratado de Amsterdam y en las conclusiones de Tampere; asuntos que, según parece, señor Presidente, caminan hacia atrás, como los cangrejos. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción la oportunidad de participar en este debate sobre la formulación de nuestras medidas conjuntas para luchar contra la trata de mujeres para fines de explotación sexual, después de la segunda comunicación de la Comisión de diciembre de 1998. 
Aprovecho la oportunidad para presentar mis respetos a mi predecesora, la Sra. Gradin, autora de dicha comunicación. 
Permítaseme hacer extensiva mi felicitación a la Sra. Sörensen. 
Su informe es una contribución valiosa a la prosecución de nuestra labor. 
Antes de pasar a los aspectos más de fondo de este asunto, quisiera declarar que la Comisión sigue plenamente comprometida con el mantenimiento de la lucha contra esa forma degradante de violación de los derechos humanos y la dignidad humana en el orden del día político. 
Así lo demostramos en las propuestas que presentamos al Consejo Europeo de Tampere el pasado mes de octubre. 
Como ya han subrayado varios diputados, se deben alentar más las medidas preventivas y represivas y las encaminadas a ayudar a las víctimas, junto con la cooperación internacional. 
He tomado nota de que en la resolución que sus Señorías votarán mañana y en el informe que estamos examinando hoy figuran varias peticiones a la Comisión. 
Así, pues, voy a intentar abordar algunas de dichas cuestiones. 
En primer lugar, quiero abordar la cuestión de la mejora de la legislación penal vigente en los Estados miembros relativa a la tipificación como delito penal de la trata de seres humanos con vistas a su explotación sexual. 
Como punto de partida de esa operación, tenemos aquí el instrumento de febrero de 1997, pero ha quedado bastante claro que presenta deficiencias. 
Según tengo entendido, durante la audición de agosto, la Comisión presentará al final de este semestre un conjunto de propuestas sobre la trata y la explotación sexual de mujeres y niños. 
En mi opinión, tenemos un fundamento firme para ello en el Tratado de Amsterdam, el Plan de Acción de Viena de 1998 y las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. 
Así, pues, no tenemos por qué esperar cambio alguno en los Tratados. Tenemos un fundamento jurídico claro para abordar esta cuestión de la tipificación como delito penal de la trata de mujeres. 
La Sra. Van Lancker ha dicho que la propuesta se basa en una decisión-marco del Consejo en la que se examinará en particular la forma de garantizar que todos los Estados miembros tengan definiciones comunes, delitos penales comunes y sanciones comunes. 
Además, en el proceso de redacción debemos tener en cuenta las cuestiones judiciales horizontales, tales como la determinación de la jurisdicción competente, las normas sobre la extradición y el decomiso del producto del delito. 
Un aspecto importante para el futuro es el de que esta propuesta, cuando por fin se apruebe, formará parte del acervo comunitario. 
Eso significa que los países candidatos habrán de asumirla en el marco de la ampliación. 
Otro importante elemento estrechamente relacionado con la mejora de la eficiencia a la hora de demostrar la culpabilidad de los traficantes es, como ya he dicho ante el Parlamento, la concesión de permisos de residencia temporales a las víctimas de la trata que estén dispuestas a presentar testimonio. 
Ésa fue una de las propuestas de la Comisión en su segunda comunicación. 
Así, pues, el conjunto de propuestas que he mencionado antes se completará un poco más adelante, en este mismo año, con una propuesta de directiva que versará sobre la cuestión de los permisos temporales de residencia para velar por la protección de las diversas víctimas de la trata, incluidas las víctimas de la trata con el fin de la explotación sexual. 
Sin embargo, se debe considerar ese elemento un complemento decisivo del primer conjunto de iniciativas. 
En realidad, existe una dificultad real a la hora de declarar culpables a los responsables de la trata. 
Sin la cooperación de las víctimas, nunca podremos garantizar la presentación ante un tribunal y la debida declaración de culpabilidad de quienes se benefician de esa trata. 
Es extraordinariamente importante combinar esas dos clases de medidas: la tipificación como delito penal de la trata y al mismo tiempo la formulación de una política activa con vistas a fomentar la cooperación de las víctimas con la policía y con la judicatura a la hora de declarar culpables a los responsables de semejante actividad degradante. 
A propósito de acontecimientos nuevos e importantes en la esfera de la trata de mujeres en el nivel europeo, también debemos examinar las diversas actividades apoyadas por el programa STOP. 
Los proyectos anteriores y futuros con cargo al programa STOP abarcan varios aspectos destacados en el informe de la Sra. Sörensen. 
En particular, quisiera mencionar dos de las prioridades fijadas para este año, a saber, la asistencia a las víctimas y la prevención. 
Al aplicar un planteamiento multidisciplinario, participarán ONG y los servicios encargados de hacer cumplir la ley y creo que es necesario promover un diálogo más estrecho entre las ONG que trabajan en ese sector y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. 
Como el programa STOP está ya en su último ejercicio financiero y ha hecho una valiosa contribución a la lucha contra el tráfico en el nivel europeo, la Comisión hará una propuesta de prórroga del programa por otro período de cinco años a partir del año 2001. 
Naturalmente, la propuesta se basará en la experiencia obtenida con el primer programa. 
También nos proponemos ofrecer la posibilidad de ejecutar proyectos multianuales que mejoren la eficiencia de los programas. 
Conviene decir también unas palabras sobre la ejecución del nuevo programa DAPHNE después de la aprobación en 1997 de la iniciativa DAPHNE. 
Su objetivo, como saben sus Señorías, es el de prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y los niños, entre ellas la trata y explotación sexual de mujeres. 
Ese programa, junto con el programa STOP, nos permitirá ayudar a las víctimas de la trata y la explotación sexual haciendo una contribución financiera de 20 millones de euros en el período de 2000 a 2003. 
Además, se ha prestado y se debe prestar mayor atención al desarrollo de nuestra cooperación mediante proyectos específicos con los países candidatos, como los mencionados por varios de sus Señorías. 
Compartimos con dichos candidatos un grave problema común, ya que existe una clara tendencia a considerar los países de la Europa central y oriental como la más importante región de origen de las víctimas y los perpetradores de la trata. 
Así, pues, la Comisión ha hecho extensivo DAPHNE a los países candidatos y lo mismo hará con el programa STOP. 
Por último, la Comisión ha movilizado también otras fuentes de financiación para fomentar el apoyo a las ONG locales de los países candidatos y campañas de prevención en los países de origen. 
En el marco de la nueva Agenda Transatlántica y en cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos de América, ha organizado, por ejemplo, varias campañas de información en Polonia, Ucrania, Hungría y Bulgaria para sensibilizar a la población y a los organismos públicos de esos países. 
Con vistas al futuro vamos a estudiar la posibilidad de organizar nuevas campañas destinadas a nuevas zonas y nuevos países. 
Se trata de una cuestión que debe desempeñar un papel importante en el Pacto de Estabilidad para los Balcanes. 
Por último- si bien no se trata de lo menos importante -, deseo subrayar claramente la importancia de la participación de la Unión en formas más amplias de cooperación internacional. 
La Comisión está participando ahora activamente en la labor sobre el proyecto de protocolo de las Naciones Unidas relativo a la trata para complementar el proyecto de convenio sobre la delincuencia organizada transnacional y espero sinceramente que los miembros de las Naciones Unidas puedan aprobar ese nuevo convenio en el próximo otoño. 
En conclusión, quisiera señalar a la atención de sus Señorías un aspecto que debemos tener presente cuando luchamos contra la trata de mujeres en el nivel europeo. Es el de que, aunque la Unión puede y debe desempeñar un papel activo en la lucha contra la trata, los Estados miembros tienen la competencia primordial a ese respecto. 
Eso significa que debemos ser prudentes cuando hablamos de medidas como la despenalización automática de las víctimas de la trata, la posibilidad de que las ONG promuevan acciones judiciales en nombre de las víctimas y los métodos de investigación en materia de asuntos penales. 
En otras palabras, debemos tener claros los objetivos que mejor podemos alcanzar en el nivel europeo teniendo el cuenta el nivel de cooperación transfronteriza existente entre los Estados miembros. 
Sus Señorías tienen la oportunidad de aprobar una muestra, en mi opinión, de labor positiva que no sólo confirma una política europea multidisciplinaria y coherente en materia de trata de mujeres, sino que, además, aporta un nuevo impulso para futuras acciones indudablemente necesarias en el nivel europeo. 
Quiero agradecer a la Sra. Sörensen sus conocimientos, su pericia y su contribución a esta lucha común. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0110/2000) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República de Finlandia con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo por el que se establecen obligaciones entre los Estados miembros en materia de readmisión de nacionales y de terceros países. 
. (EL) Señor Presidente, mi informe se refiere en efecto a la propuesta de reglamento presentada por la Presidencia finlandesa, con vistas a que se regulen las relaciones y las obligaciones de los Estados miembros en torno a la readmisión de nacionales de terceros países en el seno de la Unión Europea. 
Siento mucho tener la obligación de decir, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior, que la propuesta de reglamento no ha contado con la atención debida, con el estudio y la preparación minuciosa que exigía el tratamiento de un tema delicado y complejo. 
El resultado de la falta de preparación ha sido bien la manifestación de serias reservas, bien el rechazo, bien la falta de interés en la propuesta de directiva, tanto por parte de la Comisión Europea como del Consejo; por parte de las comisiones competentes del Parlamento Europeo, es decir, de la Comisión de Libertades, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y por parte de las Organizaciones No Gubernamentales, a las que la Presidencia finlandesa parece no haber consultado. 
Las conclusiones de Tampere ponen de manifiesto la necesidad de una aproximación global al fenómeno de la inmigración, el cual está claramente ligado a una larga serie de interrogantes políticos que aguardan contestación. 
Está relacionado con el respeto a los derechos humanos, así como con las circunstancias culturales, políticas, sociales y económicas de los países de origen. 
En el asunto de la readmisión, los Estados miembros tienen ya cierta experiencia, debido al acuerdo en el marco de la cooperación política europea y de Schengen. 
Se trata de un asunto delicado que exige una cooperación transfronteriza. 
En cuanto al contenido de la iniciativa finlandesa, el proyecto propuesto no viene acompañado de un informe justificativo. 
La iniciativa no está inspirada por ninguna visión estratégica. 
El proyecto intenta imponer un sistema de Dublín para los inmigrantes ilegales según el ejemplo del Convenio para los solicitantes de asilo, cuya aplicación, como sabemos, ha resultado muy problemática e ineficaz. 
En la propuesta de reglamento se da prioridad a la deportación de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el territorio de los Estados miembros, mediante un sistema de readmisión obligatoria entre los Estados miembros. 
El reglamento se propone determinar el estado miembro que está obligado a readmitir al nacional de un país tercero, al objeto de que pueda materializarse el acuerdo. 
El proyecto de reglamento no excluye la eventualidad de que un estado miembro deporte, al país de origen o a un país tercero, a un extranjero que no cumpla los requisitos de entrada o de residencia en un país miembro. 
Esta previsión parece legitimar decisiones más duras, que podrían ser tomadas por los Estados miembros fuera del marco del reglamento propuesto. 
Otro punto susceptible de crítica es el hecho de que se excluya todo tipo de solidaridad entre los países miembros, en particular en lo que concierne al tránsito ilegal de las fronteras y a la responsabilidad de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
La propuesta quizá constituye un mecanismo de presión indirecta para atrincherar las fronteras de la Unión Europea. 
Asimismo, hay una falta absoluta de sensibilidad hacia la situación personal de los ciudadanos que han vivido durante un largo tiempo en un estado miembro antes de ser considerados ilegales. 
Asimismo, los títulos de residencia de los solicitantes de asilo quedan excluidos de los títulos que prevé el reglamento, lo que origina nuevas posibilidades de socavar su protección. 
El reglamento permite solicitar la readmisión en otro estado miembro, en el plazo de seis meses, que dará comienzo a partir del momento en que las autoridades del estado miembro solicitante se percaten que el nacional de un tercer país podría ser- no que es- ilegal. 
Es decir, la propuesta permite demostrar la entrada en el territorio de un estado miembro con documentación supuesta. 
El modo con el que se establece la documentación indispensable para determinar las personas que deben ser de nuevo promovidas admite todo tipo de infracciones. 
No obstante, el problema fundamental parece ser la falta de una estrategia y de una política europea para la inmigración. 
Considero que es urgente que avancemos, señor Comisario, en la preparación de los instrumentos jurídicos de la directiva para la inmigración, en lugar de limitarnos a medidas de represión y de control policial que no están sujetas a un control democrático. 
Urge materializar las conclusiones de Tampere y avanzar en la elaboración de una política europea común para el asilo y la inmigración, basada en los valores humanistas europeos y en el respeto a los derechos humanos fundamentales. 
Finalmente, pedimos a la Comisión Europea que emprenda las iniciativas legales necesarias para todos los asuntos concernientes a la inmigración y, por supuesto, para la determinación de las obligaciones mutuas entre los Estados miembros. 
Dado que conocemos su interés personal, señor Comisario, así como las dificultades que afronta en el Consejo, le manifestamos que cuenta con nuestro apoyo incondicional en cuantas iniciativas tome en este sentido. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias a nuestra colega la Sra. Karamanou por su fluida y excelente cooperación. 
Me consta que todos hemos tenido que trabajar con este texto con gran urgencia, y en ese momento ella se encontraba bajo una doble presión debido a obligaciones nacionales. 
Ella ya ha expuesto numerosas cuestiones. 
Sólo quisiera recalcar que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estaba de acuerdo en el contenido y que también coincidía con la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior, sólo nos separaba una pequeñez formal. 
Así mismo, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos solicitamos la retirada de esta iniciativa de la República de Finlandia. 
Con seguridad se presentó con buena intención, pero no con la suficiente reflexión. 
Desde la perspectiva jurídica también ha arrojado más incógnitas que aclaraciones. 
Una iniciativa de estas características no debe conducir a que dentro de nuestro territorio sencillamente se despache de un lado a otro a la gente. 
Además, como acaba de decir nuestra colega Karamanou se trata de un programa muy insolidario entre los Estados miembros. 
Respecto de los acuerdos de readmisión quisiera decir lo siguiente: éstos no pueden ser utilizados para extorsionar, eventualmente, a los países que son receptores de ayuda al desarrollo, de modo que sólo recibirían ayuda al desarrollo y financiación así como cooperación si también firman estos acuerdos de readmisión. 
Esto se sitúa al borde de la extorsión. 
Last but not least permítanme decir que también este problema, en concreto el de la readmisión de personas que residen ilegalmente en nuestro territorio sólo puede ser solucionado de forma común, poniéndonos definitivamente de acuerdo sobre la lucha contra sus causas y sobre la problemática de la integración y del asilo. 
Señor Presidente, permítame empezar destacando el trabajo que han realizado tanto la ponente como la ponente de opinión, Sra. Echerer, de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Con la ponente he tenido ocasión de trabajar en la Comisión de Libertades Públicas y para mí ha sido un honor presidir la comisión que votó la excelente opinión de la Sra. Echerer. 
Señor Presidente, nos enfrentamos a una situación que es un problema real: la desaparición progresiva de las fronteras interiores hace que circulen libremente entre los Estados miembros no sólo aquellos ciudadanos de terceros Estados que están en situación legal, sino también aquellos que no lo están. 
Y éste es un problema que- seamos realistas- tenemos que abordar, como lo han destacado las dos ponentes, de forma completa, y yo añadiría que de forma urgente. 
Mi juicio sobre la iniciativa de Finlandia es mucho menos crítico que el de ellas. 
Creo que hay que destacar que la iniciativa de Finlandia representó un paso adelante importantísimo desde el momento en que se puso sobre la mesa, porque hizo que el Consejo tomara cartas en un asunto candente. 
Es decir que, en su momento, la iniciativa finlandesa desempeñó un papel fundamental, y podemos decir que ha muerto de su propio éxito. 
La reflexión a que dio lugar la iniciativa finlandesa hace que sus propuestas no tengan ya ningún mordiente, porque ya están perfectamente asumidas. 
Lo que necesitamos ahora no es una iniciativa provocadora que señale con el dedo dónde hay un problema y lance el debate, sino abordar- serena pero inmediatamente- la solución de ese problema. 
Creo que coincido, a partir de aquí, con muchas de las críticas que se han hecho. 
Y además con una que creo que está implícita pero que no se ha formulado. 
Nosotros, como institución legisladora, no podemos enmendar cualquier texto; hay textos que no son enmendables y en los que hay que hacer una enmienda a la totalidad. 
Esto es lo que hemos hecho con la iniciativa de Finlandia, por lo menos desde el Grupo del PPE. 
Saludamos el valor que ha tenido y que tiene la iniciativa de Finlandia, pero decimos que con esa iniciativa no podemos desarrollar seriamente las responsabilidades que los ciudadanos nos han confiado. 
Pues por las razones que se han expuesto, y que yo probablemente no haría más que repetir: en esta iniciativa se tiene en cuenta un aspecto, el más represivo, pero ése es sólo un aspecto del problema. 
Lo que precisamos ahora, dada la evolución habida después de Tampere, es una visión más global. 
Desde luego, tiene toda la razón la ponente al destacar que aquí no se tienen en cuenta cuestiones de procedimiento, garantías fundamentales del procedimiento, ni tampoco se abordan las necesarias previsiones de protección de los derechos fundamentales de aquellos que se verán incursos en este tipo de procedimientos. 
Finalmente, no se ha señalado- y me parece importante hacerlo- que lo que hagamos en este terreno tiene que estar en coherencia con los principios de readmisión de los Estados miembros respecto de terceros. 
En nombre del PPE, hemos depositado dos enmiendas, que espero que la Asamblea- recogiendo lo que han dicho las dos oradoras precedentes- respalde en la votación de mañana, dando una señal política, y se pida a la Comisión que más pronto que tarde y de forma completa y coherente nos presente un texto. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a las dos ponentes tanto por el informe como por la opinión. 
También puedo decir en nombre de mi Grupo que apoyamos totalmente la devolución a comisión de esta iniciativa. 
Hemos llegado a esta conclusión no porque deseamos facilitarnos las cosas y no introducir ninguna modificación, sino porque- y esto se deriva ciertamente de las amplias y convincentes argumentaciones- sencillamente no se mencionan muchos requisitos previos esenciales. 
Los que faltan los hemos escuchado en el debate y también los hemos podido leer en los informes. 
Sin embargo, las deficiencias no solo nos conducen a la recomendación de rechazar esta iniciativa en concreto, sino que también plantean la cuestión del sentido que tiene en este ámbito de competencia el derecho de iniciativa de los Estados miembros. 
Las propuestas presentadas a consulta a este Parlamento fundamentadas en este derecho de iniciativa no han sido en su conjunto y hasta la fecha muy convincentes. 
Incluyo aquí también una iniciativa austríaca, tanto por motivos técnicos como de contenido. 
A estas iniciativas les era común que en una serie de medidas diversas no estaban ligadas a un concepto en sí mismo coherente. 
También les era común a todas estas iniciativas que o bien contradecían instrumentos jurídicos existentes o bien los duplicaban. 
La ventaja del derecho de iniciativa exclusivo de la Comisión reside, sin lugar a dudas, en que con el mismo se garantiza un proceder sistemático y en que se garantizan unas propuestas jurídicamente más precisas y no contradictorias, sobre todo bajo la responsabilidad de nuestro Comisario Vitorino. 
Las debilidades del derecho de iniciativa de los Estados miembros también se hacen evidentes en el hecho de que en el mismo círculo del resto de Estados miembros no son acogidas con gran entusiasmo. 
Esto también vale para la presente iniciativa que ya no es considerada como prioritaria por la Presidencia portuguesa. 
Por lo tanto, como Parlamento disponemos de más argumentos que nunca para situarnos con escepticismo frente a este derecho de iniciativa de los Estados miembros, no sólo porque perjudique el equilibrio entre las instituciones, sino porque hasta ahora su ejercicio no ha sido convincente. 
Quisiera abordar otro problema que guarda relación con esto y quizá sería merecedor de una iniciativa común de los Estados miembros. 
De los funcionarios que trabajan en las fronteras exteriores correspondientes a Schengen se escucha a menudo que los permisos de residencia presentados por ciudadanos de terceros países y emitidos por nuestros Estados miembros siguen siendo muy diferentes y frecuentemente son difíciles de identificar como tales. 
Esto no parece que se corresponda con la iniciativa común por la configuración unificada de los permisos de residencia. 
A este respecto deberían presentar los Estados miembros las correspondientes iniciativas y proceder en su ámbito administrativo de acuerdo con la UE. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera decir que hablo tanto en mi condición de finlandesa como en la de representante del Grupo ELDR. 
Agradezco, tanto a la ponente como a la ponente de opinión, sus francas, directas y sinceras palabras sobre la iniciativa finlandesa. 
En el informe se señala que la iniciativa debe considerarse inconclusa, que carece de exposición de motivos, que se ha preparado sin consultar a organizaciones tales como ECRE o ACNUR, y que tampoco se menciona la relación entre los principios para la readmisión entre los Estados miembros y los de readmisión a través de terceros países. 
La ponente dijo también que carece de sentido estratégico. 
No se hacen diferencias entre quienes cumplen y quienes no cumplen con los requisitos para permanecer aquí. 
Esto recuerda la iniciativa de Austria el famoso primer día de la Presidencia austríaca. 
Además, faltan garantías para el procedimiento, cosa que me sorprende. 
Hace menos de dos meses, el mismo Ministerio de Interior que es responsable de esto, propuso modificar la ley de extranjería finlandesa introduciendo la expulsión inmediata. 
Mi partido, el Partido Popular Sueco, votó en contra de esta iniciativa por las mismas razones que la comisión de constitución finlandesa, es decir, por ser contraria a la constitución, ya que en caso de expulsiones rápidas se viola el derecho a ser oído por las autoridades. 
Lo mejor es que Finlandia siga la propuesta del Parlamento y retire la propuesta, tal como lo proponen la Comisión de Asuntos Jurídicos y la de Derechos de los Ciudadanos. 
Quiero destacar que sólo dos diputados apoyaron esto en la comisión. 
Lamento que el Parlamento y el Consejo hayan empleado su tiempo de esta manera. 
Opino igual que Berger en el sentido de que ese tiempo pudo haberse empleado en otras cosas, por ejemplo, en procedimientos puramente administrativos. 
También se debió pensar en las mujeres como solicitantes de asilo, ya que tenemos que ver la decisión de Tampere de manera amplia con el objeto de mejorar el proceso de asilo. 
Quiero subrayar que hablo tanto en mi condición de finlandesa como en la de representante del Grupo ELDR. 
Señor Presidente, el informe Karamanou que hoy examinamos pide al Parlamento Europeo que emita un dictamen negativo sobre la propuesta finlandesa de crear dentro de la Unión Europea una especie de sistema de restitución de clandestinos al Estado responsable. 
En efecto, según esta iniciativa, el Estado miembro que detiene inmigrantes clandestinos en su territorio podría devolverlos al Estado miembro por el que han entrado, hasta que este último los expulse, en su caso, al tercer país del que son originarios. 
Primero, porque responde a un verdadero problema causado por la abolición de las fronteras interiores en Europa y llena, pues, un vacío jurídico, creando para la devolución de los clandestinos un sistema basado en el acervo de Schengen y calcado de la Convención de Dublín de 1990 sobre los solicitantes de asilo. 
En segundo lugar, obliga al país miembro que haya demostrado negligencia en la vigilancia de sus fronteras a que vuelva a hacerse cargo de los clandestinos que, desde su país, se han infiltrado en los países vecinos. 
En tercer lugar, esta idea demuestra la utilidad- a pesar de lo que hayan podido decir los oradores anteriores- del derecho de iniciativa de los Estados, que el Tratado de Amsterdam ha mantenido provisionalmente en las materias relacionadas con la inmigración y la circulación de personas. 
En estos ámbitos, en efecto, es importante que los gobiernos nacionales, que están más próximos a los pueblos que la Comisión, conserven un pleno derecho de propuesta y, por supuesto, de decisión. 
Ahora bien, nuestra Comisión de Libertades rechaza totalmente esta iniciativa finlandesa, dando muestras- debo decirlo- de cierta exageración, señor Presidente. 
Ésta utiliza como pretexto, en efecto, algunas imperfecciones jurídicas, para rechazar dicha iniciativa en bloque, cuando muy bien habría podido, dentro de un espíritu más positivo, proponer por sí misma una serie de correcciones. 
Pero esta iniciativa no gusta a los federalistas, quienes preferirían un procedimiento menos intergubernamental, más comunitario, es decir, dar más poder a la Comisión y al Parlamento Europeo. 
Tampoco gusta a los grupos de presión pro inmigración, que no pasan desapercibidos en la exposición de motivos, ahí donde se habla del aporte positivo de la inmigración y del rechazo de una iniciativa que a priori se supone represiva. 
Es evidente que estas razones se oponen diametralmente a las nuestras. 
Señor Presidente, la Comisión quisiera felicitar a la ponente por su informe. 
Como convenimos completamente con su análisis y su conclusión y compartimos la opinión de que no se puede aprobar en su redacción actual, voy a ser muy breve. 
El informe de la Sra. Karamanou ha demostrado claramente que la cuestión de las normas de readmisión entre Estados miembros de la Unión Europea, pese a ser muy técnica y específica, afecta a varios asuntos normativos muy delicados que necesitan, sencillamente, una reflexión y una preparación más detenidas antes de que las aborde la Unión. 
Reconozco que esta iniciativa ha señalado a la atención del Consejo la necesidad de adoptar un planteamiento coherente y consistente de la política de inmigración. 
Ésa es la razón por la que he declarado ante el Parlamento la intención de la Comisión de presentar al Consejo y al Parlamento en el otoño de este año una comunicación sobre la política de inmigración, precisamente para que dispongamos de un panorama más amplio en el que se puedan integrar plena y adecuadamente esas cuestiones parciales y sectoriales. 
Puedo asegurar a sus Señorías que la Comisión considera que no debemos comenzar con esta cuestión de la readmisión. 
Creemos que, aunque las cuestiones relativas a la readmisión son indudablemente pertinentes, se debe abordarlas principalmente en los acuerdos sobre la readmisión que la Unión está negociando ahora con terceros países. 
No obstante, de momento es mejor ver todo el panorama antes de examinar los pequeños detalles. 
De modo que la Comisión puede subscribir el planteamiento de la ponente y, al parecer, de la mayoría del Parlamento, en el sentido de que esta iniciativa en su forma actual- y no emito un juicio sobre la intención en que se inspira- es inaceptable. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.50 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, en el Acta de la sesión de ayer figura un grave error, en el punto 34, relativo a la aprobación de la resolución sobre el Euro 2000. 
Esta resolución, dice el Acta, fue aprobada por el Parlamento, cuando fue rechazada en masa por el Parlamento. 
Asimismo, añado que en la parte de los textos aprobados figura también la resolución rechazada, cuando debería figurar la notificación del rechazo de esta resolución. 
Señora Presidenta, a raíz de su declaración de ayer sobre el estado del aire condicionado en este edificio, tengo un ligero problema en mi situación como presidente de la Delegación para las relaciones con el Canadá. 
Un grupo de diputados al Parlamento canadiense van a asistir al próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
El lunes tendré que adoptar una decisión sobre si deberán viajar a Estrasburgo o a Bruselas. 
Teniendo presente la posición francesa sobre el principio cautelar, ¿se podrá adoptar una decisión bastante antes de dos semanas sobre dónde nos reuniremos el próximo mes? 
Señor Sturdy, como usted sabe y como los Cuestores lo escriben en su nota, la misma que usted recibió, van a efectuarse controles en nuestros tres lugares de trabajo, es decir, en Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. 
En efecto, lamentablemente será preciso esperar para obtener el resultado de estos controles. 
Por tanto, le aconsejo que se ponga en contacto con el Sr. Poos, para que él pueda tenerle al corriente de la situación. 
Señora Presidenta, hago uso de la palabra en relación con la misma cuestión de orden de mi colega el Sr. Sturdy. 
Es esencial que este Parlamento demuestre con el ejemplo que aplica las mismas normas que impone a todos los demás. 
Impone normas sobre la carne de bovino de Gran Bretaña y sobre el queso de Francia y debe seguir el mismo ejemplo en relación con su propia actuación. 
En una situación extrema estoy perfectamente dispuesto a morir por mi país y mi familia. 
No estoy dispuesto a morir a consecuencia de la enfermedad del legionario, porque tengo que ocupar mi escaño en Estrasburgo en junio. 
Así, pues, debemos hacer algo al respecto ahora y no limitarnos a comentarlo. 
Señorías, esta es la razón por la que tomamos todas las precauciones en todos los lugares en los que nos reunimos. 
Señora Presidenta, tenga la seguridad de que no vamos a iniciar ahora una polémica entre productores de carne bovina francesa e inglesa a nivel de este Parlamento, pero tengo que formular dos preguntas. 
Primera pregunta: ¿Podrían hacerse los mismos análisis para el Parlamento en Bruselas? 
Segunda pregunta: ¿Podemos continuar, en virtud del principio de precaución, celebrando sesión en Bruselas puesto que esta ciudad carece de estación de depuración? 
Ya contesté la primera pregunta, señor Daul, puesto que le dije que también se efectuarían los controles en Bruselas, así como también en Luxemburgo, donde trabajan numerosas personas, no habría que olvidarlo. 
Por tanto, los controles se efectuarán en todos nuestros lugares de trabajo, pero el Sr. Poos será persona más indicada que yo para responderle. 
Señora Presidenta, le agradezco que me ceda el uso de la palabra. 
Quisiera informar y tranquilizar al mismo tiempo a los diputados que acaban de intervenir sobre este tema importante y grave. 
Quisiera decirles que la Junta de Cuestores ha actuado de acuerdo con el principio de precaución. 
De hecho, si la Junta de Cuestores no hubiera ordenado un análisis del aire en estos locales, este problema ni siquiera se hubiera mencionado hoy, en sesión. 
Por tanto, este análisis fue realizado y, como ustedes saben, fue negativo en dos puntos. 
Hemos tomado inmediatamente las medidas necesarias, a saber, el cierre de los locales donde se comprobaron estas deficiencias. 
Después de haber realizado transformaciones técnicas, hemos procedido a un segundo análisis del aire cuyos resultados conocemos en lo relativo al amianto. 
En el segundo análisis, las fibras de amianto no fueron visibles, lo que se explica por el hecho de que habían o habrían sido traídas del exterior. 
No se utilizó amianto en la construcción del edificio. 
En segundo lugar, en lo relativo a las colonias de "legionela", se llevó a cabo un segundo análisis, pero todavía no conocemos los resultados por razones puramente técnicas y biológicas. 
En efecto, la maduración biológica de estos cultivos toma unos quince días. 
De todas maneras, tendremos los resultados de este segundo análisis antes del principio de la próxima sesión plenaria en Estrasburgo y tengan la seguridad, Señorías, que si llegaran a ser positivos, es decir, si llegara a descubrirse la presencia de estos factores patógenos, la Junta de Cuestores recomendaría a la Mesa y a la Conferencia de Presidentes que actuara en consecuencia. 
Por tanto, actualmente no hay razón alguna para alarmarse. 
Esperamos los resultados de esos análisis y tomaremos las medidas que se impongan cumpliendo con el principio de precaución. 
Señora Presidenta, en el acta de la sesión de ayer, en el punto 5, relativo a la anulación del mandato del Sr. Le Pen, al referirse a mi intervención y a la de la Sra. Palacio Vallelersundi, hay dos medias verdades, y dos medias verdades pueden acabar siendo una mentira. 
En primer lugar, se dice que el Sr. Medina Ortega considera "que la carta leída por la señora Presidenta no refleja la opinión de dicha comisión". 
Yo lo que dije es que la carta leída por la señora Presidenta y enviada por la Sra. Palacio Vallelersundi no era la opinión de la comisión: no había sido aprobada por la comisión y, por tanto, no era la opinión de la comisión. 
No es que reflejara o no reflejara; no es lo mismo reflejar que ser. 
En segundo lugar, a continuación, se dice que la Sra. Palacio Vallelersundi "precisa que el documento en cuestión corresponde a la posición de su comisión". 
No está aquí la Sra. Palacio Vallelersundi, pero, si no recuerdo mal, lo que dijo fue algo así como que, aunque no había sido aprobada por la comisión, era la opinión que ella tenía sobre lo que había pasado en la comisión. 
A pesar de que sé que son unas precisiones, me gustaría que quedara claro que lo que dije es que no era la opinión de la comisión y que, de alguna forma, la Sra. Palacio reconoció que era su opinión sobre lo que pasaba en la comisión. 
Con ello, las dos medias verdades podrían convertirse en dos verdades completas. 
Señor Medina, le propongo, después de escuchar atentamente las cintas de grabación, aportar en caso necesario los matices que usted precisa. 
Pero me parece que es preciso, ya que el ámbito es muy delicado, volver a escuchar primero las cintas para ver si, realmente, deben introducirse estos matices. 
En caso afirmativo, se introducirían. 
Señora Presidenta, está muy bien que el Sr. Poos diga que los Cuestores han pedido una verificación de la calidad del aire. 
Tengo entendido que el personal pidió una verificación de la calidad del aire antes de que se inaugurara este edificio. 
En enero yo pedí una verificación de la calidad del aire. 
¿Por qué se ha tardado tanto en hacer la verificación de la calidad del aire? 
Normalmente, en muchos países, si se descubre en cualquier parte de un edificio la bacteria legionela, se clausura el edificio. 
¿Hay otras observaciones sobre el Acta? 
Compruebo que no. 
(El Acta queda aprobada) 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, hago uso de la palabra de conformidad con el apartado 3 del artículo 126 para preguntar si hay quórum para esta votación. 
Pese a la presencia sin precedentes de ciertos diputados franceses, veo que los viernes en Estrasburgo no funcionan adecuada y eficazmente para este Parlamento y debemos transferir una parte mayor de nuestra labor parlamentaria a la capital, Bruselas. 
- (PT) Señora Presidenta, quisiera reaccionar contra la manifiesta hipocresía de la petición que se ha hecho. 
Ayer, en la votación del informe Buitenweg, presenciamos cosas graves en este Parlamento. 
Se atropellaron las normas reglamentarias para que se pudiera celebrar la votación del informe Buitenweg, firmado por una de las principales animadoras de ese Grupo que hoy tiene como portavoz al Sr. Duff, tal vez porque la Sra. Buitenweg sienta cierto pudor. 
En vista de lo ocurrido ayer y que todos nosotros tenemos presente- tuvimos que oír declaraciones hipócritas de grandes principios, cuando en el período parcial de sesiones de abril se sacrificó una resolución sobre Etiopía, por ejemplo­, quisiera pedir a los animadores de ese Grupo que al menos en esta sesión tuvieran un poco de vergüenza y respeto de sus colegas. 
Señora Presidenta, quiero trasladar nuestra solidaridad y simpatía al pueblo de Paraguay ante un nuevo intento de golpe militar. 
Eso es todo lo que quería decir. 
Que quede bien clara nuestra posición como Parlamento. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo renunció ayer, mediante la ausencia de dos docenas de colegas y la solicitud del quórum que habríamos logrado sin mayores problemas, a impedir la votación sobre el informe Buitenweg, lo que habría sido fácilmente posible. 
Según el reglamento, debería haber tenido lugar hoy ya que ayer no se presentaron a tiempo las enmiendas. 
Yo apelé al sentido de trabajo limpio de la Asamblea. 
Ruego a los colegas que acepten realmente una moratoria en esta cuestión. 
Estamos trabajando para incluir el asunto de revaluación del viernes. 
La mejor revaluación habría sido naturalmente votar hoy sobre el importante informe de Buitenweg. 
Pero creo que la Sra. Buitenweg no puede estar hoy aquí. 
Independientemente de ello, tenemos que revaluar el viernes. 
En nuestro grupo político estamos adoptando las correspondientes medidas. 
Le ruego que nos permita seguir trabajando limpiamente y no seguir saboteándonos. 
Como ya lo dije ayer, puedo reiterarles que en el seno de la Mesa y de la Conferencia de Presidentes estamos precisamente evaluando de nuevo los trabajos del viernes. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, me dirijo al autor de la enmienda, el Sr. Duff, pues esto sigue siendo una cuestión de reglamento sobre la que se debe debatir aquí. 
Estimado colega Duff, ayer se votó aquí sobre el informe Buitenweg, lo que trajo como consecuencia que haya que votar esta mañana sobre los informes Karamanou y Sörensen. 
Este es también el motivo porqué la colega Buitenweg, que por lo demás solicita el quórum, mantiene aquí una elegante actitud reservada ya que sabe que es un acto de honradez que se vote esta mañana aquí sobre estos informes. 
Posiblemente, ante la gran masa de solicitantes no se ha prestado atención al colega Duff. 
No se le ha dado la información, por lo que presenta ahora esta solicitud. 
Por ello, ruego al querido Andrew que retire esta solicitud pues Buitenweg y otros quieren que esta mañana se vote sobre los informes Sörensen y Karamanou. 
En cualquier caso, propongo a la Sra. Buitenweg y a otros que renuncien esta mañana a toda esta escenificación para evitar situaciones molestas. 
Señora Presidenta, no considero que la cuestión de la solicitud de comprobación de quórum es inherente al hecho de trabajar en Estrasburgo más que en Bruselas. 
Estoy a favor de trabajar en Estrasburgo, sin embargo, estimo que si hemos decidido trabajar el viernes- y se me antoja que ésta es la cuestión- es preciso que el viernes haya quórum. 
No pienso que sea correcto haber votado a favor de trabajar los viernes y luego no estar presentes. 
En cuanto a que la solicitud de comprobación de quórum es o no es un sabotaje, basta comprobar lo que sucede en el parlamento italiano. 
En varias ocasiones pedí la comprobación de quórum y en la mayor parte de ellas no lo había. 
Sin embargo, nadie me acusó de sabotaje y no pienso que la guerra que se ha desencadenado entre Etiopía y Eritrea dependa del hecho de que la última vez no había quórum. 
Señora Presidenta, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades me ha sorprendido la petición de fijación de quórum. 
Ayer cambiamos el turno de dos de nuestras materias para tratar y votar el informe Buitenweg. 
Los informes de las Sras. Sörensen y Karamanou se pasaron para el debate de la tarde para ser votados hoy. 
Creo que es muy extraño que nuestros colegas se comporten de esta manera. 
Posiblemente sea ésta una oportunidad para que mi colega retire su propuesta y entienda que al menos la mitad de la población mundial está formada por mujeres. 
El documento que ha redactado la Sra. Sörensen, y que queremos que hoy se someta a votación, es muy, muy serio. 
Pido a mis colegas, con la mayor seriedad, que dejen de jugar con el Parlamento y que retiren su propuesta, quizás con la ayuda de Buitenweg. 
Señora Presidenta, sólo quería corregir la afirmación del Sr. Posselt. Ha dicho que no cree que hubiera quórum en la votación sobre el informe Buitenweg. 
Según mis cálculos, 242 diputados votaron sobre ese informe, incluidos 35 diputados del PPE, y merecen una felicitación por haber apoyado ayer ese excelente informe. 
Señora Presidenta, antes de proceder a la votación, y me gustaría que no se procediera inmediatamente, desearía hacerme eco del llamamiento de mi compañera Theorin, un llamamiento colegial y amistoso a nuestro compañero Duff para que renuncie a la comprobación del quórum. 
La última vez, durante la sesión del viernes, aquí en Estrasburgo, esta comprobación tuvo un efecto desastroso sobre la imagen del Parlamento Europeo, las cadenas de televisión, el mismo día, dijeron que el Parlamento no tenía el número de presentes para debatir sobre la ayuda a Etiopía y al mismo tiempo estas mismas cadenas de televisión mostraron niños muertos a causa del hambre y personas hambrientas. 
Hoy se hará lo mismo con la lucha contra la trata de mujeres. 
Se mostrará a pobres mujeres en los barrios insalubres y se dirá que el Parlamento Europeo no tenía el número de presentes necesario para discutir sobre ello. 
Por tanto, por favor, por favor, ¡renuncie a la comprobación del quórum y procedamos a la votación! 
Señor Duff, ¿mantiene usted su solicitud? 
A continuación, se comprobará si hay 32 diputados que le apoyan. 
Señora Presidenta, si estos informes son serios, no cabe duda de que merecen que haya quórum. 
Lo que voy a hacer es insistir en mi cuestión de orden. 
Señora Presidenta, creo que se equivoca, porque la lista de la votación es diferente. 
Si queremos que se rechace la iniciativa de Finlandia debemos votar en contra. 
Esto es lo que votamos en principio. 
Por tanto, quien vote a favor, vota la propuesta de Finlandia, que ha sido rechazada por la Comisión. 
Quien vote en contra rechaza la propuesta finlandesa y deja a la Comisión la responsabilidad de traer la correspondiente propuesta, como son las siguientes modificaciones que se han depositado. 
Señora Presidenta, tal como ya ha expuesto la colega Karamanou, se trataba de un asunto muy complicado. 
Por ello, ruego me permita que me refiera de nuevo muy brevemente al tema. 
Lo hago en coordinación con el colega del PPE, que trabaja como coordinador en nuestra comisión, pues el PPE ha presentado dos enmiendas pero sólo para la resolución legislativa. 
Se debe rechazar el mismo texto de la resolución. 
Pero sobre la resolución legislativa se debe votar junto con las dos enmiendas en las que se indica que exigimos al Consejo que presente un nuevo borrador del texto. 
Así pues, se debe rechazar el texto actual y en la resolución legislativa se debe instar al Consejo para que presente un nuevo texto. 
Por ello, se produce el hecho algo inusual de que se rechace el texto que se somete a votación pero que se vote sobre la resolución legislativa. 
Ruego que se lleve a cabo este procedimiento algo inusual. 
De este modo, tendremos la oportunidad de obtener un nuevo texto. 
Señora Presidenta, en relación con la misma cuestión de orden que el Sr. Duff ha planteado antes, he de decir que la votación nominal acaba de demostrar que no hay quórum, por lo que, de conformidad con los mismos artículos del reglamento, quisiera pedir que se compruebe el quórum y pido a sus Señorías que me apoyen poniéndose de pie. 
(Se ponen de pie 19 diputados) 
La Presidenta. La petición no se sotiene. 
En relación con la enmienda 10 
Señora Presidenta, respecto a esta enmienda, hay un problema de idioma. 
La versión francesa incluye la palabra "délit", cuando en realidad en la versión inglesa es "crime". 
Como usted sabe, señora Presidenta, en francés no quieren decir lo mismo. 
La enmienda está destinada a corregir esta versión. 
No soy yo quien la ha presentado, pero me parece que esta es la razón. 
Quisiera señalarlo. 
En relación con la enmienda 5. 
. 
(NL) Señor Presidente, en las conversaciones con la Sra. Martens, del Grupo del PPE, hemos decidido modificar en ese sentido la enmienda al apartado 19. Se refiere al papel esencial que desempeñan las ONG, dentro de las cuales también cabe incluir las organizaciones con vocación social en Europa que tienen como tarea la acogida y asistencia de las víctimas. 
Apoyo dicha enmienda. 
Propone usted entonces una enmienda oral para reemplazar las palabras "las iglesias y las organizaciones religiosas" por "las organizaciones con una vocación social". 
Señora Presidenta, no he entendido muy bien si en el texto se escribirá "organizaciones eclesiásticas". 
En ese caso, quisiera que se volviese a la redacción original. Usted, señora Presidenta, dijo una cosa y Sörensen otra. 
¿Tendría la amabilidad de repetir el contenido de la enmienda oral? 
Para que las cosas queden bien claras, creo que lo mejor sería escuchar de nuevo al ponente para que todos sepan exactamente en su idioma en que consistiría la modificación oral que usted nos propone. 
Pido disculpas por mi falta de claridad. 
La enmienda oral consiste en que, en la enmienda 5 que modifica el apartado 19, se mantiene la expresión "señala el papel esencial que desempeñan las ONG", y después, lo que está impreso en negrita en la enmienda original se modifica como sigue: "dentro de las cuales también cabe incluir las organizaciones con vocación social en Europa que tienen como tarea la acogida y asistencia de las víctimas". 
Así pues, las iglesias y organizaciones religiosas se sustituyen por organizaciones con vocación social, que es un concepto más amplio. 
Señora Presidenta, he votado con mucho gusto a favor del informe Sörensen. 
Me complace su contenido y lo suscribo totalmente, sin embargo, me doy cuenta de que por desgracia no se va al fondo ni a la verdad de la situación. 
En la propuesta de resolución se dice que cada año entran en Europa 500.000 personas, víctimas de la trata de mujeres. 
Los verdaderos responsables de la trata de mujeres son los hombres que se encuentran con ellas en Europa y que, según mis cálculos, andan rondando los 180 millones de personas. 
Lo que estoy diciendo en mi explicación de voto aparece también en la decimocuarta línea de la página 11, la única de un informe de un total de 722 en que se dice la verdad: es preciso luchar por "una actividad de información y de sensibilización orientada a reducir la demanda". 
De las 7.213 palabras de este informe sólo 6 para decir la verdad. 
Nos encontramos de nuevo enfrentados a uno de los aspectos más sórdidos de nuestras sociedades modernas: la trata de seres humanos. 
Y he aquí que, de nuevo, nuestra Asamblea responde a este problema con un doble lenguaje incoherente cuya repetición resulta desalentadora. 
Efectivamente, si la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades condena legítimamente la trata de las mujeres y de los niños como una violación intolerable de los derechos fundamentales, al mismo tiempo denuncia lo que considera los efectos nefastos de la prohibición de la prostitución. 
Ahora bien, ¿qué valdrán las medidas que proclamamos legítimamente de parte de las instituciones nacionales o comunitarias si, desde las más altas instancias, los responsables políticos, entre los que nos encontramos, no proclaman que la explotación sexual, y particularmente la prostitución, atenta a ese derecho realmente fundamental de la dignidad de las personas? 
Puesto que nuestra Asamblea participa en este momento en los trabajos de la Carta de los Derechos Fundamentales, aprovechemos la ocasión para reflexionar sobre el sentido que queremos darles: ¿es la proclamación de una percepción de la persona humana, de su naturaleza sagrada y de su dignidad intrínseca, o el reconocimiento de los derechos de los individuos considerados aisladamente y de comunidades impermeables entre ellas? 
Se me responderá que la prostitución siempre ha existido y que más bien es preciso tratar de limitar los estragos. 
Efectivamente, esta plaga, como tantas otras, siempre ha existido y lamentablemente sin duda existirá siempre. 
No obstante, nuestra misión como cargos electos nos impone ver más lejos, y sobre todo más alto, y no considerar jamás aquello que destruye a la persona humana como una fatalidad, sino como un crimen que es preciso combatir. 
Las medidas libertarias de despenalización, cualquiera que sean los ámbitos, han demostrado su carácter ineficaz y peligroso. 
Permítame recordar a algunos de mis compañeros el papel de estas leyes: al prohibir determinadas prácticas, imponen límites que tienen como objetivo proteger a aquellos y a aquellas que, por diferentes razones, son vulnerables frente a redes criminales que explotan su miseria y prosperan gracias a ella. 
Si estas leyes no bastan para destruir tales redes, entonces es preciso, paralelamente, dar a las autoridades competentes los medios para llevar a cabo una lucha que resultará más eficaz en la medida en que será sostenida por una legislación sin ambigüedades. 
Las desviaciones incalificables de algunas personas con frecuencia son la señal de un desamparo al que también es preciso poner remedio. 
Es criminal utilizar esta fragilidad de algunos para fomentar una ideología libertaria que dé lugar a otras miserias y que finalmente huele a muerte. 
Las medidas de orden jurídico que propone la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades en el informe Sörensen son numerosas y ambiciosas. 
No obstante, todos los derechos proclamados, todas las leyes protectoras, todas las cooperaciones internacionales valen únicamente si se inspiran en principios superiores y anteriores a cuyo servicio han sido puestos en práctica. 
Por tanto, resultaría útil que comencemos por reafirmar solemnemente que lo que está aquí en juego es la dignidad de toda persona humana y que cualquier tipo de compromiso con prácticas que atenten contra ésta es irresponsable y criminal. 
Cuando se conoce el horror del contenido de las redes de pedofilia, cuando se ve, en las capitales europeas, mujeres expuestas en vitrinas como mercancías, cuando se tiene conciencia del desamparo de las víctimas de esta explotación, no puede sino rechazarse los textos inconscientes y criminales que sugieren la despenalización, basados en una ideología libertaria que ignora la necesaria, incluso si es imperfecta, protección de los más débiles. 
Resulta indispensable que en los Estados y en una cooperación entre ellos, los principios naturales de la dignidad humana recuperen un lugar central y sean fomentados y defendidos por las políticas de protección de las víctimas y de represión de los responsables. 
Es indispensable una política ambiciosa de ayuda al desarrollo que proceda desde las más altas instancias. 
Esta política debe tener como preocupación ofrecer a los países pobres los medios para que se desarrollen con el fin de ofrecer a sus poblaciones las perspectivas de una vida digna: estos medios incumben el aspecto económico, pero también y sobre todo los aspectos cultural y educativo. 
Efectivamente, existe una demanda permanente de lo que se llama "la industria del sexo", pero es preciso que tratemos de evitar que los adultos se vendan o vendan a sus hijos a estas redes porque es el único medio de satisfacer sus necesidades. 
Es especialmente la educación de los jóvenes y la de los adultos lo que permitirá a estas poblaciones crear, en sus respectivas regiones, sus propios medios de subsistencia. 
A nosotros también nos corresponde crear al mismo tiempo, en nuestros países, los marcos normativos y sociales necesarios para ayudar a las víctimas y combatir esta plaga demasiado a menudo presentada como una fatalidad, incluso como una agradable costumbre. 
Buques que enarbolan pabellón de Partes no Contratantes de la Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0101/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen determinadas medidas de control en relación con los buques que enarbolan pabellón de Partes no contratantes de la Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) (COM (1999) 570- C5-0041/2000- 1999/0231 (CNS) ). 
. Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, las organizaciones regionales de pesca, que regulan la actividad pesquera más allá de las 200 millas de las zonas económicas exclusivas, están desempeñando un papel fundamental en la regulación y en la gestión racional de los recursos pesqueros en las aguas internacionales. 
Y están llamadas a desempeñar un papel todavía más importante en el inmediato futuro. 
Por ello, la Unión Europea debe potenciar su presencia en dichas organizaciones regionales, en las actuales y en las que se vayan a crear en el futuro. 
Desgraciadamente, la Comisión Europea, a nuestro juicio, no está en estos momentos capacitada en cuanto a recursos humanos y técnicos para atender, con la dedicación que merece, la presencia en todas y cada una de estas organizaciones regionales de pesca, de acuerdo con los importantes intereses que las distintas flotas comunitarias tienen en los diversos océanos del planeta. 
NAFO es una excepción y se ha convertido, tal vez, en el escenario más atendido, más regulado y más vigilado de todos. 
Cierto es también que la Comisión está prestando mayor atención a algunas de estas organizaciones, como en el caso de ICCAT, interés, por cierto, que no es ajeno a la presión ejercida desde el Parlamento Europeo y, en concreto, desde nuestra Comisión de Pesca. 
Pero quedan muchos otros escenarios y- por citar sólo los que puedan referirse a la especie del atún- junto a la citada organización para el atún atlántico, existe la imperiosa necesidad de nuestra presencia y dedicación en la Comisión de Túnidos del Océano Índico, CTOI; la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT; o la MHLC, Multilateral High Level Conference, que está negociando la convención que regirá la comisión del Pacífico occidental. 
La presencia eficaz, con medios humanos y técnicos, de la Comisión Europea en todas estas organizaciones y las que habrán de crearse- como digo- en el futuro se impone. 
Desde el Parlamento Europeo ayudaremos, y no escatimaremos esfuerzos para que la Unión Europea tenga en estos organismos el peso que a nuestros sectores pesqueros corresponde y que éstos reclaman frente a terceros Estados, que a veces, por cierto, defienden con más ahínco que nosotros sus propios intereses. 
NAFO ha sido modelo en muchos casos. 
El Reglamento que ahora nos ocupa trata de llevar al ámbito comunitario decisiones adoptadas ya en la organización en los años 1997, 1998 y 1999 para hacer más eficaces sus medidas internas. 
Se trata, en este caso, del espinoso problema del respeto de las normas de las organizaciones regionales de pesca para aquellos buques que no forman parte de la organización y que, bajo banderas de conveniencia o no, actúan simplemente por libre mientras otros acatan medidas de conservación de los recursos y, por supuesto, contribuyen a los cánones respectivos. 
Apoyamos las medidas previstas, que aun así siguen siendo escasas y difíciles de aplicar, pero que irá extendiendo y haciendo más efectivas la concienciación mundial en torno a la pesca y al comercio responsables. 
En esta línea van las enmiendas que proponemos desde la Comisión de Pesca del Parlamento, que matizan algunos conceptos para mayor precisión y mejora, en la medida de lo posible, de los ya importantes sistemas de control en aguas de NAFO. 
Actualmente- como es conocido- ha sido llevado a puerto, el puerto portugués de Aveiro, un buque comunitario, el Santa Mafalda, que faenaba en las aguas de NAFO, con inspectores canadienses de la NAFO a bordo. 
A la espera de las conclusiones de la inspección en puerto, pedimos a todos el cumplimiento de las normas de regulación de las pesquerías en NAFO, normas de conservación de los recursos, que son fundamentales para su mantenimiento. 
Y pedimos también a las autoridades canadienses que se sometan a las normas de control de NAFO y no se extralimiten en sus funciones, como reconoció en el Pleno que se hizo en este caso el Sr. Kinnock, Vicepresidente de la Comisión, por la apropiación indebida de documentación del barco sin la autorización del capitán de dicho buque. 
Actitudes como éstas recuerdan tiempos que creíamos superados, en los que Canadá forzó una situación de crisis con la Unión Europea que no quisiéramos, bajo ningún concepto, ver de nuevo repetida. 
Pedimos, por tanto, a la Comisión Europea una respuesta contundente a Canadá ante este comportamiento y pedimos- insisto y concluyo con ello- a todos el comportamiento que merece la conservación de los recursos y el acatamiento estricto de las normas que se da la organización NAFO. 
Señora Presidenta, señor Comisario, desde hace algún tiempo observamos con creciente preocupación en el noroeste del Atlántico un flujo de barcos que no pertenecen a la NAFO, la organización para la pesca en esa zona. 
Estas navieras practican, por decirlo muy sencillamente, una pesca esquilmadora. 
Se niegan muy conscientemente a adherirse a la NAFO, a la que pertenece la UE. 
Creen que de este modo pueden eximirse de cualquier responsabilidad. 
No son realmente nuevos los problemas a los que tiene que enfrentarse la pesca en su totalidad. 
El exceso de pesca es uno de ellos. 
Por ello, lo que necesitamos por fin es una política de pesca coherente, no sólo en nuestras aguas sino en todo el mundo, una política de pesca en la que todas las partes tiren de la misma soga y no cada una de ellas pueda hacer su propio juego. 
Esto afecta a todos: a la comunidad internacional y a los países de la Unión Europea. 
La NAFO es para todos de mayor importancia de lo que se podía creer al principio y no sólo para la Unión Europea. 
La pesca incontrolada ha tenido ya desastrosas repercusiones en especial para el bacalao y la gallineta, dos fuentes de alimentos altamente apreciadas. 
Por parte de la NAFO, desde los años 90 existen para ambas especies de peces unas regulaciones consistentes en una prohibición total de capturas o, al menos, en unas claras limitaciones de las mismas. 
A pesar de todos los esfuerzos para que estos barcos, con frecuencia sin nacionalidad, respeten las medidas de protección y conservación, siguen pescando sin trabas. 
Hasta ahora, el problema para la Unión Europea ha sido la ausencia de un control unitario en el despacho de los barcos de las partes no contratantes en los puertos de la UE ya que estos barcos, naturalmente, no están sometidos al derecho comunitario. 
Por ello, el reglamento sobre el que debatimos cobra ahora su importancia ya que las disposiciones de la NAFO se consideran como derecho internacional aplicable directamente en todos los Estados miembros de la UE. 
El objeto más importante del Reglamento son así pues las disposiciones de la NAFO, con las que se controla a las partes no contratantes, a sus buques con frecuencia sin nacionalidad y sus capturas y, en su caso, se les puede sancionar, además unitariamente. 
En un estudio psicológico realizado en Alemania, que se llama además de modo muy oportuno "juego de la pesca", los participantes abocaban siempre a una catástrofe de recursos cuando actuaban como jugadores individuales. 
En definitiva, cada uno de ellos tomaba lo que podía y al final no había nada más que tomar. 
Si no queremos tener solamente la elección entre unas fuentes cuestionables de alimentos o una pesca cuestionable, una actuación conjunta de todos los participantes radica en nuestro interés. 
Como miembro de la NAFO, con sus numerosos Estados miembros, la UE dispone de las condiciones previas para ello. 
Saludamos en consecuencia esta iniciativa pero para lograr una mayor coherencia entre la NAFO y la UE queremos que se introduzcan algunas precisiones mediante nuestras enmiendas. 
Unas últimas palabras sobre este interesante concepto del derecho internacional. 
También el derecho de la UE es en su origen derecho internacional. 
Sin embargo, hoy tenemos que constatar que el derecho comunitario de la UE se ha ido convirtiendo en un nuevo concepto independiente de modo análogo a la definición que se está formando del concepto de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Sr. Varela se ha referido ya en su intervención a la contundente respuesta que dio el martes el Comisario, Sr. Kinnock, a mi pregunta sobre el abordaje de un pesquero portugués por parte de inspectores canadienses en zona NAFO. 
La responsabilidad de todos es el único ejercicio posible si queremos preservar el equilibrio en esta importante organización y en esta importantísima pesquería para la flota comunitaria. 
La propuesta de reglamento que discutimos hoy, relativa a medidas de control relacionadas con buques de países que no son partes contratantes de la NAFO, tiene mucho que ver con este sentido de la responsabilidad, tan necesario en el sector pesquero. 
Me refiero a la responsabilidad de todos en la gestión de los recursos del mar, conforme a reglas aceptadas por todas las partes para garantizar su preservación, y que la nuestra no sea la última generación en conocer el bacalao, la gallineta o la platija americana. 
Las organizaciones regionales de pesca vienen cobrando en los últimos años una importancia capital para la gestión pesquera. 
En este sentido, los socialistas queremos ir avanzando en el desarrollo de una idea que va dirigida a estimular el sentido de la responsabilidad. 
Quedaron atrás las filosofías jurídicas surgidas de tiempos remotos, en los que el hombre sentía su pequeñez en la inmensidad de la Tierra, que le parecía un planeta de recursos infinitos. 
De aquellas ideas se derivaba la falta de propiedad de los mares y el principio de que el mar no era de nadie. 
Sin embargo, hoy, en un mundo que se nos hace cada vez más pequeño, dominado por nuevas tecnologías que lo hacen todavía menor y con unos recursos que sentimos cada vez más escasos, los socialistas queremos avanzar en el principio de que el mar es de todos. 
Por eso queremos que la NAFO sea- de hecho lo es- una organización abierta a aquellos Estados que cuentan con buques faenando en la zona. 
De esta manera, esos Estados participarían en la creación de normas reguladoras y serían corresponsables en la gestión de los recursos. 
De no hacerlo así, se favorecería a los pabellones de conveniencia, que se ocultan bajo el eufemismo de "partes no contratantes", cuando no a la piratería, que se oculta bajo otro eufemismo, "buques apátridas". 
Estos barcos- que muchas veces nos empeñamos en creer que no tienen nada que ver con nosotros- no vienen de los lejanos mares del sur, sino que casi siempre tienen su origen en puertos europeos, en puertos comunitarios. 
Enarbolan banderas extrañas con la finalidad de practicar el dumping social y, de esta manera, sustraerse a las normas para la gestión razonable de los recursos y despreocuparse así también de los derechos sociales de los trabajadores. 
Quienes idolatran el mercado pueden así comprobar que ni los peces ni las personas ganan con sus postulados. 
Por último, tan importante es que los Estados con buques que faenan en aguas de la NAFO sean partes contratantes como que la Comunidad Europea lo sea también en las organizaciones regionales que se están creando en el Atlántico Sur, y allá donde la flota comunitaria esté ya faenando. 
Nuestra flota- la flota comunitaria- no quiere ser considerada ni pirata ni apátrida ni intrusa. 
Para concluir, el Grupo socialista manifiesta su total acuerdo con el contenido de este informe, aun lamentando- como lo hace el propio ponente, Sr. Varela- la escasez de las medidas propuestas por la Comisión para luchar contra el que hoy es el principal enemigo de nuestra flota y de la preservación de los recursos pesqueros, y que son, ni más ni menos, los buques de bandera de conveniencia. 
Me gustaría mucho apoyar este informe. 
Es extraordinariamente importante y también lo es apoyar los intentos de la NAFO de poner fin a esa actividad tan problemática de quienes no son partes contratantes. 
La realidad de la situación es la de que la expresión "buques de países que no son partes contratantes" suele significar buques que enarbolan pabellones de conveniencia o pabellones obtenidos en países que tienen registros abiertos. 
Son países que conceden a los propietarios de buques el derecho a enarbolar su pabellón, si pagan un canon al país. 
De conformidad con el derecho internacional, compete al Estado cuyo pabellón enarbolan los buques velar por que cumplan las normas y reglamentos; por ejemplo, las medidas de conservación, las medidas de seguridad y laborales y de seguridad, etc. 
El gran problema es el de que esos países que venden pabellones de conveniencia no tienen intención de imponer el cumplimiento de esas normas y ésa es la razón principal por la que recurren a ellas esos propietarios de buques sin escrúpulos para poder hacer lo que quieren. 
Pueden violar la ley y nadie va a intentar hacerles cumplirla. 
Lo único que debe hacer el propietario del buque es pagar un poco de dinero al país para obtener el pabellón que le permitirá pescar impunemente. 
La verdad es que hay que acabar con eso. 
La lista de esos países es muy larga, pero los tradicionales son Belice, Panamá, Honduras y San Vicente y las Granadinas. 
Muchos de esos buques han estado faenando en la zona NAFO, pero ése no es el único punto en el que faenan. 
Un gran número de ellos ha estado también pescando atún en el Atlántico, donde la organización regional es la ICAT. 
La ICAT ha hecho más que ninguna otra organización regional para intentar luchar contra la pesca mediante pabellones de conveniencia. 
Lo más espectacular- y se trata de un ejemplo que otros deberían seguir- es que ahora ha impuesto prohibiciones de pesca del atún pomátomo a uno de sus miembros: Guinea Ecuatorial. 
La ICAT actúa de verdad en serio y otros deberían seguir su ejemplo. 
Organizaciones como la ICAT y la NAFO no pueden resolver el problema por sí solas. 
Es algo que compete a muchos otros y que se debe tomar en serio. 
Muchos propietarios de buques gustan de utilizar pabellones de conveniencia, porque les permite saltarse prácticamente todo a la torera. 
No hay forma de imponer el cumplimiento de la ley. 
Los países que venden les permiten enarbolar sus pabellones; hacen la vista gorda y no se preocupan. 
Por eso son tan populares. 
La UE es de los peores en ese sentido. 
Según los Servicios Marítimos de Lloyd, en diciembre de 1999 había 1.323 buques de más de 24 metros que enarbolaban pabellones de conveniencia. 
De ellos 168 eran propiedad de empresas radicadas en Estados miembros de la UE. 
El peor con mucha diferencia es, naturalmente- y no es de extrañar -, España con 116 buques, pero, naturalmente, no es el único. 
Por ejemplo, los buques franceses utilizan pabellones de Réunion, San Vicente y las Granadinas y las Seychelles. 
En el caso de Grecia son Chipre y Panamá. 
Los holandeses utilizan los de Belize y San Vicente y cuatro buques de mi país, naturalmente, enarbolan pabellones de Belize también. 
Los países preferidos de los británicos son Panamá y Belize. 
No es de extrañar que sea Belize, si tenemos en cuenta las revelaciones del año pasado sobre las conexiones empresariales con ese país de Michael Ashcroft, el tesorero del partido Conservador británico. 
La flota española está distribuida por una larga lista de países, incluidos Belize, Honduras, las Antillas Holandesas, Panamá y muchos otros. 
El único lugar que tiene más de esos pabellones de conveniencia es Taiwán con 117, con lo que priva a España del primer puesto. 
El año pasado, la Comisión estuvo intentando hacer algo, en realidad; propuso denegar subvenciones para el traspaso de la propiedad de los buques a países con registros abiertos. 
El Consejo se negó. 
Quiere utilizar el dinero público para financiar formas de contravenir las normas y eso es inaceptable. 
Al menos una organización está intentando señalar ese asunto a la atención del público. 
Durante las dos últimas semanas, Greenpeace ha tenido un barco en pleno Atlántico meridional, donde ha encontrado pescando atún a muchos buques que enarbolaban pabellones de conveniencias. 
También han encontrado un buque de transporte, con pabellón de Panamá y con propietario japonés- países que son, por cierto, partes los dos en la ICAT- que recibía pescado de buques de Belize, país que no es parte contratante. 
Se trata de una grave violación de las normas de la ICAT, por lo que creo, la verdad, que debemos abordar ese asunto. 
La Unión Europea tiene que abordar esa cuestión. 
Señor Presidente, comparto la bienvenida a esta propuesta de reglamento de la Comisión destinada a perfeccionar aún más determinadas medidas de control en el área de la NAFO. 
Muchas veces he expresado mi opinión de que el caladero NAFO debe ser sin duda uno de los más controlados del mundo, vigilancia que se ejerce a veces por una desmesurada desconfianza de algunas partes contratantes, con poder casi ilimitado en la NAFO, hacia otras partes cuya actividad es perfectamente legítima. 
Todos recordamos los incidentes que tuvieron lugar hace unos años, injustos y lamentables para con un buque comunitario, producto de esa desconfianza rayana en la persecución, que muchas veces oculta en realidad el deseo de echar una cortina de humo sobre los errores de gestión de determinados países costeros. 
Por eso hay que aplaudir que esta propuesta esté destinada a incorporar a la normativa comunitaria tres recomendaciones de la NAFO dirigidas a controlar las actividades de buques de partes no contratantes, en particular los pabellones de conveniencia, cuyas actividades son, sin la menor duda, mucho más sospechosas que las de cualquier flota comunitaria. 
Como suele ser habitual cuando se trata de transposiciones a la normativa comunitaria, hay que volver a lamentar la tardanza de la Comisión en emprender los trabajos de adaptación legislativa. 
Si bien es cierto que la propuesta recoge las últimas recomendaciones de la NAFO sobre avistamientos y transbordos de sus reuniones anuales de 1998 y 1999, también es cierto que éstos no son más que retoques a la recomendación de 1997, que sólo ahora se incorpora. 
Fuera de esta queja ya tradicional, esta propuesta de reglamento proporciona la oportunidad de hacer una reflexión sobre el problema real de los pabellones de conveniencia y los trabajos de la Unión Europea para hacerles frente. 
En el contexto actual de recursos marinos, y cuando la necesidad de protección real de los ecosistemas marinos se va instalando ya firmemente en la conciencia de todos, la lucha contra las pesquerías ilegales, entre las que hay que situar en primera fila a los pabellones de conveniencia, debe convertirse en una prioridad. 
La Unión Europea tiene la responsabilidad de pasar a liderar la lucha contra estas dañinas formas de pesca y tiene que ser capaz de proponer alternativas propias. 
Un primer paso debería ser la propuesta a los Estados miembros de una normativa unificada y clara de lucha contra esta actividad, con el fin de fijar normas comunes que prohiban los abanderamientos y dejen de dar acogida en sus puertos a los desembarcos de dichas flotas. 
No en todos los puertos comunitarios se ha instalado todavía una conciencia clara de que, de manera directa o indirecta, se está dando cobijo muchas veces a una actividad ilegal. 
La instalación de esa conciencia sólo puede llevarse a cabo con una decidida campaña de divulgación y una normativa rigurosa que la acompañe. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Varela Suanzes-Carpegna por la dedicación con que ha trabajado en esto y, de hecho, en todas las cuestiones que se abordan en la Comisión de Pesca. 
La de qué hacer para proteger la vida marina fuera de nuestras aguas no es una cuestión popular. 
No preocupa demasiado al público de la Unión Europea. 
Está aumentando la comprensión de las gestiones que la Unión Europea está haciendo y quisiera decir que durante los muchos años en que ha existido la Política Pesquera Común, la Unión ha fallado en gran medida a la hora de convencer al público europeo de la importancia del papel que está desempeñando para intentar determinar la situación exacta de la vida marina, facilitar al público información científica y adoptar las medidas necesarias al respecto. 
Con demasiada frecuencia no recibimos el apoyo de los Estados miembros y de los Gobiernos nacionales necesarios para convencer al público de que se deben adoptar medidas decididas y serias para imponer el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos. 
Pese a dichas medidas, algo así como el 80% de las poblaciones más importantes de peces están excesivamente explotados y siguen disminuyendo. 
Las medidas que tenemos ante nosotros pueden ser las mejores que podemos sacar adelante, pero parecen bastante débiles y en modo alguno suficientes para lograr lo que queremos. 
Somos el mercado mayor y el más lucrativo del mundo para los productos pesqueros. 
Debemos estar dispuestos a usar nuestra fuerza para imponer todas las sanciones comerciales necesarias a todos los Estados y todos los productos relacionados con ese comercio ilegal. 
No es simplemente una cuestión de protección de nuestros intereses, porque nuestras actividades pueden afectar a las poblaciones de fuera del límite de las 200 millas. 
Además, es que tenemos la obligación de proteger esos recursos que pertenecen a toda la Humanidad. 
Creo que para algunas personas que tienen dinero para comprar grandes buques y equiparlos en el mundo de hoy no hay límite para la capacidad que se puede aplicar a la extracción de recursos del mar. 
No creo que esas personas deban tener derecho, simplemente porque tengan dinero y capacidad y porque vivan en determinada región, a salir a explotar esos recursos y enriquecerse, como ha ocurrido en algunos casos. 
Puede que estemos llegando al punto en que se celebren licitaciones para explotar esos recursos y el público reciba cierta indemnización de quienes se enriquecen rápidamente: ya lo están haciendo así en Nueva Zelandia. 
En su examen de la Política Pesquera Común la Unión Europea debe tener en cuenta que se trata de recursos públicos y que un pequeño número de personas creen tener derecho a salir a enriquecerse con ellos. 
Debería haber un apoyo público generalizado para algún tipo de sistema que impusiera una indemnización. 
En tiempos los pescadores salían con un equipo deficiente y ponían en peligro su vida; hoy tienen la capacidad para saber dónde hay pescado, capturarlo y explotarlo y deberían pagar un canon por ello. 
Quisiera expresar mi sincero agradecimiento por el interés que sus Señorías han mostrado por la propuesta de ese reglamento del Consejo. 
Como saben sus Señorías, el objetivo del reglamento es el de aplicar en el nivel comunitario un plan muy importante de la NAFO encaminado a contrarrestar las actividades de buques de países que no son partes contratantes y que podrían socavar la eficacia de las medidas de conservación de la NAFO. 
En ese marco, debo subrayar que la Comunidad, como parte contratante de la NAFO, tiene todo el interés en que se apliquen medidas que contribuyan a resolver los problemas causados por Estados que no cumplen con sus obligaciones de cooperación y conservación de conformidad con el derecho internacional. 
Respecto de las enmiendas propuestas, quisiera subrayar lo siguiente. 
La enmienda nº 1 no parece necesaria. 
En realidad, el considerando 3 de la versión propuesta por la Comisión es correcto, porque estamos abordando en realidad el método de utilizar buques de países que no son partes contratantes. 
Es más: esta redacción procede del tenor de otros textos jurídicos, por ejemplo la decisión del Consejo relativa a la aprobación por la Comunidad del acuerdo de la FAO y el reglamento del Consejo por el que se establecen ciertas medidas de control respecto de buques que enarbolan la bandera de países que no son partes contratantes en la Convención sobre la conservación de los recursos marinos vivos de la Antártida. 
La enmienda 2 es pertinente y se aceptará. 
La enmienda nº 3 no es aceptable para la Comisión. 
No es necesario imponer una obligación a los buques particulares. 
Si sólo entraña la formulación de una facultad para los buques particulares, no es necesaria una reglamentación. 
Además, la expresión "realizar una inspección en regla" se puede interpretar como una obligación de que el buque comunitario de inspección se dirija a los buques de países que no son partes contratantes para hacer una inspección en regla. 
Semejante obligación desviaría el buque de inspección del desempeño de sus tareas, cosa, desde luego, inaceptable. 
Espero que lo que he podido decir haya contribuido a una mejor comprensión y agradezco una vez más a sus Señorías el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a esta propuesta. 
El debate queda cerrado. 
He estado arriba en mi despacho hace un momento y no es de extrañar que los viernes estén tan devaluados. 
Los técnicos de televisión se han marchado a su casa, por lo que las imágenes de televisión son de la Asamblea y ya no de los oradores originales. 
El personal parece estar corriendo hacia las salidas desde las nueve de la mañana de los viernes, por lo que no es de extrañar que se estén devaluando los servicios de los viernes. 
Quisiera pedirle que compruebe la disponibilidad de todos los servicios del Parlamento mientras la Asamblea esté reunida. 
Transmitiré sus observaciones a la Mesa, pero, por lo que se refiere al sistema de televisión, ya hemos examinado esa cuestión en ocasiones anteriores. 
Durante la pasada legislatura, cuando el Sr. Gutiérrez ocupaba tradicionalmente la presidencia los viernes, pidió que se tomara por televisión toda la sesión. 
Lo probamos durante un período de seis meses y ninguna emisora de televisión transmitió nunca esas imágenes, por lo que se renunció a ese procedimiento, pues resultaba extraordinariamente caro. 
No quiero iniciar ahora un debate a ese respecto, pero su Señoría puede estar seguro de que transmitiré sus observaciones a la Mesa. 
El debate queda cerrado. 
Ahora vamos a proceder a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Señor Presidente, felicito al Sr. Varela por este informe que ha conseguido nuestra unanimidad y que trata de los buques que enarbolan pabellón no comunitario y que no cuentan con acuerdos con la organización NAFO. 
Como bien decía la Sra. McKenna, las banderas de conveniencia permiten violar cualquier reglamento. 
Mi padre tenía un bar en Génova, cerca del Consulado de Panamá- no lo digo para hablar mal del Consulado de Panamá ni de otros Estados- y, por lo tanto, conozco bien el hecho de que se violen todas las leyes: por ejemplo, se permitía navegar a quien no sabía nadar ni remar, porque no se pedía el permiso de navegación y sólo era suficiente un pasaporte. 
Se llegan a embarcar marineros que ni siquiera saben nadar. 
Protección de los juveniles de organismos marinos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0103/200) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (199) 570- C5-0041/2000- 1999/023 (CNS) ) por el que se modifica por quinta vez el Reglamento (CE) nº 850/98, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos. 
Señor Presidente, señor Comisario, querría, antes de iniciar esta intervención, resaltar la unanimidad con que se ha expresado la Asamblea en el anterior informe, para que la Comisión reflexione acerca de las consideraciones de las enmiendas que le hemos presentado. 
Espero que esta unanimidad incida en que puedan reconsiderar su posición respecto a esas dos enmiendas que dijo usted que no iban a apoyar. 
En cualquier caso, en relación con el informe que debatimos ahora, quiero señalar que la finalidad específica de estas medidas técnicas es precisamente la de proteger a los juveniles de los organismos marinos para reducir el alcance de la amenaza que puede pesar sobre futuras capturas. 
Estamos, por tanto, procurando e intentando, junto con la Comisión, proteger los recursos pesqueros. 
Dichas medidas incluyen, como es sabido, normas sobre las dimensiones de las artes de pesca- de las mallas, en concreto -, los tamaños mínimos autorizados para la pesca, zonas concretas de veda, protección de especies que están en peligro, etc. 
El reglamento regulador, el 850/98, entró en vigor el día 1 de enero de este año, pero es obvio que deberá ir adaptándose periódicamente para recoger nuevos datos y las novedades científicas que se vayan produciendo. 
En el caso que ahora nos ocupa, nos encontramos con la quinta modificación, por la que la Comisión Europea incorpora varias novedades plenamente justificadas, a nuestro juicio. 
Trata de las redes para la pesca de camarón, las zonas de prohibición de pesca de lanzón, la revisión de tamaños mínimos para determinados moluscos bivalvos y crustáceos. 
Las revisiones y adiciones al Anexo XII propuestas por la Comisión parecen razonables. 
Tan sólo en el caso del camarón de altura, recientemente incluido, la longitud del caparazón de 24 milímetros parece excesiva y podría causar problemas a los pescadores y, por ello, el ponente ha introducido como enmienda, aprobada ya en nuestra Comisión de Pesca, el compromiso del establecimiento de 22 milímetros. 
Este compromiso, por cierto, ya se ha alcanzado con los Estados miembros, por resultar más adecuado. 
Nos parece también muy positiva la reducción de la talla de la almeja babosa de 40 a 38 milímetros, que venía siendo solicitada ampliamente por el sector. 
Se trata, por tanto, de adaptar, con el respeto estricto de los informes de los científicos, unas medidas que van a suponer un impacto positivo en el ámbito económico y en el social. 
Resulta, en definitiva, esencial que este reglamento se mantenga plenamente actualizado y se fundamente en los mejores dictámenes científicos disponibles. 
No será esta la última modificación, debido a la continua necesidad de adaptación a las circunstancias concretas y a los informes científicos que se vayan elaborando. 
Por eso, con esta enmienda- que creo que puede ser tomada en consideración- aceptamos la propuesta general de la Comisión, y espero que la Comisión acepte también nuestra enmienda. 
Señor Presidente, señor Comisario, como pueden ver nos ocupamos intensamente de la protección de las reservas de peces. 
Antes hemos tratado sobre medidas en el sector de la NAFO y ahora pasamos de la pesca en alta mar en el Atlántico a los detalles de la pesca en las aguas de la Unión Europea. 
No siempre se trata de proteger ballenas o focas, a las que sin duda hay que prestar una gran atención. 
No, también tenemos que dedicar nuestra atención de vez en cuando a especies menos populares, especies que no tienen un aspecto tan gracioso. 
¿Quién ha tomado en alguna ocasión como niño en sus brazos una pequeña almeja babosa, léase venerupis polastra, como osito de peluche? 
En cualquier caso, tenemos un corazoncito para los niños. 
Nada nos ocupa más que la preocupación por el crecimiento de las reservas de peces. Por ello, siempre estamos dispuestos a adoptar las medidas necesarias para su protección. 
Se trata de garantizar el crecimiento de seres vivos marinos para preservar en general las especies. 
El reglamento sobre el que tratamos hoy no es ninguna novedad. 
De hecho hoy se trata de la quinta modificación de esta regulación. 
Ante el desarrollo de las poblaciones, se tiene que modificar continuamente adaptándola a los nuevos requerimientos. 
Se perfeccionan los procedimientos, se determinan nuevos tamaños mínimos y métodos de captura que protejan las especies, tal como el pescador considera necesario in situ. 
A la postre es el especialista que tiene que dar preferencia a la práctica. 
No hay que objetar nada a las modificaciones que prevé la Comisión exceptuando un detalle. 
Se encuentran técnica y científicamente en el estado más avanzado. 
Me parece que a la Comisión le gusta escuchar esto por lo que también es oportuno destacar el trabajo de los expertos de la Comisión que se ocupan de este asunto. 
El Parlamento no tiene ningún interés en hacer de modo general de la Comisión una cabeza de turco. 
Por el contrario, quiero utilizar este informe para mostrar que también puede funcionar de otro modo. 
Precisamente en la Comisión de Pesca nos beneficiamos de la buena cooperación con la Comisión y sus servicios. 
Esta cooperación es urgentemente necesaria para preservar las existencias en los mares. 
¿Quién aparte de la Comisión debería controlarlas y proteger los recursos naturales? 
No siempre es posible recurrir a animales criados artificialmente que, por lo demás, posiblemente son además manipulados genéticamente. 
¿Les parece sano si les digo que es posible criar supersalmones que crecen ocho veces más rápido que hasta ahora? 
¿Cantidad en lugar de calidad? 
La consciencia de tener que hacer algo para la preservación de una variedad de alimentos sanos y la disposición a actuar del modo correspondiente es el mandato de estos momentos. 
No podemos ir como los hunos a un caladero, destruirlo y seguir a continuación sencillamente con la caravana al siguiente sin ocuparnos de lo que hemos dejado atrás. 
Si concedemos algo de importancia a este asunto, tanto económica como ecológicamente, tendremos que adoptar las medidas adecuadas delante de nuestra propia puerta y no sólo para el noroeste del Atlántico. 
Estas medidas son un paso en la dirección correcta. 
Aunque no creo que en el futuro podamos observar la guardería de las anguilas desde un bote como la de las focas, sin embargo, quizás podamos decir dentro de algunos años sobre este pescado que podemos pescarlo pues su supervivencia está garantizada. 
Señor Presidente, tratamos ahora de la quinta modificación, en el plazo de dos años, del reglamento de medidas técnicas para la conservación de juveniles de organismos marinos. 
Este es un informe de carácter técnico que a la mayor parte de nuestros colegas no les interesará en absoluto. 
Sin embargo, quizás su actitud cambiaría un poco si les explicásemos de qué se trata exactamente y de qué manera un informe de estas características puede incidir en la vida de las gentes europeas. 
Para ello, señor Comisario, voy a referirme concretamente a la almeja babosa- que se menciona en el apartado 4- y lo voy a hacer para congratularme por el hecho de que la Comisión rebaje, en su propuesta, la talla mínima exigida para su comercialización de 40 a 38 milímetros. 
Dos milímetros, Señorías, de almeja. 
Porque haberla elevado anteriormente a los 40 milímetros actuales provocó graves problemas a las mariscadoras de mi región, Galicia, lo mismo que a todo el sector de comercialización y a los propios consumidores. 
En Galicia, el marisqueo a pie- así se extrae la almeja babosa- lo realizan únicamente las mujeres. 
Sería largo y complicado explicar el porqué. 
Lo cierto es que los hombres marisquean a flote y con tecnología, aunque primaria, y las mujeres marisquean a pie y con un azadón. 
Alrededor de 10.000 mujeres se dedican a la extracción de la almeja en Galicia, ya que el marisco no se pesca sino que se extrae. 
Son mujeres que trabajan abnegadamente, cavando hectáreas y hectáreas de playa en largas jornadas, en condiciones muy duras y con unos ingresos muy reducidos, que se ven mermados por unas cotizaciones a la seguridad social que pueden suponer más de la mitad de sus ingresos anuales. 
La evidencia parece contradecir algún estudio del que se sirvió la Comisión para elevar la talla mínima de estos moluscos, ya que a partir de 30-32 milímetros la almeja es madura y puede desovar. 
Las condiciones ambientales de las zonas densamente pobladas donde se cría y reproduce esta almeja, las rías gallegas, no les permiten llegar a los 40 milímetros exigidos por el reglamento que hoy vamos a modificar. 
La realidad es que el 80% de la producción natural de almeja es inferior a la talla que se exige actualmente. 
Si las mariscadoras esperan a que la almeja madure hasta alcanzar esa talla, la mortandad será enorme, debido a las condiciones ambientales y no a la acción de las pescadoras. 
En los lugares de más abundancia de molusco- y pienso en las rías de Ferrol y de Arosa -, la almeja no crece más allá de 36 ó 38 milímetros. 
Ni se produce, ni se comercializa, ni se consume almeja de 40 milímetros, sencillamente porque no la hay. 
Una de las tareas de éste o de cualquier otro parlamento es adecuar la normativa a la realidad, si no queremos fomentar el incumplimiento que, en el caso del marisqueo a pie, se convierte en furtivismo y en un mercado negro descontrolado sanitariamente. 
Este Parlamento debe saber que, con las medidas técnicas, tratamos de proteger a los juveniles, permitiéndoles alcanzar una cierta talla y edad de procreación, al tiempo que velamos por reducir las capturas accesorias. 
Pero para que un reglamento cumpla con su función, tiene que adecuarse a la realidad. 
De esta manera, favoreceremos no sólo a las esforzadas mariscadoras gallegas sino también a los consumidores, que accederán a un producto que habrá pasado todos los controles sanitarios, y a los comercializadores, que dejarán de sentirse perseguidos por una normativa que, de cumplirse, dejaría el mercado totalmente desabastecido. 
Por ello, el Grupo socialista- al que represento- apoya la propuesta de modificación de este reglamento, lo mismo que respalda la enmienda de la Comisión de Pesca sobre el tamaño del camarón de altura. 
Lo único que esperamos, señor Comisario, es que no haga falta volver a revisar el reglamento dentro de un año, porque esto significaría que, otra vez, la Comisión Europea y nosotros mismos nos habríamos equivocado en nuestros cálculos. 
Pero, de ser necesario, aquí estaremos para volver a modificarlo. 
Señor Presidente, me gustaría manifestar nuestro respaldo al informe del Sr. Varela y al mismo tiempo dar las gracias al Sr. Presidente de la Comisión de Pesca por la buena colaboración habida en la comisión. 
Las medidas técnicas destinadas a la protección específica de los juveniles- y asegurar con ello las cantidades que podrán ser capturadas en el futuro- pueden ser necesarias. 
Hasta ahora se ha realizado con recortes en las cuotas, dimensiones mínimas para el tamaño de las mallas y la prohibición de la pesca en períodos determinados. 
Resulta naturalmente obvio que tales intervenciones y medidas deben ajustarse a las novedades científicas y las nuevas necesidades. 
La novedad científica ahora es la creación de zonas de prohibición de pesca del lanzón en la costa nororiental de Inglaterra y la costa de Escocia. 
La razón es que la población de gaviotas tridáctilas venía registrando un escaso éxito reproductivo en los últimos años. 
Dinamarca es el Estado miembro que se verá más afectado por esta restricción que recortará las posibilidades de captura de muchos pescadores y con ello afectará a su forma de ganarse la vida. 
Para mayor claridad, quiero mencionar que Dinamarca ha accedido a esta medida técnica durante un período temporal. 
Me gustaría preguntar a la Comisión si se ha compensado a los pescadores por sus pérdidas o señalado otras posibilidades de pesca. 
Puesto que las colonias de aves se ven afectadas por muchos otros factores y no únicamente por la pesca, quiero proponer que la Comisión de Pesca sea involucrada en futuros debates sobre cortes o limitaciones en las cuotas sobre la base de circunstancias ocurridas en tierra firme. 
Lo que quiero es que tengamos posibilidad de examinar a fondo los diversos factores que tienen trascendencia para las colonias de aves y a este respecto discutir la influencia de las colonias de aves en las cifras de captura con respecto al principio de la política pesquera común de garantizar la pesca mediante un aprovechamiento óptimo de los recursos marinos. 
Señor Presidente, quiero agradecer, en primer lugar, que a la hora de redactar este informe se hayan tenido en cuenta mis sugerencias y, en particular, la recomendación de fijar la talla para la gamba blanca en 22 milímetros, en lugar de los 24 propuestos por la Comisión. 
Si bien no considero que la propuesta de la Comisión sea desorbitada, sí hay que tener en cuenta que es una talla que se fija por primera vez y que esta especie es importante en las capturas de ciertas flotas del sur de España y Portugal, que la pescaban, hasta el momento, sin límite de tallas. 
En especies que no alcanzan un gran tamaño, 2 milímetros pueden ser sustanciales a la hora de determinar la mayor o menor rentabilidad de las pesquerías, muy artesanales, que no tenían- como he dicho- ninguna tradición hasta ahora de someterse a una talla mínima. 
Se da además la circunstancia de que el otro Estado miembro implicado, Portugal, deseaba una talla aún menor, de 20 milímetros, por lo que creo que el compromiso alcanzado es aceptable y recomendable. 
Quiero agradecer a la Comisión su disponibilidad a escuchar y aceptar tanto esta sugerencia parlamentaria como las del Consejo, que iban en el mismo sentido. 
También me interesa especialmente la propuesta de la Comisión de cerrar temporalmente la pesquería de lanzones en determinadas áreas de Inglaterra y Escocia. 
También hay que agradecer al país más dependiente de esta pesquería, Dinamarca, que no haya puesto mayores inconvenientes a esta medida, actitud que debería permitir avanzar en un sistema más realista de gestión de los recursos explotados con finalidad industrial. 
He expresado muchas veces mis dudas sobre el sentido que tiene en ecosistemas sobreexplotados, como los comunitarios, mantener grandes flotas destinadas a la destrucción de pescado para la fabricación de harinas o aceites. 
En la Resolución del Parlamento Europeo de junio de 1998 sobre este tipo de pesca, basada en un informe elaborado por el Sr. Kindermann, ya se ponía de manifiesto que el 60% de las capturas comunitarias en el Mar del Norte, Skagerrat y Kattegat se destinan a la industria reductora. 
Informes de la FAO y de las organizaciones de medio ambiente elevan hasta el 70% el porcentaje de producción pesquera que es destinado a su destrucción a escala mundial. 
Evidentemente, estas cifras también ponen de manifiesto la alta dependencia socioeconómica de esta actividad en algunas regiones comunitarias. 
Por ello, y sin pretender, ni mucho menos, su desaparición, sí puede ser conveniente emprender una reflexión sobre las posibilidades de lograr un mayor equilibrio, teniendo en cuenta los objetivos de las distintas flotas en el aprovechamiento de los recursos, reequilibrio que, al final, debería tener su adecuado reflejo a la hora de distribuir la financiación comunitaria en medidas tanto estructurales como de gestión y de política de mercado. 
Señor Presidente, en primer lugar permítaseme felicitar al ponente y al presidente de la Comisión de Pesca por su informe sobre la revisión del reglamento relativo a la conservación de los recursos pesqueros y las medidas técnicas para la protección de los organismos marinos juveniles. 
Este informe, cuyo título probablemente cause más confusión que claridad entre las personas que no hayan seguido ese asunto, es, en realidad, varias enmiendas por separado que actualizan el reglamento original. 
En primer lugar, respecto de las redes de arrastre separadoras con rejillas selectoras utilizadas en la pesca de las gambas; en segundo lugar, la revisión de los tamaños mínimos de varios moluscos bivalvos y crustáceos; en tercer lugar, respecto del establecimiento de una zona de exclusión de la pesca de anguilas ante la costa nororiental de Inglaterra y la costa oriental de Escocia. 
Sobre la última propuesta es sobre la que quiero hablar primordialmente. 
Se trata de un buen ejemplo del planteamiento de la pesca en función del ecosistema: adoptar medidas por razones medioambientales independientes de las aplicadas estrictamente para el mantenimiento de los niveles de las poblaciones de peces. 
En 1998, un informe del Grupo de trabajo sobre los efectos en el ecosistema de las actividades pesqueras del Consejo Internacional de Exploración del Mar determinó por primera vez que las aves marinas- en particular la gaviota tridáctila, que en los últimos años ha tenido poco éxito en la reproducción- estaban compitiendo, en realidad, con la flota industrial, sobre todo buques daneses, en la pesca de las anguilas ante la costa oriental de Escocia e Inglaterra. 
El Reino Unido pidió a la Comisión que presentara una propuesta apropiada a la luz de dicho informe y el Reino Unido hizo propuestas iniciales al Gobierno de Dinamarca para alentar su apoyo a esa iniciativa. 
Se propuso que se introdujera un período de exclusión de la pesca de la anguila entre abril y agosto, cuando las aves marinas dependen más de las anguilas para alimentarse. 
Posteriormente el CIEM volvió a examinar los datos científicos y propuso una zona de exclusión de la pesca desde la mitad de Northumberland hacia el Norte, incluida la costa grampiana. 
Esa zona de exclusión es la propuesta por la Comisión en diciembre como parte del Reglamento sobre el TAC anual y aprobada por el Consejo. 
Según tengo entendido, las partes interesadas ya han aceptado esas medidas en principio. 
Así, pues, espero que el Consejo pueda, después de este debate, alcanzar un acuerdo rápidamente. 
Es importante para la conservación de las aves marinas. 
Es importante que demostremos nuestra preocupación a ese respecto. 
Señor Presidente, este es un asunto importante. Es muy técnico y de difícil comprensión. 
Una mejora gradual en el reglamento contribuirá a largo plazo a la salud futura del medio ambiente marino para las generaciones que vengan después de nosotros. 
Podemos mejorar nuestros recursos. 
En la Unión somos deficitarios en pescado, sólo producimos el 50% de lo que consumimos. 
Con una buena conservación y mejores métodos, podríamos brindar una vida mejor a más personas dedicadas a la pesca. 
Podríamos aumentar en unos 4.000 millones de euros el valor del pescado desembarcado en la Unión Europea, si pudiéramos tener un poquito más de cuidado con nuestras actividades pesqueras durante cierto período de tiempo. 
Es un asunto muy técnico. 
Es importante que hagamos las investigaciones, continuemos con la revisión y convenzamos gradualmente a los ciudadanos de que la Comisión Europea no es una organización hostil enviada desde lejos a perseguir a los pescadores e impedirles ganarse la vida. 
No debemos utilizar ocasiones como éstas para hacer declaraciones incendiarias sobre la necesidad de reducir el tamaño de las flotas que faenan por la reducción de las poblaciones de peces, por el alto precio del pescado, provocado por su escasez en la Unión Europea y la atracción que suscita ese tipo de alimento por razones de salud. 
Existe un deseo apremiante de salir y pescar cada vez más. 
Hay quejas sobre el POP, porque, según dicen, no funciona. 
No cabe duda de que un director de una empresa de transportes no querrá mantener diez autobuses en la carretera, si con uno puede transportar los pasajeros que solicitan ese servicio. 
Lo mismo es aplicable a los trenes o los camiones. 
Entonces, ¿por qué recibimos semejantes presiones de las comunidades pesqueras para mantener flotas grandes y caras, si, de hecho, no hay suficiente pescado y estamos limitados por cuotas? 
No cabe duda de que, si se observan las flotas, redundará en beneficio de las comunidades pesqueras y de las personas interesadas que salgan a pescar esos peces con el menor número posible de barcos de pesca. 
No cabe duda de que hacerlo así contribuye más a la planificación económica nacional y regional. 
No hay que tragarse esas insensatas afirmaciones de que necesitamos mantener los buques y que con ello se mantendrá de alguna u otra forma a los pescadores en sus puestos de trabajo, si resulta que no hay peces que pescar. 
Hubo titulares impresionantes simplemente porque la Comisión publicó, hace unos días, un informe según el cual habría que reducir algunas flotas. 
Esas noticias se propagaron desde Escocia hasta Irlanda y en los periódicos se habló de reducciones en masa del número de personas empleadas. 
No es necesario. 
Sentémonos, acudamos a la Comisión de Pesca, escuchemos a los funcionarios, escuchemos a los investigadores y busquemos una solución sensata para los problemas en lugar de intentar crear una atmósfera de hostilidad. 
En Irlanda tenemos un programa dedicado al mar. Se llama "Seascapes". 
La noche anterior a la celebración del referéndum sobre el Tratado de Maastricht, subieron el tono y la temperatura de sus transmisiones antieuropeas, que no cesan, para intentar congraciarse con las comunidades pesqueras, que tienen la impresión de que de un modo o de otro la Comisión Europea está ahí para perjudicar sus intereses. 
Intentemos, como representantes responsables del público, presentar la verdad a nuestros ciudadanos, en lugar de intentar confundirlos, excitarlos y atemorizarlos. 
El Sr. McCartin parece haber acusado con sus últimas observaciones a los diputados a esta Asamblea de confundir al público. 
Espero que no fuese cierto. 
En caso de que lo fuera, me parece que se le debería enseñar un mapa de las zonas escocesas de pesca para que vea simplemente por qué es tan importante para muchos lugares de los que salen barcos de pesca. 
El Sr. McCartin es demasiado educado como hacer semejante acusación. 
Permítaseme agradecer al Sr. Varela Suanzes-Garpegna su excelente informe, que es un experto reconocido en esa materia, y también expresar mi agradecimiento a los diputados que han intervenido en el debate y han agradecido la labor de la Comisión. 
Tengo mucho gusto en informar a sus Señorías de que la Comisión puede aceptar las enmiendas que se han presentado. 
Me parece un ejemplo excelente de la cooperación entre nuestras dos instituciones sobre esta importante cuestión de la conservación. 
Aparte de eso, el informe apoya plenamente la propuesta de la Comisión, por lo que creo que no hace falta que consuma más del valioso tiempo de sus Señorías. 
Señor Presidente, como representante del Partido de los Pensionistas, he votado a favor del informe del Sr. Varela. 
No es la primera vez que intervengo en favor de los peces jóvenes, lo hago porque deseo que también ellos lleguen a ser mayores y posiblemente pensionistas. 
He recibido varias muestras de satisfacción no solo de los peces, sino también de los pensionistas, porque es justo proteger a los jóvenes, aunque sean peces, como ocurre en este caso. 
Según se ha dicho, esto podría perjudicar a algún pescador que no podrá seguir pescando en abundancia, pero estoy seguro que la Comisión hallará la forma de resarcir e indemnizar a los pescadores que, en cumplimiento de esta directiva, podrán sufrir una reducción de sus rentas y de sus ingresos. 
Agradezco al Pleno la paciencia con la que escucha mis explicaciones de voto. 
Señor Presidente, quisiera decir que espero que la Conferencia de Presidentes tome nota en serio del número- o, mejor dicho, la falta- de diputados en la Asamblea para votar este importante informe. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención de los servicios administrativos del Parlamento sobre el hecho de que la cafetería de los diputados al Parlamento ha sido invadida. 
Allí hay quince personas de uniforme militar que han ocupado una de las partes de la cafetería de los diputados y que mantienen una especie de reunión. 
Quisiera que los servicios competentes del Parlamento intervengan inmediatamente para poner fin a esta invasión y para que ambas partes de la cafetería queden a disposición de los Sres. diputados. 
Su Señoría tiene razón, el bar de los diputados está reservado exclusivamente a los diputados. 
Vamos a velar por que se imponga el cumplimiento de esa norma. 
Ya se ha señalado ese asunto a la atención de los Cuestores. 
Seguros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0104/2000) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (1999) 192- C5-0254/1999- 1999/2183 (COS) ) sobre la aplicación del Reglamento nº 3932/92 de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (ex apartado 3 del artículo 85) del Tratado CEE a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros. 
. (DE) Señor Presidente, en esta ocasión no se encuentra al final de nuestra sesión un tema de pesca sino de política de competencia. 
Hemos debatido sobre este tema muy a fondo, no ha habido muchas controversias lo que ha permitido debatir al final de una sesión de este tipo. 
Como estoy aquí regularmente los viernes, para mí esto no es en absoluto difícil. 
Se trata de regulaciones de exención aplicables a los seguros en Europa. 
Todos saben que desde los tratados de fundación el derecho de competencia se incluye entre las tareas más importantes de la Unión Europea y, en consecuencia, incumbe a la Comisión Europea. 
De modo general, el objetivo de las normas de competencia es garantizar que en el mercado interior europeo reine la competencia. 
Esto es de provecho para los consumidores, promueve el desarrollo técnico, impide los monopolios y acuerdos. 
Por ello, existen unas normas estrictas por las que la Comisión puede y tiene que intervenir. Hay tres ámbitos de aplicación para estas normas. 
Primero: los acuerdos o convenios entre cárteles que, por lo general, están prohibidos. Segundo: el abuso de una posición dominante en el mercado. 
Y tercero: las ayudas estatales. En todas estas cuestiones, la Comisión ha mostrado repetidamente durante los años pasados que se toma muy en serio las disposiciones del Tratado. 
Hoy se trata del primer ámbito. 
Bajo determinadas condiciones se levanta la prohibición general de los acuerdos entre los cárteles, esto es, las llamadas regulaciones de exención. 
Incompatibles con las leyes- también en los campos en los que existen regulaciones de exención- son la determinación de precios, la limitación o control de la creación o distribución de los mercados, la aplicación de condiciones diferentes con las mismas prestaciones y las condiciones contractuales adicionales que con frecuencia son muy diferentes en Europa y que excluyen prestaciones diferentes. 
Posibilidad de regulaciones de exención de conformidad con el apartado 3 del artículo 81 solamente hay- escuchen bien- si una proporción adecuada de los beneficios obtenidos de este modo revierten sobre el consumidor y si no se imponen limitaciones innecesarias que excluyan la competencia. 
Aquí, en el campo de los seguros tenemos una regulación de este tipo desde 1992 que expira el 2003. 
La Comisión está obligada a presentar cada seis años un informe técnico, informe que se ha presentado. 
Este Reglamento sobre la exención de grupos para el ramo de los seguros regula normas comunes, permite normas comunes para acordar el cálculo de primas, para determinar las condiciones de los seguros, para la cobertura de determinados tipos de riesgos y para las precauciones de seguridad. 
Hasta ahora no se han incluido los acuerdos para la tramitación de los casos de siniestro y para el registro de riesgos mayores. 
Cuando el lunes hayamos aprobado tras la tercera lectura el informe Rothley sobre la armonización de los seguros de responsabilidad civil para vehículos automóviles, tengo la esperanza de que la Comisión, debido a este fundamento jurídico armonizado, incluya en el futuro en esta regulación de exención también la tramitación de los casos de siniestro. 
Pues supondría un enorme alivio para los ciudadanos de la Unión Europea si en el futuro pudiesen tramitar con su propio seguro el siniestro ocurrido en el extranjero, en un Estado miembro de la Unión Europea, y si estos acuerdos se garantizasen también por la Comisión en el marco de la regulación de exención. 
En su propuesta, el Parlamento ha planteado de un modo muy unánime exigencias a la Comisión que ésta debe tener en cuenta al examinarlas. 
Por un lado, se trata de la definición de la proporción de mercado en un mercado globalizado, por otro, de cuestiones de detalle sobre los seguros más importantes a los que posiblemente no les sea aplicable. 
Si existe una gran compañía de seguros y 20 pequeñas, entonces la grande no debe poseer más del 10 % del mercado para que se acepte este acuerdo de exención. 
Nos permitimos dudar que esto sea correcto. 
Son temas que dependen de la posibilidad de rescisión. 
Queremos que una compañía de seguros pueda rescindir en 6 meses y no sólo en 12 meses. 
Queremos un fundamento armonizado para las normas europeas de la tramitación de siniestros. 
En general, puedo decir que el Parlamento está satisfecho con este dictamen provisional y que espera de la Comisión un desarrollo continuado y un balance para el ramo de los seguros en el marco de las regulaciones de exención en vigor que expiran todas ellas en el año 2002 y 2003, también para otros campos. 
En este sentido, les ruego su voto afirmativo y les expreso mi agradecimiento. 
Quisiera en particular expresar mi gratitud al Sr. Langen por su informe y por la gran claridad con la que, por escrito y en su exposición de hoy, ha señalado a nuestra atención de qué se trata. 
Tengo mucho gusto en decir que la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interior está substancialmente de acuerdo con el Sr. Langen y no encuentra obstáculos jurídicos para este reglamento relativo a la exención por categorías. 
Como han de saber sus Señorías, la exención por categorías crea excepciones del cumplimiento de la legislación relativa a la competencia del tipo de las mencionadas por el Sr. Langen en relación con el cálculo de la primas en los casos en que los aseguradores pueden calcular conjuntamente las primas netas. En segundo lugar, para el establecimiento de las condiciones normativas sobre el seguro directo y los modelos comunes que ilustran los beneficios de las pólizas de seguros con un elemento de capitalización. 
También crea una exención para hacer posible el coaseguro, la cobertura común de ciertos riesgos y, por último, la coordinación de las especificaciones técnicas relativas al equipo y los procedimientos de seguridad. 
La Comisión dice en su informe que se siente defraudada de que el sector de los seguros no haya recurrido todo lo que habría podido a esa posibilidad. 
Son sectores, todos ellos, en los que parece claro que existe un interés público auténtico en no insistir en los rigores estrictos de la legislación relativa a la competencia. 
Lo que eso nos indica, en sentido filosófico, es que, incluso en un mercado competitivo, el seguro es una actividad inherentemente colectiva en la que las personas comparten riesgos entre sí. 
Si se me permite formular una observación sobre un asunto actualmente polémico en mi país, creo que es una lástima que se hagan esfuerzos tan intensos para desmutualizar antiguas y excelentes mutuas de seguros que expresan plenamente el aspecto colectivo del seguro y me entristece pensar en el asalto que se está haciendo de ese modo a Standard Life. 
Señor Presidente, si la Comunidad no garantiza que los ciudadanos se vean compensados directamente por los grandes riesgos financieros imprevistos, los ciudadanos dependerán de los seguros. 
Cuanto más se bate en retirada la administración pública, más fuerte y lucrativo resulta el sector de los seguros. 
Los seguros se han convertido ya en una previsión necesaria para todos. 
Pero, al mismo tiempo, las aseguradoras constituyen un sector de empresas de las que los consumidores desconfían. 
Todo el mundo teme que, además de tener que pagar una prima demasiado elevada, la letra pequeña de las pólizas de seguro haga que, en caso de que haya algún problema, la prestación a que se tiene derecho sea menor de lo que se había previsto al suscribir el seguro. 
Se considera que las primas son muy altas y las prestaciones muy bajas. 
De la permanente lucha de poder internacional entre las grandes aseguradoras y los bancos se desprende la magnitud que han adquirido los beneficios del sector. 
Asimismo, de este informe se desprende cuán burocráticos y confusos son los reglamentos que la Unión Europea debe adoptar para poder regular de alguna manera el sector. 
A través de exenciones debe regularse ahora que las entidades de seguros puedan colaborar para repartir o reasegurar los grandes riesgos sin que se infrinjan las normas antimonopolio. 
Por consiguiente, el informe refleja un descontento generalizado acerca de las imprecisiones, los plazos y la cuestión de si las normas vigentes redundan en beneficio del asegurado o del asegurador. 
Parece que en realidad no se trata tanto de la tan loada libre competencia como de una competencia regulada por la burocracia. 
Estos suscita la pregunta de si al consumidor no le iría mucho mejor con entidades regionales controladas democráticamente que con un competencia burocratizada. 
En el primer caso se sabe qué consideraciones se tienen en cuenta, cómo se fijan las primas y cómo se asignan los eventuales beneficios a objetivos necesarios. 
En el segundo caso todo se lleva a cabo sin transparencia. 
Por consiguiente, abogo por un enfoque totalmente distinto, transparente y controlable democráticamente, del sector de los seguros. 
No obstante, en la medida en que, por desgracia, falte este tipo de enfoque mejor, deberemos y debemos contentarnos con los instrumentos existentes. 
Esto es mejor que nada. 
No podemos permitirnos dejar transcurrir el anterior plazo fijado de seis años sin adoptar una nueva normativa. 
Por esta razón, mi Grupo se pronuncia a favor del reglamento propuesto. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Langen, y a todos los que han contribuido a este proyecto de resolución sobre el informe de la Comisión relativo al funcionamiento del reglamento sobre la exención por categorías. 
La Comisión acoge con beneplácito el proyecto de resolución, no sólo por su apoyo global a la aplicación por la Comisión del reglamento, sino también por las observaciones concretas que en él figuran sobre la forma de mejorar el reglamento. 
Tal vez sea oportuno decir unas breves palabras de información general sobre dicho reglamento. 
Antes de 1992, la Dirección General de la Competencia de la Comisión estaba sumergida, literalmente, bajo centenares de notificaciones de acuerdos del sector de los seguros, muchos de los cuales planteaban cuestiones similares y reunían las condiciones para obtener una excepción de conformidad con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado. 
En lugar de adoptar centenares de decisiones sobre exenciones particulares, la Comisión aprobó en 1992 un reglamento sobre exención por categorías, por el que se concedía la exención, con condiciones, a los acuerdos entre compañías de seguros correspondientes a cuatro categorías: acuerdos sobre el cálculo conjunto de las primas de riesgo, sobre las condiciones normativas, sobre coaseguro y reaseguro, los acuerdos de mancomunación y los acuerdos por los que se aprueban normas relativas al equipo de seguridad. 
El Reglamento del Consejo de 1991 que permite a la Comisión adoptar una exención por categorías autorizó también la inclusión de otros dos sectores, que, sin embargo, la Comisión decidió no incluir en su reglamento por falta de experiencia al respecto, a saber, los acuerdos sobre liquidación de siniestros y sobre registros de riesgos agravados. 
A raíz de la aprobación del reglamento sobre la exención por categorías en 1992, la mayoría de las notificaciones que la Comisión tenía sobre la mesa fueron retiradas, pero no todas, pues las partes notificadoras consideraron que el reglamento no exponía con absoluta claridad si sus acuerdos reunían las condiciones para obtener la exención. 
La mayoría de dichas notificaciones se referían a consorcios de seguros. 
El reglamento vigente expira el 31 de marzo de 2003, por lo que será necesario un nuevo reglamento. 
El futuro reglamento deberá partir de esos aspectos sólidos y remediar las deficiencias del reglamento vigente. 
El informe presentado por la Comisión el 12 de mayo de 1999, de conformidad con el artículo 8 del reglamento habilitante del Consejo, fue el primer paso en el proceso con vistas a la aprobación de un nuevo reglamento. 
Resume detalladamente la experiencia de la Comisión en la aplicación del reglamento y los diversos problemas que ha advertido. 
Sin embargo, no figuran en él propuestas precisas sobre el futuro reglamento. 
No se decidirán hasta el final del proceso. 
Se tendrá muy en cuenta la resolución del Parlamento en ese proceso. 
También se consultará a otras partes interesadas, incluidos los organismos profesionales de seguros y las organizaciones de consumidores. 
El próximo paso en las consultas será una audición organizada por la Comisión el 28 de junio de este año para un intercambio de opiniones entre quienes han presentado observaciones sobre el informe relativo al reglamento. 
La audición responde en parte a la petición que figura en el proyecto de resolución de un debate informativo sobre el reglamento. 
Está claro que el sector en el que más necesario resulta mejorar el reglamento es el de los consorcios. 
Va a haber que hacer cambios importantes a ese respecto, pero en todos los demás sectores se plantean cuestiones decisivas. 
Las observaciones y propuestas que figuran en el proyecto de resolución, que agradezco al Parlamento, son pertinentes e interesantes en este marco, aunque habrá que analizar cada una de ellas por separado y en función de su mérito. 
Permítaseme responder en esta fase a dos cuestiones de carácter similar planteadas por el Sr. Langer y el Sr. Meijer: la de si la Comisión acepta la recomendación que figura en el proyecto de dictamen de que se deben incluir en el futuro reglamento sobre exención por categorías los acuerdos sobre liquidación de siniestros. 
La Comisión no ha decidido aún en este fase si el futuro reglamento deberá abarcar los acuerdos sobre liquidación de siniestros y los acuerdos sobre registros de riesgos agravados. 
Toma buena nota de que el proyecto de dictamen recomienda la inclusión de los acuerdos sobre liquidación de siniestros. 
La Comisión comparte enteramente la conclusión del proyecto de resolución de que el reglamento ha dado en general buenos resultados, pero que hace falta una ligera mejora. 
El proyecto de resolución es una contribución de lo más útil para ello y la Comisión mantendrá plenamente informado al Parlamento y lo consultará sobre el proceso de revisión del reglamento. 
Señor Presidente, naturalmente, he votado a favor del excelente informe de mi colega Werner Langen a quien felicito por su trabajo y también por su intervención. 
Nosotros y nuestros ciudadanos nos alegramos de las simplificaciones que el Sr. Langen ha expuesto aquí tan claramente. 
Saben que soy una gran partidaria de la sede de Estrasburgo y esta mañana he lamentado de nuevo todas las artimañas que han escenificado aquellos que querían impedir la votación porque quieren sencillamente echar abajo la sesión del viernes en Estrasburgo y quieren concentrar todo en Bruselas si bien estos centralistas también quieren tener a Luxemburgo como sede de la Secretaría General, por así decirlo, como producto derivado. 
Sin embargo, también tengo que decir que Francia no siempre nos pone fácil defender la sede de Estrasburgo. 
Uno de mis grupos de visitantes lo ha experimentado de nuevo esta mañana en su camino hacia aquí. 
El autobús fue detenido por la policía francesa bajo el pretexto de que faltaba un permiso de conducción para Francia. 
Esta empresa ha traído aquí en los últimos diez años a miles de mis visitantes. 
¿Qué pasa aquí de nuevo? 
Estos visitantes se preguntan naturalmente si esto es Europa. 
Además, la policía francesa parece que aún no ha oído hablar de tarjetas de crédito. 
Los visitantes tuvieron que juntar sus francos para pagar la horrenda multa de 5000 francos. 
Esto es inadmisible, señor Presidente. 
Naturalmente, voy a comprobar... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Me temo que debo interrumpirla, señora Lulling. 
Las explicaciones de voto deben referirse al tema del debate. 
Le he concedido cierto margen porque es usted una diputada tan distinguida a la Asamblea, pero ahora debo interrumpirla. 
Señor Presidente, el domingo pasado en Bérgamo, mi ciudad natal, organicé un congreso sobre seguros y resarcimiento de daños, materias que el Sr. Langen ha abordado muy bien en su informe. 
Un joven de 20 años víctima por desgracia de un grave accidente de tráfico, se levantó y dijo: "Sufrí este grave accidente pero estoy, por así decirlo, satisfecho porque he recibido de la compañía de seguros una indemnización de 500.000 euros". 
Otro participante en la reunión, de unos 40 años, dijo: "Yo también sufrí el mismo, idéntico accidente, sin embargo me pagaron menos: 200.000 euros." 
Un señor más mayor, de 60 años, añadió: "A mí me dieron sólo 20.000 euros". 
Otro, de 70 años, dijo: "Tuve el mismo accidente, con las mismas consecuencias y recibí 1.000 euros." 
Un viejo pensionista de 80 años que no pudo siquiera levantarse por estar inválido, afirmó: "A mí la compañía de seguros no me dio nada". 
Las compañías de seguros consideran que una persona mayor no vale nada. 
Sin embargo, yo digo que las personas mayores valen más. 
Por lo tanto, espero que se pueda intervenir en el reglamento para remediar esta injusticia. 
Señor Presidente, sólo quiero plantear una pregunta y decir que esta mañana he pasado por alto a la colega Buitenweg. 
Quiero pedirle disculpas por ello. 
Sólo quería preguntar si la colega van der Laan está presente o si también la he pasado por alto. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.30 horas) 
Antes de dar comienzo al orden del día, ¿hay alguna intervención sobre cuestiones de orden? 
Señor Presidente, lamento tener que informar al Parlamento de que ayer fue detenido en Moscú Vladimir Alexandrovich Gusinsky, Director General de Most-Media, grupo de prensa y radiotelevisión. 
El Sr. Gusinsky es uno de los principales dirigentes comunitarios rusos; es presidente del Congreso Judío Ruso y presidente adjunto del Congreso Judío Mundial. 
Esta mañana está ocupando una de las denominadas celdas para delincuentes de la cárcel de Butyrsky; dudo de que puedan imaginarse ustedes en qué condiciones se halla. 
Los medios informativos que dirigía el Sr. Butyrsky eran los únicos que se atrevían a criticar al Sr. Putin y a su Gobierno. 
Su televisión independiente es la única que ha puesto en entredicho la conducta de las tropas rusas en Chechenia. 
Su programa "Marionetas", basado en "Spitting Images" de Gran Bretaña, ridiculiza al Presidente, cosa que, al parecer, le irrita sobremanera. 
Su emisora de radio, el "Eco de Moscú", fue seleccionada hace unos días por el Presidente Clinton para la única entrevista sustanciosa que dio a una agencia rusa. 
El 11 de mayo los locales de trabajo del Sr. Gusinsky fueron objeto de una incursión por la denominada policía fiscal: hombres encapuchados con ropa de camuflaje que llevaban fusiles Kalashnikov. 
Pocos son los rusos que no ven una relación entre las críticas de Gusinsky y el duro trato de que está siendo objeto. 
El Sr. Gusinsky está detenido, y el Sr. Putin dice que no está al corriente de nada. 
Este último suceso deja a Rusia ante un verdadero dilema: o el Sr. Putin da marcha atrás y libera al Sr. Gusinsky, o no nos queda más remedio que llegar a la conclusión de que la valiente tentativa rusa de establecer una prensa libre ha fracasado y que su democracia no es más que una ilusión. 
Las consecuencias de esta conclusión serían devastadoras. 
Para Rusia significaría despedirse del Consejo de Europa, de Asociación para la Paz, del Programa TACIS y probablemente prepararse de buena gana para una nueva carrera de armamentos. 
El Parlamento Europeo tiene que hacer todo lo que pueda por evitar esta catástrofe. 
Señor Presidente, le agradeceré que hable con sus colegas para que se pueda investigar y examinar toda la gama de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, y para que pueda ejercerse nuestra influencia sobre el país, incluido el turbulento Sr. Putin, que nos está poniendo en peligro a todos. 
Muchas gracias, Señoría. 
Como indican los aplausos, la Asamblea ha tomado nota de su observación. 
Señor Presidente, quisiera referirme a otro punto. 
No sólo fue ayer, sino que desde hace unos meses, en realidad todos los meses, se concede autorización, a la presidencia o otra nacionalidad, para celebrar una recepción. 
Estas recepciones degeneran después en festines de comida y bebida, según lo que demuestran las cámaras. 
Creo, señor Presidente, que eso no es digno del Parlamento. 
La petición que querría formular a través de usted es que se establezcan normas adecuadas para este tipo de celebraciones. 
Pienso, señor Presidente, que no podemos tolerar este tipo de actuaciones. 
Me sorprende que se hayan autorizado, porque la semana pasada yo recibí del propio Colegio de Cuestores una carta en la que se expresaba una observación negativa sobre una exposición para personas con discapacidades organizada por mí. 
Se hacen observaciones negativas en este tema y, sin embargo, este tipo de fiestas que nos pintan como si fuéramos unos burros sí se admiten. 
Le pido que incluya en el orden del día del Colegio de Cuestores la petición de poner fin a estos actos, porque no son dignos de ninguno de nosotros. 
Señoría, yo le ruego que someta sus observaciones por escrito a los Cuestores, que se encargarán de adoptar las medidas necesarias. 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, he estudiado el Acta de la sesión de ayer y me he dado cuenta de que el diputado al Parlamento, el Sr. Elmar Brok, no ha declarado ningún tipo de impedimento en la votación sobre el informe referente a la televisión digital, a pesar de que en el registro de trabajos suplementarios de los diputados él ha declarado que desempeña las funciones de senior vice-president en la empresa denominada Media Developments Bertelsmann. 
En mi opinión, hay que tratar este asunto en el Parlamento. 
Señoría, no he entendido del todo su observación. 
¿Ha dicho que el Sr. Brok votó o que no votó? 
Según la traducción, ha dicho usted que no votó y si se abstuvo de participar en una votación sobre una materia que le afecta, su actuación fue correcta. 
Señor Presidente, estoy leyendo el Acta y aquí no figura que él no haya votado. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, intervengo simplemente para decirle que me he puesto en contacto con el ponente del informe, el Sr. Murphy, y hemos convenido que sería mejor proceder a la votación sin debate de este informe. 
Señoría, su propuesta es muy desusada, pues de costumbre esto se decide cuando se establece el orden de los trabajos. 
Después de consultar el Reglamento, la verdad es que no me parece posible suprimir de ningún modo del orden del día el debate ya previsto de un informe. 
Yo le sugiero que nos atengamos al procedimiento de votación con debate ya decidido. 
Señor Presidente, ignoro si se trata de un problema de formulación, pero creo que la respuesta no corresponde a la pregunta. 
En efecto, la Conferencia de Presidentes ha inscrito en su orden del día de mañana el examen de la solicitud de constitución de una comisión temporal, no de una comisión de investigación. 
Pero ahí no radica el problema: lo que solicito es que se someta a votación la decisión de la Conferencia de Presidentes, por la que se propone que no se constituya una comisión de investigación. 
Existe otra propuesta, pero es distinta. 
Por lo tanto, usted no ha respondido a mi pregunta. 
Yo creo haberle respondido, Señoría. En efecto, existen dos posibilidades en lo que respecta al procedimiento. 
Por un lado, podemos votar por separado la solicitud de constitución de una comisión temporal de investigación y, con independencia de ello, votar asimismo sobre la constitución de una comisión de investigación. 
Se puede proceder a una y otra votación en momentos separados y de manera independiente. 
Sin embargo, el Reglamento no prescribe que se deba proceder obligatoriamente así. 
Por consiguiente, lo que se propone es que se voten conjuntamente ambas cuestiones; esta sería la segunda posibilidad. 
Además, no me parece que la propuesta de que se constituya una comisión de investigación, tal como usted desea, se vea afectada en absoluto si se agrupan ambas votaciones y el tema se retrasa otras tres semanas. 
Esto no altera el fondo del asunto: la Asamblea tendrá que pronunciarse en algún momento. 
Vuelvo a repetirlo: se podría proceder como usted dice, pero la Presidenta sugiere que se siga otro procedimiento y yo también me sumo a esta sugerencia. 
Señor Presidente, considero absolutamente razonable proponer dos votaciones en el momento oportuno, pero insisto en el hecho de que deben celebrarse dos votaciones: una primera votación sobre la constitución de una comisión de investigación- descartada por la Conferencia de Presidentes- y, eventualmente, una segunda votación en caso de que se exista acuerdo sobre la constitución de una comisión temporal, cuyo objeto- como deseo precisar- es totalmente diferente. 
Se trata de dos problemas distintos; y si se examina el Reglamento, el artículo 151 no habla de comisión temporal, sino únicamente de comisión de investigación. 
Estimo que el Pleno tiene derecho a pronunciarse sobre la postura de la Conferencia de Presidentes. 
¡Eso es indiscutible, señor Lannoye! 
El Reglamento lo indica con toda claridad: si se ha conseguido reunir el número requerido de firmas, el Pleno decidirá sobre la constitución de la comisión, a propuesta de la Conferencia de Presidentes. De lo contrario, ello significaría que quien decidiría si se constituye o no una comisión de investigación sería la Conferencia de Presidentes, en lugar de la Asamblea. 
Evidentemente, no es así. 
Puede que en la Conferencia de Presidente haya quien así lo piense, pero la realidad es otra. 
(Risas, exclamación del Sr. Poettering) El Sr. Poettering dice que nadie piensa eso; por lo tanto, el problema está resuelto. 
Señor Presidente, intervengo para apoyar la solicitud. 
Su respuesta me satisface: por fin mañana por la tarde la Conferencia de Presidentes se pronunciará sobre esta solicitud formulada por un gran número de diputados. 
Decisión sobre el procedimiento de urgencia 
Decisión sobre el procedimiento de urgencia 
Señor Presidente, Señorías, tanto el Parlamento como la Comisión se proponen tres objetivos con el citado reglamento. En primer lugar, evitar los abusos de la normativa que regula las ayudas al cultivo del lino y del cáñamo, toda vez que hasta ahora se han producido considerables irregularidades en su regulación. 
En segundo lugar, contribuir a que el cultivo del lino y del cáñamo siga siendo posible en la UE. 
Ambos son cultivos herbáceos admirables con un alto valor ecológico y social. 
El tercer objetivo es garantizar, consolidar y fomentar la expansión de una industria de transformación en este sector. Éste fabrica productos inteligentes, con un elevado valor ecológico y biodegradables. 
Por consiguiente, estamos de acuerdo en cuanto los objetivos, pero no en cuanto al camino para alcanzarlos. 
Por esto, el Parlamento aplazó la votación final y en este momento estamos negociando con la Comisión. 
Se han conseguido considerables progresos y una aproximación de posiciones, y se han alcanzado compromisos en relación con muchos puntos. 
Ayer volvimos a reunirnos, pero no llegamos a completar la redacción de los compromisos y las enmiendas de compromiso. 
La solicitud del procedimiento de urgencia presentada por el Consejo o por la Presidencia, por lo tanto, prematura. En consecuencia, proponemos que de momento se rechace la urgencia. 
Damos por seguro que para julio habremos alcanzado un compromiso presentable, que se podrá votar en el Pleno en el período parcial de sesiones de julio. 
En este contexto, yo quiero volver a expresar mi agradecimiento a la Comisión y al señor Comisario Fischler, que ha mantenido una actitud muy cooperadora en relación con este tema. 
Yo espero que la propuesta nos permita satisfacer también el propósito de la Comisión de presentar una propuesta y dejar cerrado el asunto dentro de este año. 
Muchas gracias, Señoría. 
El presidente de la Comisión de Agricultura ha presentado una propuesta sobre el procedimiento. 
De conformidad con el Reglamento, pueden intervenir un orador a favor y otro en contra de la propuesta. 
La Sra. Schierhuber ha pedido la palabra. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero apoyar en todos sus aspectos la propuesta del presidente de la Comisión de Agricultura, que ha expuesto con mucha firmeza cuál es el objetivo. 
También yo quiero agradecer a mi vez, en mi calidad de ponente, la voluntad de diálogo de la Comisión. 
Como ustedes saben, hasta el momento no disponemos de poder de codecisión en el ámbito de la agricultura. 
Esto explica las dos reuniones informales que hemos mantenido, de más de una hora cada una. 
Constatamos que existe mucho consenso, también por parte de la Comisión. 
No obstante, lamentablemente no disponemos de documentos escritos que permitan proceder efectivamente a la votación y adoptar resoluciones. 
Por esto, yo pido que por el momento se rechace la urgencia. 
Señor Presidente, permítame que exponga una breve aclaración personal. 
Mi actividad profesional consta en el registro de la Presidencia del Parlamento, de conformidad con las normas. 
Mi actuación durante los últimos ocho años se ha regido por dichas normas. 
Jamás he intervenido en ninguna actividad parlamentaria relacionada con temas de interés directo para la empresa. 
En esos casos, tampoco he participado nunca en las votaciones, a pesar de que esto no es preceptivo. 
Por lo demás, no ha habido ningún caso en el que mi posición en las votaciones se pueda interpretar como una defensa de intereses indirectos y en el que no me haya atenido a la posición de mi Grupo. 
Por consiguiente, impugno lo que ha manifestado el colega Seppänen. 
Tiene la palabra el Sr. Korakas por una cuestión de orden. 
Señor Presidente, vamos a debatir después la propuesta de resolución de la Sra. Lalumière sobre seguridad y defensa europeas. 
Se trata de una propuesta importante, y cada cual tiene su opinión sobre ella; creo, no obstante, que sólo se podría mantener un debate serio sobre tan relevante asunto si tuviéramos a tiempo las enmiendas. 
Sin embargo, esta mañana, entre las 08.00 y las 08.30, preguntamos por las enmiendas y las enmiendas no estaban. 
De manera que, cuando se presenten esas enmiendas a votación, no tendremos la posibilidad de mantener un debate previo. 
Y como esto ocurre también con otros debates, quisiera pedir que se tomen las medidas oportunas para que podamos disponer de las enmiendas con tiempo suficiente antes de los debates en el Pleno. 
Señoría, nuestros servicios me indican que tiene usted razón y que el reparto efectivamente se ha retrasado, debido a que el plazo se fijó muy tarde. 
No obstante, dado que la votación no va a tener lugar hasta el jueves, me parece justificable que a pesar de todo se celebre el debate. 
Sin embargo, en el fondo tiene usted razón y en el futuro procuraremos que los documentos se repartan con un poco más de antelación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
(B5-0488/00) dirigida a la Comisión por los Sres. Poettering, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratacristianos) /Demócratas Europeos, Barón Crespo, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, Cox, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, y Lannoye, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre los partidos políticos europeos; 
(B5-0494/00) dirigida a la Comisión por el Sr. Pasqua, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre los partidos políticos de ámbito europeo. 
Primero: los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron explícitamente en 1991 el papel significativo que cumplen los partidos políticos europeos en el artículo 138a del Tratado de Amsterdam. 
Se guiaron por la idea de que también en la Unión Europea no podrá existir una democracia plenamente desarrollada sin unos partidos políticos europeos con un fundamento jurídico sólido y una financiación solvente. 
Segundo: el año próximo habrán transcurrido diez años desde esa fecha sin que se hayan registrado progresos sustanciales en el estatuto jurídico de los partidos políticos europeos y sin que se haya insuflado vida al Tratado. 
El Grupo del Partido Popular Europeo/Demócratas Europeos lamenta profundamente este hecho. 
Tercero: queremos recordar los importantes trabajos previos realizados en el marco del informe Tsatsos, que se aprobó en 1996, y del informe Kuhne del 13 de abril de 2000. 
En otros informes de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario, el más reciente de los cuales es el del colega Ferber, se señala asimismo la urgencia de definir un estatuto de los partidos políticos europeos y de establecer una normativa en este ámbito. 
Cuarto: Por esto acogemos con satisfacción la voluntad de la Comisión de apoyar la inclusión de un punto complementario en el artículo 191 del Tratado CE sobre los partidos políticos europeos. 
Agradecemos al Presidente Prodi, al Comisario Barnier y a todo el colegio de Comisarios la importancia- merecida- que están concediendo a este tema. 
Esto abre las puertas a una solución. 
Confiamos que las fórmulas escogidas por la Comisión permitan la pronta aprobación de un estatuto de los partidos políticos europeos, no impongan demasiadas exigencias en relación con la mayoría requerida en el Consejo y respeten plenamente el poder de codecisión del Parlamento Europeo. 
Quinto: también acogemos con satisfacción que la Comisión Europea respalde según todos los indicios- si estoy bien informado- la posibilidad de un procedimiento sobre la base del artículo 308. 
Mientras no se haya incorporado dicho punto complementario al Tratado, es preciso aprovechar las posibilidades que ofrece el citado artículo 308. 
Aun así, defendemos firmemente que la vía de solución más adecuada es que la incorporación de un punto complementario al Tratado. 
Sexto: Los presidentes de los cuatro Grupos más numerosos del Parlamento Europeo, a saber: el Grupo del Partido Popular Europeo/Demócratas Europeos, el Grupo del Partido Socialista Europeo, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea presentaron hace ya algunos meses, de común acuerdo con los presidentes de las Federaciones de Partidos y con la Comisión, una propuesta sobre los elementos fundamentales que debería incluir un estatuto de los partidos políticos europeos, demostrando así que esta cuestión se debe y se podrá resolver con un amplio consenso político. 
Tenemos la confianza de que será posible conseguir que se sumen a este consenso otros Grupos que de momento todavía no cuentan con un partido político europeo propio. 
Finalmente, en séptimo lugar, también tenemos presente que hasta la entrada en vigor de un estatuto de los partidos políticos europeos se requerirán unas normas transitorias, que regulen y limiten el apoyo de los Grupos del Parlamento Europeo a los partidos políticos europeos. 
Estamos dispuestos a promover una amplia iniciativa que trascienda las fronteras de los Grupos en relación con esta cuestión. 
Queremos seguir impulsando la emancipación de los partidos políticos europeos con respecto a los Grupos y abrirles al mismo tiempo perspectivas para el futuro, y nuestra aspiración fundamental es que los partidos políticos europeos asuman una parte importante del trabajo político de ámbito europeo. 
Queremos ofrecerles esta posibilidad y, sobre todo, queremos garantizar que en todas las cuestiones relacionadas con el apoyo a los partidos políticos europeos prevalezcan la transparencia y una situación jurídica clara, que también sea visible para la opinión pública europea. 
Esto no sólo favorecería la credibilidad de los partidos, sino también la de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, hago mías las palabras del presidente Poettering en esta iniciativa conjunta y, si me permiten, quiero ante todo recordar que hace diez años conseguimos conjuntamente- en aquella ocasión fuimos el partido democristiano, los liberales y los socialistas- que en el Tratado de Maastricht figurara el artículo en el que se reconocía la personalidad de los partidos políticos. 
A mí me tocó en ese momento negociar su inclusión con el Presidente del Consejo Lubbers y quiero rendirle homenaje porque creo que fue un paso importante. 
Podríamos haber escogido formular la pregunta al revés, es decir, por qué cuando tuvo la Comisión el monopolio de iniciativa durante diez años no dio ningún paso para regular esta cuestión tan importante, pero nuestra actitud es constructiva. 
Queremos que se resuelva un problema que no es simplemente una laguna legal sino un problema constitucional para la Unión Europea. 
La situación actual se complica cada vez más. 
Tradicionalmente se consideraba en los medios de comunicación que a Bruselas había que ir a hacer "lobby", a actuar como grupo de presión. 
Conseguimos que se reconociera a los partidos políticos, que en las Constituciones de nuestros países son un pilar fundamental de la democracia. 
Sin embargo, en diez años, no se ha avanzado y verdaderamente nos encontramos en una situación cada vez más difícil. 
Se podría decir, llegando al límite, que por lo menos el 75% de los miembros de esta Asamblea están afiliados a organizaciones que no son clandestinas, ciertamente, pero son alegales, y continuamente se nos formulan exigencias que tratamos de respetar y de cumplir por parte del Tribunal de Cuentas, una institución clave dentro de la Unión Europea, pero que no debe ser la que establezca verdaderamente el marco legal. 
Por ello entendemos que es absolutamente necesario, para conseguir que sea la democracia de las personas y no el poder del dinero la que prevalezca en la Unión, que la Comisión ejerza en este momento de manera responsable su poder de iniciativa. 
Le hemos hecho algunas sugerencias útiles para poder salir de una situación que no es solamente insatisfactoria, sino negativa para el desarrollo de la democracia en Europa. 
Señor Presidente, hemos tratado ya de todas las cuestiones esenciales pero quisiera insistir en que el derecho a proponer normas legislativas incumbe a la Comisión. 
Con intervención de los diversos Grupos políticos se adoptó una iniciativa que presentamos en febrero al Presidente Prodi. 
Como cuestión con valor de ley, desde hace más de siete años se hace referencia a los partidos políticos en el Tratado. 
En el Tratado se dice que los partidos son un factor de integración, que contribuyen a la formación de la conciencia europea, y que son un elemento vital en la vida democrática de la Unión y para los debates políticos de la Unión. 
Ahora bien, como algunos de los artículos que suenan bien en los Tratados, el artículo 191, que es el artículo del que estamos tratando, carece de contenido operativo. 
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿puede adoptar la Comisión una iniciativa que inspire vida y contenido operativo al texto del artículo 191? 
Eso es realmente de lo que se trata en el actual debate de este Parlamento. 
Comparto la preocupación de los oradores que han dicho que los informes del Tribunal de Cuentas- que, por cierto, ya habíamos anticipado en este Parlamento hace varios años con el informe del Profesor Tsatsos, en el que se subrayaba la urgente necesidad de convalidar la personalidad política de los partidos- añaden un nuevo carácter de urgencia. 
Las instituciones tienen que ser capaces de actuar con transparencia y de rendir cuentas. 
Este Parlamento no tiene derecho a redactar normas legislativas: eso es de la incumbencia exclusiva de la Comisión. 
Lo que queremos es que se nos ayude a conseguir que este elemento vital, como declara el Tratado, para la vida democrática y el debate político de la Unión quede convalidado en nuestros textos. 
Señor Presidente, también mi Grupo ha participado en la elaboración de esta iniciativa dirigida a la Comisión, basándose en el simple argumento de que estamos creando una Europa integrada, pero no está nada claro que los ciudadanos puedan influir en esta Europa al ritmo en que avanza la integración. 
No es mi intención decir que los partidos políticos sean el único canal, ni siquiera el más importante necesariamente, a través del cual los ciudadanos puedan influir en los asuntos de la sociedad actual, pero estos partidos desempeñan su propio papel y debemos determinar inmediatamente cuál es el papel de los partidos europeos. 
Tal y como han dicho nuestros colegas, estos partidos deben ser traídos a la luz del día. 
En todo caso, estos partidos están ya funcionando hoy en día. 
No pueden sustituir a los partidos nacionales, pero la colaboración entre los partidos nacionales ya no parece ser suficiente. 
Es importante que se llegue a un acuerdo sobre una financiación completamente abierta y transparente a la hora de definir a los partidos políticos europeos. 
Por ejemplo, es de una gran importancia que se sepa con exactitud de dónde reciben dinero estos partidos y, en este sentido, es particularmente fundamental la financiación de las campañas electorales, ya que el dinero no debe condicionar decisivamente el éxito en las elecciones. 
La intención de mi Grupo no es solamente conseguir de esta forma una vía de financiación para los partidos europeos, sino que lo más importante es que tengamos ahora la oportunidad de definir los principios fundamentales en cuyo marco puedan funcionar los partidos europeos. 
Debemos partir de la base de que estos partidos tienen que respetar en su forma de actuar los derechos democráticos fundamentales, los derechos humanos y el principio del Estado de Derecho. 
Acaso haya llegado la hora de establecer que solamente este tipo de partidos europeos tienen derecho a disfrutar de las subvenciones públicas. 
En caso de que el fundamento jurídico sea ambiguo, nos sumamos a las peticiones para que la Comisión se viese obligada a hacer una iniciativa encaminada a precisar este fundamento jurídico; y la Conferencia Intergubernamental también debe asumir su parte de responsabilidad en este asunto. 
Señor Presidente, según el Tratado, son partidos políticos europeos aquellos partidos que contribuyen a informar a los ciudadanos sobre lo que acontece en la Unión, en el Parlamento Europeo y que, por lo tanto, a través de su actividad política contribuyen a la formación de la conciencia y del conocimiento europeos. 
Pero ¿cuál es la conciencia europea? 
Quizás esto no figura con la suficiente claridad en los Tratados, ya que, por ejemplo, en ellos no se habla de los derechos de los discapacitados ni se protege suficientemente a los niños y a la infancia, hoy por hoy, especialmente castigados por una pedofilia creciente en Europa. 
La conciencia europea es la que debe contribuir al desarrollo del respeto mutuo, impedir que predomine una cultura sobre otra y que la tolerancia se confunda con el laxismo y la falta de normas y de leyes o que las leyes y las normas se hagan para proteger a algunos y no para defender a otros. 
La cultura europea nace del respeto a nuestras culturas nacionales, a nuestras tradiciones, integradas por lo novedoso que avanza, siempre que lo novedoso no implique la prevaricación de una categoría de personas en perjuicio de otra. 
Los ciudadanos de la Unión deben ser protegidos más aún, si cabe, en lo que respecta a sus derechos, incluso económicos, frente a un mercado mundial que ve que prevalecen cada vez más los intereses de las multinacionales y de un mercado mundial deseado por algunas, digamos, actitudes también políticas Por lo tanto, no son partidos europeos aquellos partidos que, por intereses partidistas, se denominan con la misma sigla en países diferentes, sino aquellos partidos que, por afinidad de ideales, de valores y de programas, se organizan en grupos y trabajan en común para otorgar más voz y representatividad a los ciudadanos. 
Por ello, como diría Voltaire, "si quieres hablar conmigo fija tus términos". 
Debemos aclarar si queremos reconocer que los partidos europeos que hoy queremos construir son algo distinto y que puede superponerse a los partidos nacionales, esto es, si después de la globalización económica queremos la globalización cultural y política, es decir, el achatamiento total, o si, por el contrario, queremos construir realmente una Europa en la que los partidos con las mismas afinidades y los mismos ideales puedan trabajar en común a escala europea. 
Antes de dar paso a las intervenciones en nombre de los Grupos, tiene la palabra el señor Comisario Barnier. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, voy a responder, pues, a esta serie de preguntas orales a la Comisión Europea, que se refieren, en general, a las mismas cuestiones. 
Por iniciativa de los presidentes de los principales Grupos políticos de esta Asamblea, el Sr. Poettering, el Sr. Barón Crespo, el Sr. Cox, la Sra. Hautala y el Sr. Lannoye, el Parlamento ha solicitado a la Comisión que se pronuncie sobre una cuestión importante y actual: la del estatuto de los partidos políticos en Europa. 
Hemos decidido, pues, examinar esta cuestión, y estoy en condiciones de transmitirles, tras su deliberación en la reunión semanal de ayer, la postura de la Comisión Europea. 
Señoras y señores, conocemos los numerosos trabajos de esta Asamblea- varios diputados los han mencionado -, realizados desde hace diez años, sobre esta cuestión: los informes del profesor Tsatsos y del Sr. Ferber, así como, más recientemente, el 13 de abril, el informe de los diputados Dimitrakopoulos y Leinen. 
Conocemos las preocupaciones y las propuestas de esta Asamblea; compartimos el interés de ustedes en favor de una evolución capaz de consolidar la democracia europea, capaz de consolidar el proceso extremadamente importante de integración europea. 
El presidente Poettering ha recordado el contenido actual del Tratado. 
Deseo referirme al antiguo artículo 138 A, actualmente el artículo 191, que dispone lo siguiente: " Los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la integración de la Unión. 
Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión ". 
En efecto, señora Hautala, podemos ver a la lectura de este texto- que, naturalmente, es sólo una declaración, pero que tiene el mérito de existir- que los partidos políticos europeos no reemplazarán en ningún caso a los partidos nacionales. 
Hay que decirlo y repetirlo. 
Del mismo modo, señora Muscardini, que la ciudadanía europea, que también figura en los textos, no sustituye a la ciudadanía nacional, sino que se añade a ella. 
Y de esto es de lo que hoy se trata. 
Sin embargo, como acabo de decir, este texto, por importante que sea, es sólo declarativo. 
No lo acompaña ningún dispositivo operativo, dispositivo cuya carencia es evidente, y que será sumamente necesario para responder- el Sr. Presidente Barón Crespo lo ha mencionado- a las interrogaciones o a las peticiones del Tribunal de Cuentas. 
Les responderé, pues, transmitiéndoles las intenciones de la Comisión Europea, señalando al mismo tiempo nuestra doble preocupación, nuestra doble exigencia, o mejor, la de ustedes y la nuestra. 
En primer lugar, la exigencia de rapidez: las cosas quizá han durado mucho, demasiado, desde hace diez años, sin que se aportara ninguna solución. 
Pero esta rapidez debe acompañarse de otra exigencia: la de la seguridad y de la estabilidad jurídicas. 
Dentro del respeto de esta doble exigencia, señoras y señores, deben estudiarse dos posibilidades. 
La primera, propuesta por el informe Ferber, consistente en elaborar una propuesta legislativa sobre la base del Tratado actual. 
En este marco, el artículo 308 podría constituir un dispositivo operativo, al menos en una fase transitoria, en relación, en cuando al fondo, con el artículo 191. 
Pero- y no se trata de un "pero" restrictivo: es simplemente la expresión de la preocupación de seguridad jurídica que yo mencionaba- ustedes saben tanto como nosotros que la utilización de este artículo 308 a menudo es objeto de ciertas reservas y que requiere, en todo caso, un acuerdo unánime tras la consulta del Parlamento Europeo. 
Ahora bien, consideramos que el estatuto de los partidos políticos europeos exige una base jurídica inatacable. 
La segunda posibilidad, como lo recomienda el informe Dimitrakopoulos-Leinen, como también lo desean en su carta, que recibimos ayer, el Presidente de la Comisión, la Sra. Schreyer, los dirigentes de los cinco grandes partidos europeos y como lo deseo yo mismo, consistiría en introducir, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, una enmienda al artículo 191, a fin de ofrecer, probablemente, una mayor seguridad jurídica. 
Señoras y señores diputados, señor Presidente, dicho esto, desearía confirmar, para responder concretamente a su pregunta, que la Comisión está dispuesta a actuar. 
La Comisión asumirá sus responsabilidades. 
Por lo tanto, tomará una iniciativa. 
Lo haremos de inmediato, aprovechando la oportunidad que nos ofrece el primer trílogo que deberá tener lugar, para realizar una reflexión y encontrar la mejor orientación posible, capaz de unir efectivamente a las tres instituciones. 
Vamos a hacerlo a la vista de la discusión que se celebrará en el mes de julio, trabajando y sacando partido de la mejor combinación jurídica posible de los artículos 308 y 191. 
Vamos a hacerlo probablemente a corto plazo. En las próximas semanas o meses propondremos, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, el texto de una propuesta de enmienda al artículo 191, que completará, precisará, hará operativo este artículo y también establecerá una base jurídica clara, sólida, transparente y definitiva para la organización de los partidos políticos en el plano europeo. 
En esta etapa, puesto que acabo de referirme a la Conferencia Intergubernamental, estoy seguro de que los representantes del Parlamento en esta negociación, su Presidenta, la Sra. Fontaine, así como los dos representantes que desempeñan un papel extremadamente activo, el Sr. Brok, que está presente, y el profesor Tsatsos, sabrán defender, transmitir y explicar la exigencia de esta nueva base jurídica mediante una enmienda al artículo 191, tal como la Comisión la propondrá. 
Señoras y señores, les doy las gracias por haber llamado la atención de la Comisión y de la opinión pública sobre esta cuestión. 
Ello no me sorprende, primero porque existe- todos ustedes lo han dicho- una larga espera y muchas peticiones en el pasado, pero también porque aquí, este hemiciclo, que es el lugar democrático donde se desarrolla el debate político europeo, es el lugar adecuado para pedir que se refuercen los cimientos de este debate ciudadano, entre los partidos políticos y por medio de ellos. 
La Comisión responde, pues, favorablemente a esta petición. 
Los próximos días la Comisión asumirá sus responsabilidades y, dentro del espíritu que acabo de indicar, en tres tiempos, adoptará una iniciativa, con esta reserva que he expresado al principio, a saber: la necesaria concertación que debe existir entre nosotros y con todas las instituciones. 
No deben sorprenderse, señoras y señores, por esta respuesta favorable de la Comisión Europea. 
Ya han encontrado una señal al respecto en el informe de la Comisión de 26 de enero, que tuve el honor de presentarles con el Presidente Prodi, sobre las propuestas de la Comisión Europea para la reforma de las instituciones, ya que en dicho texto del 26 de enero habíamos propuesto, al igual que ustedes, la organización, con ocasión de las elecciones europeas, de listas con una dimensión europea. 
También habíamos señalado en este mismo texto que la posibilidad para los diputados europeos de ser elegidos en una determinada proporción en listas europeas facilitaría la organización de los partidos políticos europeos y el desempeño de su papel. 
Creo que ha llegado el momento de consolidar esta orientación, de precisarla, de dotarla de una base jurídica sólida. 
Es de esta manera como, en los próximos días, primero a través del trílogo, luego examinando la mayor combinación posible del artículo 308 y del artículo 191 y, finalmente, tomando una iniciativa clara de enmienda al Tratado sobre la base del artículo 191, en el marco de la CIG, la Comisión va a adoptar, pues, la iniciativa que ustedes desean. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me ha bastado una mirada para captar las indicaciones del presidente de mi Grupo. 
Puedo manifestar en nombre de nuestro Grupo del PPE/DE que apoyamos plenamente y acogemos con satisfacción cuanto ha expuesto el señor Comisario en su respuesta a la pregunta oral, tanto en su formulación como en lo que se refiere al calendario y al fundamento jurídico. 
En segundo lugar, yo también me congratulo, no obstante, de que retomemos con renovada intensidad el debate político sobre el estatuto de los partidos, más allá de las presiones de tiempo de los preparativos de la fase final de la Conferencia Intergubernamental. 
No está en juego únicamente una cuestión de dinero. 
También está en juego una cuestión de conciencia política, sentido de la identidad política y del papel de los partidos nacionales y europeos en el proceso de unificación. 
Deseamos un Parlamento Europeo más fuerte, lo cual requiere que se reduzca la exigencia de unanimidad y se amplíen las competencias de codecisión del Parlamento Europeo. 
Un Parlamento Europeo más fuerte requiere unos Grupos fuertes y con capacidad de actuar. 
También queremos una Comisión fuerte, que impulse el proceso de integración europea. 
Esta aspiración se concreta, entre otras cosas, en nuestra petición de que se refuerce la función del Presidente, pero también en las propuestas del Parlamento con vistas a la Conferencia Intergubernamental. 
Queremos que se establezca un estatuto de los partidos políticos europeos porque nuestra democracia es una democracia parlamentaria ciudadana y de partidos. 
Tampoco debemos subestimar, no obstante, la importancia psicológica de este debate. 
Actualmente, se vota a personas y a los partidos políticos nacionales. 
Tal como se expone en la propuesta con vistas a la Conferencia Intergubernamental, queremos que también sea posible elegir a los integrantes de listas europeos, puesto que queremos que se refuerce todavía más el perfil político europeo de los diputados. 
Yo suscribo la aspiración a unas listas europeas y unos diputados europeos; ya se han formulado las propuestas. 
Su requisito previo es el estatuto de los partidos políticos europeos. 
También se ha hecho referencia al informe del Tribunal de Cuentas, que contiene unas exigencias dirigidas a los Grupos. 
Vamos a cumplir dichas exigencias. 
Mi Grupo ya ha dado los primeros pasos en ese sentido ante el Tribunal de Cuentas, con objeto de que por fin quede clara la transparencia y la separación. 
No obstante, éstas no se pueden impulsar a expensas de los partidos políticos europeos, pues ello iría en detrimento de nuestra conciencia europea. 
Por esto, el estatuto de los partidos políticos es también un requisito necesario para que podamos empezar a cumplir efectivamente y con rapidez las tareas que se nos asignan y que estamos impulsando por propia iniciativa. 
Señor Presidente, tomo buena nota de la declaración del Comisario Barnier y del compromiso que contrae la Comisión. 
Me permitirá, no una crítica, sino la expresión de una cierta sorpresa en relación con el fundamento jurídico inatacable. 
El Tratado de la Unión, en aquel momento firmado por doce Jefes de Estado y de Gobierno y ratificado por todos los Parlamentos de los Estados miembros con la aprobación del Parlamento Europeo, que reconoce la ciudadanía, no es, al parecer, fundamento jurídico suficiente. 
A mí me llama la atención, porque asociarse a un partido político es un ejercicio fundamental de un derecho ciudadano y se nos reconoce la ciudadanía y, sin embargo, esto no. 
No pudimos conseguir que se contemplara en el Tratado de Amsterdam. 
La Comisión actúa con pies de plomo y hace este planteamiento: dos tiempos, casi tres tiempos ha dicho el Comisario. 
Entiendo que la propuesta en relación con el diálogo tripartito y a partir del artículo 308 es una propuesta de disposición legislativa provisional y las mejores leyes, por lo menos, en mi país, son las leyes provisionales, que son las que han durado más tiempo. 
Nos permitiría salir de la situación de alegalidad en la que estamos, de lo cual tomo buena nota y creo que hay que trabajar en esa dirección. 
El segundo paso es la enmienda a los Tratados. 
Creo que se puede decir que la apoyamos todos, pero lo importante en este momento es, en primer lugar, la existencia de un compromiso público por parte de la Comisión en el sentido de ejercer su derecho de iniciativa, de una voluntad común de consolidar una dimensión fundamental de la ciudadanía europea y contribuir de manera inmediata a que los partidos políticos empiecen no sólo a existir en la realidad, sino también a tener reconocimiento legal, porque creo que éste es un paso importante en la construcción de la democracia europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, me adhiero naturalmente a lo que ha dicho la Sra. Hautala sobre la transparencia. 
Quiero dar las gracias al señor Comisario por su propuesta, que ofrece la oportunidad de intercambiar ideas con este Parlamento, que indudablemente es idóneo para pronunciarse sobre el tema. Pero es necesaria una iniciativa de la Comisión y llega con bastante retraso. 
Porque en la Alianza Libre Europea llevamos veinte años dedicados a acercar a los partidos políticos que quieren construir Europa desde su diversidad de culturas, pueblos y regiones. A este respecto siempre hemos querido dar voz a los pequeños, a los débiles, a los que no pueden estar en este gran Parlamento, pero cuyas preocupaciones intentamos asumir. 
Hasta ahora esto no ha podido hacerse con total transparencia, porque no había ninguna claridad sobre los gastos e ingresos de los partidos europeos. 
Pero también se plantean preguntas para el futuro. 
Esto no estaba anunciado, señor Comisario, pero de todas formas yo planteo aquí la pregunta. 
¿Los partidos democráticos que se constituyan en el futuro como partidos europeos, deben recibir ayudas única y exclusivamente cuando defienden los valores sobre los que se ha construido Europa? 
El hecho de plantear la pregunta, a mi juicio, lleva implícita la respuesta. 
Espero que la Comisión encuentre una respuesta inequívoca. 
Señor Presidente, Señorías, en mi Grupo existen puntos de vista muy distintos sobre los partidos políticos europeos. 
Sobre todo nos preguntamos en qué medida podemos representar efectivamente a una opinión pública europea. 
En efecto, lo cierto es que la relación directa con las personas no se establece a escala europea, sino a escala nacional o regional. 
Los países están enraizados en ese ámbito y allí tienen sus miembros y sus electores y electoras. 
Nos encontramos, de hecho, ante una situación paradójica. 
En primer lugar, ya existen unos partidos políticos europeos. 
En segundo lugar, tenemos el artículo 191, donde se expresa que los partidos políticos europeos son un elemento importante para la integración europea. 
Sin embargo, en tercer lugar, al mismo tiempo no está nada claro en qué consisten en realidad los partidos políticos europeos. 
Los propios Presidentes del Partido Socialista Europeo, del Partido Popular Europeo, del Partido Democrático de los Pueblos de Europa, y de la Alianza Libre Europea, y el Secretario General de la Federación Europea de Partidos Verdes manifestaron el 12 de diciembre en una declaración conjunta que es necesario aclarar qué es un partido político europeo. 
No obstante, yo estoy convencida de que fuera de este hemiciclo prácticamente nadie es capaz de explicarlo o de llegar a entenderlo. 
A ello se suma el hecho de que los partidos tienen la tendencia a creerse muy importantes. 
El gran escepticismo de las ciudadanas y los ciudadanos en relación con la afiliación a un partido, por ejemplo, no es casual, y esto no ocurre sólo en mi país. 
Quienes se comprometen lo hacen sobre todo con iniciativas ciudadanas, organizaciones no gubernamentales y bajo diversas formas en el ámbito de la sociedad civil. 
Yo no tengo nada que oponer en contra de los partidos políticos europeos. 
De hecho, pienso que ahora deben responder al reto de coordinar sus trabajos a escala transfronteriza como resultado de la integración. 
No obstante, me parece que hay algo no admisible y es que existan unos partidos políticos europeos y que éstos reciban financiación, pero su definición siga siendo imprecisa. 
La crítica del Tribunal de Cuentas estaba justificada. 
Antes de acabar, quiero añadir que yo también estoy a favor de que se encuentre una solución para este tema confuso. 
Pero esta solución debe contemplar también que las fuerzas políticas democráticas de Europa que se definen de otro modo- que mantienen una posición crítica con respecto a la UE, por ejemplo- tengan el mismo trato y no queden excluidas de dicho proceso de solución. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera recordar a los diputados alemanes, en la medida en que parecen estar preocupados por el respeto del Estado de derecho, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe, en la que la Unión Europea queda muy claramente definida como una unión de Estados, es decir, lo contrario de un Estado federal. 
Esta visión de la Unión Europea, además, es compartida por la gran mayoría de los ciudadanos de nuestros Estados miembros, para quienes la Unión Europea no es sino una unión de cooperación entre pueblos y Estados libres con un respeto muy claro del principio de subsidiariedad. 
Ahora bien, el proyecto de crear partidos políticos europeos es un proyecto en lo fundamental profundamente antidemocrático, porque no hace más que agrandar el enorme abismo que separa a los electores por una parte y los responsables de las decisiones políticas europeas por otro. 
Pero parece ser que este es el precio que quieren pagar aquí algunos, ocultándose tras un lenguaje confuso, para sacar más dinero a costa de los contribuyentes para la ya exageradísima financiación de los partidos. 
Es un proyecto de quienes pretenden un superestado federal europeo. Es un proyecto de quienes, en asuntos tan diversos como la unión monetaria, el estatuto unificado de los parlamentarios europeos, la posible adhesión de algunos países que ni siquiera pertenecen a Europa geográficamente, como Turquía y, ahora, en estatuto de los parlamentarios europeos, no ven sino caminos indirectos para sacar adelante su superestado federal no democrático. 
En una Unión Europea que respete verdaderamente el principio de subsidiariedad no necesitamos partidos políticos europeos. 
Quien tenga otra idea de Europa o quien quiera agrandar la pompe afrique, el chorreo de dinero de los contribuyentes a los partidos políticos europeos, debe tener el coraje de decirlo claramente, ahora bien, no tienen ustedes ese coraje. 
Señor Presidente, soy firme partidario de la cooperación entre los pueblos. 
Muchos problemas sólo pueden resolverse en común. 
Los problemas globales han de solucionarse en la ONU. 
El Tribunal de Estrasburgo puede respaldarnos en lo referido a los derechos humanos. 
Mantenemos una estrecha cooperación económica sobre un mercado común entre la UE y el EEE en Bruselas. 
Sin embargo, ¿mejoran nuestras soluciones si hacemos acopio de cualquier decisión imaginable adoptada en Bruselas? ¿mejora nuestra democracia menospreciando a los partidos nacionales y levantando partidos supranacionales comunitarios? 
¿Se afiliarán más personas, tomarán éstas parte activa en el debate con motivo de las elecciones y las decisiones? 
Los partidos supranacionales comunitarios son un producto artificial que nunca se financiarán mediante cuotas voluntarias, sólo podrán financiarse echando mano del erario comunitario. 
Conocemos la fórmula de muchos partidos nacionales que se han alejado de los electores y en su lugar se han dejado financiar por el estado, los empresarios y las organizaciones. 
Está bien que los poderes públicos apoyen el trabajo parlamentario y suministren información a los ciudadanos. 
Pero no ha de ser una máquina propagandística para la posición de la mayoría. 
Ha de existir- citando al maestro danés de la instrucción popular, Grundtvig- "libertad tanto para Loke como para Thor". 
Los partidos supranacionales comunitarios no serán populares. 
Al contrario, estarán poblados por apátridas, funcionarios altamente remunerados, gente procedente de organizaciones sin raíces en asociaciones locales de electores. 
Los programas serán escritos por pequeños grupos de expertos sin contacto con la vida de los ciudadanos. 
Este producto artificial no merece ninguna ayuda financiera de la UE. 
Mi Grupo votará en contra de la subvención a partidos supranacionales comunitarios y en contra de la flexión del Tratado empleando con este fin el párrafo de goma. 
Señor Presidente, se trata de la democracia. 
La democracia es transparencia, publicidad, poder del pueblo y participación. 
Los actuales partidos políticos a nivel europeo no representan la transparencia o la publicidad. 
Pregunto retóricamente que quién de nosotros sabe algo de los partidos políticos a nivel europeo. 
El único dato seguro es que algunos Grupos del Parlamento Europeo han entregado a los partidos europeos ayudas financieras provenientes de los fondos del Parlamento en contra de las regulaciones al respecto. 
Y han sido descubiertos en el curso de las inspecciones del Tribunal de Cuentas. 
Sospecho que ahora se están encubriendo estas irregularidades. 
Los partidos políticos a nivel europeo no representan a la democracia. 
Son partidos de los partidos, y esta situación no hace posible la participación directa de los ciudadanos en la actuación de los mismos. 
Europa no es un pueblo, sino varios pueblos. 
No contamos con el concepto de democracia supranacional. 
Actualmente, las reglas supranacionales del juego para los partidos europeos que tienen el poder en los Estados miembros grandes son establecidas, con el apoyo de la Comisión, por los partidos políticos de los Estados miembros grandes. 
Los partidos de los partidos no son democracia. 
Señor Presidente, doy las gracias a los Sres. Seppänen, Brok y Vanhecke porque pienso que, contrariamente a lo que nos ha dicho el presidente del Grupo liberal, no se ha hecho hincapié en lo esencial. 
Lo esencial- y existe una amplia unanimidad sobre esta cuestión en el centro del hemiciclo- son las perras, es el dinero, es el botín lo que nuestros amigos, en el fondo, ya están listos para repartirse, se trata del establecimiento de una financiación pública europea y no de fortalecer la democracia, sino la "partidocracia", que en muchos países miembros ya ha causado los estragos que conocemos. 
Este era el primer punto. 
El segundo- probablemente esto ha escapado, en parte, a la Sra. Maes- consiste en poder establecer nuevas normas burocráticas que luego permitirán discriminar uno u otro partido, no sobre la base de normas penales o teniendo en cuenta las violaciones de éstas, sino sobre la base de nuevas normas discrecionales, y, por lo tanto- porque eso es lo que usted desea, señora Maes- institucionalizar el delito de opinión. 
En consecuencia, al ver aquí cuántos se chupan los dedos de gusto, dudo que exista una mayoría para rechazar esta propuesta, para rechazar esta institucionalización de la burocracia, siempre más desbordante en el seno de nuestro Parlamento. 
Creo que es necesario que los ciudadanos lo sepan: lo que hoy se nos propone no es una Europa de los ciudadanos, sino una Europa de los contribuyentes, a los que una vez más se va a desangrar para permitir que posteriormente prolifere la burocracia. 
Esto se aleja mucho de la democracia, y pienso que debemos condenar esta iniciativa. 
Los partidos políticos son asociaciones de hecho, y quizá simplemente deberían publicar sus presupuestos. 
Naturalmente, esto no se hace en el plano nacional, pero quizá habría que empezar a trabajar en esta dirección, para saber lo que hacen con nuestro dinero hoy. 
. (FR) Señor Presidente, si añado algunas palabras no es para responder individualmente a cada uno de los oradores. 
En efecto, la diversidad de tomas de posición que acabo de escuchar, demuestra muy bien a la vez la actualidad y la sensibilidad de este debate. 
Al mismo tiempo que doy las gracias a muchos de ustedes, y en particular a los Sres. Karas y Barón Crespo- que han entendido muy bien el sentido de la postura de la Comisión -, desearía precisar al presidente Barón Crespo, para que no haya ambigüedad, que nuestra intención- lo he dicho al calificar al 308 de proceso operativo válido- es examinar todas las posibilidades, y hacerlo de inmediato. 
Simplemente, tratándose del 308, cuyo espíritu y dificultades ustedes conocen, necesitamos este diálogo en el seno del trílogo, necesitamos esta concertación entre las tres instituciones. 
Vamos a hacerlo de inmediato, pero estamos trabajando en esta combinación- que he explicado hace un momento- entre el 308, que nos parece una base operativa correcta- a reserva del trílogo y del informe que resultará del mismo- y el 191. 
Tras lo cual asumiremos nuestras responsabilidades- vuelvo a repetirlo -, y las asumiremos también en el marco de la Conferencia Intergubernamental, donde me comprometo a defender con la energía que ya me conocen esta propuesta que la Comisión presentará en las próximas semanas. 
Señora Maes, la cuestión que usted menciona es extremadamente sensible, y es evidente que puede ser entendida de diversas maneras. 
Me arriesgaré a transmitirle mi idea personal, en esta fase. 
No me imagino que los partidos políticos que reivindicarán acogerse al nuevo estatuto reconocido en el Tratado- si logramos esta modificación para los partidos políticos europeos- luego no fueran a comprometerse por sí solos a respetar los valores democráticos, en los que se fundamenta la Unión Europea. 
Muchos de ustedes han expresado opiniones que yo respeto. 
No creo que se pueda hablar- como lo he dicho a la Sra. Vanhecke- de proceso antidemocrático. 
Los partidos políticos están aquí reunidos, en la persona de ustedes, en grupos comunes, y se ponen de acuerdo entre sí. 
Fuera del Parlamento Europeo se realizan reuniones, manifestaciones, tomas de posición comunes. 
En el fondo, se trata de reconocer la realidad del debate político europeo y de dar a este debate una estructura más sólida, una base jurídica clara y transparente. 
Pienso que, desde este punto de vista, constituirá un progreso para los ciudadanos, pero también, señor Dupuis, para los contribuyentes, que son, generalmente, las mismas personas. 
Añado, o repito, que estos partidos políticos europeos, tal como se organizan hoy sobre una base incierta y tal como se organizarán mañana, si tenemos éxito, sobre una base clara y jurídicamente sólida, no sustituirán a los partidos políticos nacionales: se añadirán a ellos y les darán una dimensión europea. 
Dentro de este espíritu, la ciudadanía europea nunca ha sustituido y no sustituirá jamás a la ciudadanía nacional: aquella se añade a esta última y le otorga una dimensión europea. 
Esto es, señor Presidente, lo que deseaba decir- añadiendo, naturalmente, algunos comentarios personales- sobre el fondo de la postura de la Comisión, tal como la he explicado hace un momento y sobre cuya base vamos a trabajar en los próximos días para obtener de inmediato los mejores resultados posibles. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Seguridad y defensa 
Señor Presidente, Señorías, yo me congratulo de que podamos empezar a debatir hoy este tema y quiero manifestar, en primer lugar, que considero que el presente debate equivale de hecho a la primera lectura del informe Lalumière, habida cuenta de la gran pericia y la enorme cantidad de trabajo que ha invertido la Sra. Lalumière en este proyecto. 
Es preciso constatar que a parir de los Consejos de Amsterdam, Colonia y Helsinki se han realizado considerables progresos en relación con el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad y Defensa, y agradecemos al Consejo y a la Comisión que hayan hecho posibles dichos progresos en estos ámbitos. 
Esto también ha sido fruto, en último término, del reconocimiento de que un desastre como el que ocurrió en los Balcanes no debe volver a repetirse nunca más. 
Tenemos que contar con una capacidad de actuación europea autónoma en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa que nos permita atender a nuestros intereses comunitarios, pero a la vez también debemos expresar que ésta no se plantea como una alternativa frente a la comunidad transatlántica. 
Se trata de un proceso complementario de la OTAN, que seguirá siendo responsable de la seguridad colectiva de Europa. 
El Parlamento Europeo ya ha extraído una consecuencia de este hecho mediante la intensificación e institucionalización de la cooperación con la Asamblea parlamentaria de la OTAN. 
Tenemos que comprender que las misiones de Petersberg en el marco de la UEO han pasado a ser competencia de la Unión Europea a partir de Amsterdam y, por consiguiente, todos los ámbitos prácticos de actuación de la UEO son actualmente de la competencia de la Unión Europea. 
Queda pendiente el artículo 5. 
Yo creo que en el marco de la presente Conferencia Intergubernamental tendríamos que plantear la posible incorporación de dicho artículo 5 se incorpore al Tratado de la UE en forma de un protocolo y que cada Estado miembro decida soberanamente luego si suscribe o no dicho protocolo. 
Esta sería sin duda una vía para que los Estados no vinculados a la Alianza y neutrales puedan definir su propia orientación como miembros de la Unión Europea, pero sin dejar de mantener al mismo tiempo la posibilidad de una cooperación en casos prácticos concretos. 
La Unión Europea tendrá que asumir a la larga esta tarea con credibilidad. 
Somos una Unión con una legislación propia, que ha dado lugar a un ordenamiento jurídico propio, con unos intereses propios derivados del mercado único y la moneda única. 
Por lo tanto, a la larga no podrán subsistir dentro de la Unión Europea zonas con una seguridad de diferente calidad. 
Ello contribuirá sin duda al desarrollo de una política exterior, de seguridad y de defensa coherente. 
Como podemos constatar, la Unión Europea dispone justamente de un gran número de instrumentos de ámbito comunitario importantes para la política exterior y de seguridad, y sobre todo para la gestión de las crisis de carácter civil, y por esto podemos aportar más ayuda externa que el Congreso de los Estados Unidos de América. 
También sabemos que la política comercial forma parte de las competencias de la Comisión y que, por consiguiente, el núcleo central de nuestras posibilidades de actuación se sitúa en el ámbito comunitario y no debemos admitir que el desarrollo de la política exterior, de seguridad y de defensa se mantenga en el ámbito de la cooperación intergubernamental. 
El Parlamento Europeo va abogar por que la posición comunitaria, la participación comunitaria se sitúen en primer plano. 
Pese a nuestra satisfacción por poder contar con un Alto Representante altamente cualificado en la persona del Sr. Solana, el objetivo del Parlamento Europeo siempre ha sido poder contar a largo plazo con un Ministro de Asuntos Exteriores europeo, adscrito al ámbito comunitario en el marco de la Comisión. 
Actualmente esto todavía no es posible por algunas razones, pero deberíamos intentar conseguirlo. 
Ese sigue siendo nuestro objetivo. 
Podemos constatar que la Comisión ha contribuido de manera importante a que la política exterior y de seguridad se formule en el Consejo Europeo. 
La defensa sigue siendo competencia nacional en lo que se refiere al armamento y otras cuestiones afines. 
Es preciso avanzar hacia una confluencia, también en el aspecto práctico, a fin de evitar que se repitan tamañas insensateces. 
Si pensamos que el Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán será recibido hoy por quince Ministros de Asuntos Exteriores, el Comisario responsable de los asuntos exteriores y el Alto Representante, las sesiones del Consejo resultan desde luego impresionantes, pero ello indica que la capacidad de actuación de la Unión Europea no es demasiado grande. 
Yo creo que debemos hablar más firmemente con una sola voz en este ámbito y la troica comunitaria formada por el Presidente del Consejo, el Alto Representante y el Comisario de Asuntos Exteriores, que el Tratado de Amsterdam ya admite, debería empezar, por lo tanto, por dotarse de capacidad de actuación; no debemos admitir ninguna otra definición en este ámbito. 
Dicho Tratado también nos obliga a intentar mejorar los mecanismos de decisión y no debemos olvidar las grandes deficiencias que reveló el desastre organizativo de Kosovo, que son la causa de la deficiente política de exportación de armamento y que hasta ahora han impedido la armonización en el marco del Tratado de la UE. 
Tenemos que reconocer que existe una dispersión entre los presupuestos nacionales. 
Gastamos más en la política de defensa que los estadounidenses, pero con resultados bastante menores. 
También habría que incluir en este contexto las cuestiones del transporte, los satélites y otras. 
En virtud del Tratado, el Parlamento Europeo es el responsable del control parlamentario, particularmente también en el caso de las misiones de Petersberg en particular. 
Este es otro motivo que hace necesario reforzar la función de control del Parlamento Europeo. 
Más allá de ésta, vamos a procurar establecer una cooperación, en colaboración con las comisiones de política exterior y de defensa de los Parlamentos nacionales, con objeto de salvar la brecha también en este ámbito y vamos a cooperar asimismo con los Parlamentos de los países candidatos a la adhesión y de otros países. 
No obstante, ¡el Tratado prevé que el control parlamentario de la Política Exterior, de Seguridad y de Defensa lo ejerza el Parlamento Europeo y nadie más! 
Señor Presidente, Señorías, durante la Presidencia portuguesa de la Unión Europea el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa común ha tenido carácter prioritario, expresado, por lo demás, en el documento que presentamos al comienzo de la Presidencia portuguesa. 
En el informe que ésta presentará al Consejo Europeo de Santa Maria da Feira se comunicarán los avances logrados en relación con los diversos mandatos recibidos en Helsinki, en particular en lo relativo al desarrollo de las capacidades militares europeas, al headline goal, al desarrollo institucional de los órganos político-militares permanentes, a las relaciones entre la Unión Europea y los terceros países en esa esfera, a las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN, a la indicación o no sobre la necesidad de revisión del Tratado de la Unión Europea y al problema de los instrumentos civiles de gestión de crisis. 
En el ámbito de la política exterior, de la política de seguridad y defensa común, la Unión decidió desarrollar paralelamente su dimensión militar y su dimensión civil. 
Resulta evidente la necesidad de coordinación de esas dos dimensiones, en particular de las acciones militares y civiles de gestión de crisis que la Unión decida emprender. 
Esa coordinación correrá a cargo de las nuevas estructuras de la Política Exterior y de Seguridad Común, en particular del Comité Político y de Seguridad, del futuro Comité Militar y del Comité para la Gestión de Crisis. 
Quisiera subrayar que los órganos interinos entraron en funciones en marzo de 2000 y que el Comité de Gestión Civil de Crisis ha sido creado oficialmente durante la Presidencia portuguesa. 
Como se podrá comprobar en el informe de la Presidencia al Consejo Europeo de Feira, hay un esfuerzo de desarrollo simultáneo de las capacidades civiles y militares de gestión de crisis. 
Además de que los Estados miembros han desarrollado el headline goal (ayer hubo una reunión del Consejo de Asuntos Generales en la que estuvieron presentes los ministros de Defensa y en la que se abordó esa cuestión) , en el Consejo Europeo de Feira los Estados miembros asumirán el compromiso de desarrollar hasta 2003 su capacidad en materia de policía civil (hasta 5.000 agentes) para operaciones de gestión de crisis. 
Así, pues, los Estados miembros están haciendo un gran esfuerzo para dar un desarrollo sostenido y paralelo a esas dos dimensiones fundamentales para la seguridad y la estabilidad. 
Pasando a referirme a otra cuestión abordada en la pregunta del Sr. Elmar Brok, quisiera decir que el fortalecimiento de la Política Exterior y de Seguridad Común mediante el desarrollo de una política común europea de seguridad y defensa que permitirá a la Unión dotarse de una capacidad militar y fortalecer también la eficacia de sus instrumentos civiles de gestión de crisis no entraña necesariamente un aumento de los presupuestos de defensa de los Estados miembros. 
De hecho, el objetivo fundamental será el de conseguir el mejor aprovechamiento y la mejor racionalización de los medios y de las capacidades militares de los Estados. 
En ese marco es importante decir que la Unión Europea utilizará, en el desarrollo del headline goal, la planificación de la defensa de la OTAN, el planning and review process para los países que no son miembros de la Alianza y, por último, la iniciativa de capacidades de defensa en curso en la Alianza. 
Se están haciendo todos los esfuerzos con vistas a un aprovechamiento eficaz de todos los medios y de todas las capacidades, con lo que se evitará la duplicación que podría sugerir un gasto suplementario en materia de defensa. 
Tampoco en relación con el presupuesto comunitario se prevé aumento alguno en la medida en que esos esfuerzos corren a cargo de los Estados miembros en una cooperación voluntaria. 
Con todo, hasta después de la Commitment Capability Conference, que se celebrará en otoño y en la que se analizarán las contribuciones militares nacionales a ese esfuerzo común y las lagunas que se considere necesario colmar, no se podrá dar una respuesta final sobre las repercusiones presupuestarias de esa política. 
Por lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo en ese proceso, conviene decir y recordar que la Política Europea Común de Seguridad y Defensa es un componente de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La Unión pretende infundir mayor eficacia y credibilidad a su dimensión exterior mediante el desarrollo de capacidades militares y civiles para la gestión de crisis. 
Así, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento es consultado por la Presidencia sobre los principales aspectos y opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
El Consejo de la Unión Europea tiene en cuenta las posiciones expresadas por el Parlamento. 
También se informa periódicamente al Parlamento Europeo sobre la evolución de la Política Exterior y de Seguridad Común y se puede preguntar al Consejo sobre aspectos que considere importantes y formular las recomendaciones que considere más oportunas. 
Al desarrollo de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa subyace también la necesidad de evitar duplicaciones innecesarias y aprovechar todos los medios y capacidades ya existentes. 
Así, es natural que los Estados miembros de la Unión Europea hayan defendido desde el principio la transferencia de funciones de la UEO que pudieran resultar útiles en el proceso ahora en curso en la Unión Europea. 
Portugal, como Presidencia de la UEO, ha procurado hacer avanzar el proceso tendente a la transferencia de funciones de esa organización a la Unión Europea. 
De ese modo la Presidencia portuguesa ha preparado un conjunto de conceptos y procedimientos político-militares que, a raíz de la reunión ministerial de la UEO de Oporto, será transferido a la Unión Europea y constituye una parte fundamental del acervo que conviene preservar. 
También durante nuestra presidencia de la UEO, se ha iniciado la preparación del proceso de transferencia del Instituto de Estudios de Seguridad y del Centro de Satélites de la UEO, que deberá hacerse durante la próxima presidencia. 
La UEO ya ha adoptado la decisión de facultar el acceso directo de la Unión a esas estructuras. 
Así- y de acuerdo con la voluntad expresada por los Estados miembros -, se deberá hacer la transferencia del Instituto de Estudios de Seguridad y del Centro de Satélites. 
La transferencia de funciones de la UEO a la Unión no entraña- al menos no es ése el deseo actual de los Estados miembros- el fin de la UEO. 
Se mantendrá en vigor el Tratado de Bruselas modificado y no sufrirá modificación alguna, por lo que el dispositivo colectivo de defensa establecido en su artículo 5 se mantendrá también en vigor para los Estados parte en ese Tratado, como también la Asamblea Parlamentaria, que seguirá en pleno funcionamiento. 
Se hará una reducción de toda la estructura organizativa para que garantice tan sólo el apoyo a un consejo permanente, que se reunirá sólo cuando sea necesario, y a otras estructuras que se han mantenido en funcionamiento, en particular el Grupo de Armamentos de la Europa Occidental. 
También se reducirá en gran medida el presupuesto de esta organización. 
La Política Europea Común de Seguridad y Defensa entraña una relación estrecha, fuerte y transparente entre la Unión Europea y la OTAN. 
La Presidencia portuguesa ha prestado atención particular al desarrollo de las modalidades para el establecimiento de esa relación, que debe basarse en la cooperación, el diálogo y la transparencia, sin por ello poner en entredicho la autonomía de esas dos organizaciones. 
El informe que se presentará al Consejo Europeo de Feira comprende un documento en el que quedan establecidos los principios y las modalidades para el funcionamiento de esa relación durante este período interino. 
Así, se crearán cuatro grupos de trabajo ad hoc entre la Unión y la OTAN que deberán ocuparse de los siguientes asuntos: seguridad, capacidades militares europeas, desarrollo de los procesos de transferencia de medios y capacidades de la OTAN para las operaciones dirigidas por la Unión Europea y, por último, formulación de las modalidades permanentes para la relación entre la Unión Europea y la OTAN. 
En caso necesario, se podrían crear más grupos de trabajo sobre asuntos concretos. 
La Unión, en ese esfuerzo de desarrollo de las capacidades militares europeas, deberá tener en cuenta la necesidad de mantener con los aliados europeos no miembros de la Unión Europea y con los países candidatos a la adhesión una relación de cooperación, diálogo y consulta. 
Por lo demás, es importante decir que el headline goal formulado en Helsinki está abierto a la participación de esos Estados, que podrán, así, contribuir a la fuerza europea. 
Con arreglo al documento acordado por la Unión Europea que formará parte del informe del Consejo Europeo de Feira, se creará una estructura única y no excluyente en la que participarán los quince Estados miembros de la Unión Europea y los quince terceros Estados. 
Esa estructura se encargará del diálogo, la cooperación y la consulta entre dichos Estados. 
Como reconocimiento del fundamental papel que corresponde a los seis aliados europeos que no son miembros de la Unión Europea y teniendo en cuenta, además, que la OTAN podrá ceder medios y capacidades para operaciones dirigidas por la Unión Europea, en esa estructura única se celebrarán reuniones entre los quince miembros de la Unión y esos seis países para examinar asuntos relativos al desarrollo de las capacidades militares europeas. 
En la fase previa a la crisis, es decir, en la inminencia de una crisis, el diálogo, la cooperación y la consulta serán fortalecidos, evidentemente, y, si la Unión examina la posibilidad de utilizar medios y capacidades de la OTAN, se deberá prestar atención particular al diálogo, la cooperación y la consulta con los seis aliados europeos que no son miembros de la Unión. 
Conviene destacar que, conforme a lo acordado en Helsinki, las operaciones de la Unión estarán en principio abiertas a la participación de esos Estados. 
También Rusia, Ucrania y otros Estados europeos podrían participar en operaciones encabezadas por la Unión Europea. 
La Presidencia francesa recibirá el mandato de presentar al Consejo Europeo de Niza propuestas sobre las modalidades de consulta y participación de esos Estados. 
La Unión Europea, en el Consejo Europeo de Feira, tomará nota del interés manifestado por el Canadá en participar también en ese esfuerzo europeo común. 
Por último, señor Presidente, en Helsinki se encomendó a la Presidencia portuguesa el mandato de presentar en el Consejo Europeo de Feira una indicación sobre la necesidad o no de revisar el Tratado de Amsterdam. 
Del debate celebrado y de las opiniones emitidas se pudo concluir que la aplicación de las decisiones de la Unión en la esfera de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa no requiere la revisión del Tratado, sino que se enmarca jurídicamente en las disposiciones ahora vigentes. 
Con todo, por tratarse de un proceso evolutivo, los Estados miembros convinieron en la necesidad de proseguir el examen de esa cuestión. 
. (EN) Señor Presidente, me alegra haber estado presente en este debate oportuno y útil, que mi distinguido amigo el Sr. Brok ha iniciado con su característica energía en un discurso tan útil como considerado. 
Me satisface el informe de la Sra. Lalumière, que es un documento de excepcional utilidad. 
Lo que dice acerca de la gestión de crisis de carácter no militar nos brinda una lista de medidas que debemos cerciorarnos de que se lleven a cabo en los próximos años. 
Es un informe buenísimo, y me gustaría felicitar a la distinguida ponente, sin reservas, por lo que ha dicho. 
La Comisión viene contribuyendo activamente a la gestión de crisis de carácter no militar ya desde mucho antes que las Cumbres de Colonia y de Helsinki. 
Esas Cumbres nos recordaron que es urgentemente necesario que nuestras políticas sean más ambiciosas, más coherentes y más eficaces. 
Necesitamos mejorar nuestra capacidad de acción rápida y dirigida. 
Necesitamos incrementar nuestros esfuerzos de coordinación. 
Necesitamos mejorar la disponibilidad de análisis y de intercambios de información, y necesitamos ampliar radicalmente nuestra capacidad de desarrollar políticas preventivas. 
La creación de instrumentos adicionales, o la movilización de una financiación adicional, no es, en mi opinión, el factor central de los actuales debates; tampoco necesitamos que haya modificaciones radicales del Tratado. 
De lo que se trata realmente es de utilizar los recursos financieros y los instrumentos existentes con mucha más eficacia. 
El Parlamento sabe la prioridad que la Comisión y yo mismo concedemos al desempeño de nuestro cometido actual con mucha mayor energía y con mucha mayor competencia que en el pasado. 
Eso basta para que tengamos un programa de trabajo considerable para los próximos años. 
Espero que podamos contar con el apoyo del Parlamento para llevarlo a cabo. 
Tenemos que aprovechar las competencias de que disponemos en la actualidad. 
Hay que conseguir que se consagren más eficazmente a la consecución de los objetivos gemelos de la prevención de conflictos y la gestión de crisis. 
El hecho de decir "no" a la revolución institucional no quiere decir que demos la espalda a la innovación. 
La Comisión ha presentado recientemente una propuesta para la creación de un servicio de reacción rápida. 
Los fondos limitados que en nuestra opinión se necesitan para ese servicio se obtendrán mediante la redistribución de los fondos de nuestro actual presupuesto. 
También me parece que la idea de crear un cuerpo de policía civil de la Unión Europea merece y requiere cuidadoso examen mediante un estudio de viabilidad en el Consejo, según se propone en la resolución pertinente del Parlamento Europeo. 
Es cierto también que la falta de recursos humanos en la Comisión para las cuestiones relativas a la prevención de conflictos y la gestión de crisis obstaculiza mucho nuestra capacidad de hacer progresos más rápidos en esta esfera, que es una de las cuestiones de que estamos procurando ocuparnos actualmente. 
Permítanme que hable con claridad acerca del papel de la Comisión. 
No somos responsables en absoluto de la coordinación de los componentes militar y civil de la gestión de crisis. 
Lo que la Comisión está tratando de conseguir es que haya una aportación eficaz y coherente de la Unión a los esfuerzos coordinados de la Unión en esa esfera. 
Ya me he referido antes a la imposibilidad de establecer una clara distinción, en la prevención de una crisis o en su gestión, entre los componentes militar y civil. 
Lo importante es reconocer la relación que hay entre los dos. 
Fijémonos en lo que la Comisión está haciendo en todo el mundo: estamos financiando la capacitación de policías en Palestina para la lucha contra el terrorismo; estamos ayudando a crear servicios fronterizos en los Balcanes; estamos aportando fondos para la limpieza de minas en prácticamente todos los continentes. 
Esos son los tipos de actividad con los que la Comisión contribuye a la diplomacia preventiva y espero que, en el futuro, Europa lleve a cabo esas tareas de forma más coherente. 
Éste no es nuestro primer esfuerzo para crear una especie de política exterior y de seguridad común. 
Tenemos Fouchet. Hemos tenido años de cooperación política europea durante los cuales se han pronunciado muchísimas declaraciones altisonantes, algunas de las cuales quizás sobraban, otras efectuadas después de que pudieran tener algún efecto en la situación. 
La decisión adoptada en Maastricht, la decisión adoptada en Amsterdam, la decisión adoptada en Helsinki: todas esas decisiones entrañan la orden de seguir adelante, así como el reconocimiento de que en el pasado no hemos hecho todo lo necesario para conseguir que la voz de Europa se oiga debidamente en todo el mundo y para lograr que las capacidades de la Unión de prevenir y gestionar las crisis se ejerzan con la necesaria competencia y con el necesario vigor. 
Esta vez tenemos que hacer algo diferente. 
Esta vez tenemos que conseguir que la existencia de una política exterior y de seguridad común brinde a Europa la posibilidad de desempeñar su cometido en el plano que requieran los acontecimientos, en el plano que, en mi opinión, piden que actuemos nuestros ciudadanos. 
En la Comisión queremos desempeñar nuestro cometido a fondo para conseguir que esta vez la política exterior y de seguridad común sea un éxito resonante. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, después de haberle escuchado, desearía saludar, como acaba de hacerlo mi colega, Elmar Brok, los progresos realizados en la defensa y la unidad política europea. 
Deseo recordar aquí que en el momento del drama en Bosnia se había dicho que Europa había muerto en Sarajevo. 
En mi opinión, Europa no había nacido en el plano político y militar cuando estalló el drama. 
Europa se despertó en el momento de la crisis de Kosovo. 
Habló con una sola voz, comisario Patten, como usted acaba de decirlo, hizo escuchar su voz, expresó los límites de lo intolerable, actuó por fin a través de las armas, después de que todas las demás presiones políticas, económicas y diplomáticas habían fracasado, pero si nuestros amigos norteamericanos, en aquel momento, no hubieran decidido dicho compromiso con nosotros, Europa no habría estado en condiciones de actuar eficazmente. 
Es la toma de conciencia de esta dependencia con respecto a los norteamericanos- y no se trata en absoluto de acusar a los norteamericanos- lo que ha provocado este sobresalto de la opinión pública europea. 
No se trata de acusar a los norteamericanos por habernos acompañado en Kosovo, ya que les recuerdo que en el momento en que no se habían comprometido en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, se había dicho que ello obedecía a que en Bosnia no había petróleo, mientras que en Kuwait había petróleo. 
Y bien, nuestros amigos norteamericanos participaron con nosotros en este combate, pero sin ellos no habríamos podido cumplir, con la eficacia con que se hizo, este compromiso en Kosovo. 
No nos hagamos ilusiones, la voluntad que ha surgido tras esta crisis, y de la cual más de las dos terceras partes de la opinión pública de los quince países miembros de la Unión es consciente, no llegará a un resultado instantáneamente. 
Se necesitará tiempo, dinero. 
Se necesitará tiempo puesto que, como todos ustedes saben, la puesta a punto de un programa de armamento exige como mínimo de diez a quince años. 
Hasta entonces, es evidente que todo lo que se ha hecho, todo lo que acaba de decidirse, en particular en el ámbito de las relaciones con la OTAN, es totalmente satisfactorio. 
Se necesitará dinero, y al mismo tiempo que saludo el valor de nuestra ponente, la Sra. Lalumière, digo con ella que no creo que se pueda actuar mejor con el dinero que invertimos actualmente. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, como podrán comprobar, al Parlamento Europeo le interesa mucho esta nueva política, cual es la política europea común de seguridad y defensa, y a menudo tendremos que volver a referirnos a ella en el futuro. 
Hoy, puesto que sabemos que este asunto debe tratarse en la Cumbre de Feira, queremos preguntarle sobre las intenciones del Consejo y de la Comisión y, por otro lado, transmitirle nuestras reacciones y nuestros deseos, que deberán ser objeto de una resolución que se votará, así lo espero, mañana. 
Señor Presidente, señor Comisario, les doy las gracias por las primeras precisiones que acaban de hacer, incluso sobre la inutilidad de una posible revisión de los Tratados. 
Me expreso como ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores, pero, en general, creo estar en condiciones de decir que la gran mayoría del Parlamento Europeo- que no es la unanimidad- aprueba, como yo mismo lo hago, el nuevo impulso dado a esta política, desde el Tratado de Amsterdam, por las Cumbres de Colonia y de Helsinki. 
Bosnia y Kosovo, -el Presidente Brok lo recordaba hace un instante- demostraron, si era necesario, las insuficiencias de Europa tanto en lo concerniente a la prevención como en lo concerniente a la manera de gestionar y de superar las crisis. 
Hemos constatado asimismo que dependíamos todavía demasiado de los Estados Unidos en cuanto a nuestra seguridad. 
En resumen, estamos satisfechos de las orientaciones y de las decisiones tomadas desde hace un año, pero esperamos de la Cumbre de Feira, y luego de la Presidencia francesa, que la aplicación concreta continúe y se acelere. 
En efecto, actualmente atravesamos lo que se puede llamar "un momento oportuno", tras la crisis de los Balcanes. 
Si hoy no se aprovechan estas circunstancias favorables, tememos que esta nueva política se estanque, y sufra diversas parálisis. 
Dicho esto, el Parlamento Europeo ha hecho una clara distinción entre la gestión civil de las crisis y la gestión militar. 
La primera, evidentemente, cuenta con nuestra preferencia. 
En este ámbito de la gestión civil de las crisis, la Comisión tiene un papel esencial que desempeñar, y nosotros saludamos, señor Comisario, los esfuerzos recientemente realizados, pero permítame insistir en algunos puntos concretos. 
¿Cómo se puede mejorar la capacidad de decidir y de actuar con rapidez? 
Asimismo, ¿cómo puede llevarse a cabo una buena coordinación- eterno problema- entre el Consejo, el Alto Representante del Consejo, la Comisión y, en ciertos casos, los Estados miembros, las ONG, etcétera? 
Para eso- tercera observación- alentamos vivamente al Consejo y a la Comisión a fijar previamente grandes objetivos comunes, headlines goals, para que cada uno sepa de antemano lo que puede o debe hacer frente a una crisis brutal. 
Recordaré, finalmente, nuestra adhesión a la creación de un cuerpo civil europeo de paz, siempre dentro del mismo espíritu: rapidez y eficacia. 
Señor Comisario, ¿qué piensa hacer? 
Pero cualesquiera que sean nuestras preferencias para enfrentar las crisis por medios civiles, sabemos que también necesitamos medios militares, aunque más no sea para disuadir a algunos de que cometan actos de barbarie. 
Queda mucho por hacer para que se dote a la Unión Europea con medios militares satisfactorios, por eso les interrogamos. 
Les interrogamos sobre el establecimiento de la fuerza de reacción rápida que debe ser operativa dentro de tres años; sobre el establecimiento de las estructuras de toma de decisiones, políticas y militares iniciada desde hace algunos meses- ¿en qué punto estamos? -; sobre la reestructuración de las fuerzas armadas para mejorar la formación el equipamiento y la capacidad para trabajar juntos, cualquiera sea el país de origen de dichas fuerzas. 
También le preguntamos en qué punto estamos sobre la necesaria reestructuración de las industrias de armamento y de material militar y sobre los medios presupuestarios que resultarán necesarios. 
En cuanto a nuestras relaciones con la OTAN, he escuchado con mucha atención sus palabras, señor Presidente del Consejo. 
Se trata de un punto muy importante y delicado, al igual que lo que ocurre con el futuro de la UE. 
Finalmente, señor Presidente, en una palabra, insistiría a mi vez sobre un punto que, como usted comprenderá, es muy importante para el Parlamento: la dimensión parlamentaria de la política de seguridad y defensa. 
Aún cuando el ejecutivo tiene siempre una responsabilidad particular en la materia, nosotros insistimos en el papel de los parlamentos, Parlamentos nacionales y Parlamento Europeo. 
Hasta ahora, estaban algo silenciosos sobre este punto. 
Señor Presidente, las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo de Helsinki sobre el desarrollo de una política común en materia de seguridad y de defensa se prestan a diferentes interpretaciones. 
Algunos de los Estados miembros alineados militarmente consideran que la creación de una fuerza militar común significa el primer paso para la organización de una defensa común en la Unión Europea. 
El plan de estos países es claro. 
Según los Tratados constitutivos, el objetivo de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión es garantizar la independencia y la integridad territorial de la Unión, así como reforzar la seguridad de la Unión en todas sus formas. 
La fuerza militar que se está formando es, desde el punto de vista de estos países, el instrumento para alcanzar esos objetivos, es decir, el ejército común de una Unión que se está convirtiendo en un Estado Federal. 
En opinión de los Estados miembros neutrales, sólo se han tomado decisiones sobre la creación de un sistema de gestión de crisis. 
Estos últimos países resaltan que cada cual decidirá sobre su propia participación en dicho sistema. Consideran que ellos no tienen ninguna obligación de participar en las misiones de pacificación. 
Los Estados miembros neutrales no quieren que la Unión se convierta en una alianza militar ni en ningún tipo superpotencia militar. 
Estos diferentes puntos de vista e interpretaciones deben ser tomados en cuenta. 
En cuanto a la política en materia de seguridad, también sería inteligente llevar a cabo una integración diferenciada. 
Las tropas comunes de la Unión Europea deberían intervenir únicamente en misiones de gestión de crisis. 
Los países que, según los Sres. Delors, Giscard d ' Estaing, Schmidt y Fischer, formarían parte del núcleo del Estado Federal podrían crear una comunidad de defensa que constituiría el pilar europeo en el marco de la OTAN. 
De esta manera, la aspiración de los países europeos de la OTAN a desarrollar una identidad europea de defensa, la cual es comprensible y digna de apoyo, sería factible dentro del ámbito de la OTAN. 
Las decisiones relacionadas con la política en materia de seguridad y defensa son de una importancia extraordinaria y, por lo tanto, deben adoptarse subrayando la transparencia y la soberanía nacional. 
Señor Presidente, señorías, es bueno que recordemos y que nos hagamos a la idea de que estamos en la primera de muchas rondas de un debate sobre la seguridad europea. 
Esto significa que nos hemos impuesto nuestras propias restricciones. 
En concreto, nos dirigimos muy claramente a la Cumbre, hacia el Consejo Europeo de Feira. 
Está justificado, pero por ello no vamos a debatir una serie de asuntos que son esenciales para la seguridad europea. 
Señalo uno: los criterios para decidir la actuación de la fuerza de intervención rápida, sobre los que no hemos hablado hoy. 
En el futuro, con ocasión del nuevo informe de la Sra. Lalumière volveremos sobre el tema, pero entretanto nos vemos sujetos a una serie de limitaciones. 
Pese a estas limitaciones, creo que es posible emitir un juicio adecuado en estos momentos. 
Quisiera comenzar con una observación positiva. 
Pienso que, muy acertadamente, una gran parte de la resolución se dedica a la gestión no militar de las crisis. 
El Sr. Comisario le ha dedicado buena parte de su intervención y pienso que con razón. 
A juicio de mi Grupo, la UE dispone en este sentido de posibilidades únicas de las que hasta ahora no se ha hecho uso. 
Afortunadamente hay ejemplos de cómo puede hacerse. Citaré uno: el pacto de estabilidad. 
Una combinación de reconstrucción económica, defensa de los derechos humanos y creación de una sociedad civil. Este es un buen ejemplo de cómo en el futuro la Unión puede hacer uso de sus posibilidades casi ilimitadas en el ámbito de la gestión no militar de las crisis. 
Pero también hay que tener en cuenta los medios militares, y- esto quizá sorprenda a algunas de sus Señorías- también una amplia parte de mi Grupo lo apoya, si bien en determinadas condiciones. 
Citaré dos: una es el poder de decisión de la UE. 
Pienso que debe quedar muy claro, y eso no ocurre en los textos actuales, que la UE tiene capacidad de decisión autónoma y que los países de la UE deben poder decidir por sí mismos sobre la intervención sin la autorización de la OTAN, es decir, de los EE.UU. 
Un último punto, señor Presidente: es inaceptable que los nuevos medios militares que son necesarios estén por encima de los existentes y por tanto nos encontremos ante una nueva carrera en cuestión de medios militares. 
Se trata de elaborar un nuevo análisis y una nueva política de seguridad. Para ello no es necesario por definición contar con más medios. 
Señor Presidente, como es lógico hay algunos temas en los que existen diferencias de opinión fundamentales. 
Así ocurre a todas luces en este caso. 
Señora Lalumière, usted obtuvo una gran mayoría a favor de sus posiciones en la comisión y también la conseguirá en el Pleno. 
Esto habla a favor de la calidad técnica y la minuciosidad de su trabajo. 
Sin embargo, también indica cuán débiles se han vuelto entre tanto las voces críticas. 
Yo creo que nadie debería vanagloriarse de ello. 
Incluso los análisis oficiales afirman que los países de Europa occidental no son objeto de ninguna amenaza militar. 
En su ausencia, los enormes gastos militares se tienen que justificar con escenarios como el de la guerra de Kosovo o imaginarias crisis futuras, el fundamentalismo islámico o incluso, como señalan las directrices alemanas en materia de defensa, posibles amenazas ecológicas. 
Que se considere necesario responder militarmente a estos problemas supone la capitulación de la política y del intelecto. 
Sólo voy a mencionar un tema que hoy también ha ocupado un lugar central en todas las opiniones expuestas: la guerra de Kosovo. 
A mi modo de ver, el Consejo, la Comisión y nosotros mismos estamos extrayendo unas conclusiones erróneas por principio de una guerra por principio también errónea. 
Por un lado, la futura política de seguridad no puede estar marcada por el menosprecio del derecho internacional que demostró la OTAN y que, además, sigue siendo parte integrante de su estrategia militar oficial. 
Por el otro lado, yo sigo teniendo el convencimiento de que una política más consecuente, más preventiva y a más largo plazo hubiese podido y debido evitar la guerra contra Yugoslavia, visto que en estos momentos se está demostrando de nuevo dramáticamente que se incumplió de manera catastrófica el objetivo de salvaguardar los derechos humanos y de las minorías. 
La guerra es, en efecto, el medio menos eficaz y más contraproducente para este fin. 
Cuando ahora, finalmente, se vuelve a argumentar que la guerra de Kosovo demostró que la UE necesita una mayor independencia militar de los Estados Unidos, a mi modo de ver es preciso replicar que una militarización de las relaciones internacionales y de los planteamientos en materia de política de defensa no reducirá la dependencia de los Estados Unidos, sino que por el contrario la incrementará. 
El poder militar es justamente el juego nacional de los Estados Unidos. 
Mi Grupo mantiene opiniones contrarias por principio a la política de seguridad europea actualmente dominante al menos en tres aspectos. 
En primer lugar, el modelo que inspira la política de seguridad es de carácter militar, no político, civil ni cooperativo. 
El párrafo dedicado a la política de seguridad preventiva y de carácter civil no puede engañarnos al respecto. 
Es significativo que las decisiones militares hayan avanzado a un ritmo muy rápido desde la Cumbre de Helsinki, mientras que en la práctica no se ha hecho nada en el ámbito de una política de seguridad civil, centrada en las causas. 
En segundo lugar, rechazamos la creación de un bloque militar europeo. 
A nuestro parecer, la única orientación con perspectivas de futuro es el restablecimiento del papel central de la ONU en relación con la seguridad internacional, un fortalecimiento decisivo de la OSCE, el desarrollo de proyectos de cooperación y un desarme radical. 
En tercer lugar, nos preocupa profundamente la facilidad con que ahora se descartan exigencias que hasta hace muy poco formaban parte integrante de un consenso político amplio, al menos entre la Sra. Lalumière y posiciones como las que mantiene mi Grupo, por ejemplo. 
En cualquier caso, tanto las peticiones de un reconocimiento inequívoco de la Carta de la ONU como las relativas a la defensa del Tratado ABM, el respeto de la neutralidad de algunos países de la UE o el incremento de los recursos destinados a la educación y la investigación para la paz no obtuvieron el apoyo de la mayoría en la comisión. 
En Alemania, este año se van a dedicar 17,5 millones de marcos del Presupuesto federal a proyectos de resolución civil de conflictos. 
Yo creo que se trata de un dato representativo. 
Esto representa- voy a decirlo muy despacio- el 0,00029 % de los gastos militares. 
Mucho me temo que esta política crea primero las crisis, que luego se propone controlar. 
Por esto, no nos queda otra opción que rechazarla con un "no" rotundo. 
Señor Presidente, nosotros enfocamos de diferente manera el punto importante que es objeto de la pregunta al Consejo de nuestro colega Brok. 
Pregunta importante, porque tras las graves crisis que han afectado a los Balcanes, el Consejo Europeo, concretamente en sus declaraciones de Colonia y de Helsinki de junio y diciembre de 1999, así como la Presidencia, en particular en sus dos informes sobre los medios militares y civiles de la Unión para hacer frente a las situaciones de crisis, han manifestado la intención de que la Unión se implicara más en la gestión de las crisis que amenazan su seguridad, sus intereses y sus valores. 
Estas amenazas pueden experimentarse como comunes por muchos Estados miembros de la Unión Europea, pero también por Estados europeos que no son miembros de la Unión. 
La pregunta que nos preocupa es, pues, la de saber la manera de crear un proceso intergubernamental de geometría variable, que permita comprometerse a todos los Estados que lo deseen, y reunir de este modo sus medios, sin que ninguno de aquellos que desean abstenerse puedan ser arrastrados a participar contra su voluntad en una acción que no aprobarían. 
La geometría variable permite hacerlo, así como aplicar una reacción adaptada al tipo de crisis, y que se ajuste a la voluntad de los pueblos. 
Por otro lado, la cuestión de los recursos financieros que puedan reunirse para crear capacidades civiles y militares es, evidentemente, determinante. 
Ello implica un esfuerzo presupuestario significativo y, por tanto, una inversión radical de la tendencia observada en la mayoría de los Estados miembros, a diferencia de los Estados Unidos, desde el final de la guerra fría. 
Sería útil saber si el Consejo considera que la recuperación del crecimiento en Europa está encaminado a favorecer este restablecimiento indispensable, y cómo piensa promoverlo. 
Señor Presidente, en materia de defensa, el Consejo que se celebrará en Feira el próximo 19 y 20 de junio, trabajará sobre la base de las conclusiones de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Quince en las Azores y de la reunión de los ministros de Defensa de los Estados miembros de la UEO. 
Estas propuestas establecen los principios de la política europea común de seguridad y defensa definidos en Helsinki, según los cuales, por una parte, la OTAN será siendo la base de la defensa colectiva de sus miembros y, por otra, la Unión Europea sólo actuará ahí donde la OTAN no participe, en conjunto. 
La personalidad del Sr. Javier Solana, Alto Representante de la PESC y Secretario General de la UEO, ilustra la "otanización" de la defensa europea. 
En efecto, lamentablemente los resultados de Feira se conocen de antemano. 
Consistirán en el alineamiento de la política exterior y de seguridad común de Europa a la voluntad del gobierno de Washington, a través de la OTAN. 
La OTAN, creada en 1949 para defender Europa Occidental contra el imperialismo soviético, tendría que haber desaparecido al mismo tiempo que éste, en 1991. 
Debido a una extraña paradoja, se produjo lo contrario. 
Francia, que la había abandonado hace treinta años, volvió a integrarla. 
Los 50.000 soldados del Euroejército están, desde 1993, bajo el mando de la OTAN, y, a pesar de que la OTAN no había hecho nada por los berlineses, los húngaros, los checos o los polacos, ésta intervino brutal y masivamente para destruir, concretamente, las infraestructuras civiles de Serbia, sin por ello haber solucionado los problemas de Kosovo. 
Lo que ocurre es que hoy la OTAN es sobre todo un instrumento de la dominación norteamericana sobre nuestras naciones. 
También en este caso, los medios aplicados no hace mucho tiempo se utilizan ahora contra Europa: los 100.000 agentes NSA, que vigilan las comunicaciones telefónicas e informáticas, la reactivación de la "guerra de las galaxias", que pondrá fin al equilibrio de la disuasión. 
Esta voluntad, cito: "de garantizar la continuidad de la dominación americana en materia de defensa" -son las palabras del vicepresidente Al Gore- no es en sí misma condenable, desde su punto de vista. 
Lo que es grave, en cambio, es la sumisión de la defensa europea a la política de Washington con el aval y la participación activa de los responsables políticos europeos. 
Señor Presidente, estoy sumamente agradecido a quien haya presentado las preguntas orales, ya que eso brinda la oportunidad de debatir con antelación a la Cumbre de Feira la confusa PESC. 
La cantidad de iniciativas y coaliciones siempre cambiantes hacen que el debate sea muy poco transparente. 
No obstante, haré un intento de exponer una serie de observaciones. 
En primer lugar, me pregunto si las ideas que deben sustentar la creación de una identidad europea son las adecuadas. 
Quiero subrayar que no debemos dejarnos llevar por ideas de poder. 
Si nos guiamos por la idea de que Europa debe ejercer un papel de fuerza en la escena mundial, habremos errado el tiro. 
No se trata de poder, sino de asumir la responsabilidad. Eso no puede conseguirse sin trabajar en unión con la OTAN, porque es ahí donde están los medios disponibles. 
Aparte de eso, en este sentido quisiera advertir de las expectativas excesivas de colaboración entre los Estados miembros. 
Una mirada realista a los avances actuales en Europa indica que las declaraciones teóricas de St. 
Malo, Keulen y Helsinki hasta ahora no han ido aparejadas a verdaderas garantías de seguridad. 
Falta la "firme política de compromiso de todos los Estados miembros" necesaria para ello, según se menciona en el apartado 19 de la resolución. 
Estas observaciones no obvian la importancia de incluir este tema en el orden del día de la CIG. 
Es preciso entablar debates sobre las competencias en este ámbito, que, en lo que a nosotros respecta, siguen recayendo en los Estados miembros. 
Señor Presidente, forzoso es reconocer que los avances que se han producido en los últimos meses en el ámbito de la política de seguridad y de defensa han tenido su origen en el Consejo oficioso de ministros de Defensa de Sintra, mérito que hay que poner en la lista de los éxitos de la Presidencia portuguesa. 
Uno de los muchos y complejos problemas que plantea el desarrollo de esta política, que requiere necesariamente una mayor implicación de los ministros de Finanzas y de los ministros de Defensa, es el del encaje o acomodo institucional. 
Y en estos primeros pasos, señor Presidente, se echa de menos una mayor vinculación del Parlamento en el desarrollo de esta política. 
Hay que ir pensando en una dimensión parlamentaria de la política común de seguridad y de defensa que contemple el establecimiento de los mecanismos necesarios para que el Parlamento participe, con el papel institucional que le corresponde, en la definición y en los objetivos de dicha política. 
Asimismo deben tomarse las medidas oportunas para ejercer un control parlamentario de la política de seguridad y de defensa y para que el Parlamento esté informado de forma continua y suficiente de sus trabajos y de los órganos interinos que trabajan adscritos en estos momentos al Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
Lo que acabo de decir con respecto al Parlamento, señor Presidente, resulta igualmente válido para la Comisión. 
El equilibrio entre las instituciones no debería verse alterado en una cuestión tan importante. 
Hay que clarificar las competencias entre la Comisión y el Consejo, ya que existe una tensión aún no resuelta entre el nivel intergubernamental y los poderes comunitarios. 
La ambigüedad en lo que concierne a los límites del papel de la Comisión resulta particularmente evidente en el ámbito de la seguridad y debería ser, de una vez por todas, claramente despejada, pues no debemos olvidar que en el origen de los éxitos que tiene el proyecto de integración europea se encuentra ese tándem armónico entre Parlamento y Comisión, por cuya restauración hay que luchar y trabajar. 
Además, señor Presidente, este proyecto de Unión Europea no es un proyecto sólo de una unión política, económica o militar. 
Nuestro proyecto se basa, o debe basarse, fundamentalmente en una comunidad de valores. 
Ya no nos definimos solamente en la Unión Europea como los consumidores de un gran mercado, sino como ciudadanos de una Unión. 
Y los ciudadanos de esta Unión, a los que representa el Parlamento, quieren implicarse cada vez más en un tema que les preocupa y concierne directamente, como es el de la política común de seguridad y de defensa. 
Señor Presidente, el mes pasado celebramos el Día de Europa. 
El discurso de Robert Schuman del 9 de mayo de 1950 constituyó la esencia de esta celebración. 
Muchas cosas han cambiado desde ese día, pero el axioma fundamental de Schuman y de Monnet, la creación de una paz duradera entrelazando a los pueblos y a las naciones en una relación de dependencia recíproca y enriquecedora, aún está vigente. 
Se crea seguridad mediante la simple cooperación y a través de la integración y la ampliación. 
Schuman inició su discurso con estas palabras: "no se puede mantener la paz mundial sin acciones constructivas contra los factores que nos amenazan". 
Esta perspicaz percepción impregna el pensamiento del Grupo socialdemócrata sobre la política europea en materia de seguridad y defensa y constituye también el hilo conductor del informe Lalumière con vistas a Feira, que nuestro Grupo apoya sin restricciones. 
Para nosotros, socialdemócratas, la política de seguridad del siglo XXI contiene dos dimensiones que forman una unidad. 
La primera de ellas es la dimensión global y, la segunda, la puramente europea. 
Globalmente, está claro que la seguridad es indivisible. 
Compartimos el mismo planeta y el mismo destino. 
En el mundo global actual, posterior a la guerra fría, la pobreza y la exclusión aparecen como los principales enemigos de la paz y de la democracia. 
Contra la exasperación de los pobres no ayudan los arsenales militares ni un nuevo rearme atómico. 
Por este motivo, nuestra política de seguridad y de defensa debe comprender ayuda para el desarrollo- generosa, justa e inteligente- y una política comercial que arremeta contra las causas de la pobreza y de la inseguridad. 
Del mismo modo hay que entender la prevención de conflictos y el manejo de las crisis en nuestra nueva política de seguridad europea. 
Es obvio que somos leales a las decisiones de Helsinki. 
Tenemos que desarrollar constructivamente la capacidad militar impulsada por la guerra de Kosovo. 
Los headlines goals que se han fijado son importantes y deben ser cumplidos, sin dilación y sin excepción. 
Al mismo tiempo, sin embargo, debemos frenar a quienes quieren exagerar nuestro papel y nuestra capacidad militar. 
Tenemos que asumir mayor responsabilidad por la seguridad en nuestro continente, pero no vamos a reemplazar a la OTAN ni a crear un embrión de defensa europea permanente e independiente. 
Tales ambiciones pertenecen al mundo de las ilusiones y debemos dejárselas a Don Quijote. 
En nuestro arsenal carecemos de una política de prevención de conflictos. 
Por esa razón hay, que apoyar activamente las propuestas que ha presentado el Comisario Patten y que el Consejo también comparte, además de las propuestas del informe Lalumière. 
Señor Presidente, lentamente, y demasiado tarde, está adquiriendo forma la política europea de seguridad. 
Podría decirse que se está construyendo sobre las ruinas de Kosovo y con un gusto insípido. 
La UE no fue capaz de detener a tiempo la catástrofe en los Balcanes y tendremos que responder ante nuestros hijos por esta incapacidad. 
Nosotros, liberales, opinamos que es absolutamente necesario que en el futuro la UE pueda actuar con personal y recursos en las regiones vecinas, que pueda hacerse cargo del manejo de las crisis civiles, de las acciones humanitarias, de las tareas para el mantenimiento de la paz, basándose en valores europeos y en los derechos humanos. 
La UE tiene que contar con una política digna de crédito e independiente en esta materia, pero es importante mantener el interés de EE.UU. y la conexión transatlántica. 
La OTAN es actualmente la organización más importante para la paz y la seguridad en Europa. 
Sin embargo, los países miembros de la UE tendrán que adoptar pronto decisiones concretas sobre la política de seguridad común. 
Esencialmente hay tres asuntos que tienen que resolverse en Feira y que quisiera enviar al Consejo. 
¿Cómo será la división del trabajo entre la UE y la OTAN? 
Hay que construir estructuras complementarias, no dobles. 
¿Cómo se garantizará la participación de los países no alineados en la naciente política de seguridad? 
En tercer lugar, un asunto sobre el que el excelente informe Lalumière ofrece muchas buenas propuestas: ¿Cómo se garantizará la participación e influencia del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales en esas decisiones, para que sean adoptadas de manera abierta y democrática, en beneficio de los intereses de los ciudadanos europeos? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en contra de las prioridades de Feira, la Unión Europea debe fortalecer la dimensión de prevención civil de los conflictos de su política. 
Esto significa que al determinar el peso relativo de los instrumentos se debe otorgar prioridad financiera y material a una política eficaz de prevención de los conflictos. 
En efecto, los actuales frentes de conflicto son fundamentalmente conflictos intraestatales y esto constituye justamente una prueba de la escasa voluntad los Estados de contribuir en la medida suficiente a un desarrollo sostenible y socialmente equitativo de las regiones en crisis. 
En Helsinki se desaprovechó la oportunidad de concretar una política de prevención activa y una gestión eficaz de las crisis a su debido tiempo. 
Es necesario recuperar urgentemente el tiempo perdido en este contexto. 
Yo felicito al Sr. Patten por sus actividades en este sentido y deseo apoyarlas y contribuir a su ulterior desarrollo. 
El compromiso de reducción de la producción y la venta de armamento y su control más estricto deben ocupar un lugar más central en el desarrollo de los instrumentos de prevención y resolución de conflictos. 
Finalmente, un último punto: la importancia del Parlamento. 
En efecto, existe el riesgo de que el control democrático de la política de seguridad europea sea absolutamente insuficiente en los numerosos círculos informales. 
Por esto, es necesario que el Parlamento Europeo ocupe el lugar central. 
Es preciso fortalecer su posición y es necesario que se incluya este punto en la agenda de Feira. 
Señor Presidente, Europa se encuentra en la singular situación de no tener enemigos que la amenacen militarmente. 
Por eso sería oportuno un considerable desarme en Europa, pero, en realidad, estamos frente a una nueva oleada armamentista. 
Esta nueva fuerza militar de 50 000 a 60 000 hombres no será empleada en los territorios de la UE. 
No existe un compromiso común de defensa, sino que se trata de operar fuera de los límites de la Unión. 
Se trata de intervenir. 
Incluso, quizás, hay quienes dirían que algún día se va a atacar. 
Me preocupa que se diga que la UE podrá intervenir en cualquier lugar del mundo en el que la seguridad, los intereses o los valores de la Unión estén amenazados. 
Me parece que, también en esta materia, la UE ha usado la política de gran potencia de los EE.UU. como modelo para su desarrollo. 
Señor Presidente, también yo quiero poner de manifiesto mi gran aprecio por el trabajo de la Sra. Lalumière, que ha realizado un excelente informe, muy equilibrado, que se ha debatido extensamente en la Comisión de Asuntos Exteriores y que nos encamina en la buena dirección. 
Señor Presidente, una Unión Europea que no puede desempeñar un papel claro en materia de seguridad y defensa constituye un factor de incertidumbre en la escena mundial. 
Este Parlamento, en colaboración con la Comisión y el Consejo, debe contribuir a una política transparente y convincente. 
La Unión Europea no puede eludir la responsabilidad que le corresponde por su peso económico y cultural. 
Los democristianos esperan que la transferencia de tareas y competencias de la Unión Europea Occidental hacia la Unión Europea pueda contribuir a dicha claridad. 
Naturalmente esto significa, como ha señalado el Presidente del Consejo, que el presupuesto de los eventuales remanentes de la UEO se verá drásticamente disminuido, pero, para nuestra gran sorpresa, al mismo tiempo parece que está bastante en contra de la idea de que el presupuesto correspondiente aumente de modo proporcional para la Unión Europea. 
Me parece francamente ilógico y da la idea de que este avance no se toma para nada en serio. 
Señor Presidente, en nuestras resoluciones destacamos que esta política tiene aspectos civiles y militares. 
Ambos desempeñan un papel importante, y el aspecto militar debe integrarse en el amplio contexto del sentido cívico. 
Estas no son tan solo palabras hueras, esto influye directamente sobre el modo de controlar dicha política. 
Por eso es de suma importancia que este Parlamento Europeo, donde permanentemente debatimos todo tipo de asuntos civiles, sea también el lugar donde se planteen de modo más general los aspectos militares para que queden sujetos al control parlamentario. 
Sabemos que los aspectos civiles han de tener siempre la prioridad y que los aspectos militares se tienen fundamentalmente como recurso extremo. 
Así pues, sería peligroso que los controles sobre esta política no estuvieran plenamente basados en esto. 
He de decir que el tipo de tareas que tenemos ante nosotros, las tareas de Petersberg, también pueden tratarse aquí por excelencia. 
Como defensores de una política comunitaria, estamos especialmente atentos a que las aportaciones de la Comisión Europea, tal como acaba de describir el Sr. Patten, también sean óptimas. 
Esto significa que el Consejo debe ofrecer las posibilidades pertinentes y que el personal y el presupuesto que le corresponde deben ser adecuados. 
Señor Presidente, a nuestro parecer no se trata de desvincular estas tareas de la cooperación con Norteamérica. 
Incluso estamos muy atentos a que nuestra seguridad sea completa. 
De ahí también que en otra resolución con cierta timidez se haya instado a determinar una postura con respecto a los desprecios en América para determinar la propia seguridad unilateralmente a través del sistema ABM. 
No queremos eso, señor Presidente. 
Queremos la colaboración con Norteamérica en estos asuntos, pero sobre todo contando con un buen apoyo del Consejo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Patten, Señorías, gracias al excelente trabajo de la ponente, nuestra colega Catherine Lalumière, hoy podemos exponer la posición de nuestra Asamblea poco antes del Consejo Europeo de Feira. 
La Sra. Lalumière ha conseguido presentar una posición muy precisa y equilibrada, con la que se puede identificar una mayoría muy importante de las fuerzas políticas de esta Cámara. 
¡Muchas gracias, Catherine Lalumière! 
La guerra de y en Kosovo hizo comprender a los europeos tres hechos de una importancia indiscutible. 
El primero es que tenemos que dotarnos de capacidad de actuación en el ámbito de la prevención de los conflictos. 
Hasta ahora carecemos tanto de mecanismos políticos como de los instrumentos adecuados para evitar y resolver los conflictos. 
Si queremos evitar las guerras, tendremos que dotarnos de esa capacidad. 
Señor Comisario Patten, yo me congratulo de que usted comparta este punto de vista sobre la situación y aguardo con interés sus propuestas, las propuestas de la Comisión. 
En segundo lugar, hemos comprendido que no estamos en condiciones de poder intervenir de manera autónoma en nuestro propio continente y en nuestro propio entorno, ni aunque sea mediante una acción militar muy limitada. 
En tercer lugar, hemos comprendido que necesitamos disponer de autonomía con respecto a nuestros amigos estadounidenses si queremos controlar los medios que se emplearán en un enfrentamiento militar. 
Dicho de otro modo, si dependemos de otros en lo que respecta a la información, transporte, capacidad de ataque y otros aspectos, no podremos librar nuestra guerra, sino la suya. 
La comprensión de estos hechos condujo a la Unión Europea a acelerar sus esfuerzos para definir, organizar y reestructurar una política común de seguridad y defensa, y a empezar a establecerla al fin. 
El debate de hoy representa la aportación del Parlamento Europeo a este esfuerzo conjunto de la Unión Europea. 
Señor Presidente, a medida que la política de seguridad y defensa europea va desarrollándose, la Comisión y el Parlamento Europeo parecen quedar cada vez más fuera de juego. 
El Parlamento Europeo debe ejercer una mayor influencia en la intervención militar por medio del presupuesto y de una mayor responsabilidad por parte del Consejo. 
Si la Unión se dedica exclusivamente a los asuntos civiles y políticos y los gobiernos se dedican exclusivamente a los aspectos militares, la unidad de la intervención europea en situaciones de crisis sería la primera en sufrir las consecuencias. 
La concesión de ayuda humanitaria y la intervención europea no admiten una separación artificial. 
La idea de una asamblea común europea y nacional aún no está suficientemente desarrollada. 
¿Será algo más que un club de debate sin compromiso? 
¿Ejercerán sus competencias a costa de los parlamentos nacionales? 
Esto en ningún caso debe conducir a que este Parlamento quede fuera de juego en el desarrollo de la política de defensa y seguridad europea. 
Señor Presidente, espero que el excelente informe de la Sra. Lalumière esta vez no sólo no merezca el consenso del Parlamento, sino que también se oiga en el Consejo. 
Pero no será la primera vez que el Consejo rechace lo que el Parlamento ha alcanzado por consenso. 
La unidad de Europa ha nacido del deseo de una paz duradera. 
Este es un pensamiento rector que oigo en muchos encuentros. 
Por consiguiente, la política exterior y de seguridad común también debe formar una unidad entre la toma de decisiones política, la prevención de conflictos, la gestión de crisis y- de ser posible, nunca, pero sí si es necesario- la intervención militar además de un plan para restablecer y mantener la paz. 
En este sentido no pienso solo en Kosovo, que ha sido tan importante para nosotros porque nos abierto los ojos. 
Este fracaso en toda la antigua Yugoslavia nos ha hecho ver que la impotencia de Europa y la división entre los diferentes gobiernos no conduce a una visión de paz común. 
La paz es común y debe seguir siendo común. 
Señor Presidente, la resolución propuesta por la Sra. Lalumière se propone dar cobertura parlamentaria a la proclamación de la Unión Europea, junto a la OTAN, como gendarme internacional; dispuesta, incluso, cuando y donde la OTAN vacila, tal y como se concretó en Helsinki, con la correspondiente propuesta de medios y estructuras. 
Desgraciadamente, esta filosofía, a juzgar por lo manifestado en el debate, es la dominante, no sólo en el Consejo y en la Comisión, sino también en el Parlamento Europeo, que, en lugar de expresar el sentir y los intereses de los pueblos, viene a ratificar una política extraordinariamente peligrosa para Europa y para toda la humanidad. 
No sólo se ignora el escandaloso crimen perpetrado- que se sigue perpetrando- contra Yugoslavia, sino que se hace un llamamiento a apoyar la necesidad de repetirlo con medios y procedimientos perfeccionados. 
Inexorablemente surgen las siguientes preguntas: ¿Quién nos da derecho, con el pretexto que sea, a bombardear, a matar, a quebrantar principios fundamentales del Derecho Internacional? 
¿Qué calificación merece quien se dedica a fomentar tensiones y disputas entre pueblos, en el interior de otros países, y a continuación las utiliza para someterlos a su control y expoliarlos? 
Sin embargo, aunque la correlación de fuerzas internacional se preste a semejantes crímenes, no cabe duda de que los pueblos no tardarán en constituir su propio frente, un poderoso frente por la paz, en contra de estas políticas criminales. 
Yo no voy a felicitar a la Sra. Lalumière. 
Yo abomino de su propuesta. 
Señor Presidente, el reto con que nos enfrentamos estriba en encontrar la forma de que Europa pueda contribuir más a la prevención y gestión de crisis, y las propuestas que estamos examinando son la única manera de que podamos conseguirlo con mayor eficacia. 
Felicito al Comisario por preconizar que es preciso que haya mayor eficiencia no solamente en cuestión de ayuda, sino también en esta esfera. 
Le agradezco particularmente que se haya comprometido a examinar mi propuesta en favor de una fuerza de seguridad pública de la Unión, porque hay varias organizaciones en Europa que pueden ofrecernos su experiencia, entre ellas la Real Policía del Ulster en Irlanda del Norte. 
Permítanme que me dirija brevemente a la gente de Londres: se dice en los periódicos que algunas personas de Londres están diciendo que van a poner término a los esfuerzos que desarrolla la Unión Europea en el proceso de defensa. 
Lo que quiero decirles es lo siguiente: no podéis hacer eso, hay que ser realistas. 
Posiblemente podéis poner término a la participación del Reino Unido, pero no podéis interrumpir lo que está haciendo la Unión Europea. 
Ésa es la realidad. 
El proceso en que estamos participando y que estamos examinando es un proceso nuevo y valioso. 
Tenemos que esforzarnos por configurarlo de forma positiva. 
Como soy el ponente del Parlamento acerca del Servicio de reacción rápida de que nos ocuparemos en otro momento del presente año, espero tener la oportunidad de seguir tratando de estas cuestiones. 
Es inquietante observar esa resuelta tendencia hacia la militarización de la Unión Europea. 
El último orador ha dicho que está surgiendo una OTAN en pequeña escala. 
Muchos diputados, especialmente los ciudadanos de países neutrales, no dicen si lo que está sucediendo es lo que querían que sucediera. 
En mi propio país, la inmensa mayoría de la población está en contra de la militarización de Europa, especialmente si se tiene en cuenta que Europa tendrá armas nucleares a su disposición, y que Europa tiene industrias bélicas que exportan armas a lugares de todo el mundo en los que se cometen abusos graves y masivos de los derechos humanos. 
Si nos fijamos en el historial de la Unión Europea y de su participación en muchas regiones en conflicto de todo el mundo, veremos que las industrias bélicas han sido parte en el problema. 
Tenemos que ocuparnos de ello. 
Por lo que se refiere a los países neutrales, parte del texto de esta resolución es sumamente ambiguo en relación con la defensa colectiva. 
A los países neutrales se nos dice que la defensa colectiva no va a ser parte del proceso, pero es evidente que si seguimos adelante luego no habrá posibilidad de dar marcha atrás. 
Por último, me ha sorprendido realmente oír que el Sr. Newton Dunn citaba a la Real Policía de Ulster como buen ejemplo de fuerza policial. 
Si escuchamos a las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que han recogido informes que condenan a la RPU, no podemos sino sorprendernos de que se la haya citado como ejemplo. 
Estoy seguro de que hay buenos ejemplos, pero la RPU no es uno de ellos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, muchos oradores han señalado ya la importancia de la política europea de seguridad y defensa. 
Yo voy a limitar mi intervención al tema del control democrático y parlamentario de dicha política. 
La paz y la seguridad no son cuestiones para ser tratadas en las sesiones cerradas del Consejo. 
Es necesario un control parlamentario. 
Es importante que las decisiones sobre las misiones militares sigan siendo competencia de los Parlamentos nacionales. 
También es importante que las cuestiones presupuestarias, los presupuestos nacionales de defensa, se continúen decidiendo en los Parlamentos nacionales. 
Pero todo el resto, todos los aspectos de la política civil, deben ser competencia del Parlamento Europeo. 
Esta Asamblea debe encargarse del seguimiento parlamentario de la política europea de seguridad y defensa. 
El señor Presidente del Consejo ha señalado que se requiere transparencia y claridad. 
Fue una medida inteligente marcarse como objetivo la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea y por esto resultan tan absurdos los debates que se están desarrollando en estos momentos en el seno de la Unión Europea Occidental. Se está intentando dotar de una nueva legitimidad a la Asamblea parlamentaria de la Unión Europea Occidental. 
En este momento se están dedicando todos los esfuerzos a la definición de nuevas tareas. 
Éstas abarcan hasta la creación de una Asamblea europea de seguridad y defensa, un nuevo organismo, que no contribuye a aclarar sino más bien a confundir las cosas. 
Todo ello me recuerda un poco la política del pavo de Navidad, que intenta retrasar la Navidad. 
Sería bueno que se aclarase la situación y se aceptase que el Parlamento Europeo es el instrumento idóneo. 
Hace unos días asistimos a la Asamblea de la OTAN y su Presidente declaró ante la Asamblea: " La Unión Europea Occidental será absorbida por la Unión Europea. 
La UE tiene un Parlamento. 
La OTAN tiene un Parlamento. 
La Asamblea de la UEO ya no tiene razón de ser. " 
Yo creo que esta es también nuestra posición y que la Cumbre debería tenerla en cuenta. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Lalumière por haber preparado un informe en el que se exponen de forma equilibrada los argumentos y los intereses en cuestión. 
Es un excelente informe. 
También quisiera felicitar al Consejo por haber establecido en la última Cumbre el principio de los objetivos principales. 
Es importante que nos percatemos del valor de esos objetivos principales porque al fin y al cabo, en vez de pasar años y años ocupándose de las instituciones, la Unión Europea ha dado más importancia a los resultados que a los medios de conseguirlos. 
Eso, como ya estamos viendo, nos permitirá liquidar el orden del día con gran rapidez. 
Si queremos convertir en realidad nuestras ambiciones a un precio asequible, tenemos que lograr que se aprovechen mejor los fondos que destinamos a la defensa y en particular a las industrias de la defensa. 
Necesitamos una industria de la defensa en la Unión que sea fuerte y competitiva. 
A pesar de las adquisiciones y fusiones que caracterizan al sector privado, sigue habiendo un exceso de fragmentación en esta esfera. 
Seguimos dependiendo sobremanera de la actividad intergubernamental. 
El Grupo de Armamentos de la UEO, por ejemplo, desempeña su cometido muy lentamente sobre la base del consenso. 
Ni siquiera los seis Estados miembros de la Unión Europea que hace dos años firmaron una declaración de intenciones sobre la cooperación han concertado todavía un acuerdo marco para poner en práctica esa declaración. 
Es evidente que necesitamos obrar con mayor urgencia en esta esfera y que nos hace falta un marco único y coherente dentro del cual pueda cooperar la industria de la defensa. 
Por eso me ha desilusionado oír lo que ha dicho la Presidencia acerca de la intención de continuar la labor del Grupo de Armamentos de la UEO. 
Me parece que la estructura de pilares de la Unión Europea nos ofrece la mejor oportunidad de establecer un marco dentro del cual pueda operar la industria. 
El pilar II puede ofrecer la oportunidad de llegar a posiciones comunes sobre cuestiones como las exportaciones de armas, y nosotros podríamos esforzarnos en favor de una agencia europea de armamentos que agrupe a OCCAR y al Grupo de Armamentos de la UEO. 
La Comisión tiene un papel esencial a este respecto. 
La Comisión pasada llevó adelante las cuestiones pendientes acerca de la reestructuración de las industrias de la defensa: hubo dos comunicaciones sobre el particular. 
La actual Comisión ha guardado un silencia absoluto sobre esta cuestión. 
Se diría que teme enfrentarse con las repercusiones de su papel como guardiana de los Tratados. 
Tenemos que velar por que el mercado único se aplique en todo lo posible a las industrias de la defensa, y que el artículo 296 se aplique únicamente en las esferas especificadas en el Tratado. 
Insto al Comisario Patten a que siga el ejemplo de los Comisarios Bangemann y van den Broek y promueva la responsabilidad de la Comisión en la consecución de una industria europea de armamentos que sea eficaz y competitiva para poder respaldar las medidas que estamos adoptando en el campo político. 
Señor Presidente, se han logrado considerables adelantos en el establecimiento de una política exterior de seguridad y defensa común de la Unión Europea. 
Los Consejos Europeos de Colonia, Helsinki y Lisboa han contribuido considerablemente a ese respecto. 
Sin embargo, si somos francos tenemos que reconocer que las decisiones adoptadas en esas Cumbres y las que se puedan adoptar en Feira no serán mucho más que declaraciones de intenciones, mientras la Unión carezca de los recursos necesarios para poner en práctica esa política. 
Estoy de acuerdo con el Comisario Patten que criticó a los gobiernos de la Unión Europea por hacer declaraciones altisonantes que luego son reacios a respaldar con fondos y personal. 
Si los Estados miembros hablan con seriedad del establecimiento de una política verdadera de defensa y seguridad, entonces tienen que aportar fondos en vez de formular declaraciones. 
Entre tanto tenemos que ser pragmáticos acerca de lo que se puede conseguir, y por el momento no podemos hablar de la autonomía operativa de una fuerza europea. 
Eso guardará relación siempre con nuestra dependencia y confianza en la OTAN, que sigue poseyendo el equipo militar esencial y que ha permitido que los gobiernos de la UE desplieguen sus tropas en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo. 
Mientras no contemos con suficientes servicios de inteligencia comparables a los de los Estados Unidos y con capacidades de transporte que permitan transportar rápidamente a las fuerzas militares de la UE a los puntos conflictivos del mundo, seguiremos dependiendo de una estrecha relación de trabajo con la OTAN complementada con un diálogo estructurado UE-OTAN que no sea una sencilla duplicación de lo que ya tenemos en la UEO/OTAN. 
Esas realidades deben regir nuestros debates en Feira y en otros lugares, así como también la necesidad de tener en cuenta la existencia y las funciones de las Naciones Unidas. 
Concluiré mi intervención diciendo que me agradan las conjeturas de que el Consejo de Feira respaldará el concepto de una fuerza policial de reacción rápida que pueda entrar rápidamente en servicio después de finalizada la instrucción militar. 
La experiencia de Kosovo ha subrayado la necesidad de una iniciativa de ese tipo, y mucho me agradaría que viera la realidad en Feira. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, en la Unión Europea se ha configurado en los últimos tiempos una política exterior, de seguridad y de defensa común que seguramente habría sido impensable hace apenas algunos años. 
Esto ha sido posible, sobre todo, porque dos grupos de países miembros de la Unión Europea han modificado sus posiciones: el de los que consideraban que sólo la OTAN debía ser responsable de la seguridad y defensa, y el de los que pensaban que la seguridad y la defensa no eran asuntos propios de una Comunidad y debían ser asumidas por los Estados individuales desde una posición neutral o libre de pactos. 
Yo creo que lo que ahora se está configurando constituye una señal positiva de la presencia de una comunidad y también de una solidaridad. 
También pienso que el artículo 5, que hoy se mencionado varias veces, deberá constituir a la larga el fundamento común para todos los miembros de la Unión Europea, aunque el proceso tenga que ser gradual. 
Hoy se ha citado a menudo Kosovo. 
A mí me parece que a veces se concentra demasiado unilateralmente la atención en las enseñanzas de Kosovo o de Bosnia. 
En realidad, se trata de conseguir cuatro cosas. 
La primera es la prevención, que en el caso de Kosovo prácticamente no existió. 
La segunda es la disuasión, que en el caso de Kosovo fue ciertamente demasiado escasa, pues todavía no se podía apreciar una voluntad común. 
La tercera es la posibilidad de intervenir de manera rápida con un objetivo bien definido. 
Este aspecto quizá funcionó hasta cierto punto, aunque la discusión sobre la forma óptima de intervención provocó algún bloqueo. 
Y la cuarta es el restablecimiento y la estabilización de la paz aun después de la intervención militar. 
Los acontecimientos de estos días indican que conseguirlo no es tan sencillo como se cree. 
Por esto, yo agradezco que hoy se haya mencionado sobre todo el tema de la policía y de las fuerzas de seguridad destacadas en Kosovo. 
En efecto, es absolutamente necesario restablecer la seguridad reforzando el despliegue de fuerzas policiales. 
El objetivo es también desarrollar en Europa un sistema de responsabilidad regional, que no entraría en contradicción con el sistema de las Naciones Unidas, como a menudo se afirma, sino que por el contrario podría integrarse dentro del sistema de las Naciones Unidas y de los planteamientos de las Naciones Unidas. 
Una última observación: el Comisario Patten ha manifestado que no es imprescindible una revolución institucional, sino tal vez únicamente algunas reformas. 
Deberíamos intentar llevar a cabo la revolución institucional. 
Mucho me temo que con las instituciones que hoy se ha señalado que se deberían crear en los próximos tiempos vamos a bloquear nuestros propios esfuerzos. 
No deberíamos mantener demasiadas instituciones. 
La integración de la UEO y la UE apunta justamente en esta dirección. 
Señor Presidente, una y otra vez se nos dice que las medidas que estamos adoptando en virtud de la política europea de seguridad y defensa común tienen por finalidad reforzar a la OTAN. 
Me parece que eso peca por falta de sinceridad. 
Si eso fuera realmente la intención no habría necesidad de establecer estructuras separadas que en gran parte dejan al margen a los americanos y a los canadienses y que marginan a aliados fiables de la Unión Europea como Turquía. 
En los cinco últimos años la OTAN se ha reestructurado ya con la finalidad concreta de facilitar la acción de la Unión Europea si no se desea poner en marcha a la totalidad de la alianza. 
Por lo visto eso no es suficiente. 
La verdadera intención es crear algo que sea diferente de la OTAN. 
Es evidente que queremos que la Unión Europea reforme y perfeccione sus capacidades militares, pero no acabo de comprender cómo las continuas reducciones que se están efectuando en los presupuestos de defensa de los países de la Unión, y muy particularmente en Alemania, pueden ser una prueba de la resolución de aportar una contribución mayor a los esfuerzos de defensa de los países occidentales. 
Las enmiendas que hemos introducido en la resolución Lalumière tienen por finalidad subrayar la importancia del continuo compromiso de nuestros aliados norteamericanos respecto de la seguridad de Europa como prioridad principal, a fin de dejar bien sentado que la Unión Europea sólo se decidirá a actuar militarmente en conformidad con la alianza y si la OTAN en su conjunto ha resuelto no participar, e insistir en que toda fuerza de reacción rápida estaría asignada también a la OTAN y en ningún caso repercutiría negativamente en la capacidad de los aliados de la OTAN de hacer frente a sus obligaciones en virtud de la alianza. 
Queremos que las decisiones de la UE acerca de la utilización de elementos bélicos, incluidas las decisiones adoptadas sobre la base de una estrategia común o en ejecución de una acción conjunta, se adopten por unanimidad. 
No tiene que haber tentativas de crear una fuerza policial armada de la Unión Europea bajo el manto de la política europea de seguridad y defensa común. 
La Real Policía de Ulster es una buena fuerza de policía con un buen historial de lucha contra el terrorismo, pero eso no tiene nada que ver con nuestros debates actuales. 
Lo que nos preocupa principalmente es que la política europea de seguridad y defensa común representa un nuevo paso hacia la integración política europea y eso es precisamente nuestra objeción fundamental. 
Señor Comisario, señorías, Europa, por razones de seguridad de los estados europeos, y para contribuir a la seguridad de otros, fuera de nuestra región, que podrían requerir su apoyo, necesita disponer de una presencia militar autónoma diferenciada de la que ahora tiene con su participación en la Alianza Atlántica. 
Los acontecimientos de Kosovo, y, más en general, todo el trágico asunto del desmembramiento de la antigua Yugoslavia nos han mostrado de manera harto dolorosa las deficiencias de Europa en el marco de la OTAN. 
Se podría decir que Europa ha confiado el peso de la presencia militar a la fuerza dirigente de la OTAN, y, en contrapartida, ha descuidado durante décadas sus propios esfuerzos, hasta el punto de no ser capaz de cumplir correctamente ni siquiera sus obligaciones dentro de la OTAN. 
El hecho tiene una explicación de naturaleza psicológica. 
Cuando alguien, ya sea persona, estado o conjunto de estados, considera que no le corresponde la iniciativa, está abocado a descuidar, indiferente, sus obligaciones, o a limitarse a cubrir el expediente, sin empeño alguno ni preocupación por lo esencial. 
Tal vez el resultado más importante de las declaraciones de las Cumbres de Colonia, Helsinki y Lisboa sea precisamente que devuelven a Europa la sensación de iniciativa; estímulo necesario para asumir responsabilidades, realizar esfuerzos y cumplir compromisos. 
Por otra parte, los planes que debatimos no constituyen ninguna amenaza para la cohesión de la OTAN. 
Por el contrario, una Europa con iniciativa militar propia podrá afrontar de modo más consecuente sus compromisos atlánticos, lo que contribuirá a tranquilizar a cuantas fuerzas políticas en los Estados Unidos elevan sus voces contra la dedicación permanente de contingentes militares norteamericanos- y la inmovilización de importantes recursos norteamericanos- a la defensa europea. 
Más adelante, señor Presidente, tendremos que entender que nuestras decisiones inmediatas apuntan hacia la unidad europea y hacia la defensa de una frontera común; y a ello tendremos que llegar alguna vez. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, con la propuesta de resolución sobre el establecimiento de una política común europea de seguridad y defensa el Parlamento Europeo emite una señal importante antes de la Cumbre de Feira, una señal que apunta en un doble sentido. 
En primer lugar, el respaldo a una actuación independiente de la Unión Europea en materia de política de seguridad en el ámbito civil y militar, en el marco de unas tareas claramente definidas, tal como se concretan en las misiones de Petersberg de mantenimiento y establecimiento de la paz. 
En segundo lugar, una señal de que se debe tomar en consideración y fortalecer el papel del Parlamento Europeo en la definición de una política común europea de seguridad y defensa. 
La Unión Europea debe recuperar un retraso en el ámbito de la política común de seguridad y defensa, si se considera que sus gastos de defensa no representan ni siquiera el 60% del gasto comparable de los Estados Unidos, pero además sólo permiten conseguir un 10% de la eficacia operativa estadounidense. 
El compromiso concreto de constituir una fuerza europea de combate de 60 000 hombres como máximo, para el cumplimiento de las citadas misiones de Petersberg, requiere la solidaridad de todos los países miembros de la Unión Europea. 
La crisis de los Balcanes agravó la carencia de una auténtica Política Exterior y de Seguridad Común y dejó al descubierto la debilidad de la Unión Europea en ese ámbito. 
El objetivo no puede ser duplicar determinadas funciones de la OTAN en el ámbito de la seguridad mundial. 
Tampoco debe ser establecer una costosa estructura paralela. 
No obstante, es preciso garantizar el cumplimiento de las misiones de Petersberg. 
Por otra parte, debe prevalecer el principio de que la seguridad es indivisible. 
Por lo tanto, todos deben poder acceder a la asistencia mutua, tal como se halla enraizada en el artículo 5 del Tratado de la UEO, en el marco de una versión revisada del Tratado de la UE. 
La propuesta de incorporar el artículo 5 a una versión revisada del Tratado en forma de un protocolo adicional, al que podrían adherirse eventualmente los Estados miembros concretos, es por consiguiente un enfoque razonable con vistas a una solución. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, señorías, es absolutamente correcto que la gestión de las crisis se plantee como objetivo principal de la política exterior y de defensa europea. 
Además, las crisis, en todos los puntos del globo, se han convertido en el principal punto de atención en los albores del siglo xxi. 
Hay, por supuesto, también otros asuntos y cuestiones que surgen de la realidad actual y del acontecer en el sistema internacional, que constituyen, en mi opinión, parte inseparable de los asuntos y problemas que deben integrar la propuesta concreta sobre política exterior europea. 
Quiero felicitar a la Sra. Lalumière, que con su informe ha dado un gran paso adelante. 
Y ello porque no hace sólo propuestas concretas, sino que acentúa la necesidad de hallar el modo en que actúen y coexistan todos los medios propuestos para la política exterior europea. 
La cuestión en la política exterior europea no es cuantitativa. 
No es una cuestión de números. 
Es cualitativa. 
Es una cuestión de contenido. 
Y a partir de esta observación, quisiera, señor Ministro, sugerir la máxima delicadeza en todo lo concerniente a asuntos como la incorporación de la Unión Europea Occidental o la relación con la OTAN. 
Por mi parte, señorías, insistiré, ante todo, en la necesidad de hallar un modo de funcionamiento, un mecanismo que permita la aplicación armónica de todas las propuestas que se han escuchado en esta sala. 
Y es que la política exterior, hoy, no puede y no debe ser tan sólo el resultado de una simple colaboración intergubernamental. 
Por el contrario, debe ser fruto del funcionamiento de un esquema y un sistema multidimensionales cuya faceta parlamentaria ha de desempeñar un papel, sin duda, relevante. 
Señor Presiente, estimados colegas, ha pasado un año desde la guerra de Kosovo y se ha iniciado un intenso trabajo de reconstrucción. 
Las pérdidas han sido enormes. 
Para evitar catástrofes de esta naturaleza, damos ahora nuevos pasos hacia una política europea común de seguridad y de defensa. 
Lo hacemos para crear juntos herramientas que protejan el punto esencial de la seguridad, esto es, la libertad y la paz en Europa. 
Me satisface mucho la realización de este proceso. 
Éste es un compromiso común que se realiza y se profundiza en el marco del mandato de la UE. 
Creo que es importante que la UE se concentre en aquello que hace bien, esto es, el comercio, la creación de contactos y las medidas para la prevención de conflictos, pero también es importante crear confianza, mostrando "más músculos" y más posibilidades de intervenir a tiempo. 
Si la UE quiere ser tomada en serio, cosa que la Unión desea y trabaja para conseguir, tendrá que demostrar que asume más responsabilidades en su propia región. 
Entonces, es importante que existan estructuras que colaboren con la OTAN, ya que allí están la idoneidad, la capacidad, el talento para dirigir y la credibilidad. 
La UE complementa esto y por eso resulta tan bueno el informe Lalumière. 
Este concepto se fundamenta en que todos los Estados miembros cumplan sus compromisos. 
Nuestro papel en el Parlamento Europeo será, principalmente, el de controlar. 
Me he referido anteriormente a las disminuciones en los presupuestos de defensa en los Estados miembros. 
Esos presupuestos disminuyen, al mismo tiempo que necesitamos inversiones relacionadas con las reestructuraciones y la renovación del material. 
Posteriormente a la última discusión de este asunto renunció, en señal de protesta, el Comandante en Jefe alemán, lo que constituye una indicación de gran claridad. 
Para que los Jefes de Estado o de Gobierno tengan credibilidad en torno al año 2003, no sólo deberán hablar en Feira, sino que, además, tendrán que volver a casa y estudiar sus responsabilidades y compromisos. 
Señor Presidente, señor Secretario de Estado, señor Comisario, Señorías, para que se mantenga la vitalidad del proceso de construcción europea (y ésa es la condición para la supervivencia) , cada punto de llegada debe representar un nuevo punto de partida. 
Una vez realizada la Unión Económica y Monetaria, otros designios se perfilan sin que tengamos 50 años para realizarlos. 
Así, ocurre, entre otros casos, con el establecimiento de una política europea común de seguridad y defensa eficaz. 
Es preciso que los Estados miembros afronten esa cuestión desde una perspectiva europea, perfectamente conciliable, por lo demás, con los compromisos en el marco de la OTAN. 
Aunque nuestro deseo fuera otro, es evidente que la caída del muro de Berlín no hizo que pasaran a un segundo plano las cuestiones de seguridad y defensa de Europa. 
Ahí tenemos la compleja situación de los Balcanes para recordarlo todos los días, la lección de Kosovo que señala lo que no puede ser, los imperativos de la cuenca del Mediterráneo para despertarnos. 
Después de decenios de un mundo bipolar, conviene que la unipolaridad sea transitoria, para lo que la contribución de la Unión Europea es decisiva. 
La paz debe seguir siendo el gran designio de la construcción europea, pero no nace de la nada. 
Así, es esencial disponer de instrumentos eficaces para gestionar las crisis por medios no militares, desarrollar y compatibilizar la capacidad militar de los Estados miembros, movilizar los medios financieros adecuados en el presupuesto de los Estados miembros y de la Unión Europea, establecer estructuras eficaces de decisión. 
Las opciones parecen claras, el objetivo es exigente y su realización determinante. 
Hay reformas por hacer, importantes medios financieros y materiales por determinar, compatibilizar y movilizar. 
El compromiso de los Estados miembros es esencial. 
Los imperativos de los tiempos que corren no se compadecen con aplazamientos ni permiten más vacilaciones. 
El Consejo Europeo de Feira debe ser, más que la ocasión de reafirmar voluntades, el momento de cambio de rumbo caracterizado por la determinación de los medios financieros necesarios y por la inclusión en el orden del día de la Conferencia Intergubernamental de los aspectos institucionales de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa. 
Felicito a la Sra. Lalumière por el trabajo que ha hecho. 
Señor Presidente, muy brevemente, quisiera hacer constar la utilidad de este debate y la importancia que todas las intervenciones han tenido con vistas a preparar mejor al Consejo respecto de este asunto. 
Quisiera comenzar expresando la importancia del informe presentado por la Sra. Catherine Lalumière y, en particular, el equilibrio de su texto y la pertinencia de muchas de las observaciones en él incluidas y quisiera decir que el informe que la Presidencia portuguesa se propone presentar en el Consejo Europeo de Feira la próxima semana aclara, a mi entender, muchas de las dudas y deja claros muchos de los aspectos que aquí se han abordado. 
Ese informe es consecuencia de nuestro compromiso de dar ejecución plena al mandato establecido en Helsinki. 
Pensamos que, independientemente de algunas diferenciaciones que aquí se puedan hacer en materia de usos de seguridad y defensa- o, en particular, en materia de usos de defensa -, pues suponemos que las diferencias no existen en materia de tradición de seguridad, pensamos que todos estamos de acuerdo sobre la necesidad de que la Unión Europea se dote rápidamente de una capacidad en materia de gestión de crisis, ya sea en el plano militar o en el civil. 
Es importante saber en qué medida se hace la adecuación de esos mecanismos y de esas diversas dimensiones de modo que plasmen las diversas sensibilidades que aquí se proyectan. 
Respecto de un punto concreto que se ha planteado sobre las modificaciones del Tratado de la Unión Europea y las posibles modificaciones del Tratado de la Unión Europea en esta fase en relación con la posibilidad de la consagración de los instrumentos de que actualmente dispone la Unión en materia militar, quiero decir que la interpretación que la Presidencia portuguesa hace y que también es la que el Consejo comparte a ese respecto es la de que no hay necesidad de una modificación inmediata del Tratado y que lo establecido en su artículo 17 es suficiente para comprender los mecanismos actuales. 
En cualquier caso, está abierta la puerta para una reflexión futura teniendo en cuenta la evolución en el futuro de los acontecimientos y lo que llegue a consagrarse en materia de estructuras definitivas. 
En cuanto a la articulación UE-OTAN, creo que son infundadas todas las preocupaciones que se han manifestado respecto del modo de la creación de una política europea común de seguridad y defensa puede llegar a proyectarse negativamente en las relaciones con la OTAN. 
Muy al contrario, creemos que éste es el mecanismo que nos permite fortalecer autónomamente una determinada dimensión sin crear en modo alguno frontera de ninguna clase respecto de nuestra relación con la OTAN. 
Además, creemos que los mecanismos que conseguimos poner en práctica para articular nuestra relación de miembros de la OTAN dentro de la Unión Europea con los miembros de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN y, al mismo tiempo, las fórmulas que aplicamos para articular la relación de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa con los interlocutores de la OTAN fuera de la Unión han conseguido, a nuestro parecer, el equilibrio cierto y consideramos que el Consejo Europeo de Feira va a consagrarlas como modelo definitivo a ese respecto. 
En cuanto a la cuestión de la representación parlamentaria, es evidente que conocemos la sensibilidad de este Parlamento en lo relativo a su mayor participación en esos asuntos. 
Ahora bien, pensamos que se trata de una cuestión que supera la de la seguridad y la defensa. 
Está en el nivel de la Política Exterior y de Seguridad Común y de las reivindicaciones conocidas, por parte del Parlamento Europeo, en lo relativo a su participación en materia de Política Exterior y de Seguridad Común. 
Se trata de un punto que, como se sabe, se ha examinado- y sigue examinándose- en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental; veremos en qué medida se acogerán o no esas pretensiones. 
En cualquier caso, pensamos que es necesario, en particular en lo relativo a los parlamentos nacionales, garantizar su participación en cualquier evolución futura a ese respecto. 
También compartimos esas preocupaciones. 
Respecto de la gestión civil de crisis, quiero decir que ése fue uno de los aspectos a los que la Presidencia portuguesa concedió mayor importancia, prestando atención particular a las preocupaciones sentidas en el Consejo y también expresadas en el ámbito de este Parlamento respecto de esa dimensión. 
Pasado mañana se celebrará la primera reunión del Comité de Gestión Civil de Crisis, creado precisamente durante la Presidencia portuguesa. 
Por último, respecto de la última cuestión relativa al Grupo de Armamentos, éste prosigue sus trabajos y se mantendrá activo en el marco de la UEO. 
. (EN) Señor Presidente, este debate ha sido muy interesante. 
Como era de suponer, durante él se han evocado muchas cuestiones con gran sentido común. 
Seré breve y con razón: no quiero interponerme entre el Parlamento y sus obligaciones democráticas gastronómicas, pero hay un par de cuestiones que me gustaría mencionar. 
En primer lugar, se ha hablado del tipo de arreglos institucionales que tenemos que efectuar, y no solamente en la Comisión, para hacer frente a las responsabilidades de ejecutar adecuadamente una política exterior y de seguridad común y, en particular, para lograr que podamos desempeñar nuestro propio papel en los aspectos no militares de la gestión de crisis y prevención de conflictos. 
Necesitamos tener en la Comisión nuestros propios servicios de crisis, pero procuraremos que sean pequeños. 
Quiero dejar bien sentado que no tengo en absoluto la intención de duplicar en el seno de la Comisión el tipo de estructuras que necesariamente habrá que crear en el Consejo. 
En segundo lugar, la Sra. Lalumière habló inequívocamente acerca de la importancia de adoptar decisiones con mucha más rapidez. 
No tengo más remedio que decir que ésa es una de mis obsesiones. 
Es una de mis obsesiones en relación con, por ejemplo, el reglamento MEDA y en relación con los Balcanes. 
Hemos presentado un nuevo reglamento para acelerar el suministro de asistencia a los Balcanes. 
Hemos formulado propuestas acerca de medidas comerciales asimétricas para los Balcanes, que ahora se están estudiando en el Consejo y que, a su debido tiempo, serán examinadas por el Parlamento. 
Hemos formulado propuestas para limpiar el Danubio. 
Espero ahora que podamos obtener rápidamente una decisión sobre ellas. 
A no ser que adoptemos las decisiones con mayor rapidez, antes de que las crisis se manifiesten, entonces se planteará con mucha mayor frecuencia la cuestión de la rapidez con que adoptamos decisiones cuando las crisis han estallado ya. 
Por eso estimo que la importancia de adoptar decisiones con mayor rapidez es una cuestión que se aplica a cada una de las fases de nuestras actividades. 
Cuanto antes la resolvamos, mejor será, y no solamente para la credibilidad de nuestra política exterior y de seguridad común. 
Una vez más quisiera dar gracias a la distinguida diputada por su excelente informe. 
No puedo sino imaginar el volumen de trabajo que le ha supuesto, pero todos nosotros sabemos la cantidad de buen juicio que le ha dedicado también. 
El Presidente. Her recibido dos propuestas de resolución al artículo 42 (5) del Reglamento de Procedimiento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Bienvenida 
Señorías, tengo el gran placer de dar la bienvenida a una delegación de la Cámara de Representantes y el Senado de Australia, que acaba de tomar asiento en la galería oficial. 
Mi calurosa bienvenida a la delegación australiana, que está aquí para asistir a la 24º reunión Parlamento Europeo/delegación interparlamentaria australiana, que tendrá lugar aquí en Estrasburgo los días 14 y 15 de junio. 
El Sr. Bruce Baird dirige la delegación australiana, que se compone de tres diputados de la cámara de representantes y de dos senadores. 
El Parlamento Europeo y el Parlamento australiano iniciaron un diálogo político directo en 1981, que con los años ha abarcado una amplia gama de asuntos. 
Confiamos sinceramente en que se refuerce nuestra cooperación con Australia. 
Les deseo a todos una estancia agradable y mucho éxito en Estrasburgo. 
VOTACIONES 
Tiene la palabra el Sr. Perry, para una cuestión de orden 
Señora Presidenta, junto a la puerta de entrada de esta sala hay alguien disfrazado de paquete de cigarrillos. 
No tengo nada que objetar a que la gente se disfrace de paquetes de cigarrillos pero sí que me opongo a que lo que considero que son manifestaciones políticas tengan lugar a la puerta del hemiciclo. 
¿Lo tolera nuestro Reglamento? 
Señor Perry, tomamos nota de esta cuestión de orden, cuyo buen humor no ha escapado a nadie. 
¿Hay más cuestiones de orden? 
Señora Presidenta, al parecer votaremos mañana y no hoy sobre las enmiendas de la resolución Lalumière. 
Me gustaría indicar que hay un importante error tipográfico en la enmienda 39, que estoy seguro los diputados han recibido: en ella se menciona al "Presidente del Canadá" pero en realidad debe decirse: "Parlamento del Canadá". 
No hay presidente en el Canadá. 
El Jefe de Estado del Canadá es Su Majestad la Reina, que también es Jefa de Estado de Australia. 
Calendario de períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo- 2001 
Dell ' Alba (TDI). (FR) Señora Presidenta, presento una cuestión de procedimiento sobre la primera votación que tendrá lugar, puesto que 40 diputados han presentado doce enmiendas tendentes a transferir todas las sesiones plenarias de Estrasburgo a Bruselas. 
Dichas enmiendas no han sido admitidas a trámite. 
Asumo el hecho de que nuestro Reglamento establece que debemos deliberar en la materia según las condiciones establecidas en el Tratado, pero deseo señalar que el Parlamento, en el pasado mes de abril, aprobó una resolución- teniendo cuenta, precisamente, la Conferencia Intergubernamental en curso- que exige por una amplia mayoría que la sede y los lugares de trabajo sean decididos por el Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, habríamos podido votar nuestras enmiendas, esperar los resultados de la CIG y adaptar el calendario en consecuencia. 
Protesto por el hecho de que estas enmiendas, apoyadas por muchos colegas, no hayan sido admitidas a trámite. 
Señorías, les recuerdo, simplemente, que las enmiendas a las que el Sr. Dell ' Alba acaba de referirse no han sido, en efecto, admitidas a trámite porque el Parlamento debe pronunciarse únicamente sobre las fechas de los períodos parciales de sesiones propuestas por la Conferencia de Presidentes. 
Existe, pues, una confusión sobre el objeto de esta votación. 
Por esta razón no hemos podido admitir a trámite dichas enmiendas. 
En cambio, todas las demás enmiendas han sido admitidas, como, por otro lado es habitual. 
(El Parlamento aprueba el calendario de períodos parciales de sesiones así modificado) 
Procedimiento simplificado- sin informe 
Iniciativa del Gran Ducado de Luxemburgo con vistas a adoptar una Decisión del Consejo por la que se establece un procedimiento de modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 40, del apartado 7 del artículo 41 y del apartado 2 del artículo 65 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (7217/00- C5-0216/2000- 2000/0803 (CNS) ) (Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores) 
(El Parlamento aprueba el texto de la iniciativa) 
Propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 1999/311/CE, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior (TEMPUS III) (2000-2006) (COM (2000) 0184- C5-0231/2000- 2000/0074 (CNS) ) (Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0153/2000) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo, relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros, en lo que se refiere a la aplicación simplificada de la nomenclatura de los productos (14100/1/1999- C5-0134/2000- 1997/0162 (COD) ) (Ponente: Sr. Beysen) 
(La Presidenta declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0156/2000) del Sr. Maaten, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (versión refundida) (COM (1999) 594- C5-0016/2000- 1999/0244 (COD)) 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, pido el aplazamiento de la votación del informe Maaten para el período parcial de sesiones del mes de julio. 
Señor Fiori, para mayor claridad, se trata, pues, de una solicitud de aplazamiento de la votación, en virtud del artículo 146 de nuestro Reglamento. 
¿Hay un orador que desee expresarse a favor de esta solicitud y otro en contra? 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, nos encontramos ciertamente ante un informe importante, que sin duda responde a un propósito sincero. 
Más allá de mi opinión particular sobre el fundamento jurídico, las enmiendas presentadas me inspiran el máximo respeto, así como, sobre todo, también el trabajo del colega Maaten, que tuvo que examinar en un plazo increíblemente breve un enorme número de enmiendas, presentadas en la comisión y también aquí en la Asamblea, para su debate en el Pleno. 
Yo creo que si el informe se somete a votación con tanta rapidez no haremos justicia a la significación e importancia de su objetivo. 
El número de enmiendas- 120- es tan grande que temo que se puedan constituir unas mayorías y alcanzar unos resultados finales que sean incompatibles entre sí. 
Parece imprescindible volver a llevar a cabo una atenta votación y establecer una coordinación tanto dentro de cada Grupo como entre los diferentes Grupos, con objeto de poder alcanzar un resultado final presentable. 
Con toda la buena voluntad y el más sincero respeto hacia el objetivo, no podemos olvidar, no obstante, que en realidad no se trata de una cuestión apremiante. 
Todos deberíamos tomarnos un tiempo para una revisión final o una reflexión detenidas. 
Señora Presidenta, deseo expresarme en contra de esta solicitud de aplazamiento de la votación, y creo que los argumentos no faltan. 
Sé que el lobby de la industria del tabaco está muy ansioso por evitar que se apruebe esta directiva, y creo que dicha solicitud es una maniobra más para impedir una votación que, evidentemente, es urgente. 
Deseo señalar que el Consejo ha aplazado el examen de este expediente para poder conocer el punto de vista del Parlamento. 
Si aplazamos nuestra votación, la industria del tabaco ganará más tiempo, puesto que el Consejo ya no podrá pronunciarse a finales de junio. 
Por otro lado, pienso que el Sr. Maaten y la Comisión de Medio Ambiente han realizado un buen trabajo. 
Es verdad que hay muchas enmiendas y también es verdad que en el futuro debemos esforzarnos por mejorar nuestro trabajo, para reducir el número de enmiendas en el Pleno. 
Pero, en este caso, creo que ello no justificaría en absoluto un aplazamiento de la votación. 
Está todo listo para que se celebre una votación. 
(El Parlamento rechaza el aplazamiento de la votación) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
La Presidenta. Felicito al Sr. Maaten y aprovecho, Señorías, para transmitirles que he recibido varias cartas de colegas donde expresan su deseo, debido a que tienen problemas asmáticos, de que respetemos las zonas de no fumadores. 
(Aplausos) 
Informe (A5-0142/2000) del Sr. Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE, 92/49/CEE y 93/22/CEE del Consejo en lo relativo al intercambio de información con terceros países (COM (1999) 748- C5-0011/2000- 2000/0014 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0144/2000) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
I. sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 69/169/CEE y 92/12/CEE, en lo relativo a una restricción cuantitativa temporal para las importaciones de cerveza en Finlandia (COM (2000) 76- C5-0137/2000- 2000/0038 (CNS) 
II. sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo, en lo relativo a una excepción temporal para la importación de cerveza, libre de derechos, en Finlandia (COM (2000) 76- C5-0138/2000- 2000/0039 (CNS)) 
(En sucesivas votaciones el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Informe (A5-0159/2000) del Sr. Vidal-Quadras Roca, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y energía, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Peso del pasado nuclear en relación con las actividades realizadas en el marco del Tratado Euratom- Desmantelamiento de instalaciones nucleares obsoletas y gestión de residuos (COM (1999) 114- C5-0214/1999- 1999/2169 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, yo sólo quiero manifestar que la Asamblea ha adoptado, a mi parecer, una decisión contraria al derecho al votar el calendario, pues reducir a cuatro días el período parcial de sesiones de Estrasburgo sólo sería admisible si no se celebrasen sesiones adicionales en Bruselas y, recíprocamente, dichas sesiones adicionales sólo estarían justificadas una vez agotada toda la semana dedicada a la sesión plenaria. 
Yo le ruego encarecidamente que compruebe estos aspectos jurídicos. 
Es evidente que se ha adoptado una decisión que atenta por lo menos contra el espíritu y seguramente también contra la letra del Tratado. 
En efecto, esto podría conducir a que en un futuro celebremos un período parcial de sesiones de un día aquí y a continuación otro de cinco días en otro sitio. 
Este no puede ser el sentido del compromiso alcanzado. 
Además, es un enorme despilfarro reducir en un día el período parcial de sesiones que se celebra aquí y celebrar luego sesiones plenarias adicionales. 
Sr. Posselt, en primer lugar, tengo mis dudas en que esto sea una cuestión de orden y, en segundo lugar, teniendo en cuenta que, por supuesto, la Mesa está dispuesta a estudiar todo lo que se le solicite, si esa interpretación fuese indiscutible, la enmienda que usted critica no hubiese sido admitida a trámite para su votación en el Pleno. 
EXPLICACIONES DE VOTO- Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo- 2001 
Señor Presidente, si tomo la palabra es para oponerme a las enmiendas de mi propio Grupo y a aquellas de igual naturaleza, tendentes a suprimir los viernes como días de sesión en Estrasburgo o a fraccionar algunas semanas de sesión en dos distintas, para aumentar artificialmente el número de períodos parciales de sesiones en Estrasburgo, o incluso para oponerme a las enmiendas del Sr. Pannella y compañía, tendentes a suprimir los lunes y los viernes como días de sesión en Estrasburgo o a prolongar los períodos parciales de sesiones adicionales de dos a tres o incluso cinco días. 
Se trata de un conjunto de enmiendas destinado a vaciar de contenido el Protocolo sobre la fijación de las sedes de las instituciones, anejo al Tratado de Amsterdam, a intentar eliminar Estrasburgo y concentrar las actividades del Parlamento en Bruselas. 
Igualmente, y por respeto a las normas jurídicas, he votado en contra de las enmiendas tendentes a suprimir los períodos parciales de sesiones adicionales en Bruselas. 
El hecho de querer cambiar los Tratados en esta materia constituye una postura que no comparto, pero que es legítima. 
El hecho de querer proceder por destrucción lenta, para torcer las disposiciones del Tratado y actos anejos constituye un método indigno de la institución parlamentaria. 
Señor Presidente, he votado a favor de la supresión de la sesión de los viernes en Estrasburgo, a pesar de que estoy a favor de las reuniones en esta sede. 
Dado que los viernes no venía casi nadie, he considerado oportuno apoyar la supresión de la sesión de los viernes. 
Quiero hacer el siguiente subrayado: trabajamos mucho y mal y producimos poco en comparación, por ejemplo, al parlamento italiano que, a pesar de reunirse menos- nunca se reúne para votar los lunes ni se reúne los viernes- tramita más de 500 leyes al año. 
Nosotros perdemos tiempo en muchos debates y, sobre todo, en muchas votaciones, resoluciones, cuestiones, urgencias, etcétera que al final no producen ningún resultado concreto y van en detrimento de la actividad legislativa propiamente dicha que debería ser la actividad primordial de un Parlamento que no sea un órgano consultivo, sino un órgano deliberante. 
Señor Presidente, me da vergüenza decirlo, pero he dado alguna cabezada durante las votaciones que acabamos de realizar y sólo en el último momento he conseguido tomar conciencia y votar. 
¿Por qué? 
Porque hay algo que no funciona en la organización de los trabajos de nuestro Parlamento. 
He votado a favor del calendario, sin embargo, quiero recalcar que, como decía el Sr. Speroni- se pierde mucho tiempo en actividades inútiles. 
Votar las enmiendas a los considerandos de todas las resoluciones legislativas, incluso de las que dan una orientación, al final impide cumplir nuestro mandato. 
Creo que se deberían elaborar directivas y reglamentos votados por nuestro Parlamento que, sin embargo, no debe perder tiempo en debates de otro tipo que se pueden hacer en comisión. 
Señor Presidente, yo suscribo plenamente lo que acaban de manifestar el Sr. Posselt y también la Sra. Flesch con respecto a la votación por la que se ha decidido suprimir la sesión del viernes en Estrasburgo. 
A mi parecer, esto es contrario al Tratado y al acuerdo relativo a la sede del Parlamento. 
Yo me congratulo de que el Parlamento no determine su sede, sino que sigan haciéndolo los ministros reunidos en el Consejo de Ministros, y espero que la Conferencia Intergubernamental no modifique este aspecto. 
No obstante, resulta difícilmente aceptable que decidamos que en adelante nuestra semana laboral será sólo de cuatro días cuando el Tratado habla de períodos parciales de sesiones de una semana de duración. 
La semana laboral de todos los trabajadores asalariados de la Comunidad, de centenares de millones de personas, es de cinco días. 
Cuando se haya establecido la semana laboral de cuatro días para todos los demás asalariados- pues los trabajadores autónomos trabajan, en cualquier caso, los días que desean -, podremos decidir que la semana del período parcial de sesiones será sólo de cuatro días. 
Me parece espantoso, es un despilfarro de dinero y francamente no es serio lo que varios... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, desearía asociarme, por mi parte, a la declaración de mi colega del Grupo liberal, la Sra. Flesch. 
Querría, además, añadir lo siguiente. 
El hecho es que no hay muchos diputados presentes, aquí, en Estrasburgo, los viernes por la mañana. 
Me parece escandaloso que algunos diputados deseen impedir que otros diputados trabajen los viernes por la mañana, y lo que me parece aún más escandaloso es que los mismos diputados consideren- y tengo en mis manos un correo electrónico dirigido en tal sentido por el diputado van Hulten a los demás diputados- que cuando se suprima la sesión de los viernes es posible, a pesar de todo, inscribirse ese día en el registro, para cobrar sin trabajar. 
¡Solicito a la Mesa que sea consecuente y que suprima igualmente la posibilidad de cobrar, sin trabajar, los viernes! 
. (FR) Con ocasión de la votación del calendario de los períodos parciales de sesiones del año 2001, la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo se ha creído autorizada para suprimir la sesión de los viernes del período parcial de sesiones mensual de Estrasburgo. 
Se trata de un episodio suplementario en la perpetua guerrilla llevada a cabo por los anti-Estrasburgo, en contra de la letra de los Tratados. 
Ya en 1997 los anti-Estrasburgo habían sufrido una ruda derrota ante el Tribunal de Justicia, tras haber querido suprimir totalmente uno de los doce períodos parciales de sesiones mensuales normales. 
Esta vez han querido avanzar de manera más sutil, reduciendo la duración de cada período parcial de sesiones normal, sin alterar su número. 
En efecto, el Tribunal de Justicia, en su decisión de 1 de octubre de 1997, había recordado que la decisión del Consejo de Edimburgo del 12 de diciembre de 1992, tomada en aplicación del artículo 216 del Tratado (y, por otra parte, elevada desde entonces al rango de protocolo por el Tratado de Amsterdam) tenía el mismo valor que el Tratado, y se imponía, pues, al Parlamento Europeo. 
De paso, éste había sufrido la suprema humillación de que le recordaran que no es un Parlamento soberano, como un Parlamento nacional, sino sólo una Asamblea creada por un Tratado y sometida a las condiciones y límites establecidos por dicho Tratado. 
La decisión de Edimburgo, recogida por el protocolo de Amsterdam, menciona que "el Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebran los doce períodos parciales de sesiones plenarias mensuales... ". 
En 1997, el abogado general Lenz había subrayado que si el texto contiene la expresión "donde se celebran los doce períodos de sesiones plenarias" (y no, por ejemplo, "se fija en doce el número de los períodos de sesiones plenarias que deben celebrarse en ese lugar") , ello significa que "los representantes de los gobiernos de los Estados miembros se refirieron a una práctica seguida por el Parlamento con respecto a su funcionamiento". 
Esta práctica, en lo que hoy nos interesa, consiste en los períodos parciales de sesiones normales en Estrasburgo, de una duración de una semana completa. 
Esta práctica, sobre la que se apoya el Tratado, debe ser respetada. 
Si se admitiera que a los períodos parciales de sesiones plenarias normales se les puede recortar un día, esta alteración podría ampliarse, de tal manera que, gradualmente, Estrasburgo dejaría de ser el centro de los trabajos realizados en sesión plenaria. 
Por tanto, se violaría, por pequeños pasos progresivos, la letra del Tratado. 
Desearía aprovechar esta oportunidad para recordar que, en mi opinión, la fijación con más de un año de antelación de los períodos parciales de sesiones adicionales de Bruselas tampoco constituye una práctica conforme al Tratado. 
La decisión de 1997 precisa que "no se podrán fijar períodos parciales de sesiones plenarias adicionales en otro lugar de trabajo, salvo en caso de que el Parlamento celebre los doce períodos de sesiones parciales ordinarios en Estrasburgo, lugar de la sede de la institución". 
Por consiguiente, el Tribunal consideró, con razón, que sólo puede haber períodos parciales de sesiones "adicionales" si los períodos parciales de sesiones normales han sido celebrados, y si éstos han resultado efectivamente insuficientes para tratar el conjunto de los expedientes pendientes. 
Saco la conclusión de que el Parlamento Europeo no tiene el derecho de fijar con más de un año de antelación, como lo hace actualmente, la celebración de los períodos parciales de sesiones adicionales. 
El Parlamento tendría que saber si los períodos parciales de sesiones normales en Estrasburgo han sido suficientes, o insuficientes para tratar los asuntos pendientes. 
Ahora bien, no puede saberlo con tanta antelación. 
Por otro lado, se podría considerar contradictorio el hecho de que el Parlamento redujera las semanas de sesión plenaria normales en Estrasburgo, manteniendo al mismo tiempo períodos parciales de sesiones adicionales en Bruselas. 
Si considera que pasamos demasiado tiempo reuniéndonos, son los períodos parciales de sesiones adicionales en Bruselas los que hay que suprimir en primer término. 
Deseo vivamente que el Gobierno francés someta nuevamente este asunto al Tribunal de Justicia, como ya lo había hecho en 1995. 
Deseo también que realice un verdadero esfuerzo para facilitar el viaje a Estrasburgo de nuestros colegas extranjeros. 
¿Cómo habría de sorprendernos que aquellos que viajan entre 10 y 12 horas a causa de los malos servicios de comunicación ferroviarios o aéreos acaben cansados y con gripe en Estrasburgo? 
. (FR) Con respecto al calendario de los períodos parciales de sesiones de 2001 del Parlamento Europeo, desearía decir muy claramente, yo que nunca he estado ausente, salvo quizá una vez, desde la renovación del mandato del 12 de junio de 1999, que me he opuesto, que me opongo y que me opondré a cualquier decisión tendente a vaciar de contenido nuestro Pleno de Estrasburgo, con el fin más o menos declarado de oponerse a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
No sólo esta decisión pone en entredicho un equilibrio institucional que, no obstante, aceptan todos los Estados, sino que, lo que es aún más grave, pone en tela de juicio una "cierta idea de Europa" que simboliza Estrasburgo: la de una Europa política reconciliada y pacífica. 
Finalmente, ¿quién puede negar la aberración que constituiría la creación de una capital única para una Europa federal que, en diez años, contará con más de 500 millones de habitantes? 
¡Sería un desastre urbanístico, medioambiental y, por lo tanto, humano! 
Ser moderno en el siglo XXI es querer una capital multipolar en el centro de la cual Estrasburgo ocupará siempre un lugar particular. 
¡Por todas estas razones, denuncio las maniobras ideológicas y mercantiles de los anti-Estrasburgo, que no desaprovechan jamás una ocasión para hacer estragos! 
. (EN) La práctica actual que consiste en desplazar al Parlamento de Bruselas a Estrasburgo y viceversa representa un coste elevado para los contribuyentes europeos, y reduce la eficacia de la labor parlamentaria. 
También es perjudicial para la credibilidad y las repercusiones políticas del Parlamento. 
La solución de este problema consistiría en concentrar toda la labor del Parlamento en un solo lugar. 
Instamos a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de modificar el Tratado a fin de que el Parlamento Europeo decida en qué ciudad quiere tener la sede. 
Con miras a reforzar este aspecto hemos votado a favor de todas las enmiendas encaminadas a reducir la cantidad de tiempo que pasamos en Estrasburgo y aumentar la cantidad de tiempo que pasamos en Bruselas. 
. (EN) No he faltado un solo día a ninguno de los períodos de sesiones del Parlamento desde que se me eligió y, me parece, sólo falté dos días en el Parlamento anterior. 
Por eso he votado sin gran convicción en favor de la supresión de los viernes en los períodos de sesiones celebrados en Estrasburgo. 
He llegado a la opinión de que el orden del día para las sesiones del viernes se ha organizado a fin de completar el período de sesiones y está resultando cada vez más superfluo. 
No aporta nada a esta institución el hecho de que, el viernes, haya menos de un centenar de diputados debatiendo acerca de una resolución que no tiene importancia. 
Este Parlamento tiene que reestructurar su modus operandi a fin de adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. 
. (FR) Una vez más, este punto del orden del día ha servido de pretexto para vaciar de su contenido el protocolo sobre la sede de las instituciones europeas. 
La gran mayoría de los miembros del Parlamento Europeo que han votado a favor de la supresión de la sesión de los viernes persiguen una estrategia cuyos objetivos están muy claros: desean transferir más Plenos a Bruselas. 
Después de la sesión de los viernes, pondrán la mira en la de los jueves. 
Cuando se haya reducido el período parcial de sesiones de Estrasburgo a una "mini sesión", las mismas voces reclamarán el cierre de la sede de Estrasburgo por razones de racionalización. 
Para no hacerme cómplice de esta estrategia, no he votado a favor de las enmiendas correspondientes. 
Además, pienso que es totalmente ilógico suprimir media jornada de reunión, cuando, por otro lado, nos quejamos de un aumento de trabajo para el Parlamento Europeo. 
¡Nadie se ha preocupado por añadir al calendario 2001 las horas perdidas de los viernes! 
Acuerdo de Schengen 
Señor Presidente, he votado a favor y, al margen, quiero hacer esta consideración: en Italia no siempre se aplica correctamente el acuerdo de Schengen. 
En particular me refiero a los controles sistemáticos conjuntos de la policía fronteriza y de la policía fiscal a los que son sometidos todos aquellos que viajan de Italia a un país del Tratado de Schengen utilizando aviones, sobre todo los que pertenecen a la aviación en general, lo que se suelen llamar aviones privados. 
Según el acuerdo de Schengen, no tiene que haber controles sistemáticos, no debe existir ninguna obligación de presentarse o de notificar a las autoridades fronterizas la salida del territorio nacional. 
Por lo tanto, pido la intervención de la Comisión para que se cumpla el acuerdo de Schengen sin más trabas burocráticas por parte de las autoridades italianas. 
Recomendación Beysen (A5-0153/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Beysen, sin embargo, éste es el clásico ejemplo al que me refería en mi explicación de voto sobre la supresión de la sesión de los viernes. 
En este texto el Parlamento Europeo establece cuáles son las clases de mercancías que se tomarán en consideración a la hora de elaborar una estadística sobre los productos que cruzan las fronteras entre un Estado y otro y que no se sabe para qué servirá. 
¿Acaso servirá para saber cuántos caramelos han pasado de Italia a Francia y cuántos tractores de Alemania a Suecia, etcétera? 
Creo que esto es un exceso de burocracia en general, aparte de un exceso de trabajo para nuestro Parlamento. 
Sin embargo, ya que catalogamos cuántas mercancías se desplazan, ¿por qué no catalogamos cuántas personas se desplazan de un lugar a otro en la Unión Europea? 
Tenemos que simplificar la vida de los ciudadanos y la legislación. 
Informe Maaten (A5-0156/2000) 
Señor Presidente, con respecto a la versión refundida de la directiva relativa a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco, hemos seguido al ponente en sus enmiendas más exigentes, ya que estamos convencidos de que el tabaco representa un coste enorme para la sociedad y un peligro mucho más grave de lo que imaginan para quienes lo compran. 
Sin embargo, al mismo tiempo, estamos convencidos de que el artículo 95 del Tratado, relativo a la aproximación de las normas en el mercado interior, en el que se basa este proyecto, representa un fundamento jurídico erróneo. 
El objetivo de las disposiciones propuestas es, en efecto, proteger la salud pública y no quitar los obstáculos a la circulación de los productos. 
En cuanto al artículo 152 del Tratado, relativo a la salud pública, autoriza a la Comunidad a fomentar la cooperación entre los Estados miembros, pero no a que tome por sí misma medidas de armonización obligatorias, las cuales, por otra parte, están excluidas por el punto c) del apartado 3. 
En estas condiciones, somos muy conscientes de que la Comisión está utilizando, como lo hace muy a menudo, una causa loable- en este caso, la lucha contra el tabaquismo- para atribuirse nuevas competencias, a pesar de la letra de los Tratados y sin tener en cuenta la subsidiariedad. 
Hemos votado a favor de las enmiendas, pues, para demostrar que, en cuanto al fondo, queríamos ser exigentes, pero al mismo tiempo pedimos al Consejo que convierta el proyecto de directiva, de conformidad con el artículo 152, en una recomendación que incite a los Estados miembros a asumir sus responsabilidades. 
Éstos son perfectamente capaces de hacerlo, y aun cuando esta competencia nacional desembocara en reglas de información a los consumidores- distintas según los países, en función de su propia cultura -, los fabricantes de tabaco no tendrían más que adaptarse a ellas. 
Si no actuamos de esta manera, podría decirse entonces que la subsidiariedad ya no tendría ningún sentido en la Comunidad. 
Señor Presidente, estoy totalmente a favor de este informe cuya finalidad es proteger la salud de los ciudadanos tanto de los que fuman como de los que son fumadores pasivos. 
Pero ¿cuándo se ha conseguido reducir el consumo de tabaco, el humo de los cigarrillos a lo largo de la historia? 
Una sola vez, señor Presidente. 
¿Cuándo? me preguntará usted. 
En 1848, durante la lucha contra la dominación del Imperio Austro-Húngaro en Milán, los patriotas milaneses lograron reducir el consumo de tabaco para perjudicar a las arcas del Imperio. 
Por eso, teníamos que haber escrito "Fumar mata y los Gobiernos agradecen el ahorro en sus pensiones". 
Señor Presidente, quería emitir una explicación de voto para decir que me he abstenido en su mayor parte respecto al informe Maaten. 
Esto no ha ocurrido porque no comparta los objetivos de política sanitaria sino porque no puedo comprender en absoluto cómo la Comisión y también el Parlamento pueden acordar normas hasta tal detalle a nivel europeo, lo que a la postre nos resta credibilidad. 
Si regulamos el tamaño, el color, la posición del texto y de las imágenes en los paquetes de cigarrillos, esta no es la Europa en la que yo creo. 
Al contrario que Newton Dunn, quiero constatar que no se trata de tener estándares por duplicado. 
Nosotros somos responsables de la salud de nuestros ciudadanos y tenemos que establecer normas para ello. 
Otras regiones tienen que encontrar sus propias regulaciones. 
No podemos padecer por ello perjuicios en las exportaciones al exportar otros a esas regiones. 
Espero que se llegue acuerdos en este sentido con el Consejo y la Comisión, en los que se contengan unas regulaciones sanitarias claras y unívocas pero que no incluyan tales detalles que no podemos acordar con buena conciencia en esta Asamblea. 
Señor Presidente, la mía es una breve intervención para decir que yo también estoy totalmente de acuerdo con el informe Maaten. 
Aunque entiendo que existe la obligación de informar perfectamente a los consumidores sobre los riesgos de lo que consumen, considero que no nos corresponde la tarea de elaborar una legislación de carácter prohibicionista, sobre todo en lo que se refiere a los terceros países. 
Hay unos excesos que me han hecho pensar en cierta propaganda de tipo terrorista que no creo que convenga a la operación de sensibilización, dado que cada vez que se excede en estos sectores y en estos terrenos se consiguen efectos contrarios. 
Otra cosa que quiero subrayar- viniendo de Italia y, por lo tanto, de un país mediterráneo- es que el intento de reducir las subvenciones a los cultivos de tabaco es una cuestión muy delicada, sobre la cual vuelvo a invitar a la Comisión a que reflexione porque, sin lugar a dudas, están en juego miles de puestos de trabajo tanto directos como indirectos. 
Existe un inducido relacionado con todo esto que debemos proteger a toda costa. 
Señor Presidente, comparto esta explicación de voto con las Sras. Cauquil y Bordes. 
Al votar positivamente este informe, a pesar de sus insuficiencias y sobre todo a pesar de la hipocresía de los Estados respecto de sus acciones por limitar el tabaquismo, deseamos alzar nuestra voz, dentro de nuestras posibilidades, contra el derecho de los trusts del tabaco de envenenar a la población para sacar un provecho privado. 
Las medidas deberían, por otra parte, imponer las mismas restricciones, al menos a los trusts europeos del tabaco, en aquellos casos en que éstos ceden licencias de fabricación, o venden su veneno, en los países de la Europa del Este, en África o en otros lugares. 
El comportamiento de los trusts del tabaco, tan contrario a los intereses de la sociedad, es similar al comportamiento de todos los grandes trusts del petróleo, del amianto, del armamento, del ámbito agroalimentario, que están dispuestos a correr el riesgo de perjudicar a la población o al medio ambiente para obtener más beneficios. 
Nosotros hemos rechazado todas las enmiendas tendentes a atenuar el alcance de por sí limitado de las medidas propuestas o a frenar las informaciones que indican la nocividad mortal del tabaquismo, ya que todas ellas responden a los deseos del lobby de los trusts del tabaco. 
En cambio, somos solidarios con los asalariados de este sector, así como con los pequeños agricultores productores de tabaco cuyos ingresos, al igual que la reconversión orientada a producciones útiles, deberían ser financiados por medio de gravámenes sobre los enormes beneficios de los trusts del tabaco. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la prohibición de cualquier forma de publicidad televisiva para cigarrillos y otras manufacturas tabaqueras establecida en la Directiva 89/552 y la ampliación de las obligaciones de etiquetado para las manufacturas tabaqueras derivada de dicha directiva son expresión de la relación ambivalente de la Unión Europea con el tabaco. 
Por un lado, se subvenciona el tabaco en la Unión con más de mil millones de euros anuales y, por otro, se intenta reducir lo más posible el consumo de tabaco en la Unión. 
Este conflicto entre objetivos se tiene que solucionar en interés de la credibilidad de la política comunitaria. 
La Unión Europea tiene que marcarse como objetivo practicar una política comprensible para los ciudadanos. 
El fomento del cultivo del tabaco, por un lado, y la prohibición de la publicidad, por otro, se encuentran en una contradicción intrínseca entre si. 
Si no se puede solucionar esta contradicción en el ámbito comunitario, la Unión tiene que actuar en el ámbito internacional para reducir el cultivo del tabaco y de este modo realizar una aportación para lograr un elevado nivel de protección sanitaria. 
Señor Presidente, he votado con convicción a favor de la propuesta modificada y de la resolución legislativa relativa a la nueva directiva sobre el tabaco. 
Es cierto que los textos aún deben depurarse, que aún deben perfeccionarse, porque hemos aceptado bastantes textos que según las normas legales no corresponden en absoluto a una directiva. 
No obstante, estos textos tienen su valor, porque dan una señal. Dan una señal de que el Parlamento antepone la salud pública a otras consideraciones. 
Efectivamente, nos corresponde la tarea de la protección de la salud pública. 
Si armonizamos la legislación, debe ser de tal modo que no se adopte ninguna solución de compromiso sobre la salud pública. 
La salud pública no es un asunto de interés cualquiera, sino que es un asunto de interés general. 
Hoy hemos dado pruebas de que estamos a favor de ello, y así debe ser. 
Señor Presidente, personalmente nunca he fumado, y soy muy consciente de los peligros del tabaco para la salud individual y para la salud pública. 
Estoy, pues, en contra del tabaquismo. 
Sin embargo, he votado en contra de algunas enmiendas que yo calificaría de excesivas, y me he abstenido en muchos casos porque considero que estamos en presencia de una sobrereglamentación europea típica. 
Es evidente que algunos colegas desconocen la función del legislador. 
Un legislador prohíbe o autoriza, pero no hace "literatura" en textos de naturaleza legal, como nosotros hacemos aquí constantemente. 
Eso está bien para una exposición de motivos, pero no para textos legales. 
Yo procedo de un país donde no se cultiva el tabaco. 
Por lo tanto, puedo hablar libremente sobre los productores. 
Pienso que suprimiendo las subvenciones a los productores no lograremos que los fumadores dejen de fumar, sino que se abre la puerta a las importaciones de tabaco procedentes del exterior de la Comunidad Europea. 
. (EN) Era importante que la industria del tabaco no pudiera evitar la votación que va a tener lugar hoy en el Parlamento. 
Más de medio millón de personas han fallecido como resultado del tabaquismo en la Unión Europea en 1990. 
A pesar de los enormes esfuerzos de los grupos de presión de la industria del tabaco, incluido un intento de declarar ilegal el proceso, el Parlamento Europeo tiene que mantenerse firme en su defensa de la salud pública. 
Me parece bien la obligación de aumentar las informaciones que se dan en las etiquetas de los paquetes de cigarrillos. 
Las advertencias acerca de los daños para la salud deben ocupar el 40% de la parte frontal del paquete y el 50% de la parte trasera. 
Hay que obligar a la industria a que dé detalles acerca de los ingredientes de los cigarrillos, incluido el tabaco, e igualmente importante es que se detallen los filtros y productos aditivos utilizados para confeccionarlos. 
Cada una de las marcas de tabaco debería dar la lista de todos los aditivos, no solamente de los ingredientes prohibidos. 
Eso debería ser de conocimiento público, y no deberíamos tolerar que esa información se ocultase detrás de un velo de "secreto comercial". 
La gente tiene derecho a saber con exactitud cuáles son los riesgos del tabaco para la salud. 
Los Verdes quieren prohibir muchos de los más de 600 aditivos que se utilizan en los cigarrillos. 
Tenemos que saber lo que son esas sustancias y cerciorarnos de que se someten a los análisis apropiados. 
Los fumadores tienen derecho a saber exactamente qué es lo que contiene un cigarrillo. 
. (FR) El objeto esencial de la propuesta es refundir directivas existentes relativas, concretamente, al contenido de alquitrán de los cigarrillos y al etiquetado de los productos del tabaco. 
La misma está encaminada igualmente a completar las disposiciones actuales, para tomar en consideración los descubrimientos científicos y reforzar el nivel de protección de la salud pública. 
Esta directiva tiene el mérito de clarificar el derecho existente. Aproximar las reglamentaciones entre los Estados, mejorar la protección de los consumidores y luchar contra el tabaquismo. 
Soy favorable a dicha directiva y considero escandalosa la indecente campaña de prensa de las multinacionales del tabaco, que se burlan de la salud de las poblaciones y se preocupan únicamente por sus sectores de mercado y por sus beneficios. 
Por otra parte, sería indispensable adoptar medidas en el plano internacional para frenar la ofensiva de estas firmas respecto a los países en desarrollo donde éstas multiplican, sin moderación ni control, las campañas de publicidad y de propaganda. 
Soy favorable a la propuesta de la Comisión y también a las enmiendas del informe de la Comisión de Medio Ambiente, que mejoran la protección de la salud pública. 
Por otra parte, no ocultemos los problemas a los cuales nos enfrentamos con la decisión de poner en tela de juicio las ayudas a la producción de tabaco comunitario. 
Debemos tomar en consideración los aspectos socioeconómicos de dicha producción. 
Se trata también de hacer frente a estos problemas, de asumir un proceso, de valorar que la Unión Europea importa casi el 80% de su consumo de tabaco. 
Por esta razón he cofirmado una enmienda que solicita "el respeto de la preferencia comunitaria, a fin de reducir la cuota de las firmas multinacionales americanas en el consumo de tabaco". 
. (EL) Nadie cuestiona las nocivas consecuencias del tabaco, ni nadie puede mostrarse en contra de la toma de medidas dirigidas a poner freno al consumo de tabaco. 
Y desde este punto de vista hay disposiciones incluidas en la propuesta de directiva de la Comisión que merecen una consideración positiva. 
Sin embargo, mientras que hay serias dudas de que con las propuestas de la Comisión se consiga reducir el consumo, no hay duda alguna de que las consecuencias para los productores de tabaco de la Comunidad y para la industria y el comercio del tabaco serán especialmente negativas. 
Y en cuanto a las enmiendas que relacionan la reducción del consumo de productos, no son sino meros pretextos, no tienen otro objeto que mermar las partidas del presupuesto (alrededor de mil millones de euros al año, cuando los ingresos fiscales procedentes del sector del tabaco en los quince Estados miembros ascienden a los sesenta mil millones de euros) y su eventual adopción causará enormes e irreparables daños sociales, políticos y económicos en las economías periféricas; daños que en el caso especial de Grecia, serán aún mayores. 
Grandes problemas le creará también a nuestro país la no adopción del período transitorio de tres años en la aplicación de la directiva propuesto por la Comisión; así como la aplicación de la directiva no sólo a los productos del tabaco que se consumen en la Unión Europea, sino también a aquellos destinados a la exportación a países en los cuales no están en vigor las severas disposiciones de la directiva. 
. (EN) Me satisface que se haya adoptado este informe, pues preconiza el derecho a una mayor protección de la salud pública y brinda la posibilidad de abrir la puerta a la supresión del tabaquismo en la Unión Europea a largo plazo. 
Si tomamos el ejemplo del enfoque de la UE a la legislación sobre seguridad alimentaria, según el cual la legislación se basa en el principio de que los consumidores tienen derecho a saber qué es lo que están consumiendo, entonces el mismo principio tiene que aplicarse a los productos del tabaco: los fumadores deben tener derecho a saber exactamente qué es lo que están fumando y qué efectos tiene. 
Como legisladores, compartimos con los fabricantes la responsabilidad de conseguir que el público esté totalmente informado de los peligros del tabaquismo. 
Las recomendaciones acerca de la colocación de advertencias en la parte frontal de los paquetes son sumamente positivas porque destruyen el mito de que esos productos son menos perjudiciales para la salud humana. 
El debate y la votación de este informe han mostrado una profunda división de los diputados. 
Por nuestra parte, apoyamos las propuestas encaminadas a defender la salud de los consumidores y que no ponían en entredicho el empleo impidiendo a los agricultores europeos seguir produciendo tabaco y a la industria europea seguir con su elaboración, dado que, como no están prohibidas las importaciones, quien ganaría con la disminución de la producción y elaboración de tabaco en Europa serían las multinacionales americanas. 
De modo que hemos votado a favor del mantenimiento de la ayuda directa a la renta en el sector de la producción de tabaco dentro de la Unión Europea, garantizando un mayor cumplimiento de la preferencia comunitaria, a fin de disminuir la cuota-parte de las empresas multinacionales americanas en el mercado de consumo de tabaco y defender los intereses de los agricultores portugueses, sin que resulte perjudicada la salud pública. 
También hemos presentado una propuesta encaminada a la defensa de la marca portuguesa "Portugués Suave", pues consideramos que no hay razón alguna para ponerla en entredicho. 
. (EN) He votado a favor de levantar la prohibición sobre la venta de rapé, o tabaco en polvo, en la Unión Europea. 
Sé perfectamente que todos los productos del tabaco son peligrosos para la salud humana y provocan diferentes tipos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. 
Ahora bien, me parece que todos los productos del tabaco, que pueden tener diferentes grados de nocividad, deben ser tratados de forma compatible con el grado de peligro que representan para la salud humana. 
Me gustaría también que las diferentes restricciones que se preconizan se basen en hechos científicos. 
Por eso he presentado con mis colegas una enmienda para que el período de vigilancia de los efectos del tabaco sobre la salud quede finalizado para el año 2002 y no para el 2005, como sugería la propuesta inicial de la Comisión. 
Esta propuesta de cambiar el plazo es también importantísima desde el punto de vista de la salud pública. 
Desgraciadamente mi propuesta no ha sido adoptada. 
Sigo pensando que aunque los datos científicos no se acaben de reunir hasta el año 2004, la información que entrañen será importantísima para los diputados del Parlamento Europeo, cuando creemos la legislación futura en la esfera de los productos del tabaco. 
. (DE) Hace más de 30 años fui ponente en este Parlamento para la organización común de mercado para el tabaco en bruto. 
En mi ligereza juvenil esperaba que podía convencer a mis 141 colegas de no establecer ninguna organización común de mercado que nos crease montañas de tabaco en bruto invendible para la intervención. 
Si entonces se me hubiese escuchado, no nos lamentaríamos ahora sobre los miles de millones de subsidios para el tabaco. 
Pero no quiero hablar del pasado. 
Las cosas son como son y tenemos que vivir con ellas pues no es aceptable dejar ahora de repente indefensos a los agricultores de tabaco al cabo de 30 años de organización común de mercado para el tabaco en bruto. 
Les hemos acostumbrado a subvenciones y se ha dejado totalmente de lado la reestructuración del cultivo del tabaco en bruto. 
Ahora los apóstoles de la salud aquí en este Parlamento quieren destruir a los cultivadores de tabaco en la UE, naturalmente en beneficio del tabaco de importación- pues a éste no pueden ni quieren detenerlo sin lograr, por supuesto, que los fumadores empedernidos dejen de fumar. 
Claro que en la UE y también en el mundo mueren muchísimas personas de cáncer de pulmón y en muchos más casos esta enfermedad afecta a los fumadores que a los que no lo son. 
Pero los métodos de prohibición, las imposiciones prácticamente inaceptables a la industria europea del tabaco que nuestra Comisión de Medio Ambiente ha elaborado, en especial para las mujeres, no harán que los ciudadanos de la UE se conviertan en no fumadores, tal como han demostrado las medidas existentes relativas a la publicidad y etiquetado. 
Perversa es la propuesta relativa al alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, de imponer a los fabricantes de la UE la observancia de las mismas normas para los cigarrillos destinados a la exportación a terceros países. 
Sin duda, detrás de ello se esconde la buena intención de sentirse también responsables por la salud de los fumadores en terceros países. 
Pero si esta consciencia conduce a que la industria del tabaco desplace una determinada producción para la exportación destinada a terceros países, habremos logrado la destrucción de puestos de trabajo. 
Solamente en el pequeño ducado de Luxemburgo, una medida de este tipo haría que se desplazase el 12% de la producción de cigarrillos. 
Y esto no puede ser. 
Lo que aquí se está haciendo no es proporcionado, es inaceptable para los cultivadores de tabaco y es discriminatorio para la industria del tabaco en Europa. 
Uno no puede evitar la impresión de que a algunos apóstoles de la salud les gustaría enviar al destierro a los fumadores. 
Estoy a favor de mostrar advertencias en los paquetes pero no de colocar una calavera que ocupe el 60 % de la superficie. 
Estoy a favor de una campaña de información dirigida, en especial a la juventud, para llamarle la atención sobre los peligros del fumar para su salud. 
Pero estoy en contra de todas las exageraciones contenidas en este informe, por lo que no puedo dar mi voto favorable al mismo en la forma actual. 
. 
(SV) No es lógica la total prohibición de rapé en la UE, al mismo tiempo que se permiten los cigarrillos y otros productos del tabaco. 
Por eso, hay que levantar la prohibición que afecta al rapé en todos los países de la Unión, menos en Suecia. 
La ventaja del rapé es que su uso no afecta al entorno. 
En tanto que el tabaco causa sufrimientos y problemas incluso a quienes no fuman, especialmente a los alérgicos, el que consume rapé sólo se expone él mismo a eventuales daños. 
El rapé causa adicción. 
Por eso la industria tabacalera no puede comercializarlo como un producto saludable. 
Hay que defender la directiva sobre comercialización del tabaco, que dentro de poco prohibirá la propaganda de este producto, y su aplicación debe extenderse a todos los productos del tabaco. 
. (EN) Los diputados del Partido Laborista del Parlamento Europeo apoyan sin reservas las líneas principales del informe Maaten que ponen de relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaco. 
Sin embargo, estimamos que hay varias esferas técnicas que habría que aclarar en negociación con la Comisión y el Consejo después de la primera lectura. 
En este informe no se trata para nada de la cuestión de la subvención para el cultivo del tabaco. 
Aunque muchos diputados estiman que esa cuestión forma parte del debate sobre el tabaco y la salud y que debería haber quedado incluida, estimamos que lo más adecuado sería tratar de ella al examinar la reforma de la PAC. 
. (FR) El tabaco mata: 500.000 muertos cada año en la Unión, 1.400 cada día, casi uno por minuto. 
Uno de cada dos fumadores morirá, más tarde o más temprano, de una enfermedad relacionada con su tabaquismo. 
Estas cifras son elocuentes, terroríficas. 
¿Se necesitan más razones para apoyar la directiva que se nos propone, y en su texto actual, enmendado con mucha razón por nuestro ponente, Jules Maaten, a quien deseo felicitar por su notable trabajo, cuyas orientaciones he seguido? 
El tabaco no es un producto como cualquier otro. 
Requiere una reglamentación particular, y muy oportunamente, a la luz de estudios recientes, la Comisión nos propone una refundición de los textos legales en la materia. 
Si bien puede parecer ingenuo querer suprimir el tabaquismo, creo que podemos, no obstante, reducirlo de manera determinante mediante una mejor información del consumidor. 
Acabamos de pronunciarnos, y me congratulo por ello, en favor de una serie de advertencias que ocuparán el 35% de la cara anterior de la cajetilla y el 45% de la cara posterior. 
Lamento, personalmente, que una mayoría de mis colegas no se hayan convencido del efecto que hubieran tenido, en estas mismas superficies, la impresión de fotografías. 
He apoyado la enmienda 75 relativa a la prohibición de la venta de productos del tabaco a los menores de dieciséis años. 
A los antiprohibicionistas, que consideran que dicha prohibición atraería, al contrario, a los jóvenes al consumo de tabaco, respondo con un argumento ético. 
Nuestra sociedad tiene, en ciertos ámbitos que establecer barreras morales que no se deben transgredir. 
Lo que aquí está en tela de juicio es el conjunto del problema del comportamiento humano. 
Ello plantea asimismo el problema de la educación, y de la educación sanitaria en particular. 
Esta educación debe iniciarse desde la más temprana edad, y la adolescencia me parece un período adecuado para inculcar a los jóvenes los límites que no deben saltarse. 
Sobre la base de consideraciones éticas, creo igualmente que es justo prohibir la exportación fuera de la Unión de productos que consideramos nocivos para nuestros propios ciudadanos. 
He votado en contra, radicalmente en contra, de la enmienda 54. 
Europa dispone de otras bazas, otras fuentes de creatividad, para ganar mercados a la exportación. 
Algunos colegas lo han recordado ayer durante el debate: el tabaco mata más que la tuberculosis, el sida u otras enfermedades infecciosas. 
Esta razón es por sí sola suficiente para que abordemos el problema con decisión. 
El informe de Jules Maaten constituye un paso en la buena dirección, pero sólo un paso. Puesto que luchar por la vida, por la salud, es un combate permanente que debe movilizarnos a todos. 
. 
(SV) Los demócratacristianos suecos hemos votado hoy a favor de normas mucho más estrictas para la industria tabacalera, incluso para que el texto de advertencia ocupe una mayor superficie del paquete de tabaco (40 por ciento) que la propuesta por la Comisión (25 por ciento). 
También respaldamos la prohibición de usar las palabras "ligero" o "suave" en relación con el tabaco y la pronta eliminación de las subvenciones a los cultivos de tabaco en la UE, puesto que éstas están en abierta contradicción con las acciones y las medidas comunitarias para mejorar la salud pública. 
Además, queremos eliminar la extraña excepción relativa al tabaco en Grecia. 
En cuanto a la continuación de la prohibición de vender rapé en el resto de los países comunitarios, los demócratacristianos suecos creemos que hay que tomar en cuenta el rechazo de esos países a la introducción de nuevos productos que, a su juicio, crean dependencia o son perjudiciales para la salud pública. 
Suecia no debe obligar a otros países ni otros pueblos, en nombre del libre comercio y del mercado interior, a comercializar rapé si éstos no lo desean. 
Asimismo, la Comisión tendría que demostrar el mismo respeto por la política sueca de alcohol prorrogando y haciendo permanente las excepciones de 1994 sobre importaciones privadas. 
. (EN) Apoyo sin reservas las enmiendas de la propuesta revisada de la Comisión sobre el tabaco, que hacen hincapié en las advertencias para la salud que figuran en las etiquetas de los paquetes de cigarrillos en la Unión Europea. 
Las nuevas advertencias sobre los cigarrillos y la salud cubrirán la mitad de la superficie de los paquetes de cigarrillos, más concretamente el 40% del tamaño del paquete en la parte frontal y el 50% en la parte trasera. 
El tabaco mata y no hay forma alguna de decirlo con delicadeza. 
La mitad de todos los fumadores inveterados fallecerán con el tiempo a causa del tabaco y, de ellos, la mitad fallecerán a una edad que les hará perder de 20 a 25 años de vida. 
Nada menos que medio millón de personas fallecen en Europa por culpa del tabaco, y el 85% de los cánceres de pulmón se deben al tabaquismo. 
Señora Presidenta, hubiera preferido un medio más radical como la propuesta de utilizar fotografías para ilustrar los daños que el tabaco causa a la salud, como se hace en el Canadá. 
Si las horribles fotografías de pulmones llenos de humo o de dientes podridos muestran los efectos perjudiciales del tabaco, no lo dudemos y reproduzcámoslas en los paquetes. 
Lamento que la propuesta no se haya aceptado. 
Estoy harto de que una y otra vez traten de detener el curso de estas propuestas. 
Ya llevan demasiado tiempo tratando de inducir en error a la gente. 
En la actualidad, las advertencias están inteligentemente camufladas con ilustraciones o con el color de los paquetes. 
Los fumadores, o los que tienen intención de fumar, tienen que estar perfectamente al corriente de todos los riesgos que su decisión comporta. 
La propuesta preconiza la prohibición del uso de términos engañosos como "ultraligero" y "bajo contenido de alquitrán". 
Se engancha a la gente haciéndoles creer que los cigarrillos "suaves" y "con bajo contenido de alquitrán" son más saludables. 
Esto, sencillamente, no es verdad. 
Los cigarrillos con bajo contenido de alquitrán son tan dañosos como los cigarrillos corrientes. 
Esta legislación pondrá de relieve los peligros del tabaco y salvará millares de vidas. 
- (DE) He votado en contra de la prohibición de exportación de cigarrillos fuertes por los siguientes motivos: 
Según la propuesta de la Comisión, se quiere prohibir a terceros Estados la exportación de cigarrillos con más de 10 miligramos de alquitrán, 1 miligramo de nicotina y más de 10 miligramos de monóxido de carbono. 
La consecuencia serían masivas quiebras en la exportación de cigarrillos de la UE y, en consecuencia, la pérdida de varias decenas de miles de puestos de trabajo en la UE. 
Una prohibición de este tipo no beneficia a nadie, pues los cigarrillos se producirían entonces fuera de la UE pero los puestos de trabajo se perderían entre nosotros. 
La UE no tiene en absoluto potestad para una prohibición de este tipo. 
Los furibundos contrarios al tabaco no deben actuar como si la exportación de tabaco fuese similar a la distribución de ciancali. 
La UE actúa contradictoriamente cuando al mismo tiempo subvenciona la exportación de tabaco con mil millones de euros. 
Con una prohibición de la exportación, la UE quiere desempeñar el papel de apóstol de la salud para todo el mundo. Esto es una injerencia inaceptable en las costumbres y usos de otros países. 
Lo correcto sería impulsar los trabajos ya comenzados en la Organización Mundial de la Salud sobre unos estándares unitarios para los productos derivados del tabaco. 
Una medida unilateral de la UE no tendrá éxito. 
Informe Berenguer Fuster (A5-0142/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre el intercambio de información, particularmente en cuanto a las actividades financieras. 
Sin embargo, a este voto favorable quiero añadir dos preguntas: primera, ¿quién controla a los que controlan? 
Segunda, ¿por qué el Parlamento Europeo no extiende los controles- como espero- a todas las modalidades de uso del dinero de los ciudadanos, también al que se emplea, por ejemplo, para financiar los sistemas de pensiones? 
Los miembros del Partido de los Pensionistas son saben todavía cómo se gasta y emplea el dinero de las cotizaciones que deberían servir para sus pensiones. 
Creo que se tendría que ampliar esta directiva a este tipo de control. 
Informe Lulling (A5-0144/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe de la Sra. Lulling sobre las importaciones de cerveza en Finlandia, aunque debo decir que estoy en contra de estos impuestos especiales: personalmente, quisiera el libre mercado. 
Recuerdo que, cuando yo tenía 21 años y navegaba entre Nueva York y las Bahamas como miembro de la tripulación de un barco, cada vez que bajaba a tierra y me dirigía al centro de Nueva York, estaba autorizado a llevar conmigo dos botellas de whisky que regularmente, en cuanto subía al autobús, me compraban al triple de su precio, ya que allí ese producto valía mucho más. 
Por lo tanto, este comercio entre un Estado y otro es frecuente debido a diferencias de impuestos. 
Si queremos evitarlo debemos eliminar todos estos impuestos especiales en la Unión Europea. 
. (FI) La ponente, la Sra. Lulling, critica enérgicamente en este informe el impuesto aplicable al alcohol en Finlandia, el cual ella considera alto, así como el propósito de limitar las importaciones de cerveza a través de restricciones especiales. 
En mi opinión, la propuesta de la Comisión es, sin embargo, un compromiso bastante bueno. 
Según esta propuesta, Finlandia conservaría el derecho a eliminar gradualmente las limitaciones más rigurosas a la importación desde los Estados miembros de la UE hasta finales del año 2003. 
Las importaciones de cerveza desde terceros países, como es el caso de Rusia y Estonia, podrían ser limitadas a seis litros hasta el año 2006. 
No hay frontera externa a la UE desde la que se pueda adquirir alcohol tan barato como se consigue en las zonas vecinas a Finlandia. 
Así las cosas, pienso que Finlandia tiene buenas razones para mantener restricciones más rigurosas que los demás países de la UE. 
Según el Tratado de Amsterdam, en cuestión de política de mercado interior también hay que tomar en cuenta los puntos de vista de la salud pública y de la protección del medio ambiente. 
Se deben permitir las excepciones al marco jurídico comunitario siempre y cuando se aduzcan razones que apunten a la protección de un alto nivel de salud pública. 
. 
(SV) Finlandia ha sido gravemente afectada por el drástico aumento de la importación de cerveza proveniente de terceros países, especialmente de Estonia y de Rusia. 
Por este motivo, es muy provechoso que la Comisión haya otorgado a Finlandia una excepción de seis años, permitiéndole introducir nuevas limitaciones a las importaciones de cerveza de terceros países. 
Así, se le otorga el derecho a limitar las importaciones de cerveza de terceros países a un máximo de seis litros por viajero al día, hasta el 1 de enero de 2006. 
Este asunto demuestra que, en el caso de Finlandia, la Comisión estima que la casi libre importación privada de alcohol no sólo es un asunto comercial o fiscal, sino que están en juego la salud pública y una política de alcohol con orientación social, que combata las nefastas consecuencias del alcoholismo. 
La Comisión también pudo haber expresado estas ideas cuando trató las excepciones de 1994 sobre importación privada de alcohol a Suecia. 
Al mismo tiempo que Finlandia consigue una nueva excepción, se elimina la sueca, destruyendo así, la Comisión y el Comisario Bolkestein, los instrumentos de la política de alcohol que el parlamento y el gobierno suecos han decidido democráticamente, esto es, la limitación a las importaciones y los altos impuestos. 
Informe Vidal-Quadras Roca (A5-0159/2000) 
Señor Presidente, he de decir que me ha sorprendido mucho tener que votar a favor de este informe, porque es algo así como la rendición de la Unión Europea frente a una de las semillas que han dado origen a la Unión Europea, o sea, a la Euratom: el uso para fines pacíficos de la energía nuclear. 
Recuerdo que, cuando era chico, uno de los libros que leí con más interés y que no olvidaré nunca fue "Mi amigo átomo" de Walt Disney, un libro que explicaba claramente que nuestro futuro sería mejor gracias al uso de la energía atómica para fines pacíficos. 
Hoy, lamentablemente, tenemos que tomar conciencia de que alguien ha impedido este resultado. 
¿Quién ha sido? 
Deberíamos mandar la cuenta de los 1.000 millardos que se emplean para desmantelar la industria nuclear al responsable que aún no conozco. 
Espero que usted, señor Presidente, me pueda ayudar. 
. (FR) El programa que hemos debatido hoy está encaminado a organizar el desmantelamiento de las instalaciones nucleares del Centro Común de Investigaciones y la gestión de residuos procedentes de sus actividades nucleares. 
No estoy mayormente en desacuerdo con el fondo de la propuesta, sino que me formulo algunos interrogantes sobre la dimensión presupuestaria de dicho programa. 
En efecto, el ponente se ha abstenido de hacernos propuestas concretas. 
Naturalmente, el ponente ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea. 
Recordemos que la Comisión nos ha propuesto financiar esta operación utilizando, al final de cada año, créditos procedentes de los gastos no utilizados de la rúbrica 3. 
La Comisión utilizará con este fin una línea presupuestaria en la actual subsección B4 (Energía, control de seguridad nuclear, medio ambiente). 
Si bien esta solución es satisfactoria en la medida en que sitúa la financiación fuera de los programas marco de investigación, punto en el que había insistido nuestro Parlamento Europeo, no está a la altura, sin embargo, de los objetivos. 
En efecto, no se puede aceptar a largo plazo financiar el desmantelamiento de actividades nucleares a través de una línea de acogida cuyo alcance se deja al azar. 
¡Aprovecho para decir que desapruebo el hecho de recurrir cada vez con mayor frecuencia a este tipo de línea! 
Imagino que esto es lo que ha conducido al Sr. Ponente a "tomar nota de la propuesta" de la Comisión, aunque sin darle curso. 
El informe nos propone crear un trílogo entre las instituciones para lograr una solución. 
Nada dice sobre las demás posibilidades de financiación que han sido consideradas. 
Así, la más ilusoria consiste en que los Estados miembros financien el desmantelamiento de estas actividades nucleares, según modalidades que habría que encontrar. 
Es evidente que ello no dejaría de provocar inquietud en los Estados miembros poco afectados por este problema. 
Por el contrario, la solución encaminada a financiar este programa por una línea presupuestaria autónoma es la más adecuada. 
Tengo perfecta conciencia de que no se trata de una solución de facilidad, ya que implica aprobar créditos suplementarios durante la revisión de las perspectivas presupuestarias. 
Sin embargo, hay que dotarse de los medios necesarios, particularmente cuando se habla del ámbito nuclear. 
A largo plazo, será necesario, pues, presionar al Consejo para que acepte la creación de esta línea presupuestaria autónoma. 
A más corto plazo, y por pragmatismo, pienso que no hay que bloquear la aplicación rápida de este programa. 
Por consiguiente, el compromiso que apoyo es el siguiente: creación a muy corto plazo de la línea de acogida propuesta por la Comisión e inicio inmediato del trílogo para lograr, a medio plazo, la aprobación de una línea presupuestaria autónoma. 
(La sesión, interrumpida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas.) 
Sesión especial de las Naciones Unidas " La mujer en el año 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de sendas declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los resultados de la sesión extraordinaria de las Naciones Unidas "La mujer en el año 2000: igualdad entre sexos, desarrollo y paz en el siglo XXI". 
Señor Presidente, agradezco esta oportunidad de dar a conocer los trabajos que se enmarcaron en el período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas relativo a la evaluación de la Conferencia de Pekín y de su Plataforma de Acción, establecida en 1995. 
La Conferencia de Pekín representó un marco importantísimo respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres y la aprobación de una Plataforma de Acción subscrita por 189 Estados con vistas a dar contenido a dichos derechos y aprobar instrumentos que permitan su progresiva materialización; resultaba necesario, a semejanza de lo que es habitual en ese tipo de instrumentos internacionales, hacer su evaluación, pasados 15 años desde su firma por 189 Estados del mundo, como ya he dicho. 
Dicha evaluación se desarrolló a lo largo de muchas sesiones, en una primera fase mediante reuniones preparatorias en un PROPCOM, que fueron avanzando progresivamente con ciertas dificultades respecto de algunos aspectos en los que un grupo de países, en particular los que se consideran habitualmente más desarrollados, consideraba importante avanzar, así como en cuanto a algunas resistencias al lenguaje utilizado, no en la declaración política que se pudo aprobar antes, sino en el documento final que constaba de cuatro partes, una de ellas relativa a las medidas y a las políticas que deberían aprobar los gobiernos con vistas a materializar no sólo la Plataforma de Pekín, sino también todo lo que entretanto habían logrado los diversos países. 
Ese proceso fue relativamente complejo y se produjeron alianzas de algunos países, en particular de la Unión Europea, con los países de América Latina, fundamentalmente, pues el G-77 se escindió en determinado momento, lo que creó cierta dificultad para un avance más veloz de los trabajos. 
En cualquier caso- y para resumir lo más rápidamente posible- podemos decir que hubo avances importantes respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos con afirmaciones políticas muy firmes en el sentido de no aceptar violaciones de dichos derechos humanos, erradicar todas las actitudes que violen los derechos humanos, hacer referencias a la Comisión de la Condición de la Mujer y el protocolo opcional y luchar contra el racismo y la violencia basada en razones raciales. 
Respecto de las cuestiones de la violencia contra las mujeres, destaco, entre bastantes avances logrados, la concertación adoptada en lo relativo a la lucha contra la trata mediante la cooperación internacional, apoyando, por lo demás, acciones que se están llevando a cabo en otros niveles en la esfera internacional, y también la aceptación por parte de todos los países de la organización de campañas públicas contra la violencia basadas en la campaña encabezada por la Unión Europea sobre la tolerancia cero; también se debatió la cuestión de las políticas para la erradicación de la pobreza, del trabajo como elemento que garantiza la participación económica de las mujeres, de la necesidad ineludible de la adopción de políticas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional, de la necesidad de desarrollar el acceso de las mujeres a la educación y a la formación como instrumento fundamental para garantizarles autonomía y hubo también, por primera vez, una referencia muy importante a las cuestiones de la maternidad y la paternidad (siempre ha ido asociado al papel del hombre) y a la necesidad de reparto de las tareas. 
Respecto de la salud, se hizo constar la necesidad de un planteamiento holístico de la salud desde el punto de vista de los derechos de carácter sexual, pero no en la esfera de la salud reproductiva. 
Se introdujeron, también por iniciativa de la Unión Europea, referencias especiales a las mujeres migrantes deficientes, a las mujeres de edad y a las indígenas y se subrayó bastante, como ya he señalado, el papel de los hombres y la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la intervención de las mujeres para construir sociedades cada vez más pacíficas; se abordó también la introducción de algo que fue uno de los instrumentos considerados fundamentales en la Plataforma de Pekín, como el mainstreaming respecto de la perspectiva de los sexos, que se deberá incluir en todos los mecanismos relativos a los derechos humanos, a los Tratados en el ámbito de las Naciones Unidas y a la Cumbre del Milenio y que representa un avance extraordinariamente importante. 
En cuanto a las metodologías para evaluar los avances respecto de la aplicación por los Estados de aquello a lo que se comprometieron, también se hacen referencias importantes a objetivos mensurables y perfectamente establecidos que permitan un seguimiento para que en todo momento se pueda hacer un balance más objetivo de lo conseguido hasta ahora. 
Se habló también del fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de todas las políticas y como interlocutores privilegiados del Estado para velar por el cumplimiento de la Plataforma. 
Los problemas esenciales tienen mucho que ver con lo que, para nosotros, en la Unión Europea, ya constituye el tenor del artículo 13 del Tratado de Amsterdam y la dificultad que algunos países tenían para aceptar la cuestión de los derechos sexuales y la diversidad en ella comprendida, la de la orientación sexual. 
En ese marco- y dando seguimiento a la estrategia formulada en el nivel de la Unión Europea de considerar que ese período extraordinario de sesiones no era una nueva conferencia, sino una fase intermedia -, se consideró que, respecto de esos aspectos considerados más delicados se debería volver a emplear el lenguaje de Pekín y la Unión Europea adoptó la decisión de hacer una declaración final en la que reafirmaba los avances logrados y su intención de proseguir su lucha en pro de que lo que para nosotros corresponde ya a un compromiso en cuanto a la constitución de la propia Unión Europea- y me refiero en particular al artículo 13- llegue a consagrarse en futuros instrumentos. 
. (EN) Señor Presidente, me alegra sobremanera estar presente hoy aquí y transmitirles la opinión de la Comisión sobre los resultados de la importantísima conferencia celebrada la semana pasada en Nueva York. 
Antes que nada me disculparé por el hecho de que mi colega, la Comisaria Diamantopoulou, no pueda estar con nosotros esta tarde. 
Como algunos de ustedes saben seguramente, la Comisaria Diamantopoulou ha tenido que cumplir compromisos que había aceptado antes de que se fijara la fecha y hora de este debate. 
Como los distinguidos diputados saben también seguramente, la Comisaria asistirá la semana próxima a la reunión de la comisión parlamentaria en la que habrá un extenso cambio de impresiones con los diputados, muchos de los cuales, naturalmente, habrán compartido el éxito conseguido la semana pasada. 
Los diputados podrán obtener más detalles de ese cambio de impresiones con la Comisaria Diamantopoulou, la semana próxima. 
Antes que nada quisiera dar gracias a la Presidencia portuguesa, en nombre de la Comisión, por haber coordinado las posiciones de los Estados miembros tan eficazmente y por haber desarrollado las negociaciones con otras delegaciones tan competentemente en condiciones que, tengo entendido, fueron a veces sumamente difíciles. 
También damos gracias al Parlamento por su enfoque excepcionalmente cooperativo del período extraordinario de sesiones. 
Los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades aportaron una valiosísima contribución como parte de la delegación. 
Además de ello, tomaron la iniciativa de cooperar con parlamentarios de los Estados miembros y de países asociados. 
Eso fue un ejemplo excepcionalmente útil de coordinación política. 
En la Comisión hemos apreciado también muchísimo la propuesta de resolución del Parlamento: es una declaración firme y constructiva de la voluntad del Parlamento de promover la igualdad de hombres y mujeres. 
La Unión Europea puede estar orgullosa, pues fue el grupo regional más progresista representado en Nueva York. 
Juntos luchamos fírmemente por adelantar nuestros trabajos a partir de la base de Beijing. 
Si tuvimos éxito lo debimos en parte a la unidad de finalidad demostrada por las diversas instituciones. 
Y creo que podemos decir con orgullo que tuvimos éxito, sin duda alguna. 
En una serie de esferas el documento final sobrepasa con mucho lo que se obtuvo hace cinco años en Beijing, conferencia que tuve ocasión de observar desde algo más cerca que si hubiera tenido lugar hoy en día. 
Lo que logramos, lo conseguimos sin tener que aceptar una pérdida de los principios de la plataforma de Beijing en otros campos. 
El documento reafirma que los derechos de la mujer son derechos humanos. 
Insta a todos los miembros de las Naciones Unidas a firmar el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y pide que la Corte Penal Internacional dé pruebas en su labor de una firme conciencia de las cuestiones relativas a la igualdad de hombres y mujeres. 
Reconoce que la discriminación contra la mujer se ve agravada a menudo por una discriminación basada en otros motivos. 
Aunque no conseguimos que se hiciera referencia específica a todos los motivos enumerados en el Tratado de la CE, la Presidencia dejó bien aclarada la posición de la Unión Europea en una declaración final formulada ante la Asamblea General. 
Contamos ahora con un texto nuevo y mucho más claro acerca de la obligación del Estado de poner término a la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, y de poner término a la lamentable pero creciente trata de mujeres. 
El documento final reconoce el vínculo entre la igualdad de hombres y mujeres y una mayor prosperidad. 
Si se da a la mujer la posibilidad de participar plenamente en la vida social y económica, la mujer será mucho más capaz de salir de la pobreza y de sacar de la pobreza a su comunidad. 
Tengo algunas responsabilidades en esa esfera y me parece inconcebible que pueda haber un modelo sostenible de desarrollo económico que no trate de las cuestiones de la igualdad entre hombres y mujeres. 
El documento reafirma la importancia primaria de la enseñanza como medio de potenciar a las muchachas y a las mujeres. 
También menciona la necesidad de que el trabajo se distribuya equitativamente entre hombres y mujeres, incluido el trabajo en el hogar, y de que haya medidas que faciliten la compaginación del trabajo con las obligaciones de cuidado familiar. 
También habla de la metodología: dicho con otras palabras, de la forma de conseguir que esas excelentes intenciones se materialicen en la práctica. 
Por insistencia de la Unión Europea, el documento reconoce la importancia de establecer valores de referencia e indicadores de progreso. 
Por último, el documento hace referencia al papel del hombre en la consecución de una mayor igualdad entre hombres y mujeres, pues es evidente que en el hombre recae una responsabilidad considerable. 
La UE está mejor equipada que nunca para cumplir lo prometido en Beijing gracias a su firme posición en materia de derechos humanos, igualdad de hombres y mujeres, y discriminación. 
El Tratado de Amsterdam ofrece a la Unión un margen mayor para seguir adelante con la aplicación de la plataforma de acción de Beijing. 
Confío en que nadie tenga la menor duda de que la determinación de la Comisión es hacer precisamente eso. 
De estas actividades se ocupa principalmente mi colega, la Comisaria Diamantopoulou, pero se trata de una empresa en la que todos los Comisarios queremos participar sin reservas. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión, a la Presidencia y a mis colegas por la excelente colaboración que hemos mantenido y que tanta influencia ha tenido en la Conferencia. 
La Conferencia ha puesto de manifiesto que en los años anteriores se han hecho grandes progresos. Ha habido progresos en muchos terrenos. 
Cito alguno: las mujeres participan en las conversaciones de paz, ha habido progresos en el terreno de la salud de las mujeres, las oportunidades de empleo para las mujeres se han incrementado en una serie de países y la violencia contra las mujeres ha sido objeto de debate. 
Así pues, podemos hacer una lista de asuntos en los que se han conseguido avances, aunque entre tanto, naturalmente, han surgido nuevos problemas. 
Pienso en el problema del sida entre la población femenina: en algunas ciudades africanas, hasta el 40 % de las mujeres embarazadas padecen sida. 
Pienso en el problema de la trata de mujeres, de las violaciones que sufren las mujeres en los conflictos armados, etc. La consecuencia de ello es que Pekín + V no puede limitarse tan solo a los progresos que se han realizado con respecto a las decisiones que allí se tomaron. 
Pekín + V también debe introducir una serie de problemas nuevos. Eso ha ocurrido, por ello hemos luchado duramente. 
Creo, señora Presidenta, señor Comisario, que dentro de la Unión Europea tenemos tres tareas. 
La primera es que como Unión Europea tenemos que seguir siendo el motor de los Estados miembros. 
Eso hemos sido en gran medida en el pasado y eso debemos seguir siendo en el futuro. 
El Quinto Programa de acción y los medios financieros que se le han asignado deben constituir la prueba de que la Comisión Europea se toma muy en serio la aplicación de la plataforma de Pekín en los próximos años. 
Pero no es sólo ante nuestros propios Estados miembros ante los que tenemos un papel que cumplir, sino que también tenemos una tarea que cumplir ante los países candidatos, a los que hemos reunido como miembros del Parlamento Europeo en Nueva York. 
Hemos propuesto continuar la colaboración con ellos y hemos pedido a la Comisión que, en el escrutinio que hace en relación con el acervo comunitario, examine también los logros sociales adquiridos en relación con la Conferencia de Pekín. 
También tenemos un papel que cumplir con respecto a los terceros países. 
Es terrible oír los problemas de las mujeres en ellos. La mutilación de genitales, los asesinatos por el hecho de haber sido infieles o por haber tenido relaciones prematrimoniales, etcétera. 
Es la forma más horrible de violencia que existe contra las mujeres. 
Pienso que, en la ayuda que concede a los terceros países, la Unión Europea debe tener plenamente en cuenta las condiciones que debe imponer para ver cómo pueden solucionarse los problemas de las mujeres en estos países. 
Por último, soy católico, pero católico librepensador. 
Me parece horrible que la Iglesia a la que pertenezco se haya asociado a los grupos fundamentalistas que existen en la sociedad. 
Me ha parecido horrible, sobre todo porque mi Iglesia da tan pocas oportunidades a las mujeres en su propio seno. 
Señor Presidente, la Unión Europea ha impulsado en Nueva York los derechos de la mujer en todo el mundo. 
Han sido unas negociaciones muy duras. 
Por ello, la presidencia portuguesa es acreedora a un agradecimiento especial, quien no sólo ha hablado en nombre de los 15 países miembros sino también de los países asociados exceptuando a Polonia. Este agradecimiento es extensivo también a la Comisión y a la Comisaria con sus negociadoras y negociadores que han colaborado de modo ejemplar con la delegación del Parlamento. 
Esto no es usual, por lo que les expreso mi especial agradecimiento. 
También ha fortalecido la posición de la Unión Europea la fructífera cooperación con las organizaciones no gubernamentales. 
La unión mostrada ha hecho que nuestra opinión sea la más aceptada entre los países progresistas y que logremos unos avances significativos en los doce sectores críticos. 
En ningún momento la Unión Europea ha permitido que se aguase la plataforma de acción de Pekín. 
Naturalmente, es lamentable que no hayamos tenido un éxito definitivo en todos los aspectos y que la clara formulación del artículo 13 relativo a la no discriminación y a los derechos sexuales no se refleje en el documento final de Nueva York. 
Ya se ha indicado que esto se debe a los Estados fundamentalistas, Irán, Irak, Libia, Sudán y también el Vaticano. 
Pero esto no nos debe hacer poder ignorar que se ha avanzado realmente con los derechos de la mujer en Nueva York y que hemos logrado unos avances significativos en los campos mencionados. 
Hemos logrado que en muchos países se introduzcan de modo muy concreto medidas contra la brutal práctica de la ablación del clítoris, se ha atacado el tema del HIV y del SIDA y se ha analizado la actual ausencia del papel de las mujeres en el proceso de paz. 
La lucha contra la violencia se ha colocado en el orden del día en todo el mundo. 
Aún hay que impulsar el acceso al capital y el papel de los hombres- asunto muy importante en el que desearíamos que más hombres participasen en el proceso. 
Nuestro documento, nuestro informe, presentado en Nueva York como documento oficial de la ONU, ha tenido también un gran éxito. 
Creo que las resoluciones del Parlamento y nuestros progresos en la Unión Europea están ahora a disposición de todos los países. 
Con la iniciativa de invitar dos veces a las diputadas y diputados hemos tenido mucho éxito y hemos acelerado la aplicación de la plataforma de acción. 
Con estos interlocutores de nuestros países asociados hemos extraído con total claridad la conclusión de que tenemos que trabajar más estrechamente para hacer avanzar los derechos de la mujer. 
En dos años queremos mantener una conferencia de las diputadas y diputados para someter a Pekín a un control. 
Insistimos en que al cabo de cinco años se celebre otra Conferencia de la Mujer para que impulse el proceso. 
Debemos realizar conjuntamente todos los esfuerzos para que el tema gender mainstreaming, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, siga estando en el orden del día político en el mundo. 
Radica en nuestro interés luchar por ello. 
Creo, y esta es mi opinión muy personal, que también radica en nuestro interés luchar para que esto ocurra también en la Europa oriental. 
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme comenzar señalando mi satisfacción por los resultados de la Sesión especial de las Naciones Unidas sobre "La mujer en el año 2000: igualdad entre sexos, desarrollo y paz". 
Pienso que constituye un seguimiento de Pekín + V con vistas a examinar la aplicación de los planes de acción, y esto debe agradecerse, no en último lugar, al impulso de las ONG, también al del Parlamento Europeo, que estaba representado con cinco mujeres fuertes y, naturalmente, al de la Comisión Europea, que en la persona de la Sra. Diamantopoulou se ha involucrado plenamente en la Conferencia. 
Se han conseguido algunos resultados. 
Me parece importante dividir la preocupación entre las medidas contra la trata de mujeres y la capacitación de la mujer. 
Me alegra que los países participantes sigan suscribiendo la declaración de Pekín y el plan de acción. 
Es una pena que sólo ocho países del mundo hayan conseguido cumplir las obligaciones esenciales que se derivan de ella con respecto a la igualdad en la enseñanza, la remuneración laboral y una representación mínima del 30% en los parlamentos nacionales. 
Así pues, me causa gran satisfacción que los Países Bajos estén entre esos países, aunque no estoy totalmente satisfecho de la política de emancipación- o, mejor dicho, de la ausencia de tal- en los Países Bajos, así como en Alemania, los países escandinavos y Sudáfrica. 
Pero, volviendo a Europa, es claramente preocupante, me parece, que los países candidatos se hayan quedado rezagados en lo que respecta al número de mujeres empresarias y al número de chicas jóvenes que se han matriculado en la enseñanza. 
Pienso que como Parlamento Europeo debemos prestar mucha atención a este problema. 
No solo la enseñanza es la mejor manera de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, sino que es la manera más rápida y, en realidad, es la única manera si queremos velar por que nuestros hijos y nietos no tengan que volver una y otra vez sobre estos problemas. 
Deberíamos mostrar a los países candidatos cómo conseguir mejoras. 
Otro punto que me gustaría introducir en el orden del día es la situación de los países islámicos y asiáticos con respecto a los derechos de las mujeres, frente a los cuales la postura es invocar la sharia. 
Me siento totalmente avergonzado de que nosotras, las mujeres, no podamos ir unidas en todo el mundo. 
Les pido que dediquen su atención a este problema. 
Y no son solo los países islámicos y asiáticos, sino también Polonia, por ejemplo. 
Por último quisiera preguntar- echo en falta cifras sólidas sobre la situación de los países candidatos -, si es posible efectuar análisis sobre la situación de los países candidatos, cuanto antes mejor, para que también podemos comprobar si se producen mejoras. 
Por último, me gustaría hacer un llamamiento, dirigido fundamentalmente a las ONG, a que desempeñen un papel importante, porque son las que fomentan la toma de conciencia y eso debe hacerse no solo con las mujeres, sino también con los hombres. 
También deben involucrarse en el proceso. 
En definitiva se trata de la voluntad política de la sociedad en su conjunto de comprometerse en un asunto que tiene que ver con la democracia y los derechos humanos, y eso rige para todas las culturas y las religiones. 
Señor Presidente, yo, por mi parte, no voy a exigir ningún minuto adicional en nombre de la igualdad de géneros, sino que intentaré ceñirme a los dos minutos. 
Comparto la opinión de los que acaban de decir que en la reunión de Nueva York se hicieron realmente progresos en muchas cuestiones. 
Los derechos humanos de la mujer, la trata de mujeres, la violencia dirigida a las mujeres, los derechos económicos de la mujer y la situación de la sociedad de los ciudadanos son todos ellos aspectos en los que ha habido progresos, así que podemos alegrarnos de ello. 
Debemos dar las gracias a la Unión Europea por su actuación tan decidida. 
Aunque nosotros sólo estuvimos allí en calidad de observadores, cabe desear que también tuviésemos influencia en el rumbo de las negociaciones, al menos en alguna medida. 
Para mí fue particularmente reconfortante que todos los Estados miembros y casi todos los países candidatos a la adhesión negociasen en bloque bajo la dirección de Portugal. 
Esto nos da la esperanza de que la legislación en materia de igualdad de sexos se reforzará también en el ámbito de la Unión Europea. 
No recuerdo haber asistido a una actuación tan concordada, y felicito por ello a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo y también, naturalmente, a la Comisión. 
Entre los países candidatos a la adhesión, la única excepción fue Polonia, que no quiso de ninguna manera apoyar la consolidación de los derechos de la mujer tal y como hicieron los Estados miembros de la Unión Europea y los demás países candidatos. 
Yo instaría al Comisario, Sr. Patten, a que en el curso de las negociaciones para la adhesión se considere con seriedad que Polonia debe acatar la legislación de la Unión Europea en materia de igualdad de géneros y reconocer los derechos de la mujer. 
En mi opinión, en los ámbitos de nuestra cooperación con los países mediterráneos también debemos prestar cada vez más atención a los derechos de la mujer, ya que justamente en esos países ocurren graves violaciones de los derechos humanos que afectan a las mujeres. 
Creo que esta conferencia ha infundido esperanza en todos esos millones de mujeres que no gozan de los derechos humanos fundamentales, y necesitamos una nueva conferencia de evaluación dentro de cinco años. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Presidencia. 
No he participado directamente en Nueva York, pero los informes que me han llegado, de participantes y por otras vías, realmente han elogiado el papel enérgico y renovador de la Unión Europea. 
Me satisface comprobar el impacto producido por los conceptos platform y action de Pekín. 
Si hay algo que realmente descansa en un cimiento muy sólido es, justamente, la plataforma aprobada. 
Lo pudimos comprobar en la evaluación hecha por todas las mujeres activas del mundo, que realizan una enorme labor para combatir, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. 
También quisiera dar las gracias a la Sra. Smet. 
No pertenezco a ninguna iglesia y vengo de un país en el que la iglesia y el estado se han separado. 
También quiero agradecer a todos los católicos que objetan a la Santa Sede por su comportamiento. 
Si en el futuro no podemos dialogar con la Santa Sede, habrá que cuestionar sus bases. 
Señor Presidente, al iniciar mi intervención dirijo mi mirada a los escaños de la Asamblea y desearía pedir a algunos diputados que se preocuparan por la escasa atención que nuestros colegas hombres prestan a los derechos de las mujeres en esta Asamblea, donde cuento 30 mujeres por cada cinco hombres. 
Me pregunto, partiendo de esta constatación cuantificada, si tenemos realmente autoridad para dar lecciones a los demás en Nueva York y para defender con firmeza los derechos de las mujeres. 
Después de esta introducción casi consensual, me referiré a algunos puntos que quizá gusten menos a nuestros colegas presentes. 
Creo que el desarrollo de los debates en Nueva York plantea dos problemas: uno de fondo y otro de forma. 
Dos problemas para una delegación de la Unión es algo bastante razonable, pero son esenciales. 
El primero atañe a la tendencia de las delegaciones a hablar en nombre de nuestro Parlamento. 
Ahora bien, es preciso recordar que no se habla en nombre de una Asamblea legislativa: ¡se habla en nombre de un ejecutivo! 
En efecto, el legislativo se pronuncia únicamente por sus votaciones y no existen delegados de nuestra Asamblea con el derecho de expresarse en nombre de ésta: sólo tienen derecho a hablar en nombre propio y sólo son delegados de manera protocolaria. 
Esta captación de la Asamblea se manifestó en Nueva York, en nombre de una tendencia minoritaria extremista que pretende imponer una política malthusiana. 
Nuestros supuestos representantes expresaron una amenaza concreta contra un país libre, soberano, como es Polonia. 
Esta amenaza se convirtió también en injurias. 
Hubo amenaza porque, como se ha recordado hace un momento, se señaló al ministro polaco que si no se sometía a la voluntad de los supuestos delegados de la Asamblea europea, el proceso de adhesión se ralentizaría. 
Piensen que para un país como Polonia, esta obligación al alineamiento por las fuerzas del pacto de Amsterdam es una imagen terrible. 
Ha habido injuria porque el ministro polaco fue comparado a un ayatollah, con el pretexto de que defendía la familia y el rechazo de una política malthusiana. 
En conclusión, señor Presidente, recordemos una vez más que la adhesión a la Unión Europea depende del respeto de los criterios del Tratado y del dictamen conforme de la Asamblea, pero no de las pasiones personales de algunos de sus diputados. 
Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario, la Asamblea de Naciones Unidas ha brindado nuevamente la ocasión de poner de manifiesto los progresos realizados desde la Conferencia de Pekín hace cinco años, así como los problemas que continúan y que es preciso resolver. 
La educación sigue siendo el instrumento más eficaz para conseguir que las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos y para permitir un mayor acceso a los puestos de responsabilidad, tanto en el mundo laboral como en la vida pública. 
De gran importancia se ha considerado el conocimiento de las nuevas tecnologías para participar plenamente en la sociedad del futuro. 
La importancia de los medios de comunicación es enorme para que las mujeres puedan hacer oír su voz, para transmitir una imagen sin estereotipos comprometida con la sociedad y la búsqueda de soluciones a los problemas diarios. 
La salud de las mujeres es una de las prioridades del documento final de la reunión, con especial incidencia en la extensión del sida, en particular en algunas zonas del planeta, que afecta de forma especial a las mujeres y que exige medidas especiales de prevención y tratamiento. 
La erradicación de la violencia doméstica, que se considerará como un asunto público y, por tanto, sujeto a las legislaciones nacionales, es uno de los objetivos. 
La violencia que afecta a mujeres y niñas será castigada por la ley, lo que supondrá reformas legislativas en los países donde todavía no se considera un delito. 
La pobreza que afecta especialmente a las mujeres debe ser erradicada, para lo que los países firmantes del Acuerdo destinarán el 0,7 % del Producto Interior Bruto a programas de desarrollo que eliminen lo que se ha dado en llamar la feminización de la pobreza. 
La globalización ha generado nuevos problemas que afectan particularmente a las mujeres como la trata de seres humanos, la prostitución, el tráfico de drogas, contra los que se debe luchar para que las mujeres puedan tener una vida digna y libre en condiciones de igualdad. 
Todos estos objetivos deben lograrse en los próximos años y, para garantizar el cumplimiento de los mismos, pedimos una nueva reunión dentro de los próximos cinco años. 
El Quinto programa para la igualdad impulsado por la Comisión Europea debe servir para la promoción de la mujer, para eliminar las desigualdades todavía existentes, integrando las políticas de género en todos los programas comunitarios. 
Ha sido, por tanto, esta reunión de una enorme importancia para el progreso de la situación de la mujer en todos los ámbitos del planeta. 
La posición de la Unión Europea, con su situación de un mayor desarrollo y, por tanto, de una condición mejor de la mujer, no debe hacernos olvidar la situación de las mujeres en otras áreas, en donde las dificultades diarias están unidas a la malnutrición, a la pobreza extrema y a la ausencia total del respeto a sus derechos fundamentales. 
Señor Presidente, agradezco al Consejo de Ministros y a la Comisión sus intervenciones. 
La conferencia de Nueva York sobre la mujer, en la ONU, estuvo a punto de fracasar. 
Un pequeño grupo de países católicos e islámicos integristas tenían la clara intención de deteriorar los avances que las mujeres del mundo consiguieron en Pekín hace cinco años. 
Los temas que crearon problemas fueron el derecho de las mujeres a la enseñanza sexual, el aborto libre y el sexo seguro para protegerse del VIH y del SIDA. 
Esos asuntos unieron a algunos países católicos y musulmanes, desde Sudán, Irán y Libia hasta la Santa Sede, Nicaragua y Polonia, país que tuvo un papel protagonista en la lucha contra esos derechos. 
Algunos países intentaron eliminar algunos párrafos relacionados con la responsabilidad de los gobiernos de proteger a las mujeres de la violencia en sus diferentes formas. 
A pesar de que la semana pasada corrimos el riesgo de retroceder en el tiempo, se aprobó un documento final que mira hacia adelante, hacia los avances conseguidos en la conferencia de Pekín, y, simultáneamente, indica el camino a seguir para mejorar la igualdad de oportunidades en el futuro. 
Quisiera decir que la Presidencia de la UE, especialmente la Sra. Ministra De Belém Roseira, contribuyó activamente a la consecución de un resultado exitoso, cosa que agradecemos. 
El documento final representa algunos avances. 
Por primera vez se mencionan en un documento internacional los asesinatos por honor y los matrimonios obligados. 
También se han endurecido los textos sobre violaciones dentro del matrimonio, derecho de propiedad, derechos de herencia y derecho de asilo por persecuciones fundadas en el género. 
También se mencionan el derecho de las mujeres a participar igualitariamente en las decisiones macroeconómicas y la asignación de cuotas para aumentar la participación de las mujeres en los partidos políticos y en los parlamentos. 
La resolución que vamos a votar supone que las instituciones de la UE, los países miembros y los países candidatos trabajen activamente para hacer realidad el documento final de Pekín +5. 
También es importante que todos los países candidatos, con inclusión de Polonia, se obliguen a seguir la política comunitaria en materia de derechos de la mujer. 
Lo que se exige ahora son medios económicos para realizar las decisiones e instrumentos de control. 
Señor Presidente, en realidad, la Conferencia Pekín +5 no ha supuesto grandes avances respecto a lo que se acordó en la Plataforma de Acción de Pekín de 1995. 
De hecho, la lucha de las mujeres por la igualdad de oportunidades y la afirmación de las diferencias es larga y está plagada de vericuetos peligrosos. 
Se vio en Nueva York con el ataque de los fundamentalistas islámicos a lo que en estos años ha caracterizado las reivindicaciones de las mujeres: poner fin a la violencia pública y a la violencia doméstica, al delito de honor y a las mutilaciones genitales. 
Sin embargo, no cabe duda de que hay que apreciar- como, por otra parte, decía el Comisario Sr. Patten- el hecho de que la Conferencia en su conjunto ha confirmado y consolidado los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
No obstante, en cuanto a los derechos a la sexualidad, a la salud reproductiva y a la autodeterminación de la mujer, se ha vuelto a formar una santa alianza- ya se pudo ver en Pekín- entre fundamentalistas cristianos e islámicos: el Vaticano, Polonia, Nicaragua y muchos de los países islámicos. 
Asimismo, creo que en esta Conferencia se han consolidado el mainstreaming y el empowerment, así como la lucha contra la pobreza y el tráfico. 
Sin embargo, han faltado objetivos concretos y verificables, por ejemplo, la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en las instituciones, así como planes contra la pobreza. 
Me felicito de que Europa haya desempeñado un papel positivo a la hora de estrechar relaciones con otros países y con las organizaciones no gubernamentales. 
Señor Presidente, el balance tan positivo que hoy hacemos de la reunión de Nueva York no puede hacernos olvidar que ha habido graves insuficiencias, grandes hipocresías que vemos incluso en la Unión Europea y que a mí me animan a redoblar esfuerzos a partir de este momento. 
Por ejemplo, y es una llamada al Consejo, en el ámbito de la discriminación salarial. 
Allí se ha puesto de manifiesto que por el mismo trabajo que realizan los hombres, las mujeres reciben un 50 y hasta un 80 por ciento menos. 
Esto no está en nuestras leyes. 
Sin embargo, la Unión Europea parece que lo consiente. 
Me pregunto si la Presidencia portuguesa no podría, antes de concluir su mandato, hacer una recomendación en este sentido. 
También, Sr. Patten, me ha parecido importantísimo de la reunión de Nueva York que cuando se habló de las políticas de microcréditos- préstamos dados a determinadas mujeres para que puedan tener acceso a una autonomía financiera- los países reconocieron que estos programas de microcréditos habían sido un rotundo éxito. 
¿Por qué la Comisión y la Unión Europea, a partir de este balance tan positivo, no pone en marcha estos programas de manera que la Unión Europea tenga también, para sus mujeres sin recursos, la posibilidad de estas políticas? 
Señor Presidente, la delegación del Parlamento Europeo hizo un magnífico papel cara a los países candidatos a la ampliación. 
Ha sido muy relevante en este sentido nuestro trabajo. 
Tengo mis reservas, efectivamente, respecto a Polonia, pero justamente porque la Delegación del Parlamento cumplió un papel importantísimo. 
Sr. Varaut, está usted muy mal informado, ha hecho usted el ridículo. 
Usted no ha estado en Nueva York, yo sí. 
La información de que dispone no es exacta, ni siquiera es veraz. 
Su intervención es muy desafortunada porque es mentira. 
Tengo que desmentir lo que ha dicho porque nada de ello se ajusta a la verdad. 
Señor Presidente, yo también quiero agradecer a la Presidencia portuguesa, en particular a la ministra Sra. Maria de Belém Roseira, y a la Comisión en la persona de la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, la labor de orientación y de coordinación realizada tanto en la etapa preparatoria como en la Conferencia que ha permitido a la Unión Europea desempeñar un significativo papel de cara al logro del documento final. 
Muchos ya lo han dicho: de los trabajos de la ONU, de los trabajos de Nueva York ha aflorado claramente que ha habido algunos avances desde Pekín. 
Ha aflorado una visión de las mujeres ya no y no solo como sujetos débiles que han de protegerse, sino como protagonistas sociales de los cambios y como recursos fundamentales de la sociedad. 
Ha aflorado la necesidad de luchar contra cualesquiera discriminaciones, aún hoy muy importantes en el mundo, basadas en el sexo, la raza, el origen étnico, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual. 
Ha aflorado la necesidad de un compromiso preciso de los Gobiernos de integrar un punto de vista de género en todas las políticas de gobierno: del trabajo al desarrollo, a las políticas sociales, a la lucha contra la violencia. 
Ha aflorado la necesidad de continuar intensificando el diálogo y la cooperación con las organizaciones autónomas de mujeres en la sociedad civil, en la política y en las instituciones. 
Siguen planteados algunos retos que reclaman la implicación de las instancias nacionales e internacionales y de la Unión Europea, también en su política de cooperación al desarrollo. 
A dicho propósito, quiero llamar la atención del Comisario Sr. Patten sobre la falta de atención que, a veces, muestra la Comisión a la hora de aprobar los proyectos relativos a la cooperación al desarrollo con los países mediterráneos que afectan a las mujeres. 
La pobreza tiene cara de mujer. 
Por lo tanto, es preciso dar prioridad a las políticas de lucha contra la exclusión social de las mujeres y de valorización de su papel como sujetos activos de cambio político y de desarrollo económico. 
Para convertirse en un terreno de nuevas oportunidades, la globalización exige la globalización de los derechos humanos de todos, de la equidad y de la igualdad de oportunidades. 
El desarrollo ha de considerarse como proyecto de ampliación de las libertades que deben gozar todos los seres humanos. 
Por lo tanto, la necesidad de que se reconozcan los derechos sin ninguna discriminación ha de ser una prioridad para nosotros y para las organizaciones internacionales. 
Señor Presidente, la Conferencia sobre la mujer celebrada cinco años atrás supuso en su momento un gran paso adelante para el reconocimiento mundial de los derechos de las mujeres como una cuestión de autonomía de los derechos humanos y de empowerment, de capacitación. 
Por el contrario, la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York la semana pasada suscita en mí sentimientos encontrados. 
Por un lado, la responsabilidad de los gobiernos se centró en asegurar la igualdad de derechos para las mujeres y llevar a cabo una buena política de emancipación y no fue, como muchos temían, un paso atrás. 
Por otra parte, no se alcanzó ningún acuerdo con respecto a los temas difíciles que no se solucionaron en Pekín: el reconocimiento del derecho de libre decisión de las mujeres en su vida personal, entre otras cosas, su libertad de elección en lo que respecta al embarazo, la conducta sexual o la orientación sexual. 
Esto fue una gran decepción. 
La igualdad y la libertad reales para las mujeres sólo son posibles si se les ofrecen todas las posibilidades de elección y no se mantiene su imagen familiar tradicional como único camino de salvación. 
La resistencia de los gobiernos, diplomáticos y funcionarios, tal como se manifestó la semana pasada, constituye más bien un combate en la retaguardia. 
Una revolución no se puede detener con jueguecitos de palabras ocurrentes y en la trastienda. 
La lucha continúa. 
La verdadera inspiración que tuve la semana pasada en Nueva York reside en la fuerza del movimiento femenino internacional, que frente a lo que muchos opinan no ha retrocedido y está muy vivo a través de una nueva generación de jóvenes mujeres que se comprometen en todo tipo de acciones con conocimiento de causa y con determinación. 
La representación de la Unión Europea y los Estados miembros asumieron en la Conferencia una firme intervención en favor de la libertad de elección sexual de las mujeres y el principio de no discriminación conforme al artículo 13. Lo que no se consiguió fue incluir esto en el documento final, si bien la causa no puede imputársele a ellos. 
Lo que sí se espera del Consejo y de la Comisión es que, en su propia casa, acompañen con hechos sus palabras, es decir, como complemento a lo que tuvimos la semana pasada, la legislación de indemnización, el trato igual en el trabajo y la profesión, vienen con una nueva legislación complementaria con respecto a la discriminación sexual en todos los ámbitos de la vida social. 
El artículo 13 ofrece a este respecto la posibilidad y la Conferencia de Pekín + V ofrece a este respecto la tarea. 
Una Unión Europea que se haga fuerte en las conferencias internacionales para conseguir aprobar bellos textos sobre la eliminación de la discriminación sexual debe comprometerse seriamente con el desarrollo de instrumentos políticos efectivos que verdaderamente puedan cumplir tales objetivos dentro de la propia Unión. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Muchas personas, entre ellas mujeres, que son mis colegas en este Parlamento me acaban de indicar que mi nombre aparece entre los que firmaron en contra de los derechos de la mujer. 
Quiero que quede constancia en acta de que no estoy en contra de los derechos de la mujer. 
He apoyado siempre los derechos de la mujer. 
Tiene que tratarse de un error. 
A veces los colegas nos traen peticiones de las delegaciones que firmamos sin poner mucha atención. 
Lamento lo ocurrido. 
Señor Khanbhai, no era una cuestión de orden. 
Usted ha hablado de una cuestión que nadie planteó, ya que, durante el debate, nadie hizo referencia ni a su nombre ni a una lista de réprobos y malvados. 
Realmente, no sé a qué se refiere. 
Señora ministra, señor Comisario, Señorías, espero su comprensión por el orgullo que siento como portuguesa por el reconocimiento general del excelente comportamiento de la Presidencia portuguesa en lo relativo a la igualdad de derechos de las mujeres durante este semestre y, en particular, en lo relativo al período de sesiones de las Naciones Unidas sobre "Pequín más cinco". 
Las conferencias celebradas sobre la violencia contra las mujeres, la trata de mujeres y la conciliación de la vida profesional y familiar, a la que sumó la reunión de las Naciones Unidas sobre "Pekín más cinco", son ejemplos claros del compromiso de la Presidencia portuguesa a se respecto. 
Quien tuviera- como yo tuve la oportunidad de estar en las Naciones Unidas la semana pasada- comprobaría, a la llegada, que sólo menos de la tercera parte del documento final estaba aprobado. 
Las dificultades eran enormes y considero que tanto el papel de la Presidencia como el de la Comisión como el compromiso de todas las colegas del Parlamento Europeo que estaban presentes, más los colegas de los parlamentos nacionales de los Quince y de los países candidatos, exceptuada Polonia, consiguieron hacer avanzar el documento final y que resultara bastante más próximo a nuestras ambiciones que cuando comenzamos los trabajos. 
Quiero terminar diciendo que a la Unión Europea corresponde desempeñar un papel determinante al respecto. 
Nosotros tenemos que estar en la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres, tenemos que continuar en ese sentido: la resolución que el Parlamento Europeo aprobó fue extraordinariamente apreciada en las Naciones Unidas. 
Por último, quiero agradecer a la ministra, que desde el lunes de la semana pasada no ha parado- lo sé- de tratar asuntos relativos a las mujeres en los Estados Unidos y en el Canadá, que haya venido directamente del Canadá a Estrasburgo para no faltar a esta sesión que para nosotros era tan importante. 
Muchas gracias, señora Presidenta en ejercicio del Consejo: También es lo que deseamos todos nosotros. 
El debate queda cerrado. 
He recibido cuatro propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Señora Lulling, en cuanto a Polonia, ya hemos escuchado las intervenciones sobre el fondo tanto del Presidente en ejercicio del Consejo como del señor Comisario. 
Usted ha intervenido en relación con una cuestión de orden. 
El Sr. Izquierdo Rojo también ha contestado al Sr. Varaut en cuanto al fondo y, en consecuencia, usted, señora Lulling, no podía aprovechar su intervención sobre una cuestión de orden para entrar en el fondo. 
Obviamente, ha dado pie a una petición de palabra del Sr. Varaut por alusiones personales. 
Así es, señor Presidente. 
En dos palabras estoy totalmente de acuerdo en que es necesario un debate completo en el seno de esta Asamblea, aun cuando discrepemos. 
Por otra parte, he oído lo que han manifestado la mayoría de los oradores sobre el asunto de Polonia, y no dudo demasiado de lo que se dijo en los pasillos y de las presiones, que me han sido transmitidas, y que se ejercieron a los representantes de este Estado libre. 
Finalmente, he oído decir muchas cosas sobre el Vaticano, pero veo que, al menos, el razonamiento jesuítico ha impregnado la Asamblea europea. 
Señor Varaut, no podemos celebrar nuestros debates sobre la base de lo que se dice en los pasillos. Me parece que no es una fuente de información fiable, a disposición de todos, en todas las lenguas y al mismo tiempo. 
Los pasillos están hechos para las conversaciones reservadas, informales y extraoficiales. 
Túnez- Derechos humanos- Acuerdo UE/Túnez 
Señor Presidente, deseo ante todo dar la bienvenida a Moncef Marzouhi, portavoz del Comité nacional para las libertades en Túnez, y a Khemmaïs Ksila, de la Liga de derechos humanos tunecina, quienes están presentes en este hemiciclo. 
Señor Comisario, señor Presidente del Consejo, no hemos escatimado nuestros esfuerzos, junto con otros colegas, para conseguir que se celebrara este debate. 
¿Por qué debemos hablar de Túnez? 
No se trata de injerencia, el futuro de este país pertenece al pueblo tunecino. 
Se trata de abrir los ojos a la realidad escondida de Túnez y de asumir las responsabilidades que incumben a la Unión Europea, vinculada a dicho país por un acuerdo de asociación firmado hace ahora cinco años. 
La huelga de hambre del periodista Taoufik Ben Brik ha dejado entrever la ausencia de libertad de prensa, la existencia de persecuciones a aquellas y aquellos que piensan de modo diferente respecto del régimen del presidente Ben Ali. 
No, Túnez no es el país de la sonrisa, como pretende la publicidad dirigida a los 4 millones de turistas europeos que visitan Túnez cada año. 
Túnez es también un país donde existen militantes de los derechos humanos, mujeres demócratas, estudiantes vigilados, hostigados, sin línea telefónica, sin pasaporte, a quienes se les prohíbe incluso circular dentro del territorio tunecino. 
Una simple gestión administrativa se convierte en un verdadero combate político. 
Es lo que ocurre, por ejemplo, con los militantes del RAID, la sección tunecina del movimiento ATTAC, que no ha sido autorizada, y tres de cuyos miembros han sido encarcelados. 
Túnez es también un país sin control judicial, donde se encarcela y tortura a militantes. 
Aún recuerdo el calvario que sufrió el joven Nourredine, con quien me reuní durante la estancia realizada por cuatro de nosotros en la ciudad de Túnez, hace un mes. 
Nourredine fue torturado y encarcelado durante más de 20 meses por haber organizado una simple huelga en la Universidad. 
Estas últimas semanas, felizmente, se han decidido varias liberaciones, se han devuelto pasaportes. 
En resumen, querría ver en ello una voluntad de las autoridades tunecinas de respetar las reivindicaciones democráticas. 
Pero para que se puedan percibir avances reales, hace falta más, mucho más. 
La liberación de centenares de presos de opinión, detenidos en condiciones insoportables, la legalización de las organizaciones no reconocidas, en particular el RAID y el CNLT, el cese de las persecuciones que pesan sobre los tres dirigentes del RAID, cuyo juicio se celebrará el 27 de junio. 
No cedamos, pues, en nuestro apoyo a aquellos que actúan para denunciar un Estado policial. 
El gusto por la libertad se ha convertido en algo tan insoportable para algunos, que incluso en Francia tratan de impedir, a menudo de forma violenta, las reuniones públicas sobre las libertades en Túnez- yo mismo fui testigo de ello hace una semana en París-. 
Estas maniobras, incluso en territorio europeo, son realmente inadmisibles. 
Es preciso constatar, pues que el acuerdo de asociación, que contiene una cláusula de respeto de los derechos humanos, con efecto suspensivo, hoy no se respeta. 
Pido a mis colegas que aprueben la resolución de compromiso, y pido vivamente al Consejo y a la Comisión que apliquen todos los medios establecidos por el acuerdo para lograr el respeto de las libertades democráticas, asociando a la sociedad civil, y que prepare, si es necesario, una suspensión de dicho acuerdo. 
Finalmente, diversas fuerzas sociales ponen en entredicho la política económica llevada a cabo por el Gobierno tunecino, que le vale la reputación de ser un buen alumno ante los expertos liberales. 
La asociación propuesta por la Unión Europea, esencialmente basada en el librecambio, puede acentuar las consecuencias negativas en la población, hasta el punto que, como lo ha observado la delegación parlamentaria para las relaciones con los países del Magreb, el acuerdo de asociación es considerado negativo por el conjunto de las organizaciones tunecinas, tanto del sector público como del privado. 
Por consiguiente, pido a la Comisión que revise asimismo la política mediterránea de la Unión Europea, a la luz de las consecuencias económicas y sociales en la economía y el empleo en Túnez. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro Da Costa, el ánimo con el cual abordamos este debate y hemos planteado las preguntas al Consejo y a la Comisión es el de quien siente la responsabilidad de una relación de asociación con un país, Túnez, que consideramos decisiva para el éxito de toda la política euromediterránea. 
Túnez es, de hecho, el primer país con el cual la Unión Europea ha celebrado un acuerdo de asociación en el ámbito del proceso que se puso en marcha en Barcelona en el año 1995. 
Para nosotros es sumamente importante preservar y reforzar este acuerdo, y he de decir muy claramente que, por lo que a nosotros respecta, el mismo no se cuestiona. 
Por el contrario, es cierto que seguimos con interés y participación el desarrollo de la situación en Túnez y apreciamos tanto sus aspectos positivos como los progresos económicos y sociales que no negamos, particularmente en cuanto a la situación de la región y al papel que desempeña este país en el Magreb Árabe. 
En consecuencia, no nos proponemos injerir en absoluto en los asuntos internos de un país soberano y el debate que hoy realizamos tendrá sentido si servirá para que ambas partes reafirmen los valores y los compromisos inherentes a nuestra asociación. 
Con la misma franqueza, debo decir que nos preocupa mucho la situación de los derechos humanos en este país, con mayor razón porque estamos convencidos de que, dado el contexto socioeconómico y cultural al que nos referimos, es posible mejorar considerablemente el nivel de la libertad de prensa, de expresión, de asociación y de circulación, así como las condiciones de detención y el ejercicio autónomo de la justicia en el sentido de la plena afirmación del Estado de Derecho. 
Y hoy es el momento de hacerlo. 
Es por esto que pedimos a la Comisión y al Consejo que apoyen este proceso, incluso exhortando a las autoridades de este país. 
No hay que olvidar que la política de asociación no tiene como objetivo exclusivo la creación de una zona de libre cambio y que, además, la asociación no se agota con una relación exclusiva con los Gobiernos, sino que debe prever el apoyo y la valorización de la sociedad civil, de las asociaciones autónomas que se ocupan de la afirmación de los derechos humanos y de las libertades, así como del papel de las mujeres que en este país viven y obran con grandes sacrificios y con frecuencia a costa de riesgos y sufrimientos indescriptibles. 
Por nuestra parte, debemos demostrar que la política euromediterránea es una prioridad para toda la Unión y que la misma no se basa en el egoísmo de quien piensa lograr nuevos mercados para sus mercancías o mano de obra barata para nuestras empresas. 
La misma se basa también en valores compartidos, en el respeto a las diversidades culturales religiosas y lingüísticas y en políticas capaces de generar bienestar y seguridad para toda la región del Mediterráneo. 
Con este debate hoy queremos recordar todo esto a nuestros socios y a nosotros mismos. 
¿Por qué calla Europa ante la situación de los derechos humanos en Túnez? 
¿Se debe a la estabilidad y el progreso económico en este país destino de vacaciones? 
¿Se debe a los vínculos políticos con Francia o los socialistas europeos? 
¿O a que ha adoptado una actitud constructiva en el proceso de paz de Oriente Medio? 
¿O vemos a Túnez sobre todo como un bastión contra el fundamentalismo islámico que se avecina? 
En cualquier caso, el Presidente Ali piensa sólo en los fanáticos religiosos. 
Pero esta preocupación es más una coartada que una justificación de la situación de los derechos humanos en su país. 
No sólo los fundamentalistas religiosos, sino todos los opositores políticos son acallados sistemáticamente. 
Túnez se califica de democracia, pero es una democracia sin oposición, sin libertad de prensa, sin justicia justa, una democracia que tortura y persigue a los presos políticos y sus familias. 
Túnez ha suscrito un acuerdo de asociación con la Unión Europea en el que hay una cláusula muy concreta sobre los derechos humanos. 
Naturalmente no es cuestión de reclamar al Presidente Ben Ali que cumpla las condiciones del acuerdo, sino que no eluda sus obligaciones. 
Si siguen las violaciones, desgraciadamente será necesario suspender la ejecución del acuerdo. 
¿Está de acuerdo con eso el comisario Pateen? 
Túnez es el primer socio mediterráneo con el que se ha puesto en práctica este acuerdo de asociación. 
Dado su desarrollo económico puede cumplir una función ejemplar en toda la región, pero por supuesto debe ajustarse a las exigencias políticas. 
La Unión Europea no puede admitir a unos socios del acuerdo y rechazar a otros. 
El Consejo de asociación debe ocuparse muy expresamente de la situación de los derechos y establecer un plan de democratización. 
Si la Unión Europea sigue callada, será corresponsable de la situación de los derechos humanos en Túnez. 
Señor Presidente, reitero nuestro saludo de bienvenida al Sr. Moncef Marzouki y al Sr. Khemais Ksila, y con ello deseo rendir homenaje a la tenacidad que han sabido demostrar para superar- a fin de poder llegar hasta nosotros- los obstáculos que le han puesto las autoridades tunecinas, obstáculos que conocen muy bien todos los demócratas que, en algún momento, han deseado expresarse libremente sobre su situación. 
Así, Sihen Ben Sedrine, a quien se le impide ejercer su actividad profesional desde que fue precintada su editorial Aloès, por haber acogido al periodista Taoufik Ben Brik. 
Aún sigue sin pasaporte. 
Tras la revuelta de los alumnos de instituto, la huelga de hambre de Taoufik Ben Brik ha permitido por fin sacar a luz, en la plaza pública, lo que las organizaciones internacionales de derechos humanos y algunos demócratas tunecinos decían y escribían desde hacía varios años: el régimen, represivo y policial, recurre al hostigamiento, a las sanciones arbitrarias, a la tortura, a las detenciones, a las violaciones de la dignidad y a la prohibición de hablar, escribir, circular y asociarse respecto a todos aquellos que se proponen vivir libremente. 
Por otro lado, ¿quién pretende todavía decir que eso no es verdad o que lo ignoraba? 
Más que "milagro" tunecino, sería mejor decir "espejismo" tunecino. 
¿Qué sentido tienen unos resultados económicos, cuando éstos se consiguen con mano de hierro y benefician ante todo a un clan? 
¿De qué valen los elogios de organismos financieros internacionales frente a las censuras de la ONU por los casos de tortura? 
El hecho de decir que la democracia y el Estado de Derecho son esenciales y constitutivos de nuestra asociación con Túnez, equivale a decir, simplemente, que sin democracia no se puede constituir una verdadera asociación. 
Y todos aquellos que, como, yo actúan en favor de una cooperación reforzada, de una asociación justa y de una cooperación duradera se enfrentan a un reto difícil: dar consistencia democrática a un acuerdo concluido con un régimen que lo acata formalmente, pero que lo viola en la práctica. 
Para eso es necesario utilizar todo el arsenal jurídicoinstitucional disponible- incluyendo, evidentemente, el que está inscrito en el propio acuerdo -, con el fin de llenar el abismo que existe entre la forma y el fondo, las palabras y los hechos, las declaraciones y las decisiones. 
La celebración de este debate, después de tantos años, en un éxito en sí mismo. 
Para los demócratas de ambas orillas, marca el agotamiento de la estrategia de presiones corteses, tan confidenciales como poco eficaces. 
¡Sí, deseamos una reunión del Consejo de Asociación sobre la base de los incumplimientos constatados en la aplicación del artículo 2 del acuerdo! 
¡Sí, debemos abrir un proceso ordenado, obligatorio, que señale avances concretos y comprobables: el cese de la tortura, la devolución de pasaportes y el restablecimiento de las líneas telefónicas pueden y deben ser efectivos de inmediato! 
El reconocimiento de las asociaciones y de las formaciones políticas como el CNLT, el RAD y el Foro democrático, el respeto de las libertades sindicales, la integridad de la justicia y la reforma del código de la prensa deben inscribirse en un calendario preciso y respetado por todos. 
¡Sí, la Unión Europea debe ser capaz de apoyar los proyectos que fortalecen a la sociedad civil y la democracia, sin estar a merced de las imposiciones de las autoridades tunecinas! 
¡Sí, debemos ampliar el diálogo a los actores, en toda su diversidad y autonomía, de la sociedad tunecina! 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, creo que debemos entristecernos. 
Hemos necesitado cuatro años para celebrar este debate, cuatro años, porque el Grupo socialista y el Grupo del Partido Popular Europeo lo han bloqueado durante cuatro años. 
Esta es la realidad de nuestro Parlamento sobre la cuestión tunecina. 
Se trata de una cuestión infinitamente triste, triste a causa de nuestra actitud. 
La cuestión tunecina, señora Napoletano, no es una cuestión de derechos humanos, sino de democracia, una cuestión de Estado de Derecho, mientras que una vez más, con respecto a Túnez, preferimos la garantía de un hombre fuerte, corriendo el riesgo de sustituirlo, tras su muerte, por su hijo, como lo hacemos en Siria sin decir nada. Y cerramos los ojos, no queremos ver que Túnez, que está en unas condiciones infinitamente mejores que los países vecinos, que Marruecos y que Argelia, no ha dado un solo paso en la dirección de la construcción de un Estado de Derecho en estos últimos doce últimos años, desde la llegada del Sr. Ben Ali, y que el hecho de fortalecer y de mejorar incluso en algunos casos- aunque sea muy discutible- el ámbito económico y social no significa construir la democracia, no significa construir el Estado de Derecho, eso nada garantiza, sólo avala al déspota que está en el poder. 
Entonces, ¿qué podemos hacer? 
Existe un acuerdo de asociación que se nos ha presentado como un acuerdo modelo, cuando otros países, otra vez Marruecos y Argelia, progresan. 
Hemos concluido este acuerdo modelo con el país que tenía más oportunidades en su favor para dar el gran salto hacia la democracia y el Estado de Derecho. 
Nuestra intransigencia- y nuestro derecho de injerencia, señora Napoletano- debe, pues, ser dura, incluso feroz. 
No podemos tolerar que un régimen como este, con todas las oportunidades con que cuenta, detenga, encarcele y torture a dos pasos de las costas sicilianas, a dos pasos de las costas españolas y francesas. 
Es intolerable. 
Es necesario un Consejo de Asociación extraordinario para examinar esta situación y por fin hacer algo para ayudar, para ser tunecinos nosotros también. 
Señor Presidente, durante el mes de marzo la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe, de la que soy vicepresidente, giró una visita a Túnez en la que pudimos constatar que, junto a avances económicos innegables, existía un déficit democrático en el campo de las libertades, especialmente en el ámbito de la prensa y de los medios audiovisuales. 
Pudimos constatar también- y esto me parece que conviene destacarlo -, que las autoridades tunecinas son conscientes de ese déficit, que justificaban una y otra vez en la necesidad de acompasar su apertura política a su especial idiosincrasia y cultura y a los peligros que supone para la sociedad tunecina un avance del integrismo islamista. 
Nos pidieron, entonces, comprensión y paciencia. 
Y tengo que decir que hay gestos del Gobierno tunecino que son indicativos de buena voluntad, gestos que se produjeron precisamente durante esa visita y así consta en el informe que la delegación ha presentado en este Parlamento. 
Para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos y Demócratas Europeos) , estamos, pues, ante un debate que, además de considerarlo necesario, no debe formularse, desde nuestro punto de vista, en términos de condena exagerada y tremendista como así se hace, sino de reconocimiento de unos hechos que nos preocupan porque afectan a ámbitos propios del acuerdo de asociación, como son el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos, y que, además, deben solucionarse por medio del diálogo político y social, y del esfuerzo del Gobierno tunecino para poner en práctica una legislación que garantice el pluralismo político de una manera real y no sólo formal y, sobre todo, con el siempre necesario ejercicio de la libertad para que el ciudadano pueda expresar sus opiniones y los medios de comunicación puedan transmitirlas. 
Se trata de un mensaje que este Parlamento tiene la obligación de remitir a las autoridades tunecinas, quienes deben recibirlo en el sentido positivo que les ofrece el debate parlamentario. 
Para ello, es necesario que, en el marco de la cooperación euromediterránea, la Comisión, el Consejo y el Parlamento no den marcha atrás en los programas de ayuda que deben llevarse a cabo en el marco del MEDA II. 
La educación y formación en los principios democráticos son un elemento básico para sustentar una sociedad plural y democrática. 
Los jóvenes, los jueces, la policía y los periodistas necesitan conocer a fondo qué derechos deben ejercitar y defender. 
Ése es un terreno en el que debe y puede cooperar la Unión Europea. 
Me preocupa también que el Comisario Patten, aquí presente, no sea lo suficientemente sensible a los graves problemas que hoy se ciernen en el flanco sur mediterráneo, donde Túnez juega un papel muy importante. 
La emigración, el integrismo, la pobreza y la inestabilidad política no se curan con pronunciamientos y voluntarismo. 
Se necesita una real voluntad política y los medios económicos y humanos para ponerla en práctica. 
En cualquier caso, y éste puede ser el resumen de este debate, no podemos limitar nuestra cooperación con los terceros países en términos exclusivamente mercantilistas o económicos. 
Por este motivo, también pedimos a Túnez que, junto a las reformas económicas, avancen las reformas políticas encaminadas a garantizar las libertades, pero con la ayuda y colaboración que, desde luego, tienen y van a seguir teniendo por nuestra parte, al menos desde mi Grupo. 
Asimismo consideramos necesaria una estrategia común en el Mediterráneo, como señala la resolución, y que junto a los aspectos políticos, sociales o de seguridad se preste especial atención a la dimensión cultural y humana. De aquí la necesidad de fortalecer el diálogo interparlamentario y el diálogo con los representantes de la sociedad civil. 
Como dicen en mi país, "hablando se entiende la gente". 
Si algo caracteriza a los pueblos ribereños del Mediterráneo es la riqueza de su pensamiento y de sus palabras y eso, Señorías, cuesta muy poco dinero. 
Señor Presidente, Señorías, considero que, al comienzo de una cuestión como ésta, se debe recordar la actitud genérica de la Unión Europea en lo relativo a su marco de relaciones exteriores. 
La Unión Europea tiene una concepción de valores y principios que procura, naturalmente, expresar en sus relaciones y hacer valer en todas las dimensiones de su asociación con terceros países. 
La Unión Europea no tiene- contrariamente a lo que podría sugerir una intervención de un diputado- un planteamiento de carácter geográfico, es decir, que es más exigente en relación con lo que está más próximo y lo es menos en relación con lo que está más distante. 
No tenemos esa concepción. 
Normalmente tenemos la concepción del trabajo a partir de criterios uniformes y tenemos, en particular, la idea de que es preferible abrir espacios de diálogo para conseguir mover a los países a evaluaciones periódicas de carácter bilateral a promover factores de exclusión y erigir muros de incomprensión. 
Y a ese respecto quiero decir, señor Presidente, Señorías, que hay una total y completa consonancia en la labor a ese respecto entre el Consejo y la Comisión y, en particular, el Comisario Christopher Patten, que, en materia de respeto de los derechos humanos tiene- no hace falta decirlo -, más credenciales que muchos de nosotros. 
Respecto de la cuestión concreta relativa a Túnez, quisiera decir que el Consejo es plenamente consciente de la situación de los derechos humanos en ese país y ha tomado buena nota de todas las preocupaciones expresadas en diversas ocasiones por este Parlamento; naturalmente, también ha tomado nota de las respetables preocupaciones expresadas hoy aquí. 
El Consejo ha subrayado en diversas ocasiones ante las autoridades tunecinas su preocupación por determinado tipo de situaciones, en particular la falta de libertades y la dificultad de expresión en materia de comunicación social. 
Se examinan en particular las cuestiones relativas a los derechos humanos, como, por lo demás, han dicho sus Señorías, en el marco del diálogo político que el Consejo mantiene con Túnez en el ámbito del Consejo de Asociación y por mediación de los jefes de misión de los Estados miembros de la Unión Europea en Túnez, que celebran reuniones periódicas con los representantes gubernamentales tunecinos competentes al respecto. 
En el momento actual ese diálogo se centra concretamente en las reformas en curso respecto de la nueva ley de prensa, el funcionamiento y las funciones del juez encargado de supervisar la ejecución de las penas y las modificaciones de la ley electoral. 
La posibilidad de semejante diálogo, que Túnez había rechazado durante bastante tiempo, representa un avance que no nos parece desdeñable. 
Con ocasión de las dos últimas reuniones del Consejo de Asociación que se celebraron en el marco de nuestras relaciones con Túnez y a las que yo asistí, el Consejo recordó la importancia fundamental para las relaciones entre la Unión Europea y Túnez del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, naturalmente, no dejó de reservarse la posibilidad de subrayar algunos casos individuales, algunos de ellos aquí mencionados. 
Quiero decir que, en un ámbito, digamos, más nacional, con ocasión de la visita de Estado del Presidente Ben Ali a Portugal, a principios de mayo, el Ministro de Asuntos Exteriores Jaime Gama tuvo oportunidad de evocar ante su homólogo tunecino la situación de los derechos humanos en Túnez y, en particular, el caso del periodista Taufik Ben Brik y subrayó la necesidad permanente del respeto de las libertades fundamentales. 
Nosotros consideramos que algún tipo de acción en el plano de la presión política, si se hace con intervención de los medios de comunicación, puede presentar ventajas. 
Creemos que hay margen para que varias dimensiones se proyecten en el plano internacional en lo relativo a ese tipo de cuestiones y no rechazamos la eficacia de ese tipo de intervenciones. 
Pero el Consejo prefiere utilizar las posibilidades de influir de forma más discreta y tal vez más eficaz en las autoridades tunecinas manteniendo ante ellas una presión constructiva mediante el diálogo político y las diferentes reuniones en diversos niveles. 
Así, pues, no nos parece, señor Presidente, Señorías, oportuno desencadenar los procedimientos necesarios para la suspensión del Acuerdo de Asociación o la convocación de una sesión extraordinaria de dicho Acuerdo de Asociación, que probablemente tendría cierto efecto en los medios de comunicación, pero sin ningún efecto práctico en el plano concreto. 
Consideramos que la forma correcta de proceder en ese marco es el mantenimiento del diálogo periódico y de todas las gestiones que se han venido haciendo y se seguirán haciendo, cuando se considere oportuno. 
Quisiera decir que, pese a esas dificultades y a las dificultades en el avance de ese proceso que todos reconocemos, debemos hacer constar que ya ha habido resultados positivos. 
En efecto, no podemos pasar por alto- considero que sería políticamente menos correcto hacerlo- los gestos de apertura ya manifestados por Túnez, en particular la liberación de los 600 presos políticos, la restitución de pasaportes a ciertos miembros de la oposición y la voluntad manifiesta de dilución de la tensión respecto del caso del periodista Taufik Ben Brik y la aceptación de sus reivindicaciones. 
La Comisión se ha esforzado también por financiar acciones con vistas a fomentar los derechos humanos y la democracia en Turquía mediante el programa "Meda Democracia" y considero que la Comisión podrá dar más elementos a ese respecto. 
Por último, en la Declaración de Barcelona, Túnez, como los demás países asociados mediterráneos, subscribió determinados principios relativos al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
En el marco euromediterráneo y con el fortalecimiento de dicho marco procuramos hacer en este momento en articulación concreta con la Comisión Europea, también insistimos en la importancia que atribuimos al fomento activo del Estado de derecho y a la buena gestión de los asuntos públicos que constituye una esfera fundamental del diálogo entre las dos riberas del Mediterráneo. 
En conclusión, señor Presidente, Señorías, quiero asegurarles que el Consejo mantiene su compromiso con el fomento y el fortalecimiento en Túnez, como en otros países con los cuales mantiene relaciones la Unión, del respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y las libertades fundamentales, así como el establecimiento de una verdadera democracia con una sociedad civil abierta, basada en un Estado de derecho. 
Nos parece que una política comedida es el medio más correcto para llegar a los objetivos que pretendemos. 
El Consejo seguirá ejerciendo una diplomacia discreta, pero firme, manteniendo esa política suya con vistas a alentar todas las formas de avanzar hacia la democracia y el Estado de derecho. 
. (EN) Quedo agradecidísimo al Parlamento por esta oportunidad de formular comentarios acerca de tan importantes cuestiones. 
Como algunos de ustedes habrán podido observar, el Sr. Taoufik Ben Brik ha puesto término a su huelga de hambre, pero el asunto ha tenido importantes repercusiones tanto para las autoridades tunecinas como para la sociedad civil. 
El caso del Sr. Ben Brik ha provocado un debate público en Túnez acerca de la situación del país en materia de derechos humanos. 
Quiero dejar bien sentado que la Comisión comparte la opinión del Relator Especial de las Naciones Unidas, que en su informe a la Comisión de Derechos Humanos dice que Túnez tiene todavía que recorrer un largo camino antes de poder aprovechar plenamente su contexto económico favorable, y tiene que adoptar medidas encaminadas a reforzar la protección de los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
Ahora bien, ¿cómo pueden la Comisión y la Unión Europea en general influir en el ritmo de progreso de Túnez en esa esfera? 
Para responder a esta pregunta lo mejor es fijarse en los tres principales instrumentos que brinda el acuerdo de asociación que vincula a la Unión Europea con Túnez. 
El primero, al que se ha referido mi colega, es el diálogo político. 
Este diálogo nos ha dado ya dos veces la oportunidad de formular comentarios a nivel ministerial sobre la situación de los derechos humanos en Túnez en los dos Consejos de Asociación que han tenido lugar hasta ahora. 
La Unión ha procurado siempre plantear las cuestiones de derechos humanos en Túnez en los numerosos contactos que ha tenido con las autoridades tunecinas. 
El segundo instrumento es la financiación de medidas positivas en forma de subvenciones con cargo al presupuesto comunitario para proyectos que promuevan el ejercicio de los derechos políticos y civiles. 
El programa MEDA para la democracia, acerca del cual el Parlamento tiene un parecer firme y positivo, ha financiado proyectos de capacitación, información y mentalización en esta esfera para organizaciones no gubernamentales y para la opinión pública. 
En la programación de la cooperación financiera futura con Túnez se ha incluido ya un programa de apoyo para los medios informativos tunecinos, que debe ser objeto de las consultas necesarias con el Gobierno de Túnez. 
Como nos ha recordado el Sr. Dupuis, el desarrollo económico sostenible y la estabilidad política dependen, sobre todo, desde Rusia hasta el Mediterráneo, de la existencia de instituciones fuertes, no de hombres fuertes. 
A veces es preciso contar con hombres fuertes para lograr que las propias instituciones sean fuertes y operen dentro del imperio de la ley. 
El tercer instrumento es la posibilidad de que la Unión Europea adopte medidas restrictivas, de las cuales la más radical sería, evidentemente, la suspensión de la cooperación. 
La Comisión considera que, antes de recurrir a las medidas restrictivas, hay que explotar todas las posibilidades que nos brindan los medios positivos que ofrece la asociación. 
Aún queda mucho margen tanto en el plano del diálogo político como en el del financiamiento de programas de apoyo. 
Me gustaría explorar estas posibilidades más a fondo con Túnez. 
Concretamente, la Comisión desea ver hasta qué punto el Gobierno de Túnez cumplirá sus promesas acerca de la reforma del código de prensa y para facilitar la libertad de asociación. 
También queremos comprobar si nuestros esfuerzos de apoyo a las reformas apetecidas mediante la aportación de fondos con cargo al presupuesto comunitario se salda con el éxito. 
Tendré informado al Parlamento acerca de la evolución de la situación en todas esas esferas. 
Las cuestiones que hemos estado examinado esta tarde son importantísimas. 
Sé que el Parlamento está al corriente de toda la situación. 
La Sra. Napoletano, en su interesante discurso, se refirió al progreso económico y social conseguido en Túnez. 
Otros podrían haberse referido, por ejemplo, a la posición de Túnez respecto del derecho sharia. 
Sin embargo, hay otras cuestiones que suscitan considerables preocupaciones. 
Por el momento lo mejor es continuar el diálogo pero, como el Parlamento comprenderá, no creo que diálogo sea lo mismo que pasividad. 
El Parlamento tiene inquietudes legítimas y un punto de vista muy arraigado. 
Todo esto se puede expresar con firmeza pero con cortesía, que es lo que el Parlamento está haciendo hoy. 
Quisiera encajar el debate sobre Túnez en su debido contexto y me referiré a una cuestión formulada por el Sr. Hernández Mollar y también por otras Señorías. 
Es evidente que habrá sucesos y acontecimientos que nos irán cayendo encima uno tras otro. 
Hoy, inevitablemente, tenemos que prestar mucha atención a los esfuerzos encaminados a la reconstrucción de los Balcanes y, en particular, a evitar que la desintegración social y política continúe. 
Ésta es una política para Europa sudoriental que, en mi opinión, no deja de tener influencia para la estabilidad y la prosperidad en el Mediterráneo. 
Ahora bien, si tenemos que determinar en dónde vamos a afrontar el principal reto a plazo mediano y a largo plazo, me parece que, con toda franqueza, será en el Mediterráneo y en torno al Mediterráneo. 
¿Cuál es la clave de la política exterior y de seguridad común de la Unión? 
Es la proyección de la estabilidad. 
Éste es el elemento crucial de nuestra política en el Mediterráneo. 
¿Qué vamos a esforzarnos por hacer en el Mediterráneo? 
Es verdad que estamos intentando crear, si les parece bien la expresión, el equivalente mediterráneo del TLC de América del Norte, pero hay más que eso, como explicaré dentro de unos momentos. 
Lo único que quiero es dejar bien claro a su Señoría que mi voluntad de conseguir que esta política acabe con éxito es absoluta. 
Una de las cosas que más me ofende en estos momentos es que nuestro historial de apoyo mediante la asistencia para el desarrollo no es tan bueno como debiera haber sido. 
Durante años y años sólo hemos podido gastar el 40% o menos de lo que queríamos gastar en el Mediterráneo, en parte por problemas de absorción en la región, y en parte por nuestra propia culpa, que es de lo que voy a hablar a continuación. 
Voy a hacer una apuesta con su Señoría: si cuando me llegue el momento de cesar en mi cargo de Comisario en el año 2005 nuestros esfuerzos por reducir la brecha entre obligaciones y pagos no han dado un resultado muchísimo mejor que en los tres últimos años, entonces su Señoría puede contar con una contribución mía para su organismo de beneficencia preferido. 
Eso es lo que yo quisiera que se tuviera en cuenta al resolver si tenemos o no tenemos la voluntad de que nuestra política en el Mediterráneo sea un éxito. 
Es importantísimo que aprovechemos nuestros medios existentes con mucha más competencia, con mucha más efectividad. 
Sobre esa base quisiera que se me juzgara. 
Permítanme que lo repita: no se trata de crear sencillamente una zona de libre comercio, por importante que esa zona pueda ser. 
El libre comercio no es en sí el fin, no es más que un medio para alcanzar el fin. 
El fin es la creación de una zona de prosperidad y de estabilidad política al sur del mar que hemos compartido con África del Norte y con el Oriente Medio durante todos estos milenios; se trata de compartir valores, y también de compartir el comercio. 
No se trata de crear economías centrales que den mayor prosperidad a los países europeos: se trata de trabajar en asociación con los países mediterráneos en una fusión de valores y de comercio, para beneficio de los pueblos que viven en el sur del Mediterráneo y también de los que viven en Europa. 
Eso será una parte importantísima de las empresas que Europa acometa en los próximos años; tan importante, en algunos aspectos de la proyección de estabilidad, como el proceso íntegro de ampliación. 
Confío muy sinceramente en que en los cinco próximos años podamos llevar adelante ese programa en Túnez y en el resto de la región. 
Señor Presidente, una de las mejores críticas teatrales que se han publicado en Europa en el siglo XX, desde mi modesto punto de vista, venía a decir algo así: "Ayer se estrenó la obra tal, escrita por el autor cual". 
Yo no podría emular la contundente brevedad de este comentario periodístico, a mi juicio, brillante. 
Sin embargo, mi pregunta viene a ser prácticamente la misma. 
¿Por qué estamos discutiendo sobre la situación en Túnez? 
¿Por qué hay una cierta crisis en la relación entre Europa y Túnez en este momento que, de una forma u otra, sin duda afecta a la relación entre las instituciones de la Unión Europea y las instituciones tunecinas en el marco de la cooperación y del acuerdo de asociación? 
Creo que hacer esta pregunta es útil, porque sólo si comprendemos con la mayor precisión posible lo que sucede en Túnez y cuáles son los retos planteados en dicho país podremos encontrar el tono de moderación y de eficacia que debemos desarrollar en el marco de la cooperación. 
Hay una gran paradoja tunecina en este momento y mi preocupación es pensar que esta paradoja va haciéndose cada vez más peligrosa. 
Éste es el país más pacífico y más próspero del Magreb y el país que tiene el conjunto de medios de información más cerrado del Magreb. 
Es el país con mayor crecimiento y con más avances en la modernización social, especialmente en el marco de la educación y en el del estatuto de las mujeres; sin embargo, es un país en el cual la emergencia de una sociedad civil, que es fruto de este crecimiento económico y social, no encuentra los canales adecuados para expresarse con plena libertad. 
Es un país que está y ha estado en la vanguardia de los acuerdos de asociación y de la política agromediterránea, que ha suscrito todos los convenios internacionales sobre derechos humanos y, sin embargo, una y otra vez surgen problemas relativos a los derechos humanos en Túnez que son ampliados por los aspectos mediáticos europeos. 
Soy sensible a los derechos humanos, créanme. 
He estado quince años de mi vida sin pasaporte y sin permiso de conducir. 
He conocido experiencias que me ahorro describir, en las comisarías políticas de la dictadura franquista y en sus cárceles, pero creo que el problema fundamental en Túnez, en este momento, es otro: el futuro de Túnez. 
Sólo si en la Unión Europea encontramos el tono y la eficacia para ayudar a los sectores partidarios de una evolución necesaria en Túnez para acompañar y garantizar el futuro de un crecimiento económico y de una modernización social, creo que estaremos a la altura de nuestras responsabilidades. 
Acabaré diciendo que comparto en buena medida los enfoques que el Comisario Patten ha expresado, pero quisiera que el Sr. Patten nos dijera también que la política euromediterránea, la política en relación al Magreb, forma parte también de sus obsesiones. 
Sólo si conseguimos aclarar que no hay una situación en la cual el Consejo ha frenado la prioridad mediterránea, la Comisión obstaculiza la implementación de programas y el Parlamento Europeo se dedica a dar lecciones, podremos encontrar el tono y la eficacia de una política que ayude al futuro de Túnez, en amistad y solidaridad, hacia una situación que aúne crecimiento socioeconómico y plena democratización. 
Nos estamos jugando mucho, no únicamente en Túnez, sino en toda la región con respecto al objetivo de lograr éxitos en este cometido. 
Señor Presidente, habrá sido necesario esperar este período parcial de sesiones para que la verdad pueda al fin surgir en el seno del Parlamento Europeo. 
De regreso de Túnez, con tres de mis colegas, deseo referirme al problema de las libertades sindicales. 
La gran ola represiva que ha azotado a la oposición, de todas las tendencias, desde la década de 1990, ha permitido la reinstauración de la Unión General de Trabajadores Tunecinos, la UGTT. 
Detenciones, despidos de sindicalistas, amenazas y presiones de toda clase, se han conjugado con el autoritarismo de la jerarquía sindical para someter a una de las organizaciones sindicales más combativas de la región. 
Las severas restricciones legales al derecho de huelga han sido agravadas por la dirección actual. 
Para que en Túnez una huelga sea legal, es ahora indispensable que la propia mesa ejecutiva de la UGTT dé su acuerdo. 
Las reuniones, que, por lo general, no pueden celebrarse en los lugares de trabajo, están también normalmente prohibidas en los locales del sindicato. 
Algunos dirigentes han sido separados de sus responsabilidades y denunciados ante la justicia por haber criticado la gestión del secretario general de la central, en una simple petición interna dirigida a su organización. 
Doce de ellos fueron detenidos por la policía, en abril de 1999, y pasaron más de 48 horas en el Ministerio del Interior por haber protestado contra las condiciones no reglamentarias en las cuales se desarrolló el congreso de la UGTT. 
Citemos, por ejemplo, a Abdeljalil Bedoui, a Ali Romdhane, Abdelmajid Sahraoui, Abdennour Maddahi, Hamed Bennjima, Noureddine Ounissa, Chaker Ben Hassine y muchos más. 
El régimen de Ben Ali deja así su huella en el mundo del trabajo. 
La represión no sólo apunta a los políticos de la oposición, sino también al conjunto de la población, sobre todo en los barrios populares, las ciudades pequeñas, las localidades de las regiones desfavorecidas. 
El informe del Consejo nacional por las libertades en Túnez evalúa en 130.000 el número de agentes de policía para una población de 9,5 millones de habitantes. 
Debemos añadir todos los cuerpos de policía paralelos que controla la red de los comités de barrio, que dependen directamente del Ministerio del Interior, y que sojuzga a una población indefensa Y así se entiende mejor esta supuesta democracia donde el presidente es elegido con el 99,44 % de los sufragios. 
Señor Presidente, que el pueblo tunecino, aquí representado por dos de sus miembros, sepa que nos solidarizamos con su combate por las libertades y que ya no le abandonaremos. 
Señor Presidente, aquí en Estrasburgo me ha llegado una carta sobre la huelga de hambre de más de mil presos políticos en Túnez. 
A este respecto quiero señalar dos cosas.